Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-16


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.215 CAUSA N°1.257 / 2008 SALA IV "CABEZAS SANDRA DEL ROSARIO C/ SOLO TANGO S.A. Y OTROS S/ DESPIDO" JUZGADO N° 40.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 16 DE ABRIL DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 497/503 que hizo lugar a la demanda por despido, se alzan la actora (fs. 504/505) y los demandados (fs. 506/512).

II) Los demandados se quejan, en primer lugar, porque el fallo consideró acreditada, a mérito de la prueba testifical, la existencia de un vínculo laboral entre la actora y las firmas SOLO TANGO SA y EXPORTANGO SA. Los apelantes disienten de esa solución, pues estiman que, dado que los testigos del actor tienen juicio pendiente contra ellos, sus dichos "no pudieron haber sido válidamente tenidos en cuenta por VE como único elemento probatorio, o al menos, deberían ser analizados con el mayor de los rigores", máxime cuando "no resultan claros ni precisos" y habría existido "una clara intención de beneficiar a la parte actora, lo cual se desprende de la simple lectura del testimonio".

Anticipo que la queja no merece trato favorable.

En efecto, de los dos testigos en cuyas declaraciones se basa la decisión (VENER y LAZARTE) sólo el primero inició juicio contra los demandados. Sin perjuicio de ello, esta Sala tiene dicho que la circunstancia de que algunos testigos tengan juicio pendiente contra la misma demandada al tiempo de su declaración, no los inhabilita como tales, y no se advierte razón alguna para descalificar sus testimonios cuando (como ocurre en el sub lite) éstos se observan coherentes, concordantes y suficientemente fundados en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieran conocimiento de los hechos sobre los cuales se expiden (CNAT, Sala II, 10/10/06, SD. 94.530, "Jarzab, Susana c/ Villa Real Cooperativa de Crédito Ltda. y otros s/ despido). Debe tenerse en cuenta que los sucesos laborales se dan en una comunidad de trabajo y por eso quienes participan de ella son los que pueden aportar datos al respecto y en muchas ocasiones la prueba testimonial constituye el único elemento de convicción del cual depende el magistrado para esclarecer la cuestión en debate -arts. 386 y 456 del CPCCN- (CNAT, Sala III, 10/11/05, S.D. 87.286, "Segovia, Jorge Antonio c/ Automotores San Telmo S.A. y otro s/despido").

Por lo demás, los apelantes no cuestionan sobre bases serias el contenido de esas declaraciones, pues si bien invocan genéricamente que los dichos de los testigos "no resultan claros ni precisos", y que éstos tendrían "una clara intención de beneficiar a la parte actora", omiten indicar cuáles serían las presuntas imprecisiones y cuáles los elementos que denotarían la intencionalidad alegada. En tales condiciones, la impugnación no constituye una "crítica concreta y razonada" del fallo (como lo exige el art. 116 de la L.O.) pues, como lo ha establecido la jurisprudencia, las consideraciones genéricas en las que se atribuye vaguedad, imprecisión y parcialidad a los testigos no implican el cumplimiento de la mencionada carga procesal (Cám. Ap. Civil, Sala G, 26/05/85, "M., D. O. c/ S. de M., B. M.", LL, 1985-D-386, DJ, 1986-1-204; esta Sala, 22/11/11, S.D. 95.905, "Espíndola Mariela Soledad c/ Stores & Developments SA y otro s/ despido").

Propongo entonces confirmar el pronunciamiento en cuanto tiene por demostrada la relación laboral.

III) Los recurrentes se quejan también porque la Sra. Jueza a quo tuvo por ciertos la remuneración y fecha de ingreso denunciadas por la trabajadora.

La objeción no resiste un análisis serio, porque las empleadoras no registraron a la actora en el libro especial, lo que conduce a presumir como verdadero -entre otros datos- la fecha de ingreso y el nivel salarial invocado por la trabajadora, en virtud de lo dispuesto por los arts. 52 y 55 de la LCT. Digo esto, pues la jurisprudencia es pacífica en cuanto a que la presunción del citado art. 55 también rige cuando, como en el caso, el dependiente no se halla registrado en el libro de sueldos y jornales a pesar de que debía estarlo (CNAT, Sala III, 23/11/06, S.D. 88.324, "Coronel, Héctor Luis c/ Mantel SRL y otro s/ despido"; esta Sala, 29/2/08, S.D. 93.307, "Neira, Daniel Ángel c/ Asociación Civil Club Atlético Chacarita Juniors s/ despido").

Pesaba entonces sobre las empleadoras la carga de acreditar que la actora percibía una retribución distinta o que había ingresado en una fecha diferente a las invocadas en el escrito inicial y, sin embargo, no aportaron ninguna prueba en tal sentido. Esa deficiencia probatoria de las demandadas basta para desestimar las objeciones vinculadas con la remuneración y la fecha de ingreso, sin necesidad de examinar la prueba aportada por la actora para corroborar lo invocado en el escrito inicial, dado que -reitero- la falta de registro de la relación laboral produjo un desplazamiento del onus probandi, de modo que eran las demandada quienes tenían la carga de desvirtuar los datos alegados por la trabajadora e -insisto- no lo han logrado (esta Sala, 8/5/08, S.D. 93.286, "Sánchez, Élida Graciela c/ Wasserman Textil SRL y otros s/ despido"; íd., 24/9/10, S.D. 94.898, "Benasus Julia Renee c/ Berrondo Ricardo y otros s/ despido").

IV) Las apelantes se quejan también de "la incorrecta interpretación que efectúa el juez a quo en relación a la LSC, y que lo llevaría a condenar a las tres personas físicas demandadas" (sic).

Este segmento del recurso se encuentra desierto, porque las apelantes centran su embate en la aplicación de las normas de la Ley de Sociedades, pero pasan por alto que la sentencia fundó la responsabilidad solidaria de los apelantes no sólo en dichas disposiciones, sino también en el art. 31 de la LCT, por cuanto estimó (con apoyo en la prueba testifical) que los demandados conformaban un grupo económico, y que en autos "existieron autos fraudulentos cuales son la falta de registración del contrato de trabajo de la actora" (sic, fs. 503).

Los recurrentes se desentienden de estas motivaciones y ello sella negativamente la suerte del recurso, pues, como lo ha señalado la doctrina, la ley adjetiva requiere un análisis razonado del fallo y también la demostración de los motivos que se tienen para estimarlo erróneo, de manera que en ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes de la decisión adversa al apelante, no puede haber agravio que atender en la alzada, pues no existe cabal expresión de éstos (cfr. Falcón, Enrique M., "Código Procesal", t. II, p. 266).

Corresponde entonces desestimar la queja.

V) La actora, a su turno, se queja porque el fallo dispuso que, en caso de que los demandados no entregaran el certificado de trabajo y la constancia de aportes en el plazo de 30 días, cesará el curso de las astreintes y el Juzgado extenderá dicho certificado y comunicará el incumplimiento a la AFIP.

En lo referente al certificado de trabajo, estimo que la impugnación resulta atendible, pues, como lo ha sostenido este Tribunal en casos análogos, las sanciones conminatorias deben extenderse hasta el cumplimiento de la obligación (esta Sala, 31/8/11, S.D. 95.716, "Di Nardo, Walter c/ Club Atlético River Plate Asociación Civil s/ despido"; CNAT, Sala X, 14/7/11, S.D. 18.728, "Stampone, Vicente Osvaldo c/ Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA EDENOR SA s/ despido").

Asimismo, es criterio de esta Sala que "la presentación de un certificado de trabajo, confeccionado por un juez laboral, ante un potencial futuro empleador, podría llegar a constituir un antecedente desfavorable para quien se encuentre, en dichas circunstancias, en la búsqueda de un empleo. Por lo tanto, se desnaturaliza la finalidad para la que está prevista la entrega del certificado de trabajo, que se dirige, precisamente, a contar con una constancia de la experiencia laboral adquirida, a fin de obtener un nuevo trabajo" (cfr., entre muchas otras: S.D. 92.333 del 1/6/07, "Morales, Narciso c/ Grafipar S.R.L. s/ indem. art. 80 L. 25345 LCT"; S.D. 92.745 del 13/11/07, "Castellano, Carlos Daniel y otro c/ Editorial Atlántida S.A. s/ Despido"; S.D. 93.248 del 24/4/08, "Staffolani, Mariela Alejandra c/ Patronato de Liberados de la Capital Federal s/ despido"; y S.I. 47.377, 11/5/10, "Vélez, Marta Beatriz c/ Ajuza S.A. y otro s/ despido"; S.D. 95.988 del 23/12/11, "Gómez, Rafaela Soledad c/ F.S.T. S.A. s/ despido"; S.D. 96.003, 30/12/11, "Gates, Pablo Germán c/ Orígenes AFJP SA s/ despido"; S.D. 96.180, 30/3/12, Vallone, María del Carmen c/ Consolidar Comercializadora SA s/ despido").

Por ello, propongo modificar la sentencia apelada, en el sentido de que, en caso de incumplimiento por la demandada de la condena a entregar a la actora el certificado de trabajo, se impondrán astreintes hasta el cumplimiento de la obligación.

Distinta solución corresponde, a mi juicio, respecto de la constancia documentada de aportes. Al respecto, esta Sala tiene dicho que si -como ocurre en el caso de autos- el empleador nunca efectuó retenciones ni depósitos, cumple su obligación formal consignando en el certificado de trabajo que no ingresó esos fondos, con lo cual el trabajador puede presentarse ante la AFIP y denunciar esa conducta omisiva, en los términos del art. 13, inc. a) de la ley 24.241, a fin de que dicho organismo ejecute los aportes y contribuciones impagos; ello sin perjuicio del deber que pesa sobre el Juzgado de comunicar la falta de aportes, en virtud de lo dispuesto por el art. 46 de la ley 25.345 (esta Sala, S.D. 90.946 del 21/11/05, "Kannemann, Germán Ariel c/ Celina, Mariano Martín y otro s/ despido"; íd., 16/11/09, S.D. 94.391, "Pérez, Raúl Alfredo y otro c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ despido"; íd., 22/2/10, S.D. 94.530, "Valiente Clara Esther c/ South America Bunkers SA s/ despido"; íd., 12/7/10, S.D. 94.803, "Arce, José Enrique c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ despido").

Por ser ello así, el apercibimiento de comunicar a la AFIP la falta de aportes luce adecuado, y consecuentemente sugiero confirmar el pronunciamiento en este punto.

VI) Los demandados apelan por altos "los honorarios regulados a la parte actora, demandada y perito contador" (sic). Asimismo, los abogados de aquéllos cuestionan sus propios emolumentos por bajos.

Cabe señalar que en la causa no se designó ningún perito (cfr. fs. 214) y, por ende, tampoco se regularon honorarios a ningún contador, de manera que resulta abstracta la apelación deducida por los demandados respecto de una regulación inexistente.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los honorarios regulados a los abogados de ambas partes lucen excesivos, por lo que propongo reducir los de la representación y patrocinio de la actora al 15%, los de la representación y patrocinio de los codemandados SOLO TANGO SA y EXPORTANGO SA (en su conjunto) al 12%, y los de la representación y patrocinio de los codemandados HORACIO, ADRIÁN MARCELO y CHRISTIAN AXEL FABBRIS (en su conjunto) en el 12%, todos ellos del monto total de condena, incluidos los intereses (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57).

VII) En síntesis, voto por: 1) Modificar la sentencia apelada, en el sentido de que, en caso de incumplimiento de la condena a entregar a la actora el certificado de trabajo, se impondrán astreintes hasta el cumplimiento de la obligación. 2) Reducir los honorarios de primera instancia a los porcentajes indicados en el considerando respectivo. 3) Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que ha sido motivo de recurso. 4) Imponer las costas de la alzada a los codemandados, en forma solidaria, y regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto precedente.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, en el sentido de que, en caso de incumplimiento de la condena a entregar a la actora el certificado de trabajo, se impondrán astreintes hasta el cumplimiento de la obligación. 2) Reducir los honorarios de primera instancia a los porcentajes indicados en el considerando respectivo. 3) Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que ha sido motivo de recurso. 4) Imponer las costas de la alzada a los codemandados, en forma solidaria, y regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. GRACIELA ELENA MARINO	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria