Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2018-02-02


EXPTE. Nº: PE-13651/2017 Voces Jurídicas: HOMICIDIO CULPOSO - REVOCACION DE SENTENCIA - ABSOLUCION Tribunal: Superior Tribunal de Justicia Libro de Acuerdo: 3 Nº Registro: 4 Competencia: Recursiva Fecha: 02/02/2018 TEMAS: HOMICIDIO CULPOSO. LESIONES CULPOSAS. ACCIDENTE DE TRÁNSITO. CONDENA DE EJECUCIÓN CONDICIONAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. REVOCACIÓN DE SENTENCIA. ABSOLUCIÓN.

(Libro de Acuerdos Nº: 3, Fº 12/16, Nº: 4). En la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los dos días de febrero de dos mil dieciocho, los señores jueces de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, doctores José Manuel del Campo y, por habilitación, Pablo Baca y Federico Francisco Otaola, bajo la presidencia del nombrado en primer término, vieron el expediente Nº PE-13.651/17, caratulado "RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO EN EL EXPTE. Nº 29/2014 (Tribunal en lo Criminal Nº 2 - Vocalía 5) H., J. C. p.s.a. de homicidio culposo en accidente de tránsito (cuatro resultados) y lesiones culposas en accidente de tránsito (treinta y un resultados) en concurso ideal. Perico", del cual, El doctor del Campo dijo:

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 (fs. 1514/1539) condenó a J. C. H. a tres años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación especial por siete años para conducir vehículos automotores, al hallarlo autor material y responsable de los delitos de homicidio culposo (cuatro resultados) y lesiones culposas (treinta y un resultados), en concurso ideal, ocurridos en un accidente de tránsito (artículos 84, segundo párrafo; 94, 40, 41, 54, 26 y 29 inciso 3º, del Código Penal). Además, dispuso que el condenado cumpla con las reglas de conducta previstas en el artículo 27 bis del Código Penal.

Para así resolver, el sentenciante tuvo por acreditado que, el 30 de octubre de 2012, aproximadamente a las 21.30 horas, sobre la ruta nacional Nº 66, a la altura del kilómetro 14, en el paraje denominado "Palo Marcado", J. C. H., al mando de un colectivo de la empresa General Savio, embistió con la parte delantera derecha de su vehículo el vértice trasero izquierdo del semirremolque traccionado por el camión manejado por E. J. S., que trasladaba alrededor de cien simpatizantes del Club Atlético Talleres de ciudad Perico al Estadio 23 de Agosto de esta capital. Que ambos vehículos se trasladaban en idéntico sentido por el carril lento.

Juzgó que el condenado fue negligente ya que el impacto obedeció, por un lado, a la "velocidad inadecuada", aunque "correcta en abstracto" (sic), que imprimió al rodado que manejaba atento a las distintas circunstancias que podían planteársele, como ser: la salida eventual y sorpresiva de otros rodados; la presencia de bicicletas o motocicletas, de maquinarias agrícolas, de otros vehículos de disímil rendimiento así como de deficiente estado de mantenimiento; como también el cruce de peatones y animales.

Por el otro, a la "desatención" de J. C. H., no obstante su calidad de chofer profesional, conclusión a la que arribó en función de las declaraciones testificales de A. A. S. y F. M. S. T. -pasajeros del colectivo-; pues consideró que si ellos estuvieron en condiciones de verificar la presencia del camión en la línea de trayectoria del ómnibus también debió estarlo J. C. H., de lo que infiere que si no lo hizo fue porque no se encontraba pendiente en plenitud como era su deber legal hacerlo. También consideró relevante la declaración de la testigo L. A. R. quien dijo que pudo ver al camión, mientras esperaba el colectivo en la parada y luego en la ruta.

Precisó que, si bien había quedado acreditado [1] que el camión circulaba a una velocidad inferior a la reglamentaria, sin permiso, ni habilitación legal ni técnica, ello no lograba desvirtuar el extremo de que el encartado no había prestado la atención que su tarea le requería.

Además, el a quo, dejó expuesto que para determinar lo que jurídicamente era exigible a J. C. H. no iba a tener en cuenta circunstancias ajenas a él; como por ejemplo, la existencia, o no, de luces suficientes en el camión embestido.

En rigor, concluyó, que nada debía, ni podía sorprender al encartado, pues su repetido paso por el lugar hacía previsible el hallazgo de un camión como el que era conducido en la oportunidad por E. J. S.

Disconforme con ese pronunciamiento, el doctor Ariel Humberto Chauque, en ejercicio de la defensa técnica de J. C. H., interpuso el recurso de inconstitucionalidad en examen (fs. 3/11). Alega que la sentencia encuentra fundamento en una incorrecta apreciación de los hechos así como de los elementos de prueba; objeta que el tribunal no haya especificado en qué consistió la falta de atención de su defendido ya que no existe un deber genérico de cuidado.

