Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-05-05


SENTENCIA NÚMERO: CINCO En la ciudad de Córdoba, a los CINCO días del mes de MAYO del año dos mil cuatro, siendo las DOCE horas, se reúnen en Acuerdo Público los Señores Vocales integrantes del Tribunal Superior de Justicia, en pleno, Doctores Aída Lucía Teresa Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli, Hugo Alfredo Lafranconi, Domingo Juan Sesin, Luis Enrique Rubio, Humberto Sanchez Gavier y Víctor Armando Rolón Lembeye, bajo la presidencia de la primera, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: "LOBO DE CABRERA PAULÍ, ELENA C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA - AMPARO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Letra "L", Nº 06, iniciado el veintiséis de noviembre de dos mil uno) con motivo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada (cfr. fs. 297/304vta.) en contra de la Sentencia Número Sesenta y cinco dictada por la Cámara de Apelaciones de Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, el día veintiocho de mayo de dos mil uno (fs. 229/244), mediante la cual se dispuso: "1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y Ministerio Fiscal en contra de la sentencia número setecientos sesenta y uno (N° 761) del tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete (3.XI.97) la cual es confirmada en todo cuanto resuelve, con costas a cargo de la vencida... , procediéndose a fijar las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, HUGO ALFREDO LAFRANCONI, DOMINGO JUAN SESIN, LUIS ENRIQUE RUBIO, HUMBERTO SANCHEZ GAVIER Y VÍCTOR ARMANDO ROLÓN LEMBEYE, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON:

I. A fs. 297/304vta., los Dres. Enrique Gavioli y Enrique A. Gomez del Río, en representación de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, interponen formal recurso de casación e inconstitucionalidad en contra de la Sentencia Número Sesenta y cinco dictada por la Cámara de Apelaciones de Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, el día veintiocho de mayo de dos mil uno.

La impugnación planteada fue debidamente sustanciada ante el Inferior, habiéndose corrido traslado a la parte actora y al representante del Ministerio Público quienes lo evacuan a fs. 305/307 y 308/314, respectivamente.

Concedido el recurso de inconstitucionalidad mediante Auto Número Quinientos treinta y uno de fecha dos de noviembre de dos mil uno (cfr. fs. 317/319vta.) se elevan los autos a este Tribunal.

Radicadas las actuaciones ante esta Sede (cfr. fs. 322) se corre vista al Sr. Fiscal General de la Provincia (fs. 322vta.), quien la evacua a fs. 323/325vta., pronunciándose en el sentido que corresponde acoger la impugnación articulada por la accionada y anular el decisorio objeto de embate.

Dictado el proveído de autos (fs. 326) y firme el mismo (fs. 327) queda la causa en estado de ser resuelta.

II. Al amparo de la hipótesis recursiva contemplada en el art. 391 inc. 1° del C.P.C., la entidad demandada se alza contra la resolución de grado, en cuanto ha rechazado el recurso de apelación oportunamente interpuesto por su parte, confirmando la sentencia de primera instancia que declara la inconstitucionalidad de los arts. 43 y 44 de la Ley 8472, modificada por la Ley 8482 y del art. 116 del Decreto 1777/95.

Tras ratificar su postura en orden a la plena constitucionalidad de las normas impugnadas y a la improcedencia en el caso de la vía del amparo, esgrime que la sentencia dictada por la Cámara aquo se halla incursa en la causal invocada, puesto que ha rechazado la apelación deducida por su parte, por lo que este recurso se erige en la vía apta para lograr que en sede local se brinde adecuada reparación a los agravios constitucionales que ha sufrido su representada con motivo del fallo impugnado.

Advierte que la Cámara aquo se ha irrogado la trascendente atribución de declarar la inconstitucionalidad de la normativa citada, basándose en términos genéricos, abstractos, infundados y en erróneas interpretaciones no sólo del bloque normativo que informa la materia previsional sino de los principios del derecho previsional y de la situación particular de las accionantes.

Aduce que lo resuelto genera a su parte irreparables agravios constitucionales, que se concentran principalmente en el derecho de propiedad de todo el colectivo de beneficiarios que la Institución administra, la intangibilidad de los mismos, y la propia existencia del sistema previsional, ya que vuelve a poner al régimen en la situación deficitaria anterior a la legislación declarada inconstitucional.

Señala que el criterio propuesto ha sido receptado favorablemente por este Cuerpo en reiteradas sentencias dictadas en causas similares a la presente, las que cita.

Hace reserva de caso federal (art. 14, Ley 48).

III. En primer término, es menester precisar que de conformidad a lo dispuesto por el art. 392 en concordancia con los arts. 384, y 391 del C.P.C. y C. el recurso de inconstitucionalidad es susceptible de ser interpuesto contra las sentencias definitivas o autos que pongan fin al proceso, hagan imposible su continuación o causen un gravamen irreparable, dictados por la Cámara, cuando se cuestione la constitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o resolución que estatuyan sobre materia regida por la Constitución de la Provincia, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pretensiones del impugnante.

En el sub examen, las objeciones esgrimidas por la parte recurrente al decisorio del Tribunal aquo procuran revertir la conclusión esencial arribada por el mismo en sentido adverso a la validez de los artículos 43 y 44 de la Ley 8472 modificada por la Ley 8482 y artículo 116 del Decreto 1777/95, cuya regularidad constitucional se controvierte en el sub lite por la vía del amparo.

A través de los artículos cuestionados de las leyes de emergencia, se dispone una reducción del haber máximo de las jubilaciones en tanto las mismas no podrán superar el ochenta y dos por ciento (82%) móvil del sueldo asignado al cargo de Gobernador de la Provincia y a su vez, también dispone que el haber máximo de pensión será igual al setenta y cinco por ciento (75%) móvil del haber máximo jubilatorio. Se ordena asimismo, la suspensión de la vigencia de los arts. 61, 113 y 116 de la Ley 8024 y toda otra normativa que permita determinar los haberes por encima de aquel tope.

Por otra parte, el Decreto Nº 1777/95, normativa de carácter general igualmente cuestionada en su regularidad constitucional autorizó a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, autoridad de aplicación de las normas de carácter previsional, a efectuar un ajuste en los haberes de los pasivos de conformidad a las previsiones del referido decreto, el cual introdujo modificaciones al Decreto 382/92 reglamentario de la Ley 8024.

La Cámara aquo en tanto, al confirmar la resolución del juez de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 43 y 44 de las leyes de emergencia y del art. 116 del Decreto 1777/95, hizo hincapié en los siguientes argumentos (fs. 229/244):

Los efectos del acto impugnado no han cesado ni tampoco la lesión a los derechos constitucionales invocados, lo que impide considerar abstracta la demanda.

El Decreto 1777/95 contraría los arts. 17, 50, 51, 54, 59, 61, 73, 113, 114 y 116 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, resultando violatorio de lo dispuesto en el artículo 110 inciso 17 de la Constitución Provincial.

Los artículos 55 y 57 de la Constitución Provincial, 14 bis de la C.N. y art. 50 de la Ley 8024 garantizan beneficios móviles y proporcionales a las remuneraciones de los agentes en actividad, por lo que no pueden desconocerse los derechos invocados por las amparistas sin violar la garantía consagrada por el art. 17 de la C.N..

El derecho a la integralidad del haber previsional se encuentra definitivamente incorporado al patrimonio de las actoras desde el otorgamiento del beneficio por la Caja demandada.

La reducción, en cuanto supera el treinta por ciento del monto percibido por las actoras con anterioridad a las leyes cuya constitucionalidad se ataca, no puede mantenerse sin violar su derecho de propiedad.

IV. Previo al examen de la materia de fondo traída a conocimiento de este Tribunal, en pleno, es menester efectuar algunas precisiones en orden a los requisitos de admisibilidad que condicionan la procedencia de la acción de amparo.

Ello, en el marco del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional, de vigencia operativa para todos los jueces nacionales y provinciales, el cual perfila con un matiz diferencial a esta vía procesal de obvio carácter iuspublicista, destinada a la tutela de los derechos y garantías fundamentales. Dicho precepto no obsta a la vigencia de las normas reglamentarias anteriores, en tanto éstas no se opongan a la letra, al espíritu o resulten incompatibles con el remedio judicial instituido en el citado precepto constitucional, como un instrumento ágil, eficaz y expeditivo para asegurar la vigencia cierta de los derechos constitucionales.

En esta orientación es dable puntualizar que la acción de amparo, es un proceso constitucional autónomo, caracterizado como una vía procesal "expedita y rápida", condicionada entre otros recaudos a que "...no exista otro medio judicial más idóneo..." (art. 43 Const. Nac.).

Si bien es cierto que, aún cuando hoy, frente al texto del nuevo art. 43 de la Carta Magna, no pueda sostenerse ya como requisito de procedencia la "inexistencia" de una vía idónea para la tutela del derecho que se invoca como conculcado, sin embargo, no cabe admitirlo cuando esa protección es susceptible de ser obtenida a través de otro procedimiento administrativo o jurisdiccional que, frente a las particularidades del caso, se presente como "el más idóneo". La invocación y acreditación de esta aptitud, es por tanto de inexcusable observancia por parte de quien acude a esta vía.

Todo derecho subjetivo tiene sustento en una norma constitucional y para su restablecimiento frente a una lesión o amenaza, existe una vía procesal establecida. Resulta claro que el amparo no será admisible por la sola invocación del derecho lesionado, ni debe ser desestimado por la sola existencia de acciones o recursos comunes. Su procedencia transita por el estrecho carril de aquellos casos en que a la "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta" (art. 1 Ley 4.915) se suma la excepcional ineficacia de las vías reparadoras ordinarias (art. 2 inc. a) (T.S.J., Sala Civil, "Egea, Andrés (H) y Otros c/ Egea Hnos. S.A. Amparo Recurso Directo", Sentencia Nro. 51, del 06/10/97).

En coincidencia con destacada doctrina, este Tribunal ha puesto de manifiesto que desde sus orígenes jurisprudenciales (casos "Siri" y "Kot") se ha reconocido como condición de admisibilidad del amparo, la existencia de un "daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios" (Orgaz, Alfredo, "El Recurso de Amparo", Bs. As. 1961. pág. 58, Nro. 23) exigencia que está receptada, precisamente, en el art. 2 inc. a) de la Ley 4.915.

Si bien la Corte ha declarado que la alegada existencia de otras vías procesales aptas que harían improcedente el amparo "...no es postulable en abstracto sino que depende en cada caso de la situación concreta del demandante..." (C.S.J.N., "Video Club Dreams c. Instituto Nacional de Cinematografía" del 06/06/95, Rev. L.L. 1995D, pág. 243 y ss.), ha subrayado también que "la existencia de vías legales para la protección del derecho supuestamente vulnerado, excluye el procedimiento excepcional del amparo. A los jueces no les está permitido prescindir de los procedimientos previstos por la ley y reemplazarlos por otros, fundándose para ello en el mero juicio desfavorable que pueda merecerles la falta de celeridad de aquéllos" (Fallos: 249565); "el perjuicio que pueda ocasionar el empleo de aquellos procedimientos no es sino la demora a que debe verse sometida toda persona que reclama ante la justicia el reconocimiento de los derechos que se atribuye" (Fallo: 252154) (T.S.J., Sala Civil, "Spinelli, Renato O. y Otros c/ Banco de la Provincia de Córdoba Acción de Amparo Recurso de Revisión", S. 52 del 04/07/96).

En esta tesitura se advierte que para que fuese procedente el amparo, sería menester invocar y probar circunstancias de excepción que, en el caso particular, hagan que la demora propia de las vías ordinarias cause un gravamen excepcional tal que justifique prescindir de las etapas administrativas o procesales habituales, como único medio de evitar la consumación de una injusticia que constituye el fundamento de la acción.

El art. 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994, en tanto prevé como condicionamiento del amparo la inexistencia de "otro medio judicial más idóneo", no deroga el art. 2 inc. a) de la Ley 4.915, ni hace que la acción de amparo deje de ser una acción subsidiaria, viable sólo ante la inexistencia de otra vía que posibilite el adecuado resguardo del derecho invocado. Al respecto se ha dicho que "incurren en un grave error quienes interpretan, a raíz de la reforma constitucional, que el amparo se ha constituido en un medio procedimental ordinario, pues continúa siendo un remedio extraordinario y por ende excepcional" (Cám. Nac. Cont. Adm. Federal, sala 5a., 13/11/95, reseñado en J.A. Nro. 6.030 del 26/3/97, pág. 32, n° 17).

Si por "medio judicial más idóneo" se entendiese todo aquél que asegura al amparista una más pronta solución del litigio, es obvio que toda pretensión con sustento constitucional y todas lo tienen resultaría admisible por la vía de amparo, con la consecuente ordinarización de un procedimiento postulado como de excepción. Vía judicial "más idónea", en los términos del art. 43 de la Const. Nacional, es la adecuada a la naturaleza de la cuestión planteada conforme al régimen procesal vigente, con lo cual el amparo queda reservado a los supuestos en que existan arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y, además, las vías ordinarias carezcan de idoneidad para otorgar al justiciable una tutela judicial efectiva del derecho invocado.

Esta ha sido, en cierta manera, la posición asumida por destacada doctrina cuando afirma que "La acción de amparo continúa siendo un remedio judicial subsidiario pese al hecho de que una interpretación crudamente literal del art. 43 de la Constitución Nacional puede inducir a una conclusión diversa y conducir a aquella a la categoría de un instituto excluyente de todo el ordenamiento procesal ordinario" (conclusiones de Palacio, Lino E. y Quevedo Mendoza, Efraín, "Conclusiones del IX Congreso Nacional de Derecho Procesal Comisión de Derecho Procesal Constitucional y Administrativo", Corrientes, agosto 6, 7 y 8 de 1997).

En el sub lite, no se advierte la insuficiencia del proceso ordinario (art. 1, Ley 7182), dentro de cuyo marco, y a través inclusive del instituto de la suspensión de la ejecución del acto, ya sea en sede administrativa como en la jurisdiccional (art. 91, Ley 6658 y art. 19, Ley 7182), podría lograrse de darse los requisitos de procedencia, una protección inmediata tendiente a evitar que se operen los efectos derivados de su ejecutoriedad.

En este orden de conceptos cabe reparar, además, que la procedencia del amparo está condicionada a que el acto u omisión impugnado, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, el derecho o garantía constitucional, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, la que debe presentarse como algo palmario, ostensible, patente, claro o inequívoco, es decir visible al examen jurídico más superficial (Palacio, Lino Enrique, "La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994", L.L. 1995D, Sec. Doctrina, pág. 1238).

La calificación de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y que a veces en la doctrina y en la jurisprudencia es reemplazada por la de ilegitimidad, revela que el acto lesivo debe mostrar fehacientemente, en su primera apariencia, la violación grosera y ostensiblemente visible al derecho subjetivo de quien promueve el amparo (Bidart Campos, Germán J., "El control de constitucionalidad en el juicio de amparo y la arbitrariedad o ilegalidad del acto lesivo", J.J. 1969, T. 2, pág. 169 y ss.).

Asimismo, la acción de amparo presupone la existencia de un derecho o garantía incontrovertido, cierto. Este extremo no se halla sujeto a un amplio debate o prueba sino a la mera verificación de la conducta u omisión lesiva y el agravio consiguiente.

Sobre el particular, resulta ilustrativa la doctrina elaborada por la C.S.J.N., que en su calidad de intérprete último de la Ley Fundamental de la Nación, en pacífica jurisprudencia ha resuelto que la acción de amparo es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba, requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla (Fallos, 275:320; 296:527; 302:1440; 305:1878; 306:788).

La Corte ha señalado que este criterio "...no ha variado con la sanción del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional pues reproduce en lo que aquí importa el citado art. 1° de la ley reglamentaria, imponiendo idénticos requisitos para su procedencia..." (C.S.J.N., 10/12/96, "Servotrom S.A. c. Metrovías S.A. y Otros", Supl. de Jurisprudencia de Derecho Administrativo", L.L. Bs. As. 25/08/97, pág. 4 y ss.).

Por consiguiente, se frustra la procedencia del amparo cuando la arbitrariedad o ilegalidad que se invoca no surge con total nitidez, resultando por tanto ajenos a esta vía todas aquellas cuestiones que sean opinables o bien, requieran de un mayor debate y aporte probatorio, excediendo por tanto las posibilidades cognoscitivas propias de esta acción (art. 2 inc. "d", Ley 4915). La acción de amparo no tiene por finalidad facultar a los jueces a sustituir los trámites y procesos ordinarios, en tanto no se verifiquen los recaudos condicionantes para su procedencia.

Aún cuando, a la luz de las consideraciones expuestas precedentemente, se considerase opinable la viabilidad formal de la vía de amparo elegida por las accionantes para obtener la protección jurisdiccional del derecho que se invocó como conculcado, cierto es que habiéndosele dado trámite a punto tal que la causa se encuentra a conocimiento de la Máxima Instancia Jurisdiccional de la Provincia, a lo que se suma que no surge que esta circunstancia haya vulnerado el derecho de defensa de la accionada (C.N.Fed. Contenciosoadministrativo, Sala I, 21/03/97, "Fund Patron"), y en especial teniendo en cuenta que este tribunal ya ha expuesto su criterio sobre la materia discutida (Sala Contencioso Administrativo, Tribunal en pleno, sent. n° 33 del 25/8/97, "Carranza c/ Pcia. de Cba. y Otro") se presentaría como un rigorismo formal, negatorio de la adecuada prestación del servicio de justicia, anteponer óbices o valladares adjetivos por sobre la verdad jurídicoobjetiva que, en este momento del proceso, es susceptible de ser declarada.

V. Efectuadas las precedentes consideraciones, corresponde seguidamente ingresar al análisis de la materia de fondo, a fin de determinar la viabilidad de los agravios de naturaleza constitucional esgrimidos por la representante de la demandada.

El examen sustancial de tales agravios nos conducen a dilucidar el aspecto contenido en las Leyes de Emergencia y en el Decreto 1777/95, respecto a la regulación de un tope para haberes de los magistrados y funcionarios judiciales en pasividad establecido en función del sueldo del Gobernador de la Provincia, como así también el modo del cálculo del ochenta y dos por ciento móvil sobre lo efectivamente percibido por el trabajador en actividad correspondiente al último cargo desempeñado o, como en el caso, el tope del setenta y cinco por ciento del sueldo del gobernador a los fines del cálculo del monto de la pensión acordada a las reclamantes, Sras. Elena Lobo de Cabrera Paulí y María Nilda Carbajales de Laje García, en razón del fallecimiento de sus cónyuges, en ejercicio de la Magistratura.

Esta cuestión será analizada en los puntos siguientes, observando para ello la nueva doctrina sentada por este Tribunal Superior de Justicia, a partir del precedente registrado en la causa "Carranza, Raúl Ernesto c/ Provincia de Córdoba y Otra Acción de Inconstitucionalidad" (T.S.J., en pleno, Sala Cont. Adm., Sent. Nro. 33 del 25/08/97) resolutorio que ha sido confirmado por la Excma. Corte Suprema de la Nación con fecha veintitrés de agosto de dos mil uno, cuya trascendencia y amplio desarrollo argumental deviene de inexcusable seguimiento, dada la analogía que guarda dicho antecedente con la cuestión constitucional involucrada en el sub lite, ya que en dicho precedente se analizó pormenorizadamente la especial naturaleza de los preceptos legales que conforman el llamado "derecho de la emergencia" y su virtualidad para establecer razonables restricciones a los derechos y garantías tutelados por la Ley Fundamental de la Nación y de la Provincia.

Los fundamentos plasmados en el citado precedente han sido reeditados en numerosos pronunciamientos posteriores (cfr. T.S.J. en Pleno, Sala Electoral y de Competencia Originaria, "Baquero Lazcano, Pedro Enrique...", Sent. Nº 04/01; "Barbero, Hilda y Otros...", Sent. Nº 09/01; "Tay, Mirna...", Sent. Nº 11/2001; Castellano Laura... , Sent. N° 12/03, entre otras), adquiriendo idéntica eficacia para dilucidar la cuestión que se ventila en las presentes actuaciones. También se ha expedido en igual sentido en oportunidad de resolver planteos de similar tenor (cfr. entre muchas, T.S.J., en pleno, a través de su Sala Penal, "Acción de Amparo presentada por Marta Edith Chaar de Flores, Laura A. Guell de Dottori y otros Recurso de Inconstitucionalidad", Sent. N° 75 de fecha 11.12.97).

Todo ello con la obvia salvedad de las particularidades que singularizan la presente causa.

VI. LOS DERECHOS PREVISIONALES A LA LUZ DE LA DOCTRINA JUDICIAL DEL DERECHO DE LA EMERGENCIA:

VI.1. En el precedente de este Tribunal Superior de Justicia recaído in re "Bulacio, Mario Humberto c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba Laboral Recursos de Casación e Inconstitucionalidad" (T.S.J., en pleno, Sala Laboral, Sent. Nº 223, del 18.09.1996), se analizó pormenorizadamente la especial naturaleza de los preceptos legales que conforman el llamado "derecho de la emergencia" y su virtualidad para establecer razonables restricciones a los derechos y garantías tutelados por la Ley Fundamental de la Nación y de la Provincia.

Así se puso de manifiesto que la tradición jurídica registra en sus anales pronunciamientos relacionados con situaciones de crisis y necesidad pública que han impulsado al Poder Legislativo a adoptar medidas en aras de salvaguardar los intereses generales, que se estiman superiores. En tales circunstancias, sin violar ni suprimir garantías que protegen derechos patrimoniales, se han sancionado instrumentos que se valoraron indispensables para armonizar los intereses en conflicto. El fundamento último en que se basan tales actos legislativos, constituye una razón de Estado: evitar que se conviertan en ilusorios los objetivos tendientes a satisfacer los supremos intereses de la comunidad ante la inminente fractura y posible colapso de la economía estatal y del sistema previsional.

VI.2. En la interpretación y aplicación de leyes de emergencia, tal como acontece en el sub examen, debe tenerse presente un principio liminar en el que se apoya el Estado de Derecho, cual es la "presunción de constitucionalidad" de que gozan los preceptos dictados de conformidad con los procesos de formación, sanción y promulgación que prevé la Constitución. De tal suerte que frente al "estado de emergencia" deben privilegiarse aquellas soluciones que constituyen la respuesta del legislador, y que no aparezcan manifiestamente contradictorias con la Constitución.

Cuando el marco social y económico exige imperiosamente soluciones a la situación de crisis, los órganos legislativos, asumiendo su responsabilidad electoral, con la debida previsión y coherencia, ejercen sus atribuciones y su poder. Lo dicho no va en desmedro del deber de los magistrados de controlar si los instrumentos jurídicos elaborados por los otros poderes del Estado no resultan violatorios de las normas constitucionales cuando, como en el caso, se invocan derechos subjetivos que aspiran a la tutela judicial.

VI.3. Esto es así, por cuanto, como se ha expresado, la declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, sólo practicable como razón ineludible del pronunciamiento a dictarse (C.S.J.N., Fallos 251:455; 252:328). Es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerado como la "última ratio" del orden jurídico (C.S.J.N., Fallos 249:51). De tal manera que no debe recurrirse a ella sino cuando una estricta necesidad lo requiera (C.S.J.N., doct. de Fallos 248:398; Corwin, "The Constitution of the United States of América", p. 562, Washington, 1953, reiterada en Fallos 260:83 "Haydeé María del Carmen Alberti" del 30.11.1964; 264:364, entre muchos).

Ciertamente que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de las leyes de emergencia, han gestado en esta materia un "derecho judicial" que constituye la fuente normativa por excelencia para resolver la presente acción. Si bien los fallos del Máximo Tribunal sólo tienen eficacia en el caso resuelto, los jueces deben adecuar sus pronunciamientos a la jurisprudencia que en ellos se sienta, desde que se trata del órgano con autoridad definitiva para aplicar la Constitución (Fallos 212:51; 312:2009; etc.) y apartarse inmotivadamente de esa jurisprudencia configura arbitrariedad (La Ley 1986A, 179). Tal como dijera el Chief Justice Marshall: "La constitución dice lo que la corte dice que la constitución dice", principio que hace a la seguridad jurídica, en función de la previsibilidad de los criterios con que la Ley ha de ser aplicada por los distintos tribunales del país. A partir de esa premisa debe analizarse la acción que nos ocupa, a despecho de las muy fundadas críticas doctrinarias que ha merecido la jurisprudencia de la Corte y el pretoriano "d erecho de la emergencia" que ha terminado por crear.

Como rasgo característico, esas leyes (entre las que pueden mencionarse la Ley Nº 11.157 sobre precio de locaciones de inmuebles y la Ley Nº 11.741 sobre moratoria hipotecaria), se insertaban en un contexto en el que el Estado acrecentaba su intervención como gestor del bienestar general en ejercicio de facultades derivadas del poder de policía económico por el cual limitaba derechos patrimoniales de los locadores y acreedores hipotecarios. En ese marco, los precedentes de la Corte Suprema avalaron la constitucionalidad de las limitaciones por cuanto "un derecho ilimitado sería una concepción antisocial" y la reglamentación del precio del alquiler tenía por finalidad "impedir que el uso legítimo de la propiedad se convierta en un abuso perjudicial en alto grado, merced a circunstancias que transitoriamente han suprimido de hecho la libertad de contratar para una de las partes" ("Ercolano c/ Lanteri de Renshaw", 28.04.22, Fallos 136:164); mientras que la moratoria hipotecaria ante un estado de emergencia producido por fenómenos económicos con los caracteres de un caso fortuito aparecía como un medio razonable para la salvaguarda de un interés público legítimo comprometido por aquella situación (Fallos 172:21).

VI.4. Porque su distancia en el tiempo lo sustrae a los condicionamientos circunstanciales del momento y porque sin duda constituye una pieza jurídica valiosa, el tantas veces citado caso "Oscar Agustín Avico c/ Saúl G. de la Pesa s/ consignación de intereses" (Fallos 172:21) resuelto el siete de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro, merece ser tomado como expresión básica del llamado "derecho de la emergencia". Se trataba de evaluar la constitucionalidad de la Ley Nº 11.741, que prorrogó por tres años las obligaciones hipotecarias vencidas, fijando un interés del seis por ciento anual. El Alto Tribunal, siguiendo sus precedentes y el fallo de la Corte de los Estados Unidos en "Home Building and Loan Association v. Blaisdell", dictado pocos meses antes con referencia a una Ley del Estado de Minnesota análoga a nuestra Ley 11.741, reconoció la constitucionalidad de la moratoria, con apoyo en el artículo 67 inciso 28 de la Constitución Nacional (hoy artículo 75 inc. 32 Const. Nacional de 1994) que acuerda al Congreso así lo entendió la Corte la facultad de condicionar el ejercicio de los derechos subjetivos, cuando lo requieren superiores intereses de la comunidad.

En el referido fallo de la Corte estadounidense, había dicho el juez Hugues "Si el Estado tiene poder para suspender temporalmente la aplicación de los contratos en presencia de desastres debidos a causas físicas, como terremotos, etc., no puede darse por inexistente ese poder cuando una urgente necesidad pública que requiere el alivio es producida por causas de otra índole, como las económicas". El dictamen del Procurador General, frente al "temor de que por semejante camino pueda llegarse hasta el abuso de suprimir totalmente los principios fundamentales del derecho de propiedad", antepuso como prevalente "el más fundado peligro que puede resultar de trabar la acción legislativa, cuando una necesidad pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales" y, siguiendo a la jurisprudencia norteamericana, enunció los requisitos que debe llenar una Ley de moratoria para que su sanción esté justificada, a saber: "1° que exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad; 2° que la Ley tenga como finalidad legítima, la de proteger los intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos; 3° que la moratoria sea razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias; 4° que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria".

En lo esencial, la Corte ha seguido esos lineamientos en numerosos pronunciamientos posteriores, sosteniendo que las limitaciones constitucionales no pueden tener un alcance tal que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado para superar contingencias extraordinarias. Por ello, reiteradamente se ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden o restringen temporalmente el ejercicio de los derechos subjetivos, a fin de proteger el interés público frente a graves perturbaciones de cualquier índole, inclusive económicas, pero puntualizando que la restricción al ejercicio de los derechos subjetivos impuesta por la emergencia, no debe provocar su frustración, sino sólo un razonable condicionamiento a su ejercicio (Fallos 243:467; 307:326; entre otros).

VI.5. Con la mayoría de sus actuales integrantes, la Corte ha receptado esa doctrina y su expresión más acabada es el caso "Peralta c/ Estado Nacional" en el cual dijo, para sustentar la constitucionalidad del decreto del P.E.N. 36/90 ("plan bonex"), que "cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables, el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos" (La Ley Córdoba, 1991664).

Sin necesidad de ahondar en el análisis, la conclusión incontestable es que en Argentina bien puede reputarse que hay un derecho constitucional consuetudinario a la validez constitucional del "derecho de emergencia", satisfechas ciertas condiciones (conf. Sagüés, Néstor P., "Derecho Constitucional y Derecho de Emergencia", en La Ley 1990D p. 1048). A lo largo del siglo, el Estado ha avanzado cada vez más sobre los derechos individuales, en nombre de la emergencia, pasando de la moderada moratoria de tres años de las deudas hipotecarias a la prórroga de los contratos de locación durante décadas y de la protección de los supuestamente débiles en las relaciones contractuales (deudores hipotecarios, locatarios), a la limitación del cobro de créditos contra el Estado, que obviamente no puede suponerse la parte débil en sus relaciones con el administrado. La Corte ha avalado ese proceso, elastizando de un modo progresivo los límites constitucionales del derecho de la emergencia.

Esa doctrina constitucional sobre el derecho de emergencia , habilita al Congreso de la Nación, excepcionalmente, a limitar y restringir el ejercicio de los derechos subjetivos que la Constitución reconoce y garantiza. Idéntica potestad debe reconocerse a las legislaturas provinciales, al menos en los límites de la competencia legisferante que les es propia, que comprende la materia previsional debatida en este proceso (artículos 123 y 125 de la Constitución Nacional; artículo 55 Constitución Provincial).

VI.6. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha definido a la emergencia como "...una situación extraordinaria que gravita sobre el orden económico social; con su carga de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza, penuria e indigencia, que origina un estado de necesidad al que hay que ponerle fin. La etiología de esta situación, sus raíces profundas y elementales, y en particular sus consecuencias sobre el Estado y la sociedad, al influir sobre la subsistencia misma de la organización política y jurídica, o el normal desenvolvimiento de sus funciones, autoriza al Estado a restringir el ejercicio normal de algunos derechos patrimoniales tutelados por la Constitución..." (C.S.J.N., Fallos 173:65; in re: "Peralta", del 27/10/90, considerando 43; "La Ley" 1991C, 158).

También ha expresado el citado Tribunal que "...Cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar intereses generales, se puede `sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables, el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos'. No se trata de reconocer grados de omnipotencia al legislador ni de excluirlo del control de constitucionalidad, sino de no privar al Estado de las medidas de gobierno que conceptualice útiles para llevar un alivio a la comunidad..." (cons. 37°, sentencia citada).

VI.7. En esencia, se trata de hacer posible el ejercicio de las facultades indispensables para armonizar los derechos y garantías individuales con las conveniencias generales, "...de manera de impedir que los derechos amparados por esas garantías, además de correr el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía estatal...", puedan alcanzar grados de perturbación social acumulada, con capacidad suficiente para dañar a la comunidad nacional (Fallos 172:21).

Es decir, que la grave perturbación económica, social o política, que perjudica profundamente el normal accionar estatal y los más caros intereses de la comunidad, autoriza el pronto ejercicio de un conjunto de remedios extraordinarios destinados a regular el tránsito al restablecimiento de la normalidad social (Fallos 238:76).

En este sentido ha establecido reiteradamente la Corte Suprema que el estado de emergencia no crea potestades ajenas a la Constitución sino que permite ejercer con mayor profundidad y energía los que ella contempla, llevándola más allá de los límites que son propios de los tiempos de tranquilidad y sosiego.

La emergencia no crea el poder sino que comporta la causa o motivo y con ello la ocasión para su ejercicio (Fallos 172:21; 243:464; entre otros).

Hay quienes consideran que así como ante las emergencias políticas puede declararse el estado de sitio, ante las emergencias económicas es posible disponer restricciones en el ámbito económico. A esto último se lo llama "emergencia económica" (Bianchi, A., "La Corte ha establecido su tesis oficial sobre la emergencia económica", L.L. 1991C,141).

Todo ello pone en evidencia que el derecho de emergencia no nace fuera de la Constitución, sino dentro de ella; se distingue por el acento puesto, según las circunstancias lo permitan y aconsejen en el interés de individuos o grupos de individuos, o en el interés de la sociedad toda (Fallos 191:388).

VI.8. En el Estado de Derecho se debe buscar el equilibrio aristotélico entre lo que puede y no puede controlar el juez, enmarcados en nuestra realidad constitucional y sin caer en la utópica concepción de hacer justiciable la totalidad de la actividad estatal, ya que ha menester respetar dentro de sus límites la "zona de reserva" de los otros poderes del Estado.

El exceso de control corre el riesgo de paralizar la actividad administrativa, empero el escaso control también es pernicioso para el Estado de Derecho y la garantía de los administrados.

Es sumamente discutido en el marco del derecho público el real alcance de la revisión judicial de la emergencia, vinculándosela con las cuestiones políticas, de gobierno o institucionales, excluyéndose generalmente el control judicial en sus aspectos primordiales.

VI.9. La situación de emergencia puede comprender, entre otros, los siguientes aspectos: a) verificación material de la existencia de la emergencia; b) valoración o apreciación de tales hechos en función de la determinación de los comportamientos a seguir; c) fundamento jurídico de la emergencia, competencia, forma y fin; d) razonabilidad; e) temporalidad.

Parece claro que si verificar implica comprobar, acreditar, demostrar que los hechos invocados condicen con la realidad, esto de por sí trasunta un juicio intelectivo que excluye toda valoración discrecional. Importa la existencia o inexistencia de un hecho, la verdad o falsedad de una afirmación. De allí se deduce que el control judicial del presupuesto fáctico es hoy una realidad indiscutible, desde la incipiente jurisprudencia del Consejo de Estado Francés sobre la "exactitud material de los hechos", o su "constatación" como lo denomina la doctrina italiana. Es perfectamente controlable por el juez la real existencia de la situación de emergencia.

Distinta es la situación relacionada con la apreciación de los hechos mezclada generalmente con la elección de la conducta a seguir, ya que tal aspecto entra dentro de la oportunidad, mérito o conveniencia donde la valoración políticodiscrecional es indudable. Tal aspecto no es objeto de control para la jurisprudencia del Consejo de Estado Francés (Bonnard, R., "Le pouvoir discretionnaire de autorités administratives et le recours pour excès de pouvoir", Revue du Droit Public, p. 271).

Se trata de una ponderación a realizar dentro de un marco de posibilidades. Consecuentemente, en el contexto de la emergencia no son objeto de revisión judicial las conductas operativas establecidas por el legislador para regular la emergencia, siempre claro está que se respete el límite externo de la juridicidad (incluso que no aparezcan desmedidos en función de la gravedad de la situación y a la finalidad que se pretende).

El control del juez termina al comprobar que se ha elegido una alternativa entre varias igualmente válidas para el derecho, no pudiendo revisar ni sustituir el núcleo políticodiscrecional interno, esto es, el por qué de un remedio en lugar del otro. Tales aspectos entran dentro del ámbito de reserva del "legislador" o del "administrador" en su caso.

Los aspectos puntualizados bajo los acápites c), d) y e) son plenamente controlables judicialmente porque entran dentro del bloque vinculado o reglado expresa o implícitamente por la juridicidad.

El uso de la discrecionalidad en el marco de la juridicidad, implica en su operatividad una serie de momentos de libre valoración y elección, entremezclados por elementos fuertemente reglados por el ordenamiento. El análisis de la orientación políticoadministrativa, la apreciación de las circunstancias, la individualización de los variados intereses en juego, su comparación valorativa en función con el interés público específico, la determinación del momento decisivo de lo discrecional que se traduce en la elección de la alternativa que el órgano competente considera más conveniente, constituyen diferentes etapas por las cuales atraviesa la modalidad discrecional. Para que ellas impliquen un actuar conforme a derecho, el iter procedimental referido debe ser lógico, coherente, imparcial y trasuntar valoraciones razonables, sobre la base de una correcta verificación de los presupuestos fácticos acaecidos.

VI.10. El control judicial de este proceso decisional debe profundizar con energía los elementos de algún modo vinculados por la juridicidad y respetar con prudencia la libre determinación administrativa (ponderación comparativa de intereses, libre elección y estimación).

El juez no sólo controla los límites externos relacionados con las reglas formales (competencia, forma, procedimiento, etc.), sino que también fiscaliza algunas fases del decisorio interno, como la logicidad, razonabilidad, coherencia, concordancia, paridad de tratamiento, buena fe. Es decir que la labor del juez abarca dos perspectivas diferentes, en relación con la formación de la decisión y algunos aspectos sustantivos.

Se pretende, en definitiva, que los actos sobre los cuales recae el control muestren congruencia entre lo que en verdad se ha resuelto y la realidad, proporcionalidad de los medios empleados, y sean medianamente razonables y equitativos.

Cada normativa que impone una emergencia determinada presupone un análisis particularizado en función de sus disposiciones como de la propia realidad a la que se pretende aplicar. Razón por la cual, este tipo de legislaciones requieren siempre un estudio diferenciado, por lo que sus conclusiones son difícilmente adaptables a circunstancias diversas.

La interpretación dinámica de la realidad posibilita la valoración actual de las normas en función de las circunstancias presentes.

A fin de solucionar las circunstancias emergentes de la crisis se instrumentaron una serie de medidas tendientes a la drástica reducción del gasto público y se adoptaron un conjunto de remedios excepcionales a fin de salvaguardar la subsistencia del Estado y sus instituciones.

VI.11. Como es reiterada jurisprudencia del Más Alto Tribunal de la Nación, la restricción que impone el régimen de emergencia "...debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la substancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control de constitucionalidad, toda vez que la situación de emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales..." (Fallos 243:467).

La razonabilidad implica congruencia, proporción, adecuada relación de medio a fin; el exceso identifica lo irrazonable. En su proyección actual, la razonabilidad, proporcionalidad o congruencia es una técnica que indaga la relación entre los medios utilizados y los resultados conseguidos, con el siguiente criterio: mitad racional y mitad justo, pudiendo relacionarse con las más diversas modalidades del ejercicio de la función administrativa.

VI.12. La reducción de haberes de los pasivos, así como la obligatoriedad de efectuar un aporte extraordinario mensual y otras alternativas adoptadas con una finalidad correctiva a fin de paliar la crisis en las arcas de la entidad previsional provincial, en tanto no resulten arbitrarias o confiscatorias, comportan medidas que guardan razonabilidad con la gravísima situación económica financiera de la Provincia de Córdoba.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que, cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios, o restringe el uso que puede hacerse de esa propiedad, no hay violación del artículo 17 de la Constitución Nacional, sino una limitación impuesta por la necesidad de superar o atenuar una situación de crisis, siempre que tal legislación sea razonable y no desconozca las garantías o las restricciones que contiene la Constitución.

Ello implica que, ante graves circunstancias de crisis económica que impiden atender los compromisos contraídos, es posible la intromisión del Estado de manera más enérgica que la existente en períodos de normalidad (Fallos 200:450; J.A. 19451, 633), pudiendo ante el cuadro de emergencia y para poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, a fin de atenuar la gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (Fallos 136:161; J.A. 8263).

VI.13. La constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 8472 reformada por la Ley 8482 (según t.o. Dec. 1056/95) cuestionados, es susceptible de ser examinada a la luz de una jurisprudencia reiterada de nuestros tribunales, que a su vez ha recogido los recaudos establecidos por el derecho pretoriano estadounidense al que se ha hecho referencia, y que pueden formularse así: que exista una situación de emergencia que imponga amparar intereses vitales de la comunidad; que tenga por finalidad legítima la de proteger los intereses generales de la sociedad y no los de determinados individuos; que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que la hicieron necesaria.

Esos mismos conceptos elaborados a nivel nacional tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, se erigen en directrices de insoslayable valor y por lo tanto, resultan plenamente aplicables a la hora de juzgar los cuestionamientos vertidos en contra de las Leyes 8472 y 8482, normativas que se apoyan esencialmente en una declaración de emergencia previsional en la Provincia, por cuanto la Constitución Provincial al igual que nuestra Ley Suprema Nacional, deben establecer y garantizar un régimen de previsión y seguridad social (artículo 55 Const. Pcial.).

El artículo 1º de la Ley 8472 declaró la emergencia previsional, instrumentando medidas tendientes a la reducción del gasto público y un conjunto de remedios excepcionales destinados a asegurar la subsistencia del Estado y sus instituciones.

Es oportuno reiterar los conceptos ya vertidos en orden a que los actos de contenido político escapan al control de este Tribunal. La misión de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes, sin potestad para sustituir al legislador ni juzgar sobre el acierto, conveniencia o justicia de las normas adoptadas por aquél en el ejercicio de sus propias facultades (Fallos 308:1745, entre muchísimos otros).

De allí que los derechos declarados por la Constitución no son absolutos y se sujetan a las Leyes que reglamenten su ejercicio. Dichas restricciones pueden ser mayores en épocas de emergencia en aras de atravesar la crisis mediante la aplicación de medidas y paliar los hechos que la determinaron, hasta tanto cesen. La obligación de afrontar las consecuencias de la emergencia justifica ampliar, dentro del marco constitucional, los poderes de la emergencia.

El justificativo último de las normas que se cuestionan es la subsistencia del Estado, amenazada por una crisis económicofinanciera insuperable, y es esta coyuntura la que debe ser meritada para evaluar la razonabilidad de las severas restricciones impuestas al ejercicio de los derechos adquiridos, como medio necesario para superar la crisis.

La ley tiende a solucionar la quiebra del Estado provincial. Siendo el Estado expresión de la comunidad toda, va de suyo que las reducciones generales en los haberes de los agentes del sector público, tanto de los activos como de los pasivos, consulta el interés común y no el de una categoría de personas en perjuicio de otras. En principio, la emergencia estatal es la emergencia de todos y, por tanto, la norma que en ella se funda no beneficia a ningún sector en detrimento de otros.

VII. EL INTERÉS JURÍDICO CONCRETO COMO PRESUPUESTO PARA LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA:

VII.1. Efectuadas las precedentes consideraciones, corresponde ahora revisar cuál es el interés jurídico concreto que sustenta la pretensión de las actoras, quienes se agravian de las normas impugnadas a la luz de los preceptos constitucionales invocados (artículos 1, 2, 5, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 33 de la Constitución Nacional y los artículos 13, 57, 110 inc. 17 y 154 de la Constitución Provincial). Ello a fin de ponderar si los derechos constitucionales que se alegan pueden conciliarse y eventualmente ceder ante otros postulados generales de justicia, equidad y previsibilidad receptados por el ordenamiento jurídico, sin obviar que su consideración no debe reducirse al marco de lo estrictamente económico.

VII.2. A través del prisma del derecho de la emergencia, los dispositivos legales que se reputan contrarios a la Constitución, no resultan arbitrarios. Las actoras no han opuesto objeciones fundadas a la "razonabilidad" de las medidas adoptadas por el legislador, ni tampoco han acreditado el supuesto de "confiscatoriedad" que quiebre el equilibrio que media entre el beneficio efectivamente percibido con anterioridad a la legislación de emergencia, y el percibido con posterioridad a ésta, equilibrio que se asienta en la necesaria relación de proporcionalidad que media entre el haber de pasividad y el que habrían percibido sus cónyuges de continuar en la actividad.

Esta deficiencia, que será objeto de mayor desarrollo en los puntos subsiguientes, priva de interés jurídico concreto a la declaración de inconstitucionalidad de la normativa cuestionada en autos, en tanto estos preceptos, analizados en función de los fines superiores que determinaron su sanción, representan una clara decisión legislativa que no desborda los límites constitucionales del Poder Legislativo en períodos de emergencia económicofinanciera y previsional.

VIII. LA TUTELA CONSTITUCIONAL DEL DERECHO AL BENEFICIO Y EL DIFERENTE STATUS JURÍDICO DEL MONTO DEL HABER:

VIII.1. En orden al diferente status jurídico que reviste el "derecho al beneficio" y el "haber previsional", es dable señalar que este Tribunal Superior de Justicia, en pleno, en reiteradas oportunidades se ha pronunciado sobre esta particular problemática (T.S.J., en pleno, Sala Contenciosoadministrativa, Sentencias Nros. 18/96 "Theaux de D'Intino..."; 24/96 "Ragusa de Cerutti, María..."; 25/96 "Otero Astrada, Angélica..."; 27/96 "Pieza separada respecto de las actuaciones de la actora Rosario Ramona Coppari..."; 33/96 "Pidone de Schwartz, Tomasa..."; 37/94 "Aguirre, Sara..."; 44/96 "Moll, Antonia..."; entre otras).

Así se ha sostenido que el carácter de "irrenunciable", "irreductible" que consagran los preceptos constitucionales (artículo 14 bis de la C.N. y artículo 55 de la Const. Pcial., en armonía con el artículo 48 de la Ley 8024 y 40 de la Ley 5846), se refiere al "derecho al beneficio", y no a la "prestación" que integra tal beneficio, y que se traduce en el cobro periódico de prestaciones dinerarias, que no inviste tal calidad y que, por tanto, importa que las diferencias de haberes derivadas del mismo sean disponibles y renunciables por los beneficiarios (conf. Bidart Campos, G. J., "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", T. I "El Derecho Constitucional de la Libertad", Ediar, 1986, ps. 433 y ss.; autor cit., "La disminución de los haberes jubilatorios", E.D. T. 22, p. 182 y ss.; Vázquez Vialard, A., "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Edit. Astrea, 1981, T. II, p. 411 y ss.).

VIII.2. Tal concepto armoniza con una incontrovertida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual "...el contenido económico de los beneficios previsionales puede ser disminuido sin menoscabo de la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional, cuando median para ello razones de orden público o de beneficio general" (Fallos 170:12; 173:5; 179:394; 234:717; 235:783; 258:14; 266:279; 311:1213) "...siempre que la reducción no resulte confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada..." (Fallos 249:156; 266:279 y sus citas; 269:164, 174; 270:294 cons. 8°; 294:140), ni "...se traduzca en un desequilibrio de la razonable proporción que debe existir entre las situaciones de actividad y pasividad y que no se afecte el nivel de vida del beneficiario en forma confiscatoria o injustamente desproporcionada (Fallos 170:12; 179:394; 190;428; 192:260; 243:717; 235:738; 242:441; 249:156; 255:306; 258:14; 266:279; 270:294; 295:441; 303:1155; y sus citas, entre muchos otros) y "...no importe desconocer, suprimir o alterar los derechos acordados, sino sólo rebajar para el futuro el monto del haber..." ("Gay, Enriqueta I. v. Estado Nacional (Dir. Nac. del Servicio Penitenciario Federal)" y sus citas, fallo del 30.03.1993, J.A. 1993III, p. 473).

Con esa proyección el Máximo Intérprete de la Ley Fundamental ha declarado categóricamente que respecto de los montos de las prestaciones no existen derechos adquiridos (Fallos 170:12; 179:394; 234:717; 235:783; 258:14; 303:616 y 1155; 305:2119; 306:1074; 317:2037).

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido además que "...la modificación de Leyes por otras posteriores no da lugar, en principio, a cuestión constitucional alguna, pues nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de Leyes o reglamentos ni a la inalterabilidad de ellos (cfr. Fallos 310:2845; 311:1880, entre otros). Ello es así pues la genuina noción de derecho adquirido se endereza hacia el respeto de la situación creada por la Ley, no a que el haber que ella estipula siga siendo determinado por las mismas reglas vigentes al tiempo de concederse el beneficio (cfr. Fallos 311:1213)..." (C.S.J.N., "Echegaray, Marta de c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ pensión policial", fallo del 05.11.1996, E.D. de 04.12.1997).

IX. EL MONTO DEL HABER Y LA DOCTRINA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS:

IX.1. De inestimable valor para la correcta comprensión de la presente causa, es el dictamen del gran jurista Sebastián Soler como Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando en un precedente donde se discutía en torno a la reducción del monto del haber previsional, propiciaba la aplicación de una afianzada doctrina del Alto Cuerpo en el sentido que "...el monto de una jubilación o pensión no puede reputarse un bien definitivamente incorporado al patrimonio, sino que, por el carácter de orden público que tienen las Leyes sobre la materia, puede ser limitado para lo sucesivo, de acuerdo a las exigencias de una política regularizadora... (Fallos 179:394)...", decisorio en el cual el Alto Tribunal puso de relieve que "...Esta Corte Suprema ha debido reconocer la posibilidad de reducir o rebajar para el futuro jubilaciones acordadas en tanto la reducción no resulte confiscatoria, o arbitrariamente desproporcionada (Fallos 173:5). También ha resuelto que si ninguna Ley podría hacer caducar haberes jubilatorios ni siquiera herirlos sustancialmente por un nuevo régimen de arbitrariedad, puede limitarse en lo sucesivo de acuerdo a exigencias superiores de una política salvadora de su propia subsistencia o su desenvolvimiento regular (Fallos 179:394)..." (C.S.J.N., "Magliocca, José Benedicto...", 18.05.1956; Fallos 234:717).

Esta doctrina de la Corte Federal ha tenido un progresivo desarrollo especialmente a partir de un asaz elocuente precedente del quince de diciembre de mil novecientos treinta y tres donde señaló que "...es lógico que las llamadas clases pasivas carezcan de derecho para reclamar un tratamiento superior en sus retiros y beneficios al que aquellas que con su actividad dan vida real al Estado y al progreso de la Nación y a la efectividad de los principios, derechos y garantías en que reposa la sociedad argentina. Si llegan horas difíciles en que, como decía el Presidente Avellaneda, es necesario ahorrar sobre el hambre y sed de los habitantes de la Nación, no es concebible que solamente los jubilados, pensionados y retirados se encuentren al margen de esa obligación..." (C.S.J.N., "Elvira E. Condomí c/ la Caja de Acumulaciones, Subsidios y Pensiones de los Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires", Fallos 170:12).

IX.2. En relación a ello, y en ocasión de juzgar la validez constitucional de algunas reformas legislativas en cuyo mérito se redujeron las jubilaciones en un treinta por ciento, el Máximo Tribunal de la Nación declaró que "...cuando las finanzas de la institución (Caja de Jubilaciones) llegan a fallar por el transcurso de los años hasta hacerse imposible el cumplimiento regular de las obligaciones contraídas, ya porque los cálculos actuariales que le sirvieron de base resultaron errados, ya porque intervinieron otros factores de perturbación no previstos, una reforma general y reconstructiva impuesta por la necesidad de volver a poner las cosas en su quicio, equilibrando los egresos con los ingresos, que eche mano del recurso extremo de reducir los beneficios, actuales y futuros, dentro de una proporcionalidad justa y razonable, haciendo así efectivo el principio de solidaridad en que descansan estas instituciones, no puede ser objetada como arbitraria e inconstitucional. Lo justifica el interés público y lo impone la conservación misma del patrimonio común de los afiliados...". En esta causa la Corte señaló que "...si bien es verdad que el artículo 3 del Código Civil establece como principio general que las Leyes rigen para lo futuro, que no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos, esa disposición se refiere a aquellas Leyes, que contemplan los derechos y obligaciones que rigen las relaciones jurídicas de las personas en el derecho privado; el precepto legal citado no es aplicable en el sublite, puesto que se trata de la aplicación de Leyes de previsión social, que por sus fines, por los propósitos que las inspiran, por las obligaciones que traen aparejadas y por sus beneficios, reúnen todos los requisitos necesarios para clasificarlas como Leyes de orden público (artículo 5° del Código Civil; Fallos t. 173, p. 5)...".

Asimismo, el Alto Cuerpo puso énfasis en que "...una reforma general y reconstructiva de las finanzas de la Caja no puede reducirse a rebajar los emolumentos a acordar, dejando incólume los acordados ya, sin romper la equidad y armonía que debe existir en la distribución de los beneficios entre los afiliados a una misma Caja, además de que se restaría eficacia a la reforma. Tan acreedores al beneficio son los primeros afiliados como los que les sucedan, y si para salvar la solvencia de la Caja se rebajan los emolumentos de unos, debe imponerse igual o proporcional sacrificio a los otros...", añadiendo que los derechos que acuerdan las Leyes de jubilaciones y pensiones "...no podían, en consecuencia, llevar el sello de la inmutabilidad en cuanto a su extensión. Ninguna Ley podría hacerlos caducar, ni siquiera herirlos substancialmente por un nuevo régimen de arbitrariedad; pero sí puede para lo futuro limitarlos de acuerdo a las exigencias superiores de una política salvadora de su propia vida y de su regularización..." ("Tiburcio López y Otros v. Provincia de Tucumán", del 27.12.1937; Fallo: 179:394).

IX.3. Es que las dificultades económicas que se registran en la historia de nuestro país, se han visto reflejadas en el desenvolvimiento financiero de las entidades previsionales. De tal suerte que los diferentes esfuerzos legislativos y reglamentarios por sanear tales déficits, han suscitado innumerables litigios que la Máxima Instancia Jurisdiccional de la Nación ha debido resolver incluso en épocas más recientes. Dan cuenta de esta trascendente labor los diversos precedentes que registra la colección de Fallos.

Así, la Corte ha reiterado la vigencia de los conceptos antes transcriptos al pronunciarse en diversas causas previsionales suscitadas en el ámbito de las Provincias, oportunidad en la cual sostuvo enfáticamente que "...El artículo 17 de la Constitución Nacional no impide que los beneficios jubilatorios sean disminuidos por razones de orden público e interés general, ello siempre que la reducción no se traduzca en un desequilibrio de la razonable proporción que debe existir entre las situaciones de actividad y pasividad y que no se afecte el nivel de vida del beneficiario en forma confiscatoria o injustamente proporcionada..." (C.S.J.N., "Zárate, Jades y Otros c. Gobierno de la Provincia de La Pampa", fallo del 13.08.1981; "Steffens, Carlos A. c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de San Luis", fallo del 14.06.1984; "Padilla, Mariano S. c/ Caja de Previsión Social de la Provincia y Provincia de Salta", del 21.04.1992).

IX.4. El repaso efectuado precedentemente al derecho judicial elaborado por la Corte pone de manifiesto el rumbo lineal de sus diversas decisiones a través de las cuales ha admitido la validez constitucional de los dispositivos legales y reglamentarios que establecieron reducciones en el monto de los haberes previsionales, en tanto y en cuanto no se acrediten las condiciones en cuyo mérito tal disminución acusa una violencia a las garantías consagradas en los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, concordantes con los artículos 55, 57 y 67 de la Constitución Provincial. Las conclusiones que se derivan de tales precedentes jurisprudenciales, se proyectan como principios axiomáticos al momento de examinar las pretendidas transgresiones a los preceptos constitucionales que aquí se denuncian.

IX.5. En la doctrina, Bidart Campos efectúa una clara síntesis de los conceptos que emergen del derecho judicial que hemos analizado y explica que "...no hay que perder de vista que la jurisprudencia de la Corte, al validar las disminuciones en el monto originario de las jubilaciones, fue sentada por primera vez en una época muy distinta a la actual..." ("La disminución de los haberes jubilatorios", E.D. t. 22182). Cierto es que la posterior evolución de esa jurisprudencia condicionó la validez constitucional de las reducciones del contenido pecuniario de las prestaciones previsionales a la movilidad de los beneficios que consagró expresamente la reforma constitucional de mil novecientos cincuenta y siete al introducir el artículo 14 bis, que se complementa con el tantas veces mentado principio de proporcionalidad entre el haber de actividad y el de pasividad.

IX.6. Ahora bien, las tendencias actuales de los regímenes jubilatorios vigentes, procuran la fijación de un haber proporcional a las remuneraciones de los activos, con ajustes periódicos que guardan relación con los aumentos que experimentan tales remuneraciones, que son la base de cálculo del haber previsional. Sin embargo, a pesar que los diferentes regímenes previsionales vigentes salvaguardan "genéricamente" la movilidad por ajustes de los montos jubilatorios, ello "...no significa que siempre sean inconstitucionales un haber estacionario, o una eventual rebaja ... el principio jurisprudencial que admite la disminución no es rígido ni absoluto, sino que, al contrario, debe aplicarse con prudencia..." (autor citado., p. 182), adquiriendo un matiz singular cuando, como acontece en el sub lite, la reducción del contenido económico del beneficio previsional, en un marco de estabilidad del valor de la moneda, fue establecida por el legislador en un contexto de emergencia, en el que se incrementa la posibilidad de imponer restricciones "extraordinarias" al uso y goce de los derechos constitucionales, como consecuencia del ejercicio del poder reglamentario que la Constitución acuerda a los órganos de representación política. Tal es lo que acontece particularmente con el aporte extraordinario del cinco por ciento (5%) de carácter temporal.

X. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y LA TUTELA PREVISIONAL:

Los conceptos antes perfilados adquieren un matiz diferencial a partir de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro que incorpora con "jerarquía constitucional", como complemento de los derechos y garantías reconocidos en la primera parte de la Constitución Nacional, los derechos consagrados en los tratados internacionales enumerados en el artículo 75 inciso 22, entre los que se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 22, ya citado); la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" que en el artículo 26 referido a los "Derechos económicos, sociales y culturales" dispone que "Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales ... en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados"; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 2 refiere al compromiso de lo s Estados Partes de adoptar medidas "...hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos...", entre los que se encuentra el de la "seguridad social" (artículo 9).

XI. LA CONFISCATORIEDAD COMO LÍMITE SUSTANCIAL A LAS REDUCCIONES DEL HABER PREVISIONAL:

XI.1. Como se ha puesto de relieve en párrafos anteriores, en el sub examen, las probanzas incorporadas a la causa (dictámenes periciales de fs. 104 y 106) resultan insuficientes para acreditar que las reducciones de las que fueron objeto los haberes previsionales de las actoras, alcancen un nivel de confiscatoriedad en relación con la remuneración que habrían percibido sus cónyuges de encontrarse en actividad, como ya se pusiera de manifiesto en párrafos anteriores.

Tan es así por la necesaria proporcionalidad que media entre el haber previsional del pasivo y el sueldo del agente en actividad (artículo 57 Const. Provincial), lo que priva de consistencia a la impugnación que desvincula el haber de pasividad de dicha proporcionalidad, reduciendo la cuestión a un aspecto cuantitativo referido exclusivamente al haber percibido con anterioridad a los dispositivos cuestionados, siendo que la legislación de emergencia también abarcó entre sus disposiciones a los trabajadores en actividad del sector público provincial, estableciendo reducciones en el quantum de sus remuneraciones que son la base de cálculo del haber de pasividad (tal lo acontecido vgr. con el artículo 14 Ley 8482 t.o. Dec. 1056/95 que redujo el índice máximo a aplicar en concepto de bonificación o adicionales por antigüedad y los artículos 2 y 4 de la Ley 8576 que suprimió dicho suplemento al establecer que las Autoridades Superiores y Funcionarios de los tres Poderes del Estado percibirán como única y total retribución una asignación básica para el cargo y un único Adicional por Incompatibilidad Funcional y Dedicación Exclusiva).

Tal circunstancia determina la insuficiencia de la prueba incorporada a fin de acreditar los extremos a los que se halla condicionada la declaración de inconstitucionalidad de una norma.

En consecuencia, no configurándose en el caso la aducida confiscatoriedad como presupuesto de la declaración de inconstitucionalidad de la normativa cuestionada, con los caracteres que los fallos de la Corte Federal consideran inadmisibles, máxime cuando el "derecho adquirido" ampara al status de jubilado el cual no aparece afectado por los preceptos infraconstitucionales que se objetan, corresponde desestimar la demanda incoada.

XI.2. En las circunstancias de la economía provincial y frente al déficit financiero del sistema previsional local, no puede salvo prueba en contrario no producida en la causa reputarse que las reducciones en los haberes de los pasivos resulten confiscatorias o lesivas de los principios generales reconocidos en la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que tales reducciones representan la cuota de sacrificio solidario del sector pasivo frente a la crisis económica de la Provincia, siendo que el principio de solidaridad que nutre al concepto de "seguridad social", no sólo es la base del sistema previsional, sino antes bien, de la sociedad misma, cuyo bienestar es la finalidad última de la tarea legislativa.

XI.3. En el sub lite, la insuficiencia de prueba que acredite la medida del agravio posible, esto es la confiscatoriedad de las reducciones del quantum del beneficio acordado, por violación de la razonable proporcionalidad que debe mediar entre el haber de pasividad y el que habría percibido el cónyuge de cada accionante de continuar en la actividad, conlleva a la desestimación de la acción intentada, ello por cuanto la declaración de inconstitucionalidad que se persigue por esta vía ante la última instancia jurisdiccional de la Provincia, no puede tener un carácter consultivo, ya que la interesada debe sostener y demostrar a lo largo del proceso que la pretendida vulneración de la Constitución Provincial y Nacional, le ocasiona un gravamen concreto, cuya demostración no surge en autos.

XI.4. El interés jurídico concreto que debe necesariamente dar sólido cimiento a la pretensión tendiente a la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos atacados, es además insusceptible de ser invocado por el titular de un beneficio previsional, cuyo haber de pasividad se ve reducido por vía "refleja" a través del mecanismo de cálculo del haber que establece la Constitución Provincial y reglamenta la Ley de Jubilaciones, sobre la base de una relación de "proporcionalidad" entre el haber de actividad y el de pasividad.

Si el titular del derecho previsional ha consentido la determinación del beneficio que se estructura constitucional y reglamentariamente sobre la base del principio de proporcionalidad que media entre el haber de pasividad y la remuneración del agente en actividad, no puede luego pretender desvincular su beneficio de las variaciones que en los componentes integrativos de la remuneración del trabajador en actividad, han sido establecidas por el legislador provincial.

No entenderlo así, además de contradecir las consecuencias de un comportamiento anterior vinculante del propio interesado, significaría desconocer la finalidad sustitutiva de los haberes de pasividad respecto de los de la actividad.

