marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Carga de la prueba, prueba documental, relación de dependencia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: B., D. c/ Gobierno de la Provincia de La Pampa s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-08-28

Corresponde tener acreditado que la Policía de la Provincia de La Pampa llevaba registrado y documentado los servicios adicionales como los ingresos de cada uno de los agentes, por tales servicios. Le asiste la razón al recurrente con respecto a la carga de la prueba, puesto que, sea por aplicación del art. 55, LCT, o por la teoría de la carga dinámica de la prueba (art. 360 último párrafo del Cód. Procesal), le correspondía al Estado Provincial, -si pretende discutir lo afirmado por su empleado en la demanda respecto a lo que percibía en concepto de ingresos adicionales- adjuntar al proceso toda la documental pertinente para desacreditar los dichos y pretensiones del peticionante, puesto que sin dudas, era la parte que se encontraba en mejores condiciones de probar, en su carácter de empleadora, qué agentes de policía realizaban servicios adicionales, en qué lugares, cuántos días al mes y cuánto percibían por tal concepto.
Constitución Nacional, garantías de los jueces, remuneración, depreciación monetaria, inflación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grieben, Héctor y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

Los jueces no están desligados del deber solidario de sufrir los embates de la inflación, en tanto la erosión salarial no sea tan significativa que pueda impedir el logro perseguido por el art. 96 de la Constitución Nacional.
Cheque, rechazo del cheque, cheque sin fondos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANUEL REY DESA S.R.L. c/ LLOYDS BANK B.L.S.A. LTDA. MZA. s/ Ordinario (LIBRO: S129 - 462)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-17

"Si un cheque es rechazado por no existir, en el momento de su presentación, fondos disponibles suficientes acreditados en la cuenta corriente respectiva, la mención del motivo por el banco girado será "sin fondos disponibles suficientes acreditados en cuenta". En el caso de que la devolución obedeciese a otra causa, v. gr. "raspado sin salvar"..., "orden de no pagar"..., "falta endoso"..., "no coincide firma del librador con la registrada en el banco"..., "falta conformidad con cuaderno de cheques"..., "cuenta suspendida"...,"cuenta cerrada"..., etc., y ella fuera concurrente con la de "sin fondos disponibles suficientes acreditados en cuenta", sin perjuicio de mencionar la causa se consignará necesariamente esta última leyenda"
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Cerri, Juan José y otros s/ Robo calificiado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Es insuficiente la denuncia de violación del art. 259 inc. 7º del Código de Procedimiento Penal afirmándose que se ha extraído presunción de presunción, si del recurso no resulta a cuál presunción se refiere ni cuál sería aquélla que le servía de base.
Despido sin causa, pérdida de confianza, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: PODESTA CARLOS RUBEN c/ EMPRESA GENERAL URQUIZA S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-09

El trabajador que fue despedido injustificadamente bajo la causal de pérdida de confianza, tiene derecho a la reparación del daño moral padecido, pues el empleador ha causado un perjuicio distinto del originado normalmente en esas condiciones, ya que le ha imputado la desaparición de dos teléfonos celulares que transportaba en una encomienda, lo cual implicó la insinuación de la comisión de un delito y, en definitiva, un daño no resarcido mediante la tarifa legal.
Subasta judicial, publicación de edictos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de General Alvarado c/ La Cal Teodoro y otra s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

En la subasta ordenada en el marco de un juicio de apremio deben respetarse las reglas establecidas por la ley 9122. Entre ellas cabe mencionar: publicación de edictos por un sólo día; publicidad complementaria en otro diario "si el caso lo requiere"; intimación para acompañamiento del título que se efectúa después de realizado el remate (art. 24 ley 9122). (Minoría u opinión personal)
Adulteración de la numeración de bienes registrables, patente del automotor
Materia: PENAL
Carátula: MANCHI, LUIS s/ AUTOMOTORES - ADULTERACION CHAPA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-02

Constituye el delito de alteración de numeración individualizadora de un objeto registrada de acuerdo con la ley, la acción de los procesados a quienes se les incautó, en la compaÑía de microómnibus, de la cual uno es presidente y otro gerente, tres unidades con las chapas patentes de otros, proceder que encuadra en la norma del art.

289 inc. 3 C.P. ley 21.338, -de aplicación ultractiva por ser más benigna en relación a las disposiciones actuales del Dec-ley 6582/58.
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, conciliación laboral, SECLO, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: PELLEGRINI, PAOLA MARCELA C/ RCI ARGENTINA INC.S/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-17

No corresponde que la autoridad administrativa del trabajo homologue en los términos del art. 15 L.C.T. pactos entre las partes del contrato de trabajo que reglan derechos y obligaciones,mpero sindirimir controversias litigiosas. En el caso, el órgano administrativo actúo fuera de su competencia porque el art. 1 de la ley 24.635 dispone que serán dirimidos por el organismo administrativo creado por el art. 4, es decir el SECLO "Los reclamos individuales y plurindividuales que versen sobre conflictos de derecho..." (Las partes no llevaron ante el SECLO un conflicto sino todo lo contrario: allí manifestaron que ya habían extinguido el contrato y que la demandada había decidido pagarle una suma de dinero). Así en casos en que las partes de un contrato de trabajo ponen fin a un conflicto jurídico o al contrato mismo, lo pactado y homologado no puede extender sus efectos a aspectos no tenidos en cuenta en el marco procesal en que la homologación se verificó. (Del voto del Dr. Maza, en mayoría).
Tercería de dominio, bienes muebles, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Nélida  O.  Oldano  y  A.  del C. Oldano en autos expte. nro. 326/95 s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-11-30

En la presente ejecución de honorarios se embargan y secuestran bienes en dos domicilios, que las terceristas -hija de la demandada-consignan como propios. En ambos domicilios se encontraba presente la ejecutada cuando dichas medidas se efectivizaron. En relación a las medidas en el primer domicilio la ejecutada,manifestó que no era el suyo y tampoco los bienes que allí se encontraban, pues pertenecen a una de sus hijas. En cambio en relación a las diligencias efectuadas en el segundo domicilio, sólo manifiesta que no tiene muebles para ofrecer a embargo.

En consecuencia, demostrado que el primer domicilio pertenece a la tercerista, los bienes muebles allí ubicados también, tanto por la presunción del art. 2412 del CC cuanto por la prueba documental y testimonial que resultan coincidentes en este sentido,circunstancias no desvirtuadas por prueba en contrario.

En cambio, en relación a los bienes muebles ubicados en el segundo domicilio, la situación se presenta distinta, pues estamos en presencia de un domicilio común a tercerista y demandado.

En efecto, sin perjuicio de que la ejecutada haya estado presente en ambas diligencias, no se puede resolver la cuestión sobre la base de un domicilio común en sendos casos, pues conforme la norma del art. 89 del CC, en uno de esos lugares reside habitualmente,descartándose por lo dicho supra que sea en el primer domicilio. Entonces por resultar domicilio común el segundo, la presunción del art. 2412 en relación a los bienes allí ubicados rige para ambas partes, pues la obligación de extremar los esfuerzos probatorios por la tercerista que se adjudica el dominio de aquellos no fue categórica.

En conclusión, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido y revocar la sentencia en cuanto rechaza la tercería en todas sus partes y admitir la tercería de dominio respecto de los bienes secuestrados en el primer domicilio.
Tránsito automotor, libre tránsito, licencia de conducir, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Balza, Rosa Flora c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Orrico S.R:L. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Otras Demandas contra la Aut. Administrativa. Orrico S.R:L. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Otras Demandas contra la Aut. Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02|2002-07-05

En el caso, es innegable que la libertad de transitar en la forma en que el actor considere más adecuado de acuerdo con sus posibilidades físicas y económicas, y como todo lo que a la libertad se refiere compromete su dignidad.

Es sustancial resaltar que la licencia habilitante para conducir no importa más que una condición puesta al ejercicio de una actividad privada. No se trata de una gracia otorgada por la autoridad, sino de un derecho preexistente subordinado a la verificación de determinados recaudos previstos por la ley.

Por lo demás, es claro que dentro de las clasificaciones formuladas por la doctrina, la licencia habilitante para conducir es una autorización simple, que se propone solo controlar la actividad autorizada y como mucho, acotarla negativamente dentro de los límites muy determinados, y además es reglada. Ello implica que la administración no es "libre" para decidir si otorga o no otorga la licencia ya que la ley le indica y ordena cuándo debe otorgarla y cuándo negarla. Claro está que el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas con carácter general debe ser verificado por la autoridad administrativa a efectos de acomodar la petición a la legalidad de acuerdo a los extremos normativamente impuestos.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aguas Minerales Sociedad Anónima c/ Municipalidad de Chascomús s/ Inconstitucionalidad art. 1º Ordenanza 2140 y Convenio entre  Municipalidad de Chascomús y E.S.E.B.A. Lactona Sociedad Anónima c/ Municipalidad de Chascomús s/ Inconstitucionalidad art. 1º Ordenanza 2140 y Convenio entre  Municipalidad de Chascomús y Cooperativa de Provisión de  Electricidad y otros Servicios Públicos, Consumo y Vivienda de  Lezama Limitada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27|1995-06-27

La acción de inconstitucionalidad puede ser impetrada no sólo por quien ha sido afectado concretamente en sus derechos patrimoniales sino también por aquél al que no le haya sido aplicado aún el precepto en cuestión, ejercitando la misma -precisamente- con finalidad preventiva (conf. arts. 161 inc. 1º, Const. prov. y 685 2da. parte, C.P.C.C.).
Exención de tasa de justicia, obras sociales, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE CAMIONES Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA c/ D.G.I. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-30

Si bien las leyes 23.660 y 23.661 estipulan a su respecto la exención del pago de tasas en general, resultaron modificadas en lo pertinente por la ley 23.898 -sancionada con posterioridad-, ya que el objetivo de ésta no fue otro que legislar específicamente sobre el pago de la tasa judicial, determinando su art. 13 las exenciones en forma taxativa. En consecuencia, la condición de obra social no exime de la obligación del pago de tasa de justicia.
Daños y perjuicios, falta de prestación de servicios, fuerza mayor
Materia: CIVIL
Carátula: LA  INDEPENDENCIA  DE  MONCALVO  HNOS. c/ EDENOR S.A. s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-03

En las normas de calidad del servicio no se excluye del concepto de continuidad no absoluta a la vinculación prestadora-usuario, por más que ésta se desenvuelva en el campo del derecho privado, cuyos principios propios y jurisprudencia civil forman un todo armónico integrado con los que rigen el servicio público. Si bien la "continuidad" no resulta definitiva e incluye en su ámbito los institutos jurídicos del caso fortuito y la fuerza mayor, ya que para que haya un incumplimiento imputable a la distribuidora, debe existir culpa o dolo de la misma en el cumplimiento de sus obligaciones como factor de atribución de responsabilidades.
Cheque, endoso, cuestiones de hecho y prueba, juicio ejecutivo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Ltda. c/ Syr Desarrollos y Servicios SA y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

El tenedor último del título o presentante se constituye en acreedor legitimado mediante dos condiciones: (i) una serie ininterrumpida de endosos que, incluso, pueden ser en blanco (todos ellos o sólo algunos) y, (ii) buena fe (conf. Zavala Rodríguez, C., Código de Comercio comentado, T. IV, pág. 587).
Intereses, tasas de interés, cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Destefano Hnos. Srl y Otro. s/ Ejecución Hipotecaria Pizzolo Luis c/ Spagnoletti Monica s/ Cobro ejecutivo de alquiler
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-06|2000-04-25

El supuesto de incomparencia del ejecutado no convierte al Juez en mero espectador y autómata realizador de la voluntad del actor, que llegue a convalidar una situación que juzgue reñida con límites tales como la equidad y buenas costumbres, dado que el ordenamiento sustantivo le provee de facultades a efectos de morigerar la tasa de interés pactada.
Recurso de apelación (procesal), sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Bansud S.A. c/ Hernández Cárcamo, Diego s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-05-12

El determinar la forma de concesión del recurso de apelación -es decir libremente o en relación-, sólo se computa sentencia definitiva a aquella que decide las pretensiones y oposiciones concretadas por las partes en los escritos de demanda y contestación. Esa es la inteligencia correcta que debe atribuirse a los preceptos de los artículos 242, 243 y ccss. del CPCCh.
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones
Materia: CIVIL
Carátula: BELLORIO de VELAZQUEZ Susana c/ ACEVEY Jorge s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

El art. 7 de la ley 13512 que dispone que toda obra nueva que afecte el inmueble común no puede realizarse sin la autorización de todos los copropietarios, se justifica porque tales obras pueden perjudicar la solidez, seguridad o salubridad del edificio o alterar su destino o desvalorizar las unidades, etc. tanto más si con ellas no se persiguen beneficios para el conjunto sino la satisfacción del interés particular de alguno de los copropietarios.-
Concursos, proceso de verificación, deudas impositivas, síndico del concurso, AFIP DGI
Materia: COMERCIAL
Carátula: PLASTICOS  DE  INGENIERIA    SAIC    SOBRE QUIEBRA SOBRE INCIDENTE DE VERIFICACION POR FISCO NACIONAL ( DGI ). s/ INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-17

En tanto es atribución del síndico verificar (en el sentido concursal del término) las acreencias del fisco (ley 11.683: 18-B, y dec. 1397/79: 22), si la DGI remitió una nota a dicho funcionario recordándole que deberá arbitrar las medidas conducentes a "determinar y verificar la deuda" por impuestos del fallido. La actuación de éste y las decisiones que en su consecuencia se adopten vinculan al fisco aún cuando no haya intervenido en el trámite, máxime cuando el organismo recaudador no fue sorprendido por la actuación sustitutiva del síndico, pues tuvo conocimiento de ella en sede administrativa.
Delitos cometidos durante actividades antisubversivas, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

El Jefe de Operaciones de la plana mayor del Ejército resulta coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados por tratarse de perseguido y homicidio calificado pues dentro de sus funciones estaba la de planear las operaciones no convencionales, guerra de guerrillas, evasión, escape y subversión, es decir todas las operaciones militares que fueran necesarias para aniquilar el accionar de los elementos subversivos, donde el ejército tenía la responsabilidad primaria, ello sumado al compromiso con que ejerció cada una de dichas tareas, que excede el cargo detentado.
Honorarios del abogado, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: K. de B., I.; B., R. c/ G., H. s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-07-01

El antecedente de la norma -art. 14 de la ley 2200-, "por cada una de ellas", no significa que por "cada" actuación debe seguirse una regulación independiente con ajuste al porcentual; significa que por "cada una de las instancias" -la segunda instancia, cuando el tipo de proceso la admite, o la instancia extraordinaria- es obligatoria una regulación en favor del abogado.
Colegio Público de Abogados, recurso de apelación (procesal), notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Mooney, Guillermo s/ Conducta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

El recurrente se encuentra obligado a concurrir a la Mesa General de Entradas de la Cámara a fin de notificarse de asignación de la Sala, oportunidad en la que se podrá deducir las recusaciones previstas en los arts. 14 y ss. del C.P.C.C.N.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, derivación no razonada del derecho vigente, intereses, tasas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CARRIZO, JOSE FRANCISCO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-02-27

Si bien la fijación de los intereses es tarea propia de los jueces de la causa, en dicha tarea debe primar la razonabilidad en atención a las circunstancias concretas del caso, buscando un equilibrio, de forma tal que por exiguos no vulneren los derechos del trabajador, ni por excesivos generen un enriquecimiento sin causa y hagan peligrar la fuente del empleo, tomando como pautas orientadoras los principios que surgen de los artículos 1, 2, 3, 9, 10, 768 y 771 y cc. del Código Civil y Comercial. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhiere el Dr. Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial, artículos 1, 2, 3, 9, 10, 768 y 771. - Jurisprudencia concordante con Paniagua, AyS T 296, p 48/54, sumario J0046028.
Accidente de tránsito, adelantamiento
Materia: PENAL
Carátula: S, J s/ LESIONES CULPOSAS      EXPTE NRO 189-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-05-09

Al reconocer el justiciable que la distancia que separaba a ambos (ciclista y camión que lo sobrepasaba) "...era como mínimo de un metro...", nítidamente está reconociendo que aquélla no era la suficiente, lo que se traduce en que omitió adoptar las medidas precaucionales que le imponía el artículo 47 de la ley 13893, es decir, tomar los recaudos necesarios para acometer la maniobra sin engendrar un peligro para terceros, sino más aún soslayó el cumplimiento de las pautas conductivas de prudencia que le imponía el artículo 67 de la ley citada, y es a partir de allí que si su conducta fue francamente violatoria del deber de cuidado, es obvio que se conforma el concepto de culpa y consecuentemente el reproche a que se hizo acreedor.
Acción de amparo, permiso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIO PARA TRANSPORTE ARGENTINA LTDA. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-04

Los permisos precarios no constituyen modo óptimo de conceder la prestación de un servicio. Lo cual no obsta a los derechos que puedan corresponder al recurrente de exigir se proceda a la concesión definitiva del servicio en un tiempo prudencial de modo de hacer cesar así el estado de incertidumbre de los trabajadores reclamantes.
Improcedencia del recurso, confirmación de sentencia, accidente de tránsito, acción de regreso, responsabilidad concurrente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: O. M. c/ Salazar, Manuel Eduardo y otros  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-12-26

Cabe no hacer lugar al recurso de apelación articulado por la parte demandada y en consecuencia, confirmar la sentencia sin perjuicio de la acción de regreso que pudiere corresponderle en contra de la conductora del otro vehículo interviniente en el accidente de tránsito en cuestión, pues pese la gravedad de la culpa de la conductora cuya responsabilidad surge en cuanto intentó ingresar a una ruta nacional sin asegurarse de que la vía se encontraba libre o esperar el momento oportuno para emprender el cruce sin riesgos para sí o para terceros, cuando debió esperar que termine su paso el rodado conducido por el demandado y recién iniciar el cruce, ya que no contaba con preferencia de paso. Así las cosas, ello no destruye por completo el nexo causal de la producción del accidente que pueda eximir de toda responsabilidad al demandado, dado que el obstáculo creado por la aparición de la motociclista no fue imprevisible para el conductor de la camioneta, quien debió adoptar las previsiones necesarias para conservar el dominio del rodado y así evitar el accidente.
Proceso judicial, principio de contradicción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hernández, Alfredo N. y otro c/ Cirugía Llerena S.R.L. y otro. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29

El principio de contradicción se complementa con el de igualdad en la actuación procesal. No es suficiente que exista contradicción en el proceso, sino que, para que ésta sea efectiva, se hace necesario que ambas partes tengan las mismas posibilidades de ataque y defensa. Como resultado, el proceso ha de ser un duelo con igualdad de armas, en donde actor y demandado han de tener las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación.
Recurso de revisión (procesal), acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: CORNET M. s/ ACCION DE AMPARO - REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-02

Ha dicho la corte suprema de justicia de la nación siempre que aparezca la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de la persona as i como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo al examen de la cuestión a procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponder a que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del amparo, se aparte del principio general receptado por la norma (art. 2 inc. "a" de la ley 4915) dejando de lado a la vía paralela correspondiente a la protección del derecho en cuestión , se debe estar ante una ilegitimidad manifiesta y un grave daño que se ocasionaría, al interesado de someterse a los procedimientos ordinarios; lo contrario significaría una verdadera denegación de justicia.