Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-02


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 2 de 2006.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión planteada el doctor Eduardo M. Martinez Alvarez, dijo I ANTECEDENTES DE HECHO La sentencia de primera instancia obrante a fojas 250-254 hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Miriam Beatriz Bassi contra "Faxte S.A." con motivo del accidente de tránsito ocurrido el día 5 de Agosto de 1996. En consecuencia, condenó a los accionados al pago de una suma de dinero con más sus intereses y las costas del proceso. Hizo extensiva la condena a "Omega Cooperativa de Seguros Limitada" en su carácter de aseguradora citada en garantía.

Contra el referido pronunciamiento se alza la actora expresando agravios a fojas 281-282, (escrito que no mereció contestación de la contraparte).

Se agravia en primer lugar respecto a la suma fijada sobre el rubro "incapacidad física", argumentando que la misma resulta irrisoria teniendo en cuenta la incapacidad que le produjo el accidente de autos, motivo por el cual solicita la oportuna elevación en esta instancia.

Asimismo, se queja del monto fijado en concepto de "incapacidad psíquica", manifestando que el mismo, -a su entender- se encuentra lejos de constituir una reparación integral del daño sufrido.

Por último, dirige su queja en cuanto al justiprecio efectuado sobre el rubro "daño moral". Entiende que el mismo debería ser elevado, teniendo en cuenta que como consecuencia del accidente debió utilizar collar de Philadelphia durante un mes y medio; por ello solicita la oportuna elevación en la presente instancia.

II FUNDAMENTOS DE DERECHO 2.1. En primer término, cabe resaltar, que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222;265:301; 272:225, etc.). En su mérito no habré de seguir a los recurrentes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que sean conducentes para decidir este conflicto.

Asimismo en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611), por lo tanto me inclinaré por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama "jurídicamente relevantes" (su ob."Proceso y Derecho Procesal", Aguilar, Madrid, 1960, pág 971, párrafo 1527) o "singularmente trascendentes" como los denomina Calamandrei (su trab., "La génesis lógica de la sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso civil", págs. 369 y ss.).

2.2. Antes de entrar en el análisis de los agravios vertidos en la especie, debe tenerse en cuenta (como lo he sostenido en reiterados pronunciamientos paralelamente con el criterio que sustenta nuestra Corte Suprema), que una adecuada reflexión sobre la vasta fórmula utilizada en el artículo 1068 del Código Civil -en concordancia con el artículo 1079- permite concluir que es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la obligación de reparar el daño causado y que tal noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecta en forma cierta a otro, a su patrimonio, a su persona, a sus derechos o facultades. Es decir, el concepto jurídico de daño, salvo restricciones queridas por el legislador, abarca la protección de todo interés no reprobado por la ley (cfr. causa 45733, Navarrete, M. R. y Díaz, E. c/ Estado Nacional, en E.D. 157-581 y nota al fallo de Bustamante Alsina).

Por lo demás, para que el daño sea resarcible ha de ser cierto porque, de lo contrario, tendría lugar un enriquecimiento sin causa, a expensas del responsable y debe ser propio o personal del accionante.

Pese a que nuestro derecho sustantivo no lo define expresamente, al daño debe conceptuárselo en sentido amplio como la lesión a intereses amparados por el ordenamiento, cuyo trascendido se evidencia en la minoración de valores económicos (daño patrimonial) o en alteraciones desfavorables en el espíritu (daño moral) -cf. Bueres, Alberto J. "El daño injusto y la licitud e ilicitud de la conducta", en "Derecho de daños", Homenaje al Profesor Jorge Mosset Iturraspe, Ediciones La Rocca, 1989.- A iguales efectos, también debe estar en cierta relación causal jurídicamente relevante con el hecho generador, cuestión que concierne a la causalidad (cfr. Alterini, A.A.: "Requisitos del daño resarcible", en "Temas de responsabilidad civil", Ed. Ciudad Argentina, F.D.C.S., 1995, p. 116/9).

2.3 Cuestiona la accionante la suma fijada en concepto del rubro "incapacidad sobreviniente" dos mil pesos ($ 2.000). Por las razones que paso a desarrollar, la misma tendrá favorable acogida en esta instancia.

Con respecto a este nocimiento, cabe dejar sentado -primeramente- que por incapacidad se entiende la falta de salud derivada de un hecho ilícito, debiéndose constatar -a los fines indemnizatorios- la naturaleza y la entidad del interés lesionado. En la incapacidad sobreviniente, cualquiera hubiera sido la entidad de la dolencia que derivó del suceso, lo significativo para la integración de la cuenta resarcitoria es determinar las secuelas subsistentes (CNCiv, Sala C, 23/12/97 "Baranelli, Ana M. c/Expreso Caraza SA (línea 188) s/daños y perjuicios; cfr. "Derecho de Daños en Accidentes de Tránsito", de Hernán Daray, Tomo 2, pág. 6).

Ahora bien, en el caso de autos, debe tenerse en cuenta que en materia de procesos de daños y perjuicios la prueba pericial resulta de particular trascendencia en lo que se refiere a la existencia y entidad de las lesiones por las que se reclama. El informe del experto no es una mera apreciación sobre la materia del litigio sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (C.N.Civ. esta Sala, en autos "Manrique, María Mercedes c/ Loianno, Daniel Angel s/ Daños y Perjuicios", expte. libre nº 112.426/00 del 23/4/04).

Por lo demás, la función de la prueba pericial es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de los cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. No será el perito quien defina el pleito, pero es indudable que, fundando debidamente su informe, tiene mayor peso y envergadura. La mera opinión de los litigantes no puede prevalecer sobre sus conclusiones, en especial si se advierte que no hay argumentos valederos para demostrar que éstas fueron irrazonables (cfr. mi voto, en autos "Nakkache Christian Andrés c/ Tortora Jorge Alfredo s/ Daños y Perjuicios", expte. libre nº 18.197/00 del 7/5/04).

Asimismo, la jurisprudencia, con criterio que comparto ha establecido que para fijar el monto indemnizatorio por la incapacidad derivada de un accidente, debe estarse al prudente arbitrio judicial. El órgano jurisdiccional apreciará así la trascendencia de las lesiones sufridas, la aptitud para futuros trabajos, al igual que la edad de la víctima, su actividad, condición social, estado civil, trabajos cumplidos, situación económico social de la unidad familiar, cantidad de personas a cargo del afectado, etc. (cf. CN Civ., esta Sala, noviembre 7-968, E.D., 25-428; it. ídem mayo 9-972, E.D., 43-740, Sala E, L. 59585 del 30-4-90; it. ídem marzo 23-961; E.D. 1-58; ídem it. L. 77594 del 26-3-91, entre muchos otros).

Ahora bien, tanto el doctor Juan Carlos Flaherty (fs. 168-173), como el doctor Juan Carlos Badaracco (fs. 179-180), integrantes del Cuerpo Médico Forense, han sido categóricos al dictaminar que Miriam Beatriz Bassi presenta, al momento de la peritación "...una limitación discreta de la movilidad de la columna cervical, lo cual le genera una incapacidad parcial y permanente del 5% de la T.O...". Del mismo modo, debe considerarse la edad de la víctima (29 años al momento del accidente), así como también ponderarse las restantes condiciones personales de la víctima y del hecho y la índole de la lesión sufrida, detalladas en los informes periciales mencionados ut supra (a los que corresponde valorar de conformidad con el art. 477 del rito).

Por lo tanto, ponderando todo ello en su conjunto y si mi criterio resulta compartido, propicio indemnizar el nocimiento en análisis en la suma de seis mil pesos ($6.000).

2.4 Como dijera anteriormente, la accionante se agravia respecto al justiprecio efectuado sobre el rubro "daño moral" mil pesos ($1.000). Cabe adelantar que la misma tendrá favorable acogida en esta instancia, con el alcance que "infra" expondré.

Con respecto al daño moral la Sala que integro participa del criterio que lo aprehende con amplitud al considerar que este perjuicio no queda reducido al clásico "pretium doloris" (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.) sino que a más de ello, apunta a toda lesión e intereses (jurídicos) del espíritu cuyo trasunto sean unas alteraciones desfavorables en las capacidades del individuo de sentir "lato sensu", de querer y de entender (cfr. Pizarro, Ramón Daniel, "Reflexiones en torno al daño moral y su reparación", en J.A. 1986-111-902 y 903; Zavala de González Matilde, "El concepto de daño moral", J.A., 985-I-727 a 732).

Este daño, que se encuentra específicamente contemplado en el artículo 1078 del Código Civil para aquellos supuestos en que deriva de la producción de un hecho ilícito, contempla las lesiones como causa de dolores y diversos malestares físicos y psíquicos que afectan la seguridad personal de la damnificada, y todo tipo de padecimientos de esa índole que resulten como consecuencia natural del hecho, a tal punto que la jurisprudencia ha relevado a la víctima de la prueba de los mismos (cfr. Stiglitz, Gabriel A. y Echevesti, Carlos A., en "Responsabilidad Civil", dir. Mosset Iturraspe, Jorge, p. 250); es decir, para resarcir el daño moral no es exigible prueba acabada del padecimiento, sino que basta la acreditación de las circunstancias que rodearon al hecho y que permitan inferir la existencia y extensión (CNCiv, Sala C, 11/7/96, "Saucedo, Dardo J. y otros c/Rodríguez, Armando y otro s/daños y perjuicios"; cfr. "Derecho de Daños en Accidentes de Tránsito", de Hernán Daray, Tomo 2, pág. 217). La fijación de su importe es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, a los padecimientos experimentados, es decir, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de los reclamantes y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador (CNCiv, Sala H, 27/12/99, "Tukic, Marcelo M. c/Cía. de Ómnibus Maipú SRL s/daños y perjuicios; cfr. "Derecho de Daños en Accidentes de Tránsito", de Hernán Daray, Tomo 2, pág. 212).

En lo que respecta a la faz psicológica de la accionante, cabe destacar que de acuerdo al informe efectuado por el Cuerpo Médico Forense, la accionante "...padece un síndrome depresivo reactivo que puede estar relacionado con el evento de autos, lo cual le ocasiona una incapacidad parcial y permanente del 5% de la T.O...".

Puntualizado ello y a partir del carácter resarcitorio que le asiste al daño moral, pues desempeña la función de satisfacer un perjuicio que no es mensurable con exactitud (cfr. Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría Gral. de la Responsabilidad Civil", Bs. As., 1989, pág.179 y ss; Cazeaux Pedro N. y Trigo Represas, F. A., "Derecho de Obligaciones", La Plata, 1969, T. I., pág. 251 y ss.), y en vista de la gravedad objetiva y demás circunstancias del caso y de la damnificada como ser - se trata de una persona de 29 años de edad al momento del hecho, de estado civil casada, analista de sistemas, que como consecuencia del accidente debió utilizar un cuello ortopédico durante más de un mes, etc.-, propongo elevar la suma fijada en la anterior instancia a la de pesos cuatro mil quinientos ($4.500) -suma comprensiva del daño psicológico-.

2.5. Cuestiona la accionante la suma fijada en concepto del rubro "daño psicológico" ($1.300).

En cuanto al daño psíquico, oportuno es señalar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de expedirse en el sentido de que carece de autonomía ya que puede tener proyecciones -potencialmente- en el daño material o en el daño espiritual (cfr. Zavala de González, Matilde "Daños a la persona, Integridad psicofísica, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1990, pág. 225; esta Sala, con el voto del distinguido Dr. Alberto Bueres, "Marino de Lombardo Lucía c/ APS s/ Sumario", L. 50234, del 27/12/89, entre otros).

Conforme los fundamentos del anterior acápite es que ya se ha ponderado al tratar el rubro "daño moral" (considerando 2.4.) la incidencia que las secuelas psicológicas ha ocasionado en la faz espiritual de la señora Bassi, no correspondiendo suma alguna por este daño con carácter autónomo, toda vez que la acreditada lesión psíquica ya ha sido ponderada precedentemente.

2.6. Las costas de la alzada se imponen a la demandada vencida y a su citada en garantía (Omega Cooperativa de Seguros Limitada), en virtud del principio objetivo de la derrota en juicio (art. 68 del rito) y de que aquellas en el proceso de daños integran la indemnización.

III RESULTADO DE LA REVISIÓN En suma, por las consideraciones efectuadas, circunstancias de hecho relatadas y razones de derecho citadas, voto por la afirmativa y propongo al Acuerdo: 1) tener por decisión lo expresado en los considerandos precedentes; 2) modificar la sentencia apelada en lo atinente al rubro "incapacidad sobreviniente", partida que prosperará por la suma de seis mil pesos ($ 6.000); 3) modificarla respecto al rubro "daño psicológico", partida por la que no prosperará suma alguna en forma autónoma; 4) modificarla también respecto al nocimiento "daño moral", partida que prosperará por la suma de cuatro mil quinientos pesos ($ 4.500) -suma comprensiva del daño psicológico-. Las costas de alzada se imponen a la demandada vencida (art. 68 del CPCCN) y porque aquéllas en el proceso de daños integran la indemnización Así lo voto.

Los señores jueces de Cámara doctores Sánchez y Mercante, por análogas razones a las aducidas por el señor juez de Cámara doctor Martínez Alvarez, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el Acuerdo que antecede, se tiene por decisión lo expresado en los considerandos precedentes y se modifica la sentencia apelada en lo atinente al rubro "incapacidad sobreviniente", partida que prospera por la suma de seis mil pesos ($ 6.000). Se la modifica también respecto a los rubros "daño psicológico", partida por la que no prospera suma alguna en forma autónoma y respecto al nocimiento "daño moral", partida que prospera por la suma de cuatro mil quinientos pesos ($ 4.500)- suma comprensiva del daño psicológico-. Las costas de alzada se imponen a la demandada vencida (art. 68 del CPCCN).

En cuanto a los honorarios debemos adecuarlos al contenido de este pronunciamiento (conf. art. 279 del CPCC), y regular los correspondientes a los profesionales intervinientes por sus actuaciones en esta instancia. Lo haremos en términos porcentuales como lo decidimos desde el día 18-10-05 al dictar sentencia en los autos "Fernández Héctor C. y ot. c/ Imagen Satelital S.A. s/Prop. intelectual ley 11.723. Ordinario", expte. nº 128.206/98.- En consecuencia y teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados en autos, etapas cumplidas, lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 11, 33, 37, 38 y 39 del arancel y ley modificatoria 24.432, y artículo 21 inc. 3) del decreto 91/98, se fija en el dieciocho por ciento (18%) del monto definitivo del proceso la retribución de los doctores D. E. O. y P. M., en conjunto, en el trece por ciento (13%) la de los doctores S. F. T., R. G. M. y J. P. E., en conjunto y en el tres por ciento (3%) por el incidente resuelto a fojas 142, y en la suma de seiscientos pesos ($ 600) la de la mediadora doctora S. N. J. de S..

Por la actuación en esta alzada se fija en el treinta por ciento (30%) del honorario que corresponda por la intervención en la instancia de grado, la retribución del letrado apoderado de la parte actora (art. 14, ley de arancel 21.839). Notifíquese y devuélvase. -Domingo A. Mercante. -Diego C. Sánchez. -Eduardo M. Martínez Alvarez.