Recurso de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios, automotores, eximentes de responsabilidad, titular del automotor, denuncia de venta, medios de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: AGUIRRE, PONCIANO RODOLFO POR SI Y EN REPRESENTACION DE SU HIJO MENOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-09-09

Si bien esta Sala en Sentencia Nro. 302/92, interpretó que los medios establecidos por el art. 27 de la Ley 22.977 para probar que el titular registral ha perdido la titularidad del vehículo -a los fines de exonerarse de la responsabilidad objetiva derivada de su utilización-, mencionada como una enumeración de tipo taxativa, es insoslayable poner de resalto el hecho notorio de que las necesidades del tráfico comercial respeto a la transferencia de vehículos usados han cambiado, ya que en la actualidad, la crisis económica y el aumento del parque automotor hizo que se ampliara la cantidad de casos de enajenaciones de tales rodados efectuadas a diario, y en ello no puede obviarse un principio relevante como lo es el de facilitar la validez de tales negocios.

De esta forma también se privilegia, en los casos correspondientes, la existencia de buena fe por parte del vendedor, cuando de modo expreso queda demostrado que la operación de compraventa existió, y que no es su intención eludir una responsabilidad objetiva que le cabe como propietario del vehículo por un evento dañoso.

También debe tenerse presente el actual criterio de nuestro Máximo Tribunal, quien se pronunció al respecto diciendo que "Los efectos que dicha norma atribuye a la denuncia no excluyen, sin embargo, la posibilidad de acreditar en juicio de manera fehaciente que el titular registral ha perdido la guarda del vehículo con anterioridad al suceso que genera su responsabilidad y permiten -por ende-, que se evalúe en la causa si subsiste la responsabilidad que le atribuye la primera parte del art. 27 ley 22977".

Asimismo, debe destacarse que si la ley exonera de responsabilidad a quien efectúa una denuncia unilateral de venta -cuya sinceridad no es objeto de comprobación-, no cabe privar del mismo efecto a quien demuestra efectivamente que se encuentra en idéntica situación, es decir que no dispone del vehículo por haberlo enajenado y hallarse el automotor en poder del adquirente o de terceros que de éste hubiesen recibido el uso, tenencia o posesión.

Esta solución se corrobora si se advierte que la ley no establece una presunción iuris et de iure de que el propietario que no denunció haber vendido y entregado el automotor conserva su guarda (art. 26 decreto ley 6582/1958), por lo que configuraría un exceso ritual privar al titular registral de la posibilidad -jurídicamente relevante- de demostrar si concurre tal extremo.

Por las razones apuntadas corresponde el cambio del criterio estricto aplicado en la Sentencia Nro. 302/92 dictada en los autos "Pértile Sergio y otros c/ Provincia del Chaco y/o Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña s/ Indemnización Daños y Perjuicios", Expte. Nro. 33.422/91. En consecuencia cabe establecer que lo dispuesto por el art. 27 de la Ley 22.977 no excluye la posibilidad de acreditar por otras pruebas o circunstancias fehacientes, que el propietario registral del vehículo ha transferido su titularidad, con anterioridad al hecho generador de su responsabilidad, a los fines de determinar si subsiste o no la misma; esta nueva interpretación, consecuente con el espíritu de la norma y apartada de excesos rituales, debe establecer que la inscripción de la transferencia en el Registro de la Propiedad del Automotor o la pertinente denuncia de venta ante el mismo, no son los únicos medios de demostrar tal transmisión.

En el presente caso surge que la codemandada-casacionista lo ha efectuado mediante documental adjuntada -específicamente boleto de compraventa del automóvil y formulario 08, ambos con firmas certificadas por escribano público-, la efectiva transferencia del rodado al actual poseedor, en fecha anterior al evento causante del litigio, lo que determina que tal criterio es de aplicación al caso de marras, por lo que corresponde casar la sentencia en análisis por errónea aplicación del art. 27 de la ley 22.977