Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-02


SENT Nro. 647 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 02 DE SETPTIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Quinteros, Juan Alfredo y otro vs. Sollazzo Hnos. S.A. s/Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 103/104 vta., la demandada plantea recurso de casación, contra parte de la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, de fecha 30 de setiembre de 2002, obrante a fs. 92/95 vta. de autos, que es concedido por resolución del referido tribunal de fecha 4 de marzo de 2003 (cfr. fs. 116/vta.). Unicamente la parte actora, según surge del informe actuarial de fs. 124, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del CPT.

II.- Sostiene la parte demandada para fundar su recurso de casación que la sentencia atacada hace lugar a la indemnización prevista en el artículo 18 de la Ley Nro. 22.250, sin advertir que no se cumplieron los requisitos legales para su procedencia.

Alega que quedó demostrado que la demandada hizo entrega de las libretas de aportes y los certificados de trabajo a los actores el 01-10-99, instrumentos cuya autenticidad fue reconocida por éstos en la audiencia de conciliación. Posteriormente, los accionantes interpelaron a la demandada los días 4 y 5 de octubre de 1999 y por lo tanto no estaban dados los supuestos previstos por la norma.

Asimismo entiende que la Cámara no fijó adecuadamente los montos de la indemnización especial prevista por el artículo 18 de la Ley Nro. 22.250, pues si bien se trata de una facultad discrecional del tribunal, la norma prescribe que no será inferior al equivalente a "treinta días de retribución mensual del trabajador" pero no podrá exceder de noventa días de dicha retribución. "A su vez, la retribución que se tomó como base para establecer el quantum monetario es la del artículo 15. La ley se refiere a la retribución mensual en su artículo 18, del mismo modo que habla de retribución en su artículo 15, pero no obstante ello la indemnización se debe determinar no sobre la base de la remuneración mensual, sino al importe a que ascienden treinta días o treinta jornales, cosa que no se hizo. O sea que la pauta que determina la indemnización especial que estamos cuestionando, no es la remuneración mensual del trabajador, ya que en la industria de la construcción los trabajadores son remunerados por día de trabajo, y no en forma mensual, según lo dispone la Convención Colectiva de Trabajo Nº 76/75, artículos 47, 48, 49, etc., por lo que su remuneración es diaria." En segundo lugar, se agravia porque la sentencia ha omitido la adecuada valoración de los requisitos exigidos por el artículo 19 de la Ley Nro. 22.250, como presupuestos necesarios para que proceda la indemnización duplicada que prevé la norma.

Considera que de una lectura rápida de la intimación efectuada por los actores, surge que la misma adolece de imprecisión, "ya que debe contener como mínimo la exigencia del pago de la remuneración adeudada, con la suficiente individualización de suerte que el empleador no tenga dudas de los importes que se le reclama, porque sólo así podría haber regularizado la indemnización o controvertir el reclamo".

III.- A su turno, la sentencia, en lo que es motivo de agravios, bajo el título "3.- indemnización del art. 18 de la ley 22.250", sostiene que no está discutida entre las partes que la ruptura de la relación laboral se produjo el 25 de septiembre de 1999, (C.D. de fs. 5 y 6).

Tampoco están cuestionados por la demandada la autenticidad y recepción de los telegramas obreros del 4 y 5-10-99 (fs. 56 y 57), a través de los cuales intimaron la entrega de libreta de aportes patronales, el pago de quincenas julio, agosto y setiembre de 1999, SAC y vacaciones proporcionales 1999 y asignaciones familiares del coactor Quinteros.

La demandada sostiene que entregó libreta de aportes patronales en tiempo y forma, ofreciendo como prueba sendos certificados de trabajo. Conforme su actividad probatoria, la accionada ha acreditado con dichos certificados, firmados por los actores el 01-10-99 y reconocidos a fs. 65, que ha entregado la libreta de aportes patronales al fondo de desempleo.

Afirma el fallo que la indemnización prevista en el artículo 18 de la Ley Nro. 22.250, puede proceder por: a) falta de entrega en tiempo y forma de la libreta de aportes; b) falta de depósito de los aportes al fondo de desempleo. Asimismo, para que proceda es menester la intimación previa del obrero al empleador por dos días hábiles para constituirlo en mora.

Considera que en autos está demostrada la interpelación al empleador (fs. 56 y 57) y la entrega de libreta de aportes patronales al fondo de desempleo el día 01-10-99 (certificados de trabajo reconocidos a fs. 65).

Destaca que si bien la fecha de entrega es extemporánea con relación al plazo previsto por el artículo 17 de la Ley Nro. 22.250 (48 horas después de finalizada la relación laboral), no lo es con relación a la interpelación de los actores (4 y 5-10-99), por lo que desde este punto de vista la indemnización no es procedente. Por el contrario, procede la indemnización, por la falta de acreditación a través de depósito bancario de los aportes al fondo de desempleo reclamados en la demanda (Quinteros 9 meses y Godoy 6 meses) y que se declaran procedentes, habida cuenta que la demandada se ha limitado a plantear el pago de un anticipo de lo adeudado de $50, sin dar una versión del tema ni ofrecer prueba documentada de su cancelación.

Consecuentemente, siendo facultad privativa de la justicia la graduación de la indemnización, la establece en 30 días de la retribución mensual de los trabajadores, esto es, del jornal diario percibido y que surge de la prueba documental obrante en autos, conforme el artículo 15 de la Ley Nro. 22.250.

Por otro lado, bajo el título " 4.- indemnización del art. 19 de la ley 22.250", el fallo sostiene que habiendo reclamado los actores el pago de la segunda quincena de setiembre de 1999, por telegramas autenticados (fs. 56 y 57), no constando su regularización dentro del plazo legal de tres días, prospera la misma en forma duplicada, teniendo en cuenta que trabajaron hasta el día 25-9-99, conforme el artículo 19 de la Ley Nro. 22.250.

IV.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, como tribunal del recurso casatorio la revisar el juicio de admisibilidad del recurso extraordinario local realizado por la Excma. Cámara, cabe pronunciarnos en este aspecto.

El recurso ha sido interpuesto en término, contra una sentencia definitiva y se ha cumplido con el afianzamiento que prevé la ley del rito. Sin embargo, el juicio de admisibilidad conforme a lo dispuesto por el artículo 131, inciso a) se realizará seguidamente y en forma conjunta con el tratamiento de cada agravio.

Con relación al agravio referido a la indemnización prevista en el artículo 18 de la Ley Nro. 22.250, la recurrente alega que quedó demostrado que la demandada hizo entrega de las libretas de aportes y los certificados de trabajo a los actores el 01-10-99, que los accionantes posteriormente (días 4 y 5 de octubre de 1999) interpelaron a la demandada y por lo tanto no estaban dados los supuestos previstos por la norma para su procedencia.

Sin embargo, la recurrente no se hizo cargo de los fundamentos sentenciales sino que, contrariamente, sus críticas al respecto se desentienden de lo sostenido expresamente en el fallo.

En efecto, la sentencia partiendo de la afirmación de que el artículo 18 de la Ley Nro. 22.250 menta dos supuestos de procedencia de la indemnización, analiza el caso de autos y deja claramente establecido que, en el supuesto de falta de entrega en tiempo y forma de la libreta de aportes, el reclamo indemnizatorio debe desestimarse, en atención a que se probó su entrega a los actores el 01-10-99, aunque extemporáneamente con relación al plazo del artículo 17, pero no con respecto a la intimación.

Por el contrario, declara procedente la indemnización en el segundo supuesto, es decir por la falta de acreditación del pago a través de depósito bancario de los aportes del fondo de desempleo reclamados en la demanda.

Estos últimos fundamentos en que se basa el acogimiento del reclamo indemnizatorio a tenor del artículo 18, no fueron rebatidos por el recurrente, ni demostró el supuesto desacierto del fallo.

Tampoco resulta atendible el agravio referido a que los montos indemnizatorios no se determinaron correctamente por el tribunal.

El recurrente coincide con el pronunciamiento en que, conforme al artículo 18 de la Ley Nro. 22.250, la indemnización debe ser graduada prudentemente por la autoridad judicial de acuerdo a las circunstancias del caso, vale decir que compete al juez fijarla discrecionalmente, pero discrepa en cuanto a los parámetros observados para su determinación, habida cuenta que el dispositivo comentado establece que el monto no será inferior al equivalente a treinta días de retribución mensual del trabajador, que se menciona en el segundo párrafo del artículo 15, ni puede exceder de noventa días de retribución.

También, cuestiona que la indemnización se fijó sobre la base de una remuneración mensual, cuando los trabajadores de la construcción son retribuidos por día de trabajo.

Sin embargo, de la confrontación del fallo con la presentación recursiva, surge que los fundamentos del recurrente son sólo aparentes.

Una cuidadosa lectura del pronunciamiento demuestra la inexactitud del agravio. El monto indemnizatorio ha sido fijado por el tribunal sobre la base de prueba documental obrante en autos, conforme el artículo 15 de la Ley Nro. 22.250, al que remite el artículo 18 del mismo cuerpo legal, respetando el mínimo equivalente a 30 días de retribución mensual de los trabajadores, pero aclarando que esto es del jornal diario percibido. Por lo tanto, en modo alguno se ha excedido los parámetros establecidos por la ley y menos aún, se ha establecido una retribución mensual de un trabajador que cobra por día, sino que dentro del mínimo establecido de 30 días, se ha fijado la indemnización sobre la base del jornal diario percibido por los actores, equivalente a 30 días de esa retribución diaria.

Como se advierte, la critica carece de fundamento.

En cuanto al cuestionamiento a la procedencia de la indemnización del artículo 19 de la Ley Nro. 22.250, con fundamento en la supuesta imprecisión de la intimación de los trabajadores con relación a la exigencia de pago de la remuneración adeudada, alegando una suficiente individualización de los montos que se reclama, constituye una mera apreciación subjetiva del recurrente que, amén de referirse a una cuestión fáctica, no se compadece con las constancias de autos.

La norma del mentado artículo 19, en su párrafo segundo, establece que en caso de retraso del pago de haberes o cuando se los hiciese efectivos en cantidades insuficientes, el trabajador tendrá derecho a reclamar además de las remuneraciones o diferencias debidas, una reparación equivalente al doble de la suma que, según el caso resultare adeudársele, siempre que medie intimación fehaciente formulada dentro de los 10 días hábiles contados a partir del momento en que legalmente deba efectuársele el pago de las remuneraciones correspondientes al período a que se refiere la reclamación, y a condición de que el empleador no regularice el pago en los tres días hábiles subsiguientes al requerimiento. La sanción pecuniaria a favor del trabajador procede medie o no rescisión de contrato.

La ley considera aquí el caso de incumplimiento material del deudor como disconformidad objetiva entre la conducta debida (obligación de pagar la remuneración dentro de los plazos legales) y la conducta efectivamente obrada por el empleador (no paga en los plazos legales o lo hace en cantidad insuficiente), infracción que se configura previa intimación fehaciente del trabajador dentro del plazo legal y falta de regularización por parte del principal, dentro de los 3 días subsiguientes al requerimiento.

La ley dispone que la intimación debe ser "fehaciente" y formulada dentro del plazo legal. La norma no establece fórmulas sacramentales para ello y compete exclusivamente a los jueces de grado, apreciar si la intimación efectuada por los trabajadores reviste tal carácter. En suma, se trata de una cuestión fáctica, de apreciación prudencial del tribunal inferior, salvo que medie arbitrariedad, lo que no se avizora en este caso, conforme surge de la lectura de dichas intimaciones.

Ello así, los requisitos de precisión que menciona el recurrente responden, reitero, a una apreciación subjetiva que no logra descalificar el carácter de fehaciente de las intimaciones ni, consecuentemente, configuran arbitrariedad del pronunciamiento en su valoración.

A partir de ello, no luce descaminado que el fallo sostenga que frente a la intimación de los actores de pago de la segunda quincena de setiembre de 1999 (fs. 56 y 57) y no constando la regularización dentro del plazo de tres días, prospere el pago de la misma en forma duplicada, atento a que los accionantes trabajaron hasta el día 25-9-99.

Por las razones explicitadas precedentemente, los agravios expresados por el recurrente en su escrito casatorio no superan el juicio de admisibilidad del recurso. Consecuentemente el mismo debe declararse mal concedido.

V.- Atento al resultado arribado, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia casatoria deben ser impuestas al vencido, demandado en autos.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE, y por ende mal concedido, el recurso de casación planteado por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, de fecha 30 de setiembre de 2002, obrante a fs. 92/95 vta. de autos.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO