Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-08


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 8 de 2009.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de primera instancia que admitió la demanda instaurada se alzan las demandadas, a tenor de los memoriales que lucen a fs. 574/80 -Edesur S.A.- y fs. 596/99, Leccentro S.A., mereciendo réplica de la contraria a fs. 617/22. Asimismo, el perito contador apela los honorarios regulados a su favor por estimarlos reducidos y Edesur S.A. cuestiona los emolumentos fijados a la parte actora y al perito contador, por reputarlos elevados.

La codemandada Edesur se agravia por cuanto el judicante de grado la condenó en forma solidaria, con fundamento en lo dispuesto por el art. 30 de la LCT. Sostiene, en apoyo de su postura adversa al decisorio en crisis, que se acreditó el cumplimiento de los controles previstos en la norma y que la tarea desarrollada por el actor no formaba parte de la actividad normal y específica propia de Edesur.

Analizada la causa, en el marco de las alegaciones formuladas, adelanto opinión en sentido adverso a la queja, por las razones que seguidamente expongo.

Sostiene la quejosa que su objeto social es la distribución y comercialización de energía eléctrica y que el contrato comercial entre Edesur y Leccentro -quien, a su vez, contrató a la codemandada Selom S.R.L.- es una "variedad de la locación de obra" que en nada se relaciona con un contrato de naturaleza laboral. Asimismo, afirma que las tareas desarrolladas por Farías para Selom no pueden considerarse propias de Edesur.

Ahora bien, para establecer la responsabilidad que el art. 30 de la L.C.T. le atribuye a quien contrata o subcontrata servicios que hacen a la actividad normal, específica y propia de su establecimiento no basta con analizar el objeto descripto en el estatuto de las sociedades comerciales ni con definir el aspecto central o medular del proceso productivo de la contratante principal porque no siempre tales datos permiten discernir qué aspectos o facetas integran el "establecimiento" entendido éste en los términos del art. 6 de la L.C.T., es decir como "la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa".

Cabe precisar que no se trata de un supuesto que presuma la existencia de fraude en la contratación y siempre requiere la participación de por lo menos dos empresas distintas, por lo que queda fuera del dispositivo legal en cuestión, la mera provisión de mano de obra (prevista específicamente en los arts. 14 y 29 de la L.C.T). Desde esta óptica se ha considerado que toda empresa puede adoptar el procedimiento que considere apropiado para realizar sus negocios, pudiendo asumir sólo algunas actividades del proceso productivo, contratando otras con a terceros, lo que queda dentro del legítimo ámbito de su libertad, lo que no la exime de responsabilidad si la tercerización de servicios involucra aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento, en tanto se trata de una imputación objetiva de responsabilidad.

Desde tal perspectiva, para definir el ámbito de aplicación del art. 30 LCT antes mencionado, debe considerarse que una actividad resulta inescindible de la principal si integra la definición del producto (bien o servicio) ofrecido o esperado por los destinatarios, según las expectativas del mercado o que se trata de aspectos o facetas de la misma actividad que se desarrolla en el establecimiento principal (conf. esta Sala in re "Barrios Villalba, Carmen R. c/Sodexho Argentina S.A. y otro s/despido", sentencia 95381 del 9/11/07). También cabe reputar actividad normal, específica y propia a aquella que resulta indispensable para la operatoria de la principal en sus aspectos medulares (conf. Rainolter, M.- García Vior, A. en Solidaridad laboral en la tercerización, Ed. Astrea, Bs. As. 2008, págs. 150 y ss). Desde tal directriz, para analizar la atribución de responsabilidad prevista en el art. 30 de la L.C.T., debe tenerse en cuenta no solo el modo en que se estructura la actividad de la prestataria, sino la índole de la actividad por la que se reconoce a la usuaria en el mercado (con igual criterio, esta Sala in re "Francese, Pablo Emmanuel c/Servicemaster y otro s/despido", sent. 94730 del 13/2/07).

