Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-07


"AUTOMOVILES SAN JORGE SA CONTRA GCBA SOBRE MEDIDA CAUTELAR" , EXPTE: EXP 15315 / 1 Buenos Aires, de abril de 2006. Y VISTOS: Estos autos, para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 261 -fundado a fs. 263/264, cuyo traslado no fue contestado por la demandada-, contra la sentencia obrante a fs. 257/260 que no hizo lugar a la medida cautelar solicitada. La Sra. Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 268/270 propiciando rechazar el recurso de apelación. VOTO DEL DR. HORACIO G. CORTI: I.- La parte actora solicitó -en el marco de una demanda de impugnación de acto administrativo- una medida cautelar de suspensión de la ejecución de los siguientes actos administrativos o, en su defecto, la medida cautelar de no innovar, contra: 1) la resolución nº 3324/DGR/2003 del 25 de setiembre de 2003, 2) la resolución nº 499/SHyF/2000 del 23 de marzo de 2000 y 3) todo acto o hecho administrativo posterior a la resolución nº 3324/DGR/2003, cuyo objeto sea la cristalización, ejecución o efectivización del contenido de aquella y, especialmente, la posibilidad cierta de que la Administración emita certificado/s de deuda por las supuestas diferencias en concepto de Ingresos Brutos y la multa impuesta, mediante el cual se intente ejecutar al actor. A su vez, para el caso de que se haya emitido el/los certificado/s de deuda solicita se ordene a la administración a suspender cualquier curso o impulso administrativo o judicial tendiente a la ejecución de tales instrumentos; en particular, requie re que se haga extensiva la medida cautelar peticionada a la ejecución fiscal nº 733241/04, cuyos autos son "GCBA c/ Automóviles San Jorge S.A. s/ Ejecución Fiscal - Ingresos Brutos". La resolución administrativa impugnada (nº 3324/DGR/2003) fue dictada en un procedimiento de determinación de oficio del impuesto a los Ingresos Brutos (período fiscal 1999 - anticipos 9 y 12-, y 2000 -anticipos 1 a 5 y 7 a 11-), y por medio de ella se impuso una sanción de multa por omisión. La discusión se centra, esencialmente, en si los importes incluidos en el rubro "Plan Canje" forman parte de la base imponible del impuesto a los Ingresos Brutos. Cabe destacar que la resolución citada precedentemente fue puesto en crisis mediante recurso de reconsideración -que fue desestimado por medio de la resolución nº 844/DGR/2004- y jerárquico -que fue rechazado por resolución nº 3084/ShyF/2004. El Gobierno de la Ciudad -contrariamente- sostuvo en el acto administrativo impugnado que, en virtud de lo establecido en la resolución nº 4 99/SHyF/2000, en las ventas realizadas bajo el sistema denominado "Plan Canje", la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos es el precio real de venta incluyendo la bonificación al comprador que prevé dicho sistema (vid. fs. 113). La Sra. Jueza de grado denegó la medida cautelar. Para así fallar, sostuvo que el acto impugnado se basó en la resolución citada en el párrafo precedente, que es consecuencia de un pedido efectuado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) tendiente a que se dicte una resolución interpretativa respecto de la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos en el "Plan Canje". Con tal sustento, la a quo señaló que no se encuentra acreditado prima facie que el criterio de la Secretaría de Hacienda y Finanzas pueda ser calificado de ilegítimo o contradictorio con respecto al régimen establecido por el Código Fiscal vigente al momento de liquidarse el impuesto. Además agregó que, por un lado, el Poder Ejecutivo Nacional no cal ificó -en los decretos nº 35/99 y 397/99- al bono allí previsto como un subsidio o subvención, por lo que, en principio, no se encuentra excluido de la base imponible. Por el otro, señala que dicho bono tampoco parece encuandrarse en las deducciones previstas en el art. 155 del Código Fiscal (T.O. 1999) que habla de devoluciones, bonificaciones y descuentos efectivamente acordados, toda vez que el porcentaje del descuento, sólo en un pequeño porcentaje es soportado por la concesionaria. Con respecto al peligro en la demora, la jueza de primera instancia destacó que la accionante cuenta con recursos suficientes para afrontar el posible pago de la deuda, ya que de los balances acompañados se desprende que ya se ha efectuado la previsión necesaria para abonarla y, aún así, el ejercicio arroja un resultado positivo de $ 671.492,98 (cf. fs. 148). Finalmente, en cuanto a la multa, decidió que no resulta necesario solicitar una medida cautelar, toda vez que el Gobierno se encuentra inhabilitado para iniciar su ejecu ción, en virtud de lo dispuesto por el art. 450 del CCAyT. II.- En este caso particular es pertinente poner de relieve, en primer lugar, que el juicio de ejecución fiscal nº 733241 -por medio del que se pretende cobrar la supuesta deuda originada en la determinación tributaria y la multa cuya suspensión se solicita por medio de esta acción- tramita ante el mismo Juzgado y Secretaría que el expediente que nos ocupa (EXP nº 15315/1), circunstancia que asegura el conocimiento de las constancias de ambos expedientes por parte de la jueza interviniente y la unidad de criterio en la resolución de estos litigios. En segundo lugar, la a quo -que aceptó la conexidad de ambas causas (el juicio ejecutivo y el expediente por el que tramita la cautelar)- decidió tener presente lo peticionado en la demanda ejecutiva "para una vez resuelto lo solicitado en los autos conexos "Automóviles San Jorge S.A. c/ GCBA s/ medida cautelar" (EXP 15314/1)" (sic.-a fs. 5, punto II-), es decir, el juicio de ejecución fiscal se encuentra s uspendido a resultas de lo que se decida en la presente causa. III. De la reseña de los hechos se desprende que la actora solicitó una medida cautelar de suspensión de los actos administrativos que dieron lugar a una supuesta deuda en concepto de ingresos brutos y multa por omisión, suspensión que se requirió hacer extensiva al proceso de ejecución fiscal iniciado previamente por el Gobierno, con el objeto de percibir las sumas que surgen de la determinación tributaria y multa cuyo cuestionamiento es objeto de esta acción. IV. Ahora bien, el análisis debe circunscribirse a la medida cautelar requerida respecto de la determinación tributaria, ya que la cuestión referida a la multa no fue motivo de apelación. V.- En relación a las medidas cautelares, esta Sala ha dicho que las mismas han sido concebidas como un medio tendiente a impedir que el tiempo que insuma el proceso torne ilusorio el eventual reconocimiento del derecho cuya protección jurisdiccional se pretende (arg. 177 CCAyT; esta Sala in re "Rubiolo Ad riana Delia y otros c/ GCBA s/ Amparo, Expte. Nº 7, resolución del 28/12/00; id., "Yosifides, Ileana c/ GCBA s/ Amparo s/ incid. Art. 226 CCAyT -recurso deducido por las codemandadas-", Expte. Nº 45/00; id., "Carrizo Atanasio Ramón c/ GCBA s/ Medida cautelar", Expte. Nº 161/00). En lo que se refiere a los requisitos de su procedencia, corresponde señalar que en el proceso contencioso administrativo la doctrina, la jurisprudencia y la legislación han exigido tradicionalmente como recaudos de admisibilidad la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público, sin perjuicio de la complementaria fijación de una contracautela (esta Sala, in re "rubiolo Adriana delia y otros c/ GCBA s/ Amparo", expte. Nº 7; "carrizo, Atanasio Ramón c/ GCBA s/ medida cautelar", expte. Nº 161/00; "Salariato, Osvaldo c/ GCBA s/ Impugnación de actos administrativos s/ incidente de apelación - medida cautelar", expte.. nº 1607/01; "Casa Abe S.A. c/ GCBA s/Acción meramente declarativa (art 277 CCAy T) s/ Incidente apelación contra resolución de fs. 108/9 y aclaratoria de fs. 119", expte. 271, entre muchos otros precedentes). Estos requisitos fueron receptados y regulados, con sus peculiaridades, en la ley procesal local. Así, el art. 177, CCAyT, establece que las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión del acto administrativo impugnado, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción. El art. 177 agrega que aquel que tuviera fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, este pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueran más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas. A su vez, con particular referencia a la suspensión de actos administrativos, la jurisprudencia nacional ha coincidido, en general, en requerir la concurrencia de dos presupuestos específicos: la existencia de perjuicios graves o irreparables y que la medida no afecte el interés público (conf. Bosch, Juan, "Acerca de la suspensión de los efectos del acto administrativo", LL, 1996-D-1226). En este sentido: CSJN, Fallos, 307:2267; 314:1209; CNFed. Cont. Adm., Sala IV, 13/7/1991, "Metalúrgica Bellucci S.A. c/ YPF"; Id., Sala I, 6/6/1990, "CAS TV SA y otras c/ Estado Nacional"; Id., Sala II, 9/4/1992, "Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago c/ BCRA"; id., ala III, "Baiter SA c/ Estado nacional", ED, 107-420. Conforme el art. 189, CCAyT, la procedencia de la medida suspensiva requiere como presupuesto ineludible que la ejecución o cumplimiento del hecho, acto o contrato administrativo causare o pudiera causar graves daños al administrado -siempre que de la suspensión no resultare un grave perjuicio para el interés público-, o bien que ese hecho, acto o contrato ostentare una ilegalidad manifies ta o su ejecución tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión (arg. incs. 1º y 2º). VI.- Expuesto lo anterior, es dable adelantar, con respecto a la suspensión de los efectos de la determinación tributaria, que, en mi opinión, corresponde conceder la tutela solicitada. En efecto, cabe señalar que el decreto nº 397/99 (modificatorio del art. 2º del decreto nº 35/99), en su art. 1º, dispone que "Las operaciones de compraventa de automóviles, utilitarios, camiones, chasis con cabina y chasis para ómnibus, carrozados o no, todos ellos de fabricación nacional, que se realicen bajo el presente régimen obtendrán un descuento del 20% sobre el precio de venta al público del automotor cero kilómetro (0 km), sin impuestos, siempre que el monto resultante no exceda de pesos tres mil ($ 3.000) en automóviles y en utilitarios con capacidad de carga menor a 800 kg. En el caso de vehículos utilitarios con capacidad de carga de 800 kg y hasta 5000 kg se aplicará el mismo procedimiento siempre que el monto r esultante no exceda de pesos cuatro mil ($ 4.000) y en el caso de camiones, chasis con cabina y chasis para ómnibus carrozados o no, se aplicará el mismo criterio siempre que el monto resultante no exceda de pesos doce mil ($ 12.000)". Por su parte, el código fiscal (t.o. 1999 -y cc. de años posteriores-) vigente durante los períodos reclamados, determina que "No integran la base imponible, los siguientes conceptos... 2) Los importes que constituyen reintegro de capital en los casos de depósitos, préstamos, créditos, descuentos, adelantos y toda otra operación de tipo financiero, así como sus renovaciones, repeticiones, prórrogas, esperas u otras facilidades, cualquiera sea su modalidad o forma de instrumentación adoptada". A su vez, el mismo artículo excluye de la base imponible "...4) Los subsidios y subvenciones que otorgue el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". Conforme surge de las normas analizadas, puede debatirse, al menos en principio, si la deuda que dio lugar a estos actuad os puede ser definida como un descuento o un subsidio concedido por el Gobierno Nacional. Dada, por un lado, la caracterización formal de "descuento" que el decreto nº 35/99 modificado por el decreto nº 397/99 efectuó respecto de las sumas aquí reclamadas o su naturaleza en principio de subsidio y, por el otro, la no inclusión de los montos que son definidos como "descuentos" o "subsidios" dentro de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que impone la normativa fiscal vigente, corresponde concluir que se configura en la especie, dicho esto con la provisionalidad propia de las medidas cautelares, la verosimilitud del derecho alegado por la recurrente. Establecido ello, corresponde señalar que, tal como lo ha puesto de relieve anteriormente esta Cámara, los requisitos de procedencia de las medidas cautelares se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño, e inversamente cuando existe el riesgo de un daño extremo e irrep arable el rigor del fumus se debe atemperar (esta Sala, in re "Ticketec Argentina S.A. c/ GCBA", resolución del 17/7/01; Sala II in re "Tecno Sudamericana S.A. c/ GCBA s/ Impugnación de actos administrativos", resolución del 23/5/01). Así las cosas, atento lo expuesto en los considerandos precedentes respecto de la verosimilitud del derecho, no resulta necesario expedirse con relación la peligro en la demora. VII.- Por último, cabe referirse a la contracautela. Al respecto, vale recordar que ésta ha sido caracterizada como una verdadera cautela tomada contra quien pide una medida precautoria, de modo de asegurar al demandado la efectividad del resarcimiento de los perjuicios que le ocasione aquélla si ha sido trabada sin razón (Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1999, t. 1, págs. 714 y 715). Si bien el CCAyT, al regular las medidas cautelares, no contempla genéricamente este requisito, él se desprende de todos modos de la propia naturaleza de estas medidas, no debiendo olvidarse que su imposición tiende a resguardar la igualdad de las partes en el proceso (Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado, concordado y comentado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, t. II, pág. 249). Por otra parte, el artículo 207 inc. 4º del CCAyT regula un caso particular de aplicación de la contracautela, y también se refiere a ella el artículo 6, segundo párrafo, de la ley 7, todo lo cual permite inferir la procedencia de su fijación, en general, en materia de medidas cautelares (esta Sala, "SAC Sociedad anónima cinematográfica c/ GCBA s/ Acción meramente declarativa", EXPTE. nº 883, del 19/7/01). Sentado lo que antecede, cabe puntualizar que la contracautela debe guardar relación con la eventual responsabilidad del solicitante de la medida, razón por la cual, al momento de su fijación, debe el juzgador analizar no sólo la presencia de los presupuestos genéricos de la medida ordenada, sino además la magnitud del menoscabo patrimonial que a la postre puede derivarse de ella (Fenochietto, op. cit., t. 1, pág. 716). Asimismo, no debe perderse de vista el mandato legislativo -enraizado en el derecho de defensa en juicio que garantizan los artículos 18 de la Constitución Nacional y 13 inc. 3 de la Constitución de la Ciudad- de conformidad con el cual no pueden exigirse fianzas, cauciones o contracautelas que tornen ilusorio el derecho que se pretende hacer valer (artículo 6, segundo párrafo, de la ley 7). Evaluada la situación planteada en autos a la luz de las pautas que anteceden y teniendo en cuenta la entidad de la materia debatida, este Tribunal considera razonable fijar una caución real de pesos ciento noventa mil ($ 190.000). VIII.- Por último, estimo necesario destacar que no resulta aplicable al sub lite la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia en la causa "Deheza SACIF s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" (Expte. Nº 3415/04) en "Deheza SACIF c/ GCBA s/ impugnación de actos admi nistrativos, del 16/3/05), toda vez que en el presente caso, el juicio ejecutivo y la medida cautelar tramitan ante el mismo juez de primera instancia, circunstancia que impide sostener que el dictado de la medida cautelar importa extender de manera ilegítima los límites de la jurisdicción de un juez a expensas de otro, lo que no puede ser admitido. VOTO DEL DR. CARLOS BALBIN I.- Adhiero al voto de mi colega preopinante. Empero considero necesario efectuar las siguientes aclaraciones. II.- Ante todo, es dable advertir que el análisis debe circunscribirse a la medida cautelar requerida respecto de la determinación tributaria, ya que la cuestión referida a la multa no fue motivo de apelación. III.- Sentado lo anterior, corresponde señalar que si bien, en este caso particular, el Gobierno de la Ciudad ha iniciado un juicio de ejecución fiscal con anterioridad a esta acción (esto es, el 30/12/2004), dicha proceso está siendo sustanciado ante el mismo juzgado y secretaría que el presente. Dicha circunstancia (tram itación de ambas causas ante el mismo juzgado y secretaría) torna inaplicable la doctrina según la cual, al haber sido promovida la ejecución fiscal tendiente a obtener el cobro de los importes motivo de la controversia, la medida cautelar resulta improcedente toda vez que ello importaría una indebida intromisión por parte de un juez en la potestad jurisdiccional que constitucionalmente corresponde a otros magistrados, habiéndose decidido que un juez no tiene imperio para imponer una medida cautelar respecto de otro. Cabe resaltar que, en el supuesto de autos, no se configura la citada intromisión, dado que ambas causas han sido asignadas al mismo juzgado y secretaría y, por ello, la doctrina transcripta -como ya se dijo- no resulta aplicable al sub lite. III.- En virtud de lo expuesto y, toda vez que comparto los argumentos brindados por mi colega, Dr. Horacio Corti, corresponde conceder la medida cautelar solicitada respecto de la determinación tributaria. VOTO DEL DR. ESTEBAN CENTANARO: 1.- Adhiero al rela to de los hechos y constancias de la causa efectuado en los considerandos I a IV del voto del Dr. Horacio G. Corti. 2.- Al respecto cabe recordar que el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé como medida cautelar específica la suspensión del acto administrativo en los siguientes términos: cuando la ejecución o cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo pudiere causar graves daños al administrado, el tribunal, a pedido de aquél, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; y cuando el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. A su vez el citado artículo, in fine, prevé que la autoridad administrativa correspondiente puede solicitar el levantamiento de la suspensión en cualquier estado del trám ite. 3.- En virtud de lo expuesto, se advierte que el Código local regula de forma separada del resto de las cautelares la medida de suspensión del acto administrativo, la cual posee regulación específica en el artículo 189 citado. Ello, sin perjuicio de la aplicación analógica de la normativa vigente en materia de medidas cautelares, la cual procederá sólo ante vacíos legales y no por subsidiareidad (Conf. Cassagne, Juan Carlos, Las medidas cautelares en el Contencioso Administrativo, La Ley, 28.03.2001). 4.- Ahora bien, en el sub examine, se presenta una situación particular. Ante todo, resulta sumamente importante el hecho de que ambos expedientes se encuentran radicados ante el mismo juzgado -tal como corresponde, por otra parte, en razón de la conexidad-. En consecuencia, nada impide que la jueza, ante una petición seria y fundada del ejecutado y evaluando las particularidades del caso, suspenda la ejecución (doctrina del art. 139, último párrafo, CCAyT), en ejercicio de sus potestades para dirigir el pr oceso (art. 27, inc. 5, CCAyT) y a fin de preservar los efectos de la averiguación de la verdad jurídica objetiva (arg. art. 29, inc. 2, CCAyT) -esto es, asegurar la efectiva utilidad de la sentencia de mérito- que, dadas sus peculiaridades procesales, no tendrá lugar en la ejecución sino en el juicio de conocimiento. 5. Es dable señalar, a mayor abundamiento, que las cuestiones traídas a conocimiento de este Tribunal revisten complejidad, toda vez que su resolución exige desentrañar el carácter que cabe darle al contrato que tiene fundamento en el bono denominado "Plan Canje", a los fines de determinar si tal bono integra o no la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, al menos, en este estado embrionario del proceso Nótese que, la operatoria del sistema consistía en la entrega por parte de los titulares de un vehículo de su dominio a los concesionarios oficiales de las terminales automotrices adheridas al sistema. Dicha operación permitía obtener un descuento del 20% sobre el precio al públic o de los automóviles 0 km siempre que el monto exceda los $ 3.000; $ 4000 (en el caso de utilitarios con capacidad de carga de hasta 2000 kg.) y $ 12.000 (para camiones, chasis con cabina y chasis para ómnibus carrozados o no) -art. 2º, decr. 35/99-. El descuento que las concesionarias oficiales debían realizar, les permitía obtener un bono emitido por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, por un valor equivalente al 50% del descuento efectivamente realizado. Dicho bono podía ser utilizado por los concesionarios o por las terminales automotrices para el pago de impuestos nacionales (art. 5º, decr. 35/99 y arts. 1º y 2º, decr. 208/99). A su vez, el art. 2º del decr. 35/99 fue modificado por el decr. 397/99 que quedó redactado de la siguiente forma: "Las operaciones de compraventa de automóviles, utilitarios, camiones, chasis con cabina y chasis para ómnibus carrozados o no, todos ellos de fabricación nacional, que se realicen bajo el presente ré gimen obtendrán un descuento del 20% sobre el precio de venta al público del automotor 0 km, sin impuestos, siempre que el monto resultante no exceda los $ 3000 en automóviles y en utilitarios con capacidad de carga menor a 800 kg. En el caso de vehículos utilitarios con capacidad de carga de 800 kg y hasta 5000 kg se aplicará el mismo procedimiento siempre que el monto resultante no exceda de $ 4000 y en el caso de camiones, chasis con cabina y chasis para ómnibus carrozados o no, se aplicará el mismo criterio siempre que el monto resultante no exceda de $ 12.000". Por su parte, el art. 2º del decreto 397/99 determinó que durante el plazo de 120 días desde la entrada en vigencia de la norma, los descuentos señalados en el artículo anterios serían de $ 4000; $ 6000 y $ 18.000, respectivamente según las tres categorías de vehículos enunciadas. El art. 3º dispuso "El aporte del sector privado automotriz se mantendrá en el 50% de los importes previstos en el art. 1º del presente y la diferencia entre ese importe y el fijado en el art. 2º del presente estará a cargo del Estado Nacional, que lo hará efectivo mediante la entrega del bono previsto en el art. 5º del decreto nº 35799, modificado por los artículos 1º y 2º del decreto nº 208/99". Descripto marco normativo, en principio, aplicable, corresponde poner de relieve que el artículo 1436 del Código Civil establece: Si el crédito fuese cedido por otra cosa con valor en sí o por otro derecho creditorio, la cesión será juzgada por la disposición sobre el contrato de permutación, que no fueren modificadas en este título. Pareciera claro que la diferencia se da por el objeto; en la permuta, al igual que en la compra y venta son las cosas, a tenor de lo normado por los Artículos 1327 y 1491 del Código Civil, mientras que la cesión recae sobre derechos de conformidad por el art. 1444 de la misma legislación. Vale recordar, a tal fin, que el art. 1327 expresamente dice que "Pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de loa contratos, aunque sean cosas futuras, s iempre que su enajenación no sea prohibida" y, por su lado, el art. 1444 reza: "Todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción sobre una cosa que se encuentra en el comercio, pueden ser cedidos, a menos que la causa no sea contraria a alguna prohibición expresa o implícita de la ley, o al título mismo del crédito". Por otro lado, cabe traer a colación el art. 1447 que establece que "Los derechos sobre cosas futuras, como los frutos naturales o civiles de un inmueble, pueden igualmente ser cedidos con anticipación". Surge una duda interpretativa con relación a lo normado por el Artículo 1447 del Código Civil que permite ceder los derechos sobre cosas futuras, como los frutos naturales, con la posibilidad de permutar las cosas futuras previstas por el ya mencionado Artículo 1327 de la misma legislación, previsto para la venta pero aplicable al cambio por el citado 1491 de aquélla. Obviamente habrá que determinar cuándo se puede permutar la cosa futura por otro objeto material y cuándo ceder la misma. A nues tro modo de ver, si se es poseedor de la cosa productora de frutos, estamos dentro del dominio de la permuta, mas si sólo se tiene un derecho a la mencionada cosa o a sus frutos, estamos dentro de la órbita de la cesión. Sentado lo anterior, surge la semejanza de la materia analizada con el "trueque de crédito fiduciario". Este contrato, que tanto auge pragmático ha cobrado en la actualidad, puede definirse como "un contrato atípico, en virtud del cual dos (2) personas previamente asociadas a una institución privada no gubernamental (nodo) se obligan: la una, a entregar una cosa mueble o servicio determinado o determinable, para recibir de la otra un título particular representativo de un crédito a su favor, destinado a la adquisición de otra cosa o servicio que satisfaga su necesidad o interés" (cf. Paredi, Gabriel y Mendy, Gastón. "Contrato de Trueque" Trabajo Ganador de un certamen académico organizado por el Instituto de Derecho Civil de l aFacultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Plata, publi cado en DJ 2003-3). Si bien similar en cuanto al intercambio, se diferencia de la permuta primeramente, por el restringido ámbito témporo-espacial en el que se aplica, pues requiere la previa asociación a una institución privada no gubernamental, denominada "nodo", dentro de la cual se desarrolla; luego, por ser un negocio "trilateral" - conformado por tres partes - : las dos primeras celebrarían una transacción consistente en el intercambio de una cosa o servicio, por un crédito, que no concluye hasta que se cumpla la modalidad consistente en que la adquirente del título de crédito efectúe una nueva operación con una tercera persona, para adquirir otra cosa o servicio que satisfaga su necesidad e interés. Aclaramos que la finalidad de asociarse a los nodos es siempre la de adquirir una cosa mueble o servicio, no un crédito, de lo que se desprende la amplitud de su objeto, que no sólo abarca la prestación de dar, típica de la permuta, sino que se extiende a la categoría de las denominadas obligaciones de hace r (pj: asesoramiento jurídico, asistencia médica, peluquería, etc.), aunque no es aplicable a los inmuebles. Por último, si bien comparte la naturaleza de contrato de cambio de la permuta, incluye, al mismo tiempo, la función de crédito. Ante la súbita aparición de este contrato y la ausencia de regulación específica huelga decir que el mismo deberá ser objeto de estudios particulares para ser correctamente abordado. 6.- Sin duda, la cuestión revista suma complejidad y por ello su análisis excede el marco de una medida cautelar, es decir, requiere de un mayor debate. 7.- Idéntica conclusión cabe efectuar respecto de la suspensión de la resolución nº 499/00 cuya declaración de inconstitucionalidad la actora también solicita. Al respecto, corresponde recordar que, conforme la jurisprudencia de la Corte, la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio del ordenamiento jurídico, de allí que sea necesario verificar acabadamente la efectiva confrontación entre la norma inferior y la Constitución, circunst ancia que excede el marco de la medida cautelar y debe ser objeto de un debate más profundo. De acuerdo a lo señalado, la eventual verosimilitud que pudiera resultar de los argumentos vertidos por la parte actora se muestra insuficiente -en este estado preliminar del proceso y con las constancias obrantes en la causa- 8.- A ello debe agregarse que tampoco la demandante ha podido acreditar la existencia de peligro en la demora, ya que como bien señala la magistrada en la sentencia recurrida -argumento que no ha sido motivo de agravio-, la actora cuenta con fondos suficientes para afrontar el pago de las sumas supuestamente adeudadas, circunstancia que surge de la documental anejada a fs. 155 (balance anual). Allí se observa que -pese a haberse efectuado una previsión suficiente para responder a la suma de $ 424.077,49- el ejercicio anual sigue arrojando saldo favorable ($ 671.492,98 -fs. 148-). Este Tribunal ha sostenido de manera reiterada que los requisitos de procedencia de las medidas cautelares se encuent ran de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño, e inversamente, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor del fumus se debe atemperar (esta Sala, in re "Ticketec Argentina S.A. c/ G.C.B.A.", resolución del 17/7/01, entre otros; Sala II, in re "Tecno Sudamericana S.A. c/ G.C.B.A. s/ Impugnación de actos administrativos", resolución del 23/5/01, entre otros). Ahora bien, las consideraciones efectuadas ut supra en torno a la verosimilitud del derecho (consid. V) hubieran exigido una argumentación sólida tendiente a demostrar la concurrencia del peligro en la demora, recaudo que no se encuentra reunido en este caso. 9.- Por último, estimo necesario destacar que no resulta aplicable al sub lite la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia en la causa "Deheza SACIF s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" (Expte. Nº 3415/04) en "Deheza SACIF c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos, del 16/3/05) , toda vez que en el presente caso, el juicio ejecutivo y la medida cautelar tramitan ante el mismo juez de primera instancia, circunstancia que impide sostener que el dictado de la medida cautelar importa extender de manera ilegítima los límites de la jurisdicción de un juez a expensas de otro, lo que no puede ser admitido. Por todo lo expuesto, oída la Sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar al recurso de apelación incoado en lo que respecta a la medida cautelar requerida en relación a la determinación del tributo, previa caución real de pesos ciento noventa mil ($ 190.000). Sin costas atento no haber mediado contradicción. Regístrese, Notifíquese al Ministerio Público en su despacho. Devuélvase. Encomiéndase al juzgado el cumplimiento de las notificaciones pertinentes, conjuntamente con la providencia que haga saber la devolución de los autos.