marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión federal, abogados, inscripción en la matrícula
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: COCCO, DANIEL ENRIQUE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RESOLVER LA CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL PARA ANTE C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-06-14

Corresponde conceder el recurso interpuesto, pues más allá de los argumentos que expusiera en el recurso de inconstitucionalidad (ley 7055), el recurrente -al señalar que el denegársele la inscripción en la matrícula se ha violado la igualdad ante la ley frente a innumerables casos de personas que en su misma situación ejercen la profesión en el territorio nacional habiendo obtenido el título de abogado mientras cumplían condenas; cortándosele también con ello la posibilidad de usufructuar los aportes profesionales ante las Cajas con los correspondientes derechos previsionales- ha logrado plantear hipótesis que prima facie habilitan el franqueo de la instancia extraordinaria federal, por encontrarse en juego la aplicación de normas constitucionales que establecen como finalidad esencial de las penas privativas de la libertad, la reforma y la readaptación social de los condenados (De la disidencia del Dr. Erbetta)
Costas, tercerías, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: REY HNOS.  SA s/ TERCERIA  DE  DOMINIO EN AUTOS: BARRACA ASUNCION  SCA  S/ TERCERIA DE  DOMINIO EN BANCO  CREDICOOP  COOP.  LTDO.  C/  REY HNOS.  SA  S/ EJEC
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-30

Toda vez que las costas a que se refiere el CPR 97 son las que corresponden a las actuaciones producidas en los autos principales, las devengadas en el juicio de tercería, deberán ser abonadas de acuerdo con el resultado a que se ha arribado en el mismo y a lo decidido al respecto.
Estado de derecho, sistema republicano, división de poderes, facultades jurisdiccionales, Pacto de San José de Costa Rica, limitaciones a los poderes públicos, debido proceso
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de Tribunal Constitucional c/ Perú s/ Fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2001-01-31

Conforme la separación de los poderes que rige el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional es competencia eminente del Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones de tipo similar, pues cuando la Convención Americana alude al derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos, se está refiriendo a cualquier autoridad pública, administrativa, legislativa o judicial que, en virtud de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas, por lo que, para la Corte Interamericana, cualquier órgano del Estado con funciones materialmente jurisdiccionales, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en respeto a lo establecido en el artículo 8 de la Convención Americana
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, imputado, audiencia de conocimiento personal, sentencia condenatoria, sentencias de segunda instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: OJEDA, CESAR JAVIER s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-10

Las concretas circunstancias de la causa distan de la situación fáctica planteada en el antecedente "Mordini", donde la razón de la anulación radicaba en que no existía constancia de que los jueces que emitieron la condena -quienes integraron la Cámara- como consecuencia de haber revocado una absolución, hayan tomado conocimiento directo y "de visu" del imputado en algún momento del proceso; sino que por el contrario, quien condenó al imputado en el presente, por entender que existía responsabilidad penal por los hechos endilgados fue precisamente el Juez de Primera Instancia, previa celebración de la audiencia de conocimiento personal y la Sala -en ejercicio de su función jurisdiccional y dentro del marco del recurso de apelación interpuesto por la defensa- entendió que en el caso asistía razón al recurrente en orden a la falta de configuración de uno de los delitos por los que fuera condenado y confirmó parcialmente el decisorio impugnado, reduciendo la pena que fuera impuesta en instancia originaria. Por ende, al haberse satisfecho en momento oportuno la finalidad del instituto que nos ocupa, no resultaba de ineludible realización la referida audiencia en la Alzada (De la disidencia del Dr. Gutiérrez).
Régimen penal cambiario, sociedad anónima, impuesto sobre ventas, compras, cambio o permuta de divisas, liquidación de divisas, negociación clandestina de divisas, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: PRENSA RIO DE LA PLATA S.A. s/ Régimen penal cambiario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Corresponde revocar la sentencia condenatoria y absolver de culpa y cargo a la sociedad anónima y a los imputados en relación a otras operaciones de ingresos de divisas, toda vez que la obligatoriedad de ingresar el contravalor de toda exportación se refiere a la obligación que se tiene con relación al cobro real del crédito, no pudiendo sostenerse que sea aplicable cuando la falta de ingreso se produce por el incumplimiento de las obligaciones del deudor, que impide cumplir al exportador, a su vez, sus deberes al respecto. Esto es así toda vez que la negociación de divisas se encuentra condicionada al efectivo cobro de valores provenientes del extranjero y, en el caso, está reconocido por la firma importadora que importó por cuenta y orden de terceros, que nunca pudo percibir el cobro por dichas operaciones de las empresas que le encomendaran la importación y, por este motivo, no realizó la transferencia de las divisas al exportador (la sociedad sumariada) (Del voto del Dr. Repetto).
Municipalidad, autonomía municipal, facultades de la Municipalidad
Materia: PENAL
Carátula: González, Marcelo Osvaldo s/ Infracción al art. 81, ley 11.430
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-03

La concurrencia de facultades provinciales y municipales resulta del sistema constitucional, pues los arts. 5 y 123 de la Constitución nacional atribuye a las Provincias la regulación del régimen municipal, fijando el "alcance y contenido" de la "autonomía" de los Municipios. (Minoría u opinión personal)
Honorarios, regulación provisoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Inc.  de  Reg. de Hon. del perito Rapela en autos: "Gagliardi, Carlos y otros. c/ E.N. s/ Cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-26

El Decreto Ley 16.638/57 no determina en forma imperativa los casos en que cabe admitir la determinación de honorarios provisorios, no procediendo aplicar analógicamente lo prescripto por el art. 227 del C.P.C.C.N. y los arts. 20 y 21 de la Ley 21.839.
Juicio ejecutivo, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Español del Río de La Plata Ltdo.S.A. c/ Dure de Sabbatini Ana María y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

La intimación al deudor al pago de la prestación incumplida -según piezas postales adjuntadas- y el silencio exteriorizado por el mismo (art.919 C.C.) importa su incursión en mora, con prescindencia de la posterior promoción de la acción ejecutiva correspondiente y, por ende, de la diligencia prevista por el art. 529 del C.P:C:
Servicios educativos, defensa del consumidor, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Instituto Santa Ana S.A. c/ Abraham Jorge Felipe y Otro - P.V.E - Otros Titulos s/ Recurso de Apelacion Instituto Santa Ana S.A. c/ Abraham Jorge Felipe y Otro - P.V.E - Otros Titulos s/ Recurso de Apelacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-10-22|2013-10-22

El plazo de prescripción anual previsto en el art. 4035 del Código Civil para el cobro de cuotas por escolaridad privada comienza desde cada uno de los vencimientos de las cuotas reclamadas, pues el costo anual de la escolaridad se dividió en doce cuotas mensuales y consecutivas con fecha de vencimiento propia.
Concesión administrativa, concesión de servicio público, distribución de energía eléctrica, multa, incumplimiento del contrato, responsabilidad del concesionario (administrativo), interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Angel  Estrada y Cía. S.A. c/ resol. 71/96 - Sec. Ener. y Puertos (Expte. N° 750- 002119/96). s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

Las multas previstas en el contrato de concesión no constituyen el límite de la responsabilidad de la empresa concesionaria por incumplimiento del contrato pues, además de que tal alegación carece de base legal, no cabe especular acerca de cuál hubiera sido el justificativo válidamente elegido por el Congreso para exceptuar a las distribuidoras de energía eléctrica de las normas que, de manera uniforme, regulan los efectos del incumplimiento de las obligaciones nacidas de los contratos respecto de la generalidad de las personas jurídicas.
Decreto de necesidad y urgencia, Poder Judicial de la Nación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, poderes implícitos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

El planteo referido a la invalidez de la sentencia que mandó suspender los efectos del decreto de necesidad y urgencia no encuentra sustento en la doctrina de los "poderes implícitos" que asisten a la Corte Suprema en tanto cabeza del Poder Judicial de la Nación (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Cuenta corriente bancaria, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Palluzzi Hnos. o Palluzzi y/o Valente c/ Bco. Mayo Coop. Limitado s/ Revisión y rectificación de asientos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

La reducción de los intereses ha de hacerse en consonancia con lo que imponen los límites que marcan las condiciones sociales y económicas al tiempo de la determinación judicial, y para lo cual advierto es pauta de relevancia para ajustar ese concepto de "usura", a la que sobrepase a la que se determina en la operatoria oficial para situaciones de orden similar, en atención a que esta tasa por ese carácter presupone legitimidad, y es aquella entre las que es posible que opten los jueces en estas determinaciones (art. 953, 954 del C. Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación de sentencias, fundamentación suficiente, funcionarios judiciales, cesantía
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: T., H. H. s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Su situación procesal (Expte.:  C.S.J. Nro. 390 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-10

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto con sustento en la violación de los principios de legalidad e imparcialidad que la recurrente pretende derivar del hecho de que la resolución de la Corte "solicita" (y no "propone") al Poder Ejecutivo de la Provincia que disponga la cesantía del funcionario judicial, atento a que el agravio que así se pretende esbozar sólo responde a la muy particular hermenéutica - carente incluso de fundamentos lingüísticos, atento a la analogía semántica existente entre "proponer" y "solicitar"- que efectúa la impugnante respecto de las reglas y principios que ordenan el régimen de designación, ingreso y remoción de los integrantes del Poder Judicial de la Provincia, que desconoce la naturaleza compleja de los respectivos actos administrativos, y de las funciones propios que en ese marco se le han atribuido a la Corte Suprema (artículos 92, inc. 5 de la Constitución provincial y 19 inc. 3 , 207 y 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, ley laboral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MURUA, ROMINA DORA c/ TECNOSEEDS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-10

Si bien la recurrente entiende que la Cámara ha fallado con prescindencia de la normativa aplicable que regula la calificación de trabajador agrario permanente con prestaciones discontinuas, nada refiere sobre la argumentación efectuada por el Tribunal en el siguiente orden: que la ley 26727 comenzó a regir el 28.12.2011 y para que se configure dicha modalidad laboral requiere la contratación del trabajador por un mismo empleador en más de una ocasión -temporada- para la realización de actividades cíclicas que hacen al objeto propio del emprendimiento, señalando en esta línea que el tipo legal creado por la ley no existía antes de la campaña 2012, por lo que no pueden considerarse los períodos anteriores a su vigencia para la calificación del contrato de trabajo ya que se estaría aplicando la ley de un modo retroactivo inadmisible. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6727.
Alimentos, cuota alimentaria, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: A. L., M. c/ R., I. A. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-20

Resulta procedente la aplicación a la cuota alimentaria inicial, la variación del índice de precios al consumidor, nivel general publicado por el INDEC, en forma automática, mensual y acumulativa (conf. art. 4, 2do. párrafo del decreto 529/91).
Calificación legal, monto de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: ALARCON, DIEGO ANTONIO Y RAMIREZ, ENZO GERMAN c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-16

En relación a los agravios de la interesada vinculados con la calificación legal que de las conductas atribuidas al imputado hicieran los Jueces de la causa y con el monto de la pena impuesta, la presente queja no ha de prosperar, toda vez que -pese al matiz constitucional que la compareciente intenta otorgar a sus postulaciones- lo cierto es que aquéllos sólo traslucen su mero disenso con la interpretación de normas de derecho común que con arreglo a las circunstancias comprobadas del caso, efectuaron los Jueces de la causa en el ejercicio de atribuciones propias, materia que, por regla, no resulta susceptible de revisión en esta instancia extraordinaria, salvo hipótesis de arbitrariedad de cuya configuración en la especie no logra la defensa persuadir a este Tribunal. (Del voto del Dr. Erbetta)
Sociedad de hecho, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SANTILLO HUGO E. Y ALICIA MARIA WELSCHEN s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-28

Las registraciones contables de una sociedad no constituida regularmente reconstruyen su patrimonio y su giro comercial.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-22


R. 349.432 "LERMAN SALOMON C/ MARCIEL DE ARCE MAGDALENA DIANA S/EJECUCION DE ALQUILERES".- ///nos Aires, octubre 22 de 2002.

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I.- A fs.96/8 los demandados plantean recurso de revocatoria contra el pronunciamiento dictado por la Sala el 23 de agosto de 2002 que mantuvo la decisión del magistrado de desestimar la excepción de falta de acción o falta de legitimación pasiva opuesta por aquéllos.

Los recurrentes, que revisten el carácter de fiadores, invocan como sustento de su petición la sanción de la ley 25.628 (B.O., n°29.968, del 23-8-02), que incorporó el art.1582bis al Código Civil. A fs.106/7 la parte actora contesta y se opone al planteamiento.

II.- La Sala revisará la decisión de fs.93/4 sobre la base de la nueva normativa que rige el tema, no mediando obstáculo procesal al respecto, dado que la resolución cuestionada no había adquirido firmeza al tiempo de la promulgación de la ley 25.628 (22-8-02) y, por otra parte, los accionados interpusieron el recurso de revocatoria oportunamente.

Tampoco existe impedimento si se analiza la cuestión desde la óptica del art.3 del Código Civil, pues "a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes", es decir "en curso", como aquí acontece, pues la resolución de fs.93/4 no estaba firme. De ahí, que no pueda interpretarse que aplicar al caso el art.1582 bis del código de fondo importe hacer extensivos sus efectos en forma retroactiva.

Si se entendiese que la ley 25.628 es una norma aclaratoria, con el consiguiente implícito efecto retroactivo, la solución sería la misma aunque aún estuviera vigente el derogado art.4 del citado cuerpo normativo.

III.- Hecha la aclaración precedente y ateniéndose a lo normado por el art.1582 bis del Código Civil, en tanto prevé que "será nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, sea simple, solidaria como deudor o principal pagador, del contrato de locación original", dados los términos en que los recurrentes asumieron su obligación en el contrato que sustenta la acción, el recurso en análisis debe admitirse, debiendo declararse la nulidad de la cláusula 11a. (fs.17), transcripta en el pronunciamiento cuya revisión se efectúa en este estado.

Por las consideraciones precedentes y disposiciones legales citadas, SE RESUELVE: revocar por contrario imperio la resolución de fs.93/4. En consecuencia, admítese la excepción de falta de legitimación opuesta por los fiadores y se rechaza la acción ejecutiva intentada en su contra. Las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado, atento a que la decisión se sustenta en el reciente dictado de la normativa que la avala (arg. arts.68, 73 y 279, C.Proc.). Notifíquese y devuélvase.- JORGE HORACIO ALTERINI JOSE LUIS GALMARINI FERNANDO POSSE SAGUIER
Prueba testimonial, ratificación de testigos
Materia: PENAL
Carátula: Arricau, Juan José s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se impugna la presunción que el juzgador extrajo de la declaración de un testigo expresando que así fueron transgredidos los arts. 245 y 246 del Código procesal pues, habiéndose disconformado con su declaración sumarial, no se produjo su presentación en plenario si no se demuestra legalmente la concurrencia de ninguna de las dos condiciones -muerte o ausencia- alternativamente impuestas por la ley a los fines planteados en el recurso.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: TOLOZA, REYNA C. c/ MARCELO A. ROBRES Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-03-13

La limitación dispuesta por el art. 1.078 del Código Civil se ha juzgado acertada y prudente, pues de otro modo los hechos ilícitos podrían dar lugar a innumerables demandas por indemnización del daño moral, pues las ondas dolorosas que esos hechos producen son, teóricamente, al menos indefinidas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Protección a la familia, violencia de género
Materia: CIVIL
Carátula: G., M. V. c/ D., A. E. s/ violencia de genero
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-04-28

La fijación de una cuota alimentaria provisoria a favor de los hijos en el marco de la denuncia por violencia de género, constituye una medida que es provisoria por naturaleza y, aun cuando se base en el relato de la denuncia, aquélla es dictada a raíz de las facultades que el magistrado tiene en este tipo de procesos.
Abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, corrupción de menores
Materia: PENAL
Carátula: Jorge Cristian Martínez o Martínez Poch o Martínez Tarantino c/  s/ Privación ilegal de la libertad, abuso sexual y corrupción de menores
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-08-31

Corresponde condenar al imputado al máximo de pena posible en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante y privación ilegítima de la libertad de su ex pareja y por la corrupción de menores y el abuso sexual gravemente ultrajante de sus dos hijas, toda vez que el imputado pudo comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones en consecuencia, pudiéndose inferir que sabía lo que hacía, dominando la situación, es decir que sus actos estaban planificados, comprendía en su totalidad el daño que causaba, y adelantándose a sus posibles consecuencias, intentaba camuflarlos.
Juicio correccional, fiscales, recusación, parte interesada, deber de imparcialidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GAMALLO, Carlos. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-07

Si bien el art. 56 del C.P.P.N. no menciona al fiscal como uno de los "interesados" a los fines del art. 55, la falta de mención específica no le veda la posibilidad de recusar, tenido en consideración que resulta "parte" en el proceso (art. 58 del C.P.P.N.).

El juez correccional ha intervenido en la instrucción, como director de una etapa del proceso encaminada a la búsqueda de la verdad real y al mérito que la prueba pueda dar lugar para pasar a la etapa siguiente, no se encuentra en condiciones de equidistancia respecto del hecho y de las partes, para el desarrollo del juicio oral y la decisión final de la causa (*).

Cuando existan elementos que puedan crear dudas sobre la imparcialidad del tribunal, porque en algún momento previo al juicio los jueces se pronunciaron sobre la culpabilidad del acusado, se vulnera el derecho a un tribunal imparcial, garantía que refiere a la ausencia de perjuicio o favoritismo y significa que el juez no debe tener opinión formada sobre el caso que habrá de juzgar, y que no se encuentre contaminado por una intervención anterior en la causa o por hechos extracasuísticos.

Pese a que toda norma que se oponga a dicho principio debería ceder, mediante la declaración de inconstitucionalidad (art. 31 C.N.), ello no resulta necesario, en tanto el art. 27 del> C.P.P.N. prescribe que "el juez en lo correccional investigará y juzgará en única instancia", puede ser interpretado constitucionalmente si se distingue la persona física del órgano que la representa. El juicio correccional se desarrollará en sus dos etapas ante un juez en lo correccional, con la salvedad de que no se tratará de la misma persona. Es evidente que ambos magistrados se investigarán y juzgarán en única instancia, con lo que en nada se altera el sentido y sistema de la disposición.

Por tanto, corresponde hacer lugar a la recusación articulada por el fiscal.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Escobar, Jorge Alberto s/ Acción Meramente Declarativa - Sumarísimo - Inconstitucionalidad; y  en Expte. N 1990 - Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-03-03

Participa de las características propias que definen las sentencias arbitrarias, entendida por tal aquella decisión que no deriva razonablemente del derecho en vigor, o que resulta contraria a lo razonable o carente en forma absoluta de fundamentación, debiendo el vicio resultar palmario, evidente y notorio.
Acción dependiente de instancia privada, denuncia, impulso procesal
Materia: PENAL
Carátula: ALVES, Sergio Roberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

Respecto de las lesiones leves sufridas, el acusador carece de legitimación para ejercer la acción, desde que ninguna de las víctimas denunció el hecho sufrido por cada una de ellas (arts. 71 /72 C.P.) ni hizo uso de la posibilidad supletoria concedida por el art. 98 inciso 7º C.P.P. en oportunidad de prestar declaración testimonial. No habiendo puesto la condición de procedibilidad, cada una de las víctimas, carecía de legitimación para promover la acción por lesiones leves culposas el representante del Ministerio Público.