Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23


Buenos Aires, 23 de marzo de 2006. VISTOS: los autos del epígrafe con el objeto de resolver los recursos de apelación interpuestos por el señor fiscal de primera instancia a fs. 238/240 (sostenido por la señora fiscal ante la Cámara) y por la demandada (fs. 243/253 vta.), y CONSIDERANDO: 1. Que el señor juez de grado hizo lugar a la acción de amparo y declaró la inconstitucionalidad del artículo 11.1.9 del anexo I, incorporado a la ley 1166 a través del mecanismo constitucional del veto por parte del Poder Ejecutivo, debido a que no reconoce la antigüedad de las personas dedicadas a la "venta ambulante". Impuso las costas a la demandada y difirió la regulación de honorarios. Indicó que el amparo, lejos de ser una vía de excepción, era la correspondiente cuando se dan las circunstancias que determinan su procedencia. Reseñó jurisprudencia de ambas Salas de esta Cámara, y concluyó que la vía elegida era la adecuada. Precisó que la cuestión versaba sobre la inconstitucionalidad de los párrafos vetados por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley 1166 o, en su defecto, la inconstitucionalidad de la ley en tanto excluía la antigüedad en el ejercicio de la activid ad como criterio rector para la obtención de permisos de venta en la vía publica. Con el objeto de resolver la controversia, comenzó por definir al "espacio público" como "aquel sitio sometido a una regulación específica por parte de la Administración Pública, propietaria o que posee la facultad de dominio del suelo, y que garantiza su uso a todos, fijando las condiciones para su utilización." Precisó que "el espacio público moderno proviene de la separación formal (legal) entre la propiedad privada urbana (expresada en el catrasto y vinculada normalmente al derecho de edificar) y la propiedad pública (o dominio publico por subrogación normativa o por adquisición de un derecho mediante cesión) que normalmente supone la reserva del suelo libre de construcciones (excepto equipamientos colectivos y servicios públicos) y cuyo destino son usos sociales característicos de la vida urbana." Reveló que " lo que caracteriza a los bienes que integran el espacio público, es su afectación al interés general y su destinaci ón al uso directo o indirecto en favor de la sociedad, razón por la cual no pueden formar parte de esta categoría aquellos bienes que son objeto de dominio privado de conformidad con lo establecido por la ley, ni aquellos que son del pleno dominio fiscal de los entes públicos (bienes "privados" del Estado)." En su teoría los elementos que integran el concepto de espacio público serían, entre otros, "Las áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular (vías públicas), - como por ejemplo las calles, plaza, puentes y caminos -. Las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, - léase estadios, parques y zonas verdes. Las áreas necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos o para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones. Y, en general, todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen por consiguiente zonas para el uso o el disfrute colectivo. En todo caso, al no existir bienes de uso público por "naturaleza", tal destino resulta un mero concepto jurídico. Así, la noción de espacio público queda al arbitrio del legislador". Luego de los reseñados desarrollos teóricos pasó a mencionar conclusiones de la OIT referidas al potencial del sector urbano no estructurado para generar fuentes nuevas y mejores de trabajo, y su utilización como dispositivo amortiguador para la población urbana pobre, vulnerable y marginada. Afirmó que "al no permitírsele el ejercicio constitucional de trabajar al vendedor ambulante, sea porque no se le otorga el permiso habilitante, porque no se le reconoce su antigüedad en el ejercicio de esa labor, porque no se le permite desarrollar su actividad en los lugares en los que la venía ejerciendo o en el último de los casos porque los permisos son por el plazo perentorio de un año, se hallan sin más frente a la posibilidad cierta del desempleo total, con el consabido deterioro para su forma de vivir, lo cual implica una forma más de propagación de la pobreza". Afirmó que "nos encontramos ante dos derechos de rango constitucional que es preciso armonizar, a fin de brindar soluciones que garanticen la efectividad de los derechos y el respeto por la dignidad humana.". Acto seguido, expresó su propósito de arribar a una solución de equilibrio entre las circunstancias de hecho y de derecho existentes. Señaló que "la autoridad pública, en ejercicio del poder de policía, tiene la potestad jurídica de limitar las libertades individuales cuando la necesidad de preservar el orden público, la tranquilidad, la seguridad, la salubridad así lo exijan. Sin embargo -afirmó- las facultades regulatorias que tiene el Gobierno no pueden introducir restricciones que alteren el contenido mismo del derecho en juego. De tal modo, la actuación de la autoridad pública en desarrollo de sus funciones de policía administrativa debe adecuarse a un margen objetivo de apreciación, evitando la desviación o el abuso de las competencias e statales. Los parámetros utilizados para verificar el cumplimiento de los precisos requisitos que habilitan el ejercicio de una libertad individual son aquellos socialmente aceptados, predecibles, racionalmente justificables y, ante todo, proporcionales a la finalidad que se pretende alcanzar". Manifestó que "existe un alto grado de responsabilidad por parte de la autoridad pública si, como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, durante más de treinta años se permitió la ocupación del espacio público sin mayores desvelos hasta que súbitamente se decide atender la cuestión prescindiendo de las situaciones de hecho existentes." Explicó que "la concesión del permiso para actuar como vendedor ambulante, al no otorgar nada nuevo, constituye un acto meramente declarativo en virtud del cual se remueve un obstáculo legal". Afirmó que "la autoridad administrativa no puede apuntar a sólo un objetivo de carácter represivo en el momento en que decide cambiar las condiciones para el ejercicio de una actividad o para la ocu pación de zonas de uso público, porque ella es, por mandato constitucional, también la responsable de las alternativas a desplegar a efectos de solucionar los problemas sociales." Indicó que el gobierno debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación motivada en un cambio de política, y que el principio de la buena fe "significa que la administración no puede producir cambios sorpresivos que afecten derechos particulares consolidados y fundamentados en la convicción objetiva, esto es, fundada en hechos externos de la administración suficientemente concluyentes, que dan una imagen de aparente legalidad de la conducta desarrollada por el particular". Añadió que correspondía aplicar el principio de la confianza legítima, indicando que era un "principio establecido por el derecho administrativo para conciliar por un lado el interés general, que se concreta en el deber de la administración de conservar y preservar el espacio público y, por el otro, los derechos al traba jo e igualdad de las personas que ejercen el comercio informal. Dicho principio protege al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades." Sostuvo que "el principio de confianza legítima tiene así tres presupuestos de aplicación: en primer lugar, la necesidad de preservar de manera perentoria el interés público; en segundo, la existencia de una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y los administrados; y por último, la necesidad de adoptar medidas por un período transitorio que adecuen la actual situación a la nueva realidad. Por lo tanto, el principio de la buena fe exige a las autoridades y a los particulares mantener una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos a los que se han obligado y una garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita esperar el cumplimiento de las reglas, mas aún teniendo en cuenta que la imposibilidad de una correcta regulación qu e permitiera a quienes trabajan en la vía publica desarrollar sus actividades conforme a las pautas establecidas, constituye mas una omisión que arrastra la administración pública desde hace ya muchos años, que una ineficaz arbitración (sic) de medios por parte de los trabajadores de regularizar su situación." Concluyó que "la tensión entre el interés general, representado en la protección del espacio público, y los intereses particulares de las personas que lo usufructúan, debe resolverse en favor del primero. No obstante, aquel principio encuentra su excepción cuando ha sido el Estado mismo, por negligencia, el que ha consentido el usufructo. En estos casos, es el consentimiento tácito o expreso del Estado el que genera en favor del particular una expectativa legítima de respeto frente a su situación jurídica, que si bien no le otorga al individuo el derecho a ocupar indefinidamente bienes públicos, sí lo habilita a reclamar del primero el reconocimiento de la antigüedad que garantice la integridad de sus d erechos laborales". Como fundamento de tal aserto afirmó que "proteger el derecho al trabajo, es proteger el derecho a la igualdad, a la libertad y a la dignidad del trabajador". En su posición "La circunstancia de no reconocer la antigüedad en el ejercicio de la actividad, implica en los hechos el no reconocimiento del derecho que los amparistas tienen a trabajar, siendo tal ignorancia violatoria del principio de igualdad ante la ley y contraria a lo querido por el legislador con anterioridad al veto del ejecutivo". Afirmó que el fundamento del decreto que instrumentó el veto parcial fue no otorgar prioridades en favor de quienes venían desarrollando la labor de venta ambulante por sobre quienes se incorporasen a dicha actividad movidos por la necesidad de llevar sustento a sus familias. Al proceder de este modo -en criterio del a quo- "ignorando la trayectoria de los que ejercían esa labor, se generó una situación de desigualdad irritante contraria a los aspectos señalados." Indicó que "el criterio sustenta do por el GCBA de "igualar" a todos los peticionantes, desconociendo un parámetro fáctico objetivo como el de la antigüedad, no hace sino tratar de igual manera a quienes no pueden serlo por su sustancial diferencia. La "igualdad", entendida según los fundamentos esgrimidos por la administración, se torna disfuncional y genera discriminaciones en el universo de marras por una incorrecta evaluación de las calidades previas de los peticionantes". En su criterio, "formalizado el veto por parte del Poder Ejecutivo local, conforme el art. 88 de la CCABA, se ha incurrido en una omisión legislativa. Tal situación, nos deja a las puertas de lo que la doctrina ha dado en llamar inconstitucionalidad por omisión." La violación detectada por el a quo provendría "del silencio en que incurre el texto definitivo de la ley 1166, luego de ejercido el veto por parte del Ejecutivo, al no incluir de manera explícita el reconocimiento de la antigüedad para el otorgamiento de permisos de uso del espacio público. Así, la doctrina d e inconstitucionalidad por omisión resulta aplicable al caso, en tanto se verifica la insuficiencia de una norma que se torna discriminatoria al desconocer como dato elemental de la realidad, a aquellos que venían ejerciendo la actividad y en virtud de la legislación en cuestión, hoy resultan excluidos." Consideró que en el caso era aplicable la declaración de inconstitucionalidad por omisión, dado que el Legislativo al pautar el uso del espacio público regulando la venta ambulante, actividad tolerada por la administración hasta el momento de la sanción de la ley 1166, omitió introducir disposiciones transitorias tendientes a respetar los posibles derechos adquiridos de quienes se habían dedicado a esa labor. Para el a quo la ley 1166 en su redacción definitiva vulneró el principio constitucional de igualdad ante la ley al no considerar el reconocimiento de la antigüedad en el ejercicio de la venta ambulante a los efectos de otorgar los permisos de usos. Agregó que el "principio de igualdad impone límites que se proyectan tanto sobre el contenido como sobre los alcances de la ley. En este caso, el Jefe de Gobierno en uso de sus potestades discrecionales, vulneró dicho principio pretendiendo otorgar beneficios a una determinada categoría de personas. Sin embargo, en la redacción final de la norma no se establece parámetro alguno para el otorgamiento de permisos. No sólo se excluyó la antigüedad, sin establecerse sistema alguno de concesión, ni siquiera se fijó un orden de prioridad conteste con los fundamentos del veto esgrimido. Este silencio torna palpable e irrita la omisión en la que se incurriera. Por ello, el único remedio posible ante tal situación, frente al agravio cierto que sufren actores es hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad que se pretende. Finalmente, si la decisión política estatal, hubiera consistido, en términos hipotéticos, en excluir expresamente al grupo de los "vendedores antiguos", ello debió fundarse adecuadamente previendo para el grupo excluido resultante, una "salida" la boral sustitutiva, ya que, de lo contrario, se abandonaría a su suerte a los desplazados, cosa que por cierto el Estado no puede ni debe hacer a tenor del plexo constitucional de derechos humanos vigente". 2. Que tanto el señor fiscal de primera instancia como el representante del Gobierno de la Ciudad apelaron la sentencia reseñada, con los fundamentos que lucen a fs. 238/240 vta., y 243/253 vta., respectivamente. 3. Que en el texto originario aprobado por la legislatura se establecía que la autoridad de aplicación debía otorgar el 70 % de los permisos a antiguos permisionarios, con habilitación otorgada por la autoridad competente o reconocimiento del antecedente por representaciones gremiales del sector reconocidas por el Ministerio de Trabajo de la Nación o por Asociaciones Civiles representativas inscriptas en la Inspección General de Justicia, con un mínimo de dos (2) años de antigüedad. Dicho párrafo determinaba también que el 30% de los permisos restantes serían otorgados en forma equitativa a persona s desocupadas o mayores de 50 años y menores de 70 años; personas con necesidades especiales, con certificación otorgada por el organismo competente conforme los términos del artículo 2° de la ley 22.431 aptas para desempeñarse en las tareas concernientes al permiso de uso solicitado y ex combatientes de la Guerra de Malvinas. Por su parte, el Señor Jefe de Gobierno, en los considerandos del decreto 2350/03 señaló que el alto porcentaje para otorgar los referidos permisos, resultaba a todas luces desequilibrado y en perjuicio de los demás posibles interesados mencionados en el tercer párrafo del citado 11.1.9 del proyecto. Y agregó que la política del gobierno apuntaba a brindar oportunidades a aquellas personas más vulnerables socialmente, ya sea por razones económicas o físicas, personas mayores, con necesidades especiales, etc. Indicó que el proyecto de ley sancionado por la Legislatura omitió considerar a las jefas y jefes de hogar desocupados, circunstancia que era central en el proyecto del Poder Ejecut ivo, y que apuntaba esencialmente a posibilitar que este sector pudiera acceder al ejercicio de una actividad económica sustentable, reemplazando por vía de un ingreso genuino la situación de beneficiario del plan social asistencial y que resultaba necesario establecer un mecanismo que contemple en igualdad de condiciones a todos los posibles interesados. Indicó que lo antedicho no significaba excluir a quienes ya ejercieron legalmente estas actividades en el rubro, sino que pretendía establecer parámetros de igualdad entre éstos y otras personas con idénticas necesidades laborales. Agregó que no corresponde la inclusión de los antecedentes en poder de representaciones gremiales o de asociaciones civiles, ya que dichas instituciones no revisten el carácter de fedatarios, facultad exclusiva del Estado y por delegación de los escribanos. Por lo demás, expresó que la actividad sólo pudo legalmente haberse desarrollado por los antiguos permisionarios por lo que no corresponde dar preeminencia a quienes ejercieran la actividad al margen de la legalidad. Sobre la base de tales consideraciones y a efectos de propiciar la revisión del proyecto de ley por parte de la Legislatura en los aspectos que merecieron observación, el Poder Ejecutivo ejerció el mecanismo excepcional del veto parcial previsto en el artículo 88 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 4. Que ello sentado, cabe señalar que ninguna duda cabe acerca de que las personas y grupos sociales se hallan en una situación fáctica de desigualdad. Esta situación se encuentra constitucionalmente considerada en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, y en los artículos 42 y 43 de la Constitución de la Ciudad, normas que obligan a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad de los individuos sea real y efectiva. Es posible coincidir con el señor juez de grado en que para lograr el respeto al mentado derecho, la consideración de las diferencias es ineludible, como así también la posibilidad de legislar medidas de discrim inación inversa cuando la integración o la protección de sectores desfavorecidos así lo requiera. En este sentido nuestra Constitución no ofrece dudas cuando prevé que "la Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad" (art. 11). De esta forma se respeta el principio normativo de la igualdad en los derechos fundamentales, al mismo tiempo que se establece un sistema de garantías capaces de asegurar su efectividad. Nuestro sistema legal garantiza la libre afirmación y desarrollo de las personas y no las abandona al juego de la ley del más fuerte, sino que en forma minuciosa regula esas leyes de los más débiles que son los derechos fundamentales. Este tribunal ha afirmado que las medidas de acción positiva tienen como finalidad conectar la igualdad jurídica con la igualdad real (ver doctrina de esta Sala in re "Kuzis Fe rnando c/ GCBA s/ amparo", del 23/12/04). 5. Que, en el sub examine los actores pretenden un cupo diferencial. Consideran que el trato igualitario les infringe un agravio constitucional. En este sentido hay consenso en que ciertas desigualdades de hecho pueden traducirse en desigualdades justificadas de tratamiento jurídico que expresen una proporcionada relación entre las diferencias objetivas y los fines de la norma. En muchos casos la mayor discriminación estaría dada en tratar situaciones que son diferentes como si fueran idénticas. Pero el reconocimiento de las diferencias no implica siempre y necesariamente un avance en la materia. Al respecto la legislación puede dirigirse a un concepto dinámico de equilibrio social, alejado tanto de la homogeneización como de la exclusión. En el caso puede admitirse que el "trato indiferente" (ver al respecto "Identidad y diferencia -Reflexiones en torno a la libertad y a la igualdad", por Eduardo A. Russo, en Índice, nº 20, p. 197 y sgts.) propiciado por la norma tal como ha sido finalmente sancionada es legítimo y en modo alguno indica discriminación o injusto privilegio. Similares objeciones a las realizadas contra el trato igualitario merecería el tratamiento diferenciado propiciado por los actores, si el juicio de valor correspondiera a los nuevos excluidos por la norma. Mas aún si consideramos que los eventuales postergados por la preferencia solicitada pertenecen a grupos sociales que no son privilegiados en términos económicos en nuestra sociedad. 6. Que ello sentado cabe agregar que el Jefe de Gobierno participa en el proceso de formación y sanción de las leyes, tanto en lo relativo a la presentación ante la Legislatura de proyectos de ley (art. 85 CCABA), como en la promulgación de los proyectos una vez que fueron sancionados y enviados (conf. arg. art. 86). Asimismo, tiene la potestad de vetar un proyecto de ley, para desecharlo en todo o en parte, conforme surge de lo dispuesto por los artículos 87 y 88 de la Constitución, circunstancia que obliga a devolver e l proyecto con las objeciones para su nuevo tratamiento por el legislador, de acuerdo con el artículo citado en último término. Esta función -examinando lo relativo al Poder Ejecutivo Nacional- ha sido denominada por autorizada doctrina como la "actividad colegislativa del Poder Ejecutivo" (González Calderón, Juan A.: "Derecho Constitucional Argentino, Historia, Teoría y Jurisprudencia de la Constitución", Ed. J. Lajouane y Cía, Buenos Aires, 1930, Tomo I, p. 468). Este carácter de colegislador tiene exclusivamente carácter negativo pues, mediante el ejercicio de la potestad de observar los proyectos que le envía la legislatura, sólo puede oponérseles e impedir su transformación en normas legales que se incorporen al ordenamiento jurídico, pero, en el caso bajo examen, por ejemplo, no podría imponer un nuevo orden de prioridades. Por lo demás, la potestad del Jefe de Gobierno de vetar total o parcialmente un proyecto de ley es amplia ya que puede motivarse no sólo en cuestiones vinculadas con la constituciona lidad de aquél, sino también, en razones de oportunidad o conveniencia, políticamente apreciadas. 7. Que tal como se relató al inicio del considerando 1º, el señor juez de grado declaró la inconstitucionalidad del artículo 11.1.9 del anexo I, incorporado a la ley 1166 a través del mecanismo constitucional del veto por parte del Poder Ejecutivo, debido a que no reconoce la antigüedad de las personas dedicadas a la "venta ambulante". Una cuestión que la sentencia no resuelve en forma expresa y no resulta fácil de desentrañar en el caso es si, la declaración de inconstitucional del artículo 11.1.9. del anexo I importó, para el a quo, la inexistencia de norma o, por el contrario, si consideró que debía tomarse como válido el texto original de la legislatura, renaciendo así el cupo del 70 % a antiguos vendedores, desde ya, teniendo en cuenta el efecto inter partes de la decisión judicial. Es conveniente atender a esta cuestión, pues su dilucidación también abona una solución contraria a la fallada en la instancia de grado. Ello así, porque más allá de lo muy razonable que puedan ser las pretensiones de los actores a la hora de mantener incólumes sus fuentes de trabajo, lo cierto es que la atención del cupo solicitado no pasa por la vía judicial sino por la legislativa. En efecto, la Corte Suprema tiene dicho que el control de constitucionalidad que ejerce la Corte no autoriza a sustituir a otros poderes de gobierno, en funciones que le son propias y, en consecuencia, una impugnación de tal índole no procede cuando el objeto que se persigue no es la inaplicabilidad del texto objetado en la causa, sino el establecimiento de un régimen normativo distinto, los que es de incumbencia legislativa (ver dictámenes del Procurador General en Fallos 288:224 y 313:410 y sus citas). 8. Que, en efecto, es doctrina pacífica de la Corte desde antiguo que el Tribunal no puede sustituir su criterio de conveniencia y eficacia económica o social al de legislador para pronunciarse sobre la validez o invalidez constitucional de las leyes qu e regulan trabajos, comercios o industrias, con fines de policía (Fallos 171: 349; 315:952 entre muchos otros). Por otro lado, la modificación de prioridades, el establecimiento de cupo, o su omisión responden a una concepción abierta y dinámica -antes que estática- de los objetivos que en materia de política social consideren oportunos los órganos encargados del procedimiento de formación de la ley. La conveniencia del sistema adoptado en materia de permisos para la venta en la vía pública no admite -a la luz de los argumentos de la demanda- la tacha constitucional. El examen de conveniencia o mérito supera los límites del control de constitucionalidad, el que no comprende la facultad de sustituir a la legislatura y al Jefe de Gobierno en la determinación de las políticas públicas y en la apreciación de criterios de oportunidad. Como tantas veces se ha dicho, la razonabilidad de las leyes depende de su arreglo a los fines que requiere su establecimiento y de la ausencia de iniquidad manifiesta (Fallos 253:47 8; 262:265; 263:460; 290:245; 306:1560; y otros). Antes de traspasar los límites constitucionales existe un amplio margen de discreción del órgano legislativo y ejecutivo. 9. Que lo hasta aquí expuesto permite concluir que en el caso no se advierten elementos que resulten suficientes para tener por configurada la inconstitucionalidad alegada. Menos aún la violación al principio de igualdad que descalificaría la norma sub examine. Por lo demás, aun cuando sea dable imaginar regulaciones legales más adecuadas o convenientes, es indudable que la selección de aquéllas no es de resorte del tribunal. Cabe reiterar, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa pronunciarse (Fallos 313: 410). Sólo casos que trascienden ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario habilitan la intervención de los jueces. Por lo demás, el inter esado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución, causándole un gravamen, y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales (Fallos: 310: 211; 316: 687; 321:221; 324:754; 324:3345; 325:645; 325: 1249). Los actores sostienen que el régimen implementado en la ley 1.166 genera el peligro cierto y concreto de cesar en sus actividades y de tener que mendigar para llevar alimentos a sus familias (fs. 12); pero omiten demostrar de qué modo la concreta puesta en práctica del sistema y la ausencia del cupo pretendido genera necesariamente la imposibilidad de obtener un permiso regular para el ejercicio de la venta en la vía pública. 10. Que, en síntesis, el Poder Ejecutivo y la Legislatura han hecho uso de sus facultades constitucionales, y no se han aportado a la causa eleme ntos serios que permitan considerar que del veto parcial instrumentado por el decreto 2350/03 y la aceptación por parte de la legislatura mediante la resolución 336/03, hubiera resultado la aprobación de una ley inconstitucional. Por el contrario, los órganos encargados del procedimiento de formación de la ley han valorado determinadas necesidades sociales, han regulado una actividad, y han previsto un régimen de permisos que en forma alguna se evidencia como inconstitucional o discriminatorio. Por las razones expuestas el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia atacada y rechazar el amparo. Costas en el orden causado (art. 14 CCABA). Regístrese, notifíquese y devuélvase.