Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-08-30


(Libro de Acuerdos Nº: 54, Fº 1701/1704, Nº: 487). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los treinta días de agosto de dos mil once, los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia doctores José Manuel del Campo, María Silvia Bernal, Sergio Marcelo Jenefes, Sergio Ricardo González y Clara D. L. de Falcone -bajo la presidencia del nombrado en primer término-, vieron el Expte. Nº 7866/10, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº: B-240952/10 (Sala II - Tribunal Contencioso Administrativo) "Recurso Contencioso Administrativo: Adaro, Cristina Beatriz c/ Municipalidad de San Salvador de Jujuy" y su acumulado Nº B-240692/10: Recurso de Plena Jurisdicción: Díaz, Olga Beatriz y otros c/ Municipalidad de San Salvador de Jujuy", del cual, El doctor del Campo dijo:

Que las actoras -con excepción de Cristina Beatriz Adaro- dedujeron el presente recurso de inconstitucionalidad (fs. 21/26) contra la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (fs. 29/37) que, al desestimar el reclamo ante el cuerpo, confirmó el decreto de presidencia de trámite (fs. 16) que había rechazado el pedido de suspensión del trámite y la reserva de ampliar la demanda, por no haberse acreditado los extremos que tornaran procedente tal suspensión y con sustento en los artículos 191 y 192 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al fuero y lo normado en los artículos 8º y 116 del Código Contencioso Administrativo.

Las interesadas alegan -en lo medular- un trato desigual en relación a Cristina Beatriz Adaro pues se le concedió un plazo de 20 días para ampliar la demanda sin que hubiese expuesto razón alguna para obtener la suspensión. Aducen que el tribunal incurrió en la más absoluta indiferencia respecto de las razones expresadas en la reclamación ante el cuerpo y que no existe norma alguna que les impidiera ampliar la demanda.

Que, en la especie, deviene oportuno remitir a los fundamentos desarrollados en el fallo dado que se trata de un escrito extenso, marcadamente teórico y con una línea argumental con muchas vueltas y rodeos.

Que los agravios planteados resultan atendibles toda vez que el fallo es resultado de afirmaciones dogmáticas (Fallos 298:317) desde que se impuso una restricción que solo reconoce su origen en la voluntad del juzgador.

Que es necesario poner las cosas en su justo lugar: no existe precepto legal que impida, una vez presentada la demanda, decretar -ante un pedido puntual- la suspensión del trámite y la reserva del escrito en secretaría con el único propósito de ampliar en el futuro los fundamentos y la prueba a ofrecer; tal como aquí sucede (ver escrito de demanda, fs. 14 vuelta, capítulo VI apartado "b"; afirmaciones que fueron repetidas al deducir el reclamo ante el cuerpo a fs. 18 capítulo II). Mal puede, entonces, el órgano jurisdiccional desestimar una solicitud de esa naturaleza, en tanto importa no sólo impedir un adecuado ejercicio del derecho de defensa sino también inmiscuirse en una actividad que corresponde exclusivamente a las demandantes por involucrar una valoración y selección de argumentos y material de convicción para iniciar correctamente el juicio. El límite temporal para la ampliación, eventualmente, estará dado por el plazo fijado para la perención de la instancia; que es de 6 meses y con las excepciones contenidas en el capítulo pertinente del código de forma (artículo 67 y siguientes del Código Contencioso Administrativo). Y nada obsta a que, cumplido dicho plazo, el tribunal de oficio declare la caducidad de la instancia si así correspondiere.

Contrariamente a lo señalado por el a quo, el proceder de las accionantes no constituye una práctica disvaliosa, ni distorsiva del término de caducidad contenido en el artículo 8º del Código Contencioso Administrativo pues no existe prohibición expresa al respecto; menos aún encierra un ejercicio abusivo del derecho de defensa. Más bien se trata de un acto connatural e implícito en el derecho antes aludido (confrontar L.A. Nº 47, Fº 1600/1604, Nº 693). Nada hay de reprochable en admitir la demanda y reservarla en secretaría con el único fin de exponer mejor los hechos, de desarrollar con más precisión los fundamentos y ampliar la prueba a ofrecer, más no -como se dijo- el objeto que está clara y expresamente delimitado (nuevamente, ver escrito de demanda, fs. 14 vuelta, capítulo VI apartado "b"; afirmaciones que fueron repetidas al deducir el reclamo ante el cuerpo a fs. 18 capítulo II). El juez no puede impedir el ejercicio profesional con la mayor probidad posible.

Admitir la construcción argumental del tribunal, importaría -ya lo precisó este Superior Tribunal de Justicia- desconocer que las normas de procedimiento, además de constituir una técnica de organización de los procesos, tienen por objetivo lograr la concreción del valor justicia en cada caso (L.A. Nº 53, Fº 1783/1874, Nº 595). De lo contrario -como juzgó la Corte Suprema- el proceso se convertiría en una secuencia de ritos caprichosos o trampas que el litigante debe sortear en desmedro de la verdad jurídica objetiva. El poder-deber de los jueces de dirigir el proceso y evitar su paralización no consiente trabas al acceso a la jurisdicción. Todo tribunal, en definitiva, está obligado a extremar los recaudos a fin de asegurar el derecho a ser escuchado antes de tomar alguna decisión que pueda afectar los intereses de alguna de las partes en la disputa.

Da mihi factum, dabo tibis ius dice un antiguo aforismo (Dame los hechos, que yo te daré el Derecho). Esta máxima encuentra su razón de ser en que el "juez conoce el derecho" (artículo 17 del Código Procesal Civil) pero ignora -prima facie- los hechos que desencadenaron, primero, el conflicto y, a posteriori, el litigio. Sólo las pretensoras están en condiciones de decirle al magistrado cómo sucedieron los hechos; de decidir con qué elementos de juicio habrán de iniciar el proceso y qué fundamentos esgrimir a fin de provocar el convencimiento del juez. Más aún, para las demandantes, la exposición clara y precisa de los hechos en que se funden constituye un imperativo legal (artículo 294.4 del Código Procesal Civil). Y, aún a riesgo de caer en una obviedad, puede afirmarse que cualquiera que haya litigado conoce las vicisitudes, las peripecias y los pormenores con que se encuentra el profesional del derecho en los momentos previos a presentar una demanda; y esta aserción adquiere particular significación cuando la contraparte es el Estado -provincia o municipio- que es renuente a franquear los autos en sede administrativa y, a veces, dificulta el acceso a las actuaciones. Desde otra perspectiva, cabe preguntarse: cómo hará el juez para resolver la controversia entre contrarios, si -sin manda legal expresa- obstaculiza la carga procesal, en las accionantes, de explicar adecuadamente aquello que ocurrió en el plano de la realidad material y cómo fueron desencadenándose las cosas a punto tal que debieron demandar. Por fuerza, la sentencia a dictarse será una ficción, algo meramente formal, porque habría partido de un conocimiento incompleto de los hechos por haber restringido, sin base normativa, la posibilidad de exponerlos en forma plena. En este sentido bien viene recordar las palabras de Luis María BOFFI BOGGERO: "el examen de los hechos es esencial, desde que la indebida fijación de los mismos no puede subsanarse con una acertada selección de las normas jurídicas, porque sería equivocado el presupuesto de que se habría partido en el acto de juzgar".

A más de lo apuntado es dable poner de manifiesto que la afirmación del tribunal vinculada a que no se había justificado la solicitud de suspensión del trámite (fs. 32 vuelta, 4º párrafo) resulta abstracta pues -amén de no emanar de un texto legal- las actoras alegaron, a cuatro voces, que lo hacían al efecto de evitar la caducidad del plazo para deducir la demanda a la par que denunciaron, en la misma reclamación ante el cuerpo, la existencia de un proceso de negociación con el Secretario de Hacienda del municipio, C.P.N. Carlos Sadir; quien se comprometió con los jueces de faltas a reconocerles parcialmente el adicional por dedicación exclusiva y bloqueo de título pese a la denegatoria formal que determinó el reclamo. Más tales tratativas fracasaron en la última reunión llevada a cabo el 15 de septiembre, a escasos 6 días del vencimiento del plazo de caducidad para deducir la demanda. Por este motivo y en atención al corto tiempo restante -enfatizaron- sólo se encontraban "en condiciones de definir con precisión el objeto de la demanda y justificar las razones primarias y fundantes de [las] pretensiones" (sic, fs. 18 vuelta). Y ofrecieron como prueba el convenio que, finalmente, suscribieron los jueces de falta con el Secretario de Hacienda, mediante oficio a librarse a la comuna. Por lo demás, el hecho nuevo aquí denunciado también habla a las claras sobre la necesidad de proveer el pedido de suspensión (Expe. B-245738/11).

Que estos extremos de orden fáctico -relevantes y trascendentes- no podían ser omitidos so pena de caer en un escrutinio antojadizo de la causa, incompatible con la función específica de juzgar. Corrobora, asimismo, esta conclusión la existencia de un trato desigual respecto de Cristina Beatriz Adaro ya que el presidente de trámite concedió la reserva en secretaría de la demanda por el término de 20 días con apoyo en el artículo 191 del Código Procesal Civil (fs. 10) que, cabe destacarlo no resulta de aplicación a la causa sub-examine por estar previsto para una situación fáctica diferente a la aquí planteada. En efecto, aquél contempla la "suspensión convencional" o por acuerdo de partes, mientras que aquí dicha particularidad no se configura pues aún no se ha trabado la litis.

En tales condiciones, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Olga Beatriz Díaz, Ana María del Rosario Rivas, Solange Graciela Hansen y Susana Mónica San Martín con el patrocinio letrado de María Laura Echenique; en consecuencia, revocar la sentencia impugnada y devolver los autos al tribunal de origen para que reserve en secretaría las actuaciones hasta tanto procedan a ampliar la demanda, sin perjuicio del plazo fijado para la perención de la instancia; diferir la regulación de honorarios hasta tanto sean cuantificados en la instancia precedente.

La doctora Bernal adhieren al voto que antecede.

El doctor Jenefes dijo:

Analizado detenidamente este expediente como los autos originarios, y el voto del Dr. del Campo, en primer término, me llevan a disentir con la solución revocatoria del fallo en recurso que propugna y por el contrario aconsejo la confirmación del mismo. Ello por los motivos que expongo a continuación.

La Sala II del Tribunal Contencioso Administrativo (29/38 de los autos principales), confirmó el decisorio de presidencia de trámite que rechazó el pedido de suspensión de trámite y reserva de ampliar demanda porque consideró que la falta de integración del recurso antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 8 del Código Contencioso administrativo, hace procedente la excepción de caducidad del plazo para su integración. Argumentó que la institución de la caducidad es excepcional en el ámbito del derecho civil pero absolutamente corriente en el marco del derecho procesal, y aún más en el derecho procedimental y procesal administrativo, esfera en la que el agotamiento de los plazos, que por otro lado resultan perentorios o preclusivos, importa la automática extinción del derecho que se ha dejado de usar y; que bajo tal perspectiva los plazos establecidos en los artículos 6, 7, 8 y 9 del Código Contencioso Administrativo en esencia constituyen plazos de caducidad con los caracteres de perentorios y preclusivos. Esto sentado, sostuvo que las actoras al interponer recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción lo hicieron en tiempo y forma, sin perjuicio de ello el hecho de solicitar la suspensión del traslado de la demanda y hacer reserva de ampliar la misma sin justificación alguna, y luego al interponer el reclamo en el mejor de los casos bajo aparente justificación ensayada de encontrarse en tratativas con el Secretario de Hacienda de la Municipalidad demandada, sólo constituye una disculpa, que no permite luego la posibilidad de integrar el recurso conforme lo expuesto.

En atención a las circunstancias del caso y a los agravios esgrimidos, cabe señalar que en lo que respecta a las demandas promovidas con el objeto de impugnar actos administrativos, rige a los efectos de su admisión, el plazo establecido en el art. 8 del Código Contencioso Administrativo con carácter perentorio, propio del régimen impugnativo contencioso-administrativo, conforme la naturaleza y finalidad de las demandas de esta especie, distinto de cualquier otro régimen de prescripción de las acciones, incluso del fijado por el código civil cuya eventual aplicación supletoria debe descartarse cuando el legislador ha sancionado un precepto específico de derecho público, llamado a regir en las expresas situaciones que él determina.

En función de ello, si bien podría argumentarse que la brevedad del plazo de caducidad está reñido con la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional, ello no surge así cuando, como acontece en el caso y "es regla en lo contencioso administrativo, el acto a cuya impugnación está referido, fue precedido de un proceso administrativo previo en el que la intervención y defensa del afectado aparecen garantizados de modo particular a través de los recursos conducentes al agotamiento de la instancia administrativa, y, también, por las exigencias referidas a la notificación del interesado..., requisitos sin los cuales, no puede operar la caducidad" (conf. CNFed., sala II contenciosoadministrativo, "Manrique, Washington G. A.", publicado en La Ley 1980 -B- 430).

En este orden y con arreglo a la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, entiendo que si bien nada se opone a la ampliación del recurso contencioso administrativo antes de que se corra traslado a la contraparte -por aplicación analógica de las normas del ordenamiento procesal civil- el mismo debe llevarse a cabo dentro del plazo reglado de la notificación respectiva (conf. C.S. causa B-46.860, "Vidal" sent. Publicada D.J.B.A.. t- 109, p. 269. núm. 2 y 4). Cabe recordar, aquí, que para la Corte Suprema la caducidad "...es en definitiva, en estos casos una prescripción especial más breve y no susceptible de suspensión ni interrupción..." (CS, "González Paglieri, José c/ Fisco nacional", Fallos, v. 222, pág. 202). Consecuentemente, no resulta factible solicitar la suspensión de la tramitación de la causa, reservando el recurso contencioso administrativo "en Secretaría hasta tanto se amplíe el mismo".

Por lo demás, como lo destaca la Sra. Fiscal General Adjunto, apoyándose en los precedentes de este Superior Tribunal de Justicia que cita, debe rechazarse el recurso si los argumentos en los que se sustenta no refutan adecuadamente los dados por el tribunal de la causa en la sentencia atacada.

En virtud de lo expuesto, me pronuncio por el rechazo del recurso tentado. En atención a que el actor pudo verosímilmente creerse con derecho a promover el presente recurso, propongo imponer las costas por su orden y diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto pueda aplicarse el art. 11 de la ley 1.687.

Así voto.

Los doctores González y de Falcone adhieren al voto que antecede.

Por ello, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Olga Beatriz Díaz, Ana María del Rosario Rivas, Solange Graciela Hansen y Susana Mónica San Martín con el patrocinio letrado de María Laura Echenique.

2º) Imponer las costas por su orden y diferir la regulación de honorarios profesionales.

3º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. José Manuel del Campo; Dra. María Silvia Bernal; Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dr. Sergio Ricardo González; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.

Ante mí: Sr. Omar Gustavo Acosta - Prosecretario - Por Habilitación.