Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-12


CAUSA N° 11217-00/CC/2004 "Alí, Oscar Néstor s/ inf. art. 83 C.C. -Apelación-" //n la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de diciembre de 2006, se reúnen los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Gabriela Inés Morelli, cotitular de la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas Nº 12 a fs. 64/66 vta., contra la resolución obrante a fs. 63 y vta. dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas, Carlos Aostri, de la que, RESULTA:

1.- Que a fs. 4 de la presente obra el acta labrada el 2/4/2006 a Oscar Néstor Alí por la presunta comisión de la contravención prevista en el art. 83 CC, consistente en llevar a cabo una actividad lucrativa sin autorización en la vía pública; ocasión en la que se secuestraron dos (2) cornetas de plástico y cinco (5) gorritos. Dicha medida fue oportunamente confirmada y convalidada por la Sra. Fiscal y por el Sr. Juez de Garantías, respectivamente.

2.- Que a fs. 50, en ocasión de mantener una entrevista personal con el Defensor Oficial y previo a ampliar su declaración, el encartado manifiesta su voluntad de acogerse al instituto de la suspensión del juicio a prueba (art. 45 LPC). Luego de consultada la Sra. Fiscal se le comunica que por un lapso de dos meses deberá comprometerse a cumplir con las siguientes pautas de conducta: 1) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta; 2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere; y 3) realizar tareas comunitarias consistente en la realización de trabajos de utilidad pública en el Hospital de Agudos Parmenio Piñero, por un total de dos días de cuatro horas cada uno, manifestando el imputado su conformidad con lo pactado.

3.- Que a fs. 51 y vta., consta el acta de ampliación de la audiencia fiscal, donde el Sr. Alí solicita al Juez de Grado la suspensión del proceso a prueba, abandonando en favor del Estado los elementos incautados. La Sra. Fiscal presta su acuerdo para la suspensión por el término de dos meses y bajo el cumplimiento de las pautas de conducta expresadas precedentemente.

4.- Que a fs 63 y vta., luce el acta de audiencia, en la que el Magistrado de Grado, resuelve suspender el juicio a prueba por el término de dos meses, durante el cual el imputado deberá cumplir con las siguientes pautas de conducta: 1) fijar residencia en el lugar que diera como domicilio, debiendo comunicar a la Fiscalía cualquier cambio en el mismo; 2) cumplir con las citaciones o requerimientos de la Fiscalía interviniente o del Juzgado; 3) eximirlo de lo dispuesto en los incisos 3, 4, 5, 6 y 7 del art. 45 CC; 4) tener presente el abandono de los bienes oportunamente secuestrados, a favor del Estado.

5.- Que a fs. 64/66 vta. obra el recurso de reposición y apelación en subsidio interpuesto por la cotitular de la Fiscalía de Primera Instancia, Gabriela Inés Morelli, contra la resolución mencionada, quien se agravia por entender que el llamado a audiencia realizado por el Magistrado para resolver la homologación de la suspensión del juicio a prueba no se encuentra legalmente previsto y porque el Juez carece de potestad para rediseñar el acuerdo al que arribaron las partes para dicha suspensión. Señala que el Magistrado debe limitarse a homologar el acuerdo entre las partes o rechazar esa homologación, esto último solo en caso de tener fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que haya actuado bajo coacción o amenaza. Agrega que el art. 45 CC no prevé audiencia a la que deba someterse el imputado para obtener el beneficio de la suspensión.

Entiende que la resolución en crisis afecta el debido proceso y el sistema acusatorio, toda vez que sustituyó el consentimiento acordado por el Ministerio Público Fiscal, al eximir al encartado de la obligación de realizar las tareas comunitarias pactadas, no mediando - en las actuales condiciones impuestas por el a quo- acuerdo de la Fiscalía. Señala que la suspensión del juicio a prueba es un instituto propio de la disponibilidad de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal.

Considera que en casos como el de autos y, más allá de que no se le aplique pena, es importante que el justiciable internalice que la conducta desarrollada no está permitida y de acuerdo a sus posibilidades busque un modo de adecuarla a derecho. Es decir, que las tareas comunitarias tienen como finalidad que quien resulte beneficiado registre que hay consecuencias de su acción disvaliosa, lo que a fs. 68 y vta. el Sr. Defensor refiere que corresponde rechazar, por no quedar demostrado el gravamen irreparable que la resolución recurrida le provoca.

6.- Que a fs. 69/70 el Sr. Juez de grado resuelve no hacer lugar a los recursos de reposición y de apelación en subsidio, entendiendo que no queda demostrado el gravamen irreparable que la resolución criticada le irroga; circunstancia que motiva a la Sra. Fiscal a interponer ante esta Cámara el recurso de queja obrante a fs. 81/82 vta.

7.- Que a fs. 87/89 vta. este Tribunal declara admisible la queja interpuesta y, en consecuencia, declara mal denegado y concede el recurso de apelación.

8.- Que a fs. 95/96 obra el dictamen de la Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, quien solicita la nulidad de la decisión del a quo y la remisión de la causa a un nuevo magistrado de grado para que resuelva la cuestión. Señala que la resolución del Juez de Grado no posee una fundamentación adecuada. También manifiesta que el art. 45 CC, a diferencia del art. 76 bis del CP, impone expresamente un acuerdo de partes, por lo que entiende que su aplicación depende del juicio del Fiscal. El juez, según ello, solamente podrá desaprobar el acuerdo arribado cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que haya actuado bajo coacción o amenaza. Ello, toda vez que el instituto se encuentra íntimamente relacionado con la disponibilidad de la acción, y es al Ministerio Público Fiscal a quien le incumbe la promoción y ejercicio de la acción pública por mandato constitucional. Manifiesta que la modificación efectuada por el a quo de un aspecto central del acuerdo arribado por las partes lo desnaturaliza, violentando, así, el sistema acusatorio. Agrega que las tareas comunitarias acordadas poseen la finalidad de que el encartado internalice que la conducta desarrollada no estaba permitida y que existen consecuencias de su acción disvaliosa.

Subsidiariamente solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, se revoque la resolución del a quo y se homologue el acuerdo conforme lo originariamente pactado, o bien se disponga devolver la causa a la Fiscalía interviniente a fin de que las partes formulen una nueva propuesta, o en caso contrario, se prosiga con el trámite de la causa, señalando que de pretender el imputado invocar a su favor el alegado problema de salud, deberá acreditarlo mínimamente.

9.- Que a fs. 100/102 el Defensor Oficial postula que el imputado al momento de tener la entrevista con la defensoría omitió involuntariamente, y no de mala fe, hacer referencia a su problema de salud y, desconociendo la defensa dicha circunstancia, se concretó la suspensión del proceso a prueba. Señala que el imputado, en oportunidad de realizarse la audiencia en el Juzgado interviniente, si bien ratifica el acuerdo arribado en la Fiscalía, le manifiesta al Magistrado su problema, solicitando ser eximido de las tareas comunitarias. Entiende que el Juez no es un simple ejecutor que homologa ciegamente el acuerdo entre las partes, sino que tiene la posibilidad de apartarse y modificarlo atendiendo a las condiciones sociales, económicas y de salud, siempre a favor del imputado.

10.- A fs. 103 pasan los autos a estudio del Tribunal.

PRIMERA CUESTIÓN:

Sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal, ya se ha pronunciado esta Sala con fecha 28 de septiembre de 2006, en la causa 11217-01-CC/2006 caratulada "Recurso de queja en autos Ali, Oscar Néstor s/infr. art. 83 Ley 1472", por lo que nada cabe agregar respecto de la misma, dado que el recurso fue concedido por esta Alzada.

SEGUNDA CUESTIÓN:

En primer lugar, y previo al análisis de los planteos introducidos por la recurrente, corresponde expedirnos acerca de la nulidad impetrada por la Sra. Fiscal de Cámara, puesto que de prosperar la misma devendrían abstractas las demás cuestiones.

Cabe señalar que esta Sala ha venido sosteniendo en numerosos precedentes, la declaración de nulidad posee carácter restrictivo y excepcional, debiendo primar los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales. A partir de allí, es dable afirmar que esta declaración sólo resultaría procedente de advertirse algún vicio sustancial o la afectación de garantías constitucionales (causa nº 18286-00-CC/2006, caratulada "Nieva, Sebastián Hernán s/ infr. art. 62 ley 1472 - Apelación", rta. el 21/11/2066; causa nº 120-00-CC/2006, caratulada "Taboada, Daniel Marcelo s/ infr. art. 84 ley 1472 - Apelación", rta. el 10/11/2006, entre otras).

Sin embargo, de la lectura de la resolución motivo del recurso surge que ella ha sido debidamente fundada, y en todo caso los argumentos fiscales evidencian una discrepancia con los esgrimidos por el Sr. Juez de Grado, pero en modo alguno conllevan a la nulidad de la resolución de fs. 63 y vta., toda vez que el Magistrado evaluó cabalmente las circunstancias personales del imputado, a fin de eximirlo de las tareas comunitarias previamente acordadas con el Fiscal, por lo que la resolución cuestionada aparece ajustada a derecho.

Así las cosas, y dado que la misma Fiscal de Cámara subsidiariamente plantea la revocación de la resolución que considera en primer término nula, nos avocaremos al estudio de los agravios de la Fiscal de Grado.

La Fiscal de Primera Instancia se agravia por la decisión del a quo en relación a dos temas. Por una parte, el llamado a audiencia del imputado antes de homologar el acuerdo de la suspensión del juicio a prueba, pues el art. 45 CC no prevé audiencia alguna a los fines de otorgar el beneficio y, por otra, por la facultad que se arroga el Juez de rediseñar el acuerdo al que arribaron las partes, eximiéndolo del cumplimiento de las tareas comunitarias previamente pactadas - las que tienen por finalidad que quien resulte beneficiado registre que hay consecuencias de su conducta disvaliosa-. Entiende que la decisión en crisis afecta el debido proceso y el sistema acusatorio.

Resulta pertinente señalar que en oportunidad de resolver el recurso de queja en autos "Ali, Oscar Néstor s/infr. art. 83 Ley 1472", este Tribunal ya se ha expedido respecto de la cuestionada audiencia efectuada por el a quo no prevista en el ordenamiento contravencional, afirmando que la realización de la misma no causa agravio alguno al recurrente. En dicha oportunidad se manifestó que si bien del art. 45 CC no surge que el Magistrado deba someter al imputado a una audiencia a los fines de homologar el acuerdo arribado por las partes, los motivos por los cuales el Juez estaría facultado para rechazar el acuerdo ("...cuando tuviera fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza") surgen de una apreciación más certera del caso en el marco de una audiencia oral, con la intervención directa de los interesados, señalándose que la circunstancia de que el Sr. Juez haya decidido conocer al imputado antes de resolver no causa agravio alguno al Fiscal, pues ello en sí mismo, ningún perjuicio le podría ocasion ar y coadyuva en un ejercicio responsable de la jurisdicción.

Sentado ello, se procederá a analizar el segundo agravio planteado, en relación al alcance de las funciones del Juez en los casos de ausencia de acuerdo fiscal, respecto de la eximición de las pautas de conducta previamente pactadas entre la fiscalía, la Defensoría y el imputado.

Es menester recordar que este Tribunal analizó en otras oportunidades la problemática atinente a la procedencia del derecho a la suspensión del juicio a prueba en virtud de las múltiples discrepancias interpretativas suscitadas alrededor de su regulación.

En dichas ocasiones, se advirtió la necesidad de recurrir al uso de distintas técnicas hermenéuticas con el objetivo de lograr una aplicación justa y razonable del instituto en cuestión, sin perder de vista su finalidad: básicamente la de evitar que el condenado cargue con los efectos estigmatizantes de una eventual condena y lograr una administración más eficiente de los recursos judiciales (Causas Nº 459-00-CC/2006 "Sánchez, Rubén Gerardo s/art. 189 bis CP- Apelación", del 9/3/2006; Nº 70-00-CC/2006 "Schneider, Fernando s/art. 189 bis CP- Apelación", del 12/6/2006; entre otros).

También se debe tener especial cuidado de no caer en interpretaciones que resulten más gravosas para aquellas personas a quienes eventualmente se pueda endilgar la comisión de un ilícito contravencional que para aquellas otras a quienes se imputa la comisión de un delito, en virtud de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y de trato igualitario a situaciones semejantes (arts. 16 y 28 CN y 13 CCABA).

El art. 45 de la Ley Nº 1472, que regula el mencionado instituto en materia contravencional, establece que "(e)l imputado/a de una contravención que no registre condena contravencional en los dos (2) años anteriores al hecho, puede acordar con el Ministerio Público Fiscal la suspensión del proceso a prueba sin que ello implique admitir su responsabilidad. El juez resuelve sobre el acuerdo, teniendo la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza ...".

De la lectura del artículo transcripto se desprende que regula las facultades del Juez en los casos en que medie acuerdo entre las partes para la procedencia de la suspensión. Sin embargo, no regula los supuestos en que las partes no lleguen a un acuerdo respecto de las pautas de conducta, ni cuando medie oposición fiscal a su procedencia. Es decir, que "...el citado artículo sólo se refiera a las funciones del Juez cuando hay acuerdo, no cabe deducir necesariamente, como pretende la Sra. Fiscal, que carezca de toda posibilidad de intervención en supuestos distintos. Pues, en esos casos siempre debe analizar la legitimidad y razonabilidad de los motivos en que se funda la oposición (causa Nº 120-00-CC/2006 "Taboada, Daniel Marcelo s/Infr. art. 84 ley 1472- Apelación", rta. el 10/11/2006).

De ahí que, una vez solicitada la probation en el supuesto en que las partes coincidieran en la celebración del acuerdo pero hubiera una discrepancia en cuanto a las pautas de conducta, corresponde al Juez de Primera Instancia interviniente evaluar su razonabilidad.

De las presentes actuaciones surge que el Magistrado resolvió suspender el proceso a prueba seguido contra el Sr. Alí, eximiéndolo del cumplimiento de las tareas comunitarias acordadas -consistentes en la realización de trabajos de utilidad pública en el Hospital de Agudos Parmenio Piñero, durante dos días de cuatro horas cada uno , tomando en consideración para ello las manifestaciones vertidas por el propio imputado (conf. fs. 63 y vta.) acerca de un problema de salud que le impediría hacer esfuerzos y que, además, la realización de las mismas en un hospital lo podrían colocar en situación de riesgo de contagio de enfermedades que agravarían su problema de salud existente.

Por ello, y partiendo de la base de que el Juez posee plenas facultades para modificar el acuerdo en resguardo de los derechos y garantías del imputado, que es lo que, en definitiva, ha ocurrido en el caso, ninguna duda cabe que los fundamentos brindados han sido razonables.

Por todo lo señalado, pierden virtualidad los argumentos vertidos por la impugnante, toda vez que la decisión cuestionada resulta ajustada a derecho.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 63 y vta., en cuanto resuelve suspender el juicio a prueba por el término de dos meses, con los requisitos allí establecidos (art. 45 CC).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente a sus efectos.

Ante mí: