Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2009-09-23


En la ciudad de Mendoza, a los veintitrés días del mes de Septiembre de dos mil nueve, se constituye la Sala Unipersonal de esta PRIMERA CAMARA DEL TRABAJO, a cargo de su titular Dra. Elcira Georgina de la Roza, con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos Nº 37.869 caratulados: "GOMEZ NATALIA NOEMI C/ MENDOZA OBRAS Y SERVICIOS S.A. Y OTS. P/DESPIDO" de los que, R E S U L T A:

A fs. 17/27 se presenta el actor NATALIA NOEMI GOMEZ, por medio de representante legal e interpone formal demanda ordinaria contra MENDOZA OBRAS Y SERVICIOS S.A. y EDEMSA, en su calidad de empleada en tareas de limpieza, por el reclamo de $ 6.669 o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse, con más sus intereses y costas.

Expresa que ingresó a trabajar el 01/11/2001 desempeñándose como Operaria de Limpieza, siempre dentro de las instalaciones de EDEMSA.

Refiere que cumplía funciones de lunes a sábado en horario de 8 A 12, que las instrucciones de cómo y dónde debía realizar sus tareas dentro del local eran impartidas por el Sr. Daniel López de M.O.S.S.A. como por los encargados de EDEMSA.

Dice que la relación siempre fue normal hasta que la actora queda embarazada, y a partir de ese momento tanto el trato como condiciones de trabajo cambiaron en forma negativa, debiendo soportar tareas que excedían sus posibilidades y sin que se le abonaran la totalidad de los rubros que correspondían como prenatal.

Manifiesta que al reincorporarse luego de la licencia por maternidad se le negó ocupación efectiva en forma reiterada por lo que envió el 24 de mayo de 2005 a ambas demandadas emplazamiento a que se aclarar su relación laboral y pago de rubros no retenibles.

Expresa que la co-demandada M.O.S.S.A. contestó el emplazamiento el 31/05/2005 refiriendo en el mismo que la actora no concurría a trabajar desde el 30/04/2005, que la empresa EDEMSA había rescindido el contrato y emplazándola a presentarse para otorgarle nuevo destino, poniendo a su disposición el importe adeudado de prenatal.

Continúa su relato diciendo que concurre a la sede de MOSSA pero le comunicaron el despido, razón por la que remite telegrama diciendo que ante la negativa de ocupación efectiva y no habiendo cancelado 5 meses de prenatal y nacimiento adeudados y el mes de abril de 2005, se considera injuriada y despedida y emplaza al pago de liquidación final e indemnizaciones.

Refiere que remitió despacho postal en los mismos términos a EDEMSA.

Dice que MOSSA intenta configurar un abandono de trabajo ya que el 14 de junio de 2005 emplaza a reintegrarse y aduce asignarle nuevo destino; que rechaza reiterando emplazamiento el 27/06/05.

Expresa que concurre a la SSTSS a fin de intentar una conciliación con resultado negativo.

Manifiesta que la responsabilidad solidaria de EDEMSA surge del art. 30 LCT, dice que MOSSA no cumplió con las leyes laborales y previsionales y que EDEMSA no pudo ignorarlo. Cita jurisprudencia.

Plantea la inconstitucionalidad de la ley provincial nº7198.

Practica liquidación, ofrece pruebas y funda en derecho.

Corrido traslado de ley, a fs.31/37 y vta., comparece la accionada EDEMSA (Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza SA), por medio de apoderado, negando la relación laboral, que su personal le haya dado instrucciones a la actora y que deba responder frente a su reclamo.

Opone defensa de Falta de Acción y plantea la inexistencia de responsabilidad solidaria de EDEMSA por no resultar de aplicación el art. 30 LCT toda vez que MOSSA realiza una actividad totalmente ajena a la desarrollada por EDEMSA.

Plantea la inconstitucionalidad de las leyes 25561 y 25972 y del Dcto. 2014/04.

Contesta el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7198, Impugna liquidación, funda en derecho y ofrece prueba.

A fs. 39 contesta traslado la demandada Mendoza Obras y Servicios S.A., efectúa negativa de los hechos y pruebas del escrito de demanda, de la procedencia del despido y a fs. 60/62 amplia responde, reconoce la relación laboral, labores desempeñadas y extensión de la jornada laboral.

Niega que no se le otorgara ocupación efectiva y que se presentara a trabajar.

Dice que al no renovarse el contrato de la empresa con EDEMSA, la actora no concurrió a recibir nuevo destino.

Impugna liquidación y ofrece prueba.

A fs.65 y vta. el apoderado de la actora contesta el traslado que confiere el art. 47 del CPL.

A fs. 67 corre agregado dictamen de la Sra. Fiscal de Cámaras.

A fs.71 se dicta el auto de admisión de pruebas ofrecidas por las partes ordenándose la producción de las mismas.

A fs. 72 la demandada Mendoza Obras y Servicios S.A. recurre el auto de sustanciación que es resuelto a fs. 99 por el Tribunal.

A fs. 81 se hace parte y constituye domicilio legal el apoderado por EDEMSA.

A fs.97 consta Acta de la audiencia de conciliación, dándose por fracasada la misma, señalándose fecha para sorteo de Perito Contador.

A fs. 100 consta la recepción de informe de la SSTSS.

A fs. 109/129 corre informe del Registro Público de Comercio de Mendoza, que se reitera a fs. 161/177.

A fs. 130 se reciben las actuaciones de la SSTSS Nº 6536/G/05 caratuladas "GOMEZ C/MENDOZA OBRAS Y SERVICIOS".

A fs. 142/146 obra informe de AFIP .

A fs. 182 el Tribunal tiene por designado el Perito Contador sorteado, Claudio Mario Corbatto, quien acepta el cargo a fs. 184.

A fs. 194/197 corre agregado informe Pericial Contable, que es observada a fs. 202 por la demandada Obras y Servicios S.A.y a fs. 207 por EDEMSA.

A fs. 210 el Perito designado contesta las observaciones formuladas por las demandadas.

A fs.228 obra constancia de Secretaría del Tribunal de la falta de producción de la prueba por la demandada debidamente emplazada.

A fs.287 consta la celebración de la Audiencia de Vista de la Causa ante la Sala Unipersonal a cargo de la Sra. Juez de Cámara Dra. Elcira Georgina de la Roza, mediante acta circunstanciada por Secretaría, las partes presentes desisten de la prueba confesional ofrecida, prestan declaración los testigos presentes, desistiendo del resto de las testimoniales, se incorpora la prueba instrumental, rinden alegatos las partes y queda la causa en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERA CUESTION: Existencia de la relación laboral.

SEGUNDA CUESTION: Rubros Reclamados.

TERCERA CUESTION: Intereses y Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION LA DRA. ELCIRA GEORGINA DE LA ROZA DIJO:

La actora NATALIA NOEMI GOMEZ, invoca en sustento de lo reclamado en autos haberse vinculado con MENDOZA OBRAS Y SERVICIOS S.A. mediante un contrato de trabajo a partir del 01/11/2001, en horario de 08:00 a 12:00 -media jornada-, desempeñándose como Operarios de Limpieza siempre en las dependencias de EDEMSA, invocando su responsabilidad solidaria con fundamento en el art. 30 de la LCT, hasta que con fecha 10 de junio del año 2005, se considera despedida.

Hechos que constituyen en la litis extremos legales esenciales y fundantes de la pretensión cuyo peso probatorio recae sobre el accionante (art. 45 CPL).

La existencia de la relación laboral, categoría profesional y jornada de trabajo, no ha sido desconocida por la accionada MENDOZA OBRAS Y SERVICIOS S.A. en el responde.

Asimismo se encuentra corroborada ésta, por la prueba instrumental, testimonial y pericial contable incorporada a la causa (arts. 45 C.P.L. y 168 inc. 1º, 182, 183, 193 del C.P.C.).

En virtud de ello, resulta irrelevante toda otra merituación en el proceso, con relación a estos extremos, que deben tenerse por afirmativamente acreditados en la causa.

Por todo lo expuesto, haciendo una valoración conjunta de todos los elementos incorporados al proceso, debo concluir que entre la actora y la demandada Mendoza Obras y Servicios SA existió un verdadero vínculo laboral, en el cual NATALIA NOEMI GOMEZ prestó servicios de manera personal y directa a favor y bajo la dependencia de MENDOZA OBRAS Y SERVICIOS S.A. mediante un contrato de trabajo, en la categoría profesional de Operarios de Limpieza con una extensión temporal que va del 01/11/2001 hasta el 10/06/2005, rigiéndose el contrato por la L.C.T. Nº 20.744, con la reforma introducida por la ley 21.297, sus modificatorias y Convenio Colectivo de Trabajo Nº144/90.

Resulta oportuno tratar en éste capítulo la pretensión de extensión de la responsabilidad en forma solidaria respecto a E.D.E.M.S.A., fundada en los términos del artículo 30 de la LCT.

A tal efecto, paso a detallar la prueba pertinente rendida:

TESTIMONIAL:

LUIS MARCELO BARROSO:

Dijo conocer a Las partes. "Gómez trabajaba en Primitivo de la Reta y Rodriguez Peña, ahí está la empresa EDEMSA, yo hacia alfajores y tartas, Natalia Gómez era vecina mía, yo soy maestro pastelero y yo la acompañaba a la empresa a esta chica todos los días y ella me vendía ahí en la empresa, después se acercaba hasta la puerta y me daba el dinero. Sí estuvo embarazada Gómez. Limpiaba las oficinas del edificio, la mandaba el encargado. Vendía los alfajores antes de entrar al trabajo. No renunció, el último día que yo la acompañé el encargado de ella que era Carlos Murua le dijo que tenia que firmar una renuncia porque iban a pasar a otra empresa y ella se negó, no recuerdo la fecha, se que fue en marzo del 2005. Estuve un año más o menos para atrás de esa fecha vendiendo alfajores, ella tuvo complicado el embarazo, entonces cuando ella no iba yo no podía vender, tuvo familia antes de terminar de trabajar. Después volvió a trabajar, pero fue poco tiempo, una semana habré hecho alfajores, sí Gómez quería trabajar, Murua le dijo que tenia que renunciar para pasar de esa empresa a otra, el no la dejaba entrar a la empresa, yo la acompañé, yo lo conocía a Murua porque quería ver si podía entrar a trabajar a la empresa, adelante mío le dijo eso Murua, se volvió conmigo, ella estaba llorando. Las oficinas eran de EDEMSA. No, siempre trabajó en la misma empresa. Murua tenía un papel en la mano, no se lo leyó, le dijo que tenía que firmar para pasar a otra empresa, al poco tiempo de eso yo me fui a Lavalle, yo habré estado 20 días mas en Dorrego viviendo, y se que ella no volvió a trabajar. La acompañaba todas las mañanas, cuando salía no. No se cuantas horas trabajaba ella, no me contó si envió carta documento. Ese día la acompañe hasta Primitivo de la Reta y Rodriguez Peña en ese lugar Murua no la dejo ingresar, el era el encargado de la empresa de limpieza." DAIANA SAAVEDRA: Dijo conocer a Gómez y a EDEMSA, no a Obras y Servicios SA. "Conozco a Gómez porque ella iba a la peluquería de una amiga y me dijeron que necesitaba que le cuidara a la nena y yo se la cuidaba cuando ella iba a trabajar, la estuve cuidando un año o diez meses en 2004. Se que Gómez trabajaba en parte de edificios de EDEMSA, iba con un uniforme que decía "MOSA", yo me iba cuando llegaba la madre de ella al medio día. Cuando yo deje de cuidar a la nena ella trabajaba todavía, después no la vi mas, no recuerdo bien hasta que fecha le cuide a la nena, emp0ecé en dos mil cuatro, y estuve diez meses más o menos, se me complicaba mucho, empecé a trabajar en una panificadora que tenía que ir mañana y tarde." INSTRUMENTAL:

1)Recibos de haberes.

2)Despachos postales.

3)Certificado de Nacimiento.

4)Certificado de fracaso de actuaciones administrativas (nº 6536-G-2005) ante la SSTSS INFORMATIVA:

1)De la SSTSS remitiendo escala salarial y actuaciones administrativas.

2)De AFIP.

3)Del Registro Público de Comercio.

PERICIAL CONTABLE: A fs. 194/197 y 210. Que fuera observada por las demandadas. Informe en el cual el Perito Contador designado, refiere que MOSSA no le proporcionaron documentación, razón por la cual realizó su informe en base a la documentación aportada en el expediente y que visitó y compulsó documentación en EDEMSA: "En la sede de EDEMSA se pudo constatar la existencia de documentación recibida mensualmente de MOSSA", y aclara: "-listado de personas que cumplieron tareas de limpieza en EDEMSA durante el periodo a liquidar. -copia de la presentación y pago de las obligaciones de la seguridad social (Form. 931 AFIP). -Listado del aplicativo que detalla los empleados involucrados en dicha presentación y pago (debe coincidir con el primer listado). -copia de los bonos de sueldos de dichos empleados (detalle de los cuales han sido transcriptos en el Anexo I). Tales aspectos eran rigurosamente verificados previo a la liquidación de los honorarios pertinentes, situación que ha podido ser constatada por este perito en el archivo de antecedentes puesto a su disposición." En primer lugar diré, acerca de la interpretación del artículo 30 de la LCT, que la Suprema Corte de Justicia Provincial, se ha pronunciado en numerosos precedentes, ("American Express S.A." LS 357-96, "OPEN MALL S.A." LS 348-161, "Bucca" LS 345-180, "Telecom Personal S.A." LS. 360-61; 367-217, Alba Cia. Argentina de Seguros SA, entre otros), entendiendo que la repercusión que trae aparejada la extensión de la responsabilidad a un tercero no contratante, no sólo desde el punto de vista jurídico sino desde la perspectiva económica y sus implicancias sociales, exige extremar los recaudos y analizar la situación de cada caso conforme a sus particulares circunstancias. Es así que el juzgador -sin apartarse de la formula utilizada por la norma-, debe profundizar el análisis y atender las circunstancias particulares de la situación sometida a su conocimiento, a fin de determinar si la descentralización del trabajo o su tercerización fueron un mecanismo tendiente a precarizar la situación de los trabajadores y diluir las responsabilidades laborales.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha limitado de manera significativa los alcances de la solidaridad laboral cuando no existe fraude a la ley; habiendo señalado que: "Las gravísimas consecuencias que derivan de la extensión de la responsabilidad patrimonial a terceros ajenos en principio a la relación sustancial que motivó la reclamación de autos, requiere la comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos establecidos en el art. 30 de la L.C.T. Esta exigencia de un escrutinio estricto de los recaudos legales que condicionan la obligación de garantía de un tercero, tiene su fundamento en la fuerte presunción de inconstitucionalidad que brota de toda norma, o de su interpretación, que obligue al pago de una deuda, en principio ajena, solución que se aparta de la regla general consagrada en los artículos 1.195 y 1.713 del Código Civil y 56 de la ley 19.550, vinculados en este aspecto, con la intangibilidad del patrimonio, establecido por el art. 17 de la Constitución Nacional" (Voto de la mayoría en Rodríguez, Juan R. C/ Cía Embotelladora Argentina S.A. y otro 15-4-93 y reiterado en "Luna", DT. 1993-B-1407 y "Gauna", D.T. 1005-B-2061).

El Superior Tribunal, ha considerado asimismo el concepto de "actividad normal y específica" como aquella que es "habitual y permanente del establecimiento o empresa", entendida ésta como unidad técnica de ejecución en el concepto tradicional receptado por el artículo 6 de la LCT.

En este orden de ideas, nuestro Superior Tribunal, en el precedente Open Moll S.A. (LS 348-161), al referirse a los términos "específica" y "propia" -contenidos en el artículo 30 de la LCT para calificar la actividad contratada- los vincula con servicios o trabajos integrados e inseparablemente relacionados con la actividad que desarrolla el establecimiento y los distingue de aquellas tareas que, como en el caso del servicio de limpieza, aunque necesarias para su funcionamiento, resultan accesorias y escindibles de la actividad desarrollada por la empresa contratante, por no formar parte del giro normal y específico o propio del establecimiento.

De acuerdo con lo expuesto, surge claro que, en el sublite, la actividad o servicio de limpieza del establecimiento de EDEMSA, prestado por OBRAS Y SERVICIOS S.A., no es un trabajo o servicio propio y específico de la actividad de distribución de energía eléctrica, inseparable e integrado a ella, porque se puede escindir perfectamente, sin que se altere la unidad técnica de ejecución de la empresa.

Sostener un criterio contrario, importaría afirmar en forma genérica que la actividad de limpieza integra cualquier unidad técnica de ejecución de cualquier establecimiento, cualquiera sea su giro normal y propio.

Asimismo, la normativa referida, establece una imposición de responsabilidad objetiva que se produce cuando están presentes los supuestos exigidos por ella.

En el caso, de conformidad con lo informado por el Perito Contador designado en autos, a fs. 194 vta. y 195, EDEMSA ha dado cumplimiento al deber de contralor impuesto por el art. 30 LCT "exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social....". Expresamente manifiesta el Perito en su informe que "Tales aspectos eran rigurosamente verificados previo a la liquidación de los honorarios pertinentes, situación que ha podido ser constatada por este perito en el archivo de antecedentes puesto a su disposición" El perito pudo constatar a través de la documentación aportada por EDEMSA -que recibiera mensualmente de MOSSA- la liquidación de remuneraciones a la actora incluyendo el pago mensual de las asignaciones familiares y proporcional corres-pondiente a SAC; así como la realización en tiempo y forma de los aportes jubilatorios y de obra social.

De forma tal que el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de la empresa contratista y el riguroso control del mismo efectuado por EDEMSA, hasta su desvinculación con MOSSA, la exime de su responsabilidad solidaria. A tenor de lo dispuesto por el artículo 30 LCT, que en su parte pertinente expresa: "El incumplimiento...hará responsable solidariamente al principal..." Arribo a esta conclusión, asimismo, atendiendo a la fechas de inicio del contrato de prestación de servicios celebrado entre las demandadas: 25/03/2000 y de extinción 30/04/2005 y a la fecha de inicio de la relación laboral de la actora: 01/11/2001 y su finalización el 10/06/2005.

Por lo expuesto, atendiendo a la prueba rendida y constancias de autos, no resulta procedente responsabilizar solidariamente a EDEMSA, debiendo admitirse la excepción de falta de acción interpuesta por EDEMSA y en consecuencia, rechazar la demanda en su contra.

ASI VOTO.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. ELCIRA GEORGINA DE LA ROZA DIJO:

1.-Prenatal, haberes del mes de abril, mayo y 10 días de junio de 2005, Dctos. 1347/03 y 2005/04, SAC proporcional año 2005:

Habiendo definido el vínculo jurídico establecido entre la accionante y la empresa demandada Mendoza Obras y Servicios S.A. (MOSSA), como correspondiente a un contrato de trabajo, según lo resuelto en la primera cuestión; entonces, el orden imperativo laboral es de aplicación automática en relación a los rubros no retenibles.

Esto deriva de la circunstancia de encontrarnos frente a prestaciones de carácter alimentario, de cumplimiento forzoso y que vienen impuestas por la ley laboral por el simple hecho de la prestación de servicios por cuenta ajena.

Ante este supuesto, se produce un desplazamiento del peso probatorio, estando a cargo del demandado acreditar que efectivamente cumplió con el pago de las obligaciones en análisis.

De conformidad con las constancias de autos, instrumental incorporada, testimonial rendida e informe pericial contable obrante en autos, surge que:

-El nacimiento del hijo de la actora se produjo el 18/02/2005.

-La fecha de inicio del contrato de prestación de servicios celebrado entre EDEMSA y MOSSA, es el 25/03/2000 y la extinción el 30/04/2005.

-Con fecha 24/05/2005 la actora emplaza mediante despacho postal a la empleadora, en 48 hs. a aclarar situación laboral, ante negativa a otorgar tareas efectivas y al pago de cinco meses de prenatal.

-La empleadora contesta el 01/06/2005 al emplazamiento de la actora, expresando que ésta no concurre a trabajar desde el 30/04/2005 y que desde la fecha de rescisión del contrato con EDEMSA, la actora dejó de concurrir a la empresa para asignación de nuevo destino, por lo que la emplaza a presentarse a la empresa. Refiere asimismo que el importe del prenatal adeudado se encuentra a su disposición.

-La actora contesta el 10/06/2005 refiriendo haberse presentado en la fecha, en presencia de testigo y que no se le ha brindado ocupación efectiva concreta ni se han cancelado los 5 meses de prenatal, nacimiento y mes de abril 2005, por lo que se considera despedida.

-La empresa empleadora comunica a la actora el 14/06/2005, por despacho postal (fs. 279) el lugar donde debía cumplir nuevas tareas y la emplaza a presentarse para tomar tareas. Es decir con posterioridad al despido indirecto comunicado por la actora con fecha 10/06/2005 (fs. 274).

-La actora se presentó a trabajar luego del nacimiento de su hijo, en el establecimiento de EDEMSA de calle Primitivo de la Reta y Rodríguez Peña -donde prestó siempre servicios-. Tomó conocimiento de la rescisión del contrato con EDEMSA, el encargado de la empresa empleadora Sr. Murua le pidió la renuncia como condición para darle nuevo destino; alcanzó a trabajar una semana aproximadamente, hasta el 30/04/2005 fecha en que se extinguió el referido contrato. (testimonio del Sr. Luis Marcelo Barroso, transcripto en la presente y despachos postales cursados).

-El último pago de haberes efectuado por la empleadora corresponde al periodo de marzo 2005, constando el pago de haberes del periodo, SAC proporcional, asignación familiar y Decretos 2005/2004 y 1347/03 (ver fs. 269/270 e informe Pericial Contable).

-La empleadora no ha acreditado el pago del prenatal, habiendo incluso reconocido su deuda mediante despacho postal de fecha 01/06/2005 obrante a fs.278.

Prenatal: En relación al prenatal, la trabajadora tiene derecho a percibir la asignación por prenatal dispuesta por ley 24714 art. 6 inc. c), por los periodos establecidos por la citada normativa (art. 9 Ley 24714), atento la antigüedad de la actora y el reconocimiento de la deuda efectuado por la empleadora.

Si bien la actora no ha acompañado constancia de haber acreditado ante la empleadora el embarazo entre el tercer y cuarto mes, mediante el correspondiente certificado médico, las constancias de autos y presunciones legales ya citadas, como la circunstancia reconocida por el propio demandado en despacho postal, sumado a la protección especial establecida por la LCT a la maternidad en concordancia con los Convenios de la OIT en el mismo sentido, me lleva a la convicción que corresponde hacer lugar al prenatal reclamado, el que asciende a la suma de $ 300,00.

Haberes de Abril 2005: De lo expuesto y conforme lo dispuesto por los arts. 52, 54, 55, 124, 140 y conc. de la L.C.T. y 55 C.P.L., atento la falta de acreditación de su pago resulta procedente el reclamo por haberes del mes de abril de 2005: $ 236,64, calculado en base a la escala salarial de CCT 144/90 para media jornada con el adicional por antiguedad.

Haberes de Mayo y 10 días de junio de 2005: En cuanto a los haberes correspondientes a los meses de mayo 2005 y diez días de junio de 2005, considero que resulta procedente igualmente sus reclamo, por cuanto la actora acreditó haberse presentado a trabajar con posterioridad al parto y trabajar hasta el 30/04/2005, fecha en que se rescindió el contrato de su empleadora con EDEMSA, empresa en la que siempre había prestado sus tareas de limpieza. Es razonable pensar -en base a la testimonial rendida y despachos telegráficos cursados- que la actora aguardó la asignación por parte de su empleadora de un lugar de trabajo, circunstancia que recién acaeció el 14/06/2005 mediante despacho postal obrante a fs.279.

Por lo expuesto, y habiéndose producido la comunicación del despido indirecto por despacho postal de fecha 10/06/2005, corresponde hacer lugar al reclamo de haberes de mayo 2005 por $ 269,86 y diez días de junio de 2005 por $ 117,42; calculados en base a la escala salarial de CCT 144/90 para media jornada con el adicional por antiguedad.

S.A.C. Proporcional 2005: En referencia al Aguinaldo proporcional del año 2005, cabe señalar, conforme los recibos de haberes incorporados a la causa y lo informado por el Perito Contador designado, el SAC era abonado por la empleadora conjuntamente con los haberes de cada mes. En consecuencia, resulta procedente el reclamo del SAC proporcional correspondiente a los meses de Abril por $ 19,72, Mayo por $ 22,48 y 10 días de Junio de 2005, que asciende a la suma de $ 9,78.

Decretos 1347/03 y 2005/04: En similar sentido me expido respecto del reclamo por las sumas correspondientes a los incrementos dispuestos por Decreto Nº1347/03 y Nº 2005/2004, que procede respecto de los meses de Abril $ 75, Mayo $ 75 y 10 días de Junio de 2005: $ 30.

En efecto, el Dcto. 1347/03 estableció una asignación no remunerativa de $ 50 a partir del 1º de enero de 2004 y en su artículo 5º que es proporcional a la jornada.

Por su parte, el Decreto 2005/04 que reclama la actora como adeudado, dispuso en su artículo 1º, a partir del 1º de enero de 2005, una asignación no remunerativa de $ 100 mensuales para todos los trabajadores del sector privado. En su artículo 3º estableció que dicha asignación es distinta e independiente de las sumas fijadas por los Dctos. Nº1.347/03 y Nº392/03 y en el art. 6º dispuso que a partir del 1º de abril tiene carácter remunerativo y asciende a $ 60 debiendo incorporarse a las remuneraciones vigentes al 31/03/2005.

2.-Vacaciones proporcionales 2005: Con respecto al reclamo por vacaciones no gozadas año 2005, las constancias de autos y presunciones legales ya citadas, como lo dispuesto por los arts. 150, 151, 152, 153 y 156 de la LCT, imponen la procedencia del rubro, en base al siguiente cálculo 125 (días trabajados) x 14 (días que le corresponderían) : 302 (días hábiles en el año)= 5,79 x 11,74 (salario diario)= $ 67,98.- 3.-Indemnización por Despido, Falta de Preaviso e integración mes de despido:

Resulta asimismo, objeto de consideración en este decisorio, el reclamo indemnizatorio formulado por los accionantes y emergente de la ruptura de la relación laboral que se produjo por despido indirecto, comunicado por la actora mediante despacho postal cursado con fecha 10/06/2005 en el que se considera injuriada: "Habiéndome presentado en la fecha en presencia de testigo, no se me ha brindado ocupación efectiva concreta ni se han cancelado los 5 meses de prenatal y nacimiento adeudados y el mes de abril de 2005. Ello me causa un grave perjuicio económico (no poder proveer sustento a mi hija de escasos meses) y una injuria grave por la que me considero despedida por vuestra exclusiva culpa" La carga procesal ineludible de acompañar los elementos de prueba que acrediten la existencia de la causal invocada y que permitan formar en la convicción el juzgador, la entidad suficiente para adoptar la medida extrema, pesa sobre la parte que la invoca (art. 179 C.P.C.).

Siendo el trabajador el que da por finiquitada la relación laboral, cae en cabeza de éste la prueba de que hubo injuria suficientemente gravosa que amerite el distracto.

La jurisprudencia ha caracterizado la injuria como todo acto, acción u omisión realizada sin derecho en que puede incurrir tanto el trabajador como el empleador, que importe un daño, menoscabo o perjuicio a la seguridad, honor e intereses de una de las partes. A su vez, para que la injuria constituya justa causa de despido debe asumir cierta magnitud suficiente como para desplazar del primer plano al principio de conservación del contrato que consagra el art.10 L.C.T. (D.T. 1977 p.479).- El apartado II del art. 242, expresa que la valoración de la injuria es facultad de los Jueces en forma prudencial. Tal valoración deberá efectuarse teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad, a más del carácter de la relación, modalidades y circunstancias personales de cada caso.

Efectuadas estas consideraciones, corresponde analizar seguidamente la situación de hecho a la luz de las pruebas arrimadas al juicio.

Habiendo quedado acreditado que la actora se presentó a trabajar y efectivamente lo hizo hasta el 30/04/2005, fecha en que se rescindió el contrato con EDEMSA, que la empleadora MOSSA no otorgó ocupación efectiva a la actora, a pesar del emplazamiento de ésta, sino hasta después que la trabajadora se considerara despedida, que la empleadora demandada adeudaba a la actora el sueldo correspondiente al mes de abril y cinco meses de prenatal, Configuró el silencio del empleador demandado a asignar lugar de realización de tareas y aclarar situación laboral, un accionar contrario al principio de buena fe, ello me permite concluir que, efectivamente la demandada incurrió en una injuria contra los intereses de la actora, al no aclarar la situación de la misma con posterioridad a la rescisión del contrato con EDEMSA, lugar donde siempre prestó servicios la actora, silencio que se prolongó a pesar del emplazamiento efectuado por la accionante, no siendo suficiente como respuesta un emplazamiento a "presentarse a la empresa en horario normal y habitual de trabajo a efectos de otorgarle nuevo destino", debió como lo hizo en el segundo despacho - aunque ya tarde porque la actora se había considerado despedida- asignarle nuevo destino.

Al mismo resultado se arriba en el sub iudice, al considerar la inobservancia de las obligaciones resultantes del contrato, que denuncia la accionante, y que está referida a la falta de pago del prenatal y de los haberes correspondientes al mes de abril de 2005, supuesto típico de injuria patronal, por haber omitido cumplir con una de las obligaciones esenciales del contrato de trabajo.

La remuneración constituye una expectativa vital de quien pone su fuerza y capacidad de trabajo al servicio de otro y aunque para el empleador resulte quizás más difícil mensurar la equivalencia de la prestación que recibe, que la remuneración que brinda, la primera tiene una connotación con repercusiones sociales que la muestra en principio más necesitada de protección inmediata que la segunda (Meilij, Contrato de Trabajo, Tomo I, pag. 303).

Por lo expuesto, atento la extensión de la relación laboral (01/11/2001 a 10/06/2005), el básico de convenio al mes de junio de 2005 más adicional por antiguedad y lo dispuesto por los arts. 232, 233 y 245, concluyo por ser mi íntima convicción, que el rubro indemnización por despido prospera a favor de la actora en la suma de $ 1.171,20; la indemnización por falta de preaviso prospera en la suma de $ 292,80 y el concepto integración del mes de despido, prospera en la suma de $ 234,24.

4.-Indemnización del art. 16 de la Ley 25.561.

La actora reclama la indemnización prevista en el art. 16 de la Ley 25.561, por haber operado el despido sin justa causa, encontrándose vigente dicha normativa.

Resulta oportuno aclarar que la ley 25.561, se dictó en medio de la crisis económica general y la crítica situación social de comienzos de 2002. Esta norma incluye una disposición transitoria que duplica la indemnización que le corresponde al trabajador despedido en un determinado período: "...por el plazo de 180 días quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente".

Este agravamiento indemnizatorio no resultaba irrazonable en el contexto en que se dictó y tuvo vigencia, por cuanto no impedía al empleador despedir, sino que le imponía un quantum más gravoso, a fin de evitar el desempleo y los despidos que agravarían aún más la crisis y con miras a la protección del trabajador (art. 14 bis CN), durante una situación de crisis económica y social generalizada del país.

En efecto, el art. 16 de la Ley 25.561 [Fecha entrada en vigencia 06/01/02, según Dcto. 50/2002 (BO 09/01/02)] ordena la duplicación de la indemnización de los despidos sin causa justificada; imponiéndose en consecuencia la necesidad de determinar en cada caso, cuál es el ámbito material de aplicación de la norma, es decir, qué despidos están alcanzados por la duplicación y cuáles por el contrario se encuentran excluidos.

El Decreto 883/02 (BO 29/05/2002) prorrogó la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el art. 16 de la Ley 25.561, por el plazo de 180 días a partir del vencimiento originario.

El Decreto 2639/02 (BO del 20/12/02) estableció que la suspensión de los despidos no era aplicable a los nuevos trabajadores que se incorporen en relación de dependencia en los términos de la LCT a partir del 01/01/2003, en tanto su incorporación represente un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador detentaba al 31/12/02.

El Dcto. 662/2003 (BO del 21/03/2002) prorrogó la suspensión de los despidos sin causa justificada hasta el 30/06/2003. y el Dcto. 256/2003 lo prorroga hasta el 3/12/2003.

El Dcto. 1351/2003 (BO 06/01/2004) lo prorroga hasta el 31/03/2004, el Dcto. 369/2004 (BO 02/04/2004 ) prorroga hasta el 30/06/2004 y el Dcto. 823/04 (BO 28/06/04) que redujo la suma al 80%, prorrogó la vigencia hasta el 31/12/2004. Atento la fecha en que se produce el distracto, se encontraba vigente el Dcto. 823/04 ya que el Dcto. 1433/2005 que fija en el 50% el adicional previsto en el párrafo 2º del art. 4º de la 25.972, entra en vigencia a partir del 1º de diciembre de 2005.

La ley Nº 25.972 (sancionada el 24/11/04, promulgada el 15/12/04 y publicada el 17/12/04); en su artículo 4º prorroga la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el art. 16 de la ley 25.561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el INDEC resulte inferior al 10%.

En caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados, el porcentaje adicional que fije el PEN por sobre la indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en el art. 245 de la LCT.

El Dcto. 2014/2004 (BO del 07/01/2005) prorroga la vigencia hasta el 31/12/2005.

Como ya lo expresara, el art. 16 de la ley 25561, es una norma excepcional y transitoria, de contenido protectorio con un doble objetivo; por un lado evitar despidos (reforzar la estabilidad, evitar el desempleo en una situación de emergencia) sancionando la decisión rupturista incausada del empleador y proteger al trabajador (art. 14 bis CN) despedido durante la situación de emergencia económica y social.

Esa doble finalidad se explica con el dictado del Dcto. 2639/02 (BO del 20/12/02) que estableció, que la suspensión de los despidos, no era aplicable a los nuevos trabajadores que se incorporen en relación de dependencia en los términos de la LCT a partir del 01/01/2003, en tanto su incorporación represente un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador detentaba al 31/12/02.

Habiendo arribado a la conclusión que fue justificado el despido indirecto dispuesto por la trabajadora accionante debido a los incumplimientos del empleador y considerando la finalidad perseguida por la ley y sus prórrogas y las constancias de autos, es mi convicción que corresponde hacer lugar a la indemnización dispuesta por la norma, prosperando en la suma de $ 936,96.

Por otra parte, corresponde señalar, que habiendo hecho lugar a la Falta de Acción y de Legitimación Sustancial Pasiva interpuesta por EDEMSA, conforme lo resuelto en la primera cuestión, no corresponde expedirme respecto al planteo de inconstitucionalidad de las referidas normas por devenir abstracto.

5.-Indemnización art. 2 ley 25.323.- El artículo 2º de la normativa sanciona al empleador, fehacientemente intimado por el trabajador al pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T., y que lo obligare, a iniciar acciones judiciales tendientes a su cobro, con una incremento del 50% de sus respectivos montos. Esta norma debe ser concedida con carácter restrictivo.

El último párrafo del artículo habilita a la interpretación restrictiva del mismo, por cuanto dispone "Si hubiera existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago".

En el caso de autos, considero procedente esta sanción por haberse demostrado con los despachos telegráficos incorporados a la causa, que el empleador ha sido fehacientemente intimado al pago de la liquidación final, sin que haya hecho efectivo el mismo, razón por la cual la actora ha tenido que entablar la presente demanda judicial con el objeto de obtener el cobro de lo que por derecho le correspondía.

Paralelamente, no se da en el sub lite, ninguna causal que justifique la inconducta del empleador y que fundada y objetivamente permita apartarme de la indemnización dispuesta por la normativa.

En consecuencia, considero procedente el concepto reclamado por el accionante en base a las pautas expresamente establecidas por la citada normativa, prosperando en la suma de $ 849,12.

6.-Indemnización art. 80 LCT.

La actora reclama la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT por la falta de entrega de certificación de servicios y constancia de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social.

El art. 80 de la LCT dispone que, "La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, configurará asimismo una obligación contractual. El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese a la época de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia cuando medien causas razonables." "Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador está obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de estos, constancia de sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social." "Si el empleador no hiciere entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos días (2) hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de éste último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente".

A su vez, la reglamentación del citado art. 45, el Decreto 146/01 dispone que "el trabajador queda habilitado para remitir el requerimiento fehaciente cuando el empleador no hubiere cumplido con la entrega de los certificados o constancias dentro de los treinta días corridos de extinguido el contrato por cualquier causa".

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia, en numerosos pronunciamientos ("Milán Viviana M.C/ Máxima AFJP" registrado en LS 340 fs 195; "Sánchez, Raúl Mario en jº 36.056, Sánchez, Raúl Mario c/Laboratorio Bagó s/Cert. de trabajo s/casación", de fecha 10 de mayo de 2007, registrado en LS 377; entre otros) ha establecido que el art.80 LCT establece dos obligaciones distintas y autónomas: a) la entrega del certificado de trabajo con las indicaciones que prevé el 2º párrafo, y b) la entrega de la constancia documentada del depósito de los aportes y contribuciones correspondientes a la seguridad social.

La reforma introducida por el art. 45 de la ley 25.345, tuvo en miras principalmente la evasión en el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social, su nombre mismo lo dice "prevención de la evasión fiscal".

A su vez, la sanción prevista en la norma tiene una función reparadora ante el perjuicio que sufre el trabajador que se ve afectado gravemente si el empleador incumple con el pago de sus aportes y, no entrega las certificaciones exigidas por ley para la obtención del beneficio jubilatorio (ley 24.241).

Pero, reitero, el objeto de la ley 25.345 en primer término, es castigar al empleador que no dio cumplimiento con las obligaciones contenidas en los primeros párrafos del art. 80 (t.o.), por ello, el decreto 146/2001 otorga un plazo de 30 días corridos posteriores a la disolución del vínculo, a fin de que el trabajador intime la entrega de modo fehaciente, (C. Nac. Trab., sala 3º, 25/11/2002, Partes: Dolcet, Adrián v. Cerrito Car S.A. y otro s/diferencias de salarios; Lexis nº 13/8808) y en segundo término, es el resarcimiento al trabajador por el perjuicio sufrido.

En el sublite, la parte actora ha cumplido con la carga de requerir de modo fehaciente la entrega del certificado de trabajo y de las constancias de los aportes a la seguridad social y organismos sindicales, durante la vigencia de la ley nº 25.345 Si bien la Pericia Contable obrante en autos refiere el cumplimiento por parte de la accionada del pago de los aportes y que no ha incurrido en evasión fiscal respecto del actor, hasta la fecha de vigencia del contrato con EDEMSA (30/04/2005); la accionada no ha acreditado haber hecho entrega de las certificaciones y constancias a las que fue emplazado por la actora de conformidad con el art. 80 de la LCT.

En consecuencia, ante el incumplimiento de la accionada y la intimación fehaciente del actor, nace el derecho a reclamar el pago de la multa prevista en el artículo 45 de la ley nº 25.345 que modifica al artículo 80 de la LCT, y que equivale a tres veces el mejor sueldo mensual, normal y habitual en el año anterior al distracto, ascendiendo a $ 809,58 (tomando como base el sueldo según CCT 144/90 correspondiente a mayo 2005).

ASI VOTO.

SOBRE LA TERCERA CUESTION LA DRA. ELCIRA GEORGINA DE LA ROZA DIJO:

En relación a los intereses legales. Atento lo normado por el art. 82 C.P.L., 90 inc. 6 del C.P.C. (art. 108 C.P.L.) y artículo 622 del Código Civil, debo expedirme sobre los intereses legales.

El artículo 622 del C.C. establece que el deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiese fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar.

No habiendo interés convenido pero sí determinado por leyes especiales con vigencia en el orden provincial como son las Leyes Nro. 3.939, 4.087, 7.198 y 7.358, corresponde determinar cuál es la norma que resulta aplicable al caso concreto.

En las resoluciones judiciales los intereses legales se determinan en función del tiempo que el acreedor estuvo privado de su crédito. La sentencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 82 del C.P.L. y 90 inc. 6 del C.P.C. (art. 108 CPL), debe contener tanto el monto de condena, como los intereses o las bases para ser determinados.

Con fecha 28/05/2009 en la causa nº 93.319, caratulada "AGUIRRE HUMBERTO POR SÍ Y POR SU HIJO MENOR EN J. 146.708/39.618 AGUIRRE HUMBERTO C/OSEP P/EJEC. SENTENCIA S/ INC. CAS.", el Superior Tribunal de Justicia Provincial convocó a nuevo Plenario a los efectos de "verificar los resultados de los plenarios relacionados a la constitucionalidad o no de las leyes provinciales y que regulan intereses y tasas aplicables", resolviendo: 1) La Ley 7198 ha devenido en inconstitucional atento que la tasa pasiva que la misma fija no cumple con la función resarcitoria que deben tener los intereses moratorios. 2) Corresponde aplicar la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.); 3) Los jueces tienen la obligación de verificar si en cada caso en concreto la tasa activa que ordenen aplicar resulta razonable y conlleva un resarcimiento legítimo y justo y 4) La tasa de interés fijada debe aplicarse a partir del dictado del presente plenario, lo que no impide que, en cada caso particular, se verifique si en concreto la tasa pasiva resultaba inconstitucional, pudiendo el sentenciante así declararlo.

Con el mencionado plenario, se ha superado la doctrina sentada en el plenario "Amaya" declarándose la inconstitucionalidad de la Ley 7198, modificada por Ley 7358 y en consecuencia que la tasa legal aplicable es la activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación e impone en el juez la obligación de verificar en cada caso concreto que la tasa activa a aplicar no conlleve un enriquecimiento indebido y lo faculta a verificar en cada caso si la tasa pasiva resulta inconstitucional.

En el caso, la naturaleza alimentaria del crédito a favor de la actora, del que depende la subsistencia del trabajador, que se genera con su único capital: su capacidad laboral o fuerza del trabajo; el Convenio OIT 95 que prohíbe a los empleadores limitar en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario; la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que reconoce a toda persona el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce que el derecho a trabajar comprende el derecho de toda persona a ganarse la vida, que para ello se devengue un salario equitativo, con una mejora continua de las condiciones de existencia (arts. 6, 7, 11), el principio superior de la equidad, el principio protectorio garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, el de integralidad de la remuneración y el derecho de propiedad amparado por el artículo 17 de la Constitución Nacional, me llevan al convencimiento que la aplicación de la tasa pasiva al crédito de la actora, no resiste el test de razonabilidad siendo de estricta justicia la aplicación de la tasa activa, por resultar esa tasa, más adecuada a los índices inflacionarios evitando que la trabajadora vea "licuar" su acreencia.

Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la Ley 7198, modificada por Ley 7358, efectuado por la accionante.

En conclusión, conforme el art. 82 del C.P.L. y art.90 inc. 6 del C.P.C.; considero que debe aplicarse la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.) desde la fecha en que las sumas fueron exigibles, hasta el momento del efectivo pago (art. 622 del CC y art. 82 CPL).

Las costas del proceso. La imposición de costas, encuentra su tratamiento normativo, en nuestros códigos de rito en los artículos 31 del C.P.L. y arts. 35 y 36 del C.P.C. -de aplicación supletoria en el proceso laboral en virtud de lo dispuesto por el artículo 108 del CPL-.

Dichas normas consagran, como principio general, el chiovendano de la derrota, por el cual, la parte que resulta vencida en la incidencia, debe soportar las costas de la misma.

Sin embargo, también ambas normas procesales establecen una "excepción" al referido principio chiovendano. En efecto, el art. 31 del C.P.L. prescribe que "Por excepción, el Tribunal podrá eximirlas total o parcialmente, cuando el vencido por circunstancias especiales demuestre haber litigado con razón probable y buena fe".

La norma procesal laboral permite al Juzgador apartarse del principio chiovendano de la derrota, cuando se den las circunstancias allí establecidas, con lo que se concluye, que el mencionado principio no debe aplicarse a rajatablas, sino por el contrario, deja librado al juicio o criterio del Juzgador, la posibilidad de apartarse del mismo, cuando la parte vencida ha litigado con probable razón valedera y buena fe.

Precisamente este ha sido el caso que se dio en el sub iudice, en el que se justifica apartarme del criterio del vencimiento en materia de imposición de costas, al considerar las características de la causa, los diferentes criterios doctrinarios y jurisprudenciales existentes en cuanto a la interpretación y alcances del artículo 30 de la LCT, que pudieron llevar a la actora a litigar contra EDEMSA de buena fe, por ser la única empresa en la que prestó servicios durante toda su relación laboral, circunstancias que pudieron contribuir a creerse con razón valedera para ello.

En consecuencia, las costas deberán ser soportadas por el demandado MENDOZA OBRAS Y SERVICIOS S.A. en cuanto a los rubros y montos de condena y en el orden causado, en cuanto al rechazo de la pretensión contra EDEMSA, por haber habido razón probable para el reclamo efectuado.

ASI VOTO.

Con lo que se da por terminado el acto, pasando a dictar sentencia, la que a continuación se inserta.

MENDOZA, 23 de Septiembre de 2.009.

Y V I S T O S : Esta Sala Unipersonal de la Primera Cámara del Trabajo R E S U E L V E :

I.- Declarar la inconstitucionalidad de las leyes Nº7198 y Nº7358, conforme lo resuelto en la Tercera cuestión.

II.-HACER LUGAR A LA DEMANDA entablada por la actora NATALIA NOEMI GOMEZ y condenar a la demandada MENDOZA OBRAS Y SERVICIOS S.A. a pagar a la actora la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 78/100 ($ 5.517,78), que reclama en concepto de Prenatal, Haberes correspondientes a Abril, Mayo y diez días del mes de junio de 2005, Decretos 1347/03 y 2005/04, SAC proporcional 2005, Vacaciones Proporcionales 2005, indemnización por despido, indemnización por falta de preaviso, integración mes de despido, indemnización art. 16 de la ley 25.561, indemnización art. 2 de la ley 25.323 e indemnización art. 80 de la LCT, en el plazo de CINCO DÍAS de notificada la presente, con más los intereses legales, conforme lo resuelto en la Tercera Cuestión. CON COSTAS A CARGO DE LA DEMANDADA.

III.- HACER LUGAR A LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACIÓN SUSTANCIAL PASIVA y FALTA DE ACCION y en consecuencia, RECHAZAR LA DEMANDA EN TODAS SUS PARTES CONTRA la demandada EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA -EDEMSA- y declarar en abstracto el planteo de inconstitucionalidad de las Leyes 25.561, 25.972 y Dcto. 2014/04 CON COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO conforme lo resuelto en la Tercera Cuestión.

IV.-Pase a Contaduría de Cámaras a fin que se practique liquidación y diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.

V.-Emplazar a los condenados en costas para que dentro del término de DIEZ DIAS de quedar firme la presente sentencia, abonen en autos los aportes correspondientes a TASA DE JUSTICIA, DERECHO FIJO Y APORTES LEY 5059 bajo apercibimiento de ley.

VI.- Notifíquese a la Dirección General de Rentas de la Provincia, Colegio de Abogados y Caja Forense.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Dra. Elcira Georgina DE LA ROZA -Juez de Cámara-