Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-01


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a 1 día del mes de abril del año dos mil cinco, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y señor Juez de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "B., J. C. c/ L. B. A. C. A. de S. S.A. s/ ORDINARIO", Expte. No. 14.060/03, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería nro. 2 (Expte. No. 84/00), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 233) y autos de fs. 245 y 251 a fin de obtener la mayoría prevista por el art. 8 de la ley 1130, correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 181/186? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo.

Que llegan las presentes actuaciones a esta instancia en apelación (fs 195 y 196/197) de la sentencia de fs 181/186 que resuelve, hacer lugar parcialmente a la demanda, y condenar a L. B. A. C. d. S. S.A. a entregar a J.C. B. en el plazo de 10 días de consentida o firme la presente: un automotor 0 Km de similar marca y modelo al Renault 19 RE sedán 4 puertas dominio ... ... alcanzado por la cobertura del seguro póliza Nº 2718 vigente a partir del 1/5/96, más un interés anual sobre el valor que presente el rodado igual al que aplica el Banco del C. S.A. en sus operaciones de descuento de documentos a terceros, adoptando para las fracciones del mes en curso el promedio del mes anterior, hasta su cancelación íntegra y definitiva, por la negativa de pagar oportunamente y desde el 12-3-98 fecha de vencimiento del plazo acordado a la misma por la ley 17.414 para hacer valer sus derechos (arts 46 y 569), a liquidar en la etapa de ejecución de sentencia; si el cumplimiento deviniera imposible dicha obligación se trasformará en la de pagar el importe del valor de ese automóvil al 8/2/98, más un interés anual sobre el valor que presente el rodado igual al que aplica el Banco del C. S.A. en sus operaciones de descuento de documentos a terceros, adoptando para las fracciones del mes en curso el promedio del mes anterior, hasta su cancelación íntegra y definitiva, por la negativa de pagar oportunamente y desde el 12 de marzo de 1998 fecha de vencimiento del plazo acordado a la misma por la ley 17.418 para hacer valer sus derechos (arts 46 y 56) a liquidar en la etapa de ejecución de sentencia; condena a L. B. A. C. A. D. S. S.A. a pagarle a J. C. B. en concepto de lucro cesante la suma de dos mil novecientos cincuenta dos pesos, con noventa y cinco ctvos, más un interés anual igual al que aplica al Banco del C. S.A en sus operaciones de descuento de documentos a terceros, adoptando para las fracciones del mes en curso el promedio del mes anterior, hasta su cancelación íntegra y definitiva, por la negativa de pagar oportunamente y desde el 12 de marzo de 1998 fecha de vencimiento del plazo acordado a la misma por la ley 17418 para hacer valer sus derechos (arts 46 y 56) a liquidar en la etapa de ejecución de sentencia; rechaza la aplicación de astreintes, impone las costas a la demandada vencida y regula los honorarios.

A fs 195 el demandado interpone recurso de apelación, el que se declara desierto a fs 228.

A fs 197 los actores apelan la regulación de los honorarios por bajos y entienden que habiéndose diferido en varios considerandos del fallo la determinación del monto total del proceso para la etapa de ejecución de sentencia, los honorarios debieron expresarse en porcentajes.

A fs 211/212, se agrega documentación y la expresión de agravios de la actora sobre la sentencia y funda el recurso concedido a fs 145 con efecto diferido.

Sostiene que si bien el a-quo condenó a la demandada como fuera peticionado, al no haberse contemplado las situaciones fácticas del virulento proceso inflacionario de comienzos de 2002, las opciones contenidas en los puntos 1º y 2º de la sentencia, provocan una injusta situación en detrimento del derecho a ser indemnizado.

Se ha omitido, agrega, fallar sobre el hecho nuevo incorporado en la causa.

Luego de transcribir el punto 1º y 2º del fallo, sostiene que el valor actual de un rodado de tales características ronda en $30.000 y que el que la demandada debía entregar estaba valuado en $15.000 el 8-2-98, entendiendo que el demandado optará por el punto 2º del fallo.

Y es allí donde se produce el perjuicio económico, y si bien el a-quo concede lo pedido, resulta cierto también que jamás pudo haberse previsto en el año 1998 un desbarajuste y caos económico como el que aconteció en el año 2002, debiendo aplicarse el plausible criterio esbozado por esta cámara en sentencia, en "S. c/ O. N. SRL y otro s/ ejecutivo". Corresponde, aduce, modificar el punto 2º, consignando que en caso de imposibilidad, el valor de referencia a ser tomado en cuenta para el pago a favor del accionante, será el valor de mercado actual de un rodado de las características del mencionado en el punto 1) y/o del modelo que lo reemplazare en caso de haberse descontinuado su fabricación, cuya cuantificación debería diferirse para el momento de la ejecución de sentencia.

Agrega que tal modificación no varía el objeto litigioso.

El segundo agravio, es con relación a la omisión de tratamiento del hecho nuevo denunciado, consistente en la irregular situación generada al actor ante los trámites de ejecución prendaria.

Menciona la presentación de fs 95 y la admisión por parte del sentenciante a fs 104, pero que luego no merituara en la sentencia, lo que origina el agravio.

Acompaña documentación con fundamento en el apartado 3º del art. 260 del CPCCCh, entendiendo que de ella surge que como producto directo del incumplimiento contractual de la demandada frente al actor se generó la acción ejecutiva prendaria de parte de P. R. S.A. de A. para fines determinados que actualmente generó una exorbitante deuda. Todo ello, dice, también señalado al juez de la primera instancia, sin que lo tratara en la sentencia.

En el tercer agravio funda el recurso de apelación concedido con efecto diferido contra el decreto de fs 145.

