marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de leyes federales, acceso a la información pública
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mihura Estrada, Ricardo y otros c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-18

El recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la interpretación de normas federales -decreto 1172/03, arts. 14, 16, 32 y 33, Constitución Nacional, art. 13, Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 19, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 3, de la ley 48). - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Falsedad de título, títulos de crédito
Materia: PROCESAL
Carátula: Gonnet, Elvio c/ Galassi, Mabel s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-07-11

El reconocimiento de firma efectuado por el ejecutado y la circunstancia de que sea factible la emisión de cheques librados en favor de más de una persona no comportan impedimentos para alegar la adulteración en virtud de las disposiciones del artículo 544 primer párrafo inciso cuarto del C.P.C.C..
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García Vega, Raúl A. y ot. c/ Martínez, Alberto L. y ot. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-12

Determinar el punto de partida de actualización de la cláusula penal así como su monto, constituyen cuestiones de hecho ajenas a la casación, salvo el supuesto excepcional de absurdo.
Cuestiones de competencia, demanda, exposición de los hechos
Materia: PROCESAL
Carátula: Macasa S.A. c/ Caja  Popular  de  Ahorro,  Seguro y Crédito de la Provincia de Santiago del Estero y/o presidente del directorio y/o representante. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

A los fines de resolver cuestiones de competencia se ha de tener en cuenta, en primer lugar, la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, el derecho que se invoca como fundamento de su pretensión.
Divorcio contradictorio, medidas cautelares
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: V. c/ R. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-16

Las medidas precautorias en el juicio de divorcio (artículos 233 y 1295 del Código Civil), tienden a asegurar los derechos de los cónyuges hasta tanto se decida y efectivice la liquidación del activo ganancial, por lo que sólo deben ser dispuestas en la medida indispensable y en modo tal que no signifiquen una extorsión, o imposibiliten el normal desenvolvimiento de la parte afectada por ellas.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba, responsabilidad objetiva, falta de prueba, juicio, partes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PREVOSTO, RODOLFO CARLOS c/ ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-15

Asiste razón el recurrente cuando reprocha el juicio de inferencia y el análisis fáctico en la aplicación de la eximente legal, acusando la desnaturalización de su contenido y alcance, desde que no pasa desapercibido que las posibilidades probatorias de la demandada pudieron haber sido exploradas de forma más amplia (podría haber aportado los registros de las cámaras de seguridad que generalmente suelen tener ese tipo de locales; o bien los registros documentales de limpieza; o un organigrama de tareas, distribución de las mismas, sus horarios y/o instrucciones), máxime cuando pesaba sobre su parte el deber de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. (Del voto de la Dra. Gastaldi, que hace mayoría. En disidencia: Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24240, artículo 53, 3er. párrafo
Jubilaciones, cómputo de servicios, período de inactividad, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, docentes, personal suplente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Kunkel, Carlos Miguel c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

Las causas a las que hubiese obedecido la renuncia del actor o el hecho de que hubiera sido detenido por el Poder Ejecutivo Nacional, no resultan eficaces para modificar el carácter interino con el que había sido designado en el cargo de profesor adjunto, que es la circunstancia que impide el reconocimiento de los servicios invocados al amparo de la ley 23.278.
Locación de cosas, intimación de pago, ejecución de alquileres
Materia: PROCESAL
Carátula: ARMANDO, MERCEDES c/ ERDBECHER, GUILLERMO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-05

La intimación prevista en el art. 5 de la ley 23091 no constituye una finalidad en sí misma sino que sólo tiende a evitar litigios al dar al deudor moroso una última oportunidad para regularizar su situación, para lo cual debe pagar los alquileres que adeuda. De omitírsela, o presentar defectos, siempre queda al locatario la posibilidad de depositar lo que entiende adeudar e, inclusive, cuestionar el cargo de las costas.
Empleados públicos, salarios caídos, plazo, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alcácer, Miguel Angel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 243-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

La Corte Provincial, no obstante los antecedentes respecto del alcance con que debía interpretarse el artículo 21 de la Ley 8525, en su aplicación concreta a los casos que le tocó resolver, determinó el período por el cual correspondía el reconocimiento de los haberes caídos, excluyendo aquél en el cual la no prestación del servicio no era imputable a la Administración, o los largos períodos de tiempo en que los trámite recursorios no avanzaron hacia el logro de la resolución final debido a la actitud asumida por las propias partes, que excedían las demoras que pudieran calificarse como "razonables" en el desenvolvimiento del proceso.
Ley de defensa del consumidor, multa civil
Materia: PROCESAL
Carátula: Necxus Negocios Informáticos SA c/ Cigliutti Guerini SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-23

La LDC 52 bis dispone que la multa debe graduarse en función del hecho y demás circunstancias del caso. Así, resulta que tal imposición pecuniaria tiene una naturaleza claramente sancionatoria, y es por esto mismo que su cuantía no estará limitada por el daño causado, graduándose su monto con otros parámetros (la conducta del infractor), como usualmente se aplica (v. Chamatropulos, en "Estatuto del Consumidor, comentado", Buenos Aires, 2016, t° II, pág. 263 y sig.; CNCom., Sala D in re "Di Croce Nancy Karina c/ Caja de Seguros SA", del 28/02/19).
Marcas, propiedad intelectual, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: LA  PIRA  HORACIO c/ PEUGEOT  CITROEN ARGENTINA S.A. s/ MEDIDASCAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-07

En cuanto a la aplicación del art. 50 del ADPIC (aprobado por la ley 24.425, publ. en el B.O. del 5.1.95), que esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que dicha norma tiende a otorgar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual -en la que se incluye a las marcas de fábrica o comercio, según el art. 1, inc. 2-, reconociendo a las autoridades judiciales facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de los derechos tutelados (inc. 1, ap. a), incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (inc. 2); (cfr. causas 1440/97 del 29.5.97, 2049/98 del 28.5.98, 4176/99 del 10.8.99 y 2945/01 del 10.5.01).
Ejecución hipotecaria, subasta judicial, subasta de inmuebles, cesión de boleto
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: COLANTUONO DE JAMARDO, Teresa c/ CORONEL, Mónica Beatriz s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-23

No corresponde autorizar la cesión del boleto en una subasta judicial cuando la venta no se ha perfeccionado, pues más allá de las diferencias sustanciales que se aprecian entre la compraventa y la cesión de boleto de compraventa, esa autorización consagraría la elíptica transgresión del art. 598 del Código Procesal, que prohíbe la compra en comisión, burlando su principal propósito que es, precisamente, la venta directa a quien resulte adquirente. Ello sin perjuicio de la libre disponibilidad de los derechos de quien resulte comprador, una vez perfeccionada la compra.
Enfermedad accidente, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Beccaria, Nelson José c/ Ducilo S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

Si una enfermedad accidente -en el caso psicosis depresiva- ocasiona una disminución laborativa de un cien por ciento de la total obrera dicha dolencia conlleva la neutralización de toda la capacidad laboral del trabajador, no dejando margen indemnizable para otras secuelas incapacitantes derivadas de dolencias posteriores.
Sucesiones, indivisión hereditaria, derecho de habitación del cónyuge supérstite
Materia: CIVIL
Carátula: POLTARAK, Alfredo s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

Lo que garantiza al cónyuge la ocupación vitalicia, gratuita y exclusiva del inmueble, no es su afectación al régimen jurídico de bien de familia, sino la posibilidad de oponer, en forma concurrente, el derecho real de habitación, previsto por el art.

3573 bis del Código Civil la indivisión "post mortem" reglada por el art. 51 de la ley 14.394, en la medida en que ésta haya sido impuesta por el causante en una disposición testamentaria.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestión de derecho público local
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aquino, Roberto y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción   (Expte. CSJ Nº 445-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-14

Las cuestiones sobre interpretación y aplicación de normas de derecho público local es materia que, en principio, escapa a la esfera de aplicación del remedio extraordinario, y el recurso no puede prosperar si las argumentaciones expuestas por los recurrentes para fundar la impugnación no logran demostrar la concurrencia de alguna de las limitadas excepciones a esa regla. Por ello, no resulta irrazonable el criterio sostenido por el Tribunal para calificar jurídicamente determinados hechos, que son valorados a partir de una base fáctica acreditada y bajo la óptica de normas de derecho público local, sin lesionar cláusulas de rango constitucional.
Asociaciones sindicales, facultades del ministro, inconstitucionalidad, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación del Personal de Economía y Hacienda c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-14

Si bien el art. 59 de la Ley 23.551 está pensado para la existencia de un solo órgano de cúpula, ante las circunstancias históricas y cronológicas en que fue emitida la norma y la afiliación generalizada a la Confederación General del Trabajo, lo cierto es que, más allá de la opinión que susciten desde un punto de vista político o sociológico, se han dado situaciones en las cuales, algunas entidades, por razones que no caben juzgar, no se encuentran afiliadas a una única central de grado superior. Esta circunstancia, le da un viso de razonabilidad al Decreto 1040/01 (el cual, en su art. 1 faculta al Ministerio de Trabajo a entender en conflictos intersindicales de representación cuando las entidades sindicales no convergieren en una única entidad de grado superior), en particular si se tiene en cuenta, incluso, que a su vez, era necesario dar curso a la participación del empleador, ante la legitimación que le acordó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del año 1996, en el precedente que se cita en los considerandos del Decreto impugnado. Por ende, corresponde descartar el planteo de inconstitucionalidad del decreto citado (Del Dictamen FG N° 39.751 del 18/2/2005).
Prueba confesional, absolución de posiciones
Materia: CIVIL
Carátula: QUIROZ, Ruben c/ LAVALLE, Oscar s/ MATERIA PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-11

El reconocimiento por parte del confesante de los hechos a que aluden las posiciones, se halla dotado por disposición legal (art.

423 del Cód. Procesal), de una eficacia privilegiada, ya que por sí misma es suficiente para tener por probados los hechos sobre los que recae. Se trata, por lo tanto, de una prueba tasada,incluida en las excepciones al principio general consagrado por el art. 386 del Código citado.-
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Martinito, Pedro Pascual s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-07

No es materia del recurso extraordinario de nulidad las discrepancias valorativas de la defensa con respecto a cómo la Cámara se pronunció sobre la autoría responsable y las pruebas respectivas.
Acción meramente declarativa, constitucionalidad, derecho de los beneficios de la seguridad social, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Panosetti, Omar Claudio y otros c/ Estado Nacional s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-26

A fin de analizar la validez constitucional de una ley es imprescindible tener en cuenta el objetivo tenido en mira al momento de su dictado. Ello así, el requisito establecido para el acceso al beneficio previsto por las leyes 16.516 y 20.733 a aquellas personas que hayan obtenido el galardón principal que otorga la Nación para científicos, literatos y artistas comprendidos en estas leyes no aparece, prima facie, como una violación constitucional al derecho a la seguridad social, pues no se impide su obtención sino que condiciona la misma al cumplimiento de un requisito de edad, supuesto éste que resulta concordante con la legislación vigente, en cuanto desde antiguo las leyes jubilatorias ponen como exigencia para el acceso a la prestación, cumplir determinada edad (art. 27 ley 18.037, art. 15 ley 18.038, art. 19 ley 24.241, art. 3 ley 24.016, art. 3 ley 22.731, entre otras).
Competencia, daños y perjuicios, transporte ferroviario, accidente ferroviario, competencia civil y comercial federal
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARJOL BERON DE BECCAR VARELA, SARA c/ FERROCARRILES  ARGENTINOS  OBRA  SOCIAL  DE  EMPLEADOS  DE  LA MARINA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-16

Las pretensiones tendientes al resarcimiento de daños y perjuicios experimentados por un pasajero del ferrocarril, víctima de una lesión física (al ascender y arrancar un vagón) son cuestiones de competencia de la justicia civil y comercial federal, atento la vinculación directa del hecho dañoso con el contrato de transporte existente entre las partes.
Competencia, competencia por conexidad, incidentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ferrus, Haydee Alcira s/ Sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-14

La homologación de un convenio de honorarios tramitado por las reglas del procedimiento de los incidentes por expreso pedido del letrado, y referido a " la labor profesional de patrocinio y/o representación letrada en las actuaciones judiciales y/o extrajudiciales a promoverse y/o continuarse " respecto de un trámite sucesorio específico, es un accesorio que debe seguir la suerte de lo principal. Nada obsta a ello la estipulación por las partes firmantes respecto a la jurisdicción de un determinado Juzgado para el caso de contienda judicial, si el mismo se ha declarado incompetente respecto de su entendimiento en el juicio universal. Mucho menos aún si la prórroga de jurisdicción resultaba indisponible por haber tenido la causante el último domicilio en otra provincia ( arts. 523, 524, 3284 y cdts. Cód. Civ.; art. 6 inc. 1 C.P.C.C. )
Despido por maternidad, presunciones, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Gagliardo, Margarita Gabriela c/ Instituto Privado de Educación Integral (I.P.E.I. S.R.L.) s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-11-17

Si de las pruebas obrantes en autos surge el conocimiento cierto por parte de la empleadora del estado de embarazo de la actora y conjuntamente existe falta de indicación de causa en el despido se presume que el mismo se debió al estado de embarazo pudiendo resultar operativa la protección del art. Art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo por aplicación del art. 1071 del Código Civil.
Cómputo de la pena, pena agotada
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GARCIA, ROBERTO s/ PENA - COMPUTO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-23

El cómputo diferencial previsto en la Ley 23.070 es aplicable a las penas cumplidas durante el período 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983 aun cuando las mismas hubiesen sido agotadas antes de la entrada en vigencia de esa norma.
Recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez  Adalid,  Jorge Oscar s/ incidente de excepción de faltade acción -causa nº 16.059-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

La existencia de efectivo gravamen que afecte a quien deduce la apelación extraordinaria constituye uno de los recaudos formales cuya previa comprobación condiciona la admisibilidad del recurso, y tal control es materia de orden público y compete a la Corte aun de oficio (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
Juicio ejecutivo, ejecución de honorarios, ejecución de sentencias contra el Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: Lagorio, Jorge Alberto  c/ Municipalidad de Córdoba - Ejecutivo - Cobro de honorarios s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-03-07

Cuando se condena al Estado al pago de honorarios, existe un deudor calificado por la ejemplaridad que debe emanar de sus acciones en pos de consolidar la autoridad necesaria para ejercer su imperio ante los ciudadanos. De tal manera, la falta de pago de una obligación de tipo alimentaria impuesta por decisión judicial, luego de que se cumplieron todos los recaudos que la ley establece para posibilitar la previsión presupuestaria y honrarla sin más, no puede sino dar lugar a la ejecución lisa y llana, por alguna de las vías que la ley confiere al acreedor, sin renovación del plazo del art. 806 del CPCC. Es que, en definitiva, el deudor ha tenido los cuatro meses primigenios que confiere la norma computados en la causa principal de manera previa a la expedición de las copias del art. 124 CA, y todo el plazo de tramitación del proceso ejecutivo, para efectuar los ajustes presupuestarios que el caso exige a los fines del pago.
Régimen penal tributario, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-TRIBUTARIO
Carátula: Cuiña,   Rodolfo   y  otros s/ contrabando e infracción a la ley 23.771 (causa n 39.022).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-06

El espíritu y propósito que subyace en la ley 23.771 reside en la necesidad de contar con un instrumento legal idóneo tendiente a asegurar en lo inmediato, el ingreso al patrimonio estatal de aquello que los distintos contribuyentes se encuentran obligados a transferirle, garantizándose la percepción del impuesto (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Fraude a la Administración Pública, aplicación de la ley, Ministerio Público Fiscal, extinción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Eiroa, Ignacio Gabriel c/  s/ Defraudación por administración fraudulenta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-13

Si se admite la posición que entiende que corresponde aplicar el instituto previsto en el art. 59 inc. 6, CP., mientras el legislador no lo reglamente completamente, entre los requisitos que deben requerirse, cabe considerar la racionalidad que debe guiar la solución del conflicto sobre la base de la reparación y la conciliación. Ante las posibilidades hermenéuticas que surgen de la nueva redacción del art. 59, inc. 6, CP, siendo todas ellas de peso y puesto que la Constitución pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal la competencia sobre el modo como debe ejercerse la acción penal, el consentimiento de esa parte en un planteo determina la suerte del proceso siendo que al juez le corresponderá verificar que el consentimiento esté fundado en las circunstancias del caso y que la parte damnificada haya prestado su conformidad libremente, luego de ser informada sobre las particularidades del acuerdo o de la reparación integral. Será atribución de la fiscalía establecer si a pesar del ofrecimiento de la defensa y el acuerdo de la víctima, se encuentra ante un caso en el que el interés público está particularmente comprometido y por ello, no sea oportuno prestar su conformidad. En ese contexto, si la fiscalía en ejercicio de la acción penal entiende que se han dado los supuestos para dar por superado el conflicto mediante algunos de los institutos del art. 59 inc. 6º CP y, con la conformidad del perjudicado, opina que no corresponde continuar con el ejercicio de esa acción, los jueces deben proceder conforme los establece la norma citada y tener por extinguida la acción (voto del juez Jantus al que adhirió el juez Rimondi).
Jueces, control de constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Asmit de Mottino, Mónica L. por sí y en representación de su hijo menor Jesús B. Mottino y Zoppi Marta E. en representación de sus hijos menores Carlos M. y María D. Mottino c/ Policía a de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-05-28

De nada valdría afirmar enfáticamente la supremacía constitucional frente a toda norma inferior, si luego se la limita al extremo de obligar a los jueces a aplicar normas repugnantes a la Constitución nacional, por la sola circunstancia que las partes no advirtieron tal colisión; si el juez debe acatar en primer lugar la Constitución, así debe ser y en toda circunstancia; si no se discute que el magistrado está vinculado a los hechos que resultan afirmados y probados o admitidos en el litigio y no al derecho que invoquen las partes, es inexplicable que pueda elegir la norma inferior que considera adecuada al caso, pero no pueda hacer lo mismo con la norma máxima (Constitución) a la que las primeras están subordinadas y deben adecuarse so pena de descalificación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Presupuesto, reconocimiento en sede judicial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cañete Marcelino Ramón c/ Cabrera Enrique s/ Indemnización Daños y Perjuicios. Cañete Marcelino Ramón c/ Cabrera Enrique s/ Indemnización Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-10-26|1988-10-26

Si el presupuesto de gastos de mano de obra, pintura y repuestos no fue reconocido en autos por quien lo emitiera, ello por sí sólo no basta para quitarle valor cuando se ve corroborado por otras pruebas, máxime si existe correspondencia entre los daños, que fueran admitidos por los colisionantes, y el listado del presupuesto en cuestión, y que además devienen como consecuencia lógica y normal de la mecánica del hecho.