Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-23


R., R.

Reg.: A y S t 213 p 392-394.

Rosario, 23 de mayo del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el encausado R. R. contra la sentencia 102 del 7 de junio de 2005, dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Vera en autos "R., R. -Inc. de Aplicación de Leyes 25.882 y 25.886-" (Expte. C.S.J. nro.392, año 2005); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso de inconstitucionalidad local, la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Vera confirmó la decisión del 10.09.2004, dictada por el Juez de Ejecución Penal de la ciudad de Coronda que denegara el pedido de modificación de la pena solicitada por el interno R. R., manteniendo el cómputo oportunamente practicado en la causa respecto de ella (fs. 51/56).

En el libelo introductor del remedio previsto en la ley 7055 (vid, escritos de fs.

64/67 y 69/70), sostuvo el impugnante que la decisión de la Alzada resulta violatoria del debido proceso y del principio de legalidad y retroactividad previstos tanto en la Constitución Nacional cuanto en la Carta Magna local.

Alegó -en síntesis- que con la ley 25.882 se crea un nuevo tipo penal -robo con armas en el que no pudo por ningún modo acreditarse la aptitud para el disparo-; es decir, si un robo se comete con un arma aparentemente de fuego, pero no se peritó su aptitud, cae indefectiblemente en el tipo penal del inciso 2 , último párrafo del artículo 166 del Código Penal que prevé una pena de prisión o reclusión de tres a diez años.

En ese orden de ideas, afirmó que en el caso, no se aplicó el artículo 2 del Código Penal y, por ende, el nuevo tipo penal del artículo 166 inciso 2 del mismo cuerpo normativo, lo que importa -según dijo- un supuesto de gravedad institucional que justifica la concesión del recurso.

La Cámara a quo, por auto 181 del 29.08.2005 denegó la concesión del medio impugnatorio deducido por entender que no había mediado oportuna introducción de la cuestión constitucional, sin que tampoco se vislumbrara la existencia de un supuesto de gravedad institucional (fs. 79/81).

Tal denegatoria, motivó la presentación directa del interesado ante esta sede (vid, f. 88 y fs. 90/92).

2. Ha de señalarse, en primer lugar, que este Cuerpo ha seguido las pautas elaboradas por el Máximo Tribunal de la Nación, las que han afianzado una directriz muy importante: "la garantía de defensa en juicio impone un especial cuidado en la consideración de la admisibilidad del recurso extraordinario cuando, especialmente se encuentran involucradas personas privadas de su libertad..." (Fernández, Jorge", publicado en Doctrina Judicial, 1987-II-481), es decir, ha perfilado un concreto ablandamiento de los requisitos formales de interposición del recurso extraordinario.

Ello implica que, de advertirse incumplidos ciertos recaudos que hacen a la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad local, como resulta ser el oportuno planteo de la cuestión constitucional reputado ausente por el a quo en el auto denegatorio, tal situación no puede gravitar en desmedro de los condenados que se hallen privados de su libertad (en tal sentido, A. y S. T. 200, págs.

304/304; T. 204, págs. 217/220).

Sentado ello, la postulación del compareciente no ha de tener favorable acogida, por cuanto pese a acusar al fallo de carecer de las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, del desarrollo de los agravios en su confrontación con los fundamentos de la sentencia impugnada, surge que en los planteos del enjuiciado prima su disconformidad con lo resuelto por los juzgadores de grado en ejercicio de funciones propias, ámbito que resulta extraño al remedio deducido.

Así, lo alegado por el justiciable, en torno a que debió de haberse hecho lugar a su petición de practicar un nuevo cómputo de la pena que viene cumpliendo a la luz de lo dispuesto por el nuevo artículo 166 del Código Penal, atento a que no se ha probado de ningún modo la aptitud para el disparo de las armas utilizadas, no logra conmover el criterio con el que el Tribunal a quo analizó las circunstancias fácticas de autos y en función de ellas, consideró que "se ha acreditado la aptitud para efectuar disparos de las armas secuestradas y usadas por los condenados en el hecho" (f. 54vto.).

En efecto, ante la pretensión de aplicar al sub caso la ley 25882 a la luz del artículo 2 del Código Penal, la Cámara a quo, tras puntualizar que, atento que el nuevo tipo penal que el recurrente pretende se aplique al caso de autos prevé una forma atenuada, debía determinarse si realmente se había acreditado en el proceso que las armas utilizadas en el hecho eran o no aptas para efectuar disparos o si tal aptitud no ha sido probada, dejó claramente sentado -como se dijera- que "en el caso concreto se ha acreditado la aptitud para efectuar disparos de las armas secuestradas y usadas por los condenados en el hecho" (f. 54vto.).

En tal sentido, aseveró que si bien no se había practicado pericial balística tendente a la determinación de la aptitud, existían ciertas circunstancias que demostraban lo afirmado, aludiendo a que se había demostrado que las armas utilizadas para amedrentar a las víctimas se hallaban cargadas, con sus proyectiles colocados en sus respectivos cargadores y una de ellas inclusive con una bala en la recámara, como así también que el arma que fuera secuestrada con la bala en la recámara había sido reconocida por el ahora recurrente como la que tenía uno de los autores -Marquardt- cuando los rodeó la policía y con la cual se quiso matar, lo cual "también aporta un elemento indiciario de fuerte valía para considerar que era apta para efectuar disparos" (f. 55).

Tuvo también en cuenta que "...al momento del dictado de la condena, el a-quo entendió que el robo se agravaba por el empleo de armas...habiendo cobrado firmeza que las armas secuestradas fueron las utilizadas en el hecho, no habiendo sido cuestionada su aptitud para efectuar disparos por las partes, en ninguna de las instancias" (f. 55).

Coligió, entonces, que debía quedar incólume la calificación del fallo condenatorio en los términos del artículo 166 inciso 2 del Código Penal en su anterior redacción, por ser ley más benigna que el correspondiente a la actual redacción por cuanto en la nueva ley el robo agravado por el uso de armas de fuego se castiga con una penalidad mayor.

En definitiva, frente al fundado criterio adoptado por la Alzada que se reseñara, los planteos del recurrente en torno a la aptitud del arma para efectuar disparos que pone ahora a consideración como decisiva para la aplicación de la ley penal más benigna y que, tal como apuntara la Cámara, no habían sido motivo de cuestionamiento alguno en ninguna de las instancias, demuestran su falta de asidero constitucional para operar la apertura de esta instancia de excepción, desde que quedan reducidos -como se dijera más arriba- a un mero disenso para con lo resuelto por los jueces de la causa en ejercicio de funciones propias, circunstancia que en modo alguno puede descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido.

Las razones apuntadas determinan, sin más, la desestimación del presente recurso.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.