Sostiene que la denegatoria del nuevo hecho alegado resulta arbitraria y contradictoria, ya que se corrió traslado y la accionada guardó silencio, lo que puso de manifiesto su tácita conformidad y que las presentaciones de fecha 21/10 y 12/11 del 2002, constituyen ampliación del hecho denunciado a fs 95.

Hace reserva del caso federal.

A fs 224/227 la parte demandada, solicita en principio la deserción del recurso y subsidiariamente contesta los agravios.

La sentencia ha hecho lugar a las pretensiones del actor las que fueron plasmadas en el escrito de inicio y que consistían en que se condene a la demandada al cumplimiento de las obligaciones contractuales que asumiera, cumplimiento que se traduce en la entrega al accionante de un rodado marca R 19, tipo sedán cuatro puertas, cero km, o el que eventualmente lo reemplace y/o de transformar la condena, a su opción, en el cobro de las sumas de dinero a que ascienda el valor de un vehículo de iguales características al demandado mediante esta acción, a la fecha del siniestro, más el lucro cesante.

No obstante ello se agravia la actora, por entender que al condenar el a-quo a la demandada a la entrega de un vehículo tal, reitero, se solicitara, o al pago del valor del automóvil, al 8-2-98, más los intereses, en ambos casos, le provoca perjuicio por las razones que invoca. Entre tales razones, por suponer que la demandada optará por ésta último, por resultar más beneficioso. Lo que desde ya resulta simplemente una suposición, no avalada por ningún fundamento jurídico.

Otra razón es el desfasaje económico que se produjo, luego de la interposición de la demanda, por lo tanto de optar el demandado por el cumplimiento del punto 2) no se cumpliría con la manda de colocarlo en la situación que tendría si el contrato se hubiese cumplido y sólo alcanzaría para adquirir un automóvil cero Km a valores actuales.

Y he de señalar que no surge de la sentencia que el a-quo haya determinado que el demandado pueda optar por el punto 1) o 2) de la sentencia sino como lo determina taxativamente, 2) Si el cumplimiento de lo mandado precedentemente (punto 1º), deviniera imposible dicha obligación se transformará en la obligación de pagar.".

En consecuencia deberá demostrar el demandado tal imposibilidad, de allí que el argumento referido a "que la demandada optará-seguramente por el punto 2º", no tiene asidero.

Y en el caso que debiera cumplir con el punto 2º ante la imposibilidad de la entrega de un 0Km, no encuentro gravamen alguno por las consideraciones que efectuaré.

En principio no es dable introducir en la expresión de agravios, circunstancias no debatidas en el pleito y sobre las que la contraparte no pudo ejercer el derecho de defensa.

He venido sosteniendo con apoyo de doctrina y jurisprudencia que la praxis judicial ha declarado que las cuestiones no introducidas en la demanda quedan marginados de las pretensiones deducidas en juicios. "Una de las garantías del debido proceso consiste, en el marco que tiene la judicatura para no introducir alegaciones o cuestiones de hecho sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa; por ello, la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto las personas, objeto y causa, es ineludible exigencia de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fijó los límites de los poderes del juez". Asimismo he dicho, siguiendo las enseñanzas de José Acosta en "Procedimiento Civil y comercial en Segunda Instancia, T.I, pág. 210. Edit. Rubinzal Culzoni, que en la expresión de agravios, sea ilegítimo introducir cuestiones no debatidas en primera instancia, y hasta que se considere una deslealtad.

Pero más allá de ello y dando repuesta puntual a la segunda de las razones del quejoso, he de concordar con doctrina y jurisprudencia que sostiene que "Si considera que la normativa de emergencia que derogó la convertibilidad afectó sus derechos, debió plantearlo por los carriles correspondientes, ya que no resulta viable pretender que se le aumente el monto de la condena porque lo considera exiguo ante la depreciación. No corresponde que la demandada cargue con la diferencia de valores existente, ya que aquella deberá pagar los intereses que no constituyen más que los aumentos que las deudas pecuniarias devengan en forma paulatina, durante un tiempo dado, sea como precio del dinero ajeno o como indemnización por un retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria (cfme Belluscio-Zannoni, "Código Civil y Leyes complementarias", Ed.Astrea, Buenos Aires 1988,t.3, pág. 115), CNCom, sala "B", 8-8-2003. G y C C. c. P. S. S.A.

La indemnización se determina por el valor de la cosa antes del siniestro, que es el valor de la cosa según un justo precio objetivo, con independencia de las relaciones especiales del asegurado. es decir que el valor de la cosa no es el costo de adquisición, porque así no se fijaría la pérdida por el uso o depreciación. De ahí que se emplee el valor del mercado cuando éste existe. (Isaac Halperín, "Seguros", Ed Depalma, pág 642).

Advierto que asiste razón a la demandada, en punto a la extemporaneidad del fundamento de la apelación concedida a fs 149, con efecto diferido. En consecuencia la resolución de fs 125 punto 2) se encuentra firme (art. 260 inc. 1).

Previo a decidir sobre el segundo agravio, he de efectuar algunas consideraciones que surgen de la misma causa.

El accidente que da origen a estos actuados se produce en el mes de febrero de 1998, no surgiendo de la causa que la actora haya notificado a R. S.A., el hecho, toda vez que de la documentación que se acompaña, y que diera origen al hecho nuevo admitido (fs 80/94) no surge. Tampoco alcanza para tener por notificada del suceso la agregada a fs 40 y 41, por tratarse de documentación simple, y sobre la que la actora peticiona a fs 58, se requiera a P. A. S.A., los originales a que se refiere en los apartados 15 y 16 éstos últimos relacionados a la prueba que se analiza. Documentación que se tiene por reconocida por el demandado, atento a que no existió oposición, pero que no puede admitirse como válida en punto a que R. S.A., la haya recibido, pues se tuvo por desistida a la actora de la citación del tercero "P. R. S.A. de A. para fines determinados" (fs 76).

Asimismo del contrato de prenda, en sus condiciones especiales en la cláusula 6 se establece que "El deudor deberá informar al acreedor inmediatamente cualquier novedad que afecte al vehículo prendado. cualquier siniestro que sufra la unidad y en la cláusula 9, determina que si el deudor no diera cumplimiento a las condiciones que se pactan o no efectuara el pago de una sola de las cuotas estipuladas, el acreedor tendrá derecho a considerar la deuda como de plazo vencido y a exigir su pago íntegro, lo que se reitera en la cláusula 17.

Y de acuerdo a lo antedicho, ninguna comunicación tuvo la acreedora, que le impidiera iniciar la ejecución prendaria.

Y si bien es cierto que la relación se entabló entre P. R. S.A (tomador) B. (asegurado) y L. B. A. S. (aseguradora) y que la acreedora debe arbitrar todos los medios para cobrar el beneficio correspondiente, y adoptar los recaudos para resguardar los intereses del suscriptor (condiciones particulares, E) última parte, no es menos cierto que para que ello aconteciera debió el actor, asegurado informar al acreedor y no lo hizo.

Pero más allá de ello, olvida, a pesar que lo dice, que contrató dos seguros, y que en esta acción reclama con fundamento en la póliza 2718 (art. 30 Ley 17418), no constando reclamo alguno sobre la Nº 1908.

Y de la póliza por la que reclama en autos surge que el seguro se comprometía a la reposición de un unidad 0 Km, pero no a continuar con el pago de las cuotas por la que el asegurado había contratado con R..

Resultando improcedente requerir que la Cía de Seguros cubra el resultado de su incumplimiento, en esta causa, cuando al iniciarla, reconoce que cumplida la condena por la demandada, el accionante efectivizará el reconocimiento de contrato prendario a favor de P. R., por el saldo de precio aún pendiente.

Asimismo surge de fs 25 que "el beneficiario suscriptor..."Si la cancelación hubiese sido parcial, reconocerá una deuda equivalente al saldo de cuotas pendientes de pago", agregando en igual foja que deberá acompañar al asegurador certificado de saldo de deuda prendaria, lo que tampoco cumplió.

En la prenda con registro y tal como surge del contrato que el quejoso acompaña, la mora se produce automáticamente, sin necesidad de requerimiento alguno, al no abonarse con puntualidad la cuota.

Señaladas tales situaciones, he de agregar, siguiendo a Halperín en "Seguros", pág. 635 y sgtes, que "Producido el siniestro, el asegurador tiene la obligación de indemnizar el daño asegurado. El daño asegurado resulta de los conceptos de interés y del riesgo que soporta el asegurador. De ahí que se lo pueda definir como el perjuicio o destrucción del interés por el siniestro, en la medida asumida por el asegurador: si no están cubiertas las consecuencias de ciertos riesgos, los daños no pesan sobre el asegurador, porque éste sólo responde por los daños causados, al interés por el riesgo asumido y en la medida que le afecta la destrucción de la materialidad de la cosa. La responsabilidad del asegurador se limita a los daños causados por el riesgo asegurado.

El pago de los daños se rige esencial y principalmente por el principio indemnizatorio, que es capital en el juego del contrato. Este principio halla traducción cabal en la ley, en las disposiciones de los arts 62, 2º párr., 68, 80 etc. Conforme a él, el asegurado no puede obtener un lucro, sino sólo el resarcimiento del daño sufrido.

Asimismo no ha demostrado el quejoso, que la falta de cumplimiento de la aseguradora haya impedido el pago de la cuota, pues más allá que la aseguradora sólo se obligó a la restitución de otro vehículo o a su equivalente en dinero, surge que el actor pudo adquirir y pagar la cuota de otro vehículo, fs 56 vta.

Todo ello me convence que lo solicitado como consecuencia del hecho nuevo alegado debe ser rechazado.

En punto a los honorarios, asiste razón al quejoso ya que se desconocen ciertos parámetros como el valor del vehículo que condena a entregar, punto 1) lo que impide con justeza determinar numéricamente el monto de los honorarios.

Atento a ello y merituando la labor profesional el resultado obtenido, y demás pautas de los arts 6, 7, 9, 19 y 47 fijo los honorarios de los Dres M. A. C. y C. M. Z. conjuntamente en el 18% de la liquidación a practicarse en la ejecución de sentencia.

Las costas de esta instancia estarán a cargo del actor vencido.

Para regular los honorarios de esta instancia tendré presente iguales parámetros de los consignados y lo que dispone el artículo 14 de la ley de aranceles, difiriéndolos para el momento del acuerdo.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Confirmar los puntos 1) y 2) de la sentencia de fs 181/186 venida en apelación.

2) Revocar parcialmente el punto 4) en relación a los honorarios de los Dres M. M. N. y E. N., el que los fijo en el 18% del monto de la liquidación, de acuerdo al considerando respectivo.

3) Costas de esta instancia al actor vencido.

4) Diferir los honorarios de la segunda instancia para el momento del acuerdo.

5) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 220 vta./221.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut, es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien vota precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a la misma me remito.

I.A-1) En cuanto al primer agravio planteado por la parte actora (fs. 215/217 vta.) en cuanto entiende que el contenido de la decisión jurisdiccional de los ptos. 1ero y 2do. del fallo en cuestión, además de la omisión de fallar sobre el hecho nuevo alegado e incorporado a la causa, provoca gravamen irreparable dado que le da la posibilidad al demandado de la opción de incumplir con la primera beneficiándose colocándose en la segunda situación, en atención al efecto inflacionario desatado en el país a partir del año 2001.

En principio es dable aclarar que el antecedente jurisprudencial citado por el apelante actor a fs. 216vta. autos caratulados: "S. S.C.C. c/ O. N. SRL y Otro s/ Ejecutivo, expdte. nro. 13636/2003 sent. int. nro. 121 del 11/07/03 dictada por la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones no se ajusta a las circunstancias del presente caso tornándolo así inaplicable a los efectos de una toma de decisión.

Después de un análisis exhaustivo de los entendimientos expuestos por el a-quo en sus considerandos 8vo. a 12do. (fs.183 vta./184vta.) es clara y contundente que el a-quo condenó en primer lugar a la entrega de un automóvil 0 km de iguales características que tenía el siniestrado con los correspondientes intereses y previendo que dicha situación pudiera no darse por ser de incumplimiento imposible (lo cual tendría que acreditarse por la parte obligada) dispone que la condenada deberá abonar la suma de un automotor de igual marca y características que el siniestrado con más sus intereses.

Amerito, asimismo, que la mentada opción que aduce el apelante actor es la misma que el propone en el objeto de su demanda (fs. 49. pto. II párr 2do.).

En virtud de dicha merituación y observando que, por un lado, los argumentos del apelante actor dados en el presente agravio se limita a un razonamiento paralelo o propio, que sólo trasunta apreciaciones subjetivas (conf. crit. Morello - Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.III, pág. 337; Cám. Apel. San Martín, sala II, Der. V.105, p.440) y, por el otro, agrega alegaciones que no efectúo en la instancia originaria con lo cual a dicha situación apuntada le corresponde aplicar el criterio doctrinario y jurisprudencial que, desde larga data, determina que la expresión de agravios sirve para delimitar las atribuciones de la alzada en el conocimiento del recurso, en correlación con el postulado de congruencia (art. 34 inc. 4to. C.P.C.C.Ch.), desde que las causas deben decidirse secundum allegata et probata. En consecuencia, no puede modificarse, en las quejas ante la alzada, lo que se afirma en la demanda o contestación, ya que de acuerdo con la coordinación de los arts. 265, 271 -última parte- y 277 -primera parte- del ordenamiento procesal, el agravio no es un apartarse de lo invocado por las partes en sus acciones o respuestas, sino precisamente la afirmación de ello y el consiguiente razonamiento -si cupiere- de lo injusto de la decisión recurrida (conf. Morello - Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.III, págs. 353/354; Cám. Nac. Esp.Civ. y Com., sala I, 18/06/79, BCNEC y C., 674, núm, 9792: ídem. Sala II, 08/06/84, DJ 1984, v.7, p.219).

Sobre el piso de marcha precedentemente expuesto, se ha de subrayar, a mayor abundamiento, que el ámbito de los tribunales de Alzada se encuentra en primer lugar limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del juez de primera instancia, siendo inadmisible la deducción de pretensiones u oposiciones ajenas a las que fueran objeto de debate en la instancia originaria, derivando dicha limitación del principio dispositivo, que confiere a los justiciables el señorío de la voluntad de fijar los límites del objeto litigioso, y excluye que los tribunales de justicia se pronuncien sobre cuestiones que no hayan sido planteadas oportunamente por las partes.

Si se admitiese que en la Alzada pudieran tratarse capítulos no esgrimidos en primera instancias, o fundados en hechos no articulados en ella, importaría alterar los términos en que quedó trabada la litis, con menoscabo del derecho de defensa y violación de una expresa prohibición legal (conf. aut. cit., ob. cit., Tomo cit. Pág. 413/414; arg. crit. Cám. Nac. esp.civ. y com., Sala II, 08/06/84, DJ 1984, v.7, p.219; Cám. Nac. Civ., Sala C, 12/05/83, La Ley 1984, v. A, p. 489, 36.542 -S).

Son razones todas ellas por las cuales arribo a la conclusión que los agravios expuesto por el apelante actor en este punto no comportan la crítica concreta que exige la normativa procesal, razón por la cual corresponde su rechazo y confirmar la sentencia en este sentido.	I.A-2) Como segundo agravio (fs. 217 vta./220) en que el a-quo omitió fallar sobre el hecho nuevo denunciado e incorporado oportunamente.

Estimo que el presente caso debe analizarse en profundidad atento las constancias que se vinieron dando en los presentes autos.

El actor a fs. 54 de su demanda (presentada el 07/02/00) pto. IV fs. 53 vta./54 apartado 1ero. párr. 7mo y 8vo. introdujo la cuestión planteada sobre el incumplimiento de lo dispuesto por la póliza de seguro 2718 que era complementaria de la primigenia póliza firmada por las partes cuyo nro. era el 1908, solicitando.

A dicha aseveración la parte demandada nada adujo en su escueta contestación de fs. 70/71 limitándose únicamente en sostener lo previsto en la primera de las póliza de seguros y negar los conceptos y montos peticionados por el accionante, no haciendo alegación alguna a las comunicaciones aludidas por la contraparte.

Dicha circunstancia hace aplicable el criterio jurisprudencial que determina que respecto a la recepción de telegramas y cartas, que se invocó al demandar su remisión a la accionada de los mismos, la posición adoptada por ésta al contestar la acción -no mediar reconocimiento expreso ni negativa categórica de la recepción de tales despachos- no puede revertirse en perjuicio de la contraria, con una evidente e inadmisible fractura del principio constitucional de igualdad, en su actuación en el campo procesal. En esas condiciones, debe admitirse la recepción de las cartas y telegramas remitidas (SCBA, DJBA, v.123, p.453).

De un detenido estudio de las constancias de la causa surge que a fs. 85/90 bajo el título de "Denuncia Hecho Nuevo" (08/11/00) y de los propios dichos del actor (fs. 50/vta.) éste celebró con P. R. S.A. un contrato de prenda con registro -contrato interno nro. C4WZ2057-F- el día 23/06/97 por 45 cuotas mensuales, sucesivas y determinables, siendo pagadera la primera de ellas el 10/07/97 y finalizando la última el día 10/03/01. La prenda era sobre el automotor siniestrado (08/02/98) Renault, sedán 4 puertas, R-19 RE dominio nro. ... ..., encontrándose en mora en el pago de las cuotas desde el 14/04/98, lo que determinó la iniciación de la ejecución prendaria (expdte. nro. 27958/2000) contra el accionante.

A fs. 76 el a-quo atento el tiempo transcurrido sin que el actor haya denunciado el domicilio del tercero P. R. S.A. hizo efectivo el apercibimiento de lo dispuesto en fs. 64, teniéndolo por desistido de la citación del mismo.

A fs. 104 el sentenciante admite el 16/03/01 el hecho nuevo alegado a fs. 85/vta. denunciado el 08/11/00.

A fs. 108 de fecha 26/03/01, mediante la documental que agrega a fs. 106/107 (firmado por el juez subrogante local el día 02/03/01), el actor pone en conocimiento que con fecha 12/03/01 que la empresa P. R. S.A. de A. para fines determinados procedió a secuestrar el rodado de su propiedad por la medida decretada en la ejecución prendaria tramitada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia Comercial nro. 8 de Capital Federal (expdte. nro. 27958/00). Expresa que dicho trámite judicial pone de manifiesto que está originado exclusiva y únicamente en la mora de la demandada, reiterando lo solicitado en su demanda (fs. 53 vta./54 apartado 1ero. párr. 7mo y 8vo - fs. 53vta./54) que se tenga en cuenta dichas circunstancia a los efectos de que oportunamente sean incluidos en la sentencia definitiva que sea dictada con todos los mayores costos que el accionante deberá abonar injustamente ante el incumplimiento de la demandada.

El a-quo determinó a fs. 183/vta, pto 2 y .6-a) que el actor con la demandada en autos celebró un contrato de seguro de riesgos del automotor, cuya relación contractual regia por la dispuesto en la póliza nro. 2718 con vigencia a partir del 01/05/96 (art. 30 Ley 17.418) que establecía una nueva cobertura de seguro de reposición de unidad a 0km, entregándole el correspondiente certificado, haciendo hincapié el sentenciante en la falta de controversia en esta punto entre las partes.

Considero que en la solución del litigio no se puede aplicar con rigurosidad el principio de que la ley actúa "como si fuera al momento de la demanda" (Morello, Der. V.115, pp.527, 528); razones de economía procesal y -en algunos casos de la verdad jurídica objetiva- aconsejan absolver si el derecho se ha extinguido durante el litigio y -como en este caso- admitir la demanda si el hecho sobre el cual se funda se ha verificado en el transcurso del proceso -circunstancia ésta que detallada mente he transcripto como sucedida en párrafos anteriores-. Ese es precisamente el sentido del art. 163 inc. 6 párr. 2do de la ley adjetiva cuando establece que la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.

Por las razones invocadas y teniendo en cuenta, asimismo, que es criterio establecido que: "El monto de la demanda puede ser ampliada en el transcurso del proceso si se funda en un hecho sobreviniente que encuadra dentro de la petición inicial del juicio" (Cám. Nac. Civil, sala E, La Ley, v.137, p. 818) arribo a la convicción que el agravio expuesto a fs. 217vta./220 debe acogerse ampliando la condena dispuesta por el fallo de primera instancia a la accionada a la obligación de resarcir al actor los importes correspondientes a capital, intereses, gastos, costos y honorarios profesionales judiciales a determinarse en el etapa de ejecución de sentencia a los que se vea obligado el actor a afrontar en el juicio de ejecución prendaria tramitada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia Comercial nro. 8 de Capital Federal (expdte. nro. 27958/00).	I.A-3) En cuanto al tercer agravio expuesto por el apelante a fs. 220vta., y la apelación por honorarios interpuestas a fs. 197 vta teniendo en cuenta la acogida favorable que tuvo su agravio en el considerando anterior carece de virtualidad jurídica expedirme sobre el mismo por cambiar los parámetros de fijación de los mismos.

I.C) En cuanto a cómo se ha decidido en el presente voto corresponde la aplicación de lo dispuesto por el art. 279 del CPCCH manteniendo la imposición de costas de primera instancia a la demanda vencida (art. 68 del CPCCH) e imponiendo en un 80 % a la demandada y en un 20% a la actora las costas de esta instancia (art. 71 del CPCCH) Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes para el momento del acuerdo en el cual se tendrá como pautas para efectuar aquella, el carácter en que actúan, el desarrollo de la labor profesional y el éxito obtenido en un todo de acuerdo a lo prescripto por el Dto. Ley Pcial nro. 2.200 y a su modificatoria Ley Pcial (4335).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento del acuerdo la siguiente:

1)Hacer lugar parcialmente a los agravios expuestos por el apelante actor a fs. 214/221, ampliando lo condenado en los ptos 1ero. a 3ero. del fallo de fs. 181/186 vta. a la obligación de resarcir al actor los importes correspondientes a capital, intereses, gastos, costos y honorarios profesionales judiciales -a determinarse en el etapa de ejecución de sentencia- a los que se vea obligado el actor a afrontar en el juicio de ejecución hipotecaria tramitada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia Comercial nro. 8 de Capital Federal (expdte. nro. 27958/00).	2) No tratar los agravios expuestos a fs. 220 vta. y la apelación por honorarios planteada a fs. 197vta. por los argumentos allí dados.

3) Se mantiene la imposición de costas de primera instancia a la demanda vencida (art. 68 del CPCCH), imponiendo en un 80 % a la demandada y en un 20% a la actora las costas de esta instancia (art. 71 del CPCCH) Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes para el momento del acuerdo en un todo de acuerdo a lo prescripto por el Dto. Ley Pcial nro. 2.200 y a su modificatoria Ley Pcial (4335).

3) Tener presente la reserva del caso federal opuesta por el actor a fs. 220vta./221.

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por la apelación que sostuviera la actora a fs. 214/21 contra la sentencia definitiva nro. 611/03 del Juzgado Letrado en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería nro. 2 de la jurisdicción que hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a L. B. A. C. A. D. S. S.A. a entregarle a J. C. B. en el plazo de 10 días de consentida o firme la sentencia un vehículo que describe en el primer punto, y de tornarse de cumplimiento imposible el importe equivalente al valor del rodado al momento del siniestro, en ambas hipótesis con los intereses que determinó, condenó al pago del lucro cesante, rechazó el pedido de astreintes e impuso las costas a la demandada (fs. 181/186).

Habiendo sido reseñados los agravios por quienes me precedieron en la emisión de los votos, encontrándose cumplimentadas la carga procesal y en el convicción que la manda constitucional no está destinada a repeticiones disvaliosas me abstengo de reiterar.

Con respecto al primer y segundo agravio, adelanto que he de desestimar los mismos, por cuanto no se está frente a una crítica concreta y razonada de la decisión del Aquo, sino de una mera hipótesis deducida de la imaginación del recurrente. Recordando que el Aquo condenó la entrega de un vehículo de similares características y no hizo lugar al pedido del accionante en su demanda a fs. 49 que a su opción la suma de dinero equivalente al valor de un vehículo de iguales características al momento del accidente, es decir 8 de febrero de 1998. He de advertir que la demanda fue interpuesta en el año 2000, es decir, se apartó en el momento de peticionar de considerar cualquier desvalorización que hubiere sufrido el automotor por las fluctuaciones del mercado y el uso, aun ajena a toda la problemática nacional surgida después. El juez de grado condenó a entregar una cosa determinada y de tornarse imposible el cumplimiento, hipótesis que habrá de demostrar el deudor y no el actor la entrega de dinero. Frente a este análisis encuentro que no existe agravio a tratar por esta Alzada. No obstante lo dicho he de recordar que el haber tomado el juez Aquo como pauta para indemnizar el valor histórico del automotor -a la fecha del evento- y no el más cercano a la sentencia, toda vez que la destrucción total de un vehículo es un daño consolidado económicamente, por lo que no cabe saltar el tiempo transcurrido hasta la sentencia. El valor es el que históricamente tenía el vehículo. Valuar el automóvil con el que tenía al momento de la sentencia sería injusto porque influye negativamente la depreciación por el modelo y la antigüedad en la vida útil, y puede haber inclusive disminución drástica del valor, por otras razones, como en la hipótesis de automóviles que ya no se fabrican, o es dificultoso conseguir repuestos en plaza etc. En cualquiera de estas hipótesis, el rodado vale menos a la fecha de la sentencia y resulta inicuo y contrario al principio de reparación integral mensurar la pérdida con un alcance diverso al que efectivamente tuvo cuando se produjo (ver CBA "T., J. c/T., D. y/o L. ... s/ daños y perjuicios" CC0103 - LP239088 RSD-47-2-S, 18-4-2002, elDial -W15A9C). Por ello y coincidiendo con lo dicho por la Dra. Reynoso desestimo los agravios.

Sobre el hecho nuevo aducido y que fuera denegado por el Aquo a fs.147, he de confirmar lo resuelto por el Aquo en cuanto un hecho nuevo, su admisión reviste carácter excepcional, por cuanto importa una ampliación del debate probatorio con la consiguiente alteración del principio ordenado en el art. 311 del Cod. procesal que prohibe al actor modificar la demanda después de notificada (Fenochietto-Arazi "Cod.Proc..." t.2, pág. 299/300, Astrea-85), asimismo implica una excepción al régimen preclusivo que estructura nuestro ordenamiento procesal, ("E. c/ W. A. TJMME s/ cese oposición al registro de marca" CCiv comFed 3-9-98 con antecedentes similares reiteratorios elDIAL -AF14A6). En virtud de lo expuesto, para la admisión han de extremarse los recaudos procesales exigidos para su admisibilidad, toda vez que el recurrente nada -invoca respecto de las causales por las cuales fue desestimado en la instancia de grado el recurso carece de sustento para su tratamiento. Recuerdo que a fs.76 se abrió la causa a prueba, notificándose al demandado el 31 de octubre de 2000 (fs. 77 vta.) introducida la cuestión recién el 8 de noviembre del mismo año, concluidos los plazos contemplados en la ley ritual.

El hecho nuevo es el que ocurre o llega a conocimiento de las partes después de trabada la relación procesal y que es de importancia para resolver el litigio, tal como se ha trabado. Pero no queda incluido el hecho ajeno a la relación procesal que puede servir de fundamento a una nueva demanda. El hecho nuevo se diferencia del hecho diverso en que este presupone alegación de un hecho causa que latera, modifica o transforma la pretensión objeto de la litis, determinante del contenido del proceso. Tampoco se confunde con el hecho se confunde con el hecho que no hubiera sido considerado en la demanda o contestación, ni con la agregación de documentos nuevos o desconocidos. Los hechos nuevos son aconteceres; los documentos, la prueba de lo acontecido. Cabe remarcar que el hecho nuevo no puede importar ni una pretensión ni una defensa y su invocación válida debe estar referida a un nuevo elemento de juicio relativo solamente a la pretensión o defensa esgrimida al trabarse la relación procesal (ver a Santiago Fassi- Alberto L. Maurino "Cod.Proc..", t.3, págs. 399/400, Ed. Astrea-2002).

El rechazo es improcedente por su extemporaneidad, los argumentos expuestos en párrafo precedentes tienen su utilidad como descriptivos de la figura que a mayores fundamentos encuentro que no se reconoce en el caso la posibilidad de considerar la pretensión dentro de la misma.

Por último, los letrados de la parte actora se quejan de la regulación de los honorarios profesionales efectuada por el Aquo ante la posibilidad que resulten bajos pues el monto definitivo emergerá de la etapa de ejecución de sentencia. Los letrados recurrentes insisten en el mismo error, la posibilidad o hipótesis como fundamento, lo cual hace desestimable la queja por carecer los requisitos técnicos exigidos para su admisiblidad. Sin perjuicio de ello, he de recordar que la base regulatoria no es exclusivamente el monto del proceso o la demanda sino que existen otras pautas por las cuales se establece el importe y se encuentra en las prescripciones de los art. 6 y 7 de la ley 2200 (to. 4335), tales como la labor profesional desplegada, lo que implica tanto la diligencia como la elaboración intelectual demostrada en todo momento del pleito y desde esta óptica, encuentro que el Aquo ha regulado conforme a derecho y adecuadamente, por lo que confirmo la sentencia venida en crisis.

Las costas de la Alzada se imponen a la recurrente vencida conforme principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCCh), difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

No obsta lo resuelto la reserva del caso federal con denuncia de violación de normas de la Constitución Nacional, desde que su introducción no justifica por si sola la existencia de un caso constitucional ni vasta para ocasionar el automático desplazamiento de leyes locales en cuestiones que por su naturaleza no son federales (SCBs.As. 16-3-93 M., M. c/ C. y otro DJ1993-2-274).

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por ello esta vocalía propone:

1.- Desestimar los agravios del actor recurrente, confirmando la sentencia venida en crisis en todo cuanto fue materia de apelación.

2.- Costas de la Alzada a la apelante vencida, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del acuerdo, según considerando respectivo.

3.- Tener presente la reserva formulada.

A la primera cuestión la Dra. Alonso de Ariet dijo:

1. Han llegado las presentes actuaciones a esta Alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos, a fs. 195 por la parte demandada; a fs. 196 por la parte actora, ambos contra la sentencia obrante a fs. 181/186 y a fs. 197 por los Dres. E. N. y M. M. N. por su propio derecho contra la regulación de honorarios practicada en el punto 5º de la parte resolutiva del pronunciamiento citado.

2. El tribunal de origen ha decretado la deserción de la apelación interpuesta a fs. 195 y no ha logrado las mayorías requeridas para la validez del decisorio en relación a los recursos interpuestos a fs. 196 y fs. 197.

3. El recurso interpuesto contra la sentencia de fs. 181/186.

En relación al primer agravio expresado por el apelante al fundar el recurso referido, son contestes las colegas preopinantes en su rechazo, de modo tal que no emitiré opinión en relación a éste desde que se ha logrado la mayoría requerida por las normas pertinentes.

En cuanto al segundo agravio que se vincula con los alcances del hecho nuevo denunciado, adelanto que he de propiciar su rechazo expresando, seguidamente, los motivos que avalan esta postura.

Los antecedentes de la causa sobre este aspecto de la cuestión debatida revelan que a fs. 95 y vta., el actor denunció como hecho nuevo la promoción por parte de P. R. S.A. de A. para fines determinado de una ejecución prendaria en su contra; siendo dable destacar que en tal presentación el recurrente formuló reserva de demandar por separado y en el trámite correspondiente, todos lo daños y perjuicios que puede generarse con motivo de dicha acción.

Con ese alcance fue admitido a fs. 104 el hecho nuevo. La posterior ampliación del hecho a través de la cual peticionó la incorporación como rubro especial de condena el monto a pagar en la ejecución prendaria comprendiendo tal suma el capital, los intereses, gastos y costas de la misma fue declarada inadmisible por el juez de grado -fs- 147-.

Este contexto fáctico procesal es el que autoriza el rechazo del agravio. Es que si bien es factible ampliar la demanda con motivo de la denuncia de un hecho nuevo, tal facultad conforme lo prevé el artículo 331 "in fine" del C.P.C.C.Ch. encuentra como límite temporal el previsto en el artículo 365 del mismo ordenamiento y éste aparece violentado en autos.

Debió el actor peticionar la ampliación de la demanda junto con la denuncia del hecho nuevo; ya entonces se proyectaban las implicancias patrimoniales de la acción promovida en su contra. La pretensión ampliatoria ejercida casi dos años mas tarde -21 de octubre de 2002 según cargo de fs. 125 vta.- es manifiestamente extemporánea.	Lo expuesto es determinante en orden al rechazo de la revisión propuesta. No obstante ello, a mayor abundamiento es dable señalar que existen otros motivos que corroboran esta solución son los expresados por la primer votante.

En este orden de ideas, es dable remarcar que el actor expresamente ha reconocido haber contratado dos seguros y que el reclamo inicial fue promovido con fundamento en la póliza de seguro nº 2718 -copia certificada de fs. 20- con un específico riesgo cubierto que resulta del punto A) de las condiciones particulares -copia certificada de fs. 25- que no incluye el rubro especial que pretendió en indebida forma adicionar a fs. 125 y vta. Es decir, excede el riesgo asegurado y por lo tanto tampoco podría haber prosperado por estas razones de fondo.

Por todo lo expuesto propicio el rechazo del segundo agravio y del tercero íntimamente vinculado a éste.	4. El recurso interpuesto contra la regulación de honorarios.

El fundamento central de la apelación de fs. 197 es que corresponde la fijación de los honorarios en porcentuales de conformidad con las previsiones de los artículos 22 y 47 de la ley de aranceles. Ello, atento la falta de determinación fehaciente del monto de condena.	Entiendo que le asiste razón al apelante desde que ha quedado configurado en autos el presupuesto que da andamiaje a la aplicación de la previsión citada por el artículo 47 del régimen arancelario; esto es la indeterminación del monto.

Es que la sentencia de primera instancia -confirmada en esta instancia- en el punto 1º no contiene una condena a pagar sino a entregar una cosa cierta cuyo valor aún no ha sido fijado sino que resultará, en definitiva, de la etapa de ejecución de sentencia.	Por lo demás no puede soslayarse que si bien el monto del proceso no es el único elemento a valorar sí constituye un parámetro sustancial, en orden a la determinación del honorario e incluso a los efectos de juzgar su razonabilidad. Máxime teniendo presente que el juez de grado ha citado como fundamento normativo de la regulación el artículo 19 que se refiere expresamente al monto, sin otra consideración acerca de este extremo.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación de honorarios interpuesto a fs.

197, determinando en consecuencia los honorarios de primera instancia en porcentuales. A los efectos de su concreta fijación he de tener en cuenta la naturaleza y complejidad de los trabajos realizados, las etapas procesales cumplidas y demás pautas establecidas en los art. 6, 7, 9, 10, y 39 del Dto.-Ley 2200 modificado por ley 4335; de modo tal que propongo un porcentaje del 18%.

5. Costas y honorarios de esta instancia.

Atento al modo en que se resuelve la cuestión, las costas de esta instancia se imponen al actor vencido por aplicación del principio objetivo de la derrota receptado por el artículo 68 del C.P.C.C.CH.

A los fines de la regulación de los honorarios se han de tener presente las pautas generales del artículo 6 y las específicas del artículo 14 de la ley arancelaria. En función de éstas los determino a favor del Dr. E. B. en un 30% de los que le correspondan en primera instancia y a favor de los Dres. E. N. y M. M. N. en un 25% de los que le correspondan en la instancia de grado.	A la segunda cuestión la Dra. Alonso de Ariet dijo:

Atento el modo en que propongo se resuelvan las cuestiones tratadas, adhiero a la fórmula postulatoria de la Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.	A la primera y segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

El presente acuerdo, que vengo a integrar en 5to.Voto, expone los temas a decidir y el contenido de los agravios, expuestos a raíz de la sentencia dictada a fs.181/186, que condena a la parte demandada L. B. A. C.A. D. S. S.A., a entregar un automotor Cero kilómetro Renault 19, Sedan - 4 puertas, a la parte actora J. C. B., con más los intereses que señala y de resultar de imposible cumplimiento, se transformará en obligación de pagar el valor de ese automóvil al 8/2/98, asimismo con más los intereses en la forma que los describe. Condena asimismo a la parte demandada a pagar a la actora la suma de $2.952,95, con más sus intereses en la forma que señala. Rechaza la aplicación de astreintes e impone las costas a la parte demandada. Regula los honorarios de los profesionales intervinientes, por los de la parte actora, en la suma de $3.000, por el de la demandada, en la de $2.500.

El recurso interpuesto en su oportunidad por la parte demandada, se declara desierto a fs. 228.

Los agravios de la parte actora, que consiente la condena de la demandada respecto a la entrega del automotor cero kilómetro, controvierte los alcances del caso de cumplimiento imposible, en cuanto condena a pagar un importe básico vigente al 8/2/98, sosteniendo que debe ser el valor a tiempo actual, con más los intereses por la prestación incumplida. El segundo agravio sobre la omisión de fallar sobre el hecho nuevo invocado a raíz de la ejecución prendaria generada al actor, por falta de pago parcial de la prenda, estrechamente vinculada al juicio principal (fs. 219 vta. y ss.) y el tercer agravio, contra el decreto de fs. 145, recurso concedido en efecto diferido, por denegación de los hechos nuevos resultantes de las presentaciones de fechas 21/10/2002 y 12/11/2002.

Advirtiendo que mis colegas preopinantes al expedirse sobre las cuestiones propuestas por la actora constituyen mayoría, asimismo sobre las costas resultantes, no ejercito la facultad de expedirme sobre los tópicos señalados.

Debo hacerlo en todo caso respecto a la apelación de honorarios de fs. 197/197 vta., interpuesta en propio derecho por los Dres. E. N. y M. M. N..

La sentencia reguló los honorarios de los profesionales en forma directa, recurriendo los profesionales nombrados que se debía la forma porcentual, por no existir monto de condena concreto, desde que en definitiva se remite el quantum a la etapa de ejecución de sentencia.

Conforme los términos de la sentencia, previsiones respecto al caso de cumplimiento imposible y valores que habrán de asignarse, resulta, en efecto, como lo sostienen las apelantes, que resulta de aplicación el art.47 Dec.Ley 2200, incluida la reforma Ley 4335 sobre el particular	Me expido en consecuencia para que se haga lugar, regulándose los honorarios de la primera instancia de los apelantes en porcentuales y considerando el mérito de los trabajos profesionales, su resultado y lo previsto en los arts. 6, 7, 9, y concords., con lo alcances del primer voto del presente acuerdo.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con las disidencias apuntadas, la siguiente	SENTENCIA:

1) Confirmar los puntos 1) y 2) de la sentencia de fs 181/186 venida en apelación.

2) Revocar parcialmente el punto 4) en relación a los honorarios de los Dres M. M. N. y E. N., los que se fijan en el DIECIOCHO POR CIENTO (18%) del monto de la liquidación, de acuerdo a los considerandos respectivos.

3) Costas de esta instancia al actor vencido.

4) Regular los honorarios profesionales del Dr. E. B. en el TREINTA POR CIENTO (30%) y de los Dres. E. N. y M. M. N., conjuntamente, en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%), porcentajes a calcular sobre lo regulado por sus respectivos trabajos en primera instancia.

5) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 220 vta./221.

6) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS (Presidente) NÉLIDA SUSANA MELERO (Juez de Cámara) GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO (Juez de Cámara) SILVIA N. ALONSO de ARIET (Juez de Cámara) FERNANDO NAHUELANCA (Juez de Cámara)	REGISTRADA BAJO EL nro. 22 DEL AÑO 2005	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS