Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-01


MOLINO ARROCERO SAN JAVIER S.A.

Reg.: A y S t 213 p 442-447.

Santa Fe, 1 de junio del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos -D.G.I.- contra la sentencia 128 del 9 de mayo de 2005, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "MOLINO ARROCERO SAN JAVIER S.A. -Concurso-Expte. 1243/99-Incidente de Revisión promovido por A.F.I.P.-D.G.I.-(Expte. 371/04)" (Expte. C.S.J. nro. 309, año 2005); y, CONSIDERANDO:

1. La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, desestimó la apelación interpuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos -D.G.I.- contra la resolución dictada por el Juez de baja instancia -que, a su turno, había rechazado la demanda de revisión iniciada por el organismo recaudador tendente a obtener el reconocimiento de la totalidad del crédito privilegiado condicional, los intereses y las multas que oportunamente insinuara-, confirmando la sentencia impugnada con costas a cargo de la acreedora (fs. 1/2 y aclaratoria a f. 3).

Contra el pronunciamiento de la Alzada deduce la entidad fiscal recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que le acuerda la Constitución provincial (art. 1, inc. 3, ley 7055), como lesivo de la garantía del debido proceso y del derecho de propiedad (fs. 4/24).

Las causales descalificantes que invoca pueden sintetizarse así: a) Desconocimiento o apartamiento de la norma aplicable.

Afirma que el decisorio recurrido prescindió de la normativa federal que se encuentra expresamente establecida respecto de las deudas para con el Fisco nacional, so pretexto de que el Juzgador puede dejar sin efecto tales normas, y de que se vulnerarían principios de derecho privado consagrados en el Código Civil, a la vez que la "pars conditio creditorum".

Defiende la especialidad de las disposiciones tributarias.

Sin perjuicio de ello, propone -para el caso de que incorrectamente se entiendan operativas las reglas del Código Civil- la aplicación del artículo 622 de dicho cuerpo, del que -a su juicio- se deriva que si hubiera fijado un interés legal, debería estarse al mismo.

Asevera que la teoría de las contribuciones confiscatorias elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye un valladar para las restricciones irrazonables en exceso del derecho de propiedad, y que el Alto Tribunal nacional circunscribe -salvo excepciones- el principio de no confiscatoriedad a tomar en cuenta el porcentaje cabalístico del 33% sobre la renta.

Agrega que la mentada confiscatoriedad debe probarse, no obstante lo cual, en autos, el Tribunal se limitó a sostener que la tasa de interés pretendida era excesiva e irrazonable, pero en ningún momento demostró cómo ella absorbía una parte sustancial del capital.

Con respecto a las sanciones pecuniarias cuya verificación fuera rechazada por el Inferior, apunta que éste se apartó de lo establecido por el artículo 32 de la ley 24522.

Cita doctrina y jurisprudencia que considera aplicables, y que avalan la postura según la cual, si la infracción cometida es anterior a la apertura del concurso, procede la verificación de las multas respectivas en el pasivo concursal.

b) Resolución dictada por jueces que se arrogaron el papel de legisladores y no se sintieron limitados por el orden jurídico.

Entiende que el "A quo" fijó una tasa de interés distinta a la establecida por la normativa tributaria vigente, sin haber declarado previamente la inconstitucionalidad de tales normas, y así creó derecho nuevo, como lo hace la ley, e invadió facultades exclusivas de otro poder del Estado -el Legislativo-, violentando o resquebrajando el sistema de división de poderes.

En vinculación con lo anterior, aduce que la supuesta vulneración de la "pars conditio creditorum" no es tal, pues este principio no implica que deban unificarse los accesorios del crédito por vía de la igualación de la tasa de interés, y que tampoco deba desmejorarse la condición de aquellos acreedores que la ley ha preferido como privilegiados, asegurando que el Fisco, encargado de recaudar cuanto se necesite para gestionar el bien común, no se halla en pie de igualdad con el común denominador de los acreedores privados del concursado.

c) Prescindencia de pruebas conducentes.

Señala que la Sala, al confirmar el fallo de primera instancia que rechazara los créditos fiscales, omitió considerar pruebas que, por su carácter, resultaban conducentes para la solución del caso.

Transcribe lo que sostuviera en la expresión de agravios con referencia a que "...los antecedentes que obran agregados en la denuncia penal caratulada "AFIP (DGI) s. Solicita Orden de Allanamiento y Secuestro" Expte 217/99 contienen antecedentes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado período 01/97 a 09/99, Retenciones por el mismo concepto períodos 12/97, 05/98, 12/98 a 08/99 e Impuesto a las Ganancias períodos 1997, 1998, 1999...en los cuerpos de la documental precedentemente detallada V.E podrá reunir los hechos y/o circunstancias (verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales) que condujeron a mi mandante a través de la labor revisora, prevista en la Ley a determinar los valores definitivos de los impuestos omitidos ingresar por el contribuyente correspondiente a Retenciones de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado..." (f. 16 y vto.).

Indica que se equivocó el Sentenciante al sostener que la prueba documental se trataba de la agregación de expedientes penales, pues dicha prueba -que se hallaba en el Juzgado Federal Penal de Reconquista- consistía en los antecedentes administrativos que habían dado origen a la determinación de la deuda verificada con carácter condicional en el concurso preventivo.

d) Apartamiento de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Considera que, con relación a las "multas", el Judicante se apartó de la doctrina que la Corte Federal sentó en "Fisco Nacional Argentino (DGI) sobre incidente de verificación en autos "Cosimatti Gregorio" (Fallos: 310:787), que ha sido seguida por la Corte mendocina "in re" "Bodegas y Viñedos La Vid S.R.L." (publicado en LL, 1998-F-641).

Finalmente, la impugnante asevera que la cuestión -relativa al recupero de los créditos fiscales por parte del Erario Público- excede el mero interés de las partes pues se proyecta sobre la comunidad toda, y que dicha circunstancia revela la existencia de gravedad institucional.

A ello añade que la incidencia o efecto del pronunciamiento impugnado podría acarrear consecuencias disvaliosas, al generar una conciencia más laxa de los contribuyentes en el cumplimiento de las obligaciones para con el Fisco, ante la posibilidad latente y clara de utilizar posteriormente el instrumento concursal a sabiendas de que una parte importante del crédito del organismo recaudador puede ser excluida del pasivo concursal.

La concesión del referido recurso fue denegada por el Tribunal "a quo" mediante auto 244 del 4 de agosto de 2005 (f. 38), lo que motivó la presentación directa de la interesada ante esta sede (fs. 42/61).

2. Liminarmente, ha de adelantarse que la presente impugnación no puede prosperar.

Es que, si bien la recurrente articula en abstracto, conforme a su propio planteo, varias hipótesis que pueden encasillarse como tipos doctrinarios y jurisprudenciales de arbitrariedad, no consigue demostrar -en un contacto liminar con lo sustancial- que tales hipótesis guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso (cfr. "Cerrutti", A.

y S. T. 35, pág. 410).

De este modo, no se configura en el "sub lite" el alegado desconocimiento o apartamiento de la normativa aplicable, toda vez que, frente a la opinión del Tribunal, que se deriva de la remisión efectuada en la resolución recurrida -ver los citados precedentes "Dillon" (A. y S. T. 160, págs. 7/11) y "Osses" (A. y S. T. 166, págs.

194/197), y en igual sentido los antecedentes "Toniutti" Ello, debido a que sus agravios se abroquelan -principalmente- en la existencia de una disposición legal (art. 37, ley 11683) que autoriza a un órgano del Poder Ejecutivo a fijar la tasa, y en la afirmación de que las resoluciones administrativas emanadas de la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación integran dicha norma, que no hace más que procurar el desenvolvimiento normal de las finalidades del Estado.

Sin embargo, pese a su esfuerzo argumentativo, la quejosa no logra demostrar que la tesis seguida por el Tribunal implique la elección de una alternativa irrazonable o ajena al derecho en vigor.

En el caso, el Sentenciante remitió a precedentes propios en los que intervino el mismo ente público, y así -transitivamente- se basó en principios concursales, y en normas sustantivas de derecho privado, cuya aplicación no puede reprochársele, desde que su respuesta jurisdiccional ha sido brindada en el marco de un juicio universal -concursal-.

Los antecedentes citados por la Alzada se enrolan en una de las principales corrientes jurisprudenciales relativas al tema bajo examen (ver, a manera de ejemplo, Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza en L.S. 271-461; 282-278; 285-144; 285-226, 286-210; C.N.Com. Sala C "in re" "Dirección General Impositiva c. Cristalerías El Cóndor S.A.", 29/11/1996, L.L., 1998-A, 492, J. Agrup., números 12367 y 12368; etc.), e importan la adopción de una solución posible, basada en razones suficientes (A. y S., T. 92, pág. 254; T. 99, pág. 212; T. 113, pág. 232; T. 123, pág. 49; T. 126, pág. 233; T. 134, pág. 10; T.

150, pág. 236; T. 152, pág. 320, entre otros), habiéndose brindado una respuesta viable de conformidad con el ordenamiento jurídico y con el cuadro fáctico esclarecido.

Asimismo, debe tenerse presente que el Juzgador analizó la cuantía de los accesorios pretendidos "dentro del contexto falencial", y que en ese ámbito, por las razones expuestas "supra", no resulta exigible -como pretende la quejosa- la acreditación de la "confiscatoriedad" de los intereses, o de que éstos absorben el 33% del capital.

La misma suerte adversa debe correr el defecto atribuido por haberse arrogado los jueces el papel de legisladores.

Es que, la quejosa no logra probar que la tasa establecida para los créditos fiscales haya sido determinada con fundamento en la sola arbitraria voluntad del Judicante.

Por el contrario, la remisión de la Sala a los precedentes ya mencionados evidencia la finalidad de no vulnerar el principio de igualdad o "pars conditio creditorum", evitando el devengamiento de una tasa que genere un privilegio para el Estado en desmedro de las perspectivas de recomposición eventual del patrimonio del deudor, y de cobro efectivo de los créditos en juego, y todo ello con fundamento en derecho.

En este aspecto, se advierte que el Sentenciante remitió a argumentos volcados en varios antecedentes jurisprudenciales en los que intervino el mismo ente público (cfr. f. 1), debiendo recordarse que el Máximo Tribunal de la Nación ha considerado improcedente la impugnación extraordinaria sustentada en la falta de fundamentación de la sentencia cuando ésta posee motivación implícita adecuada, clara e inequívoca (cfr. Fallos: 262:210; 296:550), y que esta Corte provincial ha manifestado que constituye suficiente motivación la remisión a un anterior precedente jurisprudencial, que guarda analogía con el que se examina (cfr. A. y S. T. 100, pág. 2, entre otros).

En lo relativo al concepto y alcances del mentado principio de "pars conditio creditorum", es obvio que la impugnante, al entender restrictivamente dicho precepto, y negar que el mismo pueda influir en la determinación del monto correspondiente a intereses devengados con anterioridad a la iniciación del concurso (cfr. f. 21vto.), discrepa con la línea argumental del Judicante.

Pero tal disconformidad acerca de la interpretación de un principio de derecho común, no es suficiente para habilitar la vía extraordinaria, pues recae sobre una materia que -más allá del mayor o menor grado de acierto de los jueces- se halla reservada a éstos, y salvo que se demuestre arbitrariedad, lo que -a tenor de lo expuesto en precedencia- no sucede en la especie, escapa del restringido ámbito previsto normativamente para el control de constitucionalidad que corresponde a la Corte.

Con referencia al crédito pretendido con privilegio general de verificación condicional, la impugnante aduce que la Alzada ha prescindido de meritar pruebas conducentes, concretamente, los antecedentes administrativos que habían dado origen a la determinación de la deuda respectiva (Impuesto al Valor Agregado perídos 01/97 a 09/99, Retenciones por el mismo concepto períodos 12/97, 05/98, 12/98 a 08/99 e Impuesto a las Ganancias períodos 1997, 1998 y 1999), y que se hallaban en el Juzgado Federal Penal de Reconquista.

Mas lo cierto es que la compareciente no demuestra la acusada omisión, toda vez que no rebate lo sostenido por la Sala acerca de que "...esas probanzas no lograron ser agregadas a la causa con lo que y a tenor de lo dispuesto por los arts. 150 y 371 del Código de rito y 281 y 283 LCQ, no aparecen susceptibles de ser tomadas en consideración.

Por lo demás, véase que en la Alzada no ha variado tal situación..." (f. 1vto.).

No obsta a la conclusión precedente la circunstancia que surge del relato de antecedentes de la causa relativa a que, en la expresión de agravios, el organismo fiscal solicitara expresamente la apertura a prueba en la Alzada a fin de que se incorporase la documental -que no habría podido producirse en baja instancia por cuestiones meramente procesales y no imputables a la incidentista-, toda vez que la recurrente se limita a manifestar lo antedicho, sin brindar mayores precisiones sobre la secuencia procedimental posterior a su pedido, y sin vincular dicha situación con alguna eventual violación del derecho de defensa o del debido proceso u otro agravio de índole constitucional.

Pasando a analizar el tema de las "multas", aunque la quejosa invoca apartamiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la ley concursal, y del precedente "Cosimatti" de la Corte federal (Fallos: 310:787), no enuncia en el libelo recursivo los datos fácticos mínimamente necesarios para evaluar la posible configuración de los vicios endilgados.

Ha de notarse, en este aspecto, que la pretensa acreedora no menciona si las multas corresponden a períodos fiscales precedentes a la presentación concursal, cuándo fueron impuestas, si han sido notificadas al deudor, si éste impugnó, etcétera.

Las carencias referidas revelan la falta de autosuficiencia en el punto del memorial introductor del remedio extraordinario, e impiden advertir la conexión inexorable que debe existir entre los hechos relevantes de la causa y la cuestión constitucional que se desea someter a este Órgano.

Por último, sabido es que la invocación de "gravedad institucional" no configura una hipótesis que habilite "per se" la apertura de la instancia excepcional, pues la admisión de aquélla estuvo siempre vinculada a la concurrencia de alguno de los supuestos del artículo 1 de la ley 7055 (cfr. A. y S. T. 143, pág. 111), circunstancia que no acontece en la especie.

En suma, pretender abrir ante los estrados de este Cuerpo una tercera instancia ordinaria, que revea lo decidido por los tribunales inferiores en ejercicio de su función jurisdiccional, implica desconocer la naturaleza del remedio extraordinario intentado, que tiene por objeto únicamente el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.