Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09


SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 48.767 CAUSA N° 2.154 / 2011 SALA IV "ZAPATA MARCELA C/ COTO CIC S.A. S/ DESPIDO" JUZGADO N° 26.

Buenos Aires, 09 DE FEBRERO DE 2012 VISTOS:

El recurso deducido por la parte actora a fs. 164/171 destinado a cuestionar la sentencia interlocutoria definitiva de fs. 156/158 que declara prescripta la acción deducida. A fs. 185 el letrado de la demandada apela los honorarios regulados por considerarlos reducidos.

Y CONSIDERANDO:

I-Que el Sr. Juez "a-quo", de conformidad con el dictamen fiscal, concluye que el reclamo se encuentra prescripto. Rechaza el planteo de inconstitucionalidad del art. 256 LCT; aplica la doctrina del Fallo Plenario Nro. 312 y considera que, en función del cotejo de las fechas en que la actora inició el reclamo ante el SECLO y presentó la demanda transcurrieron treinta meses y diecisiete días por lo que el planteo de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 24635 resulta abstracto pues aun cuando se considerase que interrumpe el plazo prescriptivo, de todas maneras la acción se encuentra prescripta.

II- Que la parte actora se agravia de que no haya sido tratado el pedido de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 24.635 así como que se haya aplicado el fallo plenario "Martínez". Efectúa una serie de consideraciones acerca del alcance de la etapa conciliatoria obligatoria y manifiesta que el trámite ante el SECLO ".importa una "interpelación" en los términos del Código Civil susceptible de suspender por un año el curso de la prescripción". Luego agrega que se trata de un reclamo ante la autoridad administrativa por lo que no advierte que existan diferencias sustanciales con el art. 257 LCT y agrega a fs. 166 que ".el efecto de esta presentación debería ser la interrupción del plazo prescriptivo." Menciona el art. 9 LCT y la interpretación restrictiva que cabe asignarle al instituto de la prescripción. Más adelante, en el punto 3 dice que la actuación ante el SECLO suspendió por un año el plazo ".sin mengua de haber tenido también aptitud para interrumpirla hasta el 15 de septiembre de 2008".

III-Que, de la lectura del escrito recursivo resulta que, lo que pretende el apelante, es que al mismo acto: reclamo ante el SECLO, se le asigne dos efectos del instituto de la prescripción: el suspensivo y el interruptivo. Repárese en que insiste en considerar que suspende por un año el plazo de prescripción desde que fue iniciado el trámite administrativo y por un año pero que, a su vez, dicho reclamo posee efecto interruptivo. Al respecto cabe observar que se trata de dos supuestos distintos, ambos con el fin de alterar el curso de la prescripción. Aunque en el caso de la suspensión esta mira hacia el futuro, sin tocar el pasado: impide que la prescripción comenzada continúe corriendo mientras persiste la causa que la suspendió, mientras que la interrupción, por el contrario, tiene su campo de acción sobre el pasado, al que destruye sin extender su acción sobre el porvenir (ver, al respecto, Código Civil dirigido por A. Bueres, Ed. Hammurabi, T. 6B, pag. 632 y sgts.). Así las cosas, o tiene efecto suspensivo o tiene efecto interruptivo un determinado acto, sin que corresponda darle ambos efectos simultáneos como pretende el apelante, intentando aplicar al inicio de las actuaciones ante el SECLO, el art. 3986, segundo párrafo, del Código Civil y el art. 257 LCT.

IV-Que, sentado lo expuesto, la parte actora se agravia de la falta de tratamiento en la resolución anterior, de la impugnación constitucional al art. 7 de la ley 24.635, la que gira en torno al efecto "suspensivo" y no interruptivo asignado por la norma al inicio del trámite ante el SECLO. Sin embargo, tal como lo señala el Magistrado de grado, aun cuando se le asignara este último efecto al inicio del trámite administrativo, la acción deducida se encuentra prescripta, lo que justifica lo resuelto por el Dr. Candal de considerar abstracto el planteo constitucional. Repárese en que de tomarse como fecha de inicio del cómputo de la prescripción aquella en la que se le depositó la liquidación final: 08/02/2008 resulta que el reclamo ante el SECLO fue incoado el 23/07/2008 por lo que, aun de entender que se interrumpió por el plazo de seis meses, la demanda fue iniciada vencido los dos años previstos en el art. 256 LCT (el 9 de febrero de 2011).	V-Que el apelante también cuestiona la aplicación de la doctrina del fallo plenario "Martínez" pues aduce que el inicio del trámite administrativo debe encuadrarse en el supuesto del art. 3986 segundo párrafo del Código Civil y por ende suspender por un año el plazo prescriptivo. Más allá de que resulta obligatoria la doctrina del plenario conforme art. 303 del CPCC, lo cierto es que este Tribunal comparte lo expuesto por el Fiscal General ante esta Cámara en el dictamen que obra a fs. 191 en cuanto considera que ".el inicio del reclamo ante el SECLO no puede considerarse como un supuesto de constitución en mora en los términos descriptos (por el art. 3986 CC) por lo que la incidencia que, en el curso prescriptivo, ocasionaría tal trámite no se funda en la aludida norma del derecho común sino en una de igual jerarquía sancionada con posterioridad y aplicable sólo en la disciplina laboral.", lo que obsta a darle el alcance pretendido por el recurrente.	VI-Que, por las razones expuestas, y tal como lo señala la Sra. Fiscal General Adjunta ante esta Cámara en el dictamen que obra a fs. 192, la acción deducida se encuentra prescripta (art. 256 LCT).

VII- La parte actora se agravia de la imposición de costas en el punto III de su memorial pero no cumple con las exigencias del art. 116 LO pues no efectúa una crítica concreta y razonada de la decisión adoptada en la anterior etapa al respecto, lo que justifica declarar la deserción de este aspecto del recurso. Los honorarios apelados a fs. 171 y fs. 185, teniendo en consideración las labores desarrolladas por los profesionales de autos y las pautas arancelarias vigentes (art. 38 LO, ley 21839 y 24432) lucen adecuados, razón por la cual corresponde su confirmación.

VIII- Las costas, en la Alzada, en atención a las particularidades de la causa, se imponen por el orden causado (art. 68 CPCC), regulando los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por su actuación en primera instancia.

Por lo expresado, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la resolución de grado que declara la prescripción de la acción deducida, 2) Costas y honorarios conforme lo establecido en el cons. VII y VIII.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. HÉCTOR C. GUISADO	SILVIA E. PINTO VARELA	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria