Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-12-01


N°__281__/RESISTENCIA, 01 de diciembre de 2014.

Y VISTOS:

Estos autos: "HERRERO, ORESTE C/ BARRIENTOS, MARGARITA S/ ACCION DE REIVINDICACION", EXPTE. Nº 12442/13 S/ QUEJA EXTRAORDINARIA", expte. Nº 38/14, año 2014, y CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 1/72 comparece mediante apoderada la demandada Sra. Margarita Barrientos, e interpone recurso de queja contra la resolución Nº 92/14 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, cuya fotocopia se encuentra glosada a fs. 62/63 vta. de estas actuaciones, en cuanto resolvió rechazar in límine los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal incoados por la nombrada, por entender que el libelo exhibía deficiencias en relación a la Resolución Nº 1.197/07.

A fs. 73 se radicó la causa ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral, y se llamó autos, por lo que la cuestión se encuentra en estado de ser resuelta.

2º) En ese cometido y examinados los recaudos formales, se advierte que el remedio articulado es la vía prevista para obtener la concesión de los recursos extraordinarios denegados, así como que el mismo ha sido deducido tempestivamente y por la parte legitimada para recurrir.

3º) Por lo demás, sostiene la impugnante que la Cámara ha resuelto con exceso de rigor formal la denegatoria de los recursos extraordinarios. Lo anterior en tanto arguye que su escrito cumple las exigencias formales impuestas por la Resolución Nº 1.197/07 pues no se encuentra excedido en renglones, se indicó el carácter en que intervenía la presentante de los remedios, y en lo relativo a las normas que confieren jurisdicción al Superior Tribunal de Justicia para intervenir en el caso, se consignaron los decretos-leyes 1407/62 y 1413/62 y sus modificatorias.

Finalmente, expresa que este Alto Cuerpo debe ingresar al conocimiento de la causa, alegando que el tribunal apelado al decidir se apartó de las constancias del expediente, como del derecho aplicable a la materia.

4º) Así expuestos los agravios, y más allá de los incumplimientos formales señalados por los camaristas para denegar los recursos, notamos que aún colocándonos en la hipótesis más favorable a la recurrente, sus quejas no logran justificar la apertura de la instancia extraordinaria. Ello en la medida que las críticas vertidas en el memorial no alcanzan a demostrar la arbitrariedad que pretende endilgar al fallo de la Alzada sobre el fondo de la cuestión (conf. Sent. Nº 303/12 y Nº 94/14 de esta Sala).

5º) En efecto, en sus remedios extraordinarios la apelante incurrió en déficit argumentativo, pues no refutó en forma pormenorizada y concreta los fundamentos vertidos por los camaristas sobre un punto fundamental del caso, que es el tiempo de posesión que invoca la accionada. En particular no rebatió que: a) la demandada manifestó que residía en el inmueble desde hace 25 años aproximadamente, es decir, si se toma como referencia la fecha de contestación de demanda y en retroceso del tiempo la misma comenzó ocupar y/o vivir en dicho inmueble en el año 1982, que tampoco concuerda con la fecha que ella misma manifestó en contestación de demanda; y b) la declaración jurada de fs. 265, donde refiere residir en Quinta 257 Bº Matadero hace diecisiete años, también se contradice con su supuesta fecha de ingreso al inmueble.

Lo apuntado resulta de interés a los fines de resolver la cuestión pues este tribunal tiene dicho que ".la observación de la conducta asumida por las partes durante la sustanciación del proceso, [.] podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. Además, no sólo tiene eficacia la manifestación de voluntad, sino también las actitudes omisivas, de conformidad con lo que se ha dado en llamar 'principio de autoresponsabilidad' que se imputa a quienes actúan ante la jurisdicción." (conf. Sent. Nº 177/13, con cita de Mario Augusto Morello).

6º) Por otro lado, la quejosa critica la decisión de la Sala Segunda invocando que el actor nunca tuvo la posesión del inmueble, y que en tales circunstancias carece de legitimación para promover la acción de reivindicación. Sobre el punto interesa citar un fallo anterior de este Alto Cuerpo donde se dejó sentado que ".'.Recogiendo una regla que tiene su origen en el derecho romano, se dice que la reivindicación compete al propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. [.] Se afirma que el actor que presenta títulos de propiedad de quienes lo precedieron, remontándose hasta alguno que sea anterior a la posesión del demandado, ganará la acción de reivindicación aunque él no haya sido nunca poseedor, ya que las escrituras que acreditan el dominio de los antecesores hacen presumir que éstos tuvieron la posesión y lo autorizan a accionar en su propio interés aún cuando no medie cesión expresa, porque ella va implícita en cada acto de enajenación.'" (conf. Sent. Nº 03/13 de esta Sala Primera).

De lo expuesto podemos colegir entonces que -más allá que pueda o no ser compartida la decisión adoptada por la Cámara de Apelaciones- lo resuelto se presenta como una solución posible, y de allí que el pronunciamiento no puede reputarse arbitrario.

7º) Seguidamente, corresponde abordar la queja de la impugnante en cuanto expone que debieron flexibilizarse tanto las exigencias probatorias como también la evaluación de los requisitos de procedencia, en tanto la prescripción adquisitiva fue deducida como defensa y no como acción.

Sin embargo, el análisis de las constancias de la causa revela que dicho agravio constituye un planteo tardío de la recurrente. En este sentido observamos que el juez de grado en su oportunidad reputó a la demandada como reconviniente por usucapión (conf. fs. 5, 8 y 9 vta.), y frente a ello la quejosa nada dijo en su expresión de agravios que en fotocopia obra a fs. 11/26.

8º) Asimismo, notamos que en sus recursos extraordinarios, la impugnante misma señala su carácter de reconviniente en la causa (conf. fs. 50 vta., 54 vta., y fs. 56 vta.). Ello implica, por una parte, que no pueda prosperar lo sostenido en el sentido que la prescripción adquisitiva fue alegada como defensa y no como acción; y por otro lado, deja ver una conducta contradictoria de la quejosa que no es posible soslayar.

9º) Por último, resta referirnos a lo esgrimido en el recurso de queja en cuanto la recurrente estima probadas que las construcciones y mejoras fueron efectuadas por la demandada-reconviniente, y que en virtud de ello gozaría de un derecho de retención que debiera ser reconocido por este Alto Cuerpo. En esa dirección vemos que, al igual que lo advertido en el párrafo anterior, esta tesis implica la proposición de una cuestión novedosa en la litis, no planteada sino hasta esta instancia, y de allí que no pueda prosperar por no haberse formulado en su oportunidad y frente a los jueces ordinarios de la causa.

10º) De conformidad con todo lo anterior, debe ser rechazado el recurso de queja interpuesto por la demandada Sra. Margarita Barrientos, con imposición de costas de esta instancia a su cargo, en calidad de vencida (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia).

11º) Los honorarios de la letrada actuante se regulan siguiendo el criterio de esta Sala en otros precedentes (Sent. N° 269/94, Nº 91/10 y Nº 278/13, entre otras), atento que la ley de aranceles no contempla la regulación de los devengados frente a la interposición del recurso de queja, teniendo en consideración el trabajo realizado por la profesional interviniente en concordancia con las normas contenidas en los arts. 7º y 11º de la ley de aranceles, tan sólo como pauta a los fines de la determinación proporcional del monto a pagar (conf. C.S.J.N., Fallos: 250:444; La Ley 82-131, cit. en Serantes Peña y otros, "Aranceles de Abogados y Procuradores", 2º edición, pág. 46). En razón de lo indicado y en función de la misma base tomada por la Alzada -que no fuera cuestionada en la instancia extraordinaria-, se estima equitativo fijarlos en las sumas que se establecen en la parte resolutiva.

Por ello, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- DESESTIMAR el recurso de queja deducido por la demandada Sra. Margarita Barrientos a fs. 1/72, contra la resolución Nº 92/14 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, cuya fotocopia se encuentra glosada a fs. 62/63 vta. de estas actuaciones.

II.- IMPONER las costas de esta instancia a la parte recurrente vencida.

III.- REGULAR los honorarios profesionales de la abogada Elena Virginia Irrazabal (M.P. Nº 2225) en las sumas de . y de -., como patrocinante y apoderada, respectivamente.

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase la presente por correo electrónico al Señor Presidente de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.

ALBERTO MARIO MODI-RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, FERNANDO ADRIÁN HEÑIN- Abogado - Secretario