Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-07-01


CONSIDERANDO:	I. Que en contra de la sentencia de fs. 129/133 los Dres. Lucas Matías Gudiño y Carlos Emiliano Gudiño, por sus propios derechos, plantean recurso de inconstitucionalidad, el que luce agregado a fs. 136/141.	Dicen que la sentencia impugnada constituye una grave violación a las garantías y derechos consignados en nuestra Constitución, en este caso, los derechos de propiedad y el debido proceso (arts. 17 y 18 de la C.N.).	Manifiestan que la cuestión constitucional fue planteada oportunamente al momento de expresar agravios que el remedio intentado es formalmente admisible pues se interpone en término, toda vez que se han notificado de la sentencia en fecha 13 de abril de 2015 y que los agravios son de tal entidad que suscitan cuestión constitucional suficiente.	Sostienen que el presente recurso se plantea en tiempo y forma, por parte legitimada, contra sentencia definitiva dictada en un proceso judicial por Tribunal competente y que ocasiona un gravamen real y actual.	Consideran que para resolver como lo hizo el Tribunal efectuó una interpretación contradictoria, sin fundamento jurídico o fáctico y omitió valorar las constancias de la causa, por lo que consideran al decisorio recurrido como arbitrario. Dicen que la arbitrariedad de la sentencia se configuró con los siguientes extremos, a saber: Excesivo rigor formal, ausencia de fundamentos y apartamiento de las leyes aplicables.	Critican la sentencia por considerar que en ella se ha incurrido en una desnaturalización de las formas y las regulaciones procesales que generan arbitrariedad y afectan la garantía del debido proceso, impidiendo considerar que el fallo cuenta con fundamentación suficiente como acto judicial válido.	Dicen que la aplicación que se ha hecho del artículo 19 del Decreto Ley 324/63 resulta desacertada y arbitraria para el caso, ya que si bien los inmuebles en cuestión no pertenecen al haber sucesorio, sí pertenecieron durante el trámite del juicio sucesorio hasta la etapa del inventario y avalúo inclusive. Dicen que asumir una postura contraria tornaría ilusorio no sólo los honorarios de los profesionales intervinientes, sino también el pago de la Tasa de Justicia y el aporte a la Caja de Seguridad para Abogados.	Manifiestan que en todo momento se utilizaron las vías legales correspondientes para lograr el cobro de un crédito ante un deudor que incurrió en una conducta maliciosa y de mala fe, tendiente no sólo a dilatar y tornar ilusorio del cobro de su mandante también una burla a la labor de los profesionales actuantes en la presente sucesión, logrando un desgaste judicial innecesario.	En consecuencia, sostienen, que la sentencia impugnada restringe su derecho de propiedad sobre sus honorarios debidamente generados en el presente proceso por su actuación desplegada y que las arbitrariedades en las que se ha incurrido denotan que la sentencia adolece de vicios de extrema gravedad que no respeta la garantía del debido proceso enmarcadas en nuestra Carta Magna en el artículo 18. Hacen reserva del caso federal.	A fs. 142 pasan los Autos a despacho, providencia firme.	II. Que como premisa cabe tener en cuenta que, para conceder o denegar el recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal de Alzada debe fundamentar adecuadamente su decisión precisando si el recurrente dio cumplimiento con los requisitos formales correspondientes, si se trata de sentencia definitiva dictada por el superior tribunal de la causa, si existe relación directa con la cuestión federal invocada o si de un análisis circunstanciado de la causa se desprende el supuesto de arbitrariedad alegado por el recurrente (cfr. Sagües, Néstor Pedro; "Recurso Extraordinario", Tomo 2, ed. 1992, p. 498 y ss.).	Este examen debe hacerse, además, valorando los agravios desde la óptica del recurrente, efectuando un juicio de probabilidades sobre la afectación de derechos o principios constitucionales (Corte de Justicia de Salta, Tomo 143:953).	III. Que el recurso fue interpuesto dentro del plazo estipulado por el artículo 298 del Código Procesal Civil y Comercial (cf. constancias de fs. 135 vta. y 141 vta.), contra una sentencia asimilable a definitiva, pues pone fin al conflicto sobre la procedencia de regulación de honorarios de los recurrentes, emitida por el superior tribunal de la causa. Se constata que los recurrentes al expresar agravios a fs. 107/109 hicieron reserva de plantear los recursos extraordinarios local y federal.	IV. Que los agravios expuestos por el impugnante han de ser valorados en abstracto, sin perderse de vista los derechos de jerarquía constitucional que se dicen infringidos; y si bien las cuestiones de hecho, prueba y la aplicación del derecho resultan ajenas en principio a la instancia extraordinaria, tiene dicho la Corte de Justicia local que corresponde hacer excepción a la regla cuando la sentencia efectúa una interpretación del régimen legal aplicable que desvirtúa las normas en juego y omite la valoración de constancias relevantes para la correcta solución del litigio (CJSalta, Tomo 72:601/610), que es lo que en el caso alega la recurrente, efectuando de manera correcta la relación existente entre sus agravios y la lesión constitucional que invoca y atribuyendo arbitrariedad a la sentencia por entender la recurrente que no se han valorado pruebas esenciales producidas en la causa.	Asimismo, a los fines de la admisibilidad de este recurso, resulta insoslayable considerar que el recurrente ha invocado como causal de su tacha de inconstitucionalidad que la Cámara hizo una interpretación de hechos y normas cuyo resultado arrojaría, desde su óptica, la vulneración de derechos y garantías previstos constitucionalmente como ser el debido proceso, y el derecho de propiedad.	En síntesis, -y como ya se sostuvo- se verifica que se ha planteado correctamente la relación entre los hechos de la causa y la cuestión constitucional planteada, precisándose asimismo las causales de la alegada arbitrariedad, argumentación que se estima suficiente para habilitar el control de constitucionalidad por la vía del remedio intentado, sin que ello importe de manera alguna efectuar una valoración de la sentencia impugnada, lo que se halla vedado a este Tribunal.	De lo expuesto surge la conveniencia de viabilizar el remedio intentado, a fin de evitar una indebida restricción a la vía de control peticionada por el recurrente, ante la eventual afectación de los derechos constitucionales alegados en caso de comprobarse la alegada arbitrariedad.	En ese mérito, corresponde conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 136/141.	LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,	__________________ RESUELVE:	I. CONCEDER el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 136/141.	II. MANDAR se copie, registre, notifique, y con nota de estilo se eleven los autos a la Corte de Justicia.