Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-19


STJSL-S.J. N° 44/08.

SAN LUIS, Febrero diecinueve de dos mil ocho.

AUTOS Y VISTOS: Los autos caratulados: ?LUJAN WILLIAMS AUTOMOTORES S.A. ? CONCURSO PREVENTIVO c/ VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. y VOLSKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS y VOLKSWAGEN CIA. FINANCIERA S.A. s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA ? AVOCAMIENTO DIRECTO?; Expte. N° 20-L-2003.

Y CONSIDERANDO: I.

Luego de prolongado y tortuoso trámite, a fs. 390 se llama autos para resolver ?la cuestión referida al planteo de fs. 364 e intimación de fs. 365, habida cuenta de que no se ha satisfecho hasta el presente el pago de la tasa de justicia?.

De ello nos ocuparemos en primer lugar.

Pero además estimamos del caso que el Tribunal debe ejercer las facultades ordenatorias del proceso que le confiere el art. 34, inc. 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, a los efectos de que este proceso se desarrolle normalmente con la mayor economía procesal y pueda finalizar en plazo razonable.

II.

Respecto a la tasa de justicia adeudada cabe recordar que a fs. 354, mediante resolución del Ministro a cargo de la Presidencia, se dispuso exigir el pago de la tasa de justicia ?conforme lo dispuesto en el art. 44, inc. 4 apart. a) de la ley N° VIII-0254-2004?, que se encuentra firme y consentida. (el artículo citado es errado pues correspondía a la ley impositiva del año 2002).

Teniendo en cuenta la fecha en que se promovió la demanda (14 de noviembre de 2003, según cargo de fs. 147), la ley impositiva aplicable era la correspondiente a ese año 2003 (art. 5°, Cód. Tributario entonces vigente ?ley N° VI-0154-2004 (5426 R); igual al art. 5° del actual Código Tributario Ley N° VI-0490-2005).

La ley impositiva para el año 2003 era la N° VIII-0254-2003 (5357 R) la que ?en su art. 46, inc. 4 apart. a)- gravaba igual que el art. 44 inc. 4 apart. a) de la ley impositiva del año 2002 y también ahora con el treinta por mil (30 %o) a los juicios por cobro de dinero.

Y según el art. 287, inc. 1, del Cód. Tributario entonces vigente (ley N° VI-0154-2004) ?que es idéntico al mismo art. 287, inc. 1, del actual Cód. Tributario N° VI-0490-2005- esa tasa del treinta por mil correspondía abonarla ?En los juicios por cobro de dinero, CUALQUIERA SEA EL PROCEDIMIENTO A QUE ESTEN SOMETIDOS, sobre las sumas que se reclamen...?.

No hay duda que conforme a los términos de la demanda autosatisfactiva promovida, la actora de autos pretendía el cobro de la suma de $ 12.266.222, 76 (Pesos Doce millones doscientos sesenta y seis mil doscientos veintidos con setenta y seis centavos). No puede darse otra interpretación a la expresión ?tendiente a lograr el ingreso al patrimonio del concursado? que se incluye en el Cap. I ?Del Objeto?, de la demanda.

Es decir que a tenor de las normas invocadas, debió pagar al promover la demanda la cantidad de $ 367.986,68 (Pesos Trescientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y seis, con sesenta y ocho centavos).

Además debió abonarse la suma de $ 50 (en concepto de tasa judicial por derecho de archivo), como la tasa correspondiente al embargo ordenado por la jueza y que conforme a la legislación impositiva entonces vigente y la actual, es del tres por mil (3 %o).

III.

Que las señaladas precedentemente eran las obligaciones tributarias que debió cumplir la actora al promover su demanda e inmediatamente de dispuesto el embargo por la Jueza, resulta indudable si se tiene en cuenta que como se dijo, la pretensión ?y más allá del procedimiento elegido y seguido por la jueza- era la de cobrar una suma importante de dinero para ingresarla, en propiedad, al patrimonio de la actora.

Esta conclusión se robustece si se tiene en cuenta que la propia jueza, al analizar la medida autosatisfactiva, dice expresamente: ?... que es un proceso urgente (no cautelar)...?, y reitera: ?En relación a este último, memórese, otra vez, la opinión ya citada de Calamandrei, quién convalidaba esa suerte de proceso urgente no cautelar...? (fs. 158).

Y más adelante (fs. 158 vta.) recurriendo a Peyrano nuevamente expresa: ?... La medida autosatisfactiva (es decir, el remedio de urgencia no cautelar que hoy nos convoca) ...?; para continuar trayendo a colación las conclusiones del XIX Congreso Argentino de Derecho Procesal celebrado en Corrientes en agosto de 1997 y según el cual ?...La medida autosatisfactiva es una solución urgente no cautelar ...? y también las del anterior Congreso XVIII en el que se concluyó que ?la categoría de proceso urgente es más amplia que la de proceso cautelar? (fs. 158 vta./159).

Lo expuesto sobre la naturaleza de la acción intentada (cobro de sumas de dinero) ?y sin abrir juicio sobre la procedencia de la pretensión de la actora- resulta también reconocida por ella misma, cuando increíblemente solicita que cese la actuación de este Superior Tribunal y que se devuelva el expediente a primera instancia para que se le ?imprima el trámite de conocimiento, según lo preveen los arts. 319 a 321 inc. 2 in fine del C.P.C.C? (fs. 387), pretensión que se reitera a fs. 392, todo lo cual robustece las resoluciones que han exigido el pago de la tasa de justicia del treinta por mil del capital reclamado, más $ 50 por derecho de archivo, más lo que corresponde por el embargo decretado por la juez y que la actora rápidamente efectivizó.

Estos son actos jurídicamente relevantes que analizaré y cuya consideración y resolución deberán efectuarse oportunamente.

Concluyo, entonces, esta cuestión de la tasa de justicia inicial que debió pagar la actora expresando que la misma ascendía a $ 367.986,68 (Pesos Trescientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y seis con sesenta y ocho centavos), que equivale al treinta por mil (30 %o) del monto reclamado.

No empece a esta conclusión lo expresado por la Juez de grado en la resolución del 11 de diciembre de 2003 (fs. 234 de autos) en la que señala que la tasa de justicia ?conforme jurisprudencia firme de este Juzgado asciende a 0,3% sobre capital e intereses, siendo en consecuencia de $ 36.670,36?.

Ello no es válido por cuánto tal resolución no quedó firme; además que la jurisprudencia aplicable no es la del juzgado de primera instancia, sino la de los Tribunales Superiores (ver fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas N° 1, en autos: ?Filippa Blanca c/ Bco. Sudameris Argentina S.A. Suc. A.L. ? Medida Autosatisfactiva ? Expte. N° 57/2002?, R.R. Civil N° 303/06; ?Lanari Florencia y otros c/ Bco. Francés Suc. S.L.....

Expte. N° 70/2002?, R.R. Civil N° 323/07; ?Alric, Edith Gladis c/ Bco. Francés Suc. S.L. ....

Expte. N° 36/2002?, R.R. Civil N° 324/07) y por último porque el art. 57 del Código Tributario autoriza la modificación en supuestos como el de autos.

Ello sin perjuicio de que, oportunamente, deba deslindarse la responsabilidad de los magistrados y funcionarios que permitieron la tramitación del proceso sin exigir el pago de tasa de justicia alguna (arts. 39, 284 y 286, Código Tributario).

Por lo demás y como se ha dicho, la primera resolución de este Tribunal que exigía el pago del treinta por mil del monto reclamado fue la de fs. 354, que se encuentra firme y consentida.

A ello debe agregarse la tasa por archivo ($ 50).

III.

Establecido lo precedente, cabe ahora señalar que a fs. 365 se ordenó intimar a la actora, por el término de cinco días, para que abonara las tasas adeudadas, bajo el apercibimiento expreso de aplicar el art. 311 del Código Tributario.

Tal intimación le fué notificada a la actora mediante la cédula obrante a fs. 366, el día 18 de mayo de 2005, sin ser objetada por lo que también -igual que la resolución de fs. 354- se encuentra firme y consentida.

Esa intimación no fue cumplimentada y ello originó que se corriera vista al Sr. Procurador General (fs. 367 y fs. 382).

El Sr. Jefe del Ministerio Público se expide a fs. 389 dictaminando que, ante el no pago de la tasa de justicia adeudada, corresponde la aplicación de la multa prevista por el art. 311 del Cód. Tributario y expedición del certificado respectivo.

Ello concuerda con lo oportunamente dictaminado por Oficina de Contralor de Tasas Judiciales a fs. 357 y 364.

En consecuencia y teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto y de conformidad con lo dispuesto por el art. 311, inc. a) del Código Tributario corresponde imponer a la actora y sus responsables (art. 283, Código Tributario) una multa equivalente al cien por ciento (100 %) de las tasas no ingresadas, es decir $ 367.986,68 (Pesos Trescientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y seis con sesenta y ocho centavos), más $ 50 (Pesos Cincuenta) correspondiente a la tasa por el derecho de archivo, con más los intereses respectivos desde la fecha en que debieron abonarse.

Por el importe resultante se expedirá el certificado previsto por los arts. 311 y 312 del Código Tributario, a los efectos de la promoción de la ejecución fiscal.

En el certificado en cuestión se consignarán los datos de la actora deudora y de sus responsables (art. 283, Cód. citado).

IV.

Además de lo anterior -como se dijera más arriba- y conforme lo que resulta de actuaciones posteriores, la actora y sus responsables adeudan: la tasa de justicia equivalente al tres por mil (3 %o) del monto del embargo decretado por la jueza y efectivizado por los mismos y la tasa por derecho de archivo ordenada pagar a fs. 393.

Estas tasas no han sido reclamadas por lo que ?de acuerdo a la previsión del art. 311 del Código Tributario- corresponde intimar a la actora y a sus responsables el pago de las mismas en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de proceder conforme lo previsto en la misma (multa, certificado y ejecución).

La imposición de multa dispuesta en el punto anterior y la intimación precedente se notificará por cédula que suscribirá la Sra. Secretaria (art. 135, inc. 5°, Código Procesal Civil y Comercial).

V.

Se expresó al comienzo que, además de las cuestiones relacionadas con las tasas de justicia adeudadas, debían ejercerse las facultades ordenatorias del proceso para su desarrollo normal, con la mayor economía procesal y poder así finalizarlo en plazo razonable.

Al respecto cabe considerar, primeramente, la pretensión de la parte actora ya mencionada en el sentido de que cese la actuación de este Superior Tribunal y se remita el expediente a primera instancia para que continúe el trámite como proceso de conocimiento (fs. 387 y fs. 392).

Ello es totalmente improcedente y el pedido puede calificarse de temerario y malicioso.

No puede ignorar la actora que este Tribunal el 12 de diciembre de 2003 ?ya hace cuatro años- resolvió ?avocarse el conocimiento y RESOLUCION de la presente causa? (fs. 98/99):- Tal avocamiento directo se dispuso a pedido de la demandada y con fundamento en el art. 1 de la ley 4924, que incorporó el art. 254 del Código Procesal, que se encuentra vigente en el texto actual.

Conforme a esa norma ?...Si el Superior Tribunal admitiere el avocamiento proseguirá la causa según su estado y por el procedimiento que corresponda, según la naturaleza de la cuestión planteada...?.

Deviene de ello que la intervención del Superior Tribunal es irreversible y, por ende, totalmente improcedente, temerario y malicioso el pedido de la actora que pretende sustraerle el conocimiento de la presente causa, sin impugnar para nada la norma citada (art. 254 citado).

Y precisamente por la naturaleza de la cuestión planteada (medida autosatisfactiva acogida en primera instancia), como teniendo en cuenta las diversas alternativas y actuaciones habidas en autos, es que es menester disponer las medidas ordenatorias conducentes para el avance de este proceso.

VI.

Se advierte en primer lugar que la demandada al comparecer ante este Tribunal insinúa la incompetencia de la juez de grado por no ser aplicable el fuero de atracción del art. 21 de la ley de concursos y asimismo interpone recurso de apelación (ver fs. 67 vta.).

También resulta que dicha parte ?y entonces ante la juez de primera instancia- interpuso recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria del 28/XI/2003 (fs. 149/162) aún cuando sólo conocía, según lo expresa, los efectos del embargo dispuesto por la entonces Juez (ver fs. 200).

La jueza sólo tuvo por interpuesto el recurso, postergando su decisión sobre el mismo (concesión o denegación). Ver resol. 5/12/03, fs. 201.

Luego a fs. 244, la demandada insiste en su pedido de que cesara la reserva de las actuaciones y recuerda su recurso de apelación no proveído. Interviniendo, entonces, una Juez Subrogante se ordena la elevación a este Tribunal de todas aquellas actuaciones que, indebidamente, habrían continuado en primera instancia, luego del avocamiento directo dispuesto.

A fs. 266 la demandada y ahora ya ante este Tribunal, reitera sus recursos de apelación contra las resoluciones de la Juez de fs. 201 y de fs. 234, expresando que ?Estos recursos de apelación, deberán ser comprensivos del de nulidad, y así se explicitará al momento de ser fundado?.

Y a fs. 269 se aclaró debidamente los motivos de la apelación.

Más allá de las diferentes posiciones doctrinarias sobre las medidas autosatisfactivas, unánimemente se reconoce que las mismas son apelables, con fundamento en el derecho de defensa que tiene resguardo constitucional.

En nuestro caso, debe armonizarse ese derecho a recurrir y su procedimiento, con la circunstancia de que este proceso ha pasado a jurisdicción de este Superior Tribunal, que actuará como de instancia única, ya que su decisiones son definitivas y sólo susceptibles del recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48 (arts. 254 y 255 del Código Procesal).

Por tanto corresponde conceder los recursos de apelación interpuestos.

VII.

En este aspecto y en primer lugar, corresponde también intimar a la demandada y a su responsable a pagar las tasas de justicia por tales recursos con más sus intereses desde la fecha de interposición.

VIII.

Como ya se insinuara más arriba, debe considerarse que las medidas autosatisfactivas (como la impetrada en autos) no son una medida cautelar, sino un proceso de especialísimas características que se agota con la admisión de la petición y sin perjuicio del derecho del afectado para recurrirla u oponerse posteriormente.

En el marco doctrinario y jurisprudencial de nuestro país Jorge W. Peyrano -que es uno de los impulsores más importantes y autorizados de este tipo de medidas- nos enseña: ?En lo atinente su difusión, corresponde decir que su ideario se ha propagado por todo lo ancho y lo largo del espectro jurídico. Así se hace referencia a la importancia y uso de la autosatisfactiva en Derecho Civil argentino en materia de preservación del Derecho de Familia.

También en materia de Derecho Ambiental y en lo hace al Derecho del consumidor y del usuario se ha puesto énfasis en su trascendencia. Igualmente, el Derecho de Seguros, el Derecho del Trabajo y hasta el Derecho Penal han hecho mérito de sus bondades? (Ver: ?Medidas Autosatisfactivas?, Jorge W. Peyrano, Director, Ed. Rubinzal Culzoni 2004, pág. 23).

En dicha obra calificados autores exponen sus trabajos sobre la problemática de las medidas autosatisfactivas, partiendo de la base de su admisibilidad. Y se consideran diversas situaciones que posibilitarían su procedencia.

Más allá de ello, no puede caber duda que la sentencia de la entonces Juez del 28 de noviembre de 2003, obrante a fs. 41/54 del expediente principal (reservado) y fs. 149/162 de este expediente N° 20-L-2003, debe ser considerada -a los efectos del recurso interpuesto por la demandada- una SENTENCIA DEFINITIVA.

Que ello es así resulta reconocido por la misma Juez de Primera Instancia que comienza: ?San Luis, veintiocho de noviembre de dos mil tres.

AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia definitiva en la medida autosatisfactiva...? (el destacado nos pertenece).

Siendo ello así el recurso que interpusiera la parte demandada, y en resguardo de su derecho de defensa, debe ser concedido libremente (art. 243, Código Procesal Civil y Comercial), debiendo procederse oportunamente en la forma prevista por el art. 259 del mismo Código.

Al respecto cabe señalar que la petición de la demandada de fs. 307 ?que ha motivado confusión- es autocontradictoria.

Se expresa allí, en primer lugar, que las apelaciones interpuestas por ella no pueden sustanciarse ?debido al restringido marco procesal del presente recurso directo?. Olvida el impetrante que, conforme el art. 254 del Código Procesal Civil, avocado el Tribunal la causa debe seguir su trámite según su estado hasta llegar a la sentencia de este Tribunal, la que se considerará definitiva.

Pero a renglón seguido se deja a criterio del Tribunal la decisión de si deben o no sustanciarse las apelaciones.

Este pedido se reitera a fs. 346.

Sin embargo ya se ha señalado que se considera que el trámite de la causa debe proseguir según su estado, cuál es considerar los recursos de apelación oportunamente interpuestos, concediéndolos, sustanciándolos y oportunamente resolverlos mediante sentencia que será definitiva.

Cuando deba sentenciar el Tribunal deberá considerar las pretensiones formuladas en la demanda que obra a fs. 1/40 del expediente principal reservado (fs. 110/149 de esta causa), pronunciándose sobre su procedencia, como asimismo sobre las diferentes alternativas habidas en el proceso. También deberán evaluarse las eventuales defensas que realice la demandada.

IX.

Por supuesto que la tramitación de dicha apelación, deberá adecuarse a la solución previa de los aspectos tributarios ya señalados.

Ante la vigencia del art. 284 del Código Tributario que veda todo trámite hasta tanto no se hayan satisfecho las tasas judiciales, estimamos que debe armonizarse esa exigencia legal, con el estado de la causa y el legítimo derecho de la demandada a que este proceso finalice en término razonable.

Ello en tanto el proceso se promovió y avanzó sin que ?como se dijo- los responsables intervinientes exigieran el pago de las tasas adeudadas.

Al respecto conviene recordar que pese a la norma citada precedentemente, el Código Tributario prevé ?como se ha visto y es sabido- un procedimiento especial para efectivizar el cobro de las tasas adeudadas (intimación de pago de las tasas adeudadas, imposición de multa del 100 %, expedición de certificado de ejecución).

Cumplido ese procedimiento, las actuaciones principales pueden continuar, pues de lo contrario no sólo se beneficiaría al deudor moroso, sino que también se afectaría palmariamente el derecho de defensa en juicio de los justiciables, pues de paralizarse totalmente el proceso ello implicaría una denegación de justicia, lo que es inadmisible.

Por tanto, estimamos conveniente ir desbrozando este proceso, separando las cuestiones tributarias de las pretensiones sustanciales y sobre las cuáles ambas partes están impetrando una definición (fs. 387 y fs. 392 por la actora; y la demandada a fs. 307 y fs. 346).

En consecuencia y dado que existen diferentes cuestiones tributarias, a los efectos de la continuación normal de la cuestión principal, corresponde: ordenar la formación de incidente por separado (art. 175 del Código Procesal) con todas las actuaciones referidas al pago de las tasas de justicia adeudadas y continuar el trámite con todo lo demás pendiente.

X.

Por todo lo expuesto, oído el Sr. Procurador General y concordando con lo dictaminado tanto por la Oficina de Contralor de Tasas Judiciales, como por el Sr. Jefe del Ministerio Público, SE RESUELVE: 1°) Imponer a la actora y a sus responsables Dres. H. J. C. y J. C. D. una multa equivalente al cien por ciento (100 %) de las tasas judiciales no ingresadas, con más los intereses respectivos, Es decir: Pesos Trescientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y seis con sesenta y ocho centavos ($ 367.986,68), correspondiente al treinta por mil del capital reclamado, más Pesos Cincuenta ($ 50) correspondiente al derecho de archivo (arts. 283 y 311 del Código Tributario).

2°) Previa liquidación por parte de la Oficina de Contralor de Tasas Judiciales, por Secretaría expídase la certificación de deuda, la que será remitida en la forma de estilo para su ejecución fiscal (arts. 311 y 312, Código Tributario).

3°) A los efectos de no paralizar el procedimiento principal y por pieza separada, fórmese INCIDENTE DE COBRO DE TASAS (art. 175 del Código Procesal) con fotocopias certificadas por Secretaría de: demanda de la actora obrante a fs. 1/40 del expediente principal reservado (fs. 110/148 de autos); de este expediente N°20-L-2003: resolución fs. 354; dictamen fs. 357; dictamen fs. 364; resolución fs. 365; cédula fs. 366 y vta.; resolución fs. 327; resolución fs. 390; esta sentencia interlocutoria y cédula mediante la que se la notifique; y certificación de deuda que se expida.

4°) Intimar a la actora y a sus responsables Dres. J. C. D. y H. J. C. para que, en el plazo de cinco días, efectivicen el pago de la tasa de justicia correspondiente al embargo decretado por la jueza de primera instancia y efectivizado de inmediato por aquella, con más sus intereses respectivos, bajo apercibimiento de aplicación de multa y ejecución fiscal (art. 311, Código Tributario).

5°) Intimar a la demandada y su responsable Dr. A. A. P. M. para que, en el plazo de cinco días, efectivicen el pago de la tasa de justicia correspondiente a los recursos de apelación interpuestos, con más sus intereses respectivos, bajo apercibimiento de aplicación de multa y ejecución fiscal (art. 311, Código Tributario).

6°) Denegar por improcedentes las peticiones de la actora de fs. 387 y fs. 392, debiendo continuar los autos según su estado por ante este Superior Tribunal.

7°) Conceder libremente los recursos de apelación interpuestos por la demandada. A los efectos de su sustanciación, el expediente se pondrá a la oficina para la respectiva expresión de agravios, una vez que se forme el incidente ordenado en el punto 3° precedente y se cumplimenten las intimaciones dispuestas en los puntos 4° y 5° de esta interlocutoria.

8°) Notifíquese personalmente o por cédula a las partes que será suscripta por la Sra. Secretaria.

9°) Notifíquese al Sr. Procurador General y a la Oficina de Contralor de Tasas Judiciales en sus respectivos despachos, con remisión del expediente y entrega de fotocopia certificada de esta sentencia.

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

FDO DRES. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ, FLORENCIO DAMIÁN RUBIO, OMAR ESTEBAN URIA Y OSCAR EDUARDO GATICA-SRIA. DRA. EMMA B. KLUSCH.