Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-04-25


VIEDMA, 25 de abril de 2018.

VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "K., F.H. s/Lesiones leves agravadas s/Casación" (Expte. Nº 29674/18 STJ), puestas a despacho para resolver, y CONSIDERANDO:

Que la deliberación previa a la resolución ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.

El señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:

1. Antecedentes de la causa;

Mediante Auto Interlocutorio Nº 159, del 15 de noviembre de 2017, la señora Jueza con competencia correccional de la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti resolvió denegar la suspensión del juicio a prueba solicitada a favor de F.H.K. (cf. arts. 76 bis y ccdtes. contrario sensu C.P.) Contra tal decisión, la señora Defensora Penal doctora Silvana Ayenao interpuso recurso de casación, que fue declarado formalmente admisible por el a quo.

2. Agravios del recurso de casación:

Luego de hacer referencia al devenir de la causa, la señora Defensora se agravia por cuanto entiende que la señora Juez actuante ha denegado el beneficio con sustento en un dictamen fiscal que resulta infundado y arbitrario.

Así, en primer lugar, señala que el requisito de la conformidad del Ministerio Público Fiscal no es aplicable al primer párrafo del art. 76 bis del Código Penal, puesto que la suspensión podrá ser concedida si se reúnen todos los requisitos legales, lo que -a su entender- ocurre en autos.

En segundo lugar, plantea que no hay fundamentación alguna referida al caso concreto, y detalla que el hecho denunciado se produjo hace más de tres años, no hubo hechos nuevos de similares características, el imputado carece de antecedentes y la víctima expresó que no sabía nada de él y que no lo veía desde hacía tiempo.

Luego discute los alcances dados a la Convención de Belém do Pará, a lo que suma la falta de fundamentos de la postura de la Fiscal interviniente dado que, por un lado, consideró que el caso debía ser debatido en juicio y, a su vez, propuso un juicio abreviado con pena preestablecida, por lo que su oposición a la probation no sería más que una afirmación dogmática y carente de motivación.

La parte argumenta sobre la interpretación de los requisitos del art. 76 bis del Código Penal e insiste en la ausencia de fundamentos de lo resuelto, por lo que, previa reserva del caso federal, pide que se admita el recurso y que, en definitiva, se anule lo decidido o bien se case y se disponga la concesión de la suspensión del juicio a prueba a F.H.K.

3. Hechos reprochados:

En la requisitoria fiscal se le atribuye al imputado el siguiente hecho: "Ocurrido en fecha 12 de Septiembre de 2014, siendo las 00:30 horas aproximadamente, en el domicilio sito en calle. de la localidad de Cinco Saltos. En estas circunstancias de tiempo y lugar, F.H.K. mediante golpes de puño le provocó lesiones a M.F.S., acreditadas en el certificado médico de fs. 4" (ver cita en el A.I. 159/17, fs. 189).

4. Análisis y solución del caso:

4.1. De las constancias del expediente surge que, mediante escrito glosado a fs. 142/144 de autos, el Defensor Público solicitó la suspensión del juicio a prueba y, entre otros argumentos, señaló que no cabía aplicar el precedente "Góngora" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto este ha establecido doctrina respecto del alcance del cuarto párrafo del art. 76 bis del Código Penal y no sobre el primero, que es en el cual se subsume el supuesto de autos. En tal sentido planteó que, si se reúnen todos los requisitos legales, deberá concederse el instituto aun sin consentimiento fiscal.

Invocó a su favor los principios constitucionales de igualdad y de razonabilidad, que tienen jerarquía superior a la Convención de Belém do Pará, a lo que sumó la necesidad de hacer distinciones, dado que no todos los casos de violencia de género tienen la misma gravedad. Realizó además otras consideraciones acerca de la mínima intervención y la última ratio, así como sobre las posibilidades de resarcimiento, reparación del daño y compensación en el marco de la probation.

Dicha petición fue reiterada en el marco de la audiencia preliminar y ratificada por el imputado (cf. acta de fs. 177), donde ofreció asimismo una reparación económica. A su turno, el señor Agente Fiscal entendió que, previo a expedirse, cabía darle intervención a la OFAVI para que evaluara la situación actualizada de la víctima, lo que se concretó mediante el informe de fs. 181/182.

A fs. 184 obra constancia de la posterior comparecencia de la denunciante ante la señora Agente Fiscal doctora Rita A. Lucía, ocasión en la que manifestó no tener interés en que se le otorgara a K. ningún beneficio, por ser este una persona muy violenta y agresiva. Luego de tales actuaciones, la doctora Lucía se opuso a la concesión del beneficio (ver fs. 187 y vta.), con sustento en el instructivo dispuesto en la Resolución Nº 01/11 de la Procuración General del Poder Judicial y en lo establecido en el precedente "Góngora" del máximo Tribunal de la Nación.

Luego de dar cuenta de tales alternativas procesales, la magistrada actuante entendió que cabía rechazar el pedido de la defensa, en concordancia con lo expresado por el Ministerio Público Fiscal respecto de la aplicación de la Convención de Belém do Pará; citó asimismo precedentes de este Cuerpo en tal sentido y, en virtud de lo expuesto, denegó la suspensión del juicio a prueba a favor de F.H.K.

4.2. Según fueron descriptos los hechos reprochados, nos encontramos ante una conducta que ha causado sufrimiento físico y psicológico a una mujer, en una relación desigual de poder, y que, por lo tanto, resulta constitutiva de violencia de género, extremo que ninguna de las partes ha puesto en cuestión en el caso.

En virtud de ello, resultan plenamente vigentes y aplicables las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, sin restricción alguna en el sentido alegado por la Defensa. En efecto, la postura adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Góngora" no hace distinciones entre diferentes supuestos del art. 76 bis del Código Penal, sino que, para todos los casos de violencia de género, niega expresamente la posibilidad de que se conceda la suspensión del juicio a prueba. Igual temperamento se ha adoptado en las instrucciones de la Procuración General -invocadas por la señora Agente Fiscal en su dictamen- y en la doctrina legal de este Cuerpo sentada en numerosos precedentes (ver, por caso, STJRNS2 Se. 117/17, 187/17 y 299/17, por citar solo algunas de las más recientes).

Lo anterior ha constituido el argumento central del criterio adoptado por la doctora Lucía y ha dado sustento a la resolución en análisis, por lo que cabe confirmarla en todas sus partes. Por lo demás, entiendo que no cabe a este Tribunal analizar la corrección de ofrecimiento de juicio abreviado formulado por el Ministerio Público Fiscal, en tanto ello no ha sido motivo de decisión en el auto impugnado.

5. Decisión:

De acuerdo con lo precedentemente expuesto, propongo al Acuerdo declarar mal concedido el recurso de casación deducido en autos. ASÍ VOTO.

Los señores Jueces doctores Liliana L. Piccinini y Sergio M. Barotto dijeron:

Adherimos al criterio sustentado y a la solución propuesta por el vocal preopinante y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.

Los señores Jueces doctores Adriana C. Zaratiegui y Enrique J. Mansilla dijeron:

Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que nos preceden en orden de votación, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 38 L.O.).

Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE:

Primero: Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto a fs. 191/97 de autos por la señora Defensora Penal doctora Silvana Ayenao en representación de F.H.K. y confirmar el Auto Interlocutorio Nº 159/17 de la señora Jueza con competencia correccional de la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti doctora Alejandra Berenguer.

Segundo: Registrar, notificar y, oportunamente, devolver los autos.

Déjase constancia de que los doctores Adriana C. Zaratiegui y Enrique J. Mansilla no suscriben la presente, no obstante haber participado del Acuerdo, por encontrarse de licencia.

Firmantes:

APCARIAN - PICCININI - BAROTTO ARIZCUREN Secretario STJ PROTOCOLIZACIÓN:

Tomo: 2 Sentencia: 69 Folios Nº: 235/236 Secretaría Nº: 2