Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06


GIANTI, Raúl contra O.C.A. S.A.

Reg.: A y S t 206 p 33-39.

En la ciudad de Santa Fe, a los seis días del mes de abril del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "GIANTI, Raúl contra O.C.A. S.A. -Cobro de Australes- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 477, año 2002). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gastaldi, Netri, Spuler y Vigo.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. Mediante resolución registrada en A. y S., T. 182, p. 77, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro contra la resolución n 57 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario por entender que los planteos de la recurrente -"prima facie"- resultaban idóneos para operar la apertura de esta instancia.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7.055, realizado con los principales a la vista, me conduce a rectificar esa conclusión provisional de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (fs.

534/535), según lo expondré seguidamente.

2. Surge de las constancias de la causa que, contra la resolución mediante la cual la Sala aclaró la sentencia de fondo en el sentido de extender la responsabilidad de la empleadora a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro por la indemnización de la enfermedad accidente del actor, dedujo dicha entidad recurso de inconstitucionalidad (fs. 392/408).

Los planteos giran en torno a dos aspectos que, en la postulación del recurrente, confluyen en la violación del artículo 99 del Código de Procedimiento Laboral de la Provincia. Por un lado, lo concerniente a la admisibilidad del recurso de aclaratoria -al haberlo admitido sin tener en cuenta que fue presentado fuera de término-, y, por otro, el sustancial desde que afirma que por vía de una aclaratoria se ha modificado el decisorio dictado en la causa. Refirió, en cuanto al primer tópico, que la sentencia fue notificada a la demandada en fecha 10.02.2000, y que aquélla pidió la suspensión de los términos en fecha 14.02.2000, es decir, transcurrió un día de la notificación -11.02.2000- a los efectos del plazo de vencimiento; notificada la reanudación de términos a la demandada en fecha 16.03.2000, interpuso la aclaratoria en fecha 21.03.2000, esto es, fuera del plazo hábil para solicitar dicho remedio.

En lo concerniente al denominado aspecto sustancial, adujo que en la aclaratoria el A quo no se limitó a corregir un error material o aclarar un concepto oscuro o a suplir alguna omisión que hubiere sobre las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio, sino que se produjo una revisión sustancial de la voluntad del Tribunal plasmada en el acuerdo 209, involucrando una serie de principios tales como el de la inmutabilidad de la sentencia, economía y celeridad.

Aseguró también que la resolución devenía incongruente, antipreclusiva y autocontradictoria, desde que no existió omisión de pronunciamiento del Tribunal en cuanto a la responsabilidad de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, porque no existió la petición en ese sentido de los apelantes contenidas en sus agravios, a la par de introducir un tema que no fue objeto de debate en segunda instancia.

Aseveró asimismo que el pronunciamiento resolvió cuestiones no planteadas, toda vez que la baja en el seguro no fue negada ni tampoco materia de apelación de parte de la demandada. Expresó -por otra parte- que al no condenarla en la medida del seguro -como lo legisla el artículo 118 de la ley 17.418-, vulnera la normativa que rige la materia y viola por ende los derechos constitucionales de propiedad y de defensa en juicio.

3. Como se adelantó, en este nuevo examen que prevé el artículo 11 de la ley 7.055, he de propiciar la inadmisibilidad del remedio intentado.

En efecto, aun cuando la apelante acusa la invalidez de la sentencia por presunta arbitrariedad como lesión de derechos y garantías de raigambre constitucional, de la detenida lectura del memorial introductorio y de los autos principales, en su confrontación con la resolución atacada, se desprende que los pretensos vicios endilgados solo trasuntan la mera disconformidad del recurrente, sin entidad constitucional, para con la decisión adoptada en el proceso en una materia reservada a los jueces de la causa como es lo atinente a la naturaleza y alcances de los recursos por ellos admitidos (Fallos: 302:82; entre otros).

Así, los planteos centrados en que por vía de aclaratoria se modificó la sentencia dictada en autos, como que la Sala cayó en incongruencia y dictó una sentencia antipreclusiva y contradictoria al resolver un aspecto -el de su responsabilidad- que no había sido motivo de agravios por los interesados y por ende no debatido en segunda instancia, carecen de sustancialidad para perfilar una cuestión constitucional.

En efecto, toda la problemática involucrada en este tópico gira en torno a los distintos hitos temporales tenidos en cuenta por los Magistrados que fallaron la causa para determinar la responsabilidad de las aseguradoras citadas en garantía. Una recapitulación de los principales actos procesales relacionados con el presente echará luz sobre lo efectivamente ocurrido y demostrará la inconsistencia de la postulación.

En esa tarea habrá de recordarse que el Juez de baja instancia hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada en autos y, en consecuencia, condenó a la accionada al pago de diversos rubros laborales originados en el despido del actor, como también a la indemnización por incapacidad parcial y permanente con motivo de una afección columnaria fijando su porcentaje en un 15% de la total obrera. Respecto de este último rubro hizo extensiva la condena a Omega Cooperativa de Seguros y exoneró a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (fs. 303/308).

A fin de determinar la responsabilidad de las aseguradoras consignó que Omega "mantuvo una relación asegurativa con vigencia del 15.7.89 al 15.7.90 y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro del 15.7.90 al 25.7.91 de lo que se sigue que -obviamente- esta última no debe responder". Siguió diciendo el Magistrado que "a diferencia de los accidentes, consecuencia de un hecho súbito y traumático las patologías consecuencias de las llamadas enfermedad-accidente se van instalando en el organismo de manera lenta, pausada, con el devenir de la propia y cotidiana prestación del débito, por lo que resulta claro que la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, que comenzó su relación asegurativa con la demandada principal en fecha 15.7.90 no debe responder habida cuenta que la ruptura del contrato de trabajo por despido directo se produce el 25.7.90, es decir, diez días después de comenzada la vigencia de la póliza" (fs. 306 vto. y 307).

Seguidamente, el Magistrado de primera instancia sostuvo: "rechazaré la declinación de la citación en garantía que efectúa Omega. Así, a pesar de que en su responde obrante a fs. 110 expresa que no existía relación de seguro a la época del siniestro, dicha circunstancia es totalmente falaz por doble motivo: primero, porque en el sub examine no analizamos un siniestro súbito y segundo que la póliza vinculante entre Omega y la empleadora tiene vigencia desde el 15.7.89 hasta el 15.7.90, atrapando temporalmente los momentos en que el actor comienza a percibir los síntomas de su patología columnaria, esto es, a comienzos de 1990" (íd.).

La sentencia, en lo que aquí concierne, fue apelada por Omega y por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (fs. 313 y 319, respectivamente), esta última solamente por la imposición de costas, postulando la aplicación del criterio del vencimiento (fs. 346/348).

Omega, por su parte, al expresar agravios cuestionó la interpretación del Juzgador al considerar que existía cobertura de su parte. Adujo que la toma de conocimiento de la enfermedad, única válida para determinar si está vigente la cobertura, ha quedado fuera de la vigencia de la póliza, no importando que se trate de un siniestro súbito o evolutivo, por cuanto la denuncia ante la aseguradora es el único medio de que dispone ésta para hacer jugar sus propios derechos frente al asegurado y frente al tercero.

Añadió, en esa línea, que debía interpretarse que durante la vigencia del contrato (15.7.89 a 15.7.90) no se produjo siniestro alguno (fs. 351/353).

También tachó de contradictoria la sentencia en lo concerniente a la exteriorización de la enfermedad, asegurando además que un hecho voluntario del actor sin comprobación alguna no puede constituir, "sin estar avalado por documentación de denuncia del supuesto malestar, en la fecha de exteriorización para determinar así la vigencia de la cobertura" (íd.). De la expresión de agravios de Omega se confirió traslado a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (f. 353 vto.). En su responde sostuvo, en lo esencial, que el fallo resultaba justo por cuanto se trataba de una dolencia de carácter crónico y la pericial médica informa que hacia junio de 1990 comenzó -el actor- con dolores en la cintura lumbar.

Afirmó que no hay contradicción en el decisorio toda vez que "el Sentenciante ha tenido en cuenta la pericial médica producida por el perito oficial, y que no ha merecido aclaratorias ni impugnaciones por parte de la quejosa, así también el señor Juez ha tenido en cuenta las fechas de vigencia de las pólizas. Es totalmente ajustado a derecho el criterio sustentado por el Señor Juez A-quo haciendo lugar a la declinatoria de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y condenando a Omega Coop. de Seguros, atento que a la fecha que el actor padeció de lumbalgia, se encontraba vigente la póliza de seguros de Omega Coop. de Segs.".

A ello agregó que "El actor ingresa a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro el 15.07.90 y el 27.07.90, envía telegrama comunicando dolencia de lumbalgia. Del 15 al 27 de julio hay 12 días de permanencia en el seguro y nos encontramos ante una dolencia de tipo crónico. En 12 días de aseguramiento no se produjo la supuesta lesión lumbar, ésta se produjo durante la vigencia de la póliza de Omega y es por ello que debe confirmarse la sentencia de primera instancia y no hacerse lugar a los agravios de la apelante, con expresa imposición de costas en ésta instancia" (fs. 355 vto. y 356).

La Alzada dictó sentencia revocando parcialmente la de baja instancia y exonerando, de consiguiente, a Omega Cooperativa de Seguros Limitada (fs. 366/372).

Para así decidirlo puntualizó que "el a quo ubica la exteriorización del siniestro, criterio que estima se debe tener en cuenta a los efectos de determinar la vigencia de la póliza respectiva, en la fecha en que el perito médico determina la aparición de la enfermedad (principios de 1990). Personalmente, en anteriores oportunidades, he coincidido con lo decidido por el a quo. Sin embargo, un nuevo examen de la cuestión me persuade que lo que debe tomarse como punto de partida no es la exteriorización de la enfermedad, sino de la incapacidad, que entiendo tiene su punto de partida en la promoción de la demanda, no pudiendo tomarse como tal la comunicación efectuada por el demandante mediante telegrama del 28.7.90, ya que a más de no haber sido reconocido el mismo por la empleadora, en él el accionante se limita a comunicar su enfermedad a la accionada, por lo que se debe receptar el agravio, revocándose la sentencia dictada en lo pertinente, desvinculando a Omega de responsabilidad en el presente" (f. 370 vto.).

Al tratar los agravios de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro -referidos a la imposición de costas por su orden- entendió que era correcto el razonamiento del inferior en cuanto había considerado que existía razón plausible para litigar pues en la demanda no se había precisado fecha alguna de exteriorización del infortunio (f. 370 vto.).

Notificada que fue la decisión de Alzada, la demandada (O.C.A. S.A.) solicitó aclaratoria de la misma (f. 383). Dijo, en este sentido, que su parte oportunamente citó en garantía a Omega y a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y que la sentencia de la Sala desvincula a Omega pero nada dice respecto de la otra aseguradora, por lo que peticiona se aclare que la responsabilidad se hace extensiva en función de los términos de póliza y lo normado por el artículo 118 de la ley 17.418, a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

Dicho remedio fue acogido favorablemente por el Tribunal en la inteligencia de que se había incurrido en una omisión respecto de la responsabilidad de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, tema que había sido objeto de debate en segunda instancia (f. 384).

Afirmó, en esa línea, que "hallándose vigente la póliza de esta aseguradora al momento de la exteriorización de la incapacidad (plazo de vigencia 15.7.90 al 15.7.91 no habiendo la citada acreditado que la empleadora hubiera solicitado la baja el 28.7.90 tal como lo afirma), corresponde hacerle extensiva la responsabilidad de la empleadora de conformidad con lo dispuesto en el art. 118 ley 17.418".

Tal como se desprende del relato precedente la Sala, analizando la cuestión de la responsabilidad de las aseguradoras, hizo mérito de que el Juez de baja instancia había asignado carácter determinante a la fecha de exteriorización de la enfermedad informada por el perito médico, aclarando que si bien en anteriores oportunidades había participado de ese criterio, un nuevo examen del tema la llevaba al convencimiento de que debía tenerse en cuenta la exteriorización de la incapacidad, la que ubicó en la promoción de la demanda.

Fundados en tales razones los Judicantes entendieron que, no estando vigente ya la póliza con Omega a esa época, correspondía eximirla de responsabilidad, pero omitieron, no obstante el tratamiento brindado, incluir en la parte dispositiva del acuerdo lo concerniente a la responsabilidad de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, extremo que luego, por vía de aclaratoria, subsanó haciéndole extensiva la condena a esta entidad.

Esta reseña demuestra claramente que ninguna modificación de la sentencia puede predicarse puesto que responde a la lógica más elemental que si para la Sala lo determinante era la fecha de exteriorización de la incapacidad que fijó en la promoción de la demanda y ello motivó la exoneración de Omega, la contracara de ese razonamiento era la responsabilidad de la Caja tal como lo aclaró en el auto ahora impugnado el que, por ello, se subsume en las previsiones del artículo 99 del Código Procesal Laboral. En tales condiciones, la extensión de la responsabilidad a la aseguradora aparece como una consecuencia o derivación necesaria de un punto discutido en la causa y contenido en los considerandos, que no altera el sentido primitivo de la sentencia, al contrario, la perfecciona y completa sin transformarla. Tales particularidades distinguen el presente de las circunstancias que esta Corte tuvo oportunidad de conocer y decidir in re "San Cristóbal" y "Bernaechea" (A. y S., T. 96, p. 312 y T. 161, p. 369) pues, al contrario de lo que aquí acontece, en tales antecedentes los respectivos tribunales habían modificado el contenido de sus decisiones por vía de aclaratoria, excediendo de tal suerte sus atribuciones.

De las consideraciones "supra" efectuadas se sigue que las tachas sobre incongruencia y sentencia antipreclusiva y contradictoria que la quejosa apoya, esencialmente, en que el tramo de la sentencia de primera instancia que había rechazado su citación en garantía no había sido motivo de agravios ni debatido en segunda instancia, tampoco exhiben asidero para franquear esta instancia de excepción.

Es que estos planteos, a más de reposar en una visión estrictamente formalista del decisorio, contrastan directamente con las propias constancias de la causa. Ello así, habida cuenta que el tema de la responsabilidad de las aseguradoras integró la litis desde la citación en garantía que formuló en baja instancia la demandada, llamando a juicio a las dos compañías de seguro ante la indeterminación de la fecha de exteriorización del infortunio en el escrito de demanda.

A ello se suma que la propia recurrente, al responder el traslado que de los agravios de Omega le confirió la Sala, expresamente bregó por la confirmación del criterio del Juez inferior expresando argumentos tendentes a demostrar que correspondía la condenación de Omega y defendió la ausencia de responsabilidad de su parte en función del tipo de dolencia denunciado por el actor y de la sucesión en el tiempo de las respectivas pólizas.

Siendo ello así, el apelante no logra perfilar un caso de incongruencia que habilite la vía intentada desde que, tal como quedó expuesto, la temática sobre la responsabilidad de una u otra de las aseguradoras fue debatido en ambas instancias del proceso, lo que aleja la idea de que podría estar comprometida la garantía de defensa de la impugnante.

Cabe descartar, finalmente, la tacha atinente a que se resolvieron cuestiones no planteadas (la baja del seguro) por cuanto refiere a aspectos probatorios y a la conformación de la materia litigiosa, aristas "prima facie" extrañas al remedio extraordinario y sobre las cuales no se logra perfilar un supuesto de arbitrariedad (Fallos: 270:162; 271:402; 276:111; 310:2709; 311:104 y 1002; 314:725; A. y S., T. 139, p. 403; T. 161, p. 135, entre otros).

Por último, los agravios concernientes al cómputo del plazo y consiguiente admisibilidad de la aclaratoria deben ser liminarmente desechados desde que involucran una temática de neto corte procesal y, como tal, ajena por principio al remedio extraordinario salvo arbitrariedad, lo que no se demuestra que acontezca en la especie habida cuenta que la quejosa no logra persuadir que se verifique un supuesto de error manifiesto legal o de cómputo, máxime cuando las razones brindadas por el A quo en el auto denegatorio no aparecen desmerecidas, desde el plano constitucional, por los embates del recurrente.

Adviértase que los Juzgadores reputaron que el decreto por el cual se tuvo por interpuesta la aclaratoria (f. 383) no fue objetado por la impugnante, a lo que sumaron que, en razón de la firmeza de ese decreto, si se atendiera el planteo de la apelante se caería en la imposibilidad de resolver una aclaratoria que fue admitida.

Esas motivaciones, más allá de su mayor o menor grado de acierto, no lucen como irrazonables o portadoras de defectos tales que ameriten su descalificación constitucional, máxime cuando, como se dijo, refieren a una arista extraña a la impugnación extraordinaria como es el examen de la temporaneidad de un medio recursivo ordinario en función de la conducta procesal de las partes.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)