marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Secretario judicial, deberes del secretario, recurso extraordinario, traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: GUERRERO, JOSE -10185-I c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

Según se establece en el art. 38, inc. 3 del Código Procesal, es deber de los secretarios conferir vistas y traslados . Ello así, el traslado del recurso extraordinario se encuentra dentro de los deberes que el código de rito impone al citado funcionario.
Expropiación, aceras, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ, JOSE LISANDRO c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-11-30

Al producirse una expropiación, la vereda debe indemnizarse cuando el propietario hubiera quedado en situación de tener que construirla de nuevo, por haber sido destruida aquella, y no si la obligación de construirla no es una consecuencia directa o forzosa de la expropiación.
Daños y perjuicios, contrato de prestaciones médicas, medicina prepaga, interpretación del contrato, trasplante de órganos
Materia: CIVIL
Carátula: PEÑA DE MARQUEZ IRAOLA, Jacoba M. c/ ASOCIACION CIVIL HOSPITAL ALEMAN s/ DAÑOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-20

Si en el contrato de medicina prepaga no hay exclusión expresa de los trasplantes de hígado, puede entenderse que están excluidos pero también comprendidos; en tales condiciones, por aplicación del art.

218, inc. 3 del Código de Comercio, la cláusula debe tomarse en el sentido que más convenga a la naturaleza del contrato y a las reglas de la equidad, lo que conduce a la admisión de aquellas prestaciones indispensables para resguardar la vida del cocontratante.-Disidencia del Dr.

Kiper
Extradición, orden de captura, debido proceso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PETRACCA, DANTE R. s/ ARRESTO PREVENTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-01

Es procedente disponer la inmediata captura de la persona sobre la cual pesa un pedido de extradición, aún cuando registre una condena dictada en rebeldía, toda vez que durante el trámite extraditorio podrá discutirse, con amplitud, la procedencia o no de conceder el requerimiento del país solicitante supeditado a un juzgamiento bajo las reglas del debido proceso atento que dicha sentencia no se halla firme.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba testimonial, desistimiento, buena fe procesal, voto en disidencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALARCON, DAVID FABIO c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO IDEAL CON PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

Resulta una mala práctica de la fiscalía -sin perjuicio de que la crítica es extensiva a todas las partes del proceso penal- el desistimiento de testigos que fueran oportunamente ofrecidos y admitidos, en tanto ello no sólo compromete seriamente la programación y fijación de las audiencias -cuyo impacto es decisivo en el adecuado funcionamiento del sistema acusatorio-, sino que asimismo puede tener incidencia en la construcción de la teoría del caso de la contraparte, más aún considerando que lo único que regula el digesto procesal penal es la admisibilidad de la prueba y no su desistimiento; y esto no implica apelar al principio -de origen inquisitivo- de comunidad de la prueba, sino a la responsabilidad que las partes tienen de concurrir a la audiencia preliminar con una adecuada preparación del caso y a la obligación de buena fe procesal, puesto que de ella se deriva -en lo que aquí concierne- que una vez que un testigo fue ofrecido y admitido, si quien lo convocó advierte su innecesariedad, impertinencia o sobreabundancia, resulta necesario que todos los intervinientes se pongan de acuerdo sobre su no producción, en tanto la contraparte pudo haber preparado el caso con la prueba de su adversaria. (De la disidencia del Dr. Erbetta)
Honorarios, regulación de honorarios, peritos, perito contador, principio de proporcionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Adecua c/ Psa Finance Argentina Compañía Financiera SA y otros s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-21

A los fines de establecer los honorarios que corresponden al perito contador en virtud de lo previsto por la ley 24432: 13, señálase que los mismos deben estimarse teniendo en cuenta las pautas que se encuentran previstas para los letrados en este tipo de incidentes -beneficio de litigar sin gastos, ley 21839: 33-, en tanto, aplicar un criterio diferente, sujeto al mínimo arancelario que rige su actividad, implicaría una clara e inadecuada desproporción entre las tareas efectuadas por cada uno de los profesionales y la retribución que corresponde por las mismas (Conf. esta CNCom, Sala "A" in re: "Electrodomésticos Aurora SA s/ Quiebra s/ Incid. Verificación por Gestendler SAIC" del 08/11/99 entre otros). Tal temperamento encuentra fundamento en la imperiosa necesidad de respetar el principio de proporcionalidad, que es la esencia de la regulación justa.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, acción meramente declarativa, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en asociación de bancos de la argentina aba y otros contra agip / gcba y otros sobre acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-24

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar, en último término, la sentencia de la Cámara que confirmó la decisión del juez de grado respecto del rechazo de las excepciones de falta de legitimación activa y de inadmisibilidad de la instancia. Ello así pues no logra demostrar que el recurso de inconstitucionalidad que defiende, se dirija contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Por un lado, en la causa se resuelven cuestiones procesales vinculadas con la legitimación de la accionante cuyo resultado no pone fin a la controversia ni desvincula a la parte. Y, por el otro, las decisiones que declaran habilitada la instancia judicial no ponen fin al pleito ni impiden su continuación, sino que -por el contrario- ordenan tramitarlo hasta su final, por lo que no constituyen sentencia definitiva a los efectos del recurso de inconstitucionalidad. Por otra parte, el GCBA no demuestra que corresponda equipararla a una definitiva, en la medida en que no acredita que el pronunciamiento impugnado le produzca un gravamen irreparable, máxime cuando sus agravios podrán ser replanteados -de subsistir y cumplirse los restantes requisitos de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad- en la oportunidad de recurrirse la sentencia definitiva del tribunal superior de la causa, si le es desfavorable. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cabrera, Pedro Pascual c/ Fidalgo, Patricia y/o propietario s/ Daños y perjuicios Martinez, Marcelo Alberto c/ Salvatierra de Gutierrez, Estela Angelica s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-18|1992-02-11

No sólo el propietario de la cosa puede demandar por los perjuicios sufridos en ella, sino que puede hacerlo todo aquél que, sirviéndose de la misma, los ha padecido y afrontado; ello tiene recuadro legal en los art. 1079, 1095, 1110 y afines del CCI, que contemplan específicamente el caso.
Legítima defensa, racionalidad del medio empleado
Materia: PENAL
Carátula: A., F.N. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-03

El medio empleado -arma de fuego- fue un principio racional ya que el occiso atacó al procesado con gran violencia y encono, siendo además de mayor envergadura física, además de agresivo y peleador, evidenciando con su actitud que estaba dispuesto a continuar con su agresión hasta las últimas consecuencias. Además el arma era el único medio con que contaba el imputado. La cantidad de disparos efectuados por el incurso hacia el cuerpo del occiso, revela que aquél intensificó innecesariamente la reacción, utilizando el arma de fuego de una manera totalmente destructiva, ya que hubiera bastado realizar menos cantidad de disparos o dirigir los mismos a zonas no vitales de su adversario. Por tal razón, la conducta que comenzó siendo justificada, se convierte en exceso, precipitando el accionar del prevenido en las prescripciones del artículo 35 del Código Penal.-
Caducidad de instancia, actos no interruptivos, apertura a prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: RICCI ANA c/ BRAMBILLA L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-31

Aunque el pedido de apertura de la causa a prueba efectuado por la actora fuere ineficaz, su carácter impulsorio del procedimiento es indudable y empece a la caducidad.
Recurso extraordinario, remisión del expediente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Díaz de González Nélida y otro c/ Savio Mario Rolando del Valle y otros. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

Emplazado el recurrente para que abonara la suma correspondiente en concepto de franqueo para la remisión de la causa, bajo el apercibimiento prescripto por el art. 282, 3er. párrafo del CPC y concretado ello expirado el plazo otorgado a tal fin, no cabe efectivizar tal apercibimiento si aquella efectivización cumplimentóse con antelación a la solicitud de la otra parte de que se aplique la citada norma procesal. Es que, notificado también el postulante de aquel emplazamiento, y omitida tal pretensión en tiempo idóneo como para abortar lo que a la postre aconteció, el acogimiento de tal petición implicaría un claro exceso ritual.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nelbone, Ernesto D. c/ Instituto Provincial de Lotería y Casino s/ Amparo -cuestión de comp. art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

El caso resulta ajeno a la competencia originaria de esta Suprema Corte si a través de una acción de amparo se cuestiona una decisión adoptada por el Instituto de Lotería y Casino que no se ha dictado en el marco de alguna relación particular regida por el derecho público local, en atención a lo dispuesto por el art. 20 inc. 2 de la Const. prov. (arts. 161 inc. 1°, 215 y conc. Const. Prov.).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
AFIP DGI, medidas cautelares, ejecución fiscal, compensación de saldos, deuda previsional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Terminales Portuarias Argentinas S.A. -Incidente- c/ D.G.I. s/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

Debe revocarse la decisión de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada en las actuaciones, tendiente a obtener que se ordene a la D.G.I., con carácter precautorio, que se abstenga de continuar ejecutando y/o iniciar ejecuciones fiscales y de comunicar a entidades financieras en los términos del art. 12 de la ley 14.499, referidas a distintas obligaciones de dicha parte con el Régimen Nacional de la Seguridad Social, cuya cancelación pretende mediante "compensación" con saldos de libre disponibilidad invocados por la actora en el Impuesto al Valor Agregado.
Vejaciones, fundamentación de sentencias, amenazas, apremios ilegales, interés del menor, traslado de detenidos
Materia: PENAL
Carátula: Pintos, Walter Ariel y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-14

Está debidamente fundada la condena por el delito de vejaciones, agravado por haber sido cometido con violencia y amenazas, cometido por gendarmes durante el viaje de un grupo de menores desde un centro de salud hasta su lugar de detención, pues no resulta cuestionable el valor probatorio que se les dio a los dichos de las víctimas que fueron precisas, detalladas y contundentes a lo largo de todo el proceso. El tipo penal está principalmente orientado a los comportamientos de los funcionarios policiales que desde el momento en que se produce la detención realizan tratos vejatorios o apremios ilegales sobre los detenidos. No es un dato menor remarcar la calidad de menores que poseían las víctimas al momento de los hechos, puesto que las normas en estudio deberán ser ponderadas, a la luz del interés de los mismos, con los preceptos legales con jerarquía constitucional incorporados a nuestra Carta Magna por el art. 75 inc. 22 -específicamente-, en especial, el principio rector del "interés superior del niño" contenido en el artículo 3.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño.
SIDA, discriminación, prueba hematológica
Materia: LABORAL
Carátula: R., F.D. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Juicio Ordinario -Contencioso Administrativo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-18

Se ha resuelto que ninguna persona puede ser obligada a efectuarse un análisis de HIV en contra de su voluntad. En este aspecto la ley 23.798 y su decreto reglamentario establecen que todo test de detección de HIV debe contar con el consentimiento de la persona interesada, en tanto nadie puede ser molestado, perjudicado o discriminado por su condición de infectado.
Daño moral, damnificado directo
Materia: CIVIL
Carátula: Farfán Tolaba, Petrona c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-31

Corresponde admitir el daño moral derivado del sufrimiento que padeció la actora al no poder localizar por más de veinte días el cadáver de su concubino, como producto de la errónea información suministrada por el hospital en el que se encontraba el cuerpo, sumado al avanzado estado de putrefacción, en su carácter de damnificada directa, encontrándose legitimada para reclamar el daño moral que padeció, en los términos del primer párrafo del ya citado art. 1078 del Código Civil
Expropiación, daños y perjuicios, indemnización, ley de expropiación
Materia: CIVIL
Carátula: GATICA, ABEL ALEJANDRO C c/ ESTIRENOS S.A. s/ DEMANDA LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-19

La Ley Provincial V-0128-2004 (5037 R) en sus artículos 18 y 20 establece que la indemnización solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación.

No se tomará en cuenta circunstancias de carácter personal, valores efectivos, ni ganancias hipotéticas. Tampoco se consideran valores derivados de hechos de carácter histórico. A su vez, se expresa en la ley que el valor de los bienes debe estimarse por el que hubieran tenido si la obra no hubiese sido ejecutada, ni aún autorizada. No será indemnizable el mayor valor producido por la construcción de la obra.
Juicio sumarísimo, medida de no innovar, expendio de combustibles, peligro en la demora
Materia: CIVIL
Carátula: Serirparque  S.A. c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-13

El negocio que explota la actora es un garage que sólo cuenta con tres surtidores, "de modo que su actividad principal la constituye la guardia y custodia de automotores y no el despacho de combustibles". Habida cuenta de la sanción impuesta por YPF consistente en un descuento del 50% en las bonificaciones percibidas por expendio de combustibles, a partir del 14-10-91 y hasta el 13-2 92 que no impide que a la peticionaria se le siga suministrando combustible para comercializar y también el estado de las actuaciones no se advierte peligro en la demora que no pueda ser subsanado por la sentencia a dictarse - con mayores elementos de juicio como coronación de este proceso sumarísimo.
Estatuto del viajante, prescripción, ley de contrato de trabajo, crédito laboral, ley derogada
Materia: LABORAL
Carátula: López, Osvaldo D. c/ Fallas Elías R. y/o Blue & Blue s/ Despido s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-04-11

La ley 17709, al fijar un plazo genérico de dos años para la prescripción de las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones de trabajo, dejó sin virtualidad jurídica las disposiciones particulares anteriores que pudieran oponerse a ella.

Esa técnica legislativa, en cuanto dirigida a fijar un parámetro unificador en la cuestión, fue receptada y continuada tanto por la ley 20744, como por su modificatoria 21297.
Regulación de honorarios, apelación de honorarios, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARTURO GIMBEL  S.A.C.I.F.I.A. s/ APELACION  - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

Habiendo sido apelados los honorarios por altos, solamente, su confirmación no impide que el Tribunal adecue la retribución originaria en razón de la depreciación monetaria acaecida con posterioridad, tal como autoriza el art. 277 del Código Procesal.
Actividad industrial, tareas de mantenimiento, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: ORELLANA, Gregorio c/ INGENIERIA YOUNG SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-11

Hay una evidente inescindibilidad entre la actividad explotada por la demandada (fabricación y venta de neumáticos) y la imperiosa necesidad de contar en todo momento con un adecuado mantenimiento de las máquinas que le permiten alcanzar aquellos fines (trabajo realizado por el actor), actividad ésta última esencial a integrada al normal desarrollo de su giro,comercial, de manera que sin la efectiva realización de ésta última, no sería posible el desarrollo de la primera. Por ello, ambas empresas son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en base a lo dispuesto por el art. 30 LCT.
Competencia originaria, jurisdicción y competencia, Estado Provincial, acción de amparo, acción meramente declarativa
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Zavalía, José Luis c/ Provincia de Santiago del Estero y Estado Nacional s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

Si bien la acción de amparo de manera general es procedente en los litigios que caen dentro de la competencia originaria de la Corte porque de otro modo en tales controversias quedarían sin protección los derechos de las partes en los procesos contemplados en el actual art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986, al tratarse la cuestión debatida de un problema atinente a la determinación de las órbitas de competencia entre los poderes del gobierno federal y los de un Estado provincial, parece poco compatible el régimen invocado y los mecanismos previstos en la ley mencionada y la acción declarativa -que también tiene una finalidad preventiva- resulta un medio plenamente eficaz y suficiente para satisfacer el interés de la actora.
Empleados públicos, indemnización, desindexación, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: MESSAD JESUS MARIA D. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-06-08

Corresponde al recurrente percibir la indemnización y es de aplicación oficiosa la ley nacional atento al carácter de orden público que la misma reviste.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, trabajo penoso
Materia: LABORAL
Carátula: CAMPAÑA, CARLOS JOSE c/ DOTAL SAICFIA. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-06-17

Si el perjuicio que padece el trabajador proviene de una reacción interna del organismo frente a movimientos o esfuerzos del propio cuerpo, estos daños no se producen 'con las cosas' ni por 'vicio' o 'riesgo' de éstas, sino a propósito de las cosas, a través de la actividad que el hombre cumple para manejarlas, transportarlas, deambular por ellas o cualquier otra acción en que la cosa permanece inerte y es el organismo el que se agrede a sí mismo, frente a la cosa. En la medida en que el daño esté determinado, aunque sea parcialmente por la tarea cumplida o por movimientos o esfuerzos realizados en ocasión de ésta, el caso estaría amparado por el régimen especial de la ley 9688, pero esa sola circunstancia no es suficiente para encuadrarlo en la previsión del artículo 1113 del Código Civil.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, empleo público, docentes, adicionales de remuneración, doctrina de la arbitrariedad, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Redondo, Cristina Leonor c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-11

La decisión judicial de extender el "adicional asistencia", instaurado con la finalidad de lograr un mayor estímulo para el personal no docente del Ministerio de Educación, a supuestos no contemplados por la norma; viola no solo la letra sino también la finalidad de la misma, en cuanto dicho adicional fue instaurado frente a la instalación de sistemas de control automático de presentismo para el personal no docente sujeto a ese tipo de control exhaustivo. En el caso, no se advierte ni ha sido probado un supuesto de discriminación lesivo del principio de igualdad ni una situación de privilegio en beneficio del personal no docente que percibe el incentivo, sino una distinción normativa razonable de acuerdo al fin público que la motiva. (Del voto de las juezas Marcela De Langhe e Inés Weinberg).
Procedencia del recurso, amparo ambiental, revocación de sentencia, dictamen pericial, prueba, Constitución Provincial
Materia: PROCESAL-MEDIO AMBIENTE-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fundación Cauce: Cultura Ambiental - Causa Ecologista - y otro c/ Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y otros s/ acción de amparo (ambiental)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-10-22

Corresponde hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por las demandadas y revocar la sentencia atacada en todos sus términos, rechazando la acción de amparo ambiental incoada, dado que la reseñada complejidad del caso demuestra que la cuestión planteada no puede ser resulta sin atender el criterio técnico del perito oficial ingeniero ambiental interviniente, del cual se desprende de la evaluación científica realizada que no se ha demostrado que la situación generada anticipe la probabilidad de riesgo, lo haga posible o cause daño ambiental, tal como lo exige el art. 65 de la Ley 8369. La protección del medio ambiente a través del dictado de medidas preventivas deviene incuestionable cuando se trata de contrarrestar los efectos lesivos que ya se han comenzado a generar con una determinada actividad, situación -ésta- que no se da en el caso porque no existen pruebas concretas y específicas sobre la existencia de la afectación denunciada. He ahí el motivo que imposibilita la configuración del acto lesivo exigido por la norma protectora de los derechos constitucionales. (Del voto en disidencia del Dr. Juan R. Smaldone)
Recurso de inconstitucionalidad, silencio de la administración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Biosystems  SA c/ EN  -Mº  Salud- Hospital Posadas s/ ContratoAdministrativo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-18

"corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 31 de la ley nº 19549  en tanto condiciona el acceso a la Justicia del reclamo por el reconocimiento de un derecho frente a la inactividad de la Administración y al encadenar los plazos para configurar la denegatoria por silencio -cuya función es de garantía- con el de caducidad previsto en el art. 25 de la ley citada  -que tiene fundamento en lograr la inmutabilidad de un acto administrativo que no existe en la denominada vía reparatoria-".