Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-04


Esquel, 4 de junio de 2006.- VISTO:- El recurso de apelación interpuesto a fs. 14/20 y vta. por el Defensor Particular Dr. D. A. S., contra la resolución obrante a fs. 11/13, que deniega la excarcelación de R. S., y;

CONSIDERANDO:

Que la Defensa se considera agraviada de las consideraciones que el a quo realiza y de la forma en que sustenta la situación procesal de su defendido, haciendo mención que no se han modificado las circunstancias merituadas al momento de disponer la prisión preventiva. Transcribe párrafos del resolutorio apelado y vierte opinión sobre los mismos.Señala textualmente ... "surge de la respuesta dada por V.S. denegando la petición de excarcelación se funda en meras declaraciones dogmáticas, es decir carecen de sustentabilidad objetivas, dada que las apreciación de fuga como las entorpecimiento no se encuentran sustentada objetivamente como manda el sistema de la libre interpretación".-No comparte la motivación esgrimida por el a quo para fundar su resolutorio, pues considera que éste se refiere genéricamente a todo tipo de restricciones de la libertad, y el análisis que efectúa acaba de ceñirse a los criterios que legitiman el dictado de la prisión preventiva como forma más gravosa de restricción, por lo que a criterio del apelante, la aplicación de esos criterios se adecuan a viejos casos inquisitivos de épocas nefastas.-Agrega que las formulaciones efectuadas por el Juez de grado para sostener la privación de la libertad durante el proceso se hace con visiones ortodoxas, obviando que la prisión preventiva, sólo puede estar orientada a asegurar los fines del proceso, tratando concretamente de evitar que el imputado se fugue o que realice actividades tendientes a obstaculizar la investigación.-Manifiesta que las valoraciones realizadas por el Juez de grado hacen totalmente gravosa la situación de su defendido, toda vez que no ha sido contemplada su situación actual en el proceso, "casi tornándose su detención, en forma ilegítima". Recalca que la valoración del a quo infringe por defecto al señalar que deben seguirse reglas de expectativas de pena como presunciones iuris tantum, que esta situación, influenciada por el Fiscal de la causa, y con un panorama distinto a los principios rectores, hacen cuestionable la sentencia recurrida, ya que toda presunción que admite prueba en contrario opera colocando la carga de esa prueba en aquél que debe destruir la presunción y no como en autos donde se evidencia incompatibilidad de las presunciones iuris et de iure con las garantías constitucionales sobre la libertad durante el proceso. Hace además consideraciones sobre las reglas sobre encarcelamiento preventivo.

Realiza interpretación sobre prisión, preventiva, excarcelación, exención de prisión, Reglas de Tokio y transcribe citas doctrinarias, para culminar expresando que de mantenerse la condición de prisión de su defendido, se estarían vulnerando derechos constitucionales y pactos internacionales.En tiempo oportuno la defensa Técnica amplía sus fundamentos a fs. 77/80 y vta.

Resumidos así los agravios del apelante, debemos entrar en el análisis del recurso planteado a fin de resolver la situación procesal de R. S.-Que conforme lo sostenido por los suscriptos como integrante de la CANO, si bien con diversa composición, en el Incidente 97/05, derivado de los mismos autos principales, hemos de resumir los principios legales y constitucionales que entendemos rigen la institución en tratamiento.-En tal sentido ha quedado dicho que la privación de la libertad, como instituto cautelar es excepcional y debe aplicarse cuando sea absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación de la ley, conforme lo prevé la norma constitucional del art. 49 de la Constitución de la Provincia del Chubut.En cuanto al aseguramiento de la investigación, fueron compartidos los conceptos de Valentín Lorences en cuanto: "El interés superior de la investigación judicial, tendiente a la determinación de lo verdaderamente ocurrido y a la fijación de la pena de los autores, en modo alguno debe interpretarse como una conculcación de otros derechos de idéntica jerarquía constitucional" ("Excarcelación y exención de prisión" -Presentación-. Editorial Universidad).En lo atinente a la actuación de la ley es menester precisar que la misma debe armonizarse con las demás