Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-02-24


Autos N° 4.682 (J.P.L.G.S.J. Chimbas N° 19.485/13), caratulados: "ENRIQUE, Alfredo Alfonso c/ Figueroa, Flavio Alberto - Desalojo".

--------- San Juan, 24 de febrero de dos mil catorce. --- --------- Y Vistos: --------------------------------------------- --------- Para resolver el recurso de apelación articulado por la parte actora a fs. 29 y vta., quien actúa por derecho propio y con patrocinio letrado, contra la sentencia de fs. 19/20. ----------------------------------------------------------- --------- Tal recurso fue concedido con efecto suspensivo, por providencia de fs. 30. ------------------------------------- --------- Y Considerando: ------------------------------------ --------- I. Que mediante la resolución impugnada el a quo rechazó la acción de desalojo por considerar inexistente el contrato base de la acción ante la falta de un elemento esencial, cual es la firma del mismo por parte del demandado; impuso las costas a cargo de la actora y difirió la regulación de honorarios para la respectiva oportunidad procesal. -------------------------------------------------------- --------- II.1. Contra dicha resolución se alzó la Sra. Jesús Eloina Yanéz, invocando su carácter de usufructuaria vitalicia del inmueble y acreditando el fallecimiento del actor -su hijo- con la correspondiente partida de defunción legalizada (ver fs. 21 y vta.); quien fundó el recurso con el memorial que obra a fs. 32/34 vta. En tal pieza, en síntesis, manifestó: ------------------------------------------------------ · Que le agravia la consideración que efectúa la Inferior al manifestar que al faltarle un elemento esencial al contrato base de la demanda el mismo resulta inexistente, por lo que debió acreditarse por otros medios de prueba, recordando además que se desistió de la prueba ofrecida en la demanda. Cita doctrina y jurisprudencia. ------------------ · Que se queja de la afirmación de la magistrada referida a que habría desistido de la prueba ofrecida, cuando -según su opinión- tanto la informativa, pericial caligráfica, testimonial y de reconocimiento, fue propuesta con carácter subsidiario y para el caso de desconocimiento por parte del demandado, de firmas y documentación acompañadas como prueba documental; en consecuencia, y no habiéndose cumplido tal condición, no debía producirse. ---- · Que la documental aportada no fue examinada ni valorada, como si de ella se hubiese desistido. Agrega que tampoco se tuvo en cuenta la rebeldía decretada en autos y su consecuencias. ---------------------------------------------- · Que con la documental acompañada -la que no fue cuestionada-, y en virtud de la incontestación de demanda y la declaración de rebeldía del demandado, el a quo se encontraba en condiciones de dictar sentencia favorable admitiendo el desalojo. ---------------------------------------- · Que de manera arbitraria la Jueza ha dejado de considerar la prueba documental obrante en la causa, sólo se detuvo a analizar la forma y prueba de los contratos de locación sin valorar el contrato -sin firmas- que se acompañó como principio de prueba por escrito. Cita jurisprudencia. --------- --------- 2. A fs. 35, infra, se dispuso correr el pertinente traslado al accionado de la fundamentación del recurso; quien no lo contestó a pesar de estar debidamente notificado conforme surge de las constancias de la cédula obrante a fs. 36 y vta. Dándosele por decaído el derecho a hacerlo mediante la providencia de fs. 38. ------------------- --------- En el mismo decreto la Inferior dispuso la elevación del expediente a la Alzada, en cuyo ámbito se dictó -previa determinación de las Juezas que intervendrían en la resolución del recurso (fs. 39)- el pase de los autos a resolver (fs. 42); decreto que se encuentra firme y consentido, tal como surge de las constancias de las cédulas de notificación obrantes a fs. 43 y vta. y 44 y vta. Posteriormente, se procedió al sorteo y a la adjudicación a estudio de la causa en el orden dispuesto a fs. 45. ---------- --------- III. Comenzando con el análisis de la cuestión sobre la que corresponde expedirse, adelantamos nuestro criterio contrario a la admisión del recurso. Ello, de conformidad con los argumentos que a continuación expondremos: -------------------------------------------------- --------- 1. En tanto útil para la resolución de la cuestión traída a estudio, conforme a la solución que se plasmará en los considerandos siguientes, efectuaremos una síntesis de la parte pertinente de las actuaciones obrantes en el expediente: ----------------------------------------------------- a) A fs. 1 obra la carta notarial enviada por el actor al demandado al domicilio donde se ubica el inmueble cuyo desalojo se pretende y que consta en el contrato de locación sin firmas; -------------------------------------------- b) a fs. 2 se encuentra glosado aviso de recepción de un correo privado, constando que la misiva fue recibida por Graciela Guevara, DNI 25.195.298; -------------------------- c) a fs. 3 y vta. se agrega copia de un contrato de locación confeccionado en una hoja con el logo de "Staff de Negocios Inmobiliarios S.R.L.", el cual carece absolutamente de firmas; ---------------------------------------------------------- d) a fs. 9/10 obra la demanda de desalojo por falta de pago fundada en el contrato ut supra señalado y formulada por el Sr. Alfredo Alfonso Enrique contra el Sr. Flavio Alberto Figueroa, a fin de que desocupe y haga entrega del inmueble ubicado en Av. Córdoba N° 416/420, Este, Capital; --------------------------------------------------------- e) a fs. 12 y vta. se acompaña cédula de notificación dirigida al accionado en el domicilio de Av. Córdoba N° 416, Este, Pta. Baja Capital, y fijada en la puerta del domicilio por no acudir persona alguna a los llamados; ---------------- f) a fs. 14 se le da por decaído el derecho al accionado para contestar la demanda y se decreta su rebeldía; -------- g) a fs. 15 y vta. se adjunta cédula notificando la rebeldía en el mismo domicilio de las anteriores comunicaciones y también por copia fijada; -------------------------------------- h) a fs. 16 el actor solicita se prescinda de la prueba subsidiaria y se resuelva; -------------------------------------- i) a fs. 19/20 obra la sentencia hoy impugnada. ------------ --------- 2. La recurrente centra sus quejas en la interpretación que hace la sentenciante de la distribución de la carga de la prueba en relación con la existencia o inexistencia de hechos controvertidos entre las partes.------ --------- Al respecto, estimamos oportuno recordar que, conforme el principio dispositivo, se impone a los litigantes el deber de probar los presupuestos invocados como fundamento de sus defensas o excepciones, por lo que tal imposición no depende de la calidad de actor o demandado, sino de la situación en que la parte se coloca en el proceso para obtener determinada consecuencia jurídica (Suprema Corte Buenos Aires, La Ley, 1977-B-613; La Ley, Tº 154-B-637; La Ley, Tº 153-245); por lo tanto, conforme al principio dispositivo adoptado por el ordenamiento procesal se requiere la iniciativa eficaz y concreta de las partes para introducir pretensiones y defensas en el proceso. ---------------------------------------- --------- Quien pretende -como en el sub exámine- que es locador en razón de una relación jurídica que es controvertida, debe probar la existencia del contrato en que se asienta tal relación, pues esto es lo que claramente establece la primera parte del art. 340 del C.P.C., al determinar que cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma que invoque como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. -------- --------- En cuando al proceso de desalojo en particular, quien lo promueve debe alegar y probar cabalmente el acto, el negocio o la situación jurídica susceptible de generar la obligación de restituir y el recíproco derecho a recuperar la cosa. ---------------------------------------------- --------- La frustración que le provoca el fallo sólo puede imputarse a la recurrente, porque frente a situaciones de duda de cómo han sucedido los hechos -en el caso la supuesta existencia de un contrato de locación que carece de firmas-, la Juzgadora no puede apartarse de los preceptos que ordenan la distribución de la carga de la prueba. De este modo, esta categoría se constituye como una regla de juicio al indicar a la magistrada cómo debe fallar ante la ausencia, insuficiencia o bien contradictoria afirmación de prueba de los hechos sobre los que imperativamente debe fundar su sentencia. ------------------ --------- Resulta apropiado señalar que, tanto la doctrina como la jurisprudencia, están contestes en afirmar que la carga de la prueba es una noción procesal que indica al juez cómo debe valorarla para resolver, e indirectamente establece a cuál de los litigantes le interesa acreditar los hechos para evitar las consecuencias negativas. Siguiendo a Acosta se la puede definir diciendo que es la actividad prescripta por la ley al litigante, a fin de que las afirmaciones por él hechas resulten verificadas y produzcan convicción en el juez sobre la razón que asista a las partes. No es un deber, pues no existe el correlativo derecho de alguien a exigir su cumplimiento. La carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis (Acosta, José V., "Visión Jurisprudencial de la prueba civil", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1996, Tº I, pág. 129). Es que los litigantes tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o en caso contrario, soportar las consecuencias de su omisión. -------------------------------------------------------- --------- Y esa carencia de justificación de su posición procesal es, en definitiva, la que concreta para la parte actora el rechazo de la acción intentada, como lo dispone la resolución impugnada. ----------------------------------------- --------- Se ha sostenido que "como regla, la carga de la prueba de la relación de causalidad pesa sobre el accionante" (Suprema Corte Justicia de Mendoza, Sala I, 23-04-92, La Ley, 1992-C-115). ------------------------------------------------------ --------- Aunque el accionado no haya contestado la demanda, era a la parte actora a quien incumbía probar -en tanto requisito intrínseco de admisibilidad de su pretensión- que la persona citada a juicio era locatario del inmueble cuya restitución perseguía. Pues, la falta de contestación de demanda; no es por sí suficiente para admitir la acción si hay -como en autos- insuficiencia probatoria de la parte accionante. ----------------------------------------------------- --------- Más aun, la rebeldía -tal como la legisla el art. 59 del C.P.C.- no altera la secuela regular del proceso, pues la sentencia debe ser pronunciada según el mérito de la causa y lo prescripto en el art. 318, inc. 1º, ibíd. En efecto, dicha norma impone la carga de reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, pues su silencio -como en el caso examinado-, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de los hechos pertinentes y lícitos vertidos en la demanda. Ello quiere significar que la ley acuerda en tal caso una facultad al juzgador, quien la puede ejercer según las particulares circunstancias que concurren en el proceso y dictar el pronunciamiento que en derecho corresponda; sin duda, que se trata de una presunción iuris tantum. ---------------- --------- Pero los mencionados efectos son diferentes cuando se refieren a la prueba documental acompañada, ya que se transforma en regla obligatoria para el juez respecto de la autenticidad de la firma que se atribuye al demandado. Es que en cuanto a los documentos acompañados se los debe tener por reconocidos ante el silencio del rebelde, pero tal reconocimiento ficto está limitado a aquella documentación firmada o recibida por la parte a quien se le requiere tal reconocimiento. ------------- --------- Este Tribunal resolvió que "ello no significa que tales circunstancias (incomparecencia, omisión de desconocer la instrumental y rebeldía) resulten per se y automáticamente suficientes para admitir la demanda incoada, tanto en sus alcances cualitativos como en los cuantitativos, pues cabe meritar el resto de las constancias de la misma, las particularidades del caso, etc." (Autos Nº 1.746, caratulados: "B.B.V.A. Banco Francés c/ Salinas Barrionuevo, Rosa María - Sumario", P. de S. Tº VI, Fº 121/124, 05-03-03). -------------------------- --------- En similar sentido se ha resuelto que "la admisión simple de los hechos, derivada de la falta de contestación de la demanda, debe ser corroborada con la prueba producida por el actor (Cám. Nac. Com., Sala E, 22-03-04 "Cosena Seguros S.A. c/ Telfin S.R.L." Jurisprudencia Argentina, 2006-I-Síntesis, citado por Velert F., Jaime A. y otros, "Código Procesal Civil, Comercial y Minería San Juan - Comentado y Concordado", Ed. Nuevo Enfoque Jurídico, T° 2-B, Córdoba, 2010, Contestación de la demanda y reconvención, com. art. 318, pág. 654). ---------- --------- 3. No puede ocultarse que se está en presencia de un caso con aristas singulares, que impone una repuesta jurisdiccional que no sea el resultado de un mero análisis lineal, sino que exige una tarea argumentativa suplementaria. ------------------------------------------------- --------- En efecto, y como vimos, la rebeldía no es un mecanismo procesal que sirva para suplir cualquier prueba, máxime cuando por la índole de la pretensión existen elementos de conocimiento y derecho que es necesario acreditar y que no pueden ser suplidos por el mero silencio del emplazado desde que constituyen verdaderos presupuestos de su legitimación pasiva. ---------------------- --------- En el sub exámine, el actor promueve demanda de desalojo fundado en la causal de falta de pago y para acreditar la relación locativa existente entre las partes acompaña un contrato de locación que carece totalmente de firmas y especialmente la del demandado. ------------------- --------- Alega como fundamento del recurso que el a quo no valoró la prueba documental aportada por su parte. Al respecto cabe señalar que dicho contrato no puede ser considerado válido y con efectos jurídicos porque, reiteramos, es un documento privado en el que no hay firma que pueda considerarse reconocida y todo instrumento privado debe necesariamente llevar las firmas de las partes como condición esencial de su existencia, según reza el art. 1012 del Código Civil. -------------------- --------- Tampoco cabe admitir un reconocimiento ficto de la carta notarial, porque no fue recibida por el demandado y, por ende, la rúbrica obrante en la constancia de fs. 2 no le pertenece. La intimación fue recibida por Graciela Guevara, DNI N° 25.195.298, y el demandante la ofrece como testigo de reconocimiento (ver ap. VII, `c´, del escrito de fs. 9/10), pero posteriormente desiste de su producción y pide se resuelva la causa (ver fs. 16). --------- --------- El actor debía probar su condición de locador y la locación que invoca en su demanda y que lo legitimaría para llevar adelante el proceso de desalojo. Además el documento privado no puede ni siquiera aportarse como principio de prueba por escrito al carecer de firmas y no existir otras pruebas relevantes concordantes, serias y conducentes para la resolución del conflicto. La demás documental adjuntada -carta documento intimando el pago- emanada unilateralmente del propio actor, por sí sola no coadyuva para acreditar la locación invocada. ------------ --------- Cabe aclarar que si bien un instrumento no firmado atribuido a una de las partes vale como principio de prueba por escrito, corresponde al que invoca su defensa, lograr el reconocimiento de la parte a quien se lo atribuye, lo que no aconteció en la especie. Esto es, por cuanto si bien rige en este tipo de instrumentos el principio de libertad de las formas, el mismo no es absoluto al reconocer como excepción un requisito esencial que debe cumplir y que es la firma de la parte a quien se atribuye. ---------------------- --------- 4. Otra cuestión a dilucidar es el valor de las notificaciones efectuadas en el expediente. Así vemos que el accionante denuncia como domicilio del locatario demandado el ubicado en Av. Córdoba N° 416/420, Este, Capital, que es el de localización del inmueble cuyo deshaucio se pretende y que surge del contrato sin firmar (ver copia de fs. 3 y vta.). ------------------------------------- --------- En el referido domicilio se notifica la demanda mediante la cédula de fs. 12 y vta.; la rebeldía (fs. 15 y vta.); la sentencia (fs. 31 y vta.) y el traslado de la fundamentación del recurso de apelación (fs. 36 y vta.), en todos los casos por copia fijada en la puerta. ---------------- --------- Sin embargo, del pretendido contrato de locación, en su primera parte donde se identificaría a los contratantes, surge que el demandado fija domicilio en calle 9 de Julio N° 773, Oeste, Capital, y en la cláusula 11va se establece que para todos los efectos procesales y extraprocesales los domicilios se fijan en los enunciados en el contrato. Entonces nos interrogamos cual fue el motivo por el cual no se cursaron en la dirección denunciada las notificaciones, y no encontramos respuesta para ello. ------- --------- Frente a dicha situación y si el demandante pretende darle valor al ya citado instrumento, no resultaría de aplicación el art. 668 del C.P.C., el cual refiriéndose a las notificaciones señala que si en el contrato no se hubiese constituído domicilio especial y el demandado no tuviese domicilio real dentro de la jurisdicción, la notificación de la demanda podrá practicarse en el inmueble cuyo desalojo se requiere, si en el hubiese algún edificio habitado. ----------- --------- La norma establece una prelación en cuanto al domicilio para notificar la demanda. -------------------------- --------- Desde hace mucho tiempo el criterio jurisprudencial es que "el traslado de la demanda debe notificarse en el domicilio real si el instrumento privado aún no ha sido reconocido" (Cám. Nac. Com., en pleno, 23-05-56, "Herbath, Sandor c/ Frankreijh, Jacobo y otros", Jurisprudencia Argentina, 1956-II-480; Cám. Nac. Com., en pleno, 10-06-54, "Piazzini, Urbelia C. de c/ Ventureyra, Elisa M.G.", La Ley, Tº 75-606). ------------------------------------------------- --------- 5. Otra razón para el rechazo de la apelación radica en que el proceso de desalojo, en general, se asienta en una serie de causales tipificadas, de modo tal que los hechos tienden a configurar la causal base de la pretensión; en el sub exámine, por falta de pago de la locación; en el sub exámine, conforme lo señala el actor al iniciar la acción (fs. 9/10). ------------------------------------------------------ --------- Es así que la Jueza de grado, de acuerdo al principio de congruencia (art. 164, inc. 6°, del C.P.C.) no puede hacer lugar al desalojo cuando la base de la pretensión es el contrato sin firma del demandado y en virtud del mismo alega la falta de pago, por ende, el desahucio por esa causa no tiene sustento jurídico, pues importaría la modificación de la causa. ----------------------- --------- Aunque en el juicio de desalojo se persiga el desahucio de un inmueble, está obligado el actor a señalar en forma concreta la causal que le permita obtener su restitución por parte de las personas que lo ocupan y no pretender que el magistrado modifique la causa petendi en desmedro de la defensa en juicio; si el interesado erró en el planteo inicial no se puede alterar la constitución de la litis (Cám. Nac. Civ., Sala L, 29-09-89, "Smicka, Roberto c/ Cobas, Rubén s/ Desalojo", ISIS, sum. 147, cita de Salgado, Alí Joaquín, "Locación, comodato y desalojo", 6a edición aumen. y actual., Ediciones La Rocca, C.A.B.A., 2008, pág. 385). -------- --------- IV. En conclusión, y en mérito a las razones fácticas y jurídicas expuestas, corresponde el rechazo del recurso de apelación venido a estudio. ---------------------- --------- Con respecto a las costas de la Alzada, éstas deben imponerse a cargo de la apelante vencida (arts. 66, párr. 1°, y ccds., del C.P.C.); dejándose debida constancia de la inexistencia de actividad susceptible de regulación de honorarios de letrado alguno de la parte demandada. ------ --------- Por lo expuesto, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas, Se Resuelve: --------------------- --------- 1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 29 y vta. contra la sentencia obrante a fs. 19/20. --------------------------------------------------- --------- 2. Imponer las costas de la Alzada a la accionante apelante vencida; dejándose debida constancia de la inexistencia de actividad susceptible de regulación de honorarios de letrado alguno de la parte demandada. ------------------------------------------- --------- 3. Protocolícese, agréguese copia a los autos, notifíquese a las partes y oportunamente bajen al Juzgado de origen, previa reposición del sellado si correspondiere.