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Presidente de la corte interamericana, admisibilidad de la prueba, violación de derechos humanos, defensor, COLOMBIA, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Yarce y Otras c/ Colombia s/ Resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2015-05-26

El Presidente en ejercicio considera que en la etapa de admisibilidad de la prueba, no corresponde tomar una decisión sobre la relevancia de los testimonios que se relacionan con los hechos del caso -en el que se demandó al Estado Colombiano por la presunta violación a los derechos de cinco defensoras de derechos humanos-, pues podría resultar pertinente en atención a lo que las partes alegan y pretenden probar sin que ello implique prejuzgamiento, en tanto será valorada por el Tribunal oportunamente, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y, una vez recibida, podrá el Estado presentar las observaciones que estime necesarias.
Competencia civil, seguros, productor asesor de seguros, responsabilidad civil
Materia: PROCESAL
Carátula: SZNEIDEROWICZ, Sandra E. c/ BAFARO s/ DAÑOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-27

Corresponde intervenir a la justicia civil respecto de la responsabilidad civil de los productores de seguros; máxime cuando en la mayoría de los casos el asegurado desconoce cuál es la situación del productor respecto de la compañía aseguradora, con la que finalmente celebró el contrato. Por lo demás, la tarea del productor de seguros va mucho más allá de la celebración del contrato, pues su función se extiende a todas sus instancias ulteriores.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, José Tomás c/ Britos, Jacinto Esteban s/ Ley 22.250 Mendieta Miguel Angel c/ SOMISA s/ Enfermedad accidente Mamani, Roque Jacinto c/ Moreno, Juan B. y otra s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15|1994-07-26|2002-05-15

Si bien la doctrina del absurdo permite una reapertura a la revisión de los hechos, ello se concreta sólo en situaciones de excepción, y aunque la conclusión del fallo aparezca como cuestionable o poco convincente, no cualquier disentimiento autoriza a que se tenga por acreditado dicho vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito.
Divorcio, medidas cautelares
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: L F. O.  c/  s/ divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-28

No puede dejar de advertirse que la laxitud de las normas de derecho procesal, en el marco de procesos de familia, es atendible por la delicadeza de las situaciones que se consideran. Y aquí corresponde efectuar dos precisiones: a) Por un lado, que aun cuando, frente a medidas de carácter anticipatorio la evaluación de los recaudos deba ser más estricta, no puede prescindirse de la lectura en clave de género. Desde allí, dada la asimetría que surgiría como consecuencia de la distribución familiar de roles, debe tenerse por reunida una fuerte presunción a favor del derecho de la accionante, circunstancia que, unida a razones de solidaridad familiar, hacen que la medida se presente razonable. b) No obstante lo anterior, tratándose de una cautelar ligada a una pretensión que aún no ha sido deducida, deberá promoverse el pertinente proceso en el término de 20 días, contados a partir de la firmeza del presente pronunciamiento (argumento del artículo 207 del CPCC), bajo apercibimiento de ser dejada sin efecto. (del voto de la Dra. Cecilia Pamphile, en mayoría).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, principio de congruencia, incongruencia, contrato de trabajo, fraude laboral
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Macchi, Marcelo Gustavo c/ Institutos Médicos  S.A.  y otro. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-26

Existe autocontradicción en la sentencia que, por un lado expresa que no era función de los jueces analizar la racionalidad de los medios empleados y las estructuras que den a sus empresas sus titulares y, por el otro, afirmó que la modalidad contractual alegada por la demandada era insólita y configuraba un sutil instrumento para llevar a cabo un fraude laboral.
Excepciones procesales, excepción de espera
Materia: CIVIL
Carátula: THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON c/ FERNANDEZ PADRON JUAN s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-18

El acto del cual resulta la liberalidad de acordar un nuevo plazo o "espera" -salvo caso de espera legal- debe emanar del acreedor y ser en favor expreso del deudor, lo cual además, debe estar concretado bajo la forma de una promesa clara, precisa y documentada, conforme la doctrina del art. 544 inc. 8 del Código Procesal.
Fletero, trabajador en relación de dependencia, propietario del vehículo, deuda previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - LABORAL
Carátula: INDICO S.A.C.I.F.I.A.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-11

Es evidente que no existió una relación de trabajo dependiente si los fleteros aportaban sus propios vehículos, se hacían cargo de los riesgos del transporte, presentaban sus propias facturas como transportistas autónomos, no estaban obligados a concurrir diariamente a la empresa y , en momento alguno, peticionaron la tutela de las normas laborales (elemento éste que, por vía de hipótesis, podría hacer concluir que existió una situación de fraude a las normas previsionales (art. 25, ley 18.037). Por ello, corresponde revocar la resolución que determinó una deuda por aportes omitidos, ya que si bien el organismo administrativo goza de amplias facultades en su accionar (art. 10 y concordantes, ley 18.820) teniendo en cuenta los intereses de la comunidad toda, tal comportamiento debe ceñirse a normas de lógica y de respeto por las disposiciones legales vigentes.
Derecho a la salud, acción de amparo, personas con discapacidad, interés superior del niño, rehabilitación infantil, síndrome de Asperger, instancia administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T., R. E. VS. Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.) c/  s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-12

El interés de un menor debe ser tutelado por sobre otras consideraciones por todos los departamentos de gobierno (art. 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño). Esta norma expresamente dispone que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, debe atenderse en forma primordial al interés superior del menor.

En el caso la pendencia de la vía administrativa que se aduce y la circunstancia de que no se haya solicitado al Instituto Provincial de Salud la cobertura integral de las clases de inglés indicadas por la psicopedagoga que asiste al menor, (una por semana), que con esta acción de amparo se reclama junto a otras pretensiones, carece de entidad como para decidir el rechazo de la acción, pues se advierte de lo manifestado por la Obra Social en el proceso, que persiste con el criterio de negar la cobertura total que se solicita, lo que demuestra la ineficacia del planteo en sede administrativa en una cuestión que involucra el derecho a la salud y que por lo tanto no admite dilaciones.

Respecto del cuestionamiento de que las clases de inglés recomendadas son una práctica educativa y no de salud, los arts. 2º y 17 de la Ley 24901 y también la Resolución Nº 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social, reconoce las prestaciones de carácter educativo que serán provistas a aquellos beneficiarios que no cuenten con una oferta educacional estatal adecuada a las características de la discapacidad, lo que acontece en el caso, toda vez que en la localidad donde reside el menor, no brindan esa prestación.

Con relación al pago de transporte y la dificultad de su control y auditoría, no fue puesto a consideración de la sentenciante de grado al no haber mediado cuestionamiento alguno al respecto al contestar la demanda, por lo que tales consideraciones no pueden ser revisadas en esta instancia, al no integrar el "thema decidendum". (Del voto en minoría del Dr. Vittar, Dra. Bonari, Dr. Catalano).
Suspensión del trabajador, homologación del acuerdo, conservación del empleo, emergencia sanitaria, coronavirus, aislamiento social preventivo y obligatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Tebes, Emanuel Matías c/ Arcos Dorados Argentina S.A. s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-19

A partir de la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio se suspendió la concurrencia al lugar de trabajo de los trabajadores no esenciales, y de los considerandos del dec. 329/20 se desprende que en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado con motivo de la pandemia del Covid-19 se adoptaron medidas excepcionales a fin de preservar las fuentes de trabajo y, entre ellas, se consideró apropiado recurrir a la figura de suspensión concertada que establece como requisito de validez la homologación administrativa.
Locación de cosas, retención indebida, constitución en mora
Materia: CIVIL
Carátula: CICATRADE S.A c/ SANTOS JORGE s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-13

