Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-27


COLLIN, Juan Carlos contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 202 p 128-135.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "COLLIN, Juan Carlos contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 411, año 1993), de conformidad con el acuerdo celebrado el día diecinueve del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. Juan Carlos Collin -por apoderado- deduce recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe tendente a que se deje sin efecto el decreto 1.312 del 10.6.1993 y los actos administrativos que le precedieron, y se condene a la demandada a abonarle indemnización por despido sin justa causa y los viáticos correspondientes a su situación oportunamente reclamados ante la Empresa Provincial de la Energía, todo debidamente actualizado (si correspondiese en función del período que comprende el reclamo), con más los intereses legales y las costas del juicio.

Relata que en fecha 11 de febrero de 1986 fue contratado por la Empresa Provincial de la Energía para que la represente ante Gas del Estado y por un período de cuatro meses; que el 30.6.1987 lo contratan nuevamente para el mismo fin "hasta el 31 de diciembre del mismo año, sin perjuicio del trabajo desempeñado durante el período intermedio" (sic); que al vencimiento de este plazo continuó desempeñando "eficaz y eficientemente su trabajo", percibiendo las retribuciones a las que tenía legítimo derecho; que en 1.2.1992, se le comunicó -vía telegrama- que a partir del 31.1.1992 se dejaba sin efecto su designación en la empresa poniéndose a su disposición la liquidación final por remuneraciones adeudadas.

Aclara que nunca se le notificó el contenido íntegro del decisorio respectivo.

Días después -continúa diciendo- percibió la suma liquidada por cese laboral "la que no incluyó la indemnización reclamada ni los viáticos devengados a los que tenía derecho", haciendo reserva en el recibo respectivo.

Añade que el día 14 de febrero del mismo año presentó un reclamo ante la Empresa por el pago de la indemnización, y que ante el silencio de la misma, interpuso el 14 de abril siguiente pronto despacho.

Y que por la falta de resultado positivo, el 25.9.1992, recurrió jerárquicamente; resolviéndose -previo pronto despacho- por decreto 1.312/93 el rechazo del remedio.

Luego de argumentar sobre la admisibilidad del presente recurso, expresa que "el único fundamento del decreto 1.312/93 radica en que las actuaciones no se encontraban al momento de ser deducido el remedio en estado de dictarse la resolución definitiva en razón de que no se había expedido el Asesor Letrado o Fiscalía de Estado, condiciones necesarias para tener por acreditado aquel requisito y habilitada la vía jerárquica".

Tiñe de inconsistente la decisión, toda vez que normativamente no se hace referencia -expresa o tácita- a la intervención de Asesoría Letrada o de la Fiscalía de Estado en los trámites previos a la interposición del recurso jerárquico.

En la iniciación de trámites o actuaciones administrativas y su posterior sustanciación, sostiene, tampoco se prevé dicha intervención; y que lo mismo se advierte en el "procedimiento previsto para las revocatorias" (sic).

Entiende que el trámite previsto para las apelaciones es distinto e inaplicable al jerárquico, y que el eventual dictamen es facultativo del Poder Ejecutivo; que el recurso jerárquico -además- es una defensa que operaría ante las demoras innecesarias e injustificadas de la Administración Pública.

Afirma que pretender aplicarle, al trámite del mismo, pautas procedimentales que necesariamente llevan a justificar tales demoras o avalar la existencia de las mismas resulta arbitrario.

Pone de resalto que la Administración podría eludir "indefinidamente" su responsabilidad de resolver una cuestión sometida a su consideración, con no pedir el dictamen del Asesor Letrado o de Fiscalía de Estado; con lo cual quien postula el reconocimiento de un derecho o bien debe limitarse a presentar una interminable cantidad de pedidos de resolución -sin poder deducir nunca el remedio- o corre el riesgo de que su pretensión se considere caduca por perención de instancia.

Asevera que los argumentos que sustentan el decreto 1.312 del año 1993 resultan falaces, arbitrarios e ineficaces, motivo por el cual cabe tener dicho acto como nulo por falta de motivación y fundamento adecuado.

Respecto del pago de la indemnización por despido y viáticos, señala que, al tiempo del distracto, la Empresa Provincial de la Energía y el personal empleado por ella se regían por las disposiciones de la ley 10.014 y el decreto 3.287/90; que le eran aplicables los extremos de la Ley de Contrato de Trabajo y de la Convención Colectiva de Trabajo 36/75; y que en virtud de ello debía ser indemnizado adecuadamente si el despido se operaba sin su culpa y como consecuencia exclusiva de la empleadora.

Puntualiza que "la liquidación final" no incluyó este rubro, lo cual motivó que percibiera bajo reserva y a cuenta del importe que resulte del posterior reclamo; y que, a causa de ello, la deuda continúa pendiente.

Niega el carácter político de su designación y del cargo desempeñado, en razón de que lo contrataron para la realización de una serie de trabajos comunes a todos los empleados y porque la relación de empleo perduró durante casi seis años; además, dice, la Administración no acreditó debidamente el invocado carácter político.

Plantea que aún en el supuesto de que la designación hubiese sido política -lo cual, a su criterio, se tendría que haber denunciado- correspondería el pago de la indemnización por despido, toda vez que ni la Ley de Contrato de Trabajo ni la Convención Colectiva de Trabajo aplicable efectúan distinción alguna al respecto cuando la prestación del servicio se ha prolongado durante tanto tiempo.

Alegar dicha causal -opina- para instrumentar el despido constituye lisa y llanamente una arbitrariedad y un menoscabo a los derechos de quien se ve afectado por la medida.

Solicita, en definitiva, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 41), comparece la demandada (f. 50) y contesta la demanda (fs. 56/59 vto.).

En el escrito de responde niega que: se deba pagar al actor el importe correspondiente a la indemnización por despido sin just Narra que el señor Collin fue contratado por la Dirección Provincial de la Energía en fecha 13.2.1986 hasta el 30.6.1986 y por resolución 447/86 del ente se aprobó dicho contrato, y un nuevo contrato de "locación de servicios" se suscribió entre ambas partes a partir del 1.7.1987 al 31.12.1987; que se lo contrató para su desempeño como representante de la D.P.E. ante Gas del Estado; que continuó en dicho organismo hasta el dictado de la resolución 610/91 de fecha 27.12.1991 que dejó "sin efecto las designaciones en las funciones de carácter político que oportunamente fueron asignadas..." -entre otros, Juan Carlos Collin-; que por telegrama colacionado del 31.1.1992 se le notificó que "Atento el carácter político de su designación en esta Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe comunícole que esta Intervención ha dispuesto dejar sin efecto la misma a partir del 31.1.92, liquidación final a su disposición en consecuencia queda Ud. debidamente notificado colaciónese".

Sigue diciendo que a fojas 20 y 21 del expediente 00101-0043255-3 obran la orden de pago y la liquidación final por cese laboral que efectuó la Empresa Provincial de la Energía recibiendo el importe de la misma con la constancia de que lo hacía "bajo protesta reservo acciones para percibir haberes indemnizatorios".

Plantea que la situación se encuentra regulada por el régimen del contrato de trabajo -ley 20.744- ya que su aplicación se encuentra prevista por el artículo 7 de la Convención Colectiva de Trabajo 36/75 y en la ley 10.014 en la cual, según el artículo 6 inciso v), la Empresa tiene la atribución de "contratar temporariamente profesionales de reconocida capacidad fijándoles sus atribuciones o los honorarios correspondientes...".

Expresa que se ha cumplido la condición establecida en la cláusula octava de los aludidos contratos que prevé que la D.P.E. puede "rescindirlo en cualquier momento sin obligación al pago de indemnización alguna, dando aviso al contratado con una antelación no menor de treinta días a la fecha que se determina para el cese del servicio".

Sostiene que este contrato de locación de servicios tiene carácter eventual según el artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo debido a las funciones que le fueron encomendadas al actor, y que no responden a "necesidades estables y normales" de la empresa, circunstancia que no admite la posibilidad de integrar el cuadro fijo del personal; y advierte que la reglamentación imperante en el ámbito, exige concurso y procedimiento de selección para cubrir cargos profesionales.

Manifiesta además, que la resolución 610/91 permite vislumbrar la mencionada eventualidad al disponer el cese de las personas designadas en funciones de carácter político; y que el hecho de que el agente no tenga como asiento físico, para el cumplimiento de sus tareas (como representante de la D.P.E. ante Gas del Estado, en Rosario) dependencia alguna de la Empresa, demuestra que no hacen al giro normal y habitual de la misma.

La situación de Collin -afirma- con posterioridad al vencimiento de los contratos puede encuadrarse como funcionario de facto que continúa ejerciendo las funciones luego de vencido el término por el cual fue designado o como funcionario político según los términos de la resolución por la cual cesó.

Reitera la improcedencia de la indemnización por el despido sin causa, toda vez que el actor percibió sus haberes con todas las bonificaciones por sus servicios.

Argumenta -con cita de Marienhoff- que el "funcionario de facto" carece de derechos y no puede reclamar el sueldo asignado al cargo o empleo y sí derecho a una indemnización del Estado por los beneficios que éste recibió como consecuencia de su actuación, en la medida en que exista enriquecimiento sin causa, cosa que no ha ocurrido en el caso, en tanto el actor percibió los sueldos correspondientes.

Asevera que no resulta procedente el requerimiento de abono de los viáticos, en razón de que no se encuentran justificados los mayores gastos originados en el cumplimiento de una comisión de servicios en un lugar distante de aquél en que el agente tiene residencia habitual.

Solicita que, en caso de declararse procedente el recurso, los intereses sean computados desde la fecha del reclamo administrativo y no por períodos mensuales anteriores no prescriptos.

Peticiona, en suma, se rechace por improcedente el recurso, imponiendo las costas del juicio al actor.

Abierta la causa a prueba (f. 60) y producida la que consta en autos, informan las partes sobre su mérito (fs. 104/105 vto. y 143/146). Dictada (f. 147) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

3. Tal como surge del relato que antecede, el actor pretende el pago de indemnización por despido sin justa causa, expresando -en síntesis- que, al haberse operado el despido sin su culpa y como consecuencia exclusiva de la empleadora, es acreedor del resarcimiento referido, tal como lo prevén el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la Convención Colectiva de Trabajo 36/75 y demás normas aplicables.

Sostiene que la Empresa Provincial de la Energía pretende justificar su accionar alegando el carácter político de su designación, siendo que no es ello así, ya que fue contratado para la realización de trabajos comunes a todos los empleados y la relación de empleo se extendió por casi seis años. Por otra parte, continúa, el invocado carácter político no encuentra sustento en instrumentos apropiados. Por el contrario -afirma-, el cargo no está incluido en la estructura de la empresa entre aquellos que pueden ser caracterizados como políticos.

Más todavía -alega-, aun en el supuesto de haber sido política su designacíon, igual correspondía el pago de la indemnización por despido, ya que ni la Ley de Contrato de Trabajo ni la Convención Colectiva de Trabajo aplicable hacen distinción alguna cuando la prestación del servicio se ha prolongado durante tanto tiempo. Expresa que utilizar sus servicios en forma contínua y en igualdad de condiciones con los demás empleados y luego invocar una supuesta causal política para instrumentar el despido es arbitrario e implica un menoscabo a sus derechos.

La Administración demandada se opone a la pretensión indemnizatoria del accionante por entender que su situación se rigió al principio por contratos de locación de servicios, que tienen carácter eventual según el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que no respondían a necesidades estables y normales de la empresa, circunstancia que a su juicio no admite la posibilidad de que se integre el cuadro fijo del personal (más aún cuando la reglamentación imperante exige concursos y procedimientos de selección para cubrir cargos profesionales).

Continúa expresando que la situación de Collin luego de vencidos los contratos puede equipararse a la de un funcionario de facto al que se le abonó el sueldo y por esa razón carece de derecho a indemnización alguna.

Así resumidas las postulaciones de las partes, corresponde determinar la naturaleza de la relación que las vinculó.

En tal sentido, el recurrente, si bien reconoce que ingresó como contratado, pone énfasis en la extensión de la relación (casi seis años) y en el desempeño de tareas comunes a los demás empleados; la demandada expresa que inicialmente estuvieron vinculados por contratos de locación de servicios y luego de vencidos la situación del actor es equiparable a la de un funcionario de facto.

De la observancia de las constancias obrantes en autos, se advierte que en 11.2.1986 se firmó entre Juan Carlos Collin y el Administrador General de la D.P.E. un "contrato de locación de servicios", "de orden administrativo", para el desempeño de aquél como Representante de la D.P.E. ante Gas del Estado, desde el 13.2.1986 hasta el 30.6.1986 (f. 6, expte. adm. 1-88-102304, del registro de la Empresa Provincial de la Energía).

Luego, por resolución 447, del 10 de marzo de 1986, el Administrador General de la D.P.E., considerando "que la Dirección Provincial de la Energía, de acuerdo con el artículo 6 inciso 10 de la ley 8.066, está facultada para designar personal contratado por el plazo de seis (6) meses calendarios", dispuso la contratación de Collin a partir del 13.2.1986 y hasta el 30.6.1986 para desempeñarse como representante de la D.P.E. ante Gas del Estado (f. 11, expte. adm. cit.).

Posteriormente, en 17 de junio de 1986, se celebró, entre las mismas partes y con similar contenido que el de fecha 11.2.1986, otro contrato de locación de servicios, con vigencia entre el 1.7.1986 y el 31.12.1986 (f. 7, ídem).

De los referidos instrumentos, surge inequívoco que el actor no fue designado para integrar la planta de personal permanente y de ninguna manera puede acordarse a la relación que allí se originó un carácter que evidentemente no se colige de la letra de los contratos ni de la resolución aludidos.

Es que claramente surge de los términos referidos que el actor fue "contratado" para desempeñarse como representante de la entonces Dirección ante Gas del Estado, por un término limitado, pudiendo rescindirse el vínculo contractual sin obligación de pago de indemnización alguna, previo aviso con la antelación que se establecía.

Dicha modalidad se ajusta a lo normado por el artículo 8 de la ley 8.525, en la Sección 2da. correspondiente al personal no permanente.

Por lo demás, el recurrente suscribió los contratos y durante el transcurso del vínculo no cuestionó la calidad de agente contratado, sino recién cuando ulteriomente se dispuso su cese, lo que torna aplicable la doctrina sentada por esta Corte en la causa "Tempesta" (A. y S. T. 113, pág. 40), según la cual la aceptación por parte del recurrente de tal situación le veda reclamar los derechos emergentes de la estabilidad en el empleo, dado que, de otro modo, se violentaría el principio que impide venir contra los propios actos, sin que los argumentos del recurrente alcancen a desvirtuar la relevancia jurídica de su proceder.

La salvedad establecida en el artículo 3 del Estatuto General del Personal de la Administración Pública provincial (ley 8.525) es por demás de elocuente en cuanto a que todos los nombramientos del personal invisten carácter permanente "salvo que se exprese lo contrario en el acto de designación", y esto sucede en la especie, en que específicamente se consignó el carácter de "contratado".

Descartado el ingreso de Collin a la planta de personal permanente, deviene inaplicable al caso el artículo 4 de la ley 8.525 siendo también su consecuencia necesaria la falta de estabilidad, en tanto el artículo 15 de dicha ley excluye tal derecho de entre los previstos para el personal no permanente.

En este punto debe considerarse, en relación con la contingencia alegada por el recurrente relativa a que se desempeñó de modo ininterrumpido por un extenso período, que esa mera circunstancia no permitiría -sin más- convertir una relación que fue originada como no permanente -y consentida en lo relativo a esa calidad por el propio recurrente, quien no hizo cuestión alguna durante el vínculo, como se dijo- en una de carácter permanente, por cuanto ello importaría, lisa y llanamente, soslayar el exhaustivo régimen de ingreso previsto por el Estatuto a la planta de personal permanente.

Con relación a lo también afirmado por el recurrente, resulta aplicable al "sub lite" la jurisprudencia del más Alto Tribunal que afirma que el eventual carácter permanente de las tareas asignadas no importa borrar el título que dio origen al nombramiento, el que por estar sujeto a plazo fenece cuando aquél expira (Fallos: 312:1372).

Por otra parte, la continuación del desempeño de las tareas aun después de finalizados los lapsos para los cuales había sido contratado no modifica la situación del actor, ya que atento el carácter de la relación que vinculó al recurrente con la accionada -contratado- el vínculo expiraba con la finalización del contrato, sin que tuviera virtualidad de modificar dicha situación la circunstancia de que la relación se haya mantenido, de hecho, por algún tiempo más. Tal situación, habrá podido acarrear alguna consecuencia, "pero de ningún modo el derecho a que se lo considere personal permanente" ("Rivero", A. y S. T. 134, pág. 95).

Iguales consideraciones merece la circunstancia de que a través de la resolución 59, del 31 de mayo de 1988 se hubiera dispuesto la adscripción (conjuntamente con la de otro agente) de Collin al Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda para cumplir funciones en la Coordinación General de Gasoductos Regionales (en función de que "...razones de servicios lo hacen aconsejable, y en virtud de la delegación otorgada por Resolución N 117/88"), ya que según surge de la propia resolución que dispone tal adscripción, se parte de la calidad de "agentes de la Empresa Provincial de la Energía" -sobre lo cual se han vertido las consideraciones que anteceden- y por cuanto la particularidad de que se disponga una "adscripción" indudablemente es insuficiente a los efectos de modificar el carácter de personal no permanente para transformarlo -sin más- en uno perteneciente a la planta permanente.

Por todo lo cual, la inicial vinculación del recurrente con la Administración como contratado, seguida del otorgamiento de una adscripción, hasta que se decidió poner fin a la relación, importó dejar al actor al margen de las normas de estabilidad que el régimen estatutario otorga al personal permanente, lo cual acarrea la consecuencia que no le asiste derecho alguno que se funde en dicha calidad.

En lo atinente al reclamo de abono de viáticos, el actor en su escrito introductorio destaca que "...todas las constancias que hacen a este rubro se encuentran agregadas al expediente n ... el cual oportunamente será requerido para el trámite de esta causa" (f. 16 vto., autos).

Pero como sustento de dicha pretensión tal afirmación aparece como manifiestamente insuficiente, en tanto no introduce, aunque más no sea mínimamente, consideración o elemento alguno que permita al Tribunal - independientemente de la dificultad probatoria propia de ítems como el reclamado- entrar a considerar la procedencia del rubro.

Al respecto, debe recordarse que el artículo 24 de la ley 4.106 establece que la demanda deberá contener: "a) La relación de los hechos y el derecho en que se funde, acreditando la personería del compareciente y la jurisdicción contencioso administrativa; b) Los documentos que justifiquen la titularidad del derecho que se reclama,...; c) Testimonio de la resolución impugnada, con expresión del expediente en que hubiese recaido; d) La petición en términos concretos".

En autos, el recurrente, tanto en lo que respecta a la afirmación detallada de los hechos (en relación con el rubro en cuestión), como en lo relativo al alcance de la pretensión (también respecto de los viáticos reclamados) no hace un desarrollo argumental que permita al Tribunal entrar siquiera a considerar el rubro.

En las constancias obrantes en sede administrativa, puede observarse que en lo atinente al reclamo de pago de viáticos, al interponer recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo el actor alude a "...los viáticos que me correspondían que ascienden a la suma de $ 868, pero se pagó $ 759, luego el saldo es $ 109" (f. 1 vto., expte. adm. 00101-0043255-3).

También se advierten constancias relacionadas con liquidaciones correspondientes a gastos efectuados por el actor (fs. 36/39, expte. adm. 00601-0009704V), pero ni de tales actuaciones administrativas ni de autos surge la existencia de gastos efectivamente realizados por el actor en cumplimiento de comisiones de servicios, que ameriten su devolución por la Administración.

Las razones expuestas me conducen a votar por la negativa.

Las costas habrán de imponerse al recurrente (art. 84, ley 4.106).

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri y Vigo, y el señor Presidente doctor Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto, con costas al actor.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Netri y Vigo, y el señor Presidente doctor Falistocco dijeron que la resolución que debía adoptarse era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto. Costas al actor.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)