Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-04


///nos Aires, 4 de febrero de 2013.

AUTOS Y VISTOS:

Para decidir acerca de la admisibilidad del recurso de casación interpuesto en esta causa n° 16.871.

Y CONSIDERANDO:

La señora juez doctora Liliana Elena Catucci dijo:

1°) Que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el rechazo de la excarcelación solicitada por la defensa oficial de Julio Ezequiel Ireneo Franciulli (fs. 72/76).

Contra esa decisión el asistente técnico interpuso recurso de casación (fs. 81/94), que fue concedido a fs. 96.

2°) Que la resolución cuestionada se ajusta a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: M.389.XLIII "Mulhall, Carlos Alberto s/excarcelación -causa n? 350/06-" rta. el 18 de diciembre de 2007; V.261 XLV "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa "Otero, Edgardo Aroldo s/ causa n° 12.003", O. 83. XLVI, rta. el 1/11/2011, "Clements, Miguel Enrique s/ causa n° 10.416", C. 412. XLV, rta. el 14/12/2010, "Vigo, Alberto Gabriel s/causa n? 10.919", rta. el 14/09/10 y "Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación", causa A. 93. XLV, rta. el 08/05/12 D. 352. XLV.

Más aún cuando la revisión de la denegatoria de la excarcelación por parte de la cámara de apelaciones respectiva, satisfizo la garantía establecida en el artículo 8, primera parte e, inc. 2° h de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14, inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ambos incorporados a la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22).

En tales condiciones, el recurso en examen no puede prosperar, por lo que cabe declarar su inadmisibilidad, con costas.

Tal es mi voto.

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:	1º) Conforme surge de las presentes actuaciones, se le imputa a Julio Ezequiel Franciulli la comisión en carácter de partícipe necesario de los delitos de sustracción y supresión de la identidad de un menor, privación ilegal de la libertad en una oportunidad, privación ilegal de la libertad calificada (24 hechos), apremios ilegales en una oportunidad, tormentos (2 hechos), homicidio calificado (27 hechos) y asociación ilícita, los que a su vez fueron caracterizados como delitos de lesa humanidad. -v. fs. 33 y 73-	2°) La decisión que restringe la libertad de un imputado con anterioridad al fallo final de la causa ocasiona un perjuicio que podría resultar prima facie de imposible reparación ulterior, y es por tanto equiparable a una sentencia definitiva en los términos previstos en el artículo 457 del C.P.P.N. según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Di Nunzio, Beatriz Herminia s/excarcelación", causa nro. 10.572, D.199.XXXIX.

3º) En el particular, el recurrente no consigue demostrar el vicio jurídico que alega, toda vez que no se ha hecho cargo de rebatir adecuadamente los razonados y completos argumentos en los cuales se sustentó la resolución cuestionada.

En tal sentido cabe recordar que el a quo examinó la procedencia del beneficio liberatorio a la luz de los lineamientos expuestos por este Tribunal en el Plenario n° 13 "Díaz Bessone" de fecha 30/10/08, concluyendo, con acertado criterio, que se configuran en autos presupuestos de riesgos procesales que obstan a la concesión de la soltura anticipada, al considerar más allá de la conducta que se le reprocha, que existen hechos objetivos idóneos que demuestran de parte de Julio Ezequiel Franciulli, en caso de serle concedida la excarcelación podría llegar a intentar entorpecer la investigación o eludir la acción de la justicia.

Ello, basado principalmente en que los delitos por los que se encuentra procesado el ".Coronel (R) Franciulli habrían sido cometidos durante su desempeño como Jefe de Departamento I - Personal del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército." -v. fs. 74 vta.-	Por otro lado, los magistrados del tribunal a quo ponderaron las particulares características de la investigación en vinculada a los delitos aquí imputados, con otros casos análogos al presente, situación que desde su punto de vista consideraron obligatorio tener en cuenta.

Así, se mencionó el antecedente de Alto Tribunal "Díaz Bessone, Ramón Genaro s/recurso de casación" (S.C., D 352, I. XLV.) ".donde de acuerdo a la descripción incluida en el dictamen del Procurador General (que la Corte hizo suyo), resulta análogo en lo sustancial al presente caso, por darse la particularidad de que el Coronel Franciulli era miembro del Estado Mayor del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército que lideraba el General Díaz Bessone, al que se responsabiliza por múltiples delitos graves y cursa su prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario. En dicho fallo la Corte Suprema dejó sin efecto la resolución de Casación que lo excarceló, para lo que se remitió al dictamen del Procurador General quien había afirmado que el contexto permitía inferir peligrosidad procesal en grado que desvirtuaba otras circunstancias favorables a la pretensión del imputado que resultaban indicativas de arraigo."	Sumado a todo lo anterior, no debe perderse de vista que la decisión cuestionada tuvo en cuenta -al confirmar la resolución del juez de primera instancia- la situación de detención domiciliara en la que se encuentra actualmente Franciulli ".sin que conste que se haya acreditado que tenga problemas serios de salud (ver informe psicológico forense de fs. 14 y médico forense de fes. 16 del legajo de personalidad, agregado por cuerda). -v. fs. 73 vta.-	4º) Por último, en lo que hace al principio de la doble instancia, tal extremo se halla debidamente garantizado por cuanto han recaído pronunciamientos concordantes del juez instructor y de la cámara de apelaciones respectiva; a lo cual se agrega que no se observa la existencia de cuestión federal o la verificación de un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento criticado, lo que no amerita la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio, tal como lo estableciera el Alto Tribunal en el fallo "Di Nunzio" citado.

