marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, decreto de necesidad y urgencia, tecnología de la información, telecomunicaciones, servicios esenciales, libre competencia, potestad tarifaria, fijación de precios, verosimilitud del derecho invocado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Telecom Argentina SA c/ E.N. - ENACOM y otro s/ medida cautelar (autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-30

Se encuentra configurado el requisito de la verosimilitud del derecho invocado en un grado suficiente para admitir la cautelar, puesto que de la primera lectura de la normativa involucrada en autos, se advierte que mediante el Dec. 690/2020, el PEN ha introducido modificaciones de carácter permanente en el articulado de la Ley 27.078, otorgando a los Servicios de las Tecnologías de la Información el carácter de servicio público esencial y estratégico y en competencia, con una total sujeción de su prestación a criterios regulatorios elaborados por la Administración, con total modificación de las condiciones bajo las cuales fueron originalmente regulados, autorizados y habilitados y disponiendo, entre otros aspectos, del propio patrimonio del prestador para organizar modalidades o condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo las prestaciones, así como de la tarifa que aquél habrá de percibir, eliminando el régimen de libertad de competencia y, por consiguiente, de fijación del precio de los respectivos servicios.
Cuenta corriente bancaria, cierre de cuenta bancaria, presupuestos de responsabilidad
Materia: BANCARIO
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Campdesuñe Silvio Luciano y otra s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-20

El art. 1404 CCC detalla los distintos supuestos que habilitan el cierre de la cuenta corriente y, en ese sentido, el inc. a) prevé la posibilidad de que cualquiera de las partes del contrato (banco o cuentacorrentista), de manera unilateral decida llevar a cabo el cierre, determinándose en tal supuesto, como requisito ineludible, el previo aviso con una antelación de 10 días, salvo pacto en contrario. Por su parte, las causales enunciadas en los incisos siguientes no exigen la mencionada comunicación previa, aunque una vez producido el cierre de la cuenta corriente, tal circunstancia deberá informarse al cuentacorrentista (art. 1406, primera parte, CCC).
Habeas data, competencia federal, banco de datos personales, información crediticia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernández Miño, Myriam Jeanela c/ Promotora Fiduciaria S.A. s/ Habeas data (art. 43 CN)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-04

Corresponde determinar que la acción de habeas data promovida por la actora con la finalidad de conocer la información existente sobre su persona en la base de datos de información crediticia perteneciente a la demandada, debe tramitar ante la justicia federal, puesto que el objeto de la pretensión se encuentra directamente vinculado con la rectificación o supresión de datos disponibles en el sistema de archivos informático del Banco Central de la República Argentina (denominado Central de Deudores del Sistema Financiero), que posee alcance nacional e incluso internacional, teniendo en cuenta que puede accederse a través de Internet y el inciso b, del art. 36 de la Ley 25.326 (de Habeas Data) prevé la competencia federal cuando los archivos de datos se encuentren interconectados en redes interjurisdiccionales nacionales o internacionales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba confesional
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Carlos c/ Castelu, Francisco s/ Diferencia salarial González, Héctor Miguel c/ Pereyra, Pedro Raúl y/o titular Licencia de Taxi nº 1178 s/ Indemnización por preaviso, despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23|1997-04-15

Determinar el valor y mérito de la prueba confesional queda reservado a la apreciación en conciencia del tribunal laboral (art.

44, inc. "e", dec. ley 7718/71).
Medidas cautelares, facultades del Poder Legislativo, sesiones legislativas, publicidad de los actos de gobierno
Materia: PROCESAL
Carátula: ANTON ROBERTO ENRIQUE c/ LEGISLATURA DE C.A.B.A. s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-20

En el caso, corresponde confirmar la decisión apelada que resuelve suspender la realización de la sesión secreta de la Sala Juzgadora hasta tanto fuese convocada una sesión a desarrollarse en forma pública, ello dado que la evaluación de las constancias de la causa -dentro del acotado marco de conocimiento admitido por la naturaleza del instituto precautorio, y con la provisoriedad que es propia de esta instancia liminar del proceso- permiten sostener que, prima facie, el derecho esgrimido en sustento de la pretensión - publicidad de los actos de gobierno- resulta verosímil.

Ello así, toda vez que la Constitución de la Ciudad consagra el principio de la publicidad de todos los actos de gobierno (art. 1, primer párrafo, CCBA) y establece, en particular, que "Todas las sesiones de la Legislatura son públicas" (art. 74, párrafo tercero, CCBA). Cabe agregar que, en materia de derechos políticos y participación ciudadana (Título Segundo, CCBA), la Constitución local establece que "La Ciudad garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía, conforme a los principios republicano, democrático y representativo, según las leyes que reglamenten su ejercicio." (art. 62, primer párrafo).

Y resulta claro que dicha garantía podría resultar menoscabada si se lesionase el derecho de los ciudadanos a conocer los debates de la Sala Juzgadora en el marco del juicio político seguido contra el Jefe de Gobierno. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín).
Póliza, asegurador, rescisión del contrato
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Bordón, Angel Andrées c/ Río Uruguay Cooperativa Argentina de Seguros Limitada y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

Ello resulta coincidente con la presunción prevista en la LS 30 que dispone que la entrega de la póliza sin la percepción de la prima permite entender que la aseguradora ha concedido crédito para su pago (último párrafo norma citada). Asimismo, cabe recordar que el segundo párrafo de la LS 31 permite rescindir el contrato frente al impago, pero con un plazo de denuncia de un mes, facultad que no fue ejercida por la aseguradora.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALBARRACIN, JOSE c/ GUSTAVO PANARIO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-12

El dictado de una sentencia conforme al contenido de la litis constituye una formalidad de la que no pueden apartarse los jueces sin provocar como consecuencia la nulidad del acto.
Lucro cesante, automotores, privación del uso del automotor, indemnización, relación de causalidad, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Dorado Justiniano Lorenzo c/ Ríos Rolando Manuel y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-29

Al pretender el amparo judicial del lucro cesante debe acreditarse efectivamente, con pautas serias, firmes e inequívocas, el volumen de ingresos no percibidos a raíz del siniestro, ya que la actividad comercial por sí misma no es índice de que sea fuente de ganancias ya que puede dar pérdidas y no resulta jurídicamente correcto cargar al demandado con un tiempo excesivo de privación o disminución de ingresos porque los avatares de la tramitación del juicio no pueden incidir en este rubro siendo competencia del damnificado acreditar debidamente la relación de causalidad en grado indemnizable.
Cosa juzgada, competencia, acto administrativo, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Palmerio, Claudio Daniel s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-26

No existe afectación de la cosa juzgada si ambos procesos seguidos ante el fuero laboral nacional y en la justicia en lo contencioso administrativo y tributario local no han versado sobre la misma cuestión, habiendo el juez laboral garantizado la vigencia de la tutela sindical sin expedirse sobre la juridicidad del acto administrativo sancionatorio, cuyo juzgamiento corresponde a los magistrados de la Ciudad. (Voto de la Dra. Ana María Conde. En sentido concordante ver voto de los Dres. Luis F. Lozano y José O. Casás).
Recurso de casación, querellante
Materia: PROCESAL
Carátula: A. C., M.C. s/ Querella calumnias e injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-07-26

El único agravio vertido por la querellante se refiere a la omisión en la que habría incurrido el Sr. Juez a quo en la resolución impugnada al no ordenar la publicación de la sentencia en los términos del art. 114 del C.P.. A la luz de los dispositivos de los arts. 406, inc.2, y 428 del C.P.P., el querellante no puede deducir recurso de casación sino en los casos en que la pena privativa de la libertad impuesta al reo fuera inferior a la mitad de la requerida, supuesto ajeno al sub lite, por cuya razón el recurso debe desestimarse (del voto del Dr. González Godoy).
Defensa en juicio, acceso a la información, derecho a la información, publicidad de los actos de gobierno, Municipalidad, contribuyentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., T. A. s/ AMPARO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-02-07

Necesitamos la libertad para impedir el abuso del poder del Estado, y necesitamos al Estado para evitar el mal uso de la libertad. Este es un problema que, evidentemente, nunca se puede resolver de forma abstracta y, por principio, tampoco se puede resolver por medio de leyes.

Necesita un tribunal del Estado y, más que cualquier otra cosa, una buena voluntad; cuando, como en este caso, falta esa voluntad es necesario que el Poder Judicial asuma la responsabilidad de asegurar la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa (art. 18 C. Nacional; VIII de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Medidas cautelares, resolución denegatoria, reinstalación en el puesto de trabajo, suspensión de despidos, período de prueba, carácter taxativo
Materia: LABORAL
Carátula: Caballero, Francisco c/ Matafuegos Donny S.R.L. s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-09

Durante el período de prueba cualquiera de las partes está legitimada para denunciar la relación de trabajo sin responsabilidad indemnizatoria y durante ese plazo rige plenamente la libertad de despido. El DNU 329/2020 resulta taxativo en su texto al prohibir los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, sin incluir expresamente otros supuestos legales, tanto extintivos como de condición temporal (art. 2).
Falsificación de instrumento privado, tarjeta de crédito, recibo, delitos contra la fe pública
Materia: PENAL
Carátula: MENDEZ, Mauricio s/ Causa 45.132
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-08

El comprobante de pago, realizado con tarjeta de crédito, es un documento destinado a atestiguar la realidad de la compra y debitarla en la cuenta del cliente, a los fines del reembolso de la entidad emisora, previo reclamo del comerciante. Dado que cuentan con circulabilidad, al fraguar esta clase de documento se afecta la fe pública, configurando el delito de falsificación de instrumento privado.
Daños y perjuicios, prueba, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOULLAUDE, NARCISO c/ PLAN ROMBO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

La acción de daños y perjuicios requiere que se acredite la existencia real y efectiva de los daños alegados, no bastando un perjuicio abstracto o una simple probabilidad, razón por la cual no cabria acordar indemnización sobre la base de meras conjeturas, si no ha mediado la indispensable prueba de un perjuicio concreto y efectivamente sufrido.
Dieta parlamentaria, renuncia tácita, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: 67011 - PELLEGRINI JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE JUNIN s/ A.P.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-11-03

Dejar de percibir durante el mandato de Concejal la dieta por ser éste ad honorem y una vez cesado el mandato, requerir el pago retroactivo de sus haberes en desmedro de los actos que cumplió a sabiendas, viola el dogma de la apariencia jurídica y el principio general de la buena fe, fundante del instituto conocido como teoría de los actos propios.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: Clavero, Walter Hernán (y sus acumulados) c/ Cepparo, Mirko Eduardo s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-07-04

El carácter absoluto que el art. 50 inciso b) de la ley de tránsito atribuye a la regla de la prioridad de la derecho, no supone que no tenga excepciones, sino que responde a la necesidad de rechazar la teoría jurisprudencial y doctrinal que había relativizado su aplicación, reduciéndola al supuesto de presencia simultánea de ambos vehículos en la encrucijada. Cuando el Pretorio de grado afirma que la prioridad de la derecha sólo se aplica cuando ambos vehículos ingresan en forma simultánea o casi simultánea a la bocacalle, restringe el ámbito de aplicación de la regla contrariando la normativa de tránsito y su rígida interpretación actual.
Autonomía municipal, carta orgánica municipal, cargos electivos, inhabilitación para ejercer cargos públicos, funcionarios de facto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA s/ REMITE ACTUACIONES S/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-12-18

El Municipio, al dictar su Carta Orgánica Municipal, en ejercicio de su plena autonomía, ha establecido con claridad, lisa y llanamente, la inhabilidad a perpetuidad de quienes hayan ejercido funciones de responsabilidad y asesoramiento políticos en gobiernos no constitucionales, sin distinción de las cualidades, grados, trascendencia o rol protagónico de esas funciones de responsabilidad política.
Hechos nuevos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORONEL, HORACIO EDUARDO Y FARINA, BEATRIZ CONCEPCION c/ PISANI DE VOLPI,MARIA CRISTINA; s/ ORDINARIO"EXPTE. N10151/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-09-16

De encasillarse el hecho alegado en la correcta órbita - de los hechos extintivos-, la orden judicial de producir prueba tendiente a verificarlo no desborda jamás el marco funcional de la jurisdicción apelada.
Excepciones procesales, falta de agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: Navarro, Crispin c/ Zubeldía, Rogelio y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-07-30

El no resolverse la excepcion como previa postergando la decisión para el momento de dictarse sentencia de mérito , no provoca la existencia de gravamen irreparable.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, rebeldía
Materia: LABORAL
Carátula: Giles, Edgar Alonso c/ Verón, Alicia Ramona s/ Cobro indemnización por depido. Recurso de queja Maidana, Julio c/ Club Atlético Peñarol s/ Indemnización por despido Peralta, Ricardo A. c/ Suc. de M. Disalvo y ot. s/ Indemnización por desp. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10|1992-06-16|1997-04-29

El proveído del presidente del Tribunal del Trabajo que tiene por no contestada la demanda y declara a la accionada en rebeldía, no reviste carácter de definitivo en los términos del art.278 del Código Procesal Civil y Comercial pues, aun con abstracción de que no constituye la decisión final del Tribunal, no pone fin al pleito ni impide su continuación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pena, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bustos, Héctor Raúl s/ Recurso de Casación IN PAUPERIS presentado por la Dra. Mercedes B. Gandía de Morcos, Defensora Oficial de 2da. Nominación, en representación de Bustos, Héctor Raúl; contra Sentencia Nº 180/05
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-27

Esta Corte ha sostenido en distintos precedentes (S. nº 36/13 de fecha 18/9/2013; S. nº 58, 12/11/2012; S. nº 14, 31/03/10; S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09; S. 8, 30/04/08 entre muchos otros) en donde se dijo que, la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

También se ha destacado que la arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.
Daños y perjuicios, espectáculos deportivos, inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pascuali Rubén Luis y otro c/ Randello Alfredo Valentin y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-04

No es inconstitucional el art. 33 de la Ley 23184. Es que no se trata -como lo entiende la demandada- de que la responsabilidad de las instituciones deportivas sea indirecta, por los ilícitos que en ocasión de ellos (actos deportivos) se cometan por terceros, a título de dolo o culpa, sancionados conforme lo dispone dicha ley, siendo entonces inadmisible la extensión de tal responsabilidad a aquéllas, sin posibilidad de ser parte en el proceso penal donde se juzgan tales delitos. Por el contrario, la responsabilidad civil dispuesta por el art.mencionado, es directa y objetiva. Para su nacimiento no es menester la comprobación de dolo o culpa en alguno de los participantes o espectadores, bastando que un espectador hay sufrido daños durante el desarrollo del espectáculo que no sea la propia culpa. En definitiva, la Ley 23184 ha adaptado el art.1113 del C.C. a las especiales características de tales espectáculos limitando las eximentes, ya que excluye como tal la culpa de un tercero.
Defensa en juicio, prueba, notificación, falta de notificación, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SERRA, María Cecilia. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-28

Si bien la imputada no fue notificada oportunamente de la existencia de la investigación, y de los derechos que le acuerdan los arts. 73 y 279 del C.P.P.N., nada impide que la defensa técnica de la encartada pueda valerse de todos los derechos y garantías reconocidos por el ordenamiento vigente, a efectos de llevar adelante la defensa de su pupila.

Por ello, y dado que ninguna de las medidas dispuestas por el juez revisten caracter de definitivas e irreproducibles, debe confirmarse la resolución por la cual no se hace lugar a la nulidad planteada por la defensa de la imputada.
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., S.L. c/ C., E.A. s/ Alimentos y litis expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-24

La reforma de la ley 23.515 no condiciona el derecho alimentario de la cónyuge a la falta de medios o posibilidad razonable de obtenerlos. Tampoco supedita o aligera el deber a cargo del marido por el hecho de que la esposa trabaje, ello es así porque el art.198 del Cód.Civil ha instituido con carácter genérico el deber de los esposos de prestarse mutuamente alimentos, y al hacerlo no ha privado a la esposa de sus anteriores derechos, siendo que la norma debe ser aplicada a cada caso según sus circunstancias. La actora, titular del derecho a los alimentos que para sí peticiona debe proseguir con el mismo nivel de vida que gozaba cuando la situación familiar era armoniosa y el cónyuge vivía con ella. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, auto de sobreseimiento, admisibilidad del recurso, delitos
Materia: PROCESAL
Carátula: AJAYA, Daniela Patricia c/ SÁNCHEZ, Francisco Martín s/ SÁNCHEZ, Francisco Martín
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-06

Carrara define al delito como cualquier acto con el cual alguien, sin razón legítima, deliberadamente afirma que quiere ocasionar a otro algún mal futuro (citado por Carlos Fontán Balestra, "Tratado de Derecho Penal", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, Parte Especial, Tomo V, pág. 289).

Cuando se dice que no se tipifica el delito de amenazas por tener como contexto una discusión "acalorada", se está aludiendo a que lo expresado tiene una causa fuente, aunque no lo justifica, sí le quita seriedad en cuanto a la posibilidad que se lleve a cabo efectivamente.

Es decir; en el marco en que fue vertida pasaría a formar parte de la misma pelea y no tendría materialidad propia.

En lo que a indagación de tipicidad concierne, no puede decirse que el hecho que el acusado sin motivo -válido- alguno comience a proferirle a su madre una serie de amenazas intimidantes, e incluso, llegue a consumar agresiones físicas con el uso de una silla de plástico arrojada sobre su humanidad, ello no constituya el delito previsto en el art. 149 bis, primer párrafo, primer supuesto del Código Penal, pues una apreciación de la naturaleza apuntada no resistiría el menor análisis frente a circunstancias de carácter fáctico que indican lo contrario.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, concurso preventivo, publicación de edictos, desistimiento, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Carrizo, Orlando s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-12-11

Doctrina -con alguna excepción- y jurisprudencia se han pronunciado en el sentido de que tratándose de la sanción de desistimiento, es aplicable la regla de inapelabilidad: 296, inc. 3° LC, por ser una decisión propia del trámite ordinario y normal del proceso. Se trata de un segundo concurso iniciado por el deudor dentro del término de un año, promovido con el objetivo cierto de remover el estado de cesación de pagos de su patrimonio y obtener de sus acreedores beneficios -espera, quita- que, en lo particular, le permitieran superar la situación de agobio, lo que le impone una carga activa de colaboración: en la convocatoria el impulso procesal está en sus manos.
Personal penitenciario, retiro del personal penitenciario, accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, CECILIA c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/ ACCIDENTE-9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-22

El hecho de que el trabajador dependiente del servicio penitenciario de la nación se encuentre amparado por el régimen de retiros y pensiones estatuído por la ley 13018 no impide la aplicación de la ley 9688, que instituye un sistema resarcitorio de los daños derivados de accidentes del trabajo.
Prueba testimonial, testigos, incomparecencia del testigo, proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Isaola, Oscar Eduardo. c/ Salomone, Alfredo y otro. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-28

Aunque no se haya ofrecido como prueba la causa penal, no corresponde desestimar la declaración de un testigo en dicha sede, que no ratificó su exposición en el juicio civil, cuando fuera ofrecido por quien lo impugna y la causa de su incomparecencia obedeció a la conducta de dicha parte que lo desistió.