Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-10


SENT Nº 882 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diez (10) de Octubre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por los demandados en autos: "S.A. SER vs. Perea José Pablo y Argañaráz Julio Segundo s/ Acción de repetición".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- Contra la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción en fecha 17 de mayo de 2011 (fs. 166/176), los demandados dedujeron recurso de casación, que fue concedido por resolución del referido Tribunal del 18/11/2011 (fs. 208 y vta.). Consta en informe actuarial de fs. 226 que ninguna de las partes ha presentado el memorial facultativo previsto en el art. 137 del CPL.

II.- De las constancias de la causa surge que la firma S.A. SER inició una acción de repetición en contra de los Sres. José Pablo Perea y Julio Segundo Argañaraz, reclamándoles el pago de las sumas de $ 29.271,05 y $ 18.382,02 con más sus intereses respectivamente. Sostiene la accionante que en el caso debe progresar la repetición peticionada por corresponder a un pago efectuado sin causa, ya que en el juicio caratulado "Perea, Pablo José y otro vs. S.A. SER Arrendamiento Ingenio Ñuñorco s/ Indemnización por despido" el Juzgado interviniente ordenó que se les hiciera entrega a los trabajadores fondos embargados de propiedad de S.A. SER en cumplimiento de la condena impuesta por sentencia N° 80 dictada por la Cámara del Trabajo, sentencia que luego fue dejada parcialmente sin efecto como consecuencia de admitirse un recurso de casación deducido en contra de la misma, lo que determinó que se dictara un nuevo fallo en la causa que condenó al pago de montos sensiblemente menores a los que habían sido fijados por la sentencia casada, debiendo en consecuencia restituirse lo pagado en exceso (fs. 4/6).

Los demandados opusieron excepción de prescripción con fundamento en que al momento de la interposición de la demanda había transcurrido en exceso el plazo de dos años que otorga el art. 256 de la LCT para el ejercicio de la acción. Por otro lado, aseveran que la repetición del pago solicitada por la empleadora resulta totalmente improcedente, toda vez que la liberación del dinero fue efectuada en forma legítima en virtud de una sentencia judicial, otorgada mediante un cheque judicial y con causa a la época del cobro (fs. 61/65).

Corrido el traslado de la excepción de prescripción opuesta, la actora solicitó que la misma sea rechazada por cuanto no se aplica al caso en cuestión la prescripción de dos años prevista por el art. 256 de la LCT, sino que la esencia de la demanda entablada radica en una acción de carácter personal que encuentra su fundamento principal en un pago efectuado sin causa al que le son aplicables las disposiciones contempladas en el art. 4023 del Cód Civil (fs. 69/70).

Luego de tramitada la causa, la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo dictó sentencia en donde resolvió hacer lugar a la demanda promovida por S.A. SER en contra de los demandados, condenándolos a pagar la suma total de $ 60.099,02 en concepto de repetición de créditos indemnizatorios percibidos en exceso.

III.- En el pronunciamiento dictado, la Cámara considera que los hechos controvertidos sobre los cuales debe pronunciarse son: a) la excepción de prescripción; b) la procedencia o no de la acción de repetición; y c) las costas y los honorarios.

En relación a la primera cuestión, el Tribunal considera que no resulta de aplicación en la especie el art. 256 de la LCT, puesto que el crédito que se reclama en autos no emerge de la relación individual de trabajo, sino que tiene como causa una norma legal de distinta naturaleza, por lo que corresponde aplicar el plazo de prescripción decenal contemplado por el art. 4023 del Código Civil al carecer la acción de repetición de un plazo especial. Sobre esta base, concluye que en el caso no ha transcurrido el lapso contemplado en el art. 4023 para que prescriba la actividad desarrollada por la empresa accionante para repetir lo pagado indebidamente, por lo que resuelve rechazar la excepción de prescripción liberatoria opuesta por los demandados.

