Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-23


RAWSON, 23 de Agosto de 2.011.- VISTO: - El expediente caratulado: "L. G., M. P. c/ L., M. O. s/ INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA s/ INCIDENTE DE COMPETENCIA NEGATIVA" (Expte. N° 22.335 - LL - 2011).

DE LOS QUE RESULTA: - I.- Convoca la atención de este Superior Tribunal de Justicia, en pleno, el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado de Familia N° 2 de la ciudad de Puerto Madryn, y el Juzgado de Familia N° 1 de Comodoro Rivadavia, porque ambas magistrados se han negado a intervenir en el incidente de aumento de cuota alimentaria deducido por la Sra. M. P. L. G., en representación de sus cuatro hijos menores de edad.-- II.- El reclamo de la actora fue presentado en la circunscripción judicial de Puerto Madryn y adjudicado -allí- al Juzgado de Familia N° 2, para su tramitación. La Dra. Delma Irina VIANI al recibir las actuaciones dio inmediata vista al Fiscal, al que le solicitó se expidiera sobre la competencia de ese juzgado en la causa. -- II. a.- Sobre el tema la funcionaria de fiscalía, Dra. María Eugenia VOTTERO, opinó que no obstante haber prevenido en autos el Juzgado de Familia N° 1 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, el Juzgado de Familia N° 2 de Puerto Madryn era el organismo con capacidad para conocer en la causa, teniendo en cuenta el artículo 3 del CPP (sic) y el domicilio de los menores en esta última ciudad (ver fs. 7).- II. b.- No obstante el dictamen la Juez resolvió declararse incompetente para intervenir en la causa (fs. 8/10). Lo hizo a través de la Sentencia Interlocutoria N° 587/10 que ordenó remitir las actuaciones al Juzgado de Familia N° 1 de Comodoro Rivadavia y se basó en que el juicio de alimentos -radicado en la circunscripción declinada- tenía sentencia firme, de modo que, si la pretensión de la actora consistía en reclamar bajo los términos del artículo 6°, inciso 1° del CPCC, se desplazaba la competencia genérica establecida en el artículo 5°, inciso 3° del mismo ordenamiento ritual.- - La sentenciante agregó que admitir la radicación propuesta, importaría que un Juez diferente al que actuó y dictó sentencia, interviniera en la etapa de modificación de ese pronunciamiento, circunstancia improcedente, a su criterio, pues la jurisdicción de un Tribunal no termina con la sentencia, sino que continúa hasta su cumplimiento e incluso modificación.- II. c.- Disconforme la interesada dedujo apelación y sus demanda recursiva fue resuelta por la Cámara de Apelaciones de la circunscripción judicial de Puerto Madryn, mediante un pronunciamiento registrado bajo el N° 07/2011 SIF que confirmó la impugnada.-- El Tribunal de control señaló que la Sra. magistrada había acertado en la afirmación, que el abanico de posibilidades legales que le permitían a los menores ejercer su pretensión de aumentar la cuota alimentaria, regían exclusivamente cuando la acción era entablada como principal o autónoma y no, como en el caso, cuando debía tramitar por la vía de un incidente.-- Adujo la Cámara que no se discutía que quienes debían tomar decisiones de cualquier naturaleza que, de algún modo, pudieran influir en la vida de un menor de edad debían estar orientadas por el "interés superior del niño". Pero ese axioma -apuntó- se halla contemplado en el artículo 6 de la Ley III N° 21 y, con idéntica orientación, definido en la Ley Nacional N° 26.061 cuando estatuye que el concepto de interés del niño, niña y adolescente es la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos reconocidos en ella.

En el caso, juzgó que la actuación jurisdiccional no afectaba el interés superior del niño, por sostener la competencia del Juez de Familia que intervino en el proceso principal. De modo que el respeto al debido proceso legal objetivo, también de raigambre constitucional, garantizaba que los derechos de los pequeños estuvieran preservados.- -- III.- La Jueza a cargo del Juzgado de Familia N° 1 de Comodoro Rivadavia, Dra. Mabel Clara GONZALEZ de ROMERO, dio inmediata intervención al Procurador Fiscal para conocer su opinión sobre la cuestión de competencia planteada, nomás recibir el caso.

III. a. Ese Ministerio Público, encarnado en el doctor Julio Argentino PUENTES, funcionario de fiscalía, opinó que el incidente no podía seguir la suerte de su principal, pues los intereses de los pequeños debían protegerse y, por ende debían regir las reglas comunes sobre competencia, en el caso el artículo 5°, inciso 3° del CPCC.

Si la obligación alimentaria debía cumplirse en la ciudad de Puerto Madryn, donde actualmente se encuentran radicados lo niños junto a su madre -agregó- estimó prudente que la competencia fuera ejercida por los Tribunales de Familia de esa circunscripción judicial y, en razón de la materia, sugirió dar intervención a la Asesoría de Familia para que también emitiera opinión, enarbolando la aplicación del art. 228, inciso 2° del CC.-- --III. b - A su turno, la Dra. Patricia Alejandra FERNANDEZ, en representación del Ministerio Pupilar, compartió en todas sus partes el dictamen realizado por el representante del órgano que se expidió. Así, consideró con capacidad para entender en la causa al Juzgado de Familia de Puerto Madryn, pues, a su parecer, la inmediación debe primar en toda causa del fuero y se encuentran en juego los principios de celeridad y economía procesal (arg. Artículos 57, inciso 2°, 79, 80, 126, 264, 265, 267, 271, 494 y concs. del Código Civil; 5, inciso 3°, 34, 36, 152 y concs. del CPCC; 6, 25, 77, 78, 79, 87, 205 y concs. de la Ley III N° 21).

- La Jueza GONZALEZ de ROMERO decidió por Sentencia Interlocutoria N° 21 del 2011 y repelió la inhibitoria. Juzgó que por aplicación de lo que llamó "la regla de oro" para dirimir intereses contrapuestos, es decir, el interés superior del niño, resultaba competente el magistrado del domicilio en el cual se encontraban los pequeños para resolver el incidente de marras.

Añadió que la competencia por conexidad encuentra su fundamento, en la conveniencia de que siga conociendo aquel juez que, en razón de su contacto con el material fáctico y probatorio de la relación jurídica procesal, se encuentre en mejores condiciones de resolver las pretensiones de las partes. En el caso, luego de una sentencia de alimentos dictada 8 años atrás por la propia Jueza GONZALEZ de ROMERO, ninguna duda cabía para ella que las circunstancias del caso habían variado, motivo por el cual consideró que el material probatorio debía producirse nuevamente en su totalidad.- Concluyó en que debía proteger y garantizar el interés superior de los niños, para lo cual debían contar con un magistrado competente que, efectivamente, pudiera conocer y valorar los hechos de "primera mano", escuchándolos y conociendo sus circunstancias de vida sin intermediarios.- Con esas bases rechazó la inhibitoria y ordenó remitir las actuaciones a este Superior Tribunal, a los fines de dirimir el conflicto suscitado.- IV. El Procurador General de la Provincia, Dr. Jorge Luis MIQUELARENA, emitió su opinión a fs. 33 y vta. Al respecto, coincidió con el criterio expuesto por la magistrada comodorense y por los distintos representantes del Ministerio Público Fiscal que se expidieron en la causa. Con fundamento en el principio de inmediación, consideró que el trámite debía radicarse ante el Juzgado de Familia del domicilio de los niños, pues de ese modo se le facilitaba el acceso a la justicia.-- V.- Se pronunció, también, el doctor Arnaldo Hugo BARONE, en su carácter de Asesor General, quien señaló que la posición de la Jueza de Familia de Puerto Madryn era incompleta y errónea, por haberse fundado exclusivamente en materia procesal. Propugnó la interpretación integral y armónica sustentada por la magistrada de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la idea de que tutela mejor el interés de sus representados.

Suponer que el principio inmediación y el derecho de los niños a ser oídos -agregó- hallarían mejor resguardados en el juzgado que intervino en la acción originaria y no en el competente en razón del lugar de su residencia, importaría que la forma ya no fuera la herramienta que favoreciera la realización del derecho de fondo y es por ello que interesó a este Superior Tribunal para que declarase la competencia del Juzgado de Familia N° 2 de la ciudad de Puerto Madryn.- CONSIDERANDO:

I.- Formulada esta breve relación acerca del la médula del caso, se estima que ha resolverse en pleno por aplicación del art. 179, inc. 1.1.2 de la Constitución del Chubut, pues involucra un conflicto de competencia entre dos organismos jurisdiccionales que carecen de un superior común.

II.- Sentada esa premisa ha de principiarse con que es doctrina sentada por este cuerpo que, para discernir los problemas de competencia, debe analizarse el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal y la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa, la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda sumado el derecho que se invoca en el reclamo (Conf.: (SI N° 175/90, 79/91, 118/91 y SI N° 12/2011 S.R.O.E. entre otras; SI N° 67/S.C.A./07 y 56/S.C.A./09 y SI N° 12/2011 S.R.O.E).

El conflicto planteado se vincula con la asistencia alimentaria de cuatro pequeños por cuya manutención se aboga, de manera que la protección integral de sus derechos se convierten en una guía para la resolución del conflicto, por aplicación directa del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22.-- Esta norma, que forma parte del Bloque Constitucional repetimos, permea la legislación y es relevante para el comportamiento de todos los órganos estaduales de la federación, en particular el Poder Judicial en su tarea de dirimir controversias y asegurar la vigencia del orden jurídico total.- El contenido del precepto se vislumbra en la Ley Nacional N° 26.061 en su artículo 1° que establece que los derechos reconocidos a los niños, niñas y adolescentes, están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.- También el orden local contiene preceptos simétricos. La Ley III N° 21 de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, que en su artículo 6° establece la primacía del interés superior de los niños y adolescentes en todas las medidas concernientes a ellos, que adopten instituciones públicas o privadas de acción social y los órganos judiciales, administrativos o legislativos.-- En el capítulo III titulado "Del procedimiento judicial", esta norma determina que en las acciones promovidas sobre cuestiones relativas a la asistencia alimentaria -entre otras-, deben observarse los estatutos de procedimiento allí establecidos y supletoriamente, las disposiciones del Código Civil y sus leyes complementarias y las reglas del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chubut (artículo 98).- Así, el plexo citado se yergue en la ordenación que ha de campear en la resolución del conflicto que se ha suscitado.-- III.- Un breve repaso de los hechos que motivaron el planteo de la actora, nos permite percibir el nudo de su reclamo. Ella, en representación de sus cuatro niños, ha alegado que transcurridos ocho años desde la sentencia que fijó la cuota alimentaria de los pequeños puesta sobre el padre, M. O. L., dictada por una magistrada de la ciudad de Comodoro Rivadavia, solicitó un aumento de ese estipendio ante los tribunales de la ciudad de Puerto Madryn, en razón de haber mudado allí su domicilio y el de su prole. - Para lograr que es pretensión fuera exitosa la fundó en el artículo 5°, inciso 3° del CPCC, aun cuando instó el proceso como un incidente de cuota alimentaria.

IV. Este Tribunal no esquiva que el ordenamiento ritual local atribuye competencia para conocer en los incidentes al juez que intervino en el proceso principal.(art. 6 inc. 1° del C.P.C.C)-- Pero tampoco desdeña que, en este especial asunto, la prórroga de la competencia es razonable pues el derecho de acceso a la justicia se realiza sí, y sólo sí, la actora puede hacer efectivo su reclamo judicial bajo condiciones que le permitan plantear sus pretensiones sin obstáculos que interfieran el pleno y eficaz desarrollo de su articulación .-- La acción intentada, por lo demás, impone a la jurisdicción la obligación de analizar las condiciones socio económica en que se desarrolla la vida del grupo desmembrado, para establecer -con precisión- las verdaderas necesidades patrimoniales que justifiquen un aumento de la cuota alimentaria.- Si la radicación del planteo en lugar lejano al domicilio es de por sí una barrera difícil, el objetivo perseguido, en estricta justicia sólo es posible respetando el principio de inmediación, que impone el contacto directo del magistrado y los actores.

El interés superior del niño no es sólo una mera expresión retórica de la Ley, ya lo hemos señalado. Se traduce, otra vez y como bien cita el señor Asesor General, en dos finalidades básicas: constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses y en criterio para la intervención institucional destinada a proteger al niño. El principio proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los conflictos del niño con los adultos que lo tienen bajo su cuidado. La decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto se prioriza el del niño.-- La prórroga de la competencia, luego de todo lo expuesto, encuentra razón suficiente, pues los óbices resaltados ponen en riesgo serio y consistente el interés aludido y autorizan la excepción que se decide V.- Por lo expuesto, en consonancia con lo dictaminado por el Sr. Procurador General a fs. 33 y vta. y por el Defensor General de la Provincia a fs. 35/36 vta., debe ser el Juzgado de Familia N° 2 de la ciudad de Puerto Madryn quien atienda los requerimientos planteados en la causa.-- Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, en pleno: - -- R E S U E L V E: -- 1º) DECLARAR competente para continuar entendiendo en los presentes actuados al Juzgado de Familia N° 2 de la ciudad de Puerto Madryn.

2º) REMITIR las actuaciones al citado Juzgado, a sus efectos.-- 3°) REGISTRESE y notifíquese.-- Fdo. Dr. Jorge PFLEGER- Dr. José Luis PASUTTI- Dr. Daniel Luis CANEO- Dr. Alejandro Javier PANIZZI- Dr. Fernando S. L. ROYER.

RECIBIDA EN SECRETARIA EL 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 20 S.R.O.E. CONSTE