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Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentos suficientes, juegos de azar, QUINI SEIS, contratos, contratos de adhesión, contratos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GALIAN, ERNESTO Y OTRO c/ CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL Y/U OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRACTUALES   (EXPTE.: C.S.J. NRO. 127 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-29

Corresponde declarar improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia que eximió de responsabilidad a la Caja de Asistencia Social de la Provincia frente a los actores damnificados, desde que los agravios sólo traducen la disconformidad con la solución arribada por la Alzada, al sostener que "es preciso deslindar y diferenciar las relaciones entre el ente organizador del juego y la Agencia receptora de las jugadas, y la que existe entre ésta última y el apostador", agregando que "la primera consiste en un contrato de naturaleza administrativa, regido por el Derecho Administrativo, independiente del atípico o innominado, de derecho privado que se da en el segundo.

Que a través de éste el apostador presta adhesión a la reglamentación que rige el juego, con la intervención de la Caja, pero tal circunstancia no afecta a la autonomía de la relación contractual que la vincula a la Agencia.

Sí, en cambio, hace que le sea oponible la cláusula de irresponsabilidad emergente del Reglamento, respecto de la organizadora del juego, en razón de la adhesión aludida que implica la aceptación de todo lo regulado reglamentariamente, y en que la cláusula en cuestión deslinda la responsabilidad de la Agencia de la Caja, tratándose de perjuicios provenientes de hechos de aquélla en la ejecución de su contrato con el público". (Del Voto de la Mayoría)
Tribunal de cuentas, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Luca, José Roberto c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda de nulidad del art. 26 de la ley 4373 y sus acumuladas B.  50.046 y B. 50.047
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

El Tribunal de Cuentas ejerce funciones específicas en el marco del denominado "Derecho de la contabilidad del Estado", con competencia en todo lo concerniente al control de la actividad económico -financiera de los municipios y, a la preservación de sus patrimonios, y entre las atribuciones que le han sido encomendadas y que son de su estricta competencia por expreso mandato constitucional -arts. 159 incs. 1 y 2 y  191 inc. 5-, cabe mencionar las referidas al ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de los funcionarios y empleados responsables de la administración de los fondos públicos municipales y justamente a través de las "sanciones" pecuniarias se puede lograr "prevenir" futuras irregularidades. (Minoría u opinión personal)
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, habilitación de instancia, agotamiento de la instancia administrativa, demanda, interposición de la demanda, oportunidad procesal, reclamo administrativo previo, control de legalidad, interés público, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Latinconsult S.A. Proel Sudamericana S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Bs. As. s/ Cobro de pesos de la Ciudad de Bs. As. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-10

La habilitación de la instancia ha sido definida como un trámite propio y excluyente de las contiendas contencioso administrativas a través del cual el juez, al inicio del proceso, verifica si se ha dado cumplimiento a determinadas condiciones para que la demanda sea admisible. Dichas condiciones se resumen, fundamentalmente, en el agotamiento de la instancia administrativa y la interposición de la acción dentro del plazo de caducidad previsto por la ley. La exigencia de agotar la instancia administrativa previamente a deducir demanda judicial tiene por objeto que los órganos administrativos competentes examinen las pretensiones de los administrados, a fin de evitar juicios innecesarios (Fallos, 230:509). Se ha dicho, asimismo, que la reclamación y la decisión administrativa previa son necesarias para determinar el objeto del juicio; evitar un pleito produciendo una etapa conciliatoria anterior al mismo; dar a la Administración la oportunidad de revisar el asunto y revocar el error; promover el control de legalidad y conveniencia de los actos; y permitir una mejor defensa del interés público (Diez, Manuel M., Derecho procesal administrativo, Plus Ultra, Buenos Aires, 1996, pág. 228).

Sin embargo, ello no permite sostener que el ordenamiento normativo vigente establece como principio general la necesidad del agotamiento de la vía administrativa en todos los casos en que se ejerza una acción contencioso administrativa, al margen de expresa previsión legal. Por el contrario, corresponde recordar que toda persona tiene derecho a ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia (CSJN, Fallos, 288:64), y que este derecho de acceso a la jurisdicción consagrado en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 12 inciso 6 de la Constitución del a Ciudad de Buenos Aires -además de numerosos tratados con jerarquía constitucional- impide al intérprete crear limitaciones en el acceso a la instancia jurisdiccional que no surjan de manera clara y precisa de la propia ley.
Divorcio, injurias graves, prueba confesional, reconocimiento de los hechos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Reinaga, Faustina Julia Rivera de c/ Reinaga, Julián s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-10-05

La declaración de la rebeldía no opera como un salvoconducto que abra la compuerta de la procedencia irrestricta y torne admisible cualquier pretensión, por peregrina que ésta sea. Así surge del art. 60 del C.P.C al establecer que la rebeldía no alterará la secuela normal del proceso. No obstante la rebeldía declarada, el Juez debe fallar de acuerdo a la procedibilidad de los hechos y a un correcto encuadre del derecho.

En efecto, en una acción de divorcio, la ley ha sido especialmente cuidadosa regulando aspectos procedimentales, y así ha limitado expresamente la eficacia de ciertos actos, -concretamente la prueba confesional y el reconocimiento de los hechos-, negándoles suficiencia en todos los casos, salvo cuando el divorcio reconoce como causales la separación de hecho sin voluntad de unirse durante más de dos o tres años, según sea la acción de separación personal o de divorcio. En consecuencia, si la misma prueba confesional emanada de la parte, o el reconocimiento expreso de los hechos por parte de la demandada, no pueden ser tenidos por suficientes en casos de divorcio por injurias graves como el que ahora nos ocupa, mucho menos aún se puede tener por suficiente la rebeldía del demandado a efectos de la confesión ficta.
Deber de imparcialidad, jueces naturales
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE DE RECUSACION CON CAUSA INTERPUESTO POR EL DR. CESAR BARRAJO EN AUTOS EXPTE. No. 166/2004 - ROMERO SAUL VICENTE S.D. USURPACION DE PROPIEDAD E.P. GONZALEZ MARIA EUGENIA s/ RECUSACION CON CAUSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-27

La garantía de juez imparcial, en sintonía con los principios de juez natural e independencia judicial, debe ser interpretada como una garantía del justiciable que le asegure plena igualdad frente al acusador y le permita expresarse libremente y con justicia frente a cualquier acusación que se formule contra aquél.
Presunciones, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Martin, Edgardo Derly c/ Municipalidad de Rawson y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-09-27

En nuestro derecho las presunciones, fundadas en hechos debidamente acreditados, son tan prueba como los restantes medios reglados por la ley.
Matrimonio ilegal, falsedad ideológica, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: MOLFINO, JUAN CARLOS s/ MATRIMONIO ILEGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-12-14

Por los dichos del procesado, corroborados por los de su ilegítima segunda cónyuge, puede admitirse que aquél le dijo a ésta, antes de contraer enlace, que ya se encontraba casado. Si se tomó o no a broma esa aserción, y si medió, por ende, ocultamiento al otro contrayente del impedimento de ligamen que causaba la nulidad absoluta del matrimonio celebrado entre ambos, es un aspecto que en el caso no ha podido dilucidarse, por lo que en virtud del principio beneficiante del art. 13 C.P.C. hay que aceptar que los dos conocían el impedimento. Por otra parte, la supervivencia del cónyuge anterior no es elemento constitutivo del delito, ni, por ende, materia de prueba por la acusación, pues los arts. 134 y 135 del Cód. Penal sólo exigen el conocimiento de la existencia de impedimento que cause la nulidad absoluta del matrimonio, por lo que, obviamente, sólo corresponde determinar si el imputado tenía conocimiento de la falta de acreditación de la muerte de la esposa, porque aunque se tuviere la certeza absoluta del fallecimiento, subsistiría el ligamen hasta que se registrase la defunción o un juez la ordenare. Y en el caso ni siquiera se arguye que se tuviere la noticia de la posible muerte de la esposa legítima. Se ha configurado, así, el delito de matrimonio ilegal bilateral y, además, el de falsedad ideológica de instrumento público, que concurre idealmente con aquél.
Sanciones disciplinarias, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Valente, Jorge Néstor c/ Banco Municipal de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

La circunstancia de que el sumario previo no fuera requerido por la norma municipal a los fines de la aplicación de la sanción consistente en suspensión del agente, no autoriza a la comuna empleadora al dictado de un acto que no reúna los requisitos esenciales al efecto, en especial, la suficiente motivación concretada en la recepción clara y precisa de la causa realmente configurada y el encuadre normativo adecuado. La falta de coherencia entre los antecedentes del acto y las conductas descriptas en el mismo para justificar la sanción, constituyen datos suficientes para admitir la ilegitimidad que se atribuye al ejercicio de la potestad disciplinaria.
Ejecución fiscal, excepciones procesales, inhabilidad de título, declaración jurada rectificativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional - Dirección General Impositiva - c/ Coop. Agrícola Ganadera de Lobería s/ ejecución fiscal.°
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-21

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazó la ejecución fiscal, si no puede sostenerse en el caso que la deuda sea manifiestamente inexistente, habida cuenta de que las declaraciones juradas rectificativas, en las que se sustenta el título que encabeza la ejecución, fueron suscriptas por el presidente del consejo de administración de la cooperativa, a quien en principio corresponde la representación de la entidad (confr. art. 73 de la ley 20.337).
Obligaciones, imposibilidad de pago, daños y perjuicios, interpelación
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANIN R. c/ BALTO S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-18

La conversión establecida por el Código Civil 889 se produce "ope legis : no se justifica exigir al acreedor la reiteración formal del reclamo de cumplimiento en especie deduciendo la acción pertinente, a efectos del ejercicio subsidiario de la acción de resarcimiento.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, reglas de la sana crítica, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Valdéz, José María s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-09

Es improcedente el agravio en el que invocando el art. 226, 2do.

párrafo in fine del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) sólo se expresa, dogmáticamente, que las pruebas de autos no acreditan la violación y el robo.
Cheque, cheque de pago diferido
Materia: PENAL
Carátula: Casado, Raul s/ Infracción art. 302 inc. 1° C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1992-03-24

Para el Derecho Penal el cheque se erige como un instrumento mediante el cual se pueden cometer delitos y de lo que se trata aquí no es tanto de proteger el interés particular sino el público . El bien jurídico tutelado en este campo es la fe pública, por ello el hecho de consignar o no la fecha en el momento de librarlo pierde la importancia que tiene en el ámbito comercial porque aun sin fecha el cheque puede servir para afectar ese interés público que la ley penal trata de proteger.
Procedencia del recurso, condena de efectivo cumplimiento, sustitución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Coronel, José Antonio c/  s/ hurto en tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-26

Corresponde casar la decisión que dispuso que una vez que se encuentre firme la condena de tres meses de prisión de efectivo cumplimiento y sustituirla por la realización de trabajos no remunerados para la comunidad solicitado por la defensa, pues si bien el a quo procuró fundar su negativa en la aplicación de los artículos 35, inc. f) y 50 de la ley 24.660 en tanto no tuvo en cuenta los efectos colaterales nocivos de la pena de encierro efectivo, y de esta manera, obvió el criterio de excepcionalidad que debe regir en cuanto a la negativa a la sustitución de una pena de prisión por la realización de tareas comunitarias, pues tal como en definitiva concluyó en su momento la Corte Suprema respecto a la negativa a disponer una condena de ejecución condicional, dicho criterio obliga a la jurisdicción a dictar sus fallos, como señaló el Tribunal, ".en términos de una derivación razonada del derecho vigente conforme a las constancias de la causa para resolver sobre una pena a cumplir en prisión." (voto del juez Huarte Petite)
Responsabilidad civil, daños y perjuicios, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Freire, Ricardo Amadeo c/ Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada y otro s/ sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-03

La privación de uso de un rodado motivada en el acaecimiento de un accidente de tránsito produce en sí misma para su dueño un daño indemnizable. La procedencia de la indemnización no requerirá prueba del perjuicio, pues con motivo del evento, el damnificado se ha visto privado de utilizar una cosa destinada a ser usufructuada, de manera que se ven reducidas no sólo sus posibilidades de traslado, sino también las de esparcimiento.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, inconstitucionalidad, interpretación de la ley, condena anterior
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ RIVEIRO, Eduardo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-27

La inconstitucionalidad dispuesta anteriormente por la sala nunca fue del art. 316, C.P.P.N., sino de la interpretación "iure et de iure" que se había efectuado en el caso (*).

Para otorgar la excarcelación de un imputado deben analizarse los peligros procesales del art. 280, C.P.P.N. El solo hecho de una condena anterior no puede valer como presunción en contra del imputado, más aun teniendo en cuenta que no hay otro elemento que permita objetivamente inferir que no habrá de presentarse ante el tribunal.

Por ello, debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad del art. 316, C.P.P.N. y concederse la excarcelación.
Régimen penal cambiario, Régimen Penal Administrativo, recurso de apelación (procesal), producción de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: GALILEO ARGENTINA C.I.S.A. s/ Régimen penal cambiario, Recurso de Queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-08

1- El art. 9 del régimen penal cambiario (Ley 19359 (t. o. 1982) contempla expresamente el caso de pruebas denegadas por la autoridad administrativa en el proceso por infracción cambiaria, dando lugar a que el tribunal haga mérito de su pertinencia al conocer en apelación de la resolución definitiva y siempre que el interesado manifieste su insistencia al interponer el recurso. Dado que la existencia de esa previsión implica que el gravamen que una providencia como la que motiva la queja pueda ocasionar no sea irreparable, la apelación no debe concederse en conformidad con el art. 8 inc. e del citado régimen penal cambiario (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).- 2- El mecanismo creado por la ley cambiaria es, de alguna manera, similar al que rige en los juicios criminales ordinarios en los que la revisión en alzada de las providencias sobre producción de pruebas no es sustanciada hasta concluir la tramitación del juicio (Cf. art. 477 del Código de Procedimientos en Materia Penal (Ley 2372)). (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).
Falsificación de instrumento público, falsedad ideológica, oficial notificador
Materia: PENAL
Carátula: MARQUEZ, Ramón E. s/ FALSIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-18

Comete el delito de falsedad ideológica en instrumento público, conforme el art. 293, C.P., el oficial notificador del Poder Judicial que insertó en diversas cédulas de notificación, la falsedad de afirmar que no pudo notificar las mismas por ausencia de moradores, cuando las pruebas desvirtuan este extremo.
Honorarios del perito, pautas, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GANEM ANTONIO CESAR EN J° 14.343/38.335 ALVAREZ ARMANDO N. Y BLANCO ADRIANA E. POR SI Y POR SU HIJA MENOR R. BLANCO (EXPTE. N°  88.113 ) c/ MOLINA RAMNO T. Y OTS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOIS S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-06-15

Al fijar honorarios al perito, debe ponderarse, si su labor ha sido concluida o no, merituar su utilidad y apreciarse su valor e incidencia probatoria en el proceso, teniendo presente que se devengan honorarios, aún en caso de escasa o nula incidencia de la pericia en la decisión adoptada y que el honorario máximo de la labor pericial se traduce en un tercio de lo que le correspondería al patrocinante de la parte ganadora en todo el proceso.

Al establecer el monto final del juicio, la transacción fija la base a considerar para practicar las regulaciones de los profesionales actuantes resultando tales principios enteramente aplicables a los honorarios de los peritos desde la reforma del art. 505 C.C., que refiere a los "honorarios profesionales de todo tipo", sin disquisiciones según se trate de profesionales del derecho o de otras ramas científicas.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, incidente de nulidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hujoca, S.A. c/ Torres, Estanislao s/ Tercería de dominio en: Alderete y otros contra Cestaños S.R.L.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

La decisión del Tribunal que desestima el incidente de nulidad de todo lo actuado por el letrado del tercerista, admitiendo la representación actora, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Municipalidad, personal municipal, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vega, Roberto Maciel y otros. c/ Municipalidad de Viedma s/ RECLAMO S/CASACIóN (INAPLICABILIDAD DE LEY). -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-10-01

No puede afirmarse que existe asimilación legal entre los arts.

2do. inc.d) -personal contratado cuya actividad está regida por convenios colectivos de trabajo o leyes reglamentarias de la actividad profesional respectiva- y el art. 4to.-personal transitorio- del Estatuto y Escalafón Municipal aprobado por Ordenanza 2071/87 de la Municipalidad de Viedma. Ello aparece evidenciado: a) porque si existiera subsunción legal de ambas normas, el art. 11 -que establece la estabilidad de los empleados municipales exceptuando, entre otros, las personas comprendidas en los arts. 2do. y 4to. -no mencionaría el art. 4to, sino que bastaría con la mención del art. 2do-; y b) porque el art. 11 no se remite únicamente al 2do. inc. d) sino que comprende a todo ese dispositivo en sus diversas hipótesis que van desde las designaciones políticas hasta las categorizaciones que por su rango y naturaleza deben resultar excluídas.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, sufragio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Fundición Renacimiento c/ Alvarez, Herminio s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad -Cobro de   pesos - Daños y perjuicios (Expte.: C.S.J. Nro. 1684 año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

Al juzgarse la constitucionalidad del artículo 26 de la ley 10160, se ha sostenido que dicha norma no pugna en modo alguno con lo dispuesto por el artículo 24 del mismo texto legal, ni con lo establecido por el artículo 84 de la Constitución de la Provincia.

Así, aún cuando con dos voto pueden resolverse válidamente las causas en segunda instancia, ello no significa que alguno de los miembros de la Cámara puede quedar descartado a priori del estudio de la causa, pues tal doctrina refiere a la hipótesis de la potestad que tiene el tercer Vocal de abstenerse de votar, sin haber eludido el estudio del expediente. Así, si en el caso, al Vocal que le corresponde informar en tercer término manifiesta que habiendo advertido que existen dos votos totalmente coincidentes, se abstiene de emitir opinión sobre la cuestión planteada en virtud de lo dispuesto por el artículo 26 de la ley 10160, ha hecho una opción que se ajusta a la interpretación que la Corte local efectuara del citado artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto que el Vocal que estudió la causa en tercer término hizo uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, lo cual se corresponde con la normativa cuestionada.
Pagaré, presentación al cobro
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE JUJUY c/ ATAHUALPA S.R.L. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-06-26

Tratándose de un pagaré con vencimiento en día fijo, con cláusula sin protesto y pagadero en el domicilio del deudor, el acreedor no tiene a su favor la presunción de haberlo presentado al cobro en la fecha de su vencimiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acto administrativo, desviación de poder, Administración Pública, interés público, comuna, personal municipal, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Ruben Carlos c/ Comuna de Romang s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 183-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-20

Cabe rechazar el agravio del recurrente que endilga al acto que dispuso su cesantía ser la consecuencia de animosidad y fin persecutorio de las nuevas autoridades comunales -el que, de configurarse, podría ser considerado supuesto abstracto de desviación de poder-, cuando éste no ha acompañado prueba alguna que permita tenerlo por acreditado ni existe elemento alguno que sugiera la posibilidad de persecución de un fin diverso del interés público.
Corredor inmobiliario, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-26

El planteo, tal como fue desarrollado, busca obtener del TSJ una declaración acerca de si los corredores inmobiliarios están, o no, alcanzados por la exención del impuesto sobre los ingresos brutos, pretensión que excede las competencias de los órganos del Poder Judicial, incluso las que la CCBA le acuerda al TSJ en el marco de la acción declarativa de inconstitucionalidad. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).