Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-31


Causa Nº 28506-01-CC/2007 (Int. 160/07) "Incidente de apelación en autos Leiva, Verónica Vanina s/infr. art. 189 bis, CP" En nos Aires, 31 de octubre de 2007.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el fiscal de grado interino, Walter López, a fs. 1/5, contra la resolución de fecha 27/09/07 en la que se dispuso no hacer lugar a la prisión preventiva solicitada por el representante del ministerio público.

Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 7/vta. del presente incidente, obra copia certificada de la audiencia llevada a cabo el 27 de septiembre de 2007, donde el Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 6, Gonzalo Rua, resolvió no hacer lugar a la solicitud de prisión preventiva de Verónica Vanina Leiva, efectuada por el fiscal de la causa. Los fundamentos de dicha decisión, así como la grabación de la audiencia se encuentran en el cd que lleva la inscripción "CD N1: 1D" (agregado en el sobre obrante a fs. 67).

II.- Que a fs.1/5 obra el recurso de apelación del representante interino del ministerio púbico, por el cual solicita se revoque la resolución en crisis y se disponga la prisión preventiva de la encartada Verónica Vanina Leiva, ordenándose en consecuencia su inmediata detención. Al respecto, refiere que: 1) la resolución resulta apelable en los términos del art. 173 del nuevo código procesal penal de la ciudad, y causa un gravamne irreparable a los intereses del ministerio público fiscal en tanto dispone la inmediata libertad de la encausada, colocando en riesgo concreto de frustación los fines del proceso, 2) Corresponde la aplicación de la prisión preventiva en tanto existen suficientes elementos de prueba que permiten afirmar la existencia de un delito y la participación de la encartada en él, y también la presencia de un riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento, por lo que la decisión del magistrado deviene arbitraria, 3) Respecto del "fumus boni iuris" afirma que del informe del armero, surge claramente que el faltante en el arma no imposibilita en absoluto la percusión del cartucho a bala, y, por otro lado, el juez omitió considerar las conclusiones del informe de la División Balística de la PFA, que estableció de modo contundente que el arma era apta para el disparo pero de funcionamiento anormal, 4) Respecto de la segunda cuestión, surge claramente de las probanzas de la audiencia que la imputada no poseía un domicilio fijo donde ser habida, y al momento de ser detenida no aportó dato alguno al respecto. Por otro lado, del informe de reincidencia y la certificación actuarial, se desperende que se hallan en trámite dos procesos penales en los que se ha decretado, en ambos, la rebeldía de la encartada.

V.- Que a fs. 65. el Gonzalo Rua, a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nro. 6 concede el recurso interpuesto y remite las actuaciones a esta Alzada, donde luego de la notificación del Tribunal interviniente se corre traslado al Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, quien en su Dictamen Nº 245-FC/07, obrante a fs. 70/73vta., sostiene que debe revocarse la resolución recurrida e imponer la medida restrictiva de la libertad dispuesta en el art. 174 inc. 2 del CPPCBA, pues de acuerdo a las constancias de falta de arraigo y de tener decretada la rebeldía en otras causas judiciales, corresponde disponer el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada por un lapso de tiempo razonable. Asimismo, señala varias deficiencias en la tramitación de la presente. Por un lado, afirma que del análisis del audio del cd que le remitiera la fiscalía de primera instancia, respecto de la audiencia celebrada a tenor del art. 173 CPP, la defensa solicitó el sobreseimiento de su defendida y en subsidio la aplicación de lo dispuesto en el art. 174 inc. 2 CPP, atento la adicción a las drogas de la misma, y sobre ambas peticiones el magistrado no se p ronunció, limitándose a rechazar la solicitud de prisión preventiva. Señala asimismo qre ni la defensa ni la fiscalía articuló recurso de apelacion al respecto. Concluye que el magistrado yerra en tanto tiene dudas acerca de no tener probada la materialidad del hecho y ello no le permite imponer la prisión preventiva, ya que como ha quedado establecido, el arma es es arma con accionar defectuoso, por l o tanto provisoriamente idónea como tal. Sin embargo, también entiende desacertada la actitud del fiscal de no prestar su consentimiento a la petición de la defensa en cuanto a la aplicación del art. 174 inc. 1 del CPP, pues siendo la regla la libertad ambulatoria y su restricción la excepción, acorde las situaciones de la causa, la restricción del art. 174 inc. 1 era la más ajustada a derecho., VI.- Que a fs. 74 la Defensa, al contestar la vista conferida, informa que con fecha 26 de octubre del corriente se ha celebrado en autos una suspensión del proceso a prueba respecto de la encartada, por lo que considera que ha devenido abstracta la apelación fiscal. Adjunta copia del acta de audiencia de la "probation" mencionada (fs. 75/vta.) VII.- Que a fs. 76 pasan los autos a resolución de esta Sala.

VIII.- Que en el día de la fecha el Sr. Fiscal de Cámara solicita se tenga por desistido el recurso de apelación interpuesto por su inferior. Sin embargo, toda vez que el desistimiento del recurso del fiscal de grado formulado por el Fiscal de Cámara resultó extemporánea, no corresponde su tratamiento en la resolución del presente.

IX.- En primer término y en cuanto a la admisibilidad del recurso, es dable mencionar que el remedio procesal ha sido correctamente concedido por el Magistrado de grado, puesto que ha sido interpuesto en la forma y en el plazo legalmente establecido, y contra una resolución expresamente declarada apelable (art. 173 CPP), por lo que ninguna duda cabe en orden a su procedencia.

X.- Sin embargo, previo a todo análisis del recurso, corresponde realizar ciertas apreciaciones respecto de la tramitación de la presente en causa, sobre todo teniendo en cuenta, que es la primera oportunidad que tiene esta Alzada de pronunciarse respecto de la aplicación del nuevo código procesal penal vigente en la ciudad.

En efecto, es función de este Tribunal efectuar el control de legalidad de los actos llevados a cabo en los presentes autos con el procedimiento establecido en el nuevo texto legal, a la luz de la Constitución de la Ciudad y de la Constitución Nacional.

En la pieza procesal cuestionada por el Sr. Fiscal, la audiencia ha sido llevada a cabo bajo las formas procesales establecidas en la ley 2303 de acuerdo a la interpretación que de ella ha hecho el magistrado interviniente. Así a fs. 41, consta el acta de la audiencia y la resolución dictada por el magistrado, la que fue grabada en un CD, que se adjunta al presente expediente.

Ahora bien, el nuevo texto legal establece en su art. 186 (Audiencia de medidas cautelares) que "(d)e lo actuado se dejará constancia en acta y se registra por grabación, filmación u otro medio idóneo". Por otra parte, el art. 42 del mismo código establece que "las sentencias, autos y decretos serán firmados, y los dos primeros motivados, bajo consecuencia de nulidad".

La norma de mención deja en claro dos cuestiones, en relación al tema que nos ocupa: por un lado, que los autos deben ser fundados, y, por otro, que deben ser firmados. Ambas exigencias deben concurrir en forma conjunta, pues se trata de un solo acto procesal que no resulta escindible. En otras palabras, si el auto debe ser suscripto por el Juez, es porque debe vertirse por escrito, lo que también alcanza a la motivación pues ella es una parte del acto mismo, al cual integra.

No basta entonces para dar cumplimiento a lo normado en el art. 42 del CPP, que, tal como surge del acta de fs. 41, el magistrado de grado hubiera firmado el frente del cd donde se encuentra grabada la audiencia, pues de seguir esta curiosa interpretación donde se prescinde de la forma escrita, los decretos de mero trámite que deben ser firmados pero no motivados se grabarían en sistemas digitales o similares que luego el juez firmaría, en vez de firmar el expediente. Es decir, el sistema querido por el legislador ha sido de mejorar la prestación de justicia mediante el registro, también, por medios tecnológicos, pero sin prescindir del procedimiento escrito, en especial para actos trascendentes como el de autos.

En el precedente de esta Sala "Zenteno" (Causa 30686-00-CC/2006, rta. 12/04/07), hemos afirmado que las grabaciones de los juicios -o las audiencias como la de autos-, deben ser entendidas como un complemento de las actas, pero no como un sustituto de aquéllas, por lo que deben contener las partes esenciales de los actos procesales que se desarrollan en la audiencia.

Esta pretensión lejos de representar un mero capricho que impida el logro de los objetivos que los modernos y esclarecidos operadores persiguen, es decir: la celeridad, la sencillez y la eficiencia en la solución de conflictos, debe entenderse como un modo de resguardo del debido proceso legal. En efecto, resulta difícil advertir que es lo que se perdería reconociendo esa exigencia y fácil reconocer lo que se gana. En esta línea de pensamiento, lo que se trata es que los actos más sensibles del proceso, es decir, aquéllos vinculados con los derechos y garantías constitucionales, no puedan dejar duda alguna acerca de su cabal cumplimiento.

Por otra parte, es muy fácil imaginar, siempre y cuando el compromiso de los operadores por los fines perseguidos sea real y no meramente declamado que, sin perjuicio de la oralidad e inmediatez del proceso, la constancia escrita de los actos fundamentales, no impide su celeridad, tutelando las formas sustanciales de aquél.

De la decisión dictada en autos, no se ha dejado constancia en el acta de audiencia mas que de su parte dispositiva. Es decir, en una resolución que debe pronunciarse nada menos que sobre la libertad o no de una persona durante la tramitación del juicio penal en el que se encuentra imputada, los fundamentos de la decisión adoptada por el magistrado de la causa deben constar en autos por escrito, al igual que en las sentencias definitivas, pues por la gravedad y la importancia de la cuestión así lo indican, y solo de esta forma se cumple la adecuada fundamentación que el mismo texto legal (art. 186 CPP) prescribe.

Por las razones expuestas y dado que, como se dijo, del mismo texto surge con claridad que el fundamento de la resolución debe constar en dicha acta, la decisión impuganada se ha apartado de las disposiciones legales vigentes. Ello así, por cuanto la norma establece dos requisitos: que se deje constancia por escrito de lo sucedido en la audiencia, con sus partes sustanciales -de las que la fundamentación de las resoluciones no sólo es una de ellas, sino la más importante-, y, por otro, que también quede registrada en algún otro soporte, ya sea grabación o filmación u otro medio idóneo.

Nótese incluso que en la implementación del Plan Piloto para la profundización del sistema acusatorio en Mar del Plata -que parece ser el objetivo de este nuevo código procesal penal de la ciudad-, se ha preservado, sin perjuicio de incorporar la metodología de las audiencias orales tempranas frente al juez de garantías, que ciertos actos procesales sean mantenidos por escrito como, por ejemplo, la conversión de la aprehensión en detención y el requerimiento de juicio (ver "Informe Evaluativo del Plan Piloto para la Profundización del sistema acusatorio en Mar de Plata", elaborado por el CEJA e INECIP).

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que el mismo código procesal penal establece la consecuencia de nulidad para los casos de incumplimiento de las exigencias previstas en el art. 42 -auto motivado y firmado-, la decisión por la que se dispuso rechazar la solicitud de prisión preventiva efectuada por el fiscal de grado, no resulta válida.

Sin perjuicio de los argumentos señalados supra, y conforme la certificación que acompaña el Defensor oficial en su presentación de fs. 74/75vta., se ha celebrado en autos una suspensión del proceso a prueba, por lo que la apelación fiscal que solicitaba la aplicación de la prisión preventiva en autos ha devenido abstracta, lo que así se declarará.

Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE I. Declarar abstracto el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal de grado a fs.1/5 del presente.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.