marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, concurso preventivo, acreedores del concurso, acreedor privilegiado, acreedor hipotecario
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORGANIZACION CAESUR SA s/ CONCURSO S/ INC. DE REVISION POR BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-17

Si bien la lc 242-2º, se refiere a los intereses "anteriores a la quiebra", al tratar de la extensión del privilegio hipotecario, no cabe entender que el citado privilegio no tenga esa misma extensión en el concurso preventivo (quedando como dies ad quem, se entiende, la presentación en concurso de esa especie; v. Doc. Lc 32 y conc.).

El crédito hipotecario no es concurrente, en principio, en el juicio de esta especie. Puede ejecutarse la garantía aun mediando concurso del deudor, justamente en razón de que su condición normal es la de crédito "paraconcursal"; y ello sin cortapisa que concierna al rubro referido (letra y doc. De la lc 21-2º; 23, 24, 47 y 57). Y si no existe esa cortapisa que incumba al rubro, debe ser porque tiene también la destacada naturaleza "paraconcursal". De entenderse que el rubro aludido es meramente quirografario, concurrente en el juicio, se arribaría a una conclusión insostenible: habría en ese caso notable desigualdad de trato entre los quirografarios (exigibilidad del "quirografario hipotecario"), sin causa jurídica justificativa (la exigibilidad, paradójicamente, no se sostendría en el rango del rubro; v. Cn 16). Los créditos privilegiados en el concurso preventivo mantienen su graduación en la quiebra que posteriormente pudiera decretarse (lc 239-2º párr. Y titulo que llevaba la norma concordante de la ley 19551: 272: "disposiciones comunes"); por donde la mutación del rango correspondiente al rubro aludido resultaría entonces, en verdad, asistemática.
Medidas cautelares, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Edesur S.A. c/ La Marcelina SCA s/ expropiación -servidumbre administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-06

En la medida que, a través de la cautelar peticionada, se pretende un pronunciamiento de este Tribunal que llevaría necesariamente a interferir en la jurisdicción de otro magistrado que, precisamente, ha impartido una orden que colisiona con esa pretensión, ello resulta inadmisible -confr. C.S.J.N. en Fallos:

294:95; "Patagonia Rainbow S.A. c/ Neuquén Prov. del y otros s/cumplimiento de contratos" del 26/12/95; "Líneas Aéreas Williams S.A. c/ Prov. de Catamarca-Dirección Provincial de Aeronáutica", del 16/7/96; esta Sala in re "Rebzda", del 16 de febrero de 1999.
Concursos, crédito laboral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Gualeguaychú s/ Solicitud de Quiebra de Edmundo Salazar y Cía. S.C.A.-Inc. de  Solicitud Conversión en Concurso Preventivo prom. por Frávega y  otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-05-17

Según el artículo 129 de la ley 24.522, los intereses de los créditos laborales debe computarse hasta la fecha del decreto de quiebra. El devengamiento de intereses posteriores se encuentra vedado por el artículo 133 de la norma referenciada y, en el caso de cobro prolongado a lo largo de varios años, no tiene justificación, ni siquiera apelando a la naturaleza alimentaria del crédito, ni a la aplicación armónica de la ley concursal en cuanto a los privilegios del artículo 246 inciso 1), con las normas que regulan el pronto pago.
Recurso extraordinario federal, preclusión, reenvío, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, sentencia absolutoria, nulidad procesal, nulidad absoluta
Materia: PROCESAL
Carátula: S., D. A. s/ Homicidio agravado por ensañamiento - 3 víctimas -; S., J. O. s/ Encubrimiento s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-10-05

La advertencia de nulidades absolutas por falta de motivación suficiente de la sentencia absolutoria y el reenvío consiguiente, ...no es en violación de los principios de preclusión y progresividad, ya que responde a una etapa esencial del juicio - la fundamentación de la sentencia -, conforme con lo sostenido por la Corte en el sentido de que "los precedentes de la Corte Suprema registrados en Fallos 272 - 188; 297 - 48; 298 - 50; 300 - 226 y 1102, que expresan que los principios de progresividad y preclusión impiden que el proceso penal se retrotraiga a etapas superadas, no rigen en los supuestos en que las nulidades dispuestas respondieran a la inobservancia de las formas esenciales del juicio...".
Trámites judiciales, competencia laboral
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Herrera Duberlin en j: Herrera Duberlin c/ Domingo Brunetti s/ Cobro ordinario - Inconstitucionalidad (Libro: S064-442)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-06-04

Si se han decretado prórrogas de la vista de la causa para agregar prueba ordenada por el Tribunal para mejor resolver, y con esas prórrogas no se ha excedido el plazo de 15 días desde la iniciación de la vista de la causa (art. 72 del código laboral), no existe violación al art. 69 del código citado, como lo sostiene el recurrente aduciendo que no se ha dictado el veredicto inmediatamente después de los alegatos en la misma audiencia de la vista de la causa.
Daños y perjuicios, lucro cesante, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ, Eugenia c/ COOPERATIVA EL HOGAR OBRERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - PRUEBA - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-31

Cuando no se está ante la falta de comprobación de la cuantía del daño, sino ante la carencia de elementos de prueba del año mismo, corresponde rechazar el reclamo, máxime cuando se trata del lucro cesante, en que el daño se considera cierto cuando las ganancias frustradas debían ser logradas por la víctima con suficiente probabilidad de no haber ocurrido el evento, no de la mera posibilidad ni tampoco de la certeza absoluta, sino apreciada aquella probabilidad con criterio objetivo y de acuerdo a las circunstancias de cada caso.
Derechos y garantías constitucionales, incapacidad laboral, reparación integral, alterum non laedere, principios laborales, justicia social, derechos sociales
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.  s/ accidentes ley 9688
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

El trabajo humano tiene características que imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mero mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, normativamente comprendidos en la Constitución Nacional. Y ello sustenta la obligación de los que utilizan los servicios, en los términos de las leyes respectivas, a la preservación de quienes los prestan.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, debido proceso, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Ginocchio, Luis Gerónimo c/ Fundación Universidad de Belgrano. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

Si bien las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos por ante los tribunales de la causa no son revisables -como regla- por la vía del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a este principio cuando la decisión frustra la vía utilizada por el justiciable sin fundamentación idónea o suficiente, lo que traduce una violación a la garantía del debido proceso adjetivo consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional.
Personal militar, cesantía, recurso directo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CARRASCO GABRIEL s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

No procede el recurso directo ante la cámara contra resoluciones de la fuerza aérea argentina en las que se dispongan la cesantía de su personal civil.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, segunda instancia, límites del pronunciamiento, costas, defensa en juicio, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional (DGI.) c/ aglio, Eduardo Alfredo. s/ Instancia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Al no haber sido objeto de agravios la condena en costas,y al ser consentida expresamente por la obligada al pago, resulta arbitraria la sentencia de cámara que la revocó, pues ha excedido los límites de sus facultades, al resolver cuestiones ajenas al recurso, lo que irroga un menoscabo a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y de la propiedad.
Resolución del contrato, intimación previa
Materia: CIVIL
Carátula: Hughes, Hugo Carlos c/ Martínez, Carlos Anselmo s/ Rescisión Contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-11

Si se recurre al procedimiento de resolución judicial no es menester la previa intimación al cumplimiento reglada en el art. 1204 pár. 2° Código Civil, puesto que dentro de esta vía no opera ese segundo párrafo sino el primero de la norma en relación con el último de ella, donde sólo se dice "cuando se hubiese demandado por resolución", sin agregar formalidad previa ninguna. Que el requisito ha sido excluido en el supuesto de resolución judicial, se extrae del mismo precepto que lo consagra, visto que el recordado segundo párrafo del citado artículo establece que "el acreedor podrá requerir al incumplidor el cumplimiento", indicando así que es facultativo para quien pretende la resolución el acudir a ese trámite. De ser la intimación previa una exigencia indefectible para arribar a ese fin, el legislador no se habría expresado con el término "podrá" sino con el de "deberá", para cerrar a quien busca resolver el contrato toda posibilidad de opción.
Domicilio, domicilio legal, domicilio real
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: "MARTIN SERGIO SERVANDO EN J° 129.879 FIDECO S.A. (EXPTE. N° 86.853 ) c/ SERVANDO, M. SERGIO s/ EJEC. PREND. S/ INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-10-12

El domicilio es el lugar que el ordenamiento jurídico atribuye a la persona como circunstancia antecedente para ubicarlo, especialmente a los efectos del ejercicio de sus derechos, cumplimiento de sus obligaciones, aplicación de la ley, y competencia de autoridades.

Este domicilio puede ser general (u ordinario): que surte efectos para cualquier tipo de relación jurídica y puede ser real o legal; y especial: que produce consecuencias respecto de una o más relaciones jurídicas determinadas, existen diversos tipos de domicilios especiales, entre ellos: -el domicilio procesal o ad litem: que se constituye a los fines de un proceso, lamentablemente el art. 21 del C.P.C. de Mendoza, llama a este domicilio "legal" produciendo una confusión terminológica, con el C.C., ya en éste el domicilio legal es un domicilio general, en cambio en el código procesal es especial; - domicilio de elección o convencional: es el que facultativamente se elige para la ejecución de obligaciones derivadas de un contrato determinado, regulado por los arts. 101 y 102 C.C.
Contrato de trabajo, excepción de incumplimiento contractual, obligaciones de las partes, deber de observar las obligaciones frente a organismos de la seguridad social
Materia: LABORAL
Carátula: NAPPA, Vicente Eladio c/ Suc. Celestino Barud y Otra s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-05-04

La aplicación de la exceptio non adimpleti contractus al contrato de trabajo, en tanto en el mismo se reúnen los requisitos de bilateralidad y simultaneidad de las prestaciones que sirven para fundar el instituto aludido. Si bien, pareciese que la exceptio sólo se admitiría ante la falta de pago de los salarios, la protección del derecho laboral cala más hondo hasta llegar a conceptualizar como injurioso toda acción u omisión proveniente del empleador que afecte los intereses materiales o morales del trabajador y los suyos y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación laboral (art. 242 LCT).

Siendo ello así, la obligación del empleador de ingresar los fondos de la seguridad al momento debido, constituye una obligación contractual como claramente lo especifica el art. 80 LCT. De manera que, su incumplimiento, acarrea al trabajador el perjuicio que, posteriormente, le imposibilitaría obtener su jubilación, incumplimiento que bien puede fundar una abstención en el débito laboral, tal como lo hace el actor en el sub judice.

No olvidemos lo dicho anteriormente sobre que, si la ley le acuerda al trabajador la facultad de resolver el contrato de trabajo ante un hecho injurioso, con mayor razón se le puede permitir abstenerse de prestar sus servicios ante un incumplimiento de la patronal, solución que se compadece con el principio de continuidad o subsistencia del contrato que se consagra en el art. 10 LCT.
Inhabilitación (civil), pericia médica, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: O.C., A.M. s/ INHABILITACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

En el proceso de inhabilitación, el dictamen médico reviste fundamental importancia y constituye prueba esencial, quedando a cargo del juzgador la consideración y calificación jurídica de la incapacidad.
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba, sentencia, contenido de la sentencia
Materia: PENAL
Carátula: López Contreras, Pablo Lucas s/ Recurso de casación casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-21

Si el hecho se tuvo por acreditado sobre la base de los elementos de cargo incorporados por lectura, entre ellos un acta respecto de la cual no mediaba conformidad de la defensa, esa infracción se transforma en meramente formal cuando todos los intervinientes en la diligencia fueron convocados a la audiencia y prestaron declaración o sea que los elementos fueron corroborados, complementados y avalados por las testimoniales obtenidas al celebrarse la audiencia de debate, por lo que carece de incidencia para decretar la nulidad de la sentencia dictada.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Superior Tribunal de Justicia, competencia contencioso administrativa, Derecho administrativo, Derecho laboral, derecho público
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

El tema de la competencia para intervenir en los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal y sus dependientes pone en el tapete sistemas jurídicos completamente distintos que hacen imprescindible, mientras el ordenamiento local lo permita, la competencia altamente especializada de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en el ámbito del Derecho Administrativo; lo cual es sin menoscabo del Derecho Laboral en cuanto aprehende situaciones que aunque aparentemente iguales, presenta netos signos distintivos, que derivan del objeto regulado por la primera de las disciplinas mencionadas teniendo presente su regulación del ejercicio de la función administrativa y de los órganos a los cuales está atribuida esa función, el ejercicio efectivo de la función misma, y las relaciones a que da lugar este ejercicio, quedando así comprendido en el ámbito del Derecho Público. (De los Fundamentos del Dr. Sánchez Gambino). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?
Recurso de casación, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Córdova, Emilio Enrique c/ Mac Lenann, Carlos s/ Laboral Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-10-16

Por ello corresponde que se tenga presente el recurso de casación para decidirlo luego de agotado el trámite del juicio con el dictado de la sentencia definitiva.

En sentido análogo el artículo 110 de la ley de procedimiento laboral nro.18345 establece que en toda apelación que no pone fin al proceso debe diferirse su tratamiento para considerarla con la sentencia definitiva.

En igual sentido el CPCCLRyM -no obstante no ser de aplicación en el caso de la prescripción sub examine- indica en el artículo 371.2 que la sentencia interlocutoria que resuelve las excepciones admite el recurso de apelación con efecto diferido.

Todo lo cual refuerza el criterio recién expuesto, porque si las apelaciones en ambos procedimientos deben tratarse después de proferido el fallo de primera instancia, a fortiori deberá aplazarse la vía recursiva extraordinaria cuando se trate de impugnar resoluciones que no son definitivas y que desestiman excepciones como la planteada en la especie (defensa de prescripción rechazada en la instancia inferior).
Acción de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, aprobación del presupuesto
Materia: ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: Intendente Municipal de San José de los Cerrillos c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-05-15

Conforme lo señaló la doctrina al comentar las facultades del Congreso Nacional previstas en el art. 75 inc. 8º de la Constitución Nacional, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos es una de las leyes más trascendentes que sanciona, ya que contiene la autorización para recaudar las rentas y para gastar en el ejercicio financiero anual. El tema del control público de la hacienda estatal y la inversión de sus fondos tiene honda raigambre constitucional; el control público de los gastos y recursos de los dineros del Estado es fundamental para el sistema republicano. El presupuesto general tiene dos grandes rubros: el de gastos y el de recursos. En cuanto al primero se prevén aquellos que la administración y las diversas dependencias y organismos estatales efectuarán en el ejercicio financiero de que se trata; para hacer cualquier pago con fondos provenientes del tesoro nacional, es indispensable que el gasto esté autorizado en la respectiva partida presupuestaria. El capítulo de los recursos prevé los ingresos que se incorporarán al tesoro nacional, provenientes de los impuestos, empréstitos y demás recursos contemplados en el art. 4º de la Constitución.

En el orden provincial, el art. 127 inc. 2º de la Constitución establece que corresponde al Poder Legislativo sancionar la Ley de Presupuesto General. El presupuesto a aprobar por la Legislatura refleja analíticamente los ingresos y gastos.

En cuanto a las municipalidades, el art. 176 prescribe que compete a los municipios aprobar su presupuesto, el que deberá ser elaborado dentro de un marco de disciplina fiscal. El art. 68, 5º párrafo, de la Carta Magna Provincial establece que toda ley u ordenanza que disponga o autorice gastos debe indicar la fuente de su financiamiento. Tales gastos y recursos deben incluirse en la primera ley de presupuesto que se apruebe, bajo sanción de caducidad.
Compraventa mercantil, obligaciones de las partes, responsabilidad contractual, terceros, sociedad de responsabilidad limitada, responsabilidad de los gerentes
Materia: CIVIL
Carátula: LEGASPI, ALBERTO c/ DANI CAR  S.R.L. s/ CONTRATO DE COMPRAVENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-11

Las consecuencias generadas por el incumplimiento de un contrato (en el caso compraventa), deben ser necesariamente regidas por las normas que disciplinan la responsabilidad contractual y afectarán a las partes que crearon la relación creditoria, con la lógica exclusión de otras personas que actuaron en nombre y por cuenta de una de las contratantes, en tanto los actos de aquellas recaen en la esfera jurídica de la persona en cuyo nombre y por cuya cuenta intervinieron (CCIV: 1107 y 1947; LS: 58).

(En el caso, cabe desechar la responsabilidad del gerente y dependiente de la s.r.l. contratante, con sustento en el principio emergente del CCIV: 1109, cuando los hechos y omisiones imputados atañen a la ejecución del contrato, lo que, de suyo, impone la inaplicabilidad de las disposiciones relativas a la responsabilidad aquiliana).
Remuneración, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: González, Bernardino c/ Enrique Gildi y otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-12-05

En materia de remuneraciones, la prescripción corre a partir del nacimiento del crédito, o bien desde que cada mensualidad es exigible, rigiendo el plazo previsto en el art. 256 de la L.C.T.
Cuestiones procesales, competencia, prórroga de la competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: OXMIN YORK SA c/ JUAREZ NORA GRACIANA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-07

Cuando, como en el caso, en el contrato que une a las partes, se ha fijado una cláusula de prórroga de jurisdicción por las cuales las partes habrían sometido la dilucidación de sus controversias "...a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Pcia. de Córdoba", se estima que resulta acertada la decisión del Sr. Magistrado de grado de declararse incompetente para entender en las actuaciones, pero por otras razones expuestas en la resolución recurrida. Es que más allá de la discusión suscitada a propósito de la naturaleza de la relación entre las partes que subyace al título base de la presente ejecución, considérese que, a partir de lo manifestado por propia parte actora en su escrito de inicio, no hace falta ahondar en dicha controversia para concluir que no es ésta la jurisdicción en la que debió haberse promovido la presente demanda. Así las cosas, siendo que para la determinación de la competencia corresponde atender principalmente la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda, y verificándose que, por otro lado, en la cláusula a la que hizo alusión el accionante para fundar la competencia las partes habrían pactado una jurisdicción distinta a ésta para entender en las controversias que se suscitaren a propósito del contrato de prenda, corresponde confirmar la decisión del magistrado de declararse incompetente para entender en autos.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: NUÑEZ, Luis Alberto s/ Lesiones leves en riña
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1980-05-29

En el sistema de nuestra ley procesal una prueba directa -cual es el testimonio- puede contener un indicio, porque éstos están emplazados autónomamente en la misma, con rigor científico; se vinculan con el razonamiento inferencial, no con el que se funda en lo que se ha llamado pruebas naturales o históricas.-
Daño resarcible, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Vides, Arnaldo Fabián c/ San Juan y Solís Álvarez y Di Leva SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-30

La imputación al trabajador de una conducta fraudulenta que nunca se acreditó en la causa, permite concluir que existió por parte de la empresa una conducta adicional que excede el despido y que torna ajustada a derecho la procedencia de una indemnización por daño moral, por el perjuicio que ello le ha ocasionado al trabajador, al afectar su integridad moral (art.1078 CC).
Querellante, costas, costas en el orden causado, sentencia absolutoria, in dubio pro reo, acusación fiscal, Ministerio Público
Materia: PENAL
Carátula: Raphael, Moisés E. s/ Costas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-30

La C.S.J.N. había revocado la sentencia dictada anteriormente, en donde se sostuvo que luego de la sanción de la Ley 22.383 el Plenario "Pomares, Daniel y otro" había perdido vigencia, señalando que el texto introducido nada agregó respecto del carácter de parte vencida, sino que otorgó al juez la posibilidad de morigerar la condena en costas, descalificando el pronunciamiento por apartarse del mencionado fallo plenario, cuya vigencia, señaló, fue ratificada por la Cámara en el Plenario Nro. 57 "Aspeche, Carlos M." del 11/5/89.