Prescripción de la acción penal, insolvencia fraudulenta, ley penal más benigna, voto en disidencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ZIZZI, Mariana. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

El delito de insolvencia fraudulenta se consuma cuando se realiza el acto de disposición de bienes con conocimiento de la existencia de un proceso en contra del sujeto activo (*)<# La ley aplicable es la modificación introducida al artículo 67 por la ley 25.990, por ser más benigna (del voto del Dr. González).

La reciente reforma legislativa en materia de prescripción, que modificó el artículo 67 del C.P. por la ley 25.990, resulta ley penal más benigna.

La benignidad debe ser interpretada ampliamente, debe ser aplicada aquella ley que, al tiempo del juzgamiento, sea más favorable en sus efectos.

Por ello, y si bien el principio general o básico en materia de validez de la ley penal en el tiempo es el de irretroactividad conforme al principio de legalidad o reserva contenido en el art. 18 de la C.N., el Código Penal admite en su artículo 2  la excepción de la retroactividad de la nueva ley cuando ésta sea más favorable al procesado.

Este principio se aplica tanto en el caso que la nueva ley desincrimine el hecho como el de que establezca, en forma general, condiciones más favorables.

Mediante la comparación íntegra o "en bloque" de ambas legislaciones, es claro que el texto modificado del art. 67 del C.P.N., que establecía que la prescripción se interrumpía por la comisión de otro delito o por la secuela de juicio y dejaba en manos del juzgador la tarea de señalar aquellos actos que poseían tal virtualidad es más gravosa que la nueva redacción, la cual limita los actos interruptivos y los describe taxativamente.

No debe descartarse, ni despreciarse al instituto de la prescripción, máxime al atender la situación de abarrotamiento de expedientes y colapso funcional existente, razón por la que resulta aceptable que se ponga fin a procesos de larga data cuando confluyan dos situaciones: el mero transcurso del tiempo, y la no comisión de un nuevo hecho ilícito por parte del imputado; pues ello refleja el cumplimiento de uno de los objetivos del proceso penal que es la recuperación o reeducación del procesado con la sola amenaza de sanción, sin necesidad de llegar a ésta.

Es importante y hace a la esencia de un sistema judicial republicano y ecuánime, que los magistrados analicen la norma vigente en cada caso y respecto a cada autor o sujeto activo, con casi total independencia de interpretación anterior o extrañas, al hecho particular (del voto del Dr. González Palazzo).

Por ello, si desde la fecha en que se realizó la disposición patrimonial que produjo la insolvencia imputada, hasta día en que se citó a los imputados a prestar declaración indagatoria, han transcurrido más de tres años, pena máxima prevista por el tipo del artículo 179 del C.P., corresponde revocar el auto que rechazó el planteo de prescripción interpuesto y decretar el sobreseimiento en los términos del art. 336, inc. 1° del C.P.P. Disidencia de la Dra. Garrigós de Rébori: Las conductas descriptas en el segundo párrafo del art. 179 del C.P., deben ser entendidas como actos de ejecución que se revelaran como constitutivos del dolo, una vez que se verifique la frustración del cumplimiento de las obligaciones civiles; resultando relevante para determinar desde cuándo corre el plazo previsto en el art. 62 de la ley sustantiva, el momento en el cual se pretende ejecutar el reconocimiento obligacional que deriva del acto jurisdiccional.

Si la frustración del cobro de la primera cuota fijada en el acuerdo homologado en el expediente laboral, torna exigible toda la suma, que al no ser abonada se instituye en el acto que conforma el requerimiento típico de afectación patrimonial, los plazos para la prescripción de la acción deben ser considerados a partir de esa fecha.

A partir de la sanción de la ley 25.990, que ha modificado las causales interruptivas de la prescripción y eliminado definitivamente la discusión al derogar la redacción que aludía a la "secuela de juicio", resulta ley más benigna la anterior redacción del art. 67 del C.P. La expresión referida se adecuó, durante la vigencia de la Ley 2372, a una cantidad de situaciones que terminaron conformando su significado, el que debe variar a luz de la vigencia de otro sistema procesal (Ley 23.984).

Esto es así porque en el sistema inquisitivo son actos impulsorios del proceso, y en consecuencia "secuela de juicio", aquellos que llevan adelante la acción y surgen del juez interviniente.

Por otro lado, en el procedimiento acusatorio, y aún en el mixto consagrado por la Ley 23.984, resultan actos impulsorios del proceso, aquellos que provienen de quien es el titular de la acción pública, o sea del Ministerio Público, cabeza de la acción y quien debe impulsarla.

Así, en el marco del anterior sistema procesal resultaba un medio impulsorio el llamado a prestar declaración indagatoria, por ser una muestra clara y evidente de la intención de impulsar la acción.

En tanto en el actual sistema procesal, sólo aquéllos actos provenientes del titular de la acción penal tienen capacidad impulsoria, resulta primer acto impulsorio el requerimiento de elevación a juicio.

Por ello, al no haber transcurrido el plazo requerido por la figura en estudio, corresponde confirmar el auto apelado.