Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-12-20


------ En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 20 días del mes de diciembre de dos mil once, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y Minería, con la presencia de su titular. Dr. José Luis Pasutti y asistencia de los Sres. Ministros Dres. Daniel Luis Caneo y Fernando Salvador Luis Royer, para dictar sentencia en estos autos caratulados "MUNICIPALIDAD de COMODORO RIVADAVIA c/C., G. F. y otros s/ACCION de NULIDAD (Ordinario)" (Expte. Nº 22.304-M-2011) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 823, de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas Nº 3202/00 y 3204/00 correspondió el siguiente orden de votación: Dres. Caneo, Royer, y Pasutti.------------- ------ Acto seguido, se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Son procedentes los Recursos de Apelación Ordinaria interpuestos? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?-------------------------------------------------------------- ------ A la primera cuestión el Dr. Daniel Luis CANEO dijo: ---------- ------ ANTECEDENTES: ---------------------------------------------------- ------ 1. La Municipalidad de Comodoro Rivadavia demandó al Sr. G. F. C., luego adecuada a su sucesora, Sra. G. C., a los Dres. I. F. D. L. C. y a S. C. D. J., al interponer acción autónoma de nulidad por sentencia írrita contra el pronunciamiento definitivo dictado por la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, registrado bajo el N° 87/03, dictado en autos: "C., G. F. c/ C., R. O. y otra s/ Sumario" (Expte. N° 13.420/02).---------------------------------------------------------- ------ Peticionó que se declarara la nulidad de dicho fallo con fundamento en el fallecimiento del Sr. G. C., circunstancia que obligaba a reducir los montos indemnizatorios allí establecidos, toda vez que habían sido calculados conforme una estimación que se fundaba en un plazo de vida mucho mayor al que tuvo lugar en la realidad.------------------------------------------------------- ------ 2.- Contra esta acción las demandadas opusieron excepciones de falta de legitimación para obrar pasiva y activa, de desistimiento del derecho, de cosa juzgada y prescripción. Estas fueron resueltas por el juez de grado quien difirió el tratamiento de la legitimación activa, para el momento de dictar sentencia, por no revertir el carácter de manifiesta. Con respecto al desistimiento del derecho, también la consideró defensa de fondo por no tratarse de un supuesto de renuncia expresa al proceso, al descartar como viable, al desistimiento tácito. Indicó que para abdicar el derecho, era menester una manifestación categórica.--------------------------------------------------------------------- --- ------ Por su parte, la excepción de cosa juzgada tampoco prosperó por no mediar identificación de los sujetos y del objeto de la pretensión. La de prescripción fue diferida para el momento de acreditación de la fecha en la cual la actora tomó conocimiento del fallecimiento del Sr. C. Fijó las costas por su orden.----------------------------------- ------ Este resolutorio fue apelado por los letrados accionados y por la Sra. Graciela C. En su expresión de agravios, cuestionaron la forma en que fueron resueltas las excepciones articuladas y la condena en costas.------------------------------------------------------------------------- - ------ LA SENTENCIA DE CÁMARA: ----------------------------------- ------ Analizada en primer término la excepción de cosa juzgada, tuvo por cierto que no mediaba controversia entre las partes respecto al planteo de nulidad de una sentencia que había alcanzado firmeza por haber fenecido la posibilidad de articular alguna otra impugnación contra la misma.----------------------------------------------------------------- ------ Hizo propio el razonamiento de este Superior Tribunal de Justicia del Chubut en autos: "G., L. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa" (Expte. N° 20.341-G-2005), donde se sostuvo que la ley no exigía la concurrencia: sujetos, objeto y causa para hacer lugar a cosa juzgada, ya que era el juez quien debía evaluar si se estaba o no frente a un planteo de anterior decisión entre las mismas partes.------------------------------------ ----- Consideró que la discusión se había centrado en el alcance del hecho sobreviniente del fallecimiento del Sr. C., respecto de su idoneidad para revisar -y en su caso, reducir-, el monto de condena en concepto de daño material, objeto de la acción autónoma de nulidad por cosa juzgada írrita.---------------------------------------------------------- ------ Entendió que no se daban en el caso bajo examen, los supuestos de la acción, por cuanto la sentencia impugnada no padecía de vicios relevantes que evidenciaran un desvío procesal que fuera necesario restaurar. Remarcó que, en todo caso, debían haberse producido con anterioridad al dictado del fallo cuestionado, aunque se hubieran conocido después.--------------------------------------------------------------- ------ Concluyó que en autos no se buscaba la modificación de un fallo inaceptablemente injusto, sino su modificación o revisión ante el eventual enriquecimiento sin causa provocado por el acaecimiento de un hecho sobreviniente. Ello impedía alterar el instituto de la cosa juzgada por aplicación del principio constitucional de seguridad jurídica y asimismo, del derecho a la propiedad.---------------------------- ------ Hizo lugar a la excepción de cosa juzgada y rechazó la acción autónoma de nulidad intentada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. El agravio sobre la omisión de resolver la temeridad y malicia planteada, fue rechazado en función de la falta de acreditación de su producción y el criterio restrictivo que rige para su tratamiento y aplicación. Las costas se impusieron a la actora vencida, en ambas instancias.--------------------------------------------------------------------- ---- ------ RECURSOS DE APELACIÓN ORDINARIA: ------------------ ------ Contra la Sentencia Interlocutoria N° 23/11, obrante a fs. 716/722 vta., interpusieron Recursos de Apelación Ordinaria la demandada, sus letrados y la actora.------------------------------------------ ------ A fs. 725 interpuso recurso la actora y a fs. 726 lo hizo la demandada. Sus letrados recurrieron por sus honorarios profesionales, y fundaron sus agravios a fs. 727/739.--------------------------------------- ------ RECURSO DE APELACIÓN ORDINARIA DE LOS LETRADOS DE LA DEMANDADA: ------------------------------------ ------ Los letrados de la demandada -también accionados en autos-, se quejaron, en primer término, que la Alzada omitió tener en cuenta el monto de cada pretensión para el momento de regular los aranceles. Indicaron que no hubo una única pretensión sino tres diferentes: pedido de nulidad de la sentencia dictada en los autos: "C., G. F. c/ C., R. O. y otra s/ Sumario" (Expte. 748/97); reducción de los montos por daños, tanto material como moral y futuros; y, por último, la disminución de los honorarios regulados.---------------------------------------------------------------------- --- ------ Agregaron que no se ha tenido en cuenta el art. 10 de la ley de estipendios profesionales, ya que media acción contra el litis consorcio pasivo y contra los letrados por derecho propio.---------------------------- ------ Otra queja se centró en que la excepción de cosa juzgada planteada en autos, constituía un incidente autónomo que debió ser regulado por separado, cosa que no ocurrió.--------------------------------- ------ Tampoco estuvieron de acuerdo con el cómputo efectuado para estimar sus honorarios. Desarrollaron el cálculo que pretendían por cada etapa del proceso. Refirieron que las diferencias numéricas entre lo resuelto y lo que debía haberse regulado, impedía calificar como válido el fallo en crisis. Ratificaron la reserva del caso federal.---------- ------ Su escrito mereció la contestación de la actora (fs. 745/756 vta.) quien peticionó que se lo declarar inadmisible toda vez que los recurrentes no representaban al estado municipal, único supuesto admitido -según sus términos- para interponer apelación ordinaria. Sostuvo que los abogados carecían de legitimación para interponer dicho recurso.--------------------------------------------------------------------<#LI NE> ------ También entendió que la queja desarrollada en el mismo, era insuficiente para conmover lo resuelto por la Alzada. Agregó que se había articulado contra una sentencia que no era definitiva y que su admisión, resultaba arbitraria por contradecir la interpretación efectuada por este Tribunal en casos anteriores.--------------------------- ------ Otro fundamento argüido para rechazar la apelación por honorarios, fue sostener que estaban regidos por lo dispuesto en la Ley XIII N° 4, donde el art. 48 establecía cómo debían cuestionarse en caso de disconformidad. Si esta normativa no preveía el recurso de apelación ordinario para estos supuestos, solo podía corresponder su rechazo.------------------------------------------------------------------------ --- ------ Agregó que tampoco el presente caso comprometía el erario municipal ni se encontraba firme el resolutorio, por la apelación articulada por la actora.--------------------------------------------------------- ------ En cuanto a las etapas desempeñadas del proceso hasta la apelación en la Alzada, sostuvo que se había cumplido una sola con la acción, su contestación y la articulación de excepciones, por ello resultaba acertada, la regulación efectuada en la instancia anterior.----- ------ Indicó que la labor profesional fue tenida en cuenta al momento de la regulación y que para el litis consorcio pasivo, aunque hubieran intervenido varios abogados, se considera que ha habido una sola representación, y, a falta de convenio se dividía el total, en partes iguales para cada uno de ellos.------------------------------------------------ ------ Señaló que si la demanda no había prosperado, la base regulatoria no podía ser la misma como si hubiese resultado exitosa, y entonces, el honorario se debía calcular sobre la mitad de dicho monto por tratarse de un juicio ordinario, pero finalizado por acogimiento de la excepción de cosa juzgada.------------------------------------------------- ------ Concluyó que los aranceles establecidos se adecuaban a la ley vigente en la materia, a la ponderación de la causa y los trabajos desempeñados en ella. Solicitó el rechazo de los agravios.---------------- ------ RECURSO DE APELACIÓN ORDINARIA DE LA DEMANDADA: --------------------------------------------------------------- ------ A fs. 763/776 expresó sus agravios la demandada. Su primera observación se refirió al rechazo efectuado por la Azada respecto de la multa por temeridad y malicia y la imposición de costas solidarias a los letrados del municipio.----------------------------------------------------- ------ Su segundo agravio se centró en la trasgresión al principio de congruencia, donde sostuvo que los magistrados debían analizar los hechos y circunstancias invocados; las cuestiones introducidas; los argumentos alegados y las pretensiones ejercidas, cosa que no se había cumplido. Indicó que ello vulneró la garantía del debido proceso y la defensa en juicio.---------------------------------------------------------------- ------ En su tercer agravio señaló que la actora desplegó una conducta contradictoria al incluir en los presupuestos de los años 2007 a 2009, las partidas necesarias para atender la condena impuesta en los autos originales y luego la discutió en este juicio con fundamentos carentes de toda seriedad. Este comportamiento contradictorio lo vinculó con el de temeridad procesal.---------------------------------------------------------- ------ Remarcó que la sentencia opugnada, no podía convalidar la conducta desplegada por el municipio actor, puesto que lejos de ejercer su derecho de defensa, se desentendió de los principios de probidad y buena fe procesal.--------------------------------------------------------------- ------ Reforzó que este accionar reprochable, se desprendía con claridad de la frase empleada por la accionante cuando dijo haber tomado conocimiento "reciente" del fallecimiento del Sr. C., cuando estaba acompañando los diarios del día siguiente al acaecimiento de su deceso.----------------------------------------------------- ------ Otro argumento contradictorio lo señaló en la contestación de agravios efectuada por la municipalidad, al cuestionar la sentencia de grado. Allí, refirió que los avisos fúnebres podían ser falsos, mentirosos o referirse a varios G. C. en la ciudad y en el país, pero igual los acompañó como prueba para acreditar su fallecimiento, ello demostró una nueva contradicción no apreciada por la Alzada.------------------------------------------------------------------------- ------ Reiteró que la desobediencia de lo decidido judicialmente justificaba sin lugar a dudas, la sanción que peticionó en autos y citó jurisprudencia que consideró equiparable para extender la multa a los letrados del municipio.---------------------------------------------------------- ------ Se agravió también que no fueran condenados en costas los letrados de la actora pese al acogimiento de la excepción de prescripción, como se resolviera en un caso similar dictado por la Cámara de Comodoro Rivadavia integrada por los Dres. ALEXANDRE, NAHUELANCA y CANEO; transcribió algunos de los considerandos del Expte.: 7073/92 de dicha Alzada y de otros supuestos, que consideró análogos.------------------------------------------- ------ Formuló reserva del caso federal y peticionó que se aplique la multa por temeridad y malicia, cargándose las costas a la actora en forma solidaria con sus letrados.---------------------------------------------- ------ Sus agravios fueron respondidos por la actora a fs. 795/805 vta. donde ratificó lo sostenido por la Alzada respecto de la multa por temeridad y malicia. Agregó que la incongruencia apuntada por la recurrente, no era tal sino una simple discrepancia con lo opinado por los sentenciantes.----------------------------------------------------------------<# LINE> ------ Refutó haber desplegado actos contradictorios o que se hubieran probado en autos, actos temerarios o maliciosos u obstruccionistas. Insistió en la necesaria iniciación de la acción de nulidad para defender los derechos patrimoniales del municipio.----------------------------------- ------ RECURSO DE APELACIÓN ORDINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA: ---------------- ------ A fs. 777/790 expresó agravios la actora. Allí cuestionó la forma en que la Cámara resolvió la excepción de cosa juzgada, la cual calificó de injustificada y contraria a la doctrina y jurisprudencias reinantes. Agregó que la demandada no acompañó testimonio de la sentencia que consideró vulnerada por este juicio cuando se trataba de un requisito indispensable para admitir la excepción, no susceptible de ser suplido por la prueba ofrecida; que tampoco podía prosperar por no mediar identidad de pretensiones, ni ser el mismo proceso ni derecho debatido.----------------------------------------------------------------------- --- ------ Estos agravios fueron contestados por la demandada a fs. 806/817 vta., donde los calificó de inconducentes y remarcó las contradicciones en que incurrió el municipio a lo largo del proceso.---- ------ Sostuvo que la falta de testimonio de la sentencia -como requisito necesario para articular la excepción de cosa juzgada-, no fue cuestionada por la actora en tiempo oportuno; ello, sin perjuicio de haber sido agregado el fallo por parte de la municipalidad. En consecuencia, su tratamiento no era posible en esta instancia, por aplicación de lo dispuesto por art. 280 del C.P.C.C.------------------------ ------ Ratificó lo resuelto por la Cámara con relación a la cosa juzgada y a la acción autónoma de nulidad. Refutó que el único perjuicio patrimonial que se generaba a la comunidad comodorense, era provocado por el dispendio procesal de los letrados de la actora empecinados en no hacer frente a obligaciones firmes, generando así, intereses, gastos y honorarios innecesarios. Sostuvo el caso Federal.---- ------ El Sr. Procurador General emitió dictamen (819/821 vta.), donde analizó en primer lugar, el recurso de la actora. Allí consideró que la Alzada había acertado al determinar que las causales sobrevinientes, no podían conmover un decisorio firme. Tampoco se lo podía tachar de injusto por no existir fraude procesal ni ningún otro vicio capaz de invalidarlo.-------------------------------------------------------------------- --- ------ Opinó además, que al no acreditar dicha circunstancia, la acción carecía de sustento pues no se podía apoyar en el hecho posterior de la muerte del beneficiario de una indemnización a cargo del municipio, declarado responsable del daño sufrido por C. Ello así, pues la condena tuvo en cuenta las circunstancias del momento en que se resolvió el litigio; que sin hechos anteriores cuestionables, resultaba imposible conmover o revisar dicho pronunciamiento.-------------------- ------ En cuanto al pedido de multa por temeridad y malicia reclamada por las demandadas, consideró adecuado el razonamiento de la Alzada, puesto que se condecía con lo sostenido por la Corte Federal en punto a la necesaria acreditación del ánimo subjetivo de la parte en la falta de seriedad de los planteos efectuados.------------------------------------------ ------ Respecto del reclamo por honorarios efectuado por los letrados demandados, consideró inadecuada la regulación efectuada y sugirió la readecuación de los mismos.- ------ ANÁLISIS: -------------------------------------------------------------- ------ I.- Llegan estos autos a conocimiento de la Sala que integro, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes y los letrados de la accionada. Dado que en los mismos se efectúan diversos planteos, abordaré, en primer lugar, el articulado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, ya que su resolución habrá de definir, en algunos aspectos, el resultado de los restantes.- ------ El litigio se origina en el reclamo efectuado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia contra el Sr. G. F. C., G. C. y los Dres. I. F. D. L. C. y S. C. D. J., a través de una acción autónoma de nulidad por sentencia írrita contra el pronunciamiento definitivo en los autos caratulados: "C. G. F. c/ C., R. O. y otra s/ SUMARIO" (Expte. N°13.420/02) con el objeto que se lo declare nulo.---------------------------------------------------------- ------ En dicho juicio, se demandó el resarcimiento por daños y perjuicios ocurridos a raíz de un accidente, en el cual fuera condenada la aquí actora. El fallo, firme, dispuso abonar al Sr. C. la suma de pesos seiscientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y dos con noventa y tres centavos ($ 652.972,93) en concepto de daño material, daño moral e intereses del litigio. El municipio busca ahora reducir el importe correspondiente al daño material oportunamente establecido, con fundamento en que la expectativa de vida del Sr. C. tenida en cuenta en aquellos autos, se había modificado considerablemente por su fallecimiento antes de cumplir la edad de cincuenta años. Este es el pilar sobre el cual se apoya su pedido de revisión y consecuente readecuación del fallo. Sostiene, además, que este hecho sobreviniente, vuelve injusto el pronunciamiento que lo condena a pagar la suma de dinero más arriba transcripta, circunstancia que justifica alterar el principio de la cosa juzgada.------------------------ ------ II.- Antes de continuar, habré de analizar si el presente Recurso Ordinario de Apelación es pasible de ser tratado en esta instancia, para lo cual es menester constatar que se encuentren reunidos los requisitos impuestos por el ordenamiento jurídico para tal fin. Ello así, teniendo en cuenta que pesa mayor estrictez en su examen, dada la naturaleza y finalidad específicas de la vía articulada. Esta tiene por objeto proteger los intereses del fisco y conceder mayor seguridad de acierto a las sentencias que deciden cuestiones que comprometan el patrimonio de la Nación o la Provincia (Conf.: TAWIL, Guido Santiago, "Recurso Ordinario de Apelación ante la Corte Suprema de Justicia", Ed. Depalma, 1990, pág. 53). ------------------------------------------------------ ------ De la lectura de los agravios, se advierte, prima facie, que se encuentran reunidos los recaudos pertinentes para su tratamiento por esta Sala, establecidos por el art. 32, inc. 6° de la Ley V, N° 3.--------- ------ III.- El municipio actor se queja, en primer término, de la forma en la cual la Alzada resolvió dar cabida a la excepción de cosa juzgada. Entre ellas, refiere que la falta de testimonio de la sentencia al oponerla, no fue considerada para su rechazo. Este planteo resulta novedoso en esta instancia, toda vez que advierto su falta de introducción oportuna por parte de la propia denunciante. Es decir, el momento procesal para esgrimirlo ha precluído y por ende, no corresponde su tratamiento en esta instancia.------------------------------- ------ En este orden, he sostenido en reciente pronunciamiento (S.D. 25/S.R.O.E./11) que el Recurso de Apelación Ordinaria, como medio impugnatorio que permite al justiciable elevar al conocimiento de un Tribunal Superior la solución que estima injusta para que la modifique o revoque, no está concebido como un "novo iudicium", sino como una remisión del material incorporado a la instancia de origen, a fin de reparar los posibles errores que expuestos en la expresión de agravios, exhiba la sentencia.-------------------------------------------------------------- ------ Si el principio dispositivo deja en manos de las partes la fijación y el alcance del contenido de la pretensión y oposición en todos sus elementos, sujeto, objeto y causa; el principio de preclusión indica que desde que el proceso se desarrolla en forma sucesiva (progresividad) con la clausura definitiva de cada uno de los estadios que agotan su desenvolvimiento, la determinación de aquellos elementos debe concretarse a las piezas liminares del proceso. A su vez, el principio de consumación impedirá reeditar el ejercicio de tales facultades procesales, salvo en hipótesis excepcionales. El acatamiento de estos principios liminares del Derecho Procedimental aseguran aquellos otros que consagran la bilateralidad del contradictorio, la igualdad de las partes y el equilibro procesal (conf.: S.D. N° 26/90; 20/S.R.E./99; 25/S.R.E./01; 01/S.R.E./02; 5/S.R.E./03 y 06/S.R.E./04, entre otras).--- ------ Es por ello, que pretender el rechazo de la excepción por falta de acompañamiento del testimonio deviene improcedente y, como ya dijera, extemporáneo.---------------------------------------------------------- ----- IV.- Continúa su queja respecto de la resolución de la excepción, y sostiene que tampoco podía prosperar por no mediar identidad de objeto, sujeto y causa entre este juicio y el anterior, que opugna. Pero reconoce que existe conexidad entre ambos juicios y que la accesoriedad es innegable, tal como lo hicieran las Sras. Camaristas. Así, lejos de refutar lo sostenido por la Cámara, discrepa con lo resuelto, sin alcanzar su queja el ribete de una crítica concreta y razonada, con entidad suficiente para rebatir lo decidido.----------------- ------ En este orden, cabe señalar que es requisito de toda expresión de agravios que el reproche efectuado al resolutorio adverso, constituya un cuestionamiento concreto y razonado de las partes que el apelante considere erróneas (Conf.: S.D. Nº 01/S.R.O.E./08). No basta a los efectos de conmover los fundamentos del decisorio que se ataca la mera disconformidad, sino que deben darse razones concretas y serias que signifiquen un verdadero ataque directo a la decisión, demostrativas de los errores de hecho y de derecho que la misma pudiere contener.---------------------------------------------------------------- ------ Como se expresara en la S.I. Nº 24/S.R.O.E./11, el planteo de nulidad de sentencia por cosa juzgada írrita, no posee una regulación específica en nuestra legislación, ya que se ha ido perfilando en forma jurisprudencial y doctrinaria. Juan Carlos HITTERS ("Revisión de la cosa juzgada", Ed. Librería Editora Platense, Año: 2001, pág. 145/146, 392 y ss.), ha dicho que "la sentencia tiene en principio una supervivencia indefinida; una vez firme el pronunciamiento se desenvuelve en forma infinita, salvo que aparezcan motivos de excepción que le ponen límite a su génesis...". "... si bien la res iudicata es una institución imprescindible, puede no obstante ser alterada cuando se dan ciertas circunstancias excepcionales que imposibilitan su permanencia". Y que "... el procedimiento revisorio es subsidiario ya que solo puede esgrimirse cuando se ha agotado la vía recursiva, pues si los defectos se conocen con anterioridad a la formación de la cosa juzgada, no es posible en virtud del principio de preclusión dejar pasar esa posibilidad impugnatoria para luego atacar la decisión firme....".------------------------------------------------------------ ------ Si bien la misma Corte Suprema ha sostenido que el respeto a la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional (conf.: J.A. 1997-II-57 "Chocobar c/ Caja Nacional de Previsión para el personal del Estado; "ROCATAGLIATA c/ Instituto Municipal de Previsión Social", D.J. 1995-2-440), ha reconocido en la acción de nulidad un medio de impugnación válido para privar de sus efectos a una sentencia injusta.- ------ También ha delineado el marco legal donde se funda la acción y ella se relaciona con la detección de vicios graves en el resolutorio atacado. Así, ha sostenido que: "No puede reconocerse eficacia final a la sentencia dictada en juicio en que se ha incurrido en estafa procesal" ... "No puede invocarse el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada cuando no ha existido un auténtico y verdadero proceso judicial" (Conf.: CS, febrero 19-971, "CAMPBELL DAVIDSON Juan C. c/ Provincia de Buenos Aires", E.D. 36-1971-288).-------------------- ------ Este fallo marcó un antes y un después al evidenciar la penetración de nuestro más alto Tribunal, en un aspecto, carente de toda regulación legal, pero cuya trascendencia jurídica, permitió sortear vallas formales de índole procesal. Para dar "virtualidad plena del derecho de defensa no cabe acordar eficacia final a la sentencia fraudulenta o dictada en virtud de cohecho. Pues el reconocimiento de la cosa juzgada se halla condicionado a la inexistencia de esos vicios y supone la estructuración y agotamiento de un juicio regular, fallado libremente por los jueces" (conf. Augusto MORRELLO, E.D. 36-971 pág. 290).-------------------------------------------------------------------------<# LINE> ------ En este orden, la descalificación de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada debe estar contaminada de circunstancias gravísimas que justifiquen modificar un decisorio firme, que lo conviertan en un acto jurisdiccional irremediablemente injusto. No cualquier hecho perjudicial puede generar, de por sí, tan grave sanción.------------------------------------------------------------------------ --- ------ Ahora bien, la finalidad del recurso es insistir en la declaración de nulidad de una sentencia firme con fundamento, ya no en la detección de errores gravitantes que la hubieran tornado en notablemente injusta, sino en el hecho sobreviniente del fallecimiento del beneficiario de una indemnización. Este es el único eje en torno al cual la actora intenta conmover el fallo dictado en otro juicio.----------- ------ Y con esta pobreza argumental, pretende que se deje de lado la seguridad jurídica del justiciable, protegida por el instituto de la cosa juzgada, cuya resolución fue precedida de un proceso contradictorio donde ambas partes tuvieron adecuada y sustancial oportunidad de desarrollar las pruebas pertinentes para sostener sus respectivos reclamos. Ello, evidentemente, no habrá de prosperar, tal como lo señalara la Cámara en los considerandos del fallo opugnado.------------- ------ No advierto tampoco en la acción entablada, que se acrediten extremos de tal gravedad que tornen injusto el pronunciamiento atacado. Y ello es así, por cuanto al momento de su dictado, quienes debieron fallar en las diversas instancias del juicio, tuvieron elementos sólidos para establecer un monto indemnizatorio acorde a los hechos y daños probados en autos. Esos sucesos, no fueron inventados ni fraguados, sino que sucedieron y motivaron un resultado.---------------- ------ Cualquier argumento que hoy se esgrima para considerar excesivos los montos indemnizatorios no puede prosperar sobre la base de echar por tierra un procedimiento judicial desarrollado conforme la normativa vigente, el cual se halla desprovisto de cualquier tacha a lo largo del mismo. Al menos no por esta vía.--------------------------------- ------ Por los fundamentos que anteceden y teniendo en cuenta el carácter restrictivo que debe imperar en el análisis de la cuestión sometida a examen, propongo al Acuerdo rechazar el agravio de la actora, en todas sus partes. ASÍ LO VOTO.-------------------------------- ------ V.- Abordaré ahora el tratamiento del recurso de los letrados de la demandada, y analizaré, en primer término, su admisibilidad en virtud de las expresiones vertidas por el municipio al contestar agravios (fs. 745/756 vta). Allí se queja de la concesión de Apelación Ordinaria, porque los recurrentes carecerían de legitimación para hacerlo puesto que se trata de una vía que consideran reservada para el estado provincial o municipal, exclusivamente.----------------------------- ----- Adelanto mi opinión en el sentido de considerar atinado lo resuelto por la instancia anterior al conceder la revisión articulada, puesto que desde antaño se ha delimitado su procedencia cuando la Provincia o los Municipios resulten parte directa o indirecta en la causa. Ello amplia la admisión de la instancia cuando se encuentran involucrados intereses del Fisco, más allá de quien interponga el recurso sea la parte contraria al Fisco, esto es, por los particulares.------ ------ No hace mucho tuve en cuenta en la S.D. 23/SROE/11, que no puede ser ya objeto de debate que se encuentran legitimados para interponer el Recurso de Apelación Ordinaria -de darse todos los recaudos que el mismo establece-, tanto el Estado (receptor primigenio de dicha normativa), como la parte que litiga contra él. Esto por cuanto debe procurarse no violar la igualdad entre las partes y el derecho de defensa en juicio. Lo dicho, sin dejar de mencionar que este Tribunal ha también reconocido limitaciones en materia de honorarios cuando el Estado no estaba condenado en costas (S.I. N° 17/S.R.O.E./07). Mas no dándose este supuesto en autos, considero que corresponde abordar el análisis de este andarivel recursivo. Tales afirmaciones me llevan a entender que en estos autos es procedente la vía intentada por la parte contraria al Estado Municipal.------------------------------------------------- ------ Es dable señalar que en materia de costas y honorarios, no ha sido pacífica la admisión de la vía que trato. Conforme se expuso en la S.D. Nº 05/S.R.O.E./05, tradicionalmente se sostenía que cuando de los honorarios no se hiciese cargo el Estado, no correspondía concederlo (conf. C.S.J.N., Fallos, 314:993; 316:2158; 323:2785, entre otros). Así pues, la razón de interés público justificó, históricamente, la creación de esta vía de impugnación (conf. S.D. Nº 4/S.R.E./02).------- ------ Ahora bien, Guido S. TAWIL señala que cuando la condenada en costas es la parte contraria al Estado, y la imposición de las mismas se encuentra firme, la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido proclive al rechazo del recurso, al no existir interés de la Nación en juego, requisito éste esencial para la procedencia de la tercera instancia ordinaria ("Recurso Ordinario de Apelación ante la Corte Suprema de Justicia", págs. 186/190).-------------------------------- ------ Este criterio no ha variado, y en este sentido, aquel Tribunal sigue sosteniendo que al no haber sido condenado el Estado Nacional al pago de las costas, las cuestiones sobre honorarios no comprometen el interés de la Nación, lo que excluye su calidad de parte a los fines del Recurso Ordinario de Apelación (Fallos 247:63; 253:101; 274:440; 315:1416; 316:2158; 320:2123; "Paraná Inmobiliaria y Forestal S.A. c/ E.N. -M. de Economía- y B.C.R.A. s/ juicios de conocimientos", del 10/10/00; y "Supercemento S.A.I.C. c/ E.N.-F.A. a -M de Defensa- s/ contrato administrativo", del 16/09/03).-------------------------------------- ------ En el caso bajo examen, dado que la condena en costas está a cargo del municipio vencido, se encuentra allanado el camino para admitir el Recurso de Apelación, precisamente, ya que se cuestiona el monto de la regulación de honorarios efectuada en favor de los abogados de la contraria cuyo aumento o disminución, habrá de influir en el erario municipal condenado a su pago.-------------------------------- ------ En autos se quejan los letrados de la demandada por la regulación efectuada en la Alzada y desarrollan los cálculos numéricos que entienden aplicables, según su propio criterio, respecto de dicho rubro.-------------------------------------------------------------------------- ---- ------ Pero no rebaten el argumento rector que tuvo en cuenta la Alzada al fundar la regulación de honorarios en los arts. 5, inc. b, c, d, y f, 6, 7, 8, 9 y 13 de la Ley XIII Nº 4. Este criterio ha sido sostenido por este tribunal en S.D. N° 6/S.C.A./99, donde se señaló que en materia de honorarios, no es obligatorio aplicar a rajatabla la norma arancelaria sobre el total demandado, ya que su resultado podría ser desmesurado en relación a la índole del juicio.---------------------------------------------- ------ Alberto B. BIANCHI, destaca como "imperativo categórico de validez de las sentencias, que las mismas provean no sólo de la adecuada solución jurídica, sino que efectúen un correcta revalorización de las cifras del proceso", afirmando que -en la concepción del Alto Tribunal- el apartamiento notorio de la realidad económica es causa de arbitrariedad de los fallos, se trate de realidad económica referida a las circunstancias generales de la economía o de la realidad económica particular del litigio (conf. autor citado, E.D. 116-772).----------------------------------------------------------------------- -- ------ En autos "Santa Cruz, Pcia. c/ Estado Nacional s/ Nulidad" (Fallo del 8 de Abril de 1997), el Alto Tribunal corroboró esta doctrina, diciendo que "frente a sumas de magnitud excepcional del monto del juicio, también debe ser ponderada la índole y extensión de la labor profesional cumplida en la causa, para así acordar una solución justa y mesurada...que tenga en cuenta que la regulación no depende exclusivamente de dicho monto - o, en su caso, de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces, en situaciones extremas...con un razonable margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y extensión del trabajo...lo que no importa poner en tela de juicio el derecho de los profesionales a que se fijen sus retribuciones por las tareas cumplidas en el expediente...".- ------ Y no podemos perder de vista que el litigio no llegó a desarrollarse en todas sus etapas, puesto que, articuladas las excepciones en respuesta a la acción, su resolución produjo su conclusión, motivo por el cual se habría cumplido una etapa del proceso. En casos similares nuestro cimero Tribunal sostuvo que: "Debe rechazarse la solicitud de regulación de honorarios por la excepción ya que, por ser la cosa juzgada una de las defensas que puede oponer la parte demandada, al resultar ésta vencedora ya que como consecuencia de su admisión se produjo la conclusión de la litis, no cabe tomarla como pretensión autónoma en los términos del art. 175 del Código Procesal sino como integrante de la primera etapa del juicio" (conf: P. 460. XX.; PACOLAEX S.A. c/ Buenos Aires Provincia de. 28/04/1987, T. 310, P. 865).----------------------------------- ------ La Cámara aplicó el art. 5° de la ley de aranceles, prescindiendo del inc a). Así, tuvo presente la calidad, envergadura y eficacia de los trabajos profesionales desarrollados por los letrados actuantes en la etapa del proceso. No encuentro desacertado el criterio seguido en ese sentido.------------------------------------------------------------------------ ---- ------ Además, tampoco advierto, que existieran tres pretensiones diferenciadas que debieran ser tenidas en cuenta al momento de la regulación de honorarios, como introduce la apelante. La acción se entabla para obtener la revisión de los montos indemnizatorios a través de la acción de nulidad de sentencia írrita. No debe confundirse la cuestión principal con sus accesorias, como lo son los intereses y honorarios que derivan de aquella, que no podrían proponerse sin aquella.------------------------------------------------------------------------ ---- ------La pretensión procesal es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración concreta de que esta se haga efectiva. En otras palabras la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica (conf.: Eduardo J. COUTURE, "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", 3ª ed. , Depalma, Buenos Aires 1977, pág. 72). Dicho autor sostiene que no debe confundirse acción con pretensión, ya que la primera es el poder jurídico que tiene de hacer valer la segunda. Ese poder existe en el individuo, aún cuando la petición sea infundada (op. citada, misma pág.).-------------------------------------------------------------------------- ---- ------ Tres elementos componen la pretensión procesal: subjetivo, objetivo y causal. El primero supone una relación jurídica entre el pretendiente (actor o reconviniente) y el pretendido (demandado o reconvenido). El segundo se exterioriza en la petición que se pretende lograr por quien imparte justicia. Y el elemento causal es el hecho en el que sustenta la acción. Pueden haber hechos sustanciales y también accesorios o circunstanciales, ya que los primeros constituyen la causa petendi y los segundos, como no son principales, si no se invocan no obstan a la determinación de la causa petendi (conf. Gustavo CALVINHO, "Calificación legal de la pretensión y el límite de la congruencia", http://www.e-derecho.org.ar).-------------------------------- ------ En el caso bajo examen, la pretensión es una sola: revisar los importes establecidos en concepto de capital, y en forma accesoria, los intereses y honorarios derivados de aquel. El hecho fundante sobrevino con el fallecimiento del Sr. C. De allí que no hubo acumulación de procesos, ni reconvención, por lo que resulta errado o mejor dicho, inaplicable, el fallo citado por el recurrente sobre este tema. El tema principal tiene derivaciones accesorias, pero que de ningún modo pueden ser consideradas como peticiones diferentes o concurrentes. Por ello propongo al Acuerdo rechazar este agravio en todas sus partes. ASÍ LO VOTO.-------------------------------------------- ------ VI.- Trataré ahora el recurso de las demandadas. Si bien se plantea en varios agravios, los mismos se relacionan con el rechazo de la multa por temeridad y malicia peticionada por la recurrente y la extensión de responsabilidad a los abogados del municipio, rubro rechazado en la instancia anterior. Por ese motivo, los trataré en forma conjunta puesto que resulta más adecuado a los efectos de su resolución.--------------------------------------------------------------------- --- ------ Se agravia la demandada por entender que no medió consideración respecto de la temeridad y malicia desplegada en el accionar desarrollado por la municipalidad actora. Por ello, pretenden la extensión solidaria de las costas a los letrados de dicho organismo y la respectiva aplicación de la multa por tal motivo.------------------------ ------ Cuando la Cámara resolvió su rechazo, tuvo en cuenta la falta de acreditación de los dos elementos que configuran el instituto bajo examen: el objetivo, que se evidencia ante la ausencia de fundamentación del reclamo o pretensión; y el subjetivo, donde se pone de manifiesto la concurrencia de ambas circunstancias al caso concreto.----------------------------------------------------------------------- --- ------ Esos elementos determinantes de la figura invocada, no fueron probados en autos como erróneamente refiere el recurrente, ya que la demanda culminó al resolverse las excepciones planteadas en autos.---- ------ La Corte Suprema ha dicho que: "La tesis jurídica defendida por los profesionales, no demuestra por sí sola la existencia de una conducta temeraria o maliciosa, pues el hecho de que no fuera receptada por el tribunal no constituye suficiente sustento de la sanción establecida, dado que el contrato vinculante permitía, aunque de una manera opinable, darle diversos alcances a lo que originalmente se había pactado" (S. 249. XXII.; Stigliani, Pascual c/ Torre Florida y Tucumán SA., 27/04/1989, T. 312, P. 607).--------------------------------- ------- Por otra parte es menester recordar el carácter restrictivo que ha de guiar la aplicación de la sanción prevista por el ordenamiento adjetivo. No puede verse en la interposición de defensas, por débiles que sean, en principio, una violación de las normas que deben observarse en la tramitación de la causa. Si el litigante se limita a defender lo que entendió era su derecho, sin que para ello recurriera a maniobras tendientes a dilatar las actuaciones y aunque algunas de las opuestas fueran manifiestamente improcedentes, ello no autoriza por sí solo, a concluir que la única finalidad perseguida es la de dilatar el trámite, concepto este de ineludible valor para determinar la conciencia de la propia sinrazón, y que se halla impregnado de un carácter altamente subjetivo ("Sucesiones ALBARELLOS, Francisco y HINATYSlN, Olga c/ GROH, Norma y subinquilinos s/ Desalojo", Causa 92.292, 10/7/03, Reg. 493, http://www.casi.com .ar/camara/js59.htm).----------------------------------------------------------- - ------ En el caso bajo examen, no se advierte que el municipio haya actuado sin razón, por el contrario, lo hizo convencido de la certeza de su planteo para obtener la reducción de los montos por los cuales fuera condenado en el juicio de daños y perjuicios, cuyas constancias obran agregadas como documental de autos. De manera que no acreditados esos extremos, y dado el criterio restrictivo para su aplicación, propongo al Acuerdo el rechazo de dicho agravio. ASÍ LO VOTO.---- ----- A la primera cuestión el Dr. Fernando Salvador Luis ROYER dijo:--------------------------------------------------------------------------- ---- ------ 1.- Los Recursos de Apelación Ordinaria previstos en el art. 257 de la Ley XIII Nº 5 (antes art. 254 del C.P.C.C.), han sido deducidos contra la Sentencia Interlocutoria N° 23 del año 2011 dictada por la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, circunstancia que da lugar a realizar un análisis respecto del pronunciamiento atacado a efectos de establecer si el mismo tiene el carácter conclusivo que la vía transitada requiere.---- ------ Este Superior Tribunal de Justicia, en forma constante y uniforme, ha señalado la impertinencia del carril recursivo cuando el pronunciamiento recurrido carece de un carácter definitivo (SD N° 02/S.R.O.E./2010 entre otros), y por sentencia definitiva debe estarse al significado que le acuerda el art. 242 inc. 1º de la Ley XIII Nº 5 (antes art. 242 inc. 1º del C.P.C.C.), siendo las mencionadas por los arts. 165 y 166 de la citada Ley procesal (antes arts. 163 y 164 del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- --- ------ De manera que el remedio intentado no procede contra sentencias interlocutorias o resoluciones simples, aún cuando éstas causen gravamen irreparable, sino sólo contra las decisiones que resuelven las cuestiones de fondo, propuestas con valor de cosa juzgada material. Así el criterio para la calificación de sentencia definitiva a los fines de la admisibilidad del remedio intentado, es más estricto que en la hipótesis de los arts. 289 y siguientes de la Ley XIII Nº 5 (antes arts. 286 y siguientes del C.P.C.C.), y aún del art. 14 de la Ley N° 48, pues para éstos son equiparables a la sentencia definitiva las resoluciones que causan gravamen irreparable. (Conf.: S.D. 09/S.R.E./04 y de mi propio voto en SD N° 02/S.R.O.E./2010).--------- ------ "En este marco, el concepto de sentencia definitiva no se constriñe tan sólo a la noción de aquélla que decide el fondo de la controversia. Es también sentencia definitiva, a juicio de este Cuerpo, aquélla que sin emitir pronunciamiento acerca del mérito de la pretensión, resuelve desestimar la actuación por considerar atendible una defensa... o cuando se admite excepción de falta de acción... o cuando prospera cualquier excepción fundada en la inexistencia de algún requisito de la pretensión. LOUTAYF RANEA cita la clasificación de COUTURE para quien cabe distinguir las sentencias Interlocutorias simples de las Interlocutorias con fuerza de definitivas, que son aquéllas que tienen esa forma pero que de hecho y derecho hacen imposible la prosecución del juicio (Conf. "Tratado de los Recursos", T° I, pág. 327/329). En S.I. N° 99/S.R.E./01 se dijo que, el concepto de sentencia definitiva, claramente delineado por la Corte, a la que sigue este Tribunal, indica que la nota de "definitividad", sólo accede a aquellos pronunciamientos que terminen con la litis o hagan imposible su continuación. Sólo si la acción subsiste y el pleito puede continuar o reiniciarse, la sentencia no tendrá carácter definitivo" (C.S: Fallos 300:642, 302:345, 303:802, 311:1042, 2701, S.T.J.CH. S.D. N° 19/S.R.E./99, 26, 32/S.R.E./00, 07/S.R.E./03, S.D. 09/S.R.E./04)".----- ------ En el supuesto bajo análisis, la Sentencia Interlocutoria atacada tiene carácter definitivo, pues las cuestiones resueltas en ese fallo no pueden ser discutidas nuevamente en otro juicio ulterior. Por ello, los Recursos de Apelación Ordinaria han sido bien concedidos, correspondiendo en consecuencia, proceder a su tratamiento.------------ ------ 2.- Cabe destacar que la vías recursivas intentadas se encuentran habilitadas, de acuerdo con el requisito impuesto por el art. 32 inc. 6 de la Ley V N° 3, pues la Municipalidad de Comodoro Rivadavia es parte y tiene un interés directo en la resolución del conflicto planteado en autos. De este modo, se encuentra facultado este Superior Tribunal de Justicia para llevar adelante el examen de las cuestiones traídas a esta instancia.--------------------------------------------------------------------<# LINE> ------ 3.- Antes de ingresar en el estudio de los agravios vertidos por los recurrentes, debo prevenir que en orden a los planteos hechos por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, puede surgir en el ánimo del juzgador alguna vacilación cuando se trata de evaluar la suficiencia técnica de los mismos, más me inclino por seguir aquí las enseñanzas de Juan Carlos HITTERS, quien advierte que ante la duda debe estarse a favor de la suficiencia, en la medida que la expresión de agravios tenga un viso de seriedad y signifique una crítica concreta del dispositivo sentencial atacado (Técnica de los Recursos Ordinarios, Ed. Librería Platense, 2da. edición, pág. 466), caracteres que encuentro presentes en el memorial de agravios.---------------------------------------- ------ Por esa razón, teniendo en cuenta las particularidades del caso, acuerdo con el Ministro preopinante en tener por suficientes los agravios expuestos a los fines de habilitar la vía, recordando la señera jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que este Superior Tribunal adhiere, que indica que "el proceso no puede conducirse en términos estrictamente formales, estando vedada la aplicación mecánica de los principios jurídicos que conducen a la frustración ritual en la aplicación del derecho..." pues debe darse primacía a la verdad jurídica objetiva, acorde con el adecuado servicio de justicia y compatible con la garantía constitucional de la defensa en juicio" (Conf.: S.T.J.Ch., S.I. N° 13/03).------------------------------------- ------ 4.- Al ingresar en el análisis de las cuestiones planteadas por los recurrentes, anticipo que no me detendré en el desarrollo particularizado de las constancias de la causa ni de las normas cuya aplicación se debaten en autos, reseñadas en extenso por el Sr. Ministro prevotante, a fin de no agobiar con repeticiones innecesarias. Sólo me referiré puntualmente a aquéllas que el examen que realizo me obligue, para su mejor comprensión.------------------------------------- ------ Iniciaré el estudio de la causa, con un análisis sobre el remedio deducido por la Municipalidad de la ciudad de Comodoro Rivadavia, pues el modo en que se resuelvan las cuestiones allí planteadas determinará la suerte de la causa. Conforme surge claramente de la expresión agravios cosida a fs. 777/790, el recurrente atacó -en primer lugar- el tratamiento que el a quo dio a la excepción de cosa juzgada, pues al no haberse presentado testimonio de la sentencia en oportunidad de oponerse tal excepción, debió haberse rechazarse el planteo.------------------------------------------------------------------------ ---- ------ Sobre el tema, debo coincidir con mi colega preopinante pues juzgo que la oportunidad procesal para esgrimir esta controversia no es exactamente esta instancia extraordinaria, sino una etapa anterior que a la fecha se encuentra precluída. De manera que intentar obtener el rechazo a una excepción de cosa juzgada por no haberse acompañado el testimonio del pronunciamiento atacado, resulta improcedente por extemporáneo.------------------------------------------------------------------- ------ El Municipio recurrente, atacó luego la manera en que la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió la excepción en cuestión, por considerar que la misma no debió prosperar pues -en su opinión- no había identidad de objeto, sujeto y causa entre este juicio y el anterior rebatido, amén de reconocer que podría existir conexidad entre ambos procesos tal como lo señaló la Cámara. De manera que la embestida del recurrente se exhibe como un desacuerdo con el pronunciamiento recurrido y no como una crítica fundada, con el peso suficiente como para derribar la solidez argumental y jurídica del fallo.-------------------------------------------------------------------------- - ------ En pronunciamientos recientes de este Superior Tribunal de Justicia (SD N° 3/S.R.O.E./2011), he recordado mis palabras sobre el tema, cuando afirmé que "es requisito de toda expresión de agravios, que la crítica que se efectúe al resolutorio adverso, constituya un cuestionamiento concreto y razonado de las partes que el apelante considere erróneas. No basta a los efectos de conmover los fundamentos del decisorio que se ataca la mera disconformidad, sino que deben darse razones concretas y serias que signifiquen un verdadero ataque directo a la decisión, demostrativas de los errores de hecho y de derecho que la misma pudiere contener. Como el Superior Tribunal de Justicia, con anteriores composiciones, lo señalara, la expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal y debe contener un estudio minucioso y preciso de la sentencia apelada, condensar los argumentos y los motivos que demuestran los errores cometidos por el juez, y ello para que el tribunal, además, pueda apreciar en qué puntos y por qué razones el apelante considera perjudicado su derecho". Esto es, el memorial deficiente o incompleto, lleva indefectiblemente a la deserción del recurso" (Conf.: S.D. Nº 51/92 y 7/93, 9 y 14/S.R.E./98, 08/S.R.E./01 y recientemente S.D.01/S.R.O.E/10).------------------------------------------------------------< #LINE> ------ He sostenido, asimismo, en S.D. N° 22/S.R.E./01 y SD N° 3/S.R.O.E./2011, que ".criticar es muy distinto a disentir, lo primero conlleva un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos o jurídicos que el fallo pudiera contener y la clara demostración del perjuicio, en cambio disentir no significa otra cosa que la mera exposición de que no se está de acuerdo con la sentencia. Así, no constituye expresión de agravios el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista, las generalizaciones o el mero desacuerdo con lo resuelto, las simples consideraciones subjetivas o digresiones inconducentes o carentes de debido sustento jurídico" (conf.: S.D. 28/S.R.E./97 y S.D. 01/S.R.O.E./10 entre otros).------------ ------ En razón de lo expuesto, la solidez que tiene una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada es imposible revertirla con una mera discrepancia del recurrente sobre la manera en que fue resuelta la cuestión. Para lograr su cometido, el recurrente debió demostrar la concurrencia de circunstancias de gravedad que hubieran afectado la validez del acto jurisdiccional, lo que no ocurrió en el caso, pues la muerte sobreviviente de la persona beneficiada con una indemnización no es un hecho suficiente ni legítimo para declarar la nulidad de una sentencia que ya ha quedado firme.------------------------------------------- ------ Nuestro máximo Tribunal federal ha dejado expuesto su criterio, al juzgar que ".Corresponde conferir jerarquía constitucional a la cosa juzgada ya que la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme reconoce fundamento en los derechos de propiedad y defensa en juicio.", y en el mismo pronunciamiento agregó que ". la cosa juzgada busca amparar más que el texto formal del fallo la solución real prevista por el juzgador." (EGUES, Alberto José c/ BUENOS AIRES, Provincia de s/ daños y perjuicios -error judicial- 29/10/1996 - 319:2527).--------------------------------------------- ------ Es por ello que también habré de concordar con el Ministro Dr. CANEO, porque considero que los extremos alegado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para desbaratar la seguridad jurídica que brinda un pronunciamiento firme y pasado en autoridad de cosa juzgada carecen de entidad suficiente para esos fines y demuestran, únicamente, la indirecta finalidad de disminuir el monto indemnizatorio cuya responsabilidad de pago recae en el recurrente. ASI LO VOTO.----------------------------------------------------------------- ------ 5.- Trataré ahora el Recurso articulado por los letrados de la demandada, quienes consideran insuficientes los montos que les fueran regulados en estos autos en concepto de honorarios.----------------------- ------ Creo oportuno señalar en primer término, que su tratamiento en esta instancia tiene andamiaje en la medida que no resultan atendibles los argumentos de la actora quien se opone a su revisión por el solo hecho de no representar al estado (provincial o municipal), y por ende carecer de legitimación para articular la presente vía.---------------------- ----- No tengo dudas que el planteo así expuesto es errado, ya que desde anteriores composiciones el Tribunal ha admitido que pueden intentar este remedio las partes que litigan contra el Estado (conf. S.D. 4/S.R.E./02). También lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al tratar el recurso de idéntica naturaleza, y al respecto ha señalado que si bien éste resulta viable en principio, en las causas en que el Estado directa o indirectamente sea parte, no puede de ello interpretarse que haya sido reconocido exclusivamente a favor de aquél, dado que también pueden interponerlo los particulares que litigan con él (conf.: C.S.J.N., Fallos 310:434; 317:263; 323:3765; 327:4271).---------------------------------------------------------------------- -- ------ Como dije al expresar mi voto en la S.D. N° 23/S.R.O.E./11, no habilitar la vía podría consagrar un desmesurado privilegio en favor del fisco que frustraría el principio de igualdad de las partes en el proceso y el derecho de defensa en juicio. Por lo tanto, considero que los abogados de la demandada se encuentran legitimados para interponer la vía recursiva que pretende. ASÍ LO VOTO.---------------- ------ En cuanto al quantum regulado que los recurrentes consideran bajo, cabe recordar que la Corte Suprema ha sostenido que: "La determinación del monto básico a los efectos regulatorios como asimismo la propia asignación del emolumento profesional, constituye cuestión privativa de las instancias de grado, por tratarse de materia donde la atribución jurisdiccional es plena en el sentido que los tribunales de las instancias ordinarias resuelven tales aspectos dentro de facultades propias y excluyentes; en consecuencia, el margen de discrecionalidad del juzgador en la tarea de ponderar la base regulatoria resulta insusceptible de revisión a través de la vía extraordinaria, salvo excepcionalmente, en casos en que aquella apreciación fuera manifiestamente arbitraria por contener aberraciones en el proceso lógico, contradicciones palmarias en la motivación, o apartamiento injustificado en la valoración de hechos y circunstancias que necesariamente debieron considerarse" (Expte.: 97839 - FERNANDEZ, María Alejandra, en J 117.248/31.534 MORALES B. c/ A.M.DUBOIS de FERNANDEZ REY p/ FILIACION s/ INC. CAS, 16/12/2010).-------------------------------------------------------------------- - ------ Es decir, la regulación de los aranceles no depende exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en la ley especial, entendidas como cifras matemáticas puras; sino de un conjunto de pautas previstas por el ordenamiento adjetivo. Estas guían al juez, quien también debe tener en cuenta la naturaleza y complejidad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, de manera que le permita arribar a una solución justa y congruente con las especiales circunstancias del caso. Muchas veces la mera aplicación automática de los porcentuales fijados en la ley, aún del mínimo establecido, puede arrojar un resultado desmesurado, donde se obtengan importes desproporcionados e incompatibles con los fines perseguidos por el legislador al sancionar la ley arancelaria.----------------------------------------------------------------<#LI NE> ------ El extenso detalle efectuado para fundar en otros valores, los montos que debieron considerarse al momento de regular honorarios, como consecuencia de la supuesta omisión de la Alzada al tratar este tema, se traducen en un distinto modo de pensar respecto de lo resuelto que no logra conmover lo resuelto en la anterior instancia.--------------- ------ En cuanto a que existan en autos más de una pretensión, coincido con el Sr. Ministro que me precediera en el voto, en el sentido que no encuentro una multiplicidad de ellas en la acción entablada.----- ------ La pretensión se puede definir como el acto en cuya virtud se reclama ante un órgano judicial (o eventualmente arbitral), y frente a una persona distinta, la resolución de un conflicto citado entre dicha persona y el autor de la reclamación. Dicho acto suministra, precisamente, la materia alrededor de la cual el proceso se inicia, desarrolla o extingue (conf.: GARRONE, José A., "Diccionario jurídico", Buenos Aires, ABELEDO - PERROT 1987, PÁG.138).----- ------ Y la pretensión del caso bajo examen busca la reducción de un monto de condena que se considera injusto por el acaecimiento del fallecimiento del beneficiario. Es decir, el municipio, quien se considera perjudicado frente al pago de sumas que califica de excesivas, busca cambiar ese resultado a través de la acción que intenta. Si disminuyera el capital de condena, igual suerte correrían sus accesorios: los intereses y los honorarios.----------------------------------- ------ Por ello, no constato en autos más de una pretensión plasmada en una acción judicial tendiente a lograr un fin específico. Concuerdo entonces, en rechazar este agravio en todas sus partes. ASÍ LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- - ------ 6.- Me resta aún estudiar los planteos recursivos de las demandadas, cuyo agravio consistió fundamentalmente en el rechazo a su denuncia por temeridad y malicia contra los representantes de la actora, planteo que busca extender solidariamente las costas a los letrados del Municipio con más la aplicación de una multa por su indebido accionar procesal.---------------------------------------------------- ------ El artículo 45 de la Ley XIII N° 5, es un instrumento procesal que el régimen adjetivo ha puesto en manos de los jueces de la Provincia para limitar los procedimientos graves y abusivos, es decir, es una sanción a la inconducta profesional. Para que proceda, las partes deben alegar y probar la existencia de una verdadera conducta antijurídica, que haya causado un agravio concreto a las partes, no siendo suficiente la invocación de errores a manos de los letrados actuantes y, menos aún, la falta de habilidad profesional o la ignorancia del derecho.--------------------------------------------------------- ------ No resulta ocioso invocar lo señalado sobre el tema por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando dijo ".Lo relativo a la aplicación de medidas disciplinarias, así como lo atinente a la valoración de la conducta de las partes y sus letrados constituyen materias reservadas a los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria" (Ministerio de Trabajo c/ Acmar S.A. de fecha 18/09/2001 - 324: 2806). No obstante lo cual si ".la tesis jurídica defendida por los profesionales, no demuestra por sí sola la existencia de una conducta temeraria o maliciosa, pues el hecho de que no fuera receptada por el tribunal no constituye suficiente sustento de la sanción establecida." la pretensión debe descartarse (STIGLIANI, Pascual c/ Torre Florida y Tucumán SA. de fecha 27/04/1989 - Fallos, 312:607).- ------ La temeridad o la malicia en el actuar de los abogados que asisten o representan a la partes en el proceso, da lugar a la imposición de una verdadera pena pues el ordenamiento de forma en la Provincia así lo permite. Pero los requisitos para su imposición implican que los interesados demuestren que los profesionales acusados llevaron a cabo algo más que haber planteado cuestiones o deducido pretensiones que fueron rechazadas.---------------------------------------------------------------<#LINE > ------ Y esto último es lo que juzgo sucedió en autos, pues con sus aciertos o equivocaciones la Municipalidad de Comodoro Rivadavia instó una acción con argumentos sólidos, bajo la certeza de que le asistía el derecho a solicitar la reducción de los montos indemnizatorios por los cuales fue condenado en un proceso anterior por daños y perjuicios, iniciado por el Sr. G. F. C. Ninguno de sus planteos resultó aventurado o malintencionado, como bien lo señaló el a quo en la sentencia impugnada, por esa razón considero que el remedio cosido a fs. 763/776 e impetrado por las demandadas, tampoco tendrá recepción en esta instancia. ASI LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- - ------ A igual cuestión el Dr. José Luis PASUTTI dijo: ----------------- ------- Los sufragios de los doctores Daniel Luis CANEO y Fernando S. L. ROYER , conforman la voluntad de la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, de modo que no emitiré mi voto (art. 28 de la Ley V N° 3).--------------------------------------------------------------- ------ A la segunda cuestión el Dr. Daniel Luis CANEO dijo: ---------- ------ Conforme se resuelven los recursos articulados propongo al Acuerdo: 1) Rechazar, en todas sus partes, los recursos deducidos por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a fs. 777/790, por los Dres. Ignacio FERREYRA de las CASAS e Ignacio FERREYRA AMUCHÁSTEGUI a fs. 727/739 y por G. C., S. A. C. D. J. e I. F. D. L. C. a fs. 763/776; 2) En cuanto a las costas, al no prosperar ninguno de los recursos, considero atinado el criterio seguido por Osvaldo GOZAÍNI ("Costas Procesales", Ed. Ediar, año 1990, pág 114; este Cuerpo S.D. N° 09/S.R.E./99), donde sostiene que: "Cuando los sendos agravios vertidos en la alzada por las partes no han prosperado, supuesto en que ambos apelantes revisten la condición recíproca de vencidos, es congruente distribuir las costas de acuerdo a la guía del vencimiento parcial y mutuo". Por ello propongo al Acuerdo imponer las costas de esta instancia en el orden causado (arts. 69 y 72 del C.P.C.C.); 3) Regular los honorarios de los Dres. D. O. M. y S. M., en forma conjunta, en el 25% de los que correspondieron en la instancia de origen, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 2º de la Ley XIII Nº 4; 4) Regular los honorarios de los Dres. I. F. D. L. C. e I. F. A., en forma conjunta, en el 25% de los que le fueran regulados en primera instancia; 5) Regular los honorarios del Dr. I. F. D. L. C. por su actuación en representación de la demandada, en el 25 % de los que le fueron regulados en la instancia de grado, todos con más el I.V.A. si correspondiere.----------------------------------------------------------------- -- ------ A la misma cuestión el Dr. Fernando Salvador Luis ROYER dijo: -------------------------------------------------------------------------------< #LINE> ------ En cuanto a la imposición en costas, poco puedo agregar a lo dicho por mi colega preopinante. Resulta justificada su distribución, luego de la ponderación de las circunstancias particulares de la causa, habida cuenta que, conforme se resolvieron las respectivas apelaciones, ninguna de las pretensiones de los recurrentes prosperó. Por ello concuerdo con la solución propiciada por el Dr. CANEO. ASÍ LO VOTO.----------------------------------------------------------------------<#LIN E> ------ A igual cuestión, el Dr. José Luis PASUTTI dijo:----------------- ------ Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.----------------------------------------------------------------------- --- ------ Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente: -------------------------------------------------------------- ------------------------------- S E N T E N C I A ----------------------------- ------ 1.- RECHAZAR en todas su partes, los recursos articulados por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a fs. 777/790, por los Dres. Ignacio FERREYRA de las CASAS e Ignacio FERREYRA AMUCHÁSTEGUI a fs. 727/739 y por G. C., S. A. C. D. J. e I. F. D. L. C. a fs. 763/776.-----------------------------------------------------------------------< #LINE> ------ 2.- IMPONER las costas de esta instancia en el orden causado (arts. 69 y 72 del C.P.C.C.).--------------------------------------------------- ------ 3.- REGULAR los honorarios de los Dres. D. O. M. y S. M., en forma conjunta, en el 25% de los que correspondieron en la instancia de origen, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 2º de la Ley XIII Nº 4; los de los Dres. I. F. D. L. C. e I. F. A., en forma conjunta, en el 25% de los que le fueran regulados en primera instancia; y regular los honorarios del Dr. I. F. D. L. C. por su actuación en representación de la demandada, en el 25% de los que le fueron regulados en la instancia de grado. Todos con más el I.V.A. si correspondiere.----------------------------------------------- ------ 4.- REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.----------------------- Fdo.: Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Fernando Salvador Luis ROYER - Dr. Daniel Luis CANEO.---------------------------------------------------- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 31 S.R.O.E. CONSTE.