marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Periodistas, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: ARCIDIACONO, CARLOS c/ EDITORIAL CREA SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-30

La calidad de general o especial de un tema, a los efectos de determinar las categorías dentro de la ley 12908, mal puede derivarse de que éste sea tratado por uno o por muchos individuos indistinta y simultáneamente. Por el contrario, es la temática en concreto la que marca la generalidad y la habitualidad o no en un órgano periodístico, entroncándose ella con la naturaleza del mismo.
Inadmisibilidad del recurso, aplicación de la ley, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS (ATER) c/ SACK GERARDO FERNANDO s/ MONITORIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-04-01

En los procesos judiciales iniciados por ATER, y mientras no exista regulación judicial firme, los honorarios profesionales de los Procuradores Fiscales deben ser regulados conforme lo establecido por la Resolución Nº 197/12 del órgano recaudador, salvo que el letrado interviniente haya manifestado expresamente y por escrito su voluntad al organismo de no adherirse a dicho régimen, no revistiendo un acto de esa índole la mera petición de regulación de honorarios conforme a la ley arancelaria (Ley 7046). A lo dicho importa agregar que el Tribunal de Casación (autos "Administradora Tributaria de la Provincia de Entre Ríos c/ Akiki Fabio Javier S/ Apremio", Expte. Nº 6931, del 10/6/2015) convalidó de modo implícito el criterio expuesto, al declarar la inadmisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley deducido por el procurador fiscal.
Justicia municipal de faltas, multa, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C.B.A. c/ Micro Omnibus Norte s/ Ejecuciónn fiscal fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-24

El fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta competente para conocer en los casos en donde se persigue el cobro ejecutivo de multas impuestas por el Tribunal de Faltas, hasta tanto se constituya de manera definitiva el Fuero Contravencional y de Faltas y se dicten sus normas procesales. Máxime, teniendo en consideración que el artículo 450 del Código Contencioso Administrativo y Tributario del la Ciudad de Buenos Aires establece que se ejecutarán, según el procedimiento establecido en dicho código, las multas ejecutoriadas que determinen las autoridades administrativas ubicadas dentro de la órbita del poder Ejecutivo local, entre las que se encontraba el Tribunal Municipal de Faltas.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: S.H.H. y otro c/ V.H. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-18

La gravísima imprudencia de un menor al aventurarse al cruce de una ancha avenida - de varios carriles en ambos sentidos montado en una patineta, a mitad de cuadra, fuera de la senda peatonal, desvirtúa la responsabilidad de los automovilistas embistente atribuida en los términos del art. 1113 del Código Civil.

Es insoslayable que los reglamentos regulatorios del tránsito se deben respetar tanto por el conductor como por el peatón, al haber éste intentado el cruce de la calzada en patineta fuera de la senda correspondiente (en infracción a lo dispuesto por el art. 38  inc. a, aprt. 2 de la ley 24.449)constituye una clara imprudencia de su parte y si bien es cierto que el conductor debe conservar el pleno dominio de su rodado, la aplicación de este principio no puede llegar al punto de responsabilizarlo cuando existe una manifiesta violación de parte del peatón quien no solo cruzó a mitad de cuadra, fuera de la senda peatonal, sino que lo hizo montado en una patineta, lo cual constituye un elemento adicional de riesgo, ante la mayor velocidad e inestabilidad del desplazamiento.
Contrato de trabajo, grupo económico, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO, JUAN LUIS Y OTROS c/ INSTITUTO BIOQUIMICO ARGENTINO  S.A.  Y OTROS s/ EMBARGO PREVENTIVO - DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

La responsabilidad solidaria prevista por el artículo 31 Ley Contrato de Trabajo opera respecto de empresas y no de personas físicas individuales.
Municipalidad, personal municipal, sanciones disciplinarias, Superior Tribunal de Justicia, competencia, acto administrativo, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oviedo, German c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 636-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

La materia referida a sanciones disciplinarias le ha sido sustraida a la Corte por la ley, salvo que se alegue un vicio de ilegitimidad por incompetencia o violación de formas sustanciales (artículo 12 inciso c, ley 4106), sin perjuicio de verificar la presencia en el respectivo caso del presupuesto básico de la acción de la Administración Pública, cual es la realización del interés público y el cumplimiento por la Administración del recaudo implícito de razonabilidad.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, compraventa, mora del comprador, sentencia, intereses, actualización monetaria, confiscatoriedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ZEBERDINU DE CONTOMICHIS, A.. c/ C/PAROTTA, DOMINGO. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-22

Es improcedente el recurso extraordinario si el apelante no demostró que la solución a la cual arribó el a quo -al condenar al pago de los intereses pactados al 3% mensual, sobre sumas actualizadas- resulte confiscatoria o arbitraria. Dicha demostración se imponía teniendo en cuenta que los jueces de la causa reajustaron el capital en menor medida que el aumento del costo de la vida resultante de los índices oficiales y que la condena al pago de los mismos se inició al tiempo en que se estimó que la compradora había incurrido en mora en el cumplimiento de sus obligaciones y que, sin embargo, tal situación de mora no tuvo incidencia en el reajuste del capital, que continuó siendo reducido.
Suspensión del juicio a prueba, debate
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Burgos, Horacio Jesús s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-02

Es tardía la solicitud, por segunda vez, de la aplicación de la probation efectuada con posterioridad a la fijación de la audiencia de debate. (Dr. Gemignani -en disidencia parcial-).
Concurso preventivo, informe general del síndico, declaración de quiebra, acreedor laboral, extinción del contrato de trabajo, extinción por quiebra o concurso del empleador, indemnización por despido
Materia: COMERCIAL
Carátula: TREVISAN, ELENA c/ BERGER Y GUBSER s/ INCIDENTE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-22

Si en el informe de la ley 24522: 39 el síndico manifestó que la causa de la declaración de quiebra fue la omisión de la publicación de edictos prevista por la ley 19551: 15, produciéndose el despido del incidentista como consecuencia de la quiebra, de conformidad con la reforma introducida por la ley 24522: 290 que derogó el régimen de la calificación de conducta y 294 que modifica la ley 20744: 251, procede aplicar al caso, el régimen de indemnización previsto por la LCT 245.
Honorarios, asistencia y salvamento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: E.L.M.A.   S.A. c/ BOTACCHI  S.A. s/ HONORARIOS  -  Asistencia y Salvamento - Monto del juicio a los Fines  Arancelarios -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

Corresponde tomar como base para determinar los emolumentos del apoderado del capitán del buque asistente el 60% del monto de la condena por salarios de asistencia cuyo importe surge de fs. 832 vta. (en la proporción establecida para el capitán y tripulación en el considerando VIII de la sentencia de primera instancia) toda vez que es éste el interés protegido por dicho profesional.-
Contratos innominados, jugador de fútbol, aplicación de la ley, federación gremial, autonomía de la voluntad, base imponible, remuneración devengada, ganancia neta
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Simonian, Alberto Marcelo c/ Yacob, Claudio Ariel s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-16

Resulta procedente la demanda de daños y perjuicios incoada por un agente de jugadores registrado ante la AFA contra su representado -jugador de fútbol profesional- con motivo del incumplimiento del contrato de representación que les uniera, en tanto reclama las comisiones devengadas durante el desempeño del accionado en un club nacional y un club extranjero. Sin embargo, corresponderá rechazar la pretensión de calcular las comisiones reconocidas por la participación en el club nacional sobre las sumas brutas que percibió el representado. Ello así, pues si bien era aplicable en aquel período la versión 2008 del Reglamento de Agentes de Jugadores FIFA, el art. 20 que establecía el cálculo de la remuneración sobre los ingresos brutos anuales del jugador; sin embargo, el art. 21, punto 2) del mismo cuerpo otorga la libertad para alcanzar acuerdos adicionales, y en el mismo sentido se expresa el art. 8.2 del reglamento de la AFA. En consecuencia, cabe reputar válido el acuerdo adicional alcanzado entre las partes, mediante el cual pactaron que la remuneración del representante, sería calculada sobre las sumas netas que percibiera el jugador.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, honorarios del abogado, peritos, contadores públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: MUIÑOS Y OTROS c/ SEGBA  S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-09

Corresponde dejar sin efecto la resolución que declaró improcedente la pretensión de regulación de honorarios formulada por la letrada patrocinante del perito contador, sin tener en cuenta normas legales que pueden resultar conducentes para ello, como los arts. 1, 3 y 48 de la ley 21.839.
Tercería de dominio, juicio ordinario, defensa en juicio, sociedades comerciales, verdad jurídica objetiva, recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: VAZQUEZ, JORGE ALBERTO c/ PAGNUCO y E T A SRL s/ LABORAL (TERCERIA DE DOMINIO) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE Nº 841-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-26

Si el trámite transitó por las materias "conexas" a la tercería de dominio, dentro de un proceso que se tramitó por la vía ordinaria, con amplitud de debate y de prueba, en suma: resguardando el derecho de defensa de las partes, el A quo no pudo escindir -como lo hizo- la tercería incoada de aquéllas cuestiones societarias que inexorablemente, también, formaban parte del "thema decidendum", sin caer en un excesivo apego a las formas en desmedro de la verdad jurídica objetiva. Y es que, en rigor de verdad, no se compadece con un adecuado servicio de justicia, la tramitación de todo un proceso -con el consabido desgaste jurisdiccional que ello acarrea- y en el cual la controversia se sustentó también en el carácter jurídico de la sociedad condenada, para luego, en una suerte de absolución de instancia, brindar una respuesta fragmentaría que solo tenga en miras la calificación jurídica de la acción deducida, con total independencia de lo debatido y acontecido en la especie. En suma: el Tribunal a quo, escudándose en un excesivo apego a las formas omitió considerar y decidir cuestiones oportunamente planteadas y fundamentales comprendidas en la litis, con la consecuente conculcación de la garantía de defensa en juicio, resultando procedente el recurso interpuesto.
Daños y perjuicios, competencia, indemnización por accidente de trabajo, derecho de opción, acción civil
Materia: PROCESAL
Carátula: VIEITES, Olga Susana c/ TELECOM ARGENTINA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-02

Iniciada la acción de daños y perjuicios derivada de un accidente de trabajo, optándose, conforme el art. 16 de la ley 24.028, por la vía civil, la demanda debe radicarse ante el juez del mismo fuero, sin importar la naturaleza jurídica que reviste la empresa demandada -ENTEL residual-, por cuanto la ley incorpora como sujetos protegidos a los dependientes del Estado Nacional, de las Provincias y de las Municipalidades, sin discriminar la relación de empleo público, o contrato privado.
Honorarios, pago, actualización monetaria, índices de actualización
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO PALMARES SOCIEDAD ANONIMA c/ REPUNTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/ MONEDA: DESVALORIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-13

Los honorarios deben ser repotenciados desde la fecha en que fueron regulados hasta la de su pago. El índice será el correspondiente al mes anterior de cada una de esas fechas, con independencia del resultado de la apelación que ordenó su reducción, pues el fundamento del reajuste en este caso, no es la mora, sino el mantenimiento del valor adquisitivo del estipendio.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, incongruencia, homicidio culposo, negligencia, deber de obrar con prudencia, responsabilidad penal, sentencia absolutoria, sentencia condenatoria, defensa en juicio, violación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SALMORAL, GUSTAVO ESTEBAN c/  s/ HOMICIDIO CULPOSO-APELACION SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA 20/03/2019-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-06-06

Asiste razón a la recurrente en cuanto a que el análisis de la fundamentación dada por el A quo para confirmar la condena y su confrontación con la acusación de la fiscalía y la querella -y con la imputación- demuestra una variación de la base fáctica que constituye una clara afectación al principio de congruencia, desde que la supuesta negligencia en función de la cual se lo consideró al imputado penalmente responsable del delito de homicidio culposo es distinta de aquélla que se le atribuyó al momento de la imputación y de la acusación -por el Fiscal y el Querellante-, resultando afectadas las posibilidades defensivas de aquél al no haber podido preguntar a los testigos, ni requerir opinión técnica a los peritos, sobre una supuesta violación a un deber de cuidado que fue identificado recién al momento del fallo confirmatorio de la declaración de responsabilidad penal -dado que tampoco coincide plenamente con el tenido en cuenta por los Camaristas que revocaron la absolución y lo condenaron-. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren la Dra. Gastaldi y el Dr. Falistocco)
Prescripción de la acción penal, cómputo del plazo, extinción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Bicher, Domingo Emilio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12

La decisión que rechaza la extinción de la acción penal por haber existido actos procesales interruptivos de la prescripción puede y debe ser revisada en esta instancia, a fin de evitar que so color de que trata de interpretaciones de derecho común se esquive la intervención de esta Cámara en asuntos que, como se ha dicho, afectan derechos federales, así el imputado tiene derecho a obtener después de un proceso tramitado en legal forma un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y restricción a la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, tal derecho no comprende el gravamen que no exceda del que se deriva de regular trámite legal y la duración razonable. En el presente caso la investigación lleva más de siete años de trámite, que no se tomaron declaraciones indagatorias, ni menos aún se avanzó en la posible delimitación de la existencia material del hecho criminógeno denunciado, lo cual aparece en principio como un lapso irrazonablemente extenso para arribar a tan magros resultados. En definitiva, la suma de todos los elementos enunciados constituyen suficientes razones para descalificar como acto jurisdiccional válido la resolución impugnada al no constituir ello una derivación razonada del derecho vigente. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma según su voto).
Deportes hípicos, caballos de carrera, subcontratación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: MALDONADO, CARLOS c/ JOCKEY CLUB SANTA FE s/ RECLAMO LABORAL      EXPTE NRO 226-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-09

Los decretos 5602-63 y 5603-63 no obstan a la aplicación de la ley laboral común que fue posterior, derogando tácitamente a aquéllos y que en aras del pretendido poder de policía que otorgó a los hipódromos legisló sobre el contrato individual de trabajo, teniendo en cuenta que el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo que establece la vigencia de ésta y de los regímenes o estatutos particulares, condicionando y sujetando su compatibilidad con la naturaleza y modalidades de la actividad y régimen jurídico de la relación. Los aludidos decretos son desplazados por la Ley de Contrato de Trabajo, porque debe aplicarse al instituto la norma más favorable al trabajador y debido a que aquéllos legislan sólo sobre el poder de policía de los hipódromos, a pesar de ello hay causas y circunstancias que excluyen la aplicación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo en el caso por la naturaleza, profesionalidad y manera de prestar su labor el actor para varias personas, en distintos caballos y número indefinido de carreras; la potestad del Jockey Club de sancionar, fijar la forma de prestación de tareas, preparación física, movilidad retributiva, no lo convierten en empleador porque hay otras personas como el propietario del caballo o cuidador, siendo aquél un tercero ajeno a la relación.

La actividad turfística que mueve fortunas en el país debe obtener una regulación sustancial pues es una paradoja que quienes ponen su fuerza de trabajo para el espectáculo solo estén sujetos a los riesgos y perjuicios lo que revela su hiposuficiencia.
Recurso de queja (procesal), beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: Alessandria, Elsa Dominga c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-22

El pedido de la parte recurrente referido a que se revoque la providencia del Secretario que dispuso diferir el tratamiento del recurso de queja hasta tanto le fuera concedido el beneficio de litigar sin gastos y que se prosiga con el procedimiento debe ser desestimado, pues la obligación que impone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -disposición de carácter específico que debe prevalecer sobre la normativa del beneficio- solo cede respecto de quienes se encuentran exentos de pagar sellado o tasa judicial; por lo que para posibilitar el estudio de la queja resulta indispensable que la parte demuestre que le ha sido concedido el referido beneficio.
Relación de dependencia, descanso por refrigerio, jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: "I., C. E. c/ D. L. C. P. S.A. s/ Diferencia de haberes e indemn. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-29

Para establecer qué pausas integran la jornada continuada de trabajo y cuáles no, debe distinguirse entre la inactividad obligada por razones objetivas vinculadas con la naturaleza de la explotación o del trabajo y otras pausas breves que tienen por finalidad el descanso del trabajador para que éste tome una merienda. Este tiempo vacío, durante el cual el trabajador debe mantenerse a disposición o en reserva, forma parte de la duración del trabajo efectivo.
Procedimiento administrativo, proceso judicial, recursos, recursos administrativos, plazo, denuncia de ilegitimidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: "SCHAFFER,  RUTH  SONIA ESTHER c/ A.F.I.P. A D.G.I. s/ Impugnacion de deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-19

Corresponde distinguir el proceso judicial del proceso administrativo. En el primero impera el principio de temporaneidad de los términos, lo que significa que operado su vencimiento, expira al mismo tiempo el derecho a realizar el acto procesal del que se trata. En el segundo, el recurso administrativo interpuesto extemporáneamente puede tramitarse como denuncia de ilegitimidad, siempre que no se altere la seguridad jurídica o medie abandono voluntario del derecho, extremo que se configura al haberse excedido razonables pautas temporales (art. 1, inc. e, ap. 6, L.N.P.A.).
Carácter remuneratorio, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Crescitelli, Juan  y  otros c/ Policía  Federal  Argentina s/ reaj. haberes  - cont. adm.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-30

Los diferentes suplementos percibidos mensualmente por los actores concernientes a responsabilidad por cargo o función, creados por decreto 2744/93, deben considerarse de carácter remunerativo y bonificable, e incorporarse al haber mensual, debiendo abonarse las retroactividades pertinentes, ello de conformidad con lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Oriolo" antecedente que ha zanjado la cuestión plantada y al que corresponde remitirse en honor a la brevedad.
Sentencia arbitraria, principio de congruencia, apreciación de la prueba, objeto del proceso, falta de interposición de la demanda, consentimiento del tercero, adquisición del dominio, prescripción adquisitiva, tercerías
Materia: PROCESAL
Carátula: N., M. c/ C. Y B., F. y Otro s/ USUCAPION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-06-09

El objeto del proceso es determinar si el actor reúne en plenitud los requisitos y demás condiciones para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva y esa materia es competencia exclusiva del mérito; ahora bien, la Cámara no puede valorar inapropiadamente la conducta procesal del tercero en cuanto al silencio al no recurrir la sentencia que hizo lugar a una de sus dos pretensiones, ni desatender los argumentos de hecho y también de derecho arrimados por la Defensora General para ponderar con errónea aplicación de las reglas procesales de los arts. 386 y cc. del C.P.C.Cm. la posición de las partes y el tercero en el pleito. Si los actores no demandaron al tercero, ni pidieron su condena, el juez no puede condenarlo, ya que si así procediera estaría fallando más allá de lo pedido, violando el principio de congruencia al exceder los límites de la controversia, criterio este que ha sido reafirmado en reiteradas decisiones de los Tribunales.
Recurso contencioso administrativo, caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: DALLA FONTANA ANDRES ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 327 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-29

Los requisitos que, de manera objetiva, hacen viable la declaración de caducidad de la instancia, son el transcurso del tiempo contemplado en la ley y la falta de actividad impulsora. En el caso , la invocación del demandante que la paralización se debió a razones administrativas de las que no fue notificado, no puede quedar comprendida en la genérica mención que hace el artículo 63 in fine de la ley 4.106 que "permite incluir en ella diversos supuestos en que la inactividad y omisión sea justificada por motivos que aunque no constituyen fuerza mayor, tornen inocua cualquier expresión de voluntad del actor".Por tanto, no encontrándose la causa pendiente de resolución ni menos aún paralizada por causas de fuerza mayor o por cualquier otra circunstancia, independientemente de la voluntad del recurrente, y sin que éste haya demostrado que no podía instar su curso, sabiendo, desde luego, que sobre él pesa la carga de impulsar el trámite, corresponde declarar que se ha producido la caducidad de la instancia.