Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-12-16


AUTOS Nº 20.192 (11.725 2º Familia) "A. R. B. C/ C. A. G. Divorcio Vincular Ordinario" L. DE S. T° 106, F° 112/116 En la ciudad de San Juan, a 16 días del mes de diciembre del año dos mil nueve, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el Sr. Presidente DR. CARLOS EDUARDO FERREIRA BUSTOS y el Sr. Vocal DR. GILBERTO RIVEROS, con ausencia por licencia del Dr. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO (art. 40 Ley 5854), a fin de conocer el recurso de apelación que se interpusiera a fs. 124 contra la sentencia recaída en el juicio nº 20.192 (11.725 2º Familia) "A. R. B. C/ C. A. G. Divorcio Vincular Ordinario", dictada en fecha 01 de junio de 2.009 obrante a fs. 114/117, de estos autos originarios del Segundo Juzgado de Familia; recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso?.

2da. CUESTIÓN: En su caso: ¿Qué pronunciamiento corresponde en definitiva?.

1ra. CUESTIÓN: El DR. CARLOS EDUARDO FERREIRA, dijo:

Vienen en apelación estos autos, donde el Juez de la causa resolvió en definitiva I) Rechazar la demanda incoada por la Sra. A. R. B. y hacer lugar a la reconvención impetrada por el Sr. C. A. G.. En consecuencia decretar el divorcio vincular de los esposos C. A. G. y A. R. B., por culpa de la esposa y por la causal contenida en los arts. 202 inc. 4º y 214 del Código Civil, con los efectos de los arts. 217, 218 Y 3.574 de este cuerpo legal; II) Declarar disuelta la sociedad conyugal al día 21/02/2.006 -art. 1.306 Código Civil-; III) Imponer las costas a la actora reconvenida vencida y regular honorarios a los profesionales intervinientes, a la fecha de la presente, y de la siguiente forma, a favor de las Dras. DORA YOLANDA MORENO y GRACE ANN BRIDGE, merituando la actividad procesal en carácter de patrocinante de la actora, por lo principal, labor profesional desarrollada -dos etapas-, en la suma de $1.500,00, y a favor de los Dres. OSVALDO PINO SELEGANTE y MARCIAL EDUARDO BARRIONUEVO, merituando la actividad procesal en carácter de apoderados del demandado reconviniente, por lo principal, labor profesional desarrollada -tres etapas-, en la suma de $2.500,00; IV) Ordenar que por inscripción marginal se tome nota de la presente en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente.

Contra tal resolutorio se alza la actora quien manifiesta que le causa agravio la sentencia en cuanto realiza una interpretación tergiversada de las pruebas de autos.

Ambas partes, han alegado causales subjetivas y solo se ha analizado la conducta de la actora, afirmando que ha incurrido en adulterio cuando ello no se ha probado. Además, las negaciones del demandado a las acusaciones de la actora fueron de modo general sin aportar prueba de sus imputaciones.

Corrido traslado a la contraria esta deja vencer el plazo sin evacuarlo lo que se certifica a fs. 142.

Se han cumplido con las intervenciones de la Sra. Asesora letrada de menores y al Sr. Agente fiscal, a fs. 142 vta y 144 respectivamente.

Como punto inicial del análisis del presente recurso destacamos que valorar la prueba no es nunca una operación mecánica sino una tarea hermenéutica, en la que se debe "entender" el dato verificatorio como tal develando con inteligencia los, a veces, velos sutiles de lo aparentemente insuficiente y hasta contradictorio, con conocimiento del mundo y de las cosas y ello en busca de aquel conocimiento que en su ánimo se experimente como certeza y que no es sino el asumido juicio que rechaza victoriosamente todos los motivos contrarios, porque éstos de todas maneras, no pueden destruir el conjunto imponente de los motivos afirmativos.

El recurso intentado, pretende de la Cámara la revalorización del plexo probatorio tendiendo a demostrar y convencer acerca de la no concurrencia de los supuestos fácticos constitutivos de la causal prevista por el art.202 inc.1° de la Ley 23.515.

En este sentido ambas partes son coincidente con la separación de hecho, mientras que la actora afirma que se ha configurado en octubre de 2.002, el demandado, lo niega en forma genérica pero nada aporta en absoluto para acreditar cuando cesa la cohabitación, solo encontrarnos en autos la exposición policial que realiza la actora en la seccional 6ta. de Rawson (N° 2009 F°17 L10) en la fecha referida; la testimonial de la Sra. María del Rosario Puga de fs. 92 quien afirma que vivieron juntos cuando llegaron a al vecindario pero que hace muchos años que se han separado; asimismo, lo afirmado en la exposición policial obrante a fs. 38, la Sra. A. expone que mantiene una relación con el Sr. David Jorge desde hace tres meses esto es en Febrero de 2006 y que se encuentra separada hace cinco años; aún considerando la limitación probatoria que a estas afirmaciones unilaterales puede atribuírsele, pero es con lo que se cuenta en autos, lo expuesto nos permite afirmar que en principio el cese de la cohabitación se produjo, en la fecha preindicada por la actora.

Intimamente vinculado con este tema, se encuentra el deber de fidelidad, el que conforme a la jurisprudencia y doctrina mayoritaria, no se mantiene después de la separación de hecho de los esposos, de manera que la circunstancia de que la actora, tiempo después de haberse retirado del hogar conyugal el esposo, haya iniciado una relación con otra persona, no puede servir de fundamento para decretar el divorcio por la causal de adulterio, tal como pretende el demandado reconviniente.

La acreditación de la dicha causal subjetiva, de manera alguna puede el cónyuge intentar acreditarla por el reconocimiento de su contrario, de que tiene una relación cuando tal manifestación está encuadrada en tiempos diferentes y la actora lo había expresado en la ya referida exposición policial de fs. 38, resulta necesario entonces la acreditación de tal extremo, por parte del invocante del adulterio, mediante otros medios probatorios los que no existe en autos. No alcanzando la mera invocación en su reconvención que la relación es anterior a la separación.

Asimismo, la denuncia del nacimiento del hijo extramatrimonial de la actora en fecha abril del 2.007, a casi dos años de iniciada la demanda de divorcio, resulta irrelevante a los fines de la configuración de la causal de adulterio.

En este punto del análisis de las circunstancias y si bien en materia a de divorcio no es indispensable, acreditar con pruebas concretas y contundentes, deben tenerse en cuenta todos los elementos de convicción en conjunto integrando la prueba compuesta, sin embargo, dada la horfandad probatoria en que se ha incurrido en el presente expediente, dicha tarea se torna extremadamente delicada y dificultosa.

Lo que surge de modo claro es las imputaciones mutuas de injurias graves esgrimidas por las partes y habiendo sido desplazada la causal de adulterio como se dijo precedentemente, el interés jurídico que lleva consigo el divorcio queda satisfecho al acogerse el mismo por la causal prevista por el art. 202 inc. 4, ya que los efectos del mismo son iguales en tanto y en cuanto no existe acreditación viable de otra causal.

Ambos esposos hicieron valer la pretensión de obtener el divorcio vincular. Si bien fracasaron en el intento de probar en forma acabada y claramente las recíprocas causales subjetivas de imputación, no puede ser menos cierto que dejaron reunidos los presupuestos de procedencia del divorcio vincular. Lo contrario implica reconocer la impotencia de la jurisdicción. Son reiterados los pronunciamientos de la Corte Nacional donde se señala que el Juez tiene el deber de discernir los conflictos litigiosos según el derecho vigente. Es función propiamente jurisdiccional el poder calificar las pretensiones de las partes con respecto, claro está, por el principio dispositivo, que para el caso, consiste en el propuesto divorcio vincular.

La ley no prevé expresamente la reciprocidad de las injurias. Es obvio, sin embargo que las injurias de uno de los cónyuges no autoriza la réplica injuriosa del otro. Luego, si las injurias son recíprocas no cabe discriminar la mayor o menor gravedad de las injurias de uno y otro. Cuando existen como en este caso, injurias de ambos cónyuges, debe decretarse el divorcio por culpa de ambos esposos.

En consecuencia propongo declarar el divorcio de los Sres. A. R. B. y A. G. C., por la causal de injurias graves, en carácter concurrente.

Partiendo de la base que la imposición de costas en materia de divorcio es la derrota, aunque la culpa pueda conducir a ella, y habiendo prosperado la demanda y reconvención decretándose el divorcio por culpa de ambos esposos, las costas deben correr por su orden.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Revocar la sentencia de primera instancia, en consecuencia declarar el divorcio de los Sres. A. R. B. y A. G. C., por la causal de injurias graves, en carácter concurrente. II) Imponer las costas de ambas instancias por el orden causado, conforme los considerandos pertinentes.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Revocar la sentencia de primera instancia, en consecuencia declarar el divorcio de los Sres. A. R. B. y A. G. C., por la causal de injurias graves, en carácter concurrente. II) Imponer las costas de ambas instancias por el orden causado, conforme los considerandos pertinentes.

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas por encontrarse el Dr. PASCUAL E. ALFERILLO en uso de licencia (art. 40 Ley 5854).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.