Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-06-29


Trelew, 29 de junio de 2.007.

Y VISTOS: La apelación interpuesta por la ejecutada a fs. 98 contra la resolución de fs. 92/93, memorial de agravios de fs. 103/104 y su contestación de fs. 107/108 vta., y CONSIDERANDO: En la sentencia apelada se desestimó el levantamiento de embargo solicitado por la Administración de Vialidad Provincial. I. Se quejó la demandada, en lo esencial, sosteniendo que las leyes invocadas a los fines de solicitar el levantamiento del embargo son de orden público.

Afirmó que es sabido que es una entidad autárquica del Estado Provincial regida por la ley 2353 y que tiene a su cargo todo lo referente a la vialidad provincial.

Indicó que el art. 27 de la ley 2353 crea el Fondo Provincial de Vialidad destinado al estudio, trazado, expropiación de los terrenos y yacimientos necesarios, construcción, mejoramiento, conservación, reparación, reconstrucción de caminos, obras anexas y las conducentes al cumplimiento de la ley.

Sostuvo que lo expuesto no deja lugar a dudas que los fondos que ingresan a sus cuentas son fondos públicos, que tienen un fin específico determinado expresamente por dicha ley. Expresó que la ley provincial 5584, en su artículo 16, también establece la inembargabilidad de los fondos públicos.

II. La sentencia apelada se basó en la interpretación que le da la Corte Federal a los requisitos que se deben cumplir a fin de hacer valer la inembargabilidad de fondos públicos establecida por la ley 24.624.

Según ese Alto Tribunal "no basta invocarla para que proceda su aplicación automática a las sumas de dinero que encuadran en la hipótesis prevista por ella, sino que resulta menester acreditar la falta de partida pertinente para atender el pago del crédito reconocido en sede judicial, según lo dispuesto por el art. 20, primera parte, de la ley 24.624, extremo de hecho cuya existencia no se presume, por lo que debe ser probado por quien invoque la aplicación del art. 19 de la ley 24.624" (C.S.J.N. 322:2132).

Sin perjuicio de señalar que no solo que no se acredita, sino que ni siquiera se menciona la falta de partida para atender el pago del crédito reclamado, la remisión que hace la apelante a lo dispuesto por el art. 27 de la ley 2353, en orden a la finalidad del Fondo Provincial de Vialidad, no satisface los requisitos previamente enunciados, por lo que se confirmará la resolución apelada.

Es que las finalidades genéricas sobre la utilización de dicho Fondo que expresa la norma, no significa que las sumas embargadas estén destinadas en forma concreta a tal o cual fin.

A su vez, es del caso señalar que es de la esencia del orden público su variabilidad y mutabilidad, de manera que en una norma de Derecho público o de Derecho privado, puede en determinado momento o época, estar presente la noción de orden público, porque su acatamiento garantiza principios comprometidos con el bienestar general y orientados a la defensa y conservación de la organización social establecida. Y también ocurre que un cambio de circunstancias económicas o políticas influya de tal modo en el aspecto jurídico, que una norma que hasta ese momento involucraba principios de orden público, afectada por el cambio operado, aparezca despojada del carácter que revestía (confr.: Kaller de Orchansky, en "Código Civil..." Director Bueres, ed. Hammurabi, 1995, T I, pág. 57), lo que a su vez implica "a fortiori", que puedan ser reglamentadas y limitadas (art. 14 C.N.).

III. En atención al resultado de esta apelación, toda vez que la ejecutada resulta derrotada, se le impondrán las costas de esta Instancia (art. 68 C.P.C.C.). En atención a la extensión y eficacia de las labores desarrolladas y resultado de sus actuaciones en la Alzada, cabrá regular los honorarios de los Dres. C. G. del M. y J. F. A. en las sumas de $ 1.595 y 560, respectivamente, con más el I.V.A. pertinente ambos casos (arts. 6, 7, 9, 14, 27, 47 y concs. del dec.ley 2.200).

En razón de la forma en que se impondrán las costas y lo establecido en el art. 2º del dec.ley 2200, no se regularán honorarios al Dr. A. Y. por sus labores de Alzada.

Por todo ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Trelew, RESUELVE: Confirmar el decisorio de fs. 82/83.

Las costas de Alzada se imponen a la ejecutada.

Regular los honorarios de Segunda Instancia a los Dres. C. G. del M. y J. F. A. en las sumas de $ 1.595 y 560, respectivamente, con más el I.V.A. pertinente ambos casos.

No regular honorarios al Dr. A. Y. por sus labores de Alzada.

Se deja constancia que el presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Juan Humberto Manino (art. 8 de la ley 1.130, T. ley 4.550).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 101 DEL AÑO 2007 SIC. Conste.

c.

PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA