Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-11


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 11 días del mes de abril del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "M., G. c/ R., B. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", expte. nro. 15.906/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (expte. nro. 136/00), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 455), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 390/392? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la alzada en apelación (fs 393, 395 y 408) de la sentencia de fs 390/392 que acepta la defensa de exclusión de cobertura y rechaza la defensa de caducidad del seguro, interpuesto por la aseguradora J. C. de S. de A. y P. S.A.; hace lugar a la demanda y condena a M. S. C. M., B. R. y L. A. C. R. solidariamente, a abonar en el término de diez días de firme o consentida la presente a la actora G. M., la suma de cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos ($5875) en concepto de incapacidad, daño moral, gastos de curación y movilidad, daños al vehículo, disminución del valor venal, con más los intereses fijados en el considerando respectivo, y desde las fechas fijadas, hasta el efectivo pago. Hace extensiva la condena a la aseguradora J. C. de S. de A. y P. S.A. quien responderá dentro de los límites del seguro. Impone las costas a los demandados y regula los honorarios. A fs 435/440 se agrega la expresión de agravios de los codemandados. Sostiene que le agravia que el aquo no haya merituado de acuerdo a las fotografías obrantes a fs 5, 6, 7 y 8 correspondientes al vehículo Fiat que los daños se produjeron en la parte delantera derecha, lo que demuestra, contrariamente a lo expuesto por el aquo, que el mismo no había traspuesto la línea media de la calle San Martín intersección con 13 de diciembre, lo que trae como consecuencia la no aplicación del precepto jurisprudencial esgrimido por el juez.

Lo agravia también que se sostenga que las pruebas no aportan nada para clarificar cómo ocurrió el accidente, y que se dé fuerza probatoria al acta policial, cuando la misma se confeccionó cuando el accidente ya había ocurrido, no dice cómo ocurrieron los hechos y no fue hecho en escala.

Señala que se presupone sin ningún elemento probatorio cómo fue la mecánica del choque y que el vehículo de la actora estaba más adelantado, cuando los daños se produjeron en la parte delantera.

Se agravia que se tenga como responsable a la demandada por haber colisionado con la parte delantera, cuando era ella la que tenía prioridad de paso.

Indica que la responsable del accidente es la actora, quien inobservó las reglas de buen conductor, que no se probó que el demandado fuera a velocidad imprudente, lo que se infiere de la envergadura de los daños.

Le causa agravio que el aquo diga que el vehículo de la actora interfirió al de la demandada y por tal maniobra no le atribuya responsabilidad; el monto fijado en concepto de incapacidad, ya que el golpe padecido en el rostro no es sólo producto de la violación de la norma sobre prioridad de paso sino que no circulara con el cinturón de seguridad, hace referencia a la pericia, al monto fijado en concepto de daño moral cuando la actora no tenía prioridad de paso; el monto resarcitorio en concepto de gastos de curación y movilidad cuando el único gasto fue de $8,28, pues los gastos por adquisición de medicamentos deben quedar a cargo de la actora porque no se acreditó la mecánica del accidente, quien es el responsable del mismo y que el medico indicó que las lesiones producidas no generan secuelas, la indemnización en concepto de daños al vehículo y que lo responsabilice de la desvalorización.

A fs 440/443, la actora se agravia por el monto de las indemnizaciones otorgadas en la sentencia.

Estima insuficiente la atribución de tres mil pesos por una incapacidad del 3% debidamente acreditada y luego de 7 años, subestimándose el estado de una mujer de 33 años, en plena actividad laboral, madre de hijos menores, íntegramente sana quien sufre una lesión sin tener responsabilidad alguna.

Entiende que el juez debe indicar en qué fundamenta la indemnización del daño moral, al estar acreditado la mecánica del accidente.

Respecto a los daños del vehículo, se probó que los mismos ascienden a $1800, no indicando el sentenciante qué lo inclina a estimar que debe indemnizarse con pesos un mil, lo que violenta el derecho de defensa.

El segundo agravio se dirige a rebatir el momento del cómputo de los intereses, que el juez los fija con relación a la incapacidad, daño moral, pérdida del valor venal, al momento de la sentencia, los daños del vehículo desde la confección del dictamen pericial.

Ejemplifica y cita jurisprudencia.

A fs 444/446 los apoderados de la C. de S. replantean pruebas y expresan agravios. Replanteo que fue rechazado por sentencia interlocutoria de fs 448/449.

El primer agravio consiste en que se haya desestimado la suspensión de cobertura por falta de pago. Invocan lo expresado en la demanda y reiteran que se envió carta documento al Sr C. notificando que la cobertura de la póliza estaba vencida por falta de pago, al momento de producirse los hechos, declinando responsabilidad, por lo tanto debió la parte actora o el Sr C. probar en contrario, es decir que el pago se había realizado.

Agrega que les agravia la confusión de los términos "suspensión por falta de pago" y "caducidad por falta de pago", siendo la primera automática y produce efectos hasta la rehabilitación.

El segundo agravio se refiere a la incongruencia que vicia la sentencia. En el punto 1° de la parte dispositiva se acepta la defensa de exclusión de cobertura y en el punto 3° se la condena a la aseguradora dentro de los límites del seguro de acuerdo al considerando noveno.

Agrega que fundado en cómo se resolvieron las defensas opuestas, lo condenan a responder en los límites y alcances del seguro, lo que también es una incongruencia, pues conforma los términos de la póliza, J. no debe responder porque el asegurado permitió que un menor condujera el rodado.

Reitera lo sostenido por el Juez en el punto primero y concluye que se han opuesto diferentes defensas, y la procedencia de cualquiera de ellas determina la imposibilidad de extender la condena a la aseguradora. Cita jurisprudencia.

El tercer agravio, en virtud de los fundamentos vertidos, se dirige a la imposición de las costas.

Formulan reserva de caso federal.

Comenzaré a dar respuesta a los agravios del demandado, con relación a la responsabilidad que entiende el sentenciante le cupo a los codemandados en el evento.

Y observo que los apelantes fundan todas sus quejas en la prioridad de paso, en el lugar donde se producen los daños del Fiat 147, que el sentenciante haya dado fuerza probatoria al acta policial, a la circunstancia que haya colisionado con la parte delantera de su vehículo y que iba a una velocidad imprudente y que tuviese por acreditado que el vehículo de la actora interfirió al de la demanda y no obstante por esta maniobra no le atribuya responsabilidad a la actora.

Es preciso marcar que abordaré la queja, y sólo con un criterio amplio de admisibilidad formal que de ordinario aplica esta Sala, siguiendo jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, ya que aunque la expresión de agravios diste mucho de constituir un modelo en su género, si el apelante individualiza, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad, o aunque sucintamente y sin alarde de argumentos jurídicos, alcance a formular una crítica, no procede declarar la deserción del recurso - Morello, Augusto "Códigos Procesales", T.III, pág. 362. A lo que he de agregar que tal admisión es consecuencia lógica de los fundamentos de la sentencia.

Se ha probado, y no ha sido motivo de oposición, que el día 6 de marzo de 1999, se produjo una colisión entre los vehículos identificados como Fiat Duna CS, dominio ........... y el automóvil Fiat Spacio dominio ........., conducido el primero por el Sr C. y el segundo por la Sra M., en la intersección de las calles San Martín y 13 de diciembre de esta ciudad.

El actor, entiende que ha sido la culpa del conductor del Fiat Duna, mientras que este último, da razones por los que sostiene que la responsabilidad es del actor, y es esa la controversia que se debe dirimir, dentro del escaso marco probatorio.

En la investigación de los accidentes de vehículos en movimiento, las partes dan sus versiones acerca de la mecánica del mismo, de allí que la prueba pericial, comprobado el accidente y los daños sufridos en los vehículos, y la suma del resto probatorio, permite al sentenciante arribar a un resultado justo a partir de las presunciones.

Y adentrándome a las probanzas de la causa, se observa que el informe y croquis policial no admite embate alguno, toda vez que se limita a dar datos objetivos y forma en la quedaron los vehículos de allí que los agravios del apelante en punto a no haber presenciado el personal policial el hecho, no haber sido en escala y no decir cómo ocurrió el accidente, resultan manifestaciones carentes de relevancia para valorar dicho informe, atento que nada de lo que pretende se requiere; más, el descrédito sería evidente si hubiese consignado la mecánica del accidente. El informe policial, merece plena fe, atento que el art. 17 de la ley 815 (orgánica policial) determina que las actuaciones de los funcionarios de la Policía de la Provincia, en cumplimiento de obligación legal u orden de autoridad competente, serán válidos y merecen plena fe, sin requerir ratificación mientras no se declaren nulas por vía legítima y el art 979 CC también le da valor de instrumento público en los presentes.

Y si bien dicha documental fue desconocida, fue valorada por el juez, sin que hubiese objeción a ello y el demandado se vale de ella para rebatir la sentencia.

Con estas bases paso a examinar la mecánica de la colisión, en orden a la determinación de la responsabilidad civil emergente de ambos vehículos de riesgo (art. 1113 Cód.Civ.), pues para eximirse de responsabilidad en virtud del citado artículo, no basta demostrar que de su parte no existió culpa sino que debe probar, la culpa de la víctima, el caso fortuito o la fuerza mayor, la culpa de un tercero por quien no se debe responder o la ruptura del nexo de causalidad (ver v.gr. C1ª CC San Isidro, sala I, junio 18-2002, ED 200-394).

Ha quedado suficientemente acreditado de acuerdo al reconocimiento de las partes, que el vehículo Fiat Duna embistió al vehículo Fiat 147, y que el primero contaba con la prioridad de paso.

El artículo 41 de la ley de tránsito 24449 establece que "todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha" y tal prioridad es absoluta, sólo se pierde, dice la norma, en los casos que enumera.

Y sabido es que la disposición sobre la prioridad de paso que debe cotejarse con el resto de las pruebas y de las disposiciones legales, doctrinales y jurisprudenciales, máxime cuando esta última no es concordante, "La Suprema Corte relativizó el carácter absoluto de la regla de paso preferente (S.C.B.A. Ac. 58668, 11/03/97, "M.", L.L. Bs.As. 1998-825 con nota aprobatoria de Miguel Piedecasas; esta Sala causa Nº 42642, 28/8/2001, "C. de V. F. c/ E. D. H. y otros. Ds.y Pjs.").

Se dijo allí que "la flexibilización de esa jurisprudencia se había insinuado anteriormente al decidir que "si bien es cierto que las reglas de la prioridad de paso fijan rígidos criterios hermenéuticos, tal premisa debe conjugarse con todas las pruebas del juicio (arts. 384, 456 y 474 Del CPC)" (S.C.B.A., Ac.70.193, 3-5-00, "N.", D.J.J., Tº 158, p. 217, esta Sala, Causas Nº42502, 29/05/2000, "C."; Nº42805, 17/08/2001, "M. de A.").

En otro antecedente casacional se reiteró que es obligación de ambos conductores la de reducir la velocidad al llegar a la bocacalle (Ac. 77508, 08/ll/2000, "M.", D.J.J. T.159-295), aunque luego se volvió a lo que se insinuaba como doctrina vigente (Ac.70665, 04/04/2001, "Q." cit. D.J.J. T.160-228).

En distintos fallos se insistió que quien circula por la izquierda sólo puede continuar su marcha "si luego de frenar la misma hasta casi detenerla advierte que no circulan autos con prioridad de paso, lo que no está condicionado al arribo simultáneo" (Ac.66334, 13/05/97 "F."; Ac.59835, 14/07/98 "N.", D.J.J. 155-201; Ac.71179, 22/12/99 "M."; Ac.76217, 25/10/2000, "C."), y que el principio de paso preferente "no releva la necesidad de verificar en cada caso las circunstancias integrales, en particular la incidencia de otras reglas del tránsito y de los principios generales de la responsabilidad", (S.C.B.A. Ac.66208, 02/03/99, "P. R."; Ac.63493, 01/12/98, "C.").

La pauta directriz derecha antes que izquierda no puede predicarse en forma generalizada u omnicomprensiva" (Ac.64363, del 10/11/58, Voto Dr. De Lázzari; doctrina Ac.70665, del 04/05/91, D.J.J. T.160-228; Ac.70193, "N.", D.J.J. T.158-217).

Ulteriores pronunciamientos casacionales, inclusive con otra integración de ese Alto Tribunal, han ratificado esa tendencia jurisprudencial. Aún cuando en algún pronunciamiento el carácter más flexible de la pauta de la prioridad de paso fue el de la minoría (disidencia del Dr. De Lázzari Ac.79892, 19/2/2002 "G."), discrepándose incluso sobre los alcances interpretativos de la doctrina legal vinculante (Ac.73936, 19/2/2002 "S.", disidencia del Juez de Lázzari), lo cierto es que se repitieron las líneas medulares de la exégesis ahora vigente (Ac.75528, 30/10/2002 "P."). Si bien luego se ahondaron los parámetros valorativos, siendo auspiciado sólo por un ministro la exégesis que más relativiza la norma del art.57 inc.2 ley 11430 (Ac. 78370, 27/11/2002 "M."), el último antecedente registrado afianza, aunque con matices importantes, la tesis mayoritaria (Ac. 76418, 12/3/2003 "M. V."). En este caso se advierte una división de opiniones que insinúa tres posturas: una propicia relativizar su aplicación, expresando que la regla dirimente de paso preferente no está condicionada al arribo simultáneo de los vehículos (voto Dr. Pettigiani al que adhirió el Dr. Negri). La segunda postula acotar más rigurosamente el carácter absoluto de la prioridad de paso, la que debe adecuarse a las circunstancias del caso -vgr. quien llegó primero a la bocacalle- en correlación con las restantes normas del Código Civil y las infracciones de tránsito (voto del Dr. de Lázzari, al que adhirió el Dr. Salas). Finalmente se propicia atender a cada caso pero sin desnaturalizar el valor seguridad que, como norma de prevención, establece ese precepto legal (art. 57 ley 11430), adecuándose al juego de expectativas mutuas que para ambos conductores genera el encuentro en las bocacalles (voto Dr. Roncoroni, con disidencias parciales a la opinión del Dr. De Lázzari).

En suma, mantiene su vigor la tesis que relativiza el carácter absoluto de la prioridad de paso, aunque habrá de aguardarse su evolución en los futuros pronunciamientos de la nueva integración del Alto Tribunal (C. 46143 - "M., N. L. c/ Z., R. R. y otros s/Daños y Perjuicios" - CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE AZUL (Buenos Aires) - SALA II - 04/12/2003).

Asimismo el Superior Tribunal de la Provincia en autos "B. c/ M. s/ Daños y perjuicios, S.D. registrada bajo el Nº 9 SRE, año 2000, adoptó igual postura con basamento en jurisprudencia anterior y posterior a la ley, y transcribiré esta última: "Es cierto que el actual art. 41 de la Ley Nº 24.449, que sigue el modelo normativo anterior, adjudica al privilegio conferido por esta especie preferencial, la calificación de absoluto. Pero ello responde a una interpretación fuera de contexto, por cuanto más que sugerir, el ambiguo adjetivo parecería estar declarando que al preferente le estaría acordado un virtual estatuto de inmunidad. Ello de ningún modo es así. A más de que conceptualmente ello no es cierto -jamás la preferencia es absoluta, sino esencialmente relativa-. No puede entenderse qué es lo que pretendieron los sucesivos legisladores con la inclusión de la fórmula, puesto que no resuelve nada práctico sino que se erige en una fuente generadora de emulación y riesgo (Conf. Carlos Tabasso Cammi, "Preferencia del ingreso prioritario, de la derecha-izquierda de facto" en "Revista de Derecho de Daños, Accidentes de Tránsito -III", año 1998, pág. 31 y sgtes.).

En cuanto a la velocidad imprudente que el sentenciante presume y que es motivo de queja, no se ha acreditado la velocidad en que transitaban los vehículos y es regla que velocidad excesiva no es sólo aquella que se determina matemáticamente en base al estricto kilometraje desarrollado, sino que se juzga como la que no permita el control del rodado, según se desprende del precepto general que emana del art. 50 de la Ley de Tránsito 24449, a la que se adhiriera la Pcia del Chubut por Ley 4165 y la Municipalidad de la ciudad por medio de la Ordenanza 6199/96 y arts 901, 902, 906, 1113 Cod.Civ.). Así ha sido reconocido por la jurisprudencia que sostuvo que "ha de considerarse inapropiada la velocidad de un vehículo cuando, con independencia de la máxima reglamentaria, no se adapta a las circunstancias de tiempo y lugar y por tal razón vulnera el deber de circular con cuidado y prevención que impone el Código de Tránsito" (C.N.Civ. San N. 9/5/2002, "A. E. J. c/ R. N. D. s/Ds. y Pjs."). La pauta jurisprudencial más difundida afirma que "la velocidad puede resultar excesiva según las circunstancias del caso, del mismo modo que no será inexorable eximente conducir dentro de los límites máximos" (Conde Héctor-Suárez Roberto "Tratado sobre responsabilidad por accidente de tránsito" T.2 p.367, notas 12 y 13.

Y es con tales parámetros que entiendo que más allá de la velocidad con la que se desplazaban, ninguno de los conductores ha podido, ante las circunstancias mantener el dominio del vehículo para impedir el accidente, haciendo caso omiso de las prescripciones del Art. 39 inc. B) de la Ley de Tránsito.

Efectuada la valoración de las pruebas, se concluye que la prioridad de paso la ejercía el conductor que se desplazaba por la calle 13 de diciembre de S a N, y el Fiat 147 lo hacía de O a E. Asimismo del croquis que efectuó la policía se puede concluir que el automóvil embestido, había atravesado más de la mitad de la calle 13 de diciembre, atento el lugar donde quedaron los vehículos donde se produjeron los daños, sin dejar de presumir que la velocidad de ambos no era la adecuada. No obstante esto último me convence que ha sido el conductor del Fiat Duna el responsable de la colisión.

Y para ello he de tener presente la testimonial de la Sra V. que era la acompañante en el Fiat Duna, quien declaró que "Frenamos y nos tiramos bien a la vereda", lo que justifica el lugar del impacto, la posición en que quedaron los vehículos, así como el lugar donde recibe el impacto el Fiat 147 de la actora.

Asimismo, la carencia de carné de conductor, si bien se trata de una falta administrativa, y la edad del menor, dan una pauta de la falta de destreza, habilidad y dominio que indudablemente tenía el joven conductor del Duna.

En punto al monto indemnizatorio que determinó el juez, es motivo de agravio por ambas partes. El demandado respecto del monto fijado en concepto de incapacidad, daño moral, gastos de curación y movilidad y por los daños y desvalorización del vehículo y el actor con relación a la incapacidad, daño moral, daños del vehículo.

Los agravios del demandado en este rubro, puntos 13, 14, 16 y 17 entiendo que no importan una crítica concreta y razonada que exige el art. 265 del CPCCCh sobre el fallo, ya que se limita a fundar el agravio en la mecánica del accidente, por lo que es de aplicación el art. 266 del ordenamiento procesal.

Agravios del actor, Incapacidad: Solicita por ello la suma de $10.000, ante una incapacidad que calcula en el 15%.

No ha de perderse de vista que al determinar el quántum para reparar el daño por incapacidad física no cabe recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la ley de accidentes de trabajo, aunque pueden ser útiles como pauta genérica de referencia, sino que corresponde tener en cuenta las circunstancias personales del damnificado y la gravedad de las secuelas que pueden extenderse no sólo al ámbito del trabajo, sino a su vida de relación, incidiendo en las relaciones sociales, deportivas, etc. (ver v.gr. CS, 12/12/89, ED 138-911).

Completando el nivel de exigencias que emergen de la aplicación del criterio precedente se ha resuelto que la indemnización por incapacidad no resulta de fórmulas aritméticas, sino que deben ponderarse circunstancias personales, como edad, sexo, estado familiar, ocupaciones habituales, etc. de la víctima para fijar con criterio de prudencia, la suma que compense la disminución de posibilidades P. genéricas y no sólo laborales (ver v.gr. CNCiv., sala G, septiembre 30-1999, ED 190-427).

En consecuencia y aplicando lo dicho al caso concreto señalaré los datos de mayor interés que surgen de la causa y que resulten útiles a los fines señalados.

De la pericia médica de fs 306/308, se desprende que la incapacidad de acuerdo a la cicatriz es de 2%, a lo que agrega ponderando edad, dificultad para las tareas y recalificación, en el 1%, totalizando 3% de incapacidad.

Y es que la acción antijurídica imputable no genera resarcimiento si no ocasiona un daño de acuerdo a lo que dispone el art. 1068 CCiv.

Dicho de otro modo, el daño patrimonial, para ser resarcido, requiere la existencia de consecuencias valuables económicamente como expresa el artículo citado precedentemente. Es que, el derecho de daños no es sancionatorio, sino resarcitorio, por ello, no se detiene en la lesión, sino que averigua sus resultados; si y cómo la lesión ha gravitado en la esfera patrimonial (o espiritual) de la víctima. La lesión no es el daño y si su causa (Zavala de González, Matilde de, "Resarcimiento de daños", t. 2ª., p. 105).

Así, la indemnización tiene por objeto, en la medida de lo posible, la reposición de las cosas a su estado anterior (art. 1083 CCiv.) sin convertirse en fuente de lucro para el damnificado y correlativa-mente en un factor de expoliación para el dañador, lo que ocurre cuando éste se ve compelido a indemnizar un daño total o parcialmente inexistente (Pizarro, Ramón D., "Daño Moral. Prevención. Punición", p. 35).

El demandante tiene que probar la existencia del daño, inexcusablemente, so pena de no recibir reparación alguna, en razón de que, como ya se dijo anteriormente, debe haber algo que reparar (conf. Belluscio, "Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado", Ed. Astrea, p. 705 y ss.).

La entidad e importancia del daño resarcible es carga probatoria de quien la invoca (Llambías, "Obligaciones", t.1, n. 248, p. 281; LL, 130-769, entre otros). Y es que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que incoara como fundamento de su pretensión, defensa o excepción (Alterini, Atilio y Roberto López Cabana, "Temas de responsabilidad civil", Ed. Ciudad Argentina, pág.160 y ss.).

Dichas pautas, el informe del perito en el punto 3, quien deja aclarado que las secuelas son estéticas y que desaparecen una vez absorbido el hematoma, y que dicha suma otorgada por el sentenciante en $3.000, resulta productora de una renta considerada prudencialmente porque se otorga de una sola vez más los intereses, me resulta adecuada. Suma que es superior proporcionalmente a la solicitada.

Gastos de curación y movilidad: La actora solicita por el primero de los rubros la suma de $300 y por el segundo $500. La demandada niega tales requerimientos en la contestación de la demanda.

La sentencia fijó la suma de $600 para resarcir dichos gastos. El embate de la demandada sobre este rubro, punto 15, merece tratamiento.

Es cierto que los gastos fehacientemente acreditados por la actora son los que constan en la documental acompañada, pero no son menos ciertos los argumentos dados por el sentenciante en punto a que no es necesario acreditar fehacientemente ambos.

Como lo afirma la Dra Zavala de Rodríguez en "Resarcimiento de daños", "Daños a las personas", 2, pág. 113 y sgtes "los gastos terapéuticos son aquellos orientados al restablecimiento de la integridad sicofísica de la víctima del hecho".

La Sra M. ha sufrido un daño físico que debe repararse o intentarlo, de allí que la indemnización debe consistir en el pago de todos los gastos de curación y convalecencia del ofendido.

Constituyen, a decir de la autora citada, un daño patrimonial indirecto, por implicar un perjuicio económico y refleja a raíz del mal hecho a la persona, derechos o facultades de la víctima (art. 1068 CC).

La jurisprudencia a su vez, ha sentado un criterio amplio en torno a la admisión de este tipo de erogaciones para cuyo acogimiento no exige los comprobantes respectivos, sino que se presume su desembolso en función de la entidad de las lesiones sufridas, así como la convalecencia han hecho incurrir en gastos, que entiendo alcanzan la entidad que admitiera el juez, por lo que coincido con la suma otorgada y desestimo el agravio del demandado.

Daño material del vehículo:

Las fotografías dan cuenta de los daños del vehículo. Asimismo el perito estima que se pueden conseguir talleres con valor presupuestario de $1000, toda vez que se podría cambiar la puerta, el guardabarros y la moldura, entendiendo que se puede desatollar el paragolpe delantero.

Tal apreciación no conlleva sustento alguno más allá que su estimación. Ante ello y que el presupuesto de fs 36 reconocido a fs 199, no obstante lo alegado por la Sra Defensora, no resulta excesivo, máxime cuando considero que es justo que el propietario del vehículo exija que éste quede en iguales condiciones en que se encontraba antes del siniestro, la suma de mil ochocientos pesos solicitada por el actor, entiendo es el adecuado. En consecuencia modificaré el monto indemnizatorio que determinó el sentenciante.

Daño moral: Y he de adelantar que no cabe duda alguna que la situación disvaliosa provocada a consecuencia del accidente automovilístico y que dieron origen a estos actuados, conlleva implícito desasosiego, intranquilidad espiritual, que debe indemnizarse y para establecer su monto, he de tener presente las circunstancias y vicisitudes que surgen de la causa, así como los informes de los peritos.

La índole de la afección de que se trata es consecuencia inmediata y necesaria de las lesiones en el cuerpo y salud, ambos bienes de la personalidad, provocando un daño moral, perjuicio que se produce "in re ipsa" y no requiere ser demostrado.

Esta indemnización contempla la reparación del daño íntimo sufrido por la víctima y para estimarlo cuantitativamente, son bien conocidas las dificultades que existen, atento su naturaleza extrapatrimonial y por eso, más que cualquier otro, su determinación queda librada al prudente arbitrio judicial (art. 163, inc. 5°, 165 y cc. CPCC).

Y como tantas veces se ha dicho, tanto pueden ser los montos indemnizatorios por esta causal como jueces intervengan.

No es ocioso recordar que la indemnización por daño moral posee doble carácter, predominantemente satisfactorio, ya que busca compensar la conmoción íntima que el padecimiento genera, mediante el alivio que puede importar la suma que se otorga, y a la vez admonitorio y desalentador de conductas como la aquí juzgada.

No se ignora que en nuestra doctrina los autores han acentuado la preponderancia de uno u otro aspecto, procurando descalificar el opuesto (ver las diversas opiniones en Llambías, Jorge J., "Obligacio-nes", Tratado, Abeledo Perrot, Bs. As., 1983, t. I, p. 330 y ss., nros. 258 a 262), inclinándose la mayoría por el carácter resarcitorio y punitivo (ver Raymundo M. Salvat, "Tratado de Derecho Civil Argentino", Obligaciones, ed. actualizada por Enrique V. Galli, TEA Bs. As., 1952, p. 214 y s., nº 187, y 187 a; Alfredo Orgaz, "El daño resarcible", Depalma, Bs. As., 1967, p. 190 y s., nro. 57, entre otros ). Creo, empero, que un punto de vista exclusivamente unilateral, que mire sólo a la conducta ofensiva del causante del daño (v. gr. Llambías, ob. cit.) o sólo a la situación de la víctima, habría de parcializar la realidad en que ambos se encuentran involucrados y en la que han tenido un rol protagónico. Si sólo se atiende a la conducta del ofensor, como bien observa Cifuentes (Santos Cifuentes, "Naturaleza jurídica del daño moral y derivaciones de su concepción", en Estudios en homenaje al Dr. Guiller-mo A. Borda, La Ley, Bs. As.1984, p. 84), el damnificado y sus padecimientos morales son puestos en el margen del problema, cuando, en rigor, las normas aplicables aluden a la "reparación" del daño moral (ver arts. 522 y 1078, cód. Civil) y de eso se trata primordialmente (art. 1083, cód. cit). Pero es preciso advertir que tampoco es indiferente al derecho -no podría serlo- la calificación o las características del obrar del autor del daño (v. gr. arts. 521, 1069, parte 2ª, 1082 y 1109 in fine, cód. Civil), pues tales circunstancias también inciden en el rigor o la magnitud de la sanción aplicable. De allí ese carácter bifronte que, creemos, es el que mejor refleja los perfiles normativos de la indemnización por daño moral. Conceptos todos que transcribo por compartir y responder a lo aquí tratado. Buenos Aires, de octubre de 2003 - Fdo.: CARLOS ALFREDO BELLUCCI- LEOPOLDO MONTES DE OCA; Pizarro, Ramón Daniel - Daño Moral, págs. 540 y 561.

Y lo consignado me persuade que la suma que determinara el senteciante se ajusta a derecho y así lo resolveré, desestimando los agravios.

Intereses, fecha a partir de cuando deben aplicarse: Fijar el monto de la indemnización como lo hiciera el sentenciante, no satisface el principio de reparación integral. Los intereses compensan el precio del dinero en el mercado y su encarecimiento, es consecuencia de los avatares del proceso económico y un factor que los jueces no pueden desconocer, ni dejar de lado en sus sentencias, adeudados los mismos desde el hecho ilícito, porque es en ese momento en que se daña el patrimonio del reclamante compensándose así la demora en efectuar la reparación", SDN34/SRE/00; 027 SRE/02 y 2/SER/05. También ha sostenido y es criterio que se comparte que en materia de daños impera el principio de reparación integral y los intereses en todo caso deben liquidarse desde la fecha del acaecimiento del mismo. La indemnización debida, debe ser acompañada por el pago de los intereses, que tienen como función esencial "asegurar al acreedor la reparación integral a que tiene derecho evitándole el mayor perjuicio que pudiera significarle la demora en obtenerla". Estos intereses comienzan a correr a partir de cada perjuicio, y con ello se logra colocar al damnificado en las mismas condiciones que estaría si hubiese recibido la reparación en el mismo momento en que sufrió el daño", Sala de Casación (José Luis Pasutti-Agustín Torrejón. AC) "A., B. c/ T. M. SRL y-o quien resulte responsable s/ daños y perjuicios", 29 de diciembre de 2002; Sala de Casación (Fernando Royer-Agustín Torrejón-AC) "F, C. c/ Provincia del Chubut s/ Daños y perjuicios"(19 de febrero de 2002).

Lo trascripto resulta suficiente para admitir los agravios del actor, fijando los intereses a la tasa que ha llegado firme a esta instancia desde la fecha del evento.

La C. aseguradora se agravia por la condena que dispuso el sentenciante.

Asiste razón al quejoso en punto a la incongruencia de la sentencia.

Dos fueron las razones esgrimidas por la citado en garantía para que se desestimara las pretensiones de actor y demandado.

Una la falta de cobertura y caducidad de seguro. El a-quo consideró que la primera de ellas debía admitirse, lo justificó y lo plasmó en el fallo en el punto 1º "Aceptando la defensa de exclusión de cobertura".

Con relación a la caducidad del seguro, la rechaza por las razones que esgrime. Ante ello condena a la aseguradora al pago, quien responderá dentro de los límites del seguro.

Actor y demandado al obtener respuesta satisfactoria a lo requerido no apelan.

Y ello es así pues el vencedor, en principio, no puede apelar porque carece de interés en impugnar una sentencia que le resulta favorable. Se ha resuelto que el litigante a quien la sentencia de primera instancia satisface en todas sus aspiraciones, no puede deducir contra ella recurso de apelación, y sea que la sentencia tenga fundamentos que no comparte el vencedor o con omisión de otros que haya propiciado, pues no existe interés en el recurso, pero el silencio del litigante victorioso no importa, de por sí, conformidad con los fundamentos del fallo (Roberto G. Loutayf Ranea, "El recurso de apelación en el proceso civil", pág. 231).

Lo dicho no impide que, conforme el principio de la devolución implícita de toda materia controvertida a la alzada, el tribunal de apelación considere en la eventualidad las cuestiones, las razones y argumentos que el pronunciamiento de primera instancia realizó.

Por tales argumentos, me abocaré a las defensas esgrimidas por la tercera citada en garantía.

La aseguradora acompañó copia simple de la póliza y ofreció prueba pericial y entre otras cuestiones a dictaminar solicitó se remita copia autenticada de la póliza.

La actora y la demandada, en la contestación al traslado conferido, se oponen a la exclusión de cobertura por tal motivo, la primera desconoce la documental (póliza) y agrega que no surge de la misma que las cláusulas del seguro hayan sido notificadas y comunicadas y específicamente a la que se refiere a la cláusula de exclusión de responsabilidad que invoca la aseguradora.

Agrega que dicha cláusula resulta inaplicable porque no se refiere a la carencia de carné, sino a quien teniendo el carné, éste no es acorde con la categoría del vehículo que conduce al momento del siniestro.

A fs 347 se decreta la caducidad de la prueba pericial contable en extraña jurisdicción.

Sabido es que el contrato es consensual, generalmente se lo celebra por escrito y se posterga la vigencia hasta la emisión de la póliza, pero no por ello cambia la naturaleza del contrato ni del instrumento, ya que la póliza presupone la perfección del contrato.

Las condiciones generales aunque impresas y no firmadas, integran el contrato, y obligan al tomador como si fueran manuscritas y firmadas.

Ante tales conceptos sostenidos por Halperín en "Seguros", págs 371 y sgtes, y el reconocimiento del actor y del tercero de la existencia del seguro devienen inconducentes las alegaciones del actor a fin de eximirse de la falta de cobertura. Máxime cuando actor y demandado se refieren a la póliza Nº ......., que es la presentada por el tercero.

Y de la misma se desprende que bajo el rubro ítems de exclusiones específicas en el punto 1) se determina "Mientras sea conducido por personas que no estén habilitadas para el manejo de la categoría de vehículos de autoridad competente".

De la documental acompañada, partida de nacimiento, informe policial y de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia surge que L. A. C., al momento de la colisión, tenía 17 años de edad y carecía de carné habilitante.

Asimismo, la ley de tránsito se refiere en el capítulo segundo II del título III a la licencia de conductor. Y señala Jorge Mosset Iturraspe que la falta de la licencia de conducir constituye un falta grave para quien pese a ello conduce, pues como ya lo señalara es una presunción de falta de pericia.

Halperin, Isaac (2001): "Seguros. Exposición crítica de las leyes 17.418, 20.01 y 22.400", Buenos Aires, Depalma, destaca "con respecto al tema de las exclusiones de riesgos o "no seguro", la jurisprudencia ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversos fallos, entre otros, los que decidieron que, desde el punto de vista de la responsabilidad del asegurador, es de gran importancia la individualización del riesgo en el contrato de seguro, cuya delimitación surge de precisiones que, si bien tienen dos fuentes, no son excluyentes, sino que se complementan: la una, positiva, en cuanto indicará las situaciones, intereses, cosas, tiempo, lugar, etc., amparados por el seguro, y negativa la otra, al enumerar situaciones que son excluidas de dicha cobertura. Uno de los requisitos fundamentales del riesgo es que debe estar determinado específica y concretamente, recaudo necesario para el asegurador, a los fines de que pueda establecer exactamente su naturaleza y medir su alcance en el momento de la celebración del contrato (C.Nac.Com., sala A, 23/10/1979, "A. y C.. S.A. v. L. D. C. de S. S.A.", LL 1980-C-60; ED 86-354), y que en el contrato de seguro el riesgo debe ser cuidadosamente individualizado y precisado; con mayor razón resulta exigible esa concreta, formal y particularizada determinación cuando se trata de exclusiones o limitaciones a la garantía, porque constituye principio recibido en el derecho de seguros que en caso de duda acerca de la extensión del riesgo, se debe estar por la obligación del asegurador, habida cuenta de que es quien se encuentra en mejores condiciones para fijar con precisión y de manera indubitable la extensión clara de sus obligaciones, evitando crear en el espíritu del tomador la falsa creencia de una garantía inexistente (C.Nac.Com., Sala C, 17/5/1984, "B., J. A. v. A. I. C. de S. Ltda.") (págs. 418/419).

Cuando hay "exclusión de riesgo", el asegurador manifiesta explícitamente en la póliza su voluntad de "no" cubrirlo. Desde el principio del contrato declara no tomarlo a su cargo y el asegurado no tiene derecho a indemnización alguna. En este supuesto se origina una falta de cobertura, se configura un "no seguro", porque el riesgo se halla formalmente fuera de la garantía dada en la póliza respectiva: existe una diferencia cualitativa entre riesgo asumido y riesgo excluido; lo significativo es que se trata de un riesgo "diverso" del previsto en la póliza, es decir, de aquel sobre cuya base se efectuó el contrato (pág. 419).

Si el vehículo es conducido por quien carece de registro habilitante, se produce contractualmente un supuesto de inexistencia de cobertura y no puede la víctima pretender que la condena alcance a la aseguradora, que al momento del accidente carecía, por ese motivo, de vínculo con el responsable: se trata de un supuesto de delimitación del riesgo o de no seguro, en el cual resultan extrañas las consideraciones relativas a la función social del seguro y a la protección de la víctima (C.Nac.Civ., sala H, 26/12/1996, "H., V., v. P., N.", LL 1997-C-994, sum. 11.550) (pág. 420).

Las razones dadas me convencen que debe admitirse, como lo hiciera el sentenciante, la exclusión de la cobertura por parte J. C. de S. de A. y P.. S.A.

Arribada a tal decisión, carece de virtualidad expedirse sobre la caducidad de la cobertura; más, de admitirse lo decidido por el sentenciante al respecto, ninguna incidencia tiene al haber prosperado uno de los fundamentos presentados por la C. aseguradora.

Por lo dicho corresponde admitir la apelación de J. C. de seguros y revocar el punto 3 de la sentencia En consecuencia la demanda prospera por la suma de $6400, más los intereses que fijara el sentenciante desde el evento dañoso.

Respecto de los intereses y costas de acuerdo a las pautas establecidas por los arts 6 y 7 de la ley de aranceles y el art. 279 del CPCCCh, corresponde adecuarlos a la modificación de la sentencia.

Las costas de ambas instancias de la acción principal, las impongo a los codemandados vencidos.

En punto a las que se originan respecto a la relación establecida entre actor, demandado y tercero, las impongo en el 50% entre las partes principales, toda vez que tal como surge de la demanda y contestación, ambos solicitaron la citación de la C. de seguros, que fuera liberada de condena.

Diferiré la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo; los que se fijarán de conformidad a la labor desarrollada, el resultado obtenido con relación a las pretensiones, el monto del proceso, concordantemente con lo que dispone la ley 2200 y su modificatoria, ley 4335, siguiendo las pautas de los arts. 6, 7, 9, 19 y 61. Los de esta instancia se los aplicarán siguiendo iguales pautas, y el art 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra.Juez de cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dice:

1) Rechazar los agravios de la parte demandada.

2) Admitir parcialmente los agravios de la parte actora.

3) Admitir los agravios de la tercera citada J. C. de S. de A. y p. S.A.

4) Revocar parcialmente la sentencia de fs 390/392 y condenar a M. S. C. M., B. R. y L. A. C. R. solidariamente a abonar a la Sra G. M., la suma de $6.400, más los intereses desde la fecha del evento dañoso y a la tasa que fijara el a-quo.

5) Revocar el punto 3º) de la sentencia, rechazando la demanda contra J. C. de S. de A. y P. S.A.

6) Las costas del juicio en ambas instancias las impongo al demandado vencido.

7) Las costas con relación al tercero citado las impongo a actor y demandado de acuerdo al considerando respectivo.

8) Diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por las partes actora y demandada contra la sentencia definitiva nro. 134/2005 que hizo lugar a la excepción de exclusión de cobertura y rechazando la defensa de caducidad del seguro de la aseguradora J. Cía. de S. de A. y P. S.A., receptó parcialmente la demanda y condenó a M. S. C. M., a B. R. y L. A. C. R. a abonar $5875 a la actora G. M. (fs. 390/91, 393, fs. 395 y fs. 408).

Sin perjuicio que la magistrada prevotante efectuó la reseña de los agravios de las partes, sintetizo las quejas brevemente a los fines de ordenación.

A fs. 435/39 vta. luce el memorial de agravios de la parte demandada; esencialmente se queja porque el Aquo no valoró las fotografías de fs. 5, 6, 7, 8, que dan muestra que los daños del FIAT 147 fueron en la parte delantera derecha circunstancia que demuestra que no había traspasado la línea media de la calle. Otorgo valor al acta policial 70/99 que fue confeccionada después del accidente y también al croquis que no dice como fue la mecánica. Si el auto de la actora hubiere estado más adelantado los daños no estarían en la parte delantera, agrega que la demandada tenía prioridad de paso. Se queja de la afirmación de la velocidad imprudente del demandado, no surge de pericia de fs. 331, por último y con relación al accidente dice que no se consideró responsabilidad no obstante decir que interfirió en la maniobra (fs. 391).

Se queja del monto por incapacidad, debido a que el golpe en el rostro es porque la actora no circulaba con el cinturón de seguridad, no hay prueba de la cicatriz a posteriori de la curación y la pericial medica indica que las secuelas no tienen incidencia, fs. 308. También se queja del monto por daño moral. Tampoco se acreditaron gastos por remedios y movilidad a excepción de Metrafex plus de $8.28. También los daños al vehículo cuando no se acreditó la responsabilidad.

Por su parte en el memorial de agravios de la actora las quejas se asentaron en los montos de condena y que deben llevar estos intereses desde el momento del evento dañoso fs. 440/43.

La citada en garantía J. C. de S. de A. y P. S.A. a fs. 444/6 vta. se queja porque remitió carta documento suspendiendo la cobertura por falta de pago, debió la demandada demostrar que pago. El segundo agravio si se aceptó la defensa de exclusión de cobertura no es factible de condena tornando incongruente la sentencia y por último por la imposición de las costas.

1.- En primer lugar analizaré la apelación de la aseguradora, a quien le fue receptada la excepción de exclusión de cobertura, incoherentemente es condenada habiendo abordado el Aquo el tema en relación con la caducidad por falta de pago a fs. 391, que estimo vigente, hace responder, por lo tanto le impone la obligación del pago hasta los límites de cobertura.

Es decir contradice sus propios dichos, si está excluida de cobertura no puede responder por el mismo siniestro. Llegó firme a esta Alzada la sentencia en el punto 1 en cuanto excluye de cobertura por el hecho, y es cuestionado el punto 3 del fallo nro. 134/2005 que impuso la condena al pago (fs. 445). Si bien el recurrente pocos argumentos brinda con relación al rechazo de la caducidad y si sostiene y respalda la exclusión, la sinrazón de la sentencia venida en crisis es motivante de dicha postura, toda vez que rebatirse una contradicción expresa, manifiesta y sin fundamentos limita la dialéctica discursiva.

"Si la póliza en virtud de la cual se aseguró un rodado incluye en su redacción una cláusula por la cual no corresponde indemnizar siniestros producidos o sufridos por el vehículo mientras fuere conducido por personas que no estuvieran habilitadas para su manejo, la entidad aseguradora puede válidamente oponerse al pago de las indemnizaciones reclamadas por la víctima de un accidente si ha quedado comprobado que el conductor del rodado carecía de carnet habilitante (S.C.B.A., Ac. 42.988 del 15-5-90; Ac. 47.567 del 4-5-93; Ac. 59.898 del 12-8-1997). En el caso, la citada en garantía fue excluida, y se tuvo por acreditada la circunstancia invocada, y a título ilustrativo destacó que a fs. 270 obran fotocopias que acuerdan la licencia de conducir al L. A. C. el 8 de mayo del 2001 es decir dos años después del accidente y con 19 años de edad. De cualquier manera, tal situación llegó firme a esta Alzada, y se hizo lugar a la cláusula excepcionante en resuelvo nro. 1 "aceptando la defensa de exclusión de cobertura..." y por lo tanto se produjo una situación de no cobertura al comprobarse una de las dos cuestiones planteadas en la oportunidad procesal, la contenida en la cláusula excluyente según póliza agregada a fs. 81vta. Prospera el agravio porque existió una absurda estructuración lógica del fallo y una subsecuente y notoria injusticia, ya que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales y de coherencia fáctico-jurídica la condena impuesta en el resuelvo nro. 3 del fallo venido en crisis que, reitero, tanto este punto como el primero llegaron sin cuestionamiento por parte de la actora y demandada a esta instancia, siendo únicamente apelada la condena al pago por la aseguradora.

A mayor abundamiento a lo dicho agrego que "Es valor entendido en materia de contrato de seguro que el riesgo asegurable debe ser precisado, debidamente individualizado, y que esta precisión puede resultar ya sea en forma positiva de las enunciaciones del riesgo asumido, las hipótesis cubiertas, ya en forma negativa (delimitación), como consecuencia de la formulación de exclusiones a la cobertura que colocan fuera de su amparo diferentes situaciones por su mayor o extrema probabilidad, intensidad o generalización siniestral, así resulta aconsejable técnicamente. Esto puede hacerse, en principio, tanto en las condiciones generales como en las particulares de la póliza. Las exclusiones o limitaciones deben ser formales e individualizadas, resultando ineficaces al efecto cláusulas genéricas e indeterminadas (cfr. Halperín "Seguros", reimpresión 1972, Depalma, Buenos Aires, págs. 342, nº 17 y 360, texto y nota 136; y "Distinción entre no garantía y caducidad en el contrato de seguro", nota a fallo en La Ley, T.58, pág. 830; Barbato "Culpa grave y dolo en el derecho de seguros", Ed. Hammurabi, Bs.As., 1988, pág. 22/3 y doctrina citada en nota 3; Soler Aleu, "El nuevo contrato de seguro", Ed. Astrea, Bs.As., 1978, págs. 62 y ss., espec. págs.65/70; esta Cámara, Sala A, 20-4-1978, La Ley 1978-C-465; Sala F, 25-4-79, La Ley, 1980-D-764, 35716-S; C.N.Com., Sala A, 23-10-1979, La Ley 1980-C-60 y El Derecho 86-354)".

"Si en oportunidad de producirse el siniestro el conductor del rodado asegurado era un menor de edad que carecía de licencia habilitante, y la póliza contiene una cláusula de exclusión de cobertura en caso de configurarse tal circunstancia, se produce una hipótesis en que la aseguradora carece de vínculo con el responsable, razón por la cual no puede accionarse contra ella en los términos del art 118 de la ley 17418" ("A., A. y otros c/ P., P. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" - CNCIV - Sala E - Nro. de Recurso: E244733 - Fecha: 2-7-1998 - Citar: elDial - AEF2).

La misma suerte corre la queja con relación a las costas apeladas por la citada en garantía, correspondiendo considerar a la misma como ganadora y toda vez que en atención a que su actuación en los presentes fue provocada a instancias del actor (fs. 37 vta.) y demandado (fs. 59), corresponde considerarlas como comunes a ambos, debiendo soportarlas por mitades.

2.- En el memorial de agravios de los demandados, estos se quejan de la valoración de la prueba en líneas generales en ello se incluye la mecánica del hecho.

Previo a cualquier otra decisión se abordará el tema sobre la mecánica del accidente, que ninguna de las partes desconoce el día, hora, lugar, vehículos intervinientes, trayectoria de los mismos y protagonistas existiendo en consecuencia concordancia en ello.

En primer término destaco el acta policial que fuera confeccionada inmediatamente después del hecho, que los daños coinciden con las fotografías que si bien fueron desconocidas nada se dijo en el momento que fueron tomadas como sostén de la pericia mecánica, y por otra parte el acompañante indica que se desplazaron en dirección a la vereda. Por lo cual y sin perjuicio de la relatividad con que la doctrina y jurisprudencia han interpretado la norma respecto de la prioridad de paso, no existen constancias que el conductor del Fiat Duna manejara con dominio del automóvil como para evitar la colisión. No dejo de destacar que el informe policial cuestionado en esta instancia brinda los datos necesarios, precisos y objetivos para que el juez saque las conclusiones sobre el modo y forma en que se produjo el accidente. Es decir da cuenta de los daños sufridos en los vehículos, la localización tanto de los mismos como del lugar que quedaron luego de la colisión toda vez que estaban en movimiento al momento del hecho.

Cuestionan la apreciación de la prueba por cuanto de las fotografías obrantes no pudieron extraerse las conclusiones de la calidad de embistente del apelante y la prioridad de paso de esa parte demandada.

Es exacto que al alegar es oportuno formular consideraciones acerca de las pruebas producidas y poner de relieve la falta de significación de algunas de ellas, inclusive la pericial. Más si pretende poner en tela de juicio la eficacia de esta sobre la base de cuestionar los datos a los que echo mano el experto, es decir las fotos, debió formularse la articulación respectiva de inmediato, a través del pedido de explicaciones o impugnación y no concluido el proceso cuando tales presuntas deficiencias, no se trata de meras discrepancias con el experto o que pongan en dudas su dictamen sino de demostrar con fundamentos y de modo convincente que las conclusiones son erróneas, lo que no ocurrió, se utilizaron los elementos detallados sin alguna objeción posterior además del reconocimiento por las partes de la calidad de embistente. Por ello tengo de acuerdo a dichas fotos, al croquis policial la calidad de embistente del demandado así como considero las declaraciones de la acompañante Sra. V. cuando detalla que se tiraron a la vereda, lo que indica que no dominó el rodado, por cualquier razón, la inexperiencia, la velocidad, lo cierto es que no tuvo el control con el alcance que establece la ley de transito (art.39 ley 24449). No es ocioso recordar que participo del criterio que establece la relatividad de la regla respecto a la prioridad de paso en que se asentó la contestación de la demanda. Criterios que son sostenidos por el STJ sentencia nro. 9/2000 citada por quien me precedió.

A mayor abundamiento agrego que dijo Belluscio en su "Código Civil" comentado, t.5, pág. 487, "Hay que tener en cuenta que contamos con leyes que rigen la circulación que establecen presunciones de culpabilidad contra los infractores. Cuando el juzgador se encuentra frente dos presunciones de culpabilidad: una la que se deriva de la ley civil (art.1113), y la otra la que surge de la ley de circulación, hay que tener especialmente en consideración esta última para apreciar la causal liberatoria de culpa de la víctima prevista en el art. 1113 del CC. Es decir que si la culpa presumida contra la víctima según la ley de tránsito es la causa única del hecho, lo liberará totalmente al dueño o guardián, si no ha sido la causa única, lo liberará parcialmente, si ninguna influencia ha tenido en la producción del daño, subsistirá in tótum la responsabilidad del dueño o guardián".

Por lo que considero, en mérito a la valoración de la paupérrima prueba, la pericial mecánica que no descalifico por cuanto el embate de la demandada no alcanza a modificar las conclusiones, como señalara precedentemente en lo que respecta a las características de los daños expuestos y detallados en el mismo.

Una vez más recuerdo la vigencia jurisprudencial respecto de la relativa imposición de la prioridad de paso, no obstante la ley coloca en un plano absoluto, la jurisprudencia, atendiendo a cada caso en particular, sin desnaturalizar el principio de seguridad jurídica por tratarse de una norma de prevención (DJJ T.158-217). Por ello desestimo el agravio en este punto y encuentro responsable al demandado confirmando la sentencia.

Afirmar simplemente que no existe fundamento para determinar las indemnizaciones fijadas, no puede ser considerado como agravio en sentido técnico, reflejando tan solo un disenso dogmático de la recurrente con el fallo condenatorio. Así es sabido que por esa vía debe criticarse en forma concreta, razonada y puntual cada aspecto de la sentencia. Si se discrepa con una cifra debe hacerse el cálculo y demostrarse el equívoco de la sentencia, pues no puede aceptarse el argumento de que no existen pruebas por cuanto tan simple afirmación no es refutación de los fundamentos de la resolutiva dictada (Conf. CCCC Ia. Tuc. "V. N. c/ D. de F. s/ Cobro de Pesos", del 09/11/89). Es aplicable al caso el temperamento sentado por la ex Cámara Civil y Com. Común Ia. in re: "M. G. c/C. A. s/ Escrituración", del 10/02/86 cuando dijera "que no puede el Tribunal de Alzada, aún cuando no compartiera los fundamentos ni la solución de la sentencia apelada, suplir al recurrente en la formulación de las razones admisibles para lograr la revisión del fallo. Es decir, puede la sentencia del inferior estar eventualmente desajustada a derecho, pero si los agravios del apelante no demuestran el yerro del sentenciante, a la par de cuál es el criterio correcto en el caso y la doctrina exacta que debe aplicarse a la misma, la suerte debe resultar adversa para el apelante. Pues si la sentencia es desacertada y los agravios no demuestran el desacierto, o también son ellos desacertados, u omite toda referencia o destrucción de este presunto desacierto, no se advierte como podría lograrse la revisión de aquella si no es supliendo la actividad crítica del impugnante y hallando agravios idóneos allí donde no se los ha manifestado, lo que está vedado para el Tribunal (Conf. Peyrano "Del Sentido Común y de la Suficiencia del Escrito de Expresión de Agravios", nota en diario La Ley el 11/11/86), porque el memorial da la medida de las facultades del Tribunal". La razón que tuvo el a-quo en su fallo para otorgar la indemnización no fue criticada puntualmente por la apelante y, siendo así, no satisface una exigencia mínima que debe observar el memorial porque el art. 265 C.P.C.C., es sumamente claro en expresar que el recurrente debe "indicar concretamente los puntos que afectan a su derecho", entendiéndose que la concreción que prescribe ese artículo está significando que la parte debe seleccionar, del discurso del Magistrado, el argumento (o los argumentos) que constituyen estrictamente la idea dirimente y que forma la base lógica de la decisión, y luego señalar dónde está el error en que ha incurrido conforme esos argumentos, sea en sus referencias fácticas o en sus interpretaciones jurídicas, error que llevará al desacierto ulterior concretado en el veredicto (Cf. LL 1985-A-309, voto del Dr. Alberti; CCCC Ia. Tuc., "M. Z. R. c/ C. A. S. J.", del 13/3/87; "C. c/ E. de O. S. y L.", del 18/2/85; "R. c/ P." del 23/10/84; "O. c/ E. C. s/ Daños y Perjuicios" del 23/2/88).

Desestimo el agravio en este punto, y con relación a la queja por los montos de condena de la lectura del memorial solo puede advertirse que remite su disenso al primer agravio. 3.- Con relación a los agravios de la parte actora, advertirá a esta altura de la lectura del presente voto, que no comparto la decisión del Aquo, la cita del considerando precedente no fue azarosa, pero lejos de revertir la situación a favor de la apelante encuentro que debo abstenerme por dicho disenso para no perjudicar la situación de la misma, que me está vedado por imposición legal. Toda vez que, el tribunal Ad quem debe respetar la prohibición de reformar en perjuicio (reformatio in peius), habiéndose decidido reiteradamente que el tribunal de alzada no puede empeorar la situación en que la sentencia ha colocado al apelante, si el adversario no dedujo reformatio in peius, lo que deviene en el conocido principio tantum devolutum quantum appellatum (Víctor De Santo "Tratado de los recursos", Ed. Universidad Bs.As., 1999, T.I, pág. 308). Como ocurre en la especie, el recurso del adversario fue desestimado. Tampoco puede obviarse que el memorial de agravios carece de fundamentación técnica, es un simple discrepancia con lo resuelto, no aporta elementos como para su tratamiento ni indica qué prueba o circunstancia el Aquo no valoró erradamente y como modificaría lo decidido, solo asienta su disconformidad.

En reiteradas oportunidades utilicé como fundamento decisorio la postura doctrinaria que para ser resarcido el daño patrimonial, requiere la existencia de consecuencias valuables económicamente. Es que el derecho de daños no es sancionatorio, sino resarcitorio, por ello, no se detiene en la lesión, sino que averigua sus resultados; si y como la lesión ha gravitado en la esfera patrimonial o espiritual de la víctima. La lesión no es el daño y si su causa (Zavala de González, M. "Resarcimiento de daños", t.2 p. 105).

Así la indemnización tiene por objeto, en la medida de lo posible, la reposición de las cosas a su estado anterior (art. 1083 CC) sin convertirse en fuente de lucro para el damnificado y correlativamente en un factor de expoliación para el dañador, lo que ocurre cuando éste se ve compelido a indemnizar un daño total o parcialmente inexistente (Pizarro, Ramón "Daño Moral. Prevención. Punición", pág. 35). La entidad e importancia del daño resarcible es carga probatoria de quien la invoca (Llambías, "Obligaciones", t.1, n. 248, pág. 281, LL,130-769).

La indemnización de daños y perjuicios lleva implícita la realidad de estos, para su establecimiento judicial, se requiere la comprobación suficiente de tal realidad (CS, 1-11-99 "R., C. A. c/ Estado Nacional", RED 35-521, p, VIII-A-101).

En lo que hace a las lesiones físicas, sus secuelas incapacitantes que peticionó la Srta. M., no surgen acreditadas, y me remito a la pericia médica de fs. 306/8, que si bien determinó un 3% también dejó establecido que era una cicatriz que desaparecería y no evidenciaría mayores secuelas. "... En el acto de postulación el actor reclamó la indemnización del "artículo lll3 del Código Civil: daño físico y psíquico", a fin de armonizar los términos de la pretensión, debe entenderse que la cuestión está referida a la incapacidad, entendida como toda disminución de la aptitud psicofísica que produzca una cierta disminución vital que afecte las actividades que la víctima realizaba con anterioridad al hecho dañoso, especialmente en lo que concierne al menoscabo de la capacidad laborativa o se refiera a la necesidad de realizar gastos para la realización de las tareas que aquella efectuaba por sí misma, y que en el futuro deberá sustituir por el empleo de terceras personas" (L. 233890 - "S., L. M. C/ C. C............ S/DAÑOS Y PERJUICIOS" - Expdte. 107174/94 - CNCIV - SALA "G" - 8/04/1998 Citar: elDial - AA41 ).

El resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y psíquica. Sin perjuicio de ello, bueno es recordar también, como lo ha destacado reiteradamente este cuerpo, que el monto que pueda acordarse, de ninguna manera puede surgir como una resultante de un cálculo estricto efectuado en base a la "expectativa de vida" que pudiera tener la víctima, o a los porcentuales rígidos de incapacidad que surgen de los dictámenes periciales estructurados sobre la base de seguros laborales, o cálculos rígidos matemáticos. Por cierto que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así como los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto sostener que el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio.

Por otro lado, conforme lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, para establecer el monto indemnizatorio por la incapacidad derivada del accidente, que queda librada al prudente arbitrio judicial, para así apreciar la trascendencia de las lesiones sufridas, debe analizarse la aptitud para futuros trabajos, como la edad de la víctima, su actividad, condición social, estado civil, trabajos cumplidos, número de hijos, si son capaces o menores de edad, situación económico-social de la unidad familiar, cantidad de personas a cargo del afectado, etc.

No existen constancias en autos como lo indicara con base en las conclusiones de la pericia y a las circunstancias referidas, tales como que no desplegaba tarea laboral rentable sino que se dedicaba al cuidado de su familia, la edad, que no tiene hijos, y demás datos que obran en el beneficio de litigar sin gastos, la reparación de la secuela según indica la pericia, y se agrega que en la absolución de posiciones indico que el vehículo lo cambio por ayuda familiar, y algunos ahorros, no brinda argumentos que induzcan a modificar el monto de condena, por lo que confirmo en todo lo concerniente a las indemnizaciones fijadas el fallo.

Sin dejar de advertir que no existen fundamentos en el memorial respecto de los demás rubros que rebatan la sentencia. En cuanto a los gastos de curación y medicamentos pretendidos, siempre considere que los mismos eran derivados de la lesión física, la índole de la misma y su existencia, me refiero a los gastos presumibles, los gastos médicos, sanatoriales, farmacológicos, de traslado, etc., no obstante que la acreditada existencia de daños físicos y su necesaria asistencia en un establecimiento adecuado por personal específico, dada la índole e intensidad de ellos, permita aseverar con apreciable margen que quepa presumirlos y si bien no comparto el quántum indemnizatorio que considero elevado, si la postura ideológica del Aquo de entender su procedencia aun sin prueba respaldatoria, y mucho menos argumentos descalificantes de lo decidido por la interesada.

Por último, critica la fecha del cómputo de los intereses sosteniendo que deben ser desde el momento dañoso, lo que comparto y modifico en este punto la sentencia imponiendo los intereses a partir del 3 de marzo de 1999.

En síntesis la propuesta de esta vocalía consiste en receptar los agravios de la C. aseguradora J. SA, parcialmente los de la actora, desestimar los agravios de los demandados, y con relación a las costas, sufrió modificación la sentencia tanto por la exclusión como por la fecha de los intereses por aplicación del art. 279 del Código ritual se readecuará.

Las costas de ambas instancias se imponen a la parte demandada vencida Sres. M. S. C. M., B. R. y L. A. C. R., conforme principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCCh). Con relación a las ocasionadas por la intervención de J. C. de S. de A. y P. S.A., serán soportadas por actor y demandado en proporción del 50% cada uno.

En este orden de ideas, los honorarios profesionales de ambas instancias se establecerán en porcentuales, toda vez que la fecha a partir de la cual procede el cálculo de intereses modifica el monto de condena que al momento se carece del mismo (art. 19 y 47 y concs. de la ley 2200), lo que hace pertinente esta forma de establecerlos y estoy convencida que se cumple con la ley y el deber de regular al dictar sentencia, al mismo tiempo que se procura una mayor economía procesal evitando pedidos de regulación posteriores con toda la carga procedimental que implica, quedando ya valorada la tarea profesional desplegada. "la consecuencia de regular honorarios en porcentajes al dictar sentencia es contribuir a la mejor valoración, rápidos y justos pago/percepción de los honorarios y a la economía y celeridad" ("C. M. c/ Municipalidad de la Matanza s/ daños y perjuicios", provincia de Bs. As. citar elDial - W182C3).

Por lo expuesto, difiero los mismos para el momento del Acuerdo. En todos los casos se considerara la actuación profesional, la labor en los distintos estadios, la trascendencia para la parte y el éxito obtenido, en síntesis las prescripciones de la ley arancelaria art. 6, 7, 8, 9, 39, 14, 47 y concs.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por ello, propongo:

1.- Receptar los agravios de la C. aseguradora J. C. de S. de A. y P. SA, parcialmente los de la actora Srta. G. M., desestimar los agravios de los demandados M. S. C. M., B. R. y L. A. C. R..

2.- Modificar la sentencia venida en crisis según considerando respectivo y condenar a pagar la suma dispuesta por el Aquo con los intereses a la tasa dispuesta a partir del momento del evento dañoso.

3.- Modificar sentencia de grado en la imposición de las costas, que se imponen a la parte demandada y actora, según considerando respectivo.

4.- Las costas de la Alzada se imponen a la parte actora y demandada, según considerando respectivo.

5.- Modificar la regulación de los honorarios profesionales de la instancia de grado por imposición del art. 279 CPCCCh, se establecerán en porcentuales y se difieren con los de esta alzada para el momento del Acuerdo según considerando respectivos.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quienes votan precedentemente las síntesis suficiente del caso traído a decisión, a las mismas me remito.

I.A) Advierto que ha llegado firme a mi consideración por la mayoría lograda por mis colegas preopinantes, la temática sobre: 1) la atribución de responsabilidad a la parte codemandada en el accidente ocurrido el día 06/03/99 y que tuviera como víctima a la parte actora; 2) el acogimiento de los agravios de la citada en garantía J. Cía. de S. de A. y P. S.A. y consecuente revocación del punto 3ero. del fallo de primera instancia; 3) confirmación de los montos estimados por el a-quo en cuanto a los conceptos daño patrimonial, gastos de curación y movilidad, y daño moral; 4) la modificación del punto de partida de la tasa de interés y 5) imposición de costas, quedando como desacordada la cuestión atinente a la recepción o no del agravio interpuesto por la parte actora en cuanto al monto sobre la indemnización en concepto daño material por el auto.

Las circunstancias apuntadas hacen que me aboque a la emisión de mi voto sobre el punto individualizado como desacordados en virtud de lo establecido por el art. 271 del CPCCh, ya que resulta suficiente para adoptar decisión los votos coincidentes de quienes me precedieron, máxime cuando el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia ha admitido en sentencia de 01/06/98, mediante voto del Dr. Torrejón, que "La circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia, pues los jueces son libres de decidir los elementos que forman la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión, formando así la mayoría legal suficiente para justificar el fallo".

I.A-a) En lo atinente al agravio sobre el monto dado en concepto de daño de vehículo planteado por la apelante actora a fs. 441, últ. párr., considero que le es de aplicación el criterio doctrinario y jurisprudencial unánime en cuanto a que: "La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Lo concreto se refiere a lo preciso, indicado, determinado -debe decirse cuál es el agravio-. Lo razonado indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones -debe exponerse porqué se configura el agravio-. Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a-quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (conf. Morello-Sosa-Berizonce, en "Códigos Procesales de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", T. III, pág. 351; Cám.Nac.Civ., Sala A, 14-2-80, L.L. 1980, v.D., p.180; ídem., Sala B, 13-6-78, Der. v.80, p.378, entre otros).

En dicho sentido y como resultado de la merituación efectuada sobre el contenido de los agravios expresados por el recurrente, advierto que los mismos se limitan a consideraciones genéricas, impugnaciones subjetivas y simples afirmaciones dogmáticas sin el necesario desarrollo argumental que demostrara lo pertinencia de lo aseverado, no ingresando a un análisis integral de los presupuestos jurídicos y de hecho, teniendo establecido en dicha circunstancia Nuestro Superior Tribunal de Justicia que los agravios deben comprender una crítica razonada de aquellas partes del fallo, que considere erróneas o equivocadas, debiendo contestar la parte apelante y analizar exhaustivamente las conclusiones de hecho y el derecho invocado en forma puntual. Consecuentemente con ello se ha expresado: "Las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación" (STJCh, 27-03-1992, Sentencia Definitiva Superior Tribunal de Justicia - magistrados: Dres. Agustín Torrejón - Fernando S.L. Royer - en autos caratulados: "B., M. c/ R. A. P. y Pcia. del Chubut s/ Daños y Perjuicios", 18-03-1994, "Municipalidad de Comodoro Rivadavia c/ Provincia del Chubut s/ Ordinario").

A la luz de dichos entendimientos y analizada que fuera la merituación efectuada por el a-quo en los considerando 7mo. D - fs. 391vta., corresponde desestimar los agravios de la apelante actora y confirmar la sentencia en este sentido.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria del vocal preopinante Dra. Mercedes García Blanco de Bellver y considerar que esta parte del voto no está comprendida en la manda constitucional del art. 169 CPCCh, a la misma me adhiero.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia parcial de la Dra. Reynoso de Roberts, la siguiente SENTENCIA:

1) Receptar los agravios de la C. A. J. C. de S. de A. y P. SA, parcialmente los de la actora G. M., desestimar los agravios de los demandados M. S. C. M., B. R. y L. A. C. R..

2) Modificar la sentencia de fs. 390/392 venida en crisis según considerandos respectivos y condenar a pagar la suma dispuesta por el Aquo con los intereses a la tasa dispuesta a partir del momento del evento dañoso.

3) Las costas de ambas instancias por la acción principal se imponen a la parte demandada vencida y las derivadas de la intervención del tercero J. C. de S. de A. y P. SA se imponen por partes iguales al actor y demandado.

4) Modificar la regulación de los honorarios profesionales de la instancia de grado, los que se fijan para las Dras. M. F. V. R. y M. G. G., conjuntamente, en el VEINTIUNO POR CIENTO (21%), para los Dres. D. S.G. de K., H. G. A. y M. E. S., conjuntamente, en el ONCE POR CIENTO (11%), para los Dres. M. E. J. y J. A. G. N., conjuntamente, en el CATORCE POR CIENTO (14%), para el perito médico Dr. M. O. P. en el TRES POR CIENTO (3%) y para el perito mecánico R. F. en el TRES POR CIENTO (3%), porcentajes a calcular sobre el monto total de condena del presente juicio. Por los trabajos realizados en la Alzada se regulan los honorarios profesionales de las Dras. M. F. V. R. y M. G. G., conjuntamente, en el TREINTA POR CIENTO (30%), de los Dres. M. E. J. y J. A. G. N., conjuntamente, en el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) y del Dr. G. F. K. en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%), porcentajes a calcular sobre lo regulado a los letrados de cada parte por sus respectivos trabajos en la instancia de grado.

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara NÉLIDA SUSANA MELERO - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 18 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS