marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Instrumentos públicos, certificado de deuda, acto administrativo, presunción de legitimidad, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Dirección General de Rentas c/ Transportadora Patagónica S.A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-27

Las certificaciones de deuda de los organismos públicos recaudadores de tributos revisten el carácter de instrumento público, el que hace plena fe ya que el acto administrativo de su emisión, efectuado dentro de las atribuciones y con sujeción a las formas legales, se encuentra amparado por una presunción de legitimidad, que sólo cede ante la prueba fehaciente en contrario, pesando sobre el contribuyente o quien lo alega, la demostración de falsedad o ausencia de causa.
Salud pública, obras sociales, Programa Médico Obligatorio, medicamentos, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Vieyra  Spangenberg  Jorge  Antonio José c/ CEMIC s/ incidente deapelación de medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

En el Considerando de la Resol. 201/02 -que aprobó el PMO de emergencia en una situación de crisis económica y social, y que incluye las prestaciones obligatorias que actualmente se deben prestar en los términos de las leyes 23.660 y 23.661- se tuvo como objetivo garantizar, en especial, el acceso a la salud y la protección de los grupos más vulnerables, como ser, entre otros, los mayores de 65 años, manteniéndose la cobertura del 100%, con financiamiento del Fondo Solidario de Redistribución, los Programas Especiales de la Administración de Programas Especiales (APE) y los programas comprendidos en las leyes de protección de grupos vulnerables (art. 7.5). Con posterioridad, mediante Resol. 1747/05, el Ministerio de Salud incorporó al Anexo III de la Resol. 201/02 (Formulario Terapéutico), la medicación efalizumab (ver art. 1°). La APE dictó la Resol. 500/04 incluyendo expresamente el tratamiento de la Psoriasis en Placa de grado moderado o severo con financiamiento del costo de la droga efalizumab (art. 19, texto según Resol. APE 16.300/05). En el Considerando de esta última resolución se indica que: la psoriasis es una enfermedad crónica que se caracteriza por placas eritematoescamosas en diferentes partes de la piel; sólo entre el 2 y el 3% de la población mundial padece esa enfermedad, de los cuales sólo el 25% presenta un grado moderado o severo; el tratamiento de esta enfermedad de muy baja incidencia es de alto costo.
Migraciones, juez de ejecución, ejecución de sentencia penal, igualdad ante la ley, progresividad del régimen penitenciario
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Vivers, Robin s/ recurso de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-26

No se advierte arbitrariedad en la distinción efectuada por el legislador entre condenados a penas privativas de libertad nacionales y extranjeros, o más precisamente entre los primeros y aquellos extranjeros cuya expulsión del país se encuentre firme. Y ello por cuanto esa circunstancia de distinción, influye directamente en el sentido que la aplicación de dichas penas debe tener conforme impone nuestra legislación.

Así, el art. 5, inc. 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece claramente como finalidad esencial de la pena privativa de libertad, la reforma y readaptación social de los condenados, y, en consonancia con ella el art. 1 de la ley 24.660, señala que tal sanción tendrá por finalidad que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social. Por su parte, el art. 6 de la Ley mencionada prescribe que "El régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable a su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina". En esa línea, cabe destacar que la progresividad del régimen penitenciario contempla, a partir del periodo de prueba, la posibilidad de conceder al condenado los beneficios de salidas transitorias y de semilibertad, que importan una significativa disminución del encarcelamiento que sufren. De tal modo, la extinción de la pena antes de su agotamiento temporal, por extrañamiento, no genera la desigualdad inconstitucional alegada, en tanto ella va acompañada, justamente, de la expulsión del país. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhieren los Dres. Hornos y Berraz de Vidal).
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CORIA, RAUL ALFREDO c/ GEREZ, SELVA MERCEDES Y/U OTROS s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-12-03

La sentencia que declara nulo un acto jurídico no puede serle opuesta al otorgante del mismo, que no ha sido parte en el juicio ni ha ejercido su derecho de defensa. Y el argumento de la innecesariedad de su presencia puesto que el resultado hubiera sido el mismo, carece de apoyatura jurídica. (Minoría u opinión personal)
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, deserción del recurso, expresión de agravios, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Caprecom c/ BCRA. y otro s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

Corresponde declarar desierto el recurso ordinario de apelación, si el escrito de expresión de agravios no formula una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados por la cámara, desde que las razones expuestas en el memorial respectivo deben ser suficientes para refutar los argumentos de hecho y de derecho dados para arribar a la decisión impugnada.
Pago por consignación, mora del deudor
Materia: CIVIL
Carátula: 25 DE AGOSTO S.A c/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A s/ PAGO POR CONSIGNACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

La consignación intentada por quien se encuentra en mora, no resulta tardía pero deberá contener no solo la prestación debida sino también su complemento en lo que hace a la reparación del daño moratorio (esta sala, causa 5446/93 del 30.12.93 y la citada de la sala II, sentencia causa 7370 del 26.6.79).
Derecho laboral, cobro de sumas de dinero, indemnización por despido, competencia por conexidad, juez previniente, competencia laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Cruces Rodrigo c/ Estudio Garrido Abogados Soc. Civil y otros s/ Despido s/ conflicto de competencia I, y sus agregados 'Estudio Garrido Abogados c/ Cruces Rodrigo s/ cobro de sumas de dinero', y 'Estudio Garrido Abogados SC c/ Cruces, Rodrigo s/ daños y perjuicios'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde atribuir la competencia al Juzgado Nacional en lo Civil si, como en el caso, se está frente a una reconvención de aquellas previstas en el artículo 20 de la ley n° 18345, y el actor no ha buscado ejercer una acción vinculada a un contrato de trabajo sino a una sociedad, por lo que es, materialmente, competencia del fuero civil. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano). El art. 188 del CPCCN posibilita acumular por conexidad, pero no autoriza a sortear, sobre esa base, el ámbito de competencia en razón de la materia, con la sola excepción de la civil y la comercial, a esos fines, indistintas (inciso 2). En estrecha armonía con dicha norma, el art. 44 de la ley 18345 también dispone que la acumulación no lleve a exceder la materia a cuyo respecto el juez es competente. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Sentencia, fundamentación de sentencias, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JUAN, HORACIO RAUL c/ CAROZZO, LUIS CARLOS s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 58-84 ARNOLD, GREGORIO ANTONIO c/ CENTRO LA PROPIEDAD DE SANTA FE s/ INDEMNIZACION DE DA#OS Y PERJUICIOS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 514-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-06-18|1988-09-14

Si quien recurre ante la alzada se agravia alegando falta de fundamentación de decisorio, es necesario que la Cámara explicite por qué a su juicio, el pronunciamiento inferior no ha incurrido en el citado vicio, de lo contrario deja sin respuesta el agravio del recurrente.
Diputados nacionales, inmunidades parlamentarias, acción penal, desafuero
Materia: PENAL
Carátula: Faur, Blousson, Bogomolmy, Garbe, Fadel, Saadi y Gómez s/ Defraudación calificada por administración fraudulenta en concurso  ideal con abuso de autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-12-16

El sometimiento a la jurisdicción de un legislador nacional no sólo equivale a privación de la libertad, sino que en el curso del proceso existen actos que implican medidas coercitivas, tales como citar y recibir declaración al imputado, efectuar allanamiento de domicilio o secuestro, lo que sólo será viable a posteriori del desafuero; que a diferencia de los juicios de acción privada (querella) en los que debe mediar una petición en debida forma de la parte querellante a los fines de intentar la remoción del obstáculo constitucional para que el tribunal solicite el desafuero ya que el mismo no puede ejercer actividad instructoria alguna "ex officio"; en los juicios de acción penal pública debe el juez dar cumplimiento de oficio sin necesidad de petición alguna, es decir, practicar una información sumaria que no vulnere la inmunidad del legislador y si considera que hay mérito para disponer su procesamiento solicitar el desafuero a la Cámara Legislativa, pero ello en modo alguno implica que pueda el legislador ser sometido a una instrucción lo que recién acontecerá una vez efectivizado el desafuero. En el caso surge que luego de reconocer el juez A-Quo la necesidad del previo desafuero, contradictoriamente ordena llevar adelante en contra del encartado diversos actos instructorios, tales como recepción de declaración indagatoria y finalmente lo que resulta más grave dictar el procesamiento en contra del legislador nacional no desaforado; se resuelve declarar la nulidad absoluta del proveído en lo relativo al diputado nacional y disponer el apartamiento del Sr. Juez de instrucción.
Responsabilidad extracontractual, aeronaves, accidente de aviación, cosa riesgosa, Provincia de Buenos Aires
Materia: CIVIL
Carátula: Rodriguez   Sampaio,  Américo  José  y  otra c/ Buenos  Aires,Provincia de s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-03

La situación generada a raíz de la colisión entre dos helicópteros de propiedad de la Provincia de Buenos Aires en la que perdieron la vida dependientes de la policía provincial constituye un caso de responsabilidad no legislada por el Código Aeronáutico por lo que resultan aplicables las disposiciones del derecho común -art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil- que atribuye el carácter de cosa riesgosa a la aeronave.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Roberts S.A. c/ Goren, David y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-18

No reviste carácter definitivo la decisión que en un juicio ejecutivo rechaza un incidente de nulidad de actuaciones porque el proceso se promovió contra distinta persona del nulidicente y éste no ha sido condenado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Incapacidad laboral, daño material, daño moral, revocación de sentencia
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Gimbutas, Carolina Valeria c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios Fontana, Mariana Andrea c/ Brink's Argentina S.A. y otro s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-12|2017-10-03

Corresponde revocar la sentencia que elevó la condena en concepto de reparación del daño material y moral por incapacidad física a un suma cercana al triple del importe estimado por la propia actora en su demanda mediante la mera invocación de pautas de extrema latitud que no permiten verificar cuáles han sido los fundamentos o el método seguido para establecerla.
Estafa, patrimonio
Materia: PENAL
Carátula: " BAUMWOLLSPINNER, Enrique Víctor y otra s/ apelación proc. infr.Arts. 172 y 296 del C. P. ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-28

"Cabe citar sobre este asunto lo expresado por Edgardo Alberto Donna, en punto a que se incluyen en la noción de patrimonio "1) Las cosas, bienes y créditos con valor económico. 2) Los derechos reales, personales e intelectuales. 3) La posesión, aunque debe quedar al margen cuando fue obtenida ilícitamente. 4) Las expectativas (ganancias futuras), aunque en general se exige que tengan una base jurídica preexistente y cierto grado de certeza sobre la probabilidad de su verificación" ("Derecho Penal, Parte Especial", T° II-B, segunda edición actualizada, Rubinzal - Culzoni, 2008, págs. 331/332; en la misma dirección Gladys Nancy Romero, "Delito de Estafa", Ed. Hammurabi, 1998, págs. 273/274. La negrilla no pertenece al texto original)". "Asimismo, trayendo a colación doctrina extranjera, se ha expresado que "El derecho de usar y gozar en forma exclusiva y excluyente de una determinada parcela del dominio público confiere a su titular un derecho subjetivo de carácter público (a través, mayormente, de una concesión de dominio público), el que para la mayoría de la doctrina tiene 'una indiscutible naturaleza real', al extremo que se afirma, con razón, que la concesión hace surgir en el concesionario un auténtico derecho real administrativo" (conf. en orden a ello la obra "Las Relaciones Reales Administrativas" de Roberto Boqué publicada en el trabajo titulado "Dominio Público, naturaleza y régimen de los bienes públicos" coordinado por Gabriel De Reina Tartiére, Ed. Heliasta, 2009, págs. 275/301 y 294)"."Debe tenerse presente que conforme la concepción mixta de patrimonio "se deben incluir en él a todas las cosas, bienes y derechos con valor económico que sean reconocidos por el Derecho" desde que "el contenido que se le asigne al bien jurídico no puede estar en pugna con los valores fundamentales emanados de la Constitución y del orden jurídico general, lo que evidentemente ocurriría de reconocerse la protección -a través del tipo de estafa- a las cosas obtenidas ilícitamente" (ver Edgardo Alberto Donna, "Derecho Penal, Parte Especial", T° II-B, segunda edición actualizada, Rubinzal - Culzoni, 2007, pág. 396, con cita de Bustos Ramírez, quien alude a una solución coincidente de aplicarse al caso el concepto personal de patrimonio considerado por Romero)".
Proceso penal, damnificado directo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ Sottano, Victorino s/ Lesiones - Casación (Libro: S060-311)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-04-10

En el proceso penal por lesiones culposas, el damnificado directamente por el delito, puede ejercer la acción civil -aunque no sea el sujeto pasivo del delito- constituyéndose en actor civil, para obtener la reparación de los daños sufridos, en el caso destrucción del sulky y lesiones al caballo.
Tasas de interés, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Avila, Lidia Iris c/ Distribuidora Lucas SRL s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-28

La Corte Suprema de la Nación, adoptó el criterio que la tasa de interés queda ubicada en el espacio de razonable discreción de los jueces ordinarios de la causa.
Cuestiones de hecho y prueba, recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Teruelo, María Eugenia c/ Cardozo, Martina y/o s/sucesores; Cardozo, Carlos Gerardo s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-09-16

El recurso de inconstitucionalidad es de carácter excepcional y de interpretación restrictiva. Su admisión se circunscribe a los supuestos en que una cuestión constitucional, oportunamente introducida, deviene esencial para la resolución de la causa, y sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad, por lo que su admisión no puede importar en modo alguno la habilitación de una etapa revisora de sentencias pronunciadas por los respectivos tribunales de apelación, en tanto en ellas no se evidencien vicios de entidad grave como para provocar una lesión a un principio constitucional, o su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad.

El análisis de las cuestiones de hecho, prueba y derecho común, resultan propias de los jueces de la causa y ajenas, por regla y por su naturaleza, a la instancia extraordinaria, en tanto han sido resueltas con fundamentos suficientes, no rebatidos debidamente, que excluyen la tacha de arbitrariedad.
Vicegobernador, recurso de reposición (procesal), mandato
Materia: ELECTORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bergenfeld, Sergio Fabián y otros s/ pedido de revocatoria de mandato revocatoria de mandato
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

Los presentantes no solicitaron en la presentación formulada por los iniciadores del trámite preparatorio de revocatoria de mandato del Jefe de Gobierno, la revocatoria de mandato del Vice-Jefe de Gobierno, sino sólo del primero exclusivamente. De modo que no es posible modificar el contenido de su petición, mucho menos aún cuando la Constitución y la ley reglamentaria exigen individualización y en varios sentidos, cumpliendo con el requisito de los arts. 67 de la CCBA y 6 inc. b) de la ley nro. 357, en cuanto exigen ser específico en la identificación de la causa que el solicitante imputa al funcionario electivo la revocación de cuyo mandato persigue.

Esa causa debe ser, con arreglo al texto expreso del citado art. 67, atinente al desempeño del funcionario cuestionado; es decir, que el electorado sólo puede ser convocado para requerirle un pronunciamiento acerca de una conducta de ese funcionario, no, en cambio, para enjuiciar a un grupo político o un gobierno globalmente considerado.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, derechos subjetivos, empleados públicos, escalafón, Administración Pública, facultades regladas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SUAREZ, PABLO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 242-83 GALOTTO, MIGUEL ANGEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 270-83 ROMAN, HECTOR RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 243-83 ORGANIZACION RODRIGUEZ-SERVICIO DE SEGURIDAD c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-21|1987-12-10|1987-12-10|1990-12-27

El empleado público que argumenta la nulidad del acto administrativo en virtud del cual la Administración demandada lo encasilla en el Agrupamiento Administrativo, y no en el Profesional y Técnico -que entiende le corresponde- previsto en el Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Provincial, invoca la situación subjetiva de ser titular de un derecho subjetivo y no de un interés legítimo, por lo que es correcta la interposición del recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción.
Plazos administrativos, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: MOLINO DE YERBA MATE LONJAZO SRL. s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-05-28

Los términos administrativos se computan por días hábiles administrativos, lo que excluye totalmente la posibilidad de aplicación analógica de otros plazos, desde que los mismos son establecidos como una limitación a la facultad de impugnación de determinados actos, siendo por lo tanto, de interpretación restrictiva.
Sanciones disciplinarias, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Carlos Alberto c/ Municipalidad de Lobos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Si la ponderación de la prueba producida permite aceptar con convicción suficiente que la sanción aplicada cuenta con fundamentación adecuada y no puede ser dejada sin efecto, la revisión judicial -que debe encararse en la materia con criterio excepcional o restrictivo- se encuentra vedada en el caso particular. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Actor civil, notificación
Materia: PENAL
Carátula: C, M.D. s/ Apelación nulidad constitución de la actora civil (Expte Nº 99-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-09-13

Como ya dejare sentado el Tribunal en la causa "V, A A s/ Apelación auto de fecha 23-02-93" -Autos Nº 52 Fº 131- no hay razón alguna ni en la letra ni en el espíritu de la ley, para afirmar que la carga procesal de la notificación recae en el actor civil, más aun teniendo en cuenta el significado accesorio que posee la acción civil insertada en el proceso penal, donde el cumplimiento de sus lineamientos debe ser asegurado por el órgano jurisdiccional.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: INME SOCIEDAD ANONIMA c/ RENAUTO TUCUMAN SOCIEDAD ANONIMA s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-12-22

Es suficiente para fundar el recurso de apelación en contra de un fallo de primera instancia la argumentación suscintamente expresada, pero inteligible, acerca de los errores de hecho y de derecho que se imputa al pronunciamiento recurrido, pues ello constituye crítica razonada y concreta, apta para causar convicción racional.
Convenios colectivos de trabajo, ley de emergencia, Constitución Nacional, facultades reglamentarias
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: Soengas, Héctor Ricardo y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

Vigente la ley 21.307, y en ese contexto, la limitación de cláusulas convencionales de aumentos automáticos ligados a otros factores de la economía (art. 2., inc. d], de la ley 21.476) parece ajustarse a la doctrina de que en situaciones de emergencia social o económica, la facultad de regular los derechos personales (art. 14 de la Constitución Nacional) puede ser más enérgicamente ejercida que en los períodos de sosiego y normalidad.
Intereses, acción de amparo, juicio sumarísimo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BUDMAN NADINA GUADALUPE c/ A.N.Se.S. y otro s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-09

No corresponde cargar a la accionada con intereses por el periodo de la demora en la efectiva percepción por parte del actor en el crédito adeudado, cuando no es imputable a la accionada.