Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-30


TS07D44238 SENTENCIA DEFINITIVA Nº 44238 CAUSA Nº 35.584/2007 - SALA VII - JUZGADO Nº 58 En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de 2012, para dictar sentencia en los autos: "GOMEZ, PEDRO ALBERTO C/ DEGREMONT S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL", se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- En estos autos se presenta el actor e inicia demanda contra DEGREMONT S.A. y contra CNA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedor.- Aduce que la demandada es una empresa de fabricación y distribución de servicios de tratamiento de aguas, en la que se desempeñó en relación de dependencia en las condiciones y con las características que explica.- Señala que el ambiente en que trabajaba era extremadamente ruidoso; colmado de polvo y con olores penetrantes provenientes de los ácidos empleados para lavar los caños inoxidables en las soldaduras y armados de instalaciones.- Afirma que como consecuencia de las condiciones de trabajo descripta en la actualidad se encuentra incapacitado por lo que pretende un resarcimiento integral con fundamento en las disposiciones del Código Civil.- Plantea la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1º de la Ley 24.557.- A fs. 64/82 vta. responde CNA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. y opone excepción de falta de legitimación pasiva.- A fs. 131/148 vta. lo hace DEGREMONT S.A.- Desconoce todos los extremos invocados por el actor, relata su versión de los hechos y, tras impugnar liquidación, pide la citación de CNA ART S.A. y que se rechace la demanda.- La sentencia de primera instancia obra a fs. 673/682, en la que la "a-quo", luego de analizar los elementos de juicio obrantes en la causa, decide en sentido favorable a las pretensiones del actor.- El recurso que analizaré llega interpuesto por la parte demandada, cuya letrada también cuestiona sus honorarios por considerarlos reducidos (fs. 689/696). II.- En primer término me referiré a la inconstitucionalidad del régimen de la Ley de Riesgos, cuya declaración agravia a la demandada.- En relación al art. 39 de la Ley 24.557 ya en el año 1998 he tenido ocasión de expresarme en favor de su inconstitucionalidad, juntamente con otras normas que integran el citado cuerpo normativo.- En esa ocasión y en otras posteriores, tanto en el ejercicio de la magistratura como en la actividad académica, destaqué que dicha disposición crea un territorio de exclusión de los trabajadores por su condición de tales, a la vez que se alza contra la igualdad garantizada en la Constitución Nacional, olvidando además que el derecho del trabajo es una disciplina estructuradora de la sociedad y que la igualdad civil consiste en evitar discriminaciones arbitrarias debiendo importar razonabilidad y justicia.- Resulta importante tener en cuenta que la Constitución Nacional posee el principio del "alterum non laedere", en su artículo 19 (segunda regla de Ulpiano), cuya concreción se encuentra en los artículos 1109 y 1113 y conc. del Código Civil.- Estas normas aparecen vedadas dejando sólo abierto el camino que brinda el art. 1072 de dicho cuerpo, permitiendo al legislador imponer a los trabajadores lo que ha prohibido a los particulares: tal es; la dispensa de culpa, estando en juego la integridad psicofísica o la vida de personas.- Así, lo prohibido contractualmente a los ciudadanos pretendió ser legal por obra del legislador (ver, Ferreirós Estela M. en "Es inconstitucional la ley sobre riesgos del Trabajo?"; Ediciones La Rocca, 1998).- Lo expuesto no significa en modo alguno negar la legalidad de la tarifa, sino señalar la irrazonabilidad y consecuente inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T., que impide al trabajador acceder a una reparación integral.- A lo expuesto debe sumarse el dictado de recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, en "Castillo c/ Cerámica Alberdi", el Tribunal destaca que ya en 1917 dijo que la responsabilidad de los accidentes de trabajo es de derecho común y agrega que, la L.R.T. no dispone la federalización del régimen reparatorio en estas relaciones entre particulares.- Señala también que la competencia no es una cuestión librada al mero arbitrio del legislador.- En el fallo del Supremo Tribunal "Aquino c/ Cargo Servicios Industriales" (A. 2652 XXXVIII) al tratar la cuestión del art. 39 inc. 1º se hace hincapié en el art. 19 de la Constitución Nacional, entrañablemente vinculado a los artículos 1109 y 1113 del Código Civil.- Se añade a ello, la necesidad de valorar la vida humana sin atender a una concepción materialista y recordando, en ese andarivel, que el hombre no es esclavo sino señor de todas las cosas. La pluma de los Ministros ha recordado principios señeros que habían quedado en el desván de las cosas olvidadas.- Refiere así la posibilidad que debe tener el trabajador de obtener no sólo una reparación menguada que contenga una parte de la integridad, tal como le brinda la L.R.T., sino una que contemple el daño material, lucro cesante, daño moral y daño al proyecto de vida.- Así alude el Tribunal a la moderna doctrina del Derecho de Daños que habla del daño biológico y el daño a la salud, al bienestar de la persona.- Después de todo hay que tener en cuenta el derecho a la chance, dado que como se suele señalar, "la vida es una autobiografía que se escribe todos los días".

El fallo, recuerda, cuando reivindica los principios humanísticos, la dignificación de la persona humana y tal vez haya rememorado a Séneca, en su concepto de que "la persona es sagrada" lo demás es instrumental.- En relación al fallo "Aquino.", he tenido oportunidad de señalar que el mismo, constituye una aproximación amplia y clara a la comprensión del hombre que trabaja y a la interrelación de todas las personas de manera tal que, resulta claro, que se pretende llegar a una regeneración del tejido social.- La pluma del Tribunal Supremo deja sentados principios de antigua data que habían sido absolutamente dejados de lado, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo y otras normas que consideraron jurídicamente en menos al hombre que trabaja.

Así, quedó dicho que el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos ya que sostener lo contrario, implica anclar en una concepción materialista que no es propia de una concepción integral de los bienes materiales y espirituales con el peligro de considerar al hombre esclavo de las cosas o de los sistemas económicos, de la producción y de sus propios productos.- Esta y otras citas de encíclicas se encuentran en el fallo y tengo la impresión de que fueron rescatadas por los juristas, en atención a la importancia que ha tenido la doctrina social de la Iglesia Católica en el nacimiento, desarrollo y perfeccionamiento del derecho del trabajo, brindando al mismo el sustrato humanístico del que no puede carecer. Así, cuando de esta concepción de respeto especial por el hombre el legislador se ha alejado, ha quedado como consecuencia la elaboración de normas que, como en este caso, tienen que terminar en el territorio de la invalidez jurídica.- La Corte ha señalado, acertadamente según mi entender, la justicia de reparar al trabajador accidentado como a cualquier otro en los aspectos referidos a la extensión de la indemnización y a los items que la misma debe comprender. Debe contener el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y la pérdida de chance cuando la misma corresponde. Ha edificado sus consideraciones sobre la base de tres principios que exceden lo económico y así acude a los principios de cooperación, solidaridad y justicia, así como también el principio que enseña que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo, con una naturaleza inviolable. (ver trabajo completo: Estela M. Ferreirós; "LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO 1) DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO Y EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES DE ACUDIR PARA SUS RECLAMOS AL CÓDIGO CIVIL"; Errepar - DEL - nº 231; noviembre de 2004; ver también Estela M. Ferreirós; "LA REPARACION INTEGRAL EN MATERIA DE INFORTUNIOS LABORALES. LA OBLIGACIÓN DE REPARAR Y DE PREVENIR, AMBAS COMO DERIVACIONES DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL "ALTERUM NON LAEDERE"; Errepar - DEL - nº 234; febrero de 2005).- En consecuencia considero que el art. 39 inc.1º resulta inconstitucional al eximir al empleador de responsabilidad civil y así lo declaro (en igual sentido he votado en "Vázquez Camacho, Angel c/ Coniper SA y otros s/ accidente - acción civil", sent. 38.083 del 25.11.04, "Figueredo, Alberto c/ COTO C.I.C.S.A. s/ accidente-acción civil", sent. 40.137 del 24.05.07; "Araneda, Adrían Franco A. c/ Esamar S.A. y Otro S/ accidente - acción civil", sent. 40.731 del 29.02.08, entre muchos otros).

Propongo entonces se confirme el fallo en este substancial punto.- III.- También dice agraviarse de que la "a-quo" haya considerado probado el nexo causal entre las afecciones del actor y las tareas y ambiente donde las cumplía.- No le veo razón.- Tal como se indica en el fallo con detalles de las declaraciones de los testigos como también del informe pericial técnico producido en autos, no caben dudas de la vinculación causal. Todos hablaron de un ambiente ruidoso y de un trabajo muy pesado que debía ser cumplido por el actor (sin que se le proveyeran fajas lumbares), y expuestos al polvo de óxido de hierro generado en el proceso de soldadura y a ácidos.- Ya ha expresado esta Sala con anterioridad que "cosa" no es una determinada maquinaria o aparato, ni un objeto concreto susceptible de ocasionar un daño. Puede ser todo un establecimiento, explotación, empresa o incluso también actividad la que genere vicio o riesgo (en igual sentido, v. los autos: "Mamani, Graciela Beatriz c/ Lucofi S.A. y otro s/ Despido", S.D. 39.000 del 14.2.06); por ello, si el infortunio está relacionado con una cosa riesgosa y no se ha acreditado una actitud desaprensiva o negligente del trabajador que pueda ser considerada culpa, el daño debe atribuirse a la cosa peligrosa (v. sala V, autos: "Barrera, Roque c/ Nazar y Cia S.A. Construcciones", 29.3.89 - D.T. mayo/89).- A la vez, tratándose de un supuesto de responsabilidad objetiva, para liberarse de ella el dueño o guardián debe probar el rompimiento del nexo causal, es decir que el daño no se ha producido por el riesgo o vicio indicado sino por el hecho de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, lo que no ha ocurrido en el presente caso.- Sólo a mayor abundamiento debo agregar, en cuanto a la hipoacusia, que la entrega de protectores auditivos por parte de la patronal, implica una grave presunción de que en el lugar la vibración sonora era de intensidad excesiva, caso contrario no habría razón para entregarlos.- En tales condiciones, propongo sin más la confirmación del fallo en este punto también.- IV.- La apelante también cuestiona que en el fallo se la haya condenado al pago de un resarcimiento por daño moral, cuando -según expresa- en autos no se ha acreditado su existencia.- A mi juicio este agravio debe ser desestimado.- En relación al tema debo recordar que, tal como lo he expresado en un artículo de mi autoría ".en los accidentes de trabajo. no cabe duda de que, de prosperar el reclamo por el evento dañoso, peticionado el daño moral por el accionante, éste no requiere prueba ni de su existencia, ni de su cuantía, por lo que la ley lo presume "iuris et de iure" en el art. 1078 Código Civil. ("El daño Moral en el Derecho del Trabajo", Estela Milagros Ferreirós, D.L.E -Nº 263- julio de 2007- T. XXI-pags.615/618).- Por ello, voto por la confirmatoria del fallo en este segmento.- V.- No encuentro razones para apartarme de lo resuelto en materia de costas, las que han sido declaradas a cargo de la demandada en su carácter de vencida (conjuntamente con la aseguradora) en aplicación del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 68 del Código Procesal.- Los honorarios regulados en primera instancia me parecen equitativos sobre la base del mérito de los trabajos cumplidos, por lo que propongo sean confirmados (arts. 38 de la ley 18.345 y demás normas arancelarias).- VI.- De tener adhesión mi voto, propicio que las costas de alzada se declaren a cargo de la demandada (art. 68 cit.) y se regulen honorarios a su representación letrada y a la de la actora en el 25%, para cada una de ellas, de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).- LA DOCTORA BEATRIZ INES FONTANA DIJO:

La sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda, viene apelada por la co-demandada Degremont S.A., a tenor de su presentación de fs. 689/694.

La co-demandada afirma que la sentencia le causa agravio porque la condenó con fundamento en las normas del Código Civil. Sostiene que no existe sustento fáctico que justifique el abandono de la Ley 24.557 y afirma que los artículos cuya inconstitucionalidad pretende el accionante no violan derechos ni garantías constitucionales.

En mi opinión en este aspecto el recurso intentado ha quedado desierto en tanto la recurrente no se hace cargo ni refuta el fundamento de la Señora Juez "a quo" basado en la doctrina sentada por la Corte Suprema en el precedente "Aquino c. Cargo".

La co-demandada apela también la sentencia por entender que no se ha valorado debidamente la prueba producida de la que, en su opinión, se desprende que no existe nexo causal entre el ambiente laboral y las dolencias del actor.

También este aspecto del recurso incumple los requisitos del art. 116 L.O. en tanto no tiene en cuenta que la sentenciante ha valorado al respecto los diagnósticos efectuados por la propia ART, y las denuncias cursadas a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por incumplimiento de la normativa aplicable.

Finalmente, la co-demandada apela la condena por daño moral, pero atendiendo a los fundamentos por los que prospera el reclamo principal de la demanda, los argumentos intentados al respecto devienen inconducentes.

Por lo expuesto, adhiero al voto de la Dra. Estela Milagros Ferreirós en tanto propone confirmar la sentencia apelada, adhesión que hago extensiva a lo resuelto respecto de honorarios y costas en ambas instancias.

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO: No vota (art. 125 de la Ley 18.345).- A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo en todo cuanto ha sido materia de agravios. 2) Confirmar los honorarios regulados. 3) Costas de alzada a cargo de la demandada. 4) Regular honorarios a la representación letrada de la actora y de la demandada en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), para cada una de ellas, de los determinados para la primera instancia.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-