marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución de sentencia, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rasuk, Pablo Angel c/ Cuende, Matilde Brígida s/ Cobro de honorarios Itoiz, Juan José e Itoiz, Carlos c/ Cuende, Matilde s/ Cobro de honorarios, cuadernillo de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10|1995-03-07

La inhabilidad del título es una defensa implícitamente incorporada en el art. 504 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial.
Contrato de trabajo, ejercicio profesional
Materia: LABORAL
Carátula: DIOLI, Josefa Enriqueta c/ MICHEL TORINO Hnos. S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-09-20

El hecho de que la patronal haya demorado, en ocasiones, el pago no puede producir el efecto adicional de hacerle perder a la empleada, de profesión odontóloga, su condición de dependiente.
Convertibilidad, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Medina Lezcano, Patricio Germán c/ Sauce de Luna S.A. y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-04-11

La Sala I ha sentado criterio acerca de que la ley 23.928 no es aplicable sino a las obligaciones de dar sumas de dinero. La ley 23.928 Claramente determina a qué obligaciones se refiere:

"obligación de dar una suma determinada de australes" (art.8);

obligación de quien debe pagar la suma de dinero" (art.9) "Sumas de australes" (art.10). Decir que no sólo la ley distingue las obligaciones dinerarias de las de valor (bienes, obras, servicios) sino que sólo regula el régimen de la primera.
Excarcelación, falta de arraigo, caución real
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MITARAKIS LOPES, Jorge Andrés s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-18

Si bien el delito que se le atribuye al detenido por ante la justicia de la República de Chile permite a la luz del art. 379 inc.

1 del C.P.M.P. , conceder el beneficio de excarcelación, corresponde fijar una caución suficiente teniendo en cuenta su falta de arraigo en este país y su carencia de trabajo estable.
Acopio de municiones, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: CAPUCCIO, JUAN CARLOS s/ INF. ART. 189 BIS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-31

La cantidad de municiones de guerra es una pauta, pero no la única para verificar si existe o no afectación del bien jurídico protegido.
Proceso contravencional, sistema acusatorio, facultades del fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G, M. F. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 72 Artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-28

El Ministerio Público Fiscal es el titular de la pretensión punitiva del Estado y el encargado de impulsar la acción, cuando menos hasta la instancia en que requiere la elevación de la causa a juicio, colocando la ley en su cabeza, a estos efectos, amplias facultades probatorias (art. 42 L.P.C.), como también la posibilidad de decretar el archivo de las actuaciones (art. 39 L.P.C.) y en su consecuencia, el agotamiento de la voluntad represiva estadual.
Sobreseimiento, plazo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: I., H. y Otros s/ Pta. Defraudación documental y Fraude al comercio s/ impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-30

Discrepo del planteo del impugnante en punto a que una resolución judicial debe declarar clausurada la etapa preparatoria.

El vencimiento de los plazos de la mentada fase no requiere un pronunciamiento de la magistratura que así lo declare, sino que opera por el mero transcurso del tiempo.

De acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 148, 282 y 283 del ordenamiento procesal provincial, vencido ese lapso, el juez deberá dictar el sobreseimiento del imputado.
Caución real, contracautela, caución juratoria, embargo, pagaré
Materia: PROCESAL
Carátula: PERALTA, MARIANO c/ DE LIMA, JUAN RAMON s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-22

Cabe revocar la decisión que ordenó la prestación de una caución real -en el caso por $ 27.000- para la efectivización del embargo ordenado, pues el CPR: 199 prescribe que el peticionario de la cautelar "...deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar en los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 208"..." y prevé que "el juez graduará la calidad y monto de la caución de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso". Así siendo que -en el caso-, la pretensión deducida se sostiene documentalmente con el pagaré agregado, el cual prima facie cumplimenta los requisitos formales exigidos por el Decreto Ley 5965/63, parece razonable, posibilitar la traba de la medida cautelar obtenida, mediante la prestación de la caución juratoria; sin perjuicio de lo que pudiera decidirse sobre el particular si se incorporaran elementos novedosos para reconsiderar la cuestión (CPR: 201). Corresponde pues disponer como contracautela la caución juratoria ofrecida.
Derecho comercial, Inspección General de Justicia, fiscalización estatal, facultades de control, acción de nulidad, causa ilícita, notificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: Inspeccion General de JusticiA c/ Luvik SA s/organismos externos c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-17

Cabe revocar la resolución de la IGJ que decidió iniciar acción judicial contra la sociedad demandada a fin de obtener su nulidad por actividad ilícita. Es que el organismo ejecutó la decisión sin notificarla, es decir, sin que se hallara firme. Si bien es verdad que las alegaciones que la recurrente ha efectuado aquí, también hubiera podido articularlas en el marco del juicio promovido, de esto no se deriva que ella no tenga interés actual en el planteo, ni que la decisión de promover ese juicio no le cause ningún perjuicio. Todas las personas tienen derecho a no ser molestadas arbitrariamente por el Estado, a no ser sometidas a procesos o inquisiciones injustificados y a no tener que sufrir exposiciones públicas que, sin basamento, puedan incidir negativamente en su honra y bienestar. Ese derecho surge de la CN 19 y 33 y de lo dispuesto en el art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa obligación se halla referida a personas humanas, pero ello no habilita a sostener que el Estado tiene derecho a molestar a las sociedades, afirmación absurda que cae por su propio peso y prescinde que, detrás de esas sociedades, también hay personas humanas ejerciendo sus derechos.
Excepciones procesales, arraigo
Materia: PROCESAL
Carátula: JIMENEZ, Noemí M. c/ MENDEZ, Antonia s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

Si está reconocido por la accionante que se domicilia en el extranjero, corresponde admitir la excepción de arraigo, habida cuenta que no obsta a su procedencia la circunstancia de que aquélla sea propietaria de un bien inmueble, si éste precisamente es objeto de litigio.-
Falsificación de instrumento privado, falsificación de cheque, endoso falso
Materia: PENAL
Carátula: MONTERO, ARMANDO A. s/ FALSIFICACION DOCUMENTO PRIVADO- CHEQUE-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-04

La falsificación del ENDOSO de un cheque no constituye falsificación de cheque, sino de instrumento privado, por no integrar aquél los enunciados esenciales del cheque, constituyendo tan sólo, el elemento necesario para su transmisión a terceros, o para su depósito en una institución bancaria.
Empleo público, CASFEC, Administración Nacional de la Seguridad Social
Materia: LABORAL
Carátula: IZQUIERDO VIVIANA ISABEL Y OTROS c/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A.N.S.E.S. s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22

Respecto del reclamo por diferencias salariales relacionado con el adicional por antigüedad que dejaran de percibir los ex empleados de CASFEC luego de su integración a la ANSES, cabe señalar que ésta negoció el C.C.T. Nª 305/98, que fue homologado y que resulta de aplicación al personal de CASFEC, por lo que el cambio en relación al rubro reclamado no respondió a una modificación unilateral de condiciones de trabajo, sino que lo actuado por la ANSES tuvo como causa un convenio colectivo debidamente homologado. (Del voto de la Dra. Fontana, en minoría).
Autorización para viajar, viaje al exterior, habilitación de feria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: MOTTO, HECTOR s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-01-07

Justifica disponer la habilitación de la feria para atender un pedido de autorización de salida del país denegado, toda vez que la decisión de tener pendiente la decisión del recurso, lleva implícita la posibilidad de que se produzca un perjuicio concreto y específico en caso de no prestarse el servicio jurisdiccional dentro del período de receso; ya que, teniendo en cuenta que la fecha de viaje estaba originariamente programada del 26.12.08 al 19.1.09, la autorización peticionada resultaría abstracta por el mero transcurso del plazo de receso.
División de poderes, estado de derecho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PESO, AGUSTIN CARLOS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ AMPARO - ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-13

La respetuosa observancia del Estado de Derecho supone un Estado cuyas potestades sean limitadas y se hallen sujetas al deslinde de competencias fijadas por la Constitución.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kronen Internacional S.A. c/ Mutual Ferroviaria de la Fraternidad Sec. San Martín s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

Si en la cambial no existe elemento objetivo alguno que predique el efectivo conocimiento del acreedor de la falta de facultades del firmante para obligar a la asociación, al momento de la creación del título, no es admisible la defensa que sostiene su inhabilidad intrínseca por existencia de vínculo jurídico, por infracción sea a las reglas de la formación de la voluntad de la entidad, sea a las de la presentación. Tampoco, si no se invocó o demostró que ese conocimiento existiera por otros medios. (Cód. Proc. art. 542 inc.

4°).
Impuestos, defraudación fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Leo Juan C. c/ Pcia.de Buenos Aires (Tribunal Fiscal de Apelación) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22

El agente de recaudación que retuvo en su poder sumas correspondientes a impuestos mas allá del plazo en que debieron ser ingresadas al Fisco (supuesto específico de defraudación fiscal previsto en el art 37 inc b del Código Fiscal) no está alcanzado por los beneficios del dec ley 9730 de regularización fiscal en razón de la específica exclusión contenida en su art 3 inc 'a' con prescindencia de la firmeza o no del acto por el que se aplicó la multa; mientras que para aquellos infractores sancionados por el inc a) del mismo artículo del Código Fiscal la exclusión se configura con la existencia de una resolución condenatoria firme.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, desaparecidos
Materia: PENAL-PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Labarta Sanchez, Juan Roberto s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-08

Los principios que, en el ámbito nacional, se utilizan habitualmente para justificar el instituto de la prescripción no resultan necesariamente aplicables en el ámbito de los delitos de lesa humanidad. La CS se expidió con claridad y precisión respecto a la aplicación retroactiva de las normas sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, dentro de los cuales están los que son objeto de investigación -privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, homicidio calificado, falsedad de documento público-, cometidos en ejecución de un plan criminal tendiente a la desaparición forzada de personas, delito indiscutible de lesa humanidad.
Reincidencia, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Ferreyra Olivera, Alcides y otro s/ Reincidencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-12

El causante había sido excarcelado al dictarse sentencia condenatoria en primera instancia, por aplicación del art. 379, inciso 5 del C.P.M.P. , luego, fue declarado prófugo y se logró su detención con posterioridad a la condena firme, obteniendo a los tres días el beneficio de libertad condicional.
Sociedad conyugal, disposición de bienes, asentimiento del cónyuge, expropiación
Materia: CIVIL
Carátula: M.C.B.A. c/ PRIETO, ANGEL s/ EXPROPIACION - ASENTIMIENTO DEL CONYUGE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-18

El consentimiento del otro cónyuge, requerido por el art. 1277 del Código Civil, está destinado a evitar actos de disposición voluntaria del esposo administrador de la masa que pudieran perjudicar los derechos de participación del otro cónyuge. Pero cuando no se trata de un negocio dispuesto por el cónyuge administrador, que entonces requiere esa concurrencia de voluntad del otro o supletoriamente la autorización judicial, sino de la expropiación pretendida por el poder administrador la misma se concretará con o sin la conformidad del accionado, por lo que no es de aplicación la norma del art. 1277.
Proceso judicial, laudo arbitral, Estado Nacional, ejecución de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "EN  -M°  ECONOMIA  Y  P  -INC  MED c/ TAOP-  LAUDO 2819 (EXPTE2347/98) S/ s/ ROCESO DE CONOCIMIENTO".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-22

El peligro en la demora se verifica en la iniciación del proceso de ejecución por parte de los profesionales cuyos honorarios se regularon en el laudo arbitral en cuestión (radicado en la primera instancia de este fuero); y dada la magnitud de los importes involucrados, los perjuicios que se derivarían del pleno cumplimiento del laudo serían mayores que los beneficios obtenidos ("teniendo en cuenta que se trataría de sumas que exceden lo estrictamente alimentario"). La verosimilitud del derecho surge de la gravedad de los cuestionamientos formulados, la que determinó el dictado de la Disposición nº 57 por la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía y Producción, "por medio de la que ordenó la instrucción de un sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades de los integrantes del Tribunal Arbitral de Obras Públicas de la Nación en representación del Estado Nacional en el laudo de marras, como así también de los profesionales que intervinieron en la defensa de los intereses del Estado Nacional y en las actuaciones originadas con motivo del reclamo del cobro de honorarios". Así, corresponde revocar la resolución apelada y suspender los efectos del laudo arbitral cuestionado, a fin de "prevenir -en la actual situación- que el Estado Nacional se vea constreñido a cancelar la deuda reclamada antes de que se dicte sentencia en este proceso y se esclarezcan de manera definitiva las cuestiones involucradas, que conciernen a la propia configuración de los recaudos que hacen al derecho esgrimido por el actor".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, pago
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PINTO, MARISA GUADALUPE c/ MORANDO, PURA ROSA FLORES DE Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-08-06

La Alzada entendió que la expresión escrita en el convenio que vinculó a las partes se trata de una forma generadora de un instrumento privado, desde que habiendo escritura manual inserta en la fotocopia del boleto de compraventa y, debajo, firmas de la actora y el codemandado, hay instrumento privado en los términos de la legislación civil entonces vigente, como también de la que entró en vigencia posteriormente; y agregó que la afirmación del codemandado de que se trataba de un recordatorio diciendo que el saldo finaliza en determinada fecha, no resulta convincente ni se condice con el invocado ocultamiento o actuar subrepticio de la actora, que -según el Tribunal- no se probó; siendo éstos fundamentos que el recurrente no logra demostrar que excedan los parámetros de razonabilidad tolerables. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1012; Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 286
Recurso de inconstitucionalidad, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Castro, Francisco c/ Medina, Roberto y otra s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y   perjuicios (Expte. CSJ Nº 31-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-16

Ante la verdadera trampa que procesalmente significaba la yuxtaposición de dos recursos extraordinarios: el de apelación extraordinaria contra las sentencias dictadas por los tribunales colegiados y el de inconstitucionalidad de la ley 7055, la Corte comenzó a esbozar la doctrina, con perfiles cada vez más definidos respecto de que si procede el recurso de apelación extraordinaria contra las sentencias definitivas o con fuerza de tales dictadas por los Tribunales Colegiados, tal impugnación, aún de carácter extraordinario, tiene carácter previo a la vía constitucional.
Facultades disciplinarias del juez, sanciones procesales, facultades discrecionales del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Padilla, Marcelo c/ Estado Nacional (Ministerio de Justicia).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Las sanciones disciplinarias no pueden tener como fundamento la discrecionalidad del órgano con facultades para sancionar.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, negligencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C. U. N. c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. MÉDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-16

La constatación del incumplimiento del deber a cargo del Estado local demandado no se ve alterado por la mera invocación -huérfana de todo sustento probatorio- de que el daño se produjo por imprudencia del taxista rescatado por el actor, en tanto no puede pretenderse que los conductores que tienen derecho y obligación de transitar por el lugar que por ley les está destinado para la circulación, puedan considerarse obligados a prestar una atención tan precisa, en lugares que han de suponerse debidamente preparados y expeditos a tal efecto, aun cuando el accionado deba tomar las medidas del caso para cumplir con dicho cometido en días alterados por fenómenos meteorológicos extraordinarios (del voto del Dr. Centanaro).
Indemnización por muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización laboral, orden de prelación
Materia: LABORAL
Carátula: KAUFMAN, JOSE LUIS c/ FRIGORIFICO Y MATADERO ARGENTINO  S.A. s/ INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-12

En caso de muerte del trabajador las personas enumeradas en el art. 38 de la ley 18037 (t.o. 76), tienen derecho a percibir la indemnización prevista en el art. 248 LCT con la sola acreditación del vínculo y el orden y prelación, sin el cumplimiento de las demás condiciones establecidas para obtener el derecho a pensión por la misma norma.
Transacción, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL c/ AGUAS DE SANTIAGO S.A s/ CASACION CABE Y CURI c/ I.P.V.U s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-06-28|2007-02-16

Cuando hay acuerdo entre las partes, que pone fin al proceso como una transacción homologada judicialmente, su efecto sobre los honorarios no es un problema de los que se gobiernan por la legislación civil sobre contratos. Deben, pues, acatarse las leyes que específicamente regulan la materia y que se refieren a ellos. Por ello, como regla, carece de sentido señalar que los profesionales sean terceros a los que el acuerdo no es oponible. Ello no empece a que, por otro lado, se aduzca y pruebe, en algún caso, el carácter fraudulento y doloso del acuerdo, destinado no a reglar los intereses de las partes sino a burlar la justa retribución de los profesionales, situaciones que por su carácter requieren de la adecuada prueba. La razón del legislador en la redacción de los textos que rigen la materia, es clara si se atiende a que, de lo contrario se desalentaría a las partes que deseen arribar a un acuerdo, encareciendo y prolongando los juicios innecesariamente, con el consiguiente costo social.
Ministerio Público Fiscal, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez, Patricio Gustavo. c/  s/ Art. 189 bis, 2 párr. 1, tenencia de arma de fuego de uso civil, CP (p/L 2303) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-16

El argumento de que el representante del Ministerio Público Fiscal no se encuentra legitimado para presentar el recurso de inconstitucionalidad previsto en el inc. 3 del art. 113 de la CCABA, reposa sobre meras afirmaciones genéricas, sin que se desarrolle en momento alguno la vinculación del derecho invocado "el requerimiento de la doble conformidad judicial para la imposición de una condena", con mención de los arts. 10 y 13.3, CCABA; 18, CN, 8.2.h, CADH y 14.5 PDCyP y 75, inc. 22, CN (fs. 35 in fine/36) con las circunstancias particulares verificadas en ésta causa (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Competencia penal, prevención y responsabilidad penal juvenil, competencia contravencional y de faltas, habeas corpus, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Gruver, Blanca Juana c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en sobre habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

Corresponde rechazar la queja toda vez que la recurrente no rebate los argumentos dados por los jueces de mérito para desestimar la acción de habeas corpus, en tanto sostuvieron que la accionante no había identificado una amenaza actual de la libertad ambulatoria de su hijo (por quien ha instado la acción) sin orden escrita de autoridad competente y que, por otra parte, la justicia nacional en lo civil -que es en esa justicia donde se deben canalizar las preocupaciones en derredor de la calidad de la atención que está recibiendo esa persona- había dispuesto la atención médica en el Hospital Álvarez. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Accidente de tránsito, reglas de tránsito, presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Velázquez, José Bernardo c/ Furlan, Guillermo Gustavo y otro y-o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-09-13

No tiene la misma entidad presuntiva la alegada prohibición de circular camiones que surgiría de la existencia de un cartel indicador en tal sentido. Esta circunstancia -cuyo correlato probatorio no ha sido indicado- de ningún modo podría erigirse en factor de atribución de culpabilidad para el supuesto infractor en el caso, pues está claro que para que exista presunción en tal sentido es menester que entre la invocada transgresión a las ordenanzas que regulan el tránsito y el daño exista adecuada relación de causalidad, y como desde este punto de vista resulta indiferente la categoría de vehículo involucrado, ya que el impacto se produjo sobre la zona de cabina -bien podría haber sido, entonces, una camioneta u otro automóvil- tal infracción si la hubo, sólo daría lugar a las correspondientes sanciones administrativas, mas no habría de influir en la valoración subjetiva del obrar de su conductor para la producción del choque.