Al exigir la constitución en mora, la ley supone que, mientras esta constitución no se cumple, el retardo no causa perjuicio alguno el acreedor y que este autoriza tácitamente al deudor para postergar el cumplimiento de su obligación. Esta significación está contenida en el art. 1622 del Cód. Civil
Facultades del juez, dictamen pericial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vera, Medencio c/ Penida, Oscar y otros s/ Ordinario Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-05-05

El apartamiento de los jueces del dictamen pericial, por razones de convicción sincera, no exige al magistrado una extensa relación de los motivos en que formula su decisión, siendo suficiente que, aunque en forma sucinta se haga referencia a esos motivos, y ello independientemente de que no hubiera existido impugnación a la pericia o que formulada ésta se hubiere en su momento rechazado, porque "en otro orden de cosas, cabe tener presente que el hecho de que la peritación no haya sido impugnada, no cancela la facultad del juez de ponderar el grado de convicción de que es posible adjudicar a cada uno de los elementos de juicio traídos al litigio".
Entorpecimiento de los servicios públicos, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: SOLVER, Raúl Martín  OCHOA, Antonio Segundo s/ INTERRUPCION DE SERVICIOS TELEFONICOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-04

El bien jurídico protegido en este tipo de delitos es la Seguridad Pública -ley 23077- o la seguridad común -ley 21338-. En ambos supuestos se trata de delitos que no protegen bienes individuales sino sociales. No un teléfono, ni siquiera un servicio público, sino el servicio telefónico de la comunidad o de parte de ella.
Trabajador autónomo, taxistas, edad del trabajador, trabajo de mujeres, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ECHEVARRIA, EDELMIRA c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-09

El régimen diferencial para taxistas por cuenta propia (Dec. 629/73, art. 1°), al exigir 60 años de edad para acceder al beneficio jubilatorio sin distinción de sexo, importa una modificación que contradice el principio legal establecido por el inc. a) del art. 16 de la ley 18.038 y no se compadece con el orden de prelación y limitación de la facultad reglamentaria establecida por los arts. 31 y 86, inc. 2° de la C.N. En consecuencia, corresponde declarar su invalidez y tener por cumplido el requisito de edad para la mujer taxista, a los 55 años. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr.

Fasciolo. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Embargo, pago por subrogación
Materia: PROCESAL
Carátula: POLISOTTO Adolfo Omar c/ Ales Adriana del Valle s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-06-05

Siendo tal la calidad del pagador, el alcance de su pago estará determinado, cuando se trata de liberar a un inmueble de la cautelar, según el monto de la deuda conforme a las constancias registrales.

Tanto en doctrina y jurisprudencia admiten pacíficamente que la protección del embargante existe únicamente por la suma que se ordenó y anotó la medida ya que ese importe es el que determina la extensión y alcance de la preferencia.
Contrato de obra pública, obligaciones de las partes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sebastian Maronese e hijos S.A. c/ Provincia de Buenos Aires -Instituto de la Vivienda- s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

La alteración unilateral de la previsión contractual resulta improcedente, ya que la ley 6021 de obras públicas protege el equilibrio recíproco de las prestaciones y el contenido económico del contrato.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Copropietarios Edificio Blanco IV c/ Della Rocca Carmelo y/o quien resulte propietario s/ Ejecución de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

La validez del certificado de deuda expedido por el administrador del consorcio depende de si el mismo cumple los requisitos que fija el reglamento de copropiedad. (Minoría u opinión personal)
Prueba documental, redargución de falsedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ELIAS, Ricardo Narciso c/ PROVINCIA DE SALTA s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-05-08

La naturaleza revisora del proceso contencioso administrativo no obsta, en principio, a que las partes puedan argüir la falsedad de los documentos ofrecidos como prueba, atento la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Civil y Comercial dispuesta por el art. 23 del Código Contencioso Administrativo.-
Pacto comisorio, abuso del derecho
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez, Antonio Wenceslao c/ Rolón, Julio s/ Rescisión contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-10-22

La jurisprudencia se ha inclinado, en general, por considerar abusivo el ejercicio de la facultad resolutoria cuando la porción que resta cumplir de una prestación es cuantitativamente inferior a la parte ya cumplida. Mas este principio interpretativo queda siempre supeditado a las circunstancias que rodean cada caso. El criterio es razonable, ya que si se adoptara dogmáticamente tal criterio podría alentarse a los incumplidores a mantener una conducta remisa sin otra consecuencia que la de perjudicar indebidamente a sus co-contratantes.
Quiebra, calificación de conducta, inhabilitación del fallido, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Isakowitz, Enrique s/ Inc. de Calificación de conducta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

Es improcedente calificar la conducta del quebrado cuando - como en el caso - se verifica que la apertura del concurso liquidatorio data de fecha 27.12.88. Ello, pues transcurrió el plazo de inhabilitación que establece la ley 24522: 236, y no consta que medie supuesto excepcional de prórroga del lapso en los términos de la norma citada, con abstracción de la inteligencia que cuadre atribuir al texto del dec. 267/95 - con el que se observó el proyecto de la ley 24522: 290-, ninguna pena de mayor gravedad puede imponerse al fallido por aplicación de la ley 19551; esta sanciona con mayor rigor represivo al sujeto pasivo de la calificación de conducta, y es la ley más benigna aquella que corresponde aplicar según principio rector de la materia punitiva (CP: 2).
Lealtad comercial, defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: F., M. E. c/ B. P. SA s/ SUMARÍSIMO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-11

Como en muchos otros sectores del derecho la complejidad del tráfico hace exigible la protección responsable del consumidor (art. 42 CN y ley 24240) y la confianza como principio de contenido ético impone a los operadores un inexcusable deber de honrar tales expectativas. El quiebre de la confianza implica la contravención de los fundamentos de toda organización jurídica y torna insegura la actividad de los operadores económicos.
Empleador, sociedad cooperativa, socios
Materia: LABORAL
Carátula: García Hugo Adolfo c/ Cooperativa de provisión para productores y distribuidores frutihortícolas Noreste Limitada y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2001-04-09

Las eventuales relaciones laborales que pudieren surgir tendrán como responsables a los socios locatarios de los puestos que serían los beneficiarios de los servicios prestados y a quienes les cabría la denominación de empleador en los términos del art. 6 de la L.C.T.

No encuentro óbice a tal conclusión el hecho de figurar en los pizarrones de la Cooperativa, los precios de la carga y descarga de productos. En los términos del art. 23 de la L.C.T., no se ha probado prestación de servicios a favor de la Cooperativa, sí en cambio a favor de los socios organizados separadamente como empresarios o empleadores en las conceptualizaciones de los arts. 5 y  26, respectivamente, de la L.C.T. Como sujeto de derecho la Cooperativa conforma una persona jurídica distinta de los socios que la componen, y separadamente, tanto éstos como aquella pueden adquirir derechos y contraer obligaciones.
Delegado gremial, estabilidad del delegado gremial, despido, despido por falta o disminución de trabajo, suspensión por falta o disminución de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: OJEDA, RODRIGO ABEL c/ SADE OBRELMEC  S.A. s/ LEY 23551
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-16

Si la empleadora despidió a todo el personal en base al supuesto fáctico encuadrable en lo que la ley 23551 en su art. 51 denomina suspensión general de las tareas, asimilable a la cesación de actividades, los delegados gremiales no podrán invocar su estabilidad, pero, cuando como en el caso, permanece laborando un reducido grupo de trabajadores, no por eso se halla habilitada la vía para despedir a los representantes gremiales, de quienes probablemente se requiere una participación más activa al verse la demandada en la necesidad de tomar medidas de esa envergadura.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, allanamiento domiciliario, prueba, competencia penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: DURAN, JOSE LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-09-09

Si bien resulta inválido el allanamiento policial atento no haber mediado orden judicial que lo habilitara, debiendo en consecuencia tenerse por suprimido el eslabón viciado conforme la aplicación de la regla de exclusión, la condena confirmada por la Alzada se mantiene incólume al no demostrar la impugnante la arbitrariedad del núcleo sentencial, con sustento en la prueba válidamente colectada (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Locación, tácita reconducción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NICHELA, LUZMILA VDA. DE c/ INOSTROZA, ANATILDE s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1985-08-15

LA RECONDUCCION DE LA LOCACION REQUIERE HECHOS POSITIVOS DE AMBAS PARTES QUE EXTERIORICEN LA VOLUNTAD DE CONTINUACION DEL VINCULO.
Comisiones médicas, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marchetti, Jorge Gabriel c/ Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo, acción especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-05-13

Corresponde revocar la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley 14.997 de la provincia de Buenos Aires y habilitaba que el reclamo por un accidente del trabajo pueda iniciarse directamente, sin previo paso por comisiones médicas, toda vez que no se ha acreditado infracción alguna al procedimiento fijado en el art. 104 y siguientes de la Constitución local como tampoco se han señalado irregularidades relacionadas con la integración y las mayorías para la sanción del cuerpo legal en tratamiento, de modo que no se ha trasladado mediante la técnica legislativa de adhesión a la ley nacional la potestad de conocer y decidir por los órganos a los cuales la Constitución provincial le atribuye jurisdicción sobre el asunto, pues no se advierte sustracción alguna a los órganos jurisdiccionales competentes en la materia, sino por el contrario, se trata de la incorporación de una etapa previa ante las comisiones médicas a fin de encausar un pronto abordaje de las pretensiones sistémicas.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, privación de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Gallegos, Raúl y otros c/ P.E.N. s/ amparo - sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

Si bien la facultad de dirimir las contiendas de competencia que corresponde a la cámara del juez que previno (art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58) no incluye la excepcional atribución de que goza la Corte -como órgano supremo de la magistratura-, de declarar la competencia de un tercer magistrado que no intervino en el conflicto, cuando éste no acepta tal decisión, se suscita una contienda que toca al Tribunal resolver a los fines de evitar una profusión de decisiones jurisdiccionales en torno al tema de la competencia, situación que, de perdurar, podría llegar a configurar un caso de privación jurisdiccional, máxime en circunstancias donde la proliferación de demandas de índole similar requiere una definición en la determinación del fuero competente, a fin de dar certeza y seguridad a los justiciables.
Transporte aéreo, prescripción, transporte benévolo, daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual
Materia: AERONAUTICO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Corzo, Malvina A. Tello Vda. de y otros c/ Misiones Pcia. de; Santos, Waldemar H.; Benitez, Darío V. y/o quien resulte responsable s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

Si bien el particularismo del derecho aeronáutico no descarta la aplicación al caso de la acción resarcitoria de los herederos del fallecido durante el traslado efectuado mediante transporte aéreo gratuito, del art. 4037 del Código Civil, sí conduce a declarar pertinente el límite de responsabilidad de hasta trescientos argentinos oro que establece el art. 163 del Código Aeronáutico para la hipótesis de daños causados en transporte gratuito (Disidencia parcial del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Participación criminal, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: DELLA TORRE, GERARDO s/ DELITO. PARTICIPACION. Tentativa.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-21

La tentativa de participación es atípica.

No hay participación desde el punto de vista objetivo si ésta de alguna manera no ha sido eficaz, en el sentido de que el cómplice debe haber contribuido de algún modo exteriorizado a la causación o la tentativa del resultado cuya producción no maneja y que si la ayuda no existió fácticamente no hay posibilidad de inculparlo por extensión de la conducta típica que realizó el autor. Ello es lo que ocurrió en el hecho de autos en que la sustración comenzó sin la presencia del imputado dado que habia ido a buscar una pinza útil para el apoderamiento y cuando volvía con ella, pero antes de llegar al lugar del hecho, éste había sido frustrado por la intervención policial que había detenido a sus acompañantes.