marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, lucro cesante, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: EMPRESA ROJAS S.A.C. c/ CAMERA, FABIAN E. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-12

Ni el hecho de tratarse de una empresa de servicios públicos, ni la posibilidad de que los pasajeros pueden ser absorbidos por otros vehículos de la misma línea son motivos suficientes para desestimar la indemnización en concepto de lucro cesante generada por la imposibildad de explotar el rodado por el lapso en que se extendieron las reparaciones. Lo primero porque la ausencia del servicio del rodado no es imputable y lo segundo porque se trata de una simple posibilidad, que no puede esgrimirse para retacear el monto de la indemnización.

El Lucro cesante se tipifica más allá del eventual recargo que sufran las restantes unidades, ya que el mayor desgaste que ello supone, en puridad, configura el daño emergente.
Muerte del trabajador, legitimación activa
Materia: LABORAL
Carátula: Empresa Transportes Omnibús Gral Pueyrredón S.R.L. s/ Acción declarativa certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

En caso que el causante hubiera estado casado con anterioridad a la relación extramatrimonial y separado de hecho de su esposa, la ley exige a la concubina la acreditación de un período de convivencia considerablemente más extenso que para el supuesto del trabajador divorciado (cinco años), no así la prueba de la culpabilidad de la esposa o de ambos cónyuges (extremo este último -por otra parte- de muy difícil comprobación fuera de la causa judicial). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Posesión, derechos hereditarios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Paulini, Juan Sindulfo s/ sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-07-31

Los derechos posesorios son perfectamente transmisibles (art. 3418 del Código Civil) y no cabe confundir la adjudicación de tales derechos con la adjudicación de la propiedad, como aparentemente lo hace la recurrente cuando sostiene que para poderse adjudicar debe previamente adquirirse la propiedad por prescripción.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, nombramiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: R. C., J. L. Y S., W. E. c/  s/ abuso sexual simple-apelación resolución de fecha 04.11.2022-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-21

Las quejosas invocan genéricamente que la decisión puesta en crisis provoca un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior que incide directamente en el derecho de las adolescentes a expresar su opinión, a ser escuchadas y consideradas y tratadas como sujetos de derechos, y que la injusticia y arbitrariedad del fallo se devela al haber rechazado la nulidad de un acto irregular -declaración de las menores- por ausencia de un perjuicio concreto, real y actual, pese a haber sido reconocida la irregularidad de aquel por el Camarista; sin embargo, omiten hacerse cargo en debida forma, de lo señalado por la Alzada al respecto, en ocasión de denegar la presente vía, concretamente al señalar que ambas cuestiones decididas -esto es, rechazo de la nulidad y rechazo de la designación de la doctora abogada del niño- autorizaban la continuación del proceso, señalando específicamente el Vocal que no cumplían con la exigencia de demostrar la conexión que los derechos constitucionales supuestamente violados guardaban con los puntos debatidos, en tanto se limitaba a sostener genéricamente que se había afectado el derecho de defensa en juicio, cuando en relación a la pretensa designación de la abogada, justamente lo que se decidió fue que era técnicamente posible que se reeditara la cuestión, además de indicarse cómo y cuál era el mecanismo legal previsto para que en definitiva, se ejerciera ese derecho en toda su extensión y plenitud; y en relación a los planteos de nulidad, también lejos de afectarse el derecho de defensa se tuteló debidamente el mismo, al garantizarse -sosteniéndose la validez de todas las declaraciones hechas por las menores hasta el momento- el pleno derecho de aquellas a ser oídas y, con ello, de no someterlas así a ninguna revictimización (con nuevas declaraciones), ni tampoco retrotraer el proceso innecesariamente. (Del voto de la Dra. Gastaldi y el Dr. Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículos 1 y 8
Separación de hecho, obligación alimentaria, cuota alimentaria, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: C., V. c/ E.,  J.H. s/ Alimentos.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-26

Habiéndose producido la ruptura de la convivencia de los padres de un menor como consecuencia de la separación de los mismos, es procedente el pago de una suma de dinero en concepto de alimentos por parte del progenitor que no ejerce la guarda dada la nueva realidad existente en materia de habitación y guarda. El importe que deberá abonar el padre respecto de su hijo (conf. arts. 265 y 267 del Código Civil) a fin de cumplir con su deber legal, a partir de cumplir con su deber legal, a partir del 1-4-91 se establecerá conforme a lo dispuesto por el art. 7 de la ley 23.928, de convertibilidad del Austral, que veda todo mecanismo indexatorio.

Pero dicho mecanismo solo puede ser aplicado a las prestaciones concretas en cabeza del deudor, entregar al acreedor una cantidad predeterminada de dinero, y con relación a la cuota alimentaria establecida en un pronunciamiento judicial la misma sólo puede actualizarse hasta la entrada en vigencia de la ley citada.
Accidente in itinere, trayecto
Materia: LABORAL
Carátula: Pinto Julio Horacio c/ Cooperativa de Productores Ganaderos de Comercialización e Indistria del Chaco Limitada y/o quien resulte responsable s/ Accidente de trabajo Ley 0688-24028
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-10-07

Se han incrementado por las contingencias de la vida moderna los casos de accidentes in-itinere no vinculados o causados por aquellos clásicos accidentes vehiculares y que encuentran su origen en actos delictivos en los que son víctimas los trabajadores, que se producen en el trayecto cuando se dirige a su establecimiento o cuando regresa a su hogar
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, falta de servicio público, incendio, rutas nacionales, cosa riesgosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional Argentino en la causa Ceballos, Estefanía Itatí y otro c/ Dirección Nacional de Vialidad y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-20

Es arbitraria la sentencia que condenó al Estado Nacional al pago de los daños y perjuicios ocasionados al campo del actor por un incendio que se habría originado en la banquina de una ruta nacional, pues la decisión consideró que la banquina de la ruta era al momento de los hechos una cosa riesgosa cuya custodia se encontraba a cargo del Estado como dueño o guardián, en los términos del art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil y de esta manera, prescindió de los principios que regulan la responsabilidad estatal y, específicamente, del factor de atribución previsto en el art. 1112 de ese código, que exige indagar en las normas que regulan y estructuran los servicios brindados por las autoridades para demostrar concretamente su prestación irregular o defectuosa.
Prescripción, excepción de prescripción, resolución de las excepciones, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Mayor del Ejército c/ Castrilli, Diego Walter s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

La prescripción o no de la acción deducida en autos sólo puede decidirse al momento de la sentencia definitiva, cuando el juzgador tenga a su disposición todos los elementos para la resolución de la causa y tras un exhaustivo debate entre las partes.
Cuestiones de competencia, jurisdicción internacional, sociedad constituida en el extranjero, exportaciones, compraventa de automotores, responsabilidad del fabricante, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: A.G. CORDERO Y C.A. CORDERO c/ CIRLAFIN  S.A.C.I. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-22

Corresponde rechazar la excepción de incompetencia planteada por una empresa extranjera, cuando el tribunal se ha declarado competente para entender en la causa con respecto a los demás codemandados en virtud de configurarse con ellos una relación de base contractual directa.

Ello así aun cuando la excepcionante alegue inexistencia de domicilio o inscripción alguna en argentina; que el lugar de cumplimiento del contrato tampoco es en el país pues su única vinculación es con la distribuidora y con la exportadora para la compraventa de los automotores que ella fabrica; que dicho contrato se celebró en japón y está sometido al derecho y tribunales de ese país; que la relación jurídica respecto a su parte es de naturaleza y objeto distinto a la acción en estudio; y que no le son aplicables los CCIV 1215 y 1216 y CPR 1.

Si bien con respecto a la codemandada excepcionante se imputa una responsabilidad por incumplimiento, que se pretende derivar de su carácter de fabricante del automotor objeto de la contienda, e integrante de una figura de "integración empresaria vertical", vinculada con la ejecutante a través de la empresa distribuidora, en la especie se daría un supuesto de pluralidad de demandados en virtud de un nexo obligacional común que permitiría interpretar que corresponde atribuir competencia para entender en la causa al órgano judicial del domicilio de cualquiera de los demandados a elección del actor, creándose así un foro múltiple y electivo (CPR 5-5to).

Aun cuando es ésta una solución de derecho procesal interno, que no debe confundirse con una norma de jurisdicción internacional, cabe utilizarla como posibilidad integradora, por analogía, en caso
Compensación, Estado, contrato de obra pública, pago
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Pereira, José c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 407-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-24

Los requisitos a los que la ley subordina la posibilidad de compensar son: reciprocidad, fungibilidad, exigibilidad, obligaciones expeditas y embargabilidad. Y en el caso, en que por resolución Ministerial se dejan sin efecto certificados de obra, su pago se transforma "en sin causa" -causa existente, luego cesante-, por lo que intimada la actora a su devolución y rechazada dicha intimación, puede la Administración validamente hacer valer la compensación legal.
Cuestiones de competencia, interpretación de la ley, competencia por la materia, competencia civil, competencia comercial, locación de obra, locación de servicios, contratos innominados, comerciante, sociedades comerciales, responsabilidad civil, responsabilidad profesional
Materia: PROCESAL
Carátula: Baspineiro, Félix Ireneo c/ Exden  SA. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Una adecuada hermenéutica del art. 43 bis., inc. c) del decreto- ley 1285/58 (ley 23.637) conduce a concluir que la justicia civil es competente para entender en todos los procesos derivados de contratos de locación de obra, de servicios y de contratos atípicos a los que resulten aplicables las normas relativas a aquéllos, salvo que el locador sea comerciante matriculado o sociedad comercial, en cuyo caso es competente la justicia comercial; y, si se pretende hacer efectiva en el mismo proceso la responsabilidad civil del profesional interviniente, resultan indiferentes las condiciones personales del locador y también corresponde intervenir al fuero civil.
Solve et repete, defensa en juicio, derechos y garantías constitucionales, recurso de apelación (procesal), depósito previo, empresa, crisis económica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DE LA TORRE, JULIO GUSTAVO c/ D.N.R.P. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

La imposición efectuada por el legislador del principio "solve et repete" debe ser valorada de conformidad con la garantía de la defensa en juicio a que alude la Constitución Nacional, para evitar que el control judicial se transforme en una garantía ilusoria (cfr. C.S.J.N., sent. del 25.03.86, "Mussio Hnos. S.A." y sent. del 10.10.85, "Villar Hnos. y Cía. S.R.L."), lo que justifica el análisis de los recursos interpuestos cuando de autos se desprende que la empresa no puede satisfacerlo sin vender sus bienes o entrar en un virtual estado de cesación de pagos, es decir, quebrantando su posibilidad de subsistencia económica.
Embargo, bienes inmuebles, caducidad, subasta
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Barbera, Juan Domingo Antonio. c/ Emilio Eduardo Masia. s/ Ejecución de Sentencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-02-23

En cuanto a la caducidad de pleno derecho de la prioridad del primer embargante, por haber transcurrido el plazo indicado por el inc.b), art. 37 de la Ley 17.801 y modificatorias, no es aplicable, en razón de que la subasta fue realizada antes de operarse el plazo de caducidad indicado -5 años- y al procederse a la venta judicial se trasladó la prioridad de la cautelar sobre el precio de subasta, sin que, en razón del bien de que se trata, requiera reinscripción alguna para mantener la misma.(Dra.Avelli de Lojko: Según su voto).-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Luna, Celestino c/ Papelera S.R.L. s/ Daños y perjuicios por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

La resolución que dispone que los pagos efectuados por el ejecutado deben descontarse actualizados, es propia de la etapa de ejecución de sentencia y como tal debe finiquitarse en la instancia ordinaria.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, feria judicial, habilitación de feria, queja por recurso denegado, queja por apelación denegada, suspensión de decisión asamblearia
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

Procede la solicitud de habilitación de feria judicial a fin de que se resuelva un recurso de queja deducido contra la decisión que denegó una apelación subsidiariamente intentada contra cierta resolución cuando, como en el caso, como consecuencia de una medida cautelar que suspendió una decisión asamblearia relativa al aumento de capital social, dos empresas con las cuales se habría vinculado comercialmente la sociedad destinataria de la medida precautoria, le habrían negado la concesión de ciertos créditos. Máxime, si se habría agotado la vía societaria (LS art. 114-1 parr.) puesto que conforme ciertas actas notariales anejadas informan la no concurrencia de quien obtuvo la medida cautelar a la reunión de socios convocada para tratar, entre otros temas, lo relativo a la relación de la sociedad con sus proveedores, entre los cuales se encontrarían las empresas citadas.
Daños y perjuicios, condómino, mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHAMI DORA c/ E.P.O.S. s/ ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-09

Cuando uno de los condóminos ejerciere la administración, será reputado mandatario de los otros, aplicándose las disposiciones sobre el mandato y no las disposiciones sobre el socio administrador (art. 2701 C.C.). Y cuando uno de los condóminos asumiera la administración, ya no por mandato, sino en ausencia o ante la pasividad de los restantes, es juzgado como gestor oficioso, aplicándosele entonces las disposiciones sobre la gestión de negocios (art. 2709 C.C.). Por lo tanto el condómino queda sujeto a las obligaciones propias de todo administrador de bienes ajenos en lo que hace a la diligencia con que ha de cumplir su mandato, su responsabilidad y, desde luego, su obligación de rendir cuentas. Si el gestor emplea en provecho propio dinero perteneciente al dueño, debe los intereses desde el momento en que lo aprovechó.-
Reincidencia, condena condicional, comisión de nuevo delito
Materia: PENAL
Carátula: MARQUEZ, Miranda s/ CONDENA CONDICIONAL. REINCIDENCIA. ACCESORIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-20

Debe rechazarse la pretensión de que se tenga por no pronunciada la condenación; pues si bien el art. 27 C. Penal establece que la condenación se tendrá por 'no pronunciada' si dentro del plazo previsto, el condenado no cometiere un nuevo delito, debe entenderse que el precepto limita sus efectos a la posibilidad de que vencido el término legal, la pena no se efectivice; sin que ello implique la suspensión de todos los demás efectos, como la declaración de reincidencia a los fines de la medida de seguridad que prevé el art.

52 C. Penal.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, admisibilidad del recurso, monto mínimo, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: FARIAS, CARLOS c/ CIP.COOP. DE VIVIENDA Y CONSUMO "INTEGRACION Y PROGRESO" s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-09

A los efectos de determinar el límite pecuniario de apelabilidad establecido por el cpr: 242 corresponde atenerse al valor cuestionado en la incidencia materia del recurso.

La inteligencia acordada a la citada norma, se sustenta en que la ratio legis de su dictado procura limitar las intervenciones de la alzada a aquellas cuestiones económicamente trascendentes.

Al ponderarse en una incidencia un valor distinto a esta -monto de la demanda- se afectaría implícitamente la premisa de que el agravio es el límite de conocimiento para el tribunal de revisión, pues se admitiría un recurso por una base pecuniaria no controvertida ni materia de agravios: una necesaria y presumible coherencia legislativa indica pues que esa no pudo ser la intención del legislador.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador, relación de causalidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ñanco, Toribio c/ Saieva Patagónica S.A. y Otra s/ Enfermedad Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-27

Durante la vigencia de la ley 9688, modificada por ley 23.643, para la procedencia de la reparación del infortunio, el trabajador debía probar el nexo causal entre la enfermedad y el trabajo, se trate de causa o concausa. Así, correspondía al trabajador acreditar que la enfermedad tiene alguna relación con las tareas cumplidas bajo relación de dependencia, debiendo actuar la labor como causa o como factor agravante, acelerante, desencadenante o exacerbante de la lesión. Tal carga probatoria se mantiene con la ley 24.028, máxime cuando el artículo 2º precisa que no se presume la responsabilidad del empleador respecto de las enfermedades cuyo origen o agravamiento se imputen al trabajo. Y tal postulado comprende tanto las enfermedades propiamente dichas como las denominadas enfermedades-accidentes.
Cuestión no federal, recurso de inconstitucionalidad, incidentes, sentencia, admisibilidad del recurso, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: Bruno, María Mercedes y otros c/  s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

La reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que las decisiones por las que los tribunales locales declaran la improcedencia de los recursos de orden local que se interponen ante ellos resultan ajenas, como principio, a la instancia extraordinaria, en atención al carácter fáctico y procesal de las cuestiones que suscitan. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Debido proceso, proceso penal, instrucción, auto de procesamiento, recursos, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: G., T. s/ Su denuncia. Recurso de Inconstitucionalidad (Queja admitida) (Expte.  CSJ Nº 378-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-28

El debido proceso legal, entendido como serie gradual, progresiva y concatenada de actos resulta, conforme a una interpretación sistemática de las disposiciones del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, que en determinado momento de la instrucción, el Juez instructor es quien, a partir de un juicio de probabilidad, dicta el procesamiento, con el cual queda expedita una etapa recursiva posterior integrante del derecho de defensa del imputado y del debido proceso referido.
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ALDONATE, Segundo c/ INGENIO SAN ISIDRO S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-12-18

Resulta requisito ineludible acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten la personería. Frente a la presentación del abogado sin acompañar poder y ante el decreto del Juzgado requiriendo su acreditación, el no haberlo hecho, aún cuando con posterioridad se halla aceptado su intervención, no resulta óbice para que, al advertir la situación, se declare la nulidad de lo actuado sin que sea exigible un nuevo requerimiento. La inactividad de la contraria no suple esta falencia ya que siendo una formalidad ineludible, la mera aceptación no tiene eficacia.
Competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Peralta, Manuel Edgardo c/ Municipalidad de Capayán s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-11-30

Para determinar la competencia, corresponde atender principalmente a lo expuesto en la demanda y luego, sólo en la medida en que se adecue a ello, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión.

En autos, surge claramente que el actor tiene como objeto de su pretensión lograr la satisfacción de una suma de dinero, sin que cuestione las facultades de la Municipalidad demandada ni solicite la revisión o anulación de la contratación efectuada. Es decir que no puso en discusión si el Ente obró o no en el marco de sus facultades legales al certificar salarios adeudados cuyo pago reclama, pues sólo persigue el pago de una suma de dinero derivada de una prestación de servicios efectuada por él a la Municipalidad.

Siendo ello así y aun admitiendo el carácter administrativo del contrato que vinculó a las partes, la pretensión del actor debe reputarse de naturaleza civil y no contencioso administrativa,puesto que en el caso no existe en la pretensión del actor ninguna norma de derecho público vulnerada ni la asienta en tales preceptos, ya que no reclama lesión alguna a un derecho administrativo otorgado por ley, decreto, ordenanza, etc., y la ley local exige, para la procedencia de una acción contencioso administrativa, que exista una decisión que vulnere un derecho subjetivo.

Por ello, corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal y revocar la sentencia interlocutoria que declaró la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia y elevar las actuaciones a esta Corte, debiendo continuar entendiendo en la presente causa el Sr. Juez de Ejecuciones.
Acto administrativo, razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CISNEROS ROBERTO EUGENIO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-13

No cabe la calificación de irrazonable del acto administrativo que declaró la cesantía del empleado público, en tanto la norma administrativa, prevé para el supuesto de hecho la aplicación de la sanción más grave. De manera pues, que la aplicación de dicha norma expresamente prevista por el ordenamiento jurídico aplicable, no permite hablar de una falta de proporcionalidad entre la sanción aplicada y la prevista y con ello tampoco de irrazonabilidad.