Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-07


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 99.878 SALA II Expediente Nro.: 25.832/2008 (Juzg. Nº 57) AUTOS: "LOPEZ ADRIANA ALICIA C/ COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATOMICA S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 7 de NOVIEMBRE de 2011, reunidos los integran-tes de la Sala II a fin de considerar el recurso deducido en autos y para dictar senten-cia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expe-dirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a con-tinuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia rechazó las diferencias salariales reclamadas en el escrito inicial. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte actora en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios de fs. 245/248.

En las presentes actuaciones la actora demanda a su empleadora, la Comisión Nacional de Energía Atómica, por el cobro de diferencias salariales nacidas como consecuencia de una incorrecta recategorización y también por la eliminación de los ítems bonificación por antigüedad y remuneración por título. Solicita, además que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución del Presiden-te de la CNEA Nro. 211/05 y Acta Nro. 33 de fecha 7/9/05. Concretamente sostiene que fue "recategorizada" en forma errónea en el escalafón 412 cuando por su antigue-dad debió habérsela ubicado en el escalafón 421 y que la accionada dejó de abonar los ítems 112 (suplemento por antigüedad) y 113 (suplemento por título).

La Sra. Juez a quo desestimó la viabilidad de dichas pretensiones porque consideró que, de estar a la pericial contable obrante a fs. 206/214 vta y aclaraciones de fs. 224 y vta no surgían diferencias salariales entre el viejo y el nuevo escalafón y que la Resolución 211, por medio de la cual a la actora se le aplicó la categoría 412 y cuya inconstitucionalidad descartó por carecer de sustento y fundamentación seria, no le generó la percepción de una remuneración menor. En este contexto, concluyó que la actora no había logrado acreditar la disminución y dife-rencias que reclama (ver fs. 241in fine/242).

En las presentes actuaciones no existe discusión entre los litigantes en cuanto a que por Resolución n° 211 de la presidencia de la CNEA (cuya constitucionalidad cuestiona la parte actora) del mes de septiembre de 2005 se produjo una reestructuración salarial y de las categorías laborales del personal en relación de dependencia de la demandada.

Tampoco existen cuestionamientos en cuanto a que a partir del mes de octubre de 2005, la actora dejó de percibir los ítems 112 y 113, y en que el rubro 101 (salario básico) fue incrementado de $39,38 a $1.810,50 (ver fs. 206 vta Anexo I-2.), no evidenciándose disminución de la remuneración total de la trabajadora. En efecto, tal como se aprecia de la pericial contable (ver en particular fs. 206 vta) los haberes de septiembre de 2005 ascendieron a la suma de $2.129,95 y los del mentado mes de octubre- en el que aconteció la reestructuración en análisis- al-canzaron la cifra de $ 2.129,95.	Esta Sala ha señalado en un caso de aristas aná-logas al presente (in re "Sanchez Leonor Zulema c/ Comisión Nacional de Energía Atómica s/ Diferencias de Salarios", SD 97430 del 23/11/09) que las condiciones emergentes de la resolución en análisis no se incorporaron al contrato individual. Ello así por cuanto, tal como sucede con aquellas condiciones provenientes de un Conve-nio Colectivo de Trabajo, no son exigibles más allá de la vigencia de aquélla (o de su posible ultraactividad); lo cual, implica admitir que, análogamente a lo que ocurre con las previstas en un convenio anterior, pueden ser válidamente modificadas, derogadas o sustituidas por otras pactadas en un nuevo convenio en ejercicio de la misma auto-nomía que dio origen a la convención anterior (conf. Vázquez Vialard, Antonio, en "Tratado de Derecho del Trabajo", T II, pág. 213 y subs., Ed.Astrea 1982; ver, asis-mo, in "Soler, Blanca Haydee y otros c/ Administración Nacional de la Seguridad So-cial A.N.S.E.S. S/ Diferencias de salarios", SD. Nro. 97.211 del 30/9/2009 del regis-tro de esta Sala).

Lo expuesto, lleva a la conclusión de que resulta inadmisible la pretensión expuesta en la demanda pues, por un lado, repudia la reso-lución de la presidencia de CNEA que dio lugar a la reestructuración de categorías y salarios, por haber suprimido los adicionales que eran abonados por los rubros 112 y 113, mas por el otro, tácitamente, requiere que se mantengan las mejoras salariales originadas por aquélla (ver, liquidaciones de fs. 7/vta), lo cual es a todas luces incon-gruente y jurídicamente inadmisible.

Creo necesario señalar aquí que la circunstancia de que la empleadora deje de liquidar determinados conceptos, por sí sola, no resulta necesariamente determinante de que existan diferencias salariales a favor de la accio-nante, pues puede ocurrir que la condición salarial que globalmente otorgue el em-pleador implique para la trabajadora un beneficio superior al que derivaría de aplicar pautas salariales bajo una estructura o metodología anterior, independientemente del modo en que ésta se haya incorporado al contrato de trabajo (vgr. convenio colectivo de trabajo, práctica empresaria, etc.). En efecto, como es sabido, los beneficios sala-riales que se incorporan a un contrato de trabajo no pueden ser modificados peyorati-vamente por el empleador; y, si la accionada, otorgó beneficios salariales de diversa índole, se impone cotejar si el sistema remuneratorio utilizado por la empleadora -por cualquier causa- ha cubierto el importe que debió liquidarse con base en el sistema que se altera para verificar si se ha afectado o no derechos irrenunciables del trabaja-dor. Creo conveniente recordar aquí que, tal como adelanté, la circunstancia de que no se hayan liquidado ciertos rubros por haber sido suprimidos, no determina necesa-riamente que existan diferencias salariales en favor de la asalariada, porque ello sólo podría ocurrir en caso de que el beneficio remuneratorio recibido haya sido inferior al sistema retributivo que deriva del sistema que fue dejado sin efecto. Nótese incluso que el art. 7 de la LCT se opone a que las partes acuerden condiciones menos benefi-ciosas que las que emergen de normas imperativas; pero no a que convengan otros beneficios a los establecidos por esas normas en tanto no abone menos de lo que ve-nía pagando conforme la ley, el convenio colectivo o el contrato individual de trabajo. Y si, por cualquier causa, así lo hace, es evidente que no están vulneradas las normas de orden público y que ninguna diferencia puede existir en favor de la trabajadora que percibe lo mismo que le hubiera correspondido recibir en virtud de las disposiciones de carácter imperativo, o de un sistema remuneratorio anterior como acontece en el sub lite (conf. SCBA, 20-11-84, "Cappa, Jorge c/ Creal SA" en DT XLV-A, pág.498; CNAT, Sala IV, 29-2-88, "Córdoba, Luis c/Shell CAPSA", en DT, XLVIII, pág.777; íd. in re "Rojo, Hernán Rodrigo c/ Consolidar Comercializadora S.A. s/ des-pido", SD. Nº 96119 del 17/10/08 del registro de esta Sala).

A todo evento, cabe destacar que, de acuerdo a la recategorización implementada por la demandada, conforme a las pautas que obran a fs. 152/155 y documental obrante en el Anexo 4729- ver Resoluc 10/99), entre los parámetros valorados para establecer la retribución básica de la categoría que se asig-nó a López se consideró especialmente la profesión o título de la trabajadora y su an-tigüedad, lo cual -y sin que ello implique de ningún modo un apartamiento al criterio desarrollado precedentemente- en cierto modo torna razonable la supresión de los ítems por título y antigüedad. Por otra parte, y aunque parezca una obviedad, cabe remarcar que aquí no se ha planteado que tales adicionales hayan sido abonados a otros trabajadores luego de la mentada reforma, en cuyo caso se justificaría una revi-sión acerca del derecho de la actora a su cobro; sino que -por el contrario- se parte de la base de la eliminación general de tales tópicos como consecuencia de una reestruc-turación en los términos ya analizados.

En relación a la reclamación por diferencias sala-riales por haber sido "recategorizada" incorrectamente, señalo que la recurrente al demandar simplemente se limitó a manifestar que se la reubicó en el escalafón 412, lo que le causó sorpresa en su momento, ya que según su antigüedad debió encasillársela en el escalafón 421 pues se iba a basar en la Res. 10/99 y por la que dedujo un recla-mo administrativo (ver fs. 4 vta), sin embargo omitió precisar con claridad y suficien-cia cuáles eran los hechos o circunstancias concretas en base a las cuales consideraba errada la determinación de la accionada y las razones por las que habría de corres-ponder la pretendida categoría 421, extremo éste que evidencia un serio incumpli-miento a la carga que impone el art. 65 de la ley 18345 e imposibilita su juzgamiento a la luz del principio procesal de congruencia (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6° y 164, CPCCN), que posee indudable raigambre constitucional (art. 18 CN).

No soslayo que al expresar agravios la actora brinda alguna de esas razones al manifestar que ".no se tomaron en cuenta años de antigüedad, la antigüedad en la especialidad ni mucho menos el ser una profesional (contadora) realizando tareas acordes a su profesión. que no se tomó en cuenta el reclamo administrativo" (ver fs. 246 vta) pero no menos verdad es que lo hace de un modo escueto y señala aspectos que no fueron puestas a consideración de la "a quo", por lo que no resulta admisibles tratarlos en esta instancia(conf. art. 277 del CPCC) .	A esta altura del análisis, lógico resulta concluir que considero inviable el planteo de inconstitucionalidad de la resolución de presi-dencia de la CNEA n° 211/2005 y Acta Nro. 33 de fecha 7/9/05 en la medida que no se advierte que éstas hayan afectado de modo derecho alguno de la actora, y menos aun de raigambre constitucional. Sin perjuicio de ello, y de reiterar que la reestructu-ración llevada a cabo por dichas normas no importó menoscabo patrimonial alguno para la trabajadora, creo oportuno poner de relieve que, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones, nadie tiene un derecho ad-quirido al mantenimiento de un determinado orden jurídico, ni a la inalterabilidad del mismo (C.S.J.N.,1-11-77, "González Santos, Juan C. c/ Estado Nacional s/ pago de haberes", en Fallos: 299:93; ver también Fallos: 267:247; y 268:228). Ello así porque es obvio que las normas jurídicas no regulan una realidad estática e inmutable sino esencialmente variable, por lo que es lógico que se vayan modificando en función de los cambios que se operan en el plano socio-económico y cultural sobre el que pre-tenden actuar. A su vez, tampoco encuentro afectada la intangibilidad salarial que sus-tenta la quejosa en los arts. 14 bis, 17 y 75 inc. 2° de la Constitución Nacional (ver fs. 236), pues independientemente del análisis que pueda efectuarse en relación a dichos preceptos, lo concreto del caso es que el nivel salarial de la actora -repito- no se vio afectado, por lo que su petición aparece como una invocación genérica de agravios conjeturales, desprovista de argumentos que justifiquen la descalificación constitu-cional perseguida. De la doctrina elaborada por el más Alto Tribunal se desprende que el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional causándole de ese modo un gravamen; y, para ello, es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de las disposiciones cuestio-nadas (ver Fallos 258: 255; 276:303; etc).

Por las consideraciones expuestas, propongo con-firmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda interpuesta por Adriana Alicia López.

En atención a las especiales particularidades de la causa y la complejidad del sistema de recategorización implementado, propongo, no obstante el resultado del recurso de la parte actora en esta instancia, que las costas de Alzada se impongan en el orden causado por cuanto la reclamante pudo considerarse asistida de mejor derecho para litigar (conf. art. 68, 2 parte del CPCCN).

Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada, pro-pongo que se regulen los honorarios por los trabajos realizados en la Alzada en el 25%, respectivamente, de lo que a cada una de ellas le corresponde percibir por lo actuado en la instancia anterior.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1)Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios 2) Imponer las costas de Alzada en el orden causado; 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada, por los trabajos realizados en esta Alzada en el 25%, respectivamente, de lo que a cada una de ellas le corresponda percibir por lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González	Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara Juez de Cámara (CCA)