marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Régimen penal de la minoridad, hurto, tentativa, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: MORALES, HECTOR s/ TENTATIVA HURTO. MENORES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-27

Corresponde absolver al menor por aplicación del art. 1 de la ley 22 803, por cuanto la conducta que se le atribuye -hurto en grado de tentativa- resulta impune por establecer una pena privativa de libertad que no supera al límite que fijaba el art. 1 de la ley 22 278 ni el art. 1 de la ley 22.803 que lo sustituyera.

La no punibilidad para los delitos reprimidos con prisión o reclusión que no exceda de 2 años, cuando el autor no hubiera cumplido 18 años de edad, deviene de la menor gravedad del delito imputado, no tratándose de un problema de capacidad o incapacidad.

Si la TENTATIVA, es "una forma, en principio, más leve de responsabilidad", la reducción de pena dispuesta en el art. 44 del Cód. Penal, no puede dejarse de lado para la aplicación del régimen previsto para los menores.
Caducidad de instancia, plazos procesales, legitimación activa, codemandado, intimación de pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIEDAD COOPERATIVA CORRIENTES c/ NOVOMOTOR SOCIEDAD ANONIMA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-21

Acusada la perención de la instancia por un codemandado respecto del cual ha transcurrido el plazo del código procesal: 310 el instituto no podrá beneficiar a los restantes codemandados debidamente intimados de pago, quienes no opusieron excepciones en el término legal. La instancia abierta con la promoción de la ejecución concluyó a su respecto.
Pacto de San José de Costa Rica, libertad de expresión, derecho a la información
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Memoli c/ República Argentina s/ Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-22

Conforme lo ha establecido la Corte Interamericana a través de su jurisprudencia, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 del Pacto de San José protege el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás, por cuanto la dimensión individual y social de la libertad de expresión poseen igual importancia y deben ser garantizadas plenamente en forma simultánea para otorgarle total efectividad conforme los términos previstos por la norma convencional.
Seguro de retiro, aportes sindicales, prescripción quinquenal
Materia: LABORAL
Carátula: FEDERACION EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA CAPITAL FEDERAL c/ EDITORA PUBLICACIONES CIENTIFICAS SRL s/ cobro de aportes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-14

El aporte para Seguro de Retiro Complementario detenta el mismo carácter de obligaciones convencionales que reviste el cobro de cuotas sindicales, siendo extraño el argumento que no se está en presencia de relaciones individuales de trabajo. Por ello corresponde se aplique la prescripción quinquenal (art. 4027 del C.

Civil). (Del voto del Dr. Lescano, en minoría).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la vida, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Floreancig, Andrea  Cristina y otro por sí y en representación desu hijo menor H., L. E. c/ Estado Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

El derecho a la vida, más que un derecho no enumerado en los términos del art. 33 de la Ley Fundamental, es un derecho implícito, ya que el ejercicio de los derechos reconocidos expresamente requiere necesariamente de él y, a su vez, el derecho a la salud -especialmente cuando se trata de enfermedades graves- está íntimamente relacionado con el primero y con el principio de autonomía personal, ya que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Eximición de prisión, asociación ilícita, participación criminal, concurso real, rebeldía, revocación de la eximición de prisión
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PIERPAOLI, Emilse Susana. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-01-12

Si la imputada se encuentra procesada con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita en carácter de organizadora, en concurso real con falsa denuncia y defraudación por administración fraudulenta y, al concretarse su detención, no fue hallada en el domicilio constituido en el acta compromisoria al momento de concederle una anterior exención de prisión, y permanece prófuga, se configuran las pautas de excepción previstas en el art. 319 del C.P.P.N., y debe homologarse el auto de primera instancia que no hizo lugar a la exención de prisión solicitada en su favor.
Daños y perjuicios, registro de la propiedad inmueble, embargo, transmisión del dominio, error registral, honorarios del abogado, responsabilidad de la provincia, inscripción registral
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Magar Sociedad en Comandita por Acciones c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

Tratándose de los daños y perjuicios causados por el registro de la propiedad provincial que, pese a haber anotado un embargo, procedió a inscribir la transferencia de dominio del inmueble, frustrando así la garantía, no corresponde hacer lugar al reclamo por los honorarios que le pudieran corresponder al letrado por su intervención en el juicio ejecutivo, si la actora no lo ha hecho aún efectivo.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, pena, reincidencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: B., A. R.; B., C s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -ROBO CALIFICADO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 59 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-06-27

La cuestión de si el tiempo sufrido en prisión preventiva y computado para la condena de acuerdo al artículo 24 del Código Penal debe ser tomado -o no- como cumplimiento total o parcial de pena a los fines de la declaración de reincidencia es un tema controvertido tanto doctrinaria como jurisprudencialmente y en el que se aprecian diferentes opiniones.

Es claro, entonces, que la tesis seguida por la Sala en el fallo impugnado al haber computado -a los fines de la reincidencia- el encierro padecido en prisión preventiva como parte de la pena-simplemente forma parte de una de las corrientes de opinión que razonablemente pueden surgir del texto legal, no habiendo desbordado las posibilidades hermenéuticas aceptables desde el punto de vista constitucional. (De la Disidencia del Dr. Netri)
Apropiación de cosa perdida, estelionato, cosas ajenas, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: EQUIOIZ s/ DEFRAUDACION - ESTELIONATO - ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-26

El imputado encontró un bien ajeno, que retuvo para sí. Sus intentos de justificación no podrán prosperar, porque de aceptarse tal justificación, el tipo del artículo 175 inciso 1 del Código Penal no tendría razón de ser.

La presunción de propiedad que concede el artículo 2412 del Código Civil a la víctima, sólo cede respecto a cosas robadas o perdidas.

La atipicidad que postulé en ese caso se basaba, justamente, en la excepcional circunstancia de que el vendedor no había hurtado ni había hallado perdido el bien, conforme a las circunstancias concretas del caso. Pero en la presente situación, ninguna duda cabe que el comprador de buena fe queda desprotegido y está obligado a restituir la cosa, con lo que se materializa un perjuicio patrimonial en su contra.

Por los motivos expuestos, estimo que debe hacerse lugar a la acusación, revocándose la sentencia en sus puntos I y II por razones de congruencia jurídica, condenándose al imputado como autor responsable de los delitos de defraudación por apropiación indebida, del artículo 175 inciso 1 del Código Penal, en concurso real con el de estelionato, por los que fuera acusado.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de leyes federales
Materia: PROCESAL
Carátula: Otoya Piedra, César Augusto c/ EN - DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-07

El recurso extraordinario es formalmente admisible toda vez que se discute la validez de un acto de autoridad nacional con fundamento en la interpretación y aplicación de normas de carácter federal y la decisión ha sido contraria a las pretensiones que el recurrente fundó en ellas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Padilla, Sergio A. y otro s/ Tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-17

Adolece de insuficiencia el planteo que incursionando en el terreno de los hechos no fue acompañado con la pertinente cita de las normas probatorias (art. 355, C.P.P. -según ley 3589 y sus modif.).
Recurso extraordinario, ley derogada
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Inc. con expresión de causa formulado por el Dr. Valentín Roca c/ Sr. Juez del III Juzgado Correccional Dr. J. Vega s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-17

La ley 2275 ha quedado derogada con la sanción del nuevo Código de procedimiento en lo Penal (ley 6140), derogación que si bien es cierto no es expresa, sí lo ha sido tácitamente. En tal sentido debe tenerse presente que las leyes puede ser expresa o tácita, y la derogación tácita puede ser a su vez por incompatibilidad de contenido o por incompatibilidad de sistema. Hay derogación tácita cuando, sin estar expresamente establecida, resulta de la incompatibilidad entre una ley anterior y otra posterior, ya sea que la nueva ley nada diga sobre el punto, o ya que contenga la declaración genérica de que quedan derogadas todas las disposiciones anteriores contrarias a la ley que se dicta. Tal incompatibilidad, puede ser de contenido, cuando entre una ley anterior y una posterior existe verdadera contradicción. Y puede ser de sistema, lo que se llama derogación orgánica de tribunales, cuando la justificación por la ley posterior de una determinada materia torna incompatible, aunque no hubiese incompatibilidad de contenido, cualquier disposición que esté colocada fuera de esa sistematización, en tanto la codificación presupone agrupar la totalidad de los preceptos vinculados a dicha materia en una estructura orgánica.
Proceso penal, excarcelación, solicitud de excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia, arraigo
Materia: PENAL
Carátula: LÓPEZ, Marcos Damián s/ Infr. Art. 189 bis C.P
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-26

En el presente caso no existe pauta objetiva alguna que autorice a presumir que el imputado habrá de fugarse, por lo que la libertad del imputado no encuentra obstáculos en el marco legal que nos rige -Ley Nro. 1287, modificada por Ley Nro. 1330-.

Nótese que en oportunidad de ser detenido aportó su domicilio particular, que fue constatado por personal policial, en el que vive desde que nació encontrándose, en consecuencia, acreditado en autos el suficiente arraigo.

El mantenimiento de la prisión preventiva del imputado importa la imposición de un castigo anticipado cuyo aserto podrá verificarse "ex post", a riesgo de que una sentencia absolutoria determine que el padecimiento de un individuo resultó equivocado. (Del voto en disidencia de la Dra. Manes).
Sociedades comerciales, sociedad cooperativa
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Obrera Difusores de Prensa (D.I.P.R.E. COOP) Ltda. y/o sus integrantes c/ Jockey Club Chaco s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-11-11

El art. 24 de la Ley de Sociedades 19550, consagra el principio general en materia de representación de esta clase de sociedades, -cooperativas- estableciendo que en las relaciones con terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad. Ello es consecuencia del hecho de que ningún socio puede reclamar el derecho contractual de administrar y representar el ente. En consecuencia: a)El tercero puede demandar a cualquiera de los socios por las obligaciones contraídas en nombre de la sociedad de cualquiera de ellos, siendo inoponible al acreedor cualquier defensa fundada en limitaciones nacidas del contrato social, poderes otorgados con posterioridad, o limitaciones del objeto social. b) Conforme al art. 23, párr. 1ro. de la mencionada ley, que consagra la responsabilidad solidaria, ilimitada y no subsidiaria del tercero que contrató en nombre de la sociedad, resulta válido todo apoderamiento efectuado en favor de aquél, sin perjuicio de que el acreedor de la sociedad, fundándose precisamente en lo dispuesto por el art. 24 en análisis, pueda reclamar a cualquiera de los socios las obligaciones contraídas por éste. c) La responsabilidad en que incurra el socio frente a los demás por la extralimitación de sus funciones es materia que sólo a los socios interesa, no pudiendo ser opuesta a terceros en sus relaciones con aquéllos. Conforme ello, la sociedad de hecho puede ser representada en juicio por cualquiera de sus integrantes.
Corte Europea de Derechos Humanos, confiscatoriedad, fianza, REPÚBLICA CHECA, proceso penal
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto Lavrechov c. República Checa - Confiscación de fianza y Derecho de propiedad - Control de razonabilidad c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Bajo Rin
Fecha: 2013-05-21

La Corte Europea de Derechos Humanos considera que la confiscación de la fianza resuelta por los tribunales de la República Checa, en el caso del ciudadano ruso que la depositó para ser liberado de la prisión preventiva, conociendo que aquella sería la sanción si incumplía los requisitos derivados de aquélla libertad, persiguió el legítimo objetivo de garantizar el correcto desarrollo del procedimiento penal, combatir y prevenir el delito, lo que indudablemente hace al interés público que los estados deben considerar como de particular importancia.
Gobierno nacional, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Estado Provincial, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gascón Cotti, Alfredo J. y otros s/ inconstitucionalidad ley 10.859 y decreto 5766/89.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-06

En el art. 105 de la Constitución Nacional, la palabra "Gobierno" incluye, desde luego, a la Corte Suprema.
Acción de amparo, decretos, presunción de legitimidad, procesos de conocimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PINOTTI, Jorge Pedro c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-09

El artículo 43 de la Constitución Nacional diseña al amparo para atender, exclusivamente, hipótesis de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, con lo que repite la pauta del art. 1 de la ley 16.986. Es decir, que si el acto lesivo no contiene un vicio palmariamente arbitrario e ilegal, el amparo no será una ruta exitosa, y, en cambio, será más provechoso plantear el reclamo por otro conducto procesal, aún admitiendo que, en la reforma constitucional, el amparo ha dejado de ser supletorio o subsidiario.

La legitimidad de un decreto -mediante el cual se dispuso el cese de las funciones de un agente municipal-, la procedencia de su aplicación y su instrumentación, sólo pueden ser controvertidas en un juicio de conocimiento.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Canorio, Nora Beatriz s/ Registro de Contratos Públicos nro. 75 de La Matanza (Juz. notarial).  Recurso de Inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04

Los recursos previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal sólo proceden contra las decisiones dictadas por el Tribunal de Casación (arts. 489, 494, Cód. cit. y art. 161 incs. 1 y 3 de la Constitución de la Provincia) lo que no se da en el caso de autos en que los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad se interponen contra la de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos y obligaciones de los padres, alimentos, alimentos provisionales, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: N. N. c/ N. N. s/ Alimentos- Visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-05-31

El juez de grado fijó alimentos provisorios cuando correspondía determinarlos con carácter definitivo toda vez que los provisorios ya habían sido determinados, no siendo solo un error de carácter semántico, habida cuenta que la sentencia está fundada en doctrina y jurisprudencia referida a alimentos provisorios cuando tal decisión debió versar sobre alimentos definitivos. A los fines de determinar los alimentos definitivos que corresponde fijar en autos resulta ineludible señalar que del texto de los arts. 646 y 658 del Código Civil y Comercial de la Nación surge claramente que las responsabilidades parentales son compartidas entre los progenitores en cuanto a la obligación alimentaria que pesa sobre sus hijos, ello con los efectos y alcances determinados en el art. 659 del citado cuerpo legal.

Fuente del sumario: OFICIAL
Subasta judicial, adquirente en subasta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Villaplana, Marcos y otra c/ Obras Sanitarias y otros s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-02

La subasta judicial es una hipótesis de venta forzosa (Art.1324,inc.4to.del Cód. Civil), que por su naturaleza escapa de la configuración como acto procesal puro, constituyendo un acto complejo en el que concurren, por un lado, la actuación compulsiva del Estado, y por el otro, la del adquirente, el que actúa con un interés propio (adquirir el bien subastado). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, asegurado, mora, responsabilidad del asegurador
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Yegros, Abel Baltasar c/ Tornal SA. y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-15

Es arbitraria la sentencia que, desconociendo el régimen legal aplicable y pese a que la demandada - al tiempo de la ocurrencia del siniestro - estaba incursa en mora, extendió la responsabilidad a la aseguradora.
Partes del proceso, representación procesal, personería
Materia: PROCESAL
Carátula: A.A. y otros c/ P. M.S y otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-03-27

Si los recurrentes actuaron por medio de representante convencional se debe exigir que la personería se encuentre acreditada en el proceso o se la justifique al interponer el recurso, de lo contrario, el juez debe exigir de oficio el cumplimiento de ese requisito, fijando plazo para ello, bajo apercibimiento de tenérselo por no presentado, solución que resulta justificada teniendo en cuenta que la caducidad de derechos debe interpretarse restrictivamente.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, juicio de desalojo
Materia: CIVIL
Carátula: O., J. G. y Otra c/ G., S. y/u Ocupantes s/ DESALOJO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-02-06

La acción de desalojo no constituye la vía idónea para dilucidar la cuestión referida al "ius possidendi" y al "ius possessionis".
Recurso de inconstitucionalidad, defectos en la consideración de extremos conducentes, transacción, homologación del acuerdo
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: AÑAÑOS, VICTOR c/ INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO SANATORIO PLAZA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-INCIDENTE REAJUSTE ART. 8 DEC.214/02 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 365 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-07-10

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad atento a que la Sala prescindió de analizar las cuestiones propuestas y conducentes para la solución de la causa y, por esa vía, soslayó la aplicación de normas federales de orden público económico que imponían en el caso el reajuste de la obligación dineraria emergente del convenio transaccional celebrado antes del régimen pesificador.

En efecto: al examinar el pedido de reajuste razonó partiendo de señalar que las obligaciones originariamente demandadas habían sido expresadas en pesos, y descartó la pretensión de aplicación de las normas de emergencia, apoyando su razonamiento -en alusión a la moneda dólar pactada en el convenio- en "que lo que se buscaba era una forma de repotenciar la deuda ante los avatares que pudieran ocurrir dentro de una economía como la de nuestro país cambiante y cíclica".

La falta de motivación de dicha premisa se advierte con evidencia al implicar -en definitiva- lisa y llanamente la preterición del convenio -luego homologado sin objeción alguna- y, a la vez, al asumir interpretativamente que no se podía contratar en moneda extranjera desde la sanción de la ley 23928.

Y en este último aspecto, no puede pasar desapercibido que esta Corte ha sostenido que -en coincidencia con calificada doctrina- la contratación en moneda extranjera desde la sanción de la ley 23928 no habrá de ser considerada como una mera "cláusula estabilizadora o de reajuste", sino como verdadera obligación de dar dinero.
Empleo público, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Vassia Roberto Oscar c/ Gobierno de la Provincia de La Pampa y DPV s/ contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1990-06-30

Si el estatuto aplicable al empleado no contiene norma que autorice el pago de salarios caídos durante su separación ilegítima del cargo, debe rechazarse su demanda en tal sentido.
Régimen jubilatorio, docentes, transferencia de servicios educativos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Matera Durán, Blanca c/ A.N.S.E.S. y otro s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-10

La vigencia del régimen previsional especial para el personal docente de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario, resulta al presente indiscutible hasta para el propio P.E.N. que, "te-niendo en cuenta las distintas modificaciones estructurales producidas en el sistema nacional de previ-sión, la transferencia de los servicios educativos nacionales a ámbitos provinciales y de algunos regíme-nes previsionales provinciales a la Nación", consideró necesario proceder al "dictado de las normas que fuere menester para su aplicación efectiva". Lo antes referido corresponde a los vistos del Dec. 137/05 y adquiere su real dimensión si se tiene presente la aludida transferencia de los servicios educativos na-cionales a las provincias dispuesta por la ley 24.049.
Recurso extraordinario de nulidad, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Vargas, Miguel Angel s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

Es ajeno al recurso extraordinario de nulidad el agravio referido a la interpretación que la mayoría de la Cámara ha hecho en los términos del art. 67 del Código Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución fiscal, ejecución de sentencia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.B.A. c/ Y.P.F. S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-26

Si se ha dictado sentencia de trance y remate contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en el marco de una ejecución fiscal, tal condena no puede ser ejecutada contra el Estado Nacional. Es que, el Estado Nacional es una persona jurídica distinta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y además, el hecho de que el primero garantizara todas las deudas generadas por la citada empresa antes del 31/12/90 no lo transforma en un sucesor de aquélla.