Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-04-14


AUTOS N° 20.717 (65575 - 1° CIVIL) "CASTRO Misael C/ Marticorena Isidoro - Cobro de Pesos" L. DE S. T° 110, F° 1/7 En la ciudad de San Juan, a 14 días del mes de abril del año dos mil once, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los señores Vocales DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS y PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 20.717 (65575 - 1° CIVIL) caratulados "CASTRO MISAEL C/ MARTICORENA ISIDORO - COBRO DE PESOS", dictada en fecha veintisiete del mes de marzo del año dos mil nueve, obrante a fs. 126-130, de estos autos originarios del Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. Se elevan estos autos a la alzada en grado de apelación, habiéndose resuelto desestimar la demanda que promueve el Sr. Misael Castro contra el Sr. Isidoro Marticorena por cobro de pesos, daños y perjuicios, promovida en base a un contrato verbal de locación de servicios de trabajos rurales. El actor, poseedor de un tractor con el cual trabaja a destajo, se comprometió a realizar con él, movimiento de tierras para la preparación de cultivos en dos fincas de propiedad del demandado, ubicadas en los Departamentos de San Martín y Chimbas. En la demanda afirma que durante el período de tiempo del mencionado trabajo, el demandado se comprometió a entregar a cuenta del precio, sumas parciales de dinero para solventar el consumo de combustible, reparaciones mecánicas del tractor y otros gastos para el cumplimiento puntual de los trabajos encomendados. Cuando éstos concluyeron, entregó el tractor a su mecánico para que le hiciera el servicio de mantenimiento y reparación necesarios a consecuencia del intensivo uso que afectó en forma directa el estado general de la máquina. Comunicó en reiteradas ocasiones el costo de la reparación al demandado, primero verbalmente y luego mediante carta documento, para que se hiciera cargo de los mismos. La intimación no dio los resultados esperados, viéndose precisado a instaurar la presente demanda. Reclamó la deuda con más sus intereses legales, los daños materiales y el lucro cesante porque se vio privado del uso del tractor y no tuvo la renta mensual durante la temporada de mayor demanda de trabajo, que se extiende entre el mes de noviembre y agosto, para preparar chacras y hacer desmontes. 2. El recurso de apelación fue concedido libremente y con efecto suspensivo. Lo informa con estos agravios:

a) La sentencia definitiva recaída en esta causa desestimó la demanda porque consideró que no convocó al Sr. Mariño en calidad de testigo de reconocimiento y eventualmente practicar la pericia caligráfica que determinaría la autenticidad de la firma y contenido del documento anexado, donde consta la cantidad de horas trabajadas, tenido por nulo en la sentencia porque así nomás lo calificó la demandada. Transcribe la parte del fallo donde refiere el sentenciador: "el acto jurídico de reconocimiento imputado al Sr. Mariño resulta nulo, en tanto ha sido obrado mediando un ardid doloso de parte de la actora quien, aprovechándose de la circunstancia de que el Sr. Mariño no sabe leer ni escribir, la ha hecho firmar un documento cuyo contenido es diverso al supuesto por el firmante".

Manifiesta que la causa de la nulidad, "ardid doloso" y que el encargado de la finca "no sabe leer ni escribir", debe ser probada por quien la alega. Dice el apelante: "Este es el error en que incurre el sentenciante, esperar que la actora que ya acreditó mediante la presentación de un documento que reza el reconocimiento del trabajo realizado, debe acreditar que tal elemento "no es nulo", que el Encargado de la finco "no es analfabeto" que "no hubo ardid doloso", cando todos estos presupuestos fácticos no han sido el fundamento de los hechos alegados, sino la defensa de la contraria".

La jueza a quo da por sentado la nulidad de documento, que en principio está reconocida su autoría, como "encargado" de las fincas, cuya función es la "supervisión de las labores rurales que allí se realizan. y al pago material de personal afectado a la explotación agrícola", tal como lo ha manifestado en el conteste de la demanda.

Alega que este reconocimiento formulado al contestar la demandada y luego en oportunidad de absolver posiciones por el propio demandado, "es el fundamento fáctico y jurídico suficiente para que V.E. revoque la sentencia que desestima la pretensión. Cómo puede ser una persona Encargada de varias fincas (más de 12 hectáreas de vid), tener personal subalterno a quienes supervisa, que tenga manejo de dinero, para realizar pagos en nombre del propietario de las fincas, que esa persona sea analfabeta, que no sabe leer ni escribir, que no sabe contar las horas trabajadas, que no distingue un recibo de un reconocimiento de servicios..." Cuando el absolvente depuso sobre la 9° posición: Para que jure como es cierto que el actor cumplió los trabajos encomendados de plena conformidad del absolvente; dijo: Sí es cierto. Anteriormente, mediante respuestas evasivas a la 6° posición: Para que jure como es cierto que el actor realizaba labores en las mencionadas fincas, de pasada de rastra de disco y cincel, luego arado, rastra de disco, nivelado con pala y rastra; dijo: "Que no es cierto. Que en principio se habló de rastra de disco, los otros nivelados no tiene conocimiento de pala de rastro o cincel, lo que no significa que no los haya hecho, sino que el declarante no tiene conocimiento".

"Estas evasivas corroboradas con las testimoniales de Páez en respuesta a la 2da. ampliatoria (fs. 57 vta.) y Moroso Barraza en respuesta a la 5ta. y 7ma., aclarando que "veleta" se refiere a la pala para nivelar (fs. 64); que en relación a las labores y cotizaciones de la pericial del Ingeniero Agrónomo Scarrone, las horas trabajadas (653) son ciertas, no pudiendo ser menos" b) "Que se ha reclamado mediante Carta Documento el pago del saldo, teniendo como respuesta un silencio, propio de quien no respeta el trabajo ajeno".

c) La sentencia desestima la pretensión porque la jueza a quo no encuentra prueba suficiente como para acreditar que el desgaste de la máquina se debió a la intensidad de los trabajos y que los gastos de su reparación estuvieran a cargo de quien encomendó el trabajo. Supone la sentenciadora que por ser un tractor que ha soportado el uso de veinticinco años, necesariamente su vida útil era precaria. "Cuando el uso es moderado, sumado al puntual mantenimiento, repuestos los elementos con mayor desgaste, cumple acabadamente su función, de lo contrario aun un tractor nuevo termina fundido y averiado fatalmente".

La acción del demandado tiene consecuencias dañinas, pagó cuándo y cómo se le dieron las ganas. "Esta cualidad demostrada por el demandado en el reclamo, parte desde la falta de respuesta al requerimiento formal, a la argumentación inconsistente del conteste de la demanda y la falta de prueba de sus afirmaciones".

d) La sentencia apelada, solo está coronada con presunciones desacertadas, como fue la del estado del tractor. El incumplimiento contractual denota una conducta negativa del demandado, no acorde a lo dispuesto por el art. 1198 del Cód. Civil, en la parte donde establece que "los contratos deber celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo a lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión".

Revierte la postura del fallo y manifiesta en palmario contraste con aquellos fundamentos: "De las presunciones debe considerarse que es el actor el que terminó con su herramienta destrozada, mientras que el demandado tenía las fincas satisfactoriamente trabajada con el tractor del accionante; el que terminó endeudado, mientras que el demandado pretendió pagar un precio por debajo de lo usual y en los tiempos que las circunstancias le faciliten".

En el broche final a la crítica razona con esta pregunta: "Por qué el demandado, propietario de 12 hectáreas de vides, en plena producción no posee su propio tractor? La respuesta es obvia, es más barato hacer trabajar a personas que humildemente tienen una herramienta de trabajo, con la cual obtienen su sustento y que no tienen una formación académica (surge a simple vista de la letra y contenido de los documentos anejados a la causa).

e) Por último, considera muy injusta la imposición de costas en la totalidad a su parte, teniendo en cuenta que acreditó el vínculo o relación contractual y la contraria no probó ningún perjuicio derivado de una conducta anterior de su co-contratante anterior a la promoción de la acción.

La parte demandada no contestó estos agravios.

3. Abocado al estudio de la causa, lo primero que tengo en cuenta es la admisión de la existencia del contrato de locación de servicios por parte del demandado, cuyo vínculo comenzó en el mes de octubre del año 2000 según lo expresa en la contestación de demanda que formula su apoderado Dr. Oscar Cuadros. Dijo el letrado que "el Sr. Marticorena solicitó al Sr. Castro la ejecución de labores de movimiento de tierra en dos fincas que administra, una de ellas sita en calle Rigovalles 1603 (N), Dpto. Chimbas, y la otra en calle Colón antes de calle Cortínez, Dpto. San Martín".

El contrato verbal de locación de servicios (art. 1627, C.C.), así admitido, es una declaración con fuerza vinculante y no necesita prueba, puesto que no es un hecho controvertido (art. 344, CPC, ley 3738). No hace mella a esta declaración que el demandado negara que los trabajos comenzaron a realizarse en el mes de noviembre, cuando fue en el mes de octubre de ese año, según su versión. Esta ínfima diferencia no es relevante ni puede incidir en el resarcimiento justo.

Por vía de confesión, el demandado reconoce como cierto que debía abonar el importe de pesos diez ($10) por cada hora de trabajo. Asimismo confiesa que los trabajos se realizaron y concluyeron de plena conformidad con lo pactado (9na. posición).

4. La discordia que provoca este conflicto de intereses, no está en la existencia del contrato, sino cómo lo han interpretado y ejecutado las partes. En el sub iudice, queda clara la confesión del demandado en el sentido que el actor cumplió en tiempo y forma su prestación. Queda por ver cuál fue su comportamiento dentro de esta relación contractual.

Cuando Misael Castro manda por Correo Argentino la carta documento a Isidoro Marticorena con aviso de recepción del 21 de diciembre del año 2001, ya existía la relación contractual que vincula a los sujetos procesales de este juicio. La carta, redactada con toda precisión y firmeza, reclamaba el saldo pendiente de $ 4.012,00, adeudado desde el 30/03/2001, fecha de la terminación de los trabajos realizados con la conformidad del locador de servicios. En ella el remitente reconocía haber recibido como anticipo y a cuenta de mayor cantidad la suma de $ 2.518,00.

Además, la misiva decía: "Por el esfuerzo realizado, las dificultades del terreno y las exigencias del trabajo realizado en tiempo oportuno, el tractor quedó averiado, de tal manera que se le requirió a usted el cumplimiento puntual del pago de los trabajos realizados para reparar mi herramienta de trabajo; sin embargo usted no cumplió con lo pactado verbalmente, faltando a su compromiso y su palabra de persona de bien; entonces, el tractor ha quedado varado en el taller mecánico, desarmado y endeudado; durante este período he perdido varias ofertas de trabajo, lo cual me ha traído aparejado un grave daño a causa de su incumplimiento, lo cual también le exijo una justa reparación al daño producido". "Usted ha demostrado una actitud irresponsable provocándome graves perjuicios en la pérdida de otros trabajo, todo lo cual, al saldo pendiente de pago se le adicionará los daños y perjuicios, daño emergente y lucro cesante, intereses y honorarios profesionales que se devenguen." ¿Qué efectos jurídicos produjo el silencio de la demandada? En este caso, el silencio tuvo su valor, entra en una de las excepciones previstas al principio del art. 919 del Código Civil. El principio establece que el silencio opuesto a actos no debe ser considerado como manifestación de voluntad. Sin embargo, en el sub lite, la demandada estaba obligada a contestar, "a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes". Había una relación jurídica anterior emergente del contrato de locación de servicios y una evidente conexión entre lo requerido y las declaraciones precedentes. La omisión implica una expresión tácita de la voluntad en los términos del art. 818 del mismo Código que sobreentiende el reconocimiento del derecho reclamado por el locatario. A la vez revela un comportamiento contrario con el principio de la buena fe al tiempo del cumplimiento de las prestaciones debidas, ya que es la lealtad de las partes se manifiesta y se exige por la colaboración y predisposición a cumplir con las obligaciones asumidas (conf. art. 1198, C.C.). No eran otras las referidas en la carta documento.

