Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-26


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 26 días del mes de abril del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Fernando Nahuelanca y asistencia del señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y de la señora Jueza de Cámara Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "A. P. DEL PUERTO DE C. R. c/ C. A. P.S.A. s/ ORDINARIO (cobro de pesos)", expte. nro. 16.094/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (expte. nro. 71//03), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 649), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dr. Julio Antonio Alexandre y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 586/596? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo apelado y los agravios.

1.a. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por la A. P. de C. R., en todas sus partes, y condenó a C. A. P. S.A. a pagarle la suma de pesos cincuenta y ocho mil seiscientos treinta y uno con treinta y tres centavos con más los intereses calculados a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la constitución en mora ocurrida con la notificación de la demanda; impuso las costas a la demandada vencida y reguló los honorarios profesionales.

El crédito reconocido se originó por los servicios portuarios a las cargas de petróleo exportado por la empresa condenada.

1.b. Las partes recurrieron la decisión. La demandada a fs. 598; el letrado apoderado de la actora por la participación acordada y por propio derecho interpuso recurso contra la regulación de honorarios por considerarlos bajos -fs. 599/600- y contra la distribución de los mismos -601-. El consultor técnico apeló la regulación de honorarios efectuada a su favor por baja. Los recursos fueron concedidos a fs. 602 y el último a fs. 614. 1.c. La actora y su letrado apoderado -por propio derecho- fundaron su impugnación a fs. 623, la misma tuvo como único objeto la distribución de honorarios. Critica la suma fijada por considerar que ha mediado una irrazonable valoración de los trabajos efectivamente efectuados. Detalla los mismos y con base en ellos concluye que los honorarios fijados a los otros letrados que han actuado en representación de la actora no pueden superar el 10% de los que a él le corresponden.

La demandada fundó el recurso a fs. 624/638, individualizando cinco agravios. Los dos primeros se vinculan con los fundamentos del fallo; concretamente se impugna la invocación de la doctrina de los propios actos y la afirmación del juez respecto a la falta de oposición de la excepción de falta de legitimación. Los restantes versan sobre aspectos no tratados del fallo: la desnaturalización del principio de reserva de la ley tributaria; el mecánico rechazo del argumento relativo a la violación de las leyes de coparticipación federal, 24.093, Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento, ley 24307, Pacto Fiscal de Hidrocarburos, cláusula de comercio interprovincial de la Constitución de la Nación (art. 75 inc. 13) y por último la falta de configuración del hecho imponible a su respecto.

Ratifica la reserva del caso federal y pide la revocación total del fallo.

2. Tratamiento de los agravios.

2.a. El recurso de la demandada.

Ha señalado la demandada, en el punto 30 de su memoria que, en el fallo, no se dio tratamiento a la cuestión central de su planteo: la constitucionalidad del inciso b) del artículo 11 de la ley 3755 que otorga a las A P la facultad de establecer las tarifas, tasas, precios y cánones por la prestación de servicios y utilización de la instalaciones portuarias y anexas.

Asiste razón a la recurrente en la calificación de tal cuestión como central. En efecto, no puede soslayarse que la defensa de la demandada nos remite a la vigencia misma de la Constitución; va de suyo entonces su trascendencia. Incluso, tal como lo he dicho en anteriores pronunciamientos, el control que la parte ha propuesto debe ser hecho aun de oficio por los jueces (art. 11 de la Constitución de la Provincia del Chubut).

Sabido es que en la Constitución Nacional, se consagra plenamente el principio de reserva de la ley tributaria, al igual que en la de nuestra provincia. Ello desde que la exigencia de ley formal material para disciplinar los aspectos sustantivos del Derecho tributario encuentra sustento explícito en la Constitución -arts. 52, 75 incs. 1 y 2- y ésta por una clara diferenciación entre el poder constituyente y los poderes constituidos reviste el carácter de rígida e inderogable por ley ordinaria (cfr. Casás, José Osvaldo "Derechos y garantías del contribuyente. A partir del principio de reserva de ley tributaria", Ed. Ad hoc, Bs. As., 2002, p. 237).

Ahora bien, la determinación de la constitucionalidad del artículo 11, inciso b de la ley 3755 frente al principio reserva de la ley tributaria exige un paso previo que es la determinación de la naturaleza jurídica de la prestación dineraria que se reclama.

La defensa del recurrente parte de asignar carácter tributario a tal prestación. Concretamente con invocación de calificada doctrina nacional (García Belsunce, Horacio A. "Temas de Derecho Tributario", Abeledo- Perrot, 1982, p. 210), sostuvo que lo pretendido es una tasa, entendida ésta como la contraprestación en dinero que pagan los particulares al Estado u otros entes de derecho público en retribución de un servicio público determinado y divisible. La A. P. negó tal carácter expresamente, incluso al promover la demanda invocó y acompañó copia de la Resolución nº 356/01 del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de la Provincia del Chubut que, en caso idéntico, ha sostenido que nos encontramos frente a un precio y no una tasa, amén de adoptar como vía procesal la ordinaria (cobro de pesos).

Por supuesto este es el quid de la cuestión: para comprobar si es o no aplicable el principio de reserva tributaria debemos examinar la verdadera naturaleza de las prestaciones dinerarias exigidas por la prestación de los servicios portuarios. Desde ya, en tal tarea es indiferente la calificación que el legislador o las partes hayan dado al concepto enjuiciado -en el caso, se ha usado indistintamente el nombre de tasa o tarifa-; lo importante es atender a su verdadera naturaleza jurídica para determinar si estamos o no ante un tributo. Así lo ha señalado la recurrente al contestar la demanda, invocando inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -Fallos 21:498, 289:67 y 318:676-, en tal sentido (fs. 117 pto. 79).

En la sentencia impugnada si bien el tema no fue tratado puntualmente, se han dado argumentos -no impugnados- a partir de los cuales corresponde elaborar los fundamentos que permiten determinar que la prestación dineraria por la utilización del servicio que nos ocupa no reconoce como fundamento el ejercicio del poder tributario del Estado, ergo no es un tasa.

Los referidos fundamentos son tres: la efectiva prestación del servicio por parte de la actora, la regulación legal de los puertos reflejando el proceso de reforma en la materia que es dable sintetizar en las siguientes etapas: privatización, descentralización, provincialización y concesión -punto 5 de fs. 592 vta./593 vta.-. y la calificación de la vinculación entre la partes como una "relación contractual particular" -punto 6 de fs. 593 vta./594. Estos argumentos sirven como punto de partida para examinar los extremos que diferencian a las tasas de los precios. Interesa en primer término el último argumento no impugnado por la parte recurrente. Esto es la calificación del juez de grado de la vinculación de las partes como contractual.

Es que, tal como enseña el profesor Jarach, los tributos como género son obligaciones legales que el Estado o entes públicos descentralizados imponen en virtud de su poder de imperio a todos aquellos respecto a los que se producen los presupuestos de hecho definidos en la ley (autor citado en "Finanzas Públicas y Derecho Tributario", 3º edición Abeledo Perrot, Bs. As. 1999. En el caso, no es posible la inclusión de la prestación dineraria reclamada por la actora a la demandada en tal concepto porque se exige no en virtud de una obligación legal sino de un contrato. Reitero que la calificación de la vinculación de las partes como contractual ha quedado firme conforme lo he explicitado y el examen de los restante hechos comprobados de la causa habilitan, asimismo, tal conclusión. El servicio que el juez de grado señala como efectivamente prestado es el de cargas efectuadas en la Terminal marítima de Caleta Córdova del Puerto de Comodoro Rivadavia. Se trata de un servicio directamente vinculado al transporte marítimo de mercaderías y es público porque satisface una necesidad colectiva; pero no puede ser considerado como un servicio público propio del Estado.

Los servicios públicos han sido clasificados en propios e impropios. "Se sostiene que son propios los que presta o debe prestar el Estado directamente o por concesionario; e impropios, aquellos que tienen de común con los propios el satisfacer en forma más o menos continua necesidades colectivas, pero no es el Estado quien los presta ni los concede, sino que tan sólo los reglamenta" (cfr. Villegas Basavilbaso, "Derecho administrativo", t. III, 1951, ps. 34, 47/49).

La efectiva prestación del servicio de que se trata se comprobó, tal como lo señala en la sentencia impugnada, a partir del informe de la Administración General de Ingresos Públicos que ha controlado los volúmenes de petróleo exportado por la demandada.

El referido informe da cuenta de la característica fundamental de la carga en los puertos argentinos para exportar y es que ella debe hacerse con intervención de la aduana, ante la cual el despachante del consignatario debe depositar el conocimiento que habilita para el despacho. El servicio a las cargas "Comprende el pago correspondiente que deben efectuar las mercaderías, que según su régimen sean pasibles de la prestación de alguno o algunos de los servicios que se enumeran a continuación: Manipuleo, Tracción Ferroviaria, Tráfico de Intercambio y Estacionamiento de Camiones afectados a la carga o descarga en muelles o elevadores terminales, como asimismo la retribución proporcional que les alcanza en compensación de las inversiones que demandan los servicios generales de conservación y mantenimiento de la infraestructura portuaria, como ser servicios y conservación de la red y artefactos de alumbrado público y consumo de energía eléctrica, reparación y construcción de pavimentos y veredas, cercos, verjas, desagües pluviales, cloacales, edificios, útiles, equipos recolección de residuos y limpieza terrestre, pabellones sanitarios de uso público, vigilancia y redes no específicas de servicios de incendio" ("Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias", pto. 24).

Estos extremos enervan la pretensión de falta de prestación concreta (pto. 54, b)).

El financiamiento de este servicio se logra con un precio. Entendido éste como "la suma de dinero que voluntariamente se da como contraprestación por la entrega de un bien, la concesión de su uso, la ejecución de una obra o la prestación de un servicio de naturaleza económica" (Valdés Costa, "Curso de derecho tributario, Introducción. Ingresos Públicos, Montevideo", 1970, t. I, ps. 189, 155/156). Conforme lo expuesto, no concurre en la especie el elemento caracterizador más importante de las tasas que es la actuación estatal vinculante inherente a la soberanía del Estado.

Para discernir cuándo el servicio se vincula a la soberanía estatal se ha recurrido al concepto de necesidades públicas -aquellas que nacen de la vida colectiva y se las satisface mediante la actuación del Estado- y a su distinción en absolutas y relativas. Las primeras son de ineludible satisfacción por el Estado a través de la prestación de servicios públicos esenciales, dan nacimiento al Estado y lo justifican y por lo tanto las únicas inherentes a la soberanía -defensa exterior, el orden interno y la A de justicia-. Las segundas, también denominadas secundarias atañen a la adecuación de la vida comunitaria a los progresos de la civilización y son por lo tanto contingentes y mudables y pueden ser atendidas en forma indirecta con la intervención de particulares, intermediarios o concesionarios (cfr. Villegas, Héctor Belisario "Curso de finanzas, derecho financiero y tributario", 8º edición actualizado y ampliado", Ed. Astrea. Bs. As. 2002, p. 4/7).

Desde la doctrina -citada por el recurrente- se ha visto en esta distinción el criterio que torna precisa la distinción entre tasas y precios; la satisfacción de las necesidades absolutas pueden dar origen a las tasas, en tanto que las de las necesidades relativas pueden fundamentar los precios, agregando que la privatización de los entes que satisfacen este último tipo de necesidades abona esta distinción (cfr. García Vizcaíno, Catalina "Derecho Tributario. Consideraciones Económicas y Jurídicas", Tomo I, Ed. Depalma, Bs.As. 1996, p. 104 y 107).

En este orden de ideas se ha sostenido que: "La 'tasa' es lo que efectivamente paga el usuario por los servicios públicos prestados por el Estado en forma de monopolio de "iure", en tanto que el "precio" sería lo que se paga por los servicios públicos prestados por las empresas públicas en concurrencia con las privadas o con monopolio de "facto" (confr. Villegas Basavilbaso, "Derecho administrativo", t. III, pág. 178 y sgtes.). La tarifa o tasa gradual es aquella que varía por grupos o unidades de consumo y, por último, la tarifa única es aquella que permanece siempre fija, cualesquiera sean las unidades consumidas (confr. Ahumada, G., "Tratado de las finanzas públicas", Ed. Assandri, 1948)". (cfr. Cámara Civ.Com.Fed., Sala 3, autos "C. M. S.A.C.I.F. c/ Gas del Estado s/ Repetición", Causa n° 6759/94 del 09/11/94; eldial - af2390).

En el caso bajo examen, conforme la naturaleza propia de la actividad prestada, no hay dudas que no estamos ante la satisfacción de una necesidad absoluta sino relativa, satisfecha por un ente público no estatal (art. 9 ley 3755), de modo tal que la prestación dineraria por el uso de tal servicio no puede ser considerada una tasa.

También, se ha recurrido al concepto de servicio público impropio para caracterizar la inherencia del servicio a la soberanía estatal, sin perjuicio de reconocer que la definición política sobre lo que es una actividad propia del Estado es cambiante en función del tiempo y del lugar (cfr. Schindel, Angel "Concepto y especie de tributos", en "Tratado de Tributación", Tomo I, Volumen I, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Ed. Astrea, Bs. As. 2003, p. 585/600). Huelga destacar que, incluso bajo esta óptica y conforme lo ya expuesto, es dable sostener que en el caso no estamos ante una tasa, puesto que el servicio hoy no puede ser calificado como propio. Al respecto, adquieren relevancia las argumentaciones -no impugnadas- del juez de grado relativas al proceso de desregularización portuaria, al que ya he referido. Horacio García Belsunce adhiere a esta última postura y, con base en ella ha propuesto la revisión parcial del concepto de tasa. Concretamente ha sostenido que: a) La tasa como especie del género tributo tiene como presupuesto (hecho imponible) exclusivamente un servicio estatal; b) No todo servicio público supone un servicio estatal, pues los servicios públicos impropios son prestados por particulares, por simple reglamentación o permiso sin que impliquen una delegación o concesión; c) El servicio público impropio no es un servicio estatal; d) Como consecuencia de lo afirmado en el apartado anterior, es que propiciamos que se elimine del concepto de la tasa, como presupuesto o hecho imponible de ella, al servicio público en sentido lato o genérico sin distinciones. Sí admitimos, consecuentemente, que pueda incluirse en la definición de la tasa al servicio público propio ("Revisión parcial del concepto de la tasa como especie tributaria", LL, 11/10/2206 en "Periódico Económico Tributario", 2006 noviembre - 361).

La redefinición del concepto de tasa, conforme el eje argumental transcripto, da sustento a la solución que vengo proponiendo.

Por lo tanto, no estamos ante un impuesto, más allá de la utilización indiscriminada del nombre "tasa". En función de su naturaleza y finalidad de aplicación, estamos ante un precio conexo a la idea de gestión de un servicio que satisface necesidades colectivas.

Esta conclusión es determinante en orden a la cuestión central debatida y determina el rechazo de los agravios puesto que los mismos partían de la premisa que las sumas de dinero exigidas por la prestación de los servicios portuarios eran tasas y por lo tanto sujetas al principio de reserva tributaria consagrado por las normas preeminentes de nuestro ordenamiento y violatorias de la ley de coparticipación, del Pacto Federal para el Empleo y la Producción y del Pacto Fiscal para los Hidrocarburos, como así también de la cláusula de comercio interprovincial (art. 75 inciso 13 de la CN).

Por lo expuesto, es conducente para la solución del caso y con base en ello propongo el rechazo de los agravios.

2.b. La apelación de la parte actora.

A fs. 601, la parte actora apeló la sentencia por la distribución de honorarios efectuada entre los letrados que han actuado en su representación. La queja no prosperará porque carece de interés en la revisión.

2.c. La apelación de honorarios por parte del letrado apoderada de la actora, Dr. C. M. Z..

La impugnación del letrado reconoce como sustento la fijación de los honorarios por debajo del mínimo legal. El cotejo del monto de condena integrado conforme la previsión del artículo 6 de la ley arancelaria, la ponderación de las restantes pautas establecidas en la citada norma, la aplicación de las escalas legales contenidas en los artículos 7 y 9, como así también las etapas cumplidas y el tipo de proceso, demuestran que asiste razón al recurrente. Los honorarios fijados en la instancia de grado no respetan las escalas mínimas; por ello, corresponde su íntegra readecuación.

Con base en lo expuesto cuantifico los honorarios correspondientes al Dr. C. M. Z. en la suma de pesos veinte mil.

2.c. El recurso del consultor técnico.

El consultor técnico -Ing. V.- impugna sus honorarios por bajos. Sostiene, además, que la regulación no guarda relación con la efectuada a los peritos designados de oficio.

La queja no tendrá andamiaje por dos motivos, primero porque no han sido vulneradas las escalas legales. Segundo, porque a los efectos de la regulación de honorarios por la actividad profesional, no se le aplican a los consultores técnicos las mismas pautas que a los peritos, sin perjuicio de mantener una correlación con los honorarios de los profesionales intervinientes. Ello es así por cuanto, a diferencia del perito, el consultor técnico reviste el carácter de un verdadero defensor de la parte que lo designara, un símil del abogado, pero limitado a la materia científica o técnica de su especialidad.

Sosteniendo este criterio ha dicho la jurisprudencia que el consultor constituye, referido al aspecto concreto de su actuación, una figura sustancialmente análoga a la del abogado y, por consiguiente, las razones que puede exponer tienen efecto como si proviniesen de la parte misma (F. Carnelutti, "Instituciones del Proceso Civil", traduc, Española, Bs. As. 1973, números 109 y 111; Sala I, causa 2633/96 del 10.9.96 y sus citas; Corte Suprema, sentencia de 23.5.95, en la causa "Magdalena de León L. c/ Osplad", publicada en E.D. 166-411, f. 47.003). Además de ello, la tarea que compete a los consultores técnicos no es igual a la de los peritos, ya que su responsabilidad y cargo resultan diferentes (conf. arts. 458, 459, 461 y ccdtes. del C.P.C.C.N.). Y si bien su retribución debe guardar una razonable proporción con la de los peritos, la calidad de asistentes de las partes impide que se les otorgue un trato regulatorio similar al de aquéllos auxiliares de la justicia (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 3, fallo del 6/4/96 en autos "B., F. y otros c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguros en liquidac. s/ cobro de seguros", elDial - AF2C7C).

Por lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso interpuesto.

3. Costas y honorarios.

Las costas de esta instancia se imponen a la demandada vencida por aplicación del principio objetivo de la derrota. Los honorarios se fijarán valorando las pautas establecidas en el artículo 6 de la ley 4335 y por aplicación de la escala del artículo 14 del mismo ordenamiento. En función de lo expuesto se regulan los mismos a favor del Dr. C. M. Z. en la suma de pesos siete mil doscientos pesos y los correspondientes a los I. F. de las C., F. F. A. y M. A. F. A. en la suma de pesos tres mil.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Propongo la siguiente resolución:

1º) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por la demandada a fs. 590 y por la actora a fs. 599/600 y 601. Confirmar, por los fundamentos expuestos, en lo sustancial la sentencia de primera instancia de fs. 586/596.

2º) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 599/600 por el Dr. C. M. Z. y, en consecuencia, revocar la regulación de honorarios efectuada a su favor, fijando los mismos en la suma de pesos veinte mil.

3º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 613 por el consultor técnico Ing. R. H. V.

4º) Costas de esta instancia a la demandada vencida. Regular los honorarios de esta instancia a favor del Dr. C. M. Z. en la suma de pesos siete mil doscientos y los correspondientes a los I. F. de las C., F. F. A. y M. A. F. A., conjuntamente, en la suma de pesos tres mil.

5º) Tener presente la ratificación de la reserva del caso federal efectuada por la parte demandada a fs. 637 vta.

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que la sentencia de fs. 586/596 por la que se acoge la demanda y se rechazan todos los planteos defensivos de la demandada cargándola, además, en costas, es apelada por la vencida a fs. 598 y a tenor del informe de fs. 624/638, siendo contestada por la accionante a fs. 641/646 vta.

Por ésta última y por derecho propio, el letrado de la accionante a fs. 599/600 vta., apela el modo y el "quantum" de los honorarios fijados, extiende su crítica -de conformidad con la apelación de fs. 601- a fs. 625/625 vta.

Asimismo, apela los honorarios por derecho propio el Consultor Técnico actuante a fs. 613.

Concedidos y superado el examen de admisibilidad formal, afrontado por quien me precede en el sorteo y resultando disvaliosa su mera reiteración, corresponde el tratamiento en el orden propuesto por mi colega preopinante.

El primer agravio de la vencida refiere a la inadecuada aplicación de la "Doctrina de los Actos Propios" al caso de autos ya que no puede incidir en la resolución del conflicto, a los efectos de enervar su planteo de inconstitucionalidad de la normativa invocada por la actora y receptada por el a quo, el hecho de cumplir con las obligaciones impositivas emergentes de la comercialización de petróleo, tal como emerge de las declaraciones juradas que obran en la causa. Tal conducta no importa el reconocimiento de la actividad y uso del servicio que se le atribuye y que generó la obligación que se le reclama.

Se reitera, en este primer punto, que todo lo concerniente al almacenamiento y embarque de petróleo en la zona del puesto de caleta Córdoba le es ajeno y corre por cuenta de T. SA. Ya que ellos solamente se dedican a la explotación y producción del crudo, trasladándolo para su venta mediante oleoductos propios hasta los tanques de almacenamiento de la empresa antes individualizada, quien, a los fines de su trasbordo, a los buques de las empresas compradoras las realiza por medio de la monoboya ubicada en las proximidades del puerto indicado.

En consecuencia, la demandada alega que no recibe servicio alguno que justifique el actual reclamo. En segundo lugar afirman que ninguna consecuencia negativa puede surgir por no haber planteado las defensas procesales que el sentenciante consideraba oponibles, ya que es facultativo para el accionado oponer la excepción de falta de legitimación cuando se intentan otras defensas de fondo como las que han sido opuestas. Sin que lo dicho obste a tal declaración formulada de oficio, ya que es un deber del sentenciante hacerlo a efectos de legitimar su pronunciamiento.

En tercer lugar argumentan que no puede haber tributación sin ley, y tal como lo ha sostenido la CSJN el principio de reserva de la ley tributaria es de rango constitucional. Exige que una ley formal tipifique el hecho que se considere imponible y que constituya la posterior causa de la obligación tributaria. Tales pautas no fueron respetadas por el a quo pese al planteo fundado de inconstitucionalidad de la normativa sobre la que la actora funda su derecho -art. 11, inc. b) de la ley 3755-. Se señalan antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales en abundancia que refieren al tema propuesto.

El cuarto agravio refiere al sucinto tratamiento y rechazo casi en forma mecánica de toda la normativa que se dice violada ya que se le atribuye actividad que realiza en forma exclusiva T. SA.

Por último se afirma y argumenta en cuanto a que se le ha impuesto una condena aún cuando el hecho imponible no comprende a la demandada. Formula, eventualmente, reserva del llamado "caso federal".

Las defensas de fondo intentadas en el inicio de la contiende se refundamentan en la alzada al habérselas desestimado y dicen de ilegitimidad de las normas que sustentan el reclamo de la actora -inconstitucionalidad-, subsidiariamente, inaplicabilidad de las mismas por no comprender el hecho imponible la actividad productiva que desarrolla.

Así, entiendo que la vencida planteó la defensa de falta de acción o con mayor precisión falta de legitimación sustancial activa y de no prosperar la misma, la obligación de considerar la falta de legitimación procesal pasiva, ya que el reclamo debe dirigirse a un tercero, que es quien ha generado tal deuda tributaria (ver v.gr. Víctor De Santo en "El Proceso Civil", Ed. Universidad 1999, t. I, pág. 628, p. B-a-2). La obligación en cuestión, cuyo objeto se aprecia en una suma de dinero, deriva de la contraprestación por servicios portuarios utilizados durante un determinado período por la demandada, impagos pese a las intimaciones cursadas y cuestionada en tanto se ha violado el principio de reserva tributaria al autorizarse el establecimiento y cobro de tasas por el servicio en cuestión. Que la normativa cuestionada -ley 3755 art. 11 inc. b- autoriza a la A. P. a establecer tarifas, tasas, precios y cánones que se determinen por la prestación de servicios o utilización de instalaciones portuarias y anexas, lo que deberá ser homologado por la autoridad de aplicación.

Aquellas defensas, que se reiteran en alzada, obligan a ahondar en la causa de la pretensión y si se entiende que el reclamo, tal como lo comprende la demanda, lo es puntualmente por el cobro de una tasa de servicios, se ingresa a un debate doctrinario y jurisprudencial de difícil solución, basta al efecto un repaso de su naturaleza jurídica (ver v.gr. García Vizcaíno, Catalina en "Derecho Tributario", T. I, Cap. III-A-1 y Cap. IV, 2-4- en LexisNexis - Depalma 8/9/2004 - Citar: Lexis Nº 5604/000880). Entiendo que la demandada convalidó la legitimidad de la accionante en cuanto a su capacidad de establecer contraprestaciones dinerarias por servicios prestados en forma indirecta dentro de área de administración y en consideración a los volúmenes de producción transportados, oponiéndose recién al pago de las facturaciones luego de homologación del cuadro tarifario incrementado, tal como surge de la documental acompañada, dando cuenta de tales circunstancias, e inimpugnada.

Ahora bien, la norma en cuestión razonablemente interpretada puede llevarnos a una solución útil en el caso concreto en razón de sus especiales circunstancias.

Que ante la amplitud ejemplificativa de la norma abarcando un abanico de posibilidades a fin de establecer la contraprestación que de manera genérica se designa como cuadro tarifario, no debió buscarse la causa de la pretensión exclusivamente en el concepto de tasa, como lo hace quien ahora pretende oponerse a su cobro, sino en el más acorde a su naturaleza, congruente al servicio indirecto utilizado y conductas asumidas previamente por las partes.

Tal tema, que involucra de manera especial a los servicios portuarios, ha tenido a nivel de derecho comparado un tratamiento cuasi caótico, basta ver v.gr. el trabajo "Precios públicos: Una nueva figura de ingresos públicos en el Derecho Tributario español", por Carlos Palao Taboada en microjuris.com - Cita: MJD18 o ED, 209-907. De allí la necesidad de calificar jurídicamente el título del cual emana la deuda, ya que el "nomen iuris" utilizado por la demandada no ata al juez, quien debe analizar los hechos descriptos, la pretensión deducida, y juzgar aplicando el principio "iura novit curia" (pautas establecidas v.gr. CS, 15/10/98, "Urteaga, Facundo Raúl c. Estado Nacional -Estado Mayor Conjunto de las FFAA s /amparo ley 16.986").

Ante una norma y una demanda fundada en ella, en la que se utilizan indistintamente nominaciones sin especificación alguna pese a que técnicamente expresan situaciones diferentes e irreconciliables debe tenerse presente que el sentido gramatical de las palabras de la ley, muchas veces, resulta insuficiente para establecer su sentido y alcance. Y es tarea del intérprete aplicar los distintos métodos de los que se vale la ciencia jurídica para desentrañar el significado de la norma.

Es claro que tratándose de una norma que pertenece a un orden jurídico positivo, cualquiera sea el método interpretativo que se escoja, deberá buscarse el sentido de la norma en armonía con el resto del ordenamiento jurídico. Este no puede ser nunca un conjunto de normas aisladas, sino un conjunto de normas que el intérprete sistematice, ordenándolas y armonizándolas a partir de la norma fundamental.

La interpretación de una norma, cualquiera que sea, siempre debe ser sistemática, razón por la cual no puede contrariar las bases y principios en los que se funda el sistema jurídico (ver v.gr. CNFed., Contencioso-administrativo, sala II, 06/11/97 - Damarco, Garzón de Conte Grand, Herrera- Rev. ED, setiembre 11-998, pág.68, n.278).

Lo que aceptaba sin reservas la demandada, previo a la homologación del incremento fue un precio por los servicios portuarios y no una tasa ya que, a no dudar, de conformidad con los argumentos actuales se hubiera opuesto al primer cobro, pero además del indicio que genera tal conducta de ningún modo se puede considerar que la Administración ha exorbitado sus facultades recaudatorias ante los claros principios de reserva impositiva, la mala fe no se presume, esto es, el legislador y la autoridad de aplicación que a lo sumo puede reprocharse ligereza en el modo de expresarse, refirió al un precio calculado por los volúmenes del producto que transitaba por el puerto controlado en todos los aspectos que hacen a la infraestructura y seguridad a todo nivel y el que en parte se sirve también la empresa intermediadora, facilitando la comercialización del producto extraído por la demandada en una de sus etapas (aporta datos de sus capacidad operativa su página de presentación en http://www.shell.com.ar/htm/ empresa/enargent.htm).

Refuerza tal interpretación la distinción doctrinaria que refiere a tales institutos. Así, García Vizcaíno en ob. cit. cuando opina, en postura que comparto, que la tasa es toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige, en virtud de ley, por un servicio o actividad estatal que se particulariza o individualiza en el obligado al pago. Esto es, tal servicio tiene el carácter de divisible, por estar determinado y concretado en relación con los individuos a quienes él atañe (v.gr., administración de justicia). Vale recordar que la expresión "Estado" es tomada en sentido amplio, comprensivo de la Nación, las provincias y las municipalidades. Así, y en tal sentido, se ha resuelto que el principio de reserva de la ley tributaria tiene el rango constitucional que le atribuyen los arts. 4, 17, 52 y 75 inc. 2° de la CN; admite únicamente que el Poder Legislativo, por medio de una norma jurídica con la naturaleza de ley formal, establezca impuestos, contribuciones y tasas (cfr. Fallos: 303:245), preceptos que son categóricos en cuanto prohíben a otro poder que el legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (causas "L. B.", Fallos: 319:3400, consid. 6° y sus citas, y "K.", Fallos: 321:366, consid. 10 y sus citas). En consecuencia el caso de autos no queda comprendido en el concepto de tasa. Pero sí de precio al modo que refiere la doctrina v.gr. Dino Jarach en "Finanzas Públicas y Derechos Tributarios", Ed. Abeledo Perrot 1999, pág. 234 p. 6; García Vizcaíno con cita de Villegas y otros en ob. cit.). Y es que tal como lo señala García Belsunce, Horacio A. en "Revisión parcial del concepto de la tasa como especie tributaria", en: LA LEY 11/10/2006, 1 - PET 2006 (noviembre-361), 1, cuando se trata de una necesidad individual -en el caso empresarial- corresponde por ello un servicio de demanda voluntaria, ese servicio es divisible y su financiamiento se logra a través de un precio. En consecuencia no existe agravio constitucional alguno y la deuda responde a un planteo legítimo y así lo propongo al acuerdo.

Además, desestimado el basamento de ambas defensas y habiendo quedado consentida la sentencia en cuanto a la razonabilidad y monto de lo reclamado, se evitan mayores consideraciones.

La accionante carece de agravios en cuanto al planteo de fs. 601, no así los de su letrado a fs. 599/600 vta., actuando por derecho propio, que por aplicación de las pautas arancelarias de la ley 2200 y 4335 se observa que no han respetado los mínimos allí establecido y coincido en la estimación formulada por mi colega preopinante.

En cuanto a la queja formulada por el consultor técnico, que en razón de su naturaleza jurídica es un asesor técnico de parte y de ningún modo asimilable al perito judicial, el a quo ha resuelto la fijación de sus honorarios de conformidad con las pautas que utilizadas en casos análogos, siendo prudente su estimación; en tal sentido se ha dicho que el consultor técnico constituye una figura claramente diferenciable del perito y análoga a la del abogado, pues si bien brinda a la parte que lo elige un asesoramiento sobre cuestiones de carácter técnico ajenas a la disciplina jurídica, opera en el proceso a la manera de aquél (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K, 10/06/2002, "T., I. y otro c. B. y B., E. L. y otro", DJ 21/08/2002, 1159 - DJ 2002-2, 1159), por lo que corresponde el rechazo de su impugnación.

De conformidad con la opinión vertida, las costas pesan sobre la demandada recurrente y se difiere la regulación de honorarios al momento del acuerdo, en el que se tendrán en cuanta las pautas arancelarias de la normativa señalada en el punto anterior.

Se tiene en cuenta la reserva formulada del llamado "caso federal".

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Habiendo concordado con la opinión de la Dra. Silvia Alonso de Ariet, reitero su fórmula decisoria.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que el Dr. Nahuelanca no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1º) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por la demandada a fs. 590 y por la actora a fs. 599/600 y 601. Confirmar, por los fundamentos expuestos, en lo sustancial la sentencia de primera instancia de fs. 586/596.

2º) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 599/600 por el Dr. C. M. Z. y, en consecuencia, revocar la regulación de honorarios efectuada a su favor, fijando los mismos en la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000).

3º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 613 por el consultor técnico Ing. R. H. V.

4º) Costas de esta instancia a la demandada vencida. Regular los honorarios de esta instancia a favor del Dr. C. M. Z. en la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($7.200) y los correspondientes a los Dres. I. F. de las C., F. F. A. y M. A. F. A., conjuntamente, en la suma de PESOS TRES MIL ($3.000).

5º) Tener presente la ratificación de la reserva del caso federal efectuada por la parte demandada a fs. 637 vta.

6º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara SILVIA N. ALONSO de ARIET - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL Nº 020 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS