Prisión preventiva, excarcelación, recursos, crímenes de lesa humanidad, cuestiones procesales, doctrina de la arbitrariedad, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: Sakamoto, Eduardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-14

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, anular la resolución impugnada, con el alcance expresado y reenviar las actuaciones al tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento, de conformidad con los parámetros expuestos, previa sustanciación dando intervención a las víctimas (cfr. ley 27.372). Ello así, toda vez que el "a quo" no ha brindado argumentos suficientes para sustentar la inexistencia de riesgos procesales respecto del imputado, quien se encontraba en detención domiciliaria, con la anuencia del Ministerio Público Fiscal (cfr. art. 319 del C.P.P.N. y arts. 210, 221 y 222 del C.P.P.F). Por tal razón, en consonancia con lo postulado por la parte recurrente -en cada una de las tres instancias que atravesó el incidente-, se advierte que el "a quo" dispuso la excarcelación de Sakamoto, sin fundamentos suficientes que revelen un examen conglobado de las circunstancias relevantes del caso, en el cual se concilien los derechos y garantías constitucionales del imputado con los derechos de las víctimas -y sus familiares- (atendiendo a su particular situación de vulnerabilidad y evitando su revictimización), a fin de garantizar al Ministerio Público Fiscal la promoción y ejercicio de la acción pública en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, que le compete por mandato constitucional, en pos del cumplimiento de la obligación internacional del Estado argentino de investigar y, eventualmente, sancionar delitos de lesa humanidad como los imputados al nombrado. Así, la resolución recurrida no puede ser considerada un acto jurisdiccional válido, por carecer de motivación suficiente a tenor de lo normado por el art. 123 del C.P.P.N. El voto concurrente remarcó que el a quo soslayó toda consideración vinculada con la circunstancia de que los hechos mismos por los que se requirió la elevación a juicio habrían entrañado desde el mismo momento de su comisión la ejecución de maniobras tendientes a ocultar los delitos perpetrados, que el destino de algunas de las víctimas permanece aún sin identificar, que los hechos vinculados con "La Pastoril" son todavía investigados en sede instructoria y que -según señala la querella- incluso se habrían introducido pedidos de instrucción suplementaria en estos mismos actuados. Se trata de condiciones que los arts. 221 y 222 del nuevo C.P.P.F. exigen tener en cuenta al momento de evaluar la existencia y magnitud del riesgo procesal, y cuya observancia en el sub examine se advierte omitida. Por su parte, los hechos por los que se encuentra acusado habrían entrañado la comisión de graves crímenes contra la humanidad por haber sido perpetrados como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil durante la última dictadura. Si bien esa calificación resulta por sí sola inhábil para fundamentar el riesgo procesal, resulta no obstante una pauta de valoración que debe ser considerada (cf. art. 221, inc. "b" del C.P.P.F.), en la medida en que conlleva la observación de que los hechos habrían sido cometidos desde las propias estructuras organizadas del Estado, y aprovechando sus virtualmente ilimitados recursos para lograr la impunidad de los ejecutores. Esa calificación, a su vez, entraña ciertas características específicas que deben ser tenidas cuidadosamente en cuenta por los magistrados intervinientes y que lucen ausentes en esta oportunidad. Esa doctrina, en efecto, tuvo su génesis en el fallo "Vigo", siendo luego receptada en numerosos precedentes tanto del propio Tribunal Cimero como de esta Sala. Dres. Borinsky y Hornos -voto concurrente-.