Tribunal: CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-25


"GONZALEZ, AMANDA NATALIA Y OTRO c/EN-Dto. 1517/98- s/Amparo Ley 16.986" Buenos Aires, 25 de octubre de 1999. Y VISTO:

El recurso de apelación deducido (memorial de fs. 89/102 y réplica de fs. 106/107 vta.) contra la sentencia de fs. 82/83 vta. Y, CONSIDERANDO:

I.- La decisión apelada admitió la pretensión y declaró inconstitucional el inc. f del art. 1 del decreto n 1517/98, con costas al Estado Nacional.

La primera objeción del recurrente concierne a la, así llamada, "improcedencia formal del amparo", respecto de la cual se formulan variadas reflexiones que, sin embargo, giran exclusivamente en torno a una hipotética inidoneidad de la vía o mecanismo procesal elegido para discutir el agravio al derecho material invocado.

Es cierto que, como principio, "la existencia de otro medio judicial más idóneo" excluye la posibilidad de utilizar el amparo (art. 43 de la Constitución Nacional) y también lo es, como ha sostenido reiteradamente la Sala, que la elevación de la técnica del amparo a rango constitucional no ha transformado su carácter excepcional. Sin embargo, dichos principios no resultan incompatibles, en el caso, con la viabilidad formal del dispositivo articulado, siendo suficiente para corroborar tal conclusión la circunstancia de que -según observa certeramente el señor Fiscal General de Cámara en su dictamen de fs. 115/116- "en autos aparecen los elementos suficientes para resolver el amparo sin necesidad de mayor debate y prueba, máxime teniendo en cuenta que el actor es un afiliado o usuario". Añadirá la Sala inmediatamente, en sentido coincidente, que, en efecto, concurre aquí una cuestión que, estrictamente, es de puro derecho, pues se trata de la confrontación directa entre el acto considerado lesivo y el ordenamiento constitucional;

II.- Relativamente al plano sustancial de la cuestión discutida, es apropiado señalar que la Sra. Juez de Primera Instancia entendió que "no estando aún concluidas las etapas de formación del proyecto de la ley 25.063, y hasta que las mismas no se encuentren debidamente cumplidas continuará en vigencia la ley 23.549" (confr. fs. 83, pto. V, párrafo quinto).

III.- En punto a examinar los agravios esgrimidos por el Estado Nacional, cabe recordar que: 1) el Congreso de la Nación sancionó el 7 de diciembre de 1998 el Proyecto de Ley registrado bajo el n 25.063 que importó -en lo que aquí interesa- la modificación del Impuesto al Valor Agregado respecto de las empresas de medicina prepaga, al disponer la gravabilidad de sus servicios pero dispensándoles un tratamiento tributario especial al imponerles una alícuota del 10,5%; 2) el Poder Ejecutivo de la Nación, por Decreto 1517 del 24 de diciembre de 1998, vetó parcialmente el proyecto en cuestión y observó, en el artículo 1 del Título I, el inciso m) que dice: "Artículo...: Tributarán la alícuota equivalente al 50% de la establecida en el primer párrafo del artículo 28 los servicios de asistencia sanitaria médica y paramédica a que se refiere el primer párrafo del punto 7, del inciso h), del artículo 7, que brinden o contraten las cooperativas, las entidades mutuales y los sistemas de medicina prepaga, que no resulten exentos conforme a lo dispuesto en dicha norma"; 3) de la medida para mejor proveer ordenada por el Tribunal a fs. 119 resulta que: a) la Honorable Cámara de Diputados, el 16 de junio del corriente año, con el voto de los 2/3 de los señores diputados presentes, insistió en la anterior sanción del referido inciso m); y b) que la Honorable Cámara de Senadores, el 30 de junio, rechazó la insistencia al inciso m).

IV.- En las condiciones expresadas, la cuestión se debe apreciar a la luz de los dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Nacional que literalmente dispone "Desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año".

Ahora bien, a tenor de las consideraciones precedentes, es claro en el caso que relativamente a las observaciones, no coinciden la Cámara de origen y la Cámara de revisión, debiéndose, por consiguiente, estar a la consecuencia establecida en la parte final del glosado precepto constitucional. De todo lo cual se sigue, a su vez, que al no existir sobre el punto concretamente debatido convergencia de ambas Cámaras, mal puede considerarse subsistente la observación del inciso f) del Decreto 1517/98 que recaería sobre algo que no es, estrictamente, un proyecto de ley.

Que con referencia al cambio de criterio plasmado en este decisorio respecto de anteriores sentencias ("Staff Médico S.A. y otro c/ E.N. PEN -M E y OSP Ley Tributaria Dto 1517/98 s/ Amparo ley 16.986", sentencia de fecha 26 de abril del corriente año), cabe señalar que recién en las presentes actuaciones y con motivo de la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 119, pudo verificarse como consecuencia de la respuesta del Honorable Senado de la Nación, de fecha 14/9/99 (ver fs. 124), el rechazo de esa Cámara referida a la insistencia del inciso m), artículo 1, Título I (modificatoria del IVA) del proyecto de ley analizado en autos; con lo que pudo verificarse recién en esta instancia, que definitivamente debía descartarse la vigencia de una nueva legislación estableciendo la gravabilidad del arancel de la prestación asistencial de la medicina prepaga.

Por todo lo expuesto, corresponde confirmar el pronunciamiento de primera instancia y entender vigente la exención prevista en ley 23.549.

V.- En atención a la naturaleza del proceso y a la calidad y extensión y eficacia de la tarea profesional cumplida se confirman los honorarios regulados al Doctor Luis G. Blanco, fijándose los mismos por su intervención en la Alzada, en la suma de pesos TRESCIENTOS ($300) (art. 14 del Arancel de Abogados y Procuradores). El señor Juez de Cámara, Doctor Pablo Gallegos Fedriani dice:

I) Que ya antes de la reforma constitucional de 1994, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina admitían que el Poder Ejecutivo podía vetar parcialmente un proyecto de ley y promulgarlo en la parte no vetada, siempre que la parte promulgada no fuera un todo indisoluble con la parte vetada del proyecto. Esto es lo que se denomina veto parcial. En este caso, la ley adquiere vigencia en la parte no vetada (conf. Luis Adolfo Saravia: "La sanción parcial de las leyes", en L.L. del 13 de septiembre de 1991; Horacio D. Rosatti, en: "El veto (aportes para un a teoría general), "El Derecho", del 28 de marzo de 1985).- La reforma constitucional de 1994 ha agregado un segundo párrafo al texto constitucional en análisis, en el que se admitió el veto parcial de una ley y la promulgación también parcial, en la parte no vetada, siempre que tengan autonomía normativa y su aprobación parcial no altere la unidad del proyecto sancionado por el Congreso.- Ello así por cuanto, si bien a primera vista el veto parcial y la promulgación fragmentaria parecen excluirse entre sí, el veto parcial es, en realidad, independiente de la promulgación. La Constitución admite el veto parcial, cuya finalidad es dejar a salvo el objeto fundamental de la ley, limitando las observaciones a un parte de ella, mientras el resto no observado de aquélla adquiere fuerza de ley y entra en vigencia desde el momento que se la promulga (en el caso en análisis mantener la gravabilidad por el IVA de la actividad de las empresas dedicadas a la llamada medicina prepaga, si bien modificando la alícuota determinada por el Congreso de la Nación). (Conf. Miguel Angel Ekmekdjian: "Tratado de Derecho Constitucional", Tomo IV, página 460, Ediciones Depalma Buenos Aires, 1997).- En tales términos, y contrariamente a lo afirmado por mis distinguidos colegas de Sala entiendo que en el caso sub-examine aun cuando si bien la Honorable Cámara de Diputados de la Nación insistió con el voto de los 2/3 de los señores diputados la sanción del inciso m) del artículo 1 del Título I de la ley 25.063, y la Honorable Cámara de Senadores rechazó tal insistencia el 30 de junio del corriente año, tal discordancia no implica la falta de un proyecto de ley, sino por el contrario que ambas Cámaras no han podido contrarrestar con su voto coincidente de los 2/3 de cada una de ellas el veto que parcialmente impuso el Poder Ejecutivo a su proyecto de ley, el que -cabe reiterarlo- fue parcialmente promulgado y convertido en ley con la observación pertinente.- No se me escapa que, como lo pone de relieve el constitucionalista M.A. Ekmekdjian en la obra antes citada, hay una contradicción entre el artículo 80 y el nuevo artículo 83 de la Constitución Nacional, que repite el anterior artículo 72. Para ser coherente con el segundo párrafo del artículo 80, agregado en la reforma constitucional de 1994, debió modificarse el primer párrafo del art. 83, suprimiéndose la frase "o en parte", ya que en este caso (veto parcial) el proyecto completo no vuelve a la Cámara de origen, sino que -de acuerdo al nuevo artículo 80- puede promulgarse parcialmente.- En efecto, la Constitución Nacional no puede interpretarse en el sentido de dar a sus limitaciones o prohibiciones o a aquellos puntos que pudieran resultar ambiguos una extensión o un significado que trabe el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos a los órganos del Estado.- Por lo demás, la promulgación (aun parcial) cumple diversas funciones. En primer lugar es una proclamación (atestación pública y solemne de la constatada formación de la voluntad legislativa como consecuencia de la aprobación de un idéntico texto legislativo por las dos cámaras), en segundo término es una función documental solemne por cuanto tiene en cuenta el texto aprobado que luego deberá ser publicado de conformidad con él; por último: una función intimatoria, por cuanto ordena a los sujetos públicos competentes el cumplimiento de los cometidos necesarios que les conciernen a los destinatarios el deber de prestarle obediencia a la ley (conf. M.A. Ekmekdjian op. cit. página 785).

II) Que en cuanto al fondo de la cuestión se refiere esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, entre muchas otras, en la causa "Staff Médico S.A. y otro c/ E N_PEN- M E y OSP (Ley Tributaria) Dto 1517/98 s/ Amparo ley 16.986)", sentencia del 26 de abril de 1999, a la que cabe remitirse, agregando copia de la misma como parte integrante de este voto.- Por lo allí expuesto y de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General es que corresponde confirmar el pronunciamiento de fs. 82/83, precisando sus alcances.- Por consiguiente, la inconstitucionalidad y consiguiente inaplicabilidad requeridas deben quedar circunscriptas a la vigencia de la tasa general que la observación provoca, subsistiendo, por ende, la vigencia de la alícuota reducida prevista en el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional.- Las costas de esta instancia se imponen a la recurrente (art. 68 del Código Procesal).- Habida cuenta la labor desarrollada, la importancia, mérito y calidad de la labor desarrollada por el Dr. Luis Guillermo Blanco se confirmar los honorarios que le fueran regulados en la anterior instancia; los de la Alzada se fijan en la suma de trescientos pesos ($300) (arts. 6,7,14 y concordantes del Arancel).- ASI VOTO.- En mérito a las consideraciones formuladas, por mayoría, SE RESUELVE: confirmar el pronunciamiento apelado con costas (art. 14, ley 16.986).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.