Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2006-04-24


2º Instancia. - Formosa, abril 24 de 2006.

Considerando: I. Que acaecido el fallecimiento de Pedro Alberto Bordón con fecha 21 de enero del 2000, su concubina, y madre de tres hijos menores del nombrado, inicia la presente demanda de daños y perjuicios el día 07 de setiembre del 2004, lo que motivó la interposición de la excepción de prescripción por parte de uno de los codemandados, la que conjuntamente con la de falta de legitimación pasiva, son resueltas por la Magistrado de Grado en el Auto Interlocutorio 592, obrante a fs. 192 (fol. rect.) de autos, el cual es apelado por el codemandado perdidoso, motivando la intervención de este Tribunal.

II. Que en el fallo precedentemente referido se dispone otorgar la dispensa de la prescripción conforme lo dispuesto por el art. 3980 del Código Civil, a favor de las niñas B. L., J. J. y V. A., todas de apellido Bordón, desestimando la dispensa a favor de Ramona Haidee Ayala y Tatiana Haydee Florentín.

Asimismo se difiere el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva del codemandado Ricardo Cáceres, para el momento de dictarse sentencia. Finalmente se imponen las costas en el orden causado.

El argumento principal de la Jueza de la inferior instancia para resolver ello, fue la aplicación del art. 3966 del Código Civil que reza "La prescripción corre contra los incapaces que tuvieren representantes legales. Si careciera de representación se aplicará lo dispuesto en el art. 3980", ya que consideró que habiendo la actora entregado sus hijos al momento del fallecimiento del padre, a su propia madre para que se encargara de su cuidado en tanto ella se dirigía en busca de trabajo a la ciudad de Buenos Aires, ello habría motivado que las niñas se habrían hallado carente de una adecuada representación en el ínterin, y la misma fue recuperada por su madre recién a su retorno a esta provincia, cuando finalmente decide la iniciación del presente juicio.

III. Que al momento de fundar sus agravios, el codemandado Cáceres a través de su apoderado, sostiene su postura contraria, señalando que a su criterio el argumento del viaje de la madre de las menores no constituía el motivo y causa eficiente como para dispensar el transcurso del tiempo acaecido más allá del plazo de prescripción estipulado para este tipo de acciones.

A la hora de emitir su opinión el Ministerio Pupilar acude a la Convención de los Derechos del Niño, sosteniendo que la dispensa debería otorgarse en función de los superiores intereses de los menores en juego.

IV. Que, puestos a resolver la presente cuestión, se abre ante nosotros la difícil tarea de sopesar si en el presente caso se dan los recaudos legales requeridos por el codificador, la doctrina y la jurisprudencia, para considerar viable la dispensa de la prescripción peticionada.

En este punto la doctrina jurisprudencial elaborada al respecto es amplia y abarcativa, y ha sido reseñada adecuadamente en la obra de María Rosa Bachiller, "La Prescripción Liberatoria", Ed. Ad-Hoc, donde se cita la opinión que sostuviera que "El impedimento previsto en el art. 3980 del Código Civil, debe ser de carácter extraordinario y asimilable a los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor" (ver ED, 85-232 y JA, 17-1973-685); además, se halla conteste la jurisprudencia a hacer depender la cuestión del arbitrio judicial, por lo que se ha sostenido que "Es cuestión de hecho que queda librada a la apreciación judicial, no arbitrariamente, pero sí en orden a las particularidades de cada caso, la determinación de los casos en que procede la dispensa de la prescripción cumplida" (ver ED, 97-758).

En nuestra legislación no cabe duda, la prescripción corre a partir de la reforma introducida en el Código Civil por la ley 17.711 contra los incapaces, ya que así lo consigna en forma expresa el nuevo art. 3966 que reemplaza la norma que estipulaba absolutamente lo contrario.

De allí que siendo una pauta legal aceptada y vigente que la prescripción corre y afecta también los derechos de los incapaces, el argumento del "interés superior de los menores", quede asimilado más a una invocación que a un fundamento de fuste jurídico que sirva para dirimir una cuestión como la que se nos presenta en este caso, el que necesaria e inevitablemente ha de ceñirse a la excepción que la misma norma establece en su segundo párrafo al estipular que: "... Si carecieren de representación, se aplicará lo dispuesto en el art. 3980".

Ello así, lo que impone la debida hermenéutica de dicho artículo es determinar si en el caso concreto los menores involucrados "carecieron o no de representación" ya que si el niño careciera de la misma, se hallaría ante una imposibilidad de hecho para interponer la demanda por lo que habría que concederle la dispensa del 3980 (ver ED, 95-676).

La doctrina de los autores al respecto ha señalado que "si el fundamento de la prescripción es afianzar la paz jurídica y el orden público, se justifica que el legislador observe un criterio restrictivo al establecer las causales que suspenden su curso..." (ver Spota A. J., "Tratado de Derecho Civil", t. I, Parte General, vol. 3.8, ps. 272/73), de donde se deduce que en nuestro caso la cuestión debe ser analizada desde esta misma óptica y así evaluar la conveniencia de la confirmación o no del fallo que llega recurrido.

V. Que desde el vamos, hemos de convenir que las niñas hijas de Bordón, en momento alguno "carecieron" de representante legal, ya que si bien su madre las dejó al cuidado y bajo la responsabilidad de la abuela de las mismas, ello técnicamente no implicó la desaparición de "su" representante legal en el sentido formal, quien era sin duda su madre, a partir del hecho de la muerte del padre.

Tampoco, se advierten cuestiones de hecho que generen una asimilación a la carencia, cual es por ejemplo un estado demencial por parte del representante legal que le hubiera impedido en los hechos asumir en plenitud sus deberes de tal.

Advertimos en este sentido que ya el 07 de febrero del 2000, con patrocinio letrado, la actora se presentó en la causa criminal donde se investigara el deceso de su concubino como "actor civil", lo cual hace presumir que sin duda fue advertida por su abogado en cuanto a sus derechos y el de sus hijas y quizá también del tiempo que la misma poseía para iniciar formalmente la acción de daños y perjuicios.

De igual manera dentro del término de la prescripción de la acción, ella en persona suscribe el "Acuerdo de Cesión de Derechos", suscripto con fecha 07 de diciembre del 2001 con el codemandado Domingo Antonio Revolero, por el cual este último se comprometió a abonar una suma de dinero mensual a "efectos de prestar una ayuda humanitaria", disponiéndose allí el pago de la misma a Ester Elvira Parra quien se hallaba al cuidado de las menores.

Todo ello lleva a la conclusión que en momento alguno carecieron las menores de la representación legal pertinente ya que su madre en el tiempo y pese a la invocada distancia de la provincia, en forma personal se presentó como actor civil en la causa criminal (contando con asistencia letrada para ello) y luego en la ciudad de Formosa firmó un acuerdo con relación al accidente que le costara la vida a su concubino, por lo que bien pudo entonces firmar en tiempo y forma o bien la demanda correspondiente o el poder que hubiere facultado a algún abogado a ejercer la representación legal necesaria.

El hecho que no lo haya hecho nos puede hablar de negligencia, incluso de ignorancia, que bien pudo haber sido suplida con el consejo profesional que requiriera ya en el año 2000 para estar a derecho, pero en modo alguno ello constituye el requisito de carencia como sinónimo de inexistencia de representación de las hijas menores a las que la Jueza entendiera pertinente concederles la dispensa de la prescripción en la que incurrieran.

Si pretendemos aplicar, como lo postula el Ministerio Pupilar, un concepto tan vago y abarcativo como "el interés superior del niño" ello por un lado no nos puede llevar a ignorar lisa y llanamente la legislación vigente, ya que como se dijera ut supra, la interpretación de la norma aplicable al caso no puede llevarnos a suponer que una persona que actúa conforme al derecho que la ley le otorga para presentarse en un proceso penal, y suscribir un acuerdo de cobro, no ejercía al tiempo la representación de sus hijas menores, de forma tal de poder colegir que las niñas "carecían de representación".

En consecuencia, nuestra apreciación de los hechos concretos que dan marco al presente caso, nos lleva a considerar que la decisión de la Magistrada de Grado no se encuentra ajustada a derecho al que específicamente refiere la norma aplicable al caso, es decir el art. 3966 del Código Civil y, en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto al respecto, declarando prescripta la acción entablada.

Por ello se torna inoficioso considerar el agravio vertido respecto a la excepción de falta de legitimación pasiva contemporáneamente interpuesta.

Por lo expuesto, normativa invocada, jurisprudencia y doctrina anotada, con la opinión coincidente de los Jueces de Cámara, doctores Pignocchi y Canavesio de Villalba, y sin que emita su voto la doctora Bentancur, por haberse alcanzado la mayoría legal (conf. art. 33º, ley 521 y sus modificatorias y art. 153 del R.I.A.J., aprobado por Acordada 2034/96 -punto 13- del Excmo. Superior Tribunal de Justicia), la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, resuelve: I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, respecto a la excepción de prescripción oportunamente opuesta, la que se declara procedente y, por lo tanto, declarar prescripta la acción entablada. II. Declarar inoficioso el pronunciamiento respecto al agravio referido a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el codemandado Cáceres. III. Imponer en la presente instancia las costas en el orden causado por las características del caso resuelto y la postura sostenida por el Ministerio Pupilar en ambas instancias lo que pudo incidir en el comportamiento procesal de la demandante. -José Luis R. Pignocchi. - Lucrecia M. Canavesio de Villalba.