A su vez, debe considerarse que para que resulte de aplicación el supuesto atributivo de responsabilidad en cuestión, es necesario determinar que dentro de la actividad subcontratada, el trabajador (no ya la actividad) cumple su tarea en beneficio directo del principal. Esta condición aparece en el cuarto párrafo del artículo 30 de la LCT, donde la solidaridad generada por las condiciones anteriores queda limitada al grupo de beneficiarios conformado por el 'personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios'. Ergo, aun cuando la subcontratista lleve a cabo una tarea normal y específica propia respecto del contratista principal, la solidaridad no podría ser invocada por un trabajador del subcontratista cuyos servicios no hubieren sido aprovechados exclusivamente por el principal (ver CNAT, Sala I, in re "Biolante, José María c/Grina SA y otros s/despido", SD 84.052 del 27/2/2007).

De las pruebas colectadas en la causa así como de los propios reconocimientos de las partes se extrae que Edesur contrató los servicios de Leccentro para la realización de tareas de habilitación y corte de energía eléctrica, que esta última contrató a Selom y que en tal marco prestó servicios el actor.

En el caso, la actividad desplegada por la contratista y la subcontratista resulta integrativa de la desarrollada por Edesur, en tanto resultan sin lugar a dudas inescindibles del servicio que prestan e indispensable para la operatoria de la principal. Asimismo, surge acreditado en la causa que, las tareas desempeñadas por el actor se encontraron destinadas a la satisfacción de los fines empresarios tenidos en miras por esta última, todo lo cual sitúa el caso bajo las reglas del art. 30 LCT.

Ello por cuanto, tal como sostuve al votar en un caso de aristas similares al presente -con la adhesión del Dr. Miguel Ángel Maza-, de acuerdo con la redacción del art. 30 de la L.C.T., resulta esencial para establecer la existencia de solidaridad entre comitente y contratista, que se ceda total o parcialmente la actividad normal y específica del primero (cfr. autos "Loza, Héctor Luis c/ Edesur S.A. y otros s/ despido", SD 96270 del 12/12/08, y en igual sentido, "Díaz, Adrián Marcelo c/ Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. y otro s/ Despido", SD 96744 del 03/06/09, del protocolo de esta Sala, entre otros).

En el caso, Edesur es una reconocida empresa dedicada a la prestación del servicio público de distribución y comercialización de electricidad, y no cabe duda que cedió la realización de una parte de su actividad normal a Leccentro quien, a su vez, contrató a Selom.

Párrafo aparte merece la crítica vertida en orden al cumplimiento de las exigencias del art. 30 y al respecto considero que no ha quedado cabalmente acreditado el mismo respecto del primer párrafo de la norma. En efecto, éste dispone que quienes contraten los servicios "deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a los organismos de la seguridad social".

En el caso de marras, no puede concluirse que Edesur hubiese exigido el cumplimiento de la normas relativas al trabajo, como refiere en su memorial, pues basta con advertir que el trabajador figuraba con fecha de ingreso 03/09/02 (ver recibo acompañado en copia por el perito contador a fs. 424), mientras que del acompañado en copia a fs. 412, correspondiente a agosto/05 figura como fecha de ingreso "25/06/04", y "período de prueba Ley 24.465 art. 92bis". Asimismo, figura en los mismos que se le abonaba la mitad del salario, sin que se consignen ausencias injustificadas ni licencia de ningún tipo, lo que permite inferir que se le abonaba por media jornada cuando no fue acreditado por las demandadas que cumplimentara tal tipo de prestación. En efecto, es doctrina de esta Sala que cuando se invoca una jornada de excepción a la prevista en la ley 11.544, es carga de quien lo invoca acreditar que el trabajador efectivamente trabajaba esa jornada excepcional (ver in re "Barreto, Carlos María y otro c/ Allé, Eduardo Elías y otros s/ despido", SD 96632 del 29/04/09, entre otros).

Desde tal perspectiva, cabe concluir que la apelante no efectuó el debido control que alega, por cuanto si bien solicitó la acredtiación del pago de cargas sociales y salarios, ello no da cuenta del efectivo cumplimiento de las "obligaciones laborales", teniendo en cuenta las irregularidades recién descriptas.

Sin perjuicio de lo expuesto, estimo conveniente aclarar que, aún cuando se hubiese verificado en la lid el cumplimiento fehaciente de los controles previstos en el art. 30 de la LCT, modificado por la ley 25.013, considero que el cumplimiento de tales deberes formales no neutraliza la responsabilidad solidaria dispuesta en la ley.

En efecto, el art. 17 de dicha ley sustituyó el segundo párrafo del art. 30, incorporando la obligación de los empresarios que cedan total o parcialmente su establecimiento a otros empresarios y de aquellos que contraten o subcontraten trabajos o servicios correspondientes a su actividad normal y específica propia -es decir, los afectados por la norma bajo análisis- de exigirle a las empresas cesionarias, contratistas y subcontratistas una serie de controles formales atinentes al cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales en relación al personal ocupado por estas últimas.

Asimismo, dispone la norma en su cuarto párrafo- que importa en el caso bajo análisis- que "el incumplimiento de algunos de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social".

Este aspecto de la norma ha dado lugar a debate. Así, para un sector de la doctrina, si el empresario principal (cedente o contratante) ha cumplido con esos requisitos formales del segundo párrafo, no respondería solidariamente aunque haya cedido total o parcialmente su establecimiento o aunque haya encomendado al contratista o subcontratista la realización de tareas o servicios que formen parte de la actividad normal y específica propia de su establecimiento. De este modo, la reforma habría agregado un elemento más que debería concurrir para que se de la solidaridad: además de los ya mencionados (cesión total o parcial del establecimiento o encomienda de tareas o servicios que formen parte de la actividad normal y específica propia del establecimiento), tendría que mediar también incumplimiento de los deberes formales. Otro segmento de la doctrina y de la jurisprudencia mayoritaria, en cambio, no le ha concedido a esta nueva reforma la operatividad restrictiva. Quienes se postulan en esta línea de pensamiento entienden que la intención del legislador no fue condicionar la solidaridad a que se produzcan estos incumplimientos sino que, meramente, buscó establecer con claridad el rol vigilante que le cabe al empresario principal (cedente y/o contratante), así como a darle derechos para defenderse ante la posible responsabilidad vicaria o en garantía, que podría tener que asumir.

Comparto esta última posición interpretativa, que, además, ha sido seguida por los mis colegas, los Dres. Maza y Pirolo, al expedirse in re "Cevallos, Marcelo Enrique c/ Ener S.R.L. y otros s/ despido" (SD 95398 del 16/11/07), de similares aristas al presente. Ello por cuanto no me parece factible extraer del texto legal que se exima de responsabilidad solidaria al empresario que delegó tareas atinentes a su objeto propio y específico que cedió su establecimiento, por la mera circunstancia de que haya efectuado controles formales.

En base a todo lo dicho, teniendo en cuenta la cesión parcial de la actividad normal, propia y específica dispuesta por Edesur a favor de Leccentro y Selom apuntada precedentemente, las labores desempeñadas por el reclamante y el incumplimiento señalado concluyo que, se encuentran reunidos los presupuestos previstos en por el art. 30 de la LCT declarado aplicable, para decretar la existencia de responsabilidad solidaria entre las codemandadas.

Por último, resta señalar que el argumento vertido por Edesur en el punto 4 de su memorial recursivo resulta inatendible, por cuanto la solidaridad dispuesta por el art. 30 se extiende incluso a las obligaciones emergentes de la extinción del vínculo, sin importar si la contratante intervino o no en la misma. Del mismo modo, no obsta al progreso de las multas previstas en la ley 25323 el hecho de que el accionante no hubiese cuestionado su registración durante la relación laboral pues rige en la materia el principio de irrenunciabilidad contemplado en los arts. 12, 58 y concordantes de la LCT.

Por lo expuesto, propongo confirmar el decisorio de grado en cuanto en el sentido aludido decide.

Las codemandadas Edesur y Leccentro se agravian por el quantum remuneratorio tomado en cuenta por el sentenciante, de $1.000.

Cuestionan la decisión del magistrado de presumir su veracidad en virtud de la rebeldía de Selom, mas dicho argumento resulta inatendible por cuanto el Dr. Bertolini afirmó que la base a considerar era la de $1.000 sosteniendo que, no obstante la falta de concordancia de los testigos en el punto, dicho monto lucía adecuado a las tareas de Farías, a la época del distracto y conforme la jornada de trabajo descripta, invocando el art. 56 de la ley citada. También señaló la codemandada Edesur S.A. no había acreditado lo sostenido en cuanto a que a las tareas del actor resultase aplicable el CCT 151/75, desde que no produjo prueba informativa alguna al respecto (ver considerando VII a fs. 570).

Es decir que no fueron los efectos de la rebeldía de Selom los que condujeron al sentenciante a considerar el salario de $1.000, sino la circunstancias antes señaladas.

No enerva la conclusión de grado el hecho de que en los recibos de sueldo figurase un sueldo inferior, pues el pretensor denunció en el inicio que percibía parte de su salario en negro.

Asimismo, sostienen las quejosas que no se valoró la prueba producida por las demandadas mas no se advierte que las mismas hubiesen aportado prueba alguna que permita concluir qué suma percibía Farías, más allá de la documentación contable que, de más está decir, es llevada unilateralmente y no fue controlada por el trabajador.

En cuanto a la prueba testifical, si bien no surge "claramente" que el trabajador percibiera $1.000 como denunció en el escrito inicial, lo cierto es que Taus (fs. 278/vta) declaró que Farías trabajaba de 8 a 15 con los cortes y de 15 a 20 con las rehabilitaciones, y que les pagaban a todos en la oficina de Adrogué con un sobre, una suma de $1.000 a $1.500, dependiendo de la cantidad de cortes. Dicha declaración es avalada por la de Paterno (fs. 279/80). En este sentido, comparto lo expuesto por el Dr. Bertolini en cuanto a que el hecho de tener juicio pendiente no les resta, en el caso, valor convictivo por lo cual me remito a los fundamentos vertidos por el mismo, en su pronunciamiento.

Pero no es sólo la declaración de estos testigos lo que me lleva a confirmar lo decidido en grado, sino que además de sus declaraciones, lo cierto es que, tal como afirmé ut supra, en los recibos de sueldo del trabajador figuraba abonado un monto correspondiente a media jornada, y en tanto ella no fue acreditada, cabe concluir que el actor trabajaba jornada completa. Toda vez que el trabajo no se presume gratuito, no queda más que inferir que esa prestación era abonada en forma extrarregistral.

Por lo demás, no se puede soslayar que el salario mínimo, vital y móvil a la fecha de la extinción del vínculo ascendía a $630.

A esta altura del análisis considero que, resulta irrelevante el convenio colectivo cuya aplicación pretenden las quejosas (CCT 151/75) pues lo cierto y concreto es que el sentenciante de grado estimó el salario a la luz de lo dispuesto por el art. 56 de la LCT sobre la base de los parámetros señalados, especialmente las tareas y jornada trabajada. La estimación conforme la norma mencionada no ha sido objeto de cuestionamiento en esta instancia sino que la crítica ha sido dirigida al efecto conferido a la rebeldía de Selom, a la acreditación de la percepción por parte del trabajador de sumas extraregistrales-, a la validez probatoria de los recibos de haberes, aspectos ya tratados. Tampoco ha sido objeto de cuestionamiento la jornada tenida por cierta, más allá de que las quejosas critican la fuerza convictiva atribuida a las testimoniales ofrecidas por el accionante sin argumentos concretos que conduzcan a restarles entidad probatoria. Por lo demás, he dicho anteriormente que a las demandadas les correspondía acreditar la jornada reducida y tal carga no ha sido probada.

Sin perjuicio de ello, creo necesario destacar, que, aún teniendo en cuenta el CCT 151/75 pretendido por la apelante, al tope convencional de $576,42 correspondiente al 01/12/91, cabe adicionar la suma de $672 de conformidad con la Res. 384/04 MTSS, de modo que el tope a considerar a la fecha del distracto ascendía a la suma de $1.248,42, que no se vio alcanzada por el salario tomado como base por el sentenciante de grado.

Ello así, no habiendo sido cuestionada la aplicación al caso del art. 56 de la LCT ni la jornada trabajada por el actor, considero equitativa y ajustada a derecho la decisión del Dr. Bertolini y por ello propongo confirmar el decisorio de grado en cuanto tiene en cuenta el salario de $1.000.

Cabe también desestimar la queja vertida en orden al acogimiento de los salarios adeudados, vacaciones y S.A.C. por cuanto no habiendo sido acreditado su pago, se impone la condena a su cancelación. Además, cabe aclarar que, contrariamente a lo que sostiene la coaccionada Edesur en su memorial, el despido de marras no se produjo por abandono de tareas.

Distinta suerte correrá la queja vertida por ambas accionadas en torno a la condena dispuesta en su contra a entregar al actor el certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la LCT.

Sostienen las quejosas, en líneas generales, que se trataría de una obligación propia y exclusiva del empleador, no susceptible de ser realizada por un tercero, y de imposible cumplimiento.

En cuanto al argumento vertido sobre la base de que Farías no era empleado de Edesur ni de Leccentro me remito a lo expuesto anteriormente en relación a operatividad en la especie, de la solidaridad del art. 30 LCT. No obstante, le asiste razón a las recurrentes ya que es el empleador -Selom- quien debe hacer entrega de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 LCT, por lo que no comparto el criterio del magistrado de grado en cuanto condena a las codemandadas en forma solidaria, a hacer entrega de dichos certificados.

Al respecto, cabe señalar que es criterio mayoritario de esta Sala que no corresponde hacer extensiva la condena a entregar los certificados previstos en el art. 80 LCT al deudor vicario, toda vez que se trata de una obligación de hacer en cabeza del sujeto empleador, calidad que en este caso, las codemandadas Edesur y Leccentro no revistieron (ver mi voto in re "Quinteros, Adrián Ariel y otros C/ Argen Express S.R.L. y otro s/ despido", SD 94849 del 15/03/07 en el cual -en relación al punto de divergencia- adhirió el Dr. Maza).

En tal marco, estimo que no se debe extender a las codemandada Edesur y Leccentro la condena a hacer entrega del certificado en cuestión, pues carecen de los elementos necesarios para la confección de dicho instrumento. Ello sin perjuicio de la responsabilidad que les compete, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del art. 30 de la LCT (conf. art. 17 ley 25.013) y de las eventuales sanciones o multas derivadas de los incumplimientos en que pudiere incurrir al respecto (en idéntico sentido, Sala II, in re "Garro, Amilcar y otros c/Transportes Metropolitanos Gral. San Martín y otro s/ despido", expte. 10.355/99, SD 88921 del 26.12.00; entre otros).

Por ello, propongo se modifique este aspecto del decisorio de grado, dejando sin efecto la condena a entregar los certificados de trabajo del art. 80 a las codemandadas Edesur y Leccentro, debiendo hacer entrega de los mismos solamente la codemandada Selom S.R.L.

Sin perjuicio de la modificación propuesta, no cabe aplicar a la causa lo previsto por el art. 279 del C.P.C.C.N., en tanto la solución que aquí se propone, no altera lo sustancial decidido en origen En consecuencia, corresponder tratar el recurso interpuesto por Edesur S.A. a fs. 580 en torno de la regulación de honorarios de la parte actora y del perito contador, y por este último a fs. 581/2. Habida cuenta de las labores realizadas, el valor económico del pleito y las pautas arancelarias que emergen de los arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 de la ley 21.839 y dec. 16.638/57, los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y al perito contador resultan, a mi juicio, adecuados a las normas mencionadas por lo cual propongo su confirmación.

Para concluir, voto por imponer las costas de alzada a las recurrentes vencidas en lo principal (cfr. art. 68 CPCCN).

En atención al mérito y extensión de las labores desarrolladas en esta instancia, propongo que se regulen los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada Edesur S.A. y Leccentro S.A. en el 25%, 25% y 25%, respectivamente, de la suma que les corresponda percibir a cada una de ellas por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

El doctor Miguel Ángel Pirolo dijo:

Adhiero a las conclusiones del voto del voto precedente con la siguiente aclaración:

En relación a la condena a la entrega del certificado previsto en el art. 80 LCT, reiteradamente he sostenido que la confección y entrega de dicho instrumento es una obligación que, al igual que las restantes, tiene por causa fuente el contrato de trabajo respecto del cual se ha establecido la responsabilidad solidaria de la codemandada que no ha empleado en forma directa los servicios de los accionante. Desde esa perspectiva, a mi entender, no cabe considerar excluida a la mencionada obligación de la solidaridad que prevé el citado art. 30 de la LCT respecto a la totalidad de las obligaciones emergentes del vínculo que el trabajador establece con el empleador directo. Si bien no existe uniformidad de opiniones en este fuero en torno a la cuestión analizada, distintas Salas de esta Cámara también se han expedido en el sentido recién indicado (Sala VI, SD Nro. 54.363 del 14/9/01 "Arcioni, Verónica c/ Sportservice SA y otro s/ despido"; SD Nro. 57.048 del 30/3/04, "Miño, Raúl c/ Sancro SRL"; Sala VII, SD Nro. 37.148 del 12/11/03, "Storino, Claudio c/ Exiter SRL y otros s/ despido").

Por otra parte y aún cuando -a mi entender- no cabe duda que la solidaridad establecida en el art. 30 de la LCT está referida a la totalidad de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo, estimo que, de existir alguna duda acerca del alcance de esa norma, la cuestión debe ser resuelta de acuerdo con el criterio indicado pues es la interpretación de la que deriva una solución más favorable para el trabajador (conf. art. 9, LCT). Sin perjuicio de lo expuesto -que lo ha sido con la finalidad de dejar a salvo mi opinión personal-, en un precedente de esta Sala, sobre el tema debatido y a través del voto mayoritario coincidente de mis distinguidos colegas, los Dres. González y Maza, se ha resuelto que no corresponde hacer extensiva la condena a entregar el certificado de trabajo previsto en el art. 80 LCT, toda vez que se trata de una obligación de hacer en cabeza del sujeto empleador, calidad que las codemandadas Edesur S.A. y Leccentro S.A. no revisten (ver voto de la Dra. Graciela A. González, in re "Quinteros, Adrián Ariel y otros C/ Argen Express S.R.L. y otro s/ despido", SD 94849 del 15/03/07 en el cual, tal como expuso mi colega preopinante -en relación al punto de divergencia- el Dr. Miguel Ángel Maza adhirió a su posición). En consecuencia y por evidentes razones de economía procesal y en la inteligencia de que no cabe insistir en una postura no ha de ser aceptada, he de propiciar que dicha condena solidaria no debe alcanzar a la obligación de hacer entrega del certificado art. 30 L.C.T., ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle por las eventuales sanciones derivadas de los incumplimientos en los que la principal pudiere incurrir al respecto.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2º parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1º) Modificar la sentencia de grado y dejar sin efecto la condena a entregar el certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la LCT respecto de las codemandadas Edesur S.A. y Leccentro S.A.; 2º) Confirmar el decisorio recurrido en lo demás que decide; 3º) Imponer las costas de alzada a las recurrentes vencidas en lo principal; 4º) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora, demandada Edesur S.A. y codemandada Leccentro S.A. por los trabajos de Alzada en el veinticinco por ciento (25%) cada una de las sumas que respectivamente deban percibir por sus trabajos en la instancia anterior. - Miguel Ángel Pirolo. - Graciela A. González.