Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-05-23


AUTOS 121205/CA (C.C.Nº21540) DEL Juzgado Contencioso Administrativo, CARATULADOS:"MUNICIPALIDAD DE CAUCETE C/ Gazzo Andrés y Otro - Varios - Satisfacción Inmediata de la Pretensión".- PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2013- del Tº II -Fº01/05.- En la Ciudad de San Juan a 23 días del mes de mayo de 2013, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Octavio Augusto Sánchez y los Sres. Vocales Dres. Oscar Roberto Otiñano y Roberto M. Pagés Lloveras, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. 92, contra la sentencia de fecha 21 de junio del año dos mil doce, recaída en los presentes autos Nº121205/CA (C.C. Nº21540) caratulados: "MUNICIPALIDAD DE CAUCETE C/ GAZZO ANDRES Y OTRO - VARIOS - SATISFACCION INMEDIATA DE LA PRETENSION", dictada por la Sra. Juez titular del Juzgado Contencioso Administrativo, obrante a fs. 22/24.- 1° CUESTIÓN: ¿Resulta procedente el recurso de apelación interpuesto a fs. 80/91 vta.? 2° CUESTIÓN: En su caso, ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? EL DR.ROBERTO M.PAGÉS LLOVERAS DIJO:

A la 1ra. de las cuestiones planteadas:

Antecedentes I. A fs. 22/24. consta la sentencia en la que la Sra. Juez a quo resolvió hacer lugar a la medida autosatisfactiva requerida por la Municipalidad de Caucete y, en consecuencia, ordenar que se mantenga el libre acceso del inmueble ubicado en la localidad de Las Talas de ese Departamento destinado al depósito de basura a los fines de asegurar la recolección de los residuos domiciliarios, de espacios públicos y de su matadero municipal.- Para así resolver consideró que se encuentra acreditado que el predio ubicado en la localidad de Las Talas es utilizado por la Municipalidad de Caucete para el depósito de los residuos recolectados, como que el ingreso al predio por parte de los camiones destinados a tal actividad se ve impedido por la existencia de una tranquera construida con postes de madera, y que dicha barrera habría sido instalada por los Sres. Garrofe y Gazzo.

Estimó que atendiendo al grave perjuicio a la salud, por razones de higiene, que a la población en general del Departamento Caucete y aledaños les puede ciertamente ocasionar la interrupción del servicio Municipal de recolección de residuos, y en el entendimiento que se debe velar por el interés general, como que no se vulneran derechos de particulares, los que -según indica- podrán hacerse valer a través de la vía pertinente, juzgó procedente hacer lugar a la solicitud efectuada, sin previa sustanciación, dada las particularidades del caso.

II. A fs. 80/91 vta. consta el escrito de apelación y expresión de agravios presentado por el apoderado del Sr. Raúl H. Ariza y el Sr. Andrés A. Gazo, en el cual sostienen que no se ha cumplido con ninguno de los requisitos previstos en el art. 676 para que pueda ser admitida la petición formulada por la parte accionante.

Afirman, en resumen, que la medida impugnada contraviene el derecho de propiedad de su parte, desconoce la existencia de los requisitos de admisibilidad de la acción en cuanto carece de legitimación activa para solicitar el acceso a un fundo privado, omite acreditar el derecho real que dice haber adquirido, no acredita el perjuicio que le puede ocasionar la falta de acceso al predio de los accionados, no ofrece contracautela, impone una restricción al dominio a un privado, desconoce la reglamentación ambiental, y no observa las reglas de la sana crítica.

III. A fs. 355 se certifica el pase de los autos a estudio. Tratamiento del Recurso 1. La tutela de satisfacción inmediata o autosatisfactiva está encaminada a hallar soluciones para los problemas que la morosidad judicial ocasiona a los intereses de las partes, en casos de extrema urgencia y gravedad donde ninguna de las formas de los procesos de conocimiento resulte útil para la protección de los derechos lesionados (Cfr. Arazi-Rojas, "Código Procesal...", T° I, ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 751).

2. Se puede definir a la tutela de urgencia como una modalidad de la tutela jurisdiccional diferenciada cuya característica fundamental consiste precisamente en la urgencia de satisfacer lo solicitado, dándose prevalencia a la celeridad. A tal fin se reduce la cognición y se puede postergar -en determinadas circunstancias- la bilateralidad asegurando con ello la utilidad del resultado. 3. De esta manera se trata de evitar a las partes y a la administración de justicia el "costo" de un proceso de conocimiento pleno, principalmente en los casos de contenido (exclusivo o prevalente) no patrimonial, en los que se debe asegurar rápidamente la efectividad de la tutela jurisdiccional a fin de evitar que se sufra un daño irreparable por la demora de la cognición plena. Ello supone que el interés del postulante se ha circunscripto de manera evidente a obtener la solución de urgencia no cautelar requerida, no extendiéndose a la declaración judicial de derechos conexos o afines.

4. En San Juan, la tutela satisfactiva (art. 676, CPCCM) presupone el recaudo de la urgencia en relación con la existencia de un derecho líquido y probado en un grado de cuasi-certeza que justifica el despacho de una medida de trámite mínimo, con un régimen de contradictorio acotado o excepcionalmente diferido, y con posibilidad de impugnación.

Se debe entender por "medida de satisfactiva inmediata de la pretensión", a aquel requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota -de ahí lo de satisfactiva- con su despacho favorable, no siendo -entonces- necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento. No constituye, por ende, una medida cautelar.

5. Los recaudos que deben cumplirse a los fines de que se conceda esta medida, están indicados en el artículo 676 del CPCCM. En dicha norma se hace expresa referencia a: 1) La necesidad de satisfacer una obligación incondicionada impuesta por ley, o hacer cesar de inmediato conductas o vías de hecho, producidas o inminentes, contrarias a derecho según la legislación de fondo; 2) Que el postulante limite su interés a obtener una solución de urgencia no cautelar que no se extienda a la declaración judicial de derechos conexos o afines, y sostenga que la protección de su interés jurídico no requerirá de la ulterior promoción de un proceso de conocimiento.

6. Ahora bien, la prudencia judicial debe ponderar la urgencia y trascendencia del interés jurídico en peligro, sin perder de vista la prohibición constitucional de la indefensión, evitando que se lesione el derecho al debido proceso y el derecho de defensa de ambas partes.

A tal fin debe considerarse que debe tratarse de una pretensión no declarativa de derechos, y cuyo objeto resulte circunscripto de manera evidente a la cesación inmediata de conductas o vías de hecho, producidas o inminentes, contrarias a derecho según la legislación de fondo o procesal. Es que el interés del postulante debe limitarse a obtener la solución de urgencia no cautelar requerida, sin extenderse a la declaración judicial de derechos conexos o afines.

Debe estar acreditada de una fuerte probabilidad de la existencia del derecho del solicitante de la medida, lo que implica una mayor exigencia que la representada por la "verosimilitud" propia de las cautelares típicas, como la demostración -prima facie- de la concurrencia de una situación urgente que de no ser conjurada puede irrogar un peligro de daño irreparable, y se podrá exigir a la parte solicitante una garantía suficiente, valorando motivadamente las circunstancias del caso.

7. Si bien los jueces pueden excepcionalmente despachar directamente la medida satisfactiva postulada, pues debe considerarse que la regla es ordenar una previa y reducida sustanciación a los fines de dar al accionado la posibilidad de ser oído, en ambos casos la resolución deberá ser notificada al efecto personalmente o por cédula, y si se hubiese obviado la sustanciación, en la misma notificación debe correr traslado a la contraparte, haciéndole saber que deberá cumplir la medida ordenada, sin perjuicio de ejercer su derecho de defensa.

8. En el caso en análisis se ha planteado el recurso de apelación (fs. 80/91 vta.) luego de haberse corrido traslado a la contraparte (fs.24), por lo que la parte afectada no ha hecho uso del juicio declarativo de oposición, a los fines de poder ordenar y producir la prueba que pudiera resultar admisible y pertinente.

Y en tales circunstancias las manifestaciones vertidas por la parte demandada en su expresión de agravios carecen de una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la apelante considera equivocadas, pues no se ha desvirtuado que el ingreso de los camiones al predio donde se realiza el depósito de residuos recolectados por la Municipalidad accionante es impedido por una tranquera construida para interrumpirles la circulación (fs. 23/vta.), lo cual constituye indudablemente una conducta o vías de hecho contrarias a sus propios actos en razón de que en el escrito de expresión a agravios expresamente reconoce que en fecha 18/12/2009 se había solicitado al Sr. Intendente Municipal por los vecinos de la zona de Las Talas autorización para la colocación de una barrera en el acceso al predio con "la finalidad de limitar el acceso de particulares al predio, reducir la velocidad de los camiones que ingresan al predio y evitar accidentes...", pero nunca impedir el ingreso de los camiones con los residuos destinados al basurero municipal. A ello se agrega que se indica que "el día 12/06/2012, ingresaron 11 camiones a efectuar la descarga de su contenido, habiéndose limitado el ingreso del camión Dodge, Dominio RAV-887, conducido por el Sr. Ferreyra ...", como que en fecha 14/06/2012 se inicia un expediente administrativo con la nota que el Dr. Andrés A. Gazo remitió a la Municipalidad de Caucete "por las irregularidades cometidas por quienes efectuaban el depósito de los residuos como así también se le recordaba los compromisos asumidos e incumplidos por parte del Municipio" (fs. 85/87).

Es que teoría de los actos propios constituye una regla de derecho, derivada del principio general de la buena fe, que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita pero objetivamente contradictoria respecto del propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto. Y no sólo la buena fe, sino también la seguridad jurídica se encontrarían gravemente resentidas si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura cancelar parcialmente sus consecuencias para aumentar su provecho. Nadie puede ponerse de tal modo en contradicción con sus propios actos, y no puede -por tanto- ejercer una conducta incompatible con la asumida anteriormente.

9. Por último, se debe tener en cuenta que el Juez, para ordenar la medida, "podrá" (no obligatorio) exigir a la parte solicitante una garantía suficiente, valorando motivadamente las circunstancias del caso. Y se infiere de los fundamentos de la orden impugnada, en los se indica que "atendiendo al grave perjuicio a la salud por razones de higiene que a la población en general del Departamento Caucete y aledaños, le puede ciertamente ocasionar la interrupción del servicio Municipal de recolección de residuos...", que a dictado la orden sin considerar -por tales motivos- exigible una garantía suficiente.

10. Reitero, en consecuencia, el recurso de apelación no puede prosperar, en tanto dista de constituir una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia cuya revocatoria persigue, y no acredita la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 676 del CPCCM el dictado de la medida ordenada e impugnada por la recurrente.

Así voto.	A la segunda cuestión:	En razón de los acordado al tratar la primera cuestión corresponde rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 80/91 vta., con costas de Alzada a la vencida.

EL DR.OCTAVIO AUGUSTO SÁNCHEZ DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.- EL DR.OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:	Por razones análogas a las aducidas por el Dr. Roberto M. Pagés Lloveras, voto en el mismo sentido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 80/91 vta.;

II- Imponer las costas de Alzada a la vencida.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

PROSECRETARIO AUXILIAR: DR. AGUSTIN RUGNA.