Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-08-30


AUTOS N°3633-A (C.C. SALA IV Nº1066) del Juzgado Comercial Especial, CARATULADOS "STORNINI Mauricio S/ Concurso Preventivo- Inc. d/ Bco. Supervielle S.A.- Legajo P/ Tramitar Rec. de Apelación por costas d/ Dr. Jorge Baistrocchi" San Juan, 30 de agosto del año dos mil dieciocho.-	VISTOS: Para resolver en los autos del rubro el recurso de apelación articulado a fs. sub 56, por el incidentista, el que fuera concedido con efecto suspensivo a fs. sub 57; interpuesto contra la sentencia de fecha 15 de marzo del año 2016, obrante a fs. sub 51/55, dictada por el Sr. Juez del Juzgado Comercial Especial.-	Y CONSIDERANDO: Mediante el decisorio impugnado (fs. sub 51/55), el juez a quo hizo lugar parcialmente a la verificación tardía de créditos solicitada por el Banco Supervielle SA, con el alcance fijado en los considerandos, imponiendo las costas al verificante tardío. Acto seguido reguló de los honorarios de los profesionales intervinientes, conforme las pautas dadas en los considerandos, en la suma de Pesos Seis mil ($6.000) al apoderado de la concursada y en la suma de Pesos Cuatro mil ($ 4.000) al apoderado de la incidentista.-	A fs. sub 56 el incidentista interpone recurso de apelación, el que es concedido a fs. sub 57. El memorial de agravios se incorporó a fs. sub 65/66 y su conteste por el concursado a fs. sub 71/73 y vta..-	En su expresión de agravios de fs. sub 65/66 el apelante refiere le agravia el punto II de la sentencia apelada en cuanto le impone las costas. Preliminarmente le afecta que el sentenciante no haya analizado la conducta de los garantes de STORNINI S.A. (Autos N°3148) Mauricio Raúl Stornini; (Autos N°3633) Ana Carolina Stornini y (Autos N°3635) Fernando Ariel Stornini, respecto de su parte.-	Relata que si bien se presentó en los autos principales del concurso peticionando verificación de créditos, acompañó la escritura del contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Ahora bien cuando los Sres. Stornini se presentan concursalmente en su carácter de garantes, sólo denuncian como acreedor hipotecario al Banco de la Nación Argentina. Tilda a ello como una omisión deliberada y maliciosa para su parte.-	Califica a ello como una cuestión destinada a dificultar que el Banco Supervielle S.A. tomara conocimiento de la presentación concursal de los tres garantes y así aprovecharse de no pagar, mientras no se verificara el privilegio hipotecario, obteniendo así privilegios inesperados. Relata circunstancias vinculadas a la plataforma fáctica del concurso preventivo.-	Finalmente refiere que solo apeló la imposición de costas, pues ella revela que quienes actuando en asociación ilícita, con el objetivo de dificultar la verificación de un crédito legítimo, violando así la lealtad procesal. Considera que si las costas son a su cargo, se está premiando una actitud reprochable.-	A fs. sub 71/73 y vta. obra el conteste del memorial de agravios por el concursado quien expone que la expresión de agravios del apelante no reúne los requisitos que exige el art. 253 segundo párrafo, por cuanto no importa una crítica concreta y razonada del fallo. Solicita se lo declare desierto y peticiona la confirmación del fallo recurrido. Formula reservas.-	Cuestión preliminar.

Previo a ingresar al tratamiento de la cuestión sometida a estudio del Tribunal corresponde aclarar que solo será objeto de estudio el recurso de apelación deducido a fs. sub 56 y concedido a fs. sub 57, tal como se expresa en el certificado de elevación a Cámara de fs. sub 79.-	Seguidamente, corresponde expedirse sobre el pedido de deserción del recurso formulada por la parte apelada- concursado. Al respecto diremos que nuestra ley ritual en su actual redacción prevé la sanción requerida -deserción del recurso- sólo en el caso de que el apelante no presentare el memorial. Frente a tal situación el juez de primera instancia debe declarar desierto el recurso (art. 253 4° párr. del C.P.C.).-	La facultad de declarar desierto el recurso, que sí preveía el art. 266 de la Ley de Procedimientos Nº3738 -derogada- cuando los agravios no eran expresados en la forma indicada en el art. 265, ha sido eliminada en el actual Código de Procedimientos. En virtud de lo expresado, el recurso interpuesto por el prontopaguista no puede declararse desierto -como pretende el concursado-, en razón que el memorial ha sido presentado tal como consta a fs. sub 65/66. Atento a lo expuesto, se desestima la petición del concursado.-	Análisis y consideración final.

Ingresando al estudio del recurso concedido al verificante tardío, previo a todo, consideramos oportuno referirnos al contenido del memorial de agravios.-	Inicialmente diremos, que en el caso de las verificaciones tardías, el principio general es que la imposición de las costas se aparta de criterio del vencimiento o principio objetivo de la derrota. En estos procesos incidentales, las costas -como principio general- se imponen a quien realiza la pretensión extemporáneamente, en tal caso, al verificante tardío. La razón de ello es que, quien verifica tardíamente, incumpliendo la manda legal de hacerlo en el plazo tempestivo, debe cargar con las costas generadas por su morosidad. El verificante ha dado lugar a un desgaste jurisdiccional innecesario atento que la ley le permitió realizar su pedido en la oportunidad común para todos los acreedores, etapa en la cual no se generan costas. Si viene tardíamente, obligando a una actividad adicional innecesaria, debe pagar por haberla generado. En tal orden, la jurisprudencia sostiene acertadamente, que tampoco es lógico que el concurso deba cargar con costas que se generarán por la tardía presentación de un acreedor.-	Al respecto la jurisprudencia ha dicho, en coincidencia con la doctrina sentada por Rivera - Roitman - Vítolo en su obra "Ley de Concursos y Quiebras" Tº I, pág. 406-409, que "En caso de verificación tardía de un crédito, el criterio general es que las costas devengadas deben ser soportadas por el acreedor, salvo que se invoquen y acrediten circunstancias excepcionales que justifiquen su no concurrencia en término". En estos autos, el incidentista no han fundamentado su tardía insinuación en un hecho excepcional que justifique el apartamiento del criterio precedentemente señalado, pues como lo señala el juez a quo la publicación de edictos de los arts. 27 y 28 de la LCQ en la Ciudad de San Juan y Mendoza, donde residen los garantes, opera el efecto erga omnes y la falta de denuncia por parte de la concursada no es causal suficiente justificativa de su falta de presentación en termino.-	"La publicación de edictos efectuada en los términos del art. 89 de la Ley de Quiebras hace presumir iuris et de iure el conocimiento del inicio del proceso colectivo y resulta suficiente para que el incidentista se anoticie de la declaración de quiebra a los fines de intentar verificar su crédito, atento el carácter erga omnes que aquella reviste. (CNCom., sala A, Tawil, Aaron Enrique s/quiebra s/incidente de verificación (B.C.R.A.), 11/10/2012, La Ley Online).-	En el incidente de verificación tardía de créditos, no obstante no surgir de un texto legal vigente, el principio rector es que las costas son a cargo del acreedor, con independencia del resultado de dicho incidente.-	Sin embargo, existe también coincidencia en afirmar que este principio no es absoluto, la propia evolución jurisprudencial fue relativizando este principio rector. Se ha dicho que debe tenerse en cuenta que se trata de un principio de fuente jurisprudencial y que carece de un texto legal que lo consagre, y con razón, que dicho principio no puede ser erigido en dogma, ni en una regla pétrea que no admita excepciones, por lo que corresponde apreciar en cada caso concreto las circunstancias especiales que se presenten y que eventualmente puedan aconsejar un reparto diferente de los gastos causídicos.-	Las excepciones están relacionadas con la imposibilidad del acreedor de presentar la verificación tempestivamente. La excepción a la imposición de costas, ha ido ganando espacio en los repertorios jurisprudenciales, frente a las justificaciones del caso concreto, es decir, que el principio general cede, ante situaciones puntuales, donde el verificante acredite eficientemente la situación impeditiva. En definitiva, esta flexibilización de la regla general, es como decía al comienzo del trabajo, una tendencia que podemos decir se ha ido consolidando con el transcurso de los años.-	Sin embargo no podemos dejar de lado la dificultad de poder delinear una pauta absoluta que permita esclarecer anticipadamente cuando debe excepcionarse de la imposición de costas y cuando no, tal como lo expresa claramente un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que dice: "Como principio, la jurisprudencia ha entendido que las costas de la presentación tardía deben ser impuestas al acreedor intempestivo, con independencia del resultado que arroje la respectiva decisión. No obstante, se ha admitido excepcionalmente la exención de costas si existen razones atendibles que excusen la demora del acreedor, lo que debe ser acreditado por este último; o cuando la pretensión del acreedor tardío encuentra injustificada resistencia en los contradictores concursales, si en definitiva se accede íntegramente a la verificación que se reclama...Ello así desde que el alcance de la directriz ha ido mutando merced a las particularidades caracterizantes de las verificaciones tardías, que la han puesto a prueba y evidenciando la insuficiencia o iniquidad de su utilización a rajatabla. Por eso mismo y por no tratarse de un dogma absoluto, es vasta la casuística jurisprudencial y doctrinaria que testimonia hasta qué punto se han abierto líneas flexibilizadoras o atenuantes de la carga de costas al verificante. De ello deriva que en la especie, bien que resultara posible establecer una pauta genérica, se da una valla insalvable materializada en la imposibilidad de fijar parámetros rígidos y uniformes con los que se puedan instruir a los tribunales de mérito acerca de la forma en que las razones fácticas o jurídicas de cada caso concreto, han de jugar e inclinar la balanza en la decisión que incumba respecto a las costas; porque a despecho de lo que pudiera usarse como principio básico a utilizar en relación a este rubro accesorio (costas al acreedor o costas aplicadas en función de los principios generales que informan el sistema del ordenamiento de rito), lo cierto es que la que se consagra como regla o -según se mire- como excepción, podrá depender de los matices diferenciales y propios de cada litis incidental cuya ponderación se adjudica -exclusivamente- a la competencia natural de los tribunales de mérito".(TSJ Córdoba, sala civil y comercial .7.8.2001, in re "Incidente de verificación tardía de crédito deducido por DGI en autos: Rafucho SRL s/ Concurso Preventivo. Recurso de casación. Sentencia 101- RDPC N° 2001-3-p.656.).-	En definitiva, no existe una pauta única o uniforme para delinear la excepción al principio general, sino el análisis del "caso a caso", donde se pondera la real y efectiva imposibilidad material y la "ajeneidad" de la situación respecto de la voluntad del verificante. De modo tal, que el impedimento verificatorio, debe ser real, técnicamente demostrable y resultar notoriamente de causa externa y ajena a la voluntad del acreedor. En definitiva debe acreditar el verificante tardío la falta de "culpa" y como tal, una causal eximente de su responsabilidad, o como dice la SCJN "que la situación no le es imputable" (CCC Mar del Plata. Sala 2ª, causa 79.917,.R.S.I., 426-89 y 796-92 de fecha 13.6.89 y 15.10.92 respectivamente).-	Igualmente debe ponderarse la conducta o actitud del concursado, si obra con "buena fe-lealtad" sustancial y procesal (conducta o comportamiento requerido por la ley), o si por el contrario procura prevalerse de la situación para dificultar el ingreso al pasivo de su acreedor. Ambos aspectos se muestran como relevantes; ajeneidad o ausencia de culpa del verificante y la conducta leal y de buena fe del deudor. Sobre estos dos ejes, se puede construir una teorización que permita clarificar los supuestos en los cuales el verificante tardío pueda resultar eximido de las costas: En su caso serán por el orden causado e inclusive como algunos fallos ya lo han mostrado, podrán imponerse como sanción al propio concursado que resiste dolosa y abusivamente (La verificación de créditos. Los honorarios en la verificación de créditos." Raspall, Miguel A. Publicado en: DJ 2005-3 , 542).-	Al respecto referenciamos jurisprudencia en tal sentido: "Las costas del incidente de verificación tardía de crédito deben imponerse en el orden causado cuando el deudor omitió denunciar como tal al acreedor en su presentación inicial y esa omisión hizo que el síndico omitiera todo contacto y comunicación en los términos del art. 29 de la ley 24.522, a lo cual debe agregarse que el deudor no se opuso ni cuestionó la insinuación, la cual fue admitida en la medida peticionada y sin que fuese necesaria la producción de prueba en virtud de la autosuficiencia de la documental adjuntada para acreditar la existencia del crédito. Las costas del incidente de verificación tardía de crédito han de correr en el orden causado si el caso ofrece matices particulares que atenúan la responsabilidad que debe atribuirse al acreedor por su demora, en tanto el concursado no lo denunció en su presentación inicial y por ende no fue notificado por la sindicatura en los términos del art. 29 de la ley 24.522, y este funcionario incurrió en una tardanza injustificada en brindar su opinión acerca de la pretensión, al punto que el tribunal debió intimarlo a emitir pronunciamiento bajo apercibimiento de multa. (del voto del doctor Costantino) (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico, Fideicomiso de Administración de Cartera s/incidente de verificación tardía de crédito 03/06/2011).-	"Las costas irrogadas con motivo de la interposición del incidente de verificación tardía son a cargo del acreedor, en tanto la publicación de edictos crea una presunción "jure et de jure" acerca del conocimiento de la fecha de vencimiento de la fecha hasta la cual aquél podía presentarse a insinuar su crédito. El principio general expuesto cede con relación a las costas originadas por la actuación del concursado que omitió denunciar oportunamente la existencia del crédito. El deudor que omite denunciar, sin justificativo alguno, la existencia de un crédito luego verificado tardíamente, debe cargar con las costas originadas por su actuación en el respectivo incidente, en tanto con un actuar diligente hubiera evitado demoras en el reconocimiento de la acreencia (arg. art. 250, Cód. Procesal Civil, aplicable por remisión del art. 301, ley concursal -Adla, LV-D, 4381-). (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, sala II, Edesal S. A. c. Meridien S. A. 24/07/1996.-	Así lo ha entendido también destacada doctrina: "No obstante debe quedar claro que la regla es la imposición de costas al insinuante tardío, sea cual fuere la suerte de su insinuación. Empero de resultar admitido su crédito podrá admitirse que, mediando justa causa las costas se impongan por su orden... Reiteramos, mediando justa causa, que deberá invocarse y acreditarse debidamente, sin que puedan establecerse parámetros apriorísticos sobre la cuestión. Excepciones a la regla "costas al verificante tardío" (Casadío Martínez, Claudio Alfredo, Publicado en: LLPatagonia 2011 (diciembre), 599 Enfoques 2012 (febrero), 93).-	"La verificación tardía del acreedor concursal no denunciado: El supuesto es el caso de un acreedor, que no siendo oportunamente denunciado por el concursado, debe realizar la verificación de su crédito tardíamente y en dicho proceso, logra la verificación de su crédito en estos casos, en manera alguna, el verificante deberá ser condenado o "cargado" con los honorarios del letrado del concursado, los que deberán ser soportados por éste último, ello en razón de que él mismo a omitido cumplir con la obligación de denunciar a todos sus acreedores dispuesta por el art. 11 inc. 5° LCQ y con ello, ha dificultado la presentación tempestiva del acreedor.. En mi criterio, no puede el concursado prevalerse de su propio incumplimiento, para cargar las costas de su letrado, al verificante tardío que ha obtenido la verificación de su crédito por este camino. La situación se muestra groseramente abusiva y no puede premiarse el incumplimiento de la ley y la violación a la pauta de la buena fe-lealtad. Es más, me caben serias dudas si no debería sancionarse al concursado con la obligación de enfrentar las costas del verificante (honorarios del abogado del verificante), justamente para desalentar estas actitudes maliciosas de no denunciar a la totalidad de los acreedores. No podemos olvidar que quien pide la convocación de sus acreedores a un proceso de reestructuración de su pasivo y para solucionar su propia impotencia patrimonial, debe necesariamente obrar de buena fe. (Los honorarios en la verificación de créditos. Raspall, Miguel A. Publicado en: DJ 2005-3 , 542).-	Por lo que entendemos corresponde al Tribunal analizar las razones y circunstancias puntuales que alega y acredita el verificante tardío.-	A los fines de analizar el caso concreto, debe recordarse, en primer lugar, que resulta ser un requisito formal de la petición del concurso preventivo que el deudor presente una nómina de acreedores con identificación de éstos, indicación de sus domicilios, montos de los créditos, causas, etc., acompañando adicionalmente con la presentación inicial un legajo por cada acreedor (art. 11 inciso 5º, LCQ).-	Además esta obligación esta relacionada con la obligación que tiene el síndico de remitir una carta a los acreedores denunciados por el deudor, lo que también posibilita la tarea de investigación ineludible en el proceso de verificación de créditos (Rivera - Roitman - Vítolo: "Ley de Concursos y Quiebras", Tomo I, p. 360, 4ª edición actualizada; edit. Rubinzal Culzoni 2009).-	En el caso que nos ocupa, el acreedor tardío destaca que el deudor en su presentación inicial omitió denunciarlo como acreedor y tal omisión hizo que el síndico omitiera comunicación en los términos del art. 29, LCQ. Dicha afirmación no fue controvertida por el síndico al presentar su informe del art. 56, LCQ aconsejando la verificación del crédito insinuado (fs. sub 49).-	A lo dicho se suma que el deudor, que es parte del incidente del verificación tardía de créditos, no se opuso ni cuestionó la insinuación verificatoria del incidentista (fs. sub 40/42 vta.); y además el crédito se declaró verificado en la medida en que fue solicitado y sin que fuese necesario abrir el incidente a prueba en virtud de la documental adjuntada por el acreedor, por lo que en el presente caso, entendemos que por haber omitido el deudor concursado denunciar en su presentación inicial como acreedor a la hoy incidentista, estimamos que corresponde morigerar el principio general ya comentado ante la conducta negativa demostrada por el concursado, y las costas se deben imponer en el orden causado.-	Debemos destacar que este caso ofrece matices particulares que atenúan la responsabilidad que debe atribuirse al verificante por su demora, pues el concursado no lo denunció como acreedor en su presentación inicial y por ende, no fue notificado por Sindicatura en los términos de art. 29 LCQ.-	Por lo dicho hasta aquí analizado, estimamos que debe admitirse el recurso de apelación y revocar el punto II de la parte resolutiva de la resolución apelada de fs. sub 51/55, en la parte que dispone "Imponer las costas del incidente al incidentista", e imponer las costas del incidente de verificación tardía de créditos en el orden causado.-	Costas y honorarios: Atento que la cuestión debatida se trata de una opinión que carece de base legislativa, las costas de la alzada se imponen en el orden causado, correspondiendo regular los honorarios de los profesionales intervinientes en autos por lo actuado en segunda instancia en el 30% de lo que se regule en primera instancia, cf.art. 21,40 y 41 Ley 56 - O.-	Por ello, SE RESUELVE:

I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el incidentista a fs. sub 56 y, en consecuencia, revocar el punto II de la parte resolutiva de la resolución de fs. sub 51/55 e imponer las costas del presente incidente verificatorio en el orden causado.-	II. Imponer las costas de Alzada por su orden.-	III. Regular los honorarios de Segunda Instancia de los profesionales intervinientes en el 30% de los que se fijen en Primera Instancia.-	Protocolícese, notifíquese en debida forma y, previa reposición del sellado de ley si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.-