Con respecto a la segunda cuestión, la Cámara considera que los demandados recibieron en pago una cantidad mayor a la que era debida por S.A. SER, por lo que no caben dudas de que las sumas pagadas con creces fueron abonadas para una obligación que ya estaba cancelada al tiempo de hacerla. Entiende que así fijados los términos de la litis, se concluye entonces en la ausencia de título por parte del accipiens (Perea y Argañaraz), por lo que se trata de una acción de repetición de un pago sin causa normado a partir del art. 792 del Código Civil. Sostiene que el caso de autos se subsume en el art. 793 del Cód. Civil, que considera un típico supuesto de pago sin causa el que fue hecho en consideración a una causa que ha dejado de existir (causa cesante), por cuanto el pago de las sumas que percibieron los actores en virtud de los cheques judiciales librados el 14/10/2004, si bien tenían causa presente en lo decidido por sentencia de fecha 30/4/2003, lo cierto es que luego esa causa cesó al modificarse tal pronunciamiento como consecuencia de la procedencia del recurso de queja interpuesto por la accionante ante esta Corte. Concluye que tal circunstancia, al haber derivado en un nuevo fallo en base al cual se produjo una ostensible reducción de los importes indemnizatorios condenados, hace procedente la repetición intentada en autos.

Sobre la base de tales fundamentos, la Cámara resolvió admitir la demanda y ordenar a los demandados a la devolución de las diferencias indebidamente cobradas, con intereses calculados desde que la sentencia de fecha 25/7/2006 pasó en autoridad de cosa juzgada, esto es el 22/8/2006, imponiéndose las costas a los demandados vencidos en el pleito por no hallar razones que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota (arts. 49 CPL y 105 CPCC).

IV.- Los recurrentes denuncian que el Tribunal realizó una interpretación arbitraria del derecho, ya que para resolver el planteo de prescripción se remitió a normas civiles, cuando en realidad la conducta de las partes debió estar regida por el art. 256 de la LCT. Afirman que el crédito reclamado por la accionante es de naturaleza laboral y que el plazo de prescripción que otorga la LCT para ejercer las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo es de dos años, sea que se trate de una acción iniciada por el trabajador o por el empleador. Aseveran que el deber de restituir nació cuando la sentencia de fecha 25/7/2006 adquirió firmeza, por lo que tomando en cuenta esta fecha la obligación se encuentra prescripta.

Sostienen que la sentencia ha infringido los arts. 34, 264 y 265 inc. 6 del CPCC, toda vez que la parte resolutiva en ninguno de sus puntos se expide sobre la procedencia o no de la excepción de prescripción planteada, lo que en su criterio determinaría la nulidad del decisorio impugnado.

Indican que la sentencia ha infringido el art. 105 del CPCC, puesto que por un lado considera que ha existido buena fe de su parte en la percepción del dinero, no obstante lo cual concluye que no existen motivos para apartarse del principio general de la derrota. Expresan que las costas en el juicio de repetición debieron ser impuestas por el orden causado ya que el pago de los créditos indemnizatorios fue recibido de buena fe y gastado de buena fe por los trabajadores, no siendo correcta la imposición de costas en su totalidad a los vencidos cuando el error más grave estuvo en cabeza del órgano jurisdiccional.

Finalmente denuncian que se ha violado el art. 1055 del CC, en cuanto consagra el principio de que si el consumo de las cosas fungibles ha sido realizado de buena fe no procede la reparación de lo pagado. Afirman que en este caso los actores cobraron el dinero de buena fe y persuadidos de que era lo que correspondía al tratarse de un cheque liberado por la justicia misma y que dicho dinero fue también consumido de buena fe por la sencilla razón de que los actores se encontraban sin trabajo y con deudas que son obvias pues habían sido dejados sin trabajo injustificadamente, persistiendo su desempleo durante los años 2003 y 2004 según surge de un informe de la ANSeS que obra en autos "Perea Pablo José y otros vs. S.A. SER s/ Despido", en donde se comprueba esta circunstancia.

V.- El recurso ha sido deducido en término, se dirige en contra de una sentencia definitiva, se ha invocado la infracción de normas jurídicas y el vicio de arbitrariedad de sentencia, y no es exigible el afianzamiento de ley por encontrarse los recurrentes alcanzados por el beneficio de gratuidad en virtud de lo normado por los arts. 13 del CPL y 20 de la LCT (arts. 130 a 133 CPL).

Cabe precisar que el recurso cumple con el requisito del art. 131 inc. 1) del CPL, en la medida en que está fundado en una supuesta arbitrariedad en la que habría incurrido el fallo. Al respecto, es del caso aclarar que la ponderación por parte de este Tribunal Cimero de la valoración del material probatorio de la causa efectuada por el Tribunal de grado, resulta objeto propio del recurso extraordinario local por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo señalado, el recurso en examen deviene admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

VI.- En primer lugar corresponde examinar el agravio relativo al plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de repetición intentada por la firma actora, mediante el cual los recurrentes promueven la aplicación del término de dos años para el ejercicio de la acción que fija el art. 256 de la LCT.

En lo pertinente, la mencionada norma establece que "Prescriben a los dos (2) años las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo (...)".

Los recurrentes esgrimen que el crédito que se les reclama en autos proviene de una relación individual de trabajo, puesto que se persigue la repetición de sumas indemnizatorias que se habrían pagado de más, argumento que, en mi criterio, no logra conmover lo sostenido por el fallo en este punto, acerca de que el crédito demandado en autos no emerge de una relación de trabajo, sino que constituye un supuesto de pago sin causa.

Genéricamente, calificada doctrina ha caracterizado al pago sin causa como aquél que ha sido realizado cuando el "accipiens" carece de derecho para recibirlo. Todo pago supone la existencia de la obligación que se paga, y esa obligación es la causa justificativa del pago. Si no hay obligación, quien recibe el pago no es acreedor, y por lo tanto carece de título para recibir ese pago. La falla de ese acto es la ausencia de causa, y por ello, el que recibió ese pago sin causa está obligado a devolverlo. En tales casos, la razón de ser última de la restitución del pago indebido reside en el principio de equidad, según el cual nadie ha de enriquecerse injustamente a expensas de otro (cfrme. Llambías, Joaquín Jorge, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones II-B, págs. 396 y 372).

De este modo, el concepto de pago sin causa abarca todas aquellas situaciones de pago en las que falta el "título" del "accipiens" para percibirlo. Entre las diversas hipótesis de pago sin causa reguladas legalmente, corresponde recordar que el art. 793 del Cód. Civil establece que "El pago debe ser considerado hecho sin causa, cuando...(lo) fuese en consideración de una causa existente, pero que hubiese cesado de existir". Explica la doctrina citada que en estos casos "en el momento de pagar existía la obligación, pero luego un hecho sobreviniente aniquila la obligación precedente, la que queda destruida retroactivamente: luego, el pago resulta sin causa" (op. cit., págs. 402/403).

De acuerdo con ello, considero acertado el criterio sostenido por la Cámara en el fallo impugnado, en cuanto considera que "el caso de autos se subsume en la norma antes mencionada, por cuanto el pago de las sumas que percibieron los actores en virtud de los cheques judiciales librados el 14/10/2004 si bien tenían causa presente en lo decidido en sentencia de fecha 30/4/2004, también es cierto que la misma cesó al modificarse tal pronunciamiento como consecuencia del recurso de queja interpuesto por la accionante ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, y tal circunstancia al haber derivado en un nuevo fallo en base al cual se produjo una ostensible reducción de los importes indemnizatorios condenados, no cabe duda que hace procedente la repetición intentada en esta litis" (ver fs. 173).

En el caso no se ha controvertido lo considerado por la Cámara con respecto a diversos hechos que se tuvieron por acreditados en la sentencia impugnada. Así, en el recurso de casación traído a estudio no se ha cuestionado que en fecha 30/4/2004 recayó sentencia N° 80 dictada en la causa "Perea Pablo José y Otro vs. S.A. SER Arrendamiento Ingenio Ñuñorco s/ Indemnización por despido", por medio de la cual se hizo lugar a la demanda por las sumas de $ 43.282,36 para el Sr. Pablo José Perea y $ 27.181,57 para el Sr. Segundo Julio Argañaraz; que en fecha 14/10/2004 los Sres. Perea y Argañaraz retiraron las órdenes de pago libradas por las sumas referidas; que en fecha 18/10/2004 la Corte Suprema de Justicia de la Provincia dictó resolución por medio de la cual hizo lugar a la queja por casación denegada promovido por S.A. SER; que mediante resolución del 11/8/2005 dicho Tribunal dejó parcialmente sin efecto la sentencia de fecha 30/4/2004 dictada por la Cámara; que como consecuencia de lo resuelto, en fecha 25/7/2006 se dictó un nuevo fallo en la causa, en virtud del cual se hizo lugar parcialmente a la demanda y se condenó a SA SER a pagarles a los Sres. Perea y Argañaraz las sumas de $ 17.104,71 y de $ 10.704,85 respectivamente; y que a la fecha dicha sentencia se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, salvo en lo que atañe a la imposición de costas que sufrió modificación en virtud del fallo de Corte del 25/6/2007.

En el cuadro fáctico de la causa y a la luz de los principios expuestos, se advierte que el pago realizado a los Sres. Perea y Argañaraz por las sumas de $ 43.282 y $ 27.181,57 respectivamente, sólo reviste causa hasta el monto de $ 17.104,71 y $ 10.704,85 a cuyo pago condena la sentencia del 25/7/2006 que se encontraría firme en este punto, pero lo pagado en exceso de estas sumas debe ser considerado un pago sin causa, ya que los ahora demandados carecen de título para recibir esas sumas en razón de haber cesado la causa que anteriormente los habilitaba a recibirlas en pago.

Verificado entonces un supuesto de pago sin causa, se impone la restitución de lo pagado indebidamente por S.A. SER, y tratándose ello de una acción personal que no tiene un lapso especial determinado para la prescripción, la situación cae aprehendida bajo el régimen común del art. 4023 del Cód. Civ. que fija el plazo en diez años, por lo que la acción intentada en autos no se encuentra prescripta, debiéndose confirmar en consecuencia lo decidido por la Cámara en orden al rechazo de la excepción planteada.

Al respecto, esta Corte ha sostenido que "Siendo esta acción de repetición (pago sin causa) una acción personal a la que el Código Civil no dotó de un plazo especial de prescripción, la misma cae bajo el régimen común del art. 4023 que fija el plazo de 10 años (cfr. Llambías, Jorge J.: "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", t. II-B, pág. 410)" (Cfrme. CSJTuc., sentencia N° 423 del 10/6/1999).

Por otra parte, los recurrentes solicitan la nulidad de la sentencia en razón de que -según lo afirman- la Cámara habría omitido pronunciarse sobre la excepción de prescripción planteada por ellos. Sobre el particular, se advierte que la excepción de prescripción fue objeto de expreso tratamiento en la primera cuestión analizada por la Cámara, resultando claro el sentido de la decisión adoptada al respecto al haberse decidido "rechazar la excepción de prescripción liberatoria opuesta por los demandados, con costas" (fs. 170 vta.). De los considerandos del fallo surge indubitable que el sentido de la decisión fue disponer el rechazo de la excepción de prescripción, y la mera circunstancia de que ello no haya sido incorporado en la parte resolutiva del fallo no autoriza a declarar la nulidad de la sentencia como lo solicitan los recurrentes, máxime cuando la subsanación de la referida omisión pudo haber sido solicitada por ellos al interponer el recurso de aclaratoria obrante a fs. 186, no obstante lo cual nada dijeron al respecto.

Los demandados denuncian infracción al art. 1055 del Cód. Civ. en razón de que el pago fue percibido de buena fe en tanto fue librado por la justicia, a la vez que invocaron que el dinero fue consumido de buena fe por cuanto se encontraban sin trabajo y con deudas que son obvias debido a que carecían de ingresos.

Sobre este tópico, la Cámara considera que aún cuando se interpretara que el art. 1055 del Cód. Civ. resulta de aplicación al caso, la norma es clara en cuanto a que la excepción de la obligación de restituir sólo procede cuando lo recibido fue consumido de buena fe. Al respecto, señala que por tratarse de una excepción a la regla general de la restitución su aplicación debe ser estricta y que la carga de la prueba de este extremo recae sobre quien quiera eximirse de su obligación (en el caso, los demandados). Destaca el Tribunal que en fecha 29/10/2004, por disposición del magistrado de primera instancia, los Sres. Perea y Argañaraz fueron intimados fehacientemente a la restitución de las sumas que sólo quince días antes habían percibido, y puntualiza que en el sub-examine no existen elementos que permitan presumir que los demandados pudieron haber consumido en tan corto lapso el dinero cobrado, ni tampoco que hubieren estado desempleados o sujetos al cumplimiento de obligaciones y créditos que debieron afrontar con ese dinero.

Los argumentos expuestos en casación por los recurrentes sólo evidencian una mera discrepancia con la valoración de las pruebas efectuada por el Tribunal, sin llegar a demostrar la arbitrariedad en la valoración de las constancias de la causa. En efecto, aún cuando existieren constancias en los autos ofrecidos como prueba que acreditan que ellos se encontraban sin trabajo registrado durante los años 2003 y 2004, los agravios expresados no logran desvirtuar las circunstancias decisivas puestas de relieve por la Cámara en relación a la falta de acreditación de que hubieran afrontado el cumplimiento de obligaciones y créditos con el dinero cobrado, en el exiguo plazo de quince días desde que lo percibieron hasta que fueron intimados a su devolución. La solución de la Cámara relativa a la ausencia de elementos que habiliten la aplicación del art. 1055 del Cód. Civ. luce razonable, y los argumentos expuestos en casación no alcanzan para descalificar lo decidido por la sentencia.

En lo que respecta a las costas, no se advierten motivos para modificar la imposición a cargo de los demandados vencidos dispuesta por la Cámara, puesto que aún cuando la percepción de las sumas indemnizatorias pudiera haber sido de buena fe al momento de ser libradas las órdenes de pago correspondientes, no cabe perder de vista la actitud posterior evidenciada por los demandados, quienes no se allanaron a la acción de repetición intentada por la actora aún a sabiendas de que existía una nueva sentencia que reducía los montos de la anterior condena, sino que -por el contrario- se opusieron tenazmente al progreso de la demanda en base a argumentos que a la postre no resultaron atendibles. Ello justifica la aplicación del principio general de imposición de costas al vencido resuelto por el Tribunal de mérito (arts. 49 CPL y 105 CPCC), debiéndose rechazar los agravios formulados por los recurrentes sobre este punto.

Consecuentemente, las razones expuestas determinan el rechazo del recurso de casación planteado en autos, confirmándose la sentencia impugnada en cuanto es materia de agravios.

VII.- Atento al resultado arribado, las costas de esta instancia deberán ser soportadas por los demandados vencidos en el presente recurso (arts. 105 CPCC y 49 CPL).

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto la reseña de los antecedentes de la causa y la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación deducido por los demandados, expresada en el voto del señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, toda vez que ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, se funda en violación normativa y en el vicio de arbitrariedad de sentencia, se basta a sí mismo y no es exigible el afianzamiento (arts. 13 y 130/133 CPL, y 20 LCT). Asimismo, comparto y adhiero a los puntos dispositivos del voto y sus fundamentos del referido voto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por los demandados, en contra de la sentencia dictada por la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción en fecha 17/5/2011 (fs. 166/176).

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00032335-01