Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-07


En n la ciudad de Buenos Aires, a los días 7 del mes de agosto de dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Sr. Defensor Oficial a fs. 31/40 de la presente causa, de lo que, RESULTA:

I. Que a fs. 4/6, la Defensa plantea la atipicidad de la conducta investigada en autos y el sobreseimiento de su asistida por entender que concurre el primer supuesto previsto por el art. 83 de la ley 1472 por tratarse de una venta ambulatoria en la vía pública de "baratijas o artículos similares, artesanías, y en general...que no impliquen competencia desleal efectiva para el comercio establecido...". Agrega que lo alegado se refiere a las características propias del hecho que pueden ser merituadas en los inicios de las actuaciones pues no requieren la producción de medidas probatorias. Subsidiariamente, solicita la nulidad del acta de secuestro, por las razones que allí expone.

II. Que a fs. 7/8vta., la titular del Juzgado Contravencional y de Faltas Nro. 4, Graciela Dalmas, resuelve no hacer lugar al pedido de sobreseimiento de la imputada María Corjuera por no tener acreditada la certeza negativa que dicho temperamento requiere -punto I-, y no hacer lugar al pedido de nulidad de las actuaciones a partir del acta de secuestro concretada por la prevención, por haberse realizado conforme a derecho -punto II-.

III. Que a fs. 9/13vta., el Sr. Defensor Oficial, Mariano Bertelotti, interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada supra, entendiendo que la misma ocasiona un gravamen irreparable (art. 449 CPPN).

IV. Que a fs. 14, la Graciela Dalmas rechaza la vía interpuesta respecto del punto I de la decisión citada en cuanto deniega el pedido de sobreseimiento y la concede en relación al punto II en cuanto no hace lugar a la solicitud de nulidad.

V. Que a fs.16/18vta., el cotitular de la Defensoría Nro. 4 interpone ante esta Cámara, recurso de queja contra la resolución de la magistrada que no hace lugar a la apelación intentada.

VI. Que a fs. 27/29, obra la resolución dictada por la Sala III de esta Cámara con fecha 15 de mayo de 2006, mediante la cual dispuso rechazar el recurso de queja interpuesto por la defensa a fs. 16/18vta., por entender que el agravio contenido en el recurso de apelación cuya denegatoria daba lugar a la queja había sido planteado en el mismo escrito que, tal como ya se habían pronunciado en los autos principales, resultaba extemporáneo. Ello, por considerar que el plazo previsto para apelar resoluciones interlocutorias se rige por el art. 450 del CPPN -tres días- y no por el art. 50 de la ley 12 -cinco días-.

VII. Que a fs. 31/40, el Mariano Bertelotti, interpone recurso de inaplicabilidad de ley, en virtud de lo normado por el art. 52 LPC contra la resolución mencionada supra, alegando que lo resuelto por la Sala III contradice lo decidido en forma pacífica en numerosos precedentes tanto de esta Sala I, como de la Sala II de esta Cámara. Cita, entre otras, las causas nº 092-00-CC/2004, "Recurso de queja en autos Gutiérrez, Carlos E. s/ley 255", n º 252-00-CC/2004, "Bravo, Miriam Soledad s/art 39- Apelación" (ambas de esta Sala); y nº 085-01-CC/2004, "Incidente de nulidad en autos Quiroga, Luis Alejandro s/inf. art. 54 CC", nº 071-01-CC/2004, "Recurso de queja en autos Silva Conca, María del Pilar s/inf. art.83 CC" (ambas de Sala II), donde se afirmó que el plazo para apelar autos interlocutorios era el contenido en el art. 50 de la LPC -5 días-.

A fin de fundar su recurso, sostiene en primer lugar, que el remedio procesal intentado resulta formalmente admisible, al haber sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma y por quien se encuentra legitimado para hacerlo.

Afirma que si bien el auto atacado no es una sentencia definitiva, sí puede asimilársela a tal, por el gravamen irreparable que la resolución produce. Cita al efecto la doctrina de la Corte Suprema sobre resoluciones equiparables a sentencia definitiva, y en particular, el fallo "Torres", del 09/05/2006, donde se asimiló el rechazo de un planteo de falta de acción a sentencia definitiva. Señala que la sentencia que aquí se cuestiona tiene los mismos fines y efectos que la excepción de falta de acción que resolviera la Corte en el fallo citado, toda vez que el pedido de sobreseimiento tuvo por fundamento la atipicidad de la conducta que se le reprocha a su defendida.

Finalmente y en cuanto al recaudo citado por esta Sala, en la causa 1597-CC/2003, sobre la indicación del precedente contradictorio con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia definitiva, afirma que dicha exigencia no puede ser requerida en el presente porque es un requisito del recurso de inaplicabilidad de ley en materia civil y en materia penal rige el principio de interpretación restrictiva para el caso que alguna disposición legal limite el ejercicio de un derecho. También señala que no es de aplicación el art. 11 de la ley 24.050 en el ámbito local. Asimismo agrega, que la incidencia aquí planteada se presenta como un hecho nuevo y sorpresivo, siendo al parecer el primer precedente de la Sala III al respecto.

VIII. Que a fs. 42/43, el Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, afirma que el recurso de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado atento que no se cumple con uno de los requisitos del recurso en cuestión, ya que el auto impugnado no constituye ni sentencia definitiva, ni pone fin a la pretensión punitiva, ni hace imposible la continuación de las actuaciones. Agrega, sin embargo, que corresponde que las Salas de la Cámara de Apelaciones se autoconvoquen a Acuerdo Plenario con el fin de unificar jurisprudencia sobre el plazo para recurrir ante la Cámara, pues la distinta interpretación del mismo genera una indudable inseguridad jurídica.

IX. Que a fs. 79 pasan los autos a resolución de esta Sala, siendo las cuestiones a dilucidar, si el recurso de inaplicabilidad de ley debe ser declarado admisible y, en su defecto, si procede promover una convocatoria a reunión plenaria.

PRIMERA CUESTIÓN:

En primer lugar, cabe aclarar que se encuentran a estudio del Tribunal dos recursos de inaplicabilidad de ley correspondientes a esta misma causa: el presente y otro interpuesto contra la decisión de la Sala III que declaró mal concedido un recurso de apelación presentado por el defensor contra la resolución que rechaza un pedido de nulidad de procedimiento -que erróneamente tramita en el principal por haberse omitido formar el correspondiente incidente-. Sin perjuicio de que ambos será resueltos en el día de la fecha, éste será decidido en primer término, pese a tratarse del rechazo de una queja por apelación denegada, por haber solicitado el defensor el sobreseimiento por atipicidad como cuestión central y, solo subsidiariamente, la nulidad del procedimiento. Aclarado ello, cabe analizar la admisibilidad de la vía procesal en las presentes actuaciones.

En relación a los recaudos formales para la procedencia del recurso intentado, el remedio fue presentado en tiempo y lugar, ya que fue interpuesto fundadamente dentro de los cinco días, a partir de la notificación a la parte de la resolución atacada, ante la Sala que dictó la resolución impugnada (art. 52 de la ley 12). El interés del recurrente se advierte frente al gravamen que la resolución causa a la Defensa, en la medida en que contrasta con sus pretensiones y le impide obtener una revisión de lo decidido por el Juez de grado.

Asimismo, tanto la decisión recurrida por vía de inaplicabilidad de ley, como las invocadas como contrarias a ella en dicho remedio procesal, emanan de Salas de esta misma Cámara y deciden cuestiones semejantes, en la medida en que tratan acerca de la procedencia del recurso de apelación contra una decisión que no reviste el carácter de sentencia definitiva, interpuesto dentro del quinto día de notificado.

Por otra parte, los pronunciamientos de las Salas I y II citados por el defensor -que coinciden con la posición del recurrente-, resuelven de modo distinto una cuestión similar a la que ha sido objeto de decisión por la Sala III. En tal sentido la Defensa señala como contradicción esencial, que éste último Tribunal declaró extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por dicha parte contra una resolución que no reviste el carácter de sentencia definitiva, al interpretar que no resulta de aplicación el plazo establecido en el art. 50 de la ley 12 -cinco días-, sino el fijado por el art. 450 del CPPN -tres días-. Dicha hermenéutica ha incidido de modo directo y decisivo sobre lo decidido en la medida en que constituye la base teórica que sustentó el rechazo de la queja por apelación denegada.

Y si bien aquellas decisiones de las Salas I y II no fueron expresamente invocadas por el letrado con anterioridad al dictado de la resolución de la Sala III, exigencia propia de la vía intentada, lo cierto es que, dadas las especiales características del caso, es dable concluir que dicha circunstancia no puede constituir un escollo formal para la procedencia del recurso. Ello así por cuanto no le era exigible al Defensor que previera que la Sala III iba a apartarse del criterio sostenido pacíficamente, desde su origen, por las otras Salas de la Cámara, recurriendo a otra ley procesal para fijar el plazo del recurso de apelación que se encuentra regulado en la propia ley 12. En definitiva, exigir tal invocación sería tanto como pretender que anticipara una posible decisión que, conforme las circunstancias, era imprevisible y "sorpresiva" para la defensa.

Por otra parte y si se atiende a los fines tenidos en mira por la ley al incluir aquélla carga al impugnante -alertar a la Sala interviniente acerca de la posible contradicción jurisprudencial a producirse si se aparta de la doctrina establecida en el precedente-, se advierte, de la lectura de la resolución de la Sala III impugnada por el defensor, que aquél conocimiento se encontraba presente, en la medida en que se invoca expresamente la jurisprudencia de esta Cámara en materia de plazos para interponer recursos de apelación (fs. 60 del incidente de nulidad al cual se remite la dictada en el presente) y se deja constancia que a partir de la conformación de esa Sala "...se impone la variación de los criterios decisorios a tenor de la necesidad de nuevas circunstancia vinculadas estrechamente con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento en el menor tiempo posible..." (fs. 61 vta. res. cit.), lo cual, más allá de lo paradójico que resulta la invocación de garantías constitucionales en perjuicio del propio imputado, evidencia que el órgano decisor cotejó la hermenéutica llevada a cabo en el caso con la interpretación que sobre la misma cuestión ya habían hecho las restantes Salas (Palacio, Lino E., Los recursos en el proceso penal, Abeledo Perrot, Bs. As., 1998, p. 188).

En otro orden de ideas, tampoco la naturaleza del tema introducido resulta óbice para admitir la vía deducida. Así, si bien la cuestión central que sustenta el remedio intentado se refiere al plazo que rige la apelación de resoluciones no definitivas en materia contravencional, ello de por sí no genera obstáculo alguno para la procedencia del medio articulado, pues él resulta hábil no solo para la revisión de los errores originados por violación de la ley sustantiva, sino también aquellos que importan la violación de la ley adjetiva. Es decir que los errores de procedimiento son reparables por vía del recurso de inaplicabilidad de ley, razón por la cual no cabe excluir a dichas normas de la interpretación plenaria. Al respecto, se ha sostenido que "tanta injusticia ocasiona el trato desigual derivado de interpretaciones disímiles de la ley de fondo como el que proviene de aplicar de modo diverso las reglas de procedimiento, y aún es posible que en éste último caso la injusticia sea más intensa" (De la Rúa, Fernando, La casación penal, Lexis-Nexis, Depalma, Bs.As., 2000, p. 313 y sgtes.). En tal sentido se expidió en diversas oportunidades la Cámara Criminal y Correccional de la Capital, al fijar por medio de acuerdos plenarios, la doctrina de interpre tación de normas adjetivas ("Hajmi", del 23/5/66; "Natín", del 9/8/66; "Anaya", del 20/12/66; "Terza", del 15/9/81; "Soruli", del 29/6/71). También la Cámara Nacional de Casación Penal se ocupó de la hermenéutica de normas procesales en el Plenario "Casas Neuquen", del 5/4/00.

Siendo ello así, queda claro que el recurso de inaplicabilidad de ley no excluye el control sobre la interpretación y aplicación de la ley procesal, por su carácter de tal.

Sin embargo, se advierte que a la luz del art. 52 de la ley 12 y su Reglamentación (CM Res. 152/99), se presentan obstáculos insalvables en relación a la presencia de otro de los requisitos objetivos de impugnabilidad.

Ello así porque el auto aquí atacado no constituye una sentencia definitiva, ni equiparable a tal, exigencia indispensable para que proceda el remedio intentado (conf. Palacio, ob. cit., pag. 184/5 y De La Rúa, ob. cit., p.329). Al respecto, esta Sala ya se ha pronunciado en la causa 295-00-CC/2004, "Blanco, Alejandro s/inf.art. 56 CC, recurso de Inaplicabilidad de ley", rta. el 21/03/05.

En esta línea de pensamiento, la Cámara Nacional de Casación Penal, en pleno, desestimó por mayoría un recurso de inaplicabilidad de ley pues la resolución atacada no constituía sentencia definitiva, dejando constancia que"...el remedio extraordinario no fue interpuesto contra sentencia definitiva o equiparable a tal ... desde que las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, por vía de principio, aquella calidad, aunque se invoquen garantías constitucionales o la tacha de arbitrariedad." (CNCP, en pleno, Causa SJ nº116, "Moreno Ocampo, Luis s/rec. de inaplicabilidad de ley",rta. el 28/06/01, voto de la mayoría. En igual sentido CNCP, en pleno, Causa SJ nº122, "Rosenfeld, Eduardo D. s/rec. de inaplicabilidad de ley", rta. el 13/11/01, voto de la mayoría).

Asimismo, se ha afirmado que "es improcedente el recurso de inaplicabilidad de ley que pretende el cotejo de un auto interlocutorio -que declaró la inadmisibilidad del recurso deducido- con un pronunciamiento definitivo de otra sala, pues no se da el supuesto de sentencias definitivas contradictorias. En efecto, el auto interlocutorio carece de ese carácter y no pueden atribuírsele los efectos de tal, dada su naturaleza formal, que sólo fija un criterio para otorgar o denegar la admisibilidad de la vía recursiva extraordinaria."(CNCP, en pleno, "Ruisanches Laures, Angel", rta 21/05/96, del voto de la mayoría, LL 1997.C, 906).

En igual sentido, y exigiendo como presupuesto objetivo de procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley que se interponga contra sentencia definitiva o equiparable, se ha expedido la Cámara Nacional de Casación Penal en "Porto, Claudio Oscar, s/queja s/inaplicabilidad de ley", Res. S.J. 9/98, del 14/5/98; "Tormo", del 30/8/00; "Alvarez", del 20/12/00; "Lemos", del 25/10/01; "Ruiz", del 30/11/05; "Murga", del 22/2/00; "Ciccioni", del 13/8/99, entre otras.

Por último, no puede soslayarse que la Res. CM 152/99 que reglamenta este recurso para la materia contravencional, hace una referencia expresa a la exigencia de sentencia definitiva en la Disposición transitoria 3ª., inciso 1º.

En el presente caso, la Defensa afirma que nos hallamos frente a una sentencia no definitiva pero equiparable a ella por los efectos jurídicos que acarrea, toda vez que al adquirir firmeza la resolución por la cual denegó la excepción articulada -atipicidad del hecho-, ello conlleva el mantener sometida a proceso a su defendida en una causa, que de continuar, lo sería en franca vulneración a la garantía constitucional del debido proceso legal, al existir claras muestras de que nos hallamos ante un actuar atípico en atención a la cantidad y calidad de los bienes incautados (tres tortillas).

Sin embargo, los argumentos esgrimidos no permiten atribuir al decisorio impugnado tal carácter. En efecto, corresponde a quien recurre una decisión que no es definitiva la carga de invocar y probar las circunstancias que permitan equipararla a tal (TSJ "Carballo, Héctor F. s/queja por rec. de inconstitucionalidad denegado", del 26/4/06 -voto de la Conde-), para que se justifique la procedencia del remedio. Los fundamentos que invoca el letrado no resultan idóneos para demostrar que la decisión le provoca un agravio de insuficiente reparación ulterior, es decir que se trate de aquéllos que por su magnitud y por las circunstancias de hecho, resulte irreparable (CSJN Fallos 295:646; 308:90, entre otros). Ello así, por cuanto si bien, al haber rechazado la Sala III el recurso de queja por entender que la apelación era extemporánea, se impide la revisión de lo decidido por el Juez en esta ocasión, el agravio invocado -atipicidad de la conducta- podría ser válidamente introducido en otra instancia del proceso, es decir que podría ser objeto de estudio por esta Cámara frente a una hipotética sentencia condenatoria que se dictara en la presente.

En este sentido, la Corte Suprema ha afirmado que cuando la sentencia no sea definitiva "porque no pone fin al juicio, ni se pronuncia de modo final sobre el hecho imputado resulta equiparable a tal en tanto produce un perjuicio de tardía e insuficiente reparación ulterior" (causa "Llerena, Horacio Luis s/abuso de armas y lesiones", nro. 3221, L.486. XXXVI, rta.17/05/05). Y que "si bien el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que definiendo su posición frente a la ley y la sociedad ponga término del modo más rápido posible a la innegable situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal, está incluido en la garantía constitucional de la defensa en juicio, no se advierte en el presente caso en el que se rechazó el sobreseimiento definitivo..., que la continuación del proceso importe un gravamen que exceda del que se deriva del regular trámite legal." (CSJN, causa "Rico, Aldo; Savorido, Ricardo y otros s/inv.ord. por el Sr. Juez Federal de Paso de los Libres por la sup. inf. arts. 226 y 234 del CP", causa 11.701, r. 248.XXII, rta. el 20/04/89).

En la misma línea de pensamiento el máximo Tribunal de la Ciudad resolvió que "...en principio, las decisiones referidas a actuaciones, medidas o provisiones adoptadas durante la tramitación del proceso no constituyen sentencia definitiva..." (voto de la Conde en expte. 3193/04 "Beatriz, Cristian Alberto y otros s/art. 189 bis, del 16/12/04, "Santamaría Liste, Angel c/GCBA s/ rec. de queja", del 27/10/99; "Najmías Little, Luis c/GCBA", del 11/6/01; "Giribaldi, Juan E. c/ GCBA s/amparo", del 21/6/01, entre otros); y que "...sólo excepcionalmente ciertas decisiones adoptadas durante la tramitación del proceso constituyen sentencia definitiva ...el propio sentido textual de la garantía o del derecho fundamental presuntamente lesionado concede al recurso que denuncia su violación actual carácter anticipatorio a la sentencia definitiva. En este sentido, la prohibición de impulsar una persecución penal renovada contra una misma persona (ne bis in idem) constituye uno de los supuestos de excepción a la exigencia de c ontar con una sentencia de mérito final ..." (del voto del Maier en causa "Beatriz" cit.).

Cabe apuntar asimismo que "...no cualquier inconveniente, tardanza en la tramitación de un expediente o perjuicio configura un "agravio irreparable" o, mejor dicho, un agravio de insuficiente reparación posterior. La lesión debe tener una dimensión singular, importante, significativa, de magnitud tal que por razones de indudable justicia exija quebrar el principio de que los autos no definitivos, o revisibles en juicio posterior, no son impugnables por el recurso extraordinario. De más está decir que este tema requiere en los magistrados del caso una apreciación prudente, razonable, flexible y equitativa de los elementos fácticos y normativos en juego en cada caso concreto..." (Sagües, Néstor, Derecho Procesal Constitucional, Recurso Extraordinario, Astrea, tomo I, p.329).

Finalmente, tampoco es asimilable la situación del presente al fallo Torres de la CSJN, tal como lo pretende el Sr. Defensor, pues allí se deja constancia expresa que "...corresponde hacer excepción a la doctrina según la cual no revisten la calidad de sentencia definitiva, las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso penal, en los supuestos en los que el recurso se dirige a lograr la plena efectividad de la prohibición de la doble persecución penal". Similar posición asumió el Maier en la causa "Beatriz" citada, en la que se indicó que la violación del "ne bis in idem" genera la equiparación de una decisión a definitiva. Sin embargo, no se advierte, ni el defensor ha explicado, qué relación posee dicha garantía constitucional con el caso de autos, lo que impide su aplicación al presente.

De este modo, no es posible declarar admisible el recurso de inaplicabilidad de ley ahora interpuesto, dado que la resolución atacada no constituye una sentencia definitiva ni puede asimilársela a tal por las razones expuestas.

SEGUNDA CUESTION:

El Sr. Fiscal de Cámara solicita, en su dictamen, el rechazo del recurso interpuesto por ausencia de sentencia definitiva o equiparable, pero entiende que las Salas de la Cámara de Apelaciones deben autoconvocarse a Acuerdo Plenario en los términos del art. 8 del Reglamento para la Jurisdicción en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (res. 870/CM/05) y Disposición transitoria 3ª. Inc. 7 de la Res. CM Nº 152/99.

Si bien ello no procede a instancia de parte, en virtud de tratarse de una facultad privativa del tribunal, esta Sala considera que corresponde promover una convocatoria a reunión plenaria.

Al respecto, cabe aclarar que los requisitos formales de la convocatoria a pleno a instancias de una de las Salas, difieren de los exigidos para la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley, bastando que las circunstancias del caso indiquen la necesidad de unificar jurisprudencia frente a decisiones contradictorias de distintas Salas de esta misma Cámara, cuando la envergadura del tema amerite poner fin a la injusticia derivada del resultado del sorteo de la causa, ante la posible afectación de principios de superior jerarquía. Por ello, en tales casos, la ausencia de sentencia definitiva no puede constituir una valla para la unificación de criterios.

Así las cosas, resultan ilustrativas las decisiones plenarias de la Cámara Nacional de Casación Penal que hacen lugar a la autoconvocatoria propuesta por una de sus Salas en "Kosuta, Teresa Ramona s/rec. de casación-Autoconvocatoria" rta. el 12/2/99, Res. S.J. 40/99 y "Molina, Roberto S. s/interpretación ley 24.390", rta. el 14/3/95, Res. 38/95, las que si bien se sustentan en un régimen legal distinto -ley 24.050-, evidencian la necesidad de distinguir las exigencias propias del Acuerdo Plenario producto de un recurso de las partes, de las que se originan en la instancia de una de las Salas.

En tal sentido, cabe destacar que tanto el art. 8 del Reglamento para la Jurisdicción como el inc. 7 de la Disposición transitoria 3ª, Res. CM 152/99, disponen que el Tribunal se reúne el pleno cuando sea convocado por cualquiera de sus Salas "con el fin de unificar jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias, aunque no se hayan interpuesto recursos por las partes en el pleito", de donde se desprende una mayor amplitud en las posibilidades de convocatoria, máxime si se tiene en cuenta que las normas citadas, a diferencia del inc. 1 de la citada Disposición 3ª que regula la vía recursiva, no exigen que se trate de una "sentencia definitiva".

La discrepancia señalada por el defensor entre los criterios sostenidos por las Salas de esta Cámara en relación al plazo para recurrir resoluciones no definitivas en materia contravencional, impide conocer a las partes de modo cierto la conformación del requisito de orden temporal en relación a la oportunidad en que se debe impugnar una decisión de aquella naturaleza, pudiendo afectar derechos constitucionales, tales como el de defensa en juicio, e igualdad ante la ley; por lo que a fin de aventar situaciones que potencialmente frustren tales derechos o lleven ínsita una denegación de justicia, ante las disímiles interpretaciones señaladas, resulta prudente fijar definitivamente la interpretación legal sobre el extremo indicado a través de la autoconvocatoria a plenario, lo que permitirá zanjar la inseguridad que generan las distintas soluciones apuntadas. Así, aflora evidente el deterioro a la seguridad jurídica que se produce cuando frente a situaciones semejantes, las distintas Salas de un mismo Tribunal, aplican ordenamientos procesales distintos que llevan a decisiones diversas en un tema de especial trascendencia, como es el señalado. Nótese al respecto, que no se trata sólo de interpretaciones discrepantes en torno a una misma norma jurídica, sino de la necesidad de determinar cuál es la ley aplicable.

Por los motivos expuestos, el Tribunal, RESUELVE:

I. Declarar INADMISIBLE el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Sr. Defensor Oficial a fs. 31/40 (art. 52 de la ley 12).

II. Promover la convocatoria a Acuerdo Plenario en relación al plazo que rige para apelar decisiones no definitivas en materia contravencional (Art. 8 del Reglamento para la Jurisdicción en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Res. CM Nº 870/05- y Disposición transitoria 3ª. Inc. 7 de la Res. CM Nº 152/99).

III. Remitir las presentes actuaciones a la Sala III de esta Cámara (Dispos.Transit.3ª, inc. 2º, Res. CM 152/99), a los fines de su posterior envío a la Presidencia de la Cámara, a los efectos señalados en el punto II.

Regístrese y notifíquese con carácter urgente.

Ante mi