marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, contienda negativa de competencia, medidas cautelares, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., G. J. c/  s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-02

Esta Corte ha asignado competencia a los magistrados penales, exclusivamente en relación con la concesión o rechazo de la medida de distancia solicitada, al entender que eran ellos los adecuados para tramitarla, en virtud de la conexidad existente con los hechos denunciados por la presunta víctima, así, una vez resuelta la medida requerida en los términos del artículo 26 de la ley nacional 26485, de no subsistir razones que justifiquen el mantenimiento de la jurisdicción penal ante la ausencia de peticiones vinculadas a la investigación penal preparatoria de los hechos presuntamente delictivos por parte del titular de la acción penal, la actuación del magistrado del Colegio de Jueces penales debe concluir, correspondiendo en adelante la sustanciación del trámite previsto en la norma de mención, ante el fuero que a tal fin corresponda, pues, teniendo en cuenta que la intervención de la justicia penal -en estos casos- se sustenta también en la necesidad de evitar la comparecencia reiterada de la presunta víctima por distintos organismos en relación a los sucesos que denunciara, la ausencia de requerimiento por parte del Ministerio Público de la Acusación disipa los motivos justificantes de la competencia jurisdiccional atribuida originariamente a dicho fuero, correspondiendo en el presente caso disponer la devolución de las actuaciones al Órgano jurisdiccional remitente. - CITAS: CSJStaFe: AyS, T 307 p 67; AyS, T 307 p 72. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26485, artículo 26
Accidentes de trabajo, acción civil, daño moral
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Villasanti rojas, Ignacia y otro c/ QBE Argentina Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y otros s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-01

En el caso, el trabajador se encontraba trabajando para una empresa contratista de Edesur SA en una caja de distribución eléctrica de esta última. Allí recibió una descarga eléctrica que le ocasionó la muerte por electrocución. La contratista se agravia en relación con el monto definitivo de condena por entenderlo elevado y desproporcionado, tanto en lo relativo al daño material como al daño moral receptado. En relación al alcance de la reparación y su cuantía la CSJN sostuvo sobre los alcances de la reparación integral, que no cabe aplicar un criterio matemático y reduccionista, ya que los aspectos resarcibles abarcan no sólo el aspecto laboral sino también las demás consecuencias que afectan a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como social, y ello debe ser objeto de reparación, al margen de lo que se compute por menoscabo a la actividad productiva y por el daño moral (CSJN, "Aróstegui", Fallos 331:570). En el supuesto de fallecimiento corresponde analizar pormenorizadamente las secuelas que la desaparición física del causante generó en su grupo familiar y las que seguirá generando en consecuencia. Y al evaluar la procedencia del daño moral debe tenerse en cuenta la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado en la esfera espiritual, extremos estos que no tienen que guardar relación con el daño material, pues el daño moral no constituye un accesorio de aquél (CSJN "Mosca", Fallos 330:563). Cabe confirmar el monto de condena regulado en la anterior instancia.
Acción de amparo, empleo público, cesantía, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Lobo, Héctor Anselmo c/ Municipalidad de Pomán s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-06-21

Corresponde hacer lugar al amparo deducido por el actor, debiendo reincorporarse al agente en calidad de personal de planta permanente en la categoría de su designación, conforme Decreto Nº 008/17, debiendo diferirse la fijación de la cuantía del daño en la etapa de ejecución de sentencia, pues la sola inferencia del perjuicio no exime a quien lo padece de probar la cuantía, su magnitud o entidad y al estar de la petición, esta se circunscribe, en el capítulo de la petición, al pago de los haberes caídos, sin suministrar pautas que nos permitan mensurar el daño.- (Del voto del Dr. Figueroa Vicario por la minoría).
Enfermedades inculpables, vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: ABALLAY ALICIA R. c/ COLEGIO DON BOSCO s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-02-15

El período de reserva del puesto por enfermedad no se computa como tiempo de trabajo para establecer el lapso de vacación o el monto de su compensación en dinero, debiendo estarse a lo efectivamente trabajado o al período de licencia paga por enfermedad.
Depósito bancario, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DRUTMAN EMILIO c/ BANCO CENTRAL Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-30

Aunque la obligación que como garante asume el banco central no deriva del depósito bancario sino de la ley, ello no quita que en virtud de la garantía que a éste incumbe deje de encontrarse responsabilizado por la situación de mora en que pueda incurrir frente al depositante por el incumplimiento de la obligación de restituir a éste las sumas a que se refieren los certificados de depósitos impagos emitidos por la entidad financiera liquidada.

(S1,1916,300683)
Suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta, presunción de inocencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GUTIERREZ KEEN, Jorge s/ suspensión proceso a prueba Causa 30.116
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-25

El imputado de un delito goza del estado de inocencia, inherente a todo individuo antes de una condena a su respecto pasada en autoridad de cosa juzgada, lo que impone apreciar restrictivamente la procedencia de las reglas de conducta contempladas en el art. 27 bis del Código Penal, en concordancia también con lo normado por el artículo 2 del Código Procesal Penal de la Nación.

En lo que hace a las medidas no privativas de libertad, debe tenerse en cuenta que"Las obligaciones que ha de cumplir serán prácticas precisas y tan pocas como sea posible, y tendrán por objeto reducir las posibilidades de reincidencia en el comportamiento delictivo"
Apreciación de la prueba, declaración testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Gallone, Carlos Enrique y otros s/ recurso de casación (Masacre de Fátima)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-30

La declaración prestada por el testigo que se desempeñó en el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención y estuvo presente en el lugar el día que las víctimas fueron retiradas para darles muerte, resulta válida, toda vez que su relato de los hechos se encuentra, en lo esencial, inalterable a través del tiempo y con independencia de su calidad -testigo o imputado- a la hora de deponer.
Excepciones procesales, excepción de prescripción, segunda instancia, indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: GRANAR  S.A. c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-06

Rechazada en esta instancia la defensa de prescripción que fuera acogida por el a quo y materia de agravios, ha de entrar el Tribunal derechamente a considerar el reclamo resarcitorio formulado por la actora, sin que sea necesaria la remisión de la causa a la instancia anterior.
Robo en despoblado y en banda, arma blanca, confirmación de sentencia, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Vallejos,  Rubén Leandro y Yapura, Hugo Alfredo c/  s/ Robo en despoblado y banda
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-15

Corresponde confirmar la sentencia que calificó la conducta analizada como constitutiva del tipo penal contenido en el artículo 166, inc. 2º, CP, habida cuenta que se logró demostrar, para agravar la figura base, que el empleo de un objeto alargado (tipo palo o fierro) puso, concretamente, en un serio riesgo la integridad física de la víctima -quien sufrió un traumatismo de cráneo y una herida cortante en el cuero cabelludo, producto de la agresión con aquel elemento- durante el desapoderamiento. De ese modo, es dable afirmar que tal instrumento fue destinado a atacarla, circunstancia que coincide con la primera acepción del concepto de arma, de acuerdo al diccionario de la lengua española de la R.A.E. (voto del juez Rimondi)
Contrato de trabajo, deducciones salariales, inconstitucionalidad, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: POUSA  RODOLFO  ERNESTO c/ SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOSS.E. Y OTRO S/ s/ EY 12.908.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del decreto de reducción salarial Nº 896/01 en la causa "Tobar, Leónidas c/E.N. M. de Defensa-Contaduría General del Ejército ley 25.453 s/amparo ley 16.986", por lo que los descuentos realizados al actor (personal jerárquico que actuaba en el Sistema de Medios Públicos S.E.) en el marco de dicha disposición resultaron ilegítimos, conclusión que alcanza también a las deducciones practicadas con fundamento en el decreto 957 ya que este fue dictado en sintonía con el decreto 896, luego sustituído por la ley 25.453 que dispuso su derogación.
Acción de inconstitucionalidad, impuestos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nida S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad del decreto 211/83 Licade S.A. s/ Demanda de inconstitucionalidad Czarnecki, Marcos Edmundo c/ Municipalidad de Quilmes s/ Inconstitucionalidad art. 8, Ordenanza 5746 y Ordenanza 5511
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31|1988-08-16|1990-05-08

La garantía de igualdad no priva al legislador de la facultad de crear categorías especiales de contribuyentes, siempre que éstas no sean arbitrarias o forzadas, establecidas para hostilizar a determinadas personas o clases. Por ello, en los límites de su competencia privativa, por razones de política tributaria cuya conveniencia u oportunidad no es dado a los jueces discutir, el legislador puede distinguir diversas clases de contribuyentes y brindar un tratamiento desigual a quienes desarrollan actividades distintas. Esto, dentro del marco de razonabilidad en que dicha competencia debe desenvolverse y que en materia tributaria debe analizarse con menos rigurosidad, desde que en el Estado moderno es necesario reconocer la existencia de finalidades extrafiscales en la política impositiva.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lozano, Raúl F. y ot. c/ Autoplat S.A.C.I. s/ Ordinario Amat, Roberto Miguel y otra c/ Alvarez, Hugo Ricardo s/ Desalojo Hernández, Humberto c/ Lepore, Gerardo H. s/ Cobro de australes Bigatti, Mario Raúl y otra c/ Cambio, Agustín Antonio s/ Daños y perjuicios Arcadia Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ Establecimiento Textiles San Andrés s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09|1992-12-01|1991-10-15|1995-04-04|1996-11-20

La prueba recae sobre quien pretende innovar en la posición de su adversario (art. 375, C.P.C.).
Acumulación de procesos, competencia por conexidad, partes del proceso, economía procesal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: FISCH, ENRIQUE c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-27

El art. 5 del Reglamento para Sorteo y Adjudicación de expedientes -aprobado por Acta n1 135, pto. 1, inc. a) del 01.11.95- dispone que en el supuesto de actuaciones promovidas entre las mismas partes -cualquiera haya sido el objeto del reclamo-, la iniciada con posterioridad automáticamente quedará radicada en el Juzgado donde hubiese quedado radicada la anterior. En consecuencia, si por error el expediente fue asignado a otro juzgado, aunque el magistrado no se haya inhibido -y sin perjuicio de la decisión que en definitiva proceda respecto a la acumulación por conexidad-, corresponde por razones de orden y economía procesal, tenerlo por radicado en el juzgado donde tramita la primera causa iniciada.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, acción civil en el proceso penal, segunda instancia, apertura a prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: DEMARCO, ESTEBAN EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-05-10

En relación a la ausencia del actor civil en la ampliación de la indagatoria dispuesta en la Alzada, corresponde destacar que el artículo 317 del Código Procesal Penal sólo prevé la presencia del defensor y fiscal; y que además dicha parte fue notificada del proveído sobre la apertura de la causa a prueba y nada objetó al respecto, por lo que el planteo importa un devenir contra los actos propios acerca de la posición asumida primigeniamente respecto de la pertinencia de la apertura de la causa a prueba en la Alzada, sin que ostente ninguna sustancia constitucional la queja en este aspecto.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sacaba de Larosa, Beatriz E. c/ Vilches, Eduardo Roque y otro s/ Daños y perjuicios Isola, Ruben Horacio y otro c/ Vagnoni, Ricardo Pablo s/ Daños y perjuicios Troncoso, Heriberto c/ Lamot, Guillermo s/ Daños y perjuicios Otarola, Liliana Cristina c/ Fuentes, Juan Carlos s/ Daños y perjuicios y beneficio de litigar sin gastos Carla, Luis Carlos y otro c/ Causa, Susana Margarita y otro s/ Daños y perjuicios Pérez, Carlos Marcelo c/ Hernández, Juan Pablo y otro. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08|1986-12-16|1989-12-26|1991-05-28|2001-07-11|2004-03-03

Sean cuales fueren las circunstancias del accidente, si hubo actuación en él de una cosa que presenta riesgo o vicio, responden de los daños causados tanto el dueño como su guardián, salvo que se haya acreditado que la víctima mediante su comportamiento haya causado su propio daño (art.1113 Código Civil).
Nulidad de oficio, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: R., M. A. y. o. c/ R., J. L. y. o. s/ Matrimonio. Nulidad/Inexistencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-09

No corresponde anular de oficio la sentencia pronunciada por el Tribunal de Familia, cuando, más allá de sus deficiencias técnicas, esta Corte no se ha visto imposibilitada de resolver las cuestiones litigiosas ni conocer la cabal legalidad del fallo cuestionado (doctor SORIA, minoría).
Procedencia del recurso, nulidad de sentencia, solicitud de libertad condicional
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Claudio Humberto c/  s/ ejecución penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-03-09

El régimen que se utiliza en los casos de libertad condicional parte de un informe psicológico que ni siquiera es pericia en los términos del Código Procesal, nada se sabe de cómo llega el psicólogo a las profundas elucubraciones a las que arriba, sin siquiera establecer cómo llega a la conclusión. En este caso, la Ley Penitenciaria Nacional 24660 es clara sobre cómo debe tramitarse esta petición y ha sido -como en otras ocasiones- ignorada totalmente, por lo que en consecuencia, corresponde la nulidad del fallo impugnado. (Del voto en disidencia del Dr. Eduardo Manuel Hang)
Facultades de la alzada, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: De Almeida, Manuel y Carreño, María del Carmen c/ Bernatta, Javier Adrián y otra s/ Incumplimiento de contrato de compraventa y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

Las facultades de los Tribunales de Apelación sufren en principio una doble limitación, la que resulta de la relación procesal -que aparece en la demanda y contestación- y la que el apelante haya querido imponerle en el recurso.(doctor de Lázzari, sin disidencia) Fuente del sumario: OFICIAL
Resoluciones inapelables, inapelabilidad en razón del monto
Materia: PROCESAL
Carátula: VITA,  Antonio  Domingo c/ GONZÁLEZ,  Juan Carlos s/ RECURSO DE HECHO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-21

Con la nueva redacción del artículo 242 del Código Procesal a los fines de fijar el valor cuestionado no interesa el capital reclamado en la demanda, actualizado, sino el valor o monto cuestionado en el recurso que en el caso es la diferencia entre lo reclamado y lo que se reconoció en la sentencia. Si esa cantidad no alcanza al mínimo legal establecido, la sentencia es inapelable.
Competencia de la Corte Suprema, interpretación de leyes federales
Materia: PROCESAL
Carátula: López Quintero, Adriana Sonia Patricia y otros c/ EN - Dirección de Inteligencia del Ejército Argentino s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg. c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

En la tarea de establecer la inteligencia de normas de índole federal, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos de las partes, sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Personería gremial, asociaciones sindicales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones s/ queja expediente administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-21

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que confirmó la resolución del Ministerio de Trabajo que otorgó personería gremial a una federación si al no haber citado la autoridad de aplicación a la apelante pese a que estaba comprometida y afectada su representación, omitió cumplir con los recaudos formales establecidos en la ley 19.549 y en los arts. 21, 23 y 28 de la ley 23.551, lo que implicó un grave desmedro al derecho de defensa garantizado por el art. 18 CN. (Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Fayt, Belluscio, Boggiano, López y Vázquez) (Los Dres. Petracchi y Bossert, en disidencia, declararon inadmisible el recurso extraordinario deducido, en los términos del art. 280 CPCCN).
Intendente, vacancia de cargos electivos
Materia: CIVIL
Carátula: Consejo del Circuito de Pozo del Molle del Partido Justicialista y otro c/ Municipalidad de Pozo del Molle s/ Concejo Deliberante
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2002-12-10

Dado que a pesar de las múltiples ausencias del intendente por razones de salud y del otorgamiento de una jubilación por invalidez de carácter provisoria, no se advierte elemento alguno que sustente la presunción del carácter irreversible de la incapacidad que afectaba al mandatario municipal impidiéndole el ejercicio del cargo electivo del que era titular y generando, por tanto, la obligación de convocar a elecciones para designar un nuevo intendente, no surge como un acto de manifiesta ilegalidad susceptible de reproche por la vía del amparo la concesión de una licencia sin goce de sueldo por parte del Órgano Legislativo comunal, más allá del eventual reproche que se podría formular respecto de la actitud ética del referido funcionario, pues no puede afirmarse que el otorgamiento de dicha licencia pueda considerarse un artilugio del H.C.D. para evitar cumplir con las prescripciones del art. 44 de la ley 8102, ya que no se encuentra configurado el supuesto fáctico previsto por esa norma, esto es: la acefalía definitiva del ejecutivo municipal faltando más de dos años para completar el período.
Constitucionalidad, Ley de Obediencia Debida, Ley de Punto Final, objeto del proceso
Materia: PENAL
Carátula: Barcos, Horacio Américo s/ Inf. art. 144 bis inc. 1°, 142 inc. 1°, 144 ter. 2do. Párrafo y 55 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-19

La declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida -Leyes 23.492 y 23.521 respectivamente- dictada oportunamente por el juez instructor, abarca todos los hechos derivados de aquéllas actuaciones, incluidos los que fueran denunciados con posterioridad al primer requerimiento de instrucción y a la consecuente declaración de inconstitucionalidad, pues estos formaron parte del objeto procesal del juicio por haber sido un desprendimiento de las mismas.
Juicio abreviado, reincidencia, Ministerio Público Fiscal, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Argañaraz Claudia Elizabeth s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-29

La procedencia de la declaración de reincidencia no constituye materia de acuerdo de juicio abreviado entre el MPF y los acusados. Corresponde al tribunal verificar las condiciones de aplicabilidad y pronunciarse luego en el sentido que determina la norma, sin que ello pueda resultar modificado como consecuencia de la negociación entre las partes. Sin embargo, como la declaración de reincidencia tiene consecuencias en aquello sobre lo cual sí puede versar el acuerdo abreviado -es decir sobre el monto de la pena que habrá de imponerse al acusado- se advierte adecuado imponer a todo acusado de la posible aplicación del instituto de la reincidencia, en resguardo del derecho de defensa, pues hace al pleno conocimiento de todo imputado de las consecuencias de aquello sobre lo que ha pactado. El voto concurrente sostuvo que en el marco del juicio abreviado el órgano jurisdiccional se encuentra impedido de dictar de oficio una unificación de penas o condenas o de reincidencia y sin previa vista a las partes, lo que no sucedió en el caso, por lo que el recurso intentado debe ser rechazado.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, ley laboral, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ENRIQUEZ, PABLO CESAR c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-03

La sentencia impugnada, en cuanto fue materia de agravio, no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable, desde que en relación a los planteos vinculados a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley 24557 las cuestiones aquí debatidas ya fueron motivo de análisis y resolución por esta Corte en los precedentes "Ojeda contra Asociart ART S.A.", a cuyas consideraciones cabe remitir y dar por reproducidas a efectos de fundar la anulación de lo resuelto en torno a dicha temática. Y por otra parte, la Sala al establecer los intereses y su capitalización incurre nuevamente en arbitrariedad, por resultar irrazonable y carente de fundamentación lo resuelto con cita del antecedente "Ibarra", conforme a lo expuesto por este Tribunal en la causa "Olivera". (Del voto del Dr. Spuler, al que adhieren los Dres. Gutiérrez, Falistocco, Netri y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 12; Ley 26773. - Jurisprudencia vinculada: Ojeda, AyS T 280, p 313/322, sumarios J0043751 y J0043752; Olivera, AyS T 278, p 295/308, sumarios J0043307 y J0043308.
Acto administrativo, estabilidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodriguez, Juan Bonifacio y Ciancio de Rodriguez, Nélida Beatriz c/ Municipalidad de Lomas de Zamora s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

Para que el acto administrativo sea irregular, el vicio que lo afecte y caracteriza ha de ser notorio, surgiendo de la mera confrontación del acto con el orden jurídico positivo, y su dictado debe ser "contra legem" superando la interpretación meramente opinable de la norma que se aplica.