Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-24


2º Instancia. -Buenos Aires, julio 24 de 2008.

El Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? La doctora Marta Herrera dijo:

I.- Que, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) interpuso demanda contra la Empresa Distribuidora y Comercializadora EDELAP SA, para que se ordene el cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 1º al 12 de la resolución ENRE Nº 521/03, bajo apercibimiento de la aplicación de las sanciones previstas por los art. 666 bis del Código Civil y 37 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Solicitó intereses e hizo reserva del caso federal.

II.- A fs. 117/120 vta., la Sra. Magistrado de primera instancia rechazó la excepción de falta de legitimación activa con costas y declaró abstracta la acción intentada con costas por su orden.

En relación a la primera cuestión, señaló que la ley 24.065 caracterizó al ENRE como un ente autárquico y consagró la protección de los derechos del usuario como su primer objetivo. Recordó las previsiones del art. 42 de la Constitución Nacional e indicó que el art. 56 de la ley le confirió las facultades de regulación, control y fiscalización necesarias para el cumplimiento de la normativa específica, agregando que el subanexo IV del Contrato de Concesión determinó la responsabilidad de la distribuidora en la prestación del servicio con un nivel de calidad satisfactorio, imponiendo multas en caso de incumplimiento. En ese contexto, destacó que la existencia de un crédito a favor del consumidor no impedía que el ente reclame judicialmente la ejecución de los actos administrativos que él dicta.

En cuanto al fondo, manifestó que el juez debe encuadrar la pretensión en la normativa correspondiente, advirtiendo que actualmente los derechos y obligaciones de las partes se encuentran regulados por las disposiciones del decreto Nº 802/05 que ratificó el Acta Acuerdo suscripta por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y EDELAP SA. Concluyó que toda vez que las multas impuestas en la resolución ENRE Nº 521/03 fueron alcanzadas por la normativa mentada, no correspondía el dictado de una sentencia condenatoria.

III.- El accionante interpuso recurso de apelación a fs. 123, fundándolo a fs. 140/145. EDELAP contestó los agravios a fs. 146/150 vta.

IV.- El recurrente se quejó porque la Sra. Juez a quo consideró que la cuestión devino abstracta, destacando que en el sub lite se encontraba pendiente el cumplimiento de la resolución ENRE Nº 521/03. Señaló que si bien el decreto Nº 802/05 le otorgó facilidades de pago a la concesionaria, éstas se encontraban sujetas a la observancia de obligaciones suplementarias, las que podrían determinar la necesidad de reiniciar acciones judiciales en caso de ser lesionadas. Por lo demás, indicó que las excepciones planteadas por la distribuidora eran independientes de la firma del acuerdo y que debían ser resueltas, remarcando que la falta de cuestionamiento de la Ley de Emergencia le quitó virtualidad a la exceptio non adimpleti contractus y que la suscripción del Acta Acuerdo implicó un allanamiento a la demanda o al menos una contradicción. Por último, se agravió en punto a las costas, aclarando que las disposiciones del art. 73 del CPCCN no eran aplicables a su parte por haber sido el Estado Nacional el signatario del Acta. Añadió que el reconocimiento de la deuda efectuado en el acuerdo, en modo alguno eximía a su contraria del pago de las costas. Hizo reserva del caso federal.

V.- La Empresa Distribuidora La Plata SA contestó los agravios del apelante, recalcando que debía confirmarse la sentencia de primera instancia, habida cuenta que con la firma del acuerdo, las partes le pusieron fin a la presente controversia. Explicó que en ese instrumento se establecieron los términos y condiciones bajo los cuales la concesionaria debía abonar la multa y las circunstancias que determinarían la pérdida del derecho a las facilidades de pago otorgadas por la cláusula 10.2. Subrayó que en autos no era procedente una sentencia de condena, en tanto, al no haber entrado en vigencia la Revisión Tarifaria Integral, no se dieron los extremos necesarios para que esa cláusula se legitimación para obrar en representación de aquéllos. Sin perjuicio de ello, reiteró que la firma del Acta tomó abstracta la cuestión en análisis, no importando su suscripción una contradicción, por cuanto en nada modificó el destino de la sanción. En relación a la exceptio non adimpleti contractus, y a contrario de lo manifestado por la accionante, indicó que el decreto Nº 802/05 reconoció que la causa de la imposibilidad de pago no le era imputable a la empresa y en consecuencia, concedió un nuevo plazo y un régimen especial para las multas impagas cuya notificación o causa hubiera tenido lugar entre el 6 de enero de 2002 y la entrada en vigencia del instrumento.

En cuanto a las costas, manifestó que el ENRE no pudo válidamente alegar que la firma del Acta no lo obligaba y resaltó que el art. 73 CPCCN era plenamente aplicable al sub discussio. Por lo demás, agregó que incluso en el caso de que se hiciera lugar a la queja del ente, las costas debían ser impuestas en el orden causado, ello por cuanto, no existe parte vencedora ni vencida.

VI.- Que, el ENRE interpuso demanda contra EDELAP para que se ordene el cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 1º al 12 de la resolución ENRE Nº 521/03 bajo apercibimiento de la aplicación de las sanciones progresivas previstas por los art. 666 bis del Código Civil y 37 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

VII.- Que, por medio de la resolución ENRE Nº 521/03, se le aplicaron multas a EDELAP por la constatación de faltas en los niveles de calidad del servicio comercial durante el segundo trimestre del año 2001, comprendido entre el 22/03/01 y el 21/06/01, disponiéndose que la acreditación de los importes resultantes debía ser efectuada directamente a los usuarios en la primer facturación que emita la distribuidora transcurrido el término de diez (10) días hábiles administrativos de notificada la resolución en cuestión (conf. fs. 20/32). Para el caso de usuarios dados de baja del sistema, se indicó que debía cumplirse con lo determinado en la resolución ENRE Nº 325/00. Asimismo, se fijó que dentro de los cuarenta (40) días hábiles administrativos de notificado el acto, la empresa debía informar al ente sobre el cumplimiento de la medida.

VIII.- Sentado lo expuesto, debe observarse que no le asiste razón al recurrente en relación a lo alegado sobre las excepciones opuestas por su contraria, toda vez que, la falta de legitimación activa fue desestimada por la sentencia impugnada y la excepción de incumplimiento resultó superada por la firma del Acta Acuerdo, por lo que en atención a sus términos, así como a la forma en que se resolvió la cuestión debatida en autos, no correspondía un pronunciamiento a su respecto.

IX.- Así las cosas, conviene advertir que la resolución cuyo cumplimiento el ENRE pretende, ha sido objeto de una regulación específica en el "Acta Acuerdo Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica" suscripta por la Unidad de Renegociación y Análisis de Servicios Públicos (UNIREN) y EDELAP SA, ratificada por el decreto Nº 802/05.

En particular, debe precisarse que el punto 10.1 de ese instrumento previó las obligaciones a cargo del concesionario desde su entrada en vigencia y hasta la de la Revisión Tarifaria Integral. Luego, en los puntos 10.2 y 10.2.2, dispuso que en el caso que el concesionario observe el cumplimiento de los deberes establecidos en el punto precedentemente citado, las multas cuyo destino fueran bonificaciones a usuarios, cuya notificación, causa u origen hubiera tenido lugar en el período comprendido entre el 6 de enero de 2002 y la entrada en vigor del Acta Acuerdo -incluyendo las que se encontraren a esa fecha en trámite y/o recurridas en sede administrativa, individualizadas en el apartado B del anexo X-, ser abonarían en quince (15) cuotas, pagaderas en forma semestral, debiendo cancelarse la primera de ellas a los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la mentada revisión. Por último, en el punto 10.3 estableció que si el concesionario incurriera en reiterados incumplimientos o faltas significativas a las obligaciones fijadas en el punto 10.1, provocaría, previa intimación al ENRE, la extinción de las facilidades otorgadas en el párrafo 10.2, sin perjuicio de las sanciones específicas que el ente pudiera determinar.

X.- En esas condiciones, resulta claro que las multas que el ENRE impuso a EDELAP por la resolución ENRE Nº 521/03 -cabe recordar que el objeto de los presentes actuados consiste en que se ordene a la distribuidora cumplir con lo dispuesto en los arts. 1 a 12 de esa resolución-, se encuentra condicionado al cumplimiento por parte de la demandada de las obligaciones previstas en el punto 10.1, todo ello, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el punto 10.3.

XI.- En consecuencia, no corresponde dictar sentencia en los términos requeridos por el ENRE, habida cuenta que, ello implicaría pronunciarse para el supuesto de un eventual incumplimiento de EDELAP respecto de las obligaciones y condiciones establecidas en el Acta Acuerdo, lo que evidentemente se contrapone con el requisito ineludible para que el Poder Judicial ejerza la función que le es propia, esto es, la existencia de un caso o controversia judicial. Ello sentado, y toda vez que existe una regulación específica que actualmente rige la materia, cabe confirmar la sentencia de primera instancia y declarar que la cuestión debatida en autos devino abstracta (conf. Sala III in re "ENRE - Resol. 333/03 c/ EDELAP SA s/ contrato administrativo" del 6 de julio de 2007).

XII.- En cuanto a la forma en que fueron distribuidas las costas, y en atención al modo en que fue dirimida la presente controversia, debe observase que no existe vencimiento, lo que excluye la aplicación del principio objetivo de la derrota. En otro orden, no puede considerarse configurada la existencia de un allanamiento como acto procesal de sometimiento a la pretensión articulada por la parte actora (conf. art. 307 CPCCN). Por lo demás, conviene prevenir que si bien el ENRE tiene reconocida autarquía y se encuentre comprendido dentro de la administración descentralizada, no es una persona jurídica pública distinta del Estado Nacional, y por lo tanto, depende de la cabeza de la Administración Pública, esto es, el Poder Ejecutivo Nacional (conf. esta Sala in re "ENRE - resol. 627/01 c/ EDENOR SA s/ contrato administrativo" del 6 de noviembre de 2007). Por ello, y teniendo en cuenta las circunstancias citadas, se considera razonable la imposición de costas efectuada por la sentenciante de la instancia anterior (art. 68 inc. 2º CPCCN).

XIII.- Por todo lo expuesto, Propongo: 1º) Confirmar el pronunciamiento recurrido; 2º) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte actora por cuanto no existen motivos para apartarse del criterio objetivo de la derrota (art. 68 inc. 1º del C.P.C.C.N.) Así voto.

El doctor Carlos M. Grecco dijo:

I.- Que integro la Sala II en los términos de la acordada Nº 1/2008 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

II.- Que adhiero al voto de la doctora Marta Herrera. Así digo.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: 1º) Confirmar el pronunciamiento recurrido; 2º) imponer las costas de alzada a cargo de la parte actora por cuanto no existen motivos para apartarse del criterio objetivo de la derrota (art. 68 inc. 1º del C.P.C.C.N.).

Se deja constancia que la Vocalía V se encuentra vacante.

Regístrese, notifíquese y hágase saber la vigencia de la acordada CSJN Nº 4/07. Oportunamente devuélvase. - Carlos Manuel Grecco. - Marta Herrera