Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-11-13


Nº__273__	RESISTENCIA, 13 de noviembre de 2014.

Y VISTOS: Para resolver en estos autos: "PROVINCIA DEL CHACO C/ CORE, PATRICIA DEL CARMEN S/ APREMIO", Expte. Nº 8532/07-1-C, año 2014, y CONSIDERANDO:

1º) Que arribó la presente causa en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 150/164 por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 138/142 vta., el cual fue declarado admisible a fs. 165 y vta. Del remedio de marras se corrió traslado a la contraria, el cual fue contestado a fs. 169/172 vta. Por lo demás concedido el recurso extraordinario a fs. 173 y vta. Elevada la causa, la misma se radicó a fs. 176 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia y se llamó autos, quedando la cuestión en estado de ser resuelta.

2º) Que siendo este Tribunal el juez de los recursos extraordinarios ante él intentados corresponde que, con independencia del control ejercido por el tribunal apelado, nos expidamos previamente sobre la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad formal del recurso interpuesto, en un todo de conformidad a los arts. 10 y 11 de la ley 6.997.

3º) En tal cometido observamos que el fallo atacado reviste carácter definitivo atento que la acción no podrá ser renovada, porque se habría operado su prescripción, lo cual excepciona el principio de que las decisiones que declaran la caducidad de instancia no son definitivas.

4º) Sin embargo, constatamos un obstáculo a su procedencia, cual es el incumplimiento de las reglas establecidas por la Resolución Nº 1.197/07 del Superior Tribunal de Justicia y su Anexo.

5º) En consecuencia, evidenciamos que en la carátula invocó erróneamente la norma que confiere jurisdicción a este Superior Tribunal de Justicia para intervenir en el caso, pues mencionó el decreto-ley 1.407/62, el cual fue derogado expresamente por el art. 43 de la vigente ley 6.997 (art. 2 inc. j).

6º) Además, advertimos que la parte recurrente no ha cumplido acabadamente con lo dispuesto por el art. 3, inc. c), apartado I) de la mencionada normativa.

En el caso, vislumbramos una deficiente exposición de los hechos porque no desarrolla los fundamentos de la sentencia de segunda instancia. Lo señalado previamente configura un defecto formal que obsta a la viabilidad del recurso, en tanto se requiere para su idónea comprensión que su lectura haga innecesaria la del expediente principal a los efectos de pronunciarse sobre la admisibilidad de esta vía excepcional.

7º) A dicho déficit recursivo se le agrega la consecuente falta de refutación de todos y cada uno de los fundamentos que dan sustento a la decisión apelada en relación con la arbitrariedad planteada, lo cual implica también el incumplimiento de lo contemplado en el inc. c), apartado III del art. 3 de la resolución citada.

En efecto, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia -que rechazó el acuse de caducidad articulado por la demandada-. Para ello las camaristas consideraron que: a) desde el proveído de fs. 83 del 17/05/2011, donde se agregó el oficio diligenciado de la Cámara Nacional Electoral informando el último domicilio de la demandada, y hasta el escrito agregado a fs. 86 de fecha 04/04/2012, en el cual la actora solicitó se libre nuevo mandamiento en el domicilio informado por la mencionada Cámara, escrito proveído el 11/04/2012 (fs. 87), transcurrió con creces el plazo de tres meses (art. 290 inc. 2, CPCC); b) la presentación de fs. 86 y su correlativo proveído carecen de aptitud impulsoria al no haber sido consentidos por la contraria; c) la ejecutada formuló oportunamente expresa oposición, pues el 31/05/2012 se notificó en la diligencia del mandamiento de intimación de pago y embargo y citación de remate, y el 05/06/2012, dentro del plazo de tres días, interpuso revocatoria contra la aludida providencia de fs. 87 y sus actos consecuentes.

Frente a estas serias y razonadas manifestaciones, la impugnante se limita a calificar de arbitrario el fallo, sin oponer una crítica idónea, concreta, pormenorizada y frontal del pronunciamiento en crisis, que permita demostrar que las transgresiones constitucionales que alega son de tal magnitud que conlleven a la arbitrariedad de la resolución cuestionada. De hecho vislumbramos que la quejosa -antes bien-, pretende imponer su personal interpretación.

8º) Finalmente, en relación a la imposición de costas, la queja también aparece como una mera discrepancia con lo resuelto, que por tal no merece resguardo en esta sede extraordinaria al constituir lo decidido una derivación razonada de las normas procesales y el principio objetivo de la derrota que rige como regla en la materia.

9º) De todo lo expresado no se advierten excesos que merezcan la revisión de lo fallado, revelando la queja de la recurrente una mera discrepancia con sus conclusiones, en una materia discutida -fáctica y procesal-, que es ajena, en principio, a la instancia extraordinaria (Sent. Nº 288/12 y 310/12).

10º) En consecuencia, no habiendo satisfecho los recaudos prescriptos, corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 150/164 por la parte actora (art. 11, ley 6.997).

11º) Costas. Dado el resultado que propiciamos y lo dispuesto por el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, las correspondientes a esta instancia se imponen a la parte recurrente vencida.

12º) Regulación de honorarios. Respecto de los emolumentos profesionales del abogado S. F. M. (M.P. Nº 2.401) por el memorial de fs. 169/172 vta., atento a que la contestación del recurso extraordinario no satisface los recaudos establecidos en el art. 1 (cantidad máxima de renglones) del reglamento aprobado por la Resolución Nº 1.197/07 del Superior Tribunal de Justicia, exigidos para el responde del traslado previsto por el art. 26 de la ley 6.997, resulta procedente declarar su inoficiosidad y, en consecuencia, no regular honorarios al mencionado letrado.

Tampoco corresponde se estimen los de los abogados O. J. S. (M.P. Nº 391) y J. J. G. (M.P. Nº 6.469) en virtud de la declaración de inoficiosidad de la presentación de fs. 150/164, del modo en que se imponen las costas y lo dispuesto por el art. 2 bis de la ley 2.868 (t.o. ley 5.652).

Por las razones expuestas, esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora a fs. 150/164, contra la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 138/142 vta.

II.- IMPONER las costas de esta instancia extraordinaria a la parte recurrente vencida.

III.- DECLARAR INOFICIOSA la presentación de fs. 169/172 vta., no regulándose honorarios al abogado S. F. M. (M.P. Nº 2.401).

IV.- DECLARAR INOFICIOSA la presentación de fs. 150/164, no regulándose honorarios a los abogados O. J. S. (M.P. Nº 391) y J. J. G. (M.P. Nº 6.469).

V.- REGISTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase la presente por correo electrónico a la Sra. Presidente de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, y a la Sra. Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.

ALBERTO MARIO MODI-RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, MARTA SUSANA COLUSSI Abogada Secretaria