Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-16


Salta, 16 de abril de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "CASAS, Vilma Mónica vs. AMADOR, Juan José - ALIMENTOS"; Expte. Nº 255803/09 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 6ª Nominación; Expte. Nº 299216/10 de Sala, y ___________________C O N S I D E R A N D O I) La sentencia de fs. 61/63 hizo lugar a la demanda y condenó al demandado a abonar en concepto de cuota alimentaria a favor de sus dos hijos menores el 30% de los ingresos que percibe, más obra social, idéntica porción de sueldo anual complementario y asignaciones familiares; fijó una cuota suplementaria de $ 1.518, e impuso las costas a cargo del demandado. Disconforme la actora dedujo recurso de apelación a fs. 65, el que fue concedido a fs. 66.

Al fundar el recurso (fs. 71/72), formula un relato de los antecedentes del proceso y señala que se agravia por cuanto se ha efectuado una errónea interpretación del derecho, violándose el principio de igualdad de las partes. Sostiene que el demandado tuvo la oportunidad de demostrar la situación patrimonial de ambas partes, de ofrecer prueba y de contradecir las ofrecidas por su parte, lo que no hizo. Destaca que se encuentra desempleada, que reside junto a sus hijos en el asentamiento Virgen de Luján, que carece de las necesidades básicas indispensables y que en virtud de lo dispuesto por el art. 356 inc. 1º del CPCC, se deben tener por ciertos los hechos expuestos por su parte. Agrega que del informe de fs. 30 surgen los ingresos del alimentante y que quedó acreditado que sus posibilidades económicas no son las mismas que las de aquél. Manifiesta que se ha valorado erróneamente la prueba producida y que el sentenciante se ha apartado de lo peticionado sin dar fundamento alguno. Solicita se haga lugar al recurso deducido, se eleve la cuota alimentaria al 45% de los haberes del demandado, y se adecue en base a ésta la cuota suplementaria fijada.

El traslado ordenado permaneció incontestado por el demandado.

A fs. 82 dictamina la señora Asesora de Incapaces, expidiéndose por la elevación del porcentaje fijado a un 40% de los haberes que percibe el alimentante. A fs. 84 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra firme y consentida.

II) La obligación que impone a los padres el art. 265 del Código Civil de criar, alimentar y educar a los hijos conforme a su condición y fortuna con sus propios bienes, implica la de procurarse los medios necesarios para asegurar mínimamente a sus hijos una subsistencia digna. La cuota alimentaria debe fijarse teniendo en cuenta no sólo los ingresos del alimentante, sino también las necesidades de los menores beneficiarios (CC2º Bahía Blanca, 19-7-07, en diariojudicial del 15-8-07; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXI, fº 363).

A los fines de la prestación alimentaria, debe tenerse en cuenta que la misma está destinada a cubrir todas las necesidades del menor (vivienda, alimentación, salud, educación, esparcimiento, art. 267, Código Civil), y para su determinación no existen criterios rígidos.

En tal sentido, se ha sostenido que debe procurarse en todo momento que los alimentados tengan cubiertas sus necesidades elementales, enumeradas en el art. 267 del Código Civil, concretamente las correspondientes a manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad. Ellas deben estar adecuadamente satisfechas de acuerdo con un nivel de vida razonable y decoroso (CNCiv, sala K, LL, 2002-B, p. 468; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXI, fº 684).

Así, la jurisprudencia es conteste en afirmar que la cuota alimentaria tiene que ser proporcionada al nivel económico del obligado, contemplando, por otro lado, las necesidades de los alimentados. En suma, la prestación debe guardar razonable proporción con los ingresos del alimentante y el nivel de vida de las partes (CApelCCSalta, sala IV, t. XXXI, fº 482, entre otros).

En el caso, la única prueba producida consiste en la informativa de fs. 25/30, de la cual surge que el demandado percibe la suma de $ 1.419, luego de efectuados descuentos por la suma de $ 1.122,59 -entre los que se encuentra incluida la suma de $ 759, en concepto de "litis"-, como Cabo del Cuerpo de Seguridad Escalafón General de la Policía de Salta. Por su parte, la actora señaló que se encuentra desempleada, que reside, junto a sus dos hijos menores, en el asentamiento Virgen de Luján y que carece de las necesidades básicas indispensables, hechos éstos que se presumen ciertos en virtud de lo dispuesto por el art. 60 del CPCC (cfr. fs. 58).

El demandado sólo compareció al proceso en oportunidad de celebrarse la audiencia de fs. 55, sin patrocinio letrado y sin contestar la demanda deducida, limitándose a efectuar una oferta del 30% de sus haberes, la que fue rechazada por la actora, quien en dicho acto, solicitó se fije la cuota en el 40% de los haberes del alimentario. Ahora bien, aún cuando el demandado no haya contestado la demanda, a los fines de la determinación del quantum de la cuota alimentaria, deben tenerse en cuenta no sólo las pretensiones de la actora, sino también las particularidades del caso. En efecto, conforme lo dispuesto por el art. 60 del CPCC la sentencia debe ser pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el art. 356 inc. 1º del CPCC, es decir aún cuando el demandado se encuentre en rebeldía, a los fines de fijar la cuota alimentaria deben valorarse no sólo las pretensiones de la actora, sino también la prueba producida, fijándose la suma o porcentajes que se consideren equitativos. Es decir, la rebeldía declarada no importa -contrariamente a lo sostenido por la apelante-, que la sentencia deba ser necesariamente favorable a las pretensiones de la actora, y que deba fijarse idéntico porcentaje al solicitado.

Al respecto se ha sostenido, que la presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por la contraria a la rebelde, es juris tantum. Deben ser corroborados con la prueba producida, y no importan una eximición lisa y llana para la actora de la carga que le incumbe de demostrar la razón que asiste a su pretensión. La declaración de rebeldía, no es por sí sola suficiente para hacer prosperar todos los rubros reclamados en la demanda, si éstos fueran jurídicamente inadmisibles o no existe sustentación para acogerlos (cf. CJChubut, 03/10/97, Lexis Nexis nº 15/3189 y nº 15/3185).

Este Tribunal ha sostenido que la declaración en rebeldía no implica ipso iure la recepción de todas las pretensiones planteadas por el actor, ni impone, por ende, al juzgador el deber de emitir una decisión favorable a la petición de aquél, sino sólo en aquellos supuestos en los cuales la misma sea justa y esté acreditada en legal forma (cf. CNCom, sala A, La Ley, 1999-B, 545; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXI, fº 947).

En autos, no se ha producido prueba alguna que permita ponderar que la cuota fijada en la instancia de grado resulta insuficiente a los fines de cubrir las necesidades de los menores, así, repárese que ni siquiera se produjo el informe ambiental ofrecido en la demanda.

Por el contrario, teniendo en cuenta la edad de los alimentados (9 y 12 años, cfr. fs. 2 y 3 respectivamente), el porcentaje del 30% de los haberes que percibe el demandado, determinado en la sentencia recurrida, se considera prudente y ajustado a la situación planteada en autos. Ello, dejando a salvo que la cuota de alimentos es eminentemente circunstancial y variable, por lo que puede ser modificada si cambian los presupuestos de hecho sobre cuya base se estableció (cfr. Borda, "Familia", tomo II, p. 376, nº 1213; Belluscio, "Código Civil Comentado", tomo II, p. 293, CApelCCSalta, sala IV, t. XXXI, fº 482).

Para mayor abundamiento, cabe destacar que el régimen legal vigente otorga a la mujer una virtual equiparación de derechos y deberes con relación al hombre, dejando de lado la concepción tuitiva que regía anteriormente. Es así que, en materia alimentaria, los artículos 264, inc. 1º; 265 y 267 del Código Civil, dejan ver con claridad que el deber de manutención corresponde por igual a ambos progenitores y, aún cuando en el caso de la madre dicha obligación se compensa, en parte, con la atención de los menores, ello de por si no la releva totalmente de su deber de aporte (cfr. CNCiv., Sala K, en autos "L. del V. R.B. y otros c/ R. G.A. s/ Alimentos", sentencia nº 101798, consultado en Lex Doctor, voz: "alimentos obligación progenitores"; CApelCCSalta, sala IV, t. XXVII, fº 208; íd. íd., t. XXXI, fº 482).

En base a lo expuesto, el hecho de que la actora se encuentre actualmente desempleada, no resulta suficiente por sí solo, para modificar el porcentaje fijado en la sentencia recurrida.

Consecuentemente, resultando manifiestamente insuficientes los agravios formulados para modificar lo resuelto en la instancia de grado, no cabe sino desestimar el recurso de apelación deducido, sin costas, por no haber merito para ello, atento la incontestación del demandado.

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 65. Sin costas.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.