marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara contencioso administrativa, competencia, competencia contencioso administrativa, Municipalidad, indemnización tarifada
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ARESSI, MARIA ANGELICA c/ MUNICIPALIDAD DE LAGUNA PAIVA s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-31

La presente causa corresponde a la competencia contencioso administrativa por cuanto, si bien en la demanda se reclaman indemnizaciones fundadas en la Ley de Contrato de Trabajo, de lo que en verdad se trata es de reparar los perjuicios derivados del invocado actuar irregular de la administración municipal en el marco de una relación jurídica mantenida con el fin de alcanzar el cumplimiento de determinados contenidos públicos y la eventual aplicación a relaciones de estas características de normas de derecho privado, no le resta en principio, su condición de pública, ligada a la realización de cometidos de interés general.
Acto administrativo, caducidad, recurso de inconstitucionalidad, Constitución Nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Silvestri, Juan Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 441-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-05-10

Si bien en el precedente "Durussel de Fernández c/ Provincia de Santa Fe" la Corte Suprema de Justicia Nacional estableció que -en este caso- la aplicación del artículo 65 del Decreto 10204/58 es inconstitucional dada su disconformidad con los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional, dicha inconstitucionalidad está circunscripta unidamente al caso en que no corresponda al interesado realizar diligencia alguna destinada a obtener un pronunciamiento de la autoridad administrativa, es decir, la norma conserva su validez constitucional en tanto y en cuanto no se de dicha hipótesis.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, ley federal, abastecimiento, control de precios
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferracutti, Aldo Raúl y otros s/ apelación resolución administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-25

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia del juzgado federal que confirmó la pena impuesta en los términos del art. 4°, inc. a), de la ley 20.680, pues la cuestión versa sobre la interpretación de una norma de naturaleza federal.
Seguros, ejecución del contrato, asegurador, productor asesor de seguros, principio de apariencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: MULAK, MIGUEL c/ ELSA L. PAGANINI SEGUROS GENERALES s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-27

Cabe rechazar el reclamo contra la aseguradora, por cumplimiento de un contrato de seguro contratado telefónicamente con una promotora de seguros quien, luego de recibida vía fax la documentación requerida le remitiera por la misma vía, excediendo sus facultades, una constancia de cobertura; toda vez que no se ha acreditado la existencia de actuación bajo apariencia, y además, el accionante admitió en forma ficta que la promotora solo podía recibir propuestas.
Daños y perjuicios, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Amatilli, Walter Leonardo c/ Ferreyra, Alfredo B. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16

Resulta peligroso en épocas de portentosa y alocada inflación hacerse eco de las meras estimaciones dinerarias que las partes efectuaron...años atrás para tallar el objeto de su demanda y ahora, al hacer lugar a la misma, acoger sin ponderación alguna aquellos montos y proyectarlos mediante los índices de variaciones de precios al consumidor desde la fecha del ilícito hasta nuestros días.
Accidentes de trabajo, prueba pericial, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sayavedra, Raúl Armando c/ Alica S.A. y/o ARCOR S.A. y/o q.r.r. s/ Indemnización Ley 24028
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-08

Al discriminar la prueba rendida en autos y los informes actuales, que dan cuenta de la dolencia sufrida por el trabajador y por ende cuando ya se encontraba consolidado el daño, evidentemente las pericias rendidas en autos no pueden ser enervadas por conclusiones médicas anteriores. En efecto, la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez, teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se funden, es decir que no existe obligatoriedad por parte del juzgador de atender a las impugnaciones que formule cualquiera de las partes, si luego del análisis y las evaluaciones efectuadas por el experto considera que las mismas encuentran abono suficiente como para lograr que se hallan plenamente cumplidos los puntos puestos a consideración. El grado de incapacidad total del trabajador no puede ser otro que el fijado por el perito, quien se pronunció conforme a los exámenes médicos -audiometría, tac- y valoró así también las alteraciones de tipo psiquiátrico y psicológico del paciente, y por último dicha experticia no fue objetada en el momento procesal oportuno, deviniendo extemporánea la impugnación que recién realizara al expresar agravio.
Divorcio contradictorio, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: K., J.L. c/ R., E.B. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-11-10

Aun cuando aisladamente considerado el hecho de requerir la internación por presunta insania de un cónyuge por el otro -de no ser verídico y resultar probadamente maliciosa- pudiera ser entendido como gravemente injurioso, producida la reconciliación posterior -en la que están contestes los dos cónyuges- ha operado el perdón de los agravios pasados, la caducidad de la acción de divorcio si ésta se hubiese iniciado y además, en lo que aquí interesa, se ha extinguido para lo sucesivo, el derecho de alegar las causas que fundaron -las injurias, lato sensu- producidas hasta ese momento.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Estado Provincial, emergencia económica, constitucionalidad, bienes, bienes inembargables, facultades no delegadas, Poder Legislativo, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marozzi, Eldo Eithel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio (Expte. CSJ Nº 33-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-29

No puede prosperar el planteo del recurrente sustentado en la genérica invocación de criterios jurisprudenciales de la Corte nacional que soslayan la situación general de la Provincia que el legislador consideró al sancionar la ley 11696, lo que marca la ausencia de identidad entre esos precedentes con el caso de autos.

Así la recurrente alude a doctrina del Máximo Tribunal en el sentido que cualesquiera que sean las disposiciones que contengan las leyes locales tendentes a sustraer de la acción de los acreedores los bienes, recursos y rentas del Estado Provincial, contrariando los derechos y garantías que acuerda la ley civil, no pueden ser válidamente invocadas, pues las relaciones entre deudor y acreedor son de la exclusiva legislación del Congreso Nacional Pero, de esa doctrina se desprende también que los bienes -rentas o recursos- de los Estados provinciales, no pueden ser embargados ni ejecutados en la medida de lo que pueda ser indispensable para su vida y regular funcionamiento. De ello se sigue que, en el caso, encontrándose acreditado que los bienes de los Estados provinciales resultan indispensables para el cumplimiento de sus fines esenciales, serán improcedentes los embargos que al efecto se requieran.
Thema decidendum, calificación legal, cambio de calificación legal, graduación de la pena, pena más grave, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: "CHEUQUEMAN GABRIEL ERNESTO S/ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO", Expte. Nº 4134 (C-735/12/TSJ) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-04-23

Es preciso señalar que cuando existen distintas visiones sobre el "thema decidendum", como sucede en el caso en cuestión, la adhesión a una teoría o criterio -por parte de la Fiscalía- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación al deber de fundamentación que requiere su dictamen.

Si bien es cierto que el artículo 384 del CPP faculta al tribunal a dar una calificación distinta e incluso a imponer una pena mayor, como sucedió en el caso en cuestión, debió necesariamente el Tribunal instrumentar los mecanismos necesarios tendientes a garantizarle a la defensa la posibilidad de conocer y rebatir la calificación que el juzgador consideraba a priori como probable apreciación al suceso ventilado en le juicio, al no hacerlo tenía como límite máximo la calificación y el pedido de pena reclamado por el Sr. Fiscal de Cámara.

En virtud de lo expuesto, corresponde casar la sentencia recurrida, modificando la calificación otorgada al hecho condenándolo en definitiva por ser autor del delito de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada (art. 166 in fine).-
Recurso de inconstitucionalidad, interés superior del niño, sentencia, reenvío
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RAMIREZ, MAXIMILIANO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-07-23

En virtud de haberse superado holgadamente el máximo legal de la medida excepcional, partiendo de la consideración primordial del interés del niño, que la Convención sobre los Derechos del Niño -art. 3.1- exige a toda autoridad nacional y a todo tribunal llamado al juzgamiento de casos concernientes a menores, y hallándose en juego la interpretación de esa Convención que ostenta rango constitucional, resulta de obligatorio acatamiento la aludida doctrina sentada por el Alto Tribunal nacional, razón por la cual corresponde dejar de lado en la especie la modalidad del "reenvío" -prevista por el artículo 12 de la ley 7055- y, en su lugar, se impone que esta Corte ordene de modo directo el procedimiento para lograr una efectiva economía procesal que beneficie a los menores (Del voto de la Dra. Gastaldi, al que adhirieron los Dres. Erbetta y Netri) (CITAS: CSJN: Fallos 318:1269; 328:2870).
Ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS SOLDADO DE LA FRONTERA Y AV. LARRAZABAL c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA y otro s/ EJECUCION DE EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-21

No resulta necesario solicitar la aplicación de la ley 23.982 antes de la sentencia, en tanto es después de la condena cuando se determina la obligación de pago, máxime cuando dicha ley es de orden público, por lo cual puede el juez disponerla aún sin petición de parte.
Concurso preventivo, homologación del acuerdo preventivo, incumplimiento del convenio, pedido de quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORANDI Y MASSERA SA c/ ESPEJO, JUAN DE DIOS. s/ CONCURSO. PEDIDO DE PRONTO PAGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-17

Con la homologación del acuerdo preventivo carece de virtualidad la previsión de la LC 16: a) si el acreedor esta comprendido en la propuesta, debe sumisión a sus términos (LC 57-1 parte) y si el deudor incumple, se puede pedir su quiebra (LC 63); b) si no esta comprendido, podrá ejecutarse la sentencia de verificación e incluso solicitarse la quiebra de conformidad a la LC 80 (art. 57-2 parte).
Recurso de apelación (administrativo), falta de notificación, fiscal de Estado, partes del proceso, representación del Estado en juicio, representación procesal, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: DELEGACION TRABAJO DE BARILOCHE s/ COBRO INDEBIDO DE CHEQUE (EXP. 40411-00) EXPTE. Nro. 1036/00 - FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS s/ APELACION" (Expte. Nro. 20024/05 - STJ -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-09-21

Así lo vengo sosteniendo desde el fallo "BPRN s/ PTAS. IRREGULARIDADES SUC. VIEDMA (EXPTE. Nro. 0923/99 BPRN.) EXPTE. Nro. 229/95 "FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS ADJ. ANEXOS s/ APELACION" (Expte. Nro. 19135/04, Se. 13/05), en efecto, hace al debido proceso citar a estar a derecho en el procedimiento a quien corresponde, más aún si hay expresas prescripciones del constituyente y el legislador, lo que se omitió al proveer determinar con precisión y en la emisión de la cédula de notificación, la que fue indebidamente dirigida al "Fiscal subrogante de la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS", el que a la luz del plexo normativo en vigencia carece de facultades suficientes para representar a la Provincia (ver arts. 190, 181 inc. 1, 164, 14 de las Normas Complementarias; Leyes Nro. 88, Nro. 2394, Nro. 2747 y modificatorias, y cc), remitiendo a mayor abundamiento interpretativo, aun por analogía, al art. 5 y cc. del Decreto Nro. 815/04 ("...en forma exclusiva y excluyente ...").

El mencionado art. 190 de la C.P. dice "...Corresponde a la Fiscalía de Estado...la defensa de su patrimonio.- Es parte necesaria y legítima en todo proceso en los que se controviertan intereses de la Provincia y en los que ésta actúe en cualquier forma".
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Frigorífico Guaraní S.A.C.I. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

La fijación de un plazo para el cumplimiento de las condiciones establecidas en el dec. ley 9487/80 no constituye el ejercicio de una facultad discrecional de las contempladas en el art. 29 inc. 1º del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, ni tampoco técnica, insusceptible de revisión judicial e importa una materia vinculada con el cumplimiento de obligaciones previstas como condición de la venta de un inmueble, integrando el núcleo de las relaciones jurídicas originadas por dichas normas administrativas.
Indemnización, pérdida de la chance
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORVALAN , TOMAS c/ IGLESIA ESPIRITU SANTO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-01

