marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, daños y perjuicios, doctrina
Materia: CIVIL
Carátula: Navarro Muruaga, Veronica Susana c/ Telecom Personal S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-09-27

En referencia a las costas de esta instancia, y siguiendo la doctrina legal de la Excma. Corte Suprema de Justicia, en fallo nº 1219 del 06/10/2016, que dijo: "En virtud de lo dispuesto por el art. 55 LDC las asociaciones de consumidores y usuarios, al interponer acciones judiciales en defensa de intereses de incidencia colectiva, gozan del beneficio de justicia gratuita que las exime de cargar con los gastos del juicio, incluida las costas", y encontrándose el caso particular comprendido en los alcances del último párrafo del art. 53 de la ley 24240, que expresamente dispone: "Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley gozarán del beneficio de justicia gratuita", las costas del recurso, por tener razones para litigar y recurrir la actora en tanto se trata de materia discutida y novedosa, corresponden se la impongan por el orden causado (art. 105 inc. 1° procesal); eximiéndose a la actora de ellas en virtud de lo dispuesto en el art. 53 LDC, cargando, la demandada, con las suyas propias. DRES.: ALONSO - MANCA.
Interdictos posesorios, caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BERNARDI, JORGE OMAR c/ GODOY DIAZ MARIO s/ INTERDICTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-28

La prescripcion liberatoria es un instituto que afecta a las acciones; mientras que la caducidad en este caso, se refiere a un interdicto ( esto es: un remedio procesal).En ambos casos el ordenamiento en diferentes secciones, v.gr art. 4038 C.C y 615 C.P.C.C., establece en un año el termino para poner en marcha el aparato jurisdiccional.-
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, A. s/ LESIONES LEVES CULPOSAS E INFRACCION ARTICULO 61 LEY 5.800
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

"En primer término quiero destacar que el giro a la izquierda en una vía de doble mano de circulación, prohibida en el nuevo ordenamiento legal de la Provincia de Buenos Aires, si bien era admitido por la ley 5.800 ( t.o. ) vigente a la época del accidente, ya su normativa conciente de las perturbaciones que tal maniobra podía producir en el tránsito, había reglamentado cuidadosamente la misma; prohibiendo su realización si no estaban dadas las circunstancias. Y así el art. 71 segunda parte disponía que "en las zonas urbanas el viraje a la izquierda no debe hacerse si el vehículo no ocupa ya la parte izquierda de la calzada de su mano por lo menos treinta ( 30 ) metros antes de iniciar la maniobra y si su conductor no la ha anunciado teniendo el brazo horizontalmente fuera del vehículo, o por medio de una señal mecánica autorizada"
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dollarnet S.A. c/ Suquia Mariela Laura s/ Cobro ejecutivo, hoy cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-26

Cumple con el recaudo impuesto por el art. 63 in fine de la Ley de Cheques para habilitar el ejercicio de las acciones civiles, la fotocopia certificada por el banco girado del anverso y reverso del cheque rechazado, que fue entregada al actor en virtud de la retención del original efectuado aquél (punto 1.3.9.2.4 de la Circular Opasi 2). (Minoría u opinión personal)
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico del concurso, sanciones procesales, multa, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Reinaldo Floreal c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

Procede imponer una multa pecuniaria al síndico concursal, cuando, como en el caso, el hecho de que haya demorado casi dos años en realizar una liquidación de un crédito pendiente de pago no es una simple desatención sino que configura una falta merecedora de sanción. (En el caso, el magistrado le había encomendado al síndico realizar ciertos cálculos respecto de las cuotas concordatarias del crédito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentran pendientes de pago).
Liquidación de haberes, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Asociación Bancaria Seccional Catamarca c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-05-09

Toda cuestión atinente a supuestas deficiencias en la liquidación de haberes, situación en que se encuentran a menudo los empleados públicos, no puede ser intentada por vía de acción de amparo, debiendo ocurrir por los medios que las leyes procesales prevén para subsanar esos supuestos errores.
Medidas cautelares, medida de no innovar, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gonzalez Alejandro Daniel y otros c/ Estado Nacional - Mº de Cultura y Educación s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-07

Corresponde ordenar al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y a la Universidad General de San Martín se abstengan de tomar medida alguna que importe afectar la estabilidad de los actores, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en los presentes actuados.
Clasificación de delitos, delito de comisión por omisión, fiador
Materia: PENAL
Carátula: T., V. A.; Y., C. A.; M., L. A. s/ Homicidio culposo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-05

Los tipos de omisión impropia y de omisión propia comparten algunos requisitos; son comunes la situación típica, la ausencia de una acción determinada y la capacidad de realizarla, y se agregan a los de omisión impropia la ya mencionada posición de garante, la producción de un resultado y la posibilidad de evitarlo. La posición de garante surge cuando el sujeto tiene una función de protección del bien jurídico afectado o de control de una fuente de peligro. Esta segunda función de control se da, entre otros supuestos y en lo que interesa, en a) el deber de control de fuentes de peligro que operan en el propio ámbito de dominio, por lo que quien posee fuentes de peligro (instalaciones, máquinas, animales) para bienes jurídicos, es responsable de que el peligro no se realice, y b) la responsabilidad por la conducta de otras personas, que en determinadas condiciones alcanza a quienes tienen el deber de vigilar a otras personas. También son la ley, el contrato y la conducta precedente (injerencia) las fuentes que permitirían determinar la existencia de tal posición de garante, para los fines de preservar un principio de legalidad estricta.
Ministerio Público Fiscal, sentencia condenatoria, acusación fiscal, calificación legal, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Navarro, Víctor Emanuel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

El pronunciamiento condenatorio excede una mera discrepancia con la calificación reclamada por el señor fiscal de juicio e implica una verdadera mutación de los hechos que durante la sustanciación del debate se le atribuyeron definitivamente al procesado. El tribunal de mérito se hallaba, imposibilitado de condenar respecto del desapoderamiento, dado que, el dictamen del señor fiscal de juicio exoneró de responsabilidad penal al imputado por el delito de robo y hurto. (Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Fégoli y Mitchell).
Leyes, constitucionalidad, interpretación sistemática, Estado Provincial, emergencia económica, derechos y garantías constitucionales, Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marozzi, Eldo Eithel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio (Expte. CSJ Nº 33-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-29

Si la tacha de inconstitucionalidad se circunscribe a una solo dispositivo de la ley 11696 (artículo 23), la postulación se desvanece por no atender al contexto general en que éste ha sido inserto, y menos aún, a las distintas soluciones que brinda el propio ordenamiento. De manera, entonces, que al dejar incólume "la emergencia" -es más, el recurrente afirma la constitucionalidad- omite explicar cómo un instituto que tiende a apuntalarla vulnera derechos constitucionales que se encuentran -en el caso- restringido s como consecuencia de la situación de "crisis" que impuso el dictado de la ley. Pero -paralelamente- están protegidos, ya que sin dicha norma se corre el riesgo de que se conviertan en ilusorios por un proceso de desarticulación del sistema económico y financiero del Estado provincial.
Estafa, energía eléctrica
Materia: PENAL
Carátula: PIRANI, JORGE ALBERTO s/ HURTO DE ENERGIA - COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-11

El ardid -manipulación del medidor por medio de un puente- permite la entrega del fluido que no se hubiera realizado si no hubiera mediado engaño (que el fluido entregado no era medido por el mecanismo que luego indicaría los importes adeudados), por lo que la consumación en virtud del perjuicio patrimonial (la disposición patrimonial por engaño) no esta referida a lo que al tiempo del abono en las facturas aparece y el usuario pretende, como si lo consumido y debido sino a lo que efectivamente se fue apropiando mediante tal ardid sin el cual la empresa no hubiera dispuesto la energía provista.
Obligación alimentaria, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: B., C.S. c/ C., C.L. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-09

En el proceso de alimentos debe imperar la regla de la proporcionalidad entre la cuota peticionada y las necesidades a satisfacer que no deberán exceder la capacidad económica del alimentante.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley procesal, ley posterior, leyes, Ministerio Público, fiscal de Cámara, fiscales, cuestiones de competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Delmenico, Oscar P. y O. c/ Sampedro, Hector J. y O. s/ Cobro de dinero. Cuestión a resolver: debe intervenir el Ministerio   Público Fiscal en las declinatorias de competencia (Expte. Nro. 2-89)   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-21

La ley 10160 no "derogó" in totum la ley 8141, sino parcialmente en la medida en que la ley 8141 tuviera antagonismos con la ley 10160.

Y esa derogación parcial opera en virtud del principio "lex posterior derogat priori", establecido por el legislador en el artículo 9 de las Disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así las cosas, si hubo alguna derogación se verificará por el aludido principio, en la medida, claro, en que la ley anterior contenga alguna disposición "adversa" o "incompatible" con la actual o bien "opuesta" ( terminología del mencionado artículo). Pero francamente no se advierte ningún antagonismo de este tipo. La ley 8141 fue "específica" para el Ministerio Público.

Y en su artículo 4 imponía la atribución (vista ésta como un derecho-deber) que el Fiscal de Cámara dictamine en las cuestiones de competencia (inciso g), sin distinguir acerca de cuáles cuestiones de competencia, atento al brocardo "ubi lex non distinguet, nec nos distinguere debemus", y desplazándose así la distinción entre declinatorias e inhibitorias impuesta por el artículo 7 del Código Procesal Civil y Comercial. (Del Voto del Dr.

Chiappini -En Disidencia-).
Extradición, tratados internacionales, entrega de la documentación
Materia: PENAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Fernando Pruna Bertot s/ Testimonio del pedido de cese de detención
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28

El art. 12 del Tratado de Extradición entre la República Argentina y los Estados Unidos de Norteamérica (ley 19.764) no exige que la documentación de extradición sea presentada directamente ante los jueces.
Locación, obligaciones del locador, conservación de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: TACHOUET de HILLCOAT, Marcela Julieta c/ RALPH, Leopoldo del Carmen s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

Si la causa del origen de los daños en el inmueble es el desgaste natural por el propio transcurso del tiempo y las reparaciones a efectuar revisten el carácter de necesarias, cuando no se ha pactado que eran a cargo del locatario, de conformidad con los arts. 1515 y 1516 del Código Civil, corresponde al propietario la realización de las mismas, pues atañen a la conservación del inmueble, excepto que los daños se debieran a un uso abusivo del inquilino (art. 1561 del Código Civil). La sola ocupación indebida no constituye a estos efectos un factor objetivo de atribución de responsabilidad, a título de dolo o culpa.
Concurso de delitos, concurso ideal, robo simple, robo con violencia en las personas, lesiones leves, robo seguido de lesiones, fallo plenario
Materia: PENAL
Carátula: Pedro, Alejandro E. s/ Concurso de Delitos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-19

1. Las lesiones leves padecidas por el damnificado como consecuencia del apoderamiento concurren formalmente con el delito de robo tentado conforme las conclusiones del Plenario "Winiarsi" del 30/12/49. (Del voto del Dr. Rivarola).

2. En el robo, la violencia que causa lesiones leves queda abarcada en el tipo básico y cuando el empleo de violencia llega a resultados de mayor entidad, el codificador ha previsto figuras autónomas agravadas por tales resultados (arts. 165, 166 inc. 1 del C.P.), por otra parte, tratándose de concurso ideal, las figuras penales ni se absorben, ni se excluyen y sólo una de ellas tiene preeminencia conforme el principio de mínima suficiencia seguido por el Código en el art. 54, y al aplicarse la pena mayor, no puede hacerse valer las restantes figuras delictivas como agravantes para la graduación de la pena divisible, en cambio en el robo, para la medición de la sanción corresponde tener en cuenta el mayor o menor daño o lesión sufrida conforme la regla del art. 41 del C.P., sin perjuicio de ello, debe aplicarse el fallo plenario "Winiarsi" hasta tanto el Tribunal en pleno decida variar el criterio (decreto ley 1.285/58) (Del voto del Dr. Ouviña adhiriendo al Dr. Rivarola).
Caducidad de instancia, recurso de casación, impulso procesal, competencia contencioso administrativa, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE CÓRDOBA
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CACERES HECTOR c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-02-17

Si admitido formalmente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, no obrando con posterioridad ninguna otra actuación procesal tendiente a instar el procedimiento y planteada con un plazo mayor de seis meses la perención de la instancia extraordinaria, con costas.-- Lo expuesto denota, la inviabilidad de la hipótesis de excepción contemplada en la última parte del segundo párrafo del art. 888 Ley 8465, habida cuenta que el último acto válido de la instancia extraordinaria de casación fue dictado encontrándose aquélla en plena vigencia (B.O. 23/06/96). En efecto, la fecha del dictado de la resolución referenciada determinó el marco normativo de aplicación a la hipótesis de perención de instancia, instante que, además señaló el momento a partir del cual comenzó a computarse el plazo de abandono de la instancia requerido para que la caducidad opere. Así el plazo procesal empezó a correr bajo el régimen de la norma vigente -Ley 8465-, debiendo en consecuencia computarse el mismo en tal contexto.
Proceso contravencional, queja por apelación denegada, facultades del juez, competencia contravencional, fianza
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Recurso de Queja en autos DUARTE, Germana s/ falta de habilitación y otras .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

En este caso, el Magistrado de primera instancia, ha desbordado el marco de evaluación que le competía a fin de decidir la admisibilidad del recurso planteado por la recurrente, argumentando indebidamente acerca del carácter arbitrario de su decisión de mérito. Del examen de la disposición del a quo, que rechaza la apelación incoada, surge claramente, que ésta excede el ámbito de análisis de los requisitos de procedibilidad, para encaminarse al estudio de cuestiones de fondo que precisamente proponía en su escrito la recurrente sobre la base de considerar arbitraria la decisión -sentencia definitiva-.

Tal actividad, deviene extraña al test de procedencia que atañe al judicante como consecuencia de la promoción de un recurso contra la pieza que resuelve el conflicto, pues no sólo importa ello un indebido juicio de valor sobre ella -que conllevaría el absurdo de imponer el deber de nulificarla y volver a decidir sobre lo ya resuelto una vez agotada su potestad cognoscitiva-, sino que, además, "...el traspaso de esos límites significaría vaciar la competencia del Tribunal de Alzada poniendo en crisis la garantía de la doble instancia" - causa nº 364-01-CC/2004, caratulada "Recurso de queja en autos HILBERT, Beatriz s/falta de chapa patente", rta. el 22/12/2004-.
Recurso extraordinario federal, defensor general de la Nación, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Amaya, Ramón Antonio y Vallejos, Luis Mauricio y otro s/ Art. 71 -Apelación- s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido y su agregado Expte. Nro. 1911 "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en Amaya, Ramón Antonio s/ Art. 71 -Apelación- s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido y su agregado Expte. Nro. 1911 "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en Amaya, Ramón Antonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-21

El Defensor General carece de legitimación para recurrir la decisión que rechaza un recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (a favor del imputado) contra una sentencia condenatoria que la defensa no impugnó. (Del voto del Dr. Muñoz)
Proceso penal, estado de indefensión
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibáñez,  Sara  del Pilar s/ su solicitud de avocación - privación de justicia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

Al no haberse demostrado el alegado estado de indefensión, debe rechazarse el planteo respecto de que el tratamiento de la situación de la encausada durante la etapa recursiva constituya una muestra de un esquema de violencia contra la mujer. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, excepción de pago, pago a mejor fortuna
Materia: PROCESAL
Carátula: MENDEZ, CARLOS A. c/ LOS RESEROS  S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Si resulta de lo que emerge extrínsecamente de los documentos, que medió satisfacción de una parte importante de la deuda, restando aquello convenido "a mejor fortuna", y no pudiendo establecerse en el proceso si en la actualidad se dan las condiciones para reclamar el pago de esta última fracción, no cabe atribuir exigibilidad a tal cuota y, con base en ella, autorizar la ejecución.

Cabrá por tanto acoger la defensa, incumbiendo a las partes, debatir las eventuales cuestiones extradocumentales en juicio ordinario (cpr: 553).
Derecho contravencional y de faltas, trámites judiciales
Materia: PENAL
Carátula: I., M. G. s/ infracción art. 43 inc. a. y 72 dec.ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-04

No habiéndose encontrado el arma secuestrada en posesión del imputado, ni habiéndose acreditado que se encontrare en el vehículo que éste conducía, no se ha probado la comisión de la infracción al art. 43 inc. a del dec.ley 8031/73.
Contrato de trabajo, despido por muerte del empleador, herencia vacante, sucesiones, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Sanchez  Nicolaza c/ Meyer Federico Carlos Fernando s/ sucesións/ indem. fallec. empleador.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-27

La promoción de la demanda ante el Fuero Civil impetrada por la trabajadora como consecuencia del fallecimiento del empleador y el desconocimiento acerca de la existencia de causahabientes (con designación posterior de herencia vacante), constituye un acto interruptivo del plazo de prescripción previsto por el art. 256 L.C.T. de acuerdo con lo normado por el art. 3986 del Cód. Civil. Dicho efecto perdura desde el inicio de la demanda hasta la declaración de herencia vacante y designación de curador a los bienes (en el caso, se designó al representante de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires). El término "demanda"al que alude el art. 3986 del Cód. Civil, no responde al concepto técnico procesal específico, sino que posee una mayor amplitud, ya que comprende todas aquellas peticiones judiciales que evidencien la voluntad del acreedor de mantener subsistente su derecho.
Trabajadores rurales, Comisión Nacional de Trabajo Agrario, negociación colectiva, libertad sindical, Organización Internacional del Trabajo, juicio de árbitros
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (1) c/ Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

Las facultades de la CNTA previstas en la ley 26.727 en relación con la composición de conflictos colectivos no invade la libertad sindical, pues el artículo 89, inciso i prevé la intervención de la CNTA en los conflictos colectivos y su posible actuación arbitral solo cuando los sectores gremiales y empresarios, de común acuerdo, lo soliciten, ello luce acorde a lo dispuesto por el artículo 4 del Convenio 98 de la OIT que reconoce al arbitraje como medio de solución de conflictos solo cuando es voluntario. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), declaración de la víctima, cuestión no constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: A., A. A. c/  s/ apelación prisión preventiva y rechazo medidas alternativas-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-27

Frente al razonamiento expuesto por el A quo que precisó que en el caso surgían manifestaciones realizadas por la víctima en las que puso en conocimiento a las autoridades de los hechos ilícitos respectivos -al comparecer primero en audiencia ante la jueza actuante y al declarar nuevamente ante el Fiscal previo a la ampliación de la audiencia imputativa-, y en tal sentido, explicó por qué aquellas importaban la remoción del obstáculo legal previsto en el artículo 72 del Código Penal, a la luz de lo normado por la nueva legislación procesal sobre la materia, la recurrente intenta hacer valer su posición tratando de desvirtuar la fundamentación esbozada en la sentencia impugnada con idénticos argumentos a los ya expuestos, mas de su lectura se desprende que el análisis de las circunstancias de hecho y del texto legal efectuada por el Tribunal, no logra ser descalificada desde la óptica constitucional por la tesitura propuesta, al no convencer de que lo decidido excede el marco de interpretación posible de la normativa de fondo en juego y de las facultades propias de los jueces de la causa en la materia aprobada. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 72