marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, existencia de otras vías, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESSEX ARGENTINA  S.A.I.C. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-23

La circunstancia de no haberse dado a la actora en sede administrativa la posibilidad de impugnar un dictamen técnico previo a la decisión, no sería -en caso de haber sido una posibilidad de necesario otorgamiento- defecto que haya carecido de vía administrativa apta para ser salvado (arg. art. 2 inc. a, ley 16 986). La actora pudo utilizar, contra el acto que reputó ilegítimo, los remedios previstos por el D. 1759/72 (arts. 84 y 89) y pedir allí la suspensión de los efectos de la decisión cuestionada (art.

12, ap. 2, ley 19.549), con la posibilidad de requerir esto mismo en sede judicial en caso de negativa o silencio, de modo de resguardar adecuadamente el derecho de defensa que consideró vulnerado.
Sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LOPEZ, VALENTIN EDUARDO s/ SENTENCIA - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1959-06-25

Constituye una nulidad absoluta y, por tanto, no necesita protesta de recurrir en casación, la contradictoria fundamentación del voto de uno de los vocales de la mayoría porque no habría mayoría legal y no se cumpliría la exigencia del art. 426 C.P.P.-
Personas con discapacidad, código civil y comercial
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS-CIVIL
Carátula: F., H. O. c/  s/ artículo 152 ter Código Civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-10

El nuevo modelo social de discapacidad ha sido consagrado con mayor amplitud en el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) y, según sus disposiciones, la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume y la limitación a la capacidad para realizar determinados actos jurídicos es de carácter excepcional y se impone en beneficio de la persona (arts. 31 y 32).
Sentencia, ejecución de sentencia, liquidación, recurso contencioso administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: PARMA, JOSE IGNACIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION    IMPUGNACION DE LIQUIDACION (CSJ EXPTE N. 188-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-18

Procesalmente, las liquidaciones correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia tienen por objeto tornar líquidos, concretos, determinados en su apreciación pecuniaria, los rubros acogidos por aquélla, para su cumplimiento.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, expropiación, depósito previo, indemnización expropiatoria, depreciación monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTADO PROVINCIAL. c/ SEGUNDO NICAMON ROCCO s/ EXPROPIACION-  DEPOSITO PREVIO- INDEMNIZACION- DEPRECIACION MONETARIA   APLICACION SUPLETORIA DEL CODIGO CIVIL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-24

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que había ordenado la repotenciación del depósito efectuado por la actora al iniciar el juicio expropiatorio, suma ésta que debía ser deducida de la establecida en definitiva como indemnización. Ello es así pues la sentencia del a quo resuelve la cuestión planteada mediante la aplicación de normas de la ley local de expropiaciones, arribando a una solución en materia de derecho público local que no es revisable por vía del recurso extraordinario federal máxime que esta Corte no comparte el criterio establecido por el cual es recaudo para la admisión del reajuste del depósito inicial en las expropiaciones su aceptación como pago por el expropiado y que éste haya dispuesto efectivamente de su importe basado en la norma del art. 742 del Código Civil que establece que los pagos parciales no pueden ser impuestos al acreedor.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CIS ELENA MARGARITA c/ ESTADO PROVINCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-02

El decreto del Poder Ejecutivo que dispone la instrucción de un sumario, cuestionado en autos, constituye un acto administrativo, que puede o no ser arbitrario y en tal caso le asiste derecho al administrado de cuestionar su legalidad, por encontrarse sujeto al control de legalidad de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 1º y 2º y concordantes del C.P.A.
Contrato de obra pública, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMOP S.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

El principio de buena fe contractual le impone al contratista un comportamiento oportuno y diligente antes que displicente, exigencia ésta que resulta más rigurosa aún para quien contrata con la Administración Pública, ya que en este caso está comprometido el interés general y no sólo el de particulares.
Amparo por mora, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Orazi Norberto Luis c/ Comité Federal de Radiodifusión s/ amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-10

Verificada la morosidad alegada, le corresponde al juez ordenar a la Administración a que se expida en un plazo determinado (conf. esta Sala, in re: "Jacinto Alfredo Elías c/ Instituto de Ayuda Financiera s/ amparo por mora", del 19/7/95).
Legitimación procesal, legitimación pasiva, falta de legitimación para obrar, costas, costas al demandante
Materia: PROCESAL
Carátula: ISOLDI, Hugo H. y otro c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-15

Si bien inicialmente los accionantes pudieron haberse creído con derecho a promover la demanda, al aclararse, en forma puntual, los hechos y el derecho aplicable en la primera intervención de la codemandada, tuvieron allí la oportunidad de desistir de la acción contra ella dirigida, evitando, con ello, la labor procesal que se le imponía a la excepcionante. Entonces, si no obstante tener ya concreto e indudable conocimiento de las circunstancias que hacían a la falta de legitimación pasiva opuesta, obligaron a litigar a la empresa en cuestión, sosteniendo una tesitura errónea inclusive al contestar los agravios, deben cargar con las costas, aunque no en su totalidad, por cuanto en la etapa inicial del pleito, como quedó dicho, la pretensión no era prima facie criticable.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, indemnización por despido, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: Montenegro, Deolo Gavino c/ Alpargatas S.A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO:REQUISITOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda por indemnización por despido, si mediante una consideración fragmentaria atribuyó relevancia decisiva a determinados tramos de las declaraciones formuladas por los testigos, sin advertir que para el esclarecimiento de la cuestión la validez de tales afirmaciones quedaba seriamente relativizada, no sólo como consecuencia de lo precisado en esas mismas exposiciones, sino también de acuerdo al contenido de otro testimonio prestado en la causa, cuya eficacia fue desconocida sin razón suficiente (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Proceso penal, Código Procesal Penal de Buenos Aires, recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, graduación de la pena, Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Di Mascio, Juan Roque s/ Interpone recurso de revisión en expediente Nx 40.779
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

La validez constitucional del art. 350 del Código de Procedimiento Penal de Buenos Aires, que limita la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley por ante la Suprema Corte de la Provincia a los casos que la pena impuesta sea superior a tres años de prisión, se halla supeditada a que tal limitación sea obviada cuando estén involucradas cuestiones constitucionales.
Robo con armas, hecho único
Materia: PENAL
Carátula: CASERIO, Julio A. s/ ROBO - UNIDAD ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-02-27

1) La conducta desplegada por el acusado, al irrumpir en un garage con arma en mano y sustraer dinero y objetos personales a dos personas, para luego procurar la fuga en el automóvil de un tercero que recién ingresaba al local, dejar este rodado (que no funcionaba bien) y ascender a otro vehículo de un cuarto individuo que también ingresaba al recinto, configura un único delito de robo agravado por el uso de armas.

2) Es que si el problema de la unidad de acción no depende nunca del número de los resultados (Welzel, 309), y si varios actos de actividad de la misma especie constituyen una unidad de acción, cuando se basan en una resolución volitiva unitaria y realizan repetidamente el mismo tipo penal en secuencia directa (Wessels, 174), es evidente que en la especie nos encontramos frente a un solo delito, marcadamente presidido por un dolo de conjunto indeterminado, que es muy fácil en el plan de los autores, que culminan la ejecución de su conducta delictiva sin solución de continuidad, con un último apoderamiento que viene a facilitar la consumación: la sustracción en el propio escenario de los hechos y en el mismo contexto de acción del automóvil que les permitió la fuga.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Tecnología  Integral  Médica S.A c/ Estado Nacional  -Ministeriode  Economía- Banco Central de la República Argentina. s/ honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Las cuestiones atinentes a la determinación de la base regulatoria y la fijación de retribuciones profesionales resultan ajenas al recurso extraordinario si no se advierte elemento alguno que permita hacer excepción a aquella regla (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Resoluciones inapelables, LEY DE CONCURSOS
Materia: PROCESAL
Carátula: M., C.A. s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-11

La Doctrina especializada como la Jurisprudencia son contestes en afirmar que: "...en el caso de resolverse ambas cuestiones (rechazo de impugnaciones y homologación de acuerdo), los impugnantes pueden apelar del auto en cuanto las rechaza y, por ende, de la homologación, que es su consecuencia (art. 60 L.C.Q.). Pero cuando no median impugnaciones y el juez homologa, la resolución no es apelable. En cambio, la que no homologa y declara la quiebra, es apelable por el deudor".
Acciones personales, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: SCOP S.A. c/ Rizzo e Hijos S.C. s/ Cobro de Pesos-Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2000-07-31

El lugar del cumplimiento de la obligación (pago, domicilio del deudor) es también el que se tiene en cuenta para fijar la competencia cuando se ejerciten acciones personales según el Código Procesal (art. 5 inc. 3). San Juan.
Juicio ejecutivo, liquidación, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de la Capital c/ Sucesión de José Antonio Varela s/ EJECUCION FISCAL - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-08-07

El trámite de liquidación de planilla de capital, intereses y costas, en el juicio ejecutivo, realizado fuera de la oportunidad procesal correspondiente -arts. 559 y 591 del C.P.C.- es viable como en el caso de autos cuando es el deudor quien pide su realización, sobreentendiendo -aunque no lo manifieste- que es a los efectos de pagar la deuda. Esta planilla aprobada no resulta inoficiosa a efectos del proceso pero sí resulta arbitrario pretender que ella integre el proceso de ejecución de sentencia y absurdo afirmar que la planilla hace todo el proceso de ejecución como ha resuelto el Tribunal de grado. Por ello deviene imperativo la revocación del fallo atacado.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, juicio ejecutivo, ejecución hipotecaria, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, vacío legal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda c/ Sazatornil, Vanesa s/ Aut. Adm. Actora s/ Aut. Adm. Actora
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-23

El legislador de la Ciudad, al sancionar el Código Contencioso Administrativo y Tributario omitió regular lo relativo a la ejecución de hipoteca y, por lo tanto, mantiene su vigencia lo previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, atento que no ha sido derogado o modificado por legislación local específica.

Por lo demás, no resulta razonable considerar que el silencio del legislador local en este aspecto importó la exclusión del juicio hipotecario. Adviértase que si por vía de hipótesis se admitiese que ese silencio implicó un definición sobre su improcedencia, se presentaría en este fuero la curiosa situación: que los magistrados serían competentes para conocer en el régimen especial de ejecución de hipotecas (Ley Nro. 24.441), vigente en este ámbito en función de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Nro. 24.588, pero no en una ejecución hipotecaria, salvo que el ejecutante opte por uno de los procesos regulados en el Código Contencioso Administrativo y Tributario. Verdaderamente no se encuentran razones que avalen una interpretación contraria a la procedencia de la ejecución hipotecaria, regulándose su trámite por las disposiciones que contiene la norma de forma nacional, de aplicación supletoria.
Almacenamiento de estupefacientes, tenencia ilegítima de material explosivo, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: Porter, Sergio Fernando s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-03

Se configura el delito de almacenamiento de estupefacientes si el imputado no sólo recibió la sustancia y la ingresó en la finca sino que aceptó su permanencia y la preservó en aras de almacenarla, o sea que además del elemento cuantitativo y cualitativo, se sumó el tiempo que el encartado reconoció tuvo en su poder la droga. La tenencia ilegítima de material explosivo se configura por el solo hecho de poner en peligro la seguridad pública, tratándose de un delito de peligro abstracto, que se consuma con la sola acción de tener el objeto prohibido, cualesquiera que hubiesen sido las motivaciones del agente. En tanto la cantidad de estupefaciente es integrativa del tipo penal por el que se juzgó y condenó al imputado, no debió ser valorada como agravante de la pena. La disidencia parcial consideró que si no se acreditó la finalidad contemplada en la primera parte del art. 189 bis C.P., el accionar del encausado debe quedar subsumido en la tenencia de material explosivo contemplado en el tercer párrafo de la norma. (Dres. Tragant, Riggi y Ledesma -en disidencia parcial-).
Beneficios previsionales, acto administrativo, nulidad de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Merino, María Luz c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Pcia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

Si la ley 5425 con sustento en la cual se otorgó la pensión luego extinguida por la propia autoridad administrativa, no exigía la calidad de 'soltera' de la madre del afiliado para acceder a ella ante su muerte, el conocimiento posterior del matrimonio celebrado con anterioridad a aquel otorgamiento -en su carácter de único elemento alterado en los antecedentes causales del acto- no pudo incidir en forma directa, decisiva y concluyente para determinar la extinción del beneficio, desde que no fue suficiente por sí solo para configurar el vicio grave en el objeto o en la causa del acto que lo confirió.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Dellagnolo, Ana c/ Perez Rodolfo y/u otros s/ juicio ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-09-27

La caducidad de la instancia ha sido correctamente decretada, pues ha transcurrido el plazo previsto para los juicios ordinarios -art. 308, inc. 1º, C.P.C.C. de Formosa-; y si bien tal instituto es de aplicación restrictiva, la perención debe ser declarada cuando queda demostrado el transcurso del plazo legal sin actividad útil de la parte impulsando el proceso, en caso contrario quedarían los procesos abiertos "sine die", sometiéndose a las partes a un estado de incertidumbre que no guarda razonabilidad en el marco del proceso justo.
Ley de desindexación, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Figueroa, Eduardo Antonio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

La ley 24.283 no autoriza una revisión indiscriminada de todos los créditos reconocidos por sentencias en cuya determinación hubiera incidido algún mecanismo de actualización, ya que no fue ese su propósito, sino el de corregir casos individuales (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Mora, responsabilidad civil, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Covema S.A. c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-26

La mora se configura ante el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, debido al dolo o la negligencia del deudor. De ahí que acarrea la responsabilidad por los daños que ocasiona, generando otro título del deber y una obligación distinta a la incumplida.(doctor Genoud, minoría)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ejecución fiscal, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria, leyes, aplicación de la ley, interpretación sistemática, ley anterior, ley posterior
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Abogados. Honorarios. Ejecuciones fiscales (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es si el art. 7 de la ley 11.257, que modifica la ley 6767 (Aranceles Profesionales -   Abogados y Procuradores), agregando el inc. 5) a su art. 7, importa   una vigencia material y temporal limitada sólo a los procesos de   ejecución fiscal instaurados en relaciones especiales comprendidos   en ella -regímenes de regularización impositiva provincial- o bien   debe entenderse de alcance general y permanente para todo tipo de   ejecución fiscal en el territorio provincial.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-15

El definido objeto de modificar la ley de aranceles surge de modo expreso, de la norma: ley 11.257, art. 7, en los verbos "modifícase" y "agregándose", referidos a aquélla y a su nuevo texto. El agregado se ubica en la sistemática correspondiente: esto es en el art. 7, al que se incorpora un inciso de objeto limitativo de la escala general. A su vez, el sentido general del nuevo texto es también expreso al contener todos los elementos normativos requeridos: delimita un área u objeto preciso de la realidad:

"deudas sometidas a ejecución fiscal"; define el orden imperativo genérico al que se la somete "la regulación de honorarios" y especifica su objeto particular: "no podrá exceder del 5% del capital". Lo general de su vigencia se da en la letra de la norma al decir: "cualquiera fuere el estado en que se encuentre el proceso", para terminar establecido que la limitación arancelaria "no podrá en ningún caso exceder del 5% del capital". En síntesis, tratándose de una expresa "modificación - agregado" a la ley de aranceles provincial, es esta norma la que rige en cuestión con el alcance general de su propia entidad (art. 1); cuestión que consiste en un aditamento limitativo especial aplicable a los casos subsumidos en ella, sin distinción de sujetos ni de regímenes. (Del Voto del Dr.

Donati)
Procesado, querellante, legitimación activa
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: PIRILLO, José s/ QUERELLA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-12

Es improcedente la asunción al proceso como parte querellante, de quien encontrándose procesado y rebelde, pretende desvirtuar los cargos que sobre su persona recaen en la causa inicial, dando forma a una denuncia de convergente contenido material con las expresiones exculpatorias volcadas al prestar declaración indagatoria, cuya investigación se encuentra imposibilitada de avanzar por no encontrarse aquél a derecho, habiendo sido ya fijada la conexidad.
Proceso judicial, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Planobra S.A. c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

En el proceso contencioso administrativo le incumbe a la actora la carga de la prueba. El compromiso procesal importa demostrar la realidad de la situación que hace mérito para respaldar su petición, no sólo por el carácter que inviste como promotora de la acción, sino por la presunción de legitimidad que goza la actividad de la Administración.
Higiene y seguridad del trabajo, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Encinas Rocha, Darío c/ Meibar S.R.L. y otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-11-27

Para eximirse de responsabilidad, no basta que el empleador se limite a la mera provisión de los elementos protectores, ya que en cumplimiento de sus obligaciones de higiene y seguridad, le compete controlar su debida utilización por parte de los operarios, obligándolos a usarlos en forma regular.
Interdicto de obra nueva, demolición de obra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caimi, Norma Beatriz c/ Berardo, Mario y otro s/ Interdicto de obra nueva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

Para llegar a la destrucción de la obra habrá que tener presentes las directivas del art. 2588 y sgtes. del Código Civil, o sea las normas en materia de edificación de buena y de mala fe.
Actualización monetaria, mora, emergencia económica, obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Palacios, María del Carmen c/ Demilio, Derlis N. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-23

Conforme el art. 1 de la ley 25.713 el coeficiente de estabilización referencia (C.E.R.) se aplicará a las obligaciones que en origen hubieran sido expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera y hubieren sido transformadas en pesos a partir de la sanción de la ley 25.561.

Por su parte, el art. 2 de la mencionada norma establece excepciones al principio general del art. 1, y -como tales- han de se interpretadas con carácter restrictivo. Si bien el inmueble sobre el que recayó la garantía hipotecaria cumple con las características que la mencionada ley impone para configurar un supuesto de excepción al Coeficiente de Estabilización de Referencia también lo es que de las constancias de autos se desprende que dicho supuesto varió desde la constitución del gravamen a la actualidad.

En efecto, el mandamiento informado constituye un instrumento público en los términos del art. 979 inc. 4 del C.Civil, y como tal sus constancias hacen plena fe hasta tanto sea argüido de falso en acción civil o criminal ( 983 inc. 2, 980, 993 del Código Civil).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Russo, Angel y otra c/ C.de Delle Donne, E. s/ desalojo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1959-05-15

El derecho adquirido tiene, como característica común de las numerosas doctrinas que han querido explicarlo, la de un derecho ingresado al patrimonio que lo identifica con la propiedad, comprensiva de todo aquello que forma el patrimonio del habitante de la Nación, trátese de derechos reales o personales, de bienes materiales o inmateriales. La mera expectativa o simple esperanza es, en cambio, una facultad no ejercida, que no puede ser alcanzada por la protección anterior (Voto del Doctor Luis María Boffi Boggero).