marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo público, situaciones de revista, cargo de mayor jerarquía, cambio de categoría, deberes de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Vázquez, Mirta Susana c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)" cesantía ni exoneración)"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

Resulta inadmisible y no imputable al agente el proceder de la administración conforme el cual, por un lado realiza designaciones que, si bien implican la indiscutible asignación de tareas jerárquicamente superiores, no responden a cargos contemplados por la estructura orgánica y, por el otro, al momento en que se presenta el previsible reclamo del agente, responde acudiendo a argumentos meramente formales y basados en la misma estructura orgánica que -a raíz de la novedosa designación previa- había sido desconocida.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: SILVA CARLOS A. c/ CESAR ANTONIO IBAÑEZ Y OTROS s/ PREAVISO, ETC.-RECURSO DIRECTO DE QUEJA POR DENEGACION RECURSO DE  CASACION INTERPUESTO POR DR.ZURITA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-07-02

El examen de admisibilidad del remedio casatorio endereza a verificar los requisitos formales exigidos, tales son: sentencia definitiva, plazo de interposición, depósito previo, etc.Cumplidos estos requisitos, y demostrado por el recurrente en queja el agravio que le ocasiona el juicio de admisibilidad efectuado por la Alzada, en cuanto se le cercena la posibilidad de pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, la queja debe admitirse declarándose mal denegado el recurso de casación.
Recurso de inconstitucionalidad, responsabilidad civil, monto de la indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: D. M. M. y otra s/ Recurso de Inconstitucionalidad.- Doble homicidio culposo y lesiones  culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-08

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que asiste razón a los impugnantes cuando afirman que el fallo carece de fundamentación en el tramo en que modifica el quantum de las indemnizaciones que condena a pagar. Ello es así por cuanto, como lo ha sostenido la Corte Suprema Justicia de la Nación, si bien lo relativo a la determinación de los montos indemnizatorios en supuestos de responsabilidad por daños -en el caso, a las personas- constituye una materia que, en razón de remitir al examen de cuestiones de hecho y prueba, se encuentra reservada a los jueces de la causa, siendo ajena como regla a la órbita del recurso extraordinario, no puede dudarse que corresponde excepcionar tal principio cuando la determinación del resarcimiento se ha efectuado a partir de meras afirmaciones dogmáticas, sin indicación de pauta objetiva alguna y -obviamente- sin una ponderación de la incidencia de las mismas en el resultado final a que se arriba. La simple lectura del pronunciamiento atacado revela que tal defecto concurre efectivamente en autos, atento a que, al hacer lugar parcialmente a la impugnación de los actores civiles, la Alzada se limitó a apelar "a los montos que esta Cámara suele determinar en concepto de valor vida" (sin indicación de precedente alguno), señalando dogmáticamente que por ello "corresponde modificar al respecto la sentencia determinando por valor vida un monto de $ 60.000", y en cuanto al daño moral, señaló que "siempre conforme a los criterios sostenidos por esta Cámara en similares circunstancias" (que tampoco indicó) debía concluirse en que era "adecuada" (sin más) la suma de $ 60.000, omitiendo efectuar ninguna referencia concreta a circunstancias -de personas, de capacidad patrimonial, etc.- que permitan tener por alcanzado un minimum razonable de fundamentación.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, compraventa mercantil, venta de hacienda, carga de la prueba, carga probatoria dinámica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GANADERA ARRUFO S.R.L. c/ FRIGORIFICO ESPERANZA DE MARTIN WILLIMAN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 209  AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-01

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad desde que la postulación recursiva respecto de que correspondía al demandado la carga de la prueba, concretamente la de exhibir sus propios registros donde estarían asentados los ingresos de hacienda durante el período establecido en las facturas y certificados de guía acompañados a la causa- argumentación basada en la doctrina de las "cargas dinámicas probatorias"- no habilita la vía extraordinaria intentada, pues las cuestiones vinculadas con la carga de la prueba, no constituyen materia propia de esta instancia de excepción, salvo que quien impugna, demuestre perfilado con suficiente claridad el agravio constitucional que la decisión le causa, lo que no ha logrado el quejoso al no desmerecer la proposición enunciada por la Sala respecto de que recaía sobre la actora -ante la cerrada negativa de la demandada de la compra de hacienda vacuna atribuía por aquella- la demostración de los requisitos de la existencia de la compraventa mercantil alegada, entre los cuales se encuentra: la entrega efectiva de los animales, aspecto que hace a la perfección de dicho contrato. A lo expuesto debe agregarse que el desplazamient o de la carga de la prueba pretendido fue desestimado con los siguientes fundamentos: a) no se vislumbra que dificultades insuperables impidieron una actividad probatoria satisfactoria de la actora respecto a la entrega de la mercadería que afirma vendió al demandado; no se observa elemento alguno que permita identificar al demandado como en situación más favorable en relación a la respectiva prueba y, en tal sentido, traducir su cooperación, en tanto no surge que esté en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas para producirla que su contraparte; y c) finalmente, basta recordar que la llamada doctrina de las cargas probatorias dinámicas puede y debe ser utilizada por los estrados judiciales en determinadas situaciones en las cuales no funcionan adecuada y valiosamente las previsiones legales que, como norma, reparten los esfuerzos probatorios.-
Caducidad de instancia, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PROMOTORA DE VIVIENDAS c/ FRANCISCO LUARA s/ des (LIBRO: A069 - 272)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-11-28

El escrito constituyendo domicilio legal, no es un acto impulsorio referido al recurso, ya que el mismo por sí, no hace avanzar su trámite.
Gobierno nacional, facultades del Poder Legislativo, poderes implícitos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Peláez, Víctor s/ hábeas corpus preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

La doctrina de los poderes implícitos sólo atiende a la valoración de atribuciones que, no depositadas expresamente en rama alguna, puedan considerarse razonablemente apropiadas y relevantes para el ejercicio de los poderes expresamente otorgados a determinado departamento, en cuyo caso puede admitirse que constituyan un acompañamiento de estos últimos.
Minería, inversiones mineras, promoción minera
Materia: PROCESAL
Carátula: EUGENIA I. c/  s/ INCIDENTES (MINAS).
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2015-07-01

Si el recurrente pretende el reconocimiento de un su-puesto mejor y anterior derecho frente al descubrimiento, cuenta con sesenta días desde la publicación del registro de la Mina, por aplicación del artículo 66 del Código de Minería.

El transcurso de tal plazo extingue definitivamente el derecho que se ha dejado de usar.

"... las (reclamaciones) que versen sobre el mejor derecho de un descubrimiento que no se relacionen con el terreno que éste deben ocupar, deben quedar planteadas dentro de los sesenta días de la publicación del registro, según lo establecido por el artículo 66" (Catalano, Edmundo Fernando: "Código de Minería Comentado", 10ª edición, Editorial Zavalía, Buenos Aires, 1999, pág. 211).

En orden al problema de límites provinciales y de la supuesta intervención que debió otorgársele a la Provincia de Catamarca, cabe su inadmisibilidad.

El argumento del conflicto jurisdiccional deviene improcedente, toda vez que el pedimento de la concesionaria fue inscripto en la Provincia de Salta.
Competencia contencioso administrativa, competencia civil y comercial federal, sublevación, responsabilidad del Estado, muerte de un militar
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ de PEDERNERA, María de la Paz y otros c/ Estado Nacional -Min. de Defensa E.M.G.E.- y otros s/ JUICIOS DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-02

Es competente el fuero Contencioso Administrativo Federal (y no el Civil y Comercial Federal) para entender en la demanda entablada por la cónyuge y los hijos menores del militar muerto, contra el Estado Mayor General del Ejército y determinados jefes alzados, por daños y perjuicios, fundada en los arts. 1.109 y 1.113 del C.C. -para la responsabilidad del Estado- y en los arts. 1077/9 y 1081, 1084 y 1085 del C.C. -para los codemandados partícipes-, relacionados a los sucesos ocurridos el 3 de diciembre de 1990 en el Regimiento de Infantería 1 de la Ciudad de Buenos Aires.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, sentencia condenatoria, calificación legal, reenvío
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Y., P. G. c/  s/ ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO CONTRA UN MENOR DE 18 AÑOS APROVECHANDO LA SITUACION DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE -APELACION -SENTENCIA CONDENA PRISION EFECTIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-05

En el caso, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal confirmaron parcialmente la sentencia recurrida, modificando el encuadre típico de la conducta por la de abuso sexual agravado por acceso carnal y convivencia preexistente, disponiendo el reenvío para la adecuación de la pena, desconociendo la solución propiciada para estos casos a partir del dictado del precedente "Scalcione", pues, conforme la doctrina sentada por este Tribunal, si los Sentenciantes consideraban que correspondía hacer lugar a la impugnación deducida por el Fiscal, debían dictar resolución haciendo lugar a la agravación de la calificación legal y de la pena pretendida por el recurrente directamente y sin reenvío y no, como lo hicieron, limitarse a modificar la adecuación típica de la conducta por la cual se había condenado al imputado sin imponer pena conforme la figura escogida -disponiendo el reenvío a tal fin-. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Gutiérrez y Falistocco. En disidencia: Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJStaFe: Scalcione, AyS T 271, p 239. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 119, tercer y cuarto párrafo, apartados b y f.
Recurso extraordinario, resoluciones equiparables a definitiva, declaración de incompetencia, competencia en lo penal económico, competencia administrativa, banco central, contrabando, sobreseimiento definitivo, inexistencia de delito
Materia: PROCESAL-PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Legumbres  SA . y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

La declaración de incompetencia de la justicia en lo penal económico en favor de un organismo administrativo como lo es el Banco Central, al descartar la existencia del delito de contrabando, es equiparable, por sus efectos, a un sobreseimiento definitivo y reúne los requisitos para ser considerada la sentencia de esa clase del Superior Tribunal de la causa.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, caducidad de instancia, embargo preventivo
Materia: CIVIL
Carátula: CHÁVES, Lucía Felisa c/ HAENDEL S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-09

Abierta la instancia con la promoción de la demanda ejecutiva y solicitud de embargo preventivo el Magistrado en grado decreta el embargo preventivo sobre los fondos, cuentas y/valores que tuviere la demandada en el Banco Santander Río y dicta a fs. 8 el auto de solvendo mandando que "En defecto de pago se elevará a definitivo el embargo preventivo ordenado a fs. 7...", resulta claro que las diligencias allí ordenadas, específicamente la intimación de pago y citación para oponer excepciones legítimas, no habrían podido cumplirse eficazmente dado que ante el defecto de pago mal podría elevarse a definitivo un embargo preventivo que no se encontraba previamente trabado.

Por ende, la actuación cumplida a los fines de obtener la traba de dicha cautelar, constituye un acto de impulso del proceso que interrumpió el transcurso del plazo de caducidad pues, dadas las particularidades del caso, la traba del embargo devenía necesaria, en forma previa, a la intimación de pago.
Hábeas corpus, Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior y Transporte, actividades subversivas, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, Poder Judicial, división de poderes
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Navarro, Néstor Silvio y otros. s/ hábeas Corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-22

Si de la nota del Ministerio del Interior surge que el Poder Ejecutivo resolvió mantener la restricción impuesta a la libertad del peticionante del hábeas corpus sobre la base de considerarlo como un integrante de la estructura de combate de un nucleamiento subversivo y que pese al tiempo transcurrido en detención mantiene la férrea concientización ideológica extremista, ello resulta suficiente para desechar la existencia de una situación de falta de fundamento en la decisión, razón por la cual no se ha configurado un caso excepcional en el que quepa al Poder Judicial rever aquella medida. Lo contrario importaría exceder el contralor relativo a la razonabilidad del acto del Presidente de la Nación para avanzar sobre los criterios que permiten calificar como peligrosas a una clase de personas y sobre la concurrencia de los extremos fácticos que han de permitir el encuadramiento de un individuo en esa clase, con menoscabo del principio rector de la materia, que consiste en el respeto debido a la esfera del poder político.
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ANDRADA, DONATO EUSTAQUIO c/ DE PABLO FELIPE Y/U OTROS s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-06-20

El poseedor accionante es quien soporta, en general, la carga de la prueba de la existencia de todos los presupuestos de las normas, sin cuya aplicación no puede tener éxito su pretensión procesal. Es así, que debe probar su posesión con ánimo de tener la cosa para sí (corpore y ánimo) revestida de los caracteres que la tornen útil para usucapir (art. 2.351, 2.479, 4.015 y 4.016 y concordantes del Código Civil) y su duración, que son los presupuestos a los que las normas legales han supeditado la producción del efecto adquisitivo de la prescripción. A su vez, el demandado que resista la pretensión del poseedor tendrá la carga de la prueba de los hechos impeditivos que invoque, y su actividad probatoria deberá encaminarse a destruir las afirmaciones de su oponente.
Obligaciones, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Celsa Lina Giménez y otro c/ Luis Ramón Quiroga s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-09-15

No constituye un reconocimiento de una obligación en los términos del Art. 728 del Código Civil, la sola manifestación de voluntad de realizar un pago en cierto aspecto gracioso y a mejor fortuna, aún de considerarse como generador de una obligación de pago, lo sería " .. a mejor fortuna ...".
Sociedad cooperativa, intervención judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COMPULSA EN J: FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA c/ COOPERATIVA TAMBEROS MENDOZA LTDA. s/ Intervención Judicial (LIBRO: A154 - 403)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-09-15

Los organismos de fiscalización pública carecen de la posibilidad de ejercer la acción de remoción porque no es facultad concedida por la legislación vigente. Otorgar tal facultad significaría una ingerencia inadmisible en el gobierno y administración de la cooperativa, que repugna a la autonomía que éstas deben gozar frente a los poderes públicos. Por tanto para solicitar la intervención judicial, en los supuestos excepcionales, en que se admite, no se requiere la promoción simultánea de la acción de remoción del órgano de gobierno.-
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, emergencia habitacional, subsidio estatal, derecho a la vivienda digna
Materia: CIVIL
Carátula: Lescano, Rosa Mavel c/ GCBA y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-07

En mi primera intervención, confirmé la sentencia que condenó al GCBA a proveer a la parte amparista un subsidio que le permitiera abonar en forma íntegra un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad, hasta tanto se acreditasen nuevas circunstancias que permitan concluir que su estado de necesidad había cesado, y al no haberse acreditado en autos que la situación de vulnerabilidad social de la actora haya variado, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).-
Acto administrativo, límites a la discrecionalidad, motivación del acto administrativo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: RUIZ PEDRO F. J c/ M.C.B.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-08

Una de las formas que la jurisdicción contencioso administrativa utiliza para hacer efectivos los límites al poder discrecional de la Administración y detectar los casos en que los mismos se traspasen, es la de exigir, como principio general, la necesaria motivación, en especial, la de los actos discrecionales.
Seguridad de la navegación, abandono de buque, presunciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CIA. ARGENTINA DE LANCHAS S.A. c/ ESTADO NACIONAL (COMANDO EN JEFE DE LA ARMADA). s/ RESTITUCION BQ. GAVIOTA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-29

El buque hundido puede constituirse en un peligro potencial en las vías navegables. Si el propietario no lo reflota poniéndolo en condiciones de navegar, se considera que éste lo ha abandonado a favor de quien debe mantener las vías de navegación expeditas.
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Karalis, Pedro c/ Vignola, Aldo y/o propietarios s/ Daños y perj.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23

Desde el vértice que al computarse una eventual situación que excluya la responsabilidad objetiva del dueño o guardián de la cosa creadora de riesgo o con vicio, no puede dejar de valorarse el cuadro total de la conducta de los protagonistas, con una perspectiva integral; es que ante el confesado hecho del apareamiento de los automotores en los instantes previos a la colisión y la manifiesta culpa del actor al transgredir elementales normas regulatorias del tránsito urbano, enerva la responsabilidad objetiva que el art. 1113 del Código Civil le tenía prefigurada para el accionado.
Contratos, prueba, principio de prueba por escrito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AREA S.R.L. c/ ROBERTO BAROTTI s/ Ordinario (LIBRO: S069 - 246)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-03-04

En lo estrictamente instrumental, el principio de prueba por escrito se trata de documentos que incluso, no emanando del adversario, éste haya hecho suyos expresa o tácitamente, como en el caso de borradores. Pero también lo constituye la confesión y reconocimientos.
Bienes del Estado, dominio público, mercado de pulgas, mantenimiento del edificio, facultades de la administración, desocupación del inmueble, derechos y garantías constitucionales, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ACARYA Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO ART. 14 CCABA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-07

En el caso, encontrándose debidamente demostrado en autos, por un lado, que las actuales condiciones del predio denominado "Mercado de Pulgas" suponen significativos riesgos para la integridad de sus ocupantes y de eventuales concurrentes y, por el otro, siendo la facultad de autotutela sobre bienes de dominio público una potestad expresamente reconocida por el ordenamiento jurídico, el acto administrativo por el cual se dispone la desocupación administrativa del mencionado predio (Decreto Nro. 1630/05) no aparece, al menos en el proceso cautelar, como manifiestamente ilegitimo o arbitrario.

A todo ello se suma, a su vez, que la ejecución o cumplimiento del acto cuestionado no ocasiona mayores perjuicios que su suspensión. Ello así, por cuanto, la administración ha arbitrado medios que, prima facie, aparecen como idóneos para evitar que la desocupación del predio signifique una afectación de la fuente laboral de los amparistas.

En efecto, el acto cuestionado dispone que los actuales ocupantes del "Mercado de Pulgas" podrán utilizar un predio contiguo para continuar desarrollando allí su actividad como puesteros y, por su parte, muchos de ellos ya han suscripto convenios con la Administración a fin de materializar el traslado.

En virtud de estas consideraciones corresponde rechazar la medida cautelar solicitada por los puesteros tendiente a que se ordene al Gobierno de la Ciudad que suspenda la ejecutoriedad del referido decreto hasta tanto se efectúe la audiencia pública que prevé la Constitución de la Ciudad en forma previa a la modificación del uso de un bien de dominio público.
Recursos, recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: POLANSKI  JUAN  CARLOS c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA Y OTROS s/ JUICIO CONTRA LA NACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-08

El escrito de expresión de agravios, para ser considerado como tal, deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas, sin incurrir en repeticiones de posiciones ya sostenidas en la primera instancia y desestimadas por el juez (confr. art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; esta Sala, causa 39.397/95 del 17/7/97; causa 381/01 del 9/11/04, entre muchas). Desde este ángulo, considero que la presentación de la parte actora no se hace cargo de destruir el fundamento que sustenta la decisión del magistrado de primera instancia.
Empleo público, adicional por refrigerio
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Marini  Nidia c/ E.N.  -Min.  de  Trabajo  y Seg. Social- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-29

Debe confirmarse el rechazo a la demanda interpuesta, excepto en el capítulo reintegro por servicios de refrigerio .