marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Propiedad horizontal, responsabilidad del consorcio, daños en el inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: CARRIZO PAULA c/ QUIHUEN EDUARDO s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-03

Puesto que la propiedad de los muros o tabiques divisorios de las distintas unidades correspondientes a un edificio en propiedad horizontal es común (art. 2 inc. "D" de la ley 13512), no siendo posible entender que el deterioro que lo afecta se limita a su revestimiento mas externo, la obligación de repararlo ha de recaer sobre la comunidad, y no también sobre los propietarios de la unidad hacia la cual se abre la grieta; asimismo el consorcio ha de responder también por los daños que por ese motivo se ocasionaran en otras unidades.
Expropiación, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Benvenuto y Aguirre, Emilse y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

La Alzada no puede en las expropiaciones y en función del éxito de los recursos imponer las costas de segunda instancia de distinta manera que la que resulta de la aplicación del art. 37 de la ley expropiatoria pues su régimen específico no autoriza distinción alguna en las diferentes instancias al no tener cabida la noción de vencido que preside las disposiciones del Código adjetivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mandato, notificación, representación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: Di Pasquo, Ana Noemí c/ Ghirardeli Sánchez de Juste, María Cristina y Otros s/ Ejec.de alquileres
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

La notificación efectuada al apoderado, cuando media representación convencional -cualquiera sea la extensión del mandato- está sometida, en cuanto a su eficacia, a la condición de que el apoderado se presente en ese carácter, de modo que es improcedente cuando expresa su voluntad de no contestar o manifiesta carecer de instrucciones para hacerlo (C.N.Civil Sala F ED.46-134) o cuando manifiesta no tener conocimiento de las circunstancias relativas a la demanda (Idem Sala B ED.50-350).
Extradición, Estado requirente, sentencia firme, prescripción de la pena, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ramírez, Horacio Alberto c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-10

Corresponde acudir a la ley del juez requirente para la fijación del momento en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada y, por ende, ocurre el dies a quo de la prescripción de la pena (Disidencia del juez Rosenkrantz). -Del dictamen de la Procuración General al que la disidencia remite-
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Botaya, Carlos c/ Zelarayan, Hugo Antonio s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

Dada la naturaleza del juicio ejecutivo es de rigurosa necesidad que el juez disponga del título al momento de dictar la sentencia de trance y remate, fundamentalmente porque esta decisión debe emanar de las cambiales originales al ser ellas, en todo caso, las que reúnen en carácter de títulos ejecutivos y no así sus fotocopias (art. 518, 521 y ccdtes. del CPCC). De esta forma el basamento de la condena en fotocopias simples de los pagarés, so pretexto de que reflejan fielmente sus respectivos originales, conlleva dotar de fuerza ejecutiva a instrumentos que de por sí carecen de ella, no siendo el juez sino la ley misma quien debe proporcionarles tal eficacia (art. 521 del CPCC).
Proceso penal, auto de procesamiento, delito penal, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: B., R. s/ RECURSO DE APELACION (EXPTE N  60-04, RESOLUCION N  30, TOMO 8, FOLIO 297)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-07

Habiendo sido el imputado procesado como probable autor de los delitos de homicidio simple y tenencia y portación de arma de fuego de uso civil condicionado en concurso real entre sí (Arts. 79 y 189 bis 3er. Párrafo y 55 del Cód. penal), tendría la pena de posible aplicación ante la eventualidad de una futura condena, entre un mínimo de ocho y un máximo de veinticinco años de prisión. Semejante pena torna imposible el otorgamiento de una condenación condicional ante la hipotética condena, que así sería de cumplimiento efectivo. Es comprensible que ante la inminencia de perder efectivamente la libertad por tanto tiempo, el imputado intente evitar tal circunstancia aun cuando ello implique resignar otros bienes como ser aquellos que podrían apreciarse que arraigan en estos momentos, haciendo improbable que se aleje de la ciudad. Acordada la sustitución de la prisión preventiva luego del procesamiento dictado en la causa, de ese momento hasta la actualidad han transcurrido tres meses y medio, término durante el cual el imputado ha asumido conductas reveladoras de su decisión de someterse al accionar de la justicia. Sin embargo, es probable que ante un avance del proceso y eventual aproximación del momento de cumplimiento de la pena, el imputado pueda variar su conducta.
Causas civiles, alterum non laedere
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Frida A. Gómez Orue de Gaete y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-16

