Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-01-07


NEUQUEN, 07 de julio de 2011.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "JACOBO MARIA ESTER C/ ARTIÑANO PATRICIA ADRIANA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", (Expte. Nº 334530/6), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Nº 1 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia del Secretario actuante Dr. Miguel E. BUTELER y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia M. CLERICI, dijo:

I.- El codemandado Álvarez Morandi interpone recurso de apelación contra la sentencia de fs. 250/254 vta. que rechaza la imposición de costas a la actora, imponiendo las costas del apelante y de la codemandada Artiñano en el orden causado.

Se agravia el quejoso por cuanto entiende que la decisión de la a-quo no ha tenido en cuenta la conducta de la actora y su aseguradora, la que, a criterio del apelante, tendió en todo momento a evitar cumplir con su responsabilidad procesal, obligando a la demandada a instar la prosecución del trámite hasta la sentencia, y sin importar el abandono del expediente, la premia con la exención de costas. Detalla las alternativas del proceso.

El letrado del codemandado Álvarez Morandi apela sus honorarios por bajos, en tanto que éste hace lo mismo por altos.

La expresión de agravios no ha merecido contestación por parte de los restantes litigantes.

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de apelación planteado en autos, advierto que la expresión de agravios no reúne los recaudos previstos en el art. 265 del CPCyC.

Sabido es que no cualquier disconformidad con el fallo que se recurre resulta suficiente para habilitar la revisión en segunda instancia. Por tratarse de una decisión jurisdiccional se requiere que sea atacada a través de una crítica razonada y concreta, donde se señalen claramente cuales son los puntos o cuestiones con los cuales el recurrente no está de acuerdo y por qué.

Esta Sala tiene dicho en reiteradas oportunidades que la expresión de agravios para ser considerada como tal y cumplir con los requisitos que impone el art. 265 del Código ritual debe consistir en un trabajo en el que, con un mínimo de técnica jurídica se consignen en forma razonada y concreta los errores de hecho y de derecho en que haya incurrido el Juez de la instancia inferior, examinándose los fundamentos de la sentencia impugnada y aportándose la demostración de que la misma es errónea, injusta o contraria a derecho. El mero disenso o la alusión a otras pruebas que las elegidas por el juzgador como contundentes, así como las alegaciones de carácter general en punto a trato o maniobras discriminatorias, sin hacerse cargo de los argumentos concretos que sustenta el fallo, no cumplen con el imperativo contenido en la Ley de forma (OBS. DEL SUMARIO: P.I. 1996 -I- 175/176, Sala II, JUBA7-NQN- Q0000636) -cfr. autos "Wagner c/ Barbero", Expte. 637-CA-1998).

En autos el quejoso comienza por señalar que la sentencia de grado resulta injusta, arbitraria e incongruente, más luego se limita a efectuar una reseña de lo sucedido en el expediente sin aclarar concretamente cuales son las deficiencias o errores del decisorio.

Y es que el recurrente pretende desconocer instancias procesales que se encuentran precluidas y decisiones que han adquirido firmeza por haber sido consentidas por las partes, incluido el apelante.

Primeramente, mal puede entenderse que ha existido un desistimiento de la acción y del derecho por parte de la actora cuando ello no fue resuelto por la sentenciante de grado. Menos aún puede sostenerse la existencia de la conciliación o transacción desde el momento que el acuerdo presentado a fs. 124 nunca fue homologado judicialmente, justamente por la oposición del letrado del codemandado Álvarez Morandi (téngase presente que las oposiciones al acuerdo son realizadas por el abogado por si y no con el acompañamiento del cliente). Ello determina la imposibilidad de aplicar el art. 73 del CPCyC a efectos de distribuir las costas procesales.

Luego, y si bien es cierto que el trámite no concluyó por ninguno de los modos llamados "anormales", la jueza de primera instancia estableció que la prosecución del proceso y el diligenciamiento de la prueba eran al solo efecto de determinar la condena en costas (fs. 148), resolución que fue consentida por el apelante. Por lo que mal puede ahora pretender que se debió dictar sentencia que resuelva todas las cuestiones planteadas en los escritos de demanda, contestación y comparencia de las aseguradoras.

Finalmente, el apelante no rebate los fundamentos dados por la a quo para fundar la atribución de las costas procesales en el orden causado, principalmente que la obligación del transportista -en este caso servicio de taxi- es de resultado, por lo que la frustración de éste desnuda la responsabilidad de aquél, responsabilidad que sólo cederá ante la acreditación de la culpa de la víctima o de un tercero por quién no se deba responder, extremos éstos que, como bien se señala en el decisorio de grado, no se encuentran probados. Ello determina que la sentencia recurrida haya concluido en que la actora -víctima del daño- tenía el derecho de demandar al propietario y al conductor del taxímetro conforme lo hizo.

III.-Respecto de la apelación arancelaria, teniendo en cuenta los trabajos realizados por el letrado y el monto de la demanda, los honorarios regulados al Dr. Vázquez no aparecen como elevados ni bajos, debiendo ser confirmados.

IV.- Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo se declare desierto el recurso de apelación planteado por el codemandado Álvarez Morandi y se confirmen los honorarios regulados en la instancia de grado a su letrado patrocinante.

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRÍO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.-	Por ello, esta Sala II.

RESUELVE:

I.- Declarar desierto el recurso de apelación planteado por el codemandado Álvarez Morandi y confirmar los honorarios regulados en la instancia de grado a su letrado patrocinante, Dr. Sebastián René Vázquez.

II.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici Dr. Miguel E. Buteler - SECRETARIO REGISTRADO AL Nº 151 - Tº IV - Fº 746/748 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2011