Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-17


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 17 ........ días del mes de Mayo del año dos mil diez, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. Daniel Luis CANEO y asistencia de los Sres. Ministros Dres. Fernando S.L. ROYER, y José L. PASUTTI para dictar sentencia en los autos caratulados: "A., R. O. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa" (Expte. Nº 21.216- A- 2008), y atento lo dispuesto por la Acordada Nº 3204/00, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. CANEO, PASUTTI y ROYER.

Acto seguido se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión el Dr. CANEO, dijo: - I.- El Sr. R. O. A., promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia del Chubut, persiguiendo la nulidad de las Resoluciones Nº 253/07 PHL por la cual el Presidente de la Honorable Legislatura dispuso el 2 de Octubre de 2007 su cesantía en el cargo Jefe de Departamento Altas y Bajas de Planta Permanente, y de la Nº 125/07 HL, por la cual el Cuerpo aprobó la anterior. Pretende a resultas, la reincorporación en dicho cargo con más los haberes que se vayan ///devengando desde el 1º de Marzo de 2008 y hasta la efectiva reinstalación, con más intereses a tasa activa y costas.-- Hace expresa reserva de Caso Federal con invocación del derecho a la estabilidad del empleado público, protección contra el despido arbitrario y de propiedad.

Aduce que los actos administrativos impugnados han sido fundados en una falsa causa desde que le imputan haber incurrido en inasistencias a su lugar de trabajo sin justificar y abandono de servicio de conformidad a lo establecido en el artículo 12º incisos 1) y 2) de la Resolución Nº 142/03 HL, cuando en realidad -alega- se encontraba comprendido en el art. 25º de la Resolución Nº 77/89 HL -Régimen de Licencias- porque hasta el 30 de Septiembre de 2007 "detentaba un cargo de representación" como Consejero titular del Claustro Docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas con sede en la ciudad de Comodoro Rivadavia, lo que -dice- era conocido por el Sr. Presidente y los Secretarios de la Honorable Legislatura.-- Comenta que el 1º y 30º de Agosto de 2007 solicitó formalmente la extensión de la licencia sin goce de haberes por desempeño de cargo de representación, para lo cual notificó los motivos por los cuales no prestaría servicios y la fecha en que habría de reintegrarse.

Asevera A. que dicho cargo es equiparable a "cualquier otro cargo de representación política o gremial" (fs. 29 vta.) nacional, provincial o municipal, por tal motivo -se agravia- con la medida extrema el Sr. ///Vicegobernador ha violentado el art. 249º 3er. párrafo de la Constitución Provincial, aplicándole -dice- una cesantía directa bajo causales infundadas. Porque si bien la Administración posee facultades discrecionales, las mismas -razona- deben ejercerse considerando los antecedentes y documentación ya que la razonabilidad con que se practican, le otorga validez a los actos de los órganos estatales. Cita a CASSAGNE para fundar sus dichos.- En el Apartado 5 del escrito inicial, relata los hechos de la causa. Narra que el 14 de Septiembre de 2005 fue electo Consejero Titular por el Claustro Docente para integrar el Consejo Directivo de la Escuela Superior de Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (en adelante UNPSJB) con Sede Comodoro Rivadavia, aclarando que era un cargo no remunerado. Advierte que se produjo un cambio de autoridades, y se abocó a diagramar un proyecto sustentable para la transformación de la Escuela de Derecho. Explica que por incompatibilidad en razón de la distancia para reintegrarse a sus labores, solicitó asignación de funciones en la Defensoría del Pueblo con asiento en aquella ciudad. Justifica que al ser un Organismo con asignación presupuestaria del Poder Legislativo, reunía los recaudos establecidos en el art. 33º y tenía además anuencia de ambos Defensores. Recuerda que con esa solicitud, en subsidio, pidió se le otorgue licencia sin goce de haberes, con reserva de cargo y hasta el término de su mandato, conforme el art. 25º del Régimen de Licencias, para lo que adjuntó la documentación respectiva.

///-Refiere que el 8 de Febrero de 2006 por Resolución Nº 26/06 P-HL se le otorgó licencia sin goce de haberes a partir del 1º de febrero de ese año y mientras dure el mandato en el cargo de Consejero Titular. Explica que los Considerandos de ese acto indicaban ".de conformidad a lo establecido en el Capítulo V de la Resolución Nº 77/89.el art. 25º., si bien el cargo de Consejero en el ámbito docente, no es incompatible en razón de la materia, con el desempeño de sus funciones en esta Honorable Legislatura del Chubut, sí es incompatible.en razón del territorio." (fs. 30 vta.). Subraya A. que el precepto mencionado indica que, en caso de plantearse incompatibilidad, el agente tendrá derecho a usar licencia sin goce de sueldo por el término que dure su mandato, debiendo reintegrarse a su cargo administrativo dentro de los 30 días subsiguientes al término de las funciones para las que fuera electo.- Insiste en que dicho cargo resulta equiparable al ejercicio de uno "político o sindical, contando en consecuencia con la debida tutela" (fs. 30 vta.) como mecanismo de protección. Ésta -explica- ampara a ciertas personas que desarrollan la actividad de posibles abusos, impidiendo que se los suspenda, despida o modifiquen sus condiciones de trabajo mientras dure su mandato, posibilitándoles su reintegro y protegiéndolos contra el despido hasta un año después de finalizado aquél. Comenta que en la faz privada así surge de las Leyes Nº 23551 y 20744, insistiendo en que esa inmunidad es receptada por el art. 249º de la Constitución Provincial, con más la garantía del empleo público -art. 14º bis CN-.- ///-Menciona que el 28 de Agosto de 2006 se logra la transformación de la Escuela Superior en Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB, día en que la Asamblea Universitaria -recuerda- emite la Resolución Nº 001/06 donde fija un plazo de tres años de normalización institucional y prevé que el Consejo Académico Normalizador renueve su integración en Septiembre de 2007, prorrogando los mandatos de los miembros del Consejo Directivo modificando su denominación. Destaca que la Res. Nº 21/06 que le acordó la licencia sin goce de haberes, en su artículo 2º, establecía que la autorización para hacer uso de la licencia "política" era ".a partir del 1º de febrero.mientras dure el mandato en el cargo de Consejero Titular por el Claustro Docente del Consejo Directivo de la Escuela de Derecho.". Aduce que se trató "de una Resolución con fecha abierta." (fs. 31) y que anoticiada la Legislatura de la nueva situación continuó con licencia sin goce de haberes por desempeño de cargo de representación desde el 1º de Octubre de 2006 al 31 de Enero de 2007, no emitiéndose acto administrativo por ese plazo.- Justifica A. que por diversos motivos, una vez designado el Decano Normalizador -Dr. I.- solicitó por nota al Sr. Presidente de la Legislatura la adscripción de quien ahora acciona, para cumplir funciones como Coordinador Administrativo en esa Facultad. Ello motivó -explica- una serie de llamados telefónicos y una reunión en la que además de los nombrados estuvo presente el Diputado T., donde a modo de colaboración de la Provincia con la Facultad se convino su adscripción, la cual sería remunerada por la Legislatura ante la falta de presupuesto de aquélla. Así el 8 de Febrero de 2007 el Sr. Vicegobernador ///dicta la Resolución Nº 35/07 PHL otorgando la adscripción, explicando en sus considerandos que ".la referida adscripción se encuentra motivada ya que el agente A., como integrante del Consejo Académico Normalizador por el Claustro Docente (lo subraya) ha sido propuesto para cumplir funciones como Coordinador Administrativo en la Facultad de Ciencias Jurídicas." (fs. 31 vta.). Esgrime el accionante que ese día reconoció la Provincia demandada "mi calidad de Consejero de representación del claustro indicado". Comenta que la adscripción se extendería por 6 meses, con opción a una prórroga por idéntico plazo -según Res. Nº 142/03- lo cual si bien no quedó plasmado en el acto administrativo -añade- ".sí se habría acordado en la reunión antes indicada".

Cuenta que el 1º de Agosto de 2007, luego de un "contacto telefónico" mantenido el día anterior con el responsable del Departamento de Personal quien le expresó que no sabía si se le extendería la adscripción, envió nota al Presidente de la Legislatura solicitando formalmente la misma, con invocación del punto 2) del art. 32º de la Res. Nº 142/03. Destaca que sabiendo que es "exclusiva facultad" del Vicegobernador conceder, limitar o prorrogar las adscripciones, en la misiva indicó ".De no resultar procedente, solicito a Ud., se me otorgue licencia invernal 2007 a partir del 1º . y hasta el 14 de Agosto de 2007 inclusive y licencia anual proporcional del cte. año a partir del 15 de Agosto., para continuar usufructuando luego licencia sin goce de haberes hasta el término del mandato de Consejero Académico de la Facultad de Cs. Jurídicas, ///conforme los antecedentes obrantes con la Res. Nº 21/06P.HL". (fs. 31 vta. "in fine").- El 6 de Agosto es sorprendido -según expone- por la Carta Documento (CD) Nº ******** AR, que extemporáneamente -afirma- le notifica la obligación de reintegrarse a prestar funciones el 1º de Agosto de 2007, siendo recepcionada -recuerda- conjuntamente con la CD Nº ********* AR que respondía la misiva enviada por el accionante, informando ".se deja expresa constancia que respecto a su solicitud del otorgamiento de la licencia invernal 2007, licencia proporcional del corriente año y la licencia sin goce de haberes hasta el término de su mandato, .se encuentran denegadas por razones de servicio, sin perjuicio de tener presente la solicitud, para la oportunidad en que las circunstancias y la organización interna de la Legislatura posibiliten su otorgamiento.".

Relata A. que tuvo luego una conversación telefónica con el Sr. Secretario Habilitado -Dr. M. Z.- y un encuentro con el Diputado K. para que tomaran intervención en el tema, pues ambos -explica- tienen cargos docentes en la Facultad.

Alude que el 30 de Agosto de 2007 se presentó en el Dpto. de Personal de la Honorable Legislatura, donde una empleada administrativa le expresó que no tenía conocimiento de la decisión que se adoptaría y que su Legajo Personal se encontraba en la Secretaría Habilitada, motivo por el cual dejó una Nota en Mesa de Entradas que decía ".en virtud de ///encontrarme desempeñando un cargo electivo de representación correspondiente al Claustro Docente., con vencimiento de mandato conforme Res."AU" 01/06 el 30 de Septiembre de 2007, lo cual se encuentra debidamente acreditado ante dicha Institución, he de reintegrarme a mis funciones en dicho Poder el día 1º de Noviembre de 2007, en el horario habitual." (fs. 32 vta.). Especifica que como respuesta, el día 3 de Octubre de ese año, ".sólo restando veintiocho días para el reintegro a mis labores."-se agravia-, se me notifica la cesantía dictada por Resolución Nº 253/07 PHL por CD Nº *********AR.

Comenta el actor que la comunicación tenía serios vicios de procedimiento, motivo por el cual remitió CD Nº ******* del siguiente tenor ".A vuestra .CD.rechazo por improcedente, temeraria y maliciosa. Ambas resoluciones Nº 253/07 PHL y Nº 125/07, devienen nulas de pleno derecho en atención a lo prescripto por los arts. 33º inc. c) y 34 del Dto. Nº 1464. También deviene nula la notificación en atención a que se ha ignorado .el art. 61º del Dto. indicado supra. Existe una clara discriminación y animosidad de vuestra parte para con mi persona toda vez que me encuentro comprendido por el art. 25º de la Res. 77/89 HL. hasta el día 30 de Octubre de 2007, en virtud de estar desempeñando un cargo de representación por el Claustro Docente de la Facultad de Cs. Jurídicas con vencimiento de mandato el 30 de Septiembre de 2007 situación de la cual Ud. tiene pleno conocimiento y cuenta con los antecedentes y documentación que acredita mi designación. En consecuencia, no están dadas las causales para aplicar la sanción de cesantía en forma directa ya que no he incurrido en inasistencias sin ///justificar ni en abandono de servicio (art. 15º), incurriendo Ud., en una clara inobservancia del Cap. VII - Sanciones Disciplinarias de la Res. 142/07- rayano en el abuso de autoridad, pretendiendo coartar y cercenar mi derecho de representación. En consecuencia, INTIMO..que en el término de 24 horas de recibida.subsane el grave error cometido, anulando el acto. Por otra parte, atento a la deficiente notificación, habiéndome presentado el 5 de Octubre ante la Dirección de Recursos Humanos ., fui privado de tomar vista de mi Legajo Personal.y tampoco se me entregó copia de las aludidas Resoluciones., razón por la cual.solicito .remita copia certificada de ambos instrumentos a efectos de tener cabal conocimiento de las presuntas faltas que indebidamente me ha imputado.garantizando mi derecho de defensa.no existiendo instancia administrativa superior, y conforme el art. 22º de la Res. 142/03, téngase con la presente por cumplidas las pautas del art. 99º del Dto. 1464 considerándola como inicio de la reclamación previa -art. 138 Dto. Nº 1464-." (fs. 32 vta./33).

Contestó la Honorable Legislatura, el 11 de Octubre de 2007 por CD Nº ******* AR, afirmando el accionante que "...maliciosamente, en los Considerandos de dicha Resolución se hace referencia a que las intimaciones y notificaciones materializadas a través de cartas documentos por la Administración en ninguna oportunidad fueron contestadas, lo cual no es cierto... notas presentadas el 1°... y 30 de Agosto de 2007, la última cuenta ...con el sello de recepción por Mesa de Entradas"... (fs. 33). Señala que tampoco es cierto que no se hubiera presentado por ante el Departamento de Personal, donde laboró durante aproximadamente veinte ///años, pues ingresó el 1° de Enero de 1984, mencionando que cuando lo hizo ".no tenían una definición a mi situación."; no obstante -acusa- tenían pleno conocimiento de su reintegro al término del mandato.- Advierte A. que en base a falsos fundamentos fue sancionado directamente con cesantía, cuando -según afirma- ".no correspondía hacerlo."; justificando que había informado y notificado su situación, encontrándose amparado en el art. 25º de la Resolución N° 77/89 HL. Ello "ameritaba" -opina- que el Poder Legislativo decidiera "...en estricto apego a la buena fe en relación empleador-empleado" el dictado del acto prorrogando la licencia sin goce de haberes hasta el 30 de Septiembre de 2007" (fs. 33 vta.), de lo contrario -considera- debió instar un sumario administrativo para otorgarle derecho de defensa, acorde a lo prescripto en la primera parte del art. 15° de la Resolución N° 142/03HL y por aplicación del art. 249° de la Constitución Provincial.

Manifiesta que el 19 de Octubre de 2007 dedujo revocatoria contra ambas resoluciones, alegando que los argumentos que dieron origen a la Resolución N° 26/06 P-HL no variaron y además que "...siendo dicha licencia un derecho ..., no resulta facultad del administrador denegarla,. se debe otorgar siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas. ...cercenar este derecho,...resulta ser un grave error del administrador, rayano en el abuso o desviación de poder, lo cual tornaba el acto así emitido en anulable..." ( fs. 33 vta./34).

///-Comenta un artículo periodístico del 18 de Diciembre de 2007 en el cual el Sr. Gobernador de la Provincia refería a la necesidad de "...limitar, terminar con los beneficios y los privilegios" (fs. 34) en expresa mención a los cargos de la Administración Pública Provincial que son reservados por razones políticas. Del cual infiere "...tal como lo afirmara el titular del Poder Ejecutivo... no es facultad del Administrador coartar el derecho de hacer uso de las licencias que se soliciten por desempeño de cargo de representación, simplemente debe acordarlas... por ello se está evaluando su limitación por ley" (fs. 34). Reitera que ese derecho fue receptado por el art. 25° de la Res. 77/89 HL, fijando -estima- como único recaudo para su concesión la obligación de acompañar la documentación que acredite el carácter invocado sin establecer con qué anticipación debe ser solicitada.

Expone que el 8 de Noviembre se rechazó el recurso presentado siendo notificado de ello por CD Nº ******** AR poniéndose a su disposición el Dictamen N° 03/07 AL donde -acusa- se interpretó parcialmente el Régimen de Licencias y de Estabilidad, Derechos y Obligaciones, ambos de los agentes del Poder Legislativo.-- Critica que la Asesoría Legal "se sorprenda" de que A. pretenda gozar de licencia invernal y anual rentada, pues es un derecho que otorga la ley, lo que considera un claro desconocimiento de los arts. 3°, 4° y 8° del Régimen de Licencias. Cuestiona el accionante "...Por qué razón debo renunciar a un derecho que la normativa me acuerda como personal legislativo?..."; insistiendo que "...ante mi solicitud... efectuada el 1° de Agosto... no cabía otra posibilidad que, de denegar las licencias rentadas ///adeudadas, se extendiera por un nuevo acto administrativo expreso la licencia sin goce de haberes hasta el término de mandato en virtud de que estaba debidamente acreditada mi designación como representante del Claustro Docente de la Facultad de Cs. Jurídicas." (fs. 34 vta.).- Interpreta el dictamen de la Asesoría e itera, transcribiendo el 2do. párrafo de los Considerandos de la Resolución N° 35/07P-HL, que la Administración tenía "pleno y total conocimiento" de su carácter de representante del claustro docente con el que fundó ese acto, contando con documentación respaldatoria que -añade- "...maliciosamente luego dijo desconocer antes del mes de Agosto de 2007" (fs. 35). Sostiene el actor que si hubiesen tomado conocimiento de esa documental recién en Agosto de 2007, tampoco correspondía aplicar la cesantía con fecha 2 de Octubre de ese año, esgrimiendo que al fundar la sanción en "inasistencias sin justificar y abandono de servicio" del art. 12 de la Resolución N° 142/03 HL, ello determina que la causa del acto sea falsa.-- En el Acápite 6. HABERES DEVENGADOS del libelo introductorio, manifiesta el accionante que desempeñaba un cargo de "gestión política" en la Facultad de Ciencias Jurídicas tarea que finalizó el 29 de Febrero de 2008. Por ello -indica- de hacerse lugar a la demanda con la consecuente restitución a su cargo, pide se le abonen los haberes que se vayan devengando a partir del 1° de Marzo de 2008; asimismo, aclara que cuenta con 48 años de edad y con veintiséis años de aportes al ISSyS sin haber sido objeto de sanción disciplinaria alguna a lo largo de su carrera, para ///destacar los perjuicios que la "extrema e irrazonable medida" dispuesta le ha provocado en la faz personal y laboral.

Funda el derecho que le asiste en las Resoluciones N° 77/89 y 142/03 ambas de la Honorable Legislatura, Ley N° 920 y art. 249° de la Constitución Provincial y los arts. 14 bis y 17 de la Nacional. Reitera reserva de vía federal y ofrece pruebas.- II.- Ordenado y corrido el traslado a la Provincia del Chubut, contesta a fs. 117/124; advertido el error de tipeo que presenta este escrito de contestación, adjunta nueva copia la accionada a fs. 133/140. Solicita el rechazo de la pretensión y desconoce la documentación mencionada por el actor que no sea objeto de expreso reconocimiento (art. 356° del CPCC).

Luego de la negativa genérica que es de práctica, la Provincia demandada niega expresamente la procedibilidad de la acción promovida; que corresponda declarar la nulidad de las Resoluciones cuestionadas y en consecuencia que deba reinstalarse al Sr. A. en el cargo que ostentaba y menos adeudar haberes devengados desde Marzo de 2008. Rechaza que el acto estuviera fundado en una falsa causa o incurriere en irregularidades, o no estuviera dictado encuadrado en normativa alguna o que los hechos alegados por la actora se hallaren debidamente acreditados. Es falso -dice la accionada- que el agente haya sido ilegítimamente cesanteado, que los cómputos realizados por la parte actora acerca de cuándo debió comenzar a cumplir sus labores sean correctos; que sus inasistencias hayan sido justificadas; que la Honorable Legislatura no haya tenido buena voluntad ///en estos últimos 8 años, en los cuales el agente -explica- estuvo adscripto o con "licencia política" y no en el cargo para el que fue contratado; que se hubiese acordado oralmente concederle seis meses más de licencia al término de la adscripción otorgada hasta Julio de 2007. Niega que el rechazo de la solicitud de licencias por razones de servicios configure un abuso o desviación de poder; que A. haya rechazado o contestado alguna de las Cartas Documentos enviadas para que retome tareas a partir del 1° de Agosto de 2007, que se hubiera violentado en algún momento el debido proceso y que resulten atendibles las apreciaciones que efectúa el actor en torno al acto cuya nulidad pretende.- En el Apartado III.1-REALIDAD DE LOS HECHOS- menciona los dichos de A. intercalando su propia postura. Así señala que cuando el actor detalla las resoluciones que impugna omite mencionar que en los últimos 8 años no cumplió las funciones del cargo Jefe de Departamento Altas y Bajas de Planta Permanente de la Honorable Legislatura, que la génesis de la Resolución N° 21/06 nace con la nota de pedido de adscripción y/o subsidiariamente de licencia sin goce de haberes, donde se comprometía a presentar el certificado expedido por la Junta Electoral de la UNPSJB.

Acompaña esa documentación con el escrito de conteste del cual expresamente surge "...ejerciendo dicho cargo desde Octubre de 2005 a Octubre de 2006..." (fs. 134) de lo que deriva que la licencia no fue otorgada con fecha indeterminada, lo que estaba -aduce- en pleno conocimiento del actor.

///-Esgrime la demandada que el accionante refiere "...que se le acordó licencia "mientras dure su mandato" siendo la Resolución N° 21/06 abierta..." (fs. 134 vta.) y haber mantenido conversaciones telefónicas con L. y luego haber sido sorprendido por el rechazo de la solicitud de licencia. Pero -acusa- nada de esto aconteció de esa manera. Indica que la notificación del 1º de Agosto de 2007 se le intentó entregar y A. no estaba, dejándose el aviso respectivo; subrayando lo "extraño y casual" es que el 31 de julio envía nota por fax solicitando se le conceda Adscripción o Licencia mientras -alega- venía sosteniendo no estar anoticiado del contenido de la Carta Documento que recepcionó el 6 del mismo mes y año.

Enfatiza que en su nota el actor solicita que de no otorgársele la prórroga a partir del 31 de Agosto del 2007, se le conceda licencia invernal, anual para luego continuar gozando de la licencia sin goce de haberes, con ello se pregunta "...si A. entendía que su licencia política sin goce de haberes estaba vigente, por qué solicita previamente las licencias invernales y las proporcionales anuales?...(fs. 135); de la propia conducta del accionante -razona- surge que ".A. sabía con certeza que su licencia sin goce de haberes otorgada mediante Resolución N° 21/06, había expirado por su plazo... luego se dictó la Resolución N° 035/07PHL de adscripción, circunstancia por la que se deduce... que la licencia sin goce de haberes había fenecido... y argumenta "...un agente no puede jamás estar con dos condiciones de revista..." (fs. 135). En síntesis -aclara- no se puede estar con licencia en condición pasiva para el empleador, y luego ///pasar a condición activa por la adscripción remunerada, y al vencer el plazo de ésta "pretender" seguir gozando de una licencia cuyo plazo había expirado. Además -explica- había quedado sin efecto por el dictado de un acto administrativo posterior, el de la adscripción.--- Destaca que, si bien la fecha en que resultó notificado es el 6 de Agosto de 2007, la conducta que debió desplegar en muestra de su buena fe quien ahora acciona, es la de concurrir a trabajar y esperar la respuesta a su pedido en ejercicio de sus funciones, y no -acusa- "de la manera errónea que procedió". Así -manifiesta- el 3 de Octubre fue notificado de la sanción aplicada por Resolución N° 253/07 P-HL, la que fue luego aprobada por la Cámara por Resolución N° 125/07 HL.- En el Apartado III.2 "Motivación del Acto Administrativo y su necesaria consecuencia" defiende la Provincia la legalidad de los actos cuestionados.

Detalla que el Expediente Administrativo N° 85/07 HL -que acompaña- contiene los antecedentes que sirvieron de base para la emisión de aquéllos, expresando que en él la Resolución encuentra causa y justificación.- Funda que los Considerandos de la Resolución N° 253/07 evidencian que el accionante fue fehacientemente notificado para que el 1° de Agosto retome sus labores en la Legislatura Provincial como dependiente de la misma, en razón -justifica- de la última adscripción que se le había ///concedido por la Res. N° 35/07 PHL, según CD Nº ******* AR. Reitera que en la nota cursada vía fax por A. del 31 de Julio de 2007 solicitaba una prórroga de su adscripción, pero además -subraya- para el supuesto de que no prosperara, pedía el otorgamiento de licencia invernal del 1° al 14 de Agosto de 2007 y además licencia anual proporcional de ese año, a partir del 15 de Agosto, para luego continuar gozando de licencia sin goce de haberes hasta el término de su mandato. Advierte que por la CD ****** del 1° de Agosto de 2007, la Legislatura le otorgaba la debida respuesta al agente, ratificando su anterior CD Nº ****** AR, señalando asimismo que "...las licencias solicitadas... se deniegan por razones de servicio, se las tendrá presentes para el momento en que las circunstancias y organización interna de la Legislatura las posibiliten..." (fs. 136).- Asimismo la misiva enunciaba "...sírvase la presente como fehaciente intimación a prestar sus labores bajo apercibimiento de iniciar los descuentos correspondientes y aplicar las sanciones disciplinarias pertinentes..." de ello deriva que "...el propio ex agente fue quien, a través de la falta de contestación y rechazo de las intimaciones materializadas con las citadas cartas... dio motivo suficiente para el operar de la Administración" (fs. 136).-- Cuenta que, constatadas por el Departamento de Personal y Recursos Humanos las inasistencias injustificadas del accionante, se procedió a retener el pago de los últimos siete días del mes de Agosto y el mes de Septiembre de 2007.-- ///-Argumenta la Provincia, que frente a los límites fijados legalmente y dadas las circunstancias fácticas como la finalización de la adscripción, las ausencias injustificadas del agente y las reiteradas intimaciones cursadas, debió ineludiblemente aplicar la sanción de Cesantía, de conformidad a lo prescripto en los arts. 12 inc. 1, 2 y 15 de la Resolución N° 142/03 HL.-- Frente a la inexcusable indiferencia -acusa- evidenciada por el actor de retomar sus funciones, el 31 de Agosto el Departamento de Personal y Recursos Humanos informó sus inasistencias; elaboró uno nuevo el día 10 y otro el 19 ambos de Septiembre de 2007, comunicándose la situación al sector contable para que procediera al descuento respectivo y a la Secretaría Habilitada exponiendo que A. había incurrido en diecinueve días consecutivos de ausencias sin justificar. Cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el que justifica la retención de haberes referida.

Reitera nuevamente las circunstancias de hecho que dieron motivo a la cesantía dispuesta, la que encuadra en la normativa ya mencionada. Añade que el acto cuestionado por la parte actora no contiene los vicios que ésta le endilga, destacando que no se aparta de la realidad fáctica ni del marco jurídico de estricta aplicación a la situación configurada. Contradice el argumento de A. referido a que la Resolución N° 21/06 era "por tiempo indeterminado" señalando los dichos de A. en la demanda que reza "...Sr. Presidente, no se trata de discutir si la Resolución N° 21/06 ha recobrado vigencia, desde ya le digo que no..." (fs. 137 vta.) acreditando -añade- la postura de esta parte. Además, cuando refiere a que su mandato finalizaba el 31 de Septiembre de 2007, tampoco debe ///considerarse ello, pues -acusa la Provincia- por su propia voluntad se presentó a solicitar licencia o prórroga de la adscripción, de ello colige que el hoy actor "...daba por extinguido el plazo para presentarse, y no quedando otra alternativa más que presentarse a cumplir con sus labores, y con pocas ganas de ello, es que intenta cualquier artilugio para no cumplir con las obligaciones contraídas con la administración" (fs. 138).-- A continuación -en el punto III.3- estima "imperioso" mencionar el "historial laboral" del actor como dependiente de la Honorable Legislatura. Porque a partir de Marzo de 2000 -destaca- fue adscripto a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia; el 12 de Enero de 2004 el Intendente de esa ciudad solicitó la prórroga de aquélla por el desempeño como responsable de la Oficina de Defensa del Consumidor, prorrogándose su permanencia allí hasta el mes de Septiembre de 2004. El 17 de Enero de 2005 el propio actor requirió una licencia sin goce de haberes a partir del 1° de Febrero de ese año para continuar con su cargo en la Municipalidad de la ciudad mencionada, la que fue autorizada desde esa data y hasta el 31 de Enero de 2006. El 8 de Febrero de 2006 se otorgó "licencia política" por la comentada Resolución N° 21/06 indicando "mientras dure el mandato de Consejero Titular del Claustro Docente del Consejo Directivo de la Escuela de Derecho de la UNPSJB, el cual expiró el 1° de Octubre de 2006" (fs. 138). Luego por Resolución N° 35/07 (del 8/2/07) se autorizó la adscripción en carácter de Coordinador Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas, donde se dejó expresa constancia -observa- de que la misma tendría una vigencia de seis meses a ///partir del 1° de Febrero de 2007 "...venciendo...el 31 de Julio de 2007" (fs. 138 vta.).- Con la descripción efectuada, hace manifiesto la Provincia accionada que el actor desde el año 2000 viene haciendo uso de adscripciones y licencias sin goce de haberes para desempeñar cargos políticos o de representación, ello -subraya- refleja la buena fe y amplia voluntad del empleador, que alternadamente abonaba salarios más cargas sociales teniendo que "prescindir de él"; esgrimiendo ".siempre se mostró voluntariosa para con el actor, y ...en ninguna oportunidad cercenó el derecho que poseía como dependiente" (fs. 138 vta.). Contrariamente -opina- el Dr. A. como letrado debe conocer "más que nadie" como se desenvuelve una relación laboral, el juego armónico de las contraprestaciones que administrador y administrado se deben mutuamente, exponiendo que la Administración durante siete años no ha recibido prestación alguna de su parte, quien además, considerando siempre el fin último del Estado, debe evaluar la conveniencia en otorgar las licencias o no.

A continuación, hace mención al carácter discrecional de la actividad administrativa disciplinaria, cita dictámenes de la Procuración del Tesoro Nacional y precedentes de esta Sala para abonar su postura, alegando que "...el modo adoptado por el actor, es palmario del abuso de derecho en el que incurre de manera desmedida el mismo" (fs. 139 in fine).

///-Concluye diciendo que si bien A. manifiesta que la Honorable Legislatura ha tenido una actitud de mala fe, no obstante -argumenta- es el accionante quien, al ser requerido para que cumpla la función para la que fue designado originariamente, ".realiza una verdadera zancadilla al principio de la buena fe...que debiera primar en las convenciones que signan las partes" (fs. 139 vta.).

III.- La prueba documental aportada por el accionante consiste en: cuatro (4) Notas datadas el: 17 de Enero de 2005 (fs. 28), 31 de Enero de 2006 (fs. 25), 31 de Julio de 2007 (fs. 18) y 30 de Agosto 2007 (fs. 14); Copia certificada del Acta de proclamación (fs. 26/27); siete (7) Cartas Documento (fs. 4, 5, 8 a 13); copia simple del artículo periodístico del 18 de Diciembre de 2007 (fs. 3). Completa ello, la documental que la demandada acompañó, conjuntamente con la ofrecida por el actor en su poder y que le fue requerida a fs. 37: copia certificada de ocho (8) recibos de haberes de A. (fs. 62/69); copia fiel de las Resoluciones N° 038/05 P.HL (fs. 70); N° 21/06 P.HL (fs. 72); N° 35/07 P-HL (fs. 77/78); N° 253/07 P.HL (fs. 82/84); N° 295/07 P.HL (fs. 85); N° 330/07 P.HL y de la N° 125/07 de la Honorable Cámara; a fs. 89/116 se incorporó copia certificada del Expte. Administrativo N° 085/07 H.L..

Se produjo prueba confesional del actor (fs. 194 y vta.), informativa y testimonial.-- IV.- A fs. 199/200 y vta. alega la Provincia demandada, dándose por decaído el derecho de la parte actora a fs. 201.

///-V.- De conformidad a lo prescripto en el art. 16 inc. 4 d) de la Ley V N° 94 (antes Ley N° 5057, modificada por Ley N° 5810) se giran los obrados al Sr. Procurador General, quien se excusa por las razones brindadas a fs. 202. En consecuencia, a fs. 206/208 corre agregado el Dictamen N° 113/09 del Procurador General Adjunto.

El Magistrado, luego de una reseña de la pretensión y de los antecedentes fácticos y normativos sobre los que controvirtieron las partes, sintetiza su opinión expresando, que cesada la adscripción de A. y rechazada por la empleadora la nueva solicitud de licencias gestionada por el nombrado, éste debió presentarse a cumplir las funciones del cargo en la ciudad de Rawson. Destaca que la denegatoria del otorgamiento de las licencias no ha sido cuestionada por el accionante y concluye subrayando el deber de todo agente público de prestar sus funciones en forma regular, continua y eficiente, añadiendo que los derechos que la ley le reconoce tienen reglado el modo de exigirlos; y con ello afirma "...las inasistencias injustificadas del Sr. R. A. ...encuentran adecuado fundamento en los antecedentes, lo que me permite afirmar que la ilegalidad acusada resulta ser inexistente...". Con ello aconseja el rechazo de la demanda.- VI- A fs. 211 se llaman autos para sentencia, practicándose a fs. 212 el sorteo de la causa que queda en estado de resolver.

VII.- ANÁLISIS:

///-1.- El Sr. R. O. A., quien se desempeñara en el ámbito de la Honorable Legislatura del Chubut en el cargo de Jefe Departamento Altas y Bajas de la Planta Permanente, fue pasible de la sanción de Cesantía por vía de las Resoluciones N° 253/07 del Presidente y N° 125/07 por la que la Honorable Cámara prestó aprobación, con causa en las faltas de inasistencias injustificadas y abandono de servicios.-- Viene a este juicio postulando la declaración de nulidad de ambos actos a los que endilga el vicio de falsa causa. Argumenta que no incurrió en ellas, porque la ausencia de su lugar de trabajo, se debió a una Licencia sin goce de haberes que le fue otorgada para desempeñarse como Consejero Titular por el Claustro Docente del Consejo Directivo de la Escuela de Derecho de la UNPSJB, funciones que debía ejercer hasta el 30 de Septiembre de 2007, de lo que tenían -según acusa- cabal conocimiento las autoridades de las que dependía.-- A resultas, solicita la restitución a su cargo de revista con más los haberes que se vayan devengando hasta el momento en que esa reincorporación se haga efectiva, con más intereses a tasa activa.-- Resiste la Provincia accionada, y argumenta que hace más de ocho años que no cuenta con el débito laboral del accionante. Defiende la legalidad de los actos administrativos cuestionados indicando que la licencia por cargo electivo usufructuada por aquél no era con fecha indeterminada, y que, inmediatamente antes de ser declarado cesante, el ///Sr. A. prestaba funciones en la ciudad de Comodoro Rivadavia por una "adscripción" que fenecía el 31 de Julio de 2007.

Aduce que, en pleno conocimiento de ello, al expirar ese plazo el accionante solicitó la prórroga de aquélla ó, en su defecto, se le concediera licencia invernal y proporcional ambas del 2007, para luego continuar -según explicaba en su nota- su licencia sin goce de haberes, hasta el vencimiento de su "cargo de representación". Y, denegados los beneficios peticionados por razones de servicio -e intimado a presentarse a su lugar de trabajo, se ausentó injustificadamente desde la data mencionada y hasta la emisión del acto segregatorio.

2.- La contradictoria postura de las partes impone establecer con precisión el factum del proceso.-- Para dilucidarlo, habré de examinar las constancias arrimadas, lo que haré ordenándolas cronológicamente resaltando los datos de interés para una mayor comprensión y aclarando que las fojas referidas serán aquéllas en las que obran los instrumentos en original ó copia certificada, pues hay documentos que han sido presentados por ambas partes y agregados en más de una foja.-- El 17 de Enero de 2005 el ahora accionante, por Nota obrante a fs. 28, solicitó licencia sin goce de haberes a partir del 1° de Febrero de ese año para "continuar desempeñando el cargo de Defensor del Consumidor ///de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el cual me fuera asignado a partir del mes de Septiembre de 2001...".- Como consecuencia, el 1° de Marzo se dictó la Resolución N° 038/2005 por la cual el Presidente de la Honorable Legislatura resolvió "autorizar al agente A....a hacer uso de la licencia sin goce de haberes a partir del día 1° de Febrero del corriente año y hasta el 31 de Enero de 2006" (fs. 70).

El mismo día que vencía el plazo indicado -31/01/06- a las 11 horas, A. ingresó por la mesa de Entradas y Archivo de la Honorable Legislatura una nota cuyo título detallaba "Solicita Asignación de Funciones en Defensoría del Pueblo- en subsidio se otorgue Licencia sin Goce de Haberes por Desempeño de Cargo Electivo" (fs. 25). Allí, luego de mencionar que el 14 de Septiembre de 2005 había sido electo Consejero Titular por el Claustro Docente para integrar el Consejo Directivo de la Escuela de Derecho de la UNPSJB por la sede de Comodoro Rivadavia, cargo no remunerado, explicaba también que ante el cambio de autoridades y a pedido del Sr. Rector estaba avocado a diagramar el proyecto de transformación de esa Escuela en Facultad, lo que sería tratado por la Asamblea Universitaria en el mes de Abril, existiendo incompatibilidad en razón de la distancia con las labores propias de su cargo. Por eso, solicitaba una asignación de funciones en la Defensoría del Pueblo con asiento en aquella ciudad ó, en caso de no ser concedida -añadía- se le otorgara licencia artículo 25° de la Resolución N° 77/89 "hasta el término del mandato". Acompañaba -según refirió- la boleta de ///las elecciones, señalando que en el término de cinco días enviaría el certificado de la Junta Electoral.

A fs. 26/27 se anexó el Acta de Proclamación de Representantes Electos del acto electoral realizado el 14 de Septiembre de 2005 de cuya nómina surge, que por el estamento Docente, resultó serlo para el Consejo Directivo Provisorio quien ahora acciona. Cabe señalar que, este instrumento en copia certificada fue traído al juicio también por la Provincia demandada y en ella según consta en un sello inserto en el margen superior derecho perteneciente a la Dirección de Recursos Humanos y Personal de la Honorable Legislatura el ingreso de la documentación a esa dependencia habría acontecido el 29.08.2007 (fs. 74/75); data en la que también fue recepcionada la Certificación de la Junta Electoral mencionada precedentemente (fs. 76).

Me detengo aquí por dos motivos: uno, para inquirirme el porqué de una "asignación de funciones" y en subsidio una licencia. y creo -como respuesta- que el actor procura dar a entender en su Nota que está requiriendo se lo coloque en una situación que le permita percibir haberes. ya que el cargo de representación universitaria según manifiesta no es retribuido y la licencia prevista en sin goce de ellos. El otro motivo es destacar, que la petición se formula sin ninguna anticipación ya que se presenta vencido el término del beneficio que venía gozando.

La Presidencia de la Honorable Legislatura sin embargo, no cuestiona. El 8 de Febrero de 2006 dictó la Resolución N° 21/06 P.HL, cuya copia ///certificada fue agregada a fs. 72, que ante el pedido del actor, detallaba "...existen constancias que certifican la elección del agente ... en el cargo de conciliario titular del Consejo Directivo Provisorio de la Escuela Superior ...de conformidad a lo establecido en el Capítulo V de la Resolución N° 77/89/HL el artículo 25° autoriza al personal civil dependiente de la Honorable Legislatura a hacer uso de licencia política sin goce de haberes por el término que dure el mandato;...si bien el cargo...no es incompatible en razón de la materia con el desempeño de sus funciones en esta ...Legislatura..., sí es incompatible ...en razón del territorio..." (4to., 5to. y 6to. Considerando). Y con ello dispuso -artículo 2°- "...autorizar al agente A....a hacer uso de licencia política a partir del día 1° de Febrero del corriente año, sin goce de haberes mientras dure el mandato ...en el cargo de Consejero Titular por el Claustro Docente del Consejo Directivo de la Escuela de Derecho...por la sede Comodoro Rivadavia".- Así -como se ve- con retroactividad de 8 días a la fecha solicitada, ya que el nombrado -es evidente- no regresó para tomar servicio..-- El 28 de Agosto de 2006 la Asamblea Universitaria por Resolución "AU" N° 01/06, invocando la Ordenanza por la cual se creó la Facultad de Ciencias Jurídicas a partir de la transformación de la Escuela de Derecho y la necesidad de organización y adecuación de su estructura, resolvió en el artículo 1° "establecer que la actual integración del Consejo Directivo Provisorio de la Escuela Superior de Derecho constituya el Consejo Académico Normalizador de la Facultad de Ciencias Jurídicas, ///prorrogando los mandatos de sus actuales miembros hasta el 30 de Septiembre de 2007" (fs. 21/22).- El 21 de Diciembre de 2006 el Sr. Decano Normalizador -Dr. I.- envió una Nota al Sr. Presidente de la Honorable Legislatura con el objeto de solicitar una adscripción rentada a partir del mes de Enero de 2007 del Dr. R. A. integrante del Consejo Académico Normalizador (fs. 79).

No hay petición de A., pero puede advertirse el interés, escudado en la nota del Decano, de una retribución.- Sin renuencia, por Resolución N° 35/07 P-HL del 8 de Febrero de 2007, obrante a fs. 77/78, se dispuso "adscríbase al agente ...A., cargo Jefe Departamento Altas y Bajas, Planta Permanente de esta Honorable Legislatura, en la Facultad de Ciencias Jurídicas..., en carácter de Coordinador Administrativo." Completaba el artículo 2° "La adscripción ...tendrá una vigencia de seis (6) meses a partir del día 1 de Febrero del corriente año, por lo que vencerá el día 31 de Julio de 2007".- Datada el 31.07.07 el accionante envió desde Comodoro Rivadavia una Nota vía fax -fs. 17- el 01.08.07 (nuevamente sobre la fecha, sin anticipación ninguna, el mismo día en que debía reintegrarse al servicio) al Presidente de la Legislatura en donde expresamente solicitó "...una prórroga de mi adscripción acordada por Res. N° 035/07...a la Facultad de Ciencias Jurídicas...en los términos del art. 32° pto. 2 de la Res. N° 142/03 HL. De ///no resultar procedente, solicito...se me otorgue la licencia invernal 2007 a partir del 1°...y hasta el 14 de Agosto de 2007 inclusive y la licencia anual proporcional del cte.. año a partir del día 15 de Agosto de 2007, para continuar usufructuando luego licencia sin goce de haberes hasta el término del mandato de consejero académico ..conforme los antecedentes obrantes con la Res. N° 021/06".- Pero, con la misma fecha de petición (31 de Julio de 2007 - enviada al siguiente) desde la ciudad de Rawson se comunicaba por Carta Documento al nombrado, lo siguiente "...el día 1° de Agosto de 2007, a las 8:00 horas deberá presentarse en esta Honorable Legislatura, sita ...de la ciudad de Rawson, para prestar sus funciones laborales de conformidad con la finalización de la adscripción otorgada mediante Resolución N° 35/07...".- La notificación es del 6 de Agosto de 2007, no obstante, consta en el instrumento que previamente se dejaron dos avisos en su domicilio (fs. 16 y vta.).-- Entre tanto, la respuesta al pedido efectuado por quien ahora acciona fue comunicada por otra cartular del 2 de Agosto de 2007 en la que el Presidente de la Honorable Legislatura indicaba "...En respuesta a su nota de fecha 31 de Julio de 2007, le comunico a Ud. que ratifico en todos sus términos la CD...por la que se le notifica e intima a prestar sus funciones laborales en la sede de esta ...Legislatura a partir del día 1 de Agosto de 2007. Se deja constancia que respecto a la solicitud del otorgamiento de licencia invernal 2007, licencia proporcional del corriente año y la licencia sin goce de haberes hasta el término de su mandato, las mismas se ///encuentran denegadas por razones de servicio, sin perjuicio de tener presente la solicitud, para la oportunidad en que las circunstancias y la organización interna de la Legislatura posibiliten su otorgamiento. ...sírvase la presente como fehaciente intimación a prestar sus labores bajo apercibimiento de iniciar los descuentos correspondientes y las sanciones disciplinarias pertinentes..." (fs. 15).- Recién el 30 de Agosto de 2007 -un mes después- ante la Mesa de Entradas y Archivo de la Honorable Legislatura presentó A. una Nota dirigiéndose al Secretario Habilitado, exponiendo "...tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de informarle que en virtud de encontrarme desempeñando un cargo electivo de representación correspondiente al Claustro Docente...,con vencimiento de mandato conforme Res. AU 01/06 el 30 de Septiembre de 2007, lo cual se encuentra debidamente acreditado ante dicha institución; he de reintegrarme a mis funciones en dicho Poder el día 1° de Noviembre de 2007, en el horario habitual, conforme lo establece el régimen de Licencias..., ello siempre y cuando mi médico tratante lo autorice..." (fs. 14).-- Asoma en la comunicación un estado de enfermedad. una eventual licencia médica?.pero no alcanzó a concretarse.

El justificante para la ausencia de dos meses (Agosto - Septiembre) es la continuidad del mandato supuestamente en cargo electivo de la Universidad, amparado -según se puede inferir- por el Régimen de Licencias.- ///-El 2 de Octubre de 2007 se dictó la Resolución N° 253/07 del Presidente de la Legislatura -ad referéndum de la Honorable Cámara- que dispuso aplicar "...la sanción disciplinaria de Cesantía al agente R. O. A....conforme los argumentos expuestos en los Considerandos"; éstos luego de relatar el intercambio epistolar reseñado anteriormente, destaca que "...las ...intimaciones y notificaciones materializadas a través de las citadas Cartas documento, en ninguna oportunidad fueron contestadas o rechazadas..." (9no. Cons.), "...el día 10 de Septiembre la Dirección de Personal y Recursos Humanos informa..., que atento la finalización de la adscripción del agente A. y que habiendo sido intimado a prestar sus funciones laborales en la sede de esta...Legislatura, habiéndose ausentado injustificadamente durante todo el mes de Agosto, y que a la fecha del citado informe tampoco se ha presentado correspondería descontar ...su haber y ...el presentismo..." (13er. Cons.); "...el 19 de Septiembre se envía al sector contable un informe rectificatorio... informando... que el agente A. al día del informe no se ha presentado a trabajar..." (14to. Cons.); explica que "...se procedió a efectuar la retención del pago de haberes.." (16to. Cons.) y concluye "...ponderando los antecedentes fácticos... respecto a las ausencias injustificadas del agente R. A., la conducta desplegada por este último atento la finalización de la adscripción oportunamente otorgada, y las reiteradas intimaciones cursadas por esta Honorable Legislatura para que ...se presente a prestar labores a partir del día 1 de Agosto de 2007, habilitan a concluir que el accionar descripto se encuentra tipificado... art. 12° inc. 1 y 2 de la Resolución N° 142/03 HL...en la inteligencia de lo expuesto y el juego armónico de lo prescripto en el art. 12 inc. 1 y 2 y 15° de la resolución...corresponde aplicarle ...la ///sanción de cesantía..." (fs. 82/84). Decisión que es aprobada por Resolución de la Honorable Cámara N° 125/07 cuya copia certificada se adjunta a fs. 94.- La sanción disciplinaria fue notificada el día 3 de Octubre por Carta Documento (fs. 13) donde se transcribió su texto parcialmente, pues se observa únicamente la parte resolutiva del acto antes narrado; mereciendo por la misma vía que, el día 8 de Octubre, el accionante se alzara en su contra por otra Carta Documento -transcripta antes de la demanda- calificando aquélla de improcedente, temeraria, maliciosa y a las Resoluciones de nulas, insistiendo en que se encuentra comprendido en el Régimen de Licencias (fs. 12).-- La entonces Empleadora del actor respondió mediante una nueva comunicación (fs. 8/10) en la que se transcribió textualmente la decisión ahora impugnada; a más añadió "Se deja constancia ...conforme...el artículo 22° de la Resolución N° 142/03 Ud. podrá interponer recurso de reconsideración ...dentro de los cinco días de notificada la presente;...las afirmaciones y consideraciones manifestadas en la CD...de fecha 8 de Octubre de 2007 ...serán substanciadas y respondidas en el momento procesal administrativo correspondiente" .-- Así, el 19 de Octubre A. interpuso el remedio mencionado (fs. 6/7), en el que luego de narrar los extremos de hecho acaecidos, refiriéndose a su cesantía estimaba la Legislatura ha "...cometido un grave error al tomar tal drástica y concluyente medida... toda vez -insistiendo- que me encuentro ///alcanzado... por el beneficio del artículo 25° de la Resolución N° 77/89" y transcribió el precepto. Narraba haber permanecido en situación pasiva desde el 1° de Febrero de 2006 como consecuencia de su cargo de conciliario, esgrimiendo que la transformación de la Escuela de Derecho en Facultad, situación de público y notorio conocimiento, prorrogaba el mandato hasta el 30 de Septiembre de 2007. que en Febrero de 2007 fue adscripto por el término de seis meses, vencido los cuales fue intimado a reintegrarse... que al negarle las licencias solicitadas el Presidente de la Honorable Legislatura desconoció y cercenó sus derechos.- 2.2.- Con estos elementos se formó el Expediente Administrativo N° 085/07 cuya copia certificada fue incorporado en autos a fs. 89/116.- En él consta que los agravios del accionante fueron analizados por la Asesoría Legal de la Legislatura, que se expidió mediante Dictamen N° 03/2007. En el mismo se reseñaron los antecedentes fácticos, detallando que, conforme constancias del Legajo Personal del recurrente, el Departamento de Personal informó que al 23 de Agosto de 2007 pese a las dos intimaciones fehacientes para que A. se presentara a laborar, no lo hizo. Sumado a ello, el 10 de Septiembre la Dirección de Personal y Recursos Humanos ampliando el anterior constató que continuaba el ausentismo de A., por lo tanto -relata- se aplicó la sanción que la norma aplicable contempla. Detalla pormenorizadamente las solicitudes de adscripción y licencias sin goce de haberes de las que hizo uso el recurrente desde el año 2000 hasta la fecha del dictamen, interpretando que ello ".refleja la amplia voluntad del empleador respecto de un ex dependiente ya que de manera alternada debió abonar el salario mas cargas sociales .prescindiendo de él, y en ///otras oportunidades.ha usufructuado licencia por representación.la Legislatura.en ningún momento .pretendió cercenar el derecho que poseía como dependiente." (fs. 106) y con ello rechaza el agravio del actor.

Pone de manifiesto la Asesoría que el agente A. es abogado, acusándolo de haber realizado un uso hasta abusivo de sus derechos, pues además de los beneficios mencionados, utilizó -aduce- las licencias invernales y anuales. Manifiesta que siendo la prórroga de la adscripción una medida excepcional ésta siempre está sujeta a la voluntad del administrador quien la concede o deniega; en el caso de A. -opina- se encuentra vencida y sus inasistencias injustificadas.- En relación al argumento esbozado por el recurrente de que su cargo electivo está vigente, refiere la Asesora que le sorprende que un "profesional del derecho" exponga cual es la interpretación que debe dársele al art. 25º de la Res. Nº 77/89, invocando para ello que la nota de A. del 31 de Julio de 2007 pide ante la posibilidad de rechazo de la pretendida extensión de la adscripción, licencia invernal y anual para luego, continuar con la sin goce de haberes por su cargo electivo; y a partir de ello cuestiona "...¿si .entendía que su licencia política .estaba vigente, por qué solicita previamente las .invernales y las proporcionales anuales?... y responde ".sabía con certeza que .la licencia sin goce de haberes otorgada mediante Resolución Nº 21/96 había expirado por su plazo, .y .se dictó la resolución .de adscripción.al dictarse ...la licencia queda sin efecto, ya que un agente no puede estar jamás con dos condiciones de revista." (fs. ///108 vta.). Añade que ante el vencimiento de la licencia y del plazo de la adscripción A. debió haberse apersonado ante la Legislatura Provincial para cumplir con sus obligaciones y desarrollar labores como dependiente de la misma, subrayando que su incomparencia, luego de haber sido intimado, legitimó la aplicación de la sanción de cesantía conforme lo prevé el art. 12º inc. 1) y 2) y el 15º de la resolución Nº 142/03.-- Refiere a la prórroga del mandato del cargo electivo, como consecuencia de la Resolución "AU" Nº 01/06, diciendo que no se cuestiona la misma, aunque destaca que ".jamás fue conocida ni notificada a la Legislatura por parte de A., sino recién el 30 de Agosto de 2007 (un año después de su dictado) mediante nota.pretendiendo equivocadamente el quejoso convalidar su situación por demás irregular." (fs. 109). Coincide con la afirmación del actor que fue de público y notorio la creación de la Facultad, pero esgrime ".no necesariamente implica que esta HL tome como notificación válida a los fines de poner en conocimiento la voluntad de solicitar una prórroga en la licencia otorgada por res. 21/06." (fs. 109 vta.) y abona con jurisprudencia relativa a la concesión de licencias de la Administración a sus empleados.- Reitera que A. con su nota del 31 de Julio de 2007 evidencia que tenía cabal conocimiento de que finalizaba su adscripción por lo que el 1º de Agosto debió presentarse a trabajar; además se lo intimó fehacientemente para que concurriera a la Legislatura, y aún cuando puso en conocimiento la Resolución de la Asamblea Universitaria comentada -expresa- la adscripción cambió su condición de pasivo a la de activo, por ///ello -completa- no hay excusas que puedan legitimar la procedencia de los argumentos del recurrente. Concluye en que A. como abogado no puede desconocer la teoría de los actos propios y que nadie puede alegar su propia torpeza.

El Presidente de la Honorable Legislatura, el 2 de Noviembre de 2007 por Resolución Nº 295 (fs. 113), invocando este Dictamen rechaza la reconsideración intentada. La decisión es notificada el 8 del mismo mes y año, según constancia obrante a fs. 5.-- El 12 de Diciembre de 2007, el Sr. Presidente del Cuerpo remite Carta Documento (fs. 4) al accionante, notificándole que se ordenó el abono de los días de licencia invernal 2007 y anual pendiente de usufructo (Resolución Nº 330/07 P.HL).-- Hasta aquí los antecedentes de hecho que arrojan las constancias documentales de la causa.-- 3.- La cuestión litigiosa a discernir, impone que preliminarmente aborde la vinculación entre A. y la Honorable Legislatura del Chubut, desarrollada en el marco de una relación de empleo público, analizando los derechos y obligaciones que asistían a cada una de las partes en conflicto, para verificar luego sí, la finalización de ese vínculo, como consecuencia de una medida disciplinaria, puede considerarse acaecida dentro del ámbito de legalidad que debe observarse en el obrar estatal en todo Estado de Derecho; o bien, si le asiste razón al actor cuando alega que dicho proceder ///violentó ese principio, acusando que la Administración arbitrariamente desconoció sus derechos, pretendiendo que esta Jurisdicción declare la nulidad del acto administrativo sancionatorio y ordene su reinstalación en el cargo de revista.

Recordaré primero, la que fuera mi opinión en Sentencia Definitiva N° 2/SCA/05 (in re "G....") donde afirmé que "el derecho de la función pública, de carácter público y administrativo tiene una finalidad dual: por un lado, definir y establecer los derechos y deberes vinculados con los funcionarios y empleados públicos y sus condiciones de trabajo, y por otro, asegurar el funcionamiento de los servicios públicos. Siguiendo a PALOMAR OLMEDA dije...El servicio público requiere indefectiblemente de un soporte de recursos humanos para su realización y para ello, se establece una estructura de personas. (Derecho de la Función Pública - DYKINSON - Madrid -3º Ed.). . "un soporte idóneo para cumplir el fin de interés general. Y ello justifica la técnica de predeterminación unilateral de las condiciones de trabajo, la exorbitancia del régimen, que ha encaminado la tesis de los "estatutarios" para calificar la relación, o aún estimándola contractual, ante la limitada autonomía de la voluntad, conduce a encuadrarla como de adhesión".-- Previne con Manuel María DIEZ que "la idea de función pública implica una actividad referida a los órganos del Estado, que se integran por dos elementos, objetivo y subjetivo. Este último es el constituido por el personal al servicio de la administración". Aclaré "...ante tal dualidad no es de extrañar la presencia, en algún momento, de oposición de intereses. ///Máxime cuando el interés subjetivo halla clara protección constitucional en el art. 14 bis de la Carta Nacional y 24° inc. 9 de la Provincial: la estabilidad, la carrera administrativa..." Con ENTRENA CUESTA afirmé que "...el funcionario que ingresa a la Administración se coloca en una situación jurídica objetiva, definida legal y reglamentariamente, y por ello modificable por uno y otro instrumento jurídico, de acuerdo al principio de la legalidad, sin que pueda exigir que la situación estatutaria quede congelada en los tiempos..." Completé en SD N° 4/SCA/05 (in re "V....") que "...en la relación jurídica de empleo público, la autonomía de la voluntad se encuentra, aunque no aniquilada- restringida, en tanto el interés público, el bien de la comunidad, es la finalidad última del quehacer del Estado, y en él se justifican las cláusulas exorbitantes del contrato administrativo, o la adhesión o sujeción estatutarias".

Como lo dice ESCOLA, enrolado entre quienes afirman que la relación de empleo tiene naturaleza contractualista, "...la aceptación del nombramiento y el consiguiente nacimiento de la relación contractual que de ese modo se produce pone en movimiento toda la serie de derechos y obligaciones que el contrato de función o empleo público implican, tanto para la administración pública, como para el agente designado. A partir de la puesta en posesión del cargo, el agente público adquiere su status de funcionario o empleado, compuesto por una serie de prerrogativas, derechos y obligaciones...llamados "derechos del empleo". (Tratado ///Integral de los Contratos Administrativos" Volumen II- Parte Especial- Depalma págs. 376, 378/379 y 382). Idéntica es la consecuencia del "acto de designación" para quienes siguen la tesis estatutaria (vg. ALTAMIRA- Curso de Derecho Administrativo- Depalma - pág. 608, 618, 629)"(mi voto en SD N° 4/SCA/09 in re "P."...).-- GARCIA PULLÉS, en ocasión de comentar los deberes de los agentes públicos que fija el art. 23° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público en la Administración Pública Nacional (Ley N° 25.164), específicamente -por su aplicación al caso concreto- el inciso a) que prevé "Prestar el servicio personalmente, encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y rendimiento laboral, en las condiciones y modalidades que se determinen...", indica que el precepto se refiere al cumplimiento en forma personal del servicio, recordando que MARIENHOFF le asignaba a este deber un conjunto de corolarios: a) cumplir el horario que se concreta en concurrir a la oficina en el horario establecido; b) justificar las inasistencias; c) prestar los servicios en el lugar mismo para el cual se hizo su nombramiento o designación, y vincula esta temática con todo lo atinente a su nombramiento, a los traslados o cambios de lugar en los que se deben prestar los servicios. (Conc.. "Régimen de Empleo Público en la Administración Nacional" - LexisNexis-2005, pág. 219).- Completo con el doctrinario citado quien aclara "El agente público tiene que prestar los servicios respectivos en el lugar mismo para el cual se hizo su nombramiento o designación: tal es el principio, que se explica por ///sí solo; la excepción requiere texto expreso". Agrega, refiriéndose a dónde debe residir el empleado que "...donde lo considere pertinente, en tanto la residencia elegida no obste al debido cumplimiento de sus funciones. ...El concepto de "lugar" tiene aquí el significado de ciudad, pueblo, localidad." (Conc.: MARIENHOFF - "Tratado de Derecho Administrativo" Tomo III - B, 4ta. Ed. Actualizada, Abeledo-Perrot- Bs. As., pág. 225).

Dicho esto, adviértase que el Estatuto Escalafón que rige la relación jurídica entre las partes en el sublite, prevé expresamente esta obligación en el Anexo I, art. 5° inciso a) de la Resolución Nº 142/03 -Régimen de Estabilidad para el Personal del Poder Legislativo de la Provincia del Chubut- que, con una redacción casi idéntica al precepto nacional comentado antes, obliga a los empleados a "Prestar sus funciones en forma regular, continua y eficiente, en las condiciones de tiempo, lugar y modalidad que con carácter general para todo el personal determinen las autoridades del Poder". Este deber de prestación del servicio en las condiciones preestipuladas, sólo se interrumpe por las causas expresamente autorizadas y en la forma prevista por las normas que rigen la relación. Alguna surge del mismo Anexo, y otras -las Licencias- del régimen dado por la Resolución Nº 077/89.

Además, aquel régimen establece las sanciones disciplinarias que resultarán aplicables a sus dependientes en caso de incumplimiento y, para las inasistencias injustificadas por más de cinco (5) días continuos o más de diez (10) días discontinuos en los doce (12) meses inmediatos anteriores ó por abandono de servicio, fija la de cesantía, medida que será ///adoptada "sin sumario previo". Todo, del juego armónico de los arts. 12° inciso 1) y 2) y 15° del comentado Anexo I.- También la Ley de Ética Pública N° I-231(antes N° 4816), luego de prever aquella obligación para todo agente público en su art. 9, estatuye en el art. 11 como DEBER DE RESPONSABILIDAD: "Todo Servidor público debe actuar con claro sentido del deber que le corresponde para el cumplimiento del fin público que compete a la institución a la que sirve y de las consecuencias que el cumplimiento o incumplimiento de este deber tiene en relación con ese cometido institucional".

Este conforma el contexto normativo en el que subsumiré los elementos de hecho que he descripto y las demás probanzas que surgen de la causa.

4.- Del detalle de la documentación realizada anteriormente surge incontrastable, que el accionante se vio excusado de su efectivo débito laboral en la Sede de la Legislatura, por distintos motivos. Parto de la Resolución PHL 38/05 (fs. 70) que le otorgó licencia sin goce de haberes para desempeñar el cargo de "Defensor del Consumidor" en Comodoro Rivadavia hasta el 31/01/06. Con las acotaciones que efectué en el Punto 2.1, sigo con la Resolución PHL N° 21/06 (fs. 72), que lo autorizó expresamente a gozar de una licencia por cargo electivo, como consecuencia de haber resultado electo "Consejero titular del Consejo Directivo Provisorio" de la Escuela de Derecho -UNPSJB- a partir del mes ///de Febrero de 2006, beneficio que la Administración con buena voluntad -privándose de su servicio- le extendió hasta tanto dure su mandato.-- Mandato que, a tenor de lo certificado por el Sr. H. D. de la Junta Electoral de la entonces Escuela de Derecho de la UNPSJB- se extendía desde Octubre de 2005 hasta el mismo mes del año 2006 (fs. 76).

4.1.- Para proporcionar ese beneficio, la Resolución invocó el art. 25° del Régimen de Licencias (Res. 77/89) que prevé "...el personal civil dependiente de la Honorable Legislatura que fuera designado para desempeñar un cargo electivo... en el orden nacional, provincial, municipal, gremial y/o sindical en el caso de plantearse incompatibilidad, tendrá derecho a usar licencia sin goce de sueldo por el término que dure su mandato, debiendo reintegrarse a su cargo administrativo dentro de los treinta (30) días subsiguientes al término de las funciones para las que fuera electo". Los preceptos siguientes establecen que el beneficio "será otorgado por Presidencia" (art. 27°) y que "las solicitudes de licencia se acompañarán de la documentación que acredite el carácter invocado" (art. 28°), dando pautas claras de los recaudos a cumplir en caso de requerirse su otorgamiento.- 4.2.- Ahora bien, no se ha ocupado la doctrina de desarrollar la temática de la licencia sin goce de haberes, con la misma amplitud que se ha brindado a otras como las anuales reglamentarias ó las requeridas por razones de enfermedad. Manuel María DIEZ, le ha dado tratamiento dentro de los derechos de los empleados públicos, específicamente al ocuparse del ///"derecho al descanso". Allí, luego de distinguir el goce de la feria del usufructo de licencias, acerca de estas últimas -en general- explica que "El funcionario solicita su licencia y el Estado tiene la facultad de otorgársela, permitiéndole interrumpir sus servicios durante un plazo determinado, de acuerdo con lo que establezca la ley y manteniendo la remuneración que le corresponda. ...en algunos casos constituye un derecho del funcionario...-anual reglamentaria- ...en otros se concede previa valoración discrecional de la administración de las casuales invocadas... debe ser concedida antes de comenzar las faltas al trabajo, salvo ...que ello resulte materialmente imposible, como en el supuesto de enfermedad...". Realiza una clasificación, y entre las que menciona refiere a una de carácter "...legal..." que ".es la licencia que se le otorga al funcionario, cuando las disposiciones vigentes lo autorizan para interrumpir sus funciones en el cargo que desempeña a los efectos de ocupar otro". Supuesto en que expirado el plazo de la licencia, el funcionario debe volver inmediatamente a cumplir los deberes a su cargo, porque si no habría una extralimitación que podría dar lugar a la aplicación de sanciones (Conc.: "Derecho Administrativo" - Tomo III - pág. 474/476).-- Con su reconocida maestría, advierte MARIENHOFF que "...Ninguna "vacación" o "licencia" -aún las sin goce de sueldo- podrán ser tomadas por el agente público por propia y exclusiva decisión: en cada caso concreto ellas deben ser autorizadas por la autoridad correspondiente. De lo contrario ...el empleado se expone a que se le considere incurso en abandono del servicio, con . graves consecuencias...incluso la cesantía. Ello es así: por exigirlo la estructura orgánica de la Administración, ya que en un momento determinado las necesidades del servicio pueden requerir ///la presencia o efectiva labor de los agentes. Por un principio elemental de disciplina y acatamiento al orden jerárquico, ..." (Ob. Cit. pág. 311).-- En ese sentido, la Cámara Federal de La Plata falló "...la licencia sin goce de sueldo es de las conceptuadas extraordinarias o, en todo caso, se trata de una licencia "especial", resulta evidente que su concesión es una facultad que compete al empleador en virtud del poder de dirección que la ley le otorga. Al empleador es a quien corresponde decidir la concesión de aquélla en función de sus intereses y de sus necesidades, por lo que el trabajador no tiene un derecho adquirido para pretender su otorgamiento, ni tomarla por sí mismo" (Conf.: Sala III, 10/02/2009. -"F., I. A c. INSSJyP s/ despido- en ED, 21/04/2009, nro. 12.238).-- O la disposición estatutaria, o la cláusula contractual a la que los agentes públicos adhieren, determinan esta condición exorbitante y potestativa del Estado empleador, que halla su justificativo en la naturaleza del servicio público. Y aquéllos deben necesariamente, sujetarse.- Es claro, que el beneficio usufructuado por A. -y reglamentado por el transcripto art. 25 de la Resol. N° 77/89 HL- se trató de una licencia excepcional, sin percepción de haberes, otorgada para posibilitar su desempeño en "otra función" distinta de la que realizaba a las órdenes de la Legislatura, luego de que ésta evaluara las razones contenidas en su pedido y analizara las circunstancias de hecho alegadas en su solicitud, pronunciándose a través de un acto administrativo particularizado - ///Resolución N° 21/06 PHL- que lo concedió, en el marco que puntualizan la doctrina y jurisprudencia mencionadas.

Para el sub-lite, merece destacarse el hecho de que si bien el precepto legal considerado para su otorgamiento toma en cuenta los casos en que el desempeño de los cargos electivos o de representación conllevan una incompatibilidad con el empleo legislativo, en su nota, en ocasión de solicitarlo quien hoy acciona dio cuenta que en realidad ese obstáculo no estaba dado en razón de la materia -lógicamente aludiendo al carácter docente del cargo para el que había sido electo- pero advertía que se vería imposibilitado de efectivizar su obligación de trabajar como Jefe de Altas y Bajas por una cuestión "territorial". Ello puntualizando que sus funciones de conciliario debía cumplirlas en la ciudad de Comodoro Rivadavia distante en más de 300 Km. de su lugar habitual de prestación de tareas. Y esto fue debidamente considerado por la Administración, pues así dejó constancia en los fundamentos del acto administrativo al conceder el beneficio. Del mismo modo, el 3er. Considerando da cuenta, de que al momento de otorgar la licencia, esto es el 8 de Febrero de 2006, "...existen constancias que certifican la elección del agente...", justificación que descarta de plano las alegaciones de la Provincia accionada cuando argumenta que tomó conocimiento de esa documentación recién un año después de emitida. El acto -presumido legítimo y de su autoría- dice lo contrario, a pesar de los sellos estampados en las constancias referidas agregadas a fs. 74/76, como antes lo detallé.- ///-4.3.- En pleno goce A. de ese derecho, se produjo la transformación del Estamento educacional en el que había sido electo, y éste, ahora Facultad y por los motivos que fueron mencionados en la Resolución N° 01/06 -que he detallado antes-, prorrogó el mandato de los Consejeros que se encontraban en funciones a esa data, hasta el 30 de Septiembre de 2007.--- Esta extensión del mandato importaba la continuidad de las tareas de A. en Comodoro Rivadavia, y también de la licencia otorgada al rezar el acto autorizante "hasta la finalización del mandato". Inclusive ni era necesario pedirlo, bastaba con demostrar esa continuidad, pues la autorización estaba dada..

Pero, ante la aludida reestructuración universitaria, el Sr. Decano Normalizador de la Facultad de Ciencias Jurídicas (fs. 79 -ver Punto 2.1) pidió a las autoridades de la Honorable Legislatura autorizaran al Sr. A., para que en calidad de adscripto cumpliera funciones como Coordinador Administrativo para ese Organismo, a cuyo fin debía permanecer en la Sede de Comodoro Rivadavia.-- Caracterizó este Tribunal -en anterior composición- este instituto de la "adscripción", como particular de la administración de Recursos Humanos, el que no se encuentra regulado en el Estatuto Escalafón General para la administración Pública- Dto. Ley N° 1987 (hoy en Digesto - Ley I- N° 74)- sosteniendo que "sin embargo- ... de público y notorio- es utilizada para "apartar" o "apartarse" un agente de sus tareas habituales, ///por voluntad propia -es decir- a su pedido, o de la Administración empleadora". Y señaló que "en otras Provincias sí está regulada, y definida como "la desafectación" de un agente de su tarea específica para pasar a desempeñar tareas en otro organismo oficial, con carácter transitorio (vg. Entre Ríos - concepto ST de esa Provincia- Fallo del 16/4/97 in re "Morelli..."). Se la ha considerado inclusive, un ejercicio regular del "ius variandi" (vg. Pcia. de Sta. Cruz - fallo CCiv.Com.Lab. - 1996 - "Biffi...")" (voto del Dr. Torrejón en SD N° 1/SCA/02 in re "A.").

Mas en el Estatuto Escalafón de los empleados de Legislatura, la figura sí ha sido receptada expresamente en el art. 32° del Anexo I de la Resolución N° 142/03, que establece "...se autorizarán por un período no mayor a 6 (seis) meses prorrogable excepcionalmente por 6 (seis) meses más; al término de la misma y de no ser absorbido por el organismo receptor, el agente deberá reintegrarse indefectiblemente al sector de origen. ...se concretarán solamente por razones de servicio, ante solicitud expresa de otros organismos, mientras no afecte el normal funcionamiento del sector y contando con conformidad del agente....".

He aquí la razón de porqué es el Decano Normalizador de la Facultad quien la solicita, y no el actor, que sólo podía continuar en el goce de licencia, sin haberes.

Cabe destacar que el agente a quien se ubica en esta posición, queda dispensado parcialmente del deber previsto en el art. 5 inc. a) de la Resolución Nº 142/03: no de prestar servicio -lo que hace en el organismo ///receptor- sino sólo de hacerlo en el lugar y modo originalmente concertado o estatuído para el cargo que ocupa.- La Honorable Legislatura hizo lugar al requerimiento del Decano, a través del dictado de la Resolución N° 35/07 P.HL que autorizó la adscripción del accionante, desde el 1° de Febrero de 2007 y por el término de seis meses, con la total aquiescencia de A., pues no consta una conformidad escrita en el momento, pero jamás cuestionó (al contrario, totalmente de acuerdo oportunamente pedirá prórroga). Y entonces, a partir de este acto, su situación jurídica se modificó sustancialmente: pasó de ser usufructuario de una licencia especial a adscripto, tal y como certeramente determinó en su momento el Dictamen legal previo a la resolución de la Reconsideración que intentara (Ver Punto 2.2), y aduce la Provincia demandada.- Digo esto porque, de encontrarse el Sr. A. en una situación pasiva, como consecuencia del disfrute de una dispensa de su Empleador para no concurrir a prestar sus labores habituales y obviamente sin la debida contraprestación económica por parte del Estado (conforme la Resolución N° 21/06 P.HL), varía su condición por la de activa, y como es sabido, esto requiere principalmente del agente público el cumplimiento en forma efectiva del trabajo que le ha sido encomendado. Así lo regula la Ley Nº I-74 (antes Dto. Ley Nº 1987) supletoriamente aplicable al agente legislativo como lo indica la Resolución Nº 142/03, y A. cumple con "reintegrarse" a laborar, pero en la sede Comodoro de la Facultad de Ciencias Jurídica de la UNPSJB.

///-De ello deriva que, a partir de la permisión expresa dada por la Legislatura, como respuesta a la solicitud del Decano Normalizador, retoman plena vigencia los aletargados derechos que hasta ese momento mantenían las partes de la relación de empleo público, fundamentalmente el débito laboral por parte del agente y como contrapartida emerge de esa prestación la obligación del Estado patrón del pago de haberes al accionante.

Con el dictado del acto formal pertinente que importó la "anuencia" del empleador, se mutó la situación jurídica de A. en su relación de dependencia con la Honorable Legislatura reiniciándose sus actividades, pero en un organismo distinto y con la particularidad de que la prestación de servicio no se realizaría en la misma sede territorial. Así por el plazo de 6 meses, esto es, hasta el 31 de Julio de 2007.

Quedó a resultas sin efecto la Resolución Nº 21/06 P.HL que otorgaba licencia por cargo electivo al ahora accionante. Y no es necesario que ello esté dicho en la Resolución que otorgó la adscripción, pues esta consecuencia se produce por la incompatibilidad que determina la vigencia de ambos actos administrativos. Es decir, el beneficio que aquella concedía, al excusarlo como empleado público de su débito laboral por la necesidad de ocuparse de otras funciones, reservándole su cargo de revista, pierde su validez en el mundo jurídico con el dictado de la Resolución Nº 35/07 P.HL que otorga -en principio- un mejor beneficio al actor, con las consecuencias que he mencionado antes.

///-Si bien como regla suele aplicarse a las Leyes, el aforismo "lex posterior derogat priori", se extiende en general a toda norma jurídica, operando la "derogación tácita o indirecta" de la anterior. Acontece cuando el mismo órgano que la dictó "deja sin efecto una ley o norma jurídica en general", a cuyo fin aprueba otra norma de igual jerarquía que la que se quiere dejar sin efecto. Y es tácita porque sin estar expresamente establecida, resulta de la incompatibilidad entre ambas, ya que no pueden tener vigencia dos normas sobre un mismo objeto de distinta fecha y contrarias entre sí, pues en ese caso, priva la posterior, como lo expresa el aforismo latino. (Conc.: Abelardo TORRÉ - "Introducción al Derecho" - Décima Edición Actualizada - Editorial Perrot- pág. 367/368).- No me asalta por ello duda ninguna cuando afirmo que a partir del 1° de Febrero de 2006, el acto administrativo que había otorgado al actor licencia por cargo electivo -Resolución N° 21/06- hasta la finalización del mandato de aquél, quedó derogado tácitamente por la emisión de otro acto administrativo, la Resolución N° 35/07 P.HL.- Y digo que ésta otorgó un mejor beneficio, porque A. "pasa" de una licencia sin goce de haberes, a una adscripción remunerada con el sueldo de Jefe de Departamentos Altas y Bajas de la Planta Permanente de la Honorable Legislatura, lo que no merece mayores comentarios. Y además, puede permanecer sin problemas en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

///-Pero también digo en principio, porque creo que el actor no recordó el adagio popular de que "lo bueno dura poco"...- Ello, porque esa situación era transitoria. tenía establecido un plazo determinado y no coincidía con el fin del mandato como Consejero. Es decir, la adscripción importaba que a los seis meses, justamente sesenta días antes de que expirara su mandato prorrogado por la Asamblea Universitaria hasta el 30 de Septiembre de 2007, fuese necesario peticionar la concesión de nuevos derechos, y su obtención se hallaba sujeta siempre al análisis y evaluación de la "razón de servicio", potestad discrecional de su empleador.-- El término venció, y parece ser que A. cayó en la cuenta el mismo día del vencimiento. Y el 1° de Agosto de 2007 mediante un fax, desde la ciudad del Sur, solicitaba en primer lugar la prórroga de la adscripción (la que -recuérdese- sólo opera según la reglamentación antes descripta a pedido del Organismo receptor, que no lo formuló) y subsidiariamente, ante la posibilidad de una respuesta negativa, pedía autorización para gozar de días de descanso con imputación a la feria especial de invierno y parte proporcional de las vacaciones anuales reglamentarias de ese año; y después por el período de tiempo restante hasta el 30 de Septiembre de 2007 avisaba que retomaría el goce de la licencia por cargo electivo, mencionando -recordando allí la Resolución N° 21/06 P.HL haciendo gala de que su mandato todavía estaba vigente ...es más, en la Nota del 30 de Agosto de 2007 expresó "...he de reintegrarme a mis funciones en dicho Poder el día 1° de Noviembre de 2007, en el horario habitual, conforme lo establece el régimen de licencia vigente para ///el personal..." (fs. 14) y adelantaba que se encontraba enfermo, al mencionar que su médico tratante podía impedirle el regreso...

Esta argumentación pone de manifiesto que el Sr. R. A. estaba equivocado en su manera de obrar como empleado público; porque antes que consultar de qué modo le daría continuidad a su relación de empleo por una nota cursada el mismo día que expiraba el plazo, lo que debió hacer es presentarse a cumplir sus obligaciones el primer día hábil inmediato posterior al del vencimiento de su adscripción y aguardar, desarrollando sus labores habituales en el Dpto. Altas y Bajas en la ciudad de Rawson, la respuesta que a su pedido brindara la autoridad respectiva. Pero estaba mal acostumbrado. (antes se le había respondido "retroactivamente"), y no lo hizo. O bien pudo comenzar con esas gestiones con la debida antelación, pero no consideró esta opción. O estaba enfermo, pero no lo acreditó ni lo alega en este pleito.

Aceptó voluntariamente la situación de adscripto, y a partir de allí erró el camino. Sencillamente porque su no presentación lo hacía pasible de la sanción que prevé el Estatuto Escalafón que rige su relación funcional, y no son excusa frente a la objetiva constatación de su ausencia las alegaciones que esgrimió y esgrime en su defensa.- 4.4.- La jurisprudencia enseña ".los agravios. carecen de consistencia pues, efectuada la intimación a reasumir tareas .no se reintegraron a trabajar. .el empleado no puede atribuirse facultades para alterar el cumplimiento de las funciones asignadas y los deberes que ///corresponden al cargo que ocupa.El agente debe, pues, permanecer en el cargo hasta que la autoridad resuelva la cuestión, conducta que .cabe exigir ante pedidos de licencia como los de la especie."(SCBA Causa B54743 - Sent. 6.5.97, in re "Quaglia."). En idéntico sentido ".Si la actora decidió concurrir al Congreso Médico aún cuando no contaba con la decisión administrativa acordándole licencia a tal fin, debe asumir las consecuencias de aquella decisión, que eran la no justificación de sus inasistencias. .Pues, siendo la prestación de servicios en forma regular la principal obligación del agente, éste debe permanecer en su cargo hasta tanto la autoridad resuelva un pedido de licencias como el de la especie." (SCBA: Causa B57575 - Sent. 8.3.00 - in re "Gayarre.").

La misma conducta laxa es reprochable al accionante porque inasistió a sus tareas a partir del 1° de Agosto de 2007, y habiendo sido fehacientemente intimado por la Honorable Legislatura a retomar las funciones de su cargo bajo apercibimiento de proceder -en caso de no hacerlo- al descuento de haberes y a la aplicación de las sanciones correspondientes (C.D. de fs. 15) deliberadamente omitió presentarse. En su lugar pidió nuevos beneficios que le fueron denegados por expresas razones de servicio, que bien dice el Procurador General no cuestionó ni cuestiona, y mantuvo su actitud prolongando sus inasistencias, para dar cuenta en una escueta nota de la extensión de su permanencia en Comodoro Rivadavia, ciudad de la que volvería -si su médico lo permitía.dos meses más tarde.

///-Insisto erró el camino. Denegadas las permisiones que solicitaba, unilateralmente pretendió que "renacía" la vigencia de la licencia por cargo electivo de la que gozó antes de aquélla, esgrimiendo que sus inasistencias tenían reparo en lo prescripto por el art. 25° de la Resolución N° 77/89, sin la autorización del Estado empleador; ello a todas luces inaceptable.-- Su argumento es inoperante y no lo exime de la falta administrativa. Frente a las reiteradas ausencias quedó sujeto al régimen disciplinario. Y en esta Sede, al instar esta pretensión reitera su equívoca estrategia, pues tampoco expone ni acredita elemento alguno con el cual justificar su omisión de poner a disposición de su empleador -directamente, no en otro Órgano y lugar- su fuerza de trabajo; y reproduciendo su yerro procura enmendar, con una forzada interpretación, la vigencia del mandato a su cargo para sobreponerse a su obrar poco respetuoso de las normas y la jerarquía.- No hay eximente que proteja a A. de la desacertada interpretación que de las normas reglamentarias efectuó, ni del comportamiento que asumió. Su condición de letrado -destacada por la Provincia demandada- y su función de Jefe de Departamento de un área que se ocupa justamente de la cuestión en debate como lo es la de Personal, y en las funciones propias de "Altas y Bajas" que en el Poder Legislativo se producen, no juegan a su favor. En sus labores, debe haber tenido la posibilidad de estimar en más de una oportunidad -a juzgar por su antigüedad- los preceptos legales que resultan aplicables a la situación ///controvertida. Posiblemente conmovido por su propia situación personal, perdió objetividad para decidir, a tenor de los eventos de hecho acaecidos y de las hipótesis contenidas en la reglamentación de qué modo debía proceder.- De la restante (por no instrumental) prueba aportada en esta sede judicial, considero citar lo expuesto por uno de los testigos que ofreció el accionante, el Sr. A. L., quien en la razón de sus dichos, puso de manifiesto desempeñarse interinamente a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y Personal de la Honorable Legislatura, y al ser preguntado acerca de "qué licencia estaba usufructuando ...A. a la fecha de su cesantía..." (TERCERA) categóricamente depuso "...no estaba usufructuando licencia, sino que estaba con una adscripción como Coordinador Administrativo de la Universidad en Comodoro...". Refiriéndose a la adscripción el Apoderado del actor en la SEXTA pregunta se interrogó "...Cuándo aproximadamente requirió su renovación" a lo que el testigo dijo "...por medio de un fax que llegó a Presidencia...tiene fecha 01/08/2007..." (fs. 157).

A su vez, en ocasión de absolver posiciones, insistiendo en su respuesta a la QUINTA pregunta -"...que la Resolución N° 35/07 PHL le otorgó una nueva adscripción"- respondió "..sí es cierto. Quiero dejar constancia que dicha resolución en su fundamento reconoce que integro el Consejo Académico Normalizador del Claustro Docente..., es decir con fueros a partir de lo que dispone el art. 25° de la Resolución N° 77/89". Negó (en la SEXTA respuesta) que la adscripción finalizara el 31 de julio ///de 2007, cuando ello resulta expresamente del texto de la Resolución. Y al ser requerido para que "jure como cierto que ...incurrió posteriormente en numerosas ausencias injustificadas..." (SEPTIMA) dijo "no es cierto. El mandato de representación vencía el 30 de Septiembre y tenía 30 días para reintegrarme a mis labores..." (fs. 194); completó contestando la OCTAVA"...mi situación particular como representante del Claustro Docente y pese a ello se declara mi cesantía. Las presuntas inasistencias siempre fueron justificadas al detentar dicho cargo..." (fs. 194 vta.). Detentar es -en el Diccionario de la Lengua- tener sin derecho. Presumo que quiso expresar ostentar, ejercer, cumplir.dicho cargo. Todo lo cual corrobora su errónea posición.-- Ergo, como inveteradamente ha sostenido esta Sala en diversos fallos "...quien asume una determinada conducta, y a la postre resulta que ésta no era la adecuada, debe cargar con las consecuencias de su propia torpeza"...(SD N° 2/SCA/99 in re "P...." y 4/SCA/09 in re "P....").-- 5.- He de añadir que al acudir a juicio, enarboló en el escrito inicial - y confirmó en su confesional, antes referida, al aludir a fueros- para sustentar su confusa estrategia defensiva, un precepto constitucional que de ningún modo puede proporcionarle amparo. Tal la mención al párrafo del artículo 249° referido a la Inmunidad de Opinión, tratando de equiparar el cargo electivo de conciliario en el Claustro Docente con el ejercicio de un cargo político o sindical, invocando el mecanismo de tutela que esos proporcionan a quienes efectivamente gozan del derecho (fs. 30 vta.), y que claramente en su caso, no lo comprende.- ///-Con la Procuración del Tesoro de la Nación, sintéticamente recordaré que "... Ley de Organización de las Asociaciones Sindicales N° 23551... artículo 48, al tratar la tutela sindical reza: Los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, dejaran de prestar servicios, tendrán derecho a gozar de la licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporado al finalizar el ejercicio de sus funciones...la tutela sindical prevista ...ha sido establecida para amparar a los trabajadores que ocupen cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, y que hayan sido elegidos en comicios convocados por éstas por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberán ejercer..." (Conc.: Dictamen N° 341 - 29.11.2007 - "Dagfel, Angela..." Tomo: 263- Pág.: 338).

Y obviamente, como señalé antes, el cargo por el cual se proporcionó al accionante la licencia por cargo electivo, no cumple con los recaudos exigidos por la Ley N° 23551 a fin de gozar de la tutela sindical allí establecida.-- 6.- Y con lo dicho, queda claro que de ningún modo el acto administrativo que dispuso su cesantía, contiene la falsa causa que esgrimió A. en su contra.

6.1 En mi voto en SD N° 2/SCA/07 (in re "F....") trayendo lo ya dicho en SD N° 15/SCA/06 (in re "G."...) me referí a la necesidad de examinar los elementos de los actos administrativos para discernir si ///corresponde o no declarar la invalidez de los mismos, conforme la postura adoptada por gran parte de la doctrina, a la que adhiere el Dto. Ley N° 920 (ahora en Digesto Ley Nº I-18) la Corte Nacional y este Tribunal según quedó establecido en fallos anteriores (vg. SD N° 17/SCA/97 -conc. CSJN Fallos 308:108, 311:161, entre otros). Siguiendo a Julio COMADIRA dije "...el examen de la validez del acto administrativo supone siempre un juicio lógico-jurídico de comparación entre el acto, sus elementos y las normas aplicables. Este juicio implica confrontar las exigencias impuestas por el ordenamiento, en cuanto a los elementos esenciales del acto, con la realidad del acto administrativo emitido. ...Elementos, que sin perjuicio de alguna discrepancia doctrinaria se vinculan..."con la competencia, la forma y con los procedimientos esenciales...que todo acto debe cumplir..."; y añadía "...el objeto es lo que éste dice, certifica u opina y en todos los casos debe ser cierta, física y jurídicamente posible"...; la "causa...los hechos y antecedentes en que el acto debe sustentarse y el derecho aplicable..." en tanto que "motivación...es la...expresión de las razones que inducen al órgano a emitir el acto correspondiente..." Previne en el fallo que gloso, siguiendo a FIORINI refiriéndose a la causa del acto, que "...el mismo es el producto de una organización compleja, reguladora de distintas situaciones normativas con distintos valores jurídicos: algunos de éstos serán determinantes, otros complementarios, otros condicionantes. Todos ellos elementos concurrentes que establecen como consecuencia la determinación de la causa y su encuadre legal. Éstos a su vez pueden producir un consecuente ///que no responda a la realidad, a la verdad de los hechos, sea porque se omitan algunos importantes, o se sumen los que no existen, o se los deforme en la realidad, o se acentúen juicios inexactos sobre hechos o conductas de tal modo que estas consecuencias expuestas no correspondan al proceso de razón que justifica la causa. Entonces, la vinculación lógica entre los distintos elementos concurrentes se realiza en forma irregular, y el resultado no responde a la realidad. Si todo acto administrativo tiene su causa debe tener en ésta su correcta razón; ésta se expresa en lo que necesariamente debe ser y la razón no concibe que acontezca de otra forma. La razón suficiente es una consecuencia lógica de lo que debe ser verdad, y las irregularidades deben investigarse en el proceso que produce a la causa y determina su ineficacia si la deforma sustancialmente, o la sustituye por otra que no responde al principio de razón. Tal la arbitrariedad, que aparece como variante de la irrazonabilidad y se presenta como consecuente de una voluntad destructora que se introduce en el desarrollo del proceso de razón, viciándolo. Todo lo cual se corresponde a la calificación jurídica de los hechos que se deben encuadrar dentro de la causa, que se desenvuelve entre el ajuste a la veracidad y la presencia del o los diversos hechos y su conformidad con la norma que los comprende (Conc.:Tratado de Derecho Administrativo - Tomo I - pág. 499/502)".

En los Considerandos de la Resolución impugnada, no hallo ninguna de las hipótesis con las que el doctrinario citado desarrolla la arbitrariedad; contrariamente la causa que se expone posee una "correcta razón", producto de las ausencias sin justificar del accionante, que debidamente ///constatadas por la Administración, determinan la aplicación de la sanción cuestionada.- 6.2.- He tenido posibilidad de expedirme en otro precedente, donde razoné sobre la legalidad del obrar administrativo en relación a la cesantía por idéntico motivo, en ese caso, de un empleado Municipal. Para definir el criterio imperante en la materia, glosé las Sentencias Definitivas de este Tribunal Nº 30/90, 10/91, 14/SCA/99, 2/SRE/00, 4/SCA/00 y con ellas referí "...a la actividad discrecional de la Administración para ejercer la potestad disciplinaria, ya que por lo general, los estatutos no tipifican -a diferencia de lo que ocurre en el Derecho Penal- con precisión las faltas, difiriendo a su "gravedad" la consecuencia coactiva imputable, lo que hace que el control jurisdiccional se aplique fundamentalmente a la razonabilidad de la estimación subjetiva de la administración" (mi voto en SD N° 22/SRE/04 en "R....").

Añadí en que "...para el supuesto de inasistencias injustificadas -y también lo ha dicho el Tribunal en SD Nº 11/SRE/01 ("C....")- debe admitirse que poca discrecionalidad han dejado los reglamentos a la autoridad administrativa decidente, en tanto es de las pocas que aparece tipificada. Las normas suelen determinar la obligación, y la sanción ante el incumplimiento -y tal lo que ocurre en las Resoluciones aplicables al sub-lite- con, además, una consecuencia que el funcionario que ejercita la potestad no puede desoír, sin incurrir en violación de ley. La discreción, aparece así autolimitada por y para el Estado -en autos el Provincial- e infranqueable para la jurisdicción. Dado el presupuesto de hecho que ///previene, le está vedada cualquier otra conducta que no fuera la prevista. Aunque es cierto, en la apreciación del presupuesto fáctico administrativo, determinación y elección de las conductas -lo dice Juan Domingo SESIN- siempre habrá un margen de discrecionalidad (Administración Pública, Actividad reglada, discrecional y técnica - Depalma pág. 275 y sigs.)".- Y en este acotado cauce, dable es señalar que de una integral comprensión de lo establecido en el art. 5° inciso a) con lo normado en los arts. 12 inciso 1) y 2) y 15° todos del Anexo I de la Resolución N° 142/03, arroja que se atribuye al actor la falta de justificación de las ausencias en las que incurrió desde el 1° de Agosto de 2007, que por imperio normativo conduce a la aplicación de esta sanción. Ninguna de las alegaciones expuestas por A. logra -como se ha visto- conmover la legalidad de la Resolución impugnada, acabadamente motivada en hechos y derecho, motivación que concilia con la verdad material.-- El Poder Legislativo, en función administrativa, obró ajustándose al Estatuto Escalafón, resultando concordante a derecho la sanción impuesta. En consecuencia, la demanda interpuesta por el Dr. R. A. debe ser rechazada.--- Así lo voto y dejo propuesto al Acuerdo.- A la misma cuestión el Dr. PASUTTI dijo: - ///-I.- Expone la presente causa que el Sr. R. O. A., fue destituido de su empleo en la Administración Pública por no justificar las ausencias a su lugar de trabajo con posterioridad al 1° de Agosto de 2007, razón por la cual mediante Resolución N° 253/07 el Presidente de la Honorable Legislatura del Chubut dispuso su cesantía, medida disciplinaria que fue aprobada por Resolución N° 125/07 de la Honorable Cámara.

El 1º de Febrero de 2008 el nombrado impetró esta demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con la pretensión de que, previa declaración de nulidad del acto administrativo sancionatorio, se lo restituya al cargo de revista: Jefe de Departamento Altas y Bajas de Planta Permanente de la Honorable Legislatura del Chubut, alegando que la Resolución opugnada contiene vicio en la causa, pues la Administración le achacó la falta administrativa que aquella expone - faltas injustificadas, abandono de servicio- sin considerar -expresa- que en esa oportunidad se encontraba usufructuando licencia por cargo electivo, como consecuencia de haberlo sido por el Claustro Docente como Consejero Titular del Directorio Provisorio de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). A resultas, solicita se ordene el pago de los "haberes que se vayan devengando" hasta que se produzca la reinstalación que reclama, con más intereses y costas.

A su turno, la Provincia accionada pide se rechace la pretensión actoral. Manifiesta que A. gozó de esta licencia para cargo electivo pero, según aclara, con posterioridad y hasta el 31 de Julio de 2007 estaba ///"adscripto" en la Sede de la UNPSJB sita en Comodoro Rivadavia; vencido dicho plazo, denegó por razones de servicio una solicitud del accionante para extender el plazo de la licencia aludida por un nuevo período como así también el requerimiento de licencias que conjuntamente había peticionado. Se lo intimó a reintegrarse a sus labores habituales, lo que no fue acatado, y constatado el ausentismo en los meses de Agosto y Septiembre de 2007 según informes del área de Personal, la Honorable Legislatura dictó, sin más, su cesantía.- II.- Las constancias de la causa, principalmente la prueba documental anexada, ilustran que el Presidente de la Casa, autorizó a A. a gozar de licencia sin goce de haberes a partir del 1° de Febrero de 2005 y hasta el 31 de Enero de 2006 (Res. 38/05 P.HL- fs. 70), decisión que adoptó ese Poder, respondiendo al pedido realizado por el nombrado el 17 de Enero de 2005. Allí argumentaba que dicho beneficio era peticionado para "...continuar desempeñando el cargo de Defensor del Consumidor de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el cual me fuera asignado a partir del 11 de Septiembre de 2001..." (fs. 71).

El día que operaba el cumplimiento del plazo dado en el acto administrativo referido, a través de una Nota, hace saber al Sr. Presidente de la Honorable Legislatura que el 14 de Septiembre de 2005 había sido electo Consejero Titular por el Claustro Docente para integrar el Consejo Directivo de la Escuela de Derecho de la UNPSJB, y que en ese carácter se encontraba abocado a diagramar un proyecto sustentable para la transformación de esa Escuela en Facultad, lo que sería tratado ///mencionaba- por la Asamblea Universitaria en el mes de Abril. Esas labores -subrayaba- determinaban una ".incompatibilidad en razón de la distancia para reintegrarme al Departamento de Personal de esa Honorable Legislatura."; por eso pedía una asignación de funciones en la Defensoría del Pueblo con asiento en Comodoro Rivadavia ó, en su defecto, licencia sin goce de haberes hasta el término de su mandato. Así vio la luz la Resolución N° 21/06 P.HL que autorizó el uso de licencia por cargo electivo al Sr. A. a partir del 1° de Febrero del 2006, "...sin goce de haberes mientras dure el mandato de dicho agente en el cargo de Consejero Titular por el Claustro Docente del Consejo Directivo de la Escuela de Derecho de la Universidad...por la Sede Comodoro Rivadavia"; justificando los Considerandos de la misma que "...existen constancias que certifican la elección del agente A...." y fundando que "...el Capítulo V de la Resolución N° 077/89 HL, el art. 25° autoriza al personal civil dependiente de la Honorable Legislatura a hacer uso de licencia política sin goce de haberes por el término que dure el mandato..." (4to. y 5to.); aclarando en el 6to. que "...si bien el cargo de Consejero en el ámbito docente, no es incompatible en razón de la materia...sí es incompatible...en razón del territorio..." (fs. 72).-- Mientras el actor se encontraba gozando este beneficio, se produjo la transformación de la Escuela de Derecho en Facultad de Ciencias Jurídicas, razón por la cual la Asamblea Universitaria, el 28 de Agosto de 2006, resolvió que el Consejo Directivo Provisorio de aquella Escuela -que integraba A.- constituyera el Consejo Académico Normalizador de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que tendría a su cargo los aspectos relativos ///a la estructura de gestión y a la temática relativa a la organización de la nueva unidad académica, "...prorrogando los mandatos de sus actuales miembros hasta el 30 de Septiembre de 2007" (Resolución "AU" N° 01/06 (fs. 80/81).

Hasta aquí, como primera conclusión diré que el accionante gozaba de la licencia especial para desempeñarse en ese cargo hasta la expiración del plazo de su mandato. Esto es, la decisión citada en el párrafo anterior, trajo como consecuencia inmediata la ampliación de vigencia la Resolución Nº 21/06 P.HL, pues si concedió el usufructo del artículo 25º de la Resolución Nº 77/89 H.L, hasta el término del mandato para el que había sido electo, de ello infiero que brindaba amparo al Sr. A., en el goce de ese derecho, hasta el 30 de Septiembre de 2007.

Mas en ese estado, ingresa a la Honorable Legislatura -el 21 de Diciembre de 2006- un pedido del Decano Normalizador, solicitando una "...adscripción rentada a partir del mes de Enero del...2007 del agente de ese Poder Legislativo, Dr. R. O. A.,...para cumplir funciones como Coordinador Administrativo en la Facultad de Ciencias Jurídicas..." (fs. 79).

El Sr. Presidente, invocando el Capítulo X de la Resolución N° 142/03 HL -art. 32° punto N° 2- emite la Resolución N° 35/07 P.HL que dispuso "...adscríbase al agente R. O. A....cargo Jefe Departamento Altas y Bajas, Planta Permanente de esta Honorable Legislatura, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad ///Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en carácter de Coordinador Administrativo..., la adscripción mencionada...tendrá una vigencia de seis (6) meses a partir del día 1° de Febrero..., por lo que vencerá el día 31 de Julio de 2007..." (arts. 1° y 2°).- El día inmediato posterior al del vencimiento del plazo dispuesto en la Resolución Nº 35/07 P.HL, el 1° de Agosto de 2007 (fs. 17) por nota, el accionante solicitó prórroga de la adscripción. Dejó pedido además -para el supuesto de que fuese denegada- la concesión de licencia invernal hasta el 14 de Agosto y a partir del 15 de Agosto se computara su licencia anual proporcional todas del 2007, agregando en su pedido."para continuar usufructuando luego licencia sin goce de haberes hasta el término del mandato de consejero académico ...conforme antecedentes obrantes con la Res. 21/06" (fs. 18).

A esta altura del detalle de la causa, oportuno resulta destacar que las razones de incompatibilidad invocadas para solicitar la licencia por cargo electivo, vuelven a jugar un papel fundamental en autos.

Digo esto porque "la distancia territorial" provocó que ese pedido de A. se "cruzara" con una Carta Documento que el día anterior (31.07.07) su empleadora giró a la ciudad de Comodoro Rivadavia, del siguiente tenor: "Notifico a Ud. que el día 1° de Agosto de 2007, a las 8:00 horas deberá presentarse en esta Honorable Legislatura, sita en ....ciudad de Rawson, para prestar sus labores habituales de conformidad con la finalización de la adscripción otorgada mediante Resolución N° 35/07..." (fs. 16), y según las ///constancias insertas por el C: A. S.A. fue recepcionada por el actor el 6 de Agosto, aunque su domicilio mereció dos visitas previas.

Ínterin, arriban a Rawson las solicitudes de A., provocando una nueva Carta Documento suscripta por el Sr. Presidente de la Legislatura donde, luego de ratificar en todos sus términos la notificación relatada en el párrafo anterior comunica "...respecto a la solicitud del otorgamiento de la licencia invernal 2007, licencia proporcional del corriente año y la licencia sin goce de haberes hasta el término de su mandato, las mismas se encuentran denegadas por razones de servicio, sin perjuicio de tener presente la solicitud, para la oportunidad en que las circunstancias y la organización interna de la Legislatura posibiliten su otorgamiento. ...sírvase la presente como fehaciente intimación a prestar sus labores bajo apercibimiento de iniciar los descuentos correspondientes y las sanciones disciplinarias pertinentes...". Del mismo modo que ocurrió con la notificación previa, ésta contiene dos avisos de visita al domicilio y A. toma conocimiento de la misma el 6 de Agosto de 2007 (fs. 15 y vta.).

Luego de un prolongado silencio, el 30 de Agosto -según constancia del sello de Mesa de Entradas y Salidas de Legislatura-, presenta el actor una .aclaración? Porque no es petición sino decisión, ya que, invocando el cargo electivo de representación que desempeña en la UNPSJB y mencionando que ese mandato vence el 30 de Septiembre manifiesta la decisión de reintegrarse a sus funciones el 1° de Noviembre de 2007, y previene "siempre y cuando mi médico tratante lo autorice" (fs. 14).

///-Fue así que el día 2 de Octubre de ese año, la Presidencia de la Honorable Legislatura resolvió aplicarle la sanción disciplinaria de cesantía mediante la Resolución N° 253/07 P.HL.. Los argumentos de tal medida, detallan el intercambio de cartas ya referido y, a continuación, expone diversos informes del Departamento de Personal de Recursos Humanos, el primero de ellos con fecha 23 de Agosto, que daban cuenta que luego de dos intimaciones fehacientes realizadas al agente A. y verificada la recepción de ambas, "...no se ha presentado a su lugar de trabajo..." (10mo. Considerando), reiterándose informes de similares características los días 31 de Agosto, 10 y 19 de Septiembre de 2007, motivo por el cual se informó la situación al sector contable para el respectivo descuento; y en el 17mo. Considerando concluye "...ponderando los antecedentes fácticos...respecto de las ausencias injustificadas del agente R. A., la conducta desplegada por este último atento la finalización de la adscripción oportunamente otorgada, y las reiteradas intimaciones...para que... se presente a prestar labores a partir del 1° de Agosto..., habilitan a concluir que el accionar descripto se encuentra tipificado ...artículo 12 inc. 1 y 2 de la Resolución N° 142/03 HL..." ( fs. 91/93). Decisión que es aprobada por Resolución N° 125/07 de la Cámara (fs. 94) y notificada al actor según constancia de fs. 8/10.

Cuestionada la medida por vía de Recurso de Reconsideración a tenor del escrito incorporado a fs. 6/7, fue analizado por la Asesoría Legal de la Legislatura en el Dictamen N° 03/07 AL-HL agregado a fs. 102/112, y rechazado por Resolución N° 295/07 P.HL (fs. 113).- ///-III.- Tales los hechos, habré de destacar preliminarmente, que ".la función o el empleo público se encuentra estructurado en diversos grados, respondiendo a las distintas denominaciones conforme el ordenamiento jurídico de que se trate. Ya sea que se denomine Estatuto o Escalafón, en ambos casos, se está haciendo referencia al marco normativo, de carácter general, que contempla el conjunto orgánico de normas que establecen los derechos y obligaciones de dichos funcionarios o empleados, consagra las garantías y sus formas de extinguirse, fijando su situación dentro del organismo administrativo, regulando por igual a quienes tienen o están en idéntica situación en las escalas, creando así el estado jurídico de agente estatal, brindando certeza y seguridad en las relaciones que se dan entre éstos y el Estado. Tal como expresé en SD Nº 7/SCA/04 (in re "T..") fuere que se considere al vinculo iuris entre el Estado y sus agentes, como Estatutario o Contractual, en el primer caso la propia situación estatutaria de subordinación, en el segundo la cláusula exorbitante, determinarán en definitiva las circunstancias particulares a que se sujetarán estos derechos. Como dice FIORINI, la variedad de situaciones normativas, la variedad de situaciones subjetivas, la relación de servicios, son las reglas determinantes de todos los aspectos de la relación de empleo (Tratado de Derecho Adm. Tomo I- pág. 787 y ss. 830/835).en ese marco, la situación de los agentes públicos dependerá del régimen estatutario -o contrato predeterminado por cláusulas estatutarias- al que se halle sujeto en razón de su trabajo.". Completé ".el régimen administrativo previo es lo que fundamenta los caracteres esenciales de la vinculación de empleo público, que se distinguen por el carácter personal de la prestación convenida, la profesionalidad, la permanencia, la retribución uniforme, y la ///subordinación a los órganos superiores de la Administración.el deber básico de todo agente público es cumplir con la función o empleo encomendado, dedicándose al cargo en cuestión; quien no lo hace, no cumple la obligación básica que la relación pone a su cargo. Debe prestar servicios en el lugar mismo para el cual se hizo su nombramiento o designación.". (mi voto en SD Nº 4/SCA/05 en "V..").- También en SD N° 05/SCA/00 ("Las...") -con cita de PALOMAR OLMEDA- advertí que ".una de las características de la fórmula de organización estatutaria de la función pública, es que a través del Estatuto, se definen los derechos y deberes de los funcionarios. Estos últimos son las cargas que la Administración impone, en razón del vínculo de sujeción especial que une a aquéllos con ésta y se justifican en las propias necesidades de la organización, y resultan impensables fuera de esta relación."- En SD Nº 5/SCA/06 ("Coicaud...") señalé que ". el cumplimiento de la jornada es básico dentro de la relación funcionarial, con un criterio finalista de beneficio del servicio. Y la previsión de éste y otros deberes se complementa con los reglamentos disciplinarios que coercitivamente imponen su cumplimiento -so penas también expresamente previstas, que incluyen la ruptura del vínculo o relación. Concordante, la Suprema Corte de Buenos Aires, califica esta obligación como "básica" de la relación de empleo, comprensiva del desempeño del cargo en tiempo, forma y lugar establecidos ("L...." - 29/9/92), deber fundamental que se subvierte si el cargo se abandona, o el agente se ausenta sin cumplir con las ///reglamentaciones conducentes a la justificación de esas ausencias". Mencioné "....los Estatutos de la función pública -o cláusulas específicas para quienes adhieran a la teoría contractual para caracterizar la naturaleza del vínculo de empleo público- contemplan expresamente esta obligación, sólo interrumpida por causas expresamente previstas ...que conforman un sistema de licencias y justificaciones que a su vez exigen conductas del agente ...y confieren facultades a la Administración ...derivadas justamente de la importancia de la obligación de prestar servicio enunciada". Además "...si bien es cierto que esta conductas suelen estar predeterminadas en los Estatutos, regímenes o cláusulas del contrato -insisto, según la teoría que se adopte- no es menos cierto que la relación de empleo público se caracteriza -como siempre certero señala FIORINI- por la "variedad de situaciones subjetivas" propias de las relaciones del servicio, de lo que se sigue que la técnica del "detallismo excesivo" del que acusa a algunas regulaciones, atenta contra el concepto unitario de la vinculación. Sólo la apariencia -estimará- es taxativa, pues a más de lo expresamente dispuesto en los Estatutos, se encuentran los deberes implícitos provenientes de la misma, dentro del contexto de los principios que informan los valores comunes que realiza la Administración, del cual el agente es su instrumento. Son estos principios la "causa de los deberes" y sobre su base el agente deberá comportarse (Derecho Administrativo - Tomo I -pág. 817)...".

Íntimamente relacionado con esto, argumenté en el fallo ya comentado -SD Nº 5/SCA/00 ("Las.") siguiendo a GARCÍA DE ENTERRÍA, que ".las sanciones disciplinarias, consecuencia del ejercicio ///de la potestad sancionadora de la Administración, son las que se imponen a quienes se encuentran con aquélla en una situación de sujeción especial, concepto que completa PALOMAR OLMEDA -que es quien lo viene citando- cuando expone, que respecto de los empleados públicos, esta potestad no es sino el corolario o simplemente la cláusula de cierre que permite exigir el puntual cumplimiento de aquéllos (Derecho de la Función Pública - Ed. Dykinson- Madrid 1996 - pág. 481). En la Filosofía del Derecho, aunque no pacíficamente-, la sanción es presentada como un concepto jurídico fundamental (vg. COSSIO - KELSEN), que opera en el plano de la normatividad jurídica como consecuencia respecto de las normas reguladoras de la conducta: la coacción, la coerción, que consiste en la privación forzada de un bien; el castigo, la pena, infligido a quien comete una ilicitud (vide Ariel ALVAREZ GARDIOL - Manual de Introducción al Derecho - pág. 89/91)". A más, consideré ".la relación falta-sanción, no es desde ya, matemática en ningún ordenamiento. La mayoría de las normas estatutarias y reglamentarias, difieren a la gravedad de la falta, la consecuencia coactiva imputable. Es así, que a más de alguna tipificación de carácter específico, por regla, los instrumentos efectúan remisiones genéricas de responsabilidad, que exigen de la autoridad competente un juicio de valoración y encuadramiento, con pautas de encaje, que no son del todo precisas, pero que en conciencia, tienen un sentido finalista. Pues no debe olvidarse, que el empleado público es -en la terminología de M. MARIENHOFF- el órgano individuo del Estado, del cual se vale para el cumplimiento de sus funciones esenciales y específicas, y de sus fines públicos, esto es la acción del Estado se traduce en los actos de sus funcionarios." ///-IV.- En base a las consideraciones desarrolladas, ha de decirse que el Régimen de Estabilidad, Derechos y Obligaciones que, para los agentes del Poder Legislativo, contiene el Anexo I de la Resolución N° 142/03 HL, enumera las obligaciones del personal, y puntualmente en lo atinente a la omisión que se le achaca al accionante, el artículo 5° fija "prestar sus funciones en forma regular, continua y eficiente, en las condiciones de tiempo, lugar y modalidad que con carácter general y para todo del personal determinan las autoridades del Poder..." (inciso a)).

Estatuto que naturalmente, contiene también un Capítulo referido a las sanciones disciplinarias de que serán pasibles sus empleados en caso de incurrir en faltas administrativas. Tal el Cap. VII, cuyo el artículo 12° enumera las causales de cesantía, y entre otras, prevé "...más de cinco (5) días continuos o más de diez (10) de inasistencias discontinuas en los doce (12) meses inmediatos anteriores sin justificar..." (inciso 1)) y "...abandono de servicio..." (inciso 2)), especificando en el artículo 15°, que las medidas disciplinarias de suspensión, cesantía y exoneración, sólo podrán ser impuestas previo sumario "...salvo los casos previstos en los artículos 12° incisos 1, 2..." transcriptos.-- Sin embargo, tal como expuse con doctrina anteriormente, la reglamentación prevé también permisos o justificaciones que eximen a sus dependientes del cumplimiento de ese deber, sea en el "totum" o en alguno de sus elementos, circunstancia ésta que requiere siempre -prevengo- el acto expreso que así lo establezca, pues están en su generalidad sujetas a razones de servicio.-- ///-a) Un modo de abstraerse el empleado de aquella obligación -no de la prestación de tareas sino de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que debe cumplirse- es la adscripción, que tal como lo indicó el Dr. CANEO, a diferencia de lo que ocurre con el Régimen General de los Empleados Públicos de la Administración Central, el que rige la relación de A. con su empleador - Res. Nº 142/03 - prevé expresamente.

No contiene la citada Resolución un concepto de este instituto, razón por la que con la jurisprudencia diré que "la adscripción es un instituto excepcional, de colaboración y actividad continuada, por el que un agente de la Administración Pública pasa a prestar funciones propias de su cargo en otro órgano o ente por un período determinado...En idéntico sentido se ha afirmado: "Estos agentes, que podríamos llamar "prestados", presupuestariamente figuran en la planta de personal del organismo en el cual originariamente cumplieran funciones, aunque su trabajo sea aprovechado por otros" (T.S.J Neuquén, 12.09.96 "Duarte." Lexis 17/4329; Conc. STJ Río Negro - Sentencia del 03.08.2004 in re "Vranjican." en www.jusrionegro.gov.ar/jurisprudencia).- De este modo, es claro, el Estado empleador se priva de la labor del agente en la repartición, para -temporariamente- satisfacer las necesidades de otra, a su solicitud o la del mismo agente si así es contemplada- que puede ser o no, dependiente del mismo Órgano adscriptor.

El aludido Estatuto, ha regulado esta posibilidad, admitiendo adscripciones por un período de tiempo que ha fijado en seis (6) meses, ///"prorrogable excepcionalmente por seis (6) meses más". Así, cuando razones de servicio así lo determinen y siempre que no afecte el normal desarrollo del sector al que pertenecen. Subraya el precepto que el agente deberá prestar su conformidad.- Para cuando opera el vencimiento de ese plazo, la norma textualmente impone ".al término de la misma y de no ser absorbido por el organismo receptor, el agente deberá reintegrarse indefectiblemente al sector de origen." (art. 32 - Res. Nº 142/03).

b) Las licencias, son las causas admitidas para la interrupción -en su totalidad -ya no sólo de sus circunstancias- del débito laboral. Para el personal legislativo, la Resolución Nº 77/89 HL ha regulado su régimen, y previsto entre las posibles, en el art. 25º la que puede otorgarse "para desempeñar cargos electivos o de representación política", sin goce de sueldo por el término que dure su mandato, debiendo -expresa la regla- reintegrarse a su cargo administrativo dentro de los treinta días subsiguientes al término de las funciones para las que fuera electo.-- c) Así las cosas, habré de ser en esto reiterativo: ninguna de estas figuras "advienen" al agente sólo por darse la causa. Ni la licencia -aún aquéllas que una razón de servicio no puede impedir, como las que la encuentran en la enfermedad o maternidad o fallecimiento de familiares, que requieren de validación cuando no acreditación y contralor- menos aún las que sí dependen de la razón de servicio. Tampoco por cierto la adscripción. El acto administrativo de otorgamiento es imprescindible para ///retraer lícitamente al agente de cumplir aquel deber enunciado, sea en el todo, sea en el tiempo, lugar y modo originalmente previstos.-- V.- Tan es así, que, según lo he relatado en II, a favor de A. se emitieron dos actos: uno, que le otorgó la licencia del art. 25 de la Resolución Nº 77/89 (Res. Nº 21/06 P.HL) y otro posterior que dispuso su adscripción a la UNPSJB (Res. Nº 35/07).-- Y aquí es que se produce la controversia en el sub-judice, pues mientras acusa el accionante que en el momento en que la Administración Pública le achacó ausencias sin justificar y abandono del servicio, en realidad se encontraba gozando de licencia por cargo electivo, la contraria se defiende, mencionando que a esa data se había agotado la "justificación" dada al actor para que laborara fuera de su Sede, que no era ya licencia, sino adscripción. Adscripción que peticionó el Decano Normalizador de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la que A. venía siendo conciliario, y que había vencido el 31 de Julio de 2007, imponiendo por ende al actor la obligación de reintegrarse a su cargo el 1° de Agosto.-- Lo primero que he de señalar al respecto, es que el acto de adscripción, consentido claramente por el actor (que luego pidió prórroga), lo excluyó de su situación anterior. Porque -por inconsistencia entre ambos- deja sin efecto la licencia por cargo electivo que venía usufructuando como consecuencia de la Res. Nº 21/06 P.HL cuya vigencia se había extendido hasta el 30.09.07.-- ///-La justificación dada por este acto, que lo excusaba del deber de prestar servicios en el cargo para el cual había sido designado en la Honorable Legislatura, dada por la licencia especial por cargo electivo -pese a la continuidad del mandato- se vio interrumpida, perdió su eficacia, por la emisión de otro, que dio paso a una nueva justificación -también contenida en el derecho positivo- como fue la adscripción, por vía de la cual la Honorable Legislatura en realidad (pese a que la petición es del Decano) "permitió" que éste -su empleado- tuviera la posibilidad de "pasar" a cumplir sus labores en el Claustro Universitario con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia.y percibir salarios. Y así se modificó la modalidad de la eximente de ocupar y prestar el servicio propio de su cargo, en el lugar en que debía desempeñarlo.- Si el actor prefirió, en lugar de mantener el estado jurídico de "licenciado" sin goce de haberes hasta el final de su mandato, admitir una adscripción prestando otros servicios con goce de haberes hasta dos meses antes de esa finalización. su propia torpeza define este pleito. Porque finalizada la última justificación obtenida, que sustituyó a la primera, el estado jurídico de agente estatal le imponía la observancia de la obligación de cumplir fielmente con su débito laboral, como y donde correspondía. Y cualquier ampliación o prórroga estaba sujeta a razones de servicio.- VI.- Sin lugar a dudas entonces, A. debió presentarse a cumplir sus tareas habituales en la Sede del Organismo que depende el día 1° de Agosto del 2007. o solicitar con antelación suficiente la prórroga de ese estado, o el "restablecimiento" de la licencia por cargo electivo. Pero ///decidió unilateralmente regresar el 1º de Noviembre, sin aval, anuencia, autorización o decisión de la autoridad del Órgano con el que instauró su relación de empleo...dando a entender que quizás.tampoco lo haría.sólo si su médico lo permitía. Ya no gozaba de licencia, ni estaba adscripto. Ambos beneficios requieren acto. ambos, están claramente sujetos normativamente a razones de servicio.- El descuido del actor es indefendible. Ninguna excusa resulta audible al respecto, pues a más de la claridad que evidencia el art. 2º del acto de otorgamiento de la adscripción, la reglamentación advierte que la prórroga del plazo inicial constituye una medida de excepción y como tal, tuvo que considerarla, poniendo de manifiesto su deseo de que se le extendiera el beneficio en el tiempo con anterioridad y no aguardar que expirara el término. Porque aquel carácter evidentemente alertaba la posibilidad de que la misma no fuese concedida.-- En cuanto a la licencia, cuyo cercenamiento voluntariamente admitió, no puede renacer de buenas a primeras por el sólo hecho de subsistir la causa, como expone pretender. Y digo "renacer", porque ambas situaciones jurídicas son inconciliables, inconsistentes, incompatible la subsistencia de ambas en la medida en que suponen un "status iuris" disímil, que incluso responde a distintas finalidades, claramente enunciadas por las normas. Si debo ser riguroso, por el ejercicio de una función electiva no remunerada, no debió merecer adscripción remunerada para cumplir tareas con aquella relacionadas... Pero no abriré sobre ello juicio ninguno, pues en definitiva ///la Presidencia de la Honorable Legislatura se ajustó a la preceptiva vigente respondiendo a la solicitud de una autoridad universitaria.-- Es A. quien debió "acomodar" su comportamiento al contexto jurídico en que se colocaba, y obrar en consecuencia.- Mas por sobre aquéllo, desoyó deliberadamente la intimación fehaciente cursada para que retomara servicios, pese a haber sido advertido de las consecuencias que podría sufrir de no hacerlo y/o justificar sus ausencias. En su lugar, peticionó, tardíamente primero, nuevas justificaciones para abstraerse de su compromiso laboral de presentarse el 1º de Agosto, y anoticiado de la expresa negativa de su empleador, por razones de servicio que no atinó ni atina a controvertir, fue más allá, permitiéndose inclusive "anoticiar" a aquél de ello y "advertir" de una enfermedad, que no llega a demostrar. Tampoco, como indica el Dr. CANEO, la alega en juicio.- Incurrió así, simplemente, en abandono de servicio, al que me referí -si bien dado el concepto en el marco de la L.C.T., aplicable al presente- en SD Nº 3/SRE/08 ("Q....") diciendo: ".para que exista.se requieren los siguientes requisitos: a) que exista una falta de asistencia al trabajo sin aviso y, en consecuencia, sin justificar; b) que se produzca una intimación por parte del empresario para que el trabajador reanude sus tareas; c) que el trabajador haga caso omiso de esta intimación y persista en su actitud de no concurrir a su trabajo sin dar razón de ello; d) que el apercibimiento para considerar consumado el definitivo abandono del ///empleo se haga efectivo, poniéndolo en conocimiento del trabajador. La doctrina se ha preocupado por recordar, con precisión, .lo que se ha dado en denominar "abandono incumplimiento".se configura cuando, mediando por parte del trabajador una violación voluntaria e injustificada de sus deberes de asistencia y prestación efectiva del trabajo.desoye la intimación fehaciente que, a los fines de reintegrarse al trabajo, le curse el empleador."- Y así acaeció en autos.

VIII.- Concluyendo, la falsa causa, en la que apoya el actor su ataque de nulidad a la Resolución Nº 253/07, es una alegación vacua.

Según fallé en SD Nº 6/SCA/06 ("V..") reiterando mi voto en SD Nº 4/SCA/01 ("F..") ".este Tribunal siguió la tesis de GORDILLO, en tanto opina que el vicio de que adolezca la causa, afecta a la voluntad administrativa e importa arbitrariedad, en la medida en que sólo aparezca fundado en el capricho del órgano del cual emana. A juicio de este autor quedan englobadas dentro del concepto de arbitrariedad las hipótesis que la doctrina del Derecho Administrativo menciona como ausencia de causa (o motivo) y falsa causa. Ello por cuanto en su concepción, la causa es un elemento de la legitimidad del acto llamado razonabilidad- que exige que éste repose sobre una justificación que lo fundamente racionalmente: cuando el acto desconoce racionalmente la situación existente, o pretende fundarse en una situación que no existe, es nulo (Tratado de Derecho Administrativo - Tº II- IX, pág. 33, Conf. ///SCMza. LL 129-1070- JA. 968-I-765- STCH SD Nº 36/91). Señalé además ".Si el administrador actúa sin que exista situación objetiva que justifique la decisión adoptada, o funde la decisión en otros hechos aparentes o falsos, o que carecen de relevancia para el caso -falencias de conclusión inatingente- o, se prescinde del orden jurídico sin dar razones plausibles, o si se da como fundamentos preceptos o pautas de excesiva amplitud o remota lejanía en relación con el caso en sustitución de normas positivas inmediatamente aplicables.y ello, al margen de la legitimidad del objeto, existe vicio en la causa determinante de la nulidad del acto." Ninguno de estos supuestos se da en el sub-judice. La medida disciplinaria impuesta al accionante por el acto administrativo cuestionado, no evidencia el vicio que éste alega, pues contrariamente, se halla debidamente fundado en los presupuestos de hecho y de derecho aplicables. Habiendo sido fehacientemente intimado por su Empleador para que se presente a desempeñar las labores inherentes a su cargo, no retomó sus tareas ni aquél día ni los subsiguientes, infringiendo el deber establecido en el art. 5º inciso a), quedando incurso de ese modo en las causales del art. 12º incisos 1) y 2) todos de la Resolución Nº 142/03 H.L. que habilitaban la aplicación de la cesantía, sin necesidad (art. 15°) de tramitar sumario administrativo previo.

En consecuencia, en coincidencia con el Dr. CANEO me pronuncio por el rechazo de la demanda.

A la misma cuestión el Dr. ROYER dijo:

///-A.- Controvierte en esta litis el Sr. R. A. la sanción expulsiva que le impuso el Presidente de la Honorable Legislatura del Chubut por considerarlo incurso en faltas injustificadas a su servicio.

Como bien señalan mis colegas, en otras oportunidades esta Sala ha puesto de manifiesto la importancia de esta obligación, pues -decía en mi voto en SD N° 5/SCA/00 ("L...."), y reiteré en SD N° 11/SRE/01 ("C....") y 12/SRE/04 ("R....") "...El carácter profesional que tiene el trabajo del agente estatal cualquiera que fuere, justifica la especificidad de cómo debe realizar su servicio. El agente no puede mantenerse ajeno a la actividad estatal que realiza, la que deberá ser eficiente, proba y de respeto a los administrados. Su consagración al trabajo deberá ser diligente, productiva y responsable, lo cual implica que no podrá ausentarse del mismo, salvo causas justificadas. El deber de asistencia dentro del horario permanente y labor de continuidad es uno de los elementos principales de su obligación de dedicación, y su transgresión justifica la imposición de medidas disciplinarias que pueden llevar a la cesantía, pues se juzgan, no en función de la real afectación de un servicio, sino en función del servicio comprometido. Y no se resalta tanto la inasistencia como hecho de incumplimiento, sino por lo que representa como desprecio para el servicio y a la labor que debe realizar el Estado en bien de la colectividad (FIORINI... pág. 817/818). De allí, que los reglamentos se ocupen de estipular en qué circunstancias se exime de su cumplimiento, y las formas que han de acatarse para que la eximente sea admitida...".-- ///-B.- Esta obligación está impuesta para los dependientes de la Honorable Legislatura Provincial por la Resolución N° 142/03 H.L., art. 5º inc. a). De no existir causa eximente de su cumplimiento, o de no haber sido ésta atendible, la misma Resolución determina la coerción, esto es, en caso de inasistencias más de cinco días continuos ó más de diez discontinuos en los doce meses inmediatos anteriores sin justificar (inciso 1)) ó cuando el agente hiciera "abandono de servicio" (inciso 2)) prevé la sanción de cesantía (art. 12°), especificando que en dichos supuestos la aplicación de la medida no requiere la sustanciación de sumario previo (art. 15°).- 1.- En general, son las previstas en el Régimen de Licencias, las únicas causas que los reglamentos autorizan para excusar al agente público del cumplimiento del deber de asistencia, como ocurre -para el sub-lite- con los supuestos previstos en la Resolución N° 77/89 HL. Pero hay otras figuras, que si bien no dispensan del cumplimiento de ese deber, permiten que el mismo se haga efectivo en otras dependencias u organismos distintos de aquél en que la designación impuso el débito, configurando así un justificativo para ausentarse del lugar habitual de trabajo durante el tiempo por el cual se ha autorizado.- 1.1.- Esto ocurre con la adscripción, definida por Javier BARRAZA como "...la desafectación de un agente de planta permanente de las tareas inherentes al cargo en que revista para desempeñar transitoriamente ...dentro o fuera de su jurisdicción presupuestaria de revista funciones tendientes a satisfacer necesidades excepcionales propias de algún ///organismo..." La caracteriza -el autor que vengo citando- como "...excepcional, ...porque el principio es que el agente despliegue su accionar en el organismo en el que fue nombrado...; de colaboración ...porque la adscripción supone un organismo que no puede llevar adelante sus funciones con el personal que se le ha asignado o bien, carece de fondos para pagar sueldos a nuevos empleados... y de actividad continua ...el agente deja el ámbito en el que presta sus tareas y es remitido a otro..." (Conc.: "El Régimen Jurídico de las adscripciones en la Administración Pública Nacional" - J.A. 2003- IV- Doctrina pág. 1273/1274).- A diferencia del Estatuto Escalafón que comprende a los empleados públicos de la Administración Central, sí ha previsto el del agente legislativo en su artículo 32° esta figura, aceptando, que a pedido de otros Organismos, sus dependientes desarrollen en éstos su trabajo por un término que estipula en seis meses, que puede ser excepcionalmente extendido por otro similar. Plazo que cumplido, de no ser absorbido por el organismo receptor, fija "indefectiblemente" la obligación de reintegrarse al sector de origen.

1.2.- Por otra parte, el Régimen de Licencias, ha previsto en el art. 25° que el personal civil tendrá derecho a usar de una especial sin goce de haberes, cuando hubiera sido designado para desempeñar un cargo electivo o de representación política que hiciera incompatible su desempeño con el de revista, por el término que dure su mandato, debiendo reintegrarse a su ///cargo administrativo dentro de los treinta días subsiguientes al término de las funciones para las que fuera electo.- Las dos situaciones son excepcionales, por lo que a su respecto, las interpretaciones deben ser restrictivas.- C.- Los antecedentes de hecho del caso -ya ampliamente glosados por los Sres. Ministros preopinantes, que he verificado y a los que me referiré sucintamente- indican que la Resolución N° 253/07 P.HL -nulidicha- aplica al Sr. A. la sanción en cuestión por haber inasistido a sus labores en esa Sede partir del 1° de Agosto de 2007, desoyendo la intimación cursada (fs. 16 y 17) para que ese día las retomara, pues el 31 de Julio finalizaba una adscripción que lo había autorizado a cumplir tareas como Coordinador Administrativo en la sede de Comodoro Rivadavia de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB.- No se presentó ante la intimación, y esgrimió que como consecuencia de haber sido electo Consejero Titular por el Claustro Docente, mantenía licencia "política" en los términos del art. 25° comentado antes, e invocando los extremos de éste razonaba que, como el período de ese mandato terminaba el 30 de Septiembre, se reintegraría a laborar en la Legislatura el 1° de Noviembre ambos del 2007. A la par adelantaba la posibilidad de que así no fuera, pues debía autorizarlo su médico tratante? (ver fs. 14).-- ///-Destacaron mis colegas que ese argumento -el de la licencia- carece de sustento fáctico y normativo, opinión que comparto. Porque si bien es cierto que por Resolución N° 21/06 P.HL fue autorizado a hacer uso de licencia por cargo electivo sin goce de haberes desde el 1° de Febrero de 2006 y mientras dure su mandato como Consejero Titular por el Claustro Docente -Res. N° 21/06 P.HL- el cual, originariamente tenía una duración de un año, computando de Octubre de 2005 a Octubre de 2006 según constancia de la Junta Electoral de la Escuela Superior de Derecho (fs. 76) y luego fue prorrogado por decisión de la Asamblea Universitaria hasta el 30 de Septiembre de 2007 (fs. 80/81), esa licencia fue limitada, dejada sin efecto, cuando, respondiendo a lo solicitado por el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el Presidente de la Honorable Legislatura lo adscribió -de conformidad con lo normado en el art. 32° de la Resolución N° 142/03 H.L. antes reseñado- por Resolución N° 35/07 P.HL, para prestar servicios en el asiento que esa Casa de Estudios tiene en la ciudad de Comodoro Rivadavia, hasta el 31 de Julio de 2007.

Ergo, acaecido dicho plazo, y de acuerdo a la reglamentación, debía reintegrarse a cumplir las funciones propias de su cargo, Jefe de Departamento Altas y Bajas, en la Sede de la Honorable Legislatura en esta ciudad Capital, circunstancia ésta que de ninguna manera pudo el accionante desconocer. No sólo por su dependencia directa del Sector de Recursos Humanos de ese Poder, y por su profesión de abogado, sino porque además, así lo demuestra la nota (fs. 17/18) que tardíamente -un día después de que expirara el plazo referido- pide se extienda el de la medida excepcional que estaba usufructuando, ó en su defecto, requiere la ///anuencia de su empleador para gozar de licencias, primero la especial (feria invernal) y luego la proporcional reglamentaria de ese año, solicitudes que se denegaron por "razones de servicio" (fs. 15).- Así lo manifestó la Legislatura, expresando la necesidad de que se presentara a laborar el 1° de Agosto, intimándolo a ello y detallando conjuntamente las sanciones de que sería pasible en caso de persistir con su actitud de omitir asumir las obligaciones inherentes a su cargo. No obstante, A. resolvió por sí, no regresar, informando inclusive que lo haría dos meses después (y si estaba sano, pues parecer ser había enfermado?).

Y reitero coincidir con los Sres. Ministros preopinantes; las razones que expuso ante la Administración y que trajo a juicio para tratar de justificar su postura, no resultan atendibles, atinadas ni suficientes para justificar ese ausentismo laboral. Pues la alegación de que se encontraba gozando de una licencia por cargo electivo porque ese mandato vencía el 30 de Septiembre, es falaz. Omitió considerar que el acto que le otorgó la adscripción, modificó su situación jurídica en el marco de la relación de empleo que lo vinculara con el Poder Legislativo, que "pasó" de licenciado a adscripto.sin previsión concreta de recupero de aquel estado.--- En el que fue mi voto en SD N° 24/95 ("S."...) tuve oportunidad de delimitar, siguiendo a DROMI la relación jurídica; entendí la misma como ..."la actividad estatal, que se exterioriza de diferentes maneras (ley, reglamento, contrato, acto...), genera consecuencias de tipo ///jurídico que instituyen recíprocamente derechos y deberes correlativos, los que se delimitan según la correspondencia entre las situaciones en que se encuentren cada uno de ellos respectivamente. La relación jurídica se da así cuando la situación de poder (derecho) en la que se encuentra uno de ellos, se corresponde necesariamente con una situación de deber (obligación) del otro. En este marco referencial que es la relación, la ubicación o disposición jurídica de un sujeto, es lo que caracteriza su situación jurídica." (Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública - GROUZ 1986 -pág. 41/42).-- Y en esta relación jurídica de empleo que ambas partes en conflicto conforman, el Sr. A. fue dependiente, y como tal, sujeto de los derechos y obligaciones inherentes a ese estado, en cuyo marco, pueden darse diversas situaciones cuya simultaneidad dependerá de su compatibilidad. Y en el caso, se observa incompatibilidad objetiva entre ambas situaciones descriptas, ya que es evidente, que estos estados jurídicos son inconciliables e insusceptibles de darse coetáneamente: uno que lo abstrae en su totalidad del deber de prestar funciones sin goce de haberes (la licencia), el otro, lo "reintegra" al servicio pero en otro Órgano, eximiéndolo sólo del modo y lugar de trabajo por el que en la relación se obligara, con goce de haberes (la adscripción), de tal suerte que no caben mayores disquisiciones para deducir que el primero cesó frente al segundo, implícitamente, por imposibilidad material de subsistencia, en tanto el segundo, anula las condiciones y efectos requeridos por el otro sin que sea posible su aplicación concomitante. Tal y como lo consideraron antes los Ministros que me preceden en el voto, y adhiero.

///-Operada entonces la imposibilidad material de subsistencia de la Resolución que otorgó la licencia, habiendo expirado el plazo contenido en el acto administrativo concedente de la adscripción cuyo texto no dejaba margen de duda alguna en relación al momento en que procedía el reintegro a sus habituales tareas, sólo cabe establecer que -efectivamente- A. no se presentó a cumplir su principal deber como empleado público de la Honorable Legislatura, desentendiéndose de la intimación que se le cursara, violentando con su conducta renuente la voluntad de su empleador, perfectamente acotada al orden jurídico preestablecido.- D.- En este marco, y considerando los deberes y prohibiciones que rigen la relación de empleo público, estimo que la falta por la que se dispuso la cesantía del Sr. A. -inasistencias injustificadas y abandono de servicio- efectivamente ocurrió, y ello descarta de plano las fundamentaciones actorales esgrimidas para endilgar a la Resolución segregatoria falsa causa.- Expuso el Tribunal en las Sentencias Definitivas N° 14/SCA/99 ("E....") y 5/SCA/00 ("L....") y remití a ellas en mi voto en SD N° 22/SRE/04 ("R....") que "...El Poder Judicial a pedido de parte, sólo hállase facultado para examinar la legitimidad del acto, competencia que se extiende a determinar si los hechos y antecedentes invocados por la administración para emitir el acto sancionatorio han o no existido en la realidad, si se trata de una afirmación falsa o verdadera acerca de esa situación de hecho que sirvió de base para la emisión del acto...no se puede investigar la intención de la administración, sino confrontar si el dato ///objetivo mentado en la norma, se identifica con el juicio objetivo que surge de la realidad...el control alcanza a la debida aplicación del estatuto, de manera que los hechos se configuren y clasifiquen adecuadamente, como también que las sanciones se apliquen a su texto...la cesantía de un empleado público como sanción administrativa no es irrazonable ni arbitraria, si se determina que la conducta del dependiente justifica la desconfianza de sus superiores en lo atinente a su conexión con la prestación del servicio... la razón de ser de la responsabilidad administrativa tiende a mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos e incluso mejorarlos, lo cual se trata mediante la aplicación de las sanciones que prevé el ordenamiento jurídico, cuyo carácter es represivo..." (CJ Catamarca - 13/10/97 "Figueroa de Bazán..." LL NOA 1998, 1388 - Reseñas LL 20/4/99). "... la estabilidad en el empleo no impide la subsistencia de las facultades administrativas indispensables para la correcta prestación de los servicios, y en el ejercicio de esas facultades ha de reconocerse a la autoridad una razonable amplitud de criterio en la apreciación de los distintos factores y reglamentación en juego" (CSJN causa G-669-Gallero... Conf. STJCH SD N° 26/91 entre otras). Criterio con que concuerda la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, en fallo publicado en el Suplemento L.L Derecho Administrativo, del 14 de Febrero de 2000 ("P. de Q. M. S. c/ Municipalidad de Morón..." del 25/10/99")".- Una cuidadosa lectura del acto administrativo sancionatorio, que corre agregado a fs. 91/93, me permite aseverar que en los Considerandos del mismo de ningún modo encuentro configurado el vicio alegado. ///Máxime al considerar que la causa, esto es los hechos que justifican su emanación, están como lo dije ampliamente demostrados. Si, en relación a ellos, la Honorable Legislatura aplicó la consecuencia derivada del art. 12° incisos 1) y 2) en concordancia con el art. 15° ambos de la Resolución N° 142/03 HL, resulta procedente afirmar que la medida expulsiva ha sido adoptada dentro del contexto normativo vigente, sin atisbos de arbitrariedad o irrazonabilidad.- E.- En cuanto al amparo pretendido en el art. 249 de la Constitución Provincial, su sola lectura manifiesta la impertinencia de su aplicación al sub-lite, sin necesidad de hermenéutica que no fuera la "ad literam" que emana de su texto. Comparto en consecuencia lo razonado por el Dr. CANEO en su voto, afirmando que la comparación entre la Universidad y una Organización gremial dista de ser seria, por lo que la invocación merece ser desestimada.- Acuerdo por ello en el rechazo de la demanda.

A la segunda cuestión dijo el Dr. CANEO: -- Según he votado la primera me pronuncio por 1) RECHAZAR la demanda instaurada por el Sr. R. O. A. contra la Provincia del Chubut; 2) Con costas a la actora (art. 69 Ley N° XIII-5 antes art. 68 CPCC); 3) REGULAR los honorarios de quien actuara como Fiscal de Estado -Dr. J. L. M., por una etapa, en el 4% (1/3 partes del 12%) del monto del proceso, que se determinará en la etapa de ///ejecución; a sus apoderados Dres. E. F. L. y A. L. P., para cada uno de ellos, en el 30% de lo regulado a su patrocinante. Sobre idéntica base y por su participación en la 2° y 3° etapa procesal, al Sr. Fiscal de Estado -Dr. D. C.- en el 8% (2/3 partes del 12%) y a su apoderada Dra. G. J. en el 30% de lo regulado a su patrocinante. Los del Dr. D. L. en el 2,33% (1/3 del 7%), por la 1° etapa del proceso, y conjuntamente con el Dr. M. M. en el 3,04% (1/3 del 7%+30%) por la 2°, valorados los trabajos profesionales según las pautas de los arts. 5° inc. a) a f), 6°, 8°, 9°, 37° y 46° Ley XIII N° 4 (antes arts. 6° inc. a) a f), 7°, 9°, 10°, 38° y 47° del Dto. Ley N° 2.200- T.O. Dto. N° 138/99). Todo, con más IVA si correspondiere.

A la misma cuestión dijo el Dr. PASUTTI: - Atento como he votado la primera, comparto la solución que propone el Dr. CANEO.

A su turno dijo el Dr. ROYER: - Acuerdo con la solución que propician los Dres. CANEO y PASUTTI.- Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictar la siguiente:

SENTENCIA- 1º) RECHAZAR la demanda instaurada por el Sr. R. O. A. contra la Provincia del Chubut.

2º) COSTAS a la actora (art. 69 Ley N° XIII-5 antes art. 68 CPCC).-- 3º) REGULAR los honorarios de quien actuara como Fiscal de Estado -Dr. J. L. M., por una etapa, en el 4% (1/3 partes del 12%) del monto del proceso, que se determinará en la etapa de ejecución; a sus apoderados Dres. E. F. L. y A. L. P., para cada uno de ellos, en el 30% de lo regulado a su patrocinante. Sobre idéntica base y por su participación en la 2° y 3° etapa procesal, al Sr. Fiscal de Estado -Dr. D. C.- en el 8% (2/3 partes del 12%) y a su apoderada Dra. G. J. en el 30% de lo regulado a su patrocinante. Los del Dr. D. L. en el 2,33% (1/3 del 7%), por la 1° etapa del proceso, y conjuntamente con el Dr. M. M. en el 3,04% (1/3 del 7%+30%) por la 2°, valorados los trabajos profesionales según las pautas de los arts. 5° inc. a) a f), 6°, 8°, 9°, 37° y 46° Ley XIII N° 4 (antes arts. 6° inc. a) a f), 7°, 9°, 10°, 38° y 47° del Dto. Ley N° 2.200- T.O. Dto. N° 138/99). Todo, con más IVA si correspondiere.- 4º) REGÍSTRESE y notifíquese.-- Fdo. Dres. Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti, Fernando S.L. Royer.

Recibida y Registrada en Secretaría el 18/05/10 Bajo el N° 03/SCA/10.