Ejecución de la pena, monto de la pena, condiciones de detención, remisión del expediente, excesos u omisiones en el pronunciamiento, doctrina de la arbitrariedad, pena de reparación, defectos del procedimiento, interés superior del niño, cumplimiento de la pena, dictamen fiscal, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Silvero Ybarra, Juan Carlos c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-16

Corresponde, por mayoría, hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Juan Carlos Silvero Ybarra, anular la decisión recurrida- que dispuso no hacer lugar al pedido formulado por el nombrado de modificación del monto de la pena impuesta como así tampoco al avance en el camino de la progresividad que le permita acceder al beneficio de la libertad condicional- y remitir las actuaciones al a quo a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento. En cumplimiento de los estándares convencionales y constitucionales, he sostenido como precepto fundamental que todas las personas privadas de libertad gozan de los derechos humanos durante todo el período del encierro, y hasta la ejecución de su pena (arts. 18, 43 y 75 inc. 22 CN; 1, 2, 7, 8 y 25 CADH; 2, 9, 10 y 14 PIDCyP; 1, 2, 4 Convención sobre los Derechos del Niño); que sirve como lineamiento a tener en cuenta al momento de analizar un caso como el que nos ocupa (ver, mi voto en la causa nro. 32, caratulada "Beltrán Flores, Rosemary y otros", reg. 20928 del 30/4/2013 de esta Sala I, y en la causa FLP 78552/2018/CFC1 caratulada: "INTERNAS CPF IV s/habeas corpus", reg. 712/19 rta. 6/5/19 entre otros). En virtud de tener por reconocida la posición de garante que tiene el Estado respecto a las personas privadas de libertad -en razón de que las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas-, corresponde abocarse a la obligación estatal de reparación de daños por la violación de derechos. A la luz del derecho internacional y, particularmente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, existen formas muy diversas mediante las cuales los Estados pueden dar cumplimiento a la obligación de reparar a las personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Asimismo, he sostenido que de nuestro sistema jurídico y de las relaciones de supremacía, resulta que las niñas, niños y adolescentes tienen todos los derechos convencionales y constitucionales, correspondiente a cualquier sujeto de derecho -adultos o niños- y que además disponen de un plus por su situación de vulnerabilidad en razón de la edad, por lo que deben ser sometidos a jurisdicción y trato especial, siempre se debe respetar el "interés superior del niño", las garantías del debido proceso ya sea en el momento de la detención, en el desarrollo, en el cumplimiento de penas, con la imposición de medidas educativas o en internación, debiendo ser oído, tomándose en cuenta su opinión en el momento de tomar decisiones ya sean de índole judicial o administrativa, cuando les afecten a sus derechos, porque de lo contrario el Estado incurre en responsabilidad internacional por ante los organismos encargados del cumplimiento de dichos tratados (causa nro. 14.087 "Mendoza, César Alberto y otros s/ recurso de revisión", rta. 21/8/2012, reg. 20349, Sala II). La decisión del juez a quo es arbitraria en tanto omitió llevar a cabo una ponderación de la responsabilidad del Estado y la incidencia que el deber de garante tiene en los derechos que le asisten al condenado. Cabe destacar que la solicitud de la defensa cuenta con el acuerdo del Sr. Fiscal, quien sostuvo que corresponde que se pondere los padecimientos sufridos por Silvero Ybarra en el establecimiento carcelario. En efecto, el suceso denunciado por Silvero Ybarra y el daño provocado surgen de las constancias de la causa nro. 31260/2014 "Ramos, Raúl Fernando y otros s/ inf. Art. 144 ter 1° párrafo- según ley 14.616 acompañadas ad effectum videndi, y los mismos no han sido cuestionados por las partes. La ocurrencia de los daños causados a Silvero Ybarra en el ámbito penitenciario, en circunstancias en que se encontraba cumpliendo una condena dictada por hechos cometidos cuando era menor de edad, es jurídicamente indiscutible aun cuando, a la fecha, no haya sido dictada una sentencia condenatoria contra los autores del hecho. En efecto, la materialidad del hecho denunciado por Silvero Ybarra es incuestionable, porque se constataron oficialmente las graves lesiones sufridas por el imputado, como así también que ellas fueron producidas mientras se encontraba detenido en una unidad carcelaria. El plexo normativo descripto en el acápite anterior del presente sufragio (esto es: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por citar algunos, y las recomendaciones de los respetivos órganos de aplicación, así como fallos de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos) obliga a los Estados parte, a través de sus tres poderes, a tomar todas las medidas necesarias para impedir que se produzcan hechos como los sufridos por Silvero Ybarra, así como a considerar sus consecuencias cuando se lleven a cabo. Entiendo que la acreditación, en el caso sub júdice, de la imposición de golpes y violencia sexual al encausado y la vulneración a su integridad físico-psíquica en ocasión de hallarse detenido en el Servicio Penitenciario Federal, debe traducirse en una modificación de la pena impuesta que le restaba cumplir en virtud de aquel proceso, como medida de reparación consecuencia de la enorme lesión al Estado constitucional de Derecho que dicha realidad puso al descubierto. El encartado Juan Carlos Silvero Ybarra ha sufrido un daño en su integridad física y psíquica asimilable a tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante estando alojado en el Servicio Penitenciario Federal y, en respeto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana que dispuso que la reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena restitución y que, de no ser esto posible -como en el presente caso-, se debe determinar las medidas que garanticen los derechos conculcados, eviten nuevas violaciones y reparen las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer la indemnización que compense por los daños ocasionados entiendo que corresponde hacer lugar a la modificación del monto de la pena impuesta al encartado a la luz del art. 504 CPPN. Por último, si bien en estas actuaciones previo a la adopción del temperamento atacado, se informó y recabó la opinión de la víctima Walter Elbio Poletti acerca de la petición de la defensa, corresponde que el a quo cumplimente el mismo recaudo respecto de aquellas personas que pudieran revestir tal carácter en el marco de las causas n° 5456 y 5570 del registro del Tribunal Oral de Menores N° 2, en función de lo previsto en el artículo 2 de la "Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos" (Ley 27.372). El voto concurrente señaló que ante la opinión favorable del fiscal y a la luz del principio acusatorio, se exige por parte del juez la explicitación desagregada minuciosamente de los motivos de peso que lo llevan a apartarse de la voluntad coincidente de las partes. Ello, por cuanto el dictamen en favor del representante del Ministerio Público Fiscal, si bien no priva de la jurisdicción al magistrado para analizar la pertinencia del planteo en cuestión, le reclama que explicite aquellas razones que lo alejan de las conclusiones a las que aquel arriba, quedando siempre para el decisor la facultad de contravenir cuando la propuesta no constituya una derivación razonada del derecho vigente o de los hechos de la causa. Se advierte además que en el presente las partes no han discutido la exégesis de la norma que entendieron aplicable al caso -art. 504 del CPPN-y coincidieron en una solución plausible a la vista de las disposiciones constitucionales y convencionales. Ese acuerdo, bajo los lineamientos antes establecidos, aparece con una preeminencia tal sobre la decisión del magistrado que le reclama que específicamente de a conocer los argumentos que sustentan en la especie su apartamiento; razones éstas que, adelanto, no se desprenden del decisorio atacado. El magistrado a quo no brinda razones suficientes para sostener que la propuesta esgrimida en la especie por el Fiscal General, en la medida en que no contiene una pretensión encontrada con el recurrente, no sea derivación razonada del derecho de aplicación al caso o de los sucesos ventilados en el expediente. El juez a quo se limitó a efectuar afirmaciones genéricas en apoyo de su postura, sin referencia ni tratamiento concreto de las particularidades que sustentaron los argumentos brindados por el Fiscal General al expedir su opinión favorable acerca de la solicitud en trato. La disidencia expresó que el recurso de casación interpuesto por la defensa resulta inadmisible, ello así, porque el recurrente no ha alcanzado a rebatir los argumentos brindados por el magistrado a cargo de la ejecución penal para denegar los planteos defensistas. Pero además, porque la modificación de la pena impuesta y el avance en la progresividad para acceder al beneficio de la libertad condicional pretendido a modo de compensación derivada de una supuesta responsabilidad del Estado, carece de todo sustento fático y legal, en la medida en que los sucesos violentos que Silvero Ybarra habría padecido, aún no fueron juzgados ni sentenciados, sino que se encuentran en plena etapa de investigación. Amén de la verosimilitud que tales acontecimientos pudieran haber alcanzado en dicha causa, tanto los eventos allí denunciados como las posibles responsabilidades deberán ser dilucidados en un eventual juicio oral y público, extremo que demuestra que en la actualidad no sólo resulta imposible tenerlos por acreditados con certeza, sino que además tampoco aparece como factible afirmar la responsabilidad del Estado por su incierta ocurrencia. Cuando decimos que la pretensión del recurrente carece de sustento legal, no lo hacemos solamente por las circunstancias apuntadas precedentemente, sino porque además el art. 504 del CPPN invocado, no contempla casos como el que se pretende aquí traer a colación. La modificación de una pena o eventualmente la posibilidad de dejarla sin efecto, sólo puede operar, o bien por la entrada en vigencia de una ley penal más benigna, o bien "por otra razón legal"; pero siempre vinculada a una situación que puede presentarse por alguna modificación normativa, y que nada tiene que ver con la coyuntura que la defensa plantea en el presente caso. Por lo demás, y atento a los agravios traídos a esta instancia, no podemos dejar de advertir que hemos sostenido en reiteradas oportunidades que el dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal no resulta vinculante para el juez a cargo del control de la ejecución de la pena privativa de la libertad, quedando el requerimiento de la defensa inexorablemente sometido al escrutinio jurisdiccional. Dres. Figueroa, Petrone- voto concurrente y Riggi- voto en disidencia-.