marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio correccional, lesiones culposas, recurso extraordinario federal, excepción de incompetencia, Constitución Nacional, juicio por jurados, insuficiencia del agravio, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rosales, Christian s/ Recurso Extraordinario deducido por el Dr. Berber, José L. en contra de la Sentencia Nº 1/11 de Expte. Corte Nº 98/09 - RECURSO DE CASACION interpuesto por el Dr. José L. Berber en Expte. 015/09 - Incidente de Excepción por Falta de Jurisdicción presentado por Dr. Ramón P. Acuña en Expte. Rosales, Christian s/ Lesiones Culposas en Concurso ideal
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-04-15

El Juzgado Correccional denegó la Excepción de Falta de Jurisdicción deducida por el entonces defensor del imputado por lesiones culposas, que pretendía que éste sea juzgado por un tribunal integrado por jurados populares.

En contra de esa decisión, su actual defensor interpuso recurso de casación, al que no hizo lugar esta Corte.

Contra la nominada sentencia, el mismo defensor deduce este recurso federal.

El recurrente no demuestra la irrazonabilidad de los múltiples fundamentos dados en la sentencia, con apoyo en la calificada doctrina citada y en fallos del Máximo Tribunal, para concluir que no se había vulnerado en el caso la garantía al juez natural, ni desvirtúa las conclusiones vinculadas con la facultad de las provincias de organizar su administración de justicia, suministradas con base en otras normas constitucionales (art. 5, 121 y 126).

De tal modo, y dado que tampoco ofrece nuevos argumentos o razonamientos que revelen la violación en el caso de la garantía del juez natural y que justifiquen la intervención de la Corte para que revise lo decidido y su propia doctrina sobre el tema, el recurso no puede ser concedido.

Como consecuencia, el recurso no puede ser concedido.
Prescripción, daños y perjuicios, incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alustiza, Elma c/ Empresa Libertador Gral. San Martín y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-11

La fecha a partir de la cual comienza a correr la prescripción del reclamo de indemnización por incapacidad es aquella en la cual el damnificado toma conocimiento del perjuicio sufrido, es decir "debe partirse del momento en que los daños han sido conocidos por el reclamante, asumiendo desde entonces un carácter cierto y susceptible de apreciación, aún cuando la circunstancia presente un proceso de duración prolongado y indefinido".-
Tratados internacionales, aplicación de tratados internacionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: M., V. c/ G.B., M. s/ Restitución de menor, Tenencia y Régimen de visitas Coman Silvia c/ La independencia s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-31|2000-03-10

La Convención de La Haya, si bien había sido incorporada al Derecho interno antes de la reforma constitucional de 1994, a partir de ésta última, y mediante su inclusión dentro de la lista de instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, "se ha elevado al vértice de nuestro ordenamiento en el mismo nivel de la constitución".
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, fundamentación del recurso, sentencia arbitraria, autosuficiencia, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: INVESTIGACIONES DUQUE S.A.; GHILLIONE, OSCAR MAURICIO s/ Régimen Penal tributario, incidente de excarcelación de Oscar Mauricio  Ghillione
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-19

1 - Si bien para el cumplimiento del requisito de fundamentación del recurso extraordinario no se exige el empleo de fórmulas solemnes o sacramentales, cuya exigencia podría traducirse en la frustración de los derechos federales invocados, se ha determinado que la fundamentación debe ser "autónoma", conforme lo que se deduce del art. 15 de la ley 48 (Cf. CSJN-Fallos 298:793; 306:719; 307:761) de donde, para la admisibilidad del recurso, el escrito de interposición debe bastarse a sí mismo, de forma tal que la sola lectura sea suficiente para la cabal comprensión del caso, lo que no ocurre en el caso, si se tiene en consideración que se omitió una completa enunciación de las distintas consideraciones en las que se sustentó el pronunciamiento objetado y, con respecto a algunas otras de aquellas consideraciones, se tergiversó su significado.- 2 - Dado que el caso federal planteado por el recurso extraordinario interpuesto es el de la arbitrariedad del pronunciamiento, esa hipótesis corresponde al ámbito excepcional de la apelación federal;

el recurso fundado en la doctrina de la arbitrariedad sólo es admitido de manera sumamente restringida pues no tiene por objeto abrir una nueva instancia ordinaria en la que puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas.
Portación de armas, armas de uso civil, proceso penal, sujetos del proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Franco David c/  s/ 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Si la oposición a la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, por parte de quien representa la vindicta pública debe encontrar anclaje en ciertas razones (de política criminal o de necesidad de llevar a juicio), de acuerdo con el art. 205 del Código Procesal Penal, éstas resultan ponderables en cuanto a su legalidad, logicidad y razonabilidad por la judicatura, a fin de evitar arbitrariedades que pudieran implicar a la postre una conculcación del principio de igualdad ante la ley o al derecho de defensa en juicio, puesto que el imputado no podría repeler una negativa infundada o fundada en apariencia o en causas desconocidas. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Subasta, deudas impositivas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARGNELUTTI NESTOR c/ KONSTRUCCIONES  S.A. s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-02-26

Cuando se dice que el comprador en subasta pública compra libre de gravámenes se determina que el crédito por las deudas anteriores a la fecha de compra se debe ejercer sobre el precio de la subasta y no sobre el bien,no que la subasta redime las deudas anteriores Sobre el dinero obtenido en la subasta se pueden ejercer los privilegios concernientes a las deudas fiscales.

No cabe liberar los fondos porque la certificación expedida para el proceso con motivo de la subasta, constituye un concreto reclamo por parte del fisco, reclamo al que no se le ha opuesto el desconocimiento del crédito pretendido.

La presentación de la liquidación de deuda, acto unilateral que goza de una presunción de legitimidad por el órgano emisor, supone la afirmación de la existencia de la deuda y de la intención del órgano recaudador de cobrar la misma sobre el precio de la subasta Queda al actor o demandado la posibilidad de repetir lo que hubiese sido cobrado indebidamente.-
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO c/ CABRERA RAUL ALBERTO Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-11-15

A efectos de determinar la indemnización por privación de uso del vehículo, sólo debe tenerse en cuenta el tiempo razonable que pueda requerir la reparación del rodado, siendo improcedente extender ese período a la demora resultante de factores que no guardan un directo y adecuado nexo de causalidad con el evento dañoso.
Competencia por conexidad, conexidad subjetiva, conexidad objetiva, oportunidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Masciocchi, María de los Angeles s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-27

La prórroga de competencia por conexidad objetiva y subjetiva puede lograrse durante la instrucción y durante la etapa del juicio, puesto que las cuestiones de competencia por conexidad, pueden promoverse hasta antes de fijada la audiencia del debate, la oportunidad que contempla el art. 46 del Código Procesal Penal de la Nación lo es en relación al órgano ante el cual se promueve la cuestión y eventualmente decide la declinatoria. (Dres. Ledesma, Riggi y Tragant).
Ejecución de sentencia, depósito, honorarios
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GONZALEZ SERGIO c/ CORTIANA FABIAN E. Y OTROS s/ DEMANDA ORDINARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-21

La sentencia de cuya ejecución se trata, por emanar de un Tribunal de Alzada, devino ejecutoria, es decir, susceptible de realización coactiva,el mismo día en que fue dictada en audiencia pública (art. 1324 C.P.C.) y tornóse declaración definitiva del derecho subjetivo invocado por el actor el día en que feneció el término previsto por la ley para interponer recurso de revisión.

Quiere decir entonces que, al formularse la pretensión ejecutiva, y no habiéndose cumplido todavía por los deudores la obligación, el acreedor pretensor era titular de la acción ejecutiva dimanente de la sentencia; por lo cual la jurisdicción debe irremisiblemente admitir la pretensión deducida y nunca diferirla o postergarla. En una palabra, la acción ejecutiva está expedita. Si el depósito del importe debido efectuado a la orden del juzgado por los deudores, fue ciertamente posterior, podrá gravitar en la suerte del procedimiento ulterior; pero jamás proyectar sus efectos hacia el pasado. La cuestión no es ociosa ni irrelevante; antes por el contrario, reviste importancia porque de la solución que se adopte dependerá el eventual nacimiento, en cabeza de los letrados del acreedor, de derecho a los honorarios por ejecución de sentencia, en los términos del art. 78 de la ley 7269.-
Emplazamiento, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Orsi, Sergio Darío s/ Dres. Ricardo A. Miranda y Enrique Lilljedahl en autos "Recurso de Casación en Expte. 207/07 Orsi Sergio Darío s.a. Daños - s/ Recurso de Reposición"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-03

La defensa técnica interpuso recurso de reposición en contra del Auto Interlocutorio por el cual esta Corte resolvió declarar desistido el recurso de casación articulado, en razón de no haber comparecido los recurrentes a mantener el mismo.

El hecho de que se haya declarado desierto el recurso de casación por no expresar el recurrente la decisión de mantenerlo, halla sustento en las normas de procedimiento que resultan aplicables -arts. 462, 451, 448, 180, 182 y concordantes del C.P.P.-, las que expresamente prevén que el plazo del emplazamiento comienza a correr desde que las actuaciones tuvieron entrada en el Tribunal de Alzada, que la omisión de expresar la voluntad de mantener el acto impugnativo se sanciona con la deserción y que los términos son perentorios e improrrogables.

Al ser ello así, y no habiendo exteriorizado el recurrente -ni siquiera anticipadamente- su voluntad de mantener el recurso de casación concedido por el a quo, mal puede alegar exceso ritual manifiesto.

No existe tampoco quebrantamiento de las cláusulas constitucionales referentes al debido proceso o a la garantía de la defensa en juicio, toda vez que la resolución impugnada se basó en los analizados preceptos adjetivos, los que se presumen sancionados precisamente en salvaguarda de los derechos fundamentales de los justiciables, insertados en los mandatos de la Constitución Nacional.

(Del voto del Dr. Cippitelli, en disidencia)
Régimen de garantía de los depósitos, certificado de depósito a plazo fijo, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: Hernández  Alfredo  y  Otro c/ B.C.R.A. s/ proceso  de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-06

Los certificados continúan devengando intereses conforme lo pactado hasta el vencimiento del plazo original (conf. C.S.J.N., in re Cassagne , del 21/12/87 y Corbo Miguel Angel , del 1/10/87).
Daño moral, daño estético
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Asef Héctor Raúl c/ Rienzi Hermelindo Aniceto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-08

El daño estético se conforma por toda desfiguración física producida mediante lesiones que pueden traducirse en un daño patrimonial cuando inciden en las posibilidades económicas del lesionado o en un agravio moral por los sufrimientos y mortificaciones que la propia fealdad incorporada le provoca a la víctima. Sin perjuicio de que en ciertos casos procede la solicitada reparación en forma independiente, la misma debe ser fehacientemente probada.
Juicio ordinario, excepciones procesales, defensa, sentencia, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: ENTE DE FONDOS RESIDUALES DE BANCO MENDOZA Y PREVISION SOCIAL c/ CASTILLO JOSE s/ EJECUCION CAMBIARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-04-19

En el procedimiento ordinario, la diversidad de planteos defensivos que deban resolverse en la sentencia de la causa no generan honorarios profesionales por cada articulación, sino que se reduce a una, conforme a las etapas procesales en las que actuó cada profesional.
Ley derogada, venta de bebidas alcohólicas, agravio concreto
Materia: CONTRAVENCIONAL-CIVIL
Carátula: Lenos S.A. y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Lenos S.A. y otros c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-01

La actora solicita al Poder Judicial la derogación de las normas que establecen restricciones al horario de expendio y consumo de bebidas alcohólicas por encontrarse, a su juicio, en oposición a la CN y a la local, pero no se ha planteado una controversia entre al menos dos sujetos, requisito ineludible para que exista una relación jurídica susceptible de servir de objeto a una "causa", de modo que la sentencia que hiciese lugar a la presente acción dispondría "declarar la inconstitucionalidad de los artículos 10, 11, y 12 de la ley 3361", esto es, una solución propia de la acción prevista en el inciso 2º del art. 113 de la CCBA, empero ajena a la de los procesos instados en el marco del citado artículo 106 de la CCBA. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
LEY DE EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, salidas transitorias, Derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: P., G. I. s/ Incidente de ejecución de pena s/ Casación" (Expte. Nº 27027/14 STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-10-07

Las personas privadas de libertad deberían sin distinciones obtener el beneficio a las salidas transitorias cuando se cumplen todos los requisitos exigidos legalmente y compatibles con el fin para el cual se establecen.

Lo contrario colisiona con principios humanos básicos, como pro homine y pro libertate, obligatorios en nuestra jurisdicción, tal como enfatizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación (desde "Bramajo", LL 1996 E, 409, y "Giroldi", LL 1995 D, 462, entre otros), en referencia a la prioridad, normativamente establecida, que presenta una decisión que implica mayor libertad frente a otras y el principio favor rei. (Voto del Dr. Apcarián por la mayoría)
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, abogados, sanciones disciplinarias, derecho al recurso, ley procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: REZIA, HILDA NOEMI s/ RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA INTERPUESTA ANTE EL TRIBUNAL DE ETICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto debe tener favorable acogida por cuanto se encuentra en tela de juicio el alcance del derecho a recurrir el fallo que impuso una sanción disciplinaria, vinculándose en consecuencia con los artículos 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que, no obstante ser clara la intención de recurrir de la letrada en forma tempestiva, no se produjo la revisión de la resolución que la sancionó , privando a la justiciable de obtener la revisión del fallo mediante una interpretación en extremo ritualista, vinculada con la intelección de una norma del Estatuto del Colegio de Abogados y de la Ley Orgánica del Poder Judicial que puede dar lugar a cierta dualidad en la interpretación literal y por lo tanto provocar perplejidad en los operadores. En estas condiciones, la resolución cuestionada impidió la revisión de la decisión sobre la sanción a la letrada mediante un recurso ordinario, accesible y eficaz y por tanto no puede considerarse una interpretación adecuada a tutelar el derecho a recurrir la condena de acuerdo a la nueva significación otorgada por la Corte Nacional a principios superiores del sistema jurídico.
Relación de causalidad, falta de prueba, daño físico, servicios eléctricos
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Argañaraz Elizabeth Del Valle c/ Trasnoa SA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-04-28

No existe prueba alguna a nivel técnico sobre la causa que origina el daño, ni testimoniales, ni de informe, ni de ningún otro tipo, no hay estadísticas o informes de las causas de las enfermedades en gente de la zona que sea producto de las ondas electromecánicas de alta tensión que refiere la nota periodística que se adjuntó en copia, que avale lo allí informado, tampoco existen informes ambientales que determinen la relación existente entre actividad de la demandada y los problemas de salud que sufriría la población aledaña a la industria citada, no se informó dónde están colocadas las antenas de alta tensión, la distancia con la vivienda de los accionantes ni sobre el efecto que tuviera sobre ellos la electricidad. No se acreditó la relación causal ni a los fines de la pretensión resarcitoria ni tampoco a los fines de la prevención, es decir, tampoco se acreditó la acción u omisión antijurídica de la demandada, la amenaza del daño, nexo causal entre esa amenaza y los daños de los accionantes. Para fundar su pretensión, la actora debía acreditar la relación de causalidad, presupuesto que no pudo probar con los elementos aportados al proceso, por lo que esa ausencia de prueba sólo a ella puede perjudicarla.
Reforma del Estado, privatizaciones, interpretación de la ley
Materia: ADUANERO
Carátula: Taschowsky, Dionisio E. c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-21

La ley 23.696 expresa un verdadero sistema destinado a enfrentar la emergencia a través de un proceso de transformación del Estado y su Administración Pública, donde se destaca como elemento singular, la política de privatizaciones decidida y desarrollada por el legislador (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A.F. López).
Recusación, recusación con causa, recusación por recepción de beneficios, nombramiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Dolz,  María  Mercedes  y  otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-18

En el concepto de "beneficio" que predica el art. 17, inc. 8°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no deben considerarse incluidas las designaciones para cargos judiciales o de otra índole, hechas por el gobierno en el desarrollo de su actividad específica.
Empleados públicos, reducción salarial, restitución de sumas de dinero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Talerico  María Eugenia c/ EN -Registro Nacional de las PersonasDto. 430/00 846/01 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-31

La actora -ex agente contratada por el Registro Nacional de las Personas- tiene el derecho a la restitución de las sumas descontadas en razón del decreto 896/01  y la ley 25.453, establecida por el decreto 1.819/02, con más el interés previsto en el decreto 941/91, desde que cada suma fue debida y hasta el 31/12/02, fecha de emisión de los "Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2008".
Contrato de obra pública, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Carmelo Scabuzzo c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

El contratista no puede rescindir por sí el contrato de obra pública, ni supeditar la validez del mismo al resultado de su reclamo de renegociación desinteresándose de su cumplimiento;

mientras la Administración no acepte rescindirlo o hasta que no sea decidido judicialmente está obligado a cumplir sus obligaciones.
Competencia por conexidad, accidente de tránsito, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: Sackman Sala, Ernesto José c/ Sulleiro, Eduardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Si de la lectura de las causas cuya acumulación se pretende surge que se discute acerca del mismo accidente de tránsito en el que el vehículo del demandado en ambos procesos presuntamente embistió a los de los respectivos actores, reclamándose la indemnización por los perjuicios que tal evento les produjera, aún frente a la desigualdad del trámite de las causas existe conexidad suficiente como para justificar el desplazamiento de la competencia ya que, de no procederse en este sentido y teniendo en cuenta que las partes discuten sobre el mismo objeto y por la misma causa se corre el riesgo del dictado de sentencias contradictorias con el consiguiente escándalo jurídico que ello implica.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, fuerza mayor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MERENDA, NICOLAS EN J: MERENDA, NICOLAS c/ SUCESION JUAN BARGNA E HIJOS S. C. s/ Ordinario - Casación (LIBRO: S240 - 280)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-08

La fuerza mayor para impedir el curso de la instancia, debe constituir necesariamente, un acontecimiento que no pudo preverse o que previsto, no pudo evitarse, conforme el art. 514 del C.C.

y su nota, y debe tratarse de una situación realmente excepcional y de estrictísima interpretación judicial.
Procedimiento tributario, impuestos, pago de tributos, regímenes de presentación espontánea
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: La Industrial Alimenticia S.A. (T.F. 13.327-I) c/ D.G.I. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

Mediante el decreto 631/92, publicado en el Boletín Oficial el 14 de abril de 1992, se dispuso que quedarían exentos de intereses, multas y cualquier otra sanción que pudiera corresponder, los contribuyentes y responsables que regularizaran su situación, dando cumplimiento a las obligaciones fiscales omitidas -total o parcialmente- cuyos vencimientos se hubiesen operado hasta el 31 de marzo de ese año, inclusive, relativos a los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización estuviere a cargo de la D.G.I. (Título I, art. 3°). La posibilidad de acogerse a dicho régimen se perdería cuando el pago no fuere espontáneo por haber sido motivado por actuaciones de la D.G.I. (confr. art. 6°).
Contrato de trabajo a domicilio, aportes sindicales
Materia: LABORAL
Carátula: SINDICATO DE TRABAJADORES TALLERISTAS A DOMICILIO c/ TIENDA LA PRINCESA s/ INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-08-11

No están obligados los dadores de trabajo en su relación con los trabajadores denominados 'talleristas' a dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 10 del convenio colectivo 74/54 y acta complementaria de 15 de junio de 1954.