Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-05-02


Autos N° 4.764 (3er J.P.L.G.S.J., Capital, N° 4.869/05), caratulados: "LLARENA, Luis c/ Hidalgo, María Etelvina - Desalojo".

---------San Juan, dos de mayo de dos mil dieciséis.------------------ ---------Visto:----------------------------------------------------------------- -------- ---------Para resolver el recurso de apelación articulado a fs. 195 por la demandada, quien actúa por medio de apoderada, contra la sentencia obrante a fs. 188/194.------------------------------ ---------Tal recurso fue concedido con efecto suspensivo a fs. 206.----- ---------Y Considerando:------- ---------I. La sentencia cuestionada:-------- ---------En la parte dispositiva del decisorio atacado el a quo rechazó el incidente de nulidad deducido por la demandada, en virtud de las razones expresadas en los considerandos, con costas a la vencida, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales.---------- ---------II. El memorial de agravios, su traslado y réplica:- ---------1) Contra la mencionada sentencia se alzó la demandada a fs. 195, obrando su memorial a fs. 207/212 vta., donde sostuvo que:------ la sentencia impugnada se sostiene en criterios subjetivos de la Sra. Jueza careciendo el fallo de sustento jurídico que justifique técnicamente su validez;----- el primer yerro del a quo es haber omitido considerar en el fallo que la acción de desalojo se inicia por el Sr. Luis Llarena (fallecido), como propietario del inmueble de calle Mendoza N° 888, Sur, Capital, San Juan, sobre la base de un título de dominio que instrumenta la escritura pública de fecha 8 de agosto de 2001 que acompaña a la demanda como prueba, sin invocar contrato de locación vinculante alguno con la accionada. Señala que se rechazó la nulidad so pretexto de que la notificación de la demanda se hizo en el domicilio especial convenido por las partes en el contrato de locación, advirtiendo la apelante que jamás existió semejante contrato que vinculara directamente al actor y a la accionada por el que se constituyera el domicilio en calle Laprida N° 23, Este, Capital, San Juan, donde se practicó la notificación que se acusa de nula, y que le permita al a quo declarar la validez de la misma, pese a haber demostrado fehacientemente que al momento de la notificación la demandada no residía en el lugar y además era inexacto el domicilio por tratarse de un edificio de departamentos en planta baja, lo que impidió a la Sra. Hidalgo conocer la existencia del proceso para ejercer su derecho de defensa en juicio. Añade que para que la notificación en el domicilio especial o de elección sea válida presupone una serie de requisitos, como el contrato y lo atinente a la cuestión de las notificaciones judiciales que pueden hacerse en el domicilio especial, el que debe hallarse constituido en un instrumento público, que goza de autenticidad per se. Agrega que en cambio si se trata de un instrumento privado no gozará de la misma cualidad mientras no sea reconocido por la contraria o tenido judicialmente por tal. Aclara que ninguno de esos presupuestos se encuentran reunidos en el caso en estudio y por lo tanto la notificación practicada en calle Laprida N° 23, Este, Capital, San Juan, es nula;----- el a quo intenta sostener la legitimidad de su fallo sobre constancias documentales que carecen de valor legal y eficacia probatoria por tratarse de copias simples no autenticadas por el Juzgado al que se le atribuyen y tampoco compulsadas por aquél ya que nunca le fueron remitidas por el Segundo Juzgado Laboral frente al requerimiento formulado por oficio. Señala que la resolución se contradice con la posición asumida por la Inferior en la providencia de fecha 20 de abril de 2010 (fs. 69), donde previo a llamar autos para resolver consideró como necesaria e ineludible la compulsa de los Autos N° 649: "Spadaro, Aniceto c/ Panadería La Francesa y otros - Ordinario", lo que no sólo no logró con el oficio dirigido al Juzgado Laboral sino que el propio actor desistió de la prueba por la imposibilidad de obtener el desarchivo del expediente sin justificar los motivos, solicitando que prosiguiera la causa según su estado. Apunta que si bien es cierto que el actor hace mención en su demanda a la compra en subasta judicial de los derechos y acciones relacionados al inmueble base de la acción, las constancias con las que intenta probar sus dichos son copias simples sin valor legal, entre ellos un contrato de locación presuntamente firmado por un tercero ajeno a este proceso ("Sr. Miguel Oscar Llerena") con la accionada y una supuesta tercería de dominio entablada por ésta, que su parte nunca reconoció. Considera incontrovertida la inexistencia actual de la documentación original atribuible a la demandada que acredite contrato de locación del inmueble base de esta acción con el actor ni con otra persona y mucho menos el domicilio especial pactado, no contándose tampoco con fotocopias autenticadas, ya que las agregadas en autos son meras copias simples no reconocidas por su parte ni autenticadas por el Segundo Juzgado Laboral;--------- también le agravia que la sentencia no constituya una unidad lógica fundamentada y que [no] cumpla con los requisitos exigidos por el art. 164, inc. 6°, del C.P.C., no habiendo considerado los elementos de prueba que acreditan que la accionada no ocupaba el inmueble de calle Laprida N° 23, Este, Capital, San Juan, al momento de practicarse la notificación conforme surge de la documental de fs. 94/107 y la rendida a fs. 143 y 171. Señala también que ninguna de las justificaciones que pretende la jueza puede tener vigencia frente a la inexistencia del contrato de locación vinculante con el actor, debiendo revocarse la sentencia. Agrega que la única forma en que podía tomar conocimiento de la existencia de autos y el traslado de demanda era con la notificación que debía cursarse en el domicilio real a la fecha de la notificación o en el domicilio del que se la pretendía desalojar. Agrega que no sólo no conoce al actor sino que no le une relación jurídica obligacional alguna, por lo tanto el citado domicilio jamás pudo tener los efectos del domicilio especial constituido. Dice también que se han violado las disposiciones del art. 301 del C.P.C. y también las específicas del art. 682 (hoy art. 668 del C.P.C., modificado por la Ley Prov. N° 8.037), que en caso de no haber domicilio constituido contractualmente dispone que la notificación debe hacerse el domicilio real del demandado. Entre otras apreciaciones, indica que la inspección ocular llevada a cabo por el Juzgado a fs. 171 demuestra que existe una falta grave del oficial notificador quien ha violado las disposiciones de los arts. 683 y 684 del C.P.C. (hoy arts. 669 y 670 por modificación de la Ley Prov. N° 8037); y en forma subsidiaria sostiene que también le agravia el apego incondicional del a quo al domicilio especial de Laprida N° 23, Este, Capital, San Juan, ya que ninguna disposición legal autoriza a atribuirle al domicilio contractual el efecto de que deba hacerse en él la notificación de la demanda, porque el art. 101 del Código Civil [versión anterior a la actual] faculta tal domicilio para la ejecución de sus obligaciones y no puede entenderse como tal la notificación de la demanda.-------------------------------------- ---------2) A fs. 215 se corrió el pertinente traslado del memorial al actor, quien lo contesta con patrocinio letrado a fs. 216/219, solicitando el rechazo del recurso, con costas a su contraria. En síntesis, expresa que:----- el contrato celebrado por las partes es un instrumento privado cuyas firmas se encuentran certificadas por notario, habiéndose observado todas las solemnidades al momento de celebrarlo cumpliendo con lo dispuesto por el art. 301 del C.P.C. Agrega que en el contrato de locación la demandada ?en el año 1998? manifiesta que constituye como domicilio especial el de calle Laprida N° 23, Este, Capital, San Juan, habiéndose presentado en el expediente laboral expresando que vive realmente en ese domicilio. Menciona también que la accionada trata ahora de endilgar responsabilidad al oficial notificador que no agregó mayores indicaciones en la cédula de notificación y que tales argumentos se desvanecen cuando aquélla sostiene que vivió en ese domicilio hasta el año 1993, surgiendo que se encuentra viviendo en calle Mendoza N° 888, Sur, Capital, San Juan, desde el 25 de mayo de 2007 con fecha posterior a la notificación de la demanda;--------------------------------- los efectos del domicilio especial subsisten mientras no se notifique en forma fehaciente su cambio al locador, estando en cabeza de la locataria la obligación de comunicar el cambio de dicho domicilio, acto que no fue observado por ésta. Dice además que la locataria no reparó en notificar otro domicilio real, por lo que subsiste el domicilio convencional constituido en el contrato de locación hasta que cesen todos los efectos que puedan derivarse de dicho contrato; y ------------------------------ su parte cumplió con las normas procesales que rigen el procedimiento de desalojo, respetando el orden de prelación determinado en el art. 668 del C.P.C. y que a los efectos del contrato de locación no puede la apelante pretender dar preponderancia al domicilio real sobre el domicilio constituido en el instrumento privado con firmas certificadas por escribano público. Concluye afirmando que el 31 de diciembre de 2000 operó el vencimiento del contrato de locación celebrado con la demandada por lo que desde ese momento ésta efectúa la ocupación indebida del inmueble, lo que llevó al actor a iniciar el proceso de desalojo.----------------------------------------------------------- ---------III. Elevación del expediente y trámite en la Alzada:-- ---------A fs. 221 se ordenó el envío del expediente a la Alzada, lo que se materializó según constancia de fs. 222.---------------------------- ---------En este ámbito apelatorio se decidió remitir nuevamente el expediente al Juzgado de origen a los fines de que se completara el certificado de fs. 220 para determinar la temporaneidad del escrito de fs. 216/219 (fs. 223); cumplido lo cual los actuados se reenviaron a la Cámara (ver decreto y certificado de fs. 225 vta. y cargo de este Tribunal obrante en idéntico folio, infra).------------------ ---------A fs. 226 se determinaron los miembros del Tribunal que intervendrían en la resolución del recurso, todo lo que fue notificado a las partes por medio de las cédulas de fs. 227 y vta. y 228 y vta.---------------------------------------------------------------------------- ------- ---------Posteriormente (fs. 230), se dispuso el pase de los autos a resolver, lo que fue oportunamente notificado (a fs. 231 y vta. y 232 y vta.), ordenándose a fs. 233 el sorteo de la causa. Luego, se procedió a adjudicarla a estudio, como resultado de lo cual surge el presente pronunciamiento.------------------------------------------------------ ---------IV. La resolución del recurso:----- ---------Comenzando con el análisis de la cuestión sobre la que corresponde expedirse, adelantamos nuestro criterio favorable a la procedencia del recurso venido a estudio. Ello, por los motivos y fundamentos que se verterán a continuación.--- ---------1) En tanto útil para la resolución de la cuestión traída a estudio, conforme a la solución que se diseñará en la presente, efectuaremos un señalamiento de las actuaciones obrantes en el expediente referidas al incidente de nulidad:----- la demandada promueve el incidente de nulidad a fs. 108/115 vta., manifestando que el 23 de noviembre de 2012 recibió en su domicilio de calle Mendoza N° 888, Sur, Capital, San Juan, la cédula que le comunicaba la sentencia de desalojo de 14 de noviembre de 2012, siendo ésa la primera oportunidad en la que tuvo conocimiento del proceso judicial donde se encuentra el acto cuya nulidad impetraba. Mediante dicha cédula se enteró que se encontraba demandada y que el traslado de la acción se había producido el 22 de junio de 2005 en el domicilio de Laprida N° 23, Este, Ciudad, San Juan, cédula que nunca recibió porque ocupó ese domicilio hasta el año 1993 como locataria de un departamento. Sostuvo que a partir de julio de ese año fijó su domicilio en calle Mendoza N° 888, Sur, Capital, San Juan, que es donde tiene el asiento de su negocio comercial, lugar donde pasa el mayor tiempo y es de donde pretenden desalojarla. Aclara que posteriormente recibió un inmueble del I.P.V. en el Barrio Saturnino Sarassa donde residió con sus hijos hasta mediados de febrero de 2004, y que actualmente vive en calle Mendoza N° 893, Sur, Capital, San Juan. Expresa que debió notificarse en el domicilio del cual se la pretendía desalojar, desconociendo que el actor mantuviera una relación jurídica con ella, no pudiendo el domicilio de calle Laprida N° 23, Este, Ciudad, San Juan, tener los efectos de domicilio especial. Entiende que existe una falta grave del oficial notificador al violar disposiciones del C.P.C. que prevén expresamente que el incumplimiento de las exigencias en la notificación es considerada una falta grave, habiéndosele ocasionado un grave perjuicio porque no pudo contestar la demanda ni hacerse parte en el juicio de desalojo;-------------------- dispuesto a fs. 116 el traslado pertinente del incidente, el actor lo contesta a fs. 127/130 exponiendo que la demandada celebró un contrato de locación con firmas certificadas por Escribano Público el 1 de enero de 1998 cuyo vencimiento operó el 31 de diciembre de 2000, habiendo la accionada fijando en la cláusula décima del contrato, como domicilio especial, el de Laprida N° 23, Este, Ciudad, San Juan. Señala que, notificada en ese domicilio, se la tuvo por rebelde al no presentarse al proceso. Expresa que el domicilio contractual se constituyó para todos los efectos que resultaren de dicho contrato, siendo plenamente válidas las notificaciones efectuadas allí. Sostiene que la demandada tergiversa la verdad de los hechos, atento a que cuando el 7 de junio de 2000 se presenta en el expediente laboral que individualiza, manifestó que se domicilia en Laprida N° 23, Este, Ciudad, San Juan. Y que luego de ello su domicilio era en Mendoza N° 893, Sur, Capital, San Juan, por un contrato de locación con duración entre 2004 y 2006. Indica que su contraria es, desde 1993, adjudicataria de un inmueble en el Barrio Saturnino Sarassa y a su vez de su D.N.I. surge que su domicilio es en calle Mendoza N° 888, Sur, Capital, San Juan;---- a fs. 135 se abrió a prueba el incidente, proveyéndose la ofrecida por la demandada;----------------------------------------------------- a fs. 154 obra interrogatorio para el testigo Sr. Fernando Javier Yélamo (Oficial de Justicia) quien a fs. 155 reconoce la cédula que notificó y sobre el resto de las preguntas del pliego dice no recordar ya que hacía siete u ocho años que había dejado de ser oficial de justicia;-------------------------------------------------------------- a fs. 159 consta el interrogatorio para la Sra. Margarita Alfonso quien a fs. 160 responde que la demandada vive enfrente del negocio ubicado en la misma esquina de calles Mendoza y Belgrano desde hacía ocho años aproximadamente y que se dedica desde hacía quince años a la venta de muebles usados;-- a fs. 163 la accionada por apoderada solicita se cite a los dos testigos faltantes por la fuerza pública;--- a fs. 167 consta la deposición de la Sra. Ligia Beatriz Oropel, cuyo testimonio es coincidente con el de fs. 160;---------------------- a fs. 168 figura la declaración del Sr. Juan Carlos Lucero, quien sostiene que la demandada habita el domicilio de calle Mendoza casi Belgrano, habiendo observado que ubicaban un tinglado por la calle Belgrano alrededor de los años 2003/2004. Agrega que vende cosas usadas y que tiene un letrero en la vidriera del comercio que indicaba que su domicilio era enfrente en la esquina, manifestando también que el negocio es aproximadamente desde 2003/2004 por calle Mendoza antes de llegar a Belgrano a mano izquierda;---- a fs. 171 consta inspección ocular del domicilio de calle Laprida N° 23, Este, Ciudad, San Juan, de donde surge que en el departamento que habitaba la demandada se encuentra una relojería de propiedad del Sr. Verón quien les manifestó que él ocupa el lugar hacía más de diez años;---- a fs. 172/173 consta oficio de la Secretaría Electoral donde se informa (específicamente a fs. 173) que la demandada se encuentra domiciliada desde el 25 de mayo de 2007 en calle Mendoza N° 888, Sur, Capital, San Juan;-- a fs. 180 se clausura el término probatorio y a fs. 186 se llama autos a resolver, dictándose resolución a fs. 188/194 por medio de la cual se desestimó el incidente de nulidad deducido por la demandada; y tal decisorio genera el recurso que en esta ocasión convoca al Tribunal.- ---------2) De todo ello surgen algunos elementos jurídico-fácticos que, asociados a las consideraciones que se formularán a continuación, aportarán el anclaje argumental que sustentará la solución anunciada.---- ---------A) Se observa que las notificaciones practicadas por la parte actora en relación, por ejemplo, con el traslado de demanda (fs. 36/37), la declaración de rebeldía (fs. 40 y vta.) y la suspensión del llamamiento de autos (fs. 85 y vta.), fueron dirigidas exclusivamente a un supuesto domicilio "especial" fijado en el convenio de locación (en copia a fs. 29/31) suscripto entre el "Sr. Miguel Oscar Llerena o Llarena" y la Sra. María Etelvina Hidalgo, es decir que fueron cursadas a calle Laprida N° 23, Este, Ciudad, San Juan.--- ---------Sin embargo, concurre un hecho atípico en esa dinámica notificatoria: curiosamente la notificación de la sentencia de fs. 88/92 vta. (que hizo lugar a la demanda de desalojo) fue cursada no sólo a aquel domicilio (ver fs. 117 y vta.), sino por primera vez en todo el proceso, también al de calle Mendoza N° 888, Sur, Capital San Juan (ver. fs. 118 y vta.). Como resultado de esta última se produjo la comparecencia de la demandada planteando incidente de nulidad de la notificación del traslado de la demanda de desalojo obrante a fs. 36/37, como así, apelación en subsidio contra el citado decisorio de fs. 88/92 vta.------------------------------------- ---------En otras palabras, las notificaciones de actos fundamentales para la accionada (entre ellos y primordialmente, el traslado de la demanda) se produjeron en un pretendido domicilio especial contenido en un contrato que no fue suscripto con el actor en el sub lite, Sr. Luis Ignacio Llarena, sino por el nombrado Sr. Miguel Oscar Llerena o Llarena, convenio que finalizara el 31 de diciembre de 2000, es decir, casi cuatro años y medio (4½) después de extinguido aquel acuerdo (ver cargo de fs. 34 vta.).------ ---------Otro elemento coadyuvante a la solución propiciada es que en general las notificaciones remitidas al aludido domicilio de calle Laprida N° 23, Este, Ciudad, San Juan, fueron dejadas fijadas en la puerta del mismo. Nótese, por ejemplo, que en la citada cédula de fs. 85 y vta. el oficial de justicia interviniente se encarga de aclarar que tal pieza notificatoria fue "fijada en la puerta principal del inmueble, ya que el mismo tiene varios locales y no se discrimina a cuál de ellos corresponde" (cfr. atestación de fs. 85 vta.).-------------- ---------O sea que en ningún momento se pudo dar con la demandada en dicho domicilio. Y ello porque, como todo hace suponer y así surge de autos, tal sitio no era el domicilio real de la accionada ni tampoco un domicilio válido para practicar allí las notificaciones, ya que como se adelantó el actor pretende improcedentemente hacer valer un supuesto domicilio especial constituido por la demandada en un contrato de locación que no fue firmado por el accionante en el sub discussio, puesto que no participó del mismo, sino que habría sido rubricado por la demandada y otro sujeto ajeno al presente litigio.-------------------------- ---------Se impone un interrogante: Si el actor remitió todas las notificaciones al domicilio de calle Laprida N° 23, Este, Ciudad, San Juan, ¿por qué razón notificó la sentencia de fs. 88/92 vta., además de a este último, al domicilio de calle Mendoza N° 888, Sur, Capital, San Juan (fs. 118 y vta.), que sí logró dar con la accionada? Fue la primera vez, en siete años y medio (7½) de juicio, que la accionante cursó una notificación a este domicilio, generando la comparecencia de la demandada al proceso a fs. 108/115 vta., presentación en la que acusó la preindicada nulidad.

----------En autos se observa la convergencia de un perjuicio concreto, real y tangible en detrimento de la nulidicente, quien fue privada de ejercer defensas o pretensiones y sumida en estado de indefensión. De hecho, la irregularidad incurrida por el accionante ?al dirigir todas las notificaciones del proceso a un domicilio jurídicamente incorrecto, salvo la de fs. 118 y vta. (remitida a calle Mendoza 888, Sur, Capital, San Juan)?, es grave desde que impidió a la interesada cumplir oportunamente los actos procesales vinculados a las resoluciones que se notificaban, principalmente, la correspondiente al traslado de la demanda que le cercenó la posibilidad de acudir en modo oportuno a estar a derecho, contestar demanda y ofrecer prueba (cfr., referencialmente, arts. 150, párrafo primero, y ccds. del C.P.C., Ley Prov. N° 988-0).--------- ---------B) Mencionado lo anterior, surge con nitidez que no se ha cumplido cabalmente con la notificación de la demanda o del traslado de la demanda en el domicilio real de la accionada, ni en otra dirección válida, siendo inoponible a ésta el hecho de haber señalado un domicilio especial en un contrato largamente vencido al momento de incoarse la demanda en el sub lite y que, además y más importante aún, no fuera suscripto entre la accionada y el actor en los presentes autos, tratándose por tanto de un instrumento ajeno al sub lite.------ -------Como se ha indicado, la notificación del traslado de la demanda tiene especial trascendencia en el proceso. Al ser generadora de la relación jurídico-procesal, la ley la reviste de formalidades específicas que tienden al resguardo de la garantía constitucional del debido proceso (Maurino, Alberto L., Notificaciones procesales, 3ª ed. actualiz. y ampl., Astrea, Buenos Aires, 2009, p. 311).--------------- ---------Desde antiguo se viene afirmando que "las formas tienen en las notificaciones una finalidad precisa y si bien no valen, ni son exigibles por sí mismas, constituyen una garantía de eficacia" (cfr., por ejemplo, Podetti, J. Ramiro, Tratado de los actos procesales, T° II, Ediar, Buenos Aires, 1955, p. 291).------------ ---------Maurino señala que el emplazamiento y su validez tienen el carácter de verdadero presupuesto procesal (Maurino, Alberto L., ob. cit., p. 312). Ya en palabras de Couture, sin el emplazamiento "no hay litis válida"; la tutela constitucional del proceso requiere una correcta citación, lo que surge como aplicación del precepto audiatur et altera pars, cuya inexistencia o defectuosidad genera nulidad; además de que la comunicación de la demanda al accionado es, también, una de las aplicaciones procesales del derecho natural y constitucional de igualdad (Couture, Eduardo J., Fundamentos de Derecho Procesal Civil, 3ª ed. póstuma, Depalma, Buenos Aires, 1978, pp. 106, 154 y ss., y 183-184; aludido por Maurino, Alberto L., ob. cit., p. 312, nota 4 y p. 313, notas 9 y 10).----------- ---------Como ya se pusiera de manifiesto aquí, el demandante sostiene que dirigió la notificación del traslado de la demanda ?entre otros decretos? al domicilio de calle Laprida N° 23, Este, Capital, San Juan, por ser el domicilio especial o de elección (esto último en los términos del art. 101 del Código Civil, en la versión anterior a la actualmente vigente), estampado en el contrato de locación en copia a fs. 29/30 vta. (con firmas certificadas por Escribano según actuación en copia a fs. 31). Como también se anticipara, tal convenio locativo fue suscripto entre el Sr. Miguel Oscar Llerena o Llarena y la demandada, es decir, en el contexto de un acuerdo del que no participó el actor en el sub lite: Sr. Luis Ignacio Llarena (vid. fs. 33/34 vta.).---------------------------------------------- ---------Evidentemente, la pretensión del accionante de utilizar tal domicilio especial o de elección (calle Laprida N° 23, Este, Capital, San Juan) como matriz de proyección de efectos exógenos, o sea, hacia el presente proceso, resulta improcedente al menos en lo referente a la alegación de validez de las notificaciones cursadas a tal dirección.--------- ---------Si bien dicho acuerdo locativo (fs. 29/30) es un instrumento privado con firmas certificadas (fs. 31), se ha aseverado que "aun en la hipótesis rigurosa de que el domicilio de elección esté fijado en un contrato celebrado en instrumento público, no es idóneo para notificar en él la demanda iniciada por un tercero, ajeno a la relación jurídico-contractual. De ahí que se concluye que los terceros no pueden invocar el domicilio establecido como especial por las partes en un contrato" (Cám. Nac. Civ., Sala E, 31-08-95, La Ley, 1996-B-732, 38.594-S; Cám. Nac. Com., Sala B, 07-12-77, El Derecho, 80-371). Todo ello, en virtud de que "el domicilio especial sólo produce efectos, en principio, entre las partes y sus sucesores universales" (Cám. Nac. Civ., Sala E, 13-12-95, La Ley, 1997-D-828, 39.615-S).------------------------------ ---------En torno a este último tópico y de modo convergente, también se ha determinado que "la notificación practicada en un domicilio contractual pactado en la escritura traslativa de dominio de un inmueble ya subastado y adquirido por el acreedor, y que es ajeno al domicilio real de la demandada al tiempo de iniciarse la ejecución, implica violación de la defensa en juicio en cuanto aquel domicilio contractual no produce efectos, en principio, sino entre las partes y sus sucesores universales" (C.S.J.N., 19-12-78, Repertorio El Derecho, 13-620, sum. 32)------------------------------------------------------------------- ---------Por lo demás, incluso en caso de duda sobre la irregularidad de la notificación o emplazamiento para contestar demanda, la cuestión siempre debe interpretarse del modo que mejor asegure el derecho de defensa, es decir y como se ha decidido jurisprudencialmente "debe estarse a la solución que evite conculcar garantías de neta raíz constitucional" (ver, v. gr., Cám. Nac. Civ., Sala C, 28-08-80, Jurisprudencia Argentina, 1981-III-84; íd., Sala F, 28-08-97, La Ley, 1998-B-772).-------------------------------------------------------------------- --------- ---------En otras palabras, en la apreciación del cumplimiento de los recaudos legales requeridos para la notificación del traslado de la demanda, hay que proceder con un criterio estricto (cfr. Maurino, Alberto L., ob. cit., p. 314).-------- -----------C) Descripto el escenario que tipifica la causa, emergen con claridad los obstáculos de orden jurídico y fáctico que se erigen contra la posición del actor que defiende infructuosamente la regularidad de la notificación del traslado de la demanda, impedimentos que fueran marcados supra.---- ---------Sin perjuicio de ello, se hace todavía preciso subrayar que la garantía de defensa en juicio y el principio constitucional del debido proceso (arts. 18 de la Constitución Nacional ?C.N.?, 33 de la Carta Provincial y normativa concordante de los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional ?originaria o derivada? con arreglo al art. 75, inc. 22, segundo y tercer párrafos, de la C.N.), son continente adecuado para un conglomerado de premisas jurídicas y axiológicas que requieren ser observadas y aplicadas efectivamente.----------------------------------- ---------Como se sabe, el debido proceso tiene dos facetas: una adjetiva y otra sustantiva. Según una clásica aproximación doctrinaria (que presenta de maneras genérica y teórica tales dimensiones), la primera es el conjunto de reglas y procedimientos que el legislador y el Poder Ejecutivo deben cumplir al dictar leyes y reglamentos, que regulan jurídicamente la conducta de los individuos y restringen la libertad civil (cfr. Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes, 2ª ed., Astrea, Buenos Aires, 1970, p. 25). En función de la segunda, el debido proceso constituye un standard de justicia que determina a aquellos órganos hasta dónde pueden incidir en el ejercicio del arbitrio que la Constitución les atribuye, sobre la libertad individual (ibíd., pp. 26 y 27).------------------------------------ ---------Perfilando más específicamente la cuestión, el debido proceso o due process of law según se lo conoce en el derecho anglosajón, significa entre otras cosas que ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin que se cumpla un procedimiento regular fijado por la ley. Asimismo, para que abastezca la calidad de "debido", tiene que dar suficiente oportunidad al justiciable de participar con utilidad en el proceso, es decir, de ser oído. Y es aquí donde justamente se inserta con plenitud el derecho-garantía de defensa en juicio (ver, mutatis mutandis, Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución reformada, T° II, Ediar, Buenos Aires, 1997, p. 327).--------- ---------Al respecto, en el marco del Estado Constitucional y Convencional que caracteriza nuestra actual versión de constitucionalismo y de Estado de Derecho y de Derechos, no puede omitirse que con una fórmula genérica el citado art. 18 de la C.N. indica que "[e]s inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos" (cursivas agregadas).---- ---------Y ello no es un simple canon programático, especulativo o teórico, sino un patrón que debe respetarse concretamente para hacer de aquél un postulado constitucional tangible y operativo en protección de los derechos fundamentales de la persona, en el caso, brindando cobertura tuitiva a su derecho de defensa y a la garantía de inviolabilidad de ésta.------ ---------Como en aguda síntesis propone Bidart Campos, el debido proceso nos deja la idea de un proceso regular y razonable y de una tutela judicial eficaz (Bidart Campos, Germán J., ob. cit., ídem).------------ ---------Y tal núcleo garantístico del debido proceso y la defensa en juicio no puede ser obviado o circunvalado. En ese sentido, e inmersos en semejante lógica, consideramos que las particularidades de la causa imponen receptar la pretensión nulificante de la demandada.---------- ---------La interpretación y la aplicación jurídicas que aquí se plasman quedan alineadas adecuadamente con una concepción sustancialista del Derecho (ver, mutatis mutandis, C.S.J.N., "Crocitta, Vicente", 20-12-74, El Derecho, 64-349 consid. 8°; cit. en Bertolino, Pedro J., La verdad jurídica objetiva, Depalma, Buenos Aires, 1990, p. 9, nota 15), lo que en definitiva desnuda una posición subyacente favorable a considerar que las exigencias legales tienen por finalidad asegurar la defensa de los derechos (ver Cám. Nac. Civ., sala D, 13-07-71, "Astrain de Mariño, María E. c/ Gorosito Córdoba de Poggio, Josefa y ot.", El Derecho, 41-699; aludida en Bertolino, Pedro J., ob. cit., p. 10, nota 18), debiendo ser siempre analizadas a la luz de las singularidades que ofrece el proceso.------ ---------3) Sin perjuicio de lo aquí resuelto debe quedar absolutamente claro que el acogimiento del recurso (y por extensión, del incidente planteado) en modo alguno prejuzga sobre la viabilidad jurídica del contenido de la pretensión principal (desalojo) planteada por el accionante en su escrito de demanda, tema que luego de desarrollado el proceso deberá ponderar y juzgar el a quo, para lo cual puede moverse con plena libertad en función de las nuevas circunstancias y actuaciones que depare el litigio.-------- ---------4) En suma, y sobre la base de todo lo aquí puntualizado, corresponde admitir el recurso de apelación deducido a fs. 195 por la demandada contra la sentencia obrante a fs. 188/194, la que se revoca y, en su reemplazo, se hace lugar al incidente de nulidad interpuesto a fs. 108/115 vta. declarándose la nulidad de la cédula de fs. 36/37 y de las restantes notificaciones practicadas en autos al domicilio de calle Laprida N° 23, Este, Ciudad, San Juan; disponiéndose retrotraer el proceso hasta el decreto de fs. 35 y vta., quedando sin efecto todas las actuaciones que resulten incompatibles con lo aquí decidido, entre ellas, la resolución de fs. 88/92 vta. En su momento, el a quo deberá ordenar se corra nuevo traslado por cédula de la demanda a la accionada, que habrá de cursarse al domicilio de calle Mendoza N° 888, Sur, Capital, San Juan y al domicilio procesal constituido en calle Catamarca N° 202, Norte, Ciudad, San Juan.------ ---------Las costas generadas en primera instancia, corresponde sean impuestas al actor vencido (arts. 67 ?primer párrafo?, 66 ?primer párrafo? y ccds. del C.P.C.), al igual que las de segunda instancia, con arreglo al modo como se resuelve la apelación venida a estudio (id. normativa citada).----------------------------------------- ---------Por lo expuesto, normativa, jurisprudencia y doctrina citadas, la Cámara de Apelaciones de Paz Letrada Resuelve:----------- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 195 por la accionada contra la sentencia obrante a fs. 188/194, la que se revoca y, en su reemplazo, se admite el incidente de nulidad deducido a fs. 108/115 vta., declarándose la nulidad de la cédula de fs. 36/37 y de las restantes notificaciones practicadas en autos al domicilio de calle Laprida N° 23, Este, Ciudad, San Juan; disponiéndose retrotraer el proceso hasta el decreto de fs. 35 y vta., quedando sin efecto todas las actuaciones que resulten incompatibles con lo aquí decidido, entre ellas el decisorio de fs. 88/92 vta. Asimismo, el a quo deberá ordenar se corra a la accionada un nuevo traslado por cédula de la demanda al domicilio de calle Mendoza N° 888, Sur, Capital, San Juan y al domicilio procesal constituido en calle Catamarca N° 202, Norte, Ciudad, San Juan.-------------- Imponer las costas de primera y segunda instancias al actor vencido.--- Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y bajen al Juzgado de origen donde más allá de los traslados a los que se alude en el punto dispositivo 1 la Inferior deberá ponderar el nuevo escenario que adquiere el proceso y ordenar las providencias que considere conducentes para la normal prosecución de la causa.-------- OBSERVACIÓN:

En el texto de la sentencia hay una nota a pie de página, que dice:

El nuevo Código Civil y Comercial fue aprobado por Ley Nac. N° 26.994 (B.O. de 8 de octubre de 2014) y entró en vigencia el 1° de agosto de 2015 según lo dispuesto por la Ley Nac. N° 27.077 (B.O. de 19 de diciembre de 2014), modificatoria de aquélla.

P. de S. N° 14, fs. 134/145 Fdo: BAZAN ? TONELLI.