Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-06


Causa Nº 32693-00/cc/2006 "CINEMARK ARGENTINA S.R.L. s/ ocupación indebida de vía pública con carteles publicitarios - Apelación" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de junio de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa.

El Franza dijo:

RESULTA:

1) La sentencia de 1ª Instancia por la cual se resolvió condenar a la firma CINEMARK ARGENTINA S.R.L. a la pena de MULTA de pesos setecientos cincuenta ($ 750) con más el DECOMISO de los carteles publicitarios instalados por la empresa de mención, por considerarlo autor responsable de la infracción prevista y reprimida por el art. 3.1.3 de la Ley 451 (fs. 107/114 vta.).

El recurso de apelación deducido por el Matías Carlos Debarbieri en representación de Cinemark Argentina S.R.L. (fs. 115/118).

La presentación de la Fiscalía de Cámara obrante a fs. 123/124vta. de autos.

Y CONSIDERANDO:

Admisibilidad del recurso 2) El recurso analizado ha sido interpuesto en tiempo y forma (art. 57, ley 1217), cumpliendo con los requisitos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, en cuanto fuera planteado por quien se encuentra autorizado para hacerlo por la ley procesal, conforme lo dispuesto en el artículo 56 de dicho ordenamiento y por tener un interés jurídico en la impugnación contra una sentencia definitiva.

El art. 56 de la ley 1217, al regular la procedencia de los recursos de apelación contra las decisiones de los magistrados de grado establece-taxativamente- tres supuestos de viabilidad; a saber: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley y c) arbitrariedad.

El recurrente plantea, en sus agravios, la inobservancia manifiesta de las formas sustanciales del trámite de la causa y la errónea aplicación de la ley sustantiva, motivo por el cual, más allá de la suerte final de la pretensión, corresponde declarar formalmente admisible el recurso.

De los agravios 3) El apelante fundamenta sus agravios en: 1) Inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite de la causa. Incorporación extemporánea de medidas probatorias; 2) El acta de comprobación de faltas no reúne los mínimos requisitos establecidos por ley; 3) Omisión de constatar que el proceso realizado en sede administrativa se haya conducido conforme a la ley; 4) Omisión de considerar respecto de la legislación que debía aplicarse en el caso y 5) Los testimonios brindados carecen de idoneidad (v. 115/118).

Ingresando al primer agravio planteado, el recurrente refiere que el a quo fundamentó buena parte de la sentencia en crisis, con los dichos del testigo Eduardo Alberto Cerretini lo que constituyó, además de la vulneración del principio de preclusión de los actos procesales, la violación de la garantía de defensa en juicio y del debido proceso puesto que se permitió la incorporación de medidas probatorias en un estadio procesal vedado, lo cual implicó una inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite de la causa. La defensa aduce que el procedimiento de faltas prohíbe la incorporación de prueba fuera de la oportunidad prevista en el artículo 41 de la ley 1217.

La oposición planteada ya fue debidamente abordada por la Sra. Magistrada, quien acertadamente refirió que el principio de amplitud probatoria es el que justamente se dirige a garantizar la defensa en juicio.

4) Con respecto a los medios de prueba admisibles en el proceso de faltas, el art. 44 de la ley 1217, con remisión al art. 20 del mismo cuerpo legal, acepta, entre muchos otros, la prueba testimonial. Si bien es cierto que la norma no menciona la posibilidad de ampliar prueba basada en "hechos nuevos" considero que su admisibilidad es procedente si éstos fuesen útiles para la resolución de la causa.

Sentado ello, advierto que en este caso, se trató de una prueba nueva incorporada al proceso a partir de la presentación de Ugarte, y fue como consecuencia de ello que el Ministerio Público Fiscal solicitó su convocatoria pues su testimonio podría ser conducente para la dilucidación de los presentes actuados.

En nada afecta el principio de preclusión del proceso la circunstancia de que el magistrado convoque al debate a un nuevo testigo, pues no se retrotraen las etapas ya superadas del juicio, renovando un nuevo término para las partes a los efectos de ofrecer prueba, sino que, simplemente, se brindó la posibilidad de convocar a un testigo al debate, a punto tal que la audiencia se llevó a cabo en la fecha inicialmente fijada y no se suspendió como consecuencia de la citación al debate del testigo.

5) Tampoco se afectó la garantía de defensa en juicio como alega el recurrente. La circunstancia de que el a quo haya resuelto convocar al testigo con la antelación suficiente al juicio y notificar a las partes, en nada contribuye a la vulneración pretendida pues el derecho de probar y el de controlar la prueba del adversario -integrantes del principio contradictorio- fue ejercido por el infractor acabadamente; tuvo la posibilidad jurídica de inhibir la imputación y de interrogar al testigo tal como lo prescribe el art. 52 de la ley 1217.

Además si bien el testimonio de Cerretini fue valorado por el a quo en oportunidad de fundamentar la condena impuesta, sólo sirvió a los efectos de reforzar el cuadro probatorio existente (v. fs. 114) motivo por el cual, el pretendido agravio se desvanece.

Por último, cabe agregar que en ningún momento, el apelante ha logrado demostrar cómo la valoración del testigo vulneró la garantía de defensa en juicio y del debido proceso, motivo por el cual, reitero, el agravio analizado deberá descartarse.

6) Con respecto al agravio identificado en la presente con el número 2) -"el acta de comprobación de faltas no reúne los mínimos requisitos establecidos por ley"- el recurrente plantea que el acta de comprobación de faltas obrante a fs. 27 adolece del requisito estipulado en el inciso c) del art. 3º de la ley 1217 pues omite consignar la norma que se habría infringido, y en consecuencia no puede ser considerada prueba suficiente de la comisión de la infracción.

Concretamente señala que no obstante el defecto señalado ut supra el sentenciante llegó a la conclusión contraria y sostuvo que la misma sí reunía los requisitos establecidos en la ley, valorándola al momento de dictar sentencia (v. fs. 116 y vta.).

En primer lugar, la ley 1217 establece en su art. 3º los requisitos que debe contener el acta que labra el funcionario al detectar una infracción, entre los cuales en el inc. c) se menciona: "...la norma que a juicio de/la funcionario/a se estime infringido, sin que esta mención implique la calificación definitiva...".

El art. 5º de la ley 1217 establece que "El acta de comprobación... que reúna los requisitos del art. 3º se considera, salvo prueba en contrario, prueba suficiente de la comisión de las mismas".

De ello se sigue que el peso probatorio que el artículo le otorga al acta no puede ser desvirtuado por el infractor por simples manifestaciones en contrario, sino que deberá valerse de pruebas suficientes para ello. La norma contiene una presunción iuris tantum.

Sentado ello, coincido con el recurrente en que el acta cuestionada obrante a fs. 27 no reúne la totalidad de los requisitos previstos en la ley pues el funcionario omitió consignar la norma que estimó infringida.

Sin embargo, ello no es suficiente para acoger favorablemente la pretensión del recurrente, pues si bien la mención de la norma resulta apropiada como refuerzo de la descripción de la conducta presumiblemente ilícita, su omisión no determina la invalidez del acta (conf. "Procedimiento de Faltas de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley 1217 Comentada Jurisprudencia Modelos de Actuación", Burlas Luisa B. y otros, Ed. AD- HOC, año 2004, pág. 31), sino que su valor probatorio no será absoluto; el acta no será prueba suficiente de la infracción (art. 5º stricto sensu).

7) Es por ello que, si bien yerra el a quo en afirmar que el acta reúne los requisitos previstos en el art. 3º de los fundamentos de la sentencia recurrida, no surge que la haya valorado como prueba suficiente, sino que la justipreció como un elemento adicional de otros, como ser, 1) los testimonios correspondientes a la causa nº 5615/06 (v. fs. 5/17), 2) el propio reconocimiento por parte del Debarbieri, apoderado de la empresa, en cuanto a que admitió la instalación de los carteles mas rechaza los términos de la imputación pues no habrían sido colocados en la vía pública, y por último, a los efectos de reforzar el cuadro probatorio 3) los testimonios de Ugarte y Cerretini.

Hago extensivo lo desarrollado precedentemente, a los efectos de rechazar el agravio de la falta de mención del requisito estipulado en el inc.f), esto es, señalar la identificación de personas que hubiesen presenciado la acción u omi- sión de la infracción.

Es por todo lo expuesto que el agravio planteado deberá ser desestimado pues no se advierte que la garantía de defensa en juicio se haya visto vulnerada.

8) Por último, el recurrente señala que "la sentencia incurre en una contradicción puesto que, por un lado, y a los efectos de "minimizar" las defensas opuestas por mi mandante relacionadas con los defectos que presenta el acta de comprobación de faltas, el "a quo" manifiesta que las actuaciones labradas en sede administrativas sólo poseen únicamente el valor de antecedente administrativo (citando el artículo 25, Ley 1217); al tiempo que por el otro, y en lo que respecta al valor del acta de comprobación de faltas dice, citando a autores doctrinales que "ha sido un instrumento otorgado con las formalidades exigidas por la ley, en presencia de un funcionario autorizado a tal efecto a quien le cupo la responsabilidad por su materialización... y que, por consiguiente, hace plena fe, hasta que sea arguido de falso..." (v. fs. 116vta.).

Coincido con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 123/124vta. en cuanto a que tal contradicción no existe. El impugnante confunde lo esgrimido por la judicante en su fallo ya que, por un lado, esgrime los fundamentos para sostener la plena validez del acta, y por el otro, los brindados para rechazar la supuesta nulidad del trámite llevado a cabo en sede administrativa, por lo que, una vez más, su queja debe desecharse.

9) En relación al agravio identificado como 3) "Omisión de constatar que el proceso realizado en sede administrativa se haya conducido conforme a la ley", el impugnante refiere que no se han tratado los argumentos vertidos por su mandante tendientes a cuestionar el proceso desarrollado en sede administrativa; concretamente: (i) la invalidez del acta de comprobación de faltas; (ii) la sustanciación del trámite administrativo en la Dirección General de Verificación y Control quién debió proceder a instruir las actuaciones; y (iii) la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 13.8.1 del Código de Publicidad (ver fs. 116vta. y 117).

Contrariamente a lo sostenido por la defensa en el punto (i), el a quo sí revisó la validez del acta, tal como lo afirmé en los párrafos precedentes a los cuales me remito, siendo que este punto ya ha sido abordado y resuelto por el sus- suscripto.

En relación a los puntos (ii) y (iii) serán tratados conjuntamente pues el análisis de uno de ellos incluye el otro, ya que la aplicación del procedimiento establecido en el art. 13.8.1 del Código de Publicidad importa, entre otras medidas, la intervención de la Dirección General de Verificación y Control.

En efecto, el art. 13.8.1 del Código de Publicidad establece que: "Comprobada una infracción a las normas contenidas en el presente ordenamiento o a las disposciones que para el caso resulten de aplicación, si la misma fuere susceptible de ser corregida, se procederá de la siguiente manera: a) Se labrará acta de infracción; b) Se intimará una corrección dentro de un plazo no mayor a quince días; c) Ante el incumplimiento de lo intimado se procederá a labrar nueva acta de comprobación; d) A partir de este momento, la Inspección General (actualmente Dirección General de Fiscalización y Control Comunal) quedará facultada para: 1) Disponer el retiro inmediato del anuncio; 2) Proceder a la clausura del local donde se encuentre instalado el anuncio en contravención...".

10) Cabe destacar que la ley 1217 no establece en ninguno de sus artículos que al Juez de grado le corresponda ser revisor de la decisión emanada del Controlador de Faltas. El art. 27 del cuerpo legal citado prevé que la Unidad Administrativa de Control de Faltas actúe como instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 13), por lo que el desenlace de la vía administrativa concluye con su resolución y no existe contra ella recursos de ningún tipo en esa sede.

Sin embargo, ello no implica que el juez no pueda analizar y controlar el procedimiento aplicado, por lo que el agravio planteado será abordado por el suscripto.

En primer lugar yerra el impugnante en afirmar que la imputación se centró en la acción "propaganda colocada en lugar prohibido".

Nótese que el acta nº 2 1034328 (fs. 27) da cuenta que la infracción es "ocupación indebida de la vía publica con carteles publicitarios", por lo que de modo palmario surge que la conducta reprochada se subsume en el art. 3.1.1 (primer párrafo) de ley 451 vigente al momento del hecho, que establece: "El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o haga colocar pasacalles en la vía pública en lugares no habilitados, o sin el permiso correspondiente, es sancionado con multa de $ 100 a $ 1.000 y/o decomiso de los carteles, afiches o pasacalles....".

Es por ello que el procedimiento administrativo a seguir es el que prevé la ley de procedimiento de faltas de la ciudad (ley nº 1217) y no el Código de Publicidad como pretende el infractor.

En efecto, el titulo I de la ley 1217 Procedimiento Administrativo de Faltas regula el procedimiento que deben aplicar los organismos administrativos "...que controlan faltas en ejercicio del poder de policía, y el que deben seguir las actuaciones que tramitan por ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas - dependiente de la Dirección General de Administración de Infracciones- como instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas. El procedimiento reglado en este título rige tanto para los organismos encargados de detectar y denunciar una falta, como para aquellos funcionarios administrativos encargados de verificar la existencia de la falta y su comisión por el presunto infractor denunciado, declarando en caso la validez del acta labrada o disponiendo su archivo cuando el acta contenga defectos formales, se encuentre prescripta o se acredite la inexistencia de la falta denunciada, conforme lo previsto en el art. 14, incs. a) y b) de la ley en estudio" ( "Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley 1217 Comentada Jurisprudencia Modelos de Actuación", Burlas Luisa B. y otros, Ed. AD-HOC, año 2004, pág. 19).

En este contexto y toda vez que al recurrente no le asiste razón en cuanto a la normativa a aplicar, corresponde rechazar el agravio.

11) Con respecto al planteo identificado en el número 5) "Omisión de considerar respecto de la legislación que debía aplicarse en el caso" el recurrente refiere que el juzgador ha omitido aplicar el art. 13.8.1 del Código de Publicidad, sin embargo este agravio ya fue tratado en el punto precedente por el suscripto, por lo cual me remito a ello en honor a la brevedad.

12) Por último, resta contestar el agravio individualizado con el número 5) en cuanto sostiene que los testimonios incorporados al debate deben ser descalificados pues carecen de idoneidad.

Como primera cuestión cabe reiterar que cuando el fundamento del agravio representa una impugnación referente a la prueba de la causa, y no a la inteligencia de la observancia de la ley de fondo, del procedimiento, o de la arbitrariedad, el recurso no resulta procedente.

El principio de inmediación veda a los jueces de Alzada la posibilidad de revalorar la prueba; aunque sí pueden abocarse al análisis lógico de la sentencia, determinando si se han violado las leyes propias del razonamiento o existe una total ausencia de fundamentación normativa.

En esta misma línea argumental se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener "...existen ciertas cuestiones que, por razones fácticas, la Cámara ...se verá impedida de conocer. Ello remite específicamente a aquellos extremos que el tribunal sentenciante haya reeditado en la instancia revisora (vgr. la impresión que los jueces del tribunal oral pudieren haber tenido sobre tal o cual testigo)", (CSJN "Casal, Matías E." del 20/9/2005, voto Argibay).

13) Es que la interpretación del sentenciante respecto a la confiabilidad que merecen las declaraciones testimoniales o los hechos que sobre su base deberían tenerse por acreditados, resultan ajenas al marco de competencia de esta Alzada, pues es el juez que oyó y vio al testigo el que ejerce la facultad propia respecto al mérito y habilidad de las declaraciones testimoniales como en la consideración de las tachas que pudieran disminuir su fuerza de convicción, pudiendo otorgar mayor validez a unas en desmedro de otras.

Sentado ello, el impugnante ni siquiera rebate la valoración efectuada por la juez a quo de las declaraciones de Ugarte ni Cerrettini, tampoco analiza o critica su interpretación, motivo por el cual, este agravio, también, debe descartarse.

14) Como ha quedado expuesto, las objeciones del presentante son meras discrepancias con lo resuelto por el a quo que no logran señalar la existencia de un defecto de la magnitud requerida por el art. 56 de la Ley 1217, por lo que propongo al acuerdo confirmar la sentencia de fs. 107/114vta.

Lo que así voto.

La Marta Paz dijo:

Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Cinemark Argentina SRL contra la sentencia que dispuso condenar a "CINEMARK ARGENTINA S.R.L...por la infracción consistente en 'ocupación indebida de la vía pública con carteles publicitarios"...a la siguiente sanción: multa de setecientos cincuenta pesos ($ 750), con más el decomiso de los carteles publicitarios instalados por la empresa..." (fs. 107/114 vta.).

1) El recurso ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

2) La sentencia de condena tiene en cuenta que: "...el acta de comprobación de la infracción que se imputa....contiene todos los datos de modo, tiempo y lugar que guardan relación con el hecho ventilado en otros...por consiguiente, hace plena fe, hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal...reúne los requisitos establecidos en el artículo 3 de la ley 1217 y en modo alguno la descripción fáctica que en ella obra le ha impedido a la parte imputada oponerse a lo resuelto en sede administrativa, formular su descargo y presentar pruebas a favor de sus intereses, por ello ninguna afectación del derecho de defensa se advierte...no le compete a este Tribunal revisar el trámite administrativo sino, y por el contrario, juzgar el hecho...las actuaciones labradas en sede administrativa poseen únicamente el valor de antecedente administrativo (art. 25)...al momento de alegar el Sr. Fiscal entendió probada la infracción que subsumió legalmente en el art. 3.1.1 de la ley 451...las fotografías que en fotocopias lucen a fs. 15...son los carteles de publicidad indebidamente instalados por el complejo de cines "Cinemark" que se ubica detrás de ellos...la reglamentación vigente en la materia es el Código de Planeamiento Urbano que regula la ocupación del espacio públ ico. En particular en su sección 5.4.6.33 establece las características que tendrá el Distrito U32 "Área de Protección Antiguo Puerto Madero"...no está permitida la publicidad como está exhibida en los carteles que instaló 'Cinemark´ a menos que ello fuese aprobado como mero hecho momentáneo, con un tiempo límite de exposición...también regla la materia el Código de Habilitaciones y Verificaciones en el numeral de las "Prohibiciones" específicamente en el punto 13.6.2 inciso ñ...la instalación de los carteles ha sido reconocida por el Matías Carlos Debarbieri, apoderado judicial de "Cinemark Argentina SRL" pero rechaza los términos de la imputación diciendo que no han sido colocadas en la vía publica y toma como base para justificar dicho proceder el que no se ha actuado en violación a la Ley Nacional de Tránsito (nº 24449)...No comparto en absoluto dicho argumento...No se han discutido cuestiones de tránsito....corresponde analizar las distintas reglamentaciones vigentes en la materia, en función de lo norma do en la ley 451...el Código de Habilitaciones y Verificaciones, que regula las actividades comerciales en la Ciudad de Buenos Aires, en su Sección 13, Anuncios Publicitarios, Capítulo 13.6 (AD 700.73) De las prohibiciones, Punto 13.6.2 establece: 'Quedan prohibidos en los lugares que se indican a continuación´ y específicamente en el inciso ñ del mismo dice: "El área comprendida por las Secciones Catastrales 97 en parte y 98 de la Ciudad de Buenos Aires, conocidas como "Puerto Madero" ...En tanto que, el Código de Planeamiento urbano en la Sección 5.4.6.33 establece las características que tendrá el Distrito U 32, Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero. El art. 5.2.2 describe las 'acciones tendientes a la protección del espacio público o privado que circunda a los edificio, (sic) las áreas descubiertas, las aceras y calzada, los cuatro diques y sus banquinas, los elementos de la actividad portuaria original y del equipamiento urbano´ y en su inciso c, Publicidad, establece donde se permite pub licitar en la zona: 'en las fachadas de los edificios se permitirán anuncios frontales, sean del tipo letras sueltas o independientes...los carteles se encuentran emplazados en una zona donde está prohibido hacerlo...".

3) La defensa se agravia por la inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite de la causa que radicaría en el extemporáneo ofrecimiento de la testimonial de Cerretini; en la nulidad del acta de comprobación -al no consignar la norma presuntamente infringida-; en la omisión de constatar que el proceso en sede administrativa se haya conducido conforme a la ley y por otra parte la errónea valoración de la prueba.

Comenzó esgrimiendo, en sede administrativa, que los carteles no se encontraban en la vía pública, fundando su invocación en el art. 21, 3º párrafo de la ley nº 24449 de Tránsito, que es claramente inaplicable al caso. Su planteo defensista no tuvo acogida favorable y ya en esa sede, al resolver, se invocó el Código de Habilitación y Verificaciones, Secc. 13, anuncios publicitarios, capítulo 13.6, prohibiciones. Punto 13.6.2 y el Código de Planeamiento urbano Sección 5.4.6.33 y 5.2.2 de protección ambiental, determinándose la tipicidad del hecho y que "consiste en la violación del Art. 13.6.2.ñ del CHV y del art. 5.2.2, inc. c, sección 5.4.6.33 del CPU, conducta prevista en la Ley 451, art. 3.1.1" (fs. 43).

Al solicitar la intervención de la justicia en lo contravencional y faltas el impugnante ejerció su defensa sobre este extremo, al tiempo que reafirmó su cuestionamiento respecto del acta de infracción, cuya invalidez solicitó se declarara y el reclamo por el procedimiento llevado a cabo, señalando que debió ser el fijado por el Código de Publicidad.

4) La fiscal de cámara solicita la confirmación de la sentencia recurrida en tanto entiende que los planteos del impugnante o bien constituyen reiteraciones de los intentados en la instancia de grado, o se apartan de la verdad (cuando sostiene que el juzgador no revisó la invalidez del acta y la aplicación del procedimiento establecido en el Código de Publicidad) y que al no lograr formular una crítica razonada del fallo, el recurso no puede prosperar.

5) El impugnante señala la existencia de vicios in procedendo, pero no se advierte ni ha logrado demostrar que los que señala comporten una violación de la garantía constitucional de debido proceso adjetivo (art. 18 de la CN).

La sentencia impugnada no puede ser tachada de arbitraria. El planteo respecto a la falta de idoneidad de los testigos (punto f. del recurso) no puede prosperar ya que no es la prueba testimonial la que sostiene en forma excluyente la sentencia.

Según ha establecido este tribunal en numerosas oportunidades, el criterio rector en materia de nulidades es el de la conservación de los actos. La interpretación de la existencia de aquéllas es restrictiva y sólo procede la declación cuando por la violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para la parte que la invoca, y no cuando aquéllas se plantean en el único interés de la ley o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial.

En cuanto al agravio relativo al rechazo del planteo de invalidez del acta, cabe consignar que el tema fue debidamente tratado en la sentencia de grado y no se ha formulado una crítica razonada de los fundamentos del a quo en este aspecto. Asimismo, la nulidad del acta sólo habría afectado su valor probatorio y no habría determinado el fin de lo actuado como pretende el apelante.

La existencia del cartel que se comprueba con las vistas fotográficas de fs. 15, no fue negada por el apelante.

Por ello la importancia del acta en cuanto a la acreditación del hecho es significativa. Y en cuanto al conocimiento de la imputación el hecho imputado ha sido conocido por el recurrente, y ello, y no el concreto artículo imputado es lo que posibilitaba el ejercicio de su defensa. La mención de la norma infringida, tal como enuncia el inciso c) resulta un refuerzo de la descripción de la conducta presuntamente ilícita pero, ni su omisión ni su errónea consignación determinan la invalidez del acta.

Cabe tener presente que el apelante ha basado su defensa, no en el desconocimiento del hecho, sino en la atipicidad derivada de lo que reputa es un accionar permitido y no prohibido por la norma.

En este sentido, huelga señalar que el intérprete de las normas jurídicas es el juez y ha quedado comprobado en autos que la normativa local prohíbe la instalación de carteles y desde que las fotos corroboran los dichos del denunciante sobre el lugar donde se encuentra el mismo (que no es el frente) la discusión sobre si está en una calle, senda, vereda o cantero resulta en definitiva que, en cualquiera de esos casos, está prohibido. Y ello viene siendo señalado desde sede administrativa, por lo que no se advierte el alegado desconocimiento de la imputación de que debía defenderse el infractor.

Por todo ello resulta inconducente el tratamiento del planteo en torno a la alegada "extemporánea" citación del testigo Cerretino.

Por otra parte, los agravios que se señalan no dejan de ser, como sostiene acertadamente la fiscal de cámara, reiteración de los ya esgrimidos y no alcanza el recurso a formular la crítica concreta y razonada que éste requiere.

6) Conforme se desprende de lo expuesto en el punto 5) el recurso intentado no cumple con los requisitos mínimos de impugnabilidad objetiva que reclama su sustanciación.

En efecto, el art. 56 de la ley 1217, al regular la procedencia de los recursos de apelación contra las decisiones de los Magistrados de Grado que hayan ejercitado el control judicial de una resolución adoptada por la Unidad Administrativa de Control de Faltas establece -taxativamente- tres supuestos de viabilidad; a saber: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley; c) arbitrariedad. En el caso, no se observa la concurrencia de ninguna de las tres hipótesis legales.

La jueza a quo al resolver la concesión del recurso se limitó a señalar que "Habiendo sido articulado en tiempo y forma, concédase el recurso de apelación...." (fs. 119) sin siquiera señalar bajo de cual de los tres supuestos legalmente previstos consideraba se encontraba articulado el mismo.

7) Las objeciones del impugnante al comportar meras discrepancias con lo resuelto, no logran señalar la existencia de un defecto de la magnitud de los requeridos por el art. 56, Ley 1217 para que el recurso de apelación resulte procedente.

Ha señalado la Cámara Nacional de Casación Penal que no corresponde la revisión de la sentencia si la impugnación se refiere a la falta de correspondencia entre los elementos probatorios valorados en el pronunciamiento y la conclusión que ellos motivan pues significa una crítica dirigida a la prueba de la causa y no a la inteligencia u observancia de la ley de fondo. (LL, del 29/XI/1996, f. 94.919, L.L. del 25/IX/1997, F. 96035, citados por Francisco J. D´Albora, Código Procesal Penal de la Nación, Tomo II, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Ed. 2005, pág. 1038).

Por otra parte, se considera arbitraria la sentencia si el magistrado la sostiene sólo en un razonamiento y opinión personales. Para tacharla así debería carecer de todo sustento legal y estar fundada sólo en la voluntad del magistrado, pues la doctrina de la arbitrariedad atiende a las omisiones y desaciertos de extrema gravedad, cometidos en la sentencia, que tienden a su descalificación como acto jurisdiccional válido, lo que no ocurre en este caso.

La Corte Suprema de la Nación ha establecido que: "la doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto cubrir casos de carácter excepcional en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el pronunciamiento de los jueces como la sentencia fundada en ley a la que hace referencia el artículo 18 de la Constitución Nacional" (Fallos 312:246; 389, 608, 1839, entre otros).

Conteste con lo anterior la doctrina sostiene que "es inatendible el recurso que no traspasa los límites de la exhibición de una subjetividad, sin convencer de la arbitrariedad o el absurdo de la labor axiológica desarrollada por los jueces de grado al apreciar la prueba. Es que no basta oponer al criterio del tribunal sentenciante la propia apreciación personal sobre el mérito de los elementos de juicio allegados al proceso, máxime si el juzgador puede preferir uno sobre otros descartando aquellos que no son conducentes pues hace a sus facultades privativas de apreciación". (Augusto Mario Morello, Prueba, incongruencia, defensa en juicio, Abeledo Perrot, Ed. 1977, pág. 131).

La sentencia impugnada se encuentra fundada conforme a derecho y los agravios del recurrente solo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta; decisión que cuenta con la debida motivación que impide la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido.

8) Por todo lo expuesto, y oída la fiscal de cámara, corresponde DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Cinemarck Argentina SRL. Con costas.

La Silvina Manes dijo:

Por los fundamentos y conclusiones que brinda el Franza adhiero a su voto en todo cuanto propone.

Lo que así voto.

En mérito del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE:

I. CONFIRMAR la sentencia de fecha 17 de abril de 2007 obrante a fs. 107/114 vta. en cuanto dispone no hacer lugar a los planteos de nulidad formulados por la infractora, y condenar a la sanción de MULTA de SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($750,00), más el DECOMISO de los carteles publicitarios instalados por la empresa "CINEMARK ARGENTINA SRL", por la infracción consistente en "ocupación indebida de la vía pública con carteles publicitarios" CON COSTAS. ( arts. 18 inciso 1 y 5, 19 y 3.1.3 de la ley 451 y art. 55 inc. g) y h) y 57 de la ley 1217).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso Federal.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvanse las actuaciones al juzgado de primera instancia interviniente a sus efectos.

Ante mí:

En de junio de 2007 se notificó a la Sra. Fiscal de Cámara y firmó. Doy fe.

En de junio de 2007 se libró una cédula. Conste.

Ende junio de 2007 se notificó a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

En de junio de 2007 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nro. 22. Conste.