Quedan excluidos del concepto de "causa civil" los supuestos que requieren para su solución la aplicación de normas de derecho privado con carácter meramente supletorio respecto de las circunstancias no previstas en las disposiciones locales, ya que el principio del alterum non laedere, entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-03-01


Salta, 1º de marzo de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "TARJETA NARANJA S.A. vs. MARIÑO, RAMON ORLANDO - EJECUTIVO" - Expte Nº 16.281/06 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 1º Nominación del Distrito Judicial del Norte - TARTAGAL (Expte. N° CAM 237.526/8 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

Que a fojas 88/89 la parte actora, plantea caducidad de la segunda instancia manifestando que desde la última providencia -radicación del expediente en la Sala- ha transcurrido el plazo de tres meses que establece el Art. 310 inc. 2º del Código Procesal, sin que el apelante haya realizado acto alguno para impulsar el trámite.

Corrido traslado del incidente planteado, el apelante no la contesta.Del análisis del expediente resulta que, desde el proveído de fojas 87 que hace conocer la radicación del expediente en la Sala, de fecha 17 de octubre de 2008 y hasta la presentación del escrito de fs. 88/89 del 7 de diciembre de 2009- no hubo actividad alguna de la apelante, lo que hace procedente la caducidad de la instancia recursiva al haberse cumplido el plazo previsto en el inciso 2do. del art. 310 del CPCC.

En el proceso civil el impulso procesal, es genéricamente facultad de todas las partes y específicamente carga de la que promovió el proceso o cuestión incidental (Colombo, Cód.Proc. C. y C. I pág. 270; edic. 1975) quien tiene la obligación de hacerlo avanzar hasta que se encuentre en estado de dictar sentencia. En el caso, a partir de la providencia de fs. 87, el expediente ha permanecido en inactividad, al no haberse hecho conocer la radicación de los autos, tal como lo ordenaba la citada providencia. Por lo tanto al haber el apelante abandonado la instancia recursiva por un lapso mayor a los tres meses previstos por el art. 310 inciso 2do. del CPCC., lo que hace procedente el pedido de caducidad.

La obligación de urgir la elevación de los autos y la puesta de ellos en estado de dictar resolución por la Alzada se encuentra a cargo del apelante. Es decir, no sólo debe procurar la real y efectiva elevación de los autos, sino también que en la Alzada se realicen los trámites que anteceden a la resolución, como por ejemplo la de hacer conocer la radicación tal como lo dispone el art. 269 del Cód. Procesal Civil y Comercial.

Por lo expuesto se declara la caducidad de la segunda instancia respecto del recurso de apelación interpuesto a fs. 69. Con costas.

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.
Defraudación, estelionato
Materia: PENAL
Carátula: CIGNONI, Andrea, s/ querella Causa nro. 12.770
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-03

Cabe recordar que para la configuración del ilícito en análisis basta con el silencio u ocultación del autor sobre la calidad jurídica del bien que se vende como propio.
Obras sociales, recursos para el régimen de obras sociales, medidas cautelares, medida cautelar innovativa, derecho a la salud
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "OBRA   SOCIAL   DE   LA   ACTIVIDAD   DE   SEGUROS,  REASEGUROS,CAPITALIZACIÓN  Y  AHORRO  Y  PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA c/ E.N.Ministerio de Salud y Acción Social s/ Medidas cautelares".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01

El Dec. 359/96 suprimió, a partir del 01.10.06, los recursos de distinta naturaleza que existieren con destino a los ex Institutos creados por ley y transformados en Obras Sociales por el Dec. 492/95, los que deberían financiarse con los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial previstos por el art. 16, incs. a) y b) de la ley 23.660. En virtud de ello, y contemplado que -en el caso- se discute la debida protección del derecho a la salud de casi cien mil beneficiarios de la Obra Social, corresponde hacer lugar a la pretensión de ésta en tanto persigue la obtención de una medida cautelar con el objeto de suspender los efectos de los decretos que establecieron la eliminación de la alícuota dispuesta por la ley 19.518 (creadora del Instituto de Servicios Sociales para el Personal de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda). Ello así, más allá de la identidad que pudiera existir entre la medida peticionada -innovativa- y la acción que correspondiera, porque pese al restringido ámbito de conocimiento que ofrece el dictado de una medida cautelar, aparece con suficiente claridad que el mantenimiento de la situación denunciada podría generar a los beneficiarios de la obra Social, daños cuya entidad exige que deban ser inmediatamente evitados. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Daños y perjuicios, principios generales del Derecho, alterum non laedere
Materia: CIVIL
Carátula: Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.  s/ accidentes ley 9688
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

El art. 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, que se encuentra entrañablemente vinculado a la idea de reparación. A ello se yuxtapone la reglamentación que hace el Código Civil (arts. 1109 y 1113) que, en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica.
Procesos de conocimiento, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL
Carátula: S., E.M. c/ A. SA s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-07

La "acción meramente declarativa" persigue la pura declaración de la existencia, o inexistencia, de una relación jurídica y no propiamente la constitución de derechos o la condena del demandado".
Violencia familiar, protección del menor y la familia, exclusión del hogar
Materia: POLITICO
Carátula: SARAVIA, Rosario María c/ DIAZ CAMACHO, Héctor Javier s/ PIEZAS PERTENECIENTES - VIOLENCIA FAMILIAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-18

La resolución que impide sólo el acercamiento a la madre y no a la menor, y precisa que la medida se mantendrá vigentes mientras perdure la situación de violencia entre las partes, no se contradice con el régimen de visitas emergente de un convenio homologado ni afecta el derecho de defensa del denunciado.
Acusación fiscal, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Gallo, Ricardo D. s/ Hurto - Colón Díaz, Alejandra M. s/ Estafas reiteradas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05|1996-05-31

Los requisitos que debe observar bajo pena de nulidad el escrito de acusación, son los enunciados en el art. 221 del C.P.P., pues no otros son necesarios para posibilitar la defensa, y menos aún aquellos que en grado de necesidad debe observar la sentencia, sometida a la normativa del art. 263 del ritual.
Comunicación del despido, despido verbal
Materia: LABORAL
Carátula: MAYDANA, RAMON IRRITO c/ CLINICA MARINI  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-27

Si bien nuestro régimen jurídico no admite la posibilidad de otorgar validez a un despido verbal, corresponde hacer una excepción cuando la propia empleadora reconoce que la rescisión obedeció a la quiebra empresaria, lo que implica un implícito reconocimiento de que dicho despido tuvo lugar.
Delito de acción pública, querellante, sujetos del proceso penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: D.M., W s/ Homicidio Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-15

El proceso penal moderno, art. 102 del C.P.P vigente, consiente la incorporación de otros sujetos procesales en los delitos de acción pública, pero estos serán sujetos eventuales que, para su incorporación, deberán acreditar un interés especial, siempre distinto al interés de Justicia que envuelve a quién, por definición, es el único órgano estatal de la persecución.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, médicos, médico de guardia, responsabilidad médica, daños y perjuicios, indemnización, indemnización por muerte, muerte del paciente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Amante, Leonor y otros c/ Asociación Mutual Transporte Automotor (AMTA) y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar al resarcimiento del perjuicio derivado del fallecimiento de una persona, atribuido a la negligente atención dispensada por el médico de guardia del establecimiento asistencial de la demandada, si para negar relación causal entre la demora en la atención médica y la muerte del enfermo, efectuó una afirmación que no encuentra sustento en el examen de las pruebas producidas y utilizó un argumento que encierra una contradicción que priva al razonamiento de validez.
Auto de prisión preventiva, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable
Materia: PENAL
Carátula: González Miranda, Oscar D. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-27

El pronunciamiento que dicta el procesamiento con prisión preventiva es equiparable a sentencia definitiva ya que afecta un derecho que requiere tutela inmediata en tanto restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa y por ello ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior. No es arbitraria la sentencia mencionada por entender que el imputado no desconocía que su padre se dedicara al comercio y tráfico de estupefacientes, ya que si bien no se constató una de las afirmaciones del pronunciamiento -que compartiera vivienda con su padre-, lo resuelto cuenta con otros fundamentos -que el imputado estaba presente en la mayoría de la reuniones y conversaciones telefónicas que mantenía su padre y otras personas, entre ellas un coimputado- que satisfacen lo previsto por el art. 123 CPPN. La disidencia sostuvo que de acuerdo con el plenario "Díaz Bessone", la prisión preventiva dictada con arreglo al art. 312 CPPN no excluye la posibilidad de excarcelación, entonces falta el requisito de sentencia definitiva o a ella equiparable al existir vías específicas para la reparación del perjuicio. (Dres. Fégoli, Madueño, Rodríguez Basavilbaso -en disidencia-).
Justicia militar, juicio sumario en tiempo de paz, imputado, personal militar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Feresín, Emilio Osvaldo s/ presunta privación ilegítima de la libertad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

La exigencia de individualización precisa y concreta de un imputado militar, o investido de categoría asimilable en los términos del art. 10 de la ley 23.049, para que surja el fuero castrense, está consagrada en esa norma.
Recurso contencioso administrativo, procedencia del recurso, empleados públicos, retrogradación, transferencia del personal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PALACIOS, MARIA ESTER c/ MUNICIPALIDAD DE ROLDAN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 54 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-28

Corresponde declarar parcialmente procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto y en consecuencia, anular los actos administrativos impugnados, disponiendo el reintegro de la actora al cargo y funciones que venía desempeñando, ya que ha sido acreditado en autos que la impugnante -después de su reubicación- no realizaba "tareas específicas", sino "tareas de carácter administrativo general del área" (Ingresos Públicos) y que "no detenta ningún cargo, en consecuencia no tiene personal a cargo", por lo que corresponde concluir que el traslado dispuesto resulta ilegítimo por importar una sustancial modificación al contenido de la relación de empleo y, virtualmente, una desjerarquización de las funciones que cumplía la recurrente y a las que había accedido por concurso, en el marco del cual había acreditado los requisitos y condiciones específicas para el desempeño del cargo.
Proceso contravencional, sistema acusatorio, facultades del fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: V. G., R. s/ Apelación-Incompetencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-20

Dadas las características del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio, (consagrado por el ordenamiento constitucional en el art. 13. inc 3. de la C.C.A.B.A.), de aplicación en el procedimiento contravencional, es el Representante del Ministerio Público Fiscal quien lleva adelante la instrucción siendo titular de la pretensión punitiva del Estado, quien, en definitiva, ejerce exclusivamente el ius persequendi.
Acto administrativo, actos irrevocables
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Guitart, Patricia Elena c/ Municipalidad de Resistencia s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-07-08

Los actos administrativos son, en principio, irrevocables debido a la seguridad jurídica y a la buena fe que ampara las situaciones por ellos creadas. Que la Administración no pueda alterar los actos administrativos que declaran derechos subjetivos, encuentra sustento en los arts. 17 a 19 y 28 de la Constitución Nacional.
Interés legítimo, licitación pública, procedimiento licitatorio, obras públicas, servicio público, derechos subjetivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CRUZ DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA DE TRANSPORTES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N 132-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-29

En las licitaciones públicas para adjudicar la construcción de una obra o la prestación de un servicio público, sólo puede alegarse interés legítimo , desde que todas las normas jurídicas que los regulan han sido dictadas en el interés público, puesto que con ellas sólo se aspira a seleccionar al constructor más conveniente de una obra, o al más apropiado prestatario del servicio. En consecuencia, mientras se sustancian tales procedimientos selectivos, los oferentes o postulantes solamente pueden invocar un "interés legítimo" para exigir que las respectivas normas sean observadas, por la sola razón circunstancial de que su interés individual coincide con el público a que apuntan, exclusivamente, dichas normas. El "derecho subjetivo" aparece sólo al finalizar el procedimiento, cuanto la obra o servicio es adjudicado al oferente más conveniente.
Acción de amparo, régimen de consolidación de deudas, impuestos, ley derogada
Materia: PROCESAL
Carátula: "Kavulakian  Comunicaciones SA c/ EN-AFIP-Dto 248/03 (1387/01) s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-12

La acción de amparo no se exhibe como un remedio adecuado para resolver la vigencia del régimen de consolidación de deudas, saneamiento y capitalización del sector privado establecido por el decreto 1.387/01, dentro del cual la empresa amparista se considera incluída, a la vez que atribuye al Estado Nacional la responsabilidad de causarle perjuicio patrimonial con el dictado del decreto 248/03 que derogó aquél régimen (Del voto del juez Coviello, cons. 5°).
Ombudsman, terceros, Constitución Nacional, daño ambiental, ley general del ambiente
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ Y.P.F. S.A. y Otros s/ Daño ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-13

Corresponde admitir el requerimiento para que se cite como tercero al Defensor del Pueblo de la Nación teniendo en cuenta la actividad que desarrolla de acuerdo con las facultades que le han sido asignadas en el art. 86 de la Constitución Nacional y lo prescripto por el art. 30 de la ley 25.675 que le confiere legitimación para intervenir en acciones dirigidas a obtener la recomposición del ambiente dañado y al disponer expresamente que deducida la demanda de daño ambiental colectivo por algunos de los titulares indicados en el primer párrafo no podrán interponerla los restantes, deja a salvo el derecho a intervenir como terceros (Disidencia parcial de los Dres. Adolfo Roberto Vázquez, Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).
Medidas cautelares, acto administrativo, llamado a licitación, frecuencia modulada, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: SOBARZO, SOLEDAD DEL PILAR c/ SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA NACION s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Todo el proceso de regularización del funcionamiento de distintas emisoras radiales de frecuencia modulada -llamado a concurso y/o adjudicación directa de la frecuencia y potencia de radiodifusión sonora- en general, se encuentra en etapa de revisión judicial, por lo que dimana que existen cuestiones debatidas en torno a este tópico y la resolución aquí citada se ve incluida en ese contexto normativo en análisis,... por lo que prima facie podría constituirse la mentada arbitrariedad en cuestión.
Contratos, pacto comisorio, compraventa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA ANTONIO c/ ZABALETA BERNARDO Y OTRO s/ RES. DE PROMESA DE VENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-18

Uno de los presupuestos de la resolución por incumplimiento es el cumplimiento de la parte que invoca el pacto comisorio, pues su mecanismo sólo puede ser ejecutado por el que ha cumplido las obligaciones a su cargo, o sin hallarse en mora por no ser aún exigible el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio.-
Garantías procesales, defensa en juicio, duración del proceso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PROCESAL
Carátula: G. R., M. J. s/ Quiebra fraudulenta impropia s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

La garantía constitucional de la defensa en juicio del imputado incluye el derecho a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal.