Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-08-12


N° 818 En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los doce días del mes de agosto del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS y MARÍA LUISA LUCAS, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente:

"MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA C/ CUENCA, S. A. Y/O POSEEDOR Y/O CUALQUIER OCUPANTE Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ APREMIO", Nº 54.450, año 2003, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad que obra a fs. 90/95.

C U E S T I O N E S I.- ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora a fs. 90/95, contra la resolución dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 72/85.

A fs. 104 se radica la causa ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, integrada definitivamente a fs. 110 con los suscriptos.

A fs. 106 y vta. emite su dictamen N° 2170/03 el Sr. Procurador General y a fs. 111 se llama autos para sentencia.

2.- En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad formal del presente recurso, encuentro que ha sido anunciado e interpuesto en término, por parte legitimada para recurrir. Los agravios se suscitan a raíz de la solución impresa sobre las costas en el pronunciamiento de segunda instancia, por lo que debe estimarse introducida en forma oportuna la cuestión constitucional.

Por último, la resolución -en el aspecto atacado- es equiparable a una definitiva en cuanto la interpretación impugnada, no podrá discutirse en otra oportunidad procesal.

Sostiene la quejosa que la sentencia dictada es pasible de ser tachada de arbitraria, por carecer del requisito de fundamentación y sobre todo, por incurrir en notorio apartamiento de la solución normativa prevista para el caso, sin que se den argumentos que justifiquen tal decisión.

Ataca dicho pronunciamiento en cuanto revoca la sentencia de primera instancia y hace lugar a la ejecución, mandando llevar adelante la misma hasta que el acreedor se haga íntegro pago de la deuda reclamada.

Expresa que no obstante ello, en forma sorpresiva, impone costas en primera y segunda instancia en el orden causado, por ser supuestamente una cuestión de dudosa y novedosa interpretación, aplicando erróneamente la solución normativa que rige para los juicios ejecutivos.

Alega que el fallo no cumplimenta el requisito de debida fundamentación, ya que la dada es sólo aparente y dogmática, lo que afecta gravemente el derecho de la propiedad y de la defensa en juicio; agrega que no explica adecuadamente en qué consiste lo novedoso o dudoso de la materia litigiosa, en la que la misma Sala se expidió con anterioridad en distintas causas que cita.

Añade que también el máximo Tribunal Provincial se expidió sobre cuestiones relativas a prescripción, resolución de intendencia, intereses, etc.

Manifiesta que de las constancias de la causa, surge que el presente es un juicio de apremio, que persigue el cobro de impuestos y tasas, aplicándose las normas de procedimiento del juicio ejecutivo; aduce que, al momento de aplicar las costas, el pronunciamiento se funda en los arts. 68 y 71 del CPCC, cuando en realidad la normativa específica para este tipo de procedimientos es la del art. 536 del mismo cuerpo legal.

Sustenta su planteo en doctrina y jurisprudencia nacionales, abonándolo con antecedentes de este Superior Tribunal de Justicia.

Sobre la impugnabilidad de las decisiones recaídas en la materia propuesta en este recurso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que lo atinente a la imposición de costas en las instancias ordinarias, es cuestión procesal, de hecho y accesoria que no da lugar, como principio, a la apelación extraordinaria (Fallos 285:353; 286:81; 202, 213, 292).

Siguiendo igual criterio, esta Sala con distintas integraciones, también ha decidido que la cuestión relativa a la imposición de costas en las instancias ordinarias es de aquéllas que, en principio, se encuentran reservadas a los jueces de la causa y excluidas de revisión en sede extraordinaria, salvo supuesto de arbitrariedad (conf. Sent. Nº 31/90, entre otras).

Sentado lo que antecede y analizada la decisión cuestionada a la luz de los agravios vertidos por la parte actora, encuentro configurados los vicios denunciados por la misma, por cuanto la Cámara decidió imponer las costas en el orden causado, por aplicación de los arts. 68, último párrafo y 71 del ritual, "atendiendo a la especial circunstancia de que la cuestión resuelta .

se refiere a una cuestión de dudosa y novedosa interpretación de la ley ante el caso planteado." (confr. fs. 84, apart. IV). Señala también que así lo ha resuelto esa misma Sala, en un caso que, por aplicación del art. 69 de la ley procedimental, autorizó la eximición de costas al vencido en un juicio ejecutivo.

Lo expuesto revela que las expresiones utilizadas por los sentenciantes para modificar la imposición de costas en primera instancia e imponerlas en la misma forma en la alzada, son puramente dogmáticas y no se condicen ni con las constancias de la causa ni con la normativa aplicable, lo que constituye un claro supuesto de arbitrariedad.

En efecto, advierto que en sub lite se produce un apartamiento de los principios específicos del régimen de costas, regulado especialmente con referencia al proceso ejecutivo, en el art. 536 del CPCC.

En cuanto a la aplicación de la causal de exención del cargo de las costas al vencido aplicado por los camaristas, debo decir que tampoco surge se haya interpretado de acuerdo con dicha normativa ni que esta decisión contenga una adecuada motivación que haga mérito de las circunstancias especiales a las que hacen referencia en el pronunciamiento (cuestión dudosa o novedosa).

En igual sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación señalando que: "Si bien lo decidido en materia de costas no da sustento, en principio, a la vía extraordinaria, excepcionalmente admite el remedio federal cuando, como en el caso -en que se distribuyeron las costas por su orden en atención a la "novedad y términos del planteo"- se ha omitido todo análisis de la posible incidencia del art. 558 del Código Procesal Civil y Comercial en cuanto prevé se impongan las costas del juicio ejecutivo a la parte vencida" (Fallos 305:760).

En este aspecto, coincido con la solución propiciada por el representante del Ministerio Público; en efecto, el pronunciamiento si bien hace referencia a la naturaleza del tema debatido, al momento de expedirse sobre la distribución de las costas en el curso de un juicio de ejecución fiscal, ordena llevar adelante la ejecución y dispone la reliquidación de la deuda (disponiendo que las tasas de interés se calculen en forma lineal), omite todo examen respecto de la posible aplicación del art. 536 del CPCC de la Provincia, extremo que resulta suficiente para descalificar el fallo apelado.

En igual dirección, ver el contenido de Fallos 288:48, 319:843, en los que prosperó el recurso extraordinario por defectos en la fundamentación normativa, ya que de ese modo cumplimenta sólo en forma aparente, la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados en el juicio, argumentando con asertos dogmáticos que tornan descalificable la sentencia que prescindió de la consideración de una norma aplicable, que aparece como decisiva en el caso.

En función de lo expuesto, tiene andamiento el agravio que invoca el interesado, por guardar nexo directo e inmediato con las garantías constitucionales que estima vulneradas, motivo por el cual este Tribunal, en casos similares, ha resuelto que la decisión que importa un notorio apartamiento de la solución normativa prevista para el caso resulta conculcatoria de expresas garantías constitucionales, esencialmente el derecho de la propiedad, circunstancia que determina la admisión del recurso de inconstitucionalidad (conf. Sentencias Nros. 12/86; 22/92; 244/98, entre otras).

Por los fundamentos expuestos, propongo la admisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, votando afirmativamente a esta primera cuestión. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora a fs. 90/95, en consecuencia, se decrete la nulidad de la resolución dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial a fs. 72/85, en lo que ha sido materia de agravios, devolviéndose los autos a dicho Tribunal para que la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 Decreto Ley 1407/62).

En virtud del resultado arribado y que la sentencia no ha sido sostenida por la contraria, cabe aplicar las costas en esta instancia extraordinaria, en el orden causado, acorde con el criterio adoptado a partir de la sentencia Nº 6/80.

En cuanto a los honorarios de los profesionales de la parte recurrente, deberán diferirse para la oportunidad en que obre sentencia definitiva en la causa. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del Dr. Ramón Rubén Ávalos respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y diferimiento de honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe.

S E N T E N C I A N°_818___ RESISTENCIA, agosto 12 de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora a fs. 90/95, y en consecuencia, decretar la nulidad de los Puntos II y III de la resolución dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, a fs. 72/85, materia del presente recurso.

II.- DEVOLVER los autos a dicho Tribunal para que la Sala que corresponda dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 del Decreto Ley Nº 1407/62).

III.- IMPONER las costas en el orden causado.

IV.- DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad dispuesta en el Acuerdo que antecede.

V.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación al Sr. Presidente de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y remítase copia autenticada de la presente a la Sra. Presidente de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos como está ordenado en el Punto II.