Tribunal: TRIBUNAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-12-26


La Plata, diciembre 26 de 2002.

1º ¿Es admisible el planteo repositorio efectuado en causa Nº 8915? 2º ¿Es admisible el recurso de Casación que lleva el Nº 10.377? 3º Para el caso de responderse afirmativamente la cuestión precedente, ¿corresponde hacer lugar a lo solicitado por la recurrente? 4º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Sal Llargués dijo:

Adelanto desde ya mi opinión contraria a la admisión del pedimento aquí traído. En efecto, como bien lo pone de manifiesto el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta sede y tal como lo tiene reiteradamente dicho esta sala (cfr. causas Nº 7.360 y 3.253) la vía escogida no es la adecuada para intentar rever el pronunciamiento de este cuerpo (art. 421, Cód. Procesal Penal). Ello es así, por cuanto rige la materia el art. 436 del rito que dispone un mecanismo impugnativo contra aquellas resoluciones dictadas sin sustanciación. Es evidente que el apuntado no es el caso de autos, en donde se pretende se revoque por contrario imperio una sentencia dictada en el marco del debido proceso legal a lo que cabe agregar que ello se solicita en el contexto de una situación cautelar distinta a la que diera origen al remedio que nos ocupa. Por lo expuesto, voto por la negativa.

El doctor Natiello dijo:

Adhiero al voto del doctor Sal Llargués en igual sentido y por los mismos fundamentos. Voto por la negativa.

El doctor Piombo dijo:

Uno mi voto al del magistrado preopinante, haciéndolo también por la negativa. Es mi voto.

2º cuestión. - El doctor Sal Llargués dijo:

Tal como quedara dicho en el Acuerdo Plenario "Fiscales ante el Tribunal, doctores C. A. A. y M. F. L., solicitan convocatoria a Acuerdo Plenario", en causa Nº 5627, con voto mayoritario del doctores Mahiques, el concepto de gravedad institucional no ha sido en la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación encerrado en los límites de una definición ya que por su abstracción y plasticidad remite a una télesis de salvaguarda de la supremacía del orden constitucional y aseguramiento de la vigencia de las instituciones fundamentales de la República (CS, "Jorge Antonio", 28/10/1960; "Penjerek, Norma", JA, 1963-VI-249) en los casos en que las "...sentencias sean arbitrarias o se aparten notoria y lesivamente de los principios básicos del proceso criminal..." (CS, 24 de noviembre de 1968, "Mattei, Angel", LA LEY, 133-414 y Fallos, 110:23; 114:284; 125:268; 127:30; 183:34) o en supuestos en que la solución alcanzada exhiba deficiencias susceptibles de afectar una "...irreprochable administración de justicia..." (Fallos, 257:132) o cuando se atienda a la "...adecuada preservación de los principios de la Constitución y en particular del objetivo de afianzar la justicia..." (causa "Todres, Isaac" resuelta el 18/08/71 -La Ley, 144-615, 27.664-S-y causa "Industria Automotriz Santa Fe S.A.", resuelta el 18/01/71) o en situaciones donde los fundamentos del recurso revisten un "...interés institucional que excede al de los recurrentes..." ("Toculescu, Esteban", resuelta el 10/11/1964, en LA LEY, 117-551) o en general en los casos que la habilitación de la instancia extraordinaria estuvo originada en una cuestión federal (causa "Massera, Emilio E", resuelta el 12/04/84, "Capussi, Miguel", resuelta el 09/10/84 -La Ley, 1985-A, 211-).

Dicho esto, surge patente de las constancias obrantes a fs. 7/8 vta. de la causa Nº 10.377, que ha mediado en la sub lite un supuesto de gravedad institucional al que se suma una serie de actos jurisdiccionales que se encuentran teñidos por la mentada gravedad. Así, que un pronunciamiento como el del tribunal a quo, que decide en forma abierta por sí y ante sí desaplicar lo resuelto por este tribunal en tanto había decidido la situación procesal del imputado Corbo en causa Nº 9025 que oportunamente le fuera notificada, constituye en el marco de la doctrina citada, gravedad institucional toda vez que fija, excediendo sus facultades, distintas y nuevas reglas de conducta que decide sumar a la única establecida por este tribunal.

Pero no se trata de, conforme la doctrina citada supra, un único supuesto de gravedad institucional en aquel en que incurre el a quo con su inconducta procesal, pues el mismo conlleva, en terminología del Superior Tribunal de la Nación, otros tales como la necesidad de salvaguardar la supremacía del orden constitucional, el evitar el apartamiento lesivo de principios básicos del proceso penal, la afectación reprochable de la administración de justicia, la preservación de los principios de la Constitución y fundamentalmente del objetivo de afianzar la justicia.

Para el caso que por vía de hipótesis resultara insuficiente lo dicho en los párrafos precedentes, también corresponde admitir el pedimento aquí traído y ello por cuanto es doctrina pacífica, reiterada e inveterada de esta sala que integro, que no obstante regir el punto el invocado acuerdo plenario, no menos cierto lo es la circunstancia de que en la sub lite no ha sido respetada la garantía constitucional de la doble instancia. En tal sentido es que corresponde excepcionar el mencionado acuerdo y cerrar positivamente el juicio de admisibilidad. Voto por la afirmativa.

El doctor Natiello dijo:

Este tribunal se ha expedido, en Acuerdo Plenario -causa Nº 5627- del día 26 de diciembre de 2000, al que he adherido y al cual me remito, estableciendo que cuestiones como la traída no constituyen sentencia definitiva ni equiparable, sellando así, la suerte del recurso en forma negativa.

Propongo al acuerdo no apartarnos de la opinión plenaria, en virtud de los argumentos que se expusieran en la causa "García, Silvio" Nº 2665 de esta sala I.

No obstante, en vista de los argumentos vertidos por el vocal preopinante, me veo obligado a efectuar algunas consideraciones a cerca de la hipotética gravedad institucional que encerraría el caso.

Así como la existencia de gravamen irreparable requiere que se haya afectado el interés personal del recurrente a través de la resolución judicial, la denominada gravedad institucional, presupone por el contrario un espectro más amplio, pues exige que el interés vulnerado sea el institucional o el interés social.

Efectivamente, como lo señala el preopinante, a partir del precedente "Jorge Antonio" (Fallos 248:189 -La Ley, 101-835-) la Corte Suprema dio comienzo a la construcción de una jurisprudencia orientada en el sentido de la defensa de los intereses comunitarios, del orden jurídico-institucional o del orden social, cuando se hallaren comprometidos el funcionamiento de las instituciones básicas de la República (Fallos: 302: 495, 1138; 312:2, 590, 2850) resaltando el rol del recurso extraordinario, como medio para custodiar instituciones constitucionales básicas y conciente de la importante función que ejerce el remedio federal.

Ha dicho el Superior Nacional, que la apertura del recurso extraordinario se justifica cuando lo resuelto reviste gravedad institucional, que esta exigencia cobra carácter prevalente cuando las cuestiones sometidas a juicio superan los intereses de los partícipes de la causa, de tal modo que ella conmueve a la comunidad entera, en sus valores sustanciales y profundos (caso "Nair Mostafá", votos de los doctores Fayt y Barra).

La causal de gravedad institucional para ser fundamento idóneo de la equiparación de una resolución a sentencia definitiva, debe presentar exactamente ese alcance institucional o comunitario que la doctrina de la Corte le ha conferido, pues ella no es idónea para remediar los intereses particulares, ni admite su planteamiento genérico o mediante razonamientos puramente dogmáticos (Fallos: 303, 1242, 2067).

Debo destacar que en la actualidad y superando algunas alternativas distintas de tiempos pasados, la jurisprudencia de la Corte Suprema se inclina en forma unánime por establecer que la gravedad institucional debe presentar una dependencia con la cuestión federal, a los fines del recurso extraordinario (CS, 10/08/95, "Zarate Garriga, Nelly R. y otros en Garriga, José A. c. Banco Regional de Cuyo", LA LEY, 1996-D, 259) dado que no resulta suficiente por sí misma como causal autónoma, para habilitar la vía del recurso extraordinario, puesto que la apertura de esa vía exige que se halle involucrada en el caso alguna cuestión federal (CS, "Alonso, Jorge F.", 26/12/95, La Ley, 1996-B, 410; DJ, 1996-1-1047; ED, Síntesis de Jurisprudencia, noviembre/diciembre de 1995, p. 67). Pues, en todas las cuestiones donde se advierta la presencia de gravedad institucional, se encuentra comprometida la supremacía de la Constitución Nacional y, en consecuencia, se configura una cuestión federal que es la que proporciona la base o plataforma de la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema (Fallos, 248:189).

Considero que el preopinante, refiere sólo una enumeración genérica y apodíctica -como gusta decir mi colega- sobre la materia en tratamiento. En mi análisis de los autos, no advierto que el a quo haya desaplicado lo ordenado por la sentencia de este tribunal recaída en causa Nº 9025, por el sólo hecho de agregar que no puede ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias prohibidas (punto 2 de la resolución) así como informar telefónicamente al tribunal de mérito en caso de problemas de salud o accidentes (punto 3 de la resolución) y finalmente que cualquier transgresión a las pautas impuestas constituirá motivos suficientes para viabilizar la posibilidad de revocar el beneficio otorgado (punto 4 de la resolución).

Podría agregarse que en materia de impugnaciones debe prevalecer la interpretación restringida (arg. art. 421, Cód. Procesal Penal) que los recursos no se conciben fuera del orden previsto por las leyes, que, a diferencia de la apelación, el remedio casatorio sólo resulta viable en los casos expresamente contemplados por el art. 450 del Cód. Procesal Penal y la taxatividad de ésta norma no puede ser soslayada por la sola presencia de una condición genérica que, como el gravamen irreparable, en nuestro sistema legal resulta irrelevante para la procedencia de los recursos extraordinarios (arg. arts. 439 "a contrario", 450 y 482, Cód. Procesal Penal).

Y pese a que la existencia de un agravio federal tampoco hubiese bastado para extender la procedencia del recurso casatorio a supuestos no contemplados en la ley, puesto que si bien los Tribunales Provinciales deben respetar la Constitución Nacional y asegurar su supremacía, sólo pueden hacerlo en el campo de su respectiva competencia (conf. CS, en causa "Rizzo, Carlos Salvador s/inc. de exención de prisión", sent. del 03/10/97 -La Ley, 1997-F, 350-) debe de todos modos señalarse que la interpretación de las normas procesales -v gr. alcance del art. 159 del Cód. Procesal Penal- en modo alguno configura una cuestión de índole federal ni configura un supuesto de excepción para este tribunal que sólo resulta competente para corregir infracciones de derecho.

Mucho menos se advierte que el art. 450 del Cód. Procesal Penal resulte inconstitucional por impedir la "doble instancia jurisdiccional" respecto de un decisorio de carácter provisorio y que sólo resuelve una cuestión incidental que no pone fin al proceso ni impide su continuación, puesto que aquella garantía sólo se refiere al fallo condenatorio y no a cualquier otra resolución que pueda adoptarse en el transcurso de un proceso penal (conf. Maier, Julio B., "Derecho Procesal Penal", t. I, p. 711; Palacio, Lino E., "Las limitaciones legales del recurso de Casación....", LA LEY, 1995-D, 461).

En efecto, el art. 8 inc. 2 "h" de la C.A.D.H., sólo exige que los ordenamientos internos aseguren al imputado un recurso respecto "del fallo", el cual debe entenderse como la "...sentencia definitiva del juez y, en ella, especialmente, el pronunciamiento decisivo o imperativo..." (Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 21º edición, p. 949) sentido reafirmado por el empleo del número singular ("del fallo") y que además resulta concordante con el art. 14.5 del P.I.D.C.P. referido a la "condena" y la "pena".

Finalmente, debe señalarse que el art. 450 del Cód. Procesal Penal sólo limita la competencia de un tribunal que no es el Superior Provincial, de modo que tampoco parece al caso aplicable la doctrina de la Corte Nacional sentada en los casos "Strada" y "Di Mascio" (La Ley, 1986-B, 476; DJ, 1986-2-211; La Ley, 1989-B, 417; LLC, 1985-585; DJ, 1989-1-451) y aún si se interpretase que en nuestro ritual los recursos extraordinarios ante la Suprema Corte Provincial sólo proceden contra las sentencias del Tribunal de Casación, dicho requisito formal no sería mas que uno de los obstáculos que, según aquella doctrina, deberían ser soslayados por el Superior Provincial y no por una vía indirecta que, como la inconstitucionalidad del art. 450 del Cód. Procesal Penal, tampoco bastaría para asegurar la ulterior viabilidad de los recursos extraordinarios ante la Corte Provincial.

Entiendo, en consecuencia, que el recurso debe ser rechazado por no encuadrar el auto atacado en ninguno de los supuestos taxativamente enumerados por el art. 450 del Cód. Procesal Penal, ni existir gravedad institucional, único supuesto -según el acuerdo plenario citado- que permite excepcionar la regla de la mencionada norma procesal. Voto por la negativa.

El doctor Piombo dijo:

Cuando se halla en tela de juicio el cumplimiento de una sentencia o resolución del Tribunal de Casación, siempre se halla abierta la competencia de esta sede para ratificar o rectificar el quehacer del inferior. Hay importancia institucional toda vez que, de otra manera, el cumplimiento de la misión institucional de esta sede podría verse frustrado por el quehacer de los ejecutores del decir y hacer de este Cuerpo. Tanto el marco legal (art. 4, ley 11.982 y doctrina del art. 20, Cód. Procesal Penal) como los precedentes abren las puertas a la consideración del tema desde el antiguo precedente "Paez" (sala I, sent. del 30/12/98 en causa Nº 124) Con esta motivación y la concordante del doctor Sal Llargués, doy mi opinión por la afirmativa. Tal es mi voto.

3º cuestión. - El doctor Sal Llargués dijo:

Sin perjuicio de lo solicitado por la Defensora de Casación ante esta instancia, en tanto y cuanto solicita la libertad del imputado Corbo, soy de la opinión que, atento lo apuntado en la cuestión precedente, debe este votante pronunciarse en términos tales de retrotraer la situación procesal del encartado a la oportunamente ordenada por este tribunal en causa Nº 9025 que fuera ilegítimamente alterada por el a quo.

Sin embargo, a fin de aclarar la afirmación precedente, considero del caso analizar previamente algunas circunstancias que permitan arribar a un pronunciamiento más justo.

En primer lugar en causa Nº 9025 de este tribunal se resolvió, asumiendo competencia positiva, disponer reemplazar el contralor de sujeción de la detención domiciliaria oportunamente ordenada, por la obligación de concurrir diariamente a la seccional policial más próxima al domicilio denunciado, hasta tanto fuera provisto el equipo de monitoreo electrónico y ello en razón del anterior pronunciamiento de este Cuerpo que dispusiera como alternativa, a la prisión preventiva que venía soportando el imputado Corbo, la detención domiciliaria con monitoreo electrónico (conf. causa Nº 6.514 "Corbo, Carlos Fabián s/rec. de casación" -LLBA, 2001-323-).

Como resulta evidente la dificultad del a quo para interpretar los resolutorios de este tribunal, tal como ha sucedido en reiteradas oportunidades en que ha debido pronunciarse esta superior instancia como consecuencia de las inconductas procesales de aquél, ora desaplicando lo ordenado en esta sede ora reinterpretándolo en forma tal de tornar de casi imposible cumplimiento lo decidido (ver al respecto los pronunciamientos de este Cuerpo en causas Nº 6514, 8751 y 9025) considero apropiado explicitar lo que la decisión de este organismo jurisdiccional en causa Nº 9025 importaba.

En primer lugar, si se está diciendo que se aplica una alternativa a la prisión preventiva y que este tribunal asume, hasta tanto pueda cumplirse con la oportunamente ordenada, disponer una detención domiciliaria con la única regla de conducta consistente en la obligación diaria de presentarse el imputado en la seccional policial más cercana a su domicilio, mal puede el inferior agregar nuevas reglas de conducta y ello por las siguientes razones: 1) si este Cuerpo está asumiendo competencia positiva, es porque está admitiendo jurisdicción y competencia para resolver el conflicto que le es traído; 2) por otra parte, si en su parte dispositiva, el pronunciamiento de esta sede sólo resuelve notificar y no reenviar para que el a quo sustancie y decida (cfr. art. 461 del rito) algún acto procesal acorde a lo resuelto, es porque sencillamente la decisión tomada en esta sede debe ser aplicada sin más y sólo en caso de resultar la misma agraviante a la parte, será esta y no el inferior quien decida controvertirla y ello por vía del recurso a que habilita la ley.

Pero continuando con la explicitación del decisorio, quedó bien en claro que lo que se estaba aplicando era una alternativa a la prisión preventiva y no una morigeración a la misma como pareciera haberlo entendido el a quo. Me explico: si el inferior a más de exceder sus facultades estableciendo reglas de conducta donde ello le estaba vedado luego decide "...revocar el carácter domiciliario dado a la prisión preventiva de Carlos Fabián Corbo, ordenando su inmediata detención..." por considerar violada alguna de las reglas de conducta impuestas en forma ilegítima por el a quo, más allá de encontrarse viciado el propio acto en razón de ser éste un acto procesal consecuencia del anterior, es evidente que él no ha sabido interpretar una vez más lo decidido por este tribunal.

Algo alternativo, conforme el diccionario de la Real Academia Española en su vigésimo primera edición, implica una opción entre dos o más cosas o cada una de las cosas entre las cuales se opta. A su vez opción significa derecho a elegir entre dos o más cosas, fundado en precepto legal o en negocio jurídico. Con lo cual queda claro que una alternativa a la prisión preventiva, en modo alguno puede ser la misma prisión preventiva sino más bien algo enteramente diferente por lo que se ha optado, tal la inteligencia del art. 159 del Cód. Procesal Penal A su vez y tal como lo dejara establecido este tribunal en causa Nº 8751, las medidas alternativas del art. 159 son distintas de las establecidas en el art. 160, ambos del ritual y tanto las primeras como las segundas difieren de lo que el legislador ha dado en llamar atenuación de la coerción o morigeración de los efectos de la prisión preventiva regulado en el art. 163 del rito.

Así, si lo que se decidiera es morigerar el efecto de algo, es evidente que la causa es siempre la misma y lo único de lo que se trata es de atenuar sus efectos. Entonces constituyendo la causa la prisión preventiva, será una atenuación de la misma toda aquella medida que tienda a morigerar sus efectos. Y para este caso, al momento de incumplirse alguna de las reglas de conducta impuestas como consecuencia de la morigeración, posibilitaría devolverle su extensión originario o, como habría dispuesto el "a quo" en el resolutorio que se ataca, revocar el carácter domiciliario dado a la misma, es decir, desvirtuar su morigeración.

Es quizás este último el razonamiento que ha practicado el inferior, pero bueno es recordar, aún a riesgo de reiterar, que se llega a dicha conclusión partiendo de premisas falsas.

En primer lugar si se tiene como premisa una alternativa a la prisión preventiva sujeta a una única regla de conducta, no es posible, en términos racionales y lógicos, concluir que lo que se ha efectuado es una morigeración de los efectos de la coerción sujeta a cuatro reglas de conducta.

Y si el razonamiento anterior es totalmente inválido, por cuanto del antecedente no puede derivarse en modo alguno el consecuente referido, menos aún podrá tomarse dicho consecuente como nuevo antecedente de una segunda premisa también falsa. En efecto no puede considerarse válidamente que si lo dispuesto fue una alternativa a la prisión preventiva con una única regla de conducta y lo interpretado fue una morigeración de la misma sujeta a cuatro reglas de conducta, la violación de alguna de estas cuatro permita revocar lo que nunca existió, es decir una morigeración. En efecto no es posible, desde el otero de las reglas de la lógica más elemental, aplicar un juicio de negación de lo que nunca revistió la entidad suficiente como para ser negado.

Es decir que el a quo al decidir por sí y ante sí desaplicar lo resuelto por este tribunal no ha hecho más que inventar de la nada un acto procesal y luego en base a su invención, ha dicho que todo lo que atente contra ella, deberá ser revocado y volverá las cosas al momento anterior a la invención, que por su puesto hace tabla rasa con todo lo resuelto por su inmediato superior.

Resulta afectado, de tal suerte, por caso el principio de máxima restrictividad derivado de la función republicana que impone el art. 1º de la Constitución Nacional, sobre todo en cuanto a la racionalidad y razonabilidad de los actos de los poderes constituidos del estado constitucional y democrático de derecho.

Tales máximas animan la reforma del rito vigente, en respeto a las garantías constitucionales y convencionales que tienen rango superior o lo que es lo mismo el respeto por el estado de derecho al que no cabe menoscabar para trocarlo en un estado de policía que habilite el avance de la irracionalidad del poder punitivo.

Ahora bien, cabe recordar además la circunstancia puesta de manifiesto tanto por el defensor en su presentación así como también por el propio imputado al momento de tomársele audiencia en sede casatoria, cual es que no le habría sido permitido el ejercicio de su derecho a ser oído antes de que se dispusiera la improcedente reimplantación de la prisión preventiva.

Corbo, en su presentación, hizo saber la circunstancia que motivara la ausencia de su domicilio que -sostuvo- se debió a que su hija se encontraba enferma y que lejos de incumplir una regla de conducta (como se sostiene ilegítimamente impuesta) habría cumplido con sus deberes paternales.

Ello no obstante, la detención del imputado le impidió a éste cumplir con su presentación diaria en la seccional policial más cercana a su domicilio, regla única de conducta que debió haber cumplido por orden de este tribunal.

Finalmente merece ser tenido en cuenta el escrito presentado por el defensor de casación obrante a fs. 39 del que se desprende el ofrecimiento concreto efectuado al imputado Corbo por parte de la doctora L. R. C., para que este desempeñe tareas profesionales en su estudio jurídico.

Es decir que, como se ha sostenido en anteriores oportunidades (cfr. causa Nº 5690) el imputado Corbo ha evidenciado signos claros de resocialización y a ello debe sumarse que cuenta con una posibilidad laboral y que su detención es una alternativa a la prisión preventiva con la única regla de conducta de concurrir diariamente a la seccional policial más cercana a su domicilio.

Enterado en el breve intercambio de ideas que precede a este acuerdo de lo propuesto por el doctor Piombo respecto de la salida con fines laborales, atento al concreto ofrecimiento en tal sentido a que me he referido precedentemente, estimo razonable que la misma proceda los días hábiles de 08.00 A.M. a 20.00 P.M.

Por todas las razones y fundamentos dados y con la salvedad hecha en el primer párrafo de la presente cuestión, doy mi opinión por la afirmativa. Así lo voto.

El doctor Natiello dijo:

Debido a la respuesta que diera en la cuestión precedente y dejando a salvo la opinión allí vertida, considero que no tiene este tribunal competencia para expedirse sobre el tema que el acuerdo pusiera a consideración, ello sustentado en el texto de la norma procesal y como corolario del juego armónico de todo el ordenamiento jurídico que rige en el estado de Buenos Aires.

No obstante y para no dejar de pronunciarme en la causa, dado que esta sala entiende que es una obligación de los Jueces, incluso más allá de su competencia, daré tratamiento al interrogante en cuestión.

En principio estimo que no es el Tribunal de Casación quien debe controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas a las medidas alternativas a la prisión preventiva del encartado, so pena de desnaturalizar las funciones de esta instancia.

En esa inteligencia, es el a quo el encargado de merituar el cumplimiento o desobediencia a las pautas que se le impusieran al imputado.

Visto los antecedentes que obran en el expediente bajo estudio, considero que la Excma. Cámara interviniente, en uso de sus atribuciones ha merituado y resuelto revocar el beneficio, ello en orden al incumplimiento de las condiciones impuestas en su oportunidad y de acuerdo a las facultades que le confiere el art. 159 párrafo segundo del Cód. Procesal Penal Ha dicho el preopinante que el a quo impuso al imputado más condiciones (cuatro) que las emanadas de la sentencia de este tribunal en causa Nº 9050, arresto domiciliario con la obligación de concurrir diariamente a la seccional policial más próxima al domicilio denunciado.

De la resolución que da cumplimiento a lo resuelto por la Casación, se desprende que la modalidad impuesta en el punto 1 es idéntica a la que resolviera este tribunal.

La segunda prohibe la ingesta de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas. Esta condición surge a todas luces irrelevante por obvia y que en nada modifica lo resuelto oportunamente.

La tercera, consiste en comunicar telefónicamente al tribunal de grado problemas de salud o accidentes. Esta no configura, por cierto, una condición, es una forma de imponer al tribunal -en caso de accidente- la imposibilidad del imputado de concurrir a la seccional policial.

Y la cuarta, tampoco puedo considerarla una condición, pues en ella se dice que la transgresión de las pautas impuestas constituirá motivos suficientes para revocar el beneficio. Digo que esta no es una condición puesta por el a quo, porque de no haber dicho nada, ella surge del digesto procesal, al que este tribunal también está sometido, y que en caso de incumplimiento debe operarse.

No obstante, de entenderse que se le impusieron a Corbo más condiciones que las decididas por este Cuerpo, de la resolución que revoca la alternativa de la prisión preventiva, surge que el único motivo ha sido ausentarse del domicilio en que debe cumplir el arresto. Por consiguiente, lo único patente es que Corbo violó el arresto domiciliario impuesto por la Casación y cuyo control es competencia del a quo, en consecuencia la violación de las condiciones impuestas acarrea la revocación del beneficio (art. 159, Cód. Procesal Penal). Voto por la negativa.

El doctor Piombo dijo:

Sin abrir juicios de valor acerca de la conducta del órgano jurisdiccional a quo uno mi parecer a las razones expuestas por el magistrado que lleva la palabra en este acuerdo, recordando que a la voluntad de cumplimiento de Corbo se ha opuesto lo que en Derecho administrativo y constitucional se denomina "hecho del príncipe", que siempre implica la incidencia de fuerza mayor, naturalmente atendible en esta sede.

No obstante, entiendo que la detención domiciliaria debe ser claramente reglamentada en un solo sentido: la cantidad de horas en que el encartado puede estar fuera del domicilio para el ejercicio profesional y la comparecencia ante la seccional policial más próxima. En cuanto a la propuesta comunicación a la Suprema Corte, de la cual me hube enterado en el breve intercambio de opiniones que antecede al acuerdo, entiendo que la misma no cuadra desde que aun cuando discutible y revocable el proceder el inferior, no alcanza a tipificar una falta con la claridad que requiere como presupuesto toda apreciación sobre el quehacer jurisdiccional. Voto por la afirmativa.

4º cuestión. - El doctor Sal Llargués dijo:

Tal como han quedado resueltas las cuestiones precedentes, considero corresponde: 1) rechazar el planteo repositorio efectuado en causa Nº 8915, sin costas; 2) por mayoría, declarar admisible el recurso de Casación que lleva el Nº 10.377; 3) por mayoría y por los fundamentos dados, asumir competencia positiva y en tal sentido revocar el pronunciamiento del tribunal a quo de fecha 6 de mayo de 2002 y su antecesor del 21 de diciembre de 2001; 4) por mayoría, disponer la reimplantación de la detención domiciliaria del imputado Carlos Fabián Corbo con la única regla de conducta de presentarse diariamente ante la seccional policial más próxima a su domicilio en un todo conteste con lo resuelto por esta misma sede en causa Nº 9025; 5) por mayoría, hacer sabe al tribunal a quo que la notificación de la presente en modo alguno importa la modificación, bajo ningún concepto, de lo aquí resuelto y 6) por mayoría, conceder las salidas con fines laborales solicitadas, procediendo las mismas los días hábiles de 08.00 A.M. a 20.00 P.M.; todo sin costas (arts. 1, Constitución Nacional; 20, 159, 160, 163, 421, 436, 448, 450, 451, 456, 460, 461; 530 y 532, Cód. Procesal Penal y 4, ley 11.982). Así lo voto.

El doctor Natiello dijo:

Considero, en virtud de las respuestas que diera al tratar las cuestiones anteriores: 1) rechazar el recurso de reposición deducido en causa Nº 8.915 y 2) asimismo, rechazar el recurso de Casación intentado por el señor Defensor Oficial titular de la U.F.D. Nº 6 de Morón, doctor M. N., en favor de su asistido Carlos Fabián Corbo, en causa Nº 10.377. Así lo voto.

El doctor Piombo dijo:

Adhiero al voto del doctor Sal Llargués en igual sentido y por los mismos fundamentos. Así lo voto.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: I. Rechazar el planteo repositorio incoado en causa Nº 8915 por el defensor oficial ante el Cuerpo, doctor M. C., sin costas. II. Por mayoría, declarar admisible el recurso de Casación Nº 10.377 interpuesto por el defensor oficial titular de la U.F.D. Nº 6 de Morón, doctor M. A. N., en favor de su asistido Carlos Fabián Corbo. III. Por mayoría y por los fundamentos dados, revocar los resolutorios de la sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la departamental mencionada de fecha 6 de mayo de 2002 y su antecesor del 21 de diciembre de 2001, en causa Nº 9149 de su registro. IV. Por mayoría, disponer la reimplantación de la detención domiciliaria del imputado nombrado retro con la única regla de conducta de presentarse diariamente ante la seccional policial más próxima a su domicilio en un todo conteste con lo resuelto por esta misma sede en causa Nº 9025. V. Por mayoría, hacer sabe al tribunal a quo que la notificación de la presente en modo alguno importa la modificación, bajo ningún concepto, de lo aquí resuelto. VI. Por mayoría, conceder las salidas con fines laborales solicitadas, procediendo las mismas los días hábiles de 08.00 A.M. a 20.00 P.M.; todo sin costas. Arts. 1 de la Constitución Nacional; 20, 159, 160, 163, 421, 436, 448, 450, 451, 456, 460, 461; 530 y 532 del Cód. Procesal Penal y 4 de la ley 11.982. VII. Tener presente la reserva del caso federal interpuesta en causa Nº 10.377 por la defensora oficial adjunta ante esta sede, doctora S. D. S., en los términos del art. 14 de la ley 48. - Benjamín Sal Llargués. -Carlos A. Natiello. - Horacio D. Piombo.