Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-07


SENT Nro. 15 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 07 DE FEBRERO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Araya, José Vicente vs. Robert Bosch Argentina S.A. s/Accidente de trabajo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, con fecha 21 de setiembre de 2001 ( fs. 220/221 y vta.), la demandada interpone recurso de casación, el que es concedido por auto del 4 de junio de 2002 (fs. 261). Consta en el informe actuarial de fs. 273, que sólo el perito médico ha presentado memorial facultativo.

2.- El fallo atacado acoge la apelación planteada en contra de la sentencia de Ia Instancia del 17/11/2000 (fs. 193 y vta.), agregando mediante la aclaratoria del 18 de abril de 2002, como último párrafo del apartado "I" "debiendo llevarse adelante la ejecución de honorarios del Sr. Perito".

Funda la decisión en el criterio sustentado por este Tribunal en autos "Orpar Ingeniería SRL vs Dirección Provincial de Vialidad s/ Acción contencioso administrativa" del 25/11/94, donde en síntesis se dice que "tanto el carácter concurrente como el solidario de una obligación posibilitan que el pago de la misma sea exigida a una pluralidad de deudores", continuando con una cita de la Corte de la Nación.

3.- Los agravios comienzan recordando que se rige por la ley 3648, pues no se dan en autos ninguno de los supuestos del art. 156 de la ley 6204, haciendo un breve resumen de la causa, explica que en definitiva ni hay condenación en costas ni la pericia influyó en el rechazo de la demanda.

Plantea que en el mismo fallo que se cita es decir "Orpar Ingeniería", el Dr. Alberto Brito explicita tres cosas :a) que la causa del pago no está en la solidaridad, sino en el beneficio que reportaba la labor; b) que la situación era distinta a "Sandoval", donde se declaró la inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 3706; c), que si bien la ejecutada es vencedora y no le fueron impuestas las costas " es ella quien ofreció la prueba pericial".

Considera que de ese modo el fallo constituye una decisión incongruente, que incluso contraría los antecedentes del pleito, por lo que el fallo ha omitido en su concepto resolver el caso en función de los elementos reunidos en el proceso, a tenor de la exigencia del art. 33 del CPCCT, transgrediendo los principios consagrados por los arts. 34 y 272 del mismo ordenamiento.

4.- Reexaminada la admisibilidad advertimos que estamos ante una sentencia definitiva (art. 813 del CPCCT), cumplidos los requisitos del art. 816, y el depósito del 817, por lo que corresponde abordar la procedencia.

5.- La plataforma fáctica que determina la decisión está constituida por una pericia médica, que ofrecida por la parte actora, determina que con motivo de sus conclusiones, el actor desista a fs 125, y lo ratifique por acta de fs. 129.

Entiendo que la cuestión no debe abordarse, por el lado de quien ofreció la medida, ni aun del beneficiario de la misma, cuestión que en autos podría también discutirse y que ha sido zanjada por el nuevo art. 349, que condiciona la obligación a una expresa manifestación de que no tiene interés en la prueba.

No obstante que el trámite se rige por la ley 3648, y es aplicable el Código Procesal Civil, la modificación apuntada es posterior a la situación de autos ( Ley 6904 publicada en BO del 13/10/98), razón por la que debe manejarse con los anteriores precedentes.

Los agravios plantean el cumplimiento de condiciones que en criterio del recurrente no se dan en autos, mas ello se centra en los conceptos más arriba referidos, acerca de quien la ofreció o es el beneficiario.

Sobre este tema Patricia Bibiana Barbado, en su obra "Honorarios de Peritos", pág. 193 (Ed. Ad-Hoc), cita calificada jurisprudencia sobre el tema que dijo: " El derecho de los peritos al cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes encuentra su justificación en el carácter de auxiliares de la justicia, que impone el deber de proteger su emolumento con independencia de la imposición de costas, y con el objeto de desvincularlo del resultado del juicio, preservando así su imparcialidad. Estas razones obligan a efectuar un interpretación estricta de cualquier hipótesis que conlleve la posibilidad de frustración de sus derechos. (LL 1992-B-18; LL 1994-E-691; ED 98-281 y LL 1996-B-708, entre otros).

Además agregaba que " La obligación de pagar los honorarios del perito, que recae sobre la parte no condenada en costas proviene de la ley, ya sea en virtud de la teoría del enriquecimiento sin causa (como en los casos del empleo útil, la gestión de negocios impropia, las recompensas entre cónyuges, el pago de mejoras, la repetición del pago sin causas, etc.), o del principio de analogía que emana de esas soluciones particulares. C. Nac. Civil., Sala A, 3/6/97- LL 15/10/97).

Tales razones, más lo dicho por la Corte Suprema de la Nación, en el sentido de que " Con independencia de que, en definitiva, los gastos en que incurrió el perito deban ser soportados por quien resulte condenado en costas, ello no es obstáculo para que el perito persiga su cobro de cualquiera de las dos partes, sin perjuicio de los reintegros que, en su oportunidad las partes pudieran reclamarse" (28/12/89- JA 1990 II, pág. 264)", me inclinan a rechazar la casación planteada.

6.- Las costas de todas las instancias se imponen por su orden, atento la razón probable para litigar (arts. 49 CPTT y 106 inc. 1° CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la demandada en contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, con fecha 21 de setiembre de 2001 ( fs. 220/221 y vta.).

II.- COSTAS, como se tratan.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO