Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-27


NEUQUEN, 27 de mayo de 2014.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "PORFIRI ESTELA MARIS C/ VALDEZ FERNANDO A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", (Expte. Nº 260689/01), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 6 a esta Sala III integrada por el Dr. Marcelo Juan MEDORI y el Dr. Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo:

I.- La sentencia definitiva de la instancia de origen (fs. 1041/1052 vta.), acoge la pretensión indemnizatoria por la suma total de $ 326500, y condena al demandado al pago de esa suma de dinero por los daños y perjuicios ocasionados a la parte actora, con más los intereses determinados en los considerandos y costas.

Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora a fs. 1068 y apela también los honorarios regulados por altos. El Dr. ... por derecho propio, apela los suyos por bajos.

Asimismo, a fs. 1053 la Dra. ... apela los honorarios que le fueran regulados por su intervención en autos por bajos.

II.- Agravios de la parte actora (fs. 1186/1198) En primer término, el recurrente se disconforma con la jueza de grado porque rechaza la demanda respecto del codemandado IPVU, al eximirlo de responsabilidad por cuanto la cosa fue usada contra su voluntad expresa o presunta.

Sostiene, el art. 1113 del Código Civil permite liberar al dueño de los daños causados por ladrones de automotores, pero tal argumento no cabe llevarlo al extremo en detrimento de la víctima, pues sostener dicha postura resulta inconveniente.

Entiende, que no surge de la causa que se haya exteriorizado de manera alguna la voluntad de prohibir el uso del vehículo; afirma que, muy por el contrario, se encuentra probado que no se tomaron precauciones para evitar el uso no autorizado. Reseña partes de declaraciones testimoniales y constancias de la causa.

Afirma, que el vehículo se dejaba sin obligación de pago al no existir facturas, que no existió una autorización para hacerlo pues no se emitió una resolución administrativa al efecto y con el agravante que el lugar no estaba habilitado por la municipalidad como "garaje - estacionamiento".

Menciona, que el rodado era usado por cualquiera persona del IPVU, y aún por aquellas del lugar donde se estacionaba la camioneta; y que al ser un vehículo oficial, su propietario debió haber previsto el riesgo, al dejar las llaves y la tarjeta verde en la unidad.

Interpreta, que en el caso bajo estudio se dan todos los elementos para considerar que existió una seria negligencia del IPVU y una desatención total para con el bien, que permitió y facilitó su uso, todo lo cual provocó la pérdida de una vida y lesiones en los hijos y su madre.

En segundo lugar, se agravia por el rechazo de la demanda respecto del señor Pasetti, cuando está probado en el expediente que fue quien dispuso dejar la pick up en el estacionamiento; como así que se encontraba autorizado por su empleadora para disponer de la misma y de allí su carácter de guardián.

Dice, que como en el caso del IPVU no se puede hablar de falta de autorización para conducir la camioneta cuando hubo una desatención e irresponsabilidad, que permitió el uso del bien que provocó el siniestro.

En tercer lugar, cuestiona la dispensa de responsabilidad del señor Ortega fundada en mera negación de la misma por los hechos de su dependiente y la falta de autorización. Ello, porque no surge de todo el desarrollo del proceso que éste demandado haya exteriorizado de manera alguna la prohibición de uso, muy por el contrario, se encuentra acreditado que era normal y ordinario su uso. Debió haber demostrado la interrupción del nexo causal entre la acción y el daño, en virtud de otras circunstancias externas que se erigieran en verdadera, exclusiva y excluyente causa del daño.

Relata, que de la contestación de demanda de Ortega surge que no existía contrato de garage (fs. 208 último párrafo) y que reconoce también que no se percibía dinero alguno pues tenía un lavadero de automóviles (fs. 209).

Refiere, que no se puede analizar el contexto del uso sin autorización expresa o presunta del art. 1113 del Cód. Civ., cuando la cadena de negligencias fueron justamente las que facilitaron el uso del bien, todo lo que no hace sino darle preferencia a esa conducta, como causa directa del daño provocado y con deber indemnizatorio.

En cuarto lugar, se agravia por la supuesta falta de autorización para el uso de la camioneta, fundado en el uso contra la voluntad expresa o presunta.

Entiende que el supuesto desapoderamiento por un tercero, no puede constituirse en eximente de responsabilidad para los titulares y guardianes de la cosa riesgosa; debido a que la negligencia existe al encontrarse el vehículo con las llaves puestas y la documentación necesaria para circular.

Considera, que en autos no surge prueba alguna de exoneración de responsabilidad; y que el titular o guardián deben responder por el hecho de un tercero aunque no estuviera autorizado, pues no le compete a la víctima el rol de investigador de cómo acontecieron los hechos, solo la existencia del daño y la obligación de resarcirlo.

Menciona, que tal como quedó probado en la causa, el hecho dañoso imputado a Vázquez, dependiente de Ortega, no puede eximirlo a éste último, toda vez que la responsabilidad del dependiente es refleja y existe, de manera que la única eximente resultaría si desapareciera el fundamento de la responsabilidad indirecta.

Indica, que la negligencia de los demandados resulta clara y manifiesta, al dejar Pasetti, quien no era el responsable legal del vehículo, en un lugar no habilitado para estacionamiento, con las llaves puestas y la tarjeta verde, mediando además autorización tácita para su uso -como surge de la declaración de Ortega y Valdez-, no puede sino traducirse en derecho indemnizatorio para la familia del fallecido como consecuencia de todos estos hechos imputables a los accionados.

Por último, se agravia por el rechazo de los rubros indemnizatorios como: gastos médicos de materiales y de traslado erogados por la actora, al no haber valorado correctamente la prueba pericial psicológica, médica y documental acompañada.

Hace reserva del caso federal, conforme el texto del artículo 14 de la Ley 48.

A fs. 1199 se ordenó correr traslado de los agravios por el término de ley, siendo el mismo contestado a fs. 1200/1205 por el demandado Mario Pasetti y a fs. 1206/1209 por la citada en garantía.

III.- a) Responsabilidad del IPVU y del Sr. Mario R. Pasetti Ingresando al tratamiento de la cuestión traída a estudio, comenzaré con efectuar algunas consideraciones en lo que respecta a la responsabilidad objetiva consagrada en el art. 1113 del Código Civil, para luego evaluar, -conforme el alcance los agravios- sí en el caso, independientemente de la responsabilidad del Sr. Fernando A. Valdez, conductor del vehículo que protagonizara el accidente de tránsito con la parte actora, ha existido otra por parte del IPVU, en su calidad de titular de dicho automotor y de los restantes demandados tal como pretende el apelante.

En ese orden, el sistema de responsabilidad objetiva consagrado en el art. 1113 del C. Civil, permite exonerar de responsabilidad al dueño o guardián si la cosa ha sido usada en contra de su voluntad expresa o presunta.

Si bien la norma no exige el desapoderamiento de la cosa (robo o hurto) determina al menos que el dueño o guardián acredite que su uso haya sido efectuado en contra de su voluntad.

Este uso contra la "voluntad expresa o presunta" del dueño o guardián, como causal de exoneración de responsabilidad, debe ser interpretado restrictivamente, porque de lo contrario permitiría utilizar fácilmente éste argumento como un artilugio para eludir el deber jurídico de reparar.

De allí, que cada caso debe ser analizado con mucha cautela a fin de determinar si ha mediado un verdadero uso en contra de la voluntad expresa o presunta de su dueño.

En esta causa ha quedado debidamente acreditado que el IPVU, es el titular registral de la Mitsubishi CHE 950 y que ella, momentos antes del accidente, había sido dejada en el garaje ubicado en calle San Martín N° 546, pero de ninguna manera se ha logrado acreditar -salvo por los dichos de Valdez- que él tenía autorización para la utilización del vehículo en cuestión, tal como lo plantea el apelante.

Conforme surge de la causa penal caratulada: "VALDEZ FERNANDO ANTONIO S/ HOMICIDIO CULPOSO EN CONCURSO IDEAL CON LESIONES CULPOSAS REITERADAS - DOS HECHOS- EN CONCURSO REAL CON HURTO" (Expte. 95/01), que tengo a la vista, a fs. 371/372 y vta., se dictó sentencia N° 83/01, en la cual se lo condenó al Sr. Fernando A. Valdez, como autor penalmente responsable de los delitos de Homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas (dos hechos), en concurso real con hurto, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir automotores (el resaltado me pertenece).

Es precisamente en función de la influencia que tiene la sentencia penal (arts. 1101, 1102 y siguientes del Ordenamiento Civil) que se encuentra vedada la posibilidad que en sede civil se pueda modificar la existencia de los hechos constatados en el proceso penal.

Así, para el supuesto de sentencia penal condenatoria -como ocurre en el caso bajo análisis- el art. 1102 del Cód. Civil, establece: "Después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del demandado".

En función de tal precepto, la sentencia penal condenatoria hace cosa juzgada en sede civil, en dos aspectos: a) la existencia del hecho principal, y b) la culpa del demandado. La expresión "hecho principal" hace referencia a todas las circunstancias fácticas (condición, tiempo y lugar), que rodearon al hecho mismo, constituyendo éstas una cuestión de índole "prejudicial" que hace cosa juzgada en la esfera civil.

De allí que, si en sede penal hay condena en relación al hecho principal que se debate en el proceso civil a los fines indemnizatorios, ese hecho no puede ser modificado en ésta última juicio, pues se trata de una cuestión prejudicial que no puede ser alterada.

Así, como en el presente caso, si una persona ha sido condenada por "HURTO", difícilmente en sede civil se pueda llegar a una conclusión distinta sobre este hecho en particular, y sostener que no hubo hurto sino un permiso de uso del propietario o guardián del rodado o consentimiento de éste -expreso o tácito- para su uso.

Ello es así, toda vez que el art. 162 del Código Penal tipifica al delito de Hurto como: "Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena" (el remarcado me pertenece).

Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, descarta que su propietario o guardián hayan prestado su consentimiento para su uso o apoderamiento, pues sino no estaríamos dentro de la figura de "hurto".

En cuanto a la responsabilidad que se le pretende atribuir al señor Mario R. Pasetti, en función de haber dejado la camioneta en un lugar que el recurrente califica como inhabilitado para ello, con la tarjeta verde y las llaves; interpreto, en función de las consideraciones que más abajo desarrollaré, que dicho agravio debe ser rechazado.

En efecto, en relación al lugar en donde se estacionaba la pick up de la demandada y las condiciones estipuladas para su utilización, el apelante no ha cuestionado en forma clara y concreta lo dispuesto en la sentencia de grado (fs. 1045), en cuanto a que: "... no teniendo constancia de la prorroga de un contrato de garage el día del accidente (enero de 2001), pero estando acreditado que en el lugar propiedad de Ortega estaba la camioneta, y que de allí la sustrajo el señor Valdez, aún cuando se considere que el vehículo allí estacionado lo estaba en forma gratuita, cabe tener por celebrado un supuesto de deposito civil (arts. 2182, 2197 y cc del Código Civil), situación ésta que torna intrascendente la prueba de la existencia o inexistencia de contrato de garaje".

En otro orden, tampoco el quejoso ha rebatido las consideraciones expuestas en la sentencia de primera instancia, en relación a que al haber sido "hurtada" la camioneta, existe una voluntad contraria del dueño o guardián relativa al uso de la cosa (fs. 1046). Por lo tanto, interpreto que no puede hablarse de autorización de uso, cuando estamos en presencia de una sentencia penal pasada en autoridad de cosa juzgada en donde tipifica ese mismo hecho como "HURTO".

Por otra parte, ninguno de los miembros del IPVU, a cargo de la pick up, a través de sus representantes a cargo de la camioneta han autorizado su uso fuera del lugar en donde se encontraba guardada; y ello no se puede inferir del sólo hecho de dejar el vehículo en un garaje con tarjeta verde y llave.

Así, surge de la declaración del Sr. Miguel A. Block -fs. 519 y vta. que: "... se dejaba la llave para el movimiento del vehículo...".

Reitero, esto de manera alguna autoriza a presumir que el vehículo pudiera ser utilizado por cualquier persona y menos aun en las condiciones (de madrugada y al solo efecto de divertirse) que fue utilizada por el Sr. Valdez en oportunidad de producirse el accidente.

Tal situación se encuentra corroborada a fs. 35/36 del expediente penal, en donde el Sr. Carlos Osvaldo Ortega, dueño del estacionamiento, en relación al movimiento de los vehículos que se encuentran en el lavadero y estacionamiento dijo: "Que los empleados ni yo, sacan los vehículos de adentro, únicamente se mueven en la playa...". A su turno, al preguntársele si el rodado es habitualmente sacado del estacionamiento, contestó: "Que generalmente la sacan del estacionamiento el Sr. Mario Pasetti, y otras tres personas mas, sabiendo que era para viajes o comisión".

Ahora bien, no fue una persona extraña al estacionamiento quien sacó la camioneta, sino que se trató de un dependiente del propietario del local, por ello, el hecho de haber dejado las llaves de la camioneta y la tarjeta verde, descarta, dentro del marco expuesto, que haya mediado autorización tácita para su uso o que el encargado del vehículo, Sr. Pasetti, haya actuado de manera desaprensiva e imprudente, pues, repito, no fue un extraño quien sustrajo el vehículo de la cochera, sino el propio personal que allí trabajaba.

Advierto, que tampoco ha quedado demostrado que la camioneta del IPVU, haya sido utilizada por cualquier persona ajena a dicho organismo, ya que si bien en el vehículo se dejaban las llaves y la tarjeta verde, ello, como bien quedó acreditado en la instancia de grado, era para el uso específico del personal que allí laboraba.

Si bien del testimonio del Sr. Ortega se desprende que el personal a su cargo -por la índole de la función que prestaba el lugar: "lavadero y cochera"- estaba autorizado a movilizar, por cuestiones operativas, los vehículos que allí se encontraban estacionados, de manera alguna se puede interpretar -ante la falta de prueba concreta al respecto- que estuvieran autorizados a retirarlos del lugar.

En cuanto a la referencia que efectúa el apelante respecto de la declaración de Valdez en la causa penal, al afirmar que éste manifestó que el hombre del Instituto le dejó la camioneta para que la lave y le dio permiso para que la use para ir a buscar unas herramientas, debo decir que, dicho testimonio contradice claramente lo dispuesto en la sentencia penal que califica y condena por dicha conducta al mismo Valdez por el delito de "hurto", por ello, los argumentos expuestos en tal sentido por el apelante resultan improcedentes.

Conforme lo expuesto, juzgo que la sentencia de grado debe confirmarse, en cuanto rechaza la demanda dirigida contra el IPVU como titular del vehículo, y contra el Sr. Pasetti como encargado del mismo.

III.- b) Responsabilidad del señor Ortega En relación a la existencia o no de responsabilidad del comitente por el hecho de su subordinado, considero, en primer lugar, que debe haber algún grado de relación entre el hecho ilícito y las tareas o funciones ejercidas por el dependiente, pues de lo contrario no habría ninguna responsabilidad del primero por el hecho del segundo. Ahora bien, el grado de relación que debe existir entre el hecho ilícito y la función, es un tema que ha dividido tanto a la doctrina como a la jurisprudencia.

La tesis clásica exige que el hecho ilícito fuera realizado en el ejercicio de la función, de lo contrario, si el agente se apartaba de la órbita de sus atribuciones al cometer el ilícito, no habría responsabilidad refleja o indirecta del principal; la segunda postura expone que para que naciera la responsabilidad indirecta del principal, la función tiene que dar ocasión para la realización de ese hecho ilícito. Así, si el dependiente actuó en ocasión de sus funciones, aun cuando esta relación fuera meramente indirecta, el principal debe responder; una posición intermedia, sostenida por Llambías, que establece que el principal debe responder cuando hay relación de medio a fin entre la función y el daño, es decir, que el ilícito debe haberse cometido, ya no en ocasión, como la postura anterior, sino como consecuencia directa de ese encargo; y finalmente, una cuarta posición, que se enrola en ésta última pero le agrega ciertos matices, que sostiene que el principal responderá indirectamente cuando entre el daño causado por el dependiente o comisionado y la delegación de actividades, exista una relación adecuada de causalidad, de manera tal que el accidente pueda considerarse que constituye una derivación previsible, según el curso natural y ordinario de las cosas (art. 901 del Código Civil). Para establecer esta especie de relación entre el daño y la función, el juez deberá efectuar, en abstracto, un cálculo de probabilidad a fin de concluir que el accidente de tránsito debe considerarse una consecuencia racional del ejercicio del empleo. Si no fuera así, el daño no puede imputarse al principal. (posición sustentada por el Dr. Roberto H. Brebbia- Problemática Jurídica de los Automotores TI, PAG. 213/214 ED. ASTREA).

A mi criterio, la última de las posiciones descriptas resulta ser la más acertada, pues entiendo que la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente surge cuando el accidente de tránsito se produce como "consecuencia racional del ejercicio del empleo", es decir, si en función de la "actividad encomendada al dependiente" existía la posibilidad que un accidente de tal naturaleza pudiera llegar a ocurrir.

De allí, que para que el hecho ilícito cometido por el conductor sea considerado como realizado en ejercicio de las funciones, el mismo deberá haber actuado en cumplimiento de órdenes expresas del principal o al menos constituir la conducción del rodado una tarea habitual, conexa o complementaria, de sus funciones específicas.

En el caso, el Sr. Ortega no debe responder por su dependiente, el Sr. Valdez, pues las funciones que desplegaba éste en el lugar, distan mucho de ser una consecuencia racional del ejercicio de su empleo. Así, su tarea era la de lavado de vehículos lo cual no implicaba autorización alguna para sacarlo como lo hizo, en horas de la madrugada y fuera del horario de trabajo, del recinto del estacionamiento y utilizarlo para un fin de "esparcimiento" completamente ajeno a la tarea que desempeñaba.

Cabe traer a colación que el Sr. Valdez ha sido condenado por el delito de hurto, lo cual, insisto, aleja toda posibilidad que haya mediado autorización expresa o tácita del propietario o encargado del vehículo o del dueño de la cochera para su utilización por éste.

Por lo expuesto, dicho agravio también será rechazado.

En cuanto al tercer y cuarto cuestionamiento, advierto que le asiste razón al letrado apoderado del señor Mario R. Pasetti, en el sentido que el apelante reitera los argumentos expuestos en los agravios anteriores, por lo que corresponde aplicar aquí las mismas consideraciones expuestas precedentemente.

En relación al último de los agravios, el mismo no reúne los requisitos del art. 265 del Código Procesal, pues sólo se trata de transcripciones jurisprudenciales, lo cual no constituye una crítica concreta y razonada del fallo en este punto, en los términos de la norma mencionada.

En efecto: reiteradamente se ha sostenido que la expresión de agravios es una pieza clave que debe bastarse a sí misma, evidenciando ante la Cámara los errores de juzgamiento, más allá de traducir la disconformidad con lo resuelto por el a-quo, y, en el caso, sin fundamentar la oposición, ni dar bases jurídicas y técnicas que descalifiquen la decisión, no importando en consecuencia el memorial una crítica concreta y razonada, no puede ser atendible en esta instancia.

Pasando ahora a revisar el recurso articulado a fs.1066, por el codemandado Carlos O. Ortega, contra la imposición de costas, entiendo que aquel debe ser desestimado, en tanto las razones sostenidas en el fallo son suficientes para justificar que aquéllas se distribuyan en el orden causado.

Se ha dicho:

"La jurisprudencia tradicional alude, como causa que autoriza el apartamiento de la regla general que impone las costas al vencido, a la existencia de "razón fundada para litigar", fórmula dotada de suficiente elasticidad como para resultar aplicable cuando, por las particularidades del caso, cabe interpretar que la parte perdidosa actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho pretendido en el pleito. (Conf.Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. III, pág. 373, La Ley 1980-D-339). Siendo controvertida la cuestión a resolver y tratándose de asuntos cuya interpretación pudo originar dudas en el correcto entendimiento de textos y circunstancias, corresponde declarar las costas en el orden causado" (Auto: E.B. CONSTRUCCIONES S.A. c/ GONZALEZ CALDERON ANA M. s/ ORDINARIO - Sala: Civil - Sala H - Tipo de Sentencia: Sentencia Definitiva - N° Sent.: C. 079157 - Fecha: 08/05/1991).

En cuanto a la apelación de honorarios, examinada la causa, a la luz de lo prescripto por los artículos 2, 6, 12, 20 y 37 de la Ley de Aranceles, y realizados los cálculos pertinentes, observo que los emolumentos son ajustados a derecho, por lo que se impone su confirmación.

Por los mismos motivos, las costas de Alzada serán impuestas por su orden (art. 68,2° apartado C.P.C.C.), debiendo regularse los honorarios de conformidad con lo establecido por el art. 15 de la ley 1594.

Tal mi voto.

El Dr. Medori, dijo:

I.- Habré de adherir al voto del vocal preopinante, excepto respecto a la responsabilidad del propietario del estacionamiento-lavadero en el que quedaba estacionado el rodado, por tratarse del empleador de aquella persona considerada responsable de la colisión y sus consecuencias dañosas para los actores, cuya reparación constituye el objeto de la presente acción.

Conforme a las consideraciones que se expondrán en relación a la aplicación al caso del art. 1113 y 43 del C. Civil, propiciaré al acuerdo que se revoque parcialmente la sentencia haciendo extensiva la condena al Sr. Carlos Osvaldo Ortega.

II.- La sentencia de grado tiene por acreditada la obligación de custodia sobre el rodado ajeno a cargo del propietario del estacionamiento-lavadero, como resultado de un contrato de depósito civil, regular y bilateral, así como, de la relación laboral que mantenía éste con la persona que guiaba el bien en ocasión del accidente, quien accedió a las llaves de arranque que también se guardaban en el establecimiento.

En punto al agravio introducido, la a quo concluyó en que el empleador nunca autorizó el uso del automotor al dependiente, quien actuó abusando de su situación, sustrayéndolo, lo que conllevó a que sea considerado responsable penalmente del delito de hurto conforme actuación penal agregada por cuerda; agrega que la prueba sobre tal extremo es suficiente para desplazar los efectos de la confesión del citado co-demandado.

Al fundar su recurso sobre este punto, los actores invocan que se encuentra acreditada una cadena de negligencias que facilitaron claramente el uso del bien, y que resulta de aplicación el art. 1113 del C.Civil; tal crítica que no mereció respuesta la contraparte.

III.-Que en la sentencia se realiza un pormenorizado análisis del marco fáctico situando el rodado en el estacionamiento - lavadero el 14 de enero de 2001 y su posterior uso por un empleado del establecimiento en horas de la noche y madrugada del día siguiente, con el que habré de coincidir en su valoración, a excepción de aquella con la que se pretende justificar al principal-empleador, concretamente, las constancias de la causa penal en la que se persiguió y fue condenado el dependiente por hurto, infiriendo de ello el juez de grado una conducta abusiva e ilícita suficiente para eximirlo de responsabilidad, conforme el último párrafo del art. 1113 del C.Civil.

Considero relevante para el análisis de la responsabilidad traída a debate, la circunstancia por la que el principal había autorizado el pernocte de su dependiente en el lugar de donde se hallaba depositado el rodado, en un horario en que no existía control propio o de otro dependiente, ni registro de egreso de los bienes, extremos que permitieron el acceso al bien a una persona de la que -incluso- desconocía su real identidad e incluso carecía de habilitación para conducir, con libre disposición de las llaves de marcha que permitían su uso, las que tampoco estaban reservadas o al resguardo exigido para la prestación comercial que implicaba la modalidad de depósito pactada con el propietario de la cosa.

A tal fin, resulta decisiva la información obrante en la causa agregada por cuerda "VALDEZ, FERNANDO ANTONIO S/ HOMICIDIO CULPOSO EN CONCURSO IDEAL CON LESIONES CULPOSAS REITERADAS -DOS HECHOS- EN CONCURSO REAL CON HURTO" (EXTE. 95/1), en la que durante el juicio producido ante la Cámara Criminal Segunda de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de noviembre de 2001, el Sr. Valdez, empleado del Sr. Carlos Ortega fue condenado pena de DOS AÑOS DE PRISION DE EJECUCION CONDICIONAL, MAS INHABILITACION PARA CONDUCIR VEHICULOS POR CINCO AÑOS, luego que el Agente Fiscal y el imputado acordaran que:

". de las constancias de la causa se tiene por probada la materialidad del hecho, autoría y responsabilidad de Valdez en los hechos que se le imputan, cuales son, en primer lugar con fecha 15 de Enero de 2001, en horas de la madrugada sustrajo una camioneta marca Mitsubishi, color blanco, dominio CHE 950, propiedad del IPVUN del estacionamiento sito en calle San Martín 546, cochera n° 5 de esta Ciudad, donde el imputado era empleado, habiendo utilizado la llave del vehículo. En segundo lugar se le recrimina que en la misma fecha y año, aproximadamente a las 7,45 hs. en la intersección de las calles Chile y Leguizamón de esta Ciudad, cuando conducía la camioneta descripta precedentemente, por calle Leguizamón, de contramano, impactó al rodado marca Peugeot modelo 106, domino DBP-794 el cual circulaba por calle Chile con dirección este-oeste, provocando la muerte de su conductor José Luis Totoni y lesiones graves en sus acompañantes Stela Porfiti y el menor José Ignacio Totoni, certificadas en la causa, dándose a la fuga en contramano por calle Leguizamón. Manifiesta que las partes coinciden con la calificación escogida en el requerimiento de elevación a juicio: HURTO SIMPLE Y HOMICIDIO CULPOSO en CONCURSO IDEAL con LLESIONES CULPOSAS, que concurren realmente con el delito contra la propiedad (arts. 84, 54, 94, 55 y 162 del C.Penal)" (fs. 369/370).

También relevante que en el mencionado proceso, a pocas horas del accidente, el Sr. Mario Ricardo Pasetti, dependiente del organismo público IPVyUN -titular del vehículo patente CHE -950- declara que el bien se encontraba estacionado guardado y en custodia en la cochera ubicada en la calle San Martin entre Salta y Jujuy, que individualiza con el sitio Nro. 05, de propiedad del Sr. Carlos Ortega; detalla que el bien estaba inmovilizado desde hace aproximadamente un mes, sin trámites en este momento o permiso alguno para ser retirado y que hubiera posibilitado alguna salida del recinto de guardado (fs. 40 vta.); agrega que se utilizaba en comisiones de la entidad, la última ocurrida hace un mes, y que su lavado estaba pendiente de pago (fs. 41/42).

Relata haber mantenido una entrevista con el propietario del garaje, Sr. Ortega, quien le manifestó que la noche anterior había estado todo en orden y había dejado al cuidado de la cochera al sereno que lo venía haciendo de rutina, quien dormía en la parte delantera de la cochera, que cuidaba los ventanales y el conjunto del comercio, ocasión en que suministró los datos de identidad del último, y a quien le pagaba sus jornales en forma diaria; refiere que aquel le señaló que no contaba con un libro de ingreso de personal (fs. 41).

Contemporáneamente, en la misma sede penal, el Sr. Ortega admite que cuando a la mañana siguiente del accidente llega a su negocio de lavado de auto, gomeria y estacionamiento advirtió que no estaba la camioneta, que pensó que la habían retirado, porque las llaves de contacto y puerta quedaban en su interior; que sus empleados ya habían ingresado al lugar porque poseen llaves para acceder, y que no posee registro de entrada y salida de vehículos (fs. 34 vta).

Declara que uno de sus dependientes, a quien conoce como Mariano Aguirre, se desempeñaba por día en tareas de lavado desde el mes de julio de 2000, que no tenía legajo laboral por carecer de documentación que acreditara su identidad, y que lo autorizó a dormir en el lavadero para sacarlo de apuros, dado que donde alquilaba lo habían echado (fs. 35).

Amplía luego su declaración a fs. 111/112, señalando ser el dueño del estacionamiento de calle San Martín al 546, que la camioneta pertenecía al IPVU, que se encontraba en la cochera desde hace cuatro o cinco meses, y que desde los últimos días del mes de Noviembre y los primeros días del mes de Diciembre fue lavada y estacionada en la cochera Nro. Cinco no moviéndose más.

Agrega: "Como así quiero dejar asentado que desde el mes de noviembre la camioneta no se encuentra registrada en razón que desde allí no se facturó más" y que en el lavadero tenía dos empleados, JORGE GARBIN y MARIANO AGUIRRE, quien vivía en la gomería en razón que lo había echado del lugar donde estaba alquilando y no podía pagar, enterándose luego que se traba de Fernando Valdez; detalla "Que esta persona cumplía la función de lavar los autos tanto en su parte externa como interna, trabajo que era pagado en el día y no cumplía función de sereno ni trabajaba en la gomería. Que los vehículos eran movidos dentro del estacionamiento y llevados al lavadero interno por mi, por GARBIN y AGUIRRE, sin salir hacia el exterior." así como que las llaves de la camioneta del IPVU, se encontraban en el interior en razón que la dejaron allí "por si yo no estaba y necesitaban el rodado".

El citado Jorge Anibal GARDIN, empleado del Sr. Ortega, describe que "nosotros movíamos los vehículos dentro de las playa del estacionamiento, no salíamos al exterior, solamente lo sacan los dueños" (fs. 113 vta). El testigo Rodolfo Salas, situado temporalmente en la madrugada el día lunes en que acaece el accidente, la persona a la que conoce como Mariano conducía la camioneta color blanca, a la que identifica en las fotografías, y que la hacía arrancar con las llaves (fs. 115 vta. y 136 vta.).- Destacar finalmente que, sin perjuicio de los efectos que otorga la confesión ficta en que incurre el co-demandado Ortega, el conductor del rodado e imputado en la mencionada causa penal, en su declaración indagatoria confirma la información hasta aquí colectada, además de reconocer su responsabilidad por haber retirado la camioneta y por las consecuencias del accidente. Agrega, en lo que resulta de interés en el presente análisis que "trabajaba en el lavadero San Martín, lavando autos, y mi jefe me daba el lugar donde vivir, estaba la camioneta Mitsubishi la cual me gustaba y 14 del corriente a la noche, tenía las llaves y la saque a dar un par de vueltas y devolverla" (fs. 176); reconoce que no tenía carnet habilitante para conducir, y que el responsable del estacionamiento lo facultaba para mover y ubicar los vehículos dentro del predio, que era el único que lo hacía (fs. 177 vta.); explicó que fue la primera vez que sacaba un vehículo, porque le gustaba y la dejaban toda la noche (fs. 178). IV.- Considerando las premisas fácticas a los fines de comprobar la configuración del agravio que introducen los actores, cabe reflexionar acerca del acto producido por el dependiente de un establecimiento por el que se persigue a su titular o propietario como responsable de las consecuencias de aquel, extremos subsumibles en las previsiones del art. 1113 del Código Civil, que impone: "La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia" con el último párrafo agregado:

"Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable", así como las del art. 43 del mismo cuerpo normativo cuando prescribe que: "Las personas jurídicas responden por los daños que causan quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título: "De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos".

Sobre el particular resulta oportuno citar a Ramón Daniel Pizarro y Carlos Gustavo Vallespinos, quienes en la obra Instituciones de derecho privado, Obligaciones, (Edit. Hammurabi, 2008) describen el amplio desarrollo interpretativo que tales prescripciones han generado en la doctrina. Luego de referirse a requisito del nexo causal que debe existir entre la función del dependiente y el daño para que el principal pueda ver comprometida su responsabilidad, explican:

"2.- Daños causados con motivo de las funciones. Una orientación más amplia sostiene que el principal responde no sólo por los daños causados en el ejercicio de la función, sino también por los que se hayan realizado con motivo de la misma, o lo que es igual, cuando exista una necesaria relación de medio a fin entre la función y el daño, de suerte que éste no podría haberse producido de no mediar aquella (KEMELMAJER DE CARLUCCI, LLAMBIAS). La función se erige "en el antecedente necesario del perjuicio, daño" (AGOGLIA, BORAGINA, MEZA). .

Así concebida la cuestión, el principal debe responder siempre que la incumbencia aparezca, de hecho como un instrumento o medio de realización, o como una vía instrumental utilizada para la producción del daño" (Pag. 476).

Agregan al análisis: "3.- Daños causados con ocasión de las funciones.Una orientación todavía más amplia, que tiene sólido apoyo en el art. 43 del Cód. Civil., sostiene que el principal responde por los daños causados por el dependiente con ocasión de las funciones encomendadas.

"¿Cuando el daño es causado en ocasión de la función? "1.- Una corriente extrema -que tiene muy pocos adeptos - sostiene que basta para configura la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente con que la función sea una mera condición del daño, aunque no asuma papel causal adecuado relevante alguno, lo cual sitúa la cuestión en un terreno que es más propio de la doctrina de la equivalencia de condiciones que de la relación causal adecuada que sigue el Código Civil. Dicho planteo ha generado justas objeciones por aceptar que la mera conexión o enlace ocasional entre función y daño sea suficiente para comprometer la responsabilidad del principal equivale a otorgar "a una simple condición -esto es, a una simple circunstancia de tiempo y lugar- la calidad de "causa adecuada", aún cuando no tuviera relevancia causal alguna (AGOGLIA, BORAGINA, MEZA). No parece razonable que el principal deba responder si un guarda de ómnibus ha jurado matar a su enemigo, lo encuentra en el vehículo y cumple con su amenaza, pues es evidente que no existe vinculación causal adecuada suficiente alguna entre la función y el daño, aunque aquella haya sido una condición de este último.

"2.- La mayor parte de la doctrina nacional ha intentado asignar un sentido más limitado, razonable y sensato a esta locución que recoge expresamente el art. 43 del Cód. Civil, admitiendo que no cualquier ocasión de la función es apta para comprender la responsabilidad del principal.

"La búsqueda de criterios restrictivos se ha canalizado de distintas maneras y se ha visto complicada muchas veces por la presencia de numerosos desencuentros terminológicos y conceptúales.

"2.1.- De acuerdo con nuestro criterio, sólo quedan comprendidos dentro de los daños causados con ocasión de la función "aquellos actos ajenos o extraños a la función, pero que únicamente pudieron ser llevados a cabo por el dependiente en tal calidad y por mediar esas funciones" Va de suyo que la función "no debe ser respecto del daño un mero elemento favorecedor o facilitante del acto dañoso, ni alcanza tampoco con que exista una simple coetaneidad entre la función y el daño, para obligar al principal por el hecho del dependiente (TRIGO REPRESAS, LOPEZ MESA; conf. ORGAZ, COMPAGNUCCI DE CASO).

"Se exige que la función haya facilitado extraordinariamente el daño, o más aún, que haya sido indispensable para su producción.

"Quienes participan de estas ideas no distinguen ente daños causados con motivo o con ocasión de las funciones, y asignan a esta última noción un sentido prácticamente similar a aquella. Lo que unos denominan "daños con motivo de la función", otros llaman "daños causados con ocasión de la misma".

Por esta vía algunos requieren que se trate de una ocasión que resulte indispensable para la producción del daño, o que facilite de modo extraordinario su realización, o que exista una razonable relación entre la función y el daño.

"2.2.- Conforme a otra orientación, más amplia, el daño es causado con ocasión de la función cuando ésta le ha dado una mera oportunidad al hecho dañoso, posibilitando su realización que de otro modo no hubiera podido concretarse, lo cual marca una diferencia perceptible con la tesis anteriormente analizada; en la ocasión, la función únicamente brinda la oportunidad al hecho dañoso; no es indispensable que lo determine; basta con que sólo lo facilite (KEMELMAJER DE CARLUCCI).

"No es preciso que los actos se correspondan por su naturaleza con la función encomendada, por lo que quedan incluidos también aquellos ajenos a ésta, que sólo hayan podido ser razonablemente llevados a cabo por el dependiente en tal concisión y por mediar las funciones que desplegaba (SPOTA, MOSSET ITURRASPE).

"En consecuencia, si el dañador se vale de la oportunidad que le brindan circunstancias espaciales y temporales causalmente relevantes que razonablemente proporciona la función, aunque ésta no sea indispensable para cometer el ilícito, el principal responde. Las circunstancias de tiempo y de lugar deben ser adecuadamente computadas, debiendo tenerse presente, muy especialmente, que no basta con que la función sea mera condición del perjuicio. Debe, en todos los casos, ser causa adecuada del daño (ANDRADA).

V.-Considerando entonces el marco fáctico y jurídico desplegado, y siguiendo el sentido asignado por la doctrina mayoritaria (2 y 2.2), concluiré que en el caso se encuentra suficientemente acreditadas aquellas circunstancia de tiempo y lugar que habilitan extender la responsabilidad al principal y titular del estacionamiento-lavadero por los daños causados como consecuencia del uso que dio al rodado su dependiente.

En principio, conforme el análisis de los hechos al que he adherido y antecedentes recabados en la causa penal, se ha acreditado que el dependiente incurrió en un acto ilícito, resultando imputable por su antijuridicidad, habiendo ocasionado un daño a terceros, mediando relación causal entre éste y el acto, extremos que permiten configurar la responsabilidad refleja del principal.

En segundo lugar, no se ha controvertido que la organización de las tareas que se desarrollaban en el establecimiento, tal en el caso las vinculadas a las prestaciones de lavado, guarda o cuidado de los rodados, y permanencia de sus dependientes, estaban a cargo de su titular, existiendo directa relación causal entre ello y el retiro de la camioneta por uno de ellos, que a la postre intervienen y resulta responsable del accidente, conforme a que el último conocía la práctica por la que el vehículo mientras estaba allí quedaba inmovilizado durante las noches y que las llaves de arranque quedaban en su interior.

Contribuye a lo expuesto que el empleado tenía libre acceso al lugar de depósito del rodado, indicativo de ello es que pernoctaba en el lugar, sin que resulte relevante si efectivamente cumplía funciones de sereno, porque tal atribución -o posibilidad- era compartida por los restantes trabajadores, admitiendo el principal que contaban con llaves de ingreso para comenzar con la actividad diaria antes de su llegada.

Siguiendo con el análisis, no se comprobó que existiera registro de la salida de rodados y personal, ni que se efectuaran controles de los bienes en depósito, sumado a que las llaves de arranque quedaban puestas en el automotor, para evitar que se tuviera que llamar al titular del establecimiento cada vez que tenían que ser retirados, o para cambiarlos de sitio -como se cita más arriba-, constituyendo claras exteriorizaciones de una modalidad que, sea por practicidad o para evitar tener que contratar a mayor cantidad de personal para seguridad nocturna, administración y registro, constituyen omisiones del principal cuyas consecuencias le son directamente imputables, desde que al no satisfacerlas en la medida que lo requería la prestación a su cargo, derivó en que el dependiente sin restricción alguna extrajera el bien de su depósito.

Cabe agregar por último, la ausencia de control de la identidad del empleado por el principal, y la falta de verificación acerca de su habilitación para conducir rodados.

En conclusión, si bien el acto que consistió en retiro del rodado en horario nocturno y fuera del establecimiento que concreta el dependiente no fue expresamente autorizado, ni se lo puede vincular con las tareas que se le habían encomendado -lavado y movimiento interno de vehículos-, sin embargo, aún resultando ajeno a ellas, la concatenación de sucesos que he citado hasta alcanzar el resultado dañoso, son consistentes o derivación de aquellas atribuciones que el principal había concedido en el desarrollo de la relación laboral y de la modalidad de la organización interna, e hicieron posible una conducta ilícita que era previsible, máxime si no se comprobó identidad ni su idoneidad para guiar automóviles, que determinó lo acontecido, al igual que sus consecuencias inmediatas y mediatas, efectivizándose así la exigencia de causalidad adecuada del daño resultante de la doctrina emanada de los arts. 512, 520, 521, 902, 904 y 904 del C.Civil.

"Para determinar cuál es la causa adecuada del daño deben examinarse objetivamente los hechos de acuerdo con el curso ordinario y normal de las cosas, con lo que puede preverse según ellos descartando todo lo que resulte dañoso por condiciones extraordinarias, anormales o imprevisibles. La causa adecuada de un hecho dañoso ha de individualizarse mediante un examen objetivo y retrospectivo de la previsibilidad ordinaria y normal, verificando un cálculo de probabilidades ex post facto a fin de alcanzar un pronóstico póstumo" (STSFe, 5/11/43, JA, 1944-I-315; CNCivil, Sala F, 28/12/65 JA, 1966-II-250).

"La causalidad adecuada es la que vincula un hecho antecedente a uno consecuente, cuando el primero tiene la virtualidad de producir al segundo, según el curso natural y ordinario de las cosas. Este tipo de conexión causal es tomado en cuenta a todo evento, para medir el daño resarcible" (CNCivil, Sala A, 29/3/75, LL, 1975-C-168).

Finalmente, la correcta interpretación de la eximente regulada en el último párrafo del art. 1113, último párrafo, del C.Civil, referida al uso de la cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián", la doctrina y jurisprudencia mayoritaria la habilita aún cuando no haya mediado fuerza o violencia irresistible, con la advertencia de que no opera y debe descartarse cuando ha mediado previsibilidad y negligencia del que la invoca (Eduardo Zannoni, "Eximente de Responsabilidad del Dueño o Guardián: uso de la cosa contra su voluntad expresa o presunta -Art. 1113, último parr. cód. civ." "Rev. Derecho de Daños" - "Accidentes de Transito" 2002-1, ed. Rubinzal y Culzoni, Págs. 71 y sgtes.).

Efectivamente, la eximente no puede amparar la conducta del titular del estacionamiento-lavadero por los actos de su dependiente, al haberse comprobado que incumplió elementales recaudos de cuidados y control que son relevantes en relación a las prestaciones asumidas frente a depositantes de bienes en su establecimiento, conforme lo exigen los arts. 512 y 902 del C.Civil, que como se anticipara se vinculan sucesiva y causalmente con el ilícito llegando a las consecuencias cuya reparación se persigue en este proceso.

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se ha enrolado en el sentido postulado cuando ha dictado que: ". en la responsabilidad que consagra el art. 43 del Código Civil quedan comprendidos no solamente aquellos actos ilícitos del subordinado que corresponden por su naturaleza a la función encomendada, sino también los ajenos o extraños a ésta, pero que únicamente han podido ser llevados a cabo por el dependiente en tal calidad y con motivo de sus funciones, o dicho de otra forma, que de no mediar tal relación de dependencia no se hubiera podido ejecutar" (Ac. 35.626 sent. del 27/5/86; AC. 37.744 sent. del 29/3/88, cit. por la Procuración General en Ac. 63.749 del 16/02/2000, public. en LLBA 2001, 15).

VI.- En definitiva, adhiriendo parcialmente al voto que antecede, propiciaré al acuerdo extender la condena al Sr. Carlos Ortega conforme lo previsto en los arts. 43 y 1113, 1era parte del C.Civil, en su calidad de empleador del sujeto considerado responsable del accidente y sus consecuencias dañosas, cuya reparación constituye el objeto de la presente acción, imponiéndole a su cargo las costas procesales de ambas instancias, a cuyo fin se deberán adecuar los honorarios de los letrados intervinientes.

Existiendo disidencia parcial en los votos que antecede, se integra Sala con la Dra. Cecilia PAMPHILE, quien manifiesta:

Vienen estas actuaciones a los efectos que dirima la disidencia existente en punto a la responsabilidad del propietario del estacionamiento y lavadero.

En este punto, he de adherir a la solución propuesta por el Dr. Ghisini, en tanto entiendo que es la que mejor se compadece con las circunstancias particulares del caso y acreditadas en la causa.

Entiendo que ésta, además, es la solución que se deriva de la aplicación al caso de la doctrina sentada por el TSJ al indicar:

".Que otro de los recaudos imprescindibles de esta responsabilidad, conforme se enunció supra, se refiere a establecer si existe un nexo razonable entre el daño y la función del dependiente.

Ello deriva necesariamente del concepto de comitente, de allí que no deberá responder si el encargado está cumpliendo otras funciones. El ejercicio propiamente dicho de éstas se presenta con toda nitidez cuando el agente obra en la zona y esfera real de su propia incumbencia, es decir, en los casos en que no ha actuado personal sino funcionalmente, como dependiente del patrón (cfr. Compagnucci de Caso, Rubén, Responsabilidad del comitente, ejercicio de la función y relación de dependencia, L.L.B.A., 2006, pág. 1133; R.C. y S. 2006-XI, pág. 114).

Este criterio es el que prevalece a la hora de encontrar un límite a la imputación. El principio por el cual esta responsabilidad se concreta, lo es en virtud de que los daños ocasionados por los auxiliares o dependientes lo sean dentro del ejercicio de sus funciones. Se necesita, en consecuencia, de un nexo de causalidad entre el encargo o función asignada -actividad para la cual fue contratado- y el daño respectivo, de manera que éste haya nacido en la esfera de actividad del civilmente responsable y no en total y absoluta desconexión con la actividad encomendada. (cfr. Rinessi, Antonio Juan, "Responsabilidad del Escribano por el hecho de los dependientes", Revista de Derecho de Daños, 2007-3, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, pág. 202 y s.s.).

En igual sentido se manifiesta Bustamante Alsina, para quien el principal no responde de cualquier daño que cause su subordinado, sino solamente de aquellos que tengan vínculo con la función encomendada. El deber de garantía no puede extenderse sino a aquellos daños que pudieran ocasionarse cuando el dependiente está cumpliendo una actividad en el interés del principal, en vista del fin fijado por aquél, o utilizando los medios puestos a su disposición, aunque hubiese actuado contra la prohibición del principal o con abuso de las funciones. Sin embargo, postula que la responsabilidad del principal cesa cuando el tercero víctima del daño sabía o debía saber que el dependiente actuaba en su nombre personal, y no en el ejercicio de sus funciones (cfr. Bustamante Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, novena edición ampliada y actualizada, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, pág. 388 y s.s.).

Y Kemelmajer de Carlucci añade, para quienes comparten la idea de garantía -como fundamento del deber de responder-, que principalmente habrá que analizar si la víctima pudo o no creer que el acto estaba incluido en la misión a cargo del dependiente (cfr. aut. citada, Un presupuesto de la responsabilidad del comitente. La razonable relación entre la función y el daño. Teléfonos e intimidad, LA LEY, 1993-D, pág. 64).

En definitiva, la determinación de cuándo existe relación entre el desempeño y el acto antijurídico cometido contra un tercero, es una delicada tarea que se debe discernir caso por caso, y de acuerdo a sus circunstancias, apreciando con particular detenimiento si el desempeño del trabajo fue causa o sólo factor favorecedor del daño causado.

El primer supuesto -abuso- se presenta cuando la actuación del dependiente no se ajusta a las órdenes impartidas pues las altera o ejecuta incorrectamente. Al respecto caben las mismas reflexiones dadas en los párrafos anteriores, desde que si la percepción de las cuotas no integraba la función, mal puede presentarse un abuso de ella. Sin instrucción del principal, no puede haber abuso en su cumplimiento por el dependiente.

La segunda hipótesis -ejercicio aparente- se exhibe cuando el perjudicado pudo creer que el acto cumplido por el dependiente estaba incluido dentro de las funciones encomendadas por el principal, cuando en realidad no las integraba. En estos casos la ocasión de la relación de dependencia constituye el medio para producir el daño.

Conforme los fundamentos ya reseñados, tal excepcional situación tampoco puede ser alegada por las aquí demandantes de cara a la plataforma fáctica acreditada en la causa." (cfr. Acuerdo 33/10 en autos "CHIACCHIERA LILIANA ESTHER Y OTRA C/ JORDÁN ANA RAFAELA Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. nro. 48-año 2008).

He de adherir, entonces, al voto del Dr. Ghisini. TAL MI VOTO.

Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 1041/1052 vta. en todo lo que ha sido motivo de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada por su orden (art. 68 C.P.C.C.).

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo fijado a los que actuaron en igual carácter en la instancia de grado (art. 15 LA).

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori - Dra. Cecilia Pamphile Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA.