Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-26


SENT Nº 185 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiseis (26) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre sendos recursos de casación interpuestos por las codemandadas en autos: "Carrazana Antonio Enrique vs. Distri-Ar S.R.L. y otro s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Claudia Beatriz Sbdar, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

I.- Contra la sentencia de la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 11 de febrero de 2011 (fs. 605/611 y vta.), las codemandadas interponen sendos recursos de casación que fueron concedidos por resoluciones del 15/8/2011 (fs. 685 y vta y 686 y vta.). Según informe actuarial de fs. 708, sólo la parte actora presentó el memorial previsto por el art. 137 del CPL.

II.- La sentencia hizo lugar a la demanda y condenó solidariamente a las demandadas Distri-Ar S.R.L. y Arcor S.A.I.C. a pagar al actor la suma de $ 92.264,92 en concepto de indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, SAC s/preaviso, integración del mes de despido, haberes diciembre 2004 (29 días), diferencias de haberes correspondientes al período febrero 2003 a noviembre 2004, vacaciones proporcionales, diferencias de SAC proporcional, indemnización art. 16 Ley Nº 25561, indemnización art. 2 Ley Nº 25323, indemnización arts. 9 y 15 Ley Nº 24013 e indemnización art. 80 LCT. El pronunciamiento declaró abstracto el planteo de inconstitucionalidad del art. 30 de la LCT efectuado por el actor y desestimó el deducido por la demandada respecto de los arts. 16 de la Ley Nº 25561, 2º de la Ley Nº 25323 y del Decreto nº 823/04, no hizo lugar a la excepción de falta de acción opuesta por Arcor SAIC, y rechazó la sanción del art. 1º de la Ley Nº 25323. Finalmente impuso las costas y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

III.- La demandada Distri-Ar S.R.L. denuncia arbitrarie- dad en el pronunciamiento impugnado toda vez que condena al pago de un rubro no reclamado en violación al principio de congruencia. Expresa que la sentencia la condena a pagar la suma de $ 24.223,53 en concepto de indemnización del art. 9 de la Ley de Empleo cuando dicho rubro no fue reclamado en la demanda, "lo que la hace incurrir en el vicio de 'extra petita'".

Cuestiona la imposición de la totalidad de las costas a su parte. Sostiene que la sentencia vulnera el instituto jurídico de la preclusión y de la cosa juzgada al desconocer que en sentencias de fecha 07/02/2007, recaídas en los cuadernos de pruebas del demandado nº 2, 5 y 7 existen costas a cargo de la actora vencida.

Se queja de que la sentencia la condena al pago de los haberes de diciembre de 2004 (29 días), apartándose de la prueba rendida en autos. Señala que a fs. 112 obra recibo de haberes del mes de diciembre de 2004, firmado de puño y letra por la actora, por lo que se la condena a pagar un rubro ya abonado, lo que constituye un enriquecimiento ilícito.

La recurrente denuncia arbitrariedad en la valoración de la prueba testimonial producida por el actor. Afirma que la falta de credibilidad de los testimonios brindados por Enrique Orlando Casale y Julio César Carrizo surge de la propia acta de audiencia en la que se constata que los testigos son de favor y que la imposibilidad de dar razón de sus dichos muestra a las claras que estaban preparados para la ocasión; que los testigos mintieron a sabiendas para beneficiar al actor, por lo que sus dichos no pueden ser tenidos en cuenta válidamente a la hora de sentenciar. Destaca que oportunamente formuló tachas con fundamento en que tales testigos no fueron empleados suyos y que la obvia coincidencia de sus dichos surge del acuerdo previo con el actor. Entiende que la apreciación del tribunal respecto de la coincidencia de todos los testimonios es dogmática y carente de sustento fáctico desde que no existe coincidencia respecto de los horarios ni en cuanto a la fecha de ingreso. Explica que formuló tachas respecto de la persona del testigo Regino Antonio Suárez por encontrarse comprendido en las generales de la ley toda vez que declaró que era acreedor suyo, que formuló denuncia en su contra y ser testigos recíprocos con el actor en juicios que tienen en su contra. Agrega que el fallo es arbitrario al apartarse ostensiblemente de las constancias de autos ya que de la prueba de tacha surge fehacientemente que el testigo José Alfredo González nunca prestó tareas para su parte, y que la actora no aportó prueba en contrario, por lo que debió hacerse lugar a la tacha planteada. Manifiesta que la sentencia recurrida "raya lo absurdo al fundamentarse en un testigo que manifiesta haber ingresado a trabajar para mi representada en el año 1988 cuando de las constancias de autos, en especial en el CPA 2 (fs. 216/220) se comprueba con copia del contrato social remitida por el Registro Público de Comercio, que Distri Ar S.R.L. fue constituida en fecha 10/11/1990, por lo que ante tamaña evidencia huelgan mayores comentarios". Subraya que no hay otra prueba en autos que corrobore los dichos de los testigos, los que resultan insuficientes e inhábiles como para crear convencimiento de que el actor ingresó a trabajar en fecha 15/02/1991 y que se desempeñó en la categoría de auxiliar "A", tal como manifestó en la demanda.

Asimismo, objeta la valoración que el tribunal efectuó de la prueba instrumental consistente en los recibos de haberes. Asevera que la Cámara se aparta ostensiblemente del CCT y de las pruebas rendidas en autos, de las que surge que el actor ingresó a trabajar para su parte en fecha 27 de junio de 2003, desempeñando tareas de ayudante de depósito, tal como se encuentra probado con los recibos de haberes en los que consta la fecha de ingreso y la tarea desempeñada, no surgiendo de ninguno de ellos que el actor haya realizado reclamo alguno en contra de la registración como tampoco que los haya firmado en disconformidad. Es más -afirma-, el actor reconoció al absolver posiciones que percibió de conformidad y en tiempo y forma sus haberes desde el inicio de la relación laboral hasta su extinción (posición nº 3).

Sostiene que el pronunciamiento resulta descalificable como acto jurisdiccional válido por cuanto omitió pronunciarse sobre la defensa esgrimida por su parte, referida a la inexistencia de injurias que fundamenten el despido indirecto. Alega que pese a ser esenciales para la resolución de la litis, fueron ignorados los informes del Correo Argentino de fs. 517 y 553. Destaca que la carta documento nº 532050727 (fs. 512) es esencial, ya que demuestra la inexistencia de injurias al actor y la mala fe de este desde que en la demanda transcribe su texto y la cita como determinante de las injurias cuando dicha misiva nunca fue recibida por él. Insiste en que el trabajador invocó la negativa a reconocer la real fecha de ingreso, su verdadera categoría profesional y a abonarle diferencias salariales, pero dicha negativa no se configuró por cuanto aquel no recepcionó la pieza postal invocada como determinante de la injuria. Agrega que el actor tampoco probó el impedimento de ingreso al lugar de trabajo y que su parte acreditó que requirió de manera reiterada la reincorporación a prestar tareas a la actora con resultado infructuoso.

Denuncia infracción de las disposiciones del Decreto 146/2001 respecto de la procedencia del rubro indemnización art. 80 de la LCT. Asevera que de las constancias de autos surge que la actora no respetó el plazo de 30 días contados a partir de la extinción de la relación laboral para requerir la entrega del certificado de trabajo. Señala que en la misma carta documento de fecha 29/12/2004 por la que se da por despedida, intima a la entrega de certificación de servicios y certificado de trabajo, por lo que el rubro no resulta procedente.

Se agravia de que el fallo hizo lugar a las indemnizaciones previstas por los arts. 2 de la Ley Nº 25323 y 16 de la Ley Nº 25561 sin tener en cuenta que está probada la inexistencia de las injurias invocadas por el actor, convirtiendo en ilegítimo y contrario a derecho el despido indirecto en que este se colocó. Alega que la indemnización del art. 16 de la Ley Nº 25561 resulta improcedente de conformidad con lo previsto por el art. 1º del Decreto Ley Nº 2639/02 toda vez que la fecha de ingreso del actor es el 27 de junio de 2003.

Cita doctrina y jurisprudencia que entiende aplicable al caso, y propone doctrina legal.

Por su parte, la codemandada Arcor S.A.C.I. alega que la sentencia impugnada viola, inobserva o aplica erróneamente las disposiciones de los arts. 16, 17 y 18 de la CN y 30 de la CP.

Expresa que el tribunal ha fallado en grave confrontación a lo dispuesto por el art. 30 de la LCT toda vez que entendió que su parte ha subcontratado una actividad normal y específica propia del establecimiento y, por lo tanto, que es solidario con la demandada y debe atender los reclamos del actor. Asevera que su parte tiene como objeto comercializar lo fabricado y que lo puede hacer por cuenta propia, de terceros o asociada, y que la sentencia, omitiendo tener en cuenta el objeto comercial, encuentra que la venta por terceros de los productos hace a su actividad propia y específica con lo que se cumple con el objeto social. Agrega que basada en la pericial contable, la plataforma fáctica del razonamiento del fallo es esa; en consecuencia arriba a una conclusión totalmente ilógica transformándose en arbitraria y despojante. Destaca que el art. 30 LCT impone en cabeza del empresario la responsabilidad solidaria por las deudas laborales de otro solo si fracciona su propio proceso productivo o al menos cede en todo o en parte el establecimiento, contratando o subcontratando trabajos que le son propios, lo que no ocurrió en este caso, pues se trata de empresas autónomas e independientes entre sí.

Afirma que el art. 30 LCT trae como supuesto fáctico para su procedencia la existencia de la unidad técnica de ejecución correspondiente a la actividad normal y específica del establecimiento, situación que no se da en autos pues no está probada la unidad técnica de ejecución ni menos aún que la actividad normal y específica de su establecimiento sea la de comercializar. Cuestiona el razonamiento de la Cámara en orden a la existencia de la solidaridad "por estar integrado como objeto la comercialización a través de terceros". Manifiesta que en su establecimiento no se realiza la actividad de comercialización, sino de plena elaboración de productos alimenticios de la variedad golosinas o alimentos, y que tampoco es sustento de la condena que en el objeto social de una persona jurídica esté el fin de lucro y la venta de los productos que elabora.

Subraya que la comprobación de los extremos del art. 30 LCT debe ser rigurosa, lo que la sentencia no ha realizado, sino que se ha quedado en la simple copia de la pericial contable, en el simple cotejo de un objeto social de una persona jurídica con fines de lucro y no ha examinado rigurosamente la existencia de la unidad técnica de ejecución ni la existencia o no de la actividad normal y específica propia del establecimiento. Explica que la actividad propia y específica de Arcor es la elaboración de productos alimenticios, a eso se dedica en su establecimiento y lo puede hacer en forma propia, por terceros o asociada, y que la comercialización es un elemento fuera de la actividad propia, que sí interviene en la cadena, pero no hace a su objeto principal y no está incluido en una unidad técnica de ejecución. Es decir, no se produce una delegación a terceros de un proceso específicamente ligado a la actividad industrial propia del establecimiento. Prosigue en que la misma pericia en que se basa la sentencia ha probado que existen facturas de compra, por lo que entiende que este sencillo instrumento -no ponderado por la sentencia- nos coloca en un escenario en el que el art. 30 LCT no puede coexistir desde que hubo una clara transferencia del producto hacia el tercero, quien mediante un contrato de compraventa vuelve a venderlo a terceros, "cuartos o quintos".

Se agravia de que la sentencia la condene en los términos del art. 80 LCT. Afirma que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido unánimes en sostener que en la hipótesis del art. 30 LCT, la responsabilidad del tercero (cedente, contratante o comitente) es meramente vicaria o subsidiaria porque no reviste la calidad de sujeto empleador, por lo que aún mediando solidaridad el contratista no se encuentra en la misma situación que el empleador frente al trabajador. Señala que la obligación prevista en el art. 80 LCT es una obligación de carácter personal que solo el empleador puede satisfacer en los términos y con la finalidad que la normativa persigue, por lo que resulta inadmisible hacer extensiva la condena a entregar el certificado de trabajo a quien fue responsabilizado en forma solidaria.

IV.- Ambos recursos de casación son admisibles toda vez que fueron deducidos tempestivamente contra una sentencia definitiva, invocan infracciones normativas y la doctrina de la arbitrariedad, se bastan a sí mismos y el requisito del afianzamiento ha sido cumplido por las demandadas a fs. 681/682 y 668/672 (cfr. arts. 130/133 CPT). Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia de los dos recursos.

V.- Razones de orden imponen analizar en primer término el recurso de la demandada Distri-Ar S.R.L..

La recurrente cuestiona la valoración de las pruebas que efectuó el tribunal y en base a la cual tuvo por acreditado que el actor ingresó a trabajar en la fecha denunciada en la demanda, esto es el 15/02/1991, como así también que las tareas realizadas eran las de ayudante de chófer, correspondiente a la categoría de auxiliar "A" del CCT 130/75.

En la demanda el actor expresó que ingresó a trabajar para la demandada el 15/02/1991, siendo regularizada su relación laboral recién el 27/6/2003 en que se le comenzó a entregar copia de los recibos de sueldo, y que se desempeñó ininterrumpidamente hasta el cese ocurrido el 29/12/2004 por despido indirecto. Refirió que siempre le abonaron los haberes por debajo del básico de convenio y que fue mal categorizado como 'ayudante de depósito' cuando en realidad se desempeñaba como 'ayudante de chófer', correspondiendo estar encasillado como 'auxiliar "A" del CC 130/75 desde que era acompañante de chófer, realizaba la carga del vehículo en que se trasladaban los productos según pedidos de los clientes, hacía la distribución y entrega de la carga controlando que coincida con el pedido de acuerdo a la factura y además efectuaba la cobranza. Sostuvo que la jornada de trabajo era de 7 hs. a 22 hs. de lunes a viernes y los sábados de 7:30 hs. a 19 hs. en horario corrido y sin descansos, y que nunca le abonaron horas extras (fs. 9/18). Por su parte, la demandada sostuvo que el actor ingresó a trabajar el 27 de junio de 2003 conforme dan cuenta los recibos de haberes, realizando tareas como ayudante de depósito, categoría en la cual fue registrado (fs. 19/20).

En lo pertinente, la Cámara expresó: "Negada por el accionado la antigüedad denunciada por el actor, resulta carga procesal de este último, acreditar la existencia de la relación laboral, anterior a la registrada por el accionado, en aplicación de lo dispuesto por el art. 302 del CPC y C supletorio en este fuero. En abono de su posición, el accionante ofrece en CP Nº 3 (fs. 233), prueba testimonial". Seguidamente dijo: "A fs. 260 presta declaración Enrique Orlando Casale, quien afirma haberse desempeñado para la accionada entre el año 1991 a 1997, como ayudante de chofer, en jornadas laborales de lunes a viernes de 7 a 22 y sábados de 7 a 19. Funda sus dichos, en haber sido compañero de trabajo del actor. En respuestas a preguntas 3 y 4 del cuestionario, declara sobre su fecha de ingreso y tareas desarrolladas. A fs. 274, la demandada tacha al testigo en su persona y sus dichos, desconociendo el carácter de dependiente de la firma. A fs. 315 la parte actora pide el rechazo de la tacha. No se producen las pruebas ofrecidas por la incidentista, correspondiendo el rechazo de la tacha deducida, al no haberse producido la prueba de tachas ofrecidas (instrumental, informativa y absolución de posiciones), que logren desvirtuar la afirmación de haber sido dependiente de la firma en el período indicado como trabajador, de la que surja la imposibilidad o incompatibilidad de haberse desempeñado en tal condición. Por otra parte, los dichos del testigo, resultan coincidentes con lo declarado en autos por los restantes testigos ofrecidos, y lo relatado por el actor en su demanda, teniéndose por ciertos y pasados en su presencia los hechos declarados por el testigo en examen".

Señaló que el testigo Regino Antonio Suárez "afirma haberse desempeñado para la demandada como encargado de depósito, en el período 1993 a 2005. Reconoce que mantiene juicio con la demandada. En respuestas a preguntas Nº 3 y 4 del cuestionario, declara sobre las tareas desempeñadas por el actor. En lo relativo a la fecha de ingreso del mismo, reconoce que el actor se encontraba trabajando, al producirse su ingreso. A fs. 268, la accionada tacha al testigo en su persona y en sus dichos, oponiéndose la parte actora a fs. 314. Las pruebas de tachas ofrecidas por la accionada, no se producen, por lo que corresponde su rechazo. Es reiterado el criterio sostenido por este Tribunal, sobre la habilidad de la declaración testimonial, aún cuando el declarante mantenga juicio con la demandada, cuando las declaraciones efectuadas, se corroboren con otras pruebas aportadas a la causa, lo que acontece en autos. En tal sentido, en criterio que comparto, se expresó que ".Corresponde rechazar las tachas opuestas, por cuanto respecto de el sólo hecho de tener juicio pendiente contra la demandada no invalida sus testimonios ni lleva por sí a dudar de la veracidad de lo declarado bajo juramento. Tampoco se ha probado concretamente la falsedad o inexactitud de lo referido ni que las cuestiones están de tal modo vinculadas que a través de sus declaraciones los testigos pueden mejorar su posición como parte del otro pleito en el que son o puedan ser partes. CAMARA DEL TRABAJO, Sala 3, sentencia Nº 124 de fecha: 10/9/2008, en autos HERRERO ARTURO EDUARDO vs. COMPLEJO DEL PARQUE S.A. S/ COBRO DE PESOS". En igual sentido: "El hecho de que los testigos propuestos, posean juicio pendiente con la demandada, no invalida por si solo sus declaraciones testimoniales, estas deben ser apreciadas por el juzgador no solo en si misma, sino conjugándolas con otros testimonios y medios probatorios (CANT - SALA X, 18/3/2005- CAUSA BENITEZ vs. COTO CICSA.-D.J.2005/2/599)".

Afirmó el tribunal que Julio César Carrizo "manifiesta haber trabajado para la demandada en el período 1992, aún cuando fue registrado en 1998, hasta su egreso el 31/12/2003, desempeñándose en igual tarea a la del actor, quien fue su reemplazante, según lo afirmado en respuesta a aclaratoria solicitada por la proponente de la prueba. Resulta coincidente su declaración, con la prestadas por los restantes testigos, al responder sobre la fecha de ingreso y tareas desarrolladas por el actor, dando suficiente razón de sus dichos, por lo que se rechazan las tachas deducidas, no habiéndose producido las pruebas ofrecidas por el demandado".

Sostuvo que José Alfredo González manifestó "haber sido compañero de trabajo del actor, desempeñándose para la accionada en el período desde 1993 a 1999. En tal condición declara sobre el ingreso del actor anterior al reconocido por la demandada, al encontrarse trabajando cuando el declarante ingresó. También sobre el tipo de tareas desempeñados por el accionante. Tachado por la demandada a fs. 270, en su persona y sus dichos, niega la relación de dependencia del testigo. Ofrece prueba informativa consistente el informe de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, sobre la registración laboral del testigo según libro de registro de remuneraciones, presentado ante dicho organismo. Habiendo sido respondido en forma negativa por la entidad, por no obrar antecedentes, según expediente administrativo reservado en Caja Fuerte de Secretaría y que tengo a la vista. El informe negativo de ANSeS, no logra desvirtuar los dichos del testigo, quien afirmó haberse desempeñado sin registración. Tampoco surge de dicho informe, ante la inexistencia de aportes, que el testigo que se haya desempeñado por el período invocado para otro empleador, de lo que resulte la imposibilidad de que los hechos sobre los que declara, hayan sucedido en su presencia". Asimismo, señaló que el testigo Alberto Raúl Ibáñez declaró "haber sido compañero de trabajo del actor, ingresando a trabajar como ayudante de fletero para la accionada, en 1988 hasta su desvinculación en 1994. En respuestas a preguntas 3 y 4 del cuestionario, declara sobre la fecha de ingreso y tareas desempeñadas por el actor. Tachado por la demandada, en su persona y sus dichos, la prueba producida no logra acreditar ninguna circunstancia que inhabilite o reste eficacia probatoria a los dichos del testigo o que hagan presumir el ánimo del declarante en favorecer o perjudicar a alguna de las partes, resultando, por el contrario, concordantes con las anteriores declaraciones prestadas, por lo que corresponde su rechazo. En cuanto a la prueba de tachas ofrecida por el demandado, de absolución de posiciones, no producida ante oposición del demandado, corresponde su rechazo, por no considerarse admisible en el caso del testigo, quien reviste la condición de tercero en el presente proceso".

Consideró el tribunal: "La parte demandada, ofreció prueba instrumental consistente en recibos de haberes, reservados en Caja Fuerte de Secretaría, en los que se consigna su ingreso en fecha 27 de junio de 2003, calificado como Ayudante de Depósito. Tales instrumentos resultan de la actividad unilateral del empleador, cuya falta de cuestionamiento por parte del dependiente, no puede interpretarse como renuncia a derechos que las leyes laborales le confieren, ante su falta de reclamo. Lo contrario resulta la negación del principio de irrenunciabilidad de derechos prevista en el art. 12 de la LCT, por lo que no se considera que tales instrumentos resulten oponibles al trabajador, teniéndose por acreditada, con la prueba testimonial analizada, aportada por el actor, la existencia de relación laboral de éste con la demandada Distri-Ar S.R.L., con fecha de ingreso y categoría profesional según lo denunciado por el accionante en su demanda, encuadrado en la categoría de auxiliar "A" del convenio colectivo Nº 130/75, con fecha de ingreso el 15 de febrero de 1991, en jornada laboral completa".

Confrontados los argumentos de la demandada con los fundamentos del fallo impugnado y los antecedentes del caso precedentemente reseñados, se advierte que el planteo en examen no puede prosperar.

Contrariamente a lo alegado por la demandada, la Cámara sí tuvo en cuenta las tachas opuestas y se pronunció al respecto. Como punto de partida, el tribunal atribuyó al trabajador la carga de la prueba de la fecha de ingreso denunciada. Seguidamente, analizó las pruebas y concluyó en que las ofrecidas por la demandada (recibos de haberes) resultaban insuficientes para demostrar la real fecha de ingreso y la categoría laboral del actor, en tanto que con la testimonial producida por el demandante quedaron acreditadas tanto la fecha de ingreso como la categoría profesional denunciadas en la demanda. Asimismo, desestimó las tachas formuladas por la demandada en relación a los testigos Casale y Carrizo por no haberse producido la prueba ofrecida, por insuficiencia de las producidas respecto de los testigos González e Ibáñez, y en relación al testigo Suárez porque el hecho de que tenga juicio pendiente con la demandada no invalidaba por sí solo su testimonio.

Sobre las referidas apreciaciones del fallo, la recurrente nada dice. Se limita a sostener la falta de credibilidad de los dichos de los testigos y a denunciar omisión en el pronunciamiento impugnado de analizar las tachas opuestas. De ese modo, no logra conmover las conclusiones del tribunal sobre la fuerza de convicción reconocida a las mencionadas declaraciones testimoniales en relación a la fecha de ingreso y tareas realizadas por el actor y su horario de trabajo, ni en lo concerniente a la falta de acreditación de circunstancias que puedan inclinar a los testigos a deponer a favor o en contra de alguna de las partes en el juicio o que tiendan a disminuir o anular la fuerza probatoria de dichos testimonios (cfr. art. 384 CPCyC aplicable supletoriamente de conformidad a lo dispuesto por el art. 86 del CPT).

Se debe tener presente que si bien las circunstancias de tener juicio pendiente y ser amigo no enervan el valor de las declaraciones, existe en esos supuestos el deber de apreciar los testimonios con mayor prudencia y estrictez, pues se compromete en alguna forma la imparcialidad de los dichos, por lo que resulta fundamental su corroboración con otras probanzas idóneas (CSJT, "Medina, Víctor Emilio vs. Villagra Carlos Sergio s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 1045 del 08/11/2007). La Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires ha sostenido: "No es suficiente para descalificar un testigo la circunstancia de que tenga un juicio pendiente contra la misma empresa, si del contexto de su declaración resulta evidente su objetividad en el criterio del Tribunal del Trabajo" (SCBA, "Hoffstetter, José Orlando c/ Pesquera del Atlántico S.A.I.C. y otra s/ Cobro de haberes", 14/7/2010).

En las concretas circunstancias del caso, la demandada no alcanza a demostrar un desacierto sentencial que descalifique al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido por arbitrariedad en la valoración del material probatorio recolectado en autos. El fallo recurrido se apoya en una ponderación conjunta e integral de las pruebas testimonial e instrumental (recibos de haberes) producidas en la causa, conforme a la cual concluyó en que el dependiente estuvo vinculado con la demandada Distri-Ar S.R.L. desde la fecha de ingreso y en la categoría profesional alegadas en la demanda, esto es, "categoría de auxiliar "A" del convenio colectivo Nº 130/75, con fecha de ingreso el 15 de febrero de 1991, en jornada laboral completa". En dicho procedimiento valorativo no se advierte un déficit en el razonamiento de la sentencia o un quebrantamiento de las reglas de la lógica que lleven a su invalidación. Las alegaciones de la recurrente vinculadas a la falta de credibilidad de los testimonios y a la omisión de analizar las tachas opuestas, sólo expresan su discrepancia con el procedimiento de selección y valoración de los hechos y pruebas, empero, de modo alguno, son demostrativos del alegado vicio de arbitrariedad en el pronunciamiento.

Esta Corte tiene dicho: El valor de las pruebas no está fijado ni determinado, y corresponde a su propia apreciación evaluarlas y determinar el grado de convencimiento que puedan producir, sin que tenga el deber de justificar porque da mayor o menor mérito a una prueba que a otra. Las reglas de la sana crítica no son normas jurídicas, sino simples preceptos de sentido común, cuya aplicación queda sometida a la prudencia, rectitud y sabiduría de los jueces; su infracción sólo puede invocarse por vía de casación en caso excepcional, al habérselas violentado hasta el absurdo; todo ello reiteramos, porque las reglas de la sana crítica no constituyen normas jurídicas sino de lógica, que sólo se infringen cuando se hace una valoración manifiestamente absurda, lo que no sucede con el fallo de la Cámara. La valoración del cuadro fáctico de la causa que realicen los tribunales de grado debe ser integral, correspondiendo que su merituación sea ajustada a las particularidades del litigio, cuando la actividad probatoria producida por el actor ha demostrado suficiencia" (CSJT, "Gómez Raúl Dermidio vs. Carrizo Hugo Rolando s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 796 del 18/10/2010).

A idéntica conclusión se arriba respecto de los cuestionamientos realizados a la valoración de los recibos de haberes. Sostuvo la Cámara: "Tales instrumentos resultan de la actividad unilateral del empleador, cuya falta de cuestionamiento por parte del dependiente, no puede interpretarse como renuncia a derechos que las leyes laborales le confieren, ante su falta de reclamo. Lo contrario resulta la negación del principio de irrenunciabilidad de derechos prevista en el art. 12 de la LCT, por lo que no se considera que tales instrumentos resulten oponibles al trabajador". Lo considerado por el tribunal no ha sido impugnado por la recurrente que solo reitera que el trabajador no reclamó ni impugnó los recibos, sin refutar el criterio sentencial ni demostrar la arbitrariedad denunciada. Cabe recordar que esta Corte ha sostenido: "No se trata en verdad de que se produzca caducidad de derecho alguno, al punto que se expresó que 'la ley no acuerda relevancia jurídica al silencio guardado por el trabajador frente a defectos o incumplimientos ocurridos durante el transcurso de la relación de trabajo (arts. 58 y 260, ley de contrato de trabajo -DT,1976-238-)' (CNTrab; Sala VII 04/10/1996, publicado en DT, 1997-A- 314)" (CSJT, "Vega, David Conrado vs. Mayisterz, Carlos Arnaldo s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 402 del 04/6/2004).

En cuanto a que la sentencia habría omitido pronunciarse sobre la defensa esgrimida en el responde, referida a la inexistencia de injurias, el planteo es manifiestamente inviable a la luz de lo resuelto por la Cámara y lo precedentemente expuesto con relación a la fecha de ingreso y categoría laboral del actor. Además, la alegación de que el tribunal no tuvo en cuenta que el actor no recibió la carta documento en que fundamentó la injuria (nº 532050727) sino que fue devuelta a su parte, no es atendible bien se advierte que la cuestión no fue planteada en la contestación de demanda. En efecto, contrariamente a lo afirmado en el recurso, en aquella oportunidad procesal la demandada expresó: "Que la actora mediante distintas misivas reclama correcta registración, diferencias salariales y dación de tareas. Que la demandada rechaza que se encuentre indebidamente registrada la actora y que se le adeuden diferencias salariales. Respecto de la dación de tareas se le provee de las mismas en reiteradas ocasiones, siendo rechazadas la dación de las mismas. Que la actora se da por despedida unilateralmente. Que la actora no justificó inasistencias ni se presentó a prestar tareas, a pesar de haber recibido en fecha 29/12/2004 carta documento nro. 532050727 AR a hs. 9:35 AM." (fs. 19 vlta.). Por su parte, el tribunal consideró: "Encontrándose acreditada la real fecha de ingreso del actor, como las tareas desarrolladas por el mismo, se considera que el desconocimiento del demandado ante la intimación fehaciente del dependiente, resulta injuria de entidad suficiente, que habilita al trabajador a darse por despedido, con justa causa, en los términos del art. 242 de la ley de contrato de trabajo, resultando procedentes los conceptos indemnizatorios reclamados, conforme lo dispuesto en el art. 246 de igual digesto legal".

Como se observa, el tribunal consideró la causal de despido, según fueron planteados los hechos por las partes en sus escritos de alegación y a la luz de las constancias probatorias del expediente, en especial, los términos de la comunicación epistolar del despido (cfr. carta documento de fs. 203) y la respuesta de la empleadora (fs. 515). Consecuentemente, la interpretación de la Cámara si bien podrá no ser compartida por la recurrente, cuenta con fundamentos suficientes, ajustándose al mandato constitucional del art. 30 de la CP y las disposiciones de los arts. 33, 34 y 262 CPCyC, por lo que la crítica debe ser desestimada.

Por otra parte, carece de virtualidad para modificar lo decidido, el agravio referido a que el trabajador no probó que se le hubiera negado el ingreso al lugar de trabajo pues, "cuando son varias las causales invocadas en la notificación de auto despido, la acreditación de alguna de ellas que tenga bastante entidad como injuria -como acontece en la especie- es suficiente para justificar la medida y admitir el reclamo indemnizatorio pertinente (cfr. CNTrab., Sala VII, agosto 6-998.- Galeano, Zamudio L. c/ Treutel, Jorge, N. y otro: DT,1998-B.242)" (cfr. CSJT, "Pons Rafael Jerónimo vs. Plásticos La Rioja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 197 del 05/4/2010).

En relación a la indemnización del art. 9 de la Ley Nº 24013, el recurso tampoco puede prosperar. Se debe tener presente que el actor denunció en su demanda la deficiente registración de la relación laboral en lo concerniente a la fecha de ingreso y la categoría profesional, que intimó a la demandada a regularizar su situación laboral bajo apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 8 a 15 de la Ley Nº 24013 (cfr. telegrama de fecha 21/12/2004, fs. 205), y que cursó la comunicación a la AFIP (telegrama del 21/12/2004, fs. 204); asimismo, la demandada negó la procedencia de las indemnizaciones de la Ley Nº 24013 "teniendo en cuenta que la actora se encontraba correctamente registrada" (fs. 20); y en lo pertinente, el tribunal consideró: "Extinguida la relación laboral, debidamente intimado el demandado a regularizar la situación laboral del actor, sin que diera cumplimiento con la misma, acreditada la justa causa de despido invocada por este último, ante la indebida registración de fecha de ingreso y tareas desarrolladas, y efectuada la comunicación requerida por el art. 11 de la misma ley, mediante telegrama de fecha 21/12/2004, a la AFIP, corresponde el progreso del reclamo por estos conceptos".

Tales consideraciones del fallo no han sido cuestionadas por la demandada que se ciñe a señalar que la indemnización del art. 9 de la Ley Nº 24013 no habría sido reclamada en la demanda, advirtiéndose que en la liquidación practicada por el actor se incluyó el rubro "indemnización art. 11 Ley Nº 24013" (fs. 14). Si bien es cierto que la norma invocada por el trabajador no prevé indemnización alguna, sino establece los requisitos que este debe cumplir para hacerse acreedor a las indemnizaciones de los arts. 8, 9 y 10 de dicha ley, también lo es que la indicación del rubro en la planilla de demanda y la acreditación de la deficiente registración de la fecha de ingreso del trabajador -supuesto fáctico previsto por el art. 9 de la Ley Nº 24013- y del cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 11 citado (intimación al empleador y comunicación a la AFIP), justifican la admisión de la pretensión. Corresponde recordar que el imperativo de congruencia en la sentencia exige que medie conformidad entre ésta, la demanda y su responde, vale decir, que la decisión se ajuste a la materia fáctica oportunamente introducida y debidamente sustanciada en el juicio, y la calificación jurídica que hacen las partes no es vinculante para el tribunal quien, en virtud del axioma iura novit curia, debe aplicar el derecho que estime que corresponda. La labor de subsunción, esto es, el encuadramiento de la plataforma fáctica dentro de una categoría o concepto jurídico, es materia que compete exclusivamente al tribunal y no a las partes. Mientras no se observe en la determinación del derecho apartamiento de las circunstancias fácticas del proceso y falta de adecuación a la pretensión incoada en la demanda (lo que no se verifica en el caso), toda violación al principio de congruencia y a los términos en que quedó trabada la litis contestatio debe ser descartada (cfr. CSJT, "Burgos Manuel Andrés vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (Banco residual) s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 23 del 06/02/2009).

Tampoco le asiste razón a la demandada cuando afirma que la indemnización contemplada por el art. 80 de la LCT debía ser rechazada porque el actor no respetó el plazo de 30 días previsto por el decreto 146/01.

La Cámara juzgó procedente dicha indemnización con fundamento en que la demandada fue intimada a entregar la correspondiente certificación de servicios y aportes "mediante telegrama de fecha 3 de marzo de 2005, vencidos los plazos previstos por el art. 3º del Decreto Reglamentario Nº 146/01, contados desde la fecha de despido (29/12/2004)".

De los términos de la comunicación epistolar mantenida entre las partes, surge que si bien el actor se consideró injuriado y se dio por despedido mediante telegrama del 29/12/2004, oportunidad en la que intimó a la empleadora a la entrega de certificación de servicios y cese y certificado de trabajo (fs. 203), posteriormente, en el telegrama de fecha 03/3/2005, expresó: "Reitero intimación para que en el plazo perentorio de 48 hs. me abonen indemnización por antigüedad [.] y la entrega de certificación de servicios y cese de servicios y certificado de trabajo, bajo apercibimiento de ley y lo dispuesto en el art. 45 Ley Nº 25345 y art. 2 de la Ley Nº 25323" (fs. 198). Surge así que el tribunal consideró que el emplazamiento fue cursado en tiempo útil por el trabajador teniendo en cuenta que el contrato de trabajo se extinguió el 29/12/2004 y que la intimación a la entrega del certificado previsto por el art. 80 de la LCT fue efectuada por el dependiente el 03/3/2005. El criterio sentencial se apoya en las constancias probatorias pertinentes de la causa y en las disposiciones del art. 3 del decreto 146/2001 (ADLA 2001-B, 1520 - DT 2001-A, 842), reglamentario del art. 45 de la ley Nº 25.345, conforme al cual "el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. por Decreto Nº 390/76) y sus modificatorias, dentro de los TREINTA (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo". Como se aprecia, la Cámara juzgó la procedencia de la indemnización en cuestión de acuerdo a las constancias probatorias pertinentes de la causa (telegramas remitidos por el trabajador) y las disposiciones legales aplicables. La decisión se ajusta a las pautas de valoración de las reglas de la sana crítica (art. 40 CPCyC) y cuenta con fundamentos suficientes (arts. 33, 34 y 262 del CPCyC y 30 de la CP) lo que impide su descalificación como acto jurisdiccional válido.

Habiendo considerado el tribunal acreditada la justa causa de despido invocada por el trabajador, los agravios referidos a las indemnizaciones contempladas por los arts. 2 de la Ley Nº 25323 y 16 de la Ley Nº 25561 tampoco pueden prosperar. La alegación vinculada a la configuración del supuesto previsto por el art. 1º del Decreto 2639/02 resulta manifiestamente improcedente atento lo considerado respecto de la fecha de ingreso del trabajador (15/02/1991) y porque la demandada -hoy recurrente- no planteó tal cuestión en el escrito de responde, introduciéndola recién en esta instancia extraordinaria.

En cuanto al rubro "haberes 29 ds. mes de diciembre 2004" que la sentencia dispone abonar por un monto de $ 632,87, este no fue reclamado por la parte actora que solicitó el pago de "dif. 29 días de diciembre del 2004" por un monto de $ 65,36 (cfr. liquidación de fs. 14). Como se advierte, el pronunciamiento impugnado otorgó al actor una suma de dinero por un concepto o rubro distinto del peticionado, apartándose así de los términos en que quedó trabada la litis. No cabe perder de vista que conforme al art. 47 del CPT, el órgano judicial está facultado a resolver más de lo pedido, "de conformidad con las acciones promovidas y de acuerdo a la forma en que se trabó la litis", no así a otorgar algo que no haya sido pedido. Consecuentemente, corresponde casar parcialmente el pronunciamiento impugnado, punto I resolutivo del fallo (en cuanto hace lugar a la demanda por el rubro haberes 29 días mes de diciembre de 2004) y la planilla de condena que también se deja sin efecto en base a la siguiente doctrina legal: "Es incongruente y por ende nula, la sentencia que condena al pago de un rubro distinto del reclamado en la demanda", y remitir los autos a la Cámara para que, con la composición que por turno corresponda, proceda a dictar, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

En cuanto a la imposición de costas, el recurso tampoco puede prosperar. La Cámara resolvió a cargo de quien serían las costas del proceso principal, ello en modo alguno puede ser interpretado como una modificación de las costas correspondientes a cuestiones incidentales definitivamente concluidas en el trámite del litigio. Se debe tener presente que el art. 115 del CPCyC -aplicable supletoriamente de conformidad a las disposiciones del art. 49 del CPT- dispone: "INDEPENDENCIA DEL PRINCIPAL E INCIDENTES. La condena en costas en lo principal no varía la situación creada en los incidentes ya resueltos, en los que la imposición de las costas pudiera presentarse en forma inversa".

VI.- Seguidamente corresponde analizar los cuestiona- mientos formulados por la codemandada Arcor S.A.I.C. en orden a la condena solidaria impuesta a su parte. El planteo sustancialmente se basa en que la sentencia ha interpretado erróneamente el art. 30 de la LCT y es arbitraria al considerar que la comercialización de golosinas y alimentos hace a la actividad normal y específica propia de su establecimiento.

En la demanda, el actor manifestó que iniciaba acción en contra de Distri-Ar S.R.L. y de Arcor S.A.I.C.. Refirió que la demandada Distri-Ar S.R.L. era una empresa dedicada exclusivamente a la distribución de los productos que fabrica la codemandada Arcor S.A.I.C., comprendiendo la venta al por mayor de golosinas (caramelos, galletas, chocolates, etc.) y de la llamada línea roja (puré, mermelada, tomate, polenta, etc.); exclusividad que se extendía a la ciudad de San Miguel de Tucumán (entre calles Jujuy hasta la Avda. Ejército del Norte), zona centro incluyendo la Terminal, Bº San Cayetano, Bº Lola Mora, Bº Farmacéutico, Villa 9 de Julio, Bº El Sol, El Colmenar, también en la localidad de Los Pocitos y de Las Talitas. Sostuvo que la codemandada Arcor S.A.I.C. era solidariamente responsable con Distri-Ar S.R.L. a tenor de lo dispuesto por el art. 30 de la LCT. Afirmó que cuando dicha norma hace referencia a trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal o específica del establecimiento alude a un tipo de delegación, cediendo parte del circuito que deben transitar dichos bienes o servicios, llegando al consumidor, sin el cual no tendrían razón de existir ni lograrían su objetivo de obtener un beneficio económico y, como tal, no solo tienen derecho a dicha elección, sino además el deber ineludible de controlar a las empresas que distribuyen sus productos, evitando de causar perjuicios al consumidor y a los trabajadores que han puesto su fuerza de trabajo cooperando a la obtención de sus ganancias. Señaló que era importante la apariencia jurídica creada y la indiferencia de la sustitución frente a terceros, y que la demandada Distri-Ar S.R.L. tenía al momento de la relación laboral la distribución exclusiva de los productos que fabricaba la codemandada Arcor S.A.I.C. en sectores geográficos específicamente determinados y sujetos a modalidades y ordenamientos impuestos por la empresa proveedora. Finalmente, tachó de inconstitucional la interpretación dada a la referida regla por la Corte nacional en el precedente "Rodríguez, Juan vs. Embotelladora Argentina S.A. y otro".

La codemandada Arcor S.A.I.C. opuso defensa de falta de acción. Negó categóricamente que Distri-Ar S.R.L. efectuara la exclusiva distribución de los productos elaborados por su parte. Explicó que se dedicaba en forma exclusiva a la elaboración de productos alimenticios varios y a la comercialización mayorista de estos; es decir, debido a la dimensión de su producción vende sus productos a quienes tienen capacidad de comprar grandes volúmenes. Aseveró que su política comercial consiste en la realización de ventas en grandes cantidades a clientes de solvencia comprobada, lo que en modo alguno puede interpretarse como que ha cedido o subcontratado parte de su actividad específica (elaboración de sustancias alimenticias). Expresó que su parte no celebra con ninguno de sus clientes contratos que puedan caracterizarse como de 'distribución', y que el negocio realizado por la firma Distri-Ar S.R.L. tiene su paralelo en numerosos negocios más, además de las bocas de expendio de los supermercados, por lo cual el hecho de que haya elegido un determinado tipo de comercialización de los productos que elabora, no puede llevar a la afirmación de que estos son representan- tes-distribuidores, cualquiera sea el significado que se le pretenda dar a este tipo de giro. Afirma que la actividad desplegada por Distri-Ar S.R.L. no resulta para su parte ni normal ni habitual, y que la realidad indica que le vendía habitual y periódicamente mercaderías de su producción a dicha firma, operaciones que son facturadas de conformidad a condiciones que pueden ser iguales, similares o diferentes de otros clientes, los cuales pueden vender los productos adquiridos a comerciantes minoristas o mayoristas, a los precios y condiciones que cada uno de ellos pueda obtener o que el mercado local pueda fijar. Negó otra vinculación con Distri-Ar S.R.L. más allá del carácter de cliente de sus productos; como también que haya delegado en distribuidores oficiales la etapa final de la cadena comercial, ni que existiera contrato de exclusividad con el actor y mucho menos con la firma codemandada. Sostuvo que el hecho de que pueda vender a mayoristas, a minoristas de gran consumo o realizar ventas puntualmente a través de sus propios vendedores a grandes clientes o que determinados mayoristas comercialicen sus productos no puede llevar a suponer la existencia de subcontratación o delegación de trabajos que corresponden a su actividad normal y específica. Entendió que aún en el caso de considerarse que existió un contrato implícito de distribución, este no daba lugar a la aplicación del art. 30 de la LCT.

La Cámara consideró acreditada "la hipótesis de aplicación de la norma" con el informe pericial contable de fs. 402/403. Sostuvo el tribunal: "La venta por terceros de los productos elaborados por la codemandada, hace a su actividad propia y específica con lo que cumple su objeto social para el que fue creada, el que no se limita solamente a la fabricación de productos alimenticios, sino que se concreta, nutre y revitaliza con la comercialización de los mismos, descartándose la hipótesis de actividad secundaria, como eximente de responsabilidad, al tratarse de una actividad concurrente, cuyas pautas de comercialización les son impuestas a la demandada Distri-Ar S.R.L., como consecuencia de la forma adoptada para la mentada comercialización, decisión propia y exclusiva de la misma empresa, la que podrá acordar o contratar en la forma y con las condiciones que conviene a sus intereses y fines empresariales. Por su parte la demandada ARCOR S.A.I.C. no ha ofrecido prueba alguna tendiente a justificar la existencia de una clara diferenciación entre las etapas de producción y comercialización de productos alimenticios, entre las que se incluye la actividad desarrollada por la concesionaria Distri-Ar S.R.L., en cumplimiento del objeto propio de su establecimiento. Tal circunstancia hace inaplicable al caso en estudio, la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el citado fallo "Rodríguez Juan R. c. Compañía Embotelladora Argentina SA y otro", por lo que corresponde hacer lugar a la demanda, extendiéndose solidariamente la condena contenida en el presente fallo, a la razón social codemandada Arcor S.A.C.I., en base a lo dispuesto por el art. 30 de la ley de contrato de trabajo, rechazándose por los fundamentos expuestos, la excepción de falta de acción deducida por esta parte, al contestar su demanda".

Confrontado el planteo de la codemandada con los fundamentos del fallo cuestionado, se advierte que le asiste razón a la recurrente. En lo pertinente, la sentencia carece de fundamentos suficientes para abonar la conclusión a la que arribó en orden a que en el caso se encuentra configurada la exigencia prevista en el art. 30 de la LCT, concretamente referida a que los trabajos o servicios deben ser correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento a quien se pretende extender la solidaridad.

Por una parte, la Cámara sostuvo que la parte actora acreditó la hipótesis de aplicación de la norma con la prueba pericial contable de fs. 402/403, según la cual el gerente administrativo de Distri-Ar S.R.L. informó al perito contador que la empresa Arcor S.A.I.C. tiene personal que realiza iguales tareas que las desarrolladas por el actor; que Distri-Ar S.R.L. es una de las numerosas distribuidoras de la firma Arcor en la provincia de Tucumán; que Arcor genera permanentemente nuevas directivas respecto de las ventas, comercialización, promociones, etc. que los distintos distribuidores tienen que acatar, pero que de eso no tienen documentación; que el perito contador tuvo conocimiento directo del contrato comercial que vincula a los demandados ARCOR S.A.C.I. y Distri-Ar S.R.L., y que el experto informó que la demandada Distri-Ar S.R.L. puso a su disposición facturas de compras, en las que observó que los productos que vende Distri-Ar S.R.L., algunos son producidos por ARCOR S.A.C.I., existen otras marcas de golosinas y alimentos comercializados por ARCOR S.A.C.I. pero producidos por empresas que fueron absorbidas por ésta. Por otra, expresó que el art. 4º del estatuto social de Arcor S.A.I.C. establece que la sociedad por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, tiene por objeto: a) Continuar sin interrupción el giro en el comercio de golosinas, caramelos y dulces de la actual sociedad "ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL" y de su antecesora "ARCOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" y concluyó en que la venta por terceros de los productos elaborados por la codemandada hace a la actividad propia y específica de Arcor S.A.I.C..

Como se advierte, la conclusión a la que arribó el tribunal en orden a que la actividad de Distri-Ar S.R.L. es la normal y específica propia del establecimiento de la codemandada (cfr. art. 30 de la LCT) se apoya en la prueba pericial contable y los términos del estatuto social de la codemandada, observándose en las razones expresadas en el fallo para desestimar la impugnación del informe efectuada por la codemandada que la Cámara prescindió de aspectos relevantes contenidos en el referido dictamen pericial contable que debieron ser tenidos en cuenta para arribar a una conclusión fundada.

En las respuestas a los puntos de pericia 2 y 4 -especialmente considerados por la Cámara-, el perito expresó que no concurrió a la planta que Arcor S.A.I.C. tiene en Tucumán, y que reprodujo lo que le informó el gerente administrativo de la demandada Distri-Ar S.R.L., Sr. Héctor Marcelo Orellana; y en la respuesta al punto 5, el experto manifestó: "De acuerdo a la documentación compulsada, la relación entre la demandada y la codemandada es comercial, al concurrir al domicilio de Distri-Ar S.R.L. se solicitó copia de contrato para verificar si aparte de las relaciones comerciales existen otras de índole laboral, lo que en el mismo no consta" (fs. 402 y vta.). Es por ello oportuno recordar que "la actividad del perito no es delegable, sin perjuicio de que privadamente el perito pueda valerse de operaciones, reconocimiento o exámenes, requiriendo la actuación de especialistas. Pero es responsable el perito y en lo fundamental debe actuar él, careciendo de valor probatorio la pericia que se limita a referir informaciones o explicaciones dadas por terceros (SCBA, JA 1956-IV-10, nº 112; C.Com., Sala B, JA 1957-IV-461; C.Civ. 2ª Cap., LL 54-458)" (Falcón, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. II, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1989, pág. 397); asimismo, que "la tarea del experto no debe apoyarse y seguir al pie de la letra, como si fueran irrefragables, las noticias que le suministren las partes o terceras personas, físicas o jurídicas, cuyos datos respectivos adquieren relevancia procesal por vía de las pruebas confesorias, testifical e informativa, meritadas por el órgano judicial aplicando las normas que gobiernan cada uno de esos medios probatorios (C. 1ª Civ.Com. San Isidro, Sala I, LL 979-501, 181-SP)" (ob. cit., pág. 398).

No debe perderse de vista que la codemandada impugnó la referida prueba pericial con fundamento en que el perito no constató los hechos en persona, sino que se basó en los dichos del gerente de la demandada Distri-Ar S.R.L. y que no examinó la documentación de su parte. La sentencia desestimó la impugnación "por cuanto el informe fue elaborado en base a documentación a la que alude el auxiliar en respuestas a preguntas Nº 5 y 9, como documentación obrante en autos y los dichos del gerente de la codemandada, quien asume la representación de dicha persona jurídica, y que no han sido objeto de tacha o impugnación por Distri-Ar S.R.L.. Por otra parte, lo informado por el auxiliar contable, resulta claramente coincidente con las manifestaciones de los testigos ofrecidos por el actor, en sus respuestas a pregunta Nº 5, del cuestionario ofrecido en CPA Nº 3, y cuyas tachas, ya han sido rechazadas". Los fundamentos expuestos por el tribunal no alcanzan a sostener suficientemente la decisión, desde que no correspondía a la codemandada tachar los dichos del gerente -de los que se nutre el informe del perito contador- por cuanto no se trata de una prueba testimonial. Como antes se señaló, tampoco constituye fundamento suficiente la referencia a que el informe habría sido elaborado en base a documentación de la demandada no bien se advierte que en la respuesta nº 5, el perito solo hizo una genérica referencia a la documentación compulsada.

En lo concerniente a los estatutos sociales de la codemandada contemplados por el fallo, cabe recordar que este Tribunal tiene dicho: "El art. 30 no se refiere al objeto ni a la capacidad societaria, sino a la actividad real propia del establecimiento. Las figuras delegativas previstas por aquella norma, en lo pertinente, contratación y subcontratación, son inherentes a la dinámica del giro empresarial y, por ello, no cabe examinar su configuración con respecto al objeto social y que para que nazca responsabilidad solidaria de una empresa por las obligaciones laborales de otra, en los términos del art. 30 de la LCT, es menester que aquella empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o completen su actividad normal. Debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, de acuerdo a la implícita remisión que hace la norma en cuestión al art. 6° del mismo ordenamiento laboral (CSJT, in re "Mustafa Díaz, María Isabel vs. Barrionuevo de Ferez, Berta Elena y otros s/ Indemnización por despido", sentencia N°177 del 24/3/2000)" (CSJT, "Racedo, Hugo Guillermo y otros vs. Asociación de Prestadores del Sur y Círculo Médico del Sur s/ Despido", sentencia Nº 122 del 02/3/2010).

También se debe tener presente que es criterio de esta Corte que el acreedor laboral de una deuda de codeudores solidarios tiene la carga de demostrar en el proceso todos los presupuestos que dan origen a su pretensión, esto es, que es dependiente de una empresa, que ésta realiza una actividad que se identifica con la actividad ordinaria y específica de otra, con la cual está unida por un contrato o subcontrato, y que se han omitido deberes de control (art. 30 LCT). En otras palabras, debe aportar la prueba de los requisitos que establece la ley para que la solidaridad se produzca (CSJT, "Robledo, Lucas Eduardo vs. Terán, Julio César y otro s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 469 del 30/6/2010).

A la luz de lo antes expresado, no cuenta con fundamentos suficientes la apreciación del tribunal de la actividad desarrollada por la codemandada, como normal y específica propia del establecimiento en base a las constancias de sus estatutos constitutivos, al no haber analizado cómo se vinculaban en los hechos las sociedades demandadas ni de qué manera la actividad de Distri-Ar S.R.L. complementaba la actividad principal de Arcor S.A.I.C. y si se verificaba una unidad técnica de ejecución entre ambas empresas, circunstancias relevantes en el examen de los presupuestos del art. 30 de la LCT. Tampoco constituye argumentación bastante para sostener una condena solidaria, la circunstancia ponderada por el tribunal, concerniente a que "la demandada ARCOR S.A.I.C. no ha ofrecido prueba alguna tendiente a justificar la existencia de una clara diferenciación entre las etapas de producción y comercialización de productos alimenticios, entre las que se incluye la actividad desarrollada por la concesionaria Distri-Ar S.R.L.", ya que el pronunciamiento impugnado no expresó motivo alguno que justifique apartarse de las reglas de la carga de la prueba.

Conforme a todo lo expresado y, sin que ello signifique emitir juicio respecto de la responsabilidad solidaria de la codemandada Arcor S.A.I.C., la sentencia recurrida valora aislada y fragmentariamente las pruebas de la causa sin confrontarlas entre sí, desatendiendo injustificadamente cuestiones planteadas y elementos decisivos para la solución del caso. Al decidir así, el fallo se apartó de las reglas que gobiernan la valoración de las pruebas (art. 40 CPCyC) e incumplió con el deber de fundamentación que le imponen los arts. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, 264 y 265 del CPCyC a los que remite el art. 46 del CPT. Tal déficit determina su descalificación como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación en examen y, consecuentemente casar parcialmente la sentencia, dejándose sin efecto los puntos resolutivos I (sólo en cuanto condena solidariamente a Arcor S.A.I.C.), IV (que rechaza la defensa de falta de acción), VI (solamente en cuanto a la imposición de costas a Arcor S.A.I.C.) y el punto VII (relativo a la regulación de los honorarios) en base a la siguiente doctrina legal: "Carece de fundamentos suficientes y, por ende, es arbitraria la sentencia que no se sustenta en una valoración integral de los hechos y pruebas conducentes a la solución del caso"; y reenviar los autos al tribunal de origen a fin de que, con la composición que por turno corresponda, dicte, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

La nulidad precedentemente dispuesta exime a este Tribunal de analizar el planteo de la recurrente vinculado a la obligación contemplada por el art. 80 de la LCT.

VII.- Atento al resultado a que se arriba, las costas del recurso de la demandada Distri-Ar S.R.L. deben ser soportadas por esta siguiendo el criterio objetivo de la derrota (cfr. arts. 108 del CPCyC y 49 del CPT). Las del recurso de la codemandada Arcor S.A.I.C. se imponen en el orden causado en razón de que la nulidad declarada proviene de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 105 del CPCyC y 49 CPT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, sin perjuicio de dejar expresamente consignado que los recursos de casación deducidos en autos cumplen con el requisito del art. 131 inc. 1 del CPL, en la medida en que se encuentran fundados en una supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo. Al respecto, es del caso aclarar que la ponderación por parte de este Tribunal Cimero de la valoración del material probatorio de la causa efectuada por el Tribunal de grado, resulta objeto propio del recurso extraordinario local, por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo señalado, los recursos en examen devienen admisibles y siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la demandada Distri-Ar S.R.L. contra la sentencia de la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo del 11/02/2011 (fs. 605/611 y vta.) en base a la doctrina legal expresada en el apartado V de los considerandos. En consecuencia, CASAR parcialmente el punto I resolutivo del referido fallo (en cuanto hace lugar a la demanda por el rubro haberes 29 días mes de diciembre de 2004) y la planilla de condena que también se deja sin efecto, y REMITIR los autos a la Cámara a fin de que, con la composición que por turno corresponda, proceda a dictar, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

II.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por Arcor S.A.I.C. contra la sentencia indicada en el apartado I precedente, respecto del planteo analizado en el punto VI de los considerandos. Consecuentemente, CASAR parcialmente los puntos resolutivos I (sólo en cuanto condena solidariamente a Arcor S.A.I.C.), IV (que rechaza la defensa de falta de acción), VI (solamente en cuanto a la imposición de costas a Arcor S.A.I.C.) y el punto VII (relativo a la regulación de los honorarios) en base a la doctrina legal allí expresada, y REMITIR los autos a la Cámara a fin de que, con la composición que por turno corresponda dicte, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

III.- COSTAS de los recursos, conforme se consideran.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN	(con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.