Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-09


Causa Nº 15232-00-CC/2006 caratulada: "V., D. Y. s/ inf. art. 189 bis C.P.-Apelación".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de abril de 2007, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Fernando Bosch y Marcela De Langhe para resolver las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

El 22 de agosto de 2006, el Titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº Vázquez solicitado por la Asesora General Tutelar Adjunta y por la defensa (punto I), rechazar la aplicación del instituto de la "remisión del caso" prevista en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing),fundado en la falta de acuerdo entre las partes (punto II), formar legajo de personalidad de la joven Vázquez (punto III) y elevar las actuaciones a juicio oral y público ( punto IV) -fs. 101/104-.

La María de los Ángeles Baliero de Burundarena, presentó recurso de apelación contra los dos primeros puntos del pronunciamiento invocando como agravios la inobservancia en la aplicación de la ley sustantiva (conf. art. 61 de la LPC) en razón de que la decisión puesta en crisis no respetó lo dispuesto por el art. 1 de la Ley 22.278 ref. Ley 22.803 que en su parte pertinente establece que no son punibles los menores que no hayan cumplido 18 años respecto de los delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de libertad que no exceda de dos años, con multa o inhabilitación. En consecuencia, con sustento en que la calificación legal del hecho imputado a la joven Vázquez constituye el delito de tenencia y no de portación de arma de uso civil, resulta procedente el sobreseimiento bajo la causal de exclusión de la punibilidad de acuerdo a la escala penal que corresponde al primero.

Subsidiariamente planteó la remisión del caso a tratamiento extrajudicial en atención a los postulados básicos que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 37 y 40) de jerarquía constitucional (conf. art. 75 inc. 22), las Reglas de Beijing (art. 11) receptadas en la Ley 114 de Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes que rige en la Ciudad de Buenos Aires (conf. art 12) y Decreto 415/2006 de la Ley 26.061 (art. 19) y encaminó su agravio a demostrar que la ausencia de acuerdo entre las partes no imposibilita la decisión del Magistrado en el sentido propuesto -fs.105/112-.

Cabe destacar que ante el rechazo por parte del "A-Quo" del remedio impugnaticio -fs. 119/120 apart. 1-, la Baliero de Burundarena articuló queja -fs. 148/158- razón por la cual esta Sala revisó oportunamente la existencia de los requisitos que impone la normativa procesal para su admisibilidad y hallándolos cumplidos habilitó la vía de hecho intentada -fs. 179/180-, circunstancia que motivó la posterior concesión del recurso de apelación -fs. 183- y el nuevo arribo de las actuaciones a esta instancia.

El Sr. Fiscal de Cámara sostuvo que corresponde rechazar la apelación por entender que la Sra. Asesora Tutelar se limita a discrepar con la calificación legal escogida por el Magistrado para descartar la procedencia del sobreseimiento por exclusión de punibilidad -conf. art.. 1 de la Ley 22.278 ref. 22.803-, no configurándose en el caso el gravamen de imposible reparación ulterior que habilitaría la concesión del recurso. Sobre el punto, refirió que "...lo esgrimido por la Asesora encubre una pretensión de adelantamiento del juicio, pues nos impone llevar la discusión al plano de las cuestiones de hecho y prueba, que sólo corresponde al debate, en presencia del Fiscal, el Juez y el Defensor", instancia en la que considera que la Asesora Tutelar encuentra limitada su actuación en orden a que sus funciones "son de carácter tutelar y asistencial (art. 58 Ley 1330), no entender pudiendo decidir arbitrariamente la clausura del proceso". Igual suerte dedujo que deberá correr la pretendida aplicación del instituto de la remisión del caso ante la inexistencia de regulación interna que lo recepte, sin perjuicio de sostener que "...resulta innegable que los menores necesitan un tratamiento distinto, pero el mismo ha sido reglamentado según los principios que rigen nuestro sistema acusatorio, estableciendo un modo, un lugar y una legitimación de la que en definitiva la Burundarena carece" -fs. 188/190-.

Por su parte la Defensa expresó que se debe "...resolver sin más trámite el sobreseimiento de la Srta. Vázquez, y hacer lugar a la solicitud que efectuara la Burundarena, respecto de la remisión del caso" -fs. 197/198-.

CONSIDERANDO:

I. Como expusiéramos, esta Sala encomendó al Titular de la instancia anterior la concesión del recurso de apelación interpuesto por la Sra. Asesora Tutelar, habiéndose verificado en la especie el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad tanto Causa Nº 15232-00-CC/2006 Sala II en lo que atañe a sus aspectos objetivos como subjetivos; por ende, la cuestión ya ha sido resuelta.

II. La Baliero de Burundarena argumentó que la conducta endilgada a la joven Vázquez -que contaba con 17 años al momento del hecho- es la de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, cuya escala penal conforme el inc. 2do. del art. 189 bis -Ley 25.886- oscila entre los 6 (seis) meses a dos (2) años de prisión y multa de mil pesos ($1.000) a diez mil pesos ($10.000), por lo que tal situación habilitaría la aplicación del art. 1 de la Ley 22.278 ref. Ley 22.803 que exime de pena a los menores comprendidos entre los dieciséis y dieciocho años de edad cuando cometen delitos de acción privada o pública reprimidos con pena no privativa de libertad o privativa de libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación. La construcción efectuada reposa precisamente en la calificación legal pretendida, basada en considerar errónea la subsunción de los hechos efectuada por el "A-Quo" en el delito de portación, toda vez que el arma de fuego secuestrada del interior de la mochila de Vázquez se hallaba descargada.

De las constancias de autos surge que el 15 de mayo de 2006 a las 22:30 horas Daiana Yanette Vázquez fue interceptada por personal policial en la calle 24 de Noviembre altura catastral 433 de esta Ciudad y al proceder a su identificación y exhibición de pertenencias, secuestraron del interior de una mochila color roja un revólver calibre 22 largo inscripción Bagual, con numeración 239264 color gris plomo con cachas plásticas color negra con cinta gris sin municiones en su tambor, como así también cuatro proyectiles del mismo calibre intactos (ver acta de procedimiento de fs. 1/2, declaraciones testimoniales de fs. 4, 5 y 7, fotocopia documental de fs. 9, inspección técnica de fs. 30,informe pericial balístico de fs. 45/47 y del Registro Nacional de Armas de fs. 76 bis).

El hecho descripto por la Sra. Fiscal interviniente en la oportunidad de la audiencia prevista en el art. 41 de la LPC(fs. 60/61) y en el requerimiento de elevación a juicio (fs. 77/81) fue subsumido en el delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil -art. 189 bis inc. 2) párrafo tercero del C.P.- cuya penalidad oscila de 1 (uno) a 4 (cuatro) años de prisión, solicitando que oportunamente Vázquez sea condenada al monto mínimo de pena prevista para aquél ilícito.

Ahora bien, cabe destacar en primer término y en orden a la calificación del hecho investigado que se imputa a la nombrada haber tenido en su poder sin contar con la debida autorización legal un arma de fuego descargada -secuestrada de una mochila en cuyo interior también se hallaron cuatro proyectiles del mismo calibre-. En tales circunstancias, no se advierte que el "A-Quo" hubiera incurrido en error al descartar la aplicación de la figura de tenencia de arma de fuego requerida por la impugnante y en consecuencia rechazar el sobreseimiento peticionado de conformidad con lo prescripto en el art. 1 de la Ley 22.278.

Esta Sala, en numerosos precedentes donde se analizaron cuestiones similares a la de esta causa ha sostenido que: "En cuanto al perjuicio cuya existencia invoca la defensa -respecto a la aludida ausencia de posibilidad de uso inmediato por parte de Amitrano- este se desvanece en atención a las fundadas razones de hecho y derecho vertidas en respaldo de la calificación legal. En efecto, se valoraron correctamente las circunstancias que rodearon la incautación del arma a los fines de concluir razonablemente en que -atento el lugar en que se encontraba el arma, sea que se hallara en la cintura del imputado, o que se encontraba en el bolsillo trasero del asiento del acompañante- Amitrano tenía el pleno poder de disposición sobre aquella, en tanto poder de hecho y disponibilidad en condiciones de uso inmediato en espacio público, tratándose en el caso de un arma de uso civil -conf. clasificación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429 y sus modificatorias-, sin la debida autorización legal para ello. Al respecto, existe unánime acuerdo en que "...la portación de un arma define la acción de disponer en un lugar público o de uso público, de un arma de fuego cargada o en condiciones de uso inmediato. Debe distinguirse la tenencia de la portación... que implica llevar consigo un arma cargada o en condiciones inmediatas de fuego, con un riesgo mayor para la seguridad pública, resultando tal conducta tipificada en el párr. 3ro. del art. 189 bis, CP" (Conf. CCC, Sala VI, c. 18.040, "Sánchez, Arturo", rta. El 19/04/02 y "Bay, Facundo y otro", c. 107.152, rta. 2003/09/12). Es la disponibilidad inmediata del arma el extremo que no sólo permite diferenciar los supuestos de mera tenencia de aquellos de portación, sino además, el que define el ámbito propio de la autoría. En efecto, el Director de Asuntos Jurídicos del Registro Nacional de armas -Carlos Alberto Sívori- enseña que el concepto de " portación" se define como el hecho de disponer en un lugar público o de acceso público de un arma de fuego cargada o en condiciones de uso inmediato. Así, la portación conlleva dos elementos característicos: en primer término, en cuanto hace a las condiciones de uso inmediato, lo que implica que el arma debe estar cargada o en condiciones para ser utilizada -tal como se da en el presente-. En segundo término, debe tratarse de lugar público o de acceso público. Ambos requisitos se encuentran presentes en el caso elevado a conocimiento. Por lo tanto, las circunstancias permiten acreditar en el hecho que el imputado ha tenido un efectivo poder de disposición sobre el arma de su Causa Nº 15232-00-CC/2006 Sala II propiedad. En tal sentido, se ha dicho que: "Configura el delito de portación de arma de uso civil (art. 189 bis, párrafo tercero, Cód. Pen.) la conducta de quienes ocupaban el rodado detenido por parte de un subinspector y de cuyo interior entre el freno de mano y la palanca de cambio, se secuestró el arma de uso civil que funciona normalmente. Para el efectivo dominio de hecho sobre el material no se requiere el constante contacto físico con el objeto cuya tenencia desautorizada la ley veda" (conf. CCC, Sala V, 18-9-2002, "A., D. G. y otros", C. 19.822, PJN Intranet). Extremo que también emerge claro de la valoración jurisdiccional efectuada al haberse tomado en consideración la ubicación del arma -en la cintura de Amitrano o en el bolsillo del asiento del acompañante, frente al que ocupaba- y las condiciones de uso inmediato que ésta presentaba en cualquiera de las hipótesis analizadas (cargada o junto al cargador) .

En este sentido, también destacamos la importancia de analizar "...los extremos típicos que debe reunir la figura en trato y su diferenciación de los supuestos de mera tenencia, teniendo por tales el poder de disposición 'en lugar público o de acceso público de un arma cargada o en condiciones de uso inmediato' circunstancia que a todas luces se da en el caso, considerando que el imputado portaba los proyectiles -si bien por separado- en lugar muy próximo al arma, ya que ésta se encontraba en el flanco izquierdo de su cintura y la munición en el interior del bolsillo del pantalón del mismo lado. De este modo, los extremos fácticos que rodearon la incautación del arma conducen a concluir razonablemente que el encausado tenía el pleno poder de disposición sobre aquella, en tanto poder de hecho y disponibilidad en condiciones de uso inmediato en espacio público, tratándose en el caso de un arma de uso civil sin la debida autorización para ello" .

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires ha referido que: "Sólo se configura la portación de arma en los términos del artículo 189 bis del Código Penal cuando dicho elemento es llevado o traído por el sujeto activo en condiciones de inmediato uso, es decir, cargado y apto para el disparo, o al menos bajo condiciones tales que impliquen la posibilidad inmediata de colocarlo en dicha aptitud y, además, el tipo objetivo requiere que dicha traslación sea realizada en un lugar público o de acceso público" (TCPBA Sala III, "Basualdo, Juan C. s/ rec. de casación", rta. el 17-03-2005).

Por otra parte, y concretamente en relación al fundamento que se esgrimiera como causal de procedencia del sobreseimiento, esto es, la inimputabilidad de Vázquez en el marco del art. 1 de la Ley 22.278 (mod. Ley 22.803), se impone destacar brevemente que su operatividad se ve obturada en la especie en razón de la calificación legal "prima facie" adoptada para los hechos investigados y cuya razonabilidad a la luz de las circunstancias fáctico jurídicas que rodearon la interceptación de la joven en la vía pública, han sido materia de evaluación en párrafos precedentes. En efecto, dicha normativa establece la no punibilidad de las conductas de los adolescentes entre 16 y 18 años de edad sólo respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, monto éste que es ampliamente superado por la escala prevista para el delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización.

Sin perjuicio de las particularidades que presenta la norma referida en torno a su naturaleza jurídica -causa de exclusión de la culpabilidad, de la imputabilidad, de la pena, excusa absolutoria, etc.- y el concreto pedido de pena fiscal formulado en autos en oportunidad de requerir la elevación a juicio (fs. 77/81), es lo cierto que la Sra. Asesora Tutelar basó exclusivamente su requerimiento en función del nomen iuris que entendió correspondía adoptar para los hechos investigados, agraviándose de la distinta calificación del Magistrado, extremo que dada su provisoriedad en razón de la etapa procesal por la que transita el expediente resta entidad al perjuicio invocado en carácter irreparable, encontrando las quejas de la apelante mejor oportunidad de ser ventiladas en la audiencia de debate.

III.- La petición de remisión del caso a tratamiento extrajudicial del conflicto bajo la órbita de la Asesoría Tutelar de la Ciudad se ha presentado en forma aislada y desconectada del sobreseimiento propuesto, como una alternativa de "desjudicialización" del proceso, sin mayores precisiones que permitan caracterizar procesalmente al instituto ni avizorar las consecuencias que la representante del Ministerio Tutelar le adjudica.

En torno al tema, cabe reseñar que el 28 de septiembre de 2005 fue sancionada la Ley 26.061 "De protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes", la que conforme el art. 1 intenta "garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados en los que la Nación sea parte. Los derechos aquí reconocidos están asegurados en su máxima exigibilidad y sentados en el principio del interés superior del niño". El art. 2 establece la obligatoriedad de observar la Convención sobre los Derechos del Niño "en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad" y como dato relevante Causa Nº 15232-00-CC/2006 Sala II el art. 3 a) reconoce al niño como sujeto de derecho y señala que debe entenderse por interés superior del niño "...la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley". Por medio del decreto nº 415/2006 del 17/04/2006 se reglamentaron algunos artículos de la Ley 26.061, otorgándose un plazo de revisión normativa de veinticuatro meses.

Mas es lo cierto que, pese a la reciente reforma en materia de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la remisión no ha tenido recepción en nuestra legislación interna, como instituto autónomo y específico en la administración de justicia de menores.

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta principalmente el cambio de paradigma -Patronato vs. Sistema de promoción y protección integral de derechos- en la forma de encarar la problemática que involucra a niños y jóvenes, es que compartimos con la Asesora la necesidad de implementar un sistema -especialmente creado para dar respuesta a los delitos cometidos por jóvenes menores de 18 años- que prevea específicos mecanismos componedores y alternativos de resolución del conflicto jurídico que los aqueja, a tono con las recomendaciones internacionales.

En tal sentido, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) establecen que "Los gobiernos deberán promulgar y aplicar las leyes y procedimientos especiales para fomentar y proteger los derechos y el bienestar de todos los jóvenes" (art. 52), como así también que: "Deberá capacitarse personal de ambos sexos encargados de hacer cumplir la ley y de otras funciones pertinentes para que pueda atender a las necesidades especiales de los jóvenes; ese personal deberá estar al corriente de los programas y posibilidades de remisión a otros servicios, y recurrir a ellos en la medida de lo posible con el fin de sustraer a los jóvenes del sistema de justicia penal" (art. 58).

Y también -como señala la representante tutelar de la joven Vázquez- las Reglas Mínimas de las Naciones Unidad para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) expresan que "...en todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante un autoridad superior." (art. 7.1). Por otra parte, refieren que: "Para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posible el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones. Entre tales decisiones algunas de las cuales pueden aplicarse simultáneamente, figuran las siguientes: a) órdenes en materia de atención, orientación y supervisión; b) libertad vigilada, c) órdenes de prestación de servicios a la comunidad, d) sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones; e) órdenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento; f) órdenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en actividades análogas; g) órdenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida y otros establecimientos educativos; h) otras órdenes pertinentes" (art. 18 .1) Sin embargo, forzoso resulta reconocer que hasta el momento no han sido acogidas en la legislación local y nacional soluciones procesales alternativas específicas frente al joven infractor de la ley penal ya que la Ley 1287 con la reforma de la Ley 1330 incorporó con carácter transitorio a la Ley Nº 12 -de Procedimiento Contravencional- el Capítulo XIV que estableció el trámite especial para las competencias que fueron aprobadas por Ley Nº 597, disponiéndose la remisión al ritual nacional para todo aquello que no estuviere previsto en la normativa local (conf. art. 55), dedicando sólo un artículo a los "niños, niñas y adolescentes" en conflicto con la ley penal , previsión también incluida en la Resolución Nº 79/FG que fija el criterio general de actuación para el trámite de las causas iniciadas con motivo de la transferencia de competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Por su parte, el artículo 39 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en el Capítulo Décimo del Título Segundo: "Políticas Especiales",consagra su atención a los "niños, niñas y adolescentes", en los siguientes términos: "La Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consultados y escuchados. Se respeta su intimidad y privacidad. Cuando se hallen afectados o amenazados pueden por sí requerir la intervención los organismos competentes...".

Causa Nº 15232-00-CC/2006 Sala II Lo anterior, sumado a que en el ámbito local impera la Ley 114 de "Protección Integral de derechos de niñas, niños y adolescentes" , sancionada el 03-12-1998, en la que los niños son considerados sujetos titulares de los derechos fundamentales inherentes a su condición de personas, parecería indicar que la legislación de esta Ciudad se encamina en la dirección correcta de acuerdo a los estándares mínimos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes .

Pese a ello, ante el panorama descripto no parece convincente la categórica afirmación efectuada por la Sra. Asesora en relación a la indiscutida vigencia en el ámbito local del instituto cuya aplicación reclama, pretendiendo que ésta deriva de la operatividad de las reglas de Beijing por conducto de la ley 114. Máxime cuando tampoco queda claro en qué consiste la "remisión del caso" para la representante tutelar ni qué consecuencias jurídicas -procesales/penales- acarrearía su implementación.

En efecto, si bien se ha empeñado en resaltar la conveniencia de "desjudicializar" el conflicto cuando sus protagonistas son menores, adoptando mecanismos alternativos al proceso penal para evitar el efecto estigmatizador que conlleva, ha fracasado por completo al momento de precisar la normativa local que regularía en forma autónoma e independiente el instituto de la remisión del caso, siguiendo los lineamientos generales que, a modo de recomendación internacional para los Estados, contienen las reglas de Beijing citadas y transcriptas por la Burundarena.

Así, respecto de su implementación sólo ha dicho que al solicitar la aplicación de aquél, perseguía "desjudicializar el conflicto del que es parte mi asistida y remitir el presente caso a tratamiento extrajudicial, con intervención del ETI -Equipo de Trabajo Interdisciplinario- de esta Asesoría Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires"(fs. 105vta.). Y en torno a las consecuencias jurídicas que acarrea, afirma: "En lo atinente al instituto de remisión del proceso, debe advertirse que por implicar el mismo la extinción del proceso, la elevación a juicio importa el rechazo de la desjudicialización a la que tiende el instituto, pues justamente implica la continuidad de la judicialización, configurando el gravamen irreparable de estigmatización que el proceso lleva aparejado para mi asistida...ya que la remisión, al igual que la suspensión del juicio a prueba -mas allá de las particularidades de ésta última- extinguen la acción seguida contra el imputado" (fs. 106).

En este sentido no puede obviarse que el Sr. Defensor Oficial, con posterioridad a tal requerimiento tutelar, solicitó en primer lugar el sobreseimiento de su asistida y sólo en subsidio, para el supuesto de rechazarse tal temperamento que "se resuelva la continuidad de la causa en los términos de lo planteado por la Burundarena a fs. 85/89" (ver fs. 91/93). En rigor de verdad, la Asesora peticionó que se decrete la remisión del caso y se disponga su archivo; es decir, la no continuidad del proceso -contrariamente a como interpretó el Defensor- sin aclarar de qué forma habría de llevarse a cabo, pues la cita de diversos artículos que Burundarena efectúa ninguna disposición contiene sobre el particular, pese a la categórica alusión en relación a que: "...la exhaustiva reglamentación del art. 11 de las Reglas de Beijing se encuentra receptada en la legislación local a través del ya citado art. 12 de la Ley Nº 114 y 19 de la Ley Nº 26.061, de modo que no caben dudas que el legislador local la ha receptado para su efectiva aplicación " (fs. 110vta.). Lo cierto es que el art. 11 de las reglas mencionadas sólo constituyen recomendaciones generales, el art. 12 de la ley local Nº 114 incorpora las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores como parte integrante de la ley, y el art. 19 de la ley nacional Nº 26.061 (conf. decr. reglamentario Nº 415/06), sólo consagra las diversas manifestaciones que comprende el derecho a la libertad los niños, niñas y adolescentes. Como se advi erte, ninguna regulación estatuye sobre la aplicación y efectos del instituto de la remisión del caso.

Por su parte la fiscal interviniente, al contestar el traslado conferido en relación al punto (fs. 95/99), también destacó la vaguedad del reclamo articulado: "El planteo efectuado no determina si estaríamos en presencia de un instituto procesal similar al previsto en el artículo 293 del CPPN o, un instituto que exime a la imputada de la responsabilidad penal. Si entendiéramos que estamos en presencia de un instituto de carácter procesal como la suspensión del juicio a prueba, este Ministerio Público Fiscal entiende que podrían darse las circunstancias para su aplicación, si la defensa así lo solicitare , con el consentimiento de la menor imputada. Si por el contrario lo que plantea la Sra. Asesora, es una eximente de pena o una suerte de causal de no punibilidad, entiendo que sería viable la aplicación del instituto.." Y más adelante, en relación a la cita del art. 11 de las reglas de Beijing afirma que tal normativa establece "que la remisión se hará con arreglo ´a criterios establecidos en los respectivos sistemas jurídicos´, circunstancia esta que no fue efectuada, motivo por el cual y teniendo en consideración las razones expuestas precedentemente, es que no puedo consentir el planteo formulado".

Causa Nº 15232-00-CC/2006 Sala II Conforme se viene exponiendo, surge claro que no han sido reglados mecanismos especiales y específicos para la composición del conflicto jurídico penal que tiene por protagonistas a jóvenes menores de 18 años, con anterioridad a su ingreso al sistema procesal, tal como recomienda la normativa internacional y la doctrina nacional que cita la accionante (que en modo alguno se refiere a prácticas vigentes en el orden nacional). Y dentro del proceso penal, sólo resultan de aplicación las alternativas que prevén la suspensión del proceso a prueba o las contempladas en el art. 4 de la Ley 22.278.

Por último, sólo resta aclarar que tampoco acierta la Sra. Asesora cuando afirma que "...a efectos de esclarecer el estricto límite del agravio...la resolución que se impugna en este punto funda el rechazo de la medida solicitada en la ausencia de acuerdo entre las partes y no en la vigencia o no del instituto de la remisión. En consecuencia, y por estricta aplicación de las reglas generales en materia de recursos, la presente vía queda limitada a la discusión de ese solo motivo en crisis. En cuanto respecta a este instituto procesal regulado en la Ley Local nº 114 (art. 12) y Ley Nacional nº 22.061, cabe señalar en primer lugar que, contrariamente a lo sostenido por el a-quo, su adopción no requiere el acuerdo de las partes..." (fs. 109 y ss.). Existen varias razones que nos conducen a estimar errónea la premisa de la que se parte para "limitar" el agravio y, con ello, la jurisdicción de este Tribunal para conocer en el caso.

Es que, en modo alguno puede derivarse del pronunciamiento recurrido que el Magistrado hubiere "declarado vigente" en el ámbito local el instituto de la remisión del caso, tal como fuera concebido por la Sra. Asesora, en forma autónoma e independiente. En vez, el A-Quo se remitió al dictamen fiscal expresando que "aún cuando la Sra. Fiscal consideró viable la aplicación del instituto como condición de una suspensión del proceso a prueba (art. 293 del CPPN)...pudo haber prosperado de haberse exteriorizado las condiciones mínimas en las cuales habría de desarrollarse la mencionada ´remisión´ del caso...las partes pudieron haber llegado a un acuerdo valiéndose del seguimiento, asistencia y de las funciones propias del instituto de la ´remisión´ como reglas para la suspensión del proceso a prueba y de ese modo, lograr la perseguida desjudicialización del conflicto..." (fs. 103vta.). Es decir, canalizó la pretensión por conducto de la "probation".

Pero además, y tal como lo destaca el Juez, tampoco hubo por parte de la reclamante propuesta alguna que permita dilucidar cómo se desarrollaría la remisión del caso solicitada a favor de la joven Vázquez, extremo que imposibilitó alcanzar la finalidad perseguida por quien había articulado el reclamo: la desjudicialización del conflicto por medio de una solución alternativa, constructiva e integral para el interés del menor, mediante la suspensión de proceso a prueba. Todo ello sin perjuicio de la confusión imperante en relación a las consecuencias jurídicas que adjudica al instituto: o extinción de la acción (fs. 106 "in fine") o extinción del proceso (fs. 109 "in fine"/vta.), pese a la diferencia sustancial entre ambas, que también ha pasado por alto la apelante.

Por todo lo expuesto, la falta de regulación autónoma del instituto a nivel nacional y local impide avanzar el análisis del agravio en el sentido que propone la Burundarena. Esto es, si aquel reclama "el acuerdo de partes" para su procedencia, si la remisión es una facultad fiscal que puede ejercerse discrecionalmente ni bien iniciadas las actuaciones por prevención policial, pero una vez iniciado el proceso se transforma en facultad jurisdiccional que no requiere para su viabilidad acuerdo de partes ni consentimiento fiscal, etc. Lo anterior, no obstante, viene a confirmar que la decisión del A-Quo devino acertada en atención a la inexistencia de los requisitos que tornarían viable acordar la remisión solicitada como condición o regla de la suspensión del proceso a prueba.

En consecuencia, habiendo finalizado el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I) CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 133/136 en cuanto, en sus puntos I y II rechaza el pedido de sobreseimiento de Diana Yanette Vázquez formulado por la Sra. Asesora General Tutelar a fs. 40/41 y no hace lugar a la aplicación del instituto de la remisión del caso a tratamiento extrajudicial solicitada a fs. 85/89.

II) TENER PRESENTE la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad -arts. 27 y 28 de la Ley 402 y del Caso Federal -art. 14 Ley 48- introducida en la presentación de fs. 105/112 apartado V.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente a fin de que se cumplan con las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Marcela De Langhe, Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.