Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-16


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de julio de 2007, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS Llegan nuevamente estos obrados en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 147/149 por el Hernán Giménez Zapiola, apoderado de la Sra. Gloria Bernardina Villalba Amarilla, contra la sentencia de fs. 140/143 -cuya parte dispositiva fuera leída a las partes luego de sustanciada la audiencia de juzgamiento, a fs. 139- suscripta por la Claudia Amanda Alvaro, titular del Juzgado nº 16. El resolutorio condena a la encartada a la pena de multa de quinientos pesos ($500), cuyo cumplimiento deja en suspenso, por haber sido encontrada responsable de obstruir la inspección en el domicilio sito en la calle Hipólito Yrigoyen 3633/35 de esta Ciudad, el día 21 de septiembre de 2005, a las 11:00 hs -acta nº 2-0860787-, con costas.

Para así decidir, la Magistrada reconoció el valor probatorio del acta labrada en el momento del hecho, cuyo contenido, a su criterio, no resultó conmovido por la accionada -fs.141 y vta.-. Se pronunció a favor de la legitimidad del procedimiento efectuado, tanto por haber sido consecuencia de la sustanciación de un expediente administrativo no cuestionado por la incusa como por el seguimiento observado en relación a las normas reglamentarias aplicables -fs. 141vta.-; en esta dirección, entendió que en el lugar prevenido se estaba desarrollando una actividad comercial sujeta a inspección y que la Sra. Villalba Amarilla debía responder por la infracción imputada, toda vez que se asignó la conducta obstruccionista reprochada a quien resultaba ser secretario del apoderado su mandante -Sr. Gavilán Acosta-, lo que torna aplicable la disposición del art. 5 de la Ley 451 -fs. 142-. Respecto de esto último, meritó insuficientes -por su escueta formulación y falta de sustento probatorio- las alegaciones defensistas referidas a que el recién nombrado -quien habría cometido materialmente la falta- sólo era un inquilino del lugar, ajeno a la administración del "hotel" -ídem-.

Acreditada la obligación de la encartada de responder por el hecho sometido a juzgamiento, la sentenciante lo encuadró bajo las previsiones de los artículos 9.1.1 de la Ley 451 y 12.1.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones -fs. 142 vta.-. Seguidamente, a la luz de los principios de individualización delineados en el art. 28 del R.F., cuantificó la pena de multa en la suma de quinentos pesos, castigo que dejó en suspenso en función del carácter primario de la imputada; asimismo, le impuso las costas del proceso -ídem-.

El apelante formula en primer lugar una solicitud de declaración de nulidad de la sentencia de esta Sala obrante a fs. 109/113, conforme la cual se fulminó la audiencia de fs. 90/92 y todo lo obrado en su consecuencia, centralmente por haberse sustanciado aquélla en ausencia de la Sra. Villalba Amarilla. Al respecto, su defensor sostiene que, habida cuenta de la decisión absolutoria recaída en aquel -a su criterio- viciado acto, la pieza nulificante habría sido allí "usada en contra" de la imputada, "como si tuvieran cierto interés en el resultado del juicio o una extraña animosidad para con ella", abriéndose de tal modo el camino de un indebido doble juzgamiento, -fs. 147vta., párrafos primero y tercero-. Agrega que "situaciones como éstas ocurrían en épocas en las que vocablos como 'garantía de defensa en juicio', 'juez natural', 'presunción de inocencia', 'non bis in ídem' eran desconocidos o en las que nuestra Constitución quedaba guardada en los cajones de nefastos dictadores" -fs. 147 vta., cuarto párrafo-. Por lo dicho, y por versar aquel pronunciam iento sobre cuestiones no sometidas a decisión del Tribunal, peticiona además el apartamiento de esta Sala para continuar entendiendo en la causa -íd., quinto párrafo-.

A continuación, cuestiona la sentencia de la Alvaro a partir de varios perfiles de análisis. De inicio, sostiene que la Fiscalía debió haber acreditado que el Sr. Gavilán Acosta actuó en representación de la imputada; al no haberse producido el testimonio del nombrado, y ante la negativa de la Sra. Villalba Amarilla respecto de la verificación de este extremo -sumada a la ausencia de instrucciones por ella impartidas tendientes a impedir la diligencia- la Magistrada no pudo concluir del modo en que lo hizo -acápites "A", "C" y punto 4 de fs. 148-. Todo ello, en un contexto de omisión de valoración de la prueba documental presentada a conocimiento de la Sra. Juez -expedientes civiles de desalojos promovidos contra diversos inquilinos- y de la ausencia de menciones del preventor citado a juicio sobre las circunstancias del hecho -acápites "B" y "D"-.

Causa Nº 23598-00/CC/2006. Sala II.

Por el contrario, sólo se encontraría acreditado que el Sr. Brussetti, mandatario de Villalba Amarilla, permitió efectivamente la entrada de los inspectores al inmueble de marras con posterioridad al episodio que motivó la confección del acta de fs. 4/5, conducta que no conlleva la aplicación de pena alguna. Señala, finalmente, la contradicción existente entre el reconocimiento vertido en la pieza decisoria respecto de que la encartada no otorgó en ningún momento directivas para impedir el acceso de los funcionarios al lugar y la posterior fijación de una sanción con basamento en la obstaculización del procedimiento -puntos 5 y 6 de fs. 148vta.-.

En cuanto a la normativa aplicada, sostiene que el artículo 12.1.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones reprime la conducta en estudio, pero desplegada por el titular o responsable de un local, situación que no se dio en la especie -acápite al que se asignó nuevamente el número "6" a fs. 149-.

En resumen, no habría quedado demostrado que la finca inspeccionada era un hotel y que, frente a ello, no pesaría sobre la imputada la obligación de poseer un encargado que habilite el acceso ni la de franquearlo a ningún inspector, por lo que la falta deviene inexistente -punto 7 de fs. 148vta.-. Tal panorama, al amparo de lo establecido en la cláusula transitoria décimo segunda y en el artículo 13 de la C.C.A.B.A., y en miras del principio "in dubio pro reo", impondría la absolución de su mandante -nuevo punto "7" de fs. 149-.

La Magistrada rechazó el planteo de recusación descripto -tanto por no encontrarse previsto en el procedimiento de Faltas como por resultar incoado erróneamente ante la primera instancia- y concedió la vía impugnaticia -fs. 154/155-.

El Sr. Fiscal de Cámara, Wálter Fernández, también propicia a fs. 159/160 el apartamiento de los jueces de esta Sala. Entiende que, de no estar a la eximición de conocimiento planteada, quedarían vulnerados principios centrales acogidos en los tratados y pactos internacionales que conforman el bloque constitucional, aplicables al presente ritual -casos "Marchal" de nuestra C.S.J.N. y "Herrera Ulloa v. Costa Rica" de la C.I.D.H.-. La garantía de la doble instancia y de imparcialidad requerirían la intervención de otros Magistrados de esta Cámara, pues el dictado de la primigenia decisión que declaró la nulidad de lo actuado -fs. 109/113- podría afectar los derechos de la imputada en tanto exista la posibilidad de parcialidad objetiva -punto III de fs. 159 y vta.-. Sin perjuicio de ello, sostiene a fs. 160 y vta. -punto V- que las expresiones impugnaticias de la pieza aquí dictada debieron haber sido arrimadas por el quejoso mediante la articulación de un recurso de inconstitucionalidad contra ella. Por esta razón, los planteos en tal sentido resultan extemporáneos y ajenos a la presente instancia.

En cuanto a las concretas tachas vertidas en relación a la sentencia de la Juez de grado, el acusador entiende que constituyen meras discrepancias con los criterios expuestos en el decisorio, por lo que dictamina se declare mal concedido el recurso -fs. 160vta.-.

Adicionalmente, peticiona la aplicación de una multa de $1.000 (pesos mil) al Giménez Zapiola, con más las costas de la Alzada y la comunicación inmediata de lo sucedido al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Todo ello, con fundamento en la afectación de la dignidad y el decoro de estos Magistrados, evidenciado en las expresiones formuladas por el letrado al emparentar el anterior resolutorio emanado de la Sala con decisiones propias de regímenes de facto que asolaron a nuestro país en el pasado -punto IV de fs. 160-.

Cumplidos los plazos y pasos procesales pertinentes, se encuentra el legajo en estado de ser resuelto.

Y CONSIDERANDO De inicio es dable observar una yuxtaposición de cuestiones que dotan de cierta complejidad al planteo, imponiéndose un orden de prelación en su tratamiento toda vez que, de estar al acogimiento de algunas, se tornarán abstractas otras, cuyo desarrollo devendrá así dispendioso. Es por ello que en primer lugar corresponderá resolver las cuestiones relativas a la recusación de los Jueces de esta Sala y, en su caso, la articulación de nulidad arrimada en aparente subsidio por el quejoso 1.

Recusación y nulidad: Como se reseñó supra, la imputada articuló su pretensión recusatoria en el mismo escrito en que planteó la apelación de la Causa Nº 23598-00/CC/2006. Sala II.

sentencia definitiva, ante el Magistrado que la dictó. Este detalle -a pesar de la improcedente resolución efectuada por el a quo, quien carecía de competencia para resolver el planteo- demarca formalmente un obstáculo al progreso de la propuesta, máxime cuando, aun si se considerara aplicable en la especie el plazo del art. 12 de la Ley 189 -y con ello, incólume la facultad mal ejercida a fs. 147-, la ausencia de presentaciones defensistas luego de serle notificado el nuevo arribo de las actuaciones a este Estrado -obsérvese que la quejosa no ha cuestionado el rechazo del pedido ni lo ha reeditado en esta etapa- impone, con carácter estricto, meritar precluida la instancia procesal idónea al fin pretendido.

En lo que atañe a las razones esgrimidas por el Sr. Fiscal en el punto III de su dictamen -que propenden al apartamiento de la Sala para continuar entendiendo en el recurso interpuesto- aun si de alguna manera pudieran considerarse como una formal petición recusatoria, lo cierto es que ésta también ha sido traída extemporáneamente -ver cargo de fs. 161, que da cuenta del ingreso de la pieza una vez vencidas las dos primeras horas del cuarto día de notificada la providencia de fs. 158-, circunstancia que obsta a su tratamiento.

Sin perjuicio de ello, cabe advertir que la intervención que tocó a este Tribunal en el presente legajo antes de ahora no implicó manifestación alguna sobre el fondo de la cuestión a resolver, circunstancia que disipa las especulaciones de parcialidad esbozadas por los presentantes. En efecto, aun desde una lectura superficial de aquel fallo se percibe sin esfuerzo el objeto sobre el que versó, claramente ajeno a la materia de impugnación y dirigido a la fulminación de un proceso sustanciado frente a quien no resultaba el imputado, en aras de mantener incólume la garantía de defensa en juicio. En este sentido, la elaboración que culminó con la declaración de nulidad de la audiencia y el apartamiento de la Magistrada interviniente dista de sentar un antecedente que, de conformidad con las manifestaciones de las partes, opere siquiera de elemento indiciario de verificación del peligro reseñado, pues toda su estructura versa sobre una evaluación anterior al tratamiento de las quejas oportunamente formuladas contra la sentencia anulada.

El "meta-análisis" allí efectuado -en tanto importó una discusión referida a la forma en que la sentencia alcanzó a ser dictada- no ingresa en consideraciones que aparezcan atentatorias del decoro o delicadeza que atañen a la actividad judicante, ni se explica de qué modo podría incidir sobre la valoración o decisión de la causa -generando un especial ánimo que se manifieste en deterioros de la situación procesal de la persona sometida a juzgamiento-. Tampoco emerge el "interés en el resultado del juicio" ni la "extraña animosidad" para con la imputada referenciados en la primera parte del libelo impugnaticio, desde que, precisamente, aquella decisión -lejos de constituir una indebida herramienta inexplicablemente destinada a ser "usada en contra" de la encausada- procura la intangibilidad de su defensa garantizando la regular sustanciación de los actos del juicio que eventualmente coronaría en la aplicación de una pena; a la vez, persigue la verificación de una inobjetable y eficaz actuación del derecho, y ello, desde ya, en solo beneficio de la justicia.

Finalmente, ni siquiera una profundización exhaustiva permite vincular de alguna manera las menciones vertidas en aquella sentencia con aspectos sustanciales de la cuestión juzgada, pero aun si de algún modo se lograra efectuar una forzosa conexión -que rotundamente no se da- cabe aquí señalar que "las opiniones emitidas por los jueces en la debida oportunidad legal para hacerlo y sobre el concreto tema sometido a su decisión, no conforman motivo de prejuzgamiento", (CNCrim, S. VII, c. 13.306 "Casse, Horacio", rta. el 10/9/90, Sumario el-Dial Al311); y que "cuando el juzgador expresa fundamentaciones de carácter necesario y como obligación funcional, para decidir las cuestiones introducidas por las partes y no anticipa indebidamente su opinión sobre el fondo de la causa, ni realiza consideraciones prematuras en exceso al marco de la resolución que debe pronunciar, no realiza prejuzgamiento", (CNCrim, S. IV, c. 6.274 "Vaneskehian, Ernesto" rta. el 14/03/97; Sumario elDialAIC0D).

Las precedentes consideraciones obstan a la pretensión eximente arrimada por la quejosa y apoyada por el Sr. Fiscal, sostenidas ambas, en definitiva, tan sólo en haber ejercido su jurisdicción en la misma causa sin atender a la naturaleza y real dimensión del asunto allí dilucidado, marcadamente extraño a la concreta impugnación del fallo oportunamente anulado. Adoptar el temperamento contrario importaría, dado el contexto reseñado, la desacertada convalidación del criterio según el cual el regular ejercicio del control de legalidad propio de la Alzada -tuitivo de la situación del imputado- resulta paradójicamente condicionante de la inherente potestad cognoscitiva que conlleva su competencia. Tal absurdo conduciría inexplicablemente a mudar de magistrados en los casos en que éstos hubieren intervenido aun en la menor cuestión incidental, alcance que sin dudas no tiene el principio de juez natural remanidamente invocado por el apelante.

Causa Nº 23598-00/CC/2006. Sala II.

Por ello el problema en tratamiento no encontrará el éxito propiciado y, consecuentemente, tampoco la pretensión de nulidad estructurada sobre los mismos fundamentos.

2.

Agravios: En cuanto a la alegada necesidad de verificación de un esfuerzo fiscal en el sentido de construir un estado de culpabilidad -imprescindible en el caso de los procesos de índole formalmente penal- es de señalar que, si bien es criterio de esta Sala que el régimen de faltas resulta alcanzado por las garantías constitucionales que tutelan la materia represiva, lo cierto es que también ha reconocido sus cualidades propias y diferenciales, emanadas de su génesis en el derecho administrativo sancionador y en las notas que informan el ejercicio del poder de policía en las actividades sometidas a control dentro del ejido -conf. art. 1º de la Ley 451-. En este sentido, repetidamente nos hemos inclinado por la adecuación a aquellos estándares de la aplicación de las prescripciones del art. 5º del ordenamiento procesal, en tanto el acta que reúna los requisitos del artículo 3º se considera, salvo demostración en contrario, prueba suficiente de la comisión de las faltas endilgadas. La inversión de la carga de la prueb a es característica del ámbito infraccional, y requiere del imputado la recreación, en principio, de una versión fáctica diferente de la asentada en el documento imputativo -conf. causas nº 165-00-CC/2004, rta. el 07/07/2004; nº 141-00-CC/2005, rta. el 05/07/2005; nº 283-00-CC/2005, rta. el 16/09/2005; 379-00-CC/2005, rta. el 17/11/2005; nº 050-00/CC/2005, rta. el 23/05/2006, entre otras-, que escape aun de la generación de una "duda razonable", para dirigirse al aliento de una convicción en contrario de lo allí vertido -conf. causa nº 411-00-CC/2005, rta. el 16/12/2005-. Es por ello que habrá de rechazarse el agravio estructurado al respecto.

Este principio, por lo demás, obrará de principio argumental para el tratamiento de las restantes quejas acercadas por la accionante, y en virtud de ello es que aparece insuficiente en la especie la actividad desplegada por la defensa a efectos de revertir la acusación. En efecto, obsérvese que la documental incorporada -respecto de la cual esta Alzada conserva plena facultad de apreciación, de conformidad con el criterio sentado desde la causa nº 043-00-CC/2004, rta. el 23/04/2004- tiende a demostrar la eventual falsedad de una imputación distinta de aquella por la que recayó condena; esto es, que el inmueble sometido a inspección no realizaba la actividad "hotel", sino que se encontrarían locadas sus habitaciones mediante sendas suscripciones de contratos de alquiler regidos por la Ley nacional 23.091. Sin embargo, tal esfuerzo probatorio pasa por alto el concreto reproche dirigido al titular de la explotación, consistente en "impedir realizar la inspección (obstrucción)" -ver acta de fs. 4-, basamento de hecho que, a la luz de los mínimos consejos de la lógica y la experiencia común, contrasta sin más con la desacertada estrategia defensista, consistente en el intento de librarse de la imputación a partir de la acreditación de un hecho marcadamente ajeno al que constituye materia de juzgamiento. En resumen, nada prueban los legajos sustanciados en sede civ il respecto de la conducta impeditiva endilgada, perfil que ha sido correctamente apreciado por el a quo e improcedentemente reeditado por el quejoso.

Por lo mismo, y en relación a idénticas citas jurisprudenciales antes invocadas, es que no adquiere corporeidad convictiva alguna la personal valoración de las omisiones en que incurrió el preventor al momento de verter su testimonio. Ello así, toda vez que nada aporta a la hipótesis esgrimida por el quejoso el silencio observado, en función de la demanda de construcción fáctica que, como se dijo, exige la ley procedimental.

Finalmente, si alguna duda pudiese abrigarse respecto de la materialidad del hecho -reflejada iuris tantum en el documento de fs. 4- es el propio letrado del apelante quien viene a zanjarla, manifestando que "...alguien impidió el acceso a unos inspectores..." -ver comienzo del punto 4 a fs. 148-, circunstancia que se corrobora a fs. 19, en cuanto las autoridades que intervinieron en el procedimiento atestan que "...fuimos atendidos desde una ventana del entrepiso con quien después se identificó como Guillermo Acosta Gavilán (...) alojado en la hab A, según sus dichos. Al sernos negado el acceso, se llamó al 101 (...) ante la nueva negativa, se labró el acta de comprobación Serie 2 Nº 086787". Tal irregularidad es sin duda reconocida por el defensor, en cuyo entendimiento "...está acreditado que quien sí es el verdadero representante de mi defendida, el Sr. Brusetti, accedió a que los inspectores ingresen al inmueble, con lo que la anomalía de la obstrucción al procedimiento en todo caso quedó superada. Es por ello que la sanción impuesta deviene abusiva, ya que mal puede reprocharse a mi mandante conducta osbtruccionista, si su propio apoderado accedió sólo unos días después del primer intento de inspección a la realización de la misma" -fs. 148vta., los destacados son nuestros-. Surge así de tales manifestaciones, también evaluadas al amparo del más elemental afán de logicidad, el presupuesto Causa Nº 23598-00/CC/2006. Sala II.

del que el mismo quejoso parte: la existencia de una previa tarea de prevención sobre el inmueble propiedad de la Sra. Villalba Amarilla, cuya frustración devino del hecho de un tercero habitante de una de las unidades del inmueble.

Frente a este panorama, resultaba exigible al ahora quejoso el desenvolvimiento de una actividad tendiente a revertir los extremos fácticos reseñados -o de presentar convenientemente la confluencia de una causa de justificación o de inculpabilidad, conf. doctrina de nuestro T.S.J. en "Arbitra", rta. el 28/03/2001-, lo que no se verifica, por cierto, en el particular. Por el contrario, la esforzada defensa -que erróneamente endilga al Ministerio Público Fiscal la omisión de esta tarea, sin dudas ineludible en el marco de un proceso contravencional o penal- orienta sus embates hacia los criterios de valoración de la prueba y la asignación de responsabilidad a la titular del local objeto de inspección, imprimiendo así un derrotero escasamente idóneo a los efectos pretendidos.

Ello así, en primer término, en orden de la inequívoca construcción fáctica -no contradicha- que surge de las constancias reseñadas. En segundo lugar, fuera de traer a la discusión el expediente administrativo en que se fundó la pesquisa -rotulado "Reg 3354/CGP 25/2005" a fs. 19 y 20-, lo que en cierto sentido hubiese generado algún debate acerca de la antijuridicidad de la conducta en observación, la controversia propuesta se centró en el deslinde de la obligación de responder por parte de la Sra. Villalba Amarilla, criterio erradicado de inicio en función de la manda del art. 5º de la Ley 451. En efecto, la crónica anterior evidencia sin hesitación que la doble negativa que motivó el labrado del acta configuró en la especie una acción desplegada "en nombre" o "bajo el amparo" de la incusa quien, cualquiera fuera el título en virtud del cual permitía o toleraba el uso y habitación de las unidades en que se dividía su inmueble -y como garante de la pacífica tenencia de las habitaciones del "hotel" que explotaba- no podía ignorar que cabía el ejercicio del derecho de exclusión a los ocupantes o inquilinos de la finca en cuestión como consecuencia del solo hecho de su legítima posesión, y en este sentido es que el "amparo" a que se refiere la norma local resultaba en la especie también abarcativo de los actos tendientes a defenderla. Al efecto no obsta la alegada ausencia de directivas relacionadas con el eventual rechazo de funcionarios preventores, pues es precisamente la posición que la encausada ocupaba respecto de quienes allí moraban en forma temporal o permanente la que constituia tanto la fuente protectiva antedicha, como su correlativo y actual deber de afrontar las consecuencias jurídicas a ella atinentes.

Por ello, y toda vez que el franqueo definitivo de la entrada resultó posterior e independiente al hecho en juzgamiento, el deber de responder que pesa en cabeza de la imputada no aparece en modo alguno conmovido, no observándose al respecto que el Magistrado haya incurrido en una deficiente percepción de las probanzas producidas, ni ninguna otra forma de arbitrariedad, violación de la ley o inobservancia de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa -conf. art. 56 L.P.F.-. En este punto, y de conformidad con lo dictaminado por el órgano acusador, bajo la pretensión de discrecionalidad fundada en la sola voluntad del juzgador se trasluce tan sólo un disenso con lo decidido -por otra parte sostenido, como se vio, en desajustadas invocaciones del ordenamiento en el que, según el quejoso, se subsume el caso-.

En cuanto a la normativa aplicable, más allá del sujeto activo que menciona el art. 12.1.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones -sin perjuicio de lo cual claramente delimita la conducta prohibida- lo cierto es que el art. 9.1.1 del código sustantivo reprime al que "obstaculiza o impide el desempeño a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones", descripción típica que, aquí también, despeja toda polémica sobre el punto y determina suficientemente el molde normativo en función del cual, con las particularidades esbozadas en los párrafos anteriores, la Sra. Villalba Amarilla debe someterse a la pena impuesta.

3.

Por último, a fin de evaluar la viabilidad de la petición fiscal de aplicarse una sanción al letrado defensor de la incusa, se tendrá en cuenta la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 305:2261 y 312:1076, de conformidad con la cual "...es cierto que la defensa de los intereses del cliente debe ser ejercida con energía y denuedo, si es necesario, pero también con la indispensable mesura que salvaguarda la majestad de la justicia, circunstancia que obliga a conservar el debido equilibrio y evitar los desbordes de palabra". Sin embargo, también lo es que la apreciación de los hechos, escritos o expresiones, susceptibles de originar sanciones, queda librada al sensato criterio de quien la impone y deben ser usadas de manera prudente, a fin de no coartar el derecho de defensa -cf. Fallos 310:1488 y 312:727, entre otros-.

Causa Nº 23598-00/CC/2006. Sala II.

Desde esta perspectiva de análisis, corresponde apreciar las expresiones objeto de impugnación como una encendida alocución vindicatoria fundada en los riesgos de ruptura democrática que inspiraban al abogado, aunque con incorrecta ilustración, las argumentaciones por las cuales esta Sala mantuvo indemne la posibilidad de su pupila de resistir la imputación, procurando enfáticamente el justo viraje que a su criterio debía experimentar la causa. En esa inteligencia, y atendiendo al especial carácter crítico que detentan en nuestra sociedad los tópicos que conformaron la invectiva del profesional, parece razonable conceder cierta dispensa discursiva en miras de asegurar en todos los casos la disipación definitiva de toda posibilidad de deterioro institucional, aun cuando, como en el presente, ésta sólo se manifiesta en la sola creencia del Sr. Defensor.

Es que "el abogado es un colaborador de la justicia, siendo su misión primordial la de buscar la verdad. Este compromiso con la verdad y con la justicia del caso es el que debe alimentar la mente y el corazón del abogado, asumiéndolo como un compromiso indeclinable que, lejos de limitarse al ejercicio de la profesión, se extiende a todos los actos de su vida. El abogado debe saber "leer" en cada caso que un justiciable le confía, una solicitud de justicia, un reclamo de quien se considera titular de un derecho digno de tutela. El abogado es el vehículo al que la ciudadanía recurre para satisfacer un determinado interés. Y en su afán de solucionar ese ansia de justicia, el abogado debe poner no sólo el máximo de su empeño personal y saber técnico, sino también hallar las formas de manifestarlo de modo que sean reconocidos" -Caivano, Roque J. y Rosenkranz, Ofelia: "Las facultades disciplinarias de los jueces y las faltas de ética de los abogados", comentario a fallo publicado en JA 1996-II-5, cita Lexis nº 962002-.

En consecuencia, no verificándose los extremos advertidos por el Sr. Fiscal ante esta instancia, tampoco habrá de acogerse la propuesta esbozada en el punto IV de su dictamen -fs. 160-.

Por ello, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR a la pretensión ante la instancia de apartamiento formulada a fs. 159/160 por el Sr. Fiscal.

II.- NO HACER LUGAR al planteo de nulidad impetrado a fs. 147vta. por el Sr. Defensor.

III.- CONFIRMAR la sentencia de fs. 140/143 en cuanto condena a Gloria Bernardina Villalba Amarilla a la multa de quinientos pesos ($500), cuyo cumplimiento se deja en suspenso, y costas, por haber sido encontrada responsable del siguiente hecho: obstruir la inspección en el domicilio sito en la calle Hipólito Irigoyen 3633/35 de esta ciudad, el día 21 de septiembre de 2005, a las 11:00 hs. (acta nro. 2-0860787).

Tómese razón, notifíquese por cédula con carácter urgente al Sr. Fiscal de Cámara y devuélvase a la primera instancia interviniente, debiendo el Sr. Magistrado a quo ordenar las notificaciones restantes.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: Se deja constancia de que la Marcela De Langhe no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.-