Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-31


Salta, 31 de Marzo de 2011.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "RUFF, GERMAN GUSTAVO CONTRA TRAINMET SEGUROS S.A. - MEDIDAS CAUTELARES / ORDINARIO (COMUNICADO DEL JUZ. EL 26/08/09)" , EXP - 17491 / 7; originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 4, para resolver la apelación interpuesta a fs. 158/160 y vta, y ___________________C O N S I D E R A N D O La Dra. Liliana E. Paz de Gómez dijo: I.- Vienen estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 158/160 vta, en contra de la sentencia de primera instancia obrante a fs. 153/156.

Sostiene el recurrente que la sentencia de primera instancia rechaza la demanda con los argumentos expuesto en los considerandos por lo que en primer lugar cuestiona la validez de la renuncia.

Así -dice- que cuando se decidió el rechazo de la demanda, el sentenciante le asignó valor probatorio y virtualidad jurídica a la renuncia efectuada por el actor por cuanto no hay constancias probatorias que demuestren que ese acto jurídico haya sido realizado con vicios de consentimiento y sin libertad, entendiendo que los testimonios nada aportan para tal análisis . Apreciación que el quejoso considera equivocada e incorrecta ya que dice que omitió considerar que la demandada admite expresamente que el presente caso representa un supuesto típico de renuncia negociada seguida del pago de una gratificación ajuste y reconoce el pago de la gratificación que tuvo su causa en la renuncia del trabajador a su puesto de trabajo. Luego precisa el quejoso que la "renuncia negociada " es una figura jurídica no legislada habiendo establecido el legislador pautas adversas a su institucionalidad, ya que subordinando la validez de todo acuerdo transaccional o liberatorio a la previa homologación judicial.

Sostiene que al esgrimir el empleador la existencia de una renuncia negociada, estamos en el ámbito previsto en el art. 241 de la LCT el que dispone que las partes por mutuo acuerdo pueden extinguir el contrato de trabajo, pero a condición que el acto se formalice en escritura o ante autoridad administrativa o judicial del trabajo. Afirma que en autos no existe tal acuerdo transaccional o liberatorio homologado ni extinción por mutuo acuerdo instrumentada en escritura pública o ante la autoridad pertinente, de modo que resulta nulo y sin valor el acto concretado sin las formalidades legales, que se oculta bajo la figura de la renuncia negociada, un despido incausado. Hace apreciaciones en torno al tema citando y transcribiendo jurisprudencia.

Igualmente considera equivocado el criterio del sentenciante al considerar que los testimonios rendidos nada aportan al debate, sino que por el contrario del correcto análisis surge con nitidez que el acto de renuncia fue exigido por el empleador como condición para que se entregue al trabajador cheques que los directivos de la empresa traían desde Buenos Aires por importes fijados unilateralmente por la patronal .

Posteriormente hace mención a los testigos que a su entender demuestran con evidencia que constituyen un importante elemento probatorio que informa sobre las circunstancias fácticas que rodearon la extinción de la relación laboral y que acreditan que el empleador impuso la renuncia como condición para abonar una suma por él dispuesta y que resulta inferior al importe que legalmente le correspondía.

En función de ello solicita a la Cámara se acoja el recurso y en su mérito se revoque la sentencia en cuanto rechaza los rubros indemnizatorios reclamados, con costas.

Luego de citar un fallo de la Sala I de esta Cámara como de mantener la reserva del caso federal, solicita que oportunamente se acoja el recurso de apelación interpuesto y en su mérito se revoque la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de agravios, con costas.

Corrido traslado a la contraria a fs. 161 el mismo es evacuado a fs. 164 y vta. solicitando el rechazo del recurso interpuesto con costas.

II.- La sentencia de origen de fs. 153/156 que rechaza los reclamos formulados al demandar, viene apelada por la parte actora perdidosa a través de la memoria recursiva que luce incorporada a fs. 158/160 vta, y que recibiera oportuna réplica de la contraria a fs. 164 y vta.

Cuestiona el agraviado la sentencia de la instancia anterior que rechaza los reclamos indemnizatorios que hiciera Germán Gustavo Ruff , quien adujo en el inicio que había sido obligado a renunciar en circunstancias en que la empresa Trainmet Seguros SA con motivo de una reestructuración dejó de operar en la ciudad de Salta, cerrando esta sucursal el día 30 de noviembre de 2006, informando a su personal que la única posibilidad de recibir una gratificación sería que presenten la renuncia, de otra forma serían despedidos sin percibir suma alguna; razón por la que sostiene que no existió libertad al formular la misma, ya que no ha existido consentimiento prestado en forma libre, por lo que se encuentra viciada la voluntad en los términos del art. 954 del CC .

Por su parte la demandada , manifiesta en el responde que, el incremento de la siniestralidad de la rama ómnibus de larga distancia, en diciembre de 2005, la empresa tomó la decisión de no emitir más pólizas , explicando la situación y admitiendo haber comunicado a los trabajadores la decisión de concluir con las actividades desplegadas en el interior del país , en el mes de septiembre/06 por lo que los tres trabajadores de la Sucursal Salta, negociaron su renuncia , la que cumplió con las formalidades del art. 240 de la LCT, contra el pago de una suma de dinero a percibir conjuntamente con la liquidación final, por lo que el actor percibió en concepto de Gratificación Reajuste la suma de $10.669,00 más SAC sobre Vacaciones no Gozadas, Vacaciones no Gozadas y otros rubros , por lo que percibió la suma neta de $12.903,54 , tal como figura en el recibo presentado por el propio actor , a pesar de que niega que haya existido libertad en la ejecución del acto.

La judicante de origen con sustento en los art. 897 y 898 del CC sostiene que el actor debió demostrar que su renuncia estuvo viciada, por haberla redactada con temor y que lo hizo sin libertad, lo que no probara , más que el telegrama de renuncia cumple con las condiciones del art. 240 de la LCT más los casi dos años transcurridos para interponer el reclamo, es que le otorga valor probatorio y virtualidad jurídica a la renuncia efectuada por el actor y consecuentemente rechaza los conceptos indemnizatorios que reclama.

Comparto lo decidido por la señora juez de grado , con independencia de la insuficiencia de los agravios traídos .

De inicio porque extrañamente el quejoso cuestiona que la judicante no considerara que la demandada admite un supuesto típico de renuncia negociada , seguida del pago de una gratificación ajuste, para lo que hace una serie de precisiones en torno a tal figura jurídica , omitiendo que su parte niega que el caso encuadre en el supuesto de "renuncia negociada " (párrafo 11 in fine de fs. 2 vta) sino que insiste en afirmar que se trata de encubrir un despido incausado.

De modo que el actor , tal como expresa el fallo atacado, debió probar la existencia de un acto de renuncia inválido por no haber prestado su consentimiento en forma libre y espontánea, como alega, sino que fuera forzado frente al cierre de la fuente de trabajo y decisión patronal .

Prueba que el accionante no logra producir, sino que contrariamente nada dice ni explica porqué razón si el actor consideró que existió un despido encubierto, donde pudo haber rechazado la oferta formulada por la empleadora y esperar el despido directo que le prometía, según sus propios dichos, con el consiguiente derecho a percibir las indemnizaciones correspondientes , y no esperar casi dos años para su reclamo.

A esta altura debo memorar que la ley laboral restringe la capacidad del trabajador para obligarse o para desobligar a su contraparte en ciertas condiciones y aplica para ello el principio protector, que no hace otra cosa que reconocer jurídicamente la desigualdad en negociar entre empleador y trabajador y como el trabajador necesitado de empleo podría ser constreñido por el dador del trabajo de aceptar condiciones consideradas perjudiciales, es que la ley ha extendido a todos los casos el criterio de la ley común, por vía de los vicios del consentimiento, aplicable a supuestos precisos y probados.

De tal modo se instituyó el orden público laboral, o piso mínimo por debajo del cual las partes no pueden acordar válidamente condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador y que , en caso de trasgresión sustituye de pleno derecho las cláusulas que se hubieren concertado. Tal protección la prevé la Constitución Nacional , art. 14 bis, 28 y 31 . La ley de contrato de trabajo y estatutos profesionales (art. 12 LCT) y las Convenciones Colectivas de Trabajo (art. 12 LCT) y 8 de la Ley 14250, que sí pueden incrementar el nivel de protección del trabajador, pero no reducirlo .

Ahora, el contrato individual de trabajo, siempre que no vulnere la protección del orden público laboral, puede ser modificado por las partes; desde luego, la voluntad del trabajador para renunciar al contrato o modificarlo en su perjuicio, no puede inferirse de su silencio ni de otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco (art. 58 de la LCT), en el caso -renuncia- .

Si bien el fundamento del sistema legal es claro, la ley establece ciertos mínimos comunes de protección , procurando que las partes colectivas fijen otros mayores, adecuados a lo que entienden las partes como las posibilidades de trabajadores y empleadores en cada rama de la actividad. Pero por encima de tal piso , históricamente variable, el trabajador conserva su capacidad para obligarse o para acordar una adaptación de las obligaciones patronales a lo que las partes entiendan como de conveniencia común.

En el caso de la extinción del contrato de trabajo por común acuerdo , previsto en el art. 241 de la LCT y al que ahora se remite el agraviado en su memoria apelatoria en procura de su encuadre, el poder de negociación del trabajador no reconoce más límites que del autonomía de la propia voluntad, ya que en tal supuesto el empleador no tiene obligación legal de indemnizar al dependiente .

Así las cosas , aún frente a las circunstancias invocadas y reconocida por la empresa , lo cierto es que el actor no probó que existió vicios en su voluntad (art. 954 del CC) , al remitir su telegrama de renuncia y que en lo formal surge correcto, por lo que no hay en el memorial de agravios ninguna objeción o crítica a esa conclusión de la juzgadora sino que se limita simplemente a cuestionar lo sostenido respecto a los testimonios y en tal sentido de igual modo comparto la apreciación de la juez a quo , toda vez que teniendo presente que los declarantes Margarita Mamaní , a fs. 125 vta /126, ex compañera de trabajo del actor, tuvo juicio con el demandado por idénticas razones, a su vez lo declarado por Salvador De Pascuale a fs. 126/127 y por Juan A. Saravia a fs. 127/128, lo que saben y que resultaría de interés en la causa, lo es por comentarios . Así es que los testimonios rendidos de modo alguno constituyen elemento probatorio que conduzca a una valoración distinta de los hechos invocados como pretende el recurrente .

Por las razones expuestas sugiero confirmar lo decidido en la instancia anterior , rechazando la apelación interpuesta, con costas al apelante, art. 67 del C.P.C. y C. y porque se tenga presente la reserva formulada.

El Dr. Álvaro Figueroa Castellanos dijo:

Que estando en un todo de acuerdo con el voto de la Vocal preopinante se adhiere al mismo en todas sus partes.- Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA II:

_____________________F A L L A I.- Rechazando la apelación interpuesta por la parte actora a fs. 158/160vta, con costas al apelante, art. 67 del C.P.C. y C. y teniendo presente la reserva formulada.

II.- Reservando la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.- III.- Mandando copiar, registrar, notificar y oportunamente bajar los autos al Juzgado de origen.-