Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-09-09


///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los nueve días del mes de septiembre de dos mil once, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. DANIEL OMAR CARUBIA y los Vocales Dres. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, asistidos por el Dr. Rubén A. Chaia fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "PELIZZARI, Ana Laura S/ EJECUCION DE PENAS".- Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. Carubia, Chiara Díaz y Mizawak.- Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente cuestión:

¿Qué corresponde resolver? A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CARUBIA DIJO:

I.- Vienen a conocimiento de esta Alzada los presentes obrados en virtud del conflicto negativo de competencia suscitado entre la Excma. Sala Segunda de la Cámara Primera de esta ciudad de Paraná y el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la citada localidad.- II.- Al momento de dictar sentencia -fs. 1/7 de este expte.- la Excma. Sala Segunda de la Cámara Primera de Paraná, declaró a Ana Laura Pelizzari, autora material y responsable de los delitos de Defraudación en perjuicio de la Administración Pública Provincial y Falsificación de documento privado en forma reiterada (siete hechos) y la condenó a la pena de TRES AÑOS DE PRISION DE CUMPLIMIENTO CONDICIONAL -arts. 5, 40, 41, 55, 174 inc. 5º y 292, 1er. párr., últ. parte, del C. Penal-. Asimismo, fijó como reglas de conducta a cumplir por la condenada durante el término de SEIS MESES: a) Fijar domicilio, el que no podrá variar sin autorización del Tribunal; y b) Realizar tareas no remuneradas a favor de una institución de bien público de la ciudad de Concordia, a razón de dos horas semanales, debiendo comunicar a ese Tribunal, dentro de los quince días de notificada la sentencia, el lugar concreto de cumplimiento de esta norma. Tras ello, y mediante oficio, remite copia de la sentencia al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.- III.- Recepcionado que fuera el expediente, se corrió en vista al Ministerio Público Fiscal, a efectos que se expida sobre la competencia material del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, entendiendo el órgano acusador que de la clara redacción de los arts. 3º, incs. a y g, de la Ley Provincial Nº 9246 y el art. 3º del Decreto Nº 1724 MGJE, era competente dicho organismo. Reseñó que la "condenación condicional" que prevé el art. 26 del C.P. no es una clase de pena, sino una modalidad de ejecución de la pena de prisión prevista en el art. 5º del C.P.- Argumentó asimismo que dicho Juez es competente en el período de libertad condicional, supuesto que tiene el denominador común con la condenación condicional de ser considerados modalidades de cumplimiento de la pena de prisión en que la misma no es cumplida con privación de libertad y, por último, que es el organismo competente para intervenir en el contralor de la ejecución integral de la pena impuesta a la ciudadana Pelizzari.- IV.- Por su parte, el señor Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad -en feria- Dr. Ignacio Mullor, al momento de resolver -fs. 14/15- sostuvo que la Ley Provincial Nº 9246 de Creación de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en su art. 3º, inc. a, dispone que para que dicho organismo se avoque en la causa, hace falta que el ciudadano penado con pena privativa de la libertad pueda avanzar en el régimen progresivo de la pena, superando cada una de las etapas o períodos comprendidos en el plexo normativo nacional y provincial- situación que no ocurre con la ciudadana Pelizzari, quien se encuentra sólo realizando trabajos comunitarios.- Citó de igual modo, la normativa de los arts. 1, 12, sigs. y conc., de la Ley 24660 y el Decreto Nº 396/99.- Hizo referencia que no existe la similitud entre la pena privativa de la libertad de cumplimiento condicional -art. 27, C.P.- y la Libertad Condicional -art. 13, C.P.- que pretende -adujo- el Ministerio Público Fiscal, atento que la naturaleza jurídica de ambos institutos es diferente, dando razones de su postura.- Agregó que surge evidente que el contralor que dicho Juzgado podría realizar a un sujeto condenado con pena privativa de la libertad de cumplimiento condicional sería sólo de carácter administrativo, no judicial, atento a que no posee jurisdicción para modificar las reglas de conducta impuestas por el Tribunal de Condena ni autorizar cambios de domicilio donde el ciudadano con condena condicional deba residir, carece de potestad para modificar las tareas comunitarias impuestas y posibilidades de revocar el carácter condicional de la pena de prisión impuesta por el Tribunal de Juicio.- Por dichos fundamentos, declaró su incompetencia y remitió los obrados a la Sala de origen.- V.- La Sala Segunda de mención, reiterando en parte lo vertido por la representante del Ministerio Público Fiscal -fs. 18/19- no admitió la competencia, tras lo cual la remitió invitando al Juez de Ejecución que eleve al órgano superior común para dirimir el conflicto suscitado, concretándose ello -fs. 21/22- con la elevación de lo actuado a esta Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia.- VI.- El señor Procurador General de la Provincia, al contestar la vista conferida -fs. 25/vta.- sostuvo que, en sentido coincidente con el dictamen Fiscal de fs. 12/13 vta. y con el Tribunal -fs. 18/19-, la condena de ejecución condicional y su accesoria de Instrucciones no se extraña del régimen ejecutivo de la Ley 9246, tal como ahora lo prevé el texto del art. 552 C.P.P. -Ley 9754- para su revocación.- Manifestó que tanto la condicionalidad de su ejecución, sujeta a la condición resolutoria de no cometer otro delito en el término de cuatro años, como las instrucciones -art. 27 bis, C.P.- son penas alternativas al efectivo encierro y por ello, su cumplimiento como su eventual revocación son competencia del Juez de Ejecución, pues su consecuencia es el cumplimiento de la pena, más allá que, en virtud del art. 35, 50 y ccdtes. de la Ley 24660, el Magistrado podrá disponer formas alternativas de cumplimiento que prevé esta ley penal.- Adujo que como toda norma atributiva de competencia, su fundamento no obedece a cuestiones principialistas sino de carácter consecuencialista o estratégico, pero no parece que el sesgo infundadamente restrictivo que el señor Juez de Ejecución pretende, sólo encierro, tenga algún asidero legal, y la normativa del código adversarial lo ratifica.- Concluyó opinando que la competencia sobre la pena de Instrucciones, accesoria de la condenación condicional, arts. 26 y 27 bis C.P., en cuanto a su cumplimiento y quebranto es del Juez de Ejecución.- VII.- Reseñados en prieta síntesis los antecedentes obrantes en el presente, debo inicialmente señalar que la sentencia que condenó a Pelizzari a la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, cuya copia obra a fs. 1/7, al momento de enumerar la normativa aplicada, curiosamente omite precisar los arts. 26 y 27 bis, del Código Penal, que rigen este aspecto.- Sin perjuicio de tal digresión e ingresando al examen del conflicto negativo de competencia planteado en estos actuados, es menester puntualizar que la cuestión relativa a la competencia judicial es materia de orden público regida estrictamente por la ley (cfme.: arts. 122 -incs. 23 y 31-, 186, 187, 191, 206 y ccdts., Const. de E. Ríos) y, precisamente, la Ley Nº 9246 (Bol. Of., 9/3/2000) de creación de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en la Provincia de Entre Ríos, establece puntualmente el marco de competencia territorial (art. 2) y material (art. 3) de los dos organismos por ella creados y al enumerar las funciones comprendidas en esta última, no contempla las relativas al control de las condenas condicionales, reglas de conducta del art. 27 bis del Cód. Penal ni sus similares del art. 76 ter del mismo cuerpo legal para supuestos de suspensión del juicio a prueba, como sí lo hace el nuevo Cód. Proc. Penal (Ley Nº 9754) de vigencia actualmente suspendida para la jurisdicción de Paraná, donde se encuentra radicado el asunto motivante, colisionando con la expresa normativa vigente en ella.- Más allá de que oportunamente será necesario analizar la aplicabilidad de esa normativa del nuevo proceso penal entrerriano que exhibe un marcado divorcio respecto del actual sistema de control de ejecución de penas y de suspensión de juicios a prueba, es evidente que los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad fueron creados para ejercer el imprescindible contralor judicial del régimen administrativo penitenciario de consuno con la impronta que emerge del derecho supranacional en la materia y del espíritu que preside la Ley Nº 24.660, limitando su función sólo al control del cumplimiento de las penas efectivamente privativas de la libertad y de las medidas de seguridad, no estando prevista en ellos una estructura acorde al cumplimiento de funciones diferentes, tales como las que emergen del caso en estudio, careciendo por completo de medios técnicos, humanos y materiales para tal cometido, las cuales deben quedar, conforme con la normativa vigente, bajo la competencia del órgano jurisdiccional que dispuso tales medidas. Máxime cuando, como en la especie, la propia sentencia se atribuye exclusividad para autorizar la variación del domicilio que ordena fijar a la condenada, además de conservar la potestad de modificar las reglas de conducta, de revocar la condicionalidad de la condena y las restantes facultades previstas en los dos últimos párrafos del art. 27 bis del Cód. Penal; todo lo cual conduce necesariamente a dirimir la cuestión en examen asignando la competencia para el ejercicio del control judicial de las reglas de conducta dispuestas en la Sentencia Nº 06, de fecha 31/3/11, dictada por la Excma. Sala Segunda de la Cámara Primera de Paraná, al mismo Tribunal que dictó el pronunciamiento, remitiéndosele las actuaciones y comunicando lo resuelto al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.- Así voto.- A la misma cuestión propuesta el sr. Vocal Dr. CHIARA DIAZ expresa su adhesión al voto del Dr. CARUBIA.- A su turno la señora Vocal Dra. MIZAWAK manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz -	SENTENCIA:

Paraná, 09 de septiembre de 2011.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

DIRIMIR la cuestión en examen asignando la competencia para el ejercicio del control judicial de las reglas de conducta dispuestas en la Sentencia Nº 06, de fecha 31/3/11, dictada por la Excma. Sala Segunda de la Cámara Primera de Paraná, al mismo Tribunal que dictó el pronunciamiento, remitiéndosele las actuaciones y comunicando lo resuelto al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.- Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz - Ante mí: Rubén A. Chaia-Secretario" **ES COPIA** Rubén A. Chaia Secretario