Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-19


En la ciudad de Trelew, a los 19 días del mes de Junio de Dos Mil Ocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial del Noreste de Chubut, Sala A, Dres. Marcelo J. LÓPEZ MESA, Carlos A. VELÁZQUEZ y Carlos Dante FERRARI con la presencia del Secretario actuante Dr. Paulo König, para dictar sentencia en los autos caratulados: "F., R. D. c/ B., H. SRL y otros s/ Indem. de ley" (Expte. Nº 22.596 - Año 2008), resultó del sorteo realizado a fs. 198 que debían votar en el siguiente orden: Dr. LÓPEZ MESA - Dr. VELÁZQUEZ - Dr. FERRARI.- Analizadas las constancias de autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes: C U E S T I O N E S----------- 1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada?--------- 2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?--------- V O T A C I O N A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo: -------------- Que a fs. 3/6 se presenta el Dr. P. A. en representación del Sr. R. D. F., iniciando demanda laboral contra B. H. SRL reclamando la suma de pesos quince mil seiscientos sesenta y cuatro con dieciocho centavos ($ 15.664,18), más intereses y costas. Manifiesta que el actor ingresó a trabajar para la demandada el 15 de marzo de 1999, cumpliendo labores de chofer. Indica que a partir del año 2002 la accionada comenzó a atrasarse en el pago de las remuneraciones llegando al extremo que en fecha 30 de mayo de 2004 recién le abonaron las remuneraciones del mes de abril de 2004.-- Aduce que el 2/6/04 la demandada prescindió de sus servicios, remitiéndole carta documento conteniendo afirmaciones falsas con relación a una supuesta agresión contra el empleado jerárquico R. R. Sigue diciendo que el actor rechazó la causal de despido, argumentando que el mismo es represalia por el reclamo verbal e insistente para que el pago de haberes cumpla con los plazos legales. Afirma que reclamó el pago de los haberes de mayo de 2004, liquidación final e indemnizaciones derivadas del despido sin causa, misiva que fue respondida por la demandada reiterando los términos de su anterior comunicación, poniendo a su disposición la liquidación final y certificado de servicios.- Explicita que asimismo formuló reclamo ante la autoridad administrativa del trabajo. Alega sobre la responsabilidad personal de los socios de B. H. S.R.L.. Practicó liquidación, ofreció prueba y fundó en derecho su reclamo.--------- A fs. 13 fue ampliada la demanda contra A. C. B., S. A. B. y G. A. O. B.---- Corrido traslado de la acción, a fs. 25/27 se presentó el Dr. J. G. en representación de B. H. S.R.L., conforme poder obrante a fs. 23/24, procediendo a contestar la demanda.----------- Manifestó que es cierto que el actor ingresó el 15 de marzo de 1999 a trabajar para B. H. S.R.L., empresa que tenía la concesión del transporte urbano de pasajeros de Trelew. Que no es cierto que hubieran existido atrasos en los pagos desde el año 2002; reconoce que si los hubo en el 2004 por la asfixia financiera que afectó a su mandante por la negativa infundada del Municipio de Trelew de incrementar el valor del boleto de pasaje urbano o de otorgarle subsidios. Agrega que con esfuerzo la empresa fue normalizando el pago de las remuneraciones pero no obstante ello el actor se presentó el 28 de mayo de 2004 en la sede de la empresa, armado con un hierro, amenazando a A. R. con agredirlo físicamente si no le pagaba su sueldo.--------- Aduce que por tal razón se tomó la decisión de despedirlo, imponiéndose al día siguiente la comunicación de despido. Agrega que la responsabilidad que se quiere endilgar a los socios de la S.R.L. también debe ser desechada por no ajustarse a derecho ni existir motivos para extenderla. Ofrece pruebas, funda en derecho su responde y solicita el rechazo de la acción.---- -- Que a fs. 28/vta. se presentan los Sres. A. C. B., S. B. y G. O. A. B., por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. J. G., quienes solicitan el rechazo de la demanda respecto de sus personas, quienes fueron traídas a autos por la accionante en calidad de socios de B. H. S.R.L. Aducen que ellos, a título personal, no han sido empleadores del actor ni han tenido a su nombre la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Trelew ni de ninguna otra.-------- Indican que la sociedad es una persona totalmente distinta a la de sus socios y además que la demanda está redactada violando lo establecido en el art. 39 del Código Civil y su correlato de la ley 19.550.- Niega además que hubiere existido un vaciamiento de la empresa ya que dicen ésta mantiene su patrimonio, a pesar de haber sido objeto de una maniobra dañosa en su perjuicio efectuada por la Municipalidad de Trelew al haberle caducado la concesión del servicio público de transporte pasajeros de esa ciudad. Adhieren en todos sus términos a la contestación de demanda de B. H. S.R.L. y solicitan el rechazo de la acción. Abierta la causa a prueba a fs. 33/vta. y producidas las probanzas de que da cuenta el informe actuarial obrante a fs. 166/vta., se pusieron los autos en estado de alegar, no haciendo uso de ese derecho ninguna de las partes, por lo que se llamó autos para sentencia a fs. 174, dictándose a fs. 175/177vta. sentencia de grado.------ Que la sentencia dictada en la instancia anterior, desestimó la demanda en todas sus partes, imponiendo las costas a cargo del demandante vencido y regulando honorarios correspondientes a esa instancia. --- Para fundar su decisorio, el juez a quo señaló que del análisis de la prueba testimonial surgía sin duda alguna que efectivamente F. agredió a su superior jerárquico de la manera imputada en la misiva de despido que obra agregada a fs. 120, resultando este hecho desde su punto de vista de una gravedad tal que justificaba la decisión adoptada por la patronal.- Indicó el juez de grado que "la testigo J. A. S., cuya declaración ha sido incorporada a fs. 94, en respuesta a las preguntas que se le formulan mediante el pliego de fs. 92 indica que F. se desempeñaba como chofer para la empresa; que el demandante se presenta en la oficina para hacer reclamo de sus haberes y comienza a discutir con A. R. que estaba como encargado en ese momento, empezaron a levantar el tono de la voz así que me acerco y veo que hay un forcejeo y lo veo a F. con un elemento en la mano pero no puedo determinar bien que es, como un elemento punzante, una chaina, algo con punta pero no estoy segura; que F. amenazó a R. diciéndole que lo iba a matar en medio de la discusión y amenaza física porque lo veo con el elemento punzante que va sobre él. En tanto O. I. G. -fs. 95- afirma que se encontraba en la oficina de la empresa, que la oficina tiene ventanales grandes y ve que discute F. con R., que ve algunos gestos, ademanes y gritos, que fue por eso que se levantó y vio que F. ingresa con un trozo de fierro o algo así; que el demandante amenazó a A. R., que fue por eso que el testigo se paró; que él vio discusiones y a F. con un fierro, que éste -el fierro - era similar a una chaira como la que utilizan los carniceros".---------- ---- Agregó el magistrado de la instancia anterior que "concuerda con los dichos analizados anteriormente el testigo J. A. R., principal y directo involucrado en el hecho pues fue ésta la persona que en esos momentos representaba a la empresa en la ciudad de Trelew, revistiendo además la calidad de superior jerárquico de F., lo que le agrega un elemento superlativo respecto a la decisión adoptada por B. H. S.R.L. al disolver el contrato de trabajo. Refiere el testigo -fs. 96- que F. va a pedir en reclamo por el pago de haberes frente a él, dentro del predio de la empresa pero fuera de la oficina y luego de un intercambio de palabras, de una conversación él esgrime un pedazo de fierro amenazándolo que si no le pagaba lo iba a golpear y lo iba a matar".--- Apuntó también que C. C. -fs. 97-, quien por aquel entonces de desempeñaba como mecánico y encargado de taller, dice respecto al hecho analizado que ...fue una tarde, tipo 7 de la tarde, dentro del taller frente de la oficina se desató una discusión, escuchaba que discutían fuerte, por lo que pudo ver era una chaira lo que tenía F. en la mano.... la demandada acreditó de manera fehaciente la real existencia del comportamiento imputado a su dependiente, inconducta en la cual fundó su decisión disolutoria comunicada mediante el despacho postal incorporado a fs. 120 de estos actuados, revistiendo la misma tal entidad que hacía imposible la continuidad del vínculo de trabajo, siendo así considero que la empresa ajustó su actuar a lo dispuesto en la L.C.T., quedando por tanto eximida del pago de las indemnizaciones que en demanda se reclaman".-- El Sr. Juez de grado descartó el testimonio del testigo de la parte demandante, entendiendo que su declaración de fs. 93 en nada altera la decisión ya adoptada, pues el hecho que la demandada hipotéticamente registrara atrasos en el pago de los haberes de sus dependientes, o que los vehículos con los cuales prestaba el servicio público de pasajeros se encontraran en mal o regular estado de mantenimiento, de ninguna manera puede justificar el actuar de F. con relación al hecho violento que se le enrostrara.--------- La extensión de la responsabilidad a los socios de la S.R.L. solicitada por la accionante fue rechazada por considerar abstracto el pedido, al no existir condena a la demandada principal.----- A fs. 179 dicha sentencia fue apelada por la actora, quien concedido el recurso a fs. 180, expresó agravios a fs. 182/183vta.-- -- Se agravia el apelante de que el juez de grado haya tenido por acreditado la comisión por el Sr. F. de un hecho de amenazas a un empleado jerárquico de la demandada, cuando la denuncia penal de ese hecho no lo tuvo por probado. Afirma que hubo apresuramiento de la empresa en despedir a su cliente, habiendo debido suspenderlo preventivamente a las resultas del proceso penal. - Cuestiona también que el despido haya sido comunicado cinco días más tarde del hecho dañoso, lo que dice torna poco creíble un despido fundado en un hecho tan grave que se demore durante ese lapso.--- - Se agravia también de la falta de valoración por parte del juzgador de grado a elementos probatorios incorporados a la causa.-- Finalmente cuestiona que no se haya tenido en cuenta la prejudicialidad existente entre la resolución dictada en sede penal y la sentencia de esta causa. Solicita la revocación de la sentencia, con costas.----------- Corrido traslado de los agravios, a fs. 195/vta. G. B. contesta el traslado por sí, expresando que no existe prejudicialidad alguna en este caso, porque la denuncia no fue realizada por la empresa ni por sus socios, sino por el Sr. R., quien fuera agredido. Solicita la confirmación de la sentencia apelada, con costas. ----------- El apelante no ha suministrado en su recurso un conjunto de argumentos hábiles, idóneamente introducidos a la instancia revisora, limitándose a pretender refutar los criterios de la sentencia de grado con meras opiniones suyas, carentes de apoyatura en elementos objetivos y verificables que muestren el desacierto del pronunciamiento en crisis.-------- Es dable recordar, entonces, que discutir los criterios sentenciales sin fundar sustancialmente la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no es expresar agravios. Es que la fundamentación del recurso de apelación no puede consistir en una mera discrepancia que manifieste el recurrente con el criterio sustentado por el juez de la causa" (ARAZI, Roland - ROJAS, Jorge A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Rubinzal y Culzoni, Santa Fe, 2001, Tomo I, p. 835).-------- La expresión de agravios para ser considerada como tal y cumplir con los requisitos que impone el art. 265 del Código ritual debe consistir en un trabajo en el que, con un mínimo de técnica jurídica se consignen en forma razonada y concreta los errores de hecho y de derecho en que haya incurrido el Juez de la instancia inferior, examinándose los fundamentos de la sentencia impugnada y aportándose la demostración de que la misma es errónea, injusta o contraria a derecho. El mero disenso o el cuestionamiento de la apreciación de las pruebas elegidas por el juzgador como contundentes, sin hacerse cargo de los argumentos concretos que sustentan el fallo, no cumplen con el imperativo contenido en la Ley de forma. Ello solo bastaría para el rechazo del recurso.-- - Pese a ello, y como además de su improcedencia formal, el recurso analizado, también es sustancialmente inacogible, en aras de dar satisfacción al principio de amplitud de la defensa, habré de ingresar al tratamiento de los aspectos sustanciales del recurso, magüer las deficiencias formales apuntadas.-- Ingresando al tratamiento del recurso en examen, trataré los agravios pero, por razones metodológicas, cambiando el orden en que fueron vertidos en el escrito fundante de la apelación. --------- 1) Efectos en esta causa del pronunciamiento dictado en sede penal en autos "R., J. A. s/ denuncia amenazas. Trelew", (Expte. Nro. 934, año 2004).----------- El apelante afirma enfáticamente que la falta de acreditación en la causa penal de la atribución a su mandante del presunto hecho delictivo "ha hecho que el mismo no se tuviera por configurado, por consiguiente mal se puede tener por probado dicho hecho en este proceso" (conf. Fs. 182vta).- El apelante echa mano en este párrafo y en otras alusiones deslizadas a lo largo de su recurso del presunto apartamiento del juez de grado del principio de prejudicialidad, en perjuicio de su parte. ------ El análisis detenido de los hechos de la causa y de la resolución penal que se menciona en la expresión de agravios, a la luz de la normativa aplicable al caso, demuestra la insustancialidad del primer agravio.----------- Como aclaración liminar he de decir que, pese a que el art. 1101 CC habla expresamente de acción civil, no mencionando en ningún segmento la existencia de prejudicialidad respecto de acciones laborales, la jurisprudencia desde antiguo ha asimilado las causas laborales a las civiles y aplicado por ende también a los reclamos laborales el sistema de prejudicialidad. Así, por caso se ha dicho en un fallo que "cuando la empleadora invoca un delito penal para justificar el despido del dependiente, habiendo denunciado el hecho ante la autoridad policial para que se investigara, no puede dictarse sentencia en sede laboral acerca de la existencia de aquellos supuestos, desconociendo si en sede penal ha recaído o no sentencia definitiva y en su caso el contenido de la misma, pues media a su respecto la prejudicialidad prevista en el art. 1101 del Código Civil" (Sup. Corte Bs. As., 10/8/99, "G., O. R. c. L. E. L. S. A. -C. 61.674-", citado en L. M., M., "Código Civil y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia", Edit. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2008, t. II, p. 563). Coincidimos sin dudarlo con este criterio y por tanto, nos parece que el sistema de prejudicialidad es aplicable también en sede laboral, pese a que el art. 1101 C.C. se limite a mencionar la acción civil y el juicio civil. ---------- Es que, en la época de sanción del Código Civil, la problemática laboral y la competencia específica de sus tribunales no existía, dividiéndose la competencia de los jueces en dos grandes campos: civil y penal, y existiendo numerosos juzgados de fuero único.-------------- ----------- El Codificador no podía prever el desarrollo que luego tendría el derecho laboral y la separación de competencias que éste produciría, motivo por el cual no menciona en el art. 1101 CC a ese fuero. ----- Interpretando el art. 1101 CC, a contrario sensu, si lo que él y el sistema de prejudicialidad que sobre él se asienta persiguen es evitar los pronunciamientos contradictorios entre la justicia penal y la justicia civil, debe extenderse la prejudicialidad -como la jurisprudencia nacional ha hecho desde antiguo- a otros fueros desagregados del tronco común del fuero civil con posterioridad a la sanción del Código Civil.--------- En tal situación, debe interpretarse extensivamente el art. 1101 CC y, consecuentemente, aplicarse además de las causas civiles a las comerciales, laborales, etc., que son derechos especializados, desagregados o separados del proceso civil, con posterioridad a la sanción del Código de Vélez. Claro que, en una futura reforma del mismo sería bueno aclarar tal circunstancia expresamente en el texto a modificarse del art. 1101 CC.

Participo entonces del criterio de que debe aplicarse el sistema de prejudicialidad establecido en el Código Civil a las cuestiones laborales y comerciales, que tramiten en esos fueros especiales o en juzgados de instancia única.-- Pero el hecho de que el sistema de prejudicialidad pueda aplicarse a causas laborales no significa que deba aplicarse en ésta en particular, conforme seguidamente se verá, pues no se encuentran cumplidos en el caso analizado los requisitos o presupuestos para ello.-------- La resolución del Sr. Juez penal, Dr. Alejandro Gustavo DEFRANCO, de fs. 12 de la causa caratulada "R., J. A. s/ denuncia amenazas. Trelew", Expte. Nro. 934, año 2004, apiolado por cuerda a la presente causa, textualmente dice: "Trelew, 21 de Noviembre de 2005. Y VISTOS: Los presentes autos caratulados "R., J. A. s/ denuncia amenazas. Trelew", Expte. Nro. 934, fo. 268, año 2004, Y CONSIDERANDO: Que iniciada la instrucción en legal forma, se han practicado en autos todas las diligencias pertinentes y útiles tendientes a la comprobación de la existencia del hecho delictuoso, la individualización de sus partícipes y demás finalidades previstas por el art. 171 del Código Procesal Penal. Que a la fecha no se advierte que existan otras medidas probatorias que permiten orientar la investigación, ni tampoco motivo bastante como para oír en declaración en carácter de imputado a persona alguna. Por ello, e interpretando analógicamente las disposiciones del art. 173 del C.P.P. RESUELVO: 1) Disponer la reserva de las presentes actuaciones hasta la aparición de nuevos elementos probatorios u opere la prescripción de la acción penal. REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y COMUNIQUESE".- La lectura del tenor de la resolución transcripta convence irrefutablemente de la inaplicabilidad de la prejudicialidad establecida por los arts. 1101, 1102 y 1103 C.C. en autos. Para demostrar acabadamente ello corresponde analizar con algún detalle los arts. 1102 y 1103 del Código Civil argentino. -- El art. 1102 C.C. estatuye que "Después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado". Y el art. 1103 del mismo cuerpo normativo dispone que "Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiera recaído la absolución".------ El sistema de prejudicialidad seguido por el Codificador es claro y terminante: sólo la absolución o la condena en sede penal del demandado civil establece una ligazón estricta entre el pronunciamiento penal y el de sede civil. Las situaciones intermedias como el sobreseimiento provisional o el sobreseimiento definitivo no están expresamente contempladas en ninguna de ambas normas. Por este motivo importante jurisprudencia ha decidido que "es improcedente la aplicación del art. 1101 del Cód. Civil en el supuesto en que no media extinción de la acción penal por haberse dispuesto el sobreseimiento provisional de la causa, pues el juicio sobreseído provisionalmente es un juicio que no existe contra persona individualizada alguna, lo que habilita el dictado de sentencia en sede civil" (C. Nac. Com., sala B, 11/9/02, "Argiro, Rosario E. c. Sud América Cía. de Seguros y otros", en ED 201- 448 y en L. M., M., "Código Civil y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia", Edit. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2008, t. II, p. 561). - En similar sentido, en otro fallo se decidió que "al no existir pronunciamiento en sede penal ni sobre la inexistencia del hecho principal ni sobre la falta de autoría del demandado ., ya que existe un sobreseimiento provisional, no media prejudicialidad penal que impida apreciar la responsabilidad civil del codemandado propietario del vehículo" (C. Civ. Com. Azul, sala II, 13/2/97, Viñas, Ana M. c. Pedersen, Pablo G., LLBA 1997-991 y DJBA 152-3499).---------- Incluso más, en un asunto donde se debatía si correspondía o no aplicar la prejudicialidad en sede laboral, se dijo expresamente que "el hecho de que en sede penal se haya sobreseído al imputado por los hechos delictuosos invocados como causal de despido, no obsta a que el juez laboral pueda considerar que se trata de un despido justificado, pues un acto que no constituye violación de las disposiciones penales puede configurar una injuria laboral suficiente para provocar el despido directo" (Sup. Corte Just. Mendoza, sala II, 11/11/04, "Klenner Rodríguez, M. K. c. Lan Chile S.A.", en LL Gran Cuyo 2005 (abril), p. 322 y en LÓPEZ MESA, Marcelo, "Código Civil y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia", cit., t. II, p. 563). -- Es decir que aún contando el imputado en sede penal con un sobreseimiento provisorio, el juez laboral estaría habilitado a juzgar libremente si su conducta configuraba una causal de despido, al no estar atado en ese caso a las comprobaciones del juez penal. El caso de autos, es todavía más simple, si se repara que la resolución del juez penal ni siquiera ha sobreseído provisoriamente al aquí actor. ----------- Creo que de la aplicación reflexiva al caso que analizo de los arts. 1102 y 1103 C.C. y del criterio de los precedentes citados puede deducirse sin duda alguna la inaplicabilidad del sistema de prejudicialidad a este caso. El Sr. Juez penal en su resolución del 21 de Noviembre de 2005, ni condenó ni sobreseyó ni absolvió al aquí actor. Más aún la resolución de fs. 12 del expediente penal apiolado por cuerda floja a autos no resuelve la inexistencia del hecho material imputado al aquí actor, ni declara que el mismo no ha sido autor del mismo. Todavía más, la resolución de fs. 12 transcripta supra, no resuelve nada que no sea el archivo de las actuaciones hasta su prescripción.---------- El juez penal a fs. 12 de la causa citada, se ha limitado a no tomarle declaración indagatoria al imputado y a disponer el archivo de la causa hasta su prescripción. Nada más. Ningún efecto puede tener una resolución tal en el caso de autos.-------- Por ello, nada relevante -a los efectos de esta causa- puede extraerse de esa resolución penal. Sostener, como lo hace el apelante, que esa resolución provoca que el hecho adjudicado al Sr. F. no se tuviera por configurado, por lo que "consiguiente mal se puede tener por probado dicho hecho en este proceso" constituye una alegación absolutamente inatendible que colisiona de frente contra el texto expreso de los arts. 1102 y 1103 C.C. y todo el sistema de jurisprudencia establecido en su derredor.------ - Por otra parte, hace decir al juez penal algo que no dice. En ningún segmento de la resolución de fs. 12 se lee la declaración de que el hecho material imputado al aquí actor no ha existido. Es más, en tren de puristas, no existe elemento convictivo alguno en esa causa que haga dudar de que el hecho existió y quien fue su autor. La resolución de fs. 12 parece más la aplicación implícita del principio de oportunidad que una resolución sobre la conducta del imputado.---- Es necesario concluir entonces que si el juez penal no absolvió, ni condenó ni resolvió que no había hecho delictivo alguno, ni declaró que el denunciado no fue autor del mismo, no puede considerarse que ha existido resolución con alguna eficacia con relación al sistema de prejudicialidad establecido por el Codificador en los arts. 1101 y sstes. C.C..---- Sostener que el juez penal no tuvo por configurado el hecho imputado al aquí actor, sobre la base de la resolución de fs. 12 es interpretar esa pieza procesal de un modo conjetural y subjetivo, que en modo alguno puede ser admitido en esta instancia, máxime tratándose el sistema de prejudicialidad de un sistema de excepción, pensado para supuestos establecidos con toda precisión, hermético por tanto a creaciones libres o extensiones ad infinitum.- El primer presupuesto para alegar la violación del sistema de prejudicialidad en casos como este es la existencia de pronunciamientos contradictorios entre el fuero penal y el civil o laboral. Para que existan pronunciamientos contradictorios, tiene que haber dos pronunciamientos de mérito sobre una determinada conducta. Este presupuesto no se da en el caso de autos, por la sencilla razón de que en sede penal no ha habido sentencia, en los términos que requiere el sistema de prejudicialidad, sino una mera resolución de forma que dispone el archivo de una causa. No se dan entonces los requisitos que el recurso a la prejudicialidad ameritaba.--- El fundamento mismo del sistema de prejudicialidad es evitar los pronunciamientos contradictorios sobre un mismo hecho material. Las preguntas son simples ¿cómo podría existir contradicción si en sede penal no ha existido pronunciamiento sustancial alguno? ¿Cómo puede el archivo de las actuaciones sin profundizar la investigación ni efectuar comprobación alguna condicionar la actuación de la justicia laboral en la causa?.-- La respuesta a ambos interrogantes es clara y terminante: no existiendo un pronunciamiento sustancial en sede penal, no existe condicionamiento alguno a la actuación del juez laboral, que puede juzgar libremente los hechos de esta causa según las probanzas obrantes en ella.---------- La violación de la prejudicialidad por el juez de grado en este caso es nada más que un argumento sin peso arrojado por el apelante en su expresión de agravios, sin advertir que no se daban en el caso ninguno de los presupuestos para su aplicabilidad. Ergo, el agravio debe rechazarse sin más, dada su inacogibilidad sustancial.--------- Es más, en el presente proceso existe prueba más que suficiente para tener por acreditado que el actor realizó un acto de intimidación con un objeto apto para tal fin, como una chaira de carnicero -objeto puntiagudo, que perfectamente puede tener funciones punzantes sobre una persona-, lo que queda acreditado con la declaración de los testigos S., cfr. Fs. 94, respuesta a la sexta pregunta; G., cfr. Fs. 95, respuesta a la sexta pregunta; R., fs. 96, respuesta a la sexta pregunta; testigo C., respuesta también a la sexta pregunta. Y a la par de estas probanzas claras, terminantes, no existe ni en esta causa ni en la causa penal referida supra un solo elemento de juicio que permita no ya descartar sino ni siquiera dudar que el actor ingresó en una oficina de su empleadora armado de una chaira de carnicero y amenazando con lastimar a un empleado jerárquico de la empresa para la que laboraba, si no se le pagaba el sueldo en ese momento.---------- Ello así, pues, la declaración del propio testigo de la actora, Sr. L., a fs. 93, no descarta que el actor haya incurrido en una actitud violenta en perjuicio de un empleado jerárquico de la demandada.-------- Más aún, el hecho de que se adeudaran salarios al actor no justificaba una actitud tal de su parte. Bien se ha resuelto que la mora en el pago de haberes puede ser objeto de petición directa por parte del trabajador a través de medios que la ley autoriza a tal fin, pero ello no importa que pueda justificarse una actitud ofensiva o una grave falta de respeto por parte de aquél" (SCBA, 18/9/84, "Scheffer, Marcelina c/ City Club S.R.L. s/ Indemnización por accidente de trabajo", AyS 1984-I, 702).--------- A la luz de lo expuesto, la apreciación de la prueba realizada por el juez de grado ha sido en este sentido incuestionable, siendo hasta difícil comprender el motivo del embate del recursista, carente de todo elemento en apoyo de su postura. 2) Errónea valoración de la prueba obrante en autos. ----------- La forma como se resolviera el agravio anterior, habilita a analizar ahora el cuestionamiento de la apreciación de la prueba realizada por el juez de grado.---- El recurrente se queja de que el juez de grado no analizó la demora en remitir la carta documento por parte de la demandada, comunicando el despido al actor y que no analizó el resultado de la causa penal impetrada contra el Sr. F.---------- - Este último aspecto ya ha sido extensamente tratado en el agravio anterior, siendo rechazado de plano, motivo por el cual no ha abordarse nuevamente aquí.--- En cuanto a la demora en enviar la cartadocumento comunicando el despido, a la luz de las probanzas de la causa, entiendo que tampoco merece acogida ese agravio.------------- A poco que se analice la cartadocumento que notificara al actor su despido, la que se encuentra glosada a fs. 120, se advertirá que la misma fue remitida al actor con fecha 2 de Junio de 2004, mientras que el hecho que se le imputa al actor fue realizado con fecha 28 de Mayo a las 19,30 hs. Consultando el almanaque de ese año, surge que el día 28 de mayo fue Viernes y el 2 de Junio fue miércoles. Si se piensa un poco el tema, una agresión verbal realizada un viernes a la noche que mereció el despido un día miércoles, no puede negarse que existe una razonable contemporaneidad entre el hecho y la sanción disciplinaria.-- Además de ello, un hecho grave como el ocurrido e imputado al actor no puede pretenderse que no sea analizado suficientemente por la empresa antes de tomar una medida disciplinaria grave como el despido. El plazo que se tomara la empresa antes de comunicar el despido no parece excesivo, máxime cuando no estaba obligada a actuar de otro modo por una norma. El presente agravio, en tal situación, entiendo que trasunta una excesiva susceptibilidad, que busca argumentos defensistas donde no los hay.----- Una persona que amenazó con agredir físicamente a un compañero de trabajo, si no le pagaba el sueldo inmediatamente -extremo que como indiqué supra se encuentra debidamente probado en autos por declaraciones de varios testigos y no desmentido por una sola probanza-, ha configurado con su conducta una injuria de tal entidad, que efectivamente habilita a su empleador a despedirlo con causa. Y pretender contraponer un argunento tan sutil como la demora -en el peor de los casos de un día, o de unas horas- en la comunicación de la causal de despido para defender a quien actuó con violencia extrema, amenazando a otra persona en su lugar de trabajo, carece de toda proporción. La sinrazón del planteo recursista, surge de toda evidencia, además, si se repara en que las consecuencias que el acogimiento del mismo serían absolutamente antijurídicas e irrazonables. Si se sigue el razonamiento del recurrente, debería admitirse que una persona violenta, que amenazó a un compañero de trabajo con un hierro, debiera seguir trabajando en el mismo lugar de trabajo, por el solo hecho de que a lo sumo se demoró un día su despido. No parece razonable. No lo es. --- Por el contrario, una conclusión así significaría un premio a la conducta del empleado injuriante de su patrón, de un sujeto que pretende hacer justicia a sus derechos por mano propia, en vez de utilizar las herramientas que el ordenamiento laboral ponía a su disposición para casos tales. Ello no puede aceptarse ni siquiera por hipótesis, porque sería convalidar una actuación gravosamente antijurídica del actor, a quien se permitiría ampararse en sutilezas para esconder tras ellas inconductas graves. Y, además, como resolviera la SCBA, "el recaudo de inmediatez entre los hechos invocados para la cesantía y el acto rescisorio deben ponderarse de conformidad con las circunstancias particulares del caso" (SCBA, 9/4/91, "Caballero, Elizabeth Mónica c/ Martín Amato y Cía. S.A.I.C. s/ Despido", AyS 1991-I, 487 y DJBA 142, 156).-- En otro fallo, en igual sentido y todavía con mayor claridad el prestigioso tribunal bonaerense decidió que "si bien es cierto que el despido, cuando se utiliza como sanción disciplinaria, debe guardar una relación de contemporaneidad con la falta o incumplimiento que se dirige a sancionar, desde que, la valoración de la injuria que justifica una medida de semejante entidad debe realizarse teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad, no lo es menos que el recaudo de inmediatez entre los hechos invocados para la cesantía y el acto rescisorio debe ponderarse de conformidad con las circunstancias particulares del caso" (SCBA, 30/8/06, "Rocha, Roberto L. c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Rubros adeudados", en Juba sum. B50939).----------- - En este último caso, se agregó con toda sensatez que "la contemporaneidad entre injuria y despido impide archivar en la memoria comportamientos injuriosos y sacarlos a relucir mucho tiempo después, pero no puede utilizarse como bill de indemnidad cuando el tiempo transcurrido entre los mismos ha sido utilizado por necesidades legales o para encontrar una solución que a la postre no se ha concretado" (SCBA, 30/8/06, "Rocha, Roberto L. c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Rubros adeudados", en Juba sum. B50941).-- Este último criterio pone blanco sobre negro en el caso de autos. El apelante cuestiona la demora en comunicar el despido. El período existente entre la injuria y el despido fue de tres días hábiles, con lo cual a lo sumo se habría demorado un día la comunicación, respecto de lo que suele ser de estilo.---- Pero, esa eventual demora de un día, en modo alguno significa que la demandada haya archivado el episodio para sacarlo a relucir tiempo después. Simplemente el pequeño lapso de tiempo adicional parece haberse tomado un tiempo razonable para analizar debidamente una situación grave. Este pequeño retardo no puede significar un "bill de indemnidad" para el actor, que termine premiando una conducta violenta. ---------- Esas son las circunstancias particulares de este caso, cuyo análisis convence de que el ejercicio del derecho de despedir por parte de la empleadora ha sido correcto y que en la comunicación de ese despido no se ha actuado irregularmente ni causando daños al actor, ni con una demora de significación, que justifique dejar sin efecto ese despido.- Por ello, en cuanto al último aspecto relevante, relativo a la apreciación de la prueba rendida en autos, tampoco hallo que el recurso deba prosperar.- Es dable recordar, además, que la apreciación de la prueba efectuada por los jueces de grado constituye una decisión tomada por el juzgador en el centro o núcleo mismo de sus facultades, que constituye el ámbito de mayor discrecionalidad y legítimo arbitrio que le concede el ordenamiento, no bastando impugnarlas sobre la base de una opinión distinta sino que debe ensayarse, a su respecto, un ataque frontal, fundado en argumentos hábiles y conducentes, que demuestren el desacierto manifiesto de la resolución (Cám. Civ. y Com. Neuquén, Sala I, 29/2/96, "Aravena Bastias, Fernando c/ UCASA s/ Accidente", en Juba, base Neuquén, sumario Q0000046).----------- Es que si se cuestiona la ponderación del juzgador de los hechos de la causa, aspecto que se encuentra en el núcleo de su legítimo arbitrio, para conmover decisiones tales se requiere, no una opinión distinta del recurrente, sino la demostración acabada del desacierto o absurdo del pronunciamiento (Cám. Civ. y Com. Neuquén, Sala I, 7/5/96, "Colobig, Adalberto c/ Banco de la Provincia del Neuquén s/ Indemn. por incapacidad absoluta", en Juba, base Neuquén, sum. Q0000085).---------- El apelante no ha demostrado la existencia de incorrección alguna en la apreciación de la prueba por el juzgador de grado. Ha pretendido echar mano de argumentos inconducentes, inacogibles, que no conmueven sino reafirman la sentencia apelada, al mostrar con mayor evidencia, si cabe, su solvencia. Por tanto, también este agravio debe rechazarse. --------- 3) Cuestionamiento de la actuación de la empresa al despedir al actor de autos.-- El actor apelante cuestiona la actuación de la demandada al despedirlo, considerando que debió a lo sumo suspenderlo; apunta que existió cierto apresuramiento en despedirlo, motivado por no esperar que se acredite en la causa penal la existencia del hecho delictivo atribuido al actor.-- Discrepo con esta afirmación suya. Bien se ha resuelto que "el concepto de injuria es específico del derecho del trabajo y consiste en un acto contra derecho y, específicamente, contra el derecho de otro. Para que ese obrar contrario a derecho se erija en justa causa de despido debe asumir cierta magnitud, suficiente para desplazar del primer plano el principio de conservación del contrato que consagra el art. 10 de la Ley de Contrato de Trabajo" (SCBA, 2/4/03, "Ceriani, Margarita A. c/ Cooperativa Telefónica Las Armas y/o prop o resp s/ Indemnización por despido" e ídem, 9/11/05, "Mapelli, Oscar Ernesto c/ Telefónica Argentina S.A. s/ Indemnización por despido", ambos en Juba sum. B47714).- Existen hechos que, por su propia esencia no consienten la prosecución de la relación laboral. Uno de ellos es la agresión física de una persona en el lugar de trabajo. Pocos hechos tienen una gravedad tal como ese. Y esa gravedad no era pasible de suspensión, por cuanto ello podía significar la reiteración de tales conductas, lo que era desde todo punto de vista inaceptable. Por otra parte, a poco que se mire la comunicación del despido obrante a fs. 120, la empresa no imputó al actor un delito penal, sino una infracción disciplinaria grave, la que no tenía por qué tener por correlato una suspensión preventiva, sino que aparejaba -como correctamente se resolvió- la decisión de despedirlo, ante la inviabilidad de continuar una relación laboral con una persona que no trepidara en acudir a las vías de hecho en lugar de reclamar sus derechos por los recursos legales que tenía disponibles.

La irrupción de una persona blandiendo un hierro en su lugar de trabajo, amenazando a un compañero de trabajo, implica una injuria de tal gravedad que habilitaba legítimamente a la accionada a actuar del modo en que lo hizo. El argumento de que la accionada ha infringido el principio de conservación del contrato resulta inacogible, porque ese principio tiene por límite la existencia de una causa grave de despido, acreditada como ella está en este proceso. Por las razones expuestas, considero que la sentencia apelada se ajusta plenamente a derecho y que los agravios del apelante traducen sólo una opinión distinta y parcializada de la cuestión que, además, contradice la legislación aplicable y la jurisprudencia vigente en la materia, motivo por el cual no ha logrado conmover el decisorio en crisis, procediendo por tanto el rechazo del recurso. -------- ---Por lo expuesto, considerando que la sentencia apelada se ajusta a derecho, voto por la afirmativa a la primera cuestión. Así lo voto.-------- A ESTA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez manifestó:---- Poco me es dado añadir a la fundamentación fáctica y jurídica que el preopinante ha desarrollado sustentando su voto. Para apoyar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos los últimos de la ley 4.550), bastarán las breves consideraciones siguientes.-- No hay en el caso prejudicialidad en los términos en los términos del art. 1101 Cód. Civ. ni es inexacto que la empleadora debiera haber aguardado la finalización del proceso penal seguido al dependiente antes de despedirlo, aplicándole en el entretanto sólo una suspensión preventiva.---- En primer lugar señalaré que en la comunicación de despido la empleadora no imputó al empleado delito criminal alguno, sino el incumplimiento contractual constituido por los insultos y las amenazas de agresión física contra un superior jerárquico (fs. 120).- En segundo término destacaré que el invocar en la comunicación rescisoria del contrato laboral un hecho que podría, en hipótesis, configurar delito penal, no conduce necesariamente a que para tener el suceso como justificante del despido haya transcurrido todo el proceso judicial represivo y el trabajador resultara condenado en esa sede, pues el ilícito laboral es distinto del penal, en tanto uno y otro difieren en cuanto al marco de los intereses afectados y la protección legal de los mismos. El delito no agravia sólo a la víctima, sino a la comunidad toda, y es sancionado con penas; la injuria se halla referida a las relaciones entre dos partes vinculadas por un contrato de trabajo cuyo incumplimiento autoriza al afectado a denunciarlo ( esta sala, c. 19.982 S.D.L. 66/04, c. 21.004 S.D.L. 8/06, c. 22.268 S.D.L. 57/07). Así, un hecho que no constituya violación de disposiciones criminales o correccionales, puede sin embargo configurar una injuria laboral que justifique la ruptura del contrato de trabajo con justa causa (confr.: C.N. Trab., sala III, 20/5/94, cit. en "Ley de Contrato de Trabajo...", Manuales de Jurisprudencia La Ley, 2da. ed., pág. 469, sum. 39).----------- Cual bien concluyeran tanto el Señor Magistrado antes sufragante, cuanto el sentenciante del previo grado, en la especie las declaraciones testificales han acreditado de modo acabado los insultos y las amenazas de agresión física del actor a un superior jerárquico (fs. 94 y 95, resps. a las pregs. 6ta. y 11era.; fs. 96 y 97, resps. a la preg. 6ta.). Ante la amenaza de vías de hecho a un superior jerárquico no cabe hesitar en que quedó configurada una injuria de gravedad extrema, de las que no consienten la prosecución de la relación y harto justifican la máxima sanción del despido cual prevé el art.242 L.C.T., pues tal actitud del trabajador ha significado contravenir el deber genérico impuesto por el art. 62 ídem (esta alzada, c. 15.534 S.D.L. 97/99, c. 19.346 S.D.L. 19/04, c. 19.982 S.D.L. 66/04).- Tampoco advierto que al disponer el despido la empresa quebrantara el principio de contemporaneidad con el hecho injurioso que en ese instituto rige. Que la empleadora demorara cuatro días hábiles en decidir la sanción no convierte a ésta en extemporánea, pues constituyeron esas jornadas un plazo razonable para llevar a cabo una prudente investigación sobre el acontecimiento, previa a la decisión de ruptura contractual.-- Por último, recordaré que la suspensión preventiva prevista en el art. 224 L.C.T. -a la que el recurrente ha aludido en su pieza de agravios- es una facultad y no un deber del empleador. Por ello, incluso en supuestos de denuncia criminal de terceros por un hecho producido en ocasión del trabajo -como en la especie acaeció-, el patrono puede disponer directamente el despido invocando la injuria laboral, que decidirá en todo caso el juez de ese fuero con abstracción del resultado del proceso penal, y el haber omitido la suspensión precaucional no invalidará esa cesantía dispuesta con anterioridad a la condena criminal o correccional si ante el magistrado del trabajo resulta acreditada dicha injuria (confr.: Sardegna, "Ley de contrato de trabajo", Ed. Universidad 1982, pág. 531. n° 7).- Por tales razones, coincidentes con las más extensamente vertidas por el Señor Juez preopinante, también de mi parte considero que la sentencia apelada merece ser confirmada en todo cuanto fuera materia de agravios.- Me expido consecuentemente en esta cuestión por la AFIRMATIVA.- A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo: -------------- Los desarrollos realizados respecto de la primera cuestión planteada, convencen de la pertinencia del rechazo del recurso de fs. 182/183vta.y, por ende, de la procedencia de confirmar en cuanto fuera materia de recurso y agravios la sentencia de fs. 175/177vta., imponiendo las costas de alzada al apelante vencido, y regular los honorarios de Alzada correspondientes al Dr. J. G. en un treinta por ciento de los que le fueron regulados en primera instancia, regulando asimismo los honorarios de segunda instancia del Dr. P. O. A. en un veinticinco por cinco de los que le fueron determinados en la instancia de grado, lo que así propongo al Acuerdo.---- Así lo voto.------- A DICHA CUESTIÓN FINAL el Dr. Velázquez respondió:------- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. López Mesa, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre la precedente cuestión. Concuerdo igualmente con el colega en punto a la imposición de las costas de segunda instancia al apelante vencido en ella (art. 59 de la ley 69) y en lo tocante a los honorarios que propiciara regular por las labores profesionales de alzada, pues los hallo proporcionados a la extensión, calidad y eficacia de las mismas (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200).- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haber coincidencia de opinión (art. 9 de la ley 1130, Textos ley 4550).------ Trelew, 19de junio de 2.008.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:- S E N T E N C I A: ---- RECHAZAR del recurso de fs. 182/183vta.- CONFIRMAR en cuanto fuera materia de recurso y agravios la sentencia de fs. 175/177vta.---------- IMPONER las costas de alzada al apelante vencido.---- REGULAR los honorarios de Alzada correspondientes al Dr. J. G. en un treinta por ciento de los que le fueron regulados en primera instancia, regulando asimismo los honorarios de segunda instancia del Dr. P. O. A. en un veinticinco por cinco de los que le fueron determinados en la instancia de grado.-- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---- Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - MARCELO J. LOPEZ MESA REGISTRADA BAJO EL Nº 38 DE 2.008 - SDL.- Conste.