Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-22


BANCO POPULAR DE ROSARIO S.A.

Reg.: A y S t 205 p 451-453. Santa Fe, 22 de marzo del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el doctor Coronato contra la resolución nro. 250 del 14 de agosto de 2003, dictada por la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en autos "BANCO POPULAR DE ROSARIO S.A. -Quiebra- (Expte. 471/02)" (Expte. C.S.J. nro. 277, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que el Juez de primer grado de conocimiento aceptó el crédito invocado por el doctor Alfredo José Coronato como "gasto de justicia" (art. 240 LCQ) proveniente de una regulación de honorarios practicada por su función de asesoramiento y patrocinio jurídico prestado a la Sindicatura -esto es, al Banco Central de la República Argentina a través de su funcionario el Delegado Liquidador- de conformidad al artículo 50 inc. a) de la ley 22529.

Apelada dicha resolución por la Sindicatura la Sala acogió la impugnación y, en consecuencia, revocó la resolución en cuanto reconoció el crédito invocado como "gasto de justicia", con costas.

Es contra dicho decisorio que endereza el letrado perdidoso su recurso de inconstitucionalidad, con fundamento en la causal prevista en el inciso 3) del artículo 1ro. de la ley 7055.

En primer término, le agravia la inferencia realizada por la Sala que partiendo de la base de que el Banco Central de la República Argentina -entidad liquidadora- no tiene derecho al cobro de honorarios, hizo extensivo ese criterio al B.C.R.A.- a cobrar honorarios tanto a la masa como a la entidad liquidadora. Sostiene que el convenio suscripto fue de los de tipo adhesivo y que, como tal, carece de valor para otorgar forma y validez a la renuncia y cita jurisprudencia que entiende convalida su postura.

Alega que al resolver el Tribunal a quo incurre en apartamiento de la normativa en vigor aplicable al caso que posibilita una amplia libertad en la contratación y pago por parte del Banco Central de la República Argentina a personas para trabajar en la quiebra de una entidad financiera.

Señala -además- que se resuelve "extra petita" conculcándose su derecho de defensa al excederse del marco de la discusión procesal, en tanto el Banco Central de la República Argentina no cuestiona ni el rango ni el privilegio de su crédito -con lo cual, acepta la validez del reclamo- sino que lo que obstaría a esa pretensión es la circunstancia de que aquél ya había sido cancelado en su totalidad.

Asegura que, aun cuando por su labor recibiera determinada retribución, ello no apareja impedimento a los efectos de la regulación que por ley le corresponde cuando se actúa en beneficio de los intereses de la masa.

Señala que su intervención en la causa ha redundado en la consecución de fondos que han ingresado al acervo concursal mejorando la situación patrimonial del Banco fallido, por lo que desconocer el derecho a la percepción de estipendios derivaría en un enriquecimiento para la masa con un aprovechamiento indebido de la gestión ajena sin contribución en el pago de las costas que ocasionó.

Finalmente, indica que se consagraría también una desigualdad repugnante de la Constitución nacional en tanto habría distintas clases de acreedores (los de cualquier fallido y los de las entidades financieras en liquidación) de distintos juicios universales y ante profesionales que realicen idéntico trabajo existiría diversa contribución.

2. Mediante resolución del 30.06.2004, el Tribunal a quo denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad intentado, por considerar que las alegaciones del recurrente no pasaban de ser una simple discrepancia con la ponderación del funcionamiento normativo que se efectuara, careciendo de sustento suficiente para lograr la apertura de la instancia extraordinaria.

Tal denegatoria motivó la presentación directa del impugnante ante esta Corte.

3. El planteo del recurrente no logra persuadir de que el criterio del Tribunal a quo haya importado apartamiento de la normativa aplicable ni que la interpretación efectuada en torno de ella sea irrazonable en grado tal como para merecer su descalificación como acto jurisdiccional.

De modo alguno demuestra que sea absurdo entender -dentro del marco normativo en juego- que si al Banco Central de la República Argentina (actuando como síndico inventariador y liquidador de entidades financieras) no le corresponde percibir retribución por su gestión, los emolumentos provenientes por la actuación de terceros que asistan a dicha entidad en sus tareas específicas, resulten ajenos a la masa falencial no pudiendo reconocerse a una acreencia con origen en dicha vinculación el rango previsto por la ley concursal, ni el carácter de pronto pago.

Máxime teniendo en cuenta el restante argumento del A quo respecto a la percepción de un sueldo por parte del doctor Coronato y a la firma de un convenio con la entidad liquidadora donde había renunciado expresamente al derecho al cobro de honorarios. En tal sentido el A quo señaló que "...no se puede dejar de considerar en autos que el mismo peticionante expuso a fs. 1629 que ha percibido un sueldo, por la concurrencia diaria al lugar de trabajo de esa liquidación, con sujeción horaria y técnica, recibiendo instrucciones del BCRA". Destacando, más adelante, que "...no son aceptables las razones del insinuante acerca de por qué suscribió la referida renuncia. En las condiciones señaladas, el orden público no puede justificar que se le quite valor al acuerdo celebrado entre las partes..." (fs. 15/16).

Tanto es así, que la Cámara resaltó claramente la importancia que revestía para el caso la "teoría de los actos propios", que, como tiene reiteradamente dicho este Tribunal -conforme significativa doctrina y jurisprudencia- es una manifestación del "principio de la buena fe" y tiene su fundamento normativo positivo en los artículos 1071 y 1198 del Código Civil y, por lo tanto, integra el derecho positivo.

Y sabido es que, conforme se pronunciara la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el derecho no ampara comportamientos reñidos con la buena fe ("Sergi Vinciguerra, Antonio c. B.C.R.A. s. Cobro de australes", 17.03.98). Por ello es que el más Alto Tribunal del país sostiene que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberadamente cumplida, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, porque es dable exigir a los participantes en un acuerdo de voluntades un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, debiendo desestimarse toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que -merced a actos anteriores- se ha suscitado en la otra parte ("Cadipsa S.A. c. Santa Cruz, Provincia de s. Inconstitucionalidad" 21.10.97) (A. y S., T. 155, págs. 186/197).

Es dable aclarar que no conmueve lo decidido la jurisprudencia citada por el impugnante en orden a restar validez a su renuncia al cobro de los honorarios, en tanto tal jurisprudencia refiere al resguardo de los intereses de la Caja Forense -en lo que respecta a aportes-, más allá de lo convenido por voluntad de las partes respecto a sus propios derechos, por lo que tal planteo deviene jurídica y éticamente inadmisible.

De allí que puede concluirse que los agravios remiten en definitiva a la interpretación de normas aplicables a la luz de la situación fáctica de autos, aspecto que ha sido resuelto por los Sentenciantes con razones que se estiman suficientes; por lo que declarar admisible la queja valdría tanto como acoger la revisión de lo decidido por la vía de una tercera instancia, incompatible con la naturaleza del remedio intentado.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)