Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-26


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los veintiseis días del mes de junio del año dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la Presidencia del Sr. Juez de Cámara Subrogante Dr. Omar H. Magallanes y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Subrogantes Dres. Mariela Gonzalez de Vicel y Jorge Eyo, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "B., N. R. y otra c/ T., T. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 206/05 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.- Practicado el sorteo establecido por el art. 268 del CPCC, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres. VICEL - EYO - MAGALLANES.

Acto seguido se procedió a plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 242/249 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión, la Dra. González dijo:

1) Contra la sentencia dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia que hace lugar a la demanda de daños y perjuicios impetrada por las Sras. T. T. y G. E. G. y condena a las demandadas N. R. B. y C. G., e "in solidum" a la citada en garantía "S. M. A." al pago de la suma de $37.026,20 e intereses computados según la tasa activa, con más las costas del juicio, interpone recurso de apelación la parte demandada. También lo hace la parte actora y el Dr. R. G. L., por su propio derecho.

Expresaron su crítica a la sentencia con los memoriales de agravios que se adunaron en las páginas 266/267 vta. (las actoras), 271/278 las demandadas y 281/282 vta. la compañía aseguradora; el responde que realizó la demandada se incorporó a fojas 284/285 y 287.

El escrito en que la vencida funda el recurso interpuesto se encuentra suscripto únicamente por la Sra. N. R. B., de modo tal que, por no haber cumplimentado con la manda del art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut, la sentencia dictada ha cobrado firmeza respecto de la codemandada C. G..

2) En orden a los agravios vertidos por la Sra. B., con el patrocinio letrado del Dr. D. A. S., luego de requerir a esta Cámara se deje sin efecto la condena en contra de su parte y la revocatoria total de la sentencia con imposición de costas a la contraria realiza una síntesis de los antecedentes, y manifiesta que el Juez de la Primera Instancia se apartó de la realidad de los hechos inducido por la pericia accidentológica, que no concuerda con el Acta de Choque Nº 123/04 adjuntada por su parte.

Refiere que oportunamente realizó impugnación a la pericia, y que no encontró respuestas a las mismas porque el experto se mantuvo en sus dichos, insistiendo ante esta instancia en lo erróneo de lo afirmado por aquel en cuanto a las velocidades de los vehículos.- Cuestiona confusamente el análisis que se hizo respecto del cese de la presunción de la prioridad de paso del rodado que circulaba por la derecha, ataca de falaz el testimonio analizado en la sentencia del Sr. M. B., diciendo que éste observó lo que describió desde una distancia de más de cien metros y que ello es imposible porque la nieve caía en forma permanente.

Leo e intento interpretar (con esfuerzo) que el segundo agravio consiste en que los daños que presenta el vehículo Corsa, al que la pericia le otorgó calidad de embistente, no se condicen (según esta parte) con los que realmente sufrieron los vehículos, retomando en este acápite la crítica en cuanto a las velocidades que llevaban los automotores al momento del impacto y a la prioridad de paso de su cliente, para finalizar diciendo que debe revocarse la sentencia. El actor contesta la expresión de agravios atacándola por carecer de la fundamentación necesaria para ser considerada como tal (art. 265 CPCC), por lo que solicita se declare desierto el recurso planteado.

Respecto del daño moral reconocido a la Sra. G. (rubro cuestionado tanto por actora cuanto por la citada en garantía), la crítica que se hace a la sentencia para obtener su elevación se basa en que la misma no habría contemplado parámetros exigidos por doctrina y jurisprudencia.- Puntualmente cuestiona la actora G. que el daño estético que sufrió y que, pese a la cirugía reparadora que se le realizó, aún persiste en su rostro le produjo un daño moral superior al reconocido. Aduce que no tuvo en cuenta el Magistrado de la Primera Instancia los sufrimientos y dolores, teniendo elementos en el juicio para considerarlos, temor e incertidumbre acerca del restablecimiento, angustia permanente que vivió ante el peligro corrido, las molestias, incomodidades y padecimientos durante la curación y el restablecimiento (ítem éste reiterativo del primero). Hace referencia a los testigos que así lo indicaron. Dijo que tampoco se consideró ni las condiciones personales de la víctima, (que es médica y trabaja de cara a sus pacientes), ni el daño en la vida de relación, así como la gravedad de la falta cometida por el responsable. Esgrimió asimismo que debió tenerse en consideración la realidad económica del país por el grave deterioro del signo monetario, y la frustración del proyecto existencial de la víctima.

La contraria adujo para solicitar se reduzca la indemnización otorgada por este rubro (Dr. J. C. G., a fojas 281 expresando agravios) que la suma de $22.000.- era exagerada, su fijación no fue justificada y se sostiene únicamente en el prudente arbitrio del juez, lo que tilda de abusivo.- Aduce que el mismo magistrado sostiene que las lesiones sufridas no han sido graves ni puesto en peligro la vida, que evolucionaron favorablemente y tuvieron un tiempo de curación de entre 15 y 20 días, y a los 75 días una cirugía menor, por lo que la suma otorgada sin pauta mensurativa resulta absurda, exagerada, y fuera de criterios jurisprudenciales para casos de mayor envergadura. Cita jurisprudencia sobre pautas a tener en cuenta para la fijación del daño moral, y aduce que, al haber el juez de grado argumentado que recurriría a "la intuición que lo ha de conducir a la equidad", el monto fijado deviene arbitrario pues la intuición por sí sola no resulta pauta mensurativa de ningún tipo, ni se traduce en razonamientos válidos coincidentes y valorativos de las circunstancias del caso, tildándola también de infundada.

Se agravia también la C. A., en cuanto a la cuantía de los montos reconocidos por gastos de médicos y farmacéuticos para atención de las lesiones de la víctima (G.), diciendo que si bien no se puede exigir prueba acabada de la totalidad de los gastos, no es admisible que se le reconozca la existencia de un tratamiento y los gastos de medicamentos, honorarios, gastos de internación, etc, aduciendo que quien alega un hecho debe probarlo, cediendo tal principio en lo relativo a gastos mínimos o de difícil comprobación, pero no respecto de los restantes pues el reclamo de un monto global lo coloca en estado de indefensión al carecer de prueba para enfrentar una suma abstracta.

4) Conforme jurisprudencia de este Cuerpo, que en la emergencia integro por subrogancia legal '...el primer análisis que debe efectuar el tribunal ad quem debe encontrarse dirigido a determinar si el memorial presentado por el recurrente cumple acabadamente con la manda del art. 265 del C.P.C.C., o sea, si el contenido del mismo, técnicamente puede considerarse como una verdadera expresión de agravios en los términos e interpretación que fija la N. referenciada'. (S.D.C. N° 1/94 y 18/99 CANO, entre otras)". (S.D.C. N° 11/03 CANO).

Compulsados los antecedentes de los autos y los fundamentos de la sentencia puesta en crisis, la lectura de la pieza de agravios de la vencida que dejé resumida me lleva a anticipar mi convicción -coincidente con el apelado-, de que el recurso en estudio debe ser declarado desierto.

La deserción de los recursos debe interpretarse en forma restrictiva por estar en juego principios de raigambre constitucional (defensa en juicio), pero la parte interesada debe cumplir con las obligaciones que la ley le impone, confeccionando una crítica concreta y razonada, que reúna los recaudos para que pueda considerarse una expresión de agravios. El apelante debe expresar con claridad porqué la sentencia no es justa, atacando lo resuelto por el Juez y, con bases jurídicas, fundamentar un distinto punto de vista, ya que no es sólo afirmar que se efectuó un razonamiento erróneo que no comparte, sin controvertir la valoración del Juez.

El propósito del apelante es que la sentencia que ataca sea reemplazada totalmente, por otra que se ajuste a su interés, pero siendo que la nueva sentencia a la que aspira, al igual que la cuestionada, también ha de estar sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación es a él a quien corresponde exponer ante la Alzada los argumentos que, a su criterio, deben dar basamento a aquella, y será este órgano el que, en tal oportunidad, analizará el mérito de los mismos para, dentro del ámbito del recurso ("E.D.", 66 - 640), evaluar el acierto o error con que fueron valorados los actos instructorios producidos en la anterior instancia y, consecuentemente, determinar el eventual acogimiento o rechazo de los agravios a través de una resolución que revoque o reforme total o parcialmente la recurrida. Extremando el concepto, puede decirse que quien recurre de una sentencia debe no sólo decir que está en desacuerdo con ella sino también indicar los términos de la que propone y entiende correcta, esto es, los fundamentos de la misma, fundamentos que han de surgir de la crítica que haga de los expuestos por el de grado en la instancia de origen".- (S.D.C. N° 11/03 CANO).

Y es desde la perspectiva de tales extremos que no hallo que el recurrente critique, sobre todo de manera concreta y con un razonamiento mínimamente comprensible, los fundamentos de la sentencia. En su memorial se describen promiscuamente las razones de su disconformidad: velocidad de los vehículos peritada; presunta mendacidad de un testigo, se plasma una fórmula sin explicitar algún razonamiento que permita comprender acabadamente la crítica que pretende sea analizada, además de que reitera los conceptos vertidos en la impugnación que luce a fojas 187, e introduce un cuestionamiento a un testimonio valorado en la sentencia, conjeturando sobre una supuesta ubicación del testigo al momento del hecho (en franca contradicción con lo afirmado por el declarante), cuando ninguna pregunta efectuó el profesional al testigo B., pese a haber estado presente en el acto de su declaración (fojas 216).

