Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-11-13


Córdoba, noviembre 13 de 2009.

Y Vistos:La actora -mediante apoderada- articula recurso directo en autos: "Fisco de la Provincia c. Ullate Alicia Inés - Ejecutivo - Apelación - Recurso Directo (Expte. F-23-05)" en razón que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Correccional, Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo de Laboulaye le denegó el recurso de casación motivado en el inciso 3º del art. 383 C. de P.C. (Auto Interlocutorio Número dieciséis del 16/06/05), oportunamente articulado en contra de la Sentencia Número dictada el día ocho de abril de dos mil cinco.

Dictado y firme el decreto de autos (fs. 46 vta.), queda el recurso en condiciones de ser resuelto.

Y Considerando:

Los doctores Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Tarditti y Carlos Francisco García Allocco, dijeron:

I. Las quejas ensayadas en el memorial admiten el siguiente resumen:

Tras reseñar los antecedentes de la causa, el quejoso limita sus agravios a la denegatoria del recurso de casación planteado al amparo del inciso 3º del art. 383 del C. de P.C., afirmando que la misma resulta infundada. Esgrime que no es cierto que no se haya indicado en el escrito casatorio la interpretación y aplicación del derecho que se pretende para el caso. En respaldo de tal afirmación reproduce parcialmente el texto impugnativo del que extrae su idoneidad. Asimismo, sostiene que tampoco es real que no haya cumplido con el requisito de acompañar la jurisprudencia antagónica, pues -afirma- ha indicado oportunamente y con precisión la publicación de amplia difusión en la provincia, donde se encuentran íntegramente reproducidos los precedentes invocados.

II. Ingresando al análisis de la queja, consideramos que -contrariamente a la solución propiciada en la repulsa- concurren las condiciones en cuya virtud la ley habilita esta Instancia extraordinaria.

De acuerdo a lo normado por el art. 385 del C. de P.C., la concesión del remedio se halla supeditada -entre otros requisitos de admisibilidad- a que el recurrente acompañe copia de la resolución contradictoria, o bien que cite con precisión la publicación especializada de amplia difusión en la Provincia, donde la misma se encuentre íntegramente reproducida.

En nuestro caso, el casacionista indicó en su memorial que las sentencias que se invocan como antagónicas han sido íntegramente publicadas en la revista Actualidad Jurídica de Córdoba, Nº 48, del 08/03/04, páginas 2906 a 2910, y en Foro de Córdoba, Nº 86, págs. 142 a 160, mencionando también la carátula de cada expediente y los tribunales intervinientes; lo que demuestra el acabado cumplimiento del aludido requisito.

Por otra parte, el desarrollo argumental del ensayo casatorio se muestra idóneo para habilitar el pedido de uniformación de jurisprudencia contradictoria, pues el interesado expuso de manera concreta el asunto que mereció diverso tratamiento jurisdiccional -esto es, el inicio del plazo de prescripción en las deudas tributarias-, la manera como había sido juzgada la cuestión por los otros tribunales, y la hermenéutica que considera correcta.

Siendo ello así, el juicio por el cual se deniega la causal de casación bajo análisis, resulta a todas luces inexacto.

III. Las restantes condiciones exigidas por la ley ritual para habilitar la función encomendada a este Alto Cuerpo por la vía del inciso 3º del art. 383 del C. de P.C., también se hallan satisfechas de manera suficiente.

Se arrima en confrontación la sentencia dictada por la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior in re "Instituto Sidus I.C.S.A. c. Municipalidad de Río Cuarto - Contencioso ADMIN. - Plena Jurisdicción - Recurso de casación (Sent. Nº 69/03).

