Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-10


SENT Nº 314 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diez (10) de Mayo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse, René Mario Goane -por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán- bajo la Presidencia del doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la demandada en autos: "Galván Juan Carlos vs. Banco del Tucumán s/ Habeas data".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la demandada en contra de la sentencia de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 11/6/2010 que confirma los puntos I y II de la sentencia de primera instancia.

II.- Le agravia al recurrente la arbitrariedad sentencial en cuanto no interpretó correctamente la normativa aplicable al caso y no valoró las pruebas producidas de igual modo.

Le agravia que se sostenga que su parte no debía calificar al actor en situación 6 con fundamento en que era deudor del Banco Mayo Coop. Ltdo. Le agravia en cuanto considera que su parte ponderó la calificación que ha realizado el Banco Mayo Coop. Ltdo. y en cuanto interpreta que la cuestión no devino en abstracta y que la actora tenía derecho a que se suprima la información histórica.

Expresa que el deudor obtuvo esa calificación por una expresa disposición del BCRA que cita, siendo deudor del Banco Mayo, entidad en liquidación judicial, y aun cuando no fuera deudor del Banco del Tucumán. Se explaya sobre el sentido de la calificación "6" a los deudores de entidades en liquidación y el fin de tal concluyendo en que tanto el hecho de la calificación cuanto de los distintos criterios de la misma resultan obligatorias para los bancos. Cita expresamente aspectos de la Comunicación "A" 2729 anexo I; sección 7.2.6 y sección 6.5.6.1) sosteniendo que se debe calificar en situación 6 a aquellos deudores que a su vez sean deudores de entidades liquidadas por el Banco Central, tal como es el caso del Banco Mayo. Que esta norma no ha sido comprendida ni en primera ni en segunda instancia. Que si su parte calificó en "6" al actor fue porque la norma lo decía y no porque hubiera ponderado las calificaciones que realiza otro banco. Remite a informes del BCRA agregados a autos que considera no valorados por la Cámara.

Le causa agravio que se rechace su planteo de cuestión abstracta en base a la información vertida con anterioridad al inicio de la demanda. Que en el amparo se requiere el peligro inminente actual o riesgo de que se produzca en el futuro y afecte derechos constitucionales; que en autos no había inmediatez ni perjuicio actual, razón por la cual a todo evento debía declararse abstracta. Cita jurisprudencia y sostiene la declaración de abstracta de la cuestión con costas a la actora ya que la ausencia de información del Banco del Tucumán S.A. es anterior a la demanda de autos.

Propone doctrina legal y solicita se haga lugar al recurso tentado.

III.- El recurso ha sido concedido mediante auto del 18/11/2010 correspondiendo, en esta oportunidad, el análisis de la admisibilidad y procedencia del recurso interpuesto.

IV.- La sentencia en recurso considera que no asiste razón al apelante pues de ninguna manera la norma reglamentaria del BCRA contempla que un usuario -entidad bancaria demandada en el caso-, deba calificar a un deudor en base a la información brindada por otro ente crediticio. Carece de sentido común, dice, informar a un cliente como deudor insolvente e irrecuperable, ponderando la calificación dada por el Banco Mayo, cuyos antecedentes no le constan al Banco del Tucumán, ni conoce la idoneidad del informe proporcionado por el otro banco; más aún si se tiene en cuenta que el crédito tomado por el actor con la parte demandada no estaba en mora. Cita precedente del mismo tribunal en que se dijo que la extensa e inoficiosa argumentación de la recurrente, destinada demostrar la condición de deudora de su cliente, no consigue explicar porque razón si la actora no estaba en mora con dicha entidad bancaria, hecho que admite la recurrente, la informó tan gravemente en la base de datos del BCRA, esto es con calificación 6 (deudor irrecuperable). Que la explicación brindada para justificar su proceder, esto es, que legalmente está obligada a calificar a sus clientes, es un tema que nunca estuvo en discusión y no consigue conmover la sólida argumentación de la juez de Ira. Instancia. Que está de acuerdo en que la calificación que el acreedor bancario efectúa sobre las cuentas morosas no depende de su libre voluntad, sino que la misma le es impuesta por la Comunicación A 2950 del BCRA y sus modificatorias, dictada en ejercicio del poder de policía que sobre las entidades financieras y bancarias le ha otorgado el Ordenamiento Jurídico. Su objetivo es fijar a los Bancos pautas básicas de previsionamiento de deudas, según el pasivo de cada uno de acuerdo al nivel de clasificación asignado. Que por tratarse de una reglamentación general dicho ordenamiento puede ser considerado como ley en sentido material y por lo tanto, de aplicación obligatoria por parte de las entidades financieras, pero no está en debate, como se dijo, esta cuestión en el presente amparo, sino si es justificado que la demandada haya informado a su cliente no morosa, como deudora irrecuperable. Que tiene opinión negativa respecto a que habiendo sido informada su cliente como deudora de otra entidad bancaria en la base de datos del BCRA, ello la autorizaba a calificarla del modo en que lo hizo. Que está fuera de discusión que la calificación con nivel 6 corresponde a pautas estrictamente técnicas fijadas por la autoridad de aplicación BCRA y, no necesariamente, se refiere a la situación patrimonial real de los deudores insolventes. Que la información de entidades bancarias, la demandada en el caso, es obligatoria en lo que concierne a los datos que cada entidad financiera tiene en la específica relación patrimonial particular con su cliente. Que no hay motivo justificado para que la demandada haya dado por cierta la información brindada por otra entidad, máxime si se tiene presente que ni siquiera aquélla, Banco Mayo, calificó gravemente a la actora. Que se colige que no le correspondía a la demandada calificar del modo en que lo hizo a su cliente, ni comunicar a la autoridad de aplicación respecto a la situación que aquella tiene en otras entidades. Que lo relevante para la información que obligatoriamente debe proveer al BCRA es la atinente a la situación de mora patrimonial particularizada que surge de la relación banco-cliente. Que en consecuencia, estaba plenamente justificado que la actora promueva la acción de habeas data con el objeto, no solo de obtener información concreta acerca de la documentación y causa que motivó el registro patrimonial controvertido, sino para exigir su supresión.

