marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concejales, LEY DE CONCURSOS, declaración de quiebra, calificación de conducta, fallido
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pérez Peña, Luis A. s/ Mandamus
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-03-06

En el anterior régimen la calificación de la quiebra constituía un pronunciamiento judicial destinado a discriminar si la quiebra era causal, culpable o fraudulenta, importando tal calificación diversas consecuencias jurídicas. La calificación contaba con pautas propias, no totalmente coincidentes con las que regían la responsabilidad penal, y trataba de concretar una responsabilidad civil típica con consecuencias preestablecidas por el legislador. La Ley de Concursos y Quiebras Nro. 24522 -sancionada el 09.08.95- no ha mantenido las calificaciones mencionadas, abandonando el sistema de dualidad sancionadora, unificándolo en el régimen represivo penal. Por ello, la mera invocación de la declaración de quiebra del Concejal, por el Juez en lo Civil y Comercial, sin calificación alguna, es ineficaz para configurar la conducta prevista en el art. 72, inc.7 (inhabilita para ser concejal al fallido fraudulento, no al simple fallido) de la Carta Orgánica Municipal de Cinco Saltos -sancionada cuando regía la ley 19551-, cuando no media declaración de conducta fraudulenta.
Aplicación de la ley, regulación de honorarios, costas
Materia: PENAL
Carátula: PROVISORIA EN: INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS PRESENTADO POR EL DR. RICARDO A. MALDONADO EN EXPTE. N° 38346, EN AUTOS: SITRAJ CORRIENTES c/  s/ DENUNCIA - CAPITAL - EXPTE. 4976 DE T.O.P. 2 PRESENTADO POR EL DR. RICARDO A. MALDONADO EN EXPTE. N° 38346, EN AUTOS: SITRAJ CORRIENTES c/  s/ DENUNCIA - CAPITAL - EXPTE. 4976 DE T.O.P. 2
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-07-29

No resulta de aplicación el ex - art. 505 del C.C., art. 730 del C.C. y C., [...] como limitativo de la cuantía de los emolumentos (honorarios) que se fijen, sino más bien, a la responsabilidad por esas costas. Es solo respecto a este último extremo que el mismo es procedente, sin perjuicio que al realizar la rectificación de la nueva regulación a ser practicada por el magistrado, conforme a los parámetros de este pronunciamiento y a lo detallado en el apartado anterior, al tratar lo referido al segundo y sexto agravio. [...] si al momento de fijar los honorarios se constata la superación del 25%, del monto total de la condena incluido los intereses, el juez en la etapa procesal oportuna, aplicará lo relativo de la referenciada normativa (art. 730 C.C. y C.).
Instrucción, actos y diligencias procesales, pronunciamiento inoficioso, jueces, facultades legislativas
Materia: PENAL
Carátula: CUIÑA, RODOLFO s/ Ley Penal Tributaria y Contrabando,  Inc. de Apelación Causa 31587 -
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-02

1- Los jueces no deben decidir cuestiones abstractas ni hacer interpretaciones de las leyes sino cuando se trata de casos contenciosos existentes o producidos, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos y no hacer declaraciones generales que fijen normas para lo futuro, lo cual es propio del Poder Legislativo.- 2- Estando el proceso en etapa de instrucción sumaria previa al juicio, etapa en cuyo transcurso no se admiten debates (Art. 180 Cód. Prod. en Materia Penal (Ley 2372), la sustanciación de una controversia entre las partes acerca de una cuestión abstracta resulta inoficioso.
Impuestos, pago de tributos, error de hecho (civil), error excusable
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: SAMPAOLI, Denis Alicia s/ REC. DE APELACION-SELLOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

La hipótesis de error excusable es excluyente de toda conducta que sea indicativa de un artificio o engaño dirigido a evitar en todo o en parte el pago del impuesto correspondiente (Fallos:

202:243), siendo relevante -a tal efecto-, atender a la naturaleza del acto o instrumento en relación a la infracción y la conducta desplegada por el infractor.
Emergencia económica, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: METZGER,  Hugo  Alberto  y otros c/ DE LIO, Ricardo Fabián y otro s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-30

Disidencia del Dr. Kiper: Si se han declarado inconstitucionales las leyes de emergencia económica, el mismo temperamento debe seguirse respecto de la ley 26.167, pues si bien en su artículo 17 señala que ". Esta ley se aplicará retroactivamente.", ello debe entenderse en concordancia con lo dispuesto por los artículos 3 del Código Civil y 17 de la Constitución nacional, es decir, en los casos que no altere derechos adquiridos como consecuencia de una ley anterior o de una sentencia firme. En consecuencia si hay sentencia firme la norma es inaplicable porque ya se estableció la forma en que debe ejecutarse la deuda. (Sumario N°20238 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Publicidad de los actos de gobierno, acceso a la información pública, asistencia social
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CIPPEC c/ EN - M° Desarrollo Social - dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-26

Para asegurar la publicidad de los actos de gobierno que caracteriza a un sistema republicano y garantizar el correlativo derecho a la información que asiste a la actora- quien solicita información sobre asignación de subsidios sociales-, no resulta suficiente con dar a conocer las normas que establecieron los programas sociales, las partidas de presupuesto ejecutadas en ese marco o información estadísticamente cuantitativa relativa al número total de los beneficiarios, sino que la publicidad debe atravesar todas las etapas del accionar público y decantar desde la norma general a todo lo que hace a su instrumentación particular ya que solo así es posible prevenir en forma efectiva la configuración de nichos de impunidad.
Obligaciones del empleador, prestación de servicios, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: EXPTE. N° 9763 PEROLIO, ERNESTO RICARDO c/ DERLICH, VICTOR ALFREDO Y OTS. s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-04-28

Todo empleador, sea persona física o jurídica privada o pública que utiliza la actividad de una o más personas en virtud de un contrato o relación de trabajo debe otorgar una prestación eficiente del servicio de seguridad, debiendo contar con los elementos adecuados para que esas tareas no importen poner en peligro su salud. (art.2 in fine ley 19.587).

El art.75 Ley de Contrato de Trabajo constituye una auténtica fuente autónoma de responsabilidad extrasistémica que permite reparar adecuadamente aquellos daños que deriven del incumplimiento del deber de seguridad aunque reconozcan una causa distinta de las contingencias previstas en el art. 6 de la Ley de Riesgos de Trabajo y ello sin plantear la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley 19587.

En consecuencia, se dan los presupuestos para la admisión del reclamo indemnizatorio por la vía del derecho común, en cuanto el basamento fáctico de la demanda y que ocasionara la incapacidad del trabajador, reúne las condiciones para imputar al empleador por incumplimiento del deber primario de respetar la vida y la salud del trabajador.
Contrato de trabajo, contrato de trabajo eventual, entrega del certificado de trabajo, fraude laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Pazzaglini Carlos Darío c/ Sotyl S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-07

En el caso de mediar intermediación fraudulenta, conforme el art. 29 L.C.T. el trabajador será considerado empleado directo de quien utilizara sus servicios, por lo cual ambas empresas, la usuaria y la de servicios eventuales, resultan solidariamente responsables (arg. art. 29, 14, 29 bis, 99 L.C.T.). Dicha solidaridad también incluye la condena a la entrega de los certificados de trabajo y de aportes previsionales, ya que se trata de una obligación que obedece al carácter de empleador directo del trabajador de quien utilizó los servicios del trabajador.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ GRANEL INGENIERIA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO (CSJ EXPTE Nº 472-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-11

Se considera "sentencia definitiva" a aquella decisión que pone fin a la cuestión debatida en el juicio, de modo que la misma no puede ya ser renovada o replanteada en el pleito ni en otro posterior. Es decir, que la definitividad del pronunciamiento apelado radica en que decida de manera final respecto al derecho que pueda asistir a las partes o ponga fin al pleito o decida un punto que después no pueda jurídicamente replantearse.

También se rotulan "definitivas" a aquellas decisiones judiciales que en cualquier etapa del juicio impiden su continuación o a aquéllas que causan un agravio de imposible, deficiente o difícil reparación ulterior.
Llamamiento de autos, actos y diligencias procesales, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: RAMOS JUAN JOSE c/ LR3 RADIO BELGRANO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-10

El planteamiento del apelante en el sentido de que nunca escuchó la grabación es tardío. Debió formularlo antes de consentir el llamamiento de autos para sentencia, que cierra toda discusión (art.

484, Código Procesal).
Resistencia calificada a la autoridad, Poder Ejecutivo, desobediencia a un funcionario público
Materia: PENAL
Carátula: SCUCHARINI, Angel s/ DESOBEDIENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1937-08-13

El hecho de regresar al país, no obstante orden de expulsión dada por el Poder Ejecutivo de la Nación de acuerdo con el art. 2 de la ley 4.144, constituye el delito de desobediencia previsto por el art. 239 del Código Penal.

NOTA:La Ley 4.144 fue derogada por la Ley 14.445. (B.O. 4/7/58).
Herencia, disposición de bienes, personas con capacidad restringida
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: P., M. C. c/  s/ RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD (AC. 19.4.2020 REG. N° 1 EMERGENCIA SANITARIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-05-23

Si el proceso de restricción se articuló con la finalidad de que la beneficiaria pueda acceder a los bienes de una sucesión, aun cuando no corresponda una restricción por no advertirse ningún motivo para ello, resulta adecuado que el MPF sea quien intervenga en el sucesorio como coadyuvante y en resguardo de la beneficiaria, debiendo ilustrar al juez civil de los ajustes razonables que garanticen la participación directa, y como salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles que reciba en dicho proceso, se deberá requerir ante el juez de familia la autorización judicial previa para la realización de actos de disposición o gravamen.
Letra de cambio, pagaré, cláusula de actualización
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDUARDO CAPILLA c/ AE. FILMS  S.R.L. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

Según el principio del CCIV:1047/8, la nulidad de una cláusula no es invocable por quién la insertó. Estos artículos contienen una norma positiva y ética cuya trascendencia se extiende a todas las relaciones patrimoniales; y no cabe argumentar que la letra de cambio está fuera de tal sistema, porque ello implicaría predicar que en una sección del derecho común ha de prevalecer el formulismo sobre la honestidad de los particulares y el "honor de la ley", según concepto usado en la norma del CCIV:3136.

De otro lado, es una notoria irrealidad histórica, que no puede ser empleada como argumento defensivo, el invocar que esa cláusula contradiga la normativa del decreto ley 5965/63:5, luego de haber sido destruída la moneda, alterado el sistema nominalista del código civil y reconstruído pretoriamente todo el régimen de relación privada referido al dinero.

(En el caso se trata de un pagaré continente de cláusula descriptiva de la indexación de su monto a partir de la fecha de su libramiento).
Concursos, efectos entre partes, actos perjudiciales a los acreedores, actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos, acción revocatoria concursal, trámites judiciales, notificación
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Roux-Ocefa SA c/  s/ quiebra s/ incidente de ineficacia promovido por la sindicatura contra savantpharm sa (art. 119 lcq)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-14

La ley 24522 no proporciona un método o forma para que los acreedores presten su conformidad, simplemente exige la LCQ 119, párrafo 3° que debe haber autorización previa de la mayoría del capital quirografario para poder continuar con la acción, sin especificar cuál es la forma de obtener tales autorizaciones. A pesar de la inespecificidad legal, aparece imprescindible que los acreedores sean notificados por un medio que garantice el real y efectivo conocimiento y alcance de la pretensión del funcionario concursal, pudiendo utilizarse, tanto la notificación por cédula, cuando la edictal, o mediante audiencia convocada a tal efecto (conf. dictamen Fiscalía de Cámara n° 77302, del 26/6/97 en autos "Eledar SA s/ quiebra s/ inc. de responsabilidad" que siguió la CNCom, Sala D, 3/7/97). Ciertamente, el objetivo de la norma es que el acreedor sea debidamente informado sobre la pretensión (v. gr. objeto del acto atacado, sujeto demandado, pormenores de hecho y derecho, etc.) y en base a ello preste la autorización, impuesto de las consecuencias que le depararía el rechazo de la acción (cfr. Roitman, H. "Acción de responsabilidad concursal. Autorización previa de los acreedores", DECONOMI AÑO 1. ° 2, íd. Rivera, J. C. Casadio Martinez, C.-Di Tullio, J.- Graziabile, D.J-Ribera, C.E., Derecho Concursal, Ed. LA LEY, Bs.As.2010, t° III, p. 275).
Prueba confesional, confesión ficta, personas jurídicas, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: VIAMOHOTEL  S.A. c/ GALASSO JOSE Y OTROS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-05

Importa un exceso ritual manifiesto, desechado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se forzara una confesión ficta pese a la evidente intención de asumir la representación de una entidad y absolver posiciones. No se puede llevar tan lejos la aplicación del art. 417 del Cód. Procesal en cuanto a la confesión tácita, si se procuró seriamente acreditar la personería para acceder a los estrados judiciales a absolver en nombre de una empresa, de la cual el compareciente era sin duda al menos apoderado judicial. Que se infiera la confesión tácita de las posiciones ante la renuncia de la parte absolvente en allegarse al Tribunal, luce como estrictamente proporcionado a su reticencia, en cambio, mucho tendría de despropósito si así se reaccionara ante certeros y concordantes esfuerzos encaminados a comprobar la reparación, con una sanción desmedida y en esa medida inadmisible.
Defensor, designación de defensor, defensor particular, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Marin Segovia, H. V. s/designa abogado defensor c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-07

- Defensa del imputado.

- Magistrado que rechazó la designación hasta tanto la imputada se encuentre en el país y a disposición del Tribunal.

- Vocal Lucero: Emisión de una orden de captura nacional e internacional que no puede suponer conculcar el derecho de la imputada a optar por ser defendida por un abogado de su confianza (artículos 104 y 108 del CPPN; 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.d CADH; 14.3.d PIDCyP y Fallo 329:1219), a pesar de que los derechos del debido proceso están garantizados por la defensa oficial.

- Vocal Laíño: Derechos de la libertad y honor, involucrados en material criminal, en donde deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa, tutela que ha sido preocupación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S.J.N, Causa XXIII, "Criminal c/ Peralta, I. y otro.", rto. 14/05/1868, Fallos: 5:459; "Dure, P.", rto.: 6/3/1942, Fallos: 192:152; "Arnaiz, F., y otros", rto. 29/02/1957, Fallos: 237:158; "Centeno, N. O., y otros", rto. 13/03/1963, Fallos: 255:91 y S. 3445. 2000. "Cano, A. F.", rto. 12/02/2002, Fallos: 325:157.). Derecho a defenderse personalmente o a elegir un abogado de su confianza que se encuentra previsto en normas de raigambre convencional (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.d CADH; 14.3.d PIDCyP). Alcances que deben otorgarse al derecho de defensa y resguardo del debido proceso (artículos 72, 73, 104, 107 y 211 del Código Procesal Penal de la Nación), de donde se extrae con toda claridad que la imputada tiene derecho a ser defendida por un abogado desde el primer momento en que es sindicada como tal (CSJN, "Casinelli, J. G.", Fallos: 304:1886.). Adhesión a la solución propuesta por Lucero, sin perjuicio de la postura de la actuación de la Defensa Pública Oficial (Voto en causa n° 10474/2020 "Fuentealba", rta. el 05/10/20 de la Sala VI, Resoluciones DGN 1668/05, 747/08, 939/11 y 209/21, y, más recientemente, CSJN "Salvatierra" Fallos: 343:2243).

- Revocación. Tener por designado al letrado propuesto para que en el término de tres días acepte el cargo conferido, bajo apercibimiento de tenerlo por no designado y de que continúe en su representación la defensa oficial.

- Disidencia: Imputada que salió del país, ordenándose la captura nacional e internacional para recibirle declaración indagatoria el 30 de agosto del 2021. Designación formulada en enero pasado que no resulta procedente como tampoco la actuación de un letrado en su nombre. Imposibilidad de diálogo entre el prófugo y el juez (Fallos: 186:82; 205:407; 259:365; 272:258; 301:57; 306:866; 310:2093; 317:831, entre muchos otros); sin que el caso revele singularidades que conduzcan a formular excepciones al respecto. Extradición en trámite. Confirmación.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: ALANIZ, PEDRO A c/ ESTANCIA SANTA ROSA s/ DEMANDA ACCIDENTE DE TRABAJO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-10-18

Carece de consistencia el reproche atinente a que la Sala se habría arrogado facultades de legislador al aplicar al caso la Ley 9688, pues constituyendo uno de los extremos esenciales de la litis la determinación de la naturaleza jurídica que vinculare a las partes, el Tribunal no ha incurrido en arbitrariedad al aplicar dicha ley, dado que su aplicación es la consecuencia lógica de su decisión sobre tal extremo.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, fundamentos insuficientes, derivación no razonada del derecho vigente, inspección del trabajo, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: UNILEVER DE ARGENTINA S.A. c/ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-31

La impugnante imputa a la Alzada haber incurrido en un supuesto de errónea valoración de las constancias del expediente, y en tal marco, la lectura del decisorio recurrido, en su cotejo con el agravio constitucional planteado, evidencia que asiste razón a la recurrente, como lo reconoció la propia Cámara en oportunidad de admitir el remedio extraordinario, ello no bien se repare en que la constancia acompañada en el expediente contiene claramente la fecha que la Sala juzgó como omitida, tal como expresamente lo invocó la demandada como acto interruptivo de la prescripción, circunstancia que resultaría determinante para la justa solución de la causa; por lo que resulta de aplicación al caso la reiterada jurisprudencia de esta Corte según la cual las sentencias que omiten considerar y decidir cuestiones decisivas oportunamente propuestas, como las que se apoyan en aseveraciones dogmáticas o se apartan de las normas en juego, resultan carentes de la fundamentación exigida para sustentarse como actos jurisdiccionales válidos y no pueden ser aceptadas como necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias del caso.
Accidente de tránsito, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: STRADA DE ROMERO MARTA c/ BENIGNO CARRERA s/ VERBAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-12-14

La prueba practicada en la etapa del sumario penal, sin audiencia del interesado, equivale a la prueba realizada extrajudicialmente, razón por la cual debe ratificarse (Hernando Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", T. 1, p. 367 y sgtes.).-
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: Cañete, Santiago Omar, Pascual, Roberto Rafael s/ Robo calificado y privación ilegítima de la libertad Ayala, Carlos Alberto; Mer, Carlos Enrique s/ Robo agravado, violación de domicilio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22|1992-03-31

El acto del robo (art. 166 inc. 2, C.P.) no sólo importa la intimidación según la personalidad de la víctima sino también la peligrosidad del victimario, pues quien lleva un arma de fuego cargada -como en el caso- va decidido, si fuera necesario a matar o herir y ello implica un grave peligro para la víctima (art. 41 inc.

2, C.P.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Desistimiento del recurso, aplicación de la ley, recurso de queja (procesal), recurso de inconstitucionalidad, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Hernández Rodríguez, Carlos Federico sobre 189 bis (2) - portación de arma de fuego de uso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-16

Habida cuenta de la situación de emergencia sanitaria, las constancias acompañadas por la Defensora General Adjunta resultan suficientes para tener por desistido el recurso de queja interpuesto. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Falta de uso de casco, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: F.,I.M. c/ A.,L.J. s/ Daños y perjuicios y Su acumulada
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-26

Es improcedente el argumento del demandado referente a que la falta de casco del coaccionante tuvo incidencia causal en la producción del siniestro y en las lesiones, pues el que portara o no tal elemento de protección es indiferente, ya que las lesiones constatadas por el médico legista fueron en su mano derecha, careciendo de todo tipo de vinculación las mismas con el que careciera de casco reglamentario.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Galván, Renée c/ Electroquímica Argentina S.A. y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-30

La arbitrariedad no puede resultar de la sola disconformidad con la solución adoptada, sino que requiere la constatación de un apartamiento de los criterios mínimos de la argumentación jurídica y esta última requiere, a su vez, que la decisión contenga una precisa descripción de los hechos con relevancia normativa, y si no se aplica la regla, deben darse las razones por las cuales resulta inaplicable, inválida o es corregida por razones de principios coherentes y consistentes, que resulten constitucionalmente fundados (Disidencia parcial del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).