Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-05


SENT Nº 46 San Miguel de Tucumán, 05 de Marzo de 2013.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte parte actora, en autos: "Guy Deny vs. Lucien George Laurent s/ Cobro ejecutivo. Incidente (Inc. rec. apel. prom. p. M.E. Forenza Araoz)"; y	C O N S I D E R A N D O :

I. Que viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte actora del Incidente de Apelación Nº D1018/89-I1Q, en contra de la sentencia Nº 127 de fecha 27 de abril de 2012, (fojas 54) expedida por la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones (Sala III). La decisión recurrida en queja, rechaza el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia Nº 441 del 27 de diciembre de 2011, expedida por la misma Cámara (fojas 37 y vuelta). Por este último pronunciamiento no se hizo lugar al recurso de apelación deducido contra el punto II de la resolutiva de la sentencia de primera instancia de fecha 14 de septiembre de 2010, expedida por el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la VIª Nominación (fojas 12/13), que en lo pertinente a la presente queja, impuso las costas a la vencida.

Este fallo denegó en la cuestión principal, un pedido de levantamiento de medida cautelar sin tercería, que había solicitado la parte actora en el marco de lo dispuesto por el artículo 99 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en adelante CPCCT).

II. La decisión, objeto del presente recurso de queja, no hace lugar a lo solicitado, denegando la casación intentada por inadmisible. Entiende que el recurrente no ha realizado una fundamentación adecuada y eficiente que demuestre el absurdo o la arbitrariedad del razonamiento dado por el Tribunal para arribar a la decisión recurrida y estima irrelevantes las citas jurisprudenciales realizadas para configurar el vicio que alega.

III. El recurrente, justifica los extremos de admisibilidad del presente recurso directo desarrollando dos argumentos: En primer lugar, considera que la sentencia cuestionada es equiparable a definitiva y como tal susceptible de ser atacada por la vía elegida. En segundo lugar, afirma que las decisiones sobre imposición de costas (que en principio no pueden ser materia casatoria), ingresan al examen casatorio cuando se ha incurrido en "arbitrariedad manifiesta" contradiciendo los principios de lógica y razonabilidad, o la cuestión fuere compleja.

En relación a la sentencia cuestionada en queja, entiende que ha incurrido en arbitrariedad fáctica por infringir norma de derecho, comprensiva tanto de la norma sustancial como de la formal, al igual que el pronunciamiento atacado en casación. Para el recurrente existe arbitrariedad fáctica cuando la exégesis normativa es inadecuada, injusta o inequitativa y cuando se hace un análisis erróneo (error inexcusable), ilógico o inequitativo del material fáctico.

Reproduce los argumentos esgrimidos en casación en contra de la sentencia Nº 441 del 27 de diciembre de 2011 expedida por la Excma. Cámara. En concreto, se queja por que la citada decisión ha justificado la imposición de costas en el principio objetivo de la derrota, por quedar firme la denegatoria del pedido de levantamiento de medida cautelar (punto I de tal resolutiva), al no haber sido recurrido.

Observa que el fallo equivoca cuando se refiere a las tercerías, atento a que lo solicitado es un pedido de levantamiento de cautelar sin tercería (artículo 99 del CPCCT) y por último aclara que no compartía lo resuelto en el referido punto I de la sentencia de primera instancia, pero que no lo ha recurrido en razón de la inapelabilidad dispuesta por el artículo 99 (CPCCT). Afirma que por lo expuesto tenía razón para litigar y que debió aplicarse la excepción contenida en el inciso "1" del artículo 105 (CPCCT). Refiere jurisprudencia y propone doctrina legal que entiende aplicable al caso. Cita como normativa infringida, los artículos 31, 33, 34, 105 inciso 1 y 106, (CPCCT) y artículo 28 de la Constitución de Tucumán.

IV. A fojas 73/74 obra dictamen del Sr. Ministro Fiscal, que sostiene "prima facie" que los agravios casatorios resultan suficientes atento a que la sentencia cuestionada ha decidido sobre las costas sin considerar lo dispuesto en el último párrafo del artículo 99 (CPCCT). Agrega que la tacha de arbitrariedad como causal casatoria es una cuestión que hace no a la admisibilidad sino a la procedencia y que es la Corte Suprema quien tiene que determinar, de manera exclusiva, si los agravios invocados en tal sentido tienen entidad suficiente para invalidar el acto jurisdiccional. Opina que el recurso puede ser admitido de manera provisoria.

V. En razón de lo expuesto, corresponde expedirse sobre la admisibilidad de la vía impugnativa directa. En este sentido se advierte que el escrito recursivo se ajusta a lo estatuido por los artículos 706, 752 y 755 (CPCCT), por estar debidamente cumplimentados los recaudos allí exigidos, siendo admisible la queja tentada.

VI. De la compulsa de los antecedentes obrantes en autos surge que el recurso intentado y la casación pretendida no pueden prosperar por ser manifiestamente improcedentes. Se advierte que invocada la causal de arbitrariedad, esta Corte entiende necesario expedirse en esta instancia también sobre la procedencia casatoria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 755 (CPCCT).

El recurrente invoca el vicio de arbitrariedad en la imposición de costas en una decisión que estima definitiva. Cuestiona la imposición de costas en un incidente de levantamiento de medida cautelar que no ha prosperado, afirmando que tuvo razón para litigar (hipótesis contemplada como excepción en el artículo 105 inciso 1 del CPCCT).

Cabe destacar que el modo de imposición de costas configura una típica cuestión de hecho librada al prudente arbitrio de los jueces de mérito, que como tal es insusceptible de revisarse por vía casatoria. Tal principio sólo cedería ante un supuesto de arbitrariedad manifiesta, que el recurrente debe invocar con suficiencia a los efectos de que se admita el remedio intentado para el análisis de su procedencia.

El instituto regulado en el artículo 99 del CPCCT, es sucedáneo de la tercería bajo algunas condiciones. Es de carácter excepcional y sólo puede prosperar cuando es de fácil solución y puede resolverse con los elementos obrantes en autos, posibilitando el levantamiento de una cautelar sin tercería.

En este contexto, surge con claridad que el recurrente pudo haber tenido razón para litigar, pero no por el medio elegido. El título que invoca no puede ser probado de manera inmediata sin recurrir a un iter procesal más complejo. De hecho, la sentencia cuestionada en casación refiere una serie de planteos que confrontados con la sentencia de primera instancia (obrante a fojas 12), exceden al remedio intentado por vía del artículo 99 (CPCCT) y requieren un exhaustivo análisis probatorio ajeno al mismo. En consecuencia el recurrente no acreditó los extremos necesarios para que progrese el pedido de levantamiento de la cautelar por la vía del artículo 99 (CPCCT), ni aportó los elementos probatorios pertinentes, los cuales deben ser susceptibles de una breve y sumaria comprobación.

Es importante destacar que en este caso y por las características del litigio principal, el derecho de propiedad invocado no es una suficiente "razón para litigar", sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de proceso tiene un acotado margen cognoscitivo. El levantamiento incidental de excepción que regula el artículo 99 (CPCCT) sólo admite una comprobación breve, sumaria y más concluyente.

Muy por el contrario, los presupuestos que ha invocado el recurrente son materia de discusión de fondo en el litigio principal y de compleja prueba y no cubre de manera manifiesta los requisitos exigidos para justificar el levantamiento intentado por la vía del artículo 99 (CPCCT).

En otras palabras el recurrente no ha invocado con suficiencia la causal de arbitrariedad manifiesta pretendida. Ello justifica la imposición de costas a quien, conociendo estos antecedentes, igual ha intentado tal levantamiento. El hecho objetivo de la derrota es el principio general que fundamenta la imposición de costas y cuando se lo aplica no requiere una fundamentación particular (CSJT: Fallo Nº 100 del 03 de marzo de 2000 - Causa: Jerez A, vs. Tubio Tucumán S.A.).

En este contexto y a los efectos de analizar la legitimidad de la imposición de costas, deviene irrelevante en este caso concreto el análisis sobre la inapelabilidad del punto I de la sentencia expedida por el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la VIª Nominación (fojas 12/13). Siendo este último pronunciamiento ajustado a derecho, justifica el rechazo de la apelación pretendida y por ende de la casación y queja intentadas con posterioridad.

En consecuencia surge del examen de la queja que la casación pretendida es improcedente, por lo que corresponde desestimar ambos recursos en el marco de las facultades conferidas a esta Corte Suprema por el artículo 755 (CPCCT).

Por todo lo expuesto, y encontrándose excusado el señor vocal doctor Antonio Gandur, se	R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR por improcedente en mérito a los considerando, el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la parte actora en estos autos en contra de la sentencia N° 127 de fecha 27 de abril de 2012, expedida por la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones (Sala III).

II.- RECHAZAR por improcedente en mérito a los considerandos, el recurso de casación interpuesto por la parte actora en estos autos en contra de la sentencia N° 441 del 27 de diciembre de 2011, expedida por la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones (Sala III).

III.- DISPONER la pérdida del depósito acreditado por el recurrente enqueja en el marco de lodispuesto por el art. artículo 752 (CPCCT).

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) DANIEL OSCAR POSSE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ Voto del señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán:

I.- Con relación a la admisibilidad de la queja, el suscripto mantiene el criterio reiteradamente sustentado en anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia N° 566 de fecha 16/8/2011 recaída in re: "Capozzuco Carlos Ángel vs. Distribuidora Munich s/ Cobro de pesos".

Es que, como allí se dijera, ante los términos de la sentencia denegatoria del recurso de casación, se hace necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tiene entidad suficiente para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJT, 27/4/2010, "Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 249; 28/10/2010, "Agudo Juan Ángel y otra vs. I.P.S.S.T. s/ Amparo", sentencia N° 820; 28/10/2010, "Argañaraz César Mauricio vs. S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. s/ Despido", sentencia N° 822; 17/12/2010, "Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo", sentencia N° 997 del 17/12/2010).

En efecto, tal como se venía sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, la ponderación que el Tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJT, 30/6/2010, "Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 487; 03/5/2011, "Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", sentencia N° 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia N° 227; 06/5/2011, "Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 237; 11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International Art S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 252 del 11/5/2011).

De lo expuesto, se desprende que, en principio correspondería hacer lugar a la queja, y avocarse al examen de la casación denegada.

II.- Sin embargo, cabe recordar que el artículo 755 (820) del CPCyC, en su penúltimo párrafo, prevé que si en ocasión de examinar la queja se adviertiera que el recurso de casación es manifiestamente improcedente se desestimarán ambos sin más trámite. Tal supuesto de improcedencia manifiesta se configura en el caso de autos, donde la mera lectura de la sentencia impugnada alcanza para advertir lo errado de la impugnación que intenta la parte actora, habida cuenta que los agravios en los que se funda no logran rebatir la sentencia en crisis ni, por ende, alcanzan para descalificar la solución que allí se toma.

Por ello, sin perjuicio de lo antes sentado sub I, e ingresando al análisis del recurso de casación planteado, en la medida que los argumentos desarrollados en los considerando precedentes revelan, en puridad, la improcedencia -y no la inadmisibilidad- de los agravios relativos a la arbitrariedad de sentencia invocada, estimo que no corresponde hacer lugar al recurso de casación, en lo que a tal objeción concierne.

III.- En consecuencia, y de conformidad con el art. 755 del CPCyC, corresponde desestimar ambos recursos sin más trámite.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.