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Daños y perjuicios, contrato de agencia, sociedad constituida en el extranjero, rescisión del contrato, moneda extranjera, ejecución de sentencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALICIA ELSA MICELI C/ SYSTEMS LINK INTERNATIONAL Y OTRO S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-08

Admitida que fue la demanda de daños y perjuicios promovida contra una sociedad extranjera con motivo de la intempestiva rescisión del contrato de agencia que unió a las partes, no se encuentra controvertido que las obligaciones contractuales cuyo cumplimiento se reclama en autos fueron pactadas en moneda extranjera. Y en tanto la relación contractual, los incumplimientos por parte de la demandada como la configuración de los daños generados tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del Código Civil y Comercial de la Nación (CNCom, Sala B in re "Olivera Bergallo Damián Rodrigo c/ American Express Argentina SA s/ Ordinario", del 30/11/16); en ese contexto, y siendo que el cumplimiento de obligaciones de esa naturaleza se materializa dando la especie designada al día de su vencimiento (CCIV 619 y CCCN 7), la posibilidad otorgada al deudor por la señora Jueza de Primera Instancia de cancelar la deuda en moneda de curso legal, es asunto que, cuanto menos, hoy se presenta prematuro (CNCom, Sala C, in re "Zamacola Jesús Fernando c/ Raiano Jorge Antonio s/ ejecutivo", del 12/11/12). Ello, sin perjuicio de lo que pudiere decidirse frente a la imposibilidad no comprobada en estos autos en atención -a que la demandada es una sociedad extranjera- del demandado de acceder a la moneda pactada, lo cual recién podrá evaluarse en la etapa de ejecución de sentencia.
Jueces, excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTANCIA ANITA  S.A.  AGROPECUARIA c/ DIAZ MARIA LUISA s/ DAÑOS  Y  PERJUICIOS  -  INCIDENTE DE OPOSICION DE EXCUSACION DEL DR.  RODOLFO MARIO MILANO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-07-05

Si bien es cierto que la normativa del art. 30 del C.P.C.C., no impone la exigencia de una aplicación detallada de los motivos en que se sustenta la excusación, no lo es menos que se requiere una mínima expresión de las motivaciones que llevan al juzgador a su aplicación.
Escritos judiciales, segunda instancia, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: EPELBAUM, FERNANDO c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

La presentación en primera instancia de un escrito en el cual se contesta traslado de la expresión de agravios constituye un error inexcusable, atento a que la parte no podía desconocer que debía ser presentado ante la Cámara, pues así surge del claro texto de los arts. 259 y 265 del Código Procesal.

La fecha del cargo de la secretaría actuaría no tiene ningún valor en la Alzada a los efectos de considerar si el escrito se presentó en plazo.
Delitos contra el honor, sentencia absolutoria, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Leiva, Ramón Héctor c/ Hugo Sanso s/ Recurso de Casación interpuesto por Ramón Héctor Leiva en Causa Nº 98/11 - Querella por Injurias y Calumnias interpuesta por Ramón Héctor Leiva c/ Hugo Sanso
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-12

La Cámara en lo Criminal absolvió por el beneficio de la duda al imputado por el delito de Injurias por el que venía incriminado (art. 110 y 45 del CP; 401 in fine, 535, 536 y ss del CPP). Asimismo, lo absolvió del delito de Calumnias por el que venía incriminado (art. 109 y 45 del CP y 401 in fine, 535, 536 y ss del CPP). Contra el decisorio aludido, comparece el querellante, con patrocinio letrado, e interpone recurso de casación.

El recurrente denuncia la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas.

También aprecio como insuficiente la crítica efectuada a la valoración del testimonio de R., propuesto por el querellante como supuesto testigo de un acontecimiento reseñado a "título ilustrativo" en el escrito de querella; aunque R. no es nombrado como tal en dicho acto en el que clientes y empleados municipales sí fueron mencionado como ocasionales espectadores del suceso informado como acontecido en la madrugada del día 15 de mayo de 2011, al frente del local bailable. Según el querellante, en esa oportunidad S. lo habría insultado reiteradamente.

Ahora bien, el tribunal a quo sostuvo que era endeble la prueba ofrecida sobre ese hecho mencionado a título ilustrativo y, por ende, como insuficiente para acreditar su efectiva ocurrencia.

De la sentencia surge que, para así concluir, el tribunal ponderó el modo dubitativo de las afirmaciones del testigo y que, según su declaración, le pareció haber escuchado que el querellado profirió insultos en contra de los hermanos L.

El juicio del tribunal no se fundó entonces en meras imprecisiones del testigo, como pretende el recurrente, o en si S. dijo "narco" o "narcotraficante", se fundó en la impresión que causó en el tribunal la evocación dubitativa del deponente.

Sin embargo, en esta oportunidad el recurrente no ofrece argumentos que demuestren la irrazonabilidad de los fundamentos del fallo vinculados con ese particular modo en que fue prestado el testimonio referido y que fue invocado por el tribunal como un obstáculo que le impedía concluir asertivamente sobre la existencia del hecho.

Con esa insuficiencia recursiva, ese fundamento no refutado del fallo queda incólume como sustento válido de lo decidido y, en tanto carecen de idoneidad a los fines de la modificación de la sentencia impugnada, los agravios expuestos sobre el punto no son de recibo.

Por ello, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concursos, patrimonio, liquidación, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ ¿Es aplicable el plazo de gracia previsto en el artículo 70 del   Código Procesal Civil a los procesos que versan sobre materia  concursal y prendaria? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1982-10-01

El proceso "especial" de concurso encuentra su "especialidad" en la necesidad de repartir prioritaria e igualitariamente un patrimonio;

pero ello no autoriza al intérprete a violentar el propio y mismo método de debate que, como tal, no puede ser sino unitario. Va de suyo, así, que toda hermenéutica al respecto debe efectuarse con sentido estricto (nunca restrictivo) y, en caso de duda, con criterio amplio que resulte idóneo para asegurar a todo justiciable el derecho de defensa prometido y asegurado por la Constitución Nacional. (Del Voto del Dr. Alvarado Velloso).
Daños y perjuicios, daño moral, cheque, información crediticia, inhabilitación para cuentas bancarias, información errónea o desactualizada, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: MERLOS, TOMAS RICARDO c/ BANCO BANSUD SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-22

Procede la acción por la que se persigue el otorgamiento indemnizatorio en concepto de daño moral cuando, -como en el caso-, surge que el banco accionado dispuso: a) la errónea inhabilitación bancaria del pretensor, como consecuencia de su equivocación en el nombre del accionante con un homónimo, y b) el rechazo de un cheque contra la cuenta bancaria que poseía una sociedad, en donde el pretensor, su padre y hermanos poseían acciones. Ello así, toda vez que dicha circunstancia produjo indefectiblemente, no solo el cierre de las cuentas bancarias del reclamante en todas las instituciones con las que se manejaba, sino también la perdida de acceso al crédito, la posibilidad de operar con bancos y la dificultad en su área laboral, pues su desempeño era el de tesorero en un ente societario, generándole la carga de proveer continuas explicaciones sobre su inhabilitación bancaria.
Personas con discapacidad, reafiliación a obras sociales, obra social provincial, enfermedad preexistente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Quinteros, Virginia s/ su presentación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23

Si la actora formó parte del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) durante veinte años, período en el que fue asistida reiteradamente por la grave dolencia que la incapacita-, la negativa a su reafiliación onerosa so pretexto de la patología preexistente, además de preterir las dificultades de la reclamante a acceder en el futuro a una entidad similar dada su condición sanitaria, aparece presidida por el fin inadmisible de desentenderse de la continuidad del tratamiento de la dolencia.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Fondo de comercio, buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sotelo, Osvaldo c/ Millan, Héctor Guillermo s/ Resc. de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

No cabe entender que la voluntad de las partes a la luz del ponderable standard de la buena fe, y de la finalidad de la ley 11867, que regula la transferencia del fondo de comercio, haya sido desvincular al vendedor del deber de colaboración con el comprador en la transferencia de la locación, pues se está frente a una obligación comprendida dentro de las que incumben al vendedor para posibilitar la transferencia, ya que si así no fuera se estaría contrariando los principios que informan al ordenamiento legal (arts. 1198, 1ra. parte, C. Civil; 1,7, ley 11867).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, responsabilidad solidaria, cesión del establecimiento, presunciones
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ESCALADA, NICOLAS c/ ZAMBONI, SEBASTIAN LUCAS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-19

Los planteos del recurrente en relación a la valoración que efectuó el Tribunal de los elementos probatorios obrantes en la causa y a la hermenéutica que asignó a las normas de derecho del trabajador que rigieron el caso, de modo alguno demuestran que las apreciaciones vertidas por la Alzada al entender que en autos no se acreditó la existencia de un vínculo comercial entre los codemandados que implique la responsabilidad solidaria de la sociedad demandada -respecto a la cesión de la explotación-, al sostener la falta de procedencia del artículo 55 de la ley 20744 y al considerar que no se configuró en el sub lite una cesión de personal, encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad susceptible de abrir esta instancia excepcional y sin que consigan persuadir que el fallo atacado carezca de la motivación exigida por el artículo 95 de la Constitución provincial. (De los fundamentos del Dr. Gutiérrez).
Procedimiento laboral, rebeldía, contestación de la demanda, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: PIEDROZZI, EDUARDO RAMON c/ INDUSTRIAS GASTRONOMICAS EPOCA S.A  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27

El art. 71 L.O. genera una presunción de veracidad que no necesita ser ratificada por ningún medio probatorio. Y por ello, resulta irrelevante que el actor no haya producido prueba corroborante de los hechos expuestos en el escrito inicial, dado que la rebeldía del demandado produce la inversión de la carga de la prueba sobre esos hechos. Consecuentemente, el juez laboral está obligado a dispensar al actor de la prueba del hecho presunto, no hay facultad judicial, sino un deber judicial impuesto por una norma (en el caso: el art. 71 L.O.) de la que sólo se puede apartar si se considera que existe colisión con una norma superior -declaración de inconstitucionalidad del mandato legal.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, Derecho de la navegación, despido, remuneración, injuria laboral
Materia: COMERCIAL - LABORAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Agustín Osvaldo HERNANDEZ y otros c/ PRODUCTOS DEL MAR  S.A. s/ INJURIA  LABORAL - REMUNERACIONES - DESPIDO - RECURSO EXTRAORDINARIO    CONTRATO DE AJUSTE ACLARATORIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

La sentencia que, al modificar lo decidido en el fallo del juez de grado en lo relativo a las diferencias por participación en la producción reclamadas por los actores, estimó que la forma en que dicha remuneración era liquidada por el empleador no había configurado de su parte una actitud fraudulenta ni una injuria cuya gravedad impidiese la prosecución del vínculo laboral y justificara la situación del despido en que se colocaron los primeros, remite al examen de cuestiones de hecho, prueba y de derecho común propias de los jueces de la causa y extrañas a la vía excepcional del art. 14 de la ley 48. De ese carácter participa, sin duda, determinar cuáles son los valores sobre los que corresponde calcular el porcentaje reconocido a la tripulación embarcada sobre el total de lo producido en cada viaje por la unidad pesquera de que se trata, con arreglo a lo pactado en los contratos de ajuste celebrados entre las partes y lo dispuesto en la convención colectiva de trabajo vigente para el caso.
Derecho bancario, tarjeta de crédito, comerciante adherido, titular de tarjeta de crédito, entidades financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: VALCISCO SA c/ TARSHOP SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-13

La modalidad negocial de la tarjeta de crédito ha sido calificada como un "sistema experto", por el cual se establece una relación triangular entre el comprador o usuario, la entidad financiera o emisor, y el vendedor o comercio adherido. Y el mismo hace posible que el primero pueda adquirir los bienes y servicios de este último, mediante la promesa previa de la entidad financiera formulada al vendedor de que se hará cargo inmediatamente de la deuda, previo descuento de las comisiones estipuladas (TS Córdoba, Sala CC, 22/8/1996, "Banco Social de Córdoba c/ Lunar Martínez, Fernando y otra", LLC 1998:939, del fallo de segunda instancia, 14/3/1995, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación de la Ciudad de Córdoba).
Control de constitucionalidad, cuestión no justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rómulo Alejandro Herrera c/ Concejo Deliberante de La Quiaca s/ Mandamiento de ejecución. L.A. N 52 F 90/93 N 48 Quiaca s/ Mandamiento de ejecución. L.A. N 52 F 90/93 N 48
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-07-03

"Cuándo es aplicable el principio de la no judiciabilidad y cuándo la excepción que habilita la intervención judicial en resguardo de normas constitucionales, es cuestión que en cada caso concreto ha de ser detenidamente analizada, avizorando con agudeza las especiales circunstancias de las mismas, pues en la mayoría de los conflictos que llegan a los estrados judiciales, la frontera entre uno y otro supuesto resulta difícil de vislumbrar" (L.A. Nro. 51, F 105/111, Nro. 42).
Nombre, adición de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: P.C. s/ INFORMACION SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-21

La adición es indudable cambio de nombre, pues no es igual el de Cecilio que el de Cecilio Martín, como no lo es el de Juan que el de Juan Carlos o el de Luis que el de Luis María (conf. J.A.1961-III 415). De ahí que pese a la atenuación de la regla, tratándose de adición de nombre subsisten los motivos para exigir que solamente se permita aquélla si a la vez concurren alguna otra causa seria y grave, que de fundamento a la alteración requerida.

El nombre es un derecho-deber que escapa a la autonomía de los particulares y de un aspecto de policía civil en la que el Estado tiene activa participación. La adición no es ajena a tal argumento y si se admitiera el mero uso familiar o en actos que dependen de la denuncia y el arbitrio de la persona, se dejaría en sus manos la modificación que ella importa. La persona que conscientemente se aparto de las constancias de la partida de nacimiento y antepuso a su nombre otro, no demuestra sino un incorrecto proceder y no pueda pretender, por situaciones que él ha provocado con su conducta, alterar el principio de inmutabilidad del nombre, eje principio de la función individualizadora (conf. C.N.Civ. Sala D. E.D. 54-411, nro 24.267).
Asegurador, sentencia condenatoria
Materia: LABORAL -CIVIL
Carátula: TOLEDO HUGO RICARDO c/ CON SER S.A. s/ DEMANDA - DIFERENCIA DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-07-08

La polémica existente en el campo del derecho laboral, sobre si la llamada en garantía adquiere la condición de parte procesal, pese a no haber sido demandada y, en su caso, si puede o no ser objeto de condena, ha sido zanjada en forma definitiva por el art. 48 de la ley 7987 que prescribe: "el actor y el demandado podrán pedir la citación de terceros obligados, aseguradores o deudores solidarios, para que se los emplace a manifestar si el objeto del reclamo se encuentra garantizado o los vincula y a proporcionar los datos necesarios dentro del término de cuarenta y ocho horas.En todos los casos,se les emplazará para que comparezcan a la audiencia de conciliación prevista en el artículo anterior bajo los mismos apercibimientos, quedando constituidos como partes a todos los efectos procesales".

De tal modo frente a especulaciones de carácter dogmático ha prevalecido la justicia, despojándose el Derecho Procesal de todo exceso ritual, a fin de llegar a una solución rápida y eficaz para que los trabajadores disminuidos en su capacidad laboral, como consecuencia de un accidente o enfermedad vinculados con el tiempo más breve posible. Se ha buscado así una definición acorde con la realidad y con la tónica del derecho del trabajo, que permitiera la nivelación de posibilidades en condena judicial y con ella una más eficaz justicia.

El contrato de trabajo es una sub-especie del contrato de responsabilidad civil,en el que el beneficiario resulta un tercero ajeno a la relación aseguratoria - cuya situación el legislador pretende amparar, no sólo fijando límites mínimos a dicho seguro, sino también (hasta la sanción de la ley 24028) permitiéndole el accionar en forma directa contra el asegurador, sea indistinta o conjuntamente con su empleador. (Voto del Dr. Moisset de Espanés.).
Contratos administrativos, licitación pública, pliego de bases y condiciones, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GHIGGERI HNOS. S.A.C.I.F. c/ E.N. (Min. de Educac. y Justicia) s/ CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-24

En virtud del principio de legalidad debe entenderse que el sentido, la validez e incluso la eficacia de las previsiones de los pliegos de condiciones quedan subordinados a lo establecido en la legislación general aplicable al contrato, que los pliegos tienen por finalidad reglamentar (C.S.J.N. in re Espacio S.A. , del 22-12 93).
Estupefacientes, bien jurídico protegido, Salud pública
Materia: PENAL
Carátula: Torres, Angel Luis s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-20

La ley 23737 establece delitos de peligro indeterminado que afectan principalmente la salud pública, concepto comprometido dentro del más amplio de seguridad común, y que se refiere en sentido lato al estado sanitario de una población, caracterizándose aquélla por la indeterminación del peligro que la amenaza, ya que la salud pública es uno de los elementos integrantes del concepto objetivo de "seguridad". La circunstancia que estos delitos lleven consigo también un daño privado no es lo determinante como que lesionan la salud pública, idea que se encuentra estrechamente ligada a la de seguridad común y a la de peligro común indeterminado para las personas y los bienes. En síntesis, las acciones reglamentadas en la ley que comentamos, entrañan un gran peligro que se pone de manifiesto en la afectación comunitaria que genera la perturbación mental y física que el consumo de estupefacientes produce en los individuos, por la serias y nefastas incidencias familiares y sociales, y por su gran poder criminólogo (Voto del Dr. Riggi -en mayoría-).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, juicios en que la Nación es parte, valor disputado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Conapa (Cía. Naviera Paraná) c/ Banco Nacional de Desarrollo s/ incumplimiento contractual.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23

Para la procedencia del recurso ordinario de apelación en tercera instancia en causas en que la Nación directa o indirectamente reviste el carácter de parte, resulta necesario demostrar que "el valor disputado en último término" - o sea aquél por el que se pretende la modificación de la condena o "monto del agravio" exceda el mínimo legal a la fecha de su interposición.
Leyes, ley de orden público, Constitución Nacional, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, GUSTAVO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-19

Si bien el artículo 1101 del Código Civil es una norma de orden público, los jueces al evaluar su aplicación al caso concreto deben efectuar una interpretación constitucional de la misma, teniendo especialmente en cuenta la reforma constitucional de 1994 que estatuyó la incorporación a la Constitución nacional de los Tratados Internacionales y con ello elevó a la máxima jerarquía normativa el principio de la razonabilidad de los procesos judiciales, como garantía y elemento del debido proceso; debiéndose además tener presente lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que abrió un camino jurisprudencial asentado en la flexibilización de la prejudicialidad penal, fundado en el argumento de que la demora indefinida de las actuaciones penales, en sus efectos en el orden civil, está en pugna con el derecho de defensa y trae aparejada una efectiva privación de justicia - CITAS: CSJN: "Ataka" Fallos 246:87. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional: artículos 18 y 75, inciso 22; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8; Declaración Americana de los Derechos del Hombre, artículo XXV; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.3.c; Convención Internacional de los Derechos del Niño. - DOCTRINA: Bidart Campos "La duración razonable del proceso", LA LEY, 154-85
Medidas cautelares, reincorporación, despido, período de prueba, suspensión de despidos, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: LABORAL
Carátula: Santos, Bárbara Anabella c/ Maxsegur SRL s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-22

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la trabajadora que había sido desvinculada de su empleo durante el período de prueba, y ordenar la reincorporación de la misma a su puesto de trabajo, puesto que si bien la cuestión de fondo excede el marco de una medida cautelar, el derecho invocado por la actora es verosímil, como así también es clara la configuración del peligro en la demora, en la medida en que lo expresado en el Decreto 329/2020 (prohibición de despedir) alude a la excepcional situación derivada de la pandemia que conlleva la necesidad de adoptar medidas que aseguren a los trabajadores que la situación de emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo. Asimismo, la coincidencia material de la decisión cautelar con la petición de fondo no supone adelanto jurisdiccional, en tanto se trata de una decisión provisional que no obsta al correspondiente debate sobre el derecho y la eventual desestimación del planteo inicial.