marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ministerio Público Fiscal, debido proceso, ejercicio de la acción pública, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: " Moyano, Hugo M. s/ nulidad ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-06

"En primer lugar, debe hacerse notar que el fiscal del caso presentó su requerimiento de instrucción en la oportunidad prevista por los arts. 180 y 188 del C.P.P.N., identificando suficientemente -de conformidad con el precario grado de conocimiento que caracteriza a ese momento inicial del proceso tanto a los hechos objeto del legajo como al imputado por su supuesta comisión (fs. 46/7 del ppal.)". "Desde entonces, el acusador público fue sucesivamente notificado del curso que se otorgó a la pesquisa -que el a quo mantuvo bajo su dirección-.

En tales momentos tomó conocimiento de las medidas ordenadas, incluso de aquellas mencionadas por el impugnante en su planteo (ver fs. 162, 169, 240, 462/3, 597/601, 691/vta., 693/5, 701/3, 707/vta., 748/9, 931, 1042/44, 1100/1, 1103/4, 1198/9, 1330, 1358 y 1445 del ppal., entre otras)". "Las constancias de la causa revelan que, en dichas ocasiones, el fiscal avaló la orientación otorgada a la instrucción -enfocada en ciertas derivaciones de los eventos inicialmente señalados en su requerimiento-, sin objetar ninguna de las diligencias y actos producidos. Eso es suficiente para descartar el agravio de la defensa sobre el punto, pues se advierte una actividad persecutoria por parte de la fiscalía, siendo que ésta ha tenido noticias de lo actuado desde su inicio, contando con la posibilidad de manifestar su oposición al progreso causídico, o de convalidarlo expresa o tácitamente. No hay, en este contexto, infracción al principio ne procedat iudex ex officio (conf. de esta Sala, causa n° 26.154 "Patti", reg. n° 28.264 del 7/4/08;

causa n° 25.079 "Lucero", reg. n° 26.848 del 24/5/07; causa n° 24.753 "Paesa Sánchez", reg. n° 26.487 del 6/3/07; causa n° 24.545 "Magallanes", reg. n° 25.987 del 9/11/06; causa n° 22.470 "Herrera", reg. n° 23.856 del 28/6/05; causa n° 21.754 "Turek", reg. n° 24.962 del 7/10/04 y causa n° 13.958 "Agostino", reg. n° 15.686 del 13/8/98, entre otras)". "Queda claro entonces: a) que el fiscal presentó su requerimiento de instrucción en el momento oportuno, impulsando la acción; b) que -como expresamente menciona a fs. 8 del incidente- tomó conocimiento de todas las medidas y actos ordenados por el director del proceso a consecuencia de ello; y c) que avaló la dirección que tomó la pesquisa, avanzando -en base a las pruebas que se fueron colectando- sobre determinados aspectos de los sucesos por los que esa parte instó el inicio de la etapa preparatoria".
Relación de dependencia, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Garbino, Inés Carolina c/ Colegio San Agustin s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-09-18

La imposibilidad de una correspondencia que no llega a destino y por ende de una voluntad no exteriorizada idóneamente, unida a la existencia de razones que objetivamente daban pie a la patronal para interpretar que el vínculo había desaparecido, mutuamente abandonado por las partes, torna improcedente las indemnizaciones por falta de preaviso y antigüedad reclamadas.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, daños y perjuicios, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: Bentos, Jorge Domingo y otro c/ La Cabaña S. A. y otro. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que revocó la anterior por falta de causalidad entre el accidente y los daños sufridos por un menor, toda vez que incurre en un error grave de interpretación y valoración de las probanzas de autos, efectuando un razonamiento fuera de contexto y sin sustento al omitir evaluar pruebas conducentes para la solución del litigio.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, presupuesto, ley general
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Spisso, Rodolfo R. c/ GCBA s/ ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

El actor conduce su pretensión declarativa contra hechos de la autoridad administrativa, que juzga ilegítimos -y por lo tanto califica como vías de hecho-, pero que no constituyen una "norma de alcance general emanada de las autoridades de la Ciudad". (Voto en disidencia de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Juicios contra el Estado, ejecución de sentencia, ley de emergencia, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bessone, Héctor Domingo c/ Superior Gobierno de la Pcia. dre Córdoba s/ Plena Jurisdicción - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-02-16

No se respeta lo dispuesto en el art. 16 de nuestra Carta Magna, mediante el cual se garantiza el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales condiciones cuando la Administración ha dado distinto trato a quienes, se encontraban en idéntica situación, negándole al actor su reubicación escalafonaria, violando su derecho a la igualdad y a una retribución justa. El hecho de que en los precedentes que se invocan las reclamantes revistaran en otra escuela, dicha diferencia de lugar de desempeño de las tareas no constituye una causa trascendente que justifique y otorgue sustento a una diferente actitud por parte de la damandada.

La interpretación armónica de los arts. 2 y 8 de la ley 8250 sólo autoriza a afirmar que existen deudas con origen en la relación de empleo público que se encuentran atrapadas por la consolidación y otras no. Las diferencias de haberes a pagar al actor por la procedencia de su reubicación escalafonaria no resultan alcanzadas por las disposiciones de la Ley provincial conforme a lo dispuesto en su art.2 inc. "d" a contrario sensu, puesto que constituyen obligaciones que revisten la calidad de accesorias "de deudas canceladas" en el tracto sucesivo del contrato de empleo público.
Recusación, excusación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHAVARRI, ENRIQUE VICTOR c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-12

Corresponde no hacer lugar al pedido de excusación, al invocarse como causal un nivel de amistad que aparece como un vínculo con personas conocidas entre las que se incluye a aquellas que surgen por relaciones de vecindad, laborales, etc., que no inducen por sí la existencia de una amistad que inhabilite al juez, máxime si la relación con tales personas ha sido pasajera o no ha perdurado en el tiempo.
Representación procesal, acreditación de la personería, recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sesan, Lorenzo c/ Pera, Carlos y ot. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

La circunstancia de que el abogado no haya acreditado su personería al presentarse, puede traer como consecuencia una decisión que lo obligaría a subsanar la omisión o, en todo caso, facultado a la contraparte a oponer la excepción pertinente (art. 345, inc. 2º, C.P.C.) pero de manera alguna puede facultar a la alzada a declarar mal concedido el recurso porque el art. 47 del código de forma no prevé sanción para el caso de presentaciones defectuosas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Policía, personal policial, licencia por enfermedad, certificado médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Burguener, Telmo Horacio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 135-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-08-25

Aceptar -sin intervención de los órganos administrativos competentes - la presentación de certificados médicos particulares con posterioridad a las inasistencias en que incurrió el recurrente, implicaría investir al agente de una potestad - otorgamiento o concesión de licencias- cuyo ejercicio naturalmente le corresponde a la Administración mediante sus órganos específicos; máxime cuando no consta que el certificado médico haya sido presentado por el actor ante la Junta de Incapacidad ni que haya solicitado reconocimiento médico durante el transcurso de los días por cuya inasistencia fue sancionado.
Participación necesaria, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: Gallone, Carlos Enrique y otros s/ recurso de casación (Masacre de Fátima)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-30

El Jefe de la Brigada del Departamento de Sumarios deviene partícipe necesario de los delitos de homicidio calificado por alevosía, pues su aporte fue insustituible y necesario, al participar de propia mano como dando órdenes al personal subalterno tanto en la selección de las personas que iban a ser ejecutadas como en lo que respecta al traslado de las víctimas, obviamente a sabiendas de la suerte que iban a correr las mismas.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, deudor, regulación de honorarios, sentencia firme, primera instancia, segunda instancia
Materia: PENAL
Carátula: DAYAN DE SAUL s/ TACHAS - TESTIGO DEUDOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-07-29

1) Debe rechazarse la tacha basada en la calidad de deudores de los testigos, si los mismos no fueron presentados por ninguna parte en el proceso, presupuesto contenido en el art. 276 inc. 11 C. P. C.

2) Corresponde rectificar el criterio del Tribunal referente a que cuando los honorarios de primera instancia se hallan firmes, los de la alzada deben fijarse aplicándose estrictamente las proporciones del art. 14 de la ley 21.839; por cuanto ante la magnitud y la calidad de la labor de algunos de los letrados en las correspondientes expresiones de agravios, se advierte que los motivos que ellos hayan tenido para no apelar de las retribuciones establecidas en primera instancia no pueden significar que la Cámara quede sujeta a porcentajes de los que derivaría una injusta regulación.

Es que el art. 14 de la ley 21.839 debe concebirse sólo como un instrumento que permite relacionar los honorarios de las dos instancias, a condición de que puedan ser apreciados por el mismo Tribunal.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, víctima del delito, prueba de descargo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUIAR, WALTER GABRIEL c/  s/ PRIVACION ABUSIVA DE LA LIBERTAD-TORTURAS-APELACION HORIZONTAL DE SENTENCIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-11

Para arribar a la solución adoptada se efectuó una valoración arbitraria de la declaración de la víctima, resultando llamativo el dispar tratamiento otorgado en el caso a las declaraciones de ésta, en relación a las de los encartados ya que, por un lado, los Sentenciantes quitaron peso convictivo a los dichos de aquélla, con base en supuestas inconsistencias y en que algunos aspectos no habrían sido acreditados, mas luego, al analizar las explicaciones dadas por los imputados -que optaron por brindar su versión de lo ocurrido- las consideraron creíbles, desconociendo las mendacidades de sus discursos que fueron constatadas -a tal punto que algunas de ellas motivaron la condena de dos de los coimputados por el delito de falsedad ideológica de documento público-. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhiere el Dr. Falistocco)
Cuestión federal, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GUTIÉRREZ, Mauricio Juan c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-23

La disidencia señaló. "Que, sellada la suerte de la cuestión entiendo que pudiendo constituir los agravios invocados por la parte recurrente algunas de las causales previstas en el art. 456 CPPN y encontrándose prima facie involucrada una cuestión de naturaleza federal, de conformidad con lo dispuesto por el art. 463 del rito, corresponde sustanciar el trámite del planteo casatorio y, en consecuencia, fijar la audiencia prevista por el art. 465 bis del ordenamiento legal citado, lo que de ningún modo implica anticipar criterio respecto de la materia impugnada.". Dres. Mahiques, Yacobucci y Slokar - en disidencia-.
Nulidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P. M. A. c/ CH. A. M. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

En principio, aún cuando la irregularidad procesal que pudiere existir fuere importante, impide su declaración el consentimiento del interesado, pues los derechos deben hacerse valer en la forma y oportunidades que corresponda, y así quien tuvo a su alcance el medio de impugnación pertinente y no lo hizo, presta su conformidad a los eventuales vicios procesales que pueden haber existido y, en ese caso, su conformidad trae aparejada la aceptación.-
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación insuficiente, ejecución fiscal, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Administración provincial de impuestos c/ La Tropa S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad (Queja admitida)- Embargo preventivo  (Expte.: C.S.J. Nro. 414 año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-18

Merece reproche constitucional la respuesta brindada por la Sala a la pretensión central de la impugnante (Administración Provincial de Impuestos) -esto es, la aplicación al caso del tope del 5 % en la regulación de honorarios por tratarse de un proceso de ejecución de deudas fiscales- desde que luego de afirmar que la ley 11.257 invocada por la recurrente resulta aplicable por las razones que explica, se limitó a puntualizar la carencia de precisión en los agravios enderezados por la misma, en tanto consideró que no se indicó "...en qué monto concreto deben reducirse en cada caso e instancia los montos fijados por el a quo, ni prueba específicamente que en la regulación correspondiente a la primera instancia se haya superado el 5% determinado por la ley 11.257...". Y en relación a ello, en primer lugar es de advertir que, si bien el memorial presentado por la apelante (conforme lo dispuesto por el artículo 28 inciso d) de la ley 6.767) no cuenta con una fundamentación excelsa en sus aspectos técnicos, sí deviene en una crítica inteligible de lo decidido en baja instancia.
Monto de la pena, juicio abreviado, calificación legal, mala praxis, insuficiencia del agravio, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Castro, Martín Miguel s/ condena c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-18

Corresponde rechazar el planteo de nulidad del monto de la pena solicitado por la fiscalía en el momento de alegar (art. 393 CPPN) luego de que el acuerdo de juicio abreviado fuera deliberadamente frustrado por el acusado -en el que había acordado reconocer la existencia del hecho, su intervención, su calificación legal asignada y sin advertir que el abogado haya engañado al acusado u otra obrado en mala praxis- y declarado correctamente inválido, en tanto carece de todo efecto para limitar al fiscal en la determinación del monto de pena solicitado en la acusación llevada a cabo adecuadamente respondiendo a los parámetros correctos en materia de dogmática en la determinación de la pena luego de celebrada la audiencia de debate. La invalidez del acuerdo presentado no se equipara al rechazo y se debió exclusivamente a la voluntad del acusado sin que se haya manifestado alguna afectación de la imparcialidad con que la magistrada habría de conducir el debate y concluirlo dictando sentencia, ni la forma en que se fundó el pedido de pena y en la forma en que lo receptó la sentencia, respecto de lo cual la defensa nada dice (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Días)
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio, debate
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Dulfano, Claudio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-27

En relación al alcance de la expresión "secuela de juicio" considero que no se puede hablar de "juicio" durante la etapa instructoria en razón de sus fines y de los principios que lo rigen durante su realización. De este modo, sólo se puede afirmar que existió juicio, si hubo contradicción, de lo contrario nos encontramos ante una mera etapa procedimental. De esta manera, si algún acto del procedimiento pudiera tener entidad para interrumpir la prescripción de la acción penal, solo debe buscárselo en el procedimiento principal, oral, público, contradictorio y continuo. Por lo tanto, no puede atribuírsele tal efecto interruptivo a los distintos actos llevados a cabo durante la etapa preliminar del juicio, aunque fueran realizados en la mencionada etapa del juicio común. (Voto de la Dra. Ledesma, en disidencia).
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Ferré, Miguel D - Nuñez, Claudio E. c/ Cabrera, Carlos R. denuncia s/ Privación ilegal de la libertad y robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-31

El reconocimiento del arma y de la capucha de lana supuestamente utilizadas en el ilícito, por parte del denunciante, pierde plena aptitud indicativa pues ambos objetos presentan como característica saliente la de ser idénticos -o casi- a los de su misma especie, por lo que mal pueden ser señalados como aquellos utilizados por el sujeto activo.-
Honorarios, perito tasador
Materia: COMERCIAL
Carátula: González, Marcelo Ariel y otros c/ González, Omar Santiago
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-06-12

Respecto al agravio del Perito Tasador Oficial describe lo realizado por él en autos, pero en modo alguno justifica que sus emolumentos estuvieren por fuera de los límites que marca la ley arancelaria, ni que debiese adicionarse o regularse una suma mayor. En su mérito declara desierto el recurso de apelación, sin costas.
Actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, interpretación de sentencias, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: Heit, Carlos Martin c/ Castelli, Pablo Fernando s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-01-09

Procede la solicitud de habilitar la feria con la finalidad de efectivizar el embargo que pretende el ejecutante. Es que tratándose de una medida cautelar ordenada en el marco de un pleito ejecutivo, y solo se pretende en esta oportunidad la habilitación al único efecto de materializar su inscripción para evitar eventuales perjuicios, en caso de que se anoten otras medidas o que el demandado disponga del bien, son suficientes razones para disponer la apertura del receso estival. Máxime que durante los últimos días del año pasado los tribunales no funcionaron normalmente por diversas medidas de fuerza.
Menores, representación procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ruiz, Oscar c/ Camping "El Carmen" s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-17

La ley 23264 introdujo el régimen del ejercicio conjunto de la patria potestad, que en los hechos funciona igual al ejercicio indistinto, por cuanto el art. 264 del Código civil presume el consentimiento del otro progenitor, cuando uno de ellos realiza un acto en representación del menor. Tratándose de un menor cuya patria potestad la comparten ambos progenitores la sola presentación del padre es suficiente para acreditar la personería, pues éste ejerce los derechos en representación del hijo; y no el menor, autorizado por ambos padres.
Juicio de desalojo, poseedor
Materia: CIVIL
Carátula: Sucesores de González, Miguel María c/ Bustos, Miguel Angel s/ Desalojo R., A.D. c/ R., J.L. y/o Quienes Resulten Ocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-19|2002-12-04

En el juicio de desalojo no basta alegar la posesión por el demandado para remitir, sin más, al demandante a otra vía (petitoria, posesoria, etc.). El órgano jurisdiccional tiene potestad para verificar la seriedad de la circunstancia apuntada, y de que tal defensa no se utiliza con propósito dilatorio.
Medidas cautelares, obras sociales, tratamiento médico, medicamentos
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: SPADONI  MARIA  LUISA c/ OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE LA UNIONPERSONAL  CIVIL  DE LA NACION S/ s/ NCIDENTE DE APELACION DE MEDIDACAUTELAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

La Médica Hematóloga del Hospital de Clínicas hace expresa referencia a la negativa de la obra social a la provisión de Rituximab, precisándose a continuación que los pacientes con linfomas son asistidos por médicos especialistas en Oncohematología y que los tratamientos se basan en los protocolos de la Sociedad Argentina de Hematología que además son los aprobados por el Ministerio de Salud (Programa Nacional de Control del Cáncer), en los que intervino también la Sociedad Argentina de Oncología. Los riesgos que pudieran derivarse del tratamiento con la medicación prescripta por un especialista en la materia sobre la base de protocolos que, según manifiesta, se encuentran aprobados por la autoridad de aplicación y por las entidades científicas, se deben considerar conocidos por la paciente, quien pese a la oposición de la obra social, inició las presentes actuaciones y solicitó una medida cautelar para que se le otorgara la cobertura del medicamento, prestó personalmente caución juratoria ante el juzgado e insistió en su reclamo al contestar los agravios relativos a ese punto.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, amnistía
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Ramón Juan Alberto Camps y otros c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

Si bien es cierto que el art. 18 de nuestra Carta Fundamental abolió para siempre, como práctica estatal y tendiente a obtener confesiones o como castigo, toda especie de tormento y los azotes, de ello no se deduce que al legislador le esté vedado, ante la comisión del delito de tormento, dictar una ley que, motivada por la necesidad de conservar la convivencia social pacífica del país, impida perseguir penalmente tales actos.
Hipoteca, ejecución hipotecaria, suspensión de la ejecución, subasta, bienes inmuebles
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

La suspensión por 180 días de las ejecuciones hipotecarias de inmuebles que tengan por objeto la vivenda única y familiar del deudor, cuyo valor fiscal actual no supere los $90.000, prevista por la ley 13302 art. 1 de la Prov. de Buenos Aires, prorrogada la vigencia por la ley 13390, tiene como propósito preservar la vivienda de aquellos deudores que con motivo de la grave crisis socioeconómica que afecto al país principalmente desde el año 2001, se ven imposibilitados de hacer frente a las obligaciones que contrajeron. se busca así evitar que el núcleo familiar se vea perjudicado por la venta en publica subasta de su vivienda. (En el caso, se suspendió la subasta del inmueble habitado por la viuda, hija y nieta del codemandado, a los efectos de no privar al grupo familiar de la vivienda de acuerdo al propósito de la ley 13302).
Regulación de honorarios, base regulatoria, legitimación activa, patrocinio letrado, abogado apoderado
Materia: PROCESAL
Carátula: Ente Único Regulador de los Servicios públicos de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Ecohabitat SA Emepa SA UTE (Res 219/15) c/ Ente Único Regulador de los Servicios públicos CABA s/ recurso directo s/ resoluciones del Ente Único Regulador de Servicios públicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-01

El pago de los honorarios deberá efectuarse dentro del término de los diez (10) días de la aprobación firme de la liquidación. En caso de mora, deberán adicionarse los intereses moratorios (art. 53 de la ley n° 5134) desde la fecha de la mora hasta el efectivo pago de la deuda. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).