Competencia contencioso administrativa, docentes, acción de amparo, presentación extemporánea
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Neyra, Ramón Martín c/ Dirección Provincial de Educación Técnica de la Provincia (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Catamarca - Poder Ejecutivo Provincial) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-30

Comparece el actor incoando acción de amparo en contra de la Dirección Provincial de Escuelas Técnicas dependiente del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, persigue se deje sin efecto una asamblea realizada en forma irregular por la que se le ha privado de asumir el cargo de Coordinador de Fundamentación Básica de la Escuela EPET Nº 3 .

Explicita que el 14/Feb/13 se ha visto privado arbitrariamente de acceder a dicho cargo, al no haberse respetado el orden de mérito faccionado por la Junta de Calificaciones de conformidad a lo previsto por la Resolución Ministerial CE Nº 1375/00.

Sostiene se convocó para el día 14/Feb/13 a asamblea pública desatendiendo la normativa para el llamado a cubrir cargos en asamblea. El Director de Educación Técnica decidió que no existía nadie calificado para el cargo por lo que decidió designar a quien no figuraba en el orden de mérito confeccionado por la Junta de Calificaciones.

Alega como vulnerados los derechos a la igualdad, de propiedad y razonabilidad frente al despojo y avasallamiento de su derecho a concursar en el cargo para el que se encontraba calificado Por imperio de expresas normas constitucionales -Art. 204 de la Constitución Provincial-, y reforma del Art. 4 de la Ley de Amparo 4642 por ley 4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada, corresponde se declare la competencia de este Tribunal para entender en autos.

La jurisprudencia de ésta Corte de Justicia, siguiendo la doctrina legal sentada por la CSJN, se ha inclinado de manera uniforme por sostener que, la acción de amparo constituye un remedio de excepción, cuya utilización esta reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlas pueda afectar derechos constitucionales, cuya apertura requiere circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado, sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente de este proceso constitucional.

Reputando a la acción de amparo como una acción independiente, que concentra en un proceso toda la materia de base constitucional, derecho de propiedad en sentido lato, medio que debe ser idóneo para la protección de los derechos y garantías reconocidos constitucionalmente, siempre que aparezca en forma clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción a los mismos.

Que dicha exigencia en el acto que se reputa lesivo, tiende a la comprobación fácil y rápida de la lesión consumada por el acto u omisión arbitraria o ilegal, tanto en la aportación de pruebas por el amparista como en la apreciación por el sentenciante, exigiendo que el acto objeto de análisis demuestre en su primera apariencia y sin necesidad de amplio debate ni controversia, la violación grosera del derecho individual del actor.

La pretensión del actor, tiende a que se deje sin efecto una Asamblea celebrada el día 14/Feb/13 desatendiendo la normativa para el llamado a cubrir cargos, todo con fundamento en el prueba que aporta en su intento de demostrar la lesión a sus derechos fundamentales.

Del escrito de demanda, se extrae la falta de precisión de los derechos de superior jerarquía conculcados por el accionar administrativo, por ende, la falta de subsunción del hecho en las normas contenidas en los Arts. 1 y 6 de la Ley 4642.

Aunado a la circunstancia de la inobservancia de las previsiones contenidas en el Art. 2 -Inc. e - de la ley de rito. Aserción que encuentra fundamento en la prueba aportada en el intento de demostrar la ilegalidad del actuar administrativo.

En efecto, se advierte que el instrumento público que da plena fe de los hechos cuya constatación se ha requerido por parte interesada, han acaecidos con fecha 15/03/2012, debiendo considerarse como un acto continuo desarrollado desde la aceptación del requerimiento por el notario cuyo contenido se da por transcripto in extenso, de donde se extrae sin lugar a controversia la extemporaneidad de la articulación de la acción.

Además, se habría instado la vía administrativa en procura de enervar el acto como da cuenta lo manifestado por la parte y prueba documental adjuntada con la demanda.

De lo que se infiere claramente que el actor goza y ha ejercitado la vía administrativa, lo que claramente tipifica el supuesto contemplado en el Art. 2, Inc. c, de la Ley 4642, que obsta a la admisión de la acción.

Conforme a ello, antecedentes jurisprudenciales del Tribunal y lo previsto por el Art. 3 de la Ley 4642, que resulta aplicable cuando se presenta alguno de los supuestos contemplados en el Art. 2, corresponde declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta.