Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-17


Buenos Aires 17 de julio de 2014 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. Rubén Omar Speranza promovió acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA), con el objeto de hacer cesar la ilegítima omisión de garantizar su derecho de acceso a una vivienda adecuada en condiciones dignas de habitabilidad, que atribuyó al demandado. Solicitó su reincorporación "en el programa habitacional actualmente vigente en el ámbito del GCBA" y destacó que la prestación involucrada debía ser "acorde a las necesidades [planteadas], dado el actual estado del mercado y el costo cada vez más elevado de las habitaciones en los hoteles de esta Ciudad" (fs. 31). Como medida cautelar, solicitó su incorporación inmediata a alguno de los programas habitacionales vigentes (fs. 39 vuelta).

La sentencia de primera instancia -en lo que aquí corresponde destacar- hizo lugar a la acción entablada, y condenó al GCBA a "arbitrar (.) mecanismos constitucionales enderezados a proveer al amparista una ubicación habitacional configuradora del 'derecho a la vivienda adecuada'", precisando que, para el caso de que la solución habitacional a brindarse consistiera en la entrega de un subsidio, éste debía satisfacer los estándares fijados en la misma decisión, y a "colaborar en forma conjunta en la búsqueda de soluciones alternativas de superación de la crisis del actor con una evaluación del avance o dificultades en la obtención de propuestas a tal fin" (fs. 64/77 vuelta).

2. Disconforme con lo decidido, el GCBA apeló y expresó agravios (fs. 78/84), los que fueron oportunamente contestados por el actor (fs. 85/100).	La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó el recurso planteado por el demandado y, en consecuencia, confirmó la resolución adoptada en la instancia de grado (fs. 17/18 vuelta).

Los magistrados sustentaron normativamente su decisión en los arts. 14 bis y 75 inc. 19 de la Constitución Nacional, en los arts. 17, 18 y 31 de la Constitución local, y en los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables. Se apoyaron, a su vez, en lo dispuesto por los arts. 2, 6, 7 y 8 de la ley n° 4036, de modo que destacaron que resultaba "importante tener en cuenta la edad que tiene el amparista. Ello así en virtud de que (.) se trata de un hombre de 63 años y de que los mayores adultos de más de 60 años tienen una protección especial en la ley 4036" (fs. 18 vuelta).

3. Contra esa resolución, la Ciudad interpuso el recurso de inconstitucionalidad de fs. 4/15 vuelta. Allí expresó -en lo pertinente- que la sentencia de la Sala II incurría en arbitrariedad, constituía un supuesto de gravedad institucional y afectaba el derecho de defensa en juicio, el debido proceso, el derecho de propiedad, la división de poderes y el principio de legalidad. Se agravió, también, de la imposición de costas a su parte.

A fs. 101/115 el actor contestó el traslado que le fuera conferido.

4. La Sala II declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad del GCBA (fs. 2/3 vuelta) tras considerar que el recurrente no había planteado un caso constitucional, que la decisión en crisis no era arbitraria, y que no podía tenerse por configurada la causal de gravedad institucional.

Contra la denegatoria, el GCBA planteó la queja de fs. 20/27.

5. Al requerirse su dictamen, el Sr. Fiscal General propició el rechazo del recurso directo articulado por el GCBA "porque no contiene una crítica concreta y pormenorizada de la resolución que rechazó el recurso de inconstitucionalidad" (fs. 118/120 vuelta).

Fundamentos:

Los jueces Luis Francisco Lozano, José Osvaldo Casás y Ana María Conde dijeron:

1. La queja deducida por el GCBA fue interpuesta por escrito, ante este Tribunal y dentro del plazo que fija el art. 33 de la ley n° 402.

2. En el sub examine no se encuentra controvertido que la parte actora (i) inició estás actuaciones con el objeto de que se condenara al GCBA a que le garantizara su derecho a una vivienda digna; y (ii) que es un adulto mayor de 60 años (cf. fs. 212 y vuelta de los autos principales), se encuentra en situación de vulnerabilidad y que está en situación de calle. Finalmente, tampoco es materia de discusión la vinculación, o anclaje, que tiene el accionante con la Ciudad (fs. 211/212 vuelta).

3. En el caso, el GCBA pretende resistir la sentencia de la Cámara CAyT que confirmó, en los términos ya reseñados en el punto 2 de los "resulta", la sentencia de primera instancia.

Ahora bien, los agravios del GCBA contra esa decisión resultan sustancialmente análogos a los examinados por el Tribunal in re: "Valdez, Mario Enrique c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 9903/13, sentencia suscripta en el día 4 de junio de 2014, más allá de la diferencia de trámite por tratarse en esta oportunidad de una queja.

4. En ese marco, por las razones que dimos en esa oportunidad, a las que respectivamente nos remitimos y que deberán ser incorporadas mediante agregado de copia de esa decisión a este expediente, votamos por hacer lugar a la queja y parcialmente al recurso de inconstitucionalidad; revocar la sentencia de fs. 211/212 vuelta de los autos principales y condenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que presente, en el plazo que indique el juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de asegurar el acceso a un alojamiento a la parte actora que reúna las condiciones adecuadas, en los términos de esta sentencia, a la situación del accionante.

Así lo votamos.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

La queja deducida por el GCBA ha sido interpuesta en tiempo y forma -art. 33 de la ley nº 402- sin embargo, no puede prosperar y debe ser rechazada.

Los agravios expuestos -tal como han sido planteados-, no alcanzan a formular una crítica concreta y fundada para rebatir lo resuelto por la Cámara al decidir el rechazo del recurso; ello así, toda vez que: (a) invocan genéricamente una garantía constitucional afectada -el artículo 14 de la CCABA por la falta de acto lesivo- que no logra conectarse adecuadamente con lo resuelto y las razones expuestas que dan fundamento a la sentencia que ataca, (b) invocan genéricamente la afectación del debido proceso sin indicar cuáles fueron concretamente las medidas de pruebas de las que se vio privada, así como tampoco referencia su eventual incidencia con relación a lo decidido, (c) hacen caso omiso sobre las apreciaciones de hecho acreditadas en la causa que sustentan lo resuelto en virtud de lo establecido por la ley 4036, norma que tampoco ataca en su anclaje constitucional, y (d) no explicitan ni fundan adecuadamente en donde radica la arbitrariedad de lo resuelto, así como tampoco por qué lo decidido tiene gravedad institucional.

Entiendo aplicable mutatis mutandis la doctrina de la CSJN en lo concerniente a los fundamentos que deben expresar las quejas por recursos denegados -v. Fallos 287:237; 298:84; 302:183; 311:133, 2338 entre otros-.

Debe recordarse también aquí que la tacha de arbitrariedad "no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales" -conf. Fallos 235:654; 244:384; 248:129, 528 y 584; 294:376 entre otros-.

Finalmente, debe destacarse que la referencia a la doctrina de la "gravedad institucional" invocada resulta genérica e imprecisa, en la medida que no aparece respaldada con un fundamento apto para demostrar de qué manera la decisión recaída en el caso efectivamente incidiría sobre los intereses de la comunidad o los principios institucionales básicos de la Constitución Nacional -conf. Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240 y sus citas-.

Sobre tales premisas, debe concluirse que el tribunal a quo arribó a una solución jurídicamente posible, con fundamentos y base suficientes, no logrando los agravios vertidos evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por la Fiscalía General corresponde rechazar el recurso de queja deducido por el GCBA a fs. 20/27.

Así lo voto.

Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir la queja y hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Revocar la sentencia de fs. 211/212 vuelta de los autos principales y condenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que presente, en el plazo que indique el juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de asegurar el acceso a un alojamiento a la parte actora que reúna las condiciones adecuadas, en los términos de esta sentencia, a la situación del accionante.

3. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal en los autos "Valdez, Mario Enrique c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 9903/13, sentencia del 4 de junio de 2014.

4. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior, se agregue la queja al principal y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.

La jueza Alicia E. C. Ruiz no suscribe la resolución por estar en uso de licencia.