Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-23


Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 23 días del mes de marzo de dos mil , reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "D", para entender sobre el recurso interpuesto en los autos caratulados "VILLAFAÑE ALBERTO Y OTROS C/INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS ", el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver.- Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debia afectuarse en el siguiente orden: Sres. Jueces de Cámara Dres. MARTINEZ ALVAREZ - BUERES - MERCANTE.- A la cuestión planteada el Dr. EDUARDO M. MARTINEZ ALVAREZ, dijo:

I ANTECEDENTES DE HECHO La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 722-732 vta. hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Alberto Villafañe contra Instituto de Obra Médico Asistencial, con motivo del fallecimiento de quien fuera su cónyuge. En consecuencia, condenó al accionado al pago de una suma de dinero determinada con más sus intereses y costas. Contra el referido pronunciamiento se alza la parte actora, expresando agravios a fs. 814-831, y la demandada a fs. 834-838. Los mismos merecieron contestación por parte de la demandada a fs. 844-854. La actora formula los siguientes agravios. En primer lugar, se queja respecto a que el sentenciante de grado hizo lugar a las excepciones de falta de acción y de falta de legitimación interpuestas por la demandada. Manifiesta que, la clínica en la cual sucedieron los dramáticos hechos que motivaron la presente demanda, era indiscutiblemente una empresa comercial, por lo tanto sobre el particular deberían aplicarse las prescripciones del art. 7 del Cod. de Comercio que establece como principio general, que "si un acto es comercial para una de las partes, todos los contrayentes quedan por razón de él, sujetos a la ley mercantil. Agrega que conforme a lo declarado a fs. 225 de la causa penal por el médico anestesista doctor James Manuel Alayo Pérez, resulta acreditada la actividad comercial de la Clínica Mayo, al referir que atiende a los pacientes que están afiliados en forma directa a la clínica o bien que se hacen tratar por intermedio de obras sociales que la clínica cubre. Señala además, que debe considerarse que al momento de presentarse en autos la Unión Obrera metalúrgica (U.O.M.) admite como cierto haber adquirido a la Clínica Mayo y que no estaba obligada con las disposiciones de la ley de transferencia de fondo de comercio. En segundo lugar, peticiona que las costas respecto de la defensa promovida por la U.O.M. sean declaradas por su orden, toda vez que en función de las particularidades propias de la causa, se ha considerado con derecho para accionar de la forma que lo hizo, por lo que entiende aplicable lo dispuesto por el art. 68 segundo párrafo del Cód. Proc. Luego, se agravia en cuanto al justiprecio efectuado por el sentenciante de grado sobre el rubro "valor vida". Manifiesta que la fallecida cumplía el importante rol de "ama de casa", atendiendo a todos y cada uno de los requerimientos que le solicitaban cada uno de los hijos en sus distintas edades, aspectos todos ellos que cumplía con absoluta dedicación, organización y eficiencia, lo cual le permitía a su marido cumplir con sus tareas laborativas en relación de dependencia en lugares alejados de su domicilio. En cuarto lugar, se queja respecto a la suma otorgada en concepto de "gastos de transporte y comidas", durante el lapso habido entre la fecha del parto y el fallecimiento de la esposa del actor. Señala que el fallecimiento de la cónyuge no fue inmediato tras el parto, sino que transcurrieron setenta y cinco días de larga agonía antes de producirse el desenlace final. Luego, dirige su agravio al rechazo del rubro "lucro cesante", correspondiente al período que el actor no pudo realizar tareas suplementarias en su lugar de trabajo, argumentando que si está reclamando por no haber podido cumplir y por ello percibir un suplemento remuneratorio por una tarea habitual y regularmente desempeñada, constituye una inconsecuencia lógica desestimar lo solicitado, considerando y ratificando que dicha tarea mientras estuvo su mujer en agonía no pudo ser cumplida por el actor. En sexto lugar, lo hace en cuanto al monto fijado en concepto de "daño psicológico", el cual comprende los gastos de su tratamiento, argumentando que el mismo no se confunde ni se superpone con el reconocimiento de una indemnización por la incapacidad de raíz psíquica, porque su objeto no es curar sólo la minusvalía sino tan solo evitar que se agrave. Por último, se agravia respecto al "quantum" fijado por el sentenciante de grado sobre el rubro "daño moral", argumentando que el mismo ha sido enfocado desde un perfil limitado, considerando solamente a los actores que sufrieron de un modo directo el daño, dejándose de meritar la conducta en la especie de los restantes accionados que tuvieron un proceder afrentatorio a la dignidad de la propia paciente y por extensión de sus familiares directos aquí reclamantes. Por su parte, la demandada formula los siguientes agravios. En primer lugar -reiterando los argumentos de anteriores presentaciones-, dirige su queja al fondo mismo del asunto, es decir a la atribución de responsabilidad efectuada por el sentenciante de grado. Manifiesta que, de acuerdo a la ley de creación del I.O.M.A. (ley 6982) es un sistema de pago abierto y es el paciente el que elige a su arbitrio a cualquiera de los profesionales que se encuentran adheridos al mismo, sin que se encuentre habilitado para realizar controles e inspecciones, a no ser de carácter puramente contable. Extemporáneamente, afirma que el "a-quo" pretende atribuir al I.O.M.A., como ente de derecho público local, la obligación de resarcir daños causados por la actividad médica y/o sanatorial privada, lo que -a su entender- sería lo mismo que extender la responsabilidad del Estado a todos los daños causados por la actividad privada en los que estén en juego derechos constitucionales. Escuetamente, se agravia respecto al rechazo efectuado por el sentenciante de grado, respecto a la "defensa de prescripción" opuesta. Señala que el plazo de prescripción de todo daño por actividad lícita del Estado es de dos años, obligándose el I.O.M.A., de acuerdo al derecho público provincial, al pago de la prestación médica, que no fue objeto de reclamo. Además, expresa que el I.O.M.A. solo garantiza obligaciones de pago de los servicios destinados a solventar un sistema de salud dirigidos a un grupo determinado de personas con derecho a prestaciones iguales, tanto para quien aporta sobre un sueldo de $ 300 y/o el que aporta sobre un sueldo de $ 5.000, y que , por ende la actividad del I.O.M.A. no es contractual sino resultado de una actividad lícita del Estado. En tercer lugar, se queja muy brevemente respecto a que el juez de grado hizo lugar a la excepción esgrimida por la UOM, por el hecho de que la adquisición del inmueble lo fue en fecha posterior a los hechos generadores del presente. Luego sin rebatir en debida forma los argumentos del "a-quo" lo hace en cuanto a que el sentenciante consideró como necesario, el contar con una terapia intensiva, banco de sangre, ambulancia. Manifiesta que el faltante de dichos servicios no es legalmente exigible, sino que es excepcional, incluso muchas y muy importantes clínicas carecen de terapia intensiva en especial para la madre. En quinto lugar, pretende sentar un agravio respecto a la admisión por parte del "a-quo" del rubro "gastos de comida y transporte" y "daño moral", ya que entiende que los mismos resultan excesivos, que no fueron probados en autos y que la fijación de una suma de manera discrecional obsta al legítimo derecho de defensa. Luego, se queja en cuanto a que el sentenciante acoge como autónomo el rubro "daño psíquico", argumentando que éste debe ser permanente y discapacitante para ser indemnizable, caso contrario, sólo podrá repararse a través del rubro daño moral. Por último, muy ligeramente dirige su agravio en cuanto a que la sentencia, en ningún punto, cuando fija las indemnizaciones, consigna de qué modo y como arriba al resultado y sus montos, omitiendo explicar -por ejemplo- cuál es el daño patrimonial que se estima causado a los actores por la muerte de su esposa.

II FUNDAMENTOS DE DERECHO Al haber cuestionado la codemandada IOMA la atribución de responsabilidad efectuada en autos como asimismo el rechazo que el "a quo" efectuara de sus defensas corresponde primeramente abocarnos a su estudio y decisión por razones de método. Anticipo que, a mi juicio, el "a quo" ha hecho una correcta evaluación de las características del caso y de las circunstancias meritables por lo que las razones expresadas al concretar las quejas de los apelantes, no han logrado convencerme de que deba ser alterada totalmente la resolución final del sentenciante de grado, aunque sí modificada - como se verá- en algunos aspectos. En primer lugar, cabe resaltar que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225. etc.). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN. Fallos 274:113; 280:320; 144:611).

2.1 En este orden de razonamiento, corresponde referirse específicamente a los agravios, comenzando por los de la Fiscalía de Estado de la Prov. de Bs. As. (fs. 834/38). Y sus quejas, como ya adelantara no pueden recibirse. En efecto, a través de su intento de desvirtuar los sólidos fundamentos suministrados por el Sr. Juez de la anterior instancia en el pronunciamiento apelado, esta parte se limita a reproducir las argumentaciones realizadas en su responde de fs. 179/189. Ello es así, tanto en lo relativo al sistema propugnado por la ley 6982 de creación del IOMA y los convenios realizados con las instituciones radicadas en la Pcia. de Buenos Aires, como en lo atinente al plazo de prescripción de dos años que allí también sostuviera como aplicable al caso, explicitando extemporáneamente que "la actividad del IOMA no es contractual sino resultado de una actividad lícita del Estado", quedando vedado a la Cámara tratar argumentos no propuestos oportunamente. En lo concerniente al pretendido agravio respecto del progreso de la falta de acción opuesta por la UOM, las breves líneas vertidas no pueden sino ser consideradas meras discrepancias con los fundamentos del juez de grado que no resultan suficientes para conmover la decisión en tal sentido. Sentado lo expuesto, no se cumple con la exigencia ritual del art. 265 cuando como en el caso el apelante solo manifiesta mera disconformidad con la sentencia apelada, reiterando alegaciones ya efectuadas y examinadas por el "a quo" (cf. mi voto en la causa L. 72.357/93 (19-U) del 09-02-2000). Por ello y de conformidad con lo peticionado por el Sr. Defensor de Menores en el dictamen que antecede estimo que debe hacerse efectiva -sin necesidad de otras consideraciones- la sanción prevista en el art. 266 del Código Procesal. Así lo propicio, respecto de las quejas referidas "ut supra".

2.2. Se agravia también el apelante por considerar que no le es exigible a IOMA contar con ambulancia, terapia intensiva en especial para la madre y que debe pesar sobre la actora la mala elección del médico y la clínica, debido a la libertad de elección que tenía. Sin perjuicio de considerar poco apropiado y falto de delicadeza este último párrafo atento a las penosas circunstancias de la causa, tampoco le asiste razón al quejoso desde el punto de vista jurídico. En efecto, tanto en doctrina como en jurisprudencia se ha destacado la existencia de una obligación tácita de seguridad por parte de las obras sociales por la eficiencia de los servicios médicos contratados y que ellos deben contar con todos los medios humanos y técnicos - científicos que le permitan prestar adecuademente las prestaciones concernientes a la salud de sus afiliados (doctr. art. 504, 512 y ccds del Código Civil y Lorenzetti R.L.: "La Empresa Médica", p. 95).- En igual orden de ideas, resulta indudable que no puede de manera alguna imponerse al paciente la carga de verificar las condiciones en que se dispensan los servicios médicos o la idoneidad de los profesionales de la medicina actuante en cada establecimiento que fuera contratado por la Obra Social de que se trate, dada la modalidad del cumplimiento de la obligación de prestar cobertura al afiliado. En su mérito cabe concluir en la responsabilidad de la demandada por las fallas en el servicio de salud destacadas en el dictamen de superlativo valor probatorio del Cuerpo Médico Forense obrante a fs. 646/661. Decisiva resulta la aseveración de fs. 659. "La clínica debería contar con un Servicio de Hemoterapia para la rápida reposición de la volemia ante una inesperada hemorragia intraoperatoria. De no existir un Servicio de Terapia Intensiva habilitado la pronta derivación en ambulancia adecuadamente equipada sería la conducta correcta. Sin ese equipamiento mínimo no se puede atender pacientes obstétricos que presenten complicaciones hemorrágicas en cualquier momento..."Recalco que de la referida obligación de seguridad surge un doble deber. El primero consiste en la propia prestación de servicios y el segundo es que se lo brinde al paciente de tal manera, que éste no sufra daños por deficiencia de la prestación prometida (en sentido análogo, esta Sala, fallo recogido en L.L. 1979 -C-20. Por lo expuesto y los propios fundamentos del sentenciante en lo pertinente, considero que la sentencia de grado debe ser confirmada en el aspecto analizado, desestimándose los agravios de la demandada en cuanto a su responsabilidad.

