marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Validez del acto administrativo, facultades de la administración, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M., E. H. y D., A. c/ B. d. S., M. L. s/ DESALOJO Provincia del Chubut c/ P. O. & G. S.A. y Otra s/ Acción de Lesividad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-16|2018-07-05

Es inherente al ejercicio de la actividad administrativa que ésta sea desempeñada conforme a la ley, pues constituye una de las expresiones del poder público estatal, que tiene el deber de someterse a ella. En esa sujeción al orden jurídico radica una de las bases del estado de derecho, sin la cual no sería factible el logro de sus objetivos. La administración debe ser legal; si su actividad es ilegal, debe rectificarse, en primer término, por la propia Administración Pública, y a falta de ello, por el órgano jurisdiccional competente.
Medidas cautelares, caducidad de medidas cautelares, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: HISISA ARG. S.A.I.C.I.F. c/ B.C.R.A. s/ JUICIO DE CONOC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-24

El fundamento de la caducidad de las medidas cautelares es la necesidad de evitar que una de las partes pueda presionar a la otra utilizando el poder jurisdiccional en violación al principio de igualdad, sin darle la oportunidad de entrar en la controversia (confr. Falcón, E. Cód. Proc. ... , tomo II, Bs. As., 1988, ed.

Abeledo Perrot, pág. 256, pt. 207.9.1, nota N. 1) y el hecho de que el transcurso del tiempo demuestra prima facie falta de interés o derecho en el peticionario, lo cual lleva a evitar que se mantenga indefinidamente una medida que se mantenga en sí misma carece de finalidad y que causa ataduras y perjuicios (confr. Palacio, L.

Derecho Proc. Civ. T.VIII, Bs.As., 1989, ed. Abeledo Perrot, pág.

59; Morello, Sosa y Berizonce Cód. Proc.... T.II-C, Bs.As., 1986, Ed. Abeledo Perrot, pág. 623).
Reconocimiento en rueda de personas, víctima menor de edad, prueba testimonial, menores, juramento y promesa de decir verdad
Materia: PENAL
Carátula: MUÑOZ VICTOR s/ Reconocimiento en Rueda.- Prueba de Testigos.- Menores.-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-06

No es nulo el reconocimiento en rueda de personas efectuado por la menor víctima, a quien se le recibió juramento de decir verdad, pues, aunque los menores de dieciocho años se encuentran comprendidos en los casos del artículo 276 del código ritual, sirviendo sus testimonios "para simples indicaciones"; de ello no se extrae que deban omitirse las formalidades previstas en la ley adjetiva para las declaraciones testimoniales ya que aunque el alcance probatorio de los dichos sea limitado, ello no les priva de verdadera testimonial; por ende, el juramento recibido no puede invalidar el acto en tanto importó el cumplimiento de uno de los recaudos prescriptos por el artículo 296 del C.P.C. para las declaraciones de este tipo.
Contrato de garaje, responsabilidad del garajista, robo con armas, fuerza mayor, explotación de un garaje
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAN CRISTOBAL SOCIEDAD DE SEGUROS GENERALES c/ GONZALEZ MEDINA, JOAQUIN s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-22

El contrato de garaje constituye una manifestación del depósito comercial, y ello trae como consecuencia a que sobre el guardador pesen directamente los riesgos propios de su actividad empresaria y, por ello, él resulta responsable del robo ocurrido en el ámbito de su empresa, con motivo y oportunidad del ejercicio de su comercio. Así debe reputarse como riesgo propio del negocio la posibilidad del acaecimiento de tales hechos delictuosos, circunstancia que los constreñía a extremar las medidas a su alcance para impedir o cuanto menos desalentar la actuación de sujetos que especulan con la situación de desprotección en que se encuentran los automóviles depositados en los garajes, máxime cuando no surge de la prueba aportada que el garaje de propiedad del demandado ofreciera a la época del siniestro condiciones especiales de seguridad.

La fuerza mayor, como eximente de responsabilidad, es incompatible con una conducta culposa, sea negligente o imprudente, por lo que la emergente de un robo a mano armada, debe ser fehacientemente acreditada como un verdadero hecho imprevisible, para que aquel configure una eximente de responsabilidad del guardador de vehículos, no debe haber incurrido éste y/o sus empleados en omisiones, descuidos o faltas de previsión y de recaudos que hubieran posibilitado la acción de los ladrones.
Recurso de apelación (procesal), interés legítimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Cisterna, Víctor Hugo s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-07-21

La existencia de un interés legítimo, es decir, personal, directo, cierto y actual, es indefectible presupuesto subjetivo de la apelación, a la vez que requisito de toda especie de acto procesal;

sin él no hay acción, pues el derecho mismo no es, según la feliz expresión de Ihering, sino el interés protegido por la ley y nada lleva a concluir que en la especie de las apelaciones se configure una excepción a tal esencial regla.
Recurso de casación penal, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: QUIROGA, SEGUNDO MANUEL s/ RECURSO DE CASACION PENAL - IN DUBIO PRO REO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1981-04-02

Debe rechazarse la pretensión hecha valer como un argumento más en la fundamentasen del recurso,de que,en el caso,se haga lugar a la impugnación casatoria por aplicación del principio "in dubio pro reo", señalado como criterio rector en la interpretación de la ley penal, porque su aplicación sólo podría considerarse válida cuando el juez ha consultado los usos de la lengua y examinado a fondo los motivos de la ley, cuando ha empleado todos los medios de interpretación que tenía a su disposición, sin poder establecer por estos medios, el sentido de la ley, de manera que ésta quede dudosa y no cuando no se abriga duda acerca de que la efectuada es la cabal interpretación de la norma en cuestión.

Ello es así pues los jueces no pueden recurrir a ese criterio para ahorrarse la fatiga de desentrañar la voluntad de la ley y alejar toda incertidumbre sobre ella sin dejar de cumplir la tarea interpretativa que les compete hacer, aceptando que basta que se demuestre la posibilidad de interpretar la ley de distintas maneras lo que generalmente ocurre- para sentirse obligado a elegir la más benigna.-
Contrato de trabajo, buena fe contractual
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: D., V. E. c/ N. M. A. C. y/o q´rlte resp. laboral del establecimiento  E. N. s/ Cobro de Pesos e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-08

Si el instituto educativo contrató los servicios como docente de la aquí actora y la puso al frente de un curso durante un período lectivo (marzo a diciembre de 2009), mal podría ahora rehusarle la equiparación salarial por los servicios prestados amparándose en la alegada carencia de título habilitante.

En principio, por cuanto ello constituye una flagrante violación al principio de la buena fe contractual que impone, en el caso de la demandada, a ajustar su conducta a la de un buen empleador "tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo" cuanto a la interpretación que deben efectuar los jueces para decidir la cuestión conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe (arts. 11 y 63 LCT; su doctrina).

Por otra parte, aun si desde el punto de vista puramente teórico se considerase la hipótesis de un error o inadvertencia por parte de la empleadora al momento de la concertación del vínculo laboral, en tanto no se ha alegado ni menos aún probado la incidencia de algún vicio de la voluntad, nos hallaríamos por tanto en la consagración de un acto propio de la demandada, jurídicamente relevante y eficaz, al que hoy no puede contravenir válidamente, conforme al principio general del derecho "venire contra factum non valet", de fecunda y pacífica aplicación en nuestra jurisprudencia nacional.
Propiedad participada, prescripción decenal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Di Paolo José y Otros c/ Telefónica de Argentina SA Y Otro s/ programa de propiedad participada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-27

En materia de prescripción de las acciones que surjan de la implementación de los programas de propiedad participada (Ley 23.696 y decretos reglamentarios), resulta aplicable el plazo decenal previsto en el art. 4023 del Código Civil, que es de carácter residual, pues las cuestiones que surgen de dichos programas remiten a vínculos jurídicos atípicos, que escapan a los márgenes habituales tanto de una relación laboral como de un vínculo estrictamente comercial o societario.
Recurso extraordinario federal, gravedad institucional
Materia: PENAL
Carátula: BLANCO JUAN MANUEL FERNANDO; MANSILLA ARIEL; BLANCO ANGEL; SILVA RAMON ALEJANDRO s/ S.D. HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO POR ENSAÑAMIENTO Y CRIMINIS  CAUSA Y ENCUBRIMIENTO E.P. CALDERON HECTOR EDUARDO - RECURSO PER  SALTUM
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-03-05

El Recurso Extraordinario denominado de "salto de Instancia" y/o "by pass", puede entenderse como: "el conocimiento o avocación de resoluciones o sentencias por un tribunal superior, soslayando instancias intermedias"; está previsto en el art. 193, inc. 2 d) de la Constitución Provincial, atribuyendo Jurisdicción a este Órgano Superior para entender en tal instancia recursiva extraordinaria contra las decisiones de los jueces de primera instancia, en casos de gravedad institucional. En efecto, nuestra Carta Magna al enumerar entre las funciones del Superior Tribunal de Justicia en materia judicial, ha de entender "Por salto de instancia contra decisiones de los jueces de primera instancia, en casos de gravedad institucional", si bien dicha norma no se encuentra aún reglamentada, su procedencia se encuentra limitada exclusivamente a los casos en que exista dicha "gravedad institucional" y se den los demás presupuestos de admisibilidad, según Doctrina y Jurisprudencia.
Propiedad industrial, medidas cautelares, marcas, uso de marca, marcas confundibles
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANOFI  AVENTIS  DEUTSCHLAND  GMBH c/ LAFEDAR  SA  LABORATORIOSFEDERALES ARGENTINOS SA s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-14

Este Tribunal ha admitido en algunas oportunidades la medida prevista en el art. 50 del Trip's en supuestos en los que la concurrencia de ciertos elementos entre las marcas pudieran conducir a eventuales confusiones en el público consumidor -v.gr. ante la existencia de colores y figuras combinas y dispuestas de similar modo (conf. esta Sala, causas 10706/01 del 4-4-02 y 4445/01 del 11-10-02)-, las constancias incorporadas a la causa en este estado liminar, no alcanzan -en una primera aprehensión de los conjuntos marcarios- para tener por acreditada la referida situación. Los signos en conflicto, cuyas constancias obran en la documental adjuntada a estas actuaciones están integrados por elementos y diseño que a "prima facie" difieren entre sí (conf. "NOVALGINA" y "ANALGINA LAFEDAR", y que -como principio- impiden concluir, con el grado suficiente de probabilidad que este tipo de medida requiere, en la invocada confundibilidad de ambos conjuntos marcarios (conf. esta Sala, doctrina de las causas 11.829/04 del 22.10.04 y 10.030/04 del 23-9-04).
Caducidad de instancia, impulso procesal, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: ECHEVERRIA GUSTAVO SERGIO. c/ ENQUELTERA DE PELANOSKY RAQUEL Y OTRO. s/ ESCRITURACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-01

La caducidad de la instancia es una institución que produce la extinción del proceso debido a la falta de diligencia o actividad de las partes, evitándose con éllo la prolongación innecesaria de las causas. Las partes tienen la carga de impulsar el trámite del juicio, haciendo avanzar el proceso hasta el llamamiento de autos para sentencia, vale decir, hasta poner la causa en condiciones de ser fallada (conf. Palacio, "Tratado de Derecho Procesal Civil", t.

IV, pág. 217).

La inactividad procesal, que configura uno de los presupuestos de la caducidad, consiste en la no ejecución de acto alguno por ambas partes o por el órgano judicial, o en el cumplimiento de actos carentes de idoneidad para impulsar el procedimiento (art. 311 del Código Procesal). Al ser indivisible la instancia, los actos impulsorios realizados por cualesquiera de las partes interrumpen el curso de la caducidad (conf. C.N.Civ. Sala B, R.E.D.14-115, nro.

66).
Subasta judicial, indisponibilidad de fondos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MORINICO MIGUEL ALFREDO c/ CARAYANI JORGE ARTURO Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-07

Mas allá de la condición del cesionario del comprador que ostenta el recurrente, como de la eventual procedibilidad de su petición , a los fines y efectos previstos en el relacionado artículo 568 del Código Procesal Civil y Comercial, la requerida indisponibilidad de los fondos, debe hacerse en el plazo que la norma dispone. Término que al tiempo de su planteamiento se encontraba holgadamente vencido -
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Duré Juan I Paulino y otra c/ Etchevehere Luis y/o quien resulte propietario y/o director y/o resp. del periódico El Diario s/ Indemnización, Resarcimiento Daños y Perjuicios Moral y/o cualquier  otro rubro y/o reclamo que pudiere corresponder-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-10-23

Al constituir el fundamento medular del fallo impugnado la propia inactividad procesal y probatoria por parte del quejoso, ello no puede revertirse en casación, porque en esta instancia sólo se trae el juicio de derecho no pudiendo replantearse cuestiones procesales o de prueba ni enmendar carencias probatorias o el alcance dado a una confesión ficta del artículo 43 del Código Procesal Civil y Comercial.
Despido, cómputo de intereses, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez, Walter Roberto c/ IBM Argentina SRL s/despido c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-21

A los fines de establecer la fecha a partir de la cual se computarán los intereses derivados de la falta de cumplimiento de la obligación emergente del art. 80 LCT es preciso establecer, tal como lo dispone el art. 1748 CCCN, momento en que se produce el perjuicio al trabajador, y esto ocurrió al operar la desvinculación. Es decir, los créditos derivados del incumplimiento persiguen la misma suerte del principal en lo referente al inicio del cómputo de los intereses. Postergar el inicio de cómputo de los intereses implicaría un injustificado beneficio en favor de la parte incumplidora, quien contando con un plazo de gracia (art. 3 del decreto 146/2001) optó por no efectuar la entrega en debida forma (voto de la Dra. Cañal en minoría).
Acción de amparo, medida de no innovar, habilitación de día y hora, espectáculos deportivos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Luis Eduardo s/ Amparo-Medida de No Innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-10-04

No cabe duda que la naturaleza de la acción que se intenta-Amparo- como la urgencia que emerge de la razón que mueve peticionar la habilitación (realización de una competencia deportiva durante ese fin de semana, en la que no podrá participar el actor, a menos que se dicte la medida de no innovar que peticiona), hacen menester disponer conforme la prevén los arts. 43 y 382, punto d) del C.P.C., la habilitación de día y hora para tratar la procedencia formal del amparo.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, código aduanero
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: AGENCIA NORDICA SOCIEDAD ANONIMA. s/ ADUANA.    IMPORTACION.    INTERPRETACION DE LA LEY.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-11

Procede el recurso extraordinario cuando se controvierte la interpretación de normas federales -artículo 954, apartado 1ro., inciso a), y 956 del Código Aduanero- y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que en ellas funda la apelante (artículo 14, inciso 3ro., de la ley 48)
Derecho procesal, cuestiones prejudiciales, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Moriondo, Oscar Roberto c/ Horacio Arena S.A.C.A.I. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-12-17

La inaplicabilidad de la norma sustantiva -art. 1103- es manifiesta aún partiendo de un supuesto absolutorio, ya que el origen del despido en el caso de autos -pérdida de confianza-, reconoce otro origen de responsabilidad que la penal. Es que la sentencia absolutoria penal no hace cosa juzgada en lo civil -en el caso en lo laboral- cuando la atribución de la responsabilidad en esa esfera puede reconocer otro origen que la penal, como también en todos aquellos supuestos en que la extensión de esa atribución tiene una distinta latitud.
Contrato de trabajo, despido, despido indirecto, injuria laboral, empleo no registrado, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Maldonado José Luis c/ José Antonio Bustamante y otro s/ -despido - recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-08-15

1- La normativa laboral privilegia la prosecución del contrato y para secundar su finalización, la causa debe ser medida prudentemente en cada caso. En ese marco el a quo consideró impropia la actitud obrera porque desobedeció el emplazamiento patronal para mantener el vínculo y la fuente de trabajo. Luego, fue desproporcionada pues en tiempo y forma la patronal le aclaró que tenía trabajo y para perseguir el haber adeudado gozaba de otros medios a su alcance, sin necesidad de llegar al desahucio. En cuanto a la intimación en los términos de la ley 24.013, el Juzgador le restó entidad como injuria al no haberse dejado transcurrir el plazo para la rectificación y que habiéndose apercibido sólo para perseguir la indemnización especial. Resulta errónea la afirmación del a quo de que el reclamante no aportó prueba que sustente la fecha de ingreso que pretende, en tanto soslaya la declaración de empleo no registrado presentada por la empleadora. En ésta el propio empleador establece como de comienzo del vínculo la data invocada por el Sr. actor.

2- La adecuada inclusión de la prueba omitida en el contexto sentencial determina una modificación sustantiva de lo resuelto. La constancia inadvertida por el Tribunal de mérito demuestra el reconocimiento del empleador de la fecha invocada en la intimación. A la vez, en tanto no concuerda con el asiento de la relación en el Libro del art. 52, ni se ha demostrado que el error no figure en la documentación previsional, la rectificación de la fecha de ingreso en el registro de la relación laboral no fue completa, lo que determina que deba tenerse a la relación como no registrada (Art. 7 L.E.). Con esta denuncia de empleo no registrado no bastó para disipar la clandestinidad que la normativa sanciona con la indemnización -multa prevista en el art 9 L.E
Despido indirecto, salarios por enfermedad
Materia: LABORAL
Carátula: Comesaña Silvina Gabriela c/ Casino de Buenos Aires SA Compañía de Invers. en Entretenim. SA UTE s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-10

Ante la existencia de duda en torno a la salud de la actora resulta aconsejable que la empleadora afronte el pago de los salarios por enfermedad (art. 208 L.C.T.). Y en el caso, por imperativo del deber de buena fe (art. 63 L.C.T.), la accionada debió extremar todos los recaudos tendientes a comprobar el estado de salud de la dependiente y frente a las discrepancias entre los criterios médicos de los profesionales de la trabajadora y del empleador acerca de la aptitud de la aquella para retomar tareas, sumado a la ausencia de organismos oficiales e imparciales donde se pudiera dirimir la cuestión, era el principal quien debía arbitrar los medios por encontrarse en mejores condiciones fácticas para una prudente solución para determinar la real situación de su empleada, obligación que resulta de su deber de diligencia consagrado en el art. 79 L.C.T.. De allí que ante la negativa de la empleadora a abonarle los salarios durante el período de enfermedad resulta justificado el despido indirecto en que se colocó la trabajadora.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, resoluciones recurribles
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: ERSA URBANO S.A. c/  s/ APELACION MUNICIPAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-17

Resulta insuficiente a los efectos de abrir la vía extraordinaria federal lo dicho por la recurrente en cuanto a que no existe en el procedimiento establecido en la justicia penal de faltas la revisión del caso en forma amplia y ordinaria que debe tener toda acción procesal administrativa, ya que lo hace sin hacerse cargo que el acto administrativo sancionatorio emitido por la autoridad administrativa municipal es recurrible ante la justicia provincial a través del recurso de apelación previsto para el Juez de Distrito en lo Penal de Faltas.
Docentes, caja complementaria, cambio de jurisdicción, opción jubilatoria, manifestación de la voluntad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: INFANTE DEL CASTAÑO, JUAN CARLOS c/ Caja Complementaria para la Actividad Docente s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-24

Por ley 21.809 quedó facultada la transferencia de los docentes nacionales a la juridicción provincial, en las condiciones allí establecidas, previéndose expresamente en el art. 7 la posibilidad de optar por continuar en la ex caja complementaria de jubilaciones y pensiones del personal docente, en cuyo caso el gobierno provincial debería actuar como contribuyente y como agente de retención de los aportes previsionales. Por su parte, el decreto 1.231/78 reglamentó el plazo para ejecutar dicha opción, y la ley 22.804, por la que se instituyó el Régimen Complementario de Jubilaciones y Pensiones para la Actividad Docente y no Docente en jurisdicción del Ministerio de Educación y la Caja Complementaria de Previsión (arts. 1 y 17), declaró obligatoriamente incluidos en ella a los docentes transferidos de conformidad a las leyes 21.809, 21.810, 22.367 y 22.368, siempre que hubieran optado por continuar en aquélla. De todo ello se desprende claramente la necesidad de que concurra una manifestación expresa de voluntad, en sentido positivo, por parte del personal transferido, para poder continuar en el régimen complementario. De lo contrario, los agentes quedan incorporados ipso facto a los correspondientes regímenes provinciales (cfr. arts. 5 y 7 ley 21.809).
Robo, robo con fuerza en las cosas
Materia: PENAL
Carátula: RAMALLO RUBEN ANTONIO s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-11-15

Para que el hurto sea desplazado a la figura del robo so pretexto del ejercicio de fuerza en las cosas, la cosa debe ofrecer u oponer resistencia y no puede darse este carácter a aquello que tiene un específico objeto de mero control o adorno. No la ofrecen un papel, un sello de lacre, una cinta de seda que ata el estuche, un precinto débil de control.

En el caso, la fuerza ejercida sobre la cosa sustraída no fue más que la fuerza necesaria para el apoderamiento, pues levantar la caja hubiese significado un ejercicio de fuerza que hubiera convertido el hecho en robo y no fue así, pues el simple ejercicio de la fuerza en la cosa por la cosa misma, el modo natural de llevar a cabo el designio criminoso, que no agrava su conducta, llevándola a la figura descripta en la norma del art. 164 C. Penal.