Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-07-23


NEUQUEN, 23 de julio de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "PEREZ CARLOS ANTONIO C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ D. Y P. RESPONSABILIDAD CONT. ESTADO" (EXP Nº 402786/9) venidos en apelación del ... a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia Pamphile dijo:

I. A fs. 152/161 se dicta sentencia y se hace lugar parcialmente a la demanda, condenándose a la Provincia del Neuquén a abonar la suma de $90.000,00, con más sus intereses en concepto de daño moral y costas a cargo de la demandada.

Contra dicho pronunciamiento deducen recurso de apelación ambas partes.

A fs. 176/179 expresa agravios la parte actora.

Indica que la magistrada expone que el daño no se encuentra fehacientemente probado, cuando el fallecimiento es una prueba suficiente e irrefutable. Dice que en la demanda se hizo alusión a lo actuado en sede administrativa, de donde se desprende el reconocimiento de la incorrecta evaluación y atención de la Sra. Lagos, efectuada en el Hospital Zapala.

Transcribe luego párrafos de la sentencia en los cuales se hace mérito de los errores incurridos en la atención de la paciente.

Dice que la transcripción de los considerandos del fallo dan muestra acabada de que el daño existió (muerte de Lagos) y que está probado. Señala que la magistrada equivoca su diagnóstico cuando dice que el daño no está fehacientemente acreditado, y que no basta con probar el daño en forma genérica, sino que la prueba debe ser concreta.

Se pregunta de qué manera pretende la Jueza que se acredite el daño cuando ella misma indica que existió un error de diagnóstico, que el tratamiento fue llevado a cabo por médicos residentes y que todo ello llevó a una catarata de errores que culminó con el deceso de la Sra. Lagos.

Se refiere luego a los requisitos que deben darse para que alguien sea responsable de los daños y dice que en primer lugar debe haber un hecho y en segundo lugar, un daño; manifiesta que cree que es innecesario acotar la existencia del daño en esta causa. Se refiere luego a la responsabilidad objetiva y finaliza diciendo que en este caso es totalmente irrelevante el accionar de la persona obligada a indemnizar.

A fs. 181/vta. expresa agravios la Provincia demandada, los cuales se refieren fundamentalmente al monto reconocido en concepto de daño moral, citando precedentes en los cuales se acordaran montos significativamente menores, por lo que solicita su reducción en un 50%.

A fs. 183 contesta agravios la actora y a fs. 186/187 hace lo propio la demandada.

A fs. 190 se expide la Sra. Defensora Adjunta de los Derechos del Niño y del Adolescente.

II. Tal como surge de las constancias obrantes en esta causa, el Sr. Carlos Antonio Pérez se presenta en representación de su hijo menor A. J. P. L..

En este carácter solicita el resarcimiento del daño moral producido por la muerte de su madre y el resarcimiento económico por expectativa de vida.

Como se ha señalado, las quejas de las partes se circunscriben a estos aspectos: la demandada considera que el monto acordado en concepto de daño moral es elevado y la actora se agravia del rechazo del daño patrimonial, al considerar la magistrada que no hubo prueba suficiente.

Comenzaré por el análisis del recurso actoral.

III. Al deducir demanda, se indica que al momento del fallecimiento, la Sra. Lagos contaba con 20 años de edad. Se expone que, luego del alumbramiento se iría a vivir con el Sr. Pérez, trabajarían y cuidarían a su bebé.

Se aclara que, aún cuando ésta no trabajara, el rol de ama de casa a desempeñar no debe ser minimizado, citando jurisprudencia en apoyo de la resarcibilidad.

No obstante ello, se indica que la Sra. Lagos era una persona joven por lo que era esperable que estudiase y pudiera alcanzar alguna profesionalidad que le diera mejor posición económica de la que ostentaba al momento de su muerte. Concluye en que las expectativas de vida de la Sra. Lagos eran importantes y fueron conculcadas imprudentemente, por lo que se reclama la suma de $350.000,00.

Al dictar sentencia, la magistrada rechaza el rubro. Para así hacerlo, considera:

"Los términos en que se planteó este reclamo no resultan claros, pareciendo que por un lado lo que se pretende es la reparación de la pérdida de chance por cercenamiento de la posibilidad que la víctima ayudara al menor económicamente, infiriendo esto al aludir al actor a la presunción de que la Sra. Lagos estudiara y lograra ejercer alguna profesión; y por el otro el actor alude al daño (patrimonial) producido al tener que encargarse él del cuidado del niño y de los quehaceres de la casa considerando que tales labores merecen ponderación económica.

Respecto a esto último, señalo en primer término que el Sr. Perez no se presentó en autos por derecho propio, sino en representación de su hijo, por lo que el planteo realizado alrededor del valor económico de las tareas de cuidado del hijo y de la casa, de aceptarse, solamente se entendería si se considerara que por dichas labores, el hijo tuviese que recompensar económicamente a su padre, quien según se afirmó en la demanda es el que las asumió, lo que no puede admitirse.

A su vez, el actor no produjo prueba alguna que permita inferir la configuración del rubro bajo análisis, por lo que la pretensión, desde este punto de vista, habrá de ser desestimada.

Igual suerte habrá de tener el reclamo desde la perspectiva de la mejora económica que hubiese tenido la Sra. Lagos de haber estudiado. Sabido es que la prueba de la existencia y cuantía del daño recae en cabeza de quien lo alega, siendo en este caso la parte actora, no debiendo por ende concederse una indemnización si el daño no está fehacientemente probado. Además, no basta con probar el daño de modo genérico, sino que tal prueba debe ser concreta. Con precisión, la Dra. Zavala de González sostiene que "no basta la prueba de que se han producido daños, si se ignora qué circunstancias, modalidades y gravedad revisten. Es decir, la carga probatoria sobre el daño debe satisfacerse en concreto, y no de un modo vago, genérico o impreciso . En efecto, constituye una directiva esencial la de que el responsable debe resarcir todo y solo el daño causado, de modo que interesa cuál y cómo es el daño, y no únicamente si es. La responsabilidad civil no puede declararse en el vacío, y éste se presenta no sólo en ausencia de daño, sino también cuando se carece de sustento para identificar su contenido específico." III.1. Ahora bien, una consecuencia previsible del principio dispositivo es que la persona que pide debe señalar, precisamente, qué quiere (pretensión) y qué espera de la jurisdicción (sentencia favorable), argumentando con pruebas y razones los fundamentos que tiene la demanda.

Como consecuencia de ello, el escrito de demanda debe contener una exposición circunstanciada de los hechos que configuran la relación jurídica en que se funda, explicados claramente y, asimismo -y en lo que aquí interesa-, expresar "la cosa que se demanda designada con exactitud", lo que significa la concreción de la pretensión en términos claros y precisos.

Esto marca el papel de la pretensión y a partir del esquema que -en análogos términos- debe seguir la contestación de la demanda, queda delimitado el sentido concreto del litigio.

Esta derivación propia del principio dispositivo encuentra correlato en la regla de congruencia, lo que es claro en cuanto determina que el Juez no puede actuar fuera del marco de lo pedido por las partes: la aplicación práctica del principio significa que le está prohibido resolver sobre cuestiones no propuestas ni dar una solución distinta o diferente a la que se planteó entre el objeto de la demanda y la resistencia, no teniendo tampoco la posibilidad de ampliar la condena superando la expectativa que se expuso en los escritos postulatorios.

Es que, como indica Calvinho: ".En el sistema dispositivo, únicamente las partes pueden aportarle al proceso los hechos, a fin de establecer su objeto y el alcance del debate. Queda lógicamente el juez o árbitro excluido de toda facultad al respecto.

Aparece, entonces, el concepto de pretensión en su acepción procesal, consistente en una manifestación de voluntad de un sujeto de derecho que, invocando un título sustantivo individual, exige algo a otro sujeto a través de la autoridad. De allí que configura un vehículo de libertad para el individuo.

Este concepto, un tanto desatendido, es de fundamental importancia en el derecho procesal ya que a partir de él aparece el legislador normando la cadena procedimental, pues la pretensión es el motivo de la controversia y ésta el tema sobre el cual ha de versar necesariamente la sentencia.

Si bien acción, pretensión y demanda son conceptos distintos, tienen una indudable imbricación. Adviértase que la demanda consiste materialmente en un documento cuya presentación al juez o al árbitro exterioriza el ejercicio del derecho de acción -instar a la autoridad- y que resulta ser el continente de un contenido necesario: la pretensión." (cfr. Calvinho, Gustavo Iura novit curia, publicado en: DJ 2007-II , 595).

Desde esta perspectiva, los magistrados no nos encontramos autorizados a hacer lugar o incluir en la condena, una pretensión que no ha sido concretamente introducida al proceso en las oportunidades legalmente permitidas, porque de otra forma se violarían los principios dispositivos y el de congruencia y, con ello -he aquí el fundamento central- se afectaría la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa.

En otros términos: el pronunciamiento debe ajustarse a lo que ha sido real y efectivamente pretendido.

En este contexto, el artículo 330 del Código Procesal Civil, al referirse a la forma de la demanda, detalla, entre sus requisitos, que la misma debe contener la cosa demandada designándola con toda exactitud (inc. 3) y la petición en términos claros y positivos (inc. 6).

III.2. Ahora bien, en el caso analizado el accionante reclama daño moral y material y se refiere a este último en los términos precedentemente aludidos.

Y como puede advertirse, la pretensión en cuanto al rubro "daño material", si bien carece de mayores precisiones, es clara en cuanto se refiere al perjuicio patrimonial derivado de la muerte de la Sra. Lagos, daño que tiene evidente repercusión en la esfera patrimonial del menor y que, contrariamente a lo afirmado por la magistrada, no requiere prueba acabada, sino que se presume por aplicación directa de las disposiciones de los artículos 1084 y 1085 del Código Civil.

Es que como indica Zavala de González: "los artículos 1084 y 1085, Cód. Civil, presumen en caso de homicidio: a) la calidad de damnificados de ciertas personas, b) cual es perjuicio que sufren (privación de lo necesario para la subsistencia).

Se trata de normas con una función procesal, más que sustancial, pues se enderezan a una inversión de la carga normal de la prueba.

Por consiguiente, lo señalado no excluye que, si se respeta el onus probandi ordinario: a) otros sujetos distintos reclamen el perjuicio que prueben haber sufrido, y b) que los damnificados presuntos peticionen perjuicios distintos o adicionales a los que la ley infiere, con tal de que demuestren aquellos.

Si no se acepta que los artículos 1084 y 1085 establecen, simplemente, un sistema presuncional, quedarían privados de toda explicación. carecerían de todo sentido, si no se ve en ellos la creación de un particular derecho, cuya finalidad es la de establecer que la muerte, por sí sola, es suficiente para crear la presunción de que se ha ocasionado un perjuicio a aquéllos que la ley enumera (.) acuerdan una ventaja que juega en favor de ciertos damnificados, destinada a que a éstos se les reconozca el derecho a obtener lo necesario para su subsistencia, sin obligarlos a rendir prueba concreta del daño experimentado." (cfr. Matilde Zavala de González "Resarcimiento de daños" 2b Daños a las personas, Pérdida de la vida humana", Ed. Hammurabi, Segunda edición corregida, pág. 157 y ss.).

Desde esta perspectiva, debe entonces notarse que la crítica efectuada por el recurrente en cuanto a la falta de prueba es suficiente para habilitar a esta Alzada a dar tratamiento al recurso.

III.3. Ahora bien, la presunción precedentemente establecida sólo abarca a ciertas personas, por lo cual, traído esto al caso y considerando que el actor en esta causa es el menor, representado por su padre (aspecto no cuestionado), es claro que las consideraciones efectuadas por la magistrada con relación al progenitor son acertadas por este doble orden de ideas.

Por el contrario, tratándose en el caso de un niño recién nacido, es absolutamente previsible y se encuentra habilitada la suposición de que su madre contribuiría a su manutención para su subsistencia.

Ahora bien, esta presunción iuris tantum de la existencia del daño a favor del hijo menor, no abarca a su cuantía: pero probado (presumido) el daño y no así su quantum, el juzgador debe cuantificarlo por imperio del art. 165 del CPCyC.

En esta línea señala la ya citada Zavala de González "el tema de la subsistencia reviste sustancia alimentaria pues se vincula, como la propia expresión lo indica, con los requerimientos materiales para la continuidad de la vida . razonablemente esperables a partir de la situación económica y expectativas de progreso del fallecido." (op. cit. pág. 175).

En este caso, no se han acreditado parámetros claros que permitan determinar los ingresos de la progenitora; de hecho no existen elementos que den cuenta de que la misma desempeñaba tareas remuneradas. Pero aquí debe considerarse que ".La valuación indemnizatoria de los beneficios por la función maternal, perdidos a partir de la muerte de la progenitora, no admite diferencias según la solvencia patrimonial del hogar: "Tan madre es la mujer humilde como la adinerada", por lo cual procede desechar conceptos clasistas en el tema. No nos referimos a un plano puramente afectivo, fuente de daños morales, sino de las ventajas materiales que para crianza, asistencia y educación representa la progenitora, y del consiguiente daño económico por cese de esa dedicación insustituible. La colaboración que pudiera existir al respecto mediante la actividad rentada de terceros - servicio de niñeras o guarderías, estudios de idiomas, práctica de deportes, esparcimientos y recreación...- puede permanecer incólume en hogares adinerados o acrecentarse el perjuicio patrimonial cuando la extinta afrontaba total o parcialmente ese costo; pero la dedicación personalizada de una madre es la misma cualquiera fuera el nivel de ingresos del grupo, y tiene valor económico al margen del espiritual. Y bien, con prescindencia de ocupaciones domésticas y retribuidas, la dedicación como progenitora ostenta un valor material: "El daño patrimonial que sufre un hijo por la muerte de su madre no consiste solamente en la privación de los ingresos que aquélla habría destinado al mantenimiento de aquél desde el nacimiento hasta la mayoría de edad, pues también tiene incidencia económica la frustración de su presencia durante la niñez y adolescencia -en el caso, falleció luego del nacimiento del hijo- y la consecuente falta de atención y ayuda personal" (CNCiv, sala C, 14-3-02, RCyS, 2002-1088, 117-S). (cfr. Daño material por muerte de ama de casa y madre de familia, Zavala de González, Matilde Publicado en: RCyS 2007, 135). También debe sopesarse que ".para la fijación de la indemnización por muerte de la madre de la accionante debe tomarse en consideración el promedio de vida útil -no el de vida vegetativa- y el quantum de las ganancias que la víctima le destinaba, ya que no cabe computar los ingresos que ella destinaba para su propio sostén" (CNCiv., sala D, 23-9-99, La Ley, 2000-C, 891, 42.619-S). por regla, los descendientes necesitan esa asistencia sólo mientras sean menores. Por eso, el tope de vida productiva resulta excesivo cuando los hijos habrían alcanzado antes la mayoría de edad. reiteramos que el período resarcitorio en relación con los hijos, no puede superar la oportunidad en que habría proseguido una asistencia "dineraria" hacia ellos, la cual y en principio -que debe ser desmentido por prueba puntualizada- deja de prestarse cuando alcanzan su potencial autonomía económica, o sea y como regla, al arribar a la mayoría de edad..." (ibídem).

Sobre estas directivas, considerando que no existen parámetros concretos probatorios en cuanto a la existencia de un determinado nivel de ingreso, mejoras en el mismo, etc., no obstante lo cual, corresponde determinar la indemnización en concepto del daño patrimonial ocasionado al menor por la muerte de su madre, merituando asimismo el valor del salario mínimo vital vigente en esta época, en uso de las facultades previstas en el artículo 165 del C.P.C.C. estimo prudente fijarla en la suma de $25.000,00.

IV. En cuanto al monto acordado en concepto de daño moral, entiendo que la estimación efectuada por el magistrado se ajusta a las circunstancias del caso.

En efecto: la reparación del daño debe ser "integral", es decir, debe procurar dejar a la víctima en la misma situación en la que se encontraba con anterioridad a que se le lesionaran sus derechos: el límite de la indemnización a otorgar por los daños es el del perjuicio realmente sufrido; no más, pero tampoco menos.

Ahora bien, el análisis de este rubro refiere a una cuestión de prueba y reglas presuncionales. Esto es así por cuanto, cuando se dice que el daño moral no requiere de acreditación, sólo se alude a la imposibilidad de la prueba directa y, como consecuencia de ello, se dota de eficacia probatoria a las presunciones (medio de prueba indirecto) que emergen de determinadas situaciones, acordes con las reglas de la experiencia.

En orden a ello, a las circunstancias que emergen de esta causa, que el niño ha quedado huérfano de madre al poco tiempo de nacer y tomando también como parámetro las indemnizaciones acordadas en otros casos resueltos por esta Cámara, teniendo en cuenta la repercusión negativa que ha de tener en la vida del menor, el monto acordado debe ser confirmado.

Entendiendo que con las consideraciones expuestas se da respuesta a la totalidad de los agravios vertidos, propongo al Acuerdo, la modificación parcial del fallo de primera instancia, acordando la suma de $25.000,00 con más los intereses establecidos en dicho pronunciamiento, confirmándose en los restantes aspectos, que fueran motivo de agravio. Se mantendrá la imposición de costas fijada en la sentencia de grado y las de la Alzada se impondrán a la demandada en su calidad de vencida. Los honorarios por la actuación en la Alzada se diferirán para su oportunidad, regulándose de acuerdo al monto en juego en el recurso. TAL MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome en idéntico sentido.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1. Modificar parcialmente la sentencia de fs. 152/161 elevando el monto de condena a la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL ($125.000), con más los intereses allí establecidos, confirmándola en lo demás que fue materia de recurso y agravios.

2. Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C. y C.).

3. Diferir los honorarios profesionales de esta Instancia a los letrados de la actora para su oportunidad (art. 15 L.A.).

4. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y a la Defensora de los Derechos del Niño. Oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.