Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-22


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 74195 SALA V. AUTOS: "CANO, GERARDO JACINTO C/ A. Y S. SERVICIOS INTEGRALES S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL" (JUZGADO Nº 71).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 22 días del mes de junio de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

I. Vienen los autos a esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia dictada a fs. 633/641 formulan: a) la codemandada Consolidar ART S.A. a tenor del memorial obrante a fs. 646/649, con réplica de la contraria a fs. 674; b) la codemandada A y S Servicios Integrales S.A. a mérito del que luce a fs. 650/657, replicado a fs. 671/672; y c) la parte actora mediante la presentación de fs. 658/661vta., contestada a fs. 677/679 y 681/684. Por su parte, a fs. 642 apela sus honorarios la perito psicóloga por estimarlos reducidos, mientras que a fs. 645 lo hace el perito médico respecto de sus propios emolumentos.

II. Se considera agraviada la codemandada A y S Servicios Integrales S.A. por cuanto la señora jueza a quo no tuvo en cuenta que el accidente sufrido por el trabajador se produjo por causas ajenas a su parte, ni tampoco la responsabilidad del trabajador en la ocurrencia de tal evento dañoso. Afirma que correspondía al accionante acreditar los presupuestos para la viabilidad de una condena civil.

La queja no habrá de tener favorable acogida en este voto.

No hay controversia entre las partes acerca de que el demandante sufrió un accidente mientras se encontraba trabajando a órdenes de la accionada. En lo que disienten las partes es en la modalidad de su acaecimiento y consecuencias.

El actor invocó en su escrito de inicio que el día 27 de mayo de 2005 a las 9 sufrió un grave accidente en su lugar de trabajo. Dijo que se encontraba revocando una "mocheta" exterior subido a un andamio tubular en altura, que en un momento debió bajar para lo cual debió utilizar una escalera de madera de una hoja que la empresa había destinado al lugar como acceso del andamio, que cuando pisó el escalón superior -a unos 4 metros de altura- este se quebró con el peso de su cuerpo perdiendo toda estabilidad, cayendo al vacío y golpeando fuertemente contra el piso sobre cascotes y caños de hierro; dijo que cayó sobre pierna y pie derechos, quedando tirado dentro de la obra a poca distancia de la vereda (ver fs. 4 vta./5).

La demandada A y S Servicios Integrales S.A. reconoció el acaecimiento del infortunio aunque sostuvo que había ocurrido de una forma distinta a la narrada por el reclamante, y que no presentaba de modo alguno la gravedad sostenida por aquel. Así, explicó que el Sr. Cano se encontraba revocando una mocheta interior, dentro de la planta entrepiso de la obra, subido a una pequeña escalera de aluminio que tenía patas antideslizantes y se encontraba en perfectas condiciones y que simplemente se cayó desde el primer peldaño, o sea desde aproximadamente 30 centímetros; y que la caída no obedeció a problema o déficit alguno de la escalera, sino a la propia impericia del operario, que lo llevó a trastabillar o resbalarse y caerse (ver fs. 225 vta./226).

De lo expuesto resulta claro que la demandada empleadora reconoció en forma expresa que el Sr. Cano sufrió un accidente de trabajo al cumplir tareas bajo sus órdenes, aunque invocó como eximente de responsabilidad la culpa -impericia, fs. 226- de la víctima.

Conforme los términos de la traba de litis reseñados precedentemente considero que aunque las versiones no sean totalmente coincidentes, está admitido por ambas partes que sí existió un accidente el 27-5-2005 y que estuvo involucrada en tal incidente una escalera de la obra; resulta, así, de aplicación al caso lo dispuesto en el art. 1113 del Código Civil, pues es sabido que la responsabilidad del propietario o guardián de la cosa que causó, originó o motivó el perjuicio solo puede ser excusada total o parcialmente si acredita que el daño se ocasionó por el caso fortuito ajeno a la cosa, que fracture la relación causal; o por culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, bastándole al damnificado probar el hecho y el contacto con la cosa.

En este sentido, reiteradamente el Máximo Tribunal ha sostenido que no corres-ponde imponer al actor la carga de probar la configuración del riesgo de la cosa dañosa sino que, de conformidad con lo dispuesto en la norma mencionada, basta con que el afectado demuestre el daño causado y el contacto con la cosa riesgosa, quedando a cargo de la demandada, como dueña o guardián de ella, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder (entre otros, Fallos: 307:1735; causa S. 86. XX "Soto, Carlos Angel c/ Monibe S.A." del 15 de abril de 1986).

Sentado ello, correspondía a la demandada para relevarse de responder demostrar que medió culpa de la víctima -como invocó en el responde- pero en grado tal que resultara suficiente para cortar el nexo de causalidad entre la actividad y el perjuicio, debiendo aparecer aquélla como causa del daño, en forma tal que pueda eximir total o parcialmente de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa.

Al respecto, se ha dicho que: "Para que el hecho de la víctima libere total o par-cialmente de responsabilidad, debe reunir ciertas condiciones "sine qua non": a) causa adecuada: El hecho de la víctima libera de responsabilidad si fue causa adecuada de la producción de los perjuicios; b) no ser imputable al demandado: Si el hecho de la víctima se debió al demandado, no es idóneo para eximir de responsabilidad. Esto significa que el accionado no debió provocar la realización de esa conducta por el damnificado; c) certeza: El hecho de la víctima debe ser 'cierto', es decir no admitir hesitación alguna acerca de su existencia. Con justicia se ha resuelto que cualquier elemento o inducción no muy claros o definidos no bastan para considerar la culpa de la víctima sin mayores ponderaciones, y que las presunciones legales se levantan sólo ante verdaderas pruebas convincentes y que no den lugar a dudas. Por lo que si el juzgador tiene dudas sobre la intervención de la víctima en el hecho ilícito, debe resolver a favor de ésta (in dubio pro victimae)" (Sagarna Fernando en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, dirigido por Bueres, Bs. As. Hammurabi, tomo 3 A, pág. 422/423).

En sentido concordante, se ha expresado que: "Probada la responsabilidad del demandado sea por presunciones legales o por otros medios probatorios (hecho constitutivo), la culpa de la víctima debe ser acreditada certera, claramente, pues se trata de un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien lo alega, constituyendo una excepción al régimen de la responsabilidad. En tal sentido, se ha resuelto que el art. 1111 funciona para una situación de certeza, por lo que se incurre en errónea interpretación cuando se lo aplica sin que se dé este elemento: los presupuestos deben ser claramente acreditados, y es insuficiente un estado de duda" (Kemelmajer de Carlucci en Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, dirigido por Bellus-cio, Bs. As. Astrea, Tomo 5, pág. 393).

A mi juicio, tal como afirmó la sentenciante de grado, la accionada no acreditó en forma certera que el accidente hubiera obedecido a la culpa o negligencia del accionante.

En efecto, obsérvese que los testigos González (fs. 288/293) y Goiburu (fs. 334/337) no presenciaron el accidente, se encontraban a una distancia de 15 ó 20 mts. del lugar en que ocurrió, por lo que no pudieron dar cuenta de lo acaecido en el exacto momento de la caída, más que por los comentarios del propio accidentado. Por su parte, Mendoza (fs. 340/342), testigo que sí dijo haber estado presente en el momento en que se cayó el Sr. Cano, afirmó haber visto que (textual) "el actor resbaló estando sobre la escalera, el actor quiso salta y cayó desde aproximadamente unos 50 cm.".

De estos testimonios no puede inferirse válidamente que la caída que sufrió el re-clamante se hubiera producido por culpa de la víctima pues, en definitiva, ninguno de los testigos da cuenta en forma asertiva de cómo ocurrieron los hechos, ni siquiera Mendoza pues su relato no fue lo suficientemente claro al respecto, no pudiendo extraerse de sus dichos la negligencia o culpa que pretende atribuir la apelante. Por el contrario, resulta claro que el demandante se encontraba cumpliendo con las labores encomendadas por el empleador y con los elementos por ella provistos.

En concreto, de la prueba reseñada precedentemente no se puede afirmar con la certeza requerida por el art. 1111 del Código Civil que el accidente se hubiera producido por culpa de la víctima, por lo que ante ello no cabe más que confirmar la responsabilidad atribuida a la recurrente en la sede de grado, sin que obste a esta conclusión la circunstancia de que le hubiera provisto a aquella elementos de seguridad o dado cursos de capacitación -extremos que agita la quejosa- porque lo cierto es que no resultaron idóneos, en el caso, para evitar que el trabajador cayera desde una escalera de su propiedad.

III. Seguidamente trataré los agravios de la parte actora y de la demandada A y S Servicios Integrales S.A. que se proyectan sobre la cuantificación de la reparación integral.

En primer lugar, cabe señalar -tal como lo hizo la sentenciante de grado- que para la cuantificación del daño material no debe aplicarse fórmula alguna en consonancia con los términos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL" donde se sostuvo que: "El valor de la vida humana no resulta aprecia-ble tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" (A. 436. XL; Recurso de hecho: "Arostegui, Pablo Martín c/Omega Asegura-dora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL, del 8 de abril de 2008).

Sentado ello, la parte actora se queja pues -según afirma- la sentenciante de grado habría considerado una incapacidad del 9% de la total obrera y no la informada por el perito médico. Tal aserto no es correcto. Si bien a fs. 635 vta. la juzgadora indicó dicho porcentaje, ello debe haber obedecido a un mero error de tipeo o dactilografía, pues a tal conclusión le anteceden las consideraciones efectuadas sobre la base de los peritajes médico y psicológico que dieron cuenta de otros porcentajes de incapacidad (12% y 10%, respectivamente, ver a fs. 635) y que fueron los que consideró finalmente la Sra. jueza a quo como parámetros al tiempo de establecer el cálculo del monto indemnizatorio (fs. 638 vta.).

Tampoco es atendible el cuestionamiento efectuado por la parte actora en torno al salario de $ 511,92 tenido en cuenta en la sentencia. La recurrente pretende, por una parte, que se considere la remuneración de $ 1.080 denunciada en el libelo inicial, mas lo hace sin indicar de qué constancias concretas de la causa surgiría acreditada; por otra parte, pretende que se tenga en cuenta el mejor salario informado por el perito contador correspondiente al mes de enero de 2006. Ahora bien, para resolver como lo hizo, la sentenciante se basó en los guarismos informados por el perito contador a fs. 358, de los que surge la adecuación de lo decidido al salario percibido por el dependiente al momento de producirse el infortunio de marras, que data del mes de mayo de 2005. Lo que esboza la quejosa es una disconformidad con la cifra tenida en cuenta en la sede de grado, que no constituye la crítica concreta y razonada que exige el artículo 116 de la L.O., circunstancia que obsta a la modificación pretendida.

Tampoco es admisible el planteo recursivo de la parte demandada, pues no puede efectuarse una comparativa como la que pretende la quejosa sobre la base de datos aislados e incompletos (vgr. no se indica remuneración alguna), debiendo analizarse en su totalidad las circunstancias que presenta cada caso concreto.

Así las cosas, tomando en consideración el criterio del Máximo Tribunal y te-niendo a su vez en cuenta las circunstancias del caso, la edad del actor a la fecha del accidente (nacido en 1958, fs. 2), el salario mensual que percibía, las secuelas psicofísicas verificadas, la perspectiva de ganancia de la que el trabajador se vio privado, así como las diversas circunstancias de índole económico-social, considero que el resarcimiento por daño material fijado en la sentencia de grado en la suma de $ 60.000 -que involucra el daño físico, el lucro cesante y la pérdida de chance- no luce elevado ni reducido, por lo que sugiero confirmarlo; sin perjuicio de lo que corresponde por intereses claro está.

Toda vez que la acción instaurada involucra la petición de la reparación integral del perjuicio padecido por el reclamante, considero que debe confirmarse la condena por el resarcimiento del daño moral, según lo ha reconocido la jurisprudencia uniforme de los tribunales que se consolida a través de la doctrina legal de la sentencia plenaria Nro. 243 del 25/10/82 in re: "Vieites, Eliseo c/ Ford Motor Argentina S.A." en tanto es sabido que el daño moral no requiere prueba especial y que los jueces gozan de un amplio criterio para su determinación. Por lo que teniendo en cuenta la naturaleza de la dolencia y las circunstancias específicas del caso de autos, considero adecuada la suma estimada en la instancia de grado por tal concepto en la suma de $ 10.000 que habría de ser confirmada.

IV. La parte actora dice que se la ha agraviado por haberse omitido la condena por cobertura de tratamiento psicoterapéutico sugerido por la perito psicóloga en su dictamen.

Pero la reparación a la que me he referido es integral, y abarca la totalidad de los daños sufridos y perjuicios a cubrir -aclaro a todo evento que no surgen reclamadas sumas por tal concepto en el inicio, por lo que no fue oportunamente sometida a consideración de la sentenciante de grado tal cuestión, art. 277 C.P.C.C.N.-.

V. También critica la parte actora que la sentencia condene a la ART solo en los límites del seguro, pero este agravio tampoco tendrá favorable acogida.

Cuestiona la apelante la valoración que de las constancias probatorias habidas en autos hizo la Sra. jueza a quo.

Afirma que de la información brindada por el perito ingeniero -de la que surge que al accionante se le entregó ropa y elementos de seguridad y se le brindaron cursos de capacitación para efectuar sus tareas, extremo que llega firme a esta alzada- no surge que en la única visita efectuada por personal de la ART a la obra de la Av. Juan B. Justo, con anterioridad al accidente, se hubiese considerado el manejo de las escaleras y que las restantes visitas fueron posteriores al hecho, por lo que resultan irrelevantes al efecto.

Para analizar este aspecto del recurso no puede olvidarse que el actor atribuyó responsabilidad a la ART con fundamento en el artículo 1074 del Código Civil y, a tal fin, señaló que "Si la ART hubiere asistido a A. y S. Servicios Integrales S.A., prevenido a sus autoridades sobre la mejor dinámica de trabajo a desarrollar.relativas al uso de escaleras en buenas condiciones, y toda una serie de acciones eficaces conforme las últimas experiencias de la moderna ingeniería para evitar estos episodios; o hubiere obligado a la empresa a mejorar las condiciones de seguridad en tal sentido tal accidente no se habrá producido" (ver fs. 12).

Ahora bien, no puede válidamente ser soslayado que la escalera que describió el demandante como la causante del accidente por él padecido habría sido de madera, de unos cuatro metros de altura y en estado precario (ver fs. 4vta./5), y que la que surge de las pruebas rendidas en autos como realmente utilizada por él al momento de producirse el infortunio era de aluminio, una altura mucho menor y en buen estado (ver testimonios de Sassi -fs. 295/296-; Goiburu -fs. 334/337- y Mendoza -fs. 340/342-), o sea un elemento de diferentes características.

En efecto, respecto al estado en que se encontraba la escalera utilizada por el Sr. Cano se expidió concretamente el testigo Sassi, quien dijo ser el responsable del servicio de seguridad e higiene de la codemandada A y S Servicios Integrales S.A. y, como tal, haber tenido a cargo la supervisión de obras y el control del cumplimiento de normas de seguridad, condiciones seguras y el uso de elementos de protección personal. Luego de reseñar las tareas de relevamiento y control llevadas a cabo por él en la obra de la Av. Juan B. Justo donde ocurrió el hecho -de las que da cuenta también la documental obrante en el anexo 351 que corre agregado por cuerda-, hizo referencia concreta a las escaleras habidas en dicha obra, señalando que habían sido objeto de verificación de seguridad "como todas las herramientas y como resultado ha tenido las condiciones óptimas para su uso" (respuesta a pregunta nº 10); que la escalera en la que el actor sufrió el accidente "fue verificada por el dicente, con resultado óptimo para su uso. Manifiesta que la ha verificado en todas las inspecciones que realizó el dicente" (respuesta a pregunta nº 12); que realizó una verificación de seguridad de la escalera e informó que estaba en un óptimo estado de uso (respuesta a pregunta nº 13); que dicho elemento "era una escalera de material de aluminio aproximadamente 1,20 mt, era chica y corta, era de una sola hoja" (respuesta a pregunta nº 14).

Obsérvese que la sentenciante de grado no solo basó este aspecto de la sentencia en el peritaje técnico, sino que también lo hizo sobre la prueba testimonial (ver fs. 640), sobre la que nada dice la recurrente.

De este modo, no encuentro elemento que permita establecer la vinculación causal entre el accidente y la pretendida omisión de control por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo. La existencia (al menos en cuanto a lo aquí ocurrido) de la escalera de madera de cuatro metros de altura cuya falta de control imputó el trabajador a dicha empresa no quedó acreditada en la causa, mientras que la de aluminio de una altura inferior aludida por la empleadora, y a la que se refirieron los testigos que declararon en el sub lite, se habría encontrado en buen estado, por lo que no advierto qué acción es la que debería haber efectuado -y habría omitido- en este caso concreto la aseguradora para evitar el infortunio.

Como señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/Gulf Oil Argentina S.A. y otro" (T. 205. XLIV, del 31/03/2009):

".no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de res-ponsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales." (he remarcado lo principal).

En el presente caso, no está demostrado acto ilícito alguno imputable a Consoli-dar A.R.T. S.A. en tales términos ni, en modo alguno, el nexo causal adecuado entre los daños invocados en la demanda y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la aseguradora de sus deberes legales.

En virtud de lo expuesto, y dado que al no revestir la aseguradora de riesgos del trabajo condición de empleadora no es admisible la pretensión de la apelante de que se le proyecten a aquella los alcances de una presunción prevista en la Ley de Contrato de Trabajo (art. 55 L.C.T.), considero que no cabe más que confirmar la condena a su respecto en la medida dispuesta en el fallo de grado.

En virtud de ello, me abocaré al tratamiento del agravio subsidiario vertido por la parte actora en torno a la determinación de la cuantía del límite del seguro, el que dejará resuelto a su vez el esgrimido por Consolidar ART S.A. sobre el tópico.

En primer lugar cabe señalar que la aseguradora carece de interés recursivo para cuestionar el alcance de la condena a la asegurada (A. y S. Servicios Integrales S.A.) en tanto no está impuesta sin más a su parte una cobertura respecto de lo que aquella es condenada a pagar, por lo que la queja en cuanto la primera peticiona que no se descuente, del monto por el que se condenó a esta última, la suma por aquella oportunamente abonada al dependiente en concepto de indemnización por la incapacidad laboral permanente parcial definitiva establecida en sede administrativa, debería ser desestimada. Eso no implica desconocer dicho pago.

En lo demás, no debe perderse de vista que llega firme a esta alzada que la aseguradora abonó al accionante la suma de $ 3.071,96, por lo que la condena a su respecto será procedente por la diferencia entre dicho valor y lo que le corresponda percibir al accionante teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 14 ap. 2 a) de la ley 24.557.

Para establecer el quantum de la indemnización tarifada es necesario dejar sentado que estaré al ingreso base de $ 572,07 informado por el perito contador a fs. 363, que no fue impugnado por las partes, y al porcentaje de incapacidad conforme los peritajes ya mencionados, dejando constancia de que si bien no soslayo que el experto luego de hacer el ajuste al caso particular sobre el estudio de los baremos que individua-lizó a fs. 589 concluyó en una incapacidad del 15% de la total obrera, cabe recordar que los "baremos" son solo indicativos y que en definitiva el órgano facultado legítimamente para determinar la existencia o no del grado incapacitante y su adecuación y medida es el jurisdiccional, a través de la interpretación de los arts. 386 y 477 del C.P.C.C.N., no esbozando la quejosa argumento alguno científico relevante, que evidencie el yerro de las conclusiones de grado.

En consecuencia, de acuerdo a las pautas del citado artículo, el quantum de la indemnización tarifada (ley 24.557) asciende a la suma de $ 9.205,06 ($ 572,07 x 53 x 22% x 1,38) de la que debe descontarse la suma de $ 3.071,96 ya abonada, lo que arroja un total de $ 6.133,10. Por las razones expuestas, postulo confirmar el fallo anterior y establecer que el límite de la responsabilidad de la aseguradora -restante- en función del resarcimiento previsto en la ley 24.557 asciende a la suma de $ 6.133,10 con más los intereses a la tasa dispuesta en la sentencia de grado a fs. 639 que llega firme a la alzada (cfr. art. 116 L.O.).

VI. En cuanto al curso de los accesorios, la señora jueza a quo condenó a ambas codemandadas y dispuso que a la suma diferida a condena se le adicione desde la fecha del accidente, y hasta su efectivo pago, la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamien-to de préstamos, según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General de la Cámara. Ello genera la crítica de la ART porque, según sostiene, cumplió con la legislación vigente. Invoca la resolución SRT 414/99 que estableció la tasa de devenga-miento de intereses por pago tardío y fuera de término de las prestaciones dinerarias.

De las constancias habidas en la causa se desprende que la aseguradora de riesgos del trabajo -dentro de las pautas que la comisión médica fijó claro está, y sin perjuicio de lo que aquí se ha propuesto resolver- en lo que hace al marco del sistema previsto en la ley 24.557, con fecha 11 de mayo de 2007 le abonó al demandante la indemnización por incapacidad laboral permanente parcial definitiva conforme lo previsto en el art. 14 apartado 2 a) de dicha normativa. Ello así, no puede afirmarse a mi juicio, sin más, que haya incurrido en mora desde el momento mismo del infortunio. En consecuencia, y por aplicación analógica de lo que prevé el art. 7 de la L.R.T. y las circunstancias del caso y consecuencias del hecho, propongo que el punto de partida de los intereses se fije en el 27 de mayo de 2006, vale decir un año después de la producción del infortunio.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que conforme doctrina de la C.S.J.N. el fallo judicial que impone el pago de una indemnización por infortunio laboral solo declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento (Fallos 314:481), lo que debería extenderse analógicamente a la resolución administrativa dictada por la Comisión Médica.

Sentado lo anterior, considero que es innegable que al damnificado no puede ne-gársele el derecho a percibir los intereses que se hayan devengado desde el momento en que su derecho a ser indemnizado se tornó exigible, y que como tal corresponde entender aquel en que se produjo la consolidación jurídica del daño. Afirmar que no corresponde la liquidación de ningún tipo de interés desde dicho momento hasta la fecha en que le fue abonada la cifra indicada, implicaría convalidar sin suficiente fundamento la licuación de un crédito -además, de naturaleza alimentaria-, máxime cuando como en este caso, todo el trámite establecido por la ley especial, el cual fue respetado absoluta-mente por el aquí reclamante desde el momento mismo de la denuncia del infortunio y hasta el dictado del informe por la Comisión Médica y percepción del monto determina-do por la ART, llevó casi dos años.

Por ello, y ante las peculiares circunstancias del caso, propongo que se modifique la sentencia de la instancia anterior en cuanto al momento a partir del cual habrán de computarse los intereses correspondientes a la condena dispuesta sobre Consolidar ART S.A. y establecer como "dies a quo" a ese respecto, el día 27-5-2006, esto es, el momento en que se produjo el cese de la incapacidad laboral transitoria (ILT) por la consolidación jurídica del daño.

Ergo, sobre el monto de condena determinado precedentemente de $ 9.205,06 se calcularán los intereses desde la fecha indicada (27 de mayo de 2006) hasta el momento del pago (11 de mayo de 2007) y, del total así resultante, se procederá a descontar $ 3.071,96 ya abonados, imputándoselos primeramente a intereses. El saldo que así resulte continuará devengando intereses desde mayo de 2.007 y hasta su efectivo pago.

VII. No surge de fs. 649, pto. c) que la presentación se efectúe por parte del letra-do por derecho propio; por lo que, careciendo de interés las partes para cuestionar por bajos -lógicamente sí por altos- los estipendios de sus propios abogados, el recurso en ese aspecto fue mal concedido.

En cuanto a los emolumentos de la representación letrada de la parte actora y de los los peritos médico legista y psicóloga, teniendo en cuenta las tareas desarrolladas, su extensión, mérito e importancia y el valor económico del litigio, considero que no lucen reducidos, por lo que será propuesta su confirmación (art. 38 L.O.; arts. 1, 6, 7, 9, 19, 39 y cc de la ley 21.839/24.432).

VIII. En atención a la forma de resolver los recursos (todos tendrían suerte adversa, salvo en el caso del de Consolidar que progresaría pero solo parcialmente y por una cuestión accesoria), las costas de alzada deberían ser impuestas en el orden causado (cfr. arts. 68 y 71 C.P.C.C.N.) y los honorarios deberían regularse (por la totalidad de las labores cumplidas en esta instancia incluído lo que surge de fs. 693 y 712): para los Dres. Nicolás Cintran y Karina V. Medvedovsky -en total- en 3,75%, para el Dr. Sergio Pablo Suárez en 3,50%, y para el Dr. Eugenio Daniel Carte en 3,75%, a calcular sobre el monto total que por capital e intereses de condena, se determine en la oportunidad del art. 132 L.O. (arts. 14 y conc. L.A.).

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

Comparto el voto que antecede, pero debo señalar que, en cuanto al dies a quo de los intereses, de conformidad al artículo 14 LRT las sumas deben ser abonadas por las ART en el momento en que la incapacidad es determinada por el dictamen. El artículo 2 de la resolución SRT 414/99 determina la aplicación de intereses a partir de los treinta días de la notificación.

La LRT no contiene previsión alguna respecto de los intereses. Pero la inexisten-cia de una disposición específica en modo alguno importa negar la existencia de la obligación. Las normas no son ínsulas aisladas, el orden jurídico forma un continuum de tal modo que no resulta admisible como postulado de la razón jurídica la existencia de lagunas del derecho. Admitido por la apelante que celebró un contrato con el empleador con estipulaciones condicionales (la existencia de un siniestro) a favor de un tercero (los trabajadores), las obligaciones que de él resultan se rigen por la norma del artículo 504 del Código Civil. Por tanto, al no ejecutarse la obligación contractual en su debido tiempo (con absoluta prescindencia del factor subjetivo ya que no se debe por culpa sino por el título mismo que emerge del acto jurídico) corresponde aplicar intereses conforme lo establece el artículo 519 del Código Civil.

En este orden de ideas, corresponde analizar el momento en que se produce la mora. Al respecto no está demás recordar que la ART realiza el pago a más de dos años del acaecimiento del accidente por efecto de la falta de reconocimiento de la incapacidad. Por tanto, no podría la ART excusarse con motivo de la negligencia de sus dependientes cuando la falta de determinación de la incapacidad fue consecuencia del incumplimiento adecuado de las obligaciones de hacer puestas en cabeza de la recurrente que tienen un plazo de razonabilidad. Por tanto, en la medida que el dictamen no se realiza por un acto imputable a la deudora, ella no puede beneficiarse por la falta de realización en tiempo del hecho que marca el dies a quo de la exigibilidad del pago. Se opone a ello la condictio ob turpem vel injustam causam. Ello importa la aplicación en nuestro derecho positivo de las normas de los artículos 511 y 537 del Código Civil. Consecuentemente el plazo de un año para el cumplimiento de las obligaciones de hacer que anteceden al pago resulta adecuado a la índole de la obligación.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUEL-VE: 1º) Declarar mal concedido el recurso inerpuesto a fs. 649, pto. C. 2º) Modificar parcialmente la sentencia de grado y disponer que los intereses sobre el capital de condena de cuyo pago resulta responsable en forma conjunta con el empleador CONSO-LIDAR ART S.A. que se fija en PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO CON SEIS CENTAVOS ($ 9.205,06) se calculen, a la tasa dispuesta en la sede de grado, desde el 27 de mayo de 2006 hasta el 11 de mayo de 2007; del total así resultante, se procederá a descontar PESOS TRES MIL SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y SEIS ($ 3.071,96) ya abonados, imputándoselos primeramente a intereses; y que el saldo resultante continúe devengando intereses desde el 12 de mayo de 2.007 y hasta su efectivo pago; 3º) Confirmar en lo demás el decisorio apelado; 4º) Imponer las costas de alzada en el orden causado y regular los respectivos honorarios, como se indica en el punto VIII del primer voto de este acuerdo; 5º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que el Sr. Juez Dr. Oscar Zas no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

MLF María C. García Margalejo Enrique Néstor Arias Gibert Juez de Cámara Juez de Cámara