Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-07-08


En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 8 días del mes de julio de dos mil dos, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Roland ARAZI, Carmen CABRERA de CARRANZA y Graciela MEDINA, para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: "Cova, María Eugenia y/o c/Cesa, Daniel Héctor y/o s/ejec. Hipotecaria", y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. MEDINA, ARAZI y CABRERA DE CARRANZA, resolviéndose plantear y votar la siguiente: ¿Debe modificarse la sentencia apelada V O T A C I O N A LA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZ DRA. MEDINA, DIJO: 1. La actora apela a fs. 38 la sentencia de fs. 36/7. Concedido el recurso de apelación, lo funda con el memorial de fs. 39/48 y corrido traslado de dicha fundamentación, no obra respuesta de la contraria.

2. Se agravia la recurrente por cuanto la señora Juez a-quo mandó llevar adelante la ejecución convirtiendo de oficio en pesos la suma total u$s 40.000 ,que fue el monto intimado, razón u$s1 = $ 1.

3. De la exposición de los agravios surge claro que la cuestión a resolver en el presente consiste en si corresponde pesificar las obligaciones en mora al 6-1-2002.

4. Previo al desarrollo de la temática a abordar considero necesario realizar una descripción de las circunstancias de hecho que constituyen la plataforma fáctica ANTECEDENTES FACTICOS 5. Esta ejecución hipotecaria fue iniciada el 17/7/2001 como consecuencia de la falta de pago de los intereses y capital por parte del deudor, puesto que se había pactado la devolución de capital al cabo de un año de la firma del mutuo hipotecario, hecho sucedido el día 16/5/2000, y el pago mensual de cuotas de intereses, venciendo la primera el día 17/5/2000, cumpliendo el deudor hasta el día 17/3/2001, fecha en la cual incurrió en mora. No obstante ello, la señora Juez a-quo decidió "pesificar" la deuda y condenar al ejecutado a abonar la suma intimada, en pesos ¿CORRESPONDE PESIFICAR LAS OBLIGACIONES EN MORA?.- 6. Adelanto mi opinión en sentido negativo al interrogante inicial. Considero que no corresponde pesificar las obligaciones en mora, porque existen razones impeditivas que surgen de las mismas leyes de emergencia, del Código Civil y de la Constitución.

7. Comenzaré mi desarrollo desde las fundamentos que surgen de las leyes de emergencia, que son las mas actuales, para luego fortalecer la decisión con las normas que fluyen del ordenamiento privado que no han sido derogadas por la pléyade de disposiciones coyunturales, y finalmente trataré el tema Constitucional.

LAS ÚNICAS OBLIGACIONES QUE SE PESIFICAN SON LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES A PARTIR DEL DÍA 6 -01-02.- 8. La ley 25.561 establece en su art. 11 que: "las obligaciones dinerarias exigibles desde la fecha de promulgación de la presente ley, originadas en contratos celebrados entre particulares, sometidos a normas de derecho privado, pactados en dólares u otra moneda extranjera o en los que hubiesen establecido cláusulas.... serán pesificadas.

9. De la norma antes transliterada surge claro que las únicas obligaciones pesificadas son las exigibles a partir del 6 de enero del 2002, no las que ya eran exigibles con anterioridad.

10. Puede llegar a sostenerse que la ley 25.561 no se encuentra vigente o ha sido derogada por el decreto 214. Esto resulta impensable porque las leyes no se derogan sino por ley, y además porque el decreto 320 en su artículo 1ro hace expresa mención a que la aplicación del decreto 214 del 3 de febrero del 2002 se refieren a las restructuradas por la ley 25.561.

11. En definitiva las obligaciones pesificadas son las exigibles a partir del 6 de enero del año 2002 por expresa disposición del art. 11 de la ley 25.561; como la deuda reclamada en autos era exigibles con anterioridad a dicha fecha, debe pagarse en la moneda de origen.

LAS OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 12. El art. 617 del Código Civil reformado por la ley 23.928, no ha sido reformado. Es decir que rige el texto que dice " si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerase como de dar sumas de dinero" 13. No sólo no ha existido una derogación tácita de esta norma sino que por el contrario la ley 25.561 en su art.5 dice "Mantiénese, con las excepciones y alcances establecidos en esta ley la redacción prevista en el artículo 11 de la ley 23.928 para los artículos 617, 619 y 623 del Código Civil".

14. Cabe recordar que el art. 619 establece "que si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada el día de su vencimiento".

15. Con la vigencia de la ley 25.561 se liberará dando la especie designada siembre que la obligación hubiera vencido antes del 6 de febrero del 2002, sino las deudas se pesifican $1 a un valor de u$s 1.

16.Como las obligaciones pactadas en el mutuo hipotecario vencieron con anterioridad a la fecha fijada por la ley 25.561 son de estricta aplicación los arts. 617 y 619 del Código Civil y el deudor sólo puede liberarse entregando la calidad de moneda a la que se obligó.

17. En efecto; el acreedor, al contratar, tiene la expectativa de que su crédito ha de ser satisfecho con el cumplimiento exacto de la prestación (art. 740 del Cód. Civil), particularmente en la moneda pactada en razón de la legislación que amparaba ese interés al momento en que se constituyó la deuda. Pero en virtud de la normativa actual no será pagado con esa moneda sino con otra que no entenderá como equivalente, constituyéndose en una inexacta pretensión de cumplimiento por ser representativa de un menor poder adquisitivo (Mallo Rivas, Notas con motivo del decreto 214/02, en El Derecho, diario del 5 de abril de 2002).

E) MORA Y PESIFICACIÓN 18. Las leyes de emergencia económica no han derogado el derecho privado nacional, por lo tanto hay que tener en cuenta que el régimen de la mora sigue vigente en la Argentina y compatibilizar las normas sobre mora con el régimen de pesificación.

MORA Y RESPONSABILIDAD CIVIL 19. La mora del deudor constituye uno de los presupuestos que determinan la responsabilidad civil del deudor que no cumple con sus obligaciones en el tiempo asignado en virtud del art. 508 del Código Civil. ( Conf. ALTERINI, Atilio Aníbal; AMEAL, Oscar, LOPEZ CABANA, Roberto " Derecho de las Obligaciones civiles y comerciales" ed. Abeledo Perrot, p 177. , Wayar ob. cit. p. 578, BORDA, Guillermo " "Tratado de Derecho Civil" Obligaciones T I . N 76 p 74, LLAMBIAS Jorge Joaquín " "Tratado de Derecho Civil" Obligaciones T I . N 132).

20. En efecto; el art. 508 del Código Civil establece que el deudor es responsable " por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de la obligación".

21. En el caso en que el deudor estuviera en mora con anterioridad a la vigencia de la ley de emergencia económica e el moroso quien debe los daños al acreedor y mal puede decirse que indemniza el daño que causa, el deudor que paga con una moneda de un valor tres veces menor al que se obligó.

22. De admitirse la pesificación de las obligaciones en mora antes de la vigencia de la ley 25.561 al acreedor no solamente no se le pagaría el daño que le produjo la mora hasta ese momento, sino que se le sumaría un nuevo daño, cual es la devolución del crédito a una moneda envilecida. Así lo pone de manifiesto MOEREMANS al decir condenar a pagar un dólar a $1,40 cuando al momento de escribir estas líneas el valor del dólar supera los $3,40 no nos parece que sea una solución justa pues sigue cayendo sobre las espaldas del acreedor la pérdida mayor, es decir, no vemos en la solución ni siquiera un reajuste equitativo (MOEREMANS, Daniel E., ver comentario a fallo titulado "Los efectos de la mora anterior a la pesificación establecida en el Decreto 214/02", La Ley, Suplemento Especial Pesificación, suspensión de las ejecuciones, Ley Antigoteo, p.44.

23. Cobra relevancia el viejo plenario de la Cámara Nacional Civil del 9 de Setiembre de 1977 " La Amistad S.R.L. c/Iriarte, Roberto C. que declaró que "Corresponde revalorizar una deuda de dinero en relación con la depreciación monetaria en el caso de que el deudor hubiere incurrido en mora" (CNCiv LL 1977 -D-1).

24. En este caso, encontrándose en mora el deudor no puede desobligarse pagando menos de lo que debía al momento de la mora.

G) MORA Y TRASLACION DE RIESGOS 25. Existe un principio general de derecho que establece que la cosa se pierde para su dueño, esto viene del derecho romano y se expresa con la frase latina " res perit domino". De esta norma se sigue que los riesgos que afectan la prestación las asume quien reviste el carácter de dueño, salvo que la cosa no la tuviera el dueño en virtud de la mora de quien debía entregársela, en cuyo caso la pérdida o contingencia la sufre quien hubiese incurrido en mora.

26. "La solución se justifica porque la situación de mora genera la traslación de los riesgos que pendían sobre el propietario, hacia el patrimonio del deudor constituido en mora " ( Wayar, Ernesto Tratado de la Mora" p. 588). Ello por aplicación de la regla contenida en el art. 513 del Código Civil que dice el caso fortuito libera al deudor de toda responsabilidad salvo que el deudor esté constituido en mora.

27. Aplicando lo antedicho al tema que nos ocupa, si consideramos que el cambio del régimen monetario y la pesificación es un caso fortuito o un hecho del príncipe las contingencias que afectan a las obligaciones de dar sumas de dinero deben ser soportadas por el deudor moroso al día 6- 01-02.

28. La pesificación de las obligaciones en mora anteriores al dictado de la ley de emergencia económica implica premiar al deudor moroso, con la licuación de su deuda, e ignorar el régimen expreso del art. 513 que establece la traslación de los riesgos para el deudor moroso.

29. Por otro lado, creo que no es justo ni razonable que se le abone a la sociedad acreedora ejecutante, en pesos, a razón de u$s 1 = $ 1, el monto que se les intimara al demandado si la accionante quisiera obtener con ello la cantidad total de dólares entregada en el mutuo hipotecario, tendría que hacer un desembolso extra de pesos hoy en día el dólar cotiza a más del triple de la paridad u$s 1 = $ 1-, resultando por ende injusto que sea el actor quien lo asuma, ya que como dije- quien no cumplió en término fueron los deudores y éstos deben asumir los riesgos de la mora.

H) LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO.- 30. En el presente nos encontramos con un problema de aplicación de las leyes en relación al tiempo donde es de aplicación el art. 3 del Código Civil que expresamente dice: "A partir de su entrada en vigencia Las leyes se aplican aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias." 31. Cabe señalar que la ley 17.711 expresamente derogó el art. 5 del Código Civil referente a las leyes de orden público, es decir que por mas que se afirme que la legislación de emergencia es de orden público esto no la hace retroactiva salvo que la ley lo disponga.

32. El art. 3 del Código Civil contiene reglas que son muy importantes para resolver el caso sometido a resolución: Aplicación o efecto inmediato de las nuevas leyes a las situaciones o relaciones en curso. Principio de irretroactividad salvo disposición en contrario. Límite de la retroactividad dado por los derechos amparados por la constitución. A continuación analizaré estos principios aplicándolos al tema de la pesificación.

Aplicación o efecto inmediato de las nuevas leyes a las situaciones o relaciones en curso.

33. De acuerdo con este principio general la pesificación de las obligaciones se aplica a todas las relaciones en curso, es decir a los contratos en curso de ejecución, pero con referencia a las obligaciones no extinguidas, sino a las que venzan con posterioridad.

En igual sentido afirmo que la ley que manda a pesificar las deudas no puede afectar a las obligaciones ya exigibles por la mora bajo el amparo del régimen de la ley de convertibilidad.

b) Irretroactividad salvo disposición en contrario.

35. El segundo principio establecido por la ley 17.711 en el art. 3 es la irretroactividad de la ley. Se considera que la ley es retroactiva cuando pretenda su aplicación a la constitución o extinción de una situación jurídica, constituida o extinguida bajo el amparo de la ley anterior; o a efectos de una situación jurídica que se han producido también bajo la vigencia de la ley sustituida.

36. Por el principio de la irretroactividad la pesificación no se puede aplicar a las situaciones consolidadas por la mora. c) Límite de la retroactividad dado por los derechos amparados por la constitución.

El mismo art. 3 del Código Civil establece que la retroactividad puede ser impuesta por la ley. Cabe analizar entonces si las leyes de emergencia económica establecen normas que establezcan su vigencia retroactiva.

38. Estoy convencida de que la ley 25.561 no ha dejado de lado expresamente el principio general de la aplicación irretroactiva, en virtud de lo dispuesto expresamente en el art. 11 al decir que se aplica a las "prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de promulgación".

39. Pero aún en el caso de que se interpretara que se aplica retroactivamente a todas las obligaciones en razón de lo dispuesto por el decreto 214 art.1ro. (lo que sería de pésima técnica interpretativa y legislativa porque los decretos no derogan a las leyes) la norma no podría afectar derechos amparados por garantías constitucionales, por lo tanto no podría conculcar el derecho de propiedad.

Réstame entonces interpretar claramente cuál es el alcance del art. 1 del decreto 214 que dice textualmente " A partir de la fecha del presente decreto quedan transformadas a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a pesos" 41.De acuerdo al desarrollo hecho hasta el momento se aplica a los contratos u obligaciones nacidas con anterioridad a la ley 25.561 que previamente no hayan sido exigibles.

42. En definitiva, la pesificación de las obligaciones afecta lo convenido originariamente por las partes, introduciendo un valor de conversión diferente al existente cuando este se celebró; es de aplicación inmediata pero a las consecuencias futuras.

MORA, PESIFICACION Y PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA IGUALDAD 43. La Constitución Nacional establece el principio de igualdad; este principio de igualdad se vería notablemente alterado si los deudores que pagaron en tiempo entregaron dólares y los que pagaron tardía, retrasada y morosamente se desobligaran entregando una moneda diferente y con distinto valor.

44. Siguiendo el principio de igualdad de los deudores, la ley 25.561 estableció una fecha a partir de la cual las obligaciones que vencieran con posterioridad se cancelarían con otra equivalencia entre peso y dólar, pero lógicamente ello no puede afectar las obligaciones anteriores porque los buenos deudores, los pagadores en término, los que honran sus obligaciones, se verían injustamente tratados en desigualdad de condiciones que aquellos que pagaron con atraso, y en mora.

45. No existe justificativo alguno para que el deudor reciba diferente tratamiento. He leído detalladamente todas las exposiciones de motivo de los decretos y leyes de emergencia y no he encontrado en ninguno de ellos un solo fundamento que valide un tratamiento desigual para los deudores cuyas obligaciones se encontraban vencidas con anterioridad a la entrada en vigencia de estas normas transitorias.

46. Considero que es contrario al principio de igualdad que el deudor que realizó el pago en tiempo se vea en inferioridad de condiciones con respecto a quien no pago en ese año y lo hizo dos años después, y que no se puede liberar a éste último aceptando que pague una suma en pesos que no equivale al costo de la moneda pactada, en la obligación consolidada.

47. El paso del tiempo no debe premiar al deudor incumplidor en perjuicio del acreedor, ni tampoco la situación de emergencia puede colocar en situación desigual a los deudores que cumplieron en plazo, con los que no lo hicieron.

48. Propongo, en consecuencia, condenar a pagar la suma cuya intimación de pago fue desoída, en dólares (arts. 508 del Cód. Civil; por analogía, art. 1 del Decreto 320/02; 11 de la ley 25.561), ello sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en la etapa oportuna, a cuyo fin se tendrá presente el planteo de inconstitucionalidad.

Por todo lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. ARAZI DIJO:

49. Las leyes y decretos dictados como consecuencia de lo que se ha denominado emergencia pública han originado un desorden jurídico e institucional sin precedentes. Los jueces intentamos dar soluciones justas a los problemas de la gente aplicando una legislación muchas veces incomprensible. Por mi parte ya me he pronunciado sobre la situación del deudor moroso de obligaciones exigibles con anterioridad a la promulgación de la ley 25561, coincidiendo con la argumentación que la Dra. Graciela MEDINA reitera en el voto que me precede; sin embargo, con la intención de lograr una sentencia equitativa, propuse reducir el perjuicio que sufriría el deudor estableciendo una pesificación a un valor de un peso cuarenta por cada dólar estadounidense, aplicando analógicamente lo dispuesto por el art. 2 del Dec.214/02. El avance de la cotización de esa última moneda desde la época del pronunciamiento referido, así como una nueva reflexión acerca de la inconveniencia de reajustar las obligaciones de oficio, sin caer en la arbitrariedad, me llevan a rectificar mi posición y adherir en todo al voto anterior.

Por todo, voto también por la AFIRMATIVA.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA JUEZ DRA. CABRERA de CARRANZA, DIJO:

50. En los autos "Bruno, Ricardo c/ Scarano, Aldo s/ ejecución hipotecaria" (causa 90.068, de fecha 9/5/02, E.D. n 10.528 del 20/6/02, pág.4-) adherí al voto del Dr. ARAZI que proponía mantener la pesificación de la suma por la que se mandaba llevar adelante la ejecución, pero convertida a razón de $1,40 por cada dólar. Invocó allí el Dr. ARAZI las particulares circunstancias del caso, la crisis económico-financiera por la que atraviesa la República, el valor que ha alcanzado la divisa norteamericana y la derogación de la parte pertinente de la ley 23.928 que aseguraba la convertibilidad de la moneda nacional; para concluir que no obstante las observaciones que puedan hacerse a la legislación vigente, si al deudor se lo condenara a pagar la suma debida en dólares estadounidenses podría llegar a considerarse que estamos en presencia de una sentencia de imposible cumplimiento. La solución se presente injusta y por ello consideró necesario atenuar el impacto contra el deudor moroso. Por otra parte, contempló la situación del acreedor destacando la injusticia que representaría para éste recibir la suma debida en pesos y a la paridad $1=u$s1, cuando para adquirir los dólares que prestó tendría que desembolsar una cantidad de pesos tres veces mayor.

51. No habiendo aún transcurrido dos meses de ese fallo, mi distinguido colega toma en cuenta la evolución del mercado cambiario y recapacita sobre la inconveniencia de aplicar de oficio soluciones como la propuesta para variar su criterio.

52. A la forma en que ha ido evolucionando la situación económica se suma la obligación en que nos encontramos los Magistrados de resolver día a día cada uno de los temas que nos son sometidos, y para encarar el permanente conflicto a ese respecto una de las posibilidades es la de adoptar la actitud de mi colega la Dra. MEDINA que, como única garantía de certeza, desde el primer momento preconizó la aplicación estricta de las normas del Código Civil, actitud a la que ahora se suma el Dr. ARAZI.

53. Sin dejar de reconocer la justeza de sus opiniones desde el punto de vista estrictamente jurídico no puedo, sin embargo, acompañarlos en este voto.

54. Quiero dejar sentado en primer término que cuando adherí a la posibilidad de aplicar en base a la equidad la pesificación a $1,40 tuve en cuenta que esa cifra era la única que podía considerarse como una pauta objetiva, puesto que es la que el Estado impuso para la devolución de los depósitos del sistema financiero art.2 del Dec.214/02- y que no la consideré adecuada por estar en determinada relación porcentual con el valor del dólar en el mercado cambiario en ese momento. Ese valor, según resulta de la cita que he transcripto más arriba rondaba ya los tres pesos; al día de la fecha ha cotizado a $3,75 lo cual no implica una diferencia tan importante.

55. Al respecto, toda previsión puede resultar fallida y no puede a mi juicio cambiarse un criterio en base a consideraciones tan aleatorias. Considero que esta posibilidad implicaría reimplantar alguna especie de indexación, lo que está absolutamente vedado (art.7, ley 25.561).

56. En segundo lugar, reconozco que cabe la posibilidad de efectuar en otro estado del proceso la recomposición del monto de la condena, mediante el recurso a un acuerdo entre partes; y a esta recomposición contemplada por el art. 8 del mencionado decreto aluden los fallos que consideran aplicable la pesificación u$s 1=$1 (Ca.Civ. y Com. San Martín, sala 2da., causa 51050, "Barbieri, Rosana y otra c/ Pich, Enrique y otra s/ ejecución hipotecaria"), entendiendo que a ella podrá recurrir el acreedor perjudicado por esa aplicación, imponiendo, en definitiva la negociación a las partes a pedido del actor.

57. He partido de la base que si la deuda se mantiene en dólares podría llegar a considerarse que nos encontramos en presencia de una sentencia de imposible cumplimiento (voto citado del Dr. ARAZI) y en la medida que aumente el valor de la moneda en que se fijó la obligación esa posibilidad se torna más certera, teniendo en cuenta la evolución negativa de todos los parámetros económicos. También quiero recordar que sostuve en mi voto en los autos mencionados que es innegable que cualquiera de las soluciones tendrá un efecto negativo sobre el patrimonio de una u otra de las partes.

58. De modo que la cuestión en definitiva se reduce a determinar cuál de ellas y en qué momento se verá en la obligación de reclamar el acuerdo a que alude el art. 8 del dec.214/02 que no siempre puede tener el efecto querido de restaurar la equivalencia de las prestaciones y se verá sometido a los avatares de un procedimiento que, como el ejecutivo, sin duda limita el ejercicio del derecho de defensa para el deudor.

59. En efecto, la posibilidad de acordar y estarse a lo que se resuelva en cada caso que ahora reclamaría el acreedor, puesto que aparece frente a las condiciones actuales como perjudicado (MOEREMANS, Daniel E., ver mismo comentario a fallo citado en el párrafo 22, p.35 y sgts.)- no se limita por la circunstancia de imponer la pesificación en la forma en que la he venido proponiendo. Unicamente se pone de mantenerse el valor alto de la moneda extranjera- en el acreedor la carga de instar la posibilidad de una recomposición. 60. Para resolver cuestiones como la presente no es suficiente, a mi juicio, la aplicación lisa y llana de las normas vigentes, sino que debe atenderse a las circunstancias de la realidad en que vivimos, que los jueces no podemos dejar de tomar en cuenta puesto que lo contrario implicaría un desdoblamiento de la personalidad que sólo llevaría a que la justicia actúe en forma automática (causa 74.035 de esta Sala, "GANON CONSTRUCCIONES c/ SUAREZ, J.J. s/ daños y perjuicios-ordinario").

61. La complejidad de la situación en que vivimos nos impone la necesidad de abordar soluciones que contemplen no solamente el interés de las partes sino también el bien común 62. Y éste se verá seriamente afectado si en el estado actual de nuestra economía llegásemos a un alud de ejecuciones forzosas de inmuebles como resulta previsible de mantenerse la aplicación estricta de las normas legales que preconizan mis distinguidos colegas. Frente a la importante disminución de los valores, que es también del dominio público, acerca de la cual los medios de comunicación no dejan de insistir y que no tiene miras de revertirse, no es poniendo la traba de una suspensión temporaria que puede aventarse ese riesgo que afectaría no sólo a ambas partes del proceso de ejecución, sino a la sociedad toda, porque influiría en definitiva sobre los precios de todo el mercado.

63. En estas situaciones se revaloriza, a mi juicio, el papel de los principios generales que desde los albores de la ciencia jurídica han constituido pautas programáticas que expresan exigencias éticas o políticas de carácter supratemporal comunes a todas las normas de convivencia humana (REZZONICO, Juan C., Principios fundamentales de los contratos, Ed. Astrea, Bs. As., 1999, p. 18 y ss.).

64. En este caso, la necesidad de tener en mira el bien común y la aplicación del principio in dubio pro debitoris que impone estar a favor del deudor en caso de duda (art. 218 inc. 7 del Cód. de Comercio), son los que, en definitiva, me lleva a mantener mi anterior voto en la causa 90.068, propiciando la pesificación a $ 1,40 y poniendo sobre el acreedor que no está limitado por el estrecho ámbito del proceso ejecutivo- la carga de reclamar la recomposición, de no resultarle adecuada en el caso concreto esa modalidad.

Por estas consideraciones, pero con esos alcances, voto también por la AFIRMATIVA.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente SENTENCIA Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, por mayoría, se modifica la sentencia apelada, mandándose llevar adelante esta ejecución por la suma de u$s 40.000 (dólares estadounidenses cuarenta mil; conf. arts. 508 del Cód. Civil y por analogía arts. 1 del dec. 320/02 y 11 de la ley 25.561); ello sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en la etapa oportuna, a cuyo fin se tendrá presente el planteo de inconstitucionalidad. ARAZI, MEDINA Y CABRERA DE CARRANZA