marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, empresa explotadora de taxis, falta de licencia de taxi, interés público, contracautela
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recoleta Cabs S.R.L. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación Actos Administrativos Radio Taxi El URbano S.R.L. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación Actos Administrativos Radio Taxi El URbano S.R.L. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-06|2001-11-06

El artículo 189 del Código Contencioso Administrativo y Tributario ofrece una pauta relevante a partir de la cual evaluar la concesión de la autorización judicial a efectos de explotar el servicio de radio taxi que se pretende. En la disposición se prevé el supuesto de suspensión en la ejecución de un acto administrativo por el hecho de estimarse fundadamente que los perjuicios por el cumplimiento han de ser mayores que los generados por la suspensión. El texto remite a la ponderación del juez respecto de las consecuencias que en uno u otro caso pueden producirse, y a la decisión en virtud de lo que resulte en definitiva menos peligroso. En el caso de autos es precisamente un escrutinio de tal índole el que convence de otorgar la medida que se peticiona. En las condiciones en que se presenta el caso, parecerían ser mayores los perjuicios ocasionados a la actora por la falta de autorización que los que eventualmente se verifiquen para el interés general por el hecho de que la empresa opere sin autorización definitiva. A este efecto, debe tenerse presente que la actora acredita prima facie que ha cumplido con los recaudos para prestar el servicio.

Asimismo, la tutela material se justifica a partir de la expectativa creada precisamente a partir de las autorizaciones precarias conferidas por el Gobierno de la Ciudad a través de la resoluciones de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, fundadas en similares presupuestos fácticos que la que aquí se dispone.

No escapa a la consideración precedente el hecho de que la Ley Nro. 618 (BOCBA del 22/8/91) ha introducido nuevos recaudos para acceder a la autorización, y que uno de ellos -la constitución de una garantía real por el monto y las formas establecidas en el artículo 3 de la ley citada- ha sido objeto de puntual cuestionamiento por parte de la actora en su ampliación de demanda. A los fines de esta habilitación provisoria, los eventuales e hipotéticos perjuicios que pueda producir el pendiente cumplimiento de la garantía, hallan debido resguardo en la contracautela que se fija en este pronunciamiento.
Inhabilitación especial, lesiones graves, disparo de arma, atenuantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: CANO, S. s/ INHABILITACION ESPECIAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-16

En el caso de autos, en que el procesado ante una incidencia menor, esgrimió su arma reglamentaria y disparó la misma produciendo a la víctima lesiones graves; no corresponde la inhabilitación especial del art. 20 bis inc. 1ro. CP, pues en atención al buen concepto de que goza y su falta de antecedentes, privarlo de su profesión sería el más grave de los cercenamientos de derechos que se le pudiera producir, lo que constituiría una demasía incomprensible para el justiciable, porque no se compadece con ninguna de las pautas del art. 41 CP.
Bien de familia, afectación del inmueble (civil), locación, locación de inmuebles
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO CASA COOP. LTDO. c/ GONZALEZ, JOSE s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-23

Es improcedente afectar al régimen de bien de familia un bien inmueble que arrienda un locador si carece del requisito legal de disposición exclusiva de propietario y del de habitar el inmueble (ley 14394: 41). Sin embargo, una vez constituido el bien de familia pueden presentarse situaciones en que sea admisible la autorización de su arrendamiento en forma temporaria o excepcional.
Derecho privado, Derecho administrativo, leyes, competencia contencioso administrativa, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

La doctrina resiste la búsqueda, con fines de integración al derecho administrativo, de normas en el campo privatístico, en razón de su fundamental inspiración en el principio de paridad de situación de los particulares y de la exclusiva consideración de su utilidad, con prescindencia del interés público, el que es predominante, en cambio, en el Derecho Administrativo. Se recurrirá a él, pues, con especial cautela, sin perder de vista nunca el interés prevalente. Casi podría agregarse que normas aplicables de este tipo serán aquellas que comporten a su vez aplicación de principios generales del Derecho, informadores de todo ordenamiento jurídico.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, sentencia no firme
Materia: CIVIL
Carátula: GCBA S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO EN CCJZ Y OTROS  c/ GCBA  s/ AMPARO - HABITACIONALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal articulado contra la decisión de este Tribunal que tras admitir parcialmente la queja, hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocó parcialmente la sentencia de la Cámara y dispuso reenviar las actuaciones a la Cámara para que, por intermedio de jueces distintos a los que ya intervinieron en autos, se dicte un nuevo pronunciamiento. En esas condiciones, la suerte del proceso no ha sido aún definida en la jurisdicción local con un pronunciamiento definitivo y la decisión cuestionada, entonces, no es la sentencia definitiva que exige el artículo 14 de la ley n° 48 (Fallos: 311:1601 y sus citas, entre otros). Por otra parte, las consideraciones que formula la recurrente a los efectos de justificar la existencia de este requisito no logran desvirtuar la conclusión antes apuntada. (De voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Amenazas, juzgado de familia, tribunal de alzada, recurso de apelación (procesal), medidas autosatisfactivas, violencia familiar, competencia, medidas cautelares, modificación de medidas cautelares, improrrogabilidad de la competencia, orden público, competencia por la materia, principio de legalidad, jueces, jueces naturales, cámaras de casación, habeas corpus, violación al debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: G. S. , I. S. c/ B. ,Á.O. s/ Protección contra la violencia familiar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-05-07

Si en el marco de una causa penal por amenazas, el Juzgado de Familia hace lugar a las cautelares solicitadas por la actora conforme la Ley de Violencia Familiar N° 12.569 y encontrándose pendiente de revisión ante la Cámara el recurso de apelación deducido por el demandado, éste enerva la intervención del Tribunal de Casación Penal mediante un hábeas corpus respecto del cual los jueces no sólo se pronuncian, sino que además modifican lo resuelto en el fuero de familia que tiene competencia exclusiva en materia de violencia familiar -haciendo cesar las prohibiciones de acercamiento recaídas sobre el accionado respecto de la actora-, se produce un desborde competencial en manifiesta inobservancia a las normas que rigen la competencia, exponiéndose los jueces al reproche de una falta grave al entrometerse en una decisión que se encontraba canalizada ante el órgano natural, despojándolo indebidamente de su competencia material.
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Szittyay Luis Esteban c/ Trotta Norberto Daniel y/o quienes resulten propietarios responsables y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-27

La privación del uso del automotor no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado, ni constituye un supuesto de daño "in re ipsa", por lo que quien reclama por este rubro debe probar que efectivamente esa privación le ocasionó un perjuicio"
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Bulacio, Juan Gualberto c/ Empresa Indumex S.R.L y otros s/ Indemnización incapacidad absoluta y permanente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-16

La ley 9688 vino a consagrar una presunción "iuris et de iure": la de que existe una reducción de la capacidad productiva de la víctima, y por ello indemniza, más allá de la efectiva incapacidad física. En consecuencia, dado su carácter, la presunción no admite prueba en contrario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Personas con discapacidad, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Montalbán, Josefa Oliva c/ OMINT S.A. de Servicios y Otro s/ Incidente de Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-05

En efecto, si bien es cierto que el acápite citado dispone que ". Los aranceles de las prestaciones de Centro de Día, Centro Educativo Terapéutico, Hogar, Hogar con Centro de Día y Hogar con Centro Educativo Terapéutico, cuando el establecimiento sea categorizado para la atención de personas discapacitadas dependientes, se les reconocerá un adicional de 35% sobre los valores establecidos en el Nomenclador", no menos lo es que en la Resolución N° 1511/2012 a través de la cual la Superintendencia de Servicio de Salud crea el "Sistema Único de Reintegro por Prestaciones otorgadas a Personas con Discapacidad", dispone en el Apartado X del Anexo I, bajo el título "DEPENDENCIA" que "Se considera persona discapacitada dependiente a la que, debido a su tipo y grado de discapacidad, requiere asistencia completa o supervisión constante por parte de terceros para desarrollar algunas de las actividades básicas de la vida cotidiana como: higiene, vestido, alimentación o deambulación, conforme el índice de independencia funcional (FIM). A los aranceles de las prestaciones de: Centro de Día, Centro Educativo Terapéutico, Hogar, Hogar con Centro de Día, Hogar con Centro Educativo Terapéutico y Transporte, se les reconocerá un adicional del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) sobre los valores establecidos en esta norma, por cada persona discapacitada dependiente atendida". En definitiva, de la reglamentación que regula los trámites que los agentes de salud habrán de cumplir para la obtención de los respectivos reintegros, tampoco surge de manera insoslayable el requisito de la categorización o no de los centros para la procedencia del reintegro respecto de la atención de las personas discapacitadas dependientes. De allí que, dejando de lado las exigencias de índole formal (categorización o inscripción), las que, como se dijo, tampoco quedan del todo claras en las disposiciones que regulan la materia, debemos analizar la petición de la amparista teniendo en cuenta la finalidad tuitiva que imprime el régimen argentino sobre discapacidad (conf. arts. 1 de la Ley N° 22.431 y 1° y 2° de la Ley N° 24.901; ver también la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por la Ley N° 26.378). Máxime teniendo en cuenta que se encuentra en juego el derecho a la salud de una persona hipervulnerable, tanto por su edad, como así también por las condiciones incapacitantes a las que ya nos hemos referido en los considerandos precedentes.
Concurso preventivo, incidente de revisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco del Iguazú S.A. en autos: Mara Hogar S.A. s/ Incidente de Revisión. Banco del Iguazú S.A. en autos: Mara Hogar S.A. s/ Incidente de Revisión.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-03-08|1994-03-08

El incidente de revisión, al igual que el de verificación, es un verdadero proceso de conocimiento pleno, consecuentemente como ocurre en todo proceso, el actor -en el presente caso el acreedor- debe acreditar los extremos fácticos de su pretensión, conforme a las reglas que rigen la carga probatoria, establecida en el art. 355 del CPCC, aplicable al presente conforme lo dispone el art.301 de la ley 19551. Es que el pedido de verificación no está dirigido contra el deudor, simplemente se intenta su reconocimiento como acreedor para hacer valer sus derechos en forma igualitaria con los demás acreedores. El acreedor deber ajustar su pedido al cumplimiento de los recaudos dispuestos por el art.33 de la ley Concursal y por ende no puede evadir la invocación de la causa de la obligación.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, demanda, reconvención, acto administrativo, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Comuna De Pueblo Esther c/ CELGRA S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-05

Cabe concluir que los Sentenciantes no han captado con acierto que, al receptar la reconvención planteada por la empresa demandada, la resolución del litigio (que constituía ahora materia contencioso administrativa) implicaba el análisis de la legitimidad de un acto administrativo dictado en el marco de una relación jurídica sustancial de derecho público cuya validez y contenido estaba en cuestión al igual que el examen y aplicación de normas de este tipo junto al resto del ordenamiento público local (en el cual se encontraban las ordenanzas 64/2010 y 13/2012), por lo que as razones expuestas hacen imposible que sea el fuero civil y comercial el que siga interviniendo en la causa y que corresponda disponer que, en las particularísimas circunstancias de la causa y para evitar el dispendio jurisdiccional inútil que podría generar el reenvío al tribunal subrogante para que dicte una solución acorde a lo dicho, se otorgue a la empresa el plazo de treinta días a fin de que plantee, en su caso, las pretensiones que estime pertinentes ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo de conformidad a los términos de la ley 11330, no advirtiéndose -por lo demás- obstáculo alguno que impida canalizar y ventilar a través del recurso previsto en la ley 11330 -más allá de su procedencia sustancial-, las cuestiones que por vía de reconvención intentó la accionada en sede civil, pues los vicios imputados al convenio bien pueden ser esgrimidos a través de los mecanismos indicados. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren la Dra. Gastaldi y los Dres. Gutierrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330; Comuna de Pueblo Esther, ordenanzas 64/2010 y 13/2012.
Asociación ilícita, delito penal
Materia: PENAL
Carátula: C., F. D. s/ Auto de procesamiento (Expte Nº  22-93, Resolucion Nº  21, Tomo 1,  Folio 343)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-05-03

La asociación ilícita requiere en uno de sus aspectos tipificantes la presencia de al menos tres personas reunidas en banda. No contar con este número provoca la defección de uno de los datos objetivos necesarios para considerar la subsunción de los hechos dentro de esta figura, tornándose innecesario extender el análisis a los restantes elementos probatorios para tratar de abonar la postura.
Juicio de desalojo, prueba, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pulvirenti, Carmelo c/ Olivera, Pablo y demás ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

Si el titular de dominio promueve juicio de desalojo, invocando su calidad de propietario, debe acompañar el título (escritura pública), y acreditar u ofrecer prueba para demostrar la posesión de la cosa.-
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Quiroz de Tellier en nombre propio y en representación de sus hijos c/ Sánchez, Manuel Angel y Empresa de Transporte Público: La Internacional y/o contra Titular y/o propietario y/o usufructuario s/ Indemnización de daños y Perjuicios. Quiroz de Tellier en nombre propio y en representación de sus hijos c/ Sánchez, Manuel Angel y Empresa de Transporte Público: La Internacional y/o contra Titular y/o propietario y/o usufructuario s/ Indemnización de daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-02-15|1994-02-15

La velocidad imprudente no sólo se determina según los kilómetros horarios de su marcha, sino también cuando ello importa la pérdida culposa de dominio del vehículo.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: MACHIAROLA, HECTOR ARMANDO c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROV. DE SGO. DEL ESTERO s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-03

El reconocimiento tácito, interruptivo de la prescripción, resulta de todo hecho o acto que importe la admisión de la existencia del derecho invocado por el acreedor y que permita conocer, con la certidumbre exigida por el art. 917 del Código Civil esa ausencia de voluntad de liberarse.
Estado Nacional, carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba, publicidad oficial, publicación periodística, Comunicaciones, acción de amparo, emisoras privadas de radio, emisoras de televisión privadas, radiodifusión, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, jurisprudencia aplicable, sistema federal, acceso a la información pública
Materia: PROCESAL
Carátula: La Cornisa Producciones S.A. c/ EN - JGM - SC s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-14

En tanto el Estado Nacional no ha podido probar haber cancelado o reducido la pauta publicitaria de otras productoras independientes, ni que la modificación en los parámetros empleados para su distribución se haya debido a la búsqueda de mayor federalización de los contenidos, resulta procedente el amparo deducido contra aquél por una productora de programas de radio y televisión a la que primero se le disminuyó sustancialmente dicha pauta, suprimiéndola después pues, comprobada objetivamente la disminución, debe el Estado -conforme lo establecido por la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, probar la existencia de motivos suficientes que justifiquen la interrupción abrupta de la contratación de publicidad oficial.
Protesto, juicio ejecutivo, acción de regreso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Morales, Maria Karina c/Navone, Nazareno Luis s/ejecutivo. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-22

De lo dispuesto en el Decreto Ley 5965/63: 46 surge que "...la acción cambiaria es directa o de regreso; directa contra el aceptante y sus avalistas; de regreso contra todo otro obligado.". De la estructura de una y otra acción resulta que, si la pretensión de cobro se dirige contra alguno de los obligados cambiarios de regreso, es necesario acreditar que el pago ha sido rechazado por aquel que naturalmente hubiera debido efectuarlo, esto es, el aceptante de la letra o el librador del pagaré. Eso y no otra cosa es el protesto, como surge de lo dispuesto en el art. 48 del mismo cuerpo legal. Esa constatación, como es claro, no es necesaria contra el obligado directo, pues él ya sabe que no ha pagado, sino que lo es frente a quienes, como los deudores de regreso, han garantizado el pago de aquel otro obligado.
Acción contencioso administrativa, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Szymczak, Juan. c/ Municipalidad de la Ciudad de Oberá Misiones. s/ Acción Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-10-16

La interposición en sede administrativa de un recurso de reconsideración contra un acto dictado por la más alta autoridad competente, no suspende los plazos para interponer la demanda (Art.

9), por lo que, transcurrido el plazo de 60 días cabe hacer efectivo el Inc. c) del Art 54 de la Ley Provincial Nro. 3064 y declarar la inadmisión del proceso.(Dr. Bertolini:Según su voto).-
Empleados públicos, incompatibilidad de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Duville, María del Carmen c/ Municipalidad de Bragado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

La incompatibilidad es el impedimento legal para el ejercicio simultáneo de dos o más cargos públicos y que, en caso de estar establecida en forma expresa, provoca la extinción del empleo o función desde que la condición se cumple.
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, solicitud de información, certificado de deuda, tasas, multa, impuestos
Materia: COMERCIAL-PENAL
Carátula: Armatron SRL c/  s/ quiebra s/incidente de revisión de crédito por administración federal de ingresos publicos (afip)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-26

En relación a las multas y los intereses correspondientes a los créditos fiscales insinuados, al tener dichos accesorios origen "legal" lo que corresponde es, a todo evento, declarar su inconstitucionalidad por confiscatorios, debiendo la confiscatoriedad ser probada adecuadamente teniendo en cuenta la afectación de la capacidad contributiva implicada, lo que no ha ocurrido en el caso. 2 - En ningún caso multas o intereses que no reconozcan un origen "convencional" pueden ser reducidas de oficio por los jueces, pues no está presente el vicio de abuso, lesión o aprovechamiento, ni la usura como justificación para aceptar, precisamente, dicha reducción. Disidencia parcial del Dr. Heredia
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Rolón, Julio A. s/ Estupro calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-03

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la violación de los arts. 18 de la Constitución nacional y 263 inc. 5 del Código de procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) y violación del principio de congruencia, si no se advierte que haya sido agregada ni modificada circunstancia alguna de la materialidad ilícita, ni haya discordancia entre lo descripto en la acusación fiscal y la sentencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prenda con registro, nulidad procesal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO c/ INGENIO LA ESPERANZA SAICAG s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-24

No es causal de nulidad de la prenda, la circunstancia de haberse omitido la enunciación de la tasa de interés o incluso la presunta imposición de intereses usurarios.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Paz Armando c/ Otero Carlos Fernando s/ Daños y perjuicios Vigo Oscar Severo y otro c/ Gutiérrez Jorge Alberto y otros s/ Daños y perjuicios Romero Félix y otra c/ López Jorge Antonio y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07|1995-09-14|1996-06-04

Por "hecho principal" (art.1103 C.C.) debe entenderse lo que en teoría penal se denomina "hecho típico" o "acción típica", de modo que no puede alegarse en el juicio civil de tal acción o hecho típico siempre que en sede penal hubiese recaído absolución con motivo de haberse tenido por inexistente dicha acción o hecho típico (SCBA, Ac.36631; Ac.y Ss.1987-I-285). Es decir que no pueden alegarse aquellos hechos o circunstancias cuya existencia ha sido negada por el juez penal y que harían al tipo penal por el cual se ha acusado al imputado, porque tales circunstancias han sido esenciales para la fundamentación de la sentencia absolutoria (SCBA.

DJBA, T.118, pág.229).