Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-06-08


AUTOS N° 20.988 (124.820 - 9° CIVIL) "PARISI Mario Héctor C/ Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan - Amparo" L. DE S. T° 110, F° 126/130 SAN JUAN, 8 de Junio del año dos mil once.

VISTO:

Para resolver en estos autos N° 20.988 (124.820 - 9° CIVIL) caratulados "PARISI MARIO HÉCTOR C/ MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN - AMPARO" en donde el amparista dijo ostentar el cargo de Director del Centro Regional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan, de acuerdo a Resolución n° 012-ME-01, del 16-03-01; y califica de ilegal y arbitraria la disminución de sus haberes dispuesta por la accionada. Pretende, mediante esta acción, se ordene el íntegro e inmediato restablecimiento y pago de su remuneración, prohibiendo que se repita en el futuro afrenta a sus derechos alimentarios.

Luego de relatar su actividad laboral, desde el ingreso, afirma que es objeto de persecución discriminatoria por las autoridades del Ministerio, y señala la necesidad de haber ocurrido dos veces ante la jurisdicción en resguardo de intereses; y que recayó sentencia a futuro, ordenando a la accionada se abstenga de actos como el que pretende conjurar. Que el Ministerio ha dispuesto unilateralmente, por vías de hecho, sin existir acto administrativo, disminuir sus haberes en $ 3.400, que implica casi un 50%, lo que conoció el 28-03-11. En el mes de febrero del corriente año hubo un aumento, y se le habrían bajado los puntos del cargo de 1.700 a 1.000, lo que equivaldría disminuir el sueldo a percibir. Aclara que el cargo que ostenta equivale a dos cargos de Vice Supervisor, lo que traducido en puntos asciende a la cantidad de 1.700. No tuvo el debido derecho de defensa.

También expresa la inexistencia de otro medio para la efectiva tutela de su derecho.

La Juez, en su sentencia del 29-04-11 (fs. 72), hace lugar a la acción y dispone que la Provincia de San Juan, (Ministerio de Educación) arbitre los mecanismos extraordinarios para pagar en forma inmediata -dentro de los cinco días de quedar firme o consentida la presente- las sumas retenidas indebidamente al actor, a partir del mes de marzo de 2011, de acuerdo a los 1.700 puntos de su cargo, computando los aumentos efectuados al personal jerárquico y establecido en las paritarias celebradas con UDAP. Ordena a la demandada que se abstenga en lo sucesivo de retener parte del haber mensual correspondiente al Sr. Mario Héctor Parisí, en la medida en que no varíen las circunstancias fácticas que motivaron la interposición de este amparo; condenándola en costas. También regula honorarios al Dr. Martín E. Quiroga Massa, por el actuación en carácter simple, en la suma de Pesos Mil ($ 1.000).

Al conocer la sentencia la accionada apela a fs. 82, y en la expresión de agravios, a más de reiterar sus dichos al brindar informe, agrega que no hay legitimidad en la forma que el amparista canaliza su reclamo, porque en lugar de formularlo en sede administrativa, directamente dedujo el amparo, sin que la Administración tenga la posibilidad de revisar sus actos. Sobre este aspecto el fallo recurrido no se pronuncia. Si el Sr. Parisí hubiera reclamado el pago complementario, y esperado al menos un día para iniciar el amparo, podría admitirse que recurriera a esta vía. Que el Estado, espontánea e inmediatamente enmendó el error y confeccionó planilla complementaria y depositó en la cuenta bancaria de haberes del amparista, por lo que no hay justificativo para este amparo.

Siendo una vía excepcional solo cabía admitirlo previa demostración de la inexistencia, inadecuación o inconducencia de otras en la obtención de solución.

Que ante la falta de actividad del actor, no estando incluido en la recategorización de cargos docentes implementados por Decreto n° 0°155 del 08-02-11. se le asimiló casi totalmente (asignándole 1.100 puntos, pese a que tiene una categoría inferior y no tiene personal a cargo) considerándolo "Vice" Supervisor, con el puntaje asignado al "Supervisor" (1.107 puntos) que es una categoría superior a la de él, lo que muestra que no hay animosidad. El fallo no ha efectuado desarrollo alguno de la demostración de falta de discriminación negativa. En la recategorización no hay agente al que se le haya asignado 1.700 puntos, como inadecuadamente lo dispone el fallo generando un beneficio inaudito e ilegítimo. Este es el punto más delicado que ha generado el fallo porque se sale de los alcances de las disposiciones de dicho decreto, que es norma general, y sin efectuar la más mínima consideración; y le mantiene al amparista un puntaje inexistente. El tema amerita un debate más amplio que el que permite un amparo.

Al ser determinada la remuneración del amparista como el doble de la correspondiente a la de Vice Supervisor, el sistema del área de cómputos lo consideró como duplicidad incorrecta y produjo el error de aplicarlo una sola vez, en lugar de dos, como correspondía.

Señala otro error del fallo y es cuando dice que "...aun no se le ha pagado lo que se le adeuda..." siendo que el comprobante de fs. 47 indica "efectivo acreditado en cuenta: 0835263-7 del Banco de San Juan S.A. Sucursal Libertador" y en el renglón siguiente "emitido el 04/14/11 a las 125942...", lo que indica que a esa fecha se había depositado lo adeudado.

Manifiesta que el acta de constatación no les fue acompañada, por lo que la desconoce; pero que no constituye un requerimiento de pago de lo involuntariamente omitido. Esa omisión altera la igualdad en el proceso.

Dice el fallo que según esa acta la Jefa de la División Sueldo del Ministerio reconoce que hubo un aumento, y que al amparista se le bajaron los puntos, lo que equivale a disminuir el monto del sueldo.

Afirma que eso es parcialmente cierto (no lo es que se le haya disminuido el sueldo), pero el fallo omite considerar el referido decreto n° 0155/11 de fs. 54/57 mediante el que se implementó la recategorización. No solo al amparista se le bajaron puntos, sino a otros agentes, y no por ello se disminuyó la remuneración; por el contrario se incrementó. El amparista reclamó por $ 3.400, y a fs. 47 aparece depositado 3.750,67. Se la ha pagado más de lo que reclama.

Arguye que hay cosa juzgada con la sentencia de autos N° 114313 cuando el punto II de la Resolución dispone "Ordenar al Ministerio de Educación...que se abstenga en lo sucesivo de retener el haber mensual..."; por lo que solo cabe analizar si la Administración infringió la orden de no retener haberes con posterioridad al fallo.

Los agravios son contestados a fs. 95.

Y CONSIDERANDO:

En vista de los agravios expuestos, entendemos que el recurso va a prosperar.

Ello así porque del escrito de demanda, si bien aparece como reclamo principal la preservación del sueldo, cuestiona el amparista que hubo retenciones parciales en el sueldo; que no se calcularon los aumentos acordados; y que se hubo reducción de los puntos que le corresponden, según el nomenclador, y hacerlo implica una disminución en el salario.

Arrancando con el análisis de agravios, no acierta la apelante cuando expresa su disconformidad, respecto a la determinación de la sentencia de ausencia de cosa juzgada.

Al respecto la juez, en el fallo recurrido, ha sido amplia y con claridad ha dado los fundamentos por los que el reclamo que hace el amparista, a través de este proceso, no es identificable a los anteriores. Dichas argumentaciones no ha sido suficientemente rebatidas por la Provincia de San Juan. En esta parte, el fallo va a mantenerse.

No ocurre lo mismo con las otras conclusiones.

La primera de ella, es la orden para que la accionada pague las sumas retenidas indebidamente al actor, a partir del mes de marzo de 2011.

Sobre este punto, la accionada ha reconocido que el salario correspondiente al mes de marzo fue disminuido por retenciones, lo que se debió - según explica - a un error. Siendo así, y aunque sirve esa admisión para encontrar razonabilidad a la promoción de esta acción, entendemos que la sentencia no puede contener aquella condena porque la "retención" indebida de parte del sueldo ha sido satisfecha con el depósito de una suma de dinero complementaria, del haber correspondiente al mes de marzo del año 2.011, según aparece acreditado mediante las constancias de fs. 47.

Es cierto que el primer depósito aparecía disminuido sin motivo legal que lo justifique; pero el reconocimiento de esa inexactitud, y el consecuente depósito, hace incorrecta la condena cuando ha sido satisfecho esa parte del reclamo.

Si el faltante que se debió a error, o fue intencional, es una circunstancia cuyo debate excede al amparo cuyo objeto es la reparación de la lesión al derecho agraviado; que en el caso particular ya se ha logrado.

Luego, la actitud de la accionada podría dar lugar a imposición de costas - ya que el actor tuvo motivos para acudir a la justicia - pero vamos a conjugarla con los otros reclamos del actor, que van más allá de la retención, porque incluye una invocada disminución por modificación (reducción) de puntaje; y falta de consideración de un aumento de haberes.

Siguiendo con el tratamiento de las conductas reprochadas por el Sr. Parisi, encontramos la de cálculo del haber mediante un puntaje incorrecto. La juez a-quo admitió esta crítica y consecuentemente condenó al pago del haber calculado de acuerdo a los 1.700 puntos de su cargo.

En cuanto a esta causal de disminución, y la admisión por parte de la Juez a-quo de calcular el haber sobre 1.700 puntos, cabe decir que la arbitrariedad, o ilegalidad de la adopción de diferente puntaje por parte de la Provincia de San Juan, debe ser manifiesta; y mostrar fehacientemente, en su primera apariencia, la violación grosera y ostensiblemente visible del derecho subjetivo de quien promueve el amparo.	En el tema puntual le asiste razón a la Provincia. Desde ya que es el mismo amparista quien ha dicho (fs. 28), y especialmente al contestar agravios (fs. 96), que el puntaje "1.700" es resultante del doble del cargo de "Vice Supervisor" o su "equivalente"; y que en el nomenclador "anterior" "debía" tener 850 puntos; haciendo una serie de suposiciones y cálculos que no están de modo alguno acreditados.

De inicio, que no es apropiado para tener por acreditado la disminución de puntaje, con trascendencia negativa, la utilización de nomencladores diferentes. Pero además, que no se sabe, en este proceso, cuántos puntos "debía" tener en el anterior; o la equivalencia de su cargo con el de dos de "Vice Supervisor".

Frente a las alegaciones del actor, cabe decir que la acción de amparo no tiene por finalidad facultar a los jueces a sustituir a los Órganos competentes, los trámites y procesos ordinarios, en tanto no se verifiquen los recaudos condicionantes para su procedencia; quedando reservado a los supuestos en que exista arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y, además, cuando las vías ordinarias carezcan de idoneidad para otorgar al justiciable una efectiva reparación del derecho invocado.

No hay en juicio una prueba contundente, clara, precisa que, sin dejar dudas demuestre que aquellas expresiones y cálculos sean ciertos. Más todavía cuando no hubo reclamo en sede administrativa que permitiera tener un pronunciamiento resultante del ámbito inicialmente competente. El reclamo que invoca, y que pretende acreditar el Sr. Parisí, con la nota cuya copia adjunta al tiempo de contestar agravios (fs. 94), es un pedido de informe referido al mes de febrero, mientras que la sentencia se ocupa del haber correspondiente al mes des marzo.

Sobre esta circunstancia - reducción de puntos, y la consecuente disminución de haberes - pretendió acreditarla con los dichos de la Sra. Gladys Pereira, quien dijo ser la "Jefa de División sueldos". Ahora bien, cabe considerar que el testimonio de la nombrada (ante notario público, fs. 24) no es un informe emitido por el Ministerio; luego, se relativiza la eficacia probatoria de esos dichos al haber sido obtenidos de manera extrajudicial, por ende excento de control de la accionada; al que puede calificarse de escueto y falta de mayor precisión; tanto que dice que "...al Sr. Parisí, se le bajaron los puntos de 1.700 a 1.100..." cuando el amparista ha dicho que aquellos 1.700 corresponden al doble de puntos que debía tener un nomenclador anterior asignado el cargo de vice supervisor. No ha dicho la declarante Pereira a qué representa, o a qué parámetro responde cada punto; y en su caso cuál es la correspondencia de uno y otro nomenclador, o en cuánto ha incidido la diferencia de puntajes.

Una reducción en puntos puede implicar una disminución del monto dinerario que representa, pero ello será en la medida que se trate del mismo nomenclador, y en su caso iguales criterios de evaluación, y no diferentes.

Por otro lado ha condenado la juez a-quo a que se compute el aumento efectuado al personal jerárquico, establecido en las paritarias celebradas con UDAP. Pero es el caso que nuevamente se encuentra el proceso huérfano de la prueba suficiente. El delicado estado de salud del accionante, los supuestos (como lo califica la juez a-quo) montos que gasta en medicamentos y alquiler de vivienda, el carácter alimentario del haber, o la necesidad de tener que haber ocurrido en dos oportunidades anteriores ante el Poder Judicial por problemas salariales similares, no son elementos atinentes para acreditar que hubo reducción de haberes. No se trata de circunstancias, elementos o documentos pertinentes y aptos para probar un cálculo incorrecto de liquidación. Tampoco valen - en el supuesto que hubiera disminución de salario - para calificar la reducción de ilegal, arbitraria o ilegítima.

Que un empleado, según acta de constatación, admita que hubo un aumento de salario, y que se adjunte copia del decreto n° 0283-11(fs. 09) no prueba, por si mismo, que no se le haya considerado en el haber mensual al amparista; o que no se le ha pagado; o las eventuales causas por las cuales no correspondía.

La naturaleza propia del amparo, como así los presupuestos que son necesarios para que proceda, imponen la presencia de actos claros, patentes, que evidencien de manera "manifiesta" la ilegalidad o arbitrariedad que se pretende subsanar.

Esa característica, tanto de la conducta ilegítima o arbitraria, al igual que la presencia de un agravio incontrovertido y cierto, son presupuestos de admisibilidad que explican la brevedad de trámite, la limitación defensiva, de debate, y prueba. De manera que las circunstancias que habilitan la utilización de esta vía excepcional - por ser manifiestas - no necesitan de ese esfuerzo procesal, sino que debe bastar la mera verificación de la conducta u omisión lesiva.

Por consiguiente, se frustra la procedencia del amparo cuando la arbitrariedad o ilegalidad que se invoca no surge con total nitidez; siendo ajeno a esta acción todas aquellas cuestiones que excedan las posibilidades cognoscitivas propias de esta acción.

En atención al reconocimiento del actuar incorrecto por parte de la Provincia de San Juan; que tal circunstancia dió motivo para que acudiera el Sr. Parisí a la instancia Judicial en resguardo de un derecho de carácter alimentario; y conjugando ello con el resultado obtenido, es que las costas van a imponerse por su orden.

No se ve exceso en el monto de los honorarios por lo que van a mantenerse	En mérito a ello SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación. Revocar la sentencia de fecha 29-04-11. Rechazar la acción de amparo. Costas de ambas instancias por su orden.

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas en virtud de lo dispuesto por el art. 257 de la ley 8037.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.