Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-08-25


Autos n° 21.858 (53.818 - Cuarto Juzgado Civil), caratulados: "GORANSKY SAUL - Sucesorio - Recurso Directo de Queja" En la ciudad de San Juan, a 25 días del mes de agosto del año dos mil catorce, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los Dres. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS y PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo en estos autos n° 21.858 (53.818 - CUARTO JUZGADO CIVIL), caratulados: "GORANSKY SAUL - SUCESORIO - RECURSO DIRECTO DE QUEJA", el recurso directo por apelación denegada impetrado por el Dr. Antonio Falcón, patrocinante del Dr. Juan Belbruno a fs. sub 4/5 de estos actuados originarios del Cuarto Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan.

El Dr. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS, dijo:

El Tribunal ha dicho, en forma reiterada, que el recurso de queja es el remedio procesal tendiente a obtener que el órgano judicial competente para conocer en segunda instancia, tras revisar el juicio de admisibilidad formulado por el órgano inferior, si corresponde, revoque la providencia denegatoria de la apelación.

1. El recurrente viene en queja pretendiendo se le conceda el recurso de apelación denegado mediante providencia de fecha 30 de mayo de 2014, obrante -en copia- a fs. sub 3 de estos autos.

Manifiesta, haciendo referencia al rechazo de la apelación, que inexplicablemente el juez rechaza el recurso por extemporáneo e improcedente. Agrega, que el juez aquo, indica que es extemporánea la apelación erróneamente, ya que el decreto fue recurrido dentro de los tres días de su notificación . Sostiene, que también la rechaza por improcedente, dando razones que no son de su jurisdicción sino de la segunda instancia.

2. Planteado de este modo el recurso, se advierte en forma liminar que el abogado Antonio Falcón, se presentó apelando a sub 2 vta en el carácter de patrocinante del abogado Juan Belbruno, careciendo dicha presentación de la firma de su patrocinado.

La ausencia de firma de la parte en una presentación efectuada ante el órgano jurisdiccional, exhibe la falta de un insoslayable requisito visceral para considerar que se está frente a un acto procesal, debiendo reputarse a dicho escrito como inexistente. Dicha situación no se modifica por la circunstancia de que un letrado aparezca suscribiéndolo, por cuanto su carácter de patrocinante no suple la omisión padecida por quien lo encabezara "por su propio derecho". En consecuencia, "el escrito que no se encuentra firmado por el peticionario es jurídicamente inexistente y por lo tanto carece de vivencia procesal" (Morello A. "Códigos Procesales en lo Civil Y Comercial de la Prov. de Buenos Aires y de la Nación", TºII-B, pág. 557).

Este tribunal, reiterando criterio, en autos N° 19.188 "Aguirre de Cuello, Susana Elsa- Posesión veinteañal", (L. de S. Tº 100, Fº 111/115 - 21/05/08), cuando se dijo que "el acto es completamente ineficaz, ni siquiera puede declararse su nulidad ya que al faltarle un requisito esencial, entra en la categoría de actos procesales inexistentes. Esta categoría denominada de actos procesales inexistentes, obsta a la instancia revisora porque carece de virtualidad jurídica para producir sus efectos. Todo acto procesal idóneo tiene por objeto producir un efecto jurídico directo e inmediato en el proceso y para eso la persona o sujeto procesal ha de tener aptitud conducente a lograr tal finalidad. Cuando a los actos procesales les falta la firma del sujeto que está legitimado para actuar, las peticiones no pueden encausarse hacia la plenitud del acto decisorio, porque sin ese requisito subjetivo esencial que denota la voluntad declarada de quien desea producir un efecto directo e inmediato en el proceso, la firma del peticionante, no habrá destinatario para la resolución jurisdiccional en la esfera del derecho privado.

Lo dicho concuerda con los principios generales y la doctrina que informa al art. 1012 del Código Civil. Guillermo Borda, a propósito de lo prescrito en esta norma dice: "La firma de las partes es una condición esencial para la existencia y validez de un instrumento privado. Sólo desde el momento en que la firma está estampada, debe considerarse que el otorgante ha tenido la intención de hacer suya la declaración de voluntad contenida en el instrumento" (Tratado de Derecho Civil, Parte General II-166; ed. Perrot 1976).

Lino Enrique Palacio, recordando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 246:279), comenta: "Entre los requisitos mencionados, la firma del presentante es el que reviste mayor relevancia. De allí que se haya resuelto que el escrito carente de firma es un acto jurídicamente inexistente y ajeno, como tal, a cualquier posibilidad de convalidación posterior" (Derecho Procesal Civil, Tº IV-90; ed. Abeledo-Perrot 1988).

La imposibilidad de sanear el acto inexistente es total. Sólo está permitido convalidar el acto o subsanar sus deficiencias en el supuesto de nulidad de actos procesales cuando no haya sido consentido siquiera tácitamente por la parte interesada en la declaración (art. 176 CPC); pero ambas situaciones difieren substancialmente por la naturaleza y los efectos que tiene una y otra clase de actos. El acto inexistente ni siquiera ha nacido como acto, por eso no puede decirse de él que está afectado por un vicio en sus elementos formales, sino más bien por carecer de los requisitos mínimos y esenciales para configurarlo, por tal razón, tiene nada más que la apariencia de un acto jurídico, pero en realidad no lo es. Ante la ausencia de uno de sus requisitos esenciales es imposible la ratificación de lo actuado con posterioridad con la finalidad de conferirle validez, según la doctrina que comparte el tribunal. Esta calificación lo convierte en un escollo insalvable para poder valorarlo jurídicamente.

El criterio expuesto es doctrina sentada en diversos pronunciamientos de este tribunal (vg. L. de S. Tº 77, Fº 67/70, Año 2000; L. de S. Tº 89, Fº 147/150, Año 2004, L. DE S. T° 105, F° 33/45 - 27/08/09 L. de S. T° 109, F° 187/190 -31/03/11, L. de S. T° 114, F° 134/136 20/12/2012; entre otros).

3. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cabe considerar que el art. 363 del C.P.C., última parte, si bien faculta a los abogados patrocinantes a efectuar peticiones de mero trámite e impulso, participar de las audiencias de prueba y dejar nota los días de notificación ministerio legis, los recursos no son peticiones de mero trámite, por lo que deben ser presentados por el abogado patrocinante con la firma del patrocinado, por el apoderado o en su caso invocando la calidad de gestor de acuerdo a lo dispuesto por el art. 51 del C.P.C.

4- Por ello, a causa de la inexistencia del recurso de apelación, corresponde rechazar el recurso de queja articulado, lo que así voto.

EL DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos dados por el Magistrado preopinante, voto en sentido concordante.

De acuerdo al resultado de la votación, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de queja articulado por la parte actora a fs. sub 4/5.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° II-2014; F°20/22; FECHA:25 de agosto de 2014 DRES.RIVEROS-ALFERILLO.