Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-29


SENT Nro. 704 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 29 DE SPETIEMBRE dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la representación letrada de la incidentista en autos: "Complejo Agroindustrial San Juan S.A. s/Concurso preventivo (Incidente de apelación promovido por Homisa S.A.)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de Homisa S.A. en contra de la sentencia de la Sala Ia de la Cámara Civil y Comercial Común, del 27/9/2002, por la cual se declaró mal concedido el recurso de apelación en subsidio interpuesto por aquél en contra de la sentencia de fecha 19/4/2001.

II.- El recurrente expresa que el pronunciamiento impugnado incurrió en infracción a las normas de derecho (constitucionales y procesales), consagrando una notoria injusticia al declarar inadmisible (y por ende, irrevisable) la injusta sanción aplicada. Alega igualmente gravedad institucional en tanto el punto debatido excede el interés individual de las partes y atañe al de la colectividad al afectarse el fondo del instituto jurídico en conflicto y estar en juego instituciones fundamentales entre ellas el adecuado servicio de justicia. Que la Cámara se aparta y contradice sus propios precedentes y resulta también contradictorio con el criterio sustentado por otras Cámaras del mismo Centro Judicial.

Discrepa con la interpretación del tribunal de alzada respecto del sistema recursivo y defensivo previsto por la ley, al sostener que no es posible interponer y/o plantear conjuntamente nulidad y revocatoria con apelación en subsidio, para concluir declarando mal concedida la apelación. Sostiene, siguiendo a otros pronunciamientos de la misma Cámara y de otras del mismo Centro Judicial, que sientan que no existe óbice para el planteamiento en subsidio; destacando, además, que ambas vías son autónomas para atacar una sentencia. Señala también, apoyándose en precedentes jurisprudenciales que no puede articularse subsidiariamente la nulidad para el caso de serle adversa una defensa o petición interpuesta ya que esto implica por sí misma haber ejercido el derecho de defensa y porque el recurso de revocatoria presupone una decisión válida implicando una renuncia a la nulidad.

Explicita, con cita de doctrina, que la duda del litigante sobre el remedio idóneo para una eficaz impugnación debe solucionarse a través de la interposición principal y directa de la totalidad de los medios a su alcance -incidente de nulidad, revocatoria, apelación- y el órgano deberá conceder el carril que considere correcto y admisible.

Manifiesta que el pronunciamiento en crisis considera que no cabe impugnar conjunta o sucesivamente un acto procesal pese a que, atendiendo a la oportunidad en que su parte impugnó la resolución del 19-4-2001 (nulidad- revocatoria con apelación en subsidio, deducidas en un mismo y único escrito) y habiéndose rechazado la nulidad y la revocatoria, correspondía que la Cámara tratara la apelación y se pronunciase sobre el fondo del asunto.

Atribuye a la sentencia la errónea e inadecuada interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en los arts. 166, 170, 759, 761 y ccdtes del CPCCT; el quebrantamiento de expresas normas y garantías constitucionales: del debido proceso legal, defensa en juicio y de propiedad (arts. 17, 18 CN y art. 8 del PSJCR); incurriéndose, además en la doctrina del exceso ritual manifiesto; que todo ello afecta la recta administración de justicia, cercenándose arbitrariamente las vías y el ejercicio de facultades defensivas establecidas expresamente por la ley.

Afirma que el criterio de la admisibilidad de la interposición conjunta de los distintos medios procesales es el que mejor se compadece con las normas y garantías constitucionales: defensa en juicio, debido proceso, propiedad. Aclara que, cuando, como en el caso, la resolución, además de notoriamente injusta, adolece de vicios in procedendo susceptibles de acarrear su nulidad, la ley ritual prevé dos vías netamente diferenciadas para su cuestionamiento o impugnación: incidente de nulidad (para la invalidación de vicios in procedendo, conf. doct. art. 166 y ccdtes) y recurso de revocatoria con apelación en subsidio (art. 757 y ccdtes.) para subsanar su injusticia mediante su modificación o revocación. Que ambas vías no resultan excluyentes; no existe óbice legal para su planteo conjunto y no existe norma alguna que lo prohiba. Que lógica y jurídicamente debe resolverse la nulidad deducida para luego resolver, en caso de rechazarse la primera, si el acto resulta injusto. Que tal es el sentido del art. 807 procesal.

Agrega que la interpretación de normas procesales debe hacerse en el sentido de que mejor se compadezca con los principios y garantías constitucionales y que aseguren el más amplio control judicial de las cuestiones que se planteen. Que por ello el tribunal no debe renunciar conscientemente a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva.

Propone doctrina legal, mantiene y amplía reserva del caso federal y solicita se conceda el recurso deducido.

Corridos los pertinentes traslados, son contestados por la Concursada y Síndicos a fs. 59/62 vta. y 65/66.

III.- Por resolución de fecha 18/3/2003 la Cámara declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Homisa S.A. Interpuesto el recurso de queja por ante esta Corte Suprema, se resuelve, en 26/5/2003 hacer lugar a la misma y declarar admisible provisionalmente el recurso de casación, correspondiendo en esta instancia, el análisis de su admisibilidad definitiva y procedencia.

IV.- El Tribunal a quo consideró que no obstante haber sido concedido por el juez de primera instancia el recurso de apelación, en tanto la competencia funcional en razón del grado es cuestión de orden público y, por ende, puede de oficio, modificar, dejar sin efecto o rever lo decidido pues la concesión y trámite del recurso dispuesto por el a quo no reviste carácter de definitividad ni vincula al órgano superior, correspondía examinar la suya en la cuestión a decidir.

En ese contexto, entiende que el recurrente dedujo al mismo tiempo y contra un mismo acto dictado de oficio por el juzgado civil, la nulidad y el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, solicitando la resolución, en primer término, de la nulidad. Que al quedar firme el proveído que la rechazó in limine por no reunir los supuestos de los arts. 166 y 808 CPCCT, el juez inferior en grado se abocó al estudio del recurso de revocatoria, resolviéndolo en forma desfavorable a la pretensión del recurrente y concediendo el recurso de apelación interpuesto en subsidio. Observa, entonces, que el litigante no ha aguardado el dictado del pronunciamiento para interponer el recurso sino que, anticipándose, en el mismo escrito de deducción de la nulidad y planteándose la hipótesis del rechazo de ella, ha dejado interpuesta en forma simultánea la revocatoria seguida de apelación en subsidio.

Que, atento a los supuestos que sustentan uno y otro planteo (la nulidad supone afirmar que el acto no es válido, la revocatoria que lo es pero que la parte estima erróneo) concluye en que quien interpone la nulidad está afirmando que el acto es inválido por lo que no puede coetáneamente, en virtud de la doctrina de los actos propios, alegar que es procesalmente válido. En definitiva, expresa que el pedido de revocatoria importa la renuncia al pedido de nulidad.

Manifiesta que, para no caer en contradicción, o debe considerarse que el acto se encuentra viciado y es nulo o, por el contrario, es válido pero se está disconforme con lo que decidió. Lo contrario, dice, significaría la posibilidad de interponer contra un mismo decisorio dos recursos distintos para hacer caer la decisión, sin importar que los medios elegidos se rechacen entre sí, al prever supuestos fácticos distintos para su procedencia y que no logran, pese al esfuerzo realizado por el recurrente, presentarse en el mundo jurídico en forma conjunta o sucesiva.

Agrega que de abordarse la procedencia del recurso de apelación, la cosa juzgada y el debido proceso se verían seriamente afectados. Ello, por cuanto se reexaminaría un mismo acto jurisdiccional, cuyo recurso goza de una solución que se encuentra firme y gozando de la autoridad que la cosa juzgada le confiere.

Consecuente con la advertida inadecuación del planteo formulado en la instancia revisora a los principios gobernantes del régimen recursivo, concluye declarando mal concedido el recurso de apelación en subsidio deducido. Las costas, conforme al principio objetivo de la derrota, la impone al recurrente (arts. 106 y 108 procesal).

V.- De la confrontación de los términos del memorial casatorio, puestos en relación con los considerandos sentenciales, se concluye en que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto.

En efecto, en autos, contra la resolución del juez de primera instancia de fecha 19/4/2001, Homisa S.A. plantea nulidad y, en idéntico escrito, subsidiariamente, recurso de revocatoria con apelación en subsidio. La nulidad fue rechazada "in limine" por el Juzgado interviniente, según providencia de fecha 12/6/2001 y, mediante resolución de fecha 05/11/2001, se rechaza asimismo la revocatoria impetrada, concediéndose la apelación incoada en subsidio (conf. fs. 21, 1/6 vta.; 15/20 vta.).

Por su parte, la Cámara ha reexaminado los requisitos de admisibilidad de la apelación concedida en primera instancia y, en ese contexto, ha considerado que no es posible coetáneamente plantear nulidad y revocatoria de un mismo acto pues la una supone afirmar la invalidez de éste y la otra su validez; que el pedido de revocatoria importa renuncia al pedido de nulidad; que los recursos interpuestos se rechazan entre sí al prever supuestos fácticos distintos para su procedencia, que de abordarse la apelación se violaría el debido proceso y los principios que rigen la cosa juzgada pues se reexaminaría un mismo acto jurisdiccional cuyo recurso goza de una resolución que se encuentra firme. Por ello, concluye en que, atento a la inadecuación del planteo a los principios gobernantes del régimen recursivo, el recurso fue mal concedido.

Ahora bien, dado lo expuesto, se observa que la Cámara no tenía facultad para pronunciarse y resolver la admisibilidad de la revocatoria sustentándose, como lo hace, en el incidente de nulidad planteado -y la relación de su interposición respecto de la del recurso de revocatoria- precisamente porque el planteo de nulidad no fue admitido -sino rechazado in limine- quedando firme tal providencia al no ser objeto de recurso alguno. Ello así, la única cuestión que continuaba "viva" en el proceso -y sometida al análisis y consideración del sentenciante- era la sostenida por la revocatoria deducida, en tanto este recurso fue deducido "ad eventum" de aquel planteamiento y nada impedía que el mismo, que continuaba aún vigente, fuera resuelto y apelada la decisión que sobre su temática recayó.

En efecto, rechazado in limine el planteo de nulidad de la resolución de fecha 19/4/2001, no se advierte obstáculo legal alguno para que, si -como en el caso- se satisfacen los recaudos formales, se admita la impugnación contra aquélla, deducida contemporáneamente por vía de revocatoria con apelación en subsidio.

Por todo lo expuesto, corresponde casar la sentencia en recurso conforme a la siguiente doctrina legal: "Rechazado in limine el planteo de nulidad de una resolución, no existe obstáculo legal para que, si se satisfacen los recaudos formales, se admita la impugnación contra aquélla, contemporáneamente deducida por vía de revocatoria con apelación en subsidio".

En consecuencia, los autos deben remitirse al tribunal interviniente a fin de que, por intermedio de quien corresponda, proceda a dictar pronunciamiento sobre el fondo del asunto, según lo considerado.

VI.- El efecto nulificante del recurso interpuesto determina que las costas de esta instancia casatoria se impongan por su orden (art. 106 inc. 1° procesal).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de Homisa S.A. en contra de la sentencia de la Sala Ia de la Cámara Civil y Comercial Común, del 27/9/2002, conforme a la doctrina legal enunciada y, en consecuencia, REMITIR los autos al tribunal interviniente a fin de que, por intermedio de quien corresponda, proceda a dictar pronunciamiento sobre el fondo del asunto, según lo considerado. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS, según se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA