Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-25


2º Instancia.- Buenos Aires, abril 25 de 2008.

¿Es justa la sentencia apelada? El doctor Carranza Casares dijo:

I. A fs. 314/321 se dictó sentencia en esta causa promovida por Antonio Muñoz contra el consorcio de propietarios de ... de esta ciudad, para obtener el reintegro de los fondos desembolsados con su propio peculio cuando se desempeñaba como administrador del ente mencionado y se hizo parcialmente lugar al reclamo condenando al demandado al pago de $ 4.613,72, más intereses y costas.

El pronunciamiento tuvo por válida la remoción del actor decidida en la asamblea extraordinaria del día 18 de marzo de 1991, aunque consideró que el removido contaba con treinta días para concluir con las obligaciones inherentes al mandato ejercido atendiendo al pago de los gastos de personal del consorcio y de los servicios.

Adujo que debía presumirse que los gastos efectuados por el mandatario habían sido soportados por él mientras el mandante no hubiera probado el adelanto de los fondos, circunscribió la procedencia del reclamo a la devolución de los gastos que debían liquidarse con las expensas de abril y mayo de 1991 y tuvo en cuenta que a partir de la asamblea celebrada el 8 de abril de ese año se le había quitado el manejo de los fondos del consorcio depositados en el Banco Avellaneda.

II. Sólo el ente demandado apeló el pronunciamiento presentando sus agravios a fs. 334/335, cuyo traslado fue contestado a fs. 337/338.

Manifestó que el plazo de treinta días de preaviso no había sido invocado por el actor, que hasta el 8 de abril de 1991 los fondos con los que había hecho frente el actor a las erogaciones del consorcio habían sido provistos por éste y que el demandante no había demostrado haber pagado los gastos de su peculio.

III. Ante todo conviene tomar nota de que no se discute lo postulado en la sentencia en cuanto a que al administrador se le aplica la normativa del mandato.

Esto es lo que indica, de manera coincidente, la doctrina y la jurisprudencia nacional (conf. art. 11 de la ley 13.512; Highton, Elena I., "Propiedad horizontal y prehorizontalidad", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2000, p. 575 y sus citas; Gabás, Alberto Anibal, "Derecho Práctico de propiedad horizontal", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1992, T. 1, p. 129).

Tampoco es objeto de debate que el administrador fue removido -de conformidad con lo dispuesto por el art. 1970 del Código Civil- en la asamblea de copropietarios celebrada el 18 de marzo de 1991, pues ninguna de las partes ha cuestionado lo afirmado en este sentido por el fallo.

Coincido, asimismo, con el pronunciamiento en cuanto a que el mandante tiene la obligación de reembolsar los gastos realizados por el mandatario independientemente del logro obtenido en la gestión encomendada (art. 1949 del Código Civil); sin embargo estimo que en el caso no cabe aplicar sin más la regla que presume que los gastos efectuados por el mandatario fueron soportados de su propio peculio mientras el mandante no pruebe que adelantó los fondos.

Este criterio, que es sustentado en el fallo con la cita de un código civil comentado, se corresponde en esa obra con la mención, a su vez, de una sentencia dictada por la Cámara Civil 2º, sala 2º, de La Plata el 25 de octubre de 1963, pero atinente a la situación de un corredor de seguros. Como no es difícil notar, la diferencia entre aquel caso y el presente es decisiva, pues el administrador del consorcio -a diferencia de otros mandatarios, como el corredor de seguros- tiene acceso directo a la cuenta o cuentas en las que se encuentran los fondos del ente.

La disponibilidad del dinero del consorcio con la que contaba el administrador no habilita a tener por demostrado que los gastos invocados en este proceso hubieran sido afrontados por el demandante.

Ello está especialmente claro respecto de los desembolsados hasta el 8 de abril de 1991, pues no existe duda que hasta entonces tenía libre acceso a las cuentas del Banco Avellaneda que sólo entonces fueron cerradas (fs. 167 y fs.186 vta.). Bajo esta premisa, corresponde desestimar la mayoría de las partidas reclamadas, toda vez que de las treinta y cuatro presentadas en la demanda, únicamente once son de fecha posterior a la señalada (fs. 118 vta.).

En lo que atañe a estas últimas, estimo que la solución no ha de ser diferente, no sólo porque el hecho de que el 8 de abril se hubiera cerrado la cuenta a la que tenía acceso el administrador no impide concluir que las sumas con las que se saldaron las deudas eran del consorcio -ya que podrían haber sido extraídas con anterioridad teniendo en cuenta que se trataba de vencimientos cuya fecha se conocía con antelación-, sino porque el actor ni intentó entonces requerir fondos al ente, ni demostró en esta causa cuál había sido el movimiento de la cuenta en cuestión.

Si bien ofreció prueba informativa dirigida al Banco Central de la República Argentina para que diese a conocer la dependencia que poseía la documentación correspondiente a la liquidación del Banco Avellaneda (fs. 117), cuando el citado banco contestó el informe dando respuesta al pedido (fs. 252), omitió solicitar a las entidades señaladas en esa contestación una copia certificada de los resúmenes de cuenta correspondiente a los años 1990 y 1991 como había ofrecido requerir en su escrito de inicio (fs. 117 y vta.).

No puede soslayarse, en este sentido, que el administrador como todo gestor de negocios ajenos, se encontraba obligado a rendir cuentas documentadas de su administración (conf. art. 1909 del Código Civil; Highton, ob. cit., p. 609; Areán, Beatriz A., "Derechos Reales", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005, T. 2, p. 630), por lo que debió haber dado acabada cuenta de lo ocurrido con los fondos del consorcio, acreditando tanto los ingresos como los egresos mediante comprobantes o documentación que los respaldase (conf. Gabás, ob. cit., p. 207), de lo cual podría haber surgido el saldo a su favor que en esta causa no ha probado.

Vale decir que al demandante no le hubiera debido resultar difícil demostrar lo ocurrido con los fondos del consorcio y con los pagos efectuados de sus deudas con lo cual el conflicto hubiera sido solucionado mucho tiempo atrás y de una manera tal vez más favorable para él de haberse verificado la existencia de desembolsos de su parte en beneficio del ente. Sin embargo, no sólo dejó transcurrir inexplicablemente cerca de diez años para concretar un reclamo judicial -ya anunciado en las cartas documentos enviadas al consorcio en el año 1991 (fs. 4, 7, 9, 11, 12 y 15)-, sino que, cuando lo hizo, omitió llamativamente demostrar el presupuesto de hecho que debía fundar la normativa que invocaba (art. 377 del Código Procesal).

Tampoco ha de admitirse la fijación de una suma aplicada a honorarios adeudados a favor del actor -que la juez ha determinado en $ 100- por la sencilla razón que no fue solicitada. Nada reclamó al respecto en el escrito de demanda, de allí que, en virtud del principio de congruencia contemplado en los arts. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º del Código Procesal, nada correspondía fijarle por ese concepto. Carece, entonces, de relevancia la existencia de un plazo de preaviso (fs. 152) destacado por el pronunciamiento.

IV. En mérito de lo expuesto voto por la revocación de la sentencia recurrida y por desestimar la demanda interpuesta, con costas de ambas instancias al vencido (art. 68 del Código Procesal).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Beatriz Areán y Carlos Alfredo Bellucci votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Doctor Carranza Casares.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: I. Revocar la sentencia apelada y desestimar la demanda interpuesta, con costas de ambas instancias al vencido. II. Los honorarios devengados en esta instancia se regularán una vez establecidos los de la anterior.- Carlos Carranza Casares.- Beatriz Areán.- Carlos A. Bellucci.