Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-04-27


En la Ciudad de Formosa, capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil once, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Presidencia del Excmo. Tribunal de Justicia, los Señores Ministros, Dres. Ariel Gustavo Coll, Héctor Tievas, Eduardo Manuel Hang, Lucrecia Marta Canavesio y Telma C. Bentancur en acuerdo ordinario, para pronunciar sentencia definitiva en la causa Nº 27 - Fº Nº 16- Año 2009 - registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Tribunal de Justicia, caratulada: "GOMEZ, SILVIA RAQUEL C/MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE FORMOSA S/ SUMARIO". El orden de votación según sorteo realizado, de conformidad a lo establecido en el art. 126 y su modificatoria del Reglamento Interno de la Administración de Justicia es el siguiente: Eduardo Manuel Hang - Ariel Gustavo Coll - Hector Tievas -Lucrecia Marta Canavesio y Telma C. Bentancur.

I.-RELACION DE CAUSA.

El Sr. Ministro Dr. Eduardo Manuel Hang, dijo:

I- RELACION DE LA CAUSA:

Que inicia demanda contenciosa administrativa la Srta. Silvia Raquel Gomez por derecho propio y con el patrocinio letrado de la Dra. Vanessa Soledad Ayala, contra la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, reclamando se respete la estabilidad laboral en su condición de empleada contratada mediante contrato de Locación de Servicios, por mas de cinco (5) años y que fuera dejado sin efecto mediante Memorandum Nº 04/08 por el que se le notifica la no renovación del citado contrato de locación. Asimismo solicita la anulación total de esta disposición administrativa, por vicio grave del acto ya que no existe decreto alguno que respalde el proceder de la demandada.

Que en cuanto a como sucedieron los hechos, relata que ingresó a trabajar con la demandada, primeramente en el Concejo Deliberante durante los años 2004 y 2005, pasando luego a depender del Poder Ejecutivo Municipal como empleada contratada en el año 2006, desempeñándose como personal administrativo. Que año a año sucesiva e ininterrumpidamente continuó trabajando al servicio del ejecutivo, renovándosele el contrato de locación los primeros días del mes de enero de cada año, conforme era la práctica. Que primeramente se la contrató en la categoría 14 y en la actualidad revista la categoría 17, cumpliendo funciones en el área de Obras y Servicios Públicos del municipio y por último en el Concejo Deliberante mediante adscripción autorizada por el Ejecutivo Municipal, mediante Decreto 2288/08. Que tal situación se desarrolló hasta el 05 de enero de 2009, fecha en que se presenta ante el área de Recursos Humanos para notificarse de la renovación de contrato, se le informa -expresa- verbalmente que no se le renovaría el mismo; ante lo cual expresa su disconformidad por injusto ya que no se le habría notificado con la debida antelación -30 días- tal como el mismo contrato lo dispone. Agrega que también invocó su condición de madre soltera, siendo ella el único sostén de su familia. Afirma que se presentó nuevamente ante el Director de Recursos Humanos, solicitándole copia del Decreto o instrumento donde se dispone la baja municipal, el cual es negado pese a estar notificada mediante Memorando.

Explica que siempre cumplió con su trabajo, sin dar lugar a ningún tipo de queja que lleve a la demandada a tomar semejante decisión, como tampoco fue objeto de sumario administrativo alguno que justificara dicha cesantía. Que por ello, en fecha 20 de enero de 2009 plantea recurso de reconsideración solicitando se revea su situación, ante lo sorpresivo de la no renovación del contrato.

Seguidamente crítica el actuar de la demandada, ya que en ningún momento -dice- procedió a dictar un decreto por el que autorizaba la contratación para si luego proceder a la contratación pertinente, tal como sucedió afirma, las varias veces en que se le renovara el mismo. Interpreta por ello que se trató de una cesantía de hecho, ya que no hubo un decreto por el que se le daba de baja como empleada municipal y no mediante memorando que considera un instrumento inválido para decretar la cesantía de un agente.

Que en fecha 05 de marzo de 2009 se resuelve el rechazo del recurso de reconsideración planteado por la actora, mediante Decreto Nº 0195/09 y cuyos argumentos considera esta parte que son puramente formales, ya que se le deniega el mismo por extemporáneo. Que también critica estos argumentos, afirmando que se notificó del hecho en fecha 15 de enero de 2009 y que al no tener copia de la notificación, el responsable pudo haber consignado cualquier fecha, tratándose solo de artilugios sin fundamento legal que impidieron resolver el fondo de la cuestión. Que asimismo, requirió el pedido de reincorporación mediante el planteo de Suspensión del Acto Administrativo.

Bajo el Subtítulo Consideraciones Jurídicas explica que, lo que esta parte busca es retornar a su lugar de trabajo, solicitando la anulación de esta vía de hecho que la demandada ha avalado con el rechazo del recurso de reconsideración. Que es procedente esta circunstancia, al no haberse tenido en cuenta los principios esenciales de todo acto administrativo previsto en el Decreto Ley 971, como así los principios y garantías constitucionales que aseguran la estabilidad del empleado público. Por ello entiende, que la decisión de la demandada es nula de nulidad absoluta, al no reunir los requisitos indispensables del acto, por no ser razonado, motivado, ni suficientemente fundado, ni dictado por órgano competente, no se ha invocado la existencia de decreto alguno que disponga la no renovación de contrato alguno, solicitando se deje sin efecto la notificación y se ordene su renovación.

Funda en derecho y ofrece prueba documental. Por último peticiona se les de la correspondiente intervención de ley y se haga lugar a la demanda incoada.

Que a fs. 42/43, amplía demanda solicitando la reparación del daño patrimonial, provocado por el tiempo que duró la tramitación del pedido de suspensión del acto administrativo que declarara su reincorporación como empleada del municipio y cuya orden de este Tribunal se cumplió en el mes de noviembre de 2009, o sea, diez meses que estuvo sin percibir sus haberes.

Que bajo el titulo de Hechos y Fundamentación Legal de la Reparación Integral, explica que como consecuencia del tiempo que duró la desvinculación con la demandada, todas sus deudas debieron ser abonadas y /o refinanciadas una vez que volvió a percibir sus haberes, estando dependiendo mientras tanto de la ayuda de familiares y amigos. Seguidamente detalla cuales han sido los daños emergentes ocasionados. Practica planilla, en relación al contrato de locación del inmueble en el que vive, cuyos pagos mensuales fueron retrasados por la cesantía ocurrida, debiendo al momento de abonarlos adicionarle los intereses punitorios y moratorios, acreditando ello con recibos que adjunta. También como daño moral, reclama la suma de Pesos Cinco Mil ($5.000,00). Por último hace opción por el procedimiento sumario.

Que a fs.48 previo dictamen de la procuración General, producido a fs. 45, mediante Fallo N º9390/10 se declara la admisibilidad del proceso y se ordena el traslado de la demanda, siendo contestado a fs.67/75 por el letrado apoderado de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa.

Que en primer lugar la demandada efectúa una negativa puntual de todos y cada uno de los hechos afirmados en el escrito de demanda. Así, niega, que la actora, Silvia Raquel Gomez, posea estabilidad laboral como empleada de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa; que dicha estabilidad haya sido cercenada mediante Memorando Nº 04/08; que mediante el Memorando Nº 04/08 se haya revocado el contrato de Locación de Servicio que la actora suscribió con la demandada; que no exista diferencia entre un personal temporario y otro de carácter permanente en el ámbito de la administración pública; que no se haya respetado el ejercicio del derecho de defensa de la accionante; que el Memorando mencionado constituya un acto administrativo en los términos del art.27 y siguientes del la Ley de Procedimientos Administrativos; que el Memorando Nº 04/08 pueda contener vicios graves y que por ello pueda ser tachado de nulidad; que el memorando constituya una vía de hecho; que la falta de percepción de sus haberes por algunos meses, le haya ocasionado grave perjuicio a sus finanzas o a su salud; que la finalización del contrato le haya causado a la actora daño moral; que sean ciertos los hechos detallados por la actora, como así las sumas que reclama en su ampliación de demanda como fundamentos para la reparación patrimonial por los perjuicios ocasionados durante el período de inactividad laboral que se mantuvo hasta que fuera ordenada su reincorporación.

Que en cuanto a la verdad de los hechos afirma que, tal como la misma actora lo reconoce, ésta se desempeñó como personal temporario del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante la suscripción de un contrato de locación de servicios desde el 01 de marzo del año 2006. Afirma también, conforme lo reconocido por la actora, que se desempeñó en el Departamento Legislativo Municipal en el año 2004, finalizando la relación contractual en el mes de diciembre del año 2005, luego del cual ingresa como personal temporario en el Ejecutivo Municipal.

En cuanto a la pretensión de la accionante, respecto a que se le reconozca la existencia de una continuidad laboral con la municipalidad desde el año 2004 hasta la fecha del distracto, dice que la misma es inexistente fundado en una cuestión presupuestal, pues se trata de partidas de gastos diferentes, entre los Departamentos Ejecutivos y Legislativos.

Afirma que la actora no puede pretender que se le reconozca el derecho a la estabilidad laboral, en las mismas condiciones que el personal de planta permanente, señalando que ésta ingresó a trabajar al Departamento Ejecutivo como personal temporario, suscribiendo un contrato de locación de servicios que se renovaba cada tres meses, conforme la necesidad de realización de algunas tareas en las áreas dependientes del citado Departamento; siendo así y con cita de abundante jurisprudencia, considera que al ser personal temporario y relacionado con el ejecutivo municipal mediante un contrato de locación de servicios, el mero transcurso del tiempo, no puede hacer variar esa situación.

También agrega que el reclamo de la actora de ser nombrada en planta permanente, debe efectuarse según las prescripciones del Estatuto para el Empleado Municipal de la Ciudad de Formosa; pero señala que en el contrato suscripto por la actora con la demandada, en su Cláusula Segunda expresamente se acuerda que no se aplicará los Capítulos I, II y IV del citado Estatuto, y cuyo Capitulo II prevé el régimen de estabilidad del empleado público; en consecuencia al estar excluido de dicho régimen, mal puede aplicársele la regla de estabilidad pretendida.

Que en cuanto a la afirmación que efectúa la actora, de que el Ejecutivo Municipal revocó el contrato de locación de servicio suscripto entre las partes, señala que ello es erróneo pues dice que la Srta. Gomez sabía en el mes de octubre que el contrato vencía el 31 de diciembre, razón por la que no puede válidamente afirmar que el mismo se revocó, porque lo que en realidad existió fue la extinción del contrato por el cumplimiento del plazo establecido, como forma natural de finalización de un contrato.

Seguidamente efectúa consideraciones en cuanto al Memorando Nº 04/08, explicando que mediante el mismo se le comunicó a la accionante la decisión de no renovar el contrato de locación en cuestión, razón por la que tratándose de una comunicación dicho memorando no tiene la obligación de reunir los elementos del acto administrativo previsto en el art. 30 del Dto. Ley 971 y por ende no puede ser atacado de falta de ningún elemento esencial del acto, porque no es un acto administrativo, ya que éste es una declaración emitida por un órgano estatal o un ente público no estatal en ejercicio de su función administrativa, que produce efectos jurídicos directos contra terceros. El memorando en cuestión, dice que fue producido por el Subsecretario General de la Municipalidad dirigido al Director de Recursos Humanos y que tenía por objeto impartir una directiva, concluyendo que por lo tanto al no ser considerado un acto administrativo per se, el mismo no tiene la facultad de producir ningún efecto jurídico. Afirma que tampoco de trata de un hecho administrativo, referido a un acontecimiento de la naturaleza o de un comportamiento material del órgano que produjo la adquisición, modificación, transferencia o extinción de resoluciones jurídicas. Concluye diciendo que el Memorando es un acto de mera comunicación, por el que se notificó a la actora de la finalización del contrato de locación de servicio y que no posee ello trascendencia jurídica alguna, pues de su lectura no surge que tuviera en absoluto, la potestad de generar algún derecho y obligación con relación al contrato de locación.

Conforme lo expuesto, afirma que no ha habido un obrar ilegítimo ni arbitrario en las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo Municipal.

Por último, en cuanto a la ampliación de demanda solicitando la actora la reparación del daño, dice que tiene la obligación de probarlo y que para la demandada, la actora no demuestra que algún acto del Ejecutivo Municipal le haya causado daño, impugnando la prueba que acompaña aquella y negando la veracidad del contrato de locación de inmueble que acompaña, al no contener el elemento esencial de fecha cierta, tampoco posee sellado de la Dirección de Rentas Provincial, negando que fuere confeccionado en el tiempo y forma que presenta la actora. También en cuanto a los recibos que acompaña, niega su veracidad por no ser recibos conforme las exigencias legales que permitan considerarlos como prueba, impugnando de falsas las firmas allí insertas. También impugna como falsos, la fotocopia de las cajas de medicamentos que como prueba acompaña la accionante, no acompañando una receta médica que lo prescribiera y mucho menos la factura de la compra de los mismos.

Finalmente señala que la no renovación del contrato de locación de servicios con la demandada, no significa un acto reprochable o que pueda causar un daño, en tanto contenía estipulaciones que las partes consintieron voluntariamente.-	Seguidamente impugna en forma puntual e individualizando cada una de las pruebas acompañadas por la parte actora.

Ofrece prueba documental, funda en derecho, solicita la pertinente intervención de ley y que se dicte sentencia rechazando la demanda con expresa imposición de costas.

A fs.77/78, el representante del Ministerio Público en dictamen Nº 6536/2010 concluye que debe rechazarse la demanda.

A fs. 168 vta. se llaman autos para Sentencia.

Los señores Ministros Dres. Ariel Gustavo Coll, Hector Tievas, Lucrecia Marta Canavesio y Telma C. Bentancur se adhieren a la presente relación de la causa.

II- CUESTIONES A RESOLVER El Sr. Ministro Dr. Eduardo Manuel Hang dijo:

Propongo como cuestión a resolver la siguiente:

¿Que pronunciamiento corresponde dictar? Los señores Ministros Dres. Ariel Gustavo Coll, Hector Tievas, Lucrecia Marta Canavesio y Telma C. Bentancur se adhieren a la presente proposición.

III- A LA CUESTION PROPUESTA El Sr. Ministro Dr. Eduardo Manuel Hang dijo:

Que promueve demanda contenciosa administrativa la Srta. Silvia Raquel Gomez, a fin de que se le respete su condición de empleada contratada de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, restableciéndosele el derecho a la estabilidad del que gozara antes de la revocación del contrato de locación de servicios ordenada por la demandada.

Que por su parte la demandada si bien reconoce la condición de personal contratado de la actora y la prestación de servicios tanto en el Departamento Ejecutivo como en el Legislativo Municipal, controvierte el derecho a la estabilidad laboral que pretende como la afirmación de que existió una continuidad laboral como personal contratado, con el argumento de que el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante tienen partidas presupuestarias diferentes lo que impide tal continuidad laboral.

Que por lo tanto, considerando las posiciones de las partes, la cuestión a resolver es si la actora tiene derecho a la pretendida estabilidad laboral y consecuente reincorporación.

Que atento al procedimiento sumario optado por la parte actora (cf.art.51 del CPA), se han producido en auto las pruebas documentales ofrecidas por las partes y en ese marco fáctico y legal que las partes han desarrollado, procede considerar las cuestiones que fueron controvertidas por estas.	Que conforme las pruebas documentales producidas por la demandada no impugnada por la parte actora, que obran en sobre de prueba Nº 42/10 y que se tiene a la vista (individualizada como Prueba Nº 3) obra informe expedido por el Departamento Personal -sector Liquidación de Haberes- del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa. En el mismo se reconoce que la Srta. Silvia Raquel Gomez laboró en carácter de contratada para dicha repartición con categoría 14 desde el 11-12-03 hasta el 30-04-04 (Resoluciones Administrativas Nº 126/03; Nº 007/04 y Nº047/04) y desde el 01-06-04 al 31-03-06 (Resoluciones Administrativas Nº 098/04; Nº 001/05; Nº395/05 y Nº 005/06). También se informa que tuvo las siguientes adscripciones: desde el 17-08-05 al 31-12-05 del Honorable Concejo Deliberante al Departamento Control de Edificación de la Dirección de Obras Privadas de la Secretaría de Obras Públicas del Ejecutivo Municipal (Resolución Administrativa Nº 39/05; desde el 16-12-08 al 31-12-08 del Departamento Control de Edificación de la Dirección de Obras Privadas de la Secretaría de Obras Públicas del Ejecutivo Municipal a la concejalía del Dr. Juan Carlos Díaz Roig del Honorable Concejo Deliberante (Resolución Administrativa Nº 23/08 - Dto. Nº2288/08 del Ejecutivo Municipal); y desde el 03-02-10 al 31-12-10 en el Departamento Control de Edificación de la Dirección de Obras Privadas de la Secretaría de Obras Públicas del Ejecutivo Municipal a la misma concejalía referenciada (Resolución Administrativa Nº001/10 del H.C.D. -Dto. Nº 0015/10 del Ejecutivo Municipal).

Que conforme surge de lo precedentemente detallado, queda acreditado que la accionante prestó servicios en calidad de contratada para la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, en forma continua e ininterrumpida desde diciembre del año 2003 hasta diciembre del año 2008; luego desde Febrero del 2010 y hasta diciembre de ese mismo año. Que conforme surge de las actuaciones que corre por cuerda al principal -Incidente de Suspensión de la Ejecución del Acto Administrativo-, la actora durante el transcurso del año 2009 tramitó su pedido de suspensión de la ejecución de la decisión administrativa comunicada mediante Memorando Nº 04/08 que concluye haciéndose lugar al mismo mediante Fallo Nº 9119/09 y en el que se ordena restablecer a la actora a la situación laboral de la que gozaba con anterioridad a la decisión de no renovar el contrato de locación de servicios, comunicado mediante el citado memorando y que la demandada cumplimenta, según surge del Acta obrante a fs.70 del referido Incidente.

Que si bien la demandada contrató a la actora como personal temporario y para la realización de tareas de acuerdo a las necesidades del servicio, renovándosele a tal efecto los contratos (según lo afirmado a fs. 69 del principal), dicha temporalidad suponía que la misma duraba hasta que dure las tareas que al efecto fue contratada, pero tal circunstancia no fue acreditado por la demandada ya que no expone en modo alguno cuales eran esas tareas ni el tiempo que ello insumiría, pues durante cinco años en forma consecutiva e ininterrumpidamente le renovaron el contrato de locación de servicios. Que tal circunstancia, hace suponer que la accionante laboró para el Municipio demandado en calidad de personal administrativo con carácter de permanencia.

Que de los propios recibos de haberes que adjunta como prueba a su escrito inicial (fs.5/14), no impugnados por la demandada, surge que la actora percibía su remuneración como personal dependiente de la Municipalidad al igual que el resto de los empleados municipales, reconociéndosele la antigüedad en el empleo, presentismo, permanencia y otros adicionales remunerativos y no remunerativos, como así también los beneficios sociales propios de un empleado en situación de permanencia (ver copia de recibos de haberes de fs.5/14).

Que este conjunto de circunstancias, junto con la falta de acreditación de la alegada temporalidad que permitía al Municipio justificar la renovación de los contratos y mantener a la actora en situación de precaria estabilidad laboral, permiten concluir que aquella utilizó una figura jurídica si bien autorizada legalmente lo hizo con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de contratos renovables por tiempo determinado, tal lo sostenido por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. de Defensa - A.R.A.) s/ indemnización por despido", del 06-04-10.

Que en tales condiciones, el comportamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, tuvo aptitud para generar en la actora Gómez una legítima expectativa de estabilidad laboral que merece la protección que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el despido arbitrario. El Art. 14 bis de la Constitución Nacional y el art. 89 de nuestra Constitución Provincial, establecen que la estabilidad en el empleo o cargo público, no constituyen un derecho absoluto a la permanencia en el cargo, pero lo sujetan a un régimen de "... traslado, remoción e indemnización de los empleados" (art. 89 in fine de la Const. Local). Tratándose en consecuencia de una estabilidad impropia o relativa (Marienhoff, Tratado de Derecho Adm., Tomo III-B, pág. 281) que configura el derecho del empleado a no ser despedido sin justa causa o adecuada indemnización conforme a la ley.

La S.C.J.N. tiene dicho (J.A. 1980-IV-696) que la prescindibilidad del agente dictada de conformidad a la ley respectiva, no admite revisión judicial cuando implica medida disciplinaria, descalificación del agente, o cesantía encubierta, pues lo atinente a la política administrativa y a la ponderación de las aptitudes del personal, no constituye materia judiciable. "La garantía de estabilidad del empleado público, está consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, pero el derecho que de ella deriva debe ser ejercido conforme a las leyes que lo reglamentan y en armonía con los demás derechos individuales y atribuciones estatales establecidas con igual jerarquía por la misma Constitución y en tanto dichas leyes sean razonables, sus disposiciones serán también obligatorias e insusceptibles de tacha constitucional"(C.S.J.N. 25/11/86 - Digesto Jurídico, L.L., 3º Edición, tomo VII, pág. 305-Pto 76).

Que como se analiza de las pruebas rendidas en autos, como así de la posición adoptada por la parte demandada, ésta en forma discrecional y sin razón alguna, mas que el argumento del vencimiento de plazo contractual, decidió no renovar el contrato de locación suscrito con la actora, procediendo a un despido sin causa legal que lo justifique. En este sentido, se ha dicho que: "Cuando un acto administrativo carece de argumentación razonable sobre hechos que se vinculan y se basa tan sólo en la pura y simple voluntad del funcionario que los dictó, es arbitrario y por ende ilegítimo" (Procuración del Tesoro, Dictamen Nº 7, traído en la pág. 159 de la obra de Tomás Hutchinson, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Tomo I).

Que en consecuencia, siendo que lo decidido por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa afecta el derecho subjetivo de la actora a la estabilidad en el empleo público con una fundamentación meramente aparente y por la que se la declaró prescindible, corresponde a los efectos de asegurar el invocado derecho a la estabilidad, ordenar su reincorporación en las condiciones que gozaba con anterioridad a la rescisión del contrato de locación de servicios.

Que en cuanto a la afirmación de la demandada, respecto de la falta de continuidad laboral pretendida por la actora, alegando aquella que el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo Municipal tienen partidas presupuestarias diferentes, dando a entender que se trata de compartimentos separados e independientes, que nada tiene que ver el uno con el otro, merece una consideración aparte, amén de lo equivocado de tal interpretación a los fines de la contratación laboral. En efecto, no es oponible a la trabajadora en cuanto a su situación laboral se refiere, el hecho de tener dos partidas presupuestarias de gastos distintos, pues ello hace nada mas que a la mejor organización interna del municipio, a facilitar el cumplimiento de las tareas administrativas, de modo que la circunstancia de que la actora haya suscripto un contrato de locación de servicios con el Departamento Ejecutivo Municipal en su momento y luego ser contratada o adscripta al Departamento Legislativo Municipal, en modo alguno hace variar la circunstancia de que la Municipalidad sea considerada una unidad, con una única personalidad jurídica, más allá que esté conformada por dos poderes que la integran y que ello hace a su funcionalidad y mejor organización política y administrativa entre otras cosas. Concordantemente, lo dispone la propia Ley 1028 en su artículo 86 inc.1º), en cuanto a que la representación legal de la comuna le corresponde al Departamento Ejecutivo, correspondiéndole otras atribuciones al Órgano Deliberante y a sus miembros, artículos 38 y 81 de la referida ley.

Que por otra parte, tampoco puede dejar de destacarse las contradicciones y por ende abusiva forma en que la demandada suscribió el referido contrato de locación de servicios con la actora, que se tiene a la vista (documental ofrecida por la demandada obrante en Sobre de Prueba Nº 42/10), pues, por un lado, se la somete a la contratada (cláusula cuarta) a los deberes, prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el Estatuto para el personal de la Administración Pública Municipal; se le aplica las normas disciplinarias y procedimientos previstos en las disposiciones vigentes para los empleados de la Administración Pública Municipal (cláusula sexta); también que tendrá derechos establecidos en dicho Estatuto y en todo lo no previsto en el referido contrato se aplicará el Estatuto (cláusula novena y décima); pero, por el otro lado, expresamente se la excluye de puntuales capítulos de dicho Estatuto en lo que hace a su estabilidad, reconocimiento como dependiente del Municipio y posibilidad de pase a planta permanente.

Que si bien, no puede perderse de vista que, tal como la propia Corte lo ha reconocido que, la Administración Pública -en este caso la Municipal-, tiene para la consecución de sus fines, un suficiente margen de discrecionalidad para hacer frente a exigencias estacionales o excepcionales, en cantidad o cualidad, pudiendo incorporar agentes que no integren los cuadros estables de la organización (Fallos: 310:195), así como que las tareas del personal no permanente no requieren que imprescindiblemente difieran en naturaleza de las del resto sino que basta la transitoriedad del requerimiento (circunstancia no acreditada en autos, se reitera); ello en modo alguno puede traducirse en el total desconocimiento de la estabilidad del trabajador que por ser tal, es un sujeto especialmente tutelado por la Constitución (art.14 bis).

Que en cuanto al reclamo por daños y perjuicios, pretendido por la actora en su ampliación de demanda obrante a fs.42/43, invoca graves perjuicios en sus finanzas y salud. Al respecto se adelanta, la improcedencia del mismo, por cuanto no demuestra el perjuicio del mismo. En efecto, afirma la actora que durante el tiempo que permaneció desvinculada de la Municipalidad, sus deudas debieron ser refinanciadas, subsistiendo con la ayuda de familiares y amigos quienes contribuyeron a satisfacer las necesidades básicas de su grupo familiar del cual es único sostén. Adjunta un contrato de alquiler de vivienda cuyos pagos dice, que debieron ser abonados tardíamente. También refiere a afecciones psicológicas sufridas, acompaña fotocopias de cajas de medicamentos a dicha presentación. Sostiene la doctrina que, "al actor le corresponde probar sus daños y no simplemente haber sido víctima de "alguna" abstracta situación perjudicial, no siendo suficiente acreditar una lesión a determinados intereses de la víctima, sino que además es menester que se aporten suficientes elementos de juicio sobre sus específicas repercusiones, patrimoniales o espirituales" (Tratado de la Responsabilidad Civil-Cuantificación del Daño de Lopez Mesa y Trigo Represas, LL, ed. 2006, pag.443). Que en autos no surge acreditada la situación de perjuicio invocada por la actora, no adjunta prueba alguna de su estado de necesidad y ayuda alegada, no siendo prueba del daño que afirma haber padecido, el atraso en el pago de los alquileres, pues al fin y al cabo se acredita el pago y no la ausencia del mismo o en su caso el perjuicio que tal situación de atraso le pudo haber acarreado. Tampoco acredita las supuestas afecciones psicológicas que dice haber sufrido, ya que nada prueba al respecto, el acompañar simple fotocopia de cajas y recetarios de remedios que ni siquiera sirve como presunciones al no acompañar estudio médico alguno que avale las mismas.

Que en consecuencia y conforme lo precedentemente analizado, corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda, ordenando la reincorporación de la actora Srta. Silvia Raquel Gómez a la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, en la situación de revista que detentaba con anterioridad a la decisión de no renovación del contrato de locación.

No hacer lugar al reclamo por daños y perjuicios, solicitado en su ampliatoria de demanda obrante a fs.42/43 de autos.

Atento a como se resuelve la presente cuestión, corresponde imponer las costas a la parte demandada perdidosa, de conformidad a lo dispuesto en el art.68 del CPCC.

Consecuentemente, corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes por la actuación que le cupo en autos. Así procede regular los honorarios profesionales de la Dra. Vanessa Soledad Ayala, por la labor realizada en autos como patrocinante letrado de la parte actora en las dos etapas del proceso y mérito del trabajo profesional, en treinta y cinco (35) Jus; y los de los Dres. Miguel Angel Campuzano y Mario Carlos Ferreyra, por la labor realizada en autos como letrados apoderados de la demandada, en las dos etapas del proceso y mérito del trabajo profesional, en veinticinco (25) Jus, en forma conjunta y en proporción de ley, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 8, 9, 12, 13, 41 inc.a), 48 de la Ley 512.

A su turno el Dr. Ariel Gustavo Coll, dijo:

Que debo adherir a la opinión vertida por el señor Ministro Dr. Eduardo Manuel Hang, en tanto la decisión que propone para resolver el pleito se ajusta a los precedentes de este Superior Tribunal de Justicia, dictados en casos análogos al presente.

Tal como surge de los Fallos 6260-Tomoo 2002, 6399-Tomo 2003 y 6760-Tomo 2004, la cuestión a resolver no puede dejar de valorarse de acuerdo al artículo 11 del Estatuto para el Personal Municipal y su similar artículo 7 del estatuto para el Personal de la Administración Pública, en cuanto dispone el primero que "la designación del ingresante tendrá carácter de provisionalidad por el término de seis meses. Durante dicho término el agente no gozará de la estabilidad que le acuerda el presente Estatuto. Cumplido dicho término, automáticamente pasará a revistar en Planta Permanente". Tal disposición, como se dijo en los precedentes citados, instituye un periodo de prueba que tiene por objeto aquilatar las condiciones del agente, observar su desempeño, su contracción al trabajo, en síntesis, su idoneidad para la función y determinar si merece pertenecer a la planta permanente.

Surge de autos que, en el caso, la situación de la actora - a igual que en los precedentes mencionados - se desarrolló en forma continua e ininterrumpida, sin ser objeto de medida disciplinaria alguna y siendo así la no renovación del contrato de locación de servicio deviene incausado y vulnera el principio de estabilidad en el empleo público. "Si la relación laboral se venía desarrollando pacífica e incontrovertidamente desde el año 1992 (adviértase que a lo largo de todo el legajo de la actora no surge la comisión de falta disciplinaria alguna) la estabilidad laboral ya estaba legalmente garantizada por aplicación de la normativa citada, resultando inconcebible pretender que la estabilidad del agente, luego de casi ocho años ( en el caso de autos son cinco años) de prestación de servicios ininterrumpidos, pueda quedar al arbitrio del administrador de turno". (Fallo 6188-Tomo 2002, STJ, Formosa).

La demandada invoca un curioso argumento para desestimar la aplicación del artículo 11 del Estatuto para el Personal Municipal (Ordenanza 2869/93), cual es que en tanto la actora ya había ingresado en calidad de personal transitorio y no había rendido concurso para acceder a planta permanente, como establece el artículo 4º del mismo Estatuto. Ahora bien, nada dice la accionada sobre los concursos realizados desde el año 2004 hasta la fecha de - al menos - promoción de la demanda y si en los mismos, se presentó a rendir la actora, como tampoco menciona porque razón entonces admitió el ingreso a la administración municipal de la demandante o le fue renovando ininterrumpidamente el contrato cuando presuntamente no había acreditado la idoneidad que solo se acreditaría por el artículo 4º. Finalmente, la invocada cláusula del Contrato de Locación de Servicios, respecto a la inaplicabilidad expresa del artículo 11 del Estatuto del Empleado Municipal, carece de valor a la luz del principio de estabilidad laboral que consagra el artículo 89 de la Constitución Provincial, porque ninguna convención de partes puede dejar sin efecto una cláusula constitucional, que garantiza derechos indisponibles, y cuando, como en el caso de autos, existe una relación laboral que data de varios años atrás.

Adhiero asimismo a los demás aspectos analizados por el señor Ministro preopinante y voto en el mismo sentido.

Los señores Ministros Dres. Hector Tievas, Lucrecia Marta Canavesio y Telma C. Bentancur se adhieren al voto del señor Ministro Dr. Eduardo Manuel Hang.

Por ello, con las opiniones concordantes de los señores Ministros Dres. Eduardo Manuel Hang, Ariel Gustavo Coll, Hector Tievas, Lucrecia Marta Canavesio y Telma C. Bentancur, forman la mayoría absoluta que prescribe el art. 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del reglamento Interno para la Administración de Justicia, concluye el presente Acuerdo firmando los señores Ministros, por ante mi, de lo que doy fe.

SENTENCIA FORMOSA, Veintisiete de abril de 2011.

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1.- Hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por la Srta. Silvia Raquel Gómez y en consecuencia ordenar que la Municipalidad de la Ciudad de Formosa proceda a su reincorporación en las condiciones que gozaba con anterioridad a la rescisión del contrato de locación de servicios.

2.- No hacer lugar al reclamo por daños y perjuicios planteado por la actora, conforme las razones dadas en los considerandos.

3.- Costas a cargo de la parte demandada vencida (art.68 Código Procesal Civil y Comercial).

4.- Regular los honorarios de la Dra. Vanessa Soledad Ayala, por la labor realizada como patrocinante letrado de la parte actora en las dos etapas del proceso y mérito del trabajo profesional, en treinta y cinco (35) Jus; y los de los Dres. Miguel Angel Campuzano y Mario Carlos Ferreyra, por la labor realizada como letrados apoderados de la demandada, en las dos etapas del proceso y mérito del trabajo profesional, en veinticinco (25) Jus, en forma conjunta y en proporción de ley, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 8, 9, 12, 13, 41 inc.a), 48 de la Ley 512.

5.- Regístrese, notifíquese, devuélvase la documental administrativa a origen y oportunamente archívese.