Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-20


Reg.: A y S t 281 p 36/39. Santa Fe, 20 de febrero del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Ojeda, Nicolás Daniel contra el acuerdo 230, del 4 de abril de 2017, dictado por los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, doctores Burtnik, Balangione y Prieu Mántaras, en autos caratulados "OJEDA, NICOLÁS DANIEL - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE. N° 94/17) EN AUTOS: 'OJEDA, MIGUEL ANGEL Y OJEDA NICOLÁS DANIEL S/ ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO 'DE UTILERÍA' Y ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO 'DE UTILERÍA' REITERADO EN DOS OPORTUNIDADES TODO EN CONCURSO REAL Y ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO 'DE UTILERÍA'- (CUIJ N° 21-07008292-3)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511531-8); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisión del 4 de abril de 2017, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, doctores Burtnik, Balangione y Prieu Mántaras, rechazaron el planteo de nulidad y confirmaron la sentencia dictada por la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N° 6 de Santa Fe -quien, a su turno y en lo que aquí es de interés, había condenado a Nicolás Daniel Ojeda como coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego de utilería (hecho cometido el 22.05.2010 en perjuicio de Nilda Gillarducci y otras) a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y costas, imponiéndole la pena única (por composición) de tres años de prisión efectiva, accesorias legales y costas-; (cfr. fs. 15/21 y 2/14v., respectivamente). 2. Contra tal resolución, la defensa del imputado interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 24/28v.). Relata que la causa se inició por denuncia de quienes dijeron ser víctimas de robos calificados por armas de utilería en reiteradas ocasiones en un local comercial de la ciudad de Esperanza, reconociendo a los autores por un "mosaico fotográfico suministrado por la misma policía de la ciudad de Esperanza", y que a partir de este acto que sería -dice- "manifiestamente nulo" se desarrolló la investigación que derivó en la condena de Ojeda (fs. 25/v.) Expresa que el reconocimiento fotográfico se encuentra "...totalmente prohibido y vedado por la normativa vigente, vulnerando el Debido proceso y el Derecho de Defensa..." y que el Juez de Instrucción que declaró su nulidad debió dictar el sobreseimiento de Ojeda. Asimismo, refiere que lo único que vincularía a su defendido con el hecho serían los "...dichos infundados de su padre..." y que el reconocimiento en rueda de personas debió ser valorado relativamente por la similitud entre Nicolás y su progenitor. Afirma que al apelar entendió que no estaba probada la participación de su pupilo en el hecho y que ello sumado a la irregularidad en el accionar de la policía debió determinar la revocación de la condena (fs. 25v./26). Al desarrollar la fundabilidad del recurso invoca arbitrariedad en el fallo de la Cámara, alegando que en el caso se daban los requisitos de la teoría del "fruto del árbol prohibido", por lo que al confirmarse la condena del imputado se vulneraron las garantías de debido proceso y defensa en juicio. Agrega que la condena se basó en "...fundamentos construidos mediante interpretaciones arbitrarias de pruebas dudosas..." y que existían dudas de que Nicolás Ojeda fuera el autor del delito por lo que debió prevalecer la aplicación del artículo 5 del Código Procesal Penal (fs. 27v./28). 3. El A quo, por auto de fecha 28 de agosto de 2017, resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 30/32). Tal denegación motiva la presentación directa de la compareciente ante esta Corte. 4. Que conforme surge de las constancias de la causa, el imputado fue notificado de la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad el 21.09.2017 (f. 35) y el Defensor presentó el de queja, ingresándolo el 28.09.2017 (según cargo 1921, obrante a f. 50v.). De esta manera, la presente queja ha sido deducida extemporáneamente; en efecto, la misma debió haber sido interpuesta -conforme art. 8, primer párrafo, ley 7055- ante este Tribunal dentro del plazo de tres días (art. 356, C.P.C.C.). Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta, por extemporánea. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: FALISTOCCO-ERBETTA (POR SU VOTO)-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ERBETTA: 1. Cabe anticipar que esta impugnación no ha de prosperar, pues atenta contra su admisibilidad la falta de autosuficiencia y de motivación de la que adolece el memorial introductor de la vía extraordinaria local. En efecto, sabido es que para cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 7055 se debe exponer, con claridad y precisión, sobre la admisibilidad del recurso -demostrando la concurrencia de los requisitos formales necesarios- y sobre su procedencia -explicando los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional introducida-. Y también que este recaudo no supone un ocioso y vacío formulismo, sino que se orienta a evitar la distorsión de la índole extraordinaria de la impugnación y la conversión del Máximo Tribunal en una tercera instancia ordinaria (cfr. A. y S., T. 218, pág. 332; T. 222, págs. 63 y 129; T. 223, pág. 19). En el "sub examine", como se adelantó, el escrito del recurso de inconstitucionalidad provincial no se basta a sí mismo y carece de adecuada motivación. En este sentido, si bien la compareciente manifiesta que las pruebas valoradas para condenar a Ojeda -y para confirmar tal decisión- serían consecuencia de un reconocimiento fotográfico que habría sido nulo y que las probanzas colectadas serían insuficientes para alcanzar la certeza convictiva acerca de su participación en el hecho, sus alegaciones resultan infundadas, por cuanto no relata cuáles fueron los medios de confirmación valorados para arribar a la conclusión condenatoria, ni explica por qué entiende que serían derivación del cuestionado reconocimiento, todo lo cual resultaba necesario para una cabal comprensión de los agravios, más aún considerando las afirmaciones que respecto del reconocimiento efectuaran los Magistrados. De este modo, se advierte que al analizar este último planteo la Jueza de grado lo desechó sosteniendo que durante el proceso se produjeron pruebas que "...constituyen elementos autónomos e independientes de los reconocimientos fotográficos..." (f. 5v.). Y la Cámara en sentido coincidente expresó que "...aún excluyendo el reconocimiento fotográfico declarado nulo, existen en el Proceso otros medios probatorios que solos o unidos con los demás demuestran claramente la participación de los condenados en los hechos endilgados y por los que se le aplicó sanción penal. Y no se puede quitar valor probatorio a dichos medios (testimonios, secuestros, reconocimiento y entrega de efectos personales, reconocimiento en rueda de personas, confesión del imputado Miguel Ángel Ojeda) pues ellos no son derivación de un reconocimiento fotográfico..." (f. 18v.). Ante tal contundente fundamentación de los Jueces de la causa, la defensa tan sólo insiste en que las demás pruebas de cargo serían consecuencia del reconocimiento e insuficientes para condenar a Nicolás Ojeda, mas sin señalar cuáles serían tales medios probatorios, ni aportar argumentos que sustenten su postulación, ni demostrar tampoco arbitrariedad en la respuesta jurisdiccional brindada al respecto. En consecuencia, conforme las falencias apuntadas, y más allá de la validez del cuestionado reconocimiento fotográfico, no se advierte la afectación de garantías constitucionales invocada y sólo se vislumbra una mera discrepancia de la defensa con el alcance asignado por los Sentenciantes al resultado de los medios de confirmación producidos durante el proceso para confirmar la condena del imputado. Y sabido es que tales planteos no constituyen cuestión susceptible de ser revisable por esta vía cuando, como ocurre en este supuesto, los fundamentos que brindó el Tribunal para solventar su decisión, se compartan o no, en modo alguno logran ser descalificados desde la óptica constitucional, al no demostrar la recurrente prescindencia de las reglas de la sana crítica racional, ni que los motivos expuestos no resulten derivación razonada del derecho vigente. De este modo, no presentan estas postulaciones entidad suficiente como para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental. Por ello, considero corresponde rechazar la queja interpuesta. Fdo.. ERBETTA-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, doctores doctores Burtnik, Balangione y Prieu Mántaras. Tribunal que intervino con anterioridad: Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N° 6 de Santa Fe.