marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Leyes, constitucionalidad, recurso de inconstitucionalidad, cuestión abstracta, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: CORREA, CARLOS CYRUS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 61-81 GEPPEL Y PINASCO SA CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y AMBROS PALMEGIANI SA CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO. RECURSO CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 88-77)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-10-16|1993-08-19

Quien postula la inconstitucionalidad de una ley, no sólo debe efectuar un preciso y concreto planteo con invocación de la norma que pretende violada, sino que debe indicar inequívocamente de qué forma su cumplimiento o aplicación lesiona sus derechos. Y ello en virtud del principio de que los tribunales no pueden resolver cuestiones en abstracto, sino casos judiciales; que, en consecuencia, es menester que lo que se persiga sea una sentencia que reconozca un derecho concreto a cuya efectividad obstan las normas que se impugnan; que la declaración de inconstitucionalidad no ha de efectuarse en términos generales o teóricos, porque se trata del ejercicio de la función más delicada de los jueces y que sólo debe recurrirse a ella cuando no existe la posibilidad de optar por una interpretación que favorezca la constitucionalidad de la ley, ya que constituye un acto de suma gravedad que configura una última "ratio" del orden jurídico.

En el caso, resulta evidente que las genéricas afirmaciones de contradicción, entre la legislación provincial y la nacional, sin concreta mención de las razones por las cuales resultaría inconstitucional en su aplicación al caso del actor, son insuficientes para tener por formalmente planteada la inconstitucionalidad. No es posible pretender del tribunal un cotejo integral de ambas normativas sino a riesgo de que el decisorio verse sobre cuestiones abstractas.
Acceso a la información pública, amparo colectivo, vivienda, situación de calle
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Donda Pérez, Victoria y otros c/ GCBA s/ amparo - genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-24

El derecho a la información o la eventualmente defectuosa instrumentación por parte de la Administración del relevamiento de las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo son títulos suficientes para incoar el amparo bajo el manto de la ley n° 3706. En efecto, cuando en los litigios de Derecho Público el Tribunal advierte deficiencias en el funcionamiento de la Administración o una implementación defectuosa (o la no implementación) de una política pública, no es él quien debe reemplazar a la autoridad administrativa adoptando la política pública que entiende correcta. La determinación de qué políticas públicas son apropiadas es materia reservada a los restantes poderes del Estado. Ello no obsta a que, una vez que la autoridad haya indicado al tribunal las medidas que adoptará, éste pueda revisarlas, en caso de no conformarse a las pautas indicadas en la interpretación que de la Constitución y de las leyes efectuó la sentencia. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano e Inés M. Weinberg).
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, contrabando de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Duarte , Felicia c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18

No cabe hacer lugar al agravio relativo a la violación del plazo razonable si el hecho imputado data de ocho años y la penalidad máxima prevista para el delito de contrabando de estupefacientes atribuido, aún tentado (arts. 864 inc. d), 866, 2° párrafo, 871, 872 del Código Aduanero, 45 del Código Penal), es de dieciséis años, por lo que también la acción delictual está vigente.
Honorarios del perito, regulación de honorarios, monto del juicio, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Tejada, Julio Owen y otros c/ Los Constituyentes  S.A.T. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-25

No es fundamento de la regulación de honorarios del perito contador, la mera mención ritual del "valor del juicio, mérito y extensión de los trabajos realizados", acompañada de citas legales.
Juicio ejecutivo, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Narciso, Norberto c/ Gabriel, Fabiana Raquel s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-05-08

Frente a los incuestionables caracteres de autonomía, literalidad y abstacción del título de crédito base de la acción, quedan marginadas cuestiones ajenas a aspectos extrínsecos y entre los que se cuenta como inaudible la relación extracartular que vinculara a las partes.
Cuestión federal, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, defectos en la consideración de extremos conducentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Correcher Gil, Dolores c/ REMAR Argentina Asoc. Civil s/ despido c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-24

Los agravios de la recurrente suscitan cuestión federal suficiente que habilita su tratamiento si, a pesar de remitir al examen de cuestiones fácticas y de derecho común, ello no es óbice para la apertura del recurso cuando el a quo ha omitido examinar una prueba que resultaba prima facie conducente para la correcta solución del litigio.
Embargo, bienes inembargables, empleados públicos, Administración Pública Nacional, Ferrocarriles Argentinos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BCO. MAYO COOPERATIVO LTDO. c/ SOVERON, AGUSTIN FELIX s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Ferrocarriles Argentinos forma parte de la Administración Pública Nacional, encontrándose su personal amparado por los beneficios del decreto ley 6754/43 en tanto el mismo comprende a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, y de las entidades autárquicas descentralizadas (conf. art.1 DLE. cit).
Derecho procesal, incidente de nulidad, suspensión del proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: González Grey, Federico Eduardo c/  s/ sucesorio ab intestato (Expte. N° 9697) s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-05-20

Articulado un planteo de nulidad respecto del inicio de un proceso sucesorio, en el cual la nulidicente alegó que el escrito de inicio fue presentado en su nombre sin que -según afirma- conociera esa circunstancia, atento el eventual perjuicio que se invoca ante la continuidad del trámite sucesorio, y siendo que exhibe elementos que tornan verosímil su planteo, como su anterior inicio del mismo sucesorio en otra jurisdicción que se sindica como el último domicilio del causante, por la naturaleza de la cuestión planteada y conforme a los principios de economía procesal y máximo rendimiento, procede disponer la suspensión del trámite sucesorio hasta tanto se resuelva el incidente de nulidad, estableciendo en su caso los alcances de una eventual nulidad causada por la irregular representación alegada por la nulidiscente, como asimismo se decida sobre la declinatoria por ésta planteada.
Recurso contencioso administrativo, medidas cautelares, ley procesal
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: LAPALMA, ANALIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ APELACION LEY 11330 ART. 15
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-07-22

Es inadmisible el recurso de apelación intentado desde que el artículo 15 de la ley 11330 exige como condición para que el Tribunal deje sin efecto la medida cautelar despachada, que el cumplimiento de ésta produzca grave daño para el interés público o que sea urgente el cumplimiento de la decisión cuyos efectos se encuentran suspendidos por la recepción favorable del pedido cautelar, circunstancias que no se configuran en el caso donde la Administración Provincial solicitó el cese valiéndose del carácter provisorio de las cautelares y de las nuevas circunstancias que rodeaban el caso- a saber, que demostrada la percepción de un beneficio previsional por la relación concubinaria de la accionante, no se podía presumir que se encontrara a cargo de sus progenitores a la fecha del fallecimiento ni en situación de desamparo.

Por lo demás, la actora apelante tenía procesalmente la posibilidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad -demostrando que se configuran los requisitos de admisibilidad del mismo-, a los efectos de intentar revisar la decisión, pero no recurrir, como lo hizo, al recurso de apelación previsto en el artículo 15 de la ley 11330 que el legislador lo reservó para otros supuestos.
Teoría de la imprevisión, contratos de ejecución diferida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ENTEL. c/ BAGGINI DE CARRARA VALENTINA. s/ ESCRITURACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-08

La teoría de la imprevisión resulta de aplicación a los contratos de ejecución diferida o cuyo cumplimiento se ha postergado.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, fundamentación del recurso, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA DE VIV. Y CONS. P/TRAB. VIALES DE SALTA LTDA. c/ SILVESTRE, José David s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-18

Adolece la pieza de la demandada de una crítica concreta y detallada del fallo recurrido en los aspectos que lo sustentan. Siendo así, tal presentación incumple con la carga procesal impuesta por el art. 255 del Código Procesal, toda vez que no contiene una descalificación puntual de las partes del pronunciamiento que aprecia equivocadas.

Sigue diciendo Palacio que cumple la expresión de agravios en el procedimiento de apelación una función en cierta medida análoga a la de la demanda en primera instancia, ya que su contenido delimita las potestades decisorias del tribunal de alzada.

Es decir, en ella fija el apelante el ámbito de su reclamo. Estipula el cauce funcional del órgano de alzada, constituyendo de tal suerte la clave de bóveda para la apertura de la actividad controladora del superior, ya que es la pieza jurídica que fija los limbos dentro de los cuales debe moverse el tribunal .

La jurisprudencia ha señalado que la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que debe contener el memorial de agravios, ha de consistir en la indicación, punto por punto, de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan a la decisión recurrida; en ausencia de fundamentos especiales referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las aspiraciones del recurrente, no hay agravio para atender en la Alzada .

Lo que se requiere es un razonamiento coherente que demuestre a la vez el desacierto del análisis contenido en el fallo que se impugna, máxime cuando este último ha sido adecuadamente expuesto.

La crítica concreta y razonada que debe contener el memorial de agravios ha de consistir en la indicación pormenorizada de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan a la sentencia, mediante el desarrollo analítico de las cuestiones en debate, con los argumentos jurídicos y fácticos que fueren pertinentes para desvirtuar los que sustentan el pronunciamiento .

No se trata de una fórmula carente de sentido sino de un análisis razonado de la sentencia, demostrando los motivos que se tiene para considerar lo erróneo, injusto o contrario a derecho de la misma (C.J. Salta, Sala I, t. 25, pág. 73).
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rinland, Roberto Mario s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-08-09

La demostración de la existencia de absurdo no se logra con solo manifestar el desacuerdo con las conclusiones del sentenciante, sino que es menester acreditar que el tribunal a quo ha incurrido en un error grave y ostensible en la apreciación de la prueba que haya derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias objetivas de la causa.
Falsa denuncia, culpa civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CALDERON MARIO H. c/ NEDI CRISTINA ULLUA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-27

Existe culpa de la demandada que obró con ligereza al imputar al actor una conducta ilícita que luego no fue probada, por tanto debe encuadrarse su obrar en la previsión del art. 1090 del Código Civil
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO WALTER MARIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CORIA LUISA ANDREA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-09

En la preterintencionalidad es innegable la existencia del dolo de lesión, pero en relación a la muerte no querida resulta difícil atribuirle a la negligencia, imprudencia e impericia del agente, sino que la producción de la muerte posterior se encuentra más bien vinculada a una situación excepcional que se produce cuando un medio empleado, que desde una visión objetiva, razonablemente no debía producir la muerte, tiene aptitud para causarla en virtud de la excepcionalidad aludida.
Competencia por el territorio, lugar del hecho, estafa, cheque
Materia: PENAL
Carátula: Yrayucuy  S.A. s/ Infr. Art. 302 del Código Penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Es competente para conocer el delito de estafa mediante la entrega de cheques, el juez de la jurisdicción donde tuvieron lugar la entrega de los instrumentos en pago de la operación y las prestaciones patrimoniales perjudiciales.
Tratados internacionales, Derechos humanos, interpretación de tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Arce, Jorge Daniel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Las garantías emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben entenderse en función de la protección de los derechos esenciales del ser humano y no para beneficio de los Estados contratantes.
Empresas del Estado, privatizaciones, responsabilidad solidaria, principio de legalidad
Materia: LABORAL
Carátula: PICHINTINI, Claudia y otros c/ ENTEL EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-25

Lo establecido eb el pliego de bases y condiciones e el sentido de que las sociedades licenciatarias no sustituyen a Entel en sus obligaciones y responsabilidades (punto 7.5) y en el contrato de transferencia en el que se aplica esta pauta (punto 9.2), no puede tener otro alcance que el de otorgar a la sociedad licenciataria el derecho a una acción de regreso contra el Estado Nacional. Tal conclusión se impone puesto que el objeto de los contratos públicos debe adecuarse a lo establecido en las leyes dictadas por el Congreso, es conveniente recordar que el Estado se halla sometido al principio de legalidad, que se vería vulnerado si se desconociese la existencia de solidaridad.
Sentencia, apreciación de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  c/ Melenzane S.A. s/ejecución fiscal'"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-11

La sentencia impugnada, en cuanto sostiene que soslayar la identidad que existiría entre la deuda reclamada en autos y la regularizada mediante el plan de facilidades de pago conduciría a exigir el pago de una deuda inexistente, sin formular ninguna consideración adicional, no se hace cargo de valorar la totalidad de las pruebas obrantes en autos ni de acreditar por qué su análisis resultaría inconducente. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Adopción, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A., S. L. s/ Adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

La causa por adopción debe tramitar ante el Juez de Menores que otorgó la guarda. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, notificación, traslado de la demanda, cédula de notificación, nulidad procesal, oficial de justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Guaytima, José Elías c/ Obras Sanitarias Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-03-11

Corresponde hacer lugar al incidente de nulidad articulado por la parte demandada respecto de la Cédula de notificación de la demanda y de todos los actos cumplidos con posterioridad que guarden correspondencia con la misma; en efecto, la notificación de la demanda estaba destinada a un Organismo estatal -Obras Sanitarias- cuyo propósito es llevar al conocimiento de un funcionario que, por su jerarquía se responsabilice ante el organismo de notificar la gestión realizada a efectos de que el mismo ponga en movimiento la sección encargada de cumplir con la tarea de defender los derechos que crea corresponderle. Conforme a ello, no habiéndose individualizado a la persona con quién se cumplió la diligencia, como así también su negativa a firmar, son circunstancias que demuestran que tal diligencia no cumplió con el fin perseguido; en consecuencia la nulidad se ha producido como insoslayable frente al obrar de la Oficial de Justicia, impropio de la responsabilidad de sus funciones, la que debe ser debidamente sancionada.
Contrato de trabajo, despido, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: De la Torre, Leandro Javier c/ Establecimiento Gráfico Impresores S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-16

En el caso el trabajador retuvo tareas e intimó a su empleador a los fines de la regularización de su situación laboral (alegaba no estar registrado el vínculo). El empleador finalmente decide el despido directo del actor fundado en abandono de trabajo. Si bien el trabajador no logró demostrar el incumplimiento patronal que decidiera su retención de tareas, por no haberse probado el elemento subjetivo del abandono, el despido directo decidido por la empleadora resulta injustificado. (Del voto del Dr. Pompa, en minoría).
Contrato de trabajo, promotor de AFJP, comisión por ventas
Materia: LABORAL
Carátula: Mallades   Susana   Beatriz c/ Consolidar  A.F.J.P.  S.A. s/ diferencia de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-17

El promotor de AFJP tiene derecho a la percepción de la comisión a partir de la aprobación de la afiliación por la Superintendencia de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, pues ese es el momento en que el negocio entre el afiliado y la administradora de los fondos de jubilación se perfecciona.
Mala praxis, responsabilidad médica, delitos
Materia: CIVIL
Carátula: Barroso Fabian Eusebio y Otra c/ Superior Gobierno De La Pcia De E.R. Y Otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-02-14

La regla general de responsabilidad por la mala praxis médica es de naturaleza contractual, salvo supuestos excepcionales, como el que se configura cuando el hecho constituye un delito del derecho criminal, hipótesis en la que se viabiliza la opción aquiliana.
Acción de amparo, reconocimiento facial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Observatorio de Derecho Informático Argentino O.D.I.A. c/ GCBA s/ amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-11

Corresponde continuar con el trámite del amparo promovido por el Observatorio de Derecho Informático Argentino, a través del cual se cuestiona la implementación de la tecnología de Reconocimiento Facial de Prófugos, toda vez que no se trata de una impugnación en abstracto, sino de un caso judicial, por lo que decide remitirla a la Secretaría General a efectos de que, por medio del pertinente sorteo, se asigne nueva radicación a las actuaciones para que continúen su trámite.
Ejecución hipotecaria, mutuo hipotecario, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SALINERA PROPITKIN  S.A. c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ MORA.    PLAZO    TACITO.  OBLIGACIONES  EJECUCION  POR  UN  TERCERO. CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO c/ ASOC.  COOP. DE PERMISIONARIOS CONGRESO - FERIA MUNICIPAL MODELO NRO. 77 s/ EJECUCION HIPOTECARIA - INTERESES - EXCEPCIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24|1987-09-10

Es improcedente la diferenciación de los coejecutados entre los que garantizaron un tramo del préstamo y quienes avalaron dos, desde que en cada contrato hipotecario se estableció expresamente la solidaridad respecto "a toda otra suma que por cualquier concepto u origen se adeude a la Caja de Ahorro con motivo del crédito que se garantiza", lo que incluye su ampliación, a lo que cabe agregar que todos y cada uno de los inmuebles están afectados a la totalidad del crédito, sin perjuicio de que si alguno de los coejecutados abona la suma por la que específicamente se obligó (con más sus accesorios) el acreedor no puede rechazar el pago.
Proceso penal, prisión preventiva, comprobación del hecho, intención de entorpecer la investigación judicial
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de apelación en autos P, A. o R, R. I. s/ infr. art. 189 bis CP. Sala II.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-28

Para la aplicación de la prisión preventiva debe verificarse los extremos que legitiman su aplicación esto es: 1ro. la incorporación de suficientes elementos de prueba que permitan afirmar la existencia de un delito y la participación en él imputado (requisito fumus boni iuris- art 57, inc.3, incisos "a" y "b" ley 1287) y 2do. la presencia de riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento (requisito periculum in mora), circunstancia que implica afirmar el carácter instrumental de las medidas de coerción.
Recurso de apelación (procesal), recursos, derechos y garantías constitucionales, violencia familiar, protección del menor y la familia, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: CÓRDOBA, Antonio s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-05-30

Este Tribunal ya se expidió repetidas veces acerca del alcance y vigencia en el tiempo de las medidas protectorias de la familia dictadas conforme la Ley 7.403/06.

Teniendo en cuenta QUE EXISTEN diversos intereses en juego, público uno (prevención y contención de violencia familiar) y privado el otro (generalmente de naturaleza económica).

En anteriores oportunidades se dijo que "mal puede decirse que la mora del Tribunal de Familia en dar solución al conflicto sirva de excusa para 'restringir indefinidamente los derechos de ninguna persona'.

Destaco el término porque la manda judicial ("abstenerse de ejercer actos de violencia física y psíquica, como así también proferir insultos, palabras agraviantes o soeces, o desplegar conductas amenazantes") importa una prohibición de carácter universal fundada en la ley o la moral y su violación no puede considerarse un derecho.

El destinatario de la medida (como cualquier otro que vive en sociedad) está obligado al cumplimiento de ella en todo momento y lugar y más allá de la existencia o vigencia de la orden judicial impartida, una razón más para impedir que opere la caducidad del mandato fundada en una norma de derecho privado: el art.207 del C.P.C. y C..-" (22/6/10 causa Nº 26.426/09).- Más allá del criterio que tiene sentado este Tribunal en orden al presunto delito imputado: no puede constituir delito de Desobediencia Judicial la prohibición a realizar actos que la ley penal reputa ilícitos.

En causa Nº 26.254/09 dijimos "no puede constituir delito desobedecer la orden judicial de no ejercer violencia, psíquica o física, sobre un individuo cualquiera.

El Derecho Penal reprime conductas que atentan contra la persona, el patrimonio, el Estado, etc, etc.. La violación a la norma penal es el delito mismo y no la desobediencia al buen comportamiento" (31/05/10).