marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo público, horas extra, prueba
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PALACIO DE FERREYRA BLANCA YOLANDA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-05-28

El pago de horas extras sin que media acto administrativo de autoridad competente autorizando tal incremento de funciones encuadra teóricamente en el principio de enriquecimiento sin causa, el de igual remuneración por igual tarea y las normativas de la ley de contabilidad en cuanto posibilitan la declaración de legítimo abono en la medida que se acredite el beneficio para el Estado. Pero para que ello proceda es fundamental la acreditación "fehaciente" del cumplimiento de las mayores funciones.

Conforme lo dispuesto por el art. 95 de la Ley 6108, el punto 5 de la Reglamentación del art. 94 de la Ley 6402, entonces vigentes, en concordancia con los mismos dispositivos de la Ley 7233, "..todas y cada una de las horas extras deben ser fehacientemente acreditadas, debiendo existir una real prolongación de la jornada normal de trabajo para que proceda su pago. Caso contrario, no corresponderá abonar horas extras, presumiéndose que la tarea ha sido realizada dentro de las jornadas normales de trabajo.

Igualmente no procederá el pago de horas extras cuando se otorgue al agente franco compensatorio".

Si las horas extras deben ser fehacientemente acreditadas, presumiéndose en caso contrario que la tarea ha sido realizada dentro de la jornada habitual, es indudable que se impone en la especie una interpretación restrictiva. Con mayor razón si no existe el instrumento jurídico idóneo autorizando las horas extras, ni la mera solicitud de las mismas, sólo después del transcurso de varios años.-
Excepciones procesales, excepción de pago, operaciones bancarias, prueba de informes, rechazo de la demanda
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO VELOX S.A. c/ SANCHEZ, LEONIDA DE LAS NIEVES s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2005-10-18

Este tribunal tiene dicho en anteriores oportunidades que no cabe equiparar la pretensión de investigar la causa de la obligación con la de determinar si la misma ha sido o no cancelada.

La circunstancia de que se trata de un título cambiario o que el pago no surja de un recibo, no son argumentos suficientes para denegar la medida probatoria ( Informativa)que se peticiona, máxime que como es de público y notorio, la actual operatoria bancaria utiliza modernos sistemas de cobro, (incluso por medio de cajeros automáticos) que no se compadecen con los tradicionales recibos, tenidos en cuenta por las normas legales como principal prueba del pago.

Por otra parte desconocer pagos, si los hubiere, con el simple argumento formal de tratarse el ejecutado de un título cambiario, resultaría incompatible con la verdad material que surge de la causa y con los principios de la buena fe, en detrimento del adecuado servicio de justicia (Conf. Sent. 118/95, entre otras).

Por ello, aunque resulte válida la afirmación de que el juicio se ha "ordinarizado", es inevitable considerar la prueba producida, pues la solución contraria importaría una renuncia consciente a la verdad demostrada. Por lo demás las particulares circunstancias del caso impongan que así se proceda so riesgo de consumar una inequidad incompatible con el valor Justicia.- A ello cabe agregar que negar fuerza convictiva al informe de MUPECH, pese a que la intervención que le cupo a la referida mutual en el cobro del préstamo fue parte de la operatoria libremente pactada por la accionante, importa un venire contra factum que, como tal, resulta inatendible, máxime que no puede obviarse que como es público y notorio la aludida operatoria debió necesariamente redundar en el recupero más fácil de su acreencia.

Prueba de ello es el informe suministrado, respecto del número de préstamos. Es decir que si como ha quedado acreditado la misma era la utilizada por el Banco es que le convenía a este, resultando inadmisible desconocer las consecuencias de su libre actuar cuando les son desfavorables.-
Juicios en que es parte una provincia, daños y perjuicios, inundación, minería, productos mineros, prescripción, cómputo del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-MINERO
Carátula: Pronar Sociedad Anónima Mineral, Industrial y Comercial c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

El título de la obligación de resarcir es la conducta ilícita del presunto responsable, la cual, en la causa seguida contra una provincia por inundaciones que afectaron una propiedad minera, no se agotó en un momento determinado sino que se reiteró día por día toda vez que la situación de ocupación se prolongó en el tiempo.
Legitimación procesal, Colegio Público de Abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: Pinheiro de Malerba, Lilia Esther y otras c/ Nostro, Alicia Norma s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

El Colegio Público de Abogados carece de legitimación procesal para intervenir en apoyo de la demandada en el juicio contra un profesional en el que se discute su actuación en un proceso anterior.
Homicidio, legítima defensa
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Juvenal Altamirano Muñoz s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1986-12-15

Si bien resulta incuestionable que la legítima defensa debe ser probada por quien la invoca, no es menos cierto que la meramente alegada puede trascender, cuando las circunstancias que rodearon el acontecimiento permiten concluir que los dichos tienen un grado aceptable de verosimilitud.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cotonttex S.R.L. c/ Milka Florencia Vasileff s/ Ejecutivo. Cotonttex S.R.L. c/ Milka Florencia Vasileff s/ Ejecutivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-04-12|1996-04-12

Para que el título traiga aparejada ejecución, debe bastarse a sí mismo, conteniendo todos los elementos que posibiliten el ejercicio de la acción ejecutiva. De manera que la ausencia de cualesquiera de estos elementos integrativos del título ejecutivo, lo hace inhábil, de lo que deviene que el reclamo del cobro de ese crédito por esta vía no es admisible. El juzgador debe examinar cuidadosamente la bondad del título que se trae como base de la ejecución. Este procedimiento sumario, de defensas muy limitadas y taxativas para esgrimir por el deudor, exige que su beneficiario acredite, in limine, ser merecedor de este trato privilegiado. En virtud de ello, procede un doble examen del juzgador, en forma sucesiva, y en definitiva contemplado por la ley, al dictar el auto de solvendo (despachar el mandamiento de intimación de pago y embargo), y al pronunciar la sentencia, en cuyas oportunidades el magistrado, -aún de oficio cuando el ejecutado no haya opuesto la excepción normada por el art.542 inc.4 del Código Civil, puede emitir la declaración de inhabilidad. A lo que Donato agrega: - de más está decir que también, oficiosamente, puede decretarla el Tribunal de Alzada, al resolver el recurso interpuesto contra el fallo.
Competencia, competencia contencioso administrativa, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Salta c/ Plumada S.A. s/ Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-10-02

Con arreglo al art. 153, ap. II, inc. "b" de la Constitución Provincial, corresponde a este Tribunal dirimir los conflictos de competencia suscitados entre los tribunales de justicia de la Provincia. Para dilucidar las cuestiones de competencia es preciso atender de modo principal a la exposición de los hechos de la demanda, y también se debe examinar el origen de la acción, y la relación de derecho existente entre las partes.

Atendiendo al objeto de la pretensión -restitución de sumas dinerarias con fundamento en un contrato administrativo declarado nulo en sede administrativa- se advierte sin mayor complejidad que la materia a decidir involucra necesariamente el análisis de materia típicamente administrativa. (Del voto de las Dras. Bonari, Ovejero Cornejo, Dres. Posadas, Coraita, Dras. Valdez Ortiz y Domínguez)
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: L., G. s/ Lesiones graves culposas - Extinción acción penal (Resolución Nro. 95,  Tomo 57, Folio 163)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-10

Esta Sala -haciéndose eco de la tesis amplia-, ha interpretado que "el tiempo de la prescripción se interrumpe cuando la actividad procesal significa un efectivo movimiento hacia la definición, demostrativo de que no se ha abandonado el ejercicio de la acción y de que los órganos estatales pertinentes actualizan lo necesario para la consideración de la pretensión, cualquiera sea la etapa en la que se encuentre ese concreto movimiento dentro del proceso jurisdiccional necesariamente predispuesto para llegar a la resolución final".
Cobertura médica, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto de Obra Médico Asistencial c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Instituto de Obra Médico Asistencial s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

La ley local n° 2808 -Prestaciones de Salud-, prevé la emisión, en determinadas condiciones que incluyen el consentimiento tácito de la parte obligada, de un título ejecutivo. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano)
Subasta judicial, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pallota, Julio C. y ots. c/ Mazzei, J. s/ Inc. Ejec. de honorarios (en autos F. c/M. s/div. y alimentos)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-21

La decisión de actualizar el saldo de precio no implica modificar las condiciones del contrato, ni variar el acto de la subasta, sino atender a la equivalencia de las contraprestaciones desquiciadas por el proceso inflacionario ocurrido fuera del marco tempo-espacial del acto de la subasta, a cuya regularidad atiende, únicamente, el auto aprobatorio. El mismo es condición, entre otros, del perfeccionamiento de la operación de venta con miras a la transferencia dominial del bien subastado, pero no debe confundirse con dicho perfeccionamiento, ni con la existencia del contrato, el cual nace con todos sus elementos constitutivos esenciales en la subasta, aunque condicionado suspensivamente a la oportuna aprobación judicial. Esta, una vez ocurrida, retrotrae al día de su realización los efectos del contrato (arts. 527, 528, 543, 548 del Cód. Civ.; arts. 581, 585 y 586 del CPCC.)
Sindicatos, representación sindical, representación colectiva, representación individual, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTIN, HILARIO ANTONIO Y OTROS c/ COMPAÑIA QUIMICA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-30

El reclamo administrativo del sindicato, denunciando un incumplimiento patronal, interrumpe la prescripción de los reclamos de los trabajadores involucrados en el conflicto, pues encuadra en el derecho reconocido a las asociaciones profesionales con personería gremial para representar ante el Estado y los empleadores los intereses profesionales e individuales de los trabajadores (artículo 30, inciso 1, ley 20615). (Del dictamen del PGT. al que adhiere la Sala).
Juicio de desalojo, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Denda, María Rita c/ Antonio, María Adelina s/ Desalojo por vencimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-22

No procede el plazo de noventa días para el desalojo, establecido por el art. 1509 del cód. civil, si el locatario no prueba haber pagado el alquiler correspondiente al mes anterior.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Pedro Rodolfo; Rodríguez, Raúl Oscar s/ Tentativa de robo calificado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-09

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se impugna la prueba testimonial meritada en la sentencia para acreditar el cuerpo del delito, si no se cita ninguna norma procesal relacionada con esa prueba, resultando estéril a tal fin la solitaria mención de un fallo del Tribunal con otra integración.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Domínguez, Héctor c/ della Crocce, Roberto Horacio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-23

Resulta fundado el recurso extraordinario de nulidad si el tribunal omite considerar una cuestión esencial sometida a su conocimiento.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Rachid, María de la Cruz y otros c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

El recurso judicial del amparo sirve para que los/as habitantes puedan impugnar aquellos actos de autoridad que consideren vejatorios de derechos o garantías constitucionales. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz)
Recurso de inconstitucionalidad, acción contravencional, medidas cautelares, clausura preventiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Vila, Alfredo Héctor s/ 73 - violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

La clausura administrativa cuya presunta violación la fiscalía investiga en el caso fue dispuesta en el año 2011 y por lo tanto "corresponde que el mismo organismo del GCABA que la implantó practique su efectivo control", ejerciendo sus atribuciones para determinar si las falencias detectadas -en sus condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene- fueron solucionadas, persisten, requieren otras inspecciones o reclaman una diligencia mayor en la materialización de la restricción allí dispuesta. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso de apelación (procesal), legitimación procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cotelletti de Guazzoni Di Passalacqua Carlota s/ Incidente Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-23

Si la inhabilitada se encuentra debidamente notificada de la regulación de honorarios y no los apeló, el curador no tiene representación legal para hacerlo, pues la función jurídica del curador es de asistencia y no de representación.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de obras públicas, leyes, interpretación de la ley, contrato de obra pública, pago, mora, intereses moratorios, intereses punitorios, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MALVICINO S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 784 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-08

Nuestra Ley de Obras Públicas Nro. 5188 en su artículo 71 puede ser considerada como una normativa especial, adecuada a las características propias de estas contrataciones administrativas, respecto de las normas generales contenidas en el derecho de fondo (arts. 622 y concordantes del Código Civil).

A partir de esta concepción de todo el marco normativo regulatorio del sistema de reconocimiento de intereses por mora, puede sostenerse que la problemática involucrada en el caso debe resolverse mediante una hermenéutica que propicie la aplicación del plexo normativo en toda su extensión, y no circunscribirlo únicamente a las normas de derecho local invocadas por la parte actora.

Tal tarea de selección de las normas a aplicar para la determinación de los intereses punitorios, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se encuentra ubicada dentro del espacio de razonable discreción propio de los jueces de la causa que interpretan el caso concreto sin lesionar garantías constitucionales.

Y en dicha faena, debe tenerse en cuenta una regla básica de interpretación: cuando dos principios se encuentran en pugna, la regla de la proporcionalidad manda intentar conciliarlos y no eliminar a uno en perjuicio del otro. (Del Voto del Dr. Netri)
Representación procesal, gestor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Llaneza, Roberto Alfredo c/ Merino, Eladio y/o quien resulte propietario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

Es eficaz la ratificación que se hace oportunamente -antes del vencimiento del plazo perentorio- y que por su contenido supone necesariamente el conocimiento y la aceptación de las anteriores etapas del proceso cumplidas a su nombre por el gestor, no sólo por ser posteriores en el tiempo, sino también porque esos actos personales de la parte denotan una voluntad continuadora y coincidente con la expresada por su mandatario.-
Recurso de casación penal, cita legal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LOZANO HUGO ALBERTO s/ CASACION  PENAL  -  FUNDAMENTACION  -  OMISION  DE CITA LEGAL - ACTOR  CIVIL - SUJETO ACTIVO DE LA IMPUGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-07-11

Conforme con lo establecido por el art. 496 del Código Procesal Penal, en el escrito de interposición del recurso de casación, bajo sanción de inadmisibilidad (art. 471 CPP), se citaran concretamente, las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas y se expresara cual es la aplicación que se pretende.

Asimismo, deberá indicarse cada motivo con su fundamentos.
Expropiación, indemnización, depreciación monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ DE LOS SANTOS DE CAVARRA, MICAELA s/ EXPROPIACION.     EXPTE NRO 77-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-10-24

Tratándose de lotes suburbanos, a falta de elementos que reflejen la particular evolución del valor de los terrenos, se aplicará para ajustar a la actualidad la indemnización, el promedio de los índices de precios mayoristas agropecuarios nacional y no agropecuario nacional.
Derecho procesal, sentencia, firma de la sentencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Longo, Gabriel Humberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

Las resoluciones relativas a la concesión o al rechazo de los recursos interpuestos contra las decisiones de los tribunales colegiados serán nulas si fuesen suscriptas por dos de los integrantes del tribunal, sin justificar la ausencia del tercer miembro que pudiera configurar algún supuesto de excepción al funcionamiento de estos (artículo 109 reglamento para la justicia nacional), ya que aquellas deben ser instrumentadas por auto motivado bajo pena de nulidad de acuerdo a los artículos 122 y 123 del Código Procesal Penal de la Nación"
Recurso extraordinario, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Autoservicio T.M.  SRL. s/ ley 11.683. De Soto, Arturo Constantino s/ apelación clausura.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08|1993-06-08

El recurso extraordinario deducido sobre la base de la violación de la defensa en juicio requiere, para su procedencia, la demostración de un perjuicio efectivo a ese derecho.
Travesticidio, juicio por jurados populares
Materia: PENAL
Carátula: F. c/ Chaves Rubio Dario Jesus  s/ homicidio agravado p/ recurso ext.de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-07-03

Corresponde desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia que condena a un ex policía como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por odio a la expresión de género o identidad de género, de una mujer trans, toda vez que se dio pleno cumplimiento de las obligaciones constitucionales y convencionales en lo que concierne a juzgar con perspectiva de géneros, pues para juzgar los conflictos en los cuales las mujeres y las personas con identidades diversas son víctimas de violencias en sus distintas manifestaciones, es necesario adoptar un punto de partida crítico, que ponga en evidencia que la realidad se encuentra atravesada por patrones de dominación que reproducen discriminación en razón de su identidad, expresión y/u orientación de género.
Tasa de justicia, liquidación de impuestos
Materia: COMERCIAL
Carátula: UNISYS SUDAMERICANA SA c/ CENTRO DE COMPUTACION DE DATOS SACOMA Y OTRO s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-07

Habiéndose solo abonado en concepto de tasa judicial el 2% del capital con anterioridad a la vigencia de la ley 23898, ello implica que al tributo que se liquide conforme la normativa citada, se le deducirá el pago parcial según valores reales, resultando improcedente -como en el caso- la pretensión de que se de por cancelada la tasa en proporción al porcentaje del 2% inicialmente abonado.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, deudas consolidadas, bonos de consolidación, intereses, capitalización de intereses, autoridad de aplicación
Materia: ECONOMIA
Carátula: CASTELLINO ADRIANA MIRTA Y OTRO c/ INST DE AYUDA FINANC PARA PAGO DE RETIROS Y PENS MILIT Y OTROS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-10

De acuerdo al art. 12 de la Ley 23.982, los bonos se emitirían a 16 años de plazo. Durante los seis primeros años los intereses se capitalizarán mensualmente y a partir del séptimo año el capital acumulado se amortizará mensualmente, en la forma y condiciones que determine la reglamentación. Esta Sala entiende que esa capitalización de intereses, tiene carácter compensatorio y no moratorio, pues tiende a compensar en el patrimonio del acreedor la indisponibilidad del dinero durante el tiempo existente entre la fecha de corte y el comienzo de la amortizacíon de aquéllos. Otra razón -no menos importante- consiste en que la aplicación del denominado "precio técnico" no ha sido prevista en la ley, ni en su decreto reglamentario -N° 2140/91-, de modo que no encuentra justificación en la especie, reduciéndose a una mera opinión del deudor. No empece a esta conclusión que el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos sea la autoridad de aplicación de la ley y que resulte facultado para resolver las cuestiones específicas que genere su puesta en práctica, pues tal facultad queda limitada a dictar las normas aclaratorias interpretativas o complementarias que requiera dicha reglamentación (cfr. art. 36, Decreto 2140/91), y no comprende a aquélla que implique directa, indirectamente, explícita o implícitamente, una reducción del crédito resultante de la consolidación. Atendiendo a que la ley fue sancionada el 21.8.91 y que la fecha de corte fue fijada retroactivamente, era dable suponer que las sentencias en las que se controvirtieran derechos de causa o título anterior a aquélla necesariamente debían ser dictadas con posterioridad, de modo que si se pretendía computar el inicio de los intereses desde otra fecha distinta a la del 1° de abril ello debió ser contemplado en la norma, o bien, otorgar títulos que solo llevaren expresados los montos correspondientes al crédito puro (sea por capital u honorarios) y disponer que los réditos se devengaran desde la determinación de aquél.