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Prescripción de la acción penal, igualdad ante la ley, suspensión de la prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: "   Schorr,  Ernesto  R. s/ apela  rechazo  a  la  solicitud  deprescripción ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-05

"Con anterioridad a la reforma de la ley 25188, la regla que establecía que la prescripción corría, se suspendía o interrumpía separadamente para cada uno de los partícipes de los delitos se imponía, para un sector de la jurisprudencia, frente al párrafo segundo del artículo 67 del Código Penal (v. c.

38.784 "Basso de Bernardotti", reg. 1083, del 3/10/06; c. 39.461 "Alasino, Carlos", reg. 1508, del 28/12/06; Sala II, c. 21.930 "Bramer Markovic", reg. 23677, rta. 17/5/05)"."La nueva norma introdujo la excepción a esa regla de manera ya incontrovertible. A partir de allí se ha dicho que "no hay duda de que también los extraneus quedan alcanzados por la suspensión de la prescripción, mientras uno cualquiera de los que hubieren participado en el delito cometido en ejercicio de la función pública continúe desempeñando su cargo público" (Carlos J.

Lascano (h), "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial" dirigido por David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, Hammurabi, Buenos Aires, 2007, pág. 228)"."El actual legislador ha querido "evitar que, en los delitos de cohecho, malversación de caudales, peculado de bienes y servicios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos y prevaricato, las facultades o las influencias emergentes del ejercicio de una función pública por parte de cualquiera de los partícipes en tales delitos pusiera obstáculos de hecho a las investigaciones, haciendo que el plazo de prescripción de la respectiva acción penal fenezca durante el tiempo de desempeño funcional" -las negrillas son nuestras- (cfr. Baigún, D. y Zaffaroni, E., "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 2002, pág. 663, citado en c. 44.354 "Incidente de prescripción de la ación penal de Guidotti, Pablo Emilio", reg. 720, rta. 3/8/2010)"."Se ha dicho que "´en esta tarea de equiparación de situaciones iguales y de diferenciación de situaciones distintas, no es imprescindible que la ley guarde una simetría perfecta ni una perfección matemática impracticable (Fallos 312:851). Basta que la norma en cuestión imponga distinciones valederas (Fallos 312:1148), que respondan a un ´discreto criterio valorativo´ (Fallos 300:984), aunque su fundamento sea opinable (Fallos 308:857 y 311:970), incluso con directivas desacertadas desde el punto de vista de políticas legislativas (Fallos 300:1087 y 310:1080). Sólo entre fórmulas legales ostensibles e injustificadamente arbitrarias cabe descalificarlas y aplicar con estrictez el principio constitucional de igualdad (Fallos 312:851)´ (Sagües, Pedro Néstor,"Elementos de Derecho Constitucional", t. II, Astrea, Buenos Aires, págs. 185/186)" (CNCP, Sala III, c. 10.192 "Chovancek", reg. 1193, rta. 27/8/09)".
Despido, comunicación del despido, despido verbal, intimación al empleador, silencio del empleador, exceso ritual manifiesto
Materia: LABORAL:
Carátula: Raul Alfredo Galvan c/ Lagami s/ RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-06-21

Si ante la intimación cursada por el trabajador, requiriendo ratificación de un despido verbal, la contestación patronal a la reclamación formulada lo fue en términos de su "rechazo por improcedente", ello revela-no obstante su vaguedad de imprecisión- una manifestación de voluntad enderezada a negar su supuesta negativa a dar cumplimiento al deber de ocupación que le instituye el art.78 de la LCT.

El a-quo incurre en un exceso ritual manifiesto, dado que al entender que la respuesta del empleador debe ser equiparada al silencio, colige de ello un efecto no previsto por la norma, esto es reputar de pleno derecho que ello comporta una presunción en contra del empleador.

El art.57 de la L.C.T. crea una presunción juris tantum.Como toda presunción, dependerá de las pruebas que las partes aporten para que tenga eficacia, es decir no se aplica de pleno derecho sino que debe estar acompañada, avalada de pruebas que la ratifiquen o desvirtúen.La presunción provoca la inversión de la carga probatoria, y corresponde al empleador desvirtuarla aportando pruebas y acreditando la causa o motivo que justifiquen el silencio o la respuesta.
Recusación y excusación, prejuzgamiento
Materia: PENAL
Carátula: Bonzón, Alejandro E. s/ Lesiones leves culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

Declarada la nulidad de la sentencia de primera instancia por la Cámara, no puede el mismo Juez volver a dictarla si no han variado las circunstancias (art. 24 inc. 4° C.P.P.).
Acción de amparo, competencia, resoluciones judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carriquiriborde, Diego Antonio c/ Instituto de revisión Social de la Provincia de Buenos aires (IPS) s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-04-19

Con el objeto de resolver la competencia en el amparo, es una excepción al sorteo que debe efectuar la Receptoría de Expedientes, el supuesto contemplado por el art. 3 de la ley 13.928 al expresar que si se interpusiera más de una acción por un mismo hecho, acto u omisión, entenderá el que hubiere prevenido, y el accionante debe consignar tal circunstancia en la planilla respectiva.
Prueba, ofrecimiento de la prueba, juicio sumario
Materia: PROCESAL
Carátula: DISCAM  S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-05

En el proceso sumario, la actora debe ofrecer los elementos probatorios conducentes al fin propuesto al interponer la demanda, y, en su caso, los encaminados a demostrar la autenticidad de la instrumental acompañada para el supuesto de desconocimiento de la contraria (art. 486 del Código Procesal); la simple reserva respecto al derecho de ofrecer en el futuro las pruebas destinadas a ese fin, de ningún modo puede alterar la estructura del proceso.
Acción de inconstitucionalidad, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barrios, Hugo Nicanor y Círculo de Retirados y Pensionados de la Policía de E.R. c/ Estado Provincial s/ Acción de Inconstitucionalidad-Art. 4 Decr. 2844 MSAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-05-16

Cuando del análisis de la pretensión articulada surge que se desafía la constitucionalidad de una norma en función de la Constitución de Entre Ríos pero funda su agravio en la supuesta violación del derecho constitucional de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, el caso propuesto deviene ajeno a la jurisdicción originaria del STJ, conforme el artículo 51, primer párrafo de la ley 8369.
Ejecución previsional, obras sociales, AFIP DGI, decreto ley
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OBRA SOCIAL DE TECNICOS DE FUTBOL c/ AFA s/ COBRO DE APORTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-15

Durante el lapso de vigencia del dec. 507/93 era indiscutible la facultad de las obras sociales para certificar las deudas y llevar a cabo el trámite ejecutivo ya que este dispositivo, dictado en el ordenamiento amplio y genérico de la desregulación, estaba sólo llamado a centralizar la recaudación de los créditos vinculados a la seguridad social en sentido estricto y no autorizaba a desplazar el tradicional diseño de nuestro sistema en relación con entes acreedores descentralizados y no estatales. En el ámbito de que se trata y ante lo establecido por la res. 890/92, se dictó un nuevo dispositivo conjunto el 8.8.95 que expresamente dejó sin efecto esta última resolución y recién a partir de su entrada en vigencia puso en cabeza de la DGI la ejecución judicial de los créditos de marras, aclarando expresamente en su art. 2 que "las determinaciones de deudas y acciones judiciales iniciadas por las Obras Sociales con anterioridad a la vigencia de la presente resolución conjunta serán continuadas hasta su finalización por las citadas entidades".
Derecho comercial, síndico del concurso, responsabilidad del síndico del concurso, deberes del síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Murugarren, Francisco Ignación c/ Picone, José Américo s/ Quiebra s/Pieza separada Recurso de Apelación interpuesto por el  síndico
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-09-30

Debe confirmarse la resolución que produce la remoción del Síndico que incurre en negligencia en el desempeño de la función el síndico al omitir aquello a lo que estaba obligado por ley o por el Juez en las modalidades de tiempo, modo y lugar. Las funciones del síndico son indelegables al haberse recibido del Juez y en virtud de una resolución de éste, y comienzan con la aceptación del cargo, la debida diligencia del síndico en el cumplimiento de sus funciones no está supeditada a comunicaciones que el juez, como director del proceso debe dirigirle a tal efecto. Antes bien el síndico debe tomar la iniciativa peticionando lo conducente a tal efecto y, con mayor razón, dar cumplimiento a las resoluciones del juez del concurso, coadyuvando así con su tarea a la rápida tramitación, máxime si se considera la exigencia de preservar la celeridad de la liquidación falencial. (Voto en disidencia Dra. Ballester por la minoría, adhesión Dr. González)
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Solcoff Edgardo Hugo c/ Di Scipio Francisco José y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

Ante la falta de acreditación específica del perjuicio la sola privación del uso del automotor siniestrado, no habilita el otorgamiento del resarcimiento por lucro cesante por la vía de la aplicación de la norma del art 165 del CPC.
Procesos especiales, procesos de conocimiento, excepciones procesales, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Langenheim Christian Alberto c/ Kaleu SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-21

Cabe rechazar la demanda, por la falta de legitimación en cabeza de las demandadas, en el marco de un proceso por el cobro de comisiones devengadas en un "contrato de representación comercial y gestión de negocios", por no haberse demostrado que la persona indicada hubiese contado con "facultades suficientes" para representar a las demandadas. Es que aún examinando el caso a la luz de la doctrina de la apariencia, claro está que fue el propio actor quien, objetivamente, no adoptó los mínimos recaudos que el caso y el sentido común exigían (CCIV 902; ahora CCCN 1725). Así, aquél a cuyo cargo produce efectos la apariencia debe haberla originado de un modo a él imputable y, como contrapartida, que la parte beneficiada debe haber confiado razonablemente y normalmente observando la diligencia del tráfico. Lo cual implica sostener que esa creencia no podrá invocarse cuando el desconocimiento del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia culpable.
Contratos, efectos entre partes, resoluciones judiciales, cláusula penal, disolución de sociedades, infracciones formales, competencia, servicios de instalación
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: De Lucia, Alfonso Daniel c/ De Lucia, José y otro s/ ordinario de lucia, alfonso daniel c/ de lucia, josé y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

2 - Asimismo, corresponde extender la responsabilidad de la condena a la sociedad codemandada, toda vez que resultó comprobado que: i) los hermanos aquí litigantes dividieron las sucursales de la sociedad familiar e incluyeron una cláusula de no competencia; ii) el demandado continuó sus negocios mediante la sociedad codemandada, en la cual detenta el 90% del capital accionario, perteneciendo el 10% restante a su cónyuge; iii) dicha sociedad no puede ser reputada como ajena al contrato, en tanto se benefició de los Acuerdos pasando a explotar las sucursales anteriormente pertenecientes a la sociedad familiar, utilizando los bienes materiales de aquélla y empleando al mismo personal; iv) se incumplió la cláusula de no competencia mediante la apertura de dos nuevas sucursales de la sociedad codemandada. Por todo lo expuesto, corresponde que la sentencia alcance en iguales términos a ambos codemandados.
Concursos, privilegios (civil), honorarios del médico
Materia: CIVIL
Carátula: Alvarez, Ramiro Antonio c/ Instituto Médico de Salta s/ Incidente de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-04-26

La enumeración del artículo 246 de la Ley de Contratos es taxativa, y no quedan incluidos los créditos que tengan causa en dependencia personal y dependencia económica o que en otros términos refieran a trabajo humano subordinado; en el caso, honorarios médicos devengados con anterioridad al concurso. Tampoco se incluyen los honorarios devengados durante la tramitación del concurso, no obstante su carácter alimentario, por no reunir los requisitos para ser calificados como gastos de conservación y justicia, ya que se hacen referencia a tareas que irroguen beneficio concreto a la masa.
Amparo por mora, sentencia condenatoria, sanciones conminatorias
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Fuenzalida, René Ambrosio c/ Administración General de Asuntos Previsionales s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-02

La resolución judicial estimatoria de la acción de amparo por mora, que se traduce en la orden de pronto despacho judicial, no tiene carácter meramente declarativa, -como parece interpretar la demandada-, sino el de una sentencia condenatoria que impone un mandato y como tal lleva implícita la facultad de obligar a las partes para que cumplan las medidas ordenadas en el proceso. Una interpretación contraria, implicaría la negación de un principio elemental del sistema republicano de gobierno como es la división de poderes, en virtud del cual incluso el Poder Ejecutivo se encuentra sometido a la jurisdicción que tanto la Constitución Nacional como Provincial atribuyen al Poder Judicial.

En el ámbito judicial la resolución que hace lugar a la acción de amparo por mora, una vez firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, constituye un mandato judicial que debe ser cabalmente cumplido por la autoridad administrativa, en caso contrario resultan de aplicación las disposiciones del CPCC, entre ellas Art.37, norma en la que se fundamenta la imposición de astreintes, asimismo en la norma específica contenida en el Art.13, inc. e -in fine- de la Ley N°4795 de Amparo por Mora de la Administración.
Régimen de facturación y registración, falta de facturación, falta de prueba, acta de infracción, carga de la prueba
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: LEE DONG KIUNG s/ Infracciones tributarias, Ley 11683
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-05

1 - Habiéndose imputado la omisión de emitir y entregar factura o documento equivalente por la venta de cierta mercadería y el único elemento probatorio de la infracción imputada es un acta que suscribieron dos funcionarios del organismo de recaudación que consigna que la omisión imputada se prueba con la visualización de dichos actuantes, siendo que el representante de la firma sancionada desconoció la operación, en esas condiciones no puede entenderse comprobado el hecho cuando no se ha identificado el supuesto comprador, y aun cuando se admitiera que el acta tiene valor de instrumento público, con ella se comprueban únicamente las manifestaciones de los funcionarios, no la realización de operaciones comerciales.- 2 - Al prescindirse de toda intervención del comprador resulta imposible acreditar el acto bilateral que el comerciante niega haber efectuado siendo además que la carga de la prueba incumbe a la acusación y por ende la falta de prueba conduce a desestimar los cargos.
Inflación, remuneración
Materia: COMERCIAL - LABORAL
Carátula: Fernández Salgado, Jorge Juan c/ E.N.  (Min. de Educación y Justicia) s/ Juicios de Conocimiento en General
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-02

La inflación fue un fenómeno crónico en las últimas décadas en nuestro país; constituía un evento "habitual", contemplado en las normas que contenían previsiones para ello. En el caso de las remuneraciones, el ajuste periódico de las mismas (en algunos casos mensualmente), constituyó un hecho ordinario.
Grupo económico, legitimación pasiva, incapacidad laboral, transporte de pasajeros, Derecho laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Navarro Jacinto. c/ Empresa Puerto Tirol S.R.L s/ Accidente ley 9688-24028.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-09-19

La empresa de transporte accionada se encuentra legitimada de forma pasiva, respecto de la incapacidad que adquirió un trabajador que se desempeñaba como chofer de pasajeros, pues tenía en común con la transportista empleadora los colectivos en explotación, el domicilio patrimonial y sus dueños, lo cual configura un conjunto económico en los términos del art. 31 de la LCT, destinado a producir efectos de forma permanente.
Honorarios del perito, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: MISION LIBANESA MARONITA DE LA R.A c/ SCROCCO CONSTRUCCIONES S.R.L s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO-HONORARIOS-INTERVENCION DE TERCEROS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-18

Es posible aplicar para la regulaciones de peritos las pautas previstas en la ley 21.839 en todo lo que no esté específicamente contemplado en los aranceles respectivos, conforme con la facultad otorgada por el art. 16 del C. Civil.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Zambianchi, Carlos Federico y Otros c/ Fiat Auto Argentina S.A. y/u Otro y/o Quien Resulte Jurídicamente Responsable s/ Fiat Auto Argentina S.A. y/u Otro y/o Quien Resulte Jurídicamente Responsable
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-03-06

Es improcedente el recurso extraordinario por sentencia arbitraria contra el fallo que aplicó el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y no consideró los acuerdos suscriptos en sede administrativa por los actores que consintieron la aplicación del art. 247 de la Ley citada, si la cuestión no fue articulada al momento de responder la demanda por parte de la empleadora, pues invocarla en esta oportunidad implica la vulneración del principio constitucional de la defensa en juicio, tal como lo dispone el primer párrafo del art. 275 del C.P.C.C.
Sociedades comerciales, socios, sociedades vinculadas, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Fos, Francisco c/ Banco Patagonia SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

La llamada "desestimación de la personalidad jurídica" no implica declarar la inexistencia de la sociedad, cuya responsabilidad haya sido desviada, ni hacer recaer lo actuado con su intervención, ni quitarle validez: tanto la sociedad como su actuación subsisten, con las únicas modificaciones que, en su caso, deban producirse a causa de esa diversa imputación, que no extingue la relación originaria, al punto de que, al menos en principio, esa alteración sólo aprovecha al tercero que ha obtenido la declaración. De tal modo, extender a otro sujeto la imputación de una obligación en los términos de la LGS 54 no implica "desimputar" a quien ha obrado artificiosamente, sino admitir que esa obligación tiene que ser soportada por un sujeto más, sin liberación del deudor original, por lo que el efecto será el de ampliar el número de sujetos obligados (ver Manóvil, Rafael, "Grupos de Sociedades en el derecho comparado", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, pág. 1025 y ss.). Si esto es claro cuando lo que el tercero pretende es que se impute al verdadero titular un bien ostentado indebidamente por otro sujeto -que no podría ser privado de ese bien sin haber sido parte en el juicio respectivo-, lo mismo ocurre cuando, en cambio, lo perseguido es atribuir, a quien se sindica como "verdadero obligado", la responsabilidad derivada de una obligación asumida por un "obligado aparente", supuesto en el cual la declaración que beneficie al tercero nada predica, al menos no de antemano, acerca de las relaciones internas entre ambos sujetos relacionados y, menos aún, acerca de la eventual indemnización de daños que pudieran haberse generado. De todo esto se deriva que, para imputar a otro una obligación ajena, es necesario primero obtener la declaración de que esa obligación existe frente al sujeto que la ha contraído en apariencia, dado que sólo bajo esa premisa podría admitirse una diversa imputabilidad, que es lo único que se modifica, no la obligación en sí misma.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, bisturí
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, DORA RAQUEL c/ SANATORIO GUEMES  S.A. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

Corresponde considerar como cosa riesgosa el bisturí que siendo utilizado para un fin distinto al que le es propio (en el caso cortar un sachet de agua destilado) provoca un daño a quien lo utiliza.
Viajantes de comercio, viáticos
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez, Julio A. c/ Plumari S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-14

Si bien en el régimen legal de los viajantes de comercio, por su art 7 (ley 14.546) los viáticos tienen naturaleza salarial, dicha norma ni ninguna otra, imponen la obligación legal de abonarlos si las partes no convinieron su división.
Contrabando, procedimiento policial, apremios ilegales
Materia: PENAL
Carátula: ROMERO, SIXTOMARTINEZ, LEOPOLDO s/ Contrabando Causa 31498
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Ante la denuncia formulada por el procesado en su declaración indagatoria en le sentido de haber sido empujado y golpeado en una rodilla por uno de sus aprehensores para que se hiciera cargo de los bolsos que contenían los objetos secuestrados y que fueran desconocidos por él, denuncia reiterada en el careo y que en principio estaría corroborada por el informe confeccionado de oficio por el Servicio Penitenciario Federal cuando recibe detenidos provenientes de los Juzgados, corresponde que se instruya el pertinente sumario en orden a la averiguación de delitos de acción pública, en especial, los contemplados en el capítulo I del título V del libro 2° del Código Penal.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Vega, Jorge D. c/ Moliterno, Luis y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Extinguido el contrato de trabajo en los términos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, se verifican los recaudos formales para la validez de la extinción del vínculo por voluntad concurrente de las partes, otorgando la ley laboral plena eficacia a la libre determinación de aquéllas, por cierto sin carga económica para el empleador. Si el empleado de mutuo acuerdo con su patrón accedió a resolver el contrato habido, el reclamo indemnizatorio peticionando carece de causa jurídica que lo sustente, porque básicamente presupone la configuración de un despido sin causa, no verificado, por lo dicho.
Vacaciones, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Dominguez, Miguel Angel c/ El Valle S.A.T.I.C. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-27

El modo de cálculo previsto para las remuneraciones variables en presencia de situaciones inflacionarias crónicas, como las padecidas por nuestro país, perjudica al trabajador, quien durante el período vacacional puede llegar a percibir una suma inferior a la real; pero ello no permite al juzgador a reemplazar la voluntad o intención del legislador, que, claro está, no fue la de prever la actualización monetaria para supuestos como el presente.