Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-11-18


2º Instancia. - Junín, noviembre 18 de 2004.

1º ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Rosas dijo:

I. En la sentencia dictada a fs. 369/372 vta. el a quo hace lugar a la pretensión del actor Osvaldo Omar Gutiérrez haciendo extensiva la condena firme dictada por el Tribunal de Trabajo fs. 106/110 a "Mársico Hnos. SRL". Impone las costas a la parte demandada y difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta el momento en que quede firme en autos el monto del pleito.

En la sentencia dictada por el Tribunal de Trabajo se condenó a Omar Mársico al pago de una suma de dinero a favor de su despedido empleado Osvaldo Oscar Gutiérrez. Ante la falta de pago y ausencia de bienes el actor inició incidente, que por la declaración de incompetencia del Tribunal de Trabajo derivó a la Justicia Civil y Comercial, en donde peticionó la extensión de la condena a la firma "Mársico Hnos. SRL", por entenderla continuadora de la persona del demandado. En la sentencia recaída en autos se entiende probado que existió una transferencia encubierta de fondo de comercio que constituye un fraude a la ley y que provoca la consecuente frustración del derecho de un tercero acreedor, por lo que dicho acto le resulta inoponible.

A fs. 375 apela la apoderada de la demandada, quien expresa agravios en su escrito de fs. 381/385 vta. Allí dice que no existió transferencia de fondo de comercio, ya que el inmueble en donde se asentó la fábrica de Omar Mársico, junto a las herramientas, muebles y mercaderías que tenía, fue subastado en juicios promovidos por la AFIP, todo lo cual fue adquirido por terceras personas. De tal modo Mársico cayó en la insolvencia, no por su voluntad, sino por la acción de terceros y al quedar sin bienes, varios años antes de la constitución de la sociedad aquí demandada, no existía activo transferible. Sostiene que la sociedad Mársico Hnos. SRL no es ficticia, fraudulenta o constituida con el propósito de violar ninguna ley. Dice que si bien la sociedad se instaló primeramente en Hernández 1049 y luego en H. Irigoyen 884 -el mismo inmueble en donde antaño funcionó la empresa de Omar Marisco-, ello fue porque, luego de la subasta, consiguieron alquilarla de su propietario. En cuanto a la habilitación, dicen que el año 2002, luego de varios años de funcionar en otro lugar, se solicitó a la Municipalidad que se hiciera una excepción a los reglamentos administrativos, permitiéndosele instalarse en la antigua sede de Omar Mársico, argumentando a tales fines, que aquél había operado durante 23 años, pero sin que ello implique reconocer continuidad alguna jurídica con su persona. Denuncia absurdo en la interpretación del material probatorio y en definitiva solicita se revoque la sentencia dictada.

A fs. 388/391 vta. contesta su traslado el apoderado del actor, quien manifiesta que cuando una empresa registra homonimia con otra, en la medida en que su apariencia provoca idea de identidad respecto de terceros, está a su cargo probar que no existe identidad de titulares e intereses. Agrega que lo que se vendió en pública subasta fue el galpón de Irigoyen 848, pero no las mercaderías, enseñas comerciales, clientela, patentes de invención, marcas, modelos industriales, etc. También dice que a fs. 293 obra contrato de locación presentado en el expte. municipal del cual surge que la locadora es Gisella Mársico, quien no fue la compradora en la subasta y que en pedido de habilitación se argumenta la necesidad de "reinstalarse", en el edificio de "nuestra propiedad", junto a nuestro padre, con maquinarias de la anterior administración. Añade que en el contrato constitutivo de la sociedad, que data el 23/3/99, se fija domicilio en Irigoyen 848; que al declarar como testigo Paola Iñoquez a fs. 260 de estas actuaciones, la apoderado de la demandada planteó que le comprendían las generales de la ley por haber sido empleada de Omar Mársico y resultar acreedora de débitos laborales, lo que entiende constituye un reconocimiento explícito de la continuidad alegada. Por todo ello pide se confirme el fallo atacado, quedando así la cuestión en estado de resolver.

II. En ese menester corresponde adelantar que por principio la cosa juzgada tiene límites subjetivos que impiden su extensión a quienes no han sido partes en el juicio anterior, no siendo afectados por ella y pudiendo "proclamarse ajenos a ésta, aduciendo que 'res inter alios judicata aliis neque prodesse neque necere potest'" (Lexis Nexis Documento 18.8740. Corte Sup. Just. Santa Fe, 10/10/90).

Lo que aquí se pretende es extender sus alcances contra la sociedad "Mársico Hnos. SRL" en razón de entender que esta es continuadora del demandado, supuesto excepcional en que sería procedente comprenderla en sus alcances ya que la sentencia que reconoce o desconoce un bien a una de las partes en juicio, es naturalmente oponible al sucesor a título universal -como el heredero- o a título singular, como el comprador o el cesionario de aquélla. El que deriva su derecho de otro se identifica con éste y no es persona distinta a los efectos de la extensión de la cosa juzgada. Es decir, no es un "tercero" que pueda proclamarse ajeno a la autoridad de lo resuelto. Así se ha dicho que el heredero continúa la persona del causante (art. 3417 Cód. Civil) y recibe el patrimonio de éste en el estado en que se halla. En cuanto al adquiriente o cesionario, no puede recibir de su autor un derecho mejor ni más extenso que el que tenía, según lo consagra el principio universal que recoge el art. 3270 del Cód. Civil (BA B252438, CC. 2º Civ. y Com. La Plata, sala 1º 8/10/96, "Mansilla, Graciela Noemí y otros v. Bagdadi Graciela s/Rescisión de contrato. Restitución de tenencia y daños y perjuicios").

Verificar si existe dicha continuación, por cesión del establecimiento e inoponible al acreedor por incumplimiento de las normas de la ley 11.867 impone analizar si tal transferencia tuvo o no lugar.

De la lectura de los exptes. acumulados (726 "Fisco Nacional c. Mársico, Omar Enrique s/Ejecución Fiscal" y 15746 "Fisco Nacional c. Mársico, Omar Enrique s/Ejecución Fiscal"), se desprende que en el primero de ellos con fecha 30/6/97 (ver fs. 616) se subastó el inmueble en donde estaba instalada la fábrica, en H. Irigoyen 884 de Junín, en donde se desempeñó el actor como empleado, resultando adquirente, en comisión, Puyó, presentándose a fs. 627 su comitente Gisella Mársico, quien integra el saldo del precio. Por otra parte, a fs. 82/107 del segundo expte. se da cuenta de la subasta pública de las maquinarias existentes en el establecimiento, hecho ocurrido el 19/3/99 y resultaron compradoras diversas personas.

Por otra parte, a fs. 356/357 de las presentes actuaciones se encuentra agregado el contrato social de "Mársico Hnos. SRL" que lleva fecha 23/3/99, sociedad integrada por Fernando Javier Mársico y Gisella Mársico y a fs. 189/190 se observa el contrato de locación celebrado entre Carlos Barbagallo, como locador y Mársico Hnos. SRL como locataria de un galpón sito en Ramón Hernández 1049 de Junín, celebrado el 14/9/99, destinado a la "instalación de una planta elaboradora de calefones eléctricos y otros electrodomésticos" (cláusula segunda).

Con posterioridad, el 17/12/01, Gisella Mársico, quien como se ha visto fue compradora en la subasta, cedió en locación el inmueble de H. Irigoyen 884 a Mársico Hnos. SRL destinado a la fabricación y distribución de equipos eléctricos (ver cláusula decimotercera, fs. 293/294).

En el pedido de habilitación municipal, al que se hace alusión en la sentencia como fundamento de la supuesta "continuación" habida entre Enrique Omar Mársico y Mársico Hnos. SRL, que data del 12 de agosto de 1999, esta última empresa pide autorización para funcionar en "los galpones de la ex firma CEMACA Argentina SRL. en Av. Hernández 1049" (ver fs. 263), autorización finalmente concedida a fs. 284. Con posterioridad, 19/2/02, se solicita una nueva habilitación, en este caso para funcionar en el inmueble de H. Irigoyen 884, que como se ha visto era el asiento original de la fábrica de Enrique Omar Mársico, acompañándose contrato de locación de Gisella Mársico a la empresa peticionante.

En los fundamentos de la sentencia en recurso se dice que sólo se subastó el inmueble en donde operaba Enrique Mársico, pero no sus maquinarias y equipos. De allí se sigue que aquella enajenación no privó de los medios para continuar el giro de la empresa. Sin embargo, como ha quedado aclarado, ese concepto es equivocado por cuanto en el expte. 15746 se subastaron todas las maquinarias habidas en el inmueble (ver mandamiento de fs. 56/59), las que también resultaron subastadas, de modo que es incuestionable que el inmueble y maquinarias con que contaba la fábrica para funcionar fueron vendidos, quedando su propietario naturalmente inhabilitado para continuar operando.

En el caso, a través de ambas subastas se consumó la pérdida de activos indispensables para la continuidad productiva y si bien el concepto de "fondo de comercio" comprende una "universalidad", integrada además de cosas materiales, como las instalaciones, por bienes inmateriales, como las marcas de fábrica, modelos industriales, patentes, clientela, etc. (art. 1º ley 11.867), ello no permite inferir que quien ha adquirido el inmueble en pública subasta deba ser entendido como su continuador.

Como refiere Zunino ("Fondo de Comercio", par. 142) "La naturaleza de los bienes materiales e inmateriales que integran el fondo de comercio ha hecho considerar a éste como bien mueble". Agregando que "En nuestro derecho positivo, además de su naturaleza civil, que de por sí constituye una importante distinción, no puede pensarse en un inmueble como accesorio de un bien mueble", concluyendo luego que "De este modo, la ley 11.867 no incluye en su enumeración los inmuebles y es consenso que éstos no son elementos del fondo de comercio".

Es más la sociedad demandada en este incidente tampoco es la propietaria del inmueble, sino sólo su locataria, ya que la adquirente en subasta ha sido una de sus socias Gisella Mársico, quien no ha sido demandada en los presentes, de modo que no veo que se pueda realizar una aplicación extensiva -y aún desmesurada- de las normas instituidas para proteger a acreedores en el supuesto de transferencia de fondos de comercio, cuando no existen pruebas que permita sostener la efectiva existencia -sea ostensible o simulada- de dicha operación.

Tampoco existen pruebas, cuya producción en principio incumbe al accionante (art. 375 CPCC), de que la sociedad utilice las marcas de fábrica, modelos, etc. de la persona física condenada en el juicio laboral.

En este punto cabe descartar el valor que le atribuye la actora, en su escrito respondiendo agravios, a la alegación formulada por la apoderada de la sociedad demandada en el sentido que a la testigo Iñoquez le comprenden las generales de la ley por ser ex empleada de Enrique Omar Mársico y acreedora de éste, infiriéndose de allí que se estaría reconociendo la continuación entre dicha persona física y la sociedad Mársico Hnos. Un buen análisis de la posición formulada permite entender que efectivamente la testigo podría tener interés en el resultado de este pleito, ya que de comprenderse en la condena a la sociedad, ella podría también perseguirla por el cobro de sus créditos, de modo que no existe allí la admisión de continuidad que pretende la accionante.

De las declaraciones de los testigos López (fs. 247/248); Leguizamo (fs. 251/251) e Iñoquez (fs. 260), no surgen elementos significativos, ya que aquellos se limitan a decir que han visto a Enrique Mársico en el local de H. Irigoyen 884, que sus hijos antes trabajan con él, que luego se instalaron en el local de Cemaca (Av. Hernández) y que al igual que antaño lo hacía aquél, producen bienes de uso doméstico, nada de lo cual permite dar probada la transferencia simulada del fondo de comercio (art. 456 y 384 CPCC).

Queda así pendiente merituar la nota cursada por Mársico Hnos. SRL a la Municipalidad a fs. 263 en donde, al pedir autorización para funcionar en Av. Hernández 1049, expresan que "actualmente nos encontramos trabajando junto a nuestro padre quien se retira de la actividad".

Considero que las mentadas expresiones, aún interpretadas literal y descontextualizadamente, resultan insuficientes a los efectos de extender los efectos de la sentencia dictada por el Tribunal de Trabajo a fs. 106/110 (fechada el 3/8/98) a la persona jurídica aquí demandada, cuando el inmueble de propiedad del demandado ya había sido subastado por el Fisco y a corto tiempo se realizó la subasta pública de sus instalaciones y todo ello fue adquirido por terceros no demandados. No cabe con solo ello presumir que Mársico Hnos. SRL adquirió los "bienes" que componían el fondo de comercio (o es el adquirente del establecimiento en los términos del art. 298 ley de contrato de trabajo), ya que por mucha flexibilidad que se emplee en la apreciación de la prueba sobre una eventual adquisición "encubierta" (es decir simulada), no puede eludirse el principio de que debe sostenerse la seriedad de los actos jurídicos mientras no haya razón fundada para privarles de eficacia legal, y que en ese sentido cabe exigir una demostración que, aun cuando sea sólo indirecta, revista condiciones de precisión y firmeza suficientes como para llevar al ánimo del juzgador a una inequívoca conclusión favorable a la existencia del vicio imputado (CNac. Com., sala B, 22/10/73, "Pelo de Tarasantky, Marta v. Tarasantky, Bernardo", Magistrados: Vásquez, Parodi, Halperín), de donde aquellas circunstancias resultan así faltas de la consistencia indispensable para servir de base a presunciones correctas (arts. y concs. 955 CC; 163 inc. 5 CPCC).

Por ello es que propongo revocar la sentencia en recurso, rechazando la incidente promovido (arts. 1º ley 11.867; 298 de la LCT; 955 Cód. Civil; 163 inc. 5, 384, 456 y concs. CPCC).

Voto por la negativa.

Los doctores Guardiola y Brignardello, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.

2º cuestión. - El doctor Rosas, dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recursos -arts. 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, estimo que:

Corresponde: I. Revocar la sentencia de fs. 269/372 vta., rechazando el incidente promovido (arts. 1º ley 11.867; 298 LCT; 955 Cód. Civil; 163, inc. 5, 384, 456 y concs. CPCC). II. Costas al incidentista (arts. 68 y 274 CPCC). III. Diferir la regulación de honorarios (arts. 31 y 51 dec.-ley 8904).

Así lo voto.

Los doctores Guardiola y Brignardello, aduciendo análogas razones dieron sus votos por el mismo sentido.

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citado y en cuanto ha sido materia de recurso -arts. 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC. Se resuelve: I. Revocar la sentencia de fs. 269/372 vta., rechazando el incidente promovido (arts. 1º ley 11.867; 298 LCT; 955 Cód. Civil; 163, inc. 5, 384, 456 y concs. CPCC). II. Costas al incidentista (arts. 68 y 274 CPCC). III. Diferir la regulación de honorarios (arts. 31 y 51 dec.-ley 8904). - Juan J. Guardiola., - Bartolomé V. Brignardello. - Patricio G. Rosas