marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, medidas cautelares, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Vila, Alfredo Héctor s/ 73 - violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

La clausura administrativa cuya presunta violación la fiscalía investiga en el caso fue dispuesta en el año 2011 y por lo tanto "corresponde que el mismo organismo del GCABA que la implantó practique su efectivo control", ejerciendo sus atribuciones para determinar si las falencias detectadas -en sus condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene- fueron solucionadas, persisten, requieren otras inspecciones o reclaman una diligencia mayor en la materialización de la restricción allí dispuesta. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández Kulisek e Hijos S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Cuando se trata de una colisión de automóviles en circulación no es aplicable lo dispuesto por el art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil, ya que al crear riesgos ambos vehículos, se enerva el fundamento de la responsabilidad asignada por dicha norma (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Caución real, beneficio de excusión
Materia: CIVIL
Carátula: DAVID HECTOR MAURIN c/ JUAN ANTONIO ROQUES s/ ORDINARIO - INDEMNIZACION DAñOS Y PERJUICIOS - INDEMNIZACION DAñOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1986-07-04

Como la fianza judicial no obstante ser, como toda fianza, accesoria, no es subsidiaria, el fiador no goza del beneficio de excusión y el acreedor puede ejecutarlo directamente. Por lo que el fiador judicial debe quedar directamente obligado frente al acreedor, lo que es plenamente justificado "por la razón de que deben ser más fuertes los vínculos y mayores las seguridades en el caso de la fianza judicial que en los de otras clases de fianza, dada la índole especial de los intereses y derechos que, mediante la misma, están los tribunales en el deber de garantizar y, además, porque como el fiador judicial ha de ser capaz de apremio personal cuando el deudor esté sujeto a él por razón de su deuda, carece de objeto y de aplicación el beneficio de excusión, cuyo único objeto es librar del procedimiento al fiador hasta la completa excusión de los bienes del obligado en primer lugar.
Juicio de alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: S., M. c/ B., J.R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-10

Al fijarse la cuota alimentaria debe buscarse un prudente equilibrio entre el monto de la misma, las necesidades a cubrir y la aptitud del obligado para llenar tal finalidad.
Delitos contra el honor, calumnias, instrucción
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RAMOS, JORGE s/ QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-12

Corresponde sustanciar objetivamente el sumario aún cuando la investigación verse sobre delitos contra el honor, teniendo en cuenta lo prescripto por los arts. 31 inc. 10 y 32 del C.P.M.P. , máxime que el art. 596 del citado código fue derogado por ley 22 383.
Sociedad prestadora de servicios médicos, daños y perjuicios, desviación de poder, facultades del directorio, contratos civiles, prueba del contrato, excepción de incumplimiento contractual, sociedad anónima, administración de la sociedad, sentencia, principio de congruencia, iura novit curia, honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Keller, María Luisa. c/ Ferrari, Daniel y otros. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-05-27

La excepción de incumplimiento defectuoso o de "non rite adimpleti contractus" (...que se corresponden con los de la de "non adimpleti contractus") se encuentran debidamente cumplimentados en el caso. [...] si [ la actora] incumplía estas prestaciones (pago del canon y de la deuda asumida en la cesión, abstención de cobro de honorarios a afiliados al PAMI), o lo hacía deficientemente, la demandada estuvo autorizada para, a la vez, responder con su propio incumplimiento que, en el caso, significó concretamente impedirle el acceso al consultorio de oftalmología en la sede del Hospital Integral en Plottier.
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pennisi, Natalio s/ Concurso preventivo s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

Siendo que el art. 273 de la ley 24522 reitera el principio de inapelabilidad receptado en el art. 296 inc. 3° de la ley 19551, la decisión que autoriza la prorroga del contrato de locación referido a un buque pesquero es irrecurrible. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de reposición (procesal), fuerza mayor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Romero, Felipe S. c/ Mora, Miguel s/ Daños y Perjuicios Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-02-12

Si bien por presidencia de Cámara se ordenó la devolución del escrito a su presentante, por extemporáneo, contra dicha providencia el apoderado de la demandada interpone revocatoria invocando razones de fuerza mayor debido a una baja de la energía eléctrica ocurrida aproximadamente a las 8:15 hs. por lo que no pudo continuar con la impresión, fuerza mayor, que era absolutamente imprevisible. Este Tribunal considera atendibles las argumentaciones del presentante, ya que es público y notorio estas alzas y bajas en la energía eléctrica en nuestra ciudad, circunstancia que justifica aplicar lo dispuesto por el art. 157 tercer párrafo, pues de lo contrario se frustraría por un exceso ritual una justa expectativa.
Amparo por mora, pronto despacho
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aciar, Mario Edgardo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-04-12

A diferencia del Amparo Constitucional contenido en la primera parte del art. 28 de la Const. Prov., en el Amparo por mora de la Administración Pública, contenido en la 2da. Parte de dicho artículo, el Juez no decide sobre el fondo del asunto, sino que transitoriamente interviene en un segmento del trámite administrativo, primero obligando a la administración que informe sobre los trámites cumplidos y luego a continuar con dichos trámites hasta expedirse positiva o negativamente respecto de lo reclamado mediante el mandamiento de pronto despacho si correspondiere.

No empece a esta solución la falta de ejercitación por el amparista de la solicitud de pronto despacho estatuído en el artículo 161 de la Ley 4.044 -Ley de procedimientos administrativos-, por cuanto si del propio texto constitucional no surge ningún condicionamiento referente a la necesidad de agotar vías administrativas disponibles, tratándose de asegurar garantías constitucionales, no corresponde que el intérprete las establezca por sí o por analogía, retaceando de esta manera algo irretaceable, como lo es el acceso a la protección jurisdiccional. Por otra parte el texto legal citado supra no establece la obligatoriedad de su ejercicio por parte del administrado, sino que facultativamente establece que: "...vencidos los plazos establecidos en el art. 158 inc. f) el interesado "podrá solicitar" pronto despacho...".

En consecuencia, la solicitud de pronto despacho como condición previa para la viabilidad del amparo por mora de la Administración no constituye una exigencia legal insoslayable.
Homicidio calificado, circunstancias extraordinarias de atenuación
Materia: PENAL
Carátula: Chaile, Alfredo Nicolás s/ Homicidio Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-12-02

Las atenuantes involucran tanto causales exógenas como endógenas.

La ley no hace diferencia alguna entre lo externo y lo interno del individuo, el campo interpretativo de los jueces no debe cerrarse cuando el propio legislador, sea por omisión o de intento, no lo ha hecho. Además, un estudio sistemático de las agravantes que trae el código y también de las atenuantes, revelan que las mismnas pueden ser de fuera del sujeto o inherentes a él exclusivamente, sean esas atenuantes específicas, como la emoción violenta, o genéricas, como las circunstancias del art. 41 "educación", "condiciones personales". (Fundamento del Dr. Hang).
Rebeldía, inversión de la carga de la prueba, empleador, omisión de exhibir documentos, presunción legal
Materia: LABORAL
Carátula: LEGUIZAMON, MARIO c/ DALLA ROSA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-29

La rebeldía del art. 86 produce una inversión de la carga de la prueba sobre todos los hechos expuestos en el responde, mientras que la presunción del art. 55 LCT, depende de la valoración judicial y está referida sólo a los hechos litigiosos que hubiesen debido constar en los correspondientes asientos, por lo tanto, no basta con oponerlas conjeturalmente y en abstracto para que sus efectos se anulen.
Responsabilidad médica, asistencia médica, obligaciones de medio
Materia: CIVIL
Carátula: AYALA, JUAN CARLOS Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL EST. MAYOR GENERAL DE LA ARMADA Y OTROS s/ RESPONSABILIDAD MEDICA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

Al prestar asistencia médica a un paciente el profesional asume una obligación de medios y no de resultados, es decir, que su obligación consiste en poner al servicio del enfermo el caudal de conocimientos científicos que el título acredita y prestarle la diligente asistencia que su estado requiere (arg. art. 20, Incs. 1° y 2°, Ley 17.132; Cfr. esta Sala Causas 8073 del 30.8.91; 8015 del 31.3.92 y sus citas, etc.).
Concursos, período de sospecha
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rugolotto, Silvio Andrés en su caracter de síndico, autos: Gassmann, F.-Quiebra c/ Gassmann, F. Aníbal y Otro s/ Ordinario-Revocatoria Concursal
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-11

La finalidad perseguida por la Ley Concursal y dentro del específico marco normativo, la circunstancia jurídicamente relevante a fin de determinar si el acto puede o no ser declarado ineficaz, es su realización u otorgamiento por el fallido dentro del período de sospecha y no la registración de ese negocio jurídico para su publicidad y oponibilidad frente a terceros. La mayoría de la doctrina nacional sostiene que la inscripción que consagra el artículo 2505 del Código Civil tiene carácter declarativo de acuerdo a una interpretación armónica de dicho dispositivo con la Ley 17.801, artículos 2, 20 y 22.
Contratos, garaje, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ Juan Jose c/ Libertad S.A. s/ Ordinario - II Cpo.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-10-24

La misma surge de haber incumplido la obligación de custodia respecto del vehículo del actor estacionado en su playa. (arts.1198-primer párrafo, 519 y conc. del C.C.).

No hay cuestionamiento alguno en cuanto a que la playa es libre y de uso gratuito para cualquier persona, sin obligación de compra. Puede ser utilizada por los clientes, empleados, visitantes etc. No hay control de ingresos, permanencia o salida de los vehículos, lo cual importa reconocer que no custodia los vehículos estacionados en el predio.

Por lo cual, quien ingresa y deja su vehículo, lo hace confiado en la seguridad que la organización de la playa implementada por la empresa le brinda. La que en definitiva, está asumiendo un deber de guarda que se ve transgredido cuando terceros roban el automotor.

Hay en esto una culpa "in vigilando" que fluctúa entre el incumplimiento contractual que prevé el artículo 519 del Código Civil, y la omisión negligente, cuando existe el deber de actuar que permite la comisión del delito y del que se deriva un daño a otro, situación que regula el artículo 1109 del mismo Código.

De la doctrina y jurisprudencia citada surge en forma unánime que dicha responsabilidad frente a terceros, empleados o clientes potenciales, no exige que estos últimos efectúen compra alguna. Sólo debe probarse el hecho generador del daño, esto es que el vehículo sustraído, se encontraba aparcado en la playa de estacionamiento del Hiper y su desaparición.

La contratación de un seguro de este ramo para prevenir este tipo de riesgos, implica un reconocimiento inequívoco del deber de prestar un servicio de custodia con la consiguiente asunción de responsabilidad para el caso de producirse daños y sustracciones, puesto que si ella no se considera la responsable de los riesgos que pretende trasladar al asegurador, no tendría sentido la contratación de dicho seguro.
Sobreseimiento, extinción de la acción penal, fundamentación de la resolución, falta de fundamentación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Liendo Roca, Arturo Eduardo y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

En tanto el sobreseimiento, en caso de adquirir firmeza, entraña la extinción definitiva e irrevocable del proceso en relación al imputado en cuyo favor se dicta (art. 335 C.P.P.N.), exige del órgano jurisdiccional que decida su dictado, un estado de certeza de tal magnitud que no deje duda alguna acerca de la extinción del ejercicio de los poderes de acción y jurisdicción, o de la inexistencia de responsabilidad penal del imputado con respecto al cual se dicte. En autos, partiendo de la base de que el a quo, al variar la subsunción decidida en primera instancia, reconoce la existencia del factum atribuido por el Ministerio Público Fiscal, los argumentos que ha brindado no alcanzan siquiera mínimamente los estándares de fundamentación, informados todos por idéntico vicio estructural: su giro arbitrario en el vacío respecto de los hechos sobre los que se erige la base objetiva de la imputación. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dr. Hornos adhiere según su voto).
Certificados de obra, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Inar S.A. c/ Provincia de  Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

En materia de obras públicas el crédito generado por los atrasos verificados en los pagos de las certificaciones de la obra debe ser abonado con los intereses correspondientes según la previsión de los arts. 45 y 46 de la ley 6021. Y tales importes deben ser objeto de la pertinente actualización monetaria en el caso que los mismos no fueran pagados en los plazos fijados.
Accidente de tránsito, responsabilidad civil, culpa civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: IBAÑEZ, CARLOS ANTONIO c/ MONTENEGRO, CRISTOBAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-EXPDTE Nº 143- AÑO 1990 (ACUMULADOS:"SOSA,  EUSEBIO M. C/ MONTENEGRO, CRISTOBAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" Y  "PEREZ, RAMON ELISEO Y OTRO C/MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y OTRO S/  DAÑOS Y PERJUICIOS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-12

A la luz de los principios contenidos en el art. 1.113 del Código Civil, acreditado el contacto de la víctima con la cosa, quien pretende desligarse de responsabilidad deberá demostrar que de su parte no hubo culpa. Ello es así puesto que cuando el daño obedece al riesgo o vicio de la cosa, nos encontramos frente a una culpa objetivada del dueño o guardián generadora "per se" de responsabilidad, salvo que se demuestre la culpa propia de la víctima o de un tercero extraño por quien el dueño o guardián no debe responder. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Notificación en el domicilio, persona ausente
Materia: PENAL
Carátula: Alsogaray, María Julia s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-12

Esta necesidad de contar con un testigo que presencie y firme la diligencia fue ratificada por la C.S.J.N. en el Expte. S-2349/92, Superintendencia "Dirección General de Mandamientos y Notificaciones s/ solicitud de consulta de los arts. 149 y 152 del Código Procesal Penal", en el que con fecha 21 de noviembre de 1994 se hizo saber que las notificaciones deberán efectuarse en la forma dispuesta por el código adjetivo en los arts. 149 y 152.
Prueba pericial, dictamen pericial, consulta técnica, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MONTIEL, Héctor Avelardo c/ GEIJO, Juan Manuel y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-16

Entre la estimación del dictaminante y la del consultor técnico, sin otro elemento de juicio que autorice a inclinarse por una u otra postura, cabe estar a la del experto designado de oficio, desechando la del asesor de la parte interesada, dado que por sus funciones aquél no es sospechado, como puede serlo éste, de parcialidad.-
Improcedencia del recurso, querellante
Materia: CIVIL
Carátula: COMERCIAL EL ENCUENTRO S.R.L. c/ SUN BELLE ARGENTINA S.A. s/ ORDINARIO (CIVIL) (EXPTE. N° 1962)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-05-26

....no caben dudas que a la postura asumida en el proceso por la requerida hubo una férrea contradicción de la requirente, consecuencia de lo cual el acto jurisdiccional definió la existencia de vencimientos recíprocos (art. 68º del C.P.C. y C.), cuya intensidad decretada no amerita cargarlas aún más a la promoviente como injustificadamente pretende el querellante, por lo que el recurso en este sentido no progresará.
Indemnización, muerte de un hijo, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: Ruiz, Alicia c/ Galván, José Luis y Otra s/ Daños y Perjuicios  Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-10-14

El modo de establecer la presumible ganancia futura frustrada de un menor que aún no inició su actividad productiva es sin duda difícil, pues se carece de indicadores objetivos a partir de la situación presente, lo que fuerza a acudir al prudente arbitrio judicial.
Requerimiento de instrucción, falta de requerimiento de instrucción, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BALDINO, Sergio R. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

La actuacióndel juez sólo quedará habilitada luego del pertinenterequerimientode instrucción por el Ministerio Público Fiscal.

La norma fija como primario deber del juez, luego de la recepción de la denuncia, su inmediata transmisión al agente fiscalpara que éste formule su requerimiento o pida su desestimaciónpor no constituir delito el hecho que contiene o la declaración de incompetencia del juzgado .

El juez no puede promover el proceso por iniciativa propia, dado queello importa una concreta violación al principio "ne procedat iudex ex officio". La acción debe ser instada por el fiscal o, en su caso, por las fuerzas de seguridad, como lo define el art. 195. La válida actividad de la jurisdicción exige el previo ejercicio de la acción .

Lainstrucción del sumario si se omitió el indispensable traslado al agente fiscal será entonces inválida y provocará la nulidad de todo lo actuado .

Dicha nulidad es de carácter absoluto . Ello así, dado que la excitación omitida impide considerar válidamente ejercida la jurisdicción y los actos de investigación verificados sin su vigencia. Dicha omisión, incide perjudicialmente en la garantía constitucional del imputado al debido proceso legal, con lo cual, advertida, la invalidez que origina puede ser declarada de oficio y en cualquier estado y grado del proceso, irritándose los actos consecuentes .

En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado.
Tribunal de superintendencia notarial, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A., R.M. Registro Notarial n° -- s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-07

Si bien es sobreabundante una exposición teórica sobre las diferencias que la doctrina encuentra entre concepto indeterminado y poder discrecional, baste señalar que la "buena conducta del escribano" no está definida por la Ley; es un concepto que debe definirse valorándolo según el sentido de la Ley que lo crea y atendiendo retrospectivamente a hechos vigentes al momento del dictado del acto impugnado. Valoración que en el caso tendrá como parámetro y límite, las que constituyen obligaciones del notario -que impone la misma Ley-. La medida concreta para la aplicación de estas normas flexibles a una situación de hecho devendrá de desentrañar la unidad de una solución justa a un concepto definido genéricamente por el ordenamiento jurídico positivo a través de valorar o estimar el concepto según el sentido de la Ley, pues toda potestad discrecional se apoya en una realidad de hecho que funciona como supuesto de hecho de la norma cuya aplicación se trata, y cuya adecuación al derecho aplicable será el objeto del control judicial.
Gravamen irreparable, régimen de consolidación de deudas, honorarios del perito, regulación provisoria, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Aslana  SAIC c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) y  BCRA s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

Genera un agravio de imposible reparación ulterior, la sentencia que declaró excluido del régimen de la ley de consolidación 23.982 el crédito por honorarios provisionales regulados al perito e hizo lugar a la ejecución contra la parte que demanda al Estado, pues aquélla no podrá repetir del demandado en la especie reclamada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), acto administrativo, consentimiento, acto administrativo firme, thema decidendum
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TEMPORELLI S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-23

La recurrente aduce sustancialmente que la decisión impugnada deviene arbitraria por cuanto el Tribunal a quo, en base a una interpretación apartada de las constancias de la causa, entendió que el actor no pretendió la anulación del decreto N° 344/97 y 2256/99, no formando en consecuencia, parte de la litis, sosteniendo que el planteo de ilegitimidad de estas últimas normas surgiría de su pretensión de declaración de ilegitimidad del decreto de alcance general N° 3199/93 y que, por otra parte, al ser aquéllos la consecuencia de un decreto declarado ilegítimo deben ser también reputados ilegítimos. Sin embargo, no se hace cargo de la argumentación de la Cámara, que rechazó las pretensiones patrimoniales desde que su procedencia dependía de la legitimidad o ilegitimidad de actos cuya anulación no se pretendió en el recurso contencioso administrativo; y consideró que aunque se entendiese -con desapego a la literalidad de la demanda- que se hubo pretendido la anulación de los decretos precipuos, igualmente correspondería rechazar las pretensiones patrimoniales por cuanto como lo ha argumentado, con acierto, la Provincia, el decreto 2256 luce firme y consentido y dicha firmeza no puede ser soslayada o relativizada, por ser esta técnica la que impregna todo el proceso de la ley 11330 y cierra toda posibilidad de acceso judicial para los actos que son reproducción, confirmación o ejecución de otros anteriores ya consentidos por el interesado. (De la disidencia del Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330; Decretos 3199/93, 344/97 y 3199/93.