marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido sin causa, redes sociales, alcohol etílico
Materia: LABORAL
Carátula: Martinez Leandro Alexis c/ Sav S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-11

El despido de un trabajador con sustento en que ingirió alcohol en horario laboral deviene injustificado, pues el empleador no precisó en qué momento se produjeron dichos incidentes, y sus dichos se fundan en una foto que se exhibió en una cuenta de red social, la cual es ajena al trabajador, máxime cuando el testigo presentado por la empleadora no estuvo presente al momento en que estos hechos ocurrieron.
Ejecución fiscal, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dirección provincial de vialidad c/ Jalit, Omar s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-16

La intervención de la justicia federal en las provincias es de excepción, es decir que se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia. Consecuentemente, desde que la relación jurídica que en el caso vincula a los litigantes (se trata en el presente de una ejecución) esta básicamente erigida por las normas de derecho común, se sigue que la cuestión no se encuentra comprendida en los supuestos especiales contemplados por los arts. 100 de la C.N. y 2 de la ley 48 que determinan la jurisdicción federal.
Nulidad procesal, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Santiago Quagliata S.A.C.I.A.I. Y F. c/ Varela Visión S.A. s/ Cobro ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

Corresponde declarar la nulidad de oficio si se comprueba que el proceso se ha desarrollado entre la actora, dos terceros de intervención voluntaria socios de una S.A. y sin representación de la parte demandada, la S.A. En el caso no se tuvo por notificada la demanda a la Sociedad ni se la declaró rebelde, asumiendo de hecho los terceros la representación de la sociedad; uno de ellos, que era además socio de la entidad demandante, se allanó a la demanda (a lo que no estaba habilitado) y el otro pretendió adherir a una contestación de demanda nunca realizada.
Defensa en juicio, recurso de casación, procedencia parcial
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Cano, José Guillermo c/ Iate S.A., EDECAT S.A. y Poliservicios S.A. s/ Beneficios Laborales - Recurso de Casación Nieva, Roger Eduardo c/ IATE S.A., Edecat y Poliservicios S.A. s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación Arévalo, Sergio Marcelo c/ IATE S.A., Edecat S.A. y Poliservicios S.A. s/ Beneficios Laborales - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-08-04|2009-08-04|2009-08-04

Le asiste razón a la quejosa en cuanto reprocha la omisión de registrar el modo de actualizar el monto base de la regulación y porcentajes aplicados. Ello en tanto si bien este tipo de pronunciamiento se caracteriza por su parquedad, debe ser diáfano, nítido y no obscuro, y en el caso, al expresar solamente los resultados, priva a los interesados de poder verificar la exactitud de las cifras estipuladas, lo que no deja de atentar contra su derecho de defensa. En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación, revocar el fallo de Cámara conforme a lo expresado y disponer que en el juzgado de origen se proceda a regular los honorarios del patrocinante de la recurrente tomando como base el monto de la transacción, debiendo además consignar modo de actualización y porcentajes aplicados.
Corredor, matrícula profesional
Materia: COMERCIAL CONSTITUCIONAL
Carátula: SUPPO MIGUEL ANGEL s/ SOLICITA INSCRIPCION MATRICULA DE CORREDOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-14

Es verdad que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal (art. 104, Const.Nac.);pero resulta que en virtud del art 67 inc.11 de la ley fundamental, el Congreso de la Nación es el que dicta el Código de Comercio; y según el texto del art. 108 Const. Nac. las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación.

No pueden...ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería después de que congreso los haya sancionado.

Los corredores son "agentes auxiliares autónomos" del comercio, y como tales, sujetos a las leyes comerciales, como expresamente lo dispone el art. 87 inc. 1ro del C. de Comercio. Son "comerciantes".

El art. 8 inc. 3 del C. de Comercio establece que toda operación de corretaje es acto objetivo mercantil. Y quienes realizan actos de comercio haciendo de ello profesión habitual, son comerciantes (art. 1 del C. de Comercio).

Si los corredores son sujetos de la actividad mercantil, es lógico que las condiciones sustantivas para el ejercicio de su profesión sean reguladas por el Código de Comercio; por eso es que a partir del art. 88 dicho Código se ha ocupado de regimentarlas, estatuyendo también los derechos, obligaciones, incompatibilidades, inhabilidades, prohibiciones y sanciones que regulan la profesión de corredor; hay que distinguir netamente entre lo que es la facultad de legislar sobre los requisitos esenciales para ejercer como corredor-que corresponde al Congreso Nacional-, y las atribuciones atinentes al mero gobierno de la matrícula, de menor rango por cierto, que sí son resorte de los poderes legislativos locales, en ejercicio del poder de policía provincial.

Los art. 2 y 12 inc. "b" de la ley 7191 son inconstitucionales; no sólo por instituir exigencias que van más allá de los requisitos establecidos por el Código de Comercio, sino también fundamentalmente, porque resultan abiertamente contradictorios con el art. 88 inc. "c" de éste cuerpo legal. La colisión normativa es evidente, porque mientras la ley de fondo ha establecido que la idoneidad para ser corredor debe justificarse con la aprobación del examen del art. 88 inc. "c" del Código de Comercio, la ley local dispone que la comprobación de esa misma idoneidad sólo puede tener lugar mediante título oficial de corredor público o título universitario en la rama del derecho y/o de la Ciencia Económicas;

se trata de dos sistemas manifiestamente distintos para acreditar idoneidad profesional.

El argumento de que la ley 23.282 es posterior a la 7191 resulta inconducente, porque en esta materia la norma nacional siempre prevalece sobre las directivas locales, independientemente de que éstas sean anteriores o posteriores respecto a aquellas.-
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: De León, Marcelo Isaac c/ Instituto  Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionado s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

El amparo es un proceso excepcional, cuya utilización sólo procede en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, por lo cual se exige para su apertura circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, puedan provocar un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva.
Accidentes de trabajo, incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Argañaraz, Eulogio Antonio c/ Orellana, Victor y/o La Población de Ortega S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-10-26

La Ley de accidentes de trabajo en su artículo 5 establece como regla general la responsabilidad del patrono respecto de todo accidente en los casos del artículo 1 sin más excepciones que las especificadas en su artículo 4. Sin embargo, ello no exime al accidentado de acreditar el accidente y su vinculación con el empleo, el grado de incapacidad, la existencia de la relación de trabajo, etc., ni al empleador las causas legales de excepción.
Concursos, costas, verificación de créditos, verificación tardía, crédito fiscal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cicero Asociados S.R.L. s/ Concurso preventivo de acreedores s/ Inc. de verificación tardía por Fisco Nacional (Dirección General Impositiva)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-22

Es doctrina que, en principio, el acreedor debe cargar con las costas cuando la insinuación de su crédito lo es en forma tardía. Es cierto que la ley 11683 (t.o. 1978) prevé un procedimiento que puede insumir un lapso más o menos prolongado para la determinación del crédito fiscal, caracterizado por la audiencia al contribuyente (arts. 23 y ss. ley cit.), pero no lo es menos que el obrar del organismo recaudador ha evidenciado una notoria negligencia, ya que se trata de deudas que datan del año 1986 y subsiguientes y su insinuación se materializa recién en el mes de junio de 1993.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, condena anterior
Materia: PENAL
Carátula: GONCHARUCK, Carlos A. s/ Tentativa de robo y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-29

No es posible desdeñar la circunstancia de que el imputado posea al menos tres antecedentes condenatorios, que es agravante independientemente de su calidad de reincidente.-
Contrato de trabajo, intimación al empleador, silencio del empleador, presunción legal
Materia: LABORAL
Carátula: Ulloga, Horacio c/ Ashira S.A. y-o Quien Resulte Responsable s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-18

El artículo 57 de la L.C.T. impone al empleador la carga de explicarse o contestar, cuya omisión origina una consecuencia desfavorable, cual es una presunción en contra como deber derivado del principio de buena fe contenido en el artículo 63 del citado ordenamiento.
Cuestiones procesales, recurso de apelación (procesal), recurso de queja (procesal), derechos de las partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: MILLEX SA c/ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA s/ ORDINARIO S/RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-18

Procede hacer lugar a la queja contra la resolución que denegó la apelación en razón del monto. Ello por cuanto, en el caso, el monto de inapelabilidad no sería de aplicación pues el actor ha promovido su reclamo contra los demandados exigiendo, por un lado, la resolución del contrato celebrado oportunamente y, por otro, la restitución de la tenencia del local referenciado a su parte conforme los argumentos que esgrimió en el juicio principal. Ello, al menos, revelaría una situación que podría escapar de la regla general de inapelabilidad estatuida para la materia en el CPR 242, irrogándole un agravio insusceptible de reparación ulterior dadas las particularidades del caso.
Suspensión del juicio a prueba, aplicación de la ley, imputado, personas privadas de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: POPOVICH, Juan C. s/ SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-10

Surge de la letra del art. 76 bis del C.P. que, la suspensión del proceso a prueba sólo podrá ser aplicada a los "imputados" de un delito y no a los "condenados", a pesar de que pudiera hablarse de mayor benignidad de la ley.
Inspección General de Justicia, sociedad anónima, gobierno provincial
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Crédito Integrado s/ denuncia  Gloria  Elizabet  Bartoszvich ante la Inspección General de  Justicia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Lo atinente a la autorización y control de la actividad de las sociedades que tienen por objeto la capitalización y ahorro, es materia que ata!e al Estado Federal, y se halla especialmente reglamentada por normas de ese carácter, que la someten a la autoridad de la Inspección General de Justicia de la Nación en todo el territorio de la República. Ello no importa menoscabo de las potestades de control atribuidas en el orden provincial a los organismos locales, las cuales quedan circunscritas a los aspectos estrictamente societarios.
Derechos del consumidor, campaña publicitaria
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación del Futbol Argentino y Otros c/ Unilever de Argentina S.A. s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-10

La empresa demandada deberá cesar la difusión de una campaña publicitaria, en la cual se da a entender que una de las marcas que comercializa es patrocinadora oficial del seleccionado argentino de fútbol cuando en realidad lo es la marca de una empresa competidora, dado que la utilización de la imagen de un futbolista, puede razonablemente generar confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta el derecho constitucional de los consumidores a una información adecuada y veraz y a la protección de la libertad de elección.
Interpretación de la ley, privilegios (civil)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: García, Rómulo Horacio c/ PEN  y  BCRA s/ amparo. Olivera, Alicia Inés c/ PEN s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23|1993-02-23

Las normas que crean privilegios deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que las situaciones excepcionales se conviertan en regla general.
Empleados públicos, relación de dependencia, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARQUEZ, LUIS ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 49-90) ROSSI, GUIDO MARTIN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 473-87) BILICICH, MARIA ISABEL PONZONE c/ COMUNA DE WEELWRIGHT s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 287-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-29|1996-10-02|1994-08-03

El derecho a la estabilidad, que se proyecta sobre diversos aspectos de la relación de empleo público, no se hace extensivo sin ningún límite a la función que desempeña el agente, (así lo prevén expresamente algunas normas reglamentarias).
Régimen de consolidación de deudas, deuda pública
Materia: ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: P. SA c/ Municipalidad de Rawson s/ Contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-06

Tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no existen razones para exigir al actor que se someta a un régimen de consolidación que no se ajusta a las disposiciones en vigencia.
Exportaciones, régimen en el IVA para exportadores, productos agropecuarios, ley posterior, aplicación de la ley, tributos aduaneros, tasa de estadística
Materia: ADUANERO
Carátula: Compañía Continental S.A. (T.F. 6951-A) c/ A.N.A..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-19

La Corte Suprema de Justicia de la Nación al dictar sentencia el 10 de diciembre de 1997 in re: "Tradigrain S.A. (T.F. 6965-A) C/ A.N.A.", cuya doctrina resulta pertinente acatar por razones de economía procesal. Sostuvo que la ley 21.453 -en cuyos términos se efectuaron las exportaciones bajo examen estableció un régimen especial que otorgó certeza a los exportadores en cuanto fijó el tratamiento tributario de la mercadería de acuerdo con las normas vigentes a la fecha en que quedaron concertadas las ventas al exterior, permitiéndoles de tal modo prever al momento de convenir el negocio, la carga fiscal que debería satisfacerse por la exportación. En tal sentido consideró que del mismo modo en que dicha ley coloca a los exportadores al abrigo de posteriores normas que aumenten la carga tributaria de las exportaciones, quita todo apoyo lógico y jurídico a la pretensión de aquéllos de intentar obtener un tratamiento más favorable por la supresión de un gravamen que se encontraba en vigor cuando se concertó la venta de la mercadería y quedó definido el régimen tributario que regiría su extracción del territorio aduanero nacional. Asimismo, señaló la Corte, que toda vez que el decreto 2284/91 en su art. 71 se limitó a suprimir la tasa de estadística para las exportaciones pero no intentó derogar o modificar el régimen de la ley 21.453, no cabía sino interpretar que dicha "supresión", en lo que hace a las exportaciones efectuadas en los términos del mencionado régimen especial, sólo opera cuando la venta de la mercadería al exterior se haya "cerrado" a partir del 1º de noviembre de 1991, fecha de entrada en vigencia del decreto. Por lo que en atención a que, como en la especie, el cierre de venta tuvo lugar con anterioridad a esa fecha cabía concluir que el régimen tributario entonces vigente -en virtud de lo dispuesto por el art. 6º de la ley 21.453, cuyo alcance fijó el Alto tribunal en el considerando ll de la sentencia citada- se integra con lo dispuesto por el art. 1º de la ley 23.664, modificado por la ley 23.697 (art. 35), que gravaba con la tasa de estadística a esa clase de operaciones. Conclusión que concuerda con lo dispuesto por el decreto 1177/92, en cuanto dispuso que "las ventas declaradas ante la Junta Nacional de Granos antes del 1 de noviembre de 1991, se regirán por las normas vigentes al momento de su cierre de venta" (art. 6º, primer párrafo).
Mandato, ratificación del mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.G.S.S. c/ Medici Mario s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

Encontrándose revocado el poder obrante, en virtud de un decreto que expresamente lo dispone, dictado por el Ejecutivo Municipal y dado que el posterior decreto de ratificación, no es suficiente para una nueva institución, ya que no cumple las formalidades de la escritura pública ineludiblemente exigida por el artículo 1184 inc.7º del Código Civil, carece el letrado de representación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestión no federal, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL
Carátula: A.P.P.C.R. c/ C.A.P. SA s/ Ordinario (Cobro de Pesos)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-26

La interpretación de una norma, cualquiera que sea, siempre debe ser sistemática, razón por la cual no puede contrariar las bases y principios en los que se funda el sistema jurídico.
Daños y perjuicios, indemnización, pensiones, jubilaciones, homicidio culposo, accidente de tránsito
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: CAMPOS OMAR HORACIO s/ DAÑOS  Y  PERJUICIOS  - COMPENSACION DE BENEFICIO - HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-08-22

El daño a indemnizar como las ventajas a deducir deben ser causados por el autor del acto ilícito, es decir, se deben regir por la misma regla. Así cuando el damnificado, como consecuencia de la reparación obtiene un beneficio derivado de la reparación misma, es evidente que ese beneficio debe deducirse del monto del daño a reparar (sería el caso del beneficio obtenido por el accidente in itinere). En el caso de la indemnización de la ley de Contrato de Trabajo, como en el de las jubilaciones o pensiones la situación es distinta puesto que las mismas tienen causas ajenas al responsable.

Se trata de ventajas acordadas, obtenidas o beneficios comprados a través de retenciones, años de servicio, etc. El acto ilícito no es más que la ocasión fortuita en que se cumple la condición para el goce de esos beneficios (invalidez, muerte), la cual habría podido producirse en cualquier otra circunstancia y, por tanto, no procede la compensación.-
Asociaciones sindicales, representación sindical, representación colectiva, reducción salarial, legitimación activa
Materia: LABORAL
Carátula: ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO A.T.E. Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL. PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-15

La facultad de las asociaciones con personería gremial para defender y representar los intereses individuales y colectivos de los trabajadores, frente a los empleadores y al estado, se encuentra contemplada en el art. 31 inc. A) de la ley 23551, y habida cuenta que el intento de reducir las remuneraciones en forma general importa sin duda alguna, el presupuesto de una potencial controversia colectiva, debe considerarse incluida en el amplio ámbito de representación legal de los sindicatos, y no en la hipótesis de conflictos plurindividuales que tornare operativo el recaudo impuesto por el art. 22 del decreto 467/88.
Concursos, plazo legal, prescripción, acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Limayo SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-05

No encontrándose controvertido que la intimación de pago formulada por el acreedor fue interpuesta antes de que se cumplieran diez años desde la homologación del acuerdo preventivo, corresponde considerarla interruptiva del plazo de prescripción del CCOM 846, de acuerdo a lo dispuesto por el CCIV 3986, por tratarse de una actuación que revela la voluntad del acreedor de exigir el cumplimiento de la obligación (CNCom, Sala B, in re "Compañía Financiera Plafin SA c/ Castiglione, Osvaldo Néstor s/ sumario" del 19-6-07, idem in re "Banco de la provincia de Buenos Aires c/ Berrondo, Ricardo Enrique y Otro s/ Ejecutivo" del 19-5-17), el planteo no puede prosperar.
Facultades del ombudsman, interpretación de la constitución, jerarquía constitucional, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor  del  Pueblo  de la Nación c/ E.N. -P.E.N.- M° E. - dto. 1738/92 y otro s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-24

Por aplicación del principio de supremacía constitucional, y en razón del carácter operativo del art. 86  de la norma fundamental, la legitimación procesal del Defensor del Pueblo para iniciar acciones judiciales ha sido expresamente reconocida, por lo que debe interpretarse que ella le es otorgada para promover acciones en ejercicio de sus funciones, en todo aquello que hace a su competencia, tanto en el ámbito nacional como ante órganos o tribunales internacionales; su intervención responde a la facultad para promover acciones en las que la controversia se centra en la defensa del orden público, social y en la efectiva vigencia de los derechos fundamentales (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Intervención de terceros, terceros interesados
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Ushuaia c/ Santillán, Héctor Antonio s/ Acción de Lesividad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-12-15

Resulta correcta la afirmación de la actora en cuanto a que en el pedido de citación de terceros no se ha expresado cuál es el interés de los ex- funcionarios en el mantenimiento del acto, requisito ineludible para admitir su intervención (art. 42 CCA).
Proceso contravencional, juicio abreviado, consentimiento del procesado, pluralidad de imputados, ley supletoria, alteración de la tranquilidad pública
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: E, M. O. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-19

El artículo 431 bis in fine del Código de Procedimiento Penal de la Nación no resulta aplicable al juicio abreviado que legisla la Ley de Procedimiento Contravencional.

El artículo se refiere al supuesto en que existen en una misma causa varias personas imputadas, de forma que se admite entonces la posibilidad de aplicar el procedimiento abreviado si hay coimputados, pero subordinado a que todos ellos presten su conformidad. No puede sostenerse válidamente que sea éste el caso de autos; ello toda vez que el artículo 71 del Código Contravencional legisla dos acciones autónomas, cuales son la de "OFRECER" y la de "DEMANDAR" para sí u otras personas, servicios sexuales en los espacios públicos, pero no contempla la "TRANSACCION", supuesto éste que sí habilitaría la acumulación que el a quo pretende.