Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-10-19


CANO, Mirta Cecilia contra CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 210 p 167-171.

Santa Fe, 19 de octubre del año 2.005VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia de fecha 30 de junio de 2004, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe en autos "CANO, Mirta Cecilia contra CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE -C.P.L.- (Expte. 19/04)" (Expte. C.S.J. nro. 427, año 2004); y,CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que por sentencia de fecha 30.06.2004, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad resolvió rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la actora confirmando -en lo pertinente- la sentencia inferior, y receptar el recurso de apelación de la demandada, modificando parcialmente la sentencia de baja instancia e imponer las costas a la actora (art. 101 C.P.L.).

Contra este pronunciamiento deduce la accionante recurso de inconstitucionalidad.

Considera que el caso depara "cuestión constitucional", en esa orientación expresa que "se cuestiona la validez constitucional del artículo 84 inciso a) de la ley 6314"; y que la Cámara, "de una forma vaga e imprecisa", confirmó la constitucionalidad de dicha norma.

Entiende que disponer la extinción de un beneficio previsional, por haber contraído un nuevo matrimonio, contradice el principio de razonabilidad (art. 28 de la Constitución nacional) y vulnera los principios tutelares de la seguridad social presentes en los artículos 21 y 23 de la Constitución provincial y 14 bis de la Carta magna.

Afirma, que la sentencia es arbitraria por cuanto la Sala incurrió en omisión y confusión respecto a las normas aplicables.

En este orden sostiene que la ley que se encontraba vigente al tiempo del fallecimiento del señor Chevalier era la 6314, por lo que esta norma es la que debe regir el beneficio de la actora.

Ejemplifica que para los supuestos de cese en la actividad anterior al otorgamiento de la jubilación, o de fallecimiento del afiliado la ley vigente en el momento de entrar en pasividad o de ocurrir el deceso es la aplicable a la concesión del beneficio"...sin que otra posterior pueda tener alcance retroactivo...".

Asevera que así también ocurre con el derecho a pensión que se rige por la ley vigente a la fecha del deceso del causante.

Es por ello que -dice- lucen equivocadas y confusas las consideraciones de la Alzada relativas a que su parte incurrió en yerro al pretender se examine la constitucionalidad del artículo 84 inc. a) de esa ley, dado la "imposibilidad técnica que supone el examen de una norma ya derogada".

Aclara que si bien es cierto que las leyes posteriores (nros. 7326 y 10.419) mantuvieron las causas de extinción del beneficio de pensión, el fallo igualmente debió precisar que la aplicable al caso es la 6314.

Agrega que no se desprenden del pronunciamiento los motivos por los cuales el Tribunal considera que tal normativa no contradice la Constitución.

Destaca también que no pidió la aplicación de la ley nacional 22.611, sino que sólo la citó como antecedente y como pauta de interpretación válida que no se puede ignorar.

A continuación entiende que el decisorio omitió por completo considerar y resolver una cuestión oportunamente propuesta, esto es, el divorcio vincular de la actora con su segundo cónyuge, hecho al que aprecia como de suma importancia para resolver el litigio.

Alega que, en ese sentido, la sentencia adolece de falta de motivación suficiente, pues al sostener que la actora perdió la viudez -condición que le permitió acceder al beneficio de pensión de su primer esposo- al contraer nuevas nupcias, "...con independencia del resultado posterior, lo que termina de cerrar definitivamente su pretendido derecho...", se desentiende de las consecuencias jurídicas que acarrea la disolución del vínculo matrimonial por el divorcio vincular.

Es por ello que expresa que al desaparecer la causa de extinción del beneficio debe recuperar su derecho a percibirlo, dado el carácter imprescriptible, irrenunciable e integral del mismo.

Es decir, a su criterio no existen en el ámbito de la Seguridad Social impedimentos definitivos.

Por último, entiende la compareciente que resulta irrazonable la imposición de las costas a su parte.

Considera en ese aspecto que el argumento de la Sala relativo a que esta condena se justifica por el hecho de que la actora tuvo resultados adversos en sede administrativa y judicial, es totalmente equivocado, toda vez que los dictámenes negativos a su pretensión fueron indispensables para habilitar la instancia judicial.

Aprecia, por lo tanto, que la Cámara se apartó del principio general de la seguridad social conforme el cual las costas se imponen por su orden como un atenuante del principio objetivo de la derrota en materia de costas, debido al carácter alimentario del derecho en juego, y a los fines de facilitar el acceso a la justicia.

Por auto de fecha 23.09.2004, la Sala declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, por considerar que se encuentra incumplido en la especie el recaudo del mantenimiento de la cuestión constitucional, como así también una fundamentación suficiente y autónoma de la vía intentada; señalando, en definitiva, que la quejosa sólo se limita "... a realizar una descalificación de los fundamentos del pronunciamiento, esto es, en la valoración de la actividad volitiva-reflexiva de los miembros del Tribunal, sin adentrarse en demostrar el supuesto de arbitrariedad que pretende".

2. Si bien la recurrente en su escrito de queja se hace cargo de los fundamentos del auto denegatorio con el propósito de refutarlos, no puede entenderse que logre adecuadamente tal propósito, dejando incumplida así la exigencia que le impone el artículo 8 de la ley 7055.

En efecto, con relación al requisito del mantenimiento de la cuestión constitucional, advirtió el Tribunal que "...el remedio extraordinario pretendido no es mantenido en todas las instancias y grados ya que, habiendo efectuado una ligera y vacua reserva tanto en el escrito introductorio de la instancia, cuanto en su pieza apelatoria, no lo mantiene en el memorial de agravios..." .

Frente a esta aseveración, la compareciente se limita a expresar que "...en todas las instancias se hizo la reserva, que ante eventuales violaciones o garantías constitucionales, se iba a recurrir ante instancias extraordinarias"; mas de ningún modo puede entenderse que el incumplimiento del recaudo señalado resulte así superado a los fines de lograr la apertura de esta instancia de excepción.

Al respecto, preciso es destacar que las alusiones genéricas de un posible conculcamiento a garantías constitucionales o la mera reserva de arbitrariedad, no son suficientes para tener por satisfecha aquella exigencia, toda vez que es menester aducir concretamente las cuestiones que originarían los vicios endilgados a la sentencia.

Y si bien es cierto, que no se requieren fórmulas sacramentales para su postulación, también lo es que no la suple la sola mención de haber realizado oportunamente la pertinente reserva, por lo que no puede inferirse que la articulación de la quejosa se haya efectuado en forma, en tanto frustra la intención que tuvo el legislador al consagrar esta carga, esto es, que la cuestión sea sometida previamente al tratamiento y decisión de los jueces de la causa (cfr. A. y S. T. 56, pág. 82; T. 64, pág. 461; T. 101, pág. 195; T. 103, pág. 37; entre otros).

Por otro lado, debe señalarse que la lectura del escrito recursivo revela que la impugnante ha descuidado dar debido cumplimiento a las exigencias del artículo 3ro. de la ley 7055, en cuanto no ha efectuado una adecuada descripción de los antecedentes de la causa; sin embargo tal deficiencia no empece vislumbrar el planteo que endereza en torno a los vicios que, a su criterio, descalifican constitucionalmente al decisorio cuestionado; razón por la cual puede darse por superado dicho obstáculo.

Ahora bien, cierto es que el incumplimiento del recaudo de admisibilidad señalado en primer lugar, bastaría para rechazar el recurso intentado, mas resulta conveniente destacar que aun de no existir tal obstáculo formal el remedio intentado igualmente no podría prosperar.

En efecto, aunque la recurrente invoca en sustento de su impugnación extraordinaria violación de principios constitucionales, arbitrariedad de la sentencia por incurrir en omisión y confusión de las normas aplicables, falta de consideración de cuestiones oportunamente propuestas, e irrazonable imposición de las costas; del desarrollo de los vicios imputados, en su confrontación con la sentencia impugnada, surge que toda la proposición recursiva -pese al matiz constitucional que aspira otorgarle- traduce solo el mero disenso de la quejosa para con lo resuelto por la Alzada en ejercicio de funciones propias, materia ajena a esta vía extraordinaria.

Así, la compareciente acusa que habiendo cuestionado "la validez constitucional del artículo 84 inciso a) de la ley 6314", la Cámara confirmó su constitucionalidad de una forma "vaga e imprecisa", y sin exponer "los motivos por los cuales la norma atacada no contradice la Constitución".

Sin embargo, cabe señalar que dichas apreciacionesno logran persuadir que se halle configurado vicio alguno, en tanto la lectura del pronunciamiento puesto en crisis, denota que los sentenciantes brindaron una respuesta clara y suficiente a la cuestión planteada.

En ese orden, se puede examinar que el Tribunal comenzó desestimando los agravios de la actora por no reunir la pieza procesal las exigencias que imperan para la fundamentación del recurso de apelación; advirtió que la recurrente vuelve sobre los argumentos explicitados en la demanda y en el alegato, limitándose a un repaso epidérmico de las cuestiones tratadas por el juez de primera instancia sin profundizar, en concreto, el embate a los fundamentos del discurso jurídico del magistrado.

Al respecto, puntualizó que la expresión de agravios deja incólume los argumentos del juez de grado en su sentencia, que convalidaron la constitucionalidad de la norma que establece la extinción del derecho a pensión cuando la viuda -titular del beneficio- contrae nuevas nupcias.

Frente a dicha línea argumental , es evidente entonces que los reproches que ahora formula la impugnante no se hallan configurados, y si bien la solución, podrá no conformarla, de ningún modo puede ser objetada de arbitraria; máxime si se tiene presente que la compareciente no dedica ni un sólo párrafo en procura de controvertir la existencia de las deficiencias apuntadas por la Alzada a la expresión de agravios en la apelación.

Igual suerte adversa ha de correr el planteo de laquejosa en cuanto endilga a la sentencia arbitrariedad por haber incurrido en "confusión respecto a las normas aplicables" puesto que, a su criterio,debió analizar la constitucionalidad del artículo 84, inc. b) de la ley 6314, y no como lo hizo respecto del artículo 85 inc. b) de la ley 10419; desde que -como bien lo señala la Sala- tal postura enfrenta "... la imposibilidad técnica que supone el examen de una norma ya derogada", y dicha aseveración no logra ser conmovida conlos argumentos desarrollados por la compareciente en su memorial.

Por lo demás, el planteo carece de decisividad, teniendo presente que la Cámara expresó en la sentencia que "la norma reguladora del sistema"(la causal de extinción del beneficio de pensión para la viuda, por contraer nuevas nupcias), "se mantuvo invariable en las sucesivas leyes reglamentarias"; lo cual fue admitido por la propia recurrente, cuando en el recurso de inconstitucionalidad manifiesta que "es cierto que todas las leyes, repiten las causas de extinción del beneficio de pensión"; ello motiva que sus reproches, lejos de fundar el vicio imputado al pronunciamiento, devienen hueros de contenido y por ende desprovistos de aptitud para lograr la apertura de esta instancia de excepción.

En otro orden de ideas, tampoco han de prosperar los achaquesvinculados a que la sentencia adolece de falta de motivación suficiente, pues omitió por completo considerar y resolver una cuestión oportunamente propuesta,esto es, las consecuencias jurídicas que acarrea la disolución del vínculo matrimonial por el divorcio vincular con su segundo cónyuge.

Es que, la evaluación de aquel tema es una consecuencia implícitaque anida en el juicio de los sentenciantes cuando exponen que "la condición de solicitar y acceder a la pensión, la perdió al contraer nuevas nupcias, con independencia del resultado posterior"; y si bien la escueta respuesta, podrá no conformar a la quejosa, refleja que la Sala consideró que -en el presente caso- el beneficio de pensión se extinguió definitivamente al momento de contraer nuevas nupcias, sin posibilidad de recupero por el acaecimiento de hechos sobrevinientes al matrimonio; criterio que - por lo demás - encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 155:274; 224:453; 255:138; 317:77, entre otros).

En consecuencia la solución no luce en modo alguno como un razonamiento inválido que vulnere el derecho a la jurisdicción de la compareciente, debiendo reputarse satisfecho, por ende, el imperativo contenido en el artículo 95 de la Constitución provincial.

Por último, y en relación con el agravio que la recurrente entiende le causa la imposición de costas, toda vez que considera que ha existido razón suficiente para litigar, es de señalar que el planteo por ser procesal, en principio no admite impugnación vía recurso de inconstitucionalidad, y tampoco puede inferirse del decisorio impugnado que el Tribunal se hubiera apartado del sistema objetivo que preside en el ordenamiento procesal aplicable al caso.

En efecto, los sentenciantes al analizar la apelación de la demandada brindaron las razones por las cuales consideraron que no existía mérito para eximir de costas a la perdidosa, en tanto la misma "...en sucesivas instancias, tanto administrativas cuanto jurisdiccionales, tuvo resultado adverso a su pretensión , de lo que debe seguirse que nunca le cupieron dudas de que no le correspondía el derecho pretendido", no derivando de tales argumentaciones causal alguna de arbitrariedad que descalifique al fallo como acto jurisdiccional válido (conf. A. y S. T. 81, pág. 273; 111, pág. 392; 112, pág. 107; 122, pág. 49; 127, pág. 107; entre otros).

En suma, y tal como se adelantó, todos los planteos impugnatorios no traducen más que la discrepancia de la compareciente para con lo resuelto en un sentido adverso a sus intereses, circunstancia que no autoriza la apertura de esta instancia de excepción.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)