marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Verificación tardía, honorarios del perito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PORZIO  Y  COMPAÑÍA  S.A. (EN INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITO DE OWENS ILLINOIS). s/ CONCURSO PREVENTIVO. VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-05-23

EL INCIDENTE DE VERIFICACIÓN TARDÍA NO ES UN "JUICIO", EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35 DECRETO LEY 199/66, POR LO QUE, NO RESULTANDO DE DICHO CUERPO LEGAL QUE ESTÉ REGULADA LA FORMA Y EL MODO EN QUE DEBEN ASIGNARSE EN TAL CASO LOS HONORARIOS DEL PERITO CONTADOR, ES RAZONABLE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE ARANCELES DE ABOGADOS Y PROCURADORES.
Nulidad del despido, reinstalación en el puesto de trabajo, daño moral, despido discriminatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Gutierrez Lorena Andrea c/ Universidad De Buenos Aires s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-24

Al nulificar un despido y ordenar la reinstalación del trabajador, corresponde reparar el daño moral ocasionado por el despido discriminatorio de una trabajadora embarazada, pues éste constituyó un acto ilícito que debe ser reparado de conformidad con lo dispuesto en los arts. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, 81 de la ley de Contrato de Trabajo y art. 1 de la ley 23592.
Recurso contencioso administrativo, recurso de casación, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Garay, Silvia Susana c/ Provincia de Santa Fe s/ Queja por denegación del Recurso de Casación  -Recurso contencioso  administrativo- Ley 11.330 (Expte.: C.S.J. Nro. 457 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-10

El recurso de casación, incorporado nuevamente al ordenamiento jurídico local, a través del dictado de la ley 11.330, se presenta como una herramienta fundamental que ha de permitir a la Corte Suprema de la Provincia, desde su posición institucional de intérprete última de la Constitución provincial y de las leyes dictadas en su consecuencia, delinear las directrices fundamentales en pos de satisfacer un interés esencial del justiciable, cual es, el de acceder efectivamente a la jurisdicción.
Defensa del consumidor, resoluciones judiciales, aplicación de la ley, asociaciones de consumidores, interrupción del proceso, intervención del Ministerio Público
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Banco Itau Argentina SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-05

Corresponde confirmar la suspensión de los presentes actuados hasta tanto sea resuelto el recurso interpuesto contra la baja de la actora del registro nacional de asociaciones de consumidores. Sin perjuicio de la vocación subsidiaria a intervenir puesta por la ley en cabeza del Ministerio Público (LDC 52) resultaría superabundante ofrecer a la señora Fiscal General asumir el rol de parte actora en el sub lite en tanto aún no se conoce la conclusión y alcance de las impugnaciones que se han dirigido contra el acto administrativo de baja de la inscripción de la asociación accionante.
Delito penal, comisión de delitos, menores, víctima menor de edad, competencia correccional, Ministerio de Menores, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: A.G., R. s/ Delito Penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-10

En los casos de delitos que imponen la existencia de un menor víctima, sin que se verifique el supuesto previsto en el art. 29, inc. 3 del C.P.P., habilitante de la intervención de la justicia de menores, resulta competente la justicia correccional.
Impuestos, películas, hecho imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Espacios Cinematográficos Uno SH (TF 16608-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-11

La actora se dedicaba como actividad principal a la distribución de películas para ser exhibidas en cines, pero de películas publicitarias. En tal cuestión, las normas del tributo vigentes a la época de los períodos sobre los que se practicó el ajuste -julio de 1995 a abril de 1996- no resultaban claras, puesto que si bien por un lado la publicidad se encontraba genéricamente gravada, por el otro, la producción y distribución de películas, sin hacer distinción alguna en cuanto a su caracter o contenido, destinadas a ser exhibidas en salas cinematográficas, se encontraba exenta del tributo. Sobre ello, recién se arrojó luz con el dictado del decreto 644/97 -cuya constitucionalidad no ha sido materia de debate-, emitido el 11/7/97 y publicado en el Boletín Oficial el 23/7/97, cuando se aclaró que "...la exención dispuesta en el art. 7° inc.

h), ap. 11) de la ley, no comprende la produccción y distribución de películas publicitarias y de grabaciones en cinta u otro soporte realizadas con igual finalidad, destinadas a ser exhibidas en salas cinematográficas o emisoras de televisión" -art. 1, inc. b-. Asimismo "...en cuanto al momento en que la disposición surte efecto, se dispone que es a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la norma reglamentada (art.

7°, inc. h), ap. 11 de la ley) excepto que se tratare de servicios realizados con anterioridad al decreto, y no resulte posible la traslación extemporánea del impuesto a los locatarios y prestatarios. En este último caso, surtirá efecto a partir de su publicación en el Boletín Oficial" ("Recientes Modificaciones al Decreto Reglamentario de la ley de Impuesta al Valor Agregado", José M. Pittaluga y Adrián A. Groppoli, Práctica y Actualidad Tributaria (P.A.T.), Tomo II, Agosto de 1997, Errepar). En las presentes actuaciones, teniendo en cuenta que las operaciones cuestionadas se encuentran facturadas y finalizadas lo que obsta a la mentada traslación del tributo, y por aplicación de lo dispuesto por el decreto mencionado, el ajuste practicado por el Fisco Nacional resulta improcedente, en tanto la disposición efectuada en el sentido de que las películas publiciarias no se encuentran comprendidas en la exención prevista por el art. 7, inc. h), ap. 11 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado -art. 1 b) del decreto 644/97- no produce efectos para los períodos reclamados -art. 2 b) del citado decreto- (Cons. VI).
Recurso contencioso administrativo, demanda, pretensión, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recursos administrativos, recurso de apelación (procesal), deserción, empleados públicos, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TROANE, ELOY MARCELINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 114-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-21

Es admisible el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción deducido no sólo contra el acto que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto, sino también contra la resolución del Directorio del Banco Provincial de Santa Fe, en virtud de la cual se le aplicó al actor una sanción disciplinaria. Ello es así pues, como lo ha sostenido la Corte -reiterado en su actual integración-, si la parte hubiera querido traer como cuestión central a resolver por el Tribunal, la referente a la legitimidad del decreto que declaró desierto el recurso de apelación, debió, no sólo agotar la vía administrativa respecto de ese acto, sino que no habría podido pretender conjuntamente la anulación de las resoluciones del Directorio, pues corolario de la anulación de aquel acto, habría sido el necesario pronunciamiento del Poder Ejecutivo provincial luego de sustanciado el procedimiento con respecto a la apelación deducida; ello obviamente tornaría, además, no agotada la vía administrativa con relación a la sanción cuestionada, que sólo con posterioridad al nuevo acto de la Administración hubiera podido ser traída a consideración de la Corte.
Despido indirecto, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Schoenfeld c/ Raffe S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-19

Establecido en autos que el demandante no cobró el salario ante la maniobra del empleador, el carácter alimentario del mismo y las circunstancias que rodean al caso, esto es, el proceder de la accionada totalmente reñida con el principio de buena fe, al pretender dar por pagado lo que no pagó, lo que importa una injuria con entidad suficiente para que la decisión del ex-dependiente de cortar el vínculo se repute ajustada a derecho conforme los artículos 242 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin que sea obstáculo la directiva que fija el artículo 10 del mismo cuerpo legal.
Recurso de apelación (procesal), proceso penal
Materia: PROCESAL CIVIL - PROCESAL PENAL
Carátula: C, L A s/ TENTATIVA DE HURTO SIMPLE     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Atento al paralelismo existente entre la apelación civil y la penal, que se rigen por el mismo principio dispositivo o acusatorio, se puede decir que la acumulación de causas por conexión de los artículos 35 y 36 del Código Procesal Penal equivalen a la acumulación de pretensiones del artículo 133 del Código Procesal Civil.
Trabajo riesgoso, inspección del trabajo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VILAR, ALBERTI c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-04

La función de supervisar implica el ejercicio de "la inspección superior en trabajos realizados por otros" (conf. "Diccionario de la Real Academia Española", XXII Edición). Por lógica derivación de esa definición, la propia naturaleza del cargo de "supervisor" en que se desempeñó el peticionante, impide la prestación de las tareas a que alude el art. 1, inc. b) del Dec. 2136/74 (". tareas desempeñadas en boca de pozo y afectadas a la perforación, terminación, mantenimiento y reparación de pozos petrolíferos o gasíferos"), por ser esencialmente diversas. Así, mientras que la primera se extiende al contralor de toda la actividad desarrollada en la unidad productiva, la segunda se circunscribe al desempeño "en boca de pozo" y "afectado" a la tarea concreta de perforación; condiciones estas que determinan un riesgo mayor para el trabajador y que, por tal razón, justifican el tratamiento diferenciado que les dispensa el ordenamiento jurídico.
Concursos, recusación con causa, prejuzgamiento, incidente de nulidad, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: YANG, SUNG KU s/ QUIEBRA. INC. DE LIQUIDACION DE BIENES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-18

Procede desestimar la recusación con causa deducida con base en el art. 17 inc. 7 del CPCCN contra una sala de este tribunal, solicitándose que se separe a los magistrados que la integran del conocimiento de la causa si, -como en el caso-, surge que la recusada sala había hecho lugar a un planteo de nulidad de procedimiento, articulado conjuntamente con la recusación, dejando sin efecto, en consecuencia un decisorio precedente.

Ello pues, si la petición nulificatoria constituye un incidente (art. 172 inc.2 del CPCCN) y el legislador atribuye al propio juez que dicto el pronunciamiento resolver sobre su nulidad (art.

6 inc. 1 del Cód. procesal), no se advierte legalmente valida la posibilidad de poder desplazárselo con invocación de prejuzgamiento, en tanto la regulación procesal confía entonces al magistrado emisor del acto la revisión por el mismo de la validez procesal del propio acto.
Juicio sumarísimo, recurso de apelación (procesal), presentación extemporánea
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vera, Carlos Francisco c/ Ente Regulador de Obras y Servicios Publicos (EROSP) y otros s/ amparo Servicios Publicos (EROSP) y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-08-13

Debe considerarse mal concedido el recurso de apelación intentado en un proceso sumarísimo, toda vez que del cotejo de las fechas de presentación surge nítidamente que su interposición fue extemporánea, conforme lo dispuesto por art. 495, inc. 3 del C.P.C.C de Formosa, el cual establece un plazo de tres días para interponer el mencionado recurso.
Suspensión del trabajador, faltas disciplinarias, prueba testimonial, testigo único, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Pereyra, Antonio R. c/ Curtiduría Cianco S.A. s/ Despido Barreto, Roberto c/ Dálmine Siderca S.A.I.C. s/ Diferencia de salarios, etc Murtari, Horacio Juan c/ Miralejos S.A. s/ Despido Murtari, Horacio Juan c/ Miralejos S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15|1988-09-27|1991-12-10|1991-12-10

Carece de sustento la conclusión del Tribunal del Trabajo que tiene por acreditada la justa causa de la suspensión disciplinaria aplicada al trabajador sobre la base de la declaración de un único testigo que, como superior jerárquico del actor, ha sido además protagonista de los hechos invocados y negados por éste y que no han sido corroborados por ningún otro medio de prueba.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cobertura médica, terapias alternativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., M. c/ INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL (IAPOS) Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-14

Con respecto a los aportes probatorios que se afirman preteridos o irrazonablemente evaluados -en especial los relacionados con la alegada idoneidad de la prestadora-, cabe señalar que de la lectura del fallo se desprende que los mismos fueron expresamente computados por el A quo, aunque con un sentido distinto al pretendido por el impugnante; también falla la compareciente en clarificar la incidencia del invocado dictamen que asevera emitido por la Superintendencia de Salud de la Nación en una causa judicial del fuero federal, en orden a fundar -por sí solo o en conjunto con los demás elementos de autos- un pronunciamiento necesariamente distinto en el sub examine. - Jurisprudencia vinculada con S., AyS T 323, p 399/406, sumario J0051004
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, contratos bancarios, tarjeta de crédito, incidente de impugnación, régimen de facturación y registración, información crediticia
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Moraes De Sousa, Elizete c/ First Data Cono Sur SRL y otro s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

Corresponde admitir el reclamo indemnizatorio en concepto de daño moral, incoado por una usuaria de tarjeta de crédito contra la administradora del sistema y contra la entidad emisora del plástico, con motivo de los cargos ilegítimos facturados, con el uso de una tarjeta clonada, y en tanto dichos cargos fueron impugnados, pese a lo cual fueron igualmente facturados, y más aún, fue injustamente informada como deudora financiera en las bases del Banco Central.
Fallo plenario, obligatoriedad del fallo plenario, constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: MARAZZO, ARIEL A. s/ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-06

La ratificación de la constitucionalidad de este articulo, es un temperamento adoptado en coincidentes decisiones de las cuatro salas de este tribunal, en términos materiales debe ser asimilado a un fallo de carácter plenario que conlleva su obligatoriedad para los órganos jurisdiccionales correspondientes.
Ejecución fiscal, rechazo de la demanda, título ejecutivo inhábil
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Tucumán - D.G.R c/ Ribet Ricardo Héctor s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2018-12-26

Cabe concluir que el formulario 01-instrumento gravado con el impuesto de sellos en el sub examine- que sirve de base para la inscripción inicial del vehículo automotor, carece de la autosuficiencia requerida a los fines que pueda ser considerado un título jurídico con el que sea factible exigir el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento. De ahí, entonces, que la determinación impositiva practicada por el Fisco local, se halla en contradicción tanto con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Provincia, como en la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que exigen precisamente que el instrumento gravado revista los caracteres de un título jurídico con el que se pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento. En consecuencia, por todo lo considerado, corresponde rechazar la demanda de ejecución fiscal incoada.
Actos ilícitos, indemnización, reparación integral, actualización monetaria, cómputo de la actualización
Materia: CIVIL
Carátula: HERNANDO CARLOS LUIS c/ SAVLOFF ALBERTO PABLO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-30

Para que la indemnización por daños sufridos a raíz de un hecho ilícito puede ser considerada como plena o integral, resulta justo y equitativo conceder el reajuste del monto por motivo de la desvalorización monetaria que se opera hasta el momento del efectivo pago, ya que de ese modo se trata de asegurar al acreedor la percepción del valor actualizado de la condena resarcitoria al tiempo de concretarse su pago.
Prueba, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Pucheta, Oscar c/ Claus,Elpidio s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-13

Si el "aviso de recibo" aparece firmado, aunque sea por persona distinta al destinatario y lo ha sido en el domicilio de éste, tal hecho hace plena fe de la entrega mientras no se pruebe lo contrario. La mera negación por la actora de que la carta documento fuera remitida, resulta insuficiente para imponer a la remitente la carga de probar tal hecho.
Proceso contravencional, prescripción, prescripción de la acción contravencional, suspensión de la prescripción, incomparecencia del imputado, incomparecencia del abogado
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: F, M. L. s/ Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-22

En relación con el artículo 31 del Código Contravencional, no se suspende el curso de la prescripción de la acción si el imputado justifica su incomparecencia, el motivo que exponga deberá poseer cierta entidad, ya que de lo contrario la justificación será inviable.

Ello así, no resulta razonable que si el abogado defensor no puede comparecer se justifiquen las ausencias de su defendido; es el imputado el llamado a comparecer, y no el defensor que solamente debe asistirlo. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Extinción del contrato, despido, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: H., E. c/ D. P. S.R.L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-27

La declaración de cesantía dispuesta por el empleador reviste el carácter de recepticia, de modo tal que una vez que la comunicación llega a la esfera jurídica del destinatario la extinción contractual queda consumada. Por ello, en el preciso momento en que se notifica la voluntad de rescindir la relación habida entre las partes, el contrato de trabajo cesa en su vigencia.
Seguros, seguro de vida, seguro de vida obligatorio, seguro colectivo, agentes de la administración pública, indemnización, prescripción, plazo, tomador del seguro, beneficiario del seguro, mandato, ley de seguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIPELLI OSVALDO OMAR c/ C.N.A.S. s/ COBRO DE SEGURO C.N.A.S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-27

El art. 58, ley 17.418 no puede ser desplazado aplicando la figura del "mandato" a las relaciones "tomador-beneficiario" -con la consecuencia de someter las acciones entre ellas al plazo decenal-, pues semejante postura contraría las reglas de interpretación de la ley en tanto da prevalencia a una norma general y residual como es el art. 846 del Código de Comercio (similar al art. 4023 del Código Civil) por sobre una disposición particular integrante de un complejo normativo con cierta autonomía (la Ley de Seguros, art. 58), que no es pertinente desmembrar. Es claro, por lo demás, que el legislador ha adoptado respecto de los seguros en general plazos breves de caducidad y prescripción, por lo que no parece armonizar con el sistema dejar abiertas las acciones entre el tomador y el beneficiario del seguro por el extenso plazo de 10 años (plazo éste que, en materia de seguros de vida, sólo juega en el régimen del seguro obligatorio del personal del Estado, conforme lo establece el art. 78 del decreto 1588/80).
Responsabilidad civil, sobreseimiento, culpa civil
Materia: CIVIL
Carátula: Calderón, Viviana Olga c/ Munro, Juan José y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-11-28

El sobreseimiento dictado en sede penal no impide de ninguna manera el estudio de la responsabilidad civil, dado que una cosa es la culpa penal o que los jueces analizan con criterio ajustado y riguroso, aplicando en caso de duda el principio in dubio pro reo, y otra muy distinta, inclinándose en caso de duda por la afirmación del concepto de culpa.
Indemnización tarifada, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bajinay, Mario Germán c/ Maldonado, Tristán Alberto y otra s/ Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-02

En atención a que el monto indemnizatorio significa para el actor un ingreso indispensable -único-, con el cual debe subvenir a sus necesidades y las de su grupo familiar, compartiría la naturaleza de aquellos emolumentos que se encuentran especialmente protegidos por un conjunto de normas que integran el denominado orden público laboral. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, sentencia, cuestión federal, cuestión de derecho común, reglamentación de la ley, Constitución Nacional, decreto reglamentario, leyes
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: GARCIA, RAUL Y OTROS c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-05

Cuando la inconstitucionalidad de un decreto del Poder Ejecutivo se ha declarado en razón de exceder las facultades reglamentarias de aquél, según la interpretación atribuida a una ley de orden común reglamentada, no da lugar al recurso extraordinario; siendo previa e irrevisable por la Corte la interpretación practicada de la ley común, la cuestión carece de relación directa con los arts. 86, inc.

2 y 31 de la Constitución Nacional.
Recurso de apelación (procesal), efecto suspensivo
Materia: LABORAL
Carátula: Blanco, Eduardo c/ CIOFER S.A. y Otro s/ Cobro de Pesos,SAC.,Vacaciones Indemnizaciones Ley 22.248 -RECURSO  DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-28

Si bien en el fuero laboral el recurso de apelación solo puede concederse con efecto suspensivo en los supuestos previstos en el art. 123 inc. a) del C.P.L., esta Sala tiene resuelto que el principio puede recepcionarse cuando se trate de resoluciones cuyo mantenimiento puede alterar sustancialmente el trámite del juicio.
Asociaciones civiles, representación de la sociedad
Materia: LABORAL
Carátula: Vasile, Juan Carlos c/ Municipalidad de San Antonio de Areco s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-11

Bajo el régimen de la ley 23.551 la entidad sindical de primer grado sin inscripción adherida a una federación con personería gremial no tiene legalmente la representatividad de los trabajadores -ni de sus derechos individuales ni colectivos (arts. 23 y 32)- porque en aquellos lugares en que no hubiere asociación de primer grado con personería gremial, la representación de los trabajadores es ejercida por la federación o asociación de segundo grado que cuente con personería gremial (art. 35, ley citada).