marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), voto en disidencia, Constitución Provincial, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ, MAXIMILIANO GASTON c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

Los reproches del presentante redundan en la arbitrariedad en la que habría incurrido el Tribunal a quo al resolver -en prieta síntesis- contrariando los principios protectorios del trabajo, igualdad y propiedad amparados constitucionalmente; mas se advierte que no cabe subsumir el presente recurso en el inciso 1 del artículo 1 de la ley 7055, atento a que para la configuración del caso previsto en dicho apartado se requiere la colisión entre la norma condicionante -Constitución provincial- y otra de jerarquía inferior, siendo la decisión favorable a esta última y en el sub examine no surge que se haya puesto en tela de juicio la congruencia con la Carta Magna de un precepto de la referida jerarquía, por cuanto parte de los cuestionamientos se reducen a criticar la decisión de la Sala a la cual se le achaca su contradicción con las normas de protección al trabajo, previstas en el artículo 20 de la Constitución provincial, y no surgiendo tampoco la presencia de una cuestión federal directa, pese a los intentos del quejoso -amparándose en el carácter transitivo que poseen los artículos 6 y 20 de la Carta Magna local- de hacer estribar sus postulaciones en la supuesta vulneración de la garantía de defensa en juicio y del principio de igual remuneración por igual tarea, al dotar la Alzada de validez constitucional -y operatividad- a la norma cuestionada. (Del voto en disidencia de los Dres. Gutiérrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículos 6 y 20; Ley 7055, artículo 1
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Pachamé, Carlos Alberto s/ Lesiones culposas Barrientos, Rodolfo Alberto s/ Asociación ilícita - Robo agravado - Lesiones graves Balmaceda, Juan R. -Romero, Isidro R.- Miño, Jorge A. s/ Triple homicidio en riña Ayala, Néstor Clemente s/ Homicidio Rodríguez, Rubén W. s/ Defraudación Cardinale, José Luis s/ Lesiones leves en agresión Szedelack, Jorge Eduardo s/ Robo calificado Rolón, Eduardo Gerónimo s/ Robo calificado Brown, Héctor G. s/ Lesiones culposas Riso, Enrique L. y ots. s/ Encubrimiento Durán, Jorge Oscar s/ Tentativa de homicidio Suárez, jorge A. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25|1988-09-06|1992-12-22|1991-09-10|1996-09-17|1993-03-09|1997-02-18|1998-02-17|1999-03-02|1999-08-03|2000-09-13|2001-05-30

La anulación de oficio no obedece a puro formalismo sino a la necesidad de no aplicar al recurrente las consecuencias procesales de defectos a los que fue inducido por la técnica usada en la sentencia, porque si tales casos derivan en la declaración de insuficiencia o improcedencia del recurso así se consagraría formalmente la objetiva posibilidad jurídica de que, en función de ciertas técnicas a que pudieran ajustarse las sentencias impugnables, las partes resultaran impedidas de recurrir; y por otra parte, ni siquiera corresponde que la metodología de las sentencias obligue a que los recursos deban fundarse en complicadas inferencias cuando no en la lisa y llana suposición de contenidos no visibles.
Oferta y demanda de sexo en los espacios públicos, acción contravencional de oficio, autoridad de prevención, facultades de la autoridad de prevención, consulta al fiscal, facultades del fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de falta de acción en autos "Modernell, Alberto c/ Inf. Art. 81 Ley 1472- Apelación s/ Inf. Art. 81 Ley 1472- Apelación Alberto c/ Inf. Art. 81 Ley 1472- Apelación s/ Inf. Art. 81 Ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-24

En el caso sub exámine es válida la autorización conferida por el Prosecretario de la Secretaría de Atención Ciudadana para la promoción de la acción contravencional regulada en el artículo 81 de la Ley Nro. 1472.

Teniendo en cuenta que el segundo párrafo de la Disposición Transitoria de la Ley Nro. 1472 exige la previa consulta a un representante del Ministerio Público Fiscal -y no específicamente del Fiscal-; que el funcionario que evacuó la consulta pertenece a un organismo dependiente de dicho ministerio y que una de sus funciones consiste en "Asegurar de modo permanente la comunicación con la autoridad policial y recibir las consultas que aquella debe efectuar obligatoriamente en procedimientos en los que deban adoptarse medidas cautelares ..." (artículo 1 inciso a) del Anexo I de la Resolución Nro. 21/00 de la Fiscalía General), y que en el caso de autos se cumplieron las instrucciones impartidas por el Sr. Fiscal de grado a la seccional interviniente; cabe afirmar que la acción en la presente causa se encuentra legalmente promovida.

La solución que se propicia no contraría la finalidad de la norma, puesto que según se desprende de los presentes actuados la autoridad preventora recibió instrucciones expresas del Sr. Fiscal de Primera Instancia respecto al procedimiento a seguir en las contravenciones tipificadas como oferta y demanda de sexo en la vía pública que requerían una consulta previa al inicio de las actuaciones. En razón de ello, y atento el procedimiento llevado a cabo en la presente cabe afirmar que la finalidad perseguida por la ley se vio claramente cumplida.
Recurso extraordinario, debido proceso, defensa en juicio, sentencia arbitraria, prescripción, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Urquiza, Juan José y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y otros s/ programas de propiedad participada c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-19

Si bien lo referido al término de prescripción aplicable y a su cómputo no constituye materia federal, ello no es óbice para que la Corte pueda conocer de los casos cuyas particularidades hacen excepción a dicho principio con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Cosa juzgada, proceso penal, auto de sobreseimiento, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: González, Juan Angel c/ Sanatorio Unione e Benevolenza s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y   perjuicios (Expte. CSJ Nº 144-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-22

La autoridad de cosa juzgada del pronunciamiento penal sobre la instancia civil no depende de su forma -sentencia dictada en plenario o sobreseimiento definitivo- sino de su contenido o sustancia, existiendo aquélla en los supuestos de inexistencia del hecho o de no autoría del accionado.
Intervención de terceros, intervención voluntaria, parte coadyuvante
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Banco de Credito Argentino SA c/ Prandini, Guillermo Joaquin s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

El CPR 90 establece que podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrare, quien: i) acredite sumariamente que la sentencia pudiere afectar su interés propio; ii) según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en juicio. A su vez, el art. 91 del ritual dispone que en el caso del primer supuesto -interés propio-, la actuación del interviniente será accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar, ni probar, lo que estuviere prohibido a ésta y, en el segundo caso - legitimación para accionar o ser demandado-, el interviniente actuará como litisconsorte de la parte principal y tendrá sus mismas facultades procesales. Síguese de ello que la intervención en los términos del CPR 90 tiene lugar cuando, durante el desarrollo del proceso, en forma espontánea se incorporan a él personas distintas de las partes originarias, con el objeto de hacer valer derechos o intereses propios, vinculados a la causa o al objeto de la pretensión. Así se distinguen dos tipo de intervención voluntaria: la principal o excluyente y la adhesiva. Mientras la primera tiene lugar cuando el tercero se incorpora a un proceso pendiente a fin de interponer, frente a las partes originarias una pretensión incompatible con la deducida por el sujeto activo, la segunda se verifica cuando el tercero, en razón de tener un interés coincidente con el derecho alegado por cualquiera de las partes, participa del proceso con el objeto de coadyuvar al éxito de la pretensión o de la oposición (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", T° III, págs. 230 y ss.).
Jueces, declaraciones ante la prensa, deber de obrar con prudencia, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: D., M. G.; F., C. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -HOMICIDIO  CALIFICADO POR EL VINCULO Y POR ALEVOSIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 410  AÑO 2003) D., M. G.; F., C. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -HOMICIDIO  CALIFICADO POR EL VINCULO Y POR ALEVOSIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 413  AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30|2004-06-30

Los jueces deben tener particular cautela cuando efectúan manifestaciones públicas sobre los casos sometidos a sus estrados.

La buena marcha de los procesos impone la abstención, en principio, de emitir cualquier tipo de declaración que pueda tener el destino de convertirse en el sustento mismo de planteos recusatorios. Se trata de evitar, así, el "strepitus fori" que inexorablemente traen anejas la decisión de los jueces de publicitar cuestiones atinentes a los procesos de su competencia. De ahí que se reclame suma prudencia cuando por razones excepcionales, los magistrados tengan la real necesidad de formular algún tipo de manifestación ante los comunicadores sociales; prudencia que se traduce en suministrar la información preservando siempre su imparcialidad, imparcialidad e independencia interna y externa, el respeto de los derechos fundamentales de las personas, la lealtad debida a las partes, la intimidad de las sujetos involucrados, todo ello en procura de arribar a un justo equilibrio entre la correcta y eficaz administración de justicia y la adecuada información para el ciudadano.
Excarcelación, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: RENNA, Carlos s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-29

Procede la excarcelación, atento lo dispuesto por el art. 379 inc. 1 CPC (ley 23050)y no obstante que a los fines de la reincidencia, para el caso de recaer condena deberá computarse el antecedente que registra; puesto que los arts. 51 'in fine' C. Penal y 5 de la ley 22278 contemplan supuestos diferentes.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, acción de amparo, cannabis medicinal, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO EN GBA c/ FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS EFECTORES PÚBLICOS SE (FACOEP SE)  s/ AMPARO - SALUD-MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad ya que el recurrente (Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos Sociedad del Estado) no ha acreditado haber realizado las acciones pertinentes a fin de coordinar la provisión del medicamento a través del Programa Nacional creado por la ley n° 27350, por lo cual no ha cumplido con el requisito que le ha impuesto la norma que organiza el Programa Incluir Salud para liberarse de la responsabilidad de proveer medicamentos a los pacientes afiliados al régimen. En consecuencia, no puede invocar la existencia del Programa Nacional creado por la ley n° 27350 para deslindar su responsabilidad de provisión del medicamento prescripto al paciente actor. En ese contexto, tienen plena vigencia la obligación genérica de provisión de medicamentos en cabeza de la jurisdicción local a los beneficiarios de Incluir Salud, emergente de la referida norma. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe).
Administración Pública, transporte interno, comercio interior, administración de vialidad provincial, multa, competencia, competencia provincial, competencia federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Turcato, Sergio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 155-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

No corresponde la competencia federal si de la causa se desprende que no existen elementos que permitan considerar que se encuentre directamente involucrado el transporte interjurisdiccional, o que deban analizarse cuestiones que estén íntimamente vinculadas con el orden económico interprovincial y que tengan un evidente efecto sobre el comercio interjurisdiccional.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1948-03-15


Dictamen del Procurador General:

Tratándose, como se trata, de un caso en que la Nación es parte y el monto discutido excede a cinco mil pesos, resulta claramente procedente el recurso ordinario concedido a fs. 129 contra el fallo de la Cámara Federal de la Capital obrante a fs. 128.

Dicho fallo establece que la renta obtenida por el corte de árboles durante determinado año, debe prorratearse entre el número de años necesarios para que los árboles estuvieran en condiciones de ser cortados, o sea, de rendir producto; y como consecuencia de tal doctrina, se condena al Fisco a devolver al contribuyente las cuotas correspondientes al crecimiento de los árboles durante cierto número de años.

Considero que dicha doctrina es errónea y que su admisión produciría perturbaciones extraordinarias en la liquidación y en la percepción del impuesto, ajenas por completo a los propósitos del legislador. En efecto, muchos esfuerzos individuales requieren largos períodos de actividad antes de producir renta efectiva a quien los hace; pero con arreglo a la ley, quien construye casas para alquilarlas no puede descontar del primer año de alquileres los meses o años que requirió la construcción. Tampoco se permite al abogado que patrocina pleitos prorratear sus honorarios con arreglo al número de años durante los cuales prestó servicios sin percibir honorarios. Lo indispensable es que tanto los alquileres como los honorarios hayan sido percibidos durante el año en que Réditos exige el impuesto, tárdese poco o mucho en obtenerlos. Si se admite sea legal y válido no pagarlo por los años que los árboles tardaron en crecer, también habría que admitirlo con referencia al crecimiento de los novillos y de otros animales y vegetales. En otros términos, la ley grava al rédito ya obtenido sea el que fuere, y no al simple derecho a obtenerlo.

Me inclino, pues, a pensar que debe V.E. revocar la sentencia apelada.- Febrero 24 de 1947.- Juan Alvarez.

Buenos Aires, marzo 15 de 1948.

Considerando: Que según el art. 2º de la ley 11.682 es rédito "el remanente neto o sea el sobrante de las entradas o beneficios sobre los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar dichos réditos", y por disposición del art. 8º la renta neta del suelo -que es de la que aquí se trata-, se determina haciendo en "el resultado de la explotación propia del campo" ..., "las deducciones respectivas aplicándose las disposiciones pertinentes de los arts. 19 a 23" en los que sólo se contemplan deducciones correspondientes a gastos del año fiscal en que el ingreso es percibido o devengado. De todo lo cual se sigue que lo gravado por la ley en cuestión es la totalidad del rédito hecho efectivo a partir de su vigencia con prescindencia de que esa ganancia haya existido o no potencialmente en cualquier lapso anterior.

Por tanto, y de acuerdo con lo dictaminado por el procurador general, se revoca la sentencia apelada. Sin costas.- Tomás D. Casares.- Felipe S. Pérez.- Luis R. Longhi.- Justo L. Alvarez Rodríguez.- Rodolfo G. Valenzuela.
Accidente de tránsito, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: AIZEN JAIME c/ LOPEZ DANIEL s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-01

Si bien el actor tiene la obligación de acreditar los hechos tal cual los invoca en la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el art. 377 del Cód. Procesal, el demandado que ha reconocido su participación en el evento, pero da una distinta versión, también tiene la obligación de demostrar la razón de su contestación de la demanda.
Proceso judicial, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: I. A. D.-A. B. C.-D. C. D.-R. s/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y ENCUBRIMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-09-17

El mero cambio de subsución jurídica está dentro de los atributos del Tribunal, de su competencia acotada a los términos de los agravios, ejercitados en su momento por la querella, que ni siquiera rozaron al derecho constitucional que hoy se pretende violado. La intimación fue formulada con la debida amplitud, según los términos prescriptos por el art. 293 del código de rito, por lo cual no se ha afectado la intangibilidad de los hechos que tienden a preservar el principio de congruencia.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S.M.de S.,A. c/ S.,G. s/ Nulidad de matrimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

Es improcedente el recurso de inaplicabilidad de ley si la disconformidad con el fallo está referida al grado de estrictez con que los jueces apreciaron la prueba relativa a la impotencia de los cónyuges, pues ni aun compartiendo el criterio del recurrente en cuanto a la rigurosidad de su evaluación el tema podría tratarse en casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo en dicha tarea.
Prisión preventiva, condena condicional, cómputo de la pena, aplicación de la ley penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DUBRA, David Daniel s/ proc y prisión preventiva Causa nro. 12.075
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-11

El artículo 312, inc. 1. del Código Procesal Penal ha de interpretarse tamizando la norma por las reglas del artículo 316, y que a la consulta del segundo supuesto previsto en esa disposición - posibilidad de condena de ejecución condicional- sólo ha de arribarse de no encontrar la situación del justiciable favorable acogida en el primero -tope máximo de ocho años en la escala penal del delito o delitos que se le imputan.
Protección del menor y la familia, malos tratos
Materia: CIVIL
Carátula: D.A., V. c/ P., J.C. s/ Violencia Familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-01

Se hallan encuadrados dentro de la categoría de maltrato "aquellos hechos que causen un daño físico o psíquico, el abandono físico y emocional de la persona, la negligencia, todo acto de obstaculización o negación de un normal y pleno desarrollo personal social e intelectual de quien está sujeto a este tipo de violencia. Se refiere a todas la formas de abuso que se dan en las relaciones entre los miembros de una familia".
Procedimiento laboral, competencia laboral, empleados públicos
Materia: LABORAL
Carátula: Taphanel,  Fabio Augusto c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-28

La CSJN al resolver en una contienda positiva de competencia, sentó doctrina en el sentido de que la Ley de Contrato de Trabajo no es aplicable a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal excepto que por acto expreso se los incluya en ella o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo, (Competencia Nº 276 XXXVIII en autos "Sa, Edgardo Jesús Gonzalo c/ Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ despido").
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROPPULO, NICOLAS JAVIER c/  s/ 1) HOMICIDIO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO EN GRADO DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL O CONCURSO REAL 2) PARTICIPE PPAL. DE HOMICIDIO AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-14

Las alegaciones de la impugnante en esta instancia no exceden de una mera discrepancia respecto del monto de la pena, cuestión que no resulta idónea para franquear esta vía de excepción, atento no demostrarse ni advertirse un gravamen constitucional en la sentencia impugnada; ello así toda vez que la Sala revisora no determinó pena sino que examinó y confirmó la sentencia dictada oportunamente por el Juez de la Causa (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Honorarios, medidas cautelares, embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: José Luis Castellano y Otros c/ Empresa Ingeniero Collazo (S.A. s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-03-30

De la interpretación del art. 27 de la ley Nro. 1.519 surge que los honorarios, en las medidas precautorias, se deben fijar sobre el valor que efectivamente quede asegurado con embargo para dar seguridad o firmeza del cumplimiento de la obligación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Arrúa, José Carlos y otro s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-08-28

Es improcedente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que se cuestiona la aplicación de la ley penal a los hechos que se tuvieron por probados pues, acreditado por el tribunal a quo el "dolo homicida", resulta correcto el encuadramiento legal en el art. 79 del Código Penal.
Recurso de apelación (procesal), sujetos del proceso penal, actos y diligencias procesales, nulidad procesal, verificación de créditos, novación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GÓNGORA, Gloria Rosanna - POSADA, Laura Rosanna c/ Establecimiento Modelo Virgen del Valle S.A s/ embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-03-16

"La novación comprende no sólo los créditos declarados verificados o admisibles y que hayan votado favorablemente el acuerdo preventivo presentado por el concursado, sino también a todos aquellos otros acreedores que no votaron, empero que se encuentran comprendidos dentro de la categoría cuya homologación se dictó.

Es decir, comprende a todos los incluidos en las clases y a los que debieron estar comprendido en las mismas, o la que resulte más afín, tales como, el acreedor que optó por continuar el juicio de conocimiento (Art. 21 inc. 1), al que solicitó verificación tardía, al que logró exitosamente el recurso de revisión, etc., es decir a toda la comunidad de acreedores, hayan o no pactado su conformidad y hayan o no participado en la votación." (Concurso Preventivo, Ed. Virtudes, año 2003, pág. 208, 204 y 205).

En consecuencia se tiene, como dice Lino E. Palacio, "la finalidad a que tienden los requisitos de los actos procesales no es otra que la de salvaguardar el adecuado ejercicio del derecho defensa, de modo que no puede haber declaración de nulidad cuando el acto impugnado, pese a su irregularidad, exista o no expresa sanción de ésta en la ley, no ha afectado el mencionado derecho", hecho éste dado en las presentes actuaciones.

Decir lo contrario equivaldría a declarar la nulidad por la nulidad misma.

En atención a todo lo expuesto nuestra Jurisprudencia ha dicho que: "La nulidad de un acto procesal supone que la irregularidad haya colocado a la parte en estado de indefensión, pero no de una idenfensión teórica, sino que deben concretarse las defensas que se vio la parte privada de oponer." (CApel. CC. Salta, Sala I, 14/05/93, "Albeza vs. Calvo, Fallos año 1993, p. 249).