Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-04-16


AUTOS 83149 (C.C.Nº21928) DEL Noveno Juzgado Civil, CARATULADOS: "ROMERA Luisa Victoria C/ Polizotto Andrea del Valle - Daños y Perjuicios".- PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2015- del Tº I -Fº104/111.- En la Ciudad de San Juan a 16 días del mes de abril de 2015, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Roberto M. Pagés Lloveras y los Sres. Vocales Dres. Oscar Roberto Otiñano y Juan Carlos Pérez, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. 489 y 470, contra la sentencia de fecha 26 de marzo del año dos mil trece, recaída en los presentes autos Nº83149 (C.C. Nº21928) caratulados: "ROMERA LUISA VICTORIA C/ POLIZOTTO ANDREA DEL VALLE - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada por la Sra. Juez titular del Noveno Juzgado Civil, obrante a fs. 441/455 vta.- 1°- ¿Resultan procedentes los recursos de apelación obrantes a fs. 457/vta., 464 y 466?;

2°- En su caso, ¿Qué resolución corresponde dictar? EL DR. ROBERTO PAGES LLOVERAS DIJO:

A la primera cuestión:

Antecedentes I- En la resolución que consta a fs. 441/455vta., la Sra. Juez de primera instancia dispuso hacer lugar parcialmente a la demanda condenando a la Sra. Andrea del Valle Polizotto a pagar a la actora la suma de $44.070, con más los intereses que se devenguen hasta su efectivo pago, dentro el plazo de diez días de quedar firme o consentida y regular los honorarios de los profesionales intervinientes.

Para así resolver, consideró -en resumen- que de acuerdo a la prueba producida el día 4 de enero de 2005, siendo alrededor de las 18,30 hs. la actora circulaba en un ciclomotor marca Zanella 50 cc, por calle República del Líbano en dirección oeste a este y al llegar a la intersección con calle Bahía Blanca comenzó su cruce y fue embestida por el vehículo Volkswagen Gol conducido por la Srta. Andrea Polizzoto, quien circulaba por República del Líbano de este a oeste y estaba intentando doblar hacia el sur, por calle Bahía Blanca.

Estimó que el actuar imprudente de la demandada, violatorio del art. 43 de la ley 24.449, fue la causa adecuada del siniestro.

Con relación a los rubro reclamados, se juzgó procedente el reclamo por gastos médicos y de traslado por la suma de $400, con más intereses hasta su efectivo pago; por desperfectos del ciclomotor, en el monto de $670, con más intereses hasta su efectivo pago; por incapacidad sobreviniente, la suma de $35.000 a la fecha del accidente con más intereses hasta su efectivo pago; y por daño moral, el monto de $8.000 a la fecha del accidente, con más intereses hasta su efectivo pago.

II- A fs. 457 se interpone el recurso de apelación por los apoderados de la parte actora.

La recurrente sustenta la crítica de la resolución (fs. 490/491), alegando que no se incluye a la co-demandada Srta. Rita Myriam Jofré, en su carácter de titular registral del vehículo interviniente en el accidente, como responsable de los daños causados.

Hace reservas y pide que se haga lugar al recurso, con costas.

III- A fs. 464 obra adjunto el recurso de apelación planteado por el perito ingeniero Sr. José R. Godoy, por considerar baja la regulación de sus honorarios.

IV- A fs. 466 consta el recurso de apelación planteado por la parte demandada, y a fs. 472/482 el memorial de agravios.

Las críticas a la sentencia se pueden resumir en que se agravia -en primer lugar- por la interpretación dada por la Sra. Juez a quo sobre el sobreseimiento que se dictó en sede penal por cumplimiento del instituto de la suspensión del juicio a prueba, y entendiendo que la aceptación por el damnificado del ofrecimiento de reparación formulado en sede penal por el imputado tiene los efectos de una transacción, produciendo la extinción de la acción civil.

En segundo lugar se agravia por la interpretación de prueba producida en el sumario penal y en esta causa, alegando -en síntesis- que no existe ninguna prueba que la vincule como protagonista del accidente, como que de las pericias en sede penal surge que el automóvil que conducía no presenta signos de colisión en su frente y que la moto de la actora presenta frenos en mal estado. Concluye afirmando que la actora se cayó sola y que sólo se bajó del automóvil para ayudarla.

Como tercer agravio sostiene que se han priorizado los testimonios vertidos en sede penal, concretamente del Sr. Imparado, para atribuirle responsabilidad en el evento dañoso, sólo en base a presunciones antojadizas y arbitrarias.

En el cuarto agravio expresa que no se ha valorado que la actora carecía de licencia para conducir, y para el caso de que no se hiciera lugar a estos agravios manifiesta que no resultan procedentes los rubros admitidos por no haber sido probados.

La réplica de la parte actora consta a fs. 485/488. Y en la misma se indica -sobre el primer agravio- que el ofrecimiento por reparación del daños no fue aceptado por la querellante y solo se hizo con reserva por la víctima dado que se ofreció la insignificante -según expresa- suma de $200 en dos cuotas, a lo cual agrega que el Juez penal dejó expresado que el objeto de la reparación ofrecida no es la reparación integral del presunto daño ocasionado, lo cual podrá ser intentado por la damnificada en el fuero correspondiente, sino que tiene un carácter meramente simbólico.

Con relación al segundo agravio, sostiene su rechazo indicando que esta probado que la actora tuvo el accidente, que se sacó la moto de abajo del mismo y que golpeó a la actora en la pierna con el paragolpes de plástico inyectado.

Reitera que el testimonio del Sr. Imparado no hace más que confirmar lo que la recurrente dijo en su absolución de posiciones, por lo que pide el rechazo del tercer agravio.

Sostiene que ni la falta de carnet habilitante ni la edad de la víctima fueron causa del accidente, sino la impericia en la conducción de la demandada Por último, manifiesta que los rubros que han sido considerados como procedentes deben ser mantenidos porque ninguno de los agravios conmueve los fundamentos de la sentencia impugnada.

Hacer reservas y pide el rechazo de la apelación, con costas. V- A fs. 550 se certifica el pase de estos autos a estudio.

Tratamiento del recurso 1. La teoría del riesgo creado (arts. 1113, párr. 2°, Cód. Civil), regula la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y constituye el principio rector de la materia; por ende, no rige el criterio de imputación subjetiva de responsabilidad en los siniestros en los que intervienen vehículos automotores.

2. En consecuencia, es el dueño o guardián de la cosa riesgosa quien debe afrontar las consecuencias de los daños causados a otro, salvo que prueben la existencia de circunstancias eximentes.

La víctima sólo debe acreditar el daño causado, que ese daño fue consecuencia del siniestro en el que intervino una cosa riesgosa (vehículo automotor, en este caso), y el carácter de dueño o guardián de los demandados.

Reitero, a la parte actora incumbe la prueba del hecho y su relación de causalidad con el daño sufrido, mientras que para eximirse de responsabilidad la parte demandada debía acreditar la existencia de fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

3. En este caso frente el daño ocasionado por un automotor están obligados, respecto de la víctima, en forma concurrente, el dueño y el guardián de la cosa riesgosa, y su responsabilidad es objetiva. Y el dueño (titular registral del automotor) responde hasta que haga la transferencia, salvo que demuestre que el evento dañoso ocurrió por la culpa de la víctima o de un tercero por el que no debe responder por haberle transferido con anterioridad la guarda del automotor.

Por ello, resulta procedente el agravio formulado por la parte actora y debe incluirse en la condena a la titular registral del vehículo automotor, Sra. Rita Miryan Jofré (fs. 53/vta.), quien no acreditó en la causa alguna eximente de su responsabilidad.

4. Ahora bien, con relación al recurso de apelación planteado por la parte demandada, se puede afirmar que en la suspensión del juicio a prueba, la parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente.

El ofrecimiento de resarcir el daño debe ser cumplido con independencia, más allá de su posterior influencia, de las acciones civiles donde se demanda la reparación de los menoscabos que en forma paralela puedan estar en trámite. Y aun cuando la reparación ofrecida no abarque el monto total del daño producido o no satisfaga las pretensiones de la víctima, la suspensión puede ser acordada.

Sólo cuando la víctima acepta, sin condicionamiento, el ofrecimiento efectuado por el imputado implica una transacción en los términos de los arts. 818, 842 y conc. del Cód. Civil, celebrada en sede penal con efecto extintivo directo sobre el proceso civil (Conf. TNPE 3, Capital Federal, 17-5-1999, "San Millán, Agustín F., JUBA 111894; La Ley, 1999-D, 679, citado por Alferillo, Pascual E., "Efectos de la suspensión del juicio a prueba (probation) en el proceso civil", DJ 2001-3 , 1062).

4.1. Entonces, si en este caso en sede penal la querella expresó que no se encontraba de acuerdo con el ofrecimiento simbólico por ser "ínfimo" (fs. 238 vta., sumario penal), la víctima sostuvo que el dinero es poco (fs. 238 vta., sumario penal), y el Sr. Juez correccional consideró que "...el objeto de la reparación, no es la reparación integral del presunto daño ocasionado -lo cual podrá ser intentado por la parte damnificada en el fuero correspondiente-, sino que por el contrario tiene un carácter meramente simbólico..." (fs. 240/240 vta., sumario penal), no resulta procedente el primer agravio de la demandada recurrente, pues al no haber estado acompañado el ofrecimiento dado en dicha sede penal con una aceptación sin condicionamientos, ni haberse impugnado la resolución judicial que consideró que podía intentarse la reparación integral en el fuero correspondiente, no se reúnen los recaudos indicados precedentemente a los fines de que el ofrecimiento dado en sede penal por la recurrente implique una transacción en los términos de los arts. 818, 842 y conc. del Cód. Civil.

A ello se agrega que tampoco se acredita, con las constancias de esta causa, que se haya depositado la suma de $200 y su posible retiro por la parte actora.

5. Respecto de los agravios referidos a la valoración de la prueba efectuada por la Sra. Juez a quo (segundo, tercero y cuarto), estimo que deben rechazarse pues con las quejas vertidas en tal expresión de agravios no se realiza una crítica de manera puntual de la sentencia en la valoración de las conclusiones expuestas por el perito mecánico (fs. 316/317), en las que sostiene "...cuando prácticamente estaba circulando por la mitad del ancho de la calzada, fue embestida por la parte media del paragolpes delantero del automóvil marca Volskwagen Gol a nivel de su pierna izquierda y lateral izquierdo del ciclomotor..." y "...Producto del impacto con el paragolpes delantero que no sufrió daños por ser de plástico inyectado y ser deformable para impactos de poca envergadura como en este caso, la conductora y el ciclomotor fueron impulsados en dirección del hacia el Sur...".

Conforme dicho medio probatorio, la parte actora acreditó el hecho (siniestro) y su relación de causalidad con el daño sufrido por su parte, tal como lo consideró la primer sentenciante en la resolución impugnada.

5.1. Y en razón a la forma en que ocurrió el siniestro, según lo informado por el perito actuante (fs. 316/318, dictamen que no fue impugnado por las partes) y lo considerado por la Sra. Juez a quo, no tiene relevancia como posible eximente de responsabilidad de la parte demandada el hecho acreditado de que la actora circulaba sin carnet habilitante y con los frenos en mal estado, pues la falta del carnet para conducir por parte de quien no provocó el accidente de tránsito es una cuestión administrativa que podría constituir una infracción reglamentaria, pero nunca puede excluir la responsabilidad de quien causó el accidente, y la falta de frenos en buen estado no tuvo relación causal alguna con la producción del siniestro.

6. Sobre los cuestionamientos a los montos fijados en los rubros indemnizatorios, diré en primer lugar que la suma de $400 por gastos médicos resulta excesiva en relación a los daños acreditados por la parte actora (fractura de tobillo izquierdo, fs. 22 vta. del sumario penal) cuando se ha reconocido por la actora que fue la co-demandada Srta. Polizotto quien le compró todos los materiales necesario para la cirugía, por lo que propongo reducirlos a la suma de $200 a la fecha del accidente.

6.1. No resulta procedente, en cambio, la queja relacionada a la suma establecida respecto de los daños materiales producidos al ciclomotor de la actora, pues no se ha aportado prueba alguna que desvirtúe el monto fijado en dicho rubro ($670).

6.2. Con relación a la crítica del monto establecido por "incapacidad sobreviniente", se puede afirmar que la indemnización debe establecerse no sólo en función de la capacidad futura de la víctima, sino de todas las actividades del sujeto y de la proyección que la secuela del accidente tiene sobre su personalidad, debiéndose resarcir tanto la aptitud laborativa, como la genérica comprensiva de toda la vida en relación del damnificado, razón por la cual para su determinación no existen pautas fijas, ya que se trata de circunstancias de hecho libradas al prudente análisis judicial.

Se debe, en primer término, tomar como parámetro no la vida útil sino la edad jubilatoria y, en segundo lugar, ponderarse la concreta incidencia que las secuelas puedan tener sobre la víctima, según la entidad de las mismas y las circunstancias personales y sociales en que se desenvuelve su vida, como los valores fijados para casos similares.

En consecuencia, la indemnización otorgada en concepto de incapacidad sobreviniente a favor de la actora que resultó lesionada como consecuencia del siniestro (fractura de tobillo izquierdo), debe ser disminuida -en el caso, se otorgó la suma de $35.000-, teniendo en cuenta que los porcentajes de incapacidad establecidos por el perito médico (30% parcial y permanente, fs. 275/277) sólo son pautas orientadoras, y que la damnificada tenía 63 años al momento del accidente, casada, y que continuó trabajando en el mismo lugar (maxi Kiosco), no obstante que las molestias que le pudo causar la fractura, al haberse consentido el rechazo del rubro "lucro cesante", por lo que propongo que se fije en la suma de $6.000 (la C1° Civ y Com de Córdoba fijó la suma de $2.395, en concepto de incapacidad sobreviniente, a favor de una mujer de 69 años que sufrió un accidente de tránsito y se le determinó un 30% de incapacidad física; causa Frias, Soledad c/ Benavidez, Juan D. y Otro", LLC 1999-848).

6.4. También se critica la suma de $8.000, fijada en el rubro "daño moral" como afección legítima en los sentimientos o goce de bienes de la víctima así como los padecimientos físicos o espirituales que los originen, relacionados causalmente con el hecho ilícito -en el caso, accidente de tránsito que le provocó la fractura de su tobillo izquierdo-, y que es de naturaleza resarcitoria, ya que no se trata de punir al autor responsable ni de infringirle un castigo sino de procurar una compensación del daño sufrido (art. 1078, Cód. Civil).

Ahora, la cuantificación del resarcimiento en concepto de daño moral, por ser un daño eminentemente personal e íntimo, resulta difícil su traducción a valores pecuniarios y no siempre los parámetros objetivos que se valoran traducen la magnitud del sufrimiento del damnificado.

Sin embargo, la magnitud del hecho y la índole de las lesiones constituyen elementos objetivos que permiten determinar una cantidad indemnizatoria, tal como lo hizo la Sra. Juez a quo. Por lo tanto, si la parte recurrente no ha demostrado que el monto fijado resulte absurdo con relación a los daños padecidos por la actora y los montos fijados para casos similares, propongo el rechazo de dicho agravio.

7. Por último, con relación al recurso de apelación de fs. 464, habiéndose fijado el porcentaje correspondiente al perito actuante conforme las pautas previstas en la ley 2150 y no habiéndose justificado que corresponda una porcentaje mayor, propongo el rechazo del recurso.

Así voto.

A la segunda cuestión:

En razón a lo acordado al tratar la primera cuestión, propongo admitir el recurso de apelación obrante a fs. 457, con costas de Alzada en el orden causado al no haber existido contradictorio; admitir sólo parcialmente el recurso obrante a fs. 466, reduciendo los montos indemnizatorios fijados en los rubros "gastos médicos" e "incapacidad sobrevinientes", a las sumas de $200 y $6.000, respectivamente, con costas de Alzada en un 70% a cargo de la demandada y en un 30% a cargo de la actora (art. 70, CPCCM); y rechazar el recurso de fs. 464, sin costas.

EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	EL DR. JUAN CARLOS PEREZ DIJO:	Por razones análogas a las aducidas por el Dr. Roberto Pagés Lloveras, voto en el mismo sentido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Admitir el recurso de apelación obrante a fs. 457, con costas de Alzada en el orden causado;

II- Admitir sólo parcialmente el recurso obrante a fs. 466, reduciendo los montos indemnizatorios fijados en los rubros "gastos médicos" e "incapacidad sobrevinientes", a las sumas de $200 (pesos doscientos) y $6.000 (pesos seis mil), respectivamente, con costas de Alzada en un 70% a cargo de la demandada y en un 30% a cargo de la actora;

III- Rechazar el recurso de fs. 464, sin costas.- IV- Regular los honorarios de los profesionales que han intervenido en esta instancia, Dres. Armando Gabriel Guevara y Guido Damián Juárez, en el treinta por ciento (30%) de lo regulado a los letrados que intervinieron en primera instancia.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. JUAN CARLOS PEREZ;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.