Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25


Reg.: A y S t 285 p 336/341. En la ciudad de Santa Fe, a los veinticinco días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la Presidencia de titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ROSTAGNO, ANGELICA A. contra GARCIA FLORES -E. MASTER Y/O CLINICA -DDA LABORAL- (EXPTE. N° 102/13) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ NRO. 21-05083072-9). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Gutiérrez, Gastaldi y Netri. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Mediante pronunciamiento registrado en A. y S. T. 274, págs. 348/350 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra el fallo de fecha 20 de agosto de 2014, dictado por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, al verificar -desde el análisis mínimo y provisorio que correspondía a ese estadio- que la postulación de la recurrente contaba, prima facie, con asidero en las constancias de la causa y suponía articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción. El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos principales a la vista, me conduce a ratificar la conclusión arribada por el Cuerpo en aquella oportunidad, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 248/253). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Netri expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo: 1. Surge de las constancias de autos que la señora Angélica Alicia Rostagno inició demanda laboral contra los doctores Hugo García Flores y/o Ernesto Master y/o Titular de la Clínica donde laboraba, tendente al cobro de diversos rubros remuneratorios e indemnizatorios. Relató que ingresó a trabajar bajo las ordenes de los accionados en la Clínica de la Ciudad S.A., de la localidad de Las Parejas, propiedad de éstos, a fines de diciembre de 2001 cumpliendo tareas de limpieza de quirófano, habitaciones, labores de lavandería, planchado de ropa de cama, etc., cumpliendo horarios rotativos de lunes a viernes, y sábados y domingos por medio de 06 a 22 hs.; que ante la permanente insistencia en forma verbal para ser registrada laboralmente y la omisión al respecto por la parte demandada, decidió remitir telegrama, sin recibir respuesta. Ante ello, envió nuevo telegrama dándose por despedida el día 15.03.2005, reclamando los rubros a que tenía derecho. La falta de respuesta por parte de la accionada motivó que la actora inicie la presente acción. La demanda fue contestada por los doctores García Flores y Master, quienes planearon falta de legitimación pasiva, corriéndose traslado de tal planteo a la actora. Producida la prueba ofrecida, agregados los alegatos y firme el llamamiento de autos, quedaron los autos en estado de ser resueltos. En fecha 18 de noviembre de 2011 la Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Segunda Nominación de Cañada de Gómez resolvió rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por los demandados; y hacer lugar parcialmente a la demanda condenando a éstos a pagar a la actora la suma que resulte de la liquidación a practicarse de los rubros reconocidos en los considerandos, con costas a los vencidos. Recurrido dicho pronunciamiento por los accionados la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo laboral de la ciudad de Rosario resolvió revocar la sentencia impugnada, rechazando la demanda interpuesta por la actora contra Hugo García Flores y Ernesto Master, con costas. 2. Contra dicho pronunciamiento interpone la compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055. Aduce que el Tribunal incurrió en afirmaciones dogmáticas, erróneas y hasta contradictorias al sostener que la litis se acotó a Hugo García Flores y Ernesto Masters y que desistió de la acción intentada contra la persona de existencia ideal, destacando la irrazonabilidad de la sentencia atacada. Señala que la legitimación pasiva quedó determinada al dirigir la demanda en principio contra Flores y Masters y subsidiariamente contra "quien resulte titular de la clínica donde laboraba", alegando desconocer que existía una persona jurídica por detrás de los empleadores -los que siempre estuvieron como "aparentes"-. Agrega que al manifestar que trabajaba en la Clínica de la Ciudad S.A., implicaba referir solo al lugar físico en donde desarrollaba sus tareas, sin que nunca haya desistido expresamente contra la supuesta persona jurídica, y aclara que al no haber ésta comparecido y "ante la evidencia de que no existía ese sujeto se manifestó que la disyuntiva 'y/o titular de la clínica' no tenía relevancia para la litis ya trabada contra los demandados principales". Entiende -contrariamente a los sostenido por la Sala- que producir una prueba respecto a la integración de la supuesta sociedad resultaba pertinente desde que contribuye a descorrer el velo y apreciar cuál era la situación que los accionados tenían en aquélla. Por otra parte, califica de arbitraria la selección probatoria efectuada por la Alzada al dar por acreditada -con sustento en los informes de la Municipalidad y de la Asociación Médica- que la prestación de tareas se realizaba para la Clínica de la Ciudad S.A., desconociendo el primero en cuanto surge que ésta clausuró sus actividades en noviembre de 2004; e ignorando el informe de la AFIP en relación a la ausencia de inscripción de la sociedad en el padrón de contribuyentes e interpretando equivocadamente la testimonial de "Gonzalez". Así, teniendo en cuenta que la fecha del distracto -tácitamente consentida por los codemandados ante la falta de respuesta a las intimaciones cursadas- fue la del 15 de marzo de 2005, sostiene que García Flores y Masters resultan responsables como empleadores en los términos de los artículos 225 y siguientes de la ley 20744. Como segunda hipótesis de arbitrariedad, la recurrente invoca la prescindencia -sin fundamentos- por parte de la Sala del argumento central que su parte esgrimió respecto a la relación laboral mantenida con García Flores y Masters, recalcando que en autos se comprobaron las notas características de subordinación técnica, jurídica y económica, sin que éstos hayan producido prueba alguna en contrario, según la carga del artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo. A su criterio, el Tribunal omite considerar elementos que surgen del expediente que denotan la existencia del vínculo dependiente para con los médicos coaccionados e insiste en resaltar la carencia de pruebas por parte de éstos, quienes -indica- se encontraban en una mejor posición para demostrar que la empleadora era la sociedad. Sostiene la impugnante que el pronunciamiento atacado soslaya los principios básicos del derecho laboral, entre ellos el protectorio, de continuidad de la relación laboral, de primacía de la realidad y el de buena fe, "premiando a los empleadores inescrupulosos que tenían al trabajador sin inscribir". También achaca arbitrariedad a los sentenciantes por apartarse de los postulados contenidos en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, en los artículos 21 y concordantes del Pacto de San José de Costa Rica y en la ley 20744 -los que enuncia-, y cita jurisprudencia que avala su posición de extender la responsabilidad a los socios cuando actúan en fraude a la ley laboral. Conforme a ello asevera que la desprolijidad de los demandados en el caso fue tal, que no resulta necesario "correr velo alguno", desde que la relación nunca se registró, ni para los accionados ni para la persona jurídica que ellos dicen "era la supuesta empleadora", la cual dejó de existir mucho antes del distracto laboral. Acusa la ocurrente a la Alzada por inversión del onus probandi, pues al exigirle demostrar que no laboraba para la sociedad "aun cuando...afirmó que trabajaba para Masters y García Flores", se desvirtúa el mecanismo de prueba del proceso laboral según el cual quien invoca un derecho debe probarlo. En ese orden, agrega que era a los codemandados a quines les correspondía probar que la relación era con un tercero, desde que reconocieron que la prestación de servicios se desarrolló en su beneficio. Por último, pone de manifiesto que el fallo cuestionado "no aporta ningún elemento normativo, doctrinario o jurisprudencial para justificar el resultado del trámite apelatorio". 3. Luego del detenido estudio de la totalidad de las constancias de la causa, adelanto que habrá de declararse procedente el recurso deducido, en tanto considero que si bien la postulación recursiva remite a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ello no es óbice para hacer lugar al remedio intentado, en tanto se ha logrado demostrar que el pronunciamiento atacado se aparta de los cánones de motivación y fundamentación exigibles, con afectación de los principios y garantías constitucionales invocados, resultando tales deficiencias decisivas para la suerte de lo decidido en el sub lite (cfr. A. y S. T. 157, pág. 437; T. 237, pág. 420, entre otros). En efecto, la Sala afirma, conforme a las constancias de autos, que la litis quedó trabada entre la actora y los demandados Hugo García Flores y Ernesto Masters y que la denominada Clínica de la Ciudad S.A. es el establecimiento denunciado por la actora como lugar donde prestó sus labores. Luego considera que cualquier intento de direccionar la pretensión contra personas particulares con intención de que sean empleadores de la actora debe ser expresamente probado, dado que los demandados negaron expresamente en el responde la existencia de un contrato vinculante, que la actora no logró acreditar. Así, sostiene que "hubo quedado demostrado en autos que la prestación del débito se realizaba para el establecimiento asistencial cuya titularidad recaía en cabeza de Clínica de la Ciudad S.A". Sin embargo, cabe destacar que la conclusión de la Sala, asentada en la afirmación de que no encuentra elementos probatorios asertivos que acrediten de forma clara que la actora fue dependiente de los demandados en forma personal, se presenta como una motivación aparente y omisiva, al prescindir de la consideración de elementos esenciales que debieron ser evaluados a efectos de arribar una razonable y adecuada solución del litigio. Dicho esto, a la luz de un principio esencial que impera en el derecho laboral, el de primacía de la realidad, que en casos como el presente debe ser la guía indiscutible bajo la cual analizar los antecedentes relevantes de autos (cfr criterio de A. y S. T. 237, pág. 420/427). Máxime si tenemos particularmente en cuenta que estamos ante un caso de relación laboral no registrada. De allí, que más allá de las formas, no puede ignorarse aquellas pruebas de las que surge para quien prestó sus tareas la actora y bajo las órdenes de quién o quiénes lo hacía, considerando que en la demanda ésta afirmó que "ingresó a trabajar bajo las ordenes de los Dres. Hugo García Flores y Ernesto Masters en la Clínica de la Ciudad S.A.". Así el codemandado Masters en su confesional de f. 44 reconoce la prestación de servicios de la actora como mucama eventual y el Dr. García a f. 44 vto, manifiesta que la clínica no existe y que facturaba a nombre propio; a lo que se suma el silencio de los demandados ante la intimación cursada por ésta (fs. 4 y 5) donde expresamente consigna "laborando para Uds...", como así también el hecho comprobado de que la clínica de la Ciudad S.A. clausuró sus actividades con anterioridad a la finalización de la relación laboral (f. 49/50). Por otra parte tampoco puede ignorarse la realidad que surge de las testimoniales: la mucama Zerda (f. 59 vto.) manifestó que recibía instrucciones directamente de los demandados; el médico González (f. 64) sostuvo que la Clínica estaba a cargo de los doctores Masters y García Flores; la enfermera Miranda afirmó que los empleadores de la actora eran los codemandados y que "los cheques nuestros los firmaba siempre el Dr. García Flores"; unido ello a la presunción del artículo 23 L.C.T. , lo dispuesto por el artículo 52, 54 y 55 de dicho cuerpo legal y la clara orfandad probatoria por parte de los accionados para desvirtuar los hechos afirmados en la demanda o la veracidad de lo expuesto en su responde. En atención a ello, considero que la Sala al sostener que ante la negativa de los demandados, la actora no logró probar la existencia de un contrato vinculante conforme a la prueba rendida en autos, ha prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia, por omisión de analizar expresamente elementos conducentes obrantes en las actuaciones, los que debidamente integrados y armonizados en su conjunto, hubieran conducido una solución distinta y fundada del caso (ver doctrina de Fallos 312:638; 317:640; 318:2299, etc). Lo dicho precedentemente conduce a concluir que la respuesta jurisdiccional, en razón de la deficiencia de motivación apuntada, no puede ser aceptada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias del caso y, por lo tanto, no reúne las condiciones mínimas exigidas por el orden fundamental para la satisfacción del derecho a la jurisdicción de la impugnante. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al Tribunal que corresponda a fin de que juzgue nuevamente la causa conforme surge de los considerandos precedentes . Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055). Así voto. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Ministro doctor Netri dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIO: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al Tribunal que corresponda a fin de que juzgue nuevamente la causa conforme surge de los considerados precedentes. Con costas a la vencida. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. Fdo.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)