Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-20


Causa Nº 9977-00-CC/2006 "Proodos SA s/falta de matafuegos y otras- Apelación" En n la ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de septiembre del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el representante de Proodos S.A., Pascual Macri, con el patrocinio letrado del Osvaldo Albano, a fs. 168/172 de la presente, de la que:

RESULTA I.- Que se inician las presentes actuaciones a raíz de los hechos consignados en las siguientes actas de comprobación labradas el día 25/07/2005 en la estación de servicio sita en Av. Juan B. Justo 5301 de esta ciudad: a) 2-0834353 (fs. 32), por no tener plano de habilitación, ni habilitación del café-bar-kiosco que funciona en el predio, ni plano de instalación electromecánica, ni libro de inspecciones del montacargas; b) 2-0834354 (fs. 30), por tener tomas de 220v, sin ser instalación anti-explosiva, de equipos de facturación junto a dos islas de surtidores y una heladera para hielo conectada sin instalación anti-explosiva a toma de 220v; c) 2-0834355 (fs. 31), por tener luminarias rajadas en fosa de engrase, tener matafuegos 20 BC para carga y descarga de combustible descargado y falta de matafuegos en archivo y oficina; d) 2-0834356 (fs. 36), por no declarar tanque de aceite usado ni en planos de inflamables, ni auditoría y tener una ampliación del café-bar, quedando las cámaras de toma muestras del lavadero dentro del café-bar que no tiene habilitación.

II.- Que a fs. 34/35, se agrega la transcripción mecanografiada de la resolución del Controlador Administrativo Nº 22, Alexis Leonardo Vilariño Marión, quien luego de considerar el descargo efectuado por el encartado resuelve, el 21/10/2005, condenar a Proodos SA al pago de diecisiete mil cien pesos ($ 17.100) de multa por infringir lo dispuesto en los arts. 19 cap. VII, 38/50 cap. X Dec 2407/83 A.D. 799.1, T.iv, 2.1.3 A.D. 700.5, 1.1.1 C.H.V. y 4.7 C.E. y; por aplicación de las disposiciones condenatorias: 4.1.1, 2.2.14, 2.1.1 2 par. de la Ley 451 GCABA.

III.- Que a fs. 28, el representante legal de Proodos SA, Pascual Macri, manifiesta su desacuerdo respecto de la resolución recaída en autos y por ello solicita el pase a la Justicia Contravencional y de Faltas.

IV.- Que a fs. 39, se remite el expediente al Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 20.

V.- Que a fs. 42/vta., la Fiscal de grado, Elsa Isabel Miranda, contesta vista y ofrece prueba.

VI.- Que a fs. 95/103, el representante legal de Proodos SA, con el patrocinio letrado del Osvaldo Oscar Albano, efectúa su descargo, ofrece prueba y aporta la documental pertinente, que obra a fs. 48/94.

VII.- Que a fs. 113/vta., la Judicante proveé la prueba y resuelve convocar a audiencia de juicio para el día 6/7/2006. Posteriormente, y luego de una solicitud del Defensor particular (fs. 127) la Magistrada fija nueva audiencia para el día 12/7/2006.

VIII.- Que según consta a fs. 150/54 vta., luego de celebrarse la audiencia, la Sra. Juez de grado resuelve absolver a la encartada respecto de las siguientes infracciones: no tener plano de habilitación, ni tener habilitación del café-bar-kiosco que funciona en el predio (acta nº 2-0834353), tener tomas de 220v, sin ser instalación anti-explosiva, de equipos de facturación junto a dos islas de surtidores y una heladera para hielo conectada sin instalación anti-explosiva a toma de 220v (acta nº 2-0834354) y por no declarar tanque de aceite usado ni en planos de inflamables, ni auditoría y tener una ampliación del café-bar, quedando las cámaras de toma muestras del lavadero dentro del café-bar que no tiene habilitación (acta nº 2-0834356). Por otra parte, resuelve condenarla en relación a la infracción prevista en el art. 2.2.1 de la Ley 451, por no tener plano de instalación electromecánica (acta nº 2-0834353), a la pena de multa de mil pesos ($1000); por la infracción prevista en el art. 2.2.14, por no tener libro de inspecciones del montacargas (acta nº 2-0834353), a la pena de multa de doscientos pesos ($200); por la infracción prevista en el art. 2.2.1, por tener luminarias rajadas en fosa de engrase, tener matafuegos 20 BC para carga y descarga de combustibles descargado y falta de matafuegos en arc hivo y oficina (acta nº 2-0834355), a la pena de multa de cinco mil pesos ($5000) con costas. Los fundamentos de la sentencia se agregan a fs.155/58.

IX.- Que a fs. 168/72, obra el recurso de apelación interpuesto por Pascual Macri -representante de Proodos SA- con el patrocinio letrado del Osvaldo Oscar Albano, por considerar que la sentencia de primera instancia resulta arbitraria. Al respecto, afirma que: con relación al acta nº 2-0834355, refiere que se trata solamente de una sola luminaria y no "luminarias" como afirma el inspector, que resultaba difícil su reparación pero que igualmente existían en la fosa de engrase cuatro luminarias más, por lo cual no se habría puesto en peligro la seguridad, por tanto, la sanción resulta desmedida; respecto del matafuego 20 BC semidescargado, sostiene fue debidamente probado que el mismo se utilizó horas antes para sofocar un incendio y que los demás poseían la correspondiente carga, por ende, lo expresado por la Magistrada respecto de la falta de prueba en cuanto su utilización en el siniestro resulta arbitrario, y sus presunciones de como se debió actuar meramente conjeturales. En cuanto a los matafuegos del archivo y oficina, considera que está probado que existían, que se encontraban en su lugar y que fue el inspector quien no los vio, por lo en este sentido, la sentencia adolece de la debida correlación y congruencia con lo que consta en el expediente. En cuanto a la falta de plano de instalaciones electromecánicas, manifiesta que el mismo fue solicitado a la oficina comunal respectiva, comprobando luego que el mismo se hallaba extraviado en dicha sede, por lo que no cabe atribuir sus falencias al imputado. Finalmente, aduce que la sanción de doscientos pesos de multa por no poseer libro de inspecciones para montacargas, resulta absurda y carente de equidad. Hace reserva del caso federal.

X.- Que a fs. 177/78 vta., el Fiscal de Cámara, Walter Fernández, solicita en su dictamen que se declare la nulidad de todo lo actuado desde el labrado de las actas, por haberse afectado el debido proceso legal y en consecuencia se absuelva a Proodos SA, por considerar que según lo dispuesto por el art. 12.1.4 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, el inspector debe confeccionar, en primer lugar, un informe en que se detallen las deficiencias que presenta el local, luego de lo cual la Administración debe dictar una resolución estableciendo los plazos para que las mejoras o requisitos para funcionar sean ejecutadas y notificar fehacientemente la misma al interesado. Entiende que éste no fue el trámite de la presente causa, ya que la Dirección no ha dictado la resolución a la que alude el artículo citado, con lo cual no se le han hecho saber al presunto infractor las deficiencias que debía subsanar, ni se le ha dado un lapso para ello. Por lo tanto, considera que la presunción establecida por el art. 5 de la ley 1217, cede o desaparece cuando el procedimiento padece de vicios patentes y notorios que provocan su nulidad manifiesta, tal como sucede en el caso. Por último, considera que los planos de habilitación o electromecánicos -cuya falta de sanciona- se encontraba en poder de la propia administración, con lo cual era imposible exhibirlos al momento de la inspección.

XI.- Que a fs. 182, pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a dilucidar: ¿resulta procedente el planteo efectuado por el Fiscal de Cámara, ¿resulta admisible el recurso presentado por la encartada y en su caso, ¿se ajusta a derecho la resolución recurrida PRIMERA CUESTIÓN En primer lugar, cabe tener en cuenta lo esgrimido por el Fiscal de Cámara en su dictamen respecto a que el art. 12.1.4 del Código de Habilitaciones y Verificaciones obliga al inspector actuante a confeccionar un informe detallando las deficiencias a subsanar, sobre cuya base la Dirección dictará la respectiva resolución, fijando los plazos para su ejecución, cuando un local o instalación requiera mejoras o requisitos para funcionar en condiciones reglamentarias. Dado que en caso de ser acertado su planteo, conllevaría a la invalidez de las actas y por lo tanto del procedimiento, por lo que las cuestiones planteadas por la encausada devendrían abstractas, resulta necesario resolver preliminarmente dicha cuestión.

Al respecto, el capitulo 12.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, establece en primer término que: toda verificación de transgresiones a disposiciones de carácter municipal, dará lugar a la confección de un acta de comprobación que llenará los requisitos exigidos en el Código de Procedimientos en Materia de Faltas Municipales.

Ahora bien, continuando con el análisis de dicho articulado, y a partir del art. 12.1.2, es fácil advertir que el mismo está orientado a regular el procedimiento administrativo que deberá llevarse a cabo en los casos de incumplimiento que diera lugar a la clausura del local infractor, situación no configurada en el caso que aquí nos ocupa.

Así, el art. 12.1.2 establece los casos en que el inspector puede disponer la clausura inmediata del local, mientras que el último párrafo del artículo en cuestión -12.1.4- indica que solo se podrá disponer la clausura cuando el infractor no haya subsanado la totalidad de las mejoras o requisitos en el término acordado.

Así también, de la lectura de las restantes disposiciones, es posible distinguir como la norma continúa refiriéndose al procedimiento de las clausuras, en cuanto los arts. 12.1.5, 12.1.6 y 12.1.8 se refieren al tema de las fajas o precintos de clausura; el art. 12.1.7 obliga la notificación al interesado; el art. 12.1.9 trata los requisitos para efectuar la clausura y el art. 12.1.10 indica el accionar ante la violación de la clausura.

Por lo expuesto, es dable afirmar que las exigencias previstas por el art. 12.1.4, aducidas por el Fiscal de Cámara, resultan requisitos previos a la clausura -siempre que no se trate de los supuestos previstos en el art. 12.1.2- y no al labrado del acta (art. 12.1.1), por lo tanto cabe rechazar el planteo efectuado.

SEGUNDA CUESTIÓN Atento a lo resuelto en el punto anterior, y en relación al recurso de apelación, cabe mencionar que ha sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma establecidos por el artículo 57 de la Ley Nº 1217, y por quien posee legitimación para hacerlo.

Con relación al juicio de admisibilidad, en el caso la Juez de grado (fs. 173) expresó que los planteos formulados por la impugnante se refieren al presupuesto de arbitrariedad de la sentencia previsto normativamente (art. 56, inc. c, ley 1217), por lo tanto resolvió conceder el recurso impetrado. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Judicante no ha evaluado debidamente los agravios esgrimidos por la defensa, por razones de economía procesal y a fin de no dilatar el trámite de la causa, corresponde que este Tribunal efectúe un motivado juicio de admisibilidad a fin de analizar si del remedio procesal intentado se desprende un contenido crítico que, al denunciar defectos jurídicos apreciables, permita revisar la decisión de la Jueza a quo o si, por el contrario, encubre una mera discrepancia con la forma en que, a partir de la inmediación, valoró la prueba producida en la audiencia de debate.

Así las cosas, es dable recordar que la tacha de arbitrariedad de una sentencia exige que la misma posea errores graves en la fundamentación o en el razonamiento, sea al considerar la prueba o al aplicar la ley vigente, y son éstos los extremos que tornarán -en su caso- admisible el recurso en cuanto a este agravio.

A mayor abundamiento, cabe recordar que una sentencia resulta arbitraria si "...se apoya en fundamentos que se apartan de circunstancias acreditadas en el proceso, las que fueron seleccionadas y valoradas fragmentariamente, todo lo cual importa franquear el límite de la razonabilidad que está subordinada la valoración de la prueba y, en esas circunstancias, el pronunciamiento que contiene esos defectos no constituye un acto jurisdiccional válido ... este defecto de fundamentación constituye una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resiente la motivación lógica del fallo, y desatiende el mandato de los artículos 123 y 404 inc 2 del CPPN, en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas en la causa" (CNCP, Sala III, "Cabral, Jorge Carlos s/recurso de casación", rta. el 18/12/1996).

A partir de lo expuesto, cabe adelantar que del análisis de los fundamentos del recurso impetrado se desprende únicamente una discrepancia con la valoración de las pruebas realizada por la Sra. Juez de grado en la sentencia impugnada. Es decir, la crítica se traduce en la mera reiteración de los argumentos rendidos en primera instancia y la ponderación de las pruebas aportadas por su parte que efectuó la Judicante.

En primer término, en cuanto a la tenencia por parte de la encausada de luminarias rajadas en fosa de engrase (acta nº 2-0834355), es dable afirmar que no se advierte arbitrariedad en lo resuelto por la Magistrada de grado, puesto que conforme se desprende de la sentencia, el representante de la encartada reconoció la falta en cuestión a lo que se suma que lo dicho por éste último respecto de la dificultad en reparar la luminaria referida no resulta suficiente a fin de excluir la responsabilidad por el hecho. Tampoco resulta relevante que se tratara de una sola luminaria rajada y no de varias, pues la obligación de mantener el artefacto de iluminación en condiciones de hermeticidad en las fosas de engrase prevista por el art. 49 del decreto 2407/83, se incumple aún cuando se trate de un solo aparato. Asimismo, cabe tener en cuenta que del recurso no se desprende una crítica razonable de lo resuelto, sino que la encartada se avoca a reiterar los argumentos expuestos en primera instancia, sin expresar cuál sería el error en la resolución impugnada.

En segundo lugar, respecto a la falta de matafuegos en la isla de expendio de combustibles (acta nº 2-0834355), tampoco se advierte que lo resuelto por la Magistrada haya sido en forma arbitraria. Resulta correcta la interpretación efectuada por la Judicante respecto del art. 3.1 del decreto precedentemente citado, respecto de cuál resultaba ser la obligación de la condenada. En cuanto a lo aducido por la recurrente respecto de la situación en que fue utilizado el extintor, tampoco cabe efectuar objeción alguna al razonamiento empleado por la Sra. Juez de grado a fin de excluir la pretensión justificante, toda vez que tal como se destaca en la pieza impugnada, no ha quedado acreditado el empleo de dicho matafuegos en el episodio relatado, ni tampoco la condenada solicitó inmediatamente su rellenado, teniendo en cuenta que el extintor habría sido empleado entre las 9.00 y 10.00 hs. y el acta se labró a las 12.30 hs. Por otra parte, la razón invocada por el recurrente no podría autorizar el peligro que implica el uso de dicha isla sin el correspondiente matafuegos, máxime cuando el art. 1 del decreto citado, expresa que el objeto de las di sposiciones allí contenidas, están destinadas a la seguridad en el expendio de combustibles.

En cuanto al faltante de matafuegos en el archivo y oficina (acta nº 2-0834355), tampoco se advierte que la Magistrada haya evaluado en forma arbitraria las pruebas aportadas por la recurrente, pues tal como se destaca en la sentencia, el acta resulta válida conforme a la presunción probatoria que le asigna el art. 5 de la ley 1217; por lo que la encartada debió destruir dicha presunción, no resultando suficiente a tal efecto la prueba fotográfica agregada puesto que no contiene la entidad adecuada para acreditar la presencia de los extintores al momento del labrado del acta, toda vez que resulta imposible determinar cuando fueron tomadas, a lo que se agrega que el inspector expresó en la audiencia que durante la inspección fue acompañado por personal de la empresa, y nada se manifestó al respecto en ocasión de dejar constancia de la infracción.

Tampoco se advierte la arbitrariedad alegada por la recurrente respecto de la condena por la falta del plano de instalación electromecánica (acta nº 2-0834353), ya que en la sentencia impugnada, la Judicante ha referido que la obligación de la encartada era ajustarse a lo normado por el art. 19 del decreto 2407/83 en cuanto establece que: el expendedor deberá tener a disposición de los inspectores de la SECRETARIA DE ENERGIA, autoridad municipal competente y de la empresa comercializadora dentro de un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a partir de la fecha de vigencia del presente ordenamiento, un plano esquemático con ubicación de tanques subterráneos y de las cañerías correspondientes de recepción, succión de surtidores, ventilación, instalación electromecánica y sistema de detección de gases en los casos que el mismo estuviere instalado, razón por la cual -tal como se destaca en dicha pieza- el acta de comprobación y los dichos del representante de la encartada, acreditan debidamente tal infracción. Al respecto, es dable resaltar que los argume ntos de la recurrente relativos a que no puede atribuírsele la falta de dicha documentación a su parte puesto que el plano se encontraba extraviado en la oficina comunal, es irrelevante puesto que, por un lado, la solicitud de búsqueda fue posterior a la comisión de la falta, y por otro lado, ello no la exime de la obligación contenida en la norma antes citada.

De igual modo habrá de rechazarse el agravio referido a la condena dictada por no tener libro de inspecciones del montacargas (acta nº 2-0834353), puesto que la mera discrepancia por parte de la condenada en cuanto a la multa impuesta por la Magistrada, no resulta suficiente para que la sanción sea reputada de absurda y carente de equidad, cuando la pena impuesta por la a quo fue del mínimo legal establecido por el art. 2.2.14 de la ley 451.

Por último, y en relación a la presunta afectación del principio de congruencia, derecho de defensa en juicio y debido proceso, el recurso carece de la mínima fundamentación necesaria para el tratamiento de dicho agravio, razón por la cual, no advirtiéndose vulneración de garantía constitucional alguna, ninguna otra referencia cabe al respecto.

Por ende, la resolución impugnada ha sido sustentada razonablemente y los agravios esgrimidos solo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta; decisión que cuenta con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes que impiden la tacha de arbitrariedad. En razón de los argumentos expuestos, corresponde declarar mal concedido el recurso pues la denuncia de arbitrariedad encubre, en realidad, como se demostró una discrepancia con la apreciación y valoración de la prueba.

Por todo lo hasta aquí expuesto, este Tribunal RESUELVE I.- RECHAZAR el planteo de nulidad formulado por el Fiscal de Cámara a fs. 177/178 vta.

II.- Declarar MAL CONCEDIDO el recurso de apelación presentado a fs. 168/172 (art. 56 ley 1217 a contrario sensu).

III.- Tener presente la reserva de caso federal.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mi Se deja constancia que el Jose Saez Capel no firma por encontrase en uso de licencia