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Control de constitucionalidad, facultades del juez, jerarquía de las leyes, derechos y garantías constitucionales, Suprema Corte de Buenos Aires, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires, facultades reglamentarias, resoluciones
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: S.,E.M. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 16.338 . Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- La Plata
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-18

Puesto que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad considerado como ultima ratio del ordenamiento jurídico, sólo cabe articularla cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca al derecho o la garantía constitucional invocados, lo que en modo alguno se configura en el caso de la Resolución 1216 de la Suprema Corte Bonaerense.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, robo, agravantes de la pena, robo con armas, bien jurídico protegido, arma descargada, simulada o defectuosa, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

No puede afirmarse que la intimidación esté ya prevista como forma comisiva en la figura básica, y no pueda en consecuencia ser pilar de una agravante como la del uso de armas, puesto que la ley admite al menos tres grados de intimidación como medio comisivo del robo, progresivas en cuanto a su intensidad o efecto sobre la víctima. En el art. 164 se contempla una forma genérica e indeterminada de intimidación a la que se considera mas leve (amenaza de golpear con los puños, por ejemplo), tratándose luego en las agravantes y de modo progresivo -bajo sanciones mayores- otras formas de intimidar estimadas de mayor intensidad y efecto. Esta premisa de la cual suele partir la postura contraria -que la intimidación estaría contemplada en la figura básica- es por tanto y a nuestro juicio errónea, y ante la inexistencia de ese presupuesto que se esgrime, no hace falta acometer la búsqueda de algún otro motivo que justifique y otorgue razonabilidad a la agravante por uso de armas, y menos aún hallarlo en el peligro corrido por la víctima. El fundamento de la calificante está en el sustancialmente mayor grado de afectación que tal modalidad provoca en las defensas del afectado para resguardar su propiedad, debido a la intimidación absoluta que produce. En esta inteligencia, resulta lógico y coherente entonces que la ley no haga distingos, aclaraciones o salvedades, respecto a si el arma siendo de fuego está o no cargada, o si es hábil o inhábil por defecto para el disparo, porque cualquier objeto estructuralmente reconocible como arma de fuego posee la virtualidad de producir el efecto intimidante especial que la ley quiere reprimir. Si en cambio fuese únicamente el peligro sufrido por la víctima lo que la norma quisiera proteger, hubiese establecido las precisiones necesarias para definirlo. (Del voto del Dr. Jukic). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Causales de divorcio y separación personal, costas en el orden causado
Materia: CIVIL
Carátula: Cruz, Adriana Cecilia c/ Vera, Rodolfo Esteban s/ Ordinario divorcio (familia) s/Autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-08-04

"...en el contexto descripto -donde no es necesario expresar motivo alguno para divorciarse, siendo suficiente a tal fin sólo la expresa voluntad de uno o ambos cónyuges-, habiéndose resuelto la cuestión en base al nuevo marco legal, poco importa que en autos la actora haya invocado y probado las causales que fundamentan su pretensión divorcista y el demandado se opusiera a ello, porque, finalmente, no fue necesario que el juez se pronunciara respecto a la procedencia de las causales esgrimidas o de la oposición formulada, lo cual determina que no exista parte vencida, presupuesto sine qua non para que cobre virtud el principio objetivo de la derrota contenido en el primer párrafo del art. 65 del C.P.C. y C. "La calidad de parte vencida en un pleito o incidente proviene de la circunstancia de haberse admitido o rechazado las pretensiones o defensas articuladas, lo cual requiere una decisión judicial expresa al respecto.

"Por lo tanto la mera oposición a un planteo sin que medie pronunciamiento jurisdiccional alguno sobre el particular, como sucede en la especie, no es suficiente para atribuirle a la parte que lo dedujo esa calidad, en cuyo caso las costas originadas por la contienda deben distribuirse en el orden causado..."
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: MERCADO JUAN D c/ MADRIÑAN HUGO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

El derecho del damnificado por un accidente de tránsito a reclamar indemnización en dinero, al que puede optar por lo dispuesto en el art. 1083 del Código Civil, no debe comportar un exceso con relación al valor de la cosa porque de lo contrario se agravaría sin justificación alguna la situación del deudor.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, prueba, horas extra, procedencia del recurso
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Turri, Ana María c/ Siembra A.F.J.P. S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

Es contradictorio el pronunciamiento que, al hacer lugar al reclamo del pago de horas extras, señaló que no había pruebas que acreditaran el cumplimiento de jornadas extraordinarias.
Agente de bolsa, mercado de valores
Materia: COMERCIAL
Carátula: OSCAR DUCREY c/ MERCADO DE VALORES DE BS. AS.  S.A. s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-14

El mercado de valores es quien dispone la inscripción del aspirante como agente de bolsa de reunir los requisitos legales y reglamentarios. Cuenta con facultades disciplinarias sobre ellos además de poder llegar a ser garante de sus operaciones cuando así se hubiere dispuesto (ley 17.811:59 y 58 respectivamente); es por ello que la ley le confiere la atribución para apreciar y decidir originariamente si se encuentran cumplidas las exigencias referidas a la responsabilidad patrimonial del aspirante, así como los demás aspectos que contempla la ley 17.811, puede decirse entonces, que el mercado de valores actúa en resguardo de un interés propio, el aspirante es su posible futuro supervisado y a quien podrá llegar a garantizar frente a terceros por la actuación como agente.

De otro lado, el procedimiento para obtener la inscripción no se basa en el principio de contradicción propio de los procesos civiles no hay contradictor, empero el aspirante tiene la carga de probar que reúne los extremos que exige la ley y la reglamentación y para ello, para probar que cuenta con responsabilidad patrimonial suficiente, cuenta con la más amplia libertad probatoria, sin contradictor pero con la carga de la prueba.

Frente a esa libertad, el mercado para cumplir las funciones que le han sido encomendadas debe controlar y evaluar los antecedentes del aspirante con razonabilidad y dentro de la juridicidad, pues en caso contrario puede afectar arbitrariamente el derecho de quien pretende obtener la inscripción como agente. Dentro de esos principios el mercado tiene amplia libertad para valorar las pruebas ofrecidas y rendidas por el aspirante, lo que también incluye el poder verificarlas.
Fiador, mora, obligaciones solidarias
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: FERNANDEZ RAUL ALBERTO c/ LUCHI JESUS JUAN OMAR Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-05-30

El cuestionamiento de la recurrente dirigido a la situación de mora del fiador considerado en la anterior instancia, no tiene acogida en orden a que la mora del obligado principal, por aplicación de las reglas de solidaridad, dado que los fiadores responden en forma solidaria con el deudor principal, tal como se estipuló en el contrato de locación, contrario ello a lo sostenido en sus agravios por el recurrente. Ello sin perjuicio de que dicho planteo no fue formulado al Sr. Juez de la anterior instancia, por lo que resulta inaudible en esta vía (conf. art. 276 del C.P.C.C.).
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-13


Salta, 13 de Agosto de 2010.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "SUMBAINE, CORINA vs. ARIAS, FLORENCIO - MEDIDAS CAUTELARES" - Expte Nº 255.400/09 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil de Personas y Familia 6º Nominación (Expte. N° CAM 260.824/9 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

Apela la actora la interlocutoria de fojas 7 que rechaza la prohibición de innovar que solicita a fojas 2/3. Destaca en sus agravios (fs. 10), que se ha negado la medida, considerando que los actuales titulares del inmuebles sobre el cual se solicita la medida no son parte en el proceso, cuando en realidad precisamente se solicita por haber ellos adquirido (hijas extramatrimoniales), el dominio por donación efectuada por el demandado falseando los datos, ya que manifestó ser soltero, subsistiendo incluso en el momento de la adquisición la convivencia entre ambos, de manera que se sustrajo del patrimonio el único bien ganancial.

A fojas 21/22 se agrega dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara quien considera que el recurso debe prosperar.

La prohibición de innovar presupone la existencia de un proceso, encontrando justificación y fundamento en la garantía de defensa en juicio, requiriéndose para su procedencia el cumplimiento como recaudo de toda cautelar, a la que se debe agregar uno que le es propio y que se refiere a la irreparabilidad del daño que provoca la situación de hecho que se pretende cambiar. La misma se inscribe dentro del llamado proceso cautelar "conservativo", ya que procura preservar durante la sustanciación del proceso la inalterabilidad de la situación de hecho y de derecho. No constituye una acción autónoma, ya que con ella se trata de resguardar los efectos de una sentencia.

Teniendo en cuenta que la pretensión que nos ocupa - divorcio, no tiene otra finalidad que declarar disuelto el vínculo que unía a las partes, la medida carece de accesoriedad, ya que instrumentadas para asegurar los efectos de una condenación futura, no se observa en autos cual será dicha condenación, la cautelar no se compadece con el objeto de la pretensión del principal (esta Sala, año 1997, fs. 548). "Las medidas cautelares tienden a asegurar el eventual cumplimiento de la sentencia definitiva favorable que pueda recaer sobre una pretensión de fondo y para que puedan otorgarse, deben guardar inexcusablemente congruencia con la acción principal deducida" (Sala V. T. IV, fs. 938) Por los argumentos expuestos, se confirma la resolución apelada de fojas 7. Sin costas por no haber sustanciación.

REGISTRESE, notifíquese y baje.
Accidente de tránsito, daño moral, indemnización por accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: SARMORIA LARZABAL MIGUEL c/ OCHOA FELIPE s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-26

La existencia de lesiones a consecuencia de un accidente de tránsito permiten suponer que quien las sufre, experimenta perturbaciones o alteraciones anímicas que pueden modificar el ritmo normal de desenvolvimiento de su vida, lo cual conforme el art. 1078 del Cód.

Civil, corresponde indemnizar.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Tornquist S.A. c/ García Mónica Mabel s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-16

Si de la documentación adunada, puede inferirse inequívocamente que el acreedor que consta en el documento ejecutado - Banco Credit Lyonnais Argentina S.A.-, ha cambiado su denominación por la de Banco Tornquist S.A.; tratándose ésta última de la misma persona que continua a la denominada en primer término, alegar que el banco accionante carece de legitimación, resulta a todas luces infundado, cuando como en el caso, se trata de la misma entidad que ha modificado su denominación, y la ejecutada, al contestar la demanda, no ha desconocido la documentación agregada por la contraria, ni el carácter de sociedad continuadora alegado por la ejecutante.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Centro Gallego de Buenos Aires c/ Mº de Economía y Obras y Servicios Públicos y Otro s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-16

La falta de legitimación para obrar se tipifica cuando el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso (confr. "Fenocchietto-Arazi, "C.P.C.C.N., Comentado y Concordado", edit. Astrea, T.II, pág. 228 y ss.).
Extinción del contrato de trabajo, incapacidad total, indemnización sustitutiva de preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ CERBANDO, CRISTOFORO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ INDEMNIZACION - ART.212
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

Si el real estado de salud del reclamante determinó la extinción del vínculo, toda vez que al momento del cese se hallaba totalmente incapacitado, carece de sentido la indemnización sustitutiva del preaviso, pues dicha incapacidad al ser absoluta y permanente, descarta la posibilidad de que el trabajador obtenga otra ocupación (en igual sentido Sala VII sent. 20.262 del 13/12/91 " Meana de Galimberti, Alba C/ Norigal SA ").
Proceso judicial, habilitación de instancia, declaración de oficio, principios procesales, preclusión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berchio Alicia Cristina y Otros c/ Consejo Nac. de Educ. Técnica -C.O.N.E.T.- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-09

Cuando la cuestión que hace a la habilitación de la instancia judicial, fue aceptada en su momento por la magistrado, sin que el demandado la haya cuestionado en la etapa procesal correspondiente, sacar a relucir de oficio tal valladar al momento de la sentencia, importa vulnerar los principios procesales de preclusión teniendo en cuenta la jurisprudencia sentada por la C.S.J.N. in re "Cohen" (Fallos: 313:228) de congruencia.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Servente, Raúl H y otro c/ Banco de Italia y Río de la Plata S.A. s/ Demanda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-01

Cabe habilitar la vía extraordinaria cuando media variación sustancial entre las regulaciones practicadas en una y otra instancia, si la decisión final no contiene la indispensable fundamentación conforme con las circunstancias de la causa.
LEY DE MARCAS, registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ediciones Del País S.R.L.  c/ El País S.A. s/ cese de oposición al registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-23

El cuerpo legal marcario tiene por finalidad dar las bases para resolver, con criterio realista, choques de intereses concretos y efectivos, de manera de dispensar la tutela de la ley de un modo funcional y acorde con los fines que su régimen persigue para permitir un desenvolvimiento libre y armonioso del comercio argentino.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, quiebra, leyes, interpretación de la ley, fianza, codeudor solidario, acción, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: BID C. L. - QUIEBRA c/ LE BAS ROBERTO JORGE Y/U OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DEMANDA   ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 474 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-21

Corresponde rechazar la queja desde que de la argumentación recursiva sólo se extrae la distinta postura del recurrente en cuanto a la aplicación e interpretación de diversos artículos de la ley 24522 y en especial, los que refieren a la obligación de los fiadores respecto de las deudas del principal en concurso y la prescripción dispuesta en el artículo 56 de la Ley de Concursos y Quiebras, pero sin lograr demostrar que la respuesta dada por la Sala desborde el marco ordinario de exégesis del derecho al considerar que el instituto de la prescripción no libera a los codeudores solidarios en tanto "la figura del 'principal pagador' se instrumenta normalmente para disponer de una mejor garantía incorporando un nuevo deudor adicional al deudor directo y, los demandados no pueden oponer la prescripción del art. 56 L.C. que limita sus efectos -exclusivamente- al deudor concursado.

La ampliación del efecto novatorio de la propuesta de acuerdo, aprobada, a los fiadores y codeudores que preveía la ley 25563 fue dejada sin efecto por la ley 25589, restableciéndose el art. 55 de la ley 24522, cuya segunda frase no deja dudas acerca de que subsisten las obligaciones de garantía asumidas ante el concursado por fiadores y codeudores solidarios.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Mottura, Daniel Pascual del Rosario s/ Abuso deshonesto calificado reiterado en concurso ideal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-20

Es agravante la personalidad del imputado, que es una "condición personal" demostrativa de mayor personalidad.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Régimen penal tributario, excarcelación, eximición de prisión, caución real, ley derogada
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: ESTABLECIMIENTOS FARAON S.A.; SAMID, JOSE ALBERTO; VIDETTA, MARIA HAYDEE s/ Régimen penal tributario, Inc. de exención de  prisión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

Es inaplicable el art. 17 de la ley 23771, que establece que la excarcelación o exención en procesos por delitos tributarios sólo debe concederse bajo caución real, pues dicha ley fue expresamente derogada por el art. 24 de la ley 24769 y la circunstancia de que por imperio del principio consagrado del art. 2 del Código Penal, se mantenga la vigencia de figuras delictivas que suponen un menor castigo, no implica que continúen vigentes normas de carácter procesal cuya derogación es indiscutible.
Extinción del contrato de trabajo, suspensión por falta o disminución de trabajo, suspensión por fuerza mayor, tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: San Martín Saldivia, María Isabel c/ Frigorífico Siracusa s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-12-07

La ley de contrato de trabajo faculta al empleador a disponer suspensiones o despidos por causas económicas, fuerza mayor o disminución de trabajo, por exigencias vitales de la empresa, frente a situaciones de hecho que impiden la continuidad de la explotación, o la convierten en antieconómica. Si, dichas medidas se adoptan con carácter general, es decir que abarcan a todo el personal del establecimiento, la tutela sindical no es oponible a ellas, el cierre implica la desaparición, temporaria o definitiva, de la unidad de representación que constituye la razón de ser del delegado gremial, en cuyo caso, mantener la estabilidad en el vínculo, significaría una ficción ajena al fundamento mismo de la tutela sindical, que consiste en proteger el ejercicio de la representación sindical, que en estos supuestos se torna materialmente imposible.
Trabajadores telefónicos, premio por producción
Materia: LABORAL
Carátula: COCCIA DE ROLANDO, SUSANA c/ ENTEL s/ DIFERENCIA DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-26

Dentro de la pirámide que constituye el ordenamiento jurídico, una resolución ministerial no puede dejar sin efecto, en perjuicio de los trabajadores, una resolución interna que, como la 596 ag entel/77,se apoyaba en los términos del dec. 2002/77. En tal sentido, el art. 3 del dec. 688/82 demuestra palmariamente que nunca estuvo en la mente del PEN autorizar a los Ministerios de Economía, Trabajo y Obras y Servicios Públicos, para que suprimieran o modificaran, en perjuicio de los trabajadores, una resolución interna que había incorporado el adicional por productividad al plexo contractual de los trabajadores.
Competencia, nulidad procesal, multa civil, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: GRONDONA, MARTA N. c/ M.C.B.A. s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-12

Es procedente la intervención de la justicia ordinaria de la Capital a los efectos de la nulidad de la resolución, confirmada por la Cámara de Apelaciones de la Justicia Municipal de Faltas, por medio de la cual el Tribunal de Faltas de la Comuna, impuso a la accionante una multa por distintas y diversas infracciones de tránsito.
Contrato de trabajo, contrato de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: CHARA, JORGE JOSE c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA DE SGO.DEL ESTERO s/ DIFERENCIA DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-17

El contrato de Trabajo se distingue de la locación de servicios por la dependencia del trabajador.-
Prescindibilidad, daños y perjuicios, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALDERETE DE NOTZ, Celia Cristina c/ ESTADO NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - PRUEBA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-29

Existen ciertos hechos que por su sola producción acarrean la prueba del perjuicio, jugando como una presunción hominis. La demostración del hecho importa la del daño. Así ocurre con la baja ilegítima dispuesta con invocación de la ley 20713, pues deriva de ella la imposibilidad de desempeñar la función y cobrar los emolumentos propios de la relación irregularmente interrumpida, así como la privación de los beneficios previsionales y asistenciales. Con mayor razón si se añade la inhabilitación por 5 años para reingresar a la Administración Pública Nacional establecida por el art. 5 de dicha ley.

Hallándose de tal modo acreditada la existencia del daño, pero no su magnitud, corresponde determinar prudencialmente la cuantía del resarcimiento.
Notificación, validez de los actos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ronco, José y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Si la afirmación de la demandada en torno a la fecha de notificación de la resolución definitiva no fue controvertida por la actora al contestar el traslado de la excepción de incompetencia interpuesta con motivo de la extemporaneidad del acto en cuestión cabe tener por demostrado que efectivamente fue esa fecha en que se notificó de la decisión que ahora cuestiona. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del Estado, responsabilidad por omisión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hermoso, María Celia c/ Covisur S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

Permanecen en el ente estatal sus deberes en el ejercicio del poder de policía en orden a la seguridad de las personas y bienes de éstas en el tránsito por la ruta concesionada, debiendo llevar a cabo la vigilancia y custodia de ellas. Por lo cual el incumplimiento de ese deber omitiendo aquello que es indispensable para preservar la seguridad pública, convierte en ilícita esa abstención (art. 1074, Código Civil). El daño que resulte para terceros de esas omisiones responsabiliza al agente u órgano que no cumplió su deber absteniéndose de ejercer la vigilancia y custodia de las rutas, para que se observen los reglamentos de seguridad del tránsito.