Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-18


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 18 de 2009 VISTOS:

El recurso de apelación incoado por el demandante a fs. 21/22 contra la resolución de la magistrada anterior que desestimó la medida cautelar peticionada (fs. 17/18).

El dictamen emitido por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del trabajo a fs. 26.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que la Sra. juez "a quo" rechazó la medida precautoria solicitada en la presente acción por considerar inacreditado en el caso los recaudos establecidos por el art. 62 de la ley 18.345 (fs. 17/18).

Dicha decisión motivó la queja del demandante en los términos que vierte en el memorial glosado a fs. 21/22.

2º) Que el Tribunal -en consonancia con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General a fs. 26- entiende que la solución cuestionada merece ser confirmada no obstante la enjundia evidenciada en el memorial recursivo.

De comienzo cabe señalar que el art. 62 de la L.O. prevé la posibilidad de decretar (a pedido de parte) un embargo preventivo sobre los bienes del deudor, cuando se justifica sumariamente que trata de enajenar, ocultar o transportar bienes, o que, por cualquier causa, haya disminuido notablemente su responsabilidad en forma que perjudique los intereses del acreedor y siempre que el derecho del solicitante surja verosímilmente de los extremos probados.

Es sabido que el embargo preventivo es una medida cautelar específica para cuya procedencia se requiere de manera insoslayable la concurrencia de dos presupuestos, a saber: la existencia de un derecho, acreditado "prima facie" o presumido por ley en ciertas hipótesis y el peligro de daño, si la actuación del derecho no puede producirse de inmediato (también justificado "prima facie" o presumido) (conf. art. 62 L.O. y 209 y conc. del CPCCN) En el caso concreto, este Tribunal entiende que tales requisitos no surgen sumariamente acreditados, a poco que los testimonios aportados a las actuaciones (fs. 14/16) no se expidieron en lo que respecta a la extinción del vínculo, razón por la cual no resulta posible inferir el humo del buen derecho necesario para viabilizar la medida peticionada.

Pero aun soslayando lo expuesto y suponiéndose por vía de hipótesis que se encontrara acreditada la verosimilitud del derecho, tampoco surge sumariamente demostrado el requisito de "peligro en la demora".

En efecto, dicho requisito se configura cuando existe un temor fundado en la configuración de un daño a un derecho cuya protección se persigue y que, de no hacerse en forma inmediata, se corre el riesgo de que en el supuesto de recaer una sentencia definitiva favorable, ésta permanezca incumplida, sufriendo de este modo el peticionante un daño grave e irreparable.

Lo expuesto exige destacar que se configura el "periculum in mora" si del actuar del presunto deudor -o de su situación actual- se advierte una posible incidencia inmediata sobre el crédito que se reclama con graves presunciones al respecto. Para que proceda la medida cautelar deben invocarse y acreditarse la existencia de una serie de actos positivos de negociación u ocultamiento, de la disminución de la responsabilidad patrimonial que configure la posibilidad de tornar ilusoria la obtención del crédito, situación ésta que no se da en el caso de autos por cuanto las circunstancias a las que alude el apelante en el memorial recursivo no implican necesariamente la existencia de una insuficiencia patrimonial actual que le impida a la demandada responder ante una eventual condena.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la resolución apelada; 2) Imponer las costas en el orden causado en atención a la ausencia de réplica (art. 71 del CPCCN).

Se deja constancia que se encuentra vacante la tercera vocalía (art. 109 del R.J.N.).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.