Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-14


La Plata, diciembre 14 de 2004.

1º ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Hortel dijo:

El presente recurso es interpuesto en tiempo oportuno contra un pronunciamiento definitivo dictado por un Juez Correccional, habiendo agregado el recurrente copia de la documentación de que intenta valerse así como de la reserva de recurrir en casación, por lo que el mismo cumple con los requisitos formales establecidos por los arts. 450 y 451 del CPP.

Entiendo asimismo, que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir. El art. 394 del CPP establece con relación al procedimiento por delitos de acción privada que "... respecto... de los recursos... se aplicarán las disposiciones comunes...".

Surge clara, entonces, la intención de otorgar recurso al titular exclusivo de la acción privada a pesar de que, al regularse tales disposiciones comunes, en el caso, los arts. 452 a 455 del CPP, la ley omita citar expresamente al querellante entre los sujetos legitimados para recurrir ante este Tribunal.

La interpretación a favor de la legitimación del querellante, entonces, resulta sistemática no sólo con las citadas disposiciones del CPP, sino también con la garantía de los arts. 18 de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires que ampara a toda persona a quien la ley le reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sin justificarse diferencia de tratamiento alguno entre el titular de la acción puesto por el Estado y el particular, por lo que entiendo, también, que la facultad debe serle concedida en los mismos términos que al titular de la acción pública.

Por ello, corresponde declarar admisible el recurso intentado (arts. 456 y 465 inc. 2 C.P.P.).

Voto por la afirmativa.

El doctor Mancini dijo:

Adhiero por sus fundamentos al voto del doctor Hortel, agregando -en el mismo sentido- que en lo que hace a la legitimación del querellante, la omisión del legislador de mencionar apartadamente los pronunciamientos que él puede recurrir en esta instancia, no obsta a la citada legitimación que emerge del último párrafo "in fine" del art. 421 del CPP al que remite el art. 394, ya que el método de enumerar las resoluciones que puede recurrir cada parte no significa distinguir cuáles partes pueden hacerlo y cuáles no.

Así lo voto.

El doctor Celesia dijo:

Adhiero al voto del doctor Hortel en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

2º cuestión. - El doctor Hortel dijo:

I. El juez en lo Correccional Nº 2 del departamento judicial San Isidro resolvió, con fecha 7 de octubre de 2002, dictar veredicto absolutorio respecto de las querelladas G. I. O. y C. G. B. de A., en orden al delito de injurias que les fuera atribuido.

Contra dicho fallo interponen recurso de casación los querellantes A. M. V. y N. P., conjuntamente con su letrado patrocinante, doctor L. A. D., por entender que se ha incurrido en inobservancia de los arts. 210 y 373 del CPP, y 110 del CP.

II. Argumentan que el a quo sostiene en el pronunciamiento en crisis que no se les atribuye a las querelladas haber difamado o desacreditado ante terceros a los hoy impugnantes, por cuanto las manifestaciones reprochadas se exteriorizaron en un ámbito que no trasciende a un número indeterminado de personas, como lo es un expediente judicial, sino expresamente a quienes intervienen en el mismo, quienes resultan ser vecinos de los accionantes y comparten los conceptos exteriorizados por las querelladas en tanto lo habrían referido al prestar declaración durante el debate, en virtud de lo cual, aseveran, el sentenciante afirma que las expresiones carecen de aptitud difamatoria, dado que no modificarán el criterio de los vecinos formado con anterioridad sobre el comportamiento de V. y P.

Estiman que se equivoca el sentenciante en virtud de que la acción típica que se imputa consiste en la deshonra o descrédito a una persona y la primera está dada por el ataque a la propia valoración del honor o dignidad que el sujeto pasivo tiene de sí, que es lo que pretende defenderse en este proceso.

Advierten que la doctrina utilizada por el a quo sustenta la pretensión del impugnante, a cuyo fin transcriben una parte de la misma en cuanto el autor indica "... sea cual fuere la forma de injuria, ésta debe consistir en todo caso en la exteriorización de un pensamiento lesivo para el honor de otro. Debe tratarse, pues, de algo atinente a la persona humana; no basta la simple apreciación acerca de la obra de esa persona..." (Sebastián Soler, "Derecho Penal Argentino", Ed. Tea, t. III, p. 245).

Refieren que las cuestionadas declaraciones prestadas por B. y O. (fs. 10/vta. y 11/12), constituyeron un exceso innecesario al tiempo de su deposición en el expediente contravencional cuya agregación "ad effectum videndi et probandi" fuera requerida como elemento de cargo.

Sostienen que parece desprenderse del fallo impugnado que, atento a que en la prueba testimonial todas las preguntas contienen la expresa amenaza de sanción para el caso de faltarse a la verdad al responder, se excluye la posibilidad de cometer un delito de acción privada como la injuria, cuando en realidad el objeto de la pena en este caso -delito de injuria- está constituido por el exceso que se comete en la manifestación hecha por un testigo y con referencias a la persona de quien se trata cuando el hecho investigado nada tiene que ver con las mismas.

Aclaran que si los dichos se hubieran circunscripto a los supuestos que conforman la contravención oportuna, en modo alguno habrían afectado innecesariamente su honor, razón por la cual no cabe otra interpretación que entender que fueron proferidos comprendiendo su alcance injurioso, circunstancia que surge del evidente conocimiento de la extralimitación que tuvieron las nombradas al explayarse en los autos.

Indican que si a ello se suma que las testimoniales de las querelladas fueron inconsistentes al tiempo de la fundamentación de la pretensión del denunciante, lo que derivó en la absolución de los ahora recurrentes, se sustenta aún más la posición de que no sólo fallaron al tiempo de ofrecerse a declarar a instancias de quien los denunciara, sino que agregaron, en las cuestionadas piezas, el plus desacreditante de los querellantes y cuyo castigo se requiere.

Señalan que el hecho reprimido en la aludida contravención no desmerece cuanto vienen refiriendo, ya que la declaración de las testigos debió referir exclusivamente al conocimiento que tuvieran, en su caso, del suceso puntual detallado en la norma presuntamente vulnerada y que, en definitiva, no se probó, sin existir razón alguna -remarcan- para excederse en consideraciones sobre las personas denunciadas, que parece tratarse de un esfuerzo por sostener la pretensión del denunciante por relatar un acontecimiento que no existió o que, al menos, no presenciaron.

Ahora bien, entienden que dado que, como erróneamente estima el a quo, los dichos de las querelladas fueron corroborados por los declarantes de autos, éstas deberían ser condenadas parcialmente ya que, frente al análisis de las deposiciones traídas al debate como prueba por O. y B. -vertidas por Carmen González de Kokeza, Walter Marcelo Alfieri, Osvaldo Paulino Marquínez y Francisca del Carmen Meza-, ninguna corroboró, siquiera mínimamente, sus manifestaciones respecto de N. P., tal como quedan resumidos sus testimonios en el fallo en crisis.

Concluyen que en este contexto no existe razonabilidad en la convicción del juez ni en el desarrollo de los fundamentos con los que se pretende haber arribado a ella, en cuya virtud solicitan se case el veredicto dictado en autos.

III. El recurso intentado no puede tener acogida favorable.

a) Ello porque sin perjuicio de advertirse que la presentación no reúne el requisito exigido por el art. 451 del CPP toda vez que el impugnante no desarrolla sus agravios separadamente en forma clara, incumpliendo así la manda del párrafo primero de dicha norma, circunstancia que torna insuficiente el recurso; tampoco es procedente el reclamo.

b) En efecto, y a fin de explicar dicha solución he de referirme en primer lugar al agravio atinente a la inobservancia de los arts. 210 y 373 del CPP, para luego aludir a la alegada inobservancia del art. 110 del CP.

1. En tal sentido, he de decir que los argumentos expuestos por la parte pretenden atacar cuestiones de hecho y prueba, y ya se ha manifestado este Tribunal en numerosas oportunidades, respecto a que no es posible la revisión de los hechos por vía del recurso extraordinario de casación, salvo cuando se demuestra que los órganos orales, han incurrido en absurda apreciación de la prueba, que ha de entenderse como lo que escapa a las leyes lógico-formales y las transgrede o lo que es impensable o inconcebible -por haber quedado al margen de las reglas del raciocinio- determinando que el sentenciante incurra en error palmario y fundamental.

El vicio de absurdo no se consuma porque el juzgador prefiera o atribuya trascendencia a un medio probatorio respecto de otro o se incline por la verosimilitud de alguna prueba en particular en desmedro de otra, sino que se debe evidenciar el error grave, grosero, manifiesto y fundamental que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa, lo que en la especie, a mi juicio no ha ocurrido, resultando la insuficiencia del recurso, en el aspecto de que se trata, si sólo se expresa cómo hubiera valorado el recurrente los elementos que cuestiona, manifestando su criterio personal discrepante con el del sentenciante, pretendiendo demostrar a través de ese camino el absurdo que denuncia.

Así, la parte recurrente se limita a deslizar únicamente criterios de valoración distintos a los utilizados por la sentenciante de grado, realizando un embate fragmentario de los elementos de prueba en particular sin ocuparse de desvirtuar la conclusión del sentenciante según la fuerza probatoria de los elementos convictivos resultante de su análisis de modo conjunto y, consecuentemente, no sustentan la arbitrariedad que postulan, constituyendo sus planteos sólo opiniones de parte divergentes de la del magistrado actuante.

Con el alcance indicado, ninguna de las críticas efectuadas por el recurrente posee entidad que permita conmover el pronunciamiento atacado, toda vez que sólo pretende un nuevo examen crítico de los elementos valorados por el sentenciante.

Analizando en particular el veredicto puesto en crisis, se advierte que realiza un adecuado y motivado razonamiento, fundando la conclusión a la que arriba, explicándola mediante el desarrollo de diversos argumentos que emergen a partir de las constancias obrantes en autos. Asimismo, desarrolla un camino lógico y razonado, motivando el análisis que efectúa de la prueba en que funda su decisión, sin incurrir en absurdo o error evidente.

Por otro lado, ya ha sostenido este Tribunal que la forma de valoración de la prueba configura un análisis discrecional de los jueces de mérito, dentro del cual el control casacional sólo puede referirse a los aspectos que conforman la estructura racional del juicio, debiendo excluirse las premisas obtenidas a través de la observación directa de las pruebas, posibilidad que sólo puede surgir de la inmediación.

2. Respecto del otro motivo de agravio -inobservancia del art. 110 CP-, también corresponde denegar el recurso.

Señala como agravio la recurrente que la acción típica sancionada por el art. 110 del CP está constituida por la deshonra o el descrédito a una persona y que en el presente caso se ha atacado a la primera, esto es, se acometió contra la propia valoración del honor o dignidad que el sujeto pasivo tiene de sí.

En tal sentido, debo decir que, teniendo en cuenta lo establecido por el Código Penal, para que se configure la acción de deshonrar a otro, una de las dos formas posibles de la injuria, basta con haber provocado en el ofendido un sentimiento de dolor moral, en tanto que la otra forma de la injuria, acción de desacreditar, se verifica simplemente con el intento de dañar la reputación que el ofendido goza en la sociedad aun cuando nadie creyese en su honorabilidad.

Señala Sebastián Soler que "En materia de delitos contra el honor se pueden señalar dos tendencias doctrinarias, según se piense preferentemente en la tutela del honor objetivo o del honor subjetivo (...). Si se destaca en primer plano el aspecto subjetivo del honor, siendo éste, según sabemos, indestructible, el delito no podrá consistir sino en el dolor moral que se ocasiona a la víctima, herida en el sentimiento de la propia dignidad. La injuria quedará constituida por la sola mortificación derivada del acto de menosprecio".

"Si, en cambio, se parte de la consideración social y objetiva del honor, las cosas cambian fundamentalmente. Esta forma del honor, consistente en la reputación, puede realmente ser perjudicada, aún cuando no sea necesaria su efectiva destrucción para constituir delito".

"En la primera forma, la injuria es una figura de daño, en cuanto, para perfeccionarse, necesita determinar en su destinatario un sentimiento penoso de carácter moral. En la segunda forma, la infracción es de peligro, toda vez que la incriminación se funda en la posibilidad concreta de perjudicar la reputación..." (Sebastián Soler, "Derecho Penal Argentino", Ed. Tea, t. III, 4º ed., Bs. As., 1987, ps. 234/235).

Relaciona luego este autor la acción de deshonrar prevista en el art. 110 del CP con la primera de las posiciones expuestas y la de desacreditar con la segunda.

En el pronunciamiento recurrido el magistrado rechaza correctamente la configuración del delito de injurias, a través de diversos argumentos sin que se advierta absurdo ni la crítica de apartamiento del texto de fondo indicada por la parte.

Comienza el a quo el veredicto mediante el tratamiento conjunto de las cuestiones primera y segunda del veredicto -metodología que resulta susceptible de reproche por cuanto su abordaje por separado hace a un mejor razonamiento y exposición de las temáticas, debiendo tenerse en cuenta que de manera expresa el art. 371 del CPP establece como dos cuestiones esenciales a plantear y votar, sin perjuicio de otras, las relativas a la exteriorización material del hecho y a la autoría-, refiriendo que las querelladas ratificaron el contenido de las declaraciones testimoniales vertidas en la causa contravencional 1597-C y 1614-C "Lebrero, Nelson Francisco s/denuncia inf. art. 74 inc. a del decreto-ley 8031", y reconocieron en ellas sus firmas.

Seguidamente explica cada uno de los planteos que hoy trae y busca reeditar la impugnante en esta instancia.

Así, del análisis del pronunciamiento en crisis surge que el a quo descarta la comisión del delito por parte de las querelladas argumentando en primer lugar que resultan inidóneas a tal fin las expresiones vertidas y que fueran materia de acusación -esto es, haber dicho que V. es una persona "muy agresiva" y de P. que es una "mal educada", "mal hablada"; palabras cuya significación, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, indica-.

Explica "... que se les atribuye a V. y P. que poseen un comportamiento inapropiado con sus vecinos, y no un atributo denigrante de sus personalidades. 'Claro está que no se les atribuye a las querelladas haber difamado o desacreditado a los mencionados ante terceros, por cuanto en primer lugar las manifestaciones que se les reprocha fueron exteriorizadas en un ámbito que no tiene trascendencia a un número indeterminado de personas, como lo es un expediente judicial, sino expresamente a quienes intervienen en el mismo.' Con respecto a estos últimos, vecinos de los accionantes, claro está también que comparten los conceptos exteriorizados por las querelladas, y así se han manifestado al prestar declaración durante el debate. Es conocido por el suscripto que la injuria es un delito formal y que no tiene que lograr afectar el honor de las personas, pero no es a ello a lo que se quiere llegar, sino que con lo dicho se quiere afirmar que las expresiones no tienen aptitud difamatoria, por cuanto no habrá de modificar el criterio de los vecinos sobre el comportamiento de V. y P., que ya lo habían formado con anterioridad...".

Y luego, "... En lo que respecta a la contumelia o deshonra, corresponde expresar que no todo lo que los receptores de una expresión consideren como una afección a su autoevaluación, constituirá el delito de injurias..." -citando doctrina sobre el punto Ricardo C. Núñez, "Tratado de Derecho Penal", Ed. Lerner, t. III, v. II, p. 63; Sebastián Soler, "Derecho Penal Argentino", Ed. Tea, t. III, p. 245; Fontán Balestra, "Derecho Penal, parte especial", Ed. Abeledo-Perrot, p. 160-, añadiendo "... Debe tenerse en cuenta que se está haciendo referencia a una conducta de agresividad o de descortesía de los querellantes para con sus vecinos, en el marco de una declaración testimonial recibida en un expediente contravencional que precisamente se les sigue por denuncia de otro vecino, por la presunta comisión de la falta en la que se sanciona a quienes en lugar público o abierto al público profirieran gritos o insulten. 'No se les atribuye una característica de la personalidad que manifiestamente y en un contexto social, implica una afectación a la autovaloración de los individuos, como lo sería insultarlos, resaltar defectos físicos, etc.' Solamente se les refiere que uno de ellos ha tenido comportamientos de falta de respeto, ofensa o provocación, y la otra de descortesía".

De este modo, ambas acciones han sido descartadas con los argumentos transcriptos por el sentenciante, sin que se advierta error alguno ni ilogicidad en la absolución que el a quo pronuncia respecto de las querelladas por cuanto estima que en autos no se configura el delito de injurias; careciendo este Tribunal en el caso de competencia para revisar el pronunciamiento en crisis en el sentido propiciado por el impugnante.

Como segundo argumento, expuesto en subsidio, el a quo excluye la existencia de injusto -descarta los excesos achacados- indicando que "... aún en el supuesto en que admitiéramos que las expresiones poseen aptitud ofensiva de la autovaloración, la conducta no constituiría un injusto" por cuanto "... las manifestaciones de las que la querella se agravia han sido vertidas en el contexto de una declaración testimonial en un expediente contravencional" -aludiendo seguidamente a la resolución anterior que declaraba inadmisible la querella en estos actuados, revocada por esta sala del Tribunal de Casación el 5 de febrero de 2002 en la causa 6104-.

Así, el alegado exceso en las manifestaciones al que refirieran los querellantes -fundado en la expresión hecha por un testigo con referencias a la persona de quien se trata cuando el hecho investigado nada tiene que ver con las mismas-, es contestado y desechado por el a quo en tanto debe tenerse en cuenta que las causas contravencionales en las que las nombradas prestaran la deposición cuestionada, seguida a los aquí recurrentes por infracción al art. 74 inc. a) del dec.-ley 8031 y que tuvieran origen en la denuncia que, por agresiones verbales e insultos, efectuara un vecino; y resultar las exposiciones acordes con la contravención imputada y circunscriptas al objeto del procedimiento; refiriendo, también, que de las actas que labran las deposiciones criticadas surge que el personal policial había preguntado "acerca del hecho que se investiga... y como se dijera, según las denuncias, los hechos que se investigaban eran precisamente las agresiones verbales y los insultos de los querellantes, por lo que mal pueden haber cometido excesos al referirse a las actitudes agresivas de los mismos".

Estima asimismo el magistrado que las querelladas obraron en legítimo cumplimiento de un deber -decir verdad de todo cuanto supieran y les fuera preguntado sobre lo que percibieron por sus sentidos en punto al objeto procesal del expediente, "... incluso sobre apreciaciones de la personalidad de los accionantes, porque, conocido es por todos, que es frecuente que los funcionarios policiales interroguen sobre el concepto que un vecino merece de otro"-, citando a Núñez.

De tal manera descarta el a quo la demasía alegada, sin que a ello deba efectuarse observación alguna.

A esto debo añadir, en respuesta a la interpretación que realiza la parte respecto de que en apariencia surgiría del pronunciamiento la imposibilidad de cometer un delito de acción privada como la injuria a partir de la práctica de la prueba testimonial -atento contener todas las preguntas la expresa amenaza de sanción para el caso de faltarse a la verdad al responder-, que corresponde también rechazar esta suposición. Y ello por cuanto, en el caso "sub judice", no sólo en el criterio del magistrado no existió exceso en la manifestación del testigo, sino que en realidad las referencias atacadas no lo han sido de modo exclusivo y excluyente respecto de la persona de quien se trata, resultando -contrariamente a lo aseverado por la parte- vinculadas al hecho investigado.

Como sostiene Ricardo C. Núñez, "El ámbito del cumplimiento del deber del testigo está supeditado a la veracidad del testigo y a la relación de su dicho con el objeto de su testimonio...", extremos que el a quo tiene por tales -Ricardo C. Núñez, "Tratado de Derecho Penal", t. III, v. II, parte especial, Marcos Lerner Editora Córdoba, 2º reimpresión, agosto de 1987-.

El primero en virtud de que a fin de tener por veraces las manifestaciones de O. y B., el a quo advierte, que mientras respecto de V. "todos" los testigos presenciales que depusieron en el debate, corroboraron las manifestaciones de las nombradas -vertidas en sus dichos de las causas contravencionales-, "varios" de ellos lo hicieron en relación a P. De este modo, en opinión del magistrado, se comprobaron los extremos de veracidad de las manifestaciones efectuadas.

No hay absurdo en esta afirmación que hace el a quo respecto a la correspondencia entre los dichos de las querelladas y las manifestaciones prestadas en autos por los otros vecinos, por cuanto la concordancia que se trasluce de las diversas declaraciones de los testigos que intervinieran en la audiencia de esta causa, aunque no con términos equivalentes, y las diversas referencias que efectuaran en las actuaciones contravencionales las aquí querelladas, implica que todos declararon sobre los hechos del proceso de acuerdo a lo sucedido en la realidad, sin que quepa -entonces- que este Cuerpo se expida acerca del pedido de condena parcial que requirieran los querellantes por infundado, atento carecer la petición de sustento legal y no hallar tampoco asidero en la apreciación que el a quo efectúa y a cuyo respecto no se vislumbra absurdo o arbitrariedad.

Por otro lado, a la acreditada vinculación del contenido de los dichos con el objeto del proceso -atento la relación existente entre los mismos y la naturaleza y el alcance de la conducta captada y sancionada por el ordenamiento contravencional instituido por el dec.-ley 8031-, aduno, que de acuerdo refiere el a quo, atento a que las manifestaciones fueron vertidas en el contexto de una causa contravencional, vinculándose las expresiones de entonces al contenido de la falta achacada a los hoy querellantes, en autos no se da el extremo subjetivo del injusto, por cuanto la existencia de otro "animus" que no sea el "injuriandi" implica que la conducta imputada escapa al reproche penal.

Y sumando a ambos supuestos, la condición de testigos que revistieran las querelladas al momento de expresarse en el expediente contravencional, surge palmariamente que obraron en cumplimiento de su deber, no resultando punibles por imperio del art. 34 inc. 4 del CP.

Por último, la supuesta absolución de los aquí recurrentes en la causa contravencional carece de vinculación y entidad a fin de desvirtuar la conclusión del magistrado, que no presenta los defectos que alegara la parte, en base a los argumentos mencionados.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso intentado.

Así lo voto.

El doctor Mancini dijo:

Adhiero al voto del doctor Hortel en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

El doctor Celesia dijo:

Adhiero al voto del doctor Hortel en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la sala II del Tribunal resuelve: Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 20/23 por A. M. V. y N. P., conjuntamente con su letrado patrocinante, doctor L. A. D. Rechazar el recurso, por los fundamentos expuestos al tratar la cuestión segunda, con costas (arts. 448 -a contrario-, 530, 531 y concs. Cód. Procesal Penal). - Eduardo C. Hortel. - Fernando L. M. Mancini. - Jorge H. Celesia.