El resarcimiento de "Chances" de ventajas económicas implica la posibilidad de indemnizar pérdidas de ganancias futuras, en consecuencia es razonable admitir que exista daño patrimonial cuando la víctima, aunque sin producir aún beneficios económicos, estaba en condiciones objetivas de lograrlos, por su trabajo o de otra manera, en un tiempo más o menos cercano,
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación de sentencias, inspección del trabajo, infracciones laborales, multa, ley anterior, ley posterior, ley penal más benigna
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: SECRETARIA DE TRABAJO c/ CORREO ARGENTINO S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- SUMARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 163 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-03-07

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la resolución revocatoria de la del Inferior - que hizo lugar a una multa por infracción a la ley 10.468 al no permitir el ingreso del Inspector del Trabajo y no acceder al pedido de documentación que se le solicitara, obstruyendo la labor del funcionario actuante (de conformidad al art. 41, ley citada)- y, en consecuencia, ordenó la restitución del importe de la multa, desde que, si bien es cierto que el recaudo de intimación que se introduce con la ley 11.752 resulta posterior al de la comisión de la infracción y aplicación de la sanción, el caso versa sobre una multa aplicada por el organismo de contralor del trabajo, cuya naturaleza represiva no puede desconocerse conforme a las pautas tradicionalmente señaladas por la Corte nacional.

Al respecto, si bien se ha mantenido incriminada una infracción denominada "obstrucción", empero, a partir de las modificaciones introducidas por la ley 11.752 (B.O. del 6.07.2000) a la ley 10.468 (B.O. del 19.01.1990) lo ha sido con diferencias, especialmente en lo referido al requisito de la "previa intimación" y de los topes de la multa.

Es decir, que tal como estaba legislada bajo la vigencia de la ley 10.468, la obstrucción ya no volvió a regir.

Así pues, cierto es que en sede jurisdiccional se aplicó texto normativo que carecía de vigencia a la época de la comisión de la infracción y de la imposición de la sanción; mas ante la ausencia de un precepto que reproduzca la infracción de "obstrucción" con los mismos elementos constitutivos y sanción (versión del texto originario de la ley 10.468, del 19.01.1990), deviene aplicable el principio de retroactividad de la ley penal más benigna a favor de la recurrida, por lo que la decisión de la Sala -aun cuando no lo haya expresamente mencionado- resultó ajustada al mencionado principio y, consecuentemente, no merece reproche constitucional.
Prueba documental, procedimiento laboral
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: BANDA, Jorge Juan c/ VALLECITO S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-02-27

La existencia de normas específicas relacionadas con la documentación laboral en la Ley de Contrato de Trabajo, no obsta a la aplicación del artículo 388 del Código Procesal Civil y Comercial con que se intima la presentación de diagrama de servicios, por cuanto, el artículo 90 de nuestra ley ritual lo señala como de directa aplicación, no existiendo incompatibilidad con norma expresa.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, cuestión federal, Constitución Nacional, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CONARPESA Continental Armadores de Pesca  S.A. c/ Chubut, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-22

La competencia originaria de la Corte se despliega plenamente cuando en procesos en que es parte una provincia, se impugnan normas generales de ese origen como contrarias a la Ley Fundamental en la que se sustenta - directa y exclusivamente - la pretensión deducida y, en esas condiciones, los alcances de todas las cláusulas constitucionales deben ser esclarecidos en ese ámbito ya que al Tribunal compete dar adecuada inteligencia a la totalidad del texto constitucional, como una unidad armónica que no admite parcelación o mengua.
Reconvención, compensación, compensación judicial
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Jardín, Stella Ana María c/ Ursini, Ricardo Arturo y otro s/ Sumario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-05

Cuando el crédito que el demandado tiene contra el actor es líquido y exigible, puede invocarlo por medio de la compensación que, en tanto concurran los requisitos básicos de que se haya producido "de iure", que las partes se consideren recíprocamente deudores y acreedores, que las obligaciones sean fungibles, líquidas, exigibles y civilmente susbsistentes, que sean expeditas y embargables (arts. 818, 819, 1ra. parte, 820, 822 y 825 del Cód. Civ ), constituye una defensa que puede oponer en la contestación de la demanda como cualquier excepción substancial.

Pero si el crédito no es exigible ni líquido por provenir de los perjuicios que le fueron ocasionados por el actor, debe deducir reconvención tendiente a obtener el reconocimiento de su crédito y la compensación judicial con el del actor.

Ante la demanda del locatario tendiente al reintegro del depósito dado en garantía, al contestarla el locador puede oponer la defensa de compensación respecto del crédito por los servicios e impuestos impagos. Pero con relación a los daños y perjuicios que aquel le ocasionara por el mal uso del inmueble, si no medió reconvención, la compensación de esa acreencia invocada como excepción, de no ser legal, no puede tener acogida.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, interpretación de la ley, ley federal, IVA
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Vinisa  SAICIF c/ DGI s/ Impugnación de resolución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que declaró que la actora no adeudaba suma alguna en concepto de Impuesto al Valor Agregado, pues se encuentra controvertido el alcance de normas de naturaleza federal, y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa resulta contraria a las pretensiones que la recurrente sustenta en ellas.
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa, cosa pesada, acción civil por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CORTTI, PEDRO MARCELINO c/ PIRELLI COMPAÑIA PLATENSE DE NEUMATICOS s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-29

El esfuerzo normal que una tarea exige al trabajador y que trae como resultado una afección (en el caso: lesión columnaria) no es reparable por la vía del derecho común. (Disidencia del Dr.

Villarroel).
Proceso penal, imputado, sentencia absolutoria, sobreseimiento, delitos, denuncia obligatoria, denunciante, daños y perjuicios, jueces, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Villarruel, Eduardo c/ Banco de la Ribera Cooperativo Ltdo. s/ Recurso de Inconstitucionalidad (Queja admitida). Daños y perjuicios  (Expte. CSJ Nº 1456-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-28

En doctrina y jurisprudencia se ha señalado que la simple existencia de una decisión judicial que absuelva o sobresea al imputado es insuficiente para que éste pueda reclamar daños y perjuicios al denunciante del hecho investigado, por cuanto al ser imprescindible preservar el interés social en la investigación y represión de los delitos penales, debe exigirse la existencia de una culpa grave o grosera del que denuncia, sin que se pueda requerir a éste una diligencia mayor que la que normalmente y según las circunstancias del caso corresponda a una situación semejante. A éste le es exigible seriedad, pero no a punto tal de que, antes de denunciar, deba organizarse él por su cuenta propia un proceso completo, pues de lo contrario, ante el riesgo de un fracaso en la investigación criminal los perjudicados se abstendrían de denunciar o harían denuncias tan vagas que resultarían ineficaces. Y, sin lugar a dudas, es el juez de la causa el que -con especial prudencia a efectos de no desalentar la conducta de aquellos que con responsabilidad ponen en conocimiento de las autoridades, en aras del bien común, situaciones presuntamente delictivas que pudieren conocer- en el marco conferido por el artículo 1071 del Código Civil, debe apreciar si en las particulares circunstancias de cada caso existe o no responsabilidad civil por parte del demandado; claro está sin incurrir en arbitrariedades.
Recurso de queja (procesal), gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: RIBEIRO S.A. c/ Godoy, Jorge Ceferino s/ Ejecutivo - Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-05-21

El a quo funda la denegatoria de la apelación con sustento en que el apelante no puede agraviarse por lo decidido en cuanto a que sólo difiere el embargo solicitado para cuando la sentencia se encuentre firme.

Sin embargo, discrepamos con tal posición, en tanto, en el caso particular, la decisión de posponer el cobro de sus emolumentos, firmes y consentidos por las partes, eventualmente podría causar agravio irreparable, lo que viabiliza la concesión de la apelación.