Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-10


000646/2009 En la ciudad de Trelew, a los días de septiembre del año dos mil diez, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos A. Velázquez y Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "Q., E. M. c/ M., C. A. s/ Liquidación de sociedad conyugal" (Expte. 646 - Año 2009 CAT), venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 267.-----A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó:

I.- La sentencia y los agravios.

Llegó a esta alzada apelada por ambas partes la sentencia de primera instancia que determinara los bienes integrantes del activo de la sociedad conyugal en liquidación e impusiera las costas en el orden causado.- El demandado, quien para recurrir el fallo compareciera a los autos haciendo cesar así su anterior rebeldía, inició su expresión de agravios destacando particularidades del trámite de la causa, con sucesivas notificaciones a su criterio defectuosas, posterior declaración de rebeldía suya y noticiamiento de ésta mediante edictos publicados en un diario de esta ciudad de Trelew, todo lo cual lo sumió en un estado de indefensión que justifica, a su entender, la íntegra revocación del decisorio.

De inmediato, este apelante objetó la inclusión en el listado de bienes de la sociedad conyugal de los derechos y acciones sobre la Unidad Funcional n° **, Padrón ***-** de la ciudad de Trelew, argumentando que tales derechos y acciones los adquirió él a través de un boleto de permuta por el que entregó a su vez a la cocontratante un bien inmueble suyo propio en tanto lo recibió por herencia.

Ese origen hereditario le dio al bien carácter de propio y no de ganancial, calidad que conservan los derechos y acciones que lo sustituyeron por permuta en su patrimonio. Agregó el recurrente que, además, del boleto de permuta no se han cumplido todas las prestaciones de las partes, por lo cual no ha habido aún escrituración ni registración y el inmueble permanece bajo la titularidad dominial originaria.- La actora por su lado expuso, en síntesis, los siguientes cuatro agravios:

1) Ha sido erróneo no incluir de la nómina de bienes de la sociedad la propiedad del automóvil Renault Clío dominio XXX ***, bien ganancial en tanto adquirido por la esposa durante el matrimonio.

La titularidad del dominio sobre el automotor quedó demostrada por la admisión que la incontestación de la demanda importara, al punto que el mismo Juzgado no ordenó acreditarla cuando abrió la causa a prueba.- 2) Es criticable que no fuera incorporado al listado de bienes conyugales derechos sobre el Lote * de la Manzana *** X de esta ciudad. Ello porque si bien el inmueble fue adquirido por el esposo antes de celebrarse el matrimonio, un plano de edificación agregado al expediente demuestra que la sociedad conyugal le introdujo importantes mejoras, las que generan a favor de la actora un derecho de recompensa por el acrecentamiento del valor del lote.- 3) Agravia que no fueran incorporados al activo social los derechos y acciones existentes sobre el automotor Ford Ranger dominio XXX ***, que si bien se halla bajo la titularidad registral de terceros, fue poseído por el marido durante la vigencia de la sociedad. Tal circunstancia fue acreditada en la especie mediante la Resolución n° 63/04 del Juzgado de Faltas Municipal, instrumento público que da cuenta de que el demandado presentó ante ese órgano un boleto de compraventa del vehículo.- 4) No correspondía en el caso imponer las costas en el orden causado, solución esta reservada al supuesto de procesos de esta índole en que las partes han sido colaboradoras en su interés común, mientas que si, como aquí, el demandado no colaboró, sino que sistemáticamente evitó todo acuerdo extrajudicial, forzó a la promoción del pleito y fue rebelde en él, no hay motivo para separarse del principio objetivo de la derrota como base de la condena en costas.

II.- La alegada indefensión.- La rebeldía del demandado decretada a fs. 64 y notificada por edictos de fs. 98/99 -bien publicados en un diario del lugar del último domicilio precisamente conocido de aquél (sobre su nuevo domicilio o residencia en Comodoro Rivadavia no había precisiones) y que coincidía además con el del lugar del juicio (arts. 60 y 148 C.P.C.C., ex arts. 59 y 146)- no fue impugnada por el interesado, quien ni recurrió el decreto ni atacó de nulidad los trámites anteriores en tiempo hábil.

Así pues, cualquier eventual error "in iudicando" quedó consentido y cubierto por el principio de preclusión, mientras que cualquier vicio contingente quedó purgado por el consentimiento (arts. 151 y 172 párr. 2° cód. cit., antes arts. 149 y 170), sin que la posterior comparecencia del rebelde permita reabrir esas cuestiones pues la presentación ulterior del contumaz no autoriza en ningún caso que la sustanciación de la causa retrograde (art. 65 ídem, ex art. 64).- Así, la protesta que hoy cimienta el recurrente en el estado de indefensión en que habría quedado sumido resulta injustificada a esta altura.

Es sabido que la violación del derecho consagrado en el art. 18 de la Const. Nac. queda configurada cuando se ha privado al litigante de ser oído o hacer valer sus derechos legales, de suerte que si él tuvo tales posibilidades a su alcance -en el caso, a través de los pertinentes recursos o incidentes de nulidad- y no las utilizó el menoscabo no se materializa (confr.: S.C.B.A., D.J.B.A. 117-371).

No le es dado al demandado entonces invocar en este estadio la garantía de la defensa en juicio, porque ella no ampara la negligencia, ineficiencia o incuria de los litigantes, conforme tantas veces declaró la Corte Suprema Nacional (Fallos 226:700, 227:646, 229:666, 239:51, 280:351, 287:145, 288:418; esta Sala, c. 268/08 S.D.C. 27/09).- III.- El carácter de derechos y acciones sobre la Unidad Funcional n° **, Padrón ****-**de la ciudad de Trelew.

Al no contestar el traslado de la demanda, el demandado no opuso en la correspondiente oportunidad la defensa que hoy invoca (art. 360 párr. 1° C.P.C.C., antes art. 356), esto es la subrogación real de un bien propio, en cuanto era hereditario, por otro recibido en permuta del anterior.

Se trata entonces de un capítulo no propuesto a la decisión del juez de primera instancia que la alzada no puede resolver (art. 280 cód. cit., ex art. 277).- Así sea a mayor abundamiento destacaré sin embargo que, contra lo afirmado por el demandado, el carácter propio del bien entregado en trueque no resultó acreditado en el subexamen.

En efecto, para ello no basta la cita en la cláus. 2da., pto. 2.2 de fs. 27 vta. de la carátula de un proceso sucesorio, toda vez que ello por sí no demuestra que el demandado haya sido heredero en esa sucesión -ni precisó el vínculo que tendría con los causantes-, ni que el inmueble mencionado haya integrado el acervo de los "de cujus".- Poco interesa que la titularidad del dominio de la Unidad Funcional n° **, Padrón ***-** de Trelew permanezca en cabeza de la cocontratante de la permuta, toda vez que lo declarado en la sentencia atacada como bien integrante del activo de la sociedad conyugal no ha sido la propiedad del inmueble, sino los derechos y acciones emanados del contrato de fs. 27/vta. que pudieran corresponderle.- IV.- El Renault Clío XXX ***.- La razón asistió a la Señora Magistrada de la previa instancia al decidir que no estaba acertada en el proceso la propiedad de este vehículo en cabeza de ninguno de los ex-cónyuges.- A ese efecto no bastó con la figura procesal de la admisión, aplicable a partir de la incontestación de la demanda. Consciente la Señora Jueza de origen de que el art. 360 inc. 1° C.P.C.C. (ex art. 356) no imponía al magistrado el deber de estimar tal silencio como reconocimiento de la verdad de los tales hechos, sino que lo facultaba a ello -"podrán estimarse" reza la disposición, creando un supuesto de admisión lógica y no de admisión legal (confr.: Furno, "Teoría de la prueba legal", Rev. Der. Priv. 1954, págs. 133 y sgts.; mis votos en c. 14.587 S.D.C. 22/99 y c. 28/09 S.D.C. 37/09) -, optó por abrir la causa a prueba (fs. 116), esto es requerir el aporte de elementos acreditantes para formar convicción sobre los hechos antedichos.

Es que los efectos de la admisión lógica son provisionales e indeterminados a priori, es decir se hallan supeditados a la eventual prueba en contrario o a la falta de evidencias probatorias (confr.: Furno, ob. ind., pág. 96; Cám. Apel. C. y C. Mar del Plata, L.L. 129-287).

Y aquí esas probanzas corroborantes no fueron aportadas por la actora; es más, ni al ofrecer pruebas a fs. 45/vta., ni al ratificar las ofertadas a fs. 117 propuso respecto de este concreto vehículo un pedido de informe sobre el dominio al Registro de la Propiedad Automotor.- Considero que la prueba era insoslayable en la cuestión, por tratarse de la propiedad de un bien sometido a pública registración para su oponibilidad a terceros, de modo que cualquier decisión sobre el tema podía afectar los intereses en juego de terceros.

En nuestro derecho vigente la propiedad de un automotor es creada, otorgada mediante la inscripción en el Registro Nacional de Propiedad del Automotor (art. 1º del dec. ley 6.582/58, t.o. ley 22.977) y siendo ello así la prueba de la misma surge primordialmente de la documentación expedida o los informes suministrados por ese organismo (este tribunal, c. 11.726 S.D.C. 4/96).- V.- El Ford Ranger XXX ***.- En la denuncia de bienes integrante de su demanda la actora incluyó este automotor, bien que alertando acerca de que, por no haber sido practicada la transferencia, eran terceros quienes aparecían como titulares en el registro respectivo, no obstante haber adquirido aquél la sociedad por boleto (fs. 44 vta., pto. 2). La sentenciante del anterior grado excluyó el locomóvil del activo de la sociedad por hallarse su titularidad en cabeza de terceros (fs. 216 vta., párr. 3°); opino que la juzgadora desinterpretó la demanda, donde no fue alegado que el acervo de la sociedad conyugal estuviere integrado por el dominio del rodado, sino por los derechos y acciones surgidos de un boleto.- Cierto es que el dominio del vehículo aparece registralmente a nombre de otras personas (fs. 156), pero a través de la Resolución n°63/04 del Juzgado de Faltas Municipal fue demostrada la existencia del boleto de compraventa del automotor aludido (fs. 160).

En efecto, tal resolución constituye un instrumento público que hace plena fe de la existencia material de los hechos que el oficial público anunciara cumplidos por él mismo (art. 979 inc. 2° y 993 Cód. Civ.), como aquí lo fue la personal constatación por el Señor Juez de Faltas del boleto que le fue exhibido.- Por ello entiendo que los derechos y acciones que emanen eventualmente de tal contrato sobre el móvil deben ser incluidos en el activo de la sociedad conyugal.- VI.- El Lote * de la Manzana *** "X" de Trelew.

En la demanda fue denunciado como integrante de la sociedad conyugal este inmueble en sí mismo (fs. 44, cap. III, pto. 1 a) y no un crédito a título de recompensa por la introducción en él de mejoras que habrían incrementado su valor.- No le es dado a este tribunal dirimir hoy este último capítulo no planteado en su ocasión (art. 280 C.P.C.C., antes art. 277). En nuestro sistema procesal, caracterizado por el escalonamiento de etapas preclusivas, la primer limitación impuesta a las potestades del tribunal de alzada viene dada por la relación procesal trabada con la demanda y su contestación. Juegan en ello liminares principios que hacen, de un lado, al derecho de defensa en juicio y la igualdad de las partes, evitando sorpresas causídicas y efectivizando el orden en la tramitación de los procesos, y, del otro, a la esencia misma del régimen de la doble instancia, pues en el sistema escriturario la apelación no configura un nuevo juicio que posibilite que las partes incorporen nuevas pretensiones, cuestiones y oposiciones.

El cometido del órgano "ad quem" se limita a verificar, sobre el piso de marcha de la sentencia de mérito impugnada y siguiendo el hilo conductor de los agravios, el acierto o error en que haya incurrido el juzgador de la instancia de origen en ese acto procesal decisorio, mas, desde luego, sin incursionar en tópicos que el juzgador de origen no resolvió por la sencilla razón que no le fueron sometidos. Tal lo he señalado en mis votos desde antaño ( c. 11.684 S.D.L. 119/95, c. 11.702 S.D.L. 115/95, c. 11.885 S.D.L. 53/96, c. 12.316 S.D.L. 53/97, etc.).- Desde antiguo hemos declarado asimismo que también en esta segunda instancia rige el principio de congruencia, pauta general establecida para la totalidad del proceso, y no corresponde en consecuencia extralimitar la relación procesal diagramada con los escritos constitutivos, para cuya modificación no es pieza idónea la expresión de agravios, que no brinda ocasión para la introducción al proceso de nuevos temas de debate, como lo es la apuntada alteración de la "causa petendi" que importa una verdadera transformación de la demanda allende la ocasión para ello reglada en el art. 334 C.P.C.C. (ex art. 331).

No en vano el art. 274 cód. cit. ( antes art. 271) establece que en los votos pronunciados por los jueces en el acuerdo "se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravio".

VII.- Las costas.- Cierto es que en pleitos sobre liquidación de sociedades conyugales, por ser procesos tramitados en interés común de las partes, como regla las costas han de repartirse en porciones iguales, porque la participación de los esposos en la sociedad también es igual (confr.: Fassi - Yañez, "Código Procesal ...", Astrea 1988, I-294; Granillo, "Las costas de la liquidación de la sociedad conyugal", L.L. 1978-D-1046), pero a ese principio hacen excepción los casos en que uno de los cónyuges se ve obligado a litigar por falta de colaboración o acuerdo del otro, quien obstruye la liquidación, supuesto en que habrá un vencido considerado objetivamente (confr.: Gozaíni, "Costas procesales", EDIAR 1990, pág. 364).

También forman excepción a la regla aquellos otros casos en que han mediado controversias e incidencias respecto de los bienes a liquidar, supuestos en los que las costas habrán de imponerse de acuerdo al principio general de la derrota como base de la condena (confr.: Fassi - Bossert, "Sociedad conyugal" , Astrea 1970, II-323; C.N. Civ., Sala "C", L.L. 1987-B-178; este tribunal, c. 20.483 S.D.C. 46/05). Y la primera de esas excepciones aparece en esta especie.

En efecto, ha quedado admitido en autos que el demandado se negó sistemáticamente a celebrar acuerdo alguno de partición de bienes, frustrando cualquier posibilidad de convenio. Así lo alegó la actora a fs. 44, cap. II, párr. 2°, sin que tal circunstancia fáctica fuera negada obviamente por quien ni siquiera contestó la demanda.

El hecho quedó así acertado en la especie por efecto de la figura procesal de la admisión, que se origina cuando del entrecruce de las alegaciones de las partes resulta la conformidad de ambas con uno o más datos relevantes para el debate (arts. 333 inc. 4°, 360 inc. 1°, 363, 364 C.P.C.C., ex arts. 330 inc. 4°, 356 inc. 1°, 359, 360), con la observación todavía de que tal figura no sólo puede presentarse bajo la forma expresa, configurada por el reconocimiento explícito de los hechos por el demandado, sino igualmente de modo tácito, derivado del silencio o la negativa genérica o evasiva, cual en la especie aconteció (confr.: Alsina, "Tratado...", 2da. ed., III-246, nº11).

El efecto propio de esa figura procesal consiste en dispensar la carga de acreditar los hechos por ella recogidos, pues ante la ausencia de controversia a tal respecto los mismos presentan ya la certeza necesaria para que el juez inspire en ellos el sentido de su decisión.

Esos hechos admitidos quedan lisa y llanamente excluidos del "thema probandum", porque la prueba ha de versar sobre los "hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes", según edicta el art. 364 C.P.C.C. (antes art. 360) y no forman pues materia de ella los así fijados (confr.: Morello y otros, "Códigos Procesales...", 2da. ed., V-A-11; Guasp, "Derecho procesal civil", 3era. ed., I-329, n° II, "b"; este cuerpo, c. 15.083 S.D.C. 43/99, c. 17.677 S.D.C. 11/02, c. 21.401 S.D.C. 52/06, entre otras).- Por ello entiendo que las costas de primera instancia deben imponerse íntegras al demandado.- VIII.- La conclusión.- Por los motivos expuestos, considero que la sentencia apelada debe ser parcialmente revocada a fin de incorporar al listado de bienes del activo de la sociedad conyugal los derechos y acciones eventualmente emanados de un boleto de compraventa sobre el automotor Ford Ranger XL, modelo 1998, dominio XXX *** e imponer las costas de primera instancia íntegramente al demandado, confirmando el decisorio en todo lo demás que fuera materia de agravios.- Desde que los agravios del demandado resultan desestimados en su totalidad, mientras que prosperan dos de los cuatro vertidos por la actora, en segunda instancia queda delineado un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir las costas de ella imponiéndolas en un 70 % al demandado y en el restante 30 % a la actora.- Vista la extensión, calidad y resultado de las labores profesionales cumplidas en la alzada, propongo regular los honorarios de los Dres. R. L. y J. L. S. en las sumas respectivas equivalentes al 2 % y al 1,40 % a aplicarse en cada caso sobre la mitad del valor total del activo de la sociedad conyugal a establecerse (arts. 5, 6, 13, 31, 35 de la Ley XIII n° 4, ex arts. 6, 7, 14, 32, 34 del Dec.-ley 2.200).- Me expido pues en esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.- --- A ESTA MISMA CUESTIÓN dijo el Dr. Carlos Dante Ferrari:

