Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-12-05


SENTENCIA DEFINITIVA NUMERO: Treinta y ocho San Fernando del Valle de Catamarca, 05 de Diciembre de 2.006.Y VISTOS: Estos autos Corte Nro. 31/06 "LILLJEDAHL, Enrique Ernesto c/ Estado Provincial -Acción Declarativa de Certeza e Inconstitucionalidad-", en los que a fs. 35 se declara la acción de puro derecho, agregándose el alegato de la demandada a fs. 41/46; obrando a fs. 51/56 Dictamen Nro. 116/06 de la Sra. Procuradora General subrogante; llamándose autos para sentencia a fs. 56 vta.

En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

Es procedente la acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad interpuesta? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

Practicado el sorteo conforme al acta obrante a fs. 57 vta. dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, JOSÉ RICARDO CÁCERES y MARÖA CRISTINA CASAS NÓBLEGA.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que a fs. 7/12 de los presentes autos, el Señor Procurador General de la Corte de Justicia, por intermedio de apoderado, interpone acción declarativa de certeza en contra de la Provincia de Catamarca, con el objeto de que este alto Tribunal declare la Inconstitucionalidad del Art. 195 de la Constitución de la Provincia, porque limita la inamovilidad de Magistrados e integrante del Ministerio Público a la edad de sesenta y cinco años, disposición que, a su criterio, viola la garantía establecida por los Arts. 110 y 120 de la Constitución Nacional.

Que ingresando a la relación de hechos de la causa, debemos decir que la accionante expone que la norma constitucional cuestionada es contraria al Art. 110 de la Constitución Nacional, en tanto, según este artículo, los Jueces de la Corte Suprema y de los Tribunales Inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, con prescindencia de la edad de cada uno de ellos.

Que si bien la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 agregó al Art. 99 Inc. 4, referente a las atribuciones del Poder Ejecutivo, un párrafo que limita la estabilidad de los Jueces y Miembros del Ministerio Público hasta la edad de setenta y cinco años, habilitando un nuevo acuerdo para mantener el cargo por el término de cinco años y que podrá renovarse indefinidamente, dicho párrafo tercero fue fulminado por la C.S.J.N. que declaró su nulidad absoluta en autos "Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional" al considerar que la convención constituyente extralimitó sus facultades, produciendo una modificación que no autorizaba la Ley de declaración de necesidad de la Reforma Nro. 24.309, manteniendo así nuestro máximo Tribunal el régimen originario de estabilidad ad vitam.

Continúa afirmando, que la garantía de estabilidad es principio que asegura la independencia del Poder Judicial, la División de Poderes y la forma Republicana de Gobierno consagrada en el Art. 1ro de la Constitución Nacional, por lo que dicha garantía se proyecta como patrón de organización a cada provincia en virtud del Art. 5 de la Constitución Nacional, en tanto el Art. 195 de la Constitución Provincial, al limitar el principio de inamovilidad, viola la garantía del Art. 110 de la Constitución Nacional.

Cita como antecedente la causa "Casiano Rafael Iribarren c/ Provincia de Santa Fe" -22/06/99-, en la que la .C.S.J.N. se pronunció por la Inconstitucionalidad de una norma similar a la local, que hacía cesar la inamovilidad de los Jueces al alcanzar la edad requerida para la jubilación ordinaria.

Ofrece prueba, peticiona medida de no innovar, hace reserva del caso Federal y solicita que oportunamente se haga lugar a la demanda en todas sus partes.

Que a fs. 20/22 este Alto Tribunal declara su competencia para entender en autos, considera formalmente admisible el planteo intentado receptándolo como acción autónoma de Inconstitucionalidad que se tramitar por las previsiones normativas de la acción contencioso administrativa de plena Jurisdicción, por fin, no hace lugar a la cautelar peticionada.

Que a fs. 29/33 corre agregada contestación de demanda del Estado Provincial alegando la inadmisibilidad de la acción, el sometimiento voluntario del actor al régimen de la Constitución para su designación, y la constitucionalidad del Art. 195 en tanto, a su criterio, el carácter vitalicio de los nombramientos Judiciales no es inherente al sistema republicano y, en consecuencia, no le asiste derecho alguno al actor.

Peticiona que oportunamente se rechace la demanda, con costas.

Que a fs. 35 la Corte de Justicia declara la presente acción como cuestión de puro derecho.

