Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-14


Expte. n° 11012/14 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Pantoja, Elisa Mariana c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)" Buenos Aires, 14	de agosto de 2015 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.	resulta:

1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) dedujo recurso de queja (fs. 67/76 vuelta) contra la denegatoria de su recurso de inconstitucionalidad (fs. 433/435 vuelta de los autos principales a los que corresponderá la foliatura que en lo sucesivo se mencione, excepto indicación expresa). Este último había sido dirigido contra la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que había resuelto ".rechaz[ar] el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno [y] (.) [h]acer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora en los términos expuestos en el considerando VI del voto de la jueza Mariana Díaz y el considerando XX y XXIII del voto del juez Carlos F. Balbín en los autos "Llanos Miranda Celma c/ GCBA s/ Amparo (art. 14, CCABA)" (fs. 357/377 vuelta).

2. Para resolver de ese modo, los jueces de mérito tuvieron en cuenta que la parte actora ". es una mujer sola, único sostén del hogar, con dos hijas menores de edad a su cargo (.) [y que] no cuenta con recursos económicos suficientes" (fs. 377) y examinaron tal supuesto a la luz de lo establecido en la Constitución local (art. 31), la ley n° 4036 y los decretos n° 690/2006, 960/2008, 167/2011 y 239/2013, entre otras normas.

3. El GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad. Manifestó que el pronunciamiento lesionaba su derecho de defensa, su garantía al respeto del debido proceso, su derecho de propiedad y el principio de legalidad. Se agravió -en apretada síntesis y en lo que aquí es dable reseñar- por cuanto la sentencia atacada: (a) importaba una interpretación elusiva de la ley al no contemplar la existencia de limitaciones presupuestarias, (b) invadía la zona de reserva de los restantes poderes, y (c) por sus omisiones -en cuanto a la determinación de límites en el subsidio otorgado- era arbitraria. Alegó que el caso, por la forma en que se había resuelto, revestía gravedad institucional (fs. 383/398 vuelta).

4. La Cámara denegó el recurso de inconstitucionalidad con fundamento en que el recurrente no había logrado plantear una cuestión constitucional en los términos del art. 113, inc. 3, de la CCABA, en tanto la invocación de las garantías y principios constitucionales allí efectuada, lo había sido de modo genérico, sin conectarlas razonadamente con el contenido del decisorio impugnado (fs. 433/435 vuelta). Ello motivó la queja de la que se da cuenta en el punto 1.

5. Requeridos sus dictámenes, la Asesora General Tutelar opinó que correspondería rechazar la queja articulada por el GCBA (fs. 214/219 vuelta de la queja). Por su parte, el Fiscal General sostuvo que correspondía hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad deducidos por el GCBA; revocar la sentencia recurrida y reenviar las actuaciones a la Cámara de Apelaciones a fin de que dicte un nuevo fallo conforme a derecho (fs. 221/231 vuelta de la queja).

Fundamentos:

Los jueces José Osvaldo Casás, Luis Francisco Lozano y Ana María Conde dijeron:

1. La queja deducida por el GCBA fue interpuesta por escrito, ante este Tribunal y dentro del plazo que fija el art. 33 de la ley nº 402.

2. En el caso, el GCBA resiste la sentencia de la Cámara CAyT que, en lo que aquí importa, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora -contra la sentencia de grado que había ordenado incorporarla junto a su grupo familiar al plan habitacional previsto por el decreto n° 690/06 y no había hecho lugar a sus planteos de inconstitucionalidad- "en los términos expuestos en el considerando VI del voto de la jueza Mariana Díaz y el considerando XX y XXIII del voto del juez Carlos F. Balbín en los autos 'Llanos Miranda Celma c/ GCBA s/ Amparo (art. 14, CCABA)'".

Así pues, al hacer lugar al recurso interpuesto por la actora, el a quo vino a decidir de manera implícita la inconstitucionalidad del tope del monto del subsidio habitacional instrumentado por el decreto 690/06 y sus modificatorios.

3. En el sub examine no se encuentra controvertido que la parte actora: i) es una mujer -único sostén del hogar- con dos hijas menores de edad a su cargo y ii) se encuentra en situación de vulnerabilidad social. Ello así, la cuestión planteada resulta sustancialmente análoga a la resuelta por este Tribunal in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Abdala, Analía Verónica c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 9963/13, sentencia del 14 de agosto de 2014 y, más recientemente, in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Blanco, Flavia Maricel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. nº 10073/13, sentencia del 03 de noviembre de 2014.

En ese marco, corresponde remitir a los fundamentos y a la solución que expusiéramos en el precedente "Blanco" recién mencionado -los que deberán ser incorporados mediante agregado de copia de esa decisión a este expediente-.

Así lo votamos.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

La queja ha sido interpuesta en tiempo y forma -art. 33 de la ley 402- no obstante, no puede prosperar y debe ser rechazada toda vez que no rebate en forma suficiente la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad intentado, así como tampoco acredita la existencia de un caso constitucional (arts. 113, inc. 3, de la CCABA y 27 de la ley 402).

Entiendo aplicable mutatis mutandi la doctrina de la CSJN en lo concerniente a los fundamentos que deben expresar las quejas por recursos denegados -v. Fallos 287:237; 298:84; 302:183; 311:133, 2338, 2462; 331:373 entre otros-.

En efecto, las genéricas invocaciones sobre las garantías constitucionales afectadas revelan sólo una mera disconformidad con lo resuelto, sin lograr conectarse adecuadamente con las razones que dan fundamento a la sentencia denegatoria a cuyos términos corresponde remitirse en honor a la brevedad.

Asimismo, debe recordarse también aquí que la tacha de arbitrariedad "no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales" -conf. Fallos 235:654; 244:384; 248:129, 528 y 584; 294:376 entre otros-.

Finalmente, la referencia a la doctrina de la "gravedad institucional" invocada no aparece respaldada con un fundamento apto para demostrar de qué manera la decisión recaída en el caso efectivamente incidiría sobre los intereses de la comunidad o los principios institucionales básicos de la Constitución Nacional -conf. Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240 y sus citas-.

Sobre tales premisas, debe concluirse que el tribunal a quo arribó a una solución jurídicamente posible, con fundamentos y base suficientes, no logrando los agravios vertidos evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Por todo lo expuesto, oída la Fiscalía General y de conformidad con lo concluido por la Asesoría General Tutelar, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por el GCBA.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja del GCBA ha sido interpuesta en tiempo y forma por parte legitimada -art. 33 de la ley n° 402-. Sin embargo, no puede prosperar ya que carece de una crítica suficiente de las razones por las que la Cámara del fuero no admitió el recurso de inconstitucionalidad que aquélla viene a defender.

2. Al denegar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, los magistrados indicaron que éste no había planteado adecuadamente un caso constitucional. Explicaron:

(i) que el recurrente no había relacionado los preceptos constitucionales invocados con los términos de la sentencia impugnada; y	(ii) que las cuestiones objeto de tratamiento en el decisorio atacado versaron sobre extremos de hecho, prueba y derecho infraconstitucional.

Por lo demás, los camaristas descartaron la existencia de un supuesto de arbitrariedad o gravedad institucional.

3. En su recurso directo, la Ciudad no consigue poner en crisis la decisión interlocutoria que declaró inadmisible el remedio extraordinario que aquél pretende sostener. Es que allí se limita a reiterar los agravios que expusiera en su recurso de inconstitucionalidad, sin hacerse cargo de los defectos de fundamentación que individualizaron los jueces de la Sala interviniente, y aunque reseña algunos de los argumentos del auto denegatorio, no los articula con los términos de su presentación.

4. Por las razones expuestas, corresponde rechazar la queja intentada. Así lo voto.

Por ello, y oído lo dictaminado por el Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir parcialmente la queja y, con el mismo alcance, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Revocar parcialmente la sentencia de fs. 357/377 vuelta de los autos principales; y ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que mantenga a la parte actora en el programa habitacional vigente, mientras subsistan las condiciones comprobadas en autos por los jueces de la causa.

3. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal en los autos "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Blanco, Flavia Maricel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. n° 10073/13, el 3 de noviembre de 2014.

4. Imponer las costas por su orden.

5. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto 3, se agregue la queja al principal y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.