Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-02-12


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Uno.- En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los 12 días del mes de febrero de dos mil ocho, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y CÉSAR ERNESTO OVIEDO; bajo la presidencia del Dr. Cáceres, Secretaría Dra. Cristina del Valle Salas Martínez, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 45/06 "EXAGRIND S.A.- Estancia San Rafael c/ TALI SUMAJ y/o INVERSIONES GANADERAS S.A. -s/Daños y Perjuicios -s/ Interpone RECURSO DE CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?. 2) Costas. Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 20 y vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y JOSÉ RICARDO CÁCERES A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

La demandada en auto deduce recurso de casación en contra de la Sentencia Interlocutoria Nº 122/06, dictada por la Cámara de Apelación de Segunda Nominación que confirma lo resuelto en la primera instancia. Destaca que el decisorio impugnado es equiparable a sentencia definitiva, puesto que le impide contestar la demanda y ejercer su derecho constitucional de defensa en juicio causándole un gravamen de imposible reparación ulterior. A título de información del relato de los hechos surge que, el recurrente solicitó con fecha 12/05/04 en virtud del Art. 339 del C.P.C., nuevo traslado de la demanda en razón de haber sido notificado en la ciudad de Recreo donde explota un campo y no en el domicilio de Capital Federal donde la empresa tiene su sede social. Que la cédula de notificación fue recibida el 15 de abril del 04, el plazo de 18 días para contestar, corría desde el 16 y vencía el 13 de mayo en las dos primeras horas, dado al feriado provincial del 11 de mayo. El A-quo el mismo día de presentación del escrito, -12 de mayo- previo a finalizar el plazo legal para contestar demanda, el que fenecía al día siguiente en las dos primeras horas, ordena suspender el término, hasta que se concrete nueva notificación en el domicilio denunciado. La actora interpone recurso de reposición alegando sobre la validez de la notificación y que el plazo del traslado ya estaba vencido solicitando la revocación del decreto y que se de por decaído el derecho dejado de usar, y el juez resuelve dejar sin efecto la suspensión y dar por decaído el derecho a contestar la demanda. La resolución es apelada en base a que, la notificación no se cumplimentó en el domicilio de la sede social, apartándose de los fundamentos que se tuvo en cuenta para hacer lugar a la suspensión y ordenar el nuevo traslado y por declarar decaído el derecho a contestar demanda cuando el plazo a la fecha de suspensión no estaba vencido y en consecuencia su reanudación debió ser notificado por el Art. 135 inc. 5 del C.P.C. Rechazado el recurso por la Alzada, insiste el impugnante en esta instancia y con fundamentos en las causales de los incisos a y c del Art. 298 del C.P.C. critica básicamente, la errónea interpretación que se hace en relación a la suspensión de términos procesales para contestar demanda y la arbitrariedad del fallo al no tratar dos agravios expresados.

En cuanto a la primera causal alude a la incorrecta notificación de la demanda, los perjuicios que ello le ocasionaba, la afectación de su derecho de defensa y que motivó en definitiva que el A-quo ordenara, la suspensión del término para contestar y nueva notificación. Rebate la exigencia de la falta de planteo de nulidad de la notificación como fundamento para dejar sin efecto la suspensión, sosteniendo que no se daban los presupuestos para ello, y que, al hacer lugar a la reposición se cercenó el plazo adicional que su parte disponía para contestar la demanda. En relación a la falta de tratamiento de dos agravios, expone con respecto al primero que al momento de la incidencia y aun cuando siendo favorable la revocatoria faltaba un día para el vencimiento del término para contestar demanda; este planteo fue eludido por el A-quo y en la apelación fue motivo de agravio puesto que no correspondía dar por decaído el derecho sino la reanudación del término para contestarla, dado que su parte contaba con un remanente de tiempo para producir el acto de contestación de demanda, sin embargo la Alzada nada dijo al respecto. El segundo agravio no tratado es relativo a las costas, y refiere que fueron impuestas a su parte en su totalidad, cuando debería haberse eximido total o parcialmente por considerar que su parte se creyó con derecho a peticionar. Hace reserva del caso federal. Que encontrándose vencido el término para contestar traslado del recurso se da por perdido, a la actora el derecho dejado de usar.- A fs. 14 se declara formalmente admisible el recurso de casación. A fs. 15/19 obra dictamen del Sr. Procurador General de la Corte expidiéndose en sentido contrario a la impugnación. A fs. 20 queda firme el proveído de autos para resolver y correspondiéndome habilitar el acuerdo inicio el estudio de la cuestión planteada. Que previamente se impone expedirse sobre la definitividad de este pronunciamiento en cuanto ello constituye requisito esencial de admisibilidad y cuya exigencia no autoriza a prescindir de su existencia aunque se invoque arbitrariedad o violación de garantías constitucionales. En este ámbito, reiterada jurisprudencia de la CS ha conferido el carácter de sentencia definitiva a aquellas que "ponen fin al pleito, impiden su continuación o causan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior". A la luz de ello estimo que, la resolución en cuestión si bien no pone fin al pleito ni tampoco impide su continuación, sin embargo causa al recurrente un gravamen irreparable configurado ante la ausencia de otra oportunidad procesal útil para obtener el amparo de su derecho de que se trate. Por ello pese a no configurar la sentencia final de la causa, pero en razón de descartar toda posibilidad de volver sobre lo resuelto, y a su vez originar un agravio cuya enmienda en la oportunidad procesal en que se lo invoca, exhibe prima facie entidad suficiente para conducir a un resultado diverso que de ser mantenido generaría consecuencias de insuficiente reparación ulterior, resulta este interlocutorio igualable a sentencia definitiva. En sentido semejante se ha dicho que, "Si bien en principio las cuestiones de índole procesal que no resuelven el fondo de la cuestión controvertida no son impugnables por vía del recurso extraordinario, cabe equiparar el interlocutorio a un pronunciamiento definitivo, cuando concurre un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa el derecho de defensa en juicio CJ, 1998/06/02- Mojico, Adolfo J. Y otros Banco Nación ) LL 1998-E,470). Habilitada la instancia extraordinaria, teniendo en cuenta que la resolución impugnada puede irrogar al recurrente un perjuicio de imposible reparación ulterior, corresponde ingresar a la cuestión sustancial del planteo y, en tal sentido rescato que básicamente se cuestiona que antes de la suspensión de términos acordados y luego revocado, tenía el demandado un remanente de tiempo para contestar la demanda no obstante ello se dio por decaído este derecho. Que siendo así no puedo dejar de partir de una obviedad, en tanto si la suspensión fue acordada, de hecho que el plazo para contestar la demanda no estaba vencido, pues no se hubiese podido decretar dicha suspensión si el plazo hubiera transcurrido en su totalidad. Luego el sentido del término "suspensión de un plazo" es el de computar el lapso que corriera antes del acontecimiento suspensivo y, a su vez acumularlo con aquello que transcurra desde que la suspensión cesa.- Que ante ello y mas allá de las razones que se tuvieron en cuenta para conceder la suspensión y mas tarde dejarla sin efecto, a mi juicio este tiempo que no había vencido al momento de la suspensión, por una cuestión de lógica no pudo haber fenecido por el hecho de haberse dejado sin efecto la misma. Que entonces así considero configurado en el fallo impugnado un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, el vicio del razonamiento que identifica la arbitrariedad, en la decisión de dar prematuramente por decaído el derecho dejado de usar por el solo motivo de quedar sin efecto la suspensión. A su vez también la omisión de considerar la eficacia interruptiva, que pudo tener, la declaración de suspensión de término y su posterior revocación en un plazo que conforme constancias en autos no había culminado, igualmente vuelve al decisorio arbitrario. Que en razón de ello considero que debe hacerse lugar al recurso debiéndose conceder al demandado el tiempo útil que le quedaba para contestar demanda al momento en que la suspensión le fue acordada. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Analizadas las constancias de autos y el voto precedente me permitiré recordar que en su Art. 89 el C.C. expresa qué: " El domicilio real de las personas es el lugar donde tiene establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios". Asimismo el Art. 339 del C.P.C.C. expone en su párrafo pertinente y en relación al traslado de la demanda qué: "La citación se hará por medio de cédula que se entregará al demandado en su domicilio real". "Si el domicilio asignado al demandado por el actor fuere falso, probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del demandante". De las normas de cita y de las circunstancias probadas en la causa, surge con claridad que el demandado fué notificado en el asiento de su negocio o explotación agropecuaria, en cuya sede ocurrieron los acontecimientos eventualmente dañosos para los intereses patrimoniales del actor, por lo qué la también eventual denuncia de la incorrección o falsedad de la asignación de domicilio atribuida al demandado, le correspondía a éste como también su prueba acabada en autos, y no a las aptitudes pesquisantes del actor. Así lo tiene dicho la doctrina cuando considera qué: "quien afirma que su domicilio no es el que se le atribuye tiene la carga de la prueba de demostrarlo, según es doctrina jurisprudencial corriente en materia de notificaciones procesales" ( Bueres - Highton - Código Civil Análisis Doctrinario y Jurisprudencial - T1. - Edit. Hammurabi - 1995 ). Nada de lo expuesto se hizo en autos, la demandada limitándose a solicitar al Juez de 1ra. Instancia una nueva notificación a domicilio enunciado por ella, no arguyó la nulidad de la notificación realizada, ni mucho menos probó la falsedad del domicilio que se le atribuyera. Por el contrario, surge evidente, que tomó noticia de aquella y que lo hizo dentro del plazo otorgado para contestar demanda, pretendiendo luego por su propia acción y voluntad obtener un nuevo plazo por reiteración de la notificación a un domicilio que simple y llanamente se autoasignara, y mas lejano, lo cual ampliaría el plazo por razón de la distancia. Por otra parte, si tenemos presente que la acción de notificar según el diccionario de la Real Academia significa: " dar con propósito cierta noticia de una cosa" o " hacer saber una resolución de la autoridad con las formalidades para el caso", resulta que tales propósitos se cumplieron de acuerdo al propio reconocimiento de parte, tal como surge de la presentación de la recurrente a fs. 43 de autos, habiéndose consumido el plazo otorgado por la acción o inacción de la propia agraviada. Que lo expuesto, debió ser advertido por la recurrente por razones de probidad procesal, pues no debemos olvidar en tal sentido lo que decía Ronald Dworkin: "el mundo del Derecho está integrado también por principios que son standares que han de ser observados, no por que ello favorezca o asegure una situación económica, política o social... sino por que es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad" (Los Derechos en serio - Edit. Ariel Barcelona - 1984 - Pág. 72).

Por todo lo expuesto considero que el recurso intentado debe rechazarse. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

En razón de considerar arbitrario el razonamiento desplegado tanto por el juez de primera instancia que al revocar el decreto por el cual suspende el plazo para contestar demanda y dar por decaído el derecho dejado de usar, juicio que comparte el Tribunal Ad-Quem, sin advertir que aún quedaba un tiempo sin transcurrir como para que el demandado materialice el acto, tal como lo afirma quien lleva la voz en el acuerdo y surge de las constancias que obran en la causa, es que adhiero a lo resuelto en el primer voto. Ello más allá de considerar si la notificación debía cumplirse en el lugar en que el demandado tiene su explotación industrial o bien si la misma debía serlo en el lugar en que se ubica la sede social de la empresa, y si lo que correspondía en el caso era un incidente de nulidad o bien la suspensión del término, lo cierto es que hubo un plazo que estaba vigente y que en modo alguno se encontraba vencido como para dar por perdido el derecho dejado de usar. Pues de otro modo no se entiende como la presentación que efectúa la demandada buscando precisamente resguardar el derecho de defensa pueda producir tamaña consecuencia de tener por aniquilada la potestad de contestar demanda cuando todavía el plazo no había vencido. La amplitud con que debió ser valorado el derecho de defensa obligaba a considerar que hasta el vencimiento del término para contestar demanda tenía el demandado la oportunidad procesal de producir tal acto. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que en relación a las costas considero corresponde aplicarla por el orden causado atento a que ambas partes resultan vencedoras y vencidas, en tanto queda firme lo dispuesto referente a la suspensión, revocándose la declaración de dar por decaído el derecho a contestar la demanda. Así voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Con costas. Así Voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que una vez más, adhiero a las conclusiones expuestas por el Sr. Ministro preopinante, Dr. Oviedo, para la solución de la causa, votando en igual sentido. En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y oído al Sr. Procurador General en su dictamen Nº 164/06 y por mayoría de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

(Con la disidencia de la Dra. Sesto de Leiva) 1) Casar la Sentencia Interlocutoria Nº 122/06 (Expte. Cám. Nº 012/05) dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas de 2da. Nominación; consecuentemente revocar la misma en todas sus partes. 2) Costas en esta instancia en el orden causado. 3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas de 2da. Nominación, que deberá proceder a la devolución, a la recurrente el depósito judicial obrante a fs. 1 de autos.

4) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes. 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.