Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-13


Comodoro Rivadavia, trece de junio de 2005.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "M., C. T. y Otros c/ O. A.F.J.P. S.A. s/ DEMANDA LABORAL (Dif. de haberes e indem. por despido)", Expte. N° 14.646/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral, Expte. Nº 763/01.

I.- Que a fs. 1241/1262 la parte demandada, interpone recurso de casación contra la sentencia definitiva Nº 20/05 de fs. 1230/1237, por las causales de arbitrariedad como una de las especies que configuran la violación de la ley (art. 288 inc. e) CPCCh.). Formulan reserva del caso federal.

Que la demandada señala que si bien le consta acabadamente que en principio o como regla son ajenas a la instancia extraordinaria las cuestiones de hecho y prueba, rige como excepción el supuesto de arbitrariedad, lo que considera configurado en autos.

Que la sentencia de la Cámara soslaya constancia de la causa que conducen linealmente a decisión distinta a la arribada, y que no obstante el recurso de apelación, no fueron tratadas, lo que impone la invalidación del fallo.

Como primer agravio en torno a la inaplicabilidad del tope del art.245 LCT emergente del Convenio Colectivo de Trabajo, ronda en que no existe obstáculo legal para que se recurra a los convenios colectivos de trabajo en forma analógica cuando no existe una específica convención colectiva. Cita el art.16 de la Ley de Contrato de Trabajo, luego de interpretarla, acompaña citas jurisprudenciales que abordan la aplicación analógica de los convenios.

Que los pronunciamientos versan sobre planteos de inconstitucionalidad que se efectuaron en acciones deducidas contra las AFJP, respecto del tope del art.245 LCT lo que constituiría la mejor demostración que estuvo en juego en esos procesos la aplicación del aludido tope indemnizatorio, toda vez que son fija-dos respecto de convenios colectivos de trabajo, a lo cual concluye que la postura sustentada en el fallo merece ser revisada.

Que de las sentencias que menciona, se demuestra que allí se atacó a los topes por considerar que, cotejados con las mejores remuneraciones normales y habituales se producía un marcado detrimento en el monto indemnizatorio y de allí que se los tachó de inconstitucionales por entenderlos lesivos a las garantías constitucionales en juego.

Que si los tribunales que intervinieron en esos casos, hubiesen razonado como se ha hecho en los fallos recaídos en este expediente no deberían haber incursionado en tales planteos de inconstitucionalidad, porque hubiesen condenado a pagar las indemnizaciones en base a las mejores remuneraciones, eludiendo así toda controversia sobre la aplicación o no de tales topes. Que en aquellos pronunciamientos que involucraron a otras AFJP estuvo en juego la aplicación de topes indemnizatorios, y que demuestra la pertinencia de los mismos llegado el momento de establecer los montos en función del art.245 LCT, que corresponden a un dependiente de aquellas. Concluye que mecánicamente ello se desestima en las decisiones recaídas en la causa, y que se considera que la única forma de resolver la cuestión es calcular aquellos en base a la mejor remuneración mensual.

Agrega transcripciones de otras sentencias en las que tratan sobre cual es el convenio aplicable y así por ejemplo en "B." se recurrió al tope previsto para la actividad de seguros, en "S. S." CTT 264/95 y en "N." a un convenio de empresa (159/95), concluyendo que existe una línea jurisprudencial que se inclina por resolver en forma diferente a la de esta causa.

Estima que en el caso lo que debió haber hecho es, en lugar de desestimar su agravio, recurrir al convenio colectivo de trabajo que se consideraba más similar y calcular la indemnización en función del tope del mismo, ya que de esa manera se estaría desarrollando en definitiva ese insoslayable deber jurisdiccional de selección de la convención colectiva aplicable que es en definitiva el que impone el art.16 LCT.

Que este deber omitido habilita la tacha de violación de la ley y arbitrariedad en que se funda la presente casación.

Como segundo agravio señala la convalidación de la condena por aplicación del art.2º de la ley 25.323. Que considera también desacertada la decisión, destaca que el mero detalle que la propia demandante titulara a su solicitud como agravamiento de la indemnización por incumplimiento del empleador Ley 25.323 y art.275 de la LCT, demuestra que a juicio de la misma actora solo podría reclamar la indemnización aludida si se configurara la situación prevista por el art.275 L.C.T., o sea la de conducta maliciosa y temeraria.

Que si no hubo ni conducta maliciosa ni tampoco temeraria, tal cual lo resolvió el fallo de primera instancia, en conclusión que no mereció cuestionamiento de la actora, debe coincidirse en un análisis de la cuestión que se desvaneció el fundamento de la propia actora que había conectado su pretensión de ser indemnizada con arreglo al art.2º de la ley 25.323.

Por lo que se agravia en cuanto esta Cámara se desentiende de la solución justa que impone la caracterización del instituto que examina en la demanda, por cuanto si el fallo de primera instancia admitió que el actuar de la accionada se inscribió en el ejercicio de su derecho de defensa, mal puede entonces confirmarse en forma mecánica y ritualista el art.2º primera parte del art.2º de la ley 25.323.

Hace reserva del caso federal.

II.-	Reseñados los agravios, corresponde verificar el cumplimiento de los recaudos formales previstos en el art. 289 CPCyC., cuyo control le es impuesto a este Cuerpo mediante la norma que le precede.

La demandada presentó el escrito el 19 de abril de 2005 a las hs. 08:05, según cargo de fs. 1262vta. Notificada de la sentencia el día 4 de abril de 2005, el plazo vencía el 19 de abril de 2005 a las 09:00 hs. (plazo de gracia art. 124 CPCyC.).

Adjunta al memorial las pertinentes copias de traslado debidamente suscriptas.

Constituye domicilio ante el Superior Tribunal de Justicia en calle *** nº *** de la ciudad de Rawson.

Adjunta boleta de depósito por la suma de pesos UN MIL ($1.000).

Con fundamento en el principio de auto-suficiencia, efectúa una reseña de la causa.

III.- Sobre la procedencia del recurso, considera que esta Cámara que no ha efectuado una correcta ponderación del derecho.

Expresa el Dr. Augusto Morello en su obra: "Los recursos extraordinarios y la eficacia en el proceso", Tº 2, p. 435, que la doctrina de la arbitrariedad sólo cobra procedencia si esta suficientemente demostrado el apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una decisiva carencia de fundamentación.

En el caso, la crítica efectuada no evidencia el sustento necesario para conmover la estructura lógico jurídica de la sentencia en vinculación con las constancias de autos y el derecho aplicado, por lo que se advierte una insuficiencia técnica en los términos del art. 289 inc. a CPCyC.

En efecto, no basta enumerar los alcances de la impugnación sino que también importa exponer en orden y claramente todos y cada uno de los puntos de agravio, de modo tal que se demuestre la exacta vinculación con el error, contradicción y arbitrariedad que se pregona.

Pues tratándose de un fallo fundado en expresas disposiciones legales, su acierto o desacierto no puede supeditarse a un esquema argumental que en toda su extensión constituye un mero disenso con la interpretación judicial, contiene apreciaciones subjetivas y parciales, y una reiteración de los argumentos vertidos en el recurso de apelación obrante a fs.1210/1216, aspectos todos que obstaculizan la misión encomendada en esta instancia procesal.

Reiteradamente el Superior Tribunal ha manifestado que "la procedencia de la tacha de arbitrariedad requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación" (SI 72/89, 58, 96, 101/90, 176, 223/92). "...es de carácter estrictamente excepcional y no autoriza la sustitución del criterio de los jueces de la causa en la interpretación de las normas y preceptos comunes, ni en la apreciación y valoración de los hechos y pruebas del proceso...", "aún cuando se pudiera extraer otra conclusión con fundamento igualmente razonable, no es ello suficiente para impugnar de arbitraria una sentencia, cuando la misma cuenta con fundamentos bastantes que obstan a su descalificación como acto jurisdiccional..." (SI 124, 187, 200, 211/91, 137/93)" ("P., C. A. c/ P. D. C. O. S. A. Suc. Argentina s/ ordinario", Expte. Nº 16545-P-1998, sentencia Nº 85/98).

Por lo tanto, al no cumplirse con el requisito jurisdiccional de autosuficiencia, el recurso intentado carece de operatividad a los fines de habilitar la vía extraordinaria, correspondiendo declarar la inadmisibilidad del mismo, no sin antes destacar que, aún en el caso de que se hubiera dado cumplimiento a la norma del inc. a) del 289 CPCyC. la materia en sí es una cuestión de hecho y prueba ajena al recurso extraordinario salvo error o absurdo evidente.

IV.- La Sra. Juez de Cámara, Dra. Marta Reynoso de Roberts dijo:

Que cabe recordar al apelante que al Tribunal de casación sólo le corresponde el control de la aplicación de la ley sustantiva por los tribunales de mérito, limitándose a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. Mediante el recurso sólo se puede intentar una revaloración jurídica de la sentencia de allí que todas las manifestaciones sobre la determinación del hecho o demás circunstancias quedan fuera del ámbito de la casación. Ricardo C. Núñez, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, ed. Lerner, 1978, p. 476: "El de casación es un recurso extraordinario porque no implica la posibilidad del examen y resolución ex novo de la cuestión justiciable, en todos sus aspectos de hecho y de derecho, sino, únicamente, el examen y resolución por éste de la aplicación de la ley procesal o sustantiva hecha, en el caso, por el tribunal a quo"; S.T.J. Cba., 19/6/61, "B.J.C.", V, 6, 353,"M.".

En consecuencia, de la lectura del memorial, extrayendo todo lo que no es relevante para la decisión a tomar, arriba la quejosa mínimamente a cumplir los requisitos para admitir el mismo.

No obstante ello, cabe señalar que debe habilitarse la vía casatoria, ya que si bien los tribunales de grado son soberanos para fijar los hechos de la causa y merituar las pruebas, la queja que se orienta al reexámen de la calificación e interpretación que hizo el ad-quem de los hechos objeto del juicio y la norma aplicable, y tales actividades intelectivas son cuestiones netamente jurídicas o de derecho, que pueden y deben ser conocidas por el Máximo Tribunal si se funda en la posible concurrencia de un error en la subsunción de las cuestiones de hecho en los preceptos legales aplicables, porque de ese modo el punto se relaciona con la causal de violación de la ley por arbitrariedad (Morello: "Las cuestiones de hecho en la casación de Buenos Aires", JA 1991 - III, p. 854; Hitters: "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", p. 314).

Asimismo, en casos como el que nos ocupa, en que se denunció arbitrariedad de la sentencia, esta Cámara resolvió que corresponde declarar la procedencia formal del recurso incoado si aquella es descalificable porque lo decidido podría no resultar una derivación razonada del derecho vigente en atención a las circunstancias de la causa (JA 1997-I, síntesis, "C. D. S. C., S. I. y otros v. Provincia de Buenos Aires"); pudiera presentar defectos graves de fundamentación o hubiera omitido el tratamiento de una cuestión conducente planteada en primera instancia (JA 1997-I, síntesis, "S., R. H. y C. SA v. Bco. Central de la República Argentina"); o traduciría conclusiones contradictorias por no apreciar con sentido crítico los elementos relevantes de la litis (JA 1997-I, síntesis, "C. Cía. F. SA s/ quiebra").

En este orden, y no siendo en la fase de control que exige el art. 290 del CPCyC., el rol de este Cuerpo el de tomar una posición en defensa o ataque de su propio decisorio, corresponde declarar la admisibilidad del recurso incoado de conformidad con lo dispuesto por el art. 289 inc. e del CPCyC.

Por ello con la disidencia de la Sra. Juez de Cámara, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1).- Declarar inadmisible en cuanto a la forma el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 1241/1262, contra la sentencia definitiva Nº 20/05 de fs. 1230/1237, por la causal de arbitrariedad por la violación de la ley (art. 288 inc. e) CPCCh.). Por secretaría extráigase fotocopia de la presente a fin de que el recurrente gestione el reintegro del depósito efectuado cfme. art. 297 C.Pr.

2).- Téngase presente las reservas del caso federal.

3).- Regístrese y notifíquese.

Fdo: Marta Susana Reynoso de Roberts -Presidente-; Nélida Susana Melero -Juez de Cámara-; Graciela Mercedes García Blanco -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 102 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS