Expresión de agravios, amparo colectivo, representación y asistencia, patrocinio letrado
Materia: PROCESAL
Carátula: Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio ((MC))  c/ EN-DNU 942/24 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-12-26

Se desestima los agravios ofrecidos por la parte actora y se confirma la decisión de primera instancia que rechazó "como proceso colectivo" la acción de amparo promovida por los defensores públicos cotitulares de la Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio de la Defensoría General de la Nación y la Defensora Pública coadyuvante de la citada comisión e integrante del Programa de Asesoramiento y Representación Legal para personas refugiadas y solicitantes del reconocimiento de esa condición con la finalidad de que "se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia n° 942/2024 y se reafirme la vigencia de la ley 26165 -t.o. 2006- (cfr. art. 43, CN)". El tribunal considera que: (i) el Ministerio Público de la Defensa no tiene legitimación procesal para ejercer en este juicio, como parte demandante, la representación de los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos de las personas refugiadas y solicitantes de dicha condición que no cuenten con patrocinio letrado. Ciertamente, los artículos 43 y 120 de la Constitución Nacional no le atribuyen dicha aptitud procesal; (ii) cuando los constituyentes quisieron asignar dicha facultad así lo hicieron, en términos claros y precisos, tal como puede verse en la segunda parte del artículo 43 de la Ley Suprema. En esa norma constitucional el Ministerio Público de la Defensa no está enunciado entre los sujetos que allí se prevé. Esta circunstancia resulta decisiva para rechazar su tesis si se tiene en cuenta que, de acuerdo con una pauta interpretativa establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de textos jurídicos, la inconsecuencia o la falta de previsión del legislador no se supone; (iii) la reforma constitucional de 1994 sólo ha otorgado esa legitimación, extraordinaria, que permite litigar en defensa de los intereses ajenos al Defensor del Pueblo de la Nación, a las asociaciones que propenden a la defensa de los derechos de incidencia colectiva y al propio afectado cuando ejerce una representación colectiva, en los términos de los artículos 43 y 86 de la Constitución Nacional; (iv) las previsiones constitucionales referidas no indican que en supuestos como el que aquí se examina el Ministerio Público de la Defensa se encuentra habilitado a instar las acciones judiciales de una manera autónoma; (v) de los debates realizados en la Convención Nacional Constituyente de 1994 no surge que se haya querido crear un órgano dotado de legitimación procesal para promover el control abstracto de constitucionalidad de cualquier norma o acto de los otros poderes; (vi) la ley 27.149, que regula la actuación del Ministerio Público de la Defensa, invocada por la parte actora, permite exponer una interpretación distinta; (vii) la interpretación armónica de las disposiciones transcriptas lleva a la conclusión de que el Ministerio Público de la Defensa no cuenta con legitimación extraordinaria para intervenir en causas judiciales prescindiendo de las personas a las que patrocina o representa. Ciertamente, la primordial atribución procesal de los defensores y las defensoras públicas oficiales, de conformidad con el artículo 42, inciso a), de la ley 27.149, en cuanto aquí interesa, es "Ejercer el patrocinio y representación en juicio como actor o demandado"; (viii) las facultades que están previstas en los artículos 35, inciso b), y 42, incisos o) y r), de la ley 27.149, se encuentran siempre condicionadas a su ejercicio en causas judiciales en las que se actúe mediante el patrocinio o representación, en este caso de personas refugiadas o solicitantes de refugio; (ix) la parte actora no invocó, por lo demás, ninguna previsión normativa específica que habilite su intervención como sí existe respecto del Ministerio Público Fiscal en el art. 52 de la ley 24.240 que lo autoriza a actuar en defensa de los derechos de incidencia colectiva de los usuarios y consumidores; (x) una interpretación como la que propicia la parte actora, que amplía la facultad del Ministerio Público de la Defensa para litigar sin la existencia de un caso judicial, resulta excluida por la constante y conocida jurisprudencia de la Corte Suprema "que manda evitar resultados interpretativos que pongan en pugna a la ley con la Constitución Nacional".