Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-08-23


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 29 San Fernando del Valle de Catamarca, 23 de agosto de 2.005.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 126/04 "GARRIGA, Ramón y GARRIGA, Raúl Eugenio c/Estado Provincial y/o Mtrio. de Gobierno y/o Registro de la Propiedad Inmobiliaria - Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad o Nulidad"; en los que a fs. 51/52 obra Dictamen del Sr. Procurador General Nro. 42, y a fs. 58 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art. 39 del Código Contencioso Administrativo, llamándose autos para sentencia a fs. 58 vta. - En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es procedente la Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad o Nulidad interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde? Practicado el sorteo conforme el acta obrante a fs. 59 vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, CÉSAR ERNESTO OVIEDO y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 17/22 vta. los Sres. Ramón Garriga y Raúl Eugenio Garriga, promueven acción contenciosoadministrativa en contra del Estado Provincial, solicitando la rectificación del asiento registral que indebidamente da cuenta de un embargo trabado sobre parcelas de dominios sin estar así ordenado por orden jurisdiccional. -- Los recurrentes justifican la procedencia formal de la acción aduciendo haber solicitado en sede administrativa el día 25/06/03 la rectificación de asiento inexacto. Que dicha solicitud es rechazada por extemporánea motivo por el cual deducen el día 21/07/03 recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio; que rechazado ambos y elevadas las actuaciones, el día 28/05/04 deducen pronto despacho. Que producida entonces la denegatoria tácita interponen el día 04/08/04 la presente demanda judicial, señalando que los recursos deducidos tuvieron su razón de ser en la indebida anotación por parte del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de un embargo trabado sobre los dominios 65 a 69, 71 a 80, 83 a 87, 90 a 93, 97 a 99, 101 a 103, 105 a 107, 109 a 112 y 114 año 1998 -del Dpto. de Ambato- sin que hubiera una orden judicial que así lo disponga, exhorbitando de esa manera los términos y alcances del Oficio Ley 22.172 a que accede. Que por ello la denegación del pedido de rectificación de asiento devine injustificada, al confundir el ente administrativo la naturaleza y régimen jurídico de la "rectificación de asiento inexacto" que no tiene plazo para su interposición con la "recalificación del acto" que sí debe hacerse en el término de 5 días. Que subsumir la cuestión en una normativa que no resulta aplicable, trae aparejado un acto emitido sin causa y sin motivación. Pues la falta de concordancia entre los datos de identificación del inmueble consignados en el asiento dominial del registro y los datos referenciados en el documento ingresado, obligaban en el mejor de los casos a suspender o denegar la rogación, ello al haberse modificado física y registralmente el inmueble originario como consecuencia de una subdivisión y loteo. Manifiestan así, que el proceder del Registro ha sido excesivo pues ha procedido a extender la medida cautelar sobre matrículas de dominio que no se especifican en el oficio judicial. Que, por ello, no corresponde solicitar al juez que ordenó el embargo la rectificación del asiento inexacto, dado que el error ha sido registral debiendo ser subsanado por el propio Registro de la Propiedad Inmobiliaria.- Por último ofrecen prueba, y solicitan en definitiva se condene al Registro de la Propiedad a rectificar el asiento inexacto, ordenando el levantamiento del embargo, con costas.- A fs. 33, previo Dictamen del Sr. Procurador, la Corte de Justicia resuelve declarar "prima facie" la jurisdicción y competencia para entender en la presente causa. - A fs. 38/39 vta. se presentan los apoderados del Estado Provincial, solicitando en razón de haberse deducido la acción en forma extemporánea, que la demanda sea rechazada, con costas.

A fs. 40, se abre la causa a prueba, producida la misma, a fs. 50 se clausura dicha etapa.

A fs. 51/52 vta. obra dictamen del Sr. Procurador y a fs. 54/57 vta. se agrega el alegato de la parte actora, con lo que la causa previo llamamiento de autos queda en estado de ser resuelta.

Es así que convocados a resolver la presente controversia, paréceme pertinente recordar que la misma reconoce su origen en el error en que habría incurrido el Registro de la Propiedad Inmobiliaria al asentar un embargo sobre una inscripción dominial sin que hubiere una orden judicial que así lo disponga. En tal sentido se acusa de imprudente el proceder del Registro de extender una medida cautelar sobre una matrícula de dominio, sin constatar previamente, como era su deber hacerlo, si los datos de identificación del inmueble consignados en el asiento dominial del registro coincidían con los datos insertados en el documento ingresado, pues de haber discordancia se debió denegar o suspender la rogatoria.- Que así las cosas y ante la anotación errónea del embargo, se solicitó al Director del Registro la rectificación de asiento inexacto, pedido que fue rechazado por extemporáneo, motivando ello a que se dedujera contra dicha resolución recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio.

Preliminarmente debo recordar que en nuestro país se ha admitido sin discusión, a tenor de la cláusula del Art. 101 de la Constitución Nacional, Art. 117 del texto reformado, el carácter excepcional y limitado de la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tal sentido, merecen destacarse las consideraciones vertidas por Joaquín V. González, en cuanto a que "la más importante de estas divisiones jurisdiccionales y que se halla en términos expresos consignada en la Constitución, es la que distingue entre jurisdicción apelada, y originaria o exclusiva, que nacen de las dos categorías de jueces que constituyen el Poder Judicial de la Nación: los de la Corte Suprema y de los de los demás tribunales inferiores ... Así conforme a nuestro plexo legal, la jurisdicción general, común u ordinaria, es la apelada, porques es atribución de todo el Poder Judicial de la Nación, y la originaria o exclusiva es excepcional porque recae sobre un reducido número de asuntos, expresa y detalladamente enumerados" (Manual de la Constitución Argentina, p. 587, Nro. 600, ed. de 1959). De ello se sigue, como reiteradamente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ella "no ejerce jurisdicción originaria y exclusiva sino en él o los casos expresamente determinados por el Art. 101 de la Constitución, la cual no es susceptible de ampliarse, restringirse ni modificarse mediante normas legales" (conf. Fallos: 180:176; 270:78; 285:209; 302:63, entre muchos otros). - De ahí, que la jurisdicción originaria de la Corte no pueda ser alterada por ley del Congreso extendiéndola a otros casos no previstos expresamente por la Constitución, con lo que el Congreso de la Nación solo podría establecer excepciones y dictar reglamentos a la jurisdicción de apelación, lo que importa decir, distribuir la justicia entre los tribunales inferiores y la Corte, que siempre será de apelación, con excepción de los casos en que la jurisdicción sea originaria y exclusiva.- Lo apuntado cobra relevancia en el sub-lite, respecto a la competencia que antiguamente fuera asignada a este Alto Cuerpo mediante el Reglamento del Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de Mandatos -Ley Nro. 3343, Art. 26-, ya que conforme ha quedado expuesto, la ley solamente podía reglamentar la jurisdicción de apelación, lo cual no se justificaba por el hecho de que la función asignada al Tribunal se limitaba en los casos en que el interesado así lo requiriera -Art. 26 del Reglamento-, a revisar por vía de superintendencia una actividad esencialmente administrativa, cumpliendo una función que ostentaba idéntico carácter y que, por ende, no podía ser calificada como actividad jurisdiccional.

En tal sentido, he de advertir que el tribunal interviniente ejercía en ese caso una competencia recursiva impropia, por cuanto la impugnación no era deducida contra una resolución judicial, sino contra una resolución administrativa. (Ley Nacional registral inmobiliaria- Ley 17.801-comentada y anotada- Luis. O. Andorno, Marta Marcolin de Andorno, pág. 141).

De ello se desprendía entonces, y más allá de la crítica formulada al texto legal, que el administrado contaba con un recurso que podría decirse de apelación ante la Corte de Justicia, el que resultaba optativo para aquél y que importaba una facultad revisora en grado de apelación de las resoluciones del Director del Registro. Ahora bien, esta situación cambia con la modificación operada por la Ley Nro. 4986, la que sustituye entre otros artículos el antiguo Art. 26 de la ley 3343, permitiéndole al interesado interponer contra la resolución denegatoria de la Dirección del Registro de la Propiedad, recurso jerárquico por ante el Poder Ejecutivo Provincial.

Siendo ello así, y elegida por el recurrente esta última alternativa, del caso será recordar, que la naturaleza revisora de la jurisdicción administrativa refiere a la necesidad de un debate previo de la cuestión en sede administrativa.

Que con el fin de asegurar en plenitud la garantía constitucional del "debido proceso" debe reconocerse al administrado un proceso plenamente jurisdiccional, el que se pondrá en marcha una vez agotada correctamente la vía administrativa y ejercida en tiempo oportuno la acción judicial. Que constituye un recaudo de rango constitucional la resolución denegatoria expresa o tácita de la autoridad administrativa competente al reconocimiento de los derechos gestionados por parte interesada. Que calificada doctrina ha señalado que dicho requisito constituye una condición ineludible para poder acudir ante el tribunal en lo contencioso administrativo con lo que, lejos de constituir una mera formalidad, el tránsito previo por la vía administrativa tiene por objeto dar a la Administración Pública la oportunidad de revisar el caso y, eventualmente, corregir el error, facilitando el control de legitimidad y evitando, a la postre, el desgaste innecesario de la actividad judicial.- - Por lo que, y examinando el camino transitado en sede administrativa, advierto que en el mes de Junio de 2003 se solicita ante el Director del Registro pedido de rectificación de asiento inexacto, que dicha solicitud es denegada el día 11/07/03 mediante Disposición Nro. 015/03, que contra esta resolución interponen los interesados el día 21/07/03 recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio. Que declarado inadmisible el recurso de reconsideración el día 01/08/03 y elevadas las actuaciones a consideración del jerárquico, el día 24/11/03 deducen los interesados pronto despacho sin habilitación de competencia. Que nuevamente el día 28/05/04 presentan pedido de pronto despacho con igual defecto, presentando finalmente el día 04/08/04 ante la denegatoria tácita, la demanda judicial.

Por último y conforme surge del Expte. administrativo agregado por cuerda, el día 10/08/04 se dicta el Decreto G y J Nro. 1202 mediante el cual se rechaza el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Nro. 015/03 y la Resolución Nro. 018/03, resolviéndose en consecuencia no hacer lugar a la rectificación del asiento registral solicitada.- Establecido ello, he de recordar que el sentido negativo otorgado por la ley al "silencio" como principio general, tiene como único designio fijar el momento a partir del cual se faculta al particular a utilizar su potestad impugnaticia, quedando en pie la obligación de la Administración de resolver expresamente. Y esa obligatoriedad de la Administración puede ser ejercida por ésta cuando ya el particular hubiera utilizado la facultad que le concede el Art. 10 de la Ley. Será una "resolución tardía", pero en el caso, el procedimiento no concluirá por silencio -a pesar de que el particular haya utilizado este instituto-, sino por resolución expresa. (Tomás Hutchinson-Ley Nacional de procedimientos administrativos - Reglamento de la ley 19.549- T. II- pág. 248).

Del relato de los acontecimientos deduzco, sin mayor esfuerzo, que la situación se subsume perfectamente en este último supuesto. No siendo obstáculo para ello lo expresado por el recurrente en el sentido que el Decreto Nro. 1202, mediante el cual se rechaza el recurso jerárquico, carece de efectos jurídicos, y ello al haberse emitido con posterioridad a la interposición de la demanda judicial, razón por la cual no debería considerarse lo resuelto tardíamente por la Administración.- Dicho razonamiento, entiendo, parte de la concepción errónea de que el procedimiento administrativo concluye normalmente cuando se ha producido la denegatoria tácita, haciendo prevalecer en el caso una presunción legal sobre un acto cierto que resuelve expresamente la cuestión, terminación presunta que, por otra parte, se tiene por producida en una fecha incorrecta, ya que conforme surge de las constancias de la causa, en el mes de Julio se interpone recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio.

Rechazado el día 01/08/03 el recurso de reconsideración y elevadas la actuaciones a consideración del jerárquico, entiendo la denegatoria tácita se debe tener por producida a los 90 días corridos desde dicha fecha, esto es los primeros días del mes de noviembre de 2003, en tanto resulta inoperante el pronto despacho presentado el día 24/11/03 sin habilitación de competencia. En consecuencia la demanda deducida el día 04/08/2004 resulta absolutamente extemporánea.- Ahora bien, como en el caso en estudio se ha producido la resolución administrativa con posterioridad a la interposición de la acción judicial, estimo deberá analizarse qué efectos produce respecto de la impugnación deducida, y ello porque nuestro orden normativo expresamente dispone que el inicio de la acción judicial hace desistir automáticamente de la vía administrativa.

Al respecto estimo acertado traer a colación lo expuesto por el autor citado cuando al comentar Art. 118 de nuestra ley de procedimientos administrativo, señala que el desistimiento de la vía administrativa no priva a la administración del deber de dictar pronunciamiento expreso aunque tardío (Conf. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos- T. I, pág. 227), afirmación que encuentra pleno sustento en el Art. 103 del mismo cuerpo legal, al estatuir que el desistimiento del interesado no obliga a la Administración, la cual retiene la conducción del procedimiento como instrumento al servicio de su gestión del interés público. Con lo que, siempre la Administración tendría la obligación de pronunciarse.

Pues de otro modo, se llegaría hasta el absurdo de aceptar que aquélla pudiera concluir el procedimiento por silencio, lo que entraría en pugna con los fines del ordenamiento jurídico el que le impone a la Administración el deber inexcusable de resolver expresamente las cuestiones planteadas. - En síntesis, las consideraciones vertidas me inducen a pensar, que a la fecha de presentación de la demanda esto es 04/08/04, y considerando el supuesto de denegatoria tácita producida en los primeros días del mes de noviembre de 2003, el plazo previsto por el Art. 7 del C.C.A. se encontraba vencido. Que sin perjuicio de ello, la resolución tardía emitida el día 10/08/04 le brindaba al interesado un nuevo plazo de impugnación el cual, lógicamente, se debía computar a partir del momento en que aquél tomara conocimiento de la misma. Que dicha oportunidad es desperdiciada por el recurrente al presentar el día 06/09/04 un escrito informando al Tribunal sobre la existencia del acto administrativo, y de los motivos por el cual no se tendría que considerar el mismo.

Que ello así, y al haber renunciado expresamente el administrado a impugnar el acto que causa estado, no otra conclusión que el rechazo de la demanda debe auspiciarse, pues nos encontramos ante un acto firme y consentido. -- Conforme se resuelve, las costas correrán por cuenta de la parte actora que resulta vencida (Art. 65, Ley Nro. 2403). Así voto.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Comparto las fundadas razones y conclusiones arribadas por el Dr. Cáceres a la presente cuestión, motivo por el cual me adhiero y voto en igual sentido. Es mi voto.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que compartiendo las consideraciones formuladas por el colega que inaugura el Acuerdo, me adhiero y voto por el rechazo de la acción intentada. Con costas a los actores (Art. 65, Ley Nro. 2403). Es mi voto.- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe.

San Fernando del Valle de Catamarca, de agosto de 2.005.- Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad ó Nulidad interpuesta.

2) Con costas a cargo de los actores.

3) Diferir la regulación de honorarios hasta que exista base suficiente para ello.

4) Protocolícese, hágase saber y firme o ejecutoriada por Secretaría procédase a la devolución de la documentación y Exptes. agregados por cuerda y archívense.