marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba, violación de secretos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RAFFO, JUAN JOSE Y BLANCHE, SERGIO RAFAEL c/  s/ ASOCIACION ILICITA, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

No han de prosperar los reproches de la defensa por la confirmación de la condena del imputado por el delito de violación de secretos, desde que la Alzada desestimó fundadamente el argumento acerca de la atipicidad de la conducta, explicando por qué entendía que se encontraban reunidos los requisitos de la figura penal endilgada, concluyendo así que los hechos que se le atribuyen consistentes en haber dado información sobre un operativo de significativa entidad; o haber informado a uno de los coimputados que varios teléfonos estarían siendo intervenidos, reúnen la tipicidad en tratamiento requerida; y si bien la defensa insiste en justificar la ajenidad de los imputados con los hechos achacados, intentando oponer la solución que en su estima correspondería dar al caso -absolución-, no logra persuadir a esta Corte de que el Tribunal al confirmar sus condenas no hubiera brindado una motivación suficiente o hubiera incurrido en causales de arbitrariedad en la valoración del cúmulo probatorio reunido, remitiendo los reproches nuevamente al examen de materia de derecho común, que ya han sido debidamente tratados en las anteriores instancias, y rechazados con fundamentos suficientes.
Justicia municipal de faltas, código alimentario Argentino, responsabilidad contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C.A. S. A. s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-06

El artículo 177 del Código Alimentario Argentino, prohibe la "circulación, tenencia y expendio de alimentos alterados", en concordancia, el artículo 33 de la Ordenanza Nro. 34.729 reprime la "tenencia, depósito, exposición, elaboración, expendio, distribución, transporte...de alimentos, bebidas o materias primas que se encontraren alterados". En virtud de lo expuesto, y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderles a las empresas mencionadas por el recurrente a lo largo de sus agravios a raíz de la actuación que tuvieran estos en las distintas etapas de elaboración y fraccionamiento de productos, la venta final del imputado debe ser sancionada y resulta entonces improcedente delegar la propia responsabilidad en todos los intermediarios.
Transporte marítimo, contrato de remolque, Transporte, acción de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARGENPAR S.A.C. c/ RIALSA S.A. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-23

Si el remolque se cumplió íntegramente y fue realizado durante todo el trayecto por el mismo remolcador, resulta claro que la circunstancia de que la lancha remolcada haya llegado averiada al puerto de destino no forma obstáculo a la percepción total del flete (art. 314 Y arg. Arts. 311 Y 313 de la ley de la navegación) puesto que en virtud de lo preceptuado por la primera de estas disposiciones legales la acción de responsabilidad funciona independientemente de la obligación relativa al pago de aquél.

(Sala 1,1783,230983)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, daños y perjuicios, indemnización, intereses
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GAMARRA, MARIA A c/ BAEZ, JORGE Y SUC DE ANDRES C BAEZ s/ INDEMNIZACION    DE    DAÑOS   Y  PERJUICIOS  POR  FALLECIMIENTO.   QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO   DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 283-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-02-12

La determinación global de la indemnización establecida mediante una sentencia de la alzada, sin que se discriminen los rubros de capital e intereses que deben ser resarcidos, puede ser subsanada mediante un pedido de aclaratoria.
Recurso de casación, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Santangelo, Daniel Domingo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-12-05

Del juego de las normas procesales invocadas, arts. 149 y 158 de la ley ritual, y de la naturaleza del planteo incidental deducido por el casacionista -que ahora pretende desvirtuar, pero que se evidencia clara e inequívocamente de los términos del escrito en el que deduce el incidente, y su consentimiento al trámite impuesto, así como del resultado del planteo incidental introducido en la causa, el tribunal de mérito ha resuelto acertadamente y dentro del margen legal que dispone, la imposición de las costas a cargo del incidentista.
Ley penal más benigna, pautas
Materia: PENAL
Carátula: OYARZO MANSILLA CELSIO PATRICIO s/ ROBO CALIFICADO POR COMISION EN POBLADO Y EN BANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-06-30

El art. 2 del Código Penal, al establecer que siempre es de aplicación la ley más benigna que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, importa reconocer la retroactividad de la nueva ley más benigna, y esta debe aplicarse de pleno derecho desde la época de su promulgación.
Recurso de casación, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: SEGOVIA S.A. c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S.A. s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-21

Lo relativo a la carga de la prueba constituye una cuestión fáctica, que escapa del marco casatorio, no siendo conducente la expresión meramente subjetiva de disconformidad con los jueces de grado, tanto en lo concerniente a la carga probatoria como a la apreciación de los elementos arrimados a la litis.
Medida de no innovar, Estado Provincial, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Camal  S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-04

Las medidas de no innovar, en principio, no resultan procedentes respecto de actos administrativos o legislativos provinciales, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, conclusión que sólo debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles como contrarios a disposiciones emanadas de la autoridad y jurisdiccion nacionales.
Prescripción adquisitiva, animus domini
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Organización Santa Victoria c/ Amaya de Suarez, Olga Elena s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

La circunstancia de ocupar un inmueble, aunque fuere por largo tiempo, no permite concluir que dicha ocupación se haya hecho con la intensión de adquirir la propiedad mediante usucapión. El locatario, el comodatario, el cuidador, el simple usuario, el usufructuario, y aún el intruso, que no posee para sí, jamás podrán adquirir la propiedad mediante prescripción veinteañal, si no intervierten el título que originariamente motivara la ocupación(arts. 2.458, 2.353, 2.394 y 2.448 del C. Civil).
Excarcelación, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: R.E.A. s/ Excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-08

El auto que no hizo lugar a la excarcelación del imputado debe ser declarado nulo, en tanto el a quo sostuvo como argumento que la situación del imputado no encuadraba en las previsiones de los arts. 316 y 317, inc. 1°, del CPPN en virtud de habérsele dictado procesamiento con prisión preventiva por homicidio simple y que su libertad frustraría la producción de pruebas pendientes, y se advierte que tal resolución se sustenta exclusivamente, en la aplicación estricta de la norma del art. 316 del CPPN, interpretada como presunción iure et de iure, sin que el resto de las conclusiones emitidas cuenten con razonamiento expreso que las avale, prescindiendo además de la doctrina plenaria del caso de la CNCP "Díaz Bessone y aquélla que emana de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Nápoli" y "Trusso" (entre otros), en consonancia con la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 7, incisos 3 y 5 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9, inc. 3, de jerarquía constitucional.
Cuenta corriente bancaria, intereses, capitalización de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Francés del Río de La Plata S.A. c/ Gómez Héctor Luis s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

No cabe capitalizar intereses con posterioridad a la incursión en mora en una cuenta corriente bancaria, no sólo por la inexistencia en el caso de los supuestos contemplados por el art. 623 del C.C.

para admitir el anatocismo (lo cual no puede tacharse de inconstitucionalidad, ya que la SCBA ha señalado que dicha norma sólo excluye la capitalización fuera de aquellos supuestos contemplados (JUBA, sum. 22808), sino también porque si bien el art.795 del C.CO. prevé que en la cuenta corriente bancaria se capitalizarán por trimestre, está ello referido, en principio, a las operaciones normales entre el banco y su cliente y como consecuencia de los movimientos de la cuenta de que se trate y no a los intereses adeudados a partir de la constitución en mora del deudor y del cierre de aquélla.
Contrato de trabajo, empleados públicos, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: DORA ELSA NICASTRO. c/ SADOS. s/ ORDINARIO.    DECLARACION DE INCOMPETENCIA.    ACCIDENTE DE TRABAJO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

De los artículos 101, 103, 201, 501, 608 y 618 del "Estatuto para el personal civil de SADOS" surge que la propia demanda ha emplazado su relación con sus dependientes como un contrato de trabajo. No es, entonces, admisible la posterior alegación en sede judicial de una relación de empleo público. Así ocurre en el juicio promovido por una cajera del supermercado perteneciente a SADOS, por cobro de la indemnización por accidente de trabajo.
Segunda instancia, caducidad
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Nielsen, Guillermo Ramón c/ Miguel Ruben Laratro o Laboratorio y/u otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-31

La caducidad de la segunda instancia se operará en el plazo de tres meses, que se computa desde la fecha en que el recurso fue concedido.
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa, competencia comercial, empleados de comercio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Centro de Empleados de Comercio c/ Dirección de Insp. Lab. Subs. de Trabajo s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-11-20

La acción de amparo interpuesta por el Centro de Empleados de Comercio en contra de la Dirección de Inspección laboral, a efectos que cesen las intimaciones a las estaciones de servicios para que encuadren a sus dependientes dentro del Convenio Colectivo 322/99 y también que se abstengan de aplicar multas por incumplimiento de las intimaciones, carece de naturaleza administrativa, lo que resulta determinante para establecer la competencia de esta Corte de Justicia; en consecuencia, los presentes autos deben tramitarse por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución.
Jurisprudencia, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Vargas, José y otros c/ Junta Nacional de Granos s/ laboral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

No es posible trasladar la doctrina de un caso a otras situaciones, si ello conduce a dejar de lado pautas interpretativas según las cuales no cabe prescindir de las consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la solución y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma.
Accidentes de trabajo, monto de la indemnización, inconstitucionalidad, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ARZAMENDIA RAMIREZ, ESTANISLAO c/ CONAZI S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-20

Cuando la cantidad determinada por la ART es exigua contrastada con la que derivaría de aplicarse la ley civil, procede la declaración de inconstitucionalidad de la ley de riesgos del trabajo y admitir un resarcimiento a cargo del empleador que la supere. Si bien la ART y la empleadora estaban unidas por un contrato de afiliación, del mismo surge que fue celebrado con la finalidad de asistir a las contingencias derivadas de la LRT lo que conlleva a la inexistencia de cobertura en relación con un régimen allí no contemplado.
Suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: Ramos, Daniel Agustín s/ Recurso de casación interpuesto en expte. nro. 83/02 s.a. de lesiones culposas en concurso ideal. L.A. Nro.  46 F. 354/362 Nro. 140. interpuesto en expte. nro. 83/02 s.a. de lesiones culposas en concurso ideal. L.A. Nro.  46 F. 354/362 Nro. 140.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-04-22

Siendo el delito que se endilga al encartado, amenazado -entre otras sanciones- con pena de inhabilitación, no puede beneficiarse con la suspensión del juicio a prueba, por la expresa exclusión dispuesta en la norma que regla el instituto.(Del voto en disidencia del Dr. José Manuel del Campo).
LEY DE CONCURSOS, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: P.S. SA s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-10-19

Por principio, las resoluciones son inapelables; pero cuando el legislador considera comprometido el valor justicia, autoriza la apelación individualizando los decisorios que toleran el recurso y los sujetos que se encuentran legitimados para la interposición; además, dispone sobre ciertos requisitos de admisibilidad, y acerca del modo de concesión y de los efectos del recurso. El artículo 273 inc.3 del régimen actual, similar al 296 inc. 3) de la Ley Nro.19.551, contiene la regla de la inapelabilidad de las resoluciones recaídas en este proceso; en otros dispositivos el legislador ha sentido la necesidad de reafirmar ese principio y estipula que ciertas disposiciones en particular son insusceptibles de apelación". Es decir, que la ley concursal expresamente indica qué resoluciones son inapelables; ello así cuando el juez fija el valor de las cuotas o las acciones de capital o con la parte del auto de apertura del concurso o de declaración de quiebra que asigna al proceso la categoría "A" o "B" a los fines del sorteo del síndico; otro caso son los incidentes, en los que se recalca que la única resolución apelable es la que pone fin a la incidencia.
Retención indebida, hurto, dependientes, choferes, cheque
Materia: PENAL
Carátula: Ariñez, Oscar R. s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-01

La conducta del chofer de una empresa que recibió un cheque por parte de su empleadora para que comprara repuestos, disponiendo del mismo en beneficio particular, encuadra en la figura de defraudación por retención indebida (art. 173 inc. 2do. del C.P. ), pues la relación laboral que lo vinculaba con la damnificada y el encargo de adquisición de mercadería, hizo que la tenencia de ese cheque en poder del justiciable se rigiera por la reglas del mandato, debiendo descartarse en el caso un apoderamiento de los previstos por el art.

162 del C.P.
Alimentos, adicional por desarraigo
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: A. M. B.  c/ V. R. A.  s/ alimentos para los hijos
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-07

No existe norma alguna que disponga la inclusión ni la exclusión del rubros cuestionado (desarraigo) en el monto base para la determinación de la cuota alimentaria; razón por la cual, si oportunamente las partes acordaron un porcentaje a descontar sobre la totalidad de los haberes, con excepción de determinados ítems, debe interpretarse dicha exclusión de manera restrictiva, no pudiendo excluirse ningún otro sin el previo acuerdo de partes.
Delitos contra el honor, bien jurídico protegido, legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: Harguindeguy, Albano s/ Calumnias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

La legítima defensa del honor requiere, al igual que los restantes bienes jurídicos, que se den los recaudos exigidos por el inc. 6 del art. 34 del C.P., por lo que no existiendo necesidad racional de impedir o repeler una agresión actual o inminente al honor no es procedente, pues tal justificante no ampara las reacciones a ya pasadas agresiones porque la ley penal no legítima el ejercicio de actitudes vindicativas.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Tejera, Marcelo R s/ Robo calificado por el uso de armas en concurso real con abuso de  armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-02

La valoración de la nocturnidad como agravante debe vincularse con la necesidad de evidenciar un mayor grado de peligrosidad -obviamente desde el punto de vista subjetivo- en la conducta del agente, ya que debe vislumbrarse una elección deliberada del momento en que se va a consumar la acción típica. En ese sentido, la nocturnidad se incluye -como agravante- en las "circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad" (art. 41 inc. 2 C.P.), al no haberse contemplado como causal autónoma de agravación.
Personas con discapacidad, adicionales de remuneración, prueba
Materia: DERECHOS HUMANOS-LABORAL
Carátula: Montalbán, Josefa Oliva c/ OMINT S.A. de Servicios y Otro s/ Incidente de Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-05

Es por ello que resulta acertado el reconocimiento del 35% de adicional por dependencia. Así pues, puede advertirse que en el informe confeccionado por su galeno tratante, Dr. ARCHAIN -especialista en psiquiatría- (M.N. 130.281) se constata que la Sra. MONTALBAN no es una persona autoválida. Asimismo, surge que requiere atención para las actividades de la vida diaria (v. prescripciones médicas acompañadas en el líbelo inicial).

En virtud de lo referido precedentemente, teniendo en consideración que se encuentra probado prima facie que la Sra. Josefa resulta ser una persona dependiente para poder realizar actividades de la vida cotidiana y advirtiendo que las demandadas no han aportado prueba alguna tendiente a desvirtuar los fundamentos esgrimidos por su médico tratante, por los cuales se adicionó tal concepto, resulta ajustado a derecho asignarle la suma adicional del 35% por la prestación aquí reconocida en concepto de dependencia.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lucas, Francisco c/ Recchia, Domingo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

Es inveterada doctrina Casatoria la que sostiene que las facultades de los tribunales de apelación sufren, en principio, una doble limitación: a) la que resulta de la relación procesal; y b) la que el apelante haya querido imponerle en el recurso.
Delegación de facultades a la Administración, facultades reglamentarias, interpretación restrictiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: YPF S.E. c/ Esso SAPA s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

Las atribuciones especiales que el Congreso otorga al Poder Ejecutivo para dictar reglamentos delegados, pueden ser subdelegadas por éste en otros órganos o entes de la Administración Pública, siempre que la politica legislativa haya sido claramente establecida, pero no resulta suficiente invocar una ley genérica o poco específica para justificar que la subdelegación se encuentra permitida, dado que el instituto de la delegación es de interpretación restrictiva, tanto cuando ocurre entre órganos de la administración (artículo 3º de la ley 19.549), como cuando se trata de delegación de facultades de un Poder del Estado a otros, en particular, cuando se delegan facultades legislativas en órganos del Poder Ejecutivo, en tanto se está haciendo excepción a los principios constitucionales de legalidad y división de poderes.
Ley sobre riesgos del trabajo, incapacidad absoluta
Materia: LABORAL
Carátula: Torales, Gustavo c/ Provincia ART SA s/ Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-18

Toda vez que en la sentencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social se confirma la declaración de incapacidad absoluta del trabajador, la ART carece de interés para recurrir la sentencia que ordena proceder al pago del importe total de la prestación por incapacidad permanente parcial, pues la decisión no le causa gravamen, dado que en el régimen de la ley 24.557, la ART siempre y en todos los casos, debe depositar en una única oportunidad el importe total de la prestación en una compañía de seguros de retiro a elección del beneficiario, que es la que administra los fondos y es la única responsable del pago de esa renta periódica.
Contrato de trabajo, empleo público, personal contratado
Materia: LABORAL
Carátula: FUSARO, ADOLFO c/ BANCO NACIONAL DE DESARROLLO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-25

La mera contratación que un ente de carácter público realiza con un dependiente no convierte a la converción en un acto de similar naturaleza ni lo torna en empleo público si no se han cumplimentado para su designación los requisitos que impone la ley 22140, pues nada obsta a que la administración o sus entes autárquicos celebren convenciones con particulares que se rijan por normas de derecho privado.
Desindexación, oportunidad procesal, pago, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: López, José Daniel. c/ Center  Shop  S  y/o  Dorazi  S.A.  y/o  quien  resulte responsable.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-12-18

Respecto a la aplicación de la Ley 24.283 "debe provenir de un formal pedido de parte; ...que el recurrente no sólo debe alegar sino demostrar el gravamen que le infiere la actualización de la deuda realizada en base a las pautas indicadas en la sentencia y que el valor real y actual de prestación es inferior al que se condena en la causa. Sino se puede demostrar desde un primer momento el quantum de la prestación que se pretende sustituir...debe acompañarse las pruebas que tenga y ofrecer las pertinentes a fin de cumplimentar los extremos exigidos que la ley requiere..".

En cuanto a la oportunidad del planteo, también se dijo que "los es al momento de pago". Con esto la norma citada nos está indicando un momento procesal límite del cual no se puede exceder, pero esto no implica que se deba pagar suma alguna y después plantear el pedido.
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, derecho a la salud, suministro de medicamentos, sociedades mutuales, sistema nacional del seguro de salud
Materia: CIVIL
Carátula: De Sola, Estevan c/ Asociación Española de Socorros Mutuos s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-07-08

Los padres del menor de autos incoan acción de amparo en contra de la Asociación Española de Socorros Mutuos, tendiente a que se le provean los medicamentos e insumos correspondientes a la condición de diabético de aquél, lo que ha sido acogido en primer grado, provocando el alzamiento de la accionada. En mi opinión la apelación debe ser acogida. Para fundar tal aserto recuerdo que la pretensión de amparo es procedente cuando la ilegalidad o arbitrariedad ostenten el carácter de manifiesta y que el limitado ámbito de discusión del amparo permita el pleno ejercicio del derecho de defensa de los involucrados. Tengo para mí que tales condiciones no se cumplen en autos.