marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, malversación de caudales públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACUÑA, HUGO RICARDO c/  s/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS AGRAVADO-PECULADO EN CONCURSO REAL CON MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS SIMPLE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-05-11

La presente impugnación no ha de prosperar, pues de los fundamentos del memorial recursivo y su liminar confrontación con la sentencia atacada, surge que pese a invocar la Defensa la presencia de arbitrariedad en el fallo del A quo, en sustancia, discute la interpretación de los hechos, prueba y derecho común -en concreto, de las exigencias del tipo descripto en el artículo 261 del Código Penal- que el Tribunal efectuó en ejercicio de funciones propias, pero sin lograr demostrar que en esa labor éste hubiera desbordado el ámbito propio de sus atribuciones, toda vez que los Jueces advirtieron que en el caso había operado una de las formas de consumación típicas de la malversación de caudales públicos, la percepción, que tiene lugar cuando el funcionario público se apropia de lo que va destinado hacia la administración pública. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 261
Costas, costas al vencido, amparo por mora, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Vázquez, José E. c/ M.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-25

El art. 28 de la ley 19.549, que regula el amparo por mora de la administración no prevé el régimen a seguir en materia de imposición de costas. Ya sea que se apliquen las disposiciones del Código Procesal de acuerdo a lo previsto en el art. 111 del decreto 1 759/72 o que se recurra a las de la ley de amparo 16.986 por analogía (art. 16 del Código Civil), se ha de concluir que si la administración ha resultado vencida y motivó la promoción del proceso debe cargar con los gastos causídicos (art. 68 del Código Procesal y 14 de la ley 16.986). No obsta a ello la unilateralidad del amparo por mora de la administración, si su anormal funcionamiento ha sido lo que provocó el gasto y si además fue tenida por parte contestó el informe sobre las causas de la demora, negó su existencia, presentando argumentos y solicitó el rechazo del amparo con costas. el rechazo del amparo con costas.
Prostitución, contrato de publicidad, facultades de la autoridad de prevención, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GUTIERREZ, Ana María. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02

La publicación de un aviso no constituye delito ni habilita al Estado a invadir la esfera de intimidad de las personas consagradas en el art. 19 de la C.N., máxime si no se advierte la descripción de ninguna conducta punida por el ordenamiento de fondo y en cuanto a la atipicidad del ejercicio de la prostitución.

Si en ningún momento se fundamentó el criterio de selección, por parte de la autoridad policial, de los avisos que ameriten una investigación penal, en consideración a la vasta publicidad que se realiza en el rubro, ello da cuanta de la arbitrariedad con la que se actuó al iniciar las actuaciones.

Al no poder fundarse el inicio del expediente en la lectura del anuncio, ello conlleva a suponer que el accionar de los preventores carece de fundamento legal y deviene totalitario en detrimento de los derechos constitucionales de la imputada.

Por tanto, corresponde revocar el auto que rechazó la nulidad articulada, en cuanto dicho remedio resulta un medio práctico para retomar el curso normal del proceso, cuando por causa de la actividad procesal irregularmente cumplida se ha desviado de sus fines o ha alterado algún principio fundamental para su inicio, desarrollo o finalización .
Asociaciones civiles, asamblea de la asociación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Club Atlético Argentino de Quilmes s/ Asamblea
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-12-26

La observancia de la legitimidad de la presencia, deliberación, facultades y voto de quienes concurren a una samblea societaria debe ser apreciada en forma diáfana, concluyente y en el momento mismo por quienes asisten a ese acto de gobierno de la institución, pues ello incide sustancialmente para que pueda verificarse el "quorum necesario" en las distintas decisiones que se tomen según las facultades del órgano soberano colegial de acuerdo al orden establecido. En ese derrotero se advierte que, tanto quienes concurren y votan deben ser quienes efectivamente conforman ese gobierno, lo cual no puede supediatarse a posteriores y eventuales "ratificaciones" o confrontes de calidades sociales, dado que la voluntad decisoria se debe apreciar en el mismo acto, por el estado deliberativo del evento, sus a avatares y el devenir que se establece por esa propia dinámica.
Excepciones procesales, defecto legal
Materia: PROCESAL
Carátula: ALDABA SRL c/ CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE Y OTRO s/ ALIMENTOS Y LITIS EN JUICIO ORDINARIO      EXPTE NRO 152-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-02-23

La pieza procesal cuestionada, denota ausencia de claridad en sus términos y la consiguiente existencia de confesión, lo que restringe o es susceptible de restringir, el pleno ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso de la accionada, protegidos constitucionalmente.
Incapacidad laboral, superintendencia de riesgos del trabajo, multa
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA DE ART c/ QBE ART SA s/ ORGANISMOS EXTERNOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-23

Procede imponer una multa de 150 mopres a una aseguradora de riesgos del trabajo cuando, como en caso, infringió lo dispuesto en el 2° parr. del pto. f, del cap. 2, del anexo I de la resolución srt N° 045/97, al no aplicar correctamente la tabla de evaluación de incapacidades laborales -decreto 659/96- en relación a un trabajador. Ello así por cuanto, no ha desvirtuado el porcentaje de incapacidad otorgado por la comisión médica, el que por su lado se encuentra establecido en el decreto mencionado, ni ha acreditado por medio alguno que la secuela que pudo haber dejado la lesión sufrida por el trabajador se haya agravado con el tiempo.
Acción de amparo, revocación de sentencia, actuaciones administrativas, empresa de transporte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autotransportes Andesmar S.A. c/ Expreso Uspallata S.A., Secretaría de Transporte de la Nación, Comisión Nacional de Regulación del Transporte y otro s/ amparo - amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-10

Corresponde revocar el fallo que había admitido una acción de amparo promovida por una empresa de transporte contra la Secretaría de Transporte de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a raíz de una supuesta negativa tácita de dichos organismos a la participación de la actora en un expediente administrativo, dado que no se desprende de las presentaciones efectuadas por las partes en sede judicial ni de las actuaciones realizadas en sede administrativa, que fueron adjuntadas a la causa, que la Secretaría de Transporte o la CNRT hubieran rechazado la intervención y participación de la actora en ese ámbito, ni que esta se haya visto impedida de realizar las presentaciones que considerara adecuadas o de formular cualquier planteo respecto de las decisiones que se adoptaron en el marco del trámite en cuestión.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: LABORAL
Carátula: Merino, Elvia. c/ Fricader Patagonia SA. s/ Despido. López, Jorge Nicomedes c/ El   Hogar  Obrero  Cooperativa  de  Consumo  Edificación  y  Crédito Limitada s/ ORDINARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-04-12|1988-08-04

A un cuando el perjuicio se haya podido concretar entre las partes vinculadas por una relación jurídica contractual, no por ello la responsabilidad emergente será siempre de índole contractual, pues puede darse que el acto generador del daño sea en esencia extraño al vínculo y la única relación estaría dada por la ocasión en que el perjuicio se produjo. En tales supuestos, no sería el contrato la fuente de la obligación de resarcir, sino el acto ilícito el que aparejaría la responsabilidad extracontractual. Es que en tales supuestos excepcionales, la razón jurídica determinante del derecho a la reparación especial, individualmente reconocible, resulta no del derecho del trabajo sino de la legislación civil de fondo (arts. 1109, 1078 y cc. del CC).
Validez del acto administrativo, teoría del órgano
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Caminoa, Jackeline y Otros, Concejales H.C.D. Lago Puelo s/ Plantean Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-08

Debe prestarse atención a la "voluntad" como presupuesto esencial y sine qua non de todo acto, la que para existir jurídicamente, debe haber sido exteriorizada conforme a derecho. Es sabido que la "forma" en que los órganos exteriorizan su voluntad, es un requisito a su vez indispensable para la validez de los actos y cuya función de garantía es fundamental para el afianzamiento del orden jurídico.
Prescripción, interrupción de la prescripción, interposición de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ricotta de Young, Elena Y. c/ Vanegas, Horacio R. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07

La interrupción de la prescripción producida por demanda se prolonga cualesquiera sea luego la rapidez o continuidad del trámite, en toda la duración del proceso. La acción deducida tiene dicho efecto aún con defectos u omisiones. (Minoría u opinión personal)
Proceso contravencional, medidas cautelares
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: R, N. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 38 Artículo 38
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-09

En el régimen legal que rige en este Fuero, las medidas precautorias y las situaciones en las que será factible imponerlas, se encuentran taxativamente enumeradas en el artículo 18 de la Ley de Procedimiento Contravencional. La citada disposición prevé como medidas precautorias las siguientes: aprehensión, clausura preventiva, secuestro de bienes, e inmovilización y depósito de vehículos. De lo que se desprende que la "prohibición de concurrencia" no procede como medida cautelar en el marco de la normativa contravencional vigente.

La prohibición de concurrencia se encuentra prevista en el Título II "De las Penas" del Código Contravencional, en los artículos 11 y 17. Por lo tanto, la medida ordenada constituye, no una medida cautelar como pretende el Sentenciante, sino una sanción jurídica establecida para aplicar a determinadas conductas contravencionales.

Es errónea la aplicación del artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación realizada por el Sentenciante para fundamentar la medida, puesto que la remisión que el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional efectúa a las disposiciones del Código de Procedimientos Penal vigente en la Ciudad de Buenos Aires, lo es en todo cuanto no se oponga a su texto y siempre que no desnaturalice la índole del procedimiento contravencional.

Procedimiento éste que no debe dilatarse innecesariamente mediante la aplicación de normas procesales previstas para el juzgamiento de delitos, cuya complejidad requiere indudablemente de otras normas procesales que respondan a principios diversos de los requeridos para los ilícitos contravencionales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Leccese, Marcelo Daniel. Suárez, Antonio Cirilo s/ Tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

Es insuficiente el agravio en el que se denuncia la violación de los arts. 256, 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal respecto de uno de los hechos y de los arts. 251/253, y 258/259, en cuanto a otro, si la defensa no formula agravio alguno respecto de tales pruebas invocadas por el a quo (doct. art. 355, C.P.P.).
Concurso preventivo, proceso de verificación, sociedad constituida en el extranjero, disolución de sociedades, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: LUIS DE RIDDER LTDA.  SA s/ QUIEBRA  S/  INC. DE EXCLUSION DE ACREEDOR (KNOWLES AND FOSTER  SRL )  Y FALTA DE PERSONERIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-24

A los efectos de determinar a quien corresponde percibir un crédito verificado originariamente por una empresa extranjera extinguida por quiebra liquidada-, en un concurso abierto bajo el régimen de la ley 11719 y cuya quiebra se decreto bajo la vigencia de la ley 19551, regido en la materia por el art. 7 de la primera norma citada (LC: 314), debe estarse a lo dispuesto por la LS: 118.

Toda vez que la LS: 118 establece que la ley del lugar de constitución de una sociedad es la que rige su disolución y liquidación, habiéndose constituido la sociedad acreedora en inglaterra, y en tanto la ley inglesa determina que ocurrida la disolución de un ente, los bienes adquiridos por éste antes de ese hecho, considerados vacantes, son adjudicados a la corona británica, es a ésta a quien corresponderá percibir el crédito verificado.
Recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, poder de policía, transporte de pasajeros, servicio público, pretensión, cuestión abstracta, cuestión no justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SINDICATO UNIDO PERSONAL DE TROLEBUSES -GUARDAS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -RECURSO DE AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 292 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-06

No obstante remitir la impugnación al examen de cuestiones -como lo son las que versan sobre la admisibilidad o viabilidad del amparo- reservadas por su naturaleza a los jueces ordinarios y en principio ajenas a la instancia extraordinaria, es procedente el recurso de inconstitucionalidad al comprobarse que la Alzada ha omitido una prudente ponderación de todos los elementos obrantes en el expediente a la luz de los principios que debían orientar su decisión, arribando así a un resultado que no puede ser considerado con la necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa. Ello es así pues al fallar los sentenciantes no han justificado como era debido una de las premisas básicas y esenciales de su razonamiento, como lo era la de establecer dónde se hallaría configurada la omisión manifiestamente arbitraria o ilegítima que en su criterio tornaba procedente la respuesta jurisdiccional condenatoria. En tal sentido, el relato efectuado permite constatar que sólo existe una indeliberada afirmación de que habría mediado negligencia en el ejercicio del "poder de policía" del servicio público de transporte gestionado por empresas privadas, formulándose así un juicio de reproche que en definitiva no se compadece con numerosas constancias del expediente que evidencian el desarrollo de concreta actividad de la Municipalidad tendente a hacer cumplir la normativa vigente y a obtener así la regularización del servicio, con anterioridad a la promoción del amparo, extremo éste que -a su vez- pone de manifiesto la razón que le asiste a la recurrente cuando postula que "la cuestión fue abstracta desde el inicio del proceso" en lo que hace a la relación entre amparistas y Municipalidad, de suerte tal que, si bien se mira, los jueces terminaron decidiendo un caso "no justiciable" por carecer ya de actualidad, prescindiendo de una de las reglas básicas en la adjudicación judicial, como lo es la que prescribe comprobar -precisamente- la subsistencia de cuestión litigiosa al momento de fallar.
Prescripción, aplicación de la ley, accidentes de trabajo
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, OCTAVIO c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA s/ ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-11-18

Plazo de prescripción aplicable. Es procedente concluir que el plazo de prescripción aplicable no es el previsto en el art. 223 de la ley 3460, sino el determinado en la ley de riesgos del trabajo, en tanto es la norma que establece o crea el derecho cuyo reconocimiento pretende el actor. El art. 223 de la ley 3460 dispone: "El término de la prescripción de los derechos y obligaciones que tengan su origen en la legislación dictada por la Provincia en ejercicio de sus facultades propias, no delegadas, será de tres años...". De su texto resulta evidente su inaplicación al "derecho o beneficio" que reclama el actor en esta causa, en tanto ha sido instituido o tiene su origen en una ley sancionada por el Congreso de la Nación en ejercicio de facultades delegadas constitucionalmente.
Acción de amparo, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Eventel S.A. c/ Congreso de la Nación (ex feria julio 11/95) s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

En el art. 43 del nuevo texto de la Constitución Nacional se dispone que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, "contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley".
Declaración de rebeldía, recurso de apelación (procesal), gravamen irreparable, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BAZAN, HECTOR ALFREDO; CHENO, JOSE LUIS RAMON s/ Cheque sin fondos, incidente de apelación interpuesto por la Fiscalía
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-31

Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra el auto que declaró rebelde al imputado pues la declaración de rebeldía no suspende el trámite de la instrucción y por otra parte permite que la causa siga su curso una vez que comparece el rebelde y puede ser revocada por el mismo Juez si se justifica la incomparecencia y, en consecuencia, esa declaración no puede causar gravamen ni ser materia de apelación.
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy, Margarita Reina c/ Mauri, Alcides y/u otros s/ Certificación de servicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-12

Por vía del recurso extraordinario de nulidad no pueden formularse alegaciones de índole probatoria, porque la eventual ausencia de tratamiento o el deficiente examen del material probatorio no constituye omisión de cuestión esencial.
Derecho laboral, trabajador, tutela sindical, exclusión de la tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: MILKAUT S. A. c/ MALUF, RAMON s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EXCLUSION TUTELA SINDICAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 65 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27

Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de exclusión de la tutela sindical se ha señalado a) que es de naturaleza cautelar; b) que es una acción autónoma y de conocimiento que analiza la cuestión de fondo pero con un debate limitado a establecer si la conducta del empleador no lesiona la libertad sindical tutelada; y c) que es una acción autónoma y de conocimiento, mas incluyendo el debate tanto la cuestión sindical como la contractual, referida -esta última- a las medidas a aplicar por el empleador. José Daniel Machado adhiere a la segunda, diciendo que es claro que la acción de exclusión de tutela opera en resguardo del interés colectivo, no constituyendo la estabilidad un fuero ni privilegio personal sino una condición de posibilidad de la función representativa. Su objeto, por tanto, es exclusivamente el mantenimiento o no de dichos "status", que pasa por el juzgamiento de si han mediado incumplimientos que, por su veracidad y gravedad, hagan conveniente la plena restitución de las facultades disciplinarias del empleador y permitan tener certeza de no estar ante una represalia o sanción ligada al ejercicio regular del cargo o función. Ello no empece que, ya despojado de su protección especial, el trabajador, en resguardo de su interés personal, promueva luego juicio tendente al cobro de los créditos que como dependiente "común" le asisten, sea por contar con mejores pruebas que las analizadas en el "desafuero", sea por considerar que si bien la medida no ha guardado relación alguna con el ejercicio del cargo, ha sido igualmente desproporcionada.
Falta de notificación, dación en pago, ejecución de honorarios, inoponibilidad a terceros
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Calderón Gastón Fernando  c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos Accidente de Trabajo s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-04-05

En autos se adujo la falta de notificación al acreedor de la supuesta dación en pago realizada por la ejecutada, motivo por el cual ni siquiera habría sido puesta efectivamente a disposición del ejecutante. Cabe señalar al respecto que las vicisitudes sucedidas entre el juzgado, el banco embargante, la actuación de la ejecutada, o el hecho de que los autos principales estuvieren en esta alzada, resultan inoponibles al ejecutante acreedor de las presentes que es el Dr. A. perito en el juicio principal y a quien no se notificó del depósito respectivo efectuado en la ocasión, no siendo, en definitiva, atribuibles al mismo las cuestiones fácticas acontecidas, respecto de las cuales resultaba ajeno, por lo que debió, en todo caso la recurrente, peticionar en la ocasión que se lleve adelante concretamente el acto referido (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Adopción, bien jurídico protegido
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: T. L. I. c/  s/ Abrigo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-08-21

El transcurso del tiempo es un condicionante de particular importancia para la vida de los niños, máxime cuando el niño está afianzando vínculos afectivos con una familia (art. 2, Cód. Civ. y Com.; art. 3.1, CDN).(del voto del doctor de Lázzari)
Incumplimiento del contrato, proveedor de Internet, competencia, daños y perjuicios, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: Mastrapasqua, Andrés Gustavo c/ Telefónica Móviles Argentina s/ Incumplimiento de servicio de telecomunic.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-20

A tenor de la exposición de los hechos efectuada en la demanda, cuyos términos deben ser atendidos de modo principal para determinar la competencia (Fallos 308:229, 310:116, 311:172), cabe destacar que el reclamo que formula la actora se relaciona con el incumplimiento del contrato de servicio de internet. Particularmente con los daños y perjuicios que le habrían generado los sucesivos aumentos de la cuota mensual, la falta de preaviso de 60 días de los incrementos, los inconvenientes derivados de hacer uso de ciertas promociones, la recarga automática del crédito, el reintegro por un cambio incorrecto en el plan y la inobservancia de diversos deberes de información por parte de la empresa prestadora. En este sentido, no puede soslayarse que la acción se encuentra fundada principalmente en la ley de Defensa al Consumidor, cuyo artículo 53 establece que las acciones habrán de tramitar ante los tribunales ordinarios (ver Sala 1, del 01/06/10, causa n° 9.170/07). Tratándose de cuestiones particulares contractuales entre la entidad y su cliente (que no atañen a la prestación del servicio), para su resolución deberán examinarse primordialmente disposiciones de derecho privado, sin que resulte menester determinar de modo directo el alcance de normas o reglamentaciones de carácter federal como lo es la ley nacional sobre telecomunicaciones 19.798 (ver Sala 1, del 2/10/12, causa n° 7.954/11, esta Sala, 29/11/12, causa n° 1.593/12).