Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-05-06


Salta, 6 de Mayo de 2014.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "ROBLES, BEATRIZ LEONOR CONTRA PROVINCIA DE SALTA Y/O CUALQUIER OCUPANTE POR INTERDICTO DE RECOBRAR" - Expedien Nº 407.813/12 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 2ª Nominación (CAM 455022/13 de Sala II) y, CONSIDERANDO:

La doctora Verónica Gómez Naar dijo:

I.- Viene apelada la sentencia de fojas 206/209, en cuanto dispuso hacer lugar a la demanda promovida por la señora Beatriz Leonor Robles contra la Provincia de Salta, ordenando a ésta a restituir a la actora, en el plazo de diez días, el terreno identificado con la siguiente nomenclatura catastral: sección G, fracción 54B, matrícula 21.950, Departamento San Martín - Tartagal.

Para así decidir, el señor Juez en grado sostuvo que la señora Rosa Carmen Pugliese poseyó el inmueble objeto del presente durante más de veinte años y que, el 12 de enero de 2012, cedió sus derechos posesorios a la actora mediante escritura pública. Ponderó la testimonial del señor Hilario Paredes y las constancias agregadas al expediente Nº 81.826/03, en especial la escritura pública Nº 45 de fecha 14 de junio de 2002, diez años antes del inicio del presente juicio, entendiendo que este documento da cuenta de que ya en esa época, el señor Paredes sostenía lo mismo que en la actual declaración.

Señaló que la prueba analizada demuestra que al momento de ingresar la demandada al inmueble objeto del presente, éste estaba siendo poseído por la señora Robles por intermedio del señor Hilario Paredes, y que no hace mella a esta conclusión el hecho de que el citado Paredes sólo ocupara una mínima porción del inmueble porque, por una parte, la disposición del artículo 2384 del Código Civil, que cita textualmente en la parte que dice: "...Son actos posesorios de cosa inmueble, su cultura, percepción de frutos, su deslinde, la construcción o reparación que en ellos se haga, y en general, su ocupación, de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en alguna de sus partes ..."; y por otra parte, porque en el acta obrante a fojas 6 el Juez de Paz menciona que el perímetro se encuentra cerrado con un alambrado de cinco hilos. Con relación al segundo presupuesto de procedencia de la acción, coligió que el despojo surge de la ruptura del alambrado que infiere de las pruebas que menciona.

Contra dicho decisorio, la Provincia de Salta interpuso recurso de apelación a fs. 211, que sostuvo mediante el memorial presentado a fs. 216/222.

Se queja, en primer lugar, porque el juzgador tuvo por acreditada la posesión de la actora sobre la base de la escritura pública de cesión de derechos de fecha 12 de enero de 2012, del testimonio de Hilario Paredes y de las constancias del expediente de prescripción adquisitiva Nº 81.826/03; cuando la escritura de cesión por sí sola no acredita que la cedente haya tenido la posesión y la cesionaria la haya recibido, puesto que la posesión debe exteriorizarse por actos materiales, y que la sola declaración del tradente no suple las formas legales de acuerdo al artículo 2378 del Código Civil.

Con relación al testimonio del señor Hilario Paredes, sostiene que el Juez de grado se equivoca cuando lo valora como conducente para tener por acreditada la posesión, y realiza una valoración parcial de su declaración; sin tener en cuenta la infinidad de contradicciones en las que incurrió el testigo, entre las que menciona el hecho de que por un lado afirmó vivir en la finca objeto de autos y por el otro lado declaró que actualmente habita en una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda de la cual es beneficiario. Destaca que esta última afirmación pone en duda su condición de casero. Además, objeta que la declaración fue inducida por la propia actora y que también resulta contradictoria con las demás constancias de autos y con el testimonio de Julio Roger Acosta.

En lo que se refiere al expediente "Pugliese, Rosa vs. Paez, José y/o Provincia de Salta s/ Adquisición del dominio por prescripción", Nº 81.826/03 del Juzgado en lo Civil y Comercial 9ª Nominación, manifiesta que la escritura pública Nº 45 (obrante a fojas 6 de dicho expte.) no prueba en absoluto que la actora haya tenido la posesión efectiva del inmueble y que haya sufrido un despojo; a su vez señala que todas las constancias documentales existentes en dichas actuaciones se refieren a casi diez años atrás, y que de ninguna parte de dicho juicio se desprende que la actora o inclusive su antecesora hubieren tenido la posesión efectiva de la finca al momento en que se iniciaron las obras públicas proyectadas en el inmueble, a mediados del 2012. Expresa que las fotografías obrantes en dicho expediente se refieren a una pequeña fracción del inmueble. Y, advierte que la demanda de prescripción adquisitiva fue iniciada por la señora Carmen Pugliese en el año 2003, y que dichas actuaciones quedaron paralizadas en diciembre de ese mismo año, sin que se haya abierto a prueba la causa y sin impulso de dicha parte por espacio de varios años, lo que lo hace presumir que la supuesta cedente no tenía la posesión efectiva del inmueble.

Manifiesta que el señor Juez a quo no sólo valoró erróneamente las pruebas mencionadas, sino que además omitió analizar pruebas concluyentes y convincentes que demuestran que la actora no tenía la posesión de la fracción donde se construyeron las obras; tales como el testimonio del señor Julio Roger Acosta y la falta de pago de impuestos.

Afirma que de la declaración de Acosta se desprende que la superficie supuestamente ocupada por la familia Paredes era de unos 300 m2 en el extremo Este del inmueble, que estaban perfectamente delimitada del resto de la propiedad. Agrega que si bien sabe que el pago de ellos no acredita el hábeas posesorio, entiende que en el caso es evidente que la actora se apresuró a pagarlos todos de una sola vez, a través de un plan de pagos, con posterioridad a la sanción de la ley que disponía la realización de las obras, como así también en obtener la cesión de derechos instrumentada en enero de 2012. Destaca que en la fotografía satelital de fojas 87 puede observarse que la mayoría del inmueble objeto de autos estaba en situación de abandono, con monte, lo que señala fue corroborado por el testigo Acosta.

Se agravia, en segundo lugar, por el hecho de que a pesar de haberse demostrado que Hilario Paredes ocupaba una pequeña fracción de no más de 300 m2, el juzgador, sobre la base de lo dispuesto por el artículo 2384, pretenda extender la ocupación a todo el inmueble de casi 2 hectáreas; lo cual resulta una interpretación errónea que lleva a una solución injusta.

Al respecto, refiere que si una persona se instala sin título alguno en una finca que no le pertenece y ocupa sólo una parte, resulta injusto que dicha ocupación -realizada ilegítimamente- se extienda a toda la cosa. Cita doctrina en apoyo de tal interpretación. Reitera que en autos no existe prueba alguna que acredite que la ocupación de Paredes se haya extendido a las dos hectáreas que constituyen la superficie del inmueble objeto de autos, lo que, en su entender, demuestra que es falso lo afirmado por la actora en cuanto a que el inmueble estuviera destinado a una explotación agrícola, porque es un hecho no controvertido que la gran mayoría del inmueble estaba con monte alto. Que de ninguna parte surge que el alambrado haya sido construido por Paredes, por la actora o su antecesora. Pone de resalto que del acta de fs. 6 surge que el perímetro estaba cerrado con un alambrado de cinco hilos, mientras que Paredes, al declarar, se refirió a un alambre de dos hilos, uno fino y uno grueso, por lo que debe deducirse que se trata de distintos perímetros, el de la casa y el de todo el inmueble.

Le agravia también el hecho de que el Juzgador tenga por acreditada la existencia de un despojo con violencia, cuando de las constancias del juicio no surgen elementos suficientes para afirmarlo, sino que en torno a esta cuestión existe una serie de imprecisiones pues la actora, al promover la demanda, relata que "...en fecha 2 de julio aproximadamente, personas extrañas habrían ingresado al predio de su propiedad, de una manera clandestina, rompiendo el alambre por uno de los lados...", que en la escritura pública de fecha 2 de julio de 2012 el notario declara que ese mismo día pudo constatar que "...rompiendo el alambre en un sector del perímetro que encierra el inmueble citado, ingresaron al lugar doce personas..."; sin embargo, según el acta del Juez de Paz, que también constituye instrumento público, se constató que tres días antes ya estaban trabajando empleados del servicio penitenciario en el interior del inmueble, sin que se constate rotura de alambrados; mientras que, asimismo, el testigo Julio Roger Acosta, al contestar la pregunta Nº 8, aseveró que al momento de la constatación del Juez de Paz no existían alambrados cortados. Destaca, así, la apelante, que no surge claramente cuando se habría producido el supuesto despojo y que la actora no acreditó la supuesta clandestinidad. Hace notar que ésta no se compadece con el hecho de que las personas del servicio penitenciario estaban trabajando a plena luz del día. Que el escribano Villa, hizo constar en el acta notarial de fs. 2/4 que fue el mismo Paredes quien habría permitido el ingreso al señor José Elías Cruz -quien dirigía al personal del servicio penitenciario en la realización de los trabajos-, y que esta circunstancia despeja cualquier posibilidad de despojo; y que, sin embargo, el Juzgador dio preferencia a los dichos del testigo Paredes por sobre los del señor Cruz, sin dar una razón alguna.

Corrido traslado del memorial, la actora contesta los agravios a fs. 226/230.

A fs. 242/243, emite dictamen la señora Fiscal de Cámara en sentido favorable al acogimiento del recurso impetrado y consiguiente rechazo de la demanda.

Habiendo sido llamados los autos para dictar resolución mediante providencia firme de fs. 250, y quedado consentida la nueva integración de la Sala, la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

II.- En forma preliminar, es preciso recordar que nuestro sistema legal, basado en inveterados principios consagrados en el derecho romano, prohíbe hacerse justicia por mano propia. Es así que una persona, aún con un título válido, "no puede, en caso de oposición, tomar posesión de la cosa: debe demandarla por las vías legales" (Art. 2468 Cód. Civ.).

En protección de las relaciones posesorias - tanto del poseedor legítimo con derecho de poseer (ius possidendi) como del ilegítimo que solamente tiene derecho a la posesión (ius possessionis) - la ley instituye las acciones posesorias que tienen por objeto obtener la restitución o manutención de la cosa (Art. 2487 Cód. Civ.), de acuerdo a cual sea la lesión sufrida: despojo o turbación (v. Highton, Elena I., "Posesión", págs. 207 y ss., ed. Hammurabi, Bs. As., 1984).

En el presente caso, la actora ha entablado la acción de restitución o recuperación de la posesión que, bajo el trámite del interdicto, se encuentra regulada en los artículos 622 a 626 del Código Procesal.

No existe discusión en cuanto a que la parte actora debe acreditar el cumplimiento de los dos requisitos de procedencia que establece el primero de los artículos citados, a saber: (a) que quien intente la acción hubiere tenido la posesión o tenencia del inmueble; (b) que haya sido despojado del bien con violencia o clandestinidad. Cabe destacar que las normas de fondo disponen, en relación a esta acción, que "el demandante debe probar su posesión, el despojo y el tiempo en que el demandado lo cometió" (art. 2494 Cód. Civil).

Ahora bien, los agravios giran en torno a un aspecto vital del proceso, cual es la valoración de la prueba rendida en la causa, que la recurrente estima errónea, parcializada y arbitraria; en suma, no adecuada a las reglas de la sana crítica. Rebate que ninguno de los dos recaudos transcriptos ha quedado probado en autos.

En cuanto al primer extremo de procedencia de la acción, la crítica se centra en la inferencia que realiza el juzgador de la posesión del inmueble por parte de la actora al momento de los hechos de esta causa, sobre la base del contrato de cesión de derechos posesorios, del testimonio de Hilario Paredes y de las constancias del expediente de prescripción adquisitiva, entre otras pruebas que menciona.

Sobre este planteo, se observa que asiste razón a la apelante en cuanto a que la mera suscripción de un contrato de cesión de derechos posesorios no acredita la existencia de la posesión misma, para lo cual es preciso que se acredite la existencia de hechos materiales que demuestren la tenencia física del bien (o corpus) y que esa tenencia responda a la intención de tener la cosa para sí (animus domini). De lo que se trata es de demostrar la existencia de una situación de hecho, cual es la "detentación de la cosa", y debe tenerse en cuenta que a tal fin no basta la mera expresión de voluntad para adquirirla sino que es preciso el hecho material visible.

Así, del examen de las pruebas producidas en la causa surge que el inmueble objeto de la presente tiene una extensión de 1ha 9.741m2, según da cuenta la cédula parcelaria reservada en Secretaría. Por su parte, el acta de constatación de fecha 29 de junio de 2.012 da cuenta de que la superficie real que ocupa el señor Hilario Paredes es de aproximadamente de 300 m2, y que el resto del predio es todo monte, salvo la parte donde está trabajando la gente dirigida por personal de la Penitenciaria Nº 5, lo que se condice con la expresado en la declaración testimonial del señor Julio Roger Acosta ( fs. 92 y vta.). Dicho testigo, al responder la pregunta Nº 5: "Si la fracción que ocupa la flía. Paredes estaba delimitada del resto del inmueble", contesta que sí, que "estaba perfectamente delimitada, uno era monte y lo otro estaba perfectamente limpio, era una casa adelante y como un patio atrás".

Ello concuerda con la existencia de dos clases de alambrado que surge de la prueba testimonial y confesional. El testigo Hilario Paredes, en su declaración de fs. 91/92, al contestar si el inmueble se encontraba cercado con alambre, dijo "...Si, todo con alambrado, y siempre lo mantuve yo, tiene un alambre fino y uno grueso...", y en el primer testimonio de la escritura número184 (fs. 4) expresó: "...el padre de la señora Beatriz Robles le prestó una fracción de terreno para vivir allí con su familia y con la producción de frutas y verduras...". Por su parte, del acta notarial del Juez de paz de fojas 6 emerge que todo el predio estaba cerrado con un alambrado de cinco hilos, pero no hay probanza alguna de quién lo habría construido.

Por ende, del pormenorizado examen de las pruebas arrimadas se infiere que habría dos tipos de alambrados, uno de cinco hilos, y otro de dos hilos que es el que cerca el terreno de aproximadamente 300 m2 que continúa ocupando el señor Paredes. O sea que se trata de dos áreas deslindadas entre sí, lo cual indica la incorrección de extender la detentación que ha demostrado en autos el señor Paredes a toda la matrícula de titularidad del Estado provincial. El mismo Paredes manifiesta al escribano Dardo Norberto Villa que el padre de la señora Robles le prestó una fracción de terreno para vivir ahí con su familia (v. acta notarial de fecha 2/07/12), o sea que solamente se trata de una parte del inmueble y en modo alguno, toda la extensión de la matrícula de propiedad de la Provincia de Salta.

No puedo omitir destacar que dicha persona ha incurrido en notorias contradicciones a lo largo de este proceso que restan confiabilidad a sus dichos en desmedro de la eficacia probatoria que se le otorga en el decisorio en crisis, tal como objeta la quejosa. Entre tales contradicciones, cabe mencionar el hecho de afirmar simultáneamente ser casero de un tal Saldías y habitar en la vivienda ubicada en el inmueble objeto de autos (fs. 4); que la está habitando como casero de los Robles (fs. 91 rta. 7) y a la respuesta Nº 32, de la misma declaración testimonial, responder que vive con sus chicos en Bicentenario en una casa del Instituto Provincial de la Vivienda.

Es preciso poner de resalto que el interdicto de recobrar es una medida policial que tiende al restablecimiento inmediato del orden y a restituir el corpus posesorio a quien lo ha perdido por actos de violencia o clandestinidad (SC, Mendoza, sala I, 18/04/97, ED, 174-564)"; de allí que debe necesariamente acreditarse la detentación física del bien al momento de los hechos.

En tal sentido, se ha resuelto: "El interdicto de recobrar la posesión incoado por el propietario de un inmueble rural no puede prosperar pues, si bien ha probado los actos posesorios realizados por la demandada en el predio, no acreditó que su posesión se extendiera hasta donde ellos ocurrieron, lo cual impide calificar aquellos actos como despojo ante la inexistencia de una clara delimitación del corpus posesorio" (C.Apel.Civ.Com., Santiago del Estero, "Ybáñez, Mario René c. Ruiz, Magin Dolores y/u otros", 01/06/2009, LL, Cita online: AR/JUR/32200/2009). En dicho precedente, el tribunal de alzada rechazó el interdicto de recobrar la posesión por razones análogas a las que aquí se analizan, y sostuvo: "De todos estos hechos debidamente considerados, no surgen en forma precisa los límites de cada una de las propiedades que los litigantes mencionan como ocupadas por ellos bajo el título de poseedores. No existe prueba que permita deducir dónde comienza el predio de los actores y dónde el de los demandados, acreditaciones escuetas y pobres que en nada aclara la cuestión sometida a resolución, sino que confunde aun más sobre cuáles porciones -y sus medidas exactas- corresponde a los litigantes. (.) La prueba producida no despeja las dudas planteadas sobre la individualización y extensión del corpus posesorio objeto del presente juicio." En esta inteligencia, que comparto, se ha sostenido que tratándose de campos abiertos o no totalmente cerrados, la prueba del corpus ha de ser clara e indubitable, para fundar el interdicto posesorio intentado. (Cám. 1° Civ. Com. y Minas San Luis, 12/11/70, en autos: "Ledesma de Chávez Manuela c/ Gómez Evaristo", LL, 144-579).

En efecto, para la procedencia del interdicto de recobrar es necesario que la ocupación efectiva aparezca clara e indudable al momento del despojo, por lo que si la prueba rendida no logra formar o provocar tal certidumbre, debe ser rechazado.

En el caso, si bien resultan acreditadas las obras de vivienda, horno de barro, alambrado de dos hilos, entre otras - aun cuando sin prueba cabal de haber sido realizadas por la actora - como también los actos materiales llevados a cabo por la demandada, no se encuentra probada la posesión de la actora respecto del lugar en donde acontecieron estos últimos hechos, y por lo tanto si éstos pueden calificarse de despojo; lo cual exige, como se dijo, una clara delimitación del corpus posesorio que, ante la insuficiente y contradictoria prueba arrimada a la causa, resulta de imposible dilucidación.

No se ha aportado prueba concluyente respecto al primer requisito legal, y corresponde hacer notar que para que prospere la acción de nada vale probar un pretenso animus domini si no se ha demostrado haber ejercido oportunamente el corpus, elemento cuya reunión es ineludible para considerar adquirida la posesión (conf. Marcelo López Mesa en Código Civil y Leyes Complementarias - Anotado con jurisprudencia, t. III, pág. 1067). De allí que el pago de impuestos no es un elemento conducente para demostrar el corpus, y cabe agregar que tampoco sería suficiente para acreditar el extremo subjetivo cuando el pago ha sido efectuado en forma retroactiva y de una sola vez - meses antes de promover la acción, el 24/11/2011.

Por otro lado, cabe ponderar que el acta notarial y las fotografías agregadas en el expediente Nº 81826/03 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 9ª Nominación tampoco permiten inferir con meridiana claridad los hechos afirmados en la demanda respecto de la posesión invocada sobre toda la matrícula. En efecto, las fotografías muestran la existencia de plátanos, algunos árboles frutales, una casilla precaria de madera y techo de chapa, un horno de barro junto a un pequeño gallinero, ubicados aparentemente en un mismo sector del inmueble, mientras que el resto de las fotografías representan un área de monte y vegetación natural, una pared de ladrillos y un montículo de tierra colorada rodeada de malezas y monte, sobre lo cual la requirente, señora Rosa Carmen Pugliese, manifiesta que es el lugar donde en algunas épocas fabrican ladrillos, sin precisar a quiénes se refiere; por lo cual no acredita actos posesorios de su parte o de la cesionaria de derechos, sobre esa área del inmueble que, según las pruebas recabadas en el presente interdicto, se encontraría deslindado con otro alambrado.

Por consiguiente, debe concluirse que no se encuentra cabalmente demostrado que quien detentaba la tenencia de la cosa cuya restitución se pretende, al momento de los hechos (2 de julio de 2012) fuese la actora, ponderadas las pruebas en conjunto y siguiendo las reglas de la sana crítica dentro del ámbito de libertad que asiste al juzgador en su apreciación: "Para una correcta apreciación no basta tener en cuenta cada medio aisladamente, ni siquiera darle el sentido y alcance que en realidad le corresponda, porque la prueba es el resultado de los múltiples elementos reunidos en el proceso, tomadas en su conjunto..." (Devis Echandía, H.,"Compendio de Pruebas Judiciales", t. I, pág. 171, Rubinzal-Culzoni. Santa Fe, 1984).

Asimismo, es menester agregar que la Provincia de Salta es el titular dominial del bien, y si bien se ha señalado que el título no constituye per se prueba de la posesión, no es del todo indiferente para la cuestión interdictal en función de las presunciones legales a que pueden dar lugar, como las previstas en los artículos 4003 y 2471 del Código Civil (v. Highton, Elena I., op. cit. págs. 81 y ss.). En este caso, siendo dudoso el último estado de la posesión, la norma citada en último término prescribe que debe juzgarse que poseía el que tuviese derecho de poseer (Art. 2471 Cód.Civ.).

Por su parte, en cuanto a si se ha verificado el segundo de los presupuestos necesarios para la procedencia de esta acción, esto es, el acto de despojo por parte de la demandada, se advierte que el señor Hilario Paredes afirma continuar en la ocupación de la casa y que en razón de las acciones que lleva a cabo la Provincia de Salta en la restante fracción del inmueble, ha manifestado que no quiere retirarse (v. fs. 91vta.).

Por lo tanto, puede afirmarse que al no existir despojo de la única porción de terreno cuya posesión se ha acreditado en autos (300 m2 en el extremo Este), corresponde desestimar la acción promovida.

Es sabido que cada una de las partes debe probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o extinción; y el incumplimiento de la carga probatoria expone a la parte remisa al riesgo de no lograr la demostración de los hechos afirmados en sus alegaciones. La carga procesal, como enseña Couture, es un imperativo jurídico establecido en interés del propio sujeto, de realización facultativa, cuya omisión le trae aparejada una consecuencia gravosa, que en este caso está dada por la desestimación de la pretensión procesal. (v. Couture, Eduardo J., "Fundamentos del derecho procesal civil", págs. 209/214, Depalma, Bs. As., 1978).

IV.- Finalmente, debe dejarse aclarado que no se trata, en el presente proceso posesorio, de determinar quién tiene derecho de poseer la finca en cuestión, toda vez que la determinación de tal extremo escapa al limitado alcance de la acción instaurada. Así, ha señalado la Corte Federal que esta acción tiende a reestablecer la situación de hecho sin abrir juicio sobre la posesión o propiedad (cf. CSJN, JA, 1944-V-828).

A la luz de lo expuesto, voto por revocar la sentencia impugnada y rechazar la demanda interdictal promovida por la señora Beatriz Leonor Robles.

V.- Con relación a las costas, corresponde imponerlas a la parte actora en ambas instancias, de acuerdo al principio objetivo del vencimiento consagrado en el artículo 67 del Código de Forma.

El doctor Marcelo Domínguez dijo:

Me adhiero al voto que antecede.

Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I.- HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. En su mérito, REVOCA la sentencia dictada a fs. 206/209 y RECHAZA la demanda de interdicto de recobrar la posesión promovida por la señora Beatriz Leonor Robles contra la Provincia de Salta.

II.- IMPONE las costas de ambas instancias a la parte actora.

III.- ORDENA se registre, notifique y baje.