Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-05-21


Autos N° 21.954 (N° 78000 - 1 Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "PIZANO Oscar Ariel y Otra C/ Vellio Maria Alejandra y Otra s/ Daños y Perjuicios" En la Ciudad de San Juan, a 21 del mes de mayo de dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, el DR PASCUAL ALFERILLO y el Dr. GILBERTO RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre los recursos de apelación que se interpusieran a fs. 584, 605, 640, 643, 678 de los autos N° 21.954 (N° 78000 - 1 Juzgado Civil Comercial y Minería de San Juan), caratulados: "PIZANO OSCAR ARIEL Y OTRA C/ VELLIO MARIA ALEJANDRA Y OTRA S/ Daños y Perjuicios", contra la resolución dictada en fecha 28/12/12 obrante a fs. 571/583 de estos autos originarios del Primer Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recursos que una vez concedidos tuvieran la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue: 1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? A la Primer Cuestión: El Dr. PASCUAL ALFERILLO dijo:

1) El caso.

Los señores Oscar Ariel Pizano y Jesús Lorena Pirri Illanes inician demanda de daños contra las Dras María Alejandra Vellio y Natalia E. Dománico, y contra los médicos que oportunamente precisará, reclamando la suma de $ 590.000 con más intereses hasta el efectivo pago y/o mecanismo de conservación del valor de la moneda que resulte de aplicación, en concepto de indemnización de los daños y perjuicios. Reclama daño moral, daño al proyecto de vida como daño a la persona, y valor vida.

Los hechos articulados como fundamento de su pretensión, fueron que el día 18 de octubre de 1996 contrajeron matrimonio, y el día 8 de agosto de 2003 nació la menor Antonella Viviana Pizano Pirri. Que el señor Pizano se desempeñaba en relación de dependencia y contaba con cobertura de salud que le correspondía a ADOS San Juan, habiéndose realizado la Sra. Pirri los controles de embarazo, naciendo la menor sin complicaciones y con buena salud. Que se le realizaron los controles rutinarios, y en fecha 22 de octubre de 2003 se produjo el fallecimiento de la menor por causas que entienden imputables a los profesionales médicos del Centro de Salud Guillermo Rawson, de propiedad de ADOS, donde fue atendida la menor desde el día 7 al 22 de octubre de 2003 y que debido a su atención médica la salud de la menor se deterioró hasta llevarla a la muerte.

Relata que el día 7 de octubre de 2003, la Sra. Pizano concurre al sanatorio Rawson ,siendo atendida por la Dra. Vellio, quien diagnostica a la menor con un cuadro de bronquiolitis, indicando que se realicen nebulizaciones cada 3 horas con ventolin.

Dicen que dado que no mejoraba, el viernes 10 de octubre de 2003, vuelven a la consulta médica, siendo atendidos por el Dr. Navas quien le indica sesiones de kinesio-terapia, para la flema, encontrándose la menor agitada. Agregan que el profesional llama a la kinesióloga desde el consultorio, y le dice que la necesita en forma urgente para una bebé, contestando que no puede ir. Afirman que la kinesio se realiza los días 14, 15, 16 y 17 por cuanto persistía el cuadro.

Que el día 11 de octubre de 2003, la Sra. Pirri advierte que no mejora la menor, por lo que concurren a una nueva consulta ya que había aumentado la agitación de la bebé, recibiendo como respuesta que la situación era normal en el proceso de la enfermedad, por lo que continúa con las sesiones de kinesiología. Que el viernes 17 de octubre de 2003, al concluir las sesiones de kinesiología, concurre a la consulta del Dr. Navas, quien se resiste a atender sino se le abonaba la consulta, ante el reclamo de la madre, la revisa y ante la profunda agitación, solo se le ocurre decir que es normal, sin auscultarla ordena continuar con el tratamiento médico, pese a que la niña se mostraba agitada, pese a las sesiones de kinesiología.

Expresan que el domingo 19 de octubre de 2003, la menor se encontraba más agitada, irritable y nerviosa, siendo atendida por la Dra. Natalia Dománico, quien tras la auscultación y ante los síntomas de la menor, ordena aplicarle cortisona y continuar con kinesiología.

Dicen que a pesar de las numerosas consultas en ningún caso se cumplió con el tratamiento o con el protocolo básico, ni se ordenó la realización de análisis clínicos ni estudios radiográficos que permitan ver el real estado de salud del aparato respiratorio y pulmonar y origen de la dolencia que la afectaba.

Que dado que seguía mal, concurren el día 20 de octubre de 2003 a consulta, pasadas las seis de la mañana, debiendo esperar mas de cuarenta minutos para ser atendidos por la Dra. Dománico, quien diagnóstica bronquiolitis, encontrando auscultación normal, indicando kinesio terapia tres sesiones y le manda a comprar hidrocortisona por 100. Luego de aplicarle el corticoide, a las 7,55 horas vuelve a revisarla. Que la madre la nota con temperatura, diciéndole la Dra. Dománico que si tenía fiebre que no se asustara que era normal, indicándole un análisis de sangre y que volviera al día siguiente. Que al entrevistar al bioquímico éste se mostró preocupado, preguntando si se encontraba internada la bebé y sugiriendo que tratara de consultar a otro profesional.

A las 15 hs. del mismo día, ante el agravamiento de Antonella es llevada en forma urgente a la consulta, siendo revisada por el Dr. Luna, quien tras la maniobra de la menor y tomar nota de los antecedentes del cuadro se le diagnostica Neumonía, ordenando inmediatamente la internación en la Unidad de Terapia intensiva pediátrica, donde se realizan estudios y se diagnostica neumonía doble.

Señala que de la historia clínica remitida por el Sanatorio, resulta que el ingreso se produjo en grave estado presentando el siguiente cuadro: "ingreso de consultorio, con cianosis muy taquicardica hipertermico-se aspiran abundantes secreciones, presenta movimientos convulsivos se realiza Dizeoan-Sipirona Ibu en varias dosis-no se puede auscultar RC solo se valora con aparatos-pete muy hiperactivo presenta importante RG alimenticio-luego. escasa 21 hs. se valora DOpo Dobuto UCC de 4 goteo.

Refieren que las guardias posteriores dan cuenta del empeoramiento de la salud de la menor, constatando a las 23,15 hs. del día 21 de octubre de 2003 su fallecimiento, hecho que fue informado por el señor Gaudino a los padres.

El aquo del Primer Juzgado Civil, en su sentencia dictada en fecha 28 de diciembre de 2012, cuya copia luce agregada a fs. 571/ 583, encontró fundamento suficiente para resolver: " I) Hacer lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios incoada por los Sres. OSCAR ARIEL PIZANO y JESÚS LORENA PIRRI ILLANES, contra las médicas, Dras. MARÍA ALEJANDRA VELLIO y NATALIA ELVIRA DOMÁNICO, profesionales de la salud del Centro Materno Infantil Dr. Guillermo Rawson de propiedad de ADOS, por los fundamentos expresados en los considerandos precedentes.

II) Desestimar la demanda respecto del médico, Dr. JULIO ANTONIO NAVAS, por los fundamentos expresados en los considerandos precedentes.

III) Condenar a la demandada, Dra. NATALIA ELVIRA DOMÁNICO a pagar el 40% de la suma por la que procede esta demanda, y a la Dra. MARÍA ALEJANDRA VELLIO, conjunta y solidariamente con "LA MERCANTIL ANDINA S.A. COMPAÑÍA DE SEGURO", a pagar el 40% de la suma por la que procede la demanda (es decir 40% c/u de los rubros declarados procedentes: daño moral y valor vida), con más los intereses calculados a tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina - Suc. San Juan para operaciones de descuento, desde la fecha de la demanda (23/11/2004) y hasta el momento del efectivo pago. Dicho pago deberá efectuarse en el término de 15 días de quedar firme la liquidación que se practicará al efecto.

IV) Imponer las costas del presente proceso a la actora vencida, en relación al médico Julio Antonio Navas, e imponer las costas a las restantes partes demandadas por los rubros que prospera la demanda.

V) Regular los honorarios profesionales del Dr. ADOLFO HECTOR TELLO PELLICE, por su actuación en doble carácter (apoderado de la actora), ganancioso parcialmente y tres etapas (demanda, prueba y alegato), en el 21 %. A los Dres. RICARDO ESTEBAN MOINE y CLAUDIA MABEL GALDEANO por su actuación en forma conjunta, doble carácter (apoderados de la Dra. Vellio), perdidoso y tres etapas (contestación demanda, prueba y alegato), en el 12,6%. Al Dr. EMILIO R. MOYANO por su actuación en, doble carácter (apoderado de la Dra. Dománico), perdidoso y tres etapas (contestación demanda, prueba y alegato), en el 12,6 %. Al Dr. GUILLERMO M. ATIENZA por su actuación en doble carácter (apoderado de Triunfo Seguros), ganancioso y tres etapas (contestación demanda, prueba y alegato), en el 21%. Al Dr. MARCELO M. NAVAS por su actuación en doble carácter (apoderado de La Mercantil Andina), perdidoso y tres etapas (contestación demanda, prueba y alegato), en el 12,6 %. Al Dr. ANTONIO GAMES por su actuación en simple carácter (patrocinante del Dr. Julio Navas), ganancioso y una etapa (contestación demanda y citación), en el 5 %; y a los peritos ROBERTO RANEA y CRISTINA MARCÓ por su labor pericial, mérito y trascendencia, en el 3 %, todos de la liquidación que oportunamente se practique. Se aclara que no corresponde regulación de honorarios al perito Jorge Luís Castro, en función de haberse hecho efectivo a fs. 459 el apercibimiento por el cual fue notificado." A fs. 587 la juez a quo dicta sentencia aclaratoria.

Contra esta decisión de la jurisdicción se alza: 1- el abogado Marcelo Navas, a fs. 584, apoderado de la compañía de Seguros La Mercantil Andina SA, el que fue concedido a fs. 585 y fundado a fs 588. Agravios que fueron replicados a fs. 599 ; 2 - la parte actora, a través de apoderado, el que fue concedido a fs. 607 y fundado a fs. 608/ 616. Agravios que fueron replicados a fs. 634/ 638; 3- la codemandada Natalia Elvira Dománico, a través de apoderado a fs. 640, el que fue concedido a fs. 696, fundado a fs. 697/ 703, y replicados a fs. 715/ 723; 4- la demandada Alejandra Vellio a través de apoderado, el que fue concedido a fs. 644 y fundado a fs. 645/ 650. Agravios que fueron replicados a fs. 650/ 658. 5- a fs. 678 el abogado Antonio Gamés con patrocinio letrado, recurso que fue concedido a fs. 679 .

A fs. 737 son adjudicados los autos a estudio.

TRATAMIENTO DE LOS RECURSOS:

Atento a la extensión de los agravios formulados por los apelantes, se procederá a una breve reseña de los mismos.

1-Recurso de la compañía LA MERCANTIL ANDINA :

La recurrente se presentó a fs. 584 apeló la sentencia y a fs. 588 expresó agravios. Pone de resalto que la sentencia ha dejado de merituar prueba conducente para rechazar la demanda, que manda a pagar montos que resultan elevados, y que fija porcentaje alto al imponer las costas.

Destaca, que debió señalarse concretamente cual fue la conducta reprochable en que incurrió la Dra. Vellio, como para responsabilizarla de la muerte de la menor, y que no está acreditada la asiduidad de consulta a que se refiere la sentencia y que solo atendió una vez a la menor.

Agrega que no han sido considerados en la sentencia las pericias, que tampoco está acreditado que la Dra. Vellio haya atendido con posterioridad a la única vez a la menor, y que tampoco se ha probado que los padres hayan seguido las indicaciones.

Dice que la conducta de los padres de la menor, sumada al tiempo transcurrido entre la única oportunidad en que la Dra. Vellio la vio y el fallecimiento, determinan la inexistencia de nexo causal entre su diagnóstico y la muerte. Que no hay prueba de que su diagnóstico haya sido equivocado o que no le haya dado la atención correspondiente.

Entiende que la juez tampoco hizo mérito en la sentencia a que la menor pudo tener alguna alteración genética que le provocara alguna inmuno deficiencia. Agrega que los padres se negaron a realizar una autopsia. Señala que no hay prueba de que los padres hayan seguido el tratamiento indicado que consistía en nebulizar con ventolin cada tres horas.

En particular remarca, que del informe pericial del Dr. Ranea surge que el diagnóstico y la pericia fue acertada.

También sostiene que hay falta de lógica y de consideración de elementos de prueba que habrían motivado una decisión distinta a la dictada.

Continúa reiterando que no se han considerado las pericias, ni se ha acreditado que los padres hayan comprado ventolin, que no se ha evaluado el lapso entre cada visita que los padres hicieron a la guardia y que la Dra. Vellio no volvió a ver a la menor.

Que en la pericias de los Dres. Ranea y Castro surge que nada indicaba que la paciente estuviera en grave estado.

Puntualiza que de la historia clínica secuestrada no surge la asiduidad con que llevaron los padres de la menor al sanatorio.

Añade que los montos que se ordena pagar han sido fijados sin hacer ninguna consideración. Entiende que se produce un enriquecimiento sin causa de los demandantes, ya que los montos fijados lejos están de ser resarcitorios para convertirse en enriquecedores.

Dice que resulta exagerado el rubro de valor vida y daño moral. Que no se encuentran acreditados en autos los supuestos fácticos en virtud del cual se puede considerar que el hecho por el que se reclama ha ocasionado a los actores el perjuicio económico que supondría la pérdida de vida de la menor. Cita jurisprudencia.

Pide en su caso se disminuya el monto fijado como indemnización por valor vida.

Reitera en cuanto al daño moral que no puede constituirse en un enriquecimiento patrimonial.

Apela la imposición de costas y la regulación de honorarios por considerarla elevada.

2- Recurso de la parte actora:

La parte actora a través de apoderado a fs. 605 apela la sentencia dictada, recurso que fue concedido a fs. 607. A fs. 608/616 expresa agravios.

Primer agravio: Explica que le agravia la sentencia al rechazar la demanda respecto al codemandado Julio Antonio Navas. Señala que la sentencia aparece sin fundamento cierto, con evidente contradicción, equivocándose al dispensar de responsabilidad al codemandado Julio Antonio Navas. Que el Dr. Navas generó en los actores la creencia y el convencimiento que la enfermedad era la del diagnóstico y la medicación era la correcta. Entiende que la juez aquo se equivoca al concluir que el mencionado profesional no tiene conducta reprobatoria a partir de las pruebas de autos, cuando pudo y tuvo lo necesario para diagnosticar a Antonella, medicarla y protegerla por la afección respiratoria que padecía.

Segundo agravio: lo centra en la imposición de costas a la actora vencida en relación al médico Juan Navas, al imponer las costas del rechazo de la demanda a la actora respecto del señor Navas y solicita sean impuestas a cargo de la contraria en ambas instancias. Critica también la regulación de honorarios formulada a favor del Dr. Atienza.

Tercer agravio: También le agravia la sentencia al responsabilizar a la actora en la proporción del 20%. Solicita se establezca culpabilidad del 100% a los tres demandados en partes iguales y solidariamente a las aseguradoras.

Cuarto agravio: Refuta la determinación y valuación del daño moral el que solicita se duplique. Termina haciendo reserva de derecho.

3-Recurso de la codemandada Natalia Dománico: critica la sentencia por arbitraria y errónea. Indica que cumplió con el protocolo médico exigido para los casos, ordenando un análisis de sangre, una RX y advirtiendo de una posible internación que se ordenaría con los resultados de laboratorio, como ocurrió cuando volvieron los padres de la menor el día 20-10-03 a las 16 hs.

Por último solicita se revoque el fallo por resultar la sentencia nula por no resultar una derivación de los hechos constatados y probados en la causa. Agrega que tampoco existe el nexo de causalidad necesario entre su actuar y el evento dañoso.

Refuta también el importe condenado y las costas, incluso el porcentaje arbitrariamente determinado, pues la juez aquo no da fundamento de los importes de la condena. Formula reservas.

4-Recurso interpuesto por la codemandada María Alejandra Vellio:

Primer agravio: Pone de resalto que el decisorio carece de fundamentación, y solicita sea revocado. Indica que se limita a transcribir fragmentos, y solo pretende dar base a la resolución en afirmaciones falsas.

Segundo agravio: destaca que no hay nexo causal entre la conducta de su parte y el evento dañoso.

Tercer agravio: continúa diciendo que le agravia los montos excesivos por los que se hace lugar a la demanda. Manifiesta que se han fijado en forma arbitraria dando lugar a enriquecimiento sin causa.

En cuanto a las costas, señala que solo debió imponérsele el 17% , que es el porcentaje que prospera en su contra.

5-Recurso interpuesto por el Dr. Antonio Games: Señala que los honorarios fijados a su favor resultan bajos.

a- Planteado de este modo los recursos, resulta procedente resaltar en torno al fallo traído a estudio las siguientes observaciones.

En primer lugar, debemos recordar que la sentencia definitiva de primera instancia debe contener; la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda o reconvención en su caso.

Las sentencias deben ser motivadas bajo pena de nulidad, a fin de evitar que se emitan decisiones que no resulten una derivación razonada del derecho vigente, lo que por otra parte permite el control del iter lógico seguido por el sentenciante, a fin de determinar si el mismo se pronunció sin arbitrariedad y con sujeción a la lógica y a las reglas de la sana crítica racional.

La exteriorización de la motivación implica una doble operación que consiste tanto en la determinación del hecho, estableciendo el tribunal la plataforma fáctica, así como también la aplicación del derecho a esos hechos.

Por lo tanto el control revisor de esta instancia, implica la apreciación de la observancia de las reglas de la sana crítica racional en la valoración de las pruebas que llevan a la determinación del hecho, y por otra parte la apreciación de la observancia de las reglas de la razón en la interpretación de la ley sustantiva, y en la subsunción del hecho ya determinado, en dicha norma.

Es criterio del Tribunal fijado en anteriores oportunidades que, constituye una de las funciones del Juez de Primera Instancia fundamentar en derecho, aún cuando sea escuetamente, su decisión pues no sólo priva a la parte perjudicada de esgrimir argumentaciones relativas a la posición del magistrado delimitando temáticamente los recursos; sino que a consecuencia de ello, en la instancia de revisión; los recursos se transforman en un amplio campo de argumentación desnaturalizando la función de los tribunales de Alzada (Autos Nº 14.752-8.311 caratulados: "CARDOZO, JUAN CARLOS C/ LUNA, ALFREDO HERIBERTO Y OTRO- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-SUMARIO" L. de A. Tº 96, Fº 44 y ss.

En este orden de ideas, la subsunción implica el análisis por separado de las cuestiones que conforman el material de conocimiento en la situación particular planteada y, a la cual, debe aplicarse la norma jurídica. Este razonamiento sobre cada una de las cuestiones articuladas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado, no puede faltar, para ello es necesario valorar la prueba producida con relación a los hechos controvertidos, plasmando en el decisorio toda consideración que crea conveniente y prudente de manifestar a efectos de mostrar dónde y en qué esta fundada su convicción.

Velert, Pagés Lloveras, Velert, en su obra Cod Proc civil comercial y Minería, comentado, Tomo 1 B, pag 739, Ed Nuevo Enfoque jurídico, señalan: "El fallo, como proceso psicológico, no puede apoyarse en simples impresiones o creencias subjetivas, sino en los hechos y las pruebas , que, sometidos a su juicio, produzcan la misma seguridad en el ámbito de cualquier otro ciudadano sensato e imparcial ".(LL , 129-94).

El cumplimiento de esta obligación permite a las partes elaborar la impugnación conformando sus agravios, de manera adecuada y pertinente a la posición asumida por el sentenciante, respecto de sus posibles errores in iudicando que, por otra parte, constituye uno de los requisitos de admisibilidad formal de cualquier recurso.

En el sub lite, el requisito constitucional de fundar la sentencia, el cual, lejos de constituir una solemnidad secundaria y dispensable, constituye en cambio una de las más trascendentes garantías de justicia cuyo cumplimiento, que ha de ser de oficio, se ha violado.

Del análisis del contenido del fallo se advierte que la sentenciante ha omitido fundar de manera alguna la sentencia dictada, limitándose ha formular una extensa relación de la causa, reiterando en los considerandos nuevamente la relación de la causa, y tratando de modo escueto la valoración de la prueba, mencionándola en líneas generales, no diciendo nada respecto de las conclusiones arribadas en los dictámenes periciales, sus impugnaciones, y en las pruebas de testigos calificados.

Reitero, la sentencia en crisis carece de fundamentación suficiente, toda vez que de ella no surge un razonamiento derivado del derecho, ya que es un pronunciamiento huérfano de sustento probatorio (fundamentación materialmente inexistente) y apoyada en elementos probatorios identificados solo en forma global ("...analizadas las pruebas producidas, en especial las pericias médicas, las testimoniales también médicas"..fs. 581).

En este tipo de proceso, en las que están en juego ámbitos del conocimiento científico que exceden a la formación de los jueces, y tienen una importancia especial para dirimir el conflicto, la juez a quo debió merituar con mayor rigurosidad la prueba pericial aportada.

La fundamentación que la ley manda cumplir, bajo sanción de nulidad, exige que el juez haya efectuado una crítica de los elementos probatorios que sirven de base a las conclusiones a las que se arriba: la mera enunciación de las pautas tenidas en cuenta,- como efectúa la sentenciante,- no proporciona los elementos necesarios para verificar si el mecanismo de discernimiento utilizado, para llegar a una determinada conclusión, ha sido cumplido con observación de las reglas de la sana crítica racional.

Concretamente, el art. 164 inc.4 y 5 del C.P.C. exige que la decisión o resuelvo esté precedida de los fundamentos que la determinan, lo que no se ha cumplimentado en autos, por lo que, la sentencia apelada se convierte en nula en virtud de tal deficiencia, lo que así debe declarase.

En resumen, en el caso la omisión del a quo de tratar adecuadamente y valorar la prueba producida en autos, es una conducta de jurisdicción por demás arbitraria que contradice, esencialmente, los principios constitucionales de defensa, debido proceso y, dentro de este, el derecho a tener una doble instancia revisora del tema para las partes, tornando el pronunciamiento nulo.

Efectivamente, la jueza, debió dar la razón de las conclusiones que sostiene, exhibiendo una ordenada ponderación de las pruebas que le sirven para ello. En este sentido la doctrina señala que: "la fundamentación de la sentencia comprende tanto el apoyo legal de ella, como que sea ella el resultado de un razonamiento lógico, debiendo el juez consignar cómo llegó a la conclusión en que se funda el fallo. " (Fenocchietto - Arazi, comentario art. 34 CPCCN, "Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación Comentado", T. I, pág. 133).

La indebida omisión en el momento del mérito de la consideración de pruebas legalmente introducidas al debate, pertinentes a la controversia y causalmente idóneas para incidir -de acuerdo a las reglas de la lógica jurídica- en la parte dispositiva de la resolución, priva al fallo de su necesario sostén legal y lo descalifica como acto jurisdiccional, por cuanto la garantía del debido proceso consagrado en la Constitución Nacional, y en los Tratados Internacionales, que debe primar sobre la ley adjetiva, se ha visto afectada.

Derivado de la nulidad total del fallo, las costas corresponderán tanto en primera como en segunda instancia imponerlas en el orden causado, pues la cuestión no le puede ser atribuida a la demandada el desgaste jurisdiccional inútil que perjudica la invalidez del fallo.

Por ello, propicio: 1- Declarar nula la sentencia dictada a fs. 571/583 y su aclaratoria de fs. 587. 2-Atento a lo propuesto en el pto.1 y advertido que la Juez sentenciante ha dejado de serlo, bajen los autos al juzgado de origen para que el nuevo Juez (fs. 617) dicte el fallo. 3- Imponer las costas de primera y de segunda instancia en el orden causado.

El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: 1- Declarar nula la sentencia dictada a fs. 571/583 y su aclaratoria de fs. 587. 2-Bajen los autos al juzgado de origen para que el nuevo Juez (fs. 617) dicte el fallo. 3- Imponer las costas de primera y de segunda instancia en el orden causado.

El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

1- Declarar nula la sentencia dictada a fs. 571/583 y su aclaratoria de fs. 587.

2- Bajen los autos al juzgado de origen para que el nuevo Juez (fs. 617) dicte el fallo.

3- Imponer las costas de primera y de segunda instancia en el orden causado.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de S ; T° I-2015; F°59/67; FECHA:21 de mayo de 2015 DRES.ALFERILLO-RIVEROS