Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-04-14


AUTO NÚMERO: TRECE Córdoba,	CATORCE de	ABRIL	del año dos mil cuatro.

VISTOS:

Estos autos caratulados: CUERPO DE APELACIÓN EN AUTOS: - SESMA LAURA Y OTRA C/ DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL - AMPARO - APELACIÓN RECURSO DIRECTO (Expte. Letra C. , Nº 10, iniciado el cuatro de septiembre de dos mil tres), en los que:

1. A fs. 2/9 la demandada, Municipalidad de Córdoba, interpone recurso directo en contra del Auto Interlocutorio Número Ciento sesenta y cuatro dictado por la Sala Primera de la Cámara Única del Trabajo de esta ciudad - Secretaría Dos con fecha quince de agosto de dos mil tres por el cual se dispuso - Declarar formalmente improcedente el recurso de casación interpuesto por la demandada en contra del Auto Interlocutorio Número Ciento cuarenta y cinco de fecha veintiocho de julio de dos mil tres (art. 98 de la Ley 7987). II) ... .

Manifiesta que mediante el Auto Interlocutorio Número Ciento cuarenta y cinco, el aquo denegó el recurso de apelación que su parte interpusiera en contra del proveído de fecha cuatro de julio de dos mil tres, emanado del Juzgado de Conciliación de Segunda Nominación de esta ciudad por el que se ordenara ...suspender la aplicación del decreto N° 1555 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo... .

Controvierte por infundado el argumento esgrimido por la Cámara aquo para denegar el recurso de casación cuyo contenido transcribe en orden a que la resolución atacada no es una sentencia definitiva ni equiparable a tal, toda vez que la medida cautelar dispuesta afecta seriamente el normal desenvolvimiento de la prestación de servicios en el ámbito del Municipio, situación que se verá agravada en el futuro aduce cuando se produzca un gran número de vacantes tras el retiro de la masa de empleados que han decidido acogerse a la jubilación, extremos que no son considerados en el fallo cuestionado.¶ Señala que la Ordenanza N° 10.174 trata el régimen de Concurso para el ingreso del Personal Municipal y el Decreto N° 1.555 dispone un llamado a concurso público con el objeto de establecer un orden de mérito para la cobertura de 1400 cargos, precisando que la medida cautelar por la que se suspende su aplicación afecta el normal funcionamiento institucional del Municipio demandado por impedirle organizar los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de sus fines, por lo que resulta aplicable al caso la doctrina judicial sentada por este T.S.J. en el caso Villareal... en orden a la posibilidad de revocar una medida cautelar que afecte la seguridad jurídica, la normal prestación de los servicios públicos y las potestades reguladoras del poder administrador, constituyendo un caso de gravedad institucional.

Formula reserva del caso federal.

2. A fs. 13 se notifica del recurso deducido al señor Fiscal General de la Provincia.

3. A fs. 14 se dicta el decreto de autos, el que firme deja la causa en estado de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:

I. La queja ha sido deducida en tiempo oportuno, por parte legitimada y en contra de una resolución susceptible de ser revisada por la vía elegida, motivo por el cual corresponde analizar si el recurso satisface las demás exigencias que hacen a su procedencia formal y sustancial.

II. En autos se persigue la revocación de una medida cautelar de no innovar dictada en la presente causa por el Juez de Conciliación y mediante la cual se decide suspender la aplicación del Decreto 1555 en el ámbito del Municipio de la ciudad de Córdoba hasta el dictado de una resolución sobre el fondo de la cuestión planteada con motivo del llamado a concurso de antecedentes y antecedentes y oposición para la cobertura de 1400 cargos en el Municipio capitalino.

III. Debe observarse, en primer lugar, que el quejoso ha omitido acompañar una foja de su escrito recursivo (fs. 13/14), en la que precisamente se desarrollaban los fundamentos de la queja deducida, lo que obsta a su acabada inteligencia.

IV. No obstante el óbice formal señalado, este Tribunal considera oportuno efectuar algunas reflexiones en torno a la procedencia de la queja intentada con motivo de la denegatoria del recurso de casación con sustento en que la resolución atacada no es una sentencia definitiva ni equiparable a tal.

Este Tribunal Superior ya ha tenido oportunidad de fijar criterio respecto de la procedencia formal del recurso de casación, en el ámbito de las acciones de amparo, esclareciendo el concepto de sentencia definitiva a los fines de la impugnación extraordinaria, en el sentido que: la sentencia que se pronuncia sustancialmente sobre el fondo del amparo poniendo fin a la acción hace cosa juzgada material, razón por la cual resulta indudable su carácter de sentencia definitiva, y por tanto es susceptible de impugnación a través de los recursos extraordinarios locales. Si por el contrario, la sentencia que puso fin al proceso de amparo no se pronuncia sobre el fondo de la litis sino que sólo se limita al rechazo in límine de la demanda (art. 3 de la Ley 4915, análogo al art. 3 de la Ley 16.986) o bien rechaza la acción con fundamento en la inexistencia de los presupuestos procesales, o por ausencia de las condiciones propias de la acción, el decisorio que así lo resuelva hace cosa juzgada formal y, en principio, no reviste el carácter de sentencia definitiva, impugnable por la vía de los remedios extraordinarios locales (T.S.J. A.N° 191/97 in re "Acción de amparo interpuesta por María Julia Cataldi y otra Recurso de Queja", el resaltado nos pertenece).

Una correcta interpretación de la cita efectuada permite derivar como primera conclusión que solo en caso de cuestionarse una sentencia definitiva procede la impugnación extraordinaria por vía del recurso de casación, debiendo entenderse por tal aquella resolución que compone el litigio pronunciándose sobre el fondo de la cuestión sustancial en debate o concluye el pleito impidiendo que dicha cuestión pueda renovarse en otra oportunidad procesal o en otro juicio.

A ello cabe añadir que en forma excepcional se considera procedente la revisión por la vía casatoria de un pronunciamiento jurisdiccional que no revista el carácter de definitivo en la medida que el mismo ocasione o sea susceptible de ocasionar al impugnante un gravamen irreparable o de dificultosa o imposible reparación ulterior (T.S.J. Sala Civil A.I.N° 261 del 200898 in re Maidana... ).

A la luz de la doctrina enunciada es menester considerar que, en el caso, mediante las sucesivas impugnaciones incoadas por la Municipalidad demandada se persigue la revocación de una medida cautelar de no innovar dispuesta en el marco de un proceso de amparo iniciado por un particular.

Tal medida procesal no sólo está expresamente autorizada por las normas adjetivas sino que tanto la doctrina como la jurisprudencia han admitido unánimemente que "en circunstancias excepcionales y con el objeto de evitar daños manifiestamente no subsanables después, podría ordenarse si la situación así lo exige, la prohibición de innovar el estado de la litis o de la cosa hasta que recaiga la decisión pertinente sobre el recurso" (Miguel Sánchez de Bustamante: El Recurso de Hecho en la Capital Federal, en La Ley, t. 39, pág. 1110) criterio que la Corte tiene aceptado desde antaño (véase: Imaz y Rey: El Recurso Extraordinario, pág. 258 a 261).

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que "Como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, agota su virtualidad" (Fallos 306: 2.060).

Siendo, entonces, que en el caso se cuestiona una medida precautoria de no innovar de carácter esencialmente provisional y mutable, dictada sin pronunciamiento alguno sobre la pretendida lesión al derecho que se invoca en la demanda de amparo incoada, no hay sentencia definitiva susceptible de ser impugnada a través del recurso extraordinario de casación.

Este Tribunal Superior, en anterior integración, ya ha tenido oportunidad de expedirse sobre el tópico en el sentido que la resolución recaída en materia de medidas cautelares no puede considerarse definitiva ni asimilarse a las resoluciones de tal carácter. Fundamentó tal aserto en que los decisorios que las disponen no emiten pronunciamiento sobre las pretensiones fundamentales de las partes de acuerdo al derecho objetivo ni gozan de la máxima entidad formal y material (cfr. A.I.N° 261 del 200898 in re Maidana... , ya citado) doctrina que resulta plenamente aplicable al subexamen.

En conclusión, la denegación formal de la vía recursiva intentada encuentra basamento en la ausencia de definitividad de la decisión que se cuestiona, circunstancia que se erige como un obstáculo a su admisibilidad y que no ha logrado ser desvirtuada por la impugnante.

V. Por lo demás, es dable observar que los fundamentos vertidos por el quejoso en orden a la supuesta violación a la autonomía municipal y a la afectación de la regular y correcta prestación de los servicios públicos a cargo del Municipio, derivadas de la cautelar ordenada, resultan insuficientes a los fines de conmover la resolución en crisis.

Ello así toda vez que, en ausencia de un decisorio definitivo susceptible de ser atacado por la vía elegida, conforme los principios de impugnabilidad objetiva, el recurrente debió demostrar acabadamente la existencia de arbitrariedad manifiesta en la decisión cautelar que operase como presupuesto para la apertura de la vía extraordinaria local, lo que en el caso no ha ocurrido, ni menos aún se ha acreditado la producción de un gravamen irreparable o de dificultosa reparación ulterior.

Tampoco encuentra sustento en la realidad de las cosas la pretendida gravedad institucional de la cautelar dispuesta en autos, en la medida que la falta de efectivización de los concursos de que se trata no ha derivado a la fecha en la paralización de la prestación de los servicios públicos municipales ni se ha evidenciado urgencia de ninguna de las partes en conflicto en la pronta resolución de la causa principal instando el dictado de resolución definitiva.

Las circunstancias apuntadas obstan a la procedencia de la casación incoada, a riesgo de ordinarizar una vía recursiva de excepción como la que se pretende ejercitar, desvirtuando los mecanismos de control de la actividad jurisdiccional previstos en el ordenamiento jurídico vigente en desmedro de la seguridad jurídica.

Por ello, SE RESUELVE:

I. Declarar improcedente el Recurso Directo interpuesto por la parte demandada en contra del Auto Interlocutorio Número Ciento sesenta y cuatro dictado por la Sala Primera de la Cámara Única del Trabajo de esta ciudad Secretaría Dos de fecha quince de agosto de dos mil tres.

II. Remitir las presentes actuaciones al Tribunal aquo, a los efectos de ser agregadas al principal (art. 113 C.P.T.).

Protocolícese, hágase saber, dese copia y bajen.