En consecuencia, adherimos a la solución propuesta por la distinguida colega preopinante.

Tal es nuestro voto.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

1º) Que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió confirmar la decisión de fs. 33/34, que no hizo lugar a la excarcelación de Julio Ezequiel Irineo Franciulli, solicitada por la defensora pública oficial (ver fs.72/75vta.).

2º) Que en el sub lite, la intervención de esta Cámara Federal de Casación Penal se encuentra limitada al examen de cuestiones de carácter federal oportunamente invocadas, pues la resolución recurrida ha satisfecho la "doble conformidad judicial" o "doble conforme" o "derecho al recurso" reconocido en el art. 8.2.h de la C.A.D.H. y en el precedente "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", Serie C Nº 107 dictado por la C.I.D.H.; ello, aún respecto de una medida esencialmente provisional, como el encarcelamiento preventivo.

En efecto, las resoluciones que deniegan la excarcelación o la exención de prisión, en tanto restringen la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, resultan equiparables a sentencia definitiva, ya que pueden ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior al afectar un derecho que exige tutela judicial inmediata (Fallos: 280:297; 290:393; 307:359; 308:1631; 310:1835; 310:2245; 311:358; 314:791; 316:1934, entre otros).

Sin embargo, dicho aspecto, por sí sólo, resulta insuficiente para habilitar la jurisdicción de esta Alzada en su carácter de tribunal intermedio conforme la doctrina sentada en los precedentes "Di Nunzio", "Durán Sáenz" y "Piñeiro" (Fallos 328:1108; 328:4551; 333:677, respectivamente), debido a que además debe encontrarse debidamente fundada una cuestión federal, pues la actividad impugnaticia tiene un límite y ante esta instancia, aquel límite en casos como el ventilado en autos, sólo puede ser superado por la debida fundamentación de un agravio de carácter federal.

3º) Que en el caso la asistencia técnica oficial no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que permita hacer excepción a este principio general, toda vez que se han limitado a invocar defectos de motivación en la resolución impugnada a partir de una discrepancia sobre la interpretación de los elementos concretos del caso que el tribunal a quo consideró relevantes para presumir que el imputado podría intentar eludir la acción de la justicia y entorpecer la investigación (art. 319 del C.P.P.N); consideraciones que conducen a esa parte a sostener una opinión diferente respecto de la hermenéutica de la ley adjetiva realizada por el colegiado de la instancia anterior y que remiten a cuestiones que no constituyen carácter federal.

Tal discrepancia, amén de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:262; 314:451) o en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605), supuestos que habilitarían la jurisdicción de este Tribunal.

Sobre el particular, no puede soslayarse que los jueces de la instancia anterior formaron su decisión de rechazar la excarcelación del imputado, atendiendo al especial deber de cuidado para evaluar riesgos procesales en causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad que emana de la jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos (Dictamen del Procurador en la causa "Vigo, Alberto Gabriel" -V.621. XLV- cuyos fundamentos fueron compartidos, en lo pertinente, por la C.S.J.N el 14/11/2010; en similar sentido, C.S.J.N "Pereyra" P.666 -XLV-, del 13/11/2010; "Binotti" B.394 -XLV- del 14/12/10; "Clements" C.412 -XLV- del 14/12/10; "Altamira" A.495 -XLV- del 14/12/10, entre otros), jurisprudencia que no logró ser rebatida en esta instancia.

4º) Que a lo dicho, se agrega que la inteligencia efectuada por el tribunal a quo valorando riesgos procesales a partir de la modalidad de comisión de los hechos que se inspeccionan en autos principales, se encuentra en armonía con la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Dictamen del Sr. Procurador ante la Corte en causa O.83 XLVI, "Otero Eduardo Aroldo s/ causa 12.003", cuyos fundamentos fueron compartidos, en lo pertinente, por nuestro Alto Tribunal el 1/11/2011; en igual sentido, causa D.174 XLVI, "Daer, Juan de Dios s/ causa 11.874", del 1/11/2011).	Por lo expuesto, considero que corresponde declarar inadmisible el recurso de casación deducido por la defensa oficial de Julio Ezequiel Irineo Franciulli a fs.81/94 y tener presente la reserva del caso federal, con costas (artículos 444, 530 y 531 del C.P.P.N).

En mérito de lo expuesto el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto, con costas -arts. 444, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación-.

Regístrese, hágase saber y devuélvase a su procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de remisión.

Fdo: Dres. Eduardo R. Riggi - Liliana E. Catucci - Mariano H. Borinsky. Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin-Secretaria de Cámara.