Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-28


En la ciudad de Trelew, a los 28 días de mayo del año dos mil nueve, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. C. Dante Ferrari y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Marcelo J. López Mesa y C. A. Velázquez , para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "A., C. y Otros (8) c/ Municipalidad de Trelew s/ dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. 206 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 259.----------------------------------------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: ----------------------------------------------	I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 237/240 vta.) desestimó en todas sus partes la demanda entablada por los coactores contra el Municipio de Trelew, con costas a los vencidos.-------------------------------------------------------------------	<#L INE>	II. El fundamento central del rechazo fincó en que, a criterio del juez de primera instancia, la cuestión ventilada en este proceso ya había sido debatida y resuelta por esta Cámara en un precedente de análogas características (Expte. 22447 - S.D.L. 80/07). Señaló el a quo, en síntesis, que tratándose del mismo acto jurídico juzgado en aquella causa -declaración en estado de emergencia del transporte urbano de pasajeros e intervención de la administración de la empresa de B.H. S.R.L. por parte de la Municipalidad de Trelew- se ha decidido que, tratándose de un proceso de estatización y por aplicación del art. 230 L.C.T., a partir de la caducidad de la concesión del transporte público de pasajeros nació entre la comuna y los trabajadores una nueva relación jurídica regida por las normas y disposiciones municipales, por lo que la demandada actuó conforme a derecho al liquidar las prestaciones durante dicho período según el escalafón municipal.------------------------------------------------------------------- III. Apela el decisorio la representación letrada de la parte actora, fundando su recurso a través de la pieza glosada a fs. 247/251, respondida por la contraparte a fs. 253/255. Los motivos de agravio allí expresados, en suma, son los siguientes: 1) no ha existido transferencia a favor del Estado. Afirma al respecto que los trabajadores nunca fueron incorporados como empleados municipales, por cuanto la demandada nunca emitió un acto administrativo al efecto, ya sea bajo el régimen de contratados o en planta permanente, por lo que no se ha producido una transferencia del contrato de empleo desde la empresa B.H. S.R.L. al municipio de Trelew. Tampoco se produjo -afirma- una cesión transitoria del establecimiento, por cuanto el art. 227 L.C.T. no se aplica cuando la cesión es a favor del Estado. 2) Se debe aplicar el convenio de conductores de transporte automotor de pasajeros 460/73/75. Conforme al art. 230 L.C.T., dado que la demandada no tiene un estatuto o régimen laboral propio y específico de la actividad de conducción del servicio de transporte urbano, el Municipio debió aplicar el régimen convencional específico, considerando que se trataba de un breve interregno entre dos contrataciones de empleo privadas. 3) Rige el principio constitucional de "igual remuneración por igual tarea" consagrado en el art. 14 bis, en relación con los arts. 16 y 31 de la Constitución Nacional. 4) La regla hermenéutica debe contemplar la aplicación efectiva al caso concreto de los principios de la equidad y la justicia social y la norma más favorable a los trabajadores (art. 9 de la L.C.T.).---------- Solicita en definitiva se revoque el fallo apelado y se haga lugar a la pretensión entablada en todas sus partes, con costas.--------------------------------------------------------	IV. Un examen de los hechos expuestos en la demanda y su contestación a la luz de las pruebas aportadas al proceso, permite verificar que: 1) los coactores eran dependientes de B.H. S.R.L. y que mediante resolución 950, el 14/07/2004 el Municipio declaró en estado de emergencia el servicio de auto-transporte urbano e intervino la administración de dicha empresa de transportes por el plazo de 180 días, designando a un interventor administrador en la sede de la misma. 2) que mediante resoluciones Nros. 1104 y 1105 -ambas del 13/08/2004- la Municipalidad declaró la caducidad del contrato de concesión del servicio público de pasajeros acordado a B.H. S.R.L. y prorrogó el plazo de la intervención ya decretada hasta el 16/02/2005, ratificando la declaración de emergencia y la intervención administradora. Se aprobó además el modelo de contrato de locación de unidades de auto-transporte. 3) A partir de entonces el servicio público fue prestado directamente por el Municipio bajo la figura del "reconocimiento de servicios", liquidándose las remuneraciones de los dependientes mes a mes de acuerdo a los escalafones municipales, con los adicionales, descuentos y horas extras correspondientes. 4) En el mes de marzo de 2006 se dio de baja a los agentes, al asumir la nueva concesionaria del servicio, Transportes "XX XX S.R.L.".------------------------------------------------------------------	<#LIN E>	Conforme a la síntesis precedente, queda de manifiesto que a partir de agosto de 2004 y tras haberse decretado la caducidad de la concesión a su ex empleadora B.H. S.R.L., los aquí demandantes dejaron de mantener la relación de empleo privado y pasaron a revistar como agentes del Municipio, abonándoseles sus haberes en tal carácter como "reconocimiento de servicios" en virtud de la intervención ya mencionada. En consecuencia, no existen dudas acerca de que dicha relación, a partir de agosto/04, era de carácter público administrativo, debido a la absorción del servicio de transporte el pasajeros por parte del Estado Municipal.---------------------------------------- V. He tenido ocasión de pronunciarme acerca de este tópico en un precedente de análogas características (Expte. 22447 - S.D.L. 80/2007), en el que me pronuncié acerca de las consecuencias de esta novación subjetiva del empleador.----	Dije en aquella causa -y aquí lo reitero- que en este tipo de situaciones, Vázquez Vialard señala que se trata de las que normalmente se conocen como estatización, o sea, la absorción por parte del Estado de actividades o explotaciones ejercidas por particulares. Al referirse a la norma del art. 230 L.C.T., afirma que la ley es clara al sostener que en estos supuestos no se aplican las normas de los arts. 225, 228 y concordantes de la L.C.T. y que, por lo tanto la relación de trabajo no se mantiene idéntica, pues el cambio operado no sólo afecta a la persona del empleador, sino también al régimen jurídico aplicable, que se halla incluido dentro del derecho administrativo (conf. autor cit., "Tratado...", t. 5, págs. 79/86 - Astrea, 1984). Cité en línea coincidente a Mario E. Ackerman, quien expresa que en supuestos como el que nos ocupa no se verifican las consecuencias determinadas para las transferencias de establecimientos y/o cesiones de personal de carácter privado. El Estado puede incorporar al trabajador que venía prestando servicios en el anterior establecimiento, pero como o no se opera la transmisión del contrato ope legis, se tratará de una nueva relación, con pérdida de la antigüedad que tenía el dependiente (cita en igual sentido a doctrinarios como López, Etala y Krotoschin - "Tratado de Derecho del Trabajo", t. III, págs. 799/800 - Rubinzal-Culzoni, 2005) Así también lo ha resuelto la jurisprudencia en casos análogos (ver, p. Ej., CNTrab., Sala II - "Sciola, R. C/Comité Federal de Radiodifusión y otros", 14/12/84- T. y S.S. 1985-552; id. CNTrab., sala I o 18/11/2004 o Claus, Luis M. c. Organismo Nacional de Administración de Bienes y otro o DJ 2005--2, 61 - La Ley On Line; entre otros -conf. mi voto en el expte. ya citado).------------------------ VI. La decisión recaída en la causa que acabo de mencionar es doctrina legal de esta Sala y tiene además, para el caso, la autoridad de la cosa juzgada, cuya aplicación puede declararse ex officio. Sobre el punto, la Corte Suprema Nacional ha señalado que "la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica y debe respetarse salvo los casos en que no haya existido un auténtico y verdadero proceso judicial, puesto que aquella supone la existencia de un juicio regular donde se ha garantizado el contradictorio y fallado libremente por los jueces (conf. SAIJ, sumario D00007411).Máxime, tratándose de aspectos ya debatidos en un proceso en que las partes interesadas han tenido anteriormente adecuada y sustancial oportunidad de audiencia y prueba. Esto es lógico, dado que si el nuevo reclamo se sustenta en las misma circunstancias de hecho, el cambio de argumentación o la identidad del afectado no transforman a la pretensión en una diferente de otras anteriores que, en lo esencial y en definitiva, están basadas en la misma relación jurídica ya resuelta. (Mi voto en Expte. 