Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13


Reg.: A y S t 281 p 148/152. En la ciudad de Santa Fe, a los trece días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la Presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "SORBI, GISELA JAQUELINA contra ESCOBAR SANTA FE SACIFI -C.P.L.- (Expte. N° 25/15) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-05160633-4). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Falistocco, Netri, Spuler y Gutiérrez. A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Mediante resolución registrada en A. y S. T. 276, págs. 151/153 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia del 03.08.2016 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe. Ello por entender que, desde la apreciación mínima y provisoria que es propia a dicho estadio, el planteo efectuado por la recurrente -señalando que la Sala había incurrido en apartamiento normativo al imponer las costas de primera y segunda instancia a su parte- importaba articular con seriedad planteos capaces de configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad para operar la apertura de la instancia de excepción. El nuevo estudio de la causa, realizado con los principales a la vista, me conduce a ratificar aquella conclusión, en concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 362/366). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Netri y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. De las constancias de los autos principales surge que la materia litigiosa, en lo que es de estricto interés al presente recurso, puede resumirse así: La actora inició juicio contra Escobar Santa Fe S.A.C.I.F.I. por cobro de diversos rubros laborales -indemnización por antigüedad y preaviso, mes integrativo, sueldo anual complementario y aplicación de artículo 2 de la ley 25323- cuyo monto dejó librado a las pruebas a rendirse en autos. Expresó en la demanda que la extinción del vínculo se produjo por responsabilidad exclusiva de la patronal, quien le atribuyó haber incurrido en injuria grave al desviar clandestinamente clientes a un promotor distinto de su empleador y divulgar información confidencial de la firma, lo cual es rechazado por la trabajadora. Al contestar la demanda, la accionada negó expresamente la causa de despido alegada por la accionante. Aclaró que el único motivo de distracto fue la apropiación indebida de sumas de dinero, solicitando el rechazo de la demanda con costas. Tramitada la causa, el Sentenciante rechazó la demanda e impuso las costas a la vencida (fs. 275/279). Para así decidir, juzgó que la patronal había demostrado en forma suficiente la causal de despido invocada, consistente en que la trabajadora percibió sumas de dinero en forma indebida, lo que, en las circunstancias del caso, había configurado una injuria grave que impedía la continuación del vínculo. Apelado dicho decisorio por la actora, la Sala confirmó la sentencia impugnada en lo que hace al fondo de la cuestión y, haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la accionante, dispuso imponer las costas de primera y segunda instancia a la demandada por haber dado motivos para el inicio de la acción, ello no obstante el éxito obtenido (art. 102, C.P.L.). 2. Tal decisorio es objeto del presente recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada con fundamento en el artículo 1, inciso 3, de la ley 7055. Sostuvo que el fallo, al cargar las costas a la parte que ha vencido en todas y cada una de las pretensiones introducidas en el litigio, resulta arbitrario por apartarse de las normas legales aplicables al caso, fundándose en afirmaciones dogmáticas y autocontradictorias, y afectando, por ende, principios constitucionales. Alegó que los Sentenciantes incurrieron en arbitrariedad normativa, en el entendimiento de que la facultad prevista en el artículo 102 del Código Procesal Laboral resulta aplicable sólo en los supuestos en que existe vencimiento recíproco, es decir cuando la sentencia ha reconocido que cada una de las partes ha obtenido una porción de éxito en la contienda, lo que no acontece en el "sub judice". Agregó que si bien la referida norma autoriza al tribunal -excepcionalmente- a eximir total o parcialmente del pago de las costas a la parte vencida, en modo alguno lo faculta a imponerlas al vencedor. Indicó que la sentencia recurrida impone las costas a la demandada "por haber dado motivos para el inicio de la presente acción judicial...", lo que -afirmó- resulta dogmático por haberse tratado de un mero error material que nunca pudo haber dado motivos a la actora para promover su demanda. En sustento de su postura, resaltó que la sentencia presenta una contradicción lógica en su fundamentación que la descalifica como acto jurisdiccional pues la propia Alzada, al juzgar el fondo del recurso, había resuelto que el simple error de pluma no le impidió a la accionante conocer la verdadera razón que justificó la extinción del vínculo laboral, con lo cual -indicó- no resulta razonable concluir en que ello pueda ser el motivo para el inicio de la acción judicial. Finalmente, remarcó que el imponer las costas a quien ha actuado de buena fe, y liberar de ellas a quien no lo ha hecho tanto en el ámbito de la relación laboral, como en la preparación y desarrollo del juicio, resulta una injusticia evidente. 3. El detenido estudio de la causa me convence de que el recurso extraordinario local merece favorable acogida en esta instancia. En efecto, conforme surge de la reseña efectuada, la actora fue despedida por haber percibido sumas de dinero indebidamente, causal que los Jueces juzgaron acreditada, lo que condujo al rechazo total de la demanda en ambas instancias. No obstante ello, la Alzada revocó lo decidido en cuanto a las costas a la accionante perdidosa y, en su lugar, las impuso en el todo a la demandada vencedora. Esto último en el entendimiento de que, a pesar de haber la patronal actuado conforme a derecho al despedir a su empleada, el error contenido en el texto mediante el cual se le comunicó el distracto condujo a la actora a demandar. Si bien es cierto que la materia que constituye el único objeto del presente -la imposición de las costas del proceso- no es, en principio, susceptible de impugnación con alcance constitucional, sabido es también que esa regla reconoce excepción en aquellos casos en que tal cuestión ha sido resuelta mediante un claro apartamiento normativo o con manifiesta arbitrariedad, todo lo cual se advierte ha acontencido en el caso. En efecto, lo decidido por la Sala -al imponer las costas de ambas instancias a la demandada gananciosa, no obstante el éxito obtenido, considerando que ésta habría dado motivos para el inicio de la presente acción judicial por el error en el texto del acta notarial-, evidencia la existencia de vicios en el razonamiento de los Juzgadores, lo que impide sostenerlo como acto jurisdiccional válido, al no constituir una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias del caso. Sabido es que la regla que rige la materia impone que "la parte vencida será siempre condenada a pagar las costas del juicio" (art. 101, C.P.L.). Y si bien es cierto que el mismo ordenamiento ritual en el artículo siguiente habilita a los magistrados a su eximición total o parcial a la perdidosa cuando exista mérito para ello, tal conclusión claramente no tiene el alcance que la Alzada le pretende dar en los presentes. Toda vez que en momento alguno la norma reconoce a los jueces la posibilidad de cargar las costas del proceso a la parte que ha resultado vencedora absoluta de éste. Sin perjuicio de lo expuesto, en cuanto asiste razón al recurrente en su reproche de apartamiento normativo, el que resulta suficiente para descalificar la decisión desde la óptica constitucional, no puede dejar de señalarse que el fundamento ensayado por la Cámara para apartarse del régimen normativo aplicable al caso deviene retórico, advirtiéndose asimismo un error lógico de contradicción por presentar una irreductible oposición conceptual que torna ininteligible lo decidido, al no resultar armónica la conclusión arribada respecto de las costas con el resto de los argumentos -apoyados en las específicas modalidades del caso y de los hechos comprobados de la causa- desarrollados por los Judicantes para dar fundamento al decisorio. Nótese que el Tribunal a quo comenzó considerando que el yerro en cuestión había consistido en un evidente error de tipeo del escribano. Aclaró -incluso- que el mismo "no lleva a confundir la causa de despido expresada en el acta 55; de manera tal que si se suprimiera el texto erróneo aún así se puede comprender la causal de despido" y que "de la lectura de la Escritura Pública n° 55 obrante a f. 28/30 surge que la falta imputada a la actora consistió en percibir indebidamente sumas de dinero, falta que '... en sí misma impide continuar con la relación...", por lo que -concluyó- la actora fue despedida con justa causa (f. 312). Pese a ello, es del caso que la Sala de todas maneras impuso las costas a la demandada gananciosa, por considerar que esta última dio "motivos para el inicio de la presente acción judicial por el error en el texto del acta notarial". Argumento éste que contrasta palmariamente con lo aseverado previamente por la misma Cámara con base en las constancias del expediente, quedando evidenciada la carencia argumental en el punto. Por todo lo antes expuesto cabe concluir que la sentencia recurrida -en lo que refiere a la imposición de las costas- no es una derivación razonada del derecho vigente aplicada a las circunstancias comprobadas de la causa, y debe consecuentemente ser anulada. Por ello, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto, anulando la sentencia impugnada. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Netri y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto en torno a la imposición de costas y, en consecuencia, anular el pronunciamiento atacado en cuanto ha sido objeto de impugnación. Remitir los autos al tribunal que corresponde para que juzgue nuevamente la cuestión. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055). Así voto. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Netri y Spuler, y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto en torno a la imposición de costas y, en consecuencia, anular el pronunciamiento atacado en cuanto ha sido objeto de impugnación. Remitir los autos al tribunal que corresponde para que juzgue nuevamente la cuestión. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055). Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mi, doy fe. FDO.. GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 4 de Santa Fe.