marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa B., A. O. c/  s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-15

Es arbitrario un pronunciamiento si fue adoptado merced a una consideración fragmentaria y aislada de las pruebas e indicios, incurriéndose en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos conducentes para la decisión del litigio, lo que impidió una visión de conjunto de la prueba reunida. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Indemnización por despido, indemnización agravada, despido indirecto, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: ALVAREZ, HERNANDO c/ AG LIMPIEZA INTEGRAL S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-11

No existe motivo alguno que habilite apartarse de la duplicación establecida por la ley 25561 en los casos de despido indirecto, puesto que este instituto produce idénticos efectos que los derivados del despido decidido directamente por el empleador tal como lo prevé la Ley de Contrato de Trabajo.
Representación procesal, querellante, patrocinante, abogado no apoderado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Hicks, Thomas O. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-15

Es nula la resolución que declaró mal concedido el recurso de apelación deducido por los querellantes contra el sobreseimiento del imputado, pues es arbitrario resolver que el primer recurso, deducido por el letrado patrocinante, es inadmisible porque no ha sido interpuesto por una persona que tenga poder de obrar a favor de los querellantes, y después rechazar el recurso de los querellantes -invocando la preclusión- argumentando que intentan reeditar una pretensión que antes aquella misma persona había planteado sin poder de representación, y que había sido declarada inadmisible, por falta de ese poder de representación. El mero hecho de la invocación por el abogado de una calidad de representación que no se tiene debe ser puesto en conocimiento del CPACF, que gobierna la disciplina de los matriculados. La disidencia parcial sostuvo que lo atinente a la responsabilidad profesional del letrado patrocinante linda con su celo o mejor esfuerzo para asistir los intereses confiados. (Dres. García, Yacobucci y Catucci -disidencia parcial-).
Extradición, pedido de extradición, Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889
Materia: PROCESAL-PENAL-INTERNACIONAL
Carátula: Carissi Landaburu, Sergio Javier; Bentancourt Trama, Daniel Nicasio s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

La exigencia contenida en el art. 30 del Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889 tiene como finalidad acreditar la corrección y seriedad de los procedimientos seguidos contra la persona reclamada a quien el país requirente pretende someter a su jurisdicción.
Suspensión del juicio a prueba, estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Arroyo, Eduardo Oscar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-20

El artículo 10 de la ley 24.316 en forma clara, indudable y taxativa restringe legalmente la aplicación del instituto de la probation, en cuanto establece que "las disposiciones de la presente ley no alterarán los regímenes especiales dispuestos en las Leyes 23.737 y 23.771". Y que "la primera de las leyes tiene un sistema especial de beneficios y tratamiento de los consumidores de drogas, dependientes o no, que no puede ser alterado ni combinado, en manera alguna, con otros sistemas, ajenos a aquél, como es el establecido por la ley 24.316". (Voto del Dr. Hornos -en minoría-).
Errores en la liquidación, facultades del juez, recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Alderete, Germán Armando c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-08-02

Cabe reivindicar la facultad de los jueces para realizar de oficio las correcciones necesarias cuando las liquidaciones no se adecuen a las constancias de autos, contengan errores numéricos, o cuyos rubros o montos resulten excesivos, aún cuando no se hayan formulado objeciones o éstas fueran efectuadas tardíamente, en orden a la atribución de concretar aquellas diligencias que fueran necesarias para esclarecer hechos y que, como en el caso, habilita la intervención del cuerpo auxiliar correspondiente. (Del voto del Dr. Posadas)
Empleador, non bis in ídem
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRASCO, CLAUDIO R c/ MAIDA DE MORALES, MONICA Y/O MERCADO DE ABASTO s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-09-13

No se vulnera el principio non bis in idem en el caso del trabajador que fue despedido por una actitud injuriosa hacia el empleador, habiendo sido previamente suspendido en forma verbal, ello es así, pues no se cumplieron los requisitos del art. 218 de la LCT.-
Adopción, guarda preadoptiva, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: O., M. I. c/  s/ art. 250 C.P.C. - incidente familia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-06

La razón de ser, función o finalidad de la vinculación y guarda preadoptiva en el marco de la adopción, es justamente propiciar la construcción vincular y evaluar la generación y consolidación del vínculo afectivo, de modo que pueda avanzarse hacia el juicio de adopción propiamente dicho en caso de verificarse la integración del niño de forma adecuada, en un ámbito respetuoso de sus derechos, en el que pueda desarrollarse plenamente, lo cual no había podido suceder en su ámbito familiar de origen.
Concurso preventivo, propuesta de acuerdo preventivo, obligaciones solidarias
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALDA DE VENDRELL, MARIA s/ CONCURSO CIVIL PREV.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-28

Si la acreencia que se verifica es una obligación accesoria de otra con la que concurriera a otro concurso, por lo que se trata de una obligación única con deudores múltiples, resulta totalmente innecesario incluir en la propuesta concordataria una cláusula condicionando el reclamo en el concurso al no pago en el del deudor principal. Si la propuesta ofrecida a la totalidad de los acreedores consistió en el pago de los créditos en cinco cuotas anuales, pretender cobrar el monto íntegro de cada parte del único crédito en los diferentes concursos importaría violentar el principio concursal de "pars conditio creditorum", pues el acreedor concurrente vería satisfecho su crédito con mucha antelación al resto de aquellos carentes de garantes concursados.
Competencia federal, competencia por la materia, carta de ciudadanía, ciudadanía por naturalización
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Pedro Ricardo OLMO y/o Walter KUTSCHMAN s/ COMPETENCIA  FEDERAL  POR  LA MATERIA - CIUDADANIA Y NATURALIZACION -  DERECHOS POLITICOS - NACIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-18

A falta de normas expresas en esta materia, el otorgamiento y la cancelación de cartas de nacionalización, llamadas de ciudadanía, debe atribuirse en la Capital de la República al fuero en lo Civil y Comercial Federal.-
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Echagüe, Ester Cándida c/ Silva Ortellado, Miguel Angel y otro s/ Inscripción Escritura y Daños y perjuicios y otro s/ Inscripción Escritura y Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-04-07

Partiendo de la directriz de que la perención debe estimarse como una medida excepcional y, por lo tanto, de aplicación restrictiva y orientada a mantener la vitalidad del proceso, como es también valor entendido que la necesidad de la interpretación acaece cuando la letra de la ley no es bastante, todo lo cual se ha conjugado con el principio de que mientras no sea declarada la caducidad de instancia por parte del órgano jurisdiccional o haya mediado acuse por el legitimado no cabe tenerla por cumplida,ni -por ende- presumirla por el mero transcurso del plazo legal, se ha declarado que el actor puede realizar actos procesales de impulso del proceso a los fines de purgar la caducidad de la instancia. En consecuencia, aún cuando el acto de impulso haya sido realizado luego de transcurrido el plazo legal, si provino de la parte y no del órgano jurisdiccional, la contraria no puede oponerse a los efectos de aquél, debiendo reputarse el acuse de caducidad formulado en tales circunstancias como extemporáneo. Ello es así, dado que el art. 313 del C.P.C.C. se refiere expresamente a "la actuación del tribunal" y no a la de la parte, no pudiendo -por vía de interpretación- ampliarse la previsión normativa, que es suficientemente clara.
Legitimación activa, derechos patrimoniales
Materia: PROCESAL
Carátula: Colegio de Abogados de Jujuy y otros c/ Estado Provincial (Ley 5300) s/ Acción autónoma de inconstitucionalidad. L.A. Nro.  51 F. 261/266 Nro.  115. Provincial (Ley 5300) s/ Acción autónoma de inconstitucionalidad. L.A. Nro.  51 F. 261/266 Nro.  115.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2002-12-13

El agravio que se dice irroga la inembargabilidad de fondos dispuesta por la ley atacada es de neto contenido patrimonial, sólo se vincula al derecho de propiedad y, por tanto, sólo puede ser esgrimido y defendido por su dueño. Ni el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy ni los profesionales coaccionantes han demostrado siquiera ser titulares de un crédito cuya pretensión de cobro haya resultado o pudiera resultar limitada, perjudicada o diferida por la ley cuestionada, menoscabando de ese modo el derecho de propiedad. Se infiere entonces la ausencia de interés legitimo que habilite a los actores al ejercicio de esta acción.
Demanda, notificación, domicilio contractual, sociedades comerciales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: FERRARI, ORLANDO ARTURO c/ MARVE SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-11

Procede notificar la demanda bajo responsabilidad del accionante, en el domicilio especial que la sociedad accionada indicó en el contrato que suscitó la controversia, si surge que la reclamada no negó haber constituido domicilio en el citado convenio. No constituye óbice a lo expuesto, que -tal como aconteció en el caso- de un expediente en el cual el pretensor solicitó medidas precautorias, se encuentre demostrado que aquel envío correspondencia a un domicilio de la sociedad que es diferente al lugar en que luego notificó la demanda. Ello pues, la precedente actitud del reclamante no lo relevó de notificar dicha demanda en el domicilio contractual que lo vincula con el ente societario, toda vez que no parece posible apartarse del domicilio originariamente elegido por la sociedad a los efectos del contrato.
Defraudación, consumación del delito, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: MIGUEL ANGEL WILCHE s/ PRESUNTA DEFRAUDACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-10-24

Este caso especial de defraudación tiene como presupuesto la entrega voluntaria de la cosa al autor y en virtud de una obligación jurídica, se lo obliga a entregarla a un tercero o devolverla a quien la dió (ej. depósito - comisión - administración). Es que el delito se comete cuando el sujeto no restituye la cosa en debido tiempo. XX fue acusado y condenado por haber falseado comprobantes de depósitos bancarios correspondientes a la cuenta del Automóvil Club Argentino. No surge de autos haberse acreditado que la entidad denunciante haya intimado por algún medio devolución o entrega alguna de sumas de dinero ni se ha probado pericialmente perjuicio de ninguna especie.
Recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso, selección de causas, honorarios, reducción de la regulación, honorarios del abogado, honorarios del perito
Materia: PROCESAL
Carátula: Panamericana de  Plásticos  S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio deEconomía, Hacienda y Finanzas) y otro s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Los recursos extraordinarios contra el pronunciamiento que redujo los honorarios regulados en favor de la dirección letrada y representación de los demandados y del perito contador son inadmisibles (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Recusación, jubilaciones, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Moras Mom, Jorge R. c/ Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

La recusación en forma genérica, respecto de los Presidentes de las Cámaras Federales del país, negando habilitación subjetiva a los miembros que integran el Poder Judicial deviene manifiestamente extemporánea, por cuanto el apelante se sometió voluntariamente a la potestad jurisdiccional del Estado para la resolución del conflicto planteado.
Juicio abreviado, unificación de penas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Castillo Torres, José Eduardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-23

La esencia del juicio abreviado establecido en el art. 431 bis C.P.P.N. es convenir la pena aplicable, convenio que ha de pactarse según las reglas estrictas del procedimiento, entre las que no está previsto lo atinente a la unificación de penas. Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto en relación a la unificación, si el tribunal no rechazó el acuerdo de juicio abreviado, sino que sólo lo atendió en lo tocante a la pena del hecho juzgado pero se excedió en la pena única acordada. El voto concurrente recordó que la pena solicitada por el fiscal, aún para los casos de unificación de penas, es el límite que tiene el órgano jurisdiccional para pronunciarse. (Dres. Catucci, Riggi y Ledesma -según voto-).
Responsabilidad civil, Inspección General de Justicia, interdicción de salida
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "De  Llantada  Mirta  Lilian c/ EN -M° Justicia y DDHH- InspecciónGeneral de Justicia s/ Proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-06

Si la Inspección General de Justicia no cumplió con su obligación de brindar la información actualizada sobre la situación de la empresa fallida y sus directores. Se ha configurado la responsabilidad de la IGJ al haber incumplido con un mandato otorgado por ley, y dicho incumplimiento u omisión resultó ser la causa del daño generado a la actora, quien se vio impedida de abandonar el país debido a que el control de Migraciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza no contaba con la información actualizada al efecto (Del voto de la juez Do Pico, Cons. VII).
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUSELL HUGO BERNARDO s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

Un tocadiscos "Winco", que no funciona y se denuncia como no comercializable, además de antiguo, no aparece como aprovechable en su ejecución, al par que puede brindar algún esparcimiento modesto al fallido y su familia, todo lo cual hace procedente su desafectación.
Recurso directo, copias, firma del abogado, sentencia, fundamentación de sentencias, voto de adhesión, voto mayoritario, locación, fiador, prórroga del plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ANDRES DE BARBERO, NELLY R. c/ MARIA ELENA CAMARA s/ DESALOJO - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-05-13

La ley ritual, en su art. 382, preceptúa el voto individual y fundado de todas las cuestiones, con opción para los miembros de los Tribunales Colegiados de formular adhesión. Consecuentemente, el voto de adhesión es válido y eficaz para conformar la motivación de la sentencia. La garantía que prescribe el art. 155 de la Constitución Provincial consiste en que cada juez participe de la decisión y fundamente su voto, pero no que efectué redacción individual de las razones, redundante, de los argumentos a que adhiere. Va de suyo que la remisión admitida por la ley es a otro voto suficientemente fundado.

Pero ello es así siempre que exista consenso unánime respecto del fallo a dictar. De plantearse disidencias, la cuestión deberá resolverse por mayoría de opiniones que conformarán la motivación de la sentencia, siendo obligatorio e insoslayable, que cada uno de los votos aparezca con fundamentos propios. En su defecto, no se cumple el mandato constitucional pues la fundamentación no resulta "legal" (norma constitucional citada).

Si bajo el ropaje de "juicio contradictorio", las obligaciones entrañan disconformidad con la solución acordada por la mayoría del Tribunal de Mérito, la materia no es examinable por la vía del Recurso Directo.

La actividad del interesado debió dirigirse a demostrar la existencia de los errores in procedendo que invoca, para lo cual no basta un escueto comentario de párrafos de los Señores Vocales que integran la mayoría del Tribunal, sino es menester explicar acabadamente su existencia, a través de un análisis metódico y riguroso del iter lógico del pensar juzgante.
Sucesiones, aceptación de la herencia, pérdida del beneficio de inventario
Materia: CIVIL
Carátula: I. de  D.J. c/ P.J.D. s/ Suc. s/tercería de dominio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-13

El art. 3.405 del Código Civil contiene dos previsiones diferentes con una misma consecuencia, esto es, la pérdida del beneficio de inventario: por una parte, la ocultación que el heredero hiciere de valores de la sucesión -que representa un hecho, una conducta, que no depende de intimación previa a inventariar- y por otra, "la omisión fraudulenta en el inventario de algunas cosas de la herencia". Se trata de dos supuestos distintos, y carecería de sentido la enunciación de ambos si toda ocultación a que la norma alude debiera reflejarse en el inventario tras la intimación.

No es aceptable la tesis que sostiene que no puede imputarse ocultación de valores de la herencia, en tanto no se haya intimado a realizar inventario conforme el art. 3.366 del Código Civil.

El no haberse puesto nunca de manifiesto la existencia de sumas de dinero, depositadas en una institución bancaria, y por el contrario, el haberlas retirado sin que se sepa en el sucesorio el destino que se les dio, es una típica conducta de ocultamiento de valores sancionados por el art. 3.405 del Código Civil.

La configuración de la conducta de ocultamiento no depende de requerimientos a inventariar y omisión en el inventario, pero tampoco depende de una intimación a rendir cuentas.

La razón de ser y las implicaciones del beneficio de inventario, radican en que se trata de un instituto que determina la limitación de responsabilidad del heredero "intravires hereditatis", y consecuentemente debe posibilitarse efectivamente la liquidación del activo hereditario para que con él sea satisfecho el pasivo, y sólo tras ello, incorporar bienes al patrimonio del heredero. Es conforme a esto que el beneficiario ejerce una "administración liquidadora", y el beneficio impide la confusión de patrimonios entre causante y heredero.

Sólo manteniendo el haber hereditario individualizado, sin ocultamientos que impidan a los acreedores tener a la vista los bienes donde podrán satisfacer sus créditos, es razonable que funcione el instituto, manteniendo esferas separadas de responsabilidad. Pero en cambio cuando el heredero, tras quince años de apertura de la sucesión, ha ocultado la existencia de importantes fondos en cuentas bancarias, que luego el acreedor puso de manifiesto, queda probado evidentemente que ha desarrollado una conducta que no es acorde con la razón de ser del beneficio de inventario.
Recusación y excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Juzgado de Familia s/ Incidente de Competencia Negativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-26

"Es causa de recusación el haber el juez patrocinado anteriormente a uno de los interesados en asunto distinto y concluirlo".
Acto administrativo, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dube Sandra del Rosario c/ Municipalidad de Santa Rosa s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S264 - 473)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-05-09

El fundamento del silencio administrativo como expresión de voluntad radica en la necesidad de evitar el estado de indefensión en el que quedaría el administrado frente a la inactividad de la Administración, pues aquél se encontraría imposibilitado de recurrir contra un no accionar carente de sentido.
Inadmisibilidad del recurso, prisión preventiva, fundamentación insuficiente, comercialización ilegal de estupefacientes, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: VALDEZ, Jonathan David c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-23

Es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la decisión que mantuvo el encierro preventivo si el recurrente se ha limitado a cuestionar una fundamentación que no comparte sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dados por el a quo -que tuvo en cuenta la naturaleza y la gravedad de los hechos investigados (comercialización de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización, agravados por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlos), la cantidad de imputados y que se ha fijado fecha para la audiencia de juicio oral y público-, el tiempo que los imputados llevan privados de su libertad (dos años y medio aprox.) no luce irrazonable a la luz de lo previsto en el art. 1 ley 24.390, sin que se observe la existencia de cuestión federal o un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento criticado.
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios, falta de fundamentación
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Administración General de Puertos c/ GCBA s/ recurso de apel. Jud. c/decis. DGR (art. 114 Cod. Fisc.) s/recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-14

Si bien las cuestiones referidas a la regulación de honorarios en las instancias de mérito, y a la interpretación y aplicación de normas arancelarias, son -en virtud de su carácter fáctico y procesal- materias ajenas a la presente instancia de carácter extraordinario, corresponde hacer una excepción cuando la regulación atacada no presenta la debida fundamentación, o comete errores groseros en la aplicación de la normativa pertinente. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Accidentes de trabajo, cicatrices, daño psíquico
Materia: LABORAL
Carátula: Melo Martín Adrián c/ Galeno ART SA s/ accidente -ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-26

Existen desventajas irrefutables que padece todo ser humano cuando exhibe cicatrices que afectan el sentido estético propio y ajeno. La incapacidad detectada al actor debe ser indemnizada en los términos de la ley 24.557, en tanto deriva de una contingencia prevista por el art. 6 de la citada norma. No existe base científica que permita concluir -como lo hizo la juez a quo- que el daño psicológico esté supeditado al daño físico. Y en base al dictamen médico, el actor muestra timidez, temor a las relaciones interpersonales, necesidad de afecto, falta de adecuación a las defensas yoicas, ansiedad, aislamiento, lo cual le ocasiona un trastorno adaptativo mixto de ánimo depresivo que le provoca una minusvalía psicológica del 9,70%. De este modo el accionante ha demostrado que se encuentra disminuido psicofísicamente en el 13,70%.