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Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, daños y perjuicios, responsabilidad de la provincia, responsabilidad extracontractual del Estado, falta de servicio público, accionar policial, Policía Provincial, cuestión de derecho público local
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Díaz, David Gabriel c/ La Pampa, Provincia de s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

La demanda contra la Provincia de La Pampa, promovida por un trabajador rural con domicilio en la Provincia de Buenos Aires, por la cual reclama una indemnización de los daños y perjuicios derivados de las lesiones que sufriera en una pierna a raíz de los disparos de arma de fuego recibidos por parte de la policía provincial al reprimir una manifestación, es ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema, dado que el actor reclama una indemnización, imputándole responsabilidad extracontractual a la provincia por la presunta falta de servicio en que habrían incurrido sus órganos policiales, materia que está regida por el derecho público local y, en consecuencia, corresponde al resorte exclusivo de los jueces provinciales. (Del dictamen de la Procuración General, al que adhirió la mayoría de la Corte)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Frigerio, Nélida Aroma c/ Cooperativa de Carniceros y Chacinados de La Plata s/ Impugna asamblea
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23

Las resoluciones anteriores a la sentencia que, aún cuando concluyan una determinada controversia acerca de un específico tema, no están vinculadas al asunto principal en litigio y que por tanto no le ponen fin, no constituyen sentencia definitiva en los términos del art. 278 del C.P.C.. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Carga probatoria dinámica, prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Coliñir, Anahí Flavia c/ La Campagnola SACI-Grupo Arcor s/ ordinario s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-12-09

Si bien es correcto que, como principio general, cada una de las partes debe demostrar el presupuesto de hecho de las normas que invocare como fundamento de su pretensión o defensa (art. 377 CPCyC), no lo es menos que las reglas procesales en materia probatoria ya no son absolutas en tanto rige el principio de las "cargas probatorias dinámicas" que coloca dicha obligación en cabeza de la parte que se encuentra en mejores condiciones de probar, restando rigidez a aquel precepto que la colocaba a cargo de quien alegara el hecho, todo ello en búsqueda de una solución adecuada a las circunstancias del caso concreto. (Voto de la Dra. Piccinini por la mayoría)
Convenio de honorarios, contrato por escrito, doble ejemplar
Materia: CIVIL
Carátula: BASTIDE FERNANDO c/ BOERO ANDRES s/ LOCACION DE OBRA Y SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-11

De conformidad a lo establecido por el art. 1021 del Cód. Civil, y por ser convenciones bilaterales celebradas entre el profesional y su cliente, los pactos de honorarios deben ser redactados en doble ejemplar y sellados de acuerdo a la ley.-
Contrato de trabajo, ex empresas del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, bonos de goce y de participación, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Durán Alfredo y otros c/ YPF S.A. y otro s/ art. 29 ley 23.696.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-31

Los denominados bonos de participación para el personal de YPF constituyen un crédito de naturaleza laboral, esto es, que reconocen su origen en un vínculo netamente laboral, por lo que resulta aplicable el plazo prescriptivo establecido en el art. 256 L.C.T.
Incapacidad laboral, beneficios previsionales
Materia: LABORAL
Carátula: F., L.I. c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-24

No debe llegarse al desconocimiento de derechos de esta índole (beneficio por invalidez) sino con extrema cautela, teniendo en cuenta que el instituto se ordena a la cobertura integral de las consecuencias negativas provocadas por las contingencias sociales a cuyo efecto deben valorarse cuidadosamente las circunstancias particulares de cada caso .- Lo cual indica -necesariamente- que si en algún supuesto es aceptable el desapego de la regla, del texto de la Ley, deberá serlo en beneficio, nunca en perjuicio del minusválido.
Boleto de compraventa, denegatoria del recurso, falsedad ideológica
Materia: PENAL
Carátula: Mamruth, Marcos Ricardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-01

Si, según la hipótesis fiscal, la utilización de un boleto de compraventa y demás documentación cuestionada, permitió a los encartados invocar la falsa condición de adquirentes del inmueble, en reemplazo de la de inquilinos que hasta el momento revestían, continuando así en su posesión pero ya sin pago de alquiler alguno, corresponde denegar el recurso de casación contra la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba con fundamento en la irrazonabilidad de los respectivos ofrecimientos de reparación del daño, ya que el ofrecimiento de la suma simbólica de $ 2.500 cada uno es incompatible con los ingresos declarados como percibidos por los imputados.

Se trata de una maniobra delictual de connotaciones de particular gravedad, vulneradora de más de un bien jurídico y perpetrada por una pluralidad de participes, uno de ellos aún no habido, que, en tales condiciones desentona con las finalidades que inspiran el instituto previsto en la ley 24.316, de evitar la imposición innecesaria de penas a personas que, habiendo cometido delitos de escasa gravedad - que no es del autos - se sometan a los requisitos previstos en dicha norma.
Principio de congruencia, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: VIOLLAZ, Miguel Alcides y otro c/  s/ recurso de casación casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

El "a quo" afirmó infundadamente la afectación del principio de congruencia, a partir del recorte arbitrario de la base fáctica de la imputación válidamente habilitada para ser probada en el debate oral, con el alcance de lo requerido por la parte querellante al formular su acusación en la oportunidad prevista por el art. 347 CPPN.
Procedencia del recurso, prescripción de la acción penal, revocación del sobreseimiento, espionaje, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, Jorge Omar c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-15

Corresponde casar el pronunciamiento en crisis en cuanto declaró extinguida la acción penal por prescripción y, en consecuencia, dejar sin efecto el sobreseimiento dispuesto en favor del encausado toda vez que no es posible negar en el sub examine la vigencia de la acción penal, a partir de la causal suspensiva que resulta de la intervención que se le atribuye a otro denunciado en la práctica habitual, prolongada y generalizada de espionaje ilegal en el seno de la Armada Argentina hasta el año 2006, en la que, tal como fue acreditado en el juicio llevado adelante en esta ciudad -como también en el realizado en la provincia de Chubut-, han participado diversos órganos del Sistema de Inteligencia Naval. Ello así, dada la condición de "funcionario público" del nombrado, la que revistió -cuanto menos- hasta el mes de noviembre de 2017, según dimana de su legajo de servicios requerido De tal suerte, cobra vocación aplicativa la causal de suspensión de la prescripción prevista en el segundo párrafo del artículo 67 del Código Penal
Tribunal de disciplina, sanciones del Colegio Profesional, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvarez Teodoro c/ C.P.A.C.F. s/ colegios públicos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-16

Las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Cap. Fed. remiten a la definición como injustos de faltas puramente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas, propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales e inespecíficos, que si bien no resultarían admisibles en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente, bajo una relación de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos. Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica-profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar los comportamiento que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de aquellas infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (confr. este fuero, Sala I, "Vítolo, Daniel s/ conducta", del 1/2/93, entre otros).
Empleo público, accidentes de trabajo, entes autónomos, competencia federal, remisión del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Del Puerto, Norma Cecilia c/ Universidad Tecnológica Nacional y otro s/ Daños y perjuicios (Accidente de trabajo) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde establecer la competencia del Juzgado Nacional del Trabajo en los términos de los artículos 20, 21 y concordantes de la ley n° 18345, si en el caso se pretende el resarcimiento integral de los daños y perjuicios derivados de un accidente ocurrido en la sede Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, donde la accionante desempeñaba sus tareas habituales como docente. Ello así, en tanto la actora asevera que su empleadora no está asegurada ni tampoco se ha inscripto como "autoasegurada" en el Registro correspondiente, en clara infracción de los deberes que emanan del artículo 3 de la ley n° 24557 y su reglamentación, y ha invocado como fundamento de su acción las disposiciones del Código Civil en materia de reparación de daños, así como jurisprudencia de la Justicia del Trabajo en temas de competencia y viabilidad de reparación integral. Dichas circunstancias, sumadas al deber de seguridad puesto en juego, determina la competencia del fuero laboral, especializado en la resolución de estas cuestiones y asegura un piso mínimo de garantías tales como el impulso de oficio y el beneficio de gratuidad que hacen a la especial tutela de los derechos de la persona trabajadora. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Acción declarativa de inconstitucionalidad, ley derogada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Natacha SA c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción declarativa de Inconstitucionalidad Acción declarativa de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-18

En principio, la declaración de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma impugnada, pero si la Legislatura la ratifica con una mayoría calificada, la sentencia carece de efecto derogatorio. Admitir el control abstracto de normas derogadas implicaría suprimir, de hecho, la necesaria intervención del Poder Legislativo pues éste no puede ratificar la vigencia de una norma que ya derogó. Y si la derogó, resulta obvio que no sólo no puede ratificarla sino que tampoco quiere hacerlo". (Del voto del Dr. Muñoz).
Beneficio de litigar sin gastos, costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ALONSO, JUAN. c/ TRANSPORTES AUTOMOTORES MERCEDES S.R.L. s/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS. INAPLICABILIDAD DE LEY. Nardi, María Inés. c/ Altec SE. s/ Despido.  Inaplicabilidad  de  Ley.  Costas. Imposición  al vencido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-11-21|1987-05-21

EN LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL -1504- CORRESPONDE DIFERENCIAR EL ARTÍCULO 15 QUE LEGISLA SOBRE EL BENEFICIO DE POBREZA Y EL ARTÍCULO 23 QUE SE REFIERE A LAS COSTAS. MIENTRAS EL PRIMERO CONTIENE PREVISIONES REFERIDAS A LA PROVISIONAL DE LOS GASTOS DEL PROCESO DURANTE LA ETAPA ANTERIOR A LA SENTENCIA, ESTABLECIENDO QUE EN NINGÚN CASO LE SER A EXIGIDA CAUCIÓN REAL O PERSONAL PARA EL PAGO DE COSTAS Y HONORARIOS O PARA LA RESPONSABILIDAD POR MEDIDAS CAUTELARES; EL SEGUNDO ES INEQUÍVOCO AL ESTABLECER QUE EL VENCIDO EN EL JUICIO SER A CONDENADO AL PAGO DE COSTAS, DIFERENCIANDO PERFECTAMENTE LAS CONSECUENCIAS EMANADAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.
Honorarios, ley arancelaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VILDOZA CESAR c/ GUILLERMO SANCHEZ s/ Ordinario (LIBRO: A153 - 414)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-12-16

El art. 13 de la Ley Arancelaria debe interpretarse de acuerdo al principio de dualidad de partes y no como sinonimo de litigante, demandado o demandados, corresponde regular como si hubiera un patrocinio unico y determinar el monto que corresponde a cada uno en proporcion a la labor desarrollada.-
Horas extra, jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: L, C. c/ R., P.L. y/o Quien Resulte Responsable y/o Propietario de"L.E." s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-19

Las eventuales horas extras que la actora haya podido prestar durante el contrato, podrán ser consideradas como horas suplementarias cuando se las hubiera prestado en demasía de la jornada máxima de ocho horas, toda vez que esta es la interpretación correcta al juego de jornada de labor y las horas extras, como se lo ha decidido desde antiguo en la jurisprudencia y doctrina nacional que comparto.
Amparo colectivo, asociaciones de consumidores, legitimación procesal, emergencia sanitaria, coronavirus, defensa del consumidor
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes (ACCUC) c/ Despegar.com.ar S.A. s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-26

En el caso, se aprecia que existe un fuerte interés estatal en la protección de la clase involucrada en la demanda colectiva, que autoriza, en principio, a conferir legitimación a la asociación actora para su promoción. En efecto, el segundo párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional establece que la acción de amparo podrá ser interpuesta "contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización". Y en este punto no es posible soslayar la situación excepcional, provocada por la pandemia del Covid-19, en el marco de la cual la actora dedujo el amparo.
Competencia civil, acción de amparo, medicina prepaga, interpretación del contrato
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GARCÍA, María Victoria c/ STAFF MÉDICO SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-15

Es competente el fuero civil para intervenir en un amparo en el cual el reclamo se relaciona con la interpretación y alcances de las prestaciones prevista en un contrato de medicina prepaga, al pretender dar de baja al afiliado, que se devuelvan los importes abonados desde la afiliación a otra entidad y que se aplique multa por daño punitivo- no corresponde fijar la competencia federal porque no se encuentra en juego la organización del Sistema Nacional de Salud y de Obras Sociales.
Amenazas, discusión
Materia: PENAL
Carátula: AZZARONI, C. s/ AMENAZAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-14

No configura el delito de amenazas las expresiones 'te voy a matar' y 'te voy a desfigurar el rostro', si fueron proferidas dentro del contexto de una acalorada discusión.
Daños y perjuicios, razonabilidad, responsabilidad del Estado, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: REA SEGUNDA MANUELA Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-04-08

En temas de esta índole -policía de seguridad- se debe ser cuidadoso en el estudio de cada caso concreto pues es fácil encontrar siempre en alguna omisión estatal la causa de un acontecimiento desgraciado. La proximidad de la relación causal, la razonabilidad de la acción estatal (evaluada en función de las obligaciones legales, los medios para su satisfacción y las características de cada situación) y la conducta del damnificado determinarán en cada caso concreto la existencia de responsabilidad o no. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aguirre Dionisio c/ Campnoni Martin Paulino y otros s/ Escrituracion Farina, Cayetano c/ Armengol de Boyensen Mc Reddie, Jorgelina Nora s/ Nulidad de documento y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-07-02|1991-06-04

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no rebate los argumentos del sentenciante ni menciona como violadas las normas actuadas en el fallo.
Juicio abreviado, calificación legal, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: Portas Dalmau, Pablo Francisco c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Que de cuanto resulta del sub examine, la sentencia recurrida fue dictada en los términos del juicio abreviado suscripto con fecha 19 de septiembre de dos mil diecinueve por el imputado -asesorado por su letrado de confianza- y el fiscal general actuante ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 1. Al respecto, llevo dicho que: ".la hipótesis establecida en el art. 431 bis del rito constituye una excepción que -bajo estrictos requisitos- habilita al tribunal a prescindir del debate oral, público y contradictorio al que todo imputado tiene constitucionalmente derecho. Dada la magnitud de este mecanismo, en tanto importa la negación misma de un juicio, la renuncia debe estar precedida del adecuado asesoramiento legal previo, que permita al imputado conocer cabalmente su alcance y efectos. Sólo así el acusado acepta la existencia del hecho y su participación, con la correspondiente calificación legal contemplada por el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio, lo que conlleva que el fiscal formule un pedido concreto de pena, el cual constituye el tope para el tribunal, que no podrá superar su pretensión (art. 431 bis inc. 5°, C.P.P.N.)" (causa n° 12.958, caratulada: "Chuliver, Osvaldo Javier s/ recurso de casación", reg. n° 20.291, rta. 6/7/2012).".
Caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ, Sebastián c/ GARGARELLO, Angel s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-21

El art. 311 del Cód. Procesal determina que el plazo para que se produzca la caducidad de la instancia se empezará a contar a partir de la fecha de la petición de parte, resolución o actuación del Tribunal que tuviese por efecto impulsar el procedimiento.
Fiscal de Estado, remuneración, aportes y contribuciones previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Breide Teófilo, Nohra y ots. c/ Prov. Bs. As. (I.P.S.). s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-03

Las sumas abonadas a los agentes del Honorable Tribunal de Cuentas, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia y Asesoría General de Gobierno, por equiparación con las que perciben los agentes de la Fiscalía de Estado, integran el concepto de remuneración, sobre el que se efectúan los aportes y contribuciones establecidos en la ley previsional, por lo que debieron ser consideradas a los fines de liquidar el haber previsional de cada una de ellas.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Prescripción, acción meramente declarativa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Buollosa Nora R. c/ Municipalidad de Paraná s/ Acción declarativa de prescripción
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-09

En relación a los recaudos o requisitos que condicionan la procedencia de la acción meramente declarativa, que la conducta del contribuyente que controvierte la posición del fisco, a quien le atribuye desconocer que la deuda está prescripta, configura un estado de incertidumbre respecto a la exigibilidad de la obligación tributaria además que la acción de certeza no requiere para su procedencia que el acto impugnado adolezca de ilegitimidad manifiesta.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, ley general, perjuicio fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Calcaterra, Ruben Alberto c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-29

La acción declarativa de inconstitucionalidad no puede ser admitida cuando al tiempo de vincular los principios constitucionales con la fórmula legislativa, sólo muestra una exposición más o menos completa respecto de la inconveniencia política de la cláusula impugnada, o acerca del perjuicio a una expectativa que el propietario de un inmueble supone correcta o fundada, sin acreditar la existencia de u a relación mínima entre las reglas citadas y la norma general objeto de tacha. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo, delegación legislativa, Poder Ejecutivo, jefatura de gabinete de ministros, tasas, impuestos
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Selcro  S.A. c/ Jefatura Gabinete Mos. deci. 55/00 (dto. 360/95 y67/96) s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

Al tratarse de una facultad exclusiva y excluyente del Congreso, resulta inválida la delegación legislativa efectuada por el segundo párrafo del art. 59 de la ley 25.237, en tanto autoriza a la Jefatura de Gabinete de Ministros a fijar valores o escalas para determinar el importe de las tasas sin fijar al respecto límite o pauta alguna ni una clara política legislativa para el ejercicio de tal atribución.
Accidente de tránsito, homicidio culposo, cumplimiento de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Viollaz, Daniel Amilcar s/ Homicidio s/Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-06-04

Es válida la sentencia que dispuso el cumplimiento efectivo de la pena de prisión si se considera que la legislación utiliza penas relativas que establecen un marco legal fijado entre un mínimo y un máximo; que la función de estos marcos es establecer un rango entre las normas y una escala de valores entre los bienes jurídicos; que en el caso concreto, el marco penal tiene un mínimo de dos y un máximo de cinco años de prisión por tratarse de un triple homicidio imprudente doblemente agravado (porque hubo más de una víctima fatal y por la conducción antirreglamentaria de vehículo automotor) y lesiones imprudentes también agravadas por la conducción antirreglamentaria de vehículo automotor; y que al determinar la pena se debe tener en cuenta además del marco legal, el contenido del ilícito culpable y la personalidad del autor valorados de acuerdo a las pautas del art. 41 del CP, verificar el cumplimiento de los fines de la pena y convertir todas esas valoraciones en una pena concreta, se llega sin dificultad alguna a la conclusión de que la pena impuesta es proporcional y adecuada a la gravedad del injusto y la culpabilidad.