marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Incidente de competencia, violencia de género, violencia familiar
Materia: PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Otros Procesos Incidentales en Autos KMC y otros  c/  s/ Sobre 89 - Lesiones Leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

Cuando los hechos que motivan el incidente de competencia se encuadran dentro de un mismo contexto de violencia de género, doméstica o intrafamiliar, razones de mejor y más eficiente administración de justicia y la importancia de asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, tornan necesario que sea un único tribunal el que intervenga en todas las actuaciones. Ello así, dado que este tipo de ilícitos presentan características específicas al prolongarse a lo largo del tiempo, en el marco de una situación conflictiva continua, muchas veces cíclica, por lo cual resulta ineludible conocer las circunstancias que rodean las conductas típicas (cf. CSJN "Competencia n° 475, L. XL VIII, Cazón, Adella, s/ art. 149 bis", resuelta el 27/12/12 y "G., C. L. s/ lesiones agravadas y amenazas -incidente n° 1-" resuelta el 17/05/2016). (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, contratos civiles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Duarte Mereles, Selva c/ El Sol S.A. s/ Daños y perjuicios Hornos, Gabriela Graciela c/ Mercado de Valores s/ Nulidad de convenio García, Juan Domingo c/ Asociación Cooperadora del Hospital Interzonal de Agudos 'Eva Perón' s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-12-12|2002-03-15|2000-12-27

La premisa según la cual interpretar el alcance del contrato y, en función de ello, concluir acerca de cuál es el régimen legal aplicable constituye una cuestión de hecho, es válida cuando lo controvertido son las circunstancias o elementos que rodean al negocio. Pero si lo que se debate, partiendo de una plataforma fáctica indiscutida, es la inteligencia misma del sentido negocial, lo que supone necesariamente subsumir los hechos en la norma jurídica pertinente, la cuestión es de derecho. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión, Derecho laboral, obligaciones del trabajador, lealtad laboral
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: CUEVA, RAUL JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 521 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

En lo que refiere a la libertad de expresión se ha sostenido que la Constitución nacional la "rodea [...] de una protección considerablemente superior a las restantes libertades del hombre" (artículos 14, 32 y 33 de la Constitución nacional; 13 y 14 del Pacto de San José de Costa Rica; etc.) Y aunque, parafraseando al Tribunal Constitucional Español (bien que respecto del empleo privado), no es dudoso que la existencia de una relación de empleo genera un complejo de derechos y deberes recíprocos que condiciona, junto con otros, también el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de modo que manifestaciones del mismo que en otro contexto pudieran ser legítimas, no tienen por qué serlo necesariamente en el ámbito de dicha relación; no lo es menos, sin embargo, la ya mencionada trascendencia del reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales de la persona, que, en cuanto titular de éstos, la acompañan en todas las facetas de la vida de relación, también en el seno de la relación laboral. Es cierto que esos criterios jurisprudenciales fueron vertidos respecto de un contrato de empleo privado, pero también lo es que no puede cuestionarse que, en el ámbito de la Administración Pública, tal libertad (la de expresión) ha de gozar de una enorme amplitud, mayor incluso que en el ámbito privado. Máxime, en el sub examine, en el que el actor fue sancionado por el contenido de sus declaraciones, más que por las condiciones en que las expresó. En tales condiciones, es posible concluir que no basta con la sola invocación del interés de la Administración Pública para comprimir los derechos fundamentales del empleado, dada la posición prevalente que éstos alcanzan en el ordenamiento, sino que corresponde acreditar cuál es la necesidad estricta que justifica la restricción; salvo, claro está, el supuesto -extraño al caso- que la limitación del derecho fundamental constituya una faceta esencial y legítima del propio objeto de la relación, hipótesis en la cual el consentimiento del trabajador contribuiría a crearla. (De La Ampliación De Fundamentos Del Dr. Lisa)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, cuestiones procesales, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Dhacel SRL. c/ Sinisi, Juan Angel. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

La circunstancia de que los agravios del apelante remitan a cuestiones de hecho, de prueba y de derecho procesal, no constituye óbice decisivo para invalidar lo resuelto, cuando el tribunal prescindió de examinar un tema fundamental para la elucidación del pleito.
Juicio sumario, recursos, rechazo in límine
Materia: PROCESAL
Carátula: Estudio Aduanero del Sur S.A. c/ Alfieri, Víctor Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-11-14

Si bien la limitación recursiva imperante en los procesos sumarios torna, como regla, inapelables las resoluciones que decidan los incidentes en ellos promovidos, forma excepción a tal principio genérico el supuesto de rechazo in limine, sin substanciación previa, de dichos microprocesos, pues esos casos quedan comprendidos en la norma específica del art. 179 últ. parte del CPCC, la que desplaza dentro de su ámbito la aplicabilidad de la disposición antes mentada, de carácter general.
Partes del proceso, calidad de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Munt, Juan Carlos y Otros c/ Emprendimientos Patagónicos SRL s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-19

Sólo es parte quien actúa en nombre propio (o en nombre de quien se actúa). No reviste tal calidad, en consecuencia, quien, como el representante (legal o convencional), actúa en el proceso en nombre y por un interés ajeno.
Sueldo anual complementario, acuerdo de partes
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ, OSCAR c/ AUTOLATINA SA s/ COBRO DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-17

El derecho de los reclamantes a que se mantenga el temperamento que adoptara la empleadora para liquidar el SAC durante el lapso transcurrido entre 1984 y 1992 deriva de la práctica reiterada de la propia empresa. Cabe recordar que la voluntad unilateral del empleador es fuente de derecho con relación a él mismo y de esta forma, queda comprendida en el concepto más amplio de la "voluntad de las partes" como una de las fuentes de regulación del contrato y la relación de trabajo que establece la LCT (art. 1 inc. d). (Del voto de la Dra.

Porta).
Fianza, fiador, codeudor solidario, doctrina
Materia: CIVIL
Carátula: D., J. C. c/ EMPREDIMIENTOS BARILOCHE y Otros (CUMPL. CONTRATO Y COBRO PESOS) s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

Jaime ANAYA y Félix A. Trigo Represas, expresan que la imposibilidad de equiparar al "fiador principal pagador" con el "codeudor solidario", resulta de un cúmulo de circunstancias, a saber: a) Distintas fuentes para cada una de las diferentes obligaciones. Uno de los requisitos o presupuestos de la obligación solidaria, según se entiende uniformemente por la doctrina, es que el título o fuente de la obligación debe ser el mismo para todos los sujetos de aquélla (cf. ALTERINI - AMEAL - LOPEZ CABANA;...etc)... dado que la pluralidad de causas generadoras resulta incompatible con la idea de solidaridad y conduce inexorablemente a la existencia de varias obligaciones distintas. Por el contrario ello no ocurre entre la obligación del deudor principal y la del "fiador principal pagador", que no constituyen una obligación única sino dos diferentes e inconfundibles, y nacen además de otras tantas fuentes separadas (LOPEZ DE ZAVALIA; RODRIGUEZ). Pudiendo colegirse, de lo que antecede, que la equiparación del "fiador principal pagador" con el "codeudor solidario" que propone la doctrina de la solidaridad resulta inaceptable en un sistema jurídico como el nuestro.
Prueba pericial, notificación, prevención, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CALDERON, GUILLERMO s/ PERICIA MECANICA    NOTIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

1) Es válida la pericia que fue ordenada e incorporada durante la etapa prevencional, con arreglo a las facultades que el código procesal otorga a la autoridad policial.

2) Si al momento de confección de la comprobación, no había parte legitimada, no existe obligación de notificar del peritaje a nadie, descartándose, por ende, la aplicación de lo establecido en el art.

330 del C.P.M.P.
Extradición, facultades del Estado requerido
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VALDEZ, Victor R. s/ ARRESTO PREVENTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-11

Es facultad de los Tribunales del Estado requerido, verificar la observancia de las formalidades que hacen presumir la perpetración de un delito. Ello no importa consideración sobre el fondo del asunto ni decisión sobre la culpabilidad o inculpabilidad de la persona reclamada. Porque no corresponde a los jueces del Estado requerido abrir debate o prejuzgar sobre la inocencia o culpabilidad de la persona reclamada.
Prueba testimonial, testigo presencial
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Fernando Federico; Espíndola, José Luis s/ Privación ilegal de la libertad; violación agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

Se transgredió el art. 250 inc. 2 -n.a.- del Código de Procedimiento Penal si el extremo a probar no ha caído bajo la acción de los sentidos de quien declara como testigo. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, embargo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Espigares, Antonio s/ Inc. de ejec. de honorarios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-13

El pronunciamiento de la Cámara que en un incidente de ejecución de honorarios desestima un pedido de levantamiento de embargo no reviste carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 216 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jueces, deberes y facultades del juez, control de constitucionalidad, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALLUB RICARDO FRANCISCO s/ JUICIO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 5996
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-07

La tarea de los jueces en el análisis de la constitucionalidad de las leyes no debe agotarse en la consideración de la letra de la ley, ya que siempre debe atenerse a la "ratio legis" y al espíritu de las normas, interpretando las mismas en armonía con la totalidad del ordenamiento jurídico y de conformidad con los preceptos contenidos en la Constitución Nacional. En efecto, a través de la interpretación viven las normas, y éstas se adecuan a nuevas circunstancias y situaciones que se producen en la vida de la sociedad y las instituciones.
Tasa de justicia, alícuota, retroactividad de la ley
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ NETO, R. c/ BACABA  S.A. s/ TASA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-15

La alícuota que conforma la tasa de justicia es la vigente según la ley respectiva al momento de la interposición de la demanda, ya que el hecho de que existan facilidades para abonarla en dos o más oportunidades no puede dar lugar a que se reduzca o amplíe la ya establecida, por posteriores modificaciones introducidas a la ley de marras de carácter no retroactivo (CCIV.8).
Retiro policial, determinación del haber de retiro
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Corbani, Osvaldo Luis c/ Caja de Ret.Jub.y Pens. de la Pol.Fed.Arg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-04

Conforme a lo dispuesto en la ley 21.965 el haber de retiro se calculará sobre el 100% de la suma de los conceptos de sueldo y suplemento general, en cambio, se excluyen a ese fin -además de las asignaciones familiares establecidas en la legislación nacional- los suplementos particulares (a los que se refiere el art. 7 de la misma ley), por un lado; y las compensaciones que -en la forma y condiciones que determine la reglamentación- se otorguen al personal que deba realizar gastos extraordinarios para cumplimentar actividades propias del servicio, por el otro (conf. arts. 94, 77 y 78).
Competencia federal, competencia por la persona, renuncia a la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: O'azzi, Néstor Aníbal c/ Petroquímica General Mosconi  SAIC s/ indemnización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-28

La competencia federal establecida para los casos en que la Nación o uno de sus organismos autárquicos sea parte, es renunciable a favor de la justicia provincial y los particulares carecen de interés jurídico para oponerse a ello, desde que se trata de un privilegio que sólo a ellas concierne.
Compraventa mercantil, resolución del contrato, rescisión del contrato, seña, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: CONFECCIONES WEISZ  S.A.I.C. c/ DILOX  S.A. s/ CONTRATO DE COMPRAVENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-11

En la resolución de una operación de compraventa, enmarcada en los términos del CCIV: 1204, corresponde la restitución de la seña debidamente actualizada desde la fecha en que la misma fue abonada, con más los intereses puros por igual período que el de la actualización -debiendo respetarse la igualdad estricta de las prestaciones-.

Al no ser el dinero un fin en sí mismo, sino un medio que como denominador común permite medir las cosas y acciones muy dispares en el intercambio, dicha igualdad exige que la equivalencia de las prestaciones responda a la realidad de sus valores y al fin de cada una de ellas. Por lo mismo, cuando ese equilibrio se altera a causa del proceso inflacionario, que al menguar el poder adquisitivo de la moneda disminuye el valor real de las prestaciones, su restablecimiento exige el reajuste de la deuda. Sólo así queda incólume el derecho de propiedad que consagra la cn: 17.

Al operar la resolución de un contrato en virtud de lo dispuesto por el CCIV: 1204, el derecho de reajuste emana de los particulares efectos que produce esta norma respecto de las partes del negocio resuelto. El reconocimiento de la depreciación sobreviniente a la fecha de pago de la seña, con la corrección nominal de la cantidad, no traduce la creación de una nueva prestación sin causa legítima, sino la manera de cumplir con la restitución que se deriva de la resolución.
Pueblos originarios, derechos del aborigen, adjudicación de tierras, propiedad comunitaria de la tierra
Materia: RECURSOS NATURALES
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

Claudio M. KIPER advierte que, como señala Highton, la propiedad comunitaria une a sus miembros no tan sólo para asegurar sus satisfacciones materiales, sino, sobre todo, para realizar el bien común, como medio de desenvolver sus personalidades, integrándolos en la escala humana y la libertad. En aquélla, modalidad de la propiedad colectiva, se conjugan una pluralidad de individuos que actúan como un haz de voluntades, constituyendo un grupo social autónomo y, frecuentemente, una actividad laboral inteligentemente organizada, dirigida a la consecución del bien de la comunidad.- La propiedad pertenece a la comunidad misma y no a los individuos que la integran.- Además, existe un nexo inderogable entre la propiedad comunitaria y el trabajo, pues se halla vinculada a un sistema social y general de autogestión. Agrega que una propiedad tal debe poder perpetuarse como la comunidad a la que sirve, por lo que debe ser inalienable, indivisible e inembargable y que, teniendo en mira la forma de su transmisión, resulta ineficaz el régimen sucesorio del Código Civil.
Cheque de pago diferido, juicio ejecutivo, cuentas bancarias
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Bulacio, María Patricia c/ Serrano, Isabel del Carmen s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-08-11

El efecto fundamental del cheque de "pago diferido" y su "registración" es el de no ser afectado por el cierre de la cuenta corriente, como por la muerte o incapacidad del librador, pues es lógico que, cerrada la cuenta, se rechace todo intento posterior de registración de cheques diferidos, así como también su pago.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Giosa, Karinna Alejandra y otros contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - genérico c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal ya que el Tribunal, por mayoría, rechazó (en la sentencia que aquí intenta impugnar) la queja interpuesta por el demandado por considerar que no contenía una crítica concreta y fundada de los argumentos expuestos por la Cámara para denegar la concesión de su recurso de inconstitucionalidad, relativos a la ausencia de la sentencia definitiva a la que se refiere el art. 26 de la ley n° 402. Ello constituye un primer óbice a la concesión del recurso extraordinario, en virtud de la reiterada doctrina de la CSJN, que sostiene que las decisiones por las cuales los tribunales locales declaran la improcedencia de los recursos de orden local que se interponen ante ellos resultan ajenas, como principio, a la instancia extraordinaria, en virtud del carácter fáctico y procesal de las cuestiones que suscitan (conforme Fallos: 306:885, 308:1577, 311:100 y 329:4775, entre muchos otros). (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Honorarios del abogado, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sgrilletti, Héctor Luis c/ Galucci, Jorge s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-04

La resolución de la Alzada que modificara las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia especificando que efectuaba la determinación arancelaria a la fecha del auto regulatorio recurrido, de ningún modo pudo suponer la vulneración de principios normativos como los contenidos en la ley 8904, en especial los que se refieren a la constitución en mora del obligado al pago. Es una fórmula empleada a los fines de pura técnica indexatoria en períodos en que la constante inflación provocaba el deterioro de los emolumentos ya fijados por el solo transcurso del tiempo. De ahí que no puede figurarse que esa misma actualización pudiera llevar intereses moratorios en tanto esa situación no se hubiere producido. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Embargo, bienes embargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Charito San Luis S.A. c/ Petruzzi, Lucía s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-03

El televisor constituye un objeto de distracción que, en modo alguno, puede ser reputado de "uso indispensable", pues tan solo sirve para proporcionar mayor confort y esparcimiento a quienes lo poseen, salvo que el deudor acredite un uso vinculado a circunstancias excepcionales -tales como las de enfermedad, impedimento físico o senectud del usuario-, motivo por el cual no corresponde el levantamiento del embargo cuando no se justifique alguna situación particular, que permitan otra conclusión (art. 219 del Código Procesal y su dct.). (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión no federal, cuestiones procesales, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Goldadler de Pleszowski, Delia c/ Kleidermacher Arnoldo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

Las cuestiones suscitadas en torno a la aplicación de la ley de tasas judiciales en procesos sustanciados ante tribunales ordinarios de la Capital Federal son, en principio, ajenas al ámbito del recurso extraordinario.
Empleados públicos, cesantía, salarios caídos, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Busquet, Miguel c/ Estado Nacional s/ reposición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

La deducción de un juicio ordinario no autoriza el pago indiscriminado de los sueldos dejados de percibir desde la fecha del cese, sin perjuicio de que se invoquen y prueben los da!os ocasionados por la cesantía ilegítima.
Relación de dependencia, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Piedrabuena Víctor Raúl c/ Golda Marco Ariel s/ Diferencia salarial y certificado de servicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-29

No procede el agravio de la parte demandada, en cuanto a la valoración que hace la Juez actuante de las testimoniales en que se basa para tener por ciertas las afirmaciones de la actora, ya que, ninguno de los testigos que declararon con todas las garantías que ofrece la legislación de forma, fue cuestionado en cuanto a su idoneidad en el estado procesal oportuno, art. 100 de la ley 2383 de facto, de donde cuestionar la validez de sus dichos en esta instancia resulta extemporánea.
Recurso de apelación (procesal), interposición en subsidio
Materia: LABORAL
Carátula: ROMBOLA ERNESTO RICARDO c/ SANTORO HNOS. A.I. Y C. s/ COBRO DE PESOS - RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-10-17

Esta sala se ha pronunciado reiteradamente en el sentido que al no estar previsto en nuestro ordenamiento procesal el recurso de reposición, no puede admitirse la apelación subsidiaria cuyo característica institucional es de estar indisolublemente ligada al recurso de reposición o revocatoria tal como ocurre en el procedimiento civil y comercial y, en tanto accesorio de este ultima, debe seguir la suerte del principal.
Competencia contencioso administrativa, cobro de sumas de dinero, competencia del Superior Tribunal de Justicia, competencia civil
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Breppe, Marta Inés c/ Estado Provincial s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-09-12

No todos los derechos vulnerados por actos del poder administrador son susceptibles de producir o dar lugar a una acción contencioso administrativa, sino que es indispensable que ese derecho sea de carácter administrativo, es decir, regido por el derecho administrativo y no por otras ramas del ordenamiento jurídico.

En el caso, conforme a los términos de la demanda, el objeto de la pretensión interpuesta persigue la satisfacción de una suma de dinero reconocida por el poder administrador, sin que se solicite la revisión o anulación de acto administrativo alguno ni se discuta el actuar de la administración en el ejercicio de atribuciones propias.

En consecuencia, en razón de la materia discutida la competencia del fuero civil se impone, resultando este Superior Tribunal incompetente para entender en la causa, en orden a lo establecido por el Art. 204 de la Constitución Provincial y el Art. 1 del CCA.