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Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, quiebra, incidentes, regulación de honorarios, LEY DE CONCURSOS, aplicación analógica de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ESTANCIAS FRANCHINO HNOS. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-05-06

Los procesos de verificación tardía y revisión, contemplados expresamente -en orden a la regulación de honorarios- por el artículo 287 de la ley falimentaria, son -pese a tramitar como incidentes concursales- acciones causales y de conocimiento pleno, tendentes a demostrar la legitimidad de las acreencias pretendidas, por lo que no se avizora la pregonada arbitrariedad en que habría incurrido la Sala por aplicar dicha norma analógicamente a otro incidente concursal de carácter amplio y de conocimiento pleno, como lo es el trámite de la "reposición de la sentencia de quiebra".

En este punto, los interesados no acreditan que la Alzada hubiera forzado irrazonablemente los parámetros en juego para colegir la viabilidad de la solución analógica adoptada.(Del voto de la mayoría. En Disidencia: Dres.

Spuler y Gutiérrez).
Relación de dependencia, trabajadores rurales, puestero, peón rural, casero, casa de fin de semana
Materia: LABORAL
Carátula: Bobrosky, Juan c/ Alonso, Mario y/o responsable s/ Cobro diferencia de Haberes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-11-27

Por la actividad desarrollada por el actor, se entiende que no existiendo una mínima organización agrícola y mucho menos explotación del predio, la calificación de encargado no corresponde y tampoco la de puestero. Esta calificación está dada por la explotación ganadera y requiere según jurisprudencia de tres condiciones elementales: a) colaboración de un establecimiento importante; b) relativa autonomía laboral y c) responsabilidad personal acentuada. Tampoco podría calificarse de empleado doméstico. Variada es la jurisprudencia al respecto, de que el tipo de tareas que realizaba el actor en una quinta como casa de fin de semana, como cortar el pasto, mantener las plantas, cuidar de los alambrados, en zona semi-rural, están dentro de los contemplados en la ley 22248 y si bien algún criterio las considera, son las propias de un peón rural, partiendo de la base que el demandado lo calificó como quintero, no puede sino estar a la misma por aplicación de la teoría de los propios actos y en base a esta calificación y a las pruebas documentales aportadas, a los que la Juez les otorga valor probatorio, de lo que no se agravia el actor, analizar comparando los pagos efectuados con el informe de la Dirección Provincial del Trabajo.
Privatizaciones, propiedad participada, reforma del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García,  María  Antonia  y otros c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Corresponde confirmar la sentencia que -con fundamento en que al haberse producido la extinción de la relación de dependencia, feneció el derecho de los actores a seguir participando del PPP rechazó la pretensión de liberación de la prenda sobre las acciones clase "C" de Telecom Arg., originadas por la ley de reforma del estado (23.696) y que se les emitiera a su nombre los certificados definitivos de las acciones y liquidación del 100% de las utilidades. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso de casación, jurisprudencia vinculante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: O. F. G. Y OTRA c/  s/ SU DENUNCIA - APELACIÓN SANCIÓN DISCIPLINARIA  CITAS:  (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación - 23/08/2001 - Grondona, Marta N. c. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal - La Ley Online 12-12-2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-12

Sin perjuicio de la finalidad de carácter general que reviste el recurso de casación -conseguir la uniformidad de la jurisprudencia- y la finalidad específica -obtener la nulidad de una sentencia por errónea aplicación o interpretación de la norma legal sustantiva en el caso concreto fijado en sentencia definitiva-, ahora con el alcance del nuevo recurso de casación surgido de la sentencia de la Corte Suprema en Casal Matías Eugenio, del 29/9/2005, según la cual, después de la reforma constitucional de 1994 (Cfr. Art. 75 inc. 22) y teniendo en cuenta la jurisprudencia internacional (en particular HERRERA ULLOA, 1994, de La Corte Interamericana de Derechos Humanos), todo condenado tiene derecho a recurrir la sentencia para que un tribunal superior revise integralmente los fundamentos del fallo, incluidos los que hacen a la prueba del hecho con el único límite de los que están íntimamente ligados a la inmediación real.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba pericial
Materia: LABORAL
Carátula: Maciel, Obdulio H. c/ Cerinagro S.A. s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-24

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que evalúa nuevamente la prueba pericial técnica, forzando las conclusiones de la misma y sacándolas de su contexto en una interpretación que conforma su particular criterio y contraponiéndolo al del sentenciante, lo cual resulta insuficiente para conmover la decisión.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Correa, José Miguel c/ Tissone, Cecilia s/ Daños y perjucios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

Para determinar si concurre o no la situación prevista en el art.

1113 segundo párr. 2a. parte "in fine" del Cód. Civil, lo que interesa es la actuación de la víctima -o, en su caso, de un tercero - para producir el evento dañoso, con independencia de que esa conducta configure o culpa, porque la norma, al hablar de "la culpa de la víctima o de un tercero" se está refiriendo, en rigor, a la conducta de una o de otro factor interruptivo -total o parcial - de la relación de causalidad.
Juicio ejecutivo, sobreseimiento, resoluciones apelables, denegatoria del recurso, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: PEÑA, Pilar c/ García, Juan Pascual y Otros s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-04-16

Este Tribunal ha sostenido que el principio de la inapelabilidad para el ejecutado cede en los casos que se trate de la decisión sobre peticiones autónomas, o que resuelvan cuestiones ajenas al estricto trámite o el marco habitual de las ejecuciones o que causen agravio que no pueda ser reparado por el proceso.

El deudor puede hacer uso del derecho que le acuerda el código, no sólo frente al tercer adquirente sino también frente al acreedor ejecutante cuando el resulte adjudicatario del bien, situación configurada en autos.

Habiéndose adjudicado el bien a la actora y ordenándose oficiar al Registro de la Propiedad a los fines de su inscripción, decisión que adquirió firmeza procesal al no haber merecido objeción, el pedido efectuado por el ejecutado es extemporáneo.-
Principio de congruencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: González, Claudio Héctor s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-29

No existe violación al principio de congruencia si los hechos objeto de juzgamiento se han mantenido inalterados a lo largo de todo el proceso, pues los hechos que fueran enrostrados al imputado en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, son los mismos que han sido fijados y tenidos por probados en la sentencia atacada, es decir, que la plataforma fáctica se ha mantenido inalterada. La disidencia sostuvo que se afectó el principio de congruencia pues lo solicitado por el fiscal es el límite que tiene el órgano jurisdiccional para pronunciarse. (Dres. Riggi, Ledesma -en disidencia- y Catucci).
Concurso preventivo, quiebra, quiebra a pedido del acreedor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Novellino, Miguel Francisco s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

En el pedido de quiebra por acreedor, el juez sólo debe formular un juicio de verosimilitud respecto de la legitimación del accionante y de la existencia de mora en el cumplimiento de la obligación, si éste fuera el hecho revelador de la cesación de pagos en que se apoya la petición.
Proceso contravencional, prueba, facultades del juez, prueba de oficio, nulidad procesal, secuestro de bienes
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S., C. M. s/ Artículo 39
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-09

En este caso, la medida precautoria de secuestro del arma fue confirmada por el Juez interviniente, siguiendo las pautas de los artículos 18 inciso c y 21 de la Ley de Procedimiento Contravencional, pero esto no significaba otra cosa que un elemento de convicción para el requerimiento fiscal y no autorizaba al Juez a exhibir el arma intentando su reconocimiento, teniendo en cuenta que dicho acto no había sido practicado ante la Fiscalía y esta tampoco lo ofreció como prueba en el juicio.

La incorporación ha sido irregular y la valoración resuelta por el a quo es inapropiada en razón de afectar la garantía de defensa en juicio, tornando nulo el pronunciamiento judicial.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, notificación, seguridad jurídica, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: BELTRAME, JUANA I M DE Y OTROS c/ PILACIANSKAS, ANTONIO Y OTROS s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.   QUEJA    POR  DENEGACION  DEL RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 210-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-04-17

El recurso de inconstitucionalidad es admisible no obstante tratarse de interpretación de normas procesales, si se demuestra que la decisión de tener por notificadas a las partes a través de medios supletorios, no respeta el valor seguridad, y el derecho de defensa en juicio.
Quiebra, desapoderamiento, legitimación procesal del fallido, recurso de apelación (procesal), desistimiento del recurso
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: CAVCIA  S.A. s/ CONCURSO  S/  INC. DE CUOTA CONCORDATARIA POR THE FIRST NATIONAL BANK  OF BOSTON
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-17

Si como consecuencia del decreto de quiebra, el fallido ha perdido la legitimación procesal en todo litigio referido a los bienes desapoderados, no cabe que el mismo desista de un recurso de apelación, pues ello importa disponer de un derecho acordado por la ley de forma, para debatir cuestiones de fondo que podrán afectar, eventualmente, el activo falencial.
Demanda, legitimación procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MOHADED, MARCOS BERNARDO c/ BANEGAS DE MONTI, OLGA ESTER s/ COBRO DE PESOS ESTER s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-17

La legitimación activa y pasiva en el planteo de la demanda constituye un requisito esencial de admisibilidad de la misma y, siendo un requisito sustancial, resulta ajustado a derecho el análisis ex officio efectuado por el Juez en este punto. Incluso Úste está habilitado para repeler in limine la demanda presentada por quien manifiestamente no es titular del derecho pretendido y debe rechazar la demanda en la sentencia definitiva si el actor no ha probado que le pertenezca el derecho, porque se trata de examinar una de las condiciones de la pretensión.
Accidente de tránsito, obligaciones del conductor, vehículo detenido
Materia: CIVIL
Carátula: FREIRE HUGO c/ JOLDE JULIO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23

En el caso que un vehículo quede inmovilizado, debe el conductor tomar las precauciones para que no entorpezca el tránsito, y en particular, a los efectos de garantizar la seguridad de otros conductores, desde la caída del sol la iluminación del obstáculo debe hacerla mediante luces propias o de emergencia. El Código de Tránsito para la Ciudad de Buenos Aires (art. 4 inc. r) dispone además, que se coloque una luz blanca adelante y una roja atrás.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante, taxi
Materia: CIVIL
Carátula: PICCINI, SILVIA SUSANA Y OTRO c/ LA RIOJA, PROVINCIA DE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

Para fijar la indemnización por la imposibilidad de trabajar ocasionada por el accidente, debe considerarse, además de la imposibilidad física, la real imposibilidad de manejar el taxímetro, que constituía la actividad habitual de la víctima, durante el tiempo que el vehículo se encontró fuera de servicio.
Interpelación, empleados públicos, estabilidad del empleado público, acto administrativo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALMITRANI, ROBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 129-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-28

Los actos administrativos son ilegítimos si la cesantía fue dictada cuando el actor no había aún perdido la estabilidad legal constitucionalmente reconocida. Ello queda de manifiesto al no obtenerse de las insistentes gestiones realizadas por este Tribunal, un resultado que permita tener por cierto que al momento del cese, el actor tenía registrados en el sistema previsional aportes que le permitieran completar los años necesarios para obtener la jubilación ordinaria en la Provincia; máxime aun cuando es indiscutible que la Administración omitió efectuarle la intimación que legalmente le correspondía.
Debido proceso, lawfare
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D., A. y otro  c/ E.N. - M. Interior y otro  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-24

Cabe señalar que no cualquier violación al debido proceso es suficiente para configurar una persecución, y la jurisprudencia da cuenta de centenares de casos de allanamientos, intercepciones telefónicas, o requisas ilegales, excesos policiales, falta de asistencia legal oportuna y adecuada y demás vicios graves susceptibles de invalidar el procedimiento, así como de condenas con posterioridad revocadas por injustas, sin que tales circunstancias por sí mismas puedan llevar a concluir en primera instancia que cada imputado, procesado o condenado sobre bases falsas e injustas sufra de persecución estatal en los términos del art. 4 de la Ley 26.165
Movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, empleados públicos, decreto reglamentario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: KAHL, GRACIELA LILIAN c/ A.N.Se.S. s/ PERSONAL DEL ESTADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

El más Alto Tribunal de la Nación en el fallo "Chocobar, Sixto Celestino" (sent. del 27.12.96), señaló que el art. 160 de la ley 24.241, al disponer que la movilidad de los haberes de las prestaciones otorgadas o a otorgar por aplicación de leyes anteriores que tengan una fórmula de movilidad distinta a la del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones continuará practicándose de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de entrar en vigor la presente ley, debe ser interpretado como únicamente dirigido a las prestaciones que no estaban comprendidas en el régimen general de jubilaciones y pensiones y, por ende, sujetas a estatutos especiales que implementaban un sistema especial y distinto para la movilidad de los haberes. Dicha conclusión se consideró reafirmada por el Dec. 2433/93 -dictado para reglamentar la ley 24.241- al prescribir con respecto al art. 160 que se mantienen en vigencia las movilidades establecidas por las leyes 21.121, 21.124, 22.731, 22.929, 22.940, 22.955, 22.682, 23.895, 24.016, 24.018 y 24.019 y "... cualquier otra ley anterior que contemplara una fórmula de movilidad distinta a la de la ley 18.037" (ver Considerados 31 y 32, Fallo citado).
Prescindibilidad, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pignataro, Luis Oscar c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa Menéndez, Rodolfo F. c/ Municipalidad de General Lamadrid s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-14|2001-09-12

La atribución de declarar prescindible al agente debe ejercerse una vez vencido el período de disponibilidad y hasta la finalización de la emergencia, incluida su eventual prórroga (cf. art. 12, ley 11.184). Empero ello no autoriza a que la Administración adelante inopinadamente la fecha de término de aquel período y produzca simultáneamente tal declaración conculcando de tal modo derechos que la ley ha establecido expresamente en favor de los agentes afectados.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, gastos médicos
Materia: LABORAL
Carátula: PELLEGRINI, RUBEN c/ EDITORIAL SARMIENTO SA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-21

La reparación del daño material debe incluir los gastos de asistencia médica, curaciones y gastos de farmacia, pues aunque el trabajador tenga la asistencia de una obra social que incluya también el tratamiento psicológico, las erogaciones necesarias derivadas del accidente padecido deben ser reparadas, aunque tales gastos gocen de ciertos descuentos.
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Boscardín, José Luis c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-06

Corresponde desestimar la demanda por no ser formalmente procedente si de las actuaciones administrativas del caso y de los términos de la misma se desprende que el actor no interpuso contra el acto que impugna ningún recurso administrativo y luego de dictado el mismo, dedujo directamente la acción ante esta Corte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silvino LLaneza s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Las leyes, de acuerdo a lo normado en los arts. 31 de la Constitución Nacional y 1° del Cód. Civil, son de cumplimiento obligatorio mientras que no sean declaradas inconstitucionales.
Ley de procedimientos administrativos, afiliación sindical, aportes sindicales
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Pesquera comercial S.A. s/ Impugnacion Judicial de Acto Administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

La ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 no resulta aplicable al procedimiento de cobro de aportes y contribuciones adeudados a una Asociación Sindical, puesto que dicha asociación no se encuentra comprendida en los supuestos previstos en el art. 1° de la citada ley, ni aún por asimilación, en especial por la naturaleza de sus aportes, que tienen como objetivo componer su patrimonio y respecto de los cuales no existe fiscalización estatal, a diferencia del aporte destinado al sistema de la seguridad social, como es el efectuado a las obras sociales, que son fiscalizados en última ratio por la AFIP.
Ley previsional, pensiones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VAZQUEZ DE RAVA, RITA DEL R. c/ RAVA, RAUL H. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-11-10

El instituto de "pensión por fallecimiento" que contempla la Ley Nacional de Previsión Nº 24.241 (art. 53), es un derecho que poseen los causahabientes del afiliado de una caja de previsión, jubilado o en condiciones de jubilarse, a percibir mensualmente una suma de dinero que les permita sobrevivir.
Despido con causa, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: Ripari, Eduardo Oscar c/ Compañías Petroleras S.A. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-22

La pérdida de confianza, como factor subjetivo que justifica la ruptura de la relación, debe necesariamente derivar de un hecho objetivo por sí injuriante, es decir que, si las expectativas acerca de una conducta leal y acorde con el deber de fidelidad creadas con el devenir del vínculo se ven frustradas como consecuencia de un suceso que lleva a la convicción de que el trabajador ya no es confiable, pues cabe esperar la reiteración de conductas similares, se configura una causal de despido.
Empleo público, honorarios, monto del juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HERNANDEZ, RAFAEL R. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - HONORARIOS -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-05-14

Existiendo en autos un valor de referencia, cual es la indemnización sustitutiva de la reincorporación, corresponde regular los honorarios profesionales sobre dicho monto debidamente actualizado.
Acción autónoma de nulidad, Superior Tribunal de Justicia, incompetencia, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: BARRAZA MIRTA ANALIA c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ ACCION AUTONOMA DE NULIDAD DE SENTENCIA Y COSA JUZGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-09-18

Si la nulidad y/o revisión autónoma hubiese estado dirigida a hacer cesar la eficacia de cosa juzgada a un proceso que ab-initio hubiera sido competencia originaria de este Superior Tribunal, éste sería competente, ya que conforme lo sostiene en forma mayoritaria la doctrina y jurisprudencia nacional, y en atención a que en nuestra legislación procesal este tipo de acción no se encuentra normada, (salvo el recurso de revisión de causas penales fenecidas art.194 inc. 1º apartado d) de la Constitución Provincial y Capitulo VII art. 434 y ss. del Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional) la misma debe ser tramitado por juicio ordinario, y ante el juez que previno en el proceso original.-
Defensa del consumidor, responsabilidad civil, responsabilidad del vendedor, responsabilidad del fabricante, responsabilidad solidaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORITI,  LORENZO  CARLOS c/ VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-01

Entablada una demanda de daños y perjuicios contra una concesionaria y un fabricante, a causa de los desperfectos técnicos que manifiesta el auto adquirido a las demandadas, resulta aplicable el art. 11 de Ley 24240 que establece que en caso de comercialización de cosas muebles no consumibles -tal el caso de autos-, el consumidor goza de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole -aún cuando hubieran sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato- en la medida en que afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado y su correcto funcionamiento, tal responsabilidad por el otorgamiento y el cumplimiento de esa garantía de buen funcionamiento de la cosa se extiende a todo interviniente en la cadena de comercialización, en la especie la concesionaria y el fabricante. Esta responsabilidad solidaria establecida por el artículo 13 de la Ley 24240 difiere de la del art. 40 pues se extiende a todas las relaciones contractuales referidas a actos de consumo si del vicio o riesgo de la cosa resulta un daño para el consumidor. Pero en cualquiera de los dos casos no cabe duda que ni la demandada en su calidad de vendedora del bien, ni el fabricante como tal están exentas de responsabilidad. Es decir, esta garantía consiste en el deber que tiene todo proveedor, siguiendo el art. 2 de la ley citada, en el supuesto de refacción no satisfactoria por no tener el bien las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinado, de sustituírlo por uno nuevo de idénticas características o aceptar la devolución de la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de reintegrar las sumas pagadas conforme el precio actual, o hacer una quita proporcional del precio. (Picasso Vázquez Ferreira, "Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada", t. I, págs. 169/70, Editorial La Ley, 2009). Ello así, procede condenar a las defendidas a la reparación del automotor y el pago de $10.000 por daño moral.