Procedencia del recurso, sentencia arbitraria, accidente de tránsito, monto del juicio, aumento de la indemnización, intereses, destrucción total del automotor, gastos de reparación del automotor, lucro cesante, daño moral, responsabilidad solidaria, asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: Chaves, Hugo Oscar c/ La Meridional Compañía de Seguros y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-03-10

Corresponde admitir parcialmente el recurso de apelación del actor y, en consecuencia, elevar el monto de condena en concepto de destrucción total del vehículo -que intervino en el accidente de tránsito- más intereses desde la fecha del siniestro hasta la fecha de esta sentencia de alzada a la tasa pura del 6% anual, y desde el día siguiente hasta el efectivo pago se adicionarán intereses a la tasa promedio mixta del Banco de La Pampa de uso judicial en esta circunscripción, al igual que el rubro costo de reparación del acoplado; en concepto de lucro cesante -que comprende lo otorgado en concepto de daño emergente en la sentencia de grado- más intereses a la tasa promedio mixta del Banco de La Pampa computados desde cada período mensual en que se frustró la ganancia y hasta su efectivo pago; en concepto de daño moral más los intereses establecidos en la sentencia de grado. A la suma de dichos importes debe adicionarse el valor de la reposición de las lonas admitido en primera instancia. La condena se hará extensiva a compañía de seguros hasta los límites de la cobertura contratada, más los intereses moratorios y todo gasto causídico, aunque exceda el monto máximo asegurado. Lo afirmado por el actor respecto a la desactualización de los valores indemnizatorios reconocidos por el a quo es correcto y se trata de una cuestión que, en este caso, debe ser atendida. Sucede que en muchas situaciones el quántum de la obligación no se encuentra determinado al momento del nacimiento de la misma; como su monto no se encuentra determinado o liquidado es un proceso de evaluación posterior en donde debe hacerse, que necesariamente ha de ser previo o concomitante al pago. Es decir, al tiempo del cumplimiento, la suma de dinero a entregarse ha de estar determinada. En suma, resulta imposible cuantificar en ese momento -al nacer la obligación de reparar el daño causado a otro- el valor de lo adeudado a la víctima, resultando indispensable realizar el proceso de cuantificación de la obligación de dar dinero, cuya suma se encuentra inicialmente indeterminada, pero es determinable a través de la operación de "evaluación de la deuda". El criterio del a quo de fijar un monto indemnizatorio suficiente para que la víctima pueda comprar un camión similar al destruido totalmente en el siniestro, pasó a ser una decisión judicial de cumplimiento imposible, contribuyendo a ello fundamentalmente los avatares de la desastrosa, inestable e impredecible economía e inflación reinante en el país, como la mora en que incurrieron las partes demandadas, todos obligados concurrentemente respecto de los daños sufridos -art. 850 del CCCN y art. 118 de la Ley 17418-, a lo que cabe agregar la demora del proceso judicial. A la luz del prisma del derecho a una reparación plena y/o integral, la indemnización debe ser suficiente, es por eso que el monto resarcitorio establecido en la sentencia atacada quedó totalmente desactualizado, tornándose un resarcimiento insignificante y resultando por lo tanto una indemnización arbitraria. Por otra parte, en cuando a la cuantificación del lucro cesante continuado y presente, como se trata de un daño ya acontecido, corresponde mandar a pagar el daño de acuerdo a las ganancias lineales que se han frustrado desde que el daño se produjo, hasta el momento de la sentencia.