Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-08-12


SENT Nº 778	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Doce (12) de Agosto de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Salazar Manuel Ángel vs. Vicente Trapani S.A. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

En contra de la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo Sala III de fecha 30 de julio de 2008 obrante a fs 275/279 de autos, la parte demandada interpone recurso de casación el que le fuera concedido por resolución del referido tribunal del 31 de octubre de 2008 (fs. 301). Del informe actuarial de fs. 310 surge que únicamente la parte actora presentó el memorial a que alude el artículo 137 del CPL.

I.- Por la referida sentencia se dispuso: 1) Admitir parcialmente la demanda promovida por el actor. En consecuencia se condena al demandado al pago de la suma de $86.644,94, por los conceptos de: indemnización artículo 76 inc. a) y b) de la ley nº 22.248, e indemnización artículo 16 de la ley 25.561; 2) Absolver al demandado del pago de los rubros en concepto de indemnización artículo 2 de la ley 25.323 e indemnización artículo 80 LCT y vacaciones proporcionales; 3) Rechazar la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido por el artículo 76 de la ley 22.248 y 4) Costas y Honorarios.

El tribunal de grado consideró, que resultan hechos admitidos y por ende exentos de prueba: 1) la existencia de la relación laboral entre las partes; 2) fecha de ingreso el 22/12/1986 y cese de la relación el 18/10/2005 por despido directo causado; 3) tareas cumplidas por el actor "encargado de fincas" y 4) la autenticidad y recepción de las piezas postales que acreditan el intercambio epistolar entre las partes. Ante ello, propició tener por acreditados esos hechos y encuadrada la relación jurídica subyacente dentro del régimen de la ley nº 22.248 (Régimen Nacional del Trabajo Agrario), por cuanto las tareas de encargado de fincas reconocidos en la demanda y su responde son de naturaleza rural.

A continuación, el A quo consideró que las cuestiones litigiosas y de justificación necesarias son: 1) remuneración mensual; 2) justificación de la causa de despido; 3) inconstitucionalidad del tope indemnizatorio del artículo 76 de la ley 22.248 y 4) rubros e importes reclamados.

Con relación a la remuneración mensual, el juzgador, analizó las pruebas rendidas en autos para concluir: "Según los aludidos recibos, los haberes mensuales están compuestos por los siguiente rubros e importes de carácter remunerativo: a) $1.424 de sueldo básico; b) $60,00 por Adic. Art. 5 Dto. 2.005/2004; c) $127,02 en concepto de escalafón por antigüedad. Ello totaliza $1.611,02". Admitido por los litigantes, que la empleadora abonaba además la suma de $310 en tickets canasta consideró, que este rubro debe estar comprendido en la remuneración mensual del actor, por no estar incluido en la remuneración del trabajador rural aquel concepto que contempla el artículo 103 bis inc. b y c) de la LCT como un "beneficio social", siendo tal plexo normativo no aplicable al trabajador agrario por estar expresamente excluido (artículo 2 inciso c) de la LCT).

Finalmente añadió, que la doctrina de los autores que comparte se ha manifestado contraria a extender al ámbito del RNTA el reconocimiento de la naturaleza no remuneratoria que la LCT proclama respecto de tales beneficios (cf. Izquierdo Roberto, "Régimen Nacional del Trabajador Agrario" en Tratado de Derecho del Trabajo, dir. Ackerman Tomo V), por lo que propició tenerse por probado que como mejor remuneración percibida por el actor es la suma de $1.921,02 ($1611,02 + $310).

En relación al distracto, el cual se había producido por despido directo fundado en las expresiones del actor vertidas en los telegramas Ley nº 23.789 que -la accionada- consideró atentatorias del principio de la buena fe para pretender justificar un despido indirecto con el fin de obtener beneficios indemnizatorios; el A quo luego de analizar las pruebas de autos (testimoniales e instrumental) y los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia consideran necesarios para configurar la injuria en la conducta de alguna de las partes, concluyó: ".la conducta observada por el dependiente no configura un obrar de tal magnitud y gravedad suficiente que justifique desplazar del primer plano al principio de conservación del contrato de trabajo.por lo que no se justifica la medida adoptada por la firma empleadora" (sic fs. 277vta).

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 22.248 (tope indemnizatorio), resolvió no hacer lugar por las razones que da al tratar la "Tercera cuestión", términos que doy por reproducidos en honor a la brevedad.

II.- Se agravia el recurrente, por considerar que al haberse incorporado a la remuneración del trabajador -para el cálculo de la indemnización- las sumas que este cobraba en tickets canasta ($310), se ha violado la normativa específica que crea y conceptualiza estos valores como no remunerativos (Ley nº 24.700).

Razona, "...la sentencia atacada violenta también el artículo 4 de la ley 22.248 cuando dice: "...las remuneraciones de los trabajadores agrarios se regirán exclusivamente por la presente ley y las resoluciones que en consecuencia dicte la Comisión Nacional de Trabajo Agrario", pero de ninguna manera excluye los beneficios sociales que no son parte de la remuneración "continúa": el hecho de brindársele al trabajador agrario beneficios sociales prescriptos en la ley 24.700 e incluidos en la LCT por una cuestión práctica de ninguna manera invalida el artículo 4 de la ley 22.248" (sic fs. 291).

Sostiene, "Los beneficios sociales creados por ley nº 24.700 entre los que se encuentran los vales alimentarios resultan aplicables no solo a los trabajadores comprendidos en la LCT sino a los trabajadores en su totalidad, puesto que su incorporación en la LCT se efectuó por meros fines prácticos".

Entiende el recurrente, que en la base de cálculo de las indemnizaciones se ha incluido arbitrariamente, conceptos no remunerativos, como son los tickets canasta. Concluyendo: "de ninguna manera puede aceptarse que el otorgamiento de beneficios sociales se incorporen al sueldo del trabajador, tal interpretación violenta no solo la ley 24.700, sino también el artículo 4 de la ley 22.248" (sic). Cita jurisprudencia que considera abona su derecho.

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, realizar un examen sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

El recurso ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs.285 vta. y del cargo actuarial inserto a fs. 292, el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; sin que corresponda efectuar el afianzamiento previsto en el artículo 133 del CPL, no obstante que la recurrente es la parte demandada, por encontrarse a la fecha de presentación del recurso concursada, conforme lo dispone el artículo 135 del digesto de rito (ver informe de fs. 313 emitido por el Juzgado Civil y Comercial Común de la II Nominación).

IV.- Analizados los agravios y confrontados con los de la sentencia en crisis, entiendo que la misma está fundada en la normativa aplicable al caso en materia de remuneraciones. Pretender -como lo hace el recurrente- que el artículo 4 de la ley 22.248 no excluye la aplicación de los beneficios sociales de la ley 24.700, para el trabajador agrario, resulta manifiestamente desacertado, soslayando que el Régimen Nacional del Trabajador Agrario contiene una taxativa regulación en materia de remuneraciones (artículos 4, 28 y 32 ley 22.248).

El artículo 32 -tercer párrafo- de dicha ley, contiene una clara y expresa prohibición de pagar la remuneración del trabajador rural, con cualquier otra moneda distinta a la corriente en el país, por lo que resulta imposible remunerar a dicho trabajador con valores distintos a los fijados por el régimen. En razón de ello, debe descartarse la pretensión del recurrente de aplicar a un trabajador rural los beneficios sociales creados por ley 24.700 e incorporados en la LCT.

Esta Corte, reiteradamente ha sostenido que las disposiciones de la Ley Contrato de Trabajo no son aplicables al trabajador agrario, conforme lo previsto en el artículo 2º inciso c) de la LCT, por encontrarse dichos trabajadores expresamente excluidos.

Por lo expuesto, considero acertada la expresión de la sentencia cuando dice ".no pudiendo pactarse condiciones de trabajo menos favorables para el trabajador que las contenidas en el RNTA (art. 7 LNTR) el pago efectuado al trabajador rural en concepto de tickets canasta debe considerarse de naturaleza remunerativo"	Por lo considerado, entiendo corresponde rechazar el recurso de casación incoado por la parte demandada en contra de la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo Sala III de fecha 30 de julio de 2008 obrante a fs. 275/279 de autos.

V.- Atento al resultado a que se arriba, por el principio objetivo de la derrota corresponde imponer las costas de esta instancia casatoria a la demandada vencida (artículo 49 CPL y 106 del CPCyC)	Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación incoado por la parte demandada en contra de la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo Sala III de fecha 30 de julio de 2008 obrante a fs. 275/279 de autos, por lo considerado II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.