Personas con discapacidad, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: M. O. S. c/ I. D. P. Y. S. S. D. T. Y. O. s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-09-23

De un modo simplista, puede decirse que la idea directriz del sistema tuitivo es evitar que la discapacidad impida u obstaculice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, de manera que las personas que la padecen puedan gozar de aquéllos en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos y que, a ese fin, resultan exigibles del Estado, aún cuando no hubiere en el orden interno una norma que así lo establezca expresamente, todas aquellas medidas legislativas, administrativas y de otra índole que conduzcan a erradicar cualquier discriminación por motivos de discapacidad (CSJT, 09/5/2011 in re "Arroyo, Arturo Manuel y otro vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán y otros s/ Amparo" sentencia Nº 238).Cuando se alude al Estado como sujeto pasivo de la mentada tutela debe entendérselo en un sentido amplio, esto es, comprensivo tanto de la Administración Pública Centralizada como la Descentralizada. Ahora bien, habrá que estar a la competencia que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, tiene cada órgano desconcentrado o ente autárquico para poder determinar la responsabilidad que le atañe en el adecuado cumplimiento de los pertinentes derechos y garantías fundamentales.

El yerro del recurrente radica en no advertir que la protección de la discapacidad no se agota en materia de salud, sino que también se integra con temas como la accesibilidad, la integración educativa, la información, la equiparación de oportunidades, la inserción laboral, etc. La circunstancia de que otros órganos u entes, y no el IPSST, hayan sido instituidos en las leyes respectivas como organismos de aplicación encargados de velar por el efectivo cumplimiento y satisfacción de las prestaciones de índole, arquitectónicas, de transporte, educativa etc., propias de aquellas últimas (vgr. Leyes Nros. 6.830 y 7.857), en nada obsta a la responsabilidad que en materia de salud le cabe a la obra social provincial respecto de sus afiliados. Tal distinción de cometidos ha sido aplicada por esta Corte en ocasión de pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto por el IPSST en la citada causa "Arroyo, Arturo Manuel" (sentencia Nº 238 del 09/5/2011) en la que, luego de desestimarse -por los mismos motivos a los que aquí se desarrollan- los agravios referidos a la cobertura en materia de salud (cfr. punto I), se acogió parcialmente el planteo impugnativo, dejándose sin efecto la sentencia de la Cámara que condenaba al ente autárquico a solventar el costo mensual de una maestra integradora para las hijas de los actores -idéntica prestación a la reclamada en el precedente judicial que invoca el recurrente-, cuando es la persona jurídica Provincia de Tucumán quien en el sistema de la Ley Nº 7.857 ha sido instituida como sujeto pasivo de la garantía constitucional a la integración de las personas con necesidades educativas especiales (cfr. punto II). Queda claro, entonces, que el deslinde de responsabilidades en supuestos de aquel tipo se realiza en función de la naturaleza de las prestaciones reclamadas y según la finalidad que cada sujeto tiene asignada de acuerdo con el reparto de competencias que hace la normativa respectiva y no, como sostiene el quejoso, por la "capacidad financiera" del ente demandado.