marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, reordenamiento del sistema financiero, entidades financieras, sociedades mutuales
Materia: ECONOMIA
Carátula: "Campitelli  Olimpia  Beatriz c/ PEN  Ley  25.561 Dtos. 1570/01 y214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-20

La ley 21.526 regula básicamente entidades que realizan intermediación habitual entre la oferta y demanda de recursos financieros (art. 1) pero la identificación de personas sujetas no es taxativa, no sólo en función de esa actividad, sino en cuanto a la conveniencia de la regulación por el B.C.R.A. (art. 3) que puede autorizar las operaciones realizables (art. 20). (Consid. 5.a).
Concursos, homologación judicial, disposición de bienes, pago en cuotas, prórroga del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: SALINA LAS BARRANCAS s/ CONCURSO S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-17

Si se autorizó a la concursada para que enajene ciertos bienes con la finalidad de aplicar su producido al pago de la primera cuota concursal, resulta improcedente que aquella pretenda modificar el destino de los fondos que obtuvo por la venta de ciertos activos con base en la prorroga prevista por la Ley 25563 art.10 (que dispuso la ampliación por un año del plazo para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el acuerdo).

Ello pues, la mentada regla legal fue modificada por la Ley 25589 art. 9, que dispone la conclusión del plazo allí prorrogado el 30.6.02, y no se observa en la especie que se presenten situaciones definitivamente consumadas, o derechos irrevocablemente adquiridos amparados por preceptos de rango constitucional.
Regímenes jubilatorios especiales, ingenieros, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mansilla de Rapagnini, Irma Nicasia c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-09

El instituto de la pensión, en definitiva, tiende a alcanzar el objetivo constitucional de "protección integral de la familia" -art.

14 nuevo- y la modificación de la ley 5929- cuya aplicación al caso reclama la actora- es la concreción legal de tal imperativo constitucional.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, portación de armas, pena, atenuantes de la pena, imputado, arma de fuego
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Ozan, Diego Maximiliano c/  s/ portación ilegitima de arma de fuego de uso civil-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-14

Cabe desestimar en el caso de la figura atenuada del delito de portación con base en las circunstancias del hecho y las condiciones personales del imputado, por cuanto de la lectura de la resolución recurrida se evidencia que los Magistrados en pos de desechar el planteo defensivo, principiaron por reparar en las características del suceso -pasadas las 23 horas de un día martes, encontrándose dos personas en una zona oscura y despoblada en la que sólo transitaban camiones y que como consecuencia de la cantidad de ilícitos perpetrados contra los conductores de dichos rodados la policía brindaba servicio adicional-; y, tras ello, hicieron alusión a que las características personales del imputado relevadas por la asistente social no permitían descartar la posibilidad delictiva, al tiempo que puntualizaron en la circunstancia de que el revólver se encontraba cargado -y con posterioridad se demostró que el mismo poseía aptitud para el disparo- y aquél lo llevaba consigo a la altura de su cintura.
Responsabilidad de los padres, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Villegas Luis y otro c/ Elserser Oscar Alfredo s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

Si bien no corresponde atribuir responsabilidad en los términos del art. 1114 del Código Civil a los padres del menor embestido por un automóvil y cuya conducta fue concausa del daño, el hecho del menor debe ser considerado para determinar la proporción en que el conductor embistente quedará exonerado de responsabilidad.
Impuestos, liquidación de impuestos, cláusula de actualización, Banco Central de la República Argentina, obligación tributaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ DGI. (Estado Nacional) s/ repetición DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

El art. 37 del decreto 435/90 estableció un régimen de actualización para el ingreso de los tributos que debía liquidarse sobre la base del coeficiente que determinase el Banco Central de la República Argentina al efecto, entre el momento de la determinación de la obligación y hasta el día anterior a las fechas de vencimiento fijadas para el ingreso de la respectiva obligación o a las del pago, si éste fuera anterior a dicho vencimiento.
Acción de amparo, recursos, procedencia del recurso, sentencia interlocutoria, Derecho constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C., V. H.  c/ Ministro de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos de la Provincia del Chubut  s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-11-01

Para la procedencia del amparo es necesario demostrar un daño grave y concreto que sólo puede ser reparado acudiendo a la vía urgente y expedita del citado proceso, a los fines de no transformar a la acción en el vademécum que solucione todos los problemas, subsumiendo las vías procesales en solo una, cuando la Constitución y las leyes marcan distintos derroteros. Así, el amparo es una herramienta útil, pero no para cualquier situación
Notificación por cédula, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rossi, Luis María s/ Recurso de queja interpuesto en autos:Cobarco, Enrique Mario c  /Génova, Mario s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-17

Habiéndose dictado una sentencia interlocutoria que decide artículo, no puede interpretarse que ella ha sido una providencia dictada o pedido de parte si ha sido consecuencia natural del desenvolvimiento del juicio ordinario... Por consiguiente no puede considerarse que la misma quedó notificada conforme a lo establecido por el art. 133 del C.P.C.C.; tanto más cuando en la misma resolución se dispuso expresamente que debía ser notificada a las partes, pues tal notificación, atento a la naturaleza de la providencia debe realizarse personalmente o por cédula.-
Expresión de agravios, crítica concreta y razonada
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUERO MORRONE, FRANCISCO MIGUEL s/ BONIFICACION DE TITULO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-03-17

Tampoco hace al derecho de defensa arremeter contra el Juez, tomándose la licencia de utilizar un lenguaje inapropiado en la expresión de agravios, que van dirigidos directamente a su persona, cuando la critica debe hacerse contra el pronunciamiento, señalando los errores in procedendo o in iudicando contenidos en el. Ha de cuidarse a si mismo de no incurrir en abusos del lenguaje o sarcasmos en relación al abogado contrario o al Juez de primera instancia. Una alegación bien fundamentada, no necesita apontocarse en adjetivos que pueden lesionar a quienes intervienen en el proceso, máxime cuando se acude al empleo de mayúsculas, a propósito de manifestaciones innecesarias de naturaleza lesiva. Ello, lejos de favorecer el ejercicio del derecho de defensa, lo desmerece, pues la razón se demuestra de modo sencillo, sin necesidad de acudir a epítetos que no jerarquizan el debate, y que obviamente no logran su cometido positivo.
Sustracción internacional de menores, restitución internacional de menores, sentencia extranjera, ejecución de sentencia extranjera, exequátur
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

En el procedimiento establecido en el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (ley 23.857) no se trata de juzgar incidentalmente si el acto judicial extranjero reúne las exigencias de los arts. 517 y 519 del Código Procesal.
Honorarios, peritos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PITA, CARLOS DOMINGO c/ CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ REIVINDICACION-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-01

El perito debe percibir sus emolumentos en la misma especie o forma en que deben percibir los apoderados o patrocinantes de las partes, que intervinieron en la causa.
Daños y perjuicios, derecho a la integridad física
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BRAVO, RUBEN ALBERTO c/ EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO LEON GALLO Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-06-12

Siendo la integridad de la persona uno de sus bienes fundamentales, debe reconocerse la facultad de lograr cuanto sea preciso para recuperar la salud o la incolumidad dañada, en cualquier grado que resulte lesionada.
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arce de Ullón Ramírez Francisca y otros c/ Ramírez Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-21

Tanto el reconocimiento, cuanto el resarcimiento del daño moral dependen -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión. No requiere prueba específica alguna, teniéndoselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica, siendo al responsable del hecho dañoso a quien le incumbe invocar y acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de que haya existido daño moral.
Precio, fijación de precios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Y.P.F. S.E. c/ Esso  S.A.P.A. s/ proc.  de  conoc".  y susacumulados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

La doctrina económica ha distinguido de siempre los diferentes tipos de precio, especialmente cuando el Estado interviene en su fijación mediante determinadas circunstancias, sea por vía directa de establecimiento, sea por inducción, adoptando distintas medidas y parámetros que impulsan a los operadores a establecer esos precios en aparente estado de libertad de mercado.
Acordadas, falta de obligatoriedad
Materia: PROCESAL
Carátula: GODOY, JOSE ABELINO c/ MANGIARUA ANTONIO Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1975-11-28

La doctrina establecida por Acordada número 393, de fecha 26 de junio de 1953, no es obligatoria atento que carece de fundamentos y no constituye un fallo plenario.
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: C., A.I. c/ S., J.M. y Otros s/ Daños y Perjuicios  Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-20

Siempre que se produzcan lesiones a la intangibilidad sicofísica de un ser humano se desencadena un daño moral.
Falta de fundamentación, inconstitucionalidad, bienes inembargables
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bruno, Jorge Pablo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 11.761
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

No resulta fundada la tacha de inconstitucionalidad del art. 23 último párrafo de la ley 11.761, en cuanto declara inembargables la totalidad de los fondos que integran el régimen financiero de la Caja, como así también los bienes que conforman su patrimonio, en tanto la finalidad social de los fondos destinados al pago de jubilaciones y pensiones justifica su inembargabilidad, ni tampoco resulta admisible suponer que el Estado, o alguno de sus organismos, se coloque en situación de insolvencia o disminuya de cualquier modo su patrimonio para impedir la eventual ejecución de una sentencia en su contra (doctor SORIA, sin disidencia).
Demanda, cosa juzgada, cosa juzgada formal, cosa juzgada material
Materia: PROCESAL
Carátula: Mazzello de Quintana, Rosa s/ Acción de nulidad s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-10-16

La inviabilidad de la demanda de autos deviene como consecuencia de haberse operado la "cosa juzgada"en sus dos aspectos: formal; porque precluyó la oportunidad de impugnar por vía incidental la subasta dispuesta y aprobada en la quiebra de referencia; y material porque como consecuencia de lo anterior es imposible reeditar en un nuevo juicio -el presente-, toda discusión sobre la validez o no de aquel remate y sus consecuencias.
Acción de nulidad, prescripción, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simone, Liliana y otros c/ Goitea, Dora R. y otros s/ Simulación contrato de venta Esturo, María c/ Elisseix, Lázaro y/o sucesores s/ Nulidad de venta y falsedad de títulos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29|1993-03-12

Si bien no hay dudas que al accionante incumbe la prueba del vicio que alega como sustento de su pretensión, no es tan sencillo determinar a quién corresponde el onus probandi del comienzo del curso de la prescripción establecido por el cese o el conocimiento del vicio, resultando inadecuadas las soluciones de carácter general siendo preferibles aquéllas que se ajustan a las distinciones que impone la naturaleza del vicio por el cual se acciona y la actitud procesal de las partes.
Medidas cautelares, peligro en la demora, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Ibarrola, Romina Natalia c/ Formosa, Provincia de s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-12

El examen de las medidas cautelares, lleva ínsita una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie -según el grado de verosimilitud- los probados intereses del demandante y el derecho constitucional de defensa del demandado.
Defensa del consumidor, acción judicial, debido proceso, acciones de clase, legitimación activa, asociaciones de consumidores, transporte aéreo, acceso a la justicia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos c/ United Airlines Inc. s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

Es que, un pasaje aéreo en "clase económica" de similar trayecto posee un valor aproximado que oscila, según la fecha del viaje, entre las sumas de $ 375.682 y $ 771.687, resultando evidente que no se trata de un asunto de menor cuantía. Ante tal escenario, no es dable presumir que los costos derivados de la iniciación de una demanda individual resulten muy superiores a los beneficios que eventualmente puedan obtenerse ante un pronunciamiento favorable.
Sucesiones, subasta judicial, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: POMESANO, CONSTANTINO R. s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-04

La sucesión, como procedimiento judicial, no tiende a la satisfacción de pretensiones resistidas o incumplidas, sino a la determinación de los bienes dejados por el causante y de las personas que lo heredan (conforme Cámara Nacional Civil, Sala E, c.

205.315 del 14/11/82; Sala C, E. D. 93-591; Sala D, E. D. 91-789).

Es acertado limitar la subasta del bien a la cuota parte que integran el acervo de las sucesiones, que si bien podría resultar poco práctico y antieconómico, no puede sin lugar a dudas, y por esas simples razones, doblegar a la garantía de la defensa en juicio que tiene otro condómino no heredero, ni reemplazar el procedimiento especial que, para el caso de división de condominio existe regulado en el Código Procesal.
Medidas cautelares, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Senatore Alfredo c/ Darío Saldeña s/ Embargo Preventivo (LIBRO: A003 - 262)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-11-09

La tramitación y resolución del embargo preventivo constituye una verdadera instancia, aún cuando se concreta sin audiencia ni conocimiento de la misma según lo dispuesto por el art. 112 inc. 4 del CPC, por obedecer así a la naturaleza propia de las medidas precautorias.
Excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: INDUSTRIAS MATALURGICAS PESCARMONA S.A. c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SUMARIO-INCIDENTE DE EJECUCION DE  HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-14

Haciéndose lugar a la excepción de inhabilidad de título por exceso en la suma reclamada, corresponde la adecuación de la ejecución al importe resultante de la sentencia.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-28


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 28 de 2005.

Considerando: 1. Apeló la accionante la resolución pronunciada a fs. 325/330, donde se admitieron las excepciones opuestas por su contraria y se rechazó la ejecución.

Fundó el recurso con el escrito que corre agregado a fs. 335/337, que luce respondido a fs. 341/343.

2. a) La acción se basó en cierto contrato de leasing celebrado entre las partes. La ejecutante expuso que la tomadora cumplió en tiempo y forma con el pago de las primeras 8 cuotas pactadas, hasta que "sobrevino el dictado de las normas de emergencia económica que dispusieron la pesificación de las obligaciones", a partir de lo cual "pagó a cuenta de las facturas subsiguientes su valor en pesos a la paridad $ 1= U$S 1".

En función de ello, reclamó el pago de la diferencia entre lo abonado por la accionada en pesos y lo que correspondería en la moneda pactada en el contrato. Sostuvo que debe considerarse el origen importado de los equipos objeto del contrato, así como cierta cláusula especial pactada -que exceptuaría al caso de la pesificación- y, eventualmente, planteó la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia.

b) El art. 21 inc. b) de la ley 25.248 otorga la posibilidad al dador de accionar por vía ejecutiva "por el cobro del canon no pagado".

Ahora bien, en la especie no se reclaman estrictamente cánones adeudados, sino -como ya se expuso-, "la diferencia entre lo abonado en pesos y lo que correspondería en la moneda pactada en el contrato", lo cual exorbita la procedencia de la vía ejecutiva, que -por lo demás- se encuentra subordinada a que se demande por deuda líquida y exigible -Cód. Proc. art. 520-.

Por el contrario, la pretensión de la accionante impone analizar si se da un supuesto de exclusión de la aplicación de la pesificación y, eventualmente, el planteo de inconstitucionalidad que formuló contra dicha normativa.

Y, como se halla vedada en el marco del proceso ejecutivo, en principio, la indagación de la causa de la obligación (arg. Cód. Proc. art. 544, inc. 4), no procede examinar si concurren los supuestos de excepción o de exclusión de la pesificación (v. esta sala, "Banco General de Negocios S.A. -en liq. judicial- c. Emapi S.A. y otros s/ ejecutivo" del 09/06/2004; "Yara Argentina S.A. c. Acosta, Roberto s/ Ejecutivo" del 01/04/2005).

Frente lo visto, coincide la sala con lo expuesto por el magistrado a quo en punto a que resultará necesaria la sustanciación de un proceso de conocimiento tendiente a obtener una declaración de certeza respecto de las cuestiones controvertidas entre las partes, lo cual sella la suerte adversa del recurso.

3. Por ello, desestímanse los agravios y confírmase la resolución apelada, con costas (Cód. Proc. art. 69). - Martín Arecha. - Angel O. Sala. - Rodolfo A. Ramírez.
Acción de amparo, competencia provincial, telecomunicaciones, telefonía celular, facturación excesiva, defensa del consumidor, juicio ordinario, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DECOVI s/ Amparo Colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-01

En relación a la decisión que se propone, y en el plano del derecho procesal constitucional la solución que se brinda responde al objeto del amparo y los hechos en que se fundo la acción y se han acreditado y al marco decisorio institucional que el Tribunal ejerce para evitar daños a los consumidores/ usuarios (art. 42 de la C.N. y ley 24240) para lo que he tenido especialmente en cuenta la nueva doctrina de la CSJN. del 05-04-05 en "Ángel Estrada y Cía. S.A. c/ Sec. Energía y Puertos", donde definió la competencia de los entes reguladores y dejó aclarado que no tienen funciones jurisdiccionales ni competencia para dirimir conflictos sobre indemnización de daños y perjuicios derivados de la prestación del servicio. En consecuencia corresponde que cualquier cuestión patrimonial o indemnizatoria sea dirimida por los tribunales ordinarios competentes y no por los tribunales administrativos, arbitrales o entes reguladores.

Este criterio se ha consolidado en el precedente "Sadegui S.C.A. c/ Aguas Argentinas", fallado el día 23-08-05 donde se asignó competencia al juez civil - ordinario - en un conflicto por recategorización de inmuebles que llevaba implícita una revisión tarifaria e involucraba directamente a un usuario - consumidor de un servicio de agua potable. Por ello que la solución que se adopta remite necesariamente a un trámite ordinario posterior a los efectos de que se diriman, entre usuarios y consumidores representados por DECOVI. y la prestadora del servicio, las diferencias patrimoniales a que hubiere lugar según las circunstancias de hecho y prueba de cada caso.
Hidrocarburos, regalías hidrocarburíferas, decreto reglamentario, acción de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

El decreto 1757/90, cuya invalidez constitucional ha sido planteada en la demanda como fundamento subsidiario, es una disposición normativa de considerable extensión por medio de la cual se adoptó un conjunto de medidas tendientes a reformular, completar y dar operatividad a las políticas trazadas en las leyes 23.696 y 23.697, sancionadas un año antes; en efecto, además de regular el régimen de combustibles, el decreto 1757 reglamenta diversas materias relacionadas con la racionalización del gasto público; la reforma administrativa; la política salarial; los convenios colectivos de trabajo; las empresas públicas; la política monetaria; el régimen de consolidación de deudas; las deudas y créditos del sector público.
Embarazo, personas por nacer, anencefalia, comienzo de la existencia de la persona, concepción de la persona
Materia: CIVIL
Carátula: T., S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-11

La patología del feto anencefálico es ulterior a la concepción, o sea posterior al momento en que comenzó a existir la persona, de lo que se deduce que el organismo viviente es una persona por nacer que padece un "accidente" (art. 51 del Código Civil) que no altera su condición (art. 63 del código citado) (Disidencia del Dr. Julio S. Nazareno).
Ley de Procedimiento Tributario, impuestos, intereses
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Katye S.A. (T.F. 9456-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

Dada la finalidad que persiguen los intereses del art. 42 de la ley 11.683, el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las actividades del Estado, se justifica su elevación por sobre otras vigentes, y la no aplicación por analogía a los supuestos de repetición (conf. C.S.J.N. Fallos: 308:283).