Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-06


Trelew, 06 de octubre de 2.006.- VISTO:- El recurso de apelación en subsidio del de revocatoria interpuesto y fundado a fs. 13/14, contra la providencia de fs. 12, concedido que fuera el mismo a fs. 15, corrido traslado a la contraria a fs. 19, contestado el traslado conferido a fs. 25.

Y CONSIDERANDO:

I.- Rechaza el Sentenciante de Grado el incidente de nulidad intentado. Sostiene que "el incidente planteado procede contra actos procesales que no son decisorios, y habiéndose dictado sentencia definitiva en estos autos, surge que la vía elegida por la parte no es la idónea" (ver fs. 12).

II.- Contra lo resuelto interpone la incidentista recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Sostiene que es procesalmente admisible un incidente de nulidad de las actuaciones promovido después que ha recaído sentencia en el juicio, en primera o segunda instancia, cualquiera sea la naturaleza del mismo. Invoca que la nulidad del procedimiento intentada es contra actos anteriores al dictado de la sentencia supuestamente pasada en autoridad de cosa juzgada. Esgrime que los actos atacados no eran decisorios al momento de su producción. Señala que siendo nulo el acto precedente son nulos todos los actos consecuentes, incluso la propia sentencia definitiva. Sostiene que en el supuesto de autos estamos ante una indefensión conculcatoria de una garantía constitucional, resultando por ello procedente la apertura de la vía intentada. Reseña la existencia de una causa penal caratulada "Ricardo Luis Alberto p.s.a. Desbaratamiento de Derechos Acordados" (1250, Fo. 1, Año 2.001 del 28/08/01) y sus antecedentes. Puntualiza como hechos fundantes de la nulidad la total falta de ejercicio de su derecho de defensa y la falta de capacidad de quien es designado Juez para ejercer la labor de abogado, cual es el caso del Dr. J, hecho de público y notorio. Califica al proceso principal de falso por falta total de contradicción. Resalta que la supuestamente dictada sentencia definitiva es el producto de actos nulos y por ello ella misma es nula por actos de procedimiento precedente. Reitera que existe una causa penal en la que se investigan las mismas conductas lo que a su criterio merece la suspensión de los efectos de la sentencia de esta instancia civil. Destaca que los efectos que se produjeren en la causa penal mencionada podrían eventualmente determinar que el título por el cual la acción civil prospera es producto de un ilícito. Afirma que no consintió la sentencia dictada porque jamás se notificó o anotició a su parte. Solicita se revoque por contrario imperio el auto recurrido, ordenándose la apertura del incidente y la suspensión del principal.- A fs. 25 contesta la contraria el traslado que le fuera conferido de los agravios vertidos. Puntualiza que ninguno de los planteos efectuados en la vía incidental son suficientes para acreditar el supuesto estado de indefensión pretendido, no se ha acreditado que se encuentre afectado del derecho de defensa en juicio ni los principios del debido proceso, por lo que peticiona se rechace el incidente planteado, con costas.- III.- El incidente de nulidad previsto por los arts. 169 y ssgts. del CPCC, se encuentra reservado para atacar los vicios o errores "in procedendo", es decir para plantear omisiones o defectos del procedimiento.

Es criterio sentado por esta Alzada que el incidente de nulidad previsto por el art. 169 y ssgts. del C.P.C.C. está reservado exclusivamente para atacar los vicios o errores "in procedendo", es decir cuando se trata de omisiones o defectos del procedimiento. Los vicios de los actos procesales deben referirse a estos mismos, de tal suerte que la nulidad que se invoque a su respecto no puede tener otro origen que la transgresión de las normas que reglamentan la actividad de las partes y del órgano jurisdiccional (Conf. Cám. 1ª , Sala I, La Plata, reg. int. 598/74), siendo viable el incidente aún en el supuesto de que, a raíz de un acto defectuoso, se haya dictado una resolución judicial, pues en tal hipótesis no se impugna ésta en sí misma sino en la medida en que configura la culminación de un procedimiento irregular (Conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", T. IV, pág. 165) (esta Sala, SIC 45/00).- Fundó la apelante el planteo de nulidad concretado en la instancia antecedente en: 1) haber tomado conocimiento del estado de los autos principales con la recepción de la cédula de fecha 01/06/06 diligenciada en su domicilio real; 2) la designación de su letrado apoderado, Dr. A J, como Juez de refuerzo y su posterior alejamiento de la zona, circunstancia que determinara su estado de indefensión, siendo de carácter público y notorio su nombramiento lo que lo inhabilita para ejercer como abogado y lo hace cesar como abogado de la matrícula; 3) necesidad de notificar por cédula el avocamiento de la Sala B y no por ministerio de la ley, al menos librando la cédula en los estrados del Tribunal; 4) conducta de la contraparte contraria a los deberes de buena fe, lealtad y probidad; 5) inconstitucionalidad de lo dispuesto por el art. 249 del código adjetivo y de todo el plexo normativo conforme al cual no fue debidamente anoticiada de su entrada en indefensión dentro del proceso. Se centra el planteo nulificante en el cese de la capacidad de ejercer la abogacía por parte de su apoderado, cese ipso iure de la representatividad asumida por el mismo y el deber de intimársela a designar nuevo mandatario, acarreando a su entender dicha falta de requerimiento oportuno la nulidad de todo el proceso a partir de que el hecho desencadenante que la incapacidad de hecho produjo.

Ello así, contiene el planteo cuestiones que refieren a la nulidad del proceso producto de omisiones o defectos en el procedimiento, en virtud de lo cual corresponde dar trámite a la nulidad planteada. Ello sin perjuicio de la existencia de planteos que exceden el limitado marco de la nulidad de procedimiento, tales los que refieren a la existencia de un fraude procesal, siendo el sujeto pasivo el propio ente jurisdiccional, dirigida la acción criminosa al engaño de los jueces, o a la existencia de la causa penal caratulada "Ricardo Luis Alberto p.s.a. Desbaratamiento de Derechos Acordados" (1250, Fo. 1, Año 2.001 del 28/08/01) y sus antecedentes en la que supuestamente se investigan las mismas conductas, lo que a criterio del apelante merece la suspensión de los efectos de la sentencia de esta instancia civil, cuestión ésta última por otra parte no introducida a consideración del Juez de la instancia antecedente, por lo que vedado se encuentra su tratamiento por esta Alzada en virtud de lo normado por el art. 277 del rito.

Esta última circunstancia determinará que las costas de ambas instancias sean impuestas en el orden causado (arts. 58, 69 y concs., CPCC).

En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut RESUELVE:

Revocar el decisorio de fs. 12, disponiéndose la remisión de los presentes autos al Juzgado de origen a efectos de que se de trámite al incidente de nulidad planteado a fs. 4/7.

Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 68, 69 y concs., CPCC).

Regular los honorarios de la Dra. N S, por la deducción del recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en mérito a la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida y al resultado obtenido, en un 0,5 % del monto del proceso principal y los correspondientes a la Dra. L G G, por la presentación de fs. 25, teniendo en cuenta idénticos parámetros, en un 0,3 % de igual monto (arts. 6, 7, 14, 33 y concs., ley 2.200 y modif.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - SERGIO RUBEN LUCERO - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 144 DE 2006 - SIC.- CONSTE.-