Tribunal: TRIBUNAL EN LO CRIMINAL Nro 2
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2017-03-30


EXPTE. Nº: --67/2016 Voces Jurídicas: PROBATION - VOTO EN DISIDENCIA - DENEGATORIA DEL BENEFICIO Tribunal: Tribunal en lo Criminal Nº2 Ex Cám. Penal Sala II Competencia:

Fecha: 30/03/2017 En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo horas nueve, reunidos en la Sala de Audiencias del Tribunal en lo Criminal Nº 2, los señores Vocales titulares Dres. ANTONIO LLERMANOS, LUIS ERNESTO KAMADA y el Dr MARIO RAMÓN PUIG -Habilitado- bajo la Presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº 67/16, caratulado: "M., F. D. s.a. Robo en grado de Tentativa. Ciudad", y C O N S I D E R A N D O:

El Dr. Antonio Llermanos, dijo:

Que vienen estos autos, al Tribunal en lo Criminal Nº 2 para la realización del juicio respectivo, y a fs. 280/283 la Defensa Oficial Penal Nº 4 del procesado F. D. M., solicita la aplicación a favor de su defendido, de la disposición contenida en el Art. 76 bis del Código Penal y Art. 28 del Código Procesal Penal. A su vez nada ofrece en cuanto a la reparación económica y expone doctrina y jurisprudencia.

Conforme obra a fs. 282, el prevenido M. ratifica la misma en todo su contenido.

El señor Fiscal de Sala, expresa que en la causa contra M., F. D., se le requirió citación a juicio por considerarlo autor del delito de robo en grado de tentativa en calidad de autor (Art. 42, 45 y 164 del CP.). Destaca a su vez, que por la naturaleza del injusto incriminado, teniendo en cuenta sendas declaratorias de rebeldía (fs. 108/109 y vta.) en la presente causa y los informes del Registro Nacional de Reincidencia de fojas 136 y 261, tales presupuestos resultan válidos para presumir que en caso de recuperar su libertad intentara sustraerse a la acción de la justicia, tampoco resulta probable que pudiera aplicársele una condena de ejecución condicional, como hipótesis previa, por lo tanto se opone a la concesión del beneficio solicitado al encartado M. (v. fs. 293).

Así planteadas las cosas, corresponde analizarlas, es decir, si la oposición planteada por fiscalía de sala actúa como causal obstativa al progreso de la suspensión peticionada.

Cabe tener presente que la acción penal debe ser ejercida por el Ministerio Público Fiscal y que la misma no puede interrumpirse, ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos en la ley, motivo por el cual, el consentimiento del fiscal constituye una condición necesaria e ineludible para suspender el juicio a prueba, precisamente porque implica la suspensión de la acción penal.

De la redacción del art. 76 bis del Código de fondo, se desprende que el pronunciamiento del Sr. Fiscal resulta, en principio vinculante, sujeto al control jurisdiccional de logicidad y fundamentación, atento al deber que les compete de motivar las conclusiones de sus dictámenes, ello también surge de nuestro Código de forma en su Art 89.

Por lo tanto, la normativa es de puro derecho, y actúa de manera obstativa al progreso de la suspensión del juicio a prueba, ya que no cuenta con el consentimiento del Ministerio Público, porque se cancela tal posibilidad contemplada como factible por el cuarto párrafo del art. 76 bis del C.P.

Ahora bien, el señor Fiscal de Sala, entre sus argumentos, a los que en honor a la brevedad me remito, hace especial hincapié en las declaraciones de rebeldía y el informe de reincidencia. A los cuales y a continuación haré especial referencia.

El prevenido F. D. M., haciendo una breve reseña del presente, es declarado rebelde por el Juez de Control Nº 4, Dr. Isidoro A. Cruz en fojas 108/109, a razón de lo sostenido por el Agente Fiscal de Investigaciones Nº 5, Dr. Alejandro Maldonado, el cual cita al injusto M. en dos oportunidades, la primera para un juicio abreviado y la ultima para la notificación del requerimiento de citación a juicio. El mismo dejó en el acta de caución juratoria de fs. 09, del incidente de detención, el domicilio en calle ... del Bº Alto Gorriti de ésta ciudad, y conforme a constancias del personal policial de fs. 95 y 103 el domicilio es inexistente. Es decir, que M. no compareció ni justificó su inasistencia. Significa que no estuvo a derecho, por ende lo declara rebelde el Sr. Juez de Control ya citado.

