Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-16


RAWSON, 16 de Abril de 2012.- --VISTOS: --- --Estos autos caratulados: "A., J. L. c/PROVINCIA DEL CHUBUT, MINISTERIO DE GOBIERNO TRABAJO Y JUSTICIA, SUBSECRETERÍA DE TRABAJO s/Demanda Laboral (Indemnización de Ley)" (Expte. N° 22.533-A- 2011).-------------- --DE LOS QUE RESULTA: -------------- ------1.- Que por los mismos, a fs. 16/24 vta., ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral Nº 1 de Comodoro Rivadavia, el Sr. J. L. A., a través de los letrados que lo representan -conforme Carta Poder de fs. 4- promueve "demanda laboral por despido incausado y mala registración" contra la PROVINCIA DEL CHUBUT, MINISTERIO DE GOBIERNO TRABAJO Y JUSTICIA, SUBSECRETERÍA DE TRABAJO (conforme resulta de la aclaración de fs. 26). Reclama la suma de pesos setenta y ocho mil ciento once con noventa y siete centavos ($ 78.111,97) y/o lo que en más o menos resulte acreditado y/o lo que en definitiva se fije en concepto de capital con más actualización monetaria -índice general de precios (INDEC) e intereses moratorios desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago, a la ///Tasa Activa que fija el Banco de la Nación Argentina u otra entidad bancaria para sus operaciones corrientes de descuento con capitalización cada treinta días.- De la liquidación que practica en el punto V (fs. 23) y el detalle efectuado en el punto II-OBJETO (fs. 16) surge que el monto demandado deriva de diferencias por viáticos e indemnización por despido incausado, comprensiva de indemnización por antigüedad, preaviso, S.A.C. sobre preaviso, vacaciones no gozadas 2005/2006, S.A.C. sobre vacaciones no abonadas, integración mes de despido -haberes del mes de Enero de 2.007 y S.A.C.- con los incrementos de la Ley N° 25.323 -arts. 1 y 2- e incremento Ley de Emergencia.-------------- --Manifiesta que desde que "ingresó" el 1/3/05 mantuvo una relación laboral con la demandada, formalizada a través de un "contrato de locación de obra", estableciéndose que desempeñaría la función de inspector en la Oficina de Inspección Laboral en la localidad de Sarmiento, dependiente de la SUBSECRETERÍA DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO TRABAJO Y JUSTICIA, pese a que siempre la ejerció en la Oficina de Comodoro Rivadavia y con la promesa de quedar como "dependiente efectivo" de esa Subsecretaría.---- --Entre otros puntos que describe el actor, reseña haber comunicado a su empleadora la falta de pago de los viáticos y la regularización de su situación laboral.- Primero, mediante carta documento, habiendo sido rechazada la intimación por telegrama. Más adelante, ante la ausencia de una favorable respuesta, interpuso un reclamo administrativo que tramitó por Expte. Nº2095/08, en el cual se dictó la Resolución Nº 282/08-STR.-- ///--- Acompaña copias certificadas de una carta documento y dos telegramas Ley Nº 23.789, tres Contratos de Locación de Obra y de piezas del Expte. Adm. Nº *****/2008-STR caratulado "A., J. L. s/Reclamo Administrativo Previo: escrito "Denuncia mora. Solicita pronto despacho", Resolución Nº 282/08-STR y su notificación (reservadas a fs. 25, que se tienen a la vista).- Ofrece otras pruebas.------ --Funda en derecho en los arts. 21, 22 y 90 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, en el Convenio General Nº 24.185 y la Ley de Empleo Público Nº 25.164, en doctrina y jurisprudencia del fuero laboral.------------- --2.- Corrido el traslado de rito a la Provincia del Chubut, a fs. 94/104 vta. opone excepciones de incompetencia, falta de jurisdicción y prescripción, y subsidiariamente contesta la demanda.----------------------- --En distintos puntos se explaya acerca de los hechos (fs. 96, 98 y 99).- Expone que el 01/03/05 el actor y la Provincia celebraron un contrato de locación de obra, con vigencia hasta el 31/08/05, al que le sucedieron tres contratos más de cuatro, tres y nueve meses, venciendo el último el 31 de Diciembre de 2.006.- Contratados los servicios de aquél para realizar tareas de verificación de documentación laboral y confección de sumarios, como "inspector" de la SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, en la Delegación de Comodoro Rivadavia, aún cuando por ///razones presupuestarias del MINISTERIO DE GOBIERNO TRABAJO Y JUSTICIA se consignase en dicho contrato que lo cumpliría en la Oficina de Inspección Laboral en la localidad de Sarmiento.- Sostiene que la contratación para una tarea específica se hizo en los términos del art. 68 del Estatuto, que la autoriza expresamente para profesionales y técnicos, como en el caso, sin imponer límite temporal.--- --Acompaña la Provincia copias certificadas del Expte. Adm. Nº *****/2008-STR "A., J. L. s/Reclamo Administrativo Previo, de la Resolución Nº 282/08-STR y del legajo del actor.- Ofrece otras pruebas.------ --2.1.- En orden a la competencia, manifiesta que conforme surge de la demanda, la acción promovida tiene origen en el accionar del Estado Provincial y en el marco del derecho público provincial "más precisamente, respecto de una relación jurídica de empleo público como personal temporario".- Arguye que la relación preexistente estuvo sujeta a una normativa específica diferente de la Ley de Contrato de Trabajo, que excluye de su ámbito a los empleados públicos, conforme su art. 2, salvo convención expresa o que se incluya en convenciones colectivas de trabajo. A su juicio, no verificándose ningún supuesto de excepción, no es posible atribuir la competencia asignada al Juez Laboral mediante el art. 1 de la Ley XVI-Nº 1 (antes Ley Nº 69), sino que cabe atender al art. 32º de la Ley V Nº 3 (antes Ley Nº 37), porque la causa es de competencia originaria y exclusiva de este Superior Tribunal de Justicia.- Solicita que se haga lugar a esta excepción, con costas, remitiendo los autos.--------------- ///--- 2.2.- Opone en el Apartado III la defensa de Falta de Jurisdicción (fs. 95 y vta.).- Refiere a la presunción de legitimidad de los actos administrativos estatales y que los mismos son ejecutables. Interpreta que pese a que en el caso "la reclamación administrativa del art. 138 de la Ley 920 ha sido innecesaria e improcedente", por inaplicable, dictadas decisiones administrativas legítimas que rechazaron el reclamo primigenio del actor, que ha derivado en la indemnización solicitada en la litis, atento que no ha sido solicitada nulidad ni revocación de ningún acto administrativo, el Tribunal no podrá ingresar en su análisis a fin de evaluar la procedencia de la pretensión.- Estima que resulta improponible la demanda o la pretensión y solicita que así se declare en forma previa mediante esta excepción -con costas-, pese a no estar prevista en la ley de rito, a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, lo cual redundará en beneficio del actor.----- --2.3.- En cuanto a la excepción de prescripción que pide se declare -con costas- advierte que el reclamo administrativo intentado el 07/5/08 resulta "inocuo, sin virtualidad ni eficacia", que no posee efecto interruptivo de aquélla, atento que no resultaba necesario para habilitar la instancia judicial, conforme los arts. 138 y 139 de la Ley I Nº 18 (antes Ley Nº 920).- Calcula que si el último contrato celebrado entre las partes vencía el 31/12/06, todo crédito con anterioridad al 31/12/08 se encuentra prescripto, porque al 02/02/09, fecha de interposición de la acción, había transcurrido en exceso el plazo de dos años para el ejercicio de la acción ///previsto en el art. 256 de la LCT.- Así, pese a haber sostenido antes que ésta no era aplicable.- - --Funda en derecho: Código Procesal, Ley N° 20.744, art.68 Ley I Nº 74, art. 45 Decreto Nº 181/02 y Ley Nº 5067/03.--- -3.- A fs. 106/107 vta. el actor se allanó de la excepción de incompetencia y a la remisión de los autos al Superior Tribunal de Justicia, solicitando ser eximido de las costas (punto II).- En el acápite III pidió el rechazo de la excepción de prescripción; si bien admite que se aplique al caso el plazo bienal previsto en el art. 256 de la LCT, entiende que el reclamo administrativo previo interrumpió el mismo. Arguye que antes, con el envío de las carta documento a la demandada, había sido suspendido el plazo por un año.- Se funda en los arts.136 al 139 de la Ley I Nº 18 (antes Ley Nº 920) de los cuales deduce que no es necesario el reclamo administrativo pero no se prohíbe, por lo que reviste un carácter interruptivo.- Nada dice respecto de la falta de jurisdicción opuesta.------- -4.- Mediante Sentencia Interlocutoria Nº 15/11 (fs.111/112 vta.1) el Señor Juez de Primera Instancia, resolviendo indirectamente la excepción y ponderando el allanamiento de la actora, decide declararse incompetente para entender en la causa y la remite a este Superior Tribunal de Justicia, aplicando el art. 32 inc. 3 de la Ley V Nº 3 (antes Ley Nº 37).- Eximió de costas a las partes con fundamento en los arts. 69 párr. 2º y 71 del CPCCCH anteriores arts. 68 y 70".------------------------ ///---5.- A fs. 117 el actor constituye domicilio en la ciudad de Rawson y solicita el envío de la causa a este Superior Tribunal de Justicia.------------ --6.- Que arribados los autos a este Tribunal pasan a dictamen del Señor Procurador General.- El Magistrado entiende que la competencia corresponde al Juzgado Laboral de origen, atento que para resolver la causa tendrán preponderancia las normas del derecho privado y eventualmente del derecho laboral, sin perjuicio de la aplicación de derecho público provincial.- Se funda en jurisprudencia de esta Sala.- En consecuencia, no se pronuncia respecto las demás excepciones opuestas por la demandada.

--CONSIDERANDO: ---------------------- -I.- Que previo a todo análisis, corresponde a este Tribunal verificar su propia competencia de conformidad con las normas que la regulan.---- -II.- Que la doctrina del Cuerpo indica que para discernir la competencia, debe analizarse el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal, así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa, la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y el derecho que se invoca en el reclamo (S.D. N° 40/85, S.I. Nº 84/95, 67/SCA/07, 56/SCA/09, 2/SCA/10, N° 13 y 19/SCA/11)-------- ///--- Que, también se ha dicho, el verdadero fundamento de la competencia se halla dado por la norma objetiva que de manera preponderante ha de utilizarse para dirimir la contienda (Conf. LL 96-243), teniendo en cuenta la descripción que de los hechos se efectúa para encuadrar la pretensión, determinando "prima facie" en qué esfera del derecho se desenvuelve la situación jurídica, en la medida necesaria para dirimir el conflicto, considerando las consecuencias jurídicas en la concreta situación a definir por medio de la sentencia, y sin que ello implique avanzar en un juicio definitivo sobre cuál ha de ser, en última instancia el régimen legal aplicable (Conf. JA 1978-III-275, SI Nº 84/95, 22/SCA/99, 4/SCA/00, 2/SCA/10, N° 13 y 19/SCA/11).--------------------- --Que la Ley V Nº 3 (antes Ley N° 37) en su art. 32 inc. 3º, acuerda competencia originaria a este Cuerpo en aquellos casos en que además de intervenir el Estado Provincial, o alguna entidad autárquica, la materia del juicio está regida por el Derecho Constitucional y/ o Administrativo (SI N°16/SCA/09, 02/SCA/10, 13 y 19/SCA/11).- "Competencia ésta por razón de la materia, indelegable e improrrogable (Capítulo I del Título I del CPCC)" (conf. SI Nº 30/SCA/01 y 72/SCA/04).-------------------------- --III.- Que allanada la actora a la excepción planteada por la Provincia, el juez requerido ha considerado para inhibirse, las razones expuestas por ésta al deducir aquélla, afincándose en una razón subjetiva -que la demandada es una persona de derecho público- y objetiva, tal la naturaleza de la vinculación entre el actor y ésta, que estima regida por el derecho público.-- ///--- Que un aspecto de la litis sobre el cual no medió controversia es que existió una relación jurídica que vinculó al Sr. A. con el Estado Provincial, la que fue formalizada al menos en tres Contratos de Locación de Obra -adjuntos en copias certificadas, documental desglosada que tengo a la vista y corresponde a fs. 8/10- que establecieron el desempeño del accionante en "tareas de verificación de documentación laboral, confección de sumarios" en una de las Oficinas de Inspectoría Laboral de la Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia.- Previsto que aquéllas se llevaran a cabo en la ciudad de Sarmiento, el actor las cumplió en Comodoro Rivadavia.- --Que la demandada ha afirmado que este contrato lo es de empleo público como personal temporario, no sujeto a la LCT.---------------------- --Que este Tribunal ha puesto de manifiesto en SD Nº 06/SCA/02 ("G. L."), las diferencias existentes entre la Locación de Servicios e individuales de Obra en el marco del Derecho Administrativo, señalando las que se dan entre uno y otro, fundamentalmente de naturaleza presupuestaria, regidos por distintas normas; las de empleo Público en un caso, las de Contrataciones del Estado en el otro.- Y más allá de las diferencias ha destacado, que en ambos casos se trata de contratos administrativos.- ///--- Por ende, ha dicho que cabe observar "la preeminencia de la sujeción de los contratos administrativos a un régimen de Derecho Público" -afirmada por este Cuerpo en otros pronunciamientos, adhiriendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con sustento de la opinión de diversos autores.- Y atender "primero, a la especialidad del contrato administrativo, y a su regulación jurídica administrativa, y en aquello no reglado integrar la normativa, con la del derecho privado en la medida que resulte compatible con la naturaleza y fines de aquél".- A más, considerar que "el acto administrativo. es el género del cual el contrato resulta especie" (conf. SD Nº 6/SCA/02 ya citada).-- ----Y en SI Nº 73/SCA/03 ha entendido que "puede debatirse sobre si la naturaleza del vínculo fue o no de empleo, lo cierto es que algún vínculo existió, según la demandada reconoce, y esa relación en tanto vincula un particular con el Estado Provincial en ejercicio de función administrativa, se presenta en principio como Derecho Público Provincial, y por ende, la acción derivada resulta de naturaleza contencioso-administrativa".-------------------- ---Siendo así, a la cuestión planteada es aplicable preponderantemente, sin duda alguna, el Derecho Público Provincial, a fin de dilucidar si la accionada adeuda los rubros indemnizatorios que el actor le reclama mediante esta acción como derivados del cese de esa relación jurídica contraactual por lo que, atento lo normado por el art. 32 inc. 3 de Ley V N° 3 (ante Ley N° 37), la materia de autos es de competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia, ///correspondiendo entender en la causa a esta Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería.---------------- ---A resultas de lo expuesto, cabe asumir la competencia, confiriendo a la acción el carácter contencioso-administrativo.-------------------------- --IV.- Siendo así, cabe atender a las defensas opuestas por la Provincia en el responde al progreso de la acción, tal la Falta de Jurisdicción de este Tribunal para conocer de la cuestión, en razón de no haber solicitado el actor la nulidad de actos administrativos -sin individualizar ninguno.- Cuestión que como antes se estableció, no mereció respuesta al traslado por la actora.---- --Así, pues como en diversos precedentes este Tribunal ha resuelto "corresponde dar a esta defensa opuesta un tratamiento previo de excepción, aún cuando el ordenamiento -que no es contencioso administrativo por carencia de legislación ritual- sino el ordinario del procedimiento civil, no la contemple expresamente.- Así, con fundamento en el principio de ahorro procesal, a fin de evitar que se tramite la causa hasta arribar a su conclusión, para decidir a la postre, que no existe jurisdicción, con el consiguiente dispendio que ello implica (Conf. SD Nº 8/SCA/98; SI Nº 101/SCA/01, entre otras).--- --Que surge del análisis de las constancias de autos que el Secretario de Trabajo, a través de la Resolución Nº 282/08 -copia certificada a ///fs.82/84-, rechazó la reclamación administrativa que intentó el Sr. J. L. A. en esa sede -que tramitó por Expte. Adm. Nº 02095/STR/2008.- --Que es amplia y profusa la jurisprudencia de este Tribunal -que data desde 1990- que ha sentado -en concordancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación- el criterio que indica, que en mérito de la presunción de legitimidad propia de los actos administrativos, y al republicano principio de la división de poderes, está vedado a los jueces el controlar la validez de aquéllos por propia iniciativa -esto es, de oficio- lo cual induce a declarar la falta de Jurisdicción cuando la declaración de nulidad no ha sido expresamente peticionada, y ella constituye el presupuesto necesario de la condena pretendida (SD Nº 13/90, 10/91, 69/92, 9, 37 y 38/93, 4, 5, 7, 26, 38 y 51/94, 20, 22 y 23/95, 6/SCA/97, 8/SCA/98, 4, 9, 15/SCA/00 y SI Nº 57 y 101/SCA/01, 112/SCA/11, 08/SCA/12 - CS Fallos 190:142, 205:165, 291:499, 310:1014 - Cám. Nac. Cont. Adm. en pleno - ED 118-391 - Sala IV - 19/6/96 LL 1/4/97), lo cual debe ser analizado en cada caso concreto (SD Nº 20 y 22/95; 02/SCA/02 y SI Nº 9/SCA/09, entre otras).---- --Que ambas partes discurren sobre la exigibilidad de una reclamación previa en el caso; mas lo cierto es que, aún si no hubiera sido exigible, el actor la intentó, y el Cuerpo tiene dicho que ". si voluntariamente se acudió a la reclamación previa. la manifestación de voluntad administrativa formalizada por el acto que decide la reclamación, al modificar la situación por vulneración o conculcación expresa del derecho o interés pretendido, acota la jurisdicción a la ///revisión, la que solo puede producirse a pedido de la parte interesada.- En este caso, la declaración de inexistencia del derecho reclamado, crea con presunción de legitimidad, un estado jurídico que la sentencia solo puede remover, previa declaración de ilegitimidad del acto, aún cuando su existencia (la del derecho o interés) no dependa -en definitiva- de la validez o invalidez del mismo".- Tal el criterio -expuesto en SD Nº4/SCA/07 por esta Sala y los precedentes en los que se funda-.--------- --El mismo promueve a establecer que, "en principio, mediando reclamación y decisión denegatoria expresa de la Administración, el principio de la división de poderes y la presunción de legitimidad que accede al acto determinan -en orden a la revisión que el proceso en tal caso implica- que se ataque de nulidad el acto de pronunciamiento".- --Máxime si se reclaman prestaciones que fueron negadas por el acto (en el caso viáticos, indemnizaciones), pues la pretensión instaurada debe calificarse -en el orden contencioso administrativo en que se ha reconducido- como de plena jurisdicción, ya que se está demandando "la imposición de una prestación o el reconocimiento de una situación jurídica individualizada a favor del pretensor, sea para restaurar las cosas a su estado anterior o para satisfacer el interés protegido dañado por el acto lesivo, por vía de la condena a pagar una indemnización sustitutiva" (Conf. GARCÍA PULLÉS "Tratado de lo contencioso administrativo" - Tomo II- Edit. Hammurabi - 2004- pág. 605/606)".- Doctrina seguida en SD Nº 4/SCA/07 por esta Sala, previniendo que no ///necesariamente la condena que se pretenda debe derivar de un acto; sólo que ". La presencia de una manifestación de voluntad administrativa presumida legítima, contraria al objeto de la pretensión, constituye un escollo al pronunciamiento judicial, que está impedido sin violentar esa presunción y el principio republicano de la división de poderes, de atenderla" (S.I. Nº 49/SCA/11).-- ---A resultas de lo dicho, establecido el carácter contencioso administrativo de la acción, intentada sin éxito una reclamación previa, con respuesta negativa del Señor Secretario de Trabajo expresada en la Resolución Nº 282/08, ésta es "el acto de pronunciamiento" cuya validez, no cuestionada por la accionante en tanto no solicita su declaración de nulidad, es un obstáculo insalvable para analizar la procedencia de los rubros que el actor reclama en esta demanda, e imponer la condena que requiere.- Ello determina la Falta de Jurisdicción de esta Sala para conocer del caso, y así corresponde declararlo, haciendo lugar a la excepción opuesta por la demandada.---- --V.- Que tal como se resuelve, es inoficioso el tratamiento de la excepción de prescripción que además opuso la accionada fundada en el derecho laboral.--- --VI.- Que a resultas, las costas de este Incidente y del Proceso deben imponerse a la accionante vencida (arts. 69° y 70° Ley XIII N° 5- antes 68° y 69° del CPCC).-- ///--- Que en autos procede valorar los trabajos profesionales de los letrados que intervinieron en el proceso y en este Incidente, de conformidad con las pautas arancelarias (arts. 6°, 7°, 8°, 32°, 37° y 46º de la Ley XIII N° 4 - antes arts. 7°, 8°, 9°, 33°, 38° y 47º del Dto. Ley Nº 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99), considerando como monto del juicio el reclamado en la demanda, en el punto V- Liquidación (fs. 23) a los que se sumará el cálculo de intereses a Tasa Activa del Banco del Chubut S.A para préstamos personales -que es la que viene aplicando el Tribunal para casos en que se debaten prestaciones derivadas de relaciones de empleo- desde su interposición y hasta la fecha en que este pronunciamiento quede firme.- Sin que proceda regulación para la Dra. Celina Mercedes CERELLA, que se presenta como patrocinante de la Dra. Inés MARISTANY apoderada por la Provincia del Chubut, en tanto el patrocinante de los representantes procesales de ésta debe serlo el Fiscal de Estado de conformidad con el art. 215 de la Constitución Provincial, la Ley V Nº 96, art. 10, y Decreto Nº 1670/03 en que se funda el Poder con que actuó la último nombrada.-------------- --Por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia;-- -- R E S U E L V E: -- ///--- 1°) DECLARAR LA COMPETENCIA MATERIAL del Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con el art. 32° inc. 3) de Ley V Nº 3 (antes Ley Nº 37) para entender en estos autos.----------------- --2°) HACER LUGAR a la defensa de Falta de Jurisdicción interpuesta en autos por la demandada Provincia del Chubut.--------------- --3°) COSTAS del Incidente y del principal a la actora (art. 69° y 70° de Ley XIII N° 5 - antes art. 68° y 69° CPCC).---- --4º) REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes: a los Dres. R. D., M. A. T. M. y F. S. en forma conjunta, por una etapa del proceso, en el 3,02% (1/3 del 7% + 30% de éste) del monto calculado en la forma establecida en el último considerando; por este Incidente en forma conjunta, en el 10% de lo antes regulado.- A quien ejercía las funciones de Fiscal de Estado a la época en que se respondió la demanda, Dr. Diego Guillermo CARMONA, bajo cuyas instrucciones y patrocinio debió actuar la Dra. Inés MARISTANY según Dto. Nº 1670/03 -citado en el Poder acompañado- por una etapa del proceso, en el 4% (1/3 del 12%) sobre idéntica base, y a la último nombrada en el 30% de lo regulado al Sr. Fiscal.-Por este Incidente, al Dr. CARMONA en el 12% de la regulación dada para el proceso, y a la Dra. MARISTANY en el 30% de esta determinación (arts. 6°, 7°, 8°, 32°, 37° y 46º de la Ley XIII N° 4 - antes arts. 7°, 8°, 9°, 33°, 38° y 47º del Dto. Ley Nº 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99).- Todos, más el IVA si correspondiere.---- ///--- 5º) REGÍSTRESE y notifíquese.-------- Fdo. Dres. Fernando S.L. Royer, Daniel Luis Caneo y José Luis Pasutti.- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 18 DE ABRIL DE 2012 Y REGISTRADA BAJO EL NRO. 13/SCA/2012.