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Tratados internacionales, derechos y garantías constitucionales, Constitución Nacional, interpretación de la constitución, leyes, control de constitucionalidad, jueces, proceso penal, instrucción, fallo plenario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B, R. A. y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Infracción  artículo 301 Código Penal. Incidente de recusación (Expte. CSJ Nº   694-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-27

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública..." (artículo 26); la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 10 que "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial..."; la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 inciso 1 que: "Toda persona tiene derecho a ser oída....por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial..."; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 inciso 1, que "Toda persona tendrá derecho a ser oída...por un tribunal competente, independiente e imparcial...".

En aras de escudriñar el alcance de tales garantías, y elucidar la cuestión de si existe o no temor de parcialidad en el caso de un juez que debe dictar sentencia habiendo estado el mismo a cargo de la instrucción, vale la pena recordar que la interpretación constitucional tiene, en principio, un doble objeto posible: o bien se procura con ella fijar el sentido de una norma o de un comportamiento en relación a la Constitución, y en el caso optamos por hablar de la interpretación "de" la Constitución y de la interpretación "desde" la Constitución, respectivamente. En el primer caso, se trata de atribuir un significado jurídico al texto de la misma, de modo de reconocer cuál es la conducta a la que está obligando, prohibiendo o permitiendo; esa versión tiene relativa importancia, pues no cabe duda que lo habitual y donde se vislumbra toda la importancia de la interpretación constitucional no es en el supuesto "de" sino "desde", o sea cuando a través de ella se busca analizar el grado de coherencia entre la norma constitucional y otra norma no-constitucional, o entre aquélla y un determinado comportamiento o una cierta omisión"; e interesa "en cuanto ella se plasma en un control de constitucionalidad, tanto para el supuesto en que el resultado sea descalificatorio como para cuando se verifica compatibilidad entre lo constitucional y lo infra- constitucional".
Excepción de pago, recibo, causa del título, juicio ordinario posterior
Materia: CIVIL
Carátula: BEZ c/ MARCHINI s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-05

Para que resulte admisible la excepción de pago, el recibo además de emanar del acreedor o de su legítimo representante debe guardar una relación directa con el título que se cancela, ante la imposibilidad de discutir, en el proceso ejecutivo, la causa de la obligación. De tal forma que su para establecer la relación entre los instrumentos en que se basa la excepción de pago documentado y los títulos en ejecución, se requiere además otros elementos de prueba, debe recurrirse al juicio ordinario que contempla el art. 553 del Código Procesal, porque de otro modo quedaría desvirtuada la vía ejecutiva
Recurso de queja (procesal), condonación de sanciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodo Hogar SA c/ GCBA s/ queja pr recurso de inconstitucionalidad denegado en: Rodo Hogar SA c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos" inconstitucionalidad denegado en: Rodo Hogar SA c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-07

Para la Cámara, la suspensión cautelar de la exigibilidad del acto administrativo no lo privó de su carácter exigible. O, dicho en otras palabras, el acto administrativo resultaría exigible aunque la exigibilidad se encuentre suspendida. Así, esta postura lo que ha consagrado, en realidad, es la privación de los efectos propios de una medida cautelar sin brindar, por lo demás, algún argumento atendible y mínimamente lógico que, sin incurrir en autocontradicción, permita sustentar lo decidido.
Cuestiones de competencia, restitución de bienes, competencia civil
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PUGLIESE, Agustín y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-15

La regla general en materia de restitución de elementos secuestrados es la contenida en el art. 523 del C.P.P.N., según la cual las cosas secuestradas que no estuvieran sujetas a decomiso, restitución o embargo serán devueltas a quien se le secuestraron.

Para el caso de que exista controversia, se debe disponer que los interesados recurran a la justicia civil.

El sentido final de la norma es la preservación de los objetivos del proceso penal y evitar que este se desvíe de su objeto que es la realización del derecho penal.

Esta es la solución que permitirá a las partes, ejercer cabalmente el derecho de defensa, en un marco procesal que, al trascender el trámite por vía incidental, permita al juzgador un conocimiento más acabado de la cuestión a decidir.

Por ello, corresponde declarar la incompetencia para entender en la cuestión.
Medidas cautelares, asistencia médica, derecho a la salud
Materia: PROCESAL
Carátula: Rosenbaum Vera c/ O.S.D.E. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-01-19

Corresponde destacar que, prima facie, el diagnóstico y tratamiento de la menor encuentran respaldo en la documentación presentada y, asimismo, que en términos generales el costo de la medicación que se denuncia resulta elevado. Por otra parte, más allá de los aspectos estrictamente fisiológicos del cuadro de pubertad temprana, no es difícil imaginar las repercusiones que podría generar para la demandante en el plano psicológico, dada su corta edad, lo que aconseja examinar el caso con criterio amplio, recordando en tal sentido que siendo el objeto último de la acción la protección de la salud de una persona, no es aconsejable evaluar la procedencia de las medidas cautelares con estrictez, dadas las consecuencias dañosas que podría implicar la demora en satisfacer prestaciones como la que se reclama en el sub lite, máxime ponderando que en casos como el presente, el eventual perjuicio que podría generar a la demandada la admisión de la medida precautoria impresiona como menos gravoso que el que implicaría la denegación para su contraria.
Medidas cautelares, peligro en la demora, exportaciones, marcas
Materia: CIVIL
Carátula: La Rural Viñedos y Bodegas SA c/ Bodega Dante Robino SA s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-17

En lo que concierne al peligro en la demora, a criterio del Tribunal se encuentra suficientemente configurado a poco que se advierta que la destinataria de la medida llevaba a cabo una explotación comercial que, prima facie, infringiría los derechos marcarios de la peticionaria (confr.

informe brindado por la AFIP sobre las operaciones de exportación de vinos con el signo ENCUENTRO por parte de Bodega Dante Robino, y cédula de requerimiento emitida por la AFIP, en donde se aprecian fotografías de la mercadería etiquetada con esa marca, que fue detenida en depósito fiscal por la División Fraude Marcario en noviembre del año pasado; ver también anexo I del sobre aportado por la demandada).
Sentencia, excepción de incompetencia, formación del incidente
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Edgar Alberto c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Gómez, Edgar Alberto s/ incidente de apelación - Código Penal - 149 bis - amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-04

La sentencia que confirma aquella de primera instancia que no hizo lugar al planteo de incompetencia de la justicia local para intervenir en el caso, a la excepción de atipicidad ni al pedido de nulidad de la audiencia de intimación, no es la definitiva a la que se refiere el art. 26 de la ley n° 402. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano, compartido por el juez Santiago Otamendi).
Contrato de obra, ruina, destrucción parcial del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: ORTIZ MEDINA, ANÍBAL - EXPTE. N° 30.493 c/ ESCRIBANO, DARDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-12-13

La ruina de la obra no cabe definirla en función del sentido literal de la palabra, puesto que aunque la obra no esté "en ruinas", si la misma debe destruirse se llega a idéntica situación, y cabe recordar que uno de los sinónimos del término es, precisamente, destrucción.
Recurso contencioso administrativo, comuna, personal municipal, sanciones disciplinarias administrativas, cesantía, exoneración, acto administrativo ilegítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARRA, ADRIANA BEATRIZ CALLEGARI DE c/ COMUNA DE SANFORD s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 565 AÑO 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-18

Es procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la recurrente desde que invocándose los incisos "a" y "c" del artículo 64 de la ley 9286, se la sancionó con exoneración por considerar que había incurrido en incumplimiento de la obligación determinada en el inciso "a" del artículo 13 del Anexo I de la ley 9286, con culpa grave. Y bien: esta última expresión remite inequívocamente a la formulación literal del inciso "f" del artículo 63 de la ley, el que establece cuáles son las faltas por las que corresponde aplicar la sanción de cesantía, por lo que no habiéndose planteado -ni advirtiéndose- razón alguna por la que se hubiese al menos intentado justificar la aplicación de una sanción más grave a la normativamente prevista, no cabe sino concluir en la ilegitimidad del acto dictado en esas condiciones.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alvaro, Margarita c/ Spadone, María A. s/ Cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-13

En los casos en que, por no existir intereses convenidos o fijados por la ley, el juez deba establecerlos por la mora del deudor (art.

622 del Cód. Civil), corresponde atender al daño sufrido por el acreedor y que éste -salvo prueba eficaz de que ha sido mayor- está representado por el beneficio que hubiera podido percibir depositando el dinero en una institución bancaria, esto es, la " tasa pasiva".
Doctrina de la arbitrariedad, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Vicente Robles S.A.M.C.I.C.I.F. c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso Administrativo s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-04

Este Cuerpo tiene dicho que: "Tampoco basta a los fines de la procedencia del recurso extraordinario en análisis, la sola invocación genérica de que se han vulnerado derechos y garantías constitucionales sino que ellos deben relacionarse con el caso concreto y exponerse claramente el agravio, ya que la invocación de la doctrina de la arbitrariedad impone un temperamento eminentemente restrictivo al momento de analizar su admisibilidad. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que la simple alegación de que un fallo vulnera determinada garantía constitucional no guarda nexo directo o inmediato con lo resuelto, si el recurrente no precisa ni demuestra en concreto cómo se ha operado efectivamente tal violación en la sentencia impugnada" (cf. STJRNS1: AI. N° 43/13, in re: "LAS CHINITAS S.A."). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Competencia del tribunal de casación, declaración de rebeldía
Materia: PENAL
Carátula: Estrada Gutiérrez, Rosendo Bernabé s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-17

La declaración de rebeldía resulta insusceptible de ser revisada por vía del recurso de casación.
Principio de congruencia, facultades del juez, cambio de calificación legal, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PONCE, LUIS C. s/ RECURSO DE QUEJA. Causa 720
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-15

El juez sólo está subordinado en cuanto a los hechos contenidos en la acusación y el derecho aplicable al caso, la apreciación jurídica de los hechos constitutivos de la imputación la determina libremente, pudiendo apartarse en dicha tarea de la calificación legal sustentada en aquélla, sin que ello provoque la nulidad de la sentencia, toda vez que la correlación requerida no deja de existir, siempre que la situación de hecho descripta en el requerimiento fiscal sea esencialmente igual a la enunciada en la sentencia.
Régimen de consolidación de deudas, interpretación de la ley, causa de las obligaciones
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Parrilla, Francisco c/ Mrio. de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo por mora.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

En los términos de la ley 23.982, la "causa" de las obligaciones la constituyen los hechos o actos que de modo directo e inmediato les hubiesen dado origen.
Impuestos, régimen penal tributario, pago en cuotas, aceptación de la pretensión fiscal, cumplimiento de la obligación, sobreseimiento definitivo
Materia: PENAL
Carátula: VILLAMAYOR, HUGO s/ Régimen Penal Tributario Causa 32032
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-07

1- La exclusión a los beneficios contenidos en el régimen de presentación espontánea establecido por el Decr. 2413/91 en relación a los responsables contra los cuales la Dirección General Impositiva (D.G.I.) hubiese formulado denuncia o iniciado querella debe entenderse referida a los casos no contemplados por el beneficio del art. 14 de la Ley Penal Tributaria que permite la efectivización de la obligación por única vez.- 2- El juego armónico de las normas de aplicación llevan a considerar que no obsta a que se tenga por cumplido el requisito impuesto por el citado art. 14 en cuanto a la efectivización del cumplimiento de la obligación, cuando el pago del acogimiento voluntario se efectiviza en cuotas, sin perjuicio de que en el caso la D.G.I. haya informado que la pretensión fiscal no se encuentre totalmente satisfecha al haberse cumplido solamente con el pago de nueve cuotas.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, violación de las formas procesales, liquidación de entidades financieras, regulación de honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Promosur S.A. Compañía Financiera s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-04-09

Practicado el estudio del pronunciamiento del Juez a-quo, surge que se ha tenido en cuenta el monto del proceso y se ha explicitado sobre cual fue la suma que sirvió de antecedente para sus cálculos, lo que queda plasmado al decir en el considerando -3- :"La Cámara difirió la regulación de los honorarios supeditándola al momento en que ...quede determinado el monto actualizado que deberá restituir el Banco Central de la República Argentina", lo que denota claramente que dicha suma juega un papel de indudable trascendencia para la fijación de los estipendios profesionales...".

En el fallo, el Magistrado hace la evaluación del tipo de procedimiento e indica las normas que estima de aplicación en el caso de marras, además de su apreciación sobre la relación entre el monto, el tipo de actuación y la actividad del profesional interviniente.

Ello permite concluir que no existe apartamiento normativo en dicho interlocutorio; ni tampoco en el de la Cámara apelada, confirmatorio, el que fue dictado dentro de las pautas fijadas por los antecedentes de la impugnación, no existiendo omisiones que ameriten tener por quebrantadas las formas del proceso o la sentencia.
Proceso judicial, prescripción, caducidad, procedimiento administrativo, caducidad del procedimiento administrativo, reclamo administrativo previo, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Burgwardt  y  Cia  S.A. Industrial Comercial y Agroganad c/ E.N.-Mº de Economía- Y.P.F. s/ Contrato administrativo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

No obstante las imperfecciones de técnica legislativa que puedan atribuírseles, los arts. 26 y 27 de la ley 24.447 -complementando la norma contenida en el art. 25, por la que se fijó en el 30/6/1995 la fecha en que caducarían los derechos y prescribirían las acciones para reclamar créditos de causa o título anterior al 1/4/1991, alcanzados por la consolidación establecida por la ley 23.982- regularon dos cuestiones bien distintas, ya que mientras el primero lo hizo en lo concerniente a la caducidad de procedimiento administrativo en el que se sustanciaban tales reclamos, el segundo reguló lo atinente a la caducidad de derecho pretendido en esos reclamos por no haberse interpuesto la acción judicial en un plazo perentorio una vez producido el silencio administrativo, el cual, para estos concretos reclamos -excluyendo expresamente a su respecto la aplicación del art.26 de la ley 19.549, el cual, con carácter general, contempló al instituto del silencio como una ficción legalmente establecida a favor del administrado, a quien se faculta a entender denegada su pretensión en sede administrativa, al sólo efecto de habilitarle la vía judicial lo instituyó como un acto administrativo presunto de contenido denegatorio, obligando al administrado a impugnarlo para no sufrir como consecuencia la caducidad del derecho y -además como sobreabundantemente lo enfatizó el citado art. 27 de la ley 24.447- la prescripción de "las pretensiones patrimoniales consecuentes". (Del voto del juez Buján, cons. III, nota 5).
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PINCHETTI WALTER D. c/ LAZARTE ALBERTO B. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-11

Debe verse culpable la conducta de quien se adelantó a un camión que se había detenido en el cruce para dar paso al automóvil del reclamante, que tenía prioridad, y como consecuencia de ello colisionó a éste en su mano de marcha.
Extradición, tratados internacionales, detención, tiempo de detención, falta de agravio concreto
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Crousillat Carreño, José Francisco s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-18

Corresponde rechazar el agravio referido al cómputo del tiempo de detención en el proceso de extradición si dicho requisito, contemplado en el art. 11.e de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, no se encuentra previsto en el tratado de extradición aplicable y, ante la existencia de éste último, sus disposiciones y no las de la legislación interna, son las aplicables.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Astreintes, cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Loñ, Carolina y otros c/ GCBA s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-12

Las sanciones conminatorias objetadas -de carácter provisional-, han sido establecidas con arreglo a las particularidades del caso, según el criterio de los jueces de la causa. Al no encontrarse involucrada en el caso una cuestión constitucional, no corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre el punto, ya que para ello, como se dijo, se deberían valorar circunstancias de hecho, prueba y derecho procesal.
Empleados públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, jubilación por edad avanzada, aplicación de la ley, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CIOFFREDI, ANTONIO ALBERTO c/ I.M.P.S. s/ MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE LA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-25

El Congreso de la Nación, al disponer mediante el inc. 2 del art. 158 de la ley 24.241 la elevación de la edad de los trabajadores dependientes para acceder a la jubilación, ejerció facultades que le son propias de un modo que no vulnera preceptos constitucionales, más allá del juicio de oportunidad y conveniencia que pudiere formularse al respecto, visto las disvaliosas consecuencias sociales que de ello se deriva. En igual sentido, tampoco el Poder Ejecutivo se excedió al disponer la aplicación al ámbito municipal de la ley 24.241 y su reglamentación, ya que lo hizo en ejercicio de la misma facultad por la que dictó el Dec. 1645/78, por lo que no cabe reproche constitucional alguno. (Del voto de la mayoría. El Dr. Wassner votó en disidencia).
Daños y perjuicios, transporte ferroviario, accidente ferroviario, pasajero damnificado, responsabilidad de la empresa ferroviaria, sistema de vigilancia insuficiente
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: GARCIA ROBERTO EDUARDO Y OTROS c/ EFA s/ LESION Y/O MUERTE DE PASAJEROS TRANS. FERROVIARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

Corresponde mantener la responsabilidad de la empresa de transportes (art. 184, Código de comercio y arts. 512 y 902 del Código Civil), toda vez que las eventuales dificultades que pudieren existir para colocar las protecciones adecuadas y la vigilancia conveniente en las zonas peligrosas -dificultades que no constituyen "imposibilidad" y que acaso el ferrocarril podría solventar con holgura con las indemnizaciones que se ahorraría- no pueden volverse en contra del viajero lesionado (causas 1533 del 15.10.82 y 11.944/94 del 15.11.94; Cnciv., Sala A, J.A., T. 1963-II, p. 30).
Beneficio de litigar sin gastos, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ, Gladys Cristina c/ ACUÑA, Claudio Fabián y otros s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-30

Si el sorteo informatico del beneficio de litigar sin gastos se hizo días después que el del principal y ambos trámites fueron presentados en el juzgado el mismo día, corresponde hacer extensivos los efectos derivados de la concesión del beneficio de litigar sin gastos solicitado a la obligación de pago de la tasa de justicia devengada por la tramitación del principal, por cuanto la fecha de asignación y sorteo carece de relevancia a estos efectos.-
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Vilte, Aurelia Francisca c/ Compañia de Transporte Rio de la Plata SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-07

Salvo especialísimos supuestos, las indemnizaciones por daño moral y daño psíquico no se confunden, pues responden a intereses jurídicamente diferentes; que el agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas, entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares y que se halla vinculado con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales; y que el daño psíquico, a diferencia del daño moral, responde a una alteración patológica de la personalidad, que es una perturbación del equilibrio emocional que afecta el área del comportamiento y se traduce en una disminución de las aptitudes para el trabajo y la vida social de relación, lo cual justifica su ponderación individual y diferenciada (conf. CNCom, Sala D, "Parodi, Carlos Héctor c/ Banco Itaú Buen Ayre SA", 1.11.16; íd., "De Paoli, María Cristina c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires", 3.11.16; íd., "Caputo, Lucio Alberto c/ Assist Card Argentina SA de Servicios", 31.8.17; CSJN, Fallos 327:2722).
Proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.E. c/ F.W. s/ Separación personal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-06

No pueden aplicarse por analogía las normas de interpretación restrictiva (art.16 del Cód.Civil).