marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, crédito fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Golden  Peanut  Argentina S.A. -inc. med(8-XI-10) c/ EN AFIP DGIResol       84/10       (RDEX) s/ Dirección      Gene
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-22

Si bien es cierto que la determinación de la realidad de las operaciones cuestionadas sólo podrá efectuarse en la sentencia definitiva luego de la sustanciación del proceso y con intervención de la contraria, en un grado de conocimiento liminar, debe señalarse que la posterior inclusión de los proveedores cuyas operaciones se cuestionan en la Base E-APOC (operaciones apócrifas) -aspecto no controvertido en autos-, "no excluye necesariamente la validez de las operaciones que aquéllos puedan haber efectuado con Golden Peanut Argentina S.A., las que se encontrarían prima facie acreditadas -sin perjuicio de lo que se decida en la sentencia de mérito- con la documentación que acompaña en los anexos F, G, H de la prueba acompañada. Tampoco se encuentra, en principio, cuestionado que la solicitante de la cautela hubiera reunido -respecto de las operaciones observadas- los requisitos exigibles para el cómputo del crédito fiscal". En el caso, no debería descartarse sin más la posibilidad de que los proveedor posteriormente incluidos en la base E-APOC "puedan haber efectuado algunas operaciones reales en el marco de otras apócrifas, aún cuando, a la vez, omitieren el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, extremo respecto del cual no puede derivarse, en principio, consecuencia para el adquirente de los bienes y servicios brindados por el proveedor cuestionado (conf. CNCAF sala II, in re "Tradigrain", del 18/10/06).
Recursos, recurso de apelación (procesal), trámites judiciales, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VILLARRUEL MIGUEL c/ AGRUP. AZUL SIND. SIPEMON s/ Acción de Amparo (LIBRO: S068 - 069)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-04-23

La resolucion aclaratoria no suspende el plazo de la apelacion cuando el recurso respectivo ha sido desestimado por razones formales o accesorias; dado que lo contrario importaría otorgar a los litigantes la posibilidad cierta de sortear el obstáculo preclusivo de los términos fijados en la norma ritual provocando así una restitución de los plazos prohibida por la ley.-
Excarcelación, robo calificado
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de excarcelación de E. O. I. en causa nº 601/15, caratulada: I., E. O. s/ Robo con arma
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2015-07-01

Debe revocarse la sentencia que confirmó la prisión preventiva del imputado en orden al delito de robo agravado por el uso de arma, con sustento en la gravedad del delito y la incomparecencia reiterada al ser citado a prestar declaración indagatoria, pues el a quo desoyó lo resuelto por la CSJN en el caso "Wilson, Osvaldo Enrique y Donamaría Félix Victoriano", en cuanto resolvió que la escala penal no es suficiente per se para fijar dicha medida cautelar y que debe evaluarse concretamente el riesgo procesal al momento del pedido de excarcelación. Es que, si bien tal riesgo evaluado con anterioridad pudo ser relevante en la etapa instructoria del proceso, en el estadio actual con sentencia condenatoria no firme pierde virtualidad , ya que en aquella instancia el imputado fue aprehendido en su domicilio para ser conducido ante el juez, por lo que no puede decirse desplegó acciones para intentar eludir la acción de la justicia, el nombrado tiene arraigo en la ciudad, no cuenta con facilidades para abandonar definitivamente el país y desde que se encuentra detenido presenta excelentes guarismos de conducta y concepto.
Carga de la prueba, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Ahibe Jorge c/ Ahibe Rosa y otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-28

No es sensato pretender que "la Justicia" no recele de un justiciable que se presenta a sus estrados alegando haber trabajado casi treinta años en un determinado establecimiento y no brinde absolutamente ningún detalle que delimite o ilustre sobre los perfiles de la relación. Esta poquedad, este deficitario cumplimiento del mandato que el legislador insertó en el inc. "c" del art. 59 CPL (según el cual los extremos fácticos que sostienen la pretensión actoral deben ser "explicados claramente"), a más de acarrear las consecuencias que todo incumplimiento a un imperativo del propio interés conlleva, en el presente caso pone en evidencia un proceder sospechoso, que lleva a quien imparcialmente juzga, a recelar de la verdad de las afirmaciones de quien así se conduce (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: QUINTERO, Lizandro c/ PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-05-12

"La acción que reglamenta este recurso tiene como objetivo directo someter en definitiva la interpretación o aplicación de la ley sustantiva, o la forma procesal observada, o la aplicación de la doctrina legal, al más alto Tribunal de la Provincia, ante el cual la causa llega con los hechos del proceso definitivamente fijados. El concepto de ley es amplio y está determinado en el sentido de norma jurídica perteneciente al derecho positivo vigente, cuya aplicación en los casos concretos está confiada a los tribunales de las provincias."
Automotores, inscripción registral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GARNICA, JUAN c/ CORDOBA, SEGUNDO Y OTROS s/ COBRO DE PESOS-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-07-26

Las concesionarias al vender autos 0 km. como intermediarios, no inscriben los vehículos en el Registro, porque no son sus propietarios, salvo que hicieran su compra.
Acumulación de procesos, sentencias contradictorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Civil por la Justicia Ambiental y otros c/ Entre Ríos, Provincia de y otros s/ amparo ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-28

La acumulación de procesos se justifica si existe necesidad de conjurar el riesgo de decisiones contradictorias y el consiguiente escándalo jurídico que originaría el tratamiento autónomo de pretensiones que se encuentran vinculadas por el objeto y la causa, situación que es la que se presenta en la causa frente a la certeza de que la decisión final que se adopte en cualquiera de los expedientes, tendrá efecto de cosa juzgada en las otras causas, en virtud de la íntima conexidad existente entre las cuestiones sometidas a decisión de la Corte.
Libertad de cultos, objeción de conciencia, REPÚBLICA DE COREA
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Humanos - Yeo-Bum Yoon y Myung-Jin Choi Vs. República de Corea - Objeción de conciencia e interés público de seguridad nacional - Limitaciones permitidas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2006-11-03

La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que respalda el derecho a plantear objeción de conciencia al servicio militar obligatorio estatuido por Corea, es uno de los derechos que no puede ser objeto de suspensión alguna, ni siquiera en las situaciones excepcionales que permiten la declaración de los estados de emergencia -conforme el artículo 4.2 del Pacto-, pues su reconocimiento como derecho sólo permite al Estado imponerle al objetor la obligación adicional de un servicio civil sustituto, ajeno al ámbito militar y al control de las autoridades militares, el que deberá encuadrarse en el respeto a los derechos humanos y no podrá tener características punitivas. (Del voto en disidencia del miembro del Comité Hipólito Solari-Yrigoyen)
Certificado de deuda, depósito previo, pornografía, menores
Materia: PENAL
Carátula: L., L. A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en otros procesos incidentales en autos NN, L. L. A. sobre 128 1 párr. - delitos atinentes a la pornografía (producir/publicar imágenes pornogr. c menores 18) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-07

Luego de que este Tribunal emitiera el certificado de deuda (art. 33 de la ley n° 402) y lo remitiera a la Procuración General, la defensa presentó el comprobante de integración del depósito requerido ante el rechazo de la queja. En consecuencia, corresponde tener por cumplida la obligación e informar dicha circunstancia a la Procuración General. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Medidas cautelares, derecho a la salud, alcance de la cobertura, prestación por niño con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: SOIFER  TAIS  GALIT c/ SWISS  MEDICAL  GROUP SA s/ INCIDENTE DEAPELACION DE MEDIDA CAUTELAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

El tratamiento de rehabilitación que se desarrolla en Santiago de Chile -Cuevas Medek Exercises- consiste en determinadas técnicas kinesiológicas mediante las cuales se expone a los niños a la influencia de la gravedad proporcionándole soporte de progresivo avance distal, estimulando las reacciones de estabilización, balance, equilibrio y protección, las que gradualmente se incorporan a los recursos de la funcionalidad del paciente. La demandada aceptó otorgar la cobertura del tratamiento de rehabilitación kinésico, orientado al equilibrio (Medek) en nuestro país y que, si bien constan en la causa datos de los profesionales que se han capacitado en forma parcial, estos informes no han sido actualizados. Lo hasta aquí expuesto no obsta, claro está, a que si las "circunstancias fácticas" cambian y si se acredita adecuadamente en el expediente que la técnica -Cuevas Medek Excersice- se presta en forma completa en nuestro país, pueda requerir -de ser necesario- un nueva decisión respecto de la cautelar solicitada, dada la esencial mutabilidad y provisionalidad de los pronunciamientos relativos a medidas precautorias (cfr. esta Sala, causas 3261 del 10-7-87, 1680 del 26-2-91, 74 del 13-4-99 y 6655/02 del 24-9-02, entre muchas otras).
Seguros, productor asesor de seguros, siniestro, denuncia del siniestro, responsabilidad del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALICIA MALDONADO c/ EMILSE ZARATE DE CELIA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23

Ninguno de los incisos de la ley 22.400: 10, en el que se determinan las funciones y deberes de los productores asesores de seguros, faculta u obliga a los mismos a recibir denuncias de siniestros. Por lo que corresponde estar en este aspecto a lo reglado por la ley de seguros. No probado que la productora revistiera el carácter de agente institorio -en cuyo caso estaría autorizado a recibir notificaciones (ley cit., 54)- sus facultades deben entenderse limitadas a las previstas en el art. 53, entre las que no se encuentra la de recibir denuncias. De allí que, aún en la hipótesis que la asegurada haya comunicado el robo a la productora y que ésta se hubiese comprometido a comsunicarlo a la aseguradora, la responsabilidad de la emplazada no podría quedar comprometida;

máxime cuando ninguna de las sanciones previstas en los arts. 13 a 16 de la Ley 22.400 impone la reparación patrimonial reclamada por la aseguradora.
Derechos de importación, nomenclatura arancelaria aduanera, máquinas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: JOHN DEERE  S.A.I.C.I. c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACION - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-15

Cuando en dos posiciones arancelarias se describen maquinarias cuyas funciones son las mismas a las que está destinada aquella introducida, no existe distinción alguna en cuanto a su tratamiento aduanero, en tanto su descripción, en cada caso se ajusta a las características del bien. Eso supone que la intención al fijar las alícuotas de la posición ha sido gravar de igual manera a las máquinas que individualmente cumplen cada una de las tareas a las que ésta destinada la importada en el caso, por lo que no resultaría congruente sostener que por tratarse de un complejo de funciones conceptualmente separables se lleve a una alícuota diferente, más aún cuando en el caso se trata de una lisa y llana exención.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RAYFRIC S.A. s/ ACCION DE AMPARO S/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-09-18

El art. 246 del CPCC impone al apelante el deber de fundar el recurso dentro de los cinco días de notificada la providencia que lo acuerde. Ante la omisión, la norma establece la sanción con absoluta diafanidad: "Si el apelante no presentare memorial, el Juez de Primera instancia declarará desierto el recurso". Corresponde así, declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que resuelve la acción de amparo, habiendo mediado dicha omisión.
Derecho a la identidad, menores
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Combes, Luis Emilio y Flores, Silvia Edith c/ Arcucci, Osvaldo Miguel y Re, Mariela s/ Reintegro de hija
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Identidad es lo que hace que alguien se reconozca a uno mismo, y esto no puede referirse únicamente al origen. No es un concepto meramente estático. Es mucho más amplio. Está relacionado con todos y cada uno de los episodios vividos por una persona a lo largo de su existencia, de los cuales la proveniencia es sólo uno de ellos.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recursos, recurso de inconstitucionalidad, interpretación de la ley, ley federal, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ríos Maria Alejandra de Luján y otros c/ Banco Ciudad de Buenos Aires  s/ Empleo Público (Excepto Cesantía o Exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-13

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad y rechazar la queja debido a que la recurrente insiste en que se encontraría alcanzada por la exención de la cláusula cuarta del Convenio de Transferencia del Instituto Municipal de Previsión Social de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a la Administración Nacional de la Seguridad Social de 1994, respecto de realizar la contribución solidaria del tres por ciento (3%). Sin embargo, no rebate los motivos sobre cuya base el a quo concluyó que no se encontraba exenta de realizar el aporte cuestionado. Por lo demás, nada dice acerca de la reflexión de la Cámara según la cual, en rigor de verdad, lo que la actora pretendía era eximirse del pago del tres por ciento (3%) y de ese modo obtener una situación más ventajosa respecto del resto del personal que, más allá del diferente destino (ya sea a financiar las prestaciones médico asistenciales del sector pasivo nacional o local), aportaba para sostener el sector pasivo de su sector. Ello así, la recurrente no muestra que la interpretación literal y sistemática que la Cámara realizó de la normativa en juego resulte insostenible. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Regulación de honorarios, base regulatoria, intereses, cómputo de intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: TAQUINI CIA. FINANCIERA  S.A c/ ESQUIVEL SOLIS, JOSE s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-11

Para fijar los emolumentos de los profesionales intervinientes resulta improcedente merituar los intereses demandados en razón de su naturaleza accesoria respecto del capital y de su carácter esencialmente indemnizatorio de la privación temporaria del mismo, a lo que se agrega que los intereses son el resultado de una contingencia variable y ajena a la actividad profesional.
Sentencia, reenvío, recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Balestri de Suvieri, Anita c/ Voloschin, Naum y otro s/ Indemmnización daños y perjuicios Dolcemascolo, María c/ Gil, Ramón y otros s/ Daños y perjuicios Escudero, Roberto c/ Albertori y Cía. y/u otros s/ Daños y perjuicios Spinozzi, José y otra c/ Fontana, Angel Pedro y otros s/ Revisión judicial de contrato de mutuo con garantía hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-12|1987-12-22|1988-05-13|1995-12-19

Los tribunales ordinarios de apelación no constituyen una instancia casatoria, por lo tanto, si revocan la decisión del inferior, no pueden "reenviar" la causa para que éste la falle nuevamente, sino que deben pronunciarse ellos.
Juicio ejecutivo, subasta, bienes gananciales
Materia: CIVIL
Carátula: V., E.R. y otro c/ B., A. s/ ALIMENTOS PROCESO ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-01

Si el inmueble cuya ejecución se persigue es un bien ganancial de titularidad del demandado, deviene inadmisible que se circunscriba la subasta al 50 por ciento indiviso, pues de una interpretación armónica del art. 1276 y 1277 del Código Civil fluye que el derecho del no titular del dominio se reduce a participar en los gananciales al momento en que se disuelva la sociedad conyugal.-
Fondo de comercio, sociedad de hecho, saldo de precio, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PORTO ANTONIO c/ MARIA DE LAS MERCEDES LAVEDIA s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-04

El fondo de comercio es un conjunto orgánico de elementos materiales e inmateriales destinado a la producción y/o intercambio de bienes, con el objeto de obtener una utilidad apreciable en dinero.

No es una cosa estática susceptible de condominio en los términos de los arts. 2673 y ss. C.C., sino un patrimonio esencialmente dinámico cuya titularidad compartida o plural presupone, necesariamente, una forma asociativa adoptada por las personas involucradas, a los fines de participar en las utilidades que arroje el fondo común.

Si los titulares de un fondo de comercio no se han organizado como sociedad regularmente constituida conforme a lo prescripto por los arts.1, 2, 7 y cc. de la ley 19550, la comunidad patrimonial queda atrapada en el marco jurídico de la sociedad irregular o de hecho que regulan los arts. 21 y ss. de la citada ley de sociedades comerciales.

En una sociedad comercial irregular o de hecho, cualquiera de los socios está legitimado para demandar el saldo del precio por la venta del fondo de comercio, prescripto por el art. 24 de la ley 19550.-
Proceso penal, auto de procesamiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: R., J. s/ Robo calificado (Expte Nº 79-99, Resolución Nº  55, Tomo 5, Folio 31)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-08

La probabilidad requerida para procesar no es otra sino la resultante del reconocimiento que no existe equilibrio probatorio sino un mayor peso de la prueba de cargo sobre la de descargo. Es claro que semejante idea de probabilidad puede albergar en su seno entidades probatorias de muy distinta magnitud, algunas quizás mínimas y que no bastarían para el dictado de una condena, mas semejante juicio no debe estar presente al momento de adoptarse la decisión, como en cambio sí debería estarlo en aquél en que se decida la elevación de la causa a juicio, donde será menester un juicio sobre la entidad de la prueba no ya para procesar sino para impulsar la realización del juicio.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CABRAL MARIA ESTHER c/ YANO EDUARDO FELICIANO s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-03-22

La apelación ex-officio concedida en virtud de la norma del artículo 329 del Código Procesal Civil y Comercial, otorga al Tribunal de alzada amplias facultades en la revisión del fallo, y así lo ha reiterado en diversos pronunciamientos la Sala a partir del caso "Cabrera de Piana" del 25-4-89 y conforme lo sustentado por el STJER Sala Civil y Comercial en autos"Quiros c/Colaso" 30-05-91.-
Deserción del recurso, confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, incumplimiento del contrato
Materia: PROCESAL
Carátula: Bernharte Graciela Beatriz  c/ Telefónica de Argentina S.A.  s/ daños y perj. Incump. Contractual (exc. Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-02-23

Se declara desierto el recurso de apelación incoadopor la demandada en lo que hace al progreso de la demanda, por lo que se confirma la sentencia en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio, puesto que los cuestionamientos no sortean la valla del art. 260 del CPCC. El embate contra la sentencia debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero para ello, hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada. Si este embate no se cumple o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme; en el caso la argumentación en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados ni aún aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes -arts. 18 de la CN y 15 de la Constitución Provincial-, sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la Segunda Instancia.
Locación de cosas, cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: GELABERT ANTONIO c/ DONATO MARIA s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-15

Para meritar si la suma pactada en la cláusula penal puede considerarse exorbitante, la cuestión debe analizarse colocándose en el momento en que adquiere virtualidad lo estipulado, ya que es en este momento cuando puede establecerse si existe una manifiesta desproporción.
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Devalle, Pedro Oscar c/ Consejo del Menor de la Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-08-22

A la Resolución 1242/1996 sólo puede asignársele, en el caso el carácter de "cierre" de la instancia administrativa, pues ella denota la imposibilidad para el trabajador de obtener el alta definitiva conformada por autoridad pública, instrumento de cuya efectiva emisión el legislador hace depender el reinicio de los plazos de prescripción, luego de la interrupción ocasionada por la denuncia administrativa del accidente. Es recién, a partir de entonces, cuando corresponde computar la interrupción de seis meses establecida en el art. 19, párrafo tercero, de la ley 9688 (t.o. ley 23.643), vencido el cual, arranca el plazo bianual de prescripción previsto en el primer párrafo de la norma citada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva, concursos, junta de acreedores
Materia: PROCESAL
Carátula: MARUN,RICARDO VICTOR s/ CONCURSO PREVENTIVO-INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-02-15

No es definitiva la resolución recaída sobre la impugnación efectuada por la concursada a la realización de la junta de acreedores, y al acta labrada con tal motivo, pues no ha puesto fin al pleito ni impide su prosecución, en razón de ser una incidencia procesal que resuelve un pedido de nulidad de actos producidos en la causa.
Rectificación de la demanda, plazos procesales, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Mraz Arancibia Rodriguez Alberto Miguel c/ E.N. (Poder Judicial) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-28

La incorporación de nuevas peticiones y ampliaciones determina de suyo la modificación de la demanda (conf. Alsina, H. "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil", t. III, págs. 44 y ss.), lo que en nuestro ordenamiento procesal si bien si admite, encuentra, en principio, como límite para su posible realización la notificación al demandado (conf. art. 331, Cód. Procesal; Fassi, S.C. "Código Procesal Civil y Com. de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado", T. II, 2a ed.act. y amp., pág. 44, nº 1942).