Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-26


Buenos Aires, 26 de abril de 2006 VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada y, CONSIDERANDO: 1. Que el actor promovió acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución nro. 72/SPyS/98, que ordenó la baja de la habilitación de licencia de taxi nro. 18.118. Conforme su relato, el 23 de octubre del año 1995 fue apercibido por la autoridad de aplicación, por no haber realizado la rehabilitación anual de la licencia, según exige el artículo 6º de la ordenanza 41.815. Posteriormente, mediante la resolución citada, se dispuso la baja de la licencia a su nombre. Afirmó que dicho acto administrativo nunca fue debidamente notificado, incumpliendo con lo previsto por el artículo 60 de la ley de procedimientos administrativos de la Ciudad. Finalmente, el 27 de julio de 2005, fue notificado del decreto que dispuso el rechazo del recurso jerárquico. Solicitó el dictado de una medida cautelar que permita la explotación provisoria de la mencionada licencia, hasta tanto se resuelva el fondo de la acción planteada. 2. Que, a fs. 202/203, dictó sentencia el señor juez de primera instancia, admitiendo la medida cautelar peticionada. Para así decidir, indicó que los argumentos del actor guardaban relativa razonabilidad dado que, observando las constancias arrimadas a la causa, se desprendía, en principio, un comportamiento irregular de la Administración . En este sentido, agregó que la demandada parecería no haber dado cumplimiento a la notificación establecida por el artículo 44 de la ordenanza 41.815, situación que se encontraría admitida en el texto del dictamen que obra a fs. 77/79 vta. Asimismo, puso de resalto que, de acuerdo a las particularidades del caso, el perjuicio invocado por el actor resulta mayor que el que podría sufrir la demandada por la suspensión del acto impugnado, no verificándose, prima facie, una lesión al interés público, el cual, sostuvo, sí se vería afectado de admitir sin más la aplicación de una sanción sin que se respeten los recaudos previstos al efecto. 3. Que, a fs. 205/208 vta., la demandada interpone recurso de apelación y expresa agravios. Manifiesta que el acto administrativo cuyos efectos la resolución apelada suspende fue dictado cumpliendo con los recaudos legales vigentes. Asimismo, destaca que el actor, como profesional en la materia, conocía que, en caso de circular con la tarjeta vencida, poseía una plazo de trein ta días para su regularización. Agrega que, de la mera lectura de la presentación del amparista, surge que éste no constituyó un domicilio especial, en los términos del artículo 62 de la ley de procedimientos local, habilitando a la notificación por edictos, y que, por otra parte, se encontraba notificado de la resolución impugnada, en el marco de un amparo por mora administrativa que ordenó la resolución del recurso jerárquico oportunamente por él interpuesto. Cita, a sus efectos, los autos en cuestión. Estas circunstancias, afirma, afectan la verosimilitud en el derecho invocado, dado que, la autoridad administrativa agotó todos los medios de prueba que acreditan la notificación al actor. Pone de resalto que el juez de grado no valoró que el bien jurídico en juego en estas actuaciones es la seguridad pública, siendo necesario para su protección que el servicio de taxis cumpla con todas las exigencias legales pertinentes. Destaca que, careciendo el actor de la titularidad del derecho que reclama, no se confi gura en autos el requisito del peligro en la demora, pues no puede existir éste, cuando no se reúnen los presupuestos que habilitan a la renovación de la licencia. 4. Que, a fs. 213/216 vta., la parte actora contesta los agravios esgrimidos por la demandada y solicita el rechazo del recurso articulado. 5. Que, corrida vista, a fs. 218/220, dictamina en autos la Sra. Fiscal de Cámara, propiciando el rechazo del recurso de apelación intentado. 6. Que conviene recordar que la procedencia de las medidas cautelares se halla condicionada a que se acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita (fumus bonis iuris) y el peligro en la demora (periculum in mora), que exige evidenciar que la tutela jurídica que la parte actora aguarda de la sentencia definitiva pueda llegar a resultar inútil por el transcurso del tiempo, configurándose un daño irreparable al actor cuyo derecho es finalmente reconocido (cfme. esta Sala, in re, "GONZALEZ, Mónica Adriana c/GCBA sobre otros procesos incide ntales - medida cautelar", Expte. Nº5422/1, del 7 de febrero de 2003, entre otros). Como tantas veces se ha reiterado, el dictado de las medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud; aun más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto caute lar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (C.S.J.N., doct. de Fallos: 316:2060 y 15-2-94, 0.148.XXV Obra Social de Docentes Particulares c/Provincia de Córdoba s/ in constitucionalidad). 7. Que, sentado ello, es de destacar que la ordenanza 41.815, en su artículo 44, dice: "En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja de la habilitación. En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a adoptarse." Es evidente que la norma transcripta pone en cabeza de la demandada la carga de notificar de manera fehaciente la intimación a renovar la licencia de taxímetro, en los casos en que se encuentre vencida. Sin embargo, el actor denuncia en autos que dicha notificación no tuvo lugar, solicitando, en cuanto al fondo del asunto en debate, la nulidad del acto que ordenó la baja de la licencia. Al respecto, la Administración manifiesta que el titular de la licencia fue intimado a la renovación mediante carta documento y, posteriormente, a través de la publicación de edictos en el boletín oficial de la Ciudad, al fracasar la notificación por dicho medio. Sin embargo, dentro del estrecho marco cognoscitivo propio de esta etapa del proceso, cabe hacer ciertas observaciones que proviso riamente avalan la posición del actor. En efecto, en primer lugar, la carta documento que en copia ha sido arrimada a estas actuaciones, además de no ofrecer su contenido para constatar el modo en que fue intimado el actor, posee, curiosamente, una fecha que resulta posterior a la correspondiente a las publicaciones en el boletín oficial. En detalle, la carta documento (fs. 16) fue devuelta por el correo el día 17 de enero de 1998, cuando las publicaciones -que en principio deben responder cronológicamente en segundo lugar- tuvieron lugar los días 6, 7 y 10 de marzo de 1997. Sin abundar aún en ello, es claro que esta observación abona el derecho invocado por el amparista. 8. Que, además, otra circunstancia avala la pretensión de la parte actora. El texto de las publicaciones referidas, en lo que aquí interesa, establece (fs. 17): "1) Aplicar una sanción de 'APERCIBIMIENTO' de acuerdo con el Art. 40, inc. a), de la Ordenanza Nº 41.815 (B.M. Nº 17.950) AD 811.10 a los titulares de las licencias incluidas en el ANEXO I, que pasa a formar parte integrante de la presente. 2) La presente se extiende en los términos del párrafo segundo del Art. 44 de la Ordenanza Nº 41.815 (B.M. Nº 17.950) AD 811.10, que será aplicado en todos sus términos, para quien no se encuadra en la normativa." Este Tribunal coincide con las consideraciones vertidas en su dictamen por la Sra. Fiscal de Cámara, respecto del contenido de esta publicación. Los edictos dan cuenta de la sanción sufrida por el actor, mas no de la intimación que, previo a la sanción, la normativa citada coloca a cargo de la demandada. Pero, además, la publicación no puede ser considerada una notificación fehaciente, con la mera cita del artículo 44 de la ordenanza indicada, debiendo, por el contrario, surgir de forma clara y precisa. Las alusiones de la recurrente relativas a la calidad de conductor profesional del actor -debiendo por ello conocer su obligación de renovar la licencia vencida- y a la toma de conocimiento que implicó el oportuno trámite de un amparo por mo ra promovido por el accionante, no bastan para eximir de la carga que el derecho positivo impone en este caso a la autoridad administrativa. 9. Que, acreditado el requisito de verosimilitud en el derecho, cabe destacar que no se encuentra controvertido que la actividad de taxista constituye el medio de generación de recursos básicos del actor, existiendo, en consecuencia, un peligro en la demora suficientemente ponderable. 10. Que, finalmente, cabe poner de resalto que se acuerda con el juez de grado en que la constatación a priori de trámites administrativos que se apartan de las formas que impone el ordenamiento jurídico, representan una afectación al interés público que fortalece la posición de la parte actora. Disidencia de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro: 1. Que, por cuanto los parágrafos 1 a 5 precedentes resumen adecuadamente las constancias de la causa que resultan relevantes para decidir sobre la cuestión propuesta a conocimiento del Tribunal, cabe darlos por reproducidos a fin de evitar reiter aciones innecesarias. 2. Que al respecto cabe recordar que el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé como medida cautelar específica la suspensión del acto administrativo en los siguientes términos: cuando la ejecución o cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo pudiere causar graves daños al administrado, el tribunal, a pedido de aquél, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; y cuando el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. A su vez el citado artículo, in fine, prevé que la autoridad administrativa correspondiente puede solicitar el levantamiento de la suspensión en cualquier estado del trámite. 3. Que, en virtud de lo expuesto, se advierte que el Código local regula de forma sepa rada del resto de las cautelares la medida de suspensión del acto administrativo, la cual posee regulación específica en el artículo 189 citado. Ello, sin perjuicio de la aplicación analógica de la normativa vigente en materia de medidas cautelares, la cual procederá sólo ante vacíos legales y no por subsidiariedad (Cassagne, Juan Carlos, Las medidas cautelares en el Contencioso Administrativo, La Ley, 28/03/01). 4. Que, sentado ello, no puede dejar de advertirse que, en el caso, aparecerían configurados los extremos que autorizan el dictado de la suspensión de los efectos del acto administrativo conforme lo normado por el art. 189 del CCAyT. En efecto, es de destacar que la ordenanza 41.815, en su artículo 44, dice: "En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja de la habilitación. En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a adoptarse." Es evidente que la norma transcripta pone en cabeza de la demandada la carga de notificar de manera fehaciente la intimación a renovar la licencia de taxímetro, en los casos en que se encuentre vencida. Sin embargo, el actor denuncia en autos que dicha notificación no tuvo lugar, solicitando, en cuanto al fondo del asunto en debate, la nulidad del acto que ordenó la baja de la licencia. Al respecto, la Administración manifiesta que el titular de la licencia fue intimado a la renovación mediante carta documento y, posteriormente, a través de la publicación de edictos en el boletín oficial de la Ciudad, al fracasar la notificación por dicho medio. Sin embargo, dentro del estrecho marco cognoscitivo propio de esta etapa del proceso, cabe hacer ciertas observaciones que provis oriamente avalan la posición del actor. En efecto, en primer lugar, la carta documento que en copia ha sido arrimada a estas actuaciones, además de no ofrecer su contenido para constatar el modo en que fue intimado el actor, posee, curiosamente, una fecha que resulta posterior a correspondientes a las publicaciones en el boletín oficial. En detalle, la carta documento (fs. 16) fue devuelta por el correo el día 17 de enero de 1998, cuando las publicaciones -que en principio deben responder cronológicamente en segundo lugar- tuvieron lugar los días 6, 7 y 10 de marzo de 1997. Sin abundar aún en ello, es claro que esta observación abona el derecho invocado por el amparista. 5. Que, además, otra circunstancia avala la pretensión de la parte actora. El texto de las publicaciones referidas, en lo que aquí interesa, establece (fs. 17): "1) Aplicar una sanción de 'APERCIBIMIENTO' de acuerdo con el Art. 40, inc. a), de la Ordenanza Nº 41.815 (B.M. Nº 17.950) AD 811.10 a los titulares de las licencias incluidas en el A NEXO I, que pasa a formar parte integrante de la presente. 2) La presente se extiende en los términos del párrafo segundo del Art. 44 de la Ordenanza Nº 41.815 (B.M. Nº 17.950) AD 811.10, que será aplicado en todos sus términos, para quien no se encuadra en la normativa." Este Tribunal coincide con las consideraciones vertidas en su dictamen por la Sra. Fiscal de Cámara, respecto del contenido de esta publicación. Los edictos dan cuenta de la sanción sufrida por el actor, mas no de la intimación que, previo a la sanción, la normativa citada coloca a cargo de la demandada. Pero, además, la publicación no puede ser considerada una notificación fehaciente, con la mera cita del artículo 44 de la ordenanza indicada, debiendo, por el contrario, surgir de forma clara y precisa. Las alusiones de la recurrente relativas a la calidad de conductor profesional del actor -debiendo por ello conocer su obligación de renovar la licencia vencida- y a la toma de conocimiento que implicó el oportuno trámite de un amparo por mor a promovido por el accionante, no basta para eximir de la carga legal que el derecho positivo impone en este caso a la autoridad administrativa. 6. Que, en función de lo expuesto, siendo que la ejecución de la medida impugnada ocasionaría mayores perjuicios que los derivados de su suspensión y que no se encuentra controvertido que la actividad de taxista constituye el medio de generación de recursos básicos del actor, corresponde confirmar la medida concedida en la instancia de grado. 7. Que, finalmente, cabe poner de resalto que se acuerda con el juez de grado en que la constatación a priori de trámites administrativos que se apartan de las formas que impone el ordenamiento jurídico, representan una afectación al interés público que fortalece la posición de la parte actora. Esteban Centanaro Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: I. Rechazar el recurso de apelación articulado y confirmar la medida cautelar dictada por el señor juez de primera in stancia. II. Costas de esta instancia a la demandada vencida (art. 62 CCAyT, primer párrafo). Regístrese, notifíquese -a la citada funcionaria en su despacho- y devuélvase. Esteban Centanaro Nélida Mabel Daniele Juez de Cámara Juez de Cámara (en disidencia de fundamentos) Eduardo Ángel Russo Juez de Cámara