marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revisión judicial de actos administrativos, agotamiento de la instancia administrativa, impugnación del acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: OROSCO DE AMENDOLARI c/ MUNICIPALIDAD CIUDAD BUENOS AIRES s/ ACTO ADMINISTRATIVO-AGENTES MUNICIPALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-27

El art. 23,inc. "a" de la ley de procedimientos administrativos, nro. 19549, como principio general establece que podrá ser impugnado por vía judicial un acto de alcance particular cuando revista calidad de definitivo y se hubieran agotado a su respecto las instancias administrativas. Esto no es un mero requisito formal, ni obsta al derecho de defensa del interesado, desde que es un privilegio de la administración pública establecido con el objeto de sustraer a la Nación, es una medida compatible con la integridad de todos los derechos, a la instancia judicial, pues con esto el Poder Administrativo tiene la oportunidad de examinar la naturaleza y justicia de la reclamación y decidir acerca de ella, evitando precisamente el pleito, si la misma fuera procedente (conf. CSJN, Fallos: 230-509).
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, conflictos interadministrativos, remisión del expediente, Procuración del Tesoro, instancia judicial, resolución denegatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

La decisión de remitir las actuaciones originadas en la imputación realizada por la A.F.I.P. a Y.P.F. S.A. a la Procuración del Tesoro en el marco de la ley 19.983 y denegar la habilitación de la instancia judicial, supone un apartamiento de la normativa aplicable -art. 7° del decreto 2778/90 y art. 6°, último párrafo, de la ley 24.145- y, a la vez, una contradicción en sus términos que invalida el pronunciamiento, ya que al juzgar que la controversia concierne a organismos estatales -más allá de la posterior privatización de uno de ellos- adoptó la decisión de asignarles responsabilidad por la deuda y, prescindiendo de la expresa normativa que regulaba la situación de Y.P.F S.A., declaró no habilitada la jurisdicción, a pesar de que acababa de ejercerla en el mismo acto (Voto de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Elena I. Highton de Nolasco).
Personal policial, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Jesús Natividad c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-25

Los beneficios que contemplan tanto la ley 9688 como el dec. ley 9550 en su art. 112 inc. "e" ap. 3, no son incompatibles entre sí, pues la indemnización prevista en la ley 9688 representa el pago de la minusvalía laboral o de los salarios que el dependiente deja de percibir por causa imputable al patrón, mientras que la suma otorgada por el dec. ley 9550 está destinada a subvenir inmediatamente necesidades o desgracias especiales con un condicionamiento propio como lo es el que la desgracia sea "...consecuencia del ejercicio de la función de policía de seguridad", es decir son distintos en su naturaleza y es diversa la causa tenida en cuenta para su otorgamiento.
Empleados públicos, remuneración, prescindibilidad, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - CIVIL
Carátula: CARLOS ROBERTO CONSTANTINI c/ ESTADO NACIONAL (SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA -D.G.I) s/ EMPLEADOS PUBLICOS- PRESCINDIBILIDAD- CESANTIA    INDEMNIZACION    SALARIOS CAIDOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-01

El art. 27 del decreto-ley 6666-57 y el art. 20 de la ley 16506 al establecer el pago de sueldos por funciones no desempeñadas, importan hacer excepción a la regla general, limitada al supuesto de que la ilegitimidad de la medida se haya declarado al resolver el recurso especial que instituyen ambas disposiciones legales. En consecuencia cuando se demanda por la vía del juicio ordinario no correspondería el pago indiscriminado de los sueldos dejados de percibir desde la fecha del cese, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado por los daños que pudo efectivamente causar al agente la ilegítima medida de prescindibilidad (confr.

doctr. de los arts. 14 inc. b, y 17 de la ley 19549, y los arts 1056, 1068, 1069, 1078, 506, 511, 512 y concordantes del Código Civil).
Estupefacientes, contrabando de estupefacientes, tráfico de estupefacientes, prueba, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: "ROMERO MALPARTIDA, V´ctor H. s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24

No probada fehacientemente que la ingestión de cápsulas conteniendo cocaína se produjo en el extranjero la calificación de contrabando cede por la de transporte de estupefacientes. Así debe calificarse la conducta de quien ingiere 191 cápsulas de cocaína con un total de 1130 grs. que solo pudo evacuar luego de la intervención de la autoridad pública y con ayuda médica que la secuestró, si no es posible desvirtuar sus dichos en el sentido de que ello tuvo lugar con el objeto de su traslación desde y hasta sitios dentro del país.
Ejecución fiscal, ejecución previsional, determinación de deuda previsional, crédito fiscal, Sistema único de la seguridad social, actualización monetaria, índice de precios mayoristas, intereses, intereses compensatorios, intereses punitorios
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL c/ EUDEBA SEM s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-18

Ante la convivencia de distintos régimenes de indexación de los créditos del Sistema Unico de Seguridad Social, el Poder Ejecutivo Nacional estimó conveniente unificar el sistema de actualización y de determinación de intereses del S.U.S.S. hasta el 1.4.91. Simplificando las tareas de fiscalización, determinación y percepción de tales créditos y al propio tiempo, otorgando certeza y agilidad a los contribuyentes con el objeto de facilitar la cancelación espontánea de sus deudas. Con esas finalidades fue dictado el decreto 611/92, que esencialmente dispone: a) la adopción uniforme del índice de precios mayoristas, nivel general, hasta el 31.3.91 (Art. 1°); b) que los créditos actualizados devengarían un interés resarcitorio del 8% anual y un punitorio del 12% anual entre la fecha de vencimiento de la obligación y el 31.3.91. (Art. 2°); c) que a partir de esa fecha y hasta el pago se devengarían los intereses, multas y accesorios que rigen para el Sistema Unico de Seguridad Social (segunda parte del art. 2°). Consecuentemente, el primer paso para la determinación de la deuda previsional consiste en fijarla, computando capital actualizado y el 20% por intereses, al 31.3.91. La deuda (capital) y las consecuencias de la mora (intereses) son, así, unificados como crédito fiscal al 31.3.91.
Confirmación de sentencia, simulación ilícita, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: López y Totaro, María Haydee c/ Totaro de López, Nélida H. s/ simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-07-13

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la acción de simulación, pues ha de señalarse que la misma tuvo por finalidad perjudicar a un tercero y, por lo tanto, se considera ilícita. Es así que sólo cabe la acción y consecuentemente la excepción o reconvención cuando tuviera por objeto dejar sin efecto el acto simulado y no se siguiera con ello ningún beneficio para el demandante, supuesto que no se verifica cuando quien plantea la simulación persigue un beneficio personal. La cesión de derechos hereditarios objeto del caso había sido realizada con el ánimo de perjudicar a un tercero en los términos del art. 959 del Código Civil 17711 -actualmente art. 335 del CCyC-, en especial porque se intentó aparentar que todos los derechos y acciones hereditarios derivados del fallecimiento del progenitor de la accionante se habían concentrado en su cónyuge, simulando de ese modo un contenido patrimonial y una solvencia que no eran tales. La dificultad viene dada a la hora de aplicar dicha norma a cada caso concreto, ya que hay que analizar si la simulación tuvo por finalidad violar las leyes o perjudicar a un tercero, en cuyo caso será considerada ilícita, mientras que en caso contrario será considerada lícita.

Por último se concluye que el recurrente no vertió una crítica concreta y razonada del fallo atacado, sino que su expresión de agravios contiene conclusiones de hecho y de derecho que de por sí son dirimentes para la resolución de este aspecto de la litis; ello conduce, naturalmente, a considerar parcialmente desiertos los agravios -arts. 260, 261 y conc. del CPCC-.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, prueba, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: BARBOSA, DIONICIO c/ ESTEXA SAICI Y F s/ COBRO DE PESOS    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 621-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-07-05

Tratándose la existencia del caso fortuito o fuerza mayor, de cuestiones relacionadas con el derecho común y la prueba, que han sido resueltas sin arbitrariedad, corresponde declarar improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.
Cuestiones de competencia, documentación del automotor, falsificación de instrumento público, Banco Nación, defraudación, bienes del Estado, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gallego, Oscar s/ infracción art. 292 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

