Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-03-26


Expte. N° 6910 "QUIROGA PEDRO ALBERTO c/ Provincia de San Juan - contencioso administrativo S/ INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION" En la Ciudad de San Juan, el día veintiséis de marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen los magistrados que en esta causa integran la Sala Segunda de la Corte de Justicia, doctores José Abel Soria Vega, Adolfo Caballero y Angel Humberto Medina Palá. Lo hacen para examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados por la parte demandada contra la sentencia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería en autos Nº 813 (118.213), caratulados "Quiroga Pedro Alberto c/ Provincia de San Juan - contencioso administrativo".------------------------------ --- EL DOCTOR JOSÉ ABEL SORIA VEGA DIJO:----------------- --- I. Antecedentes del caso:---------------------------- --- I.1. En lo que interesa a los recursos deducidos, surge de las constancias de autos que el actor Pedro Alberto Quiroga entabló demanda contencioso administrativa con el objeto de obtener la revocación de la resolución N° 206 (5/3/2010) dictada por el Coordinador General de la Unidad de Control Previsional en ejercicio de la Dirección y Administración de la Caja Mutual de la Provincia (expte. 707-1853-05). Como consecuencia de esa revocación, el accionante solicitó que se reconozca judicialmente su derecho al cobro del seguro de supervivencia instituido por el artículo 26 de ley 1834 (t.o. ley 5805 y 5979), equivalente a veinte sueldos nominales.--------- --- La jueza de primera instancia hizo parcialmente lugar a la demanda, reconociéndole al accionante el derecho subjetivo a percibir el seguro de supervivencia, de carácter previsional (art. 26, ley 1834, modif. por leyes 5805 y 5979). Para así decidir, en primer lugar descartó que se tratase de una prerrogativa transitoria, prevista para los agentes que hubiesen cumplido los requisitos con anterioridad a la sanción de las leyes 5805 y 5979. A continuación, tuvo por cumplidos los recaudos establecidos en el artículo 26 de la ley 1834 (inc. a', ap. 1, 2, 3, y 4) e invocó la garantía de la igualdad, la naturaleza alimentaria del seguro de supervivencia; todo, sobre la base de los principios de integralidad y solidaridad que deben regir la interpretación de las leyes vinculadas a la seguridad social. ------------------- --- Finalmente, la jueza señaló que el monto del crédito a liquidarse y su modalidad de pago habría de determinarse por medio de prueba pericial contable en la etapa de ejecución de sentencia (cf. art. 26, inc. a', ley 1834, último apartado), con más los intereses a tasa pasiva, debiendo deducirse el 7% para gastos administrativos. Añadió la magistrada que en virtud del estado de emergencia pública (ley 7454 y sus prórrogas), al encontrarse suspendidos todos los procesos de ejecución contra el Estado provincial y demás organismos comprendidos, y siendo que los fondos de las cuentas bancarias estatales resultan inembargables (art. 3), le impuso al actor el deber de observar el procedimiento pertinente ante Fiscalía de Estado para perseguir el cobro del seguro reconocido. Las costas se impusieron en el orden causado. -------- --- La Provincia apeló esa resolución. Se agravió de que se hubiese admitido la demanda con sustento en el artículo 26 de la ley 1834 (t.o. leyes 5805 y 5979), sin considerar que el seguro de supervivencia, a la fecha de la resolución de primera instancia, había sido derogado por ley 8557 (B.O. 7/1/2015), dejando sólo subsistente el seguro de vida. Afirmó la demandada que la sentencia de primera instancia era contraria al derecho vigente en razón de haberse suprimido la plataforma legal que le daba sustento al reclamo, lo que debió así juzgarse conforme el iura novit curia. Dijo la apelante que la nueva ley debía aplicarse al sub examine atento que ello no violentaba ningún derecho adquirido y agregó que la intención del legislador al sancionar la ley 8557 fue eliminar el seguro de supervivencia porque era de imposible cumplimiento. ------------------------------------------------- --- I.2. La sentencia impugnada:------------------------- --- El tribunal de apelaciones rechazó el recurso deducido por la Provincia, confirmando -en consecuencia- el pronunciamiento de primera instancia.-------------------- --- Como sustento de su decisión, el voto de la magistrada preopinante -devenido en fallo del tribunal por adhesión del juez que le siguió en el orden de opinión- comenzó expresando que las leyes se aplican a partir de su entrada en vigencia a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (cf. art. 7, CCyC); que no tienen efecto retroactivo -sean o no de orden público- excepto disposición en contrario; y que, en tal caso, la retroactividad no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Para el tribunal, el principio de irretroactividad de la ley veda la posibilidad de aplicar nuevas leyes a situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas; o a efectos ya producidos, agotados o extinguidos. ------------------- --- A continuación, consideró que en el caso no correspondía la aplicación de la nueva normativa porque se trataba de una relación jurídica constituida al amparo de la ley 1834, sin las modificaciones introducidas por la ley 8557; añadió que el actor, al tiempo de interposición de la demanda, había cumplido con los requisitos exigidos por la ley entonces vigente para reclamar el seguro de supervivencia. También validó esta decisión en el entendimiento de que resolver en sentido contrario importaría cohonestar una maniobra del Estado -potencial deudor-, quien en el lapso que transcurrió entre el reclamo y su reconocimiento podría modificar unilateralmente la legislación en la materia, librándose arbitrariamente de sus obligaciones. Por ello, y teniendo en cuenta que la demandada no había cuestionado -de modo subsidiario- ninguno de los fundamentos de la sentencia de primera instancia, concluyó que aquellos habían quedado consentidos y, por ende, firme el pronunciamiento que hacía lugar al reclamo del pago del seguro.------------------------------- --- El juez de cámara que se pronunció a continuación añadió que el "derecho adquirido" se configura cuando se reúnen todos los presupuestos exigidos por la norma para su imputación a favor del sujeto, en calidad de prerrogativa jurídica individualizada. Dijo, por último, que la ley 8557 expresamente reconocía el derecho de los afiliados que hubiesen optado por este beneficio con anterioridad a su entrada en vigencia (art. 25, ley 42-A).-------- --- II. Recurso de inconstitucionalidad:----------------- --- II.1. Contra dicha resolución la Provincia interpone recurso extraordinario de inconstitucionalidad, impugnación que encuadra en la causal del inciso 3 del artículo 11, de la ley 59-O. Dice que el fallo viola el derecho de defensa y es arbitrario en razón de que no está debidamente fundamentado y que se aparta de la normativa de aplicación vigente, por lo que no constituye un acto jurisdiccional válido.------------------------------------- --- Da inicio a este recurso objetando que el a quo no haya explicado por qué razón la interposición de la demanda, bajo la vigencia de una ley antes de su modificación, transforma la pretensión en un "derecho adquirido". Aduce que dicha situación o relación debía estar agotada, constituida o consumida para que la nueva ley no pudiese aplicarse al sub examine. Para la impugnante, el tribunal no examinó debidamente los institutos jurídicos de "derecho adquirido" y de "mera expectativa" que expuso en su memorial, soslayando que tanto el viejo como el nuevo Código Civil promueven la aplicación inmediata de la ley, que es derecho positivo vigente y obligatorio para todos. Paralelamente, le endilga a la alzada haber soslayado evaluar las razones de orden social y político que indujeron al legislador a eliminar el seguro de superviviencia, dejando sin explicación el motivo por el cual consideró que el actor llegó a ostentar un "derecho adquirido", siendo que en el caso no tenía sentencia firme al tiempo de modificarse la ley.---------------------------- --- A continuación, la demandada insiste en señalar que el actor fue un solicitante en los términos del artículo 26 de la ley 1834 antes de la reforma (ley 8557); ergo, que solo tenía una "expectativa", tanto de su derecho como de su posterior pago, con la aclaración de que el pago sólo puede concretarse en el supuesto de existir superávit en la Caja Mutual (sobrante del pago del seguro de vida). Que tratándose de un seguro de supervivencia nunca se puede decir que el beneficiario tenga un "derecho adquirido" porque la forma de pago que concibe la ley es a través del procedimiento que impone la norma (art. 26, t.o. ley 5805), estimando incorrecto interpretar que el beneficio haya ingresado en su patrimonio. Agrega la recurrente que los jueces no pueden decir que en este caso estuvo consolidada la situación económica, al basarse la pericia contable en un ejercicio financiero de fecha anterior a la sentencia. Explica que esa condición se cumple solamente si a la fecha de pago se cuenta con el dinero necesario para afrontar el gasto.------------------- --- II.2. Recurso de casación:--------------------------- --- El recurso de casación es subsumido en los incisos 1 y 2 del artículo 15, de la ley 59-O y motivado en que el a quo ha aplicado erróneamente el artículo 26, inciso a', de la ley 1834. Dice la Provincia que se ha dejado de aplicar el texto modificado por la ley 8557 que vino a derogar el seguro de supervivencia, abrogación que ya regía a la fecha de la sentencia de primera instancia. Señala que la resolución le causa perjuicio desde que se obliga a su parte a pagar injusta e ilegalmente el seguro de supervivencia, el que no corresponde de acuerdo a la normativa actualmente vigente.--------------------------- --- La accionada objeta que el tribunal de alzada haya hecho lugar a la demanda sin tener en cuenta la modificación de la norma porque el proceso no tenía sentencia firme; agrega que no se han dado razones para justificar la no aplicación de la reforma y que el tribunal tampoco la declaró inconstitucional. La impugnante refiere doctrina según la cual si la situación jurídica constituida ya está extinguida, no puede resultar afectada por la nueva ley que se sancione; que, sin embargo, para el supuesto de que la reforma dispusiera expresamente su aplicación a esas situaciones anteriores, adquiere carácter retroactivo, quedando las situaciones en curso sometidas a la nueva ley como consecuencia de su efecto inmediato. Dice que si la nueva ley ordenara que las en curso continuaran bajo el imperio de la antigua legislación, estaría anulándose el efecto inmediato y asignando efecto diferido o ultractividad al régimen pretérito.----------------- --- IV.2. Para la recurrente, la situación del actor no estaba constituida ni extinguida; en su lugar, manifiesta que se trataba de una "relación existente" que habilitaba la aplicación inmediata de la nueva legislación (art. 7, CCyC). Afirma que tampoco se está ante un supuesto de derecho adquirido. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme la cual nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos o a su simple inalterabilidad.----------------------------- --- III. Tras examinar los antecedentes del caso y los fundamentos de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación deducidos, me aboco a examinar su admisibilidad. Anticipo en este estadio de mi voto que he de propiciar su desestimación y rechazo -respectivamente- por los motivos formales y sustanciales que paso a exponer. ---------------------------------------------------- --- IV. Antecedentes legales:---------------------------- --- IV.1.a. La ley 1834 (B.O. 5/1/1953) vino a consagrar legislativamente el seguro de vida antes creado por decreto-acuerdo N° 694/44 (modif. por decreto-acuerdo N° 131/G/46). Esta normativa da cuenta de que la franquicia originaria -seguro de vida- surgió ante la imperiosa necesidad de resguardar los intereses de los funcionarios y empleados públicos de la Provincia de San Juan, en vistas a brindarles la tranquilidad de espíritu que proporciona una garantía económica en protección de sus derecho-habientes, una vez ocurrido el fallecimiento del agente estatal. Todo, a partir de la intervención del Estado y con base en el principio de la solidaridad mutual. Conforme surge de los considerandos del decreto acuerdo N° 694-G-44, el seguro de vida mutual se sustentó en postulados tales como: la justicia social, cubrir a las familias de los funcionarios o empleados públicos estatales de las contingencias negativas que se produjeran ante la pérdida del jefe del hogar; las ventajas del seguro social/mutual por sobre las prestaciones que brindan los seguros comerciales y su obligatoriedad para suplir la falta de hábitos de ahorro y previsión. En su origen, como señalara supra, solo estaba previsto el seguro de vida. --------------------------------------------- --- IV.1.b. Transcurridos más de treinta años, el legislador incorporó el seguro de supervivencia (ley 5805; B.O. 29/10/1987, conforme texto ordenado ley 5979, B.O. del 29/10/1987), quedando ambos beneficios regulados en el artículo 26 de la ley 1834, del siguiente modo: "La liquidación del Seguro de Supervivencia y Vida se determinará conforme a las condiciones que a continuación se detallan: ----------------------------------------------- --- a) Seguro de Supervivencia: Estará integrado por la diferencia mensual entre los aportes recaudados y lo abonado por la Caja Mutual en concepto de Seguro de Vida. Dicho seguro equivaldrá al 50% (20 sueldos) del importe correspondiente al Seguro de Vida; este porcentaje y/o fracción menor, para el caso de fallecimiento del afiliado, será descontado del total del monto a percibir en concepto de seguro de vida (40 sueldos). Los beneficiarios de este seguro deberán cumplir los siguientes recaudos: 1) Ser jubilado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia; ser retirado de la Policía de San Juan, del Servicio Penitenciario Provincial, dado de baja con derecho al haber de retiro o asegurado de continuidad; 2) Tener 60 años de edad como mínimo las mujeres y 65 los varones; 3) Contar con no menos de 10 años de aportes a la Caja Mutual de Seguro de Supervivencia, Vida e Invalidez; 4) Optar expresamente por este seguro debiendo solicitarlo por escrito y con firma certificada por escribano. El importe total resultante en concepto de este seguro se distribuirá entre los solicitantes en cuotas mensuales y consecutivas y proporcionales al sueldo que perciba el afiliado como jubilado exclusivamente, debiendo respetarse la proporcionalidad en cuanto a la distribución para todos los afiliados. Dichas cuotas, a los efectos de la liquidación del Seguro de Supervivencia deberán ser actualizadas en función a las variaciones que se produzcan en el sueldo del afiliado y en la forma que establezca la reglamentación. --------------------------- --- b) Seguro de Vida: Este seguro equivaldrá a 40 sueldos del afiliado fallecido tomando como base el correspondiente al último mes aportado. ----------------------- --- En caso de que el afiliado hubiese hecho opción por el beneficio otorgado por el Seguro de Supervivencia (20 sueldos) se procederá a deducir del Seguro de Vida el monto total o parcial percibido por aquel con los reajustes mencionados en el inciso a) de este artículo. Deberá deducirse del importe a pagar, tanto en el caso del Seguro de Supervivencia como en el Seguro de Vida el 7% destinado a gastos de administración conforme lo establecido en el Articulo 18, Inc. 2 de la ley 1834". ------------ --- IV.1.c. Pues bien; este artículo ha sido recientemente reformado por ley 8557 (sancionada el 18/12/2014; B.O. del 7/1/2015), norma que ha venido derechamente a derogar el "seguro de supervivencia", dejando sólo subsistente el seguro de vida y el de invalidez (en el capítulo V). El nuevo texto del artículo 25 de la ley 42-A (antes, art. 26 de la ley 1834; con la reforma de la ley 8557), dispone: "SEGURO DE VIDA. Este seguro equivaldrá a 40 sueldos del afiliado fallecido, tomando como base el correspondiente al último mes aportado. En caso de que el afiliado, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, hubiese hecho opción por el beneficio otorgado por el Seguro de Supervivencia (20 sueldos), y lo hubiere cobrado, se procederá a deducir del Seguro de Vida el monto total o parcial percibido. Deberá deducirse del importe a pagar por el Seguro de Vida, el siete por ciento (7%) destinado a gastos de administración, conforme lo establecido en el Artículo 7, Inciso 2) de la presente ley". --------------------------------------------------- --- V. Repaso de los antecedentes del caso:-------------- --- V.1. Surge de la sentencia de primera instancia que en el año 2005 el actor inició reclamo administrativo tendiente al cobro del seguro de supervivencia (4/10/2005). Luego de atravesar el procedimiento pertinente -resolución denegatoria, impugnación mediante recurso jerárquico- la petición fue finalmente denegada mediante acto administrativo expreso (decreto P.E. N° 1219-MHF; 22/9/2010). Agotada la vía administrativa, el actor optó por entablar demanda contencioso-administrativa que tramitó ante el juzgado especial con competencia en la materia. ------------------- --- V.2. Al momento de dictar la sentencia (7/5/2015), la jueza de primera instancia evaluó los recaudos previstos en el antiguo artículo 26, inciso a, ley 1834, a saber: condición de jubilado, edad, años de aporte y haber formulado la opción de forma escrita con firma certificada. Verificado su cumplimiento, hizo lugar a la demanda reconociendo el derecho subjetivo de obtener el seguro de supervivencia, sin perjuicio de lo cual sujetó el pago a la modalidad establecida en el mismo artículo. En efecto, entre sus consideraciones, señaló que para la determinación del monto adeudado al actor, debía producirse la prueba pericial contable en la etapa de ejecución de sentencia, en los términos del artículo 26 de la ley 1834, inc. a', debiendo deducirse el 7%. Añadió que por encontrarse el Estado en situación de emergencia (ley 7459 y sus prórrogas) y en razón de haberse suspendido los procesos de ejecución de sentencia, incluidos los de la Caja de Seguro Mutual, debía observarse el procedimiento administrativo pertinente ante Fiscalía de Estado para su cobro (consid. 13). ------------------- --- V.3. Al apelar, la Provincia se agravió de que no se hubiese aplicado la ley 8557 (BO del 7/1/2015); sin embargo, nada dijo respecto del cumplimiento de los recaudos previstos para el reconocimiento del derecho al cobro del seguro de supervivencia (art. 26, inc. 1, 2 ,3 y 4). Es decir, la controversia quedó así circunscripta en la alzada a la aplicación temporal de la ley 8557, decidiendo el tribunal de apelaciones en sentido contrario a la pretensión de la Provincia. Con ello, quedó confirmada la resolución de la jueza de primera instancia que había hecho lugar a la demanda, en las condiciones antes señaladas. ----------------- --- V.4. Tratamiento de los agravios:-------------------- --- Según anticipara en el punto III de este voto, he de propiciar la desestimación y el rechazo de los recursos extraordinarios planteados.------------------------------ --- V.5. Recurso de inconstitucionalidad: --------------- --- V.5.a. En primer lugar, juzgo que no se verifica la causal de arbitrariedad -por falta de fundamentación- que la demandada le endilga al fallo. Así lo considero, porque para concluir que el actor tenía el "derecho adquirido" al reconocimiento del pago del seguro, la alzada explicó claramente que al tiempo de la interposición de la demanda el accionante había cumplido con todos los recaudos exigidos por la ley para resultar beneficiario del seguro de supervivencia, con lo que la relación jurídica había quedado "agotada" o "consumida" (art. 7, del CCyC). Añadió que una resolución en sentido contrario importaría avalar la demora de la Administración en resolver el planteo, en vistas a ampararse en una futura legislación que suprimiera el derecho originalmente reclamado. Como puede verse, independientemente de que se compartan o no tales argumentos, de ningún modo puede considerarse que la sentencia impugnada carezca de motivación.------------ --- V.5.b. En cuanto a la queja vinculada a que al tiempo de interponer la demanda el actor sólo tenía una "mera expectativa" y no un "derecho adquirido", considero que no puede prosperar por cuanto no existe en ese razonamiento ninguno de los vicios que -en nuestro esquema recursivo- pueden dar lugar a la arbitrariedad (absurdo, contradicción, ilegalidad manifiesta, pronunciamiento extra petita, etc.). De este modo, descarto la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad. --------------- --- V.6. Recurso de casación:---------------------------- --- En cuanto al recurso de casación, estimo que corresponde su rechazo por razones de índole sustancial que cabe invocar en esta etapa (art. 5, ap.2 ley 59-O), en tanto lo resuelto por el tribunal de alzada coincide con la doctrina adoptada por esta Corte en un precedente de gran similitud en relación a los principios que resultan aplicables al caso. ---------------------------------- --- V.6.a. En efecto, en un fallo de antigua data (expte. 1466, "Ensicnk de Martín c/Caja de Jubilaciones y Pensiones de San Juan -Contencioso Administrativo-Inconstitucionalidad y Casación", del 5/12/1980; PRE 1980-III-509), ocasión en que se debió juzgar la aplicación inmediata de una nueva ley de jubilaciones (ley 4266), en cuanto suprimió el beneficio del retiro voluntario previsto en la anterior legislación (ley 2205), esta Corte señaló: "Cuando los hechos jurídicos, fuente o productores de derechos, como son la causa eficiente del nacimiento de éstos, se han consumado en la forma prevista en la ley, debe considerarse que han producido su efecto específico de crear un derecho pleno y no una mera expectativa. No se trata por cierto, de atender a la mera contingencia fáctica de un hecho -natural o humano- sino a la virtualidad jurídica que les asigna la ley, y cuando esa virtualidad se ha actualizado en la realidad, el efecto se ha concretado e individualizado, entrando a la categoría de situación pasada y consumada. Y entonces el legislador no puede desconocerla con posterioridad, porque no son consecuencias futuras de situaciones existentes, sino situaciones consolidadas con derechos adquiridos e incorporados al patrimonio de su titular con raigambre constitucional" (con cita de CSJN; ED, 72-595). Tal criterio fue ratificado con posterioridad por este Tribunal, con otra integración in re "Mallea, Alberto Enrique c/Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia-Contencioso Administrativo-Inconstitucionalidad y Casación" (14/9/1998; PRE S. 2ª, 1998-III-456).-------------- --- En sentido coincidente, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que para que exista derecho adquirido y, por lo tanto, se encuentre vedada la aplicación de la nueva ley, es necesario que su titular haya cumplido, bajo la vigencia de la norma derogada o modificada, todas las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular del derecho de que se trate, aún cuando falte la declaración formal de una sentencia o acto administrativo" (Fallos, 318:567).------------------------------------------------ --- V.6.b. En el sub examine, encontrándose aún vigente la ley 1834 (t.o. ley 5805 y 5979), el actor formuló el reclamo administrativo ante la Caja Mutual (4/10/2005), acreditando el cumpliendo de los pertinentes requisitos: ser jubilado, tener 65 años de edad como mínimo y haber sido aportante a la Caja durante el plazo de diez años (art. 26, inc. a', ap. 1, 2 y 3); y además, formalizó la opción por el seguro de supervivencia, por escrito y con firma certificada ante escribano (art. 26, inc. a', ap. 4).------------------------------------------------------ --- Valga destacar, a todo evento, que la recurrente no rebatió ante la alzada y tampoco en esta instancia, la consideración de la jueza de origen relativa a que el administrado había cumplido todos los requisitos para acogerse al beneficio del seguro de supervivencia (edad, aportes, ser jubilado y haber formalizado la opción), los que -en esas condiciones- se deben tener por cumplidos. Tiene dicho reiteradamente esta Corte que el recurrente debe hacerse cargo de todas las motivaciones y fundamentos que sustentan la conclusión, debiendo, en caso contrario, considerarse firmes esos puntos de la sentencia, con la inmutabilidad de la cosa juzgada, y en consecuencia, insusceptible de revisión en esta instancia extraordinaria (PRE 1968-121; PRE S.2ª, 1988-I-61; PRE S.1ª, 1990-I-141; PRE S.2ª, 1993-III-72).---------------------- --- Así, en el contexto fáctico definido por los jueces de mérito (art. 17, ley 59-O), y en el marco legal que específicamente aquí se analiza (ley 1834, art. 26, inc. a), a mi juicio no caben dudas de que el requerimiento formulado por el actor, acreditando el cumplimiento de los requisitos sustanciales y de forma establecidos por la ley (por escrito y con firma certificada por escribano), resultó determinante respecto de la situación jurídica del administrado; ergo, también definitorio del régimen jurídico aplicable. Es que al efectivizar el reclamo ante el organismo público pertinente, la "mera expectativa" del accionante de obtener el seguro de supervivencia se transformó -desde entonces- en un "derecho" incorporado a su patrimonio, vedando la posibilidad de que sea modificado o suprimido a su respecto por una ley posterior (art. 17, CN). En otras palabras: el acto personal y concreto de haberse presentado ante la Caja optando por el pago del seguro de supervivencia antes de su abrogación, que en los términos de la ley era un requisito para su otorgamiento (art. 26, ap. a', inc. 4), importó llevar a "acto" -dándole "virtualidad jurídica"- el derecho antes reconocido en abstracto en la ley como mera expectativa o "potencia", con lo cual consiguió concretar o consolidar el régimen jurídico aplicable a su caso. --- --- V.6.c. Por lo demás, el cuestionamiento de la Provincia vinculado a que no puede existir un "derecho adquirido" en la medida que al seguro de supervivencia sólo puede accederse en caso de verificarse superavit financiero del organismo, carece de virtualidad para modificar el sentido del fallo impugnado (art. 16, inc. 4, ley 59-O). Ello, en la medida que lo pretendido coincide con lo resuelto por la jueza de primera instancia -convalidado por el sentido de la sentencia de cámara- en cuanto se sujetó el "pago" del seguro (pretensión de condena) a la modalidad prevista en el artículo 26 de la ley 1834 (T.O. ley 5805 y 5979).-------------------------------------------- --- Recuérdese que la parte inicial del artículo 26 establecía una fuente de financiamiento específica para el pago del seguro de supervivencia, al señalar: "El seguro de supervivencia: Estará integrado por la diferencia mensual entre los aportes recaudados y lo abonado por la Caja Mutual en concepto de Seguro de Vida". A su turno, la parte final de la norma disponía: "el importe total resultante en concepto de este seguro se distribuirá entre los solicitantes, en cuotas mensuales, consecutivas y proporcionales al sueldo que percibe el afiliado como jubilado exclusivamente debiendo respetarse la proporcionalidad en cuanto a la distribución para los afiliados". Con la determinación de las reglas a las que debe ajustarse el pago del seguro de supervivencia, a la que hizo expresa alusión la magistrada de origen, queda en evidencia que ese pago resultará procedente sólo y en la medida que se verifique la existencia de superávit en el presupuesto de la Caja Mutual, lo que habrá de determinarse y liquidarse en la etapa de ejecución, como señaló la jueza. ---------------------------------------------- --- Es decir, la demandada no ha demostrado cuál es el perjuicio que provoca la modalidad de pago fijada en la sentencia. A todo evento, destaco que el agravio vinculado a la inexistencia de superávit tampoco resultaría admisible en esta instancia en razón de no haberse agraviado sobre este punto en ocasión de expresar agravios ante la alzada (art. 4, ap. 2, ley 59-O). --------------- --- V.6.d. Finalmente, considero que la solución que propongo adoptar es la que se adecua a las normas constitucionales (art. 75, inc. 23, Constitución Nacional; art. 57, Constitución Provincial) y a los estándares internacionales avanzados en materia de protección de personas de avanzada edad, como son las Reglas de Brasilia, conforme a las cuales el sistema judicial se debe configurar como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, con la certeza de que la edad avanzada constituye una causal de desprotección de la persona humana (CSJN, in re la CSJN "Itzcovich, 29/03/2005; "Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSeS", 6/5/2014; "Constantino, Eduardo Francisco c/ ANSeS s/ Reajustes varios", del 07/06/2016). ------------------ --- Tal protección se ha visto recientemente reforzada de la mano de la actuación de la Organización de Estados Americanos que, con fecha 15/6/2015, suscribió la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, disposición que ha sido aprobada por la República Argentina mediante ley 27.360 (B.O. 31/05/2017). Sus principios rectores -como son el derecho a una vida digna, atención preferencial y deferenciada, acceso a justicia, debido proceso y no revictimización- han sido adoptados en el ámbito de la Provincia de San Juan mediante ley 1687-S (B.O. 22/1/2018), en cuanto regula el abordaje preventivo, tratamiento y protección social del adulto mayor víctima de maltrato (arts. 1 y 4). ------------------------- --- Invoco la normativa que antecede por cuanto en el conflicto aquí suscitado ha quedado demostrado que el administrado (un adulto mayor) en el año 2005 cumplía con los requisitos sustanciales y formales para acceder al beneficio previsional que lo amparaba (ley 1834, t.o. ley 5805 y 5979) y que el seguro de supervivencia le fue negado pese a haber cumplido con aquellos recaudos. Ante esta situación, no tuvo otra opción que iniciar sendos procedimientos, tanto en sede administrativa como judicial, para finalmente tener que hacer frente a una reforma legislativa dictada casi diez años después (ley 8557; B.O. 7/1/2015) de su primera petición formal, reforma que vino a suprimir el derecho que antes ostentaba. Concluyo que el transcurso del tiempo, en el sub examine, no puede frustrar la expectativa del actor que, en tanto ejecutada conforme la ley, se convirtió en un derecho adquirido. Por lo demás, no puedo perder de vista que tanto los antecedentes legislativos (consid. decreto-acuerdo 694-G-44), como la jurisprudencia de este Tribunal (expte. 3589; "Laciar", 15/5/2007; PRE S.2ª, 2007-I-197; Expte. 4103, "Quiroga Horacio de la Cruz", 27/3/2008; PRE S.2ª, 2008-I-102) dan cuenta de que los seguros mutuales regulados en la ley 1834 (hoy, ley 42-A) tienen carácter alimentario y se hallan comprendidos en el concepto de "previsión social". --------------- --- Por los motivos expuestos, voto por la desestimación del recurso de inconstitucionalidad y por el rechazo del recurso de casación. ------------------------------------ --- LOS DOCTORES ADOLFO CABALLERO Y ANGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ DIJERON:-------------------------------------------- --- Por sus fundamentos, adherimos al voto precedente.--- --- De acuerdo con el resultado de la votación, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad y rechazar el recurso de casación planteado. II) Devolver al recurrente las copias para traslado acompañadas. III) Ordenar que se protocolice la presente, se agregue copia al expediente y se oficie al tribunal a quo a fin de remitir otra copia. IV) Notifíquese y, oportunamente, archívese el expediente. Fdo. José Abel Soria Vega, Adolfo Caballero y Angel Humberto Medina Palá. Ante mí: Julieta Mercado -Secretaria Letrada de la Corte de Justicia.

Df-6910 CS PRE S.2° 2018-I-113