Puntualmente cuestiona el valor que el a quo otorgó a las testificales de F. M. S. T.; A. A. S. y L. A. R. ya que de ellas no surge que hubieran visto al camión antes que el chofer en momentos previos al impacto. En relación al primero refiere que se trata de un testigo de oídas por lo que sus dichos tendrían limitado valor probatorio. Y con respecto a las últimas manifiesta, además, que sus declaraciones se apreciaron de manera fragmentada y que se omitió considerar que habían expresado que el vehículo embestido no tenía luces en la parte trasera.

Sostiene que su defendido advirtió la presencia del camión en su línea de marcha en cuanto fue alcanzado por las luces del colectivo, pero que no pudo evitar el impacto ya que aquél se había constituido en un obstáculo insalvable atento a la baja velocidad a la que circulaba. Que, sin embargo, lejos de incumplir su deber de cuidado, adoptó un curso de acción que minimizó las consecuencias dañinas: maniobró hacia la izquierda y frenó.

Solicita, en concreto, la absolución de J. C. H. y, en su defecto, que se morigere el quantum de la pena.

Corrido el traslado a los querellantes, sólo se presentó A. G. F. por medio de su apoderado el doctor Carlos Alfredo Antar y peticionó el rechazo del recurso tentado (fs. 41/42).

Integrada la Sala Penal del Superior Tribunal, los autos fueron llevados a opinión del Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación quien se expidió en sentido adverso al remedio articulado (fs. 30/36).

Pues bien, el recurso de inconstitucionalidad es procedente ya que el fallo contiene fundamentos aparentes en orden a calificar de negligente la conducta del encartado.

En primer lugar, es forzoso precisar que, con miras a responsabilizar penalmente a un sujeto por la comisión de un delito culposo (en el que, como es sabido, no existe correspondencia entre la intención del autor y el desenlace producido), no basta la constatación del resultado previsto en el tipo penal; tampoco alcanza la existencia del nexo causal [2] entre la conducta y la consecuencia dañosa, pues aquella relación es condición necesaria, mas no suficiente. Bien viene resaltar que el orden jurídico no reprime la simple causación de resultados [3].

En efecto, en los delitos culposos la tipicidad del hecho dependerá de que la lesión al bien jurídico protegido haya sido producto de la infracción al deber objetivo de cuidado. Esto es: cuando la acción supera el riesgo permitido o soportado por la sociedad. Por el contrario, si el sujeto actúa dentro de los límites de tolerancia socialmente admitidos, la conducta será atípica.

En este sentido, parece oportuno poner de manifiesto que una dosis de peligro integra las circunstancias de la existencia cotidiana. El prototipo de riesgo permitido es la conducción automovilística sujeta, claro esta, a las reglas del tráfico vial. No puede negarse que la circulación vehicular constituye un riesgo para la vida, la salud, o bienes materiales; sin embargo, se acepta tal actividad riesgosa por la utilidad que representa para la comunidad [4].

En la lógica del Código Penal se castiga el resultado siempre subordinado a una conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria de un vehículo automotor (artículo 84, segundo párrafo, del Código Penal según redacción a la época del suceso). Luego, no todo accidente de tránsito con secuela de lesiones o muerte constituye un delito sino en la medida en que ese resultado sea producto del carácter imprudente del hecho causal.

Es decir, se requiere la demostración plausible de la creación de un riesgo no permitido o el aumento del tolerado y la realización o proyección de ese riesgo en la consecuencia dañosa. Así, se podrá imputar penalmente un hecho culposo a quien causa el resultado por la "incidencia determinante de su descuido" (Fallos 326:364, énfasis añadido).

Además, para condenar a una persona -en este marco- es necesario no sólo que el daño sea consecuencia de una violación al deber objetivo de cuidado sino también determinar hasta qué punto se puede reprochar la falta de observancia de aquel deber.

En el caso, contrariamente a lo expuesto por el a quo, ni la aludida "velocidad inadecuada" que habría llevado el colectivo, ni la "desatención" del chofer J. C. H. encuentran sustento en el plexo probatorio reunido.

Ciertamente, el detenido examen de las pericias accidentológicas no refleja la presunta "velocidad inadecuada". El perito oficial concluyó que el colectivo se desplazaba a no menos de 86,89 km/h, mientras que el de parte determinó que transitaba a 81,18 km/h. Es claro, entonces, que aún cuando pudieren existir dudas razonables sobre la aceleración del vehículo no puede afirmarse que haya sido "inapropiada".

Todavía más, la mecánica del accidente -ocurrido de noche, sobre la ruta nacional Nº 66, cuando el colectivo al mando del penado embistió con la parte delantera derecha el vértice trasero izquierdo del semirremolque que trasladaba alrededor de cien personas- corrobora lo expresado anteriormente porque de lo contrario J. C. H. no hubiese podido frenar, ni efectuar la maniobra de esquive y, seguramente, la magnitud de la tragedia hubiese sido mayor.

A todo evento, a la luz de la sana crítica racional, no aparece ajustado al buen sentido hacer jugar la duda en contra del conductor sin vulnerar las garantías constitucionales que lo amparan al presumir su inocencia y los principios procesales que exigen certeza apodíctica en los pronunciamientos de condena (artículos 29 de la Constitución Provincial; 5º y 17 del Código Procesal Penal).

El segundo argumento sobre el que se estructuró el fallo también cae por su propio peso. El tribunal juzgó que A. A. S. (fs. 53 y 1375), F. M. S. T. (fs. 17 y 1434) y L. A. R. (fs. 472 y 1441) pudieron ver al camión con anterioridad al condenado y que, de no haber mediado una "distracción", éste lo habría advertido simultáneamente o incluso primero, con posibilidad de evitar el accidente.

Sin embargo, A. A. S., quien iba ubicada en el primer asiento del colectivo, detrás del chofer, expresó -en lo medular- que "escuchó una frenada y fue en ese momento que abrió los ojos" (sic). Por su parte F. M. S. T., que se encontraba en el último asiento, relató que su novia (V. L., quien no fue citada como testigo), segundos antes del accidente, solo le habría dicho que iban a chocar. Y si bien es cierto que del relato de L. A. R. se desprende que vio al camión en el camino, adelante del colectivo, no lo es menos que también subrayó que J. C. H. iba "concentrado en la ruta manejando normalmente" (sic).

Entonces, como se ve, de las declaraciones de estos testigos no se desprende dato alguno que corrobore el aserto del tribunal anterior en grado.

Por otro lado, aunque en conexión de sentido con lo apuntado, no parece atinado exigirle a J. C. H. una previsión extraordinaria; esto es, más allá de lo razonable, y obligarlo por encima de la medida de diligencia que estaba en situación de aportar. Sostener una tesis contraria -como apunta Terragni- tornaría a cualquier persona, incluso a la más prudente, responsable aún de la conducta de un suicida que se arrojase delante de un vehículo en movimiento [5].

Por último, es necesario enfatizar que si bien es cierto que en el ámbito penal solo se debe analizar la conducta del enjuiciado, no se puede pasar por alto que el siniestro tuvo íntima vinculación con la desaprensiva actitud del conductor del camión embestido -E. J. S., curiosamente no imputado- que se prestó a trasladar alrededor de cien personas en el semirremolque, de noche, en una ruta nacional sin iluminación y a una velocidad menor a la reglamentaria, "muy probablemente por debajo de 60 km/h" (sic) [6]; al punto que, inclusive, algunos de los transportados bromeaban con bajarse a empujarlo [7].

La experiencia y el sentido común indican que la causa eficiente del accidente fue la lentitud del camión, que lo convirtió en un obstáculo insuperable para cualquier automovilista que hubiese transitado, en ese momento, por ese lugar y que el trágico resultado (cuatro muertos y treinta y un lesionados) se debió a que, como se explicitó líneas arriba y para utilizar una expresión gráfica, la gente era transportada como si fuese ganado.

En definitiva, no se encuentra acreditado con la certeza requerida para la condena que J. C. H. hubiese incurrido en una infracción objetiva al deber de cuidado, y sobre esa base, no cabe formularle un juicio penal de reproche fundado -por llamarlo de algún modo- en su presunto incumplimiento culposo.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de J. C. H.; en consecuencia, revocar la sentencia impugnada y absolver al nombrado en orden al hecho que fue materia de acusación. Imponer las costas por el orden causado en virtud de las particularidades de la causa y regular los honorarios profesionales de los doctores Ariel Humberto Chauque y Carlos Alfredo Antar en las cantidades de pesos ... ($...) y ... ($...), respectivamente; conforme a doctrina de honorarios mínimos y Acordada Nº 96/16, con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

Los doctores Baca y Otaola adhieren al voto que antecede.

Por ello, la SALA PENAL DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de J. C. H.; en consecuencia, revocar la sentencia impugnada y absolver al nombrado en orden al hecho que fue materia de acusación.

2º) Imponer las costas por el orden causado en virtud de las particularidades de la causa y regular los honorarios profesionales de los doctores Ariel Humberto Chauque y Carlos Alfredo Antar en las cantidades de pesos ... ($...) y ... ($...), respectivamente; con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

3º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Notas al Pie:

[1] Conforme a las pericias accidentológicas (fs. 517/527 y 528/552), al resto de las testificales y a las tesis acusatoria y defensiva.

[2] Marco Antonio TERRAGNI. EL DELITO CULPOSO. Rubinzal-Culzoni Editores. Tercera edición ampliada y actualizada. Santa Fe. 2015. Página 93 y siguientes.

[3] Marco Antonio TERRAGNI. Obra citada, página 51.

[4] Claus ROXIN. DERECHO PENAL - PARTE GENERAL - FUNDAMENTOS - LA ESTRUCTURA DE LA TEORIA DEL DELITO. Tomo I. Thomoson Reuters-Civitas. Buenos Aires 2015. Página 371 y siguientes. Marco Antonio TERRAGNI. Obra citada, página 70 y siguientes..

[5] Marco Antonio TERRAGNI. Obra citada, página 271.

[6] Según pericia accidentológica, fs. 517/527.

[7] Declaración testifical, fs. 231 y vuelta.

Firmado: Dr. José Manuel del Campo; Dr. Pablo Baca; Dr. Federico Francisco Otaola.

Ante mí: Sr. Omar Gustavo Acosta - Prosecretario (Por Habilitación).