marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Silveira, Luis Remigio c/ Malerba, Norma Beatriz s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-21

No basta con que se manifieste de algún modo la voluntad de querer continuar con el proceso para que éste se mantenga vivo; es necesario instar su curso de un modo que resulte susceptible de hacerlo avanzar (art. 311 Cód. Proc. y su doct.). No resulta un modo que reúna esas características la reiteración de peticiones que ya han sido denegadas, ni la mera manifestación de que se desea continuar con la acción iniciada, pues se sabe de antemano que mediante la presentación de esos escritos el proceso no va a avanzar. Es que tales actuaciones constituyen sólo una apariencia de impulso procesal y no actos idóneos para lograrlo de acuerdo al estado de la causa. Ello no implica que una petición denegada por estar pendiente de realización algún acto para pasar a la siguiente etapa que se insta, resulte inútil para interrumpir el curso de la perención; pero sí lo es si se sigue peticionando lo mismo sin antes destrabar el proceso subsanando aquella falta que el juez señala.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva, Cámara de Senadores, juicio político, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Trovato, Francisco Miguel Angel s/ enjuiciamiento - causa n° P 308/96 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Toda vez que el control judicial del ejercicio de las atribuciones del Senado y la inviolabilidad del derecho de defensa en los juicios políticos debe encauzarse por la vía del recurso extraordinario, es evidente que el remedio será admisible siempre y cuando, entre otros recaudos la resolución contra la que se lo dirija sea definitiva (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Desistimiento, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Unitan  S.A. c/ Formosa, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

En los casos en que el juicio finaliza por desistimiento las costas deben ser soportadas por quien desiste, salvo cuando tal decisión obedezca a cambios de legislación o de jurisprudencia y se llevare a cabo sin demora injustificada.
Obligación alimentaria, incumplimiento de la obligación alimentaria, registro de deudores alimentarios morosos
Materia: CIVIL
Carátula: A.M.I. c/ A.M.S. s/ EJECUCION DE ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-27

A fin de que se configure la conducta antijurídica que la ley 269 de la Legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires requiere a los fines de castigar a quien incurre en una postura renuente en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, es necesario que el incumplimiento en el pago de las cuotas sea total y que su conducta sea en tal sentido maliciosa o intencional. Asimismo, debe tenerse en cuenta a los fines de establecer si corresponde la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, la situación laboral del alimentante, que hace a su derecho a trabajar, máxime si, a raíz de su profesión liberal dicha inscripción podría perjudicar, en definitiva, el cumplimiento del derecho alimentario. Del voto de la mayoría (Dres. Wilde y Molmenti)
Obras sociales, INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL, prestadores médicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marsiglia, Elsa Beatriz s/ Inconstitucionalidad art. 39 del decreto 7881/84
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

La situación jurídica nacida a partir de la celebración del convenio de un particular con el IOMA para la prestación concertada de un servicio o actividad no configura el extremo del derecho adquirido porque el interés público que está ínsito en el acuerdo no puede disponerse en beneficio de un patrimonio privado. En la situación jurídica originada entre la actora y el IOMA prevalece el interés colectivo y éste no puede pasar al dominio privado de un particular.
Exportaciones, tipo de cambio, circulares del Banco Central
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LA MARPLATENSE S.A.C.I. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ ORDINARIO - BANCO CENTRAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-06

La Comunicación A-84 del BCRA dispuso la unificación del mercado cambiario con la libre juego de la oferta y la demanda y la A-86 expresa que "en concordancia con lo establecido en el art. 5 de la Resolución 2 del M de Economía (24.XII.81), se ha dispuesto que las divisas provenientes de la exportación de productos cuya declaración aduanera de exportación para consumo se hubiera oficializado en las Aduanas con anterioridad a esa fecha, deben negociarse al tipo de cambio de mercado vigente al 23.XII.81.

La actora impugna la legitimidad de la Comunicación A-86 del BCRA reclamado al pago de una suma de dinero por las diferencias que a causa de ella se ha visto obligada a soportar.

Las operaciones de exportación de que se trata fueron oficializadas ante la autoridad aduanera con anterioridad al 24.XII.81, liquidándose las divisas ingresadas en su consecuencia con posterioridad al 29.XII.81.

La Comunicación A-86 reviste carácter de aclaratoria con relación a lo que surge del régimen integral sancionado el 24.XII.81 (Comunicación A-84 BCRA y Resoluciones 1 y 2 del M' de Economía), lo que conduce a admitir la coexistencia de dos regímenes cambiarios simultáneos (el anterior para las exportaciones oficializadas bajo su amparo y, el nuevo para las exportaciones que se oficializaran durante su vigencia).

La naturaleza aclaratoria atribuida a la Comunicación A-86 del BCRA es suficiente para desestimar la pretensión de la accionante, pues ésta ha concertado, formalizado y oficializado las exportaciones y liquidado las divisas correspondientes, al amparo del mismo régimen cambiario, con la diferencia de que para las liquidaciones realizadas con posterioridad al 24.XII.81 en vez de fijarse diariamente la cotización a la que debían ajustarse, se la estableció con carácter fijo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Estado Provincial, división de poderes, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, jueces, remuneración, leyes, aplicación de la ley, excusación, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: XX s/ Son o no procedentes las excusaciones de los jueces, que intervienen  en juicios en los que resulta ser parte la provincia de Santa Fe, y  motivadas en su condición de ser accionantes amparistas y   considerar que tienen al respecto "pleito pendiente" (artículo 10   inciso 2 del Código Procesal Civil) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-06-17

La divergencia interpretativa con el Poder Ejecutivo acerca de las remuneraciones de los magistrados que ha llevado al amparo de marras, no afecta en lo más mínimo la imparcialidad para juzgar en juicios donde la Provincia sea parte. Es altamente disvalioso que la ciudadanía pudiera llegar a quedarse sin sus jueces naturales para que éstos fallen los conflictos entre particulares y la Provincia de Santa Fe, a raíz de las apuntadas circunstancias; máxime cuando muchos de esos casos no admitirán dilaciones (amparos, sobre todo) y cuando la imparcialidad de los jueces, magüer el conflicto circunstancial que hoy los afecta, no puede ser sospechada. (Del Voto del Dr. Rouillon).
Nulidad de sentencia, responsabilidad médica, historia clínica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ROMERO EMILSE ELIZABETH Y OTRO c/ SANATORIO FRANCES - CIPREM SRL Y OTRO s/ RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-12-15

Siendo que el único capítulo con algún viso de irregularidad es el vinculado a la supuesta nulidad de la sentencia de cámara por basarse en una historia clínica que no fue tenida a la vista por los vocales que la integran, lo que se denuncia a título de violación de las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento o la sentencia, cabe tener en cuenta que del tenor de lo resuelto sobre la responsabilidad civil del profesional demandado, no surge en modo alguno que la Cámara refiera que tiene ante sí la historia clínica pretendidamente preterida, quedando claro por el contrario que cuando se hace referencia a datos consignados en la misma, el pronunciamiento se refiere a los datos que los idóneos en la materia (peritos médicos oficiales) extrajeron de tal documento, lo que sella la suerte de la nulidad alegada por inexistencia del vicio denunciado.
Tributos aduaneros, desacato
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Paz, José C. por Paz, Ezequiel N.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-10-23

La ley sobre jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales, concede a éstos la facultad de corregir por sí mismos los desacatos que se cometan en los alegatos y audiencias (art. 19, Ley Jurisd.).
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez Varela, Florencio c/ Corte Suprema de Justicia de la Nación s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-23

Corresponde desestimar el agravio atinente a la reparación por daño moral, si el recurrente se limita a fundar su improcedencia en la legitimidad de la medida dispuesta, sin hacerse cargo de las razones expuestas por el tribunal a quo para conceder el resarcimiento, ni cuestiona el quantum indemnizatorio otorgado en tal concepto.
Responsabilidad parental, abandono de los hijos
Materia: CIVIL
Carátula: F.A.E. c/ C.J.L. s/ PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-02-28

El abandono es el desprendimiento de los deberes del padre o de la madre, o sea, la abdicación total de los deberes de crianza, alimentación y educación que impone la ley, es decir que, para que exista abandono es menester una conducta de total desamparo y absoluta indiferencia o despreocupación frente a la realidad de los hijos.
Emergencia económica, reordenamiento del sistema financiero, compraventa inmobiliaria, obligación de escriturar, resolución del contrato, constitución en mora, pesificación
Materia: ECONOMIA-CIVIL
Carátula: IGLEZIAS, MONTOYA CASTRO c/ COZODOY, ANDREA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-27

1- Frente al incumplimiento de la parte vendedora que quedó constituida en mora con anterioridad a la vigencia de las normas dictadas sobre emergencia económica, la aplicación de la pesificación ción a las obligaciones en mora, supone quebrantar la norma del art. 513 del Código Civil. En consecuencia, poca importancia tiene el valor que en la actualidad tenga el inmueble porque no es el valor de referencia a computarse en el caso, ya que si la operación se resolvió, la devolución de la seña debe ser en la misma moneda recibida por el vendedor, suma que oportunamente ingresó a su patrimonio.

2- Aunque se entienda que la pesificación implementada por el decreto 214/02 es caso fortuito o el hecho del príncipe, igualmente el deudor moroso debe asumirlo porque el art. 513 lo pone en sus hombros. El acto emanado de autoridad pública o hecho del príncipe no es el que ha impedido el cumplimiento de la obligación (art. 513 "in fine" del Código Civil), sino que el caso fortuito, de reputarlo así, ha sido posterior a la constitución en mora; por ello, los deudores están obligados a resarcir los daños y perjuicios, por "la culpa propia" al dejar de cumplir las obligaciones asumidas (art. 511 del Código Civil).
Daño moral, padres biológicos, víctima menor de edad, actos ilícitos
Materia: CIVIL
Carátula: Alancay, Eusebio Marcelo; Alancay Hilda Balbina c/ Estado Provincial y Tejerina, Yamil Enzo Ezequiel s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2020-03-04

Debe revocarse la indemnización por daño moral concedida a la madre del damnificado ya que los padres en su carácter de damnificados indirectos no están legitimados para reclamar el daño moral sufrido por el hecho ilícito del que fue víctima su hijo. Resulta relevante que, ni aún en la reforma del Código Civil y Comercial, el legislador ha previsto la legitimación activa irrestricta de damnificados indirectos por consecuencias no patrimoniales, sino que se ve limitada a los casos de "gran discapacidad" (art. 1741 CCyCN), supuesto que no se configura en el caso. (Voto del Dr. Jinefes en disidencia)
Derecho a la vida, muerte digna, retiro de soporte vital
Materia: CIVIL
Carátula: S. , M. d. C. s/ insania
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

Si bien ante la irreversibilidad del cuadro médico de pacientes en estado crítico, no es moralmente obligatorio el mantenimiento de la vida mediante todo tipo de tratamiento de soporte vital cuando el paciente claramente rechaza esa terapia o sus parientes en forma coincidente traslucen esa voluntad del paciente, tal afirmación no debe hacerse de forma genérica, puesto que debe estarse al estudio de cada caso en particular y especialmente al diagnóstico y pronóstico de cada paciente, así como a la opinión del Comité de Bioética correspondiente. (Del voto de la Dra. Kogan)
Actos de los poderes públicos, validez del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Caminoa, Jackeline y Otros, Concejales H.C.D. Lago Puelo s/ Plantean Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-08

Para que una "irregularidad" valga como vicio o defecto, y afecte la perfección de los actos del poder público, determinando su invalidez, no se requiere indispensablemente la existencia de una norma que la consagre: puede surgir del juego armónico de los principios jurídicos que regulan la actividad de los órganos y de los principios a los que deben ajustarse los actos; vale decir, unas veces la irregularidad y consiguiente invalidez surgirán de una norma concreta; pero a falta de ésta, las expresadas irregularidad e invalidez serán el resultado del juego de principios inmanentes de lógica jurídica.
Competencia, prórroga del plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gobo, Andrés Clemente c/ Sindicato de Luz y Fuerza de E.R. y/o Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de E.R. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-10-30

La prórroga de competencia convenida no requiere una previa renuncia expresa a los jueces naturales, que cabe inferir ante la manifestación de voluntad positiva de las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos, abuso del derecho, apreciación de la prueba, efectos entre partes, incumplimiento del contrato, resoluciones judiciales, principio de proporcionalidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Asesoramiento y Desarrollos Industriales Adi SA c/ Pecom Servicios de Energía (antes Sade Skanska) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

1 - El pretender ejercer el derecho de resolver el contrato cuando el incumplimiento carezca de importancia, implicaría el ejercicio abusivo de ese derecho, por contrariar los fines que la ley tuvo en miras al reconocerlo -el de preservar el sinalagma contractual- por exceder los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, como dice el CCIV 1071. (Ramella A., "La resolución por incumplimiento", p. 55, Ed. Astrea, 1979).
Costas, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Velázquez Ibarra, Roque y otros c/ Unión Formoseña y otros s/ Ordinario otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1985-12-19

En las demandas por indemnización de daños y perjuicios las costas deben imponerse a la parte vencida, aun cuando la demanda no prospere íntegramente, pues responden al principio de reparación de los gastos efectuados por la actora para obtener el reconocimiento de su derecho.
Indemnización por despido, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Lantarón, Daniel Emilio c/ Banco Español del Río de La Plata s/ Indemnizaciones, etc. Facin, Jorge Luis c/ John Wyeth Laboratorios s/ Indemnización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10|1991-04-02

El sistema tarifario escogido por el legislador en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo no puede examinarse en su validez constitucional con prescindencia de su contrapartida: la presunción del daño ocasionado por la rescisión injustificada del contrato de trabajo, de lo que deriva como consecuencia favorable para el trabajador la percepción de la indemnización sin necesidad de acreditar el daño, con la consiguiente agilización de los trámites judiciales.
Código civil y comercial, ley vigente, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL
Carátula: P.,V.A. c/  s/ Art. 152 ter código civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-17

Aun cuando corresponde declarar inoficioso un pronunciamiento por haber fenecido la vigencia de las normas, la Corte conserva la jurisdicción necesaria para evitar que la subsistencia del fallo apelado, en cuanto confirma la decisión de grado en los términos del art. 141 del Código Civil -ya derogado- pueda causar un gravamen no justificado por la manera en que ha quedado limitada la relación procesal, por lo que corresponde dejarlo sin efecto.
Minas, eximición de prisión
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Pérez, José Santos c/ Higham, Ciro y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1866-06-05

La exención de prisión por deudas de que gozan los dueños de minas, no puede hacerse efectiva, si aquellos no se ocupan actualmente de su explotación (art. 3°, tit. 19, Ord. de minas).
Honorarios, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: B. de M. N. c/ M.O.M. s/ Medidas precautorias.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-13

El reajuste de los honorarios establecidos hasta el momento de su pago efectivo, se encamina pura y simplemente a mantener incólume la sustancia económica de los valores fijados en el decisorio, situación ésta que es independiente de la existencia o no de mora de los obligados al pago (conf. C.N.Civ. Sala F, c. 14.110 del 16-5-85;

íd. íd.. c.14.740 del 17-3-85).
Abogados, ejercicio profesional, sanciones disciplinarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mariani de Diodatti, Inés c/ Demetrio, Yani y otro s/ Cumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-22

Corresponde sancionar con multa al letrado apoderado y comunicar tal decisión a los Colegios de Abogados departamental y provincial, por haber incurrido en falsedad al evacuar el traslado del recurso de apelación, afirmando que las cédulas de notificación del auto recurrido fueron confeccionadas y libradas por el Juzgado interviniente, y oficiado éste, informa lo contrario. Ello por reputarse su proceder, como contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. (art. 34, 5 d); 35 inc. 3 del CPC y 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires).-
Jurisdicción y competencia, competencia por la persona, entes autárquicos, competencia federal, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, terceros
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ANTONIO CAYETANO ARAMBURU c/ NORMOTOR  S.A.  Y OTROS s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-23

Es competente la justicia federal para entender en la causa cuando dos entidades nacionales -el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro- fueron citadas en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y ambas invocaron su derecho al fuero federal.
Adopción, registro de adoptantes, guarda del menor, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: R., Y. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

La ley 24.779 no impone como requisito para el otorgamiento de la guarda preadoptiva que el menor y los postulantes a la adopción se encuentren inscriptos previamente en el Registro Unico de Aspirantes que organiza el art. 2 de la ley citada. Por lo tanto, ante una solicitud de ese carácter en vistas a la posterior adopción, interpuesta con anterioridad al nacimiento del niño, corresponde instrumentar un trámite abreviado, tendiente a la pronta acreditación de las circunstancias fácticas pertinentes, mediante las medidas asistenciales necesarias y las que obligatoriamente dispone el art.

317 del Código Civil, a fin de resolver sobre la idoneidad del solicitante.
Honorarios, base regulatoria, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: BGAS. Y VDOS. CASTRO HNOS. s/ QUIEBRA - REVOCAC. ACTOS JURIDICOS SOBRE R. RIDAO Y AG. CAMPOVID S.A. - III CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-08-25

La ley 24432 sólo resulta de aplicación en cuanto al porcentaje que como todo tope máximo establece el art. 1 incorporado al art. 505 del C. Civil, que es el 25% del monto total del juicio. Es decir que sólo modifica la ley local 2150 en ese máximo.

En los demás supuestos que la ley 24432 establece modificando el Código Procesal de la Nación, Ley de Concursos y Ley Arancelaria Nacional, entre otros, no es de aplicación en nuestra jurisdicción por no haberse adherido la Provincia (art. 16 Ley 24432).

Es decir, en cuanto a la reducción del procentaje en la escala del art. 189 de la Ley 2150, no resulta derivación de la Ley, o de alguna norma obligatoria que haya modificado o derogado la ley arancelaria local.

En tal caso la reducción del porcentaje, la disminución de la base económica del juicio, o cualquier otra circunstancia que así lo disponga, no sólo resulta arbitraria, sino ilegal, por apartarse caprichosamente de normas legales expresas de aplicación, sin fundamento alguno.

La reducción, modificación, o disminución de la base a tener en cuenta, y aún el monto así regulado, no puede surgir de la ley invocada por el aquo, sino de otras disposiciones legales en vigencia, y no de oficio, sino a petición de parte, demostrando acabadamente que los montos superan el valor de la prestación, caso de la ley 24.438.

En consecuencia, la reducción en la escala del porcentaje establecido por la ley 2150 no resulta procedente, por no derivar de otra ley que así lo disponga, por cuanto se trata de la base económica del juicio, del cual resultará el monto para efectuar la regulación de los profesionales intervinientes.
Responsabilidad civil, actos ilícitos, relación de causalidad, consecuencias remotas
Materia: CIVIL
Carátula: K, I. J. c/ N., M. H. y Otros s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-05-03

"El problema de la relación de causalidad en materia de responsabilidad civil, largamente debatido en los ámbitos doctrinarios y en constante revisión crítica, ha sido dirimido por la ley, en razón de la expresa recepción positiva de la "teoría de la causa adecuada".

Precisamente, la ley Nro. 17711, en el artículo 906 del Código Civil, introdujo al sistema normativo argentino, la regla que establece que en ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad.

Dicha tesis, que analiza el asunto causal en función de una noción de regularidad apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma, torna menester, a fin de establecer la vinculación de causa a efecto entre dos sujetos, un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es presentada por Goldenberg en los siguientes términos: "¿la acción u omisión que se juzga era "per se" apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia?".

Se trata de una concepción superadora de la denominada "teoría de la equivalencia de las condiciones", que Maximiliano von Buri expusiera tempranamente en 1860, toda vez que sortea las objeciones de que ésta era justificadamente merecedora. Es claro que elevar el rango de causa de un daño a cada uno de los numerosos hechos antecedentes cuya concurrencia determina precisamente ese resultado, "significa extender ilimitadamente las consecuencias que derivan del encadenamiento causal de los hechos."