Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-30


Buenos Aires, 30	de abril de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. El Sr. Roberto Omar del Pozo denunció ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Banco Hipotecario S.A. (en adelante: BH), por presunta infracción a la ley n° 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) . El denunciante relató que tomó un crédito hipotecario con BH el 10/10/2001, que ofrecía la posibilidad de cancelarlo anticipadamente con una bonificación del 10%, y el pago de la comisión por precancelación del 3%, más IVA. Agregó que el 17/1/2002 al solicitar al BH el monto para cancelar el crédito, le fue informado que, debido a la situación económica del país, quedaba sin efecto la aludida cancelación con bonificación. El 23/1/2001 el denunciante, mediante una carta, requirió al BH que, en el plazo de 48 horas, le dieran respuesta y le recibieran el pago para cancelar la deuda, con la bonificación de la circular del 10/10/2001. Ante la falta de respuesta, formuló la denuncia.

2. Sustanciado el sumario (v. descargo a fs. 3/9 vuelta), el Director General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante Disposición n° 3067-DGDYPC-2003 (fs. 10/13 vuelta) consideró al BH incurso en infracción al art. 8 de la LDC. En la resolución él sostuvo que la prueba documental acreditaba que el BH otorgó la posibilidad a los tomadores de sus créditos de acceder a cancelaciones anticipadas con bonificación, con vigencia hasta el 10 de marzo de 2002, y que el sumariado reconoció en su descargo que no hizo efectivo el reconocimiento de la cancelación anticipada con bonificación al consumidor, por la crisis económica que atravesaba el país. El funcionario administrativo consideró que el hecho invocado en el descargo carecía de entidad suficiente para exculpar el comportamiento de la entidad bancaria, y que se había incumplido con las condiciones ofrecidas en la publicidad. Tampoco otorgó relevancia al ofrecimiento posterior efectuado por el BH al denunciante (28/8/2002) para cancelar el préstamo con garantía hipotecaria que le fuera otorgado. Aseveró el funcionario que la infracción al art. 8, ley n° 24.240, es una infracción formal, por lo que "no interesa la intencionalidad o no de quien la ha cometido, ni tampoco la supuesta adecuación posterior a la normativa vigente, bastando la simple comprobación de la misma para su configuración". La resolución le impuso al BH una multa de $ 5.000 y ordenó la publicación del acto sancionatorio en el diario La Nación.

3. El BH interpuso ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario el recurso de apelación previsto en el art. 11 de la ley n° 757-según su redacción a esa fecha- (fs. 15/18).

El recurrente se agravió porque la decisión no expresó fundamentos para restar entidad al hecho invocado por su parte para requerir ser exculpado (la grave crisis económica financiera intempestiva de inicios de 2002 que llevó al BH a suspender en forma temporaria la bonificación por cancelación que había sido ofrecida). Calificó la situación como un hecho imprevisto, que operó como un caso fortuito. El actor (BH) también reseñó las normas federales dictadas para paliar la emergencia y la grave crisis que enfrentaba el país en esos momentos, reconocida en amplios términos por la ley n° 25.561. Él agregó que el art. 10 bis de la LDC prevé el caso fortuito o la fuerza mayor, como causal de inimputabilidad (por inculpabilidad) del incumplimiento de la oferta o del contrato. El BH también sostuvo que el deudor no quedó desprotegido porque pudo haber cancelado su crédito, incluso en condiciones más beneficiosas, mediante títulos de la deuda pública nacional, de conformidad con los Decretos Nº 1387/01 y Nº 1570/01, Comunicación BCRA "A" 3398, con las modificaciones del Decreto Nº 469/02 y Comunicación BCRA "A" 3562/02. Además, el recurrente señaló que ofreció al denunciante nuevas bonificaciones, posteriormente.

El BH se agravió, supletoriamente, por el importe de la sanción impuesta, que consideró elevado, y, al respecto, requirió que sea reducido a un importe no mayor de $ 500.

4. La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, por mayoría, resolvió: "1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la Disposición Nº 3067-DGDYPC-2003; 2) imponer las costas a la vencida (art. 62, primer párrafo del CCAyT)" (fs. 19/23 vuelta).

El juez Esteban Centanaro en su voto -al que adhirió el juez Carlos Balbín- consideró la finalidad de la LDC; la jerarquía constitucional de la tutela de usuarios y consumidores (art. 42, CN, y art. 46 CCABA) y el carácter "predispuesto" (o "de adhesión" de los contratos bancarios). Luego determinó que la cuestión a decidir estaba circunscripta a "elucidar si configura una infracción al art. 8 de la Ley 24.240 el hecho de que el contenido de la circular de fecha 10 de octubre de 2001 (fs. 3), no se integró en el contrato de mutuo con garantía hipotecaria que previamente celebraron las partes (fs. 26/36)". La opinión recuerda el contenido del art. 8 y considera que "el entorno publicitario dado también integra el 'marco' de ejecución del contrato", de acuerdo con el art. 1198, CC, y obliga al oferente. Sostuvo que la circular de fecha 21 de octubre de 2001, en la que constaba el ofrecimiento de cancelación anticipada con bonificación, debía tenerse por incluida en el contrato de mutuo hipotecario suscripto entre el BH y el Sr. del Pozo, y que, por ello, se configuró una infracción al artículo 8 de la ley n° 24.240, "razón por la cual la sanción aplicada resulta ajustada a derecho". En cuanto a los planteos del recurrente referidos a la posición del tomador del crédito (posibilidad de cancelarlo mediante títulos de la deuda pública nacional) y a las nuevas bonificaciones ofrecidas, el voto mayoritario consideró que "a fin de aplicar las sanciones determinadas en el art. 47 de la Ley 24.240 se requiere tan sólo el incumplimiento de una obligación formal (...) No es relevante que el consumidor hubiera podido saldar su deuda en forma más beneficiosa con los bonos de la deuda pública o que la entidad bancaria le hubiera ofrecido, luego, una bonificación, puesto que, para el caso, la infracción al art. 8 de la Ley de Defensa del Consumidor ya estaba configurada". Por último, el voto mayoritario desarrolló los fundamentos por los que rechazó el agravio referido al importe de la multa.

En su disidencia, el juez Horacio Corti, sostuvo que "La recurrente afirma que se debió otorgar entidad exculpatoria a la situación de grave crisis económica financiera intempestiva que afectó al país", admitiendo el agravio sobre la base de los fundamentos que expresó en su voto. Concluyó que "Un análisis global -que contemple todas la variables en juego y no sea el resultado de un análisis parcializado que desconoce la crisis económica del momento- hace ostensible que asiste razón a la recurrente. En razón de lo expuesto, disiento con mis colegas preopinantes, y considero que debe revocarse la disposición nº 3067-DGDyPC-2003".

5. Frente a esta decisión, BH interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 25/29 vuelta). El recurso fue contestado por la Procuración General, quien se opuso a su admisibilidad y procedencia (fs. 57/63 vuelta).

La Cámara denegó la concesión del recurso: por no plantear el recurrente, con los fundamentos, la claridad y la precisión debidos, un caso constitucional que justifique la competencia del Tribunal Superior de Justicia; y por carencia de los requisitos que autorizan la concesión del recurso por "arbitrariedad" de la sentencia (fs. 30 y vuelta).

6. Contra este rechazo, la actora acude en queja ante el Tribunal (fs. 41/48). El señor Fiscal General propicia en su dictamen que el Tribunal rechace la queja: ella reitera "los defectos que ya contenía el recurso de inconstitucionalidad, pues en ninguna de las dos ocasiones se ha logrado exponer fundadamente un caso constitucional, conforme lo establece el artículo 27 de la Ley N° 402" (fs. 67/71).

Fundamentos:

El juez Julio B. J. Maier dijo:

I.

1. El recurso de queja fue planteado en tiempo oportuno y forma adecuada, contiene la crítica del auto denegatorio dictado por la alzada y efectúa planteos de naturaleza constitucional vinculados con la afectación del derecho de defensa de su parte. Afirma que no se ha considerado en el voto de la mayoría el planteo exculpatorio que BH efectuara tanto en su descargo en la instancia administrativa, como en el recurso judicial ante la Cámara. Sostiene, también, que se ha debatido el alcance de los arts. 42, CN y 46 CCBA, y la decisión ha sido adversa a su pretensión. Agrega que se ha controvertido "la inteligencia de cláusulas de una Ley Federal como es la ley 24.240; como así también la inteligencia de otras leyes federales y de orden público, como lo son la ley 25.561, 25.563, 25.589 y todos los decretos, [y] resoluciones dictados en su consecuencia, siendo la decisión contraria a la validez del título o derecho de mi parte fundado en ellos".

2. El planteo referido a la manifiesta ausencia de consideración por la alzada de la circunstancias exculpatorias invocadas, compromete, en principio, la garantía de la defensa en juicio y permite que, a ese respecto la queja sea admitida y el recurso de inconstitucionalidad, considerado.

3. Las referencias a los preceptos constitucionales (nacional y local) relacionados con la protección al consumidor carecen del desarrollo autónomo y suficiente necesario para permitir que se considere adecuadamente planteado un caso constitucional vinculado con tales disposiciones. Por lo demás, cabe recordar que la entidad bancaria no es, precisamente, la portadora de los derechos y garantías que esas normas estatuyen.

La queja, entonces, triunfa sólo en aquel aspecto parcial de los agravios de la recurrente.

4. Tampoco la mención del carácter "federal" de ciertas leyes habilita la consideración del recurso de inconstitucionalidad por varias razones:

a) porque la existencia de una "cuestión federal" no es equivalente al "caso constitucional". Para que aquella dé lugar a éste, corresponde que el recurrente articule el planteo de afectación de la denominada "cláusula de supremacía" (art. 31, CN), algo que no ha ocurrido en autos.

b) porque la ley n° 24.240, a diferencia de lo postulado por el recurrente, no es una ley federal, sino que "integra el derecho común, toda vez que resulta complementaria de los preceptos contenidos en los códigos Civil y de Comercio", tal como lo ha sostenido la CSJN (Fallos: 324:4349).

c) porque las restantes leyes mencionadas y calificadas de "federales" por el recurrente no han merecido, en el recurso, desarrollo alguno que indique, con relativa precisión, tal calificativo y qué disposiciones de esas leyes han sido malinterpretadas, contrariadas o aplicadas de manera incorrecta por la sentencia recurrida.

4. Con el alcance parcial, que surge de los puntos precedentes, consideraré el recurso de inconstitucionalidad de la actora.

II.

5. Desde su descargo en sede administrativa, el BH invocó la grave situación económico, financiera e institucional que embargó a la Nación entera a partir de fines del año 2001, con consecuencias similares para las entidades financieras, para intentar eximir su culpabilidad en el incumplimiento -que siempre reconoció como existente- de la oferta de cancelación anticipada mencionada en la publicidad del crédito que el denunciante, Sr. del Pozo, tomó del Banco. Es por ello que trató de defenderse mediante la justificación apuntada y la mención de disposiciones dictadas por el Congreso, por el Poder Ejecutivo nacional y por el Banco Central de la República Argentina. Es así que vinculó la suspensión transitoria de la posibilidad de cancelar anticipadamente los créditos con el instituto del "caso fortuito" y expresó las restantes posibilidades que se otorgaron al denunciante para cancelar el préstamo que requiriera. El planteo no fue atendido por la Administración y constituyó el principal agravio que el BH expuso al requerir el control judicial del acto. Las decisiones en mayoría de la sentencia de la Sala I reseñan correctamente el agravio, pero el argumento que funda esos votos denota claramente que en la decisión no jugó papel alguno el argumento de la necesidad o del caso fortuito, pues el voto se desentiende de esa cuestión, de la misma forma en que lo hizo la Administración. Señalar el carácter "formal" de la infracción, esto es, el hecho de que ella no esté referida concretamente al perjuicio verificado de alguien, sino, tan sólo al riesgo que engendra el comportamiento en sí mismo, no implica la ausencia de una justificación plausible de la conducta, más allá de la cuestión probatoria acerca de si los hechos esgrimidos existieron y de si ellos significan justificar la infracción, cuestión que, salvo el voto del camarista disidente, todavía resta resolver por la sentencia en crisis. Como dije, sólo el voto disidente acordó relevancia al planteo defensivo, a tal punto que lo consideró procedente, y se expidió por revocar la sanción impuesta. Esta es, precisamente la cuestión que queda pendiente -en verdad, única cuestión planteada por el impugnante, pues, según dijimos, todos, jueces y partes, han afirmado la infracción por manifiesta-, cuestión que deberá resolver una ulterior sentencia del tribunal de mérito, integrado por otros jueces extraños a la sentencia que aquí se debe casar. Como se observa, el caso constitucional fundado en esa omisión ha sido bien armado por el recurrente en el recurso interpuesto.

Puede decirse, sin temor al error, que de la lectura del mismo fallo -y hasta diría, del mismo voto de mayoría- se extrae la evidencia de que no existe en la sentencia una mayoría para decidir la admisión o el rechazo de la defensa invocada por el actor -como, en cambio, sí existe unanimidad para afirmar la infracción denunciada-, pues los dos jueces que votan en mayoría no consideraron esa defensa que, según se observa, puede o no puede tener razón, según la valoración de cuestiones de hecho y de Derecho, pero es pertinente al caso. Sintéticamente, la sentencia no resolvió el planteo; el voto de mayoría sólo se ocupa de definir la infracción como tal, conforme al tipo de la prohibición que menciona, y, en su virtud, de condenar -resultado en el que ambos jueces están de acuerdo y razón de la que se desprende, tan sólo elípticamente, que no acogieron la justificación del comportamiento del recurrente-, pero omite tratar expresamente una cuestión pertinente -y planteada por quien se defiende- para decidir la sanción. Es todavía posible que esos jueces tengan razón en excluir la justificación, conforme al examen de los hechos y el Derecho vigente, pero también es necesario que expongan esa razón por escrito, sin omitirla, en la sentencia. No se trata aquí del juicio de jurados.

Es correcto afirmar que los jueces no están obligados a tratar todas y cada una de las alegaciones de las partes, ni todos los hechos probados en la causa (Fallos 310:1835, 2012). También es correcto afirmar que la ponderación de la pertinencia y relevancia de esos hechos y proposiciones, para la correcta solución de la controversia, corresponde -en principio y por regla genérica- a los jueces de las instancias de mérito. Sin embargo, esa regla merece ser vencida por la excepción cuando la sentencia se desentiende de considerar cuestiones relevantes para la decisión de la causa, como ha ocurrido en el caso. Cualquiera que sea la eficacia que corresponda reconocer al planteo exculpatorio, el voto mayoritario no ha expresado las razones por las que no le ha reconocido virtualidad jurídica alguna. La decisión no toma en consideración los argumentos brindados como excusa; tampoco tiene en cuenta el momento en el que se produjo la infracción, que dio lugar a la denuncia e, incluso, fue prácticamente confesada por el infractor, y su contexto real, ni el conjunto normativo vigente en ese momento o con posterioridad con o sin influencia en el caso.

7. Otra vez quiero dejar en claro que esta opinión no implica reconocer la procedencia sustancial del argumento que expusiera el BH (la eficacia exculpatoria de la crisis). Mas me parece indiscutible que la decisión que admita o rechace su demanda y su recurso debe ponderar debidamente su principal agravio contra el acto administrativo sancionador. La causa, entonces, debe ser devuelta a la Cámara para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento que trate las cuestiones de hecho y Derecho común -ajenas por regla a la consideración de este Tribunal- involucradas en la decisión de la controversia, sobre las que no se ha expedido el pronunciamiento que ahora se revoca.

Por las razones expuestas en los puntos anteriores propongo dictar sentencia con el siguiente dispositivo: a) hacer lugar parcialmente a los recursos de queja y de inconstitucionalidad planteados por BH, b) revocar la sentencia dictada en los autos principales por la Sala I de la Cámara de Apelaciones y disponer el reenvío del proceso a la Cámara en lo CAyT para que, por intermedio de los jueces que correspondan, distintos de aquellos que dictaron la sentencia revocada, decida nuevamente el recurso directo planteado por el actor; c) imponer las costas del recurso de inconstitucionalidad a la parte vencida y devolverle al recurrente el depósito efectuado para posibilitar el recurso.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al voto de mi colega, el juez Julio B. J. Maier.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Recurso de queja El recurso de queja de fs. 41/48 es admisible. Fue interpuesto por la actora en tiempo y forma y contiene una crítica suficiente del auto denegatorio (fs. 30 y vuelta).

La Sala I no concedió el recurso de inconstitucionalidad por considerar que no se había planteado adecuadamente un caso constitucional y que no se estaba frente a una sentencia arbitraria.

En el marco de la resolución de fs. 30 y vuelta, la quejosa sólo pudo intentar una crítica aceptable de esa decisión volviendo, como lo hace, a los argumentos del recurso de inconstitucionalidad. Dicho en otros términos, en tanto el a quo se interna en el campo de la fundabilidad del recurso de inconstitucionalidad excediendo el control de admisibilidad formal, la queja tal como ha sido planteada es procedente y corresponde tratar los agravios ensayados a fs.25/29 vuelta.

Recurso de inconstitucionalidad 1. Banco Hipotecario S.A. (en adelante, "BH") sostiene, por un lado, que existe cuestión constitucional dado que en la causa se ha controvertido la interpretación o aplicación de normas contenidas en la CCABA y en la CN (los artículos 46 y 42 respectivamente). Por otro, afirma que el fallo de Cámara es arbitrario. A continuación trataré la primera de estas cuestiones (punto 2) y luego me referiré a la segunda (punto 3).

2. La accionante invoca la violación de los artículos 42 CN y 46 CCABA pero no explica de qué modo la sentencia recurrida vulneró en el caso concreto tales preceptos. Coincido con el Sr. Juez de Trámite en que los escasos señalamientos de BH vinculados con las mencionadas cláusulas constitucionales no son suficientes para fundar adecuadamente el recurso en examen.

3. La impugnante ataca la sentencia por arbitraria. Argumenta que el fallo (i) afectó las garantías constitucionales de defensa en juicio, derecho de propiedad y debido proceso legal, (ii) se basó en afirmaciones dogmáticas, (iii) omitió considerar y resolver cuestiones planteadas, y (iv) prescindió del texto legal sin dar razones plausibles para ello. BH destaca (fs. 26 vuelta) que "[p]ese a que en el resumen de las actuaciones que se realiza en el voto del Dr. Centanaro al que adhiere el Dr. Balbín, se hace referencia a que mi mandante impetro (sic) como causal exculpatoria la situación de grave crisis económico-financiera que afectó al país a partir de fines del año 2001, luego ello no es considerado ni analizado en momento alguno a lo largo de la sentencia." Tal como lo indica el Juez Julio B.J.Maier en su voto, en este punto asiste razón a la recurrente en cuanto a la afectación de su derecho de defensa.

El principal agravio de BH fue planteado desde su descargo en sede administrativa y mantenido en el recurso judicial de apelación ante la Cámara, y consiste en que, a su juicio, la Disposición nº 3067-DGDYPC-2003 no tuvo en cuenta la grave crisis económica desatada en el país a fines de 2001 invocada como causal exculpatoria junto con las normas de emergencia dictadas en el contexto descripto.

La sentencia de la Sala I no podía, entonces, dejar de examinar la incidencia de la crisis y de las normas de emergencia citadas por la recurrente en el conflicto de autos. Ello, sin perjuicio de la conclusión a la que pudiera arribar al efectuar dicho análisis. Sin embargo, en el fallo recurrido sólo aparece una mención tangencial a estas cuestiones en el primer párrafo del apartado VIII del voto del juez Centanaro al que adhiere el juez Balbín.

Por lo señalado, concuerdo con el Sr. Juez de Trámite en que debe dictarse un nuevo fallo que considere lo que fuera el principal planteo defensivo de la recurrente.

4. En virtud de lo expuesto, voto por: a) admitir la queja y reintegrar a la actora el depósito efectuado, b) hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad de fs. 25/29 vuelta, c) revocar el pronunciamiento de fs. 19/23 vuelta y remitir las actuaciones a la Cámara para que, por intermedio de jueces distintos de aquellos que dictaron la sentencia revocada, emita una nueva sentencia, y d) imponer las costas del recurso de inconstitucionalidad a la parte vencida.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. En la queja articulada a fs. 41/48, Banco Hipotecario S.A, se agravia por cuanto según explica, la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad decidida por el a quo frustraría la revisión de un pronunciamiento del que afirma, por un lado, que menoscabó de modo directo su derecho de defensa y, por otro, que desconoció los derechos que la recurrente había fundado en "cláusulas de una ley federal como es la ley 24.240 (...) [y] de (...) otras leyes federales y de orden público, como lo son la ley 25.561, 25.563, 25.589 y todos los decretos [y] resoluciones dictados en su consecuencia". Frente a ello, sostiene que "es incuestionable que existe en autos cuestión constitucional" (fs. 26).

Prosigue afirmando que la sentencia de fs. 19/23 no consideró el planteo exculpatorio que había esgrimido contra la validez de la sanción impuesta por la disposición nº 3067-DGYPC-2003 con base en la grave crisis económico financiera que afectó al país a partir de fines del año 2001, acontecimiento que la eximiría de sufrir las consecuencias del incumplimiento de la oferta de cancelación anticipada del crédito que el denunciante, Sr. Pozo, tomó con el Banco.

2. La quejosa sostiene que el a quo, al fundar la solución del pleito exclusivamente "en el hecho de haberse configurado una infracción al deber previsto en el art. 8 de la ley 24.240, la cual es de carácter formal", omitió "considerar y resolver sobre cuestiones oportunamente propuestas" (vgr. causal de justificación por la emergencia) (fs. 45). Sin embargo, en ninguna de sus presentaciones identifica cuáles de los preceptos del bloque normativo que invoca tuvieron por objeto alterar las condiciones de la relación jurídica, cuyo incumplimiento generó la multa cuestionada, o cuál fue el curso de acción que adoptó para poder, con apoyo en la emergencia a la que alude, eximirse de las consecuencias que acarrea la infracción que se le imputa. En otras palabras, cualquiera fuera el eventual impacto de la crisis en el contrato, ese impacto no se dice reconocido por acto legislativo o judicial, ni objeto de planteo que pudiere desembocar en un pronunciamiento de esta última especie.

3. Ese déficit tiene especial importancia por las características que rodean el ejercicio de la función que culminó con la sanción impugnada.

En primer término, la autoridad de aplicación de la ley 24.240 obra en ejercicio del poder de policía al que el legislador decidió someter no los contratos y servicios contemplados en la norma aludida sino la ejecución que a dichos contratos da una de sus partes, a la que estima más poderosa que la otra. Ello, como un control que concurre con las potestades individuales de cada consumidor o usuario individualmente considerado y que, claramente, tiende a fortalecer las posibilidades de defensa que a ellos se procura otorgar por ser la parte más débil del vínculo en cuestión.

Dentro del esquema señalado, el Estado no forma parte de la relación contractual por lo que las modificaciones que pudieran afectar las estipulaciones contractuales deben gestarse por los mecanismos que la ley prevé y con la participación de la contraparte. Sin embargo, un supuesto tal resulta ajeno a estas actuaciones, en tanto los agravios de la recurrente proclama una injerencia, directa y general, de las normas de emergencia sobre el desarrollo de la obligación crediticia que originó la multa cuestionada.

De ello se sigue que si la entidad sancionada pretendió obtener, a partir de la emergencia coyuntural (o general) invocada, alteraciones de determinadas cláusulas contractuales, o todo el contrato que la unió con el denunciante, debió convertir la situación, mediante los mecanismos que provee el ordenamiento, en una oponible a la contraparte; y el modo en que aparece invocando la emergencia en este pleito no lo es.

4. En tal contexto, no se ve que la mera referencia a la crisis que azotó al país en el período en cuestión, configure automáticamente una causal que neutralice el deber cuyo incumplimiento formal constituye la causa de la sanción resistida. La recurrente no logra, entonces, demostrar que su planteo fuera conducente para la solución del pleito. La omisión denunciada en el recurso, no configura un supuesto de arbitrariedad sino que es consecuencia del propio obrar de la accionante. En tales condiciones, resulta aplicable la regla según la cual los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de sus alegaciones, sino a expedirse en relación con las que sean conducentes para resolver la controversia. A este respecto, las objeciones de la recurrente no demuestran que el carácter formal de la sanción impuesta no permita fundar la solución a la que arribó el pronunciamiento impugnado.

Por su parte, si con el argumento según el cual el denunciante habría podido cancelar el crédito con títulos de la Deuda Pública Nacional "de conformidad con el decreto 1387/01, 1570/01, Comunicación BCRA 'A' 3398" y sus modificatorias (fs. 46 vuelta), la recurrente pretendió acreditar la sustitución normativa de la obligación que originó la sanción controvertida, así debió proponer y desarrollar el punto, para permitir un adecuado ejercicio del derecho de defensa de la contraparte en estos autos y, a su vez, poner al juez en la situación de expedirse al respecto.

Todo lo dicho, priva a la garantía constitucional invocada (art. 18 CN) de relación directa con el pronunciamiento impugnado.

5. Finalmente, la sentencia del a quo que rechazó la apelación de la recurrente contra la multa impuesta por la autoridad de aplicación de la ley 24.240, encuentra apoyo en normas de derecho común (ver punto 4, apartado b, del voto del juez Maier y su cita) así como en cuestiones de hecho y prueba, que le brindan fundamento suficiente e independiente de las normas federales mencionadas por la recurrente, cuya interpretación y aplicación no compromete el pronunciamiento impugnado.

En consecuencia, voto por rechazar la queja articulada a fs. 41/48.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Los agravios que la recurrente pretende sostener ante este Estrado por intermedio de su queja, en mi opinión, no resultan atendibles.

2. En primer lugar, tal como lo resaltan mis colegas en sus votos respectivos, no se ha logrado demostrar que la cuestión relativa a la interpretación y aplicación de los arts. 42, CN y 46, CCABA guarde relación directa con lo decidido por la Cámara en el caso.

3. Los restantes agravios planteados en la queja se refieren a: a) la incorrecta aplicación al caso de la ley nº 24.240; b) la omisión de tratamiento de una pretendida causal exculpatoria del incumplimiento del Banco debidamente acreditado en autos; y c) la crítica acerca del monto de la multa aplicada por la autoridad administrativa.

En mi concepto, las defensas enunciadas se dirigen a controvertir aspectos de la sentencia objetada que resultan ajenos al ámbito propio de la vía recursiva intentada (cf. art. 27, ley n° 402), en tanto se relacionan con la interpretación de normas infraconstitucionales, hechos y pruebas. Por lo demás, sobre estas cuestiones la sentencia no puede ser calificada como arbitraria, pues, más allá de su acierto o error, la decisión posee un respaldo argumentativo que estimo razonado y fundado.

4. Una consideración especial merece el agravio vinculado a la supuesta omisión de tratamiento por parte de la Cámara de la apuntada causal exculpatoria fundada por el Banco Hipotecario S.A. en la incidencia de la emergencia económica.

Al respecto, debo señalar que para desestimar este planteo tengo presente que los jueces no se encuentran obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos propuestos por las partes, en tanto no los consideren conducentes para resolver el caso sometido a su conocimiento (Fallos: 301:602; 302:1191; 310:1835, 2012; entre muchos otros). Por otro lado, reparo en que la Cámara, luego de corroborar la efectiva comisión de la conducta denunciada, calificó de manera expresa el comportamiento del Banco como un incumplimiento a un deber formal que bastaría por sí sólo para ser pasible de sanción, con lo cual vino a restar toda entidad -si se quiere de manera muy genérica- a las distintas defensas exculpatorias esgrimidas por la interesada, solución que más allá de su acierto o error no resulta descalificable como acto jurisdiccional válido; más aún cuando la recurrente no ha explicado de qué manera la crisis económica y financiera iniciada a fines de 2001 habría impactado en forma diferenciada en un fuerte e histórico Banco de nuestra plaza respecto de un deudor individual que debía afrontar la amortización de su deuda hipotecaria.

Lo expresado en el párrafo precedente también tiene que ser conjugado, como certeramente lo consigna el señor Fiscal General, en consonancia con el hecho de que la actuación de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor "atiende a la situación de desequilibrio que involucra cualquier tipo de contrato de adhesión entre el usuario de servicios bancarios y la entidad correspondiente, atendiendo a la función que le es propia de otorgar mayor protección a quienes ocupan los lugares inferiores en la relación de consumo y uso", a lo que cabe agregar que "en los contratos bancarios el usuario del servicio se encuentra en una situación de desigualdad estructural en relación con la entidad" (del dictamen del Sr. representante del Ministerio Público Fiscal, fs. 70).

En virtud de las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 67/71), corresponde rechazar la queja deducida y dar por perdido el depósito de ley.

Así lo voto.

Por ello, emitido el dictamen del Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar parcialmente a la queja y al recurso de inconstitucionalidad planteados por Banco Hipotecario S.A., revocar la sentencia recurrida y remitir los autos a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario para que, por intermedio de jueces distintos de los que dictaron la decisión aquí revocada, dicte un nuevo pronunciamiento.

2. Reintegrar el depósito de fs. 64.

3. Imponer las costas a la vencida.

4. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita.