Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2º Instancia.- Buenos Aires, noviembre 30 de 2009.

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I. En estos autos se presenta la actora e inicia demanda contra Intercargo S.A., con el objeto de percibir las sumas provenientes del despido directo fundado en el régimen de incompatibilidades previsto en el Dec. 8566/61 en virtud de que también cumplía tareas para la Fuerza Aérea Argentina.

Afirma que ingresó a prestar servicios para la demandada el día 1º de mayo de 1997 como empleada administrativa en el Aeroparque Jorge Newbery cumpliendo funciones de control médico del personal de la demandada, como resultado del convenio celebrado el 30 de abril del 1997 entre la Fuerza Aérea e Intercargo S.A.C.

Relata que procedieron a intimarla para que en el plazo de cinco días regularizara su situación debiendo optar por una u otra relación contractual, en virtud de las disposiciones del Decreto 8566/01, comunicación que al ser rechazada por la accionante, motivó el despido dispuesto por Intercargo S.A.

Viene a reclamar las indemnizaciones por el despido incausado y demás rubros que indica en la liquidación de fs. 8 vta. en la que también incluye una suma por el daño moral que aduce le provocó la decisión de la demandada.

A fs. 89/93 se presenta Intercargo S.A.C. a contestar la acción quien, tras realizar la negativa de los hechos expuestos en la demanda, da su versión de los mismos y aduce que recién en el mes de noviembre de 2007 su parte tomó conocimiento que la actora se encontraba en situación irregular por lo que procedió a intimarla para que optara por una u otra relación contractual.

Concluye que, ante la falta de decisión de la actora, en un todo de acuerdo con los Decretos 8566/61 y 894/01, procedió a su desvinculación ya que se encontraba legalmente impedida de continuar empleando a la actora.

Sostiene la improcedencia de la pretensión por daño moral y pide, en definitiva, el rechazo de la acción incoada.

A fs. 210/212, el Sr. Juez de grado, tras el análisis de las circunstancias del caso, hizo lugar a las indemnizaciones por despido pero no admitió el reclamo con base en el daño moral solicitado.

Dicho pronunciamiento motivó las apelaciones de ambas partes (fs. 214/215 y fs. 220/221). También hace lo propio la perita contador, a fs. 217, por considerar reducidos los honorarios que le fueron regulados.

II. Por razones de buen orden metodológico, comenzaré con el tratamiento del recurso de la demandada (fs. 220/221) el cual se refiere, fundamentalmente, al progreso del reclamo indemnizatorio.

Se queja, en primer lugar, por la valoración de las circunstancias del caso efectuada por el Juez "a quo", por la que concluyó no acreditada la causal de despido por ella dispuesto.

Insiste en que su parte adecuó su conducta a lo dispuesto en los Decretos 8566/61 y 894/01 -régimen vigente en materia de incompatibilidad- en tanto resultó acreditado que la actora tenía dos cargos remunerados por la Administración Pública Nacional (Fuerza Aérea e Intercargo SAC Empresa del Estado).

Desde tal perspectiva, advierto que el recurrente se limita a ensayar meras manifestaciones dogmáticas de disconformidad sin detenerse en los fundamentos vertidos por el magistrado "a quo" para decidir en la forma que lo hizo.

De todas maneras adelanto mi posición adversa al recurrente pues comparto la solución alcanzada por el Juez de grado acerca de que la medida tomada por la accionada fue excesiva para una trabajadora de la antigüedad de la actora, más aún teniendo en cuenta que la accionada consintió desde el principio de la relación -año 1997- la situación que luego motivó la extinción del vínculo.

A mi juicio, la accionada debió, ante la infracción, considerar cuál era el perjuicio que la mencionada incompatibilidad le infería, por ejemplo una superposición horaria o de funciones, extremos que ni siquiera fueron valorados por la empleadora al momento de decidir el despido.

Por las razones expuestas, dado que el recurrente no introduce elementos objetivos, fundados en prueba producida en autos, que permitan apartarse de la solución de origen, propicio confirmar lo allí decidido respecto a que no se configuró una injuria en los términos del art. 242 LCT.

III. Los agravios relativos a la imposición de costas y regulación de honorarios, por razones de método, serán abordados luego del tratamiento del recurso de la actora el cual se refiere, únicamente, al rechazo de su reclamo por daño moral.

Al respecto, cabe rememorar que "el daño moral consiste en una pretensión autónoma e independiente del despido, vale decir, tiene su causa fuente en un ilícito ajeno al contrato de trabajo que desborda los límites tarifarios y que debe ser resuelta en consecuencia, acudiendo a los principios generales del Derecho de Daños." (Isidoro H. Goldenberg: "El Daño Moral en las Relaciones de Trabajo", en "Daño Moral", pág. 265 "Revista de Derecho de Daños", Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1999).

"En efecto, las conductas lesivas a la dignidad, honor o reputación del dependiente por aseveraciones temerarias, descalificantes, ofensivas, de mala fe, divulgación de datos íntimos o situaciones penosas, no pueden quedar desguarnecidas de tutela legal por el sólo hecho de que las partes se encontraban ligadas por un contrato de trabajo" (Goldenberg, loc. Cit.).

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, el 31 de julio de 1979, en fallo donde llevó la voz el doctor Ricardo A. Guibourg, expresó: "Cuando -en ocasión de la ruptura del contrato o fuera de ella- el empleador incurre en conductas que causan perjuicio al trabajador desde el punto de vista extracontractual, es decir, cuando se causa un daño que resultaría indemnizable - aún en ausencia de una relación laboral - tal responsabilidad no puede verse condenada mediante el simple pago de la indemnización tarifada. Encontrándose la conducta genéricamente comprendida en los artículos 1072, 1078 y 1109 del Código Civil aún con total prescindencia del contrato de trabajo que le ha servido de contexto, compromete a su autor a la responsabilidad prevista por daño moral sin perjuicio del pago de la indemnización tarifada que corresponde al ámbito de los incumplimientos contractuales" (El Derecho, 29-07-80).

"La valoración del daño moral no está sujeta a cánones estrictos, correspondiendo a los jueces de la causa establecer su procedencia y el quantum indemnizatorio, tomando en consideración para ello la gravedad de la lesión sufrida y el hecho generador de la responsabilidad" (Cám. Nac. Cont. Adm. Federal, Sala I, 17-VIII-97:"Sandez, Marta Susana C/ Consejo Federal de Inversiones S/ Empleo Público").- Carlos A. Ghersi, en el libro primeramente citado, pág. 58, destaca la reformulación del daño moral en la Reforma de 1968, a partir del riesgo creado (Art. 1.113, segunda parte, párrafo segundo), la equidad (Art. 907, párrafo segundo), la buena fe (Art. 1.198, párrafo primero), y el ejercicio abusivo de los derechos (Art. 1.071), entre otras disposiciones, enfatizando que "esta corriente renovadora del derecho, con hondo contenido social, se acerca más al hombre en sí mismo y se aleja del economicismo como meta central de protección, que imperaba en Alberdi y Vélez".

Por otra parte, Jorge Mosset Iturraspe propone la sustitución del concepto de "daño moral" por el "daño a la persona", de mucha mayor amplitud y mayor compatibilidad con las orientaciones modernas del derecho (conf.: su trabajo: "Daño Moral. Noción. Crítica a la denominación. Daño extrapatrimonial. Daño a la persona", en loc. Cit. pág. 7 y ss).

La irrupción de los Derechos Humanos a partir de la posguerra de 1945 hizo sentir su creciente influencia en el Derecho Universal, comprendido nuestro país, que en la Reforma Constitucional de 1994 incorpora a la Ley Suprema " la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", cuyo Art. V dispone que "Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar"; "la Declaración Universal de Derechos Humanos", cuyo artículo 2º - 1 reza: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición", y otras normas de específica aplicación al sub lite (Art. 75, inc. 22, C.N.).

La propia Corte Suprema expresó, aún antes de la Reforma Constitucional que: "El daño moral tiene carácter resarcitorio y no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un accesorio de éste" (Autos: "Forni C/ Ferrocarriles Argentinos, 7/IX/89. ID:"Bonadero Alberdi de Inaudi C/ Ferrocarriles Argentinos" 16/VI/88).

Ya la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", aprobada en 1948, destaca que los derechos esenciales del hombre...tienen como fundamento los atributos de la persona humana", y en su artículo V impera que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida familiar".

En el caso que nos convoca, no advierto que la conducta de la accionada hay constituido un ilícito independiente de la extinción del contrato de trabajo que justifique una reparación extraordinaria a la tasada legalmente.

Por las consideraciones expuestas, propicio confirmar, también en el punto, la sentencia cuestionada.

IV. Finalmente, considero que la imposición de costas decidida en grado, resulta adecuada al principio objetivo de la derrota establecido en el art. 68 CPCCN, por lo que no encuentro mérito para apartarme de lo allí resuelto.

Los honorarios de las representaciones letradas de las partes los considero equitativos en atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por cada uno de los profesionales, por lo que también propicio su confirmación (art. 38 ley 18.345).

No ocurre lo mismo con los regulados a la perito contadora, pues lo considero reducidos de acuerdo a los trabajos realizados por la experta. Por tal razón, propicio elevarlos al 7% del monto total de condena (art. 38 LO).

V. En atención a la suerte de los recursos interpuestos por cada una de las partes, estimo que las costas correspondientes a esta instancia sean soportadas según el orden causado (art. 71 CPCCN).

Los honorarios para los presentantes de fs. 214/215 y fs. 220/221, los fijo en el 25%, para cada uno de ellos, de lo regulado en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR JUAN CARLOS EUGENIO MORANDO: No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con excepción de los honorarios de la perito contadora que se elevan al 7% (siete por ciento) del monto de condena. 2) Imponer las costas de alzada en el orden causado. 3) Regular los honorarios de alzada para la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25% (veinticinco por ciento), para cada uno de ellas, de los determinados en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. -NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO. - ESTELA MILAGROS FERREIRÓS