marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedades comerciales, socio oculto
Materia: COMERCIAL
Carátula: QUIROS, Moisés Antonio y otro. c/ VARGIU Y ASOC. J.A.P.A. S.R.L. Empresa Constructora y otro. s/ Contratos (ordinarios).
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-03

Mal puede el Tribunal a quo pretender que la única prueba de la alegada relación societaria encubierta deba provenir de la constatación de aportes o de una explicita intención societaria de aquel que -precisamente- intenta disimular la auténtica calidad de su participación en la empresa. Sostiene una parte de la jurisprudencia que "la ausencia del nombre (del socio no ostensible) en el contrato social y en los respectivos registros contables de la empresa, es el medio por excelencia para el ocultamiento del socio que no quiere ostentar su verdadero carácter en forma pública; es inherente a su condición que el socio oculto no se exteriorice y permanezca aparentemente ajeno a la composición de la sociedad." (Cam. Ia. Apel. Civil y Comercial de Bahía Blanca, sala II, sentencia del 18/05/1993, en "Industria Metalúrgica Surmet, en LLBA 1994, 555); llegándose a admitir, en ese mismo fallo, que "para determinar la condición de socio oculto de una sociedad comercial.la prueba de presunciones es prácticamente la única posible"; en clara oposición con la rigidez probatoria reclamada en el decisorio impugnado.

En la mencionada tesitura, no es en vano indicar que la doctrina ha sostenido que "existen casos en que el administrador no aparece como socio de la sociedad, siendo en la realidad de los hechos quien toma todas las decisiones y actúa a nombre de aquélla, siendo en verdad un socio oculto -lo cual es difícil de acreditar-, lo que justifica su responsabilidad solidaria e ilimitada" (Livellara, Carlos -h-, "Problemática sobre la aplicación de la teoría de la desestimación de la persona jurídica en materia laboral. Jurisprudencia actualizada de la Nación y de la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza", en RDLSS 2010-11-952).

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GANDUR - POSSE.
Interpretación de tratados internacionales, matrimonio celebrado en el extranjero, impedimento de ligamen
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO-CIVIL
Carátula: Boo, Héctor José c/ sucesión testamentaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-14

El Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940 no impone la obligación internacional de desconocer validez al matrimonio celebrado en otro país contratante con impedimento de ligamen, sino que deja librado al orden público internacional del estado requerido la decisión sobre la reacción que más convenga al espíritu de su legislación.

-Del precedente "Solá" (Fallos: 319: 2779), al que remitió la Corte Suprema-.
Publicidad registral, adquisición del dominio, transmisión del dominio
Materia: CIVIL
Carátula: VIOLA HECTOR c/ FUENTES MARTA INES s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-10

La adquisición y transmisión del dominio, y en general de los derechos reales sobre inmuebles, no puede ser opuesta a terceros sino a partir de la fecha de inscripción del título respectivo en el Registro de la Propiedad. La publicidad, art. 2505 C.Civil tiende a informar a la sociedad en general y a cada tercero en particular sobre la existencia o modificación de un derecho real. El locatario de un inmueble cuyo dominio se transmitió es, sin dudas, un tercero a los efectos del art. 2505 en consecuencia a su respecto la transmisión del dominio se opera recién a partir de la fecha de la inscripción en el registro de la propiedad correspondiente.-
Poder de policía, facultades reglamentarias, ejercicio profesional, abogados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baca Castex, Raúl Alejo c/ C.P.A.C.F. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Resulta razonable la reglamentación del ejercicio de la abogacía por parte del legislador a través de la ley 23.187 en nombre del constitucional poder de policía del Estado.
Lesiones culposas, audiencia, notificación, nulidad del acto jurídico, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL CIVIL - PENAL
Carátula: B, H E s/ LESIONES CULPOSAS.     CAP EXPTE NRO 12-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-05-31

Se cuestiona la realización de audiencias reiteradas por el oferente (actor civil), sin ser notificadas a las restantes partes procesales. El trámite es el de promover el respectivo incidente artículo 326 del código procesal civil, aplicable-. El principio dispositivo que rige el sistema procesal civil, impone a las partes el cumplimiento de ciertas cargas y así como el actor civil fue diligente al urgir la prueba testimonial no producida, del mismo modo debe actuar la demandada al opugnar la concretada dentro de los términos legales. Es un acto "anulable" y no nulo, que relativiza el concepto de nulidad y coloca en la decisión y acción del perjudicado, la posibilidad de obtener su invalidez, con lo cual estamos aceptando -a contrario sensu- la posibilidad de su convalidación. La extemporaneidad de la refutación le quita eficacia y ni por asomo, puede hablarse de violación al debido proceso; de advertirse la existencia de indefensión, se estaría ante una mayúscula nulidad originada en cimientos constitucionales.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, muerte del trabajador, accidente in itinere, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO, JOSE Y OTRO c/ ALMAN SA. s/ ARTICULO 1113 DEL CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-21

El accidente mortal sufrido por el trabajador en el trayecto desde su vivienda al establecimiento de campo de propiedad del empleador, como consecuencia del aprisionamiento producido al volcarse el tractor de propiedad del principal en deficiente estado mecánico, no constituye un accidente 'in itinere', sino uno derivado de la utilización de un medio de transporte por el dependiente, pero puesto a su disposición por el empleador, que responsabiliza a este en los términos del artículo 1113 del código civil.
Accidentes de trabajo, trabajo rutinario
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ, NELSON c/ ALPARGATAS  S.A.I.C. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-26

Aunque el trabajador no desconociera el riesgo que entrañaba la operación, la habitualidad y reiteración de la operatoria, ajustada a las órdenes de la principal, no permiten atribuirle culpa en el estricto sentido del término.
Síndico del concurso, patrocinio letrado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nos, Nicolas s/ Incidente de verificación de crédito - Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

No corresponde regular honorarios al letrado del Síndico, si su intervención resulta innecesaria.
Prenda con registro, caducidad de la inscripción
Materia: CIVIL
Carátula: Nuevo Banco de Entre Rios S.A. c/ Agropecuaria Sur S.A. s/ ejecucion prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-09-10

No se aprecia óbice de ningún tipo, para que el privilegio prendario caducado frente a terceros por el transcurso del tiempo, pueda ser readquirido por el acreedor mediante una nueva inscripción luego de operada la caducidad, (con la única salvedad que el nuevo privilegio quedará postergado por otros gravámenes reales o medidas cautelares posteriores a la inicial inscripción y anteriores a la nueva, de modo que no gozará de su prioridad originaria) pues en ambos casos -antes o después de vencido el plazo de caducidad de la inscripción- el renacimiento o readquisición del privilegio deriva de un acto unilateral del acreedor que ya fue consentido por el deudor al prestar conformidad con la constitución de la prenda en los términos del art. 3876C.Civ.(Del voto en disidencia del Dr. Britos).
Obligaciones, mora, mora del acreedor, depósito judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: UZAL S.A. c/ SUNG KU YANG. s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

Desde que al tiempo de practicarse las cuentas existían en autos fondos suficientes para responder de ellas y que fueron dados en pago, cupo al acreedor prever la necesidad de desafectar los mismos del plazo fijo en que fueran impuestos y transferirlos a la cuenta a la vista.

Síguese de ello que el tiempo insumido con dicho propósito no puede ocasionar al deudor la carga de los réditos por tal lapso.
Beneficios previsionales, jubilación anticipada
Materia: PROCESAL
Carátula: Iorini, Mario Juan c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-26

A los fines de determinar la remuneración promedio para el cálculo de la prestación compensatoria anticipada, corresponde aplicar el índice de los salarios básicos de la industria y la construcción -personal no calificado- (Res. 140/95 conf. Res. SSS 413/94 concordante con Res. D.E.A 63/94), en las remuneraciones percibidas por el titular hasta la fecha de adquisición de la prestación anticipada (cfr. "Elliff, Alberto c/ A.N.Se.S s/ Reajustes Varios", sent. de fecha 11.08.09, CSJN).
Seguro colectivo, incapacidad, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Barrionuevo, Patricio Armando c/ Administración General de Juegos y Seguros s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-10-19

Sin perjuicio de que la enfermedad que padece el actor no se encuentra dentro de los parámetros que exige el art. 29 del Dec. Ley 1357/94, no por ello la demanda debe rechazarse. En efecto, la pericial médica no impugnada señala que la incapacidad es del 70% y del tipo definitiva e irreversible, agravado por la circunstancia de que a pesar del tratamiento quirúrgico realizado persiste la falta de aire que lo imposibilita de manera considerable e importante a su reinserción en el mercado laboral; en consecuencia, es imposible por ese estado de salud la reincorporación del actor al mercado de trabajo. Es decir, es factible que uno posea una enfermedad incapacitante y que no reúna las características que requiere el decreto, pero ello no importará que el seguro no le corresponda. En el caso nos encontramos ante un trabajador estatal al que el mismo Estado por un lado lo considera incapacitado para el trabajo y de tal forma le otorga un beneficio previsional por invalidez, pero luego esa calificación de total no tiene para el mismo Estado igual concepto cuando debe abonarle el seguro a un administrado como consecuencia de esa misma dolencia que provocó su invalidez. El Estado así estaría violentando la teoría de los actos propios, principio éste aplicable a la Administración pública. Pretender que para la obtención de este seguro se tenga una incapacidad del 100% o se cumpla con los requisitos del art. 29 del Dec. Reglamentario que deja de lado casi el 60% de los daños totales, importa asimilar el mismo al seguro por muerte, lo que no es de recibo, ya que se prevén ambos. Una mínima capacidad residual en modo alguno puede determinar que éste no sea total. En consecuencia corresponde hacer lugar al Rec. de apelación y revocar el decisorio en crisis. (Disidencia del Dr. Herrera)
Plan para la vivienda, medidas cautelares, derecho a la vivienda digna
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Zelaya Vargas, Silvia Juliana c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-04