I. En el voto precedente el Dr. Velázquez ha hecho una reseña completa de los antecedentes del caso, de los fundamentos del fallo apelado y de los motivos de agravios expresados por ambos apelantes, por lo que no resultará necesario abundar acerca de dichos aspectos.

En consecuencia, en los apartados siguientes abordaré directamente las cuestiones planteadas, anticipando desde ya mi total coincidencia con las conclusiones expuestas por el distinguido colega preopinante.

II. Las irregularidades mentadas por el demandado en referencia a su citación a juicio no pueden merecer favorable acogida en esta instancia, por cuanto ha precluido la oportunidad procesal para efectuar su planteo debido al transcurso de los plazos respectivos, incurriéndose así en una tácita admisión que, en todo caso, purga los hipotéticos vicios alegados, conforme a la normativa procesal aplicable (arts. 151, 3er. párrafo, 172, 2do. párrafo, C.P.C.C. - texto seg. Ley XIII N° 5); su doctrina).

De tal manera, la inacción del interesado en debido tiempo y forma resulta incompatible con la tardía articulación intentada conforme a los principios de preclusión y progresividad procesal, sin que pueda aducirse la existencia de violaciones al derecho a la defensa en juicio, ni haberse visto impedido de ejercitar los resguardos y/o aportar pruebas al juicio, circunstancias por otra parte no acreditadas en autos.

III. Derechos y acciones vinculados al contrato de fs. 27/vta:

En coincidencia con el colega de primer voto, debo decir que a este tribunal le está vedado tratar la defensa que el apelante pretende introducir en esta alzada, ya que la misma no fue articulada en la debida oportunidad procesal.

En tal contexto, se aprecia de manera nítida que nos hallamos ante un supuesto de los contemplados en el art. 280 (antes 277) del C.P.C.C. - texto seg. Ley XIII N° 5, en cuanto señala que "El Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia...", norma derivada de los principios y garantías constitucionales referidos al debido proceso y a la defensa en juicio (art. 18, C.N), así como al principio de congruencia (arts. 34, inc. 4 y 165 (antes 163), inc. 3° y 4° del C.P.C.C.

En este mismo orden de ideas, sabido es que la ocasión procesal oportuna para introducir excepciones o defensas atinentes es la que marca el código de rito.

De tal manera, la demanda, su contestación y la oposición de excepciones conforman la traba del litigio delimitando el marco de las cuestiones de fondo sometidas a la decisión jurisdiccional, y a ellas deben circunscribirse los magistrados, en virtud del principio de congruencia (arts. 34, inc. 4°, 163, inc. 6°, C.P.C.C. ; su doctrina).

En consonancia con este esquema procesal, se ha dicho que cuando la sentencia de primera instancia es apelada, los límites de la jurisdicción abierta por el recurso están dados por los capítulos litigiosos propuestos al inferior y quedan marginadas de la función revisora de la Alzada las presentaciones extemporáneas (conf. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales...", t. II, pág. 400/401 y sus citas - L.E.P., 1988), regla clara y categórica establecida por el ordenamiento adjetivo en cuanto determina que "el tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos al juez de primera instancia..." (art. 277 C.P.C.C. - Ver, en el mismo sentido, Morello, Augusto M., "El principio de congruencia como límite a la decisión del juez en la sentencia", JA Sec. Doctrina 1972-247).

} En idéntico sentido se ha sostenido que el tratamiento por parte del tribunal de argumentos que no han sido expuestos en los escritos iniciales afecta seriamente los principios de defensa en juicio y de congruencia (art. 18, Constitución Nacional y arts. 34 inc. 4 y 163, inc. 6, Cód. Procesal (conf. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VII o 28/12/2000 o Eneine, Norma Z. c. Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas o DT 2001-B, 1433; id. sala VII o 21/10/1998 o Granada, Aurelio c. Feder S. A. y otros o DT 1999-A, 689 - DJ 1999-2 , 354).

El mismo criterio ha sido ratificado por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación al expresar que "el régimen del art. 277 del Cód. Procesal sólo atribuye al tribunal de segunda instancia la jurisdicción que resulta de los recursos deducidos ante ella, limitación ésta que tiene jerarquía constitucional.

Así, configura una extensión indebida de los límites de tal jurisdicción la incorporación al litigio de una defensa no alegada y en oportunidad impropia para posibilitar la discusión de su admisibilidad y procedencia (Corte Suprema de Justicia de la Nación o 27/08/1993 o Elliff, Carlos H. c. Banco Central de la República Argentina. o LA LEY 1994-B, 182 - DJ 1994-1, 1117).

Este parámetro de decisión ha sido, por otra parte, aplicado de manera uniforme y reiterada en numerosos precedentes de este Cuerpo, por lo que, a mi criterio, no tiene objeto extenderme en mayores consideraciones sobre el punto.

Sin perjuicio de ello, dadas las particularidades del tema en discusión, estimo conveniente hacer notar que la participación económica reclamada por la actora resulta prima facie atendible en virtud de tratarse de los "derechos y acciones" emergentes de esta contratación celebrada durante la vigencia de la sociedad conyugal.

Ello así, más allá del carácter de los bienes que estén en juego, acerca de lo cual no existen en esta causa elementos que permitan dilucidar su naturaleza y/o alcances definitivos respecto de la masa societaria, por lo que su contenido y repercusión patrimonial quedarán definidos, a todo evento, en la etapa de liquidación definitiva de la sociedad disuelta.

IV. El automotor Renault Clío XXX - dominio N° ***:

Tratándose de un bien cuyo régimen dominial se basa en la registración en el registro público correspondiente (Registro Nacional de la Propiedad del Automotor - art. 1 y ss., Dec. Ley 6582/58) la prueba acerca del carácter de propietario excede la mera expresión de voluntad de las partes, por lo que en autos no podría tenerse por cierta y probada esa calidad jurídica mediante la simple admisión emergente de la incontestación de la demanda. Era menester, por tanto, contar en autos con la prueba documental o informativa emergente del citado registro público que así lo certificara, y al no haberse aportado ninguno de dichos elementos probatorios al proceso, ha sido correcta la exclusión del bien denunciado como integrante del acervo conyugal, debiendo confirmarse el decisorio en tal sentido.

V. El automotor Ford Ranger XL - Dominio N° XXX ***:

Las mismas razones expuestas precedentemente me llevan a considerar que también ha sido correcta la exclusión de este vehículo, atendiendo a su situación registral.

Por más que en un acta del año 2004 la autoridad administrativa de faltas haya certificado la existencia de un boleto de compraventa referido a dicho automotor -cuyos términos no se han podido conocer en autos, ya que no se ha acompañado siquiera un copia del mismo- y atendiendo a que esta misma circunstancia fue denunciada por la propia actora en su escrito postulatorio (conf. demanda, fs. 44 vta.), cabe calificar la pretensión como limitada a los eventuales derechos y acciones que puedan surgir de dicho boleto; aspecto que, en todo caso, quedará delimitado en la etapa de liquidación efectiva de la sociedad conyugal.

VI. Lote * de la Manzana N° *** "X" de Trelew:

Desde que la demandante solicitó la inclusión de este bien como integrante del acervo conyugal y siendo que, como lo señalara la a quo, en la causa sólo existe un boleto de compraventa a nombre del Sr. M. fechado en el año 1975 -esto es, con anterioridad a la celebración del matrimonio- ha sido acertada la exclusión del citado inmueble, tal como se ha dispuesto en el fallo.

Por lo demás, resulta inadmisible la modificación del título de pedir que intenta formular la actora en esta instancia en referencia a la compensación por las mejoras introducidas al inmueble durante la vigencia de la sociedad conyugal.

Este artículo no fue debidamente introducido en la demanda y por ello, le caben las mismas consideraciones ya formuladas en el apartado III de mi voto, pues se trata de un supuesto de los contemplados en el art. 280 (antes 277) del C.P.C.C. - texto seg. Ley XIII N° 5, en cuanto señala que "El Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia...", norma derivada de los principios y garantías constitucionales referidos al debido proceso y a la defensa en juicio (art. 18, C.N), así como al principio de congruencia (arts. 34, inc. 4 y 165 (antes 163), inc. 3° y 4° del C.P.C.C.VII. Las costas de primera instancia:

Como bien lo ha expresado el colega preopinante, de los antecedentes del caso surge en forma evidente que la actora se vio en la necesidad de promover este proceso en miras a obtener satisfacción a sus reclamos.

A partir de esta certeza, aun cuando el resultado haya sido parcialmente desfavorable a sus pretensiones, resulta prudente y equitativo imponer las costas en la instancia de origen en forma íntegra a cargo del demandado, considerando que su conducta reticente dio lugar a un proceso contradictorio, que pudo haber sido evitado (conf. art. 69 -antes 68- del C.P.C.C.; art. 98 y conc., Ley III N° 21 -antes ley 4347).

VIII. Conclusiones: --Como síntesis de lo expresado hasta aquí y en coincidencia con el Dr. Velázquez, opino que debe revocarse parcialmente el fallo apelado y, en consecuencia, incorporar al acervo de la sociedad conyugal los eventuales derechos y acciones emergentes del boleto de compraventa suscripto respecto del rodado Ford Ranger, dominio XXX ***.

Con costas a cargo del demandado.

En cuanto a las costas de alzada, atendiendo al resultado de los respectivos recursos, comparto la propuesta de que las mismas sean distribuidas en un 70% a cargo del demandado y en el 30% restante por cuenta de la actora.

Concuerdo asimismo en fijar las retribuciones de los letrados actuantes en esta sede, en vista de la extensión, calidad, eficacia de sus tareas y a los resultados respectivamente obtenidos, como sigue: a) para la Dra. R. L., en el 2% y b) para el Dr. J. L. S., en el 1,4%, en ambos casos, sobre el 50% del activo de la sociedad conyugal en liquidación (arts. 5, 6, 13, 31, 34, 46 y conc., Ley XIII N° 4 - Ex Dec. Ley 2.200).

Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:

Ante el acuerdo alcanzado al expedirnos en la cuestión anterior, corresponde:A) Revocar parcialmente la sentencia apelada, a fin de incorporar al listado de bienes del activo de la sociedad conyugal los derechos y acciones eventualmente emanados de un boleto de compraventa sobre el automotor Ford Ranger XL, modelo 1998, dominio XXX *** e imponer las costas de primera instancia íntegramente al demandado, confirmando el decisorio en todo lo demás que fuera materia de agravios.- B) Imponer las costas de segunda instancia en un 70 % al demandado y en el restante 30 % a la actora.- C) Regular los honorarios de los Dres. R. L. y J. L. S., por sus labores de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 2 % y al 1,40 % a aplicarse en cada caso sobre la mitad del valor total del activo de la sociedad conyugal a establecerse.- ASÍ LO VOTO.- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Carlos D. Ferrari expresó:

Tal como ya lo adelanté, comparto en todos sus términos la resolución propuesta por el colega preopinante, votando en sentido idéntico.

--- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 7º Ley V Nº 17; antes art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550), Trelew, de septiembre de 2.010.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A:

--- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada, a fin de incorporar al listado de bienes del activo de la sociedad conyugal los derechos y acciones eventualmente emanados de un boleto de compraventa sobre el automotor Ford Ranger XL, modelo 1998, dominio XXX *** e imponer las costas de primera instancia íntegramente al demandado, confirmando el decisorio en todo lo demás que fuera materia de agravios.- IMPONER las costas de segunda instancia en un 70 % al demandado y en el restante 30 % a la actora.- REGULAR los honorarios de los Dres. R. L. y J. L. S., por sus labores de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 2 % y al 1,40 % a aplicarse en cada caso sobre la mitad del valor total del activo de la sociedad conyugal a establecerse.- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

--- REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.010 - SDF.- Conste.- JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO