Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-03-30


SENT Nº221	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, aTreinta (30) de Marzode dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alberto José Brito -por excusación del doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "González Claudia Lorena vs. Gobierno de la Provincia y otros s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y Alberto José Brito, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora plantea recurso de casación (cfr. fs. 347/353), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II del 21 de noviembre de 2006 obrante a fs. 330/334, que es concedido mediante resolución del referido tribunal el 07-5-2007 (cfr. fs. 366), habiéndose dado cumplimiento con el traslado dispuesto por el artículo 816 "in fine" del CPCC, norma ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del CPA.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como Tribunal del recurso incoado la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

El recurso fue interpuesto en término; el acto judicial impugnado es una sentencia definitiva; el depósito que exige la ley del rito resulta innecesario atento a que el actor actúa con beneficio de litigar sin gasto (cfr. fs. 39 del incidente); el escrito recursivo se basta a sí mismo y se invoca una cuestión de derecho. En consecuencia el presente recurso resulta admisible, voto porque así se declare.

III.- La parte actora para fundar este recurso en análisis, sostiene que en la sentencia atacada al no hacerse lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta contra la Provincia y personal policial, realiza una errónea consideración de los hechos configurativa del vicio de arbitrariedad, conculcatoria de los artículos 902, 904, 912, 1113, primera parte, todos del CC. Los agravios desarrollados al efecto, en lo pertinente y debidamente confrontados con las razones que expone el tribunal al respecto, en el considerando de la sentencia en crisis y con las constancias obrantes en el proceso, paso de inmediato a ponderar al adentrarme en el examen de la procedencia del recurso en consideración.

¿Asiste razón a la parte actora cuando imputa al Tribunal a quo haber incurrido en arbitrariedad al apreciar el cuadro probatorio tendiente a demostrar si hubo responsabilidad de los demandados en el evento dañoso, motivo del reclamo de daños y perjuicios o si el accidente obedeció a la culpa exclusiva del detenido y fallecido José Antonio Cegada?	Sostiene la recurrente, que la responsabilidad de la Provincia radica en que no se tomaron los recaudos de seguridad que correspondían en atención a que el móvil donde era trasladado el infractor Cegada no se encontraba en condiciones adecuadas (ya que tenía la cerradura de la puerta rota y atada con cable, lo que posibilitó su intento de fuga, caída del vehículo en movimiento y posterior fallecimiento) y la omisión del deber de custodia que correspondía al personal policial que tenía a su cargo la vigilancia de detenidos (eran cuatro policías que iban adelante del móvil y los dos detenidos solos atrás, sin esposas y con la puerta del vehículo sin cerradura).

Sin duda la cuestión debe ser juzgada conforme al artículo 308 del CPCC, correspondiendo la prueba de la afirmación a la actora.

Al respecto resulta oportuno destacar que se encuentran acreditados los siguientes hechos: a) el señor José Antonio Cegada fue aprehendido conjuntamente con los señores José Andrés Velásquez y Reina Jiménez por personal policial el día 29 de septiembre de 2002, en horas de la mañana mientras se encontraban en la vía pública, en estado de ebriedad y posiblemente habiendo ingerido anfetaminas, provocando desorden, mediante gritos, insultos a toda persona que transitaba por el lugar (cfr. sumario policial), considerando que la conducta de estas personas encuadraban en el artículo 15 incisos 4 y 14, de la Ley de contravenciones policiales Nº 5140. Según relatos de Velásquez en la causa penal, se encontraba junto a Cegada tomando cerveza y escuchando música cuando llegó la policía, la que al verlos ebrios los llevaron al Comando Radioeléctrico, uno de ellos esposado (Cegada) porque aparentemente quería hacer problemas y luego se calmó; b) fueron conducidos hasta el Comando Radioeléctrico, donde se los identificó y se dispuso que se efectúen los exámenes químicos de rigor, disponiendo el traslado de Reina Jiménez a la Brigada Femenina y a Velásquez y Cegada a la Comisaría Seccional 8º; c) para trasladarlos a dicha Comisaría nuevamente ascendieron a un móvil (jeep) de la policía, ubicando a Cegada y Velásquez en la caja del vehículo "sin esposas"; d) en el referido vehiculo iban 4 policías incluyendo al chofer, quienes viajaban en la parte de adelante, ubicando en la parte de atrás a los detenidos, sin esposas y sin custodia; e) el móvil tenía rota la cerradura de la puerta trasera y atada con cable o alambre; f) durante el traslado a la Seccional 8º Cegada, aparentemente disconforme con la detención y en un intento de fuga, patea dicha puerta y salta lanzándose a la avenida por donde circulaban. Como consecuencia de esta decisión voluntaria de saltar del vehículo policial en movimiento, sufre el golpe que le causó la muerte.

Si bien es cierto como expresa la sentencia que se trataba de meros contraventores y no de imputados de la comisión de delitos -lo que pudo justificar que los detenidos no fueran esposados-, no se puede obviar que la seguridad psicofísica de las personas detenidas (cualquiera fuere la razón de la detención, contravención o delito) se encuentran bajo la guarda y custodia de la autoridad policial. Adviértase que, conforme al artículo 912 del Código Civil, quien por la ley o comisión del Estado tiene el derecho de dirigir las acciones de otro, puede impedirle por la fuerza que se dañe a sí mismo.

En el caso de autos, se trataba de personas ebrias, eventualmente drogadas, con sus facultades mentales alteradas, circunstancias éstas que permitían conjeturar conductas irracionales por parte de los detenidos. Es en el marco de estas peculiares circunstancias que configuran la situación fáctica del evento mortal en análisis, el que debe ser atendido a fin de determinar la responsabilidad de sus protagonistas. Aclaro que, en mi opinión, resulta irrelevante que la tentativa de fuga de Cegada no estuviere precedida de una actitud policial de agresión o amedrentamiento que justificara la conducta de Cegada.

Los actores alegan falta de seguridad en el móvil de traslado y falta de custodia adecuada del personal policial a cargo de los detenidos, exclusivamente, los cuales a mi criterio, no fueron debidamente valorados en el juicio ponderativo de sus respectivas incidencias para la determinación de la responsabilidad por el hecho luctuoso acaecido.

Resultaba necesario indagar prolijamente en el material fáctico acreditado, todo lo referente al estado de ebriedad y eventual drogadicción de Cegada, no obstante la aparente calma que llevó a quitarle las esposas, la imprevisibilidad de su conducta en función de su estado, las medidas tendientes a evitar daños a sí mismo o a terceros; el cuidado policial debido frente a la normal resistencia a la detención de cualquier persona (incluso en estado normal), máxime en estado de ebriedad; la posibilidad de fuga siempre presente en los detenidos, aspecto que por experiencia profesional los policías no pueden desconocer; medidas de seguridad para impedirlo; etc.

En función de estos elementos, corresponde analizar las pruebas eximentes de responsabilidad de los demandados, según las cuales, a pesar de las medidas policiales de custodia y seguridad, el daño fue producto exclusivo del accionar de Cegada.

No debe olvidarse que conforme al artículo 902 del Código Civil, a mayor deber de obrar con prudencia y conocimiento pleno de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.

El déficit señalado, me exime de abordar puntualmente los restantes agravios y sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el fondo de la cuestión, considero que asiste razón al recurrente, pues si bien el fallo realiza una prolija ponderación del cuadro probatorio, tal análisis omite profundizar en el tema sustancial del debate.

Si bien es cierto que los agravios que se expresan en el recurso refieren a cuestiones que en principio, son de hecho y valoración de pruebas que compete a los jueces de grado resolver y por lo tanto son ajenas a la instancia recursiva, se convierten en materia del recurso extraordinario local, en aquellos casos en que la ausencia de razonabilidad en la estimación de las probanzas o la omisión de valorar las mismas, produzcan como consecuencia una sentencia arbitraria.

En el presente caso, como acertadamente lo aprecia la recurrente, considero que se ha configurado un supuesto de arbitrariedad fáctica, originada en una deficiente valoración del cuadro probatorio, que descalifica el pronunciamiento.

En efecto; la consideración retaceada de las constancias que obran en autos, dando a los hechos una interpretación parcializada de la que surge del total de las probanzas producidas en autos, implica lisa y llanamente prescindir de medios probatorios esenciales con relación al tema del presente litigio, implicando a mi juicio, un apartamiento flagrante de las normas que gobiernan la valoración de las pruebas constituyendo una infracción formal configurativa del vicio de arbitrariedad.

Dentro de la doctrina de la arbitrariedad, esta Corte tiene establecido que constituye un supuesto de pronunciamiento que incurre en dicho vicio aquél en que la operación intelectual desarrollada en la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las pruebas o cuando se prescinde de pruebas esenciales, situación que es precisamente, la invocada por la recurrente con aparente verosimilitud.

Las razones expresadas descalifican al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido por cuanto se ha omitido valorar, en la integridad de su contenido, pruebas pertinentes ofrecidas y producidas en autos, por los litigantes.

Por las razones expresadas, voto porque se case íntegramente la sentencia en recurso, conforme a la siguiente doctrina legal: "Configura un supuesto de sentencia arbitraria y, por ende, jurídicamente reprochable, la que omite la adecuada ponderación de pruebas pertinentes para la solución del litigio, dando una perspectiva parcializada de las mismas".

La conclusión a que arribo, por cierto, es sin desmedro del juicio prudencial privativo del tribunal de mérito sobre si, en la especie, con arreglo a todas las probanzas producidas y procesalmente válidas, se ha configurado o no el supuesto fáctico mentado en la demanda. Por ello, debe remitirse este proceso a la referida Cámara a fin de que, por la Sala que resulte competente, dicte nuevo pronunciamiento.

V.- En cuanto a las costas de esta instancia recursiva, por provenir el déficit de la actuación del tribunal, corresponde imponer las costas por su orden resultando de aplicación lo normado por el artículo 106, inciso 1° del CPCC. Voto porque así se decida.

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Alberto José Brito, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II del 21 de noviembre de 2006, obrante a fs. 330/334. En consecuencia, CASAR íntegramente la misma, dejándola sin efecto en todas sus partes, y REMITIR estos actuados a la Excma. Cámara, para que por la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento conforme lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ALBERTO JOSÉ BRITO ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.