marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Schunk Rubén Omar c/ Superior Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos s/ Sumario por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-06-09

Entiendo debidamente acreditada la relación de causalidad entre el hecho generador -admitido por la demanda- y el daño o lesión física producida. Hay una adecuada relación o adecuación biológica puesto que el primero, razonablemente de acuerdo a las pericias médicas, bien pudo producir como consecuencia la segunda -teoría de la causalidad adecuada- En el caso puede presumirse - art. 160 inc. 5° del CPCCER- la relación de causalidad y dicha presunción podía y debía ser destruída por la demandada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Liquidación, falta de impugnación, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: BERROCA, JOSE c/ LAURA ROMERO DE TERRANOVA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-06-20

La falta de impugnación no obligará a aprobar la liquidación en cuanto ésta no se ajustare a derecho. Este precepto adopta el criterio judicial por el cual, es el magistrado el que en la última instancia determina los distintos rubros que componen la liquidación y sus correspondientes informes. Es decir que el juez está facultado para corregir la de oficio cuando advierta que la liquidación contiene errores numéricos o contraría principios como los consagrados en los art. 953 y conc. del C.Civil.
Sanciones disciplinarias, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gómez Carlos Ariel  c/ Municipalidad de Guaymallén - Mendoza  s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-02-13

Respecto a los límites del control jurisdiccional sobre la facultad sancionadora del Poder Administrador se han señalado distintos principios: - La graduación de la sanción debe realizarse mediante la aplicación de criterios de proporcionalidad valorados en relación con el caso concreto, y teniendo en cuenta, entre otras pautas, a) La perturbación del servicio; b) La reiteración de los hechos; c) La jerarquía alcanzada y el posible abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. Las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio son de inexcusable observación en todo tipo de actuaciones inclusive en los procedimientos administrativos de naturaleza disciplinaria y las mismas demandan la posibilidad de que el requerido haya tenido conocimiento de la acusación en su contra, de ser oído y de que se le dé ocasión de hacer valer sus medios de defensa.
Honorarios del abogado, intereses, cómputo de intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: PEDROZO ABATE, Gustavo Adolfo c/ WHITEHEAD, Brenda s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-29

La cuestión de intereses devengados por una regulación de honorarios, ya sea que éstos provengan de una actuación judicial o extrajudicial, se encuentra regulada por lo dispuesto en el art. 622 del Código Civil y el art. 61 de la ley 21.839, con las reformas introducidas por la ley 24.432, surgiendo de dichas normas legales que se requiere, para su procedencia, que el deudor sea moroso. Ello lleva a establecer que tales accesorios son debidos desde que la deuda se torna exigible, para lo cual resulta menester contar con un auto regulatorio firme y un plazo de pago vencido.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Valor, Andrés Alfredo y otros s/ Robo agravado por el empleo de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-09

Es inaudible el planteo del recurrente referido a que el resultado de una diligencia se debió a un supuesto defecto o confusión por parte de los testigos que la practicaron, y que esta circunstancia no fue valorada por el tribunal al momento de sentenciar, si dicho planteo no fue expuesto en la expresión de agravios, por lo que no puede ser traído ante esta instancia extraordinaria.
Recurso de inconstitucionalidad, ley de emergencia, mutuo hipotecario, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: VILAR, TERESA MERCEDES c/ CITIBANK N.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-08-09

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y anular la resolución impugnada, por no resultar una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias particulares de la causa. En efecto, para hacer lugar a la pretensión de la actora - de cancelación de la deuda con la demandada mediante la entrega de bonos de la deuda pública- la Sala soslayó analizar el caso desde la óptica de la situación de emergencia en que fueron dictadas las normas cuestionadas y teniendo presentes los precedentes emanados del Más Alto Tribunal de la Nación con relación a la interpretación y alcance de las normas federales aplicables (Citas: CSJN: Fallos 332:2468 y 332:1039. CSJStaFe: AyS T 236 p 412)
Menores, medidas tutelares
Materia: PENAL
Carátula: Carrera, Guillermo Alfredo s/ Homicidio Calif. por pluralidad de Agentes en dos Oportunidades y  Ot.-Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-06-18

Aún cuando el alojamiento de un menor por razones tutelares, pudiera llegar a sugerir alguna semejanza con la privación de su libertad ambulatoria, debe advertirse que su carácter no difiere esencialmente de ésta pues, en verdad, se trata de una medida eminentemente tuitiva, fundamentalmente asentada en la necesidad de protección o reeducación del menor, proprendiendo al mantenimiento del vínculo familiar, que debe cumplirse -preferentemente- en el seno de la familia y excepcionalmente, dada su imposibilidad o inconveniencia para el interés del menor, en istitutos públicos o privados que, a diferencia de los penitenciarios, deberán ser de "puertas abiertas" (cfme.: artículos 10, 12, 13, 18, 40 inciso m), 83 y concs. de la Ley 8.490), por lo que tales medidas se efectivizan indistintamente en los supuestos de entrega del menor a la familia o de alojamiento del mismo en los aludidos institutos especiales, sin que ello importe una verdadera y plena "privación" de su libertad ambulatoria sino una mera inevitable "restricción" de la libertad, sustancialmente equivalente a la que proviene de la facultad de correción de los padres respecto de sus hijos menores de edad, ejercida en la especie por el Estado, frente a la ausencia o a la imposibilidad de aquellos o a la inconveniencia o fracaso de su ejercicio por parte de los padres, todo ello conforme lo autorizan explícitamete las normas básicas de las Leyes 8.490 y 22.278, provincial y nacional, respectivamente, no revelándose admisible la pretendida asimilación de ese tipo de alojamiento tutelar del menor con la "prisión preventiva" de los mayores, a los efectos de su cómputo como cumplimiento efectivo de la pena en los términos del artículo 24 del Código Penal que, a ese fin, contempla únicamente esta concreta medida cautelar procesal -prisión preventiva-, la cual implica (conf. artículos 307, 208 del Código Procesal Penal) sometimiento a un régimen carcelario de plena privación de la libertad ambulatoria, por completo diferente, de la referida situación del menor sometido a internación tuitiva en institutos u hogares de puertas abiertas.
Confirmación de sentencia, prescripción
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SCHAMIL SA (TF 34672-I) C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-21

La sala confirmó el pronunciamiento del TFN que había declarado prescriptas las facultades del Fisco Nacional para aplicar la multa relativa al periodo fiscal 2012. Fundó su decisión en la forma de cómputo del plazo de prescripción aplicable en atención al momento de configuración del hecho punible y a la causal de suspensión prevista en el art. 65, inciso d, de la ley 11.683 en cuanto refiere al término de 180 días.
Municipalidad, personal municipal, remuneración, política salarial, Estado, emergencia económica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIVERO, HECTOR BENIGNO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 389-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-02

El legislador, recientemente, admitió que sean las propias autoridades comunales -en determinadas condiciones- las que adopten medidas que importen la suspensión de las disposiciones establecidas en el capítulo XII del Anexo II de la ley 9286 (por ejemplo, artículo 8, ley 11400), para lo cual debe mediar un acuerdo con la representación gremial reconocida, con mediación y arbitraje sólo en el supuesto de que no se llegue al mismo. Así lo decidió el legislador, en el marco de un saneamiento financiero cuyo acogimiento requiere, entre otras exigencias, que la Comuna se declare en estado de emergencia económica.
Administración Pública Provincial, personal policial, aplicación de la ley, adicional por subrogancia, Estado policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Díaz, Samuel Pío s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1988-09-19

No resulta de aplicación supletoria la Ley 3870 del Personal de la Administración Pública, por la sola circunstancia de que la Ley específica del personal policial Nro. 3358 no contenga disposiciones que expresamente reglen el pago de las diferencias correspondientes al ejercicio de funciones de mayor jerarquía, porque dicha ley no tenía necesidad de decir nada al respecto, teniendo en cuenta las particularidades de la organización y de las funciones policiales.

Las funciones que en cargos diversos sean asignadas al personal de rango superior en razón de las necesidades de servicio, no pueden ser asimiladas a las que pudiere cumplir el Personal de la Administración Pública general en lo que hace al reconocimiento del pago de la deferencia remuneratoria entre el cargo que revista y el desempeñado accidentalmente, porque el policía tiene "estado policial" que lo obliga a su disponibilidad de servicio permanente y a cumplir el cargo policial que se dispusiere por orden superior, el cual no puede eludir al ser impuesto como un deber esencial por el Art. 28 Inc. "b" de la Ley Nro. 3.358.
Asociaciones sindicales, inscripción del estatuto, recursos
Materia: LABORAL
Carátula: ASOCIACION DEL PERSONAL DE ENACE  S.A. s/ APELACION ARTICULO 62 LEY 22105
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

Vencido el plazo de sesenta días que tiene la autoridad de aplicación conforme al artículo 26 ley 22105 para expedirse sobre la solicitud de inscripción gremial, debe considerarse que media denegatoria tácita de dicha inscripción pues se trata de un plazo de caducidad, y por lo tanto, expedita la vía para recurrir judicialmente la denegatoria en los términos del artículo 62 de la norma referida.
Honorarios, contadores públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Vivienda La Naval Arg. c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro. s/ Incidente.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-20

Como principio, la naturaleza jurídica de la prohibición consagrada en el art. 2 de la ley 21.839, que resulta aplicable a los contadores en virtud de la remisión que efectúa el art. 12 del dec. ley 16.638-57, que consagra una excepción al principio expuesto en el art. 1627 del Código Civil, impone una aplicación restrictiva al supuesto específico y no analógico o extensivo. El caso tampoco encuadra en el marco de la prohibición que consagra el art. 13 de la ley 11.672 habida cuenta de que aquella normativa está referida a los profesionales o peritos que intervengan por nombramiento de oficio (adviértase que en el supuesto de autos se trata de un consultor designado a propuesta de la demandada). En cuanto a la interpretación de aquella norma la Corte Suprema ha dicho que, en tanto el precepto establece un régimen contrario al ordinario de remunerabilidad de los trabajos profesionales y dada la evidente justicia de esta norma de carácter general, aquél no se debe extender interpretativamente, habiendo declarado asimismo no abarca trabajos que no se hallan comprendidos en las funciones propias de la relación de empleo.
Competencia contencioso administrativa, amparo por mora, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Romero, Emilio Félix c/ Administración General de Asuntos Previsionales s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-13

El actor, con patrocino letrado, promueve Acción de Amparo por Mora de la Administración en contra de la Administración General de Asuntos Previsionales, referido a actuaciones administrativas mediante gestión Nº25270 de fecha 08 de Agosto de 2011, atinente al reclamo de pago sobre el ítem antigüedad, que ha dejado de percibir desde el mes de mayo de 2011.

En relación a las costas, debo reparar que si bien el acto que motivó el amparo fue concretado en la oportunidad del requerimiento de este Tribunal y no obstante la sentencia devenir abstracta, considero que las costas deben ser impuestas a la Administración demandada, en razón de que el administrado se vio obligado a promover la acción para finalmente así, obtener la respuesta a su reclamo, porque como bien dice la doctrina, ".se debe impedir, en cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o defenderse en juicio para pedir justicia" (cfr. Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", T. III, pág. 367).".
Quiebra, regulación de honorarios, monto mínimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Alejandro Borbore e Hijos SRL s/ Quiebra por Ibrahin y Masar Elaskar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-26

Pero aún cuando el art. 267 de la L.C. establece un monto mínimo a tener en cuenta al practicarse las regulaciones de honorarios, el art. 271 de la misma ley le otorga al Juez interviniente la posibilidad de no respetar los montos referidos en virtud de la aparente desproporción entre el trabajo realizado y el valor de los bienes liquidados. La excepción que contempla la ley debe ser objeto de una prudente decisión judicial debidamente fundada.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: D. D. M. M. D. V. c/ A. C. R. Y. O. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-28

El razonamiento del fallo no aparece ilógico ni arbitrario, toda vez que si se concluye que existen dos responsables directos frente al damnificado, no vinculados entre sí por una relación de dependencia; y el fundamento del deber de responder es autónomo y difiere en su naturaleza (objetivo y directo en el ente, subjetivo y directo en el médico), de ello cabe derivar que no demostrada la culpa del profesional queda subsistente la del centro asistencial, salvo que éste acredite la inexistencia de nexo causal, que es presupuesto indispensable para la procedencia de la responsabilidad. El establecimiento médico no sólo responde por la impericia o por el obrar negligente de los médicos, sino que también tiene una responsabilidad directa y objetiva frente al paciente, basada en una obligación tácita de seguridad que lo compromete a prestar una atención medica adecuada.
Estado Provincial, Economía y finanzas, deuda pública, régimen de consolidación de deudas, emergencia previsional, ley previsional, sentencia, ejecución de sentencia, acto administrativo, legalidad objetiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: PANETTO, RICARDO GUILLERMO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE APREMIO - RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA  JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 669-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-25

El hecho de que el pronunciamiento en crisis -en definitiva- no esté cumplido, y de que la Ley 11373 revista carácter de orden público, hacen inaceptable el criterio del actor de que el levantamiento del embargo ordenado en autos -sobre cuentas bancarias de la Provincia- afecte el orden público, y que la circunstancia de que la Provincia no haya contestado el traslado corrido importe su total aceptación de la tesis por él esgrimida. Máxime ésto, si se considera el criterio sostenido por la Corte provincial en cuanto a que -en materia contencioso administrativa- el Tribunal debe examinar la legitimación de los actos y hechos en el marco del orden o interés público, siempre conforme a derecho y aplicando, incluso, el principio "iura novit curia"; no creyendo oportuno -en el caso-, apartarse de sus precedentes jurisprudenciales. DEL VOTO DE LA MAYORIA. EN DISIDENCIA EL DR. BARRAGUIRRE.
Contrato de trabajo, empleo público, personal contratado, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Etchegaray  Ricardo  Martin c/ Instituto Universitario Nacionaldel                Arte s/ despido"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-16

Resulta procedente el reclamo indemnizatorio por haber sido despedido, de un trabajador contratado a soslayo de las previsiones de la regulación de las relaciones de empleo público, frente a su exclusión de la carrera administrativa, aplicando por analogía, según el art. 16 del Código Civil, la reparación justipreciada para el cese por el art. 11 de la ley 25.164 de Régimen de Empleo Público de la Administración Nacional -un mes de remuneración por año de servicio o fracción mayor de tres meses. A los efectos de la inclusión de la prestación de servicios del actor en el régimen aplicable a los empleados privados, no bastaba con invocar y acreditar que la contratación había sido irregular desde la perspectiva del derecho administrativo. (En el caso la demandada, Instituto Universitario Nacional del Arte, contrató al actor al margen de las reglas que rigen el ingreso de los empleados públicos, a lo cual se suma que aquel continuó prestando servicios una vez finalizado el lapso de diez meses por el cual había sido contratado).
Competencia federal, conexión clandestina de teléfono
Materia: PENAL
Carátula: Olivieri, Susana s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-07

Resulta ajeno a la justicia federal, el suceso cometido por un particular - encargado del edificio - en perjuicio exclusivo del abonado - copropietario de la finca - situación que excede a las claras este ámbito de conocimiento. A ello no obsta que el ardid utilizado haya sido la conexión clandestina del teléfono.
Prueba, apreciación del juez, lucro cesante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vázquez, Jorge y otro c/ Logroño, Juan pedro y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20

Frente a la dificultad de acreditar el monto exacto de las utilidades dejadas de percibir, que resulta de aplicación el criterio de las denominadas "pruebas leviores", pues frente a los inconvenientes que plantea el caso de la prueba difícil "difficilioris probationis", los jueces deben atemperar el rigorismo del derecho a fin de que no se hagan ilusorios los intereses legítimos, o sea descargar aquello que pueda ser muy estricto.
Subasta judicial, adquirente en subasta, embargo
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Lado, Enrique c/ Gatica, Roberto y otros s/ Demanda Nulidad Escritura - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-10-19

El embargo así trabado sobre el crédito, fue prioritario en concurrencia con la cesión del mismo crédito ..., hasta que los acreedores por subrogación vieron satisfecho su crédito por las sumas de dinero que pagaron, pues su derecho se ha trasladado al precio... pero no es -ni puede ser- este embargo "ultraactivo" para valerse con su preferencia los adquirentes en la subasta...pues constituiría un "autoembargo"... Con el traslado se agotó la preferencia.
Hipoteca, obligaciones en moneda extranjera, cláusula dólar
Materia: CIVIL
Carátula: LLEONART, RICARDO c/ PATERNO Y ORZA IRMA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

La aplicación de la cláusula dólar, puede eventualmente causar un lucro injustificado y desmedido cuando funciona como cláusula de ajuste o estabilización, según las circunstancias de cada caso. No es así cuando constituye objeto de contrato, pues deja de ser cláusula de repotenciación, para convertir al hipotecario surge inequívocamente que el deudor recibió dólares, entonces debe restituirlos o por lo menos su equivalente al día del pago.
Cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Reynaldo Benito Bignone c/  s/ CS c/  s/ CS c/  s/ S/INCIDENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-21

Corresponde que la Corte se expida acerca de cuál es la jurisdicción que debe conocer en los hechos que se atribuyen al procesado, pues las discrepancias suscitadas en relación al tema, están produciendo al acusado, quien se encuentra detenido, un grave perjuicio por la demora en la sustanciación de la causa y por la falta de certeza sobre cuál es el Juez o Tribunal que le ha de juzgar y al que debe acudir en demanda de sus derechos.
Relación de dependencia, contratos, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Cao, José María c/ Electro S.R.L. y/o Responsable s/ Diferencia de haberes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-07-13

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo, agraviándose por la validez otorgada al informe presentado por la empresa demandada. Ello así, ya que analizadas las pruebas rendidas por las partes, se impone concluir que el contrato de trabajo tuvo las características que se le atribuyen por la demandada, en tanto tal extremo emerge de la información suministrada por la Empresa Transporte Oeste, que da cuenta de la existencia de relación laboral, mantenida con el actor por un período respecto del cual éste dice haber trabajado con la demandada. (08/12/91 al 08/03/92). La validez probatoria de tal contrato resulta innegable por cuanto se han cumplido a su respecto las prescripciones del art. 110 de la Ley 2383 de facto.
Accidentes de trabajo, cómputo de intereses, incapacidad permanente, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Género Carlos Antonio c/ CAN ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-26

En materia de accidentes del trabajo, los intereses del capital resarcitorio deben calcularse en materia de reparación de daños a la persona, desde el momento en que la incapacidad se ha determinado como permanente, es decir cuando se consolida. (Del voto del Dr. Maza, en minoría).
Competencia federal, trata de personas
Materia: PENAL
Carátula: HONOR, ANTONIO ENRIQUE Y OTROS c/  s/ Honor, Antonio Enrique y otros (Registro N° 164/17) (Registro N° 164/17)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-29

Resulta prematuro el descarte de la eventual comisión de un delito de competencia federal, por lo que corresponde se mantenga la intervención de dicho fuero de excepción, hasta tanto sean dilucidados los extremos de los delitos vinculados con la trata de personas por parte del juez a cargo de la investigación una vez reunidos la totalidad de los elementos probatorios.