No es competente la justicia federal para investigar la falsificación de certificados de verificación técnica de vehículos si no surge que la documentación apócrifa se haya presentado en alguna institución nacional ni entorpecido el normal funcionamiento de organismos federales.
Deberes procesales, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M., S. s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-12

La sanción por temeridad o malicia ha de aplicarse con suma cautela, para no afectar el derecho de defensa de las partes; de no ser así, se abriría una brecha peligrosa en la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio, que debe ser cuidadosamente preservada.
Compraventa, nota de débito
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HUACO IMPORTACIONES SA c/ CARREFOUR ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-26

Procede recordar que, para que el silencio posterior al envío de una nota de débito pueda ser interpretado como aquiescencia del receptor en punto al descuento en ella instrumentado deben existir dos requisitos: a) la nota de débito debe ser efectivamente recibida por su destinatario y solamente a partir de su recepción queda habilitada cualquier indagación acerca de las consecuencias jurídicas que pudiera tener el silencio de la receptora; b) debe existir causa para la recepción de dichos descuentos. Ello es así, en tanto que la nota de débito no es un instrumento constitutivo del crédito, de modo que su emisor debe probar en juicio la causa de ese descuento. En este sentido, el razonamiento comprendido en los diversos fallos judiciales que atribuyeron efectos al silencio del receptor de la nota de débito se sustentó, invariablemente, en la existencia de una causa comprobada para la confección de tales detracciones (esta Sala, "Helanor S.R.L. c/ Disco S.A. y otro s/ordinario", del 15.12.10).
Remuneración, gratificaciones, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Bacca, Roberto y otros c/ Yagan Pesquera SRL s/ Diferencia de salarios Medina, Luis Alfredo c/ San Antonio S.A. y otro s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07|1991-06-11

El acuerdo global al que se llegó en la Delegación Mar del Plata del Ministerio de Trabajo entre los representantes del Sindicato de la Industria Argentina del Pescado y la Cámara Argentina de Productores de Filetes del Pescado (las mismas partes contratantes del C.C.T.

161/75) el 16-VIII-75, donde se dispuso trasladar el premio por asistencia suprimido a un incremento salarial del veinticinco por ciento sobre los básicos vigentes a esa fecha (arts. 3 y 10 del acuerdo), en tanto constituyó una interpretación con alcance general de la C.C.T. 161/75 adoptada por unanimidad, formó parte integrante de dicha convención según surge de la resolución dictada en el exp.

adm. 48.655/75 del 27-VIII-85.
Ley de empleo, empleo no registrado, indemnización, intimación previa
Materia: LABORAL
Carátula: Benitez, Roserio Desiderio c/ Don Antonio S.A.C.I.C.A. e I s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-08-24

La indemnización del art. 8 de la ley 24.013 - empleo no registrado - , su procedencia se halla supeditada al cumplimiento de una intimación previa, - art.11 - por ende al no tratarse de un derecho que se genere automáticamente al comprobarse la mera existencia de una relación informal, el incumplimiento de la condición impuesta con carácter previo por la ley, obsta en este caso al reconocimiento de la indemnización.
Interpretación de la ley, Banco Central de la República Argentina, liquidación de entidades financieras, órgano liquidador
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL (BID) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-06-03

En torno a los redescuentos solicitados y concedidos a que refiere el privilegio peticionado, y en orden a la incidencia que las disposiciones del decreto 290/95 puedan tener respecto a las facultades del Banco Central (si se atiende a la exposición de motivos del mencionado decreto), surge claramente que la fundamentación para su dictado fincó en la crisis desatada a fines de 1994 en los mercados financieros internacionales, y en la consecuente necesidad de adopción en nuestro país de severas medidas de aplicación excepcional para sobrellevar dicha crisis, circunstancia no menor para evaluar el contexto de actuación del Banco Central con relación a los créditos sobre los cuales pretende se le reconozca privilegio especial.

Tal es el criterio interpretativo que se desprende del contexto de las normas federales en juego (art. 17 Carta Orgánica del BCRA y decreto 290/95), cuya prioritaria implicancia para la solución del caso fuera señalado por la Corte federal en el marco del reenvío efectuado (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Erbetta y Abele).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pena, prisión perpetua, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C., J. M. c/  s/ homicidio doblemente calificado por el vinculo y por mediar contexto de violencia de genero-
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-11-28

En orden a las postulaciones referidas a la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, la interesada no logra demostrar que la sanción impuesta al imputado colisione con los principios y derechos fundamentales que invoca, debiendo recordarse que las afectaciones aducidas por la compareciente podrían ser traídas a consideración de este Tribunal por vía del recurso extraordinario, cuando el condenado se encuentre en condiciones de peticionar los beneficios penitenciarios del período de prueba o de acceder a la libertad condicional y oportuna y eventualmente le fueran denegados, constituyendo expectativas futuras que no son inmutables y por ende, se torna inadmisible -por prematuro- su tratamiento; no logrando evidenciar la quejosa un gravamen actual y efectivo, máxime teniendo en cuenta que, de acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fundamento de la exigencia del perjuicio concreto, efectivo, actual e irreparable por otras vías jurídicas, descansa en la noción de que no corresponde al Tribunal emitir pronunciamientos inoficiosos, inútiles, abstractos, o innecesarios por ser sustituibles por otros. - CITAS: CSJN: Fallos:273:61; 279:322; 300:587; 306:1125; 243:146; 286:220. - Jurisprudencia vinculada: Verón, AyS T 327, p 188/192, sumario J0051560; Sandoval, AyS T 323, p 248/253, sumario J0050871; Zapata, AyS T 321, p 449/454, sumario J0050556; M., F. J., AyS T 320, p 164/170, sumario J0050484.
Títulos ejecutivos, prueba documental, fotocopia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Banco Rio de la Plata S.A c/ Guillermo Enrique Lilieskold y otros s/ (Prepara vía ejecutiva) - Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-05

La copia fotográfica no suple el título para la ejecución que el juez debe examinar cuidadosamente como lo manda el artículo 531 del Código Procesal, ni con su presentación el ejecutante acredita hallarse en la legítima posesión de dicho título.
Impuesto a las ganancias, actualización monetaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-03

Dado que las normas cuya validez se debate- art. 39 de la ley 24.073, 4º de la ley 25.561 y 5º del decreto 214/02, como toda otra norma, legal o reglamentaria, que impida aplicar en la declaración del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2002 el denominado "ajuste por inflación impositivo", previsto en el título VI de la ley 20.628-, han sido dictadas por el órgano al que el texto constitucional atribuye el ejercicio del poder tributario- respetándose, incluso, el procedimiento legislativo que estatuye el art. 52 de la norma suprema- no puede alegarse una violación al principio de reserva de ley tributaria, conclusión que no se modifica por el mero hecho de que haya existido un período en el que se observó un sensible proceso inflacionario.
Acción, demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: Enrique Hall y Cía. c/ La Empresa del Ferrocarril del Sud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1868-09-22

Debe probar su excepción. Si no lo hace y se prueba además por el actor su insubsistencia, debe ser rechazada, admitiéndose la acción.
Abuso del derecho, contratos de adhesión, cláusulas predispuestas
Materia: COMERCIAL
Carátula: RESK, NELDO c/ ALMAGRO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-07

El instituto del abuso de derecho tiende a subsanar el ejercicio irregular de las prerrogativas emergentes del contrato, pero en realidad no es un medio para la anulación o modificación del mismo, ya que lo que se cuestiona es el ejercicio del derecho subjetivo desviado de sus fines.

Es por tal razón que se resuelve en la indemnización de los daños causados o en la paralización del derecho que se practica en forma inadecuada.

De manera tal que sostener que el hecho de que se trate de un contrato con cláusulas predispuestas configuraría un verdadero hecho abusivo, es una conclusión totalmente aventurada y carente de toda lógica jurídica: el contrato de adhesión puede implicar una desigualdad entre los contratantes, pero no configura per se un abuso tendiente a perjudicar a la parte más débil.
Obligaciones de dar sumas de dinero, tarjeta de crédito, intereses, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: Tarjeta Naranja S. A. c/ Cerviño Gabriela Paula s/ cobro sumario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-18

Traspolando estos conceptos al caso, entiendo que los intereses compensatorios y punitorios pactados aludidos en la sentencia de grado se devengarán desde la fecha establecida y hasta el efectivo pago, pero con el límite establecido en la ley 25.065, debiendo modificarse el monto del capital y excluirse el anatocismo realizado en la demanda. (Del voto de la Dra. Patricia CLERICI, en minoría).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, pautas, incidentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO HISPANO CORFIN. c/ SAXON SOCIEDAD ANONIMA. s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

Si la ejecución fue rechazada por una simple denuncia de homonimia entre la ejecutada y la intimada de pago, el contenido jurídico-conceptual de la controversia no es el de una excepción sino el de un simple incidente, y por tanto, la regulación de honorarios se hará conforme a las pautas de la ley 21.839: 6, 7, 9, 22, 33 Y 40.
Letra de cambio, pagaré, recursos, trámites judiciales, acción cambiaria, excepciones procesales, inhabilidad de título, improcedencia del recurso, actos u omisiones de particulares, presentación al cobro
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Itau Unibanco SA - Nassau Branch c/ Molino Cañuelas SACIFIA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

Cabe rechazar la defensa de inhabilidad de título incoada en el marco de un proceso ejecutivo sustentado en un pagaré, toda vez que el argumento relativo a que el título es inhábil por la omisión de presentación al cobro, resulta impertinente. Ello así, pues ante la alegación de la ejecutante de haber presentado el pagaré, recaía sobre la defensa la carga de acreditar su negativa. Así lo dispone el fallo plenario recaído in re "Caja de Crédito de los Centros Comerciales SCL c/ Bagnat, Carlos", del 03/08/84, que decidió que en los casos de pagarés con cláusula sin protesto, exigibles a la vista, la carga de probar la omisión de la presentación pesa sobre el ejecutado invocante de esa carencia. Como ello no fue cumplido en el caso, cabe rechazar la defensa opuesta.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Borda, Orlando c/ Novobra S.A. y otra s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que deja subsistentes los fundamentos fácticos y jurídicos del fallo (art. 279, C.P.C.C.).
Prueba testimonial, recepción de la cosa, prueba pericial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Organización Cleareing Argentino S.A. c/ GCBA s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-03

Las probanzas derivadas de la prueba testimonial rendida y el peritaje realizado no logran desvirtuar el hecho de que la contratista no obtuvo, en relación a las facturas que reclama, el "Parte de Recepción Definitivo", única prueba que le hubiera permitido el cobro de lo que consideraba se le adeudaba. (Voto del Dr. Luis F. Lozano, al que adhiere el Dr. José O. Casás).
Prueba del contrato de trabajo, presunciones, principios laborales, derechos del trabajador, principio protectorio, ley de contrato de trabajo, jurisprudencia aplicable
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Barrios, Luján Dario  c/ Bur, Juan Carlos  s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-13

De acuerdo a los términos del art. 23 de la LCT, la existencia de un contrato de trabajo se presume a partir de la prueba de la prestación de servicios para otro o en una organización empresaria ajena, sin que deba acreditarse la subordinación o dependencia, criterio que, es el que ha establecido el STJER en autos "Vital c/ Silva" que indican que la operatividad de la presunción legal exige dos presupuestos: a) probar el cumplimiento de una prestación de servicios; b) que dicha prestación haya sido en beneficio de aquél a quien se le atribuye la calidad de empleador. Y cuando se trata de acreditar la misma solo por testigos, estos deben ser particularmente claros, contundentes, dando amplias razones de sus dichos, de modo tal que convenzan sobre la existencia, al menos, de los señalados extremos, de modo tal que convenzan sobre la existencia del hecho denunciado (Voto Stettler. Adhesión Romero)