marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio, proceso penal, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Pieckenstainer, Dieter Walter s/ Lesiones - Recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal -   (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es la posibilidad de considerar   Como "secuela de juicio" (artículo 67 del Código Penal) con entidad   Interruptiva de la prescripción de la acción penal a determinados   actos de la instrucción previos a la requisitoria de elevación a   juicio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-12

La liberación a través de la extinción por prescripción tanto de la acción como de la pena, encuentra fundamento común en cuanto a que el transcurso del tiempo opera lesivamente sobre los fines que se pueden asignar al derecho penal, tornando irracional la respuesta, a lo que se agrega -en relación al ejercicio de la acción-, el derecho a un juzgamiento en tiempo razonable que se vincula a otros específicamente procedimentales, todos de clara raigambre constitucional y contenidos en el plexo normativo internacional. Es menester, en consecuencia, arribar a una interpretación sobre los alcances de la expresión "secuela del juicio", que constituya un estandar aplicable como doctrina jurisprudencial, que fije límites razonables a la actividad de persecución, conforme se ha expresado y se reclama desde los fundamentos mismos de la prescripción y desde los principios constitucionales. (Del Voto del Dr. Bernardini)
Alimentos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LORENZON DE RODRIGUEZ MARTA S. c/ RODRIGUEZ JULIO CESAR s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-09

Respecto de los hijos menores, la obligación alimentaria fijada por la ley civil no requiere la prueba de su necesidad, basta el pedido para la procedencia del reclamo, sin perjuicio que la cuota se establecerá en relación a las posibilidades del demandado y la necesaria contribución del otro progenitor.
Competencia federal, contrato de transporte, incumplimiento del contrato, transporte internacional, pérdida del equipaje
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bonofiglio, Verónica Andrea c/ Mercocarga S.A. y Otro s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-08

Es competente la justicia en lo civil y comercial federal en una causa por la cual se demandó a dos empresas por presunto incumplimiento del contrato de transporte marítimo, a raíz de la pérdida de un equipaje que venía desde la ciudad de Barcelona en España hasta el Puerto de Buenos Aires dado que el art. 116 de la C. N. establece que corresponde a la Corte Suprema de la Nación y a los tribunales inferiores nacionales el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre almirantazgo y jurisdicción marítima y, en el mismo sentido, el art. 2 de la Ley 48 y el art. 111 de la Ley 1.893 establecen la competencia federal para las causas sobre todo hecho o contrato concerniente a la navegación y comercio marítimo.
Beneficios previsionales, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Legora de Pérez Segretin, María Angélica c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

No ofrece dificultad alguna la situación previsional objeto de debate, si el cargo por el que se determina el haber de pasividad se halla individualizado presupuestariamente en el marco del nomenclador vigente y aplicado por el Poder Legislativo.
Azúcar, Ministerio Público
Materia: PENAL
Carátula: S.A. WELBERS LTDA.INGENIO ARNO-LAS TOSCAS s/ Azúcar Causa 25206-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-08

El art. 84 de la Ley de azúcar 19597 no prevé la actuación conjunta de ambas representaciones del fisco (órgano administrativo-Dirección Nacional de Azúcar-y Fiscal) sino alternativa.
Acción de repetición, rechazo de la demanda, repetición de impuestos, impuestos provinciales, Impuesto sobre los ingresos brutos, centrales eléctricas, empresa constructora
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: COMPAÑIA ARGENTINA DE CONSTRUCCIONES S.A.I.C. c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ REPETICION DE IMPUESTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

La autoridad nacional puede considerar innecesaria la inmunidad fiscal como un medio para satisfacer el interés nacional que supone la actividad de que se trata. Así ocurre en el caso en que corresponde rechazar la repetición del impuesto a los ingresos brutos abonado a la Provincia de Mendoza por la empresa que había subcontratado la construcción de las obras civiles para la ampliación de una central eléctrica, trabajo que había sido pactado con Agua y Energía Eléctrica, entidad que había aceptado contractualmente que los precios incorporaran el costo gravámenes como el que se intenta repetir, lo que excluye todo menoscabo patrimonial para la actora.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, exteriorización de la incapacidad, trabajador, toma de conocimiento de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: SANTILLAN, ALBERTO c/ ESTABLECIMIENTO MODELO TERRABUSSI S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-19

A los fines de determinar la ley aplicable al caso, y cuando en autos no hay prueba fehaciente sobre la fecha de toma de conocimiento de su incapacidad, por parte del trabajador, constituye un indicio importante la fecha de otorgamiento del poder, pues aunque la acción se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la ley 24028 al otorgar el mandato para representarlo en juicio, el trabajador, sin duda, tenía idea de su incapacidad.
Inspección General de Justicia, poder de policía, sanciones administrativas, multa administrativa, sociedad anónima
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA c/ TEBA SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-22

Del dictamen fiscal 88246:

Corresponde confirmar la sanción de apercibimiento a una sociedad anónima y de multa a su presidente impuestas por la IGJ, en virtud de no haber acompañado la sancionada ciertos libros requeridos por la inspección, pues el incumplimiento de las órdenes emanadas del organismo de control deben ser sancionadas toda vez que estas perturban el ejercicio del poder de policia del estado; y tal control se veria gravemente perturbado, si quedase al arbitrio de los entes objeto de fiscalización el modo, tiempo o clase de información a suministrar a la autoridad a fin de que esas atribuciones puedan ser puestas en ejercicio.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, demanda, traslado de la demanda, notificación, carta documento, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Carabajal, Alfredo José Francisco c/ Federación Patronal Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-25

Procede confirmar la resolución que le denegó al actor la posibilidad de notificar el traslado de la demanda mediante carta documento. Ello por cuanto, si bien el CPR 136 autoriza la sustitución de la notificación por cédula, por la notificación mediante carta documento, cuando se trata del traslado de la demanda, esa misma norma se encarga de aclarar que "únicamente" podrá materializarse mediante cédula, o por acta notarial. Cabe recordar que la correcta notificación del traslado de la demanda no sólo hace a la debida integración de la litis, sino que involucra también a la garantía constitucional del debido derecho de defensa y hace a la regularidad de la tramitación del pleito. En ese contexto, las alternativas de notificación que propone el apelante no resultan admisibles.
Principio de congruencia, aplicación de la ley, iura novit curia, responsabilidad civil, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., A. R. c/ A. T. S.A. P. ART. S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-25

Con relación al juicio de daños, dice Zavala de González, puede señalarse que el principio de congruencia opera con mayor vigor en lo que atañe al objeto de la acción, mientras que son más amplias las atribuciones jurisdiccionales oficiosas en relación con la causa, título o razones que apoyan la petición.

Y en el proceso de daños, la causa de la acción, entendida en sentido estricto, radica en el perjuicio injusto sufrido por el actor -en conexión con un hecho lesivo que debe ser su causa adecuada.

Considera que así como el juez debe encuadrar oficiosamente el título en función del cual cabe la responsabilidad, también puede decidir que no procede ninguna o que ella debe ser limitada, por intervenir un factor eximitorio, total o parcial, y a pesar de que éste no haya sido explícitamente invocado por el demandado, siendo esto una manifestación del principio "iura novit curia"; es que frente a la realidad, probada en autos, de un motivo excluyente o limitativo de la responsabilidad, sería inconcebible que el magistrado dictase un pronunciamiento de condena, al que le faltaría el esencial presupuesto de un deber del sujeto pasivo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AYALA, JOSE RAMON Y OTROS c/ EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA (EPE) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-02

La Cámara afirmó que la invocada jurisprudencia de la Corte Suprema nacional sobre supuestos similares, en los que se asignó responsabilidad a las respectivas entidades prestadoras de energía, refería a casos que involucraban a menores de edad, con todo lo que ello implicaba a la hora de analizar y determinar el nivel de culpa que podría recaer sobre la víctima a los fines de verificar la existencia o no de una eximente, en los términos del artículo 1113 del Código Civil, evidenciando ello -a juicio del A quo- que el planteo apelatorio formulado en relación a tales aspectos del fallo no pasaba de ser un mero disenso con la valoración de la prueba realizada por el Colegiado y con la subsiguiente interpretación de las normas que dicho Tribunal había considerado aplicables a los hechos que se estimaron acreditados. (De la disidencia del Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1113
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad, depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Iñiguez SACI s/ Recurso  de  Queja  por Deneg. del Rec. Ext. en autos: "Lugo, Ricardo  c/ Iñiguez SACI y/o Persona  Física o Jurídica Responsable s/ Reclamo  Laboral" Ext. en autos: "Lugo, Ricardo  c/ Iñiguez SACI y/o Persona  Física o Jurídica Responsable s/ Reclamo  Laboral"
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-03-30

La norma del art. 76 del Código de Procedimiento Laboral no debe aplicarse porque violenta normas de más elevado porte y condiciona el ejercicio del legítimo contralor jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, no conjugándose con el resto de nuestro ordenamiento jurídico, vulnerando reiteradamente el orden jurídico constitucional, con el agravante que su aplicación no sólo afecta el ordenamiento en forma aislada, sino que esta norma le es repugnante al nuestro en lo jurídico, en lo real y en lo social.
Competencia, competencia originaria, circulación aérea
Materia: PROCESAL
Carátula: "Rocchi Alberto A. c/ Disp. 56/02 -Comando Regiones Aéreas- FAA". s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-23

La competencia originaria en los procesos judiciales, en principio, corresponde a los juzgados de primera instancia, actuando esta Cámara como el órgano de alzada de éstos (art. 4 ley 21.628). La circunstancia de que en la ley la acción judicial contra los actos previstos en el art. 215 del C.A. sea denominado recurso y no demanda, no altera esa conclusión, toda vez que la competencia originaria de la Cámara que la ley establece para determinados casos se presenta como supuestos excepcionales que se apartan del principio general de la doble instancia como medio de control de las decisiones judiciales.
Jubilaciones, impuesto a las ganancias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cuesta, Jorge Antonio c/ AFIP s/ sobre acción de inconst (sumarísimo)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-04-29

Dado que la jubilación se ajusta a los parámetros constitucionales de integridad y fue instituida para subvenir a la totalidad de las necesidades que pueda tener la persona en ese período de vida, la prestación no puede ser pasible de ningún tipo de imposición tributaria, porque de lo contrario se estaría desnaturalizando el sentido de la misma.
Acción penal, jueces, iura novit curia
Materia: PROCESAL PENAL -CIVIL
Carátula: DIAZ, MARIO OMAR s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-12-28

En materia de derechos privados las partes son dueñas del objeto del proceso, en el sentido que disponen libremente la extensión de la materia litigiosa sometida a conocimiento del juez. cuyos poderes, concebidos teóricamente con una amplitud igual a su propia competencia, en la práctica quedan reducidos a los límites de las peticiones de las partes, fuera de las cuales no están autorizados a proveer.

El juzgador debe atenerse a los simples hechos descriptos en la demanda, sin tomar en cuenta el "nomen iuris" utilizado en la misma, porque si éste no coincide con aquellos, su deber será proveer la hipótesis fáctica planteada por la demanda. La aplicación del principio "iura novit curia" se traduce, en consecuencia, en la obligación de aplicar el derecho, sin que pueda dejar de hacerlo so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.

Si, en el caso, la "causa pretendi" contenida en la demanda basa la pretensión civil en la culpa del imputado, pues expresamente se invoca su negligencia en la conducción del vehículo como fuente causal del hecho investigado y no en la responsabilidad objetiva emergente del riesgo creado, no se desconoció el principio "iura novit curia".

Una cosa significa sólo modificar el enfoque jurídico de la acción y otra muy diferente, representa alterar la causa "pretendi", esto es, la invocación del daño sufrido junto al factor de atribución de responsabilidad en que basa la indemnización reclamada.

Y aún cuando la sentenciante sostenga en su decisión que el demandado es guardián de la cosa, ello no altera la conclusión a que se arriba por cuanto esta cuestión no fue alegada en la demanda y en consecuencia, mal podía resultar favorablemente acogida, so pena de fallar "extra petita". Si el Tribunal de mérito hubiere desconocido esta circunstancia, ello hubiere importado indefectiblemente una violación al derecho de defensa del demandado civil, que se basó conforme fuera planteado en la demanda- en demostrar su falta de responsabilidad como autor culpable de un hecho, por lo que al no discutirse su condición de propietario o guardador del vehículo en cuestión, el fallo resulta ajustado a derecho.
Prescripción, quiebra, recurso de nulidad, fraude
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUZAL  J.  S/CONCURSO  CIVIL  S/SUCESION DE J. RABINOWICZ S/ORDINARIO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-17

La acción de nulidad por fraude de que dan cuenta CCI: 961 y sgtes., en caso de quiebra del deudor, prescribe a los tres años desde que queda firme la respectiva sentencia declarativa.
Obligaciones del comerciante, rendición de cuentas del comerciante, rendición parcial, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: J. VAZQUEZ IGLESIAS c/ BASTERRECHEA  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-19

Si bien conforme lo prescribe el CCOM 71, los costos de la rendición de cuentas son siempre a cargo de los bienes administrados, fácil será concluir que las rendiciones parciales que se efectúan para dar satisfacción a los deseos de unos integrantes, perjudicarán a los restantes, en tanto fondos comunes serán distraídos para ese fin. Cuando de rendiciones parciales se trate deben estar los costos (rectius: gastos) que las mismas irroguen a cargo de quien las solicita, independientemente por cierto de las costas judiciales que serán impuestas según decida en cada proceso.
Daños y perjuicios, contrato de garaje, responsabilidad del garajista
Materia: CIVIL
Carátula: MONACO, Oreste Alejandro c/ GERTNER, Raúl Omar s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-28

El contrato de garage, es una convención a la que le son aplicables, en forma armónica, las normas de los cotratos de locación y depósito, no siendo necesaria la instrumentación escrita de sus cláusulas y admitiéndose cualquier medio de prueba a los fines de acreditar su celebración. En este aspecto, la obligación del garagista es la organización de los medios humanos y previsiones técnicas concretas para cumplir con la finalidad de cuidado y seguridad del rodado sobre el cual tiene la guarda, lo que conlleva la responsabilidad por los daños o perjuicios causados por los automóviles que se ponen a su cuidado.
Caducidad de instancia, prueba documental, ampliación de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: FIORITO MARCOS A c/ HECTOR S. MORINO S.A s/ CADUCIDAD DE INSTANCIA. DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-25

El escrito de ampliación de la demanda en cuanto a la prueba instrumental no constituye un acto interruptivo del curso de la perención de la instancia, por cuanto deja al proceso en el mismo estado en que se encontraba. Si bien puede resultar útil para la demandante, ya que modifica o asegura la demanda en tanto completa la prueba instrumental, no es actuación idónea para instar el procedimiento, pues no le hace avanzar hacia el fin previsto por la ley, que es el dictado de la sentencia definitiva.
Locación de inmuebles, vencimiento del plazo, continuación de la locación, obligaciones del fiador
Materia: CIVIL
Carátula: ROGOZNICKI, Benjamín c/ MARTIN, Mariana A. s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-26

El fiador responde por todas las obligaciones que contractualmente asumió el locatario hasta el momento en que se produce la efectiva desocupación del inmueble y el locador recupera su tenencia cuando así se hubiera estipulado en el contrato. Y si se ha convenido que la fianza subsistiría aún vencido el término del contrato y mientras el locatario permaneciera en el inmueble, considerándose dicha permanencia como una continuación sin término de la locación, la estipulación extiende los efectos de la fianza, sin limitaciones, al supuesto que contempla el art. 1622 del Código Civil.-
Intereses, anatocismo, mora
Materia: CIVIL
Carátula: American  Jet  S.A. c/ Formosa, Provincia de y otros s/ cobro depesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-11

Una vez aceptada por el juez la cuenta, debe ser intimado su pago al deudor, porque sólo si entonces éste no lo efectiviza cae en mora y debe intereses sobre el monto total de la liquidación impaga.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, nulidad del acto jurídico, declaración de oficio, escritura pública, donación con cargo, reserva de usufructo, sociedad conyugal, bienes gananciales
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: LEINGRUBER, NELLY T. c/ PIERINA L.G. CALEGARIS DE BAZZE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-NULIDAD  PARCIAL DE ACTO JURIDICO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 209 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-09

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto pues sólo configura disenso interpretativo de la quejosa (co-titular de la nuda propiedad ) el sostener que el pronunciamiento ha decidido la causa conforme a una determinada secuencia de hechos que estima conducentes a otra solución.

En el caso, la sentencia impugnada no hizo lugar a la nulidad del usufructo en favor de la accionada (cónyuge del donatario) planteada con sustento en que se trataba de una donación prohibida (art. 1807 inciso 1) del C.C.) al entender que se trataba de un usufructo otorgado sobre bienes gananciales, que por lo tanto estaban a disposición de ambos cónyuges, aunque la titularidad estuviera reservada al causante a nombre de quien se encontraban inscriptos, bienes éstos que integraban la sociedad conyugal, la que se encuentra integrada en calidad de socios por ambos cónyuges de modo que resulta difícil sostener que existe una atribución patrimonial gratuita del marido en favor de la mujer, que es la esencia de la donación, pues los bienes fluyen hacia los donatarios y no hacia los cónyuges y, en conjunto con éstos se resolvió el usufructo cuestionado.

Agregó, asimismo, que por tratarse de inmuebles los bienes donados la participación de la demandada resultaba necesaria (artículo 1277 C.C.), no apareciendo como dudoso que siendo un bien ganancial de importancia económica ningún juez hubiera dado autorización si mediara oposición del cónyuge para una donación. Si bien reconoce que la demandada no es heredera en cuanto a los gananciales, sí es socia, lo que le da derecho a la mitad de los gananciales en caso de liquidación.

En definitiva, sostuvo que la actora carece de legitimación para obtener la anulación pretendida por haber consentido y contribuido a otorgar el mismo acto (artículo 1047 C.C.), por lo que al no encontrarse ante una nulidad manifiesta no se autoriza a proceder de oficio.
Falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva, falta de acción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIBIAGI VICTORIO E. c/ ENRIQUE GOMEZ CARRERA s/ ej - Camb (LIBRO: S150 - 406)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-06-30

Estas excepciones se basarían en la falta de vinculación entre el accionante y el ejecutado.- El demandado afirma que la firma puesta en la cambial solo fue en nombre y representación de una S.A.- Pero ésto no lo prueba. No consta en el pagaré que se lo suscribía por un tercero. Esta exigencia no guarda armonía con el principio de literalidad.- Los derechos del poseedor se rigen por ese principio. Nada que no esté alli expresado o relacionado puede serle opuesto para modificar su derecho.- Por quién se actué, debe estar visible en la cambial, aunque no se recurra a fórmulas sacramentales.- Se rechaza la excepción.-
Accidentes de trabajo, Comisión Municipal de la Vivienda, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: SALDAÑO, AGUSTIN c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Si el obrero accidentado trabajaba para la Comisión Municipal de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde extender la responsabilidad a la Municipalidad, pues si bien es cierto que la ley 17174 caracteriza a aquélla como entidad autárquica, lo cual significa que posee personalidad jurídica propia, no es menos cierto que de la misma norma surge su dependencia financiera. El art. 9 hace responsable a la Municipalidad por las operaciones que realice la Comisión, y no puede considerarse circunscripto a operaciones financieras, crediticias o inmobiliarias sino que se entiende como abarcador de la responsabilidad frente al personal contratado por dicha comisión.