marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso de delitos, estupefacientes, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: LAVANCHI, MONICA s/ SUMARIO INSTRUIDO CON MOTIVO DE SU MUERTE DUDOSA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-22

Si el fallecimiento de la presunta víctima se presenta como un hecho independiente del suministro de estupefacientes que se imputa al procesado, por cuanto el curso causal se vio interferido por la propia conducta de aquélla, quien voluntariamente habría decidido consumir la sustancia nociva, la mera circunstancia de haber acaecido sucesivamente los actos de suministro y consumo del estupefaciente no convierten al episodio en un único hecho que determine la aplicación de la regla del art. 54 del Código Penal.
Juicio ejecutivo, embargo preventivo
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: MULLER S. c/ PROVENZANI DE VIZENTAL M. s/ ART. 250 C.P.C.C.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-09

Si bien el embargo constituye en el juicio ejecutivo, una medida subsidiaria con respecto a la intimación de pago, debiendo hacerse efectivo ante el resultado negativo de dicha intimación, nada obsta la posibilidad de que el ejecutante obtenga, con anterioridad a la intimación, un embargo preventivo. Ello en virtud de la verosimilitud del derecho que los títulos respectivamente exhiben, lo que lleva incluso a que no se halle supeditado a contracautela alguna.
Leyes, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CUELLAR, CARLOS MARCELO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD GOMEZ, DANIEL ALBERTO Y OTROS s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (DECRETO 1084/96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-07-03|1996-08-29

Al ser de suma gravedad la inconstitucionalidad de una ley este Tribunal se muestra celoso en las facultades que le son propias y se impone la mayor mesura a fin de no desequilibrar el sistema institucional de los tres poderes - fundado no en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe obstruyendo la función de los otros, sino de que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y un poder encargado de asegurar ese cumplimiento (Cf. Segundo V.Linares Quintana, "Reglas para la interpretación constitucional", Ed. Plus Ultra, p.141, párr.2939).
Herederos, titularidad del dominio
Materia: CIVIL
Carátula: G., M. L. F. y B., R. c/  s/ sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-11

El Art. 2280 "habilita al heredero a permanecer en la posesión de la que el causante era titular. Esta posesión es la regida por las normas establecidas en el artículo 1909 que determina que ésta existe cuando una persona, por sí o por medio de otro, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no, y aquellos que integran los capítulos del Título II del Libro Cuarto de este Código. Se trata de una relación del sujeto sobre cosa determinada respecto de la cual resulta innecesario el título."
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Franco Julio R. c/ Rea Angel P. s/ Daños y Perjuicios Guerrero Santos Roberto c/ D`Agostino Alfredo N. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-17|1987-04-21

La existencia de una obligación legal del tipo de la del art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo no lleva ínsita, a los fines de negar la indemnización, la presunción de que el empleador realmente se comportó del modo querido por la ley.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio de apremio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Pcia. de Bs. As. c/ Padula, Nora Marisa s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

Las decisiones recaídas en juicio de apremio, no revisten carácter de definitivas en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial ya que el hecho de que la ley 9.122 nada diga sobre la posibilidad de juicio ordinario posterior no impide al recurrente el eventual ejercicio de la facultad que otorga el art.

551 del código citado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Astreintes, sanciones disciplinarias, multa
Materia: CIVIL
Carátula: C. D. L. N. D. V. c/ L. C. D. s/ ALIMENTOS S/ INCIDENTE DE EMBARGO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-28

Advierte ésta Alzada las continuas presentaciones, recursos y actuaciones cumplidas por parte del accionado en autos con la finalidad de provocar severos retrasos y dilaciones procesales, sólo fundadas en argumentos improcedentes y tendientes a lograr el avance del tiempo sin que la actora pueda ver materializado un derecho que se encuentra firme y pasado en autoridad de cosa juzgada (cual es el del uso y goce de los beneficios de obra social que le corresponden), han generado ilusorio en la actora un derecho personalísimo que le fuera reconocido como tal, ocasionándole graves perjuicios atento a la falta de cobertura de atención a la salud que pudiera requerir frente a algún imponderable de enfermedad que la aquejara. Tal inconducta de parte del accionado encuadra en lo normado por el Art. 43 del C.P.C.C. que reza: "FACULTADES DISCIPLINARIAS: Tendrán (los jueces) facultades para cuidar el decoro y el orden en el proceso, el respeto a su autoridad e investidura y el recíproco que se deben todos los que de algún modo intervienen en el mismo, pudiendo prevenir y sancionar cualquier acto contrario al deber de probidad y buena fé, así como los tendientes a trabar el normal desarrollo del proceso, inclusive cuando intervengan terceros. A tales efectos podrán aplicar sanciones similares a las contempladas en la Ley Orgánica de Tribunales y Acordadas reglamentarias.". Que las continuas dilaciones procesales provocadas por el demandado, con el consiguiente perjuicio que de ello se deriva en detrimento de la accionante, tornan pasible de aplicar multa en cabeza del accionado, a efectos de sancionar las manifestaciones efectuadas por éste último en autos, y que no traducen el ejercicio de su capacidad de defensa, pasando a configurar un agravio a los intereses de la contraria y, por ende, al propio servicio de justicia.
Requisa personal, nulidad procesal, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Lucero, Damián Matías y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-16

El a quo en su resolución, no ha puntualizado ni demostrado que en el caso, haya existido una injerencia ilegal o arbitraria por parte de los funcionarios policiales en el ambito de privacidad de los imputados, ya que resultan datos objetivos los brindados por los funcionarios policiales en cuanto a que, cuando los imputados los pasaron en sus bicicletas, miraban con insistencia hacia atrás, y que una vez que se los identificaba el grado de nerviosismo que presentaban, conformaron el estado de sospecha requerido por el art. 230 bis del C.P.P.N..
Incapacidad sobreviniente, monto de la indemnización, base regulatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Vailatti, Víctor Manuel y otro c/ Omega Cooperativa de Seguros Limitada y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-07

El monto por incapacidad sobreviniente de ninguna manera puede surgir como una resultante de un cálculo estricto efectuado en base a la "expectativa de vida" que pudiera tener la víctima, o los porcentuales rígidos de incapacidad que surgen de los dictámenes periciales pertinentes. Es que las indemnizaciones tabuladas, atendiendo estrictamente los porcentajes de incapacidad, tienen su ámbito de aplicación exclusivamente en los juicios laborales por accidentes de trabajo.

La víctima y sus expectativas de vida, así como los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto sostener que el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentuales rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio (sumario confeccionado por SAIJ).
Personal municipal, aplicación de la ley, pensiones, conviviente, denegatoria del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CHARCHAFLIE, CARLOS GABRIEL c/ I.M.P.S. s/ MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE LA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-29

La ausencia de una disposición expresa obsta a la aplicación de las leyes 23.226 y 23.570 a los agentes municipales y su grupo conviviente, que tienen su régimen específico (cfr. dictamen del Sr.

Procurador Fiscal que la C.S.J.N. hizo suyo en la causa "Cavanna, David Domingo" del 03.04.90). En consecuencia, corresponde confirmar la resolución que denegó el beneficio de pensión con fundamento en el art. 1, inc. c) de la Ordenanza Municipal 40.464/84.
Impuestos, emergencia económica, mercado cambiario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Cementos Avellaneda (T.F. 22.279-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-30

No se verifica en la especie el supuesto de pago sin causa, en tanto se encuentra normativamente previsto el pago de intereses resarcitorios desde la fecha de vencimiento de los respectivos anticipos en caso de diferencias entre lo estimado conforme el regímen previsto por el art. 15 y siguientes de la Resolución General (AFIP) 327/99 y lo que debió haber sido ingresado, sin que resulte óbice para ello la interpretación que se hiciera de lo dispuesto por el art. 17 de la ley 25.561, en tanto el decreto 2.568/02 aclaró los posibles interrogantes que pudieran surgir, con efectos retroactivos a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley. En consecuencia, dado que las normas supra individualizadas ofrecen una indudable solución normativa a la cuestión y no han sido objetadas en cuanto a su constituiconalidad o aplicabilidad por la empresa actora, lo cual determina que resulten insoslayables para resolver acerca de la procedencia de la repetición intentada, debe ser rechazada (Cons. VII).
Rebeldía, sentencia no firme, comisión de nuevo delito
Materia: PROCESAL
Carátula: C., R. D. c/  s/ prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-14

En el caso se determinó que el imputado registra una causa paralela con sentencia condenatoria no firme, en la que no se pudo tratar el recurso interpuesto debido a la situación de contumacia de él y su consorte de causa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Municipalidad, habilitación municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SEPTIMA REGION S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-11

Las alegaciones de la quejosa insistiendo en la necesidad de que continúe la operatoria de la planta en beneficio de la comunidad para la disposición de los residuos sólidos y líquidos, evidencian la mera discrepancia con el criterio con que el Tribunal en ejercicio de funciones propias, analizó las circunstancias fácticas de la litis conforme las constancias de autos y aplicó las normas pertinentes; y no logran acreditar que los Juzgadores hubieran excedido los cánones interpretativos que confieren, ni que hubieran omitido dar suficientes fundamentos para concluir que la prohibición de operar dispuesta resultaba razonable en tanto se encontraba probado que la actora no contaba con la habilitación respectiva para recepcionar y tratar líquidos industriales, ni había adecuado la planta existente a las exigencias legales, habiéndose constatado la producción de olores nauseabundos y el volcamiento de líquidos no permitidos, en exceso a los límites autorizados. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículos 5, 31, 75 inc. 12, 123 y 124; Constitución provincial, artículos 106 y 107; Leyes nacionales 25675 y 25612; Leyes provinciales 2756 y 11717; Decreto Reglamentario 11/03.
Despido indirecto, suspensión del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: URELLI RUBEN EDUARDO c/ IIGUEZ S.A.C.I.F. s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-09-19

La exigencia de la Ley para la validez de las suspensiones tiene su fundamento en la justa causa, enumerando las mismas bajo la denominación genérica de causas económicas y disciplinarias (art.218 y s.s. de la L.C.T). La conceptualización precisamente de justa causa comprende cuestiones fácticas que deben ser acreditadas debidamente, al ser controvertidas por el trabajador, recayendo la carga probatoria sobre quien la invoca.
Rifas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Brunengo, Abel c/ Club Social y Deportivo Villa Gesell s/ Cobro de pesos - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-21

Si bien teóricamente un "bono colaboración" o un "bono donación" o un "bono socio protector" no son lo mismo que una rifa, ello no implica que en la especie aquel esté encubriendo a ésta, y que así deba tipificárselo por participar de sus características. Desde el momento que el mismo bono establece un precio, sorteos y premios, mal puede negarse su caracterización como rifa de acuerdo a los términos legales.
Seguros, obligaciones del asegurador, daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: La Patagonia Cía.Argentina de Seguros c/ Municipalidad de Ramallo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-15

El dictamen presentado por la liquidadora de seguros no constituye instrumento emanado y creado por la propia actora y en su condición de auxiliar de comercio autónomo, tal dictamen hace fe (art.78 Ley 17.418). Es que tal liquidador está obligado a desempeñarse conforme a las disposiciones legales y principios técnicos aplicables a la operación en la cual intervienen, actuando con diligencia y buena fe (art.55 Ley Nacional 20.091; art.59 ley citada)
Cuestiones de competencia, competencia federal, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
Materia: PROCESAL
Carátula: Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. s/ Plantea inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-24

Entre las Cámaras federales y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas pueden plantearse dos clases de conflictos: las contiendas de competencia propiamente dichas, reguladas por los arts. 150 y siguientes del Código de Justicia Militar, y los conflictos que tienen lugar entre tribunales cuando uno de ellos se opone al cumplimiento de providencias emanadas del otro por considerar que ellas afectan o impiden ilegítimamente el ejercicio de la propia jurisdicción.
Presunción de legitimidad, acto administrativo, homicidio
Materia: PENAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: F., L. A. y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-16

Desde mi personal perspectiva, dos son los aspectos que no comparto y que afectan el decisorio; el primero radica en extrapolar un principio propio del derecho administrativo a la órbita del derecho penal, lo cual conduce inexorablemente al error de atribuir "licitud" a un hecho delictuoso hasta tanto los presuntos autores sean identificados. Es que el precepto contenido en el art. 12 de la ley 19.549 de procedimientos administrativos, en tanto dispone que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad, tiene como principal finalidad dotar de fuerza ejecutoria el accionar de la Administración, impidiendo así que las vías recursivas ensayadas por los administrados suspendan sus efectos paralizando -virtualmente- la actividad estatal. Sin embargo, en modo alguno puede receptarse dicho instituto en el ámbito de la actividad punitiva del mismo Estado desde que por su propia naturaleza, el delito en tanto acto ilícito resulta -por definición- incompatible con la legitimidad que el derecho administrativo atribuye al acto estatal desarrollado en ese ámbito. Como derivación necesaria de la conclusión anterior, el tribunal afirma que el hecho investigado se torna delictivo recién en ocasión de identificarse a sus presuntos autores, momento a partir del cual -a su juicio- empieza a computarse el término de la prescripción, afirmación ésta que no solo torna inoperante el precepto contenido en el art. 88 del C.P.P.N. -el cual autoriza la constitución del actor civil aún cuando no estuviere individualizado el imputado- sino que contradice la naturaleza propia del injusto penal al hacer depender su configuración de una circunstancia enteramente aleatoria cual es la individualización del autor. Por último, otra fisura en la construcción del razonamiento lo constituye el criterio que se adopta, al considerar -exclusivamente a los fines resarcitorios- que los perjuicios se devengan desde la fecha del homicidio. Así -y paradojalmente con lo argumentado hasta allí- el tribunal atribuye efectos dañosos a un acto que -desde su propia perspectiva- se presume lícito. (Voto del Dr. Madueño -en mayoría-).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIERA, JUAN JOSE s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-05

Constituyendo el gravamen un requisito de admisibilidad,el juzgamiento sobre la concurrencia de los presupuestos corresponde -por regla general- al juez ante quien se interpone el recurso y es justamente uno de los aspectos a verificar en el presente recurso.

Que al quedar subyacente,para la parte que se alza con el recurso extraordinario, la posibilidad de articular las acciones legales pertinentes o de nulidad contra tales instrumentos de las certificaciones del Registro civil tenidos en cuenta para el acto sentencial, la lesión a la garantía constitucional aludida recién en ese estadio o instancia procesal eventualmente se producirá, por lo que el agravio de la recurrente resulta prematuro o abstracto si, como surge de la sentencia dictada por esta Sala, el mandato expedido es para que se dicte la declaratoria de herederos, recién ahí es posible articular las vías correspondientes fundadas en un concreto agravio.-
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Transporte Los Carlos S.R.L. c/ Provincia de Tierra del Fuego y Empresa Tecni Austral, Viajes y Turismo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-03-14

La sentencia que impuso la caducidad de instancia e impuso las costas a la actora se encuentra firme, por lo que corresponde regular los honorarios de ambas partes, no obstante la falta de petición expresa (art. 47 de la ley nro. 21.839).
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Peñal, Jorge Alberto c/ Muzzalupo, Aída Rosa s/ Cobro ejecutivo Peñal, Jorge Alberto c/ Leiras, Alonso Evaristo y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-23|1992-05-26

No afecta la habilidad del título, la circunstancia de que en el mismo no conste el nombre del ejecutado, puesto que tratándose la deuda que se ejecuta de una carga real que obliga indeterminadamente a quien aparece como titular del inmueble, la ejecución se puede seguir contra quien figure como tal.
Denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, fundamentación insuficiente, suspensión del juicio a prueba, presentación extemporánea
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Rojas por la defensa de Wagner Marcelo Solórzano, en contra del Auto Interlocutorio N° 05/16 dictado en Expte. Letra "S" N° 137/15- Solórzano, Wagner Marcelo psa Violación de domicilio, robo en grado de tentativa y robo, todo en concurso real- Capital- Catamarca c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2016-06-06

Corresponde desestimar el recurso interpuesto por el imputado, y confirmar la sentencia impugnada, en tanto el recurrente no logra demostrar la errónea aplicación de la ley procesal que predica, toda vez que la resolución observada , tiene suficiente sustento en el análisis efectuado por el Tribunal a quo respecto a los plazos procesales vigentes para presentar la solicitud de suspensión del juicio a prueba, los que no fueron observados por la defensa técnica del acusado, pretendiendo a través de la vía recursiva intentada, subsanar tal error, y es que aplicar la ley que resulte más benéfica a los intereses del sometido a proceso, en modo alguno implica avalar la extemporaneidad en que ha incurrido, invocando vulneración del derecho de defensa de su asistido, pues rigiendo en nuestro ordenamiento procesal penal el principio "tempos regim actum", constato que la presente causa fue elevada a juicio cuando ya había operado la reforma procesal que modificó los plazos para la solicitud de la probation, por lo cual al momento de reactivarse el proceso aquella se encontraba vigente y es por esa razón que la petición de la defensa resulta extemporánea, conforme lo establecido en los Arts. 3 y 355 del C.P.P, no constatándose en el presente vulneración alguna del derecho de defensa del acusado,. (Del voto de la Dra. Sesto al que adhieren los Dres. Cáceres y Cipitelli).
Despido, entrega del certificado de trabajo, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Méndez Salguero Federico Manuel c/ Gotobtl SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-24

La entrega de los certificados y multa del art. 80 L.C.T. -esto es, la exigencia del Decreto 146/01-, debe ser obviada en los casos en que se desconoce la relación laboral, puesto que resulta innecesario que el trabajador deba esperar el plazo de treinta días contemplado en el art. 45 de la ley 25.345, para intimar por dos días hábiles al empleador a la entrega de las certificaciones de trabajo, cuando aquél negó la relación de trabajo, ya que queda claro que no cumplirá obligación alguna derivada de la aplicación de normas laborales. Asimismo, la entrega de los certificados sólo debe alcanzar a quien fuera empleador, desde que él fue quien tuvo la obligación de registrar la relación, los codemandados que no fueron empleadores no pueden ser condenados a expedir certificaciones respecto de datos que no les correspondía registrar.
Prueba, principio de adquisición
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marchetti, Luis Roberto c/ Sartori, Miguel Angel y otro s/ Daños y perjuicios Pérez Vega, Ernesto Carlos y otros c/ Blanco, Américo Guillermo s/ Acción de nulidad González Ortquiola, Silvio y otra c/ Consorcio Edif. "Torre Playa III" s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31|1993-05-11|1997-05-06

Si la parte ofreció como prueba las constancias de determinado expediente no puede pretender discriminarlas según beneficien o perjudiquen a sus intereses.
Ejecución hipotecaria, mutuo en moneda extranjera, intereses, emergencia económica, tasas de interés, esfuerzo compartido
Materia: CIVIL-PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: MICOLI, Amalia A. c/ ESPOSITO, Luis A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-07

Frente a la ejecución de un mutuo hipotecario pactado en dólares estadounidenses que debió ser reestructurado imponiendo sacrificios recíprocos a las partes, para fijar la tasa de interés corresponde ponderar la variación de las pautas económicas ocurridas desde que se desarticuló el régimen de convertibilidad, la alteración producida en el tipo de cambio y la fluctuación del dólar con relación a la moneda nacional. A la luz de esos factores, corresponde fijar, con criterio de prudencia, la tasa del 6 por ciento anual por todo concepto (CNCiv. Sala G, R.383802 del 29/9/03; R.383983 del 1/10/03).