5. A mi modo de ver, el silencio, frente la intimación fehaciente, cobra mayor significación que el documento privado emitido por el Sr. José Antonio Mariño, aunque sin duda para que aquél tuviera plena eficacia probatoria era necesario su reconocimiento en la etapa probatoria de este proceso. Hubiera bastado que el tercero, debidamente citado, reconociera la firma del documento para que quedara también reconocido su contenido (art. 1028, C.C.). Si bien el documento privado no cobró la autenticidad de un documento público, no por ello pierden valor probatorio otros elementos que en definitiva corroboran no solo el trabajo realizado con el tractor, sino también las horas que insumió.

5.1. Desde que el demandado confesó como ciertas las funciones encomendadas al encargado Mariño en las fincas por él administradas, cobra vigor la prueba compleja sobre los hechos que fundan la pretensión coordinando otros datos probatorios:

5.2. No obstante que en la contestación de la demanda Esteban Isidoro Marticorena admitía que el Sr. José Mariño es el encargado de las propiedades administradas por el Sr. Marticorena, agregando:"En tal carácter sus funciones están limitadas a la supervisión de las labores rurales que allí se realizan y, eventualmente, al pago material del personal afectado a la explotación agrícola" (fs. 25, 1er. párrafo), confiesa más ampliamente en la absolución de posiciones que el Sr. Mariño "era empleado y encargado de la finca", y que su tarea era "controlar" los trabajos y efectuar "los pagos". Es decir que normalmente -y no eventualmente- pagaba a los trabajadores de las fincas. De modo que por vía de presunciones (art. 461, CPC, ley 3738), con estos indicios, sumados al dictamen pericial del Ing. Agrónomo, Luis E. Scarrone (ver fs. 112/117), se puede aseverar con alto grado de probabilidad que el Sr. Misael Castro tuvo derecho a cobrar por las seiscientas cincuenta y tres horas (653 hs.) de trabajo con el tractor, a razón de pesos diez ($10,00) por hora. En el mencionado informe pericial, no obstante aclarar el perito que daba valores estimativos a título de referencia, dichos valores superan ampliamente las horas reclamadas.

5.3. Del informe pericial del perito Ing. Mecánico José Ricardo Godoy (ver fs. 34/36), puede saberse a ciencia cierta cuáles era los deterioros sufridos en el tractor Massey Ferguson, modelo 1975, y los gastos que debían hacerse para repararlo. El perito concurrió al taller mecánico, propiedad del Sr. Rogelio López, donde se encontraba desarmada la máquina y pudo constatar las importantes consecuencias sufridas en distintas piezas del motor. Que estaba por tal motivo inmovilizado y obviamente esto causaba un daño cierto al actor que con esa herramienta se ganaba la vida. En la inteligencia de que el silencio ante el reclamo formulado por carta documento, tuvo un determinante valor jurídico, no es ilógico pensar que el demandado también se había comprometido a hacerse cargo de las reparaciones del tractor por las averías sufridas a consecuencia del intenso uso en el trabajo de las fincas, sin que el actor tuviera suficientes medios para repararlo. Puede inferirse de este dictamen pericial que la vida útil de un tractor marca Masseuy Ferguson Viñatero, motor Perkins 3 cilindros, no depende tanto del año en que salió a la venta, sino de las buenas condiciones de uso y mantenimiento: "No existe deterioro siempre y cuando se conserven las piezas para su reparación y puesta en marcha", ilustra el perito.

5.4. La prueba testimonial rendida por Rogelio Carlos López, Abraham Eduardo Páez y Lorenzo del Carmen Moroso Barraza, es coincidente y confirmatoria de estos hechos. Especialmente por estos dos últimos testigos sabemos el detalle de las roturas y el costo de reparación. Que el Sr. Misael Castro se vio constreñido a dejar de trabajar por estas circunstancias. Que Mariño era el capataz de la finca, y él era quien daba órdenes a los obreros de lo que tenían que hacer y dónde debían trabajar. Que el trabajo de Castro duró unas 600 a 700 horas aproximadamente.

6. El demandado aseveró al contestar la demanda que el documento firmado por el Sr. Mariño se había obtenido mediante una maniobra o acción dolosa de Misael Castro. Lo tachaba de nulo, "en tanto ha sido obrado mediando un ardid doloso de parte de la actora, quien, aprovechándose de la circunstancia de que el Sr. Mariño no sabe leer ni escribir, le ha hecho firmar un documento cuyo contenido es diverso al supuesto por el firmante". En el contexto normativo del art. 931 del C.C., la acusación debió ser demostrada por quien pretendía la descalificación del acto, demostrando todas y cada una de las condiciones para anularlo según lo establece el art. 962 del C.C. Pero la jueza a quo, vulnerando el principio de igualdad de las partes en el proceso y en juicio parcial, toma lisa y llanamente como ciertas las afirmaciones de la demandada, aceptando que el documento había sido firmado por el Sr. Mariño, pero carecía de valor en su condición de analfabeto, "por lo tanto no pudo tener conocimiento de lo que estaba firmando". A pesar que en su fallo hace mención expresa a la carga de la prueba (art. 361, CPC, ley 3738), este era un hecho que debió demostrar quien así lo afirmaba (la demandada). De todas maneras, tal como lo expresa el recurrente, es muy difícil de creer que una persona, haciendo las veces de capataz, encargado de controlar y pagar a los trabajadores rurales de las fincas en cuestión, no supiera leer o escribir.

7. Conforme a este análisis, la demanda prospera por el saldo de precio que el accionante intimó a pagar por carta documento, en la suma de $ 4.012,00, con más sus intereses compensatorios debido a la mora, desde el 30/03/2001. También por los daños materiales a consecuencia de la reparación y arreglo del tractor, estimados en el monto de $ 2.300,00.

En cambio, no corresponde hacer lugar al lucro cesante que reclama el actor en la suma de $ 12.000,00, porque si bien no hay problema para considerar que el tractor es su principal herramienta de trabajo, no se llega a determinar este tipo de daño con meras conjeturas hipotéticas, sino en base a la prueba concreta de ganancias frustradas. Esto es, que hubieron operaciones o contrataciones que por dicha causa no se llevaron a cabo. La indemnización del lucro cesante requiere la certeza de la existencia del daño. No basta con afirmar que por la sola imposibilidad de usar el tractor le deparó la pérdida de una renta mensual básica de $ 600,00 durante las temporadas en que acostumbra hacer los trabajos entre el mes de noviembre al mes de agosto de cada año. El mismo actor dijo que trabaja a destajo, no a jornal, por lo que con mayor razón debió demostrar el lucro cesante.

8. Si mis colegas estuvieran de acuerdo con estas motivaciones, propugno la revocación del fallo apelado, haciendo lugar parcialmente a la demanda, de la forma y con los alcances referidos precedentemente. La costas se imponen a la parte demandada en ambas instancias, en virtud del principio general objetivo del vencimiento (conf. art. 74, CPC, ley 3738).

Así voto.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 132 y concedido a fs. 133. En consecuencia se revoca el fallo dictado en primera instancia y que fuera apelado. II) Hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando al demandado Sr. Isidoro Marticorena a abonar al actor Sr. Misael Castro la suma de Pesos cuatro mil doce ($4.012,00) con más los intereses compensatorios desde el 30-03-2001, en concepto de saldo de precio. Asimismo la suma de pesos dos mil trescientos ($2.300,00) en concepto de daños materiales por reparación y arreglo del tractor. III) Imponer las costas a la parte demandada en ambas instancias, en virtud del principio general objetivo del vencimiento (conf. art. 74 CPC, Ley 3738).

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 132 y concedido a fs. 133. En consecuencia se revoca el fallo dictado en primera instancia y que fuera apelado. I II) Hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando al demandado Sr. Isidoro Marticorena a abonar al actor Sr. Misael Castro la suma de Pesos cuatro mil doce ($4.012,00) con más los intereses compensatorios desde el 30-03-2001, en concepto de saldo de precio. Asimismo la suma de pesos dos mil trescientos ($2.300,00) en concepto de daños materiales por reparación y arreglo del tractor.

III) Imponer las costas a la parte demandada en ambas instancias, en virtud del principio general objetivo del vencimiento (conf. art. 74 CPC, Ley 3738).

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas en virtud de lo dispuesto por el art. 257 de la ley 8037.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.