marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Expropiación, prueba pericial, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ MARTINEZ INFANTE DE AMELONG, MARIA MATILDE Y OTROS s/ EXPROPIACION.  CUESTIONES  PLANTEADAS  A  FS  86-89 Y 95. IMPUGNACION       CSJ EXPTE NRO 113-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-05-16

No vulnera el derecho de defensa del expropiado la prohibición legal de ofrecer prueba pericial y su reemplazo por el dictamen de la comisión de tasaciones a los fines de determinar el valor del bien a expropiar, porque el expropiado tiene oportunidad legal de designar su representante para integrar la comisión de tasaciones donde puede hacer valer las razones y pruebas que hacen a su derecho y además, los jueces se hallan facultados para corregir la defectuosa apreciación en que hubiere incurrido la comisión, respecto de los elementos de juicio acumulados.
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Manganiello S.A. c/ Pasquini, Emilio y otro s/ Cobro ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

La hipótesis de imposibilidad de suministrar la prueba, sólo puede darse cuando la tarea en sí sea imposible metafísica, física o matemáticamente (en los dos últimos casos a criterio de expertos y no al simple del juez).
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, accidente de tránsito, indemnización por muerte, valor vida
Materia: PROCESAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

Cabe admitir el reclamo por "valor vida" efectuado por los hijos y el esposo de la victima de un accidente de tránsito, solamente a favor de la hija incapaz, dependiente económicamente de su madre, fijándose por tal concepto la suma de $ 25.000; a favor de la otra hija nombrada curadora definitiva de su hermana incapaz, fijado en la suma de $ 5.000 y a favor del esposo, por la suma de $ 10.000 y, rechazarlo respecto de los restantes hijos en razón de no haberse acreditado en autos el motivo por el cual la muerte de la madre les produjo un daño económico.
Concursos, subasta judicial, declaración de quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALSINA, RAFAEL c/ EL REFUGIO CIA. DE SEGUROS GENERALES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-31

No puede cuestionarse la oponibilidad a la masa de una subasta celebrada con anterioridad a la liquidación judicial de la deudora, que fuera aprobada con posterioridad a la quiebra, ya que tal circunstancia no puede incidir sobre el efecto preclusivo de actos procesales preexistentes.

La pos-concursalidad del decreto que aprobó la subasta es indiferente por sí sola; porque anularla y dejar subsistentes aquellos actos preclusos originaría una situación de autocontradicción insuperable, ya que la subasta sería en sí misma irrevisable porque precedió a la quiebra y sólo cabría invalidar los actos ulteriores a esta, con lo que la falta de aprobación dejaría los efectos del remate en un estado de suspensión indefinida. Ello se supera aceptando que las consecuencias necesarias de los actos ejecutoriados sean puestos en aplicación, aunque fuere luego de ocurrir la quiebra, máxime cuando no existe fraude ni perjuicio a los intereses de la masa.

La aprobación de la subasta no constituye más que la explicitación de un tácito pero claro e indiscutible acto preexistente.
Competencia, pago, factura
Materia: COMERCIAL
Carátula: NOTABIL  S.A. c/ MASUT, RUBEN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-10

La existencia de cláusulas en la factura que establecen un lugar para el cumplimiento de la obligación carece de relevancia para determinar la competencia, por cuanto la manifestación unilateral no obliga a la contraparte, ni implica lugar convenido de pago; tanto más en las situaciones en que el demandado desconoce expresamente la relación invocada por el deudor.
Trámites judiciales, astreintes, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Folquer, María Delia s/ Medida Preliminar
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-09-03

Las diligencias preliminares son las que se tramitan con anterioridad a un proceso, procurando del que ha de ser parte en un juicio de conocimiento aporte, hechos o información que no podría obtener sin la actuación jurisdiccional.

En el caso la actora peticionó la exhibición de documentos que resultan útiles para el proceso posterior -reglamento de copropiedad y administración- solicitud que es acogida favorablemente por el inferior mediante oficio y ante su falta de cumplimiento por el oficiado -administrador del consorcio- también provee a la solicitud de astreintes.

Ello así, la falta de presentación formal -copia simple- del instrumento requerido no configura una actitud negligente -como pretende el apelante- sino por el contrario manifiesta una voluntad de cumplir. En consecuencia, no corresponde que al requerido se le aplique sanción pecuniaria alguna, tal como lo sostiene el decreto que se ataca por la presente apelación, en el que se advierte que por secretaría debió labrarse un acta de comparendo y proceder a la certificación de las copias presentadas, de haberse contado con el original. Advertida la omisión, el A-quo ordena un nuevo emplazamiento para corregir o enmendar el error y cumplir acabadamente la medida preliminar solicitada. En esa inteligencia, corresponde no hacer lugar a la apelación articulada y confirmar el decreto impugnado.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, procesos de conocimiento, restitución de sumas de dinero, prescripción decenal
Materia: PROCESAL
Carátula: Liberty Art SA c/ Superintendecia de Riesgo de Trabajo y otro  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-30

Se desestima, por mayoría, los agravios de la parte demandada y se confirma la sentencia apelada que condenó a devolver las sumas ingresadas en concepto de tasa de financiamiento por la diferencia entre la alícuota prevista en la resolución conjunta 39/1998 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y 25/806/1998 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. La sala considera que la firma actora acreditó el gravamen patrimonial que invocó en la demanda ya que el experto contador aseveró, en el peritaje, que no pudo "constatar que los importes en concepto de tasa de financiamiento" hayan sido objeto de traslación a los asegurados. En lo que atañe al plazo de prescripción, el tribunal, sostuvo que ante la inexistencia de una previsión específica para el caso, es razonable concluir en que debe aplicarse el plazo de prescripción decenal ya que se trata de una deuda personal exigible según establecía el artículo 4023 del Código Civil. La jueza Clara María do Pico, en disidencia, sostuvo que la actora "no ha probado [...] que la tasa no haya sido trasladada ni que haya sufrido un detrimento patrimonial directo, por lo que carece de legitimación para formular el reclamo de repetición". Por esa razón, admite las críticas, revoca la sentencia apelada y rechaza la demanda.
Derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Constitución Nacional, defensa en juicio, derecho de propiedad, limitación de recursos económicos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CIAMPAGNA, RODOLFO NICOLAS c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-11

La actitud estatal de establecer procedimientos que obstaculicen o afecten derechos que tienen amparo constitucional, ya sea mediante el dictado de normas dilatorias o asumiendo conductas contrarias a los fines que propicia, en tanto no merezcan una reconsideración sobre sus efectos, coloca al Estado Argentino en infracción a los compromisos internacionales asumidos. Así, se afecta el derecho de la seguridad social reconocido por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 16), por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 22 y 25), por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (arts. 9 y 11), e igualmente, a los arts. 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Se produce entonces, entre otros, una evidente desigualdad entre las partes y detrimento de los derechos de defensa y propiedad de una de ellas en provecho de la otra, lo que atenta contra los principios que hacen a un proceso justo. (Del voto del Dr. Fernández).
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: LEDESMA, MARIO Y OTRO. s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-06-07

Lo que la ley busca es que los testigos, siendo aún policias, estén presentes durante toda la celebración del acto, tal como la propia norma lo especifica, por lo que la no consignación de los motivos por los cuales fueron agentes policiales los testigos del acto (hay que tener en consideración los lugares, las horas, etc., en que estos a veces se realizan) no constituye motivo invalidante del mismo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Representación procesal, forma del contrato, escritura pública, facultades delegadas
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: B. O. A. c/ R. F. H. y Otros s/ Daños y perj. automotor c/lesión o muerte (exc. estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-06-27

La acreditación de la personería mediante escritura pública no encuentra sustento en el art. 1017, inc. "d" de la citada normativa, porque la provincia no puede imponer las formas a los contratos cuando las mismas no están previstas en la ley nacional que regula sobre la materia delegada.
Acta de choque, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Castaño, Juan Carlos y Otra c/ Folta Jorge D. y Otros s/ Sumario Folta, Jorge D. c/Castro Bravo, Hugo y Otro s/Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-30

Las declaraciones efectuadas en sede policial por los protagonistas del accidente de tránsito, aun cuando pueda aceptarse la premisa de que tienen relativa eficacia probatoria en el juicio civil por indemnización de daños, resultan de insoslayable ponderación cuando las partes invocan en juicio esas constancias como evidencia de las responsabilidades que se atribuyen mutuamente, sin efectuar reserva de ninguna índole.
Daño punitivo, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: CHAPELET MÓNICA GABRIELA Y OTRA c/ INC S.A. CARREFOUR s/ SUMARÍSIMO Acción Judicial (art. 52 Ley 24.240)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-12-19

Ponderando que la demandada (Carrefour) ha sido condenada por este Tribunal al menos en cuatro oportunidades por la desaprensiva conducta en perjuicio de adquirentes de productos en su local de Gualeguaychú, y dada la reiteración disvaliosa de la misma, es adecuado establecer el daño punitivo en cuatro veces el valor del producto adquirido por la parte demandante.

Observaciones: "Broin Silvia Beatriz c/ Inc. S.A. y otro S/ Sumarísimo", "Basaldua Eduardo Ignacio c/ Inc S.A. (Carrefour) y otra s/ Accion judicial (art. 52 ley 24240)", "Esquivel Jorge Daniel c/ Hipermercado Carrefour y otra s/ Ordinario daños y perjuicios".
Proceso contravencional, costas, costas al vencido, exención de costas
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, M. A. s/ Artículo 40, 72 y 73.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

En virtud del principio general consagrado en el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Contravencional "las costas se le imponen al condenado o condenada", dicha norma habilita al Magistrado a reducir o eximir del pago de las costas cuando circunstancias personales o del caso así lo aconsejaren. Es el condenado quien debe aportar las constancias necesarias y desplegar la actividad tendiente a obtener una decisión judicial favorable a su pretensión. (Del voto de la Dra. Robledo).
Sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, locación de obra
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Payra   Sociedad  Anónima  Industrial,  Comercial  de  Importación  y Exportación c/ Confederación General del Trabajo s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó el recurso de inconstitucionalidad contra la decisión que admitió la demanda por incumplimiento del contrato de locación de obra omitiendo examinar los planteos efectuados por la recurrente, invocando afirmaciones dogmáticas en torno al carácter excepcional de la apelación que debía resolver y limitándose a confirmar el pronunciamiento sin hacerse cargo de la viabilidad de agravios serios y debidamente desarrollados.
Competencia, declaración de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montarce, Marcelo Antonio c/ Major S.A. s/ Cobro de pesos sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12

La regla atributiva de la competencia por razón de la materia, del valor o del grado, son las únicas ante las cuales el órgano judicial está habilitado para verificar, de oficio, el cumplimiento de la regla pertinente y, por lo tanto, para desestimar "in limine" la pretensión o la petición que no se ajuste a ella, con prescindencia de cualquier manifestación de las partes o peticionarios, incluso formulada de común acuerdo; ello significa que tal competencia, derivada de los criterios objetivo y funcional, reviste carácter improrrogable, diciéndose que es absoluta la incompetencia del órgano judicial en el supuesto de ser requerido para satisfacer una pretensión o una petición cuyo conocimiento no le ha sido asignado por razón de la materia, del valor o del grado.
Inmunidad de jurisdicción, Estados extranjeros, compraventa internacional, certificados fitosanitarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Louge, A. Beltrán y otro c/ Gobierno de su Majestad Británica s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-10

La emisión de los certificados fitosanitarios expedidos por las autoridades de Gran Bretaña, en el marco de una compraventa internacional, no puede calificarse como acto iure gestionis ya que se trata de una actividad que trasunta el ejercicio de imperium por parte del Estado y, por lo tanto, está comprendida en el art. 1° de la ley 24.488 de Inmunidad Jurisdiccional de los Estados Extranjeros ante los Tribunales Argentinos, de tal forma que verificar el examen de los actos de un estado soberano por los tribunales de otro y acaso declarar su invalidez mediante una sentencia contra la voluntad del primero llevaría sin duda a poner en peligro las relaciones entre los gobiernos y turbaría la paz de las naciones. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, régimen de consolidación de deudas
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández de Mota, Emilia c/ Municipalidad de Moreno s/ Accidente de Trabajo (art. 1113, c.c)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

El pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que declara inaplicable al caso lo dispuesto por la ley 11.756, reviste carácter definitivo a los fines de los recursos extraordinarios. (Minoría u opinión personal)
Juicio ejecutivo, inhibición general de bienes, prueba
Materia: PENAL
Carátula: B., J. C. c/  s/ Procesamiento-embargo-anotación de litis
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-23

Explicaron que desde la anterior intervención de la Sala (aunque con diferente integración) se ha incorporado prueba que determina que las actuaciones se encuentran en condiciones de ser elevadas a juicio. Que si bien el imputado enajenó la parcela antes de ser formalmente intimado al pago de uno de los pagarés, del expediente comercial surge que para ese entonces el proceso ejecutivo ya estaba en curso y se había decretado la inhibición general de bienes, decisión que desde antes de la venta del predio se intentó notificar al imputado en reiteradas oportunidades con resultados infructuosos, por lo que se optó por fijar copia de lo resuelto en la puerta de su domicilio. Precisaron que adherían a la tesis que sostiene que la notificación de la demanda no constituye un elemento configurativo del tipo penal imputado, sino un dato revelador del dolo por parte del autor que, tal como se verifica en el caso, puede extraerse de otras circunstancias, tales como la diferencia de precio entre el valor real del predio y el valor por el cual fue enajenado, situación que desbarata también el descargo ensayado al referir que lo hizo por un estado de necesidad económica, pues resulta ilógico, en tal caso, que se desprenda de su activo mas importante por menos de un tercio de su valor real.
Actos y diligencias procesales, firma, patrocinio letrado, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Marchisio, Juan Carlos c/ Indo S.A. s/ Cobro de australes (Expte. Nro. 308-97, Resolución Nro. 210, Tomo 24,  Folio 448)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-08

El art. 43 del C.P.L. confiere al actor la posibilidad de subsanar defectos de forma, omisiones o imprecisiones que contenga la demanda a cuyo fin se lo intimará por el término de tres días, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada. Si bien la norma se refiere a la demanda, considero que no existe razón alguna que obste su aplicación cuando tales defectos se observen en otras actuaciones procesales. Hay que tener en cuenta la diferencia de matices y contenido que se observan entre esta norma y el art. 33 del C.P.C. y C. según el cual "...no se proveerán escritos...cuyas firmas no estén suficientemente aclaradas", lo que presupone -lógicamente- la existencia de firma. La amplitud con que luce redactado el art. 43, 2do. párrafo del C.P.L. que alude genéricamente a "defectos de forma, omisiones o imprecisiones", permite interpretar que entre esos supuestos se encontraría comprendida la omisión de firma de su presentante, en este caso del patrocinado.
Propiedad intelectual, patentes, interpretación de tratados internacionales, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, medicamentos, obligaciones del Estado miembro
Materia: COMERCIAL
Carátula: PFIZER INC. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-21

Según el Acuerdo ADPIC, cabe distinguir las siguientes exigencias, que debían ser respetadas por nuestra legislación nacional: a) el Estado miembro está obligado a recibir solicitudes de patentes de productos farmacéuticos desde el 1° de enero de 1995, admitiendo, si correspondiere y se reclama, la prioridad del Convenio de París (art. 70.8, párrafos a y b); b) el Estado miembro debe aplicar a esas solicitudes los criterios de patentabilidad del acuerdo desde "la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate" (art. 70.8, párrafo b); y c) respecto de las solicitudes que se hallen pendientes a la fecha de aplicación del acuerdo para el miembro, se debe permitir su modificación a fin de que el titular acceda a la mayor protección que el acuerdo contempla (art. 70.7 del ADPIC).
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I. J. I. V. c/ Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-28

La arbitrariedad o ilegalidad manifiestas a las cuales alude el art. 43 de la Constitución Nacional apuntan a lo notorio, es decir, aquello que se visualiza sin que sea necesario un estudio pormenorizado de la prueba y de los hechos.

En sentido análogo, se ha sostenido que siendo el amparo un recurso de trámite sumario (art. 17, Constitución Provincial), rápido y expeditivo, la arbitrariedad o ilegalidad que en el caso se pretende atribuir al hecho o actuación, debe demostrarse y surgir de modo manifiesto.

De lo contrario, el amparo no resulta admisible cuando el juez interviniente en el recurso precisa un mayor y detenido análisis a efectos de determinar la presencia o no de esa ilegitimidad
Contrato de obra pública, órdenes de servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Valderrama, Rubén Oscar c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

La orden de servicio constituye una resolución emanada de la Dirección o Inspección de la obra por la cual se instruye, controla y dispone la ejecución del contrato. Importa el medio natural para cursar una intimación de cumplimiento del plazo aprobado por el plan de trabajos.
Recurso de inconstitucionalidad, derecho a la vivienda digna, obligaciones de dar sumas de dinero, división de poderes, control de constitucionalidad, reformatio in pejus, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Rosillo Sacramento, Nelba Guillermina y otros c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-23

Al momento de emitir la Cámara la decisión que viene recurrida estaba vigente la ley nº 4.036, que sólo acuerda el derecho que la Cámara le reconoció a la actora -el derecho a un alojamiento-, a las personas con discapacidad o mayores de 60 años que estén en las condiciones que allí se indican (cf. los arts. 25, inc. 3, y 18 de la ley 4.036, y la sentencia del Tribunal en "Veiga Da Costa": expte. n° 10229/13, "Veiga Da Costa, Rocío c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", 30.04.14). El a quo no sólo no aplicó ese ordenamiento, sino que no dio razón alguna para justificar esa omisión.
Imputado, audiencia de conocimiento personal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: REMETICH, RICARDO JORGE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

El artículo 41 del Código Penal se encuentra ubicado en el ámbito de determinación de la pena (remite al artículo 40 que versa sobre las penas divisibles). Se trata de un procedimiento previo y necesario a su individualización. La realización de este acto adquiere mayor relevancia en el sistema procesal escrito que rige en nuestra Provincia -en gran parte todavía vigente- si bien en tránsito hacia un modelo oral. Ahora bien, más allá de que no puede existir una adecuada determinación de la pena sin audiencia "de visu", considero que se trata de un acto procesal sujeto a los presupuestos tradicionales de nulidad. Vale decir, además de resultar un apartamiento formal del rito previsto en la ley, debe observarse un perjuicio ocasionado y, a su vez, la acusación temporánea del vicio de la parte interesada, pues, de otro modo, habrá existido convalidación de una actividad procesal irregular. Todo ello, conforme los artículos 161 y siguientes del ordenamiento procesal penal. (DE LA DISIDENCIA DEL DR. NETRI).
Unificación de penas, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: López, Juan I. s/ Unificación de Penas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-12

La pena unificada que se dicte por aplicación de los arts. 27 y 58 del C.P. puede tener como mínimo, el mínimo de la pena prevista para el segundo delito, más el mínimo previsto para la pena del primer delito y como máximo la suma del máximo del segundo delito, más la pena de ejecución en suspenso con que se amenazó en la primera condena.