marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Personas jurídicas de carácter público, Estado Nacional, Poder Ejecutivo, Secretaría de la Función Pública, Asociación de Trabajadores del Estado, partes, acuerdo de partes
Materia: LABORAL
Carátula: ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-10

Siendo el Estado una única persona jurídica de derecho público, art. 33 inc.1 del C.Civil, el apoderado no puede invocar como mandatario, un derecho que se encuentre en pugna con la conducta anterior y eficaz de su instituyente, arts. 1869, 1870 inc. 6, 1071, 1198 y concordantes del C.Civil. Por consiguiente si el PEN, a través de la Secretaría de la Función Pública, se obligó por vía de un acuerdo, 16.11.93, a viabilizar los mecanismos tendientes a formalizar la representación de ATE en el SINAPA, no puede a porteriori, a través del Ministerio de Trabajo, imponer un recurso para impedirlo.
Jubilación ordinaria, personal embarcado, dragados, trabajo insalubre, equivalencias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "VON DIEZELSKI, ALFREDO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

Si bien en la ley 24.241 no se reguló el método para realizar la operación de compensación, ello no implica que ésta se encuentre prohibida, dado que el art. 156 expresa que las disposiciones de las leyes 18.037 y 18.038 y sus complementarias, que no se opongan ni sean incompatibles con ella, continuarán aplicándose supletoriamente en los supuestos no previstos por la referida ley 24.241. En consecuencia, habiéndose desempeñado el ti-tular como personal embarcado, le resulta aplicable lo dispuesto en los arts. 3 de la ley 18.037 (t.o. 1976), 16, inc. c) del Dec. 8525/68 y 2 del Dec. 1852/75. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Rigirozzi, Rolando Julio c/ Industrias 'Sal Lari S.A.' y otro s/ Ejecución de resolución administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

Siendo obligación de la compañía aseguradora mantener indemne a su asegurado, no puede válidamente declinar la instancia administrativa establecida para el trámite de accidentes de trabajo por la ley 10.149 y su decreto reglamentario 6409/84 y aceptada por su asegurada.
Declaración autoincriminante, prueba confesional, declaración indagatoria, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Ciccio, Diego F. y otros s/ Nulidad. Declaración indagatoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-25

No resulta nula la indagatoria en la que se omitió consignar el derecho de los imputados a negarse a declarar, sin que ello pueda ser tomado en su contra, pues se trató de una simple omisión de consignar en el acta lo que surge del acto mismo, ya que la negativa en la que se encerraron los declarantes no les ocasionó ningún perjuicio. Lo que la ley pretende evitar es que se extorque alguna forma de confesión, resguardando a los autores, de interrogatorios que los impulsen a reconcer su autoría; en consecuencia, y no dándose este supuesto, el exceso de formalismo no puede ni debe prosperar.
Tribunal de cuentas, resoluciones, medida de no innovar, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VAZQUEZ ALONA, MAXIMO c/ TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION s/ ORDINARIO- MEDIDAS CAUTELARES- NO INNOVAR-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-22

La medida precautoria que suspende la ejecución de la resolución definitiva del tribunal de cuentas que condenó al actor a pagar sumas de dinero al estado, no producen la desaparición de los efectos de la mora respecto de dicha deuda impaga, en caso de que finalmente no prospere la demanda.
Contienda negativa de competencia, daños y perjuicios, locación, juez de circuito, ley procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: HAPPENING ON LINE S.R.L. c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO PARAGUAY 735 s/ COMPETENCIA (RESOLVER CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-09-22

Si bien se podría abrigar alguna mínima duda inicial en torno a qué Órgano jurisdiccional resulta competente, deberá continuar conociendo en la especie el Juzgado de Circuito desde que el sustrato de la presente causa resulta un contrato de arrendamiento urbano, que se acompaña como documentación fundante de la misma, siendo, entonces, el acto jurídico básico del conflicto y cuyo alegado incumplimiento habría ocasionado la ruptura anticipada del vínculo locativo y la promoción de las presentes medidas a los fines de asegurar pruebas para un eventual juicio daños y perjuicios.

Con esa inteligencia, resulta plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 111 de la ley 10.160 (t.o. dec. 0046/98) en cuanto atribuye materialmente y con exclusividad a los Jueces de Primera Instancia de Circuito el conocimiento de "todo asunto referente a locación de muebles e inmuebles urbanos y rurales" y respecto del cual -resulta harto sabido- no rige el límite cuantitativo del artículo 112 del mismo digesto.

Esa conclusión no se ve conmovida por la circunstancia de que la accionante inicie también esta causa contra quienes no la unía una relación contractual locativa -consorcio de propietarios y/o propietarios de las unidades-, ya que el hecho jurídico generador de la contienda se basa en la condición de inquilina de la demandante, siendo además una eventualidad que se accione contra las nombradas.

Ello se deduce de una interpretación sistemática de los dispositivos legales referidos, máxime si se considera que no son extraños a la competencia material de los Juzgados de Circuitos los reclamos por daños y perjuicios basados en la responsabilidad extracontractual -si bien con el techo del artículo 112 ya citado-.
Recusación, prejuzgamiento, tribunal de alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ GONZALEZ JUAN CARLOS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-25

No se configura la causal contemplada por el art.17, Inc 7mo, del código procesal cuando el tribunal de alzada -en virtud de un recurso oportunamente deducido- se halla en la necesidad de emitir opinión sobre algún punto de la cuestión debatida sobre cuestiones incidentales sometidas a su decisión.- 1 2336, 251183)
Participación criminal, fraude a la Administración Pública, autoría mediata
Materia: PENAL
Carátula: Alvarado de Fiorini, Haydée s/ Defraudación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-27

Quien valiéndose de los imputados, que obraron sin dolo, para consumar el delito de defraudación a una administración pública, consistente en falsear certificaciones de servicios y remuneraciones ante entes públicos, obteniendo el pago de las jubilaciones sin que se correspondieran con aportes efectivos, obró en calidad de autor mediato, pues tuvo el dominio de la acción.
Procedimiento administrativo, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cisplatina S.A. y Fontana Nicastro S.A.C. c/ Provincia de Buenos Aires - Dirección de Vialidad- s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

El recurso debe disponer de fundamentación suficiente para revestir el carácter de tal y la omisión de dicha carga determina necesariamente que el acto impugnado por tal vía llegue firme a esta instancia.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: VARGAS, PEDRO ALFREDO c/ ENEGE SC. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-10

La excepción que consagró la ley 21297, referida a los servicios eventuales prestados por empresas reconocidas a esos efectos por la autoridad de aplicación, debe ser interpretada con criterio restrictivo, por lo que su aplicación procede en tanto se cumplimenten las condiciones requeridas. No hay trabajo eventual que corresponda a resultados inconcretos o a servicios ordinarios y permanentes de la empresa (En el caso, las labores de pintura no responden a estas exigencias aún cuando no hagan a la actividad productiva de la empresa).
Facultades de la alzada, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: B.Z., J.A. y Otros c/ E.P.F.S. SA s/ Demanda Laboral -Haberes e Indemnizaciones de Ley-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-12-30

"La circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia, pues los jueces son libres de decidir los elementos que forman la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión, formando así la mayoría legal suficiente para justificar el fallo".
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Mauro, Mario c/ Alonso de Iacomini, Mabel y otro s/ Ejecución de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1972-07-11

Es inapelable para el ejecutado -actúe por sí, por apoderado o representando "ministerio legis" por el Defensor Oficial- y ello al margen de las nulidades que puedan en su caso progresar- el monto de los honorarios contenidos en la condenación en costas en la sentencia de remate inapelable.
Nulidad procesal, falta de notificación
Materia: CIVIL
Carátula: CÁCERES LUIS FERNANDO c/ AGUAS DE SANTIAGO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - CASACIÓN  CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-14

Asiste razón a la aseguradora citada en garantía que promovió incidente de nulidad de lo actuado ante la alzada cuando fundamenta su pretensión de nulidad en la omisión de notificación a su parte de la sentencia dictada en Primera Instancia y el consecuente estado de indefensión que esta situación le provocó.

La resolución de grado cuya falta de notificación se cuestiona constituye, en cuanto hace lugar a la excepción de falta de legitimación planteada, una sentencia definitiva, razón por la cual, le resulta plenamente aplicable lo dispuesto en el art. 135 del C. P. C. y C, inc. 12 en cuanto establece que serán notificadas personalmente o por cédula las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales.
Nulidad procesal, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sena, Mariano Ricardo c/ Acosta, Catalina s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Las costas, por las actuaciones en segunda instancia, deben imponerse por su orden, en atención a que la nulidad del decisorio impugnado es declarada de oficio y no es imputable a los contendientes -arts. 68, 69 y 74 del C.P.C.C.-.-
Recurso de casación penal, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: CENTENO RODOLFO IGNACIO ADRIÁN S.D. ABUSO SEXUAL (ART. 119, 3ø PÁRRAFO DEL C.P.) E.P. CARRANZA GRACIELA DEL CARMEN s/ CASACION CRIMINAL PALAVECINO, JUAN CARLOS s.d. ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL e.p. P.Y.Y. s/ CASACION CRIMINAL ALVARADO, JUAN TOMAS s.d. HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA e.p. LOPEZ, PATRICIA SUSANA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-12-27|2008-10-25|2009-06-05

La fijación de la pena es un acto de discrecionalidad del juez pero vinculado jurídicamente, constituyendo sus únicos límites la culpabilidad, el grado del injusto y los principios contenidos en el Art. 41 del Código Penal, cabiendo la excepción sólo cuando podrían verse vulneradas garantías de orden constitucional.

Este ha sido el entendimiento de la Corte Suprema de Justicia al admitir la posibilidad de control cuando se ha incurrido en una arbitrariedad manifiestamente violatoria de la garantía de la defensa en juicio, como sustentar la sentencia en "afirmaciones abstractas que no condicen con las constancias de la causa" , u omitir el tratamiento de circunstancias atenuantes, defectos que no se configuran pues la imposición de pena se presenta correctamente fundada y proporcional a la magnitud del injusto provocado.
Simulación, carga de la prueba, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: SPENGLER ERNESTO RICARDO y OTRO c/ HIMMELLAND S.R.L. y OTROS(CIVIL) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-04-28

En los juicios de simulación y fraude -partiendo de la disímil posición en la cual se encuentran el tercero que impugna como simulado un acto que lo perjudica y las partes otorgantes que afirman su realidad y sinceridad-, se deben morigerar los clásicos principios del "onus probandi", condensados normativamente en el art. 363 del Código Procesal provincial, distribuyendo con sentido más realista la carga de la prueba. En efecto, el demandado para acreditar la veracidad del negocio que defiende debe adoptar una actitud activa o de colaboración, aportando pruebas orientadas a convencer acerca de la honestidad y sinceridad del acto en el cual intervino, lo que constituye un supuesto calificado como "redistribución de la carga de la prueba", que hoy aparece receptado en el artículo 1735 Código Civil y Comercial de la Nación -cuando trata la función resarcitoria de la responsabilidad-.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de peticionar, derechos individuales
Materia: LABORAL
Carátula: BRANDAN ENRIQUETA DEL CARMEN s/ INCIDENTE DE REQUERIMIENTO DE PAGO ANTICIPADO DE INDEMNIZACION EN  AUTOS: "FIGUEROA JUAN C. Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA S/  RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-10-29

No puede el Tribunal dejar huÚrfano a quien realiza un reclamo, alegando que no existe una vía adecuada para encauzar su pretensión, lo contrario equivaldría a la violación expresa de lo establecido en el art. 16 inc. 6 de la Constitución Provincial que textualmente reza: "Todas las personas gozan en la Provincia de los siguientes derechos...:6) A peticionar a las autoridades y obtener respuestas fehacientes y acceder a la jurisdicción y defensa de sus derechos..." Esta norma enfoca más que a la faceta del derecho de petición, al derecho de tener un proceso útil y efectivo, para poder obtener una resolución que tutele los derechos individuales, en tanto estos conforman el abanico de los Derechos Humanos, incluyÚndose en la necesidad de protección, aquellos intereses que el individuo tiene derecho de defender, en tanto se vinculan a su persona, y que puedan no encontrarse en el plexo normativo constitucional o legal.
Medidas cautelares, peligro en la demora, responsabilidad patrimonial
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CAJA DE PREVISION PARA PROFESIONALES MEDICOS ODONTOLOGOS Y BIOQUIMICOS DE SAN JUAN c/ Domínguez Alicia Edith y Otros s/ Ordinario - Actuaciones para Elevar a la Cámara"
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-15

Se configura el requisito de peligro en la demora que torna procedente la pretensión cautelar deducida si no se ha desvirtuado que el recurrente ha disminuido su responsabilidad patrimonial al inscribir como bien de familia el inmueble de su propiedad, luego de que ocurrieran los hechos que motivaron la presente causa judicial (arg. art. 211, último párrafo, C.P.C.C.M.).
Apropiación indebida de tributos, estado de necesidad
Materia: PENAL
Carátula: Roffo, Esteban Emilio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-30

Quien alega haber obrado en estado de necesidad debe indicar cuál es el mal concreto e inminente que pretendía evitar, y no ha cumplido con dicha carga argumentativa quien omitió depositar ante la AFIP dineros retenidos de terceros en su carácter de escribano, como agente de retención de tributos nacionales, pues no basta a ese efecto la alegación de una situación general, como la motivada por una crisis económica de alcance nacional, ya que no se indicó cuál sería la aplicación que se hizo con el dinero. (Dres. Mitchell, García y Yacobucci).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Alberto Antonio s/ Robo calificado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal cuestionando las conclusiones de hecho que dieron lugar a la aplicación de la agravante, si el recurrente solo opone su propia interpretación fáctica sin que ello venga acompañado con el debido sustento en materia probatoria.
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba, consentimiento del fiscal, fiscales, dictamen fiscal, fundamentación de la resolución, facultades del juez, criterio de razonabilidad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Semprevivo, Sabrina s/ infracción art. 189 bis C.P. - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-12

El control de razonabilidad realizado por el Juez a la oposición del Fiscal a la suspensión del juicio a prueba no resulta en usurpar la titularidad de la acción penal que se encuentra en cabeza del primero, sino de exigir el cumplimiento de la ley en cuanto reclama la motivación de sus dictámenes; si el fiscal brinda una aparente fundamentación de su oposición pierde la oportunidad de hacer valer esa falta de consentimiento ya que, una vez reunidos los requisitos de admisibilidad del instituto, el imputado no tiene por qué soportar las molestias que importa la reedición de la audiencia prevista en el artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación.
Decretos, interpretación de la ley, AFIP DGA
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ASOCIACION    DE   COOPERATIVAS  ARGENTINAS  (COOPERATIVA LIMITADA). s/ RECURSO DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-05

Corresponde rechazar el agravio dirigido contra la interpretación que el a quo formuló del art. 5 del decreto 2761/71, texto según el decreto 145/73, en el sentido de que no resulta necesaria la existencia de un orden cronológico entre la compraventa y la orden de pago respectiva, a los fines de aplicar a la liquidación tributaria el precio índice vigente a la fecha de emisión del citado instrumento. Ello así pues en el caso la fecha en que se emitió la orden de pago es posterior a la declarada como cierre de venta, configurándose de tal manera la secuencia temporal que la recurrente sostiene que debe existir para que resulte aplicable el régimen de excepción que contemplan las normas pertinentes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Derecho laboral, despido
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LABASTO, DARIO RUBEN CEFERINO c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-24

Si bien la recurrente aduce -en esencia- arbitrariedad en la valoración probatoria, sus cuestionamientos lucen más bien genéricos y globales, sin lograr desmerecer -desde una óptica constitucional- la respuesta que en tal sentido brindara el Tribunal a quo al evidenciar que la accionada pretendía fundar el despido directo aduciendo una causal que no resultaba suficiente ni se ajustaba a derecho para configurar un distracto con justa causa, toda vez que la Cámara puso en evidencia -luego de un pormenorizado análisis sobre la aplicación de la norma convencional- que el texto del convenio otorgaba a los trabajadores del sector una mayor protección contra el despido arbitrario, y la causal aducida no poseía entidad suficiente que justificara la posibilidad de excepcionar el procedimiento establecido, en tanto las amenazas que se endilgaron al actor fueron efectuadas en circunstancias de vulnerabilidad a su integridad psicofísica, en el contexto de una evaluación psiquiátrica, donde prima el secreto profesional, lo que en modo alguno puede entenderse como violación a un deber de conducta. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Convenio Colectivo de Trabajo 367/15, artículo 14.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Sicorello, Esteban y otros s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la prueba confesoria por entender que el procesado ha invocado la eximente contenida en el art. 34 inc. 2 del C.P. si tal cuestión nunca fue planteada por la defensa en instancias anteriores, a pesar de lo cual la Cámara se pronunció por la inexistencia de eximentes, sin que se demuestre que para arribar a estas conclusiones se haya transgredido norma legal alguna en materia probatoria.
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pona, José R. c/ Municipalidad de Villa Gesell s/ Amparo -cuestión de competencia art. 6 C.C.A.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

No obstante que los hechos del caso permitan encuadrarlo en la materia de empleo público, cuyo conocimiento se encuentra reservado en forma originaria, aunque transitoria, a esta Suprema Corte, corresponde reconocer primacía procesal al órgano jurisdiccional ordinario que previno si los hechos que lo configuran permiten inferir, ante la situación personal del actor, que la tramitación de las vías ordinarias de impugnación previstas para estos supuestos irrogarían al amparista un gravamen de insusceptible reparación ulterior (art. 20, Const. prov.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Astudillo Salvini, Adela Graciela y otros c/ Arzen Corporation S.A. y/u otros s/ Indemnización por muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-17

Si se admite que la aseguradora tenía a su cargo, juntamente con el empleador, la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, habiéndose concluído que aquél omitió el cumplimiento de tales medidas, cuestión que ha quedado firme, no puede escindirse la responsabilidad de la aseguradora ya que, la obligación que se declara incumplida por la empleadora es la misma que se entendió estaba a cargo de dicha parte. Por otra parte, al contestar la demanda la aseguradora reconoció que su parte había ofrecido el pago a la accionante de la prestación dineraria prevista por los artículos 18 y 15 apartado 2, de la ley 24557; en consecuencia, por aplicación de la teoría de los actos propios, resulta procedente responsabilizar a la misma por las consecuencias dañosas provenientes de accidentes de trabajo del personal asegurado.