Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20


DIEZ, Manuel B. contra CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 206 p 275-276.

Santa Fe, 20 de abril del año 2.005.

VISTOS: los autos "DIEZ, Manuel B. contra CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE -Amparo-Recurso Directo- (Expte. 213/04) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 523, año 2004); para resolver el recurso de revocatoria deducido a fojas 42/43; y, CONSIDERANDO: 1. Contra la providencia que intimó al recurrente a efectuar el depósito contemplado en el artículo 8 de la ley 7055, interpuso el nombrado recurso de revocatoria.

Fundó su pedido en que el sujeto accionado en la causa penal, a la que corresponde al fallo de pobreza acompañado en copias, es la misma persona demandado en el amparo, y que éste resulta conexo a aquél por lo que "la presente acción no configura otra causa".

Así, dijo que resultaría un exceso solicitarle la respectiva declaratoria de pobreza y agregó que, sin perjuicio de ello, inició la pertinente acción que se encuentra en trámite.

Tras comentar jurisprudencia, consideró que resulta irrazonable sostener la exigencia requerida atento a que de la lectura del caso surgen claramente irregularidades jurisdiccional graves que resultan de insoslayable tratamiento por el Tribunal.

2. Habrá de desestimarse la revocatoria interpuesta. Como se expresara en la causa "Nuevo Banco de Santa Fe" (A. y S., T. 195, pág. 114), que depara una situación similar a la presente incidencia, la Corte Suprema Nacional ha sostenido reiteradamente (por todos, Fallos 285:235) que "La obligación de cumplir el depósito no reconoce otras excepciones que las expresamente comprendidas en la legislación pertinente".

Asimismo, tal como lo sostuviera este Tribunal, aunque con distinta integración, en la causa "Vázquez" (A. y S., T. 102, pág. 495), la ley regulatoria en el ámbito provincial del recurso de inconstitucionalidad, dispone en su artículo 8, segundo párrafo, que "... estarán eximidos del depósito los que gozaren de exención del impuesto a las actuaciones y tasas de justicia".

Por su parte, el inciso e) del artículo 233 del Código Fiscal exceptúa de dicha tasa a las actuaciones y diligencias para obtener carta de pobreza y, a su vez, el artículo 334 del Código Procesal Civil y Comercial impone considerar pobre al peticionario al sólo efecto de solicitar medidas urgentes o de seguridad o formular pedidos que deban interrumpir la prescripción o la perención de la instancia, sólo cuando la declaratoria de pobreza hubiera paralizado el procedimiento del principal (Cfr. "Chiozzi", A. y S., T.

132, págs. 465/466). De lo expuesto, del carácter restrictivo que merece la interpretación de toda excepción y de la falta de copia certificada de la resolución de la declaratoria de pobreza de los presentes autos, surge que el recurrente no se encuentra exento de efectuar el depósito requerido.

No modifica la solución brindada el argumento del quejoso basado en que ha sido declarado pobre en otra causa que, según expresa, resulta conexa a la presente, por cuanto, como es sabido, los efectos de la declaratoria de pobreza comprenden sólo al derecho de actuar en el juicio en el que se la ha acordado.

Por lo demás, debe una vez más señalarse que la exigencia del depósito, como requisito de admisibilidad de la queja, es carga económica que, según expresa Elías P.

Guastavino ("Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", tomo II, pág. 1.017) - refiriéndose a la similar en el trámite de queja por denegación del recurso extraordinario federal- '... tiene como propósito restringir el uso indebido de la presentación directa ante la Corte Suprema, corrigiendo la experiencia que demostraba que las quejas eran frecuentemente utilizadas con fines dilatorios' y de la que no cabe soslayarse su destino (devolución) en caso de ser admitida aquélla" (ver A. y S., T. 122, págs. 149/150).

Por último, cabe reiterar que de por sí, la exigencia del depósito previo como requisito para la viabilidad de un recurso no contradice garantías constitucionales (Corte Suprema de la Nación, causas "Golpe" 23.3.93 y "Bielli" 22.9.92).

Por todo lo expuesto, lo dispuesto en la ley 10.924 y Acta-Acuerdo Nro. 2 del año 1.993 -punto 13-, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la revocatoria interpuesta.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)