Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-25


Poder Judicial de la Nación Juz. 1 Sec. 1 Causa n° 900/08 "PETRILLI JORGE OVIDIO RAMON c/ BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO y otro s/ habeas data (art. 43 C.N.)" Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.

Y VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por la demandada y fundado a fs. 174/177vta., cuyo traslado fue contestado a fs. 185/186vta.; y el recurso de apelación articulado por la actora y fundado a fs. 180/182vta., cuyo traslado no mereció respuesta,ambos contra la sentencia de fs. 172/173, y CONSIDERANDO:

I. El magistrado de la anterior instancia hizo lugar a la demanda de habeas data (art. 43 de la C.N.) interpuesta por el señor Jorge Ovidio Ramón Petrilli.

En consecuencia, con fundamento en el "derecho al olvido" previsto por el art. 26. inc. 4, de la ley 25.326, condenó al Banco Credicoop Cooperativo Limitado a que procediera a excluirlo de la base datos de Central de Deudores Financieros que lleva el Banco Central de la República Argentina, con costas a su cargo.

Contra ese pronunciamiento se alzó la demandada, cuyos agravios lucen a fs. 174/177vta., que merecieron la réplica de su contraria de fs. 185/186vta.

II. El agravio sustancial esgrimido por el demandado, es que resulta improcedente el "derecho al olvido" de un deudor confeso. Asimismo, se agravia de la imposición de las costas.

III. No es ocioso recordar que el accionante expuso en su demanda que, con fecha 16 de agosto de 2007, obtuvo un informe de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, mediante el cual se le anotició como deudor del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, por la suma de $1.200, en situación 5 (irrecuperable). A raíz del intercambio espistolar con la accionada, ésta le informó de la existencia de un supuesto préstamo instrumentado mediante un pagaré de fecha 14 de septiembre de 1999. También se le expresó que había entrado en mora el 14 de mayo de 2001, y que no correspondía ningún tipo de rectificación de la información cuestionada. Es por ello, que atento haber transcurrido en exceso los plazos previstos por el art. 26, inc. 4, de la ley 25.326, ya que se trataba de una información de una antigüedad superior a los cinco años previstos por la norma, tenía derecho a ejercer el llamado "derecho al olvido" previsto por la normativa citada y que se excluyera de las bases de datos la información histórica que no era correcta.

IV. Debe señalarse que el art. 26, inc. 4, de la ley 25.326, ha establecido que -en lo atinente a la prestación de servicios de información crediticia-: "sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económica-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho".

Añádese que el decreto 1558/2001 -reglamentario de la ley de protección de datos personales- en su art. 26, inc. 3, dispone que: "para apreciar la solvencia económica-financiera de una persona, conforme lo establecido en el art. 26, inc. 4, de la ley 25.326, se tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de CINCO (5) años, éstos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible.

Si el deudor acredita que la última información disponible coincide con la extinción de la deuda, el plazo se reducirá a DOS (2) años. Para los datos de cumplimiento sin mora no operará plazo alguno para la eliminación".

V. Esta legislación consagra el denominado "derecho al olvido", que ha sido definido por la doctrina como el principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un determinado lapso desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado (conf. esta Sala, doctrina de la causa 501/04 del 22-5-07 y Gozaíni, Osvaldo Alfredo, "El Derecho de Amparo. Los nuevos derechos y garantías del art. 43 de la Constitución Nacional", Depalma, Buenos Aires, 1995, p. 186).

En otros términos, ello implica la facultad de las personas de exigir que las entidades informantes eliminen de sus registros datos que, aún siendo exactos, sean de vieja data (conf. Wetzler Malbrán, Germán, "Algunos aspectos de la información crediticia", L.L., 2002-F, p. 1386).

Esta problemática ha sido abordada en antecedentes jurisprudenciales favorables al particular afectado. Así, esta Sala en las causas 501/04, "Guariniello, Guillermo José c/Organización Veraz SA s/habeas data (art. 43 C.N.), del 22 de mayo de 2007; 686/05, "Rivero, Atilio Fernando c/Organización Veraz SA y otro s/habeas data (art. 43 C.N.) y 8296/03, "Nápoli, Carlos Alberto c/Citibank NA s/habeas data (art. 43 C.N.)", ambas del 3 de noviembre de 2005, ha reconocido la caducidad de los datos basándose en el "derecho al olvido" y en la arbitrariedad de la negativa a suprimirlo (v., en el mismo sentido, CNFed. Cont. Adm., Sala V, causa 7104/01 del 12 de diciembre de 2001; y Sala III, causa 17.446/04 del 26 de septiembre de 2005; Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 91, causa "Falcionelli, E.P. c/Organización Veraz SA s/amparo-sumarísimo", del 5 de marzo de 1996, comentado en J.A., 1997-I-33).

VI. En conclusión, teniendo en cuenta el momento en que se habría originado la deuda (2001), su mantenimiento en la base de datos de la demandada resulta contraria a derecho debido a que excede los plazos que establece el art. 26, inc. 4, de la ley 25.326. En consecuencia, corresponde acoger la demanda y confirmar la sentencia apelada.

VII. Agravia a la actora la decisión de primera instancia, en cuanto no hizo lugar a su petición de supresión de la información histórica que obraba en las empresas de bases de datos privados, porque no habían sido parte en estas actuaciones. Alega que la información cuestionada va a perdurar, a menos que se condene a la demandada a que tome los recaudos necesarios para suprimir la información que ella mismo generó. Aduce que la resolución resulta disvaliosa, porque se verá obligado a dirigir tantas demandas de habeas data contra cada una de las empresas de informes comerciales, que nutren sus bases con la información difundida por el BCRA.

Que el agravio merece recepción favorable, pues parece razonable que la parte que originó la información inexacta, tome los recaudos necesarios para suprimir la información cuestionada, máxime que las bases de datos se encuentran interconectadas.

Por lo tanto, la demandada deberá tomar las previsiones necesarias para suprimir la información histórica referente al actor en las empresas de bases de datos privados.

Asimismo, conforme lo establece el art. 43 de la ley 25.326, la sentencia deberá ser comunicada al organismo de control, tal como lo solicitó el accionante.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: modificar la sentencia apelada, en los términos que surgen del considerando VII, y confirmarla en todo lo demás que fue materia de agravio. Las costas de ambas instancias se impone al demandado vencido, ya que no se advierte mérito para apartarse para el principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal).

Teniendo en cuenta el mérito, extensión y eficacia de la labor desarrollada, la naturaleza de la presente causa y el interés disputado, se confirma los honorarios de los doctores Manuel Pardi y Carlos César Massolo (arts. 1, 3, 6, 7, 9 y 36, de la ley 21.839, reformada por la ley 24.432).

Por la gestión profesional desarrollada en la alzada, se regula los honorarios correspondientes a los doctores Manuel Pardi y Carlos César Massolo, en las sumas de pesos DOSCIENTOS ($ 200) y pesos CIENTO CINCUENTA ($ 150), respectivamente (conf. arts. 14 y concordantes del arancel).

El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo - Graciela Medina.