marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, acumulación de procesos, debido proceso, producción de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Saint Amant, Manuel s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-15

Corresponde soslayar el requisito de sentencia definitiva o equiparable a tal cuando lo decidido pone en riesgo garantías constitucionales. La distribución de expedientes a los tribunales orales en función de lo dispuesto por Ac. 24/2004 no puede erigirse en óbice al mejor y más adecuado aseguramiento del ejercicio de la defensa de las partes y el debido proceso en casos en que, por tener imputados y prueba en común, disgregar las causas provocaría un dispendio jurisdiccional pues, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ac. CS 42/2008 y la Ac. CFCP 1/2012, deben evitarse dilaciones en el trámite o reproducciones de lo ya manifestado.
Constitución Nacional, tipo penal, delito de peligro
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: A. Gas  S.A.  y otros c/ AGIP  Argentina  S.A.  y otros s/ infr. ley 22.262.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23

No es exigencia constitucional que toda figura delictiva deba producir un daño para ser punible, pues tal razonamiento prescinde de la existencia de tipos delictivos constitucionalmente válidos y en los que el resultado de la acción consiste en la creación de un peligro.
Superior Tribunal de Justicia, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, proceso penal, auto de procesamiento, debido proceso, doble instancia, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: S., R. E.; R., A. J. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DEFRAUDACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 136 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-18

Si bien la autoridad de los precedentes "Gervasoni" y "Postiglione" de la Corte local conduciría "prima facie" al favorable acogimiento del recurso en la medida en que se verifique suficiente similitud con el caso bajo examen, no puede escapar al juicio de la Corte que el Alto Tribunal de la Nación "in re" "Abraham Jonte" recientemente ha explicitado su posición en un sentido contrario al que se sostuviera mayoritariamente, admitiendo en definitiva que con el procesamiento por la Alzada no se ofende la garantía de la doble instancia (y, en general, el debido proceso), colocando al Cuerpo ante la necesidad de revisar su propio criterio en la materia atento al acatamiento que en principio debe a los fallos del intérprete final de la Constitución. En esa obligada tarea de "ajuste jurisprudencial" no ha de olvidarse, asimismo, que con relación a la garantía de la "doble instancia", se ha señalado recientemente que "el diseño del sistema judicial santafesino permite asegurarla mediante el recurso de inconstitucionalidad local reglado por la ley 7.055, atendiendo a las pautas fijadas por el Alto Tribunal de la Nación in re 'Caric Petrovic, Pedro y otros' (mayo 28, 2002)", cuando el mismo expresara que la salvaguarda del acceso a la revisión de las condenas penales (y a "fortiori ratione", de los procesamientos) "se satisface siempre y cuando el recurso no se regule, interprete o aplique con rigor formalista", observándose "con palabras que bien valen para nuestro ordenamiento local, que las disposiciones que regulan el recurso de inconstitucionalidad son lo suficientemente flexibles para admitir los agravios por arbitrariedad de sentencias". En consecuencia, ante un procesamiento dictado directamente por el tribunal de alzada a instancias del Ministerio Público Fiscal, aunque el encartado ya no pueda plantear impugnaciones con el solo fundamento de la violación a la citada garantía constitucional y convencional, siempre podrá acceder a una revisión de lo decidido por la vía del recurso de inconstitucionalidad, configurándose entonces un supuesto que habilitará a excepcionar la regla -reiteradamente sostenida- según la cual resoluciones de tal naturaleza están excluidas del recurso extraordinario por no poner fin al proceso ni hacer imposible su continuación, excepción que aparece justificada directamente por el hecho de generarse entonces un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior para el derecho que con elevada jerarquía consagra el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos. (Del Voto Del Dr. Vigo Al Que Adhiere El Dr. Spuler)
Prueba, presunciones, apreciación del juez, recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba, sentencia, fundamentación de sentencias, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C, N. A.  y otro s/ Falsificación de documento. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte.   CSJ Nº 441-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-21

La apreciación de la prueba es, en principio, facultad de los jueces de la causa y no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria; aún en el caso de presunciones. No obstante, tal regla no es óbice para que el Máximo Tribunal conozca en aquellos casos cuyas particularidades autorizan hacer excepción a dicho principio con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, toda ve z que con ésta se tiende a asegurar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Recurso de revisión (procesal), sentencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Frydlewski, Marcelo Samuel c/ Calandra, Roberto Jorge s/ DA%OS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

Las decisiones de la corte no son susceptibles del recurso de revisión.
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Vittaz, José Miguel y otros c/ Provincia de San Juan s/ Cobro de Pesos - Casación e Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-07-08

La resolución que declara la competencia del tribunal de merito, no pone fin a la relación sustancial constitutiva del juicio, no toca para nada la cuestión de fondo, desde que esta declaración no ha privado al interesado de su facultad de hacer valer sus pretensiones o defensas en la sede declarada legalmente competente.
Ejecución fiscal, recurso de apelación (procesal), honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: D.N.R.P. c/ Vidal  de Docampo, Clara Aurora s/ ejecución fiscal-inc. de ejecución de honorarios-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

Toda vez que existe una norma específica que veda la apelación de las sentencia en las ejecuciones fiscales (art. 92 de la ley 11.683, texto según ley 23.658), sin hacer salvedad alguna con relación a los honorarios allí regulados, no corresponde integrar el régimen con lo previsto para el juicio ejecutivo por el art. 554 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Disidencia del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, abandono del hogar conyugal, abandono voluntario y malicioso, separación de hecho, interrupción de la cohabitación, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: R., F.L. c/ L., R.E. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

Si quien pretende el divorcio vincular en los términos del art. 202, inc. 5 , del Código Civil, además ha planteado en la demanda y probado a través del proceso, la interrupción de la cohabitación sin voluntad de unirse por un tiempo superior a los tres años, la causal contenida en el art. 214, inc. 2 , del mismo código, también ha quedado incorporada a la causa, razón por la cual, de no acreditarse los extremos que justifiquen la primera, el divorcio podrá decretarse por ésta última.
Fundamentación de sentencias, libre convicción
Materia: PENAL
Carátula: Ulibarrie, Diego Manuel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-25

Una sentencia fundada en la íntima convicción resulta inválida ante el derecho internacional de los derechos humanos, pues se trata de un juicio subjetivo de valor que no se fundamenta racionalmente y respecto del cual no se puede seguir ni criticar el curso de razonamiento que lleva a la conclusión de que un hecho se ha producido o no se ha desarrollado de una u otra manera, conforme ha sostenido nuestra Corte Suprema en Casal.
Trabajadores portuarios, remuneración, salarios garantizados, jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, CARLOS ALFREDO Y OTROS c/ LINGAS  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

No corresponde, a fin de acceder a la categoría 'Obreros guincheros con 20 jornales garantizados' (inciso 2 del artículo 11 del Convenio Colectivo de Trabajo 75/75), computar como dos jornadas los días en que por trabajar doce horas, se hubiesen percibido dos jornales ya que el convenio distinguió entre 'jornada' (la que fijó en un mínimo de veinte en tres meses continuos o cinco alterados) que es el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador, y 'jornal' que es la remuneración de un día y que puede alcanzar a más de uno por día, según la cantidad de 'turnos' trabajados.
Ministerio Público Fiscal, escalafón
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tramite personal - solicitud - dieta de Herrero, Ana s/ ley 24.121.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

No se ve cercenada la carrera para quienes sean parte del Ministerio Público Fiscal que, más allá de poseer su propio escalafón - como de hecho existe en las distintas instancias y dependencias de los diferentes fueros del Poder Judicial -, el acceso a cargos superiores, como el de juez, requiera en definitiva determinadas condiciones óptimas de admisibilidad, sea previa selección y acuerdo del Senado en la forma en que proceda (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Menores, tutela
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: B., S. s/ Medida cautelar (Expte Nº156-97, Resolución Nº105, Tomo 3, Folio  412)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-10-03

La elección de la medida tutelar adecuada para la formación y protección integral del menor y que permita a su cabo evaluar la necesidad de imponerle una sanción, deberá hacerse no sólo reservándose como medida de último recurso el encarcelamiento del joven tal como establece el art. 37 inc. b. de la Convención de los derechos del niño), sino además, respetándose el Código Procesal de Menores, para eventualmente avanzar sobre las que son de índole más interventivas recién luego de haber descartado fundadamente las que son menos.
Seguros, productor asesor de seguros, responsabilidad civil, responsabilidad penal
Materia: COMERCIAL
Carátula: OSCAR MARUZZA c/ ALEJANDRO RIGADA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-07

La ley 22400 establece el sistema, procedimiento y graduación de las sanciones para cada conducta del productor que viole la ley, remitiéndose a la ley 20091. Pero, las responsabilidades y consecuencias por el incumplimiento de aquellas, no se agotan en el contenido de la ley citada, porque solo es comprensiva del aspecto estrictamente profesional de este auxiliar. Por eso, el productor, como cualquier otro ciudadano, es responsable civilmente por su obrar culposo, negligente o doloso frente al asegurado, y en tales casos, deberá afrontar las consecuencias previstas en el sistema de responsabilidad del código civil y el sistema punitivo del código penal.
Cuestiones de competencia, competencia criminal y correccional, competencia penal, prevención y responsabilidad penal juvenil, desobediencia, amenazas, abuso sexual
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS CAC c/  s/ 129 2 PÁRR. - EXHIBICIONES OBSCENAS (AGRAVADO POR LA EDAD)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-08

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional si, a pesar de que los delitos configurados serían tanto de competencia nacional como local (abuso sexual, amenazas, desobediencia) y sucedieron en el marco de un mismo contexto de violencia de género, fue la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional la que ha intervenido en la causa preexistente y ha tomado conocimiento primeramente del contexto de violencia en que se enmarcan los casos (de conformidad con la doctrina de este Tribunal en "Incidente de competencia en autos B., P. U. s/ 149 bis - amenazas s/ Conflicto de competencia I", expte. n° 16365/19, sentencia del 21/10/2019). Máxime, si se tiene en cuenta que se trata de un supuesto de violencia de género en el que las víctimas han comparecido personalmente y participado de diversas diligencias probatorias, de modo tal que la eventual radicación de las actuaciones ante el fuero local conllevaría un alto riesgo de revictimización que debe evitarse. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg, por remisión al dictamen fiscal)."
Circunstancias sobrevinientes, apreciación del juez, exclusión de socio
Materia: COMERCIAL
Carátula: MELO PACHECO PATRICIA C/ HERRERA JOSE MARIA S/ EXCLUSIÓN c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-05-19

El hecho nuevo no puede implicar la introducción de una nueva pretensión, ni la variación de los términos en que se trabó la litis, sino el aporte de circunstancias fácticas tendientes a confirmar o completar la causa de su pretensión, y por lo tanto, relevantes a los fines de la decisión.
Obligaciones, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mustafá, Eduardo c/ Dahir, Jorge Alberto s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-09

Sin perder su carácter bilateral, las obligaciones recíprocas pueden adquirir cierta independencia, cuando, por ejemplo, deben cumplirse en distintos momentos. Esta particularidad determina que la mora se produzca, en principio, en forma separada para cada obligación. Y la conclusión de lo expuesto es que la mora o el retardo de una de las partes, elimina la posibilidad de mora de la otra, en tanto no cumpla o se allane a cumplir su propia obligación.-
Acreedor hipotecario, concurso especial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MAG FUNDICION DE ALUMINIO  S.A.C.I.F.I. s/ QUIEBRA PROPIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-05

La circunstancia de que un acreedor hipotecario no haya seguido el procedimiento que autoriza el art. 203 de la ley 19.551 no le hace perder su privilegio dado, y si no utilizó los trámites de una ejecución para obtener una sentencia de trance y remate, en nada mejora los derechos de su acreencia.-
Acción de amparo, seguros, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Aybar Julio César c/ Caja de Seguros S.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-17

Resulta improcedente la acción de amparo tendiente al pago de la indemnización derivada de un contrato de seguro de vida o enfermedad inhabilitante, pues las cuestiones planteadas revisten una complejidad que excede el marco del trámite sumarísimo, y no se ha acreditado el perjuicio irreparable que le ocasionaría al amparista recurrir a las vías legales ordinarias.
Acción de amparo, contratos administrativos, caducidad del acto administrativo, pacto comisorio expreso, incumplimiento del contrato, plazo indeterminado, fijación judicial, constitución en mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mutual del personal Legislativo y de la Comluna de la Cdad. de Bs. As. c/ Gobierno de la Ciudad de Bs. As. s/ Amparo Cdad. de Bs. As. c/ Gobierno de la Ciudad de Bs. As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-20

En el caso, del instrumento que unía a las partes no surge plazo alguno para el cumplimiento de las obligaciones convenidas. Siendo así, la mora del deudor sólo pudo ser precedida de un expreso pedido del acreedor al juez para que fije el plazo aplicable (art. 509 tercer párrafo del Código Civil).

Las partes pactaron que la resolución por incumplimiento debía ser precedida de la constitución en mora y la notificación fehaciente de la voluntad resolutoria. Pero es claro que ello requería en forma previa la fijación de un plazo de cumplimiento a partir del cual pudiera valorarse el cumplimiento de lo pactado.

Sabido es que todo contrato debe celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo a lo que las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, y tal principio es aplicable al ámbito de los contratos regidos por el derecho público (Fallos; 316:212; 315:158; 319:469). Por lo demás, no solo la buena fe sino también la seguridad jurídica se encontrarían gravemente resentidas si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura desconocer las consecuencias de lo pactado. Siendo así, mal puede reputarse que el contratista se encontraba en mora si no había sido fijado ni contractual ni judicialmente un plazo preciso para la ejecución de las obras convenidas. (Del voto en disidencia de Dr. Esteban Centanaro).
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, gravedad y repercusión social del hecho, graduación de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PARE, Rubén E. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-27

Si bien las escalas penales previstas para sancionar los delitos no pueden funcionar como parámetros excluyentes para otorgar la libertad (*), la gravedad y la naturaleza de los hechos que se le imputan al encausado, entre los que se destaca haber sustraído, en compañía de otro sujeto, dinero mediante la utilización de un cuchillo, sumado a los procesos en trámite que registra, conforman una pauta objetiva suficiente para denegar el pedido de excarcelación (art. 319 del C.P.P.N.).

En consecuencia, corresponde confirmar la resolución por la que se deniega la excarcelación del imputado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, menores, representación legal, Ministerio de Menores, sentencia, ejecución de sentencia, juicio de desalojo
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: QUAINO, RODOLFO c/ BRU, EDUARDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ORDINARIO- INCIDENTE DE EJECUCION DE SENTENCIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 360 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-01

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensora General de Cámaras contra la sentencia que desestimó la nulidad de las actuaciones planteada con sustento en que se habían ignorado los intereses de los menores- al perderse su vivienda y menoscabarse sus derechos humanos constitucionalmente protegidos en la Convención de los Derechos del Niño- y que si bien se había dado intervención formal al representante promiscuo, no se convalidó lo actuado.

Ello por cuanto la compareciente perfila su queja planteando "la arbitraria meritación de la intervención que la ley le acuerda al Ministerio Pupilar conforme el artículo 59 del Código Civil", pero pero sin lograr acreditar que los juzgadores hubiesen incurrido, al decidir como lo hicieran, en los vicios endilgados.

Ello así, pues lo decidido por el A quo viene referido a un desalojo de vivienda en el trámite de ejecución de sentencia, y en punto a ello, los sentenciantes entendieron que "no se dan los recaudos contenidos en el artículo 59 del Cód. Civil que autoricen la intervención del Ministerio de Menores como parte legítima y esencial, desde que en estos autos los hijos menores del accionado no demandaron ni fueron demandados, no estando comprometidos bienes que les pertenezcan" reflexionado, además, que el remedio para la situa ción de pérdida del hogar alegado debió encausarse en su caso, en el ámbito de la asistencia del Estado, "mas no en el marco deesta causa, orientada -y limitada- a la solución de un diferendo de naturaleza contractual".
Conflicto de poderes, legitimación activa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Consejo Deliberante de la Municipalidad de San José - Dpto Santa María c/ Intendente de la Municipalidad de San José - Dpto Santa María s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-11-09

Se configura el conflicto si un poderes ha invadido la esfera de otro o su zona de reserva cercenándole sus facultades.

Ahora bien, en un conflicto de poderes carece de legitimación activa el poder supuestamente avasallante.

En efecto, únicamente puede en principio comparecer a plantear el conflicto la autoridad que ha sido avasallada en las facultades que les son propias, supuestamente en forma inconstitucional o ilegal y con la finalidad única de hacer cesar esa invasión de extraña jurisdicción en su zona de reserva.
AFIP DGA, contratos administrativos, prórroga del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Compañía  Argentina de Estibajes Marítimos y Almacenajes  C.A.D.E.M.A S.A.I.C.F.I. y A. c/ Administración General de Puertos s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

Siendo que la "renovación" o "prórroga" del término contractual inicialmente previsto en el art. 4 de la resolución 314/69 del Administrador General de Puertos únicamente podría ejercerse por término no superiores a tres años ni inferiores a uno, resulta totalmente irrelevante que sucesivas "opciones" de tres años no coincidieron finalmente con el plazo global a diez años, pues justamente para ello estaba prevista la posibilidad de términos intermedios entre uno y tres años.
Primacía de la realidad, orden público laboral, aplicación de la ley laboral, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: OJEDA DOMINGO c/ ASOCIACIÓN ATLÉTICO BOXING CLUB s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-11-30

Para determinar la realidad oculta bajo una forma contractual distinta a la laboral. Al estarse ante normas de Orden Público, poco importará la intención de las partes, incluso si hubieran actuado por imperio del error. El contenido de la prestación puede variar, mas no el título o causa por la cual se produce, cual es la remuneración del trabajo o capacidad de trabajo prestado por el empleado al empresario (Arts. 21 y 103, LCT) y esto es porque el trabajo no se presume gratuito, toda prestación venida del pretenso empleador será en respuesta a los servicios prestados por el pretenso empleado a menos que el primero demuestre lo contrario.

Como en el caso de autos donde el cúmulo probatorio no ha hecho más que demostrar una relación laboral bajo un título diferente.-
Pasantías, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Nogueira, Alejandro Daniel c/ Sociedad Argentina de Autores y Compositores de música  S.A.D.A.I.C.  Asoc. Civil Cultural y Mutualista s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-17

Las tareas desempeñadas por el trabajador resultan constitutivas de un contrato de trabajo más allá de haberse cumplido durante una pasantía, siendo irrelevante que el dependiente haya adquirido un aprendizaje como consecuencia de sus funciones pues ello es una consecuencia normal en la realización de cualquier actividad humana.