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Contratos, agencia de turismo, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL
Carátula: Zorzón, Ricardo c/ Chacotur Viajes y/o Aldo y Efraín Boglietti S.C.C. y/o quien resulte responsable s/ Juicio Ordinario. Zorzón, Ricardo c/ Chacotur Viajes y/o Aldo y Efraín Boglietti S.C.C. y/o quien resulte responsable s/ Juicio Ordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-03-10|1995-03-10

Toda la actividad de las agencias de viajes encuentra minuciosa reglamentación (Dto. 2254/70 derogado por Dto. 2182/72 que reglamenta la ley 18829), no pudiéndose operar fuera de su ámbito, siendo fiscalizada la misma por organismos estatales. Por lo demás, en este mismo marco normativo no existe la figura del productor libre, razón por la cual la operadora no podría comercializar pasajes aéreos si no lo hacía en relación a alguna agencia que reuniera los requisitos exigidos por la ley. Por ello, la actuación en autos de la operadora generó una apariencia, que hace responsable a la demandada -Agencia de viajes-, en virtud del principio de seguridad. Respecto a cuales son los hechos del dependiente que comprometen la responsabilidad del principal, el quid de la cuestión a resolver radica en la apariencia o apariencia jurídica, con base en la buena fe creencia o confianza en los que se muestra como real o verdadero, apuntando a la protección de terceros. Pero también es innegable que ese problema encuentra solución no en la doctrina, cuyos alcances se deben desentrañar, sino a nivel de una norma expresa y clara, la del art. 43 del Código civil la que posee una amplitud tal, que coloca sobre las espaldas del principal, hechos que sin lugar a dudas exhorbitan el mero ejercicio de las tareas encomendadas. Por lo que cuando el quehacer del dependiente ha sido la ocasión que lo ha hecho posible, debe ser soportado, en sus consecuencias por el comitente.
Contratos, compraventa mercantil, pago, prueba, usos y costumbres
Materia: COMERCIAL
Carátula: DURAN FERNANDO c/ JUAN VERCELLONE Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-02-22

El código de comercio enumera a título enunciativo (art. 208), algunos de los medios de prueba de los contratos comerciales.

En general, los contratos comerciales y entre ellos el de compraventa puede ser probado por todos los medios admisibles, entre los que se encuentra el instrumento privado (arts. 1012 a 1036 C.C ), sin perjuicio de lo cual en materia comercial existan instrumentos no firmados que pueden llegar a tener cierta relevancia en materia probatoria de los contratos mencionados, como la factura, el remito, etc.

Por otra parte, las costumbres mercantiles que pueden servir de regla para interpretar los actos mercantiles (Tit. Preliminar, V., C. Comercio, art. 17 C.C.), no establecen de modo terminante que si la operación es de contado - según el tipo de mercadería vendida - el pago es contra entrega de los efectos. En variadas situaciones, las partes convienen en el tráfico actual pactos de diversa índole sobre la reforma de pago.-
Representación procesal, ratificación del mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lema, Rubén s/ Tercería de dominio en autos GALLEGO, Gabriel C. s/Inc. de Ejecución  de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

La ratificación a que alude el artículo 48 del CPCC. puede ser efectuada de manera tácita.
Privación del uso del automotor, daño resarcible, indemnización, determinación del monto
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ, CARLOS ANDRES c/ JUAN MANUEL, VALVERDE s/ SUMARIO-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-10-07

Estando probado que se vio privado de su movilidad, quién reclama el daño, por el tiempo que duraron las reparaciones, corresponde que el juez haga uso de la facultad que le acuerda el art. 171 del C.P.C.

de fijar equitativamente el monto del perjuicio que le ha causado la privación del uso del vehículo.
Imputado, presunción de inocencia, tribunal colegiado, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: DIESER, MARIA GRACIELA Y FRATICELLI, CARLOS ANDRES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

En materia penal rigen un conjunto de principios que condicionan y limitan la habilitación del poder punitivo, entre ellos el principio de inocencia. En base a ello, si bien es cierto que -en el caso- dos Vocales fundamentaron su decisión absolutoria en la certeza sobre la inexistencia del delito y otros dos en la duda cierta y razonable respecto a la intervención y responsabilidad penal del imputado; en cualquier caso, existió plena concordancia sobre el tema central objeto del debate: con mayor o menor grado de exigencia (algunos por la duda, otros sin ninguna duda) todos los votos dieron cuenta (no sólo en su resultado sino también en su razonamiento) de la imposibilidad de atribuirle responsabilidad penal por la muerte de su hija , arribando sin visos de contradicción a una única respuesta, asentada en la solución normativa que para el caso se deriva del ordenamiento jurídico -absolución por falta de certeza para condenar-, satisfaciendo así las exigencias legales y, sobre todo, constitucionales que recaen sobre los tribunales pluripersonales. (Del voto del Dr. Erbetta que hace mayoría)
Acto administrativo, cesantía, cosa juzgada administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INFANTE JUAN BAUTISTA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-03-21

El acto que declaro cesante al recurrente y adquirió firmeza, no hace cosa juzgada administrativa, ya que tal expresión es tan solo una limitación a que la misma administración revoque el acto y no impide que este sea impugnado y eventualmente anulado en la justicia.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, trámites judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sorchilli, Roberto H. c/ Concejo Deliberante de San Antonio de Areco s/ Conflicto art. 196 Const. Prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

El procedimiento seguido por la Comisión investigadora constituida en el caso no puede tildarse de "irregular", pues en él se han respetado los pasos que preven las normas que lo rigen, sin que pueda descalificárselo por la sola circunstancia de haber empleado esa comisión más tiempo que el originariamente previsto para emitir su dictamen; por otro lado, -en el caso- si el término se computa desde la fecha en que efectivamente se constituyó ese órgano, el plazo en cuestión no se venció. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procurador general, excusación, fiscal de Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: TROANE, ELOY MARCELINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ AVOCACION LEY 11330 ART. 36
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-28

Corresponde dar por separado de la presente causa al Señor Procurador General de la Corte, por haberse acreditado su intervención en las actuaciones como Fiscal de Estado de la Provincia, lo que basta para tener por configurada la causal de excusación expuesta.
Acción de amparo, competencia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MYBURG LUZ ANTONIETA c/ MUNICIPALIDAD DE LOS ANTIGUOS s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-06-20

No puede perderse de vista el carácter excepcional y restrictivo de esta instancia originaria, frente a una Ley de Amparo que no ha tenido en cuenta la competencia por la materia, y que privilegia la interposición de la acción ante cualquier juez de primera instancia.

Lo cual constituiría el espíritu y finalidad de la vía procesal considerada, en orden a la rapidez que la instancia ordinaria unipersonal presupone.
Prescripción, responsabilidad del Estado, quiebra, crédito hipotecario, prescripción bienal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reydol  S.A. c/ Estado    Nacional    Argentina  (Ministerio  de  Educ.  y  Justicia) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

El perjuicio que motiva esta acción resarcitoria consistió en resultar inoponible a la quiebra la cláusula de estabilización convenida en la escritura celebrada el 14 DIC 76. Tal situación dañosa sólo quedó exteriorizada con el pronunciamiento de la Cámara Comercial que tuvo la virtualidad de "poner fin a la situación de incertidumbre" respecto de los alcances del privilegio hipotecario, de modo que sólo a partir de entonces el daño asumió un "carácter cierto" que sirvió de punto de arranque del plazo de la prescripción, pues sólo con esa sentencia quedó definido el límite del derecho. Con relación al Estado Nacional, no es dudoso que resulta aplicable el plazo bienal del art. 4.038 del Código Civil.
Portación de armas, delitos, tipo penal, ley penal, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: MORDINI, MARIO ALFREDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-08-27

Los argumentos desarrollados por el impugnante resultan insuficientes para desvirtuar el razonamiento de la Cámara que, en vinculación a la ausencia de tipicidad de la conducta atribuida, manifestó que "en el tema de la Portación de arma, se parte de una ley penal en blanco, que se completa con los extremos legales que emergen de las leyes y normas reglamentarias, y en concreto, de los extremos y términos de las leyes 20429, 24492, 25086, 25882 y 25886, como también fundamentalmente, a ellas vinculadas y referenciadas, del Decreto 395/75, su Anexo I, y sus Decretos complementarios o reformatorios 1039/89, 64/95 y 821/96".En ese marco, los Sentenciantes adujeron que en el caso se verificaba concreta y objetivamente la ilegalidad de la portación con el informe mediante el que se da cuenta que el arma secuestrada y que posee aptitud para el disparo, no se encuentra registrada, según datos obtenidos mediante el Registro Provincial de Armas, lo que la defensa objeta sosteniendo que no se acreditó la carencia de autorización ante el Registro Nacional de Armas, lo que tornaba aplicable el artículo 5 del Código Procesal Penal. Empero, dicha argumentación prescinde de vincular su planteo con las normas aplicables antes citadas -cuya constitucionalidad tampoco fue puesta en crisis- que estatuyen la obligatoriedad del registro de las armas de fuego como la aquí examinada, siendo el Registro Nacional de Armas el organismo encargado de la registración y fiscalización de armas de fuego (cfr. art. 1, ley 24492) ( del voto del Dr.Falistocco)
Abuso de firma en blanco, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CITIBANK N.A. c/ BOBILLO MINERALES S.A. s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S131 - 221)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-10-06

Conforme lo establecido en el art. 1017 del CCI la prueba del abuso de firma en blanco no puede ser hecha con testigos, ello porque para desvirtuar el contenido de un documento privado, la prueba debe ser fehaciente e inequívoca.
Daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante, daño cierto
Materia: CIVIL
Carátula: STARBENE SA c/ JUMBO RETAIL ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

1 - El lucro cesante se configura como un daño consistente en la ganancia dejada de obtener o la pérdida de ingresos, como consecuencia inmediata del hecho lesivo; es decir, traduce la frustración de un enriquecimiento patrimonial. A raíz del hecho lesivo se impide a la víctima que obtenga determinados beneficios económicos (Trigo Represas, Félix A. - López Mesa, Marcelo J.: "Tratado de la Responsabilidad Civil", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2008, pág. 462). 2 - El lucro cesante se considerará como cierto cuando las ganancias frustradas debían obtenerse con suficiente probabilidad, de no haber ocurrido el obrar antijurídico. Ello así, pues no se trata de la mera posibilidad de esas ganancias, ni tampoco de la seguridad de que ellas se obtengan, ya que tal certeza no puede lógicamente existir respecto de ganancias en cierto modo "supuestas". De allí que el criterio a aplicar será el de la probabilidad objetiva según las circunstancias del caso (Orgaz, Alfredo: "El Daño Resarcible", Editorial Bibliografia Argentina, Buenos Aires, 1952, pág. 96/7). 3 - El Cciv: 1068 dispone que: "habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades", a lo que cabe agregar lo preceptuado por el artículo 1069 al decir que: "el daño comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido sino también la ganancia de que fue privado el damnificado", y el art. 519 en cuanto a que: "se llaman daños e intereses el valor de la perdida que haya sufrido, y de la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor de la obligación".
Tribunal de enjuiciamiento, resoluciones
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Telleldín, Carlos Alberto y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-19

Este Tribunal entiende que la sentencia emitida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación por la que se destituyó al juez instructor de las presentes actuaciones no resulta vinculante a esta Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal -integrante del Poder Judicial de la Nación- a los efectos de resolver los recursos planteados en esta causa.

(Voto de los Dres. Fégoli, David y Mitchell).
Costas, regulación de honorarios, IVA
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: HORACIO PARADELA  S.A. s/ RECURSO DE APELACION - GANANCIAS CAPITALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

El obligado por las costas debe incluir en el pago de los honorarios debidos el impuesto al valor agregado que corresponda conforme a su situación ante el gravamen ya que si bien es cierto que no existe norma legal que obligue a los jueces a calcular el monto del IVA , ellos pueden dejar aclarado en su pronunciamiento si los honorarios que regularon oportunamente, incluyen o no tal concepto a fin de no entorpecer el cobro íntegro de los emolumentos a los abogados que actuaron en el juicio.
Aplicación de la ley, honorarios del abogado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Toyota Argentina S.A. c/ Municipalidad de La Carlota s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-06-24

Lo que determina la ley aplicable a fin de regular los honorarios profesionales del letrado es la prestación de la tarea profesional que se ha de remunerar, en lo concerniente a la unicidad de cada una de las instancias del proceso, se debe recurrir a los parámetros que la misma legislación arancelaria proporciona y que son para la primera instancia, las etapas en que es factible fraccionar el proceso tal como lo determina el art. 42 en la ley 8226 y lo hace ahora el art. 45 de la ley 9459. El texto del art. 42 de la ley 8226 -reiterado por el 45 de la actual legislación arancelaria- que establece los porcentajes correspondientes a las distintas etapas del juicio en primera instancia, no contiene limitación alguna a los supuestos de su aplicación, por lo que no se advierte ningún obstáculo que válidamente impida recurrir al fraccionamiento que la norma establece para la determinación de la ley a los fines regulatorios. (Del voto del Dr. Avalos)
Prescripción, juicio ordinario, cómputo del plazo, apreciación de la prueba, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: MIGUEZ PABLO FERNANDO C/ CAJA DE SEGUROS SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-09

Asimismo, la prescripción de la obligación no extingue el derecho en que se funda sino sólo la acción, por lo que el crédito subsiste como obligación natural no confiriendo acción alguna a fin de extinguir su cumplimiento, y se sustenta en razones de orden público, esto es la seguridad y firmeza de la vida económica y la certeza de los derechos, imprescindibles para el orden y paz sociales (Troplong, "Prescripción", nro. 13; Colmo, "Obligaciones", nro. 904, entre otros; CNCom, Sala B in re "Fernández Ricardo c/ Orígenes Seguros de Retiro SA s/ ordinario", del 23/10/09).
Sentencia, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, voto mayoritario, juicio, demandado, costas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SOCIEDAD ELECTROMETAL - TARIS SA Y OTROS c/ BANCO COOPERATIVO DEL ESTE ARGENTINO LTDO (HOY BERSA) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 19  AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-02-11

Corresponde descartar la invocada violación del artículo 26 de la ley 10.160 por inexistencia de votos totalmente concordantes, por cuanto la solución arribada por la Sala fue producto de una concurrencia de opiniones de los señores Vocales de Primer y Segundo voto quienes hicieron lugar a la apelación dando razones que -aunque con diferencias de matices- proporcionan el mínimo de "sustancial coincidencia" que resulta necesaria para que el pronunciamiento satisfaga la exigencia de constituir una "unidad lógico-jurídica , por lo que no puede afirmarse que estemos en presencia de un pronunciamiento construido sobre la base de votos "irreconciliables" o contradictorios, de suerte tal que los justiciables pueden tomar acabado conocimiento de las razones que motivaron el dictado del fallo, no existiendo riesgo de perplejidad, ni afectación alguna de derechos constitucionales.

En el caso, ambos Camaristas, si bien con diferencias de matices no sustanciales, coinciden en concluir que a la luz de la normativa aplicable -art. 28 C.P.C. y C.- hubo un apartamiento definitivo del demandado reconviniente primitivo por otro, quien asumió el carácter de parte reconviniente única y exclusivamente y con quien se continuó el juicio y al que le corresponde la condena en costas como único sujeto pasivo.
Contratos administrativos, servicio público, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: F., SRL c/ Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Ltda. de Trelew s/ Acción de Repetición
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-27

Claro está que no toda la actividad realizada directa o indirectamente por la Administración con fines de satisfacer una necesidad pública se rige por el derecho público. Así como las relaciones entre el Estado concedente y el concesionario se regirán en principio por las normas del Derecho Administrativo, los vínculos entre el prestador y los usuarios son regidos en principio por el Derecho Privado, pues como bien lo apunta Gordillo, "aquí no entra en juego el problema de si los servicios han de ser prestados directamente por el Estado o deben ser dados en concesión, o si hay que crear una cooperativa o una sociedad de economía mixta; cualquiera sea el tipo de persona que está encargada de prestar el servicio, el principio se reproduce: si hay una posibilidad seria de que el servicio no sea prestado eficientemente, corresponde, en defensa del interés público , que se dé al administrado los medios jurídicos para compeler al ente que presta el servicio, a prestarlo como corresponde".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Martínez, Crisanto Miguel y otro s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-21

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que alega que la calificación efectuada por la Cámara es errónea, si ésta ha establecido dicha calificación sobre un cuadro fáctico cuya conformación no ha sido cuestionada por el agraviado quien omite, asimismo, impugnar las diversas disposiciones legales en que aquélla se sustenta (art. 355, C.P.P.).
Transferencia de fondo de comercio, inscripción registral, falta de inscripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: EL GRANO DE TRIGO  S.A.C.I.F. c/ LA SUPER, SOCIEDAD DE HECHO s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-24

La omisión de la inscripción, en el Registro Público de Comercio, de la transferencia del fondo de comercio consiste en la inoponibilidad de la transmisión con relación a los acreedores, en consecuencia los bienes integrantes del fondo de comercio siguen respondiendo por las deudas del enajenante. Esto constituye un aseguramiento para los acreedores, pero en modo alguno hace posible endilgar responsabilidad solidaria y personal al adquirente quien no es cesionario de la deuda ni asume la calidad de codeudor.
Tasa de justicia, desistimiento de la acción
Materia: COMERCIAL
Carátula: PLUS ULTRA COMPAÑIA DE SEGUROS c/ EDITORIAL ABRIL SOCIEDAD ANONIMA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-22

En caso de desistimiento de la acción y el derecho, la actora debe integrar la mitad de la tasa de justicia total del pleito (ley 21.859:5,A y 12). Esa porción debe calcularse sobre el capital nominal con más la actualización pretendida.
Defensa en juicio, regulación de honorarios, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: PROVISORIA EN: INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS PRESENTADO POR EL DR. RICARDO A. MALDONADO EN EXPTE. N° 38346, EN AUTOS: SITRAJ CORRIENTES c/  s/ DENUNCIA - CAPITAL - EXPTE. 4976 DE T.O.P. 2 PRESENTADO POR EL DR. RICARDO A. MALDONADO EN EXPTE. N° 38346, EN AUTOS: SITRAJ CORRIENTES c/  s/ DENUNCIA - CAPITAL - EXPTE. 4976 DE T.O.P. 2
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-07-29

Surge de la Sent. Nº 85/09 de este S.T.J., que se dijo que "[.] Se selecciona exclusivamente la afectación al derecho de defensa por la falta de traslado de la promoción del incidente de regulación de honorarios y el ámbito temporal de aplicación de las leyes arancelarias. La regulación de honorarios respecto al condenado A. C., se encuentra firme y consentida, con garantía para el beneficiario del instituto de la cosa juzgada, por lo tanto es inconmovible. [.] Este S.T.J. ordena revocar "únicamente el Punto 2º) de la Res. Nº 1190 y solo en dicho extremo o alcance ha impedido que dicho pronunciamiento adquiera firmeza o efecto de cosa juzgada [...] el resto de la resolución ha pasado en autoridad de cosa juzgada [...] no es posible desconocer la preponderancia del principio de la "reformatio in pejus, habiendo sido el único recurrente, la defensa, y quien en definitiva logró la revocación del anterior pronunciamiento por su sola actividad recursiva. Este S.T.J. en Sent. Nº 45/13 (laboral), dijo que"[.] La reforma en perjuicio es, una limitación de jerarquía constitucional que veda al tribunal ad quem empeorar la situación del único apelante, esto es, cuando no ha mediado recurso también por parte de un contrincante [...].
Despido, enfermedades inculpables
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez, Angela María c/ Instituto Médico Quirúrgico Garat S.A. s/ Cobro de pesos (Sueldos impagos, indemnización y otros rubros)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-06-28

La resitencia del trabajador a cumplir el horario nocturno que le imponía la patronal se encontró debidamente justificada en resguardo no sólo de su salud, sino también -cabe acotar- del propio servicio del instituto demandado y de la salud de los pacientes que debía atender. Es evidente que una persona a cuyo cuidado se pone la atencion intensiva de pacientes de alto riesgo, no puede desempeñarse con la debida idoneidad bajo el efecto de fármacos sedativos, porque cualquier error del trabajador motivado por ese estado, puede tener consecuencias, inclusive fatales, en las personas confiadas a su cuidado, comprometiendo así su propia responsabilidad y la del Instituto empleador.

La inflexibilidad de la demandada en requerirle la prestación de tareas en horario nocturno, sin ejercer el derecho que le confiere el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, basado exclusivamente en las necesidades del servicio, configura no sólo la violación de los deberes de seguridad y protecicón de la salud del trabajador -artículos 75 y 77 de la referida norma-, sino también un ejercicio abusivo e irrazonable del poder de dirección intolerable en una empresa cuyo objeto consiste en la atención médica de la población que recurre a sus servicios.