Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-08


Expte n° 14326/17 "Solurban SA c/ GCBA y otros s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido" y su acumulado expte. n° 14308/17 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Solurban SA c/ GCBA y otros s/ impugnación actos administrativos" Buenos Aires, 8 de agosto de 2018 Vistos: los autos indicados en el epígrafe;

resulta:

1. Solurban S.A. resultó adjudicataria de una de las zonas para el servicio de higiene urbana, que fue el objeto de la licitación pública n° 14/97 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA). Se celebró el contrato correspondiente por 4 años, que fue prorrogado por 2 años más. Al vencerse este plazo, la firma continuó por 120 días a cargo de la ejecución de las prestaciones en virtud de la cláusula contenida en el art. 7 del pliego. Al vencimiento del contrato y las prórrogas Solurban presentó la demanda que da inicio a este juicio, el 07 de junio de 2004 (fs. 333, número suprimido). En tanto ese plazo no fue suficiente para posibilitar la asunción de los servicios por nuevos contratistas, se suscribió un contrato por 90 días, que estuvo vigente a partir del 31/05/04. Con posterioridad efectuó dos ampliaciones de la demanda.

En la demanda inicial Solurban impugnó, en lo pertinente, los decretos n° 472/GCBA/03, 2639/GCBA/03 por los que el accionado rechazó (i) el pedido de reconocimiento y pago de mayores costos correspondientes al período enero a agosto de 2002, y (ii) el pago de la suma de $ 63.036,24 por la facturación de noviembre de 2002, en la que se omitió considerar el servicio de limpieza de sumideros. Expuso que en enero de 1998 comenzó a prestar los servicios pero que la inestabilidad política, social y económica del año 2001 dio lugar en enero de 2002 a la declaración de emergencia pública, a la modificación del régimen cambiario y a la pesificación dispuesta por la Ley N° 25.561, hechos ". sin duda de naturaleza imprevisible y extraordinaria, [que] tornaron las prestaciones contratadas excesivamente onerosas provocando la ruptura de la ecuación económica financiera del contrato" (fs. 319). En ese marco, la Ciudad de Buenos Aires dictó la ley n° 744 mediante la cual declaró la emergencia económica y financiera y dispuso la renegociación de todos los contratos de obras y servicios públicos. Expresó que su mandante efectuó "diversas presentaciones reclamando la necesidad impostergable de proceder a la recomposición del contrato en virtud de la[s] variacio[nes] ocurrida[s] en los costos, adecuando con el mismo alcance el precio de los servicios" (fs. 319 vuelta), y que como consecuencia de ello el GCBA dictó el decreto n° 472/03 por medio del cual se reconoció a la actora la suma de $1.060.190,30, más IVA, por variación de costos desde septiembre de 2002 hasta el mes de febrero de 2003 y un incremento del 12,11% a partir de marzo de 2003 a ser aplicados a las futuras facturaciones hasta la finalización del contrato. Solurban S.A. interpuso recurso de reconsideración ante la Administración sobre la base de que el reconocimiento efectuado no resultaba representativo del aumento de costos del servicio y atacó el acto administrativo por considerarlo nulo de nulidad absoluta e insanable. Por medio del decreto n° 2639/03 se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto y se confirmó el decreto n° 472/03 en todos sus términos.

En el escrito de inicio señaló que los actos administrativos mencionados ostentan vicios y causaron un desequilibrio en la ecuación económica financiera del contrato al no contemplar la reparación integral de las variaciones, por lo que su mandante cargó con todo el costo del cambio de política económica.

A fojas 359/360, Solurban amplió la demanda. Indicó que por medio del decreto n° 1174/04, el GCBA reconoció en concepto de mayor costo laboral un aumento del 10,98%, el cual debería sumarse a lo dispuesto por el decreto n° 472/03. Afirmó que el reconocimiento efectuado por el GCBA no era representativo del mayor costo laboral provocado por los aumentos de salarios dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional (fs. 359 in fine).

A fojas 522/523 la actora volvió a ampliar la demanda luego de que se dictara el decreto n° 111/05, por el cual se reconoció a su mandante la suma de $ 3.036.916,32 en concepto de mayor costo laboral en el período agosto 2003/mayo 2004. Solurban planteó que los incrementos otorgados no cubrían la totalidad de los mayores costos que la empresa debió afrontar, por lo que mantuvo el reclamo realizado en concepto de salarios efectivamente abonados y los montos indemnizatorios y adecuó su petición a los montos allí reclamados.

2. Al contestar demanda el GCBA señaló que por medio del decreto n° 2639/03 se rechazó el recurso de reconsideración formulado por la empresa actora ya que "el mero aumento del valor de sacrificio de la renta empresaria no significa automáticamente que la prestación a cargo la del contratista se haya tornado excesivamente onerosa" (fs. 537 vuelta). Afirmó que "en virtud de los estudios y los cálculos efectuados se llegó a la conclusión que la empresa actora sufrió al mes de julio de 2003 un deterioro por mayores costos de un 23,09% respecto a diciembre de 2001" (fs. 538); que mediante el decreto n° 472/03 se le reconoció un aumento del 12,11% y que con el decreto n° 1174/04 se hizo lo propio en un 10,98% adicional. Indicó también que el decreto n° 111/05 reconoció a la Solurban $ 3.036.916,32 por variaciones de costos acaecidas desde agosto 2003 hasta mayo 2004 y expuso que ". la restitución de la ecuación económica financiera del contrato, cuando su resquebrajamiento afecta al contratista, no significa mantener indemne las expectativas de ganancia o tasa de retorno esperada por el particular, sino evitar que la reparación de dicho quiebre económico financiero quede a exclusivo cargo del empresario" (fs. 538 vuelta/539). Planteó que los rubros reclamados por la actora no son un daño especial sino que ". constitu[yen], una carga que tuvieron que soportar todos los empleadores en virtud de decisiones legítimas del Estado" (fs. 544 vuelta). Sostuvo que la actora no impugnó en sede administrativa el contenido de los actos administrativos dictados con posterioridad al escrito inicial, por lo que ellos no resultan susceptibles de revisión judicial (fs. 552 vuelta).

El GCBA examinó la normativa aplicable al reclamo por mayores costos en el marco de un contrato administrativo. Reseñó que la ley N° 23.928 establece en su artículo 7° que: "El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley". A su vez, el artículo 61 inciso 56 del decreto 5720/72 prescribía: "Los precios correspondientes a la adjudicación, por norma, serán invariables. No obstante, cuando causas extraordinarias o imprevisibles modifiquen la economía del contrato, se podrá, por acuerdo de partes: a) Reconocer variaciones de costo en la medida en que las causas incidan en los mismos; b) Dar por rescindido el contrato sin penalidades". El Pliego de Bases y Condiciones que rigió la contratación que nos ocupa previó un régimen de redeterminación de precios (art. 29) supeditado a la derogación del art. 7° de la ley de convertibilidad 23.928 (art. 55); por lo que estaba vedado el traslado automático de fórmulas de actualización o revisión.

3. A partir de los criterios señalados en el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en el expediente "Cliba Ingeniería Urbana S.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos" expte. N° 17.832/0 -a fojas 40 de tal expediente se declaró su conexidad con las presentes actuaciones y con un tercer expediente, "AEBA Ambiente y Ecología de Buenos Aires S.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos" expte. N° 12.619/0, debido a que las tres causas se vinculan con los contratos resultantes de la Licitación Pública N° 14/97 (v. espec. informe del Actuario de fs. 1593)- el juez examinó la prueba y concluyó en que el reconocimiento de las variaciones de costos se aplicó sobre el 69,78% de la estructura de costos de la empresa actora y que de haberse utilizado la fórmula polinómica establecida en el art. 55 del PBCP -que incluye los rubros "mano de obra", "precio del gas oil" e "índice de precios nivel general"-, el porcentaje de ajuste de facturación al 30/04/2004 resultante de la fórmula polinómica habría sido de 103,16%. Por lo tanto "el mayor costo por el servicio prestado por la empresa SOLURBAN S.A. (...) asciende a $ 27.418.979,16 (v. informe pericial de fs. 1394/1445 espec. fs. 1141 vuelta). A su vez, la pérdida financiera y gastos incurridos como consecuencia de la venta de LECOP y por la asistencia financiera por parte de entidades bancarias fue de $ 365.336,47 (conf. informe pericial de fs. 1394/1445 espec. fs. 1143 vuelta). También consideró el monto dejado de facturar por la actividad de los recuperadores urbanos (cartoneros), estimado en $ 2.816.303,47" (v. informe pericial de fs. 1394/1445 espec. fs. 1144 in fine). Sobre esa base el juez sostuvo que "según surge del análisis comparativo realizado, la empresa SOLURBAN S.A. hubiera facturado $18.825.118,40 más en el período que va desde enero de 2002 a abril de 2004, si se hubiera tenido en consideración los aumentos en la estructura de costos según lo mencionado en el punto b)" (v. informe pericial de fs. 1394/1445 espec. fs. 1145).

Finalmente, consideró los importes pendientes de pago por los servicios prestados por Solurban S.A. -de conformidad con la metodología utilizada por el GCBA- que arrojaban la suma de $18.927.464 (v. fs. 1444), y dispuso "hacer lugar al reclamo de la actora, y en consecuencia, reconocer diferencias a su favor por la suma de $13.249.225 (pesos trece millones, doscientos cuarenta y nueve mil doscientos veinticinco) que representa el 70% de los mayores costos sufridos por Solurban S.A. en la prestación del servicio de Licitación Pública de que se trata (conf. criterio de la Sala II en la causa "Cliba" citada)" (fs. 1651).

4. El GCBA apeló la sentencia (fs. 1659 y su expresión de agravios de fs. 1667/1675). Afirmó que el fallo no brindó ningún fundamento -con sustento en los hechos del caso y en el derecho aplicable- para determinar los porcentajes fijados (70% a cargo del GCBA y 30% a cargo de la empresa). Así, no surgía de los pliegos que el GCBA hubiera asumido a su cargo las consecuencias o los eventuales mayores costos que se pudiesen generar como consecuencia de hechos imprevisibles, etc. Era la empresa quien debía asumir en mayor medida los mayores costos que pudieran justificar la aplicación de la teoría de la imprevisión, atento el riesgo empresario asociado al comercio y a la actividad empresarial. No obstante, el GCBA reconoció un incremento de costos por medio de los decretos n°472/03, n° 1174/04 y n° 111/05. La actora no se hace cargo que entre enero de 2002 hasta la finalización del contrato en mayo de 2004 se encontraba vigente el art. 7 de la ley 23.928, en la redacción dada por la ley 25.561, que mantuvo inalterable la prohibición de mecanismos de ajuste precios, repotenciación de deudas o de variación de costos; y que no se presentó la circunstancia prevista para la aplicación del art. 55 del Pliego de Condiciones pues nunca se derogó el art. 7 de la ley Nº 23.928 (que era la condición establecida para habilitar la operatividad de esos procedimientos de repotenciación). La utilización de otros índices (como los pretendidos por la actora), o la consideración del balance de la empresa implicaba desconocer los términos del contrato y la normativa que le era aplicable, y el principio de igualdad que rige la licitación. Al tomar en consideración la "real incidencia" en los aumentos de costos en la empresa se transferían al GCBA las consecuencias económicas de índole negativa de las decisiones propias del desenvolvimiento empresario.

Agregó que la sentencia no declaró la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el Gobierno reconoció mayores costos a la actora con los límites establecidos en esos actos. Así, los decretos nros. 472/03, 2639/03, 1174/04 y 111/05 eran válidos; y los últimos dos no fueron impugnados por la actora en sede administrativa, por lo que al no haber agotado la vía administrativa pasaron en autoridad de cosa juzgada administrativa, no resultando factible su revisión en sede judicial.

5. Solurban también apeló el fallo de primera instancia (fs. 1655 y su expresión de agravios de fs. 1676/1681 vuelta). Se agravió porque: (i) había mayores costos reclamados y no mencionados en la sentencia; (ii) debía considerarse como contribución de la actora -de acuerdo al principio del sacrificio compartido- los esfuerzos económicos por pago del servicio con Lecops, por la mora en los pagos y por el hecho de que los créditos reconocidos -compensatorios de costos erogados entre los años 1999 y 2004- se ajustaran aplicando la tasa pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

6. El fallo de la Sala I de la Cámara estableció: "En mérito a la votación que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación del GCBA con el alcance dispuesto en el considerando 8.4.; II. Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora con el alcance dispuesto en el considerando 9; III. Imponer las costas de ambas instancias del proceso en un 50% en cabeza de cada parte" (fs. 1706 vuelta).

En el punto 8.4. de la sentencia de segunda instancia se señaló: ". el agravio -en este punto- debe prosperar motivo por el cual el alea económica sobreviniente deberá ser soportada equitativamente en un 50% por cada parte (.) las partes deben compartir el desequilibrio de las prestaciones porque el hecho o acontecimiento no es imputable a ninguna de ellas [y por ello] deben coparticipar de los riesgos sobrevenidos y causantes de la alteración del equilibrio económico del contrato" (fs. 1705 y vuelta, sin el resaltado orginal). Y en el punto 9 se dijo "(.) En su planteo solicitó que se incluyera dentro del monto de condena la suma de $ 256.684,79 en concepto de reconocimiento de mayores costos por el servicio de 'limpieza de sumideros' (monto conforme al punto 1.2 ap. ii de las aclaraciones requeridas por la empresa a la pericia contable). (.) Así las cosas, tanto del informe de la perito contable como del expediente administrativo, surge que ni las diferencias del Decreto 472/03 ni las del Decreto 1174/04 han sido abonadas en la facturación por Limpieza de Sumideros. Por lo expuesto le asiste razón a la parte actora y corresponde reconocer el importe adeudado por mayores costos de limpieza de sumideros, (.) en la suma de $256.684,79" (fs. 1706). En suma, la Cámara redujo los porcentajes fijados en primera instancia, y distribuyó entre las partes -en un 50% para cada una- la carga por la readecuación de la económica financiera; reconoció a la actora mayores costos por la limpieza de sumideros; y distribuyó las costas por mitades (fs. 1701/1706 vuelta).

7. El GCBA dedujo recurso de apelación ordinario y expresó los siguientes agravios (fs. 1880/1892):

(i) No corresponde determinar el reajuste sobre la base de los balances de la parte actora, pues sus costos pueden estar determinados por sus propias decisiones empresariales (política de compras, financiamiento, etc.) (ii) La sentencia obliga a pagar mayores costos denunciados en forma unilateral por la empresa, sin sustento en el pliego de bases y en las otras normas aplicables; determinando un virtual traslado a favor de la empresa del régimen exorbitante de la contratación pública.

(iii) El pliego de bases y condiciones fijó la pauta de "inalterabilidad del precio" de los servicios contratados, quedando en cabeza del contratista el denominado "riesgo empresario" que la sentencia desconoce al aplicar la teoría de la imprevisión y considerar que había sido insuficiente el reconocimiento efectuado por el GCBA en los decretos mencionados, sin declarar la inconstitucionalidad de las leyes que prohíben el reajuste o indexación.

(iv) La redeterminación de precios para todos los componentes de la estructura de costos del contrato pretendida por Solurban y admitida por la sentencia, se aparta de lo establecido en el decreto n° 472/03 que tomó en consideración los elementos esenciales del contrato identificados en el art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones, dejando afuera los rubros que podían quedar distorsionados por las decisiones empresariales.

(v) La sentencia desvirtúa el sometimiento de la empresa a las cláusulas contractuales, vulnerando los principios de igualdad de los oferentes y de legalidad.

(vi) La sentencia no brinda fundamentos para determinar los porcentajes a cargo de cada parte (50%); y corresponde que la empresa asuma los mayores costos en atención al riesgo empresario.

(vii) Los importes reconocidos por el GCBA en los decretos constituyeron una colaboración razonable y justa para ayudar a Solurban a atemperar los efectos de la alteración del contrato en el marco de circunstancias imprevistas; la teoría de la imprevisión no tiene por finalidad asegurar ganancias o beneficios sino disminuir perjuicios, y bajo su manto no procede la reparación integral.

(viii) La empresa debió demostrar el quebranto al que había quedado sometida y que el aumento sobre el precio final no cubría las perdidas efectivamente sufridas como consecuencia directa de los mayores costos.

(ix) Los aumentos concedidos por el GCBA no solo abarcaron los rubros que integraban la estructura de costos del servicio, sino también el lucro estimado al momento de celebrarse el contrato.

(x) La Cámara no declaró la nulidad de los decretos nros. 472/03 y 2639/03, lo que le impedía reconocer un procedimiento y un monto distinto para determinar la reparación.

(xi) Los decretos nros. 1174/03 y 111/05 no fueron impugnados en sede administrativa, por lo que lo decido en ellos no puede ser revisado judicialmente.

8. Solurban también planteó el recurso de apelación ordinario. Al fundarlo (fs. 1893/1919) hace referencia a que el contrato que vencía en febrero de 2002 fue prorrogado sin ajustar el precio de las prestaciones; que la CABA decretó la emergencia financiera y económica por ley n° 744 de diciembre de 2001; que inició el pedido de negociaciones para fijar los nuevos precios contractuales el 25 de junio de 2002. Expone que la ley n° 992 que legalizó la actividad de los recuperadores de residuos urbanos impactó en la facturación del servicio pues disminuyó la cantidad de toneladas de basura recogidas. Rechazó la aplicación del art. 55 PByC, e insistió en que el reconocimiento no era representativo del aumento real del costo del servicio.

9. El GCBA interpuso, además, recurso de inconstitucionalidad (fs.1717/1727), que al ser denegado (fs. 1743 vuelta) dio lugar a la queja acumulada a partir de fs.1859/1868 vuelta.

10. Requerido su dictamen, el Fiscal General propuso que se haga lugar al recurso ordinario de apelación del GCBA, se revoque la sentencia recurrida y se rechace la demanda de Solurban S.A. (fs. 1957/1960).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Según lo establecido por el Tribunal a partir del fallo dictado en los autos "Playas Subterráneas S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos", expte. n° 860/01, resolución del 9/4/2001 (en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, T. III, ps. 83 y siguientes), el recurso ordinario de apelación ante este Tribunal requiere para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que el valor debatido ante esta instancia sea superior a $700.000 -según la normativa vigente al momento de la interposición de los recursos en esta causa (art. 37 de la ley nº 402, y art. 27 inc. 6 de la ley nº 7, modificado por el art. 2 de la ley nº 189, según texto consolidado al 29/02/2016 por la ley nº 5.666)-; y c) que la impugnación verse sobre una sentencia definitiva.

Los recursos de ambas partes cumplen con esas tres condiciones ya que los recurrentes impugnan, en tiempo oportuno, una sentencia dictada en una causa en que la Ciudad es parte; los valores cuestionados superan respectivamente el mínimo antes citado, y se ha resuelto en segunda instancia la cuestión de fondo debatida en el juicio. Los recursos, en consecuencia, fueron correctamente concedidos por la alzada.

Dado que el recurso planteado por el GCBA se dirige a obtener el rechazo de la demanda incoada por Solurban, y el de la parte actora a incrementar la cuantía de la suma a percibir por mayores costos, comenzaré a examinar, a partir de la apelación ordinaria del GCBA, si debía prosperar la demanda; y, sólo en caso afirmativo, revisaré los agravios planteados en el recurso de Solurban para obtener una reparación mayor a la reconocida en la sentencia resistida.

2. Ciertas aclaraciones iniciales son precisas. Como ya se ha consignado en el relato que precede a mi voto:

(A) A fojas 40 del expediente "Cliba Ingeniería Urbana S.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos" expte. N° 17.832/0 se declaró la conexidad con las presentes actuaciones y con el expediente "AEBA Ambiente y Ecología de Buenos Aires S.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos" Expte. N° 12.619/0, debido a que estas causas hacen referencia a la Licitación Pública N° 14/97 (ver específicamente el informe del Actuario de fs.1593). Dicha providencia se encuentra firme. La razón de ser de la conexidad estuvo dada en que las tres empresas fueron las adjudicatarias de la contratación para diversas zonas de limpieza en la misma licitación, todas formularon reclamos similares y las decisiones administrativas involucraron a las tres sociedades. Además, Solurban funda su pretensión en la teoría de la imprevisión al igual que lo hiciera "Cliba".

(B) El fallo de la Cámara de Apelaciones en los autos "Cliba" que el juez de primera instancia tuvo en cuenta al dictar su pronunciamiento en esta causa (Solurban) y que llega ahora a revisión de este estrado luego de haber sido modificado parcialmente por la alzada, fue revocado por este Tribunal mediante la sentencia del 3 de mayo de 2017 [expte. n° 11343/14 "Cliba Ingeniería Urbana SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido", y su acumulado expte. n° 11289/14 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Cliba Ingeniería Urbana SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos"] que se encuentra firme.

(C) Dada la conexidad decretada y firme entre esta causa y "Cliba", ya fallada por el Tribunal, y a que las cuestiones planteadas son sustancialmente similares a les examinadas y decididas por el Tribunal en esa sentencia -cuya copia deberá agregarse como parte de ésta-, corresponde, por los fundamentos pertinentes allí expresados, señalar que:

(a) No resulta procedente la pretensión de reconocimiento íntegro de los mayores costos sobre la totalidad de los rubros a partir de la estructura de costos según los balances de la empresa actora, de acuerdo con las normas que rigieron el contrato.

(b) La presencia de mermas parciales en la utilidad en limitados períodos del contrato no autoriza, per se, a generar reconocimientos basados en los principios que dimanan del derecho de propiedad (arts. 14 y 17, CN) o de la garantía de igualdad ante las cargas públicas (art. 16, CN).

(c) Para poder dilucidar si concurre el deber de reparar y, en su caso, la cuantía de la deuda, se requeriría un informe pericial que determinase (i) cuál fue el resultado neto final de la explotación al cabo de los años iniciales y de sus prórrogas -o, cuanto menos, de un período ciertamente representativo de todo el contrato-, (ii) si al cumplimiento del plazo se alcanzó la remuneración esperada o no, y (iii) en caso negativo, si ello obedeció a causas atribuibles al alea normal del contrato o a otro supuesto de alea extraordinaria que el Estado debiera soportar; y esa prueba no fue ofrecida ni producida.

3. En suma, considero que la Cámara CAyT ha incurrido en un desacierto al disponer con carencia de fundamentación y orfandad normativa una arbitraria distribución de los mayores costos generados durante una parte de la vida del contrato que quedara a cargo del GCBA en un 50% y de Cliba en otro tanto igual, sin atender que el GCBA había ya asumido parte significativa de esos mayores costos, y sin que se probara cuál fue la incidencia de ese remanente a cargo de la contratista en el resultado económico final de todo el contrato.

4. En atención a lo expresado en los puntos precedentes, el recurso de apelación de Solurban dirigido a incrementar el reconocimiento otorgado por la Cámara debe ser rechazado.

5. Finalmente, la decisión del recurso ordinario de apelación del GCBA torna innecesario examinar la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado que también planteara.

6. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:

(i) hacer lugar al recurso ordinario de apelación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, revocar el fallo apelado y rechazar la demanda de Solurban S.A., con costas en todas las instancias;

(ii) rechazar el recurso ordinario de apelación interpuesto por Solurban S.A.;

(iii) declarar abstracto el tratamiento del recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado planteado por el GCBA; y (iv) agregar como parte integrante de los fundamentos de esta sentencia, copia del fallo del 3 de mayo de 2017 en los autos "Cliba Ingeniería Urbana SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. n° 11343/14 y su acumulado "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Cliba Ingeniería Urbana SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos", expte. n° 11289/14.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Adhiero al voto de mi colega, el juez José Osvaldo Casás.

Las juezas Ana María Conde e Inés M. Weinberg dijeron:

Adherimos, en lo sustancial, a los fundamentos y propuesta contenida en el voto de nuestro colega preopinante, Dr. José Osvaldo Casás. En efecto, el recurrente no acreditó que la economía del contrato hubiese sido insuficientemente recompuesta luego de las medidas adoptadas con los actos administrativos aquí impugnados, ni que éstos estuviesen inadecuadamente motivados.

Corresponde hacer lugar al recurso ordinario de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, revocar el fallo apelado y rechazar la demanda deducida por la actora, con costas en todas las instancias, y al mismo tiempo rechazar el recurso ordinario de apelación interpuesto por Solurban S.A. y declarar abstracto el recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado planteado por la demandada.

Así lo votamos.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Por las razones expuestas al emitir mi voto en la sentencia pronunciada en el expte. n° 11343/14 "Cliba Ingeniería Urbana SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido", y su acumulado expte. n° 11289/14 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Cliba Ingeniería Urbana SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos", entiendo que corresponde hacer lugar al recurso del GCBA en cuanto plantea que la Cámara no declaró la nulidad de los decretos 472/03 y 2639/03, lo que le impedía reconocer un procedimiento y un monto distinto para determinar la reparación; y que los decretos 1174/03 y 111/05 no fueron impugnados en sede administrativa, por lo que lo decido en ellos no puede ser revisado judicialmente.

Según relata la Cámara, la demanda tuvo por objeto la declaración de nulidad de los decretos en cuestión. En ese marco, los jueces de mérito han entendido estar frente a una demanda cuyo objeto consiste en la impugnación de varios actos administrativos, objeto que coincide con el que fue asignado en la carátula del expediente. Esa interpretación viene consentida por las partes.

2. En autos, la Administración fundó el dictado de los decretos en ejercicio de competencias que le son propias. Esa competencia invocada por la Administración para dictar esos actos no ha sido debatida por la accionante. Estamos así frente a una típica acción de impugnación de acto administrativo por lo menos en lo que refiere al decreto N° 1174/04 confirmado por el decreto N° 111/05.

No obstante ello, la Cámara omitió todo análisis respecto de lo ocurrido en sede administrativa. Esa circunstancia, por ejemplo, impide establecer si alguno de los decretos impugnados, o parte de ellos, ha quedado firme. El a quo obró como si estuviera ante una acción de daños y perjuicios formulada de modo directo ante el Poder Judicial. Sobre la base del peritaje contable realizado en autos tuvo por probados los mayores costos denunciados por la parte actora; mayores costos que entendió que, no discutido la imprevisibilidad de los hechos que los generaron, debían ser soportados en las partes en las proporciones señaladas.

La sentencia recurrida ha generado un desorden mayúsculo en el pleito, desnaturalizado la acción intentada. Esa circunstancia impide tenerla, como dije, por un acto válido. De ahí que corresponde revocarla y devolver las actuaciones a la Cámara para que, por medio de otros jueces, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho.

3. La forma en que voto torna innecesario analizar tanto el recurso ordinario de la parte actora como la presentación directa de la demandada.

Por ello, voto por: hacer lugar al recurso ordinario del GCBA; revocar la sentencia recurrida; y reenviar las actuaciones a la Cámara para que, por intermedio de otros jueces, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí dicho. Costas por el orden causado, en atención a la complejidad de la cuestión debatida Por ello, y oído lo dictaminado por el Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso ordinario de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con costas de todo el proceso a la vencida.

2. Revocar la sentencia de fs. 1701/1706 vuelta y rechazar la demanda.

3. Rechazar el recurso ordinario de apelación deducido por Solurban S.A..

4. Declarar abstracto el recurso de queja interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal el 3 de mayo de 2017 en los autos "Cliba Ingeniería Urbana SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. n° 11343/14 y su acumulado "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Cliba Ingeniería Urbana SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos", expte. n° 11289/14.

6. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.