2.3 Sin perjuicio de la modificación que propiciaré respecto de la queja efectuada por la demandada en lo atinente al daño "psicológico" admitido en la sentencia apelada, por las mismas consideraciones efectuadas en 2.1, el resto de los denominados agravios que se pretenden desde el último párrafo de fs. 837 hasta el segundo párrafo de fs. 838, no pueden ser considerados como tales atento a la ausencia de debida fundamentación. Propongo que se haga extensivo a las pretendidas quejas la sanción que prevé el art. 266 del rito.

2.4 Entrando al análisis de los agravios de la actora corresponde, en grado de adelanto, destacar que el referido al progreso de la defensa opuesta por la UOM, concedido en el anterior pronunciamiento, no prosperará. En efecto, las conclusiones a que arribara en el considerando que precede para fundar la responsabilidad de IOMA en el evento, no pueden razonablemente extenderse a la Unión Obrera Metalúrgica, no obstante el loable esfuerzo desplegado por la dirección letrada de la accionante para que así se considere. Súmese a los fundamentos del sentenciante de grado, el hecho destacado por la propia parte actora en su escrito de demanda que don Alberto Villafañe es operario perforista en la Administración General de Obras Sanitarias, y por dicha razón obligatoriamente afiliado a IOMA. Resulta por ello fuera de toda duda que ningún tipo de vinculación mantenía con la Unión Obrera Metalúrgica. Por lo demás, la Unión Obrera Metalúrgica es sustancialmente una entidad gremial cuyos fines son los que les fijan sus estatutos y la suscripción de convenciones colectivas de trabajo, no pudiendo asimilarse a la fecha en que ocurrieron los hechos las aducidas por la actora funciones de gerenciación o tercerización ínsitas o derivadas que se advierten en los actuales procesos de globalización económica. Máxime la circunstancia de que esta codemandada (UOM) no revestía la calidad de titular de la clínica de marras al tiempo de la internación de la víctima (24-1- 87, fs. 28 causa penal) quien falleció posteriormente el 10-04-87 a las 21 hs. (fs. ref. in fine) en la Clínica Constituyentes (Morón. Bs.As) habiendo suscripto el boleto de comprav. el 28/12 1987 (cf. fs. 45/47 de estos actuados). En su mérito, debe compartirse el criterio del Sr. Juez y los fundamentos vertidos para sustentar su decisión final en el tema en análisis, los que se dan por reproducidos "brevitatis causam", desestimándose el agravio analizado. Debe prosperar, en cambio, la queja referida de la accionante respecto de la imposición que a su parte se hiciera de las costas atinentes a la defensa promovida por la Unión Obrera Metalúrgica. Estimo que las devengadas por la relación procesal con ésta, no corresponde imponerlas a la actora, quien pudo tener dudas razonables para integrar la litis y para obrar como lo hizo en atención a las particulares circunstancias fácticas que se aludiera precedentemente. En consecuencia, propongo que sean soportadas por su orden en ambas instancias, modificándose con este alcance la decisión de primera instancia (art. 68, segundo párrafo del ritual).

2.5 Constituye agravio, de la accionante la suma fijada en la sentencia anterior para indemnizar el llamado valor vida y que no se haya fijado individualmente los importes correspondientes. Esta Sala (conf. las consideraciones efectuadas en la causa nro. L. 58764/94"Sosa, Tito R. C/Dietz, José L. S/Ds. y Ps." del 11-5-99) ha decidido reiteradamente que debe ser objeto de indemnización la propia pérdida de la probabilidad de vida y más precisamente, lo que debe valorizarse es la pérdida de la "chance" sin atender a cálculos matemáticos exactos. Ponderando que no solo ha muerto una esposa sino también una madre de cuatro hijos es que adelanto que la queja será recibida. Además de lo expuesto, debe contemplarse también la probable frustración de ganancias que las actividades que realizaba la víctima (venta de productos Avon avalado por las declaraciones de los testigos Báez y F. Manasorao) aportaba al grupo familiar, como asimismo la proyección futura de dicho aporte. Por todo ello, considero escasas las sumas fijadas por el "a quo" y juzgo prudente elevar el monto indemnizatorio de este nocimiento a los siguientes valores. Para el cónyuge Alberto Villafañe, la suma de ochenta y cuatro mil pesos; para Cristian Alberto, la suma de once mil pesos; para Walquiria Samanta, la de veinticinco mil pesos; para Braian Karin, la de veintiocho mil quinientos pesos; para Florencia Noelia, treinta y un mil quinientos pesos. Las sumas correspondientes a los hijos menores deberán depositarse en el Banco Nación Sucursal Tribunales cuenta a favor de los mismos y a la orden del Sr. Juez de Primera Instancia como único medio de pago válido. Así voto.- 2.6 La queja referida a gastos de comida y de transporte será admitida, habida cuenta los 75 días de internación de la occisa. En uso de lo dispuesto en el art. 165 del rito fijo por estos nocimientos la suma de $ 3.800.

2.7 Gastos por ayuda doméstica. Este Agravio también prosperará pues lo hemos admitido en esta Sala en precedentes análogos. Resulta atendible la ayuda doméstica cuando -como en el caso- el padre no pudo razonablemente ocuparse en soledad del hogar y sus hijos, máxime la atención de un recién nacido. Para resarcir este daño, propongo la suma de $ 980.

2.8 Lucro cesante Esta Sala en supuestos análogos a los del "sub júdice" ha admitido este reclamo. "Brevitatis causam" me remito a lo resuelto en la causa L. Nro. 126.671/96 "Nicholson de Domini, Emilse c/Cafaro Rodolfo s/Cobro de sumas de dinero" del 7-4-99. Toda vez que la incapacidad y posterior muerte de la esposa ocasionó un evidente perjuicio en las actividades suplementarias que desarrollaba el actor, se está ante la situación prevista en el art. 165 in fine del Cód. Procesal, teniendo en cuenta el acreditado lapso de internación de la víctima y posterior reintegro del actor a sus tareas. En consecuencia estimo el reclamo de que se trata en la suma de $ 1.200.

2.9. Daño moral Adelanto que esta crítica de la actora será estimada con los alcances que expondré seguidamente. En lo sustancial me remito a lo dispuesto por esta Sala en el fallo del 16-7-98 (L.L. 1999-D, pág. 230 y ss) y a lo normado en el art. 522 del Código Civil. Ello sentado, resulta incuestionable la configuración del perjuicio producido en autos y patentizado en la existencia de una lesión de sentimientos, afecciones y angustia provocada por el accionar de la demandada. En virtud de lo expresado, estimo conducente el agravio de la parte actora sobre la cuantía del daño moral, para lo cual tengo en cuenta no solo los sujetos reclamantes y sus vínculos y edades, sino también la minusvalía síquica que implica la pérdida de una esposa y madre para aquéllos, con su incidencia en diversas fases de la vida extrapatrimonial de los afectados.

2.10 Tal como adelantara en el considerando 2.3 respecto de la queja efectuada por la demandada respecto del daño psicológico y en el que precede, porque también constituye agravio de la actora su cuantía, corresponde reiterar el criterio sostenido por la Sala en forma constante (cf. fallo "Hinojosa Villaroel, Hernán c/Sitra S.A. s/Ds. y Ps." del 3-2-00), de que tal nocimiento no tiene autonomía debiendo indemnizarse por su proyección en la faz espiritual -tal como lo sostuve "ut supra"- o por su incidencia en la faz patrimonial. Por lo expuesto, corresponde revocar la sentencia anterior, en cuanto ésta admite en forma autónoma el daño psicológico, fijando exclusivamente las sumas correspondientes a los gastos psicoterapéuticos, los que deberán extenderse también respecto de la menor Florencia Noelia. Ello se justifica toda vez que las consecuencias de un hecho fatal como los de la especie deben ser reparadas íntegramente, debiendo comprenderse en la indemnización los gastos del tratamiento psicológico de todos los integrantes del grupo familiar, máxime la propia conclusión a que arriba la psicóloga de oficio en cuanto a la importancia que reviste el hecho de que se le debe aclarar a la menor Florencia todas las dudas que tiene y se resigna a seguir teniendo (cf. fs. 435). Sentado lo expuesto, juzgo que el resarcimiento debe ajustarse a las pautas estimadas por la perito, con la salvedad apuntada más arriba y a los fundamentos -en lo pertinente- expuestos por el Sr. Juez.

III RESULTADO DE LA REVISION Por lo expuesto de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Defensor de Menores de Cámara, los fundamentos concordantes del "a quo" y las precedentes consideraciones de orden legal, jurisprudencial y doctrinario, voto por la afirmativa y si mi criterio resulta compartido, propongo al acuerdo: 1) tener por decisión lo expresado en los considerandos precedentes; 2) modificar la sentencia recurrida en cuanto a los montos indemnizatorios por a) valor vida (pérdida de chance) b) Modificar la indemnización referida a gastos de comida y de transporte -reclamo éste que se admite- c) Admitir el reclamo por gastos de ayuda doméstica, fijando la indemnización en PESOS NOVECIENTOS OCHENTA ($ 980). d) Admitir el reclamo por lucro cesante correspondiente al período que el actor no pudo realizar tareas suplementarias en su lugar de trabajo, fijando por este concepto la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS ($ 1.200). e) Modificar la indemnización por daño moral -comprensivo al daño psicológico- en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000) f) Revocar lo decidido en cuanto a la indemnización establecida en la anterior instancia del daño psicológico en forma autónoma, según lo dispuesto en el considerando 2.10 y modificar las sumas referidas al tratamiento psicoterapéutico Así voto.- Los Sres. Jueces de Cámara Dres. BUERES y MERCANTE, por análogas razones a las aducidas por el Sr. Juez de Cámara Dr. MARTINEZ ALVAREZ, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto.- FDO.: EDUARDO M. MARTINEZ ALVAREZ - ALBERTO J. BUERES - DOMINGO A. MERCANTE.- Buenos Aires, marzo 23 de 2000.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación de que instruye el Acuerdo que antecede, se tiene por decidión lo expresado en los considerandos precedentes y se modifica la sentencia recurrida en cuanto a los montos indemnizatorios por valor vida (pérdida de chance) Se modifica la indemnización referida a gastos de comida y de transporte -reclamo éste que se admite- fijándose por ambos conceptos la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 3.800). Se admite el reclamo por gastos de ayuda doméstica, fijando la indemnización en PESOS NOVECIENTOS OCHENTA ($ 980). Se admite el reclamo por lucro cesante correspondiente al período que el actor no pudo realizar tareas suplementarias en su lugar de trabajo, fijando por este concepto la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS ($ 1.200). Se modifica la indemnización por daño moral -comprensivo al daño psicológico- en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000) Se revoca lo decidido en cuanto a la indemnización establecida en la anterior instancia del daño psicológico. Se confirma el resto de la sentencia apelada en todo lo que fuera motivo de agravios. Con relación a las costas originadas por la relación procesal con la Unión Obrera Metalúrgica, de conformidad con los fundamentos dados en el considerando 2.4 in fine, serán soportadas por su orden en ambas instancias, modificándose con este alcance la decisión de Primera Instancia en lo atinente a ello. Las costas de la Alzada estarán a cargo de la demandada, en atención al criterio objetivo de la derrota en juicio (art. 68 del rito) y que en materia de daños éstas integran la indemnización.- Notifíquese y devuélvase.-