Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-17


SENTENCIA Nº 34511 JUZGADO Nº 19 AUTOS: "KRANEVITTER María Luisa c/ OBRA SOCIAL FERROVIARIA s/ Despido"	En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de octubre	de 2007, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que rechazó la demanda orientada al cobro de indemnización por despido y otros créditos de naturaleza laboral, viene apelada por la actora a tenor de las manifestaciones vertidas en el memorial de fs. 282/291. Por su parte, el perito contador objeta la regulación de sus honorarios por estimarla reducida.

II.- El Señor Juez "a quo", luego de valorar las pruebas producidas y los antecedentes del caso, consideró que el despido dispuesto por la demandada había sido ajustado a derecho en virtud de la gravedad de la falta en que había incurrido la actora, -esto es que, hallándose en uso de licencia por enfermedad, continuó trabajando en otro hospital- todo lo cual-a su juicio- justificaba la disolución del vínculo (v. fs. 280).	III.- La actora -de profesión enfermera- dijo que la licencia médica psiquiátrica de que gozaba sólo le impedía desarrollar tareas en el Hospital de la demandada (Policlínico Ferroviario Pedro Zárate de la ciudad de Diamante- Entre Ríos) donde debía estar diariamente en contacto con pacientes con patologías psiquiátricas lo que, sumado al último incremento en la carga horaria, y a los malos tratos que recibía de parte del administrador del establecimiento (Dr. Dechat), devino en un "trastorno adaptativo con fobias específicas" (v. certificados médicos de fs. 105 y fs. 114), circunstancia que motivó que se le ordenara licencia médica por quince días a partir del 26.08.98, prorrogada luego por quince días más. Aún así, entiende que ello en nada obstaculizaba las tareas que prestaba desde 1990 como enfermera en los servicios de quirófano y consultorios externos en el Hospital 25 de Mayo de esa misma ciudad.	El recurso es procedente. Era carga de la demandada demostrar la justa causa del despido y el perjuicio que el comportamiento de la actora le ocasionó (artículo 377 CPCCN). La demandada extinguió el vínculo conforme resulta de los términos de la pieza postal del 24.09.98 (fs. 24) por haber comprobado que desde el 26.08.98 la actora presentaba ante la empleadora certificados médicos suscriptos por el psiquiatra Dr. Juan A. Barbagelata, a fin de gozar en esa institución de licencia por enfermedad y seguir cobrando salarios sin concurrir, mientras se desempeñaba como enfermera en los servicios de quirófano y consultorios externos del Hospital 25 de mayo, cumpliendo horario de 6 a 12 horas, lo que configuraba a su entender una flagrante violación a los deberes de buena fe y fidelidad debidos al empleador. La actora rechazó dicha comunicación mediante el telegrama de fs. 21, en el que reconoció que continuaba desarrollando tareas en ese otro hospital mientras se hallaba de licencia, pero manifestó que esas otras prestaciones no afectaban su salud psíquica en tanto no estaba en contacto directo y permanente con enfermos psiquiátricos, como ocurría en el Policlínico Ferroviario.

Si bien es cierto que la señora perito médica, Dra. Arana, afirma a fs.116/121 del incidente de verificación (agregado por cuerda), que el "trastorno adaptativo con fobias específicas" impide cualquier tipo de tareas, cualquiera sea el lugar donde éstas se efectúen, el mero hecho de que la actora hubiese continuado trabajando en el otro hospital no sugiere que el diagnóstico certificado por el Dr. Barbagelata hubiese sido falso, que es lo que en definitiva subyace veladamente en el reproche efectuado por la demandada al imputarle como injurioso laborar en el otro hospital estando con licencia, es decir, la demandada quiere en el fondo evidenciar que de haber sido verdadero el diagnóstico que se consignó en el certificado presentado por la actora, ésta no habría podido realizar ninguna tarea. Sin embargo, el dictamen de fs.116/120 no hace más que sumar convicción en el sentido de que la Sra. Kranevitter presentaba esas alteraciones en su psiquis en el mes de agosto de 1998.

En otro orden, la Dra. Arana dictamina sólo en abstracto acerca de la tipología de la enfermedad sobre la que fue interrogada (trastorno adaptativo con fobias específicas) pero lo cierto es que en concreto, y sin menoscabo de los conocimientos exteriorizados en la pericia, a la Sra. Kranevitter la galena la entrevista a 7 años vista de los sucesos que provocaron este litigio, es decir, poco puede la experta hacer predicciones de ese pasado bastante lejano.

Por otra parte, no puede pasarse por alto que hay una verdad que no por ser de fuente popular tiene inferior valor, cual es que no existen enfermedades sino pacientes y no luce para nada irrazonable lo argüido por la actora en su telegrama de fs.21, en el que repele la causa de despido, en cuanto a que era la particular labor que desplegaba en el nosocomio de la demandada, la que ponía en riesgo su salud psíquica en el lapso que solicitara la licencia y que por tanto no le era exigible permanecer absolutamente inactiva mientras durara la licencia por enfermedad que le había sido concedida.

Hay que reparar también en los testimonios que se vertieron a fs. 205/210, en la ciudad de Paraná vía exhorto. Además de aludirse allí que la actora era una buena profesional enfermera (fs.207 último párrafo y 208), todos los testigos coinciden que se trataba de un ambiente laboral hostil con signos marcados de persecución. Dicho esto, señalo que la empleadora no probó la injuria denunciada, pues únicamente se limitó a mencionar la violación al deber de buena fe y de fidelidad (artículo 62 LCT) argumentando que el mismo día que la actora comenzó su licencia estaba trabajando en el otro hospital, pero soslaya que dichas tareas -que como se dijo revestían características diferentes- ya las venía cumpliendo en forma simultánea desde el año 1990, es decir desde hacía 8 años, conforme lo informado a fs. 173.

A mi juicio, si la empleadora hubiese valorado -en su real dimensión- los principios consagrados en el artículo 62 LCT, una vez ejercido su derecho de control (artículo 210 LCT) y corroborada la circunstancia que estimaba grave incumplimiento, debió intimar previamente a la trabajadora a fin de que se presentara a retomar tareas, o para que hiciese el descargo correspondiente, en miras de preservar el contrato de trabajo y el principio de continuidad de la relación, máxime tratándose de una trabajadora que contaba con casi 11 años de antigüedad y que nunca había sido sancionada o apercibida a lo largo de todo el vínculo. La conducta de la actora, en tanto fue considerada como un incumplimiento, podía ser corregida a través de una sanción menos severa como por ejemplo la suspensión o el apercibimiento ya que debe recordarse que el despido es la máxima sanción legal y sólo se justifica cuando el incumplimiento traduce una injuria de tal magnitud que "no consiente la prosecución de la relación", situación que no se advierte en la especie (artículos 10, 63, 242 y concordantes de la LCT). Por ello, estimo que el despido fue apresurado, además de arbitrario y, desde esta perspectiva, propongo que se revoque lo resuelto en grado y se haga lugar a la demanda.- IV.- Para el cálculo de la indemnización correspondiente, estaré a la mejor remuneración informada por el perito contador a fs. 99 del incidente agregado por cuerda, percibida en el mes de marzo 98', y que asciende a $ 833,94.- De esta manera, la actora resulta acreedora a las siguientes partidas: a) indem. por antigüedad: $ 9173,34.- (11 períodos) ; b) Preaviso: $1667,88.-; c) Integración mes del despido: $ 166,74.-; d) Sac 2do sem. 98' + la incidencia sobre el preaviso (menos lo percibido por dicho concepto que surge de los recibos obrantes a fs. 110/111): $357,84.-; lo que suma un total de $ 11.365,80.- .

La tasa de interés que se deberá aplicar será del 12% anual desde la fecha de extinción del vínculo 24.09.98 hasta el 31.12.01 y a partir del 01.01.02 hasta su efectivo pago la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General de la Cámara, aplicándose para las fracciones del periodo mensual que se hallare en curso, el promedio del mes anterior conforme el criterio que la Cámara adoptó en el tema mediante la Resolución 8 del 30.05.02 que modificó el Acta 2357 del 7.05.02.

V.- A influjo de lo dispuesto por el art. 279 del CPCC corresponde revisar lo resuelto en materia de costas y honorarios, tornándose abstractos los agravios vertidos al respecto.- VI.- Por lo expuesto, propongo 1) revocar la sentencia apelada y en su mérito hacer lugar a la demanda condenando a la Obra Social Ferroviaria a pagar a María Luisa Kranevitter la suma de $ 11.365,80.- a la que accederán los intereses establecidos en el considerando IV; 2) Imponer las costas del proceso a la demandada vencida (artículo 68 CPCCN); 3) Regular los honorarios de las representaciones letradas de la parte actora, demandada, -por la total actuación- y de las peritos médica psiquiatra y contadora en el 18%, 11%, 8% y 8% respectivamente del monto de condena, teniendo en cuenta la calidad, mérito, extensión de los trabajos realizados (arts. 6 y 7 de la Ley 21839 y 3º del DL. 16658/57).

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO no vota (artículo 125 Ley 18345)	Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)	1) Revocar la sentencia apelada, hacer lugar a la demanda y condenar a la Obra Social Ferroviaria a pagar a María Luisa Kranevitter la suma de $ 11.365,80.- más los intereses establecidos en el considerando IV;

2)	2) Imponer las costas del proceso a la demandada;

3)	3) Regular los honorarios de las representaciones letradas de la parte actora, demandada, -por la total actuación- y de las peritos médica psiquiatra y contadora en el 18%, 11%, 8% y 8% respectivamente del monto de condena.

4)	4) Recordar a los obligados el cumplimiento del artículo 62, incisos 2 y 3, de la Ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Acordada C.S.J.N. 06/05).- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- vsc GABRIELA A. VAZQUEZ JUAN CARLOS E. MORANDO JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA Ante mí:

ALICIA E. MESERI SECRETARIA