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Despido con causa, carga de la prueba, principio protectorio, principios laborales, injuria laboral, ley de contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, interpretación restrictiva, interpretación y aplicación de la ley, subsistencia del contrato
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Rossi, Sergio Guillermo  c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-28

La generalidad de la doctrina y jurisprudencia nacional predican que el despido, además de ser un modo de extinción del vínculo contractual, desde otra perspectiva -que no excluye la mencionada- resulta la máxima sanción que puede aplicar el empleador a su empleado en ejercicio del poder jerárquico que la ley le otorga (arts. 5 y 67 de la LCT). Por ello esta drástica medida está sometida a la observancia de varios principios del derecho disciplinario laboral y a partir de ellos debe considerarse el despido como un último remedio ("ultima ratio") al que no puede recurrirse sino en casos de verdadera necesidad. No debe olvidarse que se encuentra en juego aquí el principio de "continuidad laboral, preservación o subsistencia del contrato de trabajo" que es uno de los principios generales del derecho del trabajo al que hace alusión del art. 11 de la LCT. Verificar si existió "justa causa" para extinguir el contrato de trabajo (art. 242 LCT) queda reservado a los jueces quienes deben ponderar si los hechos denunciados constituyen la injuria que impide la continuidad del vínculo, debiendo efectuarse esa valoración teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, razonabilidad, buena fe y proporcionalidad, entre otros (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Defensa en juicio, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL
Carátula: MIGUEL ANGEL BARRIO s/ LESIONES LEVES  EXPTE. N. B-286-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1987-10-09

La Cámara al aumentar el "quantum" de la pena, ha incurrido en "reformatio in pejus" por cuanto le está vedado el pronunciarse en tal sentido ante la falta de recurso acusatorio fiscal, lo que significa una limitación a los poderes del órgano "ad-quem" que no puede alterar el decisorio sometido a su consideración en contra del propio impugnante, precisamente por ser de jerarquía constitucional la garantía de la defensa en juicio que consagra el art. 18 de la Constitución Nacional.
Empleados públicos, personal transitorio, reincorporación, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOTO, PEDRO ANTONIO c/ COMUNA DE FRAY LUIS BELTRAN s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 409-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-01

El personal transitorio de una Comuna, no goza de la estabilidad inherente a la relación de empleo del personal permanente, por lo que la decisión de la Comuna de dar por concluida la prestación de servicios, no significa violación de normas imperativas de orden público, ni mengua de derechos amparados por normas constitucionales, resultando improcedente la reincorporación y el pago de haberes caídos.
Seguros, prima, exclusión de la cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: López, Elizabeth c/ Aletto, Cecilia y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-05-18

Si no se ha probado que en la póliza se regulen los efectos de la falta de pago del premio de manera diferente que la que prevén los arts. 30 y 31 de la ley 17.418, y si el asegurador no ha realizado la denuncia, no puede éste pretender liberarse de su obligación. (doctor HITTERS, mayoría).
Recurso de casación, tasa de justicia
Materia: CIVIL
Carátula: CORTES, RUBEN DARIO. c/ LOPEZ, CORINA (SUS HEREDEROS). s/ SUMARIO FUERO DE ATRACCION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-12-28

Cabe advertir que, con posterioridad al dictado de aquella sentencia - sentencia Nº 153 de fecha 09 de marzo de 2006 - se modificó el entonces art. 99 (hoy 112) de la Ley 5.121, por medio de la Ley Nº 8.149 del 31 de diciembre de 2008.

En su redacción actual el nuevo artículo dispone que los jueces y otros funcionarios no podrán dar curso a documentos, contratos, expedientes ni intervenir en actos en el ejercicio de su función sin que previamente se acredite el cumplimiento de las obligaciones tributarias respectivas.

Sin embargo y de manera textual la norma agrega: ".los mencionados funcionarios son responsables de las citadas obligaciones relativas a los actos en que intervengan, para cuyo fin están facultados para retener o requerir de los contribuyentes o responsables los fondos necesarios".

Esta reforma es concordante con dos disposiciones del CPCCT, una de manera directa y otra por analogía. La primera es el art. 153 en sus incs. 6 y 10 que dispone que las providencias que ordenan intimaciones, emplazamientos, etc. y, las que el juez por razones especiales dispusiera, deben ser personales o por cédula.

La segunda disposición, que se aplica de manera analógica, es la contenida en el art. 281 del mismo digesto y establece que, si la demanda no se ajusta a los requisitos del art. 278, el juez dispondrá que se subsanen los defectos que contengan o que se llenen las omisiones, dentro del plazo que se señale, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.

En consecuencia, en relación a este punto, la sentencia Nº 37, de fecha 19 de junio de 2012 expedida por la Excma. Cámara y que motivó la casación y su posterior rechazo, es ajustada a derecho y su divergencia con la sentencia de la Excma. Corte Nº 153 de fecha 09 de marzo de 2006 se explica por el cambio del plexo normativo vigente.

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - POSSE.
Separación de hecho, deber de asistencia entre cónyuges, alimentos
Materia: CIVIL
Carátula: D'.de M.I. c/ M.A.A.B. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24

La mujer separada de hecho de su marido puede, por esa sola circunstancia, pedirle alimentos en virtud del deber asistencial que le impone el art. 51 de la Ley de Matrimonio Civil (conf. C.N.Civ.

Sala C, L.L. 68.289 y 70-514) y por el citado artículo de la ley 2393, tanto en su texto originario, como en el de la ley de reformas 17.711, se impone al marido la obligación de sostener a su esposa, subsistiendo tal obligación aún en el caso de encontrarse los cónyuges separados de hecho. (conf. C.N.Civ. sala A, E.D. 26-739).
Medidas cautelares, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: MANESEVICH, PERLA c/ ALFARO, ORLANDO s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-04

La carga de las costas de un proceso cautelar depende -en principio- de la suerte del juicio principal, correspondiendo en consecuencia imponerlas recién cuando existe pronunciamiento sobre la materia litigiosa.
Nulidad de sentencia, declaración de inconstitucionalidad, revocación de la libertad condicional, cómputo de la pena, ley vigente, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Gordillo, Javier Iván c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-12

Corresponde anular la resolución recurrida toda vez que la declaración de inconstitucionalidad del art. 15 1ra parte del CP no o se encuentra precedida de una adecuada fundamentación lo que impide afirmar que nos encontramos frente a una decisión jurisdiccional válida art. 123 del C.P.P.N. En efecto, por la norma antes referida se establece que "la libertad condicional será revocada cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de residencia. En estos casos no se computará en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad". De ese modo que, revocada la libertad condicional por la comisión de un nuevo delito o violación de la obligación de residencia, no será computado a los fines de la pena el tiempo que haya durado la liberación. Aún de compartirse la postura relativa a que la libertad condicional es una forma de cumplir la pena de prisión impuesta, no se advierte de los argumentos desarrollados por el a quo la manifiesta, indubitable e inconciliable incompatibilidad (Fallos: 247:121 y sus citas; 324:3219) de la primera parte del art. 15 del CP con los preceptos contenidos en la Constitución Nacional que habilitaría, en última instancia, la declaración de inconstitucionalidad efectuada. En cuanto a la decisión adoptada de hacer lugar a la oposición deducida por la defensa oficial en nombre del imputado contra el computo de pena, si bien al momento de adoptar ese temperamento no se encontraba revocada la libertad condicional oportunamente concedida y, por ende, podría haberse prescindido de la consecuencia establecida por el art. 15 del CP al momento de efectuar el computo de pena, lo cierto es que la resolución a la que se arriba no constituye una derivación razonada de las constancias comprobadas de la causa y del derecho vigente, por lo que se advierte un supuesto de arbitrariedad que la priva de efectos e impide su convalidación. Dres. Petrone, Barrotaveña, Figueroa.
Crédito laboral, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: CERONI, DIONISIO c/ ENTEL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-10

La seguridad jurídica exige una actividad del acreedor dentro de ciertos términos. Si ella no se produce, el deudor queda liberado, aún cuando aquél sea un trabajador y éste su patrón. Considerar que el instituto de la prescripción no protege a la demandada implicaría violentar a su respecto las garantías de propiedad y debido proceso contenidas en los arts. 17 y 18 de la CN.
Petición de herencia, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: F. E. N. c/ Suc. de P. E. L. s/ Acción de filiación y petición de herencia - Recurso al solo efecto  devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-05-19

Cuando se inicia la acción de filiación y de petición de herencia se admite que el peticionante pueda requerir en este tipo de procesos medidas precautorias. Entre las medidas aceptadas cuando en la acción de petición de herencia hay bienes registrables , ha sido la anotación de litis en el respectivo registro. Si la demanda prospera, la anotación se mantiene hasta que la sentencia ha sido cumplida, sin necesidad de renovarla.
Acción de amparo, financiamiento de campaña electoral, partidos políticos
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Libres del Sur y otros s/ amparo electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

Corresponde rechazar la acción de amparo toda vez que la parte actora no muestra de qué modo la ley n° 268 y la resolución n° 463/21 del Ministerio de Justicia y Seguridad dictada en consecuencia, en cuanto dispone o libera los "aportes públicos" que cabe asignarle a las agrupaciones políticas participantes en las próximas elecciones locales y cuya inconstitucionalidad genéricamente se propicia en el caso, lesione o desconozca manifiestamente los derechos que se invocan. (Del voto en disidencia de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Libros de comercio, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tabo Pan c/ Heredia, Pedro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-04-14

Si de los asientos de los libros de las partes resulta que en los del actor aparecen registradas las operaciones objeto del juicio, pero no en los del demandado, no obstante haberse llevado con las formalidades de ley, corresponde prescindir de ellos como medio de prueba.
Lucro cesante, daños y perjuicios, retiro policial, policía federal
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Honorio Juan LUJAN c/ ESTADO NACIONAL s/ RECURSO    ORDINARIO  DE  APELACION  -  POLICIA  FEDERAL  -  DAÑOS  Y  PERJUICIOS -  RETIRO  POLICIAL  - JUBILACION Y PENSION - DAÑO - LUCRO  CESANTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

No procede indemnizar el lucro cesante resultante de la incapacidad derivada de un accidente sufrido por un funcionario policial "en y por actos de servicio", si en el caso no existe la probabilidad objetiva de que de continuar el actor prestando servicios habría ascendido paulatinamente hasta alcanzar los grados máximos del escalafón policial, pues durante su carrera fue pasible de numerosas sanciones disciplinarias, no se destacó en los cursos emprendidos y sólo tuvo una recomendación.
Remoción de jueces, enjuiciamiento de magistrados, tribunal de enjuiciamiento, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: San Martín, juez criminal doctor Sorondo s/ eleva  actuaciones relativas a la conducta del dr. Fernando Bulcourf.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

La subsunción de los hechos en las causales de remoción y la apreciación de la prueba relativa a las acciones u omisiones del enjuiciado constituyen ámbitos reservados al criterio de quienes por la ley están encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad política del magistrado.
Falsificación de documentos, falsedad ideológica
Materia: PENAL
Carátula: Schillaci, Roberto y otros s/ Falsedad ideológica
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-17

El tipo penal en estudio requiere del autor la conciencia y la voluntad de cometer la falsedad capaz de perjudicar a un tercero. El dolo, en su aspecto cognoscitivo debe abarcar el conocimiento de que se inserta una falsedad sobre lo que el documento debe probar y del que puede resultar lesión a otro bien jurídico, resultando irrelevante aquellas circunstancias que no hacen aprobar lo que el documento quiere demostrar".
Escritos judiciales, falta de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: C.C.O. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatooria - Recurso extraordinario de inapl. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-02-08

Corresponde intimar al letrado patrocinante a subsanar la falta de firma de su patrocinado bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito electrónico dado que la pieza procesal en análisis presentada en soporte electrónico encabezada por la parte por su propio derecho y firmada electrónicamente por el profesional, no cumple con el requisito esencial de los escritos judiciales.
Prescripción, prescripción bienal, daños y perjuicios, muerte de un conscripto, responsabilidad extracontractual del Estado, guerra de Malvinas, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: GALARZA MIGUEL SECUNDINO c/ ESTADO NACIONAL - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA s/ ACCIDENTE EN EL AMBITO MILITAR Y FUERZAS DE SEGURIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-09

La Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteró en la causa "Díaz, Claudio Alejandro c/Gobierno de la Nación - Ministerio de Defensa" del 26.3.91, que los reclamos por daños sufridos por ciudadanos que cumplen el servicio militar, prescriben en el plazo de dos años previsto en el art. 4037 del Código Civil porque se halla en juego la responsabilidad extracontractual del Estado, siendo indiferente para el cómputo del plazo, que el perjuicio sea consecuencia de una actividad lícita o ilícita (cfr. en igual sentido, esta Sala, Causa 3214 del 2.6.93, entre muchas otras). Asimismo, esta Cámara ha establecido como doctrina legal, que en los procesos que se inicien por cobro de indemnización de daños y perjuicios sufridos con motivo de un accidente acaecido en oportunidad de prestarse el servicio militar, es aplicable el plazo prescriptivo bienal (cfr. Fallo Plenario, in re "Cade, Rubén Alberto c/Gobierno Nacional" del 3.11.92), conclusión que obliga a esta Sala (art. 303 del Código Procesal.
Sucesiones, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: PERON JUAN DOMINGO s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

Para que proceda la acumulación de sucesiones se requiere la existencia de identidad entre los herederos declarados en uno y otro proceso, así como la transmisión de un acervo hereditario común.

Si ninguno de aquellos extremos concurre y si no hay coincidencia entre las respectivas masas hereditarias que es sólo parcial, la acumulación es improcedente.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dumrauf, Horacio y ot. c/ Dumrauf, Irma Catalina y ot. s/ Simulación y colación de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

Dado el estrecho vínculo entre las acciones de simulación y colación, en el que la finalidad de la principal (colación) queda subordinada al éxito de la prueba del carácter simulado del acto que encubre la liberalidad, si la sentencia de primera instancia declaró acreditada la simulación, la falta de una referencia expresa a su consecuencia: la obligación de colacionar, no puede considerarse una omisión que el tribunal no pudiera examinar como capítulo propuesto a la decisión del inferior (art. 272, C.P.C. y su doctrina).
Secuela de juicio, querellante, audiencia de conciliación, traslado, interrupción de la prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LANATA, Jorge. s/ calumnias -prescripción-. Causa nro. 14.027
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-07

La interposición de la querella, el llamado a audiencia de conciliación, la efectiva realización de la misma y la solicitud del traslado a la defensa, resultan ser los actos con naturaleza interruptora de la prescripción de la acción penal en procesos de acción privada.
Medidas cautelares, reinstalación en el puesto de trabajo, resolución denegatoria, contrato de trabajo eventual, estabilidad laboral, suspensión de despidos, emergencia sanitaria, verosimilitud del derecho invocado
Materia: LABORAL
Carátula: Arevalos Aquino, Carlos Denis c/ Pullmen S.E.S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-10

Cabe revocar la medida cautelar que había ordenado la reinstalación del trabajador en su puesto, en el marco de una contratación de trabajo eventual, dado que resulta sumamente debatible la inclusión de dicha hipótesis en el supuesto prohibido por el Decreto 329/2020 y, por ello, debe efectuarse una evaluación rigurosa de la medida, por cuanto el derecho a la estabilidad, relativa e impropia en el marco del contrato eventual, está en principio supeditado al cumplimiento de su objeto, según las diversas hipótesis contempladas en los arts. 99 de la L.C.T. y 69 de la Ley 24.013. Por otra parte, el trabajador no aportó elementos de suficiente eficacia convictiva para acreditar la utilización fraudulenta de la modalidad contractual invocada, lo cual permite poner en tela de juicio la verosimilitud del derecho exigible por la medida pretendida.
Trabajadores azucareros, reintegro de gastos al trabajador, gastos de farmacia, carácter no remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: COMPAÑIA AZUCARERA DEL NORTE  S.A. s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

El reembolso de gastos por medicamentos, convenio colectivo 244/75, del personal que trabaja en la industria azucarera, no reviste carácter remuneratorio en los términos del art. 10 de la ley 18037, texto ordenado 1976. Esto es así, toda vez que dicho beneficio: a) constituye una compensación que puede ser percibida por un tercero, familiar del afiliado, y no por el propio interesado directo; b) no es habitual, ya que está subordinado a una receta que otorgan los médicos del establecimiento y c) fue fijado convencionalmente como un beneficio social otorgado como consecuencia del "status laboral" y no por la prestación efectiva de servicios.
Concursos, privilegios (comercial), actualización monetaria, intereses, ejecución de créditos laborales, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: FARMALINE SA S/ CONCURSO PREVENTIVO S/INCIDENTE ART. 250 c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-04

Cabe confirmar la resolución que denegó el reconocimiento del pronto pago sobre los intereses que exceden al plazo de 2 años contados a partir de la mora. El rubro que invoca el incidentista apelante por intereses no se encuentra dentro de los especialmente protegidos por el convenio de la OIT. Ello además, siendo que en el caso, no se presenta una situación excepcional de vulnerabilidad que este Tribunal deba atender en orden a las exigencias del Tratado Internacional citado. Máxime, cuando una modificación del estatus de los privilegios para este acreedor laboral en particular importaría trasladar una obligación de mayor valor que la verificada a los demás acreedores concurrentes que contaban con créditos de igual naturaleza, lo que importaría un desmedro del principio de igualdad que debe regir en toda la tramitación del presente proceso concursal.
Recurso extraordinario federal, amparo por mora, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTEBAN ELSA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-30

La sentencia dictada en la acción de amparo por mora de la Administración, en principio, resulta ajena a la instancia extraordinaria de apelación federal (Creo Bay, Horacio, "Amparo por mora de la Administración Pública", pág. 94/95).

La tacha de arbitrariedad no cubre discrepancias respecto de la inteligencia asignada por la sentencia a problemas regidos por normas de derecho público local, extrañas al remedio federal intentado.

Los agravios no se encuentran debidamente fundados ya que se estructuran a partir de la reseña parcializada de los argumentos expuestos por este Tribunal, o bien referenciando la cláusula transitoria 12a. de la Constitución Provincial de 1987, que en manera alguna resulta de aplicación a una institución - amparo por mora - que recién en ella se creaba, máxime cuando lo pretendido era la aplicación meramente "supletoria" o "analógica" de un régimen anterior (Ley 4915).

La tacha de arbitrariedad no tiene por objeto corregir en una nueva instancia pronunciamientos equivocados o que se reputen tales, pues sólo se refiere a las supuestas omisiones o desaciertos de gravedad extrema, o por su absoluta falta de fundamentación o apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista.-