marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, procesamiento, prisión preventiva, amenazas, robo con armas, concurso real, declaración de rebeldía, cómputo de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: R., M. A. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-28

Finalmente les remitimos el fallo resuelto en la causa N° 54999/2018 "R., M. A. s/excarcelación" del 28/11/19 donde se confirmó el rechazo de la excarcelación de quien fuera procesado con prisión preventiva por robo con armas en concurso real con amenazas. Lucini y González Palazzo, valoraron la condena y pena única que registra y su inconducta procesal por haber sido declarado rebelde, haberse revocado su libertad condicional y haber sido sometido a un nuevo cómputo de pena. Añadieron que dicha actitud elusiva la reiteró en la presente causa donde logró ser habido tras ser herido con un arma blanca y ser identificado por el sistema de reconocimiento facial de personas con impedimento de circulación vigente en la estación de Retiro. Añadieron que en su persistente intento por burlar la justicia aportó un teléfono falso e inclusive amenazó en al menos tres oportunidades a la víctima. Magdalena Laíño resaltó que existían razones para excepcionar el principio de permanencia en libertad debido al peligro de fuga que se derivaba de haber sido declarado rebelde en estas actuaciones y en otra causa donde se le revocó la libertad condicional por sustraerse al proceso durante un año diez meses y veintiocho días, no habiendo comparecido por su propia voluntad, habiendo aportado información personal falsa y amenazando a la víctima (cfr art.222 inciso "c" del CPF e informe CIDH 2/97 punto 35). Finalmente exhortó al juzgado a que en lo sucesivo ponga en conocimiento de la víctima los pedidos de excarcelación formulados por la defensa (art.5 inciso "k" de la ley 27372, 80 inc. "f" del CPPN y 80 inc. "h" del CPF).
Medidas cautelares, derecho a la salud, Programa Médico Obligatorio, medicamentos
Materia: PROCESAL
Carátula: GELAY CARLOS ALBERTO c/ SWISS MEDICAL SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-11

El Tribunal entiende en este estado preliminar de la causa y con el limitado marco de conocimiento propio del proceso cautelar que la falta de aprobación de la especialidad medicinal por parte de la ANMAT para su comercialización en el país no constituye un obstáculo válido para excluir la cobertura requerida a Swiss Medical. La ANMAT autorizó la importación del fármaco en los términos de la resolución apuntada, esto es, para su uso estrictamente limitado al paciente, considerando que la droga ha sido previamente aprobada por la autoridad sanitaria de un país extranjero (la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos -FDA) y previo cumplimiento de los demás extremos allí establecidos, que hacen a la justificación de su uso, su seguridad y eficacia (ver art. 1 y 2 de la resolución 840/95). En tales condiciones, no parece prima facie que la disposición incluida en el art. 7.3 del Anexo I del PMO -en tanto establece la cobertura del 100 % de los medicamentos para uso oncológico según protocolos aprobados por la autoridad de aplicación-, o la cláusula 13 incs. o) y k) del Reglamento General de Contratación -que prevé la exclusión de la cobertura de medicamentos no aprobados o de carácter experimental- configuren sustento suficiente para sostener que no se encuentra obligada a brindar la prestación requerida.
Recusación por prejuzgamiento, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTIRE, GUILLERMO Y OTRO s/ CALUMNIAS E INJURIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16

Un Juez prejuzga cuando se expide con anticipación y en tiempo impropio sobre el tema que posteriormente habrá de tener que resolver. Las expresiones del sentenciante no pueden reflejar otra cosa que su opinión sobre el tema, circunstancia que constituye el objeto de la apelación, razón por la cual la nulidad articulada no es la vía idónea ya que la cuestión tiene reparación por aquélla, siendo dispendioso descalificar un pronunciamiento cuando puede reformarse su contenido.
Automotores, inscripción registral, culpa civil, negligencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALLUZ EDMUNDO c/ MANUEL RODOLFO LANDIN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-10-12

Si se inicia una denuncia criminal omitiendo las diligencias que impone la naturaleza de la cuestión (un conocimiento pleno y cabal del estado de dominio del vehículo el momento de la venta) se actúa con omisión, que aunque exenta de malicia, provoca una consecuencia dañosa para un tercero.
Cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: D.G.R. c/ E., R. s/ EJECUCION APREMIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-14

Los que siguen el criterio restringido - en la interpretación del art. 1101 del C. Civil - sostienen que no debe extenderse el régimen de prejudicialidad más allá del restricto campo de la reparación civil de la ilicitud aquiliana, y con sólo el designio de evitar el strepitus fori de sentencias contradictorias sobre el mismo hecho.

O que "la especificidad de la norma consagrada por el art. 1101 del Cód. Civil y la posibilidad del juicio declarativo ulterior obstan para que en el juicio ejecutivo se considere cuestión prejudicial el pronunciamiento de la justicia del crimen acerca del presunto delito de falsificación de la firma del pagaré que se ejecuta".

En contra de esta jurisprudencia, entendemos que con acierto, se ha argumentado que se desconoce en ella la finalidad de la ley, pues sería absurdo que el juez penal declarase que el documento es falso y en sede civil no se hiciera lugar a la excepción por considerar que no lo es.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Pradas, Juan C. c/ Transportes Hanuch de Marta Ofelia Hanuch y ot. s/ Salarios, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-23

Si la condición única para que se cumpla la prescripción liberatoria es el silencio o inacción del acreedor, basta para interrumpirla una manifestación de voluntad suficiente que desvirtúe la presunción de abandono de su derecho que se induzca de ese silencio o inacción, y esta manifestación de voluntad tanto puede exteriorizarse mediante demanda, entendida en su sentido técnico procesal, como cualquier otro acto que demuestre en forma auténtica que no ha abandonado su crédito y que su propósito es no dejarlo perder. Inclusive interrumpe la prescripción la demanda que adolece los defectos de forma a que se refiere el art. 26 del dec. ley 7718/71 y aunque no hayan sido subsanados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad médica, responsabilidad contractual, apreciación de la culpa
Materia: CIVIL
Carátula: GINI DE NOGUERON ERMA HERNANDINA c/ PAMI INST. N. SER. SOC. PARA J. Y P. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

Para demostrar que la atención médica no se ajustó a lo pactado, reviste fundamental importancia determinar, con gran precisión, hasta donde llegaba el compromiso del médico, lo cual es cuestión de circunstancias, porque dependerá, en primer término, de si el resultado favorable entró en el marco del contrato, en segundo lugar, si no entró en él, si las características del fracaso hacen sospechosa la actuación del profesional, y como pauta general, el grado de "alea" que presentaba la enfermedad.

Existen resultados, cuya manifiesta incompatibilidad con la finalidad que el contrato pudo perseguir, no puede dejar de ser tenida muy en cuenta para apreciar la existencia de responsabilidad.
Tutela sindical, despido
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ MIGUEL ANTONIO c/ CIA MINERA CONTINENTAL S.A.I.C. s/ INDEMNIZACION - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-12-15

La ley aplicable a la constitución o formación de una relación jurídica, es la ley vigente en el momento en que se produce el hecho generador de esa relación.

En el caso de una enfermedad accidente, el hecho generador de la relación jurídica tiene prolongación temporal, en tales circunstancias , cuando la relación es fruto de una causa de concurrir para darle nacimiento, deberá aplicarse la ley vigente en el momento en que se reúnen todos los factores que condicionan el nacimiento de la relación obligatoria.

En el caso, la a quo precisó que la consumación del daño se produjo al momento en que se puso punto final a la relación de empleo. Es que antes no pudo serlo, por cuanto no existían pruebas suficientes no obstante la licencia por enfermedad otorgada al actor-de que el daño se hubiese consolidado, de modo tal que naciese su derecho a demandar la reparación.

Así las cosas, resulta que de acuerdo a la plataforma fáctica establecida en el caso,que no es susceptible de ser modificada por la vía de casación,la enfermedad accidente y profesional que generó la obligación de indemnizar se consolidó después del 16/11/88,es decir, vigente la reforma introducida por ley 23.643 a la ley 9688, por lo tanto es la norma que debe aplicarse (Voto del Dr. Moisset de Espanes).-
Indemnización, ley de empleo, intimación al empleador, empleo no registrado
Materia: LABORAL
Carátula: Hess, Alfredo Luis c/ T.V. Santa Rosa y otro s/ Cobro de Haberes (Laboral)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-05-19

No corresponde exigir el cumplimiento del plazo de 30 días establecido por el art. 11 L.N.E., cuando la parte empleadora ha negado la relación de trabajo subordinado, lo que equivale a decir que se niega a regularizar la situación.
Derecho ambiental, biodiversidad
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: B. S. A. s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-03-17

El 5 de junio de 1992, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, gobiernos de 152 países, excepto Estados Unidos, firmaron el Convenio de Biodiversidad, ratificando el Proyecto de la Conferencia de las Naciones Unidas de Nairobi del mismo año (ver asimismo Mario F. Valls, "Derecho Ambiental", II ed., p.111).

Los objetivos de este Protocolo son «la conservación de la diversidad biológica; posibilitar el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan del uso de los recursos genéticos.

En Cartagena de Indias, Colombia, en 1999, 500 representantes de 120 países discutieron sobre la bioseguridad sin lograr acordar normas para el intercambio internacional de productos modificados genéticamente. En Montreal, el veintinueve de enero del dos mil, se aprobó el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad.
Proceso penal, acusación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Defensa Pública s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-25

Clariá Olmedo expresa que, para su eficacia procesal, la acusación debe integrarse con la intimación y sólo de esta forma la defensa resultará inviolable. Sin embargo, también expresa que "para acusar no se requiere certeza sobre la culpabilidad o punibilidad del imputado, basta un mérito de probabilidad, o sea fundado en elementos de convicción suficientes para que proceda la apertura a juicio ... La acusación debe mantenerse dentro del mismo ámbito fáctico que el procesamiento".
Proceso penal, bloque constitucional
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rosales, Cristian s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. José L. Berber en Expte. 015/09 Incidente de Excepción de Falta de Jurisdicción presentado por el Dr. Ramón P. Acuña en Expte. Rosales, Cristian s/ Lesiones Culposas y Lesiones Culposas en concurso ideal - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-02-28

El derecho a la jurisdicción, en cuanto se traduce en la posibilidad de acceder a un órgano judicial, presupone que dicho órgano sea el Juez Natural; es decir, un tribunal judicial cuya creación, jurisdicción y competencia, provengan de una ley anterior al hecho que origina la causa.

Desde los orígenes de nuestra República, la garantía en cuestión se encuentra protegida a través del art. 18 de la Constitución Nacional en cuanto prescribe que "Ningún habitante de la Nación puede ser... juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa...".

El bloque constitucional que ampara la garantía del Juez Natural se completa con la regulación establecida en los arts. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (incorporados a nuestra Carta Magna por imperio del art. 75 inc. 22) y 27 de la C. Prov., reglamentando la misma nuestra ley de rito en su art. 1°.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que el propósito de la mentada seguridad constitucional es el de "asegurar a los habitantes de la Nación una justicia imparcial, cuyas decisiones no pudieran presumirse teñidas de partidismo contra el justiciable, completando así el pensamiento de implantar una justicia igual para todos, que informara la abolición de los fueros especiales" (fallos 310:804, "Sueldo de Posleman").

Asimismo, señaló que también procura impedir la intromisión del Poder Ejecutivo en la administración de justicia, por sí o mediante la designación de comisiones especiales (fallos: 306:2101, "Videla"), meta en función de la cual ha prohibido expresamente al Presidente de la Nación el ejercicio de facultades judiciales como conocer de las causas pendientes o restablecer las fenecidas (arts. 109, C.N. y 138 Const. Pcial.).

En esta dirección, se ha sostenido que el Juez Natural es, en principio, aquél que ha sido designado conforme a la ley y cuenta con competencia para resolver un caso según la distribución de causas entre la Nación y las Provincias, todo ello antes de los hechos del proceso (Cfr. Sagüés, Néstor P., Elementos de Derecho Constitucional, Astrea, 2da. Ed., Bs. As., 1997, T. II, p. 639).
Aplicación de la ley, derechos personalísimos, derecho a la vida, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: HUSSAR, OTTO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-27

La ley 24.463, a través de su art. 24, expresa un contenido harto reprochable en cuento a sustentarse en principios éticos y, abiertamente, contraviene los fines del Preámbulo de la C.N. de "afianzar la justicia" y "promover el bienestar general" cuando, de cobrar eficacia su manda, constituirá un agravio irreparable al más esencial de los derechos personalísimos que resguarda la C.N., el derecho a la vida, en tanto la naturaleza alimentaria de la pretensión y por ello, corresponde declarar su inconstitucionalidad.

(Del voto del Dr. Herrero).
Recurso de inaplicabilidad de ley, desistimiento, depósito previo
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: José Ciafardoni Construcciones S.A. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Arbitrariedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-12

En atención a lo establecido en el art. 290 del C.P.C. y C. y sus concordantes, se debe hacer lugar al desistimiento con costas y pérdida del cincuenta por ciento del depósito tal como lo indica el aludido dispositivo legal.
Contratos, comodato, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AREA S.R.L. c/ ROBERTO BAROTTI s/ Ordinario (LIBRO: S069 - 246)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-03-04

El comodato no se presume, y ante la negativa de la contraparte, debe ser probado. Caso contrario debe rechazarse la pretensión de restitución y de daños, ya que la "causa petendi" no ha sido acreditada. Porque no basta que la pretendiente sea propietaria, debe existir causa acreditada, conforme a derecho, que justifique la devolución de la cosa.
Sucesores, indivisión hereditaria
Materia: CIVIL
Carátula: A,, N. B. y otro c/ G., R. y otro s/ Ejecución de sentencia. Legajo de copias Art. 252 inc. 2°
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-01

Se ha sostenido que es posible la partición, siempre que el bien afectado como bien de familia, sea adjudicado en exclusividad a uno de los interesados, formando parte de su hijuela, en tanto que se hagan las pertinentes compensaciones respecto de los diferentes valores.

Este criterio es sustentado por Bossert, quien descarta la partición mientras no medien causas legales de desafectación, en tanto lleve a la liquidación del inmueble. Por el contrario, será posible la división cuando el bien de familia pueda ser adjudicado íntegramente a una hijuela, debiendo hacerse las correspondientes compensaciones y manteniéndose, de ese modo, la afectación.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quinteros de Yacante, Sipriana t. c/ Ibañez Aldecoa, Abelardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

Todo testimonio de personas que tuvieron intervención directa en los hechos generadores del litigio y cuyo resultado es susceptible de comprometer, si no su responsabilidad patrimonial, por lo menos su prestigio, empleo o profesión debe ser analizado con particular espíritu crítico.
Prescindibilidad, SEGBA, entes autárquicos
Materia: LABORAL
Carátula: MORGANTE, JUAN JOSE c/ SEGBA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-12-16

La empresa SEGBA. no forma parte de la Administración Pública ni tampoco es una entidad autárquica, ya que su objeto es ajeno a los fines específicos del Estado, por lo que su voluntad no se expresa por medio de actos administrativos, lo que impide que el trabajador pueda demandar la nulidad de la prescindibilidad declarada.
Leyes, ley de emergencia, criterio de razonabilidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Antedoro, Antonio Domingo c/ Instituto Nacional de Previsión Social s/ ejecución previsional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

No es función de la Corte pronunciarse sobre la eficacia o el acierto de la respuesta legislativa que intentó conjurar la emergencia; sólo le cabe constatar su necesidad y razonabilidad (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Daño moral, industria químico farmacéutica, laboratorios, uso indebido de nombre, extinción del contrato de trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: NIETO,  María  Gabriela c/ RIGECIN  LABS.  SACIFI s/ DAÑOS  YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-09

La indebida e ilícita incorporación del nombre de un ex-director técnico en los productos que elabora un laboratorio luego del cese de la vinculación laboral que mantenían, torna procedente la acción por reparación del daño moral reclamado. Ello en tanto el director técnico de un laboratorio tiene responsabilidad directa en cuanto al proceso de elaboración de esos productos (art. 20 del decreto 9763/1964)y es personal y solidariamente responsable -junto con el titular de la autorización- respecto de su pureza y legitimidad (art. 3 de la ley 16.463). Resulta innegable, entonces, la angustia que le provoca al profesional la eventualidad de enfrentar hipotéticas responsabilidades derivadas de la comercialización de aquellos sobre los que no ha tenido control.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., F.O. c/ E.de M., F.G. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

No es obligatorio mencionar en el escrito de iniciación taxativamente las injurias que integran la correspondiente causal, de modo que si de la prueba producida resulta algún hecho injurioso no citado concretamente en la demanda, los jueces tienen la facultad de apreciarlo dentro de todo el contexto, sin caer en incongruencia, ya que no puede sostenerse razonablemente que cada injuria constituya un hecho con referencia al cual debe trabarse la relación procesal, que girará en torno a la causal prevista en la ley sustantiva, contenida en la imputación genéricamente efectuada, contemplada en su integridad y de la cual éste o aquel hecho en particular no son sino su signo o síntomas.-
Recurso de casación, consentimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Hernández, Mariela c/ A.P.P.A.D.I. s/ Laboral s/Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-08-11

Se advierte la improcedencia del recurso articulado en cuanto remite a la consideración de circunstancias de hechos y pruebas, que han encontrado adecuada respuesta jurisdiccional en la instancia de grado; se efectúa una interpretación razonable del alcance de la sentencia definitiva del fuero penal que ha sido incorporada a través de actuaciones procedimentales firmes. Ello deviene de la suspensión del proceso hasta tanto se dicte sentencia en la causa criminal, esto es, consentidas por las partes, consentimiento que impide toda consideración en casación por expresa disposición del artículo 2 -Recurso de Casación- de la Ley 1687.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: SOLANS, CARLOS RUBEN c/ JUNIU, ELIAS s/ DEMANDA ORDINARIA (CUIJ 21-04955928-0 EXPTE. 250/14)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

No cabe admitir las tachas de arbitrariedad fáctica y normativa dirigidas contra el tramo del decisorio por el cual la Alzada confirmó la desestimación de la pretensión principal de resolución contractual contenida en la demanda impetrada por la actora -en el entendimiento de que el demandante no habría cumplido sino de una manera irregular, incompleta o tardía con su obligación de transmitir a los demandados las acciones prometidas, al faltar la entrega material de los títulos para su perfeccionamiento a tenor del artículo 215 de la Ley de Sociedades (en combinación con la ley 24587 y con el artículo 1457 del Código Civil), lo cual le habría impedido colocarse en la situación de parte cabalmente cumplidora conforme al artículo 1204 del Código Civil (o 216 del Código de Comercio)-, toda vez que, en ese aspecto, el pronunciamiento impugnado exhibe fundamentos fácticos y jurídicos suficientes, y los planteos del recurrente -los cuales, pese al matiz constitucional que pretende otorgarles, se presentan más bien como alegatos o agravios propios de instancias ordinarias, representando una mera reiteración de razones ya expresadas con anterioridad- no trasuntan otra cosa que su insistencia en oponer su particular enfoque acerca de la solución que considera acertada, con base en su singular interpretación de los hechos y el derecho del caso y con un criterio distinto al sostenido por el A quo -en ejercicio de funciones propias-. (Del voto del Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24587; Ley 19550, artículo 215; Código Civil, artículos 1457 y 1204; Código de Comercio, artículo 216
Matrimonio celebrado en el extranjero, matrimonio en fraude a la ley argentina, impedimentos matrimoniales, impedimento de ligamen, sucesiones, legitimación activa
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Solá, Jorge Vicente s/ sucesión ab intestato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

En virtud de la modificación de los principios que informan la legislación matrimonial argentina por la ley 23.515 y del criterio de actualidad del orden público internacional, el orden jurídico argentino carece de interés actual en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero con impedimento de ligamen y que es invocado en virtud de los derechos sucesorios de la cónyuge supérstite.