Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-04-17


SENT Nº 316	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecisiete (17) de Abril de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Castaño Elsa del Valle vs. Centro Taxi S.R.L. s/ Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

1.- La parte demandada por apoderado letrado, conforme memorial de fs. 354/372, interpone recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IIIª, de fecha 31 de agosto de 2007, obrante a fs. 299/302 de autos, que fuera concedido mediante resolución del mismo tribunal de fecha 28 de junio de 2008 y que obra a fs. 378. Según el informe de la Sra. Actuaria de fs. 389, ninguna de las partes ha presentado la memoria facultativa que prevé el articulo 137 CPT.

2.- Por ser inherente a la competencia funcional de esta Corte, la de revisar si el recurso de casación ha sido correctamente concedido, corresponde reanalizar la cuestión atinente a la admisibilidad del recurso. Así, observamos que la casación ha sido interpuesta tempestivamente; el recurso ataca una sentencia definitiva, excepto en cuanto al tema honorarios como se verá al tratarse el tópico específico; la recurrente ha dado cumplimiento con la normativa atinente al afianzamiento de acuerdo a lo regulado en artículos 133 y 135 del CPL; el recurso se motiva en que el fallo recurrido incurre en violación e interpretación errónea de normas de derecho y en una arbitrariedad manifiesta, así como resuelve extra petita; el memorial de presentación se basta a sí mismo; por último, propone doctrina legal, por lo que el presente recurso resulta admisible. Voto en ese sentido.

3.- Sostiene el apoderado de la demandada, que la sentencia en crisis al no merituar adecuadamente la prueba rendida en autos, condena a su mandante por no aplicar el principio que surge de los artículos 1016 y 1028 del Código Civil, violándolos o aplicándolos erróneamente, porque -dice- el recibo que acompaña firmado por la actora, no tiene deficiencia alguna, ni interlineados ni agregados inconexos al acto que allí se consigna, además tiene el respaldo de la pericia contable. Continúa la recurrente, sosteniendo que surge claramente la arbitrariedad de la sentencia en crisis al valorar la prueba; dice que la única prueba que sostiene el fallo en una pericia química que fue atacada de nulidad sin resultado y luego, ordenada una nueva pericia por el Tribunal de Grado, no se pudo realizar por cuestiones ajenas a la recurrente, sin que la sentencia diga algo respecto de la pericial contable que no fuera impugnada por las partes; continúa diciendo que "amén de no valorarse la pericia contable (no impugnada), tampoco ha valorado los actos propios de la actora sobre los cuales no puede volverse invocando su propia torpeza" (sic). También considera que la sentencia en crisis ha resuelto extra petita en tanto ha dispuesto que la demandada abone rubros (integración de mes de despido y SAC sobre preaviso) no reclamados en la demanda, violando así el principio de congruencia consagrado en el artículo 273 inc. 6° del CPCC; en cuanto a la imposición de las costas, sostiene que el fallo impugnado ha violado el art. 109 CPCC en tanto no ha considerado la existencia del vencimiento recíproco en el litigio, en razón de que analizando los valores actualizados por los que progresó la demanda, el reclamo a valores históricos habría progresado por un monto muy inferior. Por último, se agravia la recurrente por considerar que la sentencia viola el artículo 505 último párrafo del Código Civil, al regular honorarios muy por encima del tope legal.

4.- La sentencia recurrida dispuso hacer lugar a la demanda, con costas íntegramente a la demandada; para ello se fundó en que la remuneración diferencial y la fecha de ingreso reclamadas por la actora, no han sido sostenidas por prueba alguna de su parte, sino que la pericial contable es categórica en ese sentido dando razón a la posición asumida por la demandada. Pero en cuanto a los rubros reclamados, la sentencia en embate -atento a las constancias de autos- hace un análisis doctrinario y jurisprudencial fijando el cuadro legal aplicable; así sostiene que la norma contenida en el artículo 60 LCT rechaza expresamente la solución dada por el artículo 1016 para el caso de documento con firma en blanco, de manera que en el derecho laboral no se admite la firma en blanco, a diferencia del derecho civil en el que ello es permitido; en el marco del contrato de trabajo -dice- la ley permite al trabajador demostrar, por cualquier medio probatorio, que firmó en blanco y así, evitar que el instrumento le sea oponible. Se apoya en la doctrina legal de esta Corte dictada en sentencia n° 64 de fecha 24/02/1997. Analiza la prueba arrimada por la actora en este sentido y se concentra en la pericia química (fs. 89/90) la que dictamina que la firma puesta al pie del documento en cuestión ha sido puesta con anterioridad al llenado del recibo de pago de las indemnizaciones; considera el fallo, la observación del perito en cuanto a la diferencia en la confección con los recibos de pago de años anteriores. Sostiene el fallo que "esta pericia fue objeto de un incidente de nulidad deducido por la demandada, siendo el mismo rechazado. Este dictamen pericial no ha sido objeto de otra impugnación ni se ha aportado otra prueba de igual jerarquía para enervar el dictamen pericial, no obstante la insistencia del Tribunal para producirlo (fs. 164)" (sic). A continuación, por aplicación de la pertinente doctrina legal de esta Corte en la materia (sentencia n° 122 del 2/5/90), considera que "no obstante se haya demostrado que el pago tiene el respaldo en el libro del art. 52, probado el abuso de firma en blanco, el primero no es útil a los fines de demostrar el pago indemnizatorio" (sic). En base a lo considerado, concluye en que, respecto del recibo de fecha 26 de agosto de 1997, ha sido llenado en forma abusiva y en fraude a la ley laboral, por lo que se tiene por adeudados los rubros reclamados por el actor. Regula honorarios.

5.- Corresponde ahora -ponderando los argumentos vertidos por la recurrente en su confrontación con los fundamentos de la sentencia y las constancias del proceso- analizar la procedencia del recurso de casación que nos ocupa. Por una razón lógica y de orden, realizaremos el análisis respecto a cada uno de los agravios vertidos por la demandada.

5.1.- El agravio respecto de la violación de las normas contenidas en los artículos 1016 y 1028 del Código Civil, no puede receptarse en esta instancia extraordinaria por cuanto ambos contienen normas genéricas del derecho civil, inaplicables en el derecho del trabajo que -a su vez- tiene normas que plasman principios específicos de esta rama del derecho.

En efecto, la norma del artículo 1016 del Código Civil no resulta aplicable en el derecho del trabajo atento a la clara disposición del artículo 60 LCT que consagra la prohibición terminante del otorgamiento por parte del operario de instrumentos firmados en blanco. En este aspecto, esta Corte sostuvo que "conspiran contra la validez del instrumento cuya firma haya sido dada en blanco: a) el principio de irrenunciabilidad de los derechos acordados por las normas laborales (arts. 12, 15 LCT), y b) el principio de nulidad de las declaraciones efectuadas en fraude de la ley laboral (art. 14 LCT)" (sentencia n° 64 de fecha 24/02/1997).

Tampoco existe contradicción entre la norma del artículo 1028 del Código Civil y la norma laboral del artículo 60 LCT; la primera es una disposición genérica de valoración de la prueba documental, y la segunda regula una situación excepcional dada en el campo del derecho del trabajo -instrumento con firma en blanco- permitiéndole al trabajador demostrar que el contenido del documento no es real, a fin de que no le sea oponible.

5.2.- La recurrente también ataca la sentencia por arbitraria. Debemos recordar que la casación tiene por finalidad exclusiva asegurar la corrección jurídica del fallo impugnado y no abrir una tercera instancia ordinaria susceptible de provocar un reexamen de los hechos y de la prueba cuya valoración y fijación incumbe definitivamente a los órganos judiciales de mérito; circunstancia ésta que sólo cede ante un suficiente planteo de arbitrariedad. Pero la arbitrariedad debe ser de gravedad extrema en casos que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación, como así también las que se sustentan en un razonamiento argumentativo que se aparta de las reglas de la sana crítica judicial, de modo tal que hace privar una solución manifiestamente contraria a las reglas de la lógica y de la experiencia, ya que tanto la hipótesis relativa a la prescindencia como a la interpretación irrazonable de la prueba, se vinculan a los fundamentos jurídicos de la decisión; ello así, porque vulneran la garantía constitucional de la defensa en juicio o la de la inviolabilidad de la propiedad. (CSJTuc. in re: "Erpen, Jorge Néstor vs. Manufacturera Algodonera Argentina S.A. s/ Indemnización por despido, etc.", sentencia n° 561 del 29/12/1993; sentencia n° 462 del 12/6/1997, etc). En pocas palabras el grado de irrazonabilidad que se atribuya al fallo no debe ser mínimo o leve, sino grave y extremo para ser considerado en esta instancia extraordinaria.

En el sub-lite, la recurrente sostiene que la sentencia en embate prescinde del cuadro probatorio y acepta una prueba parcial cuya legitimidad ha sido cuestionada. Dice que "la única prueba que sostiene el fallo en recurso, es una pericia química" (sic), que según la misma demandada se llevó a cabo en forma irregular en perjuicio de su derecho de defensa. En efecto el pertinente dictamen pericial fue tachado de nulo, siendo rechazada la nulidad. Se observa que ante esta resolución la demandada se limitó a insistir en la nulidad y -en ocasión de tramitarse la producción de una nueva pericia química por orden del Tribunal de grado- mantuvo un actitud expectante aún cuando se informó que no había otro perito en lista oficial; tampoco, como sostiene la sentencia interlocutoria, hubo precisión en la enunciación del perjuicio que le ocasionara esa producción de la pericia.

En el caso, el único punto litigioso es determinar si el comprobante (recibo) de pago de las indemnizaciones, es idóneo para cancelar la deuda laboral con motivo del despido injustificado. El fallo recurrido indica que no se aportó otra prueba de igual jerarquía para enervar el dictamen pericial químico. En ese afán observamos que la perito contador -sin fundamento alguno- dice que en el asiento 239 se incluye el monto indemnizatorio pagado a la actora según el recibo cuestionado por ésta (fs. 180), cuando de dicho asiento (fs. 178) no surge tal afirmación (sólo indica la suma de $10.428,90 y se refiere a "pago de sueldos", sin discriminar); además debe tenerse presente las fechas del recibo cuestionado y del asiento referido. De este modo encuentro razonable de parte del Tribunal de grado, no considerar a este efecto tal dictamen pericial. Por otra parte, resulta válida la observación que efectuara el perito químico en cuanto a la diferencia de formularios de los recibos tenidos a la vista, por cuanto a simple vista se observa que el recibo cuestionado -posteriores a varios anteriores- contiene la palabra "australes" (tachada, sin salvar) que no se observa en aquellos recibos anteriores, cuando tal moneda dejó de tener curso legal en nuestro país seis años antes de la fecha contenida en el recibo cuestionado. Razones todas que nos hace compartir el análisis efectuado por la sentencia en embate.

Vale considerar en este punto del análisis, que la doctrina y la jurisprudencia sostienen que, en ocasión de valorizar al libro especial del artículo 52 LCT como prueba a favor del empleador, deben tenerse presente: a) la unilateralidad de las anotaciones en el mismo, sustraídas del control del empleado, y b) la regularidad y formalidades del libro.

Concluyo en que, en el caso a examen, los agravios de la recurrente referidos al modo en que se valoró el cuadro probatorio, no demuestran la vulneración de los principios de la sana crítica ni se observa arbitrariedad en la sentencia. No nos olvidamos que la norma contenida en el artículo 60 LCT, es otro inteligente recaudo del legislador tendiente a evitar el fraude laboral.

5.3.- La recurrente se agravia considerando que la sentencia en crisis ha resuelto extra petita violentando el principio de congruencia al condenar al pago de los rubros "integración mes de despido" y "SAC sobre preaviso" que no han sido "solicitados por la actora en su planilla de liquidación agregada a la demanda" (sic).

En las leyes adjetivas se dispone que los jueces, al dictar sentencia, deben respetar el principio de congruencia, según el cual, como lo tiene establecido reiteradamente la Corte Suprema, comportan agravios a la garantía de defensa (art. 18 de la CN), tanto las sentencias que omiten el examen de cuestiones oportunamente propuestas pro las partes y que sean conducentes para la solución del pleito, como aquellas que se pronuncien sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso. El nuestro derecho procesal laboral es permitido al juez condenar por mayor monto (ultra petita) resguardando la congruencia con la acción intentada, según lo dispone expresamente el artículo 47 CPL.

En la especie el tribunal de mérito no ha incurrido en incongruencia, dado que el reclamo formalizado en la demanda (fs. 14/15) incluye "sueldo Agosto 1997" debiéndose entender que en ese concepto está demandando el pago de todo el mes (sueldo adeudado parcial mes y la integración p/mes de despido); también reclama el pago de "SAC proporcional" sin limitarlo a los sueldos percibidos, por lo que debe entenderse que incluye el reclamo por SAC sobre preaviso desde que este rubro (preaviso) forma parte de la demanda. No hay resolución extra petita; en la condena observamos una clara congruencia con la acción ejercitada por la actora.

5.4.- La recurrente también se agravia por cuanto la imposición de costas resuelta por la sentencia impugnada violó la norma del artículo 109 CPCC de aplicación en este fuero laboral, al cargar la totalidad de las costas a la demandada cuando existe un porcentaje mayor al quince por ciento del monto de la demanda que fue rechazado por el fallo; considera que debió aplicar un prorrateo acorde a lo dispuesto por la norma legal citada.

En verdad que hay dos conceptos enunciados en la demanda (monto de los haberes y fecha de ingreso) que no fueron acreditados por la actora, más la incidencia que este tema tiene en el monto de condena es inferior al trece por ciento, que por tal y por no tratarse de rubros reclamados y rechazados, considero que la situación planteada queda subsumida en la norma contenida en el último párrafo del artículo 109 CPCC de aplicación en el fuero (artículo 49 CPL).

5.5.- Por último, la demandada se agravia porque considera que la sentencia en embate -al regular honorarios a los abogados y peritos actuantes- viola la disposición del último párrafo del artículo 505 del Código Civil (agregado por la ley 24.432), al superar el total de las regulaciones el cincuenta por ciento el monto de condena.

En primer lugar, se observa que a los efectos de esta instancia casatoria, la sentencia recurrida no reviste caracteres de definitividad en cuanto a la materia honorarios. Esta Corte ha venido expresando que el remedio excepcional de la casación requiere siempre el agotamiento de las vías ordinarias; por tanto, en el sub lite, la recurrente debió articular la vía ordinaria local establecida en el artículo 32 de la ley 5480, para que ese pronunciamiento constituya sentencia a los fines casatorios. En torno a la aplicación del tope regulatorio (25%) regulado en la ley 24.432, es criterio monocorde de esta Corte que la condición de definitividad surge del agotamiento de los recursos ordinarios, en este caso, la norma legal provincial referida es específica. En la especie, se articula en recurso de casación sin haber interpuesto previamente el recurso de revocatoria (artículo 32 ley 5480), por lo que, en el punto que analizamos, la resolución judicial impugnada no resulta definitiva para ser revisada en casación (sentencias n° 493 del 23/8/94; n° 110 del 17/3/97; n° 692 del 01/9/00; n° 811 del 21/10/03; n° 97 del 01/3/04; n° 1198 del 18/11/08; y muchos otros fallos).

De todas formas y a todo evento, analizando los montos regulados considerados respecto del monto de condena (base regulatoria), observo que el total de los honorarios a tener en cuenta -atento al último párrafo del citado artículo 505 del Código Civil- no alcanza al veinticinco por ciento establecido como tope máximo legal. Aclaro que -como prescribe la ley- no se tienen en cuenta los montos regulados al profesional que asistió a la parte condenada en costas.

A la luz de las consideraciones que anteceden, queda claro que los argumentos recursivos no alcanzan a conmover los fundamentos jurídicos de la sentencia en crisis.

Por las razones expuestas, el recurso de casación incoado por la parte demandada -con excepción del agravio por la regulación de honorarios- resulta improcedente, ende, debe ser rechazado. Respecto del agravio analizado en 5.5, por las razones allí esgrimidas, corresponde se declare inadmisible el recurso. Voto porque así se declare.

6.- Atento al principio objetivo de la derrota (art. 49 del CPL y art. 106 del CPCC ), corresponde imponer las costas de este recurso a la demandada vencida.

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte demandada contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IIIª de fecha 31 de agosto de 2007 obrante a fs. 299/302 de autos, conforme a lo considerado en 5.1., 5.2., 5.3. y 5.4.

II.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación planteado por la parte demandada contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IIIª, de fecha 31 de agosto de 2007 obrante a fs. 299/302 de autos, conforme a lo considerado en 5.5.

III.- COSTAS de esta instancia, como se consideran.

IV.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.