Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-02


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 2 de 2008.

Vistos:

1.) Apeló subsidiariamente la actora la resolución de fs. 12/3, que rechazó la acción intentada con fundamento en que el pagaré que le sirviera de sustento, carecería de la designación de aquél a quien debe efectuarse el pago.

Ello así pues, el nombre del beneficiario fue consignado fuera del texto del cartular y, por tanto, la omisión de hacer constar ese dato en el texto mismo del documento obstaba a la validez del título en cuestión por no cumplirse uno de los recaudos formales exigidos por el art. 101, decreto ley 5965/1963.

Apeló asimismo, el decreto de fs. 26 en donde la juez de grado llamó severamente la atención al letrado del ejecutante por haber dejado a confronte un oficio de embargo y un mandamiento de intimación de pago, pese a haberse rechazado la demanda.

2.) Con respecto al primero de los recursos ut supra aludidos, se quejó la recurrente de la decisión de rechazar la demanda con sustento en que el documento constituiría íntegramente un pagaré, y de que la interpretación del a quo sería errónea, si se tiene en cuenta que en caso de seguirse su línea argumental, tampoco podría considerarse que obra en el titulo quién ha sido su librador.

El art. 101, inc. 5, decreto ley 5965/1963, es categórico al disponer que el vale o pagaré debe contener "el nombre de aquél al cual o a cuya orden debe efectuarse el pago", por lo que el recaudo viene a constituir nada menos que un requisito de validez intrínseca del título mismo.

En el caso, se observa que se ha consignado el nombre del "titular" en el extremo superior del papel en que fue plasmado el título traído a ejecución, es decir, fuera del texto de la declaración cambiaria que integra el núcleo del documento.

Empero, como es sabido, entre los elementos caracterizadores de los títulos de crédito, se encuentran además de los principios de abstracción y autonomía, los de literalidad y completividad; y es justamente en función de estos dos últimos, que la existencia, medida y valor del derecho incorporado en el documento sólo puede estar determinado por el texto de la declaración cartular, prescindiéndose de toda cuestión no mencionada en aquél: sólo existe lo que consta en su texto y nada más que eso (en igual sentido: C. Nac. Com. sala C, 15/9/1997, "Banco de la Ciudad de Buenos Aires v. Fontana, Adrián s/ ejecutivo").

Pues bien, estos principios, lejos de configurar una mera formalidad, son la mejor garantía para los terceros, que pueden prescindir de toda información acerca de los aspectos sustantivos de cada acto cambiario y atenerse sólo a sus formas externas. En suma, tutelan los valores esenciales de la circulación del crédito: la certeza en la adquisición del derecho contenido en el título y la seguridad en la realización final, mediante su cobro ágil y expeditivo por la vía ejecutiva (conf. Escuti, Ignacio, "Títulos de crédito", p. 43).

De otro lado, véase que el argumento ensayado por la recurrente en el sentido de que tampoco podría considerarse que, a todo evento, existiría librador, no sólo en nada conmueve la certeza de que no existe beneficiario designado -recaudo que, incumplido, acarrea por sí solo la inhabilidad del título-, sino que, además, ignora que a los efectos contemplados en la legislación de la materia, el librador del cartular resulta ser aquél que al pie del documento ha estampado su firma (art. 101, inc. 8, decreto ley 5965/1963), como ocurrió en la especie.

En tal inteligencia, no obstan a la validez del título -desde este punto de vista-, el hecho de que la firma del librador también figure fuera del núcleo del texto del cartular, pues se trata de un requerimiento formal y legal, ni tampoco la circunstancia de que se haya consignado su nombre sólo en la parte superior del papel en que se imprimió el título, reiterase que la ley solo exige la firma del que crea la letra (librador conforme a lo dispuesto por el decreto ley, art. 101, inc. 8).

Por último, no por aparecer titulada como "pagaré", cualquier promesa de pago puede constituir lisa y llanamente un título cambiario de tal naturaleza, pues a ese efecto, lo relevante es si la pieza reúne o no los recaudos formales exigidos por la normativa cambiaria y no el nombre que se le asigne.

Así las cosas, toda vez que el requisito antes tratado no se observa cumplido en el título traído a ejecución, el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria debe ser rechazado.

3.) En cuanto al llamado de atención dispuesto a fs. 26, se advierte que asiste razón al recurrente en cuanto a su improcedencia.

En efecto, presentada la demanda, la juez de grado le dio curso, ordenando el libramiento del mandamiento de intimación de pago y la traba del embargo peticionado (ver fs. 8/9). Luego se libraron tanto el mandamiento como el oficio correspondiente (ver fs. 10/1), los que fueron retirados el 7/6/2007 conforme surge de fs. 11 vta.

En esa misma fecha, la magistrada advirtiendo la carencia de la designación del beneficiario del título, resolvió rechazar la presente ejecución mediante el pronunciamiento de fs. 12/3, el que no surge que fuera notificado al actor.

Más tarde se acreditaron el diligenciamiento del oficio de embargo y del mandamiento de intimación de pago, solicitando su reiteración, lo que fue ordenado a fs. 21.

Así las cosas, se advierte que al haberse dictado la resolución de fs. 12/3 fuera de la oportunidad procesal correspondiente, ésta debió notificarse por cédula al actor (arg. art. 135, inc. 12, CPCCN.), lo que no fue realizado.

En consecuencia, siendo que en un primer momento se dio curso a la acción y se libró el mandamiento de intimación de pago, y habiéndose omitido notificar el rechazo de la demanda que se resolvió con posterioridad a dichos actos, no se advierte procedente el llamado de atención dispuesto por la juez de grado, el que debe ser dejado sin efecto.

En mérito de lo expuesto, la sala Resuelve:

Estimar sólo parcialmente el recurso de apelación deducido y, por ende, dejar sin efecto el llamado de atención dispuesto a fs. 26, confirmando el rechazo de la presente demanda, sin costas por no mediar contradictorio.

Devuélvase a la anterior instancia, encomendándose al juez a quo tenga a bien cursar las notificaciones de rigor. La Dra. María E. Uzal no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109, RJN.). -Isabel Míguez. -Alfredo A. Kölliker Frers.