Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-20


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veinte (20) de Mayo de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y la señora vocal doctora Myriam Gisela Fátima Fajre -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. vs. Mejail Ricardo Oscar y otro s/ Ejecución Hipotecaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y la doctora Myriam Gisela Fátima Fajre, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación planteado por la parte demandada, en contra de la sentencia de fecha 03/9/2012 dictada por la Sala III de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones que no hace lugar al recurso de apelación incoado por aquélla.

II.- El recurrente sostiene que la sentencia es arbitraria, incongruente, carece de sustento normativo, contradice doctrina de esta Corte Suprema y asume gravedad institucional. Que esta última proviene del aval otorgado al cedente del crédito litigioso que se traduce en la condena a su favor a pesar de estar acreditada y perfeccionada la transferencia del crédito litigioso. Alude a los principios de progresividad y preclusión procesal y explica que si se receptara el fallo de Cámara se violentaría este último principio y por ende la imposibilidad de cambiar una posición convalidada por la inactividad o por la conformidad de la parte actora, reconocida cedente del crédito y en cuyo favor se dictó el pronunciamiento (a pesar de reconocerse el carácter de ex titular del mismo).

Señala que la legitimación activa y pasiva es un presupuesto inexorable que debe presidir la ejecución y que en autos no surge del título o documento que lo integra quién es la persona obligada y quién resulta beneficiario del crédito contenido en el instrumento toda vez que, dice, al intimarse de pago (23/6/2008) el Banco Macro S.A. actor en autos no resultaba titular del crédito en ejecución, no era la persona idónea para erigirse en acreedor, ni se encontraba legitimado como tal. Que así lo entendió el propio actor que intenta sanear los instrumentos con la prueba de la cesión efectuada con posterioridad a la traba de la litis pero que es de fecha anterior (04/02/2008). Aun concediendo que sea esta fecha, la legitimación activa debe presidir la ejecución y esta situación no se verifica, entiende, al momento de intentarse el cobro judicial.

Afirma que la sentencia no tiene congruencia, la decisión de condenar a su parte al pago de un crédito cedido al banco cedente; que resulta violatoria del derecho de defensa en juicio y ello vicia de nulidad al fallo impugnado. Que existe condena a favor de quien no reviste la calidad de parte activa legitimada.

Enmarca la cuestión -que plantea como de derecho- en la que concurre el supuesto del art. 748 segunda parte del CPCC. Recorre el iter temporal negocial y concluye en que si el Banco Macro cedió el crédito y notificó al cesionario e hizo entrega de los instrumentos que acreditaban su calidad a su parte con anterioridad a la elevación de aquellos a escritura pública y con anterioridad a la trabazón de la litis, emerge la meridiana falta de legitimación del Banco cedente para demandar.

Le agravia que la Cámara, concentrándose en una cuestión inútil e inconducente cual es la forma de la cesión (pues en autos no ha sido negada su existencia) evite tratar el núcleo de la argumentación que su parte plantea y que no refiere a las solemnidades de la notificación de la cesión sino a la existencia misma de ella como acto que llene las exigencias de fondo de la ley y permita al deudor cedido el ejercicio real de sus derechos. Sea que se tome la fecha del 31/3/2006 o del 04/02/2008 lo cierto es, explica, que en ambos momentos el banco mentado no era el titular legitimado para pretender el cobro de una acreencia hipotecaria que había cedido a un tercero, existiendo precedentemente a la intimación de pago la reconocida cesión de derechos litigiosos, su notificación, el conocimiento y aceptación por su parte. La Cámara mediante una forzada interpretación sobre la fecha de la notificación elude hacerse cargo de las consecuencias jurídicas que acarrea la cesión en la parte actora. Entiende que se ha violado la norma del art. 1461 CC.

Explicita que, al no imponer el art. 1460 CC formalidad alguna para el acto de notificación, bastó a los efectos del conocimiento del negocio jurídico celebrado, la incorporación del instrumento de la cesión en un expediente judicial por parte del deudor cedido -sumado a la verosimilitud del relato y a la presunción que emana del conjunto probatorio de la causa- que, dice, en todo caso, invierten la carga de la prueba. Agrega que las intervenciones del cedente en el juicio en nada alteran los efectos del contrato de cesión, pues la transferencia de la propiedad del crédito fue oponible al recurrente desde que el cesionario dio a conocer el contrato de transferencia. Alude a la doctrina en torno al conocimiento indirecto a que se refiere el art. 1461 CC; a que el cesionario se presentó por escrito en el juicio, a que el banco es confeso cedente y que con todos los lineamientos doctrinarios y jurisprudenciales cabe concluir en el conocimiento preciso y cierto de la cesión, de su existencia, perfeccionamiento y por tanto, notificación o aceptación de la misma. Redunda en este agravio concordándolo con las conclusiones que extrae de las constancias de autos y su plexo probatorio.

Le agravia que la Cámara se haya extralimitado al fallar porque, yendo más allá del recurso, entra a valorar parcial y erróneamente una cuestión temporal, soslayando elementales principios de derecho y afectando el debido proceso y defensa en juicio. Que se contrapone la sentencia con las constancias de autos al sostener que la cesión existe pero que no tiene efectos, siendo ésta una conclusión arbitraria carente de respaldo jurídico. Que es contradictoria la sentencia al otorgar valor a la notificación verbal y al tener por acreditada la cesión y, sin embargo, negar la consecuencia de tal afirmación que no puede ser otra que rechazar la ejecución por falta de legitimación activa del Banco Macro, lo que implica además y por sobre todo, un apartamiento del Derecho aplicable a la especie. Cita jurisprudencia y doctrina indicando en qué aspectos de la arbitrariedad incurre el fallo atacado (decidir cuestiones no planteadas; dar pautas de excesiva laxitud; invocar prueba inexistente). Le agravia que la sentencia se aparte manifiestamente del derecho e introduzca hechos no controvertidos.

Propone doctrina legal y solicita se haga lugar al recurso tentado.

III.- El remedio articulado fue concedido por la Cámara, conforme surge del auto de fecha 20/11/2012 por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el examen de admisibilidad y -en su caso- la procedencia del mismo.

IV.- A los efectos del adecuado tratamiento de los agravios vertidos por los demandados, el Tribunal considera conveniente hacer en forma previa un detalle de los actuados que resultan, a su criterio, relevantes para la resolución del recurso. Así, indica que la demanda es iniciada por el Banco Empresario de Tucumán en 05/5/2004 en contra de los demandados reclamando el pago de lo que se le adeuda como consecuencia de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Que en fecha 01/3/2007 se apersona el Banco Macro Bansud S.A. en su calidad de cesionario denunciando la cesión de acciones y derechos litigiosos instrumentado mediante escritura pública de fecha 10/02/2006. Resalta el tribunal a quo que dicha cesión se hizo en los términos del art. 35 bis de la ley de entidades financieras. Que luego se denuncia el cambio de denominación de Banco Marco Bansud S.A. a Banco Macro S.A. acreditando instrumentalmente el mismo. Que se presenta luego Sud Inversiones y Análisis S.A. en su calidad de fiduciario del Fideicomiso Financiero RETUC 1 denunciando que en fecha 04/02/2008 se ha instrumentado por escritura pública la cesión del presente crédito litigioso del Banco Macro S.A. y solicita su intervención como tercero coadyuvante. Que consta en autos las cédulas de notificaciones mediante las cuales se intima de pago a los accionados y se los cita de remate y se les notifica del pedido de intervención de terceros, medidas todas realizadas en fecha 23/6/2008. Que la demandada Elisa Salomón y Ricardo Mejail oponen excepciones por separado. Que se dicta sentencia por el A quo mediante la cual se dispone hacer lugar al pedido de Sud Inversiones y Análisis S.A. de intervenir en autos en el carácter solicitado. Que dicha sentencia se encuentra firme y consentida sin haber sido motivo de recurso alguno.

Entiende que la demanda fue iniciada por el banco acreedor, Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo., por lo que la legitimación activa no se encuentra cuestionada por el recurrente, tampoco se encuentra controvertido que el crédito que se ejecuta en autos fue cedido por el banco actor a favor del Banco Macro Bansud. S.A. (hoy Banco Macro S.A.) mediante escritura pública que obra en autos y de conformidad a los términos del art. 35 bis de la ley de entidades financieras. Es decir, que el Banco Macro S.A. asumió, a partir de dicha cesión, el carácter de parte actora en estos actuados ya que según la norma antes citada el deudor cedido no puede oponerse a que asuma tal carácter en el juicio. Que de autos surge que la cesión del Banco Macro a favor de SIASA data de fecha 04/02/2008. Que en el caso se está en presencia de una cesión de créditos y acciones litigiosas, en tanto el crédito que se ejecuta fue transmitido por el acreedor originario a un tercero y éste a su vez a otro tercero con la ejecución ya en marcha, la demanda ejecutiva se dedujo el 05/5/2004, la primera cesión se concretó el 10/02/2006 y la segunda en 04/02/2008. Afirma que dichas cesiones de créditos litigiosos se encuentran comprendidas dentro del alcance de los arts. 1454 y 1455 CC. Que por tanto es necesaria la escritura pública para que se instrumente la cesión de tal tipo de derechos. Que además también exige escritura pública la circunstancia que el crédito estaba garantizado mediante hipoteca sobre inmueble rural (art. 1184 inc. 9). Ambas circunstancias separadamente exigen que la cesión sea otorgada mediante escritura pública. Por el principio de escrituralidad en escritura pública rechaza los agravios de la parte demandada respecto a que la cesión del crédito se perfeccionó en fecha 31/3/2006. Que, en efecto, de la compulsa de la documentación referida por los accionados (contratos de Fideicomiso Financiero Privado y Contrato de Administración y Custodia celebrados entre el Banco Macro S.A. y SIASA) surge que son instrumentos privados donde no se materializa la cesión de los créditos litigiosos. A tales fines reproduce un párrafo del contrato de Fideicomiso citado en el que se deja en claro que la cesión se instrumentará por separado y que la misma recién operó en la fecha arriba indicada por lo que al apersonarse en juicio el Banco Macro S.A. era aún titular del crédito razón por la cual rechaza los agravios de la parte apelante.

Agrega que en la cesión se verifican dos momentos de perfeccionamiento: un primer momento en que la cesión produce efectos entre las partes, que se da cuando se celebra el contrato, que en autos acaeció en fecha 04/02/2008, y otro de efectividad con relación al deudor cedido que tiene lugar por la notificación del traspaso al deudor cedido, o por la aceptación de la transferencia de parte de éste (art. 1459 CC).

No considera el argumento de los demandados respecto a que la notificación de la cesión les fue impuesta con anterioridad al mes de Marzo de 2007 fecha en la cual se apersona en autos Banco Macro S.A. como cesionario cuando ya dicho crédito se encontraba en cabeza de SIASA. Ello porque entiende que, si la cesión del Banco Macro a SIASA recién se realizó en el mes de febrero de 2008 mal pueden sostener los recurrentes que la notificación de dicha cesión fue con fecha anterior ya que no se puede sostener que se tuvo conocimiento de algo que todavía no tuvo existencia. Añade que en el caso de autos no se puede estar a la confesión de los demandados, no por la forma en que dicen se realizó la notificación, que es absolutamente válida sobre todo si es expresamente reconocida por el deudor cedido, sino porque en la fecha que indican los demandados que se realizó la misma es absolutamente improbable por cuanto aún no se había perfeccionado la cesión de derechos litigiosos. Por ello, rechaza también este agravio.

Afirma que no estando en autos debidamente acreditado en qué fecha fueron notificados los deudores cedidos se deberá estar a las notificaciones cursadas mediante cédula de notificación obrante a fs. 506/507 esto en razón que acepta como válida la comunicación que resulta de la cédula de notificación en la cual el cesionario reclama el crédito que era del cedente, al deudor cedido. Ahora bien, indica que, si durante la tramitación del proceso una de las partes cede el derecho reclamado, el cesionario sólo puede intervenir como parte principal si cuenta con la conformidad expresa de su adversario. Que por lo tanto, cuando falta ese indispensable asentimiento expreso, el cesionario tiene que asumir un rol subordinado al de la parte principal que apoya y el cedente no puede desligarse de los efectos del juicio, ya que no llega a operarse la llamada "extromisión o sustitución procesal", en la que la parte originaria deja de ser tal y su lugar es ocupado por completo por el tercero adquirente. Que en el caso, SIASA se presenta denunciando la cesión del crédito litigioso pero no ha solicitado intervenir como parte sino como tercero coadyuvante y a fs. 569 consta la sentencia dictada por el a quo mediante la cual hace lugar a su pedido, que ésta se encuentra firme y consentida. Que el titular de un crédito puede enajenarlo a título singular pero no innovar la relación procesal. Le incumbe seguir como parte sin perjuicio de la intervención del tercero. La transferencia no afecta la situación de las partes y en particular el enajenante continuará ligado a los efectos del juicio y la sentencia que en él recaiga. En consecuencia el Banco Macro S.A. se encuentra legitimado para liquidar la deuda que se ejecuta en autos aún cuando la misma fuera cedida a SIASA por lo que la sentencia apelada se encuentra ajustada a derecho y debe ser confirmada en todas sus partes. Impone las costas a los demandados vencidos (art. 107 procesal).

V.- De la confrontación del memorial casatorio puesto en relación con los motivos sentenciales se advierte que el recurso no puede prosperar.

El recurrente se agravia esencialmente por la falta de legitimación del Banco Macro S.A. para ejecutar el crédito de autos y, por ende, para obtener una sentencia a su favor. Indica que la sentencia que así lo resuelve afecta el debido proceso legal, el derecho de defensa en juicio y es incongruente puesto que al momento de la intimación de pago, ése no era ya el titular del crédito sino que lo había cedido a un tercero (SIASA). Que la traba de la litis (23/6/2008) fue con posterioridad a la cesión de crédito litigioso -aún documentada en escritura pública- (04/02/2008). Entiende además, que el cesionario (SIASA) dio a conocer la cesión a su parte con anterioridad a la fecha de la escritura pública de cesión; que la notificación de ésta no requiere forma alguna (arts. 1460 y 1461 CC), siendo válida la verbal, y explica los hechos que le llevan a determinar que tal notificación y aceptación de la cesión existió (reuniones con los mandatarios de SIASA que entregaron los documentos referidos a la cesión y a quienes se les hizo llegar una propuesta de pago). Le agravia que la Cámara no reconozca efectos jurídicos a tal notificación. Afirma que el hecho del apersonamiento de SIASA en juicio reconociendo la cesión y del que surgiría su falta de interés en instarlo no enerva su carácter de titular del crédito y la falta de legitimación del Banco Macro S.A. no sólo al momento de la intimación de pago sino también al presentarse éste en autos.

Ahora bien, si, como dice el recurrente "la legitimación sustancial ha sido definida por la Jurisprudencia como la cualidad emanada de la ley que faculta a requerir una sentencia favorable al objeto litigioso" (sic fs. 1278 in fine) en el caso se trata de ver si el Banco Macro está facultado para ello. El juego conjunto de los arts. 35 bis de la Ley de Entidades Financieras; arts. 976, 1183/4/5, 1455, 1473 y ccdtes CC, arts. 86 y 58 procesal así como consideraciones atinentes a los particulares ribetes que posee este proceso, responde que sí.

Se observa, en primer lugar y a modo genérico, que mucha claridad aporta al caso el efectuar ciertas distinciones: el derecho de fondo y el de forma (a propósito de que la mutación subjetiva que produce la transferencia de objetos litigiosos no conlleva necesariamente, siempre en todos los casos, una mutación en la relación procesal) y la naturaleza de distintos contratos (no es lo mismo el contrato en que nos obligamos a efectuar, bajo cierta forma, una cesión que el contrato mismo de cesión).

En efecto, en la causa se presenta el Banco Empresario como titular del crédito que se pretende cobrar. Se publica por edictos la intimación de pago a los demandados. Previo a efectuar planilla fiscal se hace intervenir al Defensor de ausentes quien solicita ciertas medidas tendientes a averiguar el domicilio de los ejecutados. En este estado, en el mes de marzo de 2007, se presenta el apoderado del Banco Macro Bansud S.A. denunciando la cesión de acciones y derechos litigiosos del Banco Empresario de Tucumán al Banco que aquél representa en el marco del art. 35 bis Ley de Entidades Financieras (fs. 123). En el mes de junio de 2007 se presenta en este juicio el apoderado del Banco Macro S.A. denuncia cambio de denominación y solicita intervención (fs. 156) que se da por decreto del 27/02/2008. Se gestiona el diligenciamiento de oficios tendientes a determinar el domicilio de los demandados. A fs. 179, en 04/4/2008, se presenta el apoderado de SIASA denunciando la cesión de derechos litigiosos entre su parte -cesionario- y el Banco Macro S.A. -cedente-. En dicho escrito se explicita que la cesión "nunca fue notificada al deudor cedido" y que "este fiduciario no instó ni instará el reclamo del crédito en su cabeza, ratificando en todos su términos la legitimación del Banco Macro S.A." (sic). El decreto del 18 de abril de 2008 le da la intervención de ley y ordena se ponga en conocimiento del interesado la transferencia efectuada (fs. 180). El mismo día, 20/6/2008 se dejan cédulas a los demandados notificando tanto del decreto del 18/4/2008 citado, como del de intimación de pago y embargo (20/02/2006), según consta en autos a fs. 506/7. Se contestan excepciones. A fs. 569 obra sentencia que hace lugar al pedido de SIASA admitiéndolo como tercero coadyuvante en los términos del art. 86 inc. 1 procesal, no habiendo prestado conformidad a esta intervención, la contraria. Esta sentencia quedó firme.

Del relato efectuado surgen erróneas las alegaciones del impugnante respecto a que: a) se alteró el iter procesal (fs. 1279 in fine); b) el Banco Macro S.A. (cesionario conforme el art. 35 bis de la Ley de Entidades Financieras y, por tanto, sucesor procesal del Banco Empresario sin necesidad de la conformidad de la parte contraria) no haya notificado su carácter de cesionario: la notificación de demanda judicial -intimación de pago en el caso- sirve a esos efectos, sin desconocer las particularidades de este caso. Tampoco resultan consistentes las alegaciones referidas a que: c) el Banco Macro S.A. "ocultó" una cesión que le fue opuesta en la excepción (fs. 1286); d) el recurrente se notificó de la cesión antes de la traba de la litis; e) las intervenciones del cedente no alteran los efectos del contrato de cesión que fue oponible al recurrente porque el cesionario dio a conocer el contrato de transferencia con anterioridad (fs. 1282).

Es que ellas no resultan conforme a las constancias de autos: Fue el Banco Empresario -titular del crédito y por ende, legitimado activo a la fecha de la interposición de demanda- el que se presenta en juicio; se intima de pago por edictos antes de profundizarse en la identificación de datos de la parte demandada; se presenta el Banco Macro S.A. comunicando la cesión del Banco actor a su parte; luego, de aquél (Macro) a SIASA; la cesionaria SIASA niega que se haya notificado previamente al impugnante. En cuanto a esto último, el recurrente sostiene que el conocimiento de la cesión está probado por el contrato de fideicomiso adjuntado por SIASA en la que consta el acuerdo de transferencia o cesión de derechos y acciones, "sumado a la verosimilitud del relato y a la presunción que emana del conjunto probatorio de la causa" (fs. 1281 vta in fine), por ser el hecho público y notorio al constar en la base de datos del BCRA y Bolsa de Valores donde cotiza SIASA o por haber su parte acompañado copia del contrato y poder (que le fuera entregado supuestamente por los representantes de SIASA) y la aceptación y propuesta de pago de su parte. Sin embargo, la Cámara afirma -y no se advierte arbitrariedad en ello- que la fecha de la alegada notificación no aparece acreditada en autos y que se trata ésta de una notificación de una "cesión" entre partes efectuada en instrumento privado y no por escritura pública como debía haber sido hecho. Así, la Cámara al respecto, reputa la cesión como "inexistente" y, sea que adscribamos a la postura que entiende la exigencia de esta formalidad como ad solemnitatem absoluta (nulidad), sea que adhiramos a la postura que la entiende como ad solemnitatem relativa (en cuyo caso el instrumento privado valdría como acto en que las partes se comprometen a realizar la escritura pública, arg. art. 1185 CC), lo cierto es que el tercero no puede predicar dicho conocimiento de la cesión -previo a esa forma- para usufructuar tal anticipación oponiéndola como sostén de la falta de legitimación activa que alega.

En efecto, el propio recurrente reconoce que "entre las partes la cesión es perfecta por el solo consentimiento o acuerdo constitutivo del contrato, pero con relación a los terceros entre los que se halla el propio deudor cedido la cesión es como inexistente y sin fuerza coercitiva mientras no se haya cumplido con el requisito de la notificación o de la aceptación" (sic fs. 1228). Si nos atenemos a la primera parte de lo citado, veremos que esta cesión, -que para tener efectos frente al deudor cedido debe notificarse o aceptarse- no ha quedado "perfecta entre las partes" al no cumplirse el requisito exigido legalmente ad solemnitatem, por lo que mal puede notificarse algo que, según las propias palabras del recurrente y como lo entiende bien la Cámara, "es como inexistente": "La notificación de la cesión no puede ser hecha antes de la cesión pues en dicho caso sería inválida" (L. de Z., Teoría de los Contratos Parte Especial T.1, pág. 599 y su nota 23). Amén de ello, y como lo anticipamos, sea que se entienda el requisito formal como ad solemnitatem absoluta o relativa (sobre esto último está conteste gran parte de la doctrina), lo cierto es que respecto del tercero la cesión no estaba formalizada y por lo tanto mal se puede notificar algo que aún no tiene la forma requerida por ley para ser tal. Sobre este punto además, advertimos, no se detiene el recurrente a los fines de atacar debidamente el argumento de Cámara aquí analizado -inexistencia de la cesión- toda vez que se concentra en acreditar su previo conocimiento respecto del instrumento privado de cesión pretendiendo derivar efectos jurídicos de ello, así como la carencia de legitimación activa del Banco Macro ya en el momento mismo de presentarse en el proceso lo que, a la luz de lo expuesto, resulta improcedente.

En cuanto al precedente citado en el libelo recursivo: "Nuevo Banco del Suquía vs. Quintana" (Cámara de Documentos y Locaciones, sentencia N° 214 del 19/4/2007), cabe expresar que este fallo no es asimilable al de la especie pues en aquel juicio el actor, con posterioridad a la traba de la litis, pretendió incorporar el instrumento de cesión de crédito (entre el acreedor original -cedente- y ejecutante -cedido-) y, de este modo, acreditar su titularidad al momento de contestar las excepciones interpuestas por el ejecutado, lo que no ocurre en el supuesto de autos.

De otro lado, el recurrente se agravia de la falta de legitimación del Banco Macro, indicando que ésta reposa en cabeza de la cesionaria SIASA. A pesar de ello, ha dejado firme la sentencia que tiene a ésta última por tercero coadyuvante admitido por el art. 86 inc. 1 procesal (ver sentencia de fs. 569). Sobre este aspecto, resulta relevante hacer notar que el impugnante abunda en el tema de la cesión, de su conocimiento, de los efectos de este conocimiento y notificación, etc., cuestiones todas del Derecho de fondo pero deja sin atacar concreta, puntual y eficazmente la cuestión eminentemente procesal a la que alude la Cámara y que incide en la solución a dar al caso.

La situación de la cesión de derechos litigiosos y sus efectos sobre la legitimación procesal está previsto en el art. 58 CPCCT: "Si durante la tramitación del proceso se enajenara la cosa litigiosa o se cediera el derecho reclamado, el adquirente o cesionario no podrán intervenir en él como parte principal sin la conformidad del adversario. Podrán hacerlo como tercero coadyuvante" (art. 58 CPCC). En autos no se ha dado la extromisión o sustitución procesal, en la que la parte originaria deja de ser tal y su lugar es ocupado por completo por el tercero adquirente (Palacio, Derecho Procesal Civil, vol. III, págs. 335/337; Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, vol I, pág. 184; Colombo, Código Procesal, vol. I, pág. 124). En autos, por el contrario, el que podía haber sucedido en la posición procesal ha quedado, mediante sentencia consentida por la aquí recurrente, en situación de tercero coadyuvante. Esta situación no sorprende por cuanto "en función de un proceso determinado (principal) pueden coexistir a las partes (concepción endoprocesal), terceros eventualmente legitimados para accionar (concepción exoprocesal) que no lo han hecho" siendo por lo demás un caso claro de sustitución procesal el del cesionario que ocupa el lugar del cedente -litigante originario- cuando tiene la conformidad de la contraparte; caso contrario, permanece la parte originaria; permanencia que "si bien a título propio y con interés en el pleito, a partir de la transmisión del objeto del derecho en litigio, defiende un interés ajeno (el del cesionario)" [cfr: Martínez, Hernán, "Procesos con sujetos múltiples", T. 1 y 2, Ed. La Roca, Bs. As. 1987, pp. 269 (T 1), 406, 418 (T.2) ].

Pero además, y lo que es conducente y relevante en la solución a dar al caso (si se pretende ésta justa): Si el cesionario ha quedado como tercero coadyuvante en el proceso, no se advierte, de otra parte, cuál sea el interés (jurídicamente tutelable) del demandado en oponerse a la legitimación activa en el presente caso, en tanto la sentencia "lo afectará" (al tercero), de todos modos.

En efecto, el tercero voluntario, una vez declarada admisible su intervención, deja de ser tal para asumir la calidad de parte, con las implicancias y alcance del caso. .opera en tal supuesto una suerte de metamorfosis procesal: el tercero, al ser admitido en el proceso, se convierte en parte, principio generador de consecuencias múltiples, principalmente de índole procesal" (Bourguignon-Peral- CPCCT, comentado, art. 85). "La justificación o fundamento recaen en la conveniencia de extender los efectos de la cosa juzgada a todos los interesados en una determinada relación o estado jurídico." (ibidem). En efecto, la sentencia recaída "lo afectará como a los litigantes principales" (art. 91 procesal). Ha expresado la doctrina que, como principio general, la cosa juzgada comprende solamente a quienes han revestido el carácter de partes en el proceso en el cual se dictó la sentencia que adquirió aquella eficacia. Resaltándose que por partes debe entenderse no sólo a los sujetos activo y pasivo de la pretensión procesal sino también a todas aquellas personas que en las condiciones previstas por la ley sean incorporados voluntariamente al proceso o han sido citadas para intervenir en él y a quienes la sentencia afecta "como a los litigantes principales". La misma regla rige en materia de sustitución procesal (cf: Palacio-Alvarado Velloso CPCCN anotado, T. 4, citado por Bourguignon-Peral, op.cit., comentario art. 91).

En este sentido, la Cámara afirmó que, si durante la tramitación del proceso una de las partes cede el derecho reclamado, el cesionario sólo puede intervenir como parte principal si cuenta con la conformidad expresa de su adversario y que cuando falta tal asentimiento expreso, el cesionario tiene que asumir un rol subordinado al de la parte principal que apoya y el cedente no puede desligarse de los efectos del juicio, ya que no llega a operarse la llamada "extromisión o sustitución procesal". Que el titular de un crédito puede enajenarlo a título singular pero no innovar la relación procesal y le incumbe seguir como parte sin perjuicio de la intervención del tercero. La transferencia no afecta la situación de las partes y en particular el enajenante continuará ligado a los efectos del juicio y la sentencia que en él recaiga. Toda esta línea argumentativa no fue atacada suficiente y eficazmente por el recurrente.

A todo ello se agrega que el recurrente entiende que fue notificado en mayo de 2007 de la cesión (fs. 1279) y, más allá de lo expuesto ut supra sobre las formas de la cesión, lo cierto es que el esencial efecto de esa notificación es asegurar al deudor, que paga bien, que paga a quien es titular del crédito: "El deudor cedido.tiene interés en saber a quién debe pagar, con quién debe entenderse para todo lo relativo a su obligación" (L. de Z. Teoría de los Contratos, parte especial, T.I., pág. 594). "La exigencia de la notificación se justifica fácilmente respecto del deudor cedido, pues le permite saber a quién debe realizar el pago" (Borda, Tratado de Derecho Civil Argentino, Contratos, T. I., Ed. Perrot, Bs. As., 1969, pág. 397). En las concretas circunstancias de la causa en que el titular del crédito, según lo reconoce y alega el mismo impugnante, se presentó como tercero coadyuvante admitiéndose su participación en tal carácter por sentencia firme, la parte principal seguía siendo asumida por el Banco Macro S.A. no oponiendo, lógicamente, el ulterior cesionario, obstáculo alguno para que el deudor pague al Banco mentado. Esto último no es un dato menor pues la notificación de la cesión también tiene interés para el propio cesionario pues desde tal notificación el deudor no podrá liberarse sino pagándole a él (que, en el presente juicio, acepta su posición de tercero coadyuvante así como la acepta por vía indirecta -dejando firme la sentencia que lo reputa tal- el demandado). Si a ello se suma que la sentencia asumirá cosa juzgada para todas las partes (incluida el coadyuvante) no se advierte el interés del deudor en mantener el planteo de gravámenes o agravios que, bajo el ropaje de lo que son en verdad formalismos nulos de todo contenido jurídico de fondo, sólo llevarán a dilatar la cuestión.

Así, a fs. 331 vta en su responde, el demandado indica que su perjuicio radica en el hecho de que "quien paga mal paga dos veces". "Aquí el perjuicio, aquí la razón del derecho que esgrimimos como enervante de la pretensión de la entidad hoy actora" (sic). Sin embargo, tal perjuicio -necesario para sostener los agravios y el interés de su pretensión en justicia- como se ha visto, no existiría.

En todo lo expuesto, no deja de constituir una razón más a tener en cuenta, obiter dicta, el hecho de que la titularidad de SIASA proviene de un fideicomiso cuyo fin es administrar y gestionar el cobro de ciertos créditos transferidos -al efecto- por el fiduciante que no es otro que Banco Macro S.A.. En este marco, que por razones que no caben en un juicio ejecutivo indagar y que, excepto prueba en contrario, no es cuestión que atenga al aquí impugnante, surge que hubo cierto acuerdo en que el cobro del crédito del caso (incluido en la cartera de créditos que se traspasó con la cesión) fuera gestionado por el cedente.

Por último, y relacionado con lo dicho en los párrafos inmediato anteriores no puede obviarse que, en puridad y atendiendo a la verdad material, existen particulares razones por las cuales puede el Banco Macro cobrar el crédito de autos. En cambio, de la parte contraria, no se advierten razones que sostengan el interés en el no pago como no sea el obligar al cesionario a iniciar innecesariamente un nuevo proceso judicial perjudicándose éste y beneficiándose eventualmente el deudor del tiempo que el litigio consumiría hasta su total conclusión. Visto así, el Derecho no puede proteger este tipo de interés al no ser "jurídicamente tutelable". Esto así por cuanto, como bien se echa de ver a lo largo del discurso argumentativo de la presente, tal interés no encuentra respaldo en normativa alguna a no ser por el carril -inaceptado aquí- del respeto a las puras formas, de sostener el estandarte de la formalidad por la formalidad misma.

La oposición realizada por la ejecutada a la legitimación de la actora, sobre la base de los fundamentos que expone, no llega a demostrar su razón, ni el perjuicio jurídico, ni la pérdida indebida de un derecho actual o eventual. Siendo así, de receptarse esta pretensión se daría lugar a un ejercicio abusivo de una facultad procesal, destinada a salvaguardar intereses que no se advierten presentes en la especie.

A esta altura del razonamiento, y en el particular marco formal y procesal analizado, es cuestión ajena a la naturaleza de este juicio ejecutivo si el crédito derivado de la cesión ha sido o no percibido -total o parcialmente- por el cedente de manos del cesionario; es un tema que pasa entre las partes contratantes y no perjudica ni beneficia al demandado, ajeno a dichos acuerdos.

En definitiva, no existe gravedad institucional por no advertirse la violación a derechos o garantías constitucionales que alega el recurrente. La Cámara falla conforme a Derecho, su sentencia es derivación del derecho vigente y los agravios de la casación no alcanzan a desvirtuar la tesis sentencial.

VI.- A mérito de lo considerado, corresponde rechazar el recurso de casación con costas al perdidoso por ser ley expresa (art. 105 del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido.

La señora vocal doctora Myriam Gisela Fátima Fajre, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte demandada, en contra de la sentencia de fecha 03/9/2012 dictada por la Sala III de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, conforme a lo considerado, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR DANIEL OSCAR POSSE	MYRIAM GISELA FÁTIMA FAJRE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.