Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 87424 CAUSA Nº 22.348/2010 AUTOS: "MELNITZKY EZEQUIEL FABIAN C/LIBERTY A.R.T. S.A. S/DESPIDO" JUZGADO Nº 61 SALA PRIMERA En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de febrero de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. La sentencia de fs.313/316 es apelada por la parte actora y demandada a tenor de los memoriales que lucen a fs. 328/330 y 320/327, que merecieron las réplicas de fs. 333/337 y fs. 339/344. Asimismo, la representación y patrocinio letrado de la parte demandada apela por altos los honorarios de la parte actora y perito contador y por bajos los regulados a su favor.

A fs. 331 el perito contador apela sus honorarios por considerarlos reducidos.	II. Trataré en primer término el recurso interpuesto por la parte demandada quien se agravia porque la Sra. Jueza de grado admitió el reclamo al considerar que entre las partes existió un contrato de trabajo, realizó una incorrecta valoración de la prueba producida y que erróneamente declaró la inconstitucionalidad del decreto 487/00. Insiste ante esta Alzada que el actor se encontraba unido a la demandada mediante un contrato de pasantía conforme la normativa vigente, por lo que solicita se revoque el decisorio.

La Sra. Magistrada de origen para fallar como lo hizo, tuvo en cuenta que en el caso no se configuraron los recaudos que exigen las leyes 25.165 y 26.427 para la existencia de un contrato de pasantía como lo pretende la demandada. Para ello, valoró la prueba aportada, en especial la testimonial y tuvo por acreditado que el actor cumplió una jornada excediendo el límite establecido por el art. 11 de la ley 25.165, declaró la inconstitucionalidad del decreto 487/00 y consideró que el actor realizaba tareas que eran propias del giro comercial de la demandada, que no le reportaba ninguna ventaja y que se acreditó que la entidad educacional a la que pertenecía no controló ni fiscalizó la formación que recibía, circunstancias que consideró como fraude a la legislación vigente y que el vínculo que unió a las partes fue un contrato de trabajo por tiempo indeterminado regido por la Ley de Contrato de Trabajo.

Ahora bien, coincido con la valoración realizada en la instancia anterior pues a mi modo de ver, existen en la causa elementos de prueba suficientes que me persuaden acerca de la existencia de un verdadero contrato de trabajo en los términos de los arts.21 y 22 de la L.C.T..

Me explico: el contrato de pasantía tiene como objeto primordial la adquisición de experiencia por parte del estudiante mediante prácticas complementarias a su formación académica aumentando la propuesta curricular de los estudios que cursa con el propósito de lograr una mayor inserción en el mercado laboral. Este régimen se encuentra sujeto a controles estrictos y al cumplimiento de exigencias formales; debe ser instrumentado por escrito y contener datos muy precisos vinculados a las características de la actividad a realizar; su relación con los estudios que curse el estudiante; la jornada, el estimulo asignado y el tiempo de duración. También debe responder a un diseño pedagógico integral de pasantías a nivel institucional, a ello se agrega, entre otros aspectos no menos relevantes, la obligación de control y fiscalización por parte de los profesores guías, tutores así como de la institución educativa y de los organismos administrativos.

Estas características generales que he perfilado, surgen de la lectura de numerosas normas que han sido dictadas a los efectos de regular los contratos de pasantías y evidencia el esfuerzo desplegado por el legislador para reglamentar un sistema dirigido a la capacitación laboral de los jóvenes a la par que adoptó precisos recaudos para evitar que sea utilizado fraudulentamente y que se concretó en la ley 25165, el art.2° de la Ley 25013,los D.340/9, 93/95 y 487/2000, todos derogados por la Ley 26427.

En virtud de lo expuesto, corresponde verificar si en el caso sub examine el objeto del convenio que unió a las partes tuvo por finalidad la formación profesional, propio del contrato de pasantía y para ello cobra especial relevancia el análisis de las tareas cumplidas por el actor. La Sra. Jueza de grado a fin de corroborar que las tareas que realizaba no tenían un punto de contacto con la formación teórica profesional pretendida -pues el supuesto pasante era estudiante de Recursos Humanos y posteriormente de abogacía- no sólo tuvo en cuenta la prueba testimonial, sino también la cláusula 4ta del contrato acompañado a fs. 11/13 del que surge que fue afectado a la atención de clientes. Sin embargo, el apelante nada dijo acerca de tal consideración ya que sólo se avino a realizar meras manifestaciones de disconformidad con la valoración de la prueba testimonial, circunstancia que torna desierto el recurso pues tales manifestaciones no constituyen la crítica concreta y razonada del fallo de grado, tal como lo requiere el art.116 de la L.O.

Sin perjuicio de ello, a fin de dar satisfacción al apelante y garantizar su derecho de defensa en juicio, señalo que dichas tareas, insertas en el contrato mencionado, se encuentran avaladas por las declaraciones de Mireya Almendra Molina Cuellar (fs. 281/284) y Marina Favier (fs. 285/287). Así, la primera, quien se desempeñaba en el sector de gerencia comercial en atención a productores y/o clientes en el área denominada CAP (Centro de Atención a Productores), señaló de manera clara y precisa que el actor hacía atención a productores, para el área de emisión de pólizas, pues era quien filtraba el ingreso de las solicitudes de altas de pólizas de automotores en la empresa y el segundo señaló que el actor cargaba órdenes, chequeaba que las mismas estuvieran correctas, luego las despachaba a otro sector de emisión de póliza y que las realizaba en el sector CAP (Centro de Atención a Productores).

Como puede observarse, ambos testigos coincidieron al describir las tareas y el sector donde se desempeñaba el actor. Dichas declaraciones valoradas a la luz de la regla de la sana crítica resultan precisas y concordantes y gozan de suficiente valor probatorio, pues se desempeñaron en igual sector que el actor y han dado suficiente razón de sus dichos, pues describieron adecuadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar (arts. 90 L.O. y 386 CPCCN).

En cambio, no forman mi convicción, los testimonios aportados por la parte demandada. Así, la declaración de María Micaela Laporta (fs. 288/289), gerente de empleos y capacitación en Recursos Humanos, no aporta elemento de relevancia, pues si bien señaló que el actor habría realizado tareas relacionadas con el sector de Recursos Humanos, las que incluía capacitación, entrevista a candidatos para línea y que realizaba dicha tarea para el sector en el que se desempeñaba, lo cierto es que la testigo no tiene un conocimiento directo de la función esencial que cumplió, pues declaró que quien le daba las indicaciones era Juan Rui y que ella veía al actor una vez por mes para luego, finalizando su declaración, expresar que no podía precisar cuantas veces habló con el actor en un año y medio ya que nunca las contó, pero está segura que lo vio cuando renovó su pasantía y cuando finalizó su contrato. Por último, la solitaria declaración de Mariano Chaiman (fs. 278/280), gerente de compensaciones y beneficios Liberty tampoco aporta elemento alguno para la dilucidación de la litis, pues por un lado describió que el actor trabajaba para el call center capacitándose en tareas inherentes tanto al área como a Recursos Humanos, señalando a modo de ejemplo que ayudaba en la selección, tenía relación con clientes y además realizaba algunas tareas administrativas. Si bien en lo que refiere a Recursos Humanos el actor sólo habría ayudado en la selección de personal, lo cierto es que el mayor caudal de tareas se hallaba relacionado con la atención a clientes y más allá del cargo que ostentaba el declarante, no tiene un conocimiento directo, pues, señaló que no veía al actor con mucha frecuencia ya que no dependía del mismo. En definitiva y a mi modo de ver, las tareas que realizaba el actor, relacionadas con el área de atención al cliente no contribuyeron a su formación profesional ni constituyeron prácticas que pudieran relacionarse con las carreras a las que pertenecía como estudiante de Recursos Humanos y Abogacía en la UADE.

Teniendo en cuenta que el actor se desempeñó para la demandada durante la vigencia de dos normas que regularon las pasantías, cabe agregar que en ambos casos observo la falta de cumplimiento de los recaudos que la ley 25.165, entre otros, exige en sus arts. 20 y 21 y la ley 26.427 en sus arts. 11 y 18 referidos al control y evaluación de la pasantía a cargo de las partes contratantes y a la designación de un tutor que tiene a su cargo la orientación, coordinación y el control del trabajo del pasante y lo cierto es que no quedó acreditada la supervisión que da cuenta la ley, menos aún la orientación y coordinación del actor como pasante, ya que de prueba testimonial antes analizada solo puede extraerse como dato cierto que Juan Rui, era el jefe del actor, más no se advierte que sus funciones eran la de tutor. Por último, tampoco se produjeron los informes periódicos de evaluación que debían realizarse durante la pasantía y al finalizar la misma, pues la demandada ningún instrumento acompañó al respecto, violándose así lo dispuesto por los arts. 20 de la ley 25.165 y 18 de la ley 26.427. El informe emitido por la UADE a fs. 176 y 188 no obsta a lo señalado, pues nada acredita acerca de los controles e informes periódicos de evaluación aludidos como lo pretende el apelante, pues allí la entidad educacional se limitó a informar acerca de la autenticidad de los convenios acompañados por las partes, que nunca recibió pagos de la firma Liberty ARTS.A. por los convenios de pasantía suscriptos con el actor y que éste cursó entre otras carreras, la de Licenciatura en Recursos Humanos desde el 13/2/2002 hasta el 6/3/2009 y Abogacía desde el 6/3/2009 hasta el 31/12/2009.

Los elementos hasta aquí reseñados sellan la suerte del agravio y en definitiva considero, al igual que lo hizo la Sra. Jueza de grado, que los convenios acompañados por la parte demandada, obrantes en el sobre Anexo Nº 3398, fueron utilizados fraudulentamente por la empresa demandada en violación a las normas de orden público laboral , por lo que se impone su nulidad conforme lo normado por el art.14 de la L.C.T.. En consecuencia, la relación habida entre las partes en la que el actor prestó sus servicios a cambio de una retribución constituyó un contrato de trabajo en los términos del art. 21 LCT.

En orden a tales consideraciones se torna abstracto expedirse acerca del planteo efectuado con relación a la inconstitucionalidad del decreto 487/00 decretada por la Sra. Jueza de Grado.

Por las razones expuestas propicio se confirme el decisorio en este aspecto de la queja.

III. También se agravia porque en origen se admitió el reclamo en concepto de diferencias salariales teniendo en cuenta el salario denunciado en la demanda por la suma de $ 1200 mensuales.

Señala que luce inadecuada, pues ese salario es el que correspondería percibir a un empleado administrativo Grupo I (conf. CCT Nº 264/65), por jornada completa y sin embargo el actor tenía una jornada mucho menor conforme surge de los contratos de pasantías.

Más allá de que el apelante no señala concretamente cuál sería a su entender la remuneración que debió ser considerada por la Sra. Magistrada, lo cierto es que no puede tenerse en cuenta a tal fin los contratos de pasantías acompañados, pues éstos fueron considerados inválidos en el presente decisorio. Dado que el contrato de trabajo habido entre las partes no fue registrado, corresponde aplicar al caso la presunción legal prevista en el artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues del análisis de los elementos aportados a la causa no encuentro que se encuentre desvirtuada por prueba en contrario.

En tales condiciones, la categoría y responsabilidad reconocidas, el salario vital mínimo vigente a la época y los salarios de la actividad, me conduce a concluir que la remuneración denunciada de $ 1.200 resulta verosímil y la encuentro razonable en virtud de la índole e importancia de las tareas efectivamente cumplidas ( art. 56 y 114 LCT).

Por lo expuesto, sugiero confirmar lo decidido en origen en el aspecto analizado.

IV. De acuerdo a lo expuesto en el considerando II se torna abstracto expedirse en orden al agravio referido al art. 2º de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo pues el apelante basa su disenso en la inexistencia de un contrato de trabajo.

V. Por último se agravia porque la Sra. Jueza de la instancia anterior admitió el reclamo de las multas de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.

Señala que el actor no cumplió con los recaudos previstos por el inc. a) del art. 11 de la ley 24.013 pues a los fines de la registración laboral debió haber consignado los datos necesarios para la adecuada registración indicando concretamente la categoría, remuneración y desde cuando recibió pagos insuficientes. De la lectura de la carta documento acompañada por la parte actora a fs. 5 y por la demandada a fs. 60 se desprende que el actor intimó a la demandada para que registrara la relación laboral iniciada el 15 de Junio del 2008 y le abonara las diferencias salariales a partir de esa fecha teniendo en cuenta la real categoría conforme Convenio Colectivo de Trabajo aplicable.

Al respecto, la demandada negó la relación laboral (v. telegrama de fs. 8 y fs. 64), la que luego quedó comprobada en autos y en tales condiciones, es evidente que no tenía intención alguna de registrar al actor en ninguna categoría ni con ninguna remuneración, por ello, consdiero válida la intimación que efectuó el actor a los fines de la registración (art. 11 inc. a de la ley 24.013) y en consecuencia correspondería confirmar la decisión adoptada en la instancia anterior.

Tampoco encuentro razones que justifiquen la reducción del monto de las multas en cuestión de conformidad con lo dispuesto por el art. 16 de la ley 24.013 como lo pretende el apelante.

VI. La parte actora se agravia porque la Sra. Magistrada rechazó el reclamo con fundamento en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo al considerar que la demandada no retuvo los aportes de ley e insiste ante esta Alzada que corresponde se admita el reclamo pues conforme surge de los informes emitidos por la Afip a fs. 143 y 248/263 la demandada no efectuó los aportes de ley considerando que la retención de aportes es una consecuencia lógica de la falta de pago al organismo fiscal.

Coincido con lo resuelto en origen, pues el art. 132 bis LCT, impone, entre otros recaudos, la retención indebida de aportes, lo que implica que el empleador descuente de los haberes los aportes con destino a los organismos de la Seguridad Social y que luego no los deposite, circunstancia que no puede asimilarse a la falta de realización de aportes como ocurrió en autos. En consecuencia, no corresponde aplicar al caso la sanción prevista en la norma aludida.

Por ello, propicio confirmar también este segmento de la queja. VII. La parte actora considera que es errónea la liquidación que realizó la Sra. Jueza de origen en concepto de multa del art. 15 de la ley 24.013.

Entiende que a los fines del cálculo de dicha multa, debe sumarse la indemnización por despido, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido y luego debe multiplicarse por 2 (dos). En virtud de ello el monto debería ascender a la suma de $ 12.908,50.

Tampoco asiste razón a la apelante en este sentido.

Así, de conformidad con las pautas establecidas en dicha norma legal (art.15 LNE) que dispone en su parte pertinente ".tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido.", la multa debe ser calculada adicionando a los rubros indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso más Sac e integración del mes de despido más Sac., una suma igual (Fallo Plenario n° 302 dictado por esta Cámara en los autos "Palloni Mariela Haydeé c/ Deporm,ed S.A.s/ despido" del 19/10/2001), tal como calculó la Sra. Jueza de Grado acorde al criterio sentado por la C.S.J.N. in re: "Torres Luis E. c/ Tiffenberg Samuel" del 7/5/1998.(T 186 XXXIII).

Por ello, debería confirmarse el fallo de grado. VIII. La parte actora también se agravia porque la Sra. Jueza de grado rechazó el reclamo en concepto de indemnización por daño moral.

Observo que no existe una critica concreta y razonada del segmento que pretende atacar (art.116 L..O.) pues se limita a reiterar las consideraciones vertidas en el inicio y pese a que transcribe la parte pertinente del pronunciamiento de grado no se hace cargo de los argumentos expuestos por la Sra. Magistrada para decidir el rechazo de esta pretensión, por otra parte, el fallo invocado en modo alguno presenta aristas similares al presente caso, de allí que en este supuesto en particular, no encuentro ningún elemento con virtualidad suficiente que me conduzca a considerar la existencia de una conducta lesiva por parte del empleador que habilite a fijar una indemnización adicional a la revista en la L.C.T. civil (arts.1072,1078 y 1109 C.Civil).

Por lo expuesto, propicio se confirme el decisorio también en este aspecto.

IX. Corresponde confirmar lo resuelto con relación a las costas y honorarios, imponiendo las primeras, respecto de ambas instancias, a las demandada vencida en lo principal, siguiendo para ello un criterio jurídico y no meramente matemático, dado que no observo que existan razones atendibles para apartarme de la regla general (conf.art. 68 CPCCN). Asimismo, de conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los porcentajes de honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora, demandada y perito contador resultan adecuados, por lo que propongo sean confirmados, (art. 38 LO y normas arancelarias de aplicación). En cuanto a la actuación en esta Alzada, propongo se regulen los emolumentos de los letrados firmantes por la parte actora y demandada en el 25% a calcular sobre lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (artículo 14 ley 21.839). X. En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recursos y agravios; 2) Costas y honorarios de acuerdo a lo establecido en el considerando IX. La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

Ha mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recursos y agravios; 2) Costas y honorarios de acuerdo a lo establecido en el considerando IX. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara Gabriela Alejandra Vázquez Jueza de Cámara Jueza de Cámara Mab Ante mí:

Mab Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de 2012 se dispone el libramiento de cédulas. Conste.

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de 2012 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara