Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-02


Reg.: A y S t 285 p 496/500. En la ciudad de Santa Fe, a los dos días del mes de octubre del año dos mil dieciocho se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, Maria Angélica Gastaldi y Eduardo Guillermo Spuler con la Presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "BALBI, JUAN RAMON contra EXPERTA ART S.A. -SENT. ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD TRABAJO- (EXPTE. 116/17 CUIJ 21-03674493-3) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. CSJ. CUIJ NRO. 21-03674493-3). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Gastaldi y Erbetta. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. Surge de las constancias de autos -en lo que es de estricto interés al caso- que el señor Juan Ramón Balbi inició demanda de cobro de pesos a raíz del infortunio padecido el día 30.11.2011, contra La Caja ART S.A. (Hoy Experta S.A). Relató que sufrió un accidente de tránsito cuando se encontraba a disposición de su empleador, con motivo y en ocasión del trabajo; y que mediante dictamen de Comisión Médica se le adjudicó una incapacidad total, con gran invalidez, con diagnóstico de paraplejia. Sostuvo que la ART otorgó de manera deficiente las prestaciones en especie y que realizó pagos parciales de las prestaciones dinerarias, por lo que inició la correspondiente demanda. Planteó diversas inconstitucionalidades y fundó su reclamo en las leyes 24557 y 26773. Corrido traslado de la demanda, producida la prueba y presentado los alegatos, en fecha 14 de noviembre de 2016, el Juez de Primera Instancia en lo Laboral de la 7ma. Nominación de la ciudad de Rosario resolvió: a) declarar la inconstitucionalidad de los artículos 12, 21, 22 y 46 de la L.R.T.; b) hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a "Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima" a pagar al actor el monto que surja de la planilla a practicarse de conformidad con los considerandos del fallo -arts. 11 y 15 L.R.T. y las prestaciones del art. 17, apartados 1 y 2 L.R.T.; y c) rechazar el daño moral. Contra dicho pronunciamiento interpusieron ambas partes recursos de nulidad y apelación parcial. Una vez que fueron expresados y contestados los agravios la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en fecha 14 de diciembre de 2017, resolvió receptar parcialmente los recursos de apelación interpuestos por las partes y, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida sólo en cuanto a la fecha de inicio del pago de las prestaciones dinerarias previstas en el artículo 17 inc. 2 de la LRT, la tasa de interés aplicable y la obligación de entregar al trabajador un generador eléctrico como parte integrante de la condena; confirmando la sentencia impugnada en lo demás. 2. Contra dicho pronunciamiento interpuso la compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055. En primer lugar, afirma que la Sala declara la inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557, lo que resulta violatorio del principio de legalidad y seguridad jurídica, pues entiende que las leyes deben ser aplicadas en las condiciones de su vigencia y la inconstitucionalidad de una norma debe ser considerada como última ratio del ordenamiento jurídico, obligando a los jueces a ejercer dicha atribución de revisión constitucional con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, lo que -a su criterio- no se vislumbra en autos. Sostiene que en las instancias ordinarias no se demuestra ningún perjuicio concreto, por lo que se configura un apartamiento del ordenamiento jurídico y de las decisión del más Alto Tribunal nacional y del local. Manifiesta que no es su responsabilidad el tiempo que ha trascurrido desde el acidente hasta el presente, y que el fallo "Rodríguez Pereyra" citado por los sentenciantes no tiene ninguna vinculación con el caso de autos. Añade que en Baja Instancia se hace referencia al fallo "Gianastacio", el que no se encuentra firme al haberse admitido la queja interpuesta contra el mismo. Expone que la sola comparación con la indemnización que le hubiera correspondido percibir al trabajador, no autoriza por sí a extraer ninguna conclusión sobre la injusticia o irracionalidad del salario mínimo, toda vez que la desproporción entre ambos montos indemnizatorios pudo deberse a la magnitud de la remuneración recibida por aquél y no a la supuesta exigüidad de dicho salario. Asegura que la prima que percibe la aseguradora se encuentra delimitada por el mismo tope que determina el límite de las prestaciones dinerarias que habrá de percibir el trabajador. Destaca que lo resuelto no solo afecta las bases técnicas del contrato suscripto sino también violenta los principios de proporcionalidad y mutualidad del seguro, e insiste en que el artículo 12 es constitucional y perfectamente aplicable al caso. En segundo lugar, se agravia por que la Alzada condenó a abonar las prestaciones del artículo 17 ap. 2 de LRT a partir de la fecha que indica, dado que en el caso no mediaron incumplimientos por su parte, quien ha observado todas sus obligaciones legales; pese a lo cual se le impone una sanción arbitraria, condenándolo a abonar algo que nunca dejó de pagar, que es la prestación por gran invalidez. Aclara que su parte abonó desde el momento del siniestro las prestaciones dinerarias que ordena la ley 24557 tanto por la incapacidad total provisoria, como por gran invalidez; que el pago de las prestaciones por gran invalidez no ha sido suspendidos y que no se ha demandado su pago por incumplimiento alguno, resultando por ello lo resuelto al respecto arbitrario y claramente violatorio de los principios procesales. 2. Mediante pronunciamiento de fecha 20 de abril de 2018 la Sala resolvió conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, realizado con los autos principales a la vista, he de propiciar la ratificación de la concesión efectuada por la Sala, oído lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 558/561 vto.). Ello así, al comprobar que las postulaciones del compareciente vinculadas, tanto a la declaración del inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, como a la condena a abonar las prestaciones del art. 17, ap. 2 de dicha normativa a partir de la fecha indicada en la sentencia, revisten entidad constitucional suficiente y resultan idóneas para operar la apertura de la instancia excepcional intentada. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Erbetta expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: El estudio de los cuestinamientos esgrimidos en el remedio excepcional interpuesto me conduce a la conclusión de que la sentencia impugnada, en cuanto fue materia de agravio, no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable, por lo que corresponde que sea descalificada al respecto desde una óptica constitucional. En efecto, en relación a los planteos vinculados a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557, debe señalarse que cuestiones análogas a las aquí debatidas fueron motivo de análisis y resolución por esta Corte en el precedente "Ojeda c/ Asociart ART S.A" (A. y S. T. 280, pág. 313/322, reiteradas en "Cassiet" A. y S. T.280, pág. 352; "Horn" A. y S. T. 280, pág. 391, entre otros) a cuyas consideraciones me remito y doy aquí por reproducidas a efectos de fundar la anulación de lo resuelto en torno a dicho temática. Por otra parte, también ha de prosperar el agravio vinculado a la condena a abonar las prestaciones del artículo 17 ap. 2 de la LRT, pues de las constancias de autos surge que el accionante afirmó en la contestación de agravios -f. 513 vto.- que "asiste razón a la demandada en cuanto a que la actora no ha reclamado el pago de prestaciones dinerarias incumplidas conforme art. 17 inc. 2 de la LRT, sin que ello implique renuncia a derecho alguno a percibir esa suma hasta el fallecimiento del trabajador...". Insistiendo al responder a dicho planteo en el memorial de contestación del recurso excepcional, que tales prestaciones no fueron reclamadas en autos "como no abonadas"; que "las mismas fueron y siguen siendo abonadas por Experta ART por lo cual asiste razón a la demandada en tal sentido"; y que "oportunamente se manifestó el cumplimiento de dicha carga por parte de la ART a fines de evitar discusiones inútiles"; y que "ninguna imposición de costas merece esta parte ya que nunca...se pretendió abusar de un error material sucedido en autos". Tal reconocimiento expreso del actor no deja lugar a dudas acerca de la inexistencia de deuda al respecto, por lo que el pronunciamiento cuestionado debe ser anulado también en este punto al apartarse de las constancias de autos, sin dar razón suficiente para ello. En cuanto a las costas, teniendo en cuenta por un lado, lo que se sostuvo in re "Horn" citado y, por otro las manifestaciones del actor resumidas ut supra, deberán ser soportadas en el orden causado. Por las razones expuestas, voto por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Erbetta expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular el fallo impugnado en lo que fue materia de recurso, con costas en el orden causado. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme al presente. Así voto. A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Erbetta dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular el fallo impugnado en lo que fue materia de recurso, con costas en el orden causado. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme al presente. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - GASTALDI - SPULER - BORDAS (SECRETARIO). Tribunal de origen: Sala Primera, Cámara de Apelación en lo Laboral, Rosario. Otro Tribunal interviniente: Juzgado Laboral de la 7ma. Nominación de Rosario.