Además de haber renunciado a su derecho a alegar sobre el mérito que le mereció la descripción de los hechos que hizo el nombrado testigo, cuestión que si bien no le puede ser valorada en contra (por tratarse de un derecho y no una carga), abona lo insostenible del agravio.- Así las cosas, y pese a haber analizado con criterio amplio la pieza recursiva, hallo en la misma una férrea disconformidad con lo resuelto, que no supera esa calificación (el desacuerdo), y me impide la considere (por lo confuso del escrito, mas las reiteraciones y contradicciones que enumeré), instrumento suficiente en los términos del art. 265 del rito, lo que en mi opinión sella la suerte del recurso.- Máxime frente a un razonamiento del juzgador que sigue un juicio lógico y respaldado por las constancias de la causa, y que fueron citadas y analizadas en el desarrollo de la sentencia.- Se ajusta a lo que advierto lo resuelto por el STJCH en el sentido que: "La idoneidad de toda expresión de agravios implica que el recurrente refute las conclusiones de hecho y derecho que sustentan la decisión del sentenciante a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha el pronunciamiento. Las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto, o las simples consideraciones subjetivas o disgregaciones inconducentes o carentes del debido sustento jurídico no satisfacen las exigencias de la carga de fundamentación autónoma" (SI N° 14/98, 24/99 y 34/99) "Todo recurso debe autoabastecerse para lo cual se hará refutación mediante demostración razonada y prolija de cada uno de los motivos respecto de los cuales se agravia. Tal fundamentación autónoma demanda, mediante una demostración comprensiva con su sola lectura y sin más, saber a qué atenerse respecto a sus alcances y sentido...". (SI N° 05/97)" (Ver sentencia N° 05/03 STJ, del 24 de abril de 2003 en autos "R., P. C. c/ ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL s/ Daños y perjuicios).

Por los fundamentos que dejo expuestos, soy de opinión que el recurso articulado por la accionada B. también debe declararse desierto y, consecuentemente, confirmarse la sentencia a su respecto. Así lo voto.- 5) Respecto de la crítica a la sentencia en lo que hace al rubro "daño moral", a poco de repasar las reglas que invoca el juzgador, se extrae que el Sr. Juez de Primera Instancia en su análisis conceptualizó el daño moral y su procedencia, con cita de doctrina y jurisprudencia, y al analizar el caso concreto de la Sra. G. describió las lesiones sufridas y las cicatrices en su rostro, hizo referencia a los padecimientos durante el tratamiento de las heridas, pero, como acertadamente lo señalan ambas partes, su fundamento fincó únicamente en la intuición, lo que torna a la sentencia (en lo tocante a este ítem) carente de fundamento por haberse explicitado únicamente la voluntad del sentenciante, habilitándose así el tratamiento por esta Alzada del agravio vertido para revisar si el monto reconocido es ajustado o no a las circunstancias del caso.

Debe partirse básicamente del análisis de la situación de la victima; que la reparación no debe significar un cambio en la vida de ésta ni un enriquecimiento, que no debe basarse en fórmulas matemáticas ni en criterios estrictamente actuariales, que no debe calcularse sobre el eventual daño material, que no debe calcularse en base a la mera prudencia, prescindiendo de parámetros tales como la edad de la víctima, señalando en cambio que debe diferenciarse la gravedad del daño valorando las peculiaridades del caso, armonizando la reparación a casos semejantes, procurando producir con la reparación placeres compensatorios, debiendo tener en cuenta el contexto económico del país y en general, el standard de vida. (conf. 10 reglas sobre la cuantificación del daño moral, Mosset Iturraspe, LL, 1994-A-728).- El principio de la reparación integral es aceptado por la doctrina nacional y extranjera, se considera que responde al principio de "reparación", entendiéndose por tal, como lo afirma el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al interpretar el art. 50 de la Convención Europea de Derechos Humanos la que ubica al peticionante dentro de lo posible, en una situación equivalente a la que se encontraría si no hubiese violación del derecho. (casos Piersack y Koning, cits. Por Wyler Eric. " L' illicite et la condition des persones priveé" , Paris, 1995 pág. 280, cit. Aída Kemelmajer de Carlucci, " Evaluación del daño a la persona ¿ Libre apreciación judicial o sistema de baremos ?", en "Revista de Derecho de Daños", año 2001,pág.307 y sgtes.).

Desde esa perspectiva la reparación integral debería incluir la noción de eficacia de la decisión," pues volver las cosas al estado anterior "implica que la sentencia de condena no debe ser una mera declaración", o sea, que el damnificado perciba efectivamente lo que se le debe.

Alberto J. Bueres señala que "Las lesiones a la estética, a la psiquis, a la vida de relación etc. constituyen menoscabos naturalísticos a bienes (a veces a la lesión o menoscabo se lo denomina evento). ("El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique a la vida de relación y a la persona en general".Revista de Derecho Privado y Comunitario, no. 1, Ed.Rubinzal-Culzoni, Sta.Fé, 1998, pág. 264). Se ha resuelto que: "El daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona, sobre el cual los demás no pueden avanzar; de manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra configura un daño moral." (C.Nac.Civ. ,sala E, 08/05/2003- F., C. A. v. T. I. S. J. S.A. y otros). SJA 4/2/2004, síntesis. JA 2004-I-síntesis) Lexis Nº 1/67453.

Nutrida es la doctrina, y profusa la jurisprudencia que aborda la cuestión del daño moral, más aplicando el derecho al caso concreto, he de poner de resalto que en los agravios no resulta cuestionada su procedencia (así, memorial de pág. 281/282 vta., pto 5, 2º párrafo), sino únicamente la arbitrariedad para fijar su cuantía, y la falta de consideración de todos las pautas a ser analizadas.

Deberé entonces abordar la cuestión de la suma adecuada en tal concepto, desde que las partes por opuestos y fundados motivos sindican a la suma fijada como exigua y desmesurada, respectivamente, lo que no hace más que verificar lo complejo de la determinación.- Se ha resuelto que: "La tarea de medir la dimensión del dolor es tarea ímproba; el dolor como tal no es objetivo, más bien reviste el tenor de las lesiones intangibles, por ello se busca compensarlo mediante su costo de reversión por una suma de dinero que represente la posibilidad de procurar goces que no lo dispensen pero que al menos procuren en alguna medida paliarlo." (C.Civ. y Com. Bahía Blanca,sala 1ª,09/11/2000- S., H. y otros v. Provincia de Buenos Aires). JA 2001-IV-síntesis Lexis Nº 1/52278.- El juez puede y debe estimar prudentemente los daños y ello no significa más que cumplir con los parámetros legales que le indica que cumplir el artículo 165 del CPCC. Se ha sentenciado en casos similares: "La indemnización del daño moral depende, en principio, del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido sin que sea necesaria otra precisión, sin perjuicio de ponderar la personalidad de la víctima y su receptividad particular en función del sexo, edad, profesión."(C. Civ. y Com. Quilmes, sala 2ª, 21/02/2005- M., E. y otros v. R., H. y otros). Lexis Nº 1/0022048-4.

Para determinar la suma a pagar en concepto de daño moral, tendré en cuenta las condiciones personales de la Dra. G. y el sufrimiento experimentado como consecuencia de la acción antijurídica, dado por las heridas que sufriera en su rostro, en zonas particularmente sensibles como lo es el arco superciliar, que se trata de una persona de sexo femenino, y la incidencia cultural de la estética (en la población media) para este género, valor particularmente exacerbado en los tiempos actuales. Igualmente ha de tenerse en consideración para la ponderación prudente y equitativa del daño moral sufrido la gravedad del siniestro, merituando que no se puso en riesgo su vida y las lesiones fueron en definitiva leves, aunque su ubicación en el cuerpo de la víctima y por ser el rostro la porción de la humanidad que comunica a los otros de manera más directa, he de considerar las mismas de manera especial para la fijación de la indemnización. Esto último que señalo tiene directa incidencia en la vida de relación tanto desde lo personal como desde lo profesional, y es analizado considerando la persistencia en la actualidad de las cicatrices en el rostro de la Sra. G., (conforme luce en la pericia adunada en páginas 229/230). También pondero la incertidumbre producida por la propia recuperación y la congoja desencadenada por el hecho dañoso (suficientemente probadas en la causa por testimonios y certificados expedidos por médicos), y adhiriendo a la jurisprudencia de la C. Nac. Civ.,sala B,24/10/2003 en autos "T., H. H. R. v. T. A. L. S.A.C.I.". SJA 1/6/2005, síntesis. JA 2005-II-síntesis. Lexis Nº 1/75375.- Para determinar el daño moral debe partirse de lo reclamado por el propio afligido, ya que de lo que se trata es de paliar, por un medio considerado subjetivamente eficaz por quien lo pide, un estado espiritual irreparable subjetivamente (conf C. Civ. y Com. San Isidro,sala 2ª, 27/11/2003 - D., H. y otro v. S., A. A. N. y otro. Lexis Nº 1/70011250-5), pero con la morigeración que indica acertadamente nuestra máxima instancia nacional, en el sentido que: "la motivación no tiene pautas asepticamente jurídicas, sino que debe juzgar prudencialmente sobre la fijación del resarcimiento, no deben desatenderse las reglas de la propia experiencia y del conocimiento de la realidad" Se impone al tribunal el deber de examinar las pretensiones deducidas prudentemente, y verificar si se han producido los perjuicios que se reclama, evitando cuidadosamente no otorgar reparaciones que pueden derivar en soluciones manifiestamente irrazonables."(CSJN, 24-9-96 J.A III-142) CSJN 4-10-94 JA 1995 II-19.- Y así, partiendo del reclamo de la suma de $25.000.-, no puedo evitar considerar excesivo el reconocimiento otorgado en la primera instancia, atento a las pautas que tuve en cuenta y lo que, en carácter de Juez de Cámara Subrogante finalmente consideré adecuado para un supuesto de lesiones en el cuerpo (Expte. Nº 171/05 CANO, caratulado: "Q., S. c/ A., H. y otra s/ Daños y Perjuicios"), aunque con la salvedad de la diferencia de ubicación de las lesiones, y su incidencia en cada una de las víctimas. Elementos fácticos propios del caso que me llevaron a proponer en aquel trámite una suma inferior a la que aquí determinaré.

Por todos los fundamentos dados propongo al acuerdo revocar el fallo en crisis en lo tocante a este punto, fijando la indemnización por daño moral en la suma de $20.000.-.

