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Derecho procesal, recurso de casación, improcedencia del recurso, resoluciones judiciales, sentencia no firme, denuncia de daño temido
Materia: PROCESAL
Carátula: Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz s/ Denuncia daño temido
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-09-27

Toda resolución jurisdiccional sobre denuncia de daño temido que no contenga efectos de reparación, demolición, destrucción (como consecuencia de no haberse logrado probar en la causa "grave riesgo, urgencia en removerlo y temor de daño serie e inminente") transformará en forma inmediata la naturaleza propia del daño temido, en una común e igualadora a todas las medidas cautelares reguladas, careciendo de la nota de definitividad esencial para la viabilidad de la instancia extraordinaria provincial.
Marcas, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Gloria  S.A. c/ Embajada  de Suiza en la República Argentina s/ cese de oposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-29

Los incumplimientos que invoca la recurrente no son atribuibles a su adversaria sino al I.N.P.I., organismo que -como lo señaló el señor Fiscal Federal- no es parte en estas actuaciones, de modo que las circunstancias alegadas mal pueden erigirse en óbice para que la actora pueda reclamar la intervención del poder jurisdiccional, máxime cuando no se advierte la existencia de un vínculo concreto entre los actos que omitidos y la posibilidad de dirimir esta contienda. En este orden de ideas, importa destacar que a pesar del profuso detalle de omisiones que suministra la accionada sobre el trámite a observar, no ha explicitado en qué forma esos defectos han implicado una violación para el ejercicio de su derecho de defensa en juicio, extremo que tampoco resulta evidente de las constancias de la causa.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, derechos reales, indemnización
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: VICTOR SANTESTEBAN Y CIA S.A c/ PROPIETARIO EDIFICIO COLOMBRES 415 Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS    INDEMNIZACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-05

Es descalificable el pronunciamiento que -fallando ultra petita- tomó en cuenta, para el cálculo indemnizatorio, el total del valor de reposición del metro cuadrado de superficie cubierta cuando la accionante, si bien indica montos, también fija porcentajes, y solicita como indemnización el 50% del Beneficio obtenido por invasión del espacio aéreo, estimando dicha utilidad en el 40% del valor de plaza de la construcción.
Procedencia parcial, responsabilidad médica, eximentes de responsabilidad, médico cirujano, médico ayudante, médico de guardia, muerte del paciente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Torres, Luis Ángel y otros c/ Cura, Marcelo y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2023-05-17

Cabe hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación incoados por la parte demandada y por la aseguradora citada en garantía, y en su mérito, eximir de responsabilidad civil a uno de los médicos demandados -cirujano ayudante- y confirmar la sentencia cuestionada respecto de los demás sujetos demandados y condenados. Para decidir así, se señala que el médico ayudante no toma decisiones sobre la cirugía y el seguimiento post-operatorio de la paciente no forma parte de sus actividades; durante la intervención quirúrgica sólo responde a requerimientos de la cirujana titular, pero carece de autonomía y en consecuencia, de responsabilidad civil por el hecho del deceso de la paciente a posteriori de la cesárea practicada por la médica a cargo. En relación al otro médico demandado -médico de guardia-, vale decir que no son atendibles sus quejas al pretender deslindar su responsabilidad en tanto si bien no participó en la cirugía -de la que posteriormente resultó el óbito de la paciente- ni tampoco tuvo a su alcance la información necesaria respecto de dicha intervención al no constar en la historia clínica, lo cierto es que más allá de esas circunstancias, en ningún momento se comunicó con la cirujana a cargo de la cesárea realizada a la víctima a efectos de recabar algún tipo de información sobre el estado grave de la paciente; y aún cuando ese accionar no hubiese formado parte de la práctica médica habitual, del dictamen pericial médico se concluye que el apelante no actuó con la diligencia, pericia y premura que exigía la gravedad de la paciente.
Acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: METALMINA S.A. s/ RECURSO DE CASACION-Concurso Preventivo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-06-09

El art. 52, primer párrafo, de la Ley 19.551 estatuye que para que se considere aceptada la propuesta se requiere la concurrencia de las mayorías de capital y de acreedores establecidas por los arts. 55 a 57, con lo cual recepta claramente el sistema de la concurrencia de dos mayorías para la aceptación del acuerdo, esto es, mayoría de acreedores presentes y mayoría de capital total computable.

El importe total del crédito de los acreedores verificados o admisibles con derecho a voto, se hallen o no presentes sus titulares, conforma el rubro capital; en cambio, la mayoría personal se decide en función de quienes estuvieren presentes.

Este sistema de doble mayoría permite consultar la opinión de todos los interesados y contemplar todos los intereses, ya que responde al propósito de contrapesar los dos factores determinantes del cómputo, de manera que el número de acreedores y el capital computable influyan recíprocamente para formar mayoría, permitiendo así consultar en todos los casos la opinión de la minoría. Y ello así porque existe la posibilidad de que el mayor número de acreedores pueda tener la menor suma de valores del pasivo, e inversamente, la mayor parte de los capitales comprometidos puede corresponder a un menor número de acreedores.
Sentencia interlocutoria, daños y perjuicios, recursos, recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, monto del juicio, procedencia del recurso, determinación del monto
Materia: CIVIL
Carátula: Cardano, Gustavo Fabián c/ Gigli, María Luisa Liliana Margarita s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-02-26

Aún cuando al tiempo de la demanda el valor de lo reclamado superaba el mínimo exigido de 500 (quinientos) Jus que impone el artículo 278 del Código de Procedimiento Civil y Comercial -conforme ley 14.411 y Acordada 3896/18 vigente al articularse el recurso- si al momento de interponerse el recurso extraordinario, el monto no alcanza ese mínimo, no puede acogerse la queja (art. 292, C.P.C.C.) que pretende se consideren los valores actualizados.(doctor Soria, mayoría)
Tribunal de cuentas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saint Jean, Ibérico Manuel y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

La Suprema Corte carece de competencia para conocer de impugnación traídas contra las decisiones del Tribunal de Cuentas ya que el artículo 26 de la ley 4373 es contrario al artículo 149 de la Constitución de la Provincia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), sentencia condenatoria, sentencia consentida, plazos procesales, vencimiento del plazo, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: BUNGE, M Y OTRO s/ RECURSO APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-09-12

1) En situaciones límites donde se pone en crisis el juicio de culpabilidad, cabe examinar con toda amplitud el veredicto que sólo fue recurrido por el Sr. Fiscal por la menor pena. Ello en resguardo del derecho de defensa en juicio, que no puede ser frustrado por una aplicación rigurosa y formalista de una norma procesal, en detrimento del derecho material.

2) Es de destacar que la procesada no consintió expresamente el decisorio, sino que se operaron los plazos legales sin haberlo impugnado, por lo que no puede inferirse de ello que acepte su juicio de responsabilidad y que por ello quede a su respecto inmodificable el fallo -con los límites de la reformatio in pejus-
Prueba pericial, honorarios del perito, perito de parte, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: AGUILERA, Jesús Medardo c/ HOSPITAL POLICIAL CHURRUCA VISCA y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-27

Si la tarea encomendada por el magistrado al titular de una cátedra universitaria, excedió el marco del art. 476 del Código Procesal, en tanto se le requirió la realización de una pericia que fue valorada al momento de dictar sentencia, corresponde regular honorarios a favor de dicho profesional.

La supresión del apartado segundo del antiguo art. 477 del Código Procesal por la ley 22.434, que preveía honorarios retributivos a la labor científica o técnica encomendada, no implica que el derecho a los honorarios no subsista, en tanto deriva también de disposiciones de fondo como son los arts. 1627 y 1628 del Código Civil.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, acciones posesorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Universidad  Tecnológica  Nacional c/ Consultar Emprendimientos yNegocios S.A. (C.E.N.S.A) s/ sumario acción posesoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-18

Resulta confusa y contradictoria la sentencia que comenzó admitiendo que no se trataba de una acción posesoria, pero luego consideró el valor económico del pleito como si lo fuera.
Allanamiento, alimentos atrasados
Materia: CIVIL
Carátula: A., C. A. c/ A., J. V. s/ ALIMENTOS Y LITIS EXPENSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2015-02-04

El allanamiento consiste en la declaración de voluntad del demandado de someterse a la pretensión de sentencia solicitada por el actor en la demanda, en el caso, al aprobarse la planilla de liquidación de alimentos atrasados y ante la falta de oposición del demandado, el A-quo debió aprobarla -o no- y no tenerlo por allanado ni darle el trámite correspondiente a dicho modo anormal de terminación de proceso, sin perjuicio de ello, no se advierte que dicha circunstancia cause agravio al apelante, en tanto el allanamiento debe entenderse como la aceptación de la suma consignada en la planilla.
Intereses, tasas de interés, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: LARVIK S.A. c/ VILANOVA AGRA, MANUEL Y OTRO. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-13

Tratándose de un capital revalorizado en función de la pérdida del poder adquisitivo del signo monetario, corresponde limitar la tasa de interés a abonar, entre compensatorios y punitorios, a la del 15 % anual (conf. C.N. Civ. Sala A, R.E.D. 14-519 Nro. 62 y E.D.

83-375; Sala B, E.D. 112-165; Sala C, E.D. 107-562, E.D. 86-480, E D. 85-646 y E.D. 83-289; Sala F, E.D. 93-695; Sala G, E.D. 92-585;

Sala E, E.D. 102-381, R.E.D. 14-519 Nro. 63 y E.D. 83-664).

Dicha limitación no rige en aquellos supuestos en los que la actualización del capital se efectúa sin pautas rígidas y sin llegar a cubrir en forma total la aludida pérdida del valor adquisitivo, puesto que en tales casos la tasa de interés debe responder a pautas igualmente flexibles ( conf. arg. C. N. Civ. Sala C, L.L. 1975-B-92;

C.N.Civ. y Com. Fed. Sala I, E.D. 107-252). Si la función de la recomposición del capital por el envilecimiento del valor de la moneda se encuentra cumplida acabadamente con la revalorización matemática realizada conforme índices oficiales, es claro que, para no violentar los principios consagrados en los artículos 953 y 622, 2do. párrafo, del Código Civil, deba recurrirse al recurso de reducir los intereses pactados ( conf. C.N. Civ. Sala A, E.D. 83-675 ; Sala C, E.D. 85-645 y Sala E, E.D. 83-664). De ello se infiere que si el reajuste por depreciación no es total, debe como contrapartida aceptarse una tasa de interés superior a la reconocida por la mayor parte de la jurisprudencia y que si estuvo pactada por las partes contratantes lo fue con la finalidad de sancionar al incumplidor, lo que obliga - a la luz de lo estatuído por el art. 1197 del citado código - a respetar la palabra libremente empeñada, "pacta sunt servanda".
Recurso de casación, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: MOÑO AZUL S.A. s/ QUEJA EN 'GARCIA, JOSE A. Y OTROS C/ MOÑO AZUL S.A. S/ RECLAMO'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-03-12

Corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto cuando las presuntas violaciones a la "doctrina legal" esgrimidas por el quejoso en oportunidad de interponer el recurso principal y reiteradas al acceder por la vía de hecho no van acompañadas de la cita de ningún -eventual- precedente del alto tribunal provincial, requisito este imprescindible cuando se pretende la casación con fundamento en tal causal.
Empleados públicos, prescindibilidad, indemnización, empleo público, recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, daño irreparable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VITALI, HUGO ARMANDO Y ROLDAN, OLGA LIDIA CABIAL c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   INCIDENTE DE SUSPENSION MEDIDA ADMINISTRATIVA.     CSJ EXPTE NRO 704-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-02-25

El cese de un agente como interino puede causar perjuicios patrimoniales reparables susceptibles de ser resarcidos por la vía de una indemnización en dinero que la demandada -Municipalidad- puede satisfacer, por lo que el Tribunal entiende no acreditada la existencia de un daño irreparable. Por ende, corresponde denegar el pedido de suspensión de la medida administrativa impugnada.
Alimentos, obligación alimentaria entre parientes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GIROD MARIA ALEJANDRA Y OTRA c/ GIROD OMAR RENE s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-07-06

La obligación alimentaria entre pariente, radica en el deber de solidaridad que existe o debe existir entre los miembros de un grupo familiar, basado en la fuerza y esencia del vínculo que los une, se impone respetar la proyección social de la obligación alimentaria entre parientes y su razón de ser, cual es que todos quienes están ligados por lazos de sangre cumplan con el deber moral de colaborar a concretar el bien personal de los integrantes de la comunidad familiar.
Daño por vicio o riesgo de la cosa, caso fortuito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIACAVA DE LOPEZ RELISA JUANA c/ HECTOR RAMON LIMA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S113 - 139)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-06-10

Sabido es que el art. 1113 C.C., reformado, dispone que "si el dano hubiese sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, solo se eximira (el dueno o guardian) total o parcialmente de la responsabilidad acreditando la culpa de la victima o de un tercero", sin decir nada del caso fortuito, como tambien que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria han entendido que al no rechazar la norma en trato explicitamente el caso fortuito, este juega como eximente, mas solo cuando se trata de un hecho de proveniencia externa, con exclusion del accidente inherente al funcionamiento, a la existencia, a la utilizacion de la maquina. La regla de la liberacion en los supuestos de caso fortuito ajenos o extranos, emana directamente de los principios generales, ya que aunque la cosa presente riesgos o tenga vicios, si el dano ha derivado de un caso fortuito sin relacion alguna con ellos, no hay fundamento alguno para que la responsabilidad se mantenga
Medidas cautelares, peligro en la demora, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: LEGGIERI  PAULA  CRISTINA  Y  OTROS c/ SWISS  MEDICAL  MEDICINAPRIVADA s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-04

No se puede descartar que la falta de continuidad de la prestación escolar del menor en el Colegio San Gabriel de Vicente López, al que asiste por lo menos desde el ciclo lectivo anterior, pueda repercutir negativamente en su estado de salud o en su evolución adecuada en el proceso educativo (confr. CFed.

La Plata, Sala 3, doctr. de la causa "M., G. A. y otra en representación de M. B. c/ OSECAC s/ acción de amparo, del 8-5-2000, ED del 5-9-2000), circunstancia ésta que pone de manifiesto la necesidad de asegurar su permanencia (doctr. Corte Suprema, Fallos 327:5373), extremo que basta por sí sólo para acreditar el peligro en la demora en obtener la cautela solicitada. Todos los niños tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación (art. 24, inc. 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño).
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PALADEA, YOLANDA NOEMI c/ BRAVO, DANTE EDGARDO s/ ALIMENTOS ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-15

El deber alimentario se funda en el deber de solidaridad que subsiste entre los cónyuges, ya sea tras la sentencia de separación personal o entre quienes fueron cónyuges tras la sentencia de divorcio, no obstante no contar a su favor con la declaración de inocencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, presunción de culpa, responsabilidad del conductor, bocacalle
Materia: CIVIL
Carátula: ATORINO, FRANCISCO c/ GERMINO, SILVIA IRENE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-26

Si el vehículo del damnificado atravesó más de la mitad de la bocacalle, ello permite imputar al accionado la responsabilidad por el accidente, ya que no rige la prioridad en el cruce de la bocacalle respecto del vehículo que ya ha traspuesto la mitad de la misma.
Municipalidad, embargo, levantamiento del embargo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Corzo, Edgardo Jesus c/ Municipalidad de Huillapima s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-04-23

La motivación del juez para determinar el levantamiento de la cautelar se ajusta a la previsión constitucional del art. 253 inc. 5, toda vez que el mismo refiere a la formación del Tesoro Municipal, el que se integra, entre otros rubros, con la participación obligatoria en la proporción que deberá establecer la ley en producto líquido de los impuestos nacionales y provinciales que se recauden en su jurisdicción. En ningún caso se podrá trabar embargo sobre las rentas municipales, salvo que estuvieran afectadas al pago del crédito que se demanda.
Alimentos, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Goñi, Enrique Hugo s/ Incidente disminución cuota alimentaria en autos:Goñi, Enrique c/  Marcos, Beatríz s/Divorcio por presentación conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-08

Resulta competente para entender en el incidente sobre reducción de cuota alimentaria el Juez del proceso en el que dicha cuota fue convenida y homologada (art. 6 inc. 1º del cód. proc.). A lo dicho se suma, en el presente caso, lo dispuesto por el art. 228 del cód.civil, según ley 23515).-
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Ballesteros, Enrique Daniel; Décima, Agustín Humberto s/ Robo calificado Payong o Payon, Roque Luis s/ Robo agravado Hang, Guillermo Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22|1998-03-10|2000-08-30

La interpretación de la ley debe ser sistemática, sin atribuirle incongruencia. Para la inmensa mayoría de la llamada doctrina subjetiva la ley considera calificado el robo cometido con un revólver descargado -a cuyo fin le llama arma- y, en cambio, tiene por robo simple el realizado con un revólver de juguete. La incongruencia se hace aún más evidente en el caso de quienes afirman que la utilización de juguetes o réplicas (también la de un dedo que "apunta" desde un bolsillo) satisface la exigencia de la agravante del robo en cuestión. Así lisa y llanamente se reemplaza el significado del vocablo "armas" que contiene la ley por una construcción extensiva que realiza el intérprete que nada tiene que ver ni con la acepción técnica ni la vulgar del término empleado por la norma, incorporándole ingredientes que la desnaturalizan por completo creando un nuevo tipo penal.
Contestación de la demanda, falta de contestación de la demanda, carga de la prueba, presunción legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Pauletto Juan José c/ Club Guaraní Antonio Franco s/ Laboral por indemnización de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-10

Si la incontestación de la demanda sienta una presunción de verdad de lo afirmado por el actor, es evidente que quien cuenta con presunción a su favor no tiene carga probatoria alguna. Al contrario, el demandado silente es quien a partir de la incontestación asume la carga de probar.
Derecho constitucional, Constitución Provincial, división de poderes, acción de amparo, competencia por el grado, competencia por la materia, jerarquía de las leyes, juicio político, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: González, José Luis s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-09-05

Toda cuestión justiciable causada por la actuación o acto de alguna de las funciones en que se distribuye el Poder del Estado Provincial -Función Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Municipal- y cuya solución deba hacerse por aplicación de normas de derecho público local, compete en modo originario entender a este Tribunal Superior de Justicia, por aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 141 punto 3 párrafo 1º y 2º de la Constitución Provincial, salvo mandato legal expreso en contrario. El artículo 380, párrafo segundo apartado 1º del C.P.C. no puede ser aplicado, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 6º de las disposiciones transitorias de la Constitución Provincial. Ya que la competencia del Tribunal Superior de Justicia debe partir ineludiblemente de la Const. Prov., más concretamente del art. 141 y no de una norma de menor jerarquía institucional -Ley. Atento al objeto y a la causa de la pretensión demandada -(Amparo contra la Sala de sentencia del Concejo Deliberante del Dpto. Angel Vicente Peñaloza en la persona de su Presidente, a fin de que haga cesar restricciones que se imponen al derecho de defensa en el juicio político que se le sustancia al actor de autos)-, la naturaleza de la misma y el derecho aplicable para la solución del caso -normas locales referidas a la inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 29 de la Const. Prov.)-, en la especie se configura una cuestión contenciosa constitucional, referida a la actuación de un órgano de una de las Funciones del Estado Provincial, en el ámbito del derecho público, sin que el ordenamiento jurídico determine en modo expreso cuál es el órgano judicial con competencia jurisdiccional específica para intervenir en cuestiones de tal índole. Corresponde entonces por aplicación del principio general de derecho, contenido en el art. 16 del Código Civil, que este Tribunal supla el vacío por la aplicación de preceptos análogos que permitan determinar el órgano judicial al cual de una forma razonablemente implícita, le está otorgada la competencia, en razón de la materia en examen.