Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-12-13


L. DE S. Tº 99, Fº 34/49 SAN JUAN, 13 de diciembre del año dos mil siete	VISTO:

Para resolver en estos autos Nº 19.443 caratulados: "PROLONGO BASTIAS, NYDIA IRENE Y OTRAS - AMPARO", los recursos de apelación interpuestos a fojas 184, 186/195 y 198, en contra de la resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, obrante a fs. 171/181.

Y CONSIDERANDO:

1. Nidia Irene Prolongo Bastías y las demás damas, socias activas, que integran la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas de la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DEL HOSPITAL ESPAÑOL DE SAN JUAN, promueven acción de amparo contra el acto administrativo concretado en la Resolución N° 797-IGPJ-2007, por medio de la cual la INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS, dependiente del MINISTERIO DE GOBIERNO de la provincia de San Juan, dispuso la intervención de la Sociedad de Beneficencia del Hospital Español de San Juan.

Quedó abierto el proceso sujeto a las normas que regulan el procedimiento a partir del art. 582 del CPC, dándole participación al Defensor del Pueblo.

La acción de amparo fue rechazada en primera instancia por sentencia que ha dictado el juez Dr. Arturo Horacio Varas en fecha veintinueve de noviembre p.pdo. Ante el fallo adverso, apelan las amparistas sobre el fondo de la cuestión, en tanto la demandada lo hace solamente por la exención en costas dispuesta en el resolutorio.

2. El juez a quo, una vez analizados los requisitos de admisibilidad de la acción, estimó correcta y acorde a derecho la referida resolución dictada por el Inspector General de INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS, Dr. Pedro Santana, y la designación del interventor CPN Miguel Fabián Ejarque, con todas las atribuciones y facultades que confieren los Estatutos de la Sociedad de Beneficencia del Hospital Español de San Juan a los miembros de la Comisión Directiva y a la Comisión Revisora de Cuentas, personas que han sido desplazadas de sus funciones en el gobierno natural de la institución intervenida.

2.1. El razonamiento que sustenta su fallo partió de esta premisa: "Desde ya es preciso destacar que fortuitamente concurrieron dos circunstancias, que desde el punto de vista institucional se han de diferenciar: Una es la situación que se suscitó en el seno de la SOCIEDAD de BENEFICENCIA del HOSPITAL ESPAÑOL que preside la Dra. Nydia Prolongo Bastías, considerada como una entidad civil sin fines de lucro, y otra de cariz propiamente administrativo que hace al funcionamiento operativo, a la actuación de ciertos miembros directivos y los servicios que prestan los profesionales que se desempeñan en el Hospital Español, institución que es responsable de tales prestaciones, que es de público, tiene una importante trayectoria en el ámbito de la Provincia de San Juan". Relata que la primera Resolución N° 793/07 fue generada a propósito del pedido de autorización para postergar la realización de la Asamblea , "y el respecto el Sr. Inspector Gral., consideró que no cumplía con los requisitos que a ese fin exige la Resolución N ° 141-IGPJ-79, en cuanto a la documentación requerida, debido a la falta de Libros Societarios que respaldasen el balance a tratar".

"Y otra es la Resolución N ° 797-IGPJ-2007, que suscitó la denuncia de irregularidades en el seno de la Comisión Directiva de la Sociedad de Beneficencia que empezaron a interferir en forma conflictiva en la administración misma del Hospital Español, en cuyo ámbito físico operan diversos efectores del Hospital, controlados por diferentes comisiones y subcomisiones, creadas virtualmente "de facto" e impuestas por la Comisión Directiva , cuyos integrantes, formulan denuncias individuales que malquistan e indisponen a las socias entre sí, y causan malestar en los profesionales y personal administrativo y de planta, y complican el funcionamiento operativo del Hospital como centro de Salud al generar fisuras y divisiones internas en su administración".

2.2. En el acápite sobre la "legitimación para obrar", el juez puntualiza que la resolución que impugnan las amparistas "es precisamente la segunda", fundado en que el acto administrativo es nulo por estar emitido en violación de la ley y del procedimiento aplicable y por haber recurrido la IGPJ a las vías de hecho en el momento de su ejecución.

2.3. Refiere el juez cuál fue la causa de la segunda Resolución N° 797-IGPJ-2007 -objeto del amparo- "generada por una denuncia de la Srta. María del Carmen Gutiérrez (Pro-Tesorera de la institución), que dio origen al Expte. N° 204-274/07; el cual versa sobre una supuesta violación estatutaria por parte de la Sra. Mercedes Pérez Navas en el cargo de Tesorera de la Comisión Directiva- que en contradicción con lo normado por los arts. 18, 23, 24 y otros del Estatuto, percibiría remuneraciones de la Sociedad , hecho que habría sido ocultado a la COMISIÓN REVISORA de CUENTAS. Y en prueba de tal irregularidad, acompañó 3 fotocopias de recibos en los que constaría el pago de honorarios por (la) comisión a la Sra. Pérez Navas durante Febrero-Marzo-Abril-Mayo y Junio de 2007" .

2.4. En otra parte de los fundamentos dice el juez: "Creo que impensadamente la Provincia, al expedir el Informe del art. 588 C .P.C., se aproximó en ahondar en lo que es la raíz de esta situación. Lo hizo al referirse a las publicaciones de noticias -y solicitada- en el Diario El Zonda, en que médicos, enfermeros y administrativos en general del Hospital Español, se manifestaron públicamente en apoyo de la intervención decretada por IGPJ. Sostuvo el representante de la Provincia, que la denuncia de los hechos acaecidos, era una clara demostración de la crítica situación en que se encuentra la asociación intervenida"	2.5. Con esta plataforma de razonamiento, advierte que ello conduce a un tema evidentemente inadvertido por las autoridades de IGPJ, "el cual es determinante para la suerte del recurso en cuestión y tiene mucho que ver sobre la naturaleza y creación de este tipo de entidades benéficas, sobre lo cual, al examinar jurisprudencia de la CSJN , de no muy vieja data, se encuentra en antecedentes de este tipo de asociaciones". De ahí pasa derechamente a considerar un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (septiembre 29-983), donde hubo de distinguir la naturaleza jurídica y personalidad entre la "Sociedad de Beneficencia de la Capital " constituida en 1823, cuya personería resultaba de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional de 1880 y 1908, y la nueva sociedad, sujeto de derecho privado con carácter público. A propósito de las comparaciones que perfila en los considerandos, interesantes de reproducir aquí, hace una somera narración en torno a la evolución histórica de la institución desde que eran vigentes en estas tierras las Leyes de India, "encuadramiento que es básico para interpretar la naturaleza jurídica de la institución". Menta que "hubo siempre preocupación del monarca español por la salud pública, la enseñanza y el bienestar social de sus colonias en América". Recuerda que el rey fomentaba la creación de hospitales y establecimientos de bien público por parte de los particulares o de entidades diferentes al Estado, "aunque ordenaba que no se erija, construya o funde hospital u obra pía alguna sin su consentimiento", reservándose de establecer las condiciones y el contralor de su funcionamiento. Con el advenimiento del nuevo orden posterior a 1810, el sistema de las Leyes de Indias no varió, "y es así como la Asamblea de 1813 determinó fidedignamente que el Estado Argentino se subrogaba a los derechos del patronato real. Y siguiendo con esas referencias de la historia, se rememora que durante el Gobierno de Martín Rodríguez y el Ministerio de Bernardino Rivadavia, etapa muy rica en reformas administrativas, el Estado decide asumir por sí funciones de bienestar social que por lo general estuvieron delegadas en su ejercicio concreto a la Iglesia Católica ; y, tomando la herencia de la figura del patronato real, creó una institución con fines similares a aquellos objetivos que anteriormente dejó en manos del clero. De allí que la Sociedad de Beneficencia resulta fundada por iniciativa del Estado con fondos y fines determinados por él, al símil de las situaciones en las cuales la Iglesia actuaba como representando al Monarca, quien era simple dueño de los bienes que daba en administración como de los dinero o bienes que se derivaran cumplimiento de la misión encomendada. Es de colegir que la Sociedad de Beneficencia surgió como entidad moral representativa de objetos queridos por el Estado, administradora a su vez en su nombre del patrimonio resultante de dicha misión, y testimonio claro de la interpretación de lo privado y lo público en la tarea compartida del logro del bienestar de la comunidad".

3. La apelación no se hizo esperar por parte de las amparistas, quienes plantean en primer lugar la arbitrariedad de la sentencia en cuanto parte de la falsa premisa de que el Estado "posee el incuestionable e insoslayable derecho a intervenirlas" (a las sociedades de beneficencias). Las apelantes atribuyen craso error conceptual el juzgador que determina la inexistencia de lesión efectiva, ni ve el peligro actual que sufre el patrimonio de la asociación, como que a los amparistas no les asiste ningún derecho para resistir la intervención. "Lo cierto, es que la Sociedad de Beneficencia del Hospital Español de San Juan es una asociación civil sin fines de lucro, es decir, una persona jurídica de carácter privado, constituida por exclusiva voluntad de sus fundadores en fecha 16/12/1946; que tiene por principal objeto el bien común involucrado en el sostenimiento económico y actualización tecnológica del Hospital Español de San Juan, para prestar servicios médico-hospitalarios a sus socios y a toda persona que lo necesite (art. 2. inc. b del estatuto social); que posee un patrimonio propio; que en función de lo establecido en sus estatutos es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones; que nunca subsistió de asignaciones del Estado; y que fue autorizada para funcionar, con personería jurídica, mediante Decreto del Gobierno de San Juan Nº 2637-G, de fecha 10/07/1947, y modificatorias aprobadas por Decreto Nº 1332-MG, de fecha 03/08/2000". "Bien lo señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en uno de los párrafos del fallo que el señor Juez a quo transcribe para apoyar su postura, que el encuadramiento básico para interpretar la naturaleza jurídica de una institución, lo constituye el derecho vigente al tiempo de su creación, y sin lugar a dudas, así como para la Sociedad de Beneficencia de la Capital, el encuadre viene dado por las Leyes de Indias, para la Sociedad de Beneficencia del Hospital Español de San Juan, surge de las normas contenidas en el Código Civil Argentino (arts. 30 a 50), inspiradas en un claro fundamento iusnaturalista, en virtud del cual las asociaciones de carácter privado no resultan una creación de Estado, sino una realidad que éste no puede desconocer, estando obligado a respetarlas en la medida que estén orientadas al bien común, por cuanto el derecho a asociarse con fines útiles resulta ser uno de los derechos naturales y fundamentales del hombre, tal como lo proclamó el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum". Más adelante reafirman el sentido y naturaleza del derecho a asociarse cuando varias personas se unen para ofrecer bienes, servicios y trabajo para cumplir un determinado propósito. "El derecho a asociarse con fines útiles conlleva pues la libertad de hacerlo o no, y en esa inteligencia, el derecho positivo argentino y jurídico debe buscarse en el art. 14 de la Constitución Nacional que, no obstante ello, de ninguna manera consagra un derecho de carácter absoluto; es más, el propio artículo 14, lo condiciona a las leyes que reglamentan su ejercicio, con el fin de limitarlo para evitar daños a terceros, a la moral y al orden público". El poder de policía del Estado, debe en todos los casos, ser ejercido respetando las garantías individuales consagradas por la Constitución Nacional, según lo sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 187:306); aún cuando no sean absolutas (Fallos 199:149 y 483; 200:450; 249:252; 262:205, entre muchos otros). El ejercicio del poder de policía está sometido a reglas y limitaciones indispensables para el orden y la convivencia social (Fallos 188:105).

4. Es evidente el error in iudicando del juez a quo, parte del mismo enfoque sustancial de los derechos amparados, pero sin entrar siquiera a considerar la materia propuesta por las accionantes, para concluir en un enunciado dogmático sobre las facultades inherentes del Estado para intervenir las asociaciones, y con esta afirmación deja en el aire el tratamiento de la lesión constitucional, alejado de los fundamentos de la pretensión de las amparistas. Sin embargo hizo bien en dar un semblante histórico de la institución, porque fuentes de derecho no son solo la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, sino que en concepto de quien fuera el genial jurista e historiador alemán, Friedrich Kart von Savigny, lo son las causas del nacimiento del derecho general, o sea tanto de las instituciones jurídicas como de las reglas jurídicas. Para Savigny la "verdadera" fuente u origen es esa vida invisible del derecho en el espíritu del pueblo, en su conciencia común" (Aftalión-García Olano-Vilanova, Introducción al Derecho, p. 260/261; Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. duodécima edición actualizada).

De ahí la conveniencia de resaltar esta faceta siguiendo los primeros pasos de desarrollo de la institución, ya que las sociedades de beneficencia cobran vuelo propio con este ejemplo, desde los mismos albores de la Independencia. Baste señalar la importancia del tema con la transcripción de algunos párrafos de un trabajo de investigación cuyo autor es Ángel Jankilevich, intitulado: "Historia de las Organizaciones de Socorro". Ello, no solo con el propósito de acompañar la iniciativa del juez a quo de ahondar en matices históricos, sino también porque ayuda a entender mejor cómo cuadra conceptuar la institución en la norma del art. 39 del Código Civil. Bienvenida entonces la lumbre histórica que enciende la razón de ser de las sociedades de beneficencia, que más allá de haber sufrido transformaciones institucionales hasta convertirse en sujetos de derecho, han mantenido viva su esencia desde la primer ahora patria. Es legítimo acudir a esas raíces en tanto fuente material de derecho, pues como dirían Carlos Mouchet y Ricardo Zorraquin Becú, en ese concepto entran "todos los factores y circunstancias que provocan la aparición y contenido de las normas jurídicas" (Introducción al Derecho, Ed. Perrot, décima edición). Por otro lado, la perspectiva nos obliga a tomar una postura que debe exhortar a la máxima protección de estas instituciones, en la inteligencia que nacieron, crecieron y se afianzaron al empuje de una verdadera conquista social, en pos del bien común, pero que siempre estuvieron mejor administradas en manos privadas.

Los párrafos escogidos, del mencionado artículo, dicen: "El 2 de enero de 1823, se crea la Sociedad de Beneficencia integrada por las damas porteñas de la época con el propósito de que administraran todas las instituciones que estuvieron a cargo de la Hermandad de la Santa Caridad. Según consta en el respectivo decreto, se creaba la Sociedad de Beneficencia para poner bajo su dirección e inspección las escuelas de niñas, la casa de Expósitos, la Casa de partos públicos y ocultos, el Hospital de Mujeres, El colegio de Huérfanas y todo establecimiento publico dirigido al bien de los individuos de su sexo. Bajo el gobierno de Rosas, como es de público conocimiento, se cercenaron las libertades públicas y los derechos elementales de las personas, y dejó de reunirse y de funcionar de hecho la Sociedad de Beneficencia, se clausuró la casa de niños expósitos y los hospitales de hombres y de mujeres. Las únicas instituciones de socorro que prosperaron fueron las extranjeras, vinculadas al comercio exterior. La Sociedad de Beneficencia recupera su pleno funcionamiento después de la caída de Rosas el 16 de marzo de 1852 y recibía el 22 de febrero de Italia, catorce hermanas Hijas de María, hechas venir por las señoras costeándoles el pasaje por suscripción pública, para mejorar el servicio de enfermeras de las menores enviadas por las defensorías. En manos de la sociedad de Beneficencia el hospital de mujeres obtuvo generales simpatías. En sus salas se dictaron cursos y se estableció la primera maternidad gratuita, que funcionaba también como casa de partos públicos y ocultos. El antiguo hospital de mujeres, tuvo también una sala para las alienadas, "si pequeña y pobre, misericordiosa" donde a pedido de la Sociedad de Beneficencia, la policía enviaba a las insanas de la cárcel pública. La señora Tomasa Vélez Sársfield pidió el 18 de mayo de 1852 a la Sociedad de Beneficencia el establecimiento de un hospital para mujeres dementes pues "era inhumano dejar a esas infelices libradas a su propia suerte, sin procurar devolverles la razón perdida". El gobierno acogió favorablemente esta iniciativa hecha suya por la Sociedad y dispuso que la Comisión Filantrópica presidida por el doctor Ventura Bosch, habilitase con este objeto una parte del antiguo caserío de la convalecencia junto al hospital general de hombres, que se inauguró el 15 de marzo de 1854. Si bien la Sociedad de Damas de Beneficencia de Buenos Aires recibía subsidios del Estado, un tema sobre el que algunos funcionarios públicos basaron su campaña contra la participación de la comunidad en la administración de estos establecimientos; debemos convenir que era justo y apropiado que el Estado acompañara con subsidios y aún que hubiera entregado a la comunidad, para su administración, íntegramente el presupuesto de salud municipal. Digamos que al menos esto hubiera sido mucho más legítimo que dejarlo en manos de funcionarios, generalmente nombrados sin concursos y respondiendo a conveniencias políticas, que siempre fueron un saco roto donde se perdieron los recursos de la salud. Las sociedades de beneficencia no solo hacían que este dinero fuera mucho mejor utilizado sino que lo multiplicaban varias veces con sus aportes, iniciativas y en general con un control celoso y una inspección constante sobre los servicios. Si en las sociedades de beneficencia o de cualquier otro tipo de carácter comunitario, existió alguna vez "desviaciones" o "abusos de autoridad" existieron también los mecanismos legales y democráticos y aun los contralores de la propia profesión médica para subsanarlos. En todo caso se trataba de ampliar las bases participativas de estas administraciones comunitarias y no de suprimirlas. En cambio, la falta de esta presencia administrativa de la comunidad en las organizaciones de socorro derivó en que sus presupuestos se convirtieran en un subsidio encubierto al desempleo y a la plétora profesional y quitó a la comunidad la posibilidad de voz y voto para proponer soluciones mas éticas y menos reñidas con el interés general en el desarrollo de la administración de los hospitales y el cuidado de su patrimonio...."	5. ¿Que conclusiones resultan provechosas a este examen jurídico? ¿Y porqué el fundamento histórico sirve para apoyar la tutela jurisdiccional?	a) De momento, es evidente que las sociedades de beneficencia nacieron y evolucionaron para cumplir una misión de solidaridad y protección para con el más desvalido y en ese punto se concentra la interés de la comunidad en preservarlas, mantenerlas y fomentar su creación pues siempre han sido vistas con gran beneplácito.

b) Desde el punto de vista histórico y con sentida repercusión sociológica, hubo un impasse negativo en la vida de esta institución y fue durante el gobierno de Rosas, debido que en esa época "se cercenaron las libertades públicas y los derechos elementales de las personas" -así lo destaca el investigador-. Juan Manuel de Rosas, el orgulloso Gobernador de la provincia de Buenos Aires, ejerció un poder político con mano dura y de férreo control en todos los estamentos de la sociedad durante veintidós años tormentosos, que ensangrentaron a la nueva Nación Argentina con luchas fraticidas y de grandes desencuentros y enconos hasta que se logra arrancar con organización nacional, luego de la batalla de Caseros, al proclamarse la Constitución de 1853, después de tantos fracasos.

Rosas, al decir de Carlos Alberto Floria y César García Belsunce: "Era esencialmente pragmático. Si Rivadavia servía a los principios al punto de perder de vista las circunstancias reales, Rosas era un práctico hasta el punto de perder de vista los principios. En buena medida, Rosas representaba la reaparición de Maquiavelo en el mundo hispanoamericano. En su estilo político es el Príncipe con el traje de estanciero" (Historia de los Argentinos (T° I, p. 512; Ed. Larousse). Al gobierno autoritario del dictador no le resultaba conveniente la subsistencia de este tipo de incipientes asociaciones, con las características que tenía la Sociedad de Beneficencia, porque al depender aquéllas de la iniciativa y gobierno privado, aunque con el claro objetivo de atender la salud y urgentes necesidades del prójimo, en cierta forma resentía el control absoluto sobre todo cuanto conviniera a sus planes políticos. "Entonces, quienes se oponían a ellos, se transformaban en sus enemigos y en los enemigos del orden y del país" -comentan los autores citados-.

c) Lejanos de aquella época nefasta, ha de verse que la institución de beneficencia nació y se mantuvo hasta el presente para cubrir una verdadera necesidad de interés público -muchas veces descuidada por el Estado- con claros fines de prevenir o aliviar la salud de la población más carenciada y urgida de recibir socorro.

d) Lamentablemente no faltaron ojerizas y recelos contra el crecimiento y poder económico de las sociedades filantrópicas por parte de ciertos funcionarios públicos que no hallaban plenamente justificados los subsidios que pudieran recibir del Estado, en lo cual "basaron su campaña contra la participación de la comunidad en la administración de estos establecimientos". No ha de llamar la atención que el juicio del historiador responda -sin quererlo- a las modernas exigencias de tutela del derecho a la salud, contenidas en las normas supranacionales, que conforman el plexo normativo del art. 75 inc- 22 de la Constitución Nacional , pero ha de admitirse con tristeza que mucho falta por andar en esos andariveles. De modo que la práctica y el desempeño de estas asociaciones, resulta de sumo interés público, pues, como se viene diciendo, suplen en parte el vacío que deja el Estado en la prestación de servicios elementales, como es la protección de la salud de la población en todos sus ámbitos.

e) Queda entonces visto el beneficio que implica estimular el desarrollo de las sociedades de beneficencia como personas jurídicas de carácter privado y con objetivos solidarios que se vuelcan en el seno de la comunidad. Saben administrar mucho mejor sus recursos y aportes, haciendo "un control celoso y una inspección constante sobre los servicios". Y si existieron alguna vez "desviaciones" o "abusos de autoridad", -dice el comentario- también aparecieron "los mecanismos legales y democráticos y aun los contralores de la propia profesión médica para subsanarlos. En todo caso se trataba de ampliar las bases participativas de estas administraciones comunitarias y no de suprimirlas".

6. Las Sociedades de Beneficencia adquieren la forma de la asociación, son personas jurídicas de carácter privado que agrupan a personas físicas, pero se diferencian de sus miembros, propenden a un fin común según sea el objeto de su constitución, tienen patrimonio propio y la capacidad y límites de sus actividades, tanto en el orden interno como externo, está reglado por sus estatutos (arts. 33, 39, 40 del C.C.). Comienzan su existencia en el carácter de personas jurídicas, "desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno, con aprobación de sus estatutos". Desde luego, la SOCIEDAD BENEFICENCIA DEL HOSPITAL ESPAÑOL, reúne todas estas cualidades. La Inspección General de Sociedades Jurídicas, es la autoridad fiscalizadora de la creación, funcionamiento, disolución y liquidación de las sociedades por acciones, asociaciones civiles, fundaciones y las que las leyes de fondo atribuyan a la autoridad de control local (art. 3 de la ley Nº 3907).

Según establece la ley Nº 3907 en el Capítulo II que regula la competencia de la IGPJ, el organismo cuenta con facultades para "intervenir en resguardo del interés público cuando hubiere comprobado la existencia de actos de manifiesta violación a la ley o a los estatutos, con el objeto de hacer cesar las causas que la motivaron; deberá remitir las actuaciones al Juez competente para someterlas a su homologación dentro de los cinco días contados desde que el interventor que se designe haya tomado posesión del cargo" (art. 6°, inc. 6).

Las normas legales pertinentes no autorizan la intervención directa y definitiva de la IGPJ, sino que la medida extrema debe obtener ante la jurisdicción y competencia del juez, su homologación. Esto supone un control de legalidad sobre el acto administrativo para su validación, en cuanto sea la culminación de un procedimiento regular, ya que entenderlo de otra manera no tendría sentido la prevención legal.

A tono con estas motivaciones, sostiene Adolfo Cahián en su obra Las Asociaciones Civiles en la República Argentina (Ed. La Rocca, 2004, p.209): "Por un principio de respeto a la autonomía funcional de las instituciones fiscalizadas, y a fin de no menguar la autoridad de sus cuadros directivos naturales, el ejercicio de la facultar para intervenir una entidad civil ha sido, tradicional e históricamente, solicitada por el organismo de fiscalización a que nos referimos -Inspección General de Justicia- de manera excepcional y en última instancia, después de agotada toda otra posibilidad de restablecer el orden y la normalidad institucional".

El mismo autor subraya más adelante refiriéndose al procedimiento administrativo para los casos de presunta mala administración de una sociedad civil: "En rigor, se provee el traslado de la denuncia, concediéndose un determinado término para el responde o descargo..." (p. 357). Debe entenderse con ello, que siempre deberá haber un espacio destinado a la controversia y las pruebas antes de tomarse la decisión, en lo que no va en zaga las diversas medidas complementarias que puede ordenar la Inspección a fin de lograr la verificación cabal de todos los aspectos relacionados con las cuestiones planteadas.

7. Sin duda, la intervención de la Inspección General de Personas Jurídicas, despojada de todo recaudo constitucional, teniendo en cuenta que reviste calidad de medida extrema, puede ocasionar ingentes e irreversibles daños a la vida institucional de la Sociedad de Beneficencia, tanto en su imagen externa como en su manejo interno. La intervención de una sociedad debe trasuntar el desquiciamiento o incapacidad de sus órganos naturales para afrontar los problemas societarios, dado el carácter excepcional de tamaña sanción, ya que la medida quiebra abruptamente el funcionamiento de la institución según las decisiones que solo a sus órganos estatutarios compete. Por ende, debería ser contemplada como una última solución, sólo justificada por la gravedad de las circunstancias, con el objeto de encarrilarla en situaciones muy graves, donde el propio ente societario se muestre realmente impotente para resolverlo utilizando los medios que proporcionan sus Estatutos o Reglamentos. De cualquier manera, la intervención de una sociedad o asociación por parte de la DGPJ, tiene como presupuesto básico -y esto es de cumplimiento indefectible- que tanto el procedimiento administrativo como la misma Resolución sancionadora estén revestidos de todas formalidades que hacen a las garantías constitucionales. En el sub judice debería haber sucedido así, preservando el derecho de defensa, que, por bien sabido, ha de ser respetado a rajatabla, no sólo en el trámite judicial, sino también en el procedimiento administrativo. "Esta garantía no admite excepciones", dice la norma constitucional (art. 33, 1ª parte de la Const. Provincial ).

8. El Director de Inspección General de Personas Jurídicas, Dr. Pedro Santana, ordenó la intervención de la Sociedad de Beneficencia del Hospital Español, olvidando el derecho constitucional con que cuenta la persona jurídica como sujeto de derecho y de igual manera lo poseen los miembros con facultades estatutarias para regir su destino y defenderse de las acusaciones que generaron el cuestionado acto administrativo, durante todas las etapas de la instancia administrativa señaladas por la ley. Prácticamente negó audiencia a los afectados, impulsando un procedimiento viciado que llega a la Resolución administrativa basada en una mera denuncia de irregularidades, acusadas por la pro-tesorera de la Institución, Sra. María del Carmen Gutiérrez, pero sin escuchar a las personas afectadas que luego serían apartadas de sus cargos y sus funciones en el seno de la sociedad.

El vicio es manifiesto, perjudica derechos subjetivos de la institución y de las personas que fueron elegidas por voluntad de sus asociados para regir los destinos de la Sociedad de Beneficencia. Va a contrapelo de las garantías constitucionales (arts. 18 de la Const. Nac. y 33 de la Const. Prov. ) y de las normas jerárquicamente inferiores (art. 31, C .N) que fueron dictadas en su consecuencia. En la especie no se han respetado aquellos principios elementales en resguardo a los derechos subjetivos primarios que sustentan el procedimiento administrativo.

El artículo 1º de la Ley N º 3784, establece: "... f) Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende la posibilidad: Derecho a ser oído. 1. De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, ..."	"2. De ofrecer prueba y que ella se produzca si fuere pertinente, debiendo la administración requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos, todo con el contralor de los interesados y sus profesionales, quienes podrán presentar alegatos y descargos una vez concluido el período probatorio".

"3. Que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes a la solución del caso".

Las normas procesales indican por las claras que las prerrogativas y garantías del procedimiento administrativo, dentro de la órbita del derecho público, sirven para lograr el equilibrio a la vez que marcan un límite infranqueable para el ejercicio de los poderes y potestades jurídicas de la Administración, asegurando que la consecución del bien común no vaya en detrimento de los derechos fundamentales del individuo. La regla comprende también a los procesos de índole sancionador. Dice Hutchinson refiriéndose a los principios del derecho administrativo: "El equilibrio a que deben propender las relaciones que existen entre el particular y la Administración Pública, requiere un justo y eficaz sistema de garantías que compensen las situaciones de sujeción en que aquél se encuentra". "El fundamento de este sistema de garantías es la realización de la justicia distributiva, en cuanto asegura y permite la distribución del bien común -libertad, igualdad, etc.- entre los particulares" (su obra: Ley Nacional de Procedimientos Administrativos" ; Ed. Astrea, Tº 1-23).

Existen límites para ejercer la actividad interventora del Estado cuando están en juego derechos individuales. "Si bien se parte, en esta materia, de una idea relativa sobre los derechos individuales (en el sentido de que no existen derechos absolutos) cuyo goces y ejercicio se realiza conforme a las leyes reglamentarias (art. 14, Const. Nac.) tanto la Administración como el Congreso no disponen de un poder ilimitado y deben ajustar sus actos al llamado principio de razonabilidad (art. 28, Const. Nac.). También está vedado penetrar en el ámbito reservado a las acciones privadas de los hombres que no sean violatorias de la moral pública (art. 19, Const. Nac.), principio este que, en definitiva, hace a la dignidad de la persona" (Juan Carlos Cassagne, Derecho Administrativo, Tº II, p. 4	56; Ed. Abeledo-Perrot, año 2000).

9. La homologación judicial en estas condiciones no tiene fuerza de convalidación, como ha pretendido hacerlo valer la demandada. La Resolución N ° 797-IGPJ-2007, no es la culminación de un procedimiento administrativo conforme a derecho (Ley Nº 3784) porque viola los derechos constitucionales del debido proceso y de la defensa que, como ya quedó señalado, son exigencias constitucionales también en sede administrativa. La resolución menta y justifica que "se ha dado intervención al departamento jurídico como requisito previo y esencial a la emisión del acto administrativo"; pero no hace alusión ninguna a la defensa que podrían haber realizado las autoridades natas de la institución intervenida, que están revestidas de los poderes que confieren sus Estatutos para formular y oponer todas las defensas del caso y han sido instituidas por la libre elección de sus socios para representarla y por su medio hacerse escuchar. Según el art. 16 de los Estatutos, la Sociedad está dirigida y administrada por una Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, pero el acto administrativo emitido por el Inspector General, Dr. Pedro Santana, lisa y llanamente desplaza a todos sus integrantes, designa interventor al C.P.N. Dr. Miguel Fabián Ejarque, y le confiere las más amplias facultades para hacer y deshacer, "con todas las atribuciones y facultades conferida por los Estatutos sociales de esa institución a la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, pudiendo disponer de todas las medidas administrativas económicas y financieras conducentes para el logro de lo encomendado".

Entre las circunstancias que merece ser destacada por la arbitrariedad y diferencia de trato entre una y otra petición quedó sellada la desigualdad en lo siguiente: La intervención se produce en un momento álgido de control y ordenamiento que venían ejerciendo las autoridades naturales de la Sociedad, que procuraban precisamente investigar los hechos confusos dentro de su seno y sanear las irregularidades que venían cometiendo algunos funcionarios y prestadores de servicio de la institución, que incluso malograron en definitiva la realización de la Asamblea General Ordinaria de la institución programada para el día 28/09/2007. Según nota dirigida y enviada por la Presidenta, Dra. Nydia Prolongo Bastías, al Director de IGPJ, Dr. Pedro Santana, en fecha 27/09/2007, el entonces contador de la institución, CPN Sebastián de Cara, presentó el Balance anual confeccionado e impreso, pero se negó a firmarlo, como asimismo a presentar la documentación respaldatoria de los movimientos que deben figurar en el Libro de Caja, e incluso el Libro mismo, no obstante el formal requerimiento de la Comisión Revisora de Cuentas. Estos hechos, y otros en que se funda el amparo, no fueron investigados, mucho menos tratados conforme a las normas procesales de la Ley Nº 3784, ni obtuvieron tampoco una respuesta aceptable en la Resolución N° 793 IGPJ-2007, denegando la autorización peticionada para llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria a los fines del tratamiento del balance anual, a raíz de la imposibilidad de presentar los Libros societarios exigido como requisito por la Resolución 141-IGPJ-79. En cambio se le concede, por vía de presunciones, sin escuchar a sus autoridades -que es negación del derecho de audiencia- y sin haber siquiera ordenado un período de prueba, crucial importancia reveladora y causa grave y suficiente para ordenar la intervención, "a la presentación efectuada por la Sra. María del Carmen Gutiérrez, si bien no aporta documentación original, resulta un llamado de atención al menos, y más aún cuando las afirmaciones de las Autoridades de la entidad manifiestamente esgrimen no contar con los libros societarios". La lesión a los derechos constitucionales está a la vista, como asimismo la urgencia de reparar el daño antes de que sea demasiado tarde.

Por ello, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación promovido por las amparistas, revocándose la sentencia impugnada, en consecuencia, declarar procedente la acción de amparo (art. 40 de la Const. Prov. y art. 582 del CPC). Desestimar el que fuera interpuesto por la parte demandada.

II) Declarar inválida la Resolución Nº 797-IGPJ-2007 emitida por el Inspector General, Dr. Pedro Santana, por ser la culminación de un procedimiento administrativo viciado y nulo que vulnerara y lesiona los derechos constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa de las amparistas y de la institución que ellas representan.

III) Ordenar el cese inmediato de la intervención y la recomposición del gobierno natural de la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DEL HOSPITAL ESPAÑOL DE SAN JUAN, a cargo de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

IV) Adecuar la distribución de costas de primera instancia a este pronunciamiento, las que estarán a cargo de la parte demandada, en calidad de vencida y en virtud de lo que establecen los art. 279, 74 y 598 del CPC. En igual sentido se imponen en segunda instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.