Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22


SENTENCIA DEFINITIVA N° 63994 SALA VI Expediente Nro.: 35.537/2008 (Juzg. N° 76) AUTOS: "FRANCO EDGARDO ARIEL C/ UMPIERREZ PATRICIA BEATRIZ Y OTRO S/ DESPIDO"	Buenos Aires, 22 de MAYO de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

La sentencia de primera instancia (fs. 460/466) viene apelada por la parte actora y por la demandada Patricia Umpierrez a tenor de los memoriales de fs. 475/478 y fs. 479/482 respectivamente, cuyas obran a fs. 484/485 y fs. 489/491.

En materia de honorarios, la perito contadora (fs. 467) y el letrado apoderado de Compañía de Empanadas S.R.L. (fs. 470) por su propio derecho, apelan los que le fueron regulados por considerarlos reducidos.	Por razones de orden, trataré en primer término la apelación de la parte actora que está destinada a cuestionar la decisión del Sr. Juez "a quo" en cuanto a que el despido directo dispuesto por la demandada con fecha 22.5.2008 en los términos del art. 244 de la LCT, se ajustó a derecho.

De las constancias de autos surge que el vínculo fue disuelto por la empleadora el 22.5.2008 mediante la carta documento obrante a fs. 7 fundada en el abandono de trabajo por parte del trabajador.

Creo conveniente señalar que para que se configure el abandono de trabajo (art. 244, LCT) y una vez cumplida la exigencia de tipo formal de la intimación previa al trabajador a presentarse a trabajar; debe acreditarse no sólo el elemento objetivo, consistente en la ausencia del dependiente a su empleo; sino que también es necesario probar que el ánimo del trabajador sea el de no reintegrarse a sus tareas, ya que no toda ausencia permite inferir la existencia de ese elemento subjetivo.

Se requiere que el trabajador haya guardado silencio a la interpelación del empleador, que quede evidenciado el propósito de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios, sin que medie justificación alguna.

En el caso, no se encuentran reunidos, en mi opinión, tales recaudos; puesto que no se encuentra acreditado el ánimo del trabajador de abandonar la relación, ya que el mismo día que la demandada cursó el telegrama de despido, el actor intimó a su empleadora a que aclare su situación laboral en atención a la negativa de tareas acaecida el 22.5.2008. Esta circunstancia no permite, según mi parecer, entender que el trabajador ha tenido intención de abandonar su empleo, por el contrario sus intimaciones a que le asignen tareas con indicación de fecha, hora y lugar; resultan indicativas de una actitud contraria a ello.

Por lo demás, el testigo Guide (fs. 292) hizo referencia acerca de la concurrencia del actor a su lugar de trabajo, siéndole negadas las tareas.

En tales condiciones, estimo que la queja de la parte actora debe tener favorable recepción, ya que considero que no se encuentra configurada la conducta del trabajador, como la de alguien que tiene intenciones de abandonar su trabajo, por lo que, de prosperar mi voto propongo se revoque lo decidido en origen y en consecuencia se haga lugar al reclamo impetrado en relación con los rubros derivados del despido (art. 232,233 y 245 de la LCT).

Ahora bien, la demandada cuestiona que haya cobrado operatividad la presunción del art. 55 de la LCT, pero en mi opinión, la queja en este punto no puede progresar.

Digo esto porque tengo en cuenta lo informado por la experta contable en cuanto a que los libros laborales no presentaban rúbrica alguna (ver fs. 413), lo que en mi criterio implica que no son llevados en legal forma conforme lo establece el art. 52 de la LCT. Esta circunstancia torna operativa la presunción antes citada, lo que conlleva que se tengan por ciertos los hechos denunciados por el actor en la demandada, salvo prueba contrario.

En ese sentido, la prueba documental que señala la apelante en la queja, no puede merituarse toda vez que no resultan oponibles al trabajador ya que proviene de sus registraciones que son llevadas unilateralmente. En lo que hace a los testimonios de Silva (fs. 374) y Randberg (fs. 376) estimo que deben descartarse, puesto que Silva es un testigo meramente circunstancial ya que se desempeñaba como chofer de un camión de Empanatta y Silva declaró ser amigo íntimo de la demandada Umpierrez, motivo por el cual sus dichos se encuentran teñidos de parcialidad. En tal contexto, la aislada declaración de Hernández (fs. 372), resulta insuficiente para desvirtuar los efectos de la presunción referida respecto a la fecha de ingreso, salario y horario de trabajo del actor.

Por todo ello, a efectos de establecer los rubros indemnizatorios estaré a la fecha de ingreso, invocada en el escrito de inicio (16.7.2007), y a la de egreso del 22.5.2008. En cuanto a la remuneración, estaré a la de $ 1378 tomada en la sentencia de grado (según escala salarial de fs. 190).

Por tanto, el actor resulta acreedor de los siguientes rubros y montos: 1) Indemnización por antigüedad $1378; 2) Preaviso $1378; 3) Integración del mes de despido $311,16.

Asimismo, corresponde derivar a condena el incremento dispuesto en el art. 2 de la ley 25.323 por la suma de $ 1533,58 toda vez que se encuentran cumplidos los presupuestos fácticos de aplicación de la norma, y el actor debió iniciar el presente reclamo a fin de percibir las indemnizaciones derivadas del distracto.

En cuanto al agravio que introduce la parte actora en relación con el rechazo dispuesto en primera instancia de las multas de la Ley de Empleo (art. 9 y 15, Ley 24.013) no podrá prosperar. Ello porque de acuerdo a lo informado por el Correo a fs. 171, la intimación se produjo una vez extinguida la relación laboral.

En lo que respecta a la desestimación del rubro art. 43 de la ley 25.345 considero que corresponde confirmar lo decidido en la instancia anterior.

Al respecto, considero que la intimación que el actor cursó a la accionada no puede considerarse eficaz a los fines que prevé el art. 132 bis de la LCT, puesto que la intimación debe contener datos precisos para poder establecer así cual era el monto de las retenciones no efectuadas, lo que no sucedió en el caso.

Finalmente, la parte actora se agravia porque el sentenciante de grado no extendió la condena a Compañía de Empanadas SRL al entender que no se ha acreditado el supuesto del art. 30 de la LCT.

En este aspecto, Compañía Argentina de Empanadas SRL sostuvo al contestar demanda que su actividad principal es la de elaborar productos panificados, entre los que se encuentran tapas de empanadas, relleno y empanadas sin proceso de cocción, es decir crudas. Y particularmente, manifestó que los locales bajo licencia Empanatta incorporan al producto elaborado, el proceso de cocción, vital para transformarlo en el producto final que comercializan al público.

Teniendo en cuenta ello, no es concebible pensar que la finalidad de Compañía de Empanadas pueda llevarse a cabo sin los locales de atención al público, no tratándose de una actividad secundaria sino de un eslabón fundamental para llevar a cabo su actividad. Asimismo, cabe señalar que hubo una intervención activa de la firma Compañía de Empanadas a través de la supervisión de heladeras, las condiciones de los locales así como el control de que los empleados llevaran el uniforme.

Por todo ello, y frente a la orfandad probatoria de Compañía de Empanadas en cuanto su obligación de ejercer el control estricto del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de la empresa Empanatta, considero que corresponde imponer la condena solidaria en los términos del art. 30 de la LCT.

En atención al modo en que se resuelve, corresponde dejar sin efecto lo resuelto respecto a la imposición de costas y honorarios, por lo que corresponde un nuevo pronunciamiento al respecto conforme el art. 279 del CPCCN.

En consecuencia, resulta abstracto el tratamiento de los recursos deducidos a fs. 467 y fs. 470 referidos a las regulaciones de honorarios.

Propongo imponer las costas del juicio a cargo de las demandadas en ambas instancias, atento el principio general que rige en la materia (conf. art. 68, CPCCN). A ese efecto, estimo los honorarios de primera instancia correspondientes a la representación letrada de la parte actora, demandada y perito contadora en el 16%, 13% y 6% respectivamente del monto total de condena (conf. Ley 21.839; decreto ley 16.638/57 y normas concordantes).

Por las tareas cumplidas en la alzada, propongo regular los honorarios de los letrados intervinientes a fs. 475 y fs. 479 en el 25% respectivamente, de lo que les corresponde percibir por su actuación en la etapa anterior (art. 14, Ley 21.839 mod. por ley 24.432).

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: I) Modificar la sentencia de grado y en su mérito elevar el monto de condena a la suma de $14.701,33.- que llevará los intereses dispuestos en la sentencia de grado; II) Extender la condena solidaria a la codemandada Compañía de Empanadas SRL; III) Imponer las costas a cargo de las demandadas en ambas instancias (conf. art. 68, CPCCN); IV) Regular los honorarios de primera instancia correspondientes a la representación letrada de la parte actora, demandada y perito contadora en el 16%, 13% y 6% respectivamente del monto total de condena (conf. Ley 21.839; decreto ley 16.638/57 y normas concordantes); V) Fijar honorarios de los letrados intervinientes a fs. 475 y fs. 479 en el 25% respectivamente, de lo que les corresponde percibir por su actuación en la etapa anterior (art. 14, Ley 21.839 mod. por ley 24.432).

Regístrese, notífíquese y vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA	GRACIELA L.CRAIG	JUEZ DE CAMARA