Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-28


--- En la ciudad de Trelew, a los 28 días de febrero del año dos mil ocho, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Aldo Luis De Cunto y Sergio Rubén Lucero, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "B, P A c/ L, E A y L, D A y H, C A en su carácter de intergrantes de A P de T S.R.L. s/ dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. N° 22.524 - año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 208. --- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ---1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 200, que fuera concedido a fs. 201, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 195/197 vta. que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la parte demandada y en consecuencia rechazó la demanda laboral instaurada por P A B contra E A L, D A L y C A H, con imposición de costas al vencido.

Asimismo, a fs. 200 el Dr. A E. M, por su propio derecho, interpuso recurso de apelación contra la regulación de sus honorarios, que fuera concedido a fs. 201. -- El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 202/204 y vta., el traslado conferido a fs. 205 no fue evacuado por su contraria, y sostiene el apelante que le causa agravio el fallo por omitir valorar prueba esencial ofrecida y la realidad fáctica, aplicar jurisprudencia que no corresponde y omitir expresas normativas. Disiente con la aplicación al caso del fallo "Murgiondo c/ Punta Rieles" por estar referido a aspectos fácticos propios de esa causa. Las circunstancias de hecho son diferentes y además el actor si reclamó fehacientemente en la presente causa los rubros impagos y las indemnizaciones correspondientes. No puede sostenerse que la relación laboral se encuentre debidamente registrada ya que es necesario la inscripción en el Instituto Nacional de Previsión Social, la Caja de Subsidios Familiares y la Obra Social correspondiente, y debidamente registrado en el Libro Especial previsto por el art. 52 de la L.C.T. El hecho de acompañar los recibos no amerita que se hallan depositados los aportes que se le descontaran. Omite considerar el sentenciante el expediente ofrecido como prueba que individualiza y en el que obra agregada constancia expedida por la Municipalidad de Trelew por el cual se acredita que la sociedad a fines del año 2001 procedió a cerrar el local y desapareció de la zona. Los telegramas remitidos por el actor y su falta de contestación crea una grave presunción en su contra. No se valoró la rebeldía de APT S.R.L. en la causa ofrecida como prueba, la falta de exhibición de libros, los recibos de salarios, la falta de acreditación acerca de que la sociedad estuviera al día en el pago de aportes, cargas y contribuciones, que nunca denunció nuevo domicilio social. Pone de relieve el escaso monto del capital social y el alcance del art. 54 de la ley 22.903. Destaca que la conducta seguida constituyó un recurso para violar la ley, no sólo el orden público contemplado en los arts. 7 a 14 de la L.C.T., y que se frustraron los derechos de terceros, no sólo del actor sino también del sistema previsional. La falta de registración constituye un recurso para violar la L.C.T., el orden público laboral y la buena fe, por lo que la norma de la ley de sociedades sanciona el obrar culposo del socio o controlante y permite la imputación directa a los que hubieren hecho posible la actuación dañosa. Peticiona se revoque el fallo, con costas. - 2. Comenzaré por señalar que si bien en el escrito inicial se efectúa la cita, entre otros artículos, de la normativa prevista por el art. 274 de la ley 19.550 (fs. 2 vta.), lo cierto es que la demanda no se promovió contra los integrantes del órgano de administración de la sociedad por mal desempeño del cargo, en el caso la gerencia (art. 157 de la LSC). -- En efecto, las personas demandadas tienen la calidad de socios (contrato social, copia de fs. 1/6 del cuaderno de prueba), y sólo el Sr. E A L es gerente de la sociedad de responsabilidad limitada (fs. 7 del citado cuaderno), por lo que mal puede atribuirse responsabilidad en el marco estatuido por el art. 274 del citado ordenamiento societario a quienes no se desempeñaron como miembros de ese órgano, en el caso los Sres. D A L y C A H. - En tales condiciones, cabe destacar que al promover demanda el accionante demandó a quienes consideraba responsables de la A P de T S.R.L. por aplicación de la teoría de la penetración (ver encabezamiento del acápite III, fs. 2). - En ese direccionamiento, luego de aludir a la actuación de la sociedad señaló que la misma "ha sido destinada a obtener fines extrasocietarios que han vulnerado la ley, el orden público y la buena fe de mi parte frustrando mis derechos, por ello corresponde que los actos y consiguientes responsabilidades de la sociedad sean imputadas directamente a las personas que hicieron posible tal actuación ilegítima, quienes deben responder en forma solidaria e ilimitada por los perjuicios causados, en consecuencia deben responder sus socios a título personal. En consecuencia conforme lo expuesto y lo previsto por la ley de Sociedades -22903- en su art. 54 de ninguna manera se puede oponer la personalidad de dicha sociedad" (fs. 2 vta.) (el subrayado me pertenece). --- Como puede observarse se requirió la desestimación de la personalidad de la sociedad a fin de que se haga efectiva la responsabilidad de los socios mediante la imputación directa a éstos de los actos cumplidos por el ente ("Inoponibilidad de la personalidad jurídica", art. 54, último párrafo, de la LSC). - Esos fueron los datos fácticos alegados en demanda. Con ese alcance, si bien como lo destaca el Sr. Juez de la anterior instancia deben cumplimentarse los presupuestos básicos para que surja la responsabilidad (esto es, antijuridicidad, daño -que no es el tasado del derecho laboral-, relación de causalidad y factor de imputabilidad) ya que que la acción prevista en el art. 274 de la LSC no es ajena a la teoría general de la responsabilidad civil, sino que se trata de una especialización del derecho común sobre responsabilidad (Rouillon, Director, "Código de Comercio .", La Ley, 2006, T. III, pág. 700), lo cierto es que no se promovió una acción individual de responsabilidad contra los integrantes del órgano de administración (gerencia en el caso de la S.R.L.) en los términos previstos por el art. 279 de la LSC, por lo que no debió acudir el juzgador en la presente causa al régimen previsto por el art. 274 de ese ordenamiento como lo hizo a fs. 196 vta./197. --- Y los presupuestos fácticos de las acciones contempladas en los arts. 54 y 279 tienen diversos presupuestos,distintos obligados y alcance (Gagliardo, "Responsabilidad de los directores de sociedades anónimas", LexisNexis, 2004, T. II, pág. 1147). -- Por eso, no cabe duda alguna que conforme al principio iura novit curia el juez ha de realizar la calificación jurídica que corresponda de las pretensiones deducidas en el juicio, pues la misión de la justicia es aplicar el derecho independientemente de los planteos de las partes (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, pág. 420 y cita de fallos). Pero, si se atiende a que de los hechos alegados por el actor no resulta que al promover la demanda se instaurara una acción individual de responsabilidad (arts. 274 y 279 de la ley de sociedades comerciales), presupuesto necesario como para arribar a una condena en contra de un miembro del órgano "gerencia", no puede hacerse aplicación del principio iura novit curia ya que los jueces no pueden apartarse de las pretensiones deducidas en demanda para así convertir una acción en otra distinta violando el principio de congruencia. --- Está así vedado a los jueces apartarse de los términos de la relación procesal y decidir en forma distinta a la pedida por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los escritos de demanda y contestación, o resolver sobre capítulos o reclamos no propuestos que en manera alguna integraron la litis, desde que ello importa desviarse de las pretensiones de las mismas deducidas en juicio. Y en lo que hace al principio de congruencia en cuanto a la causa, los elementos de la pretensión son no sólo los sujetos activo y pasivo y los objetos mediato e inmediato, sino también la causa, fundamento o título, es decir, la invocación de una concreta situación de hecho a la cual el actor le asigna una determinada consecuencia jurídica, que resulta determinante de aquélla y que salvo supuestos excepcionales no puede ser modificada posteriormente sin desmedro de la afectación de la garantía constitucional de la defensa en juicio. Como corolario de lo expuesto, entre otros casos, se ha declarado que si el reclamo se funda en determinado título, no corresponde acceder a su pretensión por otro diferente del invocado, desde que ello importa violar el principio de congruencia que el juzgador debe observar (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit, 1986, T. II-C, págs. 82 y 90/91 y cita de fallos). - Si bien de acuerdo al aludido brocárdico (regla "iura novit curia") el sentenciante puede suplir el derecho silenciado por las partes o mal invocado, ello es así en tanto no se modifiquen los supuestos de hecho del caso; el deber consagrado en esta norma (art. 163, inc. 6°) reconoce como limitación, la de que los jueces no pueden convertir una acción en otra distinta, que ni virtualmente ha sido invocada por las partes. Es que en salvaguardia del principio de congruencia debe ajustar sus decisiones a las peticiones oportunamente formuladas por los litigantes al trabarse la relación procesal. No cabe, por lo tanto alterar las circunstancias de hecho involucradas en el proceso, ni introducir pretensiones o cuestiones no debatidas, ni arribar a lo que resulta extraño a la acción intentada, porque ello implicaría pronunciarse fuera de la litis, en detrimento de la igualdad procesal de las partes, con violación del derecho de defensa de la contraparte. Como recapitulación: no obstante que de acuerdo al referido aforismo "iura novit curia" los jueces pueden apartarse del derecho invocado por las partes, no lo es menos que en preservación del principio de congruencia deben ajustar sus decisiones a las peticiones formuladas al trabarse la litis (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 75 y cita de pronunciamientos). Otro brocárdico, el rancio iura novit curia nos indica literalmente que como el juez conoce el derecho, no se encuentra vinculado por las calificaciones jurídicas de los justiciables. El único límite a respetar está dado en función de que por amplias que sean las potestades de determinar el derecho aplicable, no puede variar los términos de la litis, pues siempre ha de respetar el postulado de congruencia. En conclusión, los jueces pueden decidir el pleito con arreglo a razones jurídicas distintas a las invocadas por las partes . siempre que lo decidido, desde luego, no comporte la introducción de pretensiones o cuestiones no debatidas (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1982, T. I, págs. 121 y 356, y cita de fallos) (el subrayado me pertenece). - Con tales alcances, el análisis a realizar debe ceñirse estrictamente a la acción instaurada que fue dirigida contra los socios de la sociedad demandada a fin de responsabilizarlos en forma directa por aplicación de la teoría de la penetración (art. 54 de la LSC). --- En ese marco, no observo que la mencionada sociedad fuera creada con fines de burlar la ley, motivo por el cual descarto que el incumplimiento de obligaciones laborales por sí solo permita reducir a la sociedad comercial a una mera figura estructural utilizada como instrumento para lograr objetivos puramente individuales. Dicho de otro modo, que tales incumplimientos permitan por sí solo aseverar que la sociedad se constituyó "para violar la ley" o "para frustar derechos de terceros" (art. 54 de la ley 19.550). - De tal modo, la situación de clandestinidad en que pudiera encontrarse el actor y la falta de pago de diferencias salariales e indemnizaciones de ley no permite concluir en el caso que deba aplicarse la citada normativa que hace excepción de la regla de la personalidad jurídica diferenciada entre la sociedad, sus socios y los integrantes de sus órganos, para así responsabilizar en el caso a estudio a los socios de la sociedad demandada por vía del corrimiento del velo societario. --- En ese direccionamiento, destaco que la CNTrab., sala VIII, en autos "Ayala, Carlos Antonio y otros c/ Boeing S.A. y otros s/ despido", del 30/11/2004, siguiendo la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Palomeque" señaló que el art. 54 de la ley 19.550 tipifica el supuesto de una sociedad ficticia y fraudulenta constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar las leyes, esto es, una situación cuya gravedad extrema justifica hacer excepción de la regla de la personalidad jurídica diferenciada entre la sociedad, sus integrantes y órganos. La registración incorrecta de los trabajadores con la consecuente violación a la legislación laboral, impositiva y previsional, no constituyen la finalidad última de la sociedad. Cuando la ley se refiere a "recurso para violar la ley, el órden público o frustar los derechos de terceros", está aludiendo a la utilización en tal carácter de la forma societaria, no a actos indeterminados que, en cada caso, pueden perseguir esos fines. Consecuentemente, la falencia registral de una relación de trabajo es una situación ajena al contenido preceptivo del artículo 54 de la ley 19.550 (eldial.com.ar del 02/04/2005). - - En igual sentido, la sola circunstancia de que se hubieren demostrado ciertas irregularidades, ello no constituye un elemento idóneo que habilite a confundir, en el plano estrictamente jurídico, la persona de los socios de la sociedad comercial empleadora fallida, con la de la existencia ideal de ésta, en tanto que, para que ello resulte posible, debe invocarse y acreditarse eficazmente que ha existido una utilización fraudulenta de la personalidad societaria, o que se ha desviado su objeto con el própósito de encubrir la realización de fines extrasocietarios, constituir un mero instrumento para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustar derechos de terceros (cfr. art. 54 ley 19550), extremos que no se advierten configurados en la especie (CNTrab., sala II, "V. , A. c/ P. , J. M. S.A. y otros s/despido", del 16/12/2004, eldial.com.ar, del 06/04/2005). --- Y en ese direccionamiento, la C.S.J.N., en la causa "P, A R. c. B S.A. y otro", del 03/04/2003, al compartir los fundamentos y conclusiones del dictamen del procurador fiscal, sentó la doctrina según la cual es improcedente la resolución que extendió solidariamente la condena a los directores y socios de la sociedad anónima empleadora por falta de registración de una parte del salario convenido y pagado a un trabajador, si no fue acreditado que se trataba de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley y que, prevaleciéndose de la personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas legales. Y que debe revocarse la sentencia que extendió solidariamente la condena si el contexto probatorio del caso no posee virtualidad suficiente como para generar la aplicación de una causal de responsabilidad en materia societaria de orden excepcional (La Ley 2003-F, 731).

--- Es que, la inoponibilidad de la personalidad jurídica prevista en el art. 54 de la ley 19.550 debe interpretarse con criterio restrictivo pues, en principio, resulta aplicable cuando el ente societario se crea como un mero recurso para violar la ley, salvo que las circunstancias del caso permitan hacer operativa esa responsabilidad de orden excepcional, supuesto que no se configura en este proceso pues en el marco de la consecución del objeto lícito de la sociedad se realizaron actos ilícitos, tales como falencias registrales o indebido encuadre que conducen a una falta de aportes y al pago incompleto de la remuneración debida, que no presentan en el marco probatorio de la causa una gravedad tal que permita utilizar ese remedio excepcional para imputar dichos actos directamente a los socios. - La desestimación de la personalidad societaria debe ser cuidadosamente utilizada, pues su aplicación irrestricta llevaría a consagrar la excepción como regla. Para poder probar que la actuación de la sociedad, encubriendo la consecución de fines extrasocietarios, ocasionó como resultado actos que afectaron el orden público, violaron la ley o causaron perjuicios a terceros, se exige la existencia de pruebas concluyentes respecto de las situaciones excepcionales, ya que se prescindirá nada menos que de la personalidad jurídica (Verón, Alberto Víctor, "Sociedades comerciales", Astrea, 1996, T. 5, págs. 139/140). --- Incluso en posición más extrema se sostiene que la teoría del abuso de la personalidad jurídica no opera cuando una sociedad está regularmente constituida, con fines auténticos, y en su actividad comete actos ilegales sancionados por la ley, como es el caso del empleo no registrado o deficientemente registrado, ya que no se utilizó la sociedad como un instrumento para la comisión de dichas irregularidades (SCBA., agosto 31-2005, "A., C. A. c. B. G. S.A. y otros s. despido", TySS. 2005-737). --- Desde esta perspectiva, en materia de fraude laboral se afirma que la vigencia de la teoría que contempla el art. 54, ley 19.550, es inviable en razón de la índole excepcional del precepto. Coincidimos con la opinión de María Celia Marsili, para quien la delicadeza de la cuestión aconseja evitar una interpretación desmesurada de las causasles del art. 54, requiriendo especial atención a la que se ha caracterizado como encubrimiento de fines extrasocietarios. La singular previsión de la norma nos parece extrema, y la diversidad de argumentos valiosos citados en apoyo de su procedencia no resultan compartibles (Gagliardo, obra y tomo citado, págs. 1148/1149). - Por tales razones, se desestiman los agravios. - 3. Tocante a la apelación deducida a fs. 200 por el Dr. A E. M contra la regulación de sus honorarios, atendiendo a la extensión, mérito y resultado obtenido en función al monto reclamado y porcentuales previstos por la ley del arancel, estimo prudentes los emolumentos establecidos a su favor por las tareas profesionales cumplidas en la anterior instancia, por lo que corresponde mantener los mismos (arts. 6, 7, 9, 19 y 47 de la ley 2200). 4. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada al actor vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.). --- --- Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan las tareas desplegadas en esta instancia, entiendo que resulta prudente regular los honorarios del Dr. Al E M, letrado apoderado de la parte actora, en la suma de pesos trescientos veinticinco ($325.-) (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente. Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 200), en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 195/197 y vta.), por el cual se hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los Sres. Ernesto A L, D A L y C A H; rechazando en consecuencia la demanda entablada en su contra por el Sr. P A B, con costas. -En el mismo escrito por el que se interpone recurso de apelación por la representación de la parte actora, el Dr. Al M, invocando su propio derecho plantea apelación contra la regulación de honorarios que se le efectuara por su actuación. --A fs. 202/204 y vta., luce agregado el informe previsto por el art. 62 de la ley 69. ---Conferido traslado a la contraria (fs. 205) el mismo no fue evacuado. -I.- La reseña de los agravios formulados fue realizada con suficiencia por el magistrado que me precede en la votación, Dr. Vergara, por lo que a ella me atendré a fin de evitar repeticiones estériles. --No obstante sí resultará de utilidad puntualizar los aspectos más relevantes de la impugnación deducida a efectos de que servir de guía para el examen a emprender. -Así, se sostiene en términos generales que el fallo omite valorar prueba esencial, como así también que se apartaría de la realidad fáctica, añadiéndose que aplica jurisprudencia que no corresponde y que omite normativa de obligatoria aplicación. --II.- Diré en primer lugar que de la lectura del escrito impugnaticio se advierte una clara e indudable confusión de conceptos que corresponde intentar precisar antes de ingresar a examen propiamente dicho de cada una de las puntuales aseveraciones que se efectúan en tren de sostener el recurso. --Así cabe puntualizar, para tenerlo presente, que en este proceso se ha demandado a "...los propietarios que integran la A P DE T SRL, Sres. E A L D A L, Y C A H..." (sic)(fs. 2). Así lo dejo señalado y allende de la imprecisión técnica lingüística consistente en denominar "propietarios" de la sociedad a los socios que la integran; insisto, pues, que los demandados en este proceso son los mencionados en la porción transcripta y en su calidad de socios. De ello se induce claramente que la pretensión de cobro de pesos por los conceptos que fueren, ha sido dirigida en contra de dichos sujetos de manera personal y directa en clara pretensión de que se aplique el "disregard" normado en el art. 54 de la L. S.. --De tal circunstancia así precisada deviene indispensable, a fin de contar con la imprescindible delimitación que corresponde realizar entre los actos cumplidos en relación al ente social que se intenta apartar, correr o desplazar de la consideración jurídica en el supuesto traído a resolución invocando el art. 54 de la Ley 20.550, con aquellos que lo fueron en relación directa y personal con los demandados en autos. Y lo destacado por cuanto solo sería viable responsabilizar al socio que buscara las facilidades societarias para "escurrirse" detrás de sus prerrogativas de modo de poder obtener ganancias indebidamente, todo lo cual, por supuesto, debe ser alegado y probado. ---Esto es, no cabe aludir a situaciones fácticas o jurídicas que se encuentren desvinculadas a la sociedad que -precisamente se pretende- que su personalidad le sea inoponible para alcanzar el reconocimiento de responsabilidad directa y personal de los socios que la componen. --- ---En tal sentido hermenéutico descarto en absoluto también que pueda promiscuamente evaluarse la responsabilidad que se pretende endilgar a los demandados como socios del ente ideal susodicho con base en las normas contenidas en los arts. 59, 157, apart. 4to. y 274 de la Ley de Sociedades, en cuando ni siquiera se adujo tal calidad de administradores de los demandados ni tampoco se expuso puntualmente ninguna de las conductas que pudiera generar la imputación de las consecuencias dañosas argüidas con motivo del incumplimiento a normas laborales que se citan. -Sabido es que el sistema de responsabilidad de los administradores de la sociedad está delimitado por las reglas consagradas en los precitados arts. 59, 157 y 274 de la ley 20.550. Estos dispositivos estructuran un régimen propio que permite extender la responsabilidad de la persona jurídica a los directores, cuando estos incumplen con las pautas de conductas que delimitan su actuación. Si bien el sistema adoptado por el régimen societario es particular para estos sujetos, se apoya sobre los principios rectores que regulan la teoría general de la responsabilidad civil. De lo que se sigue que un director responderá en tanto y en cuanto se configuren todos los presupuestos de aquella; o lo que es lo mismo, siempre que frente a un perjuicio, su comportamiento haya sido violatorio de la ley, el estatuto, el reglamento, o que no se haya conducido con la "lealtad y con la diligencia del buen hombre de negocios" (art. 59 LSC y su concordante art. 1109 del Cód. Civ.); que este comportamiento reprochable haya sido la causa adecuada del daño y que le sea imputable (Conf. Otaegui, Julio C., "Administración societaria", Ed. Abaco, ed. año 1979, pág. 380; Rangugni, Emilio A. "Algunos aspectos de la responsabilidad de los directores de la sociedad anónima", en L.L. 1999-B-121). --Y en tal contexto, es de advertir que solo se adujo sin siquiera particularizar las conductas atribuidas personalmente a los demandados, el cierre del local sito en la ciudad de Trelew indicando que la inexistencia del domicilio societario sería una situación de clandestinidad que configura un indicio grave en los términos de los incs. 2 y 3 del art. 79 de la ley 24.522, como hecho revelador del estado de insolvencia, añadiendo sin solución de continuidad a ello los incumplimientos varios que denuncia a las normas laborales (ver escrito de demanda punto III -fs. 2 y vta.-). Pues cabe puntualizar que ni siquiera se sugirió respecto a tal circunstancia que la sociedad se hubiera presentado a concurso preventivo (por intermedio de su órgano de administración ratificado por su órgano de gobierno) o bien que hubiera sido pedida su quiebra directa por parte de algún acreedor para traer a colación la norma que contempla enunciativamente algunas de las posibles manifestaciones de un estado de insolvencia como la situación que se indica. ---Asimismo, es de ver que, a todo evento tal conducta se imputa al ente societario y/o a los integrantes del órgano de administración y no a los socios que se demanda en autos no siendo posible admitir la confusión de sus personalidades máxime cuando, reitero, ni siquiera se indica en ellos actuación personal en perjuicio del actor y tampoco en la calidad en que actuaran (sea como integrante de un órgano de representación o administración o solo como socio), de suerte tal que permita avizorar siquiera un nexo de causalidad viable para entroncar el hecho denunciado con lo que se pretende sea reconocido en ésta litis. --Es palmario de lo desarrollado hasta aquí que en el planteo de la parte actora se confunde al fundamentar el pedido de extensión de responsabilidad, por cuanto se asimila equivocadamente la imputación a los socios (art. 54 de la L.S.) con la imputación de los directivos (Arts. 157 y su conc. 274 de la L.S.). Por ello es bueno y no sobreabunda recordar nuevamente que se trata de supuestos absolutamente diferentes, ya que en el caso de integrantes del órgano de administración su responsabilidad no está dada por el corrimiento del velo societario, sino por el daño que produzcan por el mal desempeño de su cargo, dolo, abuso de facultades o culpa grave. Y dicho daño es posible de atribuir siempre que se pruebe debidamente que fue el directivo quien lo hizo posible. Por el contrario, la responsabilidad de los socios procede únicamente en los supuestos de uso desviado de la figura societaria, por no haber sido ésta utilizada por los socios como estructura jurídica para una gestión empresaria sino como un mero instrumento para realizar actos ilícitos sin asumir sus consecuencias. Por lo tanto, quedan fuera del ámbito de aplicación de la norma del art. 54 de la L.S. los incumplimientos de obligaciones legales que, aunque causen daños a terceros, no tienen su origen en el uso indebido de la personalidad. De lo expuesto se sigue que la doctrina de la desestimación de la personalidad jurídica debe emplearse en forma restrictiva. --Diré también que con total corrección advierte el magistrado que me precede en la votación, Dr. Vergara, que no es viable en el marco de la aplicación del principio "iuria novit curia" cambiar la naturaleza de la pretensión deducida por la parte actora en autos. Y, claramente no puede extraerse de los términos en que fuera planteado el caso en el escrito de inicio que la Sr. B hubiera incoado la pretensión resarcitoria directa en contra de los co-demandados Sres. L y H con fundamento en los arts. 59, 274 y 279 de la Ley de sociedades comerciales. Es indudable que la acción de responsabilidad de los directores y la desestimación de la personalidad jurídica son pretensiones de diversa naturaleza y con diversos presupuestos fácticos. Es que, en ello se encuentra interesado el principio de congruencia el que ha de preservarse también en ésta instancia revisora so pena de afectarse gravemente el derecho de defensa en juicio (ver: Palacio, Lino "Derecho Procesal Civil", 3ra. reimpresión, Ed. Abeledo Perrot, t. V, pág. 429; id. Alsina, Hugo "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ed. Ediar, ed. año 1961, T. IV, pág. 92). ---Es que, en tal discrimen en el que, como lo señalara, se encuentra interesada la debida congruencia en la argumentación en la cual se sostiene o se intenta sostener lo pretendido, se permite ingresar derechamente aún cuando de manera residual dada la vaguedad del planteo incoado en los presentes actuados, a si concurren acreditados los presupuestos fácticos que permitan aplicar en la especie el art. 54 de la Ley de sociedades comerciales. --Se adujo en tal dirección los incumplimientos de la sociedad a distintas obligaciones prescriptas por la ley laboral, convencional y previsional. --Pues, en este particular aspecto de la cuestión cabe reconocer que es en este campo donde el instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica ha encontrado mayor aplicación en los últimos años, y especialmente en los casos de responsabilidad de los administradores, socios o controlantes por infracciones a las obligaciones laborales y previsionales, conocidas como trabajo en negro (ello a partir del "leading case": CNTrab., Sala III, 11-04-1997 in re: "Delgadillo Linares Adela c/ Shatell S.A. y otros s/ Despido", TySS 1999-667). Es verdad que los fundamentos de aplicación del instituto de la inoponibilidad básicamente han sido que el empleo en negro constituye un fraude laboral y previsional que perjudica al trabajador, al sector pasivo y a la comunidad comercial ya que al disminuirse así los costos laborales del autor se sitúa ilegítimamente en mejores condiciones para competir (Conf. CNTrab., Sala III, 19-02-1998, in re: "D. , S. c/ F. S.A. y otro", L.L. 1999-B-445; id. CNTrab., Sala X, 31-07-2000, in re: "P. , A. , R. c/ B. S.A. y otro", L.L. 2001-B-539). Y no obstante, bien puntualizó el mismo recurrente, que tales argumentos fueron revisados por la Corte Federal en el último de los precedentes que se registra (conf. C.S.J.N., 03-02-03, caso: "Palomeque", D.T., 2003-1003; reiterada luego en el caso "Tazzoli", ver: Fallos 326:2156) en el cual se sostuvo, también en lo principal, que en cuanto no se acredite la existencia de una sociedad ficticia y fraudulenta constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley y que, prevaliéndose de dicha personalidad se afecte el orden público laboral o evade normas legales, no procede la desestimación de la personalidad jurídica. Habida cuenta de lo cual, tengo para mi, que no es dable tener por fijada una regla absoluta en el tema (ver en tal sentido a Floglia, Ricardo, "Comentario a los fallos de la CSJN sobre la responsabilidad solidaria de los administradores y socios de sociedades comerciales por deudas laborales", en T. y S.S. 2003-504). --Esto es, en principio, soy de la opinión que en los supuestos de violación de las normas laborales, solo por vía de la invocación y prueba de la concurrencia de los presupuestos fácticos que contiene la norma de cita, podrá aplicarse la desestimación de la personalidad jurídica en los términos previstos por el 3er. párrafo del art. 54 de la Ley 19.550. Quiero decir con ello que en cada supuesto planteado a la jurisdicción habrá de verificarse si concurren aquellas circunstancias normativas activantes de la teoría de la inoponibilidad que permitan ponderar que procede su aplicación. Sería, como base mínima y más relevante, la denuncia del supuesto de una sociedad cuya única finalidad o propósito de su constitución fue la de defraudar a sus trabajadores de suerte tal que puede inducirse sin hesitación que fue utilizada como una pantalla para evadirse de las responsabilidades derivadas de sus actos ilícitos. Es que, interpretar de otro modo la norma de mentas, aparejaría aceptar la aplicación de la desestimación de la personalidad societaria en todos y cada uno de los supuestos de incumplimiento a normas laborales por parte de la sociedad que llevaría al extremo de estimar de que siempre que se despida a un trabajador de manera incausada o incluso con indemnización atenuada, el deber de responder por las consecuencias se extenderían a los socios, controlantes o administradores. Habida cuenta de lo cual, opino, que no todo incumplimiento legal -violación de la ley- lleva necesariamente a permitir la aplicación del citado art. 54 párrafo 3ro. de la Ley 19.550 (ver: menú de supuestos de excepción que sí darían lugar a su aplicación en Veron, Alberto V. "Tratado de los conflictos societarios", Ed. La Ley, ed. 2006, págs. 321, & 35). ---Por lo demás, destacaré paralelamente que si bien el trabajo en negro y similares violaciones perjudican al trabajador, quien se ve privado de derechos, de ello no puede derivarse la aplicación sin más de la "teoría de la desestimación de la personalidad jurídica", que es un remedio excepcional tanto en el ámbito del derecho del trabajo como en la órbita del derecho civil, comercial y fiscal. Quiero significar con ello, lo reitero, que no descarto que en casos de empleo en negro pueda plantearse y -eventualmente- obtenerse la inoponibilidad de la personalidad jurídica; empero, para ello, no bastará la mera violación de la ley ni la demostración del daño sufrido como se hiciera en el caso bajo examen, sino que deberán invocarse y acreditarse los presupuestos de procedencia de la inoponibilidad de la personalidad jurídica (Vide: comentario al art. 54, en Roitman, Horacio "Ley de Sociedades Comerciales, comentada y anotada", Ed. La Ley, ed. año2006, T. I, en especial, págs. 709 y sgtes., n° 10 a 15; id. Verón, Alberto Víctor, en "Tratado de los conflictos societarios", Ed. La Ley, 1ra. ed. 1ra. reimp., año 2006, págs. 301/302 y aut. cit. en notas n° 161 y 162; y Capítulo VII, págs. 307 y sgtes.). Por otra parte, ya existen sanciones específicas para reprimir tales violaciones en las normas contempladas específicamente por la citada ley 24.013 (también de modo acumulativo o no por la ley 25323) por lo que es de presumir que si el legislador hubiera querido extender la responsabilidad por dichas maniobras a todos los integrantes de la sociedad y sus administradores lo hubiera explicitado a través de dichas normas. -Por todo ello, concluyo, propongo al acuerdo la desestimación del presente agravio. Así lo voto. III.- Apelación de honorarios del Dr. M: Sin perjuicio que no se indicó en el recurso planteado, en relación a los emolumentos que le fueran fijados, si éste era interpuesto por estimarlos bajos o altos, máxime cuando su planteo lo fue en el mismo escrito en el que, por su representación, apela el fallo definitivo merced a que es de inteligir que la invocación de su propio derecho restringe su legitimación para cuestionarlos por bajos, ingresaré al examen respectivo desde esa perspectiva. En el anterior grado se le reguló al Dr. M por su actuación cumplida en dicha instancia la suma de $ 1.300, a valores de la fecha del pronunciamiento (vide: punto II del fallo -fs. 197 vta.-). En el escrito de demanda se reclamó el pago de la suma de $ 12.261,86, con más su intereses (ver punto I de fs. 2 y punto 5to. del petitorio de fs. 4 vta.). -Es postura de ésta Cámara que en supuestos de rechazo de demanda como aconteciera en el caso, corresponde computar como base económica de regulación de los honorarios profesionales el monto pretendido en el proceso (conf. arts. 6, inc. "a" de la ley 2.200). Y dicho monto comprende tanto el capital reclamado como los intereses también pretendidos (Conf. Sala B, S.D.C., Nro. 01/01; S.D.C., Nro. 29/02; S.D.C., Nro. 14/06; S.D.L., Nro. 38/02; S.D.L., Nro. 18/04; S.D.L., Nro. 29/04, entre otras; CANE). Atendiendo a todo ello, y ponderando el mérito, extensión, calidad y eficacia de las tareas desarrolladas por el letrado recurrente, estimo que la suma de $ 1.300 fijada se corresponde adecuadamente con las pautas cualicuantitativas previstas por los arts. 6, 7, 9, 19 de la ley del arancel, como así también se adecua su fijación a lo dispuesto por el art. 47 "in fine de dicho cuerpo legal. Nótese que dicho importe equivale aproximadamente al porcentaje mínimo de la escala prevista para el letrado de la parte vencida. -En consecuencia, corresponderá desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Dr. M y así lo dejo propuesto al acuerdo. -III.- Conclusión: ---Por todo lo expuesto, propondré al acuerdo la confirmación del fallo apelado en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de alzada a la parte actora vencida en ella (Arts. 59 de la ley 69 y 279 del C.P.C.C.). --Asimismo, apreciando la tarea desarrollada en segunda instancia por el Dr. Alejandro M, letrado apoderado del actor recurrente, por su extensión, calidad y resultado, estimo adecuado regular sus honorarios de esta instancia en la suma de $ 325, con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6 y 14 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871). -Termino el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella entonces, por la AFIRMATIVA. ---A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia al actor apelante vencido; c) regular los honorarios del Dr. A E M, por sus tareas de Alzada, en la suma de pesos trescientos veinticinco ($325.-); y d) declarar que los referidos honorarios deberán incrementarse con el I.V.A. pertinente. Así lo voto. --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: - ---Corresponde dictar el pronunciamiento propuesto por el Dr. Vergara por resultar el mismo fiel reflejo del acuerdo antes alcanzada. ---ASI LO VOTO. --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar: --- S E N T E N C I A: -- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE: - --- CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; --- IMPONER las costas de segunda instancia al actor apelante vencido; --- REGULAR los honorarios del Dr. A. E. M, por sus tareas de Alzada, en la suma de pesos trescientos veinticinco ($325.-); - DECLARAR que los referidos honorarios deberán incrementarse con el I.V.A. pertinente. --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL Nº 11 DE 2008 - SDL.- CONSTE.-