Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-04-30


CONSIDERANDO:	I. Que contra la sentencia de fs. 92/93 que desestima el interdicto de recobrar la posesión promovido por el actor respecto del inmueble identificado con la Matrícula 2582, Sección A, Manzana 19, Parcela 7 del Dpto. General Güemes, localidad de El Bordo, éste interpone recurso de apelación (fs. 94), el que fue concedido a fs. 95 en relación y con efecto suspensivo.	A fs. 97/98 el apelante presenta memorial y manifiesta que se agravia por cuanto el A quo para fundar el rechazo de su acción ha analizado cuestiones referidas al dominio y elementos de la posesión que no son propias de consideración en este tipo de acciones policiales instauradas solamente en aras de recuperar la posesión de un bien del que ha resultado despojado. Continúa señalando que, a raíz de ello, el sentenciante ha omitido tener presente que para entablar una acción posesoria como la incoada en autos basta con acreditar la calidad de poseedor de conformidad a las previsiones de los artículos 2472 y 4015 del Código Civil, sin entrar ha analizar si la posesión es legítima, de buena fe, mala fe o viciosa, elementos que deben ser tenidos en cuenta en una acción reivindicatoria. Se agravia también porque la errónea interpretación inicial -dice- que hizo el juzgador de la cuestión suscitada en autos, tal como ya lo arguyó antes, lo ha llevado a valorar las testimoniales ofrecidas por su parte tildándolas de genéricas e imprecisas, siendo ello atentatorio contra sus derechos y que, en cambio, otorgó importancia a la testimonial de la Sra. María Enriqueta Gutiérrez, heredera de la titular registral, quien tiene un sobrado interés en el resultado del proceso habida cuenta de que es la que ha vendido el bien al demandado siendo entonces parcial dicho testimonio. Finalmente, expresa que ha cumplido en debida forma con los presupuestos procesales necesarios para hacer viable el interdicto, habiendo acreditado su posesión pública y pacífica y que hubo actos de violencia del demandado al cerrar con candado el predio que ocupaba en forma actual el Centro de Jubilados y Pensionados "San Miguel".	A fs. 102/104 el demandado contesta el memorial de agravios solicitando se declare desierto el recurso interpuesto y, en forma subsidiaria, peticiona su rechazo y la confirmación del decisorio impugnado. Sostiene que de la simple lectura del escrito del actor se advierte que no cumple con los recaudos legales para su admisibilidad configurando sólo una mínima muestra de intrascendente disconformismo con el fallo recaído. Luego señala que, a pesar de las serias limitaciones que le genera a su parte rebatir la vaguedad e imprecisión de los argumentos del apelante, subsidiariamente contesta el memorial en el que no existen agravios serios, resultando que el fallo apelado se ajusta al derecho, a las probanzas producidas y a la realidad de los hechos ocurridos. Agrega que si bien las cuestiones referidas al dominio del bien no son materia de los interdictos, en autos es el propio actor quien las introduce con la prueba documental acompañada para fundar su acción y que pretendió sean valoradas por el A quo, considerando también que las testimoniales ofrecidas por aquél deben ser tenidas por parciales al haber un interés personal de los testigos, por revestir éstos la calidad de socios del Centro de Jubilados accionante.	A fs. 112/113 contesta la vista conferida el Sr. Fiscal de Cámara aconsejando el rechazo de la apelación y la confirmación del fallo de grado. A fs. 114 se llaman Autos para Resolver, providencia que se encuentra notificada y firme, conforme constancia obrante a fs. 114 vta. (notificación automática).	II. Que el recurso fue interpuesto en término, según constancias de fs. 93 vta. y 94 de autos.	III. Que liminarmente cabe señalar que los interdictos, como medidas policiales, han sido instituidos para que nadie zanje sus conflictos por propia mano, no siendo admisible la discusión sobre mejores títulos a la propiedad o la posesión (CJSalta, Tomo 91:303/321).	En otros términos, dada la finalidad de evitar la justicia por mano propia, los interdictos protegen cualquier relación real, desde la más vigorosa como la derivada del derecho de dominio, hasta la más débil, como sería una tenencia precaria; ello, con independencia de la existencia o no de un derecho a cualquiera de ellas, con tal que sea turbada o privada por la conducta propia del interesado, sin intervención judicial (CApelCC Salta, Sala IV, 28/6/10, t. XXXII, fº 531/533).	IV. Que tratándose la presente causa de un interdicto de recobrar, va de suyo que su objetivo específico es el reintegro de la cosa al despojado y que "no cabe dilucidar el derecho a la ocupación pues tiende a proteger la ocupación misma" (Repertorio E.D., T. 2, pág 174 - ap. 29; T. 6, ap. 162), "como ocupación de hecho -jus possesionis- y no sobre el título que las partes han podido tener respecto del inmueble -jus possidendis-"(CApelCC Salta, Sala I, año 1997, fs. 353/355; 1998, fs. 193/196; 1999, fs. 693/696; 2006, fs. 48/50).	Aquí, el Iudex A quo soslayando tal lineamiento -lo cual agravia especialmente al apelante- concluye desestimando la acción, con fundamento en la preeminencia del título de adquirente del inmueble por escritura pública invocado por el demandado en contraposición a la posesión de buena fe alegada por el actor, a la cual valoró como deficitaria en su acreditación como tal.	Y sin bien es sabido que resulta ajeno al ámbito del mentado interdicto el debate sobre la propiedad o mejor título sobre el bien, pues su finalidad es el recupero del corpus posesorio restableciendo la situación de hecho existente antes de suceder el despojo, cabe adelantar desde ya la opinión de este Tribunal en sentido desfavorable al apelante, por cuanto no se encuentran acreditados en autos los recaudos legales previstos para su procedencia (artículo 622 del Código Procesal Civil y Comercial).	En efecto, para la viabilidad de esta acción se requiere que quien la intenta haya acreditado que detenta materialmente la cosa (la posesión actual o tenencia del bien inmueble) y que ha resultado desplazado de ella contra su voluntad y por medios ilegítimos (despojo total o parcial del bien con violencia o clandestinidad), para que tenga derecho a ser restituido en esa detentación, quedando las cuestiones relativas a los derechos que pudieran asistir a las partes diferidas para ser dilucidadas en un juicio de conocimiento.	Así las cosas, del análisis de los elementos probatorios obrantes no puede inferirse ni mucho menos corroborarse que el actor hubiese estado en posesión actual e inminente ni que fuera tenedor del inmueble en cuestión antes de la promoción del presente proceso, resultando absolutamente insuficiente e irrelevante para generar tal convicción la valoración de las testimoniales rendidas -que se verifican como vagas e imprecisas (ver fs. 66)-, la inspección ocular y el informe socio-ambiental practicados por el Sr. Juez de Paz a fs. 33 y 79 respectivamente.	Por lo tanto, no habiéndose demostrado el primero de los extremos legales referidos, no corresponde el análisis de la violencia o clandestinidad del despojo que, dicho sea de paso, tampoco apareció configurado en las probanzas producidas.	Al respecto ha sostenido la jurisprudencia que: "En cualquier interdicto, no se juzga acerca del derecho a la posesión o tenencia que pueda existir a favor de alguno de los litigantes, sino el simple hecho de esa posesión o tenencia verificada en el tiempo en que se produce el acto imputado como turbatorio de la misma. Por ser los interdictos protectores del hecho en sí de la posesión o tenencia, exigen que quien los intente pruebe ese hecho actual, más la turbación, despojo u obra nueva según el caso. Si ello no se prueba es improcedente (CApelCC Salta, Sala V, 17/11/92, "Gómez vs. Núñez", fallos año 1992, tomo XII, pág. 1129/1136; Loutayf Ranea, Roberto; Montalbetti de Marinaro, María, "Código Procesal Civil y Comercial de Salta - Anotado", Ed. Noroeste Argentino, T. VIII, pág. 189).	En consecuencia, corresponde rechazar el recurso interpuesto por el actor apelante, confirmándose la desestimación del presente interdicto.	V. Que las costas se imponen al apelante (actor), por aplicación del criterio objetivo de la derrota (artículo 67 del Código Procesal Civil y Comercial).	Por ello,	LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,	_______________________ RESUELVE:	I.	RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 94. Con costas.	II.	II. MANDAR se registre, notifique y bajen los autos.