Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1956-04-23


Opinión del procurador general de la Nación. -- Se trata en estos autos de determinar si existen en la actualidad jueces competentes para investigar los delitos de privación ilegal de libertad, lesiones, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, cuya comisión se atribuye a personal de la comisaría de la sección 10 de la Capital Federal y de los que habría resultado víctima el querellante Francisco M. Grisolía.

La necesidad de evitar una efectiva privación de justicia autoriza, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 24, inc. 8º "in fine" de la ley 13.998, la intervención de V. E. Derogado el Cód. de Justicia Policial (ley 14.165) por el decreto-ley 276 del 4 de octubre ppdo., es evidente que la declaración de incompetencia formulada por la justicia nacional en lo penal ordinario, importa colocar al acusador particular y al ministerio público en la situación de no tener tribunal ante quien llevar adelante las acciones que les corresponden para la debida averiguación y eventual sanción de los hechos imputados.

No es nueva la cuestión que se plantea en la resolución de fs. 30. Desde los primeros tiempos de su instalación V. E. ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el alcance de la garantía llamada de los "jueces naturales" en función del problema que suscitan el establecimiento o las modificaciones introducidas en las leyes sobre jurisdicción y competencia; e, invariablemente, esa jurisprudencia se ha inclinado a considerar que la intervención de nuevos jueces en las causas pendientes no afectaba la mencionada garantía constitucional (Fallos, t. 17, p. 22; t. 24, p. 432; t. 27, ps. 170 y 400; t. 95 p. 201; t. 114, p. 89; t. 233, p. 62, entre otros).

Pero, como no es este el criterio de la mayoría del tribunal a quo, aunque tuvo en cuenta las graves consecuencias que se derivaban de su decisión, estimo oportuno volver sobre el tema, anticipando desde ya que comparto la línea jurisprudencial a que hice referencia.

De acuerdo con el razonamiento desarrollado en el voto que funda la resolución sub examen, la cláusula constitucional en juego se refiere a dos situaciones distintas, que es preciso no confundir: la de que ningún habitante puede ser juzgado por comisiones especiales se relaciona con el carácter meramente accidental del tribunal, con el hecho de que haya sido instituido especialmente para juzgar determinado caso o grupo de casos considerados en concreto; la segunda, o sea la de que nadie puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, se relacionaría, en cambio, con los límites de la competencia judicial en función temporal, es decir, con la posibilidad de que las normas sobre competencia, en materia penal, puedan aplicarse con efecto retroactivo.

La conclusión última de este enfoque es que sólo los jueces competentes al momento de cometerse el hecho están habilitados para juzgarlo, y en su defecto ninguno, aunque la ley haya privado de su jurisdicción a aquéllos para conferírsela a otros jueces.

Tal interpretación no está de acuerdo, en mi opinión, ni con la letra ni con el espíritu del texto constitucional, y menos con el propósito enunciado en el Preámbulo de "afianzar la justicia".

Hay algo que la Constitución no ha dicho en forma expresa y que, sin embargo, constituye el verdadero fundamento de la formulación, en su doble aspecto, de la garantía de que se trata. Ese algo consistía y consiste en la voluntad de asegurar a los habitantes de la Nación una justicia imparcial, cuyas decisiones no pudieran presumirse teñidas de partidismo contra el acusado, completando así el pensamiento de implantar una justicia igual para todos que informara la abolición de los fueros personales.

La declaración de que ningún habitante de la Nación puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa presupone que esos jueces siguen conservando la jurisdicción en cuya virtud estaban llamados a conocer de una determinada causa, porque, claro está, que la sustracción de un caso particular a la jurisdicción de jueces que siguen teniendo el poder de juzgar en otros casos similares implica la negación de esa justicia imparcial e igual para todos que la Constitución garantiza. Ahora bien, si esos jueces han dejado de serlo, o su jurisdicción ha sido restringida por obra de la ley, entonces no puede afirmarse que sigan teniendo poder para juzgar las causas de que se trate, por donde resulta evidente que cuando otros tribunales permanentes asumen el poder jurisdiccional que a ellos correspondía no les quitan o sacan algo que siguiera estando dentro de sus atribuciones. Por esta misma razón, tampoco se sustrae un procesado a su juez natural cuando, a raíz de la renuncia, jubilación o muerte de un magistrado, otro nuevo asume la función que a él correspondía y continúa conociendo de la causa iniciada con anterioridad.

Lo inadmisible, lo que la Constitución repudia, es el intento de privar a un juez de su jurisdicción en un caso concreto y determinado para conferírsela a otro juez que no la tiene, en forma tal que por esta vía indirecta se llegue a constituir una verdadera comisión especial disimulada bajo la calidad de juez permanente investida por ese magistrado de ocasión.

En definitiva, pues, con la primera parte de la cláusula se ha establecido el principio de que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales al margen del Poder Judicial; con la segunda, se ha reforzado ese principio, eliminando la posibilidad de que se viole en forma indirecta esta prohibición mediante la remisión de un caso particular al conocimiento de tribunales a quienes la ley no les ha conferido jurisdicción para conocer en general de la materia sobre la que el asunto versa. Este es, en mi opinión, el pensamiento que yace en el fondo de esa aparente confusión que un examen poco detenido de la jurisprudencia de V. E. puede llevar a creer que existe en la vinculación establecida entre la prohibición de las comisiones especiales y la de que nadie puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.

No. olvido que uno de los preceptos fundamentales de una correcta administración de justicia impone que los tribunales circunscriban sus pronunciamientos exclusivamente al caso que les está sometido. Pero, existen causas, y esta es una de ellas, en las que no se puede prescindir de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo, porque su consideración es, sobre todo en materia constitucional, uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación que se efectúa y su congruencia con el resto del sistema en que está engarzada la disposición que se trata de aplicar. Por ello, conceptúo necesario referirme a las que en el voto que fundamenta lo decidido a fs. 30 se denomina "consecuencias de carácter práctico" de la interpretación constitucional que en él se postula.

Tal como lo destaca la mayoría del tribunal a quo, lo resuelto conduce a la impunidad de los delitos que deben investigarse en autos porque, habiendo desaparecido el fuero policial que era el que tenía competencia para juzgarlos al momento de su presunta comisión, no existiría, en la actualidad, de acuerdo con la tesis del fallo, ningún tribunal que pudiera asumir esa jurisdicción. Si se piensa que no es este el único caso en que hechos cometidos durante la vigencia de la ley que dió origen a los tribunales policiales se hallan pendientes de fallo o de investigación, y se tiene además en cuenta que pueden existir otros hechos, cometidos durante ese lapso, que todavía pueden ser desconocidos, no parecerá por cierto temeraria la afirmación de que el criterio impugnado importa tanto como acordar al decreto-ley 276, del 4 de octubre ppdo., el carácter de una verdadera e inesperada amnistía, cuyos efectos deberían alcanzar a todos los delitos que en oportunidad de cometerse eran de jurisdicción policial y sobre los que no hubiera recaído sentencia definitiva a la fecha de dicho decreto-ley.

Aunque revista la forma de una simple declaración de incompetencia, no es posible, pues, afirmar con propiedad que la resolución de autos tenga ese carácter. Prueba de ello, es que el tribunal a quo se ha visto en la imposibilidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 453 del Cód. de Proced. Crim., remitiendo el proceso al juez cuya jurisdicción corresponde. Lo decidido en autos comporta, por ello, un verdadero sobreseimiento definitivo, que no encuadra ciertamente en ninguna de las causales previstas en el art. 434 del código citado.

No es fácil, en verdad, abarcar en toda su magnitud las proyecciones que puede llegar a tener el desarrollo de la concepción que informa la resolución de fs. 30; pero, es indudable que ellas trascienden el plano de lo puramente judicial, para comprometer incluso el ejercicio de la atribución de establecer tribunales inferiores que el art. 68, inc. 17 de la Constitución nacional confiere al Congreso. No es difícil imaginar, en efecto, de aceptarse la tesis sustentada, que por necesario que fuera el establecer nuevos tribunales penales, suprimir otros, o reformar los existentes, el Poder Legislativo vería siempre coartada su acción en este sentido, ante la posibilidad de tener que pagar un precio tan alto como el de sancionar la impunidad de todos los delitos cuyo juzgamiento hubiera correspondido a los tribunales anteriores. De este modo, no sólo vendría a resultar obstaculizado el ejercicio de aquella atribución sino que resultaría prácticamente imposible adecuarla a las propias exigencias constitucionales. Así hubiera ocurrido en 1863, de haber prosperado entonces este criterio, cuando llegó el momento de poner en funcionamiento la justicia federal, y así habría de ocurrir en el futuro cuando la provincialización de los territorios determine la consecuente implantación de nuevos tribunales estaduales.

Ello no escapó a las previsiones de la Corte Suprema que ya en el caso de Fallos, t. 17, p. 22, se apresuró a afirmar que una interpretación contraria al principio de que las garantías indispensables para la seguridad individual no sufren menoscabo por la aplicación retroactiva de las leyes sobre jurisdicción y competencia "serviría muchas veces de obstáculo a toda mejora en esta materia, obligando a conservar magistraturas o jurisdicciones dignas de supresión o de reformas".

Razones prácticamente idénticas son las que han llevado a la Corte Suprema de Estados Unidos a declarar la validez constitucional de juzgamiento por nuevos tribunales de hechos delictuosos cometidos antes de su instalación, aceptando en esa forma el punto de vista expuesto por Cooley ("Treatise on Constitutional Limitations", cap. 9, párr. 272) quien, después de referirse al tema de las leyes "ex post facto", afirma: "Pero, en tanto se trate de nuevas normas de procedimientos, una persona no tiene más derecho en una acción criminal del que tendría en una civil a insistir en que su caso sea substanciado de acuerdo con la ley que estaba vigente cuando el hecho que debe ser investigado tuvo lugar. La posibilidad de efectuar reformas debe ser siempre facultad de la Legislatura, y se crearía una interminable confusión en los procedimientos si cada caso debiera ser solamente substanciado de acuerdo con las reglas procesales vigentes cuando los hechos ocurrieron y sólo por los tribunales entonces existentes. La Legislatura puede abolir tribunales y crear otros nuevos, y puede prescribir reglas totalmente diferentes de procedimiento, de acuerdo a su discreción, aunque no pueda legalmente al hacerlo --según pensamos--, prescindir de cualquiera de las garantías substanciales con que protege al acusado la ley existente" (Willoughby, "On the Constitution", vol. II, p. 804, nota 11).

No debe extrañar esta coincidencia de pareceres, ni la estabilidad jurisprudencial que se observa en la solución del asunto. Apunta en el fondo de toda esta elaboración esa suprema consideración de razonabilidad que es clase de una interpretación constitucional auténtica. Debe pensarse, en efecto, que en el plano superior de la Ley fundamental, nunca podrá aparecer como valedera una paradoja tan evidente como la que implica lo decidido en autos, o sea, que se hace justicia no administrando justicia.

Sólo haré una última consideración para ubicar el presente caso en sus verdaderos límites y proporciones. Aquí no se trata de deferir un proceso al conocimiento de ningún fuero especial sino simplemente de que uno o varios ciudadanos comparezcan a responder de sus acciones ante los tribunales comunes a que está sometido el resto de sus conciudadanos. Mal puede presumirse entonces que de esta sola circunstancia resulte agravio constitucional para nadie, máxime teniendo en cuenta que esos tribunales son permanentes y están integrados por jueces que ofrecen todas las garantías de imparcialidad necesarias para asegurarles una correcta administración de justicia; ello, sin perjuicio de observar también que la actual jurisdicción de la justicia ordinaria para conocer de casos como el de autos no es más que una justa reintegración de la que siempre tuvo, con excepción del corto período en que funcionó la inusitada institución de los tribunales policiales.

Por todo lo expuesto, opino que corresponde dejar sin efecto la resolución apelada, declarando que la justicia nacional en lo penal ordinaria de la Capital debe seguir conociendo del sub júdice. -- Abril 17 de 1956. -- Sebastián Soler.

Buenos Aires, abril 23 de 1956. -- Considerando: Que existe en el caso de autos efectiva privación de justicia como consecuencia del fallo dictado a fs. 30. En efecto, con arreglo a éste, suprimidos los tribunales creados por la ley 14.165 (1), no habría juez que pueda conocer válidamente de los hechos imputados en autos, que eran de competencia de aquéllos por disposición del Cód. de Justicia Policial derogado por el decreto-ley 276-55 (2). No lo habría por impedirlo, según la mayoría del tribunal a quo, la disposición del art. 29 de la Constitución nacional (3) por la cual ningún habitante de la Nación puede ser "sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa".

De acuerdo con lo establecido en el art. 24, inc. 8º, última parte de la ley 13.998 (4) y con lo expuesto por el procurador general a fs. 38, la intervención de esta Corte Suprema en este caso es, pues, procedente.

Que desde sus primeros fallos, como lo hace notar el procurador general en su fundado dictamen, esta Corte Suprema ha interpretado invariablemente el art. 18 (29 actual) de la Constitución nacional, en el sentido de que la garantía que establece no resulte afectada por la intervención de nuevos jueces en los juicios pendientes, como consecuencia de reformas en la organización de la justicia o en la distribución de la competencia. Pues la cláusula de referencia sólo tiende a impedir la sustracción arbitraria de una causa a la jurisdicción del juez que continúa teniéndola para casos semejantes, con el fin de atribuir su conocimiento a uno que no la tiene, constituyendo así, por vía indirecta, una verdadera comisión especial disimulada.

Que lo expuesto concuerda, también, con la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en el sentido de que las normas de la Constitución nacional, como las de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuídos al Estado para el cumplimiento de sus fines del modo más beneficioso para la comunidad y los individuos que la forman (Fallos, t. 183, p. 343; t. 186, p. 170 [1]; t. 169, p. 483 [2] y otros). Es evidente que el sentido atribuido al art. 29 de la Constitución nacional por el fallo de fs. 30, al separarse de ese criterio, llega a una conclusión inconciliable con el propósito de asegurar una justicia imparcial, además de independiente, que resulta de la disposición citada y de las demás de la Constitución nacional que concuerdan con ella, y conduce de tal modo a la inadmisible conclusión de que no sea posible hacer justicia en casos como el de autos.

Por estos fundamentos y los del precedente dictamen del procurador general, se decide que corresponde seguir conociendo de este proceso a la justicia nacional en lo penal de la Capital Federal, a cuyo efecto se devolverá el expediente al tribunal de procedencia. -- Alfredo Orgaz. -- Manuel J. Argañarás. -- Enrique V. Galli. -- Carlos Herrera. -- Jorge Vera Vallejo.