6) Respecto a los gastos de atención médica y farmacéutica, la ley civil manda a reparar (mediante la correspondiente indemnización) todas las consecuencias del evento dañoso.

La indemnización consistirá, entonces, en el pago de todos los gastos de la curación y convalecencia del ofendido (art. 1086). Obviamente debe considerarse no sólo el daño presente (gastos materiales realizados por el damnificado), sino también el futuro y cierto. Dejando sentado que la O.M.S. ha definido a la salud no como ausencia de enfermedad, sino como estado de completo bienestar, y en ese sentido la indemnización que se otorgue deberá contemplar lo necesario para restituir lo gastado, y también los daños futuros que demande a la víctima la atención de sus lesiones a fin de procurar restaurar, en la medida de lo posible, el mentado estado de bienestar. Se ha entendido, en jurisprudencia que comparto que: "Los gastos necesarios para el tratamiento y recuperación de la víctima, no requieren prueba documentada, quedando librado a la apreciación judicial la fijación de su monto, siempre que la producción del perjuicio esté debidamente comprobada y encuentre adecuada relación con la importancia del tratamiento prodigado, pauta valorativa que se proyecta con mayor peso cuando la parte ha producido probanzas tendientes a establecer la cuantía del reclamo. (C. Nac. Civ.,sala A,22/12/1995- B., C. v. L., S.). JA 1999-IV-síntesis, Lexis Nº 1/38700.- Entiendo que resulta correcta la determinación que realizó el juez de grado por este rubro, desde que se acompañó al demandar la documentación que respaldaba la cuantía del reclamo, la que no fue desconocida por el impugnante, quien se limitó únicamente a negar los daños.

Sin perjuicio de ello, se ofició al especialista que formuló el presupuesto presentado por cirugía reparadora (Dr. D. L.), y acompañó la documentación que respalda el importe reclamado por rubro que me ocupa (fs 152/158). Y además, el perito médico designado, estimó el costo de la cirugía reparadora que restaba realizar a la víctima a la fecha del informe (21 de Septiembre de 2005), todo conforme luce a fojas 229/230.- Por eso, no resulta posible acoger este agravio, desde que no resulta cierto que se trata de un monto global infundado, y menos aún que se colocó a la demandada en estado de indefensión. Tuvo oportunidades procesales de cuestionar las probanzas y las dejó ir. Las diferencias que puedan surgir entre lo estimado y lo concedido por el juzgador resultan mínimas, y ponderando la influencia del aumento del costo de vida, incluiré las posibles en la discrecionalidad para la determinación que establece el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut, desde que así se logra, a mi juicio, una mejor justicia del caso.

Traigo en respaldo lo resuelto por el más alto tribunal de justicia de la provincia de Tucumán: "Esta Corte tiene dicho que los gastos terapéuticos pueden ser determinados prudencialmente por el juez cuando existe una adecuada correlación entre los gastos y la naturaleza de las lesiones, tiempo de curación, tratamiento médico, secuelas y carácter de las mismas (en igual sentido C. Nac. Civ., sala H, 14/6/1995, C. Nac. Com., sala B, 9/5/1995, LL 1997-E-1.000 y 353). En el caso, el importe reclamado guarda razonabilidad con la envergadura de las lesiones padecidas, el tipo de tratamiento demandado para su recuperación y el tiempo de convalecencia experimentado por los actores. (Corte Sup. Just. Tucumán,22/05/2002- O. D. L. v. S. S. J. S.A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS). Lexis Nº 25/7351.

Y también: "Si bien queda librada a la apreciación judicial la fijación del monto por gastos de farmacia, siempre que la producción del perjuicio esté debidamente comprobada y encuentre adecuada relación con la importancia del tratamiento prodigado, la pauta valorativa se proyecta con mayor peso cuando la parte ha producido probanzas tendientes a establecer la cuantía del reclamo." (C. Nac. Civ.,sala F,26/06/2003- V., É. S. v. C. C.I.S.A.). SJA 18/8/2004, síntesis. JA 2004-III-síntesis. Lexis Nº 1/70809.- En consecuencia, mi voto sobre este agravio se inclina por la confirmación de lo resuelto en la primera instancia respecto del monto fijado en concepto de daño atención médica y farmacéutica.

7) Por último, y evaluadas las pautas que tuvo en cuenta el Sr. Juez de la Primera Instancia para fijar los emolumentos del Dr. G. L., advierto que los mismos se ajustan estrictamente a la ley arancelaria, puesto que se ha considerado el carácter de apoderado y patrocinante para la fijación del porcentaje (casi el máximo previsto por la ley) y en función del monto del proceso, los fijados por la demanda rechazada también se ajustan a los máximos legales para los procesos de conocimiento y los mínimos del art. 8 del Dto. Ley 2.200, de modo que propicio la confirmación de la sentencia en este punto.

A la misma cuestión, el Dr. Eyo dijo:

1. Contra la sentencia de fs. 242/249v. obran la siguientes apelaciones:- 1.1. A fs. 251, obra la apelación del Dr. R. T. G. L., por la representación acreditada en autos y por derecho propio con relación a los honorarios profesionales regulados a su favor por bajos (especialmente los que se refieren a la demanda rechazada).

