marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fertilización asistida, recurso extraordinario federal
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: M.M.A y otros c/ I.A.P.O.S. y otros s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-03-19

Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario federal tendiente a obtener la cobertura de los costos de implementación de un tratamiento de fertilización asistida, pues sin perjuicio de que la resolución impugnada no resultaría sentencia definitiva al disponer el reenvío de la causa al tribunal subrogante, se advierte que los derechos trascendentales comprometidos, y la posible configuración de un gravamen irreparable ante la necesidad de una pronta tutela, en especial atención a la edad de los comparecientes, tornan aconsejable la apertura de la instancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máxime teniendo en cuenta que la decisión adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la causa "Artavia Murillo y otros- Fecundación in vitro- vs. Costa Rica", podría tener implicancia en relación a los derechos comprometidos en la causa (del voto de los Dres. Gutiérrez y Spuler).
Procedimiento judicial de la seguridad social, acción de inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: ALESCIO, MARIO s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-13

El planteo de inconstitucionalidad del art. 21 de la ley 24.463 resulta extemporáneo si no fue introducido en la primera presentación efectuada.
Indemnización por muerte del trabajador, acción civil por accidente de trabajo, beneficiarios de la indemnización civil, subsistencia de la viuda e hijos menores, cónyuge separado
Materia: LABORAL
Carátula: SELVAGGIO  DE  GRILLI,  HAYDEE  POR SI Y EN REPRESENTACION DE SU HIJA GRILLI MARIA ALEJANDRA c/ GESIEMENS    SA.    CONSTRUCTORA  INMOBILIARIA  Y  AGRICOLA  GANADERA s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-23

La separación de hecho no enerva el derecho de la cónyuge supérstite a percibir la indemnización fundada en el derecho común, pues al tratarse de una pretensión 'iure propio' es inaplicable el artículo 3575 Código Civil, subsistiendo la presunción de daño derivado de la muerte del causante (artículos 1084 y 1085 Código Civil), sólo desvirtuable si el responsable acredita que la viuda no percibía alimentos al momento del deceso.
Depósito en moneda extranjera, restitución de sumas de dinero, acción de amparo, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CALITRI, JOSE Y OTRA c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ AMPARO - TRAMITE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-06

Habiéndose deducido la acción de amparo dentro de los 15 días contados desde el vencimiento del certificado de depósito a plazo fijo en moneda extranjera, no corresponde su rechazo por extemporánea en razón de que dicho plazo habría fenecido si se lo contase desde la publicación en el Boletín Oficial de la resolución del Banco Central que suspendió el reintegro de esos depósitos, pues en tales condiciones es aceptable la doctrina según la cual si la lesión al derecho constitucional aún no se produjo, la promoción del juicio comporta una facultad y no un deber jurídico, comenzando a correr el plazo del art. 2 inc. e de la ley 16986 tan solo cuando efectivamente se consuma el perjucio (del dictamen del Fiscal de Cámara, al que la Sala se remita).
Recurso extraordinario, depósito previo, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Quintana Reyes, Ana c/ Lockwood Hnos. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-08

La condena en costas del art. 57 del Dec. ley 7718/71 (t.o. dec.

4444/93) comprende todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso, quedando incluida por ende, la tasa de justicia y la contribución de la ley 8455 (art. 77, C.P.C.C.; art.

20, dec. ley 7718/71. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Farías, Luis Felipe y otro c/ Estado Nacional y otro. s/ recurso ordinario de apelacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-19

No procede el recurso ordinario de apelación por no haberse demostrado que el valor disputado en último término, o sea aquél por el que se pretende la modificación de la condena o monto del agravio, sin sus accesorios, exceda el mínimo legal a la fecha de su interposición de acuerdo con lo dispuesto por el art. 24 inc. 6° ap. a del decreto-ley 1285/58 y resolución 1360/91 de la Corte, pues el cálculo de la condena en dólares estadounidenses debe efectuarse a la fecha de la interposición del recurso y en aquel momento el monto a cualquiera de los tipos de cambio existentes no excedía el mínimo legal.
Competencia contencioso administrativa, acción contencioso administrativa, caducidad de instancia, costas al demandante
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Herrera, Francisco c/ Provincia de Catamarca s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-02-28

Comparece la parte demandada por intermedio de apoderadas solicitando la caducidad de la instancia en los términos del Art. 310, inc.1, del CPCC -Art. 74 del CCA-, con fundamento en que el último acto procesal data de fecha 21/03/11, en que se produce el informe de Secretaria sobre el vencimiento del término de prueba y sin que a partir de ese momento el actor hubiera instado el proceso, por lo que estiman operada la perención por agotamiento del plazo. Peticiona en definitiva se haga lugar a lo solicitado, con expresa imposición de costas.

Se corre traslado a la parte actora, solicitando el rechazo del planteo efectuado.

De las actuaciones obrantes en la causa, resulta de manera indubitable la comprobación objetiva de la inactividad procesal de la accionante durante el plazo previsto por la ley adjetiva en la tramitación de la causa en esta instancia única, de conformidad con lo previsto por el Art. 310, 1º parte, del CPCC, de aplicación supletoria por imperio del Art. 74 del CCA, por lo que corresponde que el Tribunal haga lugar a lo solicitado.

Por ello corresponde hacer lugar a la caducidad de instancia solicitada con costas a la actora -art. 66 del CCA-.
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, caducidad del acto administrativo, notificación, carta certificada
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Miranda, Nélida Del Valle c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-06

Corresponde confirmar el pronunciamiento que hizo lugar al planteo de caducidad de la acción, si del expediente administrativo se desprende que la resolución denegatoria del reajuste peticionado por el titular fue notificada por carta certificada con aviso de retorno, y la acción judicial se inició vencido ampliamente el plazo acordado por el art. 25 de la ley 19.549. Ello así, porque la notificación efectuada en la forma indicada es el medio usualmente usado en sede administrativa, y el pertinente aviso de retorno hace plena fe de la fecha de recepción de lo notificado.
Recurso de casación, sentencia, archivo del expediente, sentencia definitiva, procedencia del recurso, firma del secretario
Materia: PENAL
Carátula: Mazoud Cármen s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-11-17

1- El auto del Juez de Control que confirma el archivo de las actuaciones por no constituir la conducta investigada delito alguno, adquiere el carácter de definitivo que exige la impugnabilidad objetiva de la casación y, por sus efectos, puede razonablemente equipararse a una sentencia de sobreseimiento, puesto que importa el cierre definitivo de la causa (CPP, 349) al impedir una nueva investigación por iguales hechos, en contra del mismo imputado. A su vez, el auto interlocutorio que por su inadmisibilidad formal rechaza el recurso de apelación interpuesto en contra del archivo de las actuaciones, constituye objeto impugnable a través del recurso de casación, pues importa la tácita confirmación de ese pronunciamiento.

2- El poder apud acta, no posee regulación específica en la ley procesal penal, sino la sola mención en distintas disposiciones que aluden al mismo como instrumento idóneo para acreditar la personería de quien ejerce un derecho que no le es propio (verbi gratia, presentación de la instancia de constitución del querellante particular por parte de un representante del ofendido penalmente por el delito -CPP, 91, 2 párrafo-; la presentación de la instancia de constitución en actor civil por parte de un representante del damnificado -CPP, 98-). Sí contiene normativa específica, en cambio, el Código Procesal Civil de la Provincia (Ley 8465 y modificatorias), digesto que, en principio, resulta idóneo en cuanto hermenéutica supletoria para la regulación de la actividad procesal penal. Dispone la ley citada al respecto, en el párrafo final del artículo 90, que los poderes especiales para actuar en cualquier clase de juicio, podrán ser otorgados apud-acta, o por carta poder con firma autenticada por escribano, juez de paz o secretario judicial. De tal suerte, deviene ostensible que no resulta requisito de ley, cuya inobservancia se conmina bajo sanción procesal de nulidad, la firma del Sr. Fiscal interviniente en la investigación penal preparatoria de la causa. Sí lo es, por el contrario, la rúbrica de funcionario judicial que da fe de la realización del acto en su presencia y de la identidad de las personas que intervienen en ella, como sería el Secretario de la Fiscalía de Instrucción.
Protección a la familia, internación, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: M., J. I. R.; A., F. A.; A., A. J. R. Y A., G. R. s/ víctimas
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-10-22

Tratándose de medidas de protección de menores lo prudente es no innovar, salvo que razones atendibles así lo aconsejen en interés de los incapaces, es que, el levantamiento de una cautela dispuesta en salvaguarda de la integridad psicofísica de los incapaces inmersos en situaciones de riesgo, no puede ser, en efecto, el corolario de la mera aplicación del principio de provisionalidad que campea en el terreno cautelar, sino que requiere "sine qua non" la sobreviniente desaparición de las circunstancias por las que el menor de edad se hallaba expuesto a peligro.
Resoluciones judiciales, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: AÑUEL ALFREDO SEBASTIAN - FIGUEROA ALFREDO ISMAEL c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO (IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-14

Si la declaracion testimonial fue prestada en sede instructoria en presencia de la defensa, la parte tuvo la posibilidad efectiva de contraexaminar al deponente. [...] Por lo tanto, habiendo concurrido en igualdad de partes la defensa a examinar al testigo en sede instructoria, no resulta válido alegar ahora que no pudo ejercer su derecho a evaluarlo, justamente porque la defensa oficial estuvo presente en el acto y además porque si bien se dijo que existe la posibilidad que se incorporen elementos posteriores a dicho testimonio que haga necesario compatibilizar o interrogar a la deponente, no surge ni señala haberlo solicitado y que ello le fuera denegado.
Trabajador autónomo, deuda previsional, evasión previsional, ley derogada
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CELLERINO, DORA AMALIA c/ Caja Nacional de la Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-06

La doctrina establecida por el C.S.J.N. en la causa "Rei Rosa" (20.02.86) no ha de extenderse a aquellos supuestos en que no se invoque y se demuestre la imposibilidad o extrema dificultad del interesado de dar cumplimiento a lo exigido por el art. 31 de la ley 10.038, porque de ese modo se premiaría a quienes no cumplieron ni cumplen sus obligaciones con el sistema de previsión social no obstante poder hacerlo, y ello equivaldría a una tácita derogación de la norma citada.
Derecho a la salud, personas con discapacidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: D., I. M. c/  s/ proceso sobre capacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-10-18

Ha dicho la Corte "Que es pertinente recordar que el Tribunal ha reconocido en reiteradas ocasiones el carácter fundamental del derecho a la salud y la especial atención que merecen las personas con discapacidad. Sin perjuicio de ello, también ha señalado que en nuestro ordenamiento jurídico tales derechos de raigambre constitucional, así como los prinicipios y garantías consagrados en la Constitución Nacional, no son absolutos sino que deben ser desplegados con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio, en la forma y extensión que el Congreso, en uso de sus facultades propias, lo estime conveniente a fin de asegurar el bienestar general (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional), con la única condición de no ser alterados en sus substancia (cf CS, Fallos: 257:275; 262:205; 283:98; 300:700; 303:1185; 305:831; 310:1045; 311:1132, 1565; 314:225, 1376; 315:952, 1190; 319:1165; 320:196; 321:3542; 322:215; 325:11)" ("T., I. H., FSM 44691/2014/2/RH1). (Voto del Dr. Barotto por la mayoría)
Prescripción, responsabilidad contractual, daños y perjuicios, responsabilidad del transportador, responsabilidad extracontractual, delito penal
Materia: CIVIL
Carátula: Laveglia, Héctor Raimondo c/ Raimondo, Roberto s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Encuadrada la acción dentro del ámbito de la responsabilidad contractual derivada del transporte terrestre, en la que no cabe la opción que confiere el art. 1107 del Código Civil por el régimen de la responsabilidad extracontractual, al no tratarse del supuesto de excepción o no encontrarse acreditada la configuración del delito del derecho criminal, no es dudosa la aplicación del art. 855 del Código de Comercio - texto según ley 22.096-.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Peralta, Carlos Nicasio c/ González, Miguelina Ramona y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-19

Aplicando el art. 41 de la ley 24.449, ningún motivo existe para prescindir del texto legal que acuerda prioridad de paso a quien circula por una vía pavimentada por sobre quien accede desde una de tierra, perdiéndose la prioridad de quien accede por la derecha.- La prioridad de paso del demandado debe considerarse relativa, ya que cuando la nueva ley ha considerado necesario, por razones de mejor ordenamiento del tránsito, establecer su carácter absoluto, asi lo ha hecho expresamente.
Depreciación monetaria, remuneración, cláusula de actualización
Materia: LABORAL
Carátula: ZAWADSKI, Exequiel Esteban y Otros c/ BRUNO, Héctor José Ramón s/ Homologación de Convenio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-02-28

Habiéndose pactado de común acuerdo entre el empleador y el trabajador que ante una eventual devaluación oficial la misma sería contemplada a fin de determinar el valor que debería depositar el empleador acordante, tratándose de una fórmula de estabilización prevista por los celebrantes para el caso de una devaluación que se avizoraba muy cercana a la fecha de la concertación -oct./01- y habiéndose abierto un nuevo escenario económico a partir de enero/02 al entrar en vigencia la Ley 25.561 que abandona la paridad cambiaria, resultan inconstitucionales los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928 modificadas por el art. 4 de la Ley 25561 y el art. 5 del Decreto 214, en cuanto prohíbe incorporar cláusulas de ajuste en los acuerdos de naturaleza laboral a cumplirse con posterioridad a la devaluación operada a partir del mes de enero/02 en cuanto lesionen los derechos de los trabajadores protegidos en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.
Entrega del certificado de trabajo, cobro de sumas de dinero, carga de la prueba
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Izaguirre Sergio Daniel  c/ Globoaves Argentina S.A.  s/ Cobro de pesos y entrega de Certificación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-17

El principio general de que quien alega debe probar ha sido complementado por el principio de las cargas probatorias dinámicas, conforme al cual el peso de la prueba recae en cabeza de aquella parte que por su situación se encuentra en mejores condiciones de acercar prueba a la causa, sin importar si es actor o demandado. Teniendo en cuenta circunstancias tales como la superioridad técnica, la situación de prevalencia, o la mejor aptitud probatoria de una de las partes o la índole o complejidad del hecho a acreditar en la litis, que generan el traslado de la carga probatoria hacia quien se halla en mejores condiciones de probar. En el caso, este es el principio que prevalece, pues, la desigualdad de las partes para acreditar -en el caso, ausencia de tareas livianas- es manifiesta, siendo la empleadora quien se encuentra en mejores condiciones de acreditar que no posee las tareas livianas que se indicaran al trabajador y que fuera nada menos que la causal de despido que invocara. Máxime teniendo en cuenta el carácter inminentemente tuitivo del derecho laboral, que debe velar por la protección del trabajador que se encuentra en evidente inferioridad de poder respecto de su empleador (Voto Stettler. Adhesión Romero)
Mandamiento de ejecución, licitación pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sulfatos Argentinos S.A. s/ Amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-06-01

tanto la doctrina como jurisprudencia, unánimemente sostienen la carencia de derechos del que ha participado en el acto licitatorio, como oferente. Si bien el mismo ostenta algo más que un interés simple, ese interés llega a ser legítimo, pero jamás un derecho subjetivo habilitante de reclamo alguno en contra de la administración que ha provocado el procedimiento. Y si bien la administración deber responder por el daño causado al simple oferente con posibilidades ciertas y concretas de resultar adjudicatario, como obra con desviación de los poderes que detenta, quedan a salvo las facultades de revocación por razones de oportunidad que corresponden sin riesgo alguno a tal administración.

Tal extremo debe ser probado por quien reclama el perjuicio y podría suponerse existe en aquellos supuestos que revocada la licitación, la administración adquiere el bien objeto del concurso por compra directa o llama a licitación nuevamente en idénticas condiciones que la anterior.
Bonos de consolidación, intereses
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Guzmán, José Domiciano Fausto c/ Estado Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-27

Si los bonos se encuentra vigentes -es decir que no ha vencido el período de consolidación dispuesto en la correspondiente normativa-, conforme el procedimiento establecido en las leyes de consolidación, las acreencias se calculan en la forma prevista en la sentencia o convenio hasta la fecha de corte, con más sus intereses. A partir de allí y hasta el vencimiento de los bonos, éstos conllevan sus propios intereses. Al respecto, la C.S.J.N. sostuvo que "durante todo el período que contempla la consolidación, es decir, desde la fecha de emisión de los bonos hacia el futuro, las obligaciones devengarán solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central" (Fallos 321:3513). Ahora bien, si vencido el plazo de diez años por el cual se emitieron los bonos la deuda no fue cancelada, corresponde el pago de intereses desde su vencimiento hasta el efectivo pago en los términos de la sentencia que se ejecuta, es decir -en el caso de autos-, aplicando la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (Fallos 325:1185).
Pensiones, hija viuda
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Penna Bores de Casanova, Eduarda Irene c/ Caja  Nacional  de  Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

El derecho que cesó definitivamente con el matrimonio no puede adquirirse nuevamente - salvo disposición expresa en contrario por hechos ocurridos con posterioridad a la muerte del causante.
Competencia laboral, integración del tribunal
Materia: LABORAL
Carátula: Sanzana Contreras, Hebe Elizabeth c/ Sorensen Kai y otra s/ Indemnización por accidente, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

La legislación de la provincia de Buenos Aires tiene previsto expresamente la forma en que los tribunales del trabajo han de integrarse en el supuesto de vacancia o ausencia o cualquier otro impedimento de los jueces titulares, quedando en claro en todos los casos, que dichos órganos judiciales deben funcionar con sus tres miembros, o con sus respectivos reemplazantes legales.
Contratos civiles, fideicomiso, fideicomiso de garantía
Materia: CIVIL
Carátula: E.C.G. S.A. c/ Banco Hipotecario S.A. s/ medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-04

El fideicomiso con fines de garantía es un instituto por el cual las partes pretenden eludir la excesiva onerosidad y difícil ejecución que presentan otras garantías, pudiendo dentro del amplio campo del principio de la autodeterminación contractual, establecer los medios más adecuados para evitar costos y fijar vías extrajudiciales de liquidación de bienes (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Adolfo Roberto Vázquez).
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Velázquez, Héctor c/ O.S.T.E.R.L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-13

Para que se aplique la presunción del artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, previamente debe quedar acreditada la relación de trabajo.
Ejercicio profesional, matrícula profesional, inscripción en la matrícula, domicilio real, decreto de necesidad y urgencia, ratificación del decreto, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baca Castex, Raúl Alejo c/ C.P.A.C.F. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El dictado del decreto 240/99 por parte del Poder Ejecutivo no varía el derecho a ejercer la profesión de abogado con una única inscripción en la matrícula correspondiente al domicilio real de acuerdo a lo establecido en el decreto 2293/92, ya que el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento -a cuya aprobación legislativa subordina aquel decreto la aplicación del 2293/92- fue ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 14/94 en virtud de la autorización conferida por el Congreso de la Nación (art. 33 de la ley 24.307) y por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires sobre la base de lo establecido en la ley 11.463 de dicha provincia (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Derecho laboral, violencia laboral, perspectiva de género, discriminación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: D. A. N. N. c/ M. U. -Violencia y/o discriminación en el ámbito laboral s/ Incidente legajo apelación efecto devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-09

Puestos ante los actos denunciados como agresivos, la primera reacción del poder judicial debe ser evitar todo riesgo a la integridad psicofísica del afectado pero, a partir de allí, se debe bregar por la dilucidación del caso en forma permanente y garantizando el derecho de defensa. Las armas jurídicas que laboriosamente van dando a luz a consecuencia del cambio de paradigma y la incorporación de derechos deben ser protegidas a ultranza para hacer perdurar su accionar y preservar su efectividad, debemos salir al cruce de su utilización apurada o masiva, pues ello hará que pierdan su lugar en el firmamento del derecho y se desprestigiarán. Debemos comprometernos en evitar ello. En este camino, debo felicitar el compromiso de la a quo con la temática que se le planteó, surge su involucramiento de los registros de audiencia y de las decisiones que tomó en los distintos trámites (Voto Welp. Adhesión Romero)