Continuando con la guía de análisis, en cabeza del encartado, a fojas 186, surge acta iniciando actuaciones complementarias el día 16 de junio del 2016, donde es detenido por causar disturbios en calle Horacio Guzmán del Bº Moreno, por averiguación de antecedentes M., F. D., tiene un pedido de individualización y detención en la causa de marras.

Finalizo el estudio en fojas 192, donde se le hace conocer causa de imputación y garantías constitucionales a F. D. M., en la presente causa.

Por ello debo sostener, que el injusto M. no ha estado a derecho, primero por no haber expresado correctamente un domicilio real, ser declarado rebelde y tener una orden de comparendo, en clara violación de lo preceptuado por los Art. 120, 305, 308, 319 inc. 2º ultima parte del Código Procesal Penal.

En este caso, existen peligros procesales, que se infieren de su falta de residencia y la declaración de rebeldía, por latente es dable pensar en un peligro efectivo, por no haber estado a derecho durante el proceso de investigación.

En efecto, si somos estrictos, se debe advertir que el Art. 9, 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con jerarquía Constitucional -Art. 75 inc. 22 párr. 2º-, sólo justifica la prisión preventiva a fin de asegurar "la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo" por lo que, conforme al principio pro homine, ésta es la regla que debe prevalecer. Por lo que, en rigor, desde la hermenéutica del bloque de constitucionalidad, el único fin que justifica el encierro cautelar es el aseguramiento de la sujeción del acusado a las resultas del juicio, todo otro fin ajeno a éste, incluso el peligro de entorpecimiento de la investigación, afecta a la regla de interpretación.

No se debe pasar por alto, aquella regla según la cual los derechos son relativos y se ejercen conforme a las leyes que establecen su ejercicio (Art. 14 CN) y la conocida ponderación efectuada por el Máximo Tribunal que establece que "el respeto debido a la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad a adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación, sino también para garantizar, en casos graves, que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de la eventual condena por la incomparecencia del reo" (CSJN, fallos 280:297; 300:642).

Va de suyo, que la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba -Ley Nº 24.316- debe custodiar la naturaleza del hecho, la personalidad del autor y a su vez, las circunstancias previstas en los arts. 41 inc. 1º y 2º del C.P. En este sentido y conforme al hecho relatado por el Agente Fiscal Nº 5, califica legalmente al prevenido M. de supuesto autor de robo en grado de tentativa.

Si bien la suspensión del juicio a prueba tiene como finalidad la búsqueda de una solución de tipo no punitivo, ello no justifica su aplicación a toda clase de delitos, toda vez que la concesión del instituto que nos convoca debe guardar un mínimo de proporcionalidad con el daño causado por la conducta reprochada por el ordenamiento jurídico. En el caso de los delitos contra la propiedad, se exige se cumpla con las exigencias impuestas en el código de forma.

Así las cosas, no resulta viable una solución composicional cuando el delito se instala sobre una relación asimétrica, por lo cual frente a una norma general que habilita un medio alternativo, resulta a cargo del juez la tarea de examinar cada caso sometido a su conocimiento para hacer efectiva la tutela constitucional, es por ello, que considero necesario continuar con el trámite de la presente causa y dilucidar a fondo el hecho que nos convoca en la audiencia de debate que se fijará oportunamente.

Así voto.

El Dr. Luis Ernesto Kamada, dijo:

Vienen los presentes autos a despacho a efectos de que emita pronunciamiento sobre la materia sometida a conocimiento y decisión de este Tribunal.

A tal fin, expreso mi respetuosa disidencia respecto de la conclusión a la que arriba el Sr. Vocal ponente.

1.

Conforme surge de la constancia de fs. 280/281 vta., la defensa de F. D. M. solicitó la suspensión del juicio a prueba, en los términos de lo previsto por el art. 76 bis del Código Penal.

Conferida vista de ello, el Sr. Representante del Ministerio Público de la Acusación se expidió, a fs. 293, inclinándose por el rechazo de la pretensión deducida. La razón esgrimida para ello consistió en que el encartado fue oportunamente declarado rebelde en la causa.

2.

De manera liminar, advierto que le asiste razón al Sr. Fiscal en cuanto señaló que M. fue declarado rebelde, tal como consta en la resolución obrante a fs. 108/109 vta.

Sin embargo, a mi modo de ver, la cuestión nodal reside en los efectos que, en orden a la suspensión del juicio a prueba peticionada, debe asignarse a dicha rebeldía.

3.

A la luz del texto expreso del art. 76 bis del digesto punitivo, ningún obstáculo puede inferirse que represente la mentada medida al andamiento del instituto. La interpretación que, a mi modo de ver, demanda aquella norma en el caso concreto, se vincula al criterio ya fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Acosta" (CSJN, 23/4/2008). En dicho decisorio, el Tribunal Cimero no sólo fijó una perspectiva amplia en cuanto a la aplicación del instituto sino que también determinó la perspectiva con la que cabe interpretarlo, esto es, el principio pro homine, "que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal" (CSJN, "Acosta", considerando 6º).

Siendo ello así, tan contrario a este punto de vista, consagrado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es restringir el acceso a la suspensión del juicio a prueba como oponer a su andamiento recaudos no previstos por la ley sustantiva. Es que la rebeldía tiene efectos procesales concretos que, naturalmente, redundan en contra del imputado pues constituyen un indicio de presunción de fuga pero que, sin embargo, no alcanzan a la probation, tal como surge de una atenta lectura del art. 76 bis.

Este instituto tiene sus exigencias propias, plasmadas en la norma que lo regula, a la que no corresponde adicionar otras no contempladas en ella. Por tal motivo, aun cuando M. haya sido declarado rebelde en su oportunidad, en nada empece ello a que, una vez puesto a derecho, su pretensión encuentre favorable acogida en la medida en que el delito que se le endilgue resulte comprendido, por sus consecuencias jurídicas, en las previsiones de la ley.

Cabe destacar que este fue el criterio adoptado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal en oportunidad de decidir la causa "Palacios, Leonardo", el 15 de marzo de 2012. Dijo allí este Tribunal, con voto liderado por el Dr. Borinsky, que la oposición fiscal al andamiento de la petición de suspensión de juicio a prueba fundada en la previa declaración de rebeldía del solicitante no resulta procedente, habida cuenta que no se hizo en la especie, una mensuración de la eventual pena a imponer, con arreglo a las previsiones de los arts. 40 y 41 en relación a lo contemplado por el art. 26 del Código Penal. Es que sólo esto tornaría operativo la manda del art. 76 bis sin que pueda oponérsele algún obstáculo distinto, no contemplado en él.

4.

Digo esto sin perjuicio de que no resulta del todo claro el motivo por el cual se lo declaró rebelde, ya que, tal como consta a fs. 107, el Sr. Fiscal de Investigación remitió los autos al Sr. Juez de Control "a los efectos que considere pertinentes", sin peticionar concretamente dicha declaración. Sin perjuicio de ello, así se pronunció el Magistrado de Control.

Por lo demás, también debe tenerse en cuenta que el domicilio originalmente considerado como correspondiente a M., esto es, calle ... del barrio Alto Gorriti de esta ciudad, fue informado como "inexistente" tanto a fs. 95 como a fs. 103, lo que coincide con lo informado por el mismo encartado a fs. 179 al señalar que nunca le llegó notificación alguna. En consecuencia, dos alternativas de interpretación pueden derivarse de lo previamente reseñado, a saber, que la autoridad policial jamás constató la veracidad de la información atinente al lugar de residencia efectivo del acusado a pesar de ser ello su deber o, en su defecto, que, efectivamente, nunca se hayan diligenciado las respectivas notificaciones en debida forma, frustrando de tal suerte la comparecencia de M. al proceso.

En cualquiera de ambos casos, lo cierto es que no puede echarse a la cuenta del encartado la deficiente actuación policial en su rol notificador.

5.

Por lo tanto, juzgo que la petición formulada por F. D. M. debe ser considerada admisible, previa exigencia de que dé cumplimiento con lo previsto por el art. 76 bis, tercer párrafo, primera parte, del Código Penal.

Así voto.

El Dr. Mario Ramón Puig, dijo:

El instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba requiere para su concesión del cumplimiento o la observación de ciertos presupuestos: debe ser un delito de Acción Publica, con pena de prisión o reclusión de menos de tres años, que exista la conformidad del imputado, la reparación del daño en la medida ofrecida, el consentimiento fiscal y por ultimo el cumplimiento de ciertas normas de conducta.

En el presente caso el Sr. Fiscal de Cámara no presta consentimiento para la concesión del beneficio, fundamentando su negativa.

Tras el pedido efectuado por las imputadas, y siempre antes de la resolución sobre el pedido de suspensión del juicio, la intervención fiscal es decisiva e ineludible, dado que su oposición a la concesión del beneficio es vinculante para el órgano jurisdiccional y deriva del mandato Constitucional que atribuye al ministerio publico la promoción y el ejercicio de la Acción Penal (Art. 120 de la Constitución Nacional) y como tal cuando expresa su oposición a la suspensión del proceso no ejerce jurisdicción, sino que manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la acción.

El tema central de la conformidad Fiscal fue específicamente tratado en el plenario "KOSUTA" de la Cámara Nacional de la Casación Penal, Sala III, en que la mayoría consideró que el consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal, es una condición necesario e ineludible para suspender el juicio en los términos del Art. 76 bis del C.Penal, siendo su oposición vinculante para el Juez o Tribunal. Manifestó asimismo que cuando el fiscal expresa su oposición a la suspensión del proceso no ejerce jurisdicción sino que manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la acción penal, y dado que la suspensión del juicio a prueba no es otra cosa que la suspensión del ejercicio de la acción penal, el Tribunal, que carece de poderes autónomos para su promoción y ejercicio, tampoco tiene poder de decisión sobre la suspensión de ese ejercicio (Conf. CNCP, SALA 3, 17-08-99, Kosuta teresa s/Recurso de casación - acuerdo 1/99, plenario Nº 5).

Que la jurisprudencia se ha expedido unánimemente sobre que el consentimiento fiscal es una condición necesaria e ineludible para suspender el juicio en los términos de Art. 76 bis del C.Penal siendo su condición vinculante para el Juez o Tribunal (Conf. CNCP - SALA 2, 9/6/06 TOLCHINSKY DARÍO S/recurso de casación, LL2007-A, 28; CNCP; SALA 1, 13-3-98, Registro Nº 2091.1, BJCNCP,1998; CNCP SALA 2, 14-5-98 "D.R.A. CAUSA 1499, JPBA 102-103, ETC.) Entendemos que la negativa Fiscal es en razón de sendas declaratorias de rebeldía (fs. 108/109 y vta.) en la presente causa y los informes del Registro Nacional de Reincidencias de fs. 136 y 261, tales presupuestos resultan válidos para presumir que en caso de recuperar su libertad intentará sustraerse a la acción de la justicia, tampoco resulta probable que pudiera aplicársele una condena de ejecución condicional, como hipótesis previa, por lo tanto se opone a la concesión del beneficio solicitado al encartado M. (v.fs. 2936).

En consecuencia voto por el rechazo del pedido efectuado por los fundamentos expuestos supra.

Por ello, este Tribunal en lo Criminal Nº 2, por mayoría, R E S U E L V E:

I.- No hacer lugar al beneficio de Suspensión del Juicio a Prueba solicitado por la Defensora Oficial Dra. María Florencia Quintar a favor del imputado F. D. M. conforme Art. 76 bis del Código Penal 1º y 4º párrafo y Art. 89 del Código Procesal Penal, debiéndose continuar con el trámite de rigor.

II.- De forma.

Fdo. Ante mi: DR. MARCOS VARGAS. PROSECRETARIO.