Que en tal sentido se ha resuelto que desde la perspectiva indicada y analizando la sentencia se advierte que el A quo ha valorado en base a las probanzas de autos que la actora, si bien era deudora del Banco del Tucumán S.A. a la fecha del inicio de este juicio se encontraba con su deuda al día, sin mora, respecto al Banco por lo que mal podía dicha entidad calificar a la deudora como morosa irrecuperable en razón por la cual no debía informar al BCRA en la forma en que lo hizo. Que por las razones expuestas, el argumento de que el actor sería deudor de un banco en liquidación (Banco Mayo) no mejora la situación toda vez que no se ha probado que la demandada sea adquirente o cesionaria del crédito perteneciente al Banco Mayo, única forma de acreditar su legitimación para tal acto. Que por lo meritado, el fallo recurrido se encuentra ajustado a derecho, por lo que debe desestimarse la apelación y mantenerse firme el pronunciamiento en cuanto hace lugar a la acción e impone las costas a la demandada.

Rechaza también el argumento referido a que la cuestión devino abstracta, toda vez que se dejó vigente como información histórica, la errónea y grave calificación del actor como deudor "insolvente e irrecuperable". Que tiene derecho la actora a que dicha información sea suprimida, dada la trascendencia patrimonial de la información para la credibilidad del cliente.

Que las costas a la demandada deben ser confirmadas por haber resultado vencida en la contienda (art. 26 CPC).

Impone las costas de la alzada a la vencida, confirmando el punto I y II de la sentencia de fecha 11/8/2008.

V.-Esta Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el recurso de casación constituye una vía idónea para impugnar las sentencias definitivas dictadas en los procesos de amparo (cfr. CSJTuc. sentencias Nº 573 del 04/7/2002; Nº 816 del 27/10/2003; Nº 93 del 01/3/2004; Nº 491/2005, entre muchas otras). En consecuencia, procede examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad propios del carril impugnativo intentado.

En orden al recaudo formal del art. 748 del CPCC, puede considerarse satisfecho en la especie. Se trata de una sentencia emanada del tribunal de alzada, que resuelve la cuestión propuesta, de modo definitivo para las partes. Ello toda vez que se dijo que: "No obstante las discrepancias que ha propiciado el debate en la doctrina, la interpretación del tribunal de alzada se ajusta a la posición mayoritaria, conforme la cual la sentencia dictada en el proceso de amparo -entendiendo aplicable al amparo informativo, las mismas conclusiones- hace cosa juzgada material respecto de todo aquello que ha constituido el objeto litigioso entre las partes involucradas (cfr. Bidart Campos, Germán, Régimen legal del amparo, pág. 419; Morello, Augusto M., "La sentencia que acuerda el amparo es definitiva", J.A., 1967-IV-4; Palacio, Lino, Derecho Procesal Civil, T. VII, pág. 184 y sgtes.; Rivas, Adolfo A., "Contribución al estudio del amparo", LL 1984-B,931; Bertolino, Pedro J., La cosa juzgada en el amparo, pág. 64 y sgtes.; entre otros)" (cfr: CSJT, sentencia 1176/2007).

Sentada la definitividad sentencial y encontrándose reunidos los restantes requisitos de admisibilidad (arts. 750 y ccdtes CPCCT) corresponde expedirse sobre la procedencia del recurso.

VI.- Al respecto cabe expresar que la confrontación de los términos del recurso de casación con los fundamentos del fallo en crisis permite advertir que no cabe hacer lugar al recurso.

En efecto, corresponde despejar liminarmente el agravio relativo a la cuestión abstracta toda vez que la Cámara indica que "se dejó vigente como información histórica la errónea y grave calificación del actor como deudor insolvente e irrecuperable, teniendo derecho la actora a que dicha información sea suprimida dada la trascendencia patrimonial de la información para la credibilidad del cliente" (sic fs. 149). Lo dicho concuerda con el pedido en el libelo de inicio de que se ordene la "desafectación de su persona" y la orden de borrar "todo tipo de antecedente histórico" (sic fs. 5) en las instituciones que allí cita. Pero, sobre todo, concuerda con la Medida para Mejor Proveer ordenada por providencia de fecha 08/8/2011 y producida a fs. 180/210- En efecto, en el informe remitido por el BCRA se advierte que continúa existente, entre los datos históricos pertenecientes al aquí actor, su calificación de 6 como deudor en relación al Banco demandado (fs. 192).

De allí que aludir, como lo hace el recurrente, a que el habeas data no pueda ser un medio para solucionar cuestiones del pasado o a la pretensa inexistencia de uno de los recaudos necesarios para la acción, cual es la actualidad del daño, según jurisprudencia que cita, no tenga virtualidad suficiente para dar embate a los claros y razonables considerandos sentenciales en el punto.

