marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, indemnización, incapacidad, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: LINGUA, JUAN c/ AUTOSERVICIO COSMOS SRL s/ COBRO DE PESOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTRE NRO 17-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-15

No cabe conceder el recurso de inconstitucionalidad si la base del planteo del recurrente está dada por una interpretación subjetiva de la valoración de la prueba y de las cuestiones tratadas por la sala en ejercicio de funciones propias, que no guarda correspondencia objetiva con lo que consta en el decisorio.

En el caso, el recurrente dice que se omitió tratar la cuestión relativa a las lesiones sufridas por el actor en la que se demostraba la pérdida de tres dedos y no la amputación de toda la mano como afirmó éste, pero del fallo surge que de la ponderación efectuada por los juzgadores de los elementos determinantes de la indemnización, no resulta que hayan considerado como íntegramente perdida la mano.
Recurso de casación penal, juicio oral
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Berdugo, Miguel A. s/ HOMICIDIO SIMPLE S/ CASACIóN. CAMPOS, GREGORIO H. Y OTRO s/ PRIVACION  ILEGITIMA  DE  LA LIBERTAD, ROBO CALIFICADO DE AUTOMOTOR Y  ROBO CALIFICADO EN CONURSO IDEAL, TODO EN CONCURSO REAL. QUEIPUL, PEDRO S. s/ QUEJA EN: "QUEIPUL, PEDRO S. S/ PROMOCION DE LA CORRUPCION DE  MENORES REITERADA EN UNA OPORTUNIDAD"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-08-27|1991-04-18|1994-03-11

La mayor fuerza de convicción con que las pruebas colectadas influyeron en el tribunal de juicio aunados al efecto propio de la inmediatez que caracteriza el juicio oral, no pueden ser objeto de válido reproche como fundamento de un recurso de resorte excepcional como lo es el de casación en materia penal, solo enderezado a comprobar la legalidad de los fallos.
Terminación del proceso, notificación de la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTRO DE PUJOL MARIA DEL HUERTO c/ GOBIERNO DE PROVINCIA (DECTO. SERIE "A" Nº 646) s/ ACCION DE AMPARO - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2011-05-26

No se requiere la notificación de la sentencia que define la suerte del pleito o recurso para tener por cerrada la instancia, quedando clausurada la misma con su dictado.
Certificado de trabajo, cobro de sumas de dinero, remisero, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Assi Ricardo Alfredo c/ Cruz Angélica Ramona y otros s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-27

El actor prestaba servicios en el marco de la agencia de remís, pero lo hacía exclusivamente para el titular del auto que circunstancialmente manejara. En efecto, trabajaba "en" la remisería, no "para" la remisería. Y esto no es un juego de palabras absurdo o un razonamiento laberíntico o enmarañado: trabajar en la agencia no es equivalente a trabajar para sus dueños. La agencia se limita a una organización de coordinación y comunicación de viajes para los autos de particulares que se integren a la misma contra el pago de un canon (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Mediación, reapertura de la mediación
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARIN,   ELIDA   BEATRIZ c/ CCI  CONCESIONES  Y  CONSTRUC.  DEINFRA-ESTRUCTURA SA S/ s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

Resulta improcedente que el defendido postule que se reabra el proceso de mediación en razón de no haber participado de la misma los menores coaccionantes, toda vez que una aplicación racional de la Ley 24573, que necesariamente debe atender a su finalidad, conduce a concluir que cuando se infiere con alto grado de convicción que no se verifica posibilidad actual mínima de conciliación entre las partes, es posible soslayar un trámite que importaría prolongar injustificadamente el desarrollo del juicio. No empece lo expuesto que, -como en el caso-, no ha resultado acreditado si la madre de aquellos invocó o no en forma concreta, estar actuando por sí y además por sus hijos menores en el proceso de mediación previa dada la encontrada posición de las partes al respecto; toda vez que ello no amerita la solución propuesta por el accionado, puesto que mas allá de señalar la sustancial diferencia económica que uno u otro presupuesto importaría, no manifiesta que ello hubiere condicionado su decisión jurídica de controvertir los términos de la demanda. Máxime, si el Sr. Asesor de Menores de Cámara, no puso objeciones al trámite, sino que, por el contrario, se infiere de los términos del dictamen que en virtud de la amplitud de la representación que ejerce quien detenta la patria potestad de los menores, cabe inferir que la participación de la madre de los correclamantes menores en la etapa mediatoria ha suplido el defecto formal de no haberse asentado en forma expresa encontrarse ejerciendo tal representación en la instancia de mediación.
Delitos contra el honor, competencia, cuestiones de competencia
Materia: PENAL
Carátula: GARDINER, M.T. s/ CALUMNIAS    E  INJURIAS  -  PRINCIPIOS  COMUNES  -  DESESTIMACION  -  COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-06-27

De constituir delito el hecho que dio origen a las actuaciones, se habría consumado fuera de la jurisdicción territorial argentina;

toda vez que los términos ofensivos fueron conocidos por el damnificado en Sudáfrica, correspondiendo entender a los Tribunales de este lugar -donde ocurrió la primera divulgación que comporta la exteriorización requerida para que se configure el ilícito-.

Siendo el principio dominante el territorial, la excepción debe interpretarse en forma restringida, "limitándose el empleo del principio real o de defensa sólo para los delitos a distancia y los que afectan al Estado".

Admitir lo contrario significaría desconocer la soberanía territorial de otros Estados en la aplicación concreta de su orden jurídico, máxime cuando por tratarse de supuestos en los que se habría cometido un delito contra el honor, no hay interés nacional alguno que requiera especial protección.
Universidades, universidades nacionales, gratuidad de la enseñanza, estatutos universitarios, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación) c/ Universidad Nacional de Luján s/ aplicación ley 24.521.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

La ambigüedad que encierran los términos "equidad" y "gratuidad" debe resolverse en un equilibrio que resulte del conjunto de las disposiciones estatutarias, de suerte que, en aquellos casos en que la gratuidad no alcance por sí sola a garantizar la igualdad de oportunidades, se impone al Estado la carga de proveer a los habitantes de los medios suficientes para acceder a la educación gratuita (Disidencia parcial del Dr. Augusto Cesar Belluscio).
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, ejecución fiscal, inhabilidad de título, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Administración Nacional de Seguridad Social c/ Mutualidad Hospital Italiano de Santa Fe s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-24

Si bien el pronunciamiento que admitió la excepción de inhabilidad de título, formulada en un proceso de ejecución fiscal, no constituye sentencia definitiva que haga viable el recurso extraordinario, dicha regla cede cuando el fisco recurrente no dispone en el futuro de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos.
Licitación pública, igualdad licitatoria, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Eco Sistemas -Empresa de computación- c/ Municipalidad de Santo Tomé s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nº   168-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-23

La inclusión o no de aumentos -aún considerables- dentro del precio ofertado en una licitación, es un riesgo asumido por las contratistas por referir exclusivamente a su esfera de interés el cálculo de costos y la ganancia que se aspira a obtener. De tal forma, el ofrecimiento de un precio presupone que se ha extremado la diligencia empresarial para calcularlo, siendo de su riesgo, y no de la Administración, los defectos en que se pudiere haber incurrido en su determinación. Si se admitiese la posibilidad de modificar los precios ofrecidos en base a consideraciones económicas efectuadas por la Administración al margen de lo previsto en los Pliegos y normas reglamentarias,se introduciría en las relaciones entre Administración y contratistas un factor de inseguridad jurídica notoriamente inconveniente.
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, fondos comunes de inversión
Materia: ECONOMIA
Carátula: "Borda  Osvaldo  y  otro c/ PEN Ley 25561 Dtos 1570/01 214/02 s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-07

Es claro que el sistema impuesto por las normas dictadas en la última emergencia económica no constituía un riesgo propio del negocio o de la inversión para los cuales el amparista entregó los fondos de su propiedad, que haya sido previsto por las partes contratantes o, mucho menos, que pueda cnsiderarse asumido por aquél (Cons. XIII). (Ver, ídem esta Sala "Tassara, Nelly", del 16/12/04).
Honorarios, litisconsorcio pasivo
Materia: CIVIL
Carátula: NEDER, CEFERINO ATILIO. c/ DONATO ALVAREZ Y OTRO. s/ COBRO (ORDINARIO).
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-12-28

En cuanto a que no puede proceder regulaciones por separado según los representantes de cada una de las sociedades codemandadas, tampoco asiste razón al recurrente toda vez que se trata sin duda de un consorcio facultativo pasivo sobre el que se ha dicho que ".esta unicidad formal no impide distintos contenidos de la resolución respecto de cada uno de los litis consortes facultativos, respecto de los cuales puede admitirse o rechazarse la demanda independientemente; la sentencia final en caso de litis consorcio alcanzará a quienes lo constituyen, pero no necesariamente el sentido de ese pronunciamiento será igual para todos.

El fallo constituirá un solo documento, pero contendrá tantas sentencias cuantos sean los litis-consortes" ("Procesos con sujetos múltiples"-Hernán Martínez- Ed. La Rocca- 1987- págs. 64/65).

En el caso de litisconsorcio, dice el art. 13 LA que los honorarios de los profesionales de cada una de las partes se regularán de acuerdo al interés de cada litisconsorte. Sobre esta premisa cabe rechazar este agravio vinculado a la regulación efectuada al Dr. M. en tanto abogado de Nolo S.R.L..

Ello así porque, en primer lugar, esta sociedad ha sido demandada por el total del monto de cada acción (cobro y daños y perjuicios) por lo que no resulta errado regulársele honorarios por los montos de cada una de ellas y como vencedora al haber prosperado la excepción de falta de acción en ambos casos.

"La regulación de honorarios de cada uno de los profesionales que han defendido a varias personas demandadas como deudores solidarios, a todos los cuales se les ha reclamado la totalidad de la deuda, se liquida sobre la base del valor total del crédito, pues ese es el interés económico defendido por cada profesional.

Esa cantidad representa en efecto el valor total de la obligación que eventualmente hubiese debido satisfacer cada demandado en caso de prosperar la demanda" (Brito-Cardoso de Jantzon, op.cit., pág. 60).

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GANDUR - POSSE.
Competencia penal, tasa de justicia, revisión judicial de actos administrativos, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio de Trabajo c/ Scarpello, Claudio Esteban.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

La revisión judicial de una sanción administrativa no origina, de acuerdo al fuero designado como competente, las actuaciones en sede penal a que se refiere la exención de tasa judicial del art. 13 inc. d) de la ley 23.898.
Trabajador autónomo, aportes y contribuciones previsionales, aportes de trabajadores autónomos, deuda previsional, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: QUIROGA, RAMONA JOSEFA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

La doctrina sentada por la C.S.J.N. en la causa Rei Rosa (sent. del 20/02/86 y dictamen del Procurador Fiscal del 23/08/85) no ha de extenderse a aquéllos supuestos en que no se invoque y se demuestre la imposibilidad o extrema dificultad del interesado de dar cumplimiento a lo exigido por el art. 31 de la ley 18.038, pues de ese modo se premiaría a quienes no cumplieron ni cumplen sus obligaciones con el sistema de previsión social, no obstante poder hacerlo, lo que equivaldría a una tácita derogación de la norma citada. Ello también se infiere de lo afirmado por el Alto Tribunal en el precedente citado, por cuanto si bien no cabe hacer aplicación mecánica de esa disposición, tampoco ha de excluírsela mecánicamente para priorizar los alcances del art. 34 de la misma ley. Dicha tesis compatibiliza la tutela del derecho de defensa de quienes, pese a su voluntad de cumplir con las obligaciones inherentes a un sistema contributivo y no asistencial, padecen realmente dificultades económicas y financieras graves. Por ello, corresponde concluir que asiste razón al organismo en agraviarse de la mecánica aplicación hecha por el a quo de la doctrina en cuestión y, en consecuencia, debe dejarse sin efecto lo decidido con ese alcance y devolver las actuaciones al organismo de origen para que, luego de producidas las pruebas que resulten pertinentes sobre todos los extremos conducentes a la decisión que corresponda adoptar sobre el beneficio pretendido, dicte nueva resolución. (Del voto de la mayoría)
Estafa, compraventa de automotores
Materia: PENAL
Carátula: GERARDI, OSCAR s/ ESTAFA.  (ART.  172  C.P.). MENTIRA IDÓNEA PARA DETERMINAR LA ENTREGA  DE  DINERO  PARA  LA  ADQUISICIÓN   DE  UN  AUTOMÓVIL  "INEXISTENTE".  CONVENIO  DE  COMPRAVENTA EFECTUADO EN  PRESENCIA  DE  UNA  ESCRIBANA PÚBLICA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

constituye el delito de estafa, el accionar del procesado que mediante una mentira logró que la víctima-conocido de aquél-le entregara una considerable suma de dinero para la entrega de un automóvil "inexistente", suscribiendo a tales afectos un convenio de compra venta, puesto que asumió con su mendacidad una sinuosa verosimilitud con suficiente entidad como para provocar el embaucamiento buscado.

Es que si bien no existen mentiras ardidosas, pueden presentarse bajo la apariencia de tales en relación hacia quien se dirigen, debiéndose tener en cuenta no sólo la personalidad del sujeto pasivo, sino también las peculiares características con que se rodeó el suceso y en el presente caso la operación mercantil culminó con un contrato en el que se volcaron las características del vehículo y su lugar de entrega, suscripto en presencia de una escribana pública; o seaque en el hecho de autos la mentira constituyó un medio válido para inducir a la víctima a la entrega patrimonial viciada por el fraude.
Tutela sindical, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: RUEDA RAMON ROSARIO Y LOPEZ JOSEFA c/ CAVAS DE SANTA MARIA S.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-06-09

Lo determinante a los fines de ejercitar la protección legal, estabilidad laboral del trabajador que accede a un cargo de representación sindical, es la postulación del candidato concretada en el momento en que la asociación recibe la lista que lo incluye en tal condición
Pago, prueba, recibo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ NETO, RAFAEL c/ SANCHEZ, NORBERTO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-08

A quien pudo recabar recibo y no lo hizo, lo menos que se le puede pedir es que justifique la razón de su conducta negligente y descuidada y agote por otros medios de comprobación, la verdad del pago que alegue.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, arbitrariedad sorpresiva, tambero mediero, contratos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mottier, Celestino José c/ Colla, Miguel Angel s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de   pesos laboral (Expte CSJ Nº 2-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-06

Resulta inidóneo para que se configure la arbitrariedad sorpresiva imputada al decisorio, el argumento de que "nunca resulta previsible una sentencia que se aparta de la ley por fundarse en criterios y opiniones subjetivas de autores y del propio juzgador", cuando del mismo relato efectuado por el perdidoso en el memorial introductorio surge que desde la articulación de la litis, el aspecto central del debate ha sido el de establecer si la relación entre las partes debía o no considerarse de naturaleza laboral y regida por normas y principios de dicho linaje.
Reclamo administrativo previo, juicios contra el Estado, entes autárquicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PUCHETTA, Fremiro c/ E.N. -E.M.G.A.- I.A.F. s/ Haber de retiro de Fuerzas Armadas y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

Si bien el art. 30 de la ley 19.549 establece que el Estado Nacional no podrá ser demandado judicialmente sin previo reclamo administrativo, este principio no es absoluto sino que admite ciertas excepciones contempladas en el art. 32 de esta ley, en el cual se establece que dicho reclamo no será necesario, entre otros, cuando se demandare a un ente autárquico (inc. f).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la Provincia de Buenos Aires en la causa Dolores Gas SA y otro c/ Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires s/ proceso de conocimiento c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-14

Para la habilitación de la competencia originaria de la Corte es necesario que la provincia en cuestión, además de haber sido designada como parte o tercero por quien pretenda su intervención en el pleito (sentido nominal), revista la condición de parte sustancial, es decir, han de concurrir ambas condiciones y no solamente una de ellas (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Renta vitalicia previsional, prescripción, pensiones
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Caja de Seguros SA c/ Autopista del Sol SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-13

Cabe rechazar la defensa de prescripción opuesta en el marco de un contrato de renta vitalicia. Es que en el marco de un contrato de larga duración y ejecución continuada, debe precisarse que las invocadas normas de la ley de seguros n° 17418 deben ser desplazadas frente a la vigencia de una legislación más específica como es la ley 24241, que determina el régimen especial que regula la relación jurídica en que se basa el presente reclamo. Esta legislación, que instituye el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, establece en su art. 14 inc. "e" que las prestaciones que se acuerden por el mencionado SIJP son imprescriptibles. Pero contempla como excepciones las que menciona en su art. 17. Esta norma, que integra el título II de aquella ley, regula el llamado "régimen previsional público" y enumera, entre otros supuestos, a la "pensión por fallecimiento", que es la prestación que otorga el contrato sub examine. Así, a los efectos de la prescripción, la norma remite a la ley 18037: 82 (T.O. de 1976), cuyo párrafo tercero establece que "...prescribe a los dos años la obligación de pagar los haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio." (CNFed.Civ.yCom, Sala I, 6.9.07, "Martínez de Cárdenas, María Virginia y otro c/ Consolidar Cía. de Seguros de Retiro SA s/ proceso de conocimiento"; CNCom, Sala D, 11.11.08, "Di Benedetto, Francisca c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro SA y otro s/ amparo"). (En el caso la demanda se promovió en mayo de 2013, y todo reclamo anterior a mayo de 2011 se encuentra prescripto).
Proceso judicial, reclamo administrativo previo, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Arias  José  Feliciano c/ EN  -Mº  Defensa-  EMGA s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de SEG".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-07

Si bien la ley 25.344 reformó el art. 31 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos en cuanto frente al silencio de la administración ahora es necesario demandar en los plazos perentorios y bajo los efectos previstos en el art. 5, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción, no ha variado la situación que, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritarias sostuvieron en el caso de que el acto denegatorio fuera expreso. Y ello asi pues no puede hacerse decir a la norma lo que la norma no dice, recreando por vía pretoriana una restricción de los derechos del administrado con el agravante de que llevaría al abandono de la valiosa jurisprudencia que para fundamentar la inaplicabilidad del plazo de caducidad del art. 25 a la vía del reclamo, sostiene que la vía impugnatoria sólo es exigible para la impugnación de actos administrativos con actitud legal para crear, modificar o extinguir derechos, modificando la situación jurídica preexistente, no pudiendo consecuentemente ser validamente aplicada, salvo norma legal que así lo disponga, a los supuestos en que el acto de la administración carezca de esa aptitud para incidir en el status jurídico del particular, traduciendo tan sólo el criterio negativo de la autoridad sobre la existencia del derecho reclamado (Cons. 9).
Responsabilidad extracontractual del Estado, hospitales públicos, ley provincial, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Carrizo, Margarita Sofía y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-01

La responsabilidad del Estado local en casos en los que se invoca una falta de servicio provocada por un hospital público de su dependencia, en principio, remite al ámbito de la responsabilidad extracontractual y, por ende -ante la ausencia de una norma específica de derecho publico local que regule la cuestión- resulta de aplicación el plazo de prescripción de dos años, conforme a lo previsto en el art. 4037 del Código Civil, computado a partir del momento en que el perjudicado tomó conocimiento real y efectivo del hecho ilícito y del daño proveniente de él. (Voto del Dr. José O. Casás).
Pago por subrogación, efecto extintivo del pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benedetti, Carlos Roberto c/ Mayor de Ippólito, Luisa y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Cuando alguien pretende pagar como tercero no interesado deudas de otro, debe cerciorarse previamente de la existencia de aquellas muniéndose de la prueba necesaria y cierta. Tal precaución tiende a evitar colusiones entre presuntos acreedores y presuntos deudores.

Pero también el recaudo probatorio tiende a impedir colusiones entre esos presuntos acreedores y los terceros, máxime en los supuestos de subrogación legal.-