Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-24


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 24 días del mes de Mayo del año dos mil siete, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia, con la Presidencia de su titular Dr. Daniel Luis CANEO y asistencia de los Sres. Ministros Dres. Fernando S. L. ROYER y José Luis PASUTTI para dictar sentencia en los autos caratulados "Municipalidad de Puerto Madryn c/ S. V. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 20.696-M-2.006) y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 392, de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas Nº 3.202 y 3.204 correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. PASUTTI, ROYER y CANEO.

Acto seguido, se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. PASUTTI dijo:

Vienen estos autos a conocimiento de esta Sala por vía del Recurso de Apelación Ordinaria que la actora dedujera a fs. 366 contra la Sentencia Definitiva Nº 50/2.006 y fundara a fs. 376/384.

I.- ANTECEDENTES:

El Municipio de la ciudad de Puerto Madryn demandó por daños y perjuicios al Sr. V. S. y pretendió el cobro de la suma que en definitiva aquélla resultara condenada a pagar en los autos caratulados "R, F D c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Juicio Ordinario (Contencioso Administrativo)" Expte. Nº 692-Fº 86-Año 1.995.

Expuso que V. S. en ejercicio de las funciones de Intendente Municipal, emitió un acto administrativo nulo, cual fuera el decreto por el cual se dispuso el cese de la relación laboral respecto del agente R, encubriendo bajo la figura de la falta de estabilidad laboral el real motivo del cese de la relación, esto es el padecimiento de la enfermedad "Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida".

Con dicha actitud -expresó- se violaron las disposiciones de la Ley Nº 23.592 y la normativa constitucional tanto Nacional como Provincial en lo que se refiere a la prohibición de toda forma de discriminación y luego produjo un grave perjuicio económico a la Municipalidad Portuaria.

Se dio cuenta que el Sr. R ingresó en el Municipio cumpliendo tareas de cajero el 10 de septiembre de 1.992; que en la última semana del mismo mes, se le realizó un examen pre-ocupacional el cual arrojó un resultado positivo respecto de la enfermedad (H.I.V.); que luego el Jefe de Contralor Médico convocó a una reunión al Intendente y a los Sres. G D y G G en la cual se resolvió el cese inmediato del empleado en sus funciones motivado por la enfermedad desde el 9 de octubre de 1.992.

Se destacó que el Intendente evitó varias oportunidades para rever la arbitraria e ilegal decisión, lo cual luego derivó en el inicio de la acción de nulidad e indemnización de daños y perjuicios promovida por el Sr. R, y un posterior pronunciamiento judicial en su favor en el que se dispuso la nulidad del decreto de cesantía, se ordenó la reincorporación del agente, se fijó la remuneración y la indemnización por daño moral.

El Sr. V. S. contestó la demanda incoada en su contra. En lo principal sostuvo que en su carácter de Intendente Municipal dio cumplimiento al Estatuto de los Obreros y Empleados Municipales, vigente al tiempo de los hechos, el cual en su art. 6, inc. b) determinaba las condiciones que eran indispensable acreditar para el ingreso de un trabajador; que cumplió con sus obligaciones en forma regular conforme normativa vigente, por lo que resultó absolutamente improcedente el reclamo ya que no existió actuación ilícita alguna.

Interpuso la excepción de defensa negligente, ello por cuanto en la demanda que promoviera el Sr. R, nunca se mencionó o demandó a algún funcionario para una supuesta reparación solidaria, conexa o concurrente. Solicitó la citación como terceros de los Dres. A M, A T y J A.

La citación como terceros es contestada por la representación del Dr. A M a fs. 95/96 vta. quien considera improcedente la misma porque se pretende endilgar responsabilidad por actos de terceros ajenos al quehacer funcional y que la sustancia del asunto está vinculada a la legalidad de la decisión jurisdiccional adoptada por el Intendente S.

A fs. 102/104 vta., también concurrió la representación del Dr. J C. A, invocó la improcedencia de su citación y contestó la misma en términos similares a la citación del Dr. M.

A fs. 295/301 luce el fallo pronunciado en Primera Instancia, que desestimó la defensa esgrimida por el demandado S e hizo lugar a la demanda condenando a éste a abonar al Municipio de Puerto Madryn lo que resulte de la liquidación a practicarse con más los intereses que fija el Banco de la Provincia del Chubut para las operaciones de descuento de documentos comerciales, con el límite del 24% anual; las costas fueron impuestas a la demandada vencida.

II.- SENTENCIA DE LA CÁMARA DE APELACIONES:

La sentencia fue apelada tanto por la parte actora como por la demandada, mientras que la regulación de honorarios fue recurrida por todos los letrados intervinientes. Los agravios de la parte actora lucen a fs. 325 y vta., lo hizo respecto del límite impuesto por el Juez de grado a la tasa de interés aplicable, en tanto los de la demandada lo hacen a fs. 327/340 respecto de la contradicción de la sentencia, la valoración incorrecta y omisiva del material probatorio, el tratamiento de cuestiones debidamente introducidas y el error en la aplicación del derecho de fondo.

La Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew se pronunció a fs. 353/361; decidió revocar el fallo a fin de rechazar la demanda e impuso las costas a la actora vencida en ambas instancias; declaró abstractas las apelaciones concernientes a la regulación de honorarios y adecuó la misma conforme la nueva decisión.

Respecto de la supuesta autocontradicción alegada por el demandado apelante referido a que el juez de grado, por un lado, desestimó la articulación de negligente defensa, para afirmar luego que el Sr. S no intervino en el pleito donde se decretó la nulidad del acto administrativo por el cual se dio de baja al agente R y que por ello, la sentencia que así lo decidió no tenía fuerza de cosa juzgada respecto del ex Intendente Municipal y por ende puede reiterarse en este proceso su responsabilidad. El Tribunal de Alzada respondió del siguiente modo con el voto, en primer lugar, del Dr. FERRARI:

Que el examen de la causa caratulada "R, F. D. c/ MUNICIPALIDAD DE MADRYN s/ Ordinario (Contencioso Administrativo - Expte. Nº 692 - Fº 86 - Año 1.995)" permitía comprobar que en dicho proceso existieron actos y omisiones por parte de la representación y dirección letrada del Municipio demandado que fueron perjudiciales para su derecho de defensa. Así, advirtió que toda la prueba testimonial ofrecida por su parte se vio frustrada ya sea por desistimiento sin justificación alguna, o bien por caducidad; que la única prueba activada fue la confesional del actor y que, puesto los autos para alegar, tampoco se hizo ejercicio de tal facultad. Aludió también al contenido de la expresión de agravios por parte de la representación del Municipio y al desglose dispuesto por no haber acompañado copias del escrito de contestación de los agravios de la contraria. Se refirió a que el Municipio consintió el fallo de Segunda Instancia -pese a serle- desfavorable por falta de apelación ante este Superior Tribunal por causa de interés público.

Tras efectuar esa reseña el iudicante dijo estar en condiciones de adelantar opinión favorable respecto de la defensa de "negligente defensa". Apreció para ello que en la demanda contra el Municipio, la actora centró su cuestionamiento en la conducta observada por quien era a la fecha de los acontecimientos Jefe del Servicio de Contralor Médico de la Comuna y que sólo en forma escueta se aludió a la conducta del Intendente sin expresar un concreto reproche personal hacia el ex representante de la comuna a quien se le atribuyó representar la voluntad institucional del Municipio. Tampoco, sostuvo el Magistrado, el Municipio, al contestar la demanda deslindó responsabilidad alguna de sus funcionarios, por el contrario, negó que hubiese desviación de poder y sostuvo la regularidad de las actuaciones comunales y la inexistencia de actos de designación previo respecto de R; negó que hubiese cesantía arbitraria sino un obrar conforme los Estatutos del Municipio.

De tal modo para el iudicante, si la comuna consideraba que alguna responsabilidad le cabía al ex funcionario, debió solicitar oportunamente su citación a juicio como tercero de intervención obligada en los términos del art. 94 del CPCC a fin de que éste tuviese adecuada participación en el litigio con posibilidad de intervenir y coadyuvar en la etapa probatoria, pues, de otro modo, frente a una eventual pretensión regresiva, habría estado habilitado, tal como luego ocurrió, a oponer la "exceptio gesti mali procesus".

A juicio del Magistrado votante la defensa es legítima y atendible, en primer lugar, por cuanto los testimonios ofrecidos por el Municipio eran conducentes para sostener el artículo de defensa referido a la regularidad del procedimiento; particularmente, en lo que respecta al Intendente, quien se habría basado en los dictámenes médico y legal para ejercer su facultad de no confirmar al agente dentro del período de prueba previsto en el Estatuto. Tampoco comprende el Camarista cómo fue que, habiendo sostenido la regularidad de los procedimientos, al expresar agravios se realizaron admisiones favorables a la postura contraria. Y mucho menos puede comprenderse cómo se consintió el fallo de Alzada, al no interponerse el Recurso de Apelación Ordinaria por causa de interés público ante este Superior Tribunal.

Señala el Dr. FERRARI que la actitud adoptada en aquel proceso anterior por parte del Municipio, en tanto sostuvo la regularidad de las actuaciones y la inexistencia de "desvío de poder", sin deslindar alguna hipotética responsabilidad personal en el Intendente, ni citarlo al proceso como eventual responsable para una futura acción regresiva, constituyó un acto jurídicamente relevante que se aprecia en notoria oposición con la ulterior postura jurídica asumida en el presente juicio. Agrega que si se sostuvo en aquella causa que el Municipio, a través de sus funcionarios, obró dando cumplimiento a los Estatutos, mal puede sostenerse ahora la existencia de responsabilidad civil por parte del Sr. Intendente Municipal.

Al proponer la revocación total del fallo, el Magistrado no emite pronunciamiento respecto a la apelación de la parte actora toda vez que se torna una cuestión abstracta.

El Dr. VELÁSQUEZ, al emitir su voto, señaló que al proceso primigenio el hoy demandado no fue coactivamente llevado a intervenir como tercero -con lo cual la sentencia en él dictada no le es oponible-, lo que no es suplantable por la posibilidad que tuvo de intervenir voluntariamente, en tanto ésta era una facultad suya y no un deber. Sostiene que era la Municipalidad interesada en obtener la participación del tercero en aquél proceso a quien incumbía la carga de promover y concretar su citación. Señala, por lo tanto, que la excepción de negligente defensa opuesta es admisible.

Concuerda con su colega antes sufragante en que al analizar las constancias de la causa anterior, agregada por cuerda a la presente, se advierten deficiencias notables en el ejercicio del derecho de defensa por el Municipio allí demandado. La suma de incurias e ineficiencias denotan la negligente defensa del Municipio en aquel anterior proceso que da sustento a la excepción articulada en éste.

Concluye en que la sentencia atacada debe ser revocada, a fin de rechazar íntegramente la demanda regresiva toda vez que, mal podría quien ha sido declarado responsable en un proceso anterior pretender repetir de otro lo que se vio obligado a pagar en él si la condena allí pronunciada -inoponible al tercero no interviniente- fue consecuencia de su negligente defensa en ese pleito.

Al igual que el Dr. FERRARI, no da tratamiento a los agravios de los demandantes, pues lo precedentemente concluido transforma en abstracta las cuestiones planteadas.

Finalmente, se procede a declarar abstractas las apelaciones de honorarios articuladas y adecuar los honorarios de Primera Instancia.

III.- EL RECURSO DE APELACIÓN ORDINARIA:

A fs. 366 el Dr. M G. F, apoderado de la Municipalidad de Puerto Madryn deduce Recurso Ordinario de Apelación por ante este Superior Tribunal de Justicia contra la Sentencia Definitiva registrada bajo el Nº 50/2.006 dictada por la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew y a fs. 376/384 funda el mismo. A fs. 387/390 vta. el demandado contesta el Memorial de Agravios y, a fs. 391 se llama Autos para Sentencia.

La apelante se agravia de que la Sentencia objeto de recurso considere que se han verificado los presupuestos procesales para la procedencia de la defensa de "negligente defensa" que intentara el Sr. S pues, entiende que en virtud de los arts. 68 y 69 de la Carta Magna Provincial el Sr. Intendente Municipal se encontraba obligado a intervenir en el pleito: no era una mera facultad, sino una obligación emergente de las disposiciones constitucionales antes mencionadas.

Señala que la Cámara ha omitido analizar que, al tiempo de contestar la demandada entablada contra el Municipio por el Sr. R, el Sr. S era aún Intendente Municipal, reposando en su única voluntad su propia citación a aquél pleito.

En segundo término se agravia en tanto considera que constituye un exceso formal atribuir a los aparentes errores de trámite en que pudo haber incurrido la representación letrada municipal en el juicio iniciado por el Sr. R, aptitud para habilitar la adopción de un pronunciamiento contrario a los intereses de la pretensión actoral en el juicio iniciado por R contra el Municipio. En efecto, señala que en aquél proceso se ha imputado y demostrado la responsabilidad personal del Sr. S en el acto ilegítimo, viciado con desvío de poder. Agrega que, a contrario de lo que resuelve la Sentencia objeto de recurso, las constancias del juicio primigenio dejan ver que no existió defensa negligente desde el punto de vista sustantivo.

Considera que la Cámara soslaya al resolver que el propio demandado ofreció como prueba el expediente judicial caratulado "R, F D c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN s/ Juicio Ordinario (Contencioso Administrativo)" (Expte. Nº 692 - Fº 86 - Año 1.995), sin hacer reserva ni cuestionamiento puntual de ninguna de las piezas o contenido, siéndole, en consecuencia -a criterio del apelante-, plenamente oponible la totalidad de las medidas probatorias allí producidas.

Se agravia, a su vez, de la aplicación que hace la Cámara de la teoría de los actos propios. Insiste en que la Sentencia pierde de vista que el Sr. S. era Intendente al momento de contestar la demanda entablada por R; que el ahora accionado brindó las directivas de actuación a los profesionales en defensa del acto atacado que había sido emitido por su persona. Dicha posición, señala, fue mantenida por el Municipio, hasta que una Sentencia judicial decretó el desvío de poder. Es claro que -concluye- frente a la evidencia y el daño, el Estado no puede quedar indefenso ante el actuar de un funcionario infiel, que incumple las obligaciones y deberes a su cargo. Por ello es que la conducta que pudo haberse adoptado en una Primera Instancia por quienes ejercieron la defensa de los intereses del Estado Municipal en el pleito intentado por R, no puede perjudicar al mismo Municipio cuando, ante la evidencia del daño causado, pretende su reparación del funcionario que lo causó. Reitera que la postura que pudo haberse asumido en el proceso judicial -precisamente instruida por quien resultó ser el causante del ilícito- no puede constituirse en un obstáculo para acceder a la reparación del daño.

Expresa que le causa agravio y gravamen la circunstancia que la Sentencia objeto de recurso desaplique el Derecho Público Constitucional, yerre en la elección de las normas que regulan el caso, equivoque la lectura de los hechos de la causa e ignore y desatienda el reclamo cuando, las pruebas rendidas en la causa llevan inexorablemente a declarar la responsabilidad del accionado S. por el hecho y al resarcimiento de los daños provocados.

Indica que se omite considerar que se encuentra plenamente acreditado que el Sr. V. S. dictó un acto administrativo nulo, de nulidad absoluta, claramente discriminatorio, actuando con total desaprensión al ordenamiento jurídico. Insiste en que, tal como lo resolvió el Sr. Juez de Primera Instancia, debe tenerse por acreditado que la decisión de hacer cesar a R adoptada por el demandado constituyó un acto ilegítimo, viciado con desvío de poder.

Finalmente, se agravia por la manera en que se han impuesto las costas por los terceros citados por el accionado. Señala que es principio rector en la materia que el citante cargue con las costas de los terceros que cita. En consecuencia, en este caso, requiere que las costas se impongan al accionado S.

Solicita a este Tribunal que revoque el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones, haciendo lugar a la demanda en todas sus partes, con costas.

IV.- ANÁLISIS:

En lo que concierne al primer agravio propuesto a la consideración de este Tribunal surge nítidamente la imputación a los iudicantes de soslayar las previsiones normativas de la Constitución Provincial respecto de la responsabilidad de los funcionarios prevista específicamente en su art. 69 y priorizar la aplicación de normas de orden procesal concernientes a la intervención de terceros en el proceso, lo que tornaría irrazonable y arbitraria la decisión en cuanto declara procedente la excepción de negligente defensa opuesta por el demandado en los presentes autos.

Argumenta el apelante que por imperio de la manda constitucional el Sr. S. se encontraba obligado a intervenir en el pleito original; que ello no era una facultad, sino una obligación emergente de la previsión del art. 69 de la C.P. y que voluntariamente decidió eludir esa obligación.

Es necesario clarificar la cuestión pues considero que el apelante con los argumentos expuestos para fundamentar el primer agravio confunde los alcances de la norma constitucional a la que ocurre. No hay duda que en aquélla se consagra el régimen de responsabilidad de los funcionarios por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del mal desempeño de sus funciones, esa solidaridad a la que alude, tratándose de materia delegada (art. 75, inc. 12 de la C.N.), debe examinarse conforme las disposiciones del Código Civil. Se señala que la disposición contiene dos previsiones novedosas; por un lado se obliga al Estado, Provincial o Municipal, a accionar en contra del posible responsable, y por otra parte, se impone la obligación de citarlo a juicio. De este modo se procura que el Estado ejerza contra éste realmente la acción de repetición a que tiene derecho y se lo previene contra una eventual excepción de negligente defensa que podría oponer en caso de no ser citado a juicio oportunamente. ( José Raúl HEREDIA "La Reforma en la Provincia del Chubut", C.E.I.P.A., año 1995, pág.231). Resulta ilustrativo también el debate de la Convención Constituyente al respecto, el mismo Dr. HEREDIA expresó "Una aclaración para que quede para futuras interpretaciones. La norma contiene dos obligaciones o deberes por parte del Estado, la obligación de accionar contra el funcionario responsable que ha causado con su inconducta un daño y por otro lado la obligación de hacerlo citar a juicio, ....que hemos creído oportuno incorporar, porque normalmente el Estado se olvida de citar a juicio a los responsables del daño, con lo que se enfrenta o expone a la posibilidad de que se le oponga lo que se llama "Excepción de negligente defensa", con lo cual es imposible después ejercitar la acción de repetición. Es un mandato que la Constitución hace para que el Estado Provincial y los Municipios de ahora en adelante, cuando deban soportar acciones contra sí mismos por actos irregulares de esos funcionarios, los citen en el mismo juicio en que el Estado deba comparecer".

Con lo dicho no puede haber lugar a duda, la citación a juicio de los funcionarios, es un imperativo para el Estado, una carga que le es impuesta y la obligación a concurrir al proceso por ende no es tal sino en la medida en que se lo haya debidamente citado y si así no fuera no existe obstáculo alguno para que se intente la defensa de negligente defensa.

Esta defensa es ejercida por el demandado en proceso de repetición o de garantía cuando éste reconoce como antecedente una condena anterior al ahora actor en el proceso principal. La existencia de esa condena es esencial, pues el sustento de la defensa radica en que en el mencionado proceso no ha sido suficientemente diligente quien fuera demandado y ahora demanda. El mayor y único obstáculo para su interposición es haber practicado en término la denuncia de litis. Dicho de otra manera, si el demandado en el proceso originario denunció la litis al tercero, este no podrá alegar "mali gesti processus" en el juicio de repetición o de garantía, y ello porque la comunicación formal de la pendencia de causa, le permite, justamente para evitar la mala gestión del citante, intervenir en tal proceso primario. (Conf. Hernán J. MARTINEZ, "Procesos con sujetos múltiples", Ed. La Roca, año 1987, pág. 362).

Debe recordarse que el marco de esta defensa es aquel correspondiente a la citación de terceros en el proceso, pero sólo en los supuestos de citación coactiva y dentro de éstos, únicamente cuando se trate de la citación del eventual sujeto de una pretensión regresiva. Es en suma una defensa en el marco de una pretensión de regreso promovida por quien podría haber sido citado coactivamente en el primer pleito y en general habrá acción de regreso cuando hemos pagado algo que se podría haber reclamado indistintamente a nosotros o al tercero, así el deudor solidario que pagó el total de la obligación tiene una acción de regreso contra sus codeudores para el reembolso de lo que hubiese pagado (doc. arts. 689, 716 y 717 del C.C.). "Litisconsorcio, Intervención de terceros y tercerías", "Exceptio mali processus (esa horrible amenaza)", Pablo Agustín GRILLO CIOCCHINI, pág.175 y sgtes.) en "Revista de Derecho Procesal", (2006-2), Ed. RUBINZAL-CULZONI.).

La jurisprudencia también señala que "Existe intervención obligada de terceros, si a pedido de cualquiera de las partes originarias, el órgano jurisdiccional dispone la citación de un tercero, respecto de quien se considera que la controversia es común, para que participe del proceso y que la sentencia que se dicte le sea eventualmente opuesta; y habrá controversia común si se entiende que la eventual decisión judicial que resuelva sobre la relación o situación jurídica planteada en el proceso, que constituye la causa de la pretensión, pueda afectar, rozar, alterar, gravitar o comprender la relación o situación jurídica extracontenciosa existente entre una de las partes y el tercero."(CN.Fed.Civ y Com. Sala I, 24/9/96; S P c/M R L INC., LL. 1997-B-558;DJ, 1997-I-989). "Esa citación tiene en nuestro derecho el único propósito de poner en conocimiento de aquél la existencia de la demanda, para que si lo desea haga saber los derechos que estima le corresponden, con el solo objetivo de que la sentencia le sea oponible, y no pueda plantear en el futuro, ante una eventual acción regresiva, la excepción de negligente defensa" (CNCom. Sala A 30/5/97; "G, D F. c. C DE I S.A de ahorro para fines determinados", LL. 1997-D-753, DJ, 1997-3-48).

Considero que con lo dicho hasta aquí ha quedado debidamente esclarecido la cuestión de la viabilidad de la defensa de negligente defensa, y ha de desestimarse entonces el agravio del apelante en cuanto contraría las conclusiones de la alzada respecto de su admisibilidad.

Si bien la recurrente arguye que el demandado en su calidad de Intendente tomó conocimiento de la demanda, al ser notificada la acción promovida por R mientras S. se encontraba en el ejercicio de dicho cargo, y que por esta razón se vio obligado a intervenir en el pleito original -y pese a ello no lo hizo-, tal afirmación no tiene entidad suficiente para pulverizar la aplicación de la garantía constitucional de defensa en juicio, pues se encuentra incontrovertido que S. no tuvo participación personal alguna en el proceso seguido contra la Municipalidad de Puerto Madryn; en tanto que el poder general para juicios y asuntos administrativos -glosado a fs. 91/93 del expediente R, F D c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Juicio Ordinario (Contencioso - Administrativo) (Expte. Nº 692-86-1995), fue otorgado en el año 1992 en el marco del ejercicio del cargo que detentaba en ese entonces, y por lo tanto dicha actuación atribuible exclusivamente al órgano representado. No debe confundirse a las personas físicas con las personas jurídicas que éstas componen, pues ya ha explicado Miguel S. MARIENHOFF que el Estado expresa su voluntad a través de las personas físicas que la integran, los que constituyen los llamados "órganos personas" u "órganos individuos", y es por ello que la voluntad expresada por dichas personas físicas es imputable a la persona jurídica de que forman parte. Afirma el profesor citado que tratándose del "órgano" la persona jurídica actúa ella misma, porque el "órgano" forma parte de ella e integra su estructura. (Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, pág. 516/518). Esto es -como sostiene Edgardo ETTLIN-, para el órgano estatal la persona física soporte no existe como tal sino como un mero expresador de su voluntad, pero dicha persona física no es el estado ni la persona estatal (elDial -DC8F3).

Agrego a ello que aún cuando la recurrente sostiene que los letrados que intervinieron en representación del Municipio lo hicieron cumpliendo directivas emanadas del Sr. S. como Intendente Municipal, esta afirmación, a más de extemporánea, no va más allá de ser una mera expresión que no encuentra asidero en las constancias de la causa.

Por lo indicado, considero que el agravio que trato debe ser rechazado. ASI LO VOTO.

Como segunda queja refuta las consideraciones de la Cámara de Apelaciones que la llevan a entender configurada la defensa negligente en el proceso seguido por el Sr. R contra el Municipio, por considerar a los aparentes errores de trámite (conforme lo expresa la recurrente) en que pudo haber incurrido la representación letrada municipal con aptitud suficiente para habilitar la procedencia de la excepción. Este agravio definitivamente no puede prosperar, pues admitida que fuera la defensa de "negligente defensa", el análisis que efectuara la Cámara de Apelaciones de la actuación municipal en el juicio seguido por el Sr. R contra la Municipalidad de Puerto Madryn, deviene inobjetable. No se tratan los analizados por la Cámara, como asevera la recurrente, de meros hechos sin importancia, pues ésta refirió puntualmente a los actos y omisiones por parte de la representación letrada del Municipio demandado que fueron perjudiciales para el acabado ejercicio de su derecho de defensa.

Así, hizo hincapié en la actividad probatoria desplegada por el Municipio, en la actuación ante la Segunda Instancia, y destacó los reconocimientos que se hicieron en el escrito en que fundó el recurso interpuesto. Particularmente subrayó la Alzada: "admitió que el Municipio de Madryn efectuó controles médicos entre los cuales se incluía la detección del virus del H.I.V. sin que se haya acreditado "la prestación de consentimiento a este tipo de examen ni la notificación fehaciente del resultado positivo del mismo", para luego expresar que "...no se discute que se han vulnerado los derechos del actor", y agregar de inmediato, "sin embargo no se acreditó la relación de causalidad de tales violaciones con el daño moral que el actor atribuye a tales hechos" (textual, fs. 529 vta.). Refirió también al desglose del escrito de contestación de agravios por falta de las copias previstas por el art. 120 del C.P.C.C., así como a la ausencia de interposición del Recurso de Apelación ante este Tribunal por causa de interés público.

Tales reparos a la actuación municipal en los autos "R" no han sido adecuadamente refutados por la apelante, ya que ésta se limitó a sostener que los hechos apuntados en la sentencia recurrida no resultaron de importancia como para haber fundado un resultado contrario al momento de adoptar la resolución definitiva en dicho caso, y que la falta de articulación de un recurso, por sí sola, no puede ser tenida como constitutiva de una negligente defensa. El restante desarrollo argumental de esta queja trasunta en relación a la falta de intervención de S en el proceso, de acuerdo a la particular interpretación de los arts. 68 y 69 de la C.P. que sustenta el recurrente, y a la que le he dado acabada respuesta "supra", por lo que no me detendré nuevamente en ello.

Entonces, descartado tal aspecto, sólo queda como sostén las ya referidas alegaciones, que lejos están de constituir una crítica pormenorizada de los fundamentos dados por la Cámara, pues es evidente que no basta decir que los hechos en los que se basó la Cámara no resultaron de importancia, sino que es menester aportar las razones para así calificarlos. Como se dijo en S.D. 01/SROE/05, la expresión de agravios, no es una simple fórmula vacua y carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica razonada y concreta de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Lo concreto se refiere a lo preciso, determinado, debe decirse cual es el agravio, no es bastante la enumeración de éstos.

Se ha expuesto en forma concordante que "la expresión de agravios debe contener un mínimo de técnica recursiva por debajo del cual las consideraciones o quejas carecen de entidad jurídica como agravios, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el Juez, sin hacerse cargo de los fundamentos de la resolución apelada" (Cám. Nac. Com., Sala C, Marzo 27-1981 "V, A c/ N, M", Rep. Der., v. 16, p. 764), y "discutir el criterio judicial sin fundar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista no es expresar agravios" Cám. Nac. Com., Sala A, Marzo 14-1981, "A, M T. c/ M S.A. y otros", Rep. Der., v. 16, p. 764, ambos citados por HITTERS, Juan Carlos en "Técnica de los Recursos Ordinarios", 2da. edición, Librería Editorial Platense, pág. 457. Lo expuesto me lleva a la convicción que en el agravio al que doy tratamiento la recurrente no ha logrado sortear las vallas del recurso, al no contener éstos la crítica razonada y concreta que para llevar adelante en forma satisfactoria tal faena era imprescindible. ASÍ LO VOTO.

El tratamiento del agravio expuesto por la recurrente respecto a la aplicación de la doctrina de los actos propios por parte de la Cámara de Apelaciones, en tanto ésta lo postula como argumento a mayor abundamiento, "obiter dicta" o dicho sea de paso, se torna inocuo e ineficaz, pues no son motivaciones que hayan servido de base a la decisión atacada. ASÍ LO VOTO.

Resta dar tratamiento al agravio referido a la imposición en costas a la actora, por la intervención de los terceros citados por la accionante.

La citación a la que se alude, es la realizada en mérito al requerimiento formulado en ese sentido a fs. 46 por el Sr. Victoriano S., con sustento en los arts. 94 del CPCC, 179 de la Carta Orgánica Municipal y 69 de la Constitución Provincial. A su resultas, a fs. 72 se ordena la citación de los Dres. A M, A T y J A, tomando intervención en autos, a fs. 95/96 vta. el primero de los nombrados, y a fs. 102/104 vta. el último de ellos.

La intervención de terceros, pese a contar con escasa regulación legal, abre grandes aristas en relación a las consecuencias que se dan en el proceso desde que éstos toman participación: las características de ésta, los alcances de la sentencia, los recursos. Y las costas -por qué no-, también constituyen motivo de diversas opiniones relacionadas con quién debe soportar su imposición.

Así, Roberto LOUTAY RANEA advierte que en los casos de intervención obligada de terceros, no es posible dar reglas generales, sino que el asunto debe ser decidido según las circunstancias de cada caso y las actitudes que hayan asumido las partes y el tercero citado (Condena en costas en el proceso civil, Astrea, Bs. As., 1998, pág. 206). Osvaldo A. GOZAÍNI sostiene que debe inicialmente deducirse la calidad de su intervención, pues las costas irrogadas a quienes fueron citados como obligados deben ser soportadas, en principio, por quien los trajo a juicio (Costas Procesales, Ediar, Bs. As. 1998, pág. 207); ello sin perjuicio de no desconocer que sostuvo el Superior Tribunal, en anterior composición, que esta regla se impone "en principio" pues la casuística demuestra que tanto las circunstancias específicas del caso, la suerte de la parte que promovió la citación, la pertinencia de la misma, la conducta procesal del tercero, su eventual responsabilidad sustantiva, o el criterio que se adopte en la interpretación del art. 96 CPCC, pueden conducir a un resultado diferente, de conformidad con las pautas reguladoras generales en materia de costas. (SD 13/95).

La citación requerida por el demandado a fs. 46 fue proveída a fs. 72, mediante auto que ordena citar a los terceros para que tomen intervención en la causa; sin dar traslado a la accionante para que se exprese sobre su procedencia, y por lo tanto, sin ser oída esa parte. Desde que la resolución que admite la intervención de terceros es inapelable (art. 96 del C.P.C.C.); ningún recurso podría haber intentado la actora contra tal proveído. Esta particularidad en la sustanciación del proceso reviste trascendencia pues, como lo sostiene FALCÓN, deberá tenerse presente respecto de las costas si una de las partes se hubiese opuesto a la intervención y la misma fuere innecesaria (Enrique M. FALCON, Comentario al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ABELEDO-PERROT, Tomo I, pág. 172).

Si bien la actora nada dijo, me permito destacar que ninguna oportunidad tuvo, pues se omitió darle la imprescindible posibilidad de expresarse sobre la procedencia de la intervención requerida, ergo, su "silencio" no puede tener en este aspecto consecuencias negativas para su derecho. Y para el supuesto en que efectivamente se hubiera dado traslado a la actora de la petición, y hubiera expresado su conformidad con la misma, es dable destacar que es criterio mayoritario en la jurisprudencia que "aunque haya conformidad desde el punto de vista procesal, no sustancial, para que la demandada formule la citación de tercero por posibles futuras controversias que a ella sólo competen, no hay motivo para que la actora deba cargar con la mitad de las costas causadas por la citación (CNCiv., sala C, 1/3/1990, Sociedad Italiana de Beneficiencia c. ROMERO DÍAZ, LA LEY, 1991-A, 533, sumario Nº 7198).

A mas, la demandada funda su requerimiento en el art. 94 del C.P.C.C., 179 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Puerto Madryn (que expresa: "Vindicación y responsabilidades: Esta Carta Orgánica adopta como propio los Artículos Nº 68 y 69 de la Constitución Provincial"), y en el propio art. 69 de la Constitución Provincial. A posteriori -en oportunidad de contestar el traslado de los agravios de la apelante (fs. 387/390 vta.)- aclara que peticionó la citación de los terceros por considerar inevitable la discusión sobre la actuación y designación de los requeridos, efectuada por el entonces Intendente Sr. ARISTARAIN en la causa "R". Pretendió así resguardar alguna eventual acción de reverso que pudiera ejercitar contra los citados, y amparar, en definitiva, su propio interés.

Es por ello que no encuentro razón suficiente para imponer las costas a la accionante, como lo hace la Cámara de Apelaciones, pese a que ésta fuera -en definitiva-, vencida en el proceso.

Siguiendo las pautas antes expuestas, he de tener presente no sólo la conducta procesal asumida por los citados en autos, que llevaron adelante plenamente la defensa de sus derechos, ofrecieron prueba, formularon alegatos en forma independiente, sino además que la Cámara de Apelaciones al considerar configurada la existencia de negligente defensa en los autos "R", juzgó en definitiva sobre la actuación que les cupo en aquél proceso; por lo que concluyo que corresponde soporten las costas originadas por su intervención. En idéntico sentido resolvió la Suprema Corte de Mendoza, al entender que "el tercero, aunque no haya sido incluido en la sentencia, debe correr con sus propias costas si se ha determinado su responsabilidad en el hecho que dio origen al proceso" (autos QUERCETTI c. CARUBÍN, Daniel, LL 1997-B, pág. 216 y sigs.).

Por lo tanto, propicio la recepción de este agravio, y revocar en lo pertinente la sentencia recurrida, imponiendo las costas por la actuación de los terceros -A M y J A-, por su orden. ASI LO VOTO.

A la misma cuestión, el Dr. ROYER dijo: La Municipalidad de Puerto Madryn accionó en contra del ex-Intendente Municipal, Sr. V. S., a fin de perseguir el cobro de la suma que ésta se vio obligada a abonar en los autos "R, F D c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Juicio Ordinario (Contencioso Administrativo)" Expte. Nº 692-Fº 86-Año 1.995. Alegó que siendo S. Intendente Municipal dictó un acto administrativo nulo, por el que se dispuso el cese de la relación laboral con R, que a posteriori derivó en una acción judicial y un pronunciamiento que dispuso la nulidad del decreto de cesantía, la reincorporación del agente, fijó la remuneración y la indemnización por daño moral.

La sentencia de Primera Instancia hace lugar a la acción promovida en estos autos, mas apelada ésta, es revocada por la Cámara de Apelaciones, Sala A, y por lo tanto rechazada la demanda, en mérito a considerar procedente la "exceptio gesti mali procesus" interpuesta por el accionado.

La apelante refuta esta conclusión en su primer agravio. Sostiene que por encima de las normas procesales que cita la sentencia se encuentra el mandato constitucional de los arts. 68 y 69 de la Carta Magna Provincial, y que por aplicación de éstos el Sr. S. se encontraba obligado a intervenir en el pleito, ya que ello no constituía una mera facultad.

Se propone así una interpretación particular del art. 69 de la Constitución Provincial, pues el apelante atribuye a la norma la creación de una obligación que pesa sobre el funcionario o ex funcionario, de participación en el proceso en el que se cuestiona el mal desempeño de su cargo. Ha señalado el Dr. PASUTTI en el voto que precede cuál es la correcta directriz de interpretación de la norma en cuestión, para lo que refirió a la Convención Constituyente del año 1994, y específicamente reseñó lo dicho respecto de esta obligación por el Convencional Dr. HEREDIA. El precepto constitucional prevé la participación en el juicio promovido contra el Estado Provincial o Municipal del funcionario cuya actuación es cuestionada, y para ello establece la obligación de su citación a juicio, deber que ha sido impuesto al Estado a fin de evitar -como lo explica el Dr. HEREDIA- que el funcionario pudiera articular la "excepción de negligente defensa". Añade a ello Ricardo T. GEROSA LEWIS, al comentar la manda constitucional, que la primera obligación del Estado es la de hacer citar al juicio al funcionario público responsable del daño a fin de que la sentencia que eventualmente se dicte le pueda ser opuesta. La segunda obligación se verifica cuando el Estado es el que paga las consecuencias dañosas del hecho ilícito. En tal supuesto debe necesariamente iniciar la acción regresiva, de repetición o de recupero contra el funcionario público causante del acto ilícito para obtener de éste el reintegro de la totalidad de lo abonado a la víctima (Análisis de la Constitución de la Provincia del Chubut, pág. 259).

La arquitectura constitucional es lógica, en la medida que la participación de este tercero en la litis -pues contra él no fue instada la acción- previene a la par, no sólo que se impida el ejercicio de la acción de repetición, sino también que se vulnere otro de los derechos constitucionales como el del debido proceso, que prescribe la inviolabilidad de la defensa en juicio, consagrado por los arts. 44 de la C.P. y 18 de la C.N.

La intervención de terceros en el proceso permite así vincular a la litis a quien no ha sido -en el caso- demandado, para que la sentencia a dictarse pueda serle oponible en toda su extensión. Es de carácter restringido, particularmente cuando la solicita el demandado, admitiéndosela sólo en aquellos supuestos en que existe un interés jurídico o legítimo que proteger, pues su ingreso en el proceso producirá siempre una alteración de la normalidad del juicio (Elena I. HIGHTON, Beatriz A. AREAN, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 2, pág. 379).

Se distingue entre intervención voluntaria y obligada, reguladas por los arts. 90 a 96 del CPCC. Dentro de la intervención obligada o coactiva, bajo la denominación genérica de "denuncia de litis" (litisdenuntiatio); PALACIO identifica tres supuestos especiales: a) la citación del sujeto pasivo de una eventual pretensión regresiva o del colegitimado; b) la citación de legitimado para intervenir (nominatio auctoris); 3) la citación del tercero pretendiente.- (PALACIO, Derecho Procesal Civil, Tomo III, pág. 247/248).

Esta Sala ha dicho que la función del art. 94 del CPCC es la de que cualquiera de las partes traiga al juicio como coadyuvante suyo a aquél a quien lo liga un nexo extraprocesal, para que coopere en el pleito que a ambos interesa y quede sujeto a un resultado eventualmente adverso. (MARTÍNEZ, "Procesos con Sujetos Múltiples", T° I, pág. 333; conf. SI N° 43/SCA/97, SI Nº 15/SCA/05).

Este instituto reconoce su obvio fundamento en la necesidad de que los terceros participen en un proceso en el cual puedan discutirse intereses que les son propios y, sin perjuicio de ello, su régimen es aplicable no sólo cuando el tercero podría haber asumido inicialmente la posición de litisconsorte del actor o del demandado, sino en especial para aquellos supuestos en que la parte, en caso de resultar vencida, se encuentre habilitada para intentar una pretensión de regreso contra el tercero (CNCiv., Sala G, 11/12/81, JA, 1982-IV-síntesis, pág. 123).

Es un supuesto típico que habilita la citación de terceros la posibilidad de encontrarse sometidos a una eventual acción regresiva; por lo que este instituto reconoce su obvio fundamento en la necesidad de que éstos participen en un proceso en el cual puedan discutirse intereses que le son propios (Fallos 313:1053). Se halla ligada al tema de la cosa juzgada, ya que dicha intervención, en sí misma, no representa sino una anticipación preventiva a una cosa juzgada adversa. Por lo tanto, la presencia del tercero interviniente no es sino la de quien desea ponerse a cubierto de una extensión perjudicial de los límites subjetivos de la cosa juzgada" (SC Mendoza, 1.996/12/02, "Banco E..."; LL 1997-D-757). El fundamento es evitar que en el proceso que tiene por objeto la pretensión regresiva, el accionado pueda argüir la excepción de negligente defensa (LL-1997-B-154), y lograr que el pronunciamiento a dictarse constituya un antecedente favorable para la posible acción de regreso intentada frente al citado (LL-1998-F-661).

A su vez, aún cuando circunscripta al ámbito provincial, y de haber sido sancionada con posterioridad a la promoción de los autos caratulados: "R,...", entiendo también oportuno destacar que la Ley de Ética Pública y Transparencia en la Función Pública, Nº 4816, prescribe que "Si por el hecho, acto u omisión del funcionario se ha causado un daño a un tercero, ante la reclamación de éste, judicial o extrajudicial, se dará intervención necesaria en el trámite al presunto responsable a fin de que ejerza su defensa en forma independiente de la del Estado" (Art. 32); precepto éste que viene a ratificar la necesidad de la intervención en el proceso del funcionario consagrada por la Constitución Provincial, a fin que lleve adelante su propia defensa en juicio, aventando así la posibilidad de plantear la "exceptio mali gesti" que en el presente se ha opuesto al progreso de la acción regresiva.

Siendo imprescindible entonces que el Sr. S. hubiera accedido como mínimo a la posibilidad de ejercer la defensa de su derecho en los autos "R", la existencia de un poder otorgado en dicho juicio por el demandado en su calidad de Intendente Municipal no altera las conclusiones expuestas, pues amén que -como lo advirtiera el Dr. PASUTTI- el mandato conferido a los Dres. G, R Y B, fue expedido en el año 1992, es de recordar también que la voluntad de la persona manifestada dentro de un marco determinado es imputada a la entidad estatal a la que pertenece (GORDILLO, Agustín A., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1, pág. IV-2), por lo que la única que tuvo participación en el pleito fue la Municipalidad de Puerto Madryn. Así lo expuse en SD 4/SCA/01, cuando indiqué trayendo a Bartolomé FIORINI, que el Estado es una creación jurídica, la obra cultural humana, creada por la razón del hombre, el razonamiento coordinado de valores y fines, cualquiera sea la ideología que induce a esa creación. En este contexto, la actividad de la función administrativa, es el resultado cultural-jurídico del quehacer de sus órganos, a su vez creación jurídica que expresa dinámicamente el quehacer propio de esa función... El agente -el individuo- por los cometidos que debe desarrollar dentro de la organización, deja de ser un sujeto y se transforma en sujeto ejecutor de la organización... la actividad administrativa desenvuelta por los sujetos, por los individuos, integra el plantel humano de la organización, y cualquiera fuese su cometido, se imputa a la Administración Pública.- (Autor citado - Derecho Administrativo -Tomo I - pág. 127 a 130, 233, 234).- Lo expuesto, me lleva a la convicción que la postura de la Cámara de Apelaciones es la correcta, y torna inaudible el argumento contrario traído por la actora, por lo que este agravio debe ser rechazado. ASÍ LO VOTO.

En cuanto a la declaración de existencia de negligente defensa efectuada por la Cámara de Apelaciones, debo coincidir con el Colega preopinante en que los agravios son inocuos para quebrantar la decisión sobre el punto. No se rebaten adecuadamente las conclusiones de la Alzada, tan sólo se contrapone el particular enfoque que postula la escasa entidad de los aparentes errores de trámite, que impiden considerar procedente tal defensa.

Merituó la Alzada a tal fin, las que denominó como "deficiencias notables" en el ejercicio del derecho de defensa del Municipio en los autos "R", y desarrolló las omisiones que entendió gravitantes para la suerte de ese litigio: desistimiento y caducidad respecto de prueba testimonial; falta de contralor de pruebas producidas por la contraparte; no comparecer a audiencias, con pérdida del derecho de repreguntar; omisión de acompañar copias del escrito en el que se daba respuesta a los agravios expresados por el actor, con pérdida de tal derecho; omisión de interponer Recurso de Apelación Ordinaria ante este Superior Tribunal de Justicia.

La apelante debió demostrar el absurdo de tales conclusiones si pretendía acceder a la revisión de las mismas, mas ningún elemento nuevo de convicción aporta u otras razones justificantes de una solución distinta, puesto que las meras discrepancias con el criterio del Tribunal apelado no constituyen una crítica razonada y concreta del fallo (Fallos: 2888-108; 307:2216). No es expresión de agravios la simple historia o comentario de actuaciones pretéridas, las que representan sólo una disconformidad con lo resuelto, o aquella que expone sólo una opinión personal no vinculada con los fundamentos que sustentaron la sentencia, ni los argumentos eslabonados con el fallo (S.D. 01/SRE/05).

Así lo expuse en S.D. 8/SROE/05 donde indiqué que sostiene PALACIO, con cita de jurisprudencia, que no constituyen expresiones de agravios idóneas el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista; la mera disconformidad con la sentencia por considerarla equivocada o injusta; o las generalizaciones y apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de la sentencia apelada (conf. Lino E. PALACIO, ob. y tomo cit., pág. 267).

En suma los iudicantes individualizaron y ponderaron los elementos de juicio que sirvieron de base a su decisión; luego el control de legalidad, certeza y razonabilidad, que necesariamente debe efectuarse en esta instancia, no autoriza modificar o revocar lo resuelto a tenor de la orfandad argumental de la queja. ASÍ LO VOTO.

La queja tocante a las expresiones a mayor abundamiento realizadas por la Cámara de Apelaciones no puede ser tratada en esta instancia, pues los argumentos "obiter dictum," no constituyen la decisión del fallo y por lo tanto, éste no se sustenta en este tipo de expresiones ilustrativas (Conf. S.D. 7/SROE/05 y 1/SROE/07). ASÍ LO VOTO.

En el agravio referido en la imposición de costas, a todo evento, cuestiona la Municipalidad de Puerto Madryn que deba cargar con las originadas por la actuación de los terceros citados por el accionado, entendiendo que la misma constituyó un exceso en el ejercicio del derecho de defensa del Sr. S. ya que en ningún caso podría haber tenido una acción de regreso contra éstos.

Considero pertinente merituar que la citación a juicio fue requerida por el demandado con apoyo en normas que regulan la responsabilidad solidaria de los funcionarios públicos respecto del Estado por los daños y perjuicios a que dé lugar el mal desempeño de sus funciones (art. 69 de la C.P., y 179 de la C.O. de Puerto Madryn), supuesto que, en principio, me genera duda respecto de la habilidad legal que tendría el accionado para ampararse en tales regulaciones. Sin perjuicio de tal observación, no es dable soslayar que los terceros no pasan a ser demandados, sino que a través de ella se les da la intervención imprescindible para que las actuaciones puedan serles opuestas en la eventual acción regresiva que anuncie la demandada (Fallos 313:1053). Como se ha expresado, la citación de terceros no es una obligación sino una facultad de aquél que considere que la controversia les resulta común. Esta facultad no requiere necesariamente la conformidad del otro litigante ni su posición puede impedir esa citación, ya que el solicitante lo peticiona en resguardo de su interés. (C. Apel. Civ. y Com., Sala 1, "Cía de O P S.A. de T. c/ Fisco de la Pcia. de Bs. As. s/ Daños y Perjuicios", 15 de febrero de 2000).

Ejercida por el demandado esta facultad -reitero, fundándose para ello en normas cuya aplicación aparece cuanto menos dudosa- lo cierto es que éstos se presentaron en el proceso asumiendo una postura distante de la adoptada por la parte que promovió la intervención, pese a lo cual la sentencia emanada de la Cámara de Apelaciones encuentra efectivamente configurada la defensa negligente en el proceso seguido por el Sr. R en contra del Municipio de Puerto Madryn. Así, coincido con el Ministro Dr. PASUTTI en que ha sido relevante para la resolución de la presente causa el análisis de la actuación de la representación letrada del Municipio en aquel proceso, designada por el también citado en calidad de tercero, Sr. A. Atento la forma en que ha resuelto la Cámara A Quo, no encuentro que la intervención de terceros pudiera ser calificada como estéril, y sí en cambio existe mérito suficiente para imponer las costas irrogadas por su actuación en el proceso a los propios terceros.

Por ello concuerdo con la opinión del colega prevotante en que debe hacerse lugar al agravio que trato, y revocar en lo pertinente la sentencia recurrida, estableciendo que las costas por la participación de los terceros deberán ser soportadas por éstos. ASI LO VOTO.

A la misma cuestión, el Dr. CANEO, dijo: - De acuerdo a los votos emitidos por los Dres. PASUTTI y ROYER, los que conforman la voluntad de la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería de este Superior Tribunal de Justicia, no emitiré pronunciamiento según lo dispuesto en el art. 1º del Acuerdo Extraordinario Nº 3.555, en concordancia con los arts. 2º y 3º de la Ley Provincial Nº 5.475 y Acordada Nº 3.202.

A la segunda cuestión el Dr. PASUTTI dijo:

Tal como voté la primera cuestión, propongo al Acuerdo, hacer lugar parcialmente al Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la actora y modificar el decisorio en orden a la imposición de las costas por la citación de los terceros, imponiéndolas por su orden.

Costas en esta instancia, el 75% a la actora y el 25% a la demandada (art. 68 CPCC). Regular los honorarios profesionales por la labor desarrollada en la presente instancia: Al Dr. M G F en el 25% de lo regulado por su actuación en la primera instancia; a los Dres. M A B y M J R V, en conjunto y proporción de ley, en el 30% de lo regulado para los letrados de esa parte por la actuación en idéntica instancia.

Amerito para ello el resultado obtenido, la calidad, eficacia y extensión de la labor de cada uno de los profesionales (arts. 6, 14 y 47 del Dto. Ley N° 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99). Todos con más el I.V.A., si correspondiere. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. ROYER dijo:

Atento como he votado a la primera cuestión, acuerdo con la solución propuesta por el Dr. PASUTTI.

A la misma cuestión el Dr. CANEO dijo:

Reitero la reserva formulada en el tratamiento de la primera cuestión.

Con lo que se dio por terminado el acto quedando acordado dictar la siguiente:

S E N T E N C I A 1°) HACER LUGAR PARCIALMENTE al Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la actora y modificar el decisorio en orden a la imposición de las costas por la citación de los terceros, imponiéndolas por su orden.

2°) IMPONER las costas en esta Instancia, en un 75% a la actora y el 25% a la demandada (art. 68 CPCC).

3°) REGULAR los honorarios profesionales por la labor desarrollada en la presente instancia: al Dr. M G F en el 25% de lo regulado por su actuación en la Primera Instancia; a los Dres. M Á B y M J R V, en conjunto y proporción de ley, en el 30% de lo regulado para los letrados de esa parte por la actuación en idéntica instancia.- Todos con más el I.V.A., si correspondiera.

- 4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

Fdo.: Dres. Daniel Luis CANEO - José Luis PASUTTI - Fernando S. L. ROYER.

RECIBIDA EN SECRETARÍA EL 29 DE MAYO DEL AÑO 2.007 REGISTRADA BAJO EL N° 02 S.R.O.E. CONSTE.-