Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2005-04-19


2º Instancia. - Resistencia, abril 29 de 2005.

La sentencia en recurso ¿debe ser confirmada, modificada o revocada? El doctor Mondino dijo:

I. Previo a ingresar en la ponderación de las quejas vertidas por la accionante, corresponde no sólo por haberlo planteado la recurrida -Sra. Mary Gusberti- sino que en ejercicio de las facultades exclusivas y excluyentes de este Tribunal como Juez del recurso, evaluar si el contenido del memorial se ajusta a las exigencias formales del art. 260 del código de rito en lo que atañe a las cualidades que debe revestir la crítica del fallo para habilitar el análisis sustancial de la materia sometida a revisión.

Al respecto cabe recordar que la suficiencia técnica de la crítica supone, una exposición que además de seria, concreta y objetiva, aparezca -como presupuesto cardinal- jurídicamente fundada, en la que mediante el análisis razonado del fallo se evidencia que éste es injusto, equivocado o contrario a derecho.

Sentadas tales premisas considero conveniente señalar que la demanda fue desestimada, fundamentalmente, por considerar la juzgadora que la versión de la actora resulta inverosímil dada la confusión en que incurre la misma con relación al día en que sucedió el hecho, y la falta de credibilidad de las testimoniales por ésta producidas.

El planteo recursivo, por su parte, pretende persuadir a la Alzada de que la valoración efectuada es arbitraria, e incongruente.

La simple lectura del memorial de fs. 278/280 y vta. (ref.) me autoriza a anticipar que la recurrente ha esbozado aunque en mínima medida las razones que la llevan a disentir con la sentenciante, controvirtiendo los argumentos por los cuales la juez desconoció valor probatorio a las testimoniales en cuestión.

Es por ello que, a la luz del criterio amplio que conviene aplicar en la evaluación de este aspecto -en aras de extremar el resguardo del derecho de defensa- y con el propósito de disipar toda duda sobre la insuficiencia argumental de la queja para conmover el resultado del litigio, me inclino en este caso por admitir su viabilidad formal.

II. Ingresando pues en el análisis sustancial de los agravios advierto que la apelante reprocha que la sentenciante al analizar la Prueba Anticipada, infiriera que con dicha medida no se pudo probar la participación de los canes en el evento dañoso, cuando que por el contrario lo único que se persiguió con dicha medida fue determinar verazmente la existencia de los canes en el domicilio de la Sra. de Gusberti, quedando lo demás para la oportunidad procesal correspondiente. Seguidamente reflexiona sosteniendo que resulta lógico y habitual que el comportamiento de los canes difiera cuando se encuentran en presencia de su dueño, como en el caso de marras, que cuando los mismos se hallan ausentes o ante distintas personas, y cita como ejemplo la agresividad que suelen mostrar ante vagabundos, personas que se desplazan en bicicleta o niños, circunstancias estas que según sostiene, nunca fueron merituadas por la sentenciante.

Aduce, que respecto de la fecha en que sucedieron los hechos narrados, que en realidad todos los testigos coincidieron en que era día domingo, pero que ello se debió a un error involuntario al consignarse otra fecha del mismo mes y año, por lo que no resulta determinante para desvirtuar la existencia del hecho dañoso y la participación de los canes de la demandada en el mismo.

Alega en relación al expediente Nº 6220/97 que la juez analiza la declaración de la Sra. Gusberti ante el Juzgado de Faltas de fecha 18/02/98, sin tener en cuenta el descargo efectuado por ésta en sede policial en fecha 28/11/97 en el que expresamente reconoce que fueron sus perros los que protagonizaron el evento. Resalta como puntos de interés el hecho llamativo de que habiendo transcurrido 12 días desde el evento hasta la fecha del descargo, la demandada no hubiera efectuado las averiguaciones que dice haber realizado luego, más aún cuando las conclusiones a la que arriba se funda en los dichos de su empleada, como así también la escasa merituación que realiza la sentenciante respecto de las contradicciones existentes entre los dichos de la testigo Mirta Alfonzo y lo declarado por la Sra. Gusberti.

En relación con la testimonial de la Sra. Ana Beatriz Esquivel, afirma que en la respuesta dada a la 4º pregunta, esta testigo identifica satisfactoriamente las características de los perros, para luego en su contestación a la 6º pregunta concluir que los perros entraron en un portón verde, resultando ser el del domicilio de la demandada.

En relación a la testimonial rendida por Julio Sabarece, sostiene que éste pudo presenciar el hecho, el lugar en el que se metieron los perros y que fue una señora del domicilio quien socorrió a la nena, sin que a su entender resulte obstáculo para ello la distancia en que éste se encontraba.

Se agravia también de que se desestimare la testimonial de la Sra. Villaba Mónica del Valle, testigo presencial del hecho, por resultar desacertada la afirmación de que existían contradicciones entre la demanda, lo denunciado por la actora y las constancias del expediente del Juzgado de Faltas. Afirma por el contrario que la testigo confirmo la hora del hecho, vio los perros que atacaban a la menor y dónde se escondieron.

En cuanto a los testigos Cándida Cabrera, Mirta Alfonso y Ramón Maciel, sostiene que la juez se limitó a dar entidad probatoria a sus dichos, sin merituar su escaso valor en atención que las primeras son empleadas de la demandada, ni la contradicción entre los dichos de la testigo Alonso con la declaración de la Sra. Gusberti en sede policial. Y que el testigo Maciel no presenció el hecho sino que se enteró por comentario de las empleadas.

Finalmente, sostiene que la sentenciante ha valorado en forma poco precisa el testimonio del Sr. Maciel, siendo que lo único que éste afirma es que la diligencia se desarrolló en forma normal, siendo a su criterio relevante destacar que la diligencia se realizó con la presencia de la Sra. Gusberti.

A su turno la demandada solicita se rechacen los argumentos vertidos por la recurrente, por los fundamentos que expone y a los que en mérito a la brevedad los doy aquí por reproducidos.

III. 1). Planteada la cuestión en los términos precedentes, surge que el aspecto prioritario a dilucidar se relaciona con la atribución de responsabilidad de la accionada -que la a quo no encuentra acreditada- y eventualmente decidir la procedencia de los montos indemnizatorios reclamados. Estimo para ello que debo ponderar las argumentaciones expuestas por la accionante en torno a la referida responsabilidad y las consideraciones vertidas por la accionada en relación a la inexistencia de tal imputación.

En ese cometido, se extrae de las constancias de la causa que la accionante entabla demanda de daños y perjuicios contra la Sra. Mary Gusberti por la suma de $ 28.000 en concepto de daños materiales, daño moral, daño psicológico y daño estético (ver fs. 1/4 vta. y 7/10 vta.), como consecuencia del evento dañoso acaecido el 20 de noviembre de 1997 aproximadamente a las 16 hs.. Refiere que en dicha oportunidad la menor N. V. P. se encontraba circulando a bordo de su biciclo por la peatonal del Barrio Paykin cuando al llegar a la intersección con calle Brasil, se descompone el rodado motivo por el cual se detiene y en ese instante en forma imprevista es sorprendida por la aparición de tres canes, dos de color blanco y negro de tamaño mediano y otro más pequeño de color marrón, quienes le provocaron mordeduras en la pierna, causándole graves lesiones. Que ante esta situación la misma arrojó la bicicleta al suelo y se largó a correr, siendo socorrida por una vecina que la acercó a su domicilio. Que inmediatamente es llevada por su madre al Hospital Pediátrico, siendo atendida por el servicio de Guardia y Emergencias y posteriormente revisada por el Médico Policial Dr. Juan Basilio Ramírez, quien constató las heridas sufridas. Destaca, asimismo, que los animales salieron de la casa de la Sra. Mary Gusberti que en el momento del siniestro se encontraba totalmente abierta. Que radicó la denuncia del hecho ante la comisaría Octava, la que dio lugar a las actuaciones judiciales por ante el Juzgado de Faltas bajo Nº 6.220/97 caratulado: "Dora Angélica Pacheco s/ Denuncia c. art. 33 CF".

Surge también que la demandada al contestar la acción, luego de negar los hechos expuestos, manifiesta que posee perros en su domicilio pero que estos no traspasan el espacio físico del inmueble y que como surge de la diligencia efectuada esos perros resultan dóciles y sin ninguna peligrosidad, a tal punto que resultó dificultoso realizar las tomas fotográficas, dado que ante personas extrañas se resguardan y alejan. Reconoce como cierto que la niña ha sufrido la mordedura de uno o varios perros en la vía pública, pero niega que fueran los suyos. Que el hecho antes descripto, ocurrido el 16/11/97, fue investigado en la causa Nº 6220/97, juzgándose que los mismos no la mordieron, por lo que se sobreseyó total y definitivamente a la Sra. Mary Gusberti.

Se observa, asimismo, que la sentenciante, luego de valorar el material probatorio puesto a su disposición, arriba a la conclusión que no hay razón alguna para responsabilizar a la Sra. Gusberti por los daños padecidos por N. P., rechazando en consecuencia la demanda incoada en autos.

Examinado el caso, en función de las quejas vertidas por la accionante, adelanto desde ya opinión en el sentido de que -por lo menos en este aspecto- debe ser admitida, habida cuenta que la judicante de grado a mi juicio no ha realizado una merituación correcta y razonada del plexo probatorio aportado a la causa.

En efecto, sabido es que la legitimación sustancial pasiva -a la igual que la activa- constituye uno de los presupuestos esenciales de la acción, como así también que ésta varía según sea el derecho invocado. En virtud de ello, resulta útil señalar que conforme lo determina el art. 1124 del Código Civil la responsabilidad por los daños causados por animales pesa ante todo, sobre el "propietario". Va de suyo entonces que siendo la legitimación sustancial un requisito de admisibilidad de la acción, en el presente -en razón de que, precisamente, la calidad de dueño se encuentra controvertida- para que la demanda pueda prosperar cabe determinar prioritariamente el "ser propietaria" de la accionada. Carga, que desde el punto de vista procesal, pesa sobre quien reclama la indemnización respectiva.

Ahora bien, atendiendo a la circunstancia de que se trata de un hecho y que no siempre es fácil la individualización del sujeto pasivo, porque con frecuencia suele suceder que los animales anden sueltos, sin la compañía de sus dueños o carezcan de identificación, la prueba puede ser rendida por toda clase de medios, incluso testimoniales y presunciones.

En este orden de ideas, y conforme quedara anticipado, disiento con la interpretación que efectúa la sentenciante en torno a que en la causa no se encuentra probada la calidad de propietaria de la demandada, toda vez que -a mi juicio- se han efectivizado aportes convictivos que permiten colegir lo contrario.

Y en este sentido, estimo relevante mencionar las constancias del expediente Nº 6220/97 caratulado: "Gusberti Mary Teresa s/ Infr. art. 79 del Cód. de Faltas" iniciado como consecuencia de la denuncia del hecho, materializada por la madre de la menor ante la Comisaría Seccional Octava de ésta ciudad, y en especial, el descargo efectuado por la Sra. Mary Gusberti (fs. 4), en el que, luego de serle impuesto el contenido de la citada denuncia, declara: "Que la dicente es propietaria de los canes participantes del incidente a que hace mención la denunciante de autos. Los cuales por un descuido de la que habla, salieron a la vereda y estando en la misma protagonizaron dichos inconvenientes". Es más a continuación refiere "Que a fin de descartar probables enfermedades de sus canes, los hizo poner en observación con un Veterinario particular, a fin de que se le extienda la correspondiente constancia de la salud de los mismos, constancia que hace entrega a esta Instrucción y está extendida por cada uno de los animales de su propiedad...".

Sobre el particular y antes de proseguir, estimo adecuado señalar, que sin desconocer que en relación con las declaraciones vertidas por el adversario ante la autoridad policial, existen opiniones divergentes, por ejemplo: la de quienes postulan que resulta necesaria la ratificación en el juicio civil de las manifestaciones efectuadas ante la autoridad policial con motivo del sumario penal. Por mi parte, adhiero a la otra corriente de opinión, según la cual una de las partes puede invocar lo declarado por la otra ante la autoridad policial, sin que sea menester la ratificación en juicio civil por el declarante, ni por el agente policial receptor, mientras no se declaren nulas por justa causa.

Acorde con tal tesitura, conceptúo que las manifestaciones vertidas ante la autoridad policial por la Sra. Gusberti poseen eficacia probatoria contra la declarante y pueden por tanto ser invocadas por la actora a título de reconocimiento extrajudicial auténtico, en razón de haberse vertido ante un funcionario público con competencia para recepcionarla y no haber sido impugnado material o extrínsecamente.

La jurisprudencia dentro de esta orientación -si bien con referencia a un accidente de tránsito- ha sostenido que: "No puede dudarse del valor de convicción de una exposición policial, porque consta en instrumento público, como es la copia expedida por un oficial público, dando fe de su fidelidad. Es cierto que el oficial público no da fe de cómo sucedió el choque, pero da fe de la declaración efectuada por el demandado ante él..." (arts. 979, inc. 2º y 992 Cód. Civ.) (Cam. 3º Civ. y Com. Córdoba, 15/04/87, Semanario Jurídico del 21/04/83 - citado por Matilde Zabala de González en: "Resarcimiento de Daños" t. 3, p. 144).

En tal entendimiento, es de destacar también la importancia superlativa que tiene dicho medio probatorio para dilucidar la responsabilidad, debido a su inmediatez con relación al hecho y la mayor espontaneidad que supone la circunstancia de no haber podido reflexionar sobre las consecuencias posteriores que lo declarado podía generar en quien lo efectúa.

Sabido es que las primeras declaraciones -como ya lo ha sostenido esta sala III y lo estimo aplicable al caso de autos- realizadas a poco de ocurrido el evento dañoso, suelen estar desprovistas del interés patrimonial que más tarde orienta sus acciones; además, por la cercanía en el tiempo, facilitan el nítido recuerdo de lo acontecido. La espontaneidad que es válido advertir en una declaración prestada en tales condiciones, sin asesoramiento, deviene trascendente para su reconstrucción (conf. Sent. Nº 45/98, de esta sala).

En esa dirección, conceptúo, que la primera declaración efectuada por la Sra. Gusberti en sede policial y durante el período de instrucción, debe prevalecer sobre las posteriores, toda vez que las mismas resultan inmediatas al suceso y más espontáneas. Tal circunstancia es la que constituye la verdadera razón por la cual, forzosamente, debe considerárselas más verosímiles que los argumentos que más tarde se exponen para repeler, por ejemplo, la condenación penal o la acción civil como la entablada en autos. Va de suyo pues que aquéllas no pueden luego ser desvirtuadas por declaraciones efectuadas posteriormente; menos aún pueden ser soslayadas por el a quo, a la hora de evaluar la responsabilidad que eventualmente le cupo a la demandada en el evento dañoso.

Siendo así, se torna bastante obvio, que las manifestaciones vertidas por la Sra. Gusberti en la instrucción policial en la que reconoce que es propietaria de los canes participantes del incidente a que hace mención la denunciante de autos, los cuales por un descuido de su parte, salieron a la vereda y estando en la misma protagonizaron dichos inconvenientes, deben privilegiarse, en tanto aparecen como menos sopesadas que las ulteriores en sede judicial, en las que da una versión distinta de los hechos (conf. fs. 11 y vta. del Expte Nº 6220/97 y fs. 15/18 vta. del presente).

Uno a estas reflexiones, otra no menos importante, como es la coincidencia que se observa entre el pelaje y contextura existente entre los canes de propiedad de la Sra. Gusberti -conforme datos suministrados por Veterinaria "Anformer" a fs. 89- y los perros que atacaron a la menor, conforme surge de las descripciones proporcionadas por la accionante y la testigo Villaba.

Aquí me parece importante señalar, que si bien coincido con la sentenciante de grado en el sentido de que las testimoniales de la Sra. Ana Beatriz Esquivel (fs. 67/69) y Julio A. Sabarece (fs. 70/71) no contribuyen al esclarecimiento del hecho en razón de sus imprecisiones y que las contradicciones en que incurren entre sí, torna procedente se prescinda de sus declaraciones. No sucede lo mismo, a mi juicio, con la rendida a fs. 72 y vta. por la Sra. Mónica María del Valle Villalba, a la que cabe asignar eficacia probatoria, habida cuenta que, pese a no resultar concluyente para sostener -por sí sola- que los canes que mordieron a la pequeña fueran de propiedad de la demandada, corrobora sin embargo la versión proporcionada por la accionante en sede policial en lo atinente a la ubicación espacio-temporal del evento y características de los canes que participaron en él, e inclusive, en lo sustancial, con el relato de los hechos efectuado en el presente por la accionante. Ello sin perjuicio, del error incurrido por esta última en la determinación de la fecha del accidente, circunstancia a la que puntualmente me referiré más adelante.

Efectivamente, la Sra. Villalba testifica que presenció el accidente en oportunidad de transitar por calle Brasil del Barrio Paykyn cuando se dirigía al Barrio Santa Catalina que está cerca, haber escuchado gritos y pedidos de auxilio, precisando seguidamente que "... más o menos eran las cuatro o cuatro y media de la tarde, era día domingo...", vio que eran "... tres perros, dos blancos con manchas negras, peludos, medianos más o menos y otro chiquito marrón que no era tan peludo, ellos la estaban mordiendo a la nenita que vestía shortcito, estaba en su bicicletita y bueno yo le espanté a los perros que fueron a la casa que tiene rejas verdes, que está entre la peatonal y calle Brasil, alcé a la nenita, porque yo la conocía del barrio, la bicicleta dejé en el lugar que quedó tirada, en el momento en que yo me fui a ayudarla no había nadie, el portón estaba abierto y los perros entraron ahí (2º Preg.).

Debo señalar además, que la fuerza convictiva de la declaración testimonial supra citada, no se ve opacada por las restantes testificaciones, puesto que aun cuando la testigo Mirta Ester Alfonzo, ante la pregunta de si los perros de la Sra. Gusberti protagonizaron en algún momento algún tipo de accidente como el del presente, haya dicho que "no" (8º repregunta), su deposición no tiene significación, pues amén de que sus dichos deben ser examinados con mayor severidad en razón de la relación de dependencia que tiene con su proponente, fundamentalmente, por la contradicción que se observa, con la testimonial rendida por Ramón Antonio Maciel (fs. 123 y vta.) pues mientras la Sra. Alfonzo aduce haber visto lo sucedido por el portón (2º preg.), y no poder describir físicamente ni la vestimenta de la niña "porque fue muy rápido (2º re preg.) el Sr. Maciel le confiere una participación activa en el evento, al sostener que se encontraba en el garage de su vivienda arreglando su moto y escucha como un grito como una patada, de parte de la empleada de la Sra. Gusberti, (respuest a la 2º preg.).

Corolario de lo expuesto hasta aquí, es que encuentro suficientemente corroborada la versión de los hechos brindada por la actora en el presente proceso y ante la Unidad Policial (ver fs. 1/3 y fs. 1 y vta. respectivamente), de modo que me resulta en grado sumo verosímil sostener, ante los propios dichos de la Sra. Gusberti y frente a las coincidencias apuntadas, que los canes partícipes del ataque a la menor fueron -efectivamente- los de su propiedad. Situación fáctica que permite sostener que con ello se satisface el presupuesto de la acción referenciado ab initio. Por ende, caen por su propio peso todas las alegaciones formuladas por la recurrida encaminadas a persuadir a esta Alzada de que en autos no logró acreditarse la responsabilidad de la Sra. Gusberti en el hecho que se investiga.

2) Dilucidada en los términos precedentes la calidad de sujeto pasivo de la acción de la demandada, por tanto la de obligada en la pertinente relación jurídica de fondo y que en el juicio de daños trasunta la condición de responsable, corresponde que seguidamente me aboque a analizar lo concerniente a la discordancia existente entre la fecha en que habría ocurrido el evento y la fecha consignada en la demanda y en los demás actos procesales llevados a cabo en el proceso. Examen, que sin duda no carece de relevancia, en razón de que dentro de la teoría general del derecho, los hechos son el sustento de las diversas consecuencias jurídicas. Del mismo modo, dentro del ámbito procesal, toda petición sometida a decisión jurisdiccional tiene un necesario sustento fáctico como problemática que debe dilucidar el juez, toda vez que no le está permitido resolver cuestiones puramente académicas o abstractas.

De allí que constituya no sólo una exigencia del Código Procesal, la descripción clara de los hechos, (310, inc. 4º, CPCC), sino, también un imperativo del propio interés del actor que los enuncia, pues de lo contrario enfrenta el riesgo de una excepción de defecto legal. Palacio, señala que las exigencias de claridad y exactitud en la demanda tienden "a conjurar el riesgo de inseguridad en que, sin duda, se coloca a quien debe contestar una demanda ambigua o imprecisamente concebida". Pero la misma ley -agrega- "pone en manos de quien ha sido demandado en tales condiciones, el medio adecuado para esquivar o superar aquella "inseguridad", induciendo al actor a que formule las aclaraciones necesarias. Ese medio es la "excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda", que debe ser alegadain limine litis. Si el demandado no utiliza esa defensa en el momento oportuno, precluye, naturalmente, su derecho de hacerla valer en lo sucesivo y puede quedar expuesto, a raíz de esa omisión, al riesgo que conlleva la imprecisión en el planteamiento de la demanda". Sin perjuicio de ello reconoce que "... en ciertos casos -el de extrema oscuridad o ambigüedad, por ejemplo- el juez se vería materialmente imposibilitado de sentenciar con arreglo a lo pedido en la demanda, aun cuando el demandado no hubiese puesto de relieve el defecto en la oportunidad procesal correspondiente. En hipótesis semejantes, las formas de la demanda adquieren jerarquía de presupuesto procesal, cuya inexistencia apareja la imposibilidad de sentenciar sobre el mérito de la causa. (Lino Enrique Palacio, "La estimación provisoria de daños y perjuicios en la demanda", JA, 1959-VI-163/165).

Con arreglo a las directivas proporcionadas por tan enjundiosa doctrina, pondero especialmente que en el sub lite, sin dejar de reconocer que existe divergencia entre la fecha del hecho dañoso denunciada en sede policial (16/11/97) y sobre el cual recayó pronunciamiento jurisdiccional en sede contravencional (Expte. Nº 2660/97 y la fecha (20/11/97) consignada con posterioridad en la demanda y reiterada en oportunidad de poner posiciones por la accionante, lo cierto es que esa falta de concordancia representa un simple error material en la individualización del suceso, sin trascendencia lesiva para el derecho de defensa de la accionada, quien siempre tuvo en claro sobre que hecho sustentaba la actora su pretensión resarcitoria (infiero que por esa razón no opuso la excepción pertinente). Por otra parte, la discordancia apuntada tampoco perturba la plataforma fáctica sobre la cual debe pronunciarse la sentencia, dado que la controversia no refiere a la existencia misma del suceso, sino que se asienta en la responsabilidad que le cabría a la Sra. Gusberti por el accionar de los canes cuya propiedad se le imputa y de corresponder, la estimación de los daños y determinación del quantum indemnizatorio. Es por ello, reitero, que calificó al error en el dato cronológico de que se trata, de naturaleza meramente circunstancial.

3) Desbrozada así la cuestión precedente, considero conveniente dejar sentada mi posición respecto del fundamento de la responsabilidad que aquí se juzga. En ese cometido, soy conciente de que en doctrina no hay coincidencias a la hora de fundar la responsabilidad civil por el hecho de los animales. Para algún sector del pensamiento jurídico el fundamento es subjetivo, basado en una presunción de culpa iuris tantum. Para otros - cuya posición comparto- el factor de atribución es objetivo y con base en el riesgo creado.

Por tanto el dueño o guardián que han creado un riesgo deben responder, salvo claro está, que acrediten total o parcialmente la intervención de alguna de las causales excusantes previstas en el Código Civil.

Conforme a ello, para excusarse de responsabilidad debe acreditar que el animal fue excitado por un tercero (art. 1125), el caso fortuito (art. 1128) el hecho de la víctima (art. 1128) o bien que al momento del hecho nocivo el animal se había soltado o extraviado sin culpa de la persona encargada de guardarlo (art. 1127), debiendo presidir en el análisis de este último supuesto el concepto de que el ser titular ya sea de un animal doméstico -como en el caso- o feroz, crea una situación de peligro, por tratarse de una cosa animada que en muchos casos no puede ser controlada. Y precisamente esa falta de vigilancia y autoridad sobre el animal crea un riesgo, que conduce a proteger a los damnificados por el hecho que él produzca.

En el sub examine, tales causales de excusación no han sido invocadas y menos aún probadas por la demandada. Y si bien es cierto que el material convictivo estuvo encaminado a acreditar que los perros causantes del suceso son habitualmente dóciles y temerosos ante extraños, tal dato no resulta definitorio, pues ello no implica que en algún otro momento o por una ocasión especial que los irrite puedan adoptar una conducta agresiva, por lo que a los fines de alguna posible excusación la defensa esgrimida carece de entidad.

Refuerza esa convicción lo dispuesto por el art. 1126 2º ap. del Cód. Civil, según el cual el dueño o guardián responde por los daños causados por el animal, que se encuentran dentro o fuera de los hábitos generales de la especie. Alocución que la doctrina interpreta que son: "... aquellos comportamientos de los animales que los diferencian del resto... que se repiten con frecuencia y que caracterizan a cada especie...", y respecto de los cuales reflexiona: "no es nada extraño, ni inusitado que un gato arañe, un perro muerda o un toro cornee. Son comportamientos habituales, normales, que se repiten con frecuencia y que caracterizan a cada especie de animal" (conf. "Código Civil. Análisis doctrinario y Jurisprudencial", t. 3 B, p. 197/198 - bajo la dirección del Dr. Alberto J. Bueres y coordinación de la Dra. Elena I. Highton).

En virtud de los fundamentos expuestos supra, encuentro de estricta aplicación al sub-júdice las previsiones del art. 1124 del código Civil.

4. En lo que atañe a la pretensión resarcitoria, surge del escrito inicial que la accionante reclama en concepto de: a) Daño material, comprensivo de los siguientes rubros: gastos farmacéuticos, atención médica y de traslado, en la suma de $ 1.000. b) Daño moral, motivado por las lesiones en el sentimiento que determinan dolor y sufrimiento físico, intranquilidad espiritual o agravios de las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos susceptibles de apreciación pecuniaria, estimado en la suma de $ 8.000. c) Daño psicológico: a raíz de las lesiones sufridas y secuelas estéticas que le habrían generado, ansiedad, nerviosismo, insomnio y depresión, en suma de $4000 y d) Daño estético: como consecuencia de las cicatrices que quedaron marcadas en su piel, requiere la suma de $15.000.

Por su parte la accionada impugna los rubros y montos reclamados, sosteniendo respecto del daño material, su falta de pruebas y excesividad. En lo atinente al daño moral y psicológico funda su reproche sosteniendo la improcedencia de su duplicación, toda vez que el segundo de los nombrados constituye una parte del primero de los citados. Y en cuanto al daño estético entiende que tampoco resulta procedente por falta de fundamento necesario, dado que no se encuentra afectada la estética de la menor.

5) Sintetizadas como quedan la pretensión resarcitoria y su contestación, debo puntualizar que en lo atinente a la responsabilidad civil, debe distinguirse claramente entre la acción antijurídica y el daño que eventualmente es su consecuencia, pues la convicción sobre la primera como no siempre causa un perjuicio, no apareja automáticamente un juicio positivo sobre el segundo.

En tal entendimiento, abordaré en primer término el tratamiento del rubro daño material, comprensivo de los gastos farmacéuticos, de atención médica y de traslado, para lo cual tendré presente, desde un vértice: que los gastos terapéuticos, son aquellos orientados al restablecimiento de la integridad psicofísica de la víctima del hecho y que su resarcibilidad ha sido expresamente prevista por el art. 1086 del CC: "Si el delito fuere por heridas u ofensas físicas, la indemnización consistirá en el pago de todos los gastos de curación y convalecencia del ofendido". Y desde el otro: que cuando el resarcimiento de tales gastos es pretendido por la víctima inmediata del hecho o las personas que legalmente deban asistirla, no es menester la prueba del pago de los gastos, pues sólo debe acreditar la necesidad de hacerlos.

Siguiendo tales parámetros, infiero de la índole de las lesiones que presentó la víctima, fehacientemente constatadas por el médico policial Dr. Juan Ramírez a fs. 2 del Expte Nº 6220/97 "Gusberti Mari Teresa s/ Infr. art. 79 del Cod. de Faltas, consistentes en; "1): herida incisa de 2 cm. de longitud en pliegue interglúteo izquierdo; 2): herida incisade 0.3 cm. de tamaño con hematoma de 3 cm. de diámetro en cara posterior interna de tercio medio de muslo derecho; 3): herida incisa de 0.2 cm. de tamaño con hematoma de 2 cm. por 3 cm. en cara posterior de muslo derecho; 4): escoriación de 0.3 cm. en región púbica derecha, 5): compatibles mordedura de can y 6) que de no mediar complicaciones curarán en diez (10) días, con cinco (5) de incapacidad física, que resulta verosímil la erogación de probables gastos derivados del consiguiente control médico y farmacéuticos (ejem. tales como antibióticos, adquisición y colocación de vacunas antirrábicas, vendas, apósitos, calmantes del dolor, etc.), y que por resultar una consecuencia forzosa del accidente deben ser receptados, aun cuando su monto no hubiera sido efectivamente acreditado, en un todo de acuerdo a la norma del art. 165 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial.

La jurisprudencia ha prescindido de la exigencia de prueba concreta y documentada de los gastos médicos y de farmacia necesarios para el tratamiento y recuperación de la víctima, dejando librado a la apreciación judicial la fijación del monto, siempre que la acreditación del perjuicio esté debidamente comprobada y tengan adecuación con la importancia del tratamiento. (conf. CNCiv, sala E, 20/09/95, LA LEY, 1986-A, 469; CNCiv. sala F, 13/8/79, LA LEY, 1979-D, 447).

Inclusive, en caso de atención en establecimientos gratuitos, dado que por circunstancias que son de conocimiento público, con mayor frecuencia de la deseada, éstos no cubre la totalidad de los remedios y demás necesidades del enfermo.

Así lo ha entendido la jurisprudencia al sostener que. "No obstante la ausencia de comprobantes o detalles de erogaciones en que incurrió la actora por las graves lesiones que le produjo el accidente, es verosímil la necesidad de esos gastos aunque hubiese sido atendida en un hospital, pues resulta sabido que los servicios que presta no son totalmente gratuitos" (CNEsp.Civ. y Com, sala VI, Mazzina de Molina c. Galluci, Horacio s/ ordinario", citada por Hernán Daray en "Accidentes de Tránsito", p. 304 Nº 82).

En igual sentido, soy de la opinión que también debe integrar la reparación indemnizatoria los gastos conexos a los terapéuticos, pese a no encuadrar estrictamente dentro de la noción de "gastos de curación" a los que alude el art. 1086, CC ya citado, habida cuenta que son resarcibles al igual que cualquier perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que el hecho haya causado.

En efecto, cuando por la naturaleza de las lesiones de la víctima el médico policial antes referido estimó que las heridas curarían en 10 días con cinco de incapacidad física, también es lógico inferir que ha debido razonablemente utilizar un medio vehicular para su desplazamiento (taxis o remises) durante ese período (ya sea en ocasión del examen médico policial o para algún control médico). Circunstancia que torna viable esta pretensión, sin que sea indispensable para acogerla la presentación de recibos.

Como corolario de lo expuesto, concluyo que corresponde acceder a lo solicitado por la recurrente. En consecuencia, atendiendo a la entidad de las heridas sufridas, probables gastos que demandaría su cicatrización, desplazamiento estimo razonable fijar en concepto de Gastos médicos, farmacéuticos y colaterales de movilidad, la suma de $ 300.

5) La accionante pretende, asimismo, el resarcimiento de los daños, moral, psicológico y estético.

A los fines de su ponderación, liminarmente debo poner de relieve algunos postulados básicos que condicionarán el razonamiento a seguir.

En el derecho civil (y en el particular sector que nos ocupa, daños a la persona), lesión es una expresión amplia y comprensiva que abarca todos los deterioros que puedan causarse a la personalidad integral del ser humano, la que debe ser entendida como normalidad y plenitud de la existencia del sujeto. El presupuesto de los daños resarcibles es la integridad psicofísica del individuo, porque la persona humana es eso, una unidad psicofísica. De modo que son trascendentes a los fines resarcitorios tanto las lesiones que perturban la composición anatómica del sujeto (lesiones en el cuerpo) como las que afectan su normal funcionamiento (lesiones en la salud física o psíquica, incluidas las que alteran el equilibrio espiritual), dado que en cualquier caso se encuentra afectada esa unidad integral.

Sentado ello, cabe señalar que la opinión prevaleciente es que la lesión a la integridad psicofísica no es indemnizable "per se" ni constituye un tercer género al lado del daño material y moral, sino, en la medida que repercute desfavorablemente en el ámbito de la personalidad moral y en la medida que haya tenido resonancias patrimoniales (directa o indirectamente). Es que a la hora de cuantificar el resarcimiento se tropieza con el inconveniente práctico de que siendo imposible tasar la integridad (que no tiene valor pecuniario en sí misma, que no está en el mercado), no se puede tasar tampoco el daño. Por lo demás, nuestro derecho sólo recepta dos categorías de daño: patrimonial (art. 1068, CC) y moral (art. 1078); y en esta última categoría se acuerda irrestrictamente derecho resarcitorio al damnificado aun cuando el perjuicio carezca de incidencias económicas.

De modo que para determinar la sustancia del daño, hay que atender a las consecuencias, a las repercusiones de la lesión, lo que exige valorar la situación integral de la víctima (su existencia toda, y sus circunstancias relevantes) porque la realidad existencial (material y espiritual) de esa unidad que es la persona humana y la incidencia del suceso en su vida son particulares de cada caso. En este sentido la integridad personal, como dije antes, no tiene un valor material en sí mismo sino en su despliegue o dinamismo; su afectación necesariamente se proyecta al futuro, cercenando probabilidades de desenvolvimiento, éxito e inserción en el mundo.

Y finalmente, de corresponder la admisión del rubro, la fijación del monto de la indemnización impone la ponderación de las condiciones particulares y concretas de la víctima. La cuantificación no es abstracta sino que se hace sobre la base de la acreditación específica atinente a las circunstancias de esta (actuales y perspectivas futuras); si bien -armonizando con la liberalidad de la jurisprudencia en la admisión de este reclamo- es destacable la ausencia de un rigor extremo en materia probatoria. En este campo, por el contrario, imperan los criterios de amplitud del objeto de prueba y de elasticidad de la prueba misma, aun al margen de una certeza absoluta. Basta una certeza relativa, una razonable atendibilidad.

Ingresando ahora de lleno en la valoración de los distintos rubros impugnados, en primer término las consecuencias psíquicas que se derivan del daño físico que como he señalado supra, es abarcativa de la indemnización, porque tales efectos por mínimos que sean, necesariamente gravitan en toda en las relaciones familiares, amistosas y amorosas. Pero las secuelas psíquicas, como daño patrimonialmente indemnizable, requieren cabal demostración de su existencia, lo que dejo anticipado en relación con lo que sigue.

Para ello tengo presente, ante todo, que no toda alteración anímica a consecuencia del hecho dañoso constituye una lesión psíquica en sentido propio. La lesión psíquica es una enfermedad; un desequilibrio patológico, diagnosticable y más o menos clasificable por la ciencia médica. No hay daño psíquico, dentro de una perspectiva técnica, en el natural, normal e inseparable correlato anímico de ciertas situaciones que trascienden en legítimas afecciones de la víctima (lesiones orgánicas, incapacitación física, etc.). En esos casos podrá hablarse de un impacto emocional incuestionable, profundo, persistente, pero no de un daño psíquico, que presupone que el sujeto "enferme" intelectual, afectiva o volitivamente a raíz del hecho, más allá de los límites de la normalidad o del abstracto poder de la personalidad para absorber, elaborar y superar la situación lesiva. En tales hipótesis se configuraría un daño moral y no psíquico. La perturbación anímica, como título resarcitorio en el plano patrimonial, presupone una cabal demostración de su existencia y grado.

La prueba, por ende, es fundamental y en este sentido, es de rigor el estudio pericial médico por parte de un especialista a fin de detectar e individualizar la situación patológica del sujeto. La dilucidación de los límites entre un real trastorno psíquico y una afectación profunda del ánimo -decisiva para su encuadre como daño patrimonial o moral- confiere extrema importancia a las opiniones de los profesionales expertos, que naturalmente deben sustentarse en estudios técnicos específicos de la rama de que se trata.

En el sub discussio, la prueba pericial psicológica rendida a tales efectos por la Licenciada en Psicología, Beatriz Santina Fernández (conf. fs. 207/209) nos ilustra sobre aspectos puntuales del carácter y personalidad de N. P, por tal razón entiendo relevante dejar plasmada sus apreciaciones y conclusiones en el sentido de que N. es: "una jovencita muy simpática y agradable, que puede relatar sin dificultades la experiencia vivida y lo hace de manera espontánea y natural". Destaca, asimismo, como resultado de la evaluación que los "Dibujos...denotan cierta inseguridad y timidez". Pero también "...firmeza y algunas conductas impulsivas". Advierte "... una imagen de sí un tanto sobrevalorada, con indicadores de inestabilidad, en lo emocional, que está demostrando su transición como adolecente" observa que, "Tampoco puede separar sus afectos, familia central y extendida y todavía es muy fuerte y no puede completar el duelo por el abuelo y el tío muertos... Es una joven que necesita mucho apoyo y presencia de sus seres queridos para sentirse bien. Aclara que no hay indicadores de lesión cerebral. "Pero sí hay indicadores emocionales: orden confuso que expresa una cierta imposibilidad de organización, planificación, que puede ser el resultado de la edad y el tamaño pequeño, asociado con timidez, tendencia al retraimiento". Que, "Hay dos respuestas de alteración de figura-fondo, lo que está demostrando una cierta oposición, que también puede ser producto de la edad o de un temperamento fuerte, en cierto modo también rebelde...falta de una noción clara de los límites, es como que no puede renunciar a algo... En general las respuestas están mostrando el proceso de cambio que se está llevando a cabo en ella, la transición de la niñez a la adultez y los miedos e inseguridades que ello provoca. Finalmente, concluye sosteniendo que: "al momento del examen nos encontramos con una jovencita que pese a la experiencia vivida ha podido hacer uso de sus defensas y evitar caer en una crisis, pero las defensas que han aparecido son de tipo fóbicas, por lo que hay que tener en cuenta que si se da una nueva situación traumática, que no necesita ser de la misma intensidad, se instalaría una fobia, de cualquier tipo. Esto quiere decir que N. está bien, pero que necesita mucho apoyo y acompañamiento, por un tiempo, para volver a ser la que era antes del hecho vivido y sentirse segura en el medio en el que se desenvuelve".

Tomando en consideración que estoy en presencia de una pericia, ordenada para aclarar sobre aspectos específicos del campo de la psicología, y respecto del cual, como técnico del derecho carezco de conocimientos especiales, a ella debo acudir para determinar los hechos que se acreditan con dicho medio probatorio. Desde que si bien el mismo no obliga al magistrado (Alsina, "Tratado", v. III, p. 522), cuando es suficientemente fundado y uniforme en sus conclusiones y además no se oponen a él -como en el caso- argumentos científicamente fundados, la sana crítica aconseja seguirlo.

En consecuencia, extrayendo del mismo que al al momento del examen la perito se encontró con una jovencita que pese a la experiencia vivida ha podido hacer uso de sus defensas y evitar caer en una crisis. Que las respuestas están mostrando el proceso de cambio que se está llevando a cabo en ella, la transición de la niñez a la adultez y los miedos e inseguridades que ello provoca y que la referencia a "futuras fobias" como consecuencia de una nueva situación traumática, fue planteada en sentido hipotético. Sólo resta concluir que en la especie no han sido ni en mínima medida acreditadas, las lesiones de tipo psicológico invocadas por la accionante. Por el contrario, conforme la opinión de la experta, "N. está bien..." y en cuanto a los aspectos negativos que sí detecta y hace referencia en los términos antes destacados, no resulta a mi criterio irrazonables ni inverosímiles que pudieran ser como consecuencia de la adolescencia y al decir de la experta: "...el resultado de la edad y el tamaño pequeño, asociado con timidez y tendencia al retraimiento" y por tanto superables con "... mucho apoyo y acompañamiento". Razones estas que me inclinen por la desestimación del rubro analizado, sin perjuicio de ponderar el impacto emocional que a la niña presumiblemente el evento pudo a haberle producido, en oportunidad de analizar la procedencia del rubro daño moral.

6. Con relación al daño estético, liminarmente debo expresar que la armonía física es un bien deseable socialmente, tanto para la vida de relación, especialmente cuando el lucimiento del cuerpo resulta necesario (práctica de deportes, bañarse en lugares públicos, usar ropa liviana, etc.), como también valiosa individualmente, pues el cuerpo es fuente de satisfacción para la persona, que a través de él se expresa. Por tanto se computa como perjuicio estético toda modificación exterior de la figura precedente, aunque no sea desagradable, sino que basta que sea "distinto" con relación a la presentación física anterior al hecho.

Ahora bien, a los fines resarcitorios cabe valorar la existencia del daño estético y sus derivaciones patrimoniales; y este análisis -al igual que el anterior- debe basarse en el examen pericial médico rendido en la causa (fs. 183), explicaciones proporcionadas oportunamente (fs. 193 y vta.) y el examen de visu practicado por la sentenciante de grado obrante a fs. 239.

Ab-initio pongo de resalto que encuentro fehacientemente demostrada, a través de dicho medio probatorio, la existencia de cicatrices de heridas en la pierna derecha, anatómicamente localizadas, una en el tercio medio región anterior, de bordes irregulares de 4 cm. de extensión y la otra en la misma pierna, tercio medio, región posterior, de bordes irregulares de 2.5 cm. de extensión. Que las mismas son bien visibles, irregulares al tacto y de aspecto anfractuoso y que si bien son pequeñas (4 y.50cm. respectivamente) han dejado su impronta en la pierna de la niña, pese a no haber dejado secuelas en cuanto a su capacidad laboral (0% de incapacidad laboral) (conf. fs. 183). A lo que cabe adunar, que las citadas cicatrices no se dilucidarán con el paso del tiempo, sino que persistirán toda la vida.

Sentado tal extremo fáctico, cabe destacar que la integridad y normalidad corporales son bienes deseables para cualquier persona y que su pérdida es resarcible al margen del sexo, edad, profesión, estado civil, condición social, localización (en tanto sea exteriormente apreciable), factibilidad de su desaparición, etc. Por ello, al efecto de mensurar la indemnización, no pueden resultar indiferentes dichas circunstancias, porque en nuestra sociedad la belleza, la armonía, aun la sola normalidad, siguen siendo bienes más apreciables en las mujeres, sobre todo en las jóvenes; una alteración estética gravita de manera especial en su espíritu y en su patrimonio. Recuérdese que a la fecha del hecho la menor contaba con 10 años de edad.

En tal orden de ideas, y sin perjuicio de que la determinación del monto se sujeta al prudente arbitrio judicial en mérito a las circunstancias del caso. Lo cierto es que la posibilidad de que las cicatrices desaparezcan o se aminoren a través de cirugía reparadora, aparece como un factor fundamental, porque no originan similares perjuicios (ni en el plano moral ni en el patrimonial) una lesión estética indeleble e insuperable y una que se puede corregir o aminorar.

Debo tener por demostrado que tal posibilidad existe en el sub-lite a tenor de las opiniones vertidas por el perito médico, puesto que no se ha incorporado prueba alguna que descalifique fundada y científicamente su dictamen.

Pero la posibilidad de revertir la lesión a través de una cirugía plástica no descarta la obligación de resarcir las consecuencias patrimoniales y/o morales que se hayan producido en el intervalo ni la obligación de pagar (precisamente porque tal posibilidad existe y la víctima tiene derecho a recuperar su apariencia anterior), los costos del procedimiento reparativo. Por el contrario, en los supuestos en que la subsanación es posible, la obligación de abonar el costo de la operación constituye el capítulo indemnizatorio esencial (en autos el reclamo de estos costos ha de entenderse comprendido en la demanda, en mérito a la expresa cita jurisprudencial que a ellos se refiere y cuestionario pericial ofrecido).

A propósito de la cirugía estética, lo que interesa es si la reparación por esa vía es objetivamente posible. Basta con que la operación, aunque no indispensable ni infaliblemente exitosa, aparezca como razonablemente aconsejable o conveniente. Más allá de que la actora desee o no someterse al procedimiento y más allá de que el mismo llegue o no a concretarse. No se discute el derecho personalísimo de ésta a disponer de su propio cuerpo, no es atendible, en este sentido, el puro voluntarismo de la actora si la desaparición o aminoración es factible. Paralelamente, dado que el resarcimiento del daño supone el cumplimiento de la "prestación adecuada para "reponer las cosas al estado anterior", el responsable debe abonar la suma que haga posible la reparación, aunque la misma no se concrete y sin que interese si su costo estimativo resulta inferior o superior a la indemnización que correspondería por lesiones irreversibles. Se trata de un daño emergente futuro, indemnizable porque es cierto (en el sentido de suficientemente probable).

Sentado lo que antecede, advierto que el perito médico, dictamina que excepto que la examinada sea sometida a futuras cirugías reparadoras, las cicatrices constatadas serán con el paso del tiempo más visibles por la aposición del tejido fibroso cicatrizal, rico en colágeno y fibras cicatrizales y pobre en fibras elásticas; perdiendo la piel adyacente su turgencia y elasticidad naturales y haciéndose mas visibles y notorias por el aumento de volumen de la pierna.

En mérito a todo lo expresado, arribo a la conclusión que corresponde acoger favorablemente el rubro en análisis. Empero, a falta de prueba concreta del "quantum" éste queda librado a la discrecionalidad, prudencia y ecuanimidad de quien debe determinar su monto. Desde esta perspectiva, tomando como parámetro los montos a los que ascienden -según lo indica la experiencia- las cirugías reparadoras en situaciones semejantes a la de autos, en ejercicio de las facultades del art. 165 del ritual, opino que resulta equitativo establecer por tal concepto la suma de $ 2.000.

Por lo expuesto, propicio que el rubro daño estético prospere por la suma antes indicada.

7). Finalmente, con relación al daño morales sabido que el agravio moral se configura cuando de una manera u otra se ha perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, no requiere de prueba concreta de su padecimiento, ya que éste se tiene acreditado por el solo hecho de la acción antijurídica comprobada.

Dable resulta adunar sin embargo, que para determinar la cuantía de este rubro deben considerarse las diversas repercusiones negativas que las lesiones corporales experimentadas deben haber tenido en las legítimas afecciones de la damnificada, en especial, el impacto emocional que ocasiona el verse atacada por varios perros y el hecho de tener que someterse a una cirugía estética, como único medio para borrar las cicatrices generadas por las mordeduras referidas. Ello contribuye al daño moral específico, resarcible por los padecimientos que importan, pues no dejan dudas de que es fuente de preocupaciones, aflicción y angustia para cualquier persona, más aun para una adolescente como la damnificada.

Sin embargo, la determinación de su monto más que ningún otro, queda librado a la discrecionalidad del órgano jurisdiccional, pues no existen parámetros aceptables y de absoluta validez que permitan fijar una suma compensatoria sin margen de error, por el contrario, sólo constituyen una estimación aproximada del daño, que eventualmente pueden ser inferiores a su valor real.

Por tales consideraciones, sin dejar de advertir lo difícil que resulta ponderar la incidencia del hecho en la esfera íntima de la menor, de conformidad a la facultad conferida por el art. 165 del Código de rito estimo razonable establecer como daño moral la suma de $ 500.

Corolario de todo lo expuesto, me inclino por la revocación del decisorio apelado, debiéndose en consecuencia, hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios entablada por la Sra. Dora Angélica Pacheco en representación de su hija menor N. V. P, contra la Sra. Mary Gusberty, condenando a esta última a abonar la suma de pesos dos mil ochocientos ($ 2.800), con más los intereses que bajo la denominación de "Tasa Pasiva" publica el Banco Oficial, los que se liquidarán desde la producción del perjuicio a reparar (16/11/97) y hasta el efectivo pago.

IV. Costas y honorarios de primera instancia.

Habiendo variado la solución del litigio y de conformidad con la disposición del art. 277 del ritual, corresponde adecuar las costas y honorarios de Primera instancia al nuevo pronunciamiento.

Respecto de las costas, por aplicación del principio objetivo de la derrota dispuesto por el art. 68 del ritual, se deben imponer a la demandada vencida.

En cuanto a los honorarios de primera instancia, se deben fijar teniendo en cuenta las pautas de los arts. 3º, 5º, 6º, 7º, 10 de la ley arancelaria en vigencia y arts. 25, 26 y 27 de la ley 3531, tomando como base regulatoria la suma de $ 2800 (monto de la condena que aquí se establece). En ese cometido y valorando la labor, mérito, eficacia, extensión, resultado obtenido y carácter en que actuaron los letrados intervinientes, estimo justo y equitativo regularlos de la siguiente forma: Para las Dras. S. B. y M. K. las sumas de $ 202, 50 y $ 81 a cada una como patrocinantes y apoderadas respectivamente. Para el Dr. C. G. V. las sumas de $ 145 y $ 58 como patrocinante y apoderado; para el Dr. M. F. V. $ 120 y $ 48 como patrocinante y apoderado; Dra. P. A. L. O. $ 27 y $ 11 también en el doble carácter y para el Dr. M. F. L. $ 10 como patrocinante. Para el perito Médico Alfredo D. Timoniuk $ 200 y para la Perito Sicóloga Beatríz S. Fernández $ 100 (de conformidad a la reducción prevista por el art. 453 ap. 2º, parte in fine del CPCC).

IV. Costas y honorarios de Alzada:

Atento al resultado del recurso deducido, propicio que las costas de Alzada se impongan a la accionada vencida de conformidad con el mencionado principio objetivo de la derrota del art. 68 del ritual.

En cuanto a los honorarios por la labor cumplida en Segunda instancia se deben fijar teniendo en cuenta las pautas consideradas para fijar los de la instancia anterior, pero en función del art. 11 del arancel vigente. En ese cometido y valorando la labor cumplida por los letrados intervinientes en el recurso, mérito, calidad, extensión, eficacia y resultado obtenido, estimo justo y equitativo establecerlos en las siguientes sumas: $ 216 y $ 86 como patrocinante y apoderada para la Dra. S. B.; $ 151 y $ 60 para el Dr. C. G. V. también en el doble carácter. Así voto La doctora Jajam dijo:

Que coincidiendo con el análisis de hecho y de derecho efectuado en el voto que antecede, se adhiere al mismo y vota en idéntico sentido.

Con lo que se dio por terminado el presente Acuerdo.

Resistencia, abril 29 de 2005.

Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, la sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, resuelve: I. Revocar la sentencia dictada a fs. 244/258. II. Hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios entablada por la Sra. Dora Angélica Pacheco en representación de su hija menor N. V. P, contra la Sra. Mary Gusberty, condenando a esta última a abonar la suma de pesos dos mil ochocientos ($ 2.800), con más los intereses a calcular conforme pautas establecidas en el Acuerdo que antecede, dentro del plazo de 10 días de quedar firme la presente sentencia. III. Imponer las costas de ambas instancias, a la demandada vencida y regular los siguientes honorarios: a) Por la labor de Primera instancia: Para las Dras. S. B. y M. K. las sumas de pesos doscientos dos con cincuenta centavos ($ 202, 50) y pesos ochenta y uno ($ 81) a cada una como patrocinantes y apoderadas respectivamente. Para el Dr. C. G. V. las sumas de pesos ciento cuarenta y cinco ($ 145) y pesos cincuenta y ocho ($ 58) como patrocinante y apoderado; para el Dr. M. F. V. pesos ciento veinte ($ 120) y pesos cuarenta y ocho ($ 48) como patrocinante y apoderado; Dra. Patricia A. López Ordas pesos veintisiete ($ 27) y pesos once ($ 11) también en el doble carácter y para el Dr. M. F. L. pesos diez ($ 10) como patrocinante. Para el perito Médico Alfredo D. Timoniuk pesos doscientos ($ 200) y para la Perito Sicóloga Beatriz S. Fernández pesos cien ($ 100). b) Por la labor cumplida en la Alzada: pesos doscientos dieciséis ($ 216) y pesos ochenta y seis ($ 86) como patrocinante y apoderada para la Dra. S. B.; pesos ciento cincuenta y uno ($ 151) y pesos sesenta ($ 60) para el Dr. C. G. V. también en el doble carácter.- Antonio C. Mondito.- Raquel E. Jajam.