Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-20


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de octubre de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS Llegan estas actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 207/211 por la Lilian B. Bressan, apoderada de Mónica Beatriz Gurrieri -ver poder de fs. 192/193- contra los ítems condenatorios de la sentencia de fs. 197/197vta. -y fundamentos de fs. 198/202-, suscripta por la Sra. Juez a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas nº 16, Claudia Amanda Alvaro.

La impugnante formula distintos agravios que sustentan su pretensión liberatoria y la de que "subsidiariamente se aplique un llamado de atención" -fs. 211-. La Magistrada concedió el recurso así interpuesto, a fs. 213 y vta.

El Sr. Fiscal de Cámara, a fs. 217/218vta. propone que se declare admisible el recurso impetrado, se revoque la pieza decisoria y se absuelva a la encartada, por sus fundamentos.

Cumplidos los plazos y pasos procesales pertinentes, se encuentra el expediente en estado de ser resuelto.

Y CONSIDERANDO 1.

Previo a ventilar las cuestiones traídas a estudio, corresponde verificar el cumplimiento de las demandas formales en el remedio impugnaticio articulado por la defensa, conforme lo establecido en los arts. 56 y 57 de la LPF. Al respecto, el recurso ha sido interpuesto por escrito, fundadamente, dentro de los cinco días de notificada la resolución atacada y ante el órgano que la dictó.

2.

La disposición administrativa de fs. 116/120 se dictó en relación a las causas 73940-00-05 y 869481-00-05, "...seguidas a GURRIERI, MONICA BEATRIZ, por las actas 20816913, 20816914, 20882593, 20882594 y 20882595" -fs. 116-. De un primer cotejo superficial de firmas parecería surgir que es la Bressan -que ante el Controlador aceptó la defensa a fs. 14- quien peticiona a fs. 126 el pase de las actuaciones a sede judicial. A fs. 131, la Magistrada ordena: "...de conformidad con lo establecido en el art. 41 de la Ley 1217, notifíquese a Mónica Beatriz Gurrieri (DNI 17.617.112)..." la radicación de la causa y la intimación a presentarse en los términos del art. 44 de la L.P.F.; en el segundo párrafo del mencionado decreto, dispone que "asimismo, hágasele saber que en este proceso no es obligatorio contar con patrocinio letrado, no obstante lo cual puede hacerse defender por un abogado...". Esta -primera- presentación de la presunta infractora se produce a fs. 176/180 no en forma personal, sino a través de su letrada apoderada. La Sra. Juez proveyó inmediatamente la prueba, fijó audiencia de juzgamiento e intimó a la mandataria a acreditar la representación invocada.-fs. 181 y vta.-, quien aportó a fs. 188/190 fotocopias certificadas del poder respectivo.

A la vez, en el escrito de fs. 194 la Bressan manifestó que a su asistida, "...por cuestiones de índole personal...", le sería imposible concurrir al debate, por lo que arrimaba en original un poder especial otorgado al Sr. Daniel Alcides Gil Feilberg, glosado a fs. 192/193. Solicitó "se lo tenga por presentado en tiempo y forma y se lo agregue a estos obrados".

A continuación, y sin que medie providencia alguna, se desarrolla la audiencia de juzgamiento -fs. 195/196vta.-. Consta la presencia de la Bressan, "...letrada apoderada de Mónica Beatriz Gurrieri, conforme la copia certificada del poder judicial agregado a fs. 188/191" y del Sr. Daniel Alcides Gil Feilberg, apoderado de Mónica Beatriz Gurrieri, conforme poder especial agregado a fs. 192/193", frente a quienes se sustanció la totalidad del acto, en ausencia de la imputada.

Hasta aquí el recuento evidencia que, si bien la causa se siguió contra la Sra. Mónica Beatriz Gurrieri, ésta jamás concurrió a estar a derecho en forma Causa Nº 13559-00/CC/2006. Sala II.

personal, sino que lo hizo a través de sus representantes contractualmente instituidos, lo que, como ya tuvimos oportunidad de sentar, es inadmisible en un proceso de naturaleza punitiva como el de autos.

En efecto, una vez más debe tenerse presente la esencia penal de la eventual multa a imponer como resultado de la regular tramitación del procedimiento, que supone la aplicación al caso de las normas y principios generales del derecho penal -conf. causa nº 286-00-CC/2004, "GCBA c/ TRANSPORTES AUTOMOTOR VARELA S.A. s/ Ejecución fiscal - Apelación", sentencia del 08/11/2004; causa nº 183-00-CC/2004, "GCBA c/ Chirinos Castañeda, Martín s/ ejecución de multas", sentencia del 08 de noviembre de 2004; causa nº 245-00-CC/2004, "GCBA c/ Construcciones Zubdesa S.A. s/ Ejecución de multas - Apelación", sentencia del 08/11/2004 y causas nº 359-00-CC/2004, 380-00-CC/2004, 427-00-CC/2004, 010-00-CC/2005, 056-00-CC/2005, 154-00-CC/2005 y 274-00-CC/2005, entre muchas otras-. Esta particularidad obsta al pleno trasvasamiento de la figura del mandato privado a la esfera de la representación procesal penal, como parece haber sido interpretado por la Juez interviniente, pasando por alto que los "actos jurídicos" a que se refieren las normas civiles y comerciales -que habilitan la representación judicial a fin de salvaguardar los intereses privados por ellas tutelados- tienen por objeto bienes disponibles, que hacen al ámbito negocial de los sujetos de derecho. No ocurre lo propio con los actos de rito en virtud de los cuales se procura determinar responsabilidad por presuntas violaciones a las leyes represivas.

En una causa similar -expte. nº 176-00-CC/2005, "PLEITEL, Máximo Gastón s/ Falta de higiene - Apelación", rto. el 01/07/2005-, hemos observado que "...las características que hacen a la gestión de negocios no pueden asimilarse a las cargas procesales que pesan en cabeza de quien ha solicitado el pase del legajo administrativo a la Justicia Contravencional y de Faltas, en los términos de la ley 1.217. Debe tenerse en mira que, en la materia, la carga de la prueba recae sobre el imputado, por lo que es éste y no otro quien debe asumir la dirección de su propio descargo, sin perjuicio de las facultades que la ley acuerda al letrado (cuya participación en el proceso tampoco es obligatoria, art. 29 LPF) y de la representación putativa que establece el art. 50, último párrafo. Ello así, pues la atribución de la comisión de una falta no sólo procura determinar una responsabilidad concreta e individual, sino que, además, no trasciende de la persona del presunto infractor, a quien la ley personalísimamente reconoce los derechos que hacen a su defensa y en el mismo sentido impone las cargas relacionadas con su carácter de sujeto procesal". Es menester recordar que en aquella oportunidad ni siquiera se había fijado la audiencia de debate, habida cuenta de que el imputado había pretendido cumplir la intimación de presentación a través de mandatario; en la inteligencia de que ello no resultaba posible en el marco de un proceso punitivo, el Magistrado tuvo por operado el desistimiento tácito del art. 42 de la L.P.F.

En relación a la gravitación del "poder" en el ámbito del juzgamiento y sus derivaciones jurisdiccionales, en el mismo legajo manifestamos que "...la procedencia en este fuero de tal acuerdo de voluntades conduciría, llegado el caso, a la operación de una no permitida prórroga de competencia, toda vez que el poderdante, siguiendo el criterio de la ley civil, estaría facultado a fiscalizar lo actuado por su apoderado y exigir a su vez en sede judicial la satisfacción de los daños que por dolo o negligencia el desempeño del instituido hubiera producido. Esta circunstancia, entre otros desatinos, constituiría al magistrado nacional en revisor de lo actuado por el magistrado local y en juez de la conducta de las partes en el procedimiento de faltas, lo que, a la luz de la actual autonomía de la Ciudad, implicaría franca violación al principio republicano y federal sobre el que se erige la organización del Estado (...). ...la novedosa "representación" que pretende el impugnante difiere diametralmente de la tutela procesal típica de una acción presidida por la naturaleza penal de la sanción que se procura aplicar, por lo que no corresponde asimilar ambos institutos, so riesgo de desvirtuar el específico sistema ideado por la ley mediante una mixturación de normas protectivas d e bienes jurídicos de diferente índole".

Obsérvese, a mayor abundamiento, que aun cuando no se hubo tenido formalmente por presentados a la letrada apoderada y al mandatario especial con carácter previo a la audiencia, ésta igualmente se desarrolló con sus asistencias, confundiendo en todo momento a los instituidos con la acusada en estos autos. Así fue que la Alvaro "...advirtió al Sr. apoderado que estuviera atento a lo que iba a oír..." -fs. 195-; "...invitó a prestar declaración al apoderado de Mónica Beatriz Gurrieri, en los términos del art. 53 de la ley 1217, explicándole que tiene derecho a abstenerse de hacerlo, que en ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir la verdad, y que su abstención no suspenderá el debate..." -fs. 195vta.-; y, posteriormente, realizó otras Causa Nº 13559-00/CC/2006. Sala II.

manifestaciones. Sin perjuicio de ello, la última palabra fue concedida "...a la letrada apoderada para que formule su alegato" -íd.-, quien inexplicablemente aparece actuando en una suerte de "defensora mediante poder general".

A la luz de las precedentes consideraciones, no cabe sino concluir que el procedimiento seguido en la presente causa a partir de la presentación de la abogada de la incusa dista de haber sido el regular instituido por ley, pues no fue sustanciado frente a quien correspondía. Ello se tradujo en el desarrollo de un esfuerzo jurisdiccional que no puede ser meritado válido a los efectos de generar una legítima decisión, so riesgo de convalidar un nítido quiebre a la garantía del debido proceso, cuya consecuencia más violenta es la de haberse arribado a una conclusión condenatoria prescindiendo de la propia imputada.

Es por ello que tanto la audiencia documentada a fs. 195/196vta. como la sentencia dictada en su consecuencia carecen de validez.

3.

A esta altura, fácilmente se colige que ha sido la propia Juez quien imprimió al trámite una indebida continuidad, a partir de su omisión formal de expedirse acerca de la validez de la presentación de los apoderados -quienes, a pesar de las disposiciones legales aplicables, pudieron haber obrado en el convencimiento de la legitimidad de sus actuaciones, habida cuenta de la ausencia de objeciones en relación a su carácter de sujetos procesales-.

Con anterioridad hemos estimado que las nulidades por errores in procedendo que alcanzan a la audiencia de debate y el reenvío del legajo a fin de que se retome el trámite enervado no resultan lesivos de los principios de progresividad, preclusión, proscripción del "ne bis in idem" y duración razonable del proceso -causa nº 302-00-CC/2004, rta. el 07/12/2004-. Recordamos en aquella oportunidad que la misión de todo Magistrado es cumplir el derecho, observándolo, haciéndolo observar y ajustándose a sus preceptos que tienen para el juez carácter de mandato actual (Conf. de la Rúa, Fernando, "Teoría General del Proceso", ps. 68 y ss., Ed. Depalma, Buenos Aires, 1991). Ver también CNCP Sala IV, "Minciotti, María Cristina s/ recurso de casación", Registro Nº 3732.4, causa Nº 2750, rta. 05/11/01.

Entendimos entonces que los principios de progresividad y preclusión presuponen que los actos procesales se hubieren cumplido observando los recaudos legales; caso contrario, existiendo violación de formas sustanciales del procedimiento, debe volverse a etapas anteriores para subsanarse la irregularidad. Estimamos, asimismo, que no se daba doble juzgamiento ni retrogradación del juicio en violación al principio del non bis in idem. Ello así, con base en los considerandos 8º) y 9º) del precedente "Mattei" de la CSJN: "8º) Que el proceso penal se integra con una serie de etapas a través de las cuales y en forma progresiva se tiende a poner al juez en condiciones de pronunciar un veredicto de absolución o de condena; y, por ello, cada una de esas etapas constituye el presupuesto necesario de la que le subsigue, en forma tal que no es posible eliminar una de ellas sin afectar la validez de las que le suceden. En tal sentido, ha dicho repetidas veces esta Corte que el respeto a la garantía de la defensa en juicio consiste en la observancia de las formas sustanciales relativas a acusación, defensa, prueba y sentencia (Fallos, 116:23; 119:284; 125:268; 127:36 y 352; 189:34, entre otros). 9º) Que ello sentado, no es menos cierto que el principio de la progresividad impide que el juicio se retrotraiga a etapas ya superadas, porque también debe considerarse axiomático que los actos procesales se precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas que la ley establece, es decir, salvo supuesto de nulidad" -Fallos, 272:188, lo destacado nos pertenece-.

Habiéndose detectado un supuesto de nulidad por defectos sutanciales del proceso, vinculados nada menos que con la intervención de la imputada, debe descartarse la afectación de los principios mencionados y estarse sin más a la observancia de la garantía estatuida en el art. 18 de la Constitución Nacional, pues como se advierte, no se trata sólo de una pura formalidad tendiente a ordenar el procedimiento, sino, antes bien, de una medida asegurativa de que la totalidad del proceso se sentencie frente a quien debe desarrollarse -esto es, el imputado-.

Por otra parte, y a efectos de preservar la imparcialidad del juzgador, que constituye una garantía constitucional explícita como consecuencia de la jerarquía normativa adquirida por los arts. 8.1 de la CADH, 14.1 del PIDCP, 10 de la DUDH y XXVI de la DADHH -arts. 75, inc. 22 de la CN y 10 de la C.C.A.B.A.-, se decidirá el apartamiento de la Juez interviniente a fin de que sea otro Magistrado quien en definitiva practique los actos procesales aquí nulificados en consonancia con las normas legales y principios expuestos -conf. "Montero Montero, María Nela s/ Infracción Art. 71- Apelación", causa nº 217-00-CC/2004 rta. el 09/09/2004-.

Causa Nº 13559-00/CC/2006. Sala II.

Por ello, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE I.- DECLARAR LA NULIDAD de la audiencia de juzgamiento cuya acta obra a fs. 195/196vta. y de todo lo obrado en su consecuencia.

II.- APARTAR a la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 16 -Claudia Amanda Alvaro- del conocimiento de la presente causa, debiéndose remitir las actuaciones a la Secretaría General del Tribunal a efectos de que mediante el sorteo de práctica se determine el nuevo Magistrado que habrá de conocer -conf. Acuerdo nº 10/2005-.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente cúmplase con lo ordenado, debiendo la Sra. Magistrada a quo realizar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.