Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19


MUNICIPALIDAD DE ROSARIO contra CENTRAL TERMICA SORRENTO Reg.: A y S t 197 p 21-26. Santa Fe, 19 de mayo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia n 22, del 11 de abril del año 2003, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario en autos "MUNICIPALIDAD DE ROSARIO contra CENTRAL TÉRMICA SORRENTO sobre COBRO DE PESOS" (Expte. C.S.J. n 555, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. El pronunciamiento impugnado confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la demanda entablada por la Municipalidad de Rosario persiguiendo el cobro de la contribución prevista en la ordenanza impositiva n 5.295/91 y modificatorias.

Contra dicho decisorio interpone la accionada su recurso de inconstitucionalidad.

Invoca el artículo 1, incisos 1) y 3) de la ley 7.055; normas de las Constituciones nacional y local, leyes federales y provinciales y la concurrencia de gravedad institucional.

Afirma la recurrente que la cuestión trascendente involucrada en el "sub lite" gira en torno a la carencia de facultades de la Municipalidad de Rosario para cobrar a todos los consumidores de gas de la ciudad una contribución equivalente al 10% del consumo y destinarlo a la construcción de redes de gas, construcción de viviendas, pavimentación y/o rentas generales.

a.

Sostiene que el caso reviste gravedad institucional puntualizando -con remisión a un precedente de este Cuerpo- que está en juego la interpretación de normas que hacen a la recaudación de la renta fiscal, como también invoca la trascendencia económica del caso que vincula con la generación de energía en la Provincia, y los efectos sobre el Estado provincial por la violación de la ley de coparticipación federal, y alega el "caos" institucional e inseguridad jurídica que provocaría admitir la ausencia de límites en las potestades tributarias de los municipios.

b.

Invoca la existencia de una cuestión constitucional compleja (art. 1, inc. 1), ley 7.055) que apoya en dos vertientes.

Por un lado, entiende que el tributo establecido por la ordenanza 5.295 viola los artículos 106 y 107 de la Constitución provincial, excediendo las potestades que dicha fuente confiere a las Municipalidades y que fueron reglamentadas por las leyes 8.173 y 10.197; considerando todo ello lesivo, también, del derecho de propiedad, principio de legalidad y jerarquía normativa previstos en las Leyes Fundamentales nacional y provincial.

Y, por otro lado, aduce que de conformidad a los precedentes del Máximo Tribunal de la Nación in re "Strada" y "Di Mascio", se ubica en la hipótesis anunciada la violación de las leyes federales 24.076, 23.548 y el pacto federal para el empleo, la producción y el crecimiento, que regulan materia delegada por los Estados provinciales al gobierno federal al amparo de la cláusula de prosperidad y régimen de coparticipación de impuestos con base en el artículo 75, incisos 2, 3, 13 y 18 de la Constitución nacional.

En relación al primer aspecto, sostiene que la contribución impugnada no está contemplada en la ley 8.173 a la que deben adecuar sus ordenanzas impositivas los municipios, saltando a la vista, por ello, la vulneración al régimen instituido por aquel ordenamiento.

En referencia al segundo planteo, argumenta que al gravar el consumo de gas se crea un tributo análogo y prohibido en los términos de la ley 23.548, al alcanzar materia sujeta a impuesto nacional -el impuesto al valor agregado- y expresa que el gas resulta ser una materia prima utilizada para la elaboración de otros productos sujetos a tributos comprendidos en la referida ley; alegando además que el pacto federal y la ley 11.123 derogan en nuestra Provincia todo impuesto o tasa que grave la transferencia o consumo de dicho combustible y toda tasa que no constituya la retribución del servicio efectivamente prestado.

Por todo ello sostiene que el "tributo al gas", viola "groseramente" el marco de armonización tributaria previsto por la ley de coparticipación, el pacto federal y la normativa provincial, circunstancia que en su criterio vendría reconocida por la demandante de acuerdo al informe del Director General de Finanzas obrante en autos.

En lo atinente a la ley 24.076, señala que la contribución objetada encarece indebidamente el precio del gas constituyéndose en una intromisión ilegítima en las atribuciones del gobierno federal, en tanto modifica el marco jurídico integral fijado por el Estado nacional para regular el transporte y consumo de gas en todo el país establecido a través de la citada normativa, dictada por el Congreso en ejercicio de la cláusula de progreso y de la cláusula comercial de la Ley Fundamental de la Nación.

Además, afirma que resulta violatoria de institutos específicos de dicha fuente como la prohibición de subsidios cruzados (art. 41); enunciando diversas cuestiones atinentes al régimen, con invocación de los principios de igualdad, libre acceso, no discriminación, uso generalizado del gas, libre competitividad del mercado, derechos del consumidor, justicia, equidad y razonabilidad de las tarifas.

Respecto a los "subsidios cruzados" aduce que la ley 24.076 prohíbe cobrar un sobreprecio por el gas consumido a determinado grupo de consumidores con el fin de financiar nuevas obras de gas con destino a nuevos usuarios y la ordenanza municipal establece un sobreprecio para financiar la construcción de viviendas y nuevas redes de gas para clases humildes.

c.

A renglón seguido le imputa a los Juzgadores incurrir en arbitrariedad -art. 1, inciso 3), ley 7.055-.

Enuncia como causales descalificantes las siguientes:

"Desconocer las normas aplicables, aplicar normas no vigentes para el caso y utilizar jurisprudencia no válida.

Mediante tal proceder se aparta de precedentes del Tribunal Cimero directamente aplicables".

Bajo este acápite argumenta que los Sentenciantes fundaron su decisorio en jurisprudencia de tribunales inferiores de otra provincia (La Rioja) para justificar la facultad de la Municipalidad de Rosario de establecer el tributo en cuestión, señalando que la Constitución de la Provincia de Santa Fe es diferente en cuanto a las potestades tributarias de los Municipios y Comunas, y que la Sala no atiende a los artículos 2, 106 y 107 de la Constitución local, ni las leyes 8.173 y 10.197.

"Resolver cuestiones distintas a las planteadas o invocar fundamentos aparentes".

Sostiene que los Judicantes no brindaron tratamiento al cuestionamiento que formuló en torno a la violación de la ley federal 24.076 -intromisión en materia de incumbencia exclusiva del gobierno nacional, violación de la prohibición de subsidios cruzados y encarecimiento del precio-.

Además, considera que incurren en un "grosero" yerro al confundir dicho marco con la ley que regula la generación, transporte y comercialización de energía eléctrica.

Es descalificable el decisorio, dice, por contener afirmaciones dogmáticas y confusas que impiden conocer el alcance de las argumentaciones.

"Omitir resolver cuestiones planteadas".

Alega que se omitió decidir acerca de la violación de la ley 23.548 (de coparticipación federal, adhesión de la Provincia de Santa Fe por ley 10.197) y del Pacto Federal, siendo cuestiones vitales que acarrean perjuicios a la Provincia de Santa Fe.

Aduce que tal planteo se dedujo en baja instancia e invoca, a todo evento, el principio "iura novit curia", agregando además que la gravedad institucional que comportan las cuestiones planteadas -al exceder el interés de las partes y repercutir en el de toda la comunidad- demuestran la trascendencia de la decisión del planteo.

"Prescindir de hechos notorios trascendentes para la resolución del caso".

Consigna que el tributo reclamado "se cobra a un grupo determinado, los consumidores de gas, y se destina a beneficiar a otro grupo de personas distinto: futuros adquirentes de las viviendas que se construyan, futuros consumidores de gas, rentas generales de la Municipalidad"; y dice que este es un hecho notorio que debía ser considerado en tanto resultaba determinante de la ilegitimidad e inconstitucionalidad de la gabela, ya que lo equipara a un impuesto liso y llano -no una contribución- incompatible con toda la legislación invocada.

Alega asimismo que los Sentenciantes incurren en arbitrariedad porque, ignorando la división tripartita entre impuestos, tasas y contribuciones, le acuerdan el carácter de contribución genérica a la objetada en autos.

"Apartarse de prueba trascendente agregada a la causa".

Bajo este acápite le endilga a los Juzgadores omitir la consideración de un informe emanado de la Dirección General de Finanzas de la Municipalidad de Rosario.

En el punto V.3. del escrito recursivo y bajo el título "Arbitrariedad", afirma que habiendo sido cuestionada la facultad de la Municipalidad para recaudar este tributo, considerado como impuesto, tasa o contribución, la doctrina del precedente de la Corte nacional que cita, obligaba al Tribunal a analizar cada una de las violaciones constitucionales que tornaban ilegítima la gabela, pero arbitrariamente no lo hizo; agregando que ni siquiera la competencia funcional de la Alzada era límite para su examen por aplicación del principio "iura novit curia".

Seguidamente, señala que la mayor arbitrariedad por omisión en que incurrieron los Juzgadores refiere "a la cuestión jurídica reconocida por la contraria en el documento elaborado por personal jerárquico de la Municipalidad que luce a fs. 156 de autos, donde se expresa que se debe derogar esta contribución ya que está prohibida por la ley 11.123 y el pacto federal...".

En esa línea, expresa que la cuestión fue planteada en primera instancia con la contestación de la demanda y también introducida por la actora en la documentación referida en el párrafo anterior, no habiendo sido tratada debidamente en la sentencia de primer grado de conocimiento; concluyendo que también fue objeto de agravio en segunda instancia y el fallo incurre en arbitrariedad al "pasar por alto esta prueba documental trascendente".

Luego pasa a analizar los diferentes fundamentos del decisorio impugnado, efectuando consideraciones que, a su criterio, apoyarían la arbitrariedad endilgada.

En esa tarea, cuestiona la afirmación de la Sala referida a que la naturaleza del tributo no fue puesta en tela de juicio por la accionada y que ello obstaba pronunciarse sobre el tópico, aduciendo que tal extremo es un presupuesto previo para el análisis de la legitimidad del tributo por cuanto cada una de las categorías que integran la división tripartita (impuestos, tasas y contribuciones) cuenta con elementos de base constitucional o legal que los diferencia unos de otros, razón por la cual la determinación de la naturaleza de la gabela no fue un planteo, sino un medio que utiliza el derecho tributario para establecer la legalidad y constitucionalidad de un tributo determinado, cuestión de derecho que el tribunal estaba obligado a analizar.

Reprocha, con igual propósito, el argumento de los Sentenciantes referido a que la naturaleza limitativa del tributo en orden a los municipios no se encuentra, al menos literalmente, en el texto de la Constitución provincial ya que el artículo 107 los faculta a recaudar y disponer libremente de recursos propios provenientes de las tasas y contribuciones que establezcan en su jurisdicción.

Entiende que tal afirmación "contradice la posición de la contraria", desconoce la prueba incorporada al expediente, carece de sustento jurídico, viola jurisprudencia aceptada y es contraria a toda lógica, remitiendo a los fundamentos vertidos sobre las limitaciones a las potestades tributarias.

Concluye que "de admitir este fundamento y por vía del absurdo deberíamos aceptar que el Municipio tenga aptitud para crear cualquier tributo sin limitación alguna".

En lo concerniente a la motivación del Tribunal acerca de que resulta atendible el argumento de la actora relativo a que no corresponde asimilar las contribuciones en sentido constitucional de las que la ciencia del derecho tributario califica como contribuciones especiales, sostiene que es erróneo pues la única interpretación que respeta la hermenéutica del texto constitucional contradice el fundamento del fallo, insistiendo en que los municipios sólo tienen potestad para crear tasas y contribuciones especiales, dejando los gravámenes -impuestos directos o indirectos- en cabeza de la provincia.

Objeta asimismo la argumentación de la Alzada basada en un precedente de la Cámara Civil y Comercial de La Rioja, en la inteligencia que el derecho de tal provincia no es aplicable a las municipalidades santafesinas.

Además, porque la situación fáctica del caso citado y del presente son diversas, desde que en La Rioja la contribución se aplicaba a la prestataria del servicio de distribución de gas y no a los consumidores.

Por último, aduce que existe jurisprudencia de la Corte nacional que contradice la de dicho Tribunal.

Considera también que el argumento según el cual la ausencia de estipulación legal por la que Litoral Gas S.A. reemplazaba a Gas del Estado es meramente formal y no trascendente, es violatorio del principio de legalidad.

Cita doctrina y jurisprudencia que entiende respaldatoria de su tesis.

En tal sentido, afirma que la ordenanza 5295 durante los años 1992/93/94 y parte de 1995 instituyó como base imponible del tributo la facturación que por consumo de gas efectúe Gas del Estado, estando excluida, entonces, del ámbito de imposición de la contribución, la facturación que pudieran realizar terceros, sea Litoral Gas o cualquier otro vendedor de gas, so pena de incurrir en una interpretación extensiva de la norma fiscal y, de consiguiente, violatoria del principio de legalidad.

En cuanto a la inexistencia de incompatibilidad entre la ordenanza municipal y la ley 24.076 en razón de que la primera grava el consumo de gas con un destino específico acreditado en autos y no se grava la generación de energía, alega que tal proposición evidencia una notable confusión por cuanto la ley 24.076 regula el tráfico de gas en el país, no el de energía.

Aduce que "la ley 24.076 prohíbe los subsidios cruzados y el espíritu de la misma es abaratar el precio del gas para el consumidor" y que "la ordenanza 5295/91 establece un subsidio cruzado e incrementa el costo final al consumidor" También se queja del fundamento del decisorio atinente a que la Municipalidad, como tercero, está facultada plenamente para proveer de gas a los barrios construidos para las clases más necesitadas o zonas de viviendas humildes en general que en ningún caso podrían financiar las extensiones de redes de gas.

Aduce, para sustentar su embate y en lo esencial, que tal enunciado consagra el principio "el fin justifica los medios", desde que existen otras herramientas legales a tales efectos (planes de asistencia por ejemplo).

Consigna, en esta dirección, que los impuestos directos e indirectos recaudados por la Nación tienen precisamente ese fin y, en la hipótesis de que sean insuficientes, los impuestos que las provincias continúan recaudando también atienden a ese objetivo y son coparticipados a los municipios; agregando que Nación, Provincias y Municipios son los encargados de cumplir la finalidad enunciada y para ello se delegó en el Estado nacional la creación de un plexo normativo tendente a regular el consumo de gas y es sólo la Nación la que se encuentra autorizada a gravar, razón por la cual la actora, al instituir el tributo al gas, se está arrogando facultades acordadas a otros poderes del Estado.

Añade que "si entre tantos intereses locales existe uno especial de hacer obras para que los humildes tengan gas o casas, sólo a través de una ley del Congreso de la Provincia se podrá proveer de recursos financieros suficientes, este es el único medio legítimo que prevé la Constitución provincial", concluyendo que el fundamento de la Sala es ilusorio, apoyado en un reduccionismo teleológico carente de basamento jurídico y no alcanza para resolver las cuestiones jurídicas expuestas.

Por último, ataca el argumento sentencial relativo a que la no afectación de los fondos a esos fines no es más que una mera acusación sin prueba.

Califica tal afirmación de "arbitraria por falaz" y remite a los "nuevos hechos incorporados a la causa" (copia de la versión taquigráfica de la sesión pública del Honorable Concejo Municipal del día 16.11.2000 en la que se habría tratado una modificación a la ordenanza 5.295).

Pide, por lo expuesto, la concesión del recurso de inconstitucionalidad.

A su turno, la Sala denegó la impugnación deducida por entender, en lo esencial, que la cuestión constitucional no fue preparada y que los cuestionamientos formulados en torno a las facultades para crear la gabela y su legalidad -salvo en cuanto a la compatibilidad con las leyes 24.076 y 24.065- no habían sido introducidos en baja instancia.

En lo demás, juzgó que se trataba de embates que giraban sobre materia propia de los jueces de la causa resueltos sin arbitrariedad.

Tal denegatoria motivó la presentación directa de la interesada ante esta sede, en la que insiste en sus planteos y señala que, al contrario de lo afirmado en el auto denegatorio, las cuestiones sobre la constitucionalidad y legalidad de la contribución fueron articuladas en primera instancia.

2. Tal como se desprende del relato precedente, el Tribunal a quo denegó la impugnación extraordinaria con sustento, entre otras razones, en la falta de planteo oportuno de la cuestión constitucional.

La recurrente, en su presentación ante esta Corte, trae argumentaciones en pro de demostrar el cumplimiento del recaudo que, al menos en esta instancia y sin perjuicio del análisis que impone el artículo 11 de la ley 7.055, pueden considerarse suficientes para tener por superado el óbice formal aludido.

3. De la confrontación de los argumentos de la impugnante con los antecedentes de esta causa puede liminarmente considerarse que logra perfilar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente para operar la apertura de esta instancia de excepción.

Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio y sin perjuicio de lo que, con los principales a la vista, se resuelva en la oportunidad prevista en el artículo 11 de la ley 7.055.

Por tanto la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Admitir la queja interpuesta y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad.

Ordenar la devolución del depósito efectuado.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)