Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-05-31


Autos N° 4.329 (1° J.P.L.C. -Hoy G.S.J.- N° 34.382), caratulados: "Iranzo de García, Rosa c/ Peluc Maurín, Gastón y otros - Daños y Perjuicios - Sumario - 2° cuerpo".

--------- San Juan, 31 de mayo de dos mil trece.

--------- Y Vistos: --------------------------------------------- --------- Para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 207 vta. por uno de los letrados del codemandado Sr. Esteban Eduardo Lucero, y ratificado por éste a fs. 208. El apelante actúa por derecho propio y con patrocinio letrado y el recurso se interpone contra la sentencia glosada a fs. 193/198 del I Cuerpo del expediente. ------------------------ --------- Tal recurso fue concedido a fs. 209 con efecto suspensivo, conforme lo dispuesto por los arts. 250 y 253 del C.P.C., T.O. por Ley Prov. N° 8.037. ---------------------- --------- Y Considerando: ------------------------------------ --------- I. Que mediante la sentencia impugnada el a quo hizo lugar a la demanda, condenando a los Sres. Gastón Peluc Maurín y Esteban Eduardo Lucero a pagar en forma solidaria a la actora, en el término de diez (10) días de consentida la resolución, el importe de los daños y rubros reclamados y considerados procedentes, que ascienden a la suma de quinientos sesenta y cinco pesos con treinta centavos ($ 565,30), calculados al momento del accidente, con más los intereses legales que se devenguen hasta su efectivo pago (cfr. Ley Prov. N° 4.119). Impuso las costas a los demandados vencidos, difiriendo la regulación de honorarios para la respectiva oportunidad procesal. --------- --------- II. Contra dicho pronunciamiento se alzó el codemandado apelante, quien fundó el recurso con el memorial obrante a fs. 210/213. En tal pieza, en síntesis, manifestó: ------------------------------------------------------ · Que no le es oponible la sentencia dictada en razón de haberse omitido notificarle pasos procesales como [los traslados de] la pericia realizada y del alegato, siendo -en su opinión- causal de nulidad del proceso. ------------------- · Que el a quo no requirió -previo a dictar el fallo- el sumario penal iniciado con motivo de las lesiones sufridas por la actora en el accidente de tránsito objeto del litigio, estando impedido de resolver conforme a la regla de prejudicialidad (art. 1101 del Código Civil -C.C.-), siendo por lo tanto nulo su fallo. Cita jurisprudencia. ---------------- · Que el Inferior ignora la prueba confesional (fs. 63 y 64) de la que surgiría la falta de reclamo a su parte, con fundamento en el conocimiento adquirido por la actora de la venta del vehículo, con lo cual se había desprendido de la posesión y la guarda del mismo, motivo suficiente para ser liberado de toda responsabilidad en el evento. --------------- · Que conforme la reforma introducida a la Ley Nac. N° 22.977, modificada por la Ley Nac. N° 25.232 y los eximentes determinados por el art. 1113 del C.C., que reputa al adquirente como tercero por quien no debe responder y atento a que el automotor fue usado en contra de su voluntad, quedaría liberado de responsabilidad. ------ --------- A fs. 214 se dispuso correr el pertinente traslado del memorial a las restantes partes, las cuales a pesar de estar debidamente notificadas (ver cédulas de fs. 215 y vta., 216 y vta.) no lo evacuaron. ---------------------------- --------- A fs. 226 vta. se materializó la elevación del expediente a la Alzada. Recibido el mismo, por Presidencia se decidió remitirlo nuevamente al Juzgado de origen a fin de que se procediera a notificar al codemandado Jorge Peluc Álvarez en el domicilio denunciado a fs. 116, tanto la sentencia de fs. 193/198 como el decreto de fs. 214. Después de algunas vicisitudes, finalmente las actuaciones se reenviaron a la Cámara (ver providencia de fs. 250, infra). ----------------------------------------------------------- --------- En tal ámbito se dictó -previa determinación de la intervención en la resolución del recurso de todos los miembros del Tribunal (fs. 251)- el pase de los autos a resolver (fs. 258), decreto que se encuentra firme y consentido, tal como surge de las constancias de fs. 259 y vta., 260 y vta., 261 y vta. y 262 y vta. Posteriormente, se procedió al sorteo y a la adjudicación a estudio en el orden pertinente (fs. 263). ------------------------------------------- --------- III. Comenzando con el tratamiento de la cuestión sobre la que corresponde expedirse, adelantamos nuestro criterio contrario a la admisión del recurso. Ello, de conformidad con los argumentos que a continuación exponemos: ---------------------------------------------------- --------- 1. Preliminarmente, cabe destacar que resulta ineludible que el escrito mediante el cual se funda o motiva el recurso contenga una crítica razonada, objetiva, precisa y seria de los errores que se atribuyen al fallo de primer grado, denunciando en qué consisten ellos, punto por punto. Las consecuencias que se derivan para el apelante de la inobservancia de estas reglas son de gravedad. Aun cuando se hubiese apelado el pronunciamiento en todas sus partes, quedan consentidas aquellas respecto de las cuales no se expresan -con suficiencia técnica- agravios (cfr. Morello, Augusto M., Sosa, Gualberto L. y Berizonce, Roberto O., "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Editora Platense - AbeledoPerrot, 2ª edición reelab. y ampl., Buenos Aires, 1988, Tº III, pág. 91, apart. X, primera parte y pto. `a´). ------------------------------------- --------- Deben consecuentemente tenerse por firmes todas aquellas conclusiones de la sentencia recurrida que no hayan sido eficazmente controvertidas por el apelante en la expresión de agravios (cfr. Cám. 1ª, Sala III, La Plata, Jurisprudencia Argentina, 1961-III-225; Cám. 2ª, Sala I, La Plata, causa B-44.261, reg. sent. 7/78; Cám. 2ª, Sala III, La Plata, causa B-12.102, reg. sent. 262/64, La Ley, Tº 108, pág. 452). ----------------------------------------------------- --------- 2. La primera queja del impugnante está referida a supuestos vicios de procedimiento que se habrían operado con anterioridad al dictado de la sentencia definitiva, por lo cual considera que se ha visto perjudicado. ------------------ --------- Entendemos que se equivoca en la utilización de la vía procesal a los fines de remediar los supuestos yerros incurridos por la jurisdicción, pues tratándose de vicios anteriores al dictado del fallo, en el hipotético caso de existir, debieron ser advertidos y atacados en el momento procesal oportuno, es decir, en la primera instancia, y no en la Alzada como lo ha hecho por vía recursiva. Lo correcto era articular el respectivo incidente de nulidad. -------------- --------- Hay que destacar que si el vicio se debe a desviaciones de procedimiento [error in procedendo], para que oportunamente se pueda interponer el recurso de nulidad, deberá impugnarse en tiempo y previamente el acto defectuoso, mediante la revocatoria o el incidente respectivo. De lo contrario, la ineficacia del acto se habrá convalidado (cfr. Maurino, Alberto Luis, "Nulidades Procesales", 2ª ed. actualizada y ampliada, 2ª reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2005, ap. `c´, págs. 221/222). Es que no corresponde considerar en la Alzada nulidades basadas en vicios de procedimiento anteriores. -- --------- Además, la declaración de nulidad es un remedio excepcional, último; por ello es de interpretación restrictiva. Este criterio de interpretación se deriva del principio de conservación, que es aquel que consagra la conveniencia de preservar la eficacia y la validez de los actos frente a la posibilidad de su anulación o pérdida, lo que llevaría a un resultado disvalioso. ------------------------------------------- --------- A ello cabe agregar que, consentido el llamamiento de autos para sentencia, quedan purgadas las deficiencias procesales previas y precluye el derecho del interesado para impugnarlas (Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., Sala II, 29-07-80, La Ley, 1981-A-245; ídem, La Ley, 1996-B-303). El fundamento radica esencialmente en el principio de preclusión de las etapas procesales. Es que los actos viciados o supuestamente viciados, se consolidan si no se los ataca en tiempo hábil y precluye con ello el derecho a solicitar la nulidad del procedimiento. ------------------------------------------------- --------- En sentido convergente se ha resuelto que "el consentimiento del llamamiento de autos, el cual se notifica ministerio de la ley [art. 133 C.P.B.A., ídem art. 132 del C.P.C., T.O. por Ley Prov. N° 8.037], purga todos los vicios procesales que pudieren haber habido con anterioridad" (Cám. 1ra, Sala III, La Plata, causa 150.618, reg. int. 191/72; Cám. Apel. Civ. y Com., San Martín S.P., La Ley, T° 146-655, 28.629-S). ------------------------------------------------ --------- En principio, toda nulidad procesal se convalida con el consentimiento, y ocurre cuando la parte legitimada para pedirla no la impugna en el plazo legal, en cuyo caso precluye el derecho a solicitarla, pues de lo contrario se lesionaría el orden y la estabilidad de los procedimientos. -- --------- Las nulidades de los actos procesales deben articularse dentro del plazo legal subsiguiente al conocimiento del acto, porque cuando la parte legitimada para solicitarla advierte el acto defectuoso y no lo impugna por medio idóneo dentro de dicho plazo y con los requisitos procesales exigidos, lo consiente tácitamente. Dicho término debe ser contado desde que el interesado tuvo conocimiento del mismo y no desde la oportunidad en que recién observó la presunta irregularidad. --------------------- --------- De la compulsa del expediente se advierte que el apelante ha actuado con cierto desinterés, despreocupándose de la tramitación de la causa. ----------- --------- En conclusión, si se consintió el llamamiento de autos para sentencia no puede el impugnante pretender retrotraer el procedimiento, cuando demostró indiferencia sobre la marcha del expediente y no promovió el incidente de nulidad temporáneamente. Ello impone que este agravio deba desestimarse. -------------------------------------------- --------- 3. El recurrente fundamenta el segundo agravio en la circunstancia de existir un sumario penal que no fue acompañado a las actuaciones y en la obligación del Juzgador de suspender el proceso civil hasta el dictado de la sentencia en sede penal, de conformidad con la prejudicialidad contemplada en el art. 1101 del C.C. -------- --------- Esta queja también debe rechazarse. Así, se aprecia que en el escrito el recurrente no ataca todos y cada uno de los fundamentos independientes que sirvieron de sustento principal a la sentencia dictada por el a quo, con lo cual, en puridad, no se abastecerían las exigencias del art. 253, párr. 2°, del C.P.C. ------------------------------ ---------- De acuerdo con el art. 262 del C.P.C. vigente, la Cámara debe atenerse a los estrictos límites de los planteos recursivos en función de lo examinado y resuelto por el a quo en el pronunciamiento puntualmente impugnado, sin ingresar en otras consideraciones que quedaron agotadas en el curso del proceso y no fueron incluidas en el decisorio del Inferior. ----------------------------------------------------- --------- En el sub exámine, el núcleo central de la apelación está referido -como ya lo dijimos- a la falta de suspensión del dictado de la sentencia de primera instancia hasta tanto se resolviera la cuestión en el sumario penal que se originó como consecuencia de las lesiones que sufriera la actora en el accidente de tránsito. ---------------- --------- Tal agravio debe reputarse técnica y jurídicamente insustentable, pues el mismo no puede ser objeto de análisis por el Tribunal, al no haber sido planteada tal cuestión en la instancia inferior. La limitación a la que se hallan sometidos los Tribunales de segunda instancia está dada en primer término por la relación procesal. ------------ --------- De la compulsa del expediente surge que el ahora apelante contesta la demanda con el escrito de fs. 24/25, en el cual se limita a negar todos los hechos señalados por la actora al iniciar la acción de daños. Manifiesta que si bien figura como titular registral del vehículo con el que ocurrió el siniestro, con anterioridad lo había enajenado al Sr. Jorge Carlos Peluc, por lo que entiende no corresponde integrarlo a la litis, ya que entregó la posesión del rodado. La única prueba que ofrece es el contrato de compraventa celebrado entre ambos, solicitando se cite al comprador a fin de que se pronuncie al respecto. -------------------------------------- --------- Conforme a nuestra organización judicial, la apelación no comporta un nuevo examen revisor de lo debatido en la primera instancia. Es por ello que el Tribunal no puede válidamente analizar temas no propuestos a la decisión del a quo. --------------------------------------------- --------- Si bien el recurso abre la jurisdicción de la Alzada a los efectos de resolver la justicia o injusticia de las resoluciones impugnadas, de ninguna manera posibilita decidir con prescindencia o más allá de las cuestiones planteadas ante el Juez de grado, pues -en principio- el Tribunal de apelación carece de atribuciones para dirimir sobre punto alguno que no hubiera sido propuesto a consideración del Inferior. ------------------------------------- --------- En el sub exámine, habiendo recaído pronunciamiento en primera instancia que admite la acción de daños y perjuicios ocasionados a la actora como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Avenida Rioja y calle Brasil, entre el Jeep IKA Dominio RYR-174, conducido por el Sr. Gastón Peluc Maurín (cuyo titular registral es el Sr. Esteban Eduardo Lucero -ver contrato de fs. 40-) y el ciclomotor marca `Daelin´, conducido por la Sra. Rosa Iranzo de García; no puede válidamente el recurrente controvertir lo decidido por la vía del recurso de apelación, con fundamento en la existencia de la prejudicialidad, cuya aplicación -en caso de corresponder y sin emitir juicio respecto de su procedencia- debió peticionarla en primera instancia y, en su caso, sustanciarla con la actora. ------------------------------------- --------- En sentido concordante, la jurisprudencia ha sostenido que "la Alzada está impedida de conocer en cuestiones planteadas recién en el escrito de expresión de agravios, aun cuando sean introducidas bajo la apariencia de meros argumentos de derecho" (Cám. Nac. Civ., sala F, 24-09-98, "Jonch, Ernesto O. c/ Construcciones Viales S.A.", La Ley, 1999-D-823, jurispr. agrup., caso 14.175). ------------------------------------------------ --------- De acuerdo con el citado art. 262 del Código Procesal, la Cámara debe atenerse a los límites de los planteos recursivos en función de lo examinado y resuelto por el a quo en el pronunciamiento impugnado, sin ingresar en otras consideraciones que no fueron incluidas en dicho análisis en la sede inferior. ------------------------------------ --------- Por ello, el agravio debe reputarse técnicamente insustentable, pues el mismo no puede ser objeto de examen por el Tribunal. --------------------------------------- --------- 4. Por último, el apelante se agravia de la falta de análisis por parte del Inferior del eximente de responsabilidad en el evento dañoso frente al hecho de haberse desprendido anteriormente de la posesión del rodado. --------------------------------------------------------- --------- El régimen legal de los automotores está contemplado en el Decreto-Ley N° 6.582/1958, que fuera ratificado por la Ley Nac. N° 14.467 y modificado por las Leyes Nac. Nos. 22.977 (B.O. 21-11-83) y 25.232 (B.O. 31-12-99). ----------------------------------------------------- --------- Del art. 1 de dicha normativa surge que la transmisión de dominio de los automotores sólo producirá efecto entre las partes y respecto de los terceros, desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. De ello se desprende que la tradición como modo suficiente ha sido sustituida por la inscripción registral, como elemento constitutivo del derecho real de dominio. ------------------------------------- --------- Por ello es que no existen dudas sobre el carácter constitutivo del sistema registral creado. Aquí el derecho real de dominio no se adquiere, no se transmite ni se constituye, sino luego de la inscripción. ---------------------- --------- Según el texto ordenado por la normativa ut supra citada, el actual art. 27 establece, en lo que aquí interesa: "Hasta tanto se inscriba la transferencia el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa. No obstante, si con anterioridad al hecho que motive su responsabilidad, el transmitente hubiere comunicado al Registro que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquél, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder, y que el automotor fue usado en contra de su voluntad. La comunicación prevista en este artículo, operará la revocación de la autorización para circular con el automotor, si el titular la hubiese otorgado, una vez transcurrido el término fijado en el art. 15 sin que la inscripción se hubiere peticionado, e importará su pedido de secuestro, si en un plazo de treinta (30) días el adquirente no iniciare su tramitación" (párr. primero). En su párr. segundo el artículo en cuestión, añade: "El Registro notificará esa circunstancia al adquirente, si su domicilio fuere conocido. Una vez transcurrido el plazo mencionado o si el domicilio resultase desconocido, dispondrá la prohibición de circular y el secuestro del automotor". ------- --------- De tal manera, se reafirma el carácter constitutivo de la inscripción registral, se deja de lado la presunción que determinaba el antiguo art. 26 [que cita el apelante a fs. 211, último párrafo] y se establece lisa y llanamente la responsabilidad plena del titular registral en su carácter de dueño de la cosa. En definitiva, se consagra en materia de automotores la responsabilidad del titular registral por los daños causados con el vehículo, aun cuando hubiera efectuado tradición del rodado a un tercero antes del evento dañoso (cfr. Prósperi, Fernando F., "Régimen legal de automotores", Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 1997, pág. 416). ------------------------- --------- De allí que para evitar los obstáculos que el problema que examinamos traería aparejados al tráfico jurídico, el legislador creó un mecanismo de utilidad, cual es la comunicación registral de haber efectuado la tradición del automotor, pues ha otorgado al incumplimiento del adquirente un efecto especial, cual es, posibilitar que el transmitente revoque la autorización para circular con el automotor mediante el mecanismo de la denuncia de venta. Derivación lógica de ello es considerar que en tal caso -es decir, producida la revocación de la autorización para circular- el adquirente o quienes de éste hubieren logrado la posesión o tenencia del rodado lo han usado en contra de la voluntad del propietario y, consecuentemente, son terceros por quienes éste no debe responder. Tal es el fundamento de la exoneración de responsabilidad del titular registral, que algunos autores afirman se apoya plenamente en el art. 1113 del Código Civil (autor y obra citados en el párrafo anterior, pág. 418). -------------------------------------------------- --------- En igual dirección se ha resuelto que "el sistema de responsabilidad consagrado en el art. 1113 del Código Civil descansa no tanto en la necesidad de encontrar a un culpable, como en la de proteger a la víctima. Esa misma finalidad es la que anima y preside el régimen consagrado en el art. 27 del Decreto-Ley 6.582/1958 (texto según Ley Nac. N° 22.977), haciendo que su contenido sobrepase lo meramente registral y avance sobre temas de derecho de fondo. De acuerdo con ello, en principio, el titular dominial del automotor continúa siendo civilmente responsable de los daños que se provoquen con la unidad que figura a su nombre hasta tanto se inscriba la respectiva transferencia de dominio o se formule la comunicación -denuncia de venta- prevista en el mismo texto" (Jurisprudencia Suprema Corte Buenos Aires, C 92488 S, carátula: "Cidade, Conrado Agustín y otro c/ Miranda Ferret, Jorge Edison s/ Daños y perjuicios", Fecha: 06-05-09; Mag. Votantes: Kogan - Hitters - Soria - Negri - Pettigiani - Genoud - De Lázzari, Fuente: Lex Doctor 9.0). -------------------------------------------------------------- --------- Igualmente se ha decidido que "corresponde extender la responsabilidad civil del conductor de un vehículo que participó de un accidente de tránsito a su titular registral, si a pesar de haber vendido el rodado a un tercero antes de la producción del siniestro, omitió efectuar la denuncia de venta ante el Registro de la Propiedad del Automotor, conforme a lo previsto en el art. 27 de la Ley 22.977" (Cám. Civ., Com. y Laboral, Rafaela, 11-04-03, "Robledo de Cristaldo, Aisia c/ Melano, Oscar", La Ley Litoral, 2004-87, Rep. La Ley LXIV, 2004, pág. 775, n° 805). ----------------------------------------------------------- --------- Estimamos adecuado señalar que tanto la doctrina como la jurisprudencia mencionadas por el apelante en el memorial, son anteriores a la modificación del Decreto-Ley N° 6.582/1958, que fuera ratificado por la Ley Nac. N° 14.467 y modificado por la Ley Nac. N° 22.977; es decir, que carecen de actualidad. ------------------------------------ --------- En conclusión, dueño del automotor es únicamente el titular inscripto, debido al carácter constitutivo de la inscripción. Es por ello que, como sucede en el sub exámine, mientras aquél no efectúe la denuncia de venta, tal cual exige la ley, su responsabilidad respecto del tercero damnificado subsiste, a pesar de que en la causa acredite haber efectuado la entrega del mismo con anterioridad, pues sólo demuestra la existencia de la venta o entrega al comprador, pero no la voluntad expresa del primero, de que el adquirente no haga uso del bien entregado, ya que ello sólo se logra mediante la ficción legal que establece el art. 27 de la Ley Nac. N° 22.977. Si se realiza el procedimiento allí indicado de comunicación al registro con anterioridad a la fecha del siniestro, se genera la única circunstancia en que el titular registral podrá invocar la eximente del art. 1113 del C.C., del hecho de un tercero por el que no debe responder, entendiendo que el automotor causante del daño fue usado contra su voluntad.

--------- En suma, de lo expuesto se deriva que siendo constitutiva la inscripción de dominio es indiferente que haya demostrado que se había desprendido de la guarda del rodado, pues el transmitente -aún titular registral- en la medida que no haya denunciado la venta en el respectivo Registro, continúa siendo responsable por los daños que se ocasionaren con su empleo. ----------------------------------- --------- Por las razones apuntadas, consideramos que el agravio no tiene andamiento y debe desestimarse. ---------- --------- 5. En conclusión, y en mérito a las razones fácticas y jurídicas expuestas, corresponde el rechazo del recurso de apelación venido a estudio. -------------------------------- --------- Con respecto a las costas de la Alzada, éstas deben imponerse a cargo del apelante vencido (arts. 66, párr. 1°, y ccds., del C.P.C.), dejándose debida constancia de que no existe en esta instancia actividad computable a los fines de la regulación de honorarios de letrado alguno de los restantes intervinientes en el proceso. ----------------------- --------- Por lo expuesto, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas, Se Resuelve: --------------------- --------- 1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 207 vta., y ratificado a fs. 208, contra la sentencia obrante a fs. 193/198. -------------- --------- 2. Imponer las costas de la Alzada al codemandado apelante vencido, dejándose debida constancia de que no existe en esta instancia actividad computable a los fines de la regulación de honorarios de letrado alguno de los restantes intervinientes en el proceso. ------------------------------- --------- 3. Protocolícese, agréguese copia a los autos, notifíquese a las partes y oportunamente bajen al Juzgado de origen, previa reposición del sellado si correspondiere.