marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, trámites judiciales, recursos, medidas urgentes, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Saborido, Osmar Dardo y otros c/ Escuela de Enseñanza Media Particular incorporada Nro. 3031 "San Antonio de Padua" s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Acción de amparo (Expte.: C.S.J.  Nro. 87 año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-25

Para Peyrano, el artículo 10 de la Ley 10.456 comienza limitando el elenco de recursos utilizables en el juicio de amparo, lo que implicaría "prima facie" que los demás medios impugnativos han sido omitidos por la ley vigente; que sin embargo, la cuestión no resulta tan sencilla, ni puede ser interpretada de un modo tan tajante, ya que sin bien la norma pareciera excluir otra posibilidad de impugnación extraña a los recursos de apelación y de nulidad -quedando en consecuencia descartada la revocatoria, persiguiéndose con ello la obvia finalidad de abreviar el trámite de la causa-, la "ratio legis" en muchas oportunidades puede verse desvirtuada por la estricta aplicación de la normativa.
Beneficios previsionales, caducidad de la acción contencioso administrativa, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MIRANDA, NÉLIDA DEL VALLE c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-06

Corresponde confirmar el pronunciamiento que hizo lugar al planteo de caducidad de la acción, si del expediente administrativo se desprende que la resolución denegatoria del reajuste peticionado por el titular fue notificada por carta certificada con aviso de retorno, y la acción judicial se inició vencido ampliamente el plazo acordado por el art. 25 de la ley 19.549. Ello así, porque la notificación efectuada en la forma indicada es el medio usualmente usado en sede administrativa, y el pertinente aviso de retorno hace plena fe de la fecha de recepción de lo notificado.
Resoluciones recurribles, sentencia definitiva, eximición de prisión
Materia: PENAL
Carátula: DELOS SUDAMERICANA S.A. s/ Contrabando y Ley Penal Tributaria, Inc. de Exención de Prisión  Causa 32938
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-15

No corresponde hacer lugar a los recursos de casación y de inconstitucionalidad si la resolución contra la que se interponen no reúne los requisitos de procedibilidad exigidas por los arts. 457 y 474 del Código Procesal Penal (Ley 23984).
Resoluciones inapelables, monto mínimo, instancia única
Materia: PROCESAL
Carátula: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL c/ AKORD SA s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-08

De conformidad con lo preceptuado por el art. 242 del C.Procesal, reformado por ley 23850, la presente causa es inapelable por razón de su monto, esto es, trátase de una causa sujeta a instancia única, estando vedada la intervención de la alzada para la decisión de cualquier cuestión que se plantee durante su trámite.
Plan de parentalidad, medidas cautelares, violencia familiar
Materia: CIVIL
Carátula: F., R. G. y M., N. E. c/  s/ homologación de convenio (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-10-28

Si se descartan las razones graves que motivaron la suspensión al contacto y comunicación de la progenitora con sus hijos, los esfuerzos deben dirigirse a lograr el restablecimiento del trato con la madre no conviviente, la revinculación y los contactos parentales regulares que logren revertir la anómala situación existente sostenida en el tiempo -art. 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 555, 557 y 652 CCC-, teniendo en cuenta además, que el impedimento de contacto es una forma de violencia familiar.
Indemnización, indemnización por muerte, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: González Martínez, Anastacia I. y otros c/ Jorge I. Mesa y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-26

La supresión de una vida, aparte del desgarramiento en el orden afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria a aquél hecho trascendental.
Juicio de desalojo, usufructo, legitimación activa, nudo propietario, locación
Materia: CIVIL
Carátula: VILLALPANDO DE ABAN, Tiburcio c/ ESTRADA DE HIGA, Nelly y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-04-15

El nudo propietario no puede demandar el cese de un arrendamiento contratado por el usufructuario, pues no tiene derecho para usar y gozar de la cosa de la que es propietario, ya que ese derecho corresponde exclusivamente al usufructuario.Al establecer el código civil en el art. 2807 que el usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro ha escindido el dominio en dos derechos reales independientes entre si y con títulos distintos: el derecho real del nudo propietario y el derecho real del usufructuario, cada uno de los cuales tiene sus propias condiciones de existencia y de ejercicio. Y asi como el nudo propietario tiene el derecho de vender y gravar con servidumbre e hipotecas que tengan efecto despues de terminado el usufructo, correlativamente no puede ejercer los derechos al uso y goce del mismo, pues tal facultad la tiene exclusivamente el usufructuario, unico legitimado en consecuencia para intentar las acciones pertinentes.-
Cuenta corriente bancaria, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Ferrari, Eduardo y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

La comunicación del art. 792 del Cód. de Com. no tiene por finalidad constituir en mora al cuentacorrentista, sino solamente cumplir con el recaudo legal de "aviso previo" al cierre de la cuenta. Si por el contrario, el banco hubiera comunicado el saldo deudor existente -después del cierre- de conformidad con lo dispuesto por el art. 793 1er. párrafo del Cód. de Com., si correspondería computar la mora a partir de dicho acto, pues la no observación del mismo implica el reconocimiento de saldo de cuenta y, por lo tanto, la obligación de pagarlo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, falta de legitimación para obrar, legitimación pasiva, seguros
Materia: LABORAL
Carátula: CAMPOSTRINI VICTOR J. c/ INCONE S.A. s/ INDEMNIZACION ARTICULO 8 LEY 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-08-05

La responsabilidad del asegurador en cuanto a la indemnización que debe percibir el trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo dependerá de la existencia de un contrato de seguro celebrado con el empleador, que es la causa-fuente de la obligación no siendo posible inferir, partiendo de actos o conductas cumplidas por la aseguradora, el comienzo de ejecución de un contrato que probablemente se celebró después del acaecimiento del siniestro, por lo que cabe acoger la excepción opuesta.
Medidas cautelares, regulación de honorarios, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de la Capital c/ Sucesión de José Antonio Varela s/ EJECUCION FISCAL - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-08-07

A efectos de determinar el monto base para regular honorarios por la medida precautoria, debe tenerse en cuenta que ante su impugnación son incidentes que tienen una cuantía propia e independiente de la causa principal.

En efecto, incurre en arbitrariedad el fallo que entendió que el impugnante no cuestionó los porcentajes tomados para la regulación sin percatarse que lo cuestionado fue el monto base, que en el caso de autos está dado por el monto de la resolución que ordena levantar el embargo por determinada suma y sobre esta diferencia aplicar recién el régimen de la ley arancelaria correspondiente.
Obras sociales, derecho a la vida, medicamentos, derecho a la salud, medidas cautelares, asistencia médica gratuita
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "LEMOS,  MARÍA GENOVEVA Y OTROS c/ Obra Social Bancaria Argentina s/ Incidente".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

La C.S.J.N., a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.), ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de las llamadas medicina prepaga (cfr. Fallos 321:1684 y sent. del 01.06.00, "Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional").
Revocación de sentencia, prueba, frigoríficos, IVA
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: COMPAÑÍA BERNAL SA (TF 48529-I) C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-24

La sala revocó la sentencia apelada haciendo mérito de la insuficiente entidad que revestía la tesitura fiscal, centralmente a la luz de las explicaciones y probanzas arrimadas por la firma. En particular, se produjo prueba pericial técnica -dictaminando dos ingenieros agrónomos-, la cual dio cuenta de las características del establecimiento, la cantidad de animales vivos ingresados y los kilogramos de mercadería vendidas. Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la posición del organismo recaudador, las ventas omitidas habrían demandado el ingreso de una considerable cantidad de animales al establecimiento. En otro orden, también se debatió un ajuste practicado en las DDJJ-SICORE -percepciones del IVA (RG AFIP 2126)-, al presumir el organismo que las ventas por importe mayores a $ 1.000 no habían sido efectuadas a consumidores finales, de modo que el frigorífico no había actuado como agente de percepción en el IVA. Este ajuste también fue revocado, en base a dos fundamentos: i) que se soslayaron las características con que la firma efectuaba -y registraba- sus ventas en la carnicería, y ii) que el empleo de las presunciones debe honrar los estándares de razonabilidad, so pena de tensionar el principio de seguridad jurídica del que goza todo contribuyente.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, trámites judiciales, competencia contencioso administrativa, recurso contencioso administrativo, actos impugnables, leyes, aplicación supletoria de la ley, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Seghizzi, Hugo Benito y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Acción declarativa de Inconstitucionalidad. Avocación (Artículo 2,   Ley 11330) (Expte. CSJ Nº 247-2000) Andreoli, José María y otros c/ Provincia de Santa Fe y Caja de Jubilaciones y Pensiones s/ Avocación (Artículo 2, Ley 11330). Acción mere declarativa de   Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº 640-99) CAMARA DE AGENTES OFICIALES DE LOTERIAS, PRODE Y QUINIELA 2 CIRCUNSCRIPCION c/ CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ COMPETENCIA- ACCION MERE DECLARATIVA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 510 AÑO  2004) ANTONINO MOSCATO E HIJOS TRANSPORTES ROSARIO S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE. s/ DEMANDA MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO  . 10 AÑO 2005) LASCANO, MARTA E. y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE LA SALA SEGUNDA DE LA CAMARA  DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL Y LA CAMARA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 2 DE LA CIUDAD DE ROSARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 229 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-07-05|2000-05-23|2004-12-22|2005-08-24|2006-08-30

El conocimiento de pretensiones declarativas no es extraño al proceso específicamente contencioso administrativo, en particular respecto a los supuestos de invocación de intereses legítimos: no lo era en el ámbito de la ley 4106 -cuyo artículo 73 limitaba la sentencia en el recurso de ilegitimidad a la declaración de nulidad o ilegalidad del acto-, ni lo es en el ámbito de la 11330 -que admite, pero no obliga, el ejercicio de una pretensión de condena.

Tampoco puede decirse que el proceso contencioso administrativo sea por completo extraño respecto de pretensiones declarativas de certeza, siendo que la ley 11330 (artículo 1) -al igual que la 4106 (artículo 23)- remite, en cuanto fueren aplicables a la materia, al Código Procesal Civil y Comercial.
Demanda de verificación, fuero de atracción, incidente de verificación, indicación de la causa, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: ECOS SA. c/ INDEPENDENCIA TRANSPORTES INTERNACIONALES s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-16

Es improcedente el pedido de conversión de un juicio ordinario atraído en incidente de verificación, cuando se demanda a una compañía de transporte fallida, no configurando, en el caso, ninguna hipótesis de excepción al principio de suspensión del trámite del proceso. La circunstancia de no tener el actor sentencia que reconozca su derecho y que sirva de fundamento a su crédito, no resulta óbice para que insinúe su crédito en la medida en que la ley convoca a todo acreedor de causa o título anterior a la declaración de quiebra (LC: 200). El incidente de verificación de crédito será, entonces, el marco adecuado para el debate acerca de la legitimidad del crédito. (En el caso, se trata de una demanda de contenido patrimonial seguida contra una sociedad cuya quiebra sobrevino luego de iniciada la demanda).
Facultades discrecionales del juez, prisión domiciliaria, condiciones de detención, enfermedades
Materia: PENAL
Carátula: C., J. T. c/  s/ Prisión domiciliaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-19

Pablo Guillermo Lucero precisó que ".Si bien es cierto que es una facultad discrecional del juez conceder la prisión domiciliaria por una cuestión etaria -artículos 10, inc. d) del Código Penal y 32, inc. d) de la ley 24.660-, ello no implica que el juzgador se halle habilitado para llegar a una conclusión, cuyo fundamento no operativice la norma sólo por una cuestión de preferencia, excluyendo en forma automática de la hipótesis de marras..". Agregó que en el caso bajo estudio el detenido cuenta con contención familiar pues su hija asumiría el rol de garante y el deterioro de su salud amerita excluirlo del ámbito del Servicio Penitenciario Federal donde las condiciones actuales de detención podrían agravar dicho estado.
Responsabilidad civil, responsabilidad indirecta
Materia: CIVIL
Carátula: D., E. E. y otro c/ CONSORCIO DE PROP. EDIF. "L. T." s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-02

En la jurisprudencia nacional también se ha seguido el criterio de la excepcionalidad de la responsabilidad por el hecho ajeno, sosteniéndose que ella es de carácter excepcional por cuanto lo normal es que cada uno sólo responda de las consecuencias de su propia conducta.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Maldonado, Mario Eduardo c/ Tissucel S.A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-03-07

La fecha en que el obrero adquiere conocimiento de la disminución laborativa derivada de la dolencia que lo aqueja, marca la exigibilidad del crédito y el punto de partida para el cómputo del plazo de la prescripción de la acción indemnizatoria, y dicho extremo constituye una cuestión de hecho, irrevisable, en principio, en casación.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente, condiciones personales, daños al automotor, indemnización, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: DUBRA, MARIA c/ IRARZABAL VIERA, CARLOS s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

A fin de determinar el monto de resarcimiento por incapacidad física, debe seguirse un criterio donde casuísticamente se ponderen las condiciones personales de la victima (edad, sexo, estado de familia, salud, disminución del porvenir económico y la índole del trabajo a que se dedicaba). Ello, porque a los fines resarcitorios no es lo mismo el caso de quien por incapacidad sobreviniente ha perdido su fuente de trabajo, de aquél que no sufre perjuicio en sus ingresos, o no trabajaba al tiempo de sufrir el accidente, o era un jubilado; cuyos ingresos en consecuencia no se reducen con motivo de las lesiones. Por lo demás, al juzgar prudencialmente sobre la fijación del monto del resarcimiento no cabe desatender a las reglas de la propia experiencia y el conocimiento de la realidad. Pero, la lesión de la integridad física tiene diversos aspectos y comprende a más de la actividad económica, otros aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno, de la afectación de la energía vital generadora de todas las actividades del sujeto. Y es por ello que es inaceptable reducir la cuestión a un calculo matemático o hipotético. Por ello, procede participar del criterio que relativiza el valor sacramental de los porcentajes de incapacidad; puesto que si bien constituyen un dato importante a los efectos de orientar al juzgador, lo que interesa a los fines de precisar la cuantía resarcitoria es determinar la medida en que la disfunción repercutirá en la situación de la victima. (En el caso, la víctima de un accidente de tránsito demandó el resarcimiento de los daños sufridos en su automóvil y en su persona).
Sentencia condenatoria, juicio oral, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Luis Edgardo Ramos c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-13

El dictado de una sentencia de condena a partir de un acuerdo de partes, en lugar de una que sea resultado de un debate oral y público, representa una circunstancia relevante y sustantiva que, indefectiblemente, impacta en los estándares de admisibilidad del recurso y, por ende, también en los alcances de la revisión. Así, no puede soslayarse que la sentencia condenatoria que encuentra motivo en el procedimiento establecido en el artículo 431 bis CPPN no es fruto de un caso o controversia entre una parte acusadora y la defensa, sino, todo lo contrario, un pronunciamiento que si bien debe contar con la fundamentación adecuada, así como también debe ser producto de un previo escrutinio del acuerdo arribado por las partes, pone fin a una etapa del proceso como consecuencia de la adopción de un resultado respecto del cual ambas partes han prestado su conformidad. De tal forma, el contradictorio y la controversia que reina en un debate, aportan al proceso, naturalmente, una riqueza argumental que, indefectiblemente, se refleja en los términos de la sentencia que debe dar respuesta a todos y cada uno de los puntos relevantes y conducentes introducidos por las partes. Tal circunstancia se encuentra ausente cuando se procede de acuerdo a lo establecido en el artículo 431 CPPN, razón por la cual, en esos casos, no puede reclamarse a la sentencia los mismos estándares que en los casos en que se opta por la realización del juicio oral y público (voto del juez Morin al que adhirió la jueza Llerena).
Acción, cuestión constitucional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Patrignani, Dante Elvio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-29

Toda vez que la demanda contencioso administrativa se sustenta, como único argumento, en la invalidez constitucional de la norma aplicada, corresponde su rechazo habida cuenta de la existencia de un remedio procesal específico en la Provincia de Buenos Aires, no utilizado por el actor, para obtener la declaración de inconstitucionalidad pretendida.
Daños y perjuicios, contrato de servicios, responsabilidad médica, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: D. D. M. M. D. V. c/ A. C. R. Y. O. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-28

Cabe tener presente que aun cuando la responsabilidad sea de fuente contractual, el médico responde por su eventual falta de diligencia; de modo que para hacerla efectiva está a cargo de la parte interesada (en el caso la actora) la prueba de la culpa de la falta de diligencia del profesional, además de la prueba del daño. A fin de arribar a soluciones justas, dentro de este esquema se hacen jugar las presunciones hominis, que bajo determinadas circunstancias producen una inversión de las reglas del onus probandi, en virtud de la cual pesa sobre el deudor de la diligencia (en el caso el profesional médico) la prueba de su falta de culpa en el cumplimiento de la prestación. Con igual finalidad opera el principio de la carga dinámica de la prueba, en virtud del cual se morigera la regla que pone la carga de prueba exclusivamente en cabeza del acreedor de la diligencia, y se exige la acreditación de la culpa o de la falta de culpa a la parte que se encuentre en mejores condiciones para hacerlo.
Falsificación de documentos, transferencia de competencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de Incompetencia en Autos N, N sobre 292 1° párr - Falsificación de Documento Público y Privado c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-19

Corresponde declarar la competencia de la justicia local para intervenir en las presentes actuaciones toda vez que el último convenio de transferencia de competencias (ley n° 26702, punto tercero del Anexo) específicamente incluye el delito de falsificación y uso de documentos (arts. 292 y 296) sin excluir expresamente a los instrumentos privados, interpretación que se alinea con el principio de "buena fe federal" al que alude la Corte en el fallo "Bazán" (Fallos: 342:509), en cuanto los estados -nacional y local- deben evitar el abuso en el ejercicio de sus respectivas competencias y tender a las soluciones que mejor armonicen sus disposiciones con miras a alcanzar la plena autonomía de la Ciudad en materia jurisdiccional, objetivo del Tercer Convenio. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg, por los fundamentos expresados en su voto in re "Petrucci", expte. n° 17897/20, resolución del 16/09/2020).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, secuestro extorsivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Oscar Antonio Salgán, Sergio Gustavo Salgán, Miguel Ángel Ramírez, María Esther Sudo y Jorge Gabriel Sudo en la causa Salgán, Raúl Nemesio y otros c/  s/ legajo de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-13

El recurso extraordinario, interpuesto por la defensa contra la sentencia que condenó a los acusados en orden al delito de secuestro extorsivo, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Estado Provincial, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gascón Cotti, Alfredo J. y otros s/ inconstitucionalidad ley 10.859 y decreto 5766/89.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-06

El deber de no interferencia de la Corte adquiere particular intensidad en el caso en el que el acto que se pretende impedir en sede federal, la reforma de la Constitución de una provincia, tiene en su favor una explícita manifestación de voluntad expresada por los poderes políticos locales, esto es, por más de las dos terceras partes de la Legislatura y por el Poder Ejecutivo, que promulgó la ley respectiva.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Pereyra, Carlos Pablo s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

Es insuficiente el planteo deducido por la defensa en el que se agravia de la medida para mejor proveer ordenada por la alzada denunciando violación al principio procesal de preclusión mas sin puntualizar en tal cuestionamiento transgresión legal alguna.