Sentencia definitiva, sentencia condenatoria, crímenes de lesa humanidad, denegatoria del recurso, calificación legal, extinción de la acción penal, prescripción, principio de congruencia, apreciación de la prueba, responsabilidad penal, mensura judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Madrigal, Arturo y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

Corresponde declarar abstracto el tratamiento del recurso de casación interpuesto a favor de Miguel Raúl Gentil; rechazar, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial respecto de Arturo Madrigal; y rechazar, por unanimidad, el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial respecto de Virtom Modesto Mendíaz, Joaquín Guil y Diego Alejandro Varas. Respecto al agravio vinculado con la alegada ausencia de fundamentación del veredicto en lo concerniente al encuadre de los hechos investigados como delitos de lesa humanidad, de adverso a lo señalado por la defensa, de la lectura del pronunciamiento recurrido se advierte que el juzgador ha motivado de manera completa y pormenorizada la decisión de caracterizar los hechos objeto de investigación como delitos contra la humanidad. Se observa que el tribunal estructuró su veredicto partiendo del marco histórico-político general describiendo con meduloso detalle el esquema de poder implementado y su articulación local para luego profundizar en el accionar desplegado por los procesados en esa matriz delictiva. Luego concluyó, con razonable criterio -y con ajuste a la nítida línea jurisprudencial y doctrinaria trazada a nivel nacional e internacional -, que los hechos juzgados constituyen crímenes de lesa humanidad, lo que deja huérfano de sustento el entendible esfuerzo de la defensa por categorizarlos como delitos comunes y, en consecuencia, considerarlos prescriptos por el transcurso del tiempo. Con relación al agravio relativo a la afectación del principio de legalidad, irretroactividad de la ley penal y extinción de la acción penal por encontrarse prescripta la acción penal, corresponde señalar que la respuesta a los cuestionamientos surge de un somero repaso de los fallos aplicables, más precisamente de la nítida línea jurisprudencial trazada por nuestro más alto Tribunal en los precedentes "Priebke" (Fallos: 318:2148) "Arancibia Clavel' (Fallos: 327:3312), "Simón" (Fallos: 328:2056) y "Mazzeo" (Fallos: 330:3248). De tal modo, la doctrina que fluye de los precedentes analizados sella definitivamente la suerte de los agravios introducidos por la parte recurrente vinculados con la invocada extinción de la acción penal -o su insubsistencia-, en estos actuados. Por otro lado, no tendrán favorable recepción de mi parte los planteos de la defensa contra el punto dispositivo VIII de la sentencia impugnada por el que Arturo Madrigal fue condenado a la pena de cuatro (4) años de prisión, inhabilitación absoluta y accesorias legales por igual tiempo que el de la condena y costas. No puede soslayarse que, tal como quedó probado, cada uno de los aquí imputados, desde el lugar que ocupaba, armonizaron entre sí un círculo de organización que permitió la fijación del injusto realizado colectivamente, pues sus aportes formaron parte de un plan que tenía como objetivo secuestrar y asesinar a quienes eran caracterizados como enemigos a eliminar. De acuerdo con la referida estructura represiva y jerarquía, se advierte que cada uno de los imputados desarrolló roles y funciones determinadas, en una suerte de división de trabajo con ejecución del hecho fraccionada a través de aportes individuales, que integrados los unos con los otros, completaron el suceso. En consecuencia, el cuadro fáctico y la descripción material del hecho por el que se atribuyó responsabilidad penal permitió determinar el rol que le cupo a Arturo Madrigal, y su aporte, lo que permite sustentar el veredicto condenatorio dictado a su respecto, razón por la cual tampoco tendrá favorable recepción el pedido realizado por su defensa de manera subsidiaria. En cuanto a la responsabilidad del imputado Diego Alejandro Varas, los entendibles reclamos de la defensa constituyen una mera discrepancia con el veredicto impugnado, pero no logran conmover la profusa y correctamente valorada prueba de cargo que sustentó el juicio de reproche aquí analizado, razón por la cual los agravios relacionados con la participación del imputado en los hechos en los que resultó víctima Raúl Benjamín Osores habrán de ser rechazados. Respecto a los coimputados Mendíaz y Guil se concluye que, de adverso a lo argumentado por el defensor, el tribunal de mérito ha valorado en cada caso una multiplicidad de elementos de convicción que permitieron atribuir a los causantes responsabilidad penal, en cada uno de esos sucesos. Las genéricas quejas de la parte impugnadora acerca de la indeterminación de la acusación -que plasma en su recurso y reitera en su presentación en término de oficina-, lucen inatendibles a poco que se repare en el completo análisis desarrollado en la instancia anterior, del cual se desprende con prístina claridad el quehacer delictivo de cada uno de los justiciables en el marco de la función que ejercían en el aparato estatal al momento de los sucesos juzgados, y que se inscriben en el más amplio y abarcador plan sistemático instaurado a nivel nacional y provincial, conforme lo ya explicado in extenso al inicio de esta ponencia. En definitiva, el eje del embate consistente en señalar que el único fundamento de las condenas cuestionadas lo constituye la mera constatación del cargo jerárquico desempeñado por cada uno de los causantes a la fecha de ocurrencia de los hechos investigados, luce abstracta y desvinculada del pronunciamiento cuya inspección convoca este acuerdo y de cuya lectura, iteramos, se concluye que la atribución de responsabilidad penal a cada imputado se encuentra a resguardo del genérico embate que le dirige la defensa. Por último, -y por análogos motivos-, tampoco puede tener favorable recepción la queja introducida por la defensa en su presentación en término de oficina donde invoca -también de modo genérico-, una presunta imposibilidad de sus defendidos de ofrecer prueba de descargo, en tanto omite la defensa explicar puntualmente cuáles fueron las pruebas que se vio privada de introducir y, más importante aún, de qué modo su producción hubiera permitido modificar las conclusiones a las que arribó el tribunal juzgador, requisito ineludible para el progreso del cuestionamiento. Por lo demás, tampoco luce fundado el embate centrado en la alegada inobservancia de la ley sustantiva en que habría incurrido el tribunal de la instancia anterior al condenar a los causantes por la comisión de delitos que se hicieron concursar materialmente entre sí. En efecto, la categorización de las conductas reprochadas como constitutivas de delitos de lesa humanidad, -extremo suficientemente analizado en el acápite A)- no obsta a que las distintas conductas atribuidas a los procesados y encuadradas en aquella categoría de ilícitos concurran a su vez materialmente entre sí. En definitiva, no explica la defensa cuál sería el fundamento legal por el cual varios hechos independientes entre sí atribuidos a un mismo imputado, por la sola circunstancia de tratarse de delitos tipificados de lesa humanidad deberían concursar -exclusivamente- de manera ideal. La invocada necesidad de excepcionar las reglas concursales previstas en el ordenamiento sustantivo, en tanto desligada de una mínima motivación que permita comprender el real alcance del agravio, también debe ser rechazada. El planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua introducido por las defensas en oportunidad de efectuar sus presentaciones en término de oficina es una reiteración del mismo planteo expuesto en la instancia de juicio y que fue rechazado con suficientes y acertados argumentos -ver fs. 7724/7726-, no logrando la defensa conmover los fundamentos brindados oportunamente para fundar su rechazo, lo cual de por sí sella negativamente la suerte del reclamo. De otro lado, dable es destacar que sobre la cuestión en examen, todas las Salas de esta Cámara, en situaciones análogas a la presente, tuvieron oportunidad de afirmar la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua. No surge expresamente de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (cfr. arts. 5, inciso 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 10, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -PIDCyP-) incorporados a nuestro ordenamiento constitucional, que las previsiones allí establecidas, que tienen por finalidad la reforma y readaptación social del condenado, se hallen en pugna con la aplicación de la prisión perpetua, siempre que se respete lo establecido en el art. 18 de la Carta Magna. En cuanto a los cuestionamientos relativos a la imposición de la pena de prisión perpetua en razón de la edad y salud de los condenados, se ha dicho en los precedentes citados que tales críticas no encuentran apoyo en el ordenamiento jurídico actual, en el cual el sistema de ejecución de la pena previsto en la Ley 24.660 (B.O. 16/07/96) se desarrolla a partir de un régimen de progresividad que permite a los condenados recuperar su libertad anticipada a partir de diversos institutos. Por lo demás, no se advierte que la penalidad impuesta en el art. 80, CP, resulte arbitraria o desproporcionada, tomando en cuenta la magnitud del injusto, la naturaleza y gravedad de los hechos juzgados, y el contexto en que se sucedieron, tratándose en todos los casos de gravísimas violaciones a los derechos humanos; así como el grado de culpabilidad que les cupo a los aquí imputados. La pena de prisión perpetua, en el caso, responde a los parámetros exigidos por el principio de proporcionalidad entre la lesión producida por la conducta del autor y el castigo. La selección de las sanciones penales aplicadas a los causantes se encuentra a salvo del embate que le dirige el recurrente y que, por tal razón, deben ser convalidadas. La disidencia parcial señaló que respecto a la responsabilidad del imputado Madrigal de la lectura del pasaje pertinente de la sentencia condenatoria se advierte que asiste razón a la defensa en tanto no constan allí cuáles fueron puntualmente los elementos de prueba que llevaron al tribunal a sostener la imputación respecto de este procesado. Los dos presupuestos en los que se asienta el reproche penal formulado a Madrigal -liberación de la zona y omisión de investigar-, no aparecen cabalmente demostrados, al menos con el grado de certeza que requiere esta etapa procesal. Respecto de Arturo Madrigal debió aplicarse un temperamento liberatorio como cabal consecuencia de la vigencia del principio in dubio pro reo preceptuado en el artículo 3° del catálogo procesal penal. Basta que el estado de duda se presente en algún tópico de la construcción de la imputación, responsabilidad, y/o culpabilidad, para que deba dictarse sentencia absolutoria. Es que el estado de inocencia del que goza todo imputado hasta el momento del dictado de una condena no es un estado que deba ser construido, sino que, por el contrario, el mismo debe ser destruido por la prueba de cargo aportada durante el proceso. La extrema gravedad de los sucesos sometidos a juzgamiento no exime al tribunal sentenciador de realizar - respecto de cada hecho reprochado al acusado-, el análisis conglobado de todos y cada uno de los elementos de prueba producidos en el debate, desarrollando así la tarea intelectual que debe seguir el órgano jurisdiccional respetando los principios lógicos que la rigen, para dotar al pronunciamiento de la debida motivación que exigen los artículos 123 y 404 inc. 2°, CPPN. Deber de fundamentación que, por cierto, luce ausente respecto de los hechos que se reprochan a Arturo Madrigal en este legajo, razón por la cual habremos de postular a su respecto que se haga lugar al recurso interpuesto por su defensa, se revoque la condena dictada a su respecto y se lo absuelva libremente de culpa y cargo. Dres. Petrone, Figueroa y Barroetaveña- disidencia parcial-.