XII. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. SUBORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN AL ORDEN JURÍDICO:

XII.1. En orden a los cuestionamientos relativos al Decreto 1777 del Poder Ejecutivo Provincial, una correcta dilucidación del sub examine nos conduce a incursionar a priori en las premisas liminares del ordenamiento jurídico, como condicionantes de su validez, concretamente, en el sustento de legalidad o esencia en el que se hallan coordinadas las normas fundantes, que rigen en definitiva todo caso administrativo y judicial.

El art. 174 de la Constitución de Córdoba impone como obligación de quien ejerce la función administrativa sujetarse al "orden jurídico", siguiendo la tendencia de las modernas Constituciones extranjeras (arts. 20 Ley Fundamental de Bonn, 97 Const. Italiana, 9.2 y 103.1 Const. Española, entre otras).

La importancia creciente que adquiere el concepto y alcance de "ordenamiento" ha dejado de dar prioridad sólo a la relación norma jurídicasituación fáctica, para comprender a la totalidad del sistema y sus principios inmanentes.

La revisión crítica del positivismo por obra de Bobbio ("Teoría de la norma jurídica", Turín, 1958, p. 101 y ss.) propone la metodología neoempirista y su aplicación a la praxis jurisprudencial; concibe la amplitud del orden jurídico, atribuyéndole funciones sancionatorias al igual que al precepto legal aislado. En definitiva, se le reconoce mayor efectividad y aplicación directa a la realidad.

Como es fácil advertir, no se trata sólo de un mero prurito formal, sino que en sentido material o sustantivo las consecuencias jurídicas son diferentes. La estrategia o metodología judicial no debe construir su silogismo lógico jurídico en base al precepto aislado de la norma específica sino de la amplia adecuación a la unicidad del orden jurídico.

XII.2. Es que el principio de legalidad comporta un axioma de derecho en virtud del cual la norma emitida por una jerarquía piramidal superior prevalece respecto de la norma inferior generada como consecuencia de la aplicación de aquélla (Linares, "Fundamento del Derecho Administrativo", p. 343 y ss.; Kelsen, "Teoría Pura del derecho", 2º Ed. alemana, p. 232 y ss.).

Es la Constitución quien establece y delimita la organización administrativa del Estado, los derechos y deberes fundamentales como los objetivos que se imponen para satisfacer los intereses de la comunidad. De allí devienen las reglas supremas que la organización administrativa debe respetar, como la unidad del ordenamiento jurídico, caracterizado por su relación internormativa jerárquica.

Esta preeminencia constitucional es formal y sustantiva por cuanto las normas que en su consecuencia se dictan no sólo deben respetar el procedimiento de emisión formal preceptuado por ella sino también los principios, contenidos, objetivos y limitaciones impuestos por la misma.

XII.3. La Constitución Argentina en sus arts. 1, 28 y 31 consagra su primacía jerárquica siguiendo el modelo americano. Idéntico criterio recepta la Constitución de Córdoba en el art. 161, en concordancia con el art. 174 referido supra. Téngase presente que la Constitución Norteamericana de 1787, establece en su art. 7, sección 2º, la supremacía de la misma, confiando a la Justicia el cometido de resguardar su validez superior con relación a las leyes que de ella deriven.

Son los jueces, entonces, quienes tienen la atribucióndeber de analizar la adecuación positiva o negativa de la norma aplicable a la luz de lo reglado por la Constitución. En caso de conflicto entre éllas ha menester seguir el criterio de Marshall ("Marbury c/ Madison") "escogiendo la subordinante y dejando de lado la subordinada".

La Convención Constituyente cordobesa de 1987 asegura la vigencia irrestricta de este principio cuando afirma que "...el acatamiento a la Constitución será signo revelador de legitimidad y, por el contrario, la inobservancia de éste indicará sin lugar a dudas ilegitimidad, sea en el origen, sea en el ejercicio que esta inobservancia se produzca" ("Diario de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente", T. I, p. 1220). Por eso Kaegi dice "que lo fundamentalmente nuevo del Estado constitucional frente a todo el mundo del autoritarismo, es la fuerza vinculante unilateral de la norma".

XIII. CONCURRENCIA DE LOS VALORES CONSTITUCIONALES:

El Tribunal Constitucional Español utiliza el método de interpretación de las normas jurídicas llamado "balancíntest" o teoría de valores por el cual no todos los derechos fundamentales son ilimitados sino que debe tenerse en cuenta la concurrencia de otros valores que el ordenamiento jurídico también protege (S.T.C. Sent. 81/83 del 10 de octubre).

En autos, el decreto impugnado introduce el principio de solidaridad a fin de racionalizar los medios que aseguren el eficaz cumplimiento del régimen previsional a cargo del Estado. La clave de la cuestión es, entre otros aspectos, determinar hasta qué límites este principio expresamente condensado en nuestra Constitución en materia previsional puede restringir otros de la misma jerarquía.

Es en el operador jurídico, y especialmente en el juez, en quien se confía la facultad mediante la interpretación constitucional sistemática de evitar que las normas supremas se bloqueen o neutralicen entre sí (Carnota, Walter, "La jerarquización de la propiedad privada según la Corte Suprema de los Estados Unidos", E.D. del 11 de Junio de 1996).

XIV. NORMAS CONSTITUCIONALES APLICABLES:

XIV.1. El art. 57 de la Constitución Provincial "...asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad...", y mediante el art. 55 el "Estado Provincial establece y garantiza, en el ámbito de su competencia, el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad social que proteja a todas las personas de las contingencias sociales, en base a los principios de solidaridad contributiva, equidad distributiva, accesibilidad, integralidad e irrenunciabilidad de beneficios y prestaciones".

El art. 14 bis de la C.N. garantiza el otorgamiento de beneficios de la seguridad social que tendrán el carácter de integral e irrenunciable, y de jubilaciones y pensiones móviles.

Ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires que "La materia previsional, que forma parte de los derechos y garantías enunciados en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, rebasa los cuadros de la justicia conmutativa que regula, sobre la base de una igualdad estricta y aritmética, las prestaciones interindividuales, para insertarse en el marco de la llamada justicia social, cuya primera y fundamental exigencia radica en la obligación de quienes forman parte de una determinada comunidad, de contribuir al mantenimiento y estabilidad del bien común propio de élla." (S.C.B.A. B. 51726 Sent. del 040691, "Salas, Pedro José Samuel c/ Caja Seg. Soc. Odontólogos Pcia. de Bs. As. s/ Demanda contencioso administrativa , A. y S. T. 1991II, pág. 83).

XIV.2. En estas condiciones la justicia conmutativa implica según Santo Tomás ("Suma Teológica", IIII, 58, 1) "...igualar cosa a cosa, de suerte que cuanto éste tenga de más en lo que le corresponde, otro tanto debe restituir aquél en lo que le pertenece. Y de ese modo se realiza la igualdad según la medida aritmética...". La justicia distributiva, a diferencia de la anterior, presupone que el acto justo se configura con la parte del bien común que como carga o beneficio le corresponde a cada individuo que forma parte de la sociedad. "...No se determina el justo medio según la igualdad de cosa a cosa, sino según la proporción de las cosas a las personas". Con palabras de Welty (E. "Catecismo social", Herder, Barcelona, 1962, p. 244) "...la justicia distributiva es aquella especie de justicia que obliga a repartir los bienes y las cargas proporcionalmente entre los miembros de la comunidad". Como dice Barra (Rodolfo C., "Principios de derecho administrativo", Abaco, Bs As., p. 46 y ss.) se trata de una relación jurídica basada en la desigualdad, ya que es desigual el interés que cada parte pone en juego. El interés público es de superior jerarquía que el interés privado, siendo incluso desiguales los sujetos intervinientes en la relación.

XIV.3. En la Convención Constituyente de Córdoba se subrayó que "La previsión social, al asegurar contra los riesgos de la vida al individuo, lo educa para la ciudadanía y lo conforma para la humanidad. La solidaridad, que es el fundamento de la previsión, importa la unión y ayuda mutua de todos los individuos de un grupo social primero y de todos los grupos sociales después" ("Diario de Sesiones H. Convención Constituyente de 1987", T. II, p. 1949), y este principio constitucional de solidaridad se viabiliza en la normativa previsional, cuando impone al grupo activo de afiliados el sostener con su aporte al colectivo en pasividad. Si la solidaridad se institucionaliza entre pluralidades diversas, con mayor razón debe operar respecto de situaciones afines, para que el sistema pueda prosperar bajo la filosofía que marca en tal sentido la propia Constitución.

La justicia distributiva es inherente al derecho público y comporta un principio constitucional expresamente condensado para el ámbito previsional cuando el art. 55 de la Constitución de Córdoba garantiza la "solidaridad contributiva" y la "equidad distributiva". De tal manera, cuando el Estado cumple su función realizando el bien común mediante la prestación de un beneficio previsional debe ser valorado según la regla proporcional o comparativa de la equidad distributiva.

Si el art. 55 de la Constitución Provincial, le impone al Estado Provincial el deber de establecer y garantizar, en el ámbito de su competencia, el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad social, resulta perfectamente lícito que bajo ese marco, el Estado cumplimente su deber acudiendo a la potestad legislativa y reglamentaria, en su caso, para corregir los factores económicosfinancieros que le permitan sostener el sistema previsional.

A partir de mediados de mil novecientos noventa y cinco, frente a la crisis del sistema previsional de la Provincia, el gobierno ha entendido materializar los principios aludidos mediante innovaciones normativas que no se agotan en el Decreto 1777/95, sino que también se complementan con otras disposiciones legales emanadas del Estado Provincial, que acuden a fortalecer el sistema, tales como el aumento de contribuciones a cargo de los afiliados activos y la elevación de las edades jubilatorias, instrumentada por las leyes 8526 y 8489, respectivamente.

Los principios constitucionales enunciados, junto a los demás que regulan la materia previsional incluidos los que hacen al interés personal de las accionantes no son compartimientos estancos, sino que, al contrario, cada uno de ellos cobra el valor en función de los demás, y en tanto sirvan a promover los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna el Estado social y democrático de Derecho.

XV. DOCUMENTOS INTERNACIONALES RELEVANTES:

XV.1. La concepción de los derechos fundamentales que aseguran el libre desenvolvimiento de los ciudadanos como personas singulares y solidarias, se ha convertido hoy en un dogma universal. Documentos internacionales relevantes como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, la Convención Europea de Derechos del Hombre de 1950, la Declaración VII del Acta final de Helsinki de 1975, junto con las de carácter religioso, como las Encíclicas de la Iglesia Católica: la Pacem in terris de 1963, la Redemptor Hominis de 1979, entre otras, proclaman esta concepción como la verdadera ética universal de nuestro tiempo. De allí que los principios axiológicos de nuestra Constitución comportan los instrumentos técnicos específicos al servicio de los valores éticos preeminentes.

Las recientes reformas constitucionales, provincial y nacional, han incorporado con jerarquía constitucional, en el carácter de complementarios de los derechos y garantías previstos, los consagrados en determinados tratados internacionales (Así lo ha recordado la Corte Suprema Nacional en la causa G. 423. XXVII, "Gabrielli, Mario Carlos c/ Estado Nacional s/ contencioso administrativo", Sent. del 5 de julio de 1996, en el marco de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la C.N.).

Todo ello conforma el "bloque de constitucionalidad" que debe ser resguardado por los ordenamientos jurídicos de derecho público local.

XV.2. Con relación a las cuestiones previsionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social,...habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado" (art. 22). A su vez, la Convención Americana sobre derechos humanos Pacto de San José de Costa Rica afirma que "los Estados partes se comprometen a adoptar providencias...para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación...en la medida de los recursos disponibles" (art. 26).

Como derivación de ello la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: "Tales referencias que vinculan los beneficios sociales a las concretas posibilidades de cada Estado resultan idóneas para interpretar el alcance de la movilidad aludida en el art. 14 bis de la C.N. toda vez que ésta debe ser analizada como un conjunto armónico, dentro del cual cada una de las disposiciones ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de las demás. De allí se desprende que la atención a los recursos "disponibles" del sistema pueda constituir una directriz adecuada a los fines de determinar el contenido económico de la movilidad jubilatoria, en el momento de juzgar sobre el reajuste de las prestaciones o de su satisfacción..." ("Chocobar Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajustes por movilidad" S.C. 278, L. XXVIII.).

XVI. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN APLICABLES:

La Corte Suprema Nacional en la causa "Avico c/ Pesa" (7 de diciembre de 1934, Fallos 172:29) afirmó que muchos jueces habían sabido no solamente aplicar la ley cuando era oscura, sino completarla cuando era deficiente, suplirla cuando les parecía muda, y adaptar el texto, literal y humanamente, a las realidades y exigencias de la vida moderna, sin rezagarse a buscar obstinadamente cuál había sido, hace cien años, el pensamiento de los autores del Código al redactar tal o cual artículo. También se dijo que la interpretación de las leyes por la doctrina y la jurisprudencia, no pueden permanecer fuera de las corrientes profundas de la vida social. No hay un jurista moderno que no se preocupe de poner su interpretación en armonía con las necesidades actuales y con las ideas ambientes o circundantes. Allí se dijo que el mismo concepto era sostenido por Ihering cuando afirmaba que "no son los hechos los que deben seguir al derecho, sino que es el derecho el que debe seguir a los hechos".

Este mismo criterio es receptado por la Corte en el caso "Kot" (5 de setiembre de 1958, Fallos 241:291) al sustentar que las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por su naturaleza, tiene una visión de futuro, está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción.

XVII. MOVILIDAD. PROPORCIONALIDAD. IRREDUCTIBILIDAD:

XVII.1. El análisis acerca de la viabilidad de la pretensión recursiva impone como presupuesto necesario la interpretación del sistema jubilatorio vigente respecto del "quantum" de la prestación y el "porcentaje de movilidad" pertinente.

Los principios constitucionales referidos que encuentran su tutela primigenia en el art. 14 bis de la C.N. reconocen a los beneficiarios un nivel de vida similar, dentro de una proporcionalidad justa y razonable, a las que le otorgaba, a él y a su núcleo familiar, las remuneraciones percibidas en la actividad. Se trata de una técnica o mecanismo que garantiza la adecuada relación del haber con el nivel de ingresos de los agentes en actividad.

Es jurisprudencia reiterada y actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación con el cambio de legislación respecto de la movilidad de las prestaciones previsionales que "los agravios constitucionales que se invocaban no podían acogerse en la medida en que dicho régimen constituía, en principio, una reglamentación razonable de la garantía consagrada por el art. 14 bis de la C.N. (Fallos 297:146; 300:195), pues esta cláusula no especifica el procedimiento a seguir para el logro del objetivo propuesto en cuanto a la evolución del haber, dejando librado el punto al criterio legislativo" (Fallos 269:174; 293:551; 295:674 y 694; 300:194; 303:1155; 307:2366 y "Chocobar" de diciembre de 1996).

XVII.2. En el debate parlamentario de la Convención Constituyente que incorporó el art. 14 bis a la Constitución Nacional de 1953, el convencional Arigós afirmaba "que la reforma propuesta estaba destinada a incorporar una gran institución a las jubilaciones y pensiones a fin de que ellas sigan el ritmo del costo de la vida, para que los jubilados y pensionados no pasen las necesidades que actualmente atraviesan como consecuencia de que, a raíz de la desvalorización de la moneda, al poco tiempo de haberse acogido al retiro, su jubilación no les alcanza para vivir y se ven obligados a competir con el trabajador activo" (Sesión del 24 de octubre de 1957, 24ª reunión, "Diario de Sesiones", T. II, p. 1481).

Consecuentemente, "El derecho a la prestación jubilatoria móvil, adquirido conforme a la categoría jerárquica alcanzada en actividad y en base a la cual se otorgó un beneficio jubilatorio, queda ligado a las variaciones que experimente la remuneración del cargo otrora desempeñado, desde que la garantía de movilidad debe traducirse en una razonable proporcionalidad entre la situación del jubilado y la que resultaría de continuar en actividad" (S.C.B.A. B.53621 Sent. del 151194 "Sorrarain, Susana c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa", A. y S. T. 1994IV, pág. 303).

XVII.3. También ha reafirmado la jurisprudencia que "el contenido de esa garantía no se aviene con disposiciones que establecen la inmovilidad absoluta de los beneficios por un término incierto (Fallos 293:551; 295:674; 297:146), ni con aquellas en que el mecanismo de movilidad se traduzca en un desequilibrio de la razonable proporcionalidad que debe existir entre la situación del trabajador activo y el jubilado, en grado tal que pudiera calificarse de confiscatoria o de injusta desproporción con la consecuente afectación de la naturaleza sustitutiva de la prestación" (Fallos 300:616; 304:180; 305:611).

Recientemente en el caso "Chocobar" ha manifestado la Corte Nacional que el mentado principio "no puede prescindir de las concretas posibilidades financieras del sistema. Lo contrario significaría la quiebra de éste que en función del principio de solidaridad que informa al régimen previsional se nutre de los aportes de quienes se encuentran en actividad en beneficio de los pasivos e, indirectamente, de los propios activos para cuando en su momento cesen de revistar en esta situación. De allí que la movilidad tenga relación directa con los aportes que determinan directamente la disposición de fondos para ser destinados a los incrementos previsionales. 9º) Que en tal sentido cabe recordar que en el precedente de Fallos 179:394 esta Corte desarrolló conceptos que resultan esenciales para dilucidar la cuestión. En efecto, el Tribunal sostuvo que cuando las finanzas de la institución llegan a fallar por el transcurso de los años hasta hacerse imposible el cumplimiento regular de las obligaciones contraídas, ya porque los cálculos actuariales que le sirvieron de base resultan errados, ya porque intervinieron otros factores de perturbación no previstos, una reforma general y reconstructiva impues ta por la necesidad de volver a poner las cosas en su quicio, equilibrando los egresos con los ingresos, que eche mano del recurso extremo de reducir los beneficios actuales y futuros, dentro de una proporcionalidad justa y razonable, haciendo así efectivo el principio de solidaridad en que descansan estas instituciones, no puede ser objetada como arbitraria e inconstitucional. Lo justifica el interés público y lo impone la conservación misma del patrimonio común de los afiliados".

XVIII. PODERES REGLAMENTARIOS. CÁLCULO DEL 82 % MÓVIL:

XVIII.1. La ley enuncia los principios básicos que fijan las grandes líneas directivas, dejando a la Administración que por medio de un reglamento precise todo el casuismo de desarrollo que puede exigir la compleja función administrativa. Dos razones concurren a explicar este procedimiento: por un lado los tecnicismos de la actuación administrativa no son generalmente conocidos por el órgano legislativo; y por otra parte el casuismo reglamentario que puede ser objeto de adaptaciones constantes. De ese modo se dota al conjunto de una mayor flexibilidad.

Como es sabido, los reglamentos deben observar una serie de límites, materiales y formales, de cuyo respeto depende su validez. Estos límites no se reducen a la ley, sino que deben acatar esencialmente la Constitución y otras exigencias derivadas del carácter subalterno de la potestad reglamentaria.

Los reglamentos antijurídicos por infringir la ley o la Constitución constituyen un fenómeno sumamente grave de la vida jurídica, pues afectan la integridad de las normas superiores y le restan operatividad en la praxis. Se perturba en definitiva el sistema normativo en vigor y con ello la certeza del derecho que es un valor sustancial y primario de la vida jurídica.

Como ha declarado la Corte Suprema de la Nación, las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo habilitan a éste, en los casos en que los lineamientos genéricos aparecen en la ley, para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones cuando, aunque no hayan sido contempladas por el legislador de manera expresa, se ajusten al espíritu de la norma reglamentada o sirvan razonablemente a la finalidad esencial que ella persigue (Fallos 148:430; 200:194; 220:136; 298:609). También es un principio de hermenéutica señalado insistentemente por el Alto Tribunal "que la inteligencia de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan y a ese objeto la labor del intérprete debe asegurarse a un examen atento y profundo de sus términos, que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar la frustración de los objetivos de la norma (Fallos 308:2246; 310:572 y 1390; 311:2751; 312:1484).

XVIII.2. El decreto 1777/95 con vigencia a partir del nueve de enero de mil novecientos noventa y seis, fundado en la necesidad de solucionar aspectos que inciden en el déficit estructural de la Caja de Jubilaciones y que ponen en peligro la existencia misma del régimen previsional provincial, ha completado y modificado algunos aspectos de la anterior reglamentación (Dec. Nº 382/92) en ejercicio de la atribución conferida por el art. 144 inc. 2 de la Constitución Provincial.

El considerando sexto encuadra adecuadamente la cuestión enfatizando: "Que por vía reglamentaria se interpretaron en un sentido extensivo algunas normas a las que es necesario adecuar al texto de la Ley y la Constitución de la Provincia".

El Decreto 1777/95 efectúa una interpretación acorde tanto a la ley como a la Constitución. Su juridicidad y razonabilidad es evidente en tanto se subordina a la letra del art. 50 inc. "a" de la Ley 8024 como de los arts. 55 y 57 de la Carta Magna local.

En efecto, ajusta la determinación de las prestaciones a partir de una correcta y razonable interpretación de lo que debe considerarse como remuneración sujeta a la aplicación de los porcentajes jubilatorios, en base a lo "efectivamente" percibido por los trabajadores en actividad, esto es su sueldo líquido o disponible. A partir de allí se aplican los porcentajes jubilatorios cuyo marco referencial designa la ley previsional. Esta establece la regla al tomar en consideración el sueldo previsto presupuestariamente a los efectos de garantizar tanto la movilidad como la proporcionalidad, que de otra manera podrían quedar desvirtuados. Es la reglamentación la que debe precisar el concepto a fin de proyectarlo a la realidad en el marco de las normas superiores y los principios axiológicos del ordenamiento.

El ochenta y dos por ciento (82 %) móvil que la ley garantiza para las jubilaciones encuentra su verdadero sentido si se lo determina en base a la remuneración líquida del activo. Lo contrario, implica la inconstitucionalidad intrínseca del sistema.

Cuando el art. 50 inc. a) de la Ley 8024 alude a "la remuneración mensual del cargo que desempeñaba el afiliado a la fecha de cesar en el servicio", debe entenderse referido al importe neto de esa remuneración, previa deducción de los aportes que merman significativamente la asignación presupuestada.

Así se infiere del art. 8 de la misma ley, cuando define qué debe entenderse por remuneración del trabajador activo, diciendo que es "todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie" y es obvio que los descuentos previsionales no son "percibidos", por el afiliado sino directamente acreditados en favor del ente previsional. El decreto 1777/95 se ha limitado a precisar el concepto, reformando a tal fin el art. 50 del decreto reglamentario.

Adviértase que el sistema procura asegurar al trabajador en retiro un standard de vida similar al que gozó cuando se encontraba en actividad, y ese standard de vida está dado por la suma efectivamente disponible, no por la nominal presupuestada para el cargo.

El sistema de cálculo hoy derogado posibilitaba un desenlace que la jurisprudencia ha calificado de "absurdo", como es la asignación al jubilado de una suma al menos igual y muchas veces mayor a la de ese mismo trabajador en actividad (véase jurisprudencia que reseñaremos en punto VIII). El haber mensual líquido del activo y del pasivo serán iguales frente a un aporte del 18 % y un haber del 82 %, y éste resultará mayor que aquél en caso de aumento de los aportes (tolerados por el art. 7 de la Ley 8024) o asignación de un haber jubilatorio superior al 82 % (así ocurre en los supuestos previstos en los arts. 51 y 102 de la Ley 8024 y respecto de diversos beneficios otorgados bajo regímenes anteriores).

XVIII.3. La indebida proyección de la anterior reglamentación tácita o práctica administrativa implica plasmar en los hechos una modificación del texto constitucional. En lugar de asegurar al "jubilado" un haber constituido por un "porcentaje" actualizado del sueldo del "personal activo" posibilita una solución inversa, esto es, que el "activo" perciba sólo un "porcentaje" o una parte del haber de pasividad que cobra el "jubilado". En estas condiciones se invierten los extremos de la relación de porcentualidad.

Debe quedar claro, entonces, que la Constitución no asegura a los jubilados un haber previsional mayor, ni igual a la del personal en actividad, sino que, por el contrario, sólo una proporción o parte de aquél. Lo mismo asegura la ley al imponer que la parte se fije en el ochenta y dos por ciento móvil.

La única manera de respetar ese porcentaje es mediante la modificación de la reglamentación tácita o práctica administrativa existente que desnaturalizó en la praxis los preceptos mencionados.

Como dice López Guerra ("Introducción al Derecho Constitucional", Valencia, Tiran Lo Billanch libros, 1994, p. 53 y ss.) "La supremacía constitucional se manifiesta por un lado, en la determinación formal de cómo deben crearse y funcionar los poderes públicos, que deberán atenerse en sus procedimientos y actuación a los mandatos constitucionales... Pero además la Supremacía Constitucional es una supremacía material: los poderes públicos no podrán actuar contra los principios y valores establecidos por la Constitución. Esta, pues, se configura, a la vez como norma habilitadora de la actividad de los poderes públicos y como límite a su actuación. La importancia práctica de esta supremacía se traduce en la posibilidad de declarar inconstitucionales y nulas las disposiciones y actos que contradigan la regulación constitucional: posibilidad que resulta de la existencia de una jurisdicción constitucional. Si un poder político actúa fuera de los límites fijados por la Constitución, su consideración no puede considerarse legítima pues carecerá de base o justificación en derecho".

El sistema normativo secundario no puede contradecir el derecho constitucional primario con arreglo al art. 28 de la Const. Nac. cuando proclama que "los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las Leyes que reglamentan su ejercicio", ni por las demás normas reglamentarias o prácticas administrativas.

XVIII.4. En el sub lite, el art. 116 de la Ley 8024 establece que los magistrados tendrán en pasividad las mismas "obligaciones" que corresponden a los que están en actividad. Son los sueldos de los afiliados activos los que proveen los fondos para el pago de las prestaciones. La realidad pone en evidencia que los descuentos merman los sueldos que, en consecuencia de la proporcionalidad debida, deben trasladarse a los beneficios previsionales. La bonificación por antigüedad sigue la misma suerte, cuando ella integra el salario.

XVIII.5. Téngase presente que la Corte Suprema de Justicia en la causa "Barreiro, Eduardo Casimiro" (Fallos 265:256) estableció por primera vez el principio de la "relación necesaria" entre la jubilación y los haberes en actividad. Más tarde, siguiendo este principio se habla de "necesaria proporcionalidad" entre los haberes (Fallos 279:389, cons. 8º), asignándole al de pasividad naturaleza sustitutiva y agregándose que el "conveniente nivel" se alcanza con una situación patrimonial proporcionada. Es decir que la máxima aspiración es arribar a una "necesaria relación" o "proporcionalidad" con el haber de actividad, pero en modo alguno se habla de igualdad, menos aún de superioridad, cualquiera fuera la metodología empleada.

Todo ello encuentra concordancia con los postulados que consagra la Constitución Provincial en su art. 57 cuando proclama que "El Estado asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad".

"Proporción", significa disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo, o entre cosas relacionadas entre sí. Mientras que "proporcionalidad" significa conformidad o proporción de unas partes con el todo o de cosas relacionadas entre sí ("Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española Edición XXI, T. II, p. 16781679).

La irreductibilidad implica en el referido contexto que no puede alterarse el derecho del jubilado a percibir una "parte" o "proporción" del haber del activo.

Tales conceptos son explicitados por la doctrina, al poner de manifiesto que "...la seguridad social trata de compensar la falta de ingresos o el exceso de gastos que traen aparejadas las contingencias sociales, pero relativamente, en el sentido de que, salvo excepciones, sus beneficios no cubren la totalidad de los gastos realizados o de los ingresos dejados de percibir. El ejemplo más evidente y conocido ...es el de las jubilaciones y pensiones, cuyos haberes se determinan sobre la base de porcentajes de las mejores remuneraciones, pero nunca llegan a cubrir el monto equivalente al último sueldo percibido. Este principio ha sido expuesto por el profesor español Sagardoy Bengoechea, pero su correcta interpretación debe formularse teniendo presente que los beneficios deben cubrir el mínimo vital para la subsistencia, pues si no fuese así se desvirtuaría la esencia y el objeto de la seguridad social" (Hünicken, Javier "Manual de derecho de la seguridad social", p. 32, Edit. Astrea, Bs. As. 1989).

El texto del Decreto 1777/95 concuerda plenamente con el art. 57 de la Constitución Provincial. En efecto, la determinación del haber jubilatorio es fijada en una "parte" del todo, considerando como "totalidad" lo que realmente dispone como remuneración quien presta servicios en "actividad", esto es, con la reducción del aporte personal. Este tributo se destina al sistema previsional para que a su vez cumpla con su enaltecedora finalidad distributiva.

La movilidad, proporcionalidad y el carácter sustitutivo postulan en definitiva que se otorgue al jubilado un nivel acorde con el que disfrutaba en los últimos años de su relación laboral, pero no superior.

La máxima aspiración de los sistemas previsionales es que la actualización de los haberes se realice de modo tal que le permita mantener el nivel de vida alcanzado durante su actividad laboral dentro de una razonable proporcionalidad.

XVIII.6. La Ley 8024 y aún la reglamentación impugnada, Decreto 1777, no sólo garantizan este anhelo sino que aún van más allá. En efecto, postulan que el jubilado mantenga el mejor nivel de vida que tuvo en sus últimos años cuando sus salarios eran los más altos.

La nueva jurisprudencia de la Corte Suprema, ratificando anteriores precedentes, sujeta el mencionado principio a las cuestiones financieras tal como lo permiten hoy los Tratados internacionales ratificados por nuestro País. "Esta Corte enfatizó que las sentencias que decidieran cuestiones concernientes a la movilidad de los haberes, debían tratar de que la actualización de los haberes se realice de modo tal que le permita mantener el nivel de vida alcanzado durante su actividad laboral, sin perjuicio del análisis que, en orden a pautas concretas y demostradas, se efectúe respecto al estado financiero de los entes previsionales" (Fallos 305: 2083 y 312: 1706).

Es decir que el sistema previsional de Córdoba sigue manteniendo el ochenta y dos por ciento móvil del mejor sueldo del activo, el que representa comparativamente un alto porcentaje pese a las dificultades financieras que acusa el sistema local.

De este modo se asegura en el ámbito de nuestra Provincia una tutela previsional más amplia y efectiva que la que reconoce la propia Corte Federal con sustento en la normativa Nacional.

XVIII.7. Si bien el Decreto 1777 pone en evidencia dificultades financieras del sistema previsional local, sin embargo las soluciones aplicadas en el sub examine se ajustan a los pos5tulados constitucionales. Viene en definitiva a corregir una deficiente interpretación del texto constitucional dejando sin efecto la reglamentación tácita desviada que "otorgaba operativamente un derecho subjetivo en base a una irregular interpretación del sistema normativo superior".

Expresa en este sentido Sagüés Néstor ("La fuerza normativa de la Constitución y Actividad Jurisdiccional, E.D., N° 9.1222, 91196) que "...no solamente las normas subconstitucionales serían contrarias a derecho; también la constitución regula los hechos, actos y omisiones, tanto de autoridades como de particulares, y por ende, de oponerse ellos a la Constitución, padecerían del mismo vicio de inconstitucionalidad, invalidez y nulidad...".

El incorrecto plus acordado, sólo pudo tener cobertura jurídica en la medida en que se lo enmarque en una "liberalidad o gracia" que pudo haber otorgado el Poder Ejecutivo valorando la oportunidad, mérito y conveniencia en un momento circunstancial determinado. Atento su naturaleza precaria y esencialmente revocable, es insusceptible de generar por sí derechos adquiridos, salvo en lo que respecta a los montos ya percibidos e incorporados al patrimonio.

Empero, ajustarlos para el futuro como lo hizo el Decreto 1777, constituye un obrar que condice plenamente con el orden jurídico vigente. Esta normativa provincial tiene un doble objetivo, entonces: a) corregir una disfunción, aplicada de un modo operativo generoso al dejar sin efecto una reglamentación tácita que inconstitucionalmente le creaba un falaz derecho subjetivo al plus que supera el real 82% móvil del sueldo "líquido" del activo; y b) dejar sin efecto "la liberalidad o gracia" por motivos de mérito que se inordinan en las razones financieras expresadas en los considerandos, a partir de la emisión de la nueva reglamentación.

El Decreto atacado no irroga agravio constitucional pues no existe un derecho adquirido al mantenimiento de reglamentaciones tácitas u operativas que no constituyen derivación razonada de la ley con arreglo a la Constitución ("Barbero c/ Pcia.", Sent. Nro. 34/94, Cámara Contenciosoadministrativa de Primera Nominación, Prov. Cba.). Volveremos sobre el tema en el punto 22.

XVIII.8. Ha señalado con razón la Corte Nacional que "corresponde declarar la inconstitucionalidad de normas que aunque no ostensiblemente incorrectas en su inicio devienen indefendibles desde el punto de vista constitucional, pues el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la C.N." (causa V.262.XXIV "Vega, Humberto Atilio C/ Consorcio de Propietarios del Edificio Loma Verde y otro s/ ley 9688"). Ello concuerda con la jurisprudencia citada en el punto VII.

Montesquieu afirmó que las normas inútiles son como la maleza dañina: roban su fuerza a las necesarias. Las normas parciales, erradas o injustas, embotan la sensibilidad jurídica del pueblo, siembran la confusión. También dijo que es menester que haya en las normas cierto candor, cierto brillo de inocencia, cierta nobleza de metal puro, sin aleaciones sospechosas. El destinatario que las recibe debe saberlas abonadas por razones dignas y dirigidas al logro de fines estimables (Risolía, Marco, "Grandeza y desprestigio de la ley", Abeledo Perrot, Bs. As., 1961, p. 24 y 25).

En definitiva, los principios establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internaciones aludidos y la Constitución Provincial se encuentran asegurados en el decreto atacado, que sigue garantizando prestaciones móviles, proporcionales, sustitutivas e integrales, sin que haya producido deducción del ochenta y dos por ciento (82 %) establecido por la ley, sino que adecua su aplicación a su justa medida.

XIX. DERECHO ADQUIRIDO AL AMPARO DE UNA NORMA ANTERIOR OBJETABLE EN SU CONSTITUCIONALIDAD:

XIX.1. Si bien es cierto que como principio general "El derecho al beneficio jubilatorio, una vez adquirido no puede ser arbitrariamente perdido, lo que presupone su concesión bajo un régimen de legalidad inobjetable" (C.S.J.N., fallo del 19111991, "G.261, Gaggiamo, Héctor José Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción", Trib. de origen: C.S.J. de Santa Fe), sin embargo, puede ser suprimido o corregido cuando, precisamente, su "legalidad es objetable".

Esto último ocurre cuando su otorgamiento como "derecho subjetivo" significa violentar preceptos legales y/o constitucionales vigentes. Con mayor razón cuando, con motivo de la aplicación estricta del orden jurídico superior, surge no sólo la antijuridicidad sino el resultado "absurdo" que presupone la aplicación de la normativa anterior. Ello se agiganta cuando el contexto social y económico es diferente.

Debe tenerse presente que las relaciones jurídicas provenientes de leyes jubilatorias no son contractuales ni privadas, sino de derecho público y de manifiesto carácter asistencial (C.S.J.N. Fallos 242:141), razón por la cual es inaplicable en la especie el art. 17 de la C.N. con el alcance que pretende darle la accionante. La naturaleza y finalidad de ambas relaciones impiden cualquier tipo de asimilación.

Es jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional que cuando en el ámbito de las prestaciones previsionales se advierte "un resultado que se aparta notoriamente de la realidad que se debía ponderar, pues el monto obtenido del haber con el porcentaje con el cual se había jubilado el titular excedía, en determinados períodos, al total de la remuneración que habría percibido el beneficiario de haber continuado en actividad", debía dejarse de lado la aplicación de todo método absurdo que conduzca a tales resultados (causas V.30 XXII "Villanustre, Raúl Félix"; M.373.XXVI "Melo, Damián Nicolás" y L.3 y L.85.XXI "Llanos, Carmen", de fechas 17 de diciembre de 1991, 25 de febrero de 1992 y 3 de marzo de 1992, respectivamente).

Categóricamente la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que "El principio de proporcionalidad tiende a que el beneficiario conserve una situación patrimonial equivalente a la que le correspondería de haber seguido prestando servicios, lo cual no se cumpliría en la especie, de accederse al reajuste pretendido, pues llevaría al absurdo de una prestación jubilatoria superior a la que le hubiere correspondido en actividad, o bien, respecto de los agentes que ocupan el mismo cargo en la actualidad" (S.C.B.A. B. 53687 Sent. del 240893 "Escoriza, Luis Alberto c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa").

XIX.2. Aún suponiendo que la práctica liquidatoria del haber jubilatorio anterior a la sanción del Decreto 1777/95 no estuviese ostensiblemente reñida con los principios legales y constitucionales aplicables, cabe admitir al menos que tal modalidad (cálculo del 82 % sobre la remuneración bruta del trabajador activo) responde a un criterio tan válido como el contenido en el decreto citado (cálculo sobre lo efectivamente percibido) habiendo quedado la modalidad del cálculo sujeta a la norma reglamentaria, desde que ninguno de los dos sistemas estarían en contradicción con la ley a reglamentar.

Así las cosas, el Decreto 1777/95 tendría el carácter de una norma, dictada por la autoridad con competencia para hacerlo, que dispone una reducción de los haberes jubilatorios otorgados y a otorgarse. Al respecto ha señalado Bidart Campos que "es bastante antigua la jurisprudencia de la Corte Suprema, que consideró constitucionalmente válida una reducción en el monto de los beneficios previsionales mientras no fuera confiscatoria. Tal criterio obedece a la distinción de dos aspectos en el derecho jubilatorio: a) el status de jubilado, y b) el goce o disfrute de la prestación. El primero queda consolidado y adquirido con el acto otorgante del beneficio, y se resguarda en la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad. No puede perderse ni suprimirse, a menos que la propia ley aplicada al otorgamiento del beneficio prevea la causal de extinción o caducidad. El segundo aspecto, que compone el contenido económico del beneficio y se traduce normalmente en cobro periódico de sus cuotas, no es intangible: el monto fijado puede variar, y la alteración puede ser en menos, siempre que concurra causa razonable y suficiente, y que la rebaja no sea confiscatoria.". Más adelante agrega: "En este punto el principio jurisprudencial que admite la disminución readquiere su aplicación con mayor margen de posibilidad cuando median como dice la Corte razones de orden público o de beneficio general. Como el haber no es inmutable, ni existe derecho adquirido a u na suma determinada, la privación ocasional de un aumento, o la merma en el monto ya ajustado, no hieren el derecho constitucional de propiedad, cuando: a) hay base legal suficiente; b) hay causa justa y razonable; c) no se incurre en confiscación" ("La disminución de los haberes jubilatorios", E.D. t. 22, p. 182 y ss.).

En este sentido el Máximo Tribunal de la Nación ha manifestado que en lo que atañe a la afectación de los derechos adquiridos "esta Corte ha sabido reconocer que si bien ninguna ley podría hacer caducar beneficios jubilatorios concedidos, el alcance de dicha protección no alcanza en igual grado a la cuantía de los haberes, pues éstos pueden limitarse en lo sucesivo de acuerdo con exigencias superiores de una política salvadora de su propia subsistencia, de su desenvolvimiento regular o por razones de interés colectivo que hacen al bienestar general, siempre que no resulten sustancial y arbitrariamente alterados (Fallos 278:232 y citas)".

Es contundente la jurisprudencia del Tribunal constitucional Español cuando afirma en reiteradas ocasiones que "la prohibición constitucional de la retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros, condicionados ni a las expectativas" (STC 70/88 considerando 4º).

Como vemos, tampoco con este enfoque del caso el Decreto 1777/95 sería inconstitucional, al menos en cuanto asumamos, como lo quieren la doctrina y la jurisprudencia, que la declaración de inconstitucionalidad es la "última ratio", una grave descalificación del ordenamiento que queda excluido toda vez que resulte posible interpretar el sistema en términos compatibles con la Constitución (C.S.J.N. Fallos T 312:72; 2315; 226:688; 242:73; 285:369; 300:241; 1087; 314:424; entre otros).

XX. TOPE CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIO:

XX.1. El tope jubilatorio fue establecido por la legislación de emergencia, Ley 8472 modificada por Ley 8482. El Decreto 1777/95 ha sido emitido durante la vigencia de las leyes referidas, esto es, dentro de una situación declarada como de emergencia, en la cual los derechos patrimoniales pueden ser suspendidos o limitados de manera razonable, en aras del bien general de la comunidad. La normativa legal lo fija y el Decreto 1777, perfila su existencia en la dimensión práctica mejorando, respecto de la emergencia, la situación de los ex magistrados al establecer como tope máximo el sueldo del Gobernador, no su ochenta y dos o setenta y cinco por ciento (82% o 75%), como en los demás casos, teniendo en cuenta para ello el régimen especial.

Debe recordarse que la inconsecuencia o falta de previsión jamás se supone en el legislador y por ello se reconoce como principio inconcuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos C.S.N. 310:195). Resulta claro que el tope previsto en el Decreto 1777 tiene sustento en las Leyes 8472 y 8482. En cuanto dicho tope se extiende más allá de la limitada vigencia temporal de la ley citada, el cuestionamiento constitucional formulado deviene abstracto, por cuanto resulta imposible que el ochenta y dos por ciento de ese emolumento supere el tope establecido.

XXI. LA INTANGIBILIDAD NO HA SIDO ESTABLECIDA PARA LOS JUBILADOS.

Sin perjuicio de los fundamentos vertidos en los párrafos precedentes y con el propósito de incursionar con mayor énfasis en el análisis respecto a la problemática de la intangibilidad aludida por la actora, es dable precisar que las normas constitucionales que consagran dicha prerrogativa tienen un ámbito subjetivo de aplicación claramente definido y que, por consiguiente, no ofrece dudas al intérprete en el sentido de que sólo abarca a quienes se encuentran en actividad, es decir a quienes desempeñan actualmente la función de la magistratura.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sustentado en tal sentido, que cabe tener presente que "la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los Magistrados, sino en mira de la institución del Poder Judicial de la Nación, a la cual los contribuyentes han querido liberar de toda presión de parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia" (Fallos 315:238 entre otros); por lo que sólo comprende a quienes están investidos del poder de impartir justicia..." ("Ojea Quintana, Julio María y otro c/ Estado Nacional Secretaría de Educación y Cultura s/ Juicio de conocimiento").

Recientemente, el más Alto Órgano Jurisdiccional Federal ha declarado sobre este aspecto que "...toda solución que permita a los jueces demandar la tutela prevista por aquel precepto y desconozca igual facultad en cabeza de los jubilados, convierte en letra muerta las previsiones contenidas en los arts. 4º, 7º y 14 de la Ley 18.464 (en igual sentido los arts. 10, 15 y 27 de la Ley 24.018)..." con lo cual hace extensiva la garantía de la intangibilidad a los Magistrados jubilados (cfr. "Gaibisso, César A. y Otros c/ Estado Nacional Ministerio de Justicia s/ Amparo", del 10/04/2001). Sin embargo, tal decisorio aclara que "...los Magistrados en pasividad mantienen su condición de tales, al grado de poder ser convocados para desempeñarse en el cargo que tenían al momento de jubilarse sin posibilidad de negarse o excusarse (conf. arts. 16 y 17, Ley 24.018), de donde puede concluirse que continúan amparados por el artículo 110 de la Constitución Nacional; se afirma así, también, el derecho a percibir en la proporción fijada por la ley jubilatoria la parte correspondiente del total de lo percibido por el juez en actividad, salvo lo establecido sobre viáticos y gastos de representación sujetos a rendición de cuentas... ". Es decir, la doctrina sentada en el resolutorio citado es de aplicación en el orden federal en tanto los Magistrados jubilados del Poder Judicial de la Nación conservan el estado judicial y pueden ser llamados a ocupar transitoriamente en lo s casos de suspensión, licencia o vacancia el cargo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio, o incluso otro de igual jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Nación, conforme lo estipula el artículo 16 de la Ley 24018. Estos extremos no se verifican en el orden local, en razón que no son contemplados por la legislación provincial, por lo cual la jurisprudencia mencionada no resulta aplicable en el caso bajo examen.

Por otra parte, el Alto Cuerpo de la Nación tiene dicho que "Si bien el principio de intangibilidad de las retribuciones de los jueces es garantía de la independencia del Poder Judicial y constituye un requisito indispensable del régimen republicano cuya preservación resulta obligatoria para las provincias en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la Constitución Nacional, no debe derivarse de ello que la interpretación formulada respecto de los alcances de ese principio en el orden local debe ser necesariamente igual a la trazada por la Corte Suprema y demás tribunales de la Nación respecto a la garantía de que gozan los jueces a que se refieren los artículos 94 y siguientes de la Ley Suprema..." (voto de los Dres. Augusto César Belluscio y Enrique Petracchi in re "María Cristina Scarpati y Otros v. Provincia de Buenos Aires" del 06121993, Fallos 316:2747 y 311:460).

Sobre este particular, a su vez, la Cámara Tercera en lo Civil y Comercial de Córdoba ha considerado que "...El art. 110 de la Constitución Nacional... establece la intangibilidad de las remuneraciones... de los Magistrados, ...no podrán ser disminuidas en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.... Es decir que el recurrente, que ha cesado en el desempeño de la magistratura, no tiene la protección que el artículo 110 de la Constitución Nacional establece a los Magistrados que permanecen en funciones; ...los actores son tales en tanto revistan el carácter de Magistrados en funciones y cuando cesan en el desempeño del cargo quedan fuera de la protección de la sentencia" (Cámara 3ª en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, integrada por Conjueces en autos: "Recurso directo del Dr. Oscar Juan Manavella en autos: 'Gavier, Enrique y otros c/ Prov. de Cba. Amparo'", A.I. Nº 274 de fecha 08111994).

Tan concluyentes argumentos ratifican el criterio en el sentido de que la igualdad de los derechos que establece el artículo 116 de la Ley 8024, no alcanza a la garantía de intangibilidad que sólo es dable atribuir al personal en actividad. El referido precepto legal no puede ir más allá de lo estatuido al respecto por la Constitución ni invadir los límites que ella misma impone, atento las explicitadas razones expuestas por el derecho constitucional y los fallos de la Corte Nacional referidos.

Consecuentemente, lo establecido por el artículo 116 de la Ley 8024 tiene su virtualidad jurídica en el ámbito específico en el que actúa y dentro del nivel piramidal normativo correspondiente. Es insusceptible de por sí de extender beneficios constitucionales aplicables a otro sector claramente diferenciado. Es decir que no resulta posible ampliar el marco subjetivo de aplicación de los preceptos constitucionales que consagran una garantía constitucional, que por su naturaleza debe ser interpretada restrictivamente.

La doctrina y la jurisprudencia han sostenido que la intangibilidad de las remuneraciones o compensaciones, y la inamovilidad, comportan garantías jurídicas de los jueces en "actividad". Son resguardos constitucionales que tutelan la "independencia de los Magistrados". Su interpretación es restrictiva y limitada a quienes se encuentran en ejercicio de sus funciones.

En conclusión, cabe señalar que los Magistrados que gozan de los beneficios previsionales ostentan un status jurídico diferente, ya que no perciben una "compensación intangible", por cuanto su derecho consiste en una compensación previsional "móvil", "irreductible" y "proporcional" a la remuneración del trabajador en actividad.

XXII. INMODIFICABILIDAD DE LA LEY:

XXII.1. El principio establecido en nuestra Constitución anterior a la reforma sancionada en el mes de septiembre de dos mil uno respecto de la prohibición de modificar la legislación previsional por ocho años no resulta aplicable al caso de autos, desde que el Decreto 1777/95 no implica modificación de la Ley 8024, según hemos dicho, sino adecuada reglamentación de su texto, en función de los principios constitucionales que la sustentan. Sin perjuicio de ello, cabe puntualizar que la aludida prohibición constitucional cede cuando acaecen circunstancias extraordinarias de emergencia, insusceptibles de ser previstas al momento de sancionarse la Carta Magna local. Su originaria teleología, que proviene de la reforma constitucional de 1912, fue evitar que la ley general pudiera ser modificada con frecuencia en mira de intereses transitorios o personales ("Diario de Sesiones", Sesión del 210812, pág. 110). Nada más lejos que el de la realidad actual.

Las circunstancias que determinaron al poder administrador a introducir cambios o complementar la anterior reglamentación de la normativa previsional, no se vinculan con la finalidad que se quiso preservar en el texto constitucional, consagrando el principio de inmodificabilidad de dicha legislación.

Es, precisamente, el déficit financiero que atraviesa el sistema previsional de la Provincia, el que crea un serio riesgo acerca de las posibilidades de su pleno mantenimiento, y fue esta coyuntura, precisamente, la que provocó la necesidad de una revisión de los alcances de la tutela amparada por la normativa anterior.¶	XXII.2. Es que la crisis del sistema previsional no es sólo un fenómeno que acontece en Argentina. Aún en los países más avanzados es de suma preocupación y discusión esta problemática sujeta a permanentes revisiones. En Estados Unidos se anunció la fecha en que finalizará el seguro social (Mckee, Ambito Financiero, 19/06/96, p. 16/7). En Japón se afirma que si los actuales jubilados no continúan aportando al sistema no se les podrá pagar en el futuro sus haberes previsionales (Libro blanco del Ministerio de Salud y Bienestar Social, Ambito Financiero del 28/05/96, p. 18). En general, se admite que desde los años setenta es preocupante el costo y financiamiento de la seguridad social acrecentándose su gravedad por la reducción del empleo, el aumento de las expectativas de vida y el envejecimiento de la población (OIT, "El trabajo en el mundo", Vol. III, p. 47, Ginebra, 1987). De allí que numerosos países desarrollados han incorporado topes a los beneficios previsionales (Social Security Programs thoroughout the World, 1991, Boletín de Estadísticas del Trabajo, OIT, 1994).

En nuestro medio, se ha puesto en juego el esfuerzo de la Provincia en mantener el funcionamiento del sistema de reparto dentro de las directrices constitucionales, no transfiriendo ni enajenando la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, que durante muchos años significó un orgullo para la comunidad por su ejemplar funcionamiento. Existe en la sociedad el deseo de preservarla dentro del patrimonio de los cordobeses para que siga cumpliendo su enaltecedora misión previsional. El Decreto 1777/95 se inordina tras ese objetivo.

XXIII. IRRETROACTIVIDAD. CAMBIO DE NORMATIVA:

XXIII.1. Frente a las generalizadas dificultades financieras que han afrontado en la última década los regímenes previsionales de reparto, constituye una conclusión no cuestionada la legitimidad de reformas que alteren, a partir de la fecha de su sanción, los haberes jubilatorios otorgados con anterioridad, siempre que ello sea conclusión razonada de la realidad fáctica y jurídica que la motiva.

Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español cuando interpreta el término "derechos" del art. 9.3 referido a derechos consolidados, consagrados e incluidos dentro del patrimonio del sujeto, quedando fuera del ámbito de aplicación las meras expectativas de derechos (T.C., Sentencias 108/1986, 129/1986, 70/1988, 100/89).

"Si bien el otorgamiento de un beneficio previsional constituye un acto consumado, inmutable y definitivo, salvo los supuestos de nulidad, no acontece lo mismo con su consecuencia patrimonial el cobro de haberes. Lo primero es derecho adquirido, libre de ser alcanzado por una ley retroactiva cuyo efecto haría impacto en el propio texto constitucional al lesionar un bien incorporado al patrimonio, y lo segundo, en cambio, es consecuencia de un hecho anterior concesión del beneficio, susceptible de recibir el efecto de una ley posterior, porque el monto de la prestación no está garantizado en un "quantum" fijo ni es derecho adquirido" (Cám. Nac. de Apel. de la Seg. Soc., Sala 01, Sent. del 270391, "Abad de Pasacantando, Concepción c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles ").

"Hay que distinguir entre el estado de jubilado, y el derecho al monto o al haber del beneficio porque mientras el primero estado de jubilado genera un derecho adquirido que no puede desconocerse sin violar el art. 17 de la C.N., el segundo, o sea el monto del beneficio, no importa un derecho adquirido y por consiguiente su rebaja no afecta el derecho de propiedad siempre que no sea arbitraria o desproporcionada" (C.S.J. de Santa Fe, Sent. del 040588 "Negro de Negro, Elba Margarita c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso administrativo de plena jurisdicción").

XXIII.2. También ha sustentado la Corte Suprema Nacional que "no obsta a dicha conclusión lo dispuesto por el art. 3 del Código Civil. Ello es así, liminarmente, porque el principio de irretroactividad de la ley no es en tesis general de la Constitución sino de la ley. Es una norma de interpretación que deberá ser tenida en cuenta por los jueces en la aplicación de las leyes, pero no obliga al Poder Legislativo, que puede derogarla en los casos en que el interés general lo exija (Fallos 137:47, 291). Asimismo, sobre el punto resulta válido lo resuelto por esta Corte en el ya citado precedente de Fallos: 179:394, en donde, con cita de Fallos: 173:5, se estableció que si bien es verdad que el mencionado precepto dispone como principio general que las leyes rigen para el futuro, que no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos, esa disposición se refiere a aquellas leyes que contemplan los derechos y obligaciones que rigen las relaciones de las personas en el derecho privado; el precepto legal citado no es aplicable en el sub lite, puesto que se trata de la aplicación de leyes de previsión social, que por sus fines, por los propósitos que la inspiran, por las obligaciones que traen aparejadas, y por sus beneficios, reúnen todos los requisitos necesarios para calificarlas como leyes de orden público".

XXIII.3. El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia 42/86 del diez de Abril, con motivo de la aplicación de las leyes en el tiempo considera que "lo que se prohíbe en el art. 9.3. de la Constitución Española es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva ley en los efectos futuros ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de la irretroactividad, sino al de la proyección que tales derechos haya de recibir".

En el mismo sentido se pronunció en la Sentencia Número Ciento ocho del veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y seis cuando en su considerando 17 afirmó: "Hay que advertir, por otro lado, que según la doctrina de este Tribunal, la invocación del principio de irretroactividad no puede presentarse como una defensa de una inadmisible petrificación del ordenamiento jurídico. De aquí la prudencia que esa doctrina ha mostrado en la aplicación del referido principio, señalando que sólo puede afirmarse que una norma es retroactiva, a los efectos del art. 9.3. cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas...lo que prohíbe el art. 9.3 es la retroactividad, entendida como incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos en cuanto su proyección hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de la retroactividad".

De allí se advierte que no es aplicación retroactiva, y por tanto no es alcanzada por la prohibición de retroactividad del art. 9.3 la aplicación de la nueva ley a los efectos producidos bajo su vigencia aunque éstos dimanen de una relación jurídica surgida bajo la ley derogada o modificada (Cervilla Garzón, Ma. Dolores, "¿Se pueden modificar retroactivamente las pensiones?", Ed. Tecnos, España, p. 11).

Preocupado por la crítica realidad de nuestro tiempo, el brillante administrativista español y enérgico defensor de los derechos de los administrados, Tomás Ramón Fernández, expresa "...no puedo olvidar en qué contexto vivimos. En las circunstancias actuales, se ha dicho por un Ministro del Gobierno ... que el sistema de seguridad social español es un sistema que tiene una quiebra anunciada, por razones demográficas y de financiación, hacia el año más o menos 2010 ... Esa es la realidad terca, frente a la cual los voluntarismos y los entusiasmos de los intérpretes tropiezan inevitablemente...". Más adelante agrega "...ya sé que esto no es simpático decirlo, pero me parece que hay que decirlo, hay que ponerlo sobre la mesa. A nosotros, como juristas, nos gusta más evidentemente impulsar el progreso, pero repito que la realidad, una realidad desagradable, que está ahí inmediatamente presente, nos hace reflexionar necesariamente sobre estos temas, porque el garantizar "la irrevocabilidad" o "la no minoración" de los niveles de prestación reconocidos en un momento dado, puede equivaler a negar, a las generaciones futuras por ejemplo, o a muchos otros colectivos, el acceso por primera vez a importantes derechos de los que el legislador ordinario todavía no ha tenido ocasión de preocuparse y esto es así, lo queramos o no lo queramos" (intervención de Tomás Fernández en "El derecho público de finales de siglo" directores: Eduardo García de Enterría y Manuel Clavero Arévalo, Ed. Civitas S.A., Madrid, 1997, p. 512 y s.s.).

XXIV. SOLIDARIDAD. RESPONSABILIDAD SOCIAL:

XXIV.1. En síntesis, los derechos sociales enunciados deben ser aplicados en la plenitud de su sentido, sin alterar ni debilitar desmesuradamente la expresa significación de su texto, para que en Córdoba la Constitución siga siendo una "verdad aplicada y no una superstición explotada" como dijo sabiamente Ramón Cárcano.

Expresa Bulit Goñi ("Principios para un mejor futuro previsional", L.L. Suplemento de Derecho Constitucional, Bs. As. 21 de marzo 1997) que "...debe tomarse conciencia ya, de que el régimen previsional no sirve más para hacer demagogia, ni para la dádiva política, ni para resolver conflictos individuales sin atender a las consecuencias generales que las decisiones judiciales, generalizadas, pudieran irrogar sobre el todo de la sociedad...".

XXIV.2. Como es sabido, los jueces son los guardianes de la soberanía del pueblo y de la supremacía constitucional, son por ende, los custodios de los derechos reconocidos, de las garantías acordadas y de los poderes democráticamente existentes. Los jueces representan a la justicia, como valor, como virtud política, en cuyo nombre se ejerce la función jurisdiccional, teniendo presente que la función de juzgar y colaborar con ella exige una vocación particular cuya realización plena impone, por respeto a la majestad de la justicia, un sentido de prudencia, austeridad y mesura, como una conciencia de la responsabilidad que están por encima de lo que puede requerir el ejercicio de las funciones comunes. De un juez, mas aún que de los otros agentes del Estado, corresponde esperar actitudes y modalidades coherentes con el patrón de ejemplaridad que las leyes imponen a todos los miembros de la colectividad. Lo contrario, pone en tela de juicio la credibilidad institucional.

XXIV.3. Debemos recordar lo que nos decía Marshall que "una constitución está concebida para proyectarse hacia el porvenir, y, en consecuencia, para adaptarse a las distintas crisis de los asuntos humanos" (Mc Culloch vs. Maryland, 17 U.S. 316, 1819).

Dijo Oliver Wendell Holmes ("The path of law", Harvard Law Review, Vol. 10, p. 457 y ss.) que los jueces tienen el deber de ponderar las consecuencias sociales de su decisión. El mismo criterio fue condensado por la Corte Suprema Argentina en el caso "Saguir y Dib" (fallos 302:1284) al afirmar que la aceptación de soluciones disvaliosas es incompatible con la misión de los jueces.

XXIV.4. El interés público preeminente presupone que en los tiempos actuales el sistema de reparto sea solidariamente soportado por los propios afiliados y beneficiarios, a fin de evitar que el déficit del mismo sea financiado por rentas generales, desviando fondos que podrían ser destinados a la asistencia social, la promoción económica, la seguridad, la educación, aún la propia administración de justicia, objetivos estos que hacen al interés de todos los contribuyentes que con su tributo abastecen las finanzas públicas. En principio no resulta justo que las rentas generales provenientes y pertenecientes a toda la comunidad se utilicen regular y sistemáticamente para solventar un sistema previsional que beneficia sólo a los empleados y funcionarios del Estado, tal como injusto sería afectar a otros fines los recursos propios de las cajas previsionales, lo que el art. 57 "in fine" de la Constitución Provincial prohíbe en forma expresa.

Los principios constitucionales de proporcionalidad, movilidad e irreductibilidad se hallan limitados razonablemente por el de solidaridad, pocas veces priorizado en su real dimensión.

La sociedad nos reclama, no sólo el respeto ineludible al orden jurídico, sino la aplicación estricta de valores inmersos en la austeridad, la prudencia, la solidaridad, evitando privilegios irritantes a la luz de la nueva realidad social y económica.

En función de los fundamentos así esbozados, este Alto Cuerpo se expidió en sentido favorable a la constitucionalidad del Decreto 1777/95 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial.

XXV. En definitiva y atento que la decisión adoptada en sede de Grado no se ajusta a la doctrina sentada por este Máximo Tribunal local en los precedentes supra citados, proponemos acoger el recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada, anular la sentencia impugnada y en su mérito rechazar la acción de amparo interpuesta.

XXVI. En cuanto a las costas de esta instancia, corresponde sean impuestas por su orden (aplicación analógica del artículo 82, Ley 8024).

Así nos expedimos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LOS SEÑORES VOCALES DOCTORES AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI, HUGO ALFREDO LAFRANCONI, DOMINGO JUAN SESIN, LUIS ENRIQUE RUBIO, HUMBERTO SANCHEZ GAVIER Y VÍCTOR ARMANDO ROLÓN LEMBEYE, EN FORMA CONJUNTA, DIJERON:

CORRESPONDE: I. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada en contra de la Sentencia Número Sesenta y cinco dictada por la Cámara de Apelaciones de Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, el día veintiocho de mayo de dos mil uno, y en su mérito rechazar la acción de amparo deducida por las Sras. Elena Lobo de Cabrera Paulí y María Nilda Carbajales de Laje García en contra de la Ley 8472, modificada por la Ley 8482, y del Decreto Nº 1777/95.

II. Imponer las costas generadas en todas las instancias por el orden causado (art. 82 Ley 8024).

Así votamos.

Por ello, y oído el Señor Fiscal General de la Provincia (Dictamen Nº E 1183 de fecha 291103, fs. 323/325vta.), este Tribunal Superior de Justicia, en pleno, RESUELVE:

I. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada en contra de la Sentencia Número Sesenta y cinco dictada por la Cámara de Apelaciones de Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, el día veintiocho de mayo de dos mil uno, y en su mérito rechazar la acción de amparo deducida por las Sras. Elena Lobo de Cabrera Paulí y María Nilda Carbajales de Laje García en contra de la Ley 8472, modificada por la Ley 8482, y del Decreto Nº 1777/95.

II. Imponer las costas generadas en todas las instancias por el orden causado (art. 82 Ley 8024).

Protocolícese, hágase saber, dese copia y bajen.

Fdo.: Doctores Aída Lucía Teresa Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli, Hugo Alfredo Lafranconi, Domingo Juan Sesin, Luis Enrique Rubio, Humberto Sanchez Gavier y Víctor Armando Rolón Lembeye