marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Remuneración, feriados
Materia: LABORAL
Carátula: Banegas, Juan y otros c/ San Joaquín S.C.A. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-10-12

El trabajador que presta servicios en días feriados nacionales de acuerdo al artículo 166 in fine de la Ley de Contrato de Trabajo, cobrará su remuneración habitual más una cantidad igual, no existiendo reparo alguno para que el Convenio Colectivo Nro. 66/89 establezca un plus superior ya que debe interpretarse que la limitación establecida por la ley 21.329 lo es respecto a la creación de nuevos feriados, pero nada dice respecto a la existencia de pagos diferenciados, los que pueden ser introducidos por las convenciones. La ley 7.285 establece como feriado el 3 de febrero, pero por ser una ley provincial, su aplicación se halla limitada al marco de la provincia con exclusividad y el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo reconoce la vigencia de las normas sobre el descanso hebdomadario únicamente a los feriados nacionales por lo que los trabajadores que presten servicios en tal día, percibirán su remuneración simple.
Persona humana, nacimiento de la persona, sexo genético, cambio de sexo, intervención quirúrgica
Materia: CIVIL
Carátula: P.F.N. s/ Información Sumaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-31

Resolver sobre la admisibilidad o no de un pedido tendiente al cambio del sexo de una persona, es un tema sobre el que se debe decidir luego de largos momentos de meditación y no pocas dudas, que por momentos pueden hacer vacilar más de una vez sobre la respuesta Una vez que el individuo ha logrado, previa operación, adecuar su anatomía con su sexo psicológico, sin lugar a dudas debe ayudárselo a insertarse en la sociedad reconociendo legalmente su nuevo "status", puesto que libre y voluntariamente ha elegido el difícil e irreversible camino que lo llevó a armonizar su apariencia física con su sentir interno. Lo contrario importaría tanto como marginarlo de la sociedad, ya sea en el orden laboral como en la simple realización de cualquiera de los variados trámites burocráticos en los que se le exija la presentación de su documento de identidad, situación en verdad injusta y que queda en manos de los jueces procurar subsanar ante la inexistencia de norma legal alguna que contemple el caso.

Cuando se ha demostrado fehacientemente la realización de la operación quirúrgica que ha compatibilizado la morfología del peticionario con su tendencia psicológica, se da una situación que resulta suficiente para justificar la procedencia de su pretensión de cambio de sexo, sin que parezca relevante el hecho de que la intervención haya sido realizada en el exterior, pues no se está en presencia de un fraude a la ley argentina que, si bien considera punibles las operaciones mutilantes, lo hace con respecto a las que se lleven a cabo en el territorio de la República, mas no impide, lógicamente, a los ciudadanos argentinos someterse a ellas en otros países que las admiten.
Pago, depósito judicial, leyes, Estado, emergencia previsional, emergencia económica
Materia: PROCESAL
Carátula: PUJATO, MARIA ELENA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE APREMIO     INCIDENTE DE OPOSICION AL LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07

No puede perjudicar al derecho de los actores la circunstancia de que el libramiento de orden de pago se haya solicitado, ya en vigencia la ley 10799, si los fondos depositados a la orden del Tribunal pudieron ser legítimamente retirados un año antes.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, gastos médicos, honorarios del médico, prestaciones de la obra social, gastos de farmacia
Materia: CIVIL
Carátula: VIDELA AGUSTIN PEDRO c/ CABRAL JORGE CARLOS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-26

Si la víctima de un accidente de tránsito debió afrontar gastos por honorarios médicos fuera de la obra social que la atendía, debe aportar alguna prueba tendiente a demostrarlos, pues en caso contrario cabe rechazar su reclamo por ese concepto. No así las erogaciones producidas por viáticos, medicamentos y enfermeras, a los que, conforme reiterada jurisprudencia, debe hacerse lugar, aún cuando no resulten acreditados, siempre que los mismos guarden relación con las lesiones sufridas.
Intervención de terceros, daños y perjuicios, responsabilidad del asegurador, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Ferro de Rocco, Luisa Carmen y otra c/ SEGBA s/ Cobro de Australes (Sumario)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-27

Frente al actor damnificado, quien es un tercero extraño a la relación contractual que vinculaba a la demandada S.E.G.B.A. con su contratista (aquí citado como tercero en los términos del art. 94 del CPCC); así como la aseguradora de ambos (Cajas Nacional de Ahorro y Seguro), los tres resultan solidariamente responsables.

Ello sin perjuicio de las acciones de regreso que entre los condenados puedan proceder.
Derecho procesal, Derecho civil, embargo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: B., A. C. c. S.A. SA s/ medida cautelar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-29

El embargo preventivo opera dentro del llamado proceso cautelar "conservativo", o sea, que tiende a inmovilizar una determinada situación fáctica y jurídica. Más precisamente, el embargo preventivo consiste en la medida cautelar en cuya virtud se afectan o inmovilizan uno o varios bienes de quien es o ha de ser demandado en un proceso de conocimiento o ejecución, con miras a asegurar la eficacia práctica o el resultado de tales procesos.
Impuesto a las actividades lucrativas, acción de repetición
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Expreso Singer S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-20

Corresponde rechazar la demanda por repetición de lo pagado en concepto de impuesto municipal las actividades lucrativas si la pretensión se sustenta exclusivamente en una inteligencia de la Constitución Nacional con arreglo a la cual la actividad que desarrolla resultaría inmune al poder de imposición de la demandada.
Aclaratoria (procesal), denegatoria del recurso, excarcelación, prisión domiciliaria, reclamo subsidiario, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Báez, Lázaro Antonio c/  s/ incidente de excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-08

Debe desestimarse el pedido de aclaratoria deducido por la defensa del imputado contra la sentencia de la misma sala de feria, con distinta integración, que había confirmado el rechazo la solicitud de excarcelación, ordenando la formación de un incidente de prisión domiciliaria, medida que había sido solicitada en forma subsidiaria con fundamento en la pandemia del Coronavirus, habida cuenta que el tribunal de feria no se expidió en la resolución recurrida sobre la prisión domiciliaria porque el a quo dividió el procedimiento disponiendo por incidente que se resuelva lo peticionado, lo cual no fue recurrido. En consecuencia, la vía intentada no es el medio procesal idóneo para cuestionar un decisorio ajeno al recurso de casación oportunamente resuelto por la alzada, dado que se trata de una cuestión sobre la cual la Cámara carecía de capacidad revisora.
Sucesiones, partición
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CAMPOS, MANUEL JOSE Y EMA CORVALAN DE CAMPOS s/ SUCESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-08-30

Para que la partición tenga el carácter retroactivo que le acuerda el art. 3.503 del Código Civil, debe ser definitiva, o sea realizada en base a valores ciertos, susceptibles de compensación.
Convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: VERA, ANTONIO B. c/ OBRA  SOCIAL  SUPERVISORES  INDUSTRIA  METALURGICA  DE  LA  REPUBLICA ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-17

El ámbito de validez personal de las convenciones colectivas está dado por la representatividad de sus firmantes y ningún empleador no afiliado puede quedar obligado por el convenio si no intervino en éste, por el sector patronal, una asociación profesional, o al menos, un grupo empresario de la actividad.
Elecciones, candidatos, lista de candidatos, oficialización de listas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Patti Luis Abelardo c/ Cámara de Diputados de la Nación s/ promueve acción de amparo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-14

El período previsto para el registro de candidatos tiene como finalidad comprobar que éstos reúnen las calidades constitucionales y legales necesarias para el cargo que pretenden (cf. Fallos CNE 751/89; 1045/91; 1062/91; 1128/91; 2338/97; 2961/01; 3196/03 y 3303/04). Esta etapa reviste especial trascendencia dentro del proceso electoral pues el sistema está articulado teniendo como finalidad última y suprema, resguardar la manifestación segura e indubitable de la voluntad del elector (cf. Fallos CNE 2321/97; 3196/03 y 3303/04).- Por ello, la oficialización judicial de los candidatos constituye, en este aspecto, la garantía fundamental de que éstos poseen las referidas calidades, y toda vez que las listas son el vehículo de la oferta que los partidos políticos y alianzas realizan a la ciudadanía (cf. Fallos CNE 2985/01), asegurar la legalidad de su composición es un deber ineludible de la justicia electoral (cf. Fallos CNE 1567/93; 1568/93; 1836/95; 1863/95; 2918/01; 2921/01; 2951/01; 3196/03 y 3303/04). -(Sumario confeccionado por el SAIJ)
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba, facultades del juez
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Semprevivo, Sabrina s/ infracción art. 189 bis C.P. - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-12

Sólo el tribunal puede resolver de manera vinculante acerca de la presencia de los requisitos de legalidad para la aplicación de la suspensión del proceso a prueba; es el juez el que debe comprobar la presencia de las condiciones objetivas de admisibilidad y no el fiscal.

La verificación y definición de los requisitos legales de procedencia de la suspensión del proceso a prueba corresponde obligatoria y exclusivamente al tribunal dado que el artículo 76 bis, párrafo cuarto del Código Penal sólo autoriza a éste a ordenar la suspensión si existe consentimiento fiscal, de lo contrario la opinión de este último sobre los presupuestos de legalidad se impondría a la decisión del tribunal.
Actualización monetaria, hiperinflación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Credicoop c/ Corletti s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

En los meses de hiperinflación, las decisiones judiciales no pueden permanecer ajenas a ese fenómeno, por lo que se hace necesario apartarse de la aplicación inflexible de los índices en forma mensual, debiendo tomarse en consideración la desvalorización monetaria habida durante los días corridos en el mes hasta que el pago se efectúa. El principio es la intangibilidad que debe guardar el pago para ser cancelatorio, y no la modalidad de publicación y aplicación mensual que se ha impuesto a los índices de desvalorización monetaria.
Trata de personas, crímenes de lesa humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Ferro Viera Carlos y otros c/  s/ infr. art 145 ter - conforme art. 26 Ley 26842. Denunciante: Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-02

El delito de trata de personas carece de uno de los elementos centrales para ser considerado un crimen contra la humanidad, en tanto no fue cometió como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, ni fue cometido con la participación o tolerancia del poder político de iure o de facto.
Constitución Nacional, representación política, libertad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero Feris, Antonio José c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ amparo. Ejecutivo Nacional) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-01

Cualquier limitación material dentro del campo conferido por la Constitución a quien ha investido con el poder de obligar a la Nación, debe ser considerada contraria al espíritu de la norma fundamental.
Pensiones, padres, posesión de estado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FERREYRA, INDALECIA s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-10

No obstante lo dispuesto en la ley 14367, la posesión de estado filial habilita a la madre del causante a percibir la pensión derivada de su muerte, toda vez que no deben desnaturalizarse los fines que inspiran las leyes previsionales de carácter alimentario y que tienden a cubrir los riesgos de subsistencia y ancianidad (fallos 239-429, 266-107, entre otros).
Tope indemnizatorio, ley de contrato de trabajo, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: ORTEGA ALEJANDRO JAVIER c/ BANK BOSTON S.A. S/ INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD, ETC. s/ CASACION LABORAL INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-10

Si bien no se cuestionó la constitucionalidad del tope fijado por el art. 245 de la LCT, el Tribunal sentenciante ante la solicitud de aplicación pretendido por la accionada, puede pronunciarse y realizar un juicio sobre si la norma indicada arremete o no contra los principios y garantías estipulados en la Carta Magna.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, cuestión de derecho público local, Superior Tribunal de Justicia, competencia por la materia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VERNET, JOSE MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-20

La demandada ha omitido hacerse debidamente cargo de que la Sala se fundó -en definitiva- sobre precedentes de este Alto Cuerpo, reconociendo y respetando de tal manera la autoridad y el poder jurisdiccional que la Constitución de la Provincia le ha acordado al mismo en cuanto máximo tribunal en el orden santafesino, posición que se traduce -entre otros aspectos- en el hecho de que sus fallos han de ser lealmente seguidos por los tribunales de las instancias inferiores, dicho esto más allá del tipo de obligatoriedad que exhiba su jurisprudencia, en particular cuando se trata de cuestiones que remiten al examen de normas de derecho público local, respecto de las cuales esta Corte inviste el carácter de intérprete final.
Resoluciones judiciales, aclaratoria (procesal), plazos procesales, reclamo posterior a la sentencia, planteo en primera instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: OKRETICH, RAUL c/ EDITORIAL ATLANTIDA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-26

Es tardío el pedido de aclaratoria si, -como en el caso-, se verifica que fue presentada en primera instancia cuando debió ser originariamente deducida ante la sala que dictó decisión interlocutoria objeto de aclaratoria. En esa inteligencia se advierte -desde una primera observación de base procedimental que no correspondió que el tribunal a quo elevara el expediente a esta cámara como lo dispuso. En tal sentido cabe precisar, que en tanto no medió concesión de recurso, ninguna regla ni práctica impuso al tribunal elevar actuaciones que debieron ser radicadas directamente en segunda instancia (CNCOM, sala d, 26.2.02, "Bordados Industriales S.A. s/ quiebra s/ inc. de apelación"; id., 20.9.02, "Banco Finansur S.A. c/ Capelli, Maria Antonia s/ ejecutivo").
Recurso de alzada, procedencia del recurso, procedimiento administrativo, principios del procedimiento administrativo, práctica administrativa, Obra Social Bancaria Argentina, afiliación a obras sociales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: DEUTSCHE BANK ARGENTINA S.A. c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-05

No hallándose vedado el recurso de alzada contra las resoluciones de ISSB y siendo, en todo caso, opinable su viabilidad (arts. 94 y 97, decreto 1759/92), el Instituto de Obra Social -dada su inferior categoría en el orden de las estructuras del Estado- debió acatar de inmediato el requerimiento del Ministerio de Salud y Acción Social de que se le remitiera el expediente administrativo, porque aquél Instituto no ignoraba que este Ministerio participaba del criterio de la apelabilidad de sus resoluciones, como lo demuestran los incuestionados dictámenes agregados. Es claro, naturalmente, que en un orden funcional-administrativo correcto no le estaba dado a la obra social -en tanto agente del Seguro Nacional de Salud- discutir el criterio ministerial ni mucho menos ignorar deliberadamente la elevación del expediente que le fuera solicitada. Ello así, la actuación del Instituto, es ciertamente reprochable al contradecir las sanas prácticas administrativas. La conducta observada -que impidió la pronta decisión del Recurso de Alzada a la que el administrado era acreedor pues la morosidad del funcionario es incompatible con el Estado de Derecho- mantuvo inapropiadamente una situación de incertidumbre, que una resolución ministerial temporalmente oportuna pudo hacer cesar, con lo que podríase haber evitado la promoción del presente juicio y eventualmente también el juicio de apremio, con el consiguiente ahorro de tiempo y gastos, y la posibilidad -no descartable- de que la prolongación del estado conflictivo proyecte, en definitiva, efectos patrimonialmente dañosos para la propia obra social con el perjuicio que ello implicaría para sus afiliados.
Superintendencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza n° 1 -avocación Pereyra González, Carlos y otros s/ cuestión de Superintendencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-03

La avocación de la Corte procede cuando media una manifiesta extralimitación de las cámaras de apelaciones en el ejercicio de las potestades que les son propias o cuando razones de superintendencia general la tornan conveniente.
Régimen de consolidación de deudas, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Gambini, Norberto Donato c/ E.S.E.B.A. S.A. s/ Ejecución de resolución administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

Normas como las de la ley 11.192 sólo resultan legítimas integrantes del sistema jurídico cuando su avance sobre la Constitución es indispensable -y sólo en la medida en que sea indispensable- para preservar suficientemente otros bienes constitucionales de mayor jerarquía dentro del sistema. En el caso no concurre tal necesidad que legitimara las restricciones constitucionales producidas por dicha ley. (Minoría u opinión personal)
Consumidores, plan de ahorro previo
Materia: CIVIL
Carátula: Larrivey, Juan Carlos c/ Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados y otro s/ sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-09-26

La parte fuerte y profesional de la relación debe ejercer la facultad resolutoria de buena fe, protegiendo la confianza y lealtad recíproca (art. 1067 CCyC), y como lo exige el art. 1078, concretarla mediante comunicación a la otra parte cuando es extrajudicial.
Fiscal de Estado, personería jurídica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAYANCA ERNESTO EMILIO s/ Administración (LIBRO: A130 - 471)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-14

La expresión órgano es utilizada en dos sentidos, a saber, para designar a la persona física que actúa y expresa la voluntad del Estado (en el caso, el doctor Quevedo Mendoza, firmante del libelo), y para mentar el cargo u oficio de aquélla (en la especie, Fiscalía de Estado). Para aludir la primera significación, suele hablarse de órgano individuo, y para la segunda, de órgano institución, éste es una conjunto de atribuciones, una carga, o más precisamente un centro de competencias que el orden normativo positivo configura y describe, mientras que aquél la persona física que ejerce o desempeña tales atribuciones en el orden de la realidad existencial.-
Responsabilidad internacional del Estado, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez Luciano Benjamín c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-09

La obligación internacionalmente asumida por la Argentina en cuanto a juzgar y sancionar a los responsables de los delitos de lesa humanidad no implica sortear los principios y garantías constitucionales inherentes a un debido proceso, o chocar con las restantes obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, pues ello conllevaría al quiebre del Estado de Derecho.
Procedimiento laboral, sentencia, notificación por cédula, falta de constitución de domicilio
Materia: PROCESAL
Carátula: GUARAGNA, HORACIO O. c/ GENERAL PUEYRREDON  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-16

La ley 18345 no contiene ninguna disposición semejante a la del artículo 41 Código Procesal, Civil y Comercial, y por lo tanto debe desestimarse la nulidad planteada por quién se halla en la situación prevista por el artículo 29 de dicho ordenamiento, con fundamento en que la sentencia no fue notificada por cédula.
Sucesiones, tasa de justicia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOLTERMANN HECTOR IRINEO s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

El Código Fiscal (art. 250, inc. c) determina el momento procesal oportuno para efectivizar la tasa de justicia fijándolo como previo al trámite de inscripción de la declaratoria de herederos. Ello así, es prematura la exigencia de exigir tal efectivización como condición previa al acreedor, que asumiendo la intervención aprehendida por el art. 729 del CPC denuncia como integrante del acervo hereditario un bien inmueble y solicita se convoque a una audiencia para resolver sobre su destino. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, simple damnificado, derechos de la víctima, mediación penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sobrino, Marcelo Alberto, Fiscal General del Departamento Judicial de Azul c/  s/ ecurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 45.415 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, seguida a Jaureguiber, Luciano
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-06-03

En cuanto al rol puntual de la víctima, se le ha brindado, por ejemplo, un espacio adecuado en las conflictividades de menor lesividad a través de la mediación penal (ley 13.433), para lograr arribar a consensos con su participación y así posibilitar soluciones diversas a la sanción penal.
Sobreseimiento, prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, declaración indagatoria, situación del imputado, feria judicial
Materia: PENAL
Carátula: F., J. s/ Prescripción. Defraudación. Inst. 20/162.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-17

Corresponde sobreseer al imputado por prescripción de la acción penal en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta, puesto que la convocatoria a prestar declaración indagatoria sin fijar una fecha de audiencia dada la proximidad de la feria judicial -cuando nada impedía hacerlo, ya que el imputado se encontraba a derecho- no puede ser considerada un "llamado" al causante en los términos previstos por el artículo 67, cuarto párrafo, apartado "b", del Código Penal. (Disidencia del Dr. Divito. - Sumario confeccionado por el SAIJ.)