marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho laboral, indemnización por despido, diferencias salariales, reclamo salarial
Materia: LABORAL
Carátula: Corallo, Sergio Exequiel c/ Queleer S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-14

Toda vez que ninguna prueba aportó la accionada respecto a la índole de las tareas realizadas por el actor, y que la declaración testimonial producida por un compañero de trabajo da cuenta "que ambos se dedicaban a preparar pedidos", labor que luce en sintonía con lo descripto en el CCT 130/75 para la "categoría Administrativo b" y no "Maestranza B" cabe hacer lugar al reclamo incoado por diferencias salariales y confirmar la sentencia de la anterior instancia.
Derecho laboral, indemnización, intereses, despido, actualización monetaria, reformatio in pejus
Materia: LABORAL
Carátula: Moya, María de la Paz c/ Ausur S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-27

Si bien corresponde aplicar al capital de condena la adecuación estipulada en el Acta CNAT N° 2784, cabe apuntar que si en la etapa prevista en el art. 132 LO la liquidación que se practique de conformidad con los parámetros fijados en las Actas N° 2783 y 2784 arrojara un resultado más gravoso para las apelantes que el que daría de tomarse a las pautas fijadas en el fallo de grado, habrá de tomarse como límite del monto total de condena la suma que surge, en definitiva, del cálculo allí efectuado, a fin de evitar caer en una "reformatio in pejus" para las accionadas -únicas que cuestionaron la aplicación del Acta 2764 por parte del Juez de Grado.
Derecho laboral, indemnización por despido, enfermedades inculpables, notificación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Moya, María de la Paz c/ Ausur S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-27

La codemandada cuestiona el importe de la indemnización admitida en grado en los términos del art. 213 de la LCT. La demandada debe abonarle a la trabajadora además de las indemnizaciones por despido injustificado, las remuneraciones correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento de las licencias o hasta la fecha del alta, si ésta fuese otorgada con anterioridad. Los certificados médicos aportados, como los estudios practicados evidencian que la pretensora, tras el distracto, continuó sufriendo la afección que se manifestó cuando aún se hallaba vigente la relación laboral al menos por treinta días más, de modo que la circunstancia alegada por la codemandada, en cuanto afirma que "...resulta por demás arbitrario e incongruente, que la magistrada estime procedente la aplicación de los artículos 208 y 213 basándose en constancias médicas de fecha posterior a la desvinculación." carece de asidero, puesto que dichas constancias médicas demuestran la configuración del presupuesto de hecho que prevé el art. 213 LCT para la procedencia de las remuneraciones que faltan hasta el fin de la licencia. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Derecho laboral, injuria laboral, despido, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: Corallo, Sergio Exequiel c/ Queleer S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-14

En el marco de sus estudios superiores y a fin de rendir examen el actor faltó a su trabajo, con autorización de su encargado que la accionada expresa no le fue otorgada y por lo cual dispuso el despido del accionante. En este contexto, quien alega un hecho como justa causa de despido tiene a su cargo acreditar la existencia y alcance de acuerdo a los parámetros establecidos en el art. 242 de la LCT. No basta únicamente con la comprobación del hecho injuriante, sino que deviene necesario ponderar los intereses legítimos afectados, su gravedad -a fin de determinar si, en efecto, obstruye la posibilidad de continuar el vínculo- la proporcionalidad entre la falta y la sanción y la contemporaneidad de la medida. La demandada pudo aplicar una sanción menor, que fuese a la vez ejemplificadora y correctiva de la conducta del trabajador, sin emplear la pena máxima como es la del distracto laboral. Por ello y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 9 de la LCT y el principio in dubio pro operario, cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia que consideró incausado el despido.
Derecho laboral, contrato de trabajo, subcontratación laboral, obligaciones solidarias, prestadores médicos
Materia: LABORAL
Carátula: Gorostidi, Eliana Yanet  c/ Hogar Geriátrico Estancia del Sol SRL y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-28

Se agravia la accionante, toda vez que en grado fue rechazada la acción dirigida contra el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a fin de que sea condenado solidariamente en los términos del art. 30 de la LCT. Entre las codemandadas, un geriátrico y el PAMI, ha mediado una relación contractual bajo la órbita de las disposiciones contenidas en la ley 19032 que establece el régimen de funcionamiento para actuar en el marco de lo previsto para una obra social. El Instituto (PAMI) se encuentra comprendido en el sistema nacional de obras sociales y es por ello inequívoco que no puede trasladarse con un criterio simplista la noción de establecimiento y giro de la actividad industrial o comercial a una entidad que, si bien puede llegar a ser empleadora en el ámbito del derecho del trabajo, posee características particulares que justifican su tratamiento diferenciado por parte del legislador sin que ello pueda interpretarse como lesivo al derecho de los trabajadores, siempre que se de adecuada respuesta a las observancia de las normas tuitivas. Así entonces, se configuró una relación entre una entidad que actúa como obra social y una empresa dedicada a la prestación de servicios de geriátricos que, de ninguna manera, constituye en principio una tercerización o cesión del objeto concerniente a la finalidad específica de la actividad propia que desenvuelve el Instituto en su establecimiento como lo exige el art. 30 LCT. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia en cuanto no hace lugar a la solidaridad solicitada por la actora.
Accidentes de trabajo, alta médica, certificado médico, conservación del empleo, contrato de trabajo, enfermedades inculpables, interrupción del plazo, obligaciones del empleador, obligaciones del trabajador, reincorporación, suspensión del plazo
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Tobarez, María Celina c/ Colegio San Pablo S.A. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-07-31

Resulta improcedente la pretensión del trabajador respecto a que, se considere interrumpido el plazo de reserva del puesto de trabajo con la mera comunicación de la solicitud de reincorporación, pues la norma del art. 211 de la Ley de Contrato de Trabajo no contempla suspensión ni interrupción del mismo, pesando sobre aquél la carga de justificar el alta Médica, pues sin lo cual, no nace en cabeza de la empleadora, la obligación de reingreso.
Derecho laboral, contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta, Ramón Santiago c/ Carnes y Pastas Tradicionales SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-12

El accionante se agravia porque la Sentenciante de grado al rechazar la acción por despido concluyó que la misma encuadraba dentro de lo normado en el art. 241 LCT. El actor sostiene que no invocó haber prestado tareas en esos diez meses por los que reclama salarios porque el ASPO de 2020 fue de público y notorio conocimiento y no hacía falta su explicación en la demanda de su derecho al cobro de sus salarios. Tampoco hay comunicación alguna del actor con la demandada durante ese período, siendo que durante dicho año 2020, la situación se fue modificando con relación a los establecimientos gastronómicos con aperturas parciales y venta de alimentos. La comunicación de fines de diciembre del 2020 a través de la cual el actor intentó emplazar al correcto registro del vínculo, cuando no prestaba servicios desde hacía 10 meses sin que mediara comunicación fehaciente en el referido transcurso del tiempo, resultó extemporánea, pues evidentemente para entonces la conducta de ambas partes ya había demostrado el desinterés mutuo por la continuidad del contrato. No quedó demostrado que el actor hubiera reclamado para su correcto registro durante el lapso del ASPO, ni que, más allá de esto se hubiera puesto a disposición del empleador o se hubiera comunicado de alguna forma, lo que lleva a confirmar la decisión de anterior grado en cuanto a considerar la extinción del vínculo y por ende rechazar las pretensiones indemnizatorias derivadas del despido.
Aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley, ley de contrato de trabajo, ley vigente, reforma laboral
Materia: PROCESAL-CIVIL-LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Martínez, Ruben Dario c/ Aravena Tejada Marcelo Alejandro y Otra s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-08-19

La nueva redacción impresa al art. 2 de la Ley de Contrato de Trabajo -art. 88, Ley 27742 (Ley de Bases)- es intrascendente pues resulta obvio que la normativa laboral no se aplica a las contrataciones reguladas por el Código Civil y Comercial, la disposición opera solo para las relaciones jurídicas engendradas a partir del 9 de julio de 2024 - pues el precepto hace a la constitución de la relación, que se rige por la ley vigente en aquel momento.
Derecho laboral, certificado de trabajo, despido, declaración de quiebra
Materia: LABORAL
Carátula: Pereyra, Sandra Graciela  c/ UTIL OF S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-14

En primera instancia se condena a la accionada (en situación de quiebra) a la entrega del certificado de trabajo y su multa diaria. La sindicatura de la demandada apela dicha condena pues aduce la imposibilidad material a la cual se encuentra sometida. La quiebra de la demandada llegó firme a la Alzada y sin perjuicio que la situación de la misma es inoponible al trabajador, corresponde diferir el tratamiento del planteo efectuado por la sindicatura a la instancia de grado en la etapa prevista por el art. 132 de la LO donde deberá examinarse la imposibilidad material invocada.
Apreciación de la prueba, extinción del contrato de trabajo, libros del empleador, obligaciones del empleador, omisión de exhibir documentos, presunción juris tantum, presunciones, prueba del contrato de trabajo, sana crítica racional
Materia: PROCESAL-LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Martínez, Ruben Dario c/ Aravena Tejada Marcelo Alejandro y Otra s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-08-19

Determinada la existencia de una relación laboral, ante la inexistencia de recibos y libros de sueldo, debería tornarse operativa la presunción favorable al actor respecto de la fecha de ingreso, y demás circunstancias, conf. art. 55 Ley de Contrato de Trabajo; no obstante lo cual, debe quedar claro, que esa presunción en favor de las afirmaciones del trabajador contenida en el art. 55 de la LCT debe apreciarse con un criterio de razonabilidad, debiendo ponderarse también la prueba en contrario que desvirtúa sus efectos.
Accidentes de trabajo, alta médica, certificado médico, conservación del empleo, contrato de trabajo, enfermedades inculpables, notificación al empleador, notificación fehaciente, obligaciones del trabajador, reincorporación
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Tobarez, María Celina c/ Colegio San Pablo S.A. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-07-31

Es obligación del trabajador acreditar fehacientemente frente a la empleadora, que se le ha otorgado el Alta Médica para poder exigir la reincorporación a las tareas (independientemente del derecho de ésta última de solicitar la opinión de otro especialista); y de hacerlo antes de que finalice el período de reserva, o en todo caso, de que la contraria le comunique su voluntad rescisoria. Obligación esta que no se remedia con una simple mención en la comunicación en que se solicita la reincorporación.
Derecho laboral, accidentes de trabajo, recursos, indemnización, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Lamelza, Walter Oscar c/ Provincia ART S.A. s/ recurso ley 27.348
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-19

El Decreto 669/19 mejora las prestaciones y, por lo tanto, aunque inválido como DNU, resulta válido y aplicable como un decreto delegado. El decreto en cuestión establece que las prestaciones deben calcularse a partir de una variable salarial (el IBM) actualizada y, por tanto, ello implica que el monto del resarcimiento se establece a valores actuales. Es un sistema de actualización basado en la evolución de los salarios. De los considerandos 5° y 6° del decreto surge que en el inciso 2° del art. 12 de la ley 24.557 y sus modificaciones, se establece que a los fines de la actualización de las indemnizaciones se aplique un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencido a 30 días del Banco de la Nación Argentina. Dicha modalidad, implementada por la ley 27.348 tuvo la finalidad de incluir una tasa de actualización que evite que los efectos de la inflación afecten desfavorablemente el monto del Ingreso Base. Así, el mecanismo de los dos primeros incisos del nuevo art.12 ley 24.557 (según decreto 669/2019) permite llegar a un valor actualizado de la tarifa legal lo que se corresponde con la noción de "deudas de valor". Este mecanismo de actualización al ser establecido por una ley especial y posterior constituye una excepción a la prohibición general de indexación de los créditos fijada en la ley 23.928. El inciso tercero del art. 12 de la ley 24.557 modificado, regula la hipótesis de eventual incumplimiento de pago en la etapa posterior a la aprobación de la liquidación prevista en el art. 132 de la LO que ordena aplicar el art. 770 CCCN, es decir, acumular los intereses al capital en forma semestral utilizando el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina. Y toda vez que el art. 2°, tercer párrafo de la ley 26.773, dispone que la reparación dineraria se computará desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal, existe un período de tiempo, el que va desde el accidente o primera manifestación invalidante hasta la determinación del monto indemnizatorio, para el que no está previsto una tasa de interés que compense al acreedor laboral por la privación de uso del capital, se impone al juez suplir dicha omisión, y ello aplicando una tasa de interés puro que se estima razonable del 6% anual.
Derecho laboral, accidentes de trabajo, recursos, indemnización, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Lamelza, Walter Oscar c/ Provincia ART S.A. s/ recurso ley 27.348
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-19

El actor quien ha sufrido un accidente de trabajo, apela la sentencia de grado en la que la Jueza actualiza el capital de condena disponiendo que el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado y sobre dicho resultado, se añadirá un interés puro del 6% desde la fecha del infortunio y hasta el momento en que se practique la liquidación del art. 132 L.O. La ART accionada apela el fallo de origen en materia de intereses y peticiona que se empleen las previsiones contenidas en la Resolución de la SRT Nro. 1039 de 2019 que determina la aplicación de la tasa de variación del RIPTE de manera plana, sin aditamento adicional. El recurso no prosperará toda vez que, en procesos sobre accidentes fundados en las leyes 24557 y 26.773, corresponde la actualización del capital diferido a condena según las pautas del Decreto 669/19.
Derecho laboral, cesión del establecimiento, obligaciones solidarias, aplicación de la ley, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Moya, María de la Paz c/ Ausur S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-27

En los supuestos de adjudicación de concesiones -públicas o privadas- a sucesivos concesionarios o permisionarios, dichas adjudicaciones estarán comprendidas dentro de la expresión "...por cualquier título..." contenida en el art. 225 de la LCT que torna procedente la responsabilidad solidaria de la adquirente, en virtud de la dispuesto en el art. 228 del plexo legal citado y de la doctrina sentada por esta Cámara en el acuerdo plenario N° 289, dictado en autos "Baglieri", en tanto dispone que ".El adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas en el artículo 228 LCT es responsable por las obligaciones del transmitente derivadas de las relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión." El alcance de las disposiciones contenidas en los citados arts. 225 y 228 de la LCT se encuentran condicionados a la tutela que emerge del criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Di Tullio". Cuando resulta de aplicación la normativa de los arts. 225 y 228 de la LCT también se torna aplicable la doctrina sentada en el ya mencionado acuerdo plenario "Baglieri".
Derecho laboral, certificado de trabajo, consignación de documentos
Materia: LABORAL
Carátula: Corallo, Sergio Exequiel c/ Queleer S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-14

La actora acreditó haber requerido adecuadamente la entrega de los certificados pertinentes y la accionada no probó haber efectivizado la puesta a disposición. La entrega de certificados, reviste importancia en torno al orden público y a la seguridad social. Hace a un derecho tan fundamental y garantizado explícitamente por el sistema, como el derecho a la identidad y profesionalidad del trabajador. No debe confundirse el certificado de trabajo del art. 80 de la LCT, con la certificación de servicios y remuneraciones de la ley 24.241, ya que esta última se expide en un formulario de la ANSES (P.S.62) en el que se insertan datos similares, más no del todo coincidentes con los exigidos por el citado art. 80 de la LCT. Además la finalidad de uno y otro certificado es distinta: el primero sirve al trabajador para conseguir otro empleo, mientras que el segundo, se utiliza para gestionar un reconocimiento de servicios o la obtención de un beneficio previsional y queda archivado en las oficinas de la ANSES. Son dos instrumentos diferentes, que tienen una finalidad diferente y que el empleador debe entregar. Asimismo, no es necesario que el trabajador concurra a la sede de su trabajo para retirar los certificados, es el empleador quien debe ponerlos a disposición, y si el trabajador no concurre, el empleador, previa intimación, deberá consignarlos judicialmente.
Apreciación de la prueba, deberes y facultades del juez, errónea apreciación de la prueba, facultades discrecionales del juez, prueba testimonial, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL-LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Martínez, Ruben Dario c/ Aravena Tejada Marcelo Alejandro y Otra s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-08-19

Siendo que el juzgador ha de basarse en las reglas de la sana crítica como método que le deja en libertad de admitir la prueba que considere útil y apreciarla conforme a las máximas de lógica, psicología y experiencia común que facultan discernir lo verdadero de lo falso, queda claro que la fe debida a los testigos corresponde exclusivamente a los jueces, infringiéndose las reglas de la sana crítica sólo cuando se hace una valoración absurda de sus expresiones o cuando se extraen conclusiones contradictorias.
Derecho laboral, accidentes de trabajo, comisiones médicas, instancia administrativa, diagnóstico médico, rechazo del reclamo
Materia: LABORAL
Carátula: Cañete, Gabriel Jesús  c/ Provincia ART. S.A.  s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-29

La Comisión Médica Jurisdiccional dictaminó rechazando por enfermedad no listada, sosteniendo que no fue probada la relación de causalidad entre la patología denunciada y el agente de riesgo invocado y la actividad laboral realizada. Asimismo declaró inviable la acción cuando en realidad el trámite ante la instancia administrativa no tuvo un dictamen homologado y la conclusión del trámite administrativo fue dispuesto en los términos previstos por el decreto N° 717/96 modificado por el decreto N° 1475/15. El dictamen médico no es la resolución emanada por el Servicio de Homologación de la Comisión Médica que termina el procedimiento previsto por la ley 27.348 y que, en consecuencia, permite al apelante recurrir dicho dictamen en función de lo dispuesto por el art. 2. Cabe agregar que la Comisión Médica no es el órgano que puede o debe analizar la causalidad jurídica que es resorte exclusivo del juzgador que se encuentra impelido de herramientas lógico-jurídicas distintas a las utilizadas por un profesional de la ciencia médica. La determinación de la causa, como la determinación de la magnitud del daño, es decisión final del juzgador.
Carga de la prueba, desconocimiento de la relación laboral, extinción del contrato de trabajo, falta de prueba, prestación de servicios, presunción de contrato de trabajo, presunciones, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL-LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Martínez, Ruben Dario c/ Aravena Tejada Marcelo Alejandro y Otra s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-08-19

Si el actor invoca una relación laboral como fuente de su derecho y ella es negada por la contraparte, a aquél le incumbirá la prueba de su aserto, jugando la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo en el supuesto de que exista prestación de servicios. Pero si por ningún medio logra probar su afirmación inicial, la demanda fundada exclusivamente en prestaciones derivadas de una ley laboral, debe desestimarse.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Galván Rey, Sergio Alejandro  c/ Galván Rey, Patricia Mónica y Favre, Juan  s/ reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2024-06-28

Resulta improcedente el recurso de apelación deducido, puesto que los agravios vertidos al respecto no resultan suficientes conforme el art. 314 in fine, del CCyCN. Asimismo, llamado el recurrente a la audiencia de declaración de parte no compareció, por lo que es de aplicación el art. 360 del CPCC
Confirmación de sentencia, incapacidad sobreviniente, monto de la indemnización, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cuenca, Carlos Laureano  c/ Martínez, Sergio Raúl y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2024-07-01

Con respecto al rubro de incapacidad, vale decir que por el principio de prohibición de la reformando in pejus el Tribunal no está habilitado a modificar los montos otorgados por el a quo, y dado que dicho monto no fue apelado por el accionante y la parte demandada no estaría en peor condición que la establecida en la sentencia recurrida, es que cabe confirmar el determinado en la misma.
Fundamentación de sentencias, daño moral
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ruiz, Cristina Isabel  c/ Haro, Guillermo Eduardo y Agrosalta Cooperativa de Seguros Ltda. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2024-07-02

Las circunstancias dadas por el accidente acaecido -muerte del compañero de vida de la accionante, participación en el siniestro, lesiones sufridas- resultan condiciones suficientes para resarcir el daño moral con la indemnización otorgada, cuyo monto es razonable y fue correctamente fundamentado.