Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-02-06


SALA SEGUNDA Expte. Nº 5980/12 "CATALDO Rigoberto Francisco c/ José Yanzón A.I.C.I. S.A. - Apelación de Sentencia - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a seis ( 06 ) días del mes de febrero del año dos mil trece, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y José Abel Soria Vega, a fin de examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en fecha doce de noviembre del año dos mil doce, en autos Nº 9072 caratulados: "Cataldo Rigoberto Francisco c/ José Yanzón A.I.C.I. S.A. s/ Apelación de Sentencia".--- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:------- --- En la sentencia impugnada el Tribunal rechaza el recurso de apelación deducido por la demandada y acoge parcialmente el interpuesto por la actora en cuanto a la procedencia de la indemnización prevista en el artículo 2 de la ley 25.323. En lo demás, confirma la sentencia de primera instancia que había resuelto hacer lugar parcialmente a la demanda laboral incoada por el Sr. Rigoberto Francisco Cataldo.---------------------------- --- Al fundar su decisión, y en lo que es materia de recurso, el a quo concluye: 1º) De la misiva rescisoria se desprende que el accionante ha dado cumplimiento con la carga impuesta en el artículo 243 de la LCT, al expresar con claridad cuál es la causal de ruptura invocada: la falta de respuesta a sus reclamos (según intimaciones previas del 17/12/08 y 06/01/09) referido a la restitución a sus tareas administrativas habituales, como Auxiliar categoría "A" y la negativa a reconocer el cambio de tareas sufrido. Afirma que la finalidad de la norma se encuentra acabadamente cumplida en el acto rescisorio -comunicación por escrito y certeza de la causa del despido-. Refiere que el deber de buena fe no ha resultado alterado porque la intimación se realizara "bajo los apercibimientos de ley", sin mencionar concretamente qué medida adoptaría el trabajador en caso de incumplimiento a sus reclamos; que el demandado debió prever que el trabajador adoptaría la más grave e incluso dicha consecuencia fue claramente considerada por la empleadora al contestar la misiva de despido; 2º) La circunstancia manifestada por la apelante vinculada a la modificación de la causal de despido invocada por el trabajador, no resulta un argumento válido, desde que no se advierte tal mutación ya que tanto un hecho (labores de obrero común), como el otro (labores en una pieza con un escritorio vacío) implican alteraciones al trabajo o funciones habituales que el mismo tenía y dan cuenta de un obrar contrario al artículo 66 de la LCT, cuyo cumplimiento requería el trabajador; 3º) Tal como señala la sentenciante de primer grado, la legitimación del despido no se ve alterada por los avatares económicos que pueda haber sufrido la empresa, desde que los mismos no son trasladables al trabajador ni justifican un ejercicio irrazonable del ius variandi; que si bien tales circunstancias podrían justificar una reducción de las tareas administrativas que se llevaban a cabo en la bodega, de las pruebas rendidas en la causa surge que al trabajador no le dieron ninguna tarea de tal tipo.------ --- La recurrente encuadra el recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. Refiere que el fallo es arbitrario en cuanto viola su derecho de defensa en juicio, el debido proceso, la propiedad e igualdad ante la ley, como los principios de congruencia procesal y las formas indispensables de todo pronunciamiento judicial.--------------------------- --- En primer término, la impugnante tilda de arbitrario el fallo del a quo por cuanto -aduce- soslaya la aplicación del artículo 63 de la ley 20.744 unido al 243 del mismo cuerpo legal. Sostiene que, de conformidad a lo dicho por esta Corte, lo que origina el derecho a la indemnización no es la existencia de una relación de trabajo sino la denuncia del contrato; que para que ésta genere derecho indemnizatorio debe realizarse y ejercerse conforme a las formalidades que marca la ley sustantiva (arts. 63 y 10 de la LCT); que los tribunales de mérito divagaron sobre cuestiones subjetivas acerca de lo que debió entender la patronal, cuando en rigor debieron abroquelarse en la intimación cursada por el trabajador y en verificar el cumplimiento de las exigencias formales y sustanciales. Que por otra parte, causa perplejidad la posición asumida por el vocal, Dr. Miguel Novoa, quien en el precedente "Alfaro c/ Leiva" entendió que la falta de un apercibimiento concreto constituye un defecto formal dirimente que convierte en ilegítima la denuncia del contrato de trabajo.---------- --- En segundo lugar, la quejosa cuestiona el tratamiento que el a quo confiere al segundo agravio propuesto por su parte, vinculado al ejercicio del ius variandi. Afirma que la accionada denunció al tribunal un grave apartamiento de las constancias de autos desde que el supuesto cambio de tareas que venía denunciando el actor -de administrativo a obrero de parral- no fue el motivo de la denuncia del contrato de trabajo dispuesto por el actor según misiva del 11/02/2009; que la denuncia del contrato de trabajo tenía otra causal distinta -falta de dación de trabajos o falta de ocupación- (art. 78 de la LCT); que al mutar las causales invocadas con anterioridad por otra distinta para motorizar el despido indirecto, éste se mostró precipitado e ilegítimo por falta de intimación previa (art. 63 de la LCT).------------------------------ --- Por último, sostiene la recurrente que la realidad empresarial existente al momento de operarse la transferencia del paquete accionario de los Sres. Yanzón a los Sres. Federico, repercutía directamente en las escasas labores que podía cumplir el actor, lo que no pudo ser soslayado por el a quo, en tanto el deber de ocupación al que alude el artículo 78 de la LCT no resulta absoluto, debiendo ceder por razones debidamente fundadas; que los fallos de mérito, mediante apreciaciones de corte dogmático, se limitaron a reseñar que los avatares económicos que pudo haber sufrido la empresa no resultan ser trasladables al actor, ni justifican un ejercicio irrazonable del ius variandi.--- --- El recurso de casación es subsumido en los incisos 1º y 2º del artículo 15 de la ley 2275 y motivado en que el a quo, según afirma la quejosa, ha interpretado erróneamente y ha dejado de aplicar correctamente los artículos 63 y 263 de la LCT. Refiere que la correcta hermenéutica de las normas citadas impone, en aras de la buena fe y el principio de preservación de la relación laboral (art. 10 de la LCT), que el que pretenda denunciar el contrato de trabajo, intime y manifieste previamente las causas y la voluntad rescisoria.-------- --- Tras exponer los antecedentes de los recursos planteados, procedo a examinar su admisibilidad formal. Adelanto que dicho examen conducirá a su desestimación, en función de las consideraciones que a continuación expongo.------------------------------------------------ --- En primer lugar -y tomando en consideración los tres agravios propuestos-, la recurrente deja sin demostrar la arbitrariedad que invoca, que por otra parte, no queda en evidencia. En efecto, y pese a alegar la existencia de ese vicio, el quejoso se limita a discrepar con la solución que el a quo adopta. Al respecto, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que la arbitrariedad se configura cuando el tribunal no fundamenta la solución que adopta, cuando su fundamentación asienta en bases ilógicas o choca contra las reglas del correcto raciocinio, o cuando -sin explicación- se aparta de la solución normativa inequívocamente aplicable; falencias, todas éstas, que en definitiva descalifican al fallo como acto jurisdiccional válido. (P.R.E. S.2ª.-1990-I-97; S.1ª.-1990-II-1; etc.).- --- En la especie, no resulta irrazonable concluir como lo hizo el a quo -adhiriendo a los fundamentos del juez de primera instancia- al afirmar que si bien es cierto que por imperio del artículo 243 de la LCT, la denuncia del contrato de trabajo que formulare el trabajador debe efectuarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en los que se funda, como así también que no es válida su alteración posterior; no obstante, de la misiva rescisoria de autos se desprende que el accionante cumplió con dicha carga, al expresar con claridad cuál es la causal de ruptura invocada: la falta de respuesta a sus reclamos (según intimaciones previas del 17/12/08 y 06/01/09) referido a la restitución a sus tareas administrativas habituales, como Auxiliar categoría "A" y la negativa a reconocer el cambio de tareas sufrido; que asimismo el deber de buena fe no ha resultado alterado porque frente a la intimación que realizara el actor "bajo los apercibimientos de ley", sin mencionar concretamente qué medida adoptaría en caso de incumplimiento a sus reclamos, la demandada debió prever que el trabajador adoptaría la más grave (art. 66 de la LCT); que incluso dicha consecuencia fue claramente considerada por la empleadora al contestar la misiva de despido.--------- --- Yerra a mi juicio la recurrente, y se desentiende de los argumentos expuestos por el tribunal, cuando refiere que el supuesto cambio de tareas que venía denunciando el actor -de administrativo a obrero de parral- no fue el motivo de la denuncia del contrato de trabajo por él dispuesto, según misiva del 11/02/2009 -falta de dación de trabajos o de ocupación-; que por ello el despido indirecto, se mostró precipitado e ilegítimo por falta de intimación previa (art. 63 de la LCT).-------------- --- En efecto, el tribunal a quo determina como causal de la ruptura, según análisis precedente, la falta de respuesta a los reclamos del trabajador (según misivas intimatorias previas del 17/12/08 y 06/01/09) referido a la restitución a sus tareas administrativas habituales, como Auxiliar categoría "A" y la negativa a reconocer el cambio de tareas sufrido por parte de la patronal "entre otros incumplimientos" (fs. 143). De donde, la falta de asignación de tareas, constituye un incumplimiento más en orden a la justificación de la ruptura laboral, como se desprende del TC obrante a fs. 16 y de lo referido por el a quo. A fojas 143 vta. in fine y 144 el tribunal concluye que no se advierte que el trabajador hubiera modificado el motivo de la ruptura desde que, sea trabajando como obrero rural o bien cumpliendo labores en un escritorio vacío, se alteraban las funciones que el trabajador cumplía y reclamaba.-------- --- El tercer agravio de la quejosa, vinculado a la realidad empresarial existente en oportunidad de reasignar tareas al actor, también soslaya el fundamento dado por el a quo desde que el tribunal, si bien reconoce que los avatares económicos sufridos por la empresa "podrían justificar una reducción de las tareas administrativas que se llevaban a cabo en la bodega, no es menos cierto que de las pruebas rendidas en la causa, surge que al trabajador no le dieron ninguna tarea de tal tipo, incumpliendo la patronal con el requerimiento formulado por el mismo" y cita prueba que acredita tal circunstancia (fs. 144). A mayor abundamiento: "La soberanía acerca del mérito de la prueba, en los procesos de naturaleza laboral, es mucho más amplia que en los de naturaleza civil, el sentenciante puede preferir unos elementos de prueba sobre otros, pues ello hace a sus facultades privativas de apreciación, sin que sea obligatorio referirse en la sentencia a todos los aportados a los autos, pues basta con que mencione en forma clara y concreta a aquellos que se consideran conducentes para la resolución del caso." (P.R.E. 1979-I-35).-------------------------------------- --- Por último, la circunstancia apuntada por la recurrente con relación al cambio del criterio asumido por el Dr. Novoa con relación al precedente que cita, no resulta en mi opinión admisible como motivo de recursos extraordinarios porque éstos tienen por finalidad ejercer el control de constitucionalidad o legalidad del fallo que se impugna. El juzgamiento de la actuación de un miembro integrante del Tribunal sentenciante en otras causas, como por ejemplo la eventual existencia de opiniones contradictorias, no son, en cambio, materia de los recursos extraordinarios instituidos por la ley 2.275 sino de procedimientos específicamente previstos en nuestro ordenamiento a los que, de entenderlo necesario, la recurrente puede acudir.------------------ --- El recurso de casación, en mi opinión, debe ser desestimado por cuanto la impugnante, so pretexto de errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva, intenta que esta Corte revise las circunstancias fácticas y probatorias tenidas en cuenta en la sentencia para tener por configurado el despido y sus causales, lo que constituye una típica cuestión de hecho y prueba ajena a la finalidad específica de la casación. Contra lo expresamente dispuesto por el artículo 17 in fine de la ley 2275, la demandada pretende que el tribunal extraordinario revise la plataforma fáctica y los presupuestos de hecho fijados por el tribunal de grado, de los que éste ha extraído las conclusiones de derecho, pretensión que evidencia la manifiesta improcedencia de la vía casatoria intentada (P.R.E. S.2ª 1999-I-167).------------------------------- --- Por lo que llevo dicho he de propiciar con mi voto la desestimación formal de los recursos deducidos.------ --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:------------------ --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y José Abel Soria Vega. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.- Df-5980 E.B.T.

P.R.E. S.2ª 2013-I-05.