marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aduanas, tratados internacionales, GATT, recursos administrativos, notificación, exceso ritual manifiesto
Materia: ADUANERO
Carátula: Arbumasa S.A. (TF 8731-A) c/ A.N.A..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Este Tribunal ya tuvo oportunidad de expedirse acerca de que la exigibilidad de indicar los recursos que impone el art. 13 del decreto 1026/87, no resulta de un excesivo rigor formal como lo sostiene el fallo apelado, ya que es la aplicación de una norma reglamentaria de un tratado internacional de la materia (G.A.T.T.), aprobado por ley 23.311. Tampoco puede considerarse que dicho decreto se encuentre en contradicción con las normas del Código Aduanero, antes bien las condiciones que prevé para el contenido de la notificación son compatibles y vienen a completar la norma del Código Aduanero que establece el plazo para apelar (conf. esta Sala 27/6/96 "Gimenez, María Estela").
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Juan José; Arena, Juan Ricardo s/ Extorsión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

Es insuficiente el agravio fundado en un presunto "proceder legítimo" de los funcionarios policiales imputados, si se invocan disposiciones que imponen a los agentes la obligación estatutaria de actuar ante la comisión de infracciones legales cuya existencia en autos no se ha acreditado.
Competencia, cuestiones de competencia, exclusión de la tutela sindical, competencia laboral
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: F.B.C.B.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Exclusión tutela sindical Exclusión tutela sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-06

El amparo sindical encuentra fundamento en los artículos 47 y 52 de la Ley de Organización de Asociaciones Sindicales Nro.23.551 y en su artículo 63 expresamente determina que los jueces o Tribunales con competencia en lo Laboral en las respectivas jurisdicciones conocerán en las acciones previstas en el artículo 52 mencionado, circunstancia por la cual el empleador debe transitar por los estrados judiciales laborales que la ley dispone, a los efectos de derrumbar la protección legal del agente a través de la acción de exclusión de tutela sindical contemplada en el artículo 52 de la Ley Nro.23.551.

Asimismo, el artículo 20 de la Ley Nro.18.345 dispone que serán de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, en general, las causas contenciosas en los conflictos individuales de derecho, cualesquiera fueran sus partes -incluso la Nación, sus reparticiones autárquicas, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier ente público-por demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del derecho de trabajo.

El artículo 21 apartado a) de esta última ley, prevé la misma competencia, en las causas en las que tenga influencia decisiva la determinación de cuestiones directamente vinculadas con aspectos individuales o colectivos del derecho del trabajo.

Hasta la integración de los juzgados de primera instancia del trabajo, mantiene su competencia la Justicia Nacional en lo Laboral para entender en los procesos como el presente. Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rey, Ricardo c/ Nuñez, Héctor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-11

Quien ingresa y se dispone a circular por una arteria, no solo debe observar el tránsito vehicular de los rodados que provienen del sentido opuesto al que se pretende transitar, sino que habrá de estar atento a la existencia de automotores, peatones u otros obstáculos que puedan presentarse, sobre la calzada en el sentido en que ha decidido emprenderse la circulación.
Incendio y otros estragos, ampliación de la acusación, calificación legal, competencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos A., C. sobre 189 1°parr - estrago o incendio culposo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-11

Ocasionalmente la imputación puede ser ampliada incluso hasta el debate y, eventualmente, en la sentencia el juez está facultado a dar a los hechos una calificación distinta a la contenida en la acusación, sin que sea necesario en ninguno de estos supuestos expedirse nuevamente sobre la competencia ya atribuida por este Tribunal (TSJ, "Giordano", expte. n° 16368/19, resolución del 25/10/2019). (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Revocación de la prisión preventiva, facultades discrecionales del juez
Materia: PENAL
Carátula: RAMIREZ, G. s/ PRISION PREVENTIVA. REVOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-01

1) La reposición de la prisión preventiva con base en el último párrafo del art. 366 C.P.C., es cuestión que se adscribe a la discrecionalidad propia del instructor y por ende extraña a la actividad recursiva de las partes.

2) Dentro de la economía del C.P.C. y aun después de la reforma introducida por la ley 22.383, le está vedado a la defensa instar el sobreseimiento reglado por los arts. 434 y 435.
Robo calificado, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Catalano, María Rosa s/ Robo agravado por el uso de arma y Daño en conc. real
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-05-02

Tanto la víctima como los funcionarios policiales y testigos nos hablan de un arma blanca; uno de ellos a su vez sufre las lesiones escoriósicas en el cuello que da cuenta el informe médico. No quedan dudas que un arma blanca se utilizó, más allá de que aquella se hubiere secuestrado o no. En tal sentido, es jurisprudencia pacífica del Tribunal que para la calificante no necesariamente debe haberse secuestrado el arma, sea esta blanca o de fuego, si su existencia y operatividad se encuentra acreditada por otros elementos de prueba, llámese impactos de bala, deflagraciones, detonaciones y/o heridas o como en este caso, amén de los testimonios, la impronta que dejaron las lesiones en el cuello de la víctima.
Recurso de casación penal, cómputo del plazo, notificación personal, interposición del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Peralta, Josefa Elba s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-28

Debe tenerse en cuenta para el cómputo del plazo de diez días del art. 463 del C.P.P.N. -a los efectos de la interposición del recurso de casación-, la notificación personal al encausado de la decisión que lo condena; carece de relevancia la fecha en que la defensa se notificó de los fundamentos de la sentencia. (Voto de los Dres. Tragant, Riggi y Ledesma).
Prueba de informes, negligencia
Materia: PROCESAL
Carátula: LEON, Susana Esther y otros c/ Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-07-27

El día 3 de noviembre de 1989, la demandada solicitó postergación de las audiencias fijadas entre el 6 y 16 de Noviembre inclusive en razón de no haber podido efectuar las notificaciones por razones de fuerza mayor.

A fs. 4 no se hace lugar a lo que solicitara la demandada, por no haberse acreditado las razones invocadas.

Evidentemente se ha operado la negligencia en la producción de la prueba confesional dado que por providencia del 23 de octubre se fijaron las audiencias a partir del 6 de noviembre, transcurriendo un plazo de 10 -diez- días hábiles entre ambas fechas.
Cosa juzgada, competencia, actos impugnables, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Thyssenkrupp Elevadores SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Habiendo quedado firme el rechazo de la demanda en cuanto a la multa resuelto por la jueza de primera instancia, quedó agotada la competencia de la Cámara de Apelaciones respecto del objeto del pleito en los términos del artículo 149 del CCAyT. Por lo tanto, la Cámara, al ordenarle a la magistrada que se pronunciara respecto de la condonación, violó su competencia y afectó, al mismo tiempo, el principio de cosa juzgada y el derecho de defensa de la Ciudad, toda vez que el rechazo de la demanda se encontraba firme. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz al que adhieren Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Honorarios, regulación de honorarios, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: ALVAREZ, JUAN c/ SERVICIOS ELECTRICOS SANJUANINOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ COBRO DE PESOS-APELACION-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-11-21

La ley 2150 declara en su art. 244, que las disposiciones arancelarias son de orden público; en consecuencia, el máximo y el mínimo establecido para cada uno de los casos previstos en la escala del art. 189 ibid y en las otras especiales, constituyen límites infranqueables como condición de validez en las regulaciones que formulen los jueces.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cónyuge supérstite, legitimación activa, sucesiones, vocación hereditaria, herederos, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: Stoll, Violeta Andrea s/ sucesión testamentaria proceso especial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La posibilidad de que exista un cónyuge supérstite, aparece como una afirmación prematura y meramente conjetural del a quo, si en el proceso no se ha presentado persona alguna que alegue ser heredero legitimario, ni menos aún, que haya probado adecuadamente su vínculo y en consecuencia su vocación hereditaria (art. 3.591 del Código Civil) por lo que la sentencia debe descalificarse.
Seguridad social, pensiones, concubinato, acumulación de beneficios, separación de hecho, cónyuge supérstite, derecho de acrecer
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Albarracín Marta E c/ Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Córdoba. s/ Recurso Directo. Hoy Casación."
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-04-09

El deceso de la conviviente del causante determina la extinción ope iuris del beneficio de pensión reconocido a su favor (art. 60, Ley 6468 t.o. 8404), cobrando operatividad el derecho de acrecer por parte de la cónyuge en el beneficio de pensión, máxime cuando no concurren al proceso derecho habientes de aquella, que pudieran suceder a la misma en el goce del beneficio.

Establecida en el ámbito local la vigencia de una tutela previsional, la delimitación de los alcances con que ha sido perfilada por el legislador provincial, en tanto no sea desconocida, constituye una materia propia de la zona de reserva provincial.

Armoniza con los valores jurídicos en juego el derecho legítimamente adquirido por la viuda, amparado por la garantía de la propiedad (art. 17 Const. Nac.) declarando la caducidad de solamente un porcentaje del monto económico de su haber y por el otro, se hace operativo el derecho al beneficio de quien por una decisión legislativa no controvertida en su constitucionalidad, ha sido impuesta a la concubina como legítima beneficiaria de la prestación previsional, en concurrencia o coparticipación con la ex-esposa del causante, esto sin desplazarla.

No se trata de convalidar una reducción arbitraria o contraria a la juridicidad con respecto al haber de pensión por quien se encontraba anteriormente en goce del beneficio. Por el contrario, se procura compatibilizar dentro de un equitativo margen de razonabilidad los fines tuitivos que sustentan a todo el régimen previsional, los cuales adquieren singularidad propia cuando la interpretación que se adopte puede conducir a la exclusión de la tutela previsional respecto de quien convivió con el causante por más de diez años.

La defensa en términos absolutos del derecho de propiedad ingresado al patrimonio de la cónyuge del causante, como consecuencia del reconocimiento de su derecho a pensión, se enfrentan con otros valores jurídicamente tutelados por nuestro ordenamiento jurídico como la protección integral de la familia y el derecho de igualdad que se hallan implícitos en la teleología que inspira la normativa previsional y que cobran su recto valor sólo en función de interpretación armónica.- La mujer que convivió con el causante como su esposa y que asistida por aquel sufre el desamparo provocado por su muerte, evidencia un interés legítimo y razonable, insusceptible de ser desconocido sin lesionar los fines de justicia social que sustenta todo el ordenamiento argentino.

Si frente a distintas alternativas posibles de interpretación de las leyes de rango inferior, el Tribunal de mérito adoptó un criterio que armoniza con los principios constitucionales que rigen en materia previsional, ello no tiene más significación que la de garantizar y hacer operativos los derechos y garantías reconocidos por la norma de jerarquía superior.
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo
Materia: LABORAL
Carátula: NUÑEZ, REINALDO c/ N. MAFFONI E HIJOS  S.A.C.I.F.I. s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

Los arts. 17 y 18 de la ley 22250, que forman parte del capítulo V que instituyó el fondo de desempleo, integran un plexo jurídico que excluye una interpretación extensiva del concepto "haberes" enunciado en el art. 19 de la misma ley, cap. IV. Esto es así en tanto los devengados y pagados periódicamente, mientras el fondo de desempleo no se paga directamente al trabajador, sino que ingresa a una cuenta bancaria a su nombre, salvo el aporte correspondiente al período cuyo plazo de depósito aún no hubiere vencido al cesar la relación.
Sanciones conminatorias, astreintes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ROMERO, ELVIRA c/ A.N.Se.S.". s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-14

Sin perjuicio de que la aplicación de astreintes constituye el ejercicio de una facultad procesal discrecional que el Código le irroga al juez -arts. 25 y 36 C.P.C.C.- (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 06.08.02, "Risso, Marcos Aurelio"), las mismas actúan como medio de coacción tendiente a vencer la voluntad del deudor contumaz, y su finalidad no es la de reparar el perjuicio causado por el retraso en el cumplimiento, sino forzar al deudor a saldar la deuda o cumplir con la obligación resultante de la sentencia (cfr. C.N.A.Civ., Sala M, "Caputto c/ Consorcio Jufre 460"; ídem Sala K, "Vilar Baamil, Gustavo y otra").
Despido, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Tiberti, Blanca Noelia c/ M.C.V. Manufactura de Carnes Vacunas S.A. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Siendo la interpretación del texto de la notificación del despido facultad privativa del tribunal del trabajo son también irrevisibles sus conclusiones, salvo absurdo.
Intervención federal, remoción de jueces, reincorporación, cuestión justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Corpacci de Faubre, Emma del Valle c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1993-12-21

La recurrente no cuestiona ni la Intervención Federal de la provincia en sí ni los actos producidos en su faz dinámica por ésta, sino el incumplimiento del Estado Provincial, mediante la negativa tácita de su reclamo, -una vez cesada la Intervención- del art. 183 inc. 3 de la Constitución Provincial que establece: "Si los nombrados hubieran reemplazado a funcionarios o magistrados inamovibles, estos deberán ser reintegrados a sus funciones, si terminada la misión federal no se promoviera su separación legal dentro del plazo de treinta días o, en caso de iniciarse el pertinente procedimiento, no se produjera aquella dentro de los noventa días subsiguientes". Por ello, determinar si el Estado Provincial ha actuado de acuerdo a derecho ante el reclamo de la accionante es un hecho que evidentemente cae bajo el control jurisdiccional.

Así, si lo que se pretende es la aplicación de un precepto de la Constitución Provincial por las autoridades que legítimamente han sustituido a la Intervención, estamos ante un hecho justiciable y atrapado por la jurisdicción de los tribunales locales.
Tributos, exenciones impositivas, Impuesto sobre los ingresos brutos, excepciones procesales, cosa juzgada, fallos de la Corte Suprema
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: ASOCIACION CIVIL HOSPITAL ALEMAN c/ GCBA (SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS) s/ IMPUGNACION ACTOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

En el caso, no corresponde hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta, toda vez que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al que hace referencia el recurrente corresponde a los períodos fiscales 1987, 1988 y 1990, distintos a los cuestionados en autos.

En dicho fallo, se consideró que correspondía la exención a los períodos fiscales detallados, en virtud del especial régimen de exención con carácter subjetivo previsto en las normas vigentes durante períodos anteriores y posteriores a los reclamados. Las ordenanzas fiscales posteriores concedían el beneficio de forma genérica -esto es, sin mencionar a cada sujeto exento- y, además, establecieron ciertos requisitos para su concesión.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ARCE, SIXTO ROMUALDO s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1958-12-02

La motivación de la sentencia no puede declararse falsa por la sola circunstancia de que la conclusión de hecho a que llega no este fundada en otros elementos de convicción que la c amara ha considerado. Aquella declaración solo procede si la sentencia se funda en prueba inexistente o falseada en su realidad o significado Si además de la prueba impugnada por inexistente o por haberse falseado en su realidad o significado, sirve de apoyo a la sentencia -en el punto de que se trata, que solo representa un momento de un hecho complejo, fundado de modo congruente en sus distintas etapas- un testimonio no impugnado formalmente por quien recurre, no se configura falta de motivación de la sentencia, pues dentro de las posibilidades de la libre convicción está la de llegar a ella sobre la base de un testimonio único.-
Cuidado personal compartido, medidas para mejor proveer, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Recursos de hecho deducidos por la demandada en la causa G., P. G. c/ V., A. K. s/ reintegro de hijo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-16

Es arbitraria la sentencia que dejó firme la decisión del tribunal de alzada que dispuso que se cumpla -sin la realización de las medidas para mejor proveer ordenadas por el juez de primera instancia- con la resolución que ordenaba la adopción de un modo convivencial alternativo para el niño, pues la finalidad de citada la medida estaba orientada a corroborar si, a la luz del principio del interés superior del niño, en tanto pauta que condiciona y orienta las decisiones sobre los asuntos que los atañen, resultaba respetuoso de dicho interés la ejecución de una medida excepcional que había quedado firme en un momento y en un contexto determinado.
Indemnización por accidente de trabajo, depósito en sede administrativa, pago parcial
Materia: LABORAL
Carátula: ADOLFO ANUNZIATA c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-INCONSTITUCIONALIDAD SILVA, RAMON c/ ULIARTE ROGELIO s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1991-02-28|1993-12-15

Es procedente descontar del monto de la condena, lo depositado por la empleadora en sede administrativa, pues la liquidación allí practicada fue consentida por el actor, la patronal no tenía a esa época, otra forma legal para cancelar su deuda. La eventual insuficiencia en el pago podrá ser motivo de posterior controversia, pero no puede invalidar el pago ya efectuado.
Accidentes de trabajo, citación en garantía
Materia: LABORAL
Carátula: Bobadilla, Desiderio c/ Hijos  de  Alejandro  Fridman  S.R.L.  y/o quien resulte responsable s/ Indemnización emergente de enfermedad accidente S.R.L.  y/o quien resulte responsable s/ Indemnización emergente de enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-26

Razón le asiste a la excepcionante en tanto al actuar como mandataria ninguna responsabilidad patronal cabe a su respecto salvo por incumplimiento del mandato en sí. Jurisprudencialmente se ha sostenido que "cuando el asegurador designa un agente institorio con amplias facultades, se trata de un representante o factor que no responde ante tercero si ha celebrado el negocio en nombre de su comitente".
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. PASEO COLON 793/7 c/ VIALCO S.A. y otro s/ EJECUCION DE EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-18

En las ejecuciones de expensas comunes, se ha restringido el marco de admisibilidad de la excepción de inhabilidad de título, en función del principio según el cual tales reclamos deben apartarse de rigorismos formales, respecto de las condiciones de ejecutabilidad del instrumento hecho valer como base de la acción, en tanto que las normas instituidas por la ley 13.512 están especialmente dirigidas a asegurar el deber de pagar, con puntualidad, lo necesario para sufragar los gastos comunes.-
Trabajadores marítimos, buque de bandera nacional, cese de bandera, decreto de necesidad y urgencia, licencia sin goce de sueldo, despido, indemnización reducida
Materia: LABORAL
Carátula: MARTIN, CARLOS c/ SHELL  C.A.P.S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-05

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Cocchia, Jorge c/Estado Nacional" 2.12.93, se pronunció sobre la legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia, ratificando su precedente en el caso "Peralta, Luis c/Estado Nacional (CSJN 137-XXIII 2.12 90). En consecuencia, fue válido el proceder de la empresa que en base a los arts. 7 y 9 del dec. 1772/91 intimó al trabajador para que optara entre tomar una licencia sin goce de sueldo o aceptar el régimen de despido allí instituído, con indemnización reducida. Y si éste se acogió a la segunda posibilidad, no tiene nada que reclamar.