Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-07


S., C. E.

Reg.: A y S t 211 p 93-100.

En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Grillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "S., C. E. -Infracción Art. 173, Inc. 7mo.

del C.P.- Incidente de Prescripción de la acción penal- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 460, año 2005). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Gastaldi, Spuler, Vigo y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Por pronunciamiento del 28.3.2005, el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia Número 6 de Rosario no hizo lugar al planteo de prescripción deducido por la defensa técnica de C. E. S. (fs. 13/14).

Al conocer por vía de apelación, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de esa ciudad mediante resolución 247 del 08.7.2005 lo revocó (fs. 34/35).

Contra dicho decisorio interpuso el Fiscal de Cámaras Número 3 de Rosario recurso de inconstitucionalidad (fs. 1/10), que fue concedido por la Alzada por entender -básicamente- que el recurrente enunciaba una hipótesis de arbitrariedad con incidencia descalificadora en la sentencia (fs. 19/22).

En el examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, encuentro satisfechos los recaudos formales de la presente impugnación y la postulación de la recurrente cuenta con entidad constitucional suficiente para operar la apertura de esta instancia de excepción de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 26/28).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Sucintamente, el caso.

1.1. Por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia Número 6 de Rosario, la defensa de C. E. S. solicitó que, en razón de haber operado en autos la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo, debía dictarse el sobreseimiento del imputado. Fundó su pretensión en lo normado por los artículos 67 del Código Penal y 356 del Código Procesal Penal de la Provincia.

El Juez de grado rechazó el planteo por entender que, teniendo en cuenta la fecha en que se efectuara la denuncia del hecho investigado -21.9.1994-, la oportunidad en que el imputado prestó declaración indagatoria -19.6.1996-, la fecha de la requisitoria fiscal -23.4.1998- y el dictado del decreto de remisión de la causa al juzgado de sentencia de fecha 23.2.2000, entre dichos actos procesales y la oportunidad de su petición -04.02.2005- "no había transcurrido el plazo máximo de vigencia de la acción correspondiente al delito en juzgamiento".

1.2. Recurrido ese decisorio, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario lo revocó.

Para así decidirlo, el Tribunal sostuvo que el artículo 67 del Código Penal, luego de la reforma introducida por la ley 25990, enumera taxativamente los actos con capacidad interruptora del curso de la prescripción de la acción penal; que frente a dicha enunciación, la particular regulación procesal santanfesina no incluía la citación a juicio ni se reconocía en ella actividad equivalente, no siendo, además, asimilable dicho acto con el decreto del artículo 374 del código de forma.

Agregó la Cámara que ese acto procesal "...ni por su naturaleza, ni por su consecuente operatividad, puede equipararse al auto de citación a juicio ante el tribunal del juicio oral que convoca a las partes para que se impongan de las actuaciones, producidos ya los actos que cerraron la instrucción, elevaron la causa a juicio y comunicaron tal circunstancia. Tampoco el decreto que no tiene tal virtud como lo pretende la Fiscalía, sino que simplemente ordena el traslado para la formulación de la defensa..." (vid. f. 35).

Concluyó el Tribunal que "...la enunciación taxativa de las causales y la interpretación restrictiva que debe primar en la consideración de una causal de interrupción, impide extender por vía interpretativa la vida de la acción penal...".

1.3. Contra esta resolución interpone el Fiscal de Cámaras Número 3 su recurso de inconstitucionalidad, tachándola de arbitraria por no reunir las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción.

Señala que la Alzada, al considerar que desde la requisitoria de elevación a juicio hasta la sentencia condenatoria no existe acto alguno que opere como causal de interrupción de la prescripción en nuestro ordenamiento ritual, se aparta de la ley 25990 en tanto consagra específicamente una causal de interrupción del plazo, concretamente la que establece que la prescripción se interrumpe por el "auto de citación a juicio o acto procesal equivalente" (art. 67, inc. d, C.P.).

Apunta que con el referido criterio se vulnera el derecho de igualdad, por cuanto -dice- si se trata de un imputado en un proceso penal ante la justicia nacional tendrá una causal más de interrupción de la prescripción que si estuviera sometido a un proceso de similar índole ante la provincial.

Afirma que la diferencia existente entre ambos regímenes procesales (nacional y provincial) impide encontrar en el código ritual de Santa Fe un acto "igual" al exigido por el inciso d del artículo 67 del Código Penal, recalcando que la norma de fondo no requiere "igualdad" sino "equivalencia".

Expone que, si bien en el artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación se dispone la citación al Ministerio Fiscal y a las otras partes a fin de que comparezcan al juicio, examinen las actuaciones, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes; en el orden provincial, por tratarse el proceso penal de un juicio escrito dichas actividades están desdobladas para las partes.

En tal sentido, el Ministerio Público Fiscal aduce que tuvo su oportunidad de desarrollar dicha actividad cuando se le corrió el traslado para formular la requisitoria de elevación a juicio prevista en el artículo 369 del código de rito.

A criterio de la recurrente, el momento en que la defensa del acusado podrá llevar a cabo dicha actividad, lo constituye el decreto que emana del Juzgado de Sentencia que le corre el traslado previsto en el artículo 378 del digesto de forma.

Dicho acto, advierte, constituye el "acto procesal equivalente" a la citación a juicio prevista en el ordenamiento adjetivo nacional.

Por último, dice que ese acto procesal constituye el pedido de comparendo de esa parte al juicio, ya que no existe regulado en el código ritual un previo emplazamiento a estar a derecho por lo que, cuando se corra a la defensa el traslado para que conteste la requisitoria de elevación a juicio, ello implica que el Tribunal le está diciendo que comparezca al juicio, examine las actuaciones, ofrezca la prueba e interponga las recusaciones que estime pertinentes.

2. Es imperioso recordar que se tacha de arbitraria una sentencia que acuerda a la norma un alcance impropio, desvirtuando su finalidad y aplicándola no como fue concebida por el legislador (Fallos:302:1412; 306:1322; 310:799).

Por vía de ese déficit se puede arribar a una interpretación infiel e irrazonable del precepto cuando el operador del derecho realiza una hermenéutica literal de la norma, posponiendo o ignorando la finalidad de ella, de tal modo que así se frustra el objetivo perseguido por la disposición o institución en cuestión (Fallos:308:235 y 639).

El defecto exegético enunciado se configura en la especie conforme se expondrá seguidamente.

2.1. La materia sujeta a revisión constitucional.

En la instancia revisora, el señor Fiscal de Cámaras bregaba por la aplicación del artículo 67, inciso d) del Código Penal.

A esos fines, el representante del Ministerio Público formuló la siguiente interpretación: ostenta calidad interruptora del curso de la prescripción el decreto que ordena correr traslado a la defensa del imputado de la requisitoria fiscal (art. 378, C.P.P.) por ser el acto procesal equivalente a la "citación a juicio" (art. 67, inc. d, Cód. Penal).

Sustentó esa tesis en que así como el primer llamado a un proceso para recibir declaración indagatoria se erige como causa interruptora de la prescripción (art. 67, inc.

b, Cód. Penal) también lo constituía el llamado en la etapa del plenario para que formule la defensa técnica.

Idéntico paralelo jurídico trazó con el decreto de remisión de la causa a plenario previsto por el artículo 374 del Código Procesal Penal.

La respuesta jurisdiccional de la Cámara ante estos concretos planteos discurrió, en primer lugar, sobre el carril de sentar una premisa de carácter general: a partir de la modificación de las causales interruptivas operada por la ley 25990, el plazo de prescripción debía computarse desde la requisitoria fiscal (acto interruptor) hasta la sentencia condenatoria sin que revistieran tal carácter los actos procesales previstos en los artículos 374 y 378 del Código Procesal Penal.

Avaló este criterio hermenéutico en la circunstancia de que la particular regulación procesal santafesina no incluía "la citación a juicio" ni reconocía en ella actividad equivalente.

Así -dijo la Alzada-, no lo era el dictado del decreto de elevación a juicio (art.

374, C.P.P.) por cuanto ni por su naturaleza ni por su consecuente operatividad podía equipararse a "la citación a juicio" del juicio oral que convoca a las partes para que se impongan de la actuaciones, producidos ya los actos que cerraron la instrucción, elevaron la causa a juicio y comunicaron tal circunstancia; tampoco -agregó el A quo- podía corresponderse ese acto con el decreto que ordena correr traslado de la requisitoria de elevación a juicio atento a la enunciación taxativa de las causales contempladas por el artículo 67 del Código Penal como así también a la interpretación restrictiva que debe primar en la ponderación de éstas.

Estas consideraciones expuestas por el Tribunal implican proponer una interpretación de la norma en cuestión que conspira con la finalidad perseguida con su sanción, perjudicando, así, las metas y objetivos trazados por el legislador.

Para así considerarlo, cabe recordar, a propósito de la hermenéutica judicial, lo afirmado por la Corte federal, en el sentido que la interpretación de la ley no ha de practicarse en forma que se agote con la consideración indeliberada de su letra. Por el contrario, la interpretación judicial debe establecer la versión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso, por medio de una sistemática razonable y discreta hermenéutica, que responda a su espíritu y observe y precise la voluntad del legislador, en la común tarea de éste con los jueces en la búsqueda de soluciones justas y adecuadas para la adjudicación de los derechos.

Asimismo, el alto Órgano nacional ha sostenido que no siempre es recomendable atenerse estrictamente a las palabras del legislador, sino que es necesario indagar cuál ha sido la intención del autor que inspiró su redacción, como así también los motivos que explicaron la sanción de la norma, circunstancias estas que no pueden ser obviadas por los magistrados con motivo de las eventuales imperfecciones técnicas, toda vez que éstos, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben prescindir de la "ratio legis" y del espíritu de la norma (Fallos:303:917; 307:2420; 315:159; 315:428; A. y S., T. 148, pág. 357; T. 175, pág. 70).

Siguiendo esta pauta orientadora acerca de la interpretación de las leyes, una correcta dilucidación de la materia controvertida imponía necesariamente a la Cámara indagar acerca de cuál fue la voluntad del legislador -cuya imprevisión no cabe suponer, Fallos:307:518- al sancionar la ley 25990.

En esa tarea -no observada por los Jueces-, se advierte, de la lectura de los antecedentes parlamentarios, que la finalidad que inspiró la reforma operada al artículo 67 del Código Penal mediante la sanción de la ley 25990 no fue otra que la de evitar las dispares interpretaciones que se venían sucediendo en torno a lo que debía considerarse como "secuela de juicio" con efecto interruptor de la prescripción de la acción penal.

Es que, en rigor de verdad, el diverso alcance y aplicación del instituto "secuela de juicio", por su ambigüedad, conllevaba a diferentes apreciaciones conceptuales tanto judiciales como doctrinarias, estableciéndose límites no coincidentes en lo atinente al poder estatal en la persecución de los delitos con menoscabo del artículo 16 de la Constitución nacional.

Frente a ello, surge claro en la especie que la armonización legislativa de los supuestos interruptores de la prescripción de la acción penal que persigue la ley 25990, por un lado, tiende a reducir el marco de arbitrariedad en que pueda incurrirse y, por el otro, viene a establecer o estandarizar criterios interpretativos "generales" que permitan resguardar la garantía de igualdad ante la ley (consideraciones extraídas de los fundamentos del proyecto de ley 25990, presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por la diputada María Elena Barbagelata).

En suma: poner coto a las dispares interpretaciones acerca de la "secuela de juicio", arribar a una armonización legislativa en punto a las causales interruptivas del curso de la prescripción de la acción penal, reducir los márgenes de arbitrariedad en que se pueda incurrir en la consideración de aquellas, garantizar límites temporales homogéneos en la persecución penal del estado en las distintas esferas de competencia (nacional y provincial) y todo ello, a no dudar, en celoso resguardo del principio de rango superior de la igualdad ante la ley, son conceptos que mancomunadamente explican, dan sentido y alcance a los fines que tuvo en miras el legislador al sancionar la ley 25990.

2.2. Lo expuesto pone en evidencia que las razones brindadas por el Tribunal para descartar la pretensión del Ministerio Público Fiscal -básicamente estructurada sobre la equiparación de la "citación a juicio" (art. 67, inc. d, Cód. Penal) con el proveído que dispone el "traslado para la defensa" (art. 378, C.P.P.)- no puede servir de adecuado sustento a lo decidido.

Ello así, por cuanto la Sala considera que la regulación procesal santafesina no prevé "la citación a juicio" ni otra actividad equivalente, lo cual implica atribuir dogmáticamente una inteligencia a los preceptos en juego que de manera alguna se hace cargo de los claros propósitos perseguidos con la modificación al artículo 67 del Código Penal, cual es -a fuerza de incurrir en reiteraciones-, consagrar una uniformidad interpretativa respecto de las causales de interrupción del curso de la prescripción de la acción penal tendente a garantizar la plena vigencia del artículo 16 de la Constitución nacional.

En consecuencia, la hermenéutica efectuada por la Cámara no puede inscribirse en el rótulo de aquellas "erróneas", "posibles" u "opinables", sino que se endereza derechamente en las que cabe calificarlas como arbitrarias atento a que no consulta la voluntad del legislador, restándole, así, racionalidad al precepto.

Repárese, en tal sentido, que ese fin perseguido por el parlamentario se tornaría absolutamente inoperante -siguiendo la tesis del Tribunal- si cada operador de derecho, en el marco de los distintos ordenamientos de rito, intentara encuadrar los supuestos contemplados por el artículo 67 del Código Penal en los códigos procesales mediante una interpretación estrictamente gramatical, en una suerte de búsqueda de identidad absoluta con el acto procesal tomado como interruptor, sin considerar las particularidades propias que presentan los cánones de forma locales.

De ahí que el caso en estudio requería del Juzgador un examen integral del ordenamiento normativo provincial a fin de determinar si el acto procesal enunciado en el artículo 67, inciso d) del Código Penal -auto de citación a juicio-, encontraba su equivalente en la ley ritual penal santafesina.

Claro está que ni la enunciación taxativa de las causales de interrupción de la prescripción (art. 67, Cód. Penal), ni la interpretación restrictiva que cabe formular respecto de ellas -cuestiones éstas, que no están en discusión- autorizan a apartarse del precepto legal que expresamente señala "citación a juicio" o "acto procesal equivalente".

2.3. En esa línea orientadora, cabe formular la recta inteligencia que corresponde asignar al artículo 67, inciso d) del Código Penal.

Dicho precepto reza: "La prescripción se interrumpe solamente por:...d) el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y...".

La "citación a juicio" es propia de los códigos de procedimientos orales, por lo que en nuestro ordenamiento ritual penal escriturario no se encuentra consagrada una disposición al respecto.

Empero, la mención de "...o acto procesal equivalente..." permite integrar la "citación a juicio" no solo a los códigos procesales bajo un sistema oral de enjuiciamiento, donde la fórmula utilizada no sea idéntica, sino también en aquellos sistemas de procedimientos escriturarios.

Y es que la locución "...o acto procesal equivalente..." empleada por el legislador conduce necesariamente a integrar como causal interruptora de la prescripción de la acción penal al acto procesal que responda a la misma esencia, concepción y génesis de la "citación a juicio", independientemente de los vocablos consignados por los códigos de rito y de la regla técnica del debate procesal adoptada por éstos (oral o escrito).

Pensar lo contrario, configuraría el absurdo de que una disposición inserta en un código de fondo -con vigencia en todo el territorio nacional- pueda ser aplicado en algunas provincias y en otras no.

De ahí que para cumplir acabadamente con el propósito perseguido por el legislador resultaba imperioso indagar qué acto procesal del código ritual penal de Santa Fe guarda "equivalencia" con "el auto de citación a juicio" (art. 67 inc. d, Cód. Penal).

Como paso inexorable a ello se impone precisar qué se entiende por "auto de citación a juicio".

El rango distintivo de este acto procesal -más allá de las vicisitudes que pueda presentar en los ordenamientos procesales- es que establece formalmente la iniciación del juicio propiamente dicho; supone la terminación de una etapa de la serie procedimental (la instructoria o de investigación), para dar comienzo a otra (la del plenario); implica ni más ni menos que asegurar a las partes el proceso contradictorio a través de la convocatoria a éstas para ejercer sus derechos.

Sentada esta noción fundamental, el "acto equivalente" al "auto de citación a juicio" previsto por el artículo 67, inciso d) del Código Penal en nuestro ordenamiento procesal ritual santafesino lo constituye el consagrado por el artículo 378, en tanto dispone: "De la requisitoria de elevación a juicio y, en su caso, de la demanda, se conferirá traslados sucesivos al defensor del procesado y a los terceros civilmente demandados y al citado en garantía para que formulen sus respectivas defensas en el plazo de diez días".

Este acto -que junto a la requisitoria fiscal (art. 373, C.P.P.)- integra el contradictorio en nuestro ordenamiento adjetivo, no difiere del que en un solo artículo establece el artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación, con el cual de modo concreto conduce a la realización del "juicio", entendido éste como contradictorio y como instancia de plena operatividad del ejercicio del derecho de defensa en juicio.

La esencia del proceso radica en el contradictorio, es decir, en la debida y operativa oportunidad de que las partes hagan oír sus razones, controlen y aporten constancias, aleguen sobre las mismas y efectúen sus respectivas pretensiones ante el órgano de decisión.

Y este juicio o procedimiento plenamente contradictorio tiene precisamente como inicio el referido canon ritual (art. 378, C.P.P.) que impone al órgano jurisdiccional comunicar a la defensa del imputado la requisitoria de elevación a juicio formulada por el Ministerio Fiscal.

Considero, por ello, que el decreto dictado por el juez penal de sentencia que dispone el traslado de la requisitoria de elevación a juicio a la defensa del imputado (art. 378, C.P.P.) exhibe la equivalencia procesal al de la citación a juicio mentada por el artículo 67, inciso d) del Código Penal.

Por tanto, el "acto procesal equivalente" al "auto de citación a juicio" en el juicio común del proceso penal de la Provincia de Santa Fe lo comprende el decreto dictado por el juez penal de sentencia luego de recibida la causa, que dispone el traslado para la defensa (art. 378, C.P.P.).

Y ello así más allá que por las particularidades del juicio escrito la participación del Ministerio Público se hubiera desarrollado con la requisitoria de elevación a juicio.

Sabido es que la tacha de arbitrariedad no incluye los supuestos que obedecen a una mera disconformidad con la interpretación asignada por los jueces de la causa a disposiciones de derecho común y no obstante transitar el planteo recursivo sobre ese terreno residual del remedio extraordinario, cobra resonancia en la especie para insertarse en un supuesto de excepción por cuanto los Magistrados proponen una hermenéutica del ordenamiento legal aplicable que excede el marco de un alcance posible de los preceptos, arribando a una solución que los desvirtúa, lo que equivale a decidir en contra o con prescindencia de sus términos.

Ello basta para descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

Por las razones expuestas, voto, pues por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular el pronunciamiento impugnado. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la causa conforme las pautas sentadas por este Cuerpo en el presente decisorio.

Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular el pronunciamiento impugnado. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la causa conforme las pautas sentadas por este Cuerpo en el presente decisorio. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)