Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100191 SALA II Expediente Nro.: 8.983/03 (Juzgado Nº 78) AUTOS: "ROEL, OMAR EDUARDO Y OTRO C/ GUILLERMO V. CAS-SANO S.A. Y OTROS S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 29/02/2012 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continua-ción.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de primera instancia que ad-mitió la demanda instaurada se alzan la parte actora y la codemandada Estancias y Cabañas la Centella S.A. (EyCLC) a tenor de los memoriales que lucen a fs. 852/56 y 865/66, respectivamente, mereciendo réplica de la contraria el primero de ellos. Asi-mismo, el perito contador apela los honorarios regulados a su favor por reputarlos in-suficientes.

En forma preliminar, cabe señalar que quien se presenta por la codemandada a mérito del escrito obrante a fs. 865/66vta. es la Sra. Silvia Cristina Echavarri, invocando el carácter de apoderada general con facultades de administración de la persona jurídica demandada, otorgado por su presidenta María del Carmen Urquiza, con el patrocinio de la Dra. Brogi. La parte actora cuestiona la personería invocada y sostiene que la presentante carece de facultades para representar en juicio a mencionada sociedad, cuestión que suscitara la remisión de los autos a la Fiscalía General a fin de que emitiera opinión al respecto.

Sobre el tópico cabe memorar que la representa-ción en juicio sólo puede ser ejercida, además de por los representantes legales, por los sujetos enumerados en el art. 1º de la ley 10.996 (abogado, procurador y escribano sin ejercicio). Asimismo, el art. 15 de la citada ley exceptúa a las personas de la familia dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, y a los manda-tarios generales con facultad de administración respecto de los actos de este último carácter, quienes pueden representar en juicio a sus familiares o sus mandantes aún cuando no sean profesionales del derecho.

La Sra. Echavarri no demostró revestir ninguna de las calidades enumeradas en el art. 1º de la ley 10.996 ni tampoco acreditó tener facultades para representar legalmente a la sociedad, las que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 268 de la ley 19.550, corresponden al presidente del directorio. Ello en tanto del documento que acompaña surge que se trata de una mandataria con facultades amplias de administración.	Tampoco considero que deba encuadrarse la con-troversia en una de las excepciones previstas por el art. 15 de la ley 10.996. Ello por cuanto aún cuando se le confirieron a la Sra. Echevarri facultades amplias de adminis-tración, incluso "representar a la sociedad en sus negocios y asuntos de orden admi-nistrativo, cualquiera fuere su naturaleza y jurisdicción a que corresponda. con fa-cultad para hacer peticiones, presentar escritos. tramitando cualquier expediente en todos los grados e instancias. notificarse de toda clase de resoluciones, las que po-drán consentir o recurrir por las vías administrativas. o judicial." (fs. 861vta/862vta), considero que la apelación es un acto que implica la discusión de créditos litigiosos y no ya un mero acto de administración por lo que sólo puede ser ejercida por la sociedad a través de su representante legal o las personas enumeradas en el art. 1º de la ley 10.996.

Así lo sostuvo mi colega, el Dr. Miguel Angel Maza al resolver una cuestión análoga suscitada en la contestación de la demanda, en la causa "Lancelotti, María Luisa c/ Planamed S.A. y otros s/ despido" (SI 57782 del 05/06/09, del registro de esta Sala), aunque en dicha oportunidad se aceptó la presen-tación por otras circunstancias, que no se verifican en el caso.

Por lo expuesto, y sin perjuicio de que la parte acto-ra consintiera presentaciones anteriores efectuadas por la Sra. Echevarri (ver fs. 648/53), considero, oída la Sra. Fiscal General Adjunta, que la presentante no se en-cuentra habilitada para apelar la sentencia definitiva, por lo que corresponde tener por no presentada la misma.

Zanjada la cuestión precedentemente analizada, se impone dar tratamiento al recurso interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada en la anterior sede.

Los accionantes se agravian por cuanto el judi-cante de grado consideró que no se encontraba acreditado que los gastos de celular y automóvil fueran afrontados por la empresa ni, por tanto, integraran la remuneración de los mismos. En apoyo de su postura, sostienen que -contrariamente a lo decidido en la anterior instancia- los dichos de la testigo Perotti avalan la versión inicial, y que a ello deben sumarse los efectos de la presunción prevista en el art. 55 de la LCT y lo dispuesto por el art. 9 de dicho cuerpo legal.

La crítica en análisis no tendrá favorable acogida por las razones que a continuación se exponen.

La testigo Perotti (fs. 304/06) declaró que los ac-tores utilizaban celulares que les proveía la demandada y sus automóviles particulares cuyos gastos les reintegraba la empresa, así como que el costo de tales elementos era asumido por la principal.

Por su parte Malmierca (fs. 716/189) dijo ser en-cargado de personal con poder para juicios laborales, que dentro de sus funciones li-quidaba los sueldos de distintas empresas dentro de las cuales se encontraba la que había asumido la registración de los accionantes, detalló acabadamente la forma de pago de sus salarios y expuso claramente que los actores en la calle su-pervisaban los servicios con su propia movilidad, "el auto particular de cada uno", que cuando estaban fuera de la empresa se comunicaban con sus propios celulares, "que los costos de dichos elementos o la movilidad se hacían cargo los mismos ge-rentes".

Ahora bien, como expuso el Dr. Brignole, la tes-tigo Perotti no dio suficiente razón de sus dichos y este aspecto no se encuentra ade-cuadamente debatido en esta alzada por cuanto el hecho de que la deponente se desempeñara en la administración de personal resulta insuficiente como fuente de co-nocimiento de los hechos bajo análisis, máxime frente a los contundentes dichos de Malmierca, cuya función demuestra una vinculación directa con los hechos que des-cribió.

En tal contexto, considero que los accionantes no han demostrado que la empleadora solventara los gastos de celular y automóvil y al respecto he de señalar que no conmueve tal decisión el efecto de la presunción que emana del art. 55 de la LCT por cuanto no solo no resulta aplicable -en casos de con-tratos de trabajo parcialmente registrados- a la porción de salario abonada en forma clandestina sino que, además, en el hipotético supuesto de extender sus efectos a este aspecto objeto de debate, lo cierto es que se encontraría desvirtuada por los dichos del testigo Malmierca.

Asimismo, tampoco enerva lo apuntado lo dis-puesto por el art. 9 de la LCT por cuanto tal dispositivo se encuentra dirigido a anali-zar supuestos de duda razonable en la interpretación de la prueba y no lisa y llana-mente a casos en que las medidas probatorias resultan insuficientes para demostrar los presupuestos fácticos invocados.

En definitiva, comparto la decisión del Dr. Brig-nole en cuanto considera que no se ha acreditado que la demandada asumiera los gas-tos cuya incorporación en la remuneración pretendieron los actores, por lo que pro-pongo confirmar este aspecto de la sentencia atacada.

La solución propuesta sella la suerte desfavorable de los agravios vertidos por los accionantes en relación con la mejor remuneración mensual a tener en cuenta a los fines del art. 245 de la LCT, así como también en or-den a los certificados de trabajo por cuanto, no habiéndose admitido la queja referente a los gastos antes analizados, no corresponde modificar la primera ni tampoco los términos que deberán constar en los últimos.

Resta por señalar, en relación a las apelaciones deducidas por la parte actora y el perito contador a fs. 851 en torno de la regulación de honorarios dispuesta en origen que, habida cuenta de las labores realizadas, el valor económico del pleito y las pautas arancelarias que emergen de los arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 de la ley 21.839 y dec. 16.638/57, los honorarios regulados a favor de los letrados resultan adecuados, por lo que propongo su confirmación. En cambio, los fi-jados a favor del perito contador lucen reducidos por lo que propongo elevarlos al 6% del monto de condena más intereses.

Para concluir, voto por imponer las costas de al-zada en el orden causado, en atención a la existencia de vencimientos parciales y mu-tuos.

Finalmente, en atención al mérito y extensión de las labores desarrolladas en esta instancia, propongo que se regulen los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 25% de lo que le corres-ponda percibir por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Gra-ciela A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide; 2°) Imponer las costas de alzada en el orden causado; 3º) Elevar los honorarios del perito contador al seis por ciento (6%) del monto de condena con intereses; 4º) Regular los honorarios de Alzada de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 25% de las sumas que le corresponda percibir por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-	Miguel Ángel Maza	Graciela A. González	Juez de cámara	Juez de cámara