No cabe olvidar que el instituto del habeas data receptado en el art. 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional, constituye una garantía que tiende a que todos los habitantes puedan acceder a las constancias de los archivos de bancos de datos, públicos o privados, y controlar su veracidad y difusión. Que el bien jurídico protegido lo constituye, sustancialmente, la veracidad de la información. Y en tal sentido, la acción protege a los individuos contra la información falsa o incompleta, inexacta o desactualizada, y los habilita para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de los datos e impedir que se haga un uso abusivo o discriminatorio de ellos. La supresión comprende "información histórica"; toda vez que, el art. 4° de la Ley Nº 25.326 establece el principio de "calidad de datos", que exige que el responsable del archivo se comprometa, activamente, para que la información almacenada sea adecuada y pertinente, esté al día, sea exacta, verdadera y, en lo posible, completa, de acuerdo a la finalidad de su registración; aspectos que adquieren suma importancia cuando se trata de archivos relativos a la solvencia y al riesgo crediticio.

Por lo expuesto, se rechaza este agravio.

VII.- En relación a la procedencia de la acción que confirma la Cámara, se agravia el recurrente sosteniendo sustancialmente que la información suministrada fue efectuada por una expresa disposición del BCRA. Indica que de la Comunicación A 2729 Anexo I, sección 7.2.6 y sección 6.5.6.1 emerge que se debe clasificar en situación 6 a aquellos deudores que a su vez sean deudores de entidades liquidadas por el Banco Central (como es el caso del Banco Mayo). Que no se trata de que su parte haya tomado como base la calificación que realizó el Banco Mayo sino que la información de los deudores de entidades en liquidación la proporciona el propio BCRA y es en base a ello que el actor fue calificado en situación 6.

De su lado el fallo impugnado sostiene expresamente que no está en discusión que la demandada se haya encontrado legalmente obligada a suministrar información por expresa disposición del BCRA sino si es justificado que haya informado a su cliente no morosa, como deudora irrecuperable. Al respecto, entiende que no, y da razones que refieren no sólo a que la entidad accionada se apoyó en la calificación que realizó el Banco Mayo sino en que de ninguna manera la norma reglamentaria del BCRA contempla que la entidad bancaria demandada en el caso deba informar a un cliente como deudor insolvente e irrecuperable si se tiene en cuenta que el crédito tomado por el actor con la parte demandada no estaba en mora, hecho que admite la recurrente.

La recurrente alega que la información es proporcionada por el propio BCRA y no por la entidad en liquidación (Banco Mayo) mas, respecto de esto, la Cámara afirmó que habiendo sido informada su cliente como deudora de otra entidad bancaria en la base de datos del BCRA, ello no la autorizaba a calificarla del modo en que lo hizo. Que está fuera de discusión que la calificación con nivel 6 corresponde a pautas estrictamente técnicas fijadas por la autoridad de aplicación BCRA y que, no necesariamente, se refiere a la situación patrimonial real de los deudores insolventes. Sin embargo, entiende que la información de entidades bancarias es obligatoria en lo que concierne a los datos que cada entidad financiera tiene en la específica relación patrimonial particular con su cliente. Que no hay motivo justificado para que la demandada haya calificado del modo en que lo hizo máxime si se tiene presente que ni siquiera el Banco Mayo, calificó gravemente a la actora. Que en consecuencia, estaba plenamente justificado que la actora promueva la acción de habeas data con el objeto, no solo de obtener información concreta acerca de la documentación y causa que motivó el registro patrimonial controvertido, sino para exigir su supresión. Que si bien la actora era deudora del Banco del Tucumán S.A., a la fecha del inicio de este juicio se encontraba con su deuda al día, sin mora, respecto al Banco por lo que mal podía dicha entidad calificar a la deudora como morosa irrecuperable en razón por la cual no debía informar al BCRA en la forma en que lo hizo.

Ahora bien, la solución sentencial debe ser confirmada en tanto cabe rechazar la interpretación que el recurrente hace de la obligación que tiene como entidad financiera y que emerge de la Comunicación "A" citada y de su modo de cumplimiento.

En efecto, el "solo hecho" de que el cliente de la entidad financiera informante sea deudor "a su vez" de una entidad en liquidación no habilita a la demandada a calificar a la actora del modo en que lo hizo. Es que, a contrario de lo que alega el recurrente, la tarea de calificación de los bancos de los deudores de su cartera no es automática. El argumento de la entidad bancaria en tanto sostendría que, según aquella comunicación del Banco Central, los parámetros de calificación de deudores son meramente objetivos (sujetos al simple hecho de que su cliente sea a su vez deudor de una entidad en liquidación para calificar como grado 6: irrecuperable por disposición técnica), sin posibilidad para la entidad bancaria para calificar de otro modo, es falaz. La Comunicación A 2729 -puede leerse claramente en el primer punto de la primer sección- establece como criterio general que "los clientes de la entidad (...) deberán ser clasificados desde el punto de vista de la calidad de los obligados en orden al cumplimiento de sus compromisos y/o las posibilidades que a este efecto se les asigne sobre la base de una evaluación de su situación particular". No se trata, entonces, de que el demandado haya estado obligado a seguir una pauta objetiva para calificar al actor, pues la Comunicación del Banco Central lo habilitaba a efectuar una evaluación de la situación particular. A igual conclusión se llega si se leen los puntos 6.1; 6.2; 6.4 entre otros. La tarea de calificación es valorativa lo que supone la ponderación de una serie de circunstancias atinentes al cliente y a su situación particular cuestión ésta que parece desconocer la postura del impugnante.

Se agravia el recurrente por entender que el informe del BCRA de fs. 88/89 no ha sido valorado por la Cámara, reproduciendo los párrafos que, a su entender, dan sustento a su postura casatoria. Sin embargo, si bien tal informe expresa efectivamente, como cita el recurrente, que las entidades financieras deben tener en cuenta los puntos ya aludidos de la Comunicación A citada, menciona también, explícitamente, que esto debe hacerse "dentro de la tarea de calificación de los deudores de su cartera" y más arriba expone el informe que la información que el BCRA solicita "se limita a lo establecido en el régimen informativo de deudores del sistema financiero cuyos datos son elaborados por las propias entidades" (sic fs. 90, el subrayado está en el texto).

Es decir que tanto del informe analizado como de una atenta lectura de la Comunicación A (puntos 6.1; 6.2; 6.4, entre otros) se desprende que la calificación lejos está de ser automática lo que, por otra parte, emerge también de la práctica bancaria misma. Por lo demás, surge también, de lo relatado en el párrafo anterior, que el recurrente parcializa el informe y no demuestra suficientemente dónde radicaría la conducencia del mismo a fin de que la solución impetrada por la Cámara sea distinta a la que brindó ni habilita, por ende, la declaración de arbitrariedad o nulidad sentencial por este motivo.

De otra parte, corresponde hacer notar también que si bien de la Comunicación sub análisis se desprende que hay situaciones específicas en las cuales el Banco "obliga" a la entidad financiera a realizar la tarea de calificación o recalificación, éstas, si bien obligatorias, nunca son automáticas. En efecto, según la Comunicación aludida (en aspectos que en lo esencial son mantenidos en la Comunicación actualmente vigente) se obliga al Banco a reconsiderar o recategorizar a su cliente de peor forma a la que se efectuó o hubiese efectuado si se dan las circunstancias de los puntos 6.4 y 6.6 (Punto 6.4: "Reconsideración obligatoria de la calificación" cuando: 4.1 se modifiquen algunos de los criterios objetivos de clasificación -morosidad, situación jurídica del cliente, etc.-; 4.2 se modifique en forma negativa la clasificación del cliente por la Central de deudores del sistema financiero, llevándola a un grado inferior al de la calificación de la entidad por al menos otra entidad cuyas acreencias representen al menos el 10% del total informado por otras; 4.3 Disminución de más de un nivel en la calificación efectuada por una calificadora de riesgos a los títulos valores emitidos por el cliente. Punto 6.6: Se admite sólo la discrepancia de un nivel entre la calificación dada por la entidad financiera y la peor clasificación dada por al menos dos entidades cuyas acreencias representen al menos el 20% del total informado por todos los acreedores..La existencia de diferencias mayores obligará a efectuar una recategorización).

Como se observa, en dicha reclasificación obligatoria se admite todavía cierta discrepancia entre calificaciones bancarias (de un -1- nivel o grado a asignar). Se concluye en que nunca la calificación de un cierto nivel es efectuada automática y obligatoriamente por la entidad bancaria, sino que exige un juicio prudencial teniendo en cuenta la conducta de pago deudor, monto de deuda, garantías, documentación del cliente, etc.

De lo expuesto se advierte no sólo que la entidad demandada, como bien lo hace notar la Cámara, ha calificado de la peor manera al actor sino que lo hizo sin bases alegadas razonables puesto que no basta con aludir meramente al punto 6.5.6.1 de la Comunicación A 2729 del BCRA.

En definitiva: nunca la calificación dada por el Banco demandado "tuvo que ser tal" (grado 6) ni -según criterio de Cámara que no se ha logrado atacar suficientemente en el libelo informativo-, se han ofrecido pruebas tendientes a justificar la misma.

A mayor abundamiento, cabe expresar que la cuestión de si esos supuestos (de los puntos 6.4 y 6.6.) se han dado en el presente caso, o si están o no debidamente acreditados escapa a las facultades de examen y decisión de esta Corte por imperio de los arts. 713 y 717 in fine CPCCT toda vez que no fueron alegados por el recurrente ni en ésta ni en las anteriores etapas del proceso, limitándose el mismo a justificar su conducta por la aplicación automática de la norma del BCRA que aquí se ha analizado.

Por último, cabe expresar que la obligación de brindar información veraz, exacta y actualizada supone evitar darla de modo que presente una imagen parcializada del comportamiento del actor en el cumplimiento de sus obligaciones comerciales (arg. doctrina CJSN in re: "M., M. S. c. Organización Veraz S.A.", RCyS 2005, 806 -LA LEY 2005-B, 743-) así como tener en cuenta que la actora tiene derecho a que el registro se actualice y complete a fin de que quede reflejado, del modo más preciso posible su estado (arg. CJSN, in re: "Di Nunzio, Daniel F. c. The First National Bank of Boston y otros", LA LEY 2007-C, 131) tal cual se anticipara en el tratamiento del agravio anterior (punto VI de ésta).

A la luz de lo antes expuesto, en el marco concreto y particular que presenta el sub judice, la solución sentencial debe confirmarse.

VIII.- Por ello, dejándose incólume la doctrina de la sentencia, corresponde no hacer lugar al recurso de casación con costas a la vencida por ser ley expresa.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Comparto el prolijo relato de los hechos, el resumen de los agravios del recurrente y la síntesis de los fundamentos sentenciales que se pretenden impugnar, descriptos en los puntos I, II, III y IV del voto que me antecede, así como el análisis de admisibilidad de la vía (punto V), a los que adhiero y doy por reproducidos. Ahora bien, me permito discrepar con el examen de procedencia realizado (punto VI del voto precedente), por las razones infra expuestas.

II.- Es de destacar que en el presente proceso esta Corte decidió que, previo a resolver la cuestión, resultaba necesario la realización de una medida de mejor proveer (fs. 175) librándose, a tales efectos, oficios al BCRA y a la Organización Veraz. Dicho trámite arrojó el siguiente resultado: por un lado la Organización Veraz no registra -al actor- como deudor irrecuperable por disposición técnica (categoría 6), según la base de datos de deudores del sistema financiero que tiene como fuente al BCRA, de los últimos dos años (fs. 181/2). A su turno el Banco Central tampoco registra "actualmente" al actor en su central de deudores del sistema financiero, al menos en la categoría o por la deuda que motiva este proceso (fs. 185). Ahora bien, en el informe de "datos históricos" del BCRA (fs. 187/201), el demandante figura en categoría 6, por la información suministrada por el Banco del Tucumán, en los períodos que van desde el 30/10/2004 hasta el 30/3/2006 (fs. 192).

III.- Ahora bien, del estudio del escrito casatorio se advierte que el quejoso invoca a favor de su pretensión dos agravios, esencialmente. El primero de ellos orientado a demostrar que el Banco del Tucumán S.A. calificó al accionante en situación "6" -deudor irrecuperable por disposición técnica- en cumplimiento de la comunicación "A" 2729 Anexo 1, sección 7.2.6 y sección 6.5.6.1. (B.O. 23/7/1998) del Banco Central de la República Argentina (en adelante BCRA), normativa ésta modificada por la comunicación "A" 4467 (B.O. 03/02/2006) para los deudores de cartera comercial y por la comunicación "A" 4683 para los deudores de la cartera de consumo y vivienda (BO 01/8/2007); lo que puede corroborarse del primer informe del BCRA agregado en autos (fs. 85/87). En este sentido, arguye el impugnante que la calificación crediticia efectuada respecto del actor, en la categoría "6" -irrecuperable por disposición técnica-, fue consecuencia de la estricta observancia de un imperativo legal, en tanto dicha situación de clasificación financiera (irrecuperable por disposición técnica) engloba a todos aquellos deudores que registran una mora superior a 180 días, pero con la particularidad de que la fuente informante no es la propia entidad de crédito (en este caso, el demandado), sino que lo es el propio BCRA o el responsable de la administración de las carteras de deudores de las entidades liquidadas por dicho organismo y de otras instituciones autorizadas por el BCRA, que no son estrictamente entidades financieras. Comprende entonces, la referida categoría, a los deudores de entidades liquidadas por el BCRA, de entes residuales de entidades financieras publicas privatizadas o en proceso de privatización o disolución, de entidades financieras cuya autorización para funcionar haya sido revocada por el Banco Central y se encuentren en estado de liquidación judicial o quiebra y de fideicomisos en los que el Seguro de Depósitos Sociedad Anónima (SEDESA) sea beneficiario.

El segundo argumento impugnativo señala que la cuestión en litigio era abstracta al momento de promoverse la acción. En ese contexto considera el accionado que al contestar demanda, la pretensión objeto del habeas data se había tornado abstracta, con fundamento en el hecho que si bien el actor había sido efectivamente calificado -por el Banco del Tucumán S.A.- en situación "6" según el nomenclador de deudores del sistema financiero del BCRA, tal calificación había cesado en el mes de Marzo del año 2006, y que a partir de esa fecha -según el razonamiento del demandado- no hubo información sobre la situación del actor, al menos por parte del Banco del Tucumán S.A. Ante dicho escenario se agravia el recurrente de que la Excma. Cámara lo haya condenado por la información vertida con anterioridad al inicio de la demanda. Considera el quejoso que, por tal motivo, no había peligro o riesgo actual o inminente que justifique la vía constitucional promovida, ni tampoco inmediatez o perjuicio actual en que pueda fundarse la acción incoada, concluyendo que el habeas data no puede ser un medio para solucionar cuestiones del "pasado", sin perjuicio actual.

IV.- Así las cosas, y por razones de técnica, corresponde dar preliminar tratamiento al segundo de los agravios enunciados. Al respecto cabe anticipar que tal cimiento impugnativo no resulta atendible, al menos en los términos en que ha sido planteado, ya que el habeas data constituye un remedio constitucional cuyo objetivo no necesariamente se limita a suprimir la base de una información errónea y a no volver a repetirla, si se deja subsistente una cierta ambigüedad o falta de certeza sobre la situación en que se encontró el deudor en el lapso temporal pasado (Dubié, Pedro, "El hábeas data financiero", en La Ley 2002-B, 1009).

Si bien no se encuentra acreditado en autos la fecha exacta en que la entidad financiera accionada dejó de remitir al BCRA información que diera cuenta de la calificación "6" del actor; se desprende de los distintos informes de la Organización Veraz agregados en el expediente (fs. 12, 14, 29, 30 y 68) que dicha calificación fue actualizada o renovada por última vez en el mes de Marzo del año 2006 (es decir casi un año antes de promoverse la presente demanda de habeas data -Febrero de 2007-), mas tal circunstancia fáctica no resulta relevante para fundar el razonamiento impugnativo orientado a demostrar que la cuestión ya se había tornado abstracta al momento de contestarse la demanda; resultando inatendible tal lógica recursiva en tanto también quedó acreditado en la causa que tal información adversa para el actor perduraba en los registros públicos al momento de promoverse la demanda (fs. 12, 14, 29, 30 y 68). Así, tiene dicho la jurisprudencia que "la mera interrupción de la información (errónea) deja subsistente una incertidumbre y ambigüedad sobre la situación crediticia de la actora durante cierto lapso" (CNApel Civil y Com. Fed., sala I, sentencia del 04/3/2003 en "Gutiérrez, Norma S. vs. Banco Central de la República Argentina y otro", en La Ley 2003-F, 48), lo que descarta la hipótesis que el caso era abstracto al inicio del proceso, como erradamente lo propone el quejoso. Lo valorado se ve corroborado por el último informe del BCRA (fs. 192), proveniente de la medida de mejor proveer consumada.

Por su parte, el argumento del accionado respaldado en la idea de que la acción de habeas data no debía prosperar porque no había peligro o riesgo actual o inminente que justifique la vía constitucional promovida, ni tampoco inmediatez o perjuicio actual en que pueda fundarse la acción incoada, resulta improcedente. Es que el hábeas data es una acción con un objeto específico -esto es, un remedio ágil para hacer frente a una agresión informativa- lo que pone en evidencia que los presupuestos de admisibilidad requeridos para el amparo ordinario son ajenos al cometido del primero y sólo conducirían a neutralizar su eficacia protectiva (Gils Carbó, Alejandra M., "Régimen Legal de las Bases de Datos y Hábeas Data", ed. La Ley, pág. 254; Ídem Vanossi, Alberto, "El Hábeas Data no puede ni debe contraponerse a la libertad de prensa", ED 159-946; ídem Bianchi, Alberto, "Hábeas Data", ED, 161-867). Aun cuando el "hábeas data" sea una especie de amparo -especial, informativo- (CSJTuc, sentencia Nº 1151 del 29/11/2006, en "Acuña Emilio Roque y otro s/Recurso de Habeas Data") ello no implica aceptar que todo lo regulado -en general- para el amparo sea aplicable al habeas data, pues el objeto perseguido procesalmente difiere en ambos casos (cfr. CApel. Civil y Com. Rosario, Sala II, sentencia del 29/10/1999, "D. D., M. c. Cámara del Crédito Comercial", en La Ley Litoral 2000, 459). En similar sentido se ha sostenido que "la diferencia radica en que la lesión a los derechos del afectado en el amparo debe ser 'actual o inminente', mientras que en el habeas data el dato inexacto o discriminatorio sólo puede ser 'potencialmente dañoso'" (Rocha Campos, Adolfo, "Acción de amparo y hábeas data", en La Ley Litoral 1998-2-507). Señala Kemelmajer de Carlucci "que para la procedencia del hábeas data no se requiere, en principio, arbitrariedad e ilegalidad manifiestas dado que procede ante la mera falsedad en el contenido de los datos o la discriminación que de ellos pudiere resultar" (SCMendoza, sentencia del 17/11/1997, "Costa Esquivel, Oscar A. c. Co.de.me.", en La Ley, 1999-B, 586), lo que descarta la asimilación regulatoria entre amparo y habeas data propuesta por el impugnante.

Ciertamente, según el art. 33 de la Ley Nº 25.326 el habeas data es una acción constitucional específica cuyo objeto es: a) tomar conocimiento de los datos, y b) en los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido por la ley, para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización (En igual sentido: Gabot, Claudio; Slaibe, María Eugenia, "Hábeas data: su alcance en la legislación comparada y en nuestra jurisprudencia", en La Ley 2000-B, 27; Colautti, Carlos E., "Reflexiones preliminares sobre el hábeas data", en La Ley, 1996-C, 919).

En síntesis, y a diferencia de lo considerado por el recurrente, "para que tenga éxito el pedido rectificatorio en el hábeas data no es necesario acreditar que el afectado padece un perjuicio, en tanto la exigencia de veracidad y actualización de datos se encuentra consagrada en el art. 4 de la Ley Nº 25.326" (del dictamen de la fiscal general subrogante que hace suyo la CNApel Com., Sala B, sentencia del 14/02/2005, en "Palavecino, Mariela c. Banco de Galicia y Buenos Aires", DJ 2005-3, 830, La Ley 26/05/2005, 15 y La Ley 2005-C, 456).

En tal tesitura esta Corte Suprema tiene dicho que "el hábeas data tiene por objeto que una persona solicite judicialmente que le sean informados o exhibidos los datos que de ella tengan registros públicos o privados, a los efectos de que pueda cotejar la veracidad de los mismos, y poder exigir en caso de falsedad o discriminación, la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. El hábeas data tiene dos aspectos o fases en cuanto al objeto de la pretensión, que a su vez determinan el procedimiento. La primera, común a cualquier tipo de finalidad del hábeas data, está dirigida a obtener la información que se cuestiona y se denuncia como lesiva. Tal información no es el mero dato del que ya tiene alguna noticia el accionante y que lo lleva a promover la acción, sino que se busca averiguar la fuente de ese dato o los antecedentes en que se sustenta el mismo. En tal sentido, el conocimiento de los datos es un presupuesto indispensable para controlar su veracidad e impedir su utilización con fines discriminatorios. La segunda parte del procedimiento tiene como objeto que el accionante pueda demostrar la falsedad o inexactitud de la información ya recabada. Si se demuestra tal falsedad, es procedente la pretensión de neutralizar el efecto dañoso de la misma mediante la rectificación, supresión, confidencialidad o actualización de la información cuando ésta afecte derechos consagrados en la Constitución (art. 43 CN). Si la actora consideraba que la información suministrada no era correcta pudo ofrecer prueba tendiente a demostrar tal falsedad" (CSJTuc, sentencia N° 166 del 10/3/2009, en "Lavena Moreno María Cristina vs. Banco de la Nación Fideicomisos S.A. s/ Habeas data". En similar sentido arg. CSJTuc, sentencias N° 491 del 17/6/2005, en "De Arzarloza, Ricardo Antonio s/ Hábeas data"; ídem, N° 989 del 21/11/2000, en "Moreno, Miguel Alberto vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Amparo Hábeas data"; ídem Gils Carbó, Alejandra M., "Régimen legal de las bases de datos y hábeas data", pág. 277 y sgtes.; Gozaíni, Osvaldo, Derecho Procesal Constitucional-Hábeas Data. Protección de datos personales, pág. 489 citados en CSJTuc, sentencia N° 343 del 14/5/2007, en "Ostera Alejandro Javier vs. Banco Comafi S.A. s/ Habeas data". En similar sentido Dubié, Pedro, "El hábeas data financiero", en La Ley 2002-B, 1009; entre otros).

Por tanto, el requisito de peligro, riesgo o perjuicio actual o inminente, propio del amparo en general, no resulta extensible al habeas data, que no exige de la concurrencia de tales extremos para determinar su admisibilidad.

La hermenéutica propuesta es la única que se condice con la regulación del habeas data contenida en el art. 67 de la Ley Nº 6.944, en consonancia con lo prescripto en el art. 66 de la referida norma, que limita la aplicación de los capítulos I y III del Código Procesal Constitucional, a las particularidades de los amparos especiales (entre ellos el habeas data) y en atención al bien jurídico protegido; reflexión en virtud de la cual el agravio en tratamiento no puede ser receptado positivamente.

V.- Corresponde, entonces, examinar el principal agravio por el cual arguye el impugnante que la calificación crediticia efectuada respecto del actor en la categoría "6" -irrecuperable por disposición técnica- fue consecuencia de la estricta observancia de los imperativos legales del BCRA, ut supra referidos.

De la confrontación de dicho fundamento impugnativo con las constancias de la causa, especialmente el resultado de la medida de mejor proveer, y el derecho aplicable es dable concluir que le asiste razón al recurrente.

Ciertamente, el BCRA comunica que "en los datos históricos informados por los administradores de los entes en el régimen informativo de deudores en situación irregular de ex entidades financieras" -cfr. comunicaciones "A" 4789; "A" 4999; "A" 5077 y "A" 5102- (fs. 204 a 207) figura el actor. A lo que agrega, en su informe, la entidad oficiada que "las entidades financieras deben tener en cuenta dentro de la tarea de clasificación de deudores los puntos 6.5.6.1 y 7.2.6 del texto ordenado sobre clasificación de deudores, lo que implica incluirlos en situación 6 -irrecuperable por disposición técnica" (fs. 209).

De ello se desprende que efectivamente -y como argumenta el recurrente- la entidad financiera demandada se vio obligada a calificar al actor en categoría "6" por imperio de la normativa señalada a lo largo del presente y como consecuencia directa de la información que le era suministrada por el propio BCRA, la que a su turno provendría de los datos proporcionados por los administradores de ex entidades financieras. Es decir, que el accionado no calificó al actor como deudor "6" por el crédito que éste último tenía con la entidad financiera accionada ni tampoco por un error en la información, sino lisa y llanamente por aplicación de los mandatos legales del BCRA antes enunciados que obligan a las entidades financieras a calificar como deudor "6" a aquellos clientes que se encuentran en situación irregular respecto de ex entidades financieras (en este caso concreto el ex Banco Mayo).

Ratifica tal hermenéutica el hecho de que otras entidades financieras -distintas al demandado- también calificaron al actor como "irrecuperable por disposición técnica", por ejemplo el Banco Hipotecario (fs. 189/191) y el HSBC Bank Argentina S.A. (fs. 194/195); datos éstos que resultan contestes con la información proveniente de los informes del Veraz (fs. 12 y 14) adjuntados por el actor en la promoción de su demanda.

Partiendo de tales premisas cobra real dimensión el intercambio epistolar suscitado entre las partes, lo que ratifica la interpretación anticipada. Así ante la intimación extrajudicial formulada por el actor al Banco del Tucumán solicitando la rectificación de la supuestamente errónea información; éste último contesta por carta documento (fs. 27) que: "ponemos en vuestro conocimiento que el Banco del Tucumán procedió a informarlo a Ud. en situación "6" -irrecuperable por disposición técnica- en virtud que, de conformidad a información brindada por el Banco Central de la República Argentina ud. se encuentra contenido en la base de morosos de ex entidades como cliente deudor del ex Banco Mayo. Asimismo cabe consignar que el Banco del Tucumán, actúa en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el B.C.R.A. mediante comunicación "A" 2729 -anexo I- sección 7. En virtud de ello y a efectos de obtener una modificación en las registraciones impuestas por nuestro ente rector, Ud. deberá dirigirse al Banco Central y/o al responsable administrativo del Ex Banco Mayo".

Dicha respuesta, concordante con las constancias de la causa -especialmente la información proveniente de la medida de mejor proveer-, resulta ajustada a derecho y ningún reproche merece; por lo que el actor debería haber ejercitado sus pretensiones contra el BCRA o contra los administradores de la ex entidad financiera (ex Banco Mayo) cuyo crédito es el que -en definitiva- generó la categorización que se discute en el sub examen.

La actitud desplegada por el accionado no contravino normativa alguna y solo se limitó a reproducir la información que le era proporcionada por el BCRA. Del mismo modo obraron otras entidades financieras que también calificaron al accionante como "irrecuperable por disposición técnica", por lo que aún cuando el Banco del Tucumán no hubiere efectuado tal clasificación, igualmente en la base de datos del BCRA el Sr. Galván habría quedado registrado como deudor categoría "6" por la información provenientes de otras entidades financieras.

Por su parte, y conforme puede leerse en la carta documento remitida por el accionante al demandado (fs. 9), el primero tuvo la errada convicción de que el Banco del Tucumán concretó la discutida calificación ("6") por ser "los continuadores o cesionarios de los hipotéticos créditos que (el actor) estaría adeudando al Banco Mayo Coop Ltado. (Banco Comafi)" (sic); cuando en realidad tal situación respondía estrictamente a la observancia de específica normativa del BCRA, lo que -por cierto- fue debidamente aclarado al cliente mediante la epistolar remitida por el accionado (fs. 27).

Por tanto, si bien le asiste al deudor el derecho de exigir que se le informe la razón en virtud de la cual estaba siendo calificado en categoría "6" por parte del Banco del Tucumán, éste último cumplimentó satisfactoriamente tal deber indicándole el fundamento de dicha información, la que por cierto no era falsa, inexacta, desactualizada o incompleta; por lo que la eventual obligación de rectificarla, suprimirla o actualizarla mal puede imputársele al demandado, que solo se limitó -reiteramos- a cumplir las normativas dispuestas por el BCRA.

A mayor abundamiento, corrobora el razonamiento propuesto la acreditada circunstancia de que el demandado dejó de informar al actor en Marzo del año 2006 (fs. 68 y 192), no obstante lo cual tales datos perduran en los registros históricos del BCRA (fs. 192), aún habiendo transcurrido un plazo superior al de 5 años, previsto en el art. 26 inc. 4 de la Ley Nº 25.326.

En este contexto resulta errado el argumento sentencial que considera que "no le asiste razón al apelante, pues de ninguna manera la norma reglamentaria del BCRA contempla que un usuario -entidad financiera demandada en el caso- deba calificar a un deudor en base a la información brindada por otro ente crediticio. Carece de sentido común, informar a un cliente como deudor insolvente e irrecuperable, ponderando la calificación dada por el Banco Mayo, cuyos antecedentes no le constan al Banco del Tucumán, ni conoce la idoneidad del informe proporcionado por el otro banco; más aun, si se tiene en cuenta que el crédito tomado por el actor con la parte demandada: no estaba en mora". Contrariamente a lo sostenido en el pronunciamiento en crisis, existe específica normativa reglamentaria del BCRA que contempla el deber de la entidad financiera de calificar a un cliente en base a la información brindada por otro ente crediticio, en el presente caso ex entidades financieras.

Tampoco es válido el fundamento sentencial en el sentido que el crédito tomado por el actor con la parte demandada no registraba mora, puesto que como correctamente lo informó el accionado en su misiva (fs. 27), ello no constituía la causa de la calificación en controversia.

Finalmente, la ausencia de sentido común que el sentenciante le imputa a la normativa aplicable a la especie, eventualmente, debería haber sido objeto de una pretensión distinta a la que nos ocupa, con otros legitimados pasivos; no pudiendo constituir fundamento válido de condena al Banco del Tucumán.

A más de ello la sentencia en controversia, por un lado, juzga la inexistencia de normativa que contemple el deber de la entidad financiera de calificar a un cliente en base a la información brindada por otro ente crediticio y, por el otro, le imputa a dicha reglamentación ausencia de sentido común; lo que per se implica una lógica contradictoria que amerita la procedencia del remedio impugnativo intentado contra dicho razonamiento sentencial.

VI.- Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y casar la sentencia debatida, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe revocarse el pronunciamiento que hace lugar a un habeas data, cuando se encuentra acreditado en la causa que la entidad financiera cumplió satisfactoriamente con su deber de información dando a conocer al requirente que la causa de su calificación crediticia obedecía a una imposición legal proveniente de la reglamentación dispuesta por el Banco Central de la República Argentina, y la información no presentaba visos de falsedad, inexactitud o desactualización"; dictándose como sustitutiva la siguiente: "I.- REVOCAR los puntos primero y segundo de la sentencia de fecha 11/8/2008 (fs. 102/103 vta) y, en consecuencia, no hacer lugar al amparo informativo interpuesto por Juan Carlos Galván en contra del Banco del Tucumán S.A., con costas a la actora.- II.- COSTAS de la alzada a la actora".

Las costas de la presente instancia extraordinaria local se imponen al actor perdidoso, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 105, primera parte, del CPCCT).

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal, doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia Nº 162 de fecha 11/6/2010 de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Común (fs. 148/149 vta.) en mérito a lo considerado; y, en consecuencia, CASAR dicho pronunciamiento de acuerdo a la doctrina legal enunciada precedentemente, revocando los puntos I y II de la misma y dictándose la siguiente sustitutiva: "I.- REVOCAR los puntos primero y segundo de la sentencia de fecha 11/8/2008 (fs. 102/103 vta) y, en consecuencia, NO HACER LUGAR al amparo informativo interpuesto por Juan Carlos Galván en contra del Banco del Tucumán S.A., con costas a la actora.- II.- COSTAS de la alzada a la actora.".

II.- COSTAS de la presente instancia extraordinaria local como se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR DANIEL OSCAR POSSE	RENÉ MARIO GOANE	(En disidencia) CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.