Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-02


Causa 23595-00/CC/2006 Caratulada: Pailos, Carlos Alberto s/violar luz roja y otras s/apelación..

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el día del mes de noviembre de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz a efectos de resolver la presente causa de la que:

RESULTA:

1. Que a través del recurso de apelación deducido a fs. 28/30 de las presentes actuaciones, el señor Carlos Alberto Pailos, pretende se revoque la resolución de fecha 19 de septiembre del corriente (ver fs. 22/vta), por la que el titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº1, resolvió tener por desistida la solicitud de juzgamiento oportunamente efectuada en sede administrativa, quedando firme la resolución de fecha 11 de mayo del corriente, dictada en esa instancia (obrante fs. 9/12), conforme el art. 42 de la ley 1217.

Se agravia en razón de haberse vulnerado la garantía constitucional de defensa en juicio, siendo que la arbitrariedad resulta manifiesta, en cuanto se pronuncia sin haber escuchado a esa parte y habiendo impedido ejercer el derecho de defensa en la audiencia oral y pública, donde se pueden manifiestar todas las cuestiones pertinentes al caso, violando así la garantía del debido proceso, lo cual reviste el carácter de decisivo a efectos de resolver adecuadamente la litis. Agrega que el magistrado de primera instancia no observó lo prescripto por el art. 42 de la ley 1217, en cuanto a las causales taxativas de desistimiento. Asimismo, hizo caso omiso a su deber de fijar fecha de audiencia en los términos del art. 46 inc. c de la ley 1217, en clara violación al principio de legalidad.

2. Al contestar la vista conferida, el Dr. Walter Fernandez, titular de la Fiscalía de Cámara, refiere que el auto de fs. 22/vta. es claramente violatorio del derecho de defensa, por cuanto el juez declaró el desistimiento de la presentación realizada por el encartado, indicando para ello que el presentante no opuso excepciones ni ofreció elemento de prueba alguno. Agrega, que de esta manera se ha vulnerado la garantía de defensa en juicio ya que la presentación realizada conforme lo establece el artículo 41 de la Ley 1217 es una expresión de la voluntad del recurrente, y la decisión con la cual el Magistrado concluye su resolutorio carece de todo sustento legal ya que sólo se trata de una elaboración dogmática que afecta el principio de imparcialidad.

PRIMERA CUESTION:

Admisibilidad del recurso.

3. Si bien el régimen de faltas sólo prevé en el art. 56 de la ley 1217 el recurso de apelación contra una sentencia definitiva, la palmaria violación al derecho de defensa en juicio que se vislumbra y que se tratará en el punto siguiente, habilita a esta Sala a tratar el recurso deducido por la defensa particular del Sr. Pailos a fs. 28/30.

La garantía de defensa en juicio prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional (y art. 13 inc. 3 CCABA), se halla en el vértice superior de la pirámide jurídica y por lo tanto, por sobre los regímenes procesales. Cuando ella se ve severamente vulnerada, opera entonces en forma automática, resguardando los derechos de quien se encuentra inculpado.

De ahí que el debido proceso aparezca ... como un conjunto de principios de carácter suprapositivo y supranacional, cuya legitimación es sobre todo histórica... Es, como la noción misma de Estado democrático de Derecho, un concepto previo a toda regulación jurídica positiva y una referencia reguladora de la interpretación del derecho vigente (con. Enrique Bacigalupo, El debido proceso penal, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005, pág. 13).

La resolución impugnada causa al imputado de marras, un gravamen irreparable, ya que éste ... resulta fundamentalmente configurado ante las siguientes situaciones: 1º) la ausencia de otra oportunidad procesal útil para obtener el amparo del derecho de que se trate; 2º) la magnitud del perjuicio económico que lleva aparejado el cumplimiento de la decisión; 3º) las dilaciones y trastornos que ésta es susceptible de ocasionar. (Lino E. Palacio, El Recurso Extraordinario Federal, Ed. Abeledo -Perrot, Buenos Aires, 1997, pág. 88).

4. El 19 de setiembre de 2006 el juez de grado declaró el desestimiento de la solicitud efectuada por el Sr. Pailos a fs. 18/19. Dicha resolución fue notificada a la defensa mediante cédula con fecha 25 de setiembre (ver. fs. 24/vta.). El 2 de octubre ppdo., la defensa particular interpuso el recurso de apelación, es decir, dentro de los cinco días de su notificación (conf. fs. 28/30).

Por lo expuesto, siendo admisible la vía procesal intentada, corresponde entrar a analizar los agravios del impugante.

SEGUNDA CUESTIÓN 5. Centrados a analizar la cuestión traída a estudio, esta Sala ha de revocar la resolución de fs. 22/vta. por no ajustarse a derecho y violentar severamente la garantía de defensa en juicio y debido proceso legal.

El desestimiento es el acto por el cual el condenado en sede administrativa abandona la instancia judicial por él reclamada. La ley prevé distintas formas de exteriorización de la voluntad del desestimiento: una de ellas se encuentra prevista en el art. 41 es decir, la falta de presentación del presunto infractor dentro del término de diez días a los efectos que las norma citada determina; la otra manera de exteriorizar el desestimiento se da con la incomparecencia injustificada a la audiencia de juzgamiento prevista en el art. 52. En ambos casos, queda firme la resolución dictada en sede administrativa, debiendo ordenar el magistrado la remisión de las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, a sus efectos. (Raúl A. Desanti y otros, Procedimiento de Faltas de la ciudad autónoma de Buenos Aires ley 1217 Comentada Jurisprudencia Modelos de Actuación, AD-HOC, Ed 2004, pág 100).

Ahora bien, en el legajo ninguna de las dos circunstancias descriptas anteriormente se han configurado, ya que el Sr. Pailos a fs. 18/19 se presentó en legal tiempo y debida forma, designó letrado patrocinante y solicitó se fije fecha de audiencia de juicio a los efectos de ejercer su defensa en el expediente de marras.

6. El juez a quo confunde en su resolución de fs. 22/vta lo que para el imputado es una obligación, de lo que es una facultad. De la serena lectura de los arts. 41 y 42 de la ley 1217 se desprende que la obligación que pesa sobre el infractor es la de presentarse dentro del término legal establecido. Pero tanto la oposición de excepciones, como el ofrecimiento de pruebas, son una facultad de la defensa que pueden o no ser ejercidas y que atañen exclusivamente a su estrategia.

Además, el juez contravencional amplía in malam parte lo regulado en el art. 42, al especificar un supuesto no previsto, esto es, no haber opuesto excepciones ni ofrecido prueba y limitarse a un mero descargo.

7. La resolución recurrida, al desconocer sin sustento legal la presentación efectuada en tiempo y forma por el Sr. Pailos, viola la garantía del debido proceso legal. Esta funciona como una protección para quienes se encuentran sujetos a un proceso garantizando la eficacia del procedimiento como limitación al uso arbitrario del poder estatal.

Vale recordar que El proceso debe ser un marco de garantías absolutas para el debate y la defensa de los derechos de las personas involucradas, cualquiera sea su naturaleza. El principio de la inviolabilidad de la defensa en juicio -debido proceso legal- rige y debe tener aplicación en toda clase de procesos, incluso ante la administración pública. (Del voto de la Dra. Conde, TSJBA, Causa 869/01, Perez, Víctor Gustavo y otro c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo (y su acumulado expte nº 870/01).

8. Por lo precedentemente expuesto, la resolución de fs. 22/vta., debe ser revocada, apártandose al magistrado que ha intervenido en la causa ya que ha emitido su opinión sobre la cuestión de fondo y anticipó su criterio respecto de cuestiones que deberían ser tratadas al momento de la audiencia de juzgamiento.

Por todo lo expuesto, en mérito al acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE:

1. REVOCAR la resolución obrante a fs. 22/vta., debiendo continuar las actuaciones conforme lo normado en el art. 46 y cctes. de la ley 1217 (arts. 18 CN, 13 inc. 3 CCABA).

2. APARTAR al Sr. Juez Alfredo L. Durante, debiendo remitirse la presente a la Secretaría General de esta Cámara a fin de que se desinsacule el Juzgado en lo Contravencional y Faltas que deberá continuar interviniendo..

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítase a la Secretaría General de la Cámara Contravencional y de Faltas, a fin de que de cumplimiento a lo ordenado.

Ante mí:

En de noviembre de 2006 se libraron 2 cédulas. Conste.

Ende noviembre de 2006 se notificó al Sr. Fiscal de Cámara. Conste.

En de noviembre de 2006 se notificó a la Secretaría General de Cámara. Conste.

En de noviembre de 2006 se remitió la presente causa a la Secretaría General de la Cámara Contravencional y de Faltas en fs.Conste.