marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Habeas corpus, recurso de casación, pandemia, coronavirus, período de vinculación, videoconferencias, reanudación del contacto, condiciones de detención
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez Rojas, Juan Mariano c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la decisión de rechazar la acción de habeas corpus presentada, y encomendar al tribunal que supervise las condiciones en que Martínez Rojas mantiene contacto familiar, de acuerdo con la evolución de la pandemia originada por el Covid-19 y teniendo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria vigente. La defensa invoca un agravamiento de las condiciones de detención del nombrado, pero no lo demuestra, pues se limita a exponer su propio enfoque sobre el punto y, correlativamente, sobre el modo en que la cuestión debatida debió ser resuelta. En efecto, aduce una afectación del derecho del interno al contacto familiar y, en esta inteligencia, pone en cuestión la suficiencia de las video- llamadas que el encartado mantiene con su familia. Dicha crítica luce infundada porque sólo encuentra sustento en una discrepancia con los términos en que el detenido pretende hacer uso del sistema de video-llamadas que, en su tesitura, supone que ello ocurra en un día específico, a una hora particular, durante un lapso superior al establecido y con una periodicidad determinada. La parte tampoco efectuó crítica alguna sobre el modo en que el complejo penitenciario federal organiza y ejecuta en el contexto actual el "Protocolo de Vinculación Familiar y Social a través del Sistema de Videollamadas". La disidencia señaló que las decisiones que involucren a los vínculos de las personas privadas de su libertad o que importen el alejamiento de su núcleo familiar y social pueden configurar un supuesto de agravamiento de las condiciones de detención. En esta concepción subyace la idea de que el alejamiento del detenido de sus vínculos y de su lugar de pertenencia atenta contra el fin de resocialización y el principio de intrascendencia de la pena (artículos 5.6 y 5.3 de la C.A.D.H). La ausencia de realización del trámite previsto en el procedimiento de habeas corpus, con la correspondiente audiencia oral y la producción de medidas probatorias pertinentes imposibilitó procurar una solución que garantice los derechos involucrados. La audiencia de Habeas Corpus directa e inmediata se constituye en la garantía más eficaz para el análisis amplio y desde toda perspectiva de las cuestiones en juego, dándole al privado de la libertad la oportunidad con pleno acceso a Justicia de expresar el sentido y el alcance del derecho y la pretensión que reclama. Dres. Borinsky, Hornos -en disidencia- y Carbajo.
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Bulacios, Juan José c/ Cattorini Hnos. S.A.I.C.F e I. y otro s/ Despido y accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-12-23

Para determinar la responsabilidad civil del empleador demandado con fundamento en la regla del derecho común es preciso probar: 1) la existencia del daño; 2) el carácter riesgoso o vicio; 3) que el daño obedece al riesgo o vicio de la cosa y 4) que el accionado es dueño o guardián de la cosa.
Recurso extraordinario, exceso ritual manifiesto, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, defensa en juicio, contratos civiles, locación, vencimiento del plazo, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Casanovas de Garino, Elvira c/ Rubio, Zulema. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la demanda de desalojo por considerar que la causal de vencimiento del plazo de locación no había sido invocada en la demanda pues incurre en un exceso ritual que redunda en menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional).
Daños y perjuicios, daño estético, daño material, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARRANZA EMMA M. c/ GIANNICO IGNACIO G. s/ ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-11-02

La lesión estética sólo puede constituir un daño patrimonial en caso de afectar un interés económico o patrimonial del damnificado, esto es, si se infiere un perjuicio consistente en la imposibilidad de continuar en una actividad productiva -en la que se supone, esa circunstancia estética tiene directa o indirectamente alguna influencia-(verbigracia: el caso de un modelo, actriz u actor de cine, televisión, etc.). Pero en defecto de esa situación, la lesión estética importa siempre un agravio moral, y no cabe la distinción entre la lesión estética y el daño moral; afecta un interés extrapatrimonial del damnificado, es decir: las afecciones legítimas de orden espiritual en las que se incluye la integridad corporal y la salud, entre otras.

Estos bienes jurídicos expresan intereses legítimos de afección, y su menoscabo no agravia la esfera de pertenencias del patrimonio (sólo indirectamente en algunos supuestos), sino, la esfera existencial de la persona.

De ahí, que al no haber quedado comprobado en el juicio la repercusión que la lesión estética produce en las posibilidades económicas de la actora, es que debe desestimarse la pretensión resarcitoria independiente formulada en este sentido, sin perjuicio de encuadrarse y evaluarse dentro del daño moral.- (Del voto del Dr. Flores en disidencia).
Plazos procesales, plazo de gracia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cerrudo, Epifanio I. c/ Aguero, Norberto S. y otro s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

Plazo de gracia es aquel mediante el cual, voluntariamente, se concede al deudor una última oportunidad de cumplir una obligación.
Fallos de la Corte Suprema, deserción del recurso, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Oleaginosa Moreno Hnos. S.A.C.I.F. y A. (TF 6787-A) s/ A.N.A..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-07

En la medida que en los precedentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no cambió una anterior jurisprudencia propia favorable a la tesis de la actora, limitándose a revocar la jurisprudencia sentada por una de las Salas de esta Cámara, imponiendo las costas de todas las instancias a las allí vencidas, no corresponde eximir de costas a la aquí actora, máxime que las consideraciones que sustentan los pronunciamientos del Alto Tribunal -concordantes con los del fallo apelado- no permiten aceptar, sobre la base de pautas objetivas, que la accionante haya podido razonablemente creer que le asistía derecho para litigar.
Impuesto sobre los ingresos brutos, falta de declaración jurada impositiva, exenciones impositivas
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:  Aguscam SRL c/GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-24

Si en realidad el fisco local dudaba de la pertinencia de la exención declarada por el contribuyente, contaba con amplias facultades de fiscalización que no ejerció en el caso concreto, y tampoco explicó en su recurso por qué no pudo ejercerlas, ni cuál sería la relación entre la falta de presentación de las declaraciones juradas y un eventual impedimento en fiscalizar la actividad del contribuyente. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño, Pacto de San José de Costa Rica, grupos vulnerables, Convención sobre los derechos del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Existe una adecuada presunción en favor del niño, que por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal (conf. preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño), lo cual requiere de la familia, de la sociedad y del Estado la adopción de medidas tuitivas que garanticen esa finalidad (conf. art 19 del Pacto de San José de Costa Rica) (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Medida cautelar innovativa, redes sociales
Materia: CIVIL
Carátula: Schlereth, David Pablo c/ Orgaz, Lucas Alberto s/ Acción preventiva de daños y reparación de daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-02

Resulta procedente la medida cautelar innovativa solicitada y en consecuencia corresponde ordenar a las redes sociales en cuestión que procedan a eliminar el material difamatorio del actor y su familia existente en los perfiles del demandado, toda vez que el peligro en la demora se relaciona con posibilidad de agravamiento del daño, art. 1710 inc. c del CCyC, se encuentra prima facie por la continuación de las reproducciones como alega el recurrente, y en este tipo de acciones, el peligro en la demora y la verosimilitud del planteo cobran especial importancia, siendo que si el daño ya comenzó a producirse, tales extremos surgen in re ipsa.
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino c/ Bustamante s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

El dec. ley 15354/46 al incorporar al art. 793 del Código de Comercio el saldo deudor de la cuenta corriente bancaria como título ejecutivo, sin relacionarla con los requisitos que allí se disponen -firma conjunta del gerente y el contador del banco- para establecer las cuentas y sus saldos, creó un título bancario.
Accidentes de trabajo, revisión judicial
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Zayas Elías David c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-03-06

Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de los precedentes "Fernández Arias" y "Ángel Estrada" consideró válida la creación de órganos administrativos con facultades jurisdiccionales, esto resultaba así siempre que su actividad estuviera sometida a limitaciones de jerarquía constitucional, entre las que figura el control judicial suficiente de sus pronunciamientos y la razonabilidad de su objetivo atento que, de lo contrario, la jurisdicción administrativa creada carecería de sustento constitucional e importaría un avance indebido sobre las atribuciones que el art. 116 de la Const. Nacional define como propias y exclusivas del Poder Judicial de la Nación (considerandos 12 y 14 de autos "Angel Estrada" (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Explotación sexual, trata de personas
Materia: PENAL
Carátula: Marchissio, Nelssy Lidia y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-12

Uno de los votos concurrentes agregó que a partir de la reforma por ley 26.842 se reconoció que el consentimiento de la víctima para ser explotado no tendrá efectos jurídicos, por cuanto, se encuentra implícito en la naturaleza del bien jurídico tutelado (libertad) que no es posible otorgar consenso para ser considerado un objeto o una cosa y formar parte del mercado de bienes y servicios; se trata de la esencia de lo humano, cuya propia explotación no puede ser consentida por el sujeto sin afectación de la condición de persona, de su libertad como bien que le es inherente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, expropiación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pisano Costa, Lilia Angélica L. c/ Fisco Pcia. de Bs. As. s/ Expropiación. Incidente de retrocesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

El valor económico en los juicios de expropiación, está representado por la suma depositada por el actor actualizada a la fecha de interposición del recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Interés superior del niño, adopción
Materia: CIVIL
Carátula: Q.T. c/  s/ Guarda Institucional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-11

El artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que los niños, temporal o permanentemente en privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado, contemplando entre los posibles cuidados a tomar, la adopción o -de ser necesario- la colocación en instituciones de protección de menores (doctor SORIA, sin disidencia).
Trata de personas, explotación laboral, fundamentación insuficiente, víctima menor de edad
Materia: PENAL
Carátula: Cussi Quispe, Felipe Roddy y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-26

Las críticas de la defensa destinadas a cuestionar el encuadre jurídico asignado al hecho imputado no resultan procedentes en tanto ambos imputados resultan ser personas instruidas, con secundario completo conforme lo han especificado durante sus declaraciones, con experiencia laboral en el comercio y con conocimiento de los trámites y requisitos que debían cumplir para desarrollar la actividad laboral del local en el que la menor era obligada a trabajar. Tampoco puede afirmarse el desconocimiento acerca de la antijuridicidad de la norma que prohíbe explotar económicamente a otra persona planteada por la defensa, al referirse a la homogeneidad cultural de la familia.
Alimentos, compensación
Materia: CIVIL
Carátula: NN s/ Aumento de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-08-09

La obligación alimentaria no puede ser compensada. Por ende los gastos realizados por el alimentante en beneficio del menor deben considerarse como una simple concesión no autorizada, cuya compensación con la cuota es improcedente. Fundamento de la Dra.

Stella M. Zabala de Copes.
Concursos, quiebra, verificación de créditos, verificación tardía, fuero de atracción, procedimiento laboral, crédito laboral, acreedor, síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Jockey  Club  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires s/ quiebra s/incidente  de  verificación de crédito por la Provincia de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

Si la normativa concursal vigente al tiempo de presentarse la verificación tardía era la de la ley 19.551, que establecía en su art. 136 que la declaración de quiebra no atraía los procesos laborales en etapa de conocimiento, los cuales no se suspendían y continuaban su trámite ante el juzgado de origen, la denuncia y reserva hecha acerca de la existencia del crédito en el concurso preventivo resultaba suficiente y por lo tanto inoficioso exigir al acreedor una nueva presentación de denuncia y reserva en el estado de falencia en que devino el original concurso preventivo, máxime cuando el síndico intervino y fue parte en dicha causa desde su origen.
Honorarios del abogado, base regulatoria, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SCABINI ANA MARIA c/ ALMIRON LUIS ALBERTO Y OTROS s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-30

Que el recurso abreviado de la ley arancelaria que pretende la revisión del cálculo efectuado por el tribunal de merito no puede prosperar ya que ello es constitutivo de una cuestión de hecho ya que implica apreciación de pautas contenidas en los artículos 2 y 3 de la ley arancelaria.
Honorarios, gastos del concurso, privilegios (civil), gastos del proceso
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUCESION DE ANTONIO RODRIGUEZ s/ QUIEBRA PEDIDA - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-03

Los honorarios comprendidos dentro del inc. 1 del elenco de gastos que enumera el art. 264, no son en realidad privilegios o créditos privilegiados.

Ese listado o catálogo del mencionado texto legal no es taxativo, sino enunciativo, pudiendo quedar comprendido dentro del concepto de gastos del concurso, otros gastos de beneficio común para la masa de acreedores que no estén explícitamente enumerados. Pero para que ello suceda es menester que se trate, como dice el encabezamiento del art. 264, de gastos correspondientes a diligencias judiciales o extrajudiciales de "beneficio común".

Comprende la ley aquí un concepto análogo al de los arts. 3900 y 3879 del C. Civil referido a los gastos de justicia.

Se trata en realidad de acreedores de la masa que deben satisfacerse antes que los acreedores del quebrado, porque constituyen una categoría ajena (distinta o autónoma) que no se ve afectada por el procedimiento de la quiebra; y que no sufren las leyes del concurso.

Por eso es técnicamente más aconsejable la denominación "Créditos prededucibles", que utiliza la doctrina extranjera, pues no excluye la posibilidad de la jerarquización interna y extraconcursal de los diversos créditos que lo integran con arreglo a prelaciones propias
Extinción por quiebra o concurso del empleador, crédito laboral, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: JARA, EMILIA Y OTROS c/ SUIXTIL SOCIEDAD ARGENTINA INDUSTRIAL Y COMERCIAL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-19

La actualización monetaria de los rubros condenados debe practicarse desde que cada uno es debido hasta la fecha de declaración de la quiebra, pues es allí donde termina la facultad del juez del trabajo y comienza la del juez comercial. Así se infiere de la ley 21488 artículo 1 que deja a cargo del Juez comercial establecer la actualización monetaria de los créditos concursales siempre que exista remanente.
Nulidad procesal, prueba, allanamiento domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: GALASSI, ROSA s/ Contrabando, Incidente de apelación de prisión preventiva Causa  31101
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-29

1- Es válida la prueba obtenida en un allanamiento dispuesto en base a elementos (la denuncia y una noticia periodística) no alcanzados por la nulidad decretada con anterioridad y por tanto resulta irrelevante cuál de estos hechos motivaron la medida ordenada, no habiendo razón para invalidarlos como generadores de medidas subsiguientes (como el allanamiento en cuestión) ni que pueda considerarse que el tomarlos en consideración sea violatorio del debido proceso.- 2- Existe la posibilidad de incorporar pruebas por vías diferentes de las impugnadas (Cf. CSJN FALLOS 308:733, "REGINALD RAYFORD" Y LL-1988-B, p.454 "FRANCOMANO".
Marcas, marcas confundibles, cotejo de marcas, raíz de uso común
Materia: COMERCIAL
Carátula: G  E  N  TECH  ARGENTINA  SA c/ INSTITUTO SIDUS ICSA s/ cese deoposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-04

Si bien las marcas en pugna -IRONBAR e IRONMAX- presentan la raíz idéntica IRON (raíz proveniente del inglés, de pronunciación "AIRON" y que significa "hierro"; v.

http://www.wordreference.com/ es/translation.asp?tranword=iron), ninguno puede invocar privilegios sobre ese sufijo y quien lo utilice en la conformación de su signo marcario está constreñido a tolerar que otros también lo hagan, en tanto y en cuanto le adosen ingredientes lingüísticos que avente -en términos relativos- el parecido de la porción idéntica coparticipada.

Desde el punto de vista gráfico, ambos tienen 7 letras. De ellas las primeras cuatro corresponden a una raíz común ("IRON"), y las tres que corresponden a sus desinencias comparten 1 de ellas y en el mismo lugar (letra "A" entre "B" y "R" en primer término y entre "M" y "X" en segundo lugar). Estas similitudes se trasladan también al campo auditivo donde sólo las consonantes ubicadas entre la vocal común ("A") incluyen una sutil diferencia, "BAR" y "MAX".
Competencia contencioso administrativa, resolución que causa estado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Valle Viejo (SOEM) c/ Municipalidad de Valle Viejo s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-12

Comparece el Dr. C.H., en nombre y representación del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Valle Viejo (SOEM), carácter que acredita con el Poder General para juicios que adjunta, interponiendo sendas acciones contencioso administrativas en contra de la Municipalidad de Valle Viejo, persiguiendo se declare la nulidad del Art.B) NºXIV) del Anexo Único del Decreto Acuerdo Nº021/09 dictado por el Poder Ejecutivo Municipal.

Analizada la materia que involucra la pretensión, se infiere que la misma se trata de una relación regida por normas de derecho administrativo, pues se impugna un acto ficto de denegatoria tácita emitido por la Autoridad Administrativa de última instancia, que causa estado, conforme documentación que se adjunta.

Habiéndose interpuesto la acción en tiempo hábil, todo de conformidad a lo previsto en los Arts.1, 5, 7 y 13 CCA; Art.165 de la CP, corresponde declarar la admisibilidad prima facie de la acción en los términos del Art.3 del plexo normativo de aplicación.
Alimentos, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A. DE M., N.E. c/ M.,R.R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-03

En el juicio de alimentos la recurribilidad, en principio, está prevista para la sentencia, en atención a la celeridad del trámite.

Ello se impone con mayor razón si se trata de resoluciones dictada la etapa de cumplimiento de sentencia, para la cual la ley establece un procedimiento excepcional y específico, rigiendo aún más que en el juicio ejecutivo, dado el carácter alimentario de la obligación y el de irrecurribilidad de las resoluciones dictadas en la etapa de la sentencia (arts. 591, 644 y 645 del CPCC.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, sentencia, leyes, daños y perjuicios, Estado Provincial, rutas, dominio público, competencia, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GASPARINI, MARISA Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-30

Para condenar a la Provincia accionada a pagar daños y perjuicios como dueña y guardiana de la ruta donde ocurrió el accidente, el A quo efectuó una derivación incoherente ya que, partiendo de una premisa correcta -la Provincia como titular del dominio público de rutas y caminos de su jurisdicción, conforme lo describe el artículo 2340 del Código Civil, vigente al momento de los hechos- concluyó desvirtuando la naturaleza y alcance de las normas que le otorgan a la Dirección de Vialidad la custodia sobre esos bienes, desentendiéndose los juzgadores de lo dispuesto -entre otros- por el artículo 40 de la Ley 6336, en cuanto a que esta repartición cuenta con el contralor y el consecuente poder de policía sobre los trabajos realizados y a realizarse sobre las rutas y caminos provinciales; y desconociendo también los objetivos tenidos en mira al delegar en un ente autárquico la concreción de fines públicos a partir de un patrimonio propio. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 2340; Ley 6336, artículo 40.
Competencia provincial, poder de policía, ejercicio profesional, abogados, matrícula profesional, actuación fuera de jurisdicción
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Baca Castex, Raúl Alejo c/ C.P.A.C.F. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

En los casos en los que se halla en juego la posibilidad de que profesionales no matriculados ejerzan en las provincias con la oposición de los respectivos colegios, esta Corte juzga que es atribución de las provincias reglamentar la práctica de las profesiones liberales en sus respectivas jurisdicciones, en la medida en que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos que al efecto exige la norma nacional, pues dentro de lo razonable, las provincias pueden establecer los requisitos complementarios que, en el ejercicio del poder de policía, les corresponde.(Sumario confeccionado por el SAIJ).