Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-12


ACUERDO N° 23. En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los doce días del mes de mayo del año dos mil catorce, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMAS KOHON y EVALDO DARIO MOYA, con la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "PAN AMERICAN ENERGY L.L.C. SUCURSAL ARGENTINA C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA", Expte. N° 1530/05, en trámite por ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Doctor EVALDO DARIO MOYA dijo: I.- A fs. 52/62 se presenta por apoderado la sociedad Pan American Energy L.L.C. - Sucursal Argentina, e inicia formal acción procesal administrativa contra la Provincia del Neuquén, y pretende la declaración de nulidad del Decreto N° 862 de fecha 10.06.05 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial y los actos administrativos anteriores a su dictado.

Inicia su exposición y relata que desarrolla actividades de prospección, exploración, explotación, transporte y procesamiento de recursos hidrocarburíferos.

Afirma ser titular concesionaria de la explotación de hidrocarburos del yacimiento denominado "Lindero Atravesado", que le fuera otorgada por Decreto Provincial N° 2172/91, instalada sobre predios fiscales.

Explica que la planta principal de la firma se encuentra en el yacimiento, puntualmente en el Lote 7 de la sección II, del Departamento de Confluencia que, reitera, es de propiedad fiscal.

Sostiene que en el mes de noviembre del año 2002 tomó conocimiento que la propiedad del lote indicado habría sido cedida, bajo el régimen de la ley de colonización, al Sr. Sirio Asaad.

Agrega que se anotició de tal situación al ser demandada ante la Justicia Federal por el propio Asaad, quien pretende el pago de servidumbres y afirmó contar con una preadjudicación del predio, hasta tanto se le otorgue el correspondiente acto administrativo de adjudicación de la propiedad.

Sobre el particular, hace referencia a las actuaciones que tramitan ante la Justicia Federal, e informa que, en la oportunidad de contestar la demanda, acompañó prueba respaldatoria que acredita que el Sr. Asaad nunca ocupó el predio en cuestión, motivo por el cual la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca -Tribunal de Alzada- dispuso dejar sin efecto la medida cautelar dictada por el Juez Federal Subrogante.

Detalla que, con anterioridad, la firma se presentó -mediante reclamación administrativa- ante la Dirección General de Tierras y ante el Gobernador, y manifestó su oposición a la adjudicación de tales tierras al Sr. Asaad, por afectar ello sus derechos subjetivos.

Enfatiza que el Sr. Asaad nunca pudo ser adjudicatario de la fracción B del Lote 7 de la Sección II pues, como surge de fs. 45, el puesto de la Sra. Marmoni ("El Molino"), quien le cediera sus derechos a aquél, se situaba en el Lote 7 de la Sección I, y no de la Sección II.

Concluye que, como la firma ubica sus instalaciones en el Lote 7 de la Sección II, se trató de malversar la cuestión con la sola finalidad de obtener el pago de servidumbres.

Entiende que tiene prioridad de compra sobre dicha Sección II, tal como lo ha solicitado y, según interpreta, se encuentra previsto en el Código de Minería.

También señala que la Provincia de Neuquén, en su carácter de propietaria de toda el área petrolera en explotación, le reclamó judicialmente el pago de servidumbres, cuya tramitación se encuentra a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de la ciudad de Neuquén.

Sobre el punto, dice que, tratándose de un terreno fiscal perteneciente al dominio privado de la Provincia, no puede constituirse una servidumbre administrativa sobre el fundo propiedad del mismo sujeto que impone el derecho, ya que los principios del derecho civil también rigen para el caso de la servidumbre administrativa. Invoca el art. 2970 del Código Civil y sostiene que el derecho debe ser sobre un inmueble ajeno.

En otro apartado señala que, el monto pretendido por el Sr. Asaad en concepto de servidumbres, supera el abonado por la adjudicación, lo que significa una especulación económica ajena al fin contemplado en la Ley N° 263.

En el capítulo IV) sintetiza que el Poder Ejecutivo no puede otorgar la propiedad del predio al Sr. Asaad bajo la ley de colonización, en tanto no hubo una ocupación efectiva ni agropecuaria del predio.

Además, afirma que posee un mejor derecho a reclamar la propiedad, y que desde el inicio de la ocupación la misma fue gratuita, según lo establecido por el Código de Minería, aplicable aquí en función del art. 66 de la Ley 17.418.

Bajo el capítulo V) analiza la norma impugnada -Decreto 862/05-, determina los vicios que a su entender posee y que acarrean su nulidad: indica que en su mayor parte se destina a fundamentar el derecho de la Provincia al cobro de servidumbres en función de lo establecido por el Decreto 289/01, sin hacer referencia a lo que se le está peticionando, que es la invalidez del proyectado decreto de venta del Lote 7 de la Sección II al Sr. Asaad, y la certificación efectuada por la Dirección General de Tierras el 12-11-01, mediante la cual se tiene al mencionado como adjudicatario en venta con mejoras de los lotes B1 y B2 del Lote oficial 7 de la sección II del Paraje Lindero Atravesado, según Ley N° 263.

Luego, individualiza los vicios que posee el acto atacado: a) Como vicios muy graves -que acarrean la inexistencia del acto-, señala el aval al otorgamiento en venta de un predio sobre el cual se ha probado que jamás ha sido ocupado por el adjudicatario.

Agrega que, resulta absurda la idea de considerar abstracta la cuestión ante el fallecimiento del Sr. Asaad, pues nada quita o agrega a la hora de disponer los derechos en juego (cfr. Ley 1284, art. 66 inc. a).

También incluye entre los vicios mas graves, a la trasgresión de las normas constitucionales que protegen los derechos adquiridos de los administrados (cfr. Ley 1284, art. 66, inc. c).

b) Como vicios graves -susceptibles de la sanción de nulidad-, detalla: el incumplimiento del deber de garantía de la propiedad y debido proceso legal, protegido por las normas constitucionales (cfr. Ley 1284, art. 67, inc. b); irrazonabilidad, al contradecir la propia finalidad protectora del patrimonio fiscal (cfr. Ley 1284, art. 67, inc. m); y carecer de motivación, resultando los argumentos brindados desvinculados de la petición efectuada (cfr. Ley 1284, art. 67, inc. s).

En el punto V.5.) afirma que la Provincia accionada carece de facultades para el cobro de servidumbres.

Detalla que la concesión del yacimiento denominado "Lindero Atravesado" le fue otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional conforme las previsiones de la Ley N° 17.319, cuya materia es reservada en virtud del art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, al Estado Nacional. Agrega, que más allá de la claridad de los textos legales que consagran la gratuidad del uso de la tierras fiscales por parte de los concesionarios y permisionarios de exploración de hidrocarburos, y la indiscutible facultad del Congreso de la Nación de legislar en forma exclusiva en la materia, la Provincia de Neuquén -junto a otras Provincias- ha convalidado la jurisdicción exclusiva de la Nación en materia de regalías al ratificar el Pacto Federal de los Hidrocarburos, suscripto con posterioridad a la reforma constitucional del año 1994.

Entiende que, en dicho contexto, al haber sido suscripto con posterioridad a la reforma de la Constitución, prevalece sobre el ordenamiento interno provincial, configura el derecho infrafederal y forma parte del derecho público interno, no siendo posible invocar una ley interna que derogue unilateralmente lo pactado, tal como lo pretende la Provincia accionada.

Para finalizar ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita el acogimiento de la demanda interpuesta.

A fs. 85/86 la actora amplía demanda y sostiene que la cuestión a resolver trasunta en determinar si la adjudicación que cuestiona, resultó conforme a las disposiciones del art. 239 inc. a) y b) de la Constitución Provincial y las disposiciones de la Ley N° 263.

En el mismo escrito agrega que, la firma manifestó en el año 2000 interés en adquirir los predios que ocupa con plantas y baterías y, reitera, le asiste una prioridad de compra, en los términos contenidos en el artículo 156 del Código de Minería, que resulta aplicable a la actividad hidrocarburífera por remisión del art. 66 de la Ley 17.319.

II.- A fs. 95, por RI 4940/05 se declaró la admisión del proceso; a fs. 98/99 vta., la actora optó por el procedimiento ordinario y ofreció sus pruebas, y a fs. 101 se ordenó correr el traslado de la demanda.

III.- A fs. 107/116 vta., la Provincia de Neuquén por apoderado y con el patrocinio del Sr. Fiscal de Estado efectúa su responde.

Luego de las negativas de rigor, transcribe el Decreto 862/05 y solicita que sus argumentos se tengan por reproducidos en esta sede a los efectos de determinar la improcedencia de la acción intentada.

Afirma que esa norma no tiene relación con el otorgamiento que fuera ordenado por la Administración de las tierras fiscales al Sr. Asaad, toda vez que fue, a través del Decreto N° 2.380/97, que se dispuso adjudicar en venta "...en las condiciones establecidas por la Ley 263 y su Decreto Reglamentario N° 0826/64, el Lote B que es parte del Lote Oficial 7, Sección II, Paraje Lindero Atravesado...".

Describe los requisitos y condiciones que determina la Ley N° 263 de tierras fiscales, para quienes pretenden ser arrendatarios o adjudicatarios en venta de tierras fiscales.

En cuanto al caso concreto, afirma que la Administración todavía no ordenó la escrituración de las tierras en cuestión a quien fuera reconocido administrativamente como adjudicatario. Hace mención al fallecimiento del Sr. Asaad, y sostiene que aún cuando pudieran presentarse los herederos (hipótesis planteada por la parte actora), puede suceder que no se hiciera lugar a la escrituración solicitada, en tanto la Administración podría considerar que no se encuentran cumplimentadas las condiciones que impone la Ley N° 263 y su decreto reglamentario para el otorgamiento del título de propiedad. Agrega que, incluso, podría declararse la caducidad de la adjudicación en venta establecida.

Con relación a la percepción de derechos por servidumbre, coloca el acento en las previsiones contenidas en el Decreto 289/01, conforme el cual, las escrituras traslativas del dominio de inmuebles fiscales a los correspondientes adjudicatarios deben contener la disposición según la cual, durante el plazo de 10 años, no podrán venderlos ni ejercer derecho de cobro de indemnizaciones o cánones en concepto de servidumbres hidrocarburíferas, derecho que le asiste al Estado Provincial. En su virtud entiende que, la pretensión de la actora, no tiene interés jurídico actual.

Agrega que, la Ley N° 2138 y el Decreto N° 0353/98, tiene la posibilidad de reclamar a las empresas hidrocarburíferas tanto servidumbres por la afectación, como indemnización por los perjuicios sufridos en inmuebles fiscales.

Destaca que el artículo 124 de la Constitución Nacional derogó en forma parcial las mandas contenidas en la Ley N° 17.319, reconociendo los derechos de los Estados Provinciales en relación con la explotación de recursos hidrocarburíferos.

De este modo, sostiene que carecen de sustento jurídico las afirmaciones de la accionada en punto a la propiedad que detentaría el Gobierno Federal sobre los yacimientos de hidrocarburos por ser éstos equiparados a los denominados "establecimientos de utilidad nacional".

Para terminar, rechaza aquellos argumentos utilizados por la actora, en cuya virtud, a través de la invocación de un contrato de concesión celebrado con el Estado Nacional, y la aplicación del art. 158 del Código de Minería, entiende que puede gozar de una concesión totalmente gratuita, evitando el pago de servidumbres hidrocarburíferas a la Provincia de Neuquén.

Como consideración final hace referencia al "Pacto Federal de Hidrocarburos", y afirma que el mismo no se encuentra vigente en la Provincia del Neuquén, en tanto carece de ratificación legislativa; no es Ley de la Nación, y que el Congreso Nacional no tuvo intervención alguna vinculada con su suscripción; y, eventualmente, el Pacto es programático, sin tener la virtualidad de prevalecer sobre el derecho constitucional provincial.

Hace reserva del caso federal y formula su petitorio.

III.1.- A fs. 120/122 la actora contesta el traslado conferido y rechaza en todos sus términos los dichos de la Provincia demandada.

Con relación al Decreto N° 2380/97 -por el cual se adjudicó en venta al Sr. Asaad las tierras en cuestión-, aclara que, en cuanto tomó conocimiento del mismo, presentó reclamación administrativa y así agotó la vía administrativa para la obtención del acto del Ejecutivo.

En cuanto al acto de adjudicación en venta contenido en el Decreto N° 2380/97, afirma que el mismo genera un derecho al perfeccionamiento del título con la escrituración, tal como lo pretende el Sr. Asaad de la Administración.

IV.- A fs. 123 se dicta la providencia de fecha 27-06-2006 mediante la cual el Tribunal resuelve citar a los herederos de Jorge Cirio Asaad, en el carácter de terceros, toda vez que se advierte que la Resolución N° 2380/97, emitida por el Poder Ejecutivo Provincial, adjudicó en venta los terrenos objetos del presente litigio, con lo que podrían eventualmente verse afectados derechos subjetivos.

A fs. 130/131 la parte actora plantea recurso de reconsideración contra tal providencia, el que es rechazado mediante R.I. N° 5.844, obrante a fs. 138/140.

V.- A fs. 152/163 comparecen por apoderado los herederos del Sr. Asaad: contestan demanda, efectúan las negativas generales y afirman que, de las actuaciones administrativas labradas ante la Dirección de Tierras, surgen acreditadas todas las exigencias que la normativa vigente establece para los adjudicatarios de tierras fiscales, circunstancias que han sido avaladas por las inspecciones efectuadas por la Administración durante más de 17 años.

Señalan que el cumplimiento por parte de Asaad a los distintos requerimientos del Estado, demuestran en forma clara que la tierra pretendida por la actora pertenece a un particular, y que le fue adjudicada al cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N° 263.

Afirman que la parte actora incurre en una confusión con el otro puesto que ocupa la familia Asaad, denominado "El Molino", desde el cual se dirige la explotación agropecuaria, y que es ocupado con anterioridad a la adjudicación del Lote 7-Sección II. Relatan que aquel último fue adjudicado al Sr. Asaad con anterioridad a que la parte actora lo pretendiese, y que el derecho que posee a esa tierra es anterior al de la empresa accionante.

En ese orden agrega que existe en el lote 7 sección II, el puesto denominado "Molino Guacho", construido por Asaad y ubicado a 6 km. de la planta.

En cuanto a la escritura traslativa de dominio a su favor, afirman que la misma no fue otorgada por problemas técnicos detectados en los planos de mensura de los fundos en cuestión, y no por el incumplimiento del arrendatario de las obligaciones impuestas.

Además, ponen de resalto que la accionante ha obstruido en forma sistemática la obtención por parte de la familia Asaad del dominio definitivo de las tierras.

Luego, efectúan un repaso de las distintas constancias obrantes en las actuaciones administrativas para, finalmente, adherir en forma parcial a la contestación de demanda efectuada por parte de la Provincia de Neuquén.

Aclaran que, tal adhesión sólo se limita al derecho y los hechos que tengan estricta vinculación con el dictado del Decreto 862/05 y la interpretación jurídica y cita legal efectuada respecto de la Ley N° 263. Pero, discrepan en punto a la reserva que la Provincia efectúa por el término de diez años del ejercicio de los derechos de cobro de cánones e indemnizaciones, toda vez que a la fecha de sanción del Decreto N° 289/01, el adjudicatario tenía la posesión pacífica del inmueble, ininterrumpida por casi 20 años, mensura aprobada y cancelado el precio.

Desde el vértice probatorio, se oponen a la producción de la prueba ofrecida por la actora, planteo desestimado conforme R.I. N° 6.394 obrante a fs. 178/179, y afirman que la actora omite valorar la situación real y efectiva que padecen, demostrando en definitiva, el ejercicio abusivo de un derecho a fin de evitar el pago de las servidumbres que pesan sobre el fundo objeto del litigio, como también las indemnizaciones por el daño ambiental que la explotación genera al medio ambiente.

Ofrecen prueba y peticionan el rechazo de la acción.

VI.- A fs. 164 se ordena dar intervención al Defensor del Tribunal Superior, en tanto la Señora Panero compareció en representación del hijo menor de edad de Asaad, la cual se materializó a fs. 165.

VII.- A fs. 173/175 obra la contestación efectuada por Pan Américan Energy L.L.C. de los hechos afirmados por los terceros interesados.

Piden el rechazo de la totalidad de las consideraciones vertidas, y señala que la única finalidad de los presuntos superficiarios es la de "...cobrar algo, sea servidumbres, daños y perjuicios, derecho a la molestia, algún dinero por algo...".

Reitera que ni el Sr. Asaad ni sus herederos tuvieron posesión ni pacífica ni ininterrumpida, ni mensura aprobada, ni pagaron el Lote II donde está la plata de la firma petrolera.

Con relación a la imputación de falsedad del contenido del acta notarial presentada por esa parte, afirma que no ofreció prueba en contra de la misma, ni tampoco promovió el correspondiente incidente de redargución de falsedad.

VIII.- A fojas 183 se abrió la causa a prueba. A fs. 218/219 la actora denuncia un hecho sobreviniente y afirma que constató el ingreso al yacimiento "Lindero Atravesado" de personas que dicen ser integrantes de la familia Asaad con la intención de instalarse en tales predios, lo que -conforme sus dichos- es demostrativo del incumplimiento de los Asaad de la posesión de los fundos.

A fs. 226 obra la contestación al planteo por parte de la tercera citada, mediante la cual niega la existencia de los hechos sobrevivinientes.

IX.- A fs. 513 se agregan los cuadernos de prueba, se clausura el término probatorio y se colocan los autos en Secretaría. Y, a fs. 519/532 y 533/534 se agregan los alegatos de la parte actora y la Fiscalía de Estado, respectivamente.

X.- A fs. 537/542 se expidió el Sr. Fiscal ante el Cuerpo quien propició que se rechace la acción intentada por Pan American Energy L.L.C. Sucursal Argentina.

XI.- Detalladas las posiciones de las partes, cabe determinar la cuestión sustancial sobre la cual debe decidirse.

En este aspecto, si bien las pretensiones expuestas por la actora en su escrito de demanda resultan algo confusas, tal como lo advierte el Sr. Fiscal del Cuerpo, la cuestión ya ha sido abordada por este Tribunal en el Resolutorio obrante a fs. 178/179, en cuanto se estableció que la cuestión versa sobra la legitimidad de la adjudicación en venta del lote en cuestión al Sr. Asaad.

XI.1.- En forma previa al estudio de dicha cuestión, y a los fines de alcanzar una mayor claridad en la exposición, cabe mencionar aquellos aspectos que no corresponde que sean abordados en esta oportunidad.

En tal sentido, debe excluirse el planteo que -en forma tangencial- efectúa la actora, en cuanto sostiene que posee un mejor derecho en la obtención de la propiedad de la tierra. Tal como la proponente lo afirma, dicha pretensión fue -oportunamente- planteada y rechazada en sede administrativa, sin haberse luego agotado la vía administrativa para, con posterioridad, acceder a la jurisdicción.

Otra cuestión que resulta ajena a estas actuaciones es la relacionada con el derecho al cobro -y consecuente obligación de pago- de las servidumbres. Tal como lo expresa la propia accionante, tal cuestión es objeto de estudio en sede Federal, de lo que dan cuenta las actuaciones caratuladas: "Asaad, Sirio Jorge c/ Pan American Energy L.L.C. s/ Sumarísimo", expediente n° 2826/2002, con trámite ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén, oportunamente requeridas y adjuntas a estas actuaciones.

A su vez, la Compañía accionante menciona en su escrito postulatorio la existencia de otra causa caratulada: "PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ PAN AMERICAN ENERGY LLC S/ ORDINARIO", expediente n° 121/2004, por la cual la Provincia de Neuquén le reclamó el pago de servidumbres.

Por tanto, corresponde que ambos temas continúen tramitando por los canales que han sido ya planteados.

XI.2.- Dicho ello, el análisis se centrará en la legitimidad de la adjudicación dispuesta por la Provincia de Neuquén, a favor del Sr. Asaad.

La actora parte de sostener que no es posible otorgar la propiedad del predio al Sr. Asaad bajo la ley de colonización, en tanto no existió una ocupación efectiva ni agropecuaria del predio y, según su versión, ella tenía un mejor derecho a reclamar la propiedad de las tierras.

A tal fin, impugna el Decreto N° 862/05, mediante el cual el Poder Ejecutivo Provincial rechazó en todas sus partes el recurso administrativo interpuesto, con la finalidad de impugnar tal situación.

Para sostener tal controversia denuncia que, el Sr. Asaad no ha cumplido con los requisitos dispuestos por la ley vigente, en tanto nunca ha ocupado el predio que se le adjudicó, no hizo ninguna explotación del mismo, ni realizó mejoras.

Afirma que el acto que impugna contiene los vicios descriptos en los art. 66 y 67 de la Ley N° 1284, lo que acarrea la inexistencia y nulidad del acto.

Puntualiza como vicios muy graves los siguientes: (i) absurdidad del acto; "ya que a la par que tiene por establecido que el Sr. Asaad ha fallecido", afirma que ello es irrelevante a la hora de disponer los derechos en juego al respecto; (ii) avala el otorgamiento de la venta de un predio que se prueba que jamás fue ocupado por el adjudicatario; (iii) transgrede las normas constitucionales que protegen los derechos adquiridos de los administrados.

Como vicios graves destaca que: (i) violenta la garantía constitucional de propiedad y debido proceso; (ii) resulta irrazonable en cuanto contradice la propia finalidad protectoria del patrimonio fiscal; (iii) carece de motivación en tanto los argumentos otorgados no se aplican a la petición efectuada.

Por su parte, la Provincia de Neuquén, al contestar la demanda -en lo que aquí concierne- afinca su posición en orden a sostener que el alegado incumplimiento de la Ley N° 263 por parte del adjudicatario Asaad resulta abstracto e innecesario.

Ello así, pues, según su postura, la Administración no ha otorgado aún el título de propiedad, pero además, habiendo fallecido el Sr. Asaad, será ante la eventualidad del reclamo que interpongan sus herederos cuando deberán acreditarse los recaudos.

Finalmente, estos últimos, en su carácter de terceros intervinientes, afirman que la totalidad de las exigencias dispuestas por la normativa legal vigente para adjudicatarios de tierras fiscales, han quedado acreditadas en las actuaciones administrativas labradas ante la Dirección de Tierras de la Provincia.

Agregan que dicha circunstancia se corrobora con las inspecciones llevadas a cabo por la Administración, durante más de 17 años.

En el mismo sentido, afirman que ocupan con ganado el lote 7 sección II, denominado "Molino Guacho", pretendido por la actora.

Con relación a la escritura traslativa de dominio, aclaran que la misma aún no se ha otorgado por una serie de problemas técnicos detectados en los planos de mensura de los fundos en cuestión, y no por el incumplimiento de las obligaciones impuestas.

XI.3.- De la totalidad de los elementos reseñados, y de la compulsa del procedimiento administrativo llevado adelante en sede administrativa puede tenerse por acreditado los siguientes parámetros:

a) Del Expediente 2503-424/66 surge que, a fs. 71/72 el Sr. Asaad se presenta ante el Sr. Director General de Tierras y Colonización, mediante un formulario "Solicitud de Tierra Rural para Arrendamiento y Concesión en Venta", de fecha 28-10-1992 y solicita en compra parte de los lotes 7 y 10 Sección II del Departamento Confluencia.

A fs. 76 obra declaración jurada emitida por el Sr. Asaad ante las autoridades, mediante la cual informa la cantidad de animales que mantuvo a lo largo de los años.

A fs. 78 obra certificación emitida por el Director de Tierras, mediante la cual acredita que el Sr. Asaad registra antecedentes mediante Expediente N° 2503-424/66 como ocupante con mejoras y animales de su propiedad en parte de los Lotes Oficiales 7 y 10, Sección II, del Paraje Los Barriales, de la Provincia del Neuquén.

A fs. 79 obra acta de delimitación del predio ocupado, y a fs. 81 el informe de inspección mediante el cual se delimitan las ocupaciones existentes y la reubicación de otras, correspondiéndole al Sr. Asaad "...de la delimitación con la Sra. ROMERO, ocupa al resto del lote 7 Sec. II.".

A fs. 91 el Sr. Asaad solicita ante el Sr. Director General de Tierras y Colonización el inicio del trámite pertinente a los fines de obtener el título de propiedad correspondiente, obrando a fs. 92 plano de mensura.

A fs. 96 obra la Disposición 1298/97 mediante la cual la Administración fija el valor de venta de la tierra.

A fs. 105 obra el Decreto 2380/07 por medio del cual, luego de aprobarse el valor de venta, se adjudica en venta "a Don JORGE CIRIO ASAAD, D.N.I. N°..., en las condiciones establecidas por la Ley 263 y su Decreto Reglamentario N° 826/64, el Lote B que es parte del Lote Oficial 7, Sección II, Paraje Lindero Atravesado, Departamento Confluencia, Provincia del Neuquén con una superficie de 1.574 Has., 6.348 m2, según Plano de Mensura aprobado por Expediente N° 2756-0591/96, al precio y condiciones establecidos en la presente norma legal." (el resaltado no se encuentra en su original).

Que, con posterioridad, a fs. 64 obra un anteproyecto de Decreto, que si bien no fue emitido, sus considerandos y parte resolutiva adquieren preponderancia, en tanto entienden cumplidas por parte del Sr. Asaad las obligaciones de compras impuestas por la Ley 263 (T.O.) con relación a los Lotes B1 y B2, Paraje Lindero Atravesado, Departamento Confluencia, Provincia del Neuquén.

Tales extremos fueron luego ratificados a fs. 166, mediante el certificado emitido por el Director General de Tierras que, en lo que aquí interesa, corroboró que el Sr. Asaad es "adjudicatario en venta de los Lotes B1 y B2 que son parte del Lote Oficial 7 de la Sección II, Paraje Lindero Atravesado, Provincia del Neuquén, habiendo cumplido con las obligaciones de compra, impuestas por la Ley 263..." A fs. 168 obra informe de inspección de la Dirección de Tierras por medio del cual se certifica que el Sr. Asaad "produce una explotación ganadera dentro del lote adjudicado...".

A continuación, obra a fs. 193/195 intercambio epistolar iniciado por el Sr. Asaad, en el que intimó a la Dirección General de Tierras a que escriture a su favor el lote en cuestión, en tanto ya ha cumplido con la totalidad de los requisitos dispuestos por la Ley N° 263 y su decreto reglamentario.

Por su parte, la actora presentó a fs. 198/199 y vta. una reclamación administrativa de fecha 24/12/02, mediante la cual se oponen al dictado de un decreto de adjudicación.

En el mismo acto adjuntan como documental copia simple de un acta notarial; solicita el dictado de una medida cautelar, mediante la cual se ordene suspender el trámite de la confección del título de adjudicación; entiende que la modificación del status quo de las tierras en juego afectan el derecho de concesión de la firma, para concluir que el acto entre el Fisco Provincial y el Sr. Asaad no puede conculcar sus derechos.

A fs. 212 la reclamación administrativa fue contestada por el Sr. Asaad, oportunidad en la que solicitó su rechazo.

A fs. 254 el Sr. Asaad presentó "recurso de reclamación administrativa", con el objetivo que en forma inmediata se ordenara cumplimentar la escritura a su favor.

Informó que padece una enfermedad terminal, y que de no ser resuelto en los términos legales su pedido, iniciaría la correspondiente acción de amparo, para evitar que muera sin obtener su escritura.

A fs. 273 el Asesor Legal de la Dirección General de Tierras solicita se realice una nueva inspección, dentro de los plazos previstos en la Ley 1284.

A fs. 275 obra informe de inspección, fechado el 13/09/2004 por el Departamento de Inspección: el mismo en su punto D.) consigna que "el señor Jorge Sirio ASAAD, realiza un pastoreo efectivo dentro del lote mencionado ...".

A fs. 283 la firma actora, mediante su apoderado, presenta un escrito en el que denuncia el fallecimiento del Sr. Asaad, a cuyo fin adjunta aviso necrológico.

A fs. 302 se agregó copia de certificado de defunción del Sr. Sirio Jorge Asaad, de fecha 24-02-2005.

XII.- Como se expresó, la actora pretende la declaración de nulidad del Decreto N° 862/05 y -en consecuencia- de los actos administrativos anteriores a su dictado.

Afirma la existencia de vicios que se vinculan con su esencia y forma, que afectan su validez e incluso conllevan su inexistencia.

Sin embargo, el tratamiento de los vicios que denuncia, formulados bajo los puntos V.2 y V.3 del escrito de demanda, resulta genérico y abstracto, no pudiendo advertirse de qué manera los mismos son contenidos en la norma atacada (cfr. fs. 56 y vta.).

En este punto, como vicio muy grave denuncia la "transgresión de las normas constitucionales expresas que mandan respetar los derechos adquiridos de los administrados (art. 66 inc. c) Ley 1284).

Ahora bien, lejos de señalar cuales serían esos derechos adquiridos que entiende han sido trasgredidos, como también en su caso acreditarlo, limita su postulación al empleo de una fórmula genérica.

Y no obsta a ello la alegación que efectúa bajo el punto II.3. del escrito de ampliación de demanda -a fs. 85 vta.-, en cuanto refiere que, oportunamente, manifestó su intención de adquirir los predios que ocupa con plantas y baterías; O, la prioridad de compra que sobre los inmuebles en cuestión entiende poseer, en base a las disposiciones del art. 156 del Código de Minería, a cuyo fin invoca la tramitación contenida en el expediente administrativo 2903-9250/97.

Pues, lo cierto es que las invocadas actuaciones, además de quedar sin movimientos desde el año 2005 -tal como surge de su compulsa-, su objeto se limitó a las "...tierras que ocupa sobre las costas del Lago Mari Menuco, aproximadamente en parte del lote 3-Sección II del paraje Lindero Atravesado, donde se encuentra el centro de recreación de la empresa..."(cfr. fs. 8 del Expediente Administrativo N° 2903-9250/1997).

Por lo tanto en el punto no cabe conceder la razón a la accionante.

Vinculado con lo anterior, como vicio grave señala "el incumplimiento del deber impuesto por las normas constitucionales que ordenan que no puede violentarse la garantía de la propiedad ni del debido proceso legal" (art. 67 inc. b) Ley 1284).

Nuevamente, el planteo adolece de una fundamentación adecuada que permita vislumbrar mas allá de la fórmula genérica, cual es y de donde surge la garantía que no ha sido respetada.

Otro vicio grave que endilga al acto se conecta con lo "... irrazonable al contradecir la propia finalidad protectora del patrimonio fiscal, ya que implica el cobro de sólo la suma de $ 6000 por un predio de valuación fiscal varias veces mayor" (art. 67 inc. m) Ley 1284).

En el punto, aún cuando pudiera soslayarse el planteo de irrazonabilidad que menciona conectado con la finalidad protectora del patrimonio fiscal, que dicho sea de paso, no expresa cuál es, limitándose a la consignación de un valor, lo cierto es que dicho monto se estableció en consonancia con las constancias obrantes en el expediente administrativo, de acuerdo a la normativa vigente y por el correspondiente acto administrativo.

A tal fin, resulta clarificante la compulsa del acta de tasación, confeccionada por la Comisión de Tasación designada por Disposición N° 1/96, mediante la cual se procedió a fijar el valor de la hectárea.

Luego, a fs. 96 obra la Disposición N° 1298/97 que aprueba el valor estimado y propuesto por la Comisión antes nombrada, fijándose el valor de enajenación total (cfr. Expediente Administrativo N° 2503-424/66).

Amén de las pruebas analizadas, la actora no aportó ningún otro elemento que permita determinar que la valuación fijada al momento de efectuarse la adjudicación, esto es en el año 1997, sea irrazonable, y que el predio pudiera tener una valuación fiscal "varias veces mayor".

Para finalizar, la accionada alega como vicio grave que el acto impugnado "Carece de motivación, en tanto los argumentos otorgados no se aplican a la petición efectuada..." (art. 67 inc. s Ley 1284).

En efecto, el Decreto 862/05 se limita a exponer "Que la adjudicación del inmueble y la correcta identificación catastral deberá resolverse en el ámbito de la administración pública ..." En el punto, aún cuando la fundamentación brindada por la Provincia, en la oportunidad de rechazar el reclamo administrativo, podría haber sido mas completa, tal como lo hace al ampliar los fundamentos en la contestación de demanda, no por ello puede aseverarse que se configure la falta de motivación pretendida.

De hecho, señala en la etapa procesal indicada, que la adjudicación del lote al Sr. Asaad, no se produjo por el dictado del Decreto 862/05 atacado mediante la presente acción, sino que tal derecho fue dispuesto por el Decreto N° 2.380/97, en cuyo artículo 3° se adjudicó en venta el predio en cuestión "...en las condiciones establecidas por la Ley 263 y su Decreto Reglamentario N° 0826/64..." Por lo tanto, de la compulsa de los elementos señalados puede concluirse que efectivamente ha existido un procedimiento administrativo, mediante el cual, la autoridad ha declarado cumplidas las distintas pautas que se encuentran exigidas en la Ley N° 263.

A ello se suma la carencia de elementos de prueba necesarios para demostrar que se encontraban cumplidos los vicios endilgados al acto atacado, como así también la falta de cumplimiento de los extremos dispuestos por la Ley de Tierras Fiscales N° 263.

Por lo tanto, la actora debió haber producido las pruebas necesarias en tal sentido, y las consecuencias de tal déficit deben ser soportadas por quien tenía la carga de probar.

XIII.- Si bien el abordaje realizado resulta suficiente a los fines del rechazo de la pretensión, cabe efectuar algunas consideraciones en torno al marco normativo que regula las cuestiones que aquí se debaten.

Tal como lo expone la Provincia de Neuquén en su respuesta (fs. 107/116), es la Ley N° 263 "la que dispone una serie de REQUISITOS y OBLIGACIONES para quienes solicitan ser ARRENDATARIOS (con o sin opción a compra) o ADJUDICATARIOS EN VENTA de TIERRAS FISCALES." De manera acertada, agrega el Sr. Fiscal del Cuerpo, que dicha ley es el plexo normativo que regula el mandato contenido en el art. 82 de la Constitución Provincial, que determina a la tierra como un bien de trabajo, al afirmar que: "El Poder Ejecutivo promoverá el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal mediante su arrendamiento y enajenación en forma progresiva y orgánica a favor de los auténticos trabajadores del campo. Declárese norma fundamental para la interpretación y aplicación de esta Ley, el concepto de que la tierra no debe constituir un bien de renta sino un instrumento de trabajo. El objetivo principal de la Ley es la protección del campesinado y la reactivación de la tierra fiscal." En definitiva, y en lo que aquí interesa, el mencionado contexto normativo determina una serie de requisitos y condiciones para obtener la "adjudicación de la tierra" y "otorgamiento del título de propiedad".

En concreto, el capítulo II de la ley se refiere a las "adjudicaciones en venta", y en lo esencial dispone:

Artículo 7° "Los adjudicatarios de tierras en venta tendrán desde la fecha de toma de posesión del predio, las obligaciones siguientes ... a)Realizar una explotación por cuenta propia y residir en el predio o en la zona que establezca la reglamentación cuando se trate de adjudicaciones en tierras destinadas a la ganadería; b) Introducir todas las mejoras necesarias para una racional explotación; c) Efectuar los pagos correspondientes en la forma que estipule la reglamentación; d) Cumplir con todas las obligaciones exigidas por la presente Ley y su reglamentación.

Artículo 8° Los adjudicatarios no podrán hacer transferencias de su concesión sin autorización previa del Poder Ejecutivo.

Articulo 9° Cumplimentados los requisitos que fija el Artículo 7°, el Poder Ejecutivo deberá otorgar el correspondiente título de propiedad, quien también podrá otorgarlo cumplido dos (2) años de adjudicación, con prohibición absoluta de venta por diez (10) años. Si se trata de pobladores con más de diez (10) años de explotación del predio -a quienes se le adjudique en venta la tierra- el Poder Ejecutivo podrá otorgarles el título de propiedad, estableciéndose en el mismo las obligaciones a cumplir y sus plazos respectivos...

Artículo 10° Comprobado el incumplimiento de obligaciones establecidas en la presente Ley y su reglamentación, el Poder Ejecutivo declarará su caducidad, con o sin pérdida de mejoras y sumas abonadas a favor del Estado provincial.".

Bajo el Capítulo III se regulan "las restricciones al dominio": "Artículo 16° Otorgado el título de dominio, el propietario: a) Deberá mantener el establecimiento en grado racional de productividad, realizando una explotación personal y por cuenta propia. b) No podrá venderlo, arrendarlo o transferir su explotación, sin expresa autorización del Poder Ejecutivo." Luego, a través del Decreto N° 826/64 se reglamentó la ley de tierras, y se estableció, bajo el apartado "DE LAS CADUCIDADES", lo siguiente: Artículo 98° "Serán causas suficientes para la caducidad de las adjudicaciones de cualquier naturaleza: a)Comprobar en cualquier momento que la adjudicación se obtuvo con la inserción en los formularios de solicitud y declaración de bienes de datos falsos o el ocultamiento de antecedentes cuyo conocimiento previo hubiere dado lugar a que se desestimare la gestión promovida. b) El incumplimiento a una o más de la obligaciones establecidas en la ley, esta reglamentación y/o contrato de venta o arrendamiento. c) Negar la información que se requiera y/o expedirse con falsedad. d) El abandono del predio adjudicado.

Artículo 99° La caducidad de la adjudicación podrá ser dispuesta con o sin pérdida de las mejoras introducidas y sumas pagadas por o a cuenta del precio de venta o arrendamiento y gastos de mensura.".

Por su parte el Art. 141° se refiere a los títulos de propiedad y dispone: "Los títulos de propiedad serán otorgados administrativamente y antes de su inscripción en el Registro de la Propiedad, los titulares de los mismos deberán pagar la suma que a tal efecto corresponda.".

Bajo el título "Resolución de los derechos de dominio", se dispuso:Artículo 155° "A los adjudicatarios en venta que hubieren cumplido las obligaciones que les fueron impuestas se les escriturará el predio de acuerdo a la ley de concesión o de la Ley 263, a opción del interesado...".

Frente al marco legal expuesto, las posturas sostenidas por las partes resultan encontradas: mientras la actora afirma en su presentación de fs. 85/86 vta., el incumplimiento por parte del Sr. Asaad de la ley aplicable (cfr. fs. 85 vta.), los herederos de aquél, en su presentación de 152/163, afirman que han sido cumplidos los requisitos establecidos en la Ley 263.

A tal fin efectúan un relato de cada uno de los pasos alcanzados en el expediente administrativo en el cual se emitió el acto de adjudicación.

Asimismo, con relación al acta notarial en la cual pretende basar sus derechos la actora, entiende que la misma es falsa, en tanto no refleja la realidad del lote en cuestión.

Concluyen que, de conformidad con lo establecido en la norma aplicable, el Sr. Asaad ha dado cumplimiento a los siguientes requisitos: "art. 7°; inc. a, ha realizado una explotación por cuenta propia en el lote adjudicado conforme demuestran los informes reseñados en los párrafos precedentes ...; ha cumplido con el inc. b) (ha realizado mejoras en la propiedad); inc. c (abonó la tierra -fs. 153-)y con el inc. d (ha cumplido con las obligaciones indicadas por el Estado fiscalizador." (cfr. fs. 158 vta.).

Por su parte, la Provincia de Neuquén plantea que, "tal como surge de las actuaciones administrativas y de la propia documental acompañada por la actora, que esta conoce que existió una adjudicación en venta por parte del Poder Ejecutivo a favor del Sr. Asaad. Pero está pretendiendo en esta acción procesal, directamente dejar sin efecto esa adjudicación en venta u otorgamiento, (repito, esto sin perjuicio que el P.E. establezca en definitiva si es procedente hacer lugar a un eventual pedido de escrituración, o determinase la caducidad de la adjudicación en venta ya efectuada, o adoptase otra medida pertinente), peticionando que se deje sin efecto el Decreto expresamente atacado y "también los actos administrativos anteriores" ... sin interesarse por el derecho de defensa, en este caso a los herederos del causante..." (cfr. fs. 111).

Ahora bien, más allá de las posturas asumidas por cada uno de los intervinientes, las constancias obrantes en estas actuaciones, sumadas a las contenidas en los antecedentes administrativos -ya detalladas-, dan cuenta que el Sr. Asaad dio cumplimiento a un largo trámite administrativo, cuyo resultado derivó en el dictado del Decreto N° 2380/97, que en su artículo cuarto le adjudicó en venta "en las condiciones establecidas por la Ley 263 y su Decreto Reglamentario 826/64" el lote B parte del Lote Oficial 7, Sección II, Paraje Lindero Atravesado, Departamento Confluencia.

XIV.- Corresponde efectuar una breve mención de los restantes medios de prueba producidos en estas actuaciones.

Del análisis de los testimonios producidos, no puede advertirse que aporten elementos de entidad suficiente, que permitan desvirtuar la aportada por los restantes medios de prueba ya analizados.

En concreto, lo expuesto en los testimonios propuestos por la actora -obrantes a fs. 281/282 vta. y 284/287 vta.-, no arroja ningún elemento con entidad suficiente como para contrarrestar las constancias documentales obrantes en las actuaciones administrativas.

Por su parte, los testimonios propuestos por los terceros citados a juicio son en su mayoría coincidentes con los elementos que obran en el orden administrativo y que han llevado a la administración al dictado de la decisión de adjudicación en venta cuestionada.

Con relación a la prueba pericial elaborada por el agrimensor, en los términos en que ha sido confeccionada, nada aporta a la situación, de modo tal que pueda desvirtuar lo hasta aquí expuesto. Máxime, si se tiene en cuenta que la misma fue objeto de impugnación, tanto por los terceros citados (fs. 392 y vta.) como por la Provincia de Neuquén (fs. 397/406), las que nunca fueron contestadas por parte del experto, y que conllevaran incluso la pérdida del derecho para aquél a percibir sus honorarios (cfr. fs. 425). Para finalizar, no puede dejar se señalarse que, aún cuando el procedimiento administrativo tramitado mediante expediente 2503-424/66 no concluyó con el otorgamiento -por parte de la administración- del título de propiedad, conforme lo prevé el art. 9 de la Ley 263, ello en modo alguno menoscaba el derecho que como adjudicatario le correspondiera al Sr. Asaad, como tampoco la ponderación por parte de la Provincia del cumplimiento de las obligaciones allí dispuestas.

En el punto le asiste razón a lo argumentado por la propia accionada, Provincia de Neuquén, en cuanto refirió que "...la adjudicación en venta del inmueble fiscal otorgada a favor del Sr. Asaad, se encontraba en todo momento condicionada, al total y cabal cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Tierras y su Decreto Reglamentario, y en caso de verificarse algún incumplimiento, el Poder Ejecutivo Provincial tiene facultades legales suficientes, para decretar la caducidad de la adjudicación en venta, o adoptar otra medida legal a que hubiere lugar por derecho. Incluso ... la Ley de Tierras y su Reglamentación, establecen expresamente, aparte de decretar la caducidad de la adjudicación en venta, la posibilidad de resolver el derecho de dominio que se pudiese otorgar, por incumplimiento legales." (cfr. fs. 111 párrafo 3ro.). En definitiva, si bien no se soslaya que la situación jurídica del adjudicatario, o más precisamente la de sus herederos, no se encuentra absolutamente definida, en tanto no ha sido otorgada a la fecha la escritura traslativa de dominio (siendo ello resorte exclusivo de la correspondiente instancia administrativa, donde deberán verificarse por parte de la autoridad competente todos y cada uno de los requisitos enumerados por la ley), ello en modo alguno compromete la adjudicación en venta que en vida recibiera el Sr. Asaad.

XV.- Entonces, analizadas las cuestiones planteadas desde los distintos aspectos probatorios, todo lleva a colegir que no asiste razón a la accionante en punto al planteo de nulidad del Decreto 862/05; y, consecuentemente, tampoco en cuanto al cuestionamiento de la adjudicación en venta del lote B parte del Lote Oficial 7, Sección II, Paraje Lindero Atravesado, Departamento Confluencia.

De tal modo, corresponde rechazar la demanda entablada en todos sus términos, e imponer las costas a la accionante vencida, en tanto no existen motivos para apartarse del principio general de la derrota contenido en el art. 68 del CPC y C. de aplicación supletoria. TAL MI VOTO.

El señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Moya, como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto del mismo modo. MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose dado intervención al señor Fiscal, por unanimidad, SE RESUELVE: 1º) NO HACER LUGAR a la demanda interpuesta por PAN AMERICAN ENERGY L.L.C. SUCURSAL ARGENTINA contra la Provincia del Neuquén. 2°) Imponer las costas a la actora vencida (art. 68 del CPC y C, de aplicación supletoria en la materia). 3º) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto se cuente con pautas para ello. 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Con lo que se dio por finalizado el acto que, previa lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por ante la Actuaria, que certifica. Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. EVALDO DARIO MOYA DRA. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria.