Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-31


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 71787 SALA V. AUTOS: "MARTINEZ FABIO LUIS C/ SODA ALVAREZ HNOS. E HIJOS S.R.L. S/ DESPIDO" (JUZGADO Nº 19) En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 31 días del mes de agosto de 2009, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

Contra la sentencia de fs. 424/431 que rechazó la demanda en lo principal, apelan el actor a fs. 438/442 -escrito que mereció réplica de la contraria a fs. 446/448-, el letrado apoderado de la accionada a fs. 437 y la perita contadora a fs. 432.

I. Los agravios principales del actor están dirigidos a cuestionar la decisión por la cual se le otorgaron plenos efectos jurídicos a la renuncia a su empleo que formalizó el 1-11-2004, por no haberse demostrado a criterio del juzgador, que su discernimiento estuviese viciado al momento de dicho acto, lo que en definitiva se tradujo en el rechazo de las indemnizaciones que correspondían por tratarse de una desvinculación sin causa.

Los argumentos del memorial intentan revertir la suerte de la reclamación, centrando la defensa en la grave situación patológica en que se encontraba no solo en el momento en que remitió el telegrama de renuncia, sino en los dos meses anteriores a dicho acto. Destaca que horas antes del envío del telegrama el Sr. Martínez había intentado acabar con su vida y que horas después fue internado en un neuropsiquiátrico, lo que revela a las claras la gravedad que revestía su enfermedad psiquiátrica al momento de efectuar la remisión del telegrama de renuncia atacado. Además, expresa que ha sido contundente la opinión del perito médico (fs. 439 vta.). Estima que la renuncia adolece -como acto jurídico- de falta de discernimiento y, habiendo sido conocida la situación por la empleadora, su negativa a reconsiderar la vigencia de la relación de trabajo existente no puede considerarse sino injuriante para el trabajador. Por tanto solicita se haga lugar a la pretensión indemnizatoria, con costas.

Y a mi juicio, las particulares circunstancias del caso a partir de la evidencia reunida en el expediente, permiten otorgar razón al planteo del quejoso por lo que, anticipo, propiciaré la revocación de la decisión adoptada en lo que atañe al progreso de las indemnizaciones derivadas de un despido sin justa causa. Con los elementos reunidos en el expediente (ver historia clínica y constancias médicas de fs. 98/203 y pericial médica de fs. 284/290 y sus aclaraciones de fs. 323/327), a mi modo de ver se encuentra suficientemente acreditado el grave y delicado estado que atravesaba la salud mental del actor, susceptible verosímilmente de afectar su discernimiento al momento de emitir el acto de renuncia del 1 de noviembre de 2004, motivo que habilita su declaración de nulidad. Me anticipo a decir, por otra parte, y en virtud del marco de las cuestiones que suscitaron controversia entre las partes a lo largo del proceso, que a los fines de la solución que propiciaré, entiendo que no resulta relevante para el caso poner el acento en la dilucidación de la etiología (causas o factores) de la anormalidad de que se trata -o sea cuáles fueron los factores que pudieron afectar el estado anímico del accionante y llevarlo al estado de crisis del cual dan cuenta los documentos médicos agregados al expediente (es decir, si han sido laborales, familiares o inherentes a la propia personalidad de Sr. Martínez, o una conjunción de todos ellos)-, dado que no nos encontramos ante un reclamo con fundamento en una enfermedad o un accidente laboral; lo que interesa dilucidar es si el accionante presentaba o no una alteración psiquiátrica de tal magnitud que le impedía conocer los alcances de sus actos (en concreto, el acto de renuncia).

Previo a referirme a los fundamentos jurídicos en derredor de la invalidez de aquella renuncia y consecuencias de la conducta adoptada por el empleador -lo que involucra analizar también los efectos de las comunicaciones efectuadas por la cónyuge del actor, Sra. Morelli, especialmente la de fs. 227-, considero pertinente referirme al cuadro médico del demandante y las conclusiones que emanan de la historia clínica e informes profesionales agregados a fs. 98/203, y que dan cuenta del curso de la enfermedad, de su evolución y de los trastornos psicológicos que presentó el accionante a lo largo de ese proceso -y que conforme las constancias objetivas obrantes en autos, se constata que su manifestación se ubica, por lo menos dos meses antes de que tuviera lugar la internación del Sr. Martínez-, de la pericial médica de fs. 284/290 y aclaraciones de fs. 323/327 y de las impugnaciones que le formuló la demandada a fs. 298/308 y 332/334 respectivamente, de todo lo cual emerge, en forma clara a mi modo de ver, que la voluntad del actor se encontraba viciada.

De la historia clínica surge que, efectivamente, el 1-11-2004 el accionante fue ingresado por guardia al centro médico neuropsiquiátrico "Sanatorio San Gabriel" para su internación acompañado por su esposa y con una orden de internación del Dr. Parengo (fs. 102), con un diagnóstico presuntivo de "depresión mayor con ideación suicida", presentando al momento del ingreso ".heridas cortantes. por autolesiones infringidas luego de haber ingerido gran cantidad. de comprimidos de CLONAZEPAN con alcohol." ( textual, fs. 103). Surge asimismo, que en los días siguientes de tratamiento, el cuadro persiste, que el paciente ".se plantea que el futuro ahora está quebrado e incierto." (a fs. 108); y que continúa su sentimiento de autodestrucción (ver a fs. 111), cuadro que irá presentando más adelante cierta mejoría; a fs. 172 consta que el paciente hacia marzo de 2005 continuaba en tratamiento en "Hospital de Día", con "igual tratamiento farmacológico" (fs. 172), inclusive hasta junio de 2005 (ver a fs. 197). A fs. 172 también consta que a marzo de 2005 volvió a presentar episodios de autolaceración.

Este breve raconto médico que se describe refleja cuál fue el estado de salud real del actor al momento de emitir su renuncia y durante el tiempo posterior, y entiendo que no deja dudas sobre las graves alteraciones que presentaba su salud psíquica en esas épocas porque no se trata solamente de alguien que se hallaba deprimido o que padecía un cuadro de cierta anormalidad, sino de una persona que estaba en un estado tal que necesitó ser internada en un neuropsiquiátrico por prescripción de un médico y que, además, se mantuvo en esa situación por más de dos meses; pero también de esta documentación que se analiza surge, como ya lo adelanté, que el cuadro de alteración psicológica del actor puede rastrearse por lo menos desde dos meses antes de su internación en el nosocomio.

Efectivamente, de fs. 119 y vta. se desprende que ya en el mes de septiembre de 2004, el accionante consultó a profesionales médicos por un cuadro de "angustia", siendo derivado a terapia individual semanal y se lo medicó con antidepresivos (informe de fs. 135); en esa oportunidad, ya se dejó constancia, a fs. 126 vta., en una entrevista del 13-9-2004, que ".Hubo episodios que podrían entenderse como intentos de suicidio."; siguen diagnósticos los días 27-9- y 30-9 de 2004 y 1-10-2004 (ver a fs. 128), que revelan que el cuadro no mejora (en la consulta del día 30 el médico tratante deja constancia de que lo "Derivo psiquiatra"; y en la del 1 de octubre se registra ".Paciente muy confuso en términos de saber que es lo que siente y quiere."). Luego consta que no concurrió a las entrevistas de los días 8, 18 y 19 de octubre de 2004 (fs. 128 vta.), para sí hacerlo los días 29 de octubre y el 1-11-2004 (fs. 130 y vta.), cuando es derivado a internación frente a la agudización del cuadro.

Producida la pericial médica psiquiátrica a fs. 284/290, el experto informa que a la fecha del distracto el Sr. Martínez sí presentaba patología psiquiátrica y que cursaba un episodio depresivo mayor grave con ideación suicida (a fs. 287 vta., pregunta 2ª del cuestionario parte actora), y que como "patología de base de acuerdo a la semiología que ha practicado.., historias clínicas y con las limitaciones que impone el efectuarlo retrospectivamente, el diagnóstico que correspondería sería psicosis maniacodepresiva (psicosis cíclica o bipolar) - Depresión con episodios hipomaníacos." (misma foja, a la pregunta 1ª). Asimismo, es decisivo al concluir que el cuadro psiquiátrico que presentaba el accionante a la fecha del distracto puede calificarse como de ausencia de discernimiento, intención y libertad, porque es obvio que el estado de ofuscación de la conciencia que supone el intento suicida implica falta de discernimiento (a la 5ª pregunta en la misma foja); y que al momento en que remite el telegrama de renuncia a su trabajo ya se encontraba enfermo (a fs. 288 vta. a la pregunta 3ª del cuestionario parte demandada).

Este informe fue impugnado por la demandada a fs. 298/308, pero lo cierto es que los cuestionamientos que allí se formulan contra las conclusiones emitidas por el perito a fs. 287 vta., a la pregunta 2ª, no son audibles en la medida que el criterio médico expuesto no aparece como una mera afirmación dogmática del perito, sino que encuentra sustento en los antecedentes médicos obrantes en autos (reitero, el paciente fue internado en una clínica psiquiátrica durante meses), coincidiendo plenamente con los diagnósticos volcados en la historia clínica por los diversos profesionales médicos que atendieron al demandante desde su primera consulta en septiembre de 2004; por ello mismo, no me parece conducente lo indicado a fs. 302 vta. (se pregunta el impugnante si se ha realizado una tomografía computada o tomografías "spect" y "Pet" para determinar si hay una lesión cerebral; contestado a fs. 326) en tanto por todo lo ya reseñado, el grave estado psíquico del aquí reclamante a aquella época está de todos modos suficientemente evidenciado.

En cuanto a los cuestionamientos dirigidos contra las conclusiones del experto en las que se hace referencia a los factores o causas que pudieron originar el cuadro psíquico, ya fue señalada supra su irrelevancia a los fines de la solución que aquí se propicia, por lo que no resultan conducentes para desmerecer el trabajo pericial. Si el actor llegó a tal terrible situación por una crisis conyugal, por problemas laborales o por ambas razones, no resulta específicamente relevante para la apreciación del acto de renuncia; lo que sí es determinante es esta última si fue una cabal expresión de voluntad o no. Y, por lo que ya he dicho, considero a mi juicio que está suficientemente probado que el estado de salud mental del accionante a noviembre de 2004 era de una gravedad tal que ese acto no puede considerarse producto de su voluntad en los términos de la normativa que más abajo indicaré.

La crítica de fs. 305 vta./306 que se formula a la respuesta del perito a la pregunta quinta, aun cuando no es antojadiza, en los hechos en nada altera las conclusiones de la pericial y ello así porque dichas conclusiones se corresponden en definitiva con el diagnóstico consignado en la historia clínica y con el cual se decide la internación del demandante: en esa oportunidad se dejó asentado que el trastorno que presentaba era "depresión mayor con ideación suicida", presentando al momento del ingreso ".heridas cortantes. por autolesiones infringidas luego de haber ingerido gran cantidad. de comprimidos.con alcohol." (ver a fs. 103).

El perito igualmente efectuó sus aclaraciones a fs. 323/327, y si bien no puede dejar de compartirse la crítica que le desliza la demandada a fs. 332/334 en la medida en que el perito allí no se corresponde con lo expresado en su primer informe en lo referido a la relevancia que cabe otorgarle al factor trabajo como desencadenante de la afección psicológica del actor, en los hechos y por lo ya dicho sobre la irrelevancia del tema de los motivos últimos determinantes del estado mental a los fines de resolver la cuestión aquí específicamente controvertida, no conlleva desmedro para el trabajo pericial.

Desde esta perspectiva de análisis, entiendo que debe concluirse que resulta suficientemente acreditado que, al momento en que el hoy reclamante remitió su comunicación extintiva, su estado mental presentaba una alteración de gravedad suficiente para afectar su discernimiento.

II. Sentado ello, el C. Civil prescribe que los hechos humanos se juzgan voluntarios si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad (art. 897) y que aquellos que fueren ejecutados sin discernimiento, intención y libertad no producen por sí obligación alguna (art. 900). En el concreto caso de autos, el acto producido el 1 de noviembre de 2004 (fs. 205/207), horas antes de la internación psiquiátrica del Sr. Martínez, careció del debido discernimiento e intención, ante el calamitoso estado psíquico que estaba cursando quien lo emitió. Ciertamente, podría pensarse que la empleadora (se trata de una elaboradora de soda, fs. 29, y no de un establecimiento médico) no tenía por qué conocer con precisión tal estado mental y creer por ende que la comunicación que recibió correspondía a un acto perfectamente válido. Sin embargo, un hecho fundamental acaecido muy poco tiempo después, impone un giro fundamental -a mi entender- a la cuestión; en efecto, 48 horas después, el 3-11-2004 (fs. 227 y 229) la Sra. María Elena Morelli en su carácter de cónyuge del trabajador se dirigió a Soda Álvarez por un medio fehaciente ".a los fines de dejar sin efecto el Telegrama Ley 23.789 No. 11538089 mediante el cual aquel renunció a su empleo. Destaco en este punto que el mismo sufre de Depresión Nerviosa y que se encuentra en tratamiento, aclarando que esta enfermedad le genera, en momentos de profunda crisis, la perdida de conciencia del valor de las cosas, motivo por el cual la notificación antes referida carece de toda validez, debiendo continuarse con la relación laboral tal como venía ocurriendo hasta el día 01/11/2004. Adicionalmente ratifico que, tal cual no escapa a vuestro conocimiento, el Sr. Fabio Luis Martínez se encuentra internado desde 01/11/2004 con motivo de la enfermedad antedicha en el Sanatorio San Gabriel - Centro Médico Neuropsiquiátrico Privado S.A. sito en Valentín Alsina No. 95, Adrogué, Provincia de Buenos Aires. Teniendo en cuenta lo informado los intimo a que continúen efectuando los aportes correspondientes y abonándole sus remuneraciones, a los fines de asegurarle atención médica correspondiente..María Elena Morelli. DNI 20.602.392." (ver fs. 227 e informe fs. 229, el destacado es mío). También envió otra comunicación el día 6-12-2004 (fs. 228) que ratifica su posición. La documental agregada con la demanda resultó reconocida a fs. 28 vta. in fine como asimismo por lo indicado a fs. 31.

Ahora bien, en la demanda se invocó expresamente que ante esa comunicación de la cónyuge, existió un rechazo de la patronal por entender que la renuncia era un acto voluntario y consciente (fs. 9) lo cual no está cuestionado en verdad al responderse la acción, pues de la lectura de fs. 31 y vta. se ratifica que la empresa efectivamente consideró que la carta enviada por la Sra. Morelli carecía de eficacia alguna. Es más, con la demanda se acompañó la carta nº 52992598 1 AR del 12-11-2004 (ver fs. 10) (rec. fs. 28 vta. in fine), dirigida a María Elena Morelli (en la que se reitera otra del 8 de noviembre) en la que le dice: ".Rechazamos su carta documento por manifiestamente improcedente. Desconocemos existencia de enfermedad e internación invocadas en su misiva. Sin perjuicio de ello destacamos que la renuncia allí aludida ha sido un acto voluntario y consciente de Fabio Luis Martínez, quien hacía rato expresaba su decisión de dejar de trabajar en nuestra Empresa, por lo que su pretensión de 'dejar sin efecto' la misma y desconocer su validez, a más de carecer por completo de facultades para ello, es totalmente improcedente. La relación laboral en cuestión ha cesado el día 1 de noviembre de 2004..Suspendemos todo otro tipo de intercambio epistolar con Usted." (el destacado es mío). Y se halla reconocida la documental a fs. 28 vta. in fine/29.

A partir de lo expuesto cabe señalar: a) que si bien la carta del día 3 de noviembre no fue enviada personalmente por el Sr. Martínez, este se hallaba a esa fecha internado y privado de su discernimiento tal como se indicó más arriba, y en tales condiciones tratándose de una situación extrema, estimo que la decisión adoptada por la Sra. Morelli (no se trata de cualquier persona conocida del dependiente, sino de su esposa) se justificó sobradamente, en especial en tanto ponía en conocimiento de la patronal, por un medio fehaciente, de una situación que bien podía no ser conocida por aquella, a saber la internación psiquiátrica con detalle del lugar en el que estaba teniendo lugar; b) que con tal comunicación la empresa podía haber efectuado el control del caso para cerciorarse de la veracidad de lo denunciado; c) que lo que se ponía en conocimiento de la firma no era una simple retractación o arrepentimiento de lo ya hecho, sino una situación límite que había llevado al dependiente a intentar quitarse la vida y a que se tornase necesaria una internación forzosa; ch) que a partir del deber de buena fe y del principio de conservación de la relación laboral (arg. arts. 10, 62 y 63 L.C.T.), anoticiado que fue el principal de tal estado de cosas, se imponía que al menos intentase -antes de adoptar una actitud drástica o definitiva- verificar la realidad de lo que se le comunicaba y su verdadera entidad, y/o -si lo consideraba necesario- pedir previamente a la esposa del trabajador mayores precisiones, certificados médicos o aclaraciones que le permitieran evaluar la posición a adoptar con una mejor información; d) que en vez de ello, resolvió derechamente la situación ateniéndose, sin más, a una renuncia al empleo emitida por una persona que, el mismo día que la efectivizaba, era internada en un neuropsiquiátrico con un grave diagnóstico.

Reiteradamente he resuelto que para que el acto de la renuncia resulte carente de efectos, debe demostrarse claramente la existencia de un vicio de la voluntad y, en el sub examine de conformidad con las pruebas producidas, entiendo que se ha logrado hacerlo. Por las razones expuestas es mi opinión que la renuncia efectuada por el aquí accionante el día 1 de noviembre de 2004 resultó inválida, y a partir de ello y de la propia conducta de la firma patronal, materializada por un medio fehaciente pese a los graves hechos que se le hicieron saber, y ratificada en esta causa, que Soda Álvarez Hnos. e Hijos S.R.L. exteriorizó en la carta del día 12 de noviembre de 2004 una decisión tal, que resulta asimilable en los hechos a una comunicación de ruptura de la relación laboral habida, ruptura que careció de justa causa y, como tal, generó la procedencia de las reparaciones por despido injustificado (arts. 231, 232, 233, 245 y conc. L.C.T.).

No soslayo lo que se señala a fs. 33 del responde (que al egresar de la clínica el Sr. Martínez no se retractó de la renuncia) y lo que se indica a fs. 447 del memorial mas, sin dejar de hacer hincapié en que ya el 18 de marzo de 2005 se iniciaron las actuaciones ante el Servicio de Conciliación Obligatoria (fs. 3), lo expresado más arriba acerca de la validez que cabe otorgar -en las especialísimas circunstancias del caso- a la comunicación enviada por la esposa del trabajador dos días después de la renuncia e internación, aunado a la actitud asumida por la empleadora ya referida, contestan a mi entender suficientemente aquel señalamiento.

III. De admitirse la propuesta de mi voto, la solución de primera instancia en cuanto desestimó la procedencia de las indemnizaciones por despido, sustitutiva del preaviso con más la incidencia de su s.a.c y la integración del mes de despido, debería revocarse y admitirse dichos rubros, como así también el incremento del art. 16 de la ley 25.561 (reclamos fs. 9 vta. y 10), cuyos importes deberán adicionarse en tal caso a los ya derivados a condena en la sentencia de 1ª instancia a fs. 430 in fine/431, estos son: haber de mes octubre de 2004; el proporcional del mes de noviembre de 2004; el s.a.c y las vacaciones proporcionales de dicho año.

No resultarán procedentes en cambio por mi intermedio, las indemnizaciones de los arts. 10 y 15 de la ley 24.013, lo que motiva el agravio de fs. 441, ni el incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323 ni las diferencias salariales por los períodos octubre-noviembre de 2004. En lo que atañe a las indemnizaciones de la L.N.E., el actor defiende su procedencia sobre la base de considerar que se encuentra demostrado que su jornada de trabajo ".difería de aquella correspondiente a la registración de la relación laboral y denunciada por la demandada.", por lo que se encontraría ".acreditada la serie de irregularidades en que se efectuaba la registración contable de la relación laboral." (ver agravio de fs. 441).

Pero sin perjuicio de señalar, en primer lugar, que el planteo de la queja no se hace cargo de los fundamentos que se esgrimen en la sentencia para fundar el rechazo de ambos tópicos (ver a fs. 430), lo que de por sí sella la suerte negativa del agravio, el apelante además no repara en el hecho de que, en lo que atañe a la indemnización del art. 10, su procedencia está supeditada: a) por un lado, a que se acredite una irregularidad registral relacionada con la remuneración (registrar una suma inferior a la realmente pagada) que en la sentencia el juez no consideró comprobada (expresamente se expidió sobre la falta de prueba de los pagos "en negro" a fs. 430 citada) y sobre lo que en el memorial de agravios no se formula un cuestionamiento puntual ni adecuado para revertir lo decidido; b) y por otro, al cumplimiento de los recaudos de los incisos a y b del art. 11 de ese ordenamiento (comunicación a la AFIP), de lo que no hay constancias que prueben que se encuentre satisfecho.

En lo que respecta a la reparación del art. 15, el rechazo se impone en concordancia con la solución adoptada en primera instancia que deriva en que no puedan tenerse por demostrados ninguno de los presupuestos allí contemplados para su procedencia, y por lo dicho precedentemente. Asimismo está claro que la extinción no encontró sustento en causa alguna vinculada con las previstas en los arts. 8, 9 y 10 de ese ordenamiento (me remito al art. 15 último párrafo).

La decisión firme del a quo con respecto al salario (ver a fs. 430/1) fundamenta el rechazo de las diferencias salariales pretendidas en la demanda, debiendo estarse en consecuencia a la suma de $ 740,49 reconocida a fs. 431, como base de cálculo de los rubros derivados a condena.

Con relación al incremento del art. 2 de la ley 25.323, no resulta admisible toda vez que no se cumplió con la intimación fehaciente exigida en la norma.

IV. En consecuencia, el capital de condena se integra, además de los conceptos determinados a fs. 430/432 por el juzgador, y que suman $ 1.693,57 con: 1) $ 9.626,37 por la indemnización por antigüedad (ingreso abril de 1992); 2) $ 1.604,39 por indemnización sustitutiva del preaviso con prop. s.a.c.; 3) $ 715,49 por integración mes despido (noviembre, ya se condenaron $ 25 a fs. 431) más $ 59,62 por el respectivo s.a.c.; 4) $ 9.604,69 por art. 16 ley 25.561 (rige a noviembre de 2004 el decreto 823/2004), rubros que devengarán los intereses a la tasa establecida a fs. 431 desde el 12-11-2004 que he considerado la fecha de la rescisión del vínculo por las razones expresadas en los puntos I y II. Total de condena más lo determinado en 1ª instancia $ 23.304,13.

V. El actor también deduce agravios por las costas; pero en atención a la solución que propongo se impone su reformulación como asimismo de los honorarios (art. 279 C.P.C.C.N.), lo que torna innecesario analizar los recursos por este tema. En lo que respecta a las costas del juicio, teniendo en cuenta por un lado, el progreso solo parcial de la acción a punto tal que la condena que propongo solo alcanza al 23,41% de lo pretendido a fs, 10, pero que por otro no es forzoso en este aspecto atenerse a criterios exclusivamente aritméticos según opinión mayoritaria de esta Cámara a la que me he sumado por razones de economía procesal, considerando la importancia de los rubros condenados, la solución dada a las cuestiones fundamentales debatidas y la forma de resolverse el litigio, considero que deben imponerse aquéllas en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% a cargo del actor (arts. 68 y 71 C.P.C.C.N.), en ambas instancias pues el recurso tampoco prospera íntegramente.

En cuanto a los honorarios de 1ª instancia, teniendo en cuenta las tareas desarrolladas, su extensión, mérito e importancia, resultado de la lid en relación con cada parte, y el valor económico del litigio, estimo prudente regular a la representación y patrocinio del actor, de la demandada, de los peritos médico y contador, por sus trabajos en primera instancia, el 15%, 14%, 8% y 7% respectivamente, a calcular sobre el nuevo monto de condena incluídos intereses (arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 ley 21.839, 3 decreto-ley 16.638/57).

Por los trabajos de alzada propondré fijar a los Dres. Daniel Gustavo Vilariño y Edgardo Rafael Asti Vera, el 3,50% y 3,25% de lo que les corresponda a los abogados de la parte actora y demandada, sobre la misma base de capital e intereses.

EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Revocar parcialmente la sentencia apelada, elevando en consecuencia el capital de condena a la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON TRECE CENTAVOS ($ 23.304,13) y que devengará los intereses establecidos a fs. 431 con más lo indicado en el punto IV del primer voto de este acuerdo para los rubros que han sido reconocidos en este fallo. 2º) Confirmarla en lo demás que decide y fue materia de recursos, excepto en costas y honorarios que se dejan sin efecto. 3º) Imponer las costas del juicio en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% a cargo del actor. 4º) Regular a los profesionales intervinientes, por sus labores en ambas instancias, los emolumentos sugeridos en el punto V párrafos tercero y cuarto, del primer voto. 5º) Reg., not. y dev..Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.. Conste que la vocalía tercera se encuentra vacante (art. 109 RJN).

MLF María C. García Margalejo Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara