Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2005-10-21


Posadas, octubre 21 de 2005.

Concedida la palabra a la doctora Catella dijo I. Se deduce en autos incidente de nulidad de actuaciones a partir de fs. 135 del principal, comprensiva de la Resolución nº 492/05 recaída en el proceso de fecha 28 de septiembre de 2005, que rechazó el Recurso de Apelación deducido por su parte contra la decisión del Concejo Deliberante de San Vicente Provincia de Misiones, que lo destituye del cargo de Intendente. Solicita asimismo suspensión de plazos para recurrir la decisión dictada.

Argumenta que el trámite impreso vulnera el derecho de defensa en juicio, el debido proceso y la igualdad ante la ley.

Precisa que a fs. 134 la suscripta pidió una medida para mejor proveer que la Presidencia acepta, produciéndose una serie de actos procesales, y que en fecha 28/9/05 se dicta sentencia.

Aduce que no fueron notificados a su parte esos actos procesales, privándolo de intervenir y realizar los planteos y objeciones que considerase conducente a su mejor defensa en juicio.

Indica que las defensas de que se vio privado resultan de la propia apelación, donde sostuvo que las Actas (Libros y Actas) y que no pudo acceder a las mismas en el trámite realizado en el Concejo Deliberante. Invoca violación del art. 36 inc. 2), 135, 169, 172, 174, 403 sgtes. y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial. Concretamente individualiza que la falta de notificación por cédula, imposibilidad de controlar la prueba, impugnar, plantear la nulidad de las Actas y Libros que fueron agregados a autos a través de la medida para mejor proveer. Cita en apoyo al deber de notificación de las medidas para mejor proveer, el fallo Faján de Corte Suprema de la Nación de fecha 5 de marzo de 1996.

A fs. 24 se tiene por iniciado incidente de nulidad y se suspende el plazo para recurrir contra la decisión dictada hasta tanto recaiga resolución en el presente incidente.

II. Constato que a fs. 134 de los autos principales, la suscripta efectivamente solicitó como medida para mejor proveer que "se libre Oficio solicitando Libro de Actas y Sesiones del Concejo Deliberante de San Vicente ofrecido como prueba a fs. 119 in fine".

Esto es, la prueba relativa a libro de Actas y Sesiones del Concejo Deliberante solicitada por la suscripta, fue peticionada por el propio apelante, por lo cual obviamente la suscripta solicitó la prueba en resguardo de su defensa en juicio, dado que se trataba de prueba relativa a la decisión que lo destituye del cargo de intendente.

Admitida la prueba y acompañadas las actas, constatando las constancias de autos, advierto que no se dispuso por Presidencia notificación al apelante con anterioridad al dictado del pronunciamiento (Res. Nº 492/ 05).

III. Así expuestas las circunstancias del caso, entiendo en primer lugar, que el incidente es presentado en tiempo y forma.

No advierto obstáculo a su recepción por no advertir otro remedio procesal expreso. En razón de las garantías constitucionales que identifica violadas en el proceso, entiendo que inclusive por el beneficio del mejor Derecho cabe recurrir por nulidad en el caso (art. 87 ley 3064). Considero cumplimentados los recaudos de defensas que no pudo oponer ante la falta de notificación.

Desde el marco institucional del Poder Judicial en nuestro país, el juez se encuentra constreñido a aplicar no sólo el derecho interno sino el internacional, a garantizar los derechos humanos reconocidos.

La Corte Suprema de la Nación Argentina ha marcado un claro derrotero de reconocimiento del orden supranacional en el derecho interno en los casos Siri (239:459), Kot (241:291) y Ekmekdjian (LA LEY, 89-531; 92-632; 1992-C, 543), conciente de que no puede desvincularse de sus obligaciones internacionales alegando consideraciones de derecho interno.

En el sistema interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), regula el acceso a la jurisdicción en los art. 1.1., 8.1, 2, 24, 25, en la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva nº 11/90.

Si bien la ley 257 prevé en el art. 137 para caso de destitución de intendente el derecho a plantear conflicto de poderes o un "recurso de apelación", éste constituye el acceso a la jurisdicción y por lo tanto, desde el precedente "Fernandez Arias" de nuestro más Alto Tribunal la revisión judicial, no puede ser reducida por extremos formales ni restringirse meramente a las cuestiones de derecho.

Respecto al acto de trascendencia institucional de destitución de Intendente, la ley 257 estableció en el art. 137 un recurso de apelación ante este Superior Tribunal de Justicia, con facultades para ordenar prueba conducente (art. 149).

Pacíficamente interpretó este Tribunal que la ley 257 instauró un ejercicio extraordinario de estricto contralor desde el Derecho vigente, de cumplimiento del debido proceso, defensa en juicio, y supuestos de arbitrariedad.

Más allá del término más acotado que pudiera implicar el término "Apelación", en el caso, se trata de acceso a la jurisdicción, debe interpretarse con los alcances de acción judicial con las garantías del debido proceso, y con facultades de solicitar prueba.

Es por esta circunstancia, y en razón de expresa normativa (art. 149 ley 257), la suscripta en resguardo del derecho de defensa peticionó como medida para mejor proveer los libros de actas que habían sido ofrecidos por el apelante.

A fs. 135 el Presidente hace lugar a la medida solicitada, sin ordenar notificación personalmente o por cédula. En el trámite procesal posterior, se dictó sentencia sin notificación fehaciente de la incorporación de prueba. Por ello le asiste razón en cuanto aduce que el Concejo Deliberante argumentó sobre la prueba solicitada, pero su parte no pudo controlarla como se desprende incluso de la interpretación armónica de la normativa procesal que invoca.

Consecuentemente, entiendo que se vulneró el principio de igualdad, la garantía de defensa en juicio y debido proceso, vicio que determina la nulidad de las actuaciones.

Por todo ello voto por: 1) Hacer lugar a la nulidad deducida. 2) Declarar la nulidad de las actuaciones a partir de fs. 135 comprensiva de la Resolución 492/05 que resolvió rechazar el recurso de apelación del Sr. Luis Aníbal Benitez contra la decisión del Concejo Deliberante de San Vicente, Provincia de Misiones, y toda actuación dictada en su consecuencia. 3) Notifíquese con habilitación de día y hora. 4) Por Presidencia continúe la causa según su estado conforme los considerandos.

Concedida la palabra al doctor Schiavoni dijo:

En el punto I) del voto que me precede se describe el planteo del incidentista, al que me remito "brevitatis causae".

Estimo oportuno y conveniente destacar que en el voto que adherí -rechazando la apelación- se consigna a fs. 149 vta., en el acta Nº 08/05 del 29-04-05, que el Sr. Benitez formuló su descargo. En cuanto a la queja referida a la brevedad del plazo de 5 días para articular defensa en un expediente de 3388 fs., es desestimada por la Sra. Ministro Dra. Marta Susana Catella, concluyendo que en el trámite administrativo no se afectó el derecho de defensa del apelante.

Analizando el caso sub iúdice, sabido es que la ley 257 es la que rige el procedimiento a seguir en los casos de destitución de un Intendente por el Concejo Deliberante. Específicamente, el art. 137 -ref. ley 2957-establece que el Intendente sancionado puede plantear el conflicto de poderes o apelar la decisión. Esta última alternativa fue la adoptada por el Sr. Luis Aníbal Benitez, a la sazón Intendente de la ciudad de San Vicente.

A su vez, el art. 149 ref. de la ley, señala que el Superior Tribunal de Justicia deberá resolver el juicio en el plazo de 30 días fijado por el art. 147. "...se establece con claridad que el Superior Tribunal de Justicia lo único que debe hacer es pedir el expediente y resolver sin substanciación de ninguna naturaleza. De forma tal que ésta es la garantía, que en el plazo de 30 días... se va poder expedir el Superior Tribunal de Justicia" (HC de Representantes, Diario de Sesiones del 17/09/92, p.1400).

El pronunciamiento se dictará -continúa el art. 149- en exclusivo mérito de las constancias y pruebas producidas en las actuaciones labradas por la Comisión Investigadora, salvo caso de pruebas ofrecidas y denegadas o no producidas por culpa de ésta, pudiendo en este supuesto el Superior Tribunal de Justicia ordenar su producción. Esta hipótesis no se configura en autos, según surge de las constancias administrativas y del escrito promotor del recurso obrante en el principal.

La Sra. Ministro que votó en primer lugar, al advertir que no había sido remitido el Libro de Actas y Sesiones del Concejo Deliberante de San Vicente, ofrecido como prueba por el apelante a fs.119 "in fine", solicitó se recabara su envío.

Ahora bien, cuadra señalar que la petición referida no es técnicamente una "medida para mejor proveer", ya que la requerida no es una prueba de oficio sino que fue ofrecida por la misma y, a la vez, única parte en el recurso, lo que elimina de por sí todo proceso contradictorio. Por ello, carece de fundamento la pretensión del incidentista, en tanto resultan inaplicables las citas del Código Procesal por no tratarse en la especie, lo reitero de una medida para mejor proveer la petición de fs. 134 de los autos principales. La verdad real así lo indica.

En conclusión, tratándose de la incorporación de una prueba ofrecida por la parte y no habiendo contradictor en el trámite previsto por el art.149 ref. de la ley 257, el Tribunal debía resolver sin más el recurso de apelación, tal como lo hizo, sin menoscabo por ello de la garantía de la defensa en juicio.

Por ello, voto por el rechazo del incidente de nulidad interpuesto.

Concedida la palabra al doctor Rojas dijo:

El Sr. Luis A. Benítez promueve un Incidente de Nulidad a los fines que este Superior Tribunal de Justicia declare la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 135, inclusive la sentencia de fecha 28 de septiembre del 2.005 (Resolución Nº 492/05) recaída en los autos principales: "Expte Nº 156 bis 1-SJ.J.-2005- Benítez, Luis Aníbal s/ Recurso de Apelación...".

Manifiesta que en el referido expediente principal, entre la providencia de fs. 133 que ordena que pasen los autos para sentencia y ésta, a fs. 134, la Sra. Ministro, Dra. Marta Susana Catella solicitó una medida para mejor proveer, la que fue ordenada por providencia de presidencia que obra a fs. 135, por lo cual se suspendió el llamado de autos para sentencia, realizándose una serie de actos procesales, libramiento y reiteración de oficio, contestación del mismo, descargo realizado por el Consejo Deliberante de San Vicente, hasta que se dicta una providencia por la cual se pasan nuevamente los autos para dictar resolución definitiva, la que finalmente fue dictada y notificada el 28 de septiembre de 2005, por lo que entiende que el presente incidente se plantea dentro del plazo previsto por el art. 170 del C. P. C. y C..

Alega, que los actos procesalos descriptos no le fueron notificados y que, de acuerdo a lo previsto por los arts. 36 inc. 2), 135 y 484, del Cod. Procesal Civil y Comercial de la Provincia, la medida para mejor proveer dispuesta en autos, debió ser notificada en forma personal o por cédula y no por ministerio de ley; impidiéndosele ejercer su derecho de defensa en juicio. Concretamente dice, que no pudo impugnar o plantear la nulidad o falsedad de las actas y libros que se agregaron a autos mediante la especificada medida y que, por esto, se lesionó su derecho a controlar dicha prueba.

Argumenta que las defensas que se vio privado de ejercer, "... no resultan teóricas..." (ver fs. 18). Que en oportunidad de plantear el recurso de apelación, en forma expresa manifestó la imposibilidad de poder contar con las actas y libros que requirió al Concejo Deliberante las que fueron negadas, lo cual generó una clara afectación a su derecho de defensa en juicio; que en esta instancia se vuelve, nuevamente, a reiterar esta situación al no dársele intervención en la oportunidad de incorporarse la prueba instrumental en cuestión, mediante la medida para mejor proveer ordenada.

Agrega, entre otras argumentaciones, que toda medida procesal dispuesta por un tribunal, después del llamado de autos para sentencia, deben ser notificadas a las partes intervinientes en forma personal o por cédula y que por ello no resulta jurídicamente aceptable la notificación por ministerio de la ley. Más aún, teniendo en cuenta la importancia de este tipo de proceso en donde se encuentra controvertida la destitución de un Intendente Municipal que fue electo por el voto popular en elecciones libres.

Afirma, que la irregularidad aducida le ha causado un perjuicio concreto, al no poder controlar la prueba instrumental incorporada al proceso a través de la medida para mejor proveer dispuesta, lo que le imposibilitó de demostrar su falsedad o los vicios graves que le quitan validez jurídica. En definitiva, sostiene que se ha violado el derecho de defensa en juicio, del debido proceso legal e igualdad jurídica, al realizarse actuaciones a partir de fs. 134 en adelante del expediente principal referido, sin habérsele brindado la participación necesaria para el ejercicio de su defensa que nulifican todo lo actuado a partir de fs. 135, e incluso la resolución definitiva recaída en dichos autos.

Como cuestión preliminar cabe señalar por un lado, que el incidente de nulidad promovido "... procede aún en el supuesto de que a raíz de un acto defectuoso se haya dictado una resolución judicial, pues en tal hipótesis no se impugna a ésta en sí misma, sino en la medida en que configura la culminación de un procedimiento irregular..." (Conf. Lino Enrique Palacio - Adolfo Alvarado Velloso, Derecho Procesal Civil, t. IV, págs. 554/555, Editorial Rubinzal-Culzoni, ED, 1996).

Por otro lado, del análisis de los términos del escrito se desprende, palmariamente, que concurren los presupuestos que condicionan la declaración de nulidad porque, en el caso, se ha demostrado fehacientemente que el vicio que se denuncia -la falta de notificación personal o por cédula de la providencia que dispuso la medida para mejor proveer- ha causado al incidentista un perjuicio concreto; cual es, la circunstancia de que se ha visto privado o imposibilitado de oponer las defensas que menciona como ser: la de impugnar o demostrar la falsedad de los libros y las actas o los vicios graves que enuncia en la queja en estudio y que quitarían validez jurídica a dichos instrumentos.

Asimismo, resulta oportuno destacar que en este tipo de proceso en el que se trata de la destitución de un funcionario electivo, de naturaleza política y de grave trascendencia institucional el derecho constitucional de defensa en juicio y la garantía del debido proceso deben ser rigurosamente observados. Ello implica que, cuando se lesiona el derecho a controlar la prueba ofrecida, agregada con ulterioridad, se vulneran los derechos constitucionales aludidos.

En este orden de ideas considero que, en el caso concreto de autos, se lesionó el derecho de defensa y la garantía del debido proceso consagrado en el art. 18 de la C.N., del incidentista por los argumentos que paso a exponer:

a) Efectivamente, a fs. 133 se dispuso el pase de los autos a los Sres. Ministros para dictar resolución definitiva, a fs. 134, la Sra. Ministro, Dra. Marta Susana Catella, solicitó como medida para mejor proveer que,"... se libre oficio solicitando libro de actas y sesiones del Concejo Deliberante de San Vicente ofrecido como prueba a fs. 119 in fine...", a fs. 135, por providencia de Presidencia se dispuso la medida solicitada, la que salió a despacho el día 02 de agosto del año 2005 lo que revela que la medida ordenada por la cual se incorporó al proceso la prueba instrumental en cuestión, se dictó con posterioridad al llamamiento de autos para sentencia, lo que implica que cesó la actividad de las partes -en el caso sub examine del apelante- y comenzó realmente la del Tribunal. Por ello, dada esta última situación el justiciable quedó a la espera de la sentencia lo que justifica que la medida, que volvió a "sacar" los autos del despacho donde se encontraba para el dictado de la decisión definitiva, debió ser notificada en forma personal o por cédula. No, así, por ministerio de ley como se realizó.

b) En la Resolución Nº 492/05 recaída en los autos principales, donde se resolvió rechazar el recurso de apelación planteado por el Sr. Luis Aníbal Benítez, se consideró al acta Nº 08/05, de la Sesión Especial del día 29 de abril del 2.005 del Consejo Deliberante, como prueba decisiva para fundar la conclusión a la que se arribó, que recién fue incorporada al proceso a raíz de una medida ordenada, sin que haya podido ser controlada o verificada por el apelante atento a que, como ya se dijo, no había sido notificada en forma personal o por cédula.

c) Sumado a lo dicho precedentemente, se debe tener en cuenta la particular circunstancia de que la prueba instrumental en cuestión, no le fue suministrada -o le fue negada- al apelante pese a sus reiterados requerimientos efectuados al Concejo Deliberante para que se le otorgue copias de la misma, todo lo cual se encuentra acreditado con las actas notariales que se acompañaron en la oportunidad de deducir el recurso de apelación aludido, como ya lo he sostenido en la resolución citada.

Por último, el vicio invocado por el impugnante aparece manifiesto o patente; lo que permite proceder a la inmediata declaración de la nulidad solicitada, lo que guarda estrecha congruencia con la facultad de.declarar la nulidad de oficio y con las directivas de economía procesal que inspiran en general a los ordenamientos vigentes (Conf., autores y obra citada, Pág. 557).

Por todas las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde hacer lugar al incidente de nulidad planteado y, en su mérito, declarar la nulidad de lo actuado a partir de fs. 135, incluso de la Resolución Nº 492/05 recaída en los autos principales: "Expte. Nº 156-STJ-2.005- Benitez, Luis Anibal s/recurso de apelación - ley nº 257 c. Concejo Deliberante de San Vicente-Misiones". Así voto.

Concedida la palabra al doctor Dionisi dijo:

Los antecedentes han sido suficientemente expuestos en los votos de los doctores Catella y Rojas, a los que me remito.

Teniendo presente que la nulidad de los actos procesales se vincula íntimamente con el principio de defensa en juicio, siendo su finalidad la de asegurar y garantizar el debido proceso, entendiéndose por tal "el procedimiento realizado sin desmedro y agravio para el derecho de las partes" (Confr. Amaya, N. Enrique, Publicación en "Cuadernos del Instituto de Derecho Procesal", Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba 1973, pág. 40, cit. por Maurino Alberto Luis "Nulidades Procesales"- Astrea, 1995, pág. 33/34), ante el eventual conculcamiento de las referidas garantías constitucionales, siendo consecuente en ello con lo que hube expresado en la Res. Nº 492-STJ-05 y en otros precedentes, adhiero al voto del doctor Rojas.

Concedida la palabra a la doctora Poggiese de Oudín dijo:

Que adhiere al voto del doctor Schiavoni.

Concedida la palabra al doctor Márquez Palacios dijo:

Viene a consideración del Cuerpo un incidente de nulidad de actuaciones y de sentencia, promovido por el actor en el juicio principal, Don Luis Aníbal Benitez.

Sin perjuicio de lo dudoso que resulta la promoción de un incidente de nulidad de sentencia ante el mismo Juez que la dictó, toda vez que, como principio, con ella se extinguió su competencia respecto del objeto del juicio (art. 166 del CPC.; Alsina Hugo, "Tratado de Derecho Procesal" Tomo II: etc.), en el caso presente y habida cuenta de que existe otro Tribunal superior ordinario que pueda revisar la resolución del Superior Tribunal de Justicia, se hará excepción al principio enunciado y se considerarán, como garantía del debido proceso legal, las articulaciones del incidentista.

Examinadas éstas, voy a expedir mi voto adhiriendo al del Dr Schiavoni, pues no se advierte en modo alguno afectación del derecho de defensa del accionante; ni en la Instancia judicial en la que nada le impidió tener acceso a la prueba incorporada (prueba pedida por él mismo), ni en la instancia política en la cual fue destituido por el Concejo Deliberante de San Vicente (no por el Superior Tribunal de Justicia, como ha dicho cierta prensa) durante cuyo trámite puede apreciarse que aquel Cuerpo Deliberativo le otorgó al recurrente todas las garantías de defensa en la sesión en que fue removido de su cargo.

Voto en consecuencia, en igual sentido que el doctor Schiavoni.

Concedida la palabra al doctor Absi dijo:

Que adhiere al voto del doctor Márquez Palacios.

Concedida la palabra al doctor Piñero (M.S.) dijo:

A fs. 15/23 se presenta Luis Aníbal Benitez, promoviendo en los autos "Expte.Nº 156-STJ-2005" supra referenciados Incidente de Nulidad de Procedimiento a partir de fs. 134 en adelante, comprometiendo dicha nulidad a la sentencia recaída en el proceso en fecha 28 de eptiembre de 2005 (Resolución No 492/05); manifiesta oportunidad y hace Reserva del Caso Federal.

Relata sucintamente el trámite del expediente en cuestión, indicando que habiendo pasado los Autos para dictar Sentencia, a fs. 135, a pedido de la Ministro Dra. Catella, se dispusieron Medidas para mejor proveer, saliendo los actuados del estado de sentencia, y se realizaron una serie de actos procesales que nunca fueron notificados a esa parte apelante.

Fundamenta el recurso interpuesto en la circunstancia de que el trámite del Expte., a partir de fs. 135 en adelante, debe ser declarado nulo por la existencia de vicios procesales que expresamente no consiente ni convalida. Que la Medida Para Mejor Proveer no fue notificada por alguna de las formas previstas por el ordenamiento ritual, lo que le impidió ejercer su derecho de defensa en juicio, más concretamente de contralor de la documental colectada a través de dicha medida procesal, violando además el principio del debido proceso legal.

Que las defensas de las que se vio privado no resultan teóricas, sino que surgen de la propia apelación interpuesta, en la que sostuvo la falsedad de dichas actuaciones (Libros y Actas) y la imposibilidad que tuvo de acceder a las mismas en el trámite realizado en el Concejo Deliberante de San Vicente, situación fáctica y jurídica reiterada en esta instancia. Al no habérsele dado intervención en la medida que incorpora dicha prueba se lo privó de la posibilidad de demostrar la falsedad de la misma, pese a que en virtud de las prescripciones de los arts. 403, siguientes y concordantes del C.P.C.C., se habría encontrado habilitado para ello.

Refiere las disposiciones de los arts. 36 inc. 2º, 135 y 484 siguientes y concordantes del C.P.C.C., como también criterio de la C.S.J.N., que imponen la notificación por cédula de medidas como la que ataca, como atinentes a la esencia misma del ejercicio del derecho de defensa en juicio, destacando la delicada y particular cuestión en trámite, donde se dilucida destitución del cargo al que accediera por el voto popular.

Alega además afectación de interés jurídico cierto y concreto, con perjuicio evidente, al verse impedido de ejercer su derecho de defensa, por haber sido privado en la instancia inferior y previa del acceso a los Libros y Actas, sosteniendo en la apelación la falsedad y Nulidad de las mismas.

Así planteada la cuestión, cabe señalar el criterio sentado en reiterados Fallos, de que no se debe prescindir de la facultad de esclarecer los hechos debatidos, disponiendo medidas para mejor proveer cuando su eficacia para la determinación de la verdad real objetiva sea indudable, debiendo tales facultades instructorias ser ejercidas sin menoscabo de las oportunidades defensivas de las partes.

A los efectos de un mayor resguardo de esta garantía constitucional el ordenamiento formal establece el sistema de notificación personal o por cédula, como opuesto al denominado automático o ministerio legis, determinando taxativamente los casos en los que procede, con el objeto de evitar que, por conducto de interpretaciones excesivamente liberales, se desvirtúe el principio de celeridad.

Así, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, en su art. 135 establece: Sólo serán notificadas personalmente o por cédula las siguientes resoluciones:... inc. 5º) Las que se dicten entre el llamamiento para la sentencia y ésta. Precepto justificado en razón de que una vez que ha sobrevenido aquél, queda cerrada toda discusión, no pudiendo presentarse mas escritos ni producirse mas pruebas, excepto las que el Tribunal dispusiera en los términos del art. 36, quedando las partes a la espera de notificación de la Decisión Jurisdiccional.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al Planteo articulado y, consecuentemente Declarar la Nulidad de lo actuado en "expte. Nº 156-STJ-2005 - Benitez, Luis Aníbal s/recurso de apelación - ley 257 c. Concejo Deliberante de San Vicente - Misiones", a partir de fs. 135 en adelante, comprensiva de la Resolución Nº 492/05, dictada en el mismo. Así voto.

Concedida la palabra al doctor Pancallo D¿Agostino dijo:

Que adhiere al voto del doctor Rojas.

Por Secretaría, se deja constancia de que no emite opinión el doctor Bertolini, por encontrarse en uso de licencia al momento del pase (art. 18, ley 2441).

Por ello, y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 15 de la ley 2441, modif. por ley 2819), el Superior Tribunal de Justicia resuelve: I) Hacer lugar al incidente de nulidad planteado por el Sr. Luis Anibal Benitez, Y en su mérito declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 135, comprensivo de la Resolución Nº 492-STJ-2005, de los autos caratulados "expte. Nº 156-STJ-2004- Benitez, Luis Anibal s/recurso de apelación Art. Nº 137- Ley 257 c. Concejo Deliberante de San Vicente Misiones", por los fundamentos expuestos en los considerandos. II) Hágase conocer la presente Resolución al Honorable Concejo Deliberante de San Vicente -Misiones-, adjuntándose copia certificada de la presente, Oficiándose al efecto. -Marta S. Catella. -Humberto A. Schiavoni. -Jorge A. Rojas. -Julio E. Dionisi. -Marta A. Poggiese de Oudín. -Manuel A. Márquez Palacios. -Luis A. Absi. -Miguel A. Piñero (M.S.). -Martín R. Pancallo D'Agostino (M.S.).