Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-19


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 19 días del mes de septiembre del año dos mil once, se reunieron en Acuerdo los miembros de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada por los señores Ministros Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y Daniel Alejandro Rebagliati Russell, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "PROVINCIA DEL CHUBUT c/ J., J. D. - J., E. N. s/ Impugnación" (Expediente N° 21.714 - Tº II - Fº 142 - Letra "P" - Año 2009).

El orden para la emisión de los votos que resultó del sorteo practicado a fojas 71 fue el siguiente: Panizzi, Pfleger y Rebagliati Russell.

El juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. Contra la decisión del Juez Penal de la Circunscripción Judicial de Esquel, doctor Jorge Alberto Criado -adoptada en la audiencia celebrada el 5 de mayo de 2009, por la que el magistrado acogió el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa por vencimiento del plazo de investigación-, el Fiscal General, doctor Hernán Dal Verme, dedujo impugnación extraordinaria (fojas 27/43).

II. En su presentación el impugnante expresó que, tras la reforma introducida por la Ley Nº 5817, el Ministerio Público Fiscal cuenta con plena legitimación para impugnar el sobreseimiento, cuando éste carezca de motivación suficiente o se dictara aplicando erróneamente un precepto legal o violentando principios y garantías constitucionales.

Entendió que la nueva normativa resulta aplicable al caso porque en el momento de surgir el derecho recursivo, la Ley Nº 5817 se encontraba vigente a los efectos de regularse las vías impugnativas de las partes.

Opinó que el sobreseimiento de los artículos 148, 282 y concordantes debe ser entendido como una sanción procesal contra el Fiscal, no como un derecho del imputado a liberarse de la persecución estatal por una "caducidad de la instancia".

Anotó que el sobreseimiento es equiparable a una sentencia definitiva que generó perjuicio irreparable ulteriormente.

Invoca su calidad de víctima, conforme al artículo 98, inciso 1º, y a los derechos que le asisten.

Subsidiariamente, para el caso de que se considerara que el Fiscal no se encontraba legitimado para impugnar el sobreseimiento cuestionado (lo que estimó improbable), planteó (en lo referente al legajo Nº 6459 "Provincia del Chubut c/ J. D. J. s/ Daño") la inconstitucionalidad del límite impuesto cuando el delito en tratamiento prevea una pena máxima no superior a los seis años de prisión.

III. Alegó profusamente acerca de la capacidad recursiva del Ministerio Público Fiscal. Dijo que si el acusador público está obligado por la Constitución a preservar el derecho a la seguridad pública una norma procesal no puede acotar su intervención.

IV. En otro apartado de su presentación, expuso los motivos de agravio.

Allí aclaró que el sobreseimiento impugnado fue declarado en el marco de la incidencia que se formó (artículo 260 del rito) al estimar vencidos los plazos establecidos por el artículo 282 del Código Procesal Penal.

Señaló que los hechos insimulados tuvieron lugar los días 24 y 25 de agosto de 2008; que el 4 de septiembre de 2008 se dispuso la apertura de la investigación; que la audiencia se celebró al día siguiente; que el 11 de abril de 2009 se efectuó el control judicial de prisión preventiva y se presentó la acusación pública.

Puntualizó que según el cómputo practicado por la fiscalía, el plazo del artículo 282 vencía el 8 de abril de 2009, prorrogable a las dos primeras horas hábiles del día lunes 13 de abril. Aclaró que la acusación pública se materializó el domingo 11, en ocasión de la audiencia de control de la prisión preventiva.

Continuó explicando que en la audiencia fijada en los términos del artículo 260 del ordenamiento ritual, la defensa postuló que el plazo de referencia había vencido el 5 de abril de 2009.

A renglón seguido, anticipó que el decisorio sería cuestionado desde dos ángulos. Primero, por no encontrarse suficientemente motivado y luego, porque consideró que se había hecho una aplicación errónea de un precepto legal.

Explicó que cuando efectuó el cálculo de la fecha de vencimiento del término previsto por el artículo 282 del ceremonial, tuvo en cuenta las suspensiones de plazos legales dispuestas por el Superior Tribunal de Justicia, concretamente los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2008 (Ac. Nº 3767/08).

Expuso que si al practicarse el cómputo de los plazos de la investigación preparatoria se había acordado descontar el término del mes de enero, debían descontarse los tres días festivos aludidos, ya que -entendió- que no había diferencias jurídicas entre la suspensión de términos dispuesta para el mes de feria y la dispuesta en tales fechas.

Manifestó que el criterio invocado devenía arbitrario ya que acudía a un argumento diferenciador que entrañaba una contradicción en los fundamentos esgrimidos. Indicó que había dos opciones: regía la ritualidad -con lo cual el plazo de la etapa preparatoria hubiera expirado el 05/03/2009- o bien, se descontaban por igual todos aquellos plazos introducidos por efecto de las suspensiones dispuestas por el Superior Tribunal.

Expresó que si se descontaban los tres días indicados no resultaría extemporánea la acusación formulada.

A continuación alegó errónea aplicación de un precepto legal.

En ese sentido, expuso que el Ministerio Público Fiscal entendía que el instituto sólo podía ser interpretado como un régimen sancionatorio a la inactividad del fiscal y, que aun considerando que los plazos habían vencido, el vicio había quedado subsanado con la presentación de la acusación.

Refirió que los artículos 19 del Código Procesal Penal y 168 de la Constitución Provincial imponían la obligación de intimar al funcionario moroso antes de aplicar algún tipo de sanción. Destacó que en el caso ello no había ocurrido ya que nadie había advertido el vencimiento de los plazos hasta que se interpuso la acusación.

Indicó que las normas que imponían sanciones procesales debían ser interpretadas restrictivamente conforme lo establecido en los artículos 31 del rito y 44 de la Constitución del Chubut.

En otro tramo de su presentación, explicó que cuando el artículo 274 del Código Procesal Penal establecía que "a partir de este momento comenzará a correr el plazo de duración del proceso", hacía referencia al dictamen fiscal de apertura. Entendió que ese acto era la primera exteriorización punitiva del estado con respecto a una persona en particular y, por ello, desde allí debían comenzar a contarse los plazos a que hacía referencia el artículo 146, es decir, los tres años del plazo razonable.

Apuntó que los seis meses mencionados en el artículo 282, únicamente podían computarse a partir de la realización de la audiencia que fijaba el artículo 274. Concluyó que si se leía el artículo 148 se advertía que desde allí -la audiencia- se podían contar los seis meses.

Más adelante puntualizó que si se tenía presente que la facultad para regular la vida de la acción penal es propia del Congreso Nacional, el sobreseimiento sólo podía proceder como sanción en aquellos casos en que se hubieran agotado los mecanismos previstos para su continuación y no fuera posible sanear el vicio en que tal caducidad se sustentaba. Aclaró que en los presentes no se verificaba ese perjuicio desde que la acusación se había presentado sin que mediara intimación previa y dentro del plazo de prórroga previsto por la normativa procesal.

A modo de corolario, insistió en que el sobreseimiento cuestionado fue dictado incurriendo en vicios de fundamentos e inobservando y aplicando erróneamente un precepto legal. Alegó que la decisión impidió el ejercicio de los deberes del Fiscal, tornando abstracto el derecho de tutela judicial de las víctimas y, a la vez, sustentó una interpretación inconstitucional que posibilitó la introducción de una causal extintiva de la acción pública no prevista por el ordenamiento sustantivo.

Por último, peticionó que esta Sala Penal declarara que el plazo de los artículos 282 y 283 del Código Procesal Penal debía computarse a partir de celebrada la audiencia prevista en el artículo 274 del rito y, estipulara que ante el posible vencimiento del plazo del 282, debía intimarse previamente al Fiscal.

V. Inicio este voto con una aclaración que debiera ser ociosa, con el mero propósito de concienciar a quien lo afirma: El fiscal no es víctima, es fiscal.

Dicho lo cual, analizo la viabilidad de la impugnación extraordinaria interpuesta por el Ministerio Público Fiscal en esta instancia.

Soy de la opinión de que la normativa aplicable al caso es la que surge del artículo 378, inciso 1º, en su actual redacción (Ley XV - Nº 9).

Es que el Ministerio Público Fiscal se encuentra hoy adecuadamente legitimado para impugnar el sobreseimiento. La nueva redacción, a diferencia de la anterior, no establece límites objetivos que obstruyan la posibilidad de recurrir. Dicho de otro modo, no rige la "teoría de la bala de plata".

Advierto que tampoco hay en esa habilitación de la instancia menoscabo alguno para el imputado. Es decir, la nueva norma no torna a sus garantías de inferior calidad con respecto a las de la ley derogada.

Por lo expuesto, trataré la impugnación articulada por el Ministerio Público Fiscal. Establecido ello, el planteo de inconstitucionalidad de la limitación recursiva fiscal, se torna abstracto.

VI. Seguidamente, el agravio principal.

El Ministerio Público Fiscal postuló que el a quo había declarado el fenecimiento del término para la presentación de la acusación penal pública, sin tener en cuenta la suspensión de términos resuelta mediante el Acuerdo Plenario Nº 3767/08, que dispuso asueto durante las jornadas laborales de los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2008.

Además, alegó que el término de duración máxima de la etapa preparatoria debía contarse a partir de la audiencia prevista en el artículo 274 del ordenamiento adjetivo e interpretó que ante el posible vencimiento del plazo del 282, debía intimarse previamente al Fiscal.

VII. Los artículos 137 a 145 del ordenamiento ritual doméstico regulan la cuestión atinente al cómputo de los plazos.

La regla general contenida en el artículo 137 expresa que los actos procesales se practicarán dentro de los términos fijados en cada caso. Más adelante, dispone que aquéllos se contarán en la forma establecida por el Código Civil.

El 138 prescribe que todos los días y horas serán hábiles para el cumplimiento de los actos de investigación y no se suspenderán los plazos por la interposición de días feriados. El artículo 140 permite cumplir el acto de que se trate durante las dos primeras horas del día hábil siguiente, cuando el término fijado venciere después de las horas de oficina.

En lo que aquí interesa, el artículo 282 establece que la etapa preparatoria tendrá una duración máxima de seis meses desde la apertura de la investigación.

Es decir, el Código Procesal Penal de nuestra Provincia fija en seis meses el término tope de duración de la etapa preparatoria y enuncia que ese lapso se computa a partir del momento en que el fiscal dicta la resolución de apertura de la investigación.

A su turno, el Código Civil en sus artículos 23 a 29 pauta el modo de contar los intervalos del derecho.

Concretamente, el artículo 25 del digesto sustantivo determina que los plazos de mes o meses, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha y, brinda un ejemplo en los siguientes términos: Así, un plazo que principie el 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, cualquiera que sea el número de días que tengan los meses.

A continuación, el artículo 28 señala que en los plazos que señalasen las leyes o los tribunales, se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así.

En los presentes, la apertura de la investigación se comunicó el día 04 de septiembre de 2008 (hojas 1-4) y la acusación penal se presentó el 11 de abril de 2009 (folio 17-21).

A partir de estos datos fácilmente puede colegirse que en la fecha que se formalizó la acusación pública, el término de la etapa preparatoria (el del artículo 282) se encontraba vencido.

Es que, como quedó dicho, los plazos se cuentan en meses, de forma continua, incluyéndose los días hábiles y también, los feriados.

En mérito de lo expuesto, el planteo del impugnante tendiente a lograr que se excluyan del cómputo los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2008, no tendrá acogida.

La misma solución cabe predicar con respecto al argumento de que antes de decretar fenecido el plazo, correspondía la intimación al Fiscal.

También en este punto la letra de la ley es clara y no exige el mentado ultimátum. El artículo 148 del estatuto de juicio penal (en concordancia con el 282, segundo párrafo y el 285, inciso 7º) determina que si el fiscal no acusa ni presenta otra solicitud al vencer los plazos de la etapa preparatoria, el juez sobreseerá al imputado y archivarán las actuaciones.

En conclusión, el sobreseimiento dictado por el Juez Penal Jorge Criado con respecto a J. D. J., será confirmado.

Así voto.

El juez Jorge Pfleger dijo:

I. Preliminar El caso que ocupa a esta Sala ha sido concienzudamente graficado por mi distinguido colega quien ha formulado una exhaustiva relación de la decisión impugnada y de los motivos y fundamentos del Ministerio Fiscal al tiempo de deducir el Recurso Extraordinario.

Una perniciosa superfluidad desmerecería este trabajo si acaso, nuevamente, caminara sobre lo trillado. No lo haré y consecuente pasaré a la solución del problema.

II. La conclusión a la que se arriba.

Principiaré ésta, mi ponencia, con el adelanto de su epílogo, pues coincido con la postura del señor Ministro Panizzi en todos sus aspectos.

a. No advierto razón, en primer lugar, para discutir el tema de la legitimación del Ministerio Fiscal.

La Sala ha sentado criterio respecto de la aplicación de la norma procesal penal bajo el principio de que el tiempo rige los actos, de modo que la redacción actual del art. 378 inc. 1° del C.P.P, redime de cualquier obstáculo que pretenda erguirse.

b. En lo que atañe a la validez formal de la sentencia, no comparto el criterio expuesto por el impugnante, ya que entiendo que la solución jurisdiccional atacada es ajustada a Derecho en ese aspecto.

Ya he dicho en otras ocasiones que la manera de hacer las cosas resulta admisible en términos del adjetivo, pues el acta cumple el recaudo exigido por el art. 133 del C.P.PCh.

Y esto ocurre pues, sin negar que el precepto de que se trata contiene los requisitos básicos que debe reunir una resolución jurisdiccional para ser válida, estos requisitos han de ser interpretado en el contexto del sistema, armonizando el todo.

Veamos.

Más específico, el art. 286 del ritual impone, como condición de validez del sobreseimiento- entre otras cosas-, que la resolución contenga ".los fundamentos fácticos y jurídicos." en que reposa.

Los arts. 329 y 330 del mismo texto (el segundo artículo en particular), determinan la manera de construcción de la sentencia; los esenciales.

Y del art. 331 ídem. resulta que aquella ".será redactada y firmada después de la deliberación." y ".el documento será leído en voz alta ante quienes comparezcan." Pareciera así que una interpretación estricta del pasaje citado se daría de patadas con cuanto hemos propuesto en el inicio; explicaré porqué no es así. El nuevo proceso penal, cuya clave está en el sistema de audiencias concatenadas a cuyo través se desarrolla (ver el art. 3° del C.P.PCh. al respecto) la exigencia mayúscula está en la necesidad de motivación, con adecuada fundamentación lógica y legal (art. 25 ídem).

Por lo demás ".Se podrán utilizar imágenes y sonidos o grabaciones digitalizadas para documentar total o parcialmente actos de prueba o audiencias, quedando prohibida toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros. Se deberá asegurar su autenticidad e inalterabilidad." (art. 131 ibídem), con la salvedad de que los actos ".deberán registrarse de modo que se garantice la fidelidad, acceso, conocimiento posterior y posibilidad de reproducción.". Esto podrá suceder por escrito en papel o en sistemas de información computadorizados, imágenes o sonidos (art. 129 ibídem).

Revisado el soporte que contiene la audiencia en cuestión puede observarse que el Juez Criado, el emisor, expuso en forma clara y extensa los motivos y fundamentos de la decisión puesta en vilo.

El vertió una interpretación plausible de las normas que iba a aplicar y brindó una explicación amplia al imputado y a las partes de su posición respecto de la disponibilidad de la acción por parte del Ministerio Fiscal.

Se refirió al modo de computar los plazos en la emergencia y de su consecuencia y enunció, con idéntica virtud, las normas legales que consideró aplicables (De la escucha del registro de audio debidamente preservado)- De todo se levantó acta que tradujo las actuaciones en clave de tiempo, espacio y modo y se consignó el dispositivo y la remisión a los registros de audio; todo cuanto fue rubricado por el Magistrado.

En suma, el Juez cumplió acabadamente con los estándares que el estatuto procesal impone y no causó daño a interés alguno.

Tanto es así que no percibo del texto de la impugnación cercenamiento alguno de las capacidades recursivas, que el reclamante pudo desplegar sin inhibiciones causadas por desconocimiento del nudo del objeto o materia que lo agraviaba.

De allí que mi posición sea desechar el recurso en este sentido. b. En cuanto al segundo motivo denunciado: ". aplicación errónea de un precepto legal.", diré, coincidiendo otra vez con el Juez Panizzi, que la llave para la solución del planteo es la ley de fondo: el Código Civil, pauta original para la lectura del Código Procesal Penal en lo que hace a los términos.

El artículo 137 del C.P.PCh establece la "Regla general" del siguiente modo: ". Los términos correrán. omissis. y se contarán en la forma establecida por el Código Civil." Este último en el Titulo II que versa acerca: ". Del modo de contar los intervalos del derecho.", artículo 25, establece que: ". Los plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Así, un plazo que principie el 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, cualquiera que sea el número de días que tengan los meses o el año." De tal manera, y ateniéndonos a la fecha que se ordenó la apertura de la investigación, el día 4 de septiembre de 2008, el término máximo de seis meses de duración de la etapa preparatoria, normado por el artículo 282 del C.P.P. se encontraba concluido el día 5 de febrero del año 2009.

No habiendo existido pedido de prórroga según lo prescribe el artículo 283 del mismo Cuerpo legal citado, ni presentado la acusación en la forma legal, el dictado de sobreseimiento devenía en forma imperativa.

La Feria Judicial y las demás suspensiones de términos citadas por el impugnante, carecen de incidencia sobre el curso del plazo en cuestión, salvo, claro está, si acaso el vencimiento hubiese operado, justamente, en fecha en que las actividades están suspendidas, circunstancia que no se ha dado en el caso bajo examen.

c. Por lo expuesto, estimo que corresponde rechazar la impugnación extraordinaria y confirmar el sobreseimiento dictado en la resolución de fojas 26/vta.

Así me expido y voto.

El juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I. En sus votos, los jueces que me preceden han poco menos que agotado, en sus sólidas reflexiones, el tratamiento de la cuestión planteada por el Ministerio Público Fiscal.

No obstante, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 25 del C.P.P., procuraré adicionar algunas consideraciones.

II. Comparto el criterio sustentado por mis distinguidos colegas en cuanto a la admisibilidad del recurso.

En la actual redacción del artículo 378, inciso 1° el Ministerio Público Fiscal se encuentra legitimado para impugnar el sobreseimiento, sin perjuicio de la pena pretendida.

Además, la habilitación de instancia no provoca perjuicio alguno al imputado, correspondiendo analizar el recurso interpuesto.

III. En cuanto al fondo de la cuestión, también aquí coincidiré con el razonamiento expuesto por los Magistrados que sufragaron con anterioridad.

Si la apertura de la investigación data del día 4 de septiembre de 2008 y la acusación pública se presentó el 11 de abril de 2009, el plazo para hacerlo había fenecido.

De acuerdo a la reseña normativa formulada por mis colegas de Sala, cuando los términos se fijan en meses, la fecha de vencimiento será el mismo día en que aquel comenzó a correr.

También prescribe que los días serán corridos, encontrándose comprendidos en este plazo los días feriados -C.C. art. 28-.

De esta manera, la suspensión de términos dispuesta por Acuerdo Plenario N° 3767/08 no influyó en el plazo que correspondía a la etapa preparatoria de la presente causa, desde que la fecha en la que venció -5 de febrero de 2009-, no operó en ninguno de los días indicados en la resolución.

Por lo demás entiendo que la resolución dictada por el juez penal es acertada y conforme a derecho, aplicándose correctamente los preceptos legales relacionados con el cómputo de los plazos y efectos que producen su vencimiento.

Siendo ello así, voto por declarar improcedente la impugnación interpuesta y confirmar el sobreseimiento dictado.

Así voto.

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente S E N T E N C I A 1º) Rechazar la impugnación extraordinaria interpuesta a fojas 27/43.

2º) Confirmar la resolución registrada con el número 465/2009, del 5 de mayo de 2009, dictada por el Juez Penal de la ciudad de Esquel.

3º) Protocolícese y notifíquese.