Flagrancia, juicio unipersonal, sentencia arbitraria, nulidad de sentencia, derecho a ser oído, ley vigente
Materia: PENAL
Carátula: RIVAROLA, Héctor Amílcar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

El primer voto concurrente agregó que la invocación y paralelismo que planteó el juez a quo con la ley de flagrancia para justificar la conformación de un tribunal unipersonal para juzgar en el caso de mentas, aparece como una creación sin sustento, ni en las normas, ni en la discusión parlamentaria de la ley 27.307, que incorporó esta última posibilidad al CPPN. De los preceptos que rigen la materia para el supuesto de autos, surge con claridad que la conformación del tribunal, en unipersonal o colegiado, es facultad de la defensa o el imputado y que debe ejercer esa opción al ser notificados en los términos del art. 349 del CPPN. En el caso bajo análisis, la defensa ejerció dicha opción en el plazo determinado para hacerlo. Tal circunstancia daba por sellada la conformación del tribunal de juicio como de carácter colegiado. De otra banda, si bien lo precedentemente expuesto implica que la decisión cuestionada por la defensa configura un supuesto de arbitrariedad, es menester indicar que el intento del juez por justificar su decisión tampoco encuentra respaldo en las discusiones parlamentarias. Tampoco lo hace ni en el Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional al enviar el proyecto de ley al Congreso de la Nación. Conforme todo lo expuesto, concordamos en que se produjo un apartamiento de la norma cuyo examen y armónica comprensión es indispensable para decidir acerca de la constitución del tribunal de juicio, cuya observancia se encuentra prevista bajo pena de nulidad. Por tal motivo, el pronunciamiento configura un supuesto de arbitrariedad que impone su descalificación como acto jurisdiccional válido. El otro voto concurrente agregó que de acuerdo a lo previsto en el art. 75 inc. 22 de la CN, garantizan el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial los artículos 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el 14.1 del PIDCyP; 8.1 de la CADH y el 10 de la DUDH. En el punto, la Corte IDH, cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de preceptos convencionales, (Fallos: 321:355 y 328:1491 entre otros), ha señalado que el derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, también contemplado por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna. Todos estos principios señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no han sido observados por el juez que dictó sentencia actuando de modo unipersonal en oposición a lo dispuesto por la legislación procesal vigente y lo manifestado por la defensa y en consecuencia, no tenía jurisdicción para pronunciarse, tal como lo hizo. En efecto, ello es así, en tanto en la oportunidad prevista por el art. 349 del CPPN, se establece en el inc. 3 que es facultad de la defensa "Ejercer la opción, cuando corresponda, para la intervención de un tribunal colegiado o unipersonal, con la conformidad del imputado". En el caso, la defensa se opuso expresamente a la constitución unipersonal del tribunal e interpuso una reposición, contra la decisión que así lo disponía y la misma fue rechazada. No obstante lo señalado, actuando de manera unipersonal, el juez continuó con el proceso y dictó sentencia de condena. Por ello se entiende que quien dictó sentencia, no tenía facultades para hacerlo en tanto hubo una expresa oposición de la defensa a la constitución unipersonal del tribunal y la misma no solo no fue oída, sino que fue arbitrariamente rechazada, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación procesal vigente. Dres. Petrone, Barroetaveña y Figueroa (votos concurrentes).