Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-23


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de agosto de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver la presente causa de la que:

RESULTA:

1. Que obrante a fs. 46/48vta. consta el planteo de excepción de falta de acción efectuado por la Defensa, en razón de que a su entender el preventor habría dado inicio a las presentes actuaciones filmando al encartado ante la presunta comisión de la contravención prevista en el art. 81 de la ley 1472, sin contar con la autorización previa del Fiscal de grado.

2. Que a fs. 51/53 se agrega la contestación de la Sra. Fiscal de grado, María Valeria Massaglia, al planteo impetrado por la Defensa, solicitando que se forme incidente.

3. Que a fs. 57/58 se agrega el decisorio de la Sra. Juez de Primera Instancia a cargo del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nº 4, Graciela Dalmas, por el que se resuelve rechazar la excepción de falta de acción.

4. Que a fs. 67/70 consta el recurso de apelación interpuesto por el Señor Defensor Oficial, contra la resolución mencionada supra, solicitando su revocación.

5. Que a fs. 77/78 la Sra. Fiscal de Cámara solicita se declare mal concedido el recurso de apelación interpuesto y subsidiariamente se rechace el recurso de apelación.

6. Que a fs. 84/85 el Sr. Defensor Oficial contesta la vista que le ha sido conferida, solicitando que se rechace el dictamen fiscal y se haga lugar al recurso planteado. Asimismo, en cuanto al fondo, reitera los argumentos esgrimidos en oportunidad de interponer el recurso de apelación.

Y CONSIDERANDO Primera cuestión: Admisibilidad del recurso 7. El recurrente ha opuesto la excepción de falta de acción de acuerdo a lo normado por el art. 339, inc. 2, C.P.P.N., de aplicación supletoria (art. 6, ley 12), cuyo rechazo ha dado lugar a la vía recursiva ahora analizada.

Cabe mencionar que el art. 432 del C.P.P.N. establece como una de las reglas generales para el sistema impugnaticio que "Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por ley". Más adelante, y específicamente en cuanto al recurso de apelación, el art. 449 de la norma citada establece que "el recurso de apelación procederá contra ... las resoluciones expresamente declaradas apelables...".

Por su parte, el art. 345 del C.P.P.N. expresa con claridad que "El auto que resuelva la excepción será apelable por las partes dentro del término de tres días". Es por ello, que el recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el ordenamiento procesal nacional (art. 6, ley 12), y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

En efecto, la Sra. Juez de grado resolvió con fecha 16 de junio de 2006 no hacer lugar a la excepción de falta de acción interpuesta por el Sr. Defensor Oficial (fs. 46/48vta.), resolución que fuera notificada a este último el día 20 de junio del mismo año (fs. 63vta.), quien interpuso recurso de apelación con fecha 26 de junio de ese año a las 10:20 hs. (fs. 67/70 vta), es decir dentro del plazo de gracia otorgado por ley, en el cuarto día desde su notificación, mediante escrito fundado y con indicación de los motivos de su agravio.

8. Por lo expuesto, siendo admisible la vía procesal intentada, corresponde entrar a analizar los agravios del impugnante.

Segunda cuestión: De los agravios.

9. En lo relativo a la cuestión de fondo traída a estudio de esta Alzada, cabe analizar los agravios expresados por el Sr. Defensor Oficial en el recurso obrante a fs. 67/70, contra la resolución del a quo de fs. 57/58.

Adelantamos que confirmaremos la decisión recurrida, conforme las consideraciones que expondremos a continuación.

10. Al imputado Nieto se le endilga haber ofertado servicios sexuales de manera ostensible el día 12 de marzo de 2005, siendo aproximadamente las 03.45 horas, en la intersección de la Avenida San Juan y la calle Luis Saenz Peña de esta ciudad, espacio público no autorizado para ello (art. 81, Ley 1472, cláusula transitoria). El tipo contravencional en cuestión prevé, en dicha normativa, que "la autoridad preventora sólo podrá proceder al inicio de actuaciones por decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal".

El Sr. Defensor Oficial refiere que el agente preventor ha actuado de manera autónoma, es decir, bajo ningún tipo de contralor por parte del Ministerio Público Fiscal; y que en la causa no constan las directivas a las que alude la Sra. representante de la vindicta pública, que luego fueran merituadas por la Sra. Juez en la resolución recurrida -en orden a que sean los secretarios y prosecretarios quienes evacuen las consultas respecto del procedimiento para la aplicación del art. 81 CC-. Agregó que aquella resulta contradictoria con la instrucción general impartida a la dependencia policial para que el labrado de las actas se lleve a cabo "en todos los casos y sin excepción".

11. Del análisis del presente legajo, y tal como se desprende del acta contravencional de fs. 3, puede determinarse que la autoridad preventora interviniente procedió de conformidad con lo establecido en los arts. 16 y 36 de la ley 12, toda vez que ante la flagrancia en la comisión de una contravención realizó consulta con una dependencia del Ministerio Público Fiscal que decidió el inicio de las presentes actuaciones.

Como lo hemos expresado anteriormente, la Cláusula Transitoria de la ley 1472 dispone que en los casos de oferta y demanda ostensible de sexo en la vía pública la autoridad preventora sólo podrá iniciar las actuaciones "por decisión de un representante del Ministerio Fiscal".

Por otra parte, la resolución Nº 11/05 de la Fiscalía General de fecha 18 de febrero de 2005, donde sienta el criterio de interpretación del artículo 81 del Código Contravencional, no establece específicamente que deban ser los "magistrados" del Ministerio Público Fiscal quienes den personalmente la autorización para la formalización del procedimiento, pudiendo hacerlo "por delegación" sus funcionarios.

De allí entonces que no existe obstáculo para que otros funcionarios específicamente designados al efecto, dispongan el procedimiento inicial conforme las instrucciones particulares de los/las titulares de las fiscalías competentes, sin perjuicio de lo que se decida posteriormente en cada proceso -acusatorio material-. En este sentido, la resolución 21/00 de la Fiscalía General (art. 1 del Anexo I) reconoce expresamente las funciones de la Secretaría de Atención Ciudadana en cuanto a asegurar de modo permanente la comunicación con la autoridad policial y recibir las consultas que aquélla debe efectuar obligatoriamente en los procedimientos contravencionales.

Asimismo, no es posible soslayar que en materia contravencional es indudable la vigencia de un sistema acusatorio material (TSJ expte nº 339/00 "Pariasca, Lucio Leon Eloy s/art. 47 s/ recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad"), de allí la importancia de la decisión de iniciar la acción por parte de su titular: si se ha optado por una postura persecutoria, los cuestionamientos de la defensa sobre la interpretación del art. 81 del Código Contravencional deben ceder ante la válida elucidación que ha efectuado el Ministerio Público Fiscal (res. 11/05 FG) respecto a la norma de fondo analizada, ante la inexistencia de afectación de garantía constitucional alguna.

También debe tenerse en cuenta que la exégesis de la norma en cuestión nos remite a la necesidad del debido control de la actuación policial por parte del titular de la acción, a fin de terminar con "las cajas negras" policiales (del debate parlamentario, legislador De Giovanni). Sin embargo, la corrupción policial que origina el ejercicio de la prostitución, sólo puede ser advertida "ex post" por parte de los Fiscales y Defensores intervinientes, surgiendo la obligación de promover las acciones penales correspondientes ante la mínima sospecha de comisión de un delito por parte de los preventores.

En el sub examine, la Sra. Fiscal de grado ha tomado los recaudos suficientes para garantizar la actuación policial en cumplimiento de sus funciones -que aseguró la prueba y labró el acta respectiva-, autorizando por parte de los funcionarios asignados al efecto en la Secretaría de Atención Ciudadana, oportunamente, el inicio de la presente.

Es por ello que no cabe razón alguna a la pretendida invalidez de la autorización por parte del prosecretario de la Secretaría de Atención Ciudadana, para la promoción de la acción contravencional en el caso analizado.

Por otra parte, la defensa no ha demostrado ni denunciado concretamente ninguna violación concreta al dogma constitucional que consagra el debido proceso, no surgiendo de autos la producción de prueba prohibida que deba ser excluída.

En consecuencia, resultando ajustada a derecho y a las constancias en autos, corresponde confirmar la resolución obrante a fs. 57/58, en todo cuanto ha sido materia de recurso.

12. Atento al mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. CONFIRMAR el decisorio recurrido, obrante a fs. 57/58, en cuanto no hace lugar a la excepción de falta de acción impetrada por la Defensa a fs. 46/48vta.

II. TENER PRESENTE la reserva el caso federal.

Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado de Primera Instancia interviniente a fin de que practique las notificaciones restantes.

Ante mí:

La Marta Paz no firma por hallarse en uso de licencia. Conste.

Endede 2006 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 notifiqué a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

Endede 2006 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 4. Conste.