Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-26


------ En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los ..26.... días del mes de Septiembre del año dos mil ocho, reunido en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia con la Vicepresidencia del Dr. Fernando S.L. Royer y asistencia del Sr. Ministro, Dr. Daniel Luis Caneo para dictar sentencia en los autos caratulados: "M. , R. J. c/ Cooperativa de Trabajo "El G. Ltda." y otros s/ Demanda Laboral (Acc. de Trabajo)" (Expte. Nº 20.975-M-2007) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 1238 de conformidad con las Acordadas N° 3202 y 3204, los Acuerdos N° 063/08 y 075/08 SALA CIVIL y el Acuerdo Plenario N° 3699/08, correspondió el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. Royer, Caneo y Pasutti.-------------------- ------ Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Casación? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.------------------------------------------------------------------------ ------------ ------ A la primera cuestión el Dr. Royer dijo:-------------------------------- ------ I.- ANTECEDENTES:------------------------------------------------------- ------ I.- En reclamo de una indemnización por accidente de trabajo y con fundamento en los arts. 1109, 1113 del C.C. y art. 75 de la L.C.T., R. J. M. promovió demanda laboral contra la Cooperativa de Trabajo El G. Ltda. (en adelante la Cooperativa), Y. S. A. y/o su continuadora, Y. R. S.A. y O. A.R.T. y/o su continuadora, CNA O. A.R.T (en adelante la A.R.T.) y planteó la inconstitucionalidad de la Ley N° 24.557. Subsidiariamente, pidió las prestaciones dinerarias previstas en la ley antedicha.------------------------------------------------------ ------ En el capítulo de los hechos describió la labor que cumplía bajo las órdenes de la Cooperativa, su categoría y calificación profesional. Relató que, en el lugar de trabajo -los almacenes de Y. -, en el horario habitual pactado y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, operaba una grúa rusa de 25 toneladas y que, a fin de maniobrar dicha maquinaria, diariamente debía levantar apoyos de hierro para calzarla, los que después eran colocados sobre el chasis de la grúa.--------------------------------------------- ------ Expresó que a mediados del mes de abril de 1998, sintió un fuerte tirón en su espalda, dando aviso de ello a su empleadora quien le ordenó concurrir al Sanatorio Austral, allí fue atendido y posteriormente operado por el Dr. M. , quien le aconsejó que por uno a tres meses, fuera derivado a tareas adecuadas. Desde entonces, cumplió funciones en la portería de los Almacenes Generales hasta que, el 31 de Agosto de 1998 fue despedido, según consta en la C.D. N° 30.268.574 3 AR, sin contar con el alta médica total, ni estar determinada su incapacidad laboral.-------------- ------ Manifestó que tanto la A.R.T. como su empleadora eran solidariamente responsables de reparar el daño causado, pues se encontraba a su cargo, la adopción de las medidas legales previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, así como la obligación de fiscalizar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad por parte de la patronal.---------------------------------------------- ------ Aseguró que la A.R.T., no cumplió con los deberes de seguridad y vigilancia a su cargo, ni controló a su empleadora y que con tal omisión, permitió la existencia de condiciones de trabajo que lo lesionaron, incumpliendo lo dispuesto en el art. 4 y ccs. de la L.R.T., debiendo por ello responder por los daños y perjuicios causados y por las prestaciones derivadas de la ley citada.-------------- ------ Acusó la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 39, 40, 44 y 46 de la Ley de Riesgos de Trabajo por ser violatorios de los arts. 16, 17, 18, 19 y 75 inc 22 de la C.N. y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, considerando 3er. pfo. y Preámbulo; Declaración Universal de los Derechos Humanos, arts. 1, 2 y 7, Pacto de San José de Costa Rica, Ley N° 24.054- Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos Ley N° 23.313, arts. 1, 2, 14 y 26; Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales arts. 2, 4 y 5.----------------------------------------------------------------------------<# LINE> ------ Explicó que la Cooperativa, debía responder en los términos del art. 1109 del Código Civil pues, para realizar los trabajos encomendados, carecía de elementos de seguridad y de herramientas adecuadas y no recibió capacitación en higiene y seguridad industrial.------------------------------------------------------------------ ------ Aseguró que ella incumplió las disposiciones legales sobre seguridad e higiene industrial que enumera y que ello, constituye la causa directa del accidente sufrido y de su actual minusvalía.--------- ------ Sostuvo que además infringió el deber de seguridad previsto por el art. 75 y concs. de la L.C.T. y que por tal motivo, es responsable contractualmente y debe responder integralmente, por los daños producidos.----------------------------------------------------------------<#LIN E> ------ Sin perjuicio de lo expuesto, adujo que la responsabilidad objetiva prevista por el art. 1113 del C.C., cuyo presupuesto de imputación es el riesgo creado por la Cooperativa, introductora del objeto productor del daño, es el principal fundamento de su demanda.------------------------------------------------------------------------ --------- ------ Con el fin de acreditar los extremos que harían viable el sistema de responsabilidad objetiva, argumentó que al movilizar elementos de trabajo, cañerías, válvulas, maquinarias, herramientas de gran volumen -que califica de riesgosos-, hizo continuos esfuerzos, en posiciones antálgicas, que aumentaron el potencial dañoso de los mismos.--------------------------------------------------------------- ------ Alegó que el art. 1113 del C.C. contempla el supuesto de las enfermedades-accidentes y aseguró que para aplicar el derecho común, no corresponde discriminar entre accidente de trabajo, enfermedad profesional y enfermedad-accidente o enfermedad del trabajo.------------------------------------------------------------------------ ----------- ------ Explicó las patologías de columna vertebral, su causalidad directa entre el trabajo y el daño e incapacidad sufrida y entre aquéllas, mencionó la hernia de disco cervical y lumbar, como las más temibles. Citó el Decreto 659/96, que reglamenta la tabla de evaluación de incapacidades y el laudo 179/96 y afirmó que el derecho al resarcimiento nace, cuando el trabajo exacerba una predisposición orgánica preexistente.------------------------------------------- ------ Manifestó que al ingresar a trabajar bajo las órdenes de la Cooperativa, contaba con el 100% de su capacidad obrera y su columna vertebral, estaba intacta.----------------------------------------------- ------ Agregó que como consecuencia del accidente, sufrió un trauma en su columna vertebral, descubriendo la existencia de una hernia discal, dolencia que le trajo aparejada una incapacidad absoluta, -que justipreció en un 66% de la total obrera-, que lo inhabilitó para realizar sus tareas.-------------------------------------------------------------- ------ Solicitó que a los fines indemnizatorios se tenga en cuenta su edad, la vida de relación, su especialidad, capacitación futura, incapacidad portante para sus tareas habituales, para tareas genéricas y aún para las ajenas a la órbita laboral.-------------------------- ------ Reclamó daño moral y ante el supuesto de que no se decrete la pretendida inconstitucionalidad de la Ley Nº 24.557, solicitó las prestaciones dinerarias previstas en el Capítulo IV de dicho cuerpo legal.-------------------------------------------------------------------------- ------------- ------ Hizo reserva del caso federal. Fundó en derecho y ofreció prueba.------------------------------------------------------------------------- ----------- ------ II.- A fs. 122/132 vta., Y. S.A., contestó demanda y solicitó su rechazo con costas. Acompañó copia del contrato de afiliación N° 43913 y aclaró que el actor, estaba asegurado por O. A.R.T., por tal motivo adhirió a su citación en garantía y negó todos y cada uno de los hechos expuestos en el libelo promocional, no reconocidos expresamente en su responde.------------------------------- ------ Alegó que por ser ajena a la relación jurídica entablada entre el actor y la Cooperativa, no puede atribuírsele responsabilidad alguna y que la solidaridad laboral, es de aplicación restrictiva y sólo tiene virtualidad, en aquellos supuestos en que la tarea desplegada por la empresa contratada sea indispensable para que la contratante pueda desarrollar su actividad normal y específica.------- ------ Afirmó que la de Y. S.A., es la comercialización del petróleo y sus derivados y que la Cooperativa, tiene por objeto, el transporte de materiales en uno de los almacenes de Y. S. A. en los que el actor se desempeñaba como gruista guinchero.------------------------------ ------ Argumentó que en el caso de autos, la única responsable es la Cooperativa, cuya actividad no es imprescindible para que YPF pueda desarrollar su actividad normal y habitual y aseguró, que el art. 30 de la L.C.T. es, -a su respecto- inaplicable.------------------------- ------ Alegó ser un tercero a quien el contrato entre el actor y su empleadora le sería ajeno y por lo tanto, la sentencia no podía dictarse útilmente en su contra si, previamente, no se cita al empleador contratado, pues la relación se entabla entre este último y el trabajador.--------------------------------------------------------------------- --- ------ Expresó que la solidaridad laboral, solo es aplicable en el caso de que previamente se demuestre la relación laboral, el crédito reclamado y las pautas a que refiere el art. 30 de la L.C.T., esto es, que la actividad desplegada por el trabajador, pertenezca al ámbito normal y específico de la contratista y que ella se beneficie con la misma.-------------------------------------------------------------------------- ---------- ------ En cuanto al planteo de inconstitucionalidad de la Ley N° 24.557 deducido por el actor, opinó que debía ser rechazado y explicó sus razones.-------------------------------------------------------------------<#LIN E> ------ Ofreció prueba. Hizo reserva del caso federal.------------------------ ------ III.- A fs. 138/140 vta. la Cooperativa contestó demanda y solicitó el rechazo in limine de la inconstitucionalidad planteada y de la indemnización pretendida por la actora.------------------------------- ------ Aseguró que la L.R.T. no perjudica a los trabajadores, sino que les garantiza, -en caso de sufrir un accidente- prestaciones e indemnizaciones y brega por obtener en su beneficio, mejores condiciones de trabajo.-------------------------------------------------------------- ------ Argumentó que de su parte, no hubo falta de previsión ni violación a la ley de seguridad e higiene; que la situación del actor, estaba excluida de la L.R.T. (art. 6 ap. 2) y que fue éste quien faltó a sus obligaciones pues, según ordena el inc. "e" del art. 31 de la L.R.T., debió denunciar su lesión al empleador -la Cooperativa- y no lo hizo. De haberlo hecho, ésta hubiera notificado a la A.R.T., a fin de que le brindara las prestaciones correspondientes, o bien se las negara por no tener relación con el trabajo o porque su patología no estaba contemplada por la ley, en cuyo caso, pudo plantear sus cuestionamientos ante la Comisión Médica, con sede en Comodoro Rivadavia.----------------------------------------------------------- ------ Manifestó que el actor decidió operarse sin dar aviso a su empleadora, quien no pudo controlar esa intervención------------------- ------ Expresó que el reclamo planteado con base en el art. 1113 del C.C. era improcedente por estar legalmente vedado por la Ley de Riesgos del Trabajo.------------------------------------------------------------------<#LINE > ------ Subsidiariamente, contestó demanda y negó todos y cada uno de los hechos no reconocidos expresamente. En particular negó, que la Ley N° 24.557, el laudo 405/96- "Manual de procedimiento para el diagnóstico de enfermedades profesionales" ni el Dto. N° 659/96 "Tabla de evaluación de incapacidades laborales", consideren accidente de trabajo o enfermedad profesional, la afección sufrida por levantar un apoyo de hierro, razón por la cual entendió que la demanda debía rechazarse.-------------------------------------------------------- ------ Formuló reserva del caso federal.------------------------------------------ ------ Resumiendo su exposición, dijo que la demanda no podía prosperar porque el actor debió agotar la instancia prevista por el art. 46 de la Ley N° 24.557 y en caso negativo, demandar judicialmente. Alegó que la afección denunciada, está excluida de resarcimiento por la L.R.T., laudos y decretos reglamentarios y que al no denunciar oportunamente, M. la colocó en estado de indefensión.-------------------------------------------------------------------- --------- ------ Fundó en derecho y ofreció prueba.------------------------------------- ------ IV.- En su presentación, (fs. 201/216), la A.R.T. reconoció que mediante el contrato de afiliación N° 43.913, aseguraba a la Cooperativa en los términos de la Ley N° 24.557 sobre riesgos del trabajo y que dicha cobertura, se extendió desde el 01/07/96 hasta el 30/06/2001.--------------------------------------------------------------------- ----- ------ Solicitó el rechazo de la citación efectuada, por no ser responsable de pretensiones que excedían las previstas por la L.R.T. y aclaró que la cobertura de responsabilidad civil del empleador no estaba contemplada en el objeto social de las aseguradoras de riesgos del trabajo creadas por la Ley N° 24.557, con la finalidad de brindar -únicamente- las prestaciones que ella prevé.-------------------- ------ Recordó que desde el punto de vista de la técnica asegurativa, la pretensión de responsabilizarla era improcedente pues el seguro debe funcionar sobre bases técnico-económicas a fin de que la mutualidad de asegurados pueda hacer frente a los compromisos asumidos por la empresa, frente a la ocurrencia del siniestro. Siendo la prima, la contrapartida del riesgo asumido por el asegurador, ella no percibió una que responda a un riesgo que no asumió.------------------------------------------------------------------------- ---------- ------ Afirmó que los padecimientos acusados por M. , constituían enfermedades inculpables que no guardaban relación con las tareas supuestamente prestadas por el actor y opuso excepción de no seguro pues aquéllos, no resultaban resarcibles en los términos del art. 6 de la L.R.T..--------------------------------------------- ------ Teniendo en cuenta que jamás se inició el procedimiento previsto en la L.R.T., invocó falta de legitimación pasiva a tenor de dos fundamentos: a) en primer lugar, el actor debió hacer el requerimiento a la A.R.T. y ante un posible incumplimiento o disconformidad, ocurrir ante las Comisiones Médicas para determinar la naturaleza laboral del reclamo y el carácter y grado de incapacidad (art. 21 de la Ley N° 24.557 y 51 de la Ley N° 24.241) b) luego, existiendo disconformidad con lo resuelto por ellas, tanto el trabajador como la aseguradora, podían optar por someterse, bien sea a la Comisión Médica Central, o al Juez Federal competente. Por último y en grado de última apelación, ocurrir a la Cámara Federal de la Seguridad Social (art. 46 de la Ley N° 24.557 y 24 y sgtes. del Decreto N° 717/96).------------------------------------------ ------ En cuanto a los artículos de la Ley de Riesgo de Trabajo cuya constitucionalidad fuera cuestionada por el actor, sostuvo que ellos no vulneran los arts. 14 bis, 16, 17, 31 y 75 inc. 22 de la C.N. y 1° del Pacto de San José de Costa Rica, ni las demás normas internacionales que cita, por el contrario -argumentó-, vino a llenar un vacío ante los riesgos del trabajo, en materia de protección integral de seguridad social.-------------------------------------------------------- ------ Contestó demanda, negó todos y cada uno de los hechos alegados por la actora y reiteró haber ajustado su conducta a los términos de la ley vigente.---------------------------------------------------------- ------ Sostuvo que aún cuando se compruebe algún grado de incumplimiento en relación a la normativa de higiene y seguridad, no existió causalidad adecuada o material entre el supuesto incumplimiento y el hecho dañoso, que la obligue a responder en los términos del art. 1074 del C.C..--------------------------------------------- ------ Aseguró que realizó los planes de mejoramiento y que controló su ejecución mediante las visitas de profesionales. Planteó que si la actora pretendía imputarle responsabilidad civil (art. 1074 C.C.), debió alegar y demostrar que su omisión, causó el daño.---------------- ------ Fundó en derecho, hizo reserva del caso federal y ofreció prueba.------------------------------------------------------------------------- ----------- ------ V.- A fs. 217/219, se celebró audiencia, oportunidad en la que la actora negó la autenticidad de las constancias de visita y del plan de mejoramiento agregado como anexo "A"; del plan de mejoramiento para acceder al nivel 2 al 3 y del plan de mejoramiento para acceder del nivel 1 al 2.---------------------------------- ------ VI.- Tras lo cual, la causa se abrió a prueba produciéndose la siguiente: la acompañada por la actora (fs. 5/22); la agregada por la A.R.T.: constancia de visita (fs. 144 y 166), plan de mejoramiento para acceder de nivel 2 a nivel 3 (fs. 145 y 167), convenio entre la aseguradora y el asegurado (fs. 151); certificados varios (fs. 273/277), examen preocupacional (fs. 279), planillas de capacitación (fs. 281/312), libro de sueldos y jornales (fs. 314/367), planilla móvil (firma de asistencia diaria) (fs. 369/636), recibos de sueldo (fs. 638/668), contrato 45-11428 y Anexo (fs. 670/ 673)¸ orden de servicio N° 46 (fs. 678); confesional del actor (fs. 733); testimoniales (fs. 735 y vta., 737 y vta., 738 y vta.); informativa (fs. 758/759); informe del cuerpo médico forense (fs. 786/787); testimonio del Dr. Oscar Mana (fs. 808 y vta.); y de Osvaldo Salvador López (fs. 730); la experticia contable se lee a fs. 901/982. A fs. 266/267, el servicio social produjo el informe social N° 77/2001. A fs. 1039, la actora desistió de producir la prueba de reconocimiento de firmas y documental de J. C. C. y de la Dra. I. C. , pericial contable, técnica y confesional de Y. S. A. y de CNA A.R.T. Con respecto a la Cooperativa, aclaró que su confesional, debía tenerse por producida, por haber sido declarada rebelde a fs. 848.----------------------------------------------------------------------<#LINE > ------ VII.- A fs. 1049/1068 por sentencia definitiva de Primera Instancia -N° 01/2006- se rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 6, 11, 39 y 46 de la Ley N° 24.557 y se desestimó la acción en todas sus partes.---------------------- ------ VIII.- En representación de su mandante, los apoderados de C.N.T. A.R.T. S.A. apelaron la regulación de honorarios por considerarlos elevados (fs. 1069), entretanto y por derecho propio, los mismos profesionales apelaron los fijados en su favor, por reputarlos bajos (fs. 1070).--------------------------------------------------------- ------ IX.- La actora apeló el fallo y dejó a salvo que el mismo tuvo por probada la relación laboral, el accidente de trabajo y el grado de incapacidad fijado por la pericial médica producida en autos.-------- ------ II.- SENTENCIA DE CÁMARA.- ------ Con la parcial disidencia de la Dra. R. de R. que más adelante se desarrollará y tras revocar la sentencia de fs. 1049/1068, la Sala "B" -a fs. 1114/1149-, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 6, 11 y 39 de la Ley de Riesgo del Trabajo, acogió la demanda y condenó solidariamente a la Cooperativa de Trabajo El G. Ltda., a Y. S. A. o su continuadora R. y a O. ART, a pagar al actor en el término de diez días de firme o consentida la sentencia, la suma de pesos treinta y ocho mil en concepto de daño material y moral, con más los intereses a la tasa activa del Banco d. L. N. A., utilizada en operaciones de descuento calculados a partir del 31/08/98 y hasta su efectivo pago. Con costas a las demandadas. Su aclaratoria, -N° 84/2006- corre agregada a fs. 1159/1160 vta..--------- ------ II.1.- Luego de enumerar los agravios de la apelante, la Dra. Melero, abordó el tratamiento de aquéllos que perseguían revocar la sentencia de Primera Instancia en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad dirigido contra sendos artículos de la Ley de Riesgos del Trabajo.------------------------------------------------------------------<#LINE > ------ Explicó que compartía plenamente lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidente Ley 9688", CSJN 21/09/2004 y "Díaz, Timoteo Filiberto c/ Vaspia", CSJN 07/03/2006, destacando el voto de la Dra. Carmen M. Argibay que reprodujo largamente, en particular aquellos pasajes que indican que el art. 39.1 de la L.R.T. es inconstitucional en general; ..que la aplicación de dicha cláusula legal no podría dar lugar nunca a una sentencia judicial válida; que la exención de responsabilidad que establece dicho artículo es contraria al principio alterum non laedere y de reparación integral incluido en el art. 19 de la Constitución Nacional.; que no puede ser presentado como una norma en principio constitucional; que al impedir al trabajador que demande judicialmente indemnización por la pérdida de su capacidad económica, el art. 39.1 anuló parte de la protección que constitucionalmente le corresponde contra la interferencia ilegal del empleador en sus derechos y libertades individuales (arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional); que en ello también se involucra el derecho de propiedad; que el art. 39.1 no puede reclamar en su favor la genérica presunción de constitucionalidad que cabe reconocer a las leyes que dicta el Congreso en el marco genérico de sus atribuciones legislativas; que el citado artículo tiene la función de hacer correr al trabajador el riesgo derivado de la conducta ilícita del empleador, excluyéndolo de cobertura para abaratar la prima a cargo de este último; que tiene por fin descargar sobre el trabajador el mayor riesgo que el comportamiento ilícito del empleador representa; que la L.R.T. ha despojado a los empleados del derecho constitucional a resarcirse ante los tribunales de las acciones ilícitas culposas de sus empleadores y ha reemplazado ese derecho por un derecho estatal a sancionar administrativamente al empleador por los daños que su culpa ocasiones a los empleados; que la L.R.T., es contraria al derecho de propiedad porque pone el riesgo a cargo del que lo sufre y no, del que lo causa; que la L.R.T., carece de base constitucional y se aparta de los arts. 17 y 19 de la C.N.; que la L.R.T. consagra una dispensa de culpa del empleador por los daños que ilícitamente cause a sus empleados y dicha exención es introducida a costa de los derechos civiles de los empleados.----------- ------ Con fundamentos propios, recordó los términos del art. 16 de la C.N. y de los arts. 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que establecen el derecho a la igualdad y afirmó que la L.R.T. niega al trabajador, protegido por el art. 14 bis, la posibilidad de acceder al Código Civil.------------------------------ ------ Citando un precedente de la Sala VI de la CNATrab., "Fernández, José Ernesto c/ Decker S.A. s/ accidente- acción civil", interpretó que, el art. 39 de la Ley N° 24.557 viola el principio de igualdad ante la ley y no puede tener vigencia, frente a los arts. 14 bis, 16, 17,18, 19, 43 y 75 inc. 22 y 23 de la C.N., arts. 1, 2, 3, 25 y concs. de la Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 1, 2, 11,16 y concs. de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 2, 6, 26 y concs. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 1, 4, 26 y ss. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).------------------------------------------------------------ ------ Juzgó que correspondía revocar el fallo apelado por ser equivocada la interpretación que la a-quo hizo de la doctrina que la C.S.J.N. sentó en el caso "Aquino", reafirmada luego en "Díaz".----- ------ Recordó que en su escrito postulatorio, M. solicitó la inconstitucionalidad de la L.R.T., relató los hechos, el accidente y/o enfermedad profesional sufrida en ocasión del trabajo y solicitó la responsabilidad civil subjetiva y objetiva, derivada por el riesgo creado de las co-demandadas y de la A.R.T..--------------------------------- ------ Describió la presentación de Y. S. A. quien adujo la constitucionalidad de la L.R.T., alegó ser una tercera en la relación laboral entre la Cooperativa y el actor y negó la solidaridad invocada.----------------------------------------------------------------------- ---------- ------ Refirió que la Cooperativa basó su relato de los hechos en la Ley N° 24.557 y rechazó el planteo de inconstitucionalidad dirigido en su contra.----------------------------------------------------------------- ------ Por último, aludió que la A.R.T. reconoció el contrato de afiliación N° 43.913 celebrado para la Cooperativa en los términos de la Ley N° 24.557 que se extendió, desde el 1/06/96 hasta el 30/06/01; opuso excepción de falta de legitimación pasiva, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la L.R.T. y contestó la demanda, negando tener responsabilidad alguna.-------------------------- ------ Volviendo al análisis de la pretensión fundada en los arts. 1109 y 1113 del C.C., indicó que M. ingresó a trabajar el 01/09/94 como guinchero-playero, calzando una grúa rusa de 25 toneladas con sus apoyos; que, en el mes de abril de 1998, al levantar uno de ellos, sintió un fuerte tirón en la espalda, que derivó en una primera atención médica con receta de calmantes y una posterior operación el día 07/06/98, siéndole diagnosticado hernia discal, lo que implicó que fuera destinado a cumplir tareas de portería, tras lo cual, fue despedido el 31 de Agosto de 1998 (art. 247 L.C.T.).---------------------------------------------------------------------- ------ Puntualizó que la demanda era admisible porque el actor describió el deber patronal de seguridad que exigía a la Cooperativa un hacer positivo para que no se produjera la consecuencia dañosa. Verificó incumplidas las normas de seguridad e higiene denunciadas; interpretó que las funciones del trabajador consistían en un trabajo riesgoso, más aún teniendo en cuenta que en la etiología de las hernias de disco, se encuentran tanto la acción de fuerzas, como la combinación entre éstas y los trastornos degenerativos.------------------------------------------------------------------ -------- ------ De los testimonios rendidos por los testigos presenciales, dedujo que a mediados de abril de 1998, mientras M. levantaba, a pulso, el apoyo de una grúa hidráulica de 25 toneladas, sintió un tirón de espalda no pudiendo levantarse más y que la Cooperativa no les impartió cursos o capacitación en materia de seguridad e higiene, ni proveyó elementos de trabajo de buena calidad.------------------------------------------------------------------------ ---------- ------ Aseguró que en autos, apareció incumplida la obligación de la empleadora de tomar medidas de prevención de daños en la salud del trabajador prevista por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y por ello juzgó que la conducta de la accionada fue negligente y que debía serle atribuida responsabilidad resarcitoria en los términos del art. 512 del C.C..------------------------------------------- ------ Con igual convicción, declaró que los hechos denunciados y probados, implicaban culpa o negligencia de la Cooperativa en los términos del art. 1109 del C.C., que incidieron en la provocación del daño definido por la experticia, como accidente con incapacidad laborativa.--------------------------------------------------------------------- ---------- ------ En cuanto a la imputación de responsabilidad, la sentenciante encontró acreditada en mérito a la prueba analizada, la conducta reprochable y contraria a la ley, dejando a salvo que la documental agregada a fs. 292/296/301 a 304, no tenía entidad suficiente atento la discontinuidad en el tiempo y la diversidad de temas de seguridad e higiene desarrollados.----------------------------------------------- ------ A continuación y tras evaluar la pericial médica corriente a fs. 786/787, explicaciones de fs. 1028/1029 y las testimoniales rendidas en autos, afirmó que las tareas y las condiciones en que éstas fueron realizadas, influyeron negativamente en la salud del actor.-------------------------------------------------------------------------- ------------ ------ Con respecto a la excepción de falta de legitimación opuesta por la A.R.T., interpretó que en aquellos supuestos, como el de autos, en que se concluye que existe relación causal entre las patologías padecidas por los trabajadores y el trabajo, debía considerarse que la aseguradora incumplió su deber legal de contralor respecto al plan de mejoramiento de cada empresa, pues son ellas, quienes no sólo deben calificar el nivel de riesgo de sus clientes al momento de contratar, sino que tienen la obligación de elaborar un plan de mejoramiento y controlar su íntegro y oportuno cumplimiento. En definitiva, juzgó que era responsable en los términos del art. 1074 del C.C..----------------------------------------- ------ En cuanto a la responsabilidad que se atribuye a Y. S.A., encontró acreditado el vínculo contractual que la unía a la Cooperativa (contrato N° 45-11428) y que los servicios comprometidos eran cumplidos en Almacenes de propiedad de Y. quien además, era expresamente informada de los cursos de capacitación que se impartía a su personal. Como consecuencia de lo expuesto, entendió aplicable el art. 30 de la L.C.T..------------------- ------ A modo de conclusión, juzgó que la Cooperativa e Y.P.F. S.A., eran responsables directas por el daño causado; que la A.R.T. incurrió en una omisión culposa en los términos del art. 1074 del C.C. y que todas ellas, debían responder solidariamente, por las sumas que determinó en concepto de indemnización por daños material y moral.---------------------------------------------------------------------- ------ 2.- A su turno, la Dra. M. S. R. de R. , describió extensamente los antecedentes de la causa y en relación a la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Riesgos del Trabajo sostuvo que al incluir obligatoriamente en su ámbito a los trabajadores, el art. 2, hace una distinción contraria a los principios de igualdad y libertad. Citó los arts. 14, 16, 20, 21, 31, 75 inc. 22 y 23 de la C.N.. Igual reproche hizo al art. 4 de la Ley N° 24.557.----- ------ Aseguró que al coartar el derecho de reparación del trabajador con relación al empleador, por el solo hecho de no estar incluida su dolencia en un listado, el art. 6 de la L.R.T. era inconstitucional y que también lo era porque el Congreso no pudo válidamente delegar en el Poder Ejecutivo una típica actividad legislativa como es la vinculada a la seguridad social, en sí misma indelegable. -------------- Sostuvo asimismo que establecer si una enfermedad deber ser considerada o no profesional, es materia inherente a la función jurisdiccional.----------------------------------------------------------------- ---------- ------ Por estas razones, entendió que la norma, infringe lo dispuesto por los arts. 31, 75 inc.12 y 22, 76, 99 inc. 3 pfo. 2 y 116 de la C.N..--------------------------------------------------------------------------- ----------- ------ Consideró que el art. 11 de la L.R.T. es arbitrario porque reconoce tope a la indemnización y que para declarar la inconstitucionalidad del art. 39 .1. de la L.R.T., no era necesario demostrar previamente un menoscabo sustancial del derecho de reparación.--------------------------------------------------------------------- -------- ------ Juzgó que la recta interpretación de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: "Aquino" y "Díaz", indicaban lo contrario a lo resuelto por la a-quo, razón por la cual la sentencia de Primera Instancia, debía ser revocada.---------- ------ Interpretó que en autos resultaba aplicable el art. 1113 2do. pfo. del C.C. porque el damnificado probó a través de las testimoniales (fs. 735,737 y 738), de la pericial (fs. 787) y de la documental incorporada, el nexo causal entre la tarea riesgosa -levantar apoyos de hierro para calzar la grúa- y el daño sufrido -hernia de disco-.Y para eximirse de responsabilidad, el demandado, debió acercar prueba. Lejos de ello, se limitó a sostener que la afección de columna, no estaba contemplada por la Ley N° 24.557, ni por el laudo 405/96, ni por el Dto. N° 659/96.-------------------------- ------ Explicó que, según la prueba rendida, quedó acreditado que las instrucciones de seguridad fueron impartidas, algunas, en fecha posterior al accidente; de otras, no surge que el actor haya concurrido o bien resulta que los temas tratados, se encuentran luego de estampadas las firmas.-------------------------------------------------- ------ De los testimonios prestados, extrajo que, en 1998, no se dieron cursos de seguridad, ni se proveyeron elementos de protección personal adecuados. Tras evaluar la planilla correspondiente, juzgó que ninguno de los entregados al actor estuvo destinado a proteger la salud, respecto del peso que diariamente levantaba, más allá que el que M. debía elevar, hacía presumir las consecuencias, toda vez que los que constan en la documental, no resultaban adecuados para la tarea.------------------ ------ Interpretó que no existió el debido seguimiento, ni la supervisión legalmente exigible (art. 75 L.C.T.). Subrayó que la primera capacitación tuvo lugar en 1994 y la siguiente, relativa a primeros auxilios, se realizó en Julio de 1997.------------------------------- ------ A continuación, explicó que al practicarse el examen preocupacional, el 17 de Febrero de 1994, M. no padecía ninguna afección, menos aún en las zonas herniarias; recordó el art. 19 del Convenio Colectivo 302/98 que establece que las empresas deben efectuar un examen médico a su personal cada 12 meses, sobre todo si se tiene en cuenta que la Ley de Seguridad e Higiene tiene entre sus objetivos, proteger la salud e integridad del trabajador a través de medidas tales como el examen previo al inicio de la relación laboral.------------------------------------------------------- ------ En razón de lo expuesto, afirmó que la Cooperativa debía responder por encontrarse acreditados el daño, el factor de atribución, la relación de causalidad y la falta de eximentes de responsabilidad.---------------------------------------------------------------- -------- ------ Señaló que la expresión "cosa" utilizada por el art. 1113 del C.C. excede la definición del art. 2311 y que podía ser utilizada para designar una tarea, tras lo cual juzgó acreditados tanto el riesgo o vicio de la cosa, la actividad riesgosa a que fue sometida la víctima y que el accidente, fue el resultado de la prestación de una tarea, ordenada por el empleador.----------------------------------------------- ------ Tras fijar la indemnización por daños material y moral, analizó la responsabilidad de R. Y. S. A. previo relacionar los términos de la demanda y su responde. Partiendo de la premisa según la cual, nadie exige que se renuncie a lo que no está obligado, reparó que en la "cláusula de subrogación" del contrato de afiliación N° 43913 se consignó que O. A.R.T. renunció en forma expresa, a iniciar toda acción de repetición contra Y. S.A., con motivo de las prestaciones en especie, dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de Cooperativa El G. Ltda. alcanzados por la cobertura de la póliza por accidentes o enfermedades profesionales sufridas por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo.--------------------------- ------ Agregó, que en la inspección realizada en 1997 por O. , se dejó constancia que la tarea de los operarios se realizaba en las locaciones de Y. S. A. utilizando los medios materiales de la misma; que el contrato se firmó en Santa Cruz donde la Cooperativa tiene su dirección en Almacenes de YPF; que el convenio por el que se regía es el de Petróleo, que los materiales que se usaban para realizar la tarea eran de YPF; que esta última, no sólo era la propietaria del material que se utilizaba sino que también era la guardiana de la tarea que se realizaba en sus almacenes. Consideró decisivo, el contrato N° 45-11428 del 17/09/97.----------------------------------------------------------------------- --------- ------ Citó doctrina que en el marco de lo dispuesto por el art. 1113 2da. Pte. del C.C. autoriza a extender la responsabilidad a quien se sirve de la cosa que causa un daño y/o a quien obtiene de ella un provecho o utilidad económica, dejando a salvo el carácter ejemplificativo de la enumeración de dueño o guardián que la norma contiene. Con tales fundamentos, entendió que debía declararse solidariamente responsable a Y. S.A..------------------------- ------ Para analizar la responsabilidad que se atribuye a la A.R.T., la sentenciante, repasó la demanda y su contestación; analizó la prueba rendida, señaló que la actora negó la autenticidad de las constancias de visitas y de los planes de mejoramiento y que -ante el incumplimiento del procedimiento para denunciar que establece la L.R.T.-, la A.R.T., opuso excepción de falta de legitimación pasiva.------------------------------------------------------------------------- ------------ ------ En cuanto a esta última cuestión, explicó que ante la declarada inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T. era irrelevante analizar el incumplimiento de los requisitos sobre los que aquélla se sostuvo.------------------------------------------------------------------------ ----------- ------ En definitiva juzgó que la aseguradora debía responder en los límites de la cobertura contratada, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1076 del C.C. pues su responsabilidad, no era solidaria, sino directa y exclusiva en los términos de la Ley N° 24.557 (Conf.: Suprema Corte de Mendoza, Sala 2º, 10/12/2002).----------------------- ------ 3.- El voto de la Dra. García Blanco estuvo destinado a dirimir la discordancia que surgió entre las prevotantes, en relación a la extensión de la responsabilidad de la aseguradora.------------------------- ------ Comenzó por explicar que la relación entre la A.R.T. y el trabajador era directa pues habría una sustitución del sujeto obligado por la ley, reemplazando al empleador, por aquélla. Aseguró que el riesgo por los accidentes de trabajo, está colocado bajo la responsabilidad directa de la aseguradora. Citó doctrina.------ ------ A propósito de la responsabilidad de la A.R.T., juzgó relevante que las actividades de prevención y el control de actividades laborales, fueron realizadas en diciembre de 1998, con posterioridad al siniestro que afectó a M. , motivo por el cual debía responder solidariamente.------------------------------------------------- ------ A mayor abundamiento, agregó que luego del accidente, la A.R.T. concurrió a verificar y controlar a la demandada quien según quedó acreditado, incumplió las normas vigentes en materia de seguridad e higiene y el deber de seguridad (art. 75 L.C.T.).----------- ------ En definitiva, entendió que la A.R.T., debía responder solidariamente con las restantes demandadas, por no haber cumplido la obligación de prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, omisión culposa que la hacía responsable en los términos del art. 1074 del C.C..--------------------------------------------------------------- ------ IV.- RECURSO DE CASACIÓN DE O. A.R.T..- ------ Contra la sentencia de Cámara, la aseguradora, interpone a fs. 1169/1181 vta., recurso extraordinario de casación, fundado en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia prevista por el inc. "e" del art. 288 del C.P.C.C..---------------------------------------------------------------- ------ En el capítulo de antecedentes, describe defectuosamente la demanda, menciona las contestaciones de Y. S.A., de la Cooperativa y sus propias defensas.-------------------------------------------- ------ Genéricamente referencia las pruebas producidas, la sentencia de Primera Instancia y la expresión de agravios de la actora ante la Alzada. Omite hacer una descripción integral del fallo de la Cámara que impugna.------------------------------------------------------------------------ --- ------ Al abordar la crítica del pronunciamiento, lo acusa de apartarse de la normativa aplicable y de no evaluar el material probatorio reunido (que no identifica) y que tacha de precario e insuficiente para fundar un reproche en su contra.------------------------ ------ A su juicio, el fallo descalifica arbitrariamente el sistema de riesgos del trabajo, declara ab-initio la inconstitucionalidad de la L.R.T. y le imputa haber omitido culposamente una supuesta obligación de resultado, sin identificar incumplimientos concretos.-- ------ Siguiendo ese orden, critica el voto de la Dra. Melero, -el que cita en párrafos aislados- por reflejar su personal disgusto con la L.R.T., sin soporte normativo que lo fundamente; por hacer un análisis parcial y vicioso de la norma fundamental, con el fin de amparar supuestos derechos alegados por M. ; por evaluar prejuiciosamente el contraste constitucional desde el enfoque de los derechos cuya violación se denunció.---------------------- -------------------- ------ Considera inadmisible que un tribunal declare la inconstitucionalidad de normas emanadas del Congreso de la Nación, debidamente promulgadas y reglamentadas por el Poder Ejecutivo Nacional, porque no se condicen con una determinada ideología liberal e individualista, superada por la incorporación del Derecho Laboral y de la Seguridad Social, sin demostrar cuáles derechos fundamentales y de qué manera, se violentan en el caso concreto.----------------------------------------------------------------------- ---------- ------ Acusa al fallo de negar a la L.R.T. la presunción de constitucionalidad que gozan todas las leyes cuya sanción ha respetado el procedimiento establecido y de olvidar que, tanto el Código Civil, como el sistema de riesgos del trabajo, tienen igual jerarquía constitucional. Cita la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en autos: "Gorosito c/ Rivas S.A y otro s/ daños y perjuicios", dictado el 01/02/2002.---------------------------------------------- ------ Asegura que la sentencia incurre en el error de suponer que el sistema de riesgos del trabajo autoriza al empleador a dañar a los trabajadores; a financiarle el costo que le generaría la reparación de los daños causados por su culpa al dependiente.--------------------------- ------ En defensa de la constitucionalidad de la L.R.T., cita la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en autos "Gorosito." y recuerda que las omisiones culposas son castigadas a través de multas impuestas por el Estado, sin que ello signifique permiso para dañar. Califica de extremista la postura de la primer votante, quien entiende que el trabajador no tiene habilitado el acceso a la justicia.----------------------------------------------------------------------- ------------- ------ Interpreta, que el Código Civil, no es la única vía válida de reparación de daños, por el contrario, argumenta, que el art. 14 bis de la C.N. autoriza a crear un sistema especial para la seguridad social de los trabajadores, lo que impide negar validez a un subsistema creado especialmente para atender el resarcimiento de los daños que sufran los trabajadores.----------------------------------------- ------ Alega que el fallo es arbitrario, por ser jurídicamente incorrecto el fundamento de la condena que la declara solidariamente responsable sin identificar cuál fue la conducta reprochable.-------------------------------------------------------------------- --------- ------ Igual tacha le atribuye al decisorio por no mencionar los límites de cobertura previstos por la póliza que la vinculaban a la Cooperativa; por no resolver la falta de legitimación deducida, con fundamento en que la dolencia denunciada, no se encontraba asegurada y por suponer que incumplió, las normas de seguridad e higiene, en cuyo entendimiento, la condenó solidariamente por no haber evitado los daños.------------------------------------------------------------- ------- Reproduce textualmente sendos pasajes de los votos mayoritarios que tratan la excepción de falta de legitimación pasiva y fundamentan su responsabilidad en el art. 1074 del C.C..------------ ------ Argumenta que el pronunciamiento le impone erróneamente una obligación de resultado consistente en erradicar, en forma absoluta, los riesgos inherentes al trabajo, so pena de que -en caso contrario- se las condene civilmente, más allá de la póliza de cobertura.---------------------------------------------------------------------- ---------- ------ Asegura que, como no pudo identificarse cuál fue el medio que hubiera evitado el resultado dañoso, se le atribuye una obligación de resultado que permita fundar la condena impuesta en los términos del art. 1074 del C.C..------------------------------------------------- ------ Alega que se la condena por el actuar culposo de la Cooperativa, sin considerar que la L.R.T. y sus decretos reglamentarios, sólo obligan a las aseguradoras a controlar y a denunciar sus incumplimientos.------------------------------------------------- ------Opina que debió establecerse la conducta que de haber sido ejecutada, hubiera interferido el curso causal, evitando el resultado dañoso, de acuerdo con la teoría de la causalidad adecuada que provea la imputación, de modo que la conducta pueda ser calificada en los términos de los arts. 897, 898, 1066 y 1067, como acción u omisión, lícita o ilícita, cuyo resultado pueda serle atribuido.---------- ------ Manifiesta que ni la actora, ni el fallo impugnado identifican la acción, obligatoria según las normas de seguridad e higiene que, -de haberse cumplido-, hubiera evitado el resultado dañoso, de manera de poder imputar a la aseguradora, la culpabilidad de los padecimientos del actor.----------------------------------------------------------- ------ A todo evento, recuerda que no se produjo la prueba técnica tendiente a acreditar las condiciones laborales y el nivel de cumplimiento de la normas de seguridad e higiene y ello no puede acreditarse mediante prueba testimonial.------------------------------------- ------ Alega que bajo ningún criterio de "sana crítica", el nivel de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene pudo ser acreditado con el relato de testigos. Menos aún -argumenta- pudo ser condenada sin una pericia que pruebe el nexo de causalidad entre la conducta omitida y el daño que ésta produjo.-------------------- ------ Considera irrazonable que se interprete que la demanda era admisible, por estar debidamente fundamentado el deber patronal de seguridad.---------------------------------------------------------------------- ----- ------ Critica que se tenga por acreditado que los dependientes de la Cooperativa no recibieron cursos de capacitación en materia de seguridad e higiene, que éstos fueron insuficientes atento la discontinuidad en el tiempo y la diversidad de temas, pues los realizados estarían acreditados con las constancias acompañadas como prueba documental (que no identificó).------------------------------- ------ En relación a la forma en que se resuelve la excepción de falta de legitimación pasiva, recuerda el casacionista que el art. 1067 establece que no habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia. Y afirma que el nexo de imputación fue omitido por la sentencia.------------------------------------------------------------ ------ Asegura que no existió vinculación entre ningún posible incumplimiento normativo y las consecuencias dañosas invocadas por el demandante, tal como lo entendió el fallo de Primera Instancia que reproduce textualmente.---------------------------------------- ------ Expresa que a sabiendas de no haber probado los denunciados incumplimientos, al expresar agravios, el actor argumentó que la demandada no probó ninguna eximente a su favor (culpa de la víctima o caso de fuerza mayor) que lo libere de responsabilidad por el accidente de trabajo que sufrió el actor. Al respecto, considera inadmisible que el tribunal la admita e invierta la carga de la prueba y la condene por omisión culposa, no a la luz de los extremos acreditados, sino considerando que la accionada no alcanzó a rebatir los argumentos de la actora.------------------------------- ------ Le agravia que la Dra. R. de R. haya admitido que debía ser condenada en los términos de la L.R.T. Para descalificar esta conclusión minoritaria, transcribe sendos pasajes de su responde y de la sentencia de Primera Instancia. Reitera que la enfermedad invocada por M. , no está incluida en el listado de enfermedades profesionales.-------------------------------------------------- ------ Hace reserva del caso federal.---------------------------------------------- ------ V.- RECURSO DE CASACIÓN DE Y. S.A..- ------ Agregado a fs. 1182/1196 vta., acusa a la sentencia de ser arbitraria y violatoria de los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional.----------------------------------------------------------------------- --------- ------ En el capítulo de antecedentes, y sin precisar las normas en que se funda, explica que el actor entabló demanda laboral contra la Cooperativa, Y. y O. ART en concepto de indemnización por accidente de trabajo.----------------------------------------------------------- ------ Recuerda que en su contestación aseguró que el art. 30 de la L.C.T. era inaplicable al caso de autos, pues los trabajos realizados por la empleadora nada tenían que ver con la actividad normal y habitual de Y. S.A.. No mencionó la contestación de la empleadora (Cooperativa). No describió la prueba producida en autos, expresamente relacionada en la sentencia. Y en cuanto al fallo de la Cámara, se limita a decir genéricamente que es revocatorio del de Primera Instancia y que hace lugar a la demanda. Luego reproduce aisladamente los votos de las Dras. Melero y Reynoso. En cuanto al emitido por la Dra. García Blanco expresa que era coincidente con el pronunciado por las prevotantes.----------- ------ En su fundamentación y novedosamente, asegura que el art. 30 de la L.C.T. resulta inaplicable a los créditos emergentes de accidentes de trabajo. A todo evento, argumenta que no se configuran en autos los presupuestos de la norma que autoricen a condenarla solidariamente.--------------------------------------------------------- ------ Expresa que el actor fundó la acción dirigida contra su empleadora y co-demandadas, en el vicio o riesgo de la cosa, siendo aplicable el art. 1113 del C.C. y no el art. 30 de la L.C.T..------------ ------ Alega que el accidente que "supuestamente" sufrió el actor tuvo su origen en factores propios y en esfuerzos por los que no debe responder y que para poder responsabilizarla civilmente, debió probarse que se dan los supuestos previstos por el art. 1113 del C.C., o que el accidente se produjo por una cosa riesgosa o viciosa sobre la que Y. S. A. debió velar y ello, -a su juicio- no ocurrió.----- ------ Expresa que tanto ella como la Cooperativa, tienen sus unidades técnicas de ejecución bien diferenciadas y por ello, ninguna debe cuidar o velar por la otra.--------------------------------------- ------ Relata que para incriminarla, el segundo voto tuvo en cuenta que el accidente sucedió en sus almacenes, con sus materiales y ello, se contradice con lo afirmado por el actor al demandar.----------------- ------ Asegura que el fallo es arbitrario pues aplica un texto legal inadecuado y se sostiene en afirmaciones dogmáticas y pruebas inexistentes. Explica por ejemplo, que la cláusula mediante la cual O. se comprometió a no repetir de Y. las sumas que eventualmente pague por un siniestro a la Cooperativa, no puede constituir un indicio válido para responsabilizarla del accidente. Agrega que éste no se produjo a consecuencia de una cosa de su propiedad ni de alguna sobre la que debía velar, sino que es producto del trabajo que realizaba el actor, sin descontar sus antecedentes personales previos.------------------------------------------------- ------ Postula la constitucionalidad de la Ley N° 24.557 e interpreta que la doctrina que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentó en autos "Aquino", no es un plenario que los jueces de grado deban aplicar obligatoriamente. Por último, alega que, la Cámara hizo de ella una errónea interpretación.--------------------------------------- ------ Puesto el expediente a disposición de las partes a los fines previstos en el art. 293 del C.P.C.C., ninguna ejerció el derecho que la norma le acuerda.------------------------------------------------------------------<#LINE > ------ VI.- ANALISIS.- ------I.- En los presentes autos, el actor pidió y la Cámara de Comodoro Rivadavia declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 6, 11 y 39 de la L.R.T. agraviando a las recurrentes CNA ART y R. -Y. S.A., quienes con el afán de demostrar la arbitrariedad del pronunciamiento, promueven sendos recursos de casación a cuyo análisis me avoco, de modo conjunto, sólo en este punto.--------------------------------------------------------------------<#LINE > ------ II.- Dicen los casacionistas que, sin fundamento alguno, se descalifica el sistema de riesgos del trabajo en base a premisas meramente ideológicas, valorativas, subjetivas; se afirma falsamente que la L.R.T., da al empleador derecho de dañar y que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Aquino", no es un plenario al que deban obligatorio acatamiento, los jueces de grado.-------------------------------------------------------------------------- ------------ ------ III.- Contrariamente a lo así alegado, extraigo del fallo atacado, que la juez que votó en primer término, dejó a salvo que la cuestión era análoga a la resuelta en autos: "Ulloa...", oportunidad en que hizo suya la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en A. 2562 XXXVIII "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes Ley 9688" y "Díaz, Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A.", 07/03/2006, a cuyos términos se adhirió y reprodujo.---------------------------------------------------------------------- -------- ------ A su turno, la Dra. R. de R. afirmó que en la Ley N° 24.557 se limitan gravemente los derechos del trabajador en todos y cada uno de los artículos cuya inconstitucionalidad se solicitó. Recordó que el Dr. D. y V. , diputado nacional, predijo en la Cámara de Diputados lo que se va haciendo realidad: que el texto que se votaba iba a ser sin dudas, declarado inconstitucional por los jueces. Opinó que el art. 2 de la L.R.T. efectúa una distinción que va contra el principio de igualdad y libertad del art. 14 de la C.N. y lo que disponen los arts. 16, 20, 21, 31, 75 inc. 22 y 23; lo mismo dijo del art. 4; explicó que el art. 6 es inconstitucional porque el Congreso de la Nación delegó en el Poder Ejecutivo una facultad indelegable; que también lo era porque establecer si una enfermedad debe ser considerada o no profesional, es inherente a la función jurisdiccional según lo establece el art. 76 inc. 22 de la Constitución Nacional. Cuestionó que la norma establezca el tiempo que tendrá validez el listado de enfermedades profesionales por atentar contra los arts. 99 inc. 3 pfo. 2 de la C.N. y los arts. 31, 75 inc. 12 y 22, 76, 99 y 116 de la Carta Magna.-------------------------------------------------------------------------- - ------ Aseguró que por medio del listado se pretendía coartar el derecho de reparación de quien pone su capacidad de trabajo, con relación a quien a su vez es generador de trabajo y por ende de riesgos y posibilidad de daños, al impedirle acceder a una reparación íntegra por el sólo hecho de que su dolencia no esté incluida en el listado, aún cuando ésta haya sido catalogada como tal por los Tribunales y la medicina legal.------------------------------------- ------ Interpretó que el art. 11 de la L.R.T., distingue arbitrariamente al trabajador en relación de dependencia, del resto de los ciudadanos, en cuanto a la indemnización limitada a que tiene derecho.------------------------------------------------------------------------ --- ------ En cuanto al art. 39.1, expresó que la juez a-quo se equivoca cuando haciendo mención de lo resuelto por la Corte sostuvo que es necesario demostrar un menoscabo sustancial del derecho de reparación para poder concluir que la norma es inconstitucional, pues si bien es cierto que así se resolvió en "Gorosito" (Fallos, 325:11) y tal postura estuvo representada en "Aquino" (Fallos, 373:3753), fue el voto de los Dres. Belluscio y Maqueda, concluyendo la mayoría en forma distinta que en la anterior. En "Aquino", el voto del Dr. Petracchi y el Dr. Zaffaroni, concluyen que el art. 39 inc. 1 es inconstitucional, postura también adoptada por la C.S.J.N. en "Díaz, Timoteo Filiberto c/ Vaspia, S.A." de fecha 07/03/2006, donde los votantes se remiten a Aquino, agregándose el meduloso voto de la Dra. Carmen Argibay, quien en clara exposición que no deja dudas sobre la postura de la Corte al respecto al decir que el art. 39.1. de la L.R.T. no puede ser presentado como una norma en principio constitucional, en la medida que su letra desconoce la regla según la cual todas las personas tienen derecho a la protección de las leyes contra la interferencia arbitraria o ilegal de terceros en sus vidas en ejercicio de sus derechos (arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional) línea argumental que como bien lo dice, es la que lidera el fallo "Aquino" y es la que sigue para justificar su adhesión a tales opiniones.--------- ------ IV.- Fundamentos que, -corresponde reiterarlo una vez más- no fueron debidamente reseñados por los recurrentes en sus respectivos libelos recursivos, menos aún, adecuadamente rebatidos y es una exigencia de la senda extraordinaria que transitan los quejosos que el escrito portador del recurso de inaplicabilidad de ley debe contener todos los antecedentes indispensables de la litis y el desarrollo argumental de los errores que se atribuyen a la sentencia impugnada (Alberto J. Tessone, "Recursos Extraordinarios", Librería Editora Platense, La Plata, 2004, pág. 434).--------------------------------------------------------------------------- ---------- ------ V.- Por el contrario, las alegaciones tendientes a sostener la constitucionalidad de la L.R.T. y la consecuente arbitrariedad del fallo que declara la inconstitucionalidad de alguna de sus normas, no constituyen una auténtica expresión de agravios pues no contienen un fundamento puntual, no dan las bases jurídicas que sustenten un punto de vista contrario al fallo. No significa sólo disentir con la interpretación del juez, sino que la expresión de agravios, debe configurar un análisis razonado de la sentencia. Se deben examinar los fundamentos de aquélla, puntualizando de modo crítico -es decir, emitiendo un juicio impugnativo- concreto y preciso, con una derivación lógica adecuada o sea razonada, del por qué a su juicio, la decisión es arbitraria. No basta con dar una apreciación dogmática que trasunte un criterio diferente al del juez o una mera disconformidad, sino que deben esgrimirse argumentos jurídicos fundantes de una opinión jurídicamente relevante en sentido opuesto al del fallo.-------------------------------------------------------- ------ VI.- Cierto es que este Superior Tribunal adhiere al criterio expuesto en S. D. N° 30/93; 33/93; 08/S.R.E./04, de la no obligatoriedad del seguimiento de los pronunciamientos emitidos por el más Alto Cuerpo Nacional. En efecto, se ha decidido que: el desconocimiento de fallos del Alto Tribunal sólo es causal de arbitrariedad si se discuten derechos reconocidos por ellos en la misma causa en que son dictados (Fallos, 247:371) y que los precedentes de la Corte Suprema no tiene fuerza general legalmente vinculante para los tribunales locales en materia no federal, constituyendo toda disidencia fundada de dichos precedentes, una consecuencia necesaria del sistema federal adoptado en la Carta Magna y específicamente en sus arts. 67 inc. 11, 100, 104 y 105 de la misma (C.S.J.N., Fallos, 304:1459). La exégesis que hace la Corte Nacional en las cuestiones no federales, tiene efecto de vinculación moral para los demás iudicantes, sobre la base de principios de celeridad y economía procesal, sin perjuicio de que los inferiores pueden apartarse, si así lo consideran conveniente según las circunstancias particulares de la causa (S.C.B.A., 15/6/99, B.A. 84984).------------------------------------------------- ------ VII.- Sin perjuicio de ello y más allá del valor que se pueda atribuir a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en temas de derecho común como el que aquí se debate (Conf.: C.S.J.N., "Castillo, Angel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.", C. 2605 XXXVIII) y el acatamiento que de ellos hagan libremente los jueces de grado, resulta poco serio, que se pretenda sostener la constitucionalidad de un norma, invocando una doctrina del Alto Tribunal ya superada ("Gorosito") sin fundamentos que lo autoricen. (ver, Eduardo Alvarez, "El fallo Aquino, el esperado retorno de la seriedad científica a la Argentina", Revista de Derecho Laboral, "Fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", Editoral Rubinzal Culzoni, pág. 155)----------------------------- ------ También lo es, que se tache de arbitrario el fallo que hace suya la doctrina vigente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que comparto- que declara la inconstitucionalidad de sendos artículos de la Ley de Riesgos del Trabajo. (ver, "Llosco, Raúl c/ Irmi S.A.", L 334 XXXI, 12/06/07, "Arostegui, Pablo Martín c/ O. Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Cía.", entre otros).-------------------------------------------------------------------- ------ VIII.- Por ello y mientras los agravios expuestos, no esgrimen fundadas razones que pongan en tela de juicio la aplicabilidad a la particular causa, de los precedentes que traman el hilo de la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país, ni proponen nuevos argumentos que puedan conducir a modificar dicho criterio, hay para mí, cuestión insustancial o baladí en el recurso extraordinario local.-------------------------------------------------------------------------- ------------ ------ IX.- Un planteamiento serio exigía, a quienes vienen afirmando desde el inicio de la litis, que la dolencia de M. no se encuentra listada, acreditar por ejemplo, que -comparativamente- el resarcimiento previsto por la L.R.T., reparaba integralmente el daño padecido por el actor quien, además del material, reclamó daño moral, más aún teniendo en cuenta que la Ley N° 24.557 no admite reparación por ningún otro daño que no sea la pérdida de capacidad de ganancias del trabajador y que ésta, se establece de manera restringida. O bien, demostrar que el costo económico financiero de transitar un proceso judicial en pos de obtener una indemnización superior a la tasada, resultaba en la especie significativamente mayor que el valor de la compensación del régimen especial, económicamente sopesado al tiempo de la efectiva percepción. Y nada de ello, ocurrió en la especie.--------------- ------ X.- Este Superior Tribunal, ha dicho que hay arbitrariedad cuando lo decidido, comporta un acto irracional o de palmario apartamiento del cuadro normativo que rige el caso (S.I. N° 72/89; 58/96; 101; 176; 223/92, entre otras) (ver Vanossi, "La sentencia arbitraria- Un acto de lesión constitucional", "Temas de Casación y Recursos de Extraordinarios", Ed. Platense, Año 1982, pág. 187) y que no es suficiente para impugnar de arbitraria a una sentencia, cuando la misma cuenta con fundamentos bastantes que obstan a su descalificación como acto jurisdiccional" (S.I. N° 124, 187, 200, 211/91, 137/93, entre otras).---------------------------------------------------- ------ XI.- Lejos de ellos, el fallo impugnado en cuanto declara la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 6, 11 y 39 de la L.R.T. haciendo propios los fundamentos desarrollados por la C.S.J.N., en autos: "Aquino" y "Díaz" cuenta con fundamentos suficientes que hacen de él, un acto jurisdiccional válido que no merece la descalificación que indebidamente pretenden los casacionistas. ASÍ LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- --- ------ XII.- Fundamentos que además comparto y hago míos tras verificar gratamente que, dejando atrás vientos que aludían a la eficacia económica del derecho como norte que desplazaba toda otra axiología que no fuera la del mercado, al declarar la inconstitucionalidad de sendos artículos de la Ley de Riesgos del Trabajo, en "Aquino", "Díaz" y "Llosco" (L334 XXXIX), la Corte Suprema de Justicia de la Nación, enarbolando la bandera de la justicia social como principio señero, avanza, desandando un camino que por algunos años, sólo reconoció retrocesos, avalando constitucionalmente una norma, que sólo podía ser explicada desde interesadas perspectivas corporativas.------------------------------------------ ------ En ese trance, el más Alto Tribunal reconoció dimensión constitucional al tema del daño a la persona; sentó el principio de no empobrecimiento de la víctima como consecuencia del daño padecido, al que alude la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Bamaca Velázquez c/ Guatemala Reparaciones", Sentencia del 22 de febrero de 2002; descalificó al Sistema de Riesgos de Trabajo con base en la garantía de igualdad prevista del art. 16 de la C.N., por crear un sistema peyorativo de diferenciación entre los trabajadores y los restantes ciudadanos; conjuró el retroceso legislativo que significó la eliminación de la opción por el derecho civil que preveían los regímenes transaccionales anteriores con la introducción del principio de progresividad que se sustentan en las Cartas Internacionales; resaltó la operatividad del art. 14 bis de la C.N. sobre la tesis de la doble protección en materia de infortunios laborales: el trabajador protegido por el derecho laboral y desde el derecho de daños por su condición de víctima.---------------------------------------------------------------- ------ Trascendentes razones que me llevan -insisto- a adherir a la nueva doctrina, no sin antes meditar los señalamientos de aquellos autores que fundaron la tesis contraria (Vázquez Vialard, Antonio, "Algunos aspectos constitucionales de la L.R.T", LL 27/08/04; Murcia, Diego Gonzalo, "La solución del fallo Aquino, entraña ¿una cuestión jurídica o también ideológica? (El Dial DCDES); Martinez Urritibehety, Gustavo D., "La Corte y la Ley de Riesgos del Trabajo" (El Dial DC 159); Rossi, Alejandro, "A propósito del fallo de la Corte sobre inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo y los signos ambientales: lo imposible es obligatorio?", El Dial DC 4AA).------------------------------------------------------------------------ ------ XIII.- A continuación trataré los restantes agravios de la ART S.A. quien asegura que el fallo que la condena civil y solidariamente, es arbitrario por no analizar la falta de legitimación deducida, por no identificar la conducta reprochable, omitir toda referencia a los límites de cobertura según la póliza y presumir el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene.------------------- ------ XIII.1.- Antes que nada, me referiré a los defectos formales que, observo, adolece el escrito postulatorio. Tal como anticipé al reseñar los antecedentes y reitero, no contiene un relato claro y concreto de los hechos relevantes de la causa que permita establecer el vínculo que guardan con las cuestiones que se quieren someter al Tribunal como de índole excepcional (S.I. N° 219/91; 41 y 196/94; 69/S.R.E./98; 7/S.R.E./00; 20 y 21/S.R.E./01; C.S. Fallos, 303:1702; 303:824, entre otros).------------------------------------------------ ------ En efecto, no describió la tarea del actor, no mencionó como denunciado el incumplimiento de los arts. 4, 7, 8, 9, inc. a), b, j, k, l de la Ley N° 19.587, ni los arts. 103, 108, 111, 152 a 158 y sgtes. del Dto. N° 351/79 y los títulos VI y VII de este último y el art. 4 de la L.R.T.; no describió la extensa prueba producida y ello se imponía teniendo en cuenta que acusa al fallo de no evaluar el material probatorio reunido, el que reputa insuficiente para fundar la condena en su contra. Tampoco explicó integralmente el fallo impugnado.---------------------------------------------------------------------- ------- ------ Por el contrario, en su formulación, empleó la defectuosa técnica de reproducir en forma fragmentada, extensos pasajes de la sentencia atacada -en particular, el voto de la Dra. Melero- quebrantando la unidad lógica-jurídica de la misma, habiéndose resuelto que "demostrar el error jurídico del fallo transcribiendo parcialmente expresiones del mismo y sacándolas de contexto, constituye una ineficaz técnica recursiva porque no se ocupa, en definitiva, de cuestionar idóneamente el razonamiento integral del pronunciamiento" (SCBA, Ac. 55.833-S, 14/05/96, "Rodríguez, Mara Susana c/ Transportes Atlántida S.A.C. y otro s/ Daños", citado por Juan Carlos Hitters, en su obra "Recursos Extraordinarios y de la Casación", Ed. Platense, 2da. edición, Año 1998, pág. 601). Criterio que por lo demás, sigue esta Sala, en S.D. N° 03 y 07/S.R.E./06, entre otras.---------------------------------------------- ------ Aún cuando deje de lado estos defectos, que de por sí autorizarían el rechazo por inadmisible del recurso de casación intentado, entiendo que el mismo no puede tener andamiento y así lo propondré al Acuerdo, por las razones que a continuación paso a desarrollar.-------------------------------------------------------------------- ----------- ------ XII.2.- Plantea el casacionista que el Tribunal no resolvió la excepción de falta de legitimación pasiva por él deducida con fundamento en que la dolencia denunciada no se encontraba dentro de las enfermedades aseguradas.--------------------------------------- ------ La lectura del pronunciamiento demuestra lo contrario. En efecto, a fs. 1127, la Dra. Melero sostiene: "en lo referente a la excepción de falta de legitimación opuesta por O. A.R.T. considero que en los casos en que se concluyera que existe relación causal entre las patologías padecidas por los trabajadores y el trabajo, como sucede en el presente, sin dudas debe considerarse que la A.R.T., ha incumplido su deber de controlar respecto del cumplimiento del plan de mejoramiento de cada empresa, obligación que la ley pone en cabeza de las aseguradoras..." y a fs. 1145, la Dra. R. de R. afirmó que ante la declaración de inconstitucionalidad resuelta, carecía de relevancia verificar el cumplimiento de los requisitos sobres los cuales la A.R.T. fundó la excepción de legitimación pasiva.----------------------------------------------- ------ De lo expuesto, se deduce que la denuncia formulada por el recurrente no se ajusta a la verdad y que sus alegaciones constituyen meras discrepancias subjetivas con lo decidido, insuficientes ante un fallo seriamente fundado y que resulta una derivación del derecho positivo vigente.--------------------------------------- ------ XIII.3.- En otro orden de ideas, la A.R.T., acusa al fallo de ser arbitrario por no indicar la acción obligatoria según las normas de seguridad e higiene que de haberse cumplido hubiera evitado el resultado dañoso.----------------------------------------------------------------------<#L INE> ------ Para analizar este agravio, reeditaré los antecedentes de la causa. M. demandó a la ART en su carácter de aseguradora de riesgos del trabajo libremente elegida por la parte empleadora, dado que se encontraba a su cargo la adopción de las medidas legales previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, así como la obligación de fiscalizar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad por parte de la patronal. Aseguró que tal incumplimiento la hacía -junto a la empleadora- solidariamente responsable de la obligación de reparar el daño causado. Argumentó que tales omisiones permitieron la existencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que lesionaron al damnificado y determinaron el incumplimiento del art. 4 de la L.R.T., todo lo cual justifica se la condene por los daños y perjuicios causados al actor y por las prestaciones derivadas de la ley citada (fs. 69).----------------------------- ------ Más adelante, -fs. 75- afirmó que carecía de elementos de seguridad y de herramientas adecuadas para la realización de sus trabajos y que no recibió cursos o capacitación alguna de higiene y seguridad industrial. Denunció violados numerosos artículos de la Ley N° 19.587 y del Dto. N° 351/79.------------------------------------------ ------ XIII.4.- El pronunciamiento atacado juzgó que la imputación de conducta reprochable: la comisión por omisión en el cumplimiento de las normas de seguridad estaba expresamente denunciada y su incumplimiento acreditado conforme la prueba analizada y que la agregada a fs. 292 a 296/301 a 304 no tenía entidad suficiente atento la discontinuidad en el tiempo y diversidad de temas desarrollados de seguridad e higiene (Dra. Melero).------------------------------------------------------------------------ --------- ------ En idéntico sentido, se sostuvo que: no existió el debido seguimiento, ni la supervisión legalmente exigible, que no se cumplió el art. 19 del Convenio Colectivo N° 302/98 que establece que las empresas deben efectuar un examen médico a su personal cada 12 meses; que si bien de la documentación reservada surgía, que se dieron instrucciones sobre seguridad, algunas fueron dadas con posterioridad al accidente, así las realizadas en el años 98, 14 de julio, 11 de julio, fs. 284 y fs. 286 y la que se agrega a fs. 289 no consta que haya concurrido, las de fecha 23 de mayo de 1998 y 14 de abril del mismo año. La que fue agregada a fs. 294, fue sobre primeros auxilios (7/06/97) y la de fs. 295, si bien el actor concurrió, los temas tratados se encuentran luego de las firmas (25/10/97). A fs. 303 y 304 figura, que el tema versó sobre politraumatismos, heridas, conductas a seguir, resucitación y traumatismo (23/08/97) no constando que el actor concurriera. Los testigos coinciden en que hasta el año 1998, no les dieron cursos sobre seguridad (fs. 735 y 737) aunque después sí; ni elementos adecuados. En la planilla "Elementos de protección personal" se enumeran los elementos que la empresa otorgó a M. (fs. 682) pero ninguno de ellos está destinado a proteger la salud respecto del peso que diariamente levantaba, más allá que el peso de los que debía levantar, hacía presumir las consecuencias, toda vez que los que constan en la documental analizada no resultan los adecuados para la tarea" (voto de la Dra. Reynoso de Roberts).---------------------- ------ XIII.5.-- En su obra, "La Ley sobre riesgos del trabajo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, 2008, Mario E. Ackerman afirma que en cuanto sujetos de derecho, nada obsta para que las A.R.T. puedan ser responsabilizadas civilmente por los daños causados por su eventual obrar antijurídico. (págs. 220 y sgtes.).----- ------ Admite el autor de la cita que la respuesta judicial no ha sido uniforme en orden a la exigencia del nexo de causalidad entre el incumplimiento y el daño. Explica que existen dos grandes tendencias jurisprudenciales, que se pueden agrupar según que se siga un criterio amplio o restrictivo en el reconocimiento de la configuración del nexo de causalidad exigido por los arts. 901 a 904 del C.C..--------------------------------------------------------------------------- ------ ------ Adscriben al criterio amplio las sentencias que se limitan a referir tan solo la existencia de un incumplimiento por la A.R.T. al que si bien se identifica y al margen de la extensión que se dé en el caso al contenido de la obligación de la aseguradora, no se precisa, en cambio cómo operó causalmente la omisión imputada ni se indica o se considera en qué medida el cumplimiento habría evitado la producción del daño.-------------------------------------------------- ------ Una segunda manifestación de esta amplitud de criterio en la atribución de responsabilidad a la A.R.T. aparece cuando a la confusión entre el deber de prevención de los riesgos del trabajo se suma la atribución a aquélla de funciones y poderes análogos a los de la inspección del trabajo. Así por ejemplo, amén de afirmarse que la A.R.T. es un sujeto co-obligado en el deber de seguridad y en cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y que el deber de seguridad tal cual se describe en la Ley N° 24.557, excede el marco tradicional del contrato entre el empleador y el trabajador y la aseguradora está tan obligada como la empleadora a efectuar ese ejercicio de previsión y de implementación que la naturaleza de la tarea exija para lograr la indemnidad de sus dependientes. (ver, Alvarez, Eduardo, "La Responsabilidad de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo por los infortunios laborales y la aplicación del art. 1074 del C.C.", en Revista de Derecho Laboral N° 2002-I-Riesgos del Trabajo II, pág. 77). Se sostuvo también que la L.R.T. produjo una suerte de delegación del control de acatamiento a las disposiciones de seguridad a favor de las A.R.T. y como consecuencia de ello, el empleador debe someterse a un régimen análogo al que conlleva la tarea de policía del trabajo (ver Dictamen del Fiscal General ante la CNATrab. en autos: "Rivero, Elvira c/ Techo, Técnica S.R.L."). Cabe aclarar que con relación a la exigencia de la relación de causalidad, el dictamen se enrola en lo que se califica como criterio restrictivo, puesto que explica cómo a su juicio se encuentran vinculadas las que considera que son las obligaciones incumplidas por la A.R.T. y el daño sufrido por el trabajador -en el caso, su muerte- en los términos exigidos por el art. 902 del C.C.).---------------------------------------------------------------------<#LIN E> ------ En orden a la amplitud de la exigencia del nexo causal puede mencionarse como ejemplos, los pronunciamientos de la Sala VII de la CNAT, en las que sólo se menciona la omisión culposa que conlleva a la aplicación del mencionado art. 1074 del C.C., pero nada se dice sobre la relación de causalidad con el daño sufrido por el trabajador y cuando en una posición casi extrema se llega a presumir el incumplimiento del deber de prevención de la A.R.T. por el solo hecho de que la patología tenga relación con el trabajo (27/06/2005, D.T. 2005:1820).------------------------------------------------- ------ Lo mismo ocurre, cuando la Sala X (13/06/2001) en autos: "Ponce, Ricardo Daniel c/ Ferrosider S.A. y otro", luego de describir los incumplimientos que atribuye a la ART se limita afirmar casi repitiendo el texto del art. 1074 del C.C., que la omisión señalada ocasionó el daño o cuando, sin siquiera agregar dicha consideración, en una sentencia de la Sala VI de la misma Cámara (21/02/2002) "Cejas, Paulino c/ Cilindrex S.A." (voto del Dr. Capón Filas, en mayoría) se expresa que la participación necesaria de la ART en el daño causado al actor se concretó en no verificar, como era su potestad y obligación legal, la verosimilitud de las afirmaciones del empleador y como consecuencia necesaria, omitir toda denuncia a la autoridad de aplicación sobre el caso particular.- ------ Una posición similar se advierte en algún pronunciamiento de la Suprema Corte de la Provincia de Bs. As. (09/05/2007, DT 2007:935) en el que se afirma que el incumplimiento de los deberes establecidos en los arts. de la L.R.T., constituyeron causa eficiente y adecuada del accidente padecido por el trabajador. afirmación genérica que se completa con una explicación sobre el mecanismo de operación causal entre el incumplimiento del accidente ni se hace referencia alguna a las exigencias de causalidad de los arts. 901 a 904 del C.C. ni se explica en qué medida el cumplimiento podría haber obstado para la producción del daño.---------------------------------- ------ El criterio restrictivo fue aplicado por el voto mayoritario en la sentencia de la Sala VIII, en "Rivero." cuando el Dr. Morando en orden al contenido de la obligación de las aseguradoras, sostuvo que la asimilación de la función de vigilancia a la de policía del trabajo es válida como metáfora (pero) las A.R.T. no están facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos por razones de seguridad, explica que a su juicio no se han imputado a la aseguradora omisiones eficaces para incidir en el "iter" del siniestro para concluir que sin desconocer que la aseguradora puede extremando su diligencia, aconsejar el uso del cinturón, su omisión no incidió casualmente en el siniestro, pues su sola actividad no lo hubiera evitado.------------------------------------------------------------------------ ------ En la descripción que la doctrina hace de esta posición el problema consiste en determinar si la acción y omisión a la que se atribuye el daño era normalmente capaz de producirlo (ver Pérez, Marcelo, "La responsabilidad extracontractual de las A.R.T.", LL, Bs. As., 2000, pág. 144) pues como sintetiza Foglia, la aplicación del art. 1074 del C.C. exige un pormenorizado análisis de la conducta omisiva que no se debió tener, de la mecánica del daño y de la posibilidad cierta que dicha omisión tuvo en la producción del mismo, esto es en qué medida, de haberse obrado como la ley manda, el daño no se hubiere generado o su entidad se hubiese visto mermada (Foglia, Ricrado, "El art. 1074 del C.C. y la responsabilidad de las A.R.T.", en D.T., 2007-A-255 y sgtes. esp. 260).--------------------------------------------------------------------------- ----------- ------ La Corte Nacional exige un escrutinio riguroso de la configuración de un nexo de causalidad adecuada entre la conducta omisiva reprochada a la aseguradora y el daño cuya reparación se pretende ("Rivero c/ Techo Técnica", 03/12/2002), ("Soria JL. c/ R.A. y C.E.S.A..", 10/04/2007) aunque, en autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa "Galván, Renée c/ Eletroquímica Argentina S.A. y otra" (G.3067 XXXVIII del 30/10/2007) -con la disidencia del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti- interpretó que eran atendibles los agravios que imputaban arbitrariedad a la sentencia que exoneró de responsabilidad a la aseguradora de riesgos del trabajo, Liberty ART S.A., a la cual se había afiliado la empleadora. En este caso -resulta sumamente útil aclarar- la Cámara, desestimó el planteo que con fundamento en el art. 1074 del C.C. atribuía responsabilidad a dicha codemandada por la omisión de cumplir con los deberes legales que pesaban sobre ella en materia de prevención eficaz de los riesgos laborales. Para hacerlo, sostuvo que la demanda no indicaba concretamente cuál habría sido la omisión de la ART que ocasionó el infortunio" .que las pruebas daban cuenta de que la aseguradora elaboró un plan para mejorar la seguridad en la empresa empleadora, controló su ejecución, y denunció ante la autoridad de aplicación que no fue cumplido. Sin embargo -aclaró la C.S.J.N.- que en el escrito de inicio, se argumentó que pese a que el art. 4 de la ley 24.557 de riesgos del trabajo le imponía a la A.R.T. el deber específico de controlar que la empleadora observara las disposiciones legales y reglamentarias en materia de seguridad e higiene, lo cierto era que aquélla, nada había hecho frente al claro incumplimiento de dichas disposiciones en que incurría Electroquímica Argentina S.A. al no suministrar elementos de protección que permitieran realizar la tarea de limpieza sin que la piel entrara en contacto con las mencionadas sustancias, incumplimiento que, a la postre motivó la lesión sufrida por el demandante.".--------------------------------------------- ------ XIII.7.- En el caso de autos y tras evaluar los antecedentes de la causa y la extensa prueba producida, se tuvo por fehacientemente comprobado que el peso que diariamente levantaba M. , hacía presumir las consecuencias, pese a lo cual no se hicieron los correspondientes exámenes médicos que exige el art. 19 del Convenio Colectivo N° 302/98, no se le proveyeron elementos de protección adecuados para proteger su salud, no existió el debido seguimiento, ni la supervisión legalmente exigible, consecuentemente se juzgó que la A.R.T. no observó las obligaciones que el sistema que la autoriza a funcionar pone a su cargo, principalmente en orden a la "eficaz" prevención de los riesgos del trabajo y por ello, debía responder solidariamente -según el voto de la mayoría- en los términos del art. 1074 C.C..----- ------ XIII.8.- Tal como se expresa, la cuestión se resuelve con base en la corriente amplia, coincidentemente con lo decidido por la S.C.B.A. en autos: "S.V. j c/ Incico S.R.L." oportunidad, en la que el Dr. Hitters, sostuvo que al haber omitido la A.R.T. las diligencias que imponían las disposiciones de la Ley N° 24.557 y su reglamentación, necesarias según el decisorio para evitar el daño que se produjo derivado de un infortunio laboral, debe ser condenada a indemnizar el perjuicio ocasionado, de acuerdo con los arts. 1074 y 1081 del C.C.. Ello de ningún modo, autoriza a descalificar el pronunciamiento impugnado con base en la doctrina de la arbitrariedad, razón por la cual propongo al Acuerdo rechazar este agravio por improcedente. ASÍ LO VOTO.---------------------------- ------ A propósito de la solución que más arriba propongo, recuerdo que: en S.I. Nº 80/S.R.E./07 se resolvió que:... " En "Passeron", la Corte explica que el carácter opinable de lo decidido no habilita la instancia extraordinaria de arbitrariedad. Con igual sentido, en "Peláez", agrega que la tacha de arbitrariedad no cubre discrepancias sobre la interpretación de normas de derecho común. En otros fallos se agrega que una interpretación en materia opinable sustentada en parte de la doctrina no es arbitraria.------------ Afín con la doctrina de la "interpretación posible", la variante de la "interpretación opinable" advierte que si la exégesis del juez versa sobre una temática discutible, formando parte de una de las corrientes de opinión que razonablemente pueden surgir del texto legal, no es arbitraria. Por eso, la no coincidencia de una parte con el criterio hermenéutico del juez, no es bastante para tornar procedente el recurso extraordinario. En resumen, los argumentos de la "interpretación errónea simple", de la "interpretación posible" y de la "interpretación opinable" muestran que una interpretación podrá no ser la ideal ni la mejor, pero no por eso será arbitraria, a los fines del recurso extraordinario.".---------------------------------------------------------- - ------ XIV.1.- Estima la aseguradora que el fallo es arbitrario, porque tuvo por acreditado el nivel de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene por testigos, cuando debió serlo por una pericia técnica que no se practicó.------------------- ------ XIV.2.- Previo a toda consideración, señalo que ni en el capítulo de antecedentes ni en la fundamentación, el recurrente precisó cuales fueron los testimonios valorados por las sentenciantes para arribar a la conclusión que hoy critica. El agravio es por tal motivo, técnicamente insuficiente.-------------------------------- ------ Diversas normas legales requieren la prueba de peritos como medio forzoso para acreditar determinados hechos. Dentro del C.C., se encuentran los arts. 87 (que impone el nombramiento de peritos médicos para determinar la edad de las personas, en ciertos supuestos); 142 (que también exige el examen de facultativos para la declaración de demencia); 150 (sobre cesación de la incapacidad); 155 (referido al examen de los sordomudos); 3095 (que determina el "informe" rectius -dictamen- de peritos en la servidumbre de recibir aguas) y 3466 (sobre particiones judiciales: la tasación se hará por peritos nombrados por las partes). En el C.P.C.C., el art. 626 incluido en el capítulo sobre declaración de demencia, exige en su art. 3º la designación de oficio de tres médicos psiquiatras o legistas para que se expidan sobre el estado de las facultades mentales del presunto insano; también la Ley N° 17.418 (seguros) impone el dictamen pericial en determinados supuestos y en el juicio de expropiación debe expedirse el Tribunal de Tasaciones. (Arazi, "La Prueba en el proceso civil. Teoría y práctica", Ediciones La Rocca, Bs. As., 1986, pág. 268).----------------- ------ XIV.3.- No siendo un supuesto legal en el que la prueba de peritos se exija forzosamente, debió demostrar el recurrente que el fallo era absurdo y para ello, no sólo basta alegar esos vicios, sino que además hay que probarlos. Resulta imprescindible acreditar que la operación intelectual desarrollada en la sentencia atacada carecía de bases aceptables, por lo que -a estos fines- la Suprema Corte requiere la cita precisa y detallada de los artículos del código ritual que regulan la apreciación de la prueba que se reputan alterados en cada caso. (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y Casación", Librería Editora Platense, La Plata, 1984, pág. 433).-------------------------------------------------------------- ------ Lejos de ello, la alegación se plantea huérfana de sustento probatorio y de norma legal que la fundamente, por lo que deviene inadmisible.-------------------------------------------------------------------- --------- ------ XIV.4.- Opino además, que la pretendida evaluación probatoria, está librada a la prudencia de los jueces de los hechos, correspondiendo sólo su reexamen en casación cuando se ha incurrido en violación flagrante a las reglas establecidas por la experiencia a los principios lógicos que gobiernan todo razonamiento" (S.T.J.CH., S.I. N° 11/99). Y ello, no ocurrió en la especie, motivo por el cual el agravio deviene en improcedente.------ ------ La tacha de arbitrariedad no comprende las discrepancias del recurrente con la valoración y selección de la prueba efectuada por los jueces de la causa (Fallos, 278:135; 279:140 y otros) resulta improcedente respecto de las sentencias que al margen de su acierto o error, están suficientemente fundadas aún cuando se alegue error en la solución del litigio (Fallos, 259:20; 262:302; 269:413).--------- ------ XIV.5.- Por las razones expuestas, opino que el recurso de casación promovido por la ART debe ser rechazado y confirmada en todas sus partes la sentencia que la condena solidariamente a pagar la indemnización reclamada en los presentes autos. ASÍ LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- -------- ------ XV.1.- El análisis de la presente causa y su cotejo con el libelo postulatorio, me llevan a la firme convicción que por su manifiesta insuficiencia técnica, el recurso de casación deducido por R. -YPF S.A., no debió sortear el primer análisis de admisibilidad.-------- ------ Ya decía en el capítulo de antecedentes que la sentencia de Primera Instancia tuvo por probado -y ello quedó firme y consentido para las partes- que el actor sufrió un accidente. A pesar de ello, a esta altura del proceso, el recurrente lo niega refiriéndose al mismo como supuesto.----------------------------------------------------------- ----- A propósito de esta cuestión, enseña Alberto Tessone, que cuando la intención del recurrente es emplazarse en el ámbito natural de la casación por errores de juicio- violación o errónea aplicación de la ley- los argumentos de derecho deben partir del plafón fáctico determinado en la instancia de grado. Si el razonamiento implica premisas de hecho diferentes a las sentadas en la sentencia impugnada, el recurso de inaplicabilidad de ley, deberá transitar primero el sendero del absurdo. ("Recursos Extraordinarios", Librería Editora Platense, La Plata, 2004, pág. 207). Por el contrario, el recurrente denuncia que el fallo aplica una norma inadecuada, se sostiene en afirmaciones dogmáticas y pruebas inexistentes.-----------------------------------------------------------------<# LINE> ------ XIV.2.- Encuentro además que en su formulación, el casacionista omitió reseñar, aspectos trascendentes de la litis. En efecto, no describió las normas que en la demanda, se denunciaron incumplidas; no informó cuáles fueron los argumentos desarrollados por la Cooperativa al contestar la demanda; no indicó las numerosas pruebas evaluadas por la sentencia para fundar la atribución de responsabilidad en su contra, más aún cuando acusa al fallo de sostenerse en pruebas inexistentes. A propósito de esta cuestión, debe decirse que la casación bonaerense sostiene que "los judicantes deben consignar expresamente las conclusiones de hecho y mencionar las pruebas de suerte que se puedan apreciar si la ley ha sido correctamente aplicada a dichas conclusiones " ( SCBA causa 50.729 "Magna c/ Gustavo" DJBA 923 pág. 40 del 15/07/82); describió parcialmente la sentencia de la Cámara de Apelaciones, sin mencionar que existió una disidencia, que mereció la necesaria intervención de la Dra. Graciela Mercedes García Blanco.------------------------------------------------------------------------- ----------- ------ Por lo dicho, el recurso no permite que a los efectos de pronunciarse sobre la procedencia del mismo, su sola lectura haga innecesaria la del expediente. Por el contrario, ha incumplido el requisito obligatorio de la autosuficiencia. (Conf.: Sagués, Néstor Pedro, "Recurso Extraordinario", Ed. Astrea, 4ta. Edición actualizada y ampliada, año 2002, Tomo 2, pág. 352; y S.T.J.Ch., S.I. N° 49/85; 46/86; 91/S.R.E./97; 04/S.R.E./98; 69 y 78/S.R.E./02; S.D. N° 18/S.R.E./06, entre otras).---------------------------------------------- ------ XIV.3.- Sin perjuicio de lo expuesto, analizo los agravios que acusan de arbitrario el pronunciamiento que condena, solidariamente a R. -Y. S.A., a pagar la indemnización civil reclamada por R. J. M. con fundamento en los arts. 1113 ap. 2 del C.C. y 30 de la L.C.T..---------------------------------------- ------ De más está decir, que de no prosperar el agravio que persigue desobligarse de la responsabilidad objetiva que se le atribuye en los términos del art. 1113 2da. parte del C.C., será abstracto expedirse sobre el restante fundamento atributivo de responsabilidad solidaria .------------------------------------------------------------------------------- - ------ XIV.4.- Endeble es la crítica que el casacionista dirige al pasaje del fallo que lo declara solidariamente responsable en los términos del art. 1113 2da. pte. del C.C. tras valorar: a) la cláusula del contrato celebrado entre O. ART y la empleadora, mediante el cual aquélla se compromete a comunicar a Y. S.A en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma; b) la inspección realizada en 1997 por O. , en la que se consignó que la tarea de los operarios se realizaba en las locaciones de YPF S.A., utilizando los medios materiales de la misma; c) que el contrato se firmó en Santa Cruz donde "El G. " tiene su dirección en Almacenes de YPF; c) que el convenio por el que se rige es el de Petróleo, d) que los materiales que se usan para realizar las tareas eran de YPF, por lo tanto no solo era la propietaria del material que se utilizaba sino que era la guardiana de la tarea que El G. , realizaba en sus almacenes; y e) por último, la documentación acompañada a fs. 669/678, el contrato N° 45- 11428 del 17/09/1997).------------------------------------------------------------- ------ XIV.5.- Es indudable que al decir que el fallo se contrapone en cuanto a la mecánica del accidente con lo sostenido por el actor; que carece de eficacia el hecho de que la A.R.T. haya firmado una póliza mediante la cual se desobligaba a no repetir contra Y. S.A; al poner en tela de juicio la ocurrencia misma del accidente; al afirmar que no existe prueba alguna que demuestre la existencia de dichos materiales en el lugar, ni que ellos sean riesgosos y de propiedad de Y. , además de ser falaces, evidencian una defectuosa denuncia de absurdo por parte de la Alzada en la valoración de la prueba y en tal caso, debió indicar -y no lo hizo- cuál fue el precepto de prueba infringido. Sobre el particular, el Dr. Augusto Morello, en su Obra "Códigos.", Tomo III, Ed. Abeledo Perrot, 1989, pág. 613, señala, con citas de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que abordando la impugnación de los fundamentos en materia de prueba debe cuidarse que para la eficacia de la invocación del absurdo, es indispensable la cita de la norma legal de prueba, sin que baste el mero señalamiento de circunstancias que a criterio del recurrente implicarían la existencia del vicio que invoca. Cita la siguiente jurisprudencia: "SCBA, Ac y Sent. 1973 v II p. 263; 1974 v II p.250, 377, 519 y 644; 1974, v I p. 978 y 1274, v III p. 487, 540 y 669; 1975 p.526; 1976 v.I p.100 y 171; 1976 v III, p.479; 1977 v I, p.803 y 912; 1977 v. p.685 y 1046; 1977, v III p. 739; 1978, v II p. 230; 1978 v. III p. 846; 1985 v. II p. 687, 777 y 786; DJBA v 121, p.309; v.123 p.129 p.538.; siendo útil recordar que en la instancia extraordinaria no se abre un nuevo debate, es la sentencia y no el proceso lo que se somete a examen. (Conf.: S.T.J.CH., Sent. 2/99 S.R.E./16/02/99).--- ------ XIV.6.- Además, evidencian una mera discrepancia en cuanto a la valoración probatoria desplegada por la Alzada y ello, -reitero una vez más- es de naturaleza ajena a la instancia extraordinaria de este Superior Tribunal.-------------------------------------------------------------- ------ La tacha de arbitrariedad no comprende las discrepancias del recurrentes con la valoración y selección de la prueba efectuada por los jueces de la causa (Fallos, 278:135; 279:140 y otros) y resulta improcedente respecto de sentencias que al margen de su acierto o error, están suficientemente fundadas aún cuando se alegue error en la solución del litigio (Fallos, 259:20, 262:302; 269:413) (S.T.J.CH., S.I N° 20/S.R.E./03, entre muchas otras). Extremos que autorizarían a rechazar este planteo casatorio por inadmisible.-------- ------ XIV.7.- Sin perjuicio de lo que vengo diciendo, opino que la sentencia que declara solidariamente responsable a Y. S. A. por ser no solo propietaria del material que se utilizaba, sino también por ser la guardiana de la tarea que la Cooperativa, realizaba en sus almacenes, debe ser confirmada, pues lejos de ser arbitraria, resuelve la cuestión de modo análogo a la que este Cuerpo decidió los autos: "ALVARADO SOTO, Manuel y otra c/ RODRÍGUEZ, Guillermo Manuel y/u Otros" (Expte. N° 16412-A-1998) (S.D. N° 25/S.R.E./99). En esa oportunidad, se citó a la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci en su comentario al art. 1113 del C.Civil, en el T. 5 del "Código Civil comentado, anotado y concordado", dirigido y coordinado por los Dres. Belluscio y Zannoni, edit. Astrea, pág. 470, quien afirma que: definir el término guardián de la cosa dañosa, empleado en la parte primera del artículo referido, no ha sido labor fácil, existiendo distintos criterios. Uno de ellos indicaba que hacía referencia al guardián jurídico, es decir, a quien tiene la obligación impuesta por la ley de cuidar una cosa, de impedir que ella pueda ocasionar una lesión; a quien tiene sobre ella una verdadera facultad de dirección. Otros, los sostenedores de la opinión mayoritaria jurídica y doctrinaria, seguían el criterio de la dirección intelectual, predominante en el derecho francés, por considerar que es el poder de dar órdenes relativas a la cosa, el poder de mando sobre la misma, o bien la autoridad ejercida, independientemente de dominio y de dirección y control sobre la cosa, lo que caracterizaba al guardián. Llambías, en su obra "Obligaciones",T.IV-A, nro. 2585, enseña que no interesa para nada si el guardián tiene o no una situación aprobada por el derecho, pues su figura no ha sido elaborada para atribuirle prerrogativas, sino para imponerle deberes frente a terceros damnificados. Para una tercera corriente, guardián es quien se aprovecha, usa y obtiene un beneficio económico o personal, de placer o salvaguarda de sus intereses.-- ------ Para la referida autora la legislación argentina no reconoce un concepto unívoco, sino que admite una doble línea de legitimados pasivos: aquellos que tienen la dirección de hecho y los que reciben beneficio económico.---------------------------------------------------------------------- ----------- ------ XIV.8.- Quedó entonces, fehacientemente comprobado que, YPF -quien no demostró la culpa de la víctima, o de un tercero por quien no debía responder- era guardiana jurídica de la tarea dañosa que se realizaba en sus almacenes; que ella se beneficiaba económicamente (uvi emolumentum ivi et onus esse debet) con los servicios que, según el contrato agregado -aunque sin el pliego de bases y condiciones correspondiente- prestaba, la Cooperativa de Trabajo "El G. ", en general: "procesamiento de datos, carga y descarga y estibaje material sólido (cañerías, aparato de bombeo, manipulación de productos químicos (fs. 939) y en particular, con la tarea desempeñada por el actor, en cumplimiento de aquél, al operar la grúa rusa de 25 toneladas (tarea de carga y descarga, acomodamiento de grúa) (ver fs. 938), resultando por ello inexorablemente responsable del daño que padece M. , merced al imperativo presuncional de la norma, propio de la naturaleza objetiva y extracontractual.----------------------------------------- ------ XIV.9.- Por ello y en total concordancia con lo resuelto por la Cámara a-quo, entiendo que la sentencia que condena solidariamente a R. -Y. S. A. en los términos del art. 1113 2° pte. del C.C. debe ser confirmada en todas sus partes. ASÍ LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- -------- ------ XV.1.- Tal como he propuesto al Acuerdo resolver la cuestión vinculada a la responsabilidad civil solidaria que se atribuye a R. -Y. S. A. en los términos del art. 1113 ap. 2 del C.C., insisto, resulta inoficioso expedirme acerca de si en los presentes autos, -en los que se demandó una indemnización civil por accidente de trabajo-, resulta o no aplicable el art. 30 de la L.C.T. y si eventualmente, se cumplen o no, los requisitos que lo hacen viable.------------------------------------------------------------------------- ------------ ------ En efecto, "si cualquier decisión en relación a la pretensión expuesta en la demanda, resulta meramente teórica, inútil e inoficiosa, y por lo tanto impropia de la función judicial, corresponde declarar extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión litigiosa". (SCBA, "YPF S.A...." (17/12/96); "D´Argentio..."(11/03/97). ASÍ LO VOTO.--------------------------------- ------ A la primera cuestión, el Dr. Caneo dijo:------------------------------- ------ 1.- A tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución Provincial, resulta innecesario que en cada uno de los votos que emitamos los integrantes de esta Sala Civil, se repitan los agravios formulados por las partes, por ello, a fin de evitar ociosas repeticiones y resultando que quien me precede en el voto, ha practicado una fiel síntesis de los antecedentes de la causa y de los fundamentos de los recursos de casación convocantes, a ella adhiero y remito.------------------------------------------------------------------------- --------- ------ 2.- Hago mía también, la propuesta del distinguido colega prevotante de tratar simultáneamente el agravio vertido de consuno por las co-demandadas, R. Y. S. A. y la aseguradora, CNA A.R.T. quienes resisten la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la L.R.T. con base en la doctrina de la arbitrariedad.----------------------------------------- ------ Trataré en principio este agravio, luego, por separado y según la secuencia temporal en que fueron planteados, me avocaré al conocimiento y resolución de los restantes.---------------------------------- ------ 3.- Previo a toda otra consideración, debo señalar que en autos: "Ulloa, Enrique Manuel c/ Bolland y Cía S.a. s/ sumario"(Expte. N° 20.307-U-2055) S.D. N° 16/S.R.E./06 en los que no se cuestionó la constitucionalidad de la Ley N° 24.557, previne "..que la veda del acceso a la reclamación por la vía civil instituida por la Ley 24.557 -con la sola excepción del supuesto consagrado en la ley 1.072- ha sido motivo de fuertes cuestionamientos doctrinarios y jurisprudenciales; lo que ha dado como reacción a las incontables declaraciones de inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T.(por solo citar algunos: CNTrab. Sala VI "Maldonado, Carlos A. v Hojasa S.R.L. 07/07/2003, Lexis Nexos Nro. 30002703; CNTrab. Sala I "Ruiz, Diego Fernando c/Transporte 27 de Junio s.A. s/ accidente -acción civil" 04/10/2002; CNTrab. Sala II "Duarte Rodríguez, Lorenzo c Magire S.R.L. y otro s/ ley 22.250" 06/03/2002; CNTRAB. Sala IX, "Fernández Stella Maris y otros c/ curtiembres Pelice y otros s/ accidente, 30/09/2002) A su turno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llamada a resolver sobre el punto, en los autos: "Gorosito, Juan Carlos c/ Riva S.A. ( Fallos 325:11) avaló la constitucionalidad del sistema normativo, más aclaró que ello ocurría en el caso concreto, y dejó a salvo la posibilidad que se cuestionara la norma y a la par se acreditara por el impugnante la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a la garantía que invoca. Con posterioridad, el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad del mencionado art. 39.1, al resolver el caso "Aquino, Isacio c/ Servicios Industriales S.A." ( Fallos 327: 3753).Allí sostuvo que la exclusión del acceso a la vía reparadora del Código Civil constituye un retroceso legislativo, violatorio del principio de progresividad que informa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, y en especial del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A la par que violatorio de la justicia social, marchando en sentido opuesto, a la misma, al agravar la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo (Fallos 181:209; 239:80, y 306:1059, 1064, considerando).------------------------------------------------------------------ ---------- ------ 4.- En el sub-lite en cambio, la Cámara, acogiendo la pretensión actoral, declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de la L.R.T., haciendo suyos los fundamentos desarrollados por la Corte Suprema de Justicia, en los más arriba citados, autos "Aquino" -primero- y luego en "Díaz, Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A.", en particular, el voto de la Dra. Carmen Argibay quien sostuvo que el art. 39.1 de la L.R.T. no puede ser presentado como una norma en principio constitucional, en la medida que su letra desconoce la regla según la cual todas las personas tienen derecho a la protección de las leyes contra la interferencia arbitraria o ilegal de terceros en sus vidas o en el ejercicio de sus derechos (arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional).---------------------------------------------------------------------- ---------- ------ 5.- La aseguradora alega que -sin fundamento normativo alguno- el fallo, descalificó arbitrariamente el sistema de riesgos del trabajo, en base a premisas meramente ideológicas y declaró indebidamente la inconstitucionalidad de la L.R.T. atribuyéndole un supuesto derecho de dañar.---------------------------------------------------- ------ Para demostrar su aserto, apela a la errónea técnica de transcribir aisladamente numerosas citas del fallo, en particular, del voto de la Dra. Melero, silenciando interesadamente la expresa adhesión a la nueva doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que la Magistrada formuló al inaugurar su primer voto, según consta en la completa descripción que de la sentencia de Cámara se hace en el capítulo de antecedentes y que la recurrente -defectuosamente- omitió.------------------------------------------------------------------------- ----------- ------ 6.- R. Y. S.A., por su parte, argumenta que la interpretación que la Cámara hace de "Aquino" es errónea, a la vez que asegura que este precedente sólo se aplica -excepcionalmente-, cuando se demuestre de manera clara y contundente, que la reparación prevista en la L.R.T., no cubre adecuadamente el daño sufrido por el trabajador. Le agravia que no se diga porqué en el caso de autos, la L.R.T. no cubre los supuestos daños que padeció el actor. A todo evento, afirma que no se trata de un plenario, que deba ser acatado obligatoriamente. Transcribe el fallo de Primera Instancia, el que -estima- constituye una adecuada aplicación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.------------------ ------ 7.- En mi opinión, coincidente con la expresada por el prevotante, este agravio no puede prosperar y para fundar mi posición, diré -en relación al valor de los fallos del Tribunal Supremo de la Nación-, que comulgo con la idea de que no cabe sostener su validez vertical, lisa y llana pues ello significaría, otorgar vigencia y efectos normativos a sus decisiones a la doctrina que de él dimanan. Así se concedería a éstas alcances no determinados en nuestra Constitución, al definir la órbita de competencia de los poderes del Estado y efectos no regulados en nuestro sistema de fuentes de derecho, tal como ocurre en los países donde se aplica el "stare decisis" (Conf.: S.T.J.CH. S.I. N° 101/90). Tan solo este Cuerpo ha aceptado que ciertos valores jurídico políticos de gran significación que constituyen materia federal regida por la Constitución, requieren de pronunciamientos uniformes, que reafirmen la seguridad de las instituciones, eviten disparidad en las situaciones particulares y constituyan un sistema útil y efectivo (Conf.: S.T.J.CH. S.I. N° 10/96).------------------------------------------------ ------ 8.- Ello no impide, obviamente, que al decidir cuestiones que no merecen -como en el caso de autos- obligatorio acatamiento, los jueces adopten, como fundamento de sus sentencias, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en razón de la presunción de verdad y justicia que invisten sus sentencias. (ver Gozaíni, Osvaldo A., "La doctrina del precedente obligatorio (stare decisis) y el valor de los pronunciamientos de la Corte Suprema", J.A., 1993-II-802).------------------------------------------------------------------- - ------ 9.- El fallo dictado en los presentes autos, en cuanto declara la inconstitucionalidad de sendos artículos de la L.R.T., con fundamento en la doctrina construida por la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del caso "Aquino", al que siguieron "Díaz, Timoteo." y "Llosco.", aparece seriamente fundado y los agravios que contra él se vierten, sólo reflejan meras discrepancias subjetivas con la adecuada interpretación que la Alzada hizo del derecho aplicable y sus argumentos, lejos de aparecer arbitrarios, absurdos o carentes de razonabilidad, hacen del impugnado, un acto jurisdiccional válido, tal como con acierto, lo anunció el magistrado que votó en primer término y por tal razón, debe ser confirmado. ASÍ LO VOTO.------- ------ 10.- Por lo demás, comparto la solución a la que arriba, pues "ningún acto contrario a la Constitución puede ser válido.... la Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia, debe preferirse, como es natural, aquélla que posee fuerza obligatoria y validez superiores; en otras palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención del mandatario". (Hamilton Alexander, Madison, James y Jay, John, "El Federalista", Fondo de Cultura Económica, México, pág. 332) y tengo para mí que el art. 39 inc. 1 de la L.R.T. es una de las normas más claramente inmorales que se han visto en la historia jurídica y sobre cuya inconstitucionalidad se ha pronunciado la más vasta doctrina civil y laboral (ver: "XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil" celebradas durante los días 26 a 28 de Octubre de 1995; "VI Jornadas de Responsabilidad sobre Riesgos del Trabajo" celebradas los días 8 y 9 de 1995; "IV Congreso Internacional de Derecho de Daños" celebrado en 1995; en las "Jornadas de análisis y debate sobre accidentes y enfermedades del Trabajo" convocadas por la Asociación de Abogados Laboralistas, el 29 y 30 de Marzo de 1996, en particular la ponencia oficial del Dr. Isidoro H. Goldemberg (ver: Cornaglia, Ricardo, "El Control de Constitucionalidad de la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nro. 24.557", D.T., 1997-A-237) y también los tribunales de todo el país. (Conf.: Maza, Miguel Angel al prologar la obra de Luis Enrique Ramírez, "Riesgos del Trabajo- Manual Práctico. Ley 24.557", Ed. Bdef., 3ra edición, Montevideo, Buenos Aires, 2003).-------------------------------------------------------------------------- -- ------ 11.- A mayor abundamiento, creo que la Ley N° 24.557, no sigue -al decir de la C.S.J.N.- el "ritmo universal de la justicia" (Fallos, 181:209; 213), que el descarte de responsabilidad del empleador que ella consagra constituye en sí mismo, un elemento distorsionarte de la relación laboral, en claro apartamiento de los lineamientos constitucionales que se orientan en dirección a la protección del trabajador y no de su desamparo; que olvidó diversos principios reconocidos por la C.S.J.N. con fundamento constitucional; pasó por alto el principio de progresividad que determina -por imposición constitucional- que el horizonte al que deben marchar los derechos humanos económicos y sociales, no sea otro que la mejora continua de las condiciones de existencia según reza el art. 11.1 d del PIDESC; no tiende a la realización de la justicia social; agravó la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo (Fallos, 181:209; 213/214; 239/80, 83 y 306:1059) y formuló una "preferencia legal" a favor del empleador y en perjuicio del empleado (Fallos, 264:185, 187); constituye una inobservancia legislativa del requerimiento de proveer reglamentaciones orientadas a asegurar condiciones humanitarias de trabajo y libertad contra la opresión, según lo afirmó la C.S.J.N. en autos: "Roldán c/ Borrás" con cita de la sentencia "West Cost Hotel Co v Parrish de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América" (Fallos, 250:46, 49); mediante la exclusión reparadora, desarticuló un sistema construido a través de los años y de duras experiencias históricas, que impone al empleador responsabilidad por las condiciones en que se presta el trabajo bajo su dependencia, como modo de asegurar que se respeten los derechos universalmente reconocidos al trabajador (Conf.: doctrina C.S.J.N. en autos: "Silva, Facundo Jesús c/ Unilever de Argentina S.A."; Fallos, 330:5435), razones las expuestas, que refuerzan aún más mi opinión de que los recursos de casación promovidos son improcedentes. ASÍ LO VOTO.-------------- ------ 12.- Tal como lo anticipé al inaugurar mi voto, trataré a continuación los restantes agravios traídos por la aseguradora, nuevo ente creado por la L.R.T., con fines de lucro, que opera como agente del sistema, no sólo en lo que concierne al pago de las prestaciones y al trámite para encauzar el reclamo, sino también en lo que hace al diagnóstico, a la prevención y a la implementación del régimen de seguridad concreto que cada unidad productiva de bienes o servicios y que es introducido por la ley como sujeto obligado de ese deber de prevención, que ya no solo tiene como deudor al empleador sino también a la A.R.T. (Conf.: Álvarez, Eduardo, "La responsabilidad civil de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo por deficiencias en la prevención", D.T., 2007, (noviembre) 1167).------------------------------------------------------------------- ------ Teniendo en cuenta la naturaleza de las quejas que la agravian, considero conveniente historiar la evolución de la jurisprudencia relativa a su eventual responsabilidad civil en un infortunio laboral.------------------------------------------------------------------------ ------------ ------ 13.1.- En su anterior composición, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adoptó una militante actitud en defensa del sistema, así en autos: "Rivero, Mónica..." entendió que la Cámara consideró que las omisiones de la A.R.T. no tenían una relación de causalidad adecuada con el siniestro; que establecer esa "causalidad adecuada" es atribución de los jueces ordinarios, que no puede ser suplida por la Corte, que el "deficiente ejercicio del control en materia de higiene y seguridad" no genera -por sí mismo- responsabilidad "con independencia del nexo causal adecuado", que es "opinable" que la omisión de la A.R.T., de denunciar a la S.R.T. los incumplimientos patronales, constituya condición eficaz en la producción del evento dañoso; y que el siniestro pudo producirse igual, aún cuando la A.R.T. hubiera cumplido con sus obligaciones.- ------ Con su actual composición, la Corte resolvió los autos "Soria, Jorge Luis c/ R.A., y C.E.S. S.A. y otros" (S. 1478 XXXIX Recurso de Hecho), en los que se responsabilizó a la A.R.T. por no haber cumplido con sus obligaciones en materia de prevención (art. 1074 C.C.), descalificando al fallo de la Cámara que desobligó a la aseguradora, por agotarse en conclusiones no precedidas de demostración alguna. Si bien, la mayoría propuso rechazar la queja, este precedente estableció pautas sumamente importantes a saber: que no se puede predicar en abstracto sobre la responsabilidad civil de las A.R.T.; que no se puede sostener que "cualquiera fuese el incumplimiento de la aseguradora de sus obligaciones en materia de prevención de los riesgos derivados del trabajo, ello nunca podría constituir la causalidad jurídica computable a los fines de su responsabilidad y que en el marco obligacional de la L.R.T., las aseguradoras han asumido importantísimas responsabilidades en materia de prevención.-------------------------------------------------------------- ------ Poco después, el Alto Tribunal, en autos: "Bustos, Juan Alberto c QBE, Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A." (17/04/2007), confirmó una condena impuesta a la A.R.T..------------ ------ La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en autos: "S.V. J c Incico S.R.L. y otra s/ accidente", rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por ASOCIART S.A. condenada solidariamente. En este caso, el tribunal a-quo estimó que hubo un nexo adecuado de causalidad entre el infortunio y el obrar omisivo de la aseguradora, pues entendió que como consecuencia de no haber cumplido los deberes de prevención, capacitación, información y de supervisión que tan intensamente la ley pone a su cargo, se produjo el infortunio.--------- ------ La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, reconoció que las A.R.T. como todo sujeto de derecho pueden ser responsabilizadas extracontractualmente por los daños y perjuicios que causen. Ello, a juzgar por esa Corte, exige un análisis pormenorizado del caso concreto y la prueba oportuna que acredite que en el mismo, las acciones u omisiones de la A.R.T. han tenido relación directa con la producción del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional ("Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.", en J. 16.387, "Domínguez, Oscar C c. Discos S.A.", 05/11/2005, LLGran Cuyo, 206:33; IMP 2006-5, 763).-------------------------------------------------------- ------ Por último, en el caso "Galván, René...", la Corte revocó la sentencia de la Sala III de la CNAT que rechazó la pretensión del actor de que se condene a la A.R.T., alegando que al demandar no se señaló concretamente cual fue la omisión en que incurrió y que ocasionó el infortunio y que por el contrario en la causa se demostró que había cumplido los deberes a su cargo.--------------------- ------ La mayoría, consideró que el tribunal a-quo se apartó palmariamente de las constancias de la causa, pues en la demanda, se argumentó que la A.R.T. nada hizo frente a los incumplimientos de la empleadora respecto a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de seguridad e higiene (no otorgar elementos de protección), y que esos incumplimientos habían motivado la lesión sufrida por el trabajador. Sostuvo asimismo que la simple compulsa de los elementos de prueba demostraba que la aseguradora no había cumplido con sus obligaciones. Por tales razones y con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad descalificó la sentencia impugnada. (Conf.: Ramírez, Luis E., "La Responsabilidad civil de las A.R.T.", D.T., 2008 (marzo), 281).------ ------ 13.2.- En cuanto a la extensión de responsabilidad a las aseguradoras de Riesgos del Trabajo, esta Sala, al decidir los autos: "Pérez, María Violeta y otros c/ DYCASA y otros s/ sumario" (Expte. N° 20604-P-2006) S.D. N° 10/S.R.E./07, describió los distintos criterios imperantes, entre ellos, citó el seguido en el fallo publicado en la Revista de Derecho Laboral, Ley de Riesgos del Trabajo II Síntesis de jurisprudencia, Ed. Rubinal Culzoni, pág. 438 al establece que, cuando lo reclamado es en virtud del art. 1113 C.C., con el fin de la reparación integral, las manifestaciones tendientes a justificar la citación de la A.R.T., son improcedentes porque la responsabilidad de ésta se ciñe a los términos del contrato celebrado con la empleadora en el marco de la Ley N° 24.557 (Conf.: FGCNAT 18/04/2001, "Guindani, Raúl Osvaldo c/ Investigaciones Duque S.A y otros s/ accidente. Acción Civil", dictamen 31.432). Mencionó el desarrollado por Eduardo A. Alvarez en "La Responsabilidad de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo por los infortunios laborales y la aplicación del art. 1074 del C.C." (obra citada, págs. 77 y sgtes.) quien considera a las aseguradoras como un nuevo sujeto pasivo que debe responder por el deber de seguridad, para lograr de esa manera, el fin perseguido por la ley de riesgos laborales: que los empleados no sufran accidentes laborales. Recordó que esta posibilidad de extender la responsabilidad de las aseguradoras, se vislumbró en los casos de la C.S.J.N. "recurso de hecho deducidos por la actora en la causa "Rivero, Mónica Elvira p/ sí y en representación de sus hijos menores E.,S y E. N. P c/ Techo Técnica S.R.L. s/ accidente- acción civil" (Fallos, 325:3265) y expresamente, en "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa "Soria, Jorge Luis c/ R.A. y CES S.A. y otro" del 10/04/07.---------------------------------------------------------- ------ 13.3.- En el caso de autos, el actor manifestó que tanto la A.R.T. como su empleadora, eran solidariamente responsables de reparar el daño causado pues se encontraba a su cargo, la adopción de las medidas legales previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, así como la obligación de fiscalizar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad por parte de la patronal. Aseguró que la A.R.T. no cumplió con los deberes de seguridad y vigilancia a su cargo, ni controló a su empleadora y que con tal omisión permitió la existencia de condiciones de trabajo que lo lesionaron, incumpliendo lo dispuesto por el art. 4 y conc. de la L.R.T., debiendo por ello responder por los daños y perjuicios causados y por las prestaciones derivadas de la ley citada. Denunció que para realizar los trabajos encomendados, carecía de elementos de seguridad, de herramientas adecuadas, que no recibió capacitación en higiene y seguridad industrial y que se incumplieron las disposiciones legales sobre seguridad e higiene industrial, causa directa del accidente sufrido y de su actual minusvalía.--------------------------------------------------------------------- --------- ------ Puntualmente, denunció el incumplimiento de los siguientes artículos de la Ley N° 19.587: art. 4., que establece que la higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores, b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral; art 8., que prescribe que todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo a) a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas; b) a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje; c) al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal; d) a las operaciones y procesos de trabajo; art. 9., que describe como obligación del empleador: a) disponer el examen pre-ocupacional y revisación periódica del personal, registrando sus resultados en el respectivo legajo de salud; b) mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento, las maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo, j) colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad o adviertan peligrosidad en las maquinarias e instalaciones; k) promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad en el trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas; l) denunciar accidentes y enfermedades del trabajo.-------------------------- ------ Asimismo denunció incumplidos los siguientes artículos del Dto. N° 351/1979 reglamentario de la Ley N° 19.587, sobre medicina, higiene y seguridad en el trabajo: art. 103, que exige que las máquinas y herramientas usadas en los establecimientos, deben ser seguras y en caso de que originen riesgos, no podrán emplearse sin la protección adecuada; el art. 111, que establece que los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines distintos a los que están destinadas; el título VI referido a la protección personal del trabajador, en particular el art. 191, que determina que siempre que sea necesario se dotará al trabajador de ...fajas, cinturones anchos y otros elementos que puedan ser necesarios; el art. 208, que indica que todo establecimiento estará obligado a capacitar a su personal en materia de higiene y seguridad, en prevención de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo, de acuerdo a las características y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que desempeña.---------- ------ Siguiendo con el análisis y precisando aún más la imputación de responsabilidad que se endilga a la aseguradora hoy recurrente, diré que el art. 4 de la L.R.T. establece que las A.R.T. están obligadas a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo... pto. 4. La ART controlará la ejecución del plan de mejoramiento y está obligada a denunciar los incumplimientos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.------ ------ El Decreto Nacional N° 170/96, reglamentario de la Ley de Riesgos del Trabajo, establece en su art. 18 que las aseguradoras deberán brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados, en las siguientes materias: a) determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores en el o los establecimientos del ámbito del contrato; b) normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo, c) selección de elementos de protección personal; el art. 19 exige a las aseguradoras realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo. A tal fin deberán: a) vigilar la marcha del plan de mejoramiento de los lugares de trabajo, dejando constancia de sus visitas y de las observaciones efectuadas en el formulario que a tal fin disponga la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; b) verificar el mantenimiento de los niveles de cumplimiento alcanzados con el plan de mejoramiento; c) brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos.-------------------- ------ 12.3.- En este marco normativo y tras comprobar -con mención de abundante prueba- que M. , no contó con los elementos de protección personal correspondientes y que los cursos que recibió, eran inadecuados, a los fines de evitar el daño sufrido, el voto de la mayoría coincidió en afirmar que existe relación casual entre las patologías padecidas por el operario y la tarea que realizaba y consecuentemente tuvo por acreditado que la aseguradora, incumplió su deber legal de contralor, respecto al plan de mejoramiento de cada empresa, pues ellas, no solo deben calificar el nivel de riesgo de sus clientes al momento de contratar, sino que tiene la obligación de elaborar un plan de mejoramiento y controlar su íntegro y oportuno cumplimiento. Por tal motivo encontró civilmente responsable a la aseguradora en los términos del art. 1074 del C.C., y la condenó solidariamente a pagar la indemnización reclamada en los presentes autos.-------------------------- ------ 12.4.- Sin desdeñar los defectos técnicos subrayados por el colega prevotante, que comparto, entiendo que los agravios que esgrime la aseguradora en cuanto afirma que el fallo no identificó la conducta reprochable y que presume el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene, son además de falaces, improcedentes, a tenor de la extensa reseña más arriba efectuada, con la finalidad de desautorizar las quejas vertidas por la co-demandada.------------------------------------------------------------------- ---------- ------ En efecto, la sentencia impugnada tuvo por acreditado que el resultado dañoso sufrido por el actor, pudo ser evitado si la aseguradora hubiera exigido la provisión de elementos de protección personal adecuados y le hubiera impartido cursos de capacitación que le informen cómo evitar, que el levantamiento del peso que diariamente su tarea le exigía, lo dañe. En definitiva, interpretó que con su omisión, la A.R.T. permitió que el empleador incumpla las normas de higiene y seguridad del trabajo cuya supervisión estaba en sus manos y consecuentemente facilitó las condiciones para que el actor sufra el siniestro, por ello, le atribuyó responsabilidad civil, en la modalidad de comisión por omisión en el cumplimiento de las normas de seguridad en los términos del art. 1074 del C.C. (Conf.: Llambías, Jorge, "Tratado de las Obligaciones", Tomo II, pág. 619). El fallo dictado en estos términos, está seriamente fundado con base a las constancias comprobadas de la causa y no merece la crítica que formula la A.R.T., huérfana de fundamento válido alguno que autorice su descalificación como acto jurisdiccional válido, con base en la doctrina de la arbitrariedad. Por ello, opino junto al Magistrado que me precede en voto, que este agravio debe ser rechazado. ASÍ LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- --- ------ 13.- Insinúa la aseguradora, que el fallo es arbitrario porque no resolvió la falta de legitimación deducida al contestar la demanda, con fundamento en que la dolencia denunciada no se encontraba asegurada.---------------------------------------------------------------------- ---------- ------ Este agravio, no puede tener andamiento pues -tal como lo anticipó el Dr. Royer- es técnicamente insuficiente, pues no rebate adecuadamente, la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 de la L.R.T., ni los fundamentos desarrollados por las sentenciantes al decidir esta cuestión.----------------------------------------------------------------- ------ A todo evento, diré que el fundamento de la responsabilidad de la A.R.T. no se ubica en la relación aseguradora-empleadora, por lo que la cobertura que hayan pactado entre aquéllos, no le es oponible al trabajador, sino en la negligencia incurrida en el cumplimiento de las obligaciones legalmente impuestas.---------------- ------ De ello infiero, que este agravio y el que pretende que se aplique el límite de cobertura según la póliza son improcedentes, más aún, teniendo en cuenta que en algunos Tribunales (a la sazón el de Trabajo Nro. 5 de Quilmes, comentado por el autor de esta cita, se siguió el criterio de que las enfermedades profesionales no listadas, por ser extrasistémicas, creaban una laguna legal que, por un lado permitía que se juzgara el caso sin declarar la inconstitucionalidad de la Ley N° 24.557, fundando la reparación en normas del Código Civil (ver, Cornaglia, Ricardo J., "La tímida e inicial invocación del principio de progresividad", en un fallo de la Suprema corte de Justicia de Buenos Aires en que se declara la inconstitucionalidad de la ley 24.557, LLBA 2005, (junio) 497).---- ------ Cuestión que en definitiva, quedó zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decidir que las enfermedades sufridas por el trabajador como consecuencia del cumplimiento de su débito laboral que no estuvieran incluidas en el listado de enfermedades profesionales aprobado por el Dto. N° 658/96, o en las que no concurran los tres requisitos exigidos para el listado, o no hayan dado derecho a las prestaciones del sistema por el procedimiento establecido en los incs "b" a "d" del ap. 2 del art. 6 de la Ley N° 24.557 y en cuanto se acrediten los presupuestos de la responsabilidad civil, dan derecho a aquél o a sus derechohabientes, a una reparación plena con fundamento en las normas del Código Civil (Conf.: C.S.J.N., autos: "Silva, Facundo Jesús c/Unilever de Argentina S.A", del 18/12/ 2007, Fallos, 330:5435 ).--------------------- ------ 14.- En otro orden de ideas y abordando el último agravio de la A.R.T., diré que por vía de principio se sostiene que los jueces de grado son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en la valoración de las pruebas por lo que esta temática, queda -por regla- excluida del control casatorio, salvo cuando los magistrados incurran en absurdo o arbitrariedad. En igual sentido se ha resuelto que la Suprema Corte no es un tribunal de tercera instancia llamado a revisar lo resuelto por los jueces de grado, pues su función es custodiar la aplicación correcta de la ley y de la doctrina legal y las normas pertinentes de los códigos procesales. (ver, Juan C. Hitters, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y Casación", págs. 450 y sgtes.).-------------------------------------------------------------------<#LIN E> ------ Por tal motivo, entiendo que el agravio de la aseguradora quien -sin haber alegado, ni menos aún demostrado absurdo- asegura, que el fallo que tuvo por acreditado el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene, sin haberse practicado una pericia técnica es arbitrario, es inaudible en esta instancia extraordinaria pues debió probar -y no lo hizo-, que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, carecía de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas. ASÍ LO VOTO.------------- ------ 15.- Por las razones expuestas, opino que el recurso de casación promovido por la aseguradora debe ser rechazado en todas sus partes y confirmada la sentencia impugnada. ASÍ LO VOTO.--- ------ 16.- Al igual que el Magistrado que votó en primer término, considero que el recurso de casación intentado por R. Y. S.A., no cumple el recaudo de autosuficiencia, pues en el relato su autor, no mencionó las normas alegadas por el actor como fundamento de su pretensión; omitió describir la extensa prueba producida en los presentes autos, lo que se imponía, en la medida que se alega que, para poder responsabilizarla civilmente, debió probarse que se daban alguno de los supuestos que aprehende el art. 1113 del C.C.. Téngase en cuenta además, que otro de los argumentos que expresa -y que exigían relacionar la producida- es que no existió en el proceso, ninguna prueba que demuestre la existencia de dichos materiales en el lugar y menos aún que sean riesgosos y de propiedad de Y. S.A.. No mencionó tampoco que la empleadora contestó la demanda, y ello -a mi juicio- era trascendente, pues en su responde, argumentó que la sentencia, no podría dictarse útilmente en su contra si, previamente, no se citaba al empleador contratado, pues la relación se entabla entre éste último y el trabajador. Tampoco describió integralmente la sentencia de cámara que motivó su alzamiento.---------------------------- ------ 17.- Amén de las deficiencias técnicas apuntadas que de por sí autorizan a rechazar el recurso de casación por inadmisible, ingreso al análisis de los agravios desarrollados por la co-accionada condenada solidariamente a pagar junto a la empleadora las sumas demandadas en concepto de indemnización por accidente de trabajo, en los términos del art. 1113 del C.C. y 30 de la L.C.T..----- ------ 18.- En su voto, la Dra. Marta Reynoso de Roberts, sostuvo que Y. S. A. debía responder solidariamente, en los términos del art. 1113 2do. pfo. del C.C.. Para fundar esa conclusión, señaló que M. realizaba las tareas en los Almacenes de Y- , que el contrato se firmó en Santa Cruz, donde El G. tiene su dirección en Almacenes de Y. , que el convenio por el que se rige es el de petróleo, que los materiales que se usan para realizar las tareas era de Y, , por lo tanto no solo era la propietaria del material que se utilizaba sino que era la guardiana de la tarea que El G. , realizaba en sus almacenes. Consideró decisivo, la documentación acompañada por El G. , el contrato 45-11428.--------------------------- ------- 19.- Por su parte, el recurrente alega que el fallo la declaró responsable es arbitrario, porque el contenido de la cláusula mencionada en el contrato celebrado entre ART O. y la Cooperativa El G. , no constituye un indicio válido; porque al afirmar que el accidente sucedió en los almacenes de Y. , con sus materiales, la sentenciante se contrapone con lo manifestado por el actor en su demanda, quien en ningún momento afirmó que el accidente ocurrió por un elemento de Y. . Asegura que el accidente no sucedió en forma puntual, sino que la lesión del actor fue a consecuencia de diversos esfuerzos. Califica de insuficiente para incriminarla que los magistrados aseveren que el riesgo estuvo en el tipo de actividad que desarrollaba el actor.---------------------------- ------ A mi juicio, las críticas del recurrentes son vacuas y estériles.--- ------ 20.- En efecto, la responsabilidad objetiva exige que se determine la existencia de un vínculo del responsable (dominio o guarda sobre cosas) con una actividad o cosa que implique un riesgo para terceros; que ese riesgo se haya concretado en un daño; que el nexo causal entre la actividad riesgosa y el daño no se haya quebrado por la interposición de factores extraños. Sobre estas bases, el 2do. pfo. del art. 1113 del C.C., establece que si el daño se hubiere causado por el riesgo o vicio de la cosa estará a cargo de la víctima la prueba de que el perjuicio tiene una relación causal adecuada con las condiciones dañosas de la cosa. En tal sentido, la víctima debe probar la relación causal entre el daño y el riesgo o vicio de la cosa; comprobados estos extremos, se produce una presunción de responsabilidad objetiva que debe ser destruida por la parte presuntamente responsable que alega alguno de los supuestos eximentes, quien deberá acreditar el presupuesto de hecho referido a esa defensa.------------------------------------------------------ ------ 21.- En el caso de autos, resultó fehacientemente acreditado que las funciones del trabajador, consistían en un trabajo riesgoso, ...que el accidente sufrido por el actor sucedió en circunstancias en que el demandante estaba levantando el apoyo de una grúa hidráulica de veinticinco (25) toneladas -apoyos que hay que manejarlos a pulso- le agarró un tirón de espaldas, no pudiendo levantarse más (ver, voto Dra. Melero), el daño padecido por M. y el nexo causal entre aquél y éste, más aún, teniendo en cuenta que en la etiología de las hernias de disco se encuentran tanto la acción de fuerzas como la combinación de éstas con trastornos degenerativos.----------------------------------------------------------- ------ 22.- La sentencia venida en recurso, debe ser confirmada, y así lo propondré al Acuerdo, al igual que el colega que me precede en el voto, porque el recurso intentado es técnicamente insuficiente por no exponer los antecedentes relevantes de la causa, porque en su formulación sólo expone el recurrente, meras discrepancias subjetivas con lo decidido, dirigidas a cuestionar lo incuestionable en esta instancia casatoria: la valoración de la extensa prueba rendida, cuya mención interesadamente omitió.---------------------------- ------ 23.- Sin perjuicio de todo lo expuesto, opino que la sentencia que condena solidariamente a R. Y. S.A., no merece la tacha de arbitrariedad, pues en la actualidad y ante la aceptación de la teoría del riesgo creado y del riesgo provecho que formula el art. 1113 del C.C. cabe considerar que quien se sirve de la cosa o actividad no es otro que quien la aprovecha, usa u obtiene de ella un beneficio personal, sea o no económico, no pudiendo prescindir de la noción de poder táctico o jurídico de dirección, gobierno y contralor. (CNCiv., Sala L, junio 7, 1995, ED 169:279). Lo cierto es que el nexo jurídico entre las empresas involucradas es -a la vista del contrato celebrado- indiscutible, como lo es que R. Y. S. A. se beneficiaba con las tareas realizadas por los dependientes de la Cooperativa. Es decir, que dichas tareas eran realizadas en su provecho, en su consecuencia, el beneficio que obtenía con la actividad riesgosa, le impiden liberarse de su guarda y por ello debe responder por los daños irrogados por aquélla en perjuicio de la salud del actor. No debe perderse de vista que la subcontratación es un fenómeno en expansión en la realidad negocial moderna porque permite desglosar el cumplimiento de la obligación contractual en varios contratos derivados, le sirve al empresario porque mediante ella evita tener que realizar la inversión necesaria para lograr sus fines y diluye de alguna manera las cargas de la contratación personal. Si se admitiera la posibilidad de negar la responsabilidad de una sociedad que se beneficia con el trabajo de terceros por el sólo hecho de contratar a otra para el logro de sus fines, sería muy fácil, para evadirse de dicha responsabilidad contratar empresas insolventes que permitan a los obreros trabajar en condiciones deficientes. (CNCiv., Sala H., "Fragoso c/ Contraed y otro s/ daños y perjuicios", Abril 2003).---------------------------------------------------------- ------ 24.- Decidir si R. Y. S. A. es responsable en los términos del art. 30 de la L.C.T., y si en el caso de autos se dan o no los presupuestos que lo hacen aplicable, luego de que se propone confirmar la sentencia que la condena en los términos del art. 1113 del C.C., es -tal como lo anticipa el Dr. Royer- una cuestión teórica, abstracta, sobre la que no corresponde expedirse. ASÍ LO VOTO.-- ------ A la segunda cuestión el Dr. Royer dijo:------------------------------- ------ Tal como he votado a la primera cuestión, propongo al Acuerdo: 1) rechazar por improcedentes los recursos de casación interpuestos por R. -Y. S. A. y CNA A.R.T. S.A. y confirmar en todas sus partes la sentencia venida en recurso; 2) imponer las costas a los recurrentes (art. 68 del C.P.C.C.); 3) Fijar los honorarios de los letrados intervinientes ante este Superior Tribunal de Justicia, en mérito al resultado obtenido, a la calidad de la extensión de los trabajos presentados, al Dr. R. D. , abogado apoderado de CNA A.R.T. S.A. en $2.038, y a los Dres. M. P. D. $471 y G. A. $1.568 apoderado y patrocinante, respectivamente, de R. -Y. S. A. (art. 14 Dto. Ley N° 2200, T.O. Dto. N° 138/99).------------------------------------------- ------ A igual cuestión el Dr. Caneo dijo:--------------------------------------- ------ Tal como he votado la primera cuestión, acuerdo con la solución que propicia el Dr. Royer.---------------------------------------------- ------ Con lo que se dio por finalizado el acto, dejándose constancia que la presente se dicta con dos miembros de la Sala Civil, por haberse obtenido la mayoría y por encontrarse el Sr. Presidente Dr. José Luis Pasutti, ausente en comisión de servicio, quedando acordado dictar la siguiente:------------------------------------------------------- ------------------------------ S E N T E N C I A ----------------------------------- ------ 1º) RECHAZAR por improcedentes los recursos de casación interpuestos por las co-demandadas R. -Y. S. A. y CNA A.R.T. S.A..--------------------------------------------------------------------------- --- ------ 2º) CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia venida en recurso.------------------------------------------------------------------------ ----------- ------ 3°) IMPONER las costas a los recurrentes (art. 68 del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- ---------- ------ 4º) REGULAR los honorarios de los letrados intervinientes ante este Superior Tribunal de Justicia, en mérito al resultado obtenido, a la calidad de la extensión de los trabajos presentados, al Dr. R. D. , abogado apoderado de CNA A.R.T. S.A. en $2.038, y a los Dres. M. P. D. $471 y G. A. $1.568 apoderado y patrocinante de R. -Y. S. A. (art. 14 Dto. Ley N° 2200, T.O. Dto. N° 138/99).------------------------------------ ------ 5º) REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.------------------------- Fdo. Dr. Daniel Luis Caneo - Dr. Fernando S.L. Royer.- Recibida en Secretaria el 26 de Septiembre del año 2008.- Registrada bajo el N° 09 S.R.E. Conste.- Fdo. Dra. Marta Beatriz Zanco - Secretaria