marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empresas del Estado, personal jerárquico
Materia: LABORAL
Carátula: PRATTO Horacio Arnaldo c/ FRIGORIFICO REGIONAL SANTA ELENA Y OTROS s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-09

La sentencia del ad quem que reconoce relación de dependencia a los actores que ocuparon cargos directivos en la sociedad, cuyo accionista es el Estado, constituye una decisión arbitraria con infracción al artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo que afecta garantías constitucionales previstas en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.
Pago de tributos, alumbrado, barrido y limpieza, sujetos imponibles, ejecución fiscal, títulos ejecutivos, demanda, individualización del demandado, rechazo in límine
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Cdad. de Bs. As. c/ Junquet, Bernardo s/ Ejecución fiscal Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-20

Con relación a la contribución de alumbrado, barrido y limpieza, territorial y de pavimentos y aceras, y la Ley Nro. 23.514, la responsabilidad del pago del tributo recae sobre los titulares de dominio, usufructuarios, poseedores, y aún los ocupantes de propiedades del Gobierno de la Ciudad mediante concesión -precaria o a término- a título gratuito. La individualización del inmueble y el número de partida, y la mención de la condición jurídica que reviste el sujeto pasivo del tributo con relación a la finca, deben considerarse suficientes para que el título ejecutivo pueda sustentar la acción ejecutiva.

Ello así, resulta suficiente que, tanto la demanda como el título ejecutivo, contengan datos que permitan determinar al deudor del tributo, al vincularlo al acaecimiento del hecho imponible que genera la obligación de pago que origina la ejecución.

En el caso, el hecho de que la ejecutante enderece la demanda -antes de su notificación mediante el libramiento del correspondiente mandamiento de intimación de pago- contra un sujeto distinto al individualizado en el título ejecutivo y sin haber desistido del codemandado genérico, no acarrea per se y en forma sobreviniente la falta de idoneidad ejecutiva del título y, en consecuencia, no es razón para fundar el rechazo in limine de la acción. Ello así, en la medida en que permanecen inalterados los datos más relevantes contenidos en el título -esto es, la individualización del inmuebles y el número de partida- que permiten una adecuada individualización del sujeto pasivo del tributo y en consecuencia del ejecutado.(Del voto en disidencia de la Dra. Inés M. Weinberg de Roca).
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, Derecho contravencional y de faltas
Materia: PENAL
Carátula: Campbell, Gabriela Noemí s/ Infracción art. 72, ley 8031 Mora, Sergio M. s/ Inf. arts. 72 y 74, ley 8031/73.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11|2000-05-31

Es insuficiente el recurso extraordinario inconstitucionalidad en el que la defensa denuncia que el art. 72 del Código de Faltas (ubicado en el Capítulo III de su Título II que tipifica las contravenciones "Contra la moralidad pública y las buenas costumbres") repugna al art. 26 de la Constitución Provincial, si las argumentaciones que emplea el recurrente son meras disquisiciones que no atacan el fallo en lo medular.
Expropiación, indemnización, depreciación monetaria, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO c/ TESARI, ROSA Y TESARI, JUAN CARLOS s/ EXPROPIACION.     CSJ EXPTE NRO 49-78
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-05-29

Habiéndose depositado en el banco provincial lo estimado como justa indemnización por la actora, actualizado dicho monto y efectuada la operación matemática para determinar lo adecuado en base a la indemnización a que se arribara en la sentencia, sobre el saldo actualizado, deben liquidarse intereses a la tasa del 6% anual desde la fecha de la toma de posesión y hasta el último índice tomado en cuenta para la actualización, que es el más próximo a la sentencia. A partir de esa última fecha, el indicado saldo continuará devengando intereses a la tasa activa vencida que para operaciones a treinta días utiliza el Banco Provincial de Santa Fe, hasta su efectivo pago, si éste se realiza en el plazo de treinta días de aprobada la liquidación respectiva, y que en caso de incumplimiento, correrán incluso sobre los intereses devengados;

ello sin perjuicio del reajuste por desvalorización monetaria, si correspondiere, supuesto en que se reducirá la tasa al 6% anual.
Recursos, recurso de apelación (procesal), thema decidendum
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ OSCAR Y OT. EN J: IULIANO HNOS. s/ Concurso Prev - rec - Revisión (LIBRO: A072 - 132)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-06-25

Los planteos introduciddos en la alzada en los casos de incontestación de la acción en primera instancia, deben ser cuidadosamente ponderados para no afectar las facultades propias del Tribunal ad-quen, el cual no puede juzgar las circunstancias que no fueron propuestas al sentenciante ni formaron parte de la litis. La apelación tiene por finalidad verificar el acierto o error en que hubiere incurrido el a-quo al emitir la resolución judicial, y es solo en este último sentido que cabe en este caso al apelante discurrir en sus agravios.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Torres, Carlos Enrique c/ Sodipa S.A. s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-27

Dentro del angosto cauce de viabilidad del reclamo por daño moral, opino pues que sólo circunstancias muy excepcionales podrían habilitar este reclamo. Al respecto podría analizarse el punto cuando mediara además del despido y como acto adicional a éste un acto ilícito evidente y notorio.
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OVIEDO JORGE M. c/ MARCHIO LILIANA M. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

En la valoración de que es lo que pudo hacerse o no en un accidente de tránsito debe juzgarse con suma prudencia, pues muchas pueden ser las motivaciones que en un momento dado lleve al automovilista, en la que influyen en buena medida las anímicas, por lo que resulta casi imposible decidirlo en la frialdad del gabinete.
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Daniel Jalifi c/ Bizcarra de Gutierrez s/ Preparación de la vía ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Las medidas preparatorias sólo resultan procedentes, si el título tiene o puede adquirir carácter ejecutivo, no pudiendo constituir un medio para lograr una vía de la que no se dispone (art. 518 CPCC).

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Condominio de muros, cercos y fosos, medianería
Materia: CIVIL
Carátula: RAFFO BARTOLOME c/ MOLES ANICETO Y OTROS s/ MEDIANERIA - CONDOMINIO DE MUROS Y CERCOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1935-05-10

El art. 2626 del Código Civil se refiere no sólo a los muros medianeros, sino también al caso de que sean simplemente divisorios.

El art. 2626 del Código Civil comporta una excepción a las disposiciones legales que gobiernan el condominio de muros y cercos:

su ubicación en el título "De las restricciones y límites del dominio" exige investigar su sentido, sin subordinarlo a otros preceptos que rigen situaciones diversas.

El art. 2626 del Cód. Civil, al establecer que el derecho por él conferido se ejerce sin indemnización alguna, se expresa en términos tan absolutos que no deja margen para la existencia de la obligación de parte del propietario del terreno continuo a la pared divisoria reemplazada, de pagar el precio de ella.

El propietario del terreno continuo que reemplaza la pared vieja y en malas condiciones por una nueva y en condiciones reglamentarias para ser cargada, en realidad compensa, hasta excesivamente, con el material nuevo el valor del material usado: esa compensación justifica que la nueva pared quede en el carácter de medianera; por lo tanto, sería contrario a la equidad exigirle que además pagare el valor de los materiales de la reemplazada.
Contrato de obra pública, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Constructora Enrique J. Alfaro c/ Municipalidad de Ayacucho s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

La revisión de la mecánica de ajuste de los contratos administrativos constituye una cuestión propia del proceso contencioso administrativo y deben sujetarse en cuanto a su resolución a los alcances de las pruebas técnicas introducidas en la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Control de constitucionalidad, control de convencionalidad, observancia de tratados internacionales, inconstitucionalidad, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: D., M. J. A. c/  s/ homicidio agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-08-30

Según nuestro diseño institucional, los jueces deben controlar la compatibilidad de las normas con nuestra Carta Magna (control de constitucionalidad), y con el derecho público interamericano investido de igual jerarquía -control de convencionalidad-. En ese camino, si en el caso concreto los jueces advierten una colisión insalvable con las normas superiores, deben extirpar las inferiores del proceso. Dicho en otras palabras, el sistema de interpretación es binario: si la norma no es declarada inconstitucional, su aplicación al caso es obligatoria. La opción por su no aplicación, sin más, no es admisible.
Accidente de tránsito, gastos médicos, prueba de informes, prueba pericial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rinaldi Rubens c/ Natalio Chalub y Ots. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S141 - 093)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-02-24

La prueba informativa, con la que se pretende demostrar la necesidad y monto del gasto, no es la idónea y pertinente, siendo ella la pericial, puesto que aquella es el medio de aportar al proceso datos concretos acerca de actos o hechos resultantes de documentación, archivo o registros contables de terceros o de la parte
Intereses, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: BRENTA DE LUCKHAUS, Delia c/ PALACIO, Miguel A s/ CONTRATO DE LOCACION-LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-03

Los intereses, que son el precio del capital, se adeudan desde que produjo el perjuicio en tanto es desde ese momento en que se privó al actor de su capital.
Prescripción, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Gervasio, Jorge O. c/ Dirección de Vialidad s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-20

Cuando el art. 19 de la ley 9688 - texto según ley 23.643 - establece que sin perjuicio de la aplicación del Código Civil, las actuaciones administrativas interrumpen el curso de la prescripción durante el trámite pero en ningún caso por un término mayor de seis meses, ello significa que en el lapso que insumen las tramitaciones administrativas cesa el efecto del transcurso del tiempo capaz de afectar el derecho, y vuelve a contarse -de cero- (art. 3998 del Código Civil) como si no hubiera corrido el anterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Representación procesal, poder general
Materia: PROCESAL
Carátula: MARINUCCHI, Vilma Rosa c/ GARCIA, Andrés León s/ AUMENTO  DE  CUOTA  ALIMENTARIA  -  NOTIFICACION  -  COPIAS - OMISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

El padre puede actuar por apoderado y otorgar el mandato sin necesidad de especificar que lo hace en interés del hijo menor de edad porque ello se sobreentiende.
Competencia, Municipalidad, Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CIVIL
Carátula: CASCALSE, Amílcar Francisco c/ BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ BENEFICIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-21

El art. 43 del D/L 1285/58, modificado por Ley 23.637 establece concretamente la competencia de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil de esta Capital solamente en las causas en las que sea parte la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. No reviste tal carácter la Municipalidad cuando el que ha sido demandado es el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. No obsta a ello que el Municipio garantice sus operaciones o que designe su directorio, toda vez que la autarquía de que goza la institución demandada importa que la misma sea sujeto independiente de derecho en cuanto resulta una "persona jurídica pública estatal" (art. 33 Cód. Civil).

Cuando un ente público demandado ha actuado en el ámbito del derecho público, esta circunstancia torna al acto realizado, no obstante resulte propio de la actividad comercial a que se dedica, en ajeno a la jurisdicción ordinaria, siendo competente el Fuero Federal para entender en la causa.
Derecho ambiental, facultades del gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Municipalidad de La Plata s/ Inconstitucionalidad del dec. ley 9111. Tercero C.E.A.M.S.E.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

La Ley Orgánica Municipal reconoce que hay poderes o facultades que pertenecen a la provincia, frente a los cuales la municipalidad debe ceder el ejercicio de los mismos que le habían sido asignados, aún cuando tal asignación tenga origen constitucional (art. 192 inc. 4°, Const. Prov.), pues ahora y a través del artículo 28 de la Constitución provincial, la Provincia tiene asignado, por una norma de igual rango, con carácter indelegable el deber de proteger el medio ambiente.
Principio de congruencia, proceso penal, declaración indagatoria, acusación fiscal, elevación a juicio, auto de procesamiento, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Z., M. C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - INFRACCION ART 173 INC 3 DEL CODIGO PENAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 260 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

La descripción previa del hecho endilgado "no se suple ni queda superada por la circunstancia de que un imputado se manifieste conocedor de los hechos que se están investigando". El auto recurrido, en cuanto confirma el rechazo de la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio, convalida una manifiesta violación al principio de congruencia y por ende a la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio, lo que habilita su descalificación desde el punto de vista constitucional. (De los Fundamentos del Dr. Erbetta)
Producción de la prueba, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: G. R., M. F. s/medidas de prueba c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-23

Explicaron los vocales que la medida fue ordenada en el marco de un proceso en curso y en aras de la averiguación de la verdad, respetando las garantías constitucionales de la imputada. Agregaron que la doctrina ha señalado que "..la producción de prueba, como la pericial que pueda decretar el órgano jurisdiccional, no puede ser eludida por el imputado, que está obligado a someterse a su realización (deber de tolerancia), porque en tal caso su actuación no será en calidad de sujeto de la relación procesal sino como objeto de prueba en el proceso". Más aún se considera que "no se viola la garantía constitucional de prohibición de la autoincriminación forzada, pues no se busca un hacer del imputado (como podría ocurrir frente a su forzamiento para la realización de un cuerpo de escritura) ni un acto que nazca de su voluntad viciada, de la que directamente se prescinde, sino solo un tolerar, sometido a reglas de razonabilidad y proporcionalidad de la prueba en función de su objetivo" (ver "Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial" Navarro - Daray. Tomo 2. 5ª edición actualizada y ampliada, 2018, pp. 226 y subsiguientes).".
Enfermedad accidente, indemnización, incapacidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: JARA VICTOR LUIS ALBERTO c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ PRESCRIPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-01

Relacionando las expresiones testimoniales con los antecedentes médicos que figuran en el legajo del accionante y con el contenido del informe médico oficial, surge que ha quedado demostrado que las patologías verificadas en la columna vertebral, rodillas y aparato cardíaco del demandante, han sido producidas, agravadas, exacerbadas o puestas de manifiesto durante el transcurso de más de veinticuatro años de relación laboral invocada y que las tareas acreditadas y desempeñadas por el mismo a las ordenes de la demandada como chofer, camillero y mecánico le han requerido la realización de sobre esfuerzos como así también la adopción de posiciones viciosas o antifuncionales para llevarlas a cabo, todo lo que implica padecer de micro lesiones y la influencia negativa en las partes de su organismo indicadas. Si todas estas posturas antianatómicas, sobre esfuerzos y micro traumatismos las debió soportar el accionante diariamente durante su prolongado desempeño laboral, resulta evidente que tanto su raquis como rodillas y aparato cardíaco, poco a poco y progresivamente fueron lesionándose provocándole la incapacidad del sesenta y seis por ciento, todo lo cual queda captado por el art. 8 inc. c) de la Ley 9688, resultando éste el porcentaje indemnizable que debe reparar la accionada.
Recurso de inconstitucionalidad, procedimiento administrativo, acto administrativo expreso
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: M. C. C. c/ Provincia de San Juan s/ Contencioso Administrativo s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-06-18

Aun cuando se admitiera que en el procedimiento administrativo podrían haber existido irregularidades vinculadas al pronunciamiento expreso sobre un tema concreto que fuera planteado por la administrada, lo cierto es que la voluntad de la Administración en cuanto al mismo, se encuentra plasmada en el decreto 0008/2008 que resolviera el recurso de reconsideración incoado por la actora, en el que se trata la excepción de prescripción de la acción sancionatoria, adhiriendo al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Trimarco", en virtud del cual no resultan aplicables a las correcciones disciplinarias las disposiciones del Código Penal por no importar el ejercicio de la jurisdicción criminal.

De donde se concluye que las omisiones e irregularidades apuntadas por la impugnante no tendrían eficacia para modificar la resolución recurrida, pues no cabe admitir el recurso y anular una sentencia en el sólo interés de la ley. La razón de ser de la carga que impone el artículo 13 inciso 4 de la ley 2275 radica en que no resulta admisible un eventual pronunciamiento anulatorio por factores o circunstancias que no han tenido incidencia alguna en el sentido del pronunciamiento recurrido y que tampoco han de tener gravitación en un hipotético nuevo pronunciamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), voto en disidencia, cuestión no constitucional, prueba, prueba testimonial, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: PREVOSTO, RODOLFO CARLOS c/ ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-09

Frente a la respuesta brindada por la Alzada -que eximió de responsabilidad a la demandada, al juzgar acreditada la causa ajena del daño por un hecho imputable al propio damnificado-, el compareciente insiste en oponer su propia postura en cuanto a la solución que considera acertada, con base en su particular enfoque de la causa y con planteos que se presentan más bien como alegatos o agravios propios de instancias ordinarias, mas sin superar el nivel de la mera discrepancia respecto de la apreciación probatoria efectuada por los jueces de la causa en ejercicio de funciones privativas, toda vez que los elementos de los que viene a hacer mérito el impugnante -puntualmente, los testigos propuestos por su parte, cuyas declaraciones el A quo relativizó al haber sido vertidas sin previo juramento de decir verdad, así como los testigos ofrecidos por la demandada, cuyo valor el compareciente intenta desmerecer en razón de tratarse de trabajadores dependientes de aquélla- fueron expresamente ponderados por la Cámara, aunque desde luego con un alcance distinto al postulado por el quejoso y con un criterio cuya razonabilidad no llega a ser puesta en crisis en este estadio, a la luz de los cuestionamientos traídos a consideración de este Cuerpo. (De la disidencia de los Dres. Netri y S uler)
Expropiación, indemnización expropiatoria, valor llave, fondo de comercio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Menor, Servando; Menor, Antonio y otros c/ Entidad Binacional Yaciretá. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-05

Si el tribunal a quo comprendió bajo la denominación "valor llave" rubros que corresponden a la estimación del valor del fondo de comercio, sin considerar la probable obtención de utilidades, los agravios, en cuanto se refieren a la improcedencia de resarcir las expectativas de futuras utilidades, no importan controversias de la procedencia de los rubros admitidos ni de su monto.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, locación de inmuebles, Municipalidad, permiso de uso, canon locativo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ GUARDERIA NAUTICA S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 174    AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-28

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad fundado en que el sentenciante incurre en grave desinterpretación de las constancias de autos y de la "quaestio juris" al considerar que la pretensión entablada constituía un "crédito fiscal", otorgándole supremacía al "nomen juris" empleado en el convenio de pago por sobre la ontología de la relación jurídica -cobro de un canon locativo y no de un impuesto-.

Ello por cuanto el cuestionamiento enunciado -tal como ha sido formulado- revela mera disconformidad de la impugnante con la ponderación de circunstancias fácticas y de las probanzas rendidas que efectuara el Juzgador, en ejercicio de funciones propias, en un intento de hacer primar su apreciación del resultado que correspondía arribar en el caso, esto es: que la prueba producida (convenio de pago) acreditaba que el bien era del dominio privado de la Municipalidad de Rosario y, como consecuencia de ello, el canon debido en concepto de locación del inmueble ostentaba naturaleza privada, no pudiendo considerarse como "crédito fiscal", carácter, además, que sólo puede otorgarlo la ley mas no el acuerdo de partes.