La medida cautelar, que protege a la actora hasta tanto sea dictado el pronunciamiento definitivo, constituye un beneficio no menor al reclamado, por cuanto se ordenó que el GCBA adopte "las medidas para garantizar el alojamiento de la actora y de su hija", lo que se acredita según constancias de la causa con un subsidio mensual que se abona a la actora contra el recibo de alojamiento, circunstancia que asegura que la recurrente no sufrirá un mal susceptible de asimilar la decisión recurrida a una definitiva. (Voto de los Sres. Jueces Luis F. Lozano. Ana María Conde y José O. Casás).
Violación, acción
Materia: PENAL
Carátula: VILLALBA GREGORIO ENRIQUE S.D. ABUSO SEXUAL CON SOMETIMIENTO GRAVEMENTE ULTRAJANTE PARA LA VICTIMA E.P. DE CASTILLO SANTA ETELVINA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-02

Cuando el autor de alguno de los delitos previstos en el art. 72 de Cód. Penal, es el propio guardador de la menor violada, en el caso el concubino de la madre, la acción penal, dado el caracter público que adquiere, debe ejercerse de oficio con independencia de la voluntad de los padres o tutores que tuviere la víctima.-
Embargo de buque, interdicción de navegar
Materia: PROCESAL
Carátula: Ledesma, Dora Alicia c/ Cacciola  S.A.C.I.I. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-06

La interdicción de navegar por su propia naturaleza comporta en lo esencial un verdadero anticipo de la garantía jurisdiccional y no una medida coercitiva de la voluntad del sujeto pasivo.
Sanciones disciplinarias, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lescano Angel Roque c/ Antartida Cía. Argentina de Seguros S.A. s/ Incumplimiento Contractual - Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-28

La Ley Organica del Poder Judicial (Ley 5827, T.O. por Decreto 3702 /92), prevé una vía recursiva idonea a fin de cuestionar las correcciones disciplinarias aplicadas por la Alzada. Así el artículo 75 del citado texto normativo, instauró la "reconsideración" ante el Organo colegiado a tales efectos. De tal modo y sin necesidad de echar mano a la Declaración Universal de derechos humanos, los recurrentes cuentan con una adecuada vía para hacer valer sus derechos, motivo por el cual si ha sido deducida en tiempo util, procede ahondar en su examen. (Minoría u opinión personal)
Recurso contencioso administrativo, entes autárquicos, transferencia del personal, empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Del Sastre, José Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 232 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-11

Aunque se considerase que asiste razón al actor al afirmar que "la Administración Pública es una sola, por más que para el cumplimiento de sus funciones se valga de distintos organismos y reparticiones a los cuales asigna determinada actividad según su conveniencia", por lo que "no puede posteriormente borrar arbitrariamente ese reconocimiento alegando la creación de una nueva repartición distinta a la anterior", ello no autorizaría a concluir que debe existir un necesario paralelismo entre las calificaciones de los cargos utilizadas por las respectivas estructuras orgánico-funcionales, cuya modificación, en las circunstancias del caso, el recurrente no ha logrado demostrar que hubiera sido arbitraria. En este sentido, no puede olvidarse que la estabilidad del empleado público no importa un derecho absoluto a permanecer en la función, sino un derecho al cargo presupuestario, la garantía constitucional de la estabilidad en el empleo queda debidamente considerada si se modifica la función del empleado, pero se respeta su retribución presupuestaria, con excepción del supuesto extremo que tal modificación resulte groseramente vejatoria o merezca el calificativo de cesantía encubierta, lo cual debe ser invocado y probado en cada caso. En el sub judice no consta que la Administración hubiera incurrido en alguno de los excepcionales supuestos mencionados.
Absurdo, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Martínez, Raquel del Valle y Baca, Hugo c/ Hospital Subzonal de Balcarce y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-28

El concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia recurrida, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Más no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, o supuestos intentos similares, alcanzan para configurar tal absurdo. Es necesario, por el contrario, que se demuestre un importante desarreglo desde la base del pensamiento, una anomalía extrema o una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se ponga en evidencia la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado. Y ello, por supuesto, debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca. En definitiva, para que este Tribunal ingrese a la consideración de cuestiones fácticas al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable; resultando indispensable demostrar que, de la manera que lo afirma la sentencia, no pudo ser .(doctor de Lázzari, mayoría)
Inhabilitación (civil), prueba pericial, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: P., H.V.N.M. s/ INHABILITACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-22

Firme el rechazo de la acción, aún cuando los denunciantes pudieran haberse creído con derecho a iniciar el proceso y no existiera en ello malicia alguna, si de la prueba pericial resulta que las limitaciones funcionales secuelares del accidente cerebrovascular del causante, ocurrido hace más de diez años, no resultaron de magnitud suficiente para repercutir en su paiquismo, resultaría injusto que éste soportara las costas del pleito.-
Pago, efecto extintivo del pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Videlpo S.C.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

La reserva prevista como eventualidad por el art. 624 del Código Civil puede resultar de los hechos mismos aunque no medie una declaración expresa y ese es el sentido que corresponde asignar a la situación producida por el reclamo formulado en forma posterior al cobro del capital. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguro de automotores, privación del uso del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRUSSO,  RICARDO c/ COMPAÑIA  ROYAL  &  SUN ALLIANCE SEGUROS s/ ORDINARIO. SEGUROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-07

La mera indisponibilidad material -y jurídica- de un rodado a raíz del obrar ilegitimo de la compañía aseguradora, configura por si un daño indemnizable (esta sala, 19.4.05, "Grosso c/ HSBC la Buenos Aires Cia. de Seg."; 5.4.05, "Rodríguez c/ Guini"; 18.3.03, "Zamoratte c/ Circulo de inversores sa") y que produce una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria que no requiere ser probada (CSJN fallos 319:1975; 320:1567; 323:4065; esta sala, 29.6.07, "Cosenza c/ Francisco Díaz SA"; sala d, 21.9.06, "Toneguzzo c/ Columbia SA"; sala e, 22.8.06, "Aquino c/ Fiat crédito"). A más, en el caso, se encuentra acreditada la incapacidad motriz del accionante, lo cual evidencia que realmente resultaba necesario el uso del rodado. Por ello corresponde fijar por este concepto la suma de $ 12.000, en cuya configuración se hayan comprendidos los réditos a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto por la ley 17418: 56 -6.10.02- hasta la fecha de la sentencia (cpr: 165).
Presunción de inocencia, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Lavia, Héctor c/ SCIURANO, Federico s/ Aceptación ilegal de cargo público
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-09-23

Es requisito ineludible de la responsabilidad penal la positiva comprobación de que la acción ilícita pueda ser atribuida al procesado tanto objetiva como subjetivamente, en virtud del principio de inocencia que desciende al proceso penal desde el art. 18 de la Constitución Nacional.
Nulidad del acto administrativo, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asaro, Olga Nidia c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-06-16

"sólo la habilitación de jurisdicción para examinar la validez del o los actos, puede conducir, una vez resuelta su nulidad, y si el acto anulado viola derechos subjetivos del accionante, y si está demostrado el daño, a condenar a la Administración a su reparación. Y resulta impertinente el análisis de los supuestos vicios alegados por la demandante, como generadores de un daño reparable... fundados en la supuesta ilicitud de actos administrativos que gozan de presunción de legitimidad, cuya nulidad no ha perseguido, vedando así al Tribunal su declaración, 'presupuesto mismo de la pretensa condena'.
Declaración de inconstitucionalidad, gravedad institucional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cocchia, Jorge Daniel c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

La declaración de inconstitucionalidad constituye, por importar un acto de suma gravedad institucional, una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, la última ratio del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía.
Cesantía ilegítima, daño resarcible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dall'Aglio, Osvaldo Omar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-17

Corresponde acoger el reclamo indemnizatorio formulado por el empleado despedido ilegítimamente, que en tal caso deriva directamente de la lesión al derecho administrativo al empleo, garantizado por la estabilidad y que otorga caracteres especiales a este ámbito de la responsabilidad por acto ilícito.
Convenio de partición de bienes, sociedad de hecho
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: C., C. A. C/ L., X. D. S/ ORDINARIO (LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BIENES. Remitido Juzg 1.)" - Expt. N° 7054/F c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-08

Si se invoca la existencia de una sociedad de hecho entre los convivientes, basada en aportes comunes y affectio societatis por la que se adquirió el inmueble objeto de la liquidación de la comunidad de bienes, debe tenerse presente que para la aplicación de la figura de la sociedad de hecho, la primera advertencia es que la vida en común por sí misma, no determina su existencia, sino que exige probar que concurren sus requisitos: aportes de trabajo o capital (y no por ejemplo, una mera colaboración económica); la participación en los beneficios y pérdidas, con un propósito de lucro; y la affectio societatis, con una actividad económica común.