La equiparación fáctica entre los supuestos de hecho sometidos a juzgamiento se verifica, pues tanto en nuestro caso cuanto en el ofrecido en confrontación, se reclaman deudas tributarias, habiéndose planteado la defensa de prescripción liberatoria, y debatido el dies a-quo para el cómputo del plazo legal. En nada empece que en el precedente de la Sala Contencioso Administrativa del T.S.J. el sujeto acreedor de los impuestos haya sido la Municipalidad de Río Cuarto y en el sub-lite se trate del Fisco de la Provincia, puesto que en ambos casos la deuda tiene la misma naturaleza -tributaria-, siendo idéntico el régimen legal específico aplicable a los mismos en punto al momento inicial del plazo de la prescripción liberatoria.

El disímil tratamiento jurídico emerge de la sola lectura de los fallos, pues la Cámara A-quo aplicando las normas del Código Civil, juzgó que la prescripción comenzó su curso el día del vencimiento de cada período del impuesto que surge del propio título; en tanto la Sala Contencioso Administrativa de este Tribunal Superior, subsumiendo el asunto en las normas de derecho tributario, interpretaron que el cómputo del término de prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente en que venció el período fiscal (fs. 34 vta.).

En suma, el recurso de casación por el motivo del inciso 3º del art. 383 del C. de P. C. con invocación del precedente "Instituto Sidus..." ha sido mal denegado por el A-quo, razón por la cual debe ser habilitado por esta vía. Tal circunstancia impone que este Alto Cuerpo actúe en composición especial formada por ambas Salas -Civil y Comercial, y Contencioso Administrativa- a los fines de unificar jurisprudencia sobre el particular.

La admisión formal de la casación sustancial fundada en la existencia de jurisprudencia contradictoria emanada de la Sala Contencioso Administrativa de este Tribunal Superior, torna innecesario examinar la concurrencia de los presupuestos habilitantes del recurso respecto del fallo emanado de la Cámara Cuarta en lo Civil y Comercial, in re "Fisco de la Provincia de Córdoba c. Sociedad Goy Widmer y Cía. S.A. - Ejecutivo".

IV. La materia sujeta a uniformación radica en determinar el momento inicial para el cómputo de la prescripción liberatoria, en el particular caso de las obligaciones tributarias.

Con anterioridad, este Alto Cuerpo -por medio de la Sala Contencioso Administrativa- ha tenido ocasión de juzgar la cuestión controvertida en el precedente arrimado en confrontación, así como en otros antecedentes más recientes (Sent. Nº 08 del 03/03/04 en autos "Bristol Myers Squibb Argentina S.A. c. Municipalidad de Río Cuarto - Contencioso Administrativo - Plena Jurisdicción - Recurso Directo"; Sent. Nº 69 del 28/09/05 en autos: "SYNCRO Argentina S.A.Q.I.C.I.F. -hoy IVAX Argentina S.A.- c. Municipalidad de Río Cuarto - Demanda Contencioso Administrativa - Plena Jurisdicción - Recurso de Casación", entre otros), propiciando como correcta la solución opuesta a la sostenida en el sub-lite.

Revisando una vez más la cuestión sustancial debatida, no existen razones que aconsejen el apartamiento de la doctrina asumida en dichos pronunciamientos. Y ello así, por las siguientes razones.

V. Para comenzar, es necesario recordar que el art. 91 del Código Tributario Provincial vigente al momento de la determinación del impuesto (actual art. 98), sustancialmente idéntico al precepto de la Ley Municipal referida en los precedentes, establece con relación al cómputo del plazo de prescripción, que: "... En el supuesto contemplado en el apartado b) del artículo anterior, el término de prescripción comenzará a correr desde el primero de enero del año siguiente al año en que quede firme la resolución de la Dirección o del Tribunal Fiscal de Apelaciones que determine la deuda tributaria o imponga las sanciones por infracciones o al año en que debió abonarse la obligación tributaria, cuando no mediare determinación...".

De igual manera ha sido regulada la cuestión en la Ley de Procedimiento Tributario de la Nación -Nº 11.683-, que en su artículo 57 (anterior art. 54) reglamenta lo siguiente: "Comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen".

El análisis comparativo de las normas transcriptas ilustra acabadamente la homogeneidad que existe entre los sistemas legales consagrados a nivel local y nacional.

De su lectura emerge, a modo de principio rector en materia tributaria, que el inicio del plazo de prescripción de la acción entablada por el fisco para exigir el pago de los tributos adeudados debe considerarse inescindiblemente ligado al comienzo de un nuevo año fiscal.

VI.En este contexto normativo, no corresponde subsumir la cuestión en las normas de derecho común, en tanto existe un régimen legal especial que es aplicable al caso y su validez constitucional no ha merecido reproche alguno por la interesada por la vía recursiva idónea (recurso de inconstitucionalidad).

El art. 3º del C. Tributario Provincial, y su correlativo art. 1º de la Ley 11.683, consagran la autonomía dogmática del Derecho Tributario, disponiendo además que las normas de Derecho Sustancial solo se aplicarán supletoriamente. Por aplicación de estos conceptos, las normas tributarias deben ser apreciadas según principios y conceptos propios, y sólo a falta de preceptos específicos podrá recurrirse a los conceptos y términos del derecho privado.

Ello así, consideramos que si la exégesis de las leyes impositivas, en función de los principios que la informan y de la voluntad explícita o implícita del legislador, no provoca como resultado un desenlace irrazonable, caprichoso o desviado en sus propios fines, no parece necesario, ni acertado, acudir a las normas de derecho sustancial.

No desconocemos la doctrina sentada por la Corte Suprema en el precedente "Recurso de hecho en Filcrosa S.A." del 30/09/03, en el cual la mayoría entendió -en oportunidad de juzgar el plazo decenal o quinquenal de prescripción de las obligaciones tributarias- que "las legislaciones provinciales que reglamentan la prescripción de los tributos en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil son inválidas, ya que las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local", consagrando una traslación de la legislación civil al ámbito del derecho tributario, en la inteligencia que la norma local que extendía a 10 años el plazo de prescripción carecía de aptitud para desplazar la aplicación extensiva de la disposición civil. Sin embargo, en el mismo fallo -último apartado- el Tribunal señero dejó a salvo la posibilidad de arribar a una solución distinta cuando así lo aconsejen las connotaciones específicas de cada caso. Así, indicó "... Por lo demás, y si bien la Corte también ha exigido, como recaudo para la aplicación de esa doctrina, que se efectúen las discriminaciones que resulten impuestas por la naturaleza de lo que constituye la sustancia del derecho público, tal extremo se encuentra a salvo en el caso, dado que ninguna particularidad de éste demuestra que sus connotaciones específicas sólo resultarían atendidas si la acción de que se trata fuera sometida al mayor plazo prescriptivo pretendido por la actora. Ello, con mayor razón, si se atiende a que -como ya fue referido- la prescripción es un instituto común al derecho público y al privado, lo que descarta el riesgo de que, por la vía de aplicar aquella norma, la cuestión sea juzgada a la luz de pautas indebidamente trasladadas a un ámbito que les es impropio...".

VII. Sentado ello, es preciso analizar el puntual caso del dies a-quoen el cómputo de la prescripción, anticipando desde ya criterio en el sentido que la regulación legal que ha merecido la cuestión de parte del Código Tributario Provincial no luce irrazonable o injustificada. Por el contrario, responde a las características que califican a esta clase de obligaciones y a la realidad de los hechos, lo que autoriza su prevalencia respecto de la ley de fondo.

Para justificar este aserto, es necesario destacar en primer término que su aplicación sólo se traduce en una -por cierto, reducida- postergación de la fecha inicial del plazo prescriptivo sólo hasta el primer día del año siguiente a la fecha de vencimiento del impuesto o de la determinación de la deuda tributaria. Vale decir, no es posible predicar que el aplazamiento sea absurdo, imprudente, o que degenere en una indeseada imprescriptibilidad.

Por otro lado, la fijación del inicio del plazo de prescripción el día que comienza un nuevo período fiscal, reside precisamente en la anualidad de los tributos, ya que -como es sabido- éstos se pagan por año, aun cuando -sea para facilitar su cumplimiento, o bien por la necesidad de un proceso de determinación que se ajuste a la realidad de los ingresos- se haya facilitado su pago fraccionándolo en cuotas, o se hayan previsto adelantos o anticipos a cuenta de lo que resulte al finalizar el período.

En ese sentido se expide autorizada doctrina local, puntualizando que "... lo particular del momento de inicio del cómputo, se basa en la anualidad del tributo. Los tributos se pagan por año, ya sea de una sola vez o fraccionado en cuotas, por lo que realmente vencen al inicio del siguiente año..." (Confr. Carranza Torres, Luis R., "Derecho Tributario en Córdoba luego de la reforma", Córdoba, Ed. Alveroni, pág. 141).

A más de ello, no es posible desconocer como dato de la realidad, las dificultades que genera, en el ámbito de la administración -cualquiera sea su estamento- la enorme cantidad de contribuyentes de cargas e impuestos de variada índole, la multiplicidad de procesos de determinación según la naturaleza de cada tributo, y la consecuente diversidad de plazos de vencimiento; circunstancias que avalan la necesidad de la Administración de uniformar el ejercicio de las acciones fiscales para facilitar su percepción, aspecto en el que se encuentra interesado el bien común.

Sobre el punto, se ha dicho que "... Esta solución distinta del Derecho Fiscal tiene una sencilla explicación a poco que se piense que la administración tributaria tiene a su cargo una significativa (a veces excesiva) masa de contribuyentes que hace imposible considerar un curso de prescripción individual para cada contribuyente en cada impuesto si se tomara la fecha de vencimiento de la obligación. Por tal motivo la ley dispone la anualización, según año calendario, del curso de la prescripción a fin de hacer uniformemente posible el ejercicio de las acciones fiscales en relación a la totalidad de universo de contribuyentes..." (Confr. Díaz Ortiz, José A. "Prescripción de los impuestos nacionales. Conflictos de interpretación", en Impuestos, 1991-A; Lexco Fiscal 2000, DOC - 1096).

Asimismo, es importante destacar que los deudores de esta categoría de obligaciones, sea que se originen en un impuesto nacional, provincial o municipal, han recibido el mismo rigor de parte del legislador local y federal. Por tal razón, los obligados no pueden alegar válidamente que el sistema instituido lesione el derecho de igualdad, puesto que la igualdad ante la ley que consagra la Carta Magna, refiere a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes están en análogas situaciones. Y como ya se vio, en este aspecto de la discusión, no es posible equiparar el escenario en el que se encuentran las obligaciones tributarias, con las de derecho privado.

Todo ello, que impregna de prudencia y coherencia al sistema legal propuesto, pone en evidencia que la norma especial posee aptitud suficiente para desplazar la aplicación extensiva del dies a-quo fijado en el Ordenamiento civil.

VIII. Cabe agregar que por esta hermenéutica se inclina la dogmática especializada, quien con especial alusión a los tributos provinciales y municipales, ha interpretado que el Código Civil sólo se aplica cuando los ordenamientos fiscales no contengan disposiciones especiales acerca de la forma de computar el término de prescripción de los derechos del fisco (Confr. Giuliani Fonrouge, C., Derecho Financiero, Ed. Depalma, Bs. As., 1977, Vol. 1, pág. 534).

Con un razonamiento similar, prestigiosa doctrina local, destaca que de acuerdo al C. Tributario de Córdoba, la acción comienza a prescribir a partir del primer día de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaración jurada e ingreso del gravamen; agregando que: otros tributos, en cambio, regidos por ordenamientos que no tienen disposición específica al respecto, deben regirse por el principio general del Código Civil (art. 3956), y por tanto la prescripción comienza a contarse desde el momento en que nace el crédito fiscal. (Confr. Villegas, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Ed. Depalma, Bs. As., 1979, Tomo I, pág. 263).

IX. Finalmente se añade que, la Corte Suprema -en un antiguo precedente- ha avalado la postergación del momento inicial del cómputo de la prescripción, al formular doctrina acerca de un instituto análogo al que se analiza -la prescripción de la acción de repetición de impuestos-, donde se juzgó que el plazo de prescripción comenzaba a correr el primero de enero del año siguiente en que venció el período fiscal, advirtiendo ya en aquella ocasión que en este aspecto la Ley 11.683 es modificatoria del Código Civil (C.S., 10/3/61 en "Pirolo de Capurro", Fallos 249:256).

Más recientemente, esta tesitura ha sido validada por el Máximo Tribunal en su actual composición en autos "Fisco Nacional c. Formosa, Provincia de s/ ejecución fiscal", pronunciamiento que data del 23/08/05, en el que también se fijó como día inicial del curso de la prescripción el primero de enero del año siguiente al de aquél en que se produjo el vencimiento de los plazos generales para la presentación de las declaraciones juradas e ingreso del gravamen.

Aun cuando el último antecedente mencionado haya recaído en una ejecución promovida por el Fisco Nacional, y por ende la interpretación allí sentada corresponda a la Ley 11.683, la identidad que guarda dicho régimen con el Código Tributario Provincial en la materia decidida, autoriza su imitación en los casos análogos.

X.En definitiva, dado que la solución propiciada en el resolutorio en crisis no coincide en lo sustancial con la doctrina legal propuesta en el precedente de la Sala Contencioso Administrativo, cuyos conceptos ratificamos en esta oportunidad, el recurso de casación por sentencias contradictorias debe ser admitido, anulándose la sentencia impugnada, cuestión que así decidimos.

XI. Solo resta añadir que, dado que las funciones de nomofilaquia y unificación habilitadas por la vía casatoria intentada, solo permiten el análisis de la cuestión de derecho sometida a juzgamiento, el Tribunal de reenvío deberá examinar la concurrencia de los demás requisitos configurativos de la excepción articulada.

XII. En consecuencia proponemos anular la Sentencia número uno de fecha 08/04/05, disponiendo que la causa sea reenviada al Tribunal de origen a fin de que -previa su integración- emita nuevo pronunciamiento sobre la cuestión debatida, con arreglo a la doctrina que informa la presente resolución.

En cuanto a las costas generadas en la Sede extraordinaria, consideramos ajustado a derecho disponer que las mismas sean soportadas por el orden causado, atento a la diversidad de criterios jurisprudenciales subsistentes sobre la materia (arg. art. 130 in fine C. de P.C.). En su mérito, y atento lo normado por el art. 25 de la Ley 8226 -a contrario sensu- no corresponde regular honorarios a favor de los letrados en esta oportunidad.

Así votamos.

El doctor Armando Segundo Andruet (h.) dijo:

I.Comparto los fundamentos y conclusiones expuestos por la mayoría en orden a la admisibilidad formal del recurso de casación impetrado, razón por la cual remito a ellos en homenaje a la brevedad; correspondiendo declarar mal denegado el recurso de casación por el motivo sustancial intentado (causal del inciso 3º del art. 383 del C. de P.C.), y concederlo por esta vía.

II. Habilitado el remedio extraordinario, el voto de los Vocales preopinantes contiene una síntesis de agravios casatorios que satisface en plenitud las exigencias que rigen la emisión de un pronunciamiento válido en la instancia de que se trata.

III. En cambio, en lo tocante a la cuestión sustancial que ha sido sometida a juzgamiento de este Alto Cuerpo en ejercicio de la función nomofiláctica, adelanto criterio en sentido disidente al propuesto por los Magistrados que me han precedido en la votación.

IV.Aclaración preliminar:

Ante todo considero necesario advertir, a modo de reflexión preliminar, que un nuevo y más profundo análisis de la temática de derecho sustancial discutida en el sub-lite me orienta a una distinta ponderación de la solución que corresponde asignar a la misma.

Es que, en alguna anterior oportunidad, ésta materia ha sido puesta a consideración de la Sala Contencioso Administrativa de este Alto Cuerpo, aunque no constituyendo la cuestión principal del thema decidendum, ocasión en la que siguiendo la doctrina sentada en dicho fuero, adherí a una hermenéutica distinta a la que ahora tengo por auténtica; ello en base a las consideraciones que a continuación expongo.

V. Asunto sometido a unificación:

De los agravios extractados por los Vocales preopinantes se colige con nitidez que el thema decidendum radica en determinar cuál es la regla de derecho aplicable a la hora de establecer el momento inicial del cómputo de la prescripción de los créditos tributarios municipales; esto es, si el dies a quo del curso de la prescripción de tales obligaciones debe computarse en base al criterio de la anualidad instituido por las Leyes Tributarias locales, o bien el genéricamente establecido por las normas del Código Civil.

VI. Mi posición disidente:

VI. a) El Código Civil establece en el artículo 3956 que la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación; y -más específicamente- el art. 3957 contempla las deudas a plazo, fijando como dies a-quo la de su vencimiento. Diversamente, el Código Tributario Provincial, en su actual art. 98 -anterior art. 91-, instaura como punto de partida de la prescripción liberatoria el primero de enero del año siguiente en que se produzca la exigibilidad del pago del tributo.

Pues bien, frente al conflicto que emerge de la comparación de ambos cuerpos normativos, considero que debe asignarse preeminencia al régimen legal consagrado por la legislación nacional de fondo, pues aun cuando las provincias en ejercicio de su autonomía conserven la facultad de crear tributos y organizar los mecanismos necesarios para su percepción, tal potestad fiscal no resulta suficiente para reglamentar la prescripción liberatoria de los tributos de una manera diferente a la sistematizada por el Código Civil con carácter general para la relación entre acreedor y deudor.

VI. b) Este Tribunal Superior en pleno -en su anterior composición- tuvo oportunidad de pronunciarse en una cuestión asimilable por sus características a la que ahora nos convoca, sosteniendo que "La amplitud de facultades que el Derecho tributario acuerda a las provincias se refleja en que éstas pueden crear los tributos y, por esa vía, convertirse en æacreedoresÆ, frente al contribuyente, que se ve sometido a la condición de deudor. Tienen, pues, amplias facultades para crear obligaciones en las que los entes provinciales ocuparán la situación de un sujeto activo, pero esas obligaciones se regirán por las normas del derecho común, en cuanto a su forma de extinción" (Confr. T.S.J. in re "Fisco de la Provincia de Córdoba c. Federico Llosa - Apremio - Recurso de revisión", Sent. Nº 49 del 29/05/96).

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido caso "Municipalidad de Avellaneda s/ inc. de verif. en: Filcrosa S.A.- s/quiebra" (Fallos: 326:3899), interpretó -en criterio que comparto- que las legislaciones provinciales que reglamentaban la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil son inválidas, pues las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local; reafirmando así la posición asumida con anterioridad. (Fallos 175:300; 285:209; 320:1344).

El Tribunal Supremo Nacional remarcó, en esa oportunidad, que la prescripción liberatoria, en tanto modo de extinguir las acciones, involucra aspectos típicamente vinculados al derecho de propiedad, cuya inclusión dentro de la delegación de facultades del art. 75 inc. 12 C.N. no se discute. Y añadió que en ese marco, y del mismo modo en que esa razón ha justificado la regulación por la Nación de los distintos modos de extinción de las obligaciones, idéntica solución debe adoptarse respecto de la prescripción, desde que no se advierte cuál sería el motivo para presumir que, al dictar la Constitución, las provincias hayan estimado indispensable presupuesto de sus autonomías, reservarse la posibilidad de evaluar los efectos de la propia desidia que ésta lleva implícita (del voto de la mayoría en "Municipalidad de Avellaneda s/ inc. de verif. en Filcrosa").

No desconozco que la jurisprudencia reseñada -tanto la emanada de este Tribunal Superior, cuanto la adoptada por la Corte Suprema- dirimía el conflicto relativo al plazo de prescripción aplicable a las obligaciones tributarias (10 ó 5 años), de donde bien podría argumentarse que la misma no resulta aplicable a la discusión generada en torno al dies a quo en el cómputo de la prescripción. Sin embargo, considero que la materia sometida juzgamiento en el presente recurso guarda en lo pertinente sustancial analogía con los antecedentes citados toda vez que la discusión versa sobre distintos aspectos de la prescripción liberatoria, y en ambos se generó idéntico conflicto en orden a las facultades legislativas delegadas al Congreso de la Nación y las reservadas por las provincias, razón por la cual los precedentes citados constituyen una pauta hermenéutica de vital importancia.

Frente a tales circunstancias, no cabe desentenderse de la fuerza moral que emana de las resoluciones que dicta el Alto Tribunal Nacional en su carácter de máximo intérprete de la Constitución Nacional y las leyes, del que deriva el consecuente deber de someterse a sus precedentes (v. doctrina de Fallos: 315:2386 y sus citas).

VI. c) Considero oportuno agregar, además, que aún coincidiendo con la aclamada autonomía del Derecho Tributario, y admitiendo la derivación que ella implica en orden a la necesidad de ajustar las pautas hermenéuticas de las normas impositivas a los principios imperantes en esa disciplina, en mi opinión no corresponde asignar a ella un carácter absoluto.

Por el contrario, aún sus disposiciones encuentran como límite infranqueable el derecho constitucional de propiedad, que en esta materia se cristaliza en la situación patrimonial de quien ha ganado la liberación de una deuda por efecto de la prescripción, por encontrarse reunidos los requisitos que el Código Civil establece a favor de la generalidad de las personas para que opere tal instituto (transcurso del tiempo e inacción del titular del crédito).

Como bien ha señalado la Corte en el citado precedente "Municipalidad de Avellaneda s/ inc. de verif. en Filcrosa...", la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el art. 75, inc. 12, éste no solo fijara los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino que dentro de ese marco, estableciera también un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esta vía; doctrina que -por lo ya expuesto- resulta plenamente aplicable al dilema del momento inicial del cómputo de la prescripción.

Si como consecuencia del federalismo, las provincias delegaron a la Nación la atribución de dictar los Códigos de Fondo, entre los que se cuenta el Código Civil, tal atribución comprende la de legislar todos los aspectos sustanciales de la relación jurídica obligacional, incluida la prescripción liberatoria que constituye uno de sus modos extintivos.

En contra de estos fundamentos, se argumenta que existe una ley del Congreso -concretamente, la Ley Nº 11.683, arts. 56 a 58- que en orden al dies a quo del curso de la prescripción, consagra una metodología análoga a la que contempla la Ley Impositiva local. Empero no debe perderse de vista que la nombrada es una ley federal destinada a reglamentar el procedimiento para la aplicación y percepción de impuestos por parte del Fisco Nacional, y por tanto tiene un ámbito material de aplicación acotado, que no alcanza a los impuestos provinciales. En consecuencia, no resulta posible, sin incurrir en una interpretación forzada de su alcance, considerarla analógicamente aplicable a las obligaciones tributarias que rigen en las provincias; máxime cuando ello importa soslayar las normas que el Código Civil ha consagrado con alcance general y abstracto en forma clara y uniforme, y que hasta la fecha no ha sido materia sujeta a modificación por parte del Órgano que tiene atribuciones para ello.

VI. d) Desde otra perspectiva, el mecanismo de inicio del cómputo de la prescripción establecido por la Ley Tributaria Local carece -al menos en la actualidad- de un fundamento que justifique de manera suficiente semejante diferencia en el tratamiento del dies a-quo en el curso de la prescripción.

En primer lugar, los avances tecnológicos de los últimos tiempos restan virtualidad al alegado problema de la magnitud de contribuyentes y la consecuente necesidad de unificar el inicio del cómputo de la prescripción para evitar la tarea de revisar, caso por caso, el día del vencimiento de cada tributo. Teniendo en cuenta los actuales sistemas informáticos, los entes recaudadores están en perfectas condiciones de procesar casi instantáneamente la nómina de los deudores y promover las acciones legales pertinentes en resguardo de los intereses del Estado, en tiempo oportuno; por cierto, en tanto y en cuanto obren con la debida diligencia en el cobro de los créditos. El plazo de prescripción estatuido por la ley para esta categoría de obligaciones es de cinco años, razón por la cual el Estado cuenta con un tiempo más que prudente para accionar, sin que resulte sensato o razonable extenderlo unos meses más, en función de este único argumento.

Resulta, además, incoherente e injusto calificar al deudor de la obligación tributaria como moroso a partir del día del vencimiento que aparece en el cedulón -con la consecuente posibilidad de parte de la Administración de iniciarle la ejecución del título a partir de ese mismo momento- y paralelamente afirmar que la prescripción liberatoria no comienza su curso hasta que no se inaugure un nuevo período fiscal.

En rigor de verdad la anualidad en materia de deudas tributarias no significa más que esta clase de obligaciones se devengan por períodos anuales. El punto es que, pese a la anualidad, la percepción de los tributos se realiza mediante los denominados "pagos parciales" o "cuotas" pagándose a cuenta antes que culmine el respectivo año fiscal; y ello provoca un anticipo de su exigibilidad a las fechas de vencimiento de cada una de tales parcialidades. En situación como la descripta, no es justo ni razonable utilizar el criterio de la anualidad a los efectos del cómputo inicial del curso de la prescripción, pues -insisto- la deuda tributaria resultó exigible el día del vencimiento inserto en el título, siendo esa la fecha que debe tomarse en cuenta para determinar el nacimiento del plazo de la prescripción.

La postura que sostengo se encuentra también avalada por la regla general consagrada en el adagio actionis nondum natae no praescrbitur; máxima que ha sido inclusive recogida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos pronunciamientos (Conf. Fallos 318:879; 308:1101; entre otros), en función de la cual la prescripción resulta inseparable de la acción y sólo comienza a correr desde que ella existe. Ello pone en evidencia con mayor razón la incoherencia del sistema propuesto en orden al dies a-quo por la Ley Impositiva, pues no resulta viable escindir la exigibilidad de la deuda tributaria del momento inicial del curso de la prescripción; menos aún, cuando los intereses punitorios generados por la falta de pago comienzan a computarse a partir de la mora.

VI. e)Finalmente, no puedo dejar de advertir que el criterio que sostengo es el que prevalece en la jurisprudencia local, pues como minuciosamente detalla María del Pilar Hiruela de Fernández en La Ejecución Fiscal en la Provincia de Córdoba, la mayoría de las Cámaras se han expedido sobre la materia debatida a favor de la preeminencia de las normas del Código Civil por encima de las de la Ley Impositiva, propiciando -inclusive en algunos casos, de oficio- la declaración de inconstitucionalidad del actual art. 98 del Código Tributario (Confr. ob. cit., Ed. Alveroni, ed. 2009, Córdoba, pág. 189 y sig.).

VII. En definitiva, considero que el inicio del curso de la prescripción de las obligaciones tributarias debe regirse por las normas que integran el Código Civil.

Por ello, y por mayoría, Tribunal de Casación conformado por la Sala Civil y Comercial y la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia Resuelve: I. Admitir el recurso de casación planteado, y en su mérito anular la Sentencia número uno, dictada por la Cámara en lo Criminal, Correccional, Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de Laboulaye con fecha 08/04/05 en todo cuanto resuelve. II.Disponer el reenvío de la presente causa a la Cámara de origen a fin de que -previa su integración- emita nuevo pronunciamiento, con arreglo a la doctrina legal que se juzga correcta en el presente. III.Costas por el orden causado. No regular honorarios en esta oportunidad. - García Alloco. - Andruet (h.). - Tarditti.