Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19


En n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 19 días del mes de julio de 2007, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 201/07 por la letrada apoderada de la firma Supermercados Ekono SA contra la resolución de fs. 187/97.

RESULTA:

1. Que a fs. 187/97 se agrega la sentencia dictada por la titular del Juzgado CyF Nº 21 que condenó a la firma Supermercados Ekono SA a la pena de cuatro mil pesos ($4000) de multa y trece (13) días de clausura que tuvo por compurgada con el tiempo que el local permaneció clausurado preventivamente por la autoridad administrativa, ello sumado a las costas del proceso.

La sanción impuesta obedeció al hecho presuntamente ocurrido el día 22/10/2006, a las 11:30 horas, en el supermercado ubicado en la Avenida Córdoba 6107, consistente en falta de higiene en el sector depósito de productos secos consistentes en la presencia de excrementos de roedores en solados y estanterías; la presencia de un roedor muerto en trampera y la presencia de insectos muertos en solado del depósito (Acta Nº 2-1022950, fs. 2). Por este hecho en la instancia administrativa previa, única y obligatoria se había fijado la sanción de dos mil pesos ($ 2.000) (fs. 38/9).

Previo a la adopción de la sanción en cuestión, la Juez de grado entendió que la circunstancia de que en el acta que se entregara a la infractora no constara la totalidad de la descripción del hecho contenido en el acta original (contrastar fs. 6, con la copia del acta agregada en el sobre de prueba documental aportada por la defensa) no entraña afectación determinante al derecho de defensa en juicio y por ende no corresponde declarar su nulidad. Sustentó su criterio en que de la lectura de las constancias de la causa que detalla (fs. 16, 18, 38/41 y 67) se desprende que la infractora siempre estuvo en conocimiento del hecho imputado.

Asimismo también rechazó, por los motivos que expuso (fs. 190 vta./91), el razonamiento de la infractora tendiente a demostrar que el Controlador Administrativo, al acumular la multa impuesta administrativamente y la condena condicional dictada por el Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 8 se habría extralimitado en sus funciones y además resultaba improcedente por haberse verificado la infracción en locales diferentes. No obstante terminó declarando "abstracta" la cuestión considerando que "la instancia administrativa ya ha finalizado por voluntad de la imputada y el hecho de que en la instancia judicial la resolución del controlador no sea vinculante para los magistrados contravencionales, quienes pueden imponer penas y modos de ejecución más favorables o más severos" así lo determinaba (sic, fs. 191).

En torno a lo específicamente concerniente al hecho ocurrido el 22/10/2006 arriba señalado, entendió que el mismo se encontraba acreditado mediante el acta de comprobación y que las argumentaciones y documental aportada como instrumentos de descargo no desvirtuaban el valor probatorio legalmente asignado a la misma. Sostuvo, en sentido contrario a lo alegado por la infractora, que no resultaba necesario realizar una pericia para identificar el excremento de roedores y la presencia de insectos. Que ello puede ser fácilmente advertido por los inspectores a cargo del procedimiento y presumido sobre la base de la presencia del propio roedor muerto, incluso que la documental acompañada (que informaba de tareas de desratización efectuadas con posterioridad al hecho objeto del reproche) tampoco era hábil para conmover la convicción que surgía del acta.

La Magistrada de grado calificó legalmente el hecho en el tipo infraccional previsto en el art. 1.1.5 de la ley 451 y en ocasión de mensurar la pena, de conformidad con el art. 28 de la ley 451, entendió procedente la imposición de tres mil pesos ($3.000) de multa que, por efecto de la agravante establecida en el art. 31 le la ley 451, la estableció en el monto señalado en el párrafo primero de la presente más la clausura también señalada ut supra y las costas del proceso.

2. Que a fs. 201/07 se agrega el recurso de apelación interpuesto por la letrada apoderada de la condenada. Por su intermedio, luego de efectuar un relato de los antecedentes del proceso, articuló tres agravios:

a) Inobservancia de las formas sustanciales prescriptas para el trámite: bajo este acápite se agravia la supuesta infractora por considerar que la incompleta copia del acta de infracción que se le entregara, efectivamente afectó su derecho de defensa, en sentido contrario a lo que sostuvo la Juez de grado. Afirma que el acta que se le entregara consignó como infracción "falta de higiene en sector depósito de productos secos consistentes en la presencia de abundante presencia de excremento de roedores en solados, estanterías", que el original fue firmado en disconformidad por el Sr. Granea, de modo que no puede traer aparejado "el reconocimiento" y que no firmó el reverso del acta (donde se consignó "presencia de roedor muerto en trampera" de "insectos muertos"). Añade que el acta de infracción no cumplió con los requisitos exigidos por el Decreto 2126 reglamentario del código alimentario (Ley 18.284). Específicamente agravia a la impugnante que no se haya consignado la presencia de testigos en el acta, exigencia que extrae de la ley mencionada, que a su criterio resultaba esencial para acreditar los hech os y las circunstancias en las que se labraron las actas. Añade, en resumidas cuentas, que la orfandad probatoria de las actas, en lo que atañe a la omisión de extraer muestras del excremento de los roedores representa otro defecto del procedimiento que impide la certera acreditación del hecho cuestionado. Afirma, con sustento en el artículo del diario Clarín que en copias acompaña, que solo es peligroso el excremento de ratones silvestres.

b) Inadecuada valoración de la prueba aportada: bajo este rótulo se agravia la impugnante por considerar que si bien tres de las seis órdenes de trabajo se realizaron cuando el local ya había sido clausurado, las restantes fueron llevadas a cabo en el período comprendido entre el 1/10/2006 y el 22/10/2006. Con ello pretende demostrar que el supermercado "cumplió en todo momento con el deber de seguridad que estaba a su cargo, realizando la totalidad de las medidas que estaban a su alcance y que la normativa le endilga" agrega que "la situación exige respuestas por parte de las autoridades públicas que escapan de la competencia del supermercado".

c) Exceso en la multa impuesta: bajo este título se agravia la impugnante por considerar que tampoco existe en el caso prueba del daño o peligro causado, "no hubo decomiso de productos alimenticios" ni "tampoco signos de contaminación cruzada" de modo que, entiende, "en ningún momento estuvo comprometida la salud de los potenciales consumidores", insiste con que "la sola presencia de excremento de roedores implique un daño o peligro efectivamente causado" (sic, fs. 205). En síntesis, con sustento en precedentes jurisprudenciales y doctrinarios que cita, concluye que "la sanción impuesta resulta desmedida, por cuanto no guarda proporción con la infracción imputada, ni con la potencial afectación del bien jurídico protegido, que es innegable que resulta inexistente" (fs. 205 vta.).

3. Que ante el estado de cosas descripto, corresponde en primer término analizar el juicio de admisibilidad efectuado por la a quo para luego, y en caso de resultar legalmente habilitada la competencia revisora del Tribunal, confrontar la sentencia en crisis con los agravios pertinentes que ella ha generado.

PRIMERA CUESTION Este Tribunal viene afirmando en cada ocasión en que es convocado a revisar una sentencia definitiva dictada en el marco de un proceso de Juzgamiento de faltas, y en consonancia con lo advertido por el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad (considerando 5 del voto de la Juez Ana María Conde in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso -apelación-´", Expte. nº 4054/05 del 21/12/2005) que el art. 56 de la ley 1217, al regular la procedencia de los recursos de apelación contra las sentencias de los Magistrados de Grado dictadas en el marco del ejercicio del control judicial de una resolución adoptada por la Unidad Administrativa de Control de Faltas, establece -taxativamente- tres supuestos de viabilidad, a saber: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley; c) arbitrariedad. Únicamente cuando el desarrollo argumental de los agravios contenidos en la apelación se enmarca en alguno de esos supuestos el recurso es procedente.

La norma aludida no resulta sino una derivación lógica del principio de inmediación que informa la audiencia de juzgamiento en la materia y que impide que los jueces que no estuvieron presentes en la audiencia oral se inmiscuyan ilegítimamente en la apreciación de cuestiones de hecho y prueba a no ser a través de la excepcional doctrina de la arbitrariedad que en su acepción técnica posee contornos delineados por la doctrina jurisprudencial del máximo Tribunal Federal que acuñó dicha noción.

Sentado lo expuesto resulta necesario efectuar una revisión del juicio de admisibilidad efectuado por la Juez de grado a fs. 209/10 en la inteligencia de indagar si, como se consideró, los agravios propuestos por la recurrente resultan hábiles para detonar la competencia de este Tribunal.

El primer agravio titulado inobservancia de las formas sustanciales previstas para el trámite de la causa presenta una serie de críticas que permiten que este Tribunal ejerza su competencia revisora en el marco del art. 56 LPF, no exclusivamente por su título sino también por su contenido. En efecto, el cuestionamiento en torno al incumplimiento del art. 4, ley 1217 y sus consecuencias, así como el pretendido cumplimiento de la norma reglamentaria del código alimentario argentino que exigiría, con carácter obligatorio, la presencia de testigos resultan motivos de agravio que efectivamente se dirigen a cuestionar el modo en que el organismo administrativo ejerció su competencia procedimental. Incluso el cuestionamiento que gira en torno a que se omitió extraer muestras del excremento de roedor hallado entraña una crítica a la forma en que el procedimiento fue llevado a cabo y corresponde estudiar si aún dicha omisión entrañó un apartamiento de las formas legales previstas para el mismo, es decir si existía una norma que necesariamente efectuaba tal reclamo y dicha norma fue incumplida.

No ocurre lo mismo con los agravios identificados como segundo y tercero en la pieza impugnaticia. En efecto, como quedó expresado en los primeros párrafos de la presente cuestión, el recurso de apelación en materia de faltas esta básicamente estructurado para la revisión de cuestiones jurídicas, es decir para los supuestos de apartamiento de las formas o de las normas sustanciales legalmente previstas para la solución del caso y excepcionalmente cuestiones de hecho a partir de la excepcional doctrina de la arbitrariedad de sentencia. De conformidad con lo expuesto las cuestiones fácticas quedan, en principio que al igual que cualquier otro admite excepciones, al margen de este recurso.

En el caso la Magistrada de grado tuvo por acreditado, por los motivos que expuso, el hecho consistente en que el 22/10/2006, a las 11:30 hs., en el local de la Avenida Córdoba 6107, se verificó falta de higiene en el sector depósito de productos secos consistentes en la presencia de excrementos de roedores en solados y estanterías; la presencia de un roedor muerto en trampera y la presencia de insectos muertos en soldado del depósito.

Ahora bien, bajo el acápite segundo agravio la recurrente se agravia en cuanto a que, en sentido contrario a lo sostenido por la a quo, incluso antes de verificada la infracción objeto del reproche, se llevaron adelante tareas de desratización, con ello intenta demostrar que su mandante cumplió en todo momento con el deber de cuidado obedeciendo la presencia de roedores a una plaga que excedería su diligente cometido comercial. Por su parte mediante el tercer agravio cuestiona que en algún momento haya estado comprometida la salud de los potenciales consumidores, y que de la sola presencia de roedores, como se reseñara más arriba de su exposición, no permite inferir tal extremo. Asimismo, en este acápite cuestiona a la sanción impuesta por desproporcionada e irrazonable.

El recurso ha sido mal concedido en este aspecto. Ello así por cuanto, en síntesis mediante estos agravios la impugnante intenta demostrar la sinrazón de la pena de tres mil pesos ($3.000), elevada a cuatro mil pesos ($4.000) por efecto de la agravante prevista en el art. 31 de la ley 451 y de trece (13) días de clausura que se tuvo por compurgada.

Los dos agravios referidos en último término no entrañan, en principio, una cuestión que habilite la competencia revisora de esta Cámara a la luz del art. 56 LPF por no advertirse la presencia de un supuesto de arbitrariedad que la determine. En efecto, este Tribunal consideró que no corresponde hacer lugar a agravios de esta índole cuando, como en el caso, se advierte una fundamentación suficiente de la graduación de la sanción impuesta ("Les Bejart S.A. s/exceder capacidad"-Apelación. Este Tribunal in re Causa N° 35569-00-CC/2006, del 11/07/2006).

No se advierte en el caso un drástico apartamiento de las pautas establecidas por el art. 28 de la ley 451, en ocasión que la Juez a quo merituara la pena a imponer. El tipo infraccional previsto en el art. 1.1.5 de la ley 451 hace oscilar el reproche por el hecho en cuestión, entre un mínimo de $500 (quinientos pesos) y un máximo de $ 5.000 (cinco mil pesos), a ello se suma la posibilidad de decretar la inhabilitación del titular o responsable del establecimiento y la clausura de establecimiento, esta última no en modo facultativo sino obligatorio. Teniendo en cuenta dicha escala y las pautas que refirió a lo largo de la sentencia (el inadecuado empeño puesto por la empresa para mantener las condiciones mínimas de higiene -fs. 193 vta.-, la cercanía con el "ex mercado de pulgas" conocida por los directivos aumenta el deber de cuidado -fs. 194-, la presencia del roedor muerto en la dependencia donde se depositan mercaderías destinadas al consumo es indicativo que éste pudo desplazarse, alimentarse y defecar en dicha dependencia -fs. 195 vta.-) consideró adecuada la imposición de $3000 (tres mil pesos) de multa que por imperio del art. 31 de la ley 451 agravó toda vez que verificó que la infractora poseía una condena por la misma falta en el período fijado. En síntesis, toda vez que "la doctrina de la arbitrariedad de sentencia es estricta en su aplicación, pues atiende a cubrir casos de carácter excepcional" (Fallos 312:246; 389:608, entre otros) el recurso de apelación interpuesto por la letrada apoderada de Supermercados Ekono SA, ha sido mal concedido en torno de estos agravios.

SEGUNDA CUESTION:

Ingresando en el análisis del fondo del asunto jurídico propuesto por el recurso bajo examen este Tribunal considera que el a quo ha dado una solución jurídica válida a la cuestión vinculada el procedimiento llevado a cabo por los inspectores el día 22/10/2006.

Las críticas dirigidas a cuestionar la afirmación efectuada por la Juez a quo en torno a que la omisión de dejar constancia de la presencia de un roedor y de insectos muertos en la copia entregada a la infractora no produjo una afectación al derecho de defensa en juicio no logran su objetivo.

En efecto, aún cuando la firma del acta de fs. 16 bajo disconformidad o cuando el acta de infracción de fs. 6 no hubiese sido firmada en su reverso no resulta creíble que la cuestión vinculada con la grave presencia de insectos y roedores muertos haya resultado sorpresiva para la empresa infractora de modo tal de haber impedido el cabal ejercicio del derecho de defensa.

Adviértase que, tal como lo señaló la Juez a quo, el acto administrativo que dispuso la clausura preventiva e inmediata del depósito donde se hicieron los hallazgos en cuestión fue debidamente notificado a la infractora y generó de su parte la actitud que determinó el levantamiento de la misma (ver. fs. 18/9, 38/41). Asimismo la infractora desde su primer presentación efectuada en sede judicial demuestra el conocimiento del extremo aludido circunstancia que impide que la hipótesis de "sorpresa de la imputación" resulte razonablemente sustentable (fs. 71/6).

Por su parte, la ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de competencias indudablemente propias como aquella que consiste en la tutela de la salubridad y seguridad de las personas que habitan y transitan por su territorio (art. 104 inc. 11 CCABA), dicta normas tendientes a cumplir con tal cometido y asimismo, las ejecuta (en este rubro se inscriben tanto el código de faltas y su procedimiento -leyes 451 y 1217- como, por ejemplo, el decreto 179/GCBA/2000, publicado en el BOCABA el 3/03/2000 que reglamenta el procedimiento de inspección de productos alimenticios). En este sentido se advierte que la consignación de testigos en ocasión de labrarse actas de infracción por comisión de infracciones al código de faltas resulta legalmente exigida únicamente en el supuesto de que "hubieren presenciado la acción u omisión que dio lugar al labrado del acta" (art. 3 inc. f, ley 1217) de modo que la falta de presencia de tales en ocasión de verificarse la comisión de una falta en un depósito donde se almacena mercadería -es decir en un lugar no accesible al público- no puede acarrear la pretendida nulidad del acta. Adviértase por su parte que la comisión de la infracción que documenta el acta fue presenciada por cuatro (4) funcionaros de la autoridad administrativa, ninguno de los cuales fue citado por la infractora para iluminar como pretende los hechos del caso (fs. 75 vta.).

Tampoco puede producir el pretendido efecto de descalificar el procedimiento administrativo de inspección la circunstancia de que en ocasión de labrarse el acta no se hubiesen extraído muestras del excremento de roedor, las razones dadas por la Magistrada de grado para tener por acreditado dicho extremo resultan razonables y no han sido enervadas por la actividad probatoria de la recurrente. Por su parte la impugnante no identifica la presencia de una norma que exija la recolección de la materia fecal en cuestión.

Por las razones expuestas, en mérito al acuerdo que antecede, a las normas legales y antecedentes jurisprudenciales citados, el Tribunal RESUELVE:

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación en relación a los agravios identificados como "segundo agravio" y "tercer agravio" en la impugnación bajo examen, vinculados con la inadecuada valoración de la prueba y la desproporción de la pena impuesta (art. 56 LPF).

II.- CONFIRMAR la resolución en crisis, obrante a fs. 187/97, en cuanto condenó a la firma Supermercados Ekono SA a la pena de la multa de cuatro mil pesos ($4000), y de clausura del establecimiento por el término de trece (13) días que se da por compurgada con el tiempo que permaneció clausurado previamente, por ser responsable de la infracción al art. 1.1.5 de la ley 451, con costas (arts. 4, 5, 6, 18.1 y 4, 19, 23 y 31 ley 451; 33 y 55 ley 1217).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia, a sus efectos.

Ante mi //jo constancia que el José Sáez Capel no firma por hallarse en uso de licencia.