Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-05


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa nº 3.944/13/CA2 "M.L. c/ OSDE s/ otros" Buenos Aires, 5de junio de 2014.

Y VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 223, concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 224, contra la resolución de fs. 210/211 y ampliación de fs. 215, que fuera fundado a fs. 285/287 vta. y que mereciera la réplica de la contraria a fs. 290/311vta., y CONSIDERANDO:

I. El señor Juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el actor y en consecuencia ordenó a OSDE que diera cobertura integral del 100% del tratamiento psicoterapéutico y medicación necesaria para el tratamiento de la enfermedad que padece, contra la presentación de una certificación médica actualizada. Asimismo, difirió para el momento del dictado de la sentencia definitiva lo relativo al tratamiento con médicos prestadores de la obra social por considerar que no contaba con elementos de juicio suficientes para decidir un cambio de profesional médico (v. fs. 210/211).

Sin perjuicio de ello, a fs. 215 amplió la medida cautelar dictada y otorgó la cobertura integral de las prácticas odontológicas que requirió el actor en su escrito de fs. 212/214, ello con la presentación de una certificación profesional actualizada.

Tal decisorio fue apelado por la demandada quien se agravia -únicamente- de que el a-quo no haya hecho mérito de la normativa que expresa que las obras sociales deben satisfacer el tratamiento requerido a través de los prestadores contratados. Seguidamente, arguye que en ningún momento el actor intentó realizar el tratamiento con los profesionales que la obra social puso a su disposición, sino que desde un comienzo accedió a su cobertura a través del sistema de reintegros a valores reconocidos en su plan.

II. El señor L.M. inició la presente acción de amparo contra OSDE a fin de obtener la cobertura total del tratamiento de la patología que lo afecta, según la indicación de la médica psiquiatra que lo asiste (cfr. copias a fs. 1/46).

Así las cosas, es de destacar que de la documentación que obra en sobre reservado y que en este momento se tiene a la vista, surge que el señor L.M. se encuentra afiliado al plan de la demandada, tiene 27 años de edad y padece de "trastorno obsesivo compulsivo- TDAH" y de acuerdo a lo prescripto por su médica tratante requiere medicación psiquiátrica y sesiones de psicoterapia, ayuda estratégica y control psicofarmacológico.

III. En este orden de ideas, es menester recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, Ley Suprema), reafirma el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y destaca la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (conf. Fallos: 323:3229).

En tales condiciones, considerando que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, y ponderando que únicamente se encuentra discutido si la demandada debe brindar la prestación de tratamiento psicoterapéutico requerido con la profesional que actualmente lo asiste, se advierte que resulta aplicable al presente caso la ley 26.567 cuyo objeto es "reconocer la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional".

En este sentido, en su artículo 7° establece entre los derechos de las personas con padecimiento mental "el de recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud".

Ahora bien, del análisis de las presentes actuaciones y de las quejas esgrimidas en su memorial de agravios -y por sobre todo teniendo en cuenta el limitado marco cognoscitivo- se advierte que la demandada no cumplió acabadamente con la modalidad de abordaje al tratamiento establecido en el capítulo V de la Ley de Salud Mental, y el cual consiste en poner a disposición del afiliado un tratamiento "interdisciplinario e intersectorial respetando la cercanía de la atención al lugar donde vive la persona y la garantía de continuidad de la atención en aquellos servicios adecuados y que sean de preferencia de la persona" (v. art. 9 inc. a) y b) del decreto 603/2013, reglamentario de la ley 26.657) En función de lo manifestado precedentemente, la medida cautelar decretada por el señor Juez de primera instancia es la solución que, de acuerdo con lo indicado por el médico tratante, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas 22.354/95 del 2/6/95, 53.078/95 del 18/4/96, 1251/97 del 18/12/97, 436/99 del 8/6/99, 7208/98 del 4/11/99, 53/01 del 15/2/01 y 2038/03 del 10/7/03, entre otras; en igual sentido, C.S. Mendoza, Sala I, del 1/3/93 y C. Fed. La Plata, Sala 3, del 8/5/200, ED del 5/9/2000); por lo menos, hasta que se dicte la sentencia definitiva. Por las consideraciones expuestas en párrafos anteriores, SE RESUELVE: confirmar la resolución en cuanto ha sido materia de agravios. Las costas se imponen a la recurrente vencida.

"Hágase saber a los letrados que en las causas en las que se haya interpuesto recurso de apelación o de queja por apelación denegada a partir del 18.11.2013 deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de la ley las sucesivas resoluciones y providencias del tribunal (Acordada CSJN n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13".

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo-Graciela Medina-Guillermo Alberto Antelo