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Facultades de la administración, facultades jurisdiccionales, interpretación de la constitución, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Angel  Estrada y Cía. S.A. c/ resol. 71/96 - Sec. Ener. y Puertos (Expte. N° 750- 002119/96). s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

Si bien el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a órganos de la administración desconoce lo dispuesto en los arts. 18 y 109 de la Constitución Nacional, tales principios constitucionales quedan a salvo siempre y cuando los organismos de la administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por ley, su independencia e imparcialidad estén aseguradas, el objetivo económico y político tenido en cuenta por el legislador para crearlos (y restringir así la jurisdicción que la Constitución Nacional atribuye a la justicia ordinaria) haya sido razonable y, además, sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente.
Facultades del juez, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: A., A. y Otro c/ D.S., C.E. y/u Otros s/ Demanda Laboral -Haberes e Indemnización de Ley-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-06-10

"Tratándose de la investigación del derecho aplicable, las facultades del juez son absolutas y tanto que no estando ligado al derecho invocado por las partes, tiene el deber de investigar la norma que resuelva mejor la necesidades del caso y las exigencias de la justicia. En esta tarea, no puede ser excusa el que las partes no hubiesen llevado al juzgador el texto de la norma convencional colectiva aplicable , pues dicha norma es "derecho" y como tal es ingrediente necesario para arribar al objetivo mismo de la función jurisdiccional que es la justa composición de la litis".
Municipalidad, personal municipal, exoneración, ausencias injustificadas, prueba, certificado médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BLANCHE, JORGE AMILCAR c/ MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 76 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30

Desde antaño esta Corte ha destacado que, entre las formas sustanciales que la Administración debe observar como requisito previo de la aplicación de sanciones, está la de brindar una "razonable posibilidad de defensa" al particular, y aclaró expresamente que ello es así, "aunque no las consigne ningún texto legal".

Asimismo, que el derecho a ser oído y a producir pruebas de descargo constituyen "aspectos fundamentales de la garantía de la defensa". La ley 9.286 no establece trámite alguno previo al dictado del acto recurrido, pero se desprende del precedente "Schreter", que es necesario correr una vista al agente con anterioridad a la sanción expulsiva -aunque no la instrucción de un sumario como plantea el actor-.

En el sub lite, dicha exigencia debe tenerse por cumplimentada, desde que surge que, previo al acto de cesantía, el actor fue intimado por la autoridad administrativa al reintegro a sus tareas laborales haciéndole saber, además, que eran injustificadas las inasistencias en que había incurrido, intimación a la que el agente brindó respuesta haciendo referencia al desconocimiento por parte de la Municipalidad del certificado expedido por el Médico Psiquiatra que lo atendía -al que había recurrido siguiendo instrucciones del médico municipal y ello demuestra acabadamente que, en lo referido a la vista previa, tuvo la oportunidad del adecuado ejercicio de su derecho de defensa.
Seguros, póliza, interpretación del contrato, incapacidad laboral, incapacidad permanente, licencia por enfermedad, exteriorización de la incapacidad, Caja Nacional de Ahorro y Seguro
Materia: COMERCIAL - LABORAL
Carátula: VESPASIANI, MANILO JUAN c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-26

No es razón que baste para el rechazo del siniestro la circunstancia de que el actor no tuvo licencia por enfermedad, en forma ininterrumpida, durante los tres años anteriores al distracto por un lapso de seis meses. No escapa al ámbito de lo razonable que una persona que está cercana a obtener la jubilación ordinaria continué trabajando -muchas veces con la aquiescencia de su empleador- o manteniendo siquiera formalmente la relación de dependencia, a fin de alcanzar aquél beneficio pese a tener la salud quebrantada en proporción significativa. De allí que no siempre el goce de una licencia de seis meses por enfermedad aparezca como una condición sine qua non para admitir que una persona esta realmente incapacitada, como tampoco es indispensable -puesto que, en el caso, pudo alcanzar la jubilación ordinaria (por la razón que fuere)- acogerse a un beneficio previsional por invalidez para que esta en verdad exista. La Sala I, en un caso análogo, puntualizó que el art. 15 de las pólizas exige que la incapacidad "haya continuado ininterrumpidamente por seis meses", requisito cumplido por el actor con las consideraciones descriptas por el perito médico en su incuestionado dictamen. Por otra parte, la cláusula no dispone que la incapacidad se haya concretado durante la vigencia de la relación laboral. "Lo que persigue el dispositivo contractual, señalo el Dr. Pérez Delgado, es que se haya manifestado por un lapso suficientemente amplio que permita adquirir la certeza de su carácter permanente y no meramente transitorio" (cfr. Causa N° 6595/92, "Burian Candia, Casimiro R. C/Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/Cobro de Seguro", del 26.5.94). En efecto, no hay en la cláusula 15° de ninguna de las cuatro pólizas exigencia específica alguna sobre el otorgamiento de licencia por enfermedad y, por tanto, no hay razón jurídica que imponga sostener que esa interrupción del trabajo activo antes del distracto laboral condicione la procedencia del beneficio.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, facultades del juez, proceso judicial, personería, acreditación de la personería, poder general, copias, actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Orlandi y Cía. SRL c/ Radusso, Mario s/ Cobro de pesos. Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ¨es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario) Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ­es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1974-11-08

Si el Juez manda desglosar una pieza del expediente dejando copia autorizada, la falta de cumplimiento no se ha de traducir en nulidad del original ni restar eficacia al reservado en Secretaría o devuelto al interesado. Las sentencias rezan: "insértese" o "agréguense copia a los autos" (artículo 107, Código Procesal Civil y Comercial), pero el incumplimiento de tal orden de dirección judicial del proceso no produce la nulidad de la sentencia ni del acuerdo operado. (Del Voto del Dr. Luppi). En el caso, la cuestión a resolver es si la omisión de certificar la copia agregada a los autos del poder acreditativo de la personería del mandatario de un litigante, es por sí sola causa de nulidad de los procedimientos e inclusive, de la sentencia.
Asesor de menores, representación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M.M.C. s/ Incidente de disminusión de cuota alimentaria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

La merituación de todo tipo de contratación referida a menores, nos lleva ineludiblemente, a controlar la observancia del artículo 59 del Código Civil, que establece, con relación a los incapaces, que a más de sus representantes necesarios, son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación. A la luz del artículo mencionado, cuya sanción de nulidad reitera el artículo. 494, la homologación del acuerdo alimentario cuestionada, no se ajusta a derecho pues el acuerdo base que la madre suscribió, representado a sus hijos, independientemente que haya o no tenido principio de ejecución, no contó con la intervención del Ministerio de Menores, que tampoco prestó ulterior conformidad.
Competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "MOLINA   DE  RUBIO,  MARÍA  DEL  MILAGRO c/ A.N.Se.S.  y  otro s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-27

En la medida que los supuestos de competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de naturaleza excepcional e interpretación restrictiva (Fallos 286:237) no encuadren en la cuestión ventilada en autos, corresponde atenerse a la cláusula del convenio de transferencia que determina la competencia de la justicia federal con asiento en la provincia respectiva.
Empleados públicos, código penal, régimen disciplinario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: Pereiro de Buodo, María Mercedes c/ resolución 948  MAS s/ Apelación artículos 40 y 41 Ley 22.140
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Corresponde confirmar la sentencia que mantuvo la resolución administrativa por el cual se exoneró a un agente, considerando que los principios vigentes en materia penal no son de ineludible aplicación al procedimiento disciplinario administrativo en atención a las diferencias de naturaleza, finalidad y esencia existentes entre las sanciones disciplinarias y las penas del derecho penal.
Propiedad horizontal, daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, locatario
Materia: CIVIL
Carátula: Leivas, Néstor Alberto c/ Consorcio de Propietarios Calle Vera 432/36/40/48 s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

La circunstancia de que la guardia jurídica de una unidad en propiedad horizontal no estuviese en poder del titular por hallarse el departamento locado, sin perjuicio de las acciones que pudieren ejercerse contra el inquilino, no releva al dueño de la cosa de su responsabilidad frente a terceros (art. 1113 del C.C. ).
Contrato de trabajo, trabajadores rurales
Materia: LABORAL
Carátula: Maidana, Hugo Alberto c/ Bonvín, Carlos y otros s/ Cobro de pesos y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-02

Las tareas en la granja o en el molino de alimentos balanceados que se relatan como realizadas por el actor, se encuentran comprendidas en las que refiere la Resolución nro. 170/89 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y ninguna significación tiene que la supuesta empleadora, además de las granjas avícolas, explote un comercio en la ciudad en el que, entre otros productos, se vendan los producidos en las mismas, por cuanto ello constituye una actividad accesoria de la explotación avícola que es la principal y, principalmente, no puede tener incidencia en el encuadramiento legal de la relación que se denuncia, por cuanto las tareas que el actor detalla, no corresponden a la actividad del comercio citado sino que son exclusivas de la granja.

Por ello, el caso debe resolverse a la luz de las disposiciones del régimen del trabajo agrario -ley 22248- y, habiendo sido negado el vínculo laboral, se requiere la efectiva demostración de la relación de caracter dependiente, como así también la realización de tareas que por su forma o tipo evidenciaron una vinculación subordinada, debiendo confirmarse el fallo en crisis.
Indemnización por despido, asignaciones familiares
Materia: LABORAL
Carátula: Ortega, José Leopoldo c/ Tejeduría del Chubut s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1980-04-23

La ley 18017 es expresa al despojar a las asignaciones familiares de eficacia para el cálculo de las indemnizaciones por despido. La referida disposición, que recepta lo anteriormente establecido en los Dec-Leyes 7913-57 y 7914-57, cerró toda posibilidad de discusión doctrinaria sobre la naturaleza del llamado antes salario familiar y en la nueva organización asignaciones familiares.
Concursos, continuación de la empresa, cooperativa de trabajo, canon locativo, actualización monetaria, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Oropel c/  s/ quiebra s/ incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-04

Procede confirmar la resolución que dispuso la continuación de la explotación de la fallida en el inmueble de titularidad de ésta, pero sujeta a la condición de afrontar la contraprestación actualizada de los cánones locativos fijados en la anterior instancia -contemplando los bienes afectados y los intereses de los restantes acreedores, etc.-. Ello por cuanto, si bien en definitiva, los valores cuestionados por la Cooperativa tienden a facilitar el esfuerzo de los trabajadores para tratar de tener éxito en su emprendimiento, no puede desentenderse de las finalidades que son propias de este proceso. Más allá de que no puede obviarse la magnitud de la gravedad económica que afecta el país y que conlleva la depreciación constante de nuestro signo monetario, es más que claro que para la actualización de los citados cánones la magistrada contempló, por un lado, la carencia de réditos actuales de la recurrente y su plan de explotación y, por otro, los intereses que podrían representar para los restantes acreedores la decisión de mantener en marcha la empresa. Es que una mayor reducción del canon mensual fijado en la anterior instancia tornaría irrisorios los valores en compensación por el uso del inmueble y maquinarias "constituyendo un precio vil".
Sociedad irregular, disolución de sociedades
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cordero, Carlos Alberto c/ Hiriart, Reinaldo Omar s/ Disolución y liquidación de sociedad de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-25

Admitida por los litigantes la existencia de la sociedad y su carácter irregular, cualquier socio puede darle fin y los demás no pueden quejarse por ello pues cuando se unieron en comunidad sabían los riesgos que corrían.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-03

En nuestro sistema no hay derechos absolutos sino que todos deben ser ejercidos con arreglo a las leyes reglamentarias, indispensables para una ordenada convivencia.

En este ámbito la normativa constitucional es genérica, enunciativa de los derechos y principios que las leyes regulan para su ejercicio, las cuales -en la medida de su razonabilidad- no pueden ser impugnadas con éxito.

La relatividad del derecho de libre expresión no sufre mengua por el enunciado del art. 32 de la Constitución Nacional, pues este no veda la "reglamentación" sino la "restricción" y su finalidad específica -como surge de los antecedentes de la Comisión de 1860 y de lo dicho por Vélez Sarsfield- ha sido la reserva del tema a las jurisdicciones locales. El art. 32 C.N. tiene por objeto evitar que el tema de la libertad de imprenta sea regido por leyes federales y que, como consecuencia, quede sometido exclusivamente a la jurisdicción de los tribunales de esa índole.

No es dudoso que la libertad de expresión puede ser legítimamente reglamentada, con el límite del art. 28 de la Ley Fundamental, sin que las respectivas leyes -en tanto razonables- puedan ser consideradas como una restricción.

A lo que cabe añadir que, como regla, un acto estatal es irrazonable cuando implica el sacrificio inicuo de la persona humana a la sociedad política.
Pago por consignación, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Bellotti, Rodolfo Francisco y otro c/ Naife, José María y otro s/ Pago por consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-16

En tanto la actora no demuestre que el pago realizado en los términos de la ley 25.561 y del decreto 214/02 cumpliera el recaudo de integridad en los términos del art. 758 del Código Civil, corresponde rechazar la acción de pago por consignación (doctor SORIA, minoría).
Concursos, tasa de justicia, asistencia y salvamento, integración comercial, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: SP Argentina SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-03

Procede confirmar la resolución que intimó al concursado a abonar la tasa de justica en un plazo perentorio. Ello por cuanto, en los concursos preventivos la tasa de justicia debe abonarse al notificarse el auto de homologación del acuerdo -art. 9-b)- y, en caso de que ello así no ocurra, deviene razonable expedir un certificado de deuda, para no entorpecer la marcha de la causa, que ha de orientarse plenamente al cumplimiento del concordato (esta Sala; "Salvatum SA s/ concurso preventivo", del 14/08/00; íd. "Sucari Elias Martin s/ Concurso Preventivo", del 11/12/15). Ahora bien, en el caso, en este proceso se homologó el acuerdo preventivo obtenido en el marco de un procedimiento de salvataje (LCQ 48). En ese marco, de conformidad con lo previsto en la LCQ 48-7°, el tercero que obtiene el acuerdo en el procedimiento de salvataje no reemplaza a la sociedad concursada sino que adquiere la participación de los socios; es decir que ocupa el lugar de socio de la concursada. En conclusión, no puede ser el cramdista quien abone el tributo. Independientemente de la voluntad que pudiere tener de afrontar la obligación tributaria ya que es innegable que tiene interés legítimo como potencial accionista de la concursada.
Allanamiento domiciliario, impuestos, régimen penal tributario, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: EXPTE. 18263DISCO S.A. s/ Incidente de nulidad Causa 33705
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-30

1- La fundamentación de la orden por la que se dispone un allanamiento de domicilio (en una causa instruida por la presunta comisión del delito del Art. 1 de la Ley Penal Tributaria) es un recaudo indispensable establecido en la ley procesal, pero solo supone la existencia de razones de mérito para presumir la comisión de un delito y la existencia de cosas pertinentes al hecho en el lugar a inspeccionar (Del voto del Dr. Hendler).- 2- La providencia que dispone un registro domiciliario que se remite a la "seriedad y urgencia de los motivos invocados" cumple con los requisitos de fundamentación exigibles, en tanto fue dictada a pedido del Ministerio Público, quien a su vez se basó en la denuncia recibida de funcionarios de la Dirección General Impositiva (D.G.I.), en la que se explica claramente las razones que hacen sospechar una maniobra delictiva y se aportan datos y elementos de juicio convincentes (Del voto del Dr. Hendler).
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: PORTILLO HECTOR RAMON Y OTROS c/ INTERNATIONAL PINE PRODUCTS S.A. s/ C. DE PESOS (INDEMN.ANT., INDEMN. PREAV., S.A.C. Y OT.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-08-30

La gravedad de la falta cometida por el actor, al haber ingresado por una ventana para sustraer elementos que fueran secuestrados por la policía -acta de secuestro penal-, configura la conducta prevista por el art. 242 de la L.C.T. y da derecho a la demandada a considerar el distracto laboral por culpa de los actores.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Flores Patricio Daniel c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-14

Las Comisiones Médicas no son organismos jurisdiccionales y no pueden resolver como cosa juzgada el carácter laboral o no de un siniestro, o si se trata de una enfermedad profesional o no, o adjudicar un porcentaje de incapacidad. Sería una delegación de facultades jurisdiccionales prohibida (Voto Welp)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Flores, Félix María c/ Umeres, Diego Germán y otro s/ Daños y perjuicios Aguilar, César Oscar y otro c/ Apaz, Roberto Angel y otro s/ Daños y perjuicios Melana, Benigno Omar c/ La Independencia, Soc.An. de Transp. y otro s/ Daños y perjuicios Callegari de Pacheco, Sonia Noemí y otros c/ Matoso, Tufik s/ Indemnización por daños y perjuicios y beneficio de litigar sin  gastos Klein, Roberto Salvador c/ de Mello Cruz, Mario Luis, Expreso Lomas S.A. y contenedores Umerez s/ Daños y perjuicios Ruiz, Teófila c/ Municipalidad de Ensenada s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09|1996-02-27|1989-04-12|1993-04-06|1997-03-04|1999-08-24

La determinación del "quantum" indemnizatorio, en tanto es el resultado de circunstancias fácticas, constituye una cuestión de hecho reservada a los jueces de las instancias ordinarias que sólo puede ser revisada en casación cuando el recurrente demuestre de manera terminante que es el resultado de un razonamiento absurdo.
Debido proceso, allanamiento, aduanas, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: WOLLMAN, Alberto José s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-21

Si las actuaciones prevencionales cumplidas por la Aduana (arts. 23 y 1118 CA) se complementaron con la actividad jurisdiccional que aquélla no podía llevar a cabo -allanamientos-, la prevención tiene virtualidad para habilitar el inicio de los posteriores estadios del sumario, y si toda actuación a la que puede atribuirse ese carácter ha sido cumplida con la debida noticia del ministerio público se podría prescindir del requerimiento de instrucción, sin que pueda afirmarse que, en el caso, la actividad del Ministerio Público Fiscal quedara por completo desplazada, ni tampoco se viera comprometida la garantía del debido proceso legal y la defensa en juicio de la persona y de los derechos.
Responsabilidad del empresario, conducta temeraria
Materia: LABORAL
Carátula: P., A.E. c/ T.P. SA s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-05

Conducción temeraria es la practicada por aquel empresario que, con olvido o voluntario apartamiento de las reglas éticas y de la más elemental prudencia, arremete contra el orden lógico fiado de obtener resultados exitosos como producto de ese accionar extravagante. En esta noción aparece ínsita la idea de culpabilidad, mas el concepto no se agota en ella, en la mera imprudencia, impericia o negligencia, pues el legislador no nos remitió al simple estándar de la culpa; al emplear el adjetivo "temeraria" para calificar la conducción empresarial, aludió claramente a un plus sobre ese nivel básico.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad de la provincia, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez, Diego Daniel c/ Corrientes, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Es responsable la provincia demandada - art. 1113 segundo párrafo del Código Civil - del accidente ocurrido al caerse el cielo raso de una dependencia policial, si no se ha demostrado que la existencia de insectos que pueden corroer las maderas configure un acontecimiento extraordinario y que empleó todos los recursos a su alcance para evitar el alojamiento de los mismos.