Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-25


SENT Nro. 74 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 25 DE FEBRERO de 2004.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, con más la integración de los señores vocales doctores René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato -por no existir votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido-, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducido por la querellante en contra de la sentencia del Juzgado Correccional del Centro Judicial de Concepción de fecha 23/5/2001, (fs. 192/194), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 24/6/2002 (cfr. fs. 230). En esta sede, la querellante y actora civil presentó memoria casatoria (cfr. fs. 236/244), mientras que el señor Ministro Fiscal se pronuncia por el rechazo del recurso tentado (fs. 246/247). Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del presente Tribunal el recurso de casación interpuesto por el representante de la parte querellante en contra de la sentencia del Juzgado en lo Penal Correccional de Centro Judicial de Concepción de fecha 23 de mayo de 2001 que hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba solicitado por la defensa de Segundo José Avila.

2.- Se debe recordar que los hechos de la presente causa se originaron el día 18 de mayo de 1996 en la ruta nacional 38 a la altura de la localidad de Palo Blanco a las 21 horas aproximadamente. El imputado conducía un camión Bedford sobre dicha ruta con dirección sur-norte y la víctima, Enrique Hugo Orellana, conducía un automóvil peugeot 404 en dirección contraria. En esos momentos, por causas que se desconocen Avila perdió el control del vehículo y impactó frontalmente con el automóvil causándole la muerte al conductor.

3.- Previamente al análisis del planteo casatorio se debe señalar que la querella a fojas 201 promovió un incidente de nulidad en contra de la sentencia del 23 de mayo de 2001. Posteriormente interpuso el actual recurso de casación (fs. 212) el que fue reservado en caja fuerte hasta tanto se resuelva el incidente de nulidad y se decretó la suspensión de los términos procesales (fs. 221). Luego de aceptada la inhibición de la doctora Elena del T. Grellet de Barrionuevo, el Juez de Instrucción de la Iª Nominación reabrió los términos procesales (fs. 226 vta.) y concedió el recurso casatorio (fs 230). No obstante no encontrarse resuelto el incidente de nulidad este Tribunal considera adecuado internarse al estudio de las cuestiones exhibidas en el recuso de casación por razones de economía procesal toda vez que tales cuestiones (la supuesta contradicción de las decisiones y la razonabilidad del ofrecimiento de reparación) son nuevamente planteadas. También debemos recordar que la CSJT afirmó que frente a la sentencia que resuelve el pedido de la suspensión del juicio a prueba la deducción del incidente de nulidad es innecesaria y resulta totalmente ineficaz siendo adecuada la vía casatoria regulada en los arts. 468 inc. 2 y 469 del CPPT (CSJTuc, sent. nro. 453 de fecha 19 de junio de 2003).

4.- En relación al actual recurso interpuesto, el recurrente recuerda que el 23 de noviembre de 2000 la defensa del imputado presentó el pedido de suspensión del juicio a prueba el que fue finalmente rechazado por el Juzgado Correccional de Centro Judicial de Concepción mediante el pronunciamiento de fecha 14 de febrero de 2001. No obstante encontrarse firme la denegatoria la defensa insistió en su solicitud el 16 de abril de 2001, pedido que, en contradicción con lo previamente resuelto, hace lugar mediante al resolución que hoy impugna.

Se agravia de que las sentencia violan un principio lógico de razonamiento en virtud del cual los juicios contradictorios no pueden ser ambos verdaderos. Agrega que también se violentaron los arts. 76 bis y el 84 del CP puesto que se superó el límite el máximo de la pena de reclusión o prisión de tres años al conceder el beneficio para el delito de homicidio culposo cuya pena máxima es de cinco años.

Indica que tampoco se cumplió lo dispuesto por el art. 76 bis al no exhibir una resolución fundada cuando hace referencia a la razonable del ofrecimiento en la sentencia del 27 de noviembre de 2000 como cuando deriva a la querella a accionar civilmente en la sentencia del 23 de mayo de 2001. Que esta resolución también conculcó los arts 14 y 17 de la CN, 142 y 148 del CPPT y 28 de la Constitución de la Provincia.

Señala que luego de estar litigando durante casi cinco años le ocasiona un palmario perjuicio el extemporáneo y tardío acogimiento de la probation. Finaliza afirmando que la sentencia recurrida no efectuó ninguna meritación de factores necesarios para realizar una efectiva aplicación del instituto jurídico citado.

5.- De la liminar lectura de los agravios expuestos, considero que los mismos deben ser desestimados puesto que no cumplen con los requisitos de admisibilidad establecidos en el digesto procesal.

En efecto, resulta errado afirmar que el magistrado se encuentra imposibilitado de conceder la suspensión de juicio a prueba en razón de que el mismo juzgado la denegó previamente. Al respecto, corresponde señalar que la probation surge en nuestro sistema normativo como una novedosa forma de extinción de la acción penal, es decir, se plasma como una paralización del proceso penal con potencialidad de extinguirla. En la doctrina como en la jurisprudencia no se discute que la probation puede ser revocada si no se cumplen las reglas de conducta que impone la ley, entonces, resulta evidente que tanto la adjudicación como la revocación no causan estado en tanto se cumplan o no los requisitos para su concesión. De este modo, no surge de la naturaleza jurídica del instituto, ni de la normativa que lo regula, ni de su práctica judicial, la imposibilidad de otorgarlo luego de haber sido rechazado. Por el contrario, la facultad del magistrado de concederla una vez cumplidos los condiciones impuestas aparece como una necesidad del instituto. En el presente caso, la decisión del magistrado como del fiscal se encuentra fundada en el actual criterio de este Tribunal referido a los requisitos necesarios para la admisión del citado instituto.

Coincidentemente con lo expuesto, el Superior Tribunal de la Provincia de Entre Ríos señaló que "El ofrecimiento de reparación del daño por parte del encausado configura un requisito de admisibilidad del pedido de suspensión del juicio a prueba, cuya omisión obsta al examen judicial de su eventual procedencia, sin perjuicio de que el interesado posteriormente formule una nueva presentación que satisfaga los extremos condicionantes previstos en la ley." (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, sala I, 10/03/1999, Stanghelini, Antonio J. La Ley 2000-C, 888).

Se debe recordar que el señor Fiscal Correccional esgrimió como argumento central del rechazo el criterio sostenido por este Tribunal en su anterior composición que impedía aplicar la probation en los delitos cuya condena tenga prevista la pena de inhabilitación. De este modo, el juzgado rechazó el pedido en tanto que, como se ha señalado en diferentes oportunidades, lo resuelto en el dictamen fiscal es vinculante para el magistrado. Al modificarse el criterio de esta Corte y frente a un nuevo pedido del acusado el señor Fiscal Correccional dictaminó a favor de su concesión.

En conclusión, considero que el pronunciamiento que desestima la concesión de la suspensión del juicio a prueba no causa estado y el juez se encuentra facultado de conceder la probation una vez que se haya cumplido los requisitos fijados por la norma para su acogimiento.

Respecto a que no se respetó el límite de máximo de la pena de reclusión o prisión de tres años al conceder el beneficio para el delito de homicidio culposo cuya pena máxima es de cinco años, dicho planteo es insostenible. En efecto, al momento de producirse el evento -18 de mayo de 1996- el art. 84 establecía que la pena por el homicidio culposo era de seis meses a tres años, texto que fue modificado el 28 de octubre de 1999. Resulta evidente que una pena más gravosa no puede imponerse retroactivamente al imputado puesto que se estaría violentando uno de los principios básicos del Derecho Penal que se encuentra establecido en el art. 2 del CP el cual señala que "Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna".

Finalmente, los agravios referidos a la razonabilidad del ofrecimiento hacen referencias a cuestiones de hecho que son ajenas al recurso interpuesto por la querella. Más aún cuando no se rebatió el criterio de que no debe tenerse en cuenta la valoración del daño sino sopesar la modalidad del cumplimiento propuesto, de modo que el cumplimiento se torne imposible que sustentó la resolución del 27 de noviembre de 2000 que declaró razonable el ofrecimiento (fs. 162). Se debe recordar que la casación no constituye un medio ordinario para reexaminar todas las decisiones, pues no tiene por función revisar el acierto o error de las decisiones de los tribunales inferiores vinculadas al material histórico del proceso. De allí que su competencia quede limitada y circunscripta a resguardar el derecho sustantivo y procesal, sea para evitar inobservancia o errónea aplicación del primero, o la inobservancia de disposiciones del segundo impuestas bajo pena de admisibilidad, caducidad o nulidad (cfr. CSJTuc., "Solórzano, P. R. s/lesiones culposas" de fecha 15/02/95).

Por lo expuesto, considero que debe declararse inadmisible el recurso interpuesto por la parte querellante, con costas a la vencida.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Adhiero al relato de los antecedentes que efectúa en su voto el señor vocal presidente doctor Antonio Gandur, como así también a la fundamentación que vierte sobre los agravios, excepto en lo atinente al reproche que el recurrente formula a la sentencia en recurso en tanto ésta considera que "la reparación del daño resulta atendible lo expresado por el encartado, quedando en su caso a la parte víctima, expedita para ejercitar la acción civil pertinente por ante ese fuero" (fs. 194).

Si bien en principio constituye una cuestión de hecho el juicio que el tribunal de mérito emite acerca de la razonabilidad de la reparación del daño efectuado por el imputado que solicita el beneficio, el ejercicio de esa facultad privativa es controlable en casación en los supuestos de arbitrariedad.

Esto último es lo que ocurre en la especie, toda vez que en la sentencia no se expresó ningún fundamento acerca de las razones por la que se estima atendible el ofrecimiento del imputado.

Es imprescindible puntualizar lo siguiente respecto de este requisito previsto en el art. 76 bis, tercer párrafo, del Código Penal en relación a la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, cual es, la oferta razonable del imputado de reparar el daño causado en la medida de sus posibilidades de su cumplimiento para la subsistencia del beneficio.

Se trata de una de las manifestaciones del cambio de paradigma de la justicia penal. Esto es, en lugar de la tradicional respuesta consistente en que la acción penal se agota en una sentencia que para el caso de condena impone una pena, el nuevo paradigma coloca como figura central la compensación a la víctima ("Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para la Víctima del Delito y Abuso del Poder", ONU, 1996, traducción al español en la publicación Nro. 3 "Víctimas, Derecho y Justicia", de la oficina de Derechos Humanos y Justicia, Córdoba, p. 101). La reparación además de compensar el daño a la víctima, constituye "un modo socialmente constructivo para que el autor sea obligado a dar cuenta de sus actos, ofreciendo a la vez el mayor espectro posible de rehabilitación" y uno de los modos de implementación es precisamente la probation o suspensión del juicio a prueba (Manual y publicación cit., p. 110).

La aceptación del ofrecimiento de la víctima constituida en actor civil en el proceso penal o que ejerce la acción en un proceso civil, tendrá indudables repercusiones, pues conducirá a un acuerdo que homologado por el juez finiquitará la pretensión resarcitoria. Por el contrario, el rechazo del ofrecimiento aún cuando el juez considere razonable el ofrecimiento, posibilitará la continuidad de la acción resarcitoria pero exclusivamente en sede civil, sin que rija la prejudicialidad penal (CP, 76 quater).

Por consiguiente, siempre debe haber pronunciamiento jurisdiccional sobre la razonabilidad de la reparación ofrecida, puesto que la existencia de una medida razonable de reparación es presupuesto sustancial de la concesión de la probation (Edgardo Ignacio Saux, "La suspensión a prueba del proceso penal y su prejudicialidad respecto de la acción resarcitoria civil", J. A. 1995-II, p.712).

El juicio de razonabilidad que efectúe el tribunal ha de atender a la ponderación de la oferta de reparación, respecto de la existencia y extensión del supuesto daño, las pretensiones de la víctima, y las reales posibilidades de pago del imputado (cfr. José L. Clemente, "La suspensión del juicio a prueba", U.N.C., Rev. de la Facultad- Nueva serie, Vol. 3, Nro. 2, 1995, p. 35); Justo Laje Anaya-Enrique A. Gavier, op. cit., p. 415, nota 13; Ricardo Nuñez, "Manual de Derecho Penal. Parte General", Lerner, Córdoba, 1999, p. 218. Cám. Apel. Crim., Paraná, Sala 2, sent. del 16/04/98, "Becker"; id. Trib., Sala 1, 03/09/97, "G., M.F."; STJ Córdoba. "Fissore, Guillermo Oscar s. lesiones culposas", 22/08/03).

En la especie, la apreciación sentencial sobre el tópico carece de todo fundamento concreto y puntual, habiendo omitido el análisis crítico del ofrecimiento, por lo que, en este punto, la sentencia no se encuentra debidamente motivada e infringe el art. 28 de la Constitución de la Provincia. En consecuencia, propongo se case parcialmente el fallo a tenor de la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que al pronunciarse sobre la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, omite todo fundamento acerca de por qué estima razonable el ofrecimiento de la reparación del daño formulado por el imputado".

Atento a que la nulidad no es imputable a las partes, las costas se imponen en el orden causado.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Comparto el relato de los antecedentes hechos por el vocal preopinante, doctor Antonio Gandur desde el punto 1 al punto 4 inclusive.

II.- Atento a las concretas circunstancias de la causa adhiero al voto del señor vocal doctor Alberto José Brito en lo relacionado a que la sentencia en recurso omite todo fundamento acerca de por qué estima razonable el ofrecimiento de reparación del daño formulado por el imputado, vicio que la descalifica como pronunciamiento jurisdiccional válido y afirmo que los fundamentos dados en su voto son los que conducen a la solución del sub lite.

Sin perjuicio de ello y a mayor abundamiento, dejo a salvo mi opinión personal en lo relacionado al fondo de la cuestión.

III.- Sobre este particular es nuevamente necesario fijar mi posición, en qué circunstancias es procedente la aplicación del instituto, para lo cual me remito a la causa "Pérez, Edmundo s/Lesiones culposas" resuelta por este Tribunal mediante sentencia nro. 860 del 26/11/98, en donde como vocal preopinante expresé: "Que siendo así y en base a la merituación precedente no cabe duda alguna que tanto de la voluntad del legislador como de la literalidad del artículo, y de la conjunción a la luz de las demás normas vigentes en el CP, en especial, el artículo 26, no resulta de aplicación la suspensión del juicio a prueba en los delitos que tenga previsto como pena principal, alternativa o conjunta la pena de inhabilitación".

IV.- "Entrando al meollo de la cuestión estimo que la suspensión del juicio a prueba en la figura del art. 94 del CP, no es de aplicación en base a las siguientes argumentaciones:

"a) La exégesis y correcta hermenéutica sobre la aplicación del instituto de probation, prevista por el art. 76 bis de la (Ley 24.316), incorporada al CP, no pasa por la aplicación del método de interpretación sistemático teleológico únicamente, y de buscar y sondear la voluntad del legislador como fuente del derecho, sino que debe ser ello analizado en forma armónica a la luz de las demás normas vigentes en juego en el tema, para no desvirtuar esa intencionalidad, y caer el juzgador en una tarea legisferante, que es ajena a su quehacer, que es netamente de aplicación e interpretación de la ley al caso en concreto.

"b) En efecto, el art. 76 bis del CP, es por demás claro cuando determina que la suspensión del juicio a prueba, está relacionado con delitos de acción pública, cuya pena de reclusión o prisión no exceda de tres años, siéndole aplicable también el concurso de delitos que no excediere de esos términos.

"Resalta como requisito, sine qua non, las circunstancias de que el caso pueda permitir la aplicación de condena condicional.

"También prevé que si el delito o concurso de delitos estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la pena de prisión, será condición de que se pague el mínimo de la multa.

"De otra parte específicamente determina, que no procede la suspensión del juicio a prueba en dos hipótesis independiente y aislada una de la otra, siendo la primera cuando en el delito hubiere participado un funcionario público en ejercicio de su función, y en la otra, respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.

"Lo cierto y concreto es de que la suspensión del juicio a prueba es improcedente por voluntad expresa de la ley en los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, sea principal, conjunta o alternativa.

"c) Esto se encuentra abonado con la clara preceptiva del art. 26 del CP, que dispone en su último párrafo, que no procede la condena condicional respecto de las penas de multa o inhabilitación.

"Ello va de la mano con el concepto de pena que determina Ricardo C. Núñez, en su obra de Derecho Penal Argentino, t. 2, pág. 346, cuando manifiesta: "La pena es un mal consistente en la pérdida de bienes como retribución por haber violado el deber de no cometer un delito".

"Cualquiera que haya sido la finalidad política que se le haya asignado al derecho penal, la pena ha consistido siempre en la pérdida de un bien del delincuente. Entran en este concepto tanto la pérdida de la vida, libertad, propiedad, fama y derechos o facultades, como la imposición de ciertas cargas penales, según son el trabajo y otras obligaciones.

"El fin de la pena para este mismo autor, en su obra ya citada t. 2, pág. 348, no es la expiación de sentido jurídico que sólo tienda a devolver mal por mal, pues no se castiga porque se ha delinquido "quia peccatum est", sino para que no se delinca (ne peccetur).

"Igualmente considera como penas principales la prevista por el art. 5° del CP, entre las que figura la multa e inhabilitación, pudiendo ser a su vez la inhabilitación pena accesoria, de acuerdo al art. 12 del citado digesto sustantivo.

"Sostiene igualmente que el carácter principal o accesorio de las penas, no depende de su naturaleza, sino de la forma como las conmina la ley, citando por ejemplo la ley 17.818 de estupefacientes, que preveía como pena principal, la clausura y el decomiso.

"La pena de inhabilitación es una pena principal como ya se expresara ut supra, ocupando el último lugar en el orden de gravedad relativa de las mismas; y como pena principal consiste en la incapacidad para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas, ejercer profesiones o derechos y gozar de beneficios asistenciales.

"La inhabilitación no es una pena como la privativa de la libertad que busque la reforma del delincuente, sino que sus valores esenciales son la intimidación y la seguridad para terceros.

"Y su característica es que no se puede imponer condicionalmente, art. 26 del CP, sino que es de cumplimiento efectivo.

"Abonan este criterio, arribando a conclusiones similares, Julio de Olazábal en su obra "Suspensión del Proceso a Prueba ley 24.316 (Probation)", cuando a fs. 54 vta. apartado d), después de analizar los delitos reprimidos con pena de inhabilitación concluye: "consecuentemente, no podrá acordarse la suspensión del juicio a prueba cuando se trate de delitos reprimidos con pena de inhabilitación, trátase ésta de pena principal, conjunta o alternativa".

"También es de destacar de este autor, cuando en el referido comentario pone de relieve, que este punto no fue de modo alguno pasado por alto por los legisladores, tal como resulta de las expresiones del miembro informante, diputado Hernández, respecto a que se prohibía la suspensión de los procesos referidos a los delitos que tuvieran pena de inhabilitación, cuando expresaba "existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto", y las del senador Alasino referente a que no procedería en supuestos en que el delito tuviera pena excluyente o secundaria de inhabilitación.

"Eleonora A. Devoto en su obra "Probation" (pág. 94), apartado b), determina en otros aspectos, citando al diputado Sodero Nievas, cuando dice: prohibiéndose en los delitos reprimidos con inhabilitación por considerar que esta última sanción penal tiene un efecto y consecuencias diferentes que de ningún modo deberían dejarse de aplicar, para enseguida ilustrar con el ejemplo de mala praxis médica.

"Trae a colación también, que el proyecto de reforma del reciente art. 76 bis del CP, y que se encuentra para su consideración en la Cámara Alta, que comentamos en el Capítulo X, expresa claramente el punto: se impide la aplicación de la suspensión del juicio a prueba en los casos de los delitos conminados con sanción de inhabilitación, sea ella prevista como pena principal o accesoria (pág. 96 de la citada obra)".

Por acuerdo nro. 1/99, plenario nro. 5, autoconvocatoria en causa 1403, de la Sala III "Kosuta, Teresa R. s/recurso de casación", el 17/8/99, la Cámara Nacional de Casación penal fijó la siguiente doctrina legal:

1).-"La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis, y sgtes. del CP, es la de reclusión y prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años".

2).-"No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa, etc." El Ministerio Público fiscal ante esta Corte Suprema de Justicia en su anterior integración, mantuvo criterio diferente al voto de la mayoría, pero ante lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal y su doctrina legal, adhiere a sus fundamentos, lo que constituye por otra parte el voto mayoritario y la doctrina legal de este máximo Tribunal provincial fijado en la causa "Paz, Dionisio Eduardo s/Homicidio y lesiones culposas", sentencia nro. 110 del 09/3/99.

V.- Recientemente el máximo Tribunal de la Nación en la causa "Gregorchuk, Ricardo s/recurso de casación" del 03/12/2002, en donde se expidió sobre los alcances del art. 76 bis del CP, determinó que a la luz de estos principios, el Tribunal comparte y hace suyo los argumentos expuestos por la Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo plenario Kosuta, Teresa Ramona s/recurso de casación" de fecha 17/8/99, en lo que atañe a cuál es el criterio interpretativo para establecer el límite de la escala penal que habilitaría la viabilidad del instituto, así como también en lo que respecta a su improcedencia en aquéllos supuestos en que respecto del delito imputado esté prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa".

"Que en el caso de que se trata, la denegación aparece sustentada en la última de las circunstancias mencionadas en el considerando precedente" A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos del señor vocal doctor Alberto José Brito, en cuanto a las cuestiones propuestas, vota en igual sentido.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, en cuanto a las cuestiones propuestas, vota en el mismo sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación deducido por el letrado defensor de la parte querellante en contra de la sentencia del Juzgado Correccional del Centro Judicial de Concepción, del 23/5/2001, a tenor de la doctrina legal enunciada; en consecuencia se casa y se deja sin efecto esa sentencia, debiendo volver los autos al Juzgado para que, por intermedio de quien corresponda, se proceda a dictar nueva resolución conforme a lo considerado.

II.- COSTAS, por su orden conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR (en disidencia) ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO