marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, caducidad, resolución denegatoria, resoluciones irrecurribles, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ ¿Es apelable el auto que rechaza la pretensión de caducidad del   proceso? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-26

El ejercicio del derecho que se tiene a que el proceso termine antes de su normal desenlace no puede causar más perjuicio al postulante que la definición denegatoria; esa denegación es el desenlace mismo del planteo en esos términos, con lo cual el pretensor satisface el derecho a ser oído en el nivel jurisdiccional para el que la ley reduce tal audiencia. De lo contrario, si la denegatoria produjese un perjuicio insusceptible de ser corregido en la sentencia -por ejemplo el cercenamiento de algún derecho procesal- sería fácilmente identificable y aislable. El aferramiento al derecho subjetivo no puede llevar a una institución del derecho público procesal como la caducidad - destinada a erradicar el desinterés y la desidia- a la categoría de facultad de recurrir interminablemente. No es necesario esperar una reforma legislativa para lo que ya obra en el ordenamiento adjetivo. (Del Voto del Dr. Donati).
Partidos políticos, estados contables
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Conservador Popular s/ presentación (caducidad)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-08

La falta de presentación oportuna de los balances no implica, necesariamente, la transgresión a las disposiciones del artículo 37 de la ley 23.298.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Arias, Daniel Alejandro y otro s/ Robo agravado por el uso de armas, homicidio, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28

El aspecto formal de las diligencias de secuestro se halla específica y directamente regulado por los pertinentes artículos del Código de Procedimiento Penal -que en el caso la propia parte menciona- de modo que la invocación del art. 968 del Código Civil es inatingente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámaras de casación, jurisprudencia vinculante
Materia: PENAL
Carátula: Gil Brenta, Juan s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-08

Perfila el supuesto de gravedad institucional la circunstancia de que el órgano jurisdiccional "a quo" haya descartado de plano la aplicación de una ley, siguiendo en esto criterio contrario al sentado para casos semejantes por el Tribunal de Casación Penal.
Derechos y garantías constitucionales, deberes del juez, deber de imparcialidad, excusación
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: GRACIA, Angel A s/ inc. de recusación-Causa 31.343
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-16

La pretensión fundada en que el Juez que interviene en la causa por una razón de tipo formal (arts. 348 y 349 del R.J.C.C.C.), -estaría actuando como sujeto pasivo y denunciante- debe ser analizada desde la garantía a ser juzgado por un tribunal imparcial consagrada por el art. 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos EN FUNCION DEL 75 INC. 22 DE LA Constitución Nacional.

Esta Sala, en precedentes análogos, ha citado jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, que, interpretando una norma análoga a la de la Convención Americana, la contenida en el artículo 6, primer párrafo, del Convenio Europeo para la Protección de los derechos Humanos, distinguió dos aspectos: el subjetivo, que trata de averiguar la convicción personal de un juez determinado en un caso concreto, y un aspecto objetivo, que se refiere a si éste ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda razonable al respecto.

Así, expresó que todo juez en relación con el cual pueda haber razones legítimas para dudar de su imparcialidad, debe abstenerse de conocer en el caso, estimando suficiente para atribuir responsabilidad a los Estados por la violación de la garantía, la comprobación de que la imparcialidad del Tribunal al que le incumbía decidir sobre el fondo de la acusación podía ser sometía a duda si determinados factores pudieron inspirar al enjuiciado legítimas preocupaciones e inquietudes.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Gómez de Peloso Noris por si y por sus hijos menores ,Isabel Natalia Soledad,Sergio Ariel y Pedro Francisco Sebastian Pelozo c/ Francisco Reynaldo Cabrera y/o Empresa Organización Clearing Argentino S.A.(OCASA)y/o quien resulte responsable y/o tenedor y/o usufructuario s/ Indemnización Daños y Perjuicios. Gómez de Peloso Noris por si y por sus hijos menores ,Isabel Natalia Soledad,Sergio Ariel y Pedro Francisco Sebastian Pelozo c/ Francisco Reynaldo Cabrera y/o Empresa Organización Clearing Argentino S.A.(OCASA)y/o quien resulte responsable y/o tenedor y/o usufructuario s/ Indemnización Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1990-06-14|1990-06-14

La finalidad resarcitoria de daños y Perjuicios resulta excesiva en la medida que afecta el derecho de propiedad del obligado al pago, si al fijarse su monto sobre la sola base de los ingresos que la víctima dejara de percibir durante el resto de su vida útil, se alcanzaría un capital que, aún de mantenerse intangible, puede producir una renta mensual superior a tales ingresos. La intangibilidad eventual del capital, a los fines del cálculo de la renta, no corre por los mismos carriles de las tasas de interés común, porque éstas no tienen en cuenta la depreciación del signo monetario y por ende conducen al agotamiento del capital en el lapso que la inflación determina. De allí que para el cálculo de la renta de un capital relativamente intangible se considera una tasa del 8 por ciento anual.
Poder Ejecutivo, leyes, trámites judiciales, veto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Con remisión a calificada doctrina, la Procuración del Tesoro ha sostenido que el Ejecutivo debe cumplir con el artículo 31 de la Constitución Nacional, "prescindiendo, si fuere necesario, de la ley formal groseramente inconstitucional".
Derecho privado, Derecho administrativo, leyes, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

Cuando se aplican a la materia administrativa aquellos principios e instituciones generales, necesariamente comunes a todo el campo del Derecho, y que solamente por razones históricas contingentes son enunciados en las fuentes del Derecho Privado al igual que en los del Derecho Público (por ejemplo: los relativos a los requisitos esenciales de los actos jurídicos, a la responsabilidad aquiliana salvo, que tales normas sean reclamadas expresamente por una fuente pública, como sucede con el artículo 18 de la Constitución Provincial- y otras semejantes), en realidad, no existe en modo alguno aplicación de normas privadas a la materia administrativa, sino aplicación de normas que están comprendidas dentro de la Teoría General del Derecho. No obstante es preciso observar cierta cautela antes de afirmar que una determinada norma contenida en las fuentes del Derecho privado constituye principio de la Teoría General del Derecho, aplicable, por lo tanto, como tal, a la materia administrativa. Muchas veces se ha llevado a cabo, por parte de la doctrina, una precipitada aplicación de normas privadas a la materia administrativa con la pretendida justificación de que se trataba de principios de la Teoría General del Derecho. No hay que olvidar que una norma contenida en las fuentes privadas puede ser considerada como principio de la Teoría General del Derecho solamente cuando sea segura su aplicabilidad a todo el campo del Derecho, siendo obvio, por lo tanto, que la aplicabilidad de una norma formalmente privada a la materia administrativa debe constituir un presupuesto y no ya una mera consecuencia, para la asunción de la propia norma como principio de teoría general.
Tercería de dominio, fondo de comercio, bienes muebles, levantamiento del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: MAGNETRON   S.A.  C/GARCIA DE LA MATA, AVELINA S/ TERCERIA DE DOMINIO POR DE LA MATA, MANUEL HORACIO s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-06

No puede el tercerista pretender el levantamiento del embargo trabado sobre bienes existentes en un negocio, alegando su exclusivo dominio en base a que la habilitación y el contrato de alquiler se hallan a su nombre, toda vez que dicha medida tuvo su origen en la falta de pago de un cheque firmado por su esposa, la que al contratar la apertura de la cuenta corriente, lo hizo en carácter de comerciante y atribuyéndose el domicilio donde se encuentra el negocio, lo que denota una acción concertada en la explotación de un fondo de comercio, al que pertenecen los bienes embargados, más allá de las titularidades singulares que aduce el tercerista.
Concursos, locación de inmuebles, quiebra, garaje, depositario, canon locativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BOEING  SA s/ QUIEBRA  S/  INCIDENTE  POR SEPARADO POR VENTA DEAUTOMOTORES S/ INCIDENTE DE APELACION ART 250 CPCC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-08

Procede hacer lugar al reclamo del incidentista, locatario de un inmueble del fallido, a que se le reconozcan cánones por el estacionamiento de los automóviles de la quebrada en dicho predio, por cuanto, si bien la decisión de depositar en ese lugar los vehículos que deben rematarse en la quiebra se fundó en la necesidad de reducir costos, no parece justo que a la sociedad locataria se la obligue a afectar una parte importante del local en el que desarrolla su actividad comercial para ello, sin una retribución que guarde una debida correlación entre el servicio de garaje prestado y los intereses del proceso falencial. Ello así procede determinar el canon mensual sin distinción de estados ni tamaños y desde la fecha en que cada vehículo fue recibido en depósito y hasta la entrega a los respectivos compradores en subasta.

(En el caso se fijó el canon en $ 500).
Riesgos del trabajo, renta periódica, fallos de la Corte Suprema, ejecución de sentencia, plazo, indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: T., M. E. c/ R., G. s/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-31

En el caso "MILONE" del 26-10-04 (fue tachado de inconstitucional por la CSJN en su actual integración), la CSJN se refiere al caso concreto y no invalida en forma general los sistemas resarcitorios cuya forma de pago es mediante una renta periódica.

En el considerando 9 se expresa que "... la LRT (art. 14.2.b) no resulta censurable desde el plano constitucional por establecer como regla, para determinadas incapacidades, que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica ...". Luego de sentar dicho principio general, la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece una excepción a aquél, esto es, cuando resulta objetable dicha forma de pago y por ende procede el pago de una sola vez.

En tal sentido objeta el art. 14 ap. 2 b LRT en tanto y en cuanto no establece "... excepción alguna para supuestos como el sub exámine, en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador cuya realización procura ..." (consid. 9). Por el contrario, la Corte señaló concretamente la posibilidad de emplear el mecanismo de "modalización" de la condena en el pronunciamiento recaído en el conocido caso "SAN LUIS" del 05-03-03 sobre redolarización de los fondos que dicha provincia tenía depositados en el Banco de la Nación Argentina (Suplemento especial del diario La Ley del 06-03-03).

Dejando a salvo las particulares circunstancias de dicho caso, interesa destacar que la Corte estableció que, a efectos de ejecutar la sentencia, debían tenerse en cuenta "... todas aquellas modalidades, restricciones y limitaciones temporarias que, sin afectar la sustancia del derecho reconocido, permitan compatibilizar su concreción con los intereses generales, en el contexto de la grave crisis económica en que se insertan.

La aplicación de las pautas indicadas deberá ser establecida en armonía con los términos de lo dispuesto en los arts. 163 inc. 7 y 558 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, conjugando la potestad de fijar un plazo razonable para el cumplimiento con la necesidad de satisfacer el crédito procurando evitar perjuicios innecesarios ..." (consid. 54).

A tal efecto, fijó un plazo de sesenta días para que las partes acordaran la forma en que se implementaría el efectivo cumplimiento de la sentencia que no alterara la sustancia de la decisión.
Competencia ordinaria, competencia por el territorio, economía procesal, lugar del hecho, defraudación, transporte de bienes
Materia: PROCESAL
Carátula: Borre, Dante Omar s/ Denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Si no es posible descartar que la imputada haya actuado con voluntad defraudatoria al momento de encargar la tarea a la empresa de mudanzas, el comienzo de la tarea de transporte significa el inicio de la disposición patrimonial perjudicial y, en tanto el resultado del delito se verificó en más de una jurisdicción, la elección de aquella a la cual le corresponde investigarlo se debe hacer en función de las exigencias planteadas por la economía procesal y la necesidad de favorecer el servicio de justicia
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: A., A. y Otro c/ D.S., C.E. y/u Otros s/ Demanda Laboral -Haberes e Indemnización de Ley-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-06-10

"El artículo 30 de la LCT supedita la solidaridad legal en las obligaciones, a que los trabajos y servicios que se contraten sean propios de la actividad normal y específica del establecimiento, comprendiendo todas aquellas actividades que hacen posible el cumplimiento de la finalidad de la empresa".
Impuestos, régimen penal tributario
Materia: PENAL
Carátula: VARELA, GASTON s/ Denuncia Causa 34777
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-07

1- Si la conducta denunciada no encuentra adecuación típica en la ley penal tributario (23771) y, en principio, podría constituir una infracción prevista en la ley 11683 (t.o.1978), corresponde que el sumario sea instruido y resuelto por la Dirección General Impositiva (D.G.I.), debiendo disponerse el archivo de la causa, remitiéndose los testimonios pertinentes.- 2- Si bien es cierto que la declaración de incompetencia debe recaer sobre hechos y no sobre calificaciones que pudieran darse a un mismo acontecimiento, esto está limitado a que en razón de dicha declaración el mismo objeto procesal debería proseguir el trámite ante un Juez de diversa competencia, pero en el ámbito judicial y no, como corresponde en el caso de autos, en el administrativo.
Accidentes de trabajo, conciliación laboral, conciliación obligatoria
Materia: LABORAL
Carátula: CEPEDA, ANGEL c/ SOSA HERNANDEZ, CARLOS s/ ACCIDENTE 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

El dec. 84/96 ha regulado la conciliación obligatoria previendo que "...el cumplimiento de la obligación establecida por el art. 15 de la ley 24028 (modificado por la disposición adicional 3º del art. 29 de la ley 24557) deberá acreditarse ante la autoridad judicial mediante certificado donde conste la finalización del procedimiento administrativo de conciliación..." (art.1) pieza que será expedida "...a petición de parte interesada por la autoridad administrativa del trabajo una vez cumplida la instancia conciliatoria...". El diseño de referencia podrá ser criticado, tanto en lo que concierne a las retroactividades implícitas, como en lo que hace a la obstaculización del acceso a la jurisdicción, pero para ello es necesario el plantea- miento concreto, por la parte interesada, de la validez del régimen.

(Del dictamen del PGT 19670 del 30.4.96, al que adhiere la Sala).
Regulación de honorarios, ley arancelaria, aplicación de la ley, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: CARGILL SACI c/ AVICOLA PATAGONICA SACI s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-27

Si bien es cierto que esta sala ha tenido un criterio favorable a la aplicación de la nueva ley arancelaria -24432- en cuanto a los porcentajes que correspondiere tener en cuenta a los efectos regulatorios, sin embargo, un nuevo estudio de la cuestión conlleva a modificar el temperamento adoptado con anterioridad, no correspondiendo emplear las disposiciones de la ley 24432 para regular honorarios por tareas profesionales realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, conclusión ésta que resulta de considerar lo decidido por la C.S.J.N in re: "Francisco Costa e Hijos s/ daños y perjuicios", del 12.09.96; Idem.

"Greco Hnos. SA s/ quiebra s/ inc. de rendición de cuentas por Furlotti SA", del 06.02.97; que ha sostenido en forma reiterada, que no cabe en virtud de una nueva ley o de su interpretación arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior (fallos: 137: 47; 152: 268; 178: 431, entre otros). Es así que, en materia arancelaria, el derecho a la percepción de los honorarios no es adquirido para la determinación de los mismos, sino que por el contrario, la circunstancia de haber agotado los requisitos formales -aceptación y ejecución de tareas encomendadas- produce per se el consumo jurídico que determina la existencia de este derecho, que será con posterioridad reconocido al momento de la cuantificación. Y, para alcanzar una resolución justa y mesurada en la que la regulación no dependa exclusivamente del monto del litigio o de las escalas pertinentes, deben ser ponderados con prudente discrecionalidad, todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la tarea, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo y demás circunstancias atendibles en cada caso (cfr. Fallos 257: 142; 296: 124; 300: 534; 258: 64; 261: 398; 310: 631 y sus citas).
Cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cuello, Carina Alejandra s/ aborto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

Es presupuesto necesario, para una concreta contienda negativa de competencia, que los jueces entre quienes se suscita se la atribuyan recíprocamente.
Compraventa inmobiliaria, venta de inmuebles fraccionados en lotes, efectos del contrato, ejecución del contrato
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MIRADOR DEL NORTE S.R.L. c/ ROMERO, Eduardo Oscar s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-11

Frente a la acción de cumplimiento de contrato de compraventa de un inmueble fraccionado en lotes, conforme las previsiones de la ley 14.005, reformada por la ley 23.266, el carácter de orden público de dicha normativa no obsta a que se disponga el apercibimiento de resolverse la operación si los compradores no acatan la condena a cumplir las obligaciones asumidas en el boleto. Pues, aunque el art.

8º de la norma en cuestión constituye una excepción a las reglas del art. 1203 del Código Civil, no deroga los principios vinculados con la ejecución de las sentencias que condenan a dar o a hacer alguna cosa.
Accidente de tránsito, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOLINA OLGA TERESA c/ MANZI HORACIO OSMAR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

Cabe eximir de culpa en un 50 por ciento al conductor si el menor cruzó la ruta por un lugar inadecuado, violando la disposición contenida en el art. 71 incs. 1ro. y 4to. de la Ley 5800 ya que no lo hizo por el paso correspondiente, el que tenía a escasa distancia, pero el primero debió advertir la presencia del peatón, y presumir la de otras personas por las proximidades de las entradas a una fábrica y depósito de gas.
Demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez Ramón Angel y Otros c/ ARGENCITRUS S.A. s/ Indemnización por antigüedad y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-05-24

Corresponde tener por cierta la versión del actor siempre que los hechos no sean imposibles o inverosímiles cuando no se ha contestado la demanda.
Quiebra, regulación de honorarios, valuación del activo, liquidación
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANATORIO GÜEMES SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-23

En el supuesto de quiebra liquidada los honorarios de los profesionales intervinientes deben determinarse sobre "el activo liquidado" (Ley 19551 art. 290 y Ley 24522 art.267), por lo que en caso de licitación -como en la especie- el precio de adjudicación de los bienes del activo esta constituido no solo por la oferta inicial sino también por los rubros comprendidos en la mejora de oferta.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Banco de La Pampa c/ Esperon Enrique s/ Desafuero sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

La decisión que admite la exclusión de la garantía sindical del dependiente en los términos del art. 52 de la ley 23.551 no es definitiva en los términos de los arts. 278 y 296 del C.P.C.C.
Accidente de tránsito, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lucas, Francisco c/ Recchia, Domingo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

El riesgo, y en su caso el vicio de la cosa, da nacimiento de la responsabilidad del dueño o guardián, con total independencia del elemento subjetivo de la culpa, que no constituye ningún presupuesto del deber de resarcir.
Obligaciones simplemente mancomunadas, sucesiones, derechos y deberes del heredero
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bellocq Emilio R. s/ Ejec. honor. en autos: García Florencio c/ Reyes Carlos s/ Cump.  cont.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Las deudas del autor de la sucesión se dividen y fraccionan en tantas obligaciones separadas cuantos sucesores universales dejó, en la proporción de cada uno. Por lo tanto, la responsabilidad del heredero es simplemente mancomunada y proporcional a sus respectivas porciones hereditarias (art. 3491 Cód. Civil) y si varios o todos ellos hubieran sido condenados conjuntamente en razón de la acumulación de acciones por parte del acreedor, se considera que cada uno ha sido condenado en proporción a su parte hereditaria (art. 3492 Cód. Civil). Siendo ello así, frente a la existencia de otro coheredero y tratándose de obligaciones contraídas por el causante respecto de terceros, el aquí demandado no resulta obligado por el total de la deuda que pesa sobre esa universalidad que es la masa hereditaria, sino tan sólo habrá de responder en una porción igual a la que tiene como heredero (art. 694 del Código Civil).

Sobre la base de lo expuesto, la falta de una adecuación cuantitativa del monto del crédito que esgrime el ejecutante a la porción que pesa sobre el coheredero demandado, torna viable la excepción de falta de legitimación articulada, la que debe entenderse comprendida dentro de la inhabilidad de título (arts. 540, 542 inc. 4 del Código Procesal).