marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Garantías procesales, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Erazun, Ramón Rufino c/ Ferrocarriles Argentinos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-17

El medio más propicio para asegurar que el servicio de justicia sea irrestricto a cualquier persona solo se logra mediante su gratuidad en el momento del acceso a él y hasta que el derecho sea decidido, es decir, hasta el momento en que los jueces se expidan definitivamente en la causa, dando a cada uno lo suyo (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, control de constitucionalidad, Estado Provincial, facultades delegadas, facultades no delegadas, Constitución Nacional, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTOCCHIA, JUAN RUBEN Y OTRA c/ B.B.V.A- BANCO FRANCES s/ Cuestión a resolver ¿son competentes los tribunales ordinarios para  entender en las acciones contra instituciones financieras por  cumplimiento de contratos bancarios relacionados con las  disposiciones contenidas en la ley 25561/02, sus reglamentaciones y  complementarias? (Expte.: nro. 108, año 2002) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-04

Ha dicho el más Alto Tribunal, que la aptitud jurisdiccional de los tribunales de todo el país para ejercer el control de constitucionalidad halla su fundamento en la obligación de las provincias de asegurar su administración de justicia, objetivo que torna necesario que sus jueces no se aparten del principio de supremacía constitucional (art.5 , Constitución Nacional), para que dicha obligación se cumpla de manera plena y eficaz. (Del Voto del Dr. Cordini).
Responsabilidad solidaria, prueba insuficiente, concesión comercial
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Bello, Noelia Elizabeth c/ Maleh, Hernán Salomón y Otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-13

Resulta insuficiente como para fundar la atribución de responsabilidad solidaria contra la codemandada Deno S.A. en los términos del art. 30 de la L.C.T., el hecho de haber celebrado ésta un contrato de concesión con otra coaccionada del local donde se desempeñaba la actora, dentro de las instalaciones de un shopping y cuyo precio de locación consistía en la percepción de un porcentaje de la facturación mensual llevada a cabo en dicho establecimiento comercial. No surge de la causa elemento válido alguno que permita inferir la existencia de los recaudos necesarios para que opere la solidaridad contemplada por el referido artículo.
Entidades financieras, banco central, poder de policía, policía bancaria y financiera, responsabilidad de los directores
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco Alas Cooperativo Limitado (en liquidación) y otros c/ Banco Central de la República Argentina. Resol. 154/94
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

Las personas o entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras conocen de antemano que se hallan sujetas al poder de policía financiero y bancario del Banco Central, y que es la naturaleza de la actividad y su importancia económico-social la que justifica el grado de rigor con que debe ponderarse el comportamiento de quienes tienen definidas obligaciones e incumbencias en la dirección y fiscalización de los entes financieros. Su responsabilidad es la consecuencia del deber que les incumbe al asumir y aceptar funciones que los habilitan razonablemente para verificar y oponerse a los procedimientos irregulares, sin que las modalidades de la gestión del negocio social puedan excusarlos de sus obligaciones. Esa responsabilidad se ve comprometida toda vez que se verifican infracciones cuya comisión ha sido posible por su realización deliberada, o por su aceptación, tolerancia o negligencia -aunque sea con un comportamiento omisivo -(esta Sala en autos "Galarza", del 1/9/92; y "Crèdito Popular de Merlo", del 3/9/92); salvo que invoquen o demuestren la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida ("Groisman", del 13/7/82), la que aquí no se ha evidenciado. No basta para eximir a los integrantes de los órganos ejecutivos o de control de las entidades financieras la mera alegación de ignorancia, en tanto ello comporte el incumplimiento de las obligaciones como tales, por lo que resultan sancionables quienes, por omisión, aún sin actuar materialmente en los hechos, no desempeñaron su cometido de dirigir y fiscalizar la actividad desarrollada por aquéllos, y coadyuvaron de ese modo, por omisión no justificable, a que se configuraran los comportamientos irregulares.
Registros laborales, libros del empleador, obligaciones del empleador
Materia: PROCESAL
Carátula: LUNA MARIO RODOLFO c/ PALACIO ERIC ALFREDO s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-14

El hecho consistente en que el actor trabajo solo tres o cuatro días y ocasionalmente durante una semana o realizo tareas eventuales respectivamente; no exime al empleador de registrarlo en los libros de sueldos y jornales; ya que tal actitud no querida por la ley, impide al tribunal saber si el actor se desempeño en algún momento para la demanda y como lo hizo. No debe perderse de vista que el empleador, es el único que se encontraba en condiciones de aportar esa prueba, por obrar en su poder y su reticencia u omisión puede valorarse conforme el art. 19 de la ley 5732.
Beneficios previsionales, régimen jubilatorio municipal, carácter no remunerativo, carácter no bonificable, carácter remunerativo, movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CORDOBA RODOLFO ARMANDO c/ CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-26

En el presente caso, el fallo atacado consideró adecuadamente que el adicional no remunerativo integra la retribución del cargo y a la vez, reviste el carácter de regular y habitual, del que surge indubitable su carácter remunerativo, por lo tanto declara la inconstitucionalidad de la Ley Nro. 6339 y anula los actos impugnados porque han transgredido el principio constitucional de movilidad jubilatoria, en base al cual el haber del pasivo se reajusta (conforme un sistema legalmente determinado) a los incrementos que sufre la remuneración del cargo en actividad.

En consecuencia, nada tiene que ver que dichos rubros, (judicialmente considerados remunerativos), no hayan sido percibidos por el jubilado cuando éste se encontraba en actividad, pues al integrar la nueva remuneración del cargo del activo, por el principio constitucional de movilidad, se traslada al haber del pasivo mediante el correspondiente reajuste.
Banco central, régimen de garantía de los depósitos
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: LOIACONO, JULIO c/ B.C.R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-09

Por tener el BCRA facultades para verificar la legitimidad de los depósitos respecto de los que ha de hacer efectiva la garantía del art. 56 ley 21.526, puede exigir de los titulares de los certificados las constancias y antecedentes que acreditan el carácter genuino y regular de la imposición. Para garantizar el derecho de defensa basta la posibilidad para el interesado de producir prueba, aunque por razones de su exclusiva incumbencia la haya declinado rechazando en el caso por improcedente la requisición extrajudicial de tales probanzas.
Recurso contencioso administrativo, caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Sheridan, Alberto Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330 (Expte. CSJ Nº 1682-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-01

En nuestro sistema procesal, donde el artículo 233 de la ley de forma reza que "Los litigantes podrán también pedir la declaración de caducidad por vía de acción o de excepción antes de consentir ningún trámite del procedimiento", el saneamiento de la instancia no procede de manera automática.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho penal
Materia: TRIBUTARIO - PENAL
Carátula: TRANSPORTE MAXI Y MAIDANA, NESTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE REVOCATORIA. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA   JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 280-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-06-23

Esta Corte ha dicho que cuando en materia tributaria se recurre al derecho penal, no se hace para integrar ambos regímenes sino para encontrar principios e instituciones que son propios de todo poder punitivo, estableciendo claramente la diferencia entre el poder punitivo administrativo y el poder punitivo penal.
Adopción, derecho a conocer la identidad de origen, adopción plena, leyes, interpretación de la ley, menores, interés superior del niño
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: L., A. K. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR LA ASESORA DE MENORE  S -APELACION RESOLUCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 338 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30

La adopción plena, atendiendo a los efectos que le atribuye la ley (artículo 323 del Código Civil), siempre supone, por la propia naturaleza de las cosas, una ruptura con vínculos familiares biológicos; los familiares "pierden parte de su identidad" -si se permite la expresión- a partir del emplazamiento del adoptado en su familia adoptiva, circunstancia que seguramente no ha escapado a la prudencia del legislador -cuya inconsecuencia o imprevisión no cabe suponer - a la hora de disponer que la adopción plena "confiere al adoptado una filiación que sustituye a la familia de origen.

El adoptado deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta, así como todos sus efectos jurídicos, con la sola excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales".

Al respecto, el artículo 323 del Código Civil, ley 24.779, reproduce el texto del artículo 12 de la vieja ley 19.134, ley que en punto a la adopción plena organizara un sistema moldeado a imagen de otras figuras existentes en el derecho comparado -Francia, que la instauró en 1939, Bélgica, Portugal, Italia, España, Chile-, y donde el rasgo determinando ha sido "la finalidad de proteger a la familia abandonada y preservar primordialmente el interés del menor a desarrollarse en el seno de una familia donde sea destinatario de vínculos afectivos", siendo entonces "el propósito primero y principal" facilitar el encuentro de quien alimente, eduque y ejerza autoridad sobre el menor en estado de desamparo. (De los fundamentos del Dr. Spuler)
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, uso de sirena
Materia: CIVIL
Carátula: Cabrera, Roberto y otra. c/ Pécora, Miguel Angel y otros. s/ Sumario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-07

El uso inadecuado o innecesario de la sirena de alarma de un móvil policial, basta para comprometer seriamente su responsabilidad, porque más allá de la errada interpretación del conductor del rodado que lo antecedía, la violación de las disposiciones reglamentarias pertinentes constituye la causa eficiente del accidente. El art. 93, segunda parte, de la ley 5800 y sus concordantes de la ley 13893, contemplan el uso de bocinas o aparatos sonoros de advertencia, pero circunscripto a los casos de emergencia en que se acuda a un siniestro o prestación de servicios de urgencia.
Propiedad horizontal, asamblea de consorcistas, convocatoria a la asamblea de consorcistas, nulidad de asamblea de copropietarios
Materia: CIVIL
Carátula: VILLALBA, Faustino y otros c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS CRAMER 305/315/329/345/355/371 s/ NULIDAD DE ASAMBLEA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-26

Aun cuando los poderes agregados en el libro de actas, no contengan la certificación prescripta por el Reglamento de Copropiedad, si todos los asistentes, inclusive los impugnantes, consintieron la validez de la constitución de la asamblea, tal circunstancia obsta a la nulidad del acto.
Procedimiento contencioso administrativo, asistencia médica, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto de Obra Médico Asistencial c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Instituto de Obra Médico Asistencial s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Una vez que el ente de cobertura de salud es intimado a pagar el costo de las prestaciones que el hospital de la Ciudad le brindó a sus afiliados, su falta de impugnación permite tener por reconocida la deuda, al menos, a lo fines de su ejecución. Naturalmente, esa es la oportunidad para exponer ante la respectiva Administración los óbices al reclamo que ella formula. La formulación de esos óbices obliga a la Administración a considerarlos a la hora de fundar el acto que los resuelva. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Interversión de título, recurso de casación, economía procesal, iura novit curia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Santucho, Rosario de Jesús c/ Arias Clarisa del C. s/ Reivindicación s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-31

Contra la sentencia de Cámara que resolvió hacer lugar a la acción de reivindicación a la luz del Art. 3449 del C.C, que establece que si hay varios herederos de una sucesión, la posesión de la herencia por algunos de ellos aprovecha a los otros, y rechazar la defensa de prescripción adquisitiva, recurre en casación la demandada. La cuestión debatida se circunscribe a determinar si el coheredero de la actora, ya fallecido-vendedor-, poseía el inmueble en cuestión a nombre propio,con, corpus y animus domini y por el tiempo que establece la ley civil para la prescripción adquisitiva, de la que ahora pretende prevalerse la demandada-tercera adquiriente por boleto de compraventa- a fin de rechazar la pretensión de reivindicación de la actora.

Parece claro que los hermanos de la actora entraron en posesión de la herencia de un fundo de propiedad de sus padres a la muerte de la madre de aquellos-1983-.Tal circunstancia de indivisión del acervo hereditario de que se trata permaneció inalterable hasta el mes de diciembre de 1997 en el que se practican mensuras que dividen el fundo originario en tres lotes que se atribuyen individualmente a cada uno de los hermanos con su correspondiente matrícula catastral.

La cuestión es que recién desde ese momento puede atribuirse a los herederos del fundo originario la intención concreta de poseer en forma exclusiva cada uno de los lotes, haciendo cesar de hecho la indivisión hereditaria. Teniendo presentes los requisitos ineludibles para la prescripción adquisitiva -posesión y plazo legal-, ha quedado demostrado en autos, con respecto al primero, la posesión, que los herederos intervirtieron sus títulos, poseyendo en nombre propio y haciendo cesar la indivisión hereditaria en los términos del Art. 3460 del CC.

Sin embargo, en relación al segundo requisito ineludible, el transcurso del tiempo, surge que la fecha de interversión del título por parte del heredero fallecido no puede ser otra que la fecha de aprobación de la mensura del terreno a su nombre - diciembre de 1998, fecha de registración en la administración General de Catastro-, pues no está probado en autos otro acto posesorio hábil para la interversión desde una fecha anterior.

De ello se deriva que ni uniendo el lapso posesorio del hermano de la actora con el de la demandada desde el fallecimiento de aquel se encuentra cumplido el plazo de 20 años para que se opere la prescripción adquisitiva de la que la demandada pretende prevalerse para rechazar la acción de reivindicación de la actora, por lo que corresponde rechazar el recurso intentado, confirmando la conclusión a la que arriba el fallo de Cámara por razones de economía procesal, aunque por distintos fundamentos en relación a la calificación jurídica de las cuestiones debatidas y en base al irrenunciable principio del iura curia novit.
Beneficios previsionales, haber jubilatorio, pago, efecto retroactivo, acto administrativo de alcance particular, acto administrativo de alcance general, presupuesto nacional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MAMONE, ELSA DOMINGA c/ ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL - MINISTERIO DE TRABAJO s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-25

Si el organismo al dictar la resolución asumió el compromiso de abonar el retroactivo en una fecha determinada, no se encontraba habilitado para luego omitir su pago por la aplicación mecánica del Dec. 332/97 -ya vigente a la fecha del dictado de aquélla- sin haber procedido a la revocación parcial de lo decidido mediante nueva resolución fundada, seguida de su debida notificación; todo ello con arreglo a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 15 de la ley 24.241. No empece lo expuesto la legitimidad del diferimiento del pago dispuesto por el decreto referido, basada en la autorización conferida por el art. 49 de la ley de presupuesto 24.764, por cuanto la mera vigencia de esas disposiciones de alcance general no excusaban a la A.N.Se.S. del dictado de un acto administrativo de alcance particular que hiciera aplicable esa postergación al caso concreto. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Ley de defensa del consumidor, seguro de vida, seguros, prescripción, denuncia del siniestro, incumplimiento del contrato, cobertura, exclusión de la cobertura
Materia: CIVIL
Carátula: Jerez, Hugo Luis c/ Sancor Cooperativa de Seguros s/ Cobro seguro de vida Cobro seguro de vida
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-03

La Ley de Defensa del Consumidor, es una ley especial que: a) es una derivación directa de la Constitución Nacional (Art. 42 de la Carta Magna) (SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.3.2.1. "Es uno de los Derechos Civiles Constitucionalizados", página 65, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2010); b) es una norma de orden público (Art. 65 de la Ley 24.240); c) crea un sistema autónomo y autorreferente (LORENZETTI, Ricardo Luis; Consumidores, Segunda edición actualizada, "Autonomía del microsistema", página 49, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2009); d) es una norma que tiene preeminencia frente a otras leyes generales o especiales (Art. 3 de la Ley 24.240). Por ello, es que en el caso de existir conflicto entre la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Seguros, resulta claro y evidente el privilegio y la preeminencia de la normativa que deriva expresamente de la Constitución Nacional (Art. 42).
Divorcio, prueba, separación de hecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: H., M. c/ B., E. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

En la causal de separación de hecho, el juez no tiene porqué investigar ni establecer los motivos de la misma, ni atribuir culpa o inocencia de uno o ambos cónyuges, ya que estos conceptos no integran la causal prevista en los arts.204 y 214, inc.2 del Cód.Civil. Así, la declaración judicial que decrete la separación personal o el divorcio de los cónyuges, no habrá de aludir a ellos.

En la sentencia no habrá de mencionarse inocencia o culpa de cónyuge alguno si se funda en la separación de hecho.
Acción reivindicatoria, presunciones, poseedor
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Córdoba, Provincia de c/ Zontella, Juan Carlos s/ reivindicación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

La declaración del art. 2790 del Código Civil coloca al demandante en un plano favorable dentro del litigio, al dar provisoriamente como cierta la calidad de poseedor y propietario de quien le transmitió el derecho.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, convertibilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ Getino, Nicolás Froilán. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

Es formalmente procedente el recurso extraordinario si se ha cuestionado el alcance dado a la ley 23.928.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, costas, honorarios, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: JANSSEN  FARMACEUTICA  SOCIEDAD  ANONIMA;SCHERING  ARGENTINA  S.A.C.; DUPOMAR S.A. Y OTROS s/ acción de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-29

Procede el recurso extraordinario en lo atinente a la imposición de las costas, cuando el decisorio no satisface la exigencia de validez de las sentencias que impone siempre la aplicación razonada del derecho vigente con adecuada referencia a los hechos comprobados de la causa.
Ley de Concursos, competencia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Rosiere,  Jesús  Nazareno s/ conc.  prev.  s/  inc.  cuestión decompetencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

Las normas de competencia en la ley de concursos, no son meras disposiciones para la distribución de causas entre los tribunales, sino que atienden a la naturaleza del procedimiento que, en definitiva, afecta a una universalidad activa y pasiva.
Promoción de la corrupción, corrupción de menores
Materia: PENAL
Carátula: A, L A s/ PROMOCION DE LA CORRUPCION DE MENORES      EXPTE NRO 34-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-07-12

Estamos ante un acto de promoción de la corrupción de menores de edad, traducido no sólo en el acto de significado sexual, sino en la exhibición de revistas de grosero concepto con directa invitación a repetirlos. Lo que realmente interesa, es la idoneidad de los actos y el estímulo que acentúan aquéllas, expresada en los actos materiales, palabras y exposición de elementos tendientes a insertar en la víctima pensamientos degradantes y alteradores de la noción natural de la relación sexual.
Contratos administrativos, modificación de las condiciones del pliego
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Follonier, Ivan Leopoldo Matías c/ Municipalidad de San José s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-08-04

Emerge de las propias manifestaciones del accionante que se negó a suscribir el contrato por cuanto a su entender existían cláusulas más gravosas en el contrato de concesión que las del Pliego de Bases y Condiciones; sin embargo, dicho fundamento con el que intenta justificar su incumplimiento, no resultan atendibles ni han sido probados.

Los parámetros iniciales del pliego de bases y condiciones pueden sufrir diversas adecuaciones hasta llegar al proyecto definitivo de contratación, sin que ello vulnere el principio de igualdad debiendo regir en materia de procedencia de las adecuaciones de los contratos en relación con los pliegos de bases y condiciones el requisito. Desde dicha óptica, no se advierte que haya habido una irrazonable modificación en las cláusulas contractuales que justificaran el accionar del accionante.
Sobreseimiento, sentencia definitiva, recurso de casación, improcedencia del recurso, fundamentación del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Barrita, José (a) El Abuelo s/ recurso de casación Causa: 639
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

Los planteos en donde se aduce la falta de certeza absoluta en el dictado de sobreseimiento, resulta inabordable por este carril impugnativo de excepción pues el pronunciamiento que nos ocupa, cuya naturaleza se ha equiparado a sentencia definitiva, tiene su motivación en la duda lo que obsta a su tratamiento en tanto la aplicación de este instituto es una típica cuestión de hecho y prueba, propia de los jueces de la causa y a la que por vía de principio es dable respetar.