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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, trabajador, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: RAZZETTA LANER, VIVIANA c/ TELECOM PERSONAL S.A. Y/O RESPONSABLE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 17 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-24

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad toda vez que las hipótesis de arbitrariedad que la recurrente intenta perfilar traducen tan sólo el cuestionamiento de la impugnante a la labor cumplida por el órgano jurisdiccional colegiado al tratar las cuestiones sometidas a su juzgamiento, en ejercicio de funciones que le atañen y sobre materia -por regla- extraña al contenido del recurso de inconstitucionalidad intentado.

Así, en punto al reclamo por diferencias salariales, la Alzada entendió que la actora no había logrado acreditarlas, destacando al respecto que la diferencia de tareas y responsabilidades no implican necesariamente distinto salario máxime cuando -como en el caso- la trabajadora se encontraba fuera de convenio; destacando que al no haber convenios imperativos las normas empresariales a las que alude la actora no dejan de ser facultativas y unilaterales.

Ello es así pues las genéricas alegaciones vertidas por la trabajadora con apoyo en el principio de "igual remuneración por igual tarea" no logran conmover lo expuesto por el A quo -basado en cita jurisprudencial de la C.N.A.T. publicada en D.T. 1998-B-1479- en punto a que "El artículo 81 de la Ley de Contrato de trabajo...admite un amplio margen de discrecionalidad en la fijación de las remuneraciones -con la obvia observancia de las normas legales o convencionales que establecen valores mínimos- y fulmina como trato desigual a las discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza...por motivos de nacionalidad, políticos, gremiales y de edad....; las diferencias objetivas de tratamiento salarial no son susceptibles de tacha como discriminaciones arbitrarias ni existe norma legal que obligue a los empleadores a pagar idénticas remuneraciones a todos los trabajadores de un determinad o nivel...".
Excarcelación, sobreseimiento, caución real
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: D., G. N. c/  s/ Lesiones - Excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-15

Excarcelación rechazada. 1) Defensa que, en el marco de la expresión de agravios ante la Cámara, habiendo recurrido sólo el rechazo de la excarcelación, solicita el sobreseimiento del imputado. Planteo improcedente. Defensa que interpone reposición y, previo traslado al fiscal, se resuelve señalándose que la ley 27.272 no modificó el régimen general de los recursos (ver arts. 353 bis y 353 quinquies, último párrafo del CPPN), por lo que la audiencia materializada en los términos del artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación no puede ser equiparada a una audiencia multipropósito. No ha lugar. 2) Delito imputado que permite encuadrar la situación en el 1er supuesto previsto en el 2do. párrafo del artículo 316, en función del 317 inciso 1°, ambos del CPPN. Domicilio constatado. No registro de rebeldías ni capturas. Revocación. Concesión bajo caución real debiendo comparecer mensualmente ante el juzgado debido al antecedente condenatorio que registra.
Demanda, contestación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Del Santo, Marcelino c/ Sevel S.A. s/ Enfermedad accidente.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

En el marco del art. 354 inc. 1 del C.P.C.C. la negativa opuesta a los hechos establecidos en el escrito de promoción de la acción debe ser explícita y clara y referida a cada uno de ellos pues si es genérica o ambigua los jueces de grado están facultados para estimar esta actividad como un reconocimiento de las afirmaciones del actor.
Juicio de apremio, patentes, falta de legitimación para obrar, denuncia de venta, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Municipalidad de Neuquén c/ Deflorian, Ivana Paola s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-30

Cabe confirmar el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta para repeler la ejecución fiscal por patentes, pues, la denuncia de venta registralmente inscripta resulta de ningún efecto en autos dado que, como lo señalé, los períodos adeudados por la ejecutada son anteriores a ese momento. Cabe señalar que el art. 27 del Régimen de la norma que regla el Régimen Jurídico del Automotor (ordenado por Decreto n° 1.114/1997), dispone que la denuncia de venta del automotor formulada ante el Registro pertinente tiene efectos en orden a eximir de responsabilidad en tanto se haya realizado antes del hecho que motiva la responsabilidad. Lo importante, entonces, es la fecha de presentación de la denuncian ante el Registro y no la fecha denunciada en ella como de desposesión respecto del vehículo.
Riesgos del trabajo, enfermedad profesional, comisiones médicas, reclamo administrativo previo, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: García, Iván Alejandro c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-22

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el reciente precedente "Pogonza", no trató temas importantes de la litigiosidad en la materia, como lo son las enfermedades laborales no listadas, que transforman al paso obligatorio por la comisión médica en una evidente pérdida de tiempo, que sólo perjudica a quien las sufre.
Cesantía ilegítima, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Miguel, Elba Noemí c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por despido injustificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

Cuando se concluye que un agente estatal ha sido dado de baja ilegítimamente se presume la existencia del daño moral pues no cabe duda acerca de que la separación provoca en el damnificado intranquilidad y sufrimientos injustos. Tal circunstancia ha de tenerse por demostrada por el solo hecho de la acción antijurídica daño in re ipsa- y es al responsable de ésta a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral.
Auto de falta de mérito, fundamentación de la resolución, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: STANCANELLI, NESTOR EDGARDO; MENEM, CARLOS SAUL s/ Abuso  de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incidente  de apelación de Menem, Carlos Saúl
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-08

1 - El art. 309 del CPP establece que la declaración de falta de mérito debe ser dictada con forma de auto, lo que que exige la observancia del requisito de motivación bajo pena de nulidad prescriptas por el art. 123 del código citado.- 2 - Corresponde declarar la nulidad de la resolución que declara la falta de mérito, pues las consideraciones expresadas en dicho auto constituyen una fundamentación aparente, ya que el Magistrado no hizo ninguna referencia en la prueba acumulada, con respecto a la ausencia de mérito para ordenar el procesamiento, o para sobreseer a dos de los imputados, por lo cual no se cumple el recaudo de motivación expresamente exigido por el art. 123 del CPP (en la causa se investiga el presunto delito de contrabando con motivo de las exportaciones de armas realizadas con sustento en decretos del Poder Ejecutivo Nacional).
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alaniz de Lencina, Gerarda c/ Mutual Talleres Alianza s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07

Si se encuentran cumplimentados los requisitos enunciados en el art. 518, apartado 1° del rito, como así también los de los arts. 521 inc. 2°y 523 del mismo cuerpo legal, al no haber el demandado comparecido al reconocimiento de firmas, se tiene la misma por reconocida y por ende, expedita la acción ejecutiva.
Competencia provincial, ley provincial, decretos provinciales, Constitución Provincial, Constitución Nacional, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Solbingo  S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad de decreto 690/88.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Si se arguye que la ley o el decreto provinciales son violatorios de las instituciones provinciales y nacionales, debe irse primeramente ante los estrados de la justicia provincial, y en su caso, llegar a la Corte por el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, empleador, convenios colectivos de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Demonte, Raul R.P. c/ Ramondelli y Cía. S.C.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral   (Expte.: C.S.J. Nro. 103 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27

No puede prosperar la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesta por el actor, fundada en el yerro ( a su entender) en que incurrió la Cámara al determinar cual era la actividad comercial principal desarrollada por la demandada, desde que aquella efectuó un análisis de las probanzas de la causa y arribó a la conclusión de que la actividad principal de la empleadora consistía en la elaboración y fraccionamiento de fruta secas así como su venta al por mayor. Y, partiendo de tal premisa estimó que carece de sustento la pretensión del actor de que le sean aplicadas las normas de la convención colectiva 40/80 que comprende a los trabajadores ocupados en el transporte de carga por automotor, fundado en que sus tareas consistían en conducir los camiones propiedad de la empresa, aunque las cargas no fueran comercializadas por la misma, sino como fletero para terceros. Ello así pues en los casos en que el empleador tenga a su servicio trabajadores que realizan tareas distintas a las que exige su actividad específica, no debe considerárselo comprendido en las convenciones colectivas que contemplan especialmente la profesión o el oficio de los trabajadores. Y puesto que el convenio 244/94 celebrado entre la Federación de trabajadores de la Industria de la alimentación, y la Federación de Industrias de Productos alimenticios y sus Cámaras, comprende a trabajadores que presten servicios en la actividad de industrialización de productos alimenticios y contempla entre sus categorías a la de choferes y choferes repartidores, parece adecuada su aplicación al actor.
Acción de amparo, medidas cautelares, acto administrativo, interés público
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S., M. S. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. s/ Acción de Amparo Aires. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-04

Para que proceda la medida de no innovar respecto de los actos del poder público es requisito que no perjudique el interés público en general. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Concurso preventivo, quiebra, pronto pago, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pintos Eduvina s/ Incidente de pronto pago en Sielmar S.A. s/ Quiebra Alvarez Rosa y otros s/ Incidente de pronto pago en autos Marypez s.a. s- quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-11|2000-03-16

Los créditos laborales tienen una tutela especial, en razón del carácter alimentario de las prestaciones adeudadas, los únicos créditos alimentarios son los que están en cabeza del trabajador; no revisten, obviamente, aquella tipificación los honorarios del abogado del obrero. Nadie duda el carácter alimentario de los honorarios de los profesionales del derecho, pero ello no significa que gocen del pronto pago atribuido al trabajador.
Auto de procesamiento, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL
Carátula: LENCIONI, LUIS MODESTO Y OTRO s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-09

Tal como señala el codificador en la Exposición de Motivos de nuestro ordenamiento ritual, el procesamiento es una declaración jurisdiccional de presunta culpabilidad en relación a un hecho concretamente verificado; esto permite sostener que basta un estado psicológico espiritual de probabilidad dentro de los grados de conocimiento del Juez para que tal pronunciamiento pueda dictarse.
Buena fe, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Salurzzo, Ramón Juan Carlos c/ Transporte Mariano Moreno S.R.L. s/ Cobro de Pesos y Entrega de Certificado (Acumulado: "Salurzzo c  /Transp. Moreno-C. de Pesos-Accidente")
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-06-05

No cabe ninguna duda que si en el presente existe una violación a los deberes de colaboración, fidelidad y buena fe -artículos 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo-, ella se origina en la conducta del trabajador y no en la del empleador, ya que dada su situación, el actor no podía desempeñarse a las ordenes de otro empleador.
Alimentos, cuota alimentaria, derechos y obligaciones de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: B.M., M. B. c/ B., M. D. y otros s/ alimentos para los hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-02-05

En la obligación alimentaria parental no procede la obligación subsidiaria de los ascendientes si el progenitor obligado no acredita la insuficiencia de recursos o la imposibilidad propia de adquirirlos (conforme lo requiere el art. 545 del CCyC). Cabe destacar que los primeros y principales obligados a proveer a las necesidades de sus hijos menores de edad son los padres, quienes deben extremar sus posibilidades en orden a cumplir adecuadamente con las necesidades integrales de aquéllos. Y, con mayor razón, si no se advierten enfermedades o problemas de salud inhabilitantes. Así lo imponen las responsabilidades que han asumido con la paternidad y maternidad, respectivamente.
Acción de amparo, docentes, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SUBILS, HUGO DANIEL c/ ESCUELA TECNICA Nº 3 INGENIERO SANTIAGO MARADONA s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-18

Conforme dispone la Ley Nº 6.077, un docente podía acumular cargos hasta 543 puntos como máximo, siempre que los horarios que deba cumplir en los distintos cargos que desempeña sean compatibles entre sí, es decir no se superpongan. Sería forzar la intención del legislador pretender deducir que si en la sumatoria de los cargos desempeñados se ha excedido el máximo puntaje previsto por la ley, pero no existe incompatibilidad horaria, funcional o ética, los mismos son admisibles y la violación a la ley no se produce.
Discriminación, discriminación racial o religiosa, propaganda discriminatoria, programa de televisión, ofensa televisiva
Materia: PENAL
Carátula: MARADONA, D. s/ Infracción ley 23.592 Causa 30.308
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-20

La conducta descripta por el art. 1°, párrafo segundo de la Ley 23.592 requiere participar de una organización, alentar o incitar a la persecución u odio, o realizar propaganda orientada a la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa de cualquier forma, tipos penales incluídos en su art. 3.

La conducta consistente en "alentar o incitar", no se produce con un aislado comentario de corte discriminatorio, salvo que éste se halle enderezado a animar, dar vigor, mover o estimular a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Por ello, no incurren el delito previsto por la norma mentada la conducta de quien durante el curso de una entrevista televisiva manifiesta "...aparte, no hay ningún negro que no destiña, chabón...."
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, recursos, tasas de interés, cómputo de intereses, intereses legales, fijación judicial, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO MACRO S.A. c/ MOLINA GALLO, FATIMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-27

Si bien el criterio sentado por la Sala atinente al porcentaje de las tasas de interés es inferior al tomado en la deuda que se ejecuta en autos, la circunstancia que la resolución en crisis reconoce la tasa consignada en ella en su punto II, sin que hubiera apelación al respecto por la contraparte, en virtud del principio que prohíbe la "reformatio in peius", por el cual el Tribunal no tiene facultades para modificar la sentencia en perjuicio del único apelante (conf. CApelCC, Sala II, T. II, año 1981, pág. 515/32); se mantiene el porcentaje de tasa de interés convenido en autos.
Convenio de honorarios, nulidad del convenio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Constantino Susana y Raúl Marti c/ Dionisio Cordoba s/ Ejecución de Honorarios (LIBRO: S153 - 462)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-05-02

El profesional que renuncia anticipadamente a sus honorarios o pactó por un monto menor al del arancel, no puede luego, invocando nulidad de esa reuncia pretender cobrar. No puede alegar nulidad quién otorga el acto sabiendo el vicio que lo invalidaba. Aún con la vigencia del carácter de orden público de la renuncia anticipada de honorarios no constituye un supuesto de nulidad absoluta declarable de oficio por el juzgador, siempre que según las circunstancias del caso no demuestren haberse afectado fines éticos.-
Universidades, autonomía universitaria, desconcentración universitaria, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Monges, Analía M. c/ UBA. - resol. 2314/95. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

El art. 50, in fine de la ley 24.521 viola el tercer párrafo del inc. 19 del art. 75 de la Constitución Nacional porque regula un asunto que se encuentra dentro de la autonomía de las universidades nacionales (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Competencia, Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

El órgano realiza actividades que se refieren a potestades, derechos, deberes e intereses estatales y, por esto mismo, el órgano sólo tiene competencia. El Estado, de organización necesariamente compleja, en el desarrollo de su acción no se manifiesta a través de la totalidad de su estructura, sino sólo a través de aquella parte de ella a la cual se le ha atribuido -por materia, por grado, por territorio, etc.- una competencia, parte que es, precisamente, el órgano.
Sentencia, error material, rectificación del error, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: IBM Argentina SRL c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-12

Exigir que la cámara, por rigurosa aplicación de los términos procesales, se vea impedida de corregir una notoria contradicción consistente en mantener la imposición de las sanciones de multa y, al propio tiempo, dejar en pie la revocación del acto que impedía repetir el importe de una de ellas, importaría tanto como desconocer la unidad de las sentencias judiciales, así como amparar el predominio de una solución formal, que resultaría sustancialmente opuesta al resultado al que el tribunal pretendió llegar en la sentencia.
Costas
Materia: CIVIL
Carátula: ORDOÑEZ GLADIS CASILDA c/ DIRECCION GENERAL DE NIVEL TERCIARIO Y/O CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA S/ AMPARO s/ AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-05

A partir de los autos : Ordóñez Gladis Casilda c/ Dirección General de Nivel Terciario y/o Consejo General de Educación de la Provincia s/ Amparo - Apelación.(sentencia 05/09/2007), y en lo sucesivo, se ha de adoptar el criterio recientemente sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Las Varillas Gas S.A. c/ Secretaría de Energía", precedente en el que se ha entendido que la interpretación que merece la omisión respecto de la imposición de costas es que las mismas corresponden a la parte vencida.

El silencio de la sentencia sobre la distribución de las costas no implica su pago en el orden causado, pues entonces el mero silencio podría constituir una vía indirecta para evitar la nulidad derivada de disponer la exención sin causa explícita.

Ello es así por regir en este tópico el principio objetivo de la derrota, consagrado legalmente en el art. 68 del C. P. C. y C., y conforme al cual las costas del juicio deben ser soportadas por la parte perdedora, debiendo ser éste y no otro el entendimiento que cabe ante la falta de pronunciamiento del juzgador, debiéndose desechar toda posibilidad de gravar al vencedor con las costas: victus victori.
Acción de amparo, clausura preventiva, abastecimiento, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, razonabilidad tributaria
Materia: PENAL
Carátula: PACHINO S.A. s/ Recurso de Amparo Causa 32113
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-25

1- Si bien la Ley 20680 de Abastecimiento faculta a los funcionarios actuantes para clausurar locales con carácter preventivo, dicha atribución es independiente de la clausura que, en calidad de sanción por infracciones a la ley, se contempla en el Art. 5, inc.

c) de la misma.- 2- El ejercicio de la atribución que confiere la ley de abastecimiento a los funcionarios actuantes supone una cautela precautoria que es susceptible de adoptarse antes de ser escuchado o juzgado el presunto infractor, la que debe rodearse además de elementales resguardos de razonabilidad, tanto más cuando se trata de una facultad que la ley delega indiscriminadamente en los funcionarios mencionados, comprendiendo a inspectores que obran por delegación de funcionarios superiores de mayor responsabilidad.- 3- La misma norma que confiere la atribución determina que no se trata de una facultad discrecional sino condicionada a razones de mérito, como la mención del riesgo de que se continúe cometiendo la infracción, lo cual supone una ponderación prospectiva y se explica por la aplicación de la ley en determinados supuestos de emergencia, como situaciones de escasez de artículos imprescindibles.- 3- La acción de amparo, única vía apta en el caso para evitar la lesión irreparable de un derecho de rango constitucional no será obstáculo para que en caso de juzgárselo responsable de la infracción que se imputa al interesado y habiéndoselo escuchado y dado oportunidad de probar sus descargos, se le impongan las sanciones legales correspondientes y entre ellas, si resultara apropiada, la misma clausura temporal del local comercial (Ley 16986, Art. 13 y Ley 20680, Art. 5).
Nulidad procesal, actos consentidos
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 170 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada, circunstancia que se configura cuando no se promoviere el incidente respectivo dentro de los cinco días siguientes al conocimiento del acto.
Acumulación de procesos, competencia, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL
Carátula: AGROVAL S.A. c/ CABADAS ALVARO Y OTROS s/ REIVINDICAION Y DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-17

La interpretación que los Tribunales de grado realizan sobre la procedencia o no de la acumulación de procesos, es materia ajena, como principio, a la vía casatoria salvo la arbitrariedad o el absurdo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)