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Derecho contravencional y de faltas, trámites judiciales, allanamiento
Materia: PENAL
Carátula: N. N. s/ investigación infracción art. 96 del dec.ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-26

Para ordenar un allanamiento, es necesario cumplir estrictamente los requisitos del art. 191 del Cód. Proc. Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, prueba, debido proceso, despido sin causa, trabajador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ORDOÑEZ, GUSTAVO RUBEN c/ IBALDI, FERNANDO ANTONIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-20

La impugnación planteada merece favorable acogida en esta instancia -no obstante remitir al examen de cuestiones que por su naturaleza se encontrarían en principio excluidas de la misma- toda vez que en el sub judice, la Alzada cuando -con cita de doctrina y jurisprudencia- acogió los agravios vertidos por el demandado sobre la ausencia de injuria grave que habilitase al trabajador a darse indirectamente por despedido, omitió efectuar un adecuada ponderación de las circunstancias fácticas comprobadas en la causa y de las normas que informaban la materia, con eventual menoscabo de la garantía de debido proceso, extremo que torna procedente la anulación del decisorio con sustento en la doctrina de arbitrariedad de sentencias, ello así en tanto los magistrados, cuando entendieron que la decisión del trabajador de considerarse despedido resultada desproporcionada y apresurada, partieron su análisis minimizando que la aplicación de la sanción disciplinaria de suspensión sin goce de haberes no reunía uno de los recaudos exigidos para su validez por ser notificada recién dos días después de que el trabajador se presentó en el establecimiento a cumplir con sus tareas habituales, cuando lo cierto era que tal falta de comunicación en tiempo oportuno tornaba inválida la expulsión del trabajador el primer día de la suspensión (más allá de que le cercenaba a éste la oportunidad de cumplir con los actos procesales vinculados a tal medida). - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución de Santa Fe, artículo 95; Ley 20744, artículo 218
Sentencia definitiva, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, non bis in ídem
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Cormini, Marisa s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado  en: 'Incidente a tenor de la audiencia art. 197 del CPPCABA respecto de  Cormini, Marisa s/infr. art. 54 CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-11

La decisión que declaró la competencia de la justicia de la Ciudad, sin tener mínimamente en cuenta que existía un proceso penal en trámite -al menos- ante la justicia nacional por el mismo hecho, pudo lesionar la garantía que prohíbe el doble juzgamiento y por ese motivo debe ser dejada sin efecto.
Incidente de caducidad, deserción del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: CUELLO CRISTIAN DARIO c/ MICUSIO JORGE CARLOS Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2018-04-05

Corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que resolvió hacer lugar al planteo de caducidad del incidente de caducidad realizado por la codemandada y que declaró perimido el incidente de caducidad de instancia promovido por el actor, dado que el recurrente sólo manifestó su contrariedad con la decisión, limitándose principalmente a reiterar lo expuesto al contestar el incidente de caducidad de la caducidad y remarcando la circunstancia de que los plazos del proceso estaban suspendidos, sin aportar nuevos elementos de juicio para persuadir de revocar la decisión impugnada.
Acción de amparo, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CARDOZO, JOSÉ LUÍS c/ UNMDP s/ AMPARO (Reg. 13.116)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31

Aun luego de la modificación que sufre la ley 16.986 por el nuevo art. 43 de nuestra Carta Magna, esta acción instaurada no tiene por objeto obviar los trámites legales procedimentales pertinentes que facilitan, de manera idónea, a los impugnantes un camino apropiado para la eventual satisfacción de sus pretensiones.

El amparo no debe ser un mecanismo optativo, pues su propia naturaleza lo determina como ultimo remedio en razón de la inutilidad de otras vías procesales para solucionar la cuestión.

Debe ser promovido luego de haber agotado, o intentado agotar, la vía administrativa correspondiente; o en su defecto haber acreditado fehacientemente la ineptitud o ineficacia de los otros procedimientos regulados para dilucidar la cuestión, o sufrir un gravamen concreto, actual y de tal envergadura que justifique recurrir a la vía de excepción aquí planteada, y que fundamente además la interrupción de las etapas regulares, y la intromisión y el avasallamiento de un marco de facultades propias de la administración.

Es inefectiva la simple apreciación de la presunta inexistencia de la esfera administrativa que se ha omitido utilizar, y el carácter meramente conjetural sobre su falta de eficacia.

La circunstancia que el Decreto Nro. 366/06, prevea la existencia de una Comisión de Interpretación de Convenios, en el art. 152, obliga a quienes invocan la aplicación de tal normativa a supeditar su accionar a los parámetros allí fijados.

Consecuentemente, habiéndose determinado en el art. 153 del CCT la aplicación supletoria del Decreto Nro. 2213/87, en el supuesto que los accionantes hayan tenido un conflicto interpretativo de las disposiciones impuestas en la norma, estos debieron haber recurrido a la vía administrativa prevista en el art. 152 del Decreto Nro. 366/06.
Daños y perjuicios, indemnización, daño material, daño moral
Materia: PENAL
Carátula: DESIMONE, D. N. s/ ACCION CIVIL. DAÑO MATERIAL. DAÑO MORAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-06-09

1) La indemnización por DAÑO MATERIAL se establecerá (trátase de los delitos de estafa en concurso ideal con falsificación de documento privado) en base a la pertinente liquidación a efectuarse en primera instancia, tomando como monto del perjuicio la suma defraudada, actualizada de acuerdo con los índices de los precios mayoristas no agropecuarios correspondientes al mes anterior a la fecha en que quede aprobada la liquidación, con más el interés del 6% anual. Con posterioridad a esa fecha y hasta la verificación del pago correrá el interés bancario al tipo del que cobra el Banco de la Nación Argentina.

2) No corresponde indemnización por DAÑO MORAL por cuanto la conducta que se reprocha a los encausados no pudo afectar el nombre, la fama, el crédito o el prestigio de que gozaba la persona jurídica damnificada en su condición de firma aseguradora.
Expropiación, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de Santa Fe c/ Quiroga, María Esther Susana y/o Quien resulte propietario s/ Expropiación (Expte. CSJ Nro. 819-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-21

En un trámite expropiatorio, el criterio de fijar la indemnización a la fecha más próxima a la sentencia, lejos de ser una regla, constituye un recurso al que se acudió en circunstancias particulares para establecer una "indemnización justa". Así, se procedió de tal forma a fin de evitar que el fenómeno inflacionario o las fluctuaciones del mercado inmobiliario de carácter general, "licuaran" las indemnizaciones. En tal sentido, la Corte provincial siguió aquel criterio en varios precedentes donde concurrían circunstancias que hacían inadecuado acudir a la valuación establecida a la fecha de desposesión, ora por tratarse de periodos inflacionarios donde el simple transcurso del tiempo materializaba una depreciación monetaria que distorsionaba los montos estimados y por tanto, no reflejaban el valor real, ora porque la tasación a tal época no se encontraba debidamente respaldada por la documentación pertinente.
Concursos, privilegios (comercial), acreedores del concurso, gastos de conservación, gastos del proceso, honorarios del abogado
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bonaventura, María Cecilia c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-31

A diferencia de lo que ocurría con las leyes anteriores (N° 11719, N° 19551) la ley concursal actual omite toda referencia al sujeto pasivo de la relación jurídica obligacional para los créditos reconocidos como gastos del concurso -LCQ 240. Ya no se habla de créditos contra la masa, ni de acreedores de la masa, ni tampoco de acreedores del concurso; ahora, simplemente, son gastos de conservación y de justicia los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del concurso. Así, conforme al principio de unicidad del proceso concursal aquellos créditos que nacieron bajo el amparo del art. 240 durante el trámite de concurso preventivo, mantienen dicho carácter si, tal como aconteció en la especie, se declara ulteriormente la quiebra. Dicho en otros términos, en los supuestos de quiebra indirecta es posible la concurrencia de acreedores por gastos del concurso anteriores y posteriores a la declaración de quiebra, aunque sometidos a un idéntico régimen legal (cfr. Balduzzi, Leonardo D., "Los acreedores por gastos del concurso y la garantía patrimonial de sus créditos", publicado en RDCO 277, 7/4/16, 285; LL on line: AR/D0C/4231/2016).
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, obligación de seguridad
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ORELLANA, GUILLERMO R. s/ QUEJA EN:"ORELLANA, GUILLERMO R. C/ GUZMAN, RAUL S/ RECLAMO"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-08-26

Determinar si en cada caso en particular, se da cumplimiento o no al deber de seguridad que impone la norma (art. 75 de la LCT) es una cuestión de hecho. La discrepancia subjetiva acerca del modo de ponderar los hechos no permite abrir el recurso extraordinario de casación.
Prueba, apertura a prueba, segunda instancia
Materia: PENAL
Carátula: VALDES, NILDA I. s/ Cheque sin fondos Causa 31690
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-14

En segunda instancia la etapa probatoria constituye una medida excepcional que el código de forma limita exclusiva y excluyentemente a los supuestos que con precisión enuncia en su Art.

529.- No se trata si la prueba la conoce o no el letrado, sino si la tuvo al alcance el justiciable, pues - en caso contrario - bastaría un simple cambio de abogado, para abrir la causa a prueba en cualquier circunstancia.
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valverde de Tamagnini, Gladys Esther y otras c/ Armando J. Ríos S.A.C.I.F. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03

Carecen de legitimación respecto al reclamo de indemnización por daño moral los progenitores de la víctima, si al momento de su muerte su único heredero era su hija menor.
Violencia de género, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: R. B., R. c/  s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-30

La violencia de género es violencia contra la mujer, pero no toda violencia contra la mujer es violencia de género. En este contexto, la violencia es poder y el poder genera sumisión, daño, sufrimiento, imposición de una voluntad, y en síntesis, dominación y sometimiento. La violencia supone, por lo general, posiciones diferenciadas, relaciones asimétricas y desiguales de poder. La violencia de género implica todo esto y mucho más cuya agravación punitiva se justifica, precisamente, porque germina, se desarrolla y ataca en un contexto específico, el contexto de género (voto del juez Huarte Petite).
Accidente de tránsito, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gorjon de Cruz, Olga Ester y otra c/ Paz, Fernando Ismael y/u otros s/ Cobro de pesos-Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-09-21

La culpa causal de la propia víctima y/o de un tercero, no es demostrada por el demandado, desde que es acreditada su indebida maniobra al reconocer que el accidente se debió a la acción imprudente del colectivo, es decir, que éste le obligó a hacer esa maniobra e invadir el carril por el que circulaba la motocicleta, todo indica que su actuación de entonces no se compadeció con lo que las circunstancias exigían, puesto que no pudo evitar el choque en el que el vehículo a su cargo fue el embistente.
Quiebra, bienes inmuebles, escrituración, boleto de compraventa
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUIL S.A.I.C. s/ QUIEBRA PEDIDA - VERIFICACION DE CREDITO - ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-09-09

El adquirente de un inmueble no destinado a vivienda que ha pagado totalmente el precio,debe requerir la verificación que le es debida(art. 147 inc. 2do. ley 19551), pero tal prestación, por imperio del art. 131 de la ley concursal se convierte en una prestación dineraria.
Recurso de inconstitucionalidad, bienes inmuebles, medidas cautelares, embargo, tercería de dominio, tercería de posesión
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANASSERO, DANTE Y OTROS c/ BANCO NORDECOOP LTDO Y OTROS s/ TERCERIA DE DOMINIO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 699-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-04-26

Carece de fundamento alguno y aparece como una afirmación dogmática desprovista de sustento válido en las constancias de autos, la consideración del Tribunal de que al ceder el socio y algunos de sus hijos su cuota parte de la sociedad de responsabilidad limitada, cedieron también los derechos sobre el inmueble embargado y objeto de la tercería de dominio y posesión instaurada.
Ministerio Público Fiscal, suspensión del juicio a prueba, aplicación errónea de la ley, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: C. L., Eduardo Andrés c/  s/ rechazo de suspensión del juicio aprueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-20

Sobre el papel que cumplen las partes en general en las diferentes etapas del proceso y el Ministerio Público Fiscal, en particular, en el marco de la suspensión del juicio a prueba en delitos que prevén la pena de inhabilitación cabe dar preeminencia no sólo a que no exista una controversia entre las partes acerca de la viabilidad del instituto, sino también a que la interpretación de las reglas aplicables formulada por el fiscal general sea una de las posibles, luzca razonable y no se advierta un error en la interpretación de la ley o proceder arbitrario (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Días).
Honorarios del perito, regulación de honorarios, oportunidad procesal, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CARMAT MATERIALES DE CONSTRUCCION  S.R.L. c/ JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES  S.A. s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

Como principio la regulación del salario debe efectuarse una vez dictada la sentencia.

Más parece adecuado aplicar una solución excepcional, cuando ha transcurrido un extenso lapso entre la realización del dictamen y el presente, y las actuaciones se han demorado ante prolongadas remisiones a otros tribunales.
Sucesiones, herencia vacante
Materia: CIVIL
Carátula: VEGA AGRIPINA c/ FISCALIA DE ESTADO DE LA PCIA. BS.AS. Y OTRO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-07

La circunstancia de que el Fisco provincial sólo tenga funciones de control en las sucesiones tramitadas por el Consejo Nacional de Educación -hoy Ministerio de Educación y Justicia- como resulta del art. 2do del convenio entre aquél y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires (homologado por ley Nro 7324 de esa Provincia), no implica en modo alguno que esa Fiscalía no sea parte demandada en juicios en los que debe defender un legítimo interés de la Provincia, puesto que está llamada a recibir los bienes relictos o el producto de la venta de ellos. Aunque en sentido técnico el Estado no sea realmente un heredero, ni un sucesor, como lo destaca el codificador en la nota al art. 3588, lo cierto es que la ley lo ha equiparado a un heredero en cuanto a los derechos y a las obligaciones cuando le correspondan los bienes a falta de los que tengan derecho a heredar (art. 3598), razón por la cual no puede desconocérsele interés legítimo a los bienes dejados por el causante (conf. C.N.Civ. Sala D, L.L.65-607; Zannoni, "Derecho de las sucesiones", vol.2do, ps. 791 y ss.).-
Prueba, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: AMITRANO, Fabián s/ Robos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-13

Interrogar (preguntar) en la circunstancia que refiere en su declaración el oficial actuante, no es "tomar declaración" con la extensión que técnicamente cabe al vocablo. Como así pretender que no debe hacerse eso, en virtud de la prohibición del art. 434 inciso 5 CPP., es alterar el recto sentido de las cosas, resultando inimaginable los términos en que se desenvolvería el diálogo entre policía y ladrón en tales circunstancias.
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, carácter alimentario, deberes del juez, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Foti, Virgilio Fluvio c/ Caja  Nacional  de  Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

La naturaleza alimentaria del reajuste del haber jubilatorio impone a los jueces actuar con suma cautela a fin de que no se vuelvan ilusorios los preceptos constitucionales que ampara la materia en debate.
Accidentes de trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez, Héctor Eduardo c/ Cerámica PIU S.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-24

Por razones de celeridad y economía procesal, dejando a salvo la opinión acerca de la constitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo corresponde seguir los lineamientos dados por el máximo Tribunal nacional en la causa in re "C. 2605 XXXVIII, Castillo Angel Santos c/ Cerámica Alberdi" habida cuenta la innegable gravitación que cabe reconocerle en todo caso atento su ubicación en la cúspide del ordenamiento judicial (arts. 5, 108, 123 y 127, Const. nacional). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia vinculante, sentencia, constitucionalidad, cuestión de derecho público local, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Spelta, Adrián Alejandro c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso contencioso administrativo (revocatoria)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-10-10

La pretensión del actor de que se declare la nulidad de una resolución de la Honorable Sesión Conjunta de ambas Cámaras de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a través de la cual se suspendió al requirente en el ejercicio de sus funciones por el término de 60 días, sin goce de haberes, por la causal de mal desempeño en sus funciones conforme los artículos 15 y 20 de la Ley 13013, y la inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley 13013 modificada por la Ley 13807 -tal como sostuvo el auto de inadmisibilidad de Presidencia- ya ha sido resuelta por esta Corte en la causa "Spelta", ocasión en la que se declaró por mayoría la constitucionalidad del sistema de responsabilidad disciplinaria del Ministerio Público de la Acusación, por lo cual la pretensión del recurrente ya ha merecido respuesta jurisdiccional suficiente, y asimismo se puntualizó que el procedimiento disciplinario que se encontraba en pugna ya había sido convalidado en un precedente de este Cuerpo y se precisó que las bases de la doctrina establecida se apoyaban en una interpretación constitucional limitadora de la competencia de la Corte en cuanto a la atribución de designar y remover a los fiscales efectuada por la mayoría del Cuerpo en la Acordada 33 del año 2010, a partir de la cual se dejó en manos del Legislador la adopción del sistema de responsabilidad que éste adoptara dentro del abanico de opciones legislativas posibles; de modo que las alegaciones del impugnante no configuran más que un intento de reeditar en esta Sede una materia que ostenta autoridad de cosa juzgada en el ámbito del derecho público provincial. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: Spelta, AyS T 308, p 193/268; García, T 280, p 29. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 92, inciso 5; Ley 13013, artículos 15 y 20: CSJStaFe: Acordada 33 del año 2010. - Jurisprudencia vinculada: Tosco, AyS T 330, p 267/270, sumario J0051984.
Querella, prórroga de la querella, acusación de la querella, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: DE VILLARRAGUT, C. s/ QUERELLA. NULIDAD. ACUSACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

Es nulo el auto que concede una prórroga a la querella para formular acusación, si la solicitud fue suscripta exclusivamente por el letrado patrocinante de aquélla, siendo nulos también los procedimientos subsecuentes.
Proceso penal, imputado, prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad, pena privativa de la libertad, leyes, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., F. J. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Homicidio   (Expte. CSJ Nº 1378-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-13

El beneficio instituido por el artículo 7 de la ley 24390 procura -en definitiva- compensar al sujeto finalmente condenado (con una pena de prisión o reclusión) por el tiempo en que permaneció privado de su libertad, más allá del plazo estimado legalmente como "razonable", sin haber sido juzgado, esto es, sin haber obtenido un pronunciamiento que, parafraseando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Mattei", "defina su posición frente a la ley y a la sociedad", poniendo fin a "la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal". En los casos donde existe sentencia de la Alzada, la persona objeto de persecución penal ya ha recibido del Estado una respuesta concreta en forma de "condena", luego de un proceso que ha transitado por dos instancias, y, por tal motivo, su situación de incertidumbre, -si bien subsistente-, no puede asimilarse válidamente a la de quienes sólo tienen sentencia en primera instancia ni, mucho menos, a la de quienes no han obtenido sentencia alguna.