Que a fs. 41/46 corre agregado alegato del Estado Provincial.

Que a fs. 51/56 obra dictamen de la Sra. Procuradora Subrogante, ordenándose a fs. 56 vta. el llamado de autos.

Que ello así, y ratificando la decisión de esta Corte de fs. 20/22 en orden a la admisibilidad formal de la acción, a su naturaleza y al procedimiento que se le asignara, corresponde ingresar al análisis del tema traído a decisión, que no es otro que la cuestionada constitucionalidad del Art. 195 última parte de la Carta Magna local, en cuanto estipula una estabilidad para Magistrados e integrantes del Ministerio Público limitada temporalmente a la edad de sesenta y cinco años, y si tal norma local vulnera el principio de estabilidad vitalicia del Art. 110 de la Constitución Federal.

Que, en relación al tema, la doctrina Constitucional aparece dividida, tornando controvertida la cuestión con respecto a dos puntos concretos: el 1ro., si la Convención Constituyente de 1994 se encontraba habilitada o no por la Ley Nro. 24.309 que declaraba la necesidad de la Reforma, para agregar al Art. 99 Inc. 4 de la C.N. -Atribuciones del Poder Ejecutivo- el último párrafo en el que se limitaba la inamovilidad de los Magistrados Federales a la edad de setenta y cinco años, con la posibilidad de nuevos nombramientos cada cinco años e indefinidamente; el 2do. punto de la controversia, si el principio de inmovilidad vitalicia es o no inherente al régimen Republicano de Gobierno.

Que en relación a la 1ra. controversia reseñada, creemos que ya fue saldada por el máximo Tribunal de la Nación cuando en causa "Fayt c/ Estado Nacional" consideró, por mayoría, necesario declarar "la nulidad de la reforma introducida por la convención reformadora de 1994 en el Art. 99 Inc. 4, párrafo 3ro. y en la disposición transitoria undécima de la Constitución Nacional" al entender, luego de un extenso análisis, que la convención se había extralimitado en funciones, en tanto dichas reformas, luego anuladas, no fueron explícitamente autorizadas por Ley 24.309, y que tampoco podía surgir dicha habilitación de las facultades implícitas del órgano constituyente.

Pues bien, mas allá de dispares valoraciones que merezca la decisión reseñada, lo cierto es que en la cuestión que nos interesa, ello significó poner en valor la incolumidad y vigencia del Art. 110 de la C.N., que contempla el principio de la inamovilidad vitalicia de los Magistrados, cualesquiera sea su edad y mientras dure su buena conducta, restableciendo el régimen originario ya previsto por el Art. 96 de la Constitución de 1853, y sin otra norma constitucional que lo condicione de alguna manera.

Aclarada entonces la cuestión del modo y extensión del principio de inamovilidad de los Magistrados en la Carta Magna Nacional y en el criterio del máximo Tribunal de interpretación constitucional, corresponde avocarnos al análisis de la 2da. controversia doctrinaria ya apuntada y referida a la naturaleza de la inamovilidad vitalicia como inherente o consustancial al régimen Republicano estipulado por el Art. 1ro. de la C.N.

En tal cuestión adhiero a la postura que considera que la inamovilidad vitalicia asegurada por el Art. 110 de la C.N. es elemento esencial de la Independencia del Poder Judicial, de la división de Poderes y del régimen Republicano como forma de Gobierno, en tanto, tal garantía ha sido establecida para preservar y asegurar las potestades de control del Poder Judicial en relación a los otros Poderes del Estado, y al mismo tiempo salvaguardar a éste y a sus Miembros de toda intromisión política que condicione ilegítimamente su independencia y el gobierno de la Ley como carácter fundante del Estado de Derecho; por eso es que tal garantía no fue establecida en razón de la persona sino por el criterio objetivo de la función.

Así lo tienen dicho doctrina y jurisprudencia cuando sostienen que: "El teorema de la división de atribuciones ... es una derivación lógica del axioma de fundamentalidad de la Constitución.

Por lo tanto de ello se deriva la necesidad de mantener la independencia del Poder Judicial, como parte esencial de la doctrina de los "checks and balances".

Para mantener esa independencia es "conditio sine qua non" que se mantenga el principio de inamovilidad de los magistrados Judiciales ..." (Ekmekdjian -citado por Daniel A. Sabsay en nota- "Colección de Análisis Jurisprudencial -. Derecho Constitucional - La Ley - pág. 66 ).

Conteste con este criterio la C.S.J.N. ha dicho en causa "Iribarren c/ Provincia de Santa Fe" (C.S.J.N. Fallos 322:2 -1999, pág. 1254 ):

"La independencia de los Jueces hace a la esencia del régimen republicano y su preservación no solo debe ser proclamada sino respetada por los otros poderes y sentida como vivencia insustituible por el cuerpo social todo". "La garantía de inamovilidad vitalicia que para los Jueces Federales consagra el Art. 110 de la Constitución Nacional, es un principio de organización del Poder, que hace a la forma republicana de gobierno, a la separación de los clásicos tres departamentos del Estado y a la independencia del Poder Judicial" (voto del Dr. Adolfo Vázquez en causa "Iribarren" ).

Si ello es así, queda claro entonces que la garantía de inamovilidad vitalicia del Art. 110 de la C.N., es principio constituyente de la división de poderes y, en consecuencia, del régimen republicano de gobierno; no se trata de un principio organizacional secundario que pueda ser obviado, reemplazado o disminuido en su virtualidad jurídico-constitucional, porque integra esencialmente la estructuración del Poder y la forma de gobierno establecida por el Art. 1ro. de la C.N. y en el primer párrafo del Art. 1ro. de la Constitución Provincial, contenidos jurídicos de naturaleza pétrea que no pueden ser modificados so pretexto del ejercicio de facultades no delegadas o en nombre del federalismo, y que deben ser sostenidos cabalmente y sin cortapisas de ninguna especie por el derecho público provincial, plasmado en las constituciones locales.

Es en este contexto jurídico-intelectual, en el que el principio de inamovilidad vitalicia se proyecta al orden constitucional provincial y se integra al Art. 5 de la C.N., como condición impuesta e insoslayable a su organización institucional local para conservar la garantía federal en el goce y ejercicios de sus instituciones.

Así lo tiene dicho la C.S.J.N. en la causa "Iribarren" cuando declara la inconstitucionalidad del Art. 88 de la Constitución de Santa Fe, que limitaba la inamovilidad a la edad jubilatoria de sesenta y cinco años, expresando que:

"El Art. 88 de la Constitución de Santa Fe es contrario al modelo de inamovilidad vitalicia establecido en Art. 110 de la Constitución Nacional, e incumple, por ende, el mandato contenido en el Art. 5 de la Carta Magna referido al aseguramiento de la Administración de Justicia" (voto del Dr. Adolfo Vázquez ).

En sentido análogo se manifiesta Gonzáles Calderón -citado por el Ministro Vázquez- cuando refiriéndose a la inamovilidad vitalicia consagrada por el Art. 96 de la Constitución del 1853 decía: "... si las provincias deben tener constituciones propias que estén de acuerdo con los principios de la nacional, y si uno de esos principios es el de la inamovilidad de los jueces, es indudable que deben establecerlo como una de las bases primordiales de su sistema institucional, tanto mas cuanto el poder judicial de las provincias ejerce una función de contralor sobre los otros, análogamente a lo que acontece en el orden federal ..." (Fallos, C.S.J.N., No 322:2, pág. 1273).

De las consideraciones precedentes y a modo de recapitulación se deriva: a) la vigencia sin limitación alguna del Art. 110 de la C.N. que consagra la garantía de la inamovilidad vitalicia; b) que el principio de inamovilidad es base sustancial del Régimen Republicano de Gobierno, la división de Poderes y la Independencia del Poder Judicial; c) que así se proyecta como principio al modelo de organización institucional de las provincias, tomados como parámetros fundamentales los criterios establecidos en los Arts. 1 y 5 de la C.N.

De lo que resulta, en buena lógica, que el Art. 195 de la Constitución Provincial en su último párrafo, en tanto limita la inamovilidad de magistrados e integrantes del ministerio publico a la edad de sesenta y cinco años, contraviene explícitamente la garantía contenida en el Art. 110 de la C.N. y así debe declararse en cumplimiento del principio de prelación contenido en el Art. 31 de la C.N. y que reza:

"Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, ...".

No escapa a esta Ministro tampoco, que mas allá de las consideraciones precedentes, prelaciones normativas o la naturaleza de los principios, el control constitucional de esta jurisdicción también requiere un análisis, aunque somero, de la razonabilidad o no del Art. 195 de la Constitución local, en tal sentido aparece como contrario a aquélla, que la norma, en su última parte, limite el ejercicio de la magistratura a la edad de sesenta y cinco años, en tanto, la experiencia histórica y personal indica que es, precisamente, en la mayor edad en la que un magistrado alcanza la madurez intelectual mas plena y también la serenidad de espíritu necesaria para lograr de sí un ejercicio mas fructífero y sabio en las altas funciones que la comunidad le encomienda, y en la medida que conserve su salud psíquica y física, hipótesis que, por supuesto, ha confirmado el adelanto de la ciencia y su consecuencia, que no es otra que la ampliación de la esperanza y calidad de vida. Vázquez.

Pero aparece mas irrazonable todavía que la norma provincial postule la limitación en una edad menor a la anulada prescripción del Art. 99 Inc. 4 de la C.N., que la determina en la edad de setenta y cinco años y con la posibilidad de prórroga indefinida mediante nuevos acuerdos y nombramientos cada cinco años, extensiones que no contempla la norma local; de lo que resulta que el artículo de la Constitución Provincial es mas riguroso y sin alternativas en la limitación de la inamovilidad que la norma constitucional nacional, que ya mereció la sanción de nulidad por la C.S.J.N., tales circunstancias la alejan aún más de las prescripciones del Art. 110 y, en consecuencia, vuelven mas patente su manifiesta irrazonabilidad, que se ve agravada al generar un estado de latencia funcional en el magistrado local, colocándolo potencialmente a expensas de la voluntad de otro poder del Estado, circunstancia que se torna irreconciliable con el principio de independencia del Poder Judicial.

Por último, quisiera considerar el argumento explicitado por el Estado en su contestación de demanda, referido al supuesto sometimiento voluntario del actor a un régimen jurídico que consignaba el límite de edad; en relación al tema cabe decir que el sometimiento voluntario debe entenderse como la aceptación de los principios rectores que establece el orden constitucional para el ejercicio de la función que se asume, pero nunca a las normas que lo vulneren, ya sea que deriven de una norma constitucional o infraconstitucional.

Tal criterio surge del propio texto de juramento prestado por magistrados y otros funcionarios de ley al momento de asumir el cargo y que expresa: "Jurais a Dios y a la patria ... desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de ... para el que habéis sido designado, respetando y haciendo respetar - en lo que de vos dependa - la Constitución de la Nación, la Constitución de la Provincia y las leyes que en su consecuencia se dicten?"; allí se repite el orden de prelación del ya citado Art. 31 de la C.N., y en consecuencia, nunca pudo el actor cohonestar lisa y llanamente una norma de la constitución local que desde su origen contravenía un principio rector -la inamovilidad mientras dure su buena conducta- contemplado por la Carta Magna Nacional.

Por el contrario, de la fórmula de juramento surgía la promesa de respetar la jerarquía normativa establecida y, en consecuencia, la obligación de cuestionar cualquier norma que contraviniera aquel orden constitucional supremo, ya derivara de la constitución local o de la legislación común.

Por otra parte, no parece razonable considerar que un acto de voluntad subjetiva y personal pueda purgar, de algún modo, una inconstitucionalidad objetiva que la jurisdicción de este Tribunal se limita a detectar y así declarar.

Por todo lo expuesto, considero debe hacerse lugar a la acción intentada y declarar la inconstitucionalidad del Art. 195 última parte de la Carta Magna Provincial, tal como fue peticionado en la presente causa.

Dada la naturaleza de la cuestión debatida las costas deben imponerse en el orden causado. Es mi voto.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Nuestro país ha dotado al Poder Judicial de ciertas inmunidades para su normal funcionamiento y ha preservado su independencia mediante dos principios fundamentales: la inamovilidad de los jueces y la intangibilidad de sus remuneraciones, establecidos a fin de garantizar la vida, la libertad, la propiedad y el honor de los habitantes.

El Art. 99 de la Constitución Nacional y Art. 195 de la Constitución de la Provincia garantizan la inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta.

Sendas disposiciones están encaminadas hacia un mismo objetivo: la existencia de un poder judicial fuerte, independientemente y correctamente administrado, pues sin inamovilidad no hay independencia y sin un régimen adecuado de reparación de quienes lo administran correctamente no puede haber inamovilidad.

Lo que ha ratificado la Constitución Nacional, a pesar de la última reforma de 1994, es precisamente la inamovilidad de los jueces en forma vitalicia con un agregado: el tope en la edad de 75 años.

La Constitución de la Provincia, mantiene ese principio general pero el tope es de 65 años, al igual que algunas constituciones provinciales como la de Santa Fe (Art. 88) que establece: "... el cese de la inamovilidad de los jueces a partir de los sesenta y cinco años de edad si están en condiciones de jubilarse" y que ya fuera declarado inconstitucional por la SCJN con fecha 22/06/1999.

La Constitución Nacional establece, además, que puede ser nombrado por un nuevo acuerdo a pesar de la edad: "Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, ser necesario para mantener en el cargo a cualesquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años." (Art. 99, Inc. 4, 3er. párrafo). El problema de la inamovilidad vitalicia o no, basada en un tope por la edad, está introducida en algunas legislaciones como ser las constituciones de Perú (Art. 242) y de Uruguay (Arts. 237 y 250) que establecen un tope de 70 años; la de Chile (Art. 77) 75 años y la de Brasil (Art. 95) y México (Art. 110) que admiten el carácter vitalicio de la inamovilidad.

Cabe señalar que éste es un problema de vieja data; lo podemos encontrar como antecedente en la Constitución de Nueva York de 1.788, que había adoptado la edad tope para el ejercicio de la magistratura los 75 años.

Hamilton Madison critica esa norma por considerar que, las facultades de discernir y de comparar se conservan intactas bastante después de esa edad ("El Federalista", (libro LXXIX, P g. 337, Fondo de Cultura Económica, México 1987).

Si hace doscientos años, Hamilton consideraba que a los 75 años un juez estaba en condiciones de continuar con su tarea, consideremos ahora que, con los avances de la ciencia, las expectativas de vida se han acrecentado considerablemente, por lo tanto sostener el tope de edad (65 años) constituiría un absurdo y por lo tanto imposible de sostenerlo jurídicamente.

Enrique Paixao, constituyente de la reforma de 1.994 y partidario de restringir la inamovilidad de los jueces en base a la edad, trae a colación las normas adoptadas por la iglesia católica en cuanto los obispos únicamente podrían estar hasta los 70 años en ejercicio de su ministerio, pero cabe recordar que en la iglesia católica existe la posibilidad que la más alta jerarquía pueda dispensarlo y así continuar ejerciendo al frente de su diócesis.

Repárese que la iglesia católica, una de las instituciones más rígidas que existen, habla de un tope de 70 años.

"El sistema constitucional argentino sostiene el principio de la inamovilidad de los magistrados de manera que si el juez ha de ser removido, dicha remoción ha de llevarse a cabo en estricta conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución, como salvaguarda del sistema democrático de gobierno y el Estado de Derecho" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 30/09/1997, LL-1998-E-262).

En consecuencia, corresponde se declare la inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la existencia de una auto contradicción en la Constitución de la Provincia en cuanto el Art. 195, apartado segundo, dice:

"Los Magistrados e integrantes del Ministerio Público son inamovibles mientras dure su buena conducta, observen una atención regular de su despacho, no incurran en negligencia grave o desconocimiento inexcusable del derecho" y, por otro lado, agrega "hasta cumplir la edad de sesenta y cinco años". Además entra en pugna con el Art. 99 de la Constitución Nacional.

Cabe aclarar, que en base al sistema federal las constituciones provinciales pueden legislar en forma distinta a la Constitución Nacional, como ser la remuneración de los jueces, la edad para ingresar a la justicia, antigüedad en el título, etc., pero so pretexto de esa autonomía no se puede aniquilar el derecho a la inamovilidad fijando un límite de edad absurdo muy distante del orden nacional que fija un tope de 75 años y que ya fuera cuestionado. Es mi Voto.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Casas Nóblega, dijo:

Que adhiero a los enjundiosos votos de los Sres. Ministros que me preceden en el Acuerdo, por lo que, en mérito a la brevedad, hago mía sus consideraciones y conclusiones. Así Voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia por ante mí que doy fe.

San Fernando del Valle de Catamarca, 5 de diciembre de 2006.Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede, y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Hacer lugar a la acción autónoma de inconstitucionalidad interpuesta; consecuentemente declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo -ultima parte- del Art. 195 de la Constitución de la Provincia.

2) Costas en el orden causado.

3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense.