marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, peligro en la demora, contaminación ambiental
Materia: PROCESAL
Carátula: PAEZ DE TAZANOS PINTO JULIO Y OTROS c/ EDENOR SA s/ INCIDENTE DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Si el conjunto de pruebas previene acerca del daño denunciado -daño que podría traducirse inclusive en una concreta contaminación ambiental-, esta circunstancia permite concluir que concurre el "periculum in mora" que torna procedente la protección cautelar, habida cuenta de la amplitud de criterio que existe en términos generales para admitir estos reclamos; teniendo presente su finalidad y para evitar la eventual frustración del derecho (cfr.

Sala II, Causas 5818 del 18.11.77; 8715 del 18.3.80; 19.932/95 del 30.5.95).
Divorcio, cuidado personal compartido, atribución de la vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: N. N. c/ N. N. s/ Divorcio - Incidente de Atribución Hogar, Tenencia y Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-08-14

La compensación económica impuesta en virtud de la atribución de la vivienda familiar, con fundamento en lo dispuesto por el art. 443 del Código Civil y Comercial de la Nación, hasta tanto la niña adquiera la mayoría de edad, indudablemente su determinación se vincula con los fundamentos legales que sirven de sustento a tal decisión. Al respecto cabe señalar que el citado artículo 443 del Código Civil y Comercial de la Nación fija las condiciones bajo las cuales el juez puede atribuir el uso de la vivienda familiar. Así el inciso b) introduce la noción de vulnerabilidad en cuanto establece que su uso podrá concederse en favor de la persona que esta en situación económica mas desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios.

A su vez el artículo 444 del Código Civil y Comercial de la Nación habilita al cónyuge excluido a peticionar una renta compensatoria por el uso del inmueble por parte del otro cónyuge. En relación al fundamento de la norma en comentario se ha sostenido que: "La tensión subyacente en este específico derecho -consecuencia del divorcio- es entre la afectación al derecho de propiedad del titular del inmueble que constituye la vivienda familiar y la finalidad tuitiva de la norma, en favor de aquel cónyuge que evidencia mayor vulnerabilidad, por aplicación del principio de solidaridad familiar o, más precisamente, por la responsabilidad que genera establecer vínculos familiares. Por ello, resulta indispensable que la norma especifique claramente cuáles son los efectos que dicha atribución provoca en los derechos del titular del inmueble; es decir cuál es el grado de afectación a su derecho de propiedad... En principio, queda claro que no implica la creación de un nuevo derecho real sobre el inmueble, ni modifica los derechos reales que pudieran titularizar uno de los cónyuges, ambos o, incluso, un tercero."
Contrabando, mercadería aduanera, papel moneda
Materia: TRIBUTARIO-COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, ALBA ISABEL s/ CONTRABANDO S/COMPETENCIA ENTRE T.O.P.E. NRO. 1 Y JUZGADO  CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL NRO. 5
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-23

Los billetes de banco son mercadería.
Defecto legal, determinación del monto, demanda
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TOLABA, MARCELINO c/ SAJAMA, FELIPE-SAJAMA, JOSE s/ SUMARIO: COBRO DE AUSTRALES- INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-09-06

El Código Procesal Civil y Comercial requiere la exacta delimitación cualitativa y cuantitativa del objeto de la pretensión, debiendo la demanda precisar el monto reclamado, y si bien se permite que cuando el actor, al promover la demanda, no pudiere determinarlo por las circunstancias del caso, o porque la estimación dependiera de elementos aún no fijados definitivamente - supuestos en los que no procede la excepción de defecto legal-, la exclusión de tal excepción, sin embargo, no es automática, ni estricta, si en la demanda no surge con precisión y exactitud como se determinara. Esta exigencia está relacionada, como es obvio, con el principio de congruencia. En los casos en que no se indica el monto reclamado, se debe ser estricto en la exigencia de como determinarlo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cosa juzgada, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Compañia Financiera "Sic" S.A. c/ Di Cicco, Mariano y otros s/ Cobro ejecutivo con garantía hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

Habiendo quedado firme la sentencia que estableció la cifra de condena, ésta no puede ser modificada alegando que se omitió decidir sobre la actualización monetaria por el período anterior al pronunciamiento.
Contrato de trabajo, prueba, confesión ficta, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: LAMAS, NELIDA BEATRIZ GEDZIUS DE c/ FRIGORIFICO SAN PEDRO SA s/ DESPIDO INDIRECTO      EXPTE NRO 239-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-02-14

La "ficta confessio" funciona a partir de la demostración efectiva de la prestación laboral que se invoca antes de dar curso a las presunciones de los artículos 55 y 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, máxime cuando ha sido negada la relación laboral al contestar la demanda.
Ejecución hipotecaria, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco del Chubut SA c/ Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-11

La excepción de inhabilidad de título, en los juicios hipotecarios sólo ocurre en supuestos extraordinarios, vgr. cuando el instrumento en que se funda la ejecución no contiene una obligación exigible.
Convertibilidad, tasa pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: Hernandez, Juan Carlos c/ Matricería Austral S.A. s/ Demanda - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2002-06-25

A partir de la Ley de Convertibilidad en virtud de la estabilidad del mercado financiero y la consiguiente baja de intereses se fijaron los accesorios legales computables a partir de su vigencia. En las Sentencias N° 69/92, ("Bustos...") y N° 105/94 ("Zapata...") se decidió que resguardaba el contenido del crédito la aplicación de la tasa pasiva bancaria que publica el BCRA, con más un uno por ciento nominal mensual, en el primer caso, y sólo el medio por ciento nominal mensual, en el segundo, criterio mantenido hasta la fecha.
Prensa, libertad de prensa, derecho a la información, responsabilidad civil, doctrina de la real malicia, jerarquía de las leyes, Constitución Nacional, tratados internacionales
Materia: CIVIL
Carátula: Z., H. W. y Otra c/ F., G. B. y Otra s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-11

Se debe reiterar la concepción liberal del suscripto en orden a interpretar el plexo normativo interno y supranacional que tutela la libertad de prensa, además del relevante valor social y público, colectivo e individual que tiene en la vida moderna, el estado de derecho, el funcionamiento de las instituciones del sistema democrático en una república, las comunicaciones entre los Pueblos y los individuos, y en definitiva, el derecho de cada persona y la sociedad a informar e informarse, y a expresarse. En esa intelección, hay que preservar el rol de los medios de información ejerciendo y reconociendo en plenitud la libertad de prensa, aún a riesgo de situaciones críticas, zonas grises o problemas que causen daños, los que para determinar responsabilidades con la carga de reparación exigen que éstas surjan de un obrar deliberado y malicioso, claramente antijurídico en detrimento de otros derechos fundamentales de similar rango, acabadamente probados en todos sus alcances. Sobre la cuestión, hay un "status" de tratados internacionales que gravitan sobre la legislación nacional a partir de la reforma constitucional de 1994. Todos los tratados internacionales aprobados por el Congreso, cualquiera sea su contenido, tienen jerarquía superior a las leyes. Un tratado deroga, expresa o implícitamente, a toda ley y norma de inferior jerarquía que se oponga a sus contenidos. En cambio, una ley posterior no deroga a un tratado.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pauluka, Luis Benjamín c/ Baez, Carlos Eduardo y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

Si del acta notarial resulta que el actor requirió los servicios notariales a fin de "ratificar la posesión" otorgada en el boleto y que la diligencia se cumplió en presencia de los vendedores, poniendo a todos los ocupantes del inmueble en conocimiento del objeto de la intervención notarial, ha de considerarse al accionante en posesión legal del bien y superada -por ello- la ineficacia de la manifestación realizada en el boleto de compraventa, habiendo quedado legitimado para demandar el desalojo tal como lo hace, el que ha de proceder pues no se discute el vencimiento del plazo contractual (arts. 2351, 2355, 2377, 2378, 2379, 2380, Código Civil; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 358, 384, 676, Código Procesal).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Wunderlich  Menke,  Clivia  Johanne  Elizabeth c/ Buenos Aires,Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

Si las normas tachadas de inconstitucionales fueron aplicadas a la actora en un acto administrativo emitido por una entidad autárquica, descentralizada, con capacidad jurídica propia y que no se identifica con el Estado provincial, el que sólo se limitó a sancionarlas, la causa no es de la competencia originaria de la Corte Suprema.
Relación de dependencia, prestación de servicios, trabajador autónomo, inversión de la carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Chap, Gonzalo Andrés c/ DTA S.A. s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-11-03

Surge con suma evidencia que el actor a la única persona que le facturaba por la prestación, supuestamente, de sus servicios profesionales y como trabajador autónomo era a la accionada, no surgiendo que haya tenido otros clientes que hayan solicitado sus servicios profesionales a los cuales haya tenido que facturar su labor como trabajador autónomo. Por otra parte, el actor acreditó la efectiva prestación de servicios a favor de la empresa, por lo que correspondía a la demandada demostrar que los servicios prestados por el actor fueron realizados por un trabajador autónomo independiente, sin que haya existido relación de dependencia y la accionada no logró acreditar tal extremo (art. 23 LCT). Por lo dicho, corresponde tener por acreditada la existencia de la relación laboral invocada por el actor.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, duplicación del plazo, terminación del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Incidente de apelación en autos Márquez, Martín Ariel s/ infr. art. 149 bis CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-05

El mandato contenido en el art. 104 del CPPCABA tiene por finalidad la realización del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y es la propia ley la que establece, en el art. 105 del CPPCABA, que el cumplimiento del plazo previsto tiene como consecuencia la culminación del proceso a través del archivo de las actuaciones. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario, cuestión federal, sentencia firme, tercería de dominio, embargo, traba del embargo, semovientes
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Echeveguren, Mario Ricardo y otra s/ tercería de dominio en los autos Los Morenos Agrícola Ganadera  c/  Leguizamón, Omar s/ interdicto de recobrar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Los agravios contra el pronunciamiento que dejó firme la sentencia que había rechazado la tercería de dominio deducida con el objeto de levantar el embargo trabado sobre semovientes, suscitan cuestión federal para su consideración en la vía extraordinaria, pues aun cuando remiten a cuestiones de hecho, prueba y de derecho común, ello no constituye óbice decisivo para invalidar lo resuelto si - como en el caso - lo decidido no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados en la causa.
Contratos, equilibrio contractual, depreciación monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Roitberg, Carlos c/ Janin, Olga Susana s/ SUMARIO S/CASACIóN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-10-24

En caso de incumplimiento contractual, ante el valor ínsito del dinero, si se condena al vendedor, a soportar íntegramente sus alteraciones, el comprador recibirá como contrapartida un incremento patrimonial representado por la incorporación del bien mediante la entrega de un importe nominal que ya no corresponde al tenido en miras al contratar: es decir, el "minus" en contra del vendedor se trasladará a un incremento patrimonial del comprador y así, evidentemente tampoco se dará el equilibrio que se busca y que la ley pretende.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIOS, ERNESTO c/ ESTADO NACIONAL (FUERZA AEREA ARGENTINA) s/ DEMANDA DE AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-21

La sanción impugnada (quince días de inhabilitación por despegar del aeródromo de San Juan sin iluminación de pista al mando de una aeronave de línea) es un típico acto de autoridad pública, en el caso, del Jefe de la Región Aérea Noroeste. Aún en el hipotético caso de tramitar el juicio por las normas del art. 321 inc. 2 del Código de rito, no habría podido correr mejor suerte la pretensión del actor, toda vez que, en virtud de la remisión que aquél artículo efectúa al 498 del mismo ordenamiento, corresponde estudiar las reglas del amparo contra los actos de la autoridad pública en oportunidad del juicio sumarísimo, pues tal es el imperativo procesal para esta acción.
Accidente de tránsito, privación del uso de la cosa, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROTTI SERGIO A. c/ JAN D. PORTUGAL Y OTRO s/ ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-29

Para que prospere el resarcimiento por privación del vehículo es menester que se aporte al proceso un mínimo de prueba que acredite el desembolso. Lo que debe probarse es la necesidad del rodado para las actividades de quien lo utiliza. Los desembolsos efectuados en sustitutos y su compensación con las economías provenientes del uso del propio, en virtud de que el daño debe ser real y efectivo y no presunto.- (Disidencia del Dr. Bonta).
Relación de dependencia, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Herrera, Esther c/ La Federal II y otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-11-28

De conformidad al artículo 55 de la Ley de Contrato de trabajo, la falta de exhibición a requerimiento judicial del libro, registro, planilla u otro elemento de contralor previsto en los artículos 52, 53 y 54 de la ley 20744 ser tenida en cuenta como una presunción en favor de las afirmaciones del trabajador sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos, una de ellas la referida en el inc.D) del artículo 52 respecto a la fecha de ingreso y de egreso a consignarse en el libro especial allí exigido. Mediante esta normativa el legislador pretende concretar en la práctica aquél principio protectorio del derecho del trabajo direccionado a posibilitar que la desigualdad de las partes se reduzca a su mínima expresión, otorgando veracidad a las manifestaciones del accionante, frente a la omisión por parte del demandado-empleador de manifestar si cuenta con la documentación que por ley debe llevar. Dicha normativa también se correlaciona como aquélla receptada en el artículo 85, inc.5 de la ley 2383, por cuanto ambas tienden, obviamente, a una misma finalidad.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miranda, Gloria Ester c/ Micro Omnibus Sur Línea 160 S.A.C. y otro s/ Daños y perjuicios Rossi, José c/ Transportes Automotores San Lorenzo S.A. y Zoppi, Enrique J.F. s/ Daños y perjuicios Tezeira, María Rosa c/ Sargento Cabral S.A. de Transportes y otro s/ Daños y perjuicios Gusti de Moretti, Rosa B. c/ Produlac S.A. y otro s/ Daños y perjuicios Salvucci de Suvar, Angela Beatriz c/ Llobet, Ernestina, J. M. del P. Socorro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-06|1985-09-17|1985-10-29|1988-03-29|1998-03-10

Si los hechos por los que se demanda revelan claramente que el resarcimiento que se pretende está referido a un deber mucho mas amplio, anterior y distinto a toda relación convencional, que es el de no dañar a otro, cuyo criterio general de solución fija el art.

1109 del C.C. y los arts. siguientes y concordantes de ese mismo cuerpo legal, la mera circunstancia de que también haya mediado una relación contractual entre algunas de las partes del juicio, no inhibe a esta conclusión, ya que entre personas convencionalmente relacionadas pueden acontecer sucesos extraños al contrato que, aunque sucedan en ocasión o durante el despliegue de las consecuencias del vínculo, quedan marginadas del mismo y de las eventuales vicisitudes de un incumplimiento contractual.
Pago de la remuneración, jornada de trabajo, valor hora de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: TOBARES, HECTOR c/ ENTEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-20

No corresponde fijar, a los efectos de obtener el valor hora de trabajo, un divisor mayor que aquél que resulta del tiempo trabajado efectivamente, pues ello importaría pagar menos las horas extraordinarias que las normales y generaría recargos menores al 50% y 100% según el caso.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Planobra S.A. c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

El reclamo de diferencias por mayores costos en base a la falta de representatividad del sistema de ajuste de las variaciones de precios pactado contractualmente, debe sostenerse en una prueba que permita constatar la realidad económica del contrato.
Reforma de la constitución, necesidad de reforma legislativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fayt, Carlos Santiago c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-14

El art. 3° de la ley 24.309, que declaró la necesidad de la reforma constitucional presidencial sólo aludió a la posibilidad de establecer - por nuevo inc. al art. 86 de la Constitución de 1853 - el acuerdo del Senado para la designación de ciertos funcionarios de organismos de control y del Banco Central, exclui da la Auditoría General de la Nación y la actualización de las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Incumplimiento del contrato, intereses, cómputo de intereses, demanda, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: PALACIO DE AMBROGGI LILIANA INES c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-10

El deudor de la indemnización por incumplimiento del contrato adeuda intereses desde la notificación de la demanda (conf. Morello "indemnización del daño contractual" 2da. Ed. P. 262), Oportunidad en que se hace jurídicamente relevante el incumplimiento (artículo 508 del código civil).
Impuestos, facultades tributarias
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giles de Hourcade, María B. y otro s/ sucesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-06

El poder tributario es originariamente local y sólo lo delegado en la Constitución Nacional corresponde a la Federación. La regulación que una Provincia haga de tal materia comprende también la atribución de fijar los plazos de prescripción de las obligaciones que emanan para los particulares del poder impositivo así ejercido por la misma. Es atribución reservada a las provincias crear tributos y determinar los medios eficaces para asegurar su percepción. (Minoría u opinión personal)
Separación de hecho, deber de fidelidad
Materia: CIVIL
Carátula: Q., M.D.C. c/ G., A.R. s/ DIVORCIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-10

El deber de fidelidad no persiste luego de la separación de hecho de los cónyuges. Pues de aceptarse que este "deber" deba ser observado de manera permanente mientras subsista el vínculo matrimonial se condenaría a los cónyuges, de mediar una separación de hecho entre ellos, a una suerte de celibato temporal o perpetuo, lo que no sólo es poco valioso sino que no coincide con lo que la realidad social demuestra a diario. Máxime, cuando no se probó que la relación sentimental con otra mujer admitida por el demandado tuvo lugar con anterioridad a la separación de hecho de los cónyuges.
Donación, revocación de la donación
Materia: CIVIL
Carátula: OGER, Liliana Noemí c/ GUILLAMET CHARGUE, Guillermo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

En el contrato de donación, la existencia de una intención de beneficiar gratuitamente al donatario, hace que la posibilidad de revocarla por falta de aceptación deba ser interpretada de manera estricta:

este criterio se impone aún más cuando el beneficiario de la donación es un incapaz, que depende para manifestar su voluntad, de la intervención de un representante legal no siempre atento a preservar sus intereses.-
Derecho al recurso, revisión judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa -causa N° 1681-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-20

Un individuo que ha sido condenado penalmente tiene derecho constitucional a que la sentencia sea revisada o controlada por un tribunal superior, revisión que debe comprender todos aquellos argumentos en los que se ha sustentado la condena, es decir, aquellas premisas cuya modificación tienen aptitud para alterar la condena a favor del recurrente; estando vedado efectuar distinciones que predeterminen la materia a revisar y que excluyan de antemano ciertos aspectos, como ocurre, por ejemplo, con la clasificación entre cuestiones de hecho y de derecho. (del voto de la Señora Ministra Dra. Doña Carmen M. Argibay por sus fundamentos)