Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-06


Poder Judicial de la Nación TS06D 63520 06/12/11 SALA VI EXPEDIENTE NRO. 37455/2007 JUZGADO NRO. 43 AUTOS: "DENDA PEREZ PAULA JORGELINA C/ INTERBAS S.A. S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL" Buenos Aires, de de 2011.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda entablada viene apelada por la codemandada Interbas SA a tenor del memorial de fs. 343/348 que fuera replicado por la contraria a fs. 353/354.

A fs. 338/339 la codemandada Reconquista ART SA se queja por considerar elevados los honorarios fijados a favor de los peritos médico, psiquiatra y contador, y a fs. 334 la parte actora apela estimando elevados los emolumentos regulados a la representación letrada de Interbas SA y de la aseguradora Reconquista ART SA.

Por su parte, el perito contador a fs. 336 se agravia por considerar reducidos sus honorarios.

El recurso deducido por Interbas SA cuestiona, en primer término, que se haya hecho lugar a la acción condenándoselo en los términos de los arts. 512, 902, 1109 y 1103 del Código Civil. Sostiene, en este sentido, que el magistrado de grado no ha valorado correctamente las declaraciones testimoniales rendidas como tampoco el informe pericial médico, destacando que este último carece de rigorismo científico necesario para ser considerado como medio eficaz de prueba. Asimismo se queja del rechazo de la solicitud de remisión de la causa al Cuerpo Médico Forense. Se agravia, también, de la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 de la ley 24.557.

En primer término, considero que la referida norma en cuanto veda al trabajador la posibilidad de ejercer contra su empleador la acción por daños y perjuicios fundada en el derecho civil, resulta manifiestamente inconstitucional, por las consideraciones efectuadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A.", que comparto plenamente, y a las cuales remito.

Por lo demás, señalo que la queja vertida en este punto no constituye una crítica concreta y razonada de los fundamentos dados en primera instancia.

En cuanto a la eficacia probatoria de la pericia médica de fs. 257/280 y contestación de fs. 294/295, coincido con lo decidido en primera instancia, toda vez que considero que los argumentos científicos allí vertidos constituyen un estudio serio y razonado del estado de la accionante, sustentado en las evaluaciones que se llevaron a cabo con diferentes métodos, los que fueron especificados por el experto a fs. 294 vta. (entrevista psicológica, test de Coordinación Vasomotora de Loretta Bender, test HTP Acromático, test de personalidad de Rorschach, cuestionario desiderativo).

Y estimo que el recurrente se limita a efectuar manifestaciones genéricas contrarias a lo establecido por el experto, pero no advierto que aporte de elemento objetivo alguno o argumento que justifiquen un apartamiento de las conclusiones a las que se arriba en el pronunciamiento de primera instancia.

En cuanto a la remisión de las presentes actuaciones al Cuerpo Médico Forense, tal como lo expresa el magistrado de grado, es una facultad privativa del juez en caso de duda o confusión que impidan la solución del litigio, circunstancia que no se presenta en autos.

Por lo demás, el recurrente si bien manifiesta insuficiencia de los estudios realizados, lo cierto es que no menciona ni especifica qué estudios serían necesarios a su entender.

Las declaraciones testimoniales de Espíndola -fs. 234/236-, Sayago -fs. 246/248-, Maucebin -fs. 249-, que provienen de compañeras de trabajo de la actora, han dado suficiente razón de sus dichos y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tomaron conocimiento de los hechos sobre los que declaran, y resultan coincidentes en cuanto a la política empresaria utilizada, lo que me convence de la existencia de malos tratos que pudieron provocar daños psíquicos en sus empleados.

En efecto, considero sumamente agraviante la circunstancia descripta por los testigos en referencia a las modalidades adoptadas por la empleadora de excesivo control del tiempo para efectuar las necesidades fisiológicas, al punto de solicitar permiso anotándose en una planilla y para esperar su turno.

La sola circunstancia que Espíndola y Sayago tengan juicio pendiente, en principio, no torna inhábiles las declaraciones, sino que, en todo caso, los dichos deben ser analizados con mayor estrictez y relacionados con los elementos de prueba.

Y no encuentro que la circunstancia que apunta el apelante en relación con Silva sea demostrativa de la existencia de un interés común con la actora, con virtualidad para restar a dichos testimonios valor convictivo, toda vez que su declaración resulta coincidente con las restantes rendidas en autos.

El hecho de que Maucebin tenga diferente turno que la actora no invalida sus dichos en relación a la política común implementada por la empleadora.

Destaco que el empleador debe disponer lo necesario para que las tareas se presten en condiciones de seguridad adecuadas de modo que el trabajador no sufra daños evitables.

El art. 75 de la LCT debe relacionarse con el art. 62 de dicho cuerpo normativo en cuanto impone a las partes actuar de buena fe y tipifica la figura del buen empleador que debe obrar con diligencia -cuidado y previsión, según la expresión del art. 1198 del Código Civil)-. Es decir que sobre tal base el empleador debe adoptar todas las medidas, de conformidad con el tipo de trabajo y la experiencia, que sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica de sus empleados, atendiendo a la circunstancia particular de cada uno. Así adquiere importancia el deber de diligencia del empleador, y en términos más amplios el de "cuidado" y "previsión" (art. 1198 del C.C.).

El deber de seguridad (art. 75 LCT) existente en el marco de un contrato de trabajo exige al empleador el cumplimiento de determinadas prestaciones de hacer, es decir, adoptar medidas de seguridad, y de no hacer omitiendo toda acción perjudicial para la salud del trabajador, deber que se complementa con las obligaciones que impone el contrato de trabajo de dar ocupación efectiva y en condiciones de seguridad (art. 78 LCT).

La responsabilidad del empleador deriva del solo incumplimiento de las medidas de seguridad propias de la tarea que se realiza, del ambiente en que se trabaja, ya que dicho incumplimiento consiste en la situación de riesgo o peligro que no se evitó pudiéndose evitarse.

El art. 512 del Código Civil establece que "la culpa del deudor en el cumplimiento de una obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas del tiempo y del lugar".

Ahora bien, de conformidad con el art. 75 -1er. párrafo- de la LCT y los arts. 512 y 1198 del Código Civil, considero que la accionada incumplió con el deber de resguardar la salud psicofisica de Denda, por lo que corresponde responsabilizarla frente a ella, ya que en las omisiones en que incurrió -en la relación contractual- guardan relación de causalidad con el hecho dañoso.

Por lo expuesto precedentemente corresponde confirmar lo decidido en origen.

Seguidamente analizaré la queja en cuanto al monto indemnizatorio, y en este sentido el apelante estima que las sumas resultan elevadas ya que no reflejan la verdadera entidad de lo que podría considerarse un daño en concreto.

En este sentido, cabe señalar que en los términos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re "Arostegui") no sólo corresponde justipreciar en el quantum indemnizatorio las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que justifica un marco de valoración más amplio.

Por lo expuesto, corresponde mantener lo decidido en relación con el monto de condena, tanto en lo relativo al daño material como al daño moral, sin que se adviertan en el escrito que trato, elementos objetivos que justifiquen un apartamiento de lo decidido al respecto.

Las regulaciones de honorarios cuestionadas en autos deben ser confirmadas, ya que mi opinión resultan equitativas teniendo en cuenta el mérito y extensión de las tareas realizadas y pautas arancelarias de aplicación (art. 38 LO; arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y dec 16.638/57).

En atención a como ha sido resuelta la cuestión corresponde imponer las costas a cargo de la recurrente vencida (art. 68 CPCCN), a cuyo efecto estimo los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia en el 25% respectivamente de lo que les corresponde percibir por su labor en la anterior etapa (art. 14 de la ley arancelaria).

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada. 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la recurrente vencida. 3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia en el 25% respectivamente de lo que les corresponde percibir por su labor en la anterior etapa.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

Alf.

JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID	JUEZ DE CAMARA	LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA