Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-02-24


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Pro-vincia del Chubut, a los días del mes de febrero del año dos mil diez, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circuns-cripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Fernan-do Nahuelanca y asistencia de los señores Jueces de Cá-mara Dr. Julio Antonio Alexandre y Dra. Silvia N. Alon-so de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "A., R. A. c/ G. SRL s/ DEMANDA LABORAL", expte. nro. 426/09, venidos del Juzgado Le-trado de Primera Instancia en lo Laboral (expte. nro. 1251/02), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Co-mercial (fs. 1586), correspondió el siguiente orden pa-ra la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dr. Ju-lio Antonio Alexandre y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y vo-tar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 1482/1503? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?	A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo apelado y los agravios.

La sentencia de primera rechazó la ex-cepción de prescripción opuesta por el demandado, hizo lugar a la demandada condenando a G. SRL a abonar en el plazo de diez días al Sr. R. A. A. la suma de $69.729,07 con más los intereses legales, impuso las costas y reguló los honorarios profesionales.

La parte actora, a fs. 1506, y la parte demandada, a fs. 1505, interpusieron sendos recursos de apelación, los que fueron concedidos a fs. 1511, funda-dos a fs. 1512/1515 y 1516/1522, respectivamente, y contestados los agravios a fs. 1524/1525 por la deman-dado y a fs. 1526/1530 por la actora.

La impugnación de la parte actora tiene como objeto la revisión de la base adoptada por la jue-za de grado para el cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa. Concretamente, se agravió por el to-pe indemnizatorio utilizado, dado que la validez cons-titucional de ese sistema de tarifación de la indemni-zación ha sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, en autos "Vizzoti, Carlos c/ AMSA s/ despido", sentencia del 14/9/2004.

Con base en esta doctrina pide la revo-cación de las sumas de condena, precisando que conforme las constancias de la causa, corresponde que el cálculo indemnizatorio sea efectuado tomando un salario base de $3.682, 32. Es decir, el 66% de la remuneración normal y habitual del actor de $5.496.

Invoca las previsiones del artículo 14 bis y concordantes de la Constitución Nacional y hace reserva del caso federal.

La contraparte contestó a fs. 1524/1525 y pide el rechazo de los agravios por ser el planteo de inconstitucionalidad extemporáneo y violatorio del principio de congruencia.

La parte demandada se agravió por el re-chazo de la excepción de prescripción; por el reconoci-miento de diferencias salariales y por la calificación del despido como carente de causa.

Respecto del primer agravio, sostiene que el plazo liberatorio no debe computarse a partir del 30 de marzo de 1999 -como lo ha hecho la jueza de grado- sino a partir del 1 de noviembre de 1998, fecha efectiva de la renuncia que sólo fue ratificada en la mentada fecha. Insiste en el carácter formal de la co-municación y con base en tal argumento concluye que la renuncia operó el día 1° de noviembre de 1998 y, conse-cuentemente, el derecho a "cuestionar el acuerdo" pres-cribió el día 2 de noviembre de 2000 (art. 256 LCT). Agrega que si está prescripto el derecho a cuestionar ese acto jurídico, está prescripto el derecho a recla-mar las diferencias salariales.

Invoca la aplicación subsidiaria de las normas de derecho civil, agregando que el plazo de prescripción corre desde el otorgamiento del acto como lo establece el artículo 954 del CC.

El segundo agravio se vincula con la procedencia sustancial del reclamo por diferencias sa-lariales. La impugnación tiene como sustento el consen-timiento de la reducción salarial. Considera, la deman-dada, configurado el mentado consentimiento a partir de la acreditación de la calidad de socio del actor.

El tercer agravio y el cuarto se refie-ren, respectivamente, a la validez formal y sustancial del despido. Se invoca la doctrina del caso Saporitti y luego se insiste en la acreditación de la causal.

La parte actora contesta, a fs. 1524/ 1530, el traslado del memorial y pide la confirmación del fallo en lo que ha sido materia de agravio.

2. Tratamiento de los agravios.

2.a. El recurso de la parte demandada.

La parte demandada expresa tres agravios que serán tratados en el orden en que han sido propues-tos:

- La prescripción.

La jueza de grado ha considerado que el plazo de prescripción de la acción para impugnar la re-nuncia efectuada por el trabajador debe ser computado a partir del 30 de marzo de 1999, fecha de remisión del telegrama de renuncia; adelanto que no advierto que es-te razonamiento no se ajuste a los principios rectores que rigen en materia laboral y que por supuesto han si-do receptados en normas específicas de la ley de con-trato de trabajo, como se verá.

Los cuestionamientos del recurrente no alcanzan para fundar una solución distinta. La jueza ha adelantado, en el fallo, que la coexistencia de la con-dición de socio y de empleado no excluye la aplicación de las normas laborales, obviamente a aquellos aspectos inherentes a la relación de trabajo que son los que aquí se debaten -fs. 1491 vta. "in fine" y 1492-.

En este contexto, son plenamente aplica-bles las previsiones tuitivas contenidas en la legisla-ción de fondo (arts. 12, 58 y 240 de LCT) y, con base en tales normas es dable sostener que el plazo de pres-cripción debe computarse a partir del momento en que la renuncia fue exteriorizada formalmente.

La renuncia del trabajador prevista en el citado artículo 240 de LCT, es una de las modalida-des de extinción del contrato de trabajo previstas le-galmente. La ley la ha previsto como un acto jurídico, negocial, voluntario, unilateral, recepticio, inmotiva-do y de carácter extintor. Estos presupuestos que tipi-fican el instituto de la renuncia del trabajador son los que determinan que el plazo de la prescripción de la acción deba ser computado a partir del momento en que la renuncia fue exteriorizada en el modo previsto por la ley laboral, más allá de los antecedentes socie-tarios que la precedieron.

Por lo demás, la alegación respecto a la conformidad del actor, en su calidad de socio, de la decisión adoptada por la asamblea queda enervada por la simple constatación de su falta de presencia en la men-tada asamblea; en consecuencia, no estamos ante un su-puesto de incongruencia en su accionar.

Resta por último remarcar la falta de lógica del planteo del recurrente. Así, pretende que se aplique el plazo de prescripción previsto por el artí-culo 256 de la LCT pero a los fines de su cómputo invo-ca la previsión del artículo 954 del Código Civil; es claro que la mixtura de normas que propone -en su ex-clusivo beneficio- contradice elementales principios del razonamiento jurídico. Huelga precisar que la ley de contrato de trabajo rige todo lo relativo a la vali-dez, derecho y obligaciones de las partes vinculadas por un contrato de trabajo (art. 1 y concordantes de la LCT); por lo tanto corresponde aplicar el plazo de prescripción previsto por este cuerpo legal -art. 256- y a los fines de su cómputo tener presente los especí-ficos institutos de la relación laboral que, huelga re-cordar, es la que da origen a la vinculación jurídica de las partes que aquí se debate. A todo evento se re-cuerda que la aplicación del artículo 954 que se invoca no puede ser parcial y que el plazo de prescripción previsto por esa norma es de cinco años.

Por las razones expuestas, propongo el rechazo de este agravio.

- El alcance de la irrenunciabilidad.

El recurrente cuestiona, también, la procedencia del reclamo por diferencia salariales. El argumento central, la calidad de accionista y el nivel intelectual del socio, su carácter de personal jerár-quico que revestía.

Debo decir, en primer lugar, que el ca-rácter de empleado que ostentaba el actor no es un hecho controvertido de la causa. Con base en este ex-tremo, la sociedad debe cumplir las obligaciones que ha contraído respecto del dependiente en virtud del con-trato de trabajo, más allá de la calidad de socio que también el actor reviste.

El actor, en su calidad de socio no suscribió el acta nro. 40 en la que se decidió la reba-ja salarial; ello como resulta del expreso reconoci-miento que la parte demandada ha efectuado a fs. 1468. El contenido puntual del acta que, obviamente, refleja el debate del órgano colegiado societaria no ha sido debidamente acreditado en autos como bien señala la jueza en su fallo y no ha sido motivo de agravio. Por supuesto, la falta de acreditación de este extremo fun-damental no favorece la postura de la apelante y quien debía probar ese extremo era la parte demandada.

En este contexto procesal, no es admi-sible la tesis del apelante que se sustenta, en defini-tiva, en la teoría de los propios actos. El precedente jurisprudencial que cita no es aplicable en autos por-que los hechos de la causa no son equiparables. En tal orden de ideas, a lo ya expresado agrego la mínima en-tidad de la participación societaria del actor 2% y que otros socios no estaban en esa misma situación puesto que su participación societaria era sustancialmente su-perior (cf. 256/258).

Los motivos expresados impiden la revi-sión del fallo puesto que el argumento nuclear del fa-llo -irrenunciabilidad de los derechos del trabajador-, por su propia jerarquía y frente a la orfandad probato-ria señalada, queda incólume.

- El despido.

El apelante cuestiona lo resuelto res-pecto a la validez formal y sustancial del despido; por supuesto, ambas cuestiones están estrechamente vincula-das y, por ello, queda habilitado su tratamiento con-junto.

Respecto a la estrictez formal argüida, co-mo ya he señalado en anteriores pronunciamientos, efec-tivamente, el art. 243 LCT tiene entre sus fines que el destinatario pueda conocer con claridad los motivos en que se funda la ruptura del contrato, limitando la po-sibilidad de modificar las causas del mismo ante la eventualidad de un pleito. Este recaudo cede cuando el denunciado tuviera conocimiento de la verdadera causal imputada, dado que ese conocimiento es el objetivo pro-pio de la norma.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la obligación de notificar las causas del despido y no poder modificar éstas en juicio responde a la finalidad de dar al de-pendiente la posibilidad de estructurar en forma ade-cuada la defensa pues se trata del basamento mismo para que los preceptos contenidos en el art. 18 de la CN puedan hallar plena vigencia en la solución del con-flicto a desarrollarse. Empero, el detalle de esa in-formación sobre las causas no puede importar un formu-lismo taxativo, ya que de interpretarse de tal modo la norma inferior, se arribaría al extremo no deseado de cercenar el debate judicial con la consiguiente lesión de los preceptos constitucionales invocados ("Vera, Da-niel c/ Droguería Saporiti SACIFI y A" del 9-8-01).

Ahora bien, en el caso se invocó un in-cumplimiento expuesto en forma genérica (ejecución de tareas compatibles con las desarrolladas por la empresa que comportan la violación de los deberes de no concu-rrencia, fidelidad y buena fe) y, fundamentalmente, no acreditó la empresa la existencia de hecho u hechos que pudieran dar lugar a la mentada imputación.

En este marco, la causal invocada por la accionada al disponer el despido del actor no se en-cuentra probada; ergo el despido es injustificado.

Insisto, no acreditó la demandada hechos atribuibles al trabajador que por su naturaleza, grave-dad y temporalidad hubieren generado en él la certeza respecto del real motivo de su desvinculación de la em-presa y por otro configurado la injuria con gravedad suficiente que autorice la extinción del vínculo.

Los fundamentos esgrimidos por la deman-dada al expresar agravios no alcanzan para fundar una solución distinta. En rigor son alegaciones genéricas que demuestran una mera disconformidad con la valora-ción de la prueba, pero que no refutan en forma concre-ta los argumentos de la jueza. Repárese que en el fallo expresamente se ha sostenido que del análisis de las declaraciones testimoniales producidas -las que pun-tualmente detalla- resulta que no hay conocimiento cer-tero y directo de los declarantes de la vinculación en-tre el actor y la empresa N. L. SRL. Por lo demás, tal extremo no resulta de los informes obrantes a fs. 1449 y 1450; concluye -entonces- en la falta de prueba idó-nea para acreditar la violación al deber de no concu-rrencia. Desde ya, coincido con la valoración que efec-tuó la magistrada de la prueba testimonial rendida en tanto resulta insuficiente para tener por acreditado que el trabajador hubiera violado los deberes de fide-lidad y no concurrencia.

Los testimonios son insuficientes, pues solamente mencionan en forma vaga e imprecisa una su-puesta propuesta que les habría formulado el demandan-te, pero no dan precisiones acerca de las circunstan-cias de modo, tiempo y lugar en que ello acaeció. Los restantes testigos que declararon en autos brindaron información de oída.

Recuerdo a todo evento que un elemento esencial de la concurrencia prohibida es la realización de una actividad coincidente con la de la empresa en la que trabaja el dependiente, mientras que el otro ele-mento constitutivo es la mera posibilidad de que la ac-tividad (negociaciones) del trabajador cause un perjui-cio al empleador (Alimenti, Jorgelina en Ley de Contra-to de Trabajo comentada y concordada, dirigida por Váz-quez Vialard, Bs. As., Rubinzal-Culzoni, Tomo I, pág. 557). Y como lo ha sostenido la jueza, no existe prueba en autos que permita tener por acreditado que el accio-nante hubiera revelado información confidencial de su empleadora; y tampoco está suficientemente probado que el demandante hubiera realizado actos tendientes a per-judicar a la demandada por competencia desleal.

La circunstancia de haber mantenido con-versaciones con otros trabajadores y haber obtenido eventualmente una oferta de trabajo no implica por sí sola violación al deber de no concurrencia previsto en el art. 88 de la LCT. En este sentido, que alguien re-ciba una oferta de trabajo de una empresa mientras tra-baja en otra, no es en principio causal válida de des-pido si no se acredita una específica lesión a los in-tereses del empleador.

Lo expuesto sella el resultado de la re-visión propuesta y, en consecuencia, corresponde el re-chazo del recurso.

2.b. El recurso de la parte actora.

La parte actora, con base en la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la cau-sa "Vizzoti, Carlos Alberto v. AMSA S.A." del 14 de se-tiembre de 2004, solicitó la revisión de la base sala-rial que la jueza adoptó para el cálculo de las indem-nizaciones por despido arbitrario.

Es dable señalar que la magistrada al cuantificar las indemnizaciones aplicó las previsiones del artículo 245 de la LCT, 2° párrafo (ley 24013) y, en consecuencia, fijó esa base en $2.252,97, reprodu-ciendo de tal modo la metodología de cálculo utilizada al reclamar por el actor -fs. 27 vta.-. Es que la parte ajustó su reclamo a la norma legal cuya declaración de inconstitucionalidad recién plantea en esta instancia.

Huelga señalar que la Corte, en el fallo citado, sin dejar de sostener la validez constitucional de un régimen tarifado de indemnizaciones por despido sin justa causa, ha introducido ciertas calificaciones, tales como que dicha tarifa debe guardar una razonable vinculación y proporción con los elementos fácticos que el propio legislador eligió como significativos para calcular la prestación -esto es, la antigüedad del su-jeto y su mejor remuneración mensual, normal y habi-tual-. Consecuentemente, sostuvo que se debe descalifi-car, en el marco de los artículos 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, un sistema que sobrepasa ciertos límites cuantitativos; específicamente, cuando el monto final de la indemnización es inferior en por lo menos un 33% al que resultaría del producto puro entre los dos factores de determinación.

El actor, partiendo de las premisas fi-jadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de-muestra matemáticamente, con base en los antecedentes de la causa (salario al momento de la extinción del vínculo -$5.496- y base adoptada para el cálculo $2.257,97-) que se comprueban la transgresión descali-ficada por la doctrina vigente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pide, en consecuencia, por apli-cación de esta doctrina constitucional que se adopte como base para el cálculo la suma de $3.683,32.	Insiste en que no se alteran los presu-puestos de hecho de la relación procesal y agrega que el juez laboral está facultado a fallar ultra petita (art. 68 de la ley de procedimiento laboral de nuestra provincia).

La parte demandada, al contestar el traslado, sostiene que el planteo es extemporáneo y violatorio del principio de congruencia.

En síntesis, el caso versa sobre la aplicación de un determinado régimen jurídico para in-demnizar una situación laboral de despido sin causa (art. 245 LCT) y un pedido de control de constituciona-lidad de oficio de un tope indemnizatorio siguiendo doctrina judicial vigente, efectuado por la parte acto-ra con posterioridad a la demanda.

Entrando en el núcleo de la cuestión so-metida a debate adelanto que si bien el actor, al pro-mover la demanda, aplicó el tope salarial para el cál-culo del resarcimiento pretendido sin formular impugna-ción constitucional alguna, la revisión propuesta pros-perará con base en los fundamentos que se siguen:

- El actor tenía un salario mensual de $5.496 y siete años de antigüedad, de modo que de la indemnización por antigüedad calculada sin aplicación de los topes indemnizatorios ascendería a $38.472; la jueza aplicando los topes cuantificó la indemnización en la suma de $15.770,79. Se verifica, entonces, una disminución superior al 33%, de modo que queda habili-tada la cuestión constitucional en los términos de la actual doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

- La regla de la oportunidad del planteo de inconstitucionalidad no puede ser aplicada en forma abstracta despojada del contexto del caso so pena de conducir a una solución absurda, como es desconocer la doctrina constitucional vigente.

- El deber de los jueces de aplicar los pronunciamientos de la Corte, cuando define los alcan-ces de las garantías constitucionales en su rol de in-térprete final de la Constitución, no puede ser incum-plido con el pretexto -formal- de falta de planteamien-to oportuno.

- El control de constitucionalidad es una cuestión de derecho y es potestad de los jueces su-plir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente, incluyendo el deber de mantener la supre-macía de la Constitución.

- El control de constitucionalidad forma parte inherente e indisoluble de la jurisdicción judi-cial y el juez debe llevarlo a cabo aunque nadie lo in-cite a hacerlo (cf. Bidart Campos, Germán: "Hacia la declaración de oficio de la inconstitucionalidad?", ED 74-386).

- La Corte Suprema de Justicia en la causa "Mill de Pereyra" del 27/9/2001 (Fallos 324:3219) ha receptado la posibilidad de que los jueces ejerzan el control de constitucionalidad de oficio. Incluso, en su actual composición, ratificó esta doctrina (cf. "Banco Comercial Finazas (en liquidación B.C.R.A) s/ quiebra" del 19/08/04; siendo dable destacar que ambos casos eran originarios de jurisdicciones provinciales -Corrientes y Buenos Aires- cuyas constituciones no con-templan, en forma expresa el control constitucional de oficio.

- El derecho de defensa de la parte de-mandada no ha sido menoscabado puesto que, al contestar el traslado de la expresión de agravios, tuvo oportuni-dad para defender la constitucionalidad de la norma.

Al respecto ha sostenido la Corte Supre-ma de Justicia que el argumento de la vulneración del derecho de defensa no enerva el deber del control de constitucionalidad de oficio, pues si así fuese, debe-ría, también, descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por ellas so pre-texto de no haber podido los interesados expedirse so-bre su aplicación al caso (confr. fallo precedentemente citado, considerando 5º).

- El derecho a la cuantificación de la indemnización por despido sin causa regulada por el ar-tículo 245 de la LCT y reclamada en autos, con ajuste a la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justi-cia, en la causa "Vizzotti" es irrenunciable. Conse-cuentemente, si la ley aplicable -en el caso el art. 245 LCT-, viola normas de jerarquía constitucional que asignan o reconocen derechos que no pueden ser renun-ciados porque el orden público se encuentra interesado en que su titular los conserve y ejerza, aún en contra de su voluntad (cf. arts. 12 LCT y 872 Cód. Civil) aun-que este último no plantee la inconstitucionalidad de la ley que los viola, igualmente el juez podrá declarar su inconstitucionalidad de oficio.

Desde esta perspectiva es irrelevante la conducta del actor de invocar el tope salarial y de calcular la indemnización en base al mismo, pues a fin de garantizar el goce efectivo de los derechos consti-tucionales irrenunciables el ordenamiento jurídico pri-va de todo efecto a la voluntad de aquél, evitando así que el acto ilícito -la ley inconstitucional- pueda ser saneado o convalidado (cf. CNTRAB - Sala V - S.D. 69.545 del 27/04/2007 - expte. Nº 15.289/04 - "Gerber, Sergio Gabriel c/ CAMSERVICE S.A. s/ despido" (Z.-S.) elDial - AF23C1.

- La Corte Suprema de Justicia de Tucu-mán, en autos "Abraham Jorge Luis Vs. Papelera del Tu-cumán S.A. s/ Cobro de Pesos" ya adoptó el criterio que se propugna.

El caso es, en lo sustancial, idéntico al presente. En efecto, el tribunal inferior consideró que se había realizado un planteo de inconstitucionali-dad tardío -posterior a la traba de litis-, cuando en realidad se trataba de la aplicación de una doctrina vigente ("Vizotti" para la Nación y "Firat" y "Carciot-to", para Tucumán) ante el típico caso de lesión al principio de la indemnización justa o equitativa, por vía de la utilización de un mecanismo de tope salarial que ya la Corte Nacional en un caso y tribunales pro-vinciales en otro, habían declarado como inconstitucio-nales, si sus supuestos se verificaban en concreto. Era evidente que por aplicación del art. 245 LCT (por la remisión que hace el art. 212 LCT en su párrafo 4°), el resultado indemnizatorio al que se llegaba lesionaba como en "Vizotti", los artículos 14 bis y 19 CN, pues la indemnización fijada en la sentencia se veía reduci-da en un 73,05% si se aplicaba el tope del convenio (cf. comentario al fallo de Sebastián Aguirre Astigue-ta; LLNOA 2008, mayo, 328).

La Corte provincial sostuvo que resulta contrario a derecho la resolución que omite tratar la inconstitucionalidad de una norma fundado exclusivamen-te en la extemporaneidad del planteo. Es decir, sostuvo que "un tribunal de justicia no puede dejar de pronun-ciarse sobre la constitucionalidad de una norma so pre-texto de que el planteo efectuado por la parte -sea un pedido de inconstitucionalidad de una norma o sea la cita de una doctrina constitucional aplicable, que im-plique la inconstitucionalidad de normas que se emplean en el caso, como el presente- es extemporáneo. Ello porque existe -no lo dice la Corte pero surge implíci-to- un deber de pronunciarse ex officio ante un caso en que pudiere resultar lesionada la Constitución por una norma de inferior jerarquía, aunque la parte, pero no el juez iura curia novit, tardíamente lo haya advertido o señalado" (Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, sala laboral y contencioso administrativa, 06/08/2007, LLNOA 2008, mayo, 328).

Todos estos argumentos dan sustento al acogimiento de los agravios de la parte actora.

Por lo expuesto, propongo declarar la inconstitucionalidad de los párrafos primero y segundo del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo - Reforma Ley 24013 y modificar el monto de la indemnización por antigüedad fijada en la sentencia de primera instancia en la suma de $15.770,79 y determinarla en $25.776,24. Con base en tal modificación el monto total de la con-dena ascenderá a $79.734,52.

3. Costas y honorarios.

La modificación propuesta no incide en la imposición de costas de la instancia de grado porque no altera la condición de vencedora de la parte actora; tampoco en la regulación de honorarios que ha sido efectuada en porcentuales. Por estas razones se confir-man ambas.

La costas de esta instancia se imponen a la demandada vencida.

Los honorarios, por aplicación de las pautas legales previstas por el artículo 5 y las esca-las específicas del 13 del régimen arancelario se esta-blecen en el 30% y 25% de los que le correspondan en la instancia de grado a favor del Dr. E. de V. y, en forma conjunta, a los Dres. C. S. K., C. N. G. y O. G. A., respectivamente.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1°) Rechazar el recurso de apelación in-terpuesto, a fs. 1505, por la parte demandada.

2°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 1506, por la parte actora.

3º) Declarar la inconstitucionalidad de los párrafos primero y segundo del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo - Reforma Ley 24013.

4°) Modificar parcialmente el punto 2° de la parte resolutiva de la sentencia obrante a fs. 1482/1503, únicamente en cuanto al monto de condena, el que se fija en la suma de pesos setenta y nueve mil se-tecientos treinta y cuatro con cincuenta y dos centavos ($79.734,52).

5°) Costas de esta instancia a la parte demandada vencida.

6°) Regular los honorarios de la Alzada a favor del Dr. E. de V. en el 30% de los que le co-rrespondan en primera instancia y los correspondientes a los Dres. C. S. K., C. N. G. y O. G. A., en forma conjunta, en un 25% de los que le correspondan en pri-mera instancia. En todos los supuestos con más el im-puesto al valor agregado si correspondiere.

7º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 1505.

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que tras las impugnaciones formuladas por las partes en contra de la sentencia de fs. 1482/1503, con el alcance que restringe sus pretensio-nes iniciales, quien me preside en el sorteo afronta, en opinión que comparto, la procedencia formal de los recursos interpuestos y prologa en forma breve y ajus-tada las actuales pretensiones de las partes lo que evita su mera reiteración y me autoriza a entrar de lleno en las cuestiones que aún no han adquirido certe-za. También resulta adecuado y lógico, tomando en con-sideración sus consecuencias, el orden de tratamiento elegido en el voto que antecede, por lo que respetaré tales pautas.

Desde el inicio se insinúa la confusión entre socio y empleado a los fines de interpretar las últimas intenciones de las partes, a no dudar que no es un juego entre ángeles sino de pura interpretación le-gal, ya que la verdad de aquellas jamás podrá ser asida en su real entidad. En consecuencia valen para el tema lo que de común y ordinario resulta aplicable en casos análogas conforme la doctrina y jurisprudencia que con-forman mayoría, todo adecuado al caso concreto.

Así, bien señala Julio Armando Grisolía que el artículo 27 se ocupa del socio empleado como aquella persona que aún integrando una sociedad presta a ésta su actividad en forma principal y habitual con sujeción a las instrucciones o directivas que se le im-partan -o que sean consensuadas, aún respetando su opi-nión-. Por tanto, de hallarse cumplimentadas las condi-ciones establecidas, la LCT considera al socio empleado como trabajador dependiente, sin perjuicio del recono-cimiento de los derechos emergentes de su calidad de socio (ver "Derecho del Trabajo y de la Seguridad So-cial", ed. LexisNexis Depalma, 2003, pág. 100, parág. 1-b).

Se comenta en doctrina que cuando el em-pleador al contestar la demanda frente a un reclamo in-coado por el trabajador, si este último invoca la exis-tencia de una sociedad, es decir un vínculo no laboral, aún reconociendo la prestación de servicios, aquél ten-drá a su cargo acreditar las circunstancias que desvir-túen una relación laboral, ya que en caso contrario y sin perjuicio de lo estatuido en el art. 27, rige la presunción del art. 23 LCT (ver artículo 27 LCT, comen-tado por Juan Carlos Poclava Lafuente y Ricardo Oscar González (h) en Ley 20744 comentada y anotada en lale-yonline.com.ar).

En igual línea se leen fallos que seña-lan que la figura del socio-empleado no se aparta de las directrices señaladas por la jurisprudencia en lo tocante a los recaudos que necesariamente han de concu-rrir a los efectos de aplicar, a la persona que quede bajo su égida, la normativa que regula y protege la prestación de trabajo en relación de dependencia, ya que el art. 27 de la ley de contrato de trabajo (t.o. 1976) (Adla, XXXVI-B, 1175) alude a la existencia de una sujeción a las instrucciones que se impartan o pu-dieran impartirse para el cumplimiento de la actividad de que se trate (ver, v.gr., Cámara Nacional de Apela-ciones en lo Comercial, sala E , 22/02/2007, Banco Ge-neral de Negocios S.A. s/ quiebra s/ rev. promov. por: Rohm José E. LA LEY 2007-D, 64 - LA LEY 2008-A, 206, con nota de Azucena Beatriz Ragusa).

De acuerdo a lo dicho si se habla de un acuerdo celebrado entre partes a los fines de una re-ducción salarial, a no dudar del régimen de aplicación en caso de desavenencias, sin perjuicio de alguna otra problemática que haga a la organización de la empresa y ajena a nuestra preocupación actual.

Que la documental de fs. 1538/1578 re-sulta, en mi consideración, de importancia no tan solo en cuanto a la fecha de inicio, del reclamante, como dependiente -sin perjuicio de la simultaneidad de actos sociales que da cuenta toda otra documental-, sino tam-bién de la continuidad en la misma función, como depen-diente, tras la renuncia comunicada el 30/10/98.

Si se tomara la fecha de promoción del reclamo -03/04/2001, conforme cargo de fs. 28 al pie, la excepción de prescripción opuesta por la demandada y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 LCT, resultando además de extemporáneo (fs. 145vta./147) inaudible sugerir las bonanzas de otros regímenes procesales a los fines del plazo, resultaría viable, pero ocurre que, como bien señala la a quo, existen hechos probados en la causa que autorizan a hacer uso y aplicación de la remisión facultada por el artículo 257 LCT, la accionante intimó fehacientemente a la demandada previo al cumplimiento del plazo legal del artículo 256 LCT, mediante documental inobjetada de fs. 1579 (reservada y que tengo ante mí), del 09/02/2001, suspendiendo el curso de la prescripción aun incumplida (art. 3986, 2ª. parte del CCiv.) y que termina frustrada con la interposición de la demanda. De lo dicho, mi concordancia con la opinión de mi cole-ga preopinante en tal cuestión.

Que mal pueden alcanzar los efectos no-civos de la llamada doctrina de los actos propios al reclamante, como pretende la demandada recurrente, cuando el hecho esencial que configuraría tal circuns-tancia le es ajeno, esto es la reunión a través de la cual se convino una rebaja salarial y demás circunstan-cias que se alegan y tal como se confiesa a fs. 1469 y por otra parte surge de las actas respectivas tal como bien señala la a quo.

Las presunciones volcadas en el punto refiriendo a la incidencia societaria del accionante pierden entidad a la luz del acta de fs. 256/258. Esto es, los hechos contemplados en el art. 12 y concs. LCT por su naturaleza y trascendencia deben ser acreditados fehacientemente y no a través de la mera especulación probatoria.

Basta con tomar en cuenta la doctrina judicial de la CSJN alegada por la demandada y cotejar los hechos que han podido probarse para justificar su aplicación, para dar razón al p. 3 de su queja, para desestimarla, no basta la invocación de la competencia desleal ni el mero rumor público, aquello de que "todo el mundo" implica un conocimiento de tal amplitud y am-bigüedad que tornaría poco seria toda decisión fundada en tal sentido, de igual modo se ha expedido en forma unánime doctrina y jurisprudencia respecto de los tes-timonios referenciales, en tal sentido basta la opinión de un autor clásico en la materia: "Afirma Gorphe que 'No resulta idónea la prueba testimonial si su conoci-miento no proviene proprio sensibus. El testigo indi-recto o mediato que no puede afirmar más que un vago rumor o una frágil opinión, no es digno de este nombre" ("La crítica del testimonio', traducción de Mariano Ruiz Funes, 2ª ed. francesa, sexta ed., Madrid 1980, pág. 16/17; CNTrab. sala I, marzo 11-993, DT, 1993-B, 1853; CLab. y Paz, Corrientes, 2002/08/08, DT, 2003-A, 93).

La cuestión era reducir aquella fórmula a hechos concretos a través de todo tipo de prueba y sin embargo la imputación se frustró lo que permite sostener en concordancia con la sentenciante y la opi-nión del primer voto, que el despido resultó injustifi-cado.	Por todo lo dicho propongo al acuerdo desestimar en todas sus partes los agravios de la de-mandada.

En cuanto a los agravios de la accionan-te si bien pretende fundar su reclamo actual en antece-dentes de nuestro máximo tribunal nacional, vale recor-dar que a fines del año que transcurrió la postura ale-gada a sufrido dos reveses que motivaron diversas opi-niones doctrinarias, pero en definitiva son las que se nos ofrecen con suficientes argumentos denegatorios, que en mi consideración bastan para plantear una postu-ra opuesta a la de mi colega.

Así, se ha dicho que la facultad de de-clarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas se basa en el principio del iura novit curia que se materializa en este supuesto en el deber de mantener la supremacía de la Constitución que, por estar involucra-da en el deber de aplicar el derecho vigente, no puede estar supeditada al requerimiento de las partes.

El criterio de la Corte Federal fue evo-lucionando paulatinamente hasta reconocer ampliamente esta facultad a todos los jueces cualquiera sea su ins-tancia y grado, reforzando la fuerza normativa de la Constitución y reafirmando el federalismo.

Recientemente esta facultad ha sufrido una importante detracción anclada en la variación de la doctrina judicial sentada por el Máximo Tribunal al sostener que la facultad de declarar de oficio la in-constitucionalidad de las normas no puede violentar el principio de congruencia y, por tanto, no podría dic-tarse si las partes no lo han solicitado.

La duda que genera esta nueva doctrina es dilucidar si el criterio sólo se aplica a los jueces de Cámara y a los Tribunales superiores de Provincia -como ocurrió en los dos fallos citados- o también se extiende a los jueces de primera instancia. La diferen-cia no es menor.

Si se acepta la primera postura, queda a salvo la posibilidad de que los jueces de primera ins-tancia controlen de oficio la constitucionalidad de las normas, reconociendo la fuerza normativa y la directa operatividad de los preceptos constitucionales. Se ve-da, en cambio, la alternativa de que los tribunales de alzada -sean ordinarios u extraordinarios- controlen la constitucionalidad de las normas si esto no fue pedido expresamente por alguna de las partes, priorizando así las normas procesales -en este caso el principio de congruencia- sobre la supremacía constitucional.

En cambio, de sostenerse de que la doc-trina de estos fallos es aplicable también a los tribu-nales inferiores, implicaría, lisa y llanamente, la desaparición del control de oficio de la constituciona-lidad de las normas, ya que para evitar la violación del principio de congruencia siempre habría que solici-tar expresamente la declaración de inconstitucionali-dad, lo que impediría por completo la posibilidad de hacerlo de oficio.

Finalmente, permanece latente el inte- rrogante acerca de la facultad de la Corte Suprema de controlar de oficio la constitucionalidad de las nor-mas, posibilidad que le asistiría -a nuestro entender- por ser el intérprete último de la Constitución y el custodio máximo de su cumplimiento. Con todo, este su-puesto conllevaría también la violación del principio de congruencia.

En opinión de la autora del comentario: La nueva jurisprudencia de la Corte implica un retroce-so en las facultades reconocidas a los jueces en fallos anteriores en detrimento de la plena aplicación de la Constitución Nacional y de la vigilancia activa de su real aplicación y vigencia (ver "La cuestión de la de-claración de oficio de la inconstitucionalidad de las leyes", por Vitantonio, Marina, publicado en: LA LEY 2009-D, 93, fallo comentado: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) CS - 2009-05-12 - Strangio, Domingo c. Cattorini Hnos. S.A. - C.I.F. en la misma línea pero de fecha anterior ver "Gómez": Fallos: 329:5903). Vale también la opinión con matices diferentes en cuanto a la interpretación integral de estos fallos en "El prin-cipio de congruencia y el control de constitucionalidad de oficio. Una aclaración necesaria", por Crerar, In-grid, publicado en: LA LEY 2009-D, 330. De todos modos, en el caso de autos no pude superarse, en mi considera-ción, la extemporaneidad del pedido, de allí que pro-ponga el rechazo del recurso interpuesto por la accio-nante y en razón de tal decisión las costas se imponen por su orden, difiriéndose la regulación de honorarios al momento del acuerdo. Se tiene presente la reserva del llamado "caso federal".	A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Rechazar los recursos de apelación in-terpuesto por ambas partes de conformidad con los con-siderandos pertinentes y, en razón de lo propuesto, las costas de la alzada se imponen por el orden causado, difiriéndose la regulación de honorarios al momento del acuerdo y se tiene presente la reserva del llamado "ca-so federal".

A la primera y segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

La sentencia se dicta a fs. 1482/1503, por la que se rechaza la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada y se hace lugar a la de-manda interpuesta por la actora R. A. A., contra la parte demandada G. S.R.L., y se condena a esta parte a pagar a la actora la suma de $69.729,07 y complementos que se señalan en el considerando respectivo.

Por representación de la demandada se apela a fs. 1505 y por la parte actora a fs. 1506. Los recursos se conceden a fs. 1511.

Los agravios se exponen por la parte actora a fs. 1512/1515 y por la parte demandada a fs. 1516/1522vta.

Del voto de mis colegas preopinantes surgen cuestiones que han quedado con pronunciamiento mayoritario en todo el recurso de la parte demandada, en tanto, por el de la parte actora, discuerdan respec-to al caso constitucional. Queda en consecuencia caren-te de virtualidad me expida sobre el recurso de aquella parte al encontrarse los planteos decididos.

Contra la pretensión de la actora recu-rrente que expone en su memorial de agravios que la queja se concreta por no haber el fallo aplicado la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Vizzotti", por lo que sostiene equivocado el tope indemnizatorio de $2.252,97 (fs. 735/739), re-sultando el sueldo normal y habitual de $5.496 (salario básico más dedicación funcional) y transcribiendo los fundamentos del Alto Tribunal de la Nación y sostiene como base de cálculo la suma de $3.682,32; contesta la parte demandada a fs. 1524/1525 por cuanto la actora no demandó la inconstitucionalidad al contestar la deman-da, que conforme con la ley procesal constituye el pe-dimento fuera de lo pedido (cosa no demanda), no admi-tido por la misma. Cita conceptos de jurisprudencia respecto a estos puntos. Agrega que, asimismo, resulta el caso del art. 277 CPCCCh, que impide a la Alzada pronunciarse sobre capítulos no propuestos lo que deri-va en la inexistencia de una crítica concreta y razona-da del fallo y un caso de incongruencia. Finalmente sostiene que la inconstitucionalidad no puede declarar-se de oficio y cita jurisprudencia.

Los argumentos presentan por una parte que no controvierte la disparidad de los montos sala-riales que expone la agraviada para sostener la aplica-ción de la jurisprudencia de la CSJN.

Respecto a la procedencia de su aplica-ción, expone que se afecta el principio de congruencia al fallar "extra petita" (sobre cosa no demandada) y la garantía de defensa en juicio.

Como se adelanta en el voto que me pre-cede, la discusión versa sobre la aplicación del régi-men jurídico, con lo que se agrega, se trata de la aplicación del derecho siempre sobre la misma "cosa" demandada, la indemnización por despido sin justa cau-sa, los hechos son los mismos y corresponde al Juez "poner el derecho". El enfoque proviene de la propia CSJN, cuando declara que el derecho vigente es el exis-tente en el momento de resolver, autos "Di Tullio, Nil-da, de fecha 17/12/96, cuando consideró un decreto dic-tado con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario "pues sus sentencias deben atender la situación existente al momento de decidir (fallo cit. en JA 1997-II-333).

Se trata, en consecuencia, de la aplica-ción del derecho, por lo que se rechaza constituya el pronunciamiento un fallo "fuera de los rubros o concep-tos demandados" o el caso del art. 280 Ley XIII - Nº 5 (antes Ley 2203) Digesto Jurídico, sin perjuicio de ad-vertir la amplitud de esta norma procesal, cuando admi-te el tratamiento de ".otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instan-cia". Tampoco se afecta la defensa en juicio, porque la demandada tiene oportunidad de contestar la cuestión planteada y finalmente, opera el principio "el juez po-ne el derecho".

Que el memorial de la actora no reúne las condiciones de la crítica concreta y razonada por-que la sentencia no se encontraba obligada a expedirse respecto a la inconstitucionalidad, si bien contiene una lógica formal, no resta a la crítica si lo que se opone es la interpretación de inconstitucionalidad de la misma norma aplicada por la Juzgadora, posterior a la interposición de la demanda y ocurrida durante el desarrollo del juicio. Ya se verá que la propia CSJN receptó igual oportunidad de interposición. Respecto a lo sustancial de la interposición, como lo anticipa mi colega de segundo voto, es destacable la opinión del jurista Germán Bidart Campos y su apotegma que "el con-trol de constitucionalidad forma parte inherente e in-disoluble de la jurisdicción judicial y el juez lo debe llevar a cabo aunque nadie lo incite a hacerlo" (Bidart Campos, Germán J., "¿Hacia una declaración de oficio de la inconstitucionalidad?, ED 74-386). Son lineamientos de numerosos conclusiones sobre la materia, como cuando el Dr. Vanossi, refiriéndose al control de constitucio-nalidad, contiene pasajes que destaca el rol del juez como órgano para la operatividad de los derechos y ga-rantías constitucionales, que en nuestro sistema de control de constitucionalidad judicial y difuso, es fundamental la existencia de jueces con real y efectiva jurisdicción que no sufra detraimientos que conduzcan a la privación de justicia ("El Poder Constitucional de los Jueces, con particular referencia al control de constitucionalidad", autor Jorge Reinaldo Vanossi, en LL 1977-D-1019); asimismo, el Dr. Sagües ("Las prohibi-ción de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas - Un problema de sociología judicial -" de Néstor Pedro Sagüés, en LL 1981-A-841), con inicial de-finición favorable a la plenitud del contralor juris-diccional de oficio, recorre autores y pronunciamientos relativos a la supremacía constitucional; después los fallos y doctrina fundante relativos a la no aplicación de las normas refractarias a la Constitución por parte del Poder Judicial -en su terminología- para luego ex-poner las autolimitaciones y restricciones impuestas por el propio Poder por casi una centuria para juzgar la inconstitucionalidad y con interrogante, si después de tanto tiempo no ha ocurrido un zigzagueo o repliegue a tales restricciones. Se refiere al caso "Partido Pro-vincial Unión Santiagueña" (CSJN, Fallos t.238:289), que excepciona por la aplicación de oficio en caso que una reglamentación (legislativa), exceda los límites constitucionales de las atribuciones de la Corte. y en la medida necesaria para determinar la competencia del Tribunal; que otra situación digna de citarse que bien subraya el autor Ricardo Haro, fue la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde sin me-diar pleito alguno entró a considerar la constituciona-lidad de la ley 17642, por entender que estaba el juego los principios del régimen federal de gobierno y el al-cance de la jurisdicción conferida a la Corte y Tribu-nales Nacionales por la Constitución; el 21/6/1977, causa "Acosta, Héctor c. Crysf S.A." (Rep. LL t. XXXVIII, A-I, p.359, sum.86, J-Z p.1772, sum.355), con-templó un planteo muy sugestivo, promovido por una de las partes, pero no en el primer momento posible, sino en la expresión de agravios vertida en la Alzada. La Corte entendió que pese a todo, correspondía estudiar el cuestionamiento de inconstitucionalidad porque hacía a las facultades constitucionales de la Cámara. Agrega entonces el Dr. Sagüés que a propósito del caso prece-dente se dio una importante nota del Dr. Germán J. Bi-dart Campos, donde advierte que el pronunciamiento de la Corte introduce un importante cambio jurispruden-cial, al rebajar los requisitos clásicos para impugnar la inconstitucionalidad de una norma. Es oportuno des-tacar entonces el texto "Introducción" que expone el Dr. Sagüés al estudio precedente: "La doctrina que im-pide a la judicatura pronunciar por su propia iniciati-va ("de oficio") la inconstitucionalidad de las normas -sin pedido de parte- ejemplifica una autolimitación o autorrestricción a la atribución judicial de no aplicar las normas violatorias de la Constitución. Esa doctrina no tiene pie en ningún artículo constitucional, deriva del razonamiento de los jueces, antes que de imposición normativa alguna".

El profuso material de estudio sobre el control de constitucionalidad, obras de los autores y de la jurisprudencia de la CSJN torna imposible la ex-posición en este voto. En un amplio trabajo sobre la materia, el autor Miguel A. Sánchez Maríncolo (Título: "Nuevamente sobre el control de constitucionalidad." - .microjuris.com/MJAR/ref.cfm?code=MJD3181 fecha 04/07/ 2007), señala la notoria dificultad para establecer los concretos límites y contenidos del control de constitu-cionalidad, al punto que cita la respuesta de la Dra. Highton de Nolasco (en audiencia pública cuando resul-taba propuesta para la CSJN), cuando preguntada sobre la jurisprudencia en materia de sentencia arbitraria: ".Es lo mismo. Nadie sabe en realidad cuál es el crite-rio; por lo tanto la sentencia arbitraria es lo que la Corte dice que es sentencia arbitraria".

Con los cauces precedentes, la idéntica oportunidad del planteo de inconstitucionalidad en los presentes actuados, receptado en su caso por la CSJN, autos "Acosta." citado, habiéndose expedido por otra parte el Alto Tribunal en los autos caratulados: "Viz-zoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/ despido", con fe-cha 14/9/2004, declarando la inconstitucionalidad del tope del art. 245 LCT y que corresponde la limitación de la base salarial solo hasta el 33% de la remunera-ción, resulta procedente en el presente caso tanto la declaración de oficio del caso constitucional, como la aplicación consecuente de la jurisprudencia invocada.

No resultan los arts. 10 y 179, inc. 1, de la Constitución de esta Provincia impedientes de las conclusiones precedentes. La primera no responde sino al sistema de protección de los derechos, bien de la propia constitución provincial e integrante del orden constitucional de la Nación, sin que los textos de una y otra limite la declaración de inconstitucionalidad de oficio; en tanto el art. 179, inc. 1, comprende otro ámbito ajeno al caso planteado. Se dijo con el Dr. Sa-güés, "la doctrina no tiene pie en ningún artículo constitucional.".

De este mismo maestro, que también se refiere y responde a la tesis que excepciona por la in-aplicabilidad del principio "iura novit curia", contra-puesta por la demandada, se extrae que la conclusión constituye una grave incorrección jurídica, si desde los primeros tiempos del constitucionalismo norteameri-cano, que inspiró los lineamientos del sistema argenti-no, quedaba sentado como custodia de la constitución que "ningún acto legislativo opuesto a la Constitución puede ser jurídicamente válido, cae de su peso que los Tribunales deben aplicar ante la Constitución que la norma inconstitucional. Es la doctrina del caso "Marbu-ry v. Madison", que no por repetida debe dejar de men-cionarse una vez más".

En definitiva, corresponde la aplicación concordante en el presente pronunciamiento cuyos nume-rales indemnizatorios -se señaló- no se encuentran con-trovertidos. Ocurriendo, en consecuencia, la "pulveri-zación del real contenido económico del crédito indem-nizatorio" (de la doctrina interpretativa de la CSJN expedida en los autos "Villarreal, Adolfo c. Roemmers s/ cobro de pesos", fecha 10/12/97), no resulta justo ni equitativo que la base salarial prevista en el pri-mer párrafo del art. 245 LCT, pueda verse reducida en más del 33% por aplicación de los párrafos segundo y tercero de la misma. Estos conceptos quedaron, asimis-mo, evaluados por esta Sala en los autos caratulados "B., J. A. c/ W. I. D. A. S.A. s/demanda laboral (In-demnizaciones)", expte. Nº 15.584/06, de fecha 5/5/2006, agregando que cuando el parámetro límite del art. 245 LCT preveía que el salario no podrá exceder el equivalente de tres veces de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable, recuerda a la jurisprudencia del Alto Tribunal, relativa a la confis-catoriedad que se produce cuando la presión fiscal ex-cede el señalado porcentaje; que siendo tal la hipóte-sis, a los fines de determinar el despido sin justa causa, se termina incumpliendo con el deber inexcusable enunciado en el art. 14 bis, cuando estatuye que el trabajo gozará de la protección de las leyes y que es-tas asegurarán al trabajador protección contra el des-pido arbitrario; que la Corte ha establecido que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucio-nal cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los me-dios que arbitran no se adecuan a los fines cuya reali-zación procuran o cuando consagren una manifiesta ini-quidad", que esa grave situación se ha configurado, si-guiendo los guarismos y cálculos no controvertidos, por lo que se concuerda que corresponde aplicar la limita-ción a la base salarial prevista en los párrafos segun-do y tercero del citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Atento la naturaleza indemnizatoria del juicio y que en todo caso la causa tiene origen en el despido incausado del actor, las costas corresponden a la demandada (Ley XIV - Nº 1 (antes Ley 69), art. 57 del Digesto Jurídico).

Las regulaciones de honorarios propues-tas, se ajustan, asimismo, a las leyes citadas y a de-recho, en lo que resulta comprensivo del tema en debate en el presente voto y los trabajos de los profesionales de la parte actora y demanda (Ley XIII - Nº 4 (antes Ley 2200), arts. 5, 6, 8, 13 y concords.).

Atento el sentido de mi voto, correspon-de declarar la inconstitucionalidad del primero y se-gundo párrafo del art. 245 LCT - ref. Ley 24013, reser-va del caso federal y con los mismos alcances del pro-nunciamiento precedente de la Dra. Alonso, que se pro-nuncia de igual modo.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia parcial del Dr. Alexandre, la siguiente	SENTENCIA:

1°) Rechazar el recurso de apelación in-terpuesto, a fs. 1505, por la parte demandada.

2°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 1506, por la parte actora.

3º) Declarar la inconstitucionalidad de los párrafos primero y segundo del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo - Reforma Ley 24013.

4°) Modificar parcialmente el punto 2° de la parte resolutiva de la sentencia obrante a fs. 1482/1503, únicamente en cuanto al monto de condena, el que se fija en la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($79.734,52).

5°) Costas de esta instancia a la parte demandada vencida.

6°) Regular los honorarios de la Alzada a favor del Dr. E. de V. en el TREINTA POR CIENTO (30%) de los que le correspondan en primera instancia y los correspondientes a los Dres. C. S. K., C. N. G. y O. G. A., en forma conjunta, en un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de los que le correspondan en primera instancia. En todos los supuestos con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

7º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 1505.

8º) Regístrese, notifíquese y devuélva-se.

REGISTRADA BAJO EL nro. DEL AÑO 2010	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "L"