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AFIP DGI, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley, beneficios tributarios, IVA, exenciones impositivas, exportaciones
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Gasparri y Cía.  S.A. s/ recurso de apelación -  IVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-16

La aceptación del criterio restrictivo propiciado por la Dirección General Impositiva, que limita el beneficio establecido en el art., 27, inc. f), de la ley 20.631, al sólo importe que incidiera sobre el producto principal, restringiría indebidamente la exención de la exportación globalmente considerada con olvido de que dicha disposición excede expresamente el límite del valor añadido por el exportador para abarcar de modo íntegro el impuesto al valor agregado que hubiera afectado el costo de la exportación en cualquiera de sus etapas.
Marcas de servicio, programa de televisión, usurpación, daño material, daño moral, indemnización, monto de la indemnización
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: GARCIA Y GARCIA OVIDIO ANTONIO c/ TELEVISORA FEDERAL SOCIEDAD ANONIMA TELEFE s/ CESE DE USO DE MARCAS, DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

Estoy de acuerdo con el encuadramiento jurídico del caso efectuado por mi estimado colega dr. Bonifati y con las conclusiones a que ello lo llevan. Sin embargo, considero algo elevadas las indemnizaciones que propicia en su voto. En cuanto a los daños materiales, opino que no existiendo -como bien lo señala allí- un método que permita valorar con certeza los perjuicios irrogados al actor por el uso ilegítimo de su marca, al fijarse el resarcimiento no pueden dejar de tomarse en cuenta, por un lado, las sumas que percibía mensualmente en el período en que sus derechos eran reconocidos y, por otro, la circunstancia de que en los importantes ingresos anuales de la demandada inciden, también, factores ajenos al actor como ser la organización empresaria y la imagen de la conductora del programa. Por lo tanto, sugiero que se eleve el resarcimiento establecido por el Sr. Juez de la anterior instancia, a la cantidad de $ 7.000.000. Con respecto al daño moral, si bien es cierto que la usurpación de su marca durante varios años y la incertidumbre sobre el momento en que cesaría esta transgresión, mas otras circunstancias que indica el dr. Bonifati en su fundado voto, tornan procedente una reparación monetaria de las aflicciones espirituales originales en tales hechos, considero, por otro lado que no ha existido un desprestigio de la persona del actor, por lo que propongo que se confirme la suma fijada por el juzgador con relación a este item indemnizatorio.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, rechazo de la demanda, cobro de sumas de dinero, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Abregú José René c/ Colombres Julio y otros s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-04-22

Corresponde no hacer lugar al recurso de apelación deducido por el actor, y en consecuencia, confirmar la sentencia que rechazó la demanda de cobro de pesos en razón del incumplimiento de un contrato, dado que del conjunto del material probatorio surge que los agravios no pueden prosperar, en tanto son insuficientes para demostrar que la parte accionada adeuda a la parte actora el monto reclamado en concepto de facturas impagas por los materiales que ella le proveyó.
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, consorcio de propietarios
Materia: LABORAL
Carátula: Paez Pedro Lindor c/ Orellana Américo del Rosario s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-17

Cabe concluir que existió relación laboral en los términos del art. 23 L.C.T. y no trabajo eventual, en el caso de un trabajador que a la orden y por cuenta de un tercero que le encomendaba los trabajos, realizaba tareas de plomería y pintura para varios consorcios, aún cuando no trabajara todos los días y que lo hiciera con algunas interrupciones impuestas por las características de la actividad, o por instruciones del tercero empleador, pues el trabajador ha realizado los trabajos con expectativa e permanencia.
Recurso de nulidad, improcedencia del recurso, saneamiento del vicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Civil Trelew Tennis Club c/ Bellotti, Edgardo y Otra s/ Solicitud Decrete Nulidad de Hipoteca - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-06-15

A la luz del principio de trascendencia no corresponde declarar la nulidad cuando el perjuicio alegado por quien la plantea resulta reparable, caso de asistirle razón, a través de la apelación interpuesta.
Infracciones aduaneras, código penal, aplicación de la ley penal
Materia: ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: CITREX  S.A.I.C. s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

El carácter de infracción aduanera, no de delito, no obsta a la aplicación de las normas generales del Código Penal.
Daños y perjuicios, culpa penal, culpa civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALE c/ CARRILLO MIGUEL s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S154 - 456)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-06

En los casos en que se presume la culpa o cuando el factor de atribución es objetivo, la sentencia penal absolutoria por falta de culpa carece de influencia en lo civil.-
Proceso penal, cómputo privilegiado de la privación de libertad
Materia: PENAL
Carátula: D., M. G. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Incidente  de libertad provisional (Expte.: C.S.J. Nro. 70 Año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-13

La validez del artículo 1 de la ley 24390 está supeditada a que los plazos fijados no resulten de aplicación automática por su mero transcurso, sino que han de ser valorados en relación a las pautas establecidas en los Códigos Procesal Penal, a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable. Esta doctrina es coincidente con lo sostenido por el Alto Tribunal nacional en pronunciamientos anteriores y posteriores a la entrada en vigencia de la ley 24390, en los que se estableció que el juicio sobre la prolongación de la privación de la libertad cautelar debe estar relacionado con las circunstancias concretas del caso.
Salario mínimo, vital y móvil, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Burcez, Alcides A. c/ Martelletti Hnos. Molino Harinero s/ Indemnización por enfermedad Saavedra, Mónica Andrea c/ Estela S.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14|1997-04-08

Si la parte interesada no objetó oportunamente en la instancia de grado la constitucionalidad de la resolución 7/89 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil debe aplicarse el tope legal que resulta de la aludida resolución.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Inst. de Serv. Sociales p/Trabajadores de Ind. de la Construcción y la UOCRA c/ ADOS s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-04-03

Ha de señalarse que la doctrina de la arbitrariedad sólo resulta aplicable en casos de extrema gravedad, susceptible de descalificar la sentencia como acto jurisdiccional circunstancias que no se aprecian en el sub-exámine. Por lo que cabe concluir que si el pronunciamiento no carece de argumentos que lo descalifiquen como acto jurisdiccional, cualquiera sea su acierto no excede del ejercicio regular de los jueces de la causa.
Divorcio, separación de hecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G., A. c/ F. F., N. s/ divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-30

No obstante que el juzgador desconocería - a priori - los motivos que expresaron ambos cónyuges en la primera audiencia ante otro magistrado, ello no es así, ya que los mismos han sido vertidos por escrito en los autos, basados en la causal objetiva de falta de convivencia sin voluntad de unirse durante más de tres años.

Acreditada la separación personal por un lapso superior al señalado por el art. 214 inc. 2° del Cód. Civ. ( t.s. ley 23.515 ) , ya fuera decidida por ambos cónyuges como por el abandono de uno de los esposos, es suficiente como para que se decrete el divorcio vincular.
Adicionales de remuneración, suplemento por función específica, adicional por permanencia en el cargo, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Corzo, María S. c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-06-30

Resulta ajustada a derecho la denegatoria tácita de la administración que se cuestiona en autos, toda vez que no deviene procedente en esta instancia el reconocimiento de los derechos reclamados por los recurrentes -agentes de la Municipalidad en el Departamento de Procesamiento de Datos- a percibir adicional por tareas específicas en la hacienda pública. Ello en virtud de no reunir los accionantes los requisitos necesarios para el goce de tal remuneración, consistentes éstos en la necesidad de tratarse por una parte de una prestación efectiva y específica de las tareas previstas en la norma -art. 2 del Decreto Provincial Nº 1244/89- y por otra la permanencia funcional a determinado ente de la Administración. En esa inteligencia, lógica resulta la fundamentación que se tuvo en cuenta para asignar el beneficio de mención, ya que éste no sólo encuentra sustento en la especial calidad técnica, profesional del personal al cual se otorga el mismo, sino también que la percepción del beneficio tiene su razón de ser en la tipicidad funcional del organismo estatal en cuyo ámbito se desempeñan los agentes -Subsecretaría de Finanzas Públicas-. Por todo ello y sin perjuicio de la adhesión efectuada por la Municipalidad de la Capital al decreto del Poder Ejecutivo, no corresponde declarar a los recurrentes el derecho al cobro del adicional por tareas específicas de la hacienda pública, al no acreditarse el cumplimiento de aquellas actividades que la normativa vigente tiene en cuenta y que caracterizan a la hacienda pública, pero sin desarrollar los agentes en cuestión otro tipo de funciones.
Policía, personal policial, ascenso laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VALDEZ, DANIEL OMAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 579-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-02

Si la Junta de Calificaciones se encuentra persuadida de que el agente no reúne las condiciones exigidas por la ley para ascender ley que especialmente prevé la actuación de estos órganos para valorar esos aspectos-, debe imponer una calificación razonablemente acorde con su convencimiento, aspecto que, en principio, no corresponde a este Tribunal considerar salvo manifiesta ilegitimidad

En el caso, no resulta ilegítimo el descuento de 30 puntos efectuado por la Junta al imponer al actor su propia calificación.
Caducidad de instancia, audiencia preliminar
Materia: PROCESAL
Carátula: Edinsur SRL c/ Inmuebles Comerciales SRL y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-13

Procede revocar la declaración de caducidad de instancia. Ello por cuanto el proveído por el cual se difirió la celebración de la audiencia preliminar pudo generar en la parte actora una margen de incertidumbre acerca de cómo seguiría el proceso, dado que aquel temperamento pudo interpretarse en el sentido que quedaba a cargo del juzgado citar a dicha audiencia una vez dadas las condiciones para ello, por lo que pudo inferirse del alcance de ese proveído que tenía que aguardar un proceder del Juzgado; no siendo certero que se le deba atribuir responsabilidad por inactividad durante aquel plazo. A ello cabe añadir que según el registro informático del expediente en el sistema Lex100, las actuaciones permanecieron "a despacho" desde la fecha del proveído en cuestión y hasta el acuse de caducidad, hecho que pudo confirmar el entendimiento de la actora de que, efectivamente, el Juzgado esperaba las condiciones apropiadas para fijar la fecha de la audiencia. Por último, las múltiples y sucesivas notas dejadas por la asistencia letrada de la accionante los días de nota (a través del sistema Lex100) dan la pauta de que no hubo de su parte intención de desentenderse del estado de estos obrados, independientemente del alcance que a ellas se adjudique por sí solas como interruptivas -o no- del curso de caducidad. En todo caso, parece razonable aceptar que la apelante pudo interpretar que no era imprescindible en lo inmediato proceder a la notificación de dicho auto, sin la seguridad de cuándo sería la audiencia preliminar, por lo que ante una situación de duda, se debe optar por el mantenimiento de la instancia, conforme criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dominio, dominio privado del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Tierras Fiscales Rurales c/ BURGOS, Blas Aníbal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2009-06-04

El llamado "dominio eminente" es una consecuencia del poder soberano del Estado sobre su territorio. En la nota al art. 2507 Vélez Sarfield dice que "el ser colectivo que se llama el Estado tiene, respecto a los bienes que están en el territorio, un poder, un derecho superior de legislación, de jurisdicción y de contribución, que aplicado a los inmuebles, no es otra cosa que una parte de la soberanía territorial interior.

A este derecho del Estado que no es un verdadero derecho de propiedad o dominio, corresponde sólo el deber de los propietarios de someter sus derechos a las restricciones necesarias al interés general, y de contribuir a los gastos necesarios a la existencia, o al mayor bien del Estado".

Vale decir, no es una especie distinta de propiedad, no tiene nada que ver con la clasificación de dominio público o privado del Estado, es simplemente la facultad estatal de establecer límites al dominio privado en función de un interés público (art. 2611, C. Civ.), implica la consagración de la concepción de la función social de la propiedad y se ejerce sobre todo el territorio aunque el dominio sea de un particular.

De más está decir que el bien jurídico que protege el art. 181 del Código Penal no es el título de dominio sobre un inmueble, sino el ejercicio efectivo de la tenencia o posesión a que el título confiere (aunque dicho título no sea precisamente el de propietario).
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, incumplimiento del contrato, transferencia de fondo de comercio, responsabilidad del vendedor
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Merino, Ricardo y otro c/ Gómez, Luis Dario s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-20

Corresponde admitir la demanda de daños y perjuicios promovida por los adquirentes de un fondo de comercio gastronómico contra el vendedor del fondo, quien a su vez les alquiló el local comercial en el que se desarrollaría la actividad, toda vez que la transferencia se vio frustrada con motivo de la falta de entrega de la documentación necesaria para perfeccionar la operación, así como la habilitación comercial.
Construcción de buque, incumplimiento del contrato, indemnización, lucro cesante, obligaciones en moneda extranjera, conversión de la deuda
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ASTILLEROS HERNAN CORTES  S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05

Al admitir la procedencia del rubro "ganancias frustradas por la imposibilidad de cumplir la construcción de doce buques", el juez fijó el daño inicialmente en dólares estadounidenses, disponiendo su conversión a moneda argentina. No se desentendió totalmente de la "moneda del contrato"; mas, con razón, no se atuvo indefinidamente a ella porque ni se trataba de una acción entre partes por cumplimiento del convenio -única hipótesis, que, típicamente, exigía el respeto de la moneda pactadas- ni resultaba justificada -luego de producida la "imposibilidad" de cumplimiento del contrato- seguir refiriendo al dólar una reparación que se había convertido claramente en "pecuniaria".
Prueba testimonial, impugnación de la declaración testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: A. M. A. Y. O. c/ B. N. I. s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-06

Si bien esta Corte ha sostenido la nulidad de la sentencia que omite la consideración de las tachas efectuadas a un testigo, ello se encuentra supeditado a que "las mismas puedan resultar pertinentes para la solución del litigio" (cfr. CSJTuc, sentencia Nº 282 del 11/5/2004, en "Piras Juan José vs. Grandes Fábricas Argentinas S.A. s/ Despido"). Entonces si bien la crítica de la recurrente, orientada a encasillar a la sentencia impugnada en un supuesto de incongruencia, presenta caracteres de seriedad, "la misma no es suficiente para invalidar el acto jurisdiccional. Ello así, por cuanto, el vicio invocado no ha recaído sobre un punto esencial, entendiéndose por tal, aquellos, de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento" (cfr. CSJTuc, sentencia Nº 499 del 24/8/1994, en "Romero Zeballos Heráclito R. vs. Segunda Peralta y otros s/ Daños y perjuicios"). Efectivamente las tachas formuladas, aunque no resueltas en la segunda instancia, no resultan sustanciales para la solución del litigio puesto que si bien el pronunciamiento atacado cita las declaraciones testimoniales atacadas, el decisorio se sostiene en otros elementos probatorios, por lo que una eventual procedencia de dichas impugnaciones no habría variado la suerte de la solución del proceso.
Nulidad de sentencia, rechazo del juicio abreviado
Materia: PENAL
Carátula: P., J. E. s/ Homicidio s/ Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-06-17

En este orden de ideas, si bien [.] la Ley P 2107 solo reconoce la atribución jurisdiccional del control sobre la calificación legal y el monto de la pena (a diferencia de otras legislaciones que autorizan el análisis de ciertos recaudos expresos: mejor conocimiento de los hechos, discordancia con la calificación, etc.), el Tribunal de juicio también debe expedirse sobre la existencia del hecho y la autoría reprochada (conf. arts.

374, 375, 380 y ccdtes. C.P.P. y 18 C. Nac.), por lo que sería una sentencia inmotivada con afectación de garantías constitucionales aquella que tuviera por acreditados tales extremos con el único sustento de la "admisión" que realice el imputado en el marco de un juicio abreviado.

El requisito "prueba" exigido por el art. 18 de la Constitución Nacional no puede estar cumplido con la sola conformidad del sometido a proceso penal, pues es insuficiente por sí para justificar el acogimiento liso y llano de la pretensión de responsabilidad penal. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)
Sentencia arbitraria, prohibición de salida del país, suspensión del proceso judicial, salud del imputado
Materia: PENAL
Carátula: GOSTANIÁN, Armando c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-01-10

Es arbitraria la denegación de la autorización para salir del país respecto de un imputado cuyo proceso de encuentra suspendido (art. 77 CPPN) si, con anterioridad -estando el proceso suspendido-, se lo había autorizado -por un lapso mayor al solicitado- a permanecer en el mismo sitio que ahora denuncia como estancia en la República Oriental del Uruguay, habiendo estado el encausado a derecho en todo momento y anoticiado a la jurisdicción su regreso de manera inmediata, en cumplimiento con las condiciones que le fueran impuestas en oportunidad de concedérsele sendas autorizaciones y, asimismo, en autos se ha producido el informe del Cuerpo Médico Forense, restando que se expida el MPF y no existe, hasta el momento, fecha concreta de comparecencia del encausado para una eventual práctica médica indispensable para emitir un dictamen final o ampliatorio sobre su estado físico y/o neurocognitivo.
Recurso de inconstitucionalidad, voto en disidencia, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, tratamiento médico, peligro en la demora
Materia: CIVIL
Carátula: D., L. c/ INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL (IAPOS) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

No basta para sustentar la procedencia de la pretensión cautelar la referencia a cláusulas de raigambre constitucional sin establecer -siquiera provisionalmente- su particular alcance en el caso concreto, máxime cuando la accionada en su defensa ha alegado la inexistencia de norma expresa que la obligue a cubrir el tratamiento alternativo procurado, no pudiendo tildarse de arbitraria la conclusión a la que arribaron los Sentenciantes al juzgar que en el caso no llegaba a vislumbrarse, al menos en este liminar estadio del proceso y con los elementos de mérito disponibles -no habiéndose producido aún la totalidad de la prueba ofrecida-, la eventual verosimilitud del derecho invocado con el grado de certeza propio de la naturaleza de la medida peticionada; y quedando a su vez relativizado el alegado peligro en la demora con lo señalado al evaluarse la admisibilidad del presente recurso de inconstitucionalidad, en punto a la falta de delineación idónea de un gravamen irreparable; de lo que se sigue que la decisión dictada por la Alzada, en tanto desestima el pedido cautelar, no deviene pasible de descalificación constitucional. (Del voto en disidencia del Dr. Netri)
Amparo colectivo, fallos de la Corte Suprema, vivienda
Materia: CIVIL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Donda Pérez, Victoria y otros c/ GCBA s/ amparo - genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-24

En el caso, las actoras no han logrado demostrar que posean una habilitación legal para tutelar los derechos de los terceros invocados. No se ha afirmado, y menos argumentado, que se configuren derechos de incidencia colectiva, a los fines de justificar una legitimación extraordinaria que permita dar trámite a una pretensión como la de autos, a partir de aplicar la doctrina sentada por la CSJN en el caso "Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley n° 25.873 -dto. 1563/04 s/ amparo ley n° 16.986", sentencia del 24/02/2009 -Fallos: 332:111-. En tal sentido, la demanda no contiene ninguna línea dirigida a demostrar que el derecho a la vivienda y a la integridad física y psíquica que la sustentan configure un derecho colectivo, en los términos del mencionado precedente de la Corte. Esa comprobación era ineludible pues la regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular. Y aun cuando por hipótesis se sostuviera que la naturaleza de los derechos invocados hubiera sido colectiva, dado que las actoras no adujeron una afectación directa, era menester que explicaran argumentativamente las bases normativas que justificaran su representación extraordinaria para promover la presente causa; pero ello no fue realizado por las interesadas. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi
Recurso contencioso administrativo, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: VICENTE ROBLES S.A. PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-10-14

La exigencia normativa constitucional que surge del art. 14 de las normas complementarias de la Constitución Provincial (Disposiciones transitorias correspondientes al Poder Judicial), al disponer taxativamente "con apelación ordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia", no establece límite ni restricción alguna, debiendo entenderse por lo tanto, que toda resolución judicial dictada por el Tribunal de grado que conforme el dispositivo ritual, resulte susceptible de ser recurrida por vía de apelación ordinaria, debe inexorablemente resultar materia de estudio por parte de este Cuerpo.