pautas constitucionales que tutelan el derecho del imputado a permanecer en libertad, sometido al proceso, hasta el dictado de una sentencia definitiva que, en el marco del debido proceso, emita el órgano competente. A tal fin, resultan de suma trascendencia el principio de inocencia consagrado por el art. 43 de la Constitución Provincial, la garantía del debido proceso resguardada por el art. 44 de la misma Norma Fundamental y especialmente, la pauta interpretativa que surge del art. 22 de la misma Constitución al imponer que las normas relativas a derechos fundamentales y a las libertades se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derecho Humanos, los tratados y los acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por la Nación Argentina.-Por ello, encontrándose en pugna por un lado el interés del Estado en lograr la actuación de la ley penal, en tanto se considera al imputado responsable por la comisión de un delito y, por el otro, el derecho de éste a mantener la libertad ambulatoria hasta tanto una sentencia definitiva dictada por un órgano competente lo condene, se impone efectuar una interpretación que armonice el contenido de ambos derechos, de manera que los mismos coexistan sin excluirse recíprocamente.De este modo y concordantemente con las nuevas corrientes doctrinarias y jurisprudenciales que responden a las pautas constitucionales vigentes, ha quedado consagrado el derecho a la libertad del imputado durante el proceso y restringido exclusivamente en los casos en que exista peligro cierto de fuga o de entorpecimiento de la investigación, circunstancias que han de ser acreditadas, quedando autorizada la privación de la libertad sólo cuando sea imprescindible y por lo tanto no sustituible por ninguna otra medida de similar eficacia pero menos gravosa.Analizando los precedentes jurisprudenciales aplicables al caso, resultan esclarecedores los conceptos vertidos por el Juez Donna en el caso "BARBARA, Rodrigo Ruy" resuelto por la Sala I de la Cámara Criminal de la Capital, el 10/11/2003, al decir: "En nuestro sistema constitucional -aun antes de la última reforma-, el imputado tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, ya que se garantiza el derecho de entrar, permanecer y salir del territorio argentino, mientas no exista una condena concreta que impida tal derecho (art. 14, Const. Nac.). La privación de la libertad antes de la sentencia, afecta este derecho constitucional, que además tiene como base el art. 18 de la Constitución Nacional, que exige sentencia firme para restringir la libertad personal. A este panorama se agregan los Tratados sobre Derechos Humanos, antes explicitados, en virtud del art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional. En este sentido, las leyes procesales penales sólo vienen a reglamentar la Constitución Nacional, para que se determinen las restricciones que se podrán hacer a la libertad de la persona, dentro de un marco normativo, ya que de lo contrario, esas normas procesales serían inconstitucionales (véase los arts. 71, CADH; 91, DUDH; XXV, DADDH y 91, PIDCP), Por eso la interpretación de las normas procesales, en este ámbito debe ser restrictiva, prohibiéndose la analogía en contra del imputado. Ahora bien, existe otra finalidad del Estado, que también viene exigida por la propia Constitución, y que consiste en el afianzamiento de la justicia y en consecuencia el evitar la 'guerra civil', y, una forma de llegar a este contenido es mediante la imposición de la pena. Pero esta exigencia sólo es posible mediando el juicio previo, de modo que también el Estado debe facilitar ese extremo. Se trata de analizar cuándo y cómo, de acuerdo a las normas constitucionales se puede restringir la libertad del imputado. Y a mi juicio las respuesta es clara y sencilla: sólo cuando la libertad del imputado lleve a un peligro de la realización del proceso, de modo que, como se dijo, se eluda tanto el proceso previo, como la sentencia, que está amparado por la Constitución".-En igual sentido y en el mismo precedente, se expidió el Juez BRUZZONE, citando conceptos de CAFFERATA NORES, al decir: "También se ha dicho: 'Ya señalamos que el principio de inocencia que asiste al imputado durante el proceso impide la afectación de cualquiera de sus derecho, incluso -y en especial- el de su libertad ambulatoria (art. 7.1 y 3, CADH) a título de pena anticipada por el delito que se le atribuye, antes de que adquiera firmeza (por no haber sido recurrida, o si lo fue, haber sido confirmada) una sentencia condenatoria en su contra. Por tal motivo, la privación de libertad durante el proceso sólo encontrará excepcional legitimación ("no debe ser la regla general" dispone el art. 9.3 del PIDCP) en cuanto medida cautelar, existiendo suficientes pruebas de culpabilidad (que muestren como probable la imposición de una condena cuyo justo dictado se quiere cautelar), y siendo ella imprescindible (máxima necesidad) -y por tanto no sustituible por ninguna otra de similar eficacia pero menos severa-, para neutralizar el peligro grave (por lo serio y lo probable) de que el imputado abuse de su libertad para intentar obstaculizar la investigación, impedir con su fuga la sustanciación completa del proceso(no hay entre nosotros juicio en rebeldía), o eludir el cumplimiento de la pena que se le pueda imponer. Si este peligro no concurriera en el caso concreto, el encarcelamiento no será preventivo sino que adquirirá una ilegal naturaleza punitiva (Cafferata Nores, José I., Garantías y sistema constitucional, en Revista de Derecho Penal, Nº 2001-I, Rubinzal Culzoni, p. 129)".Sentado entonces que el respeto por las garantías constitucionales será la directriz a seguir en el análisis del recurso instaurado, hemos de valorar, en el caso concreto, las cuestiones fácticas y jurídicas que surgen del proceso en curso a fin de determinar si la denegatoria de la excarcelación solicitada por la Defensa Técnica de R. S. debe ser mantenida o revocada.En tal cometido, es necesario considerar los elementos tenidos en cuenta por el Juez a quo que sustentaron el resolutorio recurrido, permitiendo a su criterio, tener por configurado el riesgo cierto de frustración del proceso que importaría a libertad de R. S..En tal sentido ponderó que el inculpado se encuentra imputado en autos por el presunto delito de Privación Ilegal de la libertad coactiva agravada por resultar una de las victimas mujer embarazada y otra mayor de setenta años (L. B. y E. R.); Privación Ilegal de la libertad coactiva agravada por resultar dos de las victimas menores de 18 años de edad (T. y F. R.) en ambos casos (a y b) agravada por la participación de más de tres personas y la utilización de armas de fuego; Robo Calificado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego en lugar poblado y en banda , dos hechos (cometido uno en el domicilio de M. R., *** Nº *** y el otro en la vivienda de S., ubicada en el pasaje ***, ambos en la planta urbana de El Maitén); y Asociación Ilícita, los que concurren materialmente entre sí, en calidad de Partícipe Secundario, conductas previstas y reprimidas por los arts. 41 bis, 45, 46, 55, 142 bis incs. 1º y 6º, 166 inc. 2º y 167 inc. 2º, ambos en función del 164 y art. 210 del Código Penal. Asimismo, que su procesamiento se encuentra firme por haber siso confirmado por el Resolutorio nro. 35/05 CANO, mismo estado en que se encuentra el anterior pedido excarcelatorio (Resolutorio nro. 38/05 CANO)Colige que en el estado de las actuaciones dicho parámetro de evaluación debe ser tenido en cuenta, si bien considerándolo no exclusivo ni excluyente.- Sostiene que las conductas que al encarcelado se le reprochan, consistentes en la sustitución de placas patentes de los vehículos involucrados y la adulteración del contrato de alquiler de uno de los vehículos al coimputado C. - extremos ponderados por la ECANO al confirmar el procesamiento con prisión preventiva-, estuvieron dirigidas a procurar su impunidad y la de sus consortes, constituyendo una tarea entorpecedora de la investigación en los términos del art. 286, peligro de entorpecimiento, apartado 1).Se cuestiona, en definitiva, qué pautas objetivas existen o se hayan invocado por la defensa que permitan concluir que S. no proseguirá con igual temperamento, tiene asimismo presente que el coimputado A. permanece prófugo, concluyendo que existen en autos elementos que permiten de manera objetiva aseverar que la libertad de S. implicaría el riesgo cierto de frustración del proceso.Dejaremos sentado, como ya lo hemos sostenido, que los peligros procesales son los únicos motivos que permiten restringir la libertad durante el proceso, esto es, el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. En el caso de S., debe tenerse presente que el mismo está procesado por los delitos indicados precedentemente y que son suficientemente graves a efectos de la consideración que se efectúa, pero también es cierto que al mismo se le endilga una participación secundaria en el evento, con lo que puede razonablemente entenderse que, no existiendo elementos en la causa que sostengan su participación directa en la escena de los hechos acaecidos en la Localidad de El Maitén, es probable que su conducta puede adecuarse a un molde penal menos gravoso al tiempo de la sentencia definitiva.- Debe valorarse que existen elementos en la causa que permiten tener por acreditado el arraigo que el encartado posee en la ciudad de Bariloche, donde se encuentra radicada su familia y tiene establecida su actividad comercial, que la misma la ejerce a través de una sociedad comercial legalmente constituida desde hace varios años, conforme surge de las actuaciones; lo que nos lleva a concluir que retomará su actividad comercial, actualmente mantenida por su familia.Que se trata de una persona conocida en el ámbito comercial, por lo que las consecuencias que derivarían para él de su posible fuga, declaración de rebeldía, ocultamiento, actividades policiales persecutorias en su contra, etc., resultarían más gravosas que su sometimiento al proceso.Asimismo debe atenderse a que R. S. fue detenido en su domicilio, el día 04/06/2005, es decir varios días después de consumado el hecho, sin que se pueda presumir que estaba eludiendo la acción de la justicia o preparando su fuga, máxime teniendo en cuenta la repercusión que tuvo el ilícito en toda la zona.- Por todo ello, se encuentra acreditado en el caso de S. la circunstancia de arraigo a tener en cuenta a los fines del recurso en análisis.En cuanto a la actividad entorpecedora que al encartado se le endilga, presumiéndose que no existen pautas objetivas para suponer que no proseguirá con tal temperamento, es necesario considerar que los peligros a evaluar son realidades de futuro que se pretenden evitar con el encarcelamiento preventivo, debiendo hacer residir el problema no en lo que el imputado hizo antes del hecho del proceso, sino en lo que probablemente hará después (conf. Cafferata Nores, José I. "La Excarcelación". Pag. 78).-En tal sentido se ha sostenido la necesidad de que se expliciten cuáles son los actos ciertos, claros y concretos que permiten sospechar que el imputado habrá de eludir la acción de la justicia.No puede dejar de observarse que efectivamente S. adulteró el contrato de alquiler de uno de los vehículos rentado al coimputado C., hecho reconocido por el encartado en oportunidad de su declaración (fs. 799 y sgtes), pero tal circunstancia, teniendo en cuenta que ambos rodados se encuentran involucrados en el evento, no refleja a priori, que el desarrollo de esa conducta le haya procurado algún grado de impunidad y que tampoco le haya provocado un engaño a los investigadores.El otro elemento de peso que valoró el a quo consistió en la circunstancia de que el coimputado A. continúa prófugo. A su respecto, no se advierte de qué modo el mantenimiento de la privación de libertad de S. pueda, luego de transcurrido un año de su encarcelamiento, revertir la condición de prófugo de A.. A todo evento, en cuanto al peligro de entorpecimiento del proceso, entendemos que debe ponderarse con mayor rigor en el inicio de las investigaciones. En el caso, no puede dejar de advertirse que S. lleva privado de libertad un año, que la valoración oportunamente efectuada por el a-quo data de casi seis meses y que por los avatares de la causa, la presente resolución se postergó más allá de lo esperable.No podemos dejar de observar que desde el mes de diciembre del año 2005 la causa principal no tuvo ningún avance sustancial en cuanto al fin de todo proceso, esto es, la búsqueda de la verdad. Que el retraso de la presente resolución se ha debido a cuestiones ritualistas que primaron por encima de los derechos de raingambre constitucional que amparan al imputado S..Consecuentemente los riesgos procesales propios de la etapa de investigación se han ido diluyendo, por lo que no se advierte que pueda existir sospecha fundada de que el encartado pudiera destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, que pueda influir o inducir a los testigos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal, en atención al estado avanzado de la investigación.

En conclusión no se advierte en autos que exista un peligro real de fuga o entorpecimiento de la investigación que se encuentre debidamente acreditado en esta etapa del proceso.Consideramos que, con el objeto de garantizar los fines del Estado y también con carácter cautelar, resulta procedente imponer reglas de conducta al Sr. R. S. que permitan un control de su actividad mientras dure su libertad caucionada, cuya observancia se impone en los términos del art. 291 del C.P.P., todo previa caución juratoria.Por ello, deberá presentarse periódicamente ante el Juzgado de Paz de la ciudad de Bariloche, los días martes; se abstendrá de tomar contacto con personas vinculadas a la causa, coimputados, testigos, víctimas y familiares de las mismas.De conformidad con los considerandos que anteceden y los fundamentos constitucionales esgrimidos, no se ha advertido que resulte absolutamente indispensable a los fines del proceso, mantener el encarcelamiento preventivo de R. S., resultando en consecuencia procedente hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del encartado, disponiendo la excarcelación del mismo, sujeta al cumplimiento de las medidas impuestas, bajo apercibimiento de revocación de la presente excarcelación.Por todo lo expuesto y las normas legales citadas, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut:

RESUELVE:- 1.- REVOCAR el Auto Nº 204/2005 del Juzgado de Garantías de la ciudad de Esquel, por el que se denegara la excarcelación a R. S..2.- CONCEDER LA EXCARCELACIÓN solicitada a favor de R. S., D.N.I. Nº ****, argentino, casado, de profesión comerciante, con domicilio en calle *** de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, en orden a lo normado por el art. 285 del C.P.P., de conformidad con los fundamentos expuestos supra, bajo CAUCIÓN JURATORIA de cumplir fielmente las condiciones que por el presente se le imponen (art. 287 C.P.P.).-3.- Encomendar al Sr. Juez de Garantías el control del cumplimiento de las siguientes reglas de conducta (conf. Art. 27 bis del C.P.), por parte del Sr. R. S.: 1) Fijar domicilio en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, quedándole prohibido ausentarse del ejido municipal, sin autorización previa del Juzgado de Garantías, comunicando cualquier modificación del domicilio. 2) Acreditar el mantenimiento de actividad laboral estable; 3) Presentarse en el Juzgado de Paz con asiento en la ciudad de Bariloche los días martes o subsiguiente hábil si alguno de ellos fuera feriado, acreditando su permanencia; 4) Abstenerse de tomar contacto con personas vinculadas a la causa, coimputados, testigos, víctimas y familiares de las mismas.4.- Todo ello bajo apercibimiento de revocación de la excarcelación concedida, conforme lo previsto por el Art. 291 del C.P.P.-5.- Líbrense las comunicaciones de estilo.-6.- Regístrese, protocolícese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA VILMA CONESA GUSTAVO M. MACAYO OMAR S. GONZALEZ (en disidencia) VOTO EN DISIDENCIA DEL DR. GUSTAVO MACAYO:El Dr. Gustavo Manuel Macayo dijo:-Si bien nuestro ordenamiento procesal local establece los lineamientos básicos que orientan tanto la prisión preventiva como el beneficio de la excarcelación, dichos preceptos deben ser interpretados a la luz de nuestra Carta Magna Provincial (art. 49) y los instrumentos internacionales en vigencia conforme lo establecido en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22). En tal sentido, siendo un deber del Estado la investigación de los ilícitos con el fin de afianzar la justicia y la paz social, dicha tarea debe ser realizada conformes los principios del debido proceso, consagrados en el art. 18 de la C.N. y 44 de la Carta Magna Provincial.Ello nos lleva a reconocer que las limitaciones al ejercicio de los derechos personales y patrimoniales de los imputados sólo tienen como fin garantizar el logro de los fines del proceso penal, cuales son el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley sustantiva en el caso concreto. Ello lleva a sostener que la coerción que pueda utilizarse en la forma de restricción o privación de la libertad, no es un fin en sí misma, sino sólo un medio para asegurar otros fines, que en este caso son los del proceso. Por ello estas medidas no tienen el carácter de sanción, sino de instrumentos imprescindibles para neutralizar los peligros que puede tener la libertad de las personas para impedir el descubrimiento de la verdad, así como la actuación de la ley de fondo. Todos los tratados de DDHH sobre la materia, así como las constituciones actuales de los países occidentales tienen la visión de que la coerción personal del imputado es la excepción, y que su limitación sólo es posible para asegurar cautelarmente el proceso en sus fines: evitar el falseamiento de las pruebas, y posibilitar el cumplimiento de una eventual pena. Por ello, en nuestro sistema democrático y social, la privación de la libertad debe tener una función cautelar, y debe conciliarse con la presunción de inocencia, siempre en vista de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la investigación de los hechos en debida forma por los órganos del poder judicial, y asegurar el cumplimiento de una eventual pena. Dicho esto, el Sr. R. S. se encuentra procesado en carácter de partícipe secundario de los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la condición de las víctimas, así como por robo calificado por la utilización de armas de fuego en poblado y en banda (fs. 1050/1066 autos principales MPF 10704/05). Si bien la Instrucción no se encuentra del todo finalizada, tiene un grado de avance suficiente para considerar que si bien la calificación de los hechos es suficientemente grave, es oportuno observar que no surgen de los autos elementos que vinculen a S. directamente con la escena de los hechos acaecidos en El Maitén, sino más bien con la facilitación de los automóviles que presuntamente fueron utilizados en el evento y/o fuga de los principales ejecutores. Ello permite en este estado valorar que la calificación definitiva puede ser diversa de la que surge del procesamiento, en oportunidad de dictarse la sentencia de mérito, siendo un elemento a tener en cuenta para evaluar la posibilidad de fuga del apelante. En este sentido, comparto con los colegas preopinantes en que las constancias de autos son suficientes para justificar el arraigo de S., quien forma parte de una familia constituida, y también la circunstancia de ser titular junto con su esposa de una empresa con cierta trayectoria comercial en Bariloche, lo que excluiría a mi entender la posibilidad de fuga.-En cuanto a la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y/o de influir sobre terceras personas para que lo hagan, que puedan derivarse de la libertad de S., debe evaluarse si en esta etapa existen cuestiones fácticas y jurídicas que permitan verosímilmente presumirla. En este sentido, no puedo dejar de valorar que en forma contemporánea con el asalto al Banco de E. M., S. adquirió 2 (dos) vehículos, uno de los cuales, (Fiat Siena) habría sido utilizado presuntamente por T. (¿alquilado?) para dirigirse a Villa La Angostura acompañado por A., en horas de la tarde del día del hecho. Abocándonos a considerar la conducta de S. durante el proceso es de destacar que el mismo fue detenido en su domicilio, sin que surja de las actuaciones que haya existido intento de fuga o de sustraerse a la acción de la justicia. Pero debe tenerse presente que en su domicilio (y no en la agencia locadora) fueron hallados el automóvil Gol blanco placa ***, así como el contrato de locación efectuado a B.. Es de destacar que se verifican varias contradicciones entre los dichos en oportunidad de la declaración de S. de fs. 799 (art. 262 C.P.P.), y otras constancias de autos (prueba informativa de fs. 878) en cuanto al control que ejerce sobre los vehículos la Cámara de Agencias alquiladoras de autos, así como la debilidad de los argumentos del declarante en cuanto al alquiler y efectivo cobro de los respectivos contratos de locación de los vehículos involucrados, elementos que llevan verosímilmente a entender que hubo una clara facilitación de los mismos para cometer los hechos delictivos. Debe valorarse aquí la circunstancia de que S. haya adulterado el contrato de locación de C. en el Nº de placa y kilometraje, según obra a fs. 732 y sgtes., así como haber dispuesto el lavado del vehículo utilizado por B. (Gol ***) para después entregárselo a C. para que regrese a El Maitén, así como la comprobación y secuestro de talonarios de Facturas en blanco de la agencia locadora que obran en autos. Entiendo que estas conductas deben ser interpretadas tanto como una contribución a la impunidad de C. y B., como una maniobra de ocultación y/o entorpecimiento de la investigación. Estas circunstancias, sumadas a la relación cercana que se evidencia entre S., B. y A., que excede lo puramente 'comercial', llevan a presumir razonablemente que la libertad de S. podría ser un elemento obstaculizante para la aprehensión del prófugo A.. Lo mismo cabe decir respecto al hecho de que aún no haya aparecido el botín del robo al Banco, toda vez que el retorno del apelante a sus actividades comerciales en la agencia podrían ser verosímilmente utilizadas para desvanecer toda posibilidad de recuperarlo. Estas circunstancias me llevan razonablemente a considerar improcedente conceder el beneficio excarcelatorio para el apelante, teniendo en cuenta la posibilidad concreta de que la concesión del mismo, frustre gran parte de la actuación de la justicia, los fines del proceso, y la posibilidad de que la investigación arribe finalmente a una correcta conclusión y/o sentencia.Por lo expuesto, voto por la CONFIRMACIÓN del Fallo del Juez de Garantías, obrante a fs. 11/13 del presente incidente. Así lo voto.

GUSTAVO M. MACAYO Ante mí.- Norma Marrero Secretaria AUTO PROTOCOLIZADO BAJO EL Nº 41/06 CANO. Conste.- Norma Marrero Secretaria