marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hecho del príncipe, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: Robledo Loza, Manuel O. c/ Diaz de Gonzalez, Sara E. s/ Rescición de Contrato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-05-22

Dado que la frustración del cumplimiento del contrato de compraventa de inmueble se debió al hecho del príncipe configurado por la decisión de expropiar el inmueble objeto del contrato, resulta improcedente la pretensión de la compradora (actora en autos) de que se le devuelva doblada la seña abonada, pues la cláusula que previó esa penalidad tuvo en cuenta el incumplimiento de la parte y en el caso no resulta posible imputar culpabilidad.
Arma secuestrada, detención sin orden
Materia: PENAL
Carátula: C. J., M. J.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-12

La requisa y consecuente secuestro del arma perteneciente a la imputada no se encuentran teñidos de nulidad, por haber sido fundamentados en motivos suficientes, pues la detención de la imputada se fundó en la actitud esquiva que tomó ante la presencia del personal de seguridad pública, debidamente identificado, por lo que existían indicios para generar una sospecha en los prefectos de que podían tener consigo elementos que constituyan o puedan ser usados para cometer un delito (del voto en disidencia del Dr. Franza).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, cuestiones de competencia, expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: IBARRA, MIRIAM BERTOLINI DE c/ DIARIO EL LITORAL SRL s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS     INCIDENTE DE EJECUCION DE SENTENCIA     CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA (CSJ EXPTE N. 35-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-05-22

Admitida la competencia de la Corte, el caso en estudio se resuelve en base a lo normado por el acuerdo extraordinario de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, de fecha 8 de julio de 1987 que reglamenta el turno de radicación de los expedientes ante las Salas que establece: "Como principio general, la radicación de expedientes en cada Sala se determina por la fecha de la resolución recurrida, de modo que en los recursos deducidos contra sentencias, autos o providencias, entenderá la Sala que estaba de turno a la fecha del dictado de la decisión objeto de impugnación. Dicho criterio es aplicable incluso en los recursos directos, donde se prescindirá de la fecha del auto o decreto denegatorio y también en la incidencia de los artículos 355 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, donde no se tendrá en cuenta la fecha del decreto o auto cuya revocación o modificación se pretende".
Daño moral, daño físico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Freddini, Silvia del Rosario c/ Allois, Marcelo Raúl y otro s/ Sumario por indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-20

Tratándose de lesiones leves ha sido reiterado el criterio de este Tribunal en el sentido de no admitir el resarcimiento del daño moral, el que debe aplicarse también en el sub-caso, pues ésta per se no resultan suficientes para alterar el equilibrio de una persona común.
Defensa de la competencia, autoridad de aplicación, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cablevisión  SA  y otros c/ BRITO, Alicia s/ apel resol Comisión Nac Defensa de laCompet.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-04

La decisión final que adopta el secretario ministerial está rodeada de garantías mucho más severas que las que rigen en el caso de las cautelares previstas en el art. 35 de la LDC: requiere previamente el descargo de la persona investigada y la impugnación judicial tiene efecto suspensivo (conf. arts. 29 y 52). Y eso se explica porqué toda la actuación se inserta en el contexto del procedimiento sancionatorio de conductas prohibidas, que debe respetar principios propios del derecho penal adjetivo y sustantivo, que otorgan singular protección al acusado de una conducta delictiva (conf. art. 56 de la LDC; ver además, Cabanellas de la Cueva, Guillermo, op. cit., t. 1, pág. 293 y siguientes).
Intereses, intereses convencionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA NORBERTO OSCAR Y OTROS c/ DIANO LAURA PATRICIA s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

La libertad de contratar por sí sola es impotente para justificar ciertos pactos y contratos que por el fin perseguido por las partes resultan contrarios a la ley moral. La causa ilícita es tal cuando contraría las buenas costumbres, que comportan el respeto debido a las reglas morales impuestas por la convivencia y que, como cuestión de hecho, queda librada a la apreciación de los jueces, de acuerdo con las modalidades de cada caso concreto. Y la licitud e ilicitud del acto debe juzgarse no en razón de las prestaciones aisladas sobre que versan las respectivas obligaciones, sino en atención al contenido integral del acto en sí mismo y en sus finalidades inmediatas o mediatas, intrínsecas o extrínsecas, queridas expresa o tácitamente por las partes o, al menos conocidas y tenidas en cuenta por ellas al celebrarlo.-
Daños y perjuicios, indemnización, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: Paolini, Roque Ramón. c/ Parolín, Oscar Mario. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-15

La incapacidad para ser indemnizable debe ser permanente, total o parcial, como consecuencia que cubre todas las erogaciones futuras atendiendo a la índole de la actividad impedida, sea o no productiva, puesto que la reparación comprende no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad.
Mandamiento de ejecución, improcedencia del recurso, acceso a la información pública, existencia de otras vías, instancia administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LASTRETO MARIA GABRIELA CAMILA y OTROS C/ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE RIO NEGRO y OTRO S/ MANDAMUS (S/ COMPETENCIA) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-08-12

La demanda interpuesta en estas actuaciones, no ha sido precedida de un intento en instancia administrativa para obtener la información que se solicita en esta excepcional vía jurisdiccional. No se denunció una situación de reticencia u obstaculización por parte del Hospital o del Ministerio de Salud de la Provincia, ni se acompañaron constancias de algún requerimiento previo frustrado para así valorarlo, lo que veda la continuidad de la acción intentada desde su inicio. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Juicio ejecutivo, protección de la vivienda, afectación del inmueble (civil)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Integra Pymes SGR c/ Nativo, Alejandro Marcelo y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-24

Y si bien los ejecutados no dedujeron excepciones, tampoco ofrecieron o produjeron prueba en sustento de su postura, ni se opusieron oportunamente al pedido de inoponibilidad formulado por la ejecutante, frente a la probabilidad de que con parte de los bienes embargados se consiga satisfacer el crédito materia de la condena, resulta adecuado acudir a un procedimiento que, sin procurar impedir el trámite de ejecución, persiga en cambio acotarlo a la medida de lo estrictamente necesario, en orden a evitar un desmedro injustificado del patrimonio del deudor (arg. conf. CCCN 1710).
Recurso extraordinario, declaración de inconstitucionalidad, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUSCONI DE VAZQUEZ, ROSA c/ VIVAS, ROBERTO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-28

Procede el recurso extraordinario interpuesto contra el pronunciamiento que confirmo la declaración de inconstitucionalidad provista por el "a quo" del Dec. el P.E.N. 260/97, cuando -como en el caso - si bien surge que el discurso en examen procura enjuiciar el proceder arbitrario de la alzada, poniendo solo de manifiesto una inteligencia distinta a la de la resolución recurrida y trasuntando una diversa interpretación de las conclusiones asumidas en aquella, sin embargo, pese al señalado déficit discursivo en que incurrió el recurrente en punto al tratamiento de la cuestión constitucional, cierto es que fue mínimamente triada a la consideración del tribunal, poniéndose en cuestión en el pleito la validez del citado decreto, y la decisión ha sido adversa a su validez, por donde el caso halla encuadre legal en lo dispuesto por la ley 48, art. 14 apt. 1°.
Cuestiones de competencia, declinatoria, trámites judiciales, derecho a ser oído, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: A.F.J.P. PREVINTER S.A. s/ Sistema Integrado de  Jubilaciones y Pensiones
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-16

La declinatoria de competencia debe sustanciarse en la forma establecida para las excepciones de previo y especial pronunciamiento, cuyo trámite incidental requiere que las otras partes interesadas tengan oportunidad de expedirse (Art. 340 CPP). La inobservancia de dicha disposición, en tanto atañe a la intervención de las partes en un proceso, debe entenderse sancionada con la nulidad (Art. 167, inc. 2 e inc. 3 del cuerpo legal citado).
Daños y perjuicios, lucro cesante, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: PINTADO OLGA INES c/ KONSEVIC ROSA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-02

En el caso la cuestión a ser resuelta, radica en determinar el momento a partir del cual el curso de la prescripción liberatoria, en el caso, ha comenzado a correr respecto al rubro lucro cesante.

En este sentido, como principio general, es corriente en la materia que el punto de partida del plazo de prescripción de la acción por responsabilidad civil extracontractual comienza su curso cuando sucede el hecho generador de la responsabilidad del daño, salvo el caso de desconocimiento del damnificado, en cuyo caso, el término comienza a correr a partir de la efectiva posibilidad de su conocimiento.

Sin embargo, este último supuesto, no debe extenderse a la prolongación más o menos previsible de un proceso dañoso que ya es conocido por el damnificado del perjuicio al momento del ilícito.

En estos casos, el cómputo para la aplicación del art. 4037 C. Civil debe contarse a partir del momento del hecho y no a partir del conocimiento de su exacta dimensión, quedando claro entonces que "no impide el curso de la prescripción la circunstancia de estar el daño en proceso de su evolución; aunque el daño no haya quedado determinado en forma definitiva, por la posibilidad de que resulte agravado por la derivación de un proceso ya conocido; ello no es óbice para el curso de la prescripción" (op. Cit, pg. 345 y jurisprudencia que allí se cita).-
Actualización monetaria, cómputo de la actualización
Materia: PROCESAL
Carátula: Pereyra, Segundo S. c/ Frigorífico y Matadero La Foresta  SCA s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Corresponde computar a los efectos de la actualización monetaria el mes de julio de 1989, si el depósito de los fondos tuvo lugar los últimos días de ese mes.
Pena, cómputo de la pena, privación ilegal de la libertad, robo de automotor, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: CONTRAFATTO, H. s/ PRIVACION    ILEGAL  LIBERTAD  -  ROBO  AUTOMOTOR  -  CONCURSO  IDEAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-14

"Bien calificado el hecho de la manera como se lo hace en el fallo en cuestión, nada debo decir tampoco sobre las penas que le fueran impuestas a los reos al igual que los cómputos practicados, dosificadas y justipreciadas acorde con las pautas e índices a que se hace referencia en los acápites correspondientes".
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, honorarios, falta de acción, legitimación pasiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TRAVERSO, HUMBERTO EMILIO c/ LORENZUTTI, DOLY MIRTA TERESITA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-07-03

Corresponde declarar procedente el recurso interpuesto desde que, si bien desde la contestación de la demanda se postuló que no cabía dirigir la acción contra las codemandadas citadas (por no ser titulares dominiales del inmueble en cuestión ni haber otorgado autorización alguna al actor para realizar los actos referenciados en el escrito de demanda, que resulten subsumidos en la ley 6767), la Alzada en el fallo impugnado no reparó en la omisión de tratamiento de este tema en que ocurrió el anterior sentenciante, aún cuando la resolución del mismo pudiera gravitar en el resultado del debate y merezca sin lugar a dudas un pronunciamiento explícito a efectos de satisfacer adecuadamente el derecho a la jurisdicción que asiste a las justiciables. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6767.
Concurso preventivo, quiebra, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MASTRANGELO OMAR ALBERTO s/ CONCURSO PREVENTIVO RECURSO DE REVISION PROM.OSCAR LORA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-24

En lo atinente a caducidad de instancia en el ámbito de la ley 19 551, rige el dispositivo general del artículo 300, y éste Tribunal ha dicho que, según la literalidad de esa norma, aquella no opera en: a) "el trámite del concurso", b) en los incidentes allí previstos (calificación de conducta y sanciones) y c) en los promovidos por el Síndico. Resultando sí viable en los incidentes y cuestiones promovidas por los acreedores. Se sigue de ello , que estándose en presencia de un pedido de revisión, promovido por un acreedor en los términos del artículo 38 L.C., y resultando aplicable al mismo el trámite de los incidentes, el mismo queda comprendido en los términos del último párrafo del artículo 300 L.C , en tanto debe entenderse que la ley concursal especifica taxativamente los casos en que no se opera la caducidad, los que no cabe extender analógicamente.
Recurso extraordinario, consulta popular
Materia: PROCESAL
Carátula: BAEZA, ANIBAL ROQUE. c/ ESTADO NACIONAL. s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-28

Aun cuando el contenido de la petición del actor fuese el de obtener una conminación específica dirigida a las autoridades electorales con el fin de que no lo convocaren a desempeñarse en la próxima consulta, o si no, el de lograr una declaración determinativa de su derecho que lo protegiese de eventuales sanciones en el supuesto de que fuese convocado y se negara a concurrir, faltaría la suficiente determinación de la posibilidad del llamado a través de alguna actividad administrativa en curso, lo que hace que el agravio que pueda alegar el apelante sea meramente conjetural e hipotético.
Abogados, honorarios
Materia: CIVIL -CONSTITUCIONAL
Carátula: VENTURUZZI CARLOS JOSE c/ ANIT FEDERICO s/ REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-05-06

El art. 103de la ley 7269, tal como ha sido sancionado implica que ninguno de los letrados que intervengan en los procesos o incidentes regulatorios, ni el abogado peticionante ni el del obligado al pago, tienen derecho a recibir retribución por sus trabajos, ni del condenado en costas ni del propio cliente. La norma así concebida, es claramente inconstitucional, por lo menos en relación al abogado demandado. Atento que es lesivo del derecho de propiedad, (art. 17), En cuanto remuneración por un servicio prestado. Repugna al art. 14 Bis en tanto este consagra la protección legal del trabajo en sus diversas formas y afecta el art.

31, Por cuanto el art. 1627 del c. Civil sienta el principio de onerosidad respecto de trabajo o servicios, lo que es aplicable aun cuando los servicios no hayan sido requeridos si la otra parte admitió que se prestaran y ellos redundaron en su beneficio.
Inimputabilidad, proporcionalidad de la medida, inconstitucionalidad, medidas de seguridad
Materia: PENAL
Carátula: César Darío Figueroa s/ Abuso Sexual y Tentativa de Abuso Sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-06-03

Resulta inconstitucional la medida de seguridad de internación establecida en el inciso 1, párrafo 2 y 3, del artículo 34 del Código Penal, atento a que impone prácticamente una pena por tiempo indeterminado a una persona que no comprende la criminalidad del acto, situación que violenta a todas luces del principio de culpabilidad y desproporción total con la magnitud de la lesión jurídica causada. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Prunotto)
Recurso extraordinario, resolución administrativa, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, sentencia arbitraria, derecho de asociación
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Niketana s/ apelación resolución  IGJ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

Son arbitrarios tanto la resolución del órgano administrativo como el fallo del a quo, que confirma parcialmente aquella, toda vez que ambas decisiones han restringido el derecho de asociación de la apelante, reconocido en el art. 14 de la Constitución Nacional, sin que las normas legales citadas a tal efecto autorizaran a tomar dicha decisión.
Causales de divorcio y separación personal, separación de hecho, bienes adquiridos después del divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: C., G.T. c/ A., J.O. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-29

Decretada la separación personal o el divorcio vincular por la causal objetiva prevista en los artículos 204 y 214, inc. 2° del Código Civil, T.O. ley 23.515, sin que se hayan dejado a salvo los derechos del cónyuge inocente, corresponde aplicar la regla consagrada en el tercer párrafo del artículo 1306 del código citado, respecto de los bienes adquiridos durante la separación de hecho.
Remuneración, horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Madero, Omar Eduardo c/ Roberto Queixalos S.A s/ Proceso Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-05-31

Ante la falta de probanzas de que se había pactado una retribución especial que indicara valores diferentes a los vigentes en CCT 76/75, deberá admitirse que el valor de las horas extras pactado fue el vigente de convenio.
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, nombramiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sanseverino, Pablo y Otro c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad" y sus acumulados: Exptes. nº 8511/11 "Raffo, Julio César y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y nº 8595/11 "Campos, Antonio Rubén y otros c/ GCBA (Legislatura de la CABA) s/ nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

No se encuentran legitimados para accionar contra la resolución de la Legislatura que designó a los nuevos miembros de la Auditoría General de la Ciudad ni los candidatos a miembro de ella, puesto que no han sido elegidos; ni los diputados que tampoco han sido elegidos para formar parte de ella ni sostienen que se les impidió participar en la elección de auditores, desde que sólo están legitimados los partidos políticos porque invocan el derecho a elegir. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos, prestación de servicios, sociedad prestadora de servicios médicos, contrato de asistencia integral al viajero, alcance de la cobertura, embarazo, deber de información
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fontana Gribaudo Livia y otro c/ Assist Card Argentina SA de Servicios y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

La responsabilidad solidaria de las codemandadas encuentra sustento en el artículo mencionado, que estableció un régimen de solidaridad respecto del usuario por los daños resultantes de los defectos en la prestación del servicio, a menos que demostrara la eximente allí prevista -causa ajena-, pues se trata de un servicio prestado con exhibición de la marca de la tarjeta de crédito y su emblema comercial (CNCom, Sala B in re "Michan Laura Elena c/ Prisma Medios de Pago SA y otro s/ ordinario", del 18/06/19; entre muchos otros).
Infracciones de tránsito, revisión judicial de actos administrativos, sentencia ultra petita
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Martínez Valea, Gonzalo Daniel s/infr. art(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, -CC-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-24

La potencial disminución en el puntaje pertinente no puede ser corregida de manera oblicua y anticipada por el Poder Judicial, pues a éste sólo le incumbe notificar lo resuelto (art. 45, in fine, de la ley nº 1472), o, por caso, efectuar la "revisión" judicial (art. 11.1.3, Anexo I de la ley nº 2148) si eventualmente se llegara a "la pérdida total de puntos"; "revisión" que, una vez impulsada por el conductor interesado "tendrá efecto suspensivo", de modo que la declaración de inconstitucionalidad resuelta por los jueces intervinientes ha importado un exceso jurisdiccional. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Contratos, cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAVALA MIGUEL ANGEL Y OTRA c/ MARIA GABRIELA ROMERO DE FIGUEROA s/ ORDINARIO   -  BOLETO  DE  COMPRAVENTA  -  CUMPLIMIENTO  DE  CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-12-23

Conforme lo preceptuado por el arts. 656, 1071 y cc.del C.C., los jueces están facultados para morigerar la pena establecida (cláusula penal), ya que su monto diario según lo convenido, multiplicado por los días, y meses transcurridos aparece en principio desproporcionado con la gravedad de la falta que se sanciona, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso como lo establece la norma mencionada.-
Corretaje, corredor, sociedad de corredores, comisión del corredor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BORDENAVE, ELBA c/ ALTAMIRANO, CARLOS s/ CONTRATO DE CORRETAJE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-26

A raíz de la reforma de la ley 23282 se observa que se ha introducido como requisito habilitante para el desempeño del corretaje el cumplimiento de requisitos que tienden a una adecuada valoración de las condiciones personales de los sujetos que aspiran a desempeñarse en esas funciones de auxiliares de comercio. El requerir cierto grado de enseñanza como así también el aprobar un examen de idoneidad indican esa finalidad. Dentro de esa línea legislativa de corredores pueden asociarse para realizar los actos propios para los cuales están habilitados y únicamente con esa finalidad, pero no podrían incluir en esa asociación a otros sujetos no corredores, porque de esa forma se desvirtúa la finalidad perseguida por la ley, que es la personalización y jerarquización de las funciones del corretaje. En consecuencia, no tiene derecho a percibir las comisiones.
Falsificación de instrumento público, delitos relacionados con la identidad de las personas, documentos de identidad
Materia: PENAL
Carátula: MORENO, MIGUEL ANGEL s/ ADULTERACION DE DOC. PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-21

La conducta de quien adultera el propio Documento Nacional de Identidad no resulta irrevelante para el derecho, más aún cuando se trata de alterarlo de modo tal que pueda inducir a engaño con relación a la capacidad.