Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-05


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 05 días del mes de julio del año dos mil seis, se reunió en Acuerdo el Excmo. Superior Tribunal de Justicia -Presidido por el doctor Fernando S. L. Royer; integrado con los señores Ministros doctores Daniel Luis Caneo y José Luis Pasutti- para dictar sentencia en "P. T., R. p.s.a. de Homicidio" (expediente 20.241-P-2005).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 548: doctores Pasutti, Caneo, Royer.

Los señores Ministros plantearon las cuestiones PRIMERA: ¿Es procedente el recurso de casación de fojas 490/506 vuelta? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? - A la primera cuestión el doctor José Luis Pasutti dijo:

A fojas 472/88 vuelta la Excma. Cámara Primera en lo Criminal de Trelew condenó a R. A. P. T. a nueve años de prisión, con accesorias legales y costas (Código Penal, artículos 12, 19 y 29 inciso 3º), como autor material y penalmente responsable del delito de Homicidio Simple (Código Penal, artículo 79), perpetrado en perjuicio de F. M., entre la hora 00.00 del diecisiete de enero de 2004 y la hora 1,30 del día siguiente, cerca de la terminal de ómnibus de la localidad de Paso de Indios.

2. A fs. 490/506 vuelta el Defensor Jefe de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial de Trelew, doctor Alfredo Pérez Galimberti y la Abogada Adjunta, doctora Marisa Fernández, interpusieron recurso de casación:

"... Que por el presente venimos a deducir recurso de casación contra la Sentencia N° 59/05 dictada el día 24 del mes de agosto del año dos mil cinco por la Cámara Primera en lo Criminal de Trelew, por la que condena a R. A. P. T., como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio simple (art. 79 del Código Penal) a la pena de NUEVE AÑOS de prisión, accesorias legales y costas (arts. 12, 19, 29 inc. 3°, 40, y 41 del CP.), por el hecho ocurrido entre las 00.00 hs. del día 17 y las 01.30 hs., del 18 de enero de 2004, en cercanías de la terminal de ómnibus de la localidad de Paso de Indios, en perjuicio de F. M..- Esto, con el objeto de que el Superior Tribunal de Justicia anule la sentencia por quebrantamiento de formas esenciales del procedimiento que garantizan la defensa en juicio y el debido proceso, y asumiendo competencia positiva absuelva al imputado; supletoriamente disponga el reenvío. (arts. 415, inc. 2°, 429 y conc. del C.P.P.).

II. ANTECEDENTES Según requisitoria de elevación a juicio obrante a fs. 412/420 se le imputó a R. A. P. T. el siguiente hecho: que entre las 00.00 hs. del día 17 y las 01.30 hs del día 18 de enero de 2004, aproximadamente, en la localidad de Paso de Indios, en cercanías de la Terminal de Ómnibus, a unos 70/80 metros aproximadamente, en dirección sudeste, sobre la calle 25 de mayo, sabiendo lo que hacía, conociendo el poder vulnerante del elemento utilizado respecto de la integridad física de la víctima, y con la inequívoca intención de causarle la muerte, agredió físicamente a F. M., mediante la utilización de una maza de hierro o material similar, como asimismo mediante golpes de puño y puntapiés, produciéndole fractura de parietal izquierdo en su región posterior con hundimiento de cráneo, hematoma subdural, de región frontal izquierda, fractura de maxilar superior sobre su lado derecho, que afectó seno paranasal derecho, hematomas biparpebrales, tumefacción y edema, de hemicara derecha, lesiones que fueron certificadas por el médico policial a fs. 8, permaneciendo el nombrado en el Hospital Zonal de Puerto Madryn, lesiones que finalmente le produjeron el óbito en fecha 25 de enero del mismo año.

Al momento de los alegatos, el Sr. Fiscal Jefe de la ciudad de Trelew, Dr. Ricardo Ángel Basílico, tuvo por acreditada tanto la materialidad del hecho enrostrado como la autoría del imputado sometido a proceso, por lo que acusó en orden del delito de Homicidio simple (art. 79 del CP) solicitando que se le impusiera una pena de nueve años de prisión.- Por su parte, la defensa consideró que se la ponía en una posición paradójica, que no era posible hacer una defensa en este juicio por verse ata-cados los principios de derecho de defensa en juicio y ne bis in ídem.- Dos historias se contraponen. P. dice que, completamente ofuscado por el abuso de contenido sexual realizado por M. días antes en perjuicio de su pequeña hija, al saber que había vuelto a presentarse en su casa fue en su busca, y al hallarlo lo golpeó cayendo con fuerza al piso, donde quedó inmóvil, aunque P. continuó dándole golpes y patadas, siendo la muerte producto de las consecuencias del golpe dado por el cráneo de P. con alguna piedra existente en el lugar, al caer pesadamente fruto del golpe de puño que le aplicara, con intención de lastimar mas no de matar. La acción descripta por P. fue presenciada por dos personas, C. y G., que lo alejaron del lugar.- La Fiscalía sostiene que luego de la golpiza que describe P., y sin ser visto por G. y C., munido de una maza, P. habría vuelto al lugar causando la lesión en el cráneo de la que devino la muerte.

La defensa sostuvo que las conclusiones del Fiscal se apoyaban en indicios anfibológicos, y no lograban siquiera una descripción material del hecho circunstanciado.

P. T. se presentó en la comisaría, señaló que había tenido una riña con M., quien había abusado de su hija. No hubo inspecciones oculares sino hasta mucho tiempo después, que pudieran haber certificado o descartado la existencia de un objeto del tipo descripto por los médicos apto para causar la lesión del fallecido, pero esto no es atribuible al imputado. P. tuvo un acceso de cólera ante el abuso sufrido por su hija y se habría descontrolado.- Pero la hipótesis de la fiscalía y la que traen los testigos y las demás pruebas arrimadas al juicio, no son conciliables. Los testigos -algunos parientes del muerto- en ningún momento dicen que P. mató a M., ni siquiera sospechan que haya vuelto al lugar; tampoco lo vieron con ninguna maza. Las pericias indican la 'probabilidad' de que la lesión mortal se haya producido como dice el fiscal, pero no descartan que haya sido con otro elemento.

La maza no presenta rastros biológicos; y, si la fiscalía pretende que ello es así porque M. tenía un sombrero puesto, ¿dónde está el sombrero, con la impronta del golpe? Las meras conjeturas no puede soportar P.: la carga de la prueba compete a la fiscalía.

Tampoco puede la fiscalía invocar el psico-diagnóstico para determinar la culpabilidad de P., porque ello es aplicar derecho penal de autor. La construcción de la fiscalía es pura fantasía.

Todo lo anterior se ha dicho al solo fin de socializar la indisputable decisión que el tribunal debe dar al caso, absolviendo libremente a P.. Pues no se le puede condenar por el delito de homicidio, porque ya fue sobreseído por este mismo homicidio.

No hay sobreseimiento sino por hechos, nunca por calificaciones de la conducta. Cita a Clariá Olmedo (sobreseimientos) y a Maier (ne bis in ídem), y el reciente caso resuelto por la Corte Su-prema de Justicia de la Nación, revalorando viejos precedentes: 'Borda, Nicolás'. Que P. debe ser absuelto conforme el art. 18 de la Constitución Nacional, y el artículo 44 de la Constitución del Chubut.- La sentencia del Tribunal coincidió con la postulación fiscal, condenando al acusado a la pena de NUEVE años de prisión. Solamente dos de los jueces trataron las cuestiones puestas a votación; uno de ellos es la jueza recusada por la defensa.

El Tribunal de juicio se integró con la Fiscal General Alicia Susana Vilaseca, designada transitoriamente jueza de refuerzo por el Consejo de la Ma-gistratura, cuya intervención como jueza subrogante dispusiera el Tribunal.- Planteada tempestivamente por la defensa la recusación de la Dra. Vilaseca, por haber sido al tiempo de la preparación de la acusación en este caso -y continuar siendo- Procuradora Fiscal en esta misma Circunscripción judicial, la postulación fue rechazada por uno de los miembros titulares del Tribunal y por otro juez de refuerzo, el Dr. Guillermo Gustavo Lleral, sin haberlo integrado con un tercer juez para resolver la incidencia.- Rechazada la impugnación, el acusado sólo pudo conocer la identidad de los juzgadores al ingresar a la sala de audiencias, pues nunca le fue notificada con anterioridad.

III. MOTIVACIÓN Venimos a solicitar a los señores Jueces de Cámara que declaren admisible el recurso que se interpone, a fin de que el Superior Tribunal de Justicia proceda a resolver la nulidad de la sentencia recurrida, por violación de la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso (arts. 18 y 31 de la Constitución Nacional, art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos; arts. 44, 46 y 169 de la Constitución del Chubut; arts. 107, 149 inc. 3°, 150 in fine, 357, 358, 363 inc. 3°, 415 inc. 2° y 429 del C.P.P. del Chubut).- Los motivos que, independiente y separadamente, dan base a la nulidad que se pretende consisten en:

1. Nulidad del juicio por la indebida constitución del Tribunal. Derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial. La recusación de una jueza que forma parte del Ministerio Fiscal (art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 10 de la Declaración de los Universal de Derechos Humanos; 14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos; arts. 44 y 182 de la Constitución del Chubut; arts. 54 y 335 C.P.P. y artículo 13 Ley 4245).

2. Nulidad por violación de la garantía constitucional que prohíbe el múltiple juzgamiento: 'ne bis in ídem' (Art. 14 inc. 7 del PDCP; Art. 8.4 de la Convención Americana; art. 75 inc. 22 Constitución Nacional; art. 44 Constitución del Chubut).

3. Nulidad de la sentencia. Violación del principio de congruencia. Falta de motivación. Violación del principio de inocencia y del in dubio pro reo (art. 18 de la Constitución Nacional y 43, 44 y 169 de la Constitución del Chubut; Art. 363 inc. 2° y 3° C.P.P).

IV. DERECHO AL RECURSO El 15 de octubre de 2004, la Sala IV de la Cá-mara Nacional de Casación Penal, en la causa C. 4807 -'L, F D s/recurso de queja', avanzando sobre la línea jurisprudencial de leading case 'Giroldi', y sobre la base de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 'Herrera Ulloa vs. Costa Rica', del 02 de julio de 2004, hizo lugar al recurso de queja. Allí se sostuvo:

'Que a los fines de determinar la procedibilidad de la vía directa intentada, no ha de reducirse su análisis a la mera invocación de que la valoración de la prueba en que ha fundado su convencimiento el Tribunal de mérito resulta una cuestión ajena a la instancia casatoria, pues así como -corolario de la línea jurisprudencial trazada a partir del caso "Giroldi" [Fallo en extenso: elDial - AA505] (Fallos 318:514)- no puede entenderse constitucional la limitación que veda la admisibilidad del recurso de casación en razón del monto de la pena (art. 459, inciso 2°), del C.P.P.N.), tampoco puede cercenarse al imputado su derecho (arts. 8.2.h de la C.A.D.R., 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 75, inc. 22 de la C.N.) en virtud de otros límites que tradicionalmente le han sido impuestos a esta Cámara de Casación.- Es que la garantía no se satisface con su mera enunciación sino que debe otorgarse vigencia sociológica a los derechos. Así entonces, reconocida la garantía a toda persona que resulte condenada de que debe tener acceso -como derivación del derecho de defensa- a una nueva discusión de la cuestión (en principio, lo más amplia posible), es que en consonancia con la sentencia recientemente dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, in re "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", del 2 de julio de 2004, corresponde adecuar el control casatorio garantizando una más plena revisión de la decisión recurrida de manera de conciliar mejor los principios en juego.

El derecho al recurso significa -como ha sido subrayado por la Corte Interamericana, citando el comentario general número 13 del Comité de Derechos Humanos- que el acusado tiene derecho a que se exa-mine íntegramente el fallo en el ámbito de los hechos, en el ámbito del derecho y, particularmente, en el ámbito de la pena.

El debido proceso forma parte de este derecho, y la revisión de esta Cámara de Casación Penal no puede resultar limitada ni restringirse exclusivamente al derecho, sino que debe convertirse en un recurso que -sin sacrificar la inmediación- haga justicia en el caso concreto.- Para hacer justicia a la norma que integra el bloque constitucional de derechos, el Anteproyecto de Código Procesal Penal para el Chubut presentado en la Honorable Legislatura de la Provincia en el mes de agosto de 2005 incorpora una norma que reza:

'Artículo 376. DERECHO DE RECURRIR EL FALLO DE CONDENA. DOBLE CONFORMIDAD. Sin perjuicio de las previsiones de los artículos 374 y 375, el condenado podrá recurrir el fallo ante la Sala en lo Penal a fin de que ella se avoque al conocimiento en concreto de la sentencia, de conformidad con el derecho de recurrir el fallo de condena [Artículo 75 (22), C.N.; Artículo 8, 2 (h), CASDH; Artículo 15 numeral 5, PIDCP; Artículos 22 y 44, IV, C. Ch.]. La impugnación por él deducida atribuye directamente esa competencia a la Sala en lo Penal.

El recurso no requiere de formalidad alguna y bastará cualquier manifestación del condenado en ese sentido, en el mismo plazo previsto en el artículo 382. La Sala en lo Penal no podrá aducir motivos formales para rechazar el mismo. En caso de duda, se presume que el condenado ha ejercido el derecho de impugnar la sentencia.

El recurso puede ser deducido, en las mismas condiciones y con iguales efectos, por el defensor.

La Sala en lo Penal, si advirtiera la necesidad de ajustar la presentación, intimará al recurrente para que en el plazo de 5 días subsane los defectos o aun concrete los agravios y amplíe los fundamentos, bajo apercibimiento de resolver sin ellos.

El derecho a ofrecer prueba se rige por el artículo 383 y, en lo demás, rige el artículo 377.

V. FUNDAMENTACIÓN 1. Nulidad del juicio por la indebida constitución del Tribunal. Derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial. La recusación de una jueza que forma parte del Ministerio Fiscal. (art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 10 de la Declaración de los Universal de Derechos Humanos; 14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos; 44 y 182 de la Constitución del Chubut; arts. 54 y 335 C.P.P. y artículo 13 Ley 4245).

1.1.	Antecedentes El instituto del Juez de Refuerzo fue incorporado a la Constitución del Chubut con la reforma constitucional de 1994. Se reconoció como su antecedente el Proyecto de Ley de Jueces de Refuerzo que integra el Anteproyecto de Ley de Reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación del que fueran autores los Dres. Morello, Arazi, Kaminker y Eisner (HEREDIA, José R., La Reforma en la Provincia del Chubut, Ed. CEIPA, Córdoba, 1995, p. 320).

El proyecto se refería, vale aclararlo, exclusivamente a la jurisdicción civil y comercial, y proponía un procedimiento de selección de jueces ad-hoc, de primera y de segunda instancia, para 'efectos de descongestionar la sobrecarga y desigualdades en el número de causas en trámite en los juzgados nacionales de primera instancia...' (art. 2° del Proyecto).

Fue reglamentado por la Ley 4245, y luego se admitió participación de funcionarios judiciales, por lo que se consideró incluidos en la categoría a aquellos con acuerdo legislativo pertenecientes a los Ministerios Públicos, mediante la reforma establecida por la Ley 5150. La Ley 4245 prohijó el desarrollo del instituto, por igual, en la jurisdicción civil y penal.- Por Acuerdo Ordinario N° 189/04 el Superior Tribunal de Justicia decidió 'disponer la actuación de un tribunal integrado por Jueces de Refuerzo, con los alcances y tal como lo prevé el artículo 182 de la Constitución del Chubut, en principio en un número no inferior a las cincuenta (50) causas, comenzando por aquellas cuyas acciones se hallen más próximas a prescribir y/o fueren de más antigua data de ingreso y que hayan resultado excluidas del orden de prelación dispuesto por aquella por aplicación de los acuerdos N° 15/92 y N° 41/03'.

Luego, mediante Acuerdo Extraordinario N° 3425 estableció que la encomienda se extendería por un plazo de dos años. Por estos acuerdos se habilitó, de manera excepcional, a que los jueces de refuerzo escogidos integraran la Cámara Primera en lo Criminal de Trelew en reemplazo de los Dres. Rebagliati Russell y Di Nardo.- 1.2. Funcionamiento de la garantía de juez, natural.

El artículo 18 de la Constitución Nacional reza:

'Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa...'. En consonancia, la Constitución del Chubut establece: 'Nadie puede ser... juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley con anterioridad al hecho de la causa y designados de acuerdo con esta Constitución'.- Así concebida, la garantía se proyecta en dos direcciones: el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y el derecho a no ser apartado de los jueces naturales, designados por la Ley con anterioridad al hecho del proceso, que se integran en sus dos expresiones como primera manifestación, y que constituye en puridad la protección concebida bajo el título juez natural. La segunda, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales, está cubierto por los institutos de la inhibición y la recusación.

Y a ella concurren las demás garantías de segundo orden que se establecen: la independencia -o autonomía- del Poder Judicial, con el fin concreto de que el juez del caso sea independiente y con ello pueda ser imparcial, la designación ad vitam, para que el juez del caso no tenga la presión de ser removido, y esto contribuya a la imparcialidad.

1.3. Los jueces subrogantes, los jueces sustitutos y los jueces de refuerzo.

No es equiparable el instituto de Juez de Refuerzo al de juez subrogante, o al de conjuez. Sobre este particular, puede decirse que el juez subrogante es aquel abogado, litigante o perteneciente al Poder Judicial, que reuniendo los requisitos para desempañar la magistratura de que se trate reemplaza transitoriamente al titular de la encomienda por licencia o vacancia. Esta asignación de reemplazos tiene su propia regulación en la pertinente legislación orgánica.- En el Chubut el punto está contemplado por las Leyes 37 y 3193, aunque se trata de una legislación todavía vinculada a un diseño constitucional anterior a la reforma de 1994. En efecto, en la Constitución de 1957 no se trazaba una distinción entre los oficios ligados a la administración de justicia, y tanto fiscales como defensores, aún bajo la supervisión administrativa del Procurador General, subrogaban comúnmente a los magistrados de todos los fueros por licencia o vacancia, a veces en períodos prolongados.

Tratábase de una organización del Ministerio Público que espejaba a la judicatura, donde imperaba la escrituralidad, y por ello el concepto de considerar que un funcionario había tomado intervención en un caso sólo si podía constatarse que hubiera impuesto su firma en alguna foja del expediente que contenía el 'trámite' del caso.

La Constitución de 1994 modifica este diseño organizacional, cambia la filosofía de la Constitución, y establece el principio acusatorio, recuperando los contenidos esenciales del programa de la Constitución Nacional de 1853, también en sintonía con la reforma constitucional nacional de 1994 que, en su artículo 120, define al Ministerio Público como una organización autónoma.

Separados así los Ministerios Públicos de la judicatura, con su autonomía y superintendencia (arts. 194, 195 y 196 y cc. Constitución del Chubut), la legislación todavía no se ha hecho cargo de traducir completamente el nuevo programa.- Esta línea divisoria trazada por la Constitución fue, sin embargo, advertida por el Superior Tribunal de Justicia, que mediante la Acordada 3209, Y haciendo uso de facultades otorgadas por el artículo 59 de la Ley 3193, que lo autoriza a establecer la más equitativa división del trabajo bajo el principio de la división por fueros, excluyó del orden de subrogancias de la magistratura a fiscales y defensores.

A partir de ese momento no volvió a ser convocado un Fiscal o Defensor para reemplazar a jueces. Esta Acordada, que modificó el régimen legal retirando a los defensores y fiscales de la subrogación de los jueces, fue escrita contra la letra expresa de las leyes 37 y 3193 y no para llenar sus espacios en blanco. Pero tal solución se hacía necesaria, en razón de que la legislación orgánica había sido deslegitimada por la nueva Constitución.- Por el principio de unidad de actuación receptado en el nuevo orden constitucional, se hacía imposible consentir que una persona vinculada a una organización donde rige el principio jerárquico asumiera funciones jurisdiccionales.

Si en el Ministerio Fiscal rige el principio de unidad de actuación, y la idea de fiscal natural aparece ajena a la institución, la encomienda transitoria de funciones jurisdiccionales, en causas que se iniciaron, se desarrollaron o se enviaron a juicio en el período en que tal funcionario estuvo habilitado para ejercer la acción penal en ese mismo caso, se encuentra objetivamente afectada la posibilidad de que tal funcionario resulte ser juez imparcial del caso.- Al comentar el significado de la reforma constitucional de 1994 en la Provincia del Chubut, quien fuera miembro destacado de la Convención Constituyente explica: 'Es posible atrapar la idea del constituyente de 1994 acerca del enjuiciamiento penal a partir del repaso de la normativa constitucional.

Así, ha diferenciado inequívocamente los tres roles necesarios para que se verifique el juicio a que se refiere el artículo 18 de la C.N. con los alcances que le ha asignado la Corte en su doctrina, que ha ido mutando, pero que ha dejado siempre a salvo lo siguiente: Las garantías que en materia criminal asegura y consagra el artículo 18 de la Carta Fundamental consisten en la observancia de las formas sustanciales del juicio, relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales del reo .

La recepción del principio acusatorio surge del artículo 195, numerales 3 y 4, de la CCh. El primero enumera entre las funciones del Ministerio Público Fiscal -cuya cabeza es hoy el Procurador General- ésta: Promueve y ejercita la acción penal pública ante los tribunales competentes, sin perjuicio de los derechos y acciones que las leyes acuerdan a otros funcionarios y a los particulares...

Es claro que la previa existencia de la acusación promovida y ejercida por un órgano diferenciado que, entre nosotros, se ha regulado acordándole autonomía funcional dentro del Poder Judicial (art. 194 CCh) -esto es, un sujeto diferente al órgano acusado- es de la esencia del principio acusatorio. (Heredia, José R.: 'El devenir del enjuiciamiento penal, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 305 y ss.).- 1.4. El principio del juez independiente e imparcial. Fundamentos de la recusación de quien actuara como miembro del Ministerio Público Fiscal y luego como juez de la causa.

En estas condiciones, ¿puede admitirse que están dadas las condiciones objetivas para asegurar, frente al pueblo de la Provincia del Chubut, la imparcialidad del Tribunal? Al rechazar la recusación deducida por la defensa del imputado, la Cámara en lo Criminal dijo: '... no se advierte que las razones invocadas por el defensor configuren alguno de los enunciados descriptivos que dan lugar a las causales que prevé el artículo 49 del C.P.P. para fundar el apartamiento que se pretende.

En dicha inteligencia, resulta necesario destacar que la circunstancia de haber integrado la Dra. Alicia Susana Vilaseca el Ministerio Público de esta circunscripción judicial durante la formación y desarrollo de la presente causa, no configura la causal de recusación prevista en el inc. 1° del artículo citado, que alude a la intervención directa en el proceso como funcionario del Ministerio Público, situación que no se verifica en las presentes actuaciones'. (el subrayado me pertenece).- En este sentido, las afirmaciones del Tribunal para desestimar, de plano, la recusación, son genéricas, estereotipadas, y no dan respuesta a los interrogantes que se plantean. De hecho el Tribunal desconoce el principio de unidad de actuación de los Ministerio Públicos, expresado en el artículo 194 de la constitución del Chubut.

De lo contrario, no podría haber dicho, como dice, que el Código Procesal del Chubut alude a la intervención directa en el proceso, pues va de suyo que una organización donde rigen los principios de la unidad de actuación y la dependencia jerárquica impone la flexibilidad en la división de tareas, tal como expresamente lo dispone la Ley 5057 de la Provincia del Chubut.

Sólo una lectura parcializada y descontextualizada del marco constitucional, como la que hace el Tribunal del artículo 49 del Código Procesal Penal, permite sostener que la Constitución del Chubut permite esta confusión de roles; que los fiscales o los defensores cumplan funciones transitorias de jueces y vuelvan a sus tareas, adivinando qué información compartieron con sus colegas sobre determinadas causas, qué sugerencias dieron o recibieron, de las que ninguna constancia quedó en actas.

La pregunta a responder, entonces, es: ¿las normas contenidas en los tratados internacionales, específicamente el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, correctamente interpretadas, admiten que se corresponde con el principio de juez independiente e imparcial la intervención de la jueza subrogante Vilaseca en las circunstancias de hecho que se presentan en este juicio? Para dar una respuesta adecuada a esta pregunta resulta necesario remitir a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re 'Giroldi', respecto del valor de las normas de los tratados internacionales en el orden interno, y de la interpretación realizada por los órganos creados por aquellos tratados.

Sin duda que si se trata de la opinión de la Corte Interamericana pronunciada en una cuestión contenciosa, o en su función consultiva, estas opiniones deben tenerse como interpretación auténtica de la Convención Americana.

Ahora bien, si se trata de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, o de los Informes de la Comisión Europea, estos no pueden sino constituir un instrumento auxiliar de interpretación, sin perjuicio de que sea completamente legítimo recurrir a estos precedentes cuando las disposiciones pertinentes de los instrumentos de derechos humanos enunciados en el art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional guarden analogía sustancial con las normas de la Convención Europea de Derechos Humanos (confrontar García, Luis, La Noción de Tribunal Imparcial en los Instrumentos de Derechos Humanos, La Ley, Tomo 1999 - F, pág. 223 y sgtes.).- Las normas que vengo citando de los instrumentos incorporados en la reforma constitucional de 1994 al bloque constitucional, guardan nuclear similitud con el arto 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, en tanto todos los instrumentos citados prescriben como garantía judicial primaria el derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial.

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut ha anticipado esta solución explícitamente, en cuanto ha hecho suyos los fundamentos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del caso 'P' en el caso 'G, E', fallado recientemente.- Resulta completamente paradójico, y entraña una fortísima contradicción, que con una misma integración, la Corte, en una decisión que expresa un concienzudo análisis constitucional utilice este precedente, para contemporáneamente ungir como jueza de refuerzo a una funcionaria con acuerdo legislativo como Fiscal General, precisamente para intervenir en causas preparadas en la oficina donde ella se desempeñara, y que por períodos estuviera completamente a su cargo.

Incluso, si se argumenta que la ley es la que permite ungir jueces a fiscales o defensores, con el mismo argumento utilizado en 'G' el Superior Tribunal de Justicia hubiera desaplicado esa ley, como contraria a la Constitución, por el control difuso de constitucionalidad que le compete, conforme el artículo 10 de la Constitución del Chubut.

Máxime teniendo a la vista que la violación del derecho a ser oído por un juez imparcial, en los términos de interpretación de la jurisprudencia de los tratados que el mismo tribunal del Chubut acepta, le obliga más fuertemente por la propia Constitución Provincial (art. 22 Constitución del Chubut).- Dijo, entonces, el Superior Tribunal del Chubut en la causa G:

'2. Con buen sentido entonces, procuraré juzgar el caso constitucional que se me expone, para lo cual -atentos los conceptos dados- será determinante acudir a la télesis de la norma que se examina, vinculada con las circunstancias que la motivaron.

Respetuoso del principio de presunción de legitimidad de la Ley, consciente de que la revisión constitucional de una norma es la más delicada función susceptible de encomendarse al tribunal de justicia y que ella configura un acto de suma gravedad, última ratio del orden jurídico, a ejercerse con sobriedad y prudencia, atendiendo al coto que al poder reglamentario impone el art. 28 de la Constitución Nacional de inalterabilidad de los derechos fundamentales, el análisis partirá de considerar que el fin perseguido por el legislador al sancionar el supuesto de incompatibilidad -que calificó de "relativa"- que agravia al actor, es primordialmente, según informa la accionada, y coinciden los Colegios Públicos que intervinieron en el pleito- el de evitar que la vinculación que tuvo dentro de su ámbito laboral pueda eventualmente generar en el Tribunal parcialidad respecto del cliente que éste patrocine o represente; o que al menos vierta un manto de duda sobre la actitud imparcial que debe reinar en todo Tribunal de Justicia.

Imparcialidad que estimaré en el concepto dado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en el conocido caso "Piersack vs Bélgica" (Serie A Nro. 53 Sentencia 11/ 10/ 1982), que "no basta que el juez actúe imparcialmente, sino que es preciso que no exista apariencia de falta de imparcialidad, pues "incluso las apariencias tienen importancia" en razón de que "lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática" (Marcelo A. SANCINETTI - "La violación de la garantía de la imparcialidad del Tribunal; pág. 45) ('G, E D c/ Provincia del Chubut s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad' (Expte. N° 18.032 -G- 2.000, sentencia del 20/05/04).

Si en el caso Piersack se cuestionó la intervención de un juez que había sido integrante de la Fiscalía, el caso que aquí se trata es de mayor gravedad, pues la jueza subrogante continúa siendo Fiscal General, y sólo goza de una licencia temporal en esa función a la que deberá volver, más tarde o más temprano.

Por ello, la locución haber integrado utilizada por la Cámara en su resolutorio no es correcta, pues las funciones para las que fuera designada, mediante procedimientos constitucionales, pueden ser re asumidas de inmediato por la Dra. Vilaseca, con sólo que renuncie a su designación provisoria como jueza de refuerzo o cese la encomienda.- Asiste al imputado y a su defensa la garantía de contar con jueces o juezas que sean vistos objetivamente como imparciales. Y una jueza que sigue siendo Fiscal General y lo seguirá siendo cuando termine su encomienda no puede ser vista como imparcial.

La exclusión de los miembros del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa del orden de subrogancias producido tanto en el orden nacional como en la Provincia del Chubut es, como ya se adelantó, consecuencia necesaria de la autonomía y características de la organización de estas agencias estatales. Si cada juez es quien, en un caso individual, concentra la jurisdicción y actúa sus potestades de modo incomunicable, la Defensa responde al principio de unidad de actuación.

De modo que el Defensor Jefe es responsable de la dirección y supervisión del desarrollo de la defensa en todas las causas penales, donde no intervengan abogados de confianza o de otro sistema de asistencia estatal, que se desarrollen dentro del área que se le asigna; y un Defensor puede ser comisionado para desempeñar el mismo rol en cualquier sitio dentro de la geografía alcanzada por la organización.- Por estas razones, corresponde concluir que, por el principio de unidad de actuación, y para asegurar objetivamente la actuación de un tribunal independiente e imparcial, hubiera correspondido la inhibición de la Dra. Alicia Susana Vilaseca por aplicación extensiva, in bonam partem, del artículo 49 inc. 10 del Código Procesal Penal del Chubut, o en su defecto la aceptación de la recusación tempestivamente interpuesta.- 1.5 Protección de la imparcialidad y plazo legal para la recusación.- Está claro que jueces subrogantes y jueces de refuerzo son dos institutos por completo distintos: el juez subrogante es la persona seleccionada, por el procedimiento que se establezca, para reemplazar transitoriamente al titular de la función, sin que se modifique un ápice la competencia otorgada al órgano; mientras que al juez de refuerzo le son asignados asuntos que pertenecen a la competencia de un órgano y asume competencia para juzgar en ellos.

El instituto del juez sustituto es en verdad el que se equipara al juez accidental incorporado a un tribunal colegiado penal, que nuestra Constitución contempla bajo la denominación de juez de refuerzo, al que se refiere el segundo párrafo del artículo 182 de la Constitución del Chubut.

Así, el artículo 359 del Código Procesal Penal de la Nación, en la redacción dada por la Ley 25.770, dispone que 'Cuando de la preparación del juicio y su característica se infiera que la audiencia de debate se prolongará por más de diez días, el tribunal requerirá la designación de un juez sustituto, quien tendrá las mismas obligaciones de asistencia que los miembros del tribunal y la facultad de interrogar, pero no de participar en las deliberaciones para la resolución de incidencias ni en la prevista en el artículo 396.

A tal efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá conformar una lista de conjueces para el supuesto de sobrecarga de tareas por parte de los jueces de cámara del fuero penal. Su designación deberá ser notificada a las partes bajo pena de nulidad, a efectos de que se interpongan las recusaciones que se estimen pertinentes'.- La Constitución del Chubut establece la posibilidad de designar jueces de refuerzo en auxilio de órganos judiciales, con el objeto de dictar sentencias, a fin de descongestionar la sobrecarga y desigualdades en el número de causas. Pero en cuanto a los tribunales de juicio oral la encomienda es más reducida, y se refiere exclusivamente a jueces sustitutos: 'En los tribunales de juicio oral pueden ser convocados por el Superior Tribunal de Justicia con el objeto de evitar la reiteración de los debates'. (art. 182 Constitución del Chubut.).- Ahora bien, habiendo decidido el Superior Tribunal de Justicia la creación de un órgano supletorio, bajo la denominación de refuerzo, anejo o adosado a la Cámara Criminal de Trelew, ésta designación no constituye por sí habilitación para actuar en calidad de juez subrogante.

Debe entenderse, en consecuencia, que los Acuerdos referidos al inicio suponen una nueva modificación al régimen legal de subrogancias, que viene ahora a postergar la subrogancia en primer término de jueces en lo correccional, jueces en lo penal y contravencional de niños, y jueces de instrucción, colocando por delante a quienes fueran escogidos como jueces de refuerzo.

Las normas que protegen las garantías individuales no pueden ser alteradas por las normas de organización de los poderes, conforme se desprende de los artículos 21 y 22 de la Constitución del Chubut. 'Las razones de conveniencia -eventualmente eficacia o celeridad- ceden ante las garantías constitucionales en una estricta aplicación de éstas' (Gelli, op. Cit, p. 171).- El concepto de tercero imparcial es el que, en definitiva, articula las previsiones normativas que rodean el ejercicio de la magistratura. Pues lo que se pretende en la carta política del Estado democrático de derecho es consolidar la figura de un sujeto libre de interferencias, habilitado para resolver disputas.

Aún si se reputara que la Ley 4245 reglamenta correctamente la Constitución del Chubut, y que es posible asignar a magistrados de refuerzo el carácter de jueces subrogantes sin previsión legislativa, resta considerar si las normas de habilitación permiten a estos Jueces conocer en cualquier circunstancia, o sólo en los limitados casos que la ley permite.

En este sentido, la Ley 4245 ha previsto situaciones diferenciadas para la jurisdicción civil y comercial, por un lado, y la penal, por el otro. Así, en el artículo 12°, en materia civil, comercial y laboral, previene que la designación del juez de refuerzo sólo podrá efectuarse luego del llamamiento de autos para sentencia.- Por el contrario, respecto de los procesos criminales y correccionales, el artículo 13 de la Ley 4245 establece expresamente que la designación de juez de refuerzo deberá hacerse antes de la citación a juicio, y ponerse en conocimiento del Ministerio Público Fiscal y las partes conjuntamente con la citación, a fin de que dentro de los términos previstos por el artículo 313 del Código Procesal Penal recusen al juez de refuerzo si lo estiman pertinente.- No hay aquí texto que imponga una difícil interpretación, pues la norma es clara y taxativa: el legislador ha establecido hasta qué estadio de desarrollo de un proceso es admisible la designación de juez de refuerzo, y ha excluido aquellos en que ya se ha producido la citación a las partes para que concurran a juicio, por parte del Tribunal original.

Puede parecer una limitación excesiva; pero lo cierto es que no se trata de un magistrado con acuerdo que remplaza a otro de igual o superior jerarquía, del mismo o distinto fuero, sino de jueces accidentales, y por esto la prevención del legislador tiene justificación, y no deviene en absoluto irrazonable o excesiva. Máxime cuando la interpretación en contrario lo es en perjuicio de las garantías del imputado.- Con la manda expresa de la ley a la vista, para desaplicarla los jueces deberían haber cuestionado su constitucionalidad -que no lo hicieron- o advertir su colisión con otra norma de igual jerarquía, que no existe. Lo que invocaron, entonces, fueron razones de conveniencia, prescindiendo de los intereses del acusado.

A partir del decreto de citación a juicio no puede admitirse la detracción de la competencia del tribunal original, con su integración corriente o, si esto no es posible, con jueces subrogantes, los que, conforme disponen las aún vigentes leyes 37 y 3193, se escogen entre magistrados de grado similar o inferior y, en su defecto, se desinsaculan de la matrícula de abogados. Pero los jueces de re-fuerzo, para actuar como jueces subrogantes, han de tomar intervención con anterioridad a esa providencia.

La protección de la imparcialidad del juzgador a través de normas procesales es nada más que articular la Constitución en sentido dinámico. Si el legislador ha previsto que sólo podrá darse intervención a jueces de refuerzo en el ámbito penal con el reparo de que la encomienda siempre deberá ser hecha antes del decreto de citación a JUICIO, no es posible eliminar la norma legal, desaplicarla bajo el pretexto de la economía, la celeridad o el cumplimiento de objetivos de la administración, porque se trata de una norma que tiende a la protección de una garantía de la persona acusada de delito, en este caso la del juez imparcial.- Si la Ley 4245 creyó necesario advertir que los jueces de refuerzo en los tribunales penales sólo podrían intervenir si se notificaba su integración junto con la citación a juicio, no puede pensarse que esta concreta y precisa determinación haya sido fruto de la necedad o la desatención. Lo que la norma expresa es una especial prudencia cuando se trata de dar intervención a jueces provisionales y por ello la justificación de este anticipo necesario.- Las normas de protección de garantías son estándares que limitan la actuación de los órganos estatales en todas las circunstancias, independientemente de la afectación concreta de la garantía que se protege.- De lo contrario, podría considerarse por este camino innecesario que el imputado cuente con un abogado defensor de su confianza, o que sea llevado a presencia del juez luego de su detención, si no demuestra qué afectación concreta sufrió por el no cumplimiento de la regla.- Las garantías están formuladas en las Constituciones y Tratados como límites, como obstáculos al ejercicio del poder punitivo estatal. No es posible desecharlas bajo pretextos de eficiencia.

'Los procesos adjetivos se presumen sancionados en salvaguarda de los derechos fundamentales de los justiciables contenidos en los mandatos de la Constitución nacional y, sobre esto, cabe señalar que la garantía del debido proceso, en la que se integra la del juez natural, determinado por las normas sobre competencia, ha sido consagrada fundamentalmente a favor del acusado, motivo por el cual no es válido recurrir al argumento de la incompetencia para adoptar una decisión que importe someterlo nuevamente a juicio'. (CSJN, in re Polak, Federico, Octubre 15-1998; en DJ, 1999-2-888; JA, 1999-1-335).

Para finalizar, si la fiscalía y la defensa fueron notificadas de la integración del Tribunal, el principal interesado, conforme norma el artículo 50 del Código Procesal Penal, es decir el imputado, nunca fue notificado de la integración del Tribunal, y por ello nunca tuvo la posibilidad de formular la recusación de la jueza de refuerzo convocada como jueza subrogante.

2. Nulidad por violación de la garantía que prohíbe el múltiple juzgamiento: 'non bis in ídem' (Art. 14 inc. 7 del PDCP; Art. 8.4 de la Convención Americana; art. 75 inc. 22 Constitución Nacional; art. 44 Constitución del Chubut).

2.1) La garantía del ne bis in ídem prohíbe al Estado tanto condenar a una persona dos veces por el mismo hecho, como ser expuesto al riesgo de ser objeto de una nueva persecución penal por la cual ya fue sobreseído o absuelto. Se fundamenta en la preservación de la estabilidad, seguridad jurídica y presunción de certeza de la cosa juzgada.

Expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación que esta garantía tiene base constitucional y su fundamento es proteger a los ciudadanos de las molestias y restricciones que implica un nuevo proceso penal cuando otro sobre el mismo objeto está en trámite o ha sido ya agotado y se extiende, al menos, a toda nueva 'persecución penal', es decir, que ampara al imputado desde que existe algún acto del juez -o de quienes bajo su control efectivo o eventual tienen a su cargo la instrucción- que atribuye de alguna manera a una persona la calidad de autora de una infracción penal y que tiende a someterlo a proceso [CSJN, Fallos: 258:220; 292:202; 299:221; 308:84; 314:377 y 315:2680]	De este modo, ante un único hecho concreto, el ejercicio del poder punitivo del Estado se puede efectivizar una sola vez.

Dicho alcance obedece a que el tribunal que juzgó el hecho por primera vez pudo investigar y probar con amplitud, pero si este juzgamiento estuvo plagado de defectos o errores no puede constitucionalmente revertirlos repitiendo una nueva persecución penal.- Así, el Art. 14 inc. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos dice que 'Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo a la ley y el procedimiento penal de cada país'.

Asimismo, el Art. 8.4 de la Convención Americana prescribe que 'El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos'.- La CSJN en el caso 'Taussig, Jorge' (CSJN, 30-4-1991) [Fallo en extenso elDial - AA12F7], aceptó este criterio amplio de la garantía, expresando que 'La prohibición de la doble persecución penal no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado, sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho' Mientras que en autos 'A de R, A L.' [Fallo en extenso elDial - AA103C](voto del doctor Bossert), de 4/5/2001[276] manifestó que 'La garantía constitucional de que goza el imputado a obtener un pronunciamiento judicial que defina de una vez y para siempre la situación ante la ley y la sociedad, se basa en que el Estado en todos sus recursos y poder no tiene derecho a llevar a cabo esfuerzos repetidos para condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad y aumentar también la posibilidad de que, aún siendo inocente, sea hallado culpable'.

Para que el principio sea aplicable, se deberá constatar que la nueva persecución sea idéntica a la primera en tres aspectos: en cuanto a la persona, el objeto y al fundamento o causa de la persecución (eadem persona, eadem res, eadem causa petendi).- La identidad de persona requiere que se trate de la misma persona. La identidad de objeto se refiere en líneas generales a que el hecho sea el mismo. La identidad de causa de persecución es sinónima de identidad de pretensión ejercida.

Existiendo esa identidad sustancial regirá el non bis in ídem aunque en la nueva persecución penal se afirmen nuevas circunstancias accidentales (de lugar, tiempo o modo, por ej. nuevas víctimas), agravantes de la calificación de la misma figura penal tanto físicas (v. gr. uso de armas que agravaría un robo simple), psíquicas (intención de matar que agravaría un homicidio culposo) o jurídicas (vínculo matrimonial en homicidio), diferente participación delictiva (v. gr. se sobreseyó al imputado como autor y se lo pretenda juzgar como instigador del mismo delito) o grado distinto de ejecución (se lo condenó por tentativa y se lo pretende perseguir por el mismo delito pero consumado) o se pretenda una calificación legal distinta y más severa a un mismo hecho (v. gr. utilización de violencia para el acceso carnal que convertiría en violación un hecho antes calificado de estupro) [Conf. CAFERATA NORES, José I. 'Garantías y sistema constitucional', ob. cit., pág. 148].

2.2) En el presente caso sucedió:

A fs. 231/235 el juez instructor ordenó el procesamiento de P. T. en orden al delito de homicidio preterintencional. El HECHO imputado a P. consistía en haber causado la muerte de F. M., mediante golpes de puño y puntapiés, con la intención de lesionarlo, mediante el empleo de un medio que no debía razonablemente causarle la muerte.

Siéndole atribuible tal resultado porque su accionar implicó una grave violación al deber de cuidado, al asestarle un fuerte golpe de puño a la víctima con la posibilidad de que caiga sobre el suelo impactando alguna zona vital contra algún elemento contundente causando una herida mortal.

b) A fs. 366/370 el mismo juez instructor resolvió ordenar el procesamiento de P. T. en orden al delito de homicidio simple, como imputación principal y mantener el auto de procesamiento de fs. 231/235 por el delito de homicidio preterintencional, en carácter de imputación alternativa. Al imputar el delito de homicidio simple, el juez sostuvo que P. agredió a F. M., en el mismo sitio y a la misma hora enunciadas antes, mediante la utilización de una maza de hierro, causando la herida mortal.

c) A fs. 377/385 la Fiscalía formuló el requerimiento de elevación a juicio, efectuando esta aclaración: 'En este sentido, frente a un mismo suceso histórico, consignaré una imputación principal, desarrollada en sus extremos fácticos y jurídicos, y para el caso en que en la etapa del plenario no resulten demostradas las circunstancias en que se sustenta, existe planteada la imputación subsidiaria con similar desarrollo, permitiendo al imputado defenderse, probar y alegar sobre ambas, y al Tribunal decidir sin sorpresa alguna para el inculpado, tal como ha ocurrido por otra parte en el presente sumario respecto de R. A. P. T.' (fs. 377, in fine, el resaltado nos pertenece).

d) Elevada la causa a la Cámara, ésta resolvió declarar la nulidad del auto de procesamiento de fs. 366/370 y del requerimiento de elevación a juicio de fs. 377/385 y devolver los autos para la renovación del acto anulado.

e) Vueltos los autos al juez de instrucción, éste resolvió ordenar el procesamiento de P. T. en orden al delito de homicidio simple, revocar el auto de procesamiento de fs. 231/235 y (DICTAR el SOBRESEIMIENTO por el hecho que allí se le había imputado como HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL (art. 294 inciso 2), que se le dictara al aquí procesado en carácter de imputación alterativa' (fs. 397/400).- f) Notificada la fiscalía de esta resolución (fs. 400 vta.), nada dijo al respecto y simplemente se limitó a formular una nueva requisitoria de elevación a juicio, obrante a fs. 412/420, por el delito de homicidio simple. Relatando exactamente el mismo hecho (como no podía ser de otra manera): basta para ello comparar que el texto ha sido importado con sus puntos y comas, como resulta de la lectura de las actas cosidas en el expediente, a fs. 378 vta. y 412.- Para todos los casos, el hecho (único) ha sido detallado en el punto II de este escrito, al cual nos remitimos en razón de brevedad.

g) Devuelta la causa a la Cámara, ésta nada objetó y procedió a citar a juicio a las partes.

h) Durante el alegato, la Defensa planteó que P T. no podía ser condenado por homicidio porque ya había sido sobreseído por el mismo hecho, aunque calificado como homicidio preterintenciona1.

i) Los jueces de Cámara, si bien admiten que el hecho es uno solo y que el juez de instrucción se excedió al dictar el sobreseimiento, decididos a condenar a P T. a como diera lugar, dicen que el juez de instrucción sobreseyó la calificación y no el hecho, y que tal sobreseimiento es inane.

'Anuncia el magistrado, que si no se aceptara esta postura, debería sobreseerse al imputado por el delito preterintencional, dejando en pie el delito de homicidio simple, con el consiguiente riesgo de que sólo se contemple la posibilidad de éste último delito, a la par que se le mantiene la posibilidad fiscal de probar un hecho menor en el debate si no tiene éxito con su tesis principal. El beneficio que postula el instructor para fundar su novedosa solución no la comparto.

Si se describe acabadamente un hecho, las distintas alternativas que pudieren presentarse en el debate, permiten que la figura principal se sostenga, se modifique atenuándose o agravándose, en este último caso, el procedimiento a seguir está marcado por la ley de rito. Empero, a pesar del anuncio en sus consecuencias produce el instructor, aquél debió atender razones que luego le formulara el Tribunal, en donde se le advertía de la no necesidad de tal conclusión definitiva, si todo se reducía -como lo era- a un solo e indivisible hecho...

Retomada la competencia del juez instructor, como consecuencia de la declaración de nulidad, éste último dicta la resolución de fs. 397/400, en donde escoge la imputación principal y revoca la subsidiaria, dictando el sobreseimiento definitivo respecto de esta última.

El proceder de esta manera fue contrario a lo que había expresado el Tribunal en su declaración de nulidad, significando el sobreseimiento dictado un exceso en la decisión jurisdiccional instructoria, toda vez que -conforme se expresa en el 4to párrafo de la resolución de la Cámara- la base fáctica resultaba ser una sola y una sola la calificación a escogerse, con lo cual bastaba con que revocase el auto de procesamiento de fs. 231/235... resultando el sobreseimiento, insisto, un exceso pues recayó sobre una circunstancia fáctica nunca imputada, lo que me lleva a calificarlo de inane y sin contenido, dictado sólo respecto de una calificación jurídica nunca reprochada al imputado y de la cual tampoco se le brindó la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa' (del voto del Dr. Rebagliati Russell, fs. 475 vta./476vta., el resaltado nos pertenece).- 'Es del caso apreciar que la solución acordada en el resolutorio citado, da en desprender como consecuencia inexorable clausurar la posibilidad del hecho subsidiario... Esto sentado, corresponde traspolar al nivel procesal el alcance del sobreseimiento que quien resuelve explicita como única alternativa, y que es el eje del planteo de la defensa y del presente análisis, en función -como se dijera al inicio- de la garantía que se tiene por atacada y la consiguiente incidencia en la aptitud de juzgamiento del inculpado.

Tal como viene planteándose entonces, el revocatorio que sobresee no estuvo referido al marco fáctico atribuido, sino al encuadramiento dado a la apreciación del curso investigativo a esa altura y respecto de los elementos colectados, que podía válidamente suprimirse ante la hipótesis de aunar la imputación, sin imperativo procesal de captar en sobreseimiento tal eliminación.

Sabido es y acertadamente lo pone de manifiesto la Defensa, que el sobreseimiento recae sobre 'hechos y no sobre calificaciones', y careciéndose en el presente supuesto de la correlativa imputación del hecho que se dice suprimir por no acaecido, tal remedio lejos de precluir la posibilidad de su atribución al inculpado, deviene excesivo a la solución ordenatoria que el tribunal le proponía y neutro a los efectos de la protección constitucional que nos ocupa. La conclusión no ofrece interpretaciones posibles: no se ha sobreseído un hecho sino una calificación provisoria cuya plataforma fáctica nunca contempló la escisión de la conducta en el tramo culposo que aquélla importa en punto a la preterintencionalidad, pudiendo así erigirse en el hecho atribuido.

Ello porque sucesivamente le fue impuesta al sujeto pasivo en términos de dolo a lo largo de toda la instrucción, y como se señalara supra aún después de encuadrada la conducta en el auto respectivo de fs. 231/5 vta. en cuestión, y antes de incluirse en la intimación, el probable elemento coadyuvante. Surge entonces cuál es el hecho imputado unívocamente y cuál el provisorio encuadramiento que llega a ser alcanzado erróneamente por el instituto del 294 del C.P.P, con inocuidad para erigirse en el obstáculo de resguardo que plantea el principio non bis in ídem invocado. (del voto de la Dra. Vilaseca, fs. 482 vta./483, el resaltado nos pertenece).- El esfuerzo de los magistrados es infructuoso. P. llegó a juicio sobreseído en el hecho de causar la muerte de F. M..- Veamos, por reducción al absurdo, el riesgo fabuloso para la garantía que veda la doble persecución legal el aceptar la peregrina idea de los jueces de que este error garrafal en el trámite del caso deba ser soportado por el acusado.

Supongamos, por un momento, que en el trámite del debate y en virtud de la aparición de un testigo de credibilidad insobornable, o de nueva evidencia física concluyente, hubiera quedado demostrada la hipótesis -en la que se encontraba confeso lisa y llanamente P.- del golpe aplicado con la consecuencia de la caída de M. y el impacto, con la cabeza, contra un objeto romo, en forma de maza, con las consecuencias letales conocidas.

¿Hubieran podido los jueces condenar a P. por el delito de homicidio preterintencional, por el que estaba sobreseído? ¿O hubieran debido reconocer que, por ese hecho, no podía ser nuevamente imputado y en consecuencia le hubieran absuelto libremente? Una segunda hipótesis. Imaginemos, por un momento, que los magistrados hubieran llegado a la conclusión de que no existía mérito suficiente para la condena de P. por Homicidio Simple, por no haberse acreditado -como no se acreditó- que hubiera puesto manos en tal objeto en todo el día del hecho. ¿Admitirían que el Fiscal, vuelto a la carga, reprochara a P. la comisión del delito de Homicidio agravado con el concurso de personas, imputando a éste la muerte, conjuntamente con C. y G.? A tenor de lo que vienen diciendo, sin duda que sí. P. podría ser juzgado luego por Lesiones Graves, por tentativa de homicidio, y hasta por abandono seguido de muerte.

'Sí se justifica, en cambio, la distinción en total y parcial del sobreseimiento cuando la imputación es múltiple. Es total cuando cierra la causa respecto de todos los hechos objeto del proceso y a favor de todos los imputados. Es parcial cuando queda excluido uno de los varios hechos o no favorece a alguno de los imputados. Dado el caso, el proceso continuará por el hecho no captado o contra el imputado no favorecido.

Resulta ajena a esto la distinta calificación jurídica del hecho; cuando éste es el mismo no podrá, por ejemplo, sobreseerse por defraudación y elevar a juicio por libramiento de cheque sin previsión de fondos' (Clariá Olmedo, 'Derecho Procesal Penal', Tomo III, pág. 27).

'Ya hemos visto que no se trata, entre nosotros, de impedir que se persiga por el mismo delito, pues no sólo resulta posible perseguir otra vez por el mismo delito -como concepto-, cuando se trata de comportamientos históricamente diversos (por ejemplo, al condenado por hurto, si comete otro hurto), sino que, además nuestro Derecho positivo, aún en los casos en que utiliza esa expresión (por ej. CPCrim. Nacional (1889), 7), no alude al impedimento de perseguir nuevamente el hecho, tal cual está calificado, según la antigua discusión francesa; se refiere al delito concreto, como hecho histórico, cualquiera que sea su denominación jurídica'.

'Así, supuesto de que se trata del mismo hecho... lo que se persiguió con un hecho punible consumado no soporta una nueva persecución como tentativa; quien fue condenado por lesiones (CP, 89 y ss) no puede ser perseguido posteriormente por homicidio (CP, 79), raíz de la misma hipótesis de hecho, con el pretexto de que el fallecimiento de la víctima acaeció después de la condena y es el resultado de las lesiones'.- 'Ello no es admisible, ni aún bajo el pretexto de un error fáctico o jurídico, salvo el caso excepcional del recurso de revisión a favor del condenado, caso que, por su misma naturaleza, no representa un nuevo riesgo, sino, por el contrario, otra garantía que se le brinda al reo. La razón es simple: en el procedimiento relativo a la primera imputación se podía averiguar correctamente todas las circunstancias y elementos del comportamiento atribuido, hasta agotarlo, y su tribunal poseía todas las atribuciones para valorar jurídicamente el hecho según correspondía; precisamente, cuando la situación jurídica se presenta de distinta manera, porque el primer procedimiento, según una regla de Derecho, no puede agotar la imputación originaria, estamos frente a uno de los casos de excepción (eadem causa petendi), que habilita una nueva persecución penal'.

'Si ante el tribunal x y el tribunal Z se atribuye a A haber matado a B, las imputaciones son idénticas, con prescindencia de las verificaciones fácticas. Ambos procesos pueden estar en trámite y, por ende, desconocerse la verdad acerca de cada imputación o, aún sentenciados, pueden arrojar resultados diversos y, sin embargo, se debe afirmar que hay -o hubo- persecución penal múltiple por un mismo hecho.

El objeto procesal siempre consiste en una hipótesis, esto es, en una afirmación no verificada (hipotética) sobre el acaecimiento en el mundo real de un determinado comportamiento: la identidad permanece, inclusive si en el primer proceso la acción no se comprueba como cierta y, por ende, se absuelve o sobresee, pues desde el punto de vista del Derecho procesal penal, el proceso posterior, en el que se vuelve a pretender la comprobación de la misma imputación, tiene el mismo objeto que el anterior'.

'El fracaso de una condena por violación (CP, 119, inc. 3) debido a que no logró probarse la fuerza o intimidación para el acceso carnal, no autoriza a perseguir de nuevo por el mismo acceso carnal, sosteniendo ahora que la víctima era una mujer honesta y menor de quince años, circunstancias no acusadas en el primer proceso y, por ende, no tomadas en cuenta en él para lograr una condena por estupro (CP, 120).

El caso revela, incidentalmente, la razón por la cual deben ser permitidas las acusaciones alternativas, que prevén de antemano la posibilidad de que fracase alguna de las imputaciones o la imputación principal -por ej., hur-to (CP, 162) y encubrimiento real (CP 277, inc. 3).' - 'Lo mismo ocurre cuando el Derecho penal sanciona comportamientos ejecutados tanto con dolo, como con culpa (por ej. el homicidio doloso o culposo); en estos casos, cualquiera que fuere la imputación, consume a la restante, en el sentido de que no es posible perseguir penalmente otra vez, bajo la excusa de que el comportamiento, históricamente único, se imputa ahora bajo una forma subjetiva distinta.

Por ejemplo: quien es juzgado por homicidio doloso (CP, 79) no puede ser posteriormente enjuiciado por homicidio imprudente (CP, 84), cualquiera que sea, incluso, el signo de la sentencia final (condena o absolución), y viceversa. La solución no reside en el hecho de que imputar un delito doloso sea lo mismo que atribuir un delito culposo (ver D, 2, e), sino, por el contrario, en advertir que se somete a una misma persona a un doble riesgo de persecución penal en relación a un mismo acontecimiento histórico básico: en el caso, provocar la muerte de una persona.

La imputación alternativa es, también aquí, la solución para respetar la defensa del imputado sin someterlo a más de una persecución penal'. (Julio B.J. Maier, 'Derecho Procesal Penal', Tomo 1, pág. 607/610).

2.3) Recientemente la CSJN en autos 'Borda, Carlos Nicolás' -B.20 13 XXXVIII- debió tratar un caso similar al presente, en cuanto una persona que había sido sobreseída al declararse extinguida por prescripción la acción penal a su respecto, era so-metida nuevamente a proceso, por los mismos hechos, pero con una calificación más gravosa.- Allí se dijo: '. que el reclamo del recurrente por el respeto de la cosa juzgada se dirige a lograr la plena efectividad de la prohibición de la doble persecución penal, cuyo rango constitucional ha sido reconocido por esta Corte (Fallos: 272:188 y 292:202) y ese derecho federal sólo es susceptible de tutela inmediata, porque la garantía no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho... en cuanto al fondo del asunto, asiste razón al recurrente porque al haber sido desvinculado del proceso respecto de los hechos en cuestión mediante la absolución dispuesta a fs. 23/24, que quedó firme porque fue consentida por el Ministerio Público Fiscal y por el acusador particular, aquellos no pueden configurar nuevamente una plataforma fáctica respecto de la cual pueda admitirse una acusación...

La autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica y debe respetarse, salvo en los casos en que no ha existido un auténtico y verdadero proceso judicial, puesto que aquella supone la existencia de un juicio regular donde se haya garantizado el contradictorio y fallado libremente por los jueces (fallos: 238:18; 254:320; 278:85; 279:54 y 308:84), como ha ocurrido en la especie.

Y de acuerdo al dictamen del Procurador en aquella causa, que resulta totalmente aplicable al presente caso: la resolución por la cual se declaró el sobreseimiento de P. T. fue consentida por la Fiscalía, a pesar de contar en la oportunidad procesal pertinente con la posibilidad de oponerse.

La única solución consistente con el estado de derecho es declarar la nulidad de la sentencia recurrida por afectar la prohibición de múltiple persecución.- 3. Nulidad de la sentencia. Violación del principio de congruencia. Falta de motivación. Vio-lación del principio de inocencia y del in dubio pro reo (art. 18 de la Constitución Nacional y 43, 44 y 169 de la Constitución del Chubut; Art. 363 inc. 2° y 30 C.P.P).

Esta sentencia no sólo es nula por violar el principio que veda la doble persecución.- Sucede que el Fiscal que actuó en el juicio presentó un hecho distinto del que presentara el fiscal que formulara acusación. Y en ningún momento amplió la acusación para permitir el ejercicio de la defensa.- Nótese que la acusación que toman los jueces para tratar la sentencia es la descripción hecha en la requisitoria de elevación a juicio por el Fiscal Maza. Él describe un único hecho, en el que M. es golpeado con una maza, y a consecuencia de la lesión muere días más tarde.

El fiscal Basílico, en cambio, y como surge del acta de debate, sostiene que, luego de la golpiza inicial, se retiran P., C. y G. del lugar. P. marcha a su casa, toma la maza, y da un golpe a M. hundiéndole el cráneo, en un sitio que ya no es el sitio original sino otro diferente.

El Fiscal Basílico acude a este subterfugio pues no puede destruir la credibilidad de los testigos G. y C., ni quitarlos del lugar del suceso. Con esta modificación substancial de la descripción del hecho, el Fiscal salva la dificultad absoluta de imputar a G. y C. -uno de ellos primo del muerto- el delito de participación en el homicidio, o al menos encubrimiento.

Los jueces del Tribunal tienen cuidado de no confrontar nunca los hechos de la requisitoria con los contenidos, según dimana del acta, en la acusación del Fiscal Basílico, tratando el hecho como SI en todo momento ambas descripciones cobijaran la misma hipótesis. - ¿Qué clase de juicio ha sido éste? 'Acreditado como ha sido la existencia de golpes aplicados con el puño y puntapiés por parte del encartado contra M., queda ahora por establecer la existencia del segundo tiempo que apreció el juez instructor en su resolución de fs. 397/400 y que plasmó el Fiscal de Cámara al tiempo de los alegatos y que fuera negado por el enjuiciado como realmente acontecido.

Conforme a la postura acusatoria el imputado habría tenido un segundo encuentro con la víctima, ocasión en que le aplicó un golpe en el cráneo con una maza, lo que le produjo una fractura de cráneo y el consecuente hematoma intracraneano que los peritos han establecido como desencadenante del óbito. Veamos a continuación si es factible acoger, por vía indiciaria, la conclusión antes indicada' (voto de la jueza subrogante Dra. Alicia Susana Vilaseca, fs. 479.) ¿En qué parte de la requisitoria de elevación a juicio, que fuera leída al inicio del debate, en el capítulo de los hechos, se describen dos momentos de agresión de P. a M.? - ¿Qué lesiones caben reputar como surgidas a consecuencia de la primera agresión, con golpes de puño y puntapiés? Pues, como bien se nota en la acusación que hace el fiscal Basílico en la audiencia de debate TODAS LAS LESIONES PADECIDAS POR M. LO FUERON EN EL SEGUNDO MOMENTO, es decir, el momento que C. y G. no presenciaron. Un momento, hay que decirlo, que no existe en la requisitoria de elevación a juicio.

Esta supresión, o más bien adición de momentos por arte de birlibirloque, no resuelve, sin embargo, la respuesta a las preguntas que la instrucción pudo y debió responder: ¿Por qué no hay rastros biológicos en la maza? ¿Dónde está el sombrero de M.? ¿Cómo sacó P. T. la maza de su casa, sin que nadie lo viera? ¿Porqué no testifican contra él los parientes del muerto';

¿Qué evidencia científica corrobora que el impacto de una maza usada como se predica -más allá de las vagas e imprecisas especulaciones estadísticas de los médicos- causa la lesión que se dice ha sido causada con esa maza? De modo reiterado los jueces han llenado los vacíos o justificado las contradicciones invirtiendo la carga probatoria. Así, no le toca a la Fiscalía explicar cómo prueba contra el imputado, sino a P. T. dar razones y aportar evidencia.

'La sentencia será nula si faltare la enunciación del hecho que fuera objeto de la acusación. Es que, si la base del juicio es la acusación, es natural que el hecho que la motiva deba consignarse en la sentencia que le pone fin y que sobre ella resuelve. Sólo así se podrá controlar si el fallo decide sobre todas las cuestiones postuladas por la acusación o refutadas por la defensa, la congruencia o correlación fáctica entre ambas (acusación y sentencia), el ámbito de la cosa juzgada y el alcance del principio non bis in ídem.

Aquella enunciación no podrá ser sustituida por la determinación circunstanciada del hecho de que el tribunal estime acreditado luego del debate, el que, sin embargo, no podrá contener mutaciones sustanciales respecto del descrito en la acusación. En caso de que se hubiera ejercitado la acción resarcitoria, la omisión de describir los extremos de la demanda civil podrá ocasionar la misma sanción'. (Cafferata Nores y otros, 'Manual de Derecho Procesal Penal'. ps. 568/9).- La requisitoria relató un hecho llevado a cabo en un solo momento temporal y el alegato fiscal lo situó en dos momentos temporales distintos.

'El hecho será "diverso" si se trata de un hecho que mantiene el núcleo fáctico originario, pero mutado en sus circunstancias penalmente relevantes, por agregado, supresión o sustitución de algunos accidentes de lugar, modo o tiempo del acaecer histórico de su comisión, no previstos expresamente en la acusación y que no constituyen simples circunstancias previstas como agravantes o atenuantes del mismo por la ley penal (por ejemplo, manteniéndose el núcleo fáctico -el acceso carnal- se descarta en el debate una circunstancia de aquél -la violencia-, pero aparece una nueva -inmadurez sexual de la víctima menor de 16 años)'.- 'Pero si el fiscal discrepare con el tribunal al respecto, la sentencia decidirá sobre el hecho contenido en la acusación. En otras legislaciones (v.gr. art. 395 C. de Catamarca) se ha previsto, para evitar el anticipo de opinión por parte del tribunal, que sea el fiscal -titular de la actividad acusatoria- quien introduzca la hipótesis del hecho diverso y, en caso de discrepancia del tribunal, queda autorizado a formular una acusación alternativa respecto del hecho que considera diverso (Vélez, 1999), posibilitando la defensa del acusado por ambas hipótesis delictivas y la decisión de los jueces sobre aquel que finalmente acepte en la sentencia (cfr. CSJN, caso María Soledad Morales) (Cafferata Nores y otros, 'Manual de Derecho Procesal Penal', ps. 523/4) (...)".- 3. A fs. 539/41 vuelta el Defensor General, doctor Arnaldo Hugo Barone, amplió los fundamentos de los motivos de la instancia (C.P.P., art. 424): "... 1. OBJETO.

Que vengo por el presente a tomar la intervención que legalmente me corresponde y en consecuencia, a ampliar los fundamentos del recurso de casación oportunamente interpuesto en autos (fs. 490/506 vta.), por el Señor Defensor Jefe de la Oficina de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial de Trelew, Dr. Alfredo Pérez Galimberti, y por la Señora Abogada Adjunta, Dra. Marisa Fernández a favor de R. A. P T., contra la sentencia de la Cámara Primera en lo Criminal de Trelew, (n° 59/05), dictada el día 24 del mes de agosto del año dos mil cinco, referenciada con el n° 59/05, que condenó al referido a la pena de NUEVE AÑOS de prisión accesorias legales y costas (arts. 12, 19, 29.3, 40 y 41 del CP), por el hecho ocurrido el día 18 de enero de 2004, en cercanías de la terminal de ómnibus de Paso de Indios, en perjuicio de F. M..

Es a tales fines que acompaño la presente memoria en los términos de los artículos 424, siguientes y concordantes del rito penal.

II. MANTIENE RESERVA DEL CASO FEDERAL.

Que, es fundamental en orden a la procedencia de este remedio procesal que la cuestión federal sea introducida oportunamente, desde su aparición y sostenida en las etapas jurisdiccionales subsiguientes.- Que, ello ha ocurrido en el presente caso, dado que la efectiva configuración del agravio generador de la cuestión federal aparece y se patentiza con el fallo que vía del presente recurso de casación se impugna por: 1. Indebida constitución del Tribunal. Derecho a ser oído por un Tribunal independiente e imparcial. La recusación de una Jueza que forma parte del Ministerio Fiscal 2. Violación del ne bis in ídem.

3. Violación del principio de congruencia. Falta de motivación. Violación del principio de inocencia e in dubio pro reo, toda vez que se han afectado las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso legal.- Que, con el objeto de cumplimentar tal requisito formal en lo que hace al planteamiento y mantenimiento del caso federal (art. 14 Ley 48) y para el hipotético e improbable caso de que el Tribunal de V.E. confirme el resolutorio en cuanto es materia de este recurso, vengo ahora en forma expresa a sostener la reserva del caso federal oportunamente efectuada en autos.- III. FUNDAMENTOS.

Que a fin de evitar repeticiones innecesarias y por cuestiones de celeridad y economía procesal, me remito a todos y cada uno de los fundamentos dados en tiempo y forma en el recurso de casación, que fuera oportunamente admitido por el Tribunal de V.E., el que brevitatis causae pido se tenga aquí por reproducido.

Sólo resta mencionar en esta instancia que siendo el Tribunal de V.E. el Máximo Órgano Jurisdiccional Provincial, y que de acuerdo a la organización jurisdiccional que prevé nuestro Código Procesal Penal, es el que resuelve en grado único de apelación extraordinaria sobre las sentencias dictadas en juicio, debe garantizar materialmente el derecho a la doble instancia penal prevista en el art. 8 inc. 2°, ap. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14 inc. 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- Así, los agravios que se exponen en el presente recurso resultan irreparables dentro de nuestro sistema por otra vía fuera de la presente. El recurso -entonces- ha de ser abierto y sus agravios revisados exhaustivamente, so pena de incurrirse en incumplimiento 'de facto' de la doble instancia, ahora constitucionalmente garantizada.- Sucintamente puede efectuarse a estos fines, un breve reconto motivacional. Se interpone la ca-sación basada en tres motivos principales, sustentados en primer termino por el Derecho al Recurso del condenado, exponiéndose jurisprudencia nacional y trasnacional basada en el principio de la 'Revisión Integral de la Sentencia de Condena'.- Puede mencionarse un primer problema referido a la imparcialidad e independencia de un miembro del Tribunal, concretamente la Dra. Vilaseca, jueza de refuerzo que actúa como subrogante, dictando la sentencia que se impugna en casación y en el presente memorial.- Se cuestiona que la Dr. Vilaseca -integrante del Ministerio Público Fiscal y desempeñándose como Fiscal General- sea miembro del Tribunal de Juicio, conformando la voluntad del cuerpo que condenara a P T. a la pena de nueve años de prisión.

Si bien existió una práctica en este sentido, es decir los fiscales y defensores subrogaban -por vacancia o licencia- a los magistrados, dado el nuevo diagrama constitucional a partir de la reforma del año 1994 que profundiza y continúa el esquema de la originaria de 1853, los Ministerios Públicos funcionan guiados por principios diferentes a los de la judicatura, aquellos poseen unidad de actuación y dependencia jerárquica, esto significa un riesgo concreto de tomar intervención directa o indirectamente de determinados expedientes, compartir información, indicar resoluciones, y luego ejerciendo la judicatura resolver sobre los mismos expedientes que de algún modo se habría conocido, tenido injerencia o relacionado.- Es indudable que la imparcialidad en estas circunstancias se encuentra seriamente comprometida, más aún teniendo en cuenta que es preciso que no exista apariencia de imparcialidad, dado que juega aquí la confianza que el Tribunal debe brindar a los ciudadanos, y éste es un elemento de peso a los ojos de cualquier lego para sospechar fundadamente de parcialidad por parte del órgano juzgador, contraponiéndose, claramente, con la garantía constitucional de ser juzgado por un juez imparcial.

Recordemos que estas son garantías mínimas que hacen a la esencia del debido proceso, y que no hay necesidad de demostrar el perjuicio concreto, en este caso de P. T.; son estándares mínimos que se deben cumplir, y que traen aparejado como sanción la nulidad de la sentencia y cuestión federal suficiente, porque atacan directamente a normativa constitucional y supranacional.

No debemos soslayar tampoco, que de acuerdo al artículo 13 de la Ley 4245 los jueces de refuerzo, para actuar como jueces subrogantes, han de tomar intervención con anterioridad a la providencia de citación a juicio, recalcando también, la indefensión que produjo en P T. la ausencia de notificación de la integración del Tribunal, coartándole la posibilidad de recusación de la jueza de refuerzo convocada como jueza subrogante.

En el segundo motivo agravial: es manifiesta la violación al principio de doble juzgamiento, existiendo identidad de hecho, sujeto y causa petendi. Esta consecuencia reconoce como causa un error en instrucción, convalidado por la fiscalía al sobreseer a P. T. en orden al delito de homicidio preterintencional, y luego condenándolo en etapa plenaria a la pena de nueve años de prisión, contando como dijéramos con la requisitoria tripartita: el sujeto, P. T., la misma pretensión, aplicar pena en caso de declarado culpable e idéntico basamento fáctico.- Es indudable que el Estado no puede cargar sobre P. T. un error atribuible a él con exclusividad, en un proceso regularmente desarrollado.

Aquí también al igual que en el punto anterior, debemos realizar la exégesis de los actos estatales desde la constitución y carentes de influencias externas, estados de ánimos u opiniones públicas. Analizaremos en el último punto la rela-ción entre medios y fines, pero es conveniente destacar aquí, desde un punto de vista positivista o axiológico, la necesaria prudencia que significa mantener la equivalencia entre las constituciones y los actos estatales.

Una vez más debe destacarse aquí que es V.E. el máximo órgano provincial protector de las constituciones, tanto local como nacional, y que este acto es configurativo -a los fines del recurso ex-traordinario federal- de una cuestión bastante y directa.

El tercer motivo por el cual se puede reputar nula esta sentencia es la violación al principio de congruencia; esto determina que los sentenciantes deban incurrir para justificar el fin esperado en franqueos constitucionales evidentes.

La requisitoria Fiscal, sitúa todo el desarrollo de lo acontecido en un solo momento -espacio tiempo-; en cambio en la acusación se efectúa un desdoblamiento de aquellos.- Para el Fiscal autor de la requisitoria, la utilización de la masa asestando en el cráneo de la víctima y los golpes de puños y puntapiés se realizaron en un único momento, el cual fue presenciado por dos testigos, que vale aclarar, refutan la existencia de la masa y la agresión con ella por parte de P. T., es por esta razón que el Fiscal de juicio divide en dos los acontecimientos, incorporando por accesión un segundo momento, en el cual no existen testigos, y podemos describirlo de esta manera:

después de los golpes y puntapiés, se retiran los testigos al igual que P. T.; éste va en busca de una masa a su casa, regresa, y en soledad aplica con ésta un golpe en la cabeza, en un sitio espacial diferente.

Los Jueces en el plenario toman como único hecho el de la requisitoria; va de suyo entonces, que la acusación y la sentencia carecen de la congruencia necesaria, dada la modificación sustancial de los hechos.

Inevitablemente el Tribunal invirtió la carga de la prueba, franqueando el principio de inocencia y el in dubio pro reo, coronando una sentencia inmotivada.- Esto es así, dado que quedaron distintas preguntas de orden lógico sin resolver y que se vislumbran en su mayoría directamente o indirectamente en el recurso casatorio. Es el caso de interrogarse sobre: Si el Fiscal de juicio tuvo que incorporar otro momento distinto para el uso de la masa por parte de P. T., ¿porque no podía desacreditar a los testigos -uno de ellos familiar de la víctima- tomando como 'Hecho' el Tribunal el de la requisitoria -donde todo sucede en un solo momento estando los dos testigos-, cómo probó sin desacreditar a los testigos el uso de una masa en la cual no se constató manchas hemáticas y nadie vio a P. T. extraerla de su casa, y sin existir pruebas científicas concluyentes de que la masa produjo la herida en el cráneo, solo esto último como posibilidad, operando en estos casos el favor rei en beneficio de P. T.? Indudablemente, o existe una contradicción interna en la sentencia o claramente es inmotivada, o bien ambas cosas.- IV. CONCLUSIONES.

La filosofía y la axiología nos muestran en determinadas ocasiones cuales caminos debemos tomar y por qué. Los acontecimientos que sustentaron los tres puntos en el recurso de casación reflejan un hilo conductor relacionado con los medios y los fines; vimos que el fin de los Fiscales y el Tribunal era indefectiblemente condenar, a P. T.; despreocupándose de los medios para llevarlo a cabo, forzaron el proceso hasta lograr la condena, quizá por el supuesto 'clamor popular' o distintas presiones ajenas a una declaración de una persona prudente.- No sólo se debe resguardar el derecho positivo, por el sencillo hecho de no violar las constituciones, o para respetar la dignidad y los derechos humanos de los justiciables, sino porque el no hacerlo, el darle prioridad a los fines dejando de lado los medios que se emplean, equiparan al victimario con quien lo juzga y con el tiempo este último se transforma en algo peor que aquel. Éste es uno de los fundamentos del rechazo de la venganza y es lo que agravó de sobremanera al terrorismo de Estado.- Para finalizar quisiera transcribir palabras relacionadas de Erich Fromm a este respecto: 'El énfasis exagerado puesto en los fines conduce de varias formas a una distorsión del equilibrio armónico entre medios y fines: una forma de esto es aquella por la cual se destacan los fines sin considerar suficientemente el papel de los medios. El resultado de esta distorsión es que los fines se toman abstractos, irreales y por último se convierten en humo. Este peligro ha sido extensamente estudiado por Dewey.

El aislarse de los fines puede tener el efecto contrario; aunque ideológicamente se conserva el fin, éste sirve únicamente como un pretexto para poner todo el énfasis sobre aquellas actividades que son supuestos medios para este fin. El lema de este mecanismo es "los fines justifican los medios". Los defensores de este principio no se dan cuenta que el empleo de medios destructivos tiene sus propias consecuencias que en realidad transforman el fin aunque se le conserve ideológicamente.' Erich Fromm; Ética y Psicoanálisis; Ed. Fondo de Cultura Económica, México; pág. 211. (...)" - 4. A fojas 545/6, el señor Procurador General, doctor Eduardo Samamé, dictaminó en la oportunidad del Código Procesal Penal, artículo 426, apartado segundo in fine, que: "... El Dr. Alfredo Pérez Galimberti, Defensor Jefe de la Defensa Pública, conjuntamente con la abogada Adjunta Marisa Fernández, en autos caratulados 'P. T., R. A. p.s.a. Homicidio a F. M. -expte. 189/04' interponen recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 24 de agosto del año 2.005 por la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Trelew que condena a su asistido R. A. P. T. por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de Homicidio Simple -art. 79 del Cód. Penal- a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 3°, 40 y 41 del C.P.) peticionando al Superior Tribunal que anule la sentencia pronunciada por entender que la misma quebranta las formas esenciales del procedimiento que garantiza la defensa en juicio y el debido proceso, y asumiendo competencia positiva, absuelva al imputado, supletoriamente disponga el reenvío (arts. 415, inc. 2, 429 y cc. del C.P.P.).- Los motivos que invoca el recurrente para fundamentar la pretensión tendiente a que sea tachada de nulidad la mentada sentencia, consisten en: 1) nulidad del juicio por la indebida constitución del tribunal. Derecho a ser oído por un tribu-nal independiente e imparcial. 2) Nulidad por la violación de la garantía constitucional que prohíbe el múltiple juzgamiento 'ne bis in ídem'. 3) Nulidad de la sentencia. Violación del principio de congruencia. Falta de motivación. Violación del principio de inocencia y del in dubio pro reo.

Que a fin de evitar repeticiones innecesarias y por cuestiones de celeridad y economía procesal, me remito a todos y cada uno de los fundamentos dados por la defensa, los que brevitatis causae se tienen aquí por reproducidos.

Respecto al primer agravio he de señalar que adhiero al fundamento esgrimido por la Defensa en relación a la indebida constitución del Tribunal al estar integrado por la Dra. Alicia Susana Vilaseca. Se hace necesario aquí memorar que esta Procuración dejó expresado idéntico criterio desarrollado por la quejosa en oportunidad de plantear Conflicto de Competencias -conforme art. 179 inc. 1º y 2º de la Constitución Provincial y la configuración de un supuesto de gravedad institucional de fecha noviembre del año 2.004 a los cuales me remito.

Abordando el eje central del recurso incoado, principiaré diciendo que dejo asentado que comparto la posición asumida por el Fiscal de juicio y plasmada por los señores camaristas en su voto, pues el sobreseimiento dictado alcanzó a la calificación del hecho atribuido, por el que nunca fue convocado a declarar.

Luego del análisis de las distintas constancias arrimadas a la Audiencia de Debate, como así también de la instrucción, observo que siempre la base fáctica por la que se lo convocara a prestar declaración en los términos del 262 del C.P.P. y luego se lo acusara y condenara fue la misma; nunca respondió por la figura preterintencional, siempre se le reprochó al incuso su intención de matar a la víctima, existiendo una correlación respecto de los elementos materiales del delito, la acción y el resultado atribuido.

Por otra	parte cabe destacar, siguiendo a Julio B. J. Maier en su obra 'Derecho Procesal Penal', T. 1, que si bien las leyes argentinas no se refieren a las acusaciones subsidiarias o alternativas, tampoco las prohíben, ni nada en la ley se opone a que el acusador proceda de esta manera; forma recomendable en estos casos conflictivos e, incluso, en aquellos en los cuales el acusador no puede asegurar el éxito de	su tesis principal; y su fracaso no determina necesariamente la imposibilidad de una condena por el mismo acontecimiento histórico.- No encuentro sustento a la queja en cuestión, toda vez que en la variación de la calificación no hubo afectación ni debilitamiento en el ejercicio de la defensa material y técnica, garantizada en todo debido proceso (art. 18 de la Const. Nac.; art. 44 de la Const. Prov.), pues no se ha procedido a la mutación de la base fáctica de la imputación; es decir ha permanecido incólume, por lo que tanto el imputado como su defensor estuvieron en condiciones de elaborar una estrategia segura ante el suceso que se achacaba.

Reiterando, en el caso sujeto a estudio no se ha producido modificación alguna de los elementos fácticos y el acontecimien-to histórico investigado es el mismo; además los elementos cargosos agregados con posterioridad al procesamiento no alteran la base en que se funda-menta la autoría del imputado y la existencia del dolo en su conducta.

Respecto al tercer agravio esgrimido, hallo que existe una correlación esencial entre la acusación y la sentencia. El suceso histórico criminoso fue idéntico al que fue motivo de intimación originaria, el cual permaneció así en la acusación fiscal y en el fallo cuestionado que sentenció por el mismo acontecimiento objeto del proceso.

Amerita recordar que la voz correlación no es utilizada como sinónimo de identidad o adecuación perfecta en toda su extensión; significa que el pronunciamiento no se puede extender más allá de los elementos fácticos esenciales y de las circunstancias y modalidades influyentes, siempre que la defensa no se haya visto afectada si esa sentencia se apartó de ese presupuesto.

Así las cosas, entiendo que no se ha violentado el principio de congruencia toda vez que no ha sido alterada la plataforma fáctica contenida en la acusación, ni se ha vulnerado el derecho de defensa del imputado.- II) De conformidad con lo expuesto correspondería rechazar el recurso en los apartados 2 y 3 incoados en autos".

5. Emitiré mi voto.

6. Respecto al motivo de agravio titulado "Nulidad del juicio por la indebida constitución del Tribunal. Derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial. La recusación de una jueza que forma parte del Ministerio Fiscal", diré que el artículo 49 del Código Procesal Penal sobre inhibición y recusación, establece que El Juez deberá inhibirse de conocer en la causa cuando exista uno de los siguientes motivos:

1. Si en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia o auto de procesamiento; si hubiere intervenido como funcionario del Ministerio Público...".

Como se aprecia, la primera opción (resaltada con negrita) prevé que no es suficiente el conocimiento anterior de la causa que pueda tener quien fue Juez de Instrucción; antes bien requiere como causal de inhibición, que el magistrado haya dictado sentencia o auto de procesamiento.

Habida cuenta que el Juez de Instrucción -que no sólo conoce sino que fue, históricamente, el director del proceso- puede actuar en la misma causa, no puede cercenarse la intervención de quien -por su pretérita calidad de funcionario del Ministerio Público Fiscal- pudo, potencialmente, haber tomado conocimiento de la causa que luego le toca fallar, sin haber actuado en la misma (Código Procesal Penal, artículo 49, inciso 1º, segunda oración) Por ello, la objeción formulada por el casacionista, relacionada con la protección de la imparcialidad, deviene inconsistente a la luz de las formas rituales vigentes.- En cuanto a la violación a la garantía del juez natural que se denuncia -basada en el incumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de la ley 4245- debe tenerse en cuenta que dicho incumplimiento no se encuentra expresamente sancionado con nulidad.

Y permitido a las partes el ejercicio de la recusación, fundamento de su existencia, no habiendo formulado el recurrente una crítica que ponga de manifiesto cuál es concretamente la causa que lo agravia -asiento de un interés directo- la instancia resulta improcedente.

7. El motivo titulado "Nulidad por violación de la garantía constitucional que prohíbe el múltiple juzgamiento: "ne bis in ídem", es improcedente.

El sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta (Código Procesal Penal, artículo 293). Aquella resolución corresponde, entre varios supuestos, cuando el hecho investigado no se cometió (Código Procesal Penal, artículo 294 inciso 2°).

Pero si en autos la medida dictada por el Juez de Instrucción no desvinculó a R. A. P. T. del injusto, ya que se lo procesó por el hecho investigado, no existe, en rigor, un sobreseimiento. La persecución en curso no puede impedirse porque no se clausuró el progreso de la acción penal, sino, en esta, una de las hipótesis plausibles y la subsunción consecuente (la del Homicidio Preterintencional; Código Penal, artículo 81 inciso primero, letra a).

Así, la explícita reformulación del auto de procesamiento, desde la figura citada hacia la de Homicidio (Código Penal, artículo 79), es posible según el artículo 278 del Código Procesal Penal. Empero, esa reforma, aún mezclada incorrectamente con la apariencia de sobreseimiento, no otorga, para las suposiciones dejadas de lado, el derecho a la garantía del non bis in ídem (Código Procesal Penal, artículo 1).- La prohibición de la doble persecución funciona cuando el imputado obtuvo una resolución definitiva; no es absolución, condena o sobreseimiento, la declaración jurisdiccional que contiene la probabilidad de la existencia del hecho delictuoso y la participación culpable del imputado, por más que, junto a ella, el Magistrado actuante descarte una posibilidad alternativa, menos fuerte que la finalmente impulsada al debate.

8. El fundamento del agravio caratulado "Nulidad de la sentencia. Violación del principio de congruencia. Falta de motivación. Violación del principio de inocencia y del in dubio pro reo", es también improcedente.- Según la requisitoria fiscal de elevación de la causa a juicio (vide escrito recursivo, fojas 490 vuelta), el objeto del proceso consistió en que P. T. "... sabiendo lo que hacía, conociendo el poder vulnerante del elemento utilizado respecto de la integridad física de la víctima, y con la inequívoca intención de causarle la muerte, agredió físicamente a F. M., mediante la utilización de una maza de hierro o material similar, como asimismo mediante golpes de puño y puntapiés, produciéndole fractura de parietal izquierdo en su región posterior con hundimiento de cráneo, hematoma subdural, de región frontal izquierda, fractura de maxilar superior sobre su lado derecho, que afectó seno paranasal derecho, hematomas biparpebrales, tumefacción y edema, de hemicara derecha, lesiones que fueron certificadas por el médico policial a fs. 8, permaneciendo el nombrado en el Hospital Zonal de Puerto Madryn, lesiones que finalmente le produjeron el óbito en fecha 25 de enero del mismo año".

Los Vocales del plenario pronunciaron la condena del acusado ajustándose estrictamente a los sucesos postulados por el instrumento requirente. Los fundamentos empleados para afirmar con certeza la existencia del despliegue letal de P. T. en perjuicio de F. M., son legítimos, suficientes y consistentes.

El Tribunal dejó constancia de las circunstancias que impulsaron al imputado a salir en búsqueda de la víctima. P. encontró al ofendido, le reprochó que "se pasara con la nena y que le haya dejado los caballos en el patio" (vide fojas 478). P., muy ofuscado, agredió a M. con golpes de puño y puntapiés. Los testimonios directos de G D G. y J R C., dieron cuenta de todo ello y que los dos últimos se esforzaron por detener la dura agresión del imputado.

Sin embargo P. buscó una maza de hierro de 4,5 centímetros, volvió por M. y renovó el ataque mediante aquél instrumento. Los Camaristas del plenario ofrecieron razones muy sólidas para acreditar que P. retornó solo, sin la compañía de C. y G., golpeó al damnificado con aquella maza y puso la condición del homicidio. La prueba es indiciaria, pero segura.

Los antecedentes inmediatos (la primera agresión), la violencia de P., los motivos que lo impulsaron a matar, sus expresiones anteriores respecto a la suerte que le esperaba a M., su comportamiento posterior, ya en su casa, la coincidencia plena entre el elemento contundente usado y las improntas dejadas en la cabeza del infortunado hombre, todo ello, en conjunto, permiten confirmar, efectivamente, la hipótesis fiscal. Tal acusación fue clara, precisa, circunstanciada; hizo posible la defensa material y técnica; sirvió de base a la condena.

Tan es así que la propia defensa técnica acepta que todas las afirmaciones contenidas en la requisitoria pudieron ser contestadas, negadas o relativizadas dentro del proceso. Véase lo apuntado en la impugnación a fojas 490 vuelta/491: "La Fiscalía sostiene que, luego de la golpiza que describe P., y sin ser visto por G. y C., munido de una maza P. habría vuelto al lugar causando la lesión en el cráneo de la que devino la muerte. ...

Pero la hipótesis de la fiscalía y la que traen los testigos y las demás pruebas arrimadas al juicio, no son conciliables. Los testigos -algunos parientes del muerto- en ningún momento dicen que P. mató a M., ni siquiera sospechan que haya vuelto al lugar, tampoco lo vieron con ninguna maza. Las pericias indican la 'probabilidad' de que la lesión mortal se haya producido como dice el fiscal, pero no descartan que haya sido con otro elemento. La maza no presenta rastros biológicos y, si la fiscalía pretende que ello es así porque M. tenía un sombrero puesto, ¿dónde está el sombrero, con la impronta del golpe? Las meras conjeturas no las puede soportar P., la carga de la prueba compete a la fiscalía".

Propongo, por lo expresado, que la sentencia recurrida sea confirmada en todos sus términos.

A la primera cuestión el doctor Daniel Luis Caneo dijo:

Coincido con el sufragio del señor Ministro, doctor José Luis Pasutti.- Si entre los Vocales del Tribunal A-quo hubo una Jueza de Refuerzo que integró el Ministerio Público Fiscal hasta asumir aquél cargo transitorio, tal antecedente funcional no obliga su excusación ni justifica la recusación.- El Código Procesal Penal, artículo 49 inciso 1°, exige la inhibición del Juez que en el mismo proceso hubiere intervenido como funcionario del Ministerio Público.- Según la Real Academia (Diccionario de la Lengua Española, 20ma. 2da. Edición; Buenos Aires, Espasa, 2006), "intervenir", significa "tomar parte en un asunto". O sea que el Fiscal interviene cuando toma parte o participa mediante actos en el mismo proceso (véase el alcance que tiene la expresión anotada en el Código Procesal Penal, artículos 5 y 149 incisos 2 y 3).- En el sublite la Fiscal no intervino en la causa que luego juzgó como miembro del Tribunal sentenciante.- La defensa técnica denuncia la confusión de roles que permitiría que (vide fojas 495 vuelta) "... los fiscales o los defensores cumplan funciones transitorias de jueces y vuelvan a sus tareas, adivinando qué información compartieron con sus colegas sobre determinadas causas, qué sugerencias dieron o recibieron, de las que ninguna constancia quedó en actas".

Diré que el argumento no se ajusta a la regla invocada expresamente pero sí a la del Código Procesal Penal, artículo 49 inciso 10. Sin embargo la objeción en contra del que antes fue Fiscal o Defensor y luego funge como Juez ("compartir información", "dar o recibir sugerencias") es manifiestamente incierta y carente de prueba que la sustente, lo cual provoca ahora el rechazo del agravio (Código Procesal Penal, artículos 52, 53 y 56).- El nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 5.478) requiere para la recusación a un Juez o Jurado, "motivo serio y razonable" (artículo 76). No son motivos serios y razonables, la desconfianza gratuita, el recelo, la suspicacia, la aprensión.

Hago mías, por lo demás, las consideraciones que realiza el doctor Pasutti con base en la Ley 4245, artículo 13.

El motivo de agravio que indica la violación al principio constitucional del "non bis in ídem" tiene que ser desestimado. El Juez de Instrucción no sobreseyó al imputado (Código Procesal Penal, artículo 294 inciso 2°); lo procesó por el delito de Homicidio Simple (Código Penal, artículo 79) aunque en el mismo auto interlocutorio, desestimara una de las hipótesis sobre las que había girado la pesquisa -la de Homicidio Preterintencional; Código Penal, artículo 81 inciso 1°, letra a).

No hubo, por lo tanto, una resolución jurisdiccional que, cerrando definitiva e irrevocablemente el proceso a favor de R. A. P. T., pudiera invocarse en contra de la acción penal que finalmente culminó en la sentencia condenatoria recurrida.

Por último, el fallo de la Cámara en lo Criminal consigna los hechos de la acusación, a los que tiene por probados con certeza. Comparto aquí también la opinión del colega del primer voto. La requisitoria fiscal de elevación de la causa a juicio es muy clara. Y los fundamentos que sostienen la decisión (refutando las defensas opuestas a favor del encartado) son sencillos, directos, contundentes, armónicos.- P. T. es violento. Expresó delante de testigos el enojo que le provocaba F. M.. Fue en su búsqueda. Lo encontró en la terminal. Emprendió una brutal agresión. G D G. y J R C. estuvieron allí y presenciaron los golpes que recibió la víctima. Momentos después, P. regresó al sitio, solo esta vez, con una maza, y volvió a golpear duramente al ofendido. Hay coincidencias entre el instrumento empleado (luego secuestrado en el domicilio del encartado) y las improntas dejadas en la cabeza del muerto. Las cosas sucedieron así con seguridad. Las razones que los camaristas brindaron son suficientes para confirmar la resolución recurrida. Así vo-to.- A la primera cuestión el doctor Fernando S. L. Royer, dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores José Luis Pasutti y Daniel Luis Caneo, existe mayoría de votos para conformar la voluntad del Superior Tribunal; de modo que haré uso de la facultad que prevé el Código Procesal Penal, artículo 357 -texto según ley 4550, artículo 7.

A la segunda cuestión el doctor José Luis Pasutti dijo:

Con arreglo al Acuerdo logrado en el tratamiento de la primera cuestión, corresponde: declarar improcedente el recurso de casación de fojas 490/506 vuelta; confirmar la sentencia de fojas 472/88 vuelta; y regular los honorarios profesionales de los doctores Alfredo Pérez Galimberti, Marisa Fernández y Arnaldo Hugo Barone, a cuyo fin propongo la suma de Pesos Trescientos Setenta y Cinco ($ 375), cantidad que no contiene I.V.A., en conjunto y proporción de ley (Ley 2200, artículos 10 y 14). Así lo digo.- A la segunda cuestión el doctor Daniel Luis Caneo dijo:

Que vota en el mismo sentido que el doctor José Luis Pasutti.

A la segunda cuestión el doctor Fernando S. L. Royer, dijo:

Reitero ahora las consideraciones vertidas en el tratamiento de la primera cuestión.- Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente;

S E N T E N C I A: - 1º) Declarar improcedente el recurso de casación de fojas 490/506 vuelta.

2°) Confirmar la sentencia de fojas 472/88 vuelta.- 3°) Regular los honorarios profesionales de los doctores Alfredo Pérez Galimberti, Marisa Fernández y Arnaldo Hugo Barone, en la suma de Pesos Trescientos Setenta y Cinco ($ 375), cantidad que no contiene I.V.A., en conjunto y proporción de ley (Ley 2200, artículos 10 y 14).- 4º) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Dres. Daniel Luis Caneo, Jose Luis Pasutti, Fernando S. L. Royer.-