Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-13


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 13 días del mes de octubre de 2009, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el doctor OSCAR ZAS dijo:

I)- Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda (fs. 258/60 cta.) se alza la parte demandada a tenor de las manifestaciones vertidas en el memorial recursivo de fs. 263/75, que mereció réplica de la contraparte a fs. 281/4. A fs. 261 el contador apeló sus honorarios.

II)- Los primeros dos agravios del recurso de la demandada están dirigidos a conmover lo decidido por el "a quo" en torno a la fecha de ingreso y remuneración aceptadas, en la medida que tuvo por acreditada la invocada en la presentación inicial y una remuneración distinta a la que surge de los recibos de sueldo.

a- En sustento de su queja expresa que el sentenciante anterior valoró aislada y erróneamente la prueba testimonial aportada por la actora y que ésta en definitiva no debe prevalecer por encima de lo que surge de las registraciones laborales de la demandada, de los recibos de sueldo del actor y de los dichos de sus propios testigos.

Con respecto a los registros de la accionada y a los recibos de sueldo del actor, es necesario recordar que los primeros emanan exclusivamente de la confección de la propia interesada y que más allá de que no presenten adulteraciones, omisiones o tachaduras, esto no hace perder de vista que lo allí asentado fue puesto por la demandada sin ninguna posibilidad de contralor previo o posterior por parte del trabajador.

Por lo expresado es que el alcance probatorio de dicho medio de prueba, a mi juicio, es relativo y parcial y, resultará eficiente en la medida que no se contradiga con otro elemento probatorio que permita inferir más allá de lo que surge de un registro totalmente unilateral y desconocido por el actor.

Lo mismo es aplicable a los recibos de sueldo, pues si en la causa se encuentran controvertidas justamente la fecha de ingreso y la remuneración efectivamen-te percibida por el actor -reclama pagos "en negro" que obviamente no figuran asentados en los recibos-, lo lógico es que en aquellos como en los libros, la demandada refleje lo que aquí sostiene en su presentación inicial (responde a fs. 36/45 vta.) y no las facetas irregulares que se denuncian como incumplimiento contractual y consiguientes conduc-tas injuriosas por parte de la accionada que desembocaron en el despido decidido por el trabajador.

Por todo ello, atendiendo a la naturaleza de los presupuestos fácticos controvertidas, es que cobran relevancia las declaraciones obrantes en autos.

Previo a su análisis creo necesario recordar que el actor invocó haber ingresado a prestar servicios al establecimiento de la demandada en el mes de setiembre de 1999 realizando tareas de lavacopas, limpieza de salón y mozo de barra, percibiendo una remuneración de $ 1.000 -conformada por lo que constaba en el recibo de sueldo y lo que percibía por fuera del recibo y de lo cual no le quedaba constancia escrita alguna-.

El testigo Silva (fs. 103) dijo que él ingresó a trabajar en el estableci-miento de la demandada en el año 1995 como cajero gastronómico, que el actor ingresó en setiembre de 1999, y que lo sabe porque él ya estaba trabajando ahí. Que la demanda-da en ese momento se llamaba Nari S.A. y luego pasó a llamarse Saldar S.A., que no hubo cambio de dueños ni nada, que sólo cambió el nombre, la firma, pero siguieron la misma gente, el mismo gerente y los mismos empleados. Explicó que el actor cumplía un horario de 6 a 17 ó 18 hs. y que él lo hacía de 6 a 19, salvo los jueves que tenía franco. Preguntado por la modalidad de pago, hizo referecia a los pagos en negro y que ello le constaba por haberlo visto y porque él también cobraba parte en negro y parte con recibo, dijo que les pagaba el empleado del gerente de la empresa, Sr. Jorge Bertotto. Con respecto a las tareas del actor dijo que primero hizo tareas de lavacopas y de limpieza y luego pasó a la barra, como de mozo de mostrador.

Esta declaración fue impugnada por la demandada a fs. 108, pues según se afirma en dicha presentación el testigo no dio razón de sus dichos. Estimo que no le asiste razón, pues de la lectura del acta de fs. 103 surge que el testigo sabe de la fecha de ingreso del actor "...porque ya trabajaba cuando el actor ingresó..." -recordemos que el testigo dijo haber ingresado en 1995 -aspecto no objetado en la impugnación-. En cuanto a la remuneración que percibía el actor dijo conocerla "porque todos cobraban en una oficina del primer piso. Que lo vio cobrar al actor. Que eran pagos en efectivo...".

A mi juicio es claro que el testigo manifestó conocer los hechos sobre los cuales declara por haberlos presenciado, razón por la cual forma mi convicción con respecto a los mismos y a cómo ocurrieron (cfr. arts. 456 CPCCN; 90 y 55 L.O.).

El testigo Díaz (fs. 174/5), dijo que él ingresó a trabajar en el local de Rivadavia y Nazca que se llamaba Clapton de Nari S.A. en el año 1995, y que recién lo registraron un año después. Afirmó que él era dependiente de salón y que el actor comenzó a trabajar allí en el año 1999, que lo sabe porque él ya estaba. Que la empresa se llamó Nari S.A. hasta el año 2002 que él se fue, que sabe por comentarios que cambió el nombre por Saldar S.A. En cuanto a la forma de pago, dijo que les pagaba un señor de nombre Jorge, pero no recuerda el apellido, en una oficina que había en un entrepiso.

La declaración reseñada fue objetada por la demandada a fs. 150/1, en especial por las imprecisiones en torno al horario de trabajo del actor.

Esto último es cierto, pero no se me escapa que las referencias -aún tácitas- relativas al lugar de trabajo son coincidentes con el lugar donde el actor invocó prestar servicios. Nótese que en la impugnación en tratamiento no se expresa que el testigo se refiera a un lugar distinto de aquel en el cual el actor realizó su prestación.

Moyano prestó declaración a fs. 146/7. Dijo que ingresó como cocinero en Clapton -de Nazca y Rivadavia- en mayo de 1995 y que el actor empezó a trabajar en el año 1999 haciendo tareas de lavacopas, limpieza y mozo de barra. Dijo que en el año 2003 antes de que el dejara de trabajar se produjo un cambio de nombre o de firma y de Nari S.A. pasó a llamarse Saldar S.A., que no cambiaron las personas, que los dueños siguieron siendo mismos. Todo siguió igual, tampoco cambiaron los muebles ni los uniformes. Dijo que sabe que no cambiaron los dueños porque él los conocía y que uno se llamaba Sergio Vázquez. Preguntado por la modalidad de pago, sus respuestas son coincidentes con las prestadas por los testigos Díaz y Silva en lo relativo a dónde, quién y cómo les pagaban y que había una parte que constaba en los recibos y otra que no, o sea "en negro".

Las objeciones que éste testigo mereció por parte de la accionada a fs. 150/1, a mi juicio no poseen entidad suficiente como para quitarle fuerza convictiva y el hecho de que tenga juicio pendiente me lleva a ponderar la declaración con algo más de estrictez y rigor, pero de ningún modo a ignorarla en tanto se trata de una persona que compartió el lugar de trabajo con el actor.

En cuanto a las declaraciones de los testigos ofrecidos por la parte demandada, advierto que Bertotto (fs. 163/4), dijo trabajar para el estudio contable que lleva la contabilidad de la demandada -no pudo precisar desde qué año- y dijo que iba dos veces por semana un par de horas a la oficina que posee en el primer piso y que cuando debía pagar los salarios de todo el personal, se quedaba unas cinco horas aproximadamente. Pese a lo expresado con respecto a la fecha de ingreso del actor, a mi juicio sus dichos no me resultan suficientemente convincentes como para neutralizar u opacar la convicción que me formé a partir de los dichos de los testigos reseñados previamente.

Por último, con respecto al testigo Viola (fs. 170/1) a mi juicio su declaración no me convence por encima de las que he analizado en la primera parte de mi voto, en tanto se trata de una persona que aún se desempeña -o por lo menos al momento de la declaración- como dependiente de la demandada y además con cargo jerárquico (encargado).

Por todas las consideraciones efectuadas precedentemente no advierto mérito en las pruebas indicadas por el recurrente en su apelación, como para modificar la conclusión a que arribó el sentenciante anterior en torno a la real fecha de ingreso del actor.

b- Es inatendible el recurso en la medida que se refiere a supuestos "pagos en negro", en tanto el sr. juez de primera instancia no los tuvo por acreditados y la estimación que efectuó en relación al salario, lo fue sobre la base de la jornada, tareas y antigüedad del empleado como asimismo de lo surgía del CCT aplicable y coincido plenamente con ella en tanto aparece adecuada y razonable (cfr. art. 56 RCT -t.o-).

c- Igual suerte habrá de seguir el agravio vinculado con la condena a abonar el agravamiento indemnizatorio previsto por el art. 16 de la ley 25.561, pues lo concluido precedentemente me conduce a propiciar que se confirme la procedencia de las indemnizaciones reclamadas con fundamento en el despido decidido por el actor, en tanto el mismo resultó ajustado a derecho.

Sentado esto, corresponde confirmar también la condena a abonar el agravamiento indemnizatorio en estudio, en tanto resulta de aplicación a los despidos indirectos (cfr. Plenario Nº 310, "Ruiz c/ Universidad Argentina de la Empresa UADE s/ despido", del 1/03/2006).

También cuestiona la apelante el monto por el cual el sentenciante de gra-do acogió el reclamo formulado por dicho concepto.

Sobre el punto, corresponde establecer que la convocatoria a tribunal plenario acerca de los alcances del incremento indemnizatorio contemplado en el art. 16 de la ley 25.661 a partir de la sanción de la ley 25.972 (Resolución de Cámara Nº 16 del 03-07-09), no obsta a que me expida con relación a las otras cuestiones que he analizado en tanto, de conformidad con lo normado por el art. 124 de nuestra ley ritual, sólo la decisión de dicho aspecto del planteo recursivo quedará pendiente de resolución -en la medida discutida- hasta tanto se dicte la correspondiente doctrina plenaria.

Así y siendo que el mínimo monto por el cual podría prosperar el incremento en cuestión es el equivalente al 50 % ($ 3.500) de la indemnización por antigüedad ($ 7.000) y advirtiendo que la sentenciante de primera instancia lo admitió por una suma mayor ($ 4.500) es que propicio se establezca transitoriamente la condena por dicho rubro en la suma de $ 3.500 que es a lo que eventualmente y como mínimo corresponderá diferir a condena por tal concepto.

d- Tampoco es atendible la queja dirigida contra la condena a pagar la indemnización prevista por el art. 2 de la ley 25.323, en tanto, pese a la intimación formulada por el actor para que le abone las indemnizaciones emergentes de la disolu-ción del vínculo, la accionada no lo hizo y para obtener el reconocimiento de sus acreencias debió acudir ante los estrados judiciales.

e- Igual suerte habrá de seguir el agravio referido a la condena a entregar las certificaciones contempladas en el art. 80 RCT (t.o.).

El recurrente funda su queja en que ya dio cumplimiento con esa obliga-ción pues hizo entrega de los certificados correspondientes en la ocasión de contestar demanda.

Sin perjuicio de que ello pueda ser cierto, no lo es menos que esas certifi-caciones no se ajustan a las circunstancias contractuales oportunamente controvertidas y que fueron resueltas por la sentencia de primera instancia y lo que aquí se postula confirmar, en especial en lo relativo a la fecha de ingreso del actor.

Por lo expuesto entiendo que corresponde mantener la condena decidida en la instancia anterior en lo que respecta a la obligación de hacer entrega al actor de un nuevo certificado de trabajo del que surjan las circunstancias apuntadas.

e- La demandada ha cuestionado también la decisión adoptada en materia de costas, pero tampoco propiciaré modificar este aspecto del fallo. Me explico.

He sostenido en reiteradas ocasiones que en materia laboral la distribu-ción de costas no debe regirse por un criterio meramente aritmético sino jurídico, y desde este enfoque cabe destacar que el actor se vio obligado a acudir a la jurisdicción competente para obtener un reconocimiento a sus pretensiones de índole alimentaria, y que merecieron acogida favorable los reclamos indemnizatorios derivados del despido.

En atención a lo expresado considero que la decisión adoptada por el sen-tenciante anterior se adecua al criterio que sustento y por ello propicio confirmar dicho aspecto del recurso.

f- Con respecto a los honorarios que han sido apelados por altos a fs. 272 vta./3, y por bajos a fs. 261 teniendo en cuenta la naturaleza, extensión, complejidad, etapas procesales efectivamente actuadas, como también el monto y el resultado del pleito, estimo que aquellos no son elevados y por lo tanto postulo su confirmación (cfr. arts. 6, 7, 9, 19, 37, 39, 47 y cctes. ley 21.839) .

III)- De suscitar adhesión mi voto, deberá confirmarse la sentencia de primera instancia en lo principal que decide y fue materia de agravio, con el alcance establecido en el considerando II) c- en lo que es tema sometido a plenario. Por ello se reducirá provisoriamente el capital de condena a la suma de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE ($ 20.227), sobre la que se calcularán los intereses dispuestos en la sentencia de primera instancia.

IV)- Las costas originadas en esta instancia deberán declararse a cargo de la demandada vencida (cfr. art. 68 CPCCN) y a tal fin propongo regular los honorarios de las representaciones letradas de cada una de las partes en el 25 % de lo que les corresponda por sus labores en la instancia de origen (cfr. art. 14, ley 21.839).

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO manifestó:

Dada la prueba expresa producida en autos sobre la fecha de ingreso y pagos marginales -comparto el análisis efectuado en el primer voto- adhiero a lo propuesto del Dr. Zas, más allá de las consideraciones que sobre registros y recibos puedan efectuarse con alcance general, ya que en este concreto las registraciones no se corespondían con la realidad. En todo lo demás, por análogos fundamentos a los que lucen en el voto que antecede, a ello me sumo.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que decide, con el alcance establecido en el considerando II) c- en lo que es tema sometido a plenario. Por ello se reduce provisoriamente el capital de condena a la suma de PESOS sobre la que se calcularán los intereses dispuestos en la sentencia de primera instancia. 2) Declarar las costas de alzada a cargo de la demandada y regular los honorarios conforme se propone en el primer voto del presente acuerdo. Reg., not. y dev.. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.. Conste que la vocalía tercera se encuentra vacante (art. 109 RJN).

MMV Oscar Zas María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara