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Ley arancelaria, honorarios del abogado, regulación de honorarios, realidad económica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A. (B.E.R.S.A) c/ SOCIEDAD CIVIL EDIFICIO URQUIZA Y/O EDIFICIO URQUIZA SOCIEDAD CIVIL s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2008-03-06

El principio que insufla la legislación arancelaria es el de que la retribución del profesional guarde una adecuada relación entre la realidad económica del caso y EL desempeño profesional, sin que ello implique la admisión de un enriquecimiento incausado.
Honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: SYCIC S.A.C.I.F. e I. c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION- REGULACION DE HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 303 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-31

Si bien la ley regulatoria local autoriza a los profesionales intervinientes a estimar la cuantía económica del pleito y justipreciar sus honorarios, ello sirve como pauta orientadora para efectuar la regulación pero nunca puede transformarse en obligatoria para el oficio, que debe considerar si la misma se ajusta a 'los valores, bienes o intereses comprometidos' (art. 8 ley 6767) en juicio".
Juicio ejecutivo, subasta, bienes inmuebles, procesos de ejecución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RUIZ ROBERTO Y OTROS c/ RIVECO CATAMARCA SA Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-04

El reproche acerca del valor actual de un inmueble que se subastó hace casi veinte años es inadmisible dado que la justicia del precio debe ponderarse al tiempo de la subasta, sin que sea dable ponderar circunstancias ulteriores susceptibles de gravitar en el valor del bien, pues ello importaría introducir un factor de perturbación y un agravio para la seguridad jurídica y la certidumbre en los derechos de los adquirentes en remates (Sala C, 26/8/76, JA, 1977-III-59).
Proceso penal, honorarios, regulación de honorarios, abogados, querellante, mora, interpelación, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: VALIENTE, NICASIO F. s/ HONORARIOS - ABOGADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-27

Ante la falta de pago del obligado principal, el querellante, obligado supletorio, entra en mora para el pago previsto por el art.

49, segundo párrafo de la ley 21.839, a partir del momento en que es intimado a tal fin. Por ello, la actualización monetaria rige desde aquella fecha (art. 67 de la ley citada); resultando inoponible al querellante - no condenado en costas - la liquidación aprobada con anterioridad y de la que no se le corrió traslado.
Marcas, nulidad de marca, uso efectivo de marca, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: Suter  S.A.C.A.F.I. c/ Suter, Raúl Ernesto s/ Nulidad de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

Este Tribunal ha preconizado la aplicación de un criterio severo o restrictivo para la admisión de las demandas de nulidad, cuya severidad debe ser incrementada aún más cuando se trata de marcas antiguas o que han sido usadas efectivamente, sin que se mencione siquiera en la demanda, a pesar de la coexistencia de las marcas, que haya habido perjuicios. La jurisprudencia, en los supuestos de copia de marcas, ha requerido a veces, como condición para admitir la buena fe de la interesada, que se proporcione explicación acerca del motivo que justifique la elección del signo impugnado.
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ariccia María del Carmen c/ Salvans Juan C. y otro s/ Daños y perjuicios Gioia, Fernando Antonio c/ Municipalidad de La Plata s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-27|2000-03-17

No basta haber sufrido un daño para que esto sea suficiente título de una indemnización pues, para que ello ocurra es menester establecer la existencia de un nexo de causalidad adecuada entre ese efecto dañoso y el hecho u omisión que suscite la pretensa responsabilidad, en cuanto este hecho sea el factor por cuyo influjo ocurrió aquel daño.
Abuso sexual calificado, víctima menor de edad, sentencia, fundamentación de sentencias, fundamentación suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Albarracín, Sergio Antonio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-08

Si bien existe una dificultad probatoria característica cuando se investigan delitos de abuso sexual, lo cierto es que no resulta aplicable el temperamento previsto en el art. 3 del C.P.P.N. en la medida que las diversas pruebas producidas hayan sido debidamente valoradas por el tribunal oral, descartando duda alguna respecto de la existencia del hecho y de la consecuente intervención del imputado, así como la posibilidad de que los niños víctimas sufran la influencia de situaciones familiares conflictivas.

(Dr. Fégoli adhiere según su voto).
Apropiación indebida de recursos de la seguridad social, tipo penal, comisión por omisión
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Lambruschi, Pedro Jorge s/ ley 23.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-31

Como en todo delito de omisión, en del caso del art. 8°, primer párrafo de la ley 23.771, la posibilidad material de cumplir con la conducta debida, también denominada capacidad individual de acción, constituye uno de los elementos que integran el tipo, sin cuya concurrencia la subsunción fracasa (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Concurso preventivo, proceso de verificación, pagaré, indicación de la causa, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACEROS DALMAT  S.A. s/ CONCURSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-02

La concursada -como libradora de los pagarés- no puede alegar la omisión de probar la causa, sin invocar a su vez, la falsedad del título o algún vicio de la voluntad que invalide aquella rúbrica.

Es evidente que quien aparece firmando un cheque no puede escudarse en una omisión -incumplimiento parcial de la lc 33- para intentar liberarse de una obligación que aparece instrumentalmente correcta.

Es de presumir que el acto de firma de la libranza tuvo su causa y que su autor la conoce. Así no puede el firmante invocar la falta de explicación de la causa. Podrá -en su caso- sostener la invalidez de la obligación, por carecer de causa -por ejemplo-, pero no esgrimir omisión de cierto relato que él debe conocer.
Costas, recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Villagra, María Isabel c/ Delgado, Luis Mario y/o Parrillada Ñaupa s/ Incidente de Nulidad - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-11-18

Lo vinculado a las costas es un tema de carácter procesal, que pertenece al área de facultades privativas de los jueces de grado y sólo es posible su revisión ante la presencia de arbitrariedad o absurdo en la resolución y sumado a ello, el deber del recurrente de denunciarlo y demostrarlo.

En esa línea de pensamiento, la Corte Suprema ha admitido la procedencia del recurso extraordinario cuando lo resuelto carece de fundamentación suficiente, o se sustenta en fundamentos genéricos o ambiguos. A la luz de estos principios reseñados, que son los adoptados y aplicados por este Tribunal, debo destacar que el recurrente, tal como se aprecia, denuncia, comprueba y hasta convence que el vicio se encuentra radicado en el fallo censurado.

En efecto, encuentro razón al quejoso y la actividad revisora de la Corte queda habilitada en tanto, al decidir, la Cámara altera manifiestamente el criterio legal. Y si bien dentro del arbitrio del Juez es factible modificar el principio, es imprescindible que esa decisión sea lo suficientemente fundada, dando concreta y acabadas razones del por qué a su juicio es justo y equitativo apartarse del carácter de vencido en la distribución de las costas.

Esta labor no se satisface articulando frases genéricas, vagas e imprecisas como la que entiendo transcribe el fallo que sostiene, ".existen en autos elementos de valoración suficientes para considerar que.." pudieron entender que les asistía derecho a habilitar esta vía procesal".

En tal sentido, si existen elementos que llevaron a reformar en la distribución de costas, el principio legal del vencido, no se advierten cuáles son y sólo quedan en la conciencia de los Magistrados, por cuanto todos los agravios del incidentista han sido firmemente rechazados.

Estimo que el recurso debe prosperar, dado que la justificación expresada por la Alzada para apartarse del principio general, no alcanza la expectativa de fundamentación, el argumento de existencia en autos de elementos de valoración suficientes, no se compadece con las razones de rechazo de los agravios del recurrente.

En consecuencia, se debieron exteriorizar y precisar cuáles son esos elementos que justifican su decisión pues, a contrario sensu, no satisface la exigencia de validez de las sentencias que impone siempre la aplicación razonada del derecho vigente, con adecuada referencia a los hechos comprobados de la causa.

Por todo lo expuesto, debe hacerse lugar al recurso, revocar el fallo en lo que fue materia de impugnación y en consecuencia imponer las costas, generadas en Primera y Segunda Instancia, a los incidentistas vencidos en ambas instancias.
Trabajador, compensación, gastos de traslado
Materia: LABORAL
Carátula: Noez, Gladis c/ Conductos Plásticos S.R.L. y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-03-14

Un trayecto de 15 km., supone sin hesitar un mayor tiempo ocupado para trasladarse de su domicilio al lugar de trabajo superior a la media hora prevista en el inc.2) art.3, Convenio Colectivo N.189/92.

Va dicho con esto que tanto la referida distancia, como el tiempo que lleva recorrer la misma, autorizan a encuadrar el sub discussio dentro de la citada norma convencional, tornando procedente el acogimiento de las pretensiones, pero con la siguiente salvedad; por una parte, que respecto al gasto de traslado, resulta equitativo reconocer un importe mensual fijo, y por otra, que respecto del mayor tiempo ocupado, la liquidación de una hora aparece como razonable y justa compensación.
Código civil, Constitución Nacional
Materia: CIVIL
Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA c/ HEREDEROS DE JOSE AMILCAR RIGOURD (JOSE ARIEL RIGOURD) s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-02-18

Las provincias pueden dictar su propia legislación administrativa a diferencia de las otras ramas del derecho que son propias de la órbita federal. Si bien puede aceptarse que se puedan aplicar analógicamente disposiciones del CC, nunca puede admitirse que cuando el Derecho Administrativo local regule la institución, se apliquen las primeras por sobre los principios y normas que el último establezca en forma expresa. De otro modo se configuraría una lisa y llana inobservancia de las normas constitucionales antes mencionadas.
Expropiación, indemnización expropiatoria, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Provincia de Formosa c/ Marchand de Soteras, Blanca D. s/ Expropiación s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-23

Corresponde actualizar la suma que debe abonarse al expropiado al momento de dictar sentencia, no por la mora del deudor, sino por el principio de justicia en las indemnizaciones expropiativas.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Alberto s/ Lesiones leves Hernández, José María; Tapia, Delia Eva s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01|1996-10-08

Resulta innecesario resolver si el tribunal transgredió los arts.

156 y 159 de la Constitución de la Provincia -denunciados como violados- por haber omitido el tratamiento de una cuestión, si ésta no fue sometida a juzgamiento en la instancia originaria ni para ante la Cámara (doc. arts. 301 y 342, C.P.P.).
Acto administrativo, impugnación del acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos, error judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G., C. J. c/ A. S.A. y/o quien resulte propietario y/o locador y/o armador del Buque "M. S." s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-10-18

Discreparé con la corriente jurisprudencial según la cual en estos supuestos resulta inexcusable encauzar el ataque contra la resolución administrativa de homologación por el senda de la querella de falsedad. En tales casos, de común, no se halla comprometida la fe pública, la sinceridad con que el fedatario haya actuado, sino el acierto con que lo hiciera. En esta actividad particular la Administración tiene atribuida por la ley, aunque limitada, una función jurisdiccional; si en su ejercicio cae en equívoco, no estaremos ante una falsedad sino frente a un yerro, similar, análogo, al error "in iudicando" -el haber considerado que se arribaba a una justa composición de intereses cuando no era así-, que da lugar al agravio fundante de un recurso o al vicio del acto de haberse quebrantado el orden público o haberse visto corrompida la voluntad de alguna de las partes, circunstancias en las que no hay lugar para la argución de falsedad, sino para la impugnación del desacierto por la vía de los recursos administrativos, seguidos eventualmente del contencioso-administrativo, o bien el ataque de nulidad si ha sido violado el orden público o han mediado vicios de la voluntad.
Derecho laboral, comisiones médicas, denuncia del accidente de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez Nelson Oscar c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-07-01

Se afectan principios rectores del derecho del trabajo, como el de la gratuidad de los procesos, atentando contra la garantía de defensa en juicio del trabajador (art. 20 de la LCT, art. 17 del CPL) y sus derivaciones, como el art. 90 del ritual laboral: al trabajador no podrá exigírsele anticipo de gastos y el legislador no admite en el procedimiento laboral la posibilidad de valerse de consultores técnicos. Ahora bien, la reglamentación que resulta aplicable al trámite administrativo ante las Comisiones Médicas (Resol. 298/17 SRT, art. 7, 4to. párrafo), fija como "regla" que las partes - trabajador y ART- podrán designar peritos médicos de parte para participar de la audiencia, y que los honorarios que estos irroguen estarán a cargo de los proponentes. Ello violenta derechos y garantías de los trabajadores. Se afecta primeramente el derecho de igualdad ante la ley y el de gratuidad, con sus derivaciones procesales (Voto Welp)
Interposición del recurso, autosuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: A., A. A.  c/ E. S. A. S.A. s/ Sumario -cobro de pesos e indemn. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-08

El escrito de interposición del recurso debe bastarse a sí mismo dado el carácter autónomo que posee; su sola lectura tiene que ser suficiente para la comprensión del caso.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, sentencia suficientemente fundada, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, sufragio, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Murzyla, José Francisco c/ Arenera Antolin Fernández S.A. y/o Quien resulte responsable s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Juicio   ordinario de daños y perjuicios (Expte. CSJ Nº 596-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-06

No logra transponer el umbral de la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad interpuesto el reparo del recurrente encaminado a demostrar la existencia de vicios en el modo de emitir el voto por parte del Tribunal de Alzada -por estar sustentado en el solo voto del Vocal preopinante, mientras que los demás votan en igual sentido, sin fundarlos, por lo que el decisorio tendría dos votos nulos-. Al respecto, preciso es decir que lejos de resultar consistente, configura una cuestión de las que tanto la Corte provincial como el más Alto Tribunal de la Nación rotulan como "baladíes", "anodinas", "insustanciales" o "intrascendentes", por haber sido resuelta por una firme jurisprudencia que no viola el artículo 95 de la Constitución provincial la sentencia en que los vocales adhieren de manera explícita e inequívoca a la motivación expuesta por el preopinante, desde que esa norma no exige fundamentación autónoma, interpretación que fue consagrada de modo expreso en el artículo 26 de la ley 10160, cuando refiriéndose a las resoluciones emanadas de una Cámara o Sala establece que "la opinión de la mayoría puede ser llevada por uno de los jueces, la de la minoría del mismo modo".
Obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, depósito judicial, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BEKSLER, SAMUEL Y KORMASKY DE BEKSLER, MILA SOC. DE HECHO (CREACIONES AIDI) s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-03

La extracción de fondos efectuada por la acreedora no significa que haya perdido la facultad de impugnar una liquidación. Si a su vez el depósito es incompleto y no aceptado por el acreedor, carece de atributo solutorio y el calculo de la desvalorización monetaria prosigue hasta que existan en el expediente fondos suficientes para el cobro.
Recurso de casación, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: ALONSO ANGEL Y OTROS c/ ADMINISTRACION PROV. DE RECURSOS HIDRICOS s/ COBRO DE AUSTRALES POR INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS. CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-03-29

La inactividad procesal que configura el presupuesto de la caducidad de la instancia se presenta, no sólo por la ausencia de ejecución de acto alguno por ambas partes o por el órgano judicial, sino también ante el cumplimiento de diligencias carentes de idoneidad para impulsar el procedimiento. Y en este sentido, se entiende por actividad idónea la que resulta adecuada a la etapa procesal en que se realice y apta para hacer avanzar el proceso hacia la sentencia.
Acción de inconstitucionalidad, fundamentación de la demanda
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Río Negro c/  s/ acción de inconstitucionalidad (Arts. 98; 100 y 101 de la Carta Orgánica Municipalidad de Catriel)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-09-11

Este Cuerpo ha dicho reiteradamente que quien pretenda la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe desarrollar su demanda con absoluta precisión, fundando en términos claros cuál es la cláusula o garantía constitucional que se estaría avasallando, siendo insuficiente a tales efectos la mera enunciación, más o menos genérica, de preceptos constitucionales lesionados (cf. STJRNS4: Se. 108/00 "FISCALIA MUNICIPAL DE VILLA REGINA"). (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, prescripción de la acción penal, sobreseimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Figueroa, José Oscar s/ incidente de prescripción de la acción penal - causa n 15.679 - .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que declaró la prescripción de la acción penal y sobreseyó al imputado.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, Cámara de Apelaciones, fundamentos suficientes, Ministerio Público, fiscales, requerimiento de sobreseimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., M.; C. H. H.; S., E. G. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INCIDENTE DE NULIDAD- COACCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 548 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-01

Corresponde rechazar la queja interpuesta por la defensa técnica contra la resolución que no hizo lugar a las nulidades articuladas por entender que el tribunal había subvertido el régimen del debido proceso prejuzgando en contra del justiciable al asumir una actitud incriminatoria en contra de la pretensión absolutoria del Ministerio Público Fiscal.

Ello por cuanto el pronunciamiento impugnado no es sentencia definitiva, no encontrándose en él ninguna de la situaciones de excepción que se han solido contemplar para habilitar recursos extraordinarios.

Se trata simplemente del dictado de un auto de incriminación, absolutamente provisorio, del que no resulta privación de libertad para el imputado, no se sigue de él ningún perjuicio extraprocesal actual -como podría ser la suspensión laboral que en otro ámbito se prevé para procesados por delitos dolosos- no se patentiza una manifiesta denegación de Justicia, y no surge del mismo gravedad institucional ni se observa una prolongación notable de los procedimientos.

Y si bien en su presentación directa, la defensa técnica de los procesados sostiene que la Cámara se aparta del precedente sentado por el Máximo Tribunal de la Nación en la causa "Llerena" encontrándose comprometida la garantía constitucional de imparcialidad del órgano jurisdiccional, considerando consumado un supuesto de nulidad absoluta e insubsanable, impugnable en cualquier estado y grado del proceso, lo cierto es que no logra desmerecer lo argüido por la Alzada respecto de la ausencia de definitividad en la resolución que impugna, quedando de tal suerte incumplida la carga impuesta por e l artículo 8 de la ley 7055.
Poder Judicial, jueces, nombramiento, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

Cuando un Tribunal con jurisdicción competente está establecido en forma debida, un litigante que recurre a él para la administración de justicia y la protección de sus derechos particulares, no debe ser impedido ni obstaculizado en su pretensión con cuestiones referentes al título para el cargo del Juez que preside el Tribunal.

Si el Tribunal existe bajo la Constitución y las leyes, y tiene jurisdicción en el caso, cualquier deficiencia en la elección o modo de designación del Juez no debe aprovechar a los litigantes. Tal cuestión debe promoverse en un juicio o procedimiento en el que el Juez mismo sea parte y donde el asunto de la validez de su elección o nombramiento sea tratado directamente. Sería un procedimiento inconveniente, que afectaría la dignidad del Tribunal, y subversivo bajo todos los aspectos de la ordenada administración de justicia, permitir que los litigantes particulares entrasen a inquirir acerca del título al cargo del Juez, ante quien la acción se ha trabado. Si tal inquisición fuera permitida, el mismo Juez cuya existencia oficial está en cuestión, debiera de inmediato entrar a considerarla y ello conduciría a violar el principio fundamental, en todo procedimiento de índole judicial, que inhabilita a una persona para ser Juez o parte o para intervenir respecto a una cuestión en la que tenga interés personal.