Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-25


Causa Nº 123-00-CC/2006 "VALENZUELA, Lucas Matías s/ inf. art. 189 bis CP- Apelación" //n la ciudad de Buenos Aires, a los25 días del mes de octubre de 2006, se reúnen los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Sandra Marcela Donnini, co-titular de la Defensoría Oficial Nº 5, a fs. 175/179 vta., contra la resolución obrante a fs. 172/74 dictado por el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas, Germán Garavano, de la presente, de la que, RESULTA:

I. Que a fs. 153/57vta. obra una presentación efectuada por la Sra. Defensora Oficial en la que solicita: 1) la prescripción de la acción penal en atención a lo dispuesto en los arts. 59 inc. 3 y 62 inc. 2 CP, y, en consecuencia, el sobreseimiento del imputado. Así, refiere que el hecho que se le imputa a su ahijado procesal data de fecha 17/12/02 y el primer acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a prestar declaración indagatoria de fecha 19/2/2003. De este modo, teniendo en cuenta la escala penal prevista para el delito que se le imputa -conforme la redacción de la ley 25.086- que prevé un máximo de pena de tres años de prisión; concluye que la acción penal se encuentra prescripta pues, a la fecha, no ha acontecido ningún otro acto procesal que autorice a interrumpir o suspender dicho curso; 2) la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, en atención a que el Sr. Fiscal de Grado sustenta su acusación en pruebas aportadas por la prevención, cuestionando la participación de su asistido en el suceso investigado. En este sentido, sostiene que se ha vulnerado el derecho de defensa en juicio, toda vez que las pruebas existentes en la causa no han sido controladas por la defensa ni se diligenciaron las requeridas por dicha parte.

II. Que a fs. 159/vta. al contestar la vista conferida, la Sra. Fiscal de Primera Instancia, Claudia Barcia, refiere que el planteo de prescripción de la acción penal debe ser rechazado. En ese sentido, sostiene que en estos actuados constan distintos actos procesales que constituyen secuela de juicio, la declaración indagatoria de fecha 30/9/2003 y el requerimiento de elevación a juicio del 31/5/2006. Por lo tanto, de acuerdo a la escala penal prevista para el delito investigado, la acción penal estaría prescripta el 31/5/2009. Por otra parte, entiende que el curso de la prescripción también se vio interrumpido por la comisión de otro delito, sin perjuicio de que la sentencia condenatoria no se encuentre firme.

III. Que a fs. 167/69 el Sr. Juez de Primera Instancia, Germán Garavano, sostiene que ante la existencia de un nuevo hecho que podría ser considerado causal de interrupción del curso de la prescripción de la acción penal, en atención a que Valenzuela habría cometido un suceso ilícito el 25/11/2003 por el que fuera condenado por sentencia no firme de fecha 16/9/2005, corresponde suspender el trámite de la presente causa hasta que se resuelva el remedio procesal intentado en favor del imputado.

IV. Que a fs. 170/vta., la Sra. Fiscal de grado, Claudia Barcia, contesta la vista que le fuera conferida. Considera que el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio debe ser rechazado, pues no existe vicio alguno que permita sostener que se ha violado el derecho de defensa, y además la Sra. Defensora Oficial intenta introducir cuestiones de hecho y prueba que deberán ser debatidas en la audiencia de juicio.

V. Que a fs. 172/74 obra la resolución dictada por el Juez a quo que resuelve no hacer lugar al planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio. En primer término, señala que los argumentos de la defensa no intentan demostrar la existencia de una violación al principio de congruencia u omisión en la descripción de los hechos que se le imputan sino una falta de fundamentación, toda vez que no se han valorado elementos probatorios existentes en la causa. Asimismo, refiere que las pruebas recolectadas por el Sr. Fiscal son una facultad inherente al ejercicio de la acción penal. Por tales motivos, rechaza los planteos introducidos por la defensa.

VI. Que a fs. 175/79 vta. obra el recurso de apelación interpuesto por la Donnini contra la resolución mencionada supra. Afirma que esa parte cuestionó la clausura de la instrucción y la imposibilidad material de desarrollar pruebas de descargo. Por otra parte, disiente con el Magistrado de Grado en cuanto a la potestad del Ministerio Público Fiscal de seleccionar las pruebas que se incorporarán al proceso, toda vez que tiene un deber objetivo en la investigación, a fin de averiguar la verdad real. Por otro lado, reitera que no se han dado cumplimiento con las diligencias solicitadas por esa parte por lo que se vulneraría la garantía de defensa en juicio. Agrega que diferir el tratamiento de estas cuestiones hasta el juicio oral y público, sería negar la posibilidad de ejercer debidamente la defensa durante el proceso. En síntesis, entiende que no puede someterse a un inocente a todo un proceso penal cuando su participación puede ser descartada antes del debate. Finalmente, hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

VII. Que a fs. 180, el Sr. Juez de Primera Instancia, Santiago Otamendi, concede el recurso de apelación interpuesto.

VIII. Que a fs. 184/85 la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Guagnino, considera que debe declararse inadmisible el recurso procesal intentado en atención a que no se dirige contra una sentencia definitiva. Asimismo, sostiene que no se ha verificado la existencia de un gravamen irreparable, limitándose genéricamente a la violación de garantías constitucionales. Sin perjuicio de ello, y para el caso de que esta Sala entienda que se encuentra presente este requisito, afirma que el Ministerio Público Fiscal puede descartar la versión de los hechos brindada por el imputado. En este sentido, sostiene que el art. 304 del CPPN -de aplicación supletoria conforme el art. 6 LPC- solo impone el deber de investigar las circunstancias pertinentes y útiles a que se refiere el imputado. En el caso de autos, el encartado solo aportó datos genéricos e imprecisos, por lo que descarta la versión del imputado. Finalmente, sostiene que el requerimiento de elevación a juicio no resulta viciado, máxime teniendo en cuenta que la defensa puede ofrecer las pruebas de descargo que considere pertinentes en el momento procesal previsto en el art. 59.2 LPC, por lo que corresponde que se confirme la resolución en crisis.

IX. Que a fs. 188/89 vta. contesta vista la defensa alegando que el gravamen irreparable radica en que se ha visto imposibilitada de generar prueba a lo largo del transcurso del proceso. Refiere que si bien es cierto que no hubo ninguna resolución que justifique la negativa a la producción de pruebas ofrecidas, tampoco la Sra. Fiscal se expidió sobre la pertinencia o utilidad de aquéllas. Finalmente, disiente con la Fiscalía de Cámara en cuanto a que el imputado haya aportado datos genéricos e imprecisos ya que los mismos pueden ser verificables si se realizan las medidas probatorias adecuadas para ello. Por tales motivos, plantea la violación del derecho de defensa en juicio toda vez que la Fiscal no ha investigado el descargo, tal como lo establece el art. 304 CPPN.

X. Que a fs. 190 pasan los autos a resolver.

PRIMERA CUESTIÓN:

El recurso de apelación en estudio debe ser declarado admisible, ya que ha sido interpuesto por la defensa del imputado dentro de los cinco días de notificado mediante escrito fundado. Que si bien se ha presentado contra una resolución que no es una sentencia definitiva, es doctrina de este Tribunal de Alzada que las decisiones que causan gravamen irreparable habilitan la instancia, tanto en los términos del artículo 50 Ley Nº 12 como en los del artículo 61 del mismo ordenamiento, dado que el art. 55 al regular el juzgamiento de causas penales remite genérica y directamente a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación, y no a los restantes preceptos de la ley 12 que le diera cobijo. Es por lo expresado que resulta aplicable el art. 449 CPPN que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen gravamen irreparable.

En el caso de autos, se trata de un recurso de apelación contra el rechazo de una solicitud de nulidad, la que no tendría otra oportunidad procesal útil para ser reparada, de acuerdo al criterio sostenido por esta Sala en numerosos precedentes (Causa N° 184-00-CC/2005 "Díaz, Patricio Andrés s/ art. 189 bis CP- Apelación" rta. 18/08/02005) . Por ello, resulta procedente su tratamiento en esta instancia.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Admitido el recurso en cuestión, y previo a todo análisis de los planteos nulificatorios postulados por la Defensa, es importante recordar la postura que ha venido sosteniendo esta Sala en numerosos precedentes en materia de nulidades, al afirmar que la declaración de nulidad posee carácter excepcional, y priman los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales. A partir de lo expresado, es dable afirmar que la declaración de nulidad sólo resultaría procedente de advertirse algún vicio sustancial o la afectación de garantías constitucionales.

En síntesis, sólo debe acudirse a la nulidad cuando la invalidez resulte trascendente por haber causado un perjuicio efectivo, puesto que las nulidades no deben responder a cuestiones formales. Lo contrario, importaría una exceso ritual manifiesto no compatible con el buen servicio de justicia, pues la nulidad se adoptaría en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley (Fallos 295:961; 298:312; 311:237, entre otros).

En primer término, la Sandra Marcela Donnini se agravia por entender que el requerimiento de elevación resulta nulo toda vez que no se tuvieron en cuenta los dichos vertidos por el imputado ni las medidas solicitadas en el escrito obrante a fs. 139, las que a su criterio debían ser evacuadas para poder avanzar en la investigación. En resumen, en atención a que la Fiscal no ha cumplido con ninguna de las medidas probatorias propuestas, la requisitoria resultaría nula.

Ahora bien, de la lectura del requerimiento cuestionado, se advierte que el representante del Ministerio Público ha dado cumplimiento, tanto a los requisitos fácticos como jurídicos exigidos por la ley ritual, tal como la identificación del imputado; una relación clara, precisa y circunstancias de los hechos; su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda ( art. 56, inc. 3, pto. c, LPC).

Siendo ello así, la falta de valoración de los elementos de juicio citados por la defensa no afecta la validez del acto, pues la definitiva valoración de la totalidad de la prueba que se incorpore al debate, deberá realizarse en la oportunidad prevista en el art. 393 CPPN (art. 6 ley 12) (en idéntico sentido causa Nº 349-01-CC-2004, Incidente de nulidad en autos "Avila, V. H s/ art. 39 CC. rta. 17/11/04).

A mayor abundamiento, cabe señalar que nuestro máximo tribunal local ha sostenido que: "el objeto del requerimiento de elevación a juicio no es, como pretende el defensor, que el fiscal debata con el imputado y conteste las afirmaciones hechas por él en la audiencia prevista en el art. 41, LPC, manifestaciones que integran su derecho de defensa (material). En dicho acto procesal el fiscal se debe limitar a evaluar los elementos probatorios existentes hasta el momento y si considera que son suficientes para enviar la causa a juicio, como ha sucedido en este caso, así lo solicitará. Ese requerimiento de la parte acusadora podrá ser ampliamente debatido, cuestionado y refutado por el imputado y su defensor ante los órganos judiciales que resolverán en definitiva el caso" (Expte. 3996/05 Ministerio Público -Defensoría Oficial N° 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en autos: Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC- Apelación", del 14/09/05).

En cuanto al planteo de nulidad absoluta impetrado por el Sr. Defensor, esta Sala, ante un caso similar, se pronunció afirmando que: "si se hubiera tratado de una nulidad absoluta, se debería haber demostrado que garantía constitucional y de que modo la misma, ha sido afectada, lo que no ocurrió en autos. En reiteradas oportunidades esta Sala ha dicho que los preceptos sobre nulidad, deben ser interpretados restrictivamente, si no se quiere desvirtuar el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica. Asimismo, resulta a todas luces improcedente la declaración de la nulidad por la nulidad misma, instituto al que sólo debe acudirse cuando la invalidez resulte trascendente por haberse afectado concretamente un derecho constitucional, en atención a que las nulidades no deben responder a cuestiones formales, sino a enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir del acto viciado"(Causa Nº 339-00-CC-2004, "Ronchetti, Leonardo Enrique s/ art. 47". Voto Vázquez. rta. 3/3/2005).

La nulidad del requerimiento de juicio resultaría absoluta si faltara una adecuada relación del hecho adjudicado, en tanto de ella se deriva la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa, característica que no se verifica en el caso de autos.

Con idéntico criterio, se ha señalado que: "la nulidad será absoluta sólo si falla la descripción del hecho imputado...mas no lo será respecto de los restantes requisitos, porque las omisiones que a éstos puedan concernir no importan la violación de norma constitucional alguna (en igual sentido Núñez, Código....p. 309, para quien no implican por sí violación de la defensa del imputado que está actuando en el proceso, CCC, Sala V, LL, 2000-F 33)" (Navarro G R y Daray R R, "Código Procesal Penal de la Nación", T 2, pág. 951, editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2004) Por otra parte, entiende la parte recurrente que se ha vulnerado el derecho de defensa toda vez que el Fiscal ha ignorado el ofrecimiento de pruebas por ella solicitadas y no se ha expedido respecto de ellas, elevando la causa a juicio y clausurando así la investigación.

Sobre este punto, cabe señalar que si bien es cierto que no se han cumplido con todas las diligencias requeridas en el escrito obrante a fs. 139 y que el Fiscal de grado, para rechazar la prueba solicitada por el imputado o su defensa debe hacerlo mediante auto fundado (conf. art. 123 CPPN), en el caso, la falta de producción de la prueba ofrecida no implica agravio alguno ni fulmina de invalidez el requerimiento de elevación a juicio, toda vez que todavía existen oportunidades procesalmente útiles para solicitar dichas medidas probatorias. Así, la ley 1287 establece en el art. 59, inc. 2°, que una vez que el juez recibe la causa, verifica el cumplimiento de las prescripciones que regulan la investigación penal preparatoria y cita a las partes para que en el plazo de cinco días comparezcan a efectos de examinar las actuaciones, ofrecer prueba e interponer las recusaciones que estimen pertinente. Vencido el plazo fija audiencia de juicio y en la misma providencia admite las pruebas ofrecidas, pudiendo rechazar fundadamente las que sean inconducentes. Vale decir, que aún la defensa podría requerir todas aquellas diligencias que considere necesarias. Por ello, corresponde también rechazar este agravio.

A mayor abundamiento, y conforme al principio "pas de nullité sans grief", se advierte que la Sra. Defensora indica que se ha violado la garantía de la defensa en juicio, pero esto no resulta suficiente, pues : "...quien la invoque deberá indicar qué alegaciones fue privado de ejercer o las pruebas que hubiere propuesto si el acto cuestionado no exhibiese el defecto que motiva el cuestionamiento". (CSJN, Fallos, 302:179; 304:1947; 306:149; 307:1131; 325:1404); requisito al cual no se ha dado cumplimiento. Tampoco se ha logrado demostrar en qué medida la falta de mención de los dichos vertidos en la declaración de su asistido le ocasiona a dicha parte un agravio, o antes bien, es de tal trascendencia que fulmina la validez del requerimiento de elevación a juicio.

Expresado de otro modo, debe mediar un perjuicio efectivo que justifique el nacimiento del interés jurídico en el pronunciamiento de la nulidad, lo que no se ha demostrado en autos.

La Cámara Nacional de Casación Penal, se ha pronunciado sobre el tema, en estos términos: "No debe olvidarse que para que la declaración de invalidez de un acto procesal resulte procedente es indispensable que se verifique un perjuicio real y concreto, esto es, que se haya producido una efectiva limitación de un derecho del imputado. Y esto, más allá de que se trate de una nulidad relativa o absoluta"(Sala III, causa Nº 2678, "Rodríguez, Daniel Alberto s/ conflicto". rta. 31/5/2000) y " Las nulidades tienen un ámbito de aplicación restrictivo....Es que la nulidad no es un fin en sí misma, requiriendo la producción de un gravamen cierto que lleve a justificar una decisión contraria a la adoptada; de adverso, aún a despecho de su irregularidad, el acto no puede ser invalidado en el solo beneficio de la ley" (Sala IV, causa Nº 1785, "Trovato, Francisco M. A s/ recurso de casación". rta. 31/5/2000).

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la declaración de nulidad de un acto en el proceso, aparece como un remedio de naturaleza extrema y de interpretación limitada. Así es porque el proceso tiende a preservarse y no a derrumbarse por cuestiones de mera forma que no impliquen una afectación real de las reglas del debido proceso.

Por lo expuesto, los defectos alegados por la defensa no reúnen los requisitos genéricos ni específicos de las nulidades susceptibles de invalidar el acto.

En virtud de ello, el Tribunal RESUELVE:

I) Confirmar el decisorio recurrido de fs. 171/74 en cuanto resuelve no hacer lugar al planteo de nulidad de requerimiento de juicio efectuado por la Sra. Defensora Oficial (arts. 166 y sgtes. CPPN, art. 6 LPC).

II) Tener presentes las reservas recursivas.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente devuélvase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí: