Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-29


EXPTE. NRO.: 20.655/00 TS07D40733 PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº 40733 CAUSA Nº: 20.655/00 - SALA VII - JUZGADO Nº: 73 En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de febrero de 2008, para dictar sentencia en los autos: " SALGADO, DIEGO ROBERTO Y OTRO C/ CLINICA DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA PSIQUIATRICA S.A. Y OTROS S/ DESPIDO " se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

I. La sentencia que hizo lugar a la demanda de los actores por los despidos del caso es apelada por las codemandadas "O.S.E.C.A.C." (Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles) y por "SESAM S.A.".

También hay recurso de los Dres. Nuguer y Magdalena, por sí, y de la perito contadora, quienes estiman exiguos los honorarios que se les ha regulado (v. fs. 932 y fs. 970).

II. RECURSO DE LA CODEMANDADA O.S.E.C.A.C. (fojas 922/28).

Discrepa porque se la condenó solidariamente con aplicación del art. 30 L.C.T. con el resto de las demandadas.

Aduce que habría mediado una errónea ponderación por parte de la "a-quo" de las pruebas producidas al hacerla solidariamente responsable respecto de una relación laboral matenida entre los actores y la codemandada "CEAP S.A." (Clínica de Estudios y Asistencia Psiquiátrica S.A.) y que la conclusión arribada en el fallo sería apresurada. Cuestiona la prueba testifical diciendo que los dichos de Umere, Rivero y Santacroce, habrían tenido la "clara intención de ayudar" (sic) a los actores al tener juicios similares con las aquí demandadas. Agrega que, de todos modos, la testifical del caso, a su juicio, sería demostrativa de que "SESAM S.A." no tenía un vínculo exclusivo con OSECAC sino que también prestaba servicios para otras obras sociales, lo que evidencia que en el establecimiento de la codemandada "CEAP S.A." no se atendía solamente a pacientes beneficiarios de OSECAC, para lo cual remite a los dichos de Tarcaya y Gerónimo. Invoca el contrato que la Obra Social celebra con sus prestadores, con la intención de demostrar que el otorgamiento prestacional que brinda su representada es a través de una red de procedimiento común, aceptado y reconocido públicamente, consistente en "facilitar el acceso" a las prestaciones y que, al efectuar el contrato pertinente con los verdaderos prestadores de la asistencia de salud, cumple con fines estatutarios propios y no con su "actividad propia" que ni incluye ni excluye tal posibilidad, reiterando que los "prestadores" son los inscriptos por la Superintendencia de Servicios de Salud en el Registro pertinente. Considera que la conclusión arribada en el fallo implicaría hacer a OSECAC responsable de todos los trabajadores que atienden a 1.500.000 beneficiarios de OSECAC en todo el país, así como responsabilizar a todas las obras sociales de igual manera, respecto de todos los trabajadores que se desempeñan en los establecimientos de salud del país y atienden a sus respectivos beneficiarios.

A mi juicio su memorial recursivo no constituye una crítica eficaz en orden al fin propuesto.

En efecto, coincido con lo decidido en grado por cuanto es dato firme que dicha codemandada tiene como objeto social el de brindar a sus beneficiarios distintos tipos de prestaciones médico-asistenciales para lo cual contrataba con terceros servicios propios que hacen a ese objeto, como en el caso de autos, con la empresa "SESAM S.A." ("Administradora de programas de salud mental") la cual intermediaba para que dichos servicios asistenciales (en el caso psiquiátricos) se llevaran a cabo en la codemandada "CEAP S.A." (ver fs. 191 informe auditoría, prueba testifical, Bissón a fs. 545, Tarcaya fs. 535, Jerónimo fs. 535, Umere fs. 586, Rivero fs. 594, Soria fs. 654, estatuto social a fs. 246, art. 3?, de "SESAM S.A." a fs. 424, "CEAP S.A." a fs. 436 art. 3?, documental de fs. 30/70 contrato entre "SESAM SA" y "OSECAC", y fs. 71, peritaje contable a fojas 749 y sgtes. Arts.

90 L.O. y 386 del Cód. Procesal).

Pues bien, desde este enfoque sin duda la asistencia médica de sus afiliados hace a la actividad normal específica y propia de OSECAC, circunstancia que diáfanamente se concluye no sólo por las pruebas del caso que son acreditativas de la delegación que dicha entidad hizo a través de "SESAM S.A." para que dicha prestación de salud sea brindada por terceros a sus afiliados sino también por la propia Ley 23.660 de Obras Sociales que invocara la recurrente, de la cual surge que las mismas estan destinadas a cumplir con las prestaciones de salud, lo que permite corroborar una vez más que tal quehacer constituye una actividad normal, específica y propia en los términos previstos por el art.

30 L.C.T.(en similar sentido, CNAT, Sala VI in re "Rivero, Rosa Clara y otros C/ Clínica de Estudios y Asistencia Psiquiátrica S.A. y otros", S.D. nro.: 57735 del 30.12.04; Sala X in re "Santacroce de Soria, Diva Lidia C/ Clínica de Estudios y Asistencia Psiquiátrica S.A. y otros", S.D. nro.: 12.950 del 31.08.04, arts. 90 L.O. y 386 del Cód. Procesal, v. conteste a fs.

72/72 vta. y sgtes.).

Todo lo que puntualizo no llega idóneamente rebatido por la apelante quien intenta desbaratar lo resuelto haciendo hincapié en que los testigos demostrarían que "SESAM S.A." no tenía un vínculo exclusivo con "OSECAC" sino que también prestaba servicios para otras obras sociales, ello como para desligarse de responsabilidad sobre la base de que en "CEAP S.A." no se atendía solamente a pacientes beneficiarios de "OSECAC"; en tanto, el art.

30 L.C.T., no prevé el requisito de "exclusividad" sino que solo consagra un deber de "garantía" para los créditos del trabajador que cae en cabeza del contratista y/o subcontratista y, máxime cuando el cuestionamiento que ahora expone acerca de la testifical resulta extemporáneo por cuanto dichos testimonios no merecieron impugnación de las partes en su ocasión (arts. 30 L.C.T., 90 y 386 ya cit., art. 116 L.O.).

Sugiero entonces confirmar la sentencia en este punto.

III. RECURSO DE LA CODEMANDADA "SESAM S.A." (fojas 936/946).

Se agravia enérgicamente porque también se la condenó solidariamente con el resto de las demandadas. Aduce que nunca fue empleador y que no conoce a los actores, y que la sentenciante habría efectuado una errónea apreciación de lo normado por el art.

30 L.C.T.

En su extenso y reiterativo memorial plantea la nulidad de la sentencia de primera instancia ello sin desmedro de apelar el decisorio por las razones que expone. Afirma que su representada cesó la sub-contratación con la empleadora de los actores ("CEAP S.A.") y que éstos en realidad "?van contra ella porque la empleadora está en quiebra y "SESAM S.A." es solvente?" (sic). Impugna ahora la prueba de testigos diciendo que estaban todos comprendidos en las generales de ley al tener juicios similares, que su representada tenía su propio personal para cumplir con sus tareas y que la "a-quo" habría confundido el médico auditor de "SESAM S.A." como si fueran médicos tratantes de la clínica. Ventila nuevamente su queja porque se le habría rechazado la citación de terceras sociedades, ello como para demostrar que todas las obras sociales y obras médicas que habrían contratado internaciones con "CEAP S.A." serían también solidarias ante la quiebra e incumplimientos de esta última. Agrega, por último, entre otras cosas que su representada solo administra programas de salud mental y como tal, cuando le es necesario, simplemente contrata internación de pacientes en clínicas psiquiátricas.

IV. A mi juicio no hay motivo para alterar el fallo.

En primer término respecto del pedido de nulidad de la sentencia cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 253 del C.P.C.C.N. y 115 de la Ley 18.345, no resulta procedente el recurso de nulidad por defectos de la sentencia, cuando éstos, en caso de existir, pueden ser reparados por vía de la apelación interpuesta conjuntamente, por lo que corresponde desestimar la petición de nulidad formulada y pasar a analizar los agravios vertidos por la quejosa (en igual sentido, esta Sala, entre muchas otras, S.D. nro.:29.902 del 3/10/97 "Jiménez Cáceres, Iluminada C/ Vanguardt S.A. S/ Despido", S.D. nro.: 38.724 del 30/08/05 "Marasco, Nora Inés C/ Administración Nacional de la Seguridad Social Anses S/ Diferencias de Salarios").

En segundo lugar, cabe precisar que su queja respecto del rechazo de la citación genérica como terceros a este juicio de algunos co-contratantes de la codemandada "CEAP S.A." (circunstancia que tampoco siquiera individualizada ahora) fue expresamente desestimada en grado, sin que el apelante recurriera aquella resolución, por lo cual las consideraciones que ahora hace además de ser extemporáneas carecen de asidero jurídico alguno que las avale, por cuanto se encuentran mas bien fundadas en un enérgico disentir por el resultado adverso del pleito a su representada (ver fs. 312/315 y fs. 321, art. 116 L.O., art. 386 del Cód. Procesal).

V. Ahora bien, en lo atinente al fondo del asunto que motiva también su queja, considero que tampoco puede prosperar.

En efecto, en autos obran glosados los contratos suscriptos entre "OSECAC " y "AURUS SALUD S.A. " como así entre "OSECAC" y "SESAM S.A.", dando cuenta dicha documental que el Sr.

Eduardo Abiad es presidente de ambas sociedades (v. fs. 30/70).

De la lectura del contrato suscripto entre "SESAM S.A." y "OSECAC" se puede colegir que "SESAM S.A." se obliga a prestar asistencia integral en el área de salud mental?a todos los beneficiarios de la obra social. Además se convino que el prestador (SESAM S.A.) no podrá abstenerse de brindar la prestación del servicio contratado como así también se obliga a mantener "?la calidad y cantidad de profesionales?" remitiéndose también al anexo A del contrato en el cual puede comprobarse sin hesitación cuál era la actividad normal, específica, y propia en los términos del art. 30 L.C.T. que el prestador se comprometía cumplir (ver cláusulas 1?, 2?, 4?, 8?, anexo "A", entre otras, art. 386 del Cód. Procesal).

Para cumplir con las prestaciones a las que se obligaba para con los afiliados de "OSECAC"; "SESAM S.A." convino con "CEAP S.A." - quien es la que contrató a los actores- la efectiva realización de su cometido (v. fs. 30/70).

No logra modificar lo resuelto en grado el mero disentir que exhibe respecto de la ponderación que la "a-quo" hizo de la prueba de testigos haciendo hincapié en que éstos al tener similar juicio pendiente al de los actores tacharía de parcialidad las declaraciones, por cuanto más allá de que su impugnación deviene extemporánea por cuanto nada dijo de esta prueba en la etapa procesal oportuna, lo concreto es que aún soslayando la testifical de autos, no quedan dudas de la responsabilidad de esta codemandada, por cuanto ella misma acompañó a autos instrumental que acredita la responsabilidad que asumió al subcontratar con la codemandada "CEAP S.A.". En esto, puntualizo, no sólo la documental antes referida sino también el intercambio telegráfico suscitado entre las partes por medio del cual puede comprobarse que la propia "SESAM S.A." le requiere a "CEAP S.A." entre otras cosas "?acreditar el cumplimiento de las obligaciones previsionales, evitando situaciones de conflicto con el personal y de responsabilidad resultante conforme el art. 30 de la Ley 20.744" (ver fojas 173).

Por otro lado, a mayor abundamiento agrego que, la sentencia, tuvo bien en cuenta los aspectos esenciales del contenido de la prueba testifical ya que las conclusiones arribadas por la "a-quo" no exceden los límites del objeto de la prueba y resulta verosímil los hechos y la forma en que los testigos afirmaron tener conocimiento de lo que declararon (arts.

386 y 90 ya cit.).

La propia documental aportada por la recurrente torna su extenso y enardecido memorial en una vulneración de la regla "venire contra factum propium nulle conceditur" expresión latina que define sintéticamente la denominada "teoría de los actos propios", que se funda en la inadmisibilidad de una postura que contradiga una conducta anterior válidamente asumida por el litigante. Ello es así porque el principo de la buena fe no sólo es aplicable a la relación jurídica que mediara entre las partes, sino también al proceso en el que se ventila la controversia según sus integrantes, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica (CNAT Sala II S.I. nro.: 39847 del 28-03-96, "Cabrera, Carlos C/ Aballay, Mario S/ Despido").

Agrego también que es dato que arriba firme a esta instancia que la recurrente no exhibió ninguno de los libros que le fueran requeridos por el experto contable, situación que sumado a la denuncia del robo de sus libros contables que la codemandada "CEAP S.A." le informara a la experta contable; demuestra también el incumplimiento de la apelante respecto de los requisitos de control que el propio art. 30 L.C.T. prevé respecto a los dependientes de la empresa subcontratada, en tanto con dicha prueba tenía la oportunidad de brindar a la perito contadora las constancias que tendría en su poder respecto del cumplimiento - o no- por parte de "CEAP S.A." de su obligación de registrar debidamente a su personal y efectuar los aportes de ley, todo lo cual, sella aún más su responsabilidad solidaria (v. fs. 749/755 y fs. 792 peritaje contable, v. fs. 919 del decisorio, art. 116 L.O.

y art. 386 Cód. Procesal y 55 L.C.T.).

VI. En consecuencia, en virtud de todo lo expuesto, voto por la confirmatoria del fallo apelado en lo substancial que fuera materia de recurso y agravio por parte de las recurrentes, siendo innecesario abocarse al análisis del resto de las críticas en tanto el art. 386 del Cód. Procesal otorga al juez la facultad de apreciar los elementos de prueba según su sana crítica, sin serle exigible la expresión en la sentencia de la valoración de aquellos medios que no resulten esenciales y decisivos para el fallo de la causa ( esta Sala in re "Moreno C/ Carosi S.A." S.D. nro.: 25.152 del 30/06/95, "Gallardo, Angel Rodolfo C/ Lavadero One Way S.R.L.

y otros S/ Despido" S.D. nro.: 39.434 del 10/08/2001).

VII. En lo atinente al agravio que exhiben ambas codemandadas porque la condena solidaria también incluye la entrega a los actores de las certificaciones previstas en el art.

80 L.C.T., cabe precisar que el mero disentir que exhiben diciendo que sería una obligación de cumplimiento imposible al no haber sido ellas las empleadoras de los accionantes, carece de virtualidad jurídica como para eximirlas de ello, por cuanto, la condena solidiaria de entregar estos certificados tiene plena justificación toda vez que hay responsabilidad solidaria de quien contrata o subcontrata trabajos o servicios correspondientes a su actividad normal y específica con un tercero (art. 30 L.C.T.) y se extiende a todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Ello ciertamente incluye el otorgamiento de los certificados del art. 80 L.C.T. (en similar sentido, esta Sala in re "Storino, Claudio C/ Exiter S.R.L. y otros", S.D. nro.: 37.148 del 12/11/03, entre muchos otros).

Respecto del contenido de las certificaciones en cuestión, vale puntualizar que debe ser en consonancia con lo acreditado en autos respecto del vínculo laboral de los actores, por ende, carece de sustento el argumento que exhiben relativo a que "no sepan ni conozcan nada" (sic) o de que "carecen de los elementos necesarios e imprescindibles para su confección" (sic) (v. fs. 920 del fallo, art. 386 del Cód. Procesal).

VIII. La cuantía de los porcentuales que en concepto de honorarios se reguló a los profesionales intervinientes, con base en el mérito y extensión de su labor, es mi opinión que lucen equitativos, por lo que propicio su confirmación (art. 38 L.O. y demás normas arancelarias vigentes).

IX. De tener adhesión este voto, las costas de alzada se imponen a las recurrentes (art. 68 del Cód. Procesal), y propicio regular los honorarios de alzada para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y los de cada una de las recurrentes, en el 25%, respectivamente, de los determinados por la actuación que les cupo en la instancia anterior (art. 14 Ley del arancel).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO: Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR JUAN CARLOS EUGENIO MORANDO: no vota (art. 125 de la ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada. 2) Imponer las costas a las recurrentes. 3) Regular los honorarios para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y los de la parte demandada en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%), respectivamente, de los determinados por la actuación que les cupo en la instancia anterior. Se hace saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2 del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de comunicar a CASSABA (Acordada CSJN 6/05, punto V, artículo 79 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.