marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, apreciación de la prueba, prescripción adquisitiva, animus domini
Materia: PROCESAL
Carátula: Zelarayan, Oscar Enrique c/ Estado Nacional Argentino s/ prescripción adquisitiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

Con respecto a la valoración de la prueba producida, en coincidencia con lo concluido por el a quo en la sentencia recurrida, el actor ha logrado acreditar de modo fehaciente la posesión animus domini de los lotes procurados, manteniéndose en ella pacífica, continua y públicamente -sin interrupciones-, por un espacio de tiempo que supera los 20 años conforme lo exigido por el arts. 4015, 4016 y concs. del Código Civil. La valoración en conjunto de los elementos de prueba aludidos, permite tener la certeza que el actor continuó la posesión que recibió de su padre con ánimo de dueño de los inmuebles que pretende; el disenso obedece fundamentalmente a que no corresponde desmembrar el análisis de las constancias probatorias, considerándolas aisladamente como insuficientes en sí mismas, y omitiendo la ponderación conjunta y armónica de las numerosas pruebas concordantes que conducen a la confirmación del criterio adoptado en la anterior instancia.

La labor judicial indica que debe ceñirse a la apreciación pericial, pero valorar su contenido de acuerdo a la competencia del emisor, los principios científicos en que se funda el informe, la aplicación de las reglas de la sana crítica a sus conclusiones y fundamentos, las observaciones o impugnaciones que se hagan al dictamen y el contenido de los demás elementos de convicción que se desprendan de la causa que corroboren o controviertan aquél. Los actos ejecutados se advierten acreditados -construcciones, plantaciones, pago de impuestos e instalación de los servicios de electricidad y gas- pueden calificarse como actos típicos de quien se comporta como señor del fundo -art. 2351 del Cód. Civil-. (Del voto en disidencia del Dr. Fernando A. Uriarte)
Sentencia, omisión de cuestión esencial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Meschini, José y otra c/ Miraglino, Pedro s/ Resolución de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

De conformidad con lo dispuesto por el art. 166 inc. 1 del CPCC -disposición de orden público- los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia (SCBA Ac. 39014, 45323).
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva, procesos de ejecución
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCA NATIONALE DEL LABORO c/ AMARINI DE ALVAREZ SILVIA GRACIELA s/ SUMARIO  POR  COBRO  DE  AUSTRALES  -  HOY  EJECUCION  DE SENTENCIA Y  HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-22

El término definitivo alude a pronunciamientos que recaen sobre el asunto principal objeto del litigio, condenando o absolviendo al demandado. Por consiguiente las cuestiones de otra índole recaídas en cuestiones incidentales o procesos de ejecución no son suceptibles de revisión por la vía de inaplicabilidad de ley. Ergo son irrevisables en este ámbito extraordinario las resoluciones de aquellas cuestiones que puedan surgir durante la sustanciación o ejecución de las sentencias las que deben terminar en los tribunales ordinarios.
Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GANON, GABRIEL ELIAS HERIBERTO c/  s/ PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-08

La competencia de esta Corte está constitucionalmente determinada por lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Carta Magna local; y es sabido que entre dichas normas existe una notoria diferencia, porque al tiempo que la primera, que regula la denominada competencia de gobierno, administrativa o de superintendencia del Poder Judicial, es de carácter abierto y admite ser ampliada por normas legales en cuanto "ejerce las demás funciones que le encomiende la ley"; en cambio, la segunda, al reglar la competencia jurisdiccional, por su misma redacción impide la ampliación permitida en la anterior; por ende, a efectos de determinar la competencia jurisdiccional no puede invocarse el precepto del artículo 92, inciso 8, de la Constitución, que atribuye a este Tribunal el ejercicio de 'las demás funciones que le encomiende la ley', porque, en la sistemática de la Constitución, el referido artículo comprende solamente a las funciones no jurisdiccionales de la Corte.
Interés superior del niño, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL
Carátula: M., G. E. c/ S., M. A. s/ PRIVACION DE LA PATRIA POTESTAD s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-04-13

El art. 3 de la Ley 26061, establece que se entiende como interés superior de la niña, niño y adolescente "...la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley...".

Sin perjuicio de su consideración "in abstracto"-claramente signada por la mirada adulta-, para determinar su contenido "in concreto" cobra vital importancia el punto de vista del niño.

En este sentido, dicha normativa, dispone que se deberá respetar: "El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta" (art. 3, inc. b), Ley 26061). (Voto de la Dra.

Zaratiegui sin disidencia)
Privación ilegal de la libertad, decretos, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, Derechos humanos, estado de sitio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Derman, Alberto Osvaldo c/ Poder Ejecutivo Nacional. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

La detención por la que no aparece inicialmente responsabilizada una autoridad competente, que luego fue ordenada en un decreto carente de fundamentación especifica que la justificase, y que se prolongo por cinco años sin que se dedujera proceso judicial alguno, en condiciones violatorias de los mas elementales derechos individuales traduce un irregular e ilegítimo ejercicio de las facultades constitucionales invocadas, y el arresto reviste así el carácter de una pena cuya imposición esta vedada al Presidente de la Nación (arts. 23 y 95 de la Constitución Nacional) ya que constituye un menoscabo a las garantías individuales que el resguardo de la seguridad colectiva no alcanza a justificar.
Jubilación por invalidez, deuda previsional, aportes previsionales, pago, solicitud del beneficio, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LALLI, YOLANDA c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-02

La armónica interpretación del régimen legal impone vincular lo dispuesto en los arts. 31 y 32 de la ley 18.038 con lo establecido por el art. 34 del mismo ordenamiento. De ese modo, la deuda por aportes debe considerarse un crédito que los organismos tienen respecto al titular de un beneficio, y la circunstancia de que la norma prevea una reducción en el haber mensual de la prestación implica su otorgamiento previo. Ello se compadece con el principio que reconoce el pago de las prestaciones a partir de la solicitud del beneficio en tanto la presentación se formule una vez cumplidos los requisitos exigidos para su logro, condicionamiento que se encuentra satisfecho al haberse incapacitado el peticionante durante el desempeño de sus tareas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, notificación, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rubio Roberto Julian c/ Habud Claudia Gabriela s/ Ejecución Hipotecaria S/Recurso de Queja interpuesto por el Dr.  Emilio L.Matorras.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-07-02

La defectuosa inscripción por cierto no puede ser imputable al letrado quien válidamente pudo ser inducido a error al dirigir su posterior accionar. En ese contexto, existiendo aparente discordancia entre la fecha consignada en el original y la copia de las cédulas de notificación, debe dársele prevalencia a aquella que asegura la supervivencia del derecho en juego, en orden al criterio del Máximo Tribunal del País, respecto a la necesidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva por encima de formalismos rituales, de modo que su esclarecimiento no se vea turbado por un excesivo rigor formal que frustre en violación al derecho de defensa una vía apta para obtener el reconocimiento del derecho invocado.
Contrato de trabajo, despido discriminatorio
Materia: LABORAL
Carátula: MILITELLO, YESICA KARINA c/ CASINO BUENOS AIRES S.A. CTE S.A. U.T.E. s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-22

Resulta discriminatorio el despido de la trabajadora que obedeció a la actividad sindical desplegada por ella. Así, los testigos han sido coincidentes en declarar que la actora, era la que organizaba y participaba de las asambleas, ofrecía ayuda al personal despedido económicamente, realizaba peñas para juntar fondos para los despedidos, hacía marchas y piquetes en el Ministerio de Trabajo y que su voluntad era ser delegada, pero no contaba con la antigüedad requerida por la Ley de Asociaciones Sindicales.
Cuidado personal compartido, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, principios procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Forconi Sergio Humberto y Mónica Milkovich s/ Divorcio Vincular Tenencia y Régimen de Visitas (LIBRO: A138 - 286)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-11-18

En cuanto a la pretendida participación de la madre de la menor a la audiencia, se ha dicho y se valora con toda razón que a los efectos de no influenciar a los hijos con los padres en un juicio contradictorio, no se viola el principio de contradicción -a lo que se agrega, ni el derecho de defensa- ni el de igualdad procesal, si en la audiencia en la cual se escucha al menor se celebra sin la intervención ni control de las partes.
Servicio penitenciario, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Foutel, Eduardo Juan c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

En materia del régimen disciplinario del Servicio Penitenciario, corresponde analizar si las autoridades de aplicación han ejercido sus atribuciones en el marco establecido por el decreto ley 9578. De tal modo, resulta incuestionable el procedimiento si la sanción impugnada constituye el legítimo ejercicio de las facultades establecidas en dichas normas estatutarias.
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia, tenencia ilegítima de armas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Flores, José Reynaldo del Corazón de Jesús s/ robo  a  mano  armada  de  automotor  y  tenencia  de arma de guerra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

Es descalificable la decisión de la cámara federal si, existiendo sentencia de primera instancia en la causa por tenencia de armas de guerra, se declaró incompetente fundándose en la modificación introducida por la ley 23.817 al art. 3, inc. 5 de la ley 48.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CIVIL
Carátula: Fullana Juan
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

Cuando bajo la vigencia de una ley, en el caso la 21.894, el particular ha cumplido todos los actos y obligaciones sustanciales y requisitos formales en ella previstos para ser titular de un derecho, debe tenérselo por adquirido, y es inadmisible su supresión por una ley posterior sin agraviar al derecho constitucional de propiedad. Así ocurre en el caso, en que el contribuyente presentó en su oportunidad la declaración jurada del impuesto a las ganancias 1978 con sujeción a la ley 21.894 entonces vigente, generando de tal modo una situación tributaria y patrimonial consolidada no susceptible de ser menoscabada por una ley ulterior.
Sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal, partición
Materia: CIVIL
Carátula: O. DE G. N. H. c/ G. F. s/ Nulidad convenio, liqu. Soc Cony
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-14

Si bien es cierto que el art. 1315 del Código Civil sienta la directiva básica acerca del modo en que opera la partición de la sociedad conyugal, no impide que ambos cónyuges, de acuerdo mutuo y en virtud del principio emergente del art. 3462 del mismo código (aplicable a la liquidación de la sociedad conyugal) puedan resolver el modo de efectivizar la partición, aunque ese modo no sea estrictamente, a través de la división en especie o del producido de la venta de los bienes si éstos no fueren susceptibles de ser partidos o adjudicados en especie (conf. arts. 2326 y 3475 bis Cód.

Civ.). Disuelta la sociedad conyugal, los cónyuges gozan de las facultades que presupone el principio de la autonomía privada, pues los arts. 1218 y 1219 del Código de fondo que impiden los acuerdos que tengan por objeto el derecho sobre los gananciales rige durante la existencia de la sociedad conyugal, pero no después de su disolución. Durante el período de liquidación no está comprometido el orden público que informa a los arts. 1218 y 1219 citados (conf.

Fassi-Bossert, "Sociedad conyugal", III, comentario al art. 1299, nro 6, p. 452; Zannoni, "Derecho de familia", t. I, p. 697 nro 454 1;CNCiv., sala C, E.D. 85-539 y E.D. 69-250)
Actos jurídicos, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cuestas, Norma Beatriz y ot. c/ Ricotti, Juan Carlos y otro s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

El art. 1051 del Código Civil, última parte, en su literalidad no protege a los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso sino cuando su título emanare de un acto nulo o anulable, no contemplando la hipótesis del acto inexistente.. Por ello en ese supuesto el tercero no puede ampararse en el art. 1051 para repeler la acción reipersecutoria del propietario despojado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fundamentación de sentencias, prisión domiciliaria, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: FAVALE, Gastón Rubén c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-07

La decisión recurrida parece suficientemente fundada en relación al rechazo del pedido de prisión domiciliaria efectuado por el recurrente en subsidio, pues no invoca y tampoco se advierte de la lectura de su presentación casatoria la existencia, en el caso de autos, de alguna de las causales previstas en la ley para que una persona que se encuentra detenida pueda acceder a la prisión domiciliaria, no resultando suficiente el alegado estado de salud de la madre del recurrente, máxime teniendo en cuenta que aquélla vive con los hijos - mayores de edad- del encartado.
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: García, Jorge A. c/ ESEBA S.A. (Empresa Social de la Energía de Buenos Aires S.A.) s/ Indemnización por incapacidad Sacco, Agustín c/ Industrias Baco S.A.I.C. s/ Despido y ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12|2001-11-28

Infringe el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo el fallo que no respeta el tope previsto por la aludida norma legal vigente al tiempo de la desvinculación contractual (art. 153, ley 24.013).
Administración Pública, facultades disciplinarias, empleados públicos, sanciones disciplinarias, funcionarios públicos, huelga, servicio público, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAGHDSICK, WALDEMAR HERIBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CSJ EXPTE NRO 121-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

La igualdad entre desiguales constituye la mayor de las desigualdades; por lo tanto no se configura el vicio de violación del referido principio, cuando la administración sanciona a un agente jerarquizado por adherirse a un paro de actividades, dándose la circunstancia de ser el único jefe que no estaba de licencia, lo que lo obligaba más a evitar la interrupción de los servicios y los daños consiguientes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pena, graduación de la pena, principio de proporcionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DURANTE, DANIEL FABIAN c/  s/ HOMICIDIO CULPOSO-APELACION DE SENTENCIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-05

En relación a las alegaciones en torno a la supuesta afectación de mandas constitucionales en la determinación de la pena de inhabilitación confirmada por la Alzada, si bien la compareciente en esta oportunidad alega vulneración al principio de resocialización, lo cierto es que no alcanza a avizorar una aplicación indebida o una violación de las pautas legales de mensuración, al no demostrar que el monto seleccionado se traduzca en una pena cruel o desproporcionada en función del ilícito cometido, no evidenciando así que se presente un caso en el que las garantías que se derivan de las normas superiores hubieran determinado necesariamente una solución diferente, debiendo recordarse a tal efecto, que es principio que la graduación de las sanciones dentro de los límites legales, no es susceptible de revisión en instancias extraordinarias y si bien esta Corte ha hecho excepción a esta regla con base en la doctrina de la arbitrariedad, tal circunstancia no se acredita en la especie.
Recurso extraordinario, sentencia no firme, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SCHMALENBERGER, JORGE A. c/ PORTA, DANIEL HORACIO Y/O MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL INTERPUESTO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE- INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS- APELACION LEY 12036 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 264 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03

Las resoluciones que decretan, modifican, levantan o deniegan medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva a los fines de habilitar la instancia extraordinaria del artículo 14 de la ley 48
Recursos administrativos, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Calderón, Agustín Alberto. c/ Estado Provincial y Dirección Provincial de Vialidad. s/ Acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción e  ilegitimidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1994-03-04

La normativa del Código Procesal Administrativo en materia de recursos específica que el plazo y la fundamentación son imprescindibles para que el remedio legal produzca los efectos asignados, por consiguiente el no cumplir con la carga procesal de fundar el remedio en tiempo propio provoca la incompetencia del tribunal por no haberse agotado la vía administrativa. En consecuencia, el interesado al no haber dado a la autoridad administrativa la posibilidad de reconsiderar el derecho reclamado, la Corte de Justicia queda impedida de emitir pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada.
Cargos docentes, leyes, inconstitucionalidad, estabilidad del empleado público, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Herraiz, Héctor Eduardo c/ U.B.A. s/ Nulidad de Resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-11

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de la Ley 23.115 y la nulidad de las resoluciones que, con fundamento en ella, dispusieron del cargo ejercido por el actor ya que;

a) Afecta en forma retroactiva derechos amparados por garantías constitucionales - el de estabilidad -, en infracción a lo dispuesto en el art. 3 C.C. y b) Se arroga funciones judiciales al anular por razones de legitimidad relaciones consolidadas, sustituyendo a los jueces en su función de juzgar, previo proceso en donde tenga cabida el derecho de defensa de los involucrados.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, derechos del consumidor, responsabilidad contractual, obligación de seguridad, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: García, Alberto c/ Elías, Ricardo s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Daños y perjuicios- (Expte. C.S.J.   Nro. 465 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-15

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que al margen del acierto o error en que pudo haber incurrido el Juzgador, no se advierte que la Alzada haya escogido una exégesis que desborde las posibilidades hermenéuticas aceptables desde el plano constitucional que ofrecían las normas en cuestión al entender que correspondía atribuir responsabilidad al recurrente como vendedor, debido al incumplimiento de la obligación de seguridad frente al comprador que "...se halla implícita como accesorio del contrato de compraventa y emana del artículo 1198 del C. Civil", a lo que añadió que "...Ante el argumento de que el vendedor no pudiese conocer el vicio o defecto, por resultar éste oculto, corresponde establecer que....si alguien se dedica a la venta de determinadas mercaderías, debe asumir la garantía de seguridad frente al comprador por lo que vende, y así, respecto al comerciante intermediario de productos que ya vienen envasados, no habría motivo para eximirlo de responsabilidad frente al consumidor, sin perjuicio de su acción de regreso contra el fabricante", en un razonamiento que cuenta con amplio respaldo doctrinario y por tanto despeja toda duda en punto al cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 95 de la Constitución de la Provincia. (De la Disidencia Parcial del Dr. Falistocco)
Derechos y garantías constitucionales, establecimientos penitenciarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GANON, GABRIEL ELIAS HERIBERTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-12-15

No se encuentran satisfechos los requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto, por cuanto no proceden los agravios del recurrentes vinculados con la arbitrariedad por exceso de competencia de la magistratura, desde que la jurisdicción cumple una función tuitiva cuando está en riesgo la integridad física, psíquica y/o moral de las personas privadas de su libertad, siguiendo el claro mandato del artículo 18 de la Carta Magna que estatuye que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. (Del voto del Dr. Falistocco).
Actualización monetaria, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arrascaeta, Eduardo s/ Ejecución de honorarios en autos: Martinez c/ Gayavedra s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

La ley de convertibilidad, de orden público, deroga todo tipo de cláusula convencional o disposición legal que, de una u otra forma, tenga por resultado el reajuste de los valores históricos de los créditos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)