Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-30


SENT Nº 218 San Miguel de Tucumán, 30 de abril de 2013.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido, por derecho propio, por la letrada María Hipólita Rougés, en autos: "Villalva Sandra Elizabeth y otro vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo"; y	C O N S I D E R A N D O :

I.- La letrada María Hipólita Rougés, actuando por derecho propio, plantea recurso de queja (fs. 50/59) contra la resolución N° 604 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 9 de agosto de 2012 (fs. 48), a través de la cual se resuelve no hacer lugar por inadmisible al recurso de casación deducido por dicha profesional contra la sentencia N° 360 del 18 de mayo de 2012 (fs. 26/27).

II.- El recurso de queja ha sido articulado tempestivamente. En efecto, la denegatoria de la concesión de la casación fue notificada mediante cédula dejada en el casillero de la quejosa el día martes 14 de agosto de 2012 (fs. 49), y el escrito recursivo fue presentado el jueves 22 del mismo mes y año (ver cargo de fs. 59), dentro del plazo de tres días establecido por el artículo 706 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCyC).

Sobre el particular corresponde recordar que este Tribunal ha sostenido que la materia arancelaria no hace sustancialmente al trámite del juicio que da lugar a la regulación -o, como en este caso, al pedido de regulación- de honorarios y que, en razón de ello, deviene inaplicable respecto de aquélla la habilitación de días y horas que, producto de la modificación de la Ley 7.248, el artículo 11 del Código Procesal Constitucional (CPC) establecía a los fines de la sustanciación y ejecución del proceso de amparo; ergo, a los efectos de las cuestiones arancelarias que se suscitan en los mentados procesos, recobra plena vigencia el principio que consagra el artículo 177 del CPCyC, conforme al cual las actuaciones judiciales deben, so pena de nulidad, practicarse en días y horas hábiles (cfr. CSJT: 02/8/2012, "ABC S.A. vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán y otro s/ Amparo", sentencia N° 613; 02/8/2012, "Puertas Irma Beatriz vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo", sentencia N° 614).

Adviértase en tal sentido que, al igual que en los casos de los precedentes citados, en el supuesto de autos el juicio de amparo ya se encontraba fenecido al tiempo de solicitarse la regulación de honorarios en cuestión, y, por ende, había desaparecido la razón de urgencia y celeridad que la ley adjetiva entiende existe "durante" el trámite de la acción constitucional de marras.

III.- Ahora bien, la apuntada distinción, que permite tener por tempestiva la queja en examen, sirve, a su vez, para descartar en supuestos como el de autos la exención de cargas que prevé el artículo 24 del Código Procesal Constitucional, toda vez que las sendas impugnaciones (revocatoria y nulidad) que una letrada interpone, por derecho propio, en contra de los actos jurisdiccionales que resolvieran de manera desfavorable su solicitud de regulación de honorarios profesionales, no constituye, en puridad, una actuación propia del proceso de amparo.

Los motivos que llevaron al legislador local a reglamentar con carácter gratuito la tutela judicial pronta de los derechos fundamentales que estén siendo conculcados con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, en modo alguno son extensibles a las cuestiones concernientes a los emolumentos de los profesionales que intervinieron en dichos procesos, patrocinando o representando jurídicamente a las partes respectivas; en consecuencia, para la materia arancelaria, con independencia de cual sea el proceso que le sirve de causa, resulta exigible el depósito que la ley de rito establece para garantizar un mínimo de seriedad en el planteo impugnativo que se formula por la vía de los recursos extraordinarios de casación y de queja (cfr. CSJT: sent. cit. N° 613/2012 y 614/2012).

Siendo ello así, deviene pertinente recordar que este Superior Tribunal también ha sostenido reiteradamente que la norma del -hoy- artículo 260 del CPCyC, que regula el "beneficio provisional" autorizando al interesado a actuar "como si ya lo hubiese obtenido", se encuentra supeditada a una efectiva decisión favorable sobre el punto (08/11/2001, "Toledo de Villafañe, Ada Luz y otra vs. Ledesma, Carlos y otro s/ Reivindicación", sentencia N° 961; 25/9/2006, "Álvarez, Manuel Aurelio vs. Radino, José y otros s/ Nulidad", sentencia N° 859; 30/3/2007, "Canepa Néstor Adolfo vs. Paz Carlos Horacio y otra s/ Desalojo", sentencia N° 198; 03/9/2008, "Quadarella, Pablo Alejandro vs. Madariaga Juan Ignacio y otros s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 880; 11/6/2009, "Río García Lorenzo vs. Heredia Mario Roberto s/ Desalojo", sentencia N° 552; 14/10/2011, "Ibarra Julio Rubén vs. Comuna de Colombres s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 788; entre otras). Extremo éste que no luce acreditado en el sub lite, donde hasta ahora no se demostró el dictado de una resolución que otorgue el beneficio para litigar sin gastos a la quejosa y justifique, por ende, eximir a esta última del requisito formal de marras.

Por ello, encontrándose excusados los doctores Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, y en uso de licencia el señor vocal doctor René Mario Goane, se	R E S U E L V E :

DECLARAR INADAMISIBLE el recurso de queja por casación denegada deducido, por derecho propio, por la letrada María Hipólita Rougés en los autos: "Villalba Sandra Elizabeth y otro vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo".

HÁGASE SABER.

CLAUDIA BEATRIZ SBDAR (en disidencia parcial) ANTONIO GANDUR	EBE M. LÓPEZ PIOSSEK CARLOS EUGENIO GIOVANNIELLO ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ Voto en disidencia parcial de la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar:

Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de queja por casación denegada interpuesto a fs. 50/59 por la letrada María Hipólita Rougés, por derecho propio, contra la sentencia de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 09/8/2012 (fs. 48), que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto contra el pronunciamiento del referido tribunal del 18/5/2012 (fs. 26/27).

La admisibilidad del recurso de queja ha sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen del Sr. Ministro Fiscal de fs. 61, cuyos fundamentos comparto y a los cuales me remito en concreta relación a que el recurso de queja ha sido interpuesto fuera de término. En lo pertinente, se observa que, habiendo sido la correspondiente cédula de notificación dejada en el casillero de la letrada recurrente el martes 14/8/2012 (fs. 59), conforme las reglas de funcionamiento del casillero de notificaciones previstas en la Ley 2.199 (texto consolidado) y su reglamentación por Acordada 140 del 04/6/1976, la presentación del recurso de queja en fecha 22/8/2012 ha sido efectuada luego de trascurrido con creces el plazo legal de 3 días. Se deja aclarado asimismo que al momento de interposición de la queja se encontraba vigente el art. 11 del CPC en su redacción según Ley N° 8.049, que establecía para el proceso de amparo que "todos los días se computarán como hábiles y las horas corridas".

Solo resta añadir como nota final, que el trámite que el legislador ha previsto para el amparo general es el comprendido en los arts. 50 al 65 del Capítulo III, Título II del CPC, disponiéndose la aplicación supletoria de las normas procesales vigentes en cada fuero, cuidando el órgano judicial de adaptarlas a los principios de celeridad y eficacia (cfr. art. 31 CPC). De allí que no sea posible dividir el proceso de amparo y disponer la aplicación de un trámite previsto solo supletoria o subsidiariamente, a un aspecto del proceso que no importa un vacío normativo, tal como el relativo al cómputo de todos los días como hábiles y las horas corridas. En este orden de ideas, la regulación de honorarios integra la sentencia que resuelve el amparo, aun cuando su determinación haya sido diferida para el momento en que se hubiere determinado su quantum (cfr. art. 20 1er. párr. Ley 5.480, y su comentario en Brito, Alberto - Cardoso de Jantzon, Cristina "Honorarios de Abogados y Procuradores de Tucumán", Ediciones El Graduado, Tucumán, 1993, pág. 97).

Atento a lo expresado, y conforme fuera anticipado, el recurso de queja en examen es inadmisible por haber sido interpuesto fuera de término.

Por ello, y compartiendo lo dictaminado por el Sr. Ministro Fiscal a fs. 61, corresponde: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la letrada María Hipólita Rougés, por derecho propio, contra la sentencia de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del 09/8/2012. Disponer que se protocolice el dictamen del Sr. Ministro Fiscal adjunto a la presente sentencia.

CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ	CLAUDIA MARÍA FORTÉ.