Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-12


AUTOS N° 122866 (4° JUZ. CIVIL) (SALA III 11090) "CASTAN Jorge Domingo C/ Mancuso Vicente Francisco - Ejecutivo" /// Juan, a 13 días del mes de Agosto de 2013.-	Y VISTO: el Sr. Juez de primera instancia resolvió: I ) Hacer lugar al planteo de caducidad de instancia de la oposición incoada por la accionada. II) Imponer las costas del presente incidente a los demandados oponentes. III Regular los honorarios del Dr. Carlos Hernán Cocco en la suma de pesos mil ($ 1000) y del Dr. Nicolás Fiorentino en la suma de pesos seiscientos ($ 600) conforme lo establecido por el art. 188 de la Ley 2150.-	Contra dicho pronunciamiento se alza el demandado interponiendo recurso de apelación a fs. 59, el que fuera fundado a fs. 63/72. Los agravios fueron contestados por el actor a fs. 87/89. Las partes hacen reservas de recurrir por ante las instancias extraordinarias local ( ley 2275) y el caso Federal del art.14 de la ley 48.-	Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por el Sr. Juez, dire que notificado el demandado de la sentencia monitoria dictada en su contra, comparece a fs. 22/26, en fecha 22 de marzo de 2011el Sr. Vicente Mancuso, con el patrocinio letrado del Dr. Nicolás Fiorentino, quien en primer término recusa al juez interviniente en la causa y posteriormente se opone a la sentencia entablando excepción de inhabilidad de título. A fs. 35/36 el ejecutante deduce caducidad de instancia en los términos del art. 274 inc. 2°, 279 ss. y conc. del C.P.C., por considerar como último acto impulsorio del proceso el del mes de abril del año 2011, deducción de oposición a la sentencia monitoria, o en su defecto el de fecha 05 de agosto de 2011 en que el demandado quedó notificado de la constitución del nuevo Tribunal, conforme cédula de notificación de fs. 34.-	Corrido traslado de la perención acusada, lo contesta el ejecutado a fs. 51/53. A fs. 56/57 el Sr. Juez dicta resolución haciendo lugar a la perención, sentencia que causa agravios al apelante ejecutado por cuanto expresa que (fs.66/72): lo resuelto no encuentra sustento en la normativa aplicable, dado que no está legalmente previsto que el instituto de la perención opere a los tres (3) meses en los procesos de estructura monitoria como lo sostiene el a-quo existiendo un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso . Por otro lado, manifiesta que ha omitido el Juez considerar cuestiones oportunamente propuestas como conducentes para la solución del litigio, como en lo que hace a la notificación o diligencia por la cual la contraparte ha comunicado el juzgado que ha de intervenir en el proceso ( agosto de 2011), constituyendo un acto de interrupción de la perención que renueva ex novo el cómputo del plazo de caducidad, como también en lo concerniente a que, en el caso, la instancia de oposición a la sentencia monitoria no ha quedado abierta sino recién, desde la providencia o resolución que se ha dictado corriendo el traslado respectivo; esto es, a partir de que el tribunal acoge el planteo de la excepción y corre traslado, como surge del decreto de fecha 12 de diciembre de 2011, por lo cual sostiene que la situación encuadra en el supuesto previsto en el art. 275 inc. 6° del C.P.C. en el cual el plazo de perención no corre. Cita jurisprudencia y fundamenta al respecto. Efectúa reservas de recurrir por ante las instancias extraordinaria ley 2275 y caso Federal del art. 14 de la ley 48.-	Corrido traslado de los agravios los contesta a fs.87/89 el actor con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Hernán Cocco quien manifiesta en primer término que el escrito de expresión de agravios del demandado no contiene los requisitos establecidos en el art. 253 del C.P.C. para ser considerado como tal, desde que sus formulaciones resultan ser vacías de contenido exteriorizando tan sólo, un disenso o expresión de deseos sin lograr rebatir eficazmente los fundamentos principales en que se apoya el aquo a la hora de emitir la interlocutoria atacada. Refuta a continuación los agravios de los demandados. Efectúa reservas constitucionales.-	En cuanto al tema propuesto por el actor y entrando al análisis de la expresión de agravios del apelante, he sostenido en anteriores oportunidades que, si bien, el Código ha eliminado la sanción de deserción del recurso por falta de fundamentación y cumplimiento en los requisitos formales y sustanciales de la expresión de agravios, la Instancia de Apelación no resulta una instancia de replanteo y revisión ordinaria, ( y este es el error conceptual y consuetudinario que advierto). En efecto, el artículo 262 ibid, determina con suma claridad el ámbito de incumbencia propio de la competencia en Cámara; prescribe la norma.El Tribunal examinará y resolverá las cuestiones de hecho y derecho sometidas a la decisión del Juez de primera instancia que hubieren sido materia de agravios.

Por tal razón, concluyo que, si la expresión de agravios que el Código determina en forma expresa en cuanto a sus recaudos formales no ha sido debidamente cumplida por el apelante, quien sólo se ha limitado a solicitar una nueva revisión del tema resuelto por el Juzgado a quo, o a ha dejado planteada tan sólo una mera disconformidad con lo resuelto, tal incumplimiento traerá aparejado indefectiblemente la desestimación total o parcial del recurso en tratamiento conforme resulte el caso. O dicho de modo positivo el Tribunal podrá admitir parcialmente el recurso o resolver su total rechazo.

No puede considerarse expresión de agravios a la reiteración de los argumentos ya vertidos al peticionar ante la instancia inicial y tampoco puede tan simplemente peticionarse al Tribunal ad quem la simple revisión de lo resuelto por el Juez Sentenciante por mera disconformidad del recurrente. (VOTO DEL DR. DANIEL OLIVARES YAPUR - AUTOS N° 118268 (3° JUZ. CIVIL) (SALA III 11022) "PUCHETA ELANA MARTHA C/CHIFFEL ROLANDO FRANCISCO Y OTROS - ORDINARIO - COBRO DE PESOS" (PROT. DE SENTENCIA T° I F° 99/103 AÑO 2013).-	Ahora bien, entrando al análisis del recurso traído a estudio diré en primer lugar , que más allá de la estructura que se le haya dado al proceso a fin de dirigir la acción intentada contra el demandado, nos encontramos frente a una acción ejecutiva por ser el título que se ejecuta uno de los enumerados en el art. 486 del C.P.C., por ello, en lo referente a los plazos de caducidad establecidos en el art. 274 del C.P.C., le es aplicable el de tres meses, inc. 2 ibid, es decir que el mismo se encuentra especialmente previsto en la norma legal.

Si bien la perención en primera instancia, como regla, corresponde sea deducida por el demandado, sostiene el art, 279 del C.P.C que "... salvo en los procesos de estructura monitoria en que podrá solicitarla el actor contra la oposición que se haya deducido". Ello por cuanto en tales procesos, donde se dicta una sentencia monitoria al inicio de la acción, se produce recién con la oposición a dicha sentencia la bilateralización del procedimiento, por ello la carga de instar el mismo, recae sobre quien intenta revocar la sentencia monitoria, es decir sobre el demandado.

Por otro lado, si bien es cierto que la recusación del magistrado no produce la paralización de la causa ni la interrupción de los términos procesales, si existe una suspensión fáctica del proceso no siendo procedente el dictado de providencias sin que los magistrados sean consentidos por todas las parte, ya que las misma serían inconducentes a los fines de la prosecución del proceso si obraran nuevas recusaciones, o excusaciones. Por otro lado, la simple remisión de los autos al juzgado de radicación definitiva, impediría la compulsa de los mismos por los profesionales, conculcando de esta manera su derecho de defensa. Por ello, una vez consentido por la totalidad de las partes del proceso, el mismo debe seguir con su curso normal, incumbiendo a quien tenga sobre si la carga procesal, efectuar los trámites o peticiones que sean pertinentes a los fines de la conclusión del litigio. De ahí que tomaré en consideración para el cómputo del plazo de perención, la fecha en que todas la partes consintieron al nuevo tribunal actuante y ello por cuanto no podría declararse la perención de la instancia cuando existan razones que escapan a la voluntad de las partes y que traen consigo una inactividad procesal, como en el caso de recusación o excusación de magistrados.-	Del análisis de las presentes actuaciones surge que el demandado, quedó notificado de la integración del Tribunal en fecha 05 de agosto de 2011, conforme surge de la cédula agregada a fs. 34, dicha providencia quedó firme el día siguiente al de su notificación, por aplicación de lo establecido en los arts. 14 y 17 del C.P.C., desde dicha fecha y hasta el día 12 de diciembre de 2011, más de tres meses, no obra actuación alguna del demandado que tenga por objeto hacer avanzar el proceso hacia su conclusión, por lo que la perención se encuentra cumplida.

En cuanto al segundo de los agravios y referido a la omisión del a quo de aplicar el art, 275 inc. 6°, por entender que correspondía al tribunal impulsar el proceso y no a su parte. Dicha norma no es aplicable al caso de autos atento que la causa no se encontraba en condiciones de ser fallada, ni existía obligación de tribunal de controvertir el proceso, en el caso la carga procesal del contradictorio se encontraba en cabeza del demandado, quien debió instar el mismo, tal como lo hizo en su presentación de fs. 31, donde solicitó se proveyera la sustanciación de la excepción, y que provocara el pedido de caducidad de instancia del actor..	Debió efectuar dicho pedimento, antes del vencimiento de término de la perención, para que el mismo provocara la interrupción del plazo de la misma. correspondiendo en consecuencia el rechazo de este agravio.-	Por lo dicho corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 59, imponiendo las costas de la presente a la demandada vencida.-	Regular los honorarios de los letrados intervinientes conforme lo establecido en el art. 800 inc. 10 del C.P.C. y 188 de la ley 2150 en el 30% de lo regulado a cada uno por el juez de Primera instancia esto es en la suma de pesos: Trescientos ($300) a favor del Dr. Carlos H. Cocco y la suma de pesos ciento ochenta ($ 180) a favor del Dr. Nicolás Fiorentino, todo ello de conformidad con el resultado de la presente.-	Por todo ello, se RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 59 contra la sentencia de fecha 27 de abril de 2012, la que se confirma en todas sus partes.

2) Imponer las costas de la presente a la demandada vencida, conforme lo establecido en los arts. 66 y 67 del C.P.C.

3) Regular los honorarios del Dr. Carlos H. Cocco en la suma de pesos TRESCIENTOS ($300) y los del Dr. Nicolás Fiorentino en la suma de pesos: CIENTO OCHENTA ($ 180) conforme lo establecido en los considerandos precedentes.-	Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.- Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257, penúltimo párrafo del C.P.C..-	FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. GULBERTO RIVEROS.. ANTE MI DR. CARLOS FERNANDEZ COLLADO - SECRETARIO-	PROT. DE AUTOS T° II-F° 390/393-AÑO 2013