Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-02-28


SENTENCIA NUMERO: DOS En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 62/10, caratulado "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Sergio Andrés Guillamondegui por la defensa de Juan Pablo Bustamante en contra de la Sentencia Nº 9, recaída en causa Expte. Nº 311/08 ac. 299/08 caratulado: 1) Gómez, Gabriel Enrique; 2) Bustamante, Juan Pablo ss.as. Robo Calificado, etc. Capital - Catamarca", resolución dictada con fecha veintisiete de Abril de dos mil diez, por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el fallo impugnado por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas en relación al Hecho Nominado Primero? 2º) ¿Es nula la sentencia por haber aplicado erróneamente el art. 166 inc. 2º -primer párrafo, primer supuesto y segundo párrafo del C.P.- al Hecho Nominado Primero? 3º) ¿Es nula la resolución en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización judicial de la pena al imputado Juan Pablo Bustamante? 4º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 07/2010, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 42, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 09/2010, del 27/04/2010, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, por mayoría resolvió: "I) Declarar culpable a Juan Pablo Bustamante de condiciones personales relacionadas en la causa como autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma (arts. 45 y 166 inc. 2º, primer párrafo, primer supuesto y segundo párrafo del Código Penal) (correspondiente al Auto Interlocutorio Nº 245/08 de fs. 1079/1086), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de diez años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal). Con costas (arts. 407 y 536 del C.P.P.)..." II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Sergio Guillamondegui -en adelante el recurrente-, en su calidad de asistente técnico del imputado Juan Pablo Bustamante, e interpone recurso de casación invocando los motivos previstos en los incisos 2º, 3º y 1º del art. 454 del C.P.P.

II. a. En el primer embate, el recurrente asegura que el voto mayoritario del tribunal ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º del C.P.P.). En tal sentido, sostiene que la negación, por parte del tribunal, de admitir dos testigos nuevos, ha violentado el derecho de defensa en juicio de su asistido. De este modo, argumenta que esa prueba era dirimente a fin de corroborar la posición exculpatoria del acusado.

Expresa, además, que la negativa del tribunal a practicar un reconocimiento impropio es violatoria del derecho de defensa en juicio y de los principios de contradicción e igualdad de las partes. Entre otras cosas, asegura que no es posible que la damnificada no haya visto el tatuaje que tiene en el cuello su asistido (fs. 268), máxime cuando la misma aduce haber estado a treinta centímetros de distancia. Afirma que, de lo observado en el Acta de visualización e identificación de teléfonos celulares obrante a fs. 340/346, se puede concluir que estamos frente a un error en la persona como autor material del hecho, puesto que ha quedado plasmado en el cruce de mensajes de texto entre las líneas 3833-354100 y 351-6703381, el siguiente mensaje: "che las noticias dicen que a marquito lo reconocieron por la bronca nuestra". Sostiene que, de las constancias de autos, se desprende que se sindica a Bustamante como ajeno al hecho endilgado. De igual modo, cuestiona que el voto mayoritario del tribunal no haya meritado la posición exculpatoria de su asistido que, a su entender, encuentra sustento en los testimonios vertidos por Emilia del Carmen Albornoz, José Severo Bustamante y Amanda Bracamonte. Advierte que no pueden exponerse dos hipótesis distintas y que debe existir una supremacía de una de ellas en detrimento de la otra. En este sentido, asevera que no existe argumento en el fallo al respecto, por lo que carece de fundamentación y concatenación lógica. Expresa que, ante una evidente ineficiencia conviccional de la prueba de cargo, la misma debió haber llevado a dudar al tribunal, aunque no lo hizo -enfatiza-. Por esta razón, solicita la anulación del fallo condenatorio, invocando la violación de normas constitucionales y procesales que impidieron al tribunal observar el principio in dubio pro reo y, consecuentemente, solicita se reenvíe la causa a otro tribunal para el dictado de una nueva sentencia.

II. b. De lo reseñado precedentemente cabe analizar si, efectivamente, el a quo ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas con relación al Hecho Nominado Primero y, en su caso, si corresponde absolver al incoado Juan Pablo Bustamante por el beneficio de la duda, como se pretende.

Ingresando puntualmente al tratamiento de los agravios esgrimidos por el recurrente, adelanto que el primer embate no puede prosperar. En este sentido, debo decir que no se advierte violación alguna al derecho de defensa en juicio. Destáquese que la defensa técnica del imputado pretende introducir, extemporáneamente al debate, una prueba que ha omitido ofrecer en la etapa procesal oportuna, máxime cuando alude que los testimonios invocados eran dirimentes para corroborar la posición exculpatoria de su asistido. Sumado a ello, estimo oportuno señalar que quien recurre, conforme lo constatado en la respectiva Acta de Debate (fs. 1160 vta./1161) tampoco ha cumplimentado, al momento de intentar ofrecer extemporáneamente los testigos nuevos, en expresar cuáles eran los hechos sobre los que pretendía sean examinados, requisito que la ley procesal impone bajo pena de inadmisibilidad (art. 360 -último párrafo- del C.P.P.).

En igual sentido, debo decir que estimo inapropiada la conclusión del recurrente en cuanto asevera que "la negativa del tribunal a practicar un reconocimiento impropio es violatorio del derecho de defensa en juicio y de los principios de contradicción e igualdad de las partes". Digo ello, porque del Acta de Debate se constata que no ha existido negativa del tribunal, ya que el mismo, con muy buen criterio, a fin de asegurar el derecho de igualdad entre las partes y evitar la revictimización de la deponente, consultó a la misma si deseaba reconocer al acusado (resáltese que los imputados, a pedido del Ministerio Público Fiscal, fueron ubicados al fondo de la Sala, atento la solicitud de la víctima de declarar en debate sin la presencia de los incoados -fs. 1166 vta.), a lo que manifestó que no deseaba hacerlo. Asimismo, en relación al planteo efectuado, estimo pertinente poner de resalto que, del fallo en crisis, se advierte con claridad que el a quo, puntualmente, refirió al testimonio brindado en debate por la damnificada, Silvina Liliana Romero. En tal sentido, señaló que la víctima ratificó todos y cada uno de los dichos vertidos en su denuncia, describiendo nuevamente a la persona que ingresó al local comercial como más alta que ella, bien blanco, pelo oscuro, que vestía campera con cierre celeste, trataba de taparse la cara con la mano que tenía libre, levantándose el cuello de la campera hasta la altura de la boca. De igual modo, el a quo ponderó lo referido por Romero en debate -inmediación- respecto al reconocimiento en rueda de personas efectuado al día siguiente de sucedido el hecho. Así, puso de resalto lo manifestado por la víctima quien, conforme la apreciación del tribunal, de manera sincera y contundente, en debate dijo: "fui, miré y ahí estaba él, era el hombre que entró al negocio y me apuntó con el arma". Por último, también cabe expresar lo considerado por el voto mayoritario del tribunal, en cuanto a que el testimonio sincero de la víctima resulta coincidente con lo plasmado en el Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas obrante a fs. 21/21 vta., el cual -enfatizó- ha sido realizado con todas las garantías prescriptas por la ley, y en donde se constata el reconocimiento que Silvina Liliana Romero efectuó de manera positiva por cuanto sindicó, sin duda alguna, a Juan Pablo Bustamante como la persona que esa noche le apuntó con un arma de fuego.

Lo expuesto precedentemente, deja sin sustento las pretensiones del recurrente en cuanto intenta poner en tela de juicio la participación de Bustamante en el hecho endilgado, al asegurar que del Acta de identificación y visualización de teléfonos celulares, obrante a fs. 340/346, se puede concluir que se sindica a Bustamante como ajeno al mismo.

Tampoco pueden prosperar las afirmaciones referidas a que la víctima, necesariamente, debió ver el tatuaje que el recurrente dice, tiene el imputado en el cuello puesto que, conforme surge de lo manifestado por la propia víctima, el incoado en cuestión, en todo momento, tenía el cuello de la campera subido hasta la altura de la boca. Dicha circunstancia justifica la falta de apreciación de este detalle por parte de la víctima.

Igualmente, debo decir que tampoco resultan de recibo los cuestionamientos efectuados con respecto a la falta de ponderación, por parte del tribunal de mérito, de la posición exculpatoria del imputado la que, a entender del casacionista, encuentra sustento en lo vertido por los testigos de abono, Emilia del Carmen Albornoz, José Severo Bustamante y Amanda Bracamonte. Digo ello, puesto que el a quo, luego de escuchar en debate a la víctima del hecho en cuestión y de percibir a través de la inmediación lo expresado por ella -quien relató pormenorizadamente con detalles lo que aconteció esa noche en la que estaba atendiendo su local comercial, aclarando que si volvía a ver al sujeto que ingresó lo reconocería-, relacionó este valioso testimonio con lo vertido por el Oficial Inspector Víctor Gabriel Mena (fs. 11), con lo constado en el Acta de Procedimiento de fs. 15 y con lo plasmado en el Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas (fs. 21/21 vta.), logrando así concluir, sin hesitación, la participación responsable de Juan Pablo Bustamante en el hecho endilgado, en calidad de autor.

Con base en todo lo expuesto, concluyo que el decisorio impugnado se encuentra debidamente fundado y que el cuadro convictivo meritado por el a quo determina, con grado de certeza, la participación responsable de Juan Pablo Bustamante en el hecho que se le endilga, razón por la cual, como ya se adelantara, los agravios aquí analizados deben ser rechazados.

Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

III. Subsidiariamente, el recurrente introduce la causal de casación prevista en el art. 454 inc. 1º del C.P.P. Propugna la nulidad del acta de procedimiento obrante a fs. 6, por considerar que se ha violentado la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad. Asevera que ha quedado acreditado que no se solicitó el consentimiento del propietario del inmueble para acceder a él, lo que configura un vicio grave que nulifica el acta debiendo, en consecuencia, variar la calificación legal en la figura de arma no habida, figura que prevé una pena de tres a diez años de prisión. Desde otro ángulo, sostiene que la víctima, al momento de efectuar la denuncia, dijo que el arma utilizada por el delincuente era un revolver de color negro oscuro; sin embargo, en debate manifestó que había buena iluminación y que el arma era brillante. Afirma que en el acta de reconocimiento de cosas describe un arma chica, de color negro, de caño finito y que cree que tenía tambor; sin embargo, las armas exhibidas no tenían similitud con la secuestrada, y que sólo basta observar -enfatiza- el acto en donde se deja constancia de que entre las armas a reconocer se encontraban una 38, 32 y 22, sumándose una pistola, cuando la damnificada sostuvo que era un revólver. Dice que existe una duda insuperable de que el arma expuesta, si bien pudo reunir las características descriptas, haya sido señalada por la damnificada por exclusión de opciones atento a que todas eran desiguales. Para culminar, pide se revoque el fallo por la incorrecta aplicación del art. 166 inc. 2º, primer párrafo, primer supuesto y segundo párrafo del C.P., y se aplique la calificación prevista en el art. 166 inc. 2º, último párrafo del C.P. (arma no habida).

Finalmente, formula expresa reserva del caso federal (art. 14, Ley 48).

III. a. Antes de ingresar al tratamiento del presente embate, debo aclarar que he invertido el orden de los agravios propuestos por el recurrente en su escrito, en virtud de que estimo correcto examinar primero la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 454 inc. 1º del C.P.P.) y pasar luego al análisis de las críticas referidas a la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3º del C.P.P.).

En consecuencia, formulada la pertinente aclaración, habré de analizar si es correcta la calificación legal atribuida por el a quo al hecho endilgado a Bustamante o si, por el contrario, cabe hacer lugar al cambio propuesto por la defensa; esto es, de robo calificado por el uso de arma de fuego apto para el disparo (art. 166 inc. 2º primer párrafo, primer supuesto y segundo párrafo del Código Penal) impuesto por el tribunal de mérito, al tipo previsto en el art. 166 inc. 2º último párrafo del Código Penal.

Como primera observación advierto que, si bien el recurrente propugna la nulidad del acta de procedimiento obrante a fs. 6, argumentando que se ha violentado la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad, un análisis de la causa permite advertir que dicha foliatura no se condice con la mencionada Acta de Procedimiento. Es más, obran en autos distintas Actas de Procedimiento en relación al Hecho Nominado Primero -por el que fue condenado Bustamante- las que se encuentran agregadas a fs. 2/3, 15 y 28. No obstante ello, de los fundamentos brindados por el quejoso, entiendo que lo que en realidad tacha de nulidad absoluta es el Acta de Registro Domiciliario glosada a fs. 27/27 vta., razón por la cual habré de analizar si, efectivamente, corresponde hacer lugar a la mencionada sanción procesal.

De los cuestionamientos efectuados por el recurrente, intentando poner en tela de juicio el consentimiento del propietario del inmueble -Pedro Martínez- para acceder a él, estimo oportuno recordar lo sostenido por esta Corte en numerosos precedentes (S. nº 40, 30/11/2010; S. nº 13, 26/06/09; S. nº 9, 23/04/09; S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otros), en donde se dijo que, por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa, puesto que el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aún en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación; es decir, aquello que exclusivamente ha ingresado en la percepción del tribunal.

Con relación a esto último, adviértase que los principios de inmediación y contradicción imponen que los órganos de prueba que hayan de producirse en el debate deban comparecer personalmente a fin de que, precisamente, tanto el tribunal como las partes, tomen conocimiento directo de los mismos, de su impronta, semblante, actitudes, expresiones gestuales, forma de expresarse y demás circunstancias que sirven para evaluar su veracidad y eficacia y, por sobre todo ello, de interrogar directa y libremente a los testigos, a fin de indagar sobre el verdadero conocimiento que de los hechos puedan tener.

De este modo, se han señalado con claridad los límites que tiene el tribunal de casación en el contralor lógico de la motivación de las sentencias a través del recurso de casación. Así, se ha expresado que a la casación llegan los relatos que de la prueba efectúa el tribunal de juicio "pero no le llegan ni las pruebas testimoniales originales, ni las impresiones originales de las inspecciones y comprobaciones realizadas en el curso del debate", por lo que el contralor no puede ni debe invadir el ámbito que configura la competencia reservada precisamente a los jueces de mérito, porque son quienes tienen la inmediación en la recepción de la prueba, les corresponde apreciar libre y prudencialmente la eficiencia probatoria (Núñez, Ricardo C., El contralor de las sentencias de los tribunales de juicio por vía de la casación, Opúsculos de Derecho Penal y Criminología, n° 40, Ed. Lerner, p. 30).

Asimismo, destáquese que el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito, configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada a aquéllos por la ley, quienes por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales, por lo que no es posible, por la vía casatoria, invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos, salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano, lo que no ha ocurrido en el caso bajo examen.

Lo dicho, sustenta lo meritado por el a quo quien, luego de haber visto y oído en audiencia de debate al testigo Pedro Martínez, concluyó que su testimonio ha sido vacilante y dudoso, por tanto, es incapaz de conmover la eficacia probatoria de un acto procesal -registro domiciliario-.

Al respecto, cabe referir que tanto la doctrina jurídica como la judicial han puesto suficientemente de relieve que en todos los cuerpos legales la nulidad relativa es la regla y la absoluta la excepción (Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de derecho procesal penal, Ediar, Buenos Aires, 1964, t. IV, p. 221; art. 185 del C.P.P.).

Esta clasificación se relaciona, por un lado, en el régimen de declaración de la nulidad y, por el otro, en las posibilidades de subsanación de las partes de los actos defectuosos (Creus, Carlos, Invalidez de los actos procesales penales, Astrea, 2004, p. 51 y ss.).

Las nulidades absolutas deben ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso y no son subsanables (art. 186 y 190 del C.P.P.). Legalmente, son nulidades absolutas las previstas en los incisos 1° a 3° del artículo 186 del C.P.P., que impliquen violación de las normas constitucionales. En cambio, no lo son, y esa es la calificación de la ley, las que afectan garantías constitucionales disponibles, como es el caso relacionado con la intervención, asistencia y representación de los sujetos procesales no necesarios, como las partes civiles y el querellante particular (arts. 185 y 186, inciso 2° y 3º del C.P.P., por argumento a contrario).

En efecto, la nulidad es la sanción procesal que determina la ineficacia de un acto procesal cumplido en forma defectuosa. Esta sanción implica la pérdida de todo efecto jurídico al acto así declarado, como de todos los actos consecutivos que de él dependan, y a actos anteriores o contemporáneos que tuvieren conexión con el anulado (art. 191 del C.P.P.). Consecuentemente, la declaración de invalidez significa reconocer la ineficacia del acto afectado, privándolo de los efectos producidos y a producir. Es por ello, que nuestra ley procesal ha regulado un sistema de conminación taxativa legal, previendo nulidades "específicas" y "genéricas", como así las "absolutas" -es decir, aquellas que pueden ser declaradas en cualquier estado o grado del proceso, de oficio y no son subsanables (art. 186 inc. 1º a 3º del C.P.P.)-, o "relativas" -las que constituyen la regla y solamente son declaradas a petición de parte interesada que no la ocasione, tienen un término para hacerse valer y son subsanables (art. 187 -primera parte- del C.P.P.).

En el sub examine, se advierte que el recurrente no ha especificado cuál es la norma constitucional que se ha violentado, omitiendo también fundamentar en qué disposición de la ley de forma encuentra apoyatura la declaración de oficio de la nulidad absoluta que propone (art. 186 incs 1 a 5 del .C.P.P.). Destáquese aquí, que el a quo puntualmente ponderó que el Registro Domiciliario (art. 211 del C.P.P.) efectuado en la propiedad de Pedro Martínez ha sido llevado a cabo con todas las garantías de ley, aclarando incluso que el mismo contó con la participación del Delegado Judicial interviniente (fs. 25/27). Sumado a ello, el a quo resaltó que más allá de lo manifiestamente extemporáneo del planteo, el Acta de Registro Domiciliario tiene la calidad de instrumento público y que el mismo cuenta con todas las formalidades previstas por la ley procesal, por lo que para cuestionar su contenido debe ser redargüido de falsedad, lo que no advierto en el caso en examen.

El análisis que antecede me permite sostener que, en el presente, no se logra vislumbrar que efectivamente se haya configurado una causal de nulidad absoluta.

En idéntica dirección, el recurrente propugna la nulidad del Acta de Reconocimiento de Cosas obrante a fs. 50/50 vta., alegando que las armas exhibidas no tenían similitud con la secuestrada, y que sólo basta observar el acto en donde se deja constancia de una 38, 32 y 22, sumándose una pistola -asevera-, cuando la damnificada sostuvo que era un revólver. Con relación a este embate, adelanto que el mismo resulta a todas luces extemporáneo, que la defensa del imputado ha aceptado la incorporación por lectura al debate de la prueba documental que ahora pretende atacar; es decir, ha consentido voluntariamente los efectos del acto procesal.

No obstante lo dicho, cabe aclarar que lo manifestado por el recurrente en su escrito recursivo no encuentra apoyatura en las constancias de la causa. Repárese que del Acta de Reconocimiento de Cosas (fs. 50/50 vta.), se constata con claridad que dicho acto procesal fue llevado a cabo dos días después de sucedido el hecho; que el mismo estuvo rodeado de todas las garantías procesales encontrándose presente, además de los funcionarios judiciales -fiscal de instrucción y secretario-, la defensa técnica del imputado, la que presenció el acto sin efectuar objeción alguna. Tampoco tiene asidero lo referido en cuanto a que la víctima aseveró que "era un revólver", puesto que lo que se constata que dijo es que "para mí era un revólver", que no es lo mismo que aseverar que lo era. Aquí, debe ponderarse que la víctima es una ciudadana común, por lo que mal puede exigírsele un exacto conocimiento sobre armas. Lo trascendente es que Silvana Liliana Romero reconoció el arma secuestrada -revólver marca Doberman, calibre 32 largo, color negro, la que fuera secuestrada del domicilio de Martínez, según consta a fs. 27-, aclarando que la reconoce por la parte del caño que le fue puesto en la frente.

En razón de lo expuesto, entiendo que el comportamiento de Juan Pablo Bustamante ha sido correctamente encuadrado como autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego con aptitud para el disparo (arts. 45 y 166 inc. 2º, primer párrafo, primer supuesto y segundo párrafo del Código Penal), resultando la solución del Tribunal ajustada a derecho.

Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión; por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli; por lo que adhiero a la misma en un todo votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

IV. Subsidiariamente, el recurrente esgrime el motivo de casación previsto en el inciso 3º del art. 454 del C.P.P. En tal sentido, considera que el fallo en crisis ha inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización de la pena (arts. 40 y 41 del C.P.). Dice que, si se aceptara que hubo una acción deliberada de actuar durante la noche, no puede inferirse de allí, en forma necesaria, que existió una ventaja y, por ende, mayor peligrosidad de los agentes. Sostiene que existe una errática valoración probatoria de lo manifestado por la víctima al manifestar en debate que el lugar se encontraba perfectamente iluminado. Pone de resalto que la víctima ratificó su denuncia en donde dice que, atento a la buena iluminación existente en el lugar, pudo observar bien al delincuente y el arma esgrimida. Destaca que lo dicho encuentra sustento en el Acta inicial de actuaciones (fs. 2), en donde se deja constancia de la condición de luminosidad del local. Afirma que, de las constancias de autos, no se acreditó con el grado de certeza necesario, que el hecho acaecido en horas de la noche revista mayor peligrosidad. En idéntica dirección, manifiesta que es contradictorio analizar como agravante la edad y educación del imputado, en el sentido de que su asistido no posee la educación que la ley establece como obligatoria y que su edad, al momento del hecho, sobrepasaba un año de la requerida por el Código Civil. Considera incongruente el razonamiento del a quo, al sostener que su juventud puede incidir favorablemente en una pronta reinserción social puesto que, a su entender, no queda claro cuál es el criterio que se toma como pauta de mensuración (agravante o atenuante). A continuación, cuestiona que se haya ponderado en contra de Bustamante la extensión del daño y peligro causado, siendo que la suma sustraída fue de $ 350 y que ello debe valorarse y tener una relación lógica con la condena a aplicarse. Dice que tampoco existe prueba que demuestre fehacientemente que la víctima haya sufrido trastorno psicológico, y sí se acreditó que la misma continúa con su negocio y en la misma actividad comercial. Cuestiona, también, que el tribunal haya considerado como circunstancia agravante el Informe Socio Ambiental de fs. 212, argumentando que ha omitido brindar fundamentos al respecto. Finalmente, sostiene que el monto de pena impuesto a su asistido (diez años de prisión) es desproporcionado en relación al daño causado, por lo que solicita que el mismo sea reducido.

IV. a. La cuestión a dilucidar radica en analizar si, efectivamente, el a quo ha inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización judicial de la pena.

Puntualmente, en lo que aquí se discute, cabe destacar que la argumentación brindada por el recurrente en cuanto a que la nocturnidad no puede funcionar como agravante -puesto que el local comercial se encontraba iluminado-, no logra desvirtuar las consideraciones efectuadas por el a quo. En efecto, el voto mayoritario del tribunal, al tratar la tercera cuestión, justamente tuvo en cuenta la peligrosidad del imputado al ingresar a un local comercial, en horas de la noche (23:50 hs.) -independientemente de la luminosidad que pudiera tener el negocio en su interior-, aprovechando las circunstancias de que su dueña se encontraba sola y sin protección alguna (cámaras, sistemas de alarma, etc.), lo cual indudablemente aseguró su resultado, fundamentalmente porque, por lo general, en esa zona -Junín y Mate de Luna-y a esa hora, un día lunes (08/04/2008), suele ser escaso el movimiento de gente en la vía pública.

Tampoco resultan de recibo las quejas planteadas en cuanto a que el tribunal haya considerado como circunstancia agravante la edad y educación del imputado. En este sentido, el juzgador aclaró que la madurez -22 años- y el nivel de escolaridad alcanzado le permitieron apreciar los conocimientos necesarios para el accionar delictivo y, por supuesto, acordes para comprender perfectamente la acción que emprendía. Aquí, el tribunal resaltó lo informado por el examen psiquiátrico en cuanto concluyó que el incoado puede discernir lo que está bien de lo que está mal y, en consecuencia, dirigir sus acciones. En este sentido, el a quo aclaró que no se puede dejar de desconocer que su juventud puede incidir favorablemente en una pronta reinserción social, pero ello de manera alguna implica contradicción -como asevera el recurrente- con la ponderación efectuada al considerar las referidas agravantes.

Al referirse a la extensión del daño causado, la defensa considera que existe una desproporción entre la suma sustraída ($ 350) y la pena impuesta. En tal sentido, alega que no consta en la causa el daño psicológico causado a la víctima, quien a pesar de lo que dice haber sufrido, continúa desarrollando la misma actividad. En primer lugar, cabe decir que el voto mayoritario del tribunal, al referirse a la extensión del daño causado, aclaró que el mismo ha sido de cierta magnitud y que no sólo debe tenerse en cuenta la cantidad sustraída, sino también el impacto que el hecho ha causado a la víctima. Repárese aquí que el a quo, además de haber visto y oído a la víctima durante el transcurso del debate, percibiendo su estado emocional (inmediación), destacó que la misma solicitó declarar sin la presencia de los imputados, atento el traumático suceso vivido. De esta manera, manifestó que su vida cambió, que tuvo que ir a un médico y que fue medicada con tranquilizantes, que no podía abrir el negocio, que desconfiaba de todo el mundo y que tuvo que gastar en rejas porque no quiere que le pase lo mismo. En consecuencia, estimo que el daño causado y su extensión no pueden, de manera alguna, limitarse a la suma de $ 350, como pretende el casacionista. Desde otro ángulo, se agravia el recurrente manifestando que el a quo ha ponderado en contra del acusado el Informe Socio Ambiental (fs. 212), sin brindar fundamentos. Este embate tampoco puede tener acogida favorable, puesto que una simple lectura del referido informe, al cual remite el juzgador, denota sin duda alguna lo desfavorable que resulta al imputado Bustamante.

Por último, con respecto a la apreciación formulada por el impugnante en cuanto a falta de proporción entre la pena impuesta a su asistido y la extensión del daño causado, más allá de lo analizado precedentemente, estimo oportuno recordar aquí lo sostenido por esta Corte en numerosos precedentes, en donde se dijo que la facultad discrecional de fijar la pena es, en principio, exclusiva del Tribunal de juicio y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia (S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09, entre muchos otros). Tampoco advierto que haya incurrido en arbitrariedad en cuanto a la aplicación de la pena, puesto que la misma ha sido impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable. Este es el criterio sostenido por este Tribunal en fallos anteriores (S. nº 14, 31/03/10; S. nº 24; 13/11/09, entre otros), en donde se dijo que "...la arbitrariedad, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable. En efecto, tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial...".

En razón de lo expuesto, entiendo que no se vislumbra la existencia de un ejercicio arbitrario de las potestades discrecionales del tribunal de juicio En consecuencia, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar las cuestiones precedentes y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/12 vta., por el Dr. Sergio Andrés Guillamondegui, en su carácter de asistente técnico del imputado Juan Pablo Bustamante. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.

A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Cuarta Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/12 vta., por el Dr. Sergio Andrés Guillamondegui, en su carácter de asistente técnico del imputado, Juan Pablo Bustamante.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el Art. 2º, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen es tos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente -José Ricardo Cáceres -Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.