Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-10


Buenos Aires, diciembre 10 de 2009.

El doctor Brodsky dijo:

I.- Que a fs. 240/275 Alto Paraná S.A. interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 11 de diciembre de 2007, dictada por el Jefe (int.) de la División Determinaciones de Oficio "A" del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP - Dirección General Impositiva por la que se determina de oficio el resultado impositivo del impuesto a las ganancias por el período fiscal 2001 -beneficio- que queda absorbido en su totalidad con quebrantos de períodos anteriores, estableciendo el saldo a favor de la recurrente; asimismo se determina de oficio el impuesto por los períodos fiscales 2002, 2003 y 2004, con más intereses resarcitorios y le aplica una multa equivalente al 70% del gravamen omitido con sustento en el art. 45 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y modif.).

Manifiesta que el 13 de junio de 2001 la firma recurrente emitió obligaciones negociables por un monto de U$S 250.000.000, en los términos de la ley Nº 23.576, aclarando que se tratan de títulos de colocación privada, puesto que no recurrió a la oferta pública ni gestionó la autorización de la Comisión Nacional de Valores y que los fondos obtenidos fueron aplicados a destinos diversos.

Dice que el ente fiscal estableció que los fondos fueron destinados en un 74% al rescate de acciones preferidas que se encontraban en poder de la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A. y al pago de dividendos que correspondían a las mismas acciones preferidas objeto del rescate; el 26% restante fue destinado al cumplimiento de un programa de inversión dirigido principalmente a la construcción y puesta en marcha de una planta dedicada a la fabricación de tableros de mediana densidad, ubicada en la Pcia. de Misiones. Explica que los gastos vinculados con la emisión y colocación de las obligaciones negociables, los intereses devengados a favor de los obligacionistas y los gastos operativos fueron deducidos por Alto Paraná S.A. en los balances fiscales de los años 2001, 2002, 2003 y 2004; y que la variación del tipo de cambio entre el peso y dólar producido luego del 2002 tuvo incidencia directa en la determinación del impuesto a las ganancias, lo que ahora es impugnado en forma parcial por el ente fiscal.

Relata que para el Fisco el destino dado al 74% de los fondos provenientes del endeudamiento -esto es el rescate de acciones preferidas y al pago de los dividendos correspondientes-, impide la deducción de los gastos, intereses y diferencias de cambio en esa proporción por considerar incumplida la exigencia del art. 80 de la ley del gravamen, no obstante que, para la apelante por el principio de la realidad económica que subyace en la operatoria se da en este caso la modalidad de refinanciación del endeudamiento de la empresa con lo cual la deducción de intereses y gastos resulta incuestionable por aplicación del art. 81 inciso a) de la ley del gravamen que regula específicamente el caso. Sostiene que el rescate de acciones es un acto propio del giro de la empresa e inherente a la conservación de la fuente productora de la ganancia, lo que motivó a la reducción del capital por decisión de una asamblea extraordinaria, cumpliendo con la totalidad de los requisitos exigidos.

Se agravia de que el Fisco también sustente la determinación en el hecho que de que se no habría cumplido con los requerimientos de la ley Nº 23.576, alegando que carece de relevancia que las obligaciones negociables no hayan sido puestas en oferta pública y destaca que la única afectación que debe realizarse para un sujeto de tercera categoría es la vinculación genérica que el conjunto de pasivos presenta con el conjunto de rentas gravadas, exentas y no gravadas, mediante el prorrateo dispuesto por el art. 120 del Decreto Reglamentario del impuesto a las ganancias. Analiza los artículos 36, 37 y 38 de la Ley Nº 23.576 y señala que la admisión por parte del ente fiscal de las deducciones practicadas en la proporción del 26%, confirma que el endeudamiento de que se trata da lugar a gastos, intereses y diferencias de cambio cuya deducción a efectos impositivos resulta válida, poniendo de resalto que la totalidad de las obligaciones fueron colocadas en oferta privada y no solo una proporción, admitiendo así que la observancia de los requisitos del art. 36 bis de dicha normativa no condiciona la deducibilidad de los gastos, intereses y diferencias de cambio para el emisor y que tales deducciones no constituyen un "beneficio" en los términos de la ley examinada.

Sostiene la improcedencia de la multa aplicada argumentando que la actora obró con la debida diligencia y previsión exigibles ya que liquidó el tributo aplicando una interpretación razonable de la normativa vigente, y que es compartida por la AFIP-DGI según surge de dictámenes de antigua data que cita y en lo decidido por la Sala "A" de este Tribunal en la causa "Swift-Armour S.A. Argentina s/recurso de apelación", sentencia de fecha 25/10/2005, entendiendo que se da en el caso la figura del error excusable.

Plantea su disconformidad con la intimación del pago de intereses resarcitorios, invocando jurisprudencia emanada de nuestro más Alto Tribunal en el que se libera al deudor por la mora cuando se prueba que ella no le es imputable.

Ofrece prueba y por los argumentos que desarrolla, la doctrina y jurisprudencia que menciona en su escrito, solicita que oportunamente se revoque la resolución apelada en todas sus partes, con costas y en subsidio se deje sin efecto la aplicación de intereses resarcitorios y se revoque la multa impuesta, con costas al Fisco Nacional. Hace reserva del caso federal.

II.- Que a fs. 284/312vta. el Fisco Nacional contesta el traslado conferido. Manifiesta que el ajuste tiene como principal concepto la impugnación del 74% de las deducciones computadas de diferencias de cambio, gastos, dividendos e intereses pagados por los préstamos obtenidos por la recurrente de parte de sus empresas controlantes, exponiendo que los mismos fueron usados para rescatar acciones preferidas en poder de la empresa controlante, mediante la obtención de financiación a través de la colocación de obligaciones negociables garantizadas y financiadas por la misma empresa controlante y otras relacionadas; aclarando que el porcentaje restante obtenido por dicha operatoria -el 26%- fue utilizado para la puesta en marcha de una fábrica, motivo por el que el organismo fiscal admitió la deducción de los gastos relacionado con ello.

Afirma que el juez administrativo basa la determinación en la aplicación de la ley del impuesto a las ganancias y teniendo en consideración el principio de la realidad económica previsto en el art. 2º de la ley de procedimiento tributario y declara que si bien la empresa es libre de elegir la técnica financiera que a su juicio demanda su evolución comercial no por eso debe forzosamente concluirse en que el método por ella empleado obligue a admitir todas las consecuencias que impositivamente derivan de él, destacando que toda deducción es procedente únicamente cuando la ley lo contempla. Analiza las disposiciones contenidas en los arts. 17, 80 y 81 de la ley del gravamen y arts. 99 y 120 de su Decreto Reglamentario, haciendo notar que en el acto apelado no se hace mención alguna de que el mecanismo de prorrateo establecido en el art. 120 del Decreto Reglamentario haya sido utilizado y que no corresponde aplicar el principio de afectación patrimonial que invoca la recurrente, concluyendo que las deducciones impugnadas no se vinculan ni relacionan con las ganancias gravadas, ni con la posibilidad de obtenerlas, aumentarlas ni mantenerlas, puesto que el pasivo contraído no se aplicó al desarrollo de la actividad de la firma recurrente sino que por el contrario la operación llevada a cabo no generó ingreso monetario alguno y dio lugar a un gasto que afectó el resultado contable e impositivo. Señala que el fallo "Swift" invocado por la actora difiere de lo acontecido en el presente caso, advirtiendo que dicho decisorio fue dictado tres años después de la fecha de presentación de la declaración jurada objeto de impugnación y que el mismo no se encuentra firme por haber sido apelado.

Rechaza los agravios referidos a la sanción impuesta y niega que se de en el caso la figura del error excusable alegando que la actora no aporta elementos que demuestren que ha actuado bajo a la influencia de un error ineludible. Asimismo por los argumentos que desarrolla sostiene la procedencia de los intereses resarcitorios liquidados en el acto recurrido en base a la jurisprudencia que cita en apoyo de sus dichos.

Se opone a la prueba propuesta por la contraria y por las razones de hecho y de derecho que expone, la doctrina y fallos que menciona, pide que oportunamente se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas y se tenga presente la reserva del caso federal.

III.- Que a fs. 314 punto 3º) se intimó a la recurrente ingresar la suma de $ 10.447.705,19 en concepto de tasa de actuación bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal, que contra dicho auto la recurrente interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, solicitando se tenga por abonada la tasa ingresada mediante formulario 294/B y su ticket -obrantes a fs. 317/318- por la suma de $ 1.634.913,60, el que resulta de tomar como base el presupuesto anual promedio del Tribunal y proporcionar dicho importe con la magnitud del presente recurso de apelación, en relación al promedio de montos apelados. Que en atención a lo resuelto a fs. 712/712vta. por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal respecto del recurso de queja planteado por la apelante, a fs. 714 se concedió el recurso de apelación interpuesto por la recurrente a fs. 660/681 contra el pto. 3º) del auto de fs. 314, formándose incidente a efectos de su tramitación.

Que a fs. 691 se abre la causa a prueba admitiéndose la informativa propuesta, disponiéndose a fs. 805 el cierre del período de instrucción.

A fs. 806 se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D", obrando a fs. 814/816 y fs. 817/830 los alegatos producidos por las partes. Finalmente a fs. 831 se ponen los autos para dictar sentencia.

IV.- En el caso debe tenerse en cuenta que el tratamiento como deducible/exentivo previsto para las Obligaciones Negociables (ON) está condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en los art. 36 y 36 bis de la ley Nº 23.576, entre los cuales se destaca por su relevancia el referido a que las emisiones sean colocadas por oferta pública, contando para ello con la autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV). De acuerdo con el art. 16 de la ley Nº 17.811, se considera oferta pública la invitación que se hace a personas en general o sectores o grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con títulos-valores, efectuada por los emisores o por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de aquellos, por medio de ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones radiotelefónicas o de televisión, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones, impresas o cualquier otro procedimiento de difusión".

De esta disposición legal se extrae que el proceso de oferta pública, en lo que aquí interesa, consiste en la invitación que se hace al público en forma general (ofrecimiento con receptor indeterminado) o a sectores o grupos indeterminados. La esencia de la oferta pública es entonces la indeterminación del destinatario, aunque se trate de un grupo determinado. Cuando la norma legal se refiere a ofrecimientos personales, el sentido de la locución es el de varias personas, es decir, al público en general o a determinados grupos a los cuales debe trascender, pues si se tratase de "oferta personal", la misma no podría ser controlada por la CNV (cfr. Martín, Julián Alberto: "Tratamiento Impositivo de Operaciones Financieras", Edic. KPMG, Bs. Aires, 1999, pág. 307).

Que lo dicho apunta en el sentido de que el propósito perseguido mediante las normas que regulan la oferta pública de títulos valores no es otro que alcanzar la transparencia del mercado, lo que exige dentro de sus elementos esenciales, atribuir especial relevancia a la posibilidad de que todos los inversores cuenten -en igualdad de condiciones- con información suficiente a fin de otorgar mayores garantías en la toma de decisiones. Ello exige a las sociedades emisoras y a aquellos intermediarios que actúan en la negociación bursátil y extrabursátil de títulos valores, un accionar diligente a efectos de garantizar la mayor transparencia, en beneficio de la confianza en el sistema y la igualdad de oportunidades para todos aquellos inversores que, cualquiera sea el tamaño de sus operaciones, deseen participar en el mercado de capitales.

Por lo dicho, la oferta pública resulta ser un acto jurídico relativo a la compra-venta, suscripción de títulos-valores emitidos en masa, ofrecidos en forma genérica a sujetos no individualizados al momento de realizarse el contrato. El concepto "transparencia" queda así asociado al de "oferta pública" y está ligado a la posibilidad de ofrecer los títulos-valores a los inversores en el mercado, sin que exista un comprador predeterminado. La existencia de un ente colocador (underwritter) no desnaturaliza el concepto en cuestión si dicho sujeto realiza sus mejores esfuerzos para ubicar los papeles, no obstante quedárselos para sí cuando dicha colocación resulta escasa o infructuosa.

A tal punto el mercado exige la transparencia, que se ha previsto prohibir todo acto u omisión de cualquier naturaleza, que pueda afectarla o violarla (Resolución CNV Nº 290/97 - Libro VI - B.O. 22/6/1997), por ejemplo, para quienes vayan al mercado en desigualdad de condiciones (cfr. Martín J.A.: op. cit. pág. 308 y ss.).

Como se dijo antes, tratándose de las "Obligaciones Negociables", la ley Nº 23.576 (B.O. 27/7/1988) dispuso que las mismas gozaran de ciertas ventajas impositivas especiales cuando para su emisión se cumplan las condiciones establecidas en su art. 36, entre las cuales la primera es que deben ser colocadas por oferta pública y contar con autorización de la CNV. El texto legal es bien claro al respecto: "Art. 36. - Serán objeto del tratamiento impositivo establecido a continuación de las obligaciones negociables previstas en la presente ley, siempre que se cumplan las siguientes condiciones y obligaciones:

1. Se trate de emisiones de obligaciones negociables que sean colocadas por oferta pública, contando para ello con la respectiva autorización de la Comisión Nacional de Valores.

2. La emisora garantice la aplicación de los fondos a obtener mediante la colocación de las obligaciones negociables, a inversiones en activos físicos situados en el país, integración de capital de trabajo en el país o refinanciación de pasivos, a la integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora cuyo producido se aplique exclusivamente a los destinos antes especificados, según se haya establecido en la resolución que disponga la emisión, y dado a conocer al público inversor a través del prospecto.

3. La emisora deberá acreditar ante la Comisión Nacional de Valores, en el tiempo, forma y condiciones que ésta determine, que los fondos obtenidos fueron invertidos de acuerdo al plan aprobado".

Esto implica hallarse frente a la vigencia de un instituto especialmente creado como instrumento financiero apto para acudir al mercado de capitales, con la posibilidad de gozar de ciertas franquicias impositivas en el caso de cumplir determinados requisitos. En efecto, "las exenciones frente a los impuestos a las ganancias y al valor agregado no son más ni menos que el mismo tratamiento fiscal que se otorga a los títulos públicos con los cuales los colocadores privados deben competir, en muchos casos, en situaciones de evidente desigualdad" (cfr. Malumián, Nicolás y Barredo, Federico: "Obligaciones Negociables", Edit. Lexis Nexis, Bs. Aires, 2006, pág. 405) Las ventajas impositivas que acuerda la ley Nº 23.576 en los casos que cumplimentan las condiciones establecidas en el citado art. 36, se detallan en los artículos 36 bis y 37:

"Art. 36 bis - El tratamiento impositivo a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior será el siguiente:

1. Quedan exentas del impuesto al valor agregado, las operaciones financieras y prestaciones relativas a la emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización, intereses y cancelaciones de las obligaciones negociables y sus garantías.

2. La transferencia de obligaciones negociables creadas por la presente ley quedará exenta del impuesto sobre la transferencia de títulos valores, siempre que la misma se efectúe en los mercados abierto y/o bursátil.

3. Los resultados provenientes de la compra-venta, cambio, permuta, conversión y disposición de obligaciones negociables quedan exentas del impuesto a las ganancias. Si se tratara de beneficiarios del exterior comprendidos en su título V, no regirá lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley, y en el artículo 104 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978).

4. Quedan exentos del impuesto a las ganancias los intereses, actualizaciones y ajustes de capital. Si se tratara de beneficiarios del exterior comprendidos en su título V, no regirá lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley, y en el artículo 104 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978).

Igual tratamiento impositivo se aplicará a los títulos públicos.

A los fines de facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al presente régimen, la Comisión Nacional de Valores establecerá requisitos diferenciales por categorías definidas por la magnitud de la emisión y el tamaño de la empresa emisora. Cuando la emisora se ajuste a lo previsto en el artículo 13, la reglamentación podrá limitar las exigencias de intervención en la Comisión Nacional de Valores, sin perjuicio de mantener los beneficios del tratamiento fiscal establecido en el presente artículo (Artículo incorporado por art. 1º de la Ley Nº 23.962 B.O. 27/07/1988).

Art. 37. - La entidad emisora podrá deducir en el impuesto a las ganancias en cada ejercicio la totalidad de intereses y actualizaciones devengados por la obtención de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que cuenten con autorización de la Comisión Nacional de Valores para su oferta pública. Asimismo serán deducibles los gastos y descuentos de emisión y colocación.

La Comisión Nacional de Valores declarará inaplicable este beneficio impositivo a toda solicitud de oferta pública de obligaciones negociables, que por el efecto combinado entre sus descuentos de emisión y tasa de interés a pagar represente para la entidad emisora un costo financiero desproporcionado con relación al prevaleciente en el mercado para riesgos y plazos similares".

Ello supone que cumplidas las condiciones del art. 36, el acceso a las franquicias impositivas se produce en forma automática, aunque limitadas en su cuantía a lo que en cada caso disponen las normas legales de cada tributo. En el tema que se discute en autos se trata de la deducción de gastos vinculados con la emisión y colocación de las ON, así como de intereses pagados a los tomadores y de gastos operativos, todos los cuales son erogaciones que incidieron en el resultado de los balances fiscales de los años 2001 a 2004.

Teniendo en cuenta la limitación a la deducción de gastos, dispuesta en los artículos 80 y 81 de la ley del impuesto a las ganancias, cabe tener presente que únicamente la proporción de los mismos que corresponde a las ganancias gravadas es la que admite ser deducida en el balance fiscal del ejercicio al que aquellos se imputan. Vale decir, que para gozar de la franquicia fiscal el primer paso es tener habilitada la deducción de los gastos por hallarse cumplidas las condiciones fijadas en el art. 36 de la ley de ON, y para hacer procedente el segundo paso, debe determinarse la proporción de las erogaciones que podrá deducirse para calcular el impuesto a las ganancias del ejercicio pertinente. No encontrándose habilitada la deducción por la razón que fuera -vgr. incumplir el punto 1 del art. 36- no existe el derecho a deducir ninguna proporción del gasto (art. 38). Esto es así -más allá de las reglas del tributo que gravan la renta neta- por la elección de un instrumento financiero con características distintivas fijadas por ley, cuyo art. 37 permite gozar del beneficio fiscal únicamente cuando se ha obtenido la autorización de la CNV para la oferta pública de las ON, el que decae en caso contrarió (cfr. ley Nº 23.576, art. 38):

Art. 38. - Cuando la emisora no cumpla con las condiciones u obligaciones previstas en el artículo 36, y sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder de acuerdo con la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones), decaerán los beneficios resultantes del tratamiento impositivo previsto en esta ley y la emisora será responsable del pago de los impuestos que hubieran correspondido al inversor.

En este caso deberá tributar, en concepto de impuesto a las ganancias, la tasa máxima prevista en el artículo 90 de la ley respectiva sobre el total de las rentas devengadas en favor de los inversores.

El impuesto se abonará con sus correspondientes actualizaciones e intereses con carácter de pagos únicos y definitivos, facultándose a la Dirección General Impositiva a establecer la forma, plazos y condiciones de ingreso.

V.- En la presente causa no existe ninguna duda sobre que la emisión de obligaciones negociables efectuada por Alto Paraná S.A. no ha cumplido la condición de "oferta pública" y tampoco gestionó la autorización previa de la CNV, establecidas en el punto 1 del art. 36 de la ley Nº 23.576 (ver reconocimiento. expreso en el punto III.1 del recurso presentado). En el caso de autos no sólo no se requirió. "autorización" de oferta pública, sino que tampoco hubo "colocación efectiva" por oferta pública. Esta situación es irreversible y tiene efectos fiscales concretos que no pueden alterarse por la circunstancia de ligar la emisión de las ON a la cancelación del pasivo representado por acciones preferidas, mediante la cual la apelante pretende sustentar la procedencia de las deducciones, intentando derivar el caso hacia una discusión ajena (ver alegato de fs. 817/830), que soslaya que el meollo de la causa es el incumplimiento de los requisitos legales necesarios pata habilitar el tratamiento fiscal más favorable.

En esas condiciones, no se verifica la posibilidad de deducir las erogaciones que intenta la recurrente, por lo que corresponde confirmar el criterio aplicado en la ocasión por la Administración Tributaria, haciendo notar que no se comparte el criterio de liquidación de las diferencias de impuesto que aquella reclama, y que consiste en impugnar el 74% de los gastos incurridos, cuando en realidad debió impugnar la totalidad de los mismos. No obstante, atendiendo al principio de "reformatio in pejus" no procede agravar la situación de la recurrente incrementando en esta instancia su obligación impositiva.

VI.- Respecto de los intereses resarcitorios reclamados y por los que la actora plantea la inexistencia de mora culpable, cabe señalar que no se concibe que la indisponibilidad de un crédito, cualquiera fuese su origen, no genere intereses a favor de quien se vea privado del mismo durante el lapso de carencia. De ocurrir así, se trataría de una liberalidad ajena a la ciencia económica y más aún, al accionar de la entidad recaudadora. Es de la esencia de los créditos fiscales el devengamiento de intereses. Lo contrario sería causal para dejar impagas las deudas impositivas.

En este orden de ideas, existe antigua jurisprudencia de este Tribunal. que considera que "los intereses del art. 42 de la ley 11.683 no tienen naturaleza penal sino resarcitoria. Representan una liquidación legal de los daños y perjuicios que le ocasiona la mora al Fisco" (entre otros, "Boris Garfunkel e Hijos S.A., Sala B, 15 de mayo de 1976). Además, como lo ha resuelto la Sala C in re "Vicente Robles S.A.M.C.I.C.I.F.", con fecha 6 de julio de 1984, "Los intereses moratorios tributarios se diferencian tajantemente de los intereses moratorios civiles, así como de otras sanciones tributarias por varias circunstancias, tales como: a) son de carácter objetivo; b) se aplican automáticamente sin necesidad de interpelación alguna; c) no exigen para su aplicación la tramitación de un sumario administrativo; d) se continúan debiendo no obstante que el deudor haya pagado el capital sin que el acreedor efectuare reserva alguna y e) pueden ser condonados con carácter general, para lo cual se exige una norma legal expresa".

Que a mayor abundamiento es dable señalar que este criterio es el adoptado por nuestro más Alto Tribunal al resolver con fecha 1º/6/2000 in re "Citibank N.A." (TFN Nº 15.575-I).

VII.- Que resta pronunciarse sobre la multa impuesta por aplicación del artículo 45 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y modif.), respecto de la cual no se advierten razones que ameriten modificar la evaluación que del caso ha hecho el organismo fiscal, ni que se verifiquen elementos aptos para propiciar su revocación y atento lo expresado en los considerandos precedentes, tampoco existen evidencias de que en esta causa, la recurrente haya incurrido en un error que pueda ser calificado como excusable. Que tampoco resulta aplicable al caso la doctrina emanada del fallo dictado por la Sala "A" de este Tribunal en la causa "Swift-Armour S.A. Argentina s/recurso de apelación", sentencia de fecha 25/10/2005, toda vez que en ella se trataba de la contratación de un préstamo del exterior para rescatar acciones, es decir los hechos ventilados difieren de la cuestión debatida en estos autos donde la recurrente emitió Obligaciones Negociables en oferta privada para pagar acreedores.

VIII. Que por todo lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.

El doctor Urresti dijo:

Que adhiere al voto precedente.

Del resultado de la votación que antecede; SE RESUELVE: Confirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas.

Se hace constar que este pronunciamiento se emite de conformidad con lo previsto por el art. 59 del Reglamento de Procedimiento de este Tribunal. -Esteban Urresti. - Sergio Pedro Brodsky