Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.247 CAUSA N° 23.166 / 2009 SALA IV "BOGADO OLGA BEATRIZ C/ FUNARG S.R.L. Y OTRO S/ DESPIDO" JUZGADO N° 06.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 27 DE ABRIL DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

I-Contra la sentencia de primera instancia -fs.288/294- se alzan la demandada y la parte actora a tenor de los memoriales recursivos de fs.295-V/295VII y fs.295-IX/295-XII respectivamente. El perito contador, a fs. 295-IV, recurre sus honorarios por considerarlos reducidos.

II-A fin de ordenar la exposición, en primer término he de examinar la apelación deducida por la demandada. Se agravia de que se haya considerado cierta la fecha de ingreso denunciada en el escrito inicial (01/02/05) pues aduce que no hay prueba que avale tales asertos. Dice que, a su juicio, los testimonios de Klaus, Casas Y Schanner no prueban tal extremo.

Sin embargo, basta leer los aspectos que se cuestionan de tales declaraciones para concluir que, al igual que lo hace la Magistrado anterior, dichos testimonios se presentan claros, precisos y concordantes en cuanto a la prestación de tareas de la actora a partir del año 2005, a la luz de la sana crítica (art. 386 CPCC).

En efecto, que Schanner no pueda conocer con precisión los días de trabajo de la actora así como la fecha hasta la que laboró o su salario, no enerva su eficacia convictiva respecto de la época en que comienza a ver a Bogado prestar tareas; y el hecho de que Klaus tenga juicio pendiente -lo que de por sí exige mayor estrictez en su apreciación- y manifieste que sabe que la actora dejó de laborar en el año 2008 aunque el declarante haya iniciado un juicio a la empresa en el año 2007 tampoco disminuye su convicción en cuanto al inicio del vínculo de Bogado, máxime cuando no sólo coincide con Schanner sino también con lo expuesto por Casas. Repárese en que la declaración de este último testigo, cuyos aspectos más relevantes fueron narrados sucintamente por la Magistrado de grado, coincide con lo expuesto por los otros dos testimonios y, lo que resulta relevante en esta etapa, la eficacia probatoria otorgada por la Juez de grado no fue refutada por el apelante pues ninguna crítica concreta efectúa al respecto en su memorial recursivo (se limita a mencionar al testigo en su apelación).

A ello cabe agregar que el apelante omite mencionar que la Sra. Juez "a-quo" también tuvo en consideración que las facturas abonadas por Fumarg SRL a las firmas Siligem de Pablo Germán Alvarez y Siligem SRL comienzan a partir de febrero de 2005 y hasta agosto de 2008 según lo informado por el perito contador, el cual agrega que la actora no aparece en la nómina de personal ni siquiera en el período en el que Bogado habría sido inscripta (a partir de mayo de 2008) ni puso a disposición el libro del art. 52 LCT.

Estos argumentos no fueron objeto de cuestionamiento concreto (art. 116 LO) y, sumado a lo expuesto por los declarantes antes mencionados, me llevan a compartir la solución adoptada en la anterior etapa por lo que propicio el rechazo de este aspecto de la queja.

III-En segundo término, Funarg SA "se agravia se impute responsabilidad solidaria.en los términos del art. 30 LCT" y destaca que Bogado realizaba tareas de maestranza y la función de Azafata que consistían en "la atención de los deudos en el velatorio, servicio de café, mantener el lugar limpio." pero no cargar datos del fallecido ni atención en una hoja de control interno. Considera que se tratan de tareas accesorias que no hacen a la actividad normal, específica y propia de su empresa.

En rigor de verdad, la Juez de grado considera responsables solidarias a ambas empresas luego de describir las particularidades en que se desarrolló el contrato de trabajo de la actora sosteniendo que las irregularidades que rodearon dicha vinculación "compromete por igual a ambas codemandadas" y agrega que "aun sobre la base de lo dispuesto por el art. 30 LCT" serían ambas responsables. Además, luego al referirse a los certificados del art. 80 LCT manifiesta que "la condena de autos se extiende a ambas codemandadas porque dadas las características del caso, resultan acorde con los hechos tenidos por acreditados aplicar tanto lo dispuesto por el art. 29 como el art. 30 LCT motivo por el cual habré de imponer también a ambas la obligación de hacer respecto de la entrega de los certificados.". Como puede observarse no se limita a sostener que la cuestión encuadra dentro de las previsiones del art. 30 LCT y ello, en verdad, no fue objeto de una crítica concreta y razonada por parte de la codemandada que apela, por lo que tal aspecto de la sentencia llega firme a esta etapa (art. 116 LO).

Pero, aun de soslayar este aspecto formal y limitar el examen del agravio a determinar si la actividad de Siligem SRL hace a la actividad normal, específica y propia de Funarg SA, adelanto desde ya que a mi juicio se impone la condena solidaria.

Hago esta afirmación porque, aun desde una tesis restrictiva del alcance del art. 30 LCT es muy claro que la actividad que prestaba la trabajadora en los servicios fúnebres hacen a la actividad normal, específica y propia de quien presta dichos servicios. En efecto, la trabajadora era, según lo expuesto por las propias demandadas -sumado a las labores explicadas por los testigos-, quien atendía a los deudos, servía café, permanecía durante todo el servicio e incluso se encargaba de hacer los pedidos telefónicos de los arreglos florales dentro de los locales de Funarg SA. Creo que basta su descripción y lo esperable por cualquier cliente que recurre a los servicios de una empresa fúnebre para concluir que efectivamente la situación encuadra dentro de las previsiones del art. 30	ya mencionado pues no imagino de qué modo se desenvolvería exitosamente una empresa como la de autos si no puede prestar dichos servicios que son básicos en tales circunstancias. Como lo he sostenido en anteriores oportunidades, si bien el proceso productivo puede segmentarse, esto es transferir la realización de un tramo del ciclo productivo a un tercero, lo cierto es que por aplicación del art. 30 LCT la empresa que ejerce esta facultad va a tener que responder solidariamente por las obligaciones incumplidas por el contratado o subcontratado respecto de sus trabajadores -se trata de una obligación de resultado-, en caso de que hubiera transferido la realización de tareas que hagan a la actividad normal, específica y propia del establecimiento, extremo que advierto cumplido en la especie y justifica la confirmación de lo decidido en grado. Sólo a mayor abundamiento he de señalar que el contenido del fallo "Rodríguez" del Alto Tribunal -reiterado en el precedente "Luna" destacado en el memorial recursivo- ha sido expresamente mencionado por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Benitez c/ Plataforma Cero" al manifestar, en términos muy claros, que no constituye doctrina de dicho Tribunal.

En definitiva, por las razones expuestas, propongo desestimar este aspecto del escrito recursivo.

IV-También se queja la codemandada porque se la condena en forma solidaria a la entrega del certificado art. 80 LCT tal como lo he trascripto en párrafos anteriores. Sin embargo, reitero, omite refutar el argumento expuesto por la Juez anterior en cuanto a las razones que la llevan a extender en forma solidaria su entrega, lo que me lleva a propiciar su rechazo (art. 116 LO).

V-Cuestiona la demandada la procedencia de las diferencias salariales. Sin embargo, de acuerdo a lo antes expuesto y los fundamentos desarrollados por la Magistrado anterior, corresponde desestimar la queja. Obsérvese que las breves manifestaciones expuestas en el memorial incumplen con las directivas de la norma adjetiva pues no efectúa una crítica concreta y razonada del fundamento del fallo anterior sino que discrepa en forma harto general sin expresar de modo preciso que pruebas se omitió examinar o fue indebidamente analizada a los fines de la procedencia de las diferencias salariales en cuestión. Ello, a mi juicio, sella la suerte adversa del planteo.

Cabe recordar que la expresión de agravios debe consistir en una exposición jurídica que contenga un análisis razonado y crítico de la sentencia apelada, dirigida a demostrar la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de la prueba producida. Tal como lo ha señalado la doctrina, tal acto debe contener "la fundamentación destinada a impugnar la sentencia.con la finalidad de obtener su modificación o revocación. Concretamente, se trata del acto procesal en el cual el recurrente expresa los motivos de su apelación refutando -total o parcialmente- las conclusiones de la sentencia, respecto de los hechos y de la valoración de la prueba o de la aplicación de las normas jurídicas" (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Análisis Doctrinal y jurisprudencial, Elena Highton, T. 5, pag. 239).

VI-Apela la procedencia de la indemnización del art. 2 de la ley 25323 y transcribe dicha norma en cuanto admite la posibilidad de su reducción o exención de darse causas justificadas. Sin embargo no explica cuáles serían, a su entender, tales causas, lo que me lleva a rechazar dicho agravio.

VII- La parte actora se queja de que se haya desestimado la sanción del art. 132 bis LCT. Dice que Siligem retuvo aportes y no los efectuó y que la espera de treinta días carece de sentido ante el desconocimiento de la relación.

Cabe aclarar, al respecto, que no existe prueba alguna en la causa que permita inferir que durante el lapso en que estuvo sin registrar la trabajadora, se le hayan retenido aportes (pues sí obran abonados en el período registrado tal como resulta del informe de fs. 282 no cuestionado por las partes). A lo que cabe agregar que la referencia al plazo de treinta días (más allá que por la naturaleza y el alcance de la sanción, no resulta menor el cumplimiento del plazo y las exigencias establecidas en la norma y su decreto reglamentario, que permiten al empleador, en caso de que hubieran incurrido en la conducta allí descripta, subsanar el grave incumplimiento en ese lapso), tal como se desprende del último párrafo de fs.291 , está referida al lapso para la entrega de los certificados del art. 80 LCT y no a la sanción en examen.

Corresponde, pues, mantener el rechazo de este rubro.

VIII-Se agravia del rechazo de la multa del art. 80 LCT. Si bien como Juez de primera instancia he considerado, de igual modo que la Magistrado anterior, que debía cumplirse en todos los casos con el plazo de treinta días contemplado en el decreto reglamentario, para tener derecho a la multa contemplada en el art. 80 LCT, lo cierto es que el criterio mayoritario de la Sala que integro ha sido disímil. En efecto, en numerosos precedentes mis colegas han sostenido que resultaba innecesaria la espera en supuestos en que estaba desconocida la relación laboral -extremo que acontece parcialmente en autos- (ver, entre otros "Ibáñez, Antonio c/ Eurobras SRL s/ despido" SD 90810 del 23/09/2005), por lo que razones de economía y celeridad procesal me llevan a aplicar dicho criterio.

En este sentido han sostenido que "el citado decreto debe ser leído con los límites de la horma superior que reglamenta. Esta última otorga al empleador un plazo de dos días hábiles para cumplir el requerimiento del trabajador relativo a la entrega del certificado art. 80 LCT o cargar con la indemnización que se regula; la brevedad de ese plazo puede así explicar la interposición de otro plazo antes de que aquél requerimiento quede habilitado ya que, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación puede incluir la necesidad de regularizar el vínculo. La extensión del plazo encuentra justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que en obstruir la habilitación del trabajador para intimar, aunque la redacción de la norma pueda tolerar también esta última interpretación. De tal modo la intimación fehaciente a que hacen referencia tanto la norma originaria como su reglamentación sólo puede surtir efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez que haya transcurrido el plazo de 30 días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo éste último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa".

Por las razones expuestas, considero que corresponde hacer lugar a la multa en cuestión que asciende a $ 7516,29 que, sumada al monto por el que prospera la acción en primera instancia, alcanza el monto total de $ 92.334,54 (noventa y dos mil trescientos treinta y cuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos).

IX- También cuestiona la parte actora que haya omitido la Juez "a-quo" pronunciarse acerca de su pedido de que se declare la temeridad y malicia prevista en el art. 275 LCT.

Al respecto observo que he sostenido en otras oportunidades que el art. 275 LCT similar al art. 45 CPCC prevé la aplicación de una sanción pecuniaria al empleador vencido, cuando hubiere incurrido en una conducta maliciosa o temeraria que, en definitiva, consiste en el proceder contrario a los deberes de lealtad, probidad y buena fe. La temeridad es el conocimiento que tuvo o debió tener el litigante de su falta de motivos para deducir o resistir la pretensión, es decir la conciencia de la falta de razón de sus planteos. La malicia se manifiesta mediante la formulación de peticiones exclusivamente destinadas a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso para retardar su decisión. Ahora bien, comparto la doctrina que sostiene que tal disposición legal debe ser aplicada con prudencia y en los casos en que es claro que se ha actuado con dolo o culpa grave pues de lo contrario se puede afectar el principio constitucional de defensa en juicio (ver, al respecto Ley de Contrato de Trabajo dirigida por Vázquez Vialard, Ed. Rubinzal T. III pág. 637). De acuerdo a lo expresado, no observo en el caso concreto que la cuestión encuadre dentro de las previsiones antes mencionadas mas allá de la conducta reprochable sancionada en la causa. Por ello he de desestimar la pretensión.

X-En definitiva, la presente demanda ha de prosperar por la suma de $ 92.334,54 que llevará los intereses dispuestos en la anterior etapa, que llegan firmes.

XI-La modificación introducida me lleva a dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art. 279 CPCC), tornándose abstractas las quejas incoadas al respecto-	Así, las costas en ambas instancias, sugiero imponerlas a cargo de las demandadas vencidas (art. 68 CPCC) regulando los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la codemandada Funarg SA , de la codemandada Siligem SRL y perito contador en el 15%, 11%, 11% y 6% respectivamente del monto de condena. Asimismo, propongo regular los honorarios de los profesionales actuantes en la Alzada, en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por su actuación en la etapa anterior.

En definitiva, de compartirse mi voto, corresponderá: 1) Confirmar en lo principal la sentencia apelada elevando el monto de condena a la suma de $ 92.334,54 (noventa y dos mil trescientos treinta y cuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos) que llevará los intereses dispuestos en primera instancia, 2) Costas y honorarios conforme lo establecido en el considerando IX.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar en lo principal la sentencia apelada elevando el monto de condena a la suma de $ 92.334,54 (noventa y dos mil trescientos treinta y cuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos) que llevará los intereses dispuestos en primera instancia, 2) Costas y honorarios conforme lo establecido en el considerando IX.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. HÉCTOR C. GUISADO	SILVIA E. PINTO VARELA	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria