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Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Fiscales adjuntos, decretos, cesantía, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Solá, Roberto y otros c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

El decreto que dispuso la cesantía de los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas debe ser considerado como un acto administrativo y no de gobierno o institucional, dictado en ejercicio de actividades no regladas pero no por ello ajeno a la evaluación de su causa, lo cual permite el examen judicial de su validez (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Testimonio incorporado por lectura, defensa en juicio, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: Veloso, Fabián Humberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-10

Si bien en la recepción de la prueba durante la instrucción no rige el principio de concentración y falta la inmediación porque el tribunal de juicio no recibe directamente el testimonio sino que lo conoce a través de lo documentado en las actas, límite que no ha alcanzado en el caso a la defensa que estuvo presente en las deposiciones, la lectura de actas no es en sí misma incompatible con los derechos de la defensa, si ésta ha gozado de una oportunidad útil y suficiente de interrogar a los testigos en alguna etapa del procedimiento. No afecta el derecho de defensa el hecho de haberse tenido en cuenta el testimonio de quien posteriormente se desdijo, si sus dichos se refieren a hechos que la defensa no puso en discusión. La ignorancia del motivo, que no se identifica con el contenido del dolo, no es decisiva para afirmar la inexistencia de dolo de homicidio. La confusión de persona diluye el móvil pero no excluye el dolo de inferir una herida mortal a otro. Que la víctima se hubiese recuperado totalmente no afecta la conclusión de los médicos en punto a que la lesión puso en peligro su vida. Para afirmar la presencia de dolo basta la voluntad de realización o dirección de la acción riesgosa, aunque no se persiga, se desee, o ni siguiera se acepte el resultado posible, en la medida en que el agente lleva adelante la conducta que advierte como peligrosa en el caso concreto y no detiene su obrar.
Empleados públicos, estabilidad del empleado público, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cejas, José Gerardo Cirilo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 210-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-26

Las garantías acordadas por la ley para la mejor tutela del derecho constitucional a la estabilidad en el empleo no han de interpretarse , por obvias razones de justicia y sana administración, en forma que conduzcan a su invocación para el logro de beneficios susceptibles de configurar un indebido enriquecimiento del agente separado de su cargo.
Intervención de entidades financieras, intervención cautelar, banco central, responsabilidad del banco
Materia: BANCARIO
Carátula: La Comercial de Rosario Cía. Arg. de Seguros S.A. c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-15

Cuando la intervención cautelar encuentra sustento en las atribuciones que la ley ha conferido al B.C.R.A. como ente rector del sistema monetario y financiero (art. 4 ley 21.526 y art. 24 ley 22.529, C.S.J.N. Fallos: 303:1776 y causa "Demartini" del 20/12/94), y no ha sido cuestionada por la actora, goza de la presunción de validez de los actos administrativos y no puede dar lugar a la responsabilidad del B.C.R.A. por su actividad ilícita.
Deuda pública, honorarios del abogado, regulaciones parciales, régimen de consolidación de deudas, cancelación de deudas, ley de consolidación de la deuda pública, preparación de la vía ejecutiva, embargo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: RADIODIFUSORA BUENOS AIRES SA c/ ESTADO NACIONAL ARGENTINO SEC. DE CULTURA DE LA NACION Y OTRO s/ DESALOJO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-14

El cumplimiento de los términos del art. 22 de la ley 23.982 por parte de la demandada, a los efectos de juzgar si se encuentra expedita a favor de los letrados la vía ejecutiva prevista en dicha norma (y por añadidura la posibilidad de trabar un embargo como el que solicitaron, en tanto su implementación constituye el ejercicio de una etapa de dicha acción ejecutiva (cfr. esta Sala, Causa 22.824/95 del 5.7.95), debe ser computado en la especie teniendo en cuenta la fecha en que quedó firme la resolución que discriminó la porción de los honorarios excluida del régimen de consolidación.
Recurso de casación, interposición del recurso, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Pérez, Gustavo H. s/ recurso de queja. Causa: 452
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-15

El código procesal permite intentar este recurso a determinados sujetos procesales que revisten la calidad de partes legalmente constituídas, ya que en forma taxativa reseña en los arts. 458 al 462, quiénes son los legitimados para hacerlo.
Procedencia del recurso, queja por denegación o retardo de justicia, plazos procesales, situación del imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Goicochea, Luis Rodolfo  c/  s/ Queja por retardo de justicia
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-04-26

Cabe hacer lugar a la queja por retardo de justicia e intimar al Magistrado a que en el plazo de diez días hábiles de comunicada la presente, arbitre los medios necesarios para el cumplimiento de los actos procesales pendientes, ello porque efectivamente existe una demora injustificada en resolver la situación del imputado. Máxime que los jueces tienen que cumplir el deber de avocarse al tratamiento del expediente en cuestión, observando los plazos procesales que la ley de rito establece para el cumplimiento de los actos procesales pendientes, toda vez que la dilación del proceso penal acarrea perjuicios irreparables.
Recurso de reposición (procesal), tercería de dominio, Municipalidad, bienes, embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ ACCIARESI, LILIANA ELSA, INGENIERO MIGLIERINI CONSTRUCCIONES Y J. MASTROBERARDINO CONSTRUCCCIONES s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- TERCERIA  DE DOMINIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 539 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-03-14

Corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto contra la providencia que admitió la promoción de la tercería de dominio por la Municipalidad desde que si bien que no fue el despacho de un 'embargo' el que determinó la existencia de fondos, no puede desconocerse que se ha producido una afectación a la libre disponibilidad de esos bienes, depositados en virtud de lo resuelto en los principales a la orden de este Tribunal.

En esas circunstancias, -y atento a la forma en que se ha trabado la incidencia-, se observa, en principio, que participa de los rasgos esenciales del 'embargo' la indisponibilidad a que se han sujetado los fondos de la aquí accionante.

Por su parte, la ejecución forzada de la sentencia por vía de apremio "es una eventualidad que no debe necesariamente presentarse para la efectiva y total conclusión de un pleito", y, en el caso, la recurrente pretende -en definitiva- el cumplimiento de una condena mediante el ejercicio de una 'pretensió n de cobro'.
Escrituración, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Buono, Jorge y otros c/ Metrikis, Estanislao y otra s/ Sumario escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Las costas deben imponerse al actor que venció en el pleito por escrituración, si el demandado no dio motivo a la demanda interpuesta contra él, pues fue promovida sin razón alguna que justificara la conducta del demandante frente a las claras disposiciones contenidas en el contrato de compraventa.
Accidentes de trabajo, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima, falta de prueba, daño estético, daño moral, pérdida de la chance, asistencia psicológica
Materia: LABORAL
Carátula: JARA, JAIME ANTONIO. c/ NAVARRO, RUBEN WILLIAMS Y OTROS. s/ ACCIDENTE ACCION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-23

Cabe dejar sin efecto la condena en concepto de tratamiento psicológico, si el cambio operado en la personalidad de la víctima no tiene sustento; justamente más allá de sus manifestaciones no obra en autos prueba alguna -siquiera testimonial- que refieran a su biografía: al carácter y personalidad, con antelación al accidente, ni que den cuenta de su estado en los días posteriores; contrariamente a lo manifestado al perito, de los elementos probatorios reunidos en autos surge que el actor continúo trabajando en el mismo rubro y que no presenta limitación alguna para realizar actividades laborales, recreativas, deportivas, etc. Por lo tanto, y más allá de los padecimientos y dolores derivados del accidente, que se reconocen bajo el rubro daño moral, no se encuentra acreditada en autos la relación de causalidad entre la dolencia diagnosticada en la pericia y el tratamiento aconsejado, con el evento dañoso.
Beneficio de litigar sin gastos, honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Sotelo, Sebastián Ezequiel c/  s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-05-11

El beneficio de litigar sin gastos es un incidente y por lo tanto, para la regulación de los honorarios profesionales debe aplicarse el artículo 33 de la ley arancelaria que se refiere específicamente a los incidentes. El contenido económico propio del incidente (criterio mantenido por este tribunal), no puede cambiar la naturaleza del proceso, sí puede servir como base regulatoria -que es lo que se propone- pero no transforma al incidente en un proceso "principal".
Municipalidad, concejales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Naudi, Enrique. c/ Pcia. de Bs. As. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

Conforme al art. 14 del decreto ley 9650/80 no son computables a los fines jubilatorios los servicios prestados 'ad honorem' como Concejal Municipal, en virtud de que el carácter honorario resulta de la Constitución Provincial y de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Derechos y garantías constitucionales, prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Seisdedos, Héctor Oscar s/ prórroga de prisión preventiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-23

A partir de lo expuesto con anterioridad, cabe analizar lo estipulado por la ley 24.390, reglamentaria del derecho a un plazo razonable de detención consagrado en el artículo 7, inciso 5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De acuerdo con el artículo 1 de esta ley, la prisión preventiva no podrá ser superior a los dos años, sin que se haya dictado sentencia. A su vez, y como excepción, se estipula que el encierro podrá extenderse por un año más cuando la cantidad de delitos imputados o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de una sentencia en el plazo de dos años.

Conforme parece surgir de esta norma, siempre que se mantengan los motivos que justifican todo encierro preventivo -puesto que, de lo contrario, la medida debería cesar o, en su caso, ser reemplazada por otras de menor injerencia adecuadas para lograr las finalidades protegidas-, la restricción de la libertad de un imputado debería cesar a los dos años, salvo que las circunstancias señaladas hubiesen obstaculizado la normal culminación del proceso, caso en el cual ésta podría prorrogarse hasta los tres años.

A partir de tal momento podría suponerse que no existen circunstancias que normativamente avalen el encierro preventivo de un individuo al que debe tratárselo como inocente. Esto es, después de los tres años de prisión preventiva, circunstancias tales como riesgos procesales, complejidad en las investigaciones o multiplicidad de delitos perderían su valor justificante.
Subasta judicial, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ramos, Pedro Luis c/ Pautazzo, María Cristina s/ Ejecuc. Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-19

Carece de legitimación la demandada para cuestionar la actualización monetaria del saldo de precio de la subasta, pues, como quiera que, no agravia sus derechos una condena que involucra exclusivamente la órbita patrimonial del adquirente, sin que elípticas disquisiciones sobre la suerte final de la subasta, cuantía de hipotéticos honorarios o bajo el ahora alegado ropaje del artículo 578 del Código Procesal, puedan justificar una nítida ausencia de titularidad del derecho que se pretende impugnar, esto es, la revigorización dineraria del saldo.
Mediación, prueba, apertura a prueba, ofrecimiento de la prueba, plazos procesales, interpretación de la ley, defensa en juicio, principios generales del Derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: SUEDEN SOC. DE HECHO DE ANTONIO ROTONDO Y OTROS c/ LEE DAE Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-07

Resulta procedente, en el caso, desestimar la pretensión del actor a fin que se dé por perdido el derecho de la accionada a ofrecer prueba, argumentándose que el mismo puede efectuarse hasta la audiencia contemplada por el CPR 360 (ref. por ley 24573) o en dicho acto, toda vez que la reforma introducida por la citada ley de mediación y conciliación suprimió el último párrafo del CPR 367, y al no haberse dispuesto al recibirse la causa a prueba, plazo específico para su ofrecimiento, la solución adoptada por el a quo debe ser confirmada, en tanto se ajusta a lo previsto por el cciv 16 y CPR 155 2º párr., y tiende a resguardar el principio constitucional de defensa en juicio.
Principio de prevención, recurso de apelación (procesal), aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y Minas de Segunda Nominación s/ en  autos: "Lindow, Walter G.A. y otro c/ Sochi, Oscar Humberto y  otro y/o Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú s/ Daños y perjuicios -Incidente de oposición-
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-11-01

El principio de prevención,consagra una excepción a las reglas generales de la competencia y su configuración está limitada a aquéllos supuestos en los cuales la materia litigiosa traída a resolver es una prolongación de la controversia resuelta originariamente, pues dicho principio tiene como objetivo lograr la continuidad de criterio en la valoración de los hechos y el derecho, como así también responde a la consideración de que el juez que primero previno, adelantándose al conocimiento de la causa o a una cuestión estrechamente relacionada, es el que mejor la conoce y por ello ofrece mayores garantías para el justiciable.

En ese orden, analizadas las constancias de autos, se advierte que, si bien la Cámara de Apelaciones opositora a la remisión de la causa por la otra Cámara, tuvo intervención con anterioridad, la misma estuvo destinada a resolver una recusación con causa, que de modo alguno tiene conexidad con la materia llevada a resolver a través del recurso de apelación interpuesto, por lo que en el caso no es de aplicación el principio de prevención, debiendo regirse la competencia por las disposiciones de la Acordada 2527/86. Por ello corresponde hacer lugar a la oposición formulada por la Cámara Civil y Comercial de Segunda Nominación, debiendo continuar entendiendo en la causa la Cámara Civil y Comercial de Primera Nominac., en virtud de la fecha de concesión del recurso.
Inadmisibilidad del recurso, robo con armas, tentativa, sanciones disciplinarias, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Víctor David s/ robo con armas en tentativa c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

La inadmisibilidad del recurso de casación dirigido contra la resolución que rechazó el planteo de nulidad y confirmó la sanción disciplinaria impuesta en la unidad carcelaria no se modifica por la mera invocación del art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aun cuando por hipótesis se aceptara la interpretación más amplia del término fallo contenido en la citada regla, y se comprendiera entonces en su texto a otras resoluciones importantes a las cuales aplicar la garantía de una revisión amplia, no se advierte por qué, ni el recurrente lo demuestra en su presentación, ello implicaría, desde alguna hermenéutica razonable, eximir de la exigencia de la demostración de un interés en recurrir, es decir, de la presencia de un agravio actual y definitivo (voto del juez Magariños al que adhirió la jueza Llerena)
Retiro voluntario, despido, protección contra el despido arbitrario, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL
Carátula: DE LA ARADA, Luis Angel c/ BANCO DE LA PAMPA s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-04-10

Asimismo, es oportuno señalar que el mutuo consenso del distracto, por su propia naturaleza y en virtud del artículo 241 de la L.C.T., no exige remuneración de una parte hacia la otra, aunque tampoco se impide que el acuerdo común contenga distintas modalidades o deberes contractuales entre los cuales puede contarse la compensación o suma no remunerativa que una parte compromete hacia la otra.

Esto no desnaturaliza el distracto, que cuenta con naturaleza propia y ha sido regulado con autonomía de las figuras de extinción por voluntad unilateral de una de las partes. Se puede decir, entonces, que "... en principio, el distracto es gratuito. Pero nada impide que éste cobre matices onerosos, desde que esa misma voluntad común o consentimiento para rescindir puede diagramar o diseñar el contenido del contrato extintor, poniendo en él diversas modalidades (plazos) o deberes contractuales, entre los cuales se puede contar la compensación o suma no remunerativa que una parte se compromete a hacer hacia la otra.

En tales casos,... en exacta correspondencia con la naturaleza del acto en función del cual es brindada (el mutuo acuerdo disolutorio o distracto), posee una naturaleza distinta a las que puedan corresponder en concepto de indemnización por despido. Y, por ende pueden ser mayor o menor a las que en supuestos de concretos despidos de los protagonistas de autos habrían de corresponderle a cada uno de ellos." (conf. S.C.B.A., fallo citado, voto del Dr. Roncoroni; lo destacado en negrita nos pertenece).- En síntesis, resultará inexcusable verificar si la voluntad o el acto homologatorio se encuentran viciados y demostrar que lo que se presenta como "acuerdo voluntario" (art. 241 L.C.T.) configura en la realidad un despido encubierto. Del resultado al que se arribe dependerá la procedencia de los rubros indemnizatorios previstos en la legislación vigente.

Por el contrario, la falta de acreditación de la existencia de vicios invalidantes de la voluntad en la firma del acuerdo de retiro voluntario o su homologación, impone el deber de respetar sus términos, porque las cláusulas fueron pactadas dentro del marco librado a la autonomía de las partes.-
Extorsión, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: MORENO, ENRIQUE FERNANDO s/ EXTORSION - TENTATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1982-05-17

La extorsión es un delito de resultado y como tal admite tentativa. Producida la intimidación, si la entrega, envío, depósito o puesta a disposición no se realiza por causas extrañas a la víctima -por ej. la intervención de la autoridad policial- o la entrega se realiza a causa de un motivo ligado ocasionalmente con la amenaza, se configura la tentativa de extorsión (C.P., arts. 42 y 168) (Voto de la Mayoría, Dres. Vargas y Wamba).-
Costas, allanamiento
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Sergio Lucas c/ Caminito S.A. s/ Indemnización por antigüedad y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-02-26

Es claro que se deben imponer las costas al allanado por cuanto el trabajador debió recurrir a esta instancia a los fines de obtener su crédito, aún cuando la acción no prospere en el todo.
Prueba, declaración de negligencia, planteo en segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: MELLIO, LEOPOLDO J. Y OTRO c/ B.C.R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

La sola invocación del art. 260 inc. 2 del Código Procesal no habilita la realización en la Alzada de la medida sobre la que recayó la negligencia apuntada, puesto que para que ello resulte posible es menester, según se ha dicho, que "el peticionante justifique que de su parte no hubo demora, desidia o desinterés en producir el elemento probatorio declarado caduco", y, además, que el replanteo de la prueba, sea fundado a través de una crítica concreta y razonada de la resolución que decretó dicha negligencia, "señalando los errores incurridos por el juzgador, en forma similar a lo que ocurre con la expresión de agravios definida en el art. 265".
Derecho al olvido, libertad de expresión, Internet
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Denegri, Natalia Ruth c/ Google Inc. s/ derechos personalísimos: Acciones relacionadas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-28

La libertad de expresión comprende el derecho de transmitir ideas, hechos y opiniones a través de internet, herramienta que se ha convertido en un gran foro público por las facilidades que brinda para acceder a información y para expresar datos, ideas y opiniones. Así ha sido reconocido en el art. 1 de la Ley 26.032, que dice que "la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión".
Responsabilidad civil, agravio concreto
Materia: CIVIL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Cejas, José Luis c/GCBA (Hospital Oftalmológico Santa Lucía- Hospital Carlos Durand) s/daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

No hay responsabilidad civil si no hay daño causado, ya que puede ocurrir que existan conductas reprochables pero que no provocan un perjuicio concreto, y por ende no generan la obligación de indemnizar. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Recursos, queja por apelación denegada
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVENCRED c/ Cortez Mario Hugo  y Otros s/ Prepara Vía Ejecutiva - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-08-21

La naturaleza del remedio analizado impone la necesidad de que el recurrente suministre al Tribunal siquiera brevemente las razones por las cuales considera erróneo el criterio que informa la resolución denegatoria ello en miras a sostener la ilegitimidad de la denegación del recurso.

Si no se explican los fundamentos que a criterio del recurrente harían procedente la concesión del recurso desestimado, no se cumple con la exigencia referida y corresponde el rechazo de la queja.
Relación de causalidad, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Maldonado Devoto, Francisco Javier c/ Escobedo Rodríguez, Martín Gabriel s/ D. Y P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-02-05

La relación causal se infiere a partir de las características del hecho fuente, en el sentido de si es o no idóneo para producir las consecuencias que el actor invoca: el juicio de causalidad adecuada se sustenta siempre en la valoración sobre la congruencia entre un suceso y los resultados que se le atribuyen; la causalidad adecuada no requiere la fatalidad o necesidad en la imputación de las consecuencias al hecho, pero tampoco se satisface con la mera posibilidad o eventualidad de que éste las haya generado.