Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-25


REGGIARDO, Juan Alberto contra BANCO DE SANTA FE S.A.

Reg.: A y S t 216 p 330-334.

En la ciudad de Santa Fe, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "REGGIARDO, Juan Alberto contra BANCO DE SANTA FE S.A.

-Apremio- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 484, Año 2003).

Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Spuler, Gutiérrez, Netri y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: En la presente causa promovió el doctor Juan Alberto Reggiardo juicio de apremio contra el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. pretendiendo el cobro de la suma de $ 175.400 -con más aportes y accesorios- en concepto de honorarios regulados por su intervención como apoderado de la entidad accionada en los autos "Frigorífico Totoras S.A." (fs. 36/37).

A fs. 79/85 v. la demandada opuso excepciones de inhabilidad de título y falta de acción, fundándose en la naturaleza laboral de la relación existente entre las partes, sujeta a reglas (como el Reglamento Interno del Banco, artículo 165) conforme a las cuales el abogado que representaba al Banco no podía cobrarle honorarios por su actuación profesional, siendo por ello inaplicable los artículos 24 y 31 de la ley 6.767.

Contestadas que fueran dichas excepciones (fs. 90/95), y tramitada la causa, mediante sentencia de fs. 189/192 la señora Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Cañada de Gómez rechazó las excepciones opuestas y mandó llevar adelante la ejecución intentada hasta tanto el actor se hiciese íntegro cobro de la suma reclamada con más sus intereses, atento considerar que "en el caso, el título presentado se halla firme y ejecutoriado. (...).

El auto regulatorio n 2272 de fecha 12/12/96 constituye título hábil ejecutivo en los términos de la citada disposición (se refiere al artículo 507 del código de rito) y habiendo sido objeto de revocatoria por la misma ejecutada en su oportunidad, mediante Auto Interlocutorio No. 1265 de fecha 12/08/97 se rechaza dicha impugnación, y luego la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial por Resolución No. 368 de fecha 12/12/97 rechaza el recurso de apelación", siendo las argumentaciones traídas por el banco en sustento de sus defensas "las mismas que esgrimiera (...) en la aludida impugnación por vía de revocatoria, y como tal ya han sido consideradas por la suscripta al rechazarlas, según se desprende del texto de la pertinente resolución a la que me remito por razones de brevedad (...) y también objeto de consideración por la Alzada que rechaza la apelación (...)", agregando que -no obstante ello- también debía recordarse en cuanto a la excepción de inhabilidad de título que a pesar de que la misma "debe referirse a lo puramente externo", la excepcionante pretendía introducir con ella un "planteo de orden causal" que debía descartarse por aplicación del artículo 475, inciso 2, del citado Código, y que ya había sido considerado en el referido auto n 1265, y que, en relación a la falta de acción, ésta quedaba "subsumida dentro de la anterior".

2. Contra dicho decisorio dedujo el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3º, de la ley 7.055, agraviándose de que el mismo se aparta de la solución normativa prevista para el caso, pues aplica el artículo 31 de la ley 6.767 a una relación no regida por el mismo, desconociendo -precisamente- que Reggiardo estaba vinculado con su parte por una relación de naturaleza laboral, percibiendo un salario por dicho trabajo, tal como lo demuestran las pruebas de las cuales prescindió la Jueza de baja instancia (certificado laboral, confesión de la actora), no pudiendo por ello pretender cobrarle honorarios en virtud del artículo 165 del Reglamento Interno del Banco (fs. 213/219 v.).

Evacuado el traslado correspondiente (fs. 243/253; 258/290), la Jueza concedió el recurso interpuesto por auto de fs. 409/410 v..

En el examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro razones para apartarme de aquella conclusión, atento -en particular- a que la decisión adoptada reviste carácter definitivo en cuanto a la falta de acción o legitimación sustancial del demandante, tema que no podría ser nuevamente debatido en un eventual juicio declarativo posterior (arg. arts. 483 y 509 del Código Procesal Civil y Comercial; A. y S., T. 60, pág. 1; T. 74, pág. 205).

Por ello, y lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 468/469 v., voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Debiendo resolverse la cuestión planteada -tarea en la cual (conviene recordarlo) este Cuerpo no se halla limitado por los argumentos expuestos por las partes o por el iudex a quo, sino que cuenta con las más amplias facultades (en ejercicio de las atribuciones derivadas del principio expresado por el adagio "iura novit curia") a fin de efectuar una declaración sobre el punto en disputa de acuerdo con la inteligencia que ella rectamente le otorgue-, no puede escapar al juicio respectivo que la materia aquí involucrada ya ha sido objeto de decisión por esta Corte en anteriores pronunciamientos dictados en litigios que vinculaban a las mismas partes del sub judice (vide "Reggiardo, Juan Alberto contra Banco de Santa Fe S.A", R. A. y S., T. 170, pág. 446; T. 205, pág. 28) en los cuales se ha insistido -con los fundamentos entonces expuestos, a los que corresponde remitir brevitatis causae- sobre la "ausencia del derecho del actor a percibir honorarios del banco empleador" y en la consecuente "inexistencia de un título o derecho que habilite la vía del apremio".

Dicho extremo -insisto- no puede dejar de ser valorado en estos autos, en particular a la hora de ponderar el peso que ha de reconocerse al argumento de la cosa juzgada invocado por la Jueza a quo (implícitamente) y por la actora (explícita y reiteradamente) con fundamento en la firmeza de la resolución de la Sala (fs. 33, expte. 297/97) desestimatoria del recurso de apelación deducido subsidiariamente por el banco contra el auto regulatorio n 2272 (fs. 2, expte. 297/97) en el cual la mencionada Jueza, además de regular los honorarios del doctor Reggiardo en la suma de $ 175.400, había establecido que los mismos eran "a cargo del verificante" (esto es, del banco).

Dicha conclusión es forzosa a poco que se repare en que, sin desconocer la importancia que exhibe la cosa juzgada -sin la cual "el sistema jurídico carecería, como principio, de eficacia práctica (...) y, por tanto, su desconocimiento generalizado supondría un padecimiento de los fines más básicos del derecho" ("De Gainza", Fallos, 320:985, voto del juez Petracchi, citando a Hart y a Soler)-, lo cierto es que en las concretas circunstancias del caso la misma no puede prevalecer al punto de convalidar el pronunciamiento impugnado, con olvido de que también el propio principio que prescribe su inalterabilidad no es absoluto -al igual que todo principio- y debe ceder cuando ello sea necesario para salvaguardar la justicia, "sin la cual el más íntimo sentido de dicha autoridad, que es su contenido moral, no es concebible" (Fallos, 294:434; 310:1797 y sus citas; Fallos, 320:1038), justicia a la cual repugnan las respuestas que frustran ritualmente derechos sustanciales cuyo reconocimiento aparece impuesto por el imperativo de conferir primacía a la verdad jurídica objetiva (vide "Colalillo Domingo c/Cía. de Seguros España y Río de la Plata", Fallos, 238:550 [1957]; también, Fallos, 322:179; 320:730 y 2209; 315:1186; 314:629; 311:2193; 303:2048; 301:725, entre muchos otros), pues en todo caso resulta inadmisible -como lo ha dicho la Corte- que los tribunales de la Nación, so pretexto de causas formales, consagren soluciones totalmente apartadas de la realidad (Fallos, 322:1526).

Y así como en reiteradas ocasiones se han dejado sin efecto, por excesivo ritualismo, pronunciamientos que extendían el valor formal de la cosa juzgada más allá de límites razonables (Fallos, 310:302 y 2063; 312:173; 314:423; 316:3126; 317:381; 318:2068; 321:2730, etc.), o que so pretexto de un supuesto respeto al principio de cosa juzgada, adoptaban soluciones que equivalían a un despojo del deudor por imponerle obligaciones que transponen los límites de la moral y buenas costumbres (arts. 656, 953 y 1071 del Código Civil) (vide Fallos, 322:2109 y sus citas; también "Banco Ctral. de la Rep. Argentina en Centro Financiero S.A. Cía.

Financiera" -B.250.XXXVI, del 20 de marzo de 2003), el mismo espíritu que animó a tales decisiones ha de ser respetado en el presente caso, al constatarse la ausencia de un título sustancial para el derecho que invoca Reggiardo (labor profesional que deba retribuirse con honorarios), título sin el cual "no hay derecho, porque falta la atribución" (vide Hervada, Javier, "Introducción crítica al derecho natural", Eunsa, Pamplona, 1981, pág. 48), siendo por demás de claro (por aquello de que una conclusión no puede ser más fuerte que sus premisas) que, no existiendo el derecho concreto (algo que con relación a Reggiardo esta Corte ya ha declarado en los precedentes citados), una decisión judicial no puede erigirse ex nihilo en causa eficiente del mismo, ni condenar a un sujeto a dar a otro lo que en realidad no es "suyo" violando así la propia esencia del Derecho, que consiste en dar a cada uno lo suyo ("suum cuique tribuere", Institutas, I, 1, 3).

Por ello, y no obstante ser cierto que -como se ha sostenido en autos- el banco no recurrió a los mecanismos procesales disponibles legalmente a los fines de objetar oportunamente lo resuelto en la incidencia de regulación de honorarios, "lo que trae aparejado la existencia de una decisión jurisdiccional al que la ley le otorga fuerza de cosa juzgada, no es menos cierto que la aplicación de dicha institución procesal y los loables motivos que inspiran el principio de inmutabilidad de las sentencias no son absolutos y deben ceder frente a la necesidad de afirmar el valor jurídico y objetivo constitucional de afianzar la justicia, entendiendo a ésta como una virtud al servicio de la verdad sustancial, lo cual se expresa a través de una decisión judicial que conduzca a consagrarla y al reconocimiento de los derechos que surgen evidenciados de las constancias del proceso" (C.S.J.N., "El Soberbio S.A.", junio 15-2004).

A lo expuesto debe agregarse -como un dato no menor- que, si bien se mira, las decisiones que la actora invoca en sustento de su pretensión (en particular, las de la Jueza de baja instancia, pues la Sala se limita a expresar en su decisorio que "la regulación impugnada resulta justa y equitativa" -fs. 33-), en el tramo en que se pronunciaron sobre el sujeto obligado al pago de los honorarios regulados, supusieron un exceso de los límites impuestos al trámite respectivo (que se iniciara por el doctor Reggiardo exclusivamente a los fines de que "se regulen mis honorarios profesionales"), considerando el reiterado principio conforme al cual las decisiones adoptadas en materia de regulación de honorarios "nada fijan sobre el derecho a percibirlos, ni nada anticipan sobre la procedencia y forma de su cobro"(Fallos, 320:495, y su cita); 320:1542, 2157; 2485; 321:146), "toda vez que la regulación judicial sólo agrega un reconocimiento -y cuantificación- de un derecho preexistente a la retribución del trabajo profesional" (Fallos, 321:146; también, Fallos, 296:723; 314:481; 320:31, 378, 1542, 2157 y 2485; 324:4275), y -además- la discusión del derecho a cobrar los honorarios cuya regulación se pide es inconciliable con el procedimiento sumarísimo establecido por la ley para fijar el monto de la retribución profesional, excediendo el ámbito de éste (doctrina de Fallos, 184:394; 188:459; 195:181; 212:125; 218:52 y 792).

Por las razones expuestas voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas al vencido (artículo 12, ley 7.055).

Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi dijeron que la resolución que se debía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas al vencido.

Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponda a fin de que la causa sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)