Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-22


Salta, 22 de febrero de 2016.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "DIRECCION GENERAL DE RENTAS vs. RUTAS DEL NORTE S.R.L. - EJECUTIVO", Expte. Nº 474.710/14 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 3ª Nominación; Expte. Nº 474.710/14 de Sala y, C O N S I D E R A N D O I) Vienen los autos a la alzada a los fines del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 57, en contra de la sentencia de fs. 44/55, que hizo lugar parcialmente a la excepción de prescripción, con costas por su orden, y ordenó llevar adelante la ejecución en contra de Rutas del Norte SRL por la suma de $1485,03, en concepto de capital, más intereses, gastos e IVA, hasta su efectivo pago, con costas.

Al fundar el recurso (fs. 60/63), la recurrente se agravia porque la sentencia desconoce completamente la autonomía del derecho tributario, y que habiendo normas al respecto, resuelve la causa aplicando solamente el ordenamiento civil, causando un grave perjuicio a su parte; que conlleva a que la misma sea arbitraria e ilegítima, por cuanto hace caso omiso de la mencionada autonomía, violando sus derechos, al aplicar a una relación de derecho público entre estado-administrados, el derecho civil, equiparándola así a una relación entre particulares.

También se agravia en relación a que si bien la prescripción es un instituto del derecho público reglado por la ley de fondo en cuanto al término de cinco años, las provincias mantienen su potestad de regulación en tal sentido.

Señala también que el fisco no puede reclamar el cumplimiento de las obligaciones por el simple hecho de que el contribuyente no las ha declarado, o las ha omitido, o son inexactas, hasta tanto verifique la situación real, su parte se encuentra imposibilitado de su reclamo. Que es justamente en este caso donde el propio demandado ha dilatado el tiempo con sus planteos, con lo cual su parte se vio obligado a tramitar un proceso más extenso a fin de dar curso a sus peticiones.

Manifiesta que le agravia que en la sentencia se haya dado un tratamiento distinto al impuesto propiamente dicho y a la multa, sin dar un fundamento de tal distinción, colocando a su parte en inferioridad de condiciones, violando así la garantía constitucional del debido proceso.

Por ello la decisión del sentenciante es arbitraria, puesto que distingue donde la ley no lo hace provocando así una inseguridad jurídica, causándole un grave perjuicio. Solicita se haga lugar al recurso, con costas.

El traslado ordenado permaneció incontestado por la ejecutada, por lo que a fs. 73 se tuvo por decaído el derecho dejado de usar.

II) El tribunal de apelación está facultado para examinar la admisibilidad del recurso, pues sobre el punto no está ligado por la conformidad de las partes ni por la resolución del juez de primer grado, aun cuando se encuentre consentida.

Como órgano natural del recurso, tiene legitimación, entonces, para rever el trámite de primera instancia aun de oficio, revistiendo este examen el carácter de previo al tratamiento de la cuestión de fondo, teniendo en cuenta que la regla que determina la inapelabilidad de las sentencias y resoluciones en procesos en los que el valor cuestionado no supera un determinado monto, es de orden público (CNCiv., sala C, 13/02/96, LL 1996-C, pág. 162; Roberto G. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", ed. Astrea, t. 2, pág. 28 y sgtes.; CApelCCSalta, Sala IV, t. XXIII, fº 920; íd. fº XXXVI-I, fº 322; íd. t. XXXVIII-I, fº 32, entre muchos otros). Si -como ocurre en el caso-, se deduce un recurso sin que concurran todos los recaudos de admisibilidad, entre ellos, el referido a la cuantía mínima (art. 253 del CPCC y acordada 7741/96, modificada por acordada 11036/11), acarrea, no obstante su concesión, que la resolución que recayó en aquél cause ejecutoria, ya que resulta inapelable, debiendo, en consecuencia, declararse mal concedido (CApelCCSalta, Sala IV, t. XXXVI-S, fº 71; íd. fº XXXVI-I, fº 322; íd. t. XXXVIII-I, fº 32).

En tal sentido, se dijo que el límite de apelación fijado por el art. 253 del CPCC, reglamentado mediante acordada Nº 7741 de la Corte de Justicia de Salta ($500), y modificado por acordada Nº 11036/11 ($4000, monto vigente al momento de interposición del recurso), conforma un requisito de admisibilidad formal del recurso, y como tal debe ser considerado por la alzada, teniendo en cuenta que la regla que determina la inapelabilidad de las sentencias y resoluciones dictadas en procesos en los que el valor cuestionado no supera un determinado monto, es de orden público (CNCiv, Sala C, La Ley 1996-C, p. 162; CApelCCSalta, Sala IV, t. XXIII, fº 665).

En consecuencia, si el monto inherente a la cuestión traída a revisión a la alzada resulta inferior a lo establecido, la resolución es inapelable (CApelCCSalta, Sala IV, t. XXIX, fº 336/337; íd. t. XXXII, fº 412; íd. t. XXXV-I, fº 244; íd. fº 394, íd. XXXVI-S, fº 77, íd. fº XXXVI-I, fº 322; íd. t. XXXVIII-I, fº 32, entre otros). Se ha señalado que el fin de la limitación recursiva en razón del monto es agilizar los trámites de ciertos pleitos de menor cuantía, manteniendo la doble instancia para la generalidad (cf. CNCom., Sala B, 21/12/79, Rep. ED, 14-822, nº 64; ED, 87 - 193; CApelCCSalta, Sala III, año 2005, fº 73; íd. Sala IV, t. XXXVI-S, fº 77, íd. fº XXXVI-I, fº 322; íd. t. XXXVIII-I, fº 32, entre otros).

En el caso, la sentencia cuya revisión se pretende, hizo lugar parcialmente a la excepción de prescripción planteada por la sociedad ejecutada y ordenó llevar adelante la ejecución por la suma de $1485,03 en concepto de capital, con más intereses, IVA y costas (cfr. fs. 44/55), monto éste que de ningún modo podría superar el mínimo legalmente exigible para la admisibilidad del recurso, de lo que deriva la inapelabilidad del fallo impugnado. En virtud de lo expuesto, no cabe sino declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 57.

IV) Las costas en la alzada se imponen por su orden, al no haber mérito para ello, atento la incontestación del memorial (art. 67, segundo párrafo, CPCC).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) DECLARA MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto a fs. 57. Costas por su orden.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.