Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-03-10


San Miguel de Tucumán, marzo 10 de 2009.

El doctor Alberto José Brito dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales, en contra de la sentencia de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Común, del 20/4/2007 que confirma parcialmente la sentencia de primera instancia del 23/8/2005.

II.- Le agravia al recurrente que la sentencia sostenga que la franquicia (obligatoria a cargo del tomador del seguro) es inoponible al actor, condenando a la aseguradora en forma solidaria con los demás demandados por el total del monto por el que progresa la pretensión.

Expresa que el pronunciamiento se limitó a compartir los conceptos de fallos citados en cuestión del que surge que la fundamentación de la inoponibilidad se apoya en "principios de la realidad actual", de un "criterio solidarista de proteger a una parte de la relación (la víctima) destacando la función social del seguro", sin embargo, sigue, no efectuó con criterio propio ningún análisis de las normas que regulan la materia y que, sostiene, se encuentran violadas en la sentencia, soslayando así el plexo normativo regulatorio. Cita el art. 68 Ley 24.449, la ley 17.418 (arts. 109 y 118 tercera parte); resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación dictadas en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 67 de la Ley 20.091. Que el fallo se apartó de todas esas normativas por lo que se debe descalificar al mismo.

Explicita que el pronunciamiento recurrido asume gravedad institucional por cuanto la CSJN mediante sentencia que detalla y adjunta, decidió un recurso de hecho deducido por su empresa aseguradora a su favor en tema similar al que aquí se trata. Que por tanto habría sentencias contradictorias sobre un idéntico tema en examen fundamentalmente por cuanto el más Alto Tribunal del país sustenta un criterio distinto al pronunciamiento de Cámara. Que por ello el tema excede el mero interés individual del recurrente comprometiendo el buen orden y la recta administración de justicia.

Solicita modificación en la imposición de costas, de prosperar el recurso.

Propone doctrina legal y solicita se conceda el recurso tentado.

III.- El remedio articulado fue declarado admisible por la Cámara, conforme surge del auto de fecha 13/6/2007; por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el examen de admisibilidad y -en su caso- la procedencia del mismo.

IV.- El tribunal a quo, en punto a la inoponibilidad de la franquicia, no recepta la queja vinculada a la inoponibilidad de la franquicia al damnificado en atención a la función social que cumple el seguro como instituto adecuado a la idea solidarista, idea que impregnó el espíritu del art. 68 de la ley de tránsito 24.449, el que impuso la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para la circulación con automotores en la vía pública. Estima que este último involucra además de los automóviles a los vehículos de transporte público de personas y cosas. Aplica al caso el fallo plenario de la CNCivil que detalla donde la mayoría estableció como doctrina legal obligatoria en ese ámbito que "En los contratos de seguros de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, la franquicia como límite de la cobertura -fijada en forma obligatoria por la autoridad de control de la actividad aseguradora conforme resolución 25.429/1997- no es oponible al damnificado (sea transportado o no)". Que considera de particular valía las argumentaciones de dicho fallo atento a sustentarse en los principios extraídos de la realidad actual como cuando se afirma que el derecho como ordenamiento social justo, debe privilegiar las ideas contemporáneas que giran en derredor de un criterio solidarista que tiende a posibilitar la realización individual en el contexto social. En tal sentido explicita que no cabe desentenderse de la desgracia ajena y priorizar intereses puramente economicistas, dejando de lado la reparación del daño injustamente padecido. Que el derecho de daños en su concepción actual protege al débil y, por ende, a la víctima, en esa dirección destaca la función social del seguro, como instituto adecuado a la idea solidarista. Que la Superintendencia de Seguros de la Nación no halló mejor remedio para paliar la mentada emergencia del sector asegurado, que establecer un descubierto, a título de franquicia, con el propósito de impedir al damnificado ejecutado, ejecutar la sentencia contra el asegurador citado en garantía por la empresa explotadora del transporte colectivo que causó los daños si la condena por capital no supera la suma de $40.000. Que el monto del descubierto a cargo del asegurado que establece la resolución de Superintendencia de Seguros de la Nación es irrazonable porque como se ha señalado desde la doctrina y en diversos precedentes la gran mayoría de los daños a pasajeros o a terceros no transportados quedan a cargo de las empresas de transporte debido a que el monto del resarcimiento no alcanza a superar dicho descubierto. Que la opción política del Estado mediante la mentada franquicia ha consistido en poner a cargo de los damnificados, las víctimas, la financiación del costo de la emergencia. Esto es por sí solo grave, porque las estadísticas demuestran que un importante porcentaje, la mayor parte de los accidentes protagonizados por transportes públicos no superan el monto del "descubierto". Que es posible sostener la inoponibilidad por diversos rumbos del razonamiento: sea por reputar que la cláusula de la póliza vulnera los límites impuestos por el art. 953 CC o porque es abusiva en los términos del art. 1071 CC e incluso si se juzgan aplicables al caso las disposiciones que regulan la protección del consumidor (arg. arts. 1º y 2º y concds. Ley 24.240), porque deben tenerse por no convenidas las estipulaciones que desnaturalicen las obligaciones o limiten las responsabilidades por daños (art. 37 inc. 1º ley citada) entre otros. Concluye haciendo lugar a la queja en el sentido de que la franquicia es inoponible al actor. Que por ello la condena a la Cía. de seguros debe hacer el total del monto por el que progresa la pretensión de la actora.

V.- De la confrontación de los términos casatorios puestos en relación con los argumentos sentenciales se concluye en que el recurso debe prosperar.

El tema, nodo central del agravio del recurrente consistente en la inoponibilidad o no del franquicia entre Cía. de seguro y asegurado o tomador del seguro respecto de terceros damnificados, ha sido resuelto en precedentes de la CSJN en sentido favorable a la postura del recurrente.

En efecto, en los casos "Nieto, Nicolasa del Valle c. La Cabaña S.A. y otros" (La Ley Online; 08/08/2006 -con cita Fallos CSJN 329:3054-) y "Cuello, Patricia Dorotea c. Lucena Pedro Antonio" (C.724.XLI, 7/8/2007), semejantes al presente, la Corte Nacional por mayoría, admite los recursos y deja sin efecto lo resuelto por las sentencias que dejaban sin efecto la franquicia estipulada por la citada en garantía y su asegurado, una empresa de transportes, la cual fue declarada inoponible respecto del tercero damnificado.

El Máximo Tribunal de Justicia del país dispuso entonces que resultaba descalificable la sentencia que dejó sin efecto la franquicia pactada entre la aseguradora citada en garantía y su asegurado, al haber incurrido en una afirmación dogmática consistente en sostener que admitir una franquicia del monto previsto en la resolución 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la Nación implicaría una violación a un precepto de orden público como es el art. 68 de la ley 24.449 (que obliga la contratación de un seguro de responsabilidad civil para todos los automotores) pues ello podría implicar que las empresas de transportes dejaran insatisfechos los reclamos de las víctimas a raíz de la crisis que sufre parte del sector.

Tales argumentos son similares a lo sostenido por la sentencia que por esta vía se recurre y, respecto a ellos, consideró la CSJN que estas afirmaciones no traslucía más que una simple convicción personal, carente de respaldo en razones jurídicas de carácter objetivo.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Villarreal, Daniel A. c. Fernández, Andrés A. y otros" (29/08/2006, LA LEY, 09/10/2006) declaró formalmente admisible el recurso extraordinario y descalificó la sentencia impugnada, señalando que en el seguro de responsabilidad civil la franquicia pactada en la póliza era oponible al tercero damnificado. No obstante lo resuelto, al dictar nuevo pronunciamiento la Cámara decidió el caso con arreglo a la doctrina plenaria del fuero y, en consecuencia, declaró inoponible la franquicia contra el actor. Interpuesto un nuevo recurso extraordinario federal, su denegatoria motivó la queja. El Tribunal, por mayoría, revocó la decisión apelada, reiterando que procedía el recurso extraordinario federal toda vez que correspondía admitir que la franquicia prevista en el contrato de seguro celebrado entre la compañía de seguros y el asegurado es oponible al tercero damnificado y que la sentencia no puede ser ejecutada contra la aseguradora, sino en los límites de la contratación (ello con fecha 04/3/2008; LA LEY, 13/03/2008, 5; LA LEY, 2008-B, 273; RCyS 2008, 793; LA LEY, 25/03/2008, 7; DJ 26/03/2008,774; DJ 2008-I,774; DJ 28/05/2008, con cita de Fallos: 331:379). Igualmente, en esta misma causa consideró que la solución escogida por la Cámara consagraba un inequívoco apartamiento de lo dispuesto por el Tribunal y desconocía en lo esencial aquella decisión. Que la decisión plenaria (idéntica a la citada por el tribunal a quo en la sentencia que aquí se recurre) se apartaba de lo decidido por la CSJN sin proporcionar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición adoptada en la anterior sentencia y ni siquiera se mencionaban los fundamentos que llevaron a decidir como se hiciera.

Anteriores pronunciamientos del Tribunal, citados en los fallos comentados supra, señalaron ya que en el seguro de responsabilidad civil la franquicia pactada en la póliza es oponible al tercero damnificado, (Fallos: 313:988). La CSJN sostuvo que ello se fundamenta en que no cabe prescindir de lo dispuesto por el art. 118 tercera parte de la ley 17.418 en cuanto establece que la sentencia de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador "en la medida del seguro" y de la normativa dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación que prevé como cobertura básica del seguro de responsabilidad civil de vehículos destinados al transporte público de pasajeros una franquicia de $40.000 (Res. Nº 25.429/97, Anexo II, cláusula 4). Que si bien el art. 68 de la ley 24.449 impone la obligación de asegurar todo automotor, deja a salvo la estipulación de las condiciones del contrato de seguro a lo que fije la autoridad en materia aseguradora. Que en estas condiciones, el apartamiento a la normativa citada y vigente sin fundamento idóneo y suficiente, descalifica la sentencia recurrida como acto jurisdiccional válido, valorando asimismo lo ya mencionado en cuanto a que en el seguro de responsabilidad civil, la franquicia pactada en la póliza es oponible al tercero damnificado (Fallos 313:988; 321:394; S. C. N. N1 312, L. XXXIX "Nieto, Nicolasa del Valle c. LA Cabaña S.A. y otros").

Nótese que los precedentes de la CSJN han sido dictados en casos similares al presente, tanto en el supuesto de hecho cuanto en los argumentos por los cuales la Cámara ha sostenido la inoponibilidad de la franquicia respecto al tercero damnificado. En efecto, el tribunal a quo da motivos de sostén de la solución que impetra en base a la función social que cumple el seguro como instituto adecuado a la idea solidarista, idea que impregnó el espíritu del art. 68 de la ley de tránsito 24.449 (ya citado). Luego aplica al caso el fallo plenario de la CNCivil que se funda en principios extraídos de la realidad actual, en que el derecho como ordenamiento social justo, debe privilegiar las ideas contemporáneas que giran en derredor de un criterio solidarista que tiende a posibilitar la realización individual en el contexto social; en que no cabe desentenderse de la desgracia ajena y priorizar intereses puramente economicistas, dejando de lado la reparación del daño injustamente padecido; en el derecho de daños que en su concepción actual protege al débil y, por ende, a la víctima; en que el monto del descubierto a cargo del asegurado que establece la resolución de Superintendencia de Seguros de la Nación es irrazonable porque la gran mayoría de los daños a pasajeros o a terceros no transportados quedan a cargo de las empresas de transporte debido a que el monto del resarcimiento no alcanza a superar dicho descubierto; en que es grave la opción política del Estado mediante la mentada franquicia pues consiste en poner a cargo de los damnificados, las víctimas, la financiación del costo de la emergencia ya que las estadísticas demuestran que un importante porcentaje, la mayor parte de los accidentes protagonizados por transportes públicos no superan el monto del "descubierto". Encuentra razón normativa y pasa sostener tal inoponibilidad en los arts. 953, 1071 CC y "si se juzgaran aplicables al caso las disposiciones que regulan la protección del consumidor, el art. 37 inc. 1º de dicha Ley 24.240".

Frente a los argumentos de la CSJN, los presentados por el tribunal de alzada aparecen como insuficientes para presentar doctrina válida que pueda oponerse eficazmente a la del Máximo Tribunal de justicia del país quien, con apoyo en la normativa vigente y prevalencia de las mismas respecto de la interpretación de la norma del art. 68 de la Ley de Tránsito y de principios jurídicos que se aplicaron al caso por la Cámara local, ha resuelto en contra de lo sostenido en la sentencia en embate.

Por otra parte, esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán en autos "García José Luis c. El Galgo S.R.L. s/daños y perjuicios", sentencia nº 325 del 14/5/08, expresó que es menester que los jueces examinen la póliza y la existencia del pacto de franquicia y sus alcances, toda vez que el art. 118, tercera parte, LS manda que la condena contra el responsable civil sea ejecutada contra el asegurador "en la medida del seguro".

Por lo expuesto, corresponde casar la sentencia en crisis conforme a la siguiente doctrina legal: "En el seguro de responsabilidad civil la franquicia pactada en la póliza es oponible al tercero damnificado por lo que la sentencia no puede ser ejecutada contra la aseguradora, sino en los límites de la contratación", dictando como sustitutiva: I.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 23/8/2005. COSTAS por su orden (no habiendo prosperado ninguno de los recursos de apelación de las partes); III.- DIFERIR....".

VI.- Las costas se imponen al vencido por ser ley expresa (art. 106 procesal).

La doctora Claudia Beatriz Sbdar dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alberto José Brito, vota en igual sentido.

El doctor Antonio Gandur dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal doctor Alberto José Brito, vota en igual sentido.

Y Visto: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal RESUELVE: I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte co-demandada La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales, en contra de la sentencia de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Común, del 20/4/2007 y en consecuencia se CASA la misma, a tenor de la doctrina legal enunciada, dictándose como sustitutiva: "I.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 23/8/2005. II.- COSTAS por su orden (no habiendo prosperado ninguno de los recursos de apelación de las partes); III.- DIFERIR....". Devuélvase el depósito. II.- COSTAS como se consideran. III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. - Antonio Gandur. - Alberto José Brito. - Claudia Beatriz Sbdar.