Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-10


Buenos Aires, 10	de marzo de 2010 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La titular del Juzgado de primera instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8 resolvió, con fecha 07/10/08, suspender a prueba, durante tres meses, el proceso seguido contra Verónica de las Nieves Páez, término en el cual la nombrada debía cumplir con determinadas reglas de conducta, entre las que se encontraba: ".[a]bstenerse de concurrir a menos de 300 metros a la redonda del lugar del labrado del acta.".

El día 30/03/09 la jueza de grado -después de haber corrido vista al Fiscal y a la defensa- resolvió, por un lado, no hacer lugar a la solicitud de realización de la audiencia prevista en el art. 311 del CPPCABA efectuada por el defensor y, además, revocar la suspensión del proceso a prueba otorgada en favor de Verónica de las Nieves Páez por cuanto la imputada había incumplido con la regla de conducta citada precedentemente. Apelada dicha resolución por la defensa, la Sala II de la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas resolvió confirmar la decisión recurrida (fs. 15/17).

2. Contra la decisión de la Cámara, el defensor oficial interpuso recurso de inconstitucionalidad por entender que la resolución atacada resultaba contraria a la garantía de debido proceso y al derecho de defensa en juicio -más precisamente al derecho a ser oído- en tanto la Cámara confirmó la decisión de primera instancia que revocó la suspensión del proceso a prueba respecto de Páez, sin haber celebrado, previamente, la audiencia prevista en el art. 311, segundo párrafo, del CPPCABA, aplicable supletoriamente en virtud de lo establecido en el art. 6 de la ley nº 12. En este sentido, la defensa sostiene que, en virtud de esta omisión, la imputada ha perdido la oportunidad de explicar las razones que motivaron el incumplimiento de las pautas de conducta impuestas.

3. La Sala II declaró inadmisible el recurso intentado en razón de que la decisión atacada no es la sentencia definitiva del proceso, ni puede ser equiparada a tal por ".no irrogar a la parte gravamen de imposible reparación ulterior (.) ya que en la etapa por la que transita en estos momentos el legajo, aquélla no causa estado" y, además, tampoco lograba explicar la razón por la cual se vulneró el derecho a ser oído, habiendo tenido oportunidad suficiente para expresar, mediante las presentaciones pertinentes, las razones por las cuales incumplió las pautas de conducta asumidas al acordar la suspensión del juicio a prueba (fs. 28/29). Frente a ello, el Defensor General de la Ciudad acudió en queja ante este Tribunal (fs. 34/45).

4. El Fiscal General Adjunto, al contestar la vista conferida (fs. 49/50), expresó que el recurso de inconstitucionalidad, si bien no fue interpuesto contra una sentencia definitiva, ataca una decisión que genera agravios de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior. Asimismo, según lo expone, la defensa presentó una cuestión constitucional que habilita la intervención del Tribunal. Sobre el punto, mencionó que se había demostrado la lesión al derecho de defensa en juicio invocada -en tanto no se cumplió con la audiencia prevista en el art. 311 del CPPCABA, aplicable al caso en razón del art. 6 de la ley nº 12- y agregó, además, que la resolución atacada es arbitraria debido a que no se encuentra motivada ni fundada en derecho y se ".ignor[ó] llanamente la letra de la ley procesal que torna operativa una garantía constitucional expresa".

Por ello, solicitó que se haga lugar a la queja y se declare la nulidad de la resolución recurrida.

Fundamentos La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de queja interpuesto por la defensa de la Sra. Páez es formalmente admisible y contiene una crítica fundada y acertada del auto denegatorio.

2. En primer lugar, debo señalar que asiste razón a la defensa en cuanto a que el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto contra una resolución equiparable a definitiva.

Las decisiones que no ponen fin al pleito o que ordenan su continuación no son, en principio, equiparables a definitiva. Sin embargo, el caso en análisis escapa a la regla general y justifica la equiparación. Como lo advirtiera el Fiscal General Adjunto está en juego la afectación al derecho de defensa en juicio, más precisamente el derecho a ser oído.

3. El recurso de inconstitucionalidad.

La Cámara, en la decisión recurrida, había señalado sobre el punto que ".la ley contravencional -art. 45 del CC- no incluye como requisito previo al dictado de la revocación del instituto la comparecencia del probado para que efectúe el descargo pertinente; es decir, no establece como exigencia formal la participación del encartado para que explique las razones por las cuales incumplió el compromiso asumido al acordar la suspensión del juicio a prueba, extremo que en modo alguno significa que aquél tenga vedada la posibilidad de hacerlo -mediante las presentaciones pertinentes- frente a circunstancias que le impidieran hacerse cargo de la responsabilidad oportuna y libremente asumida./ En definitiva, '...encontrando regulación procesal el instituto en la ley 1472 que rige la probation en materia contravencional, no es vinculante aplicar supletoriamente un ordenamiento procesal distinto en reemplazo de aquél.'" (fs. 16). Siguiendo el mismo razonamiento, la Sala II sostuvo que la imputada tuvo oportunidad para explicar las razones de su incumplimiento por escrito pero, adoptando ".una actitud totalmente pasiva.", sólo se limitó a solicitar la celebración de la audiencia prevista en el art. 311 del CPPCABA, sin ensayar explicación alguna respecto al incumplimiento acaecido.

La defensa alega que la resolución de la Cámara es arbitraria y contraria a los principios constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio, específicamente del derecho a ser oído del que goza toda persona sometida a proceso. Argumenta que la Cámara confirmó la decisión del juez de primera instancia que revocó la suspensión del proceso a prueba respecto de Páez, sin haberse celebrado la audiencia prevista en la normativa procesal vigente -art. 311 CPPCABA- y sin haber escuchado previamente a la imputada.

Agrega que, previo a la resolución que ordena la revocación de la suspensión de juicio a prueba, el juez debe escuchar a las partes en audiencia, de conformidad con lo estipulado por el art. 311, CPPCABA, aplicable supletoriamente en razón de lo dispuesto en el art. 6, LPC. Y continúa señalando que la finalidad perseguida mediante la realización de la audiencia es la de otorgar al imputado la posibilidad de ser oído, aspecto fundamental del derecho de defensa, toda vez que en esa oportunidad la encartada hubiera podido explicar los motivos de su incumplimiento, para que luego la sentenciante resolviese sobre la subsistencia o revocación del instituto. En este sentido manifiesta que la vista decidida por el juez a la defensa oficial respecto del incumplimiento de las pautas de conducta, resulta insuficiente para una defensa eficaz.

4. La suspensión del proceso a prueba en materia contravencional está regulada en el art. 45, CC. Esta disposición, sin embargo, no establece los pasos a seguir en caso de incumplimiento de las reglas de conducta por parte del imputado y tampoco lo hace la LPC. Para este supuesto, en cambio, el CPPCABA, en su art. 311, establece -en lo que aquí interesa- que "En caso de incumplimiento o inobservancia de las condiciones, imposiciones o instrucciones, se comunicará al tribunal que otorgó la suspensión del proceso a prueba, que previa audiencia con el/la imputado/a, resolverá acerca de la revocatoria o subsistencia del beneficio".

Ahora bien, según el art. 6, LPC, se aplican supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal que rige en la Ciudad de Buenos Aires en todo cuanto no se opongan a las disposiciones de dicha ley. Y en este sentido, de ningún modo se puede decir que la regulación citada se oponga al texto de la LPC, que como ha sido dicho no prevé nada al respecto, ni a la regulación prevista en el CC, art. 45. Por el contrario, se puede incluso afirmar que la complementa de un modo razonable, satisfaciendo los principios de inmediación, publicidad, imparcialidad y al sistema acusatorio imperante en la Constitución local.

En el mismo sentido, la doctrina ha destacado que "[e]l órgano judicial que toma conocimiento de un posible incumplimiento de estas reglas, debe citar al imputado y escucharlo en una audiencia (a la que deberá concurrir con su letrado, quien debe haber tenido una real posibilidad de asesorarlo previamente), antes de disponer la revocación, para posibilitarle el ejercicio de la defensa en juicio (art. 18 C.N.). Por ello es que, para la revocación no bastará nunca un mero informe al respecto de la autoridad que lleve a cabo las funciones propias de la etapa de ejecución./ El incumplimiento -para ser causa de revocación-, deberá ser reiterado y persistente, además de injustificado. [...] la revocación será siempre una facultad judicial, pero nunca un deber, pues el Estado deberá esforzarse plenamente en la búsqueda de alternativas de cumplimiento (ya sea por medio de la modificación del régimen impuesto o bien, cuando haga falta, a través de la prestación de asistencia al imputado). Ello será necesario con miras a favorecer el funcionamiento de esta alternativa que, atinadamente, se ha implementado para impedir el estigma del proceso y la consiguiente mácula que importan (para el individuo) la condena penal y su posible permanencia en cualquier institución carcelaria. El logro de esa noble finalidad exige otro presupuesto para la revocación, consistente en que el incumplimiento de tales reglas revista, además, suficiente gravedad (no bastando con cualquier incumplimiento mínimo)" (Vitale, Gustavo L., Suspensión del proceso penal a prueba, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 1996, p. 274, resaltado en el original).

5. Por las consideraciones expuestas, la resolución que dispuso revocar la suspensión del proceso a prueba y no hacer lugar a la solicitud de la audiencia prevista por el art. 311, CPPCABA acarrea una nulidad (art. 72, 3, CPPCABA) susceptible de ser declarada, aun de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, porque implica la violación de una norma constitucional -derecho de defensa o derecho a ser oído- (arts. 71, tercer párrafo y 73, CPPCABA). Debe tenerse presente que la convocatoria a la audiencia prevista en el art. 311, CPPCABA no es una facultad discrecional del juez.

Aunque la magistrada considerara indudable que la Sra. Páez regresó al lugar donde habrían ocurrido los hechos que motivaron la apertura de este proceso (violando así una de las reglas de conducta impuestas oportunamente), lo cierto es que debía haberse celebrado la audiencia prevista en el art. 311, segundo párrafo, del CPPCABA (conf. art. 6, LPC) a fin de que, previo a resolver, la imputada, y no su defensor, ejerciera su derecho a ser oída por la jueza de la causa.

En consecuencia, la decisión que revoca la suspensión del proceso a prueba de la Sra. Páez es nula por lesionar su derecho de defensa en juicio o, más precisamente, su derecho a ser oída.

Corresponde entonces declarar extinguida la acción contravencional y sobreseer a la imputada. Si bien la realización de la audiencia prescripta en el art. 311, CPPCABA es factible, lo cual en principio parecería indicar que la causa debería ser reenviada al juez de mérito, considero que ello no corresponde en los presentes autos. Retrogradar el proceso en detrimento del derecho de la imputada a una sentencia rápida y eficaz que resuelva definitivamente su situación en un plazo razonable, implicaría vulnerar las normas constitucionales que rigen el debido proceso y que impiden cualquier intento de subsanar errores que no son atribuibles a la procesada sino al Estado.

Por todo lo expuesto, voto por declarar admisible la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y sobreseer a Verónica de las Nieves Páez.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. El pronunciamiento que origina esta queja, en tanto confirmó la decisión que había revocado la suspensión del proceso a prueba respecto de la Sra. Paez provoca, como consecuencia natural, la continuación del proceso según sus cauces normales, y entonces, evidentemente, no configura una sentencia definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad. Por su parte, la recurrente tampoco acredita un supuesto de equiparación porque se limita a enunciar una discrepancia acerca de cuestiones estrictamente procesales.

2. Resumidamente, la defensa sostiene en la queja que decidir la revocación de la suspensión del proceso a prueba sin haber convocado la jueza a la audiencia prevista en el art. 311 del CPPCABA -aplicable supletoriamente (art. 6 del LPC)- ha impedido a la imputada la posibilidad de acceder a un modo de finalización del procedimiento, sin el cumplimiento de las normas del debido proceso legal vigentes, afectándose así el derecho de defensa en juicio en cuanto a la posibilidad de la imputada a ser oída y a ejercer su defensa material, lo cual implica que la tutela de dicho derecho no podrá cumplirse eficazmente en una oportunidad posterior (fs. 38/38 vuelta).

Pese al modo en que el recurrente presenta su objeción, los agravios esgrimidos en las piezas recursivas, en realidad, y tal como lo afirma la Cámara en el auto denegatorio (fs. 28/29 vuelta), sólo expresan discrepancias con la inteligencia que los jueces de mérito otorgaron a los recaudos que exige la normativa que regula el procedimiento en torno a la suspensión del proceso a prueba (vgr. aspectos procesales vinculados con el art. 45 del CC), cuestión interpretativa cuya revisión no suscita, por sí, la competencia del Tribunal en la vía intentada (cfr. mi voto in re "Ministerio Público -Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Donoso, Laura Haydée s/ inf. art. 111 CC'", Expte. nº 5654/07, sentencia del 11 de junio de 2008; "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Arce Gotilla, Guillermo Federico s/ inf. art. 111 CC'", Expte. nº 5999/08, sentencia del 12 de noviembre de 2008).

En efecto, el a quo sostuvo, para lo que ahora importa, que si bien el art. 45 del CC "no incluye como requisito previo al dictado de la revocación del instituto la comparecencia del probado", ello "en modo alguno significa que aquél tenga vedada la posibilidad de hacerlo -mediante las presentaciones pertinentes- frente a circunstancias que le impidieran hacerse cargo de la responsabilidad oportuna y libremente asumida" (fs. 16/16 vuelta). En tal contexto, la defensa no explica por qué la invocada afectación del derecho de defensa podría imputarse a la resolución que revocó la suspensión del juicio a prueba cuando, como lo señaló el a quo¸ aquella "se limitó a solicitar la celebración de la audiencia" sin ensayar "una explicación para el incumplimiento ni articuló ningún tipo de defensa" (fs. 16 vuelta), a la vez que tampoco muestra por qué las presentaciones a las que aludió el a quo resultarían un mecanismo insuficiente para el pleno ejercicio del derecho de defensa que le acuerdan los arts. 13 CCBA y 18 CN.

En consecuencia, corresponde rechazar la queja deducida por el Sr. Defensor General.

3. Por la razones que desarrollé al votar in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad en: 'Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC -apelación- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado'", expte. nº 3996/05, resolución del 14/9/05, a las que remito en honor a la brevedad, no corresponde exigir el depósito previsto en el art. 34 de la ley n° 402.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Por los fundamentos expuestos en los puntos 1 y 2 del voto del juez Luis Francisco Lozano, a los que adhiero, corresponde rechazar el recurso de queja deducido por la defensa de Verónica de las Nieves Páez.

A ello sólo cabe agregar que la defensa de la recurrente omitió exponer en sus presentaciones, siquiera someramente, el tenor de los planteos que pretendía exponer oralmente a los jueces de mérito para intentar justificar el incumplimiento que motivó la revocatoria de la suspensión del proceso a prueba en el caso. Tampoco se han brindado razones para demostrar de manera concreta que, en el caso, la intervención que la jueza de la causa diera oportunamente a la defensa no resultaba apta para resguardar suficientemente el derecho de defensa en juicio del imputado en el ámbito contravencional. Por lo demás cabe añadir, a mayor abundamiento, que si bien la decisión adoptada por la magistrada de grado parece apartarse de la regulación que el recurrente pretende trasvasar a la materia contravencional (art. 311, CPP, que establece para el ámbito penal la celebración de una audiencia previo a la toma de decisiones como la que aquí se cuestiona), ella podría encontrarse justificada por la mayor simplicidad con que se pretende estructurar este tipo de procesos.

En cuanto al depósito que reclama la queja vencida (art. 34, segundo párrafo, ley n° 402), corresponde diferir su consideración a las resultas del trámite del beneficio de litigar sin gastos iniciado ante el juez de la causa, según constancias obrantes a fs. 32/33 (cf. "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Feng Chen Chih s/ art. 40 CC -apelación-'", expte. nº 2212, resolución del 11/06/2003, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. V, ps. 376 y siguientes).

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto del doctor José Osvaldo Casás y, en consecuencia, a los puntos 1 y 2 del voto del señor juez de trámite, Luis Francisco Lozano.

Por ello, emitido el dictamen del Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja agregado a fs. 34/45.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita esta queja a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.