Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-17


SENT Nº 894 San Miguel de Tucumán, 17 de octubre de 2012. Hs.7,30 Y VISTO: La demanda promovida por los letrados Ernesto Padilla y Arturo Forenza (h), en representación del Partido Político Propuesta Republicana (PRO) en autos: "Propuesta Republicana (PRO - Distrito Tucumán) vs. Poder Legislativo de la Provincia s/ Amparo"; y	C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento de la Excma. Corte, la demanda de amparo promovida por los letrados Ernesto Padilla y Arturo Forenza (h), en representación del Partido Político Propuesta Republicana (PRO) contra el Poder Legislativo de la Provincia, solicitando medida cautelar de no innovar, a los efectos de que la H. Legislatura de Tucumán se abstenga de dar curso, o tratamiento al Expediente n° 281-PL-12, Orden del Día n° 88/107, asunto n° 1, o cualquier proyecto de ley de similar contenido, y la declaración de inconstitucionalidad del trámite legislativo descripto, por invocada violación a los artículos 150 a 156 de la Constitución Provincial.

De la descripción fáctica y jurídica que efectúa en su demanda, surge que la actora promueve amparo, "ante el claro, evidente, acto lesivo y violatorio de los términos de la CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, en especial de sus artículos 43° y 46°, al pretender modificar por LEY claras y concluyentes disposiciones constitucionales, lo que les está ABOSLUTAMENTE vedado, desde, que se trata de normativas de rango superior que solo pueden ser alteradas por el procedimiento previsto en los artículos 150 a 156 del texto constitucional".

Encuadra en dicha descripción, el contenido del Expediente n° 281-PL-12, Orden del Día n° 88/107, asunto n° 1, que califica de público conocimiento por su difusión en medios periodísticos, por el que se perseguiría modificar la ley provincial 7876 para habilitar a votar a los jóvenes que, al momento del comicio, tengan 16 y 17 años de edad. Expresa que dicha "Ley que pretende aprobar la Legislatura, se contrapone de forma manifiesta a lo normado por la Constitución de la Provincia de Tucumán en su art. 43 inc 2° y 3°,10 que conduciría a una insalvable violación de las garantías y derechos consagrados por la ley Fundamental Provincial en estos dispositivos", en cuanto esta dispone que el "sufragio popular es un derecho y un deber inherente a la condición de ciudadano argentino y un derecho del extranjero en las condiciones que determine la ley, que se desempeña con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la ley de la materia, desde los dieciocho años de edad". Añade que la "contraposición entre la letra y el espíritu de la Constitución Provincial de Tucumán y la Ley de menor grado que pretende aprobar la Legislatura de Tucumán el próximo 17 de Octubre, hará que ésta última, una vez promulgada, devenga nula de nulidad absoluta ya que el sistema jurídico argentino, como el de nuestra provincia, reconocen en la Constitución la Supremacía Jurídica -como garantía de legalidad- a la cual, cualquier otra norma emanada de autoridad, debe obedecer, respetar y subordinarse en pos de un armónico ordenamiento jurídico". Manifiesta también, que el "Poder Legislativo de Tucumán, es el órgano del Estado que crea las leyes de la Provincia, más la leyes que sean su creación, no pueden ser jamás contrarias a la Constitución Provincial y este principio es justamente el que no se respetará al momento de aprobar dicha norma. Ello surge a todas luces de las declaraciones a los medios de comunicación por parte de varios legisladores". En base a esa relación de antecedentes, y a los demás motivos que invoca, solicita el dictado de medida de no innovar.

2.- Remitidas las presentes actuaciones a vista, para dictaminar sobre la competencia de esta Excma. Corte para entender en la causa, el señor Ministro Fiscal se pronuncia a fs. 21 por la competencia del Tribunal, con fundamento en el art. 4, segundo párrafo, del Código Procesal Constitucional.

3.- Ingresando a un examen liminar de las actuaciones, cabe señalar que, en su demanda, el amparista afirma que la "Constitución de la Provincia, Ley Suprema de los Tucumanos, es el documento material, donde se plasman y funden los valores -cimientos de nuestra sociedad- con las concesiones que el Pueblo Soberano hace en miras de vivir en una comunidad organizada, como lo es el hecho de otorgarle Poder al Estado. Poder que de por sí es limitado justamente por estar sujeto a lo que prescriba la Ley", para luego agregar, que si el Estado "por medio de cualquiera de sus poderes, ejerciendo sus funciones, se extralimitara en el ejercicio de éstas, anteponiendo la voluntad del funcionario de turno por ante la ley", dichos actos devendrían "nulos por inconstitucionales por estar viciados de ilegalidad manifiesta, de autoritarismo, de ausencia de Ley, causales que nuestra Constitución aborrece y castiga, imponiéndole limitaciones a las formas de ejercer ese poder".

Nada habría que objetar a esta correcta descripción de nuestro diseño institucional, que por lo demás revela un desinteresado culto a elevados valores cívicos, como no sea que, precisamente su acierto, ha de determinar el rechazo in limine de la acción intentada.

3.1. En efecto: como bien señala el demandante, todo poder conferido por la Constitución a los órganos que componen el Estado, es limitado, y se encuentra sujeto al principio de legalidad, pues toda atribución de competencia a un órgano investido de poder estatal se encuentra sometida a dicho principio (CASSAGNE: Derecho Administrativo, T. II, págs. 27 y 28; GARCÍA DE ENTERRÍA - FERNÁNDEZ: Curso de Derecho Administrativo, Bs. As. 2006, págs. 439 y ss, especialmente págs. 446/448); se da pura y exclusivamente para actuar la ley; por ello, nunca podría existir, en el marco de dicho principio, atribución de competencia para violar la ley. Aunque se trate de elaboraciones de la doctrina administrativista y no sea esta la mejor sede para analizar con mayor profundidad y detalle en qué considerable medida son aplicables, en la concreta especie bajo examen, dichos principios también a los actos de los restantes poderes del Estado, cabe apuntar que son generalizables - tarea que han realizado con singular brillo autores de la talla de Gastón JÈZE (Los principios generales del derecho administrativo, Madrid 1928, Libro Primero, Capítulo V, p. 75 y ss.), y Francesco CARNELUTTI (Teoría General del Derecho, Madrid 1955, Segunda parte, Libro tercero, especialmente apartado segundo, capítulos I a III)- pues pertenecen al ámbito de la Teoría General del Derecho.

Ahora bien, si por definición toda atribución de poder a un órgano investido de autoridad pública es limitada, debe entonces concluirse forzosamente que también poseen límites los poderes reconocidos a los órganos que el diseño constitucional ha designado para desempeñar la actividad jurisdiccional en un Estado de Derecho. Cuando la actora expresa que si el Estado, "por medio de cualquiera de sus poderes, ejerciendo sus funciones, se extralimitara en el ejercicio de éstas, anteponiendo la voluntad del funcionario", dichos actos devendrían "nulos por inconstitucionales por estar viciados de ilegalidad manifiesta, de autoritarismo, de ausencia de Ley", posiblemente no ha reparado lo suficiente en el alcance de sus dichos como para advertir que, uno "cualquiera" de esos tres poderes, lo es también el Poder judicial.

3.2. También los "poderes" de esta Corte, son limitados. En consecuencia tampoco el Poder Judicial puede "extralimitarse", pues una vez más el principio de legalidad impide perseguir encubiertamente otros fines públicos o privados distintos de los que justifican la atribución de potestad al órgano. La finalidad de los actos procesales, tanto los del Tribunal como los de las partes, debe ser sana y exenta de vicios, pues debe siempre perseguir los fines previstos en la norma que rige el caso, y no otros distintos. Nuevamente, y con apoyo en principios generalizables, la finalidad es también un elemento de los actos procesales, como magistralmente lo demostrara Francesco CARNELUTTI, (Teoría General del Derecho, Madrid 1955, n° 109, y nº 110, p. 311 a 314), aunque en sus Instituciones del Proceso Civil, todavía - con terminología que reconocía de cuño contractualista- la denominara "causa", para afirmar que "Nadie puede dudar que, lo mismo que la intención, así también la causa es un requisito de los actos procesales" (Instituciones del Proceso Civil, T I, nº 350, p. 513 y ss,); y por ello la desviación del fin del acto de parte, o del Tribunal, en el proceso, configura también un vicio, lo mismo que la desviación de poder en el acto administrativo.

3.3. Ahora bien, analizando el contenido de la demanda, se advierte que su finalidad no se dirige a impugnar un "acto" de autoridad estatal, cual prescriben los arts. 43 de la Constitución nacional, 38 de la provincial, y 50 del Código Procesal constitucional, sino la "actividad", de otros dos poderes del estado - en el caso, el Legislativo, y el Ejecutivo- supuestamente dirigida a la emisión de dicho acto.

El "acto", impugnable por vía de amparo, es fruto de una "actividad" estatal previa, pero no puede confundirse con ella sin más. El "acto" tiene ya un contenido fijo y determinado, lo cual, por de pronto, posibilita ejercer un control de legalidad y/ o constitucionalidad; pero además, el "acto" agota la "actividad" del órgano investido de autoridad para emitirlo, que de ese modo ha ejercido la función pública que le ha sido asignada por el concreto diseño institucional que habilitara sus potestades. No ocurre lo mismo con la "actividad", pues mientras se desarrolla, mientras todavía no se ha agotado, no tiene un contenido fijo y determinado, y por ello todo control sobre dicho contenido debe efectuarse al interior mismo del órgano, pues, en el ejercicio de la función que le es propia, cada poder aplica e interpreta la constitución; pero además, mientras ella se desarrolla, mientras todavía no se ha agotado, es algo que debe ejercer autónomamente, pues el principio de división de poderes, comporta una garantía de que habrá de ser ejercido, sin intromisión ni interferencia de otros poderes del estado.

Por ello, si lo que se pretende poner en cuestión es el contenido probable, futuro, y eventual, de un acto que todavía no ha advenido al mundo de las realidades, nunca podría ser impugnable judicialmente - ni por amparo, ni por otra vía distinta- la actividad dirigida a su emisión que todavía se está desarrollando, y por lo tanto aún no se ha agotado. De lo contrario, un Poder del Estado - en el caso, el Judicial- estaría interfiriendo en la actividad que es propia de otros dos poderes - en el caso, el Legislativo, sancionando la ley, y el Ejecutivo promulgándola- para avasallarlos e imponerles el contenido que debe revestir de dicho acto.

Es la división de poderes lo que está en juego, y esta Corte carece de jurisdicción, para avasallar este principio sobre el que se edifica todo el sistema republicano de gobierno que, con algún exceso de celo ciudadano, se ha pretendido tutelar en la demanda.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal, se	R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR in límine la acción intentada, conforme a lo considerado.

II.- DISPONER el archivo de estas actuaciones	III.- NOTIFÍQUESE a la actora, con habilitación de días y horas	HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	ANTONIO GANDUR CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00032341-01