A fs. 266/267v. expresa agravios en representación de G. E. G. por considerar que el monto de $22.000.- fijado a su favor en concepto de daño moral no alcanza a cubrir el menoscabo sufrido por la misma.

1.2. A fs. 257, obra la apelación de N. R. B. y C. G., con el patrocinio letrado del Dr. D. A. S. .

A fs. 271/278 expresa agravios N. R. B., con el patrocinio letrado del Dr. D. A. S., requiriendo que se revoque la sentencia en todas sus partes y se haga lugar a la totalidad de la suma reclamada a fs. 22/25 y sus intereses.

1.3. A fs. 281, obra la apelación del Dr. J. C. G. en representación de la citada en garantía "S. M.A. S.A".

A fs. 281/282v. expresa 2 agravios, el 1º vinculado a los gastos de atención médica y farmacéutica y medicamentos por la atención de lesiones y daño emergente fijados en $12.000.- y el 2º vinculado al monto por daño moral fijado en $22.000.-, ambos a favor de G. E. J., por considerarlos excesivos.

1.4. A fs. 284/285 obra la contestación por parte del Dr. G. L., por la representación acreditada en autos, a los agravios formulados por N. R. B. y a fs. 287/v. a los agravios formulados por el Dr. G en representación de "S. M.A. S.A.".

2. Tal como lo señala la Dra. GONZALEZ en su voto, al no haber cumplimentado C. G. con la manda del Art. 266 del C.P.C. y C., corresponde declarar desierto su recurso de apelación interpuesto a fs. 257, por lo que la sentencia ha quedado firme a su respecto. (Conforme: Roberto G. LOUTAYF RANEA, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil. Legislación. Doctrina. Jurisprudencia.", tomo 1, pág. 106 y ss.).

3. He de tratar en primer término los agravios formulados por N. R. B., con el patrocinio letrado del Dr. D. A. S., a fs. 271.- 3.1. Como síntesis de sus agravios puede consignarse que la recurrente cuestiona la valoración de las pruebas hecha por el a quo, en particular:- a) Con relación a la pericial de fs. 161/174, a la que ataca en definitiva con los mismos argumentos utilizados en oportunidad de la impugnación que formulara a fs. 187 y que recibieran adecuada y acabada respuesta por parte del perito a fs. 191, por lo que no ameritan mayores consideraciones. Trataré únicamente el correspondiente a la mayor velocidad que alcanza el automóvil Fiat Duna después de ser impactado por el Chevrolet Corsa, con relación a su velocidad antes de la colisión, por ser reiterativa en su planteo. Su inquietud se encuentra acabadamente demostrada por el perito en los puntos 5.b.1.1. a 5.b.1.4., a los que la recurrente no formula ninguna impugnación científica, y que se funda en el principio de la transferencia de energía por la colisión.

b) Con relación al testimonio de M. B., obrante a fs. 216, la recurrente llega en su afán de descalificarlo, a tergiversarlo, planteando la imposibilidad de que haya podido ver la colisión desde una distancia mayor a 100 metros, cuando el testigo explica, dando razón de sus dichos, que la colisión la vio a unos 40 a 50 metros de distancia.

El testimonio de B. es coherente en si mismo y se corresponde con las pruebas recolectada en autos, por lo que el cuestionamiento que se hace a la idoneidad de este testigo carece de todo fundamento.- c) Por último, la pretensión de la recurrente de que se tenga la mecánica del hecho como ocurrida conforme a la versión contenida en su demanda, resulta absurda, sin sustento probatorio y descalificada por la prueba producida.

3.2. Mi conclusión es que el hecho fijado por al a quo se ajusta lógica y razonablemente a las pruebas incorporadas a la causa y la forma en que fueron valoradas, conforme lo exige el sistema imperante. Por lo expuesto, coincido con el voto de la Dra. GONZALEZ, en cuanto a que el recurso carece de una fundamentación suficiente para ser considerado como tal.

4. He de tratar en 2º término y en forma conjunta los agravios formulados por el Dr. G. L. a fs. 266/267v. y por el Dr. G a fs. 281/282v., con relación al monto de $22.000.- fijado como reparación por daño moral a favor de G. E. J., el 1º por considerar que no alcanza a cubrir el menoscabo sufrido por la misma y el 2º por considerarlo excesivo.

4.1. Ambos sostienen coincidentemente que el a quo no ha tenido en cuenta acabadamente los distintos parámetros que la doctrina y/o jurisprudencia han ido elaborando para determinar el monto reparatorio, en cuyo caso, según uno de los recurrentes debería llevar al incremento de la reparación y según el otro, a su disminución.- 4.2. La cuestión así planteada pone en evidencia que por mas que se analicen todos y cada uno de los parámetros propuestos por la doctrina y la jurisprudencia para determinar el monto reparatorio del daño moral, en definitiva, su fijación queda librado al prudente arbitrio judicial porque estamos hablando de la reparación del dolor y no hay forma objetiva de mensurar el dolor y determinar cuanto vale. Por eso, tengo para mí, que atento la naturaleza del daño moral, sostener que la fijación de un monto reparatorio se efectúa por aplicación de determinados parámetros o como refiere el a quo, con toda sinceridad, que la intuición es la guía que lo ha de conducir hacia la equidad de la suma que estima procedente para cada caso, resulta equivalente porque en ambos casos el monto que se fija en definitiva descansa en la sensación del juez de que ese es el adecuado.

4.3. Considero que la única forma de limitar el arbitrio judicial y ganar en seguridad jurídica, es armonizando la reparación a otros casos y en particular a casos semejantes, a cuyo efecto resulta imprescindible la aplicación de los parámetros propuestos por la doctrina y la jurisprudencia.

En todas y cada una de las jurisdicciones se van acumulando antecedentes reparatorios del daño moral, lo que va predeterminando un marco al que debieran referirse las sucesivas reparaciones. Decir que se aplican determinados parámetros para fijar la reparación en un caso concreto, sin aplicarlos para establecer una relación respecto de los criterios aplicados en otros casos, es tan discrecional como decir que se aplica la intuición. Solamente el razonamiento vinculado con el precedente y que justifica el monto que se fija (igual, mayor o menor) en relación al mismo por las particularidades de cada caso, aparece como un medio idóneo para eliminar el puro voluntarismo en las decisiones en la materia y limitar, aunque no la elimine, la discrecionalidad judicial.

4.4. Por lo expuesto precedentemente, coincido en un todo con el voto de la Dra. GONZALEZ en este punto, toda vez que la misma, después de hacer un exhaustivo análisis de parámetros aplicables al caso los correlaciona con otro caso de indemnización de daño moral en el que votó como vocal subrogante de esta Cámara (Expte. 171/05 CANO) y que tengo a la vista en este acto. En dicho voto, de fecha 8 del corriente mes, a fs. 258/v., propuso confirmar el resolutorio en crisis con relación a la reparación fijada en concepto de daño moral por el a quo en la suma de $15.000.- a favor de S. Q., persona de 72 años al momento en que fue embestida por un automóvil en circunstancia en que transitaba como peatón y que resultó con fractura de platillos tibiales y traumatismo de zona pectoral, que desembocaron en una operación del platillo tibial externo de la rodilla, debiendo permanecer internada en la Clínica L. A. durante algunos días y con posterioridad continuar con férulas y tratamiento de kinesiología, a la par de padecer trastornos psíquicos en relación directa con el evento dañoso (fs. 197/198v.).- 4.5. Correlacionando los parámetros correspondientes a ambos casos tenemos la identidad de sexo en ambas víctimas, siendo Q. una persona de 72 años a la fecha del accidente que la damnificó, mientras que G. a igual fecha tenía 54 años (nació el .. de j. de .... conforme fotocopia del poder obrante a fs. 37); en el caso de Q. curaron sus lesiones físicas pero persistían secuelas psicológicas y en el de G. mantiene secuelas visibles de las lesiones que sufriera en el rostro, que no configuran una deformación pero que la siguen afectando psicológicamente; en ambos casos las secuelas psicológicas las afectan en su vida de relación, pero por la vigencia del daño estético, en el caso de G. sin duda que dicha afectación abarca un campo más amplio que en el de Q., la que por otra parte, de acuerdo a lo que resulta de su causa, no desempeña actividades laborales, cosa que sí hace G.. Por lo expuesto y atento a que G. es más joven - si bien este factor puede considerarse como una circunstancia a su favor -, al no existir certeza de que pueda superar sus afecciones, estaría expuesta por su expectativa estadística de vida a un mayor tiempo de afectación, por lo que coincido con el voto de la Dra. GONZALEZ en cuanto a que el monto de la reparación debe ser mayor que el fijado a Q. y razonable el incremento que propicia, estableciéndolo en definitiva en la suma de $20.000.-.

5. He tratar en 3er. término el agravio formulado por el Dr. G a fs. 281/282v., con relación al monto de $12.000.- fijado como reparación por gastos de atención médica y farmacéutica y medicamentos para la atención de las lesiones y daño emergente derivado de la lesión estética a favor de G. E. G..- 5.1. Con relación al daño emergente derivado de la lesión estética se probaron gastos por $2.823.- con el recibo de fs. 156 y factura de fs. 158 (ambos en fotocopia de sus originales) y que puede necesitarse una nueva cirugía reparadora cuyo costo rondaría los $8.000.- con la pericia de fs. 229/230. El recurrente no cuestionó las pruebas referidas.

Con relación a los gastos de atención médica y farmacéutica y medicamentos para la atención de las lesiones estimados en $500.- por la demandante (fs. 53v.), el mismo aparece como procedente por cuanto guarda una adecuada correlación con la naturaleza de las lesiones.- Teniendo en cuenta la data del valor estimado para la nueva cirugía, así como que el mismo es aproximativo y la incertidumbre en cuanto a la fecha en que podrá realizarse y consecuentemente en cuanto a su monto, entiendo procedente, en concordancia con el voto de la Dra. GONZALEZ, confirmar lo resuelto por el a quo respecto del monto fijado por este rubro.

6. Por último, he de tratar la apelación planteada por el Dr. R. T. G. L., por derecho propio, con relación a los honorarios profesionales regulados a su favor por bajos (especialmente los que se refieren a la demanda rechazada).

Los mismos han sido fijados por el a quo casi en el máximo con relación a la demanda que ha prosperado y respetando los parámetros fijados por la ley arancelaria con relación a la demanda rechazada, por lo que en concordancia con el voto de la Dra. GONZALEZ, considero procedente confirmar la sentencia en este punto.- A la segunda cuestión, la Dra. González Dijo:- Por todo lo expresado soy de opinión que debe: a) declararse desierto el recurso interpuesto a fs. 257 por C. G. y N. R. B., por los fundamentos expuestos en los considerandos pertinentes (arts. 265 y 266, CPCC); b) confirmarse, parcialmente, la sentencia definitiva registrada bajo el Nº 53 del año 2005 de fecha 14 de Noviembre de 2005 (fojas 242/249) y modificándola sólo en cuanto al monto en concepto de Daño Moral el que se fija en la suma de $20.000.-, y en consecuencia condenarse a las demandadas N. R. B. y C. G., con el alcance fijado en la anterior instancia, al pago de la suma de pesos $ 35.026,20, discriminada de la siguiente manera: a G. E. G. $32.000.- y a T. T. $3.026,20.-, y c) imponerse las costas a los vencidos (art. 68 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut), debiendo regularse los honorarios de esta Instancia, en función del monto de condena, la labor profesional desarrollada, la etapa cumplida, la calidad, celeridad y eficacia de los trabajos y el resultado obtenido, todo de conformidad con el art. 14 del Dto. Ley 2.200, fijando los del Dr. R. T. G. L. en un 5% y los del Dr. J. C. G. en un 3,5%, con más el IVA pertinente y a calcular sobre el monto de juicio que se determine, no correspondiéndole honorarios al Dr. D. A. S. por ser su labor inoficiosa.

A igual cuestión el Dr. EYO dijo:

Atento lo expresado al votar a la cuestión anterior, entiendo que debe ser: a) declarado desierto el recurso planteado a fs. 257 por las Sras. C. G. y N. R. B., por los fundamentos expuestos (arts. 265 y 266, CPCC); b) confirmada, parcialmente, la sentencia venida en recurso, modificándola en cuanto al monto fijado en concepto de Daño Moral el que se establece en la suma de $20.000.- y, consecuentemente, condenarse a N. R. B. y C. G. con el alcance fijado en la anterior instancia, al pago de la suma de $35.026,20, discriminada de la siguiente manera: a G. E. G. $32.000.- y a T. T. $3.026,20, y c) impuestas las costas a los vencidos (art. 68, CPCC), debiendo regularse los honorarios de esta Instancia de conformidad con el art. 14 del Dto. Ley 2.200, fijando los del Dr. R. T. G. L. en un 5% y los del Dr. J. C. G. en un 3,5%, con más el IVA pertinente y a calcular sobre el monto de juicio que se determine, no correspondiéndole honorarios al Dr. D. A. S. por ser su labor inoficiosa.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:

1) DECLARAR desierto el recurso planteado a fs. 257 por las Sras. C. G. y N. R. B., por los fundamentos expuestos (arts. 265 y 266, CPCC).- 2) CONFIRMAR, parcialmente, la sentencia venida en recurso, modificándola en cuanto al monto fijado en concepto de Daño Moral el que se establece en la suma de $20.000.- y, consecuentemente, condenarse a N. R. B. y C. G. con el alcance fijado en la anterior instancia, al pago de la suma de $35.026,20, discriminada de la siguiente manera: a G. E. G. $32.000.- y a T. T. $3.026,20.

3) IMPONER las costas a las vencidas Sras. N. R. B. y C. G. (art. 68, CPCC), debiendo regularse los honorarios de esta Instancia, fijando los del Dr. R. T. G. L. en un 5% y los del Dr. J. C. G. en un 3,5%, con más el IVA pertinente y a calcular sobre el monto de juicio que se determine, no correspondiéndole honorarios al Dr. D. A. S. por ser su labor inoficiosa. (art. 14 Dec. Ley 2.200).

4) REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta con el Tribunal integrado con la Sra. Juez de Familia, Dra. Mariela González de Vicel y el Sr. Juez en lo Correccional, por vacancia de dos vocalías y encontrarse recusado el Dr. Benjamín Moisá e inhibido el Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Laboral, y por dos Jueces por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 Ley 1.130, texto según Ley 4.550 y Acordadas Nº 3.223/00 y 3.303/03 STJ) y no haber hecho uso el Sr. Juez de Ejecución del derecho que le asiste conforme lo dispuesto por el art. 271, último párrafo, del C.P.C.C, texto según Ley 4.550).

MARIELA GONZALEZ de VICEL JORGE EYO REGISTRADA BAJO EL N° 16 DEL AÑO 2006. CONSTE.-Fdo.Irma Alicia Carbó-Secretaria.-