Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-23


SENTENCIA Nº 38584 JUZGADO Nº 77 AUTOS: "MARAGLIANO, Diego Matías c. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES s/ Despido".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de	noviembre	de 2011, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DR. VICTOR A. PESINO DIJO:

I.- Llegan los autos a esta instancia para el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 401/405 y por la demandada a fs. 407/415, únicos que fueran concedidos a fs. 416 (v. asimismo fs. 427).

II.- En primer lugar, en torno al recurso oportunamente deducido por la demandada, que actualiza al apelar en los términos previstos por el art. 110 de la L.O., cabe señalar que la objeción resulta tardía atento lo normado en los artículos 4° y 352 del C.P.C.C.N. y 67 de la L.O. y el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que resultan inadmisibles las declaraciones de incompetencia fuera de las oportunidades adjetivas preestablecidas (cfr. Fallos, 307:568, 307:800, entre muchos otros) y frente al avanzado estado del proceso como es del caso.

III.- Llega firme a esta instancia que el actor se desempeñó como profesor y entrenador de basketball, a través de sucesivos contratos de locación de servicios suscriptos con la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.) -Facultad de Ciencias Exactas y Naturales- , desde el 2 de mayo de 1997 hasta el 28 de febrero de 2010.

Sabido es que, conforme lo establecido por el artículo 2° de la L.C.T., sus disposiciones no se aplican a los dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo y nada de esto surge de autos hubiese ocurrido respecto del actor.

Nuestro más Alto Tribunal, al decidir la causa "Ramos, José Luis c. Estado Nacional" (publicado en L.L. 14.04.2010), ha dicho, en un caso análogo al presente, que "la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 25.164 establece un régimen diferenciado para empleados que ingresen como planta permanente y para aquellas personas contratadas o designadas como transitorias. En lo que aquí interesa, el artículo 8° sólo reconoce estabilidad a quienes ingresen a cargos pertenecientes al régimen de carrera y cuya financiación esté prevista en la Ley de Presupuesto.

En tales condiciones, si se atribuyera estabilidad a quien no ha sido incorporado con los requisitos y medios de selección previstos para el ingreso a la carrera administrativa, no sólo se estaría trastocando el régimen previsto por la ley 25.164, sino que también se estaría alterando el monto autorizado por el legislador, en forma diferenciada, para financiar gastos correspondientes a personal contratado y personal permanente.

Añadiendo, más adelante que "cabe tener en cuenta que, por el modo en el que se desenvolvió la relación a lo largo de los años, el tipo de tareas que desempeñaba el actor y las figuras contractuales utilizadas, las partes no tuvieron la intención de someter el vínculo a un régimen de derecho privado".

Vale decir que, no habiendo acto expreso de la Administración, como es del caso, que demuestre su intención de incorporar al actor al régimen de la L.C.T., este régimen resulta ajeno a la vinculación, no pudiendo arribarse a semejante conclusión a partir de las figuras contractuales utilizadas, todas ellas ajenas al contrato de trabajo privado.

Pero tampoco es posible considerar al actor dentro del régimen de empleo público, en el caso local, pues su incorporación no se produjo de acuerdo a los procedimientos propios de la administración pública nacional.

En esas condiciones y demostrado que el actor, frente al desconocimiento de relación laboral dependiente por parte de la U.B.A. -Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-, se dio legítimamente por despedido (conf. art. 242 L.C.T.), al mismo debe por lo menos reconocérsele la protección que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el "despido arbitrario", pues su prestación, reitero, por más de cinco años le generó, en palabras de la Corte, una legítima expectativa de permanencia laboral, aunque no haya sido suficiente para modificar su situación irregular.

Tal como sostuvo el Máximo Tribunal en la causa antes aludida, no hay previsiones legislativas específicas que atiendan casos como el presente y, en consecuencia "debe acudirse a una solución que, por analogía, repare debidamente los perjuicios sufridos.De ahí que se considera que la aplicación de la indemnización prevista en por el artículo 11 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (Ley 25.164), resulta una medida equitativa para reparar los perjuicios demostrados por el actor en este caso".

IV.- Resta analizar el quinto y sexto agravio deducidos por la parte actora a fs. 404/vta., ap. II.B.-.

Un nuevo examen de los alcances del ya aludido precedente "Ramos" del Alto Tribunal me conducen a sostener que, tratándose de trabajo irregular, corresponde viabilizar los rubros salariales reclamados, devengados y no pagados hasta la fecha de cese del actor.

En tal sentido, cabe diferir a condena los importes en concepto de: a) salarios correspondientes a los meses de marzo y abril de 2010, $ 2.200.- (salario mensual $ 1.100.- x dos (2) meses, v. fs. 250/259 y sentencia primera instancia fs. 396) y b) S.A.C. 2° semestre 2009 $ 550.-; S.A.C. proporcional 1° semestre 2010, $ 183,33.-, total $ 2.933,33.-, que se adicionará a la suma que en concepto de capital fue diferida a condena en el pronunciamiento de origen y que llevará los intereses allí establecidos.

V.- En materia de costas, las particularidades de la causa me inclinan a considerar que la demandada ha sido vencida en lo sustancial, razón por la sugiero se confirme lo decidido en origen al respecto (art. 68 C.P.C.C.N.).

VI.- Por último, propongo desestimar la objeción que articula la parte actora respecto de la regulación de honorarios practicada en origen, y ello así teniendo en consideración el mérito y extensión de los trabajos realizados y demás pautas arancelarias aplicables (conf. 38 L.O. y 13 de la Ley 24.432).

VII.- Por lo expuesto, y oida que fue la Señora Fiscal Adjunto ante esta Cámara a fs. 433/vta., de prosperar mi voto, correspondería: a) confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fue materia de recurso y agravio; b) modificarla parcialmente y diferir a condena la suma de $ 2.933,33.-, en concepto de los rubros salariales detallados en el considerando IV.- que se adicionará al importe que en concepto de capital fue diferido a condena en el pronunciamiento de origen y que llevará los intereses allí establecidos; c) imponer las costas de alzada a cargo de la demandada (art. 68 C.P.C.C.N.); d) regular los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por la actuación cumplida en la instancia anterior (art. 14, Ley 21.839).

EL DR. LUIS A. CATARDO DIJO:

Que efectuado un nuevo análisis de la cuestión, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fue materia de recurso y agravio;

2) Modificarla parcialmente y diferir a condena la suma de $ 2.933,33.-, en concepto de los rubros salariales detallados en el considerando IV.-, que se adicionará al importe que en concepto de capital fue diferido a condena en el pronunciamiento de origen y que llevará los intereses allí establecidos;

3) Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada;

4) Regular los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por la actuación cumplida en la instancia anterior Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- VICTOR A. PESINO LUIS A. CATARDO JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA Ante mí: ALICIA E. MESERI SECRETARIA