marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Suspensión de obra pública, responsabilidad contractual del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Constructora Conalsi S.A.I.C. y de Mandatos c/ Dir. Gral. de Fabricaciones Militares s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-29

Cuando la suspensión de la ejecución de los trabajos se produjo por causas ajenas al ámbito de responsabilidad del constructor, las consecuencias económicas de ella derivadas se encuentran a cargo de la Administración comitente, la cual, por mandato legal, tiene a su cargo el álea del contrato -tanto por decisiones propias, como en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor-, salvo en relación con las consecuencias generadas por la "culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables" al contratista (conf. doct. arts. 34 -que rige los supuestos de suspensión total o parcial de la obra "por cualquier (otra) causa"- y 39, 1º párrafo, de la ley 13.064, cuya aplicación al caso quedó expresamente establecida en el contrato que vinculó a las partes). (Del voto del juez Buján, consid. IV.2).
Daños y perjuicios, indemnización, gastos de personal, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINEZ, Rodolfo Héctor y otro c/ GARCIA, Abel y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-11

Los gastos realizados para la contratación de personal doméstico deben ser acreditados fehacientemente, no pudiendo presumirse. No es obstáculo para ello la inadecuada práctica de no extender recibos por la prestación de esta clase de servicios, pues la ley ritual pone a disposición del damnificado otros medios probatorios que podrían arrojar la convicción del efectivo desmedro patrimonial invocado.
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COOP. PERSONAL DE SOMISA I.L. (COPESA) s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

Si bien el art. 60 de la Ley 19551 consagra la inapelabilidad del auto homologatorio del acuerdo preventivo, cuando -como en el caso- también se resuelve sobre la ley de convertibilidad y forma de cálculo de la tasa de interés, ello puede ocasionar un gravamen irreparable que torna procedente acceder a la apelación interpuesta.

Ello, atento a que la singularidad del caso -acomodamiento oficioso de la propuesta concordatoria y admisión de una legislación que se exhibe sobreviviente al acto al que alude el citado art. 60- lo vuelve extraño al presupuesto previsto por el principio de irrecurribilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Poder de policía, acto administrativo, sanciones administrativas, revisión judicial de actos administrativos, división de poderes, control de legalidad, sistema republicano
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Charito S.R.L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Recurso de Apelación s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-26

La revisión judicial de un acto administrativo que impone una sanción no importa vulnerar el principio de división de poderes, pues de lo que se trata es de efectuar la debida verificación de legalidad de un acto administrativo que ha sido impugnado, controlando su conformidad a los preceptos legales que informan los requisitos para su debida emisión y de cumplir con el mandato del legislador, que ha determinado el control judicial de los actos de la administración que importan aplicación de sanciones, más cuando su carácter penal resulta innegable. Lo contrario, es decir dejar librado a un solo poder la aplicación de normas y el juzgamiento sobre la validez que sobre dicha aplicación debe hacerse, importaría la violación del principio que inspira la división de poderes del Estado, esto es el contralor del funcionamiento de estos mismos poderes como garantía del sistema republicano de gobierno. Del Voto de los Dres. Nélida M. Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A. Russo.
Principio de congruencia, tenencia de estupefacientes, comercialización legal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: De Luca, Juan C. y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31

No podría considerarse vulnerado el principio de congruencia pues las dos figuras penales en tema (tenencia con fines de comercialización y comercio de estupefacientes) están presididas por las voluntad del sujeto activo de comerciar dichas sustancias y se encuentran previstas en forma alternativa en el mismo art. 5° de la ley 23.737, aunque en diferentes incisos, a saber, los "d" y "e", respectivamente, con idéntica escala penal. (Voto Dra. Catucci adhiriendo según su voto).
Representación procesal, patrocinio letrado, renuncia del patrocinante
Materia: PROCESAL
Carátula: SUARDI, Ricardo c/ C.P.A.C.F." s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

Al comparecer el ex cliente por sí a la audiencia y notificarse personalmente de la renuncia del letrado, éste quedó desvinculado del proceso, habiendo cesado su responsabilidad profesional (confr. art. 53, inc. 2 del C.P.C.C.N.).
Defensa de la competencia, proveedor de Internet, libre competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación  para  la Defensa de la Competencia c/ Estado NacionalSecretaría de Comunicaciones s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

No puede admitirse el argumento del Estado Nacional en el sentido de que la Resol. SC 100/10 goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria por carecer de vicios graves y manifiestos, habida cuenta de que no fue dictada de acuerdo con el decr. 764/00 -norma en la que se fundó la caducidad de la licencia de Fibertel y el plazo de 90 días para migrar los servicios prestados a través de esa licencia-, en cuanto dispone sobre la autoridad de aplicación que debe intervenir en dicho supuesto, con las consecuencias que ello puede tener sobre la competencia en un mercado como el involucrado, aspecto que no surge haber sido ponderado de modo alguno en el acto impugnado por el órgano técnico competente. Dicha omisión no puede entenderse suplida con la mera manifestación, en esta oportunidad, de los letrados del Estado Nacional en cuanto a que existen numerosas empresas en la Ciudad de Buenos Aires que prestan idéntico servicio que Fibertel. Considerando que el a quo hizo mérito de la lesión de la defensa de la competencia como bien colectivo protegido para decretar la medida peticionada, de acuerdo con los argumentos invocados y los demás elementos de la causa, no se advierten razones para dejar sin efecto la medida cautelar por falta de fundamentación o de verosimilitud en el derecho.
Leyes, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: GREMIO JUDICIAL DE EMPLEADOS JUDICIALES DE SANTIAGO DEL ESTERO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-05

Si el objetivo de las normas, cuya constitucionalidad se cuestiona, es promover el bienestar general como lo establece el preámbulo de la C.N., consistente en ordenar la actividad de la comunidad y de equilibrar los recursos con que el Estado cuenta para lograr que todos los miembros de la sociedad puedan participar de los bienes materiales de la misma, surge entonces, la razonabilidad y perfecta validez de la normativa bajo examen, que se incardina sin hesitación alguna en el horizonte programático constitucional.-
Personal policial, cuestiones de competencia, competencia previsional, ascenso policial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: ASULAY, CARLOS ERNESTO c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-09

Los Juzgados Federales de la Seguridad Social creados por ley 24.655 no tienen competencia para conocer en una demanda donde el accionante procura obtener el reconocimiento a un ascenso que, supuestamente, debió otorgársele en la institución policial en que se desempeña -en el caso, desde el año 1973-, invocando como sustento jurídico lo dispuesto en el art. 65 de la ley 21.965. Ello así, porque su aptitud jurisdiccional se halla ceñida a las demandas que versen sobre la aplicación de los regímenes de retiros, jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (inc.

c del art. 2 de la referida ley 24.655). (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, imputado, falta de mérito, leyes, interpretación de la ley, carácter excepcional, jueces, equidad, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: XX s/ Primera cuestión: ¿Es constitucional la disposición del artículo 28   De la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en   "Defecto de caso concreto"? Segunda cuestión: ¿Es aplicable el   artículo 308 del Código Procesal Penal (libertad por falta de   mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el  procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del   plenario? La presente causa, a raíz de un empate en las votaciones,   se integra nuevamente con un vocal de Rosario, Dr. Bernardini en   fecha 10-12-1992, en fallo registrado en el L.A. Nro. 2, Res. 6, F.   321 -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

Para aplicar la libertad por falta de mérito del artículo 308 del Código Procesal Penal el juzgador deber considerar sobre el caso concreto la presencia objetivada de razones especiales -que puntualmente deber tratar en su pronunciamiento- determinantes de una situación singular de injusticia flagrante de la privación de libertad, que no pueda ser revertida por otro medio. El juicio que deber formularse ser pues de carácter subjetivo en cuanto el juez formular desde su perspectiva las consideraciones que estime pertinente acerca del caso concreto, debiendo sin embargo ser harto prudente para no desbaratar los fines del proceso ni incurrir en arbitrariedades. (Del Voto del Dr. Amadio -Tesis Positiva-). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad del artículo 308 del Código Procesal Penal (Libertad por falta de mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del plenario.
Privilegios (civil), hipoteca, crédito fiscal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bonato Ceslo E. s/ Concurso preventivo - Hoy quiebra- Incidente de realización de  bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-03

El acreedor hipotecario goza de preeminencia sobre los créditos fiscales devengados con posterioridad a la toma de razón del gravamen, porque aquel derecho real precede a toda otra afectación del producto del bien, destinada a satisfacer a otros acreedores.
Sentencia condenatoria, reclusión perpetua, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: Robledo Puch, Carlos E. c/  s/ homicidios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1980-10-18

Se pronunció veredicto condenatorio por unanimidad y se condenó al imputado a la pena reclusión perpetua con accesoria de reclusión por tiempo indeterminado por haber autor penalmente responsable de los delitos de homicidios calificados reiterados, (10 hechos), tentativa de homicidio calificado, homicidio simple, robo simple cometido en forma reiterada (16 hechos), robo calificado, violación calificada, tentativa de violación calificada, raptos reiterados (2 hechos), abuso deshonesto, hurtos simples reiterados (2 hechos) y daño, todos en concurso real.
Menor adulto, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: CARRIZO MABEL GRACIELA Y OTRO c/ SIREROL, PEDRO ANTONIO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-02-10

Si bien el art. 275 del C. Civ. establece la responsabilidad directa y personal de los padres por los daños ocasionados por los menores de diez años, por cuanto estos carecen de discernimiento en los términos prescriptos por el art. 921 del C. Civ., el art. 1114 Del mismo código consagra la responsabilidad indirecta o refleja de los padres por los daños que causan los hijos mayores de diez años, sin perjuicio de la responsabilidad propia del menor. Por ende, mientras que en el primer caso la responsabilidad del padre, o en su caso de la madre, lo es a título propio, en el segundo la acción resarcitoria puede ser dirigida indistintamente y, en su caso conjuntamente contra los padres y el hijo.
Accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vallejos, Mirta E. y otro c/ Blanco, Elvio R. y otro s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-04

Para eximirse total o parcialmente de responsabilidad el dueño o guardián del vehículo se encuentra precisado de acreditar en el pleito la existencia de un factor de interrupción causal, culpa total o parcial de la víctima, de un tercero por quien no debe responder o finalmente la presencia de los excepcionales supuestos del caso fortuito o de la fuerza mayor.Al damnificado sólo le basta probar el hecho, su contacto con la cosa riesgosa y el perjuicio o daño resultante en adecuada relación causal -artículos 901, 902, 903 y 904 del Código Civil- para tornar plenamente operativa la presunción de responsabilidad del dueño y/o guardián frente a terceros. Tal es la posición que viene manteniendo la Sala tanto en anterior como en su actual integración.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, exceso ritual manifiesto, consignación judicial, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ, DANIEL c/ CAMPO ACTIVO S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-09-15

Corresponde declarar parcialmente procedente el recurso interpuesto, en razón de que se encuentra suficientemente acreditado el reproche de ritualismo que la actora señala en cuanto a que la Sala privó de efectos a los pagos efectuados en el expediente, con la sola alusión a que de estos últimos depósitos no se corrió traslado a la contraparte, agregando que pese al conocimiento de ellos la demandada no estaba obligada a expedirse al respecto; asistiendo razón al recurrente en cuanto a que la Alzada se desentendió de las concretas circunstancias de la causa, aludiendo a la notificación que surgiría de las cartas documento y actuaciones notariales. (Del voto de la Dra. Gastaldi, al que adhieren los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Excepciones procesales, falsedad de título, juicio de apremio, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Chubut, Provincia de c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-06

La defensa de falsedad puede oponerse exclusivamente con fundamento en la adulteración material de la boleta o certificado de deuda.
Ejecución de sentencia, actualización monetaria, cómputo de intereses, modificación de la cosa juzgada, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Carletta, José Pío c/ Municipalidad de Icaño s/ Ejecución de Sentencia - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-10-31

Aduce el casacionista que la sentencia definitiva dictada por la Corte de Justicia en su jurisdicción contencioso administrativa al hacer lugar a la acción entablada, y condenar al pago del capital reclamado, más el interés del 8% anual y actualización monetaria, a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia, ha dado lugar a que el juez de la ejecución determinara en la sentencia de trance y remate que el monto de condena sea actualizado aplicando el interés tasa pasiva promedio publicado por el B.C.R.A. (tabla 78 de uso de justicia), como índice de actualización. De esa forma añade, no hay doble tasa de interés como aduce el demandado, puesto que lo que el juez A-Quo realiza a través de la tasa pasiva es determinar la desvalorización de la moneda ordenada por aquella sentencia.

La fase ejecutoria se encuentra circunscripta a los límites de la decisión recaída en el proceso, siendo así el A-Quo carecía de competencia para ampliar, a través de la aplicación de otra tasa de interés, el alcance de la condena impuesta; pues resulta sustancial para así concluir lo informado por el perito contable en el sentido de que las actualizaciones se realizaban a través de índices de precios que medían efectivamente las variaciones de precios (índices de costo de vida, etc.) y no se realizaban mediante la aplicación de una tabla que surge de un promedio de tasas de interés de caja de ahorro y plazo fijo, como es la tabla que confecciona el B.C.R.A. para uso de justicia, como mal interpreta el recurrente.

En consecuencia habiéndose apartado la sentencia de trance y remate de los lineamientos establecidos en el título de la ejecución, resulta acertada la resolución de la Cámara que ordena la confección de nueva planilla de liquidación teniendo en cuenta la sentencia base de la acción, definiendo la cuestión, esto es aplicando al capital adeudado el interés del 8% anual solamente, el cual deberá repotenciarse teniendo en cuenta los pagos parciales o sea hasta la fecha de cada uno de los mismos, deducir el pago, y aplicar nuevamente el interés, así sucesivamente.

En conclusión, siendo correcto lo resuelto por la Cámara de Apelaciones, en cuanto revoca lo decidido por el juez de la ejecución, al considerar que aquel había violado la cosa juzgada que emanaba de la sentencia que puso fin a la cuestión sustancial debatida en el fuero contencioso administrativo, debe rechazarse el recurso de casación por improcedente.
Juicio ejecutivo, nulidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dardano c/ Consorcio s/ Incidente de nulidad en Consorcio c/ Dardano s/ resolución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

Cuando se trata del incidente de nulidad de una ejecución no es suficiente, a los fines de acreditar el interés de la misma, la mera invocación genérica de no haber podido contestar la demanda sino que conforme disposiciones expresas de nuestra legislación procesal se requiere o pagar lo reclamado u oponer excepciones. (art. 543 C.Pr.) (Minoría u opinión personal)
Regímenes jubilatorios especiales, abogados, cancelación de la matrícula
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Revol, Hermes c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Renault, Raúl Cesar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley nº 6717. Tercero: Caja Previsión Social  para Abogados de la Provincia de Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05|1993-12-28

La exigencia de cancelación de las matrículas en las restantes provincias o en el ámbito nacional no configura un supuesto de extraterritorialidad.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ FRASER DAVID ROBERTO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-03-07

No se da en el caso el carácter de "sentencia definitiva" que la ley exige (art. 1ro. ley 1687) para la procedencia del recurso. El mismo recurrente invoca estar tramitando ejecución prendaria en la que puede hacer valer su privilegio del cobro del bien contra el tercer adquiriente, sin que nada se haya visto lesionado tal privilegio, puesto que el mismo, consistente en la garantía del préstamo con un mueble que queda en poder del deudor, sobre el que se ejerce tal privilegio, no se pierde por la transferencia de ese bien a un tercero, lo cual es posible cuando el adquiriente se haga cargo de la deuda garantizada. (art. 9no.,2da. parte, Ley 12.962).
Redargución de falsedad, contrato de caja de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: Besse Carlos Enrique Y Otro c/ Standard Bank Argentina S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-20

En tanto la escritura pública labrada al momento de la apertura forzada de la caja de seguridad no fue redargüida de falsedad por los actores en los términos del art. 395 del CPCC, lo allí consignado hace plena fe no solo en cuanto al hecho de haberse constatado los valores hallados en la caja, sino también en cuanto a las atestaciones contenidas.
Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, retiro militar, retiro policial, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: BENVENUTTI, FRANCISCO ROBERTO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ RETIROS Y PENSIONES POLICIALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-27

De lo dispuesto por el art. 2, inc. c) de la ley 24.655 se desprende que desde la vigencia de ese cuerpo normativo, los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social son competentes para entender en las demandas que versen sobre la aplicación de los regímenes de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, habiéndose derogado el recurso directo establecido por el art. 28 de la ley 13.593. En consecuencia, corresponde revocar la sentencia del juez "a quo" que se consideró incompetente y remitirle las actuaciones para la prosecusión de su trámite. (Del voto del Dr.

Laclau).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, expropiación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lottero-Papini S.A. c/ Pcia. de Bs. As. s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-11

La determinación del justo valor de la cosa expropiada constituye una cuestión de hecho reservada a los jueces de las instancias ordinarias y exentas de censura en casación salvo absurdo.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, interpretación de la constitución, medidas cautelares, ley federal, facultades del juez, iura novit curia
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: CARINDU SA s/ CONCURSO S/ INC. DE APELACION ART. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-08

Aún cuando -en el caso- no se halla planteado por la concursada la inconstitucionalidad de la ley 22415, art. 97, limitándose a solicitar la medida cautelar receptada por el a quo, técnicamente la resolución atacada, (en cuanto se ordenó a la Administración Nacional de Aduanas se abstenga de suspender a una SA de tal registro), no sería correcta en cuanto se opone a la norma emergente de una ley federal vigente. Sin embargo, los jueces están facultados para declarar la inconstitucionalidad de oficio, no resultando indispensable la petición expresa de la parte interesada, pues como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan con error -trasuntando en el adagio iura novit curia- incluye el deber de mantener la supremacía de la ley fundamental (CN 31), aplicando en caso de colisión de normas, la de mayor rango: la constitucional, y desechando la de rango inferior (CSJN 13.9.88, voto Dres. Belluscio y Fayt, ll 1988-E-528). (En el caso, esta sala no desconoce que no es temperamento mayoritario el que admite la declaración de inconstitucionalidad ex officio, pero dadas las eventuales circunstancias de autos, conforme el criterio que se sentara sobre la validez del citado art. 97 de la ley 22415 y hallándose este tribunal obligado a fallar sobre la materia recursiva propuesta, corresponda que proceda de aquel modo).