Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-10


SENT Nº 306 San Miguel de Tucumán, 10 de Mayo de 2012.- Y VISTO: El recurso de revocatoria deducido por la representación letrada de la perito interviniente en autos: "Gordillo Domingo Ramón vs. Provincia de Tucumán s/ Ordinario (Residual)"; y	C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de revocatoria deducido a fs. 393/400 -en los términos del artículo 35 de la Ley N° 7897-, por la representación letrada de la perito interviniente en autos CPN Marta Inés del Moral en contra de la sentencia de esta Corte del 01/8/11 (fs. 387/388).

Corrido traslado a la parte actora y demandada, es contestada a fs. 407/408 y fs. 413/414 respectivamente, solicitando ambas el rechazo del recurso.

II.- Se agravia la recurrente de la falta de fundamentación y de valoración de las pautas establecidas por el art. 9 de la Ley N° 7897.

Sostiene que la sentencia impugnada ha incurrido en contradicciones y omisiones que, per se, sirven de base para invalidarla; que las pautas del art. 15 de la Ley N° 5480 y arts. 9 y 10 de la Ley N° 7897 dictadas dogmáticamente no fueron respetadas ni valoradas por el Tribunal; que prescindió considerar los intereses en juego y la entidad económica de las directas consecuencias, derivadas del proceso y su modo de resolución. Alude a la base propuesta por su parte; que aún cuando la demanda no consigna una suma económica, tiene importantes consecuencias económicas que no fueron consideradas; que de haber prosperado la demanda el actor habría quedado liberado de las sumas condenadas en el juicio de ejecución de fianza y la provincia de Tucumán hubiera perdido el crédito que ostenta contra el actor.

Refiere que aún cuando en principio no existe monto del asunto, le acarreó para las partes una importante consecuencia económica, por lo que debió ser tomado como pauta indicativa, con cita de jurisprudencia.

Reitera la liquidación de los intereses en juego que cuantifica en $ 13.847.739,54, monto que fuera revisado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas constatando su corrección, sugiriendo los honorarios de la perito en función a la misma; que no obstante la sentencia se apartó sin mayores fundamentos de dicho dictamen, obviando fundar las razones para tal apartamiento conforme lo sostiene la jurisprudencia, siendo insuficiente la mera referencia a su carácter no vinculante.

Se queja que el fallo tampoco considera la complejidad ni la extensión del asunto sometido a dictamen para lo que practicó una complicada y larga tarea, analizando la voluminosa documentación obtenida en diversas fuentes y que describe; que su trabajo impecable le llevó meses de estudio y elaboración y que la regulación no guarda relación con el costo que tiene fuera del ámbito jurisdiccional; que no condice con un digno ingreso de un profesional independiente; que la regulación es inferior al sueldo que percibe un empleado judicial; que prudente arbitrio no es lo mismo que arbitrariedad; que el valor de la hora de trabajo técnico profesional asciende a la suma de $ 293; que considerando el tiempo que le llevó la tarea se arribaría a un importe cuatro veces mayor al regulado, haciendo abstracción del quantum económico emergente del asunto, lo que evidencia la insuficiencia y arbitrariedad de la regulación. Formula reserva de recurso extraordinario.

Como se dijo en la sentencia impugnada, el presente juicio carece de contenido económico en tanto no tuvo por objeto la incorporación al patrimonio de bienes y/o servicios, carácter éste que reconoce la recurrente. Por lo tanto no corresponde que se tenga en cuenta la estimación de honorarios efectuada por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, en tanto la misma es resultado de la aplicación de un porcentaje sobre el monto del asunto y conforme a lo normado por el art. 8 de la Ley N° 7897, aplicable a los supuestos en que se fija base regulatoria cuando el juicio tiene contenido económico. Tampoco se justiprecia el valor de la tarea profesional tomando como referente el valor de la hora de trabajo.

Conforme lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las regulaciones efectuadas a favor de los peritos deben guardar adecuada proporción respecto de los honorarios de los restantes profesionales intervinientes en la causa (CSJNac., Estado Nacional c. Cooperativa Poligráfica Editora Mariano Moreno Ltda.. 11/11/1997, LA LEY 1998-C, 974; CSJMendoza, Anzorena, Ricardo N. en J. Banco de Mendoza / Crédito San Rafael S.A. y ots., 09/12/2002. Expediente: 71523, Ubicación: S316-038). Cabe destacar que los honorarios regulados a los letrados en la sentencia impugnada se encuentran firmes.

En el caso de autos, se reguló aproximadamente el valor de tres y ocho consultas escritas vigentes a la fecha del fallo a los letrados apoderados del actor (perdedor) y del demandado (ganador) respectivamente, con más los procuratorios. La labor de los mismos consistió en: a) El trámite de un proceso ordinario cuyo objeto fue la cancelación de la fianza de marras y como consecuencia se ordene el cese de las condenaciones del ejecutivo; b) En el juicio los letrados cumplieron su labor casi ocho años hasta arribar a la sentencia de fondo: ofrecieron y controlaron prueba, alegaron.

La tarea de la perito, en cambio, si bien cumplió con la labor encomendada y sin desconocer el mérito de su labor, consistió en la compulsa de la documentación que describe a fin de informar sobre los presupuestos invocados en la demanda: falta de interpelación previa del deudor, negligencia del BPT en cobrar la deuda y renuncia del Gobiernos a los privilegios prendarios. Consistió asimismo en repontenciar los montos ya determinados en los juicios y actuaciones compulsadas y no hubo de su parte nueva o distinta tarea profesional tendiente a determinar vg. los rubros que componen el crédito que garantizara la fianza cuya vigencia se discutió en autos.

Conforme a lo antes referenciado la regulación practicada a la recurrente, guarda relación con la tarea cumplida y adecuada proporción con los honorarios regulados a los letrados intervinientes y por tanto no resulta arbitraria, por lo que corresponde rechazar el recurso.

En cuanto a las costas, teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión planteada, corresponde se impongan por su orden (art. 105 inc. 1° CPCC).

Por ello, y encontrándose excusados los doctores Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, se	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria -art. 35 Ley N° 7897-, deducido a fs. 393/400 por la representación letrada de la perito interviniente en autos CPN Marta Inés del Moral en contra de la sentencia de este Tribunal del 01/8/11 (fs. 387/388).

II.- IMPONER las costas por su orden, conforme a lo considerado.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.