15672 - S.D.C. 9/2000). Mal podría hoy este Cuerpo recalificar la relación jurídica ya decidida, habiendo recaído a su respecto un pronunciamiento firme y consentido en referencia a la naturaleza jurídica del vínculo entre los dependientes de la empresa intervenida y el Municipio, sin que surjan en la especie nuevas circunstancias de hecho que no hayan podido ser conocidas y/o evaluadas al juzgar aquel precedente.-------------------	VII. La argumentación referida a que los dependientes nunca fueron incorporados al municipio se ve desmentida por la documental aportada a la causa. En efecto, en el expediente administrativo N° 5178/04 ofrecido como prueba y que en este acto tengo ante mi vista, puede observarse que a fs. 4 de dichas actuaciones (fs. 399 según foliatura del juzgado) obra una nota del Secretario de Gobierno Municipal, Dr. M. S. expresando que, en vista de que el Municipio se encuentra transitoriamente a cargo de la prestación del servicio, comunica la Dirección de Recursos Humanos a fin "de realizar el alta, balo la modalidad de "Reconocimientos de servicios", de las personas que se detallan en las planillas anexas..." a partir del 21/08/2004, solicitando la liquidación de los haberes conforme a las categorías establecidas en dichos anexos, donde figuran los aquí actores. Ello motivó el dictado de la resolución 1389/04 y sucesivas, asimilando el pago de los servicios a las clases del escalafón Municipal (fs. 8 - expte. cit. - fs. 402 y ss., según foliatura del juzgado). Con ello queda en claro que los trabajadores fueron efectivamente incorporados al servicio transitorio del municipio bajo dicha modalidad, quedando así excluidos del régimen laboral establecido en la ley de contrato de trabajo, conforme a lo establecido en el art. 2°, inc. "a" de la L.C.T.------------- VIII. Por el mismo motivo, las argumentaciones basadas en los arts. 9 y 11 L.C.T. deben ser desestimadas, en tanto los actores estuvieron sometidos al régimen jurídico municipal que excluía la aplicación de dicha normativa.------------------	IX. Tampoco considero que haya existido transgresión a las reglas constitucionales invocadas (art. 14 bis, 16 y 31, C.N.). La comparación que procura hacer la parte apelante es impracticable, por cuanto se trata de un grupo de trabajadores que prestaron servicios en forma transitoria bajo un régimen jurídico diferente de la normativa laboral de derecho común. Por el contrario, hallándose enmarcados en el escalafón municipal, la transgresión a la regla de "igual remuneración por igual tarea" se habría configurado en caso de que se les hubieran abonado salarios distintos y/o superiores a los de otros trabajadores del Municipio bajo revista en iguales categorías escalafonarias.----------------------------------	X. Conclusiones:------------------------------------------------------------------- -------------------	Como corolario de las consideraciones precedentes, opino que el Municipio codemandado obró dentro del marco de sus atribuciones legales, de modo que debe desestimarse la pretensión actoral, por lo que propiciaré confirmación del fallo en recurso en lo que ha sido materia de apelación, con costas a la parte actora (art. 59, Ley N° 69).---------------------------------------------------------------------------- --	De compartirse este criterio, propongo fijar la retribución del Dr. C. S. A. a las tareas letradas cumplidas en esta Alzada en la suma de $ 8.850 (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec. Ley 2.200). En cuanto a los estipendios del Dr. A. M. S., que propongo fijar asimismo en la suma de $ 8.850.- los mismos deberán ser soportados exclusivamente por los mismos coactores condenados en costas en la anterior instancia (art. 4, 6, 14, 47 y conc., Dec. Ley 2.200).-----------------	Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.--------------------------------------	A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso:	En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la síntesis que de la decisión impugnada y las impugnaciones vertidas por el recurrente realizara el Señor Magistrado ponente.-	Concuerda mi opinión con la del colega y para fundar mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos ambos de la ley 4.550), basta con formular las consideraciones siguientes.-	I.- Desde luego que no media estricta identidad entre la precedente causa "A. vs. B.H. S.R.L. y Municipalidad de Trelew" y el subexamen, toda vez que allí fue reclamado el reconocimiento de la antigüedad en el empleo y la indemnización del art. 245 L.C.T., mientras que aquí se lo hizo en relación a diferencias salariales.-	Las pretensiones deducidas en uno y otro pleito son distinguibles así en cuanto al elemento objeto mediato o bien de la vida sobre las que ellas recayeron (confr.: Guasp, "Derecho procesal civil", 3era. Ed., I-225/226, "b"; Palacio, "Manual...", 2da. ed., I-115, n° 50, "c"). Mas coinciden ellas en cambio en punto a la "causa petendi" o título de pedir, esto es en lo atinente a los acaecimientos de la vida en que se apoyaron, la situación de hecho a la cual los actores asignaron determinadas consecuencias jurídicas (confr.: Guasp, opus cit., I-226, "c"; Palacio, ob. ind., I-115/116, "d"). En efecto, ambas las dos fueron cimentadas en los mismos datos fácticos de la caducidad de la concesión del servicio de transporte público de pasajeros urbano en favor de "B.H. S.R.L." resuelta por la Municipalidad de Trelew, la prestación directa de dicho servicio por el Estado Municipal y la posterior nueva concesión del mismo a otra empresa, debatiéndose en los dos pleitos el efecto jurídico de esos hechos sobre las relaciones laborales mantenidas por los empleados de la primera concesionaria.-	Sobre tales efectos ya se ha expedido en definitiva este tribunal in re "A. vs. B.H. S.R.L. y Municipalidad de Trelew", (c. 22.447 S.D.L. 80/07). El pronunciamiento allí habido no sólo sienta una doctrina jurisprudencial aplicable a este nuevo caso, sino que, lo que es más, lo alcanza con su autoridad de cosa juzgada.

Esa cosa juzgada, que puede ser declarada de oficio en cualquier estado de la causa (art. 347 últ. párr. C.P.C.C.), existe en el caso allende la ausencia de la triple identidad que exigía la doctrina clásica, superada y abandonada hace ya décadas. Cierto es que, como regla, la sentencia se pronuncia "entre las partes" (Carnelutti, "Derecho procesal...", EJEA 1971, I-315) y no aprovecha ni perjudica a los terceros ("res inter alios iudicata, tertio neque nocet neque prodest", expresaban los romanos), pero el adagio no tiene valor absoluto, siendo conocidos, así sea a título de excepción al mismo, los efectos reflejos o mediatos del fallo, que en ciertos casos alcanza con su eficacia no sólo a las partes, sino igualmente a los terceros. En nuestro país fue Carlos J. Colombo quien reivindicó, en lugar de esa rígida teoría de las tres identidades, la de la "identidad de controversias", apoyándose en sólidas y claras razones: no pueden los jueces estar atados a fórmulas inflexibles que rijan la existencia o no de cosa juzgada, correspondiéndoles en cambio realizar un examen integral de las contiendas para determinar si existe entre ellas conexidad, continencia, accesoriedad o subsidiaridad y si la jurisdicción corre el riesgo de contradecirse ("Código Procesal...", Abeledo-Perrot 1969, II-95), fórmula que hizo camino, pues la receptó fielmente el art. 347 C.P.C.C. de la Nación al añadírsele una segunda parte a su inc. 6° mediante la ley 22.434 -con beneplácito de la mejor doctrina (confr.: Fenochietto, "Cuestiones litigiosas amparadas por la cosa juzgada", L. L. 1988-E-334 y sgts.)- y en nuestro ámbito provincial a través de la ley 2.203 que efectuara idéntica incorporación.-	Aun cuando ciertas personas no haya tenido intervención en el proceso anterior -aquí los coactores de este nuevo pleito, que no fueron parte en el precedente-, pueden ellas igualmente resultar alcanzadas por los efectos reflejos de la sentencia que en él se dictara, en la medida que sus derechos estén vinculados a la relación jurídica objeto de ese decisorio, en virtud de conexidad, dependencia o interferencia jurídica o práctica. Si en la anterior litis se juzgó que la caducidad del contrato de concesión del servicio público de pasajeros que vinculaba a B.H. S.R.L. con la Municipalidad de Trelew -mediante res. n° 1.104 del 13/8/04- y la asunción por el Municipio de la directa prestación del servicio tuvo por efecto jurídico, a tenor del art. 230 L.C.T., la extinción de los contratos de trabajo que la anterior concesionaria mantenía con sus empleados y la creación de nuevas relaciones de empleo público entre éstos y la administración municipal, absorbente del personal involucrado, noveles relaciones regidas por el derecho administrativo, no es posible apartarse ahora de tal decisión. Es que al ser la relación jurídica sustancial juzgada en esta especie íntimamente conexa a la del pleito precedente -los actores de este nuevo proceso integraron el grupo de empleados absorbidos-, la cosa juzgada a propósito de la extinción de los vínculos anteriores y la creación de nuevas relaciones de empleo público alcanza tanto a la Municipalidad de Trelew, demandada en ambas causas, cuanto a los aquí demandantes en razón de la identidad jurídica de la cuestión definida (este cuerpo, c. 14.973 S.D.C. 19/04, c. 15.227 S.D.L. 65/99, c. 15.672 S.D.C. 9/00, c. 21.958 S.D.L. 45/07, c. 22.848 S.D.L. 53/08). Recuérdese en este aspecto que "la antigua y mera función negativa de la cosa juzgada: la imposibilidad general de abrir nuevos procesos: non bis in ídem, ha sido sustituida, en los procesos modernos, por la llamada función positiva de la cosa juzgada, que lo que impide es que en ningún nuevo proceso se decida de modo contrario a como antes fue fallado" (Guasp, ob. ind., I-554).-	Así entonces, debe concluirse que en el caso de autos tuvo lugar un proceso de estatización -absorción por el estado de actividades o explotaciones que venían ejerciendo particulares- que modificó el régimen jurídico a que estaban antes sometidos los trabajadores de la ex-concesionaria. No se mantuvieron sus primitivos contratos de trabajo durante el lapso de la administración municipal del servicio; no hubo una "permanencia" de esos vínculos a lo largo del interregno entre ambas concesiones, ni una continuidad de ellos con la nueva prestadora del servicio. Precisamente el art. 9 de las Cláusulas Particulares de la nueva licitación, reproducido en la cláus. 5ta. del contrato de concesión que los recurrentes citaran -fs. 301 vta./302 de la documental reservada en esta causa- se refiere concretamente a la "extinción de los contratos anteriores" que los trabajadores incorporados por la nueva concesionaria hubieran mantenido con la precedente (inc. "a") y a la vez exige para la incorporación a la novel prestadora del servicio de ese personal una declaración jurada sobre la extinción del vínculo previo (inc. "b", apdo. b.1.1.) y acerca de que el nuevo contrato que se celebra es independiente del que mantenía con aquélla (inc. "b", apdo. b.1.2.). Como la extinción de las relaciones laborales de B.H. S.R.L. con sus dependientes tuvo lugar el día de la caducidad de la concesión tal empresa tenía, a la luz de dichas cláusulas programadas en el pliego de condiciones licitatorias aprobado por la ord. n° 9.599 es dado distinguir las tres relaciones jurídicas que para el personal en cuestión se sucedieron en el tiempo: 1) la laboral con su primitiva empleadora; 2) la de empleo público con la Municipalidad durante el interregno entre la caducidad de la concesión anterior y la celebración de nuevo contrato con la nueva concesionaria; y 3) esta última relación laboral.-	II.- Acerca de la no incorporación de los codemandantes al personal municipal, las constancias del expediente administrativo n° 5178/04 -obrante entre la documental reservada- de muestran lo contrario. Aparecen en él la nota dirigida por el Secretario de Gobierno Municipal a la Dirección de Recursos Humanos dando de alta al personal bajo la forma de reconocimiento de servicios, así como las resoluciones municipales reconociéndolos efectivamente (fs. 399, 402, 412 de dicha documentación reservada.).-	III.- Considero que la segunda parte del art. 230 L.C.T. no es de aplicación en este caso. La expresión "estado" utilizada en el precepto no abarca a la administración central o descentralizada (que incluye la administración nacional, provincial y municipal), porque en ella, según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, las relaciones son de empleo público, regidas por el derecho constitucional y el administrativo, y quienes se desempeñan bajo tales relaciones están excluidos del régimen de la L.C.T. de acuerdo al art. 2 inc. "a" de dicho ordenamiento; la norma se refiere a los entes de propiedad del estado regidos laboralmente por la L.C.T., como lo son las empresas del estado, sociedades anónimas de capital estatal o de mayoría estatal y semejantes (confr.: López - Centeno - Fernández Madrid, "Ley de Contrato de Trabajo comentada", Ed. Contabilidad Moderna 1978, II-879, n° 17,21). De allí que la segunda parte de la norma prevea que los trabajadores puedan ser regidos por "estatutos o convenios de empresa del estado similares".-	Como en este caso la Municipalidad se hizo cargo directamente de la prestación del servicio -y no a través de ninguna empresa de su propiedad-, las relaciones así generadas han sido estrictamente de empleo público, a las que les resultaba inaplicable tanto el C.C.T. 460/73/75, cuanto estatutos o convenios de empresas del estado similares. La actividad quedó comprendida dentro de la administración central, regida, lo llevo expresado, por el derecho administrativo. Correctamente entonces el Municipio incorporó al personal bajo la modalidad de reconocimiento de servicios, asimilando a los agentes en cada caso a las clases del Escalafón Municipal (fs. 402, 412 de la documentación reservada en la causa de esta alzada n° 206/09).-	IV.- Tocante al principio de aplicación de la norma más favorable al trabajador en caso de duda y de los principios de la justicia social y de la equidad, hemos de señalar que consagrados los mismos en los artículos 9 y 11 L.C.T. ellos quedan al margen, pues los actores como empleados públicos que pasaron a ser no se hallaron comprendidos en ese régimen (art. 2 inc. "a"ley cit.).-	V.- Atinente a la invocación de la garantía constitucional de "igual remuneración por igual tarea" (art. 14 bis Const. Nac.), debe notarse que los actores la han alegado para cuestionar la reducción de sus haberes durante el período en que el servicio de transporte público fue prestado directamente por el Municipio, a lo largo del cual ellos cumplieron las mismas tareas que antes desarrollaban. Esto es, que la tal desigualdad surgiría de comparar sus ingresos personales en una y otra época.-	No es ese el sentido de la cláusula constitucional, que tiene por finalidad impedir discriminaciones arbitrarias entre distintos individuos fundadas en razones de sexo, nacionalidad, raza o religión (confr.: Bidart Campos, "Manual de la Constitución Reformada", EDIAR 1998, II-198, n° 35). No se dio tal supuesto en la especie, donde no han mediado diferencias arbitrarias en las remuneraciones de distintos agentes, sino que todos fueron sometidos por igual al nuevo régimen remuneratorio consecuencia de la índole de empleo público de las relaciones.- VI.- Por las razones expuestas, coincidentes con las vertidas por el prevotante, entiendo que la sentencia apelada debe ser confirmada en todo cuanto fuera materia de agravio, con costas de segunda instancia a los recurrentes vencidos en ella (art. 59 de la ley 69) y regulando los honorarios por las tareas de alzada en las sumas propuestas por el colega antes sufragante, acordes a la extensión, calidad y resultado de las labores profesionales cumplidas (arts. 6, 7, 9, 14, 19 del dec.-ley 2.200).

Me expido en esta cuestión entonces por la AFIRMATIVA.-	A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: --------------------------------------	En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR el fallo apelado en lo que ha sido materia de apelación, con costas en la alzada la parte vencida. II) Fijar las retribuciones de los letrados actuantes como sigue: a) para el Dr. C. S. A., en $ 8.850.- b) Para el Dr. A. M.S., en $ 8.850.-------------------------------------------------------------------------- -----	Así lo voto.-----------------------------------------------------------	A ESTA CUESTIÓN FINAL EL Dr. Velázquez respondió:	El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Ferrari, reflejo fiel del acuerdo antes alcanzado.-	Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, Textos ley 4550).--------------------------------------------------------------------------	Trelew, de mayo de 2.009.------------------------------------------------------------	En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:---------------------------------------------------------------------- S E N T E N C I A: --------------------------------------------- CONFIRMAR el fallo apelado en lo que ha sido materia de apelación. ------------------- IMPONER las costas en la alzada la parte vencida.--------------------------------------------- FIJAR las retribuciones de los letrados actuantes como sigue: a) para el Dr. C. S. A., en $ 8.850.- b) Para el Dr. A. M.S., en $ 8.850.---------------------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---------------------------------------------------------------<#LINE > REGISTRADA BAJO EL Nº 33 DE 2.009 - SDL.- Conste.------------------------- PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA