Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29


Buenos Aires, 29 de febrero de 2012 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El Sr. Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interpone recurso de queja (fs. 135/149) contra el auto de fs. 132/134 que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad agregado a fs. 119/127. Este último remedio procesal estaba dirigido contra la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones que, en lo que aquí interesa, confirmó la resolución de primera instancia que había rechazado la solicitud de mediación formulada por la defensa. Para así decidir, los jueces consideraron que esa vía alternativa de solución del conflicto procedía durante la investigación penal preparatoria, etapa que ya había sido superada en este proceso (fs. 116/118).

2. En su recurso de inconstitucionalidad, la defensa oficial denunció que la decisión de la Cámara -a la que tildó de arbitraria- afectaba al sistema acusatorio y a los principios de legalidad y pro homine, toda vez que esa decisión limitó inválidamente la procedencia de la mediación penal a la etapa de investigación penal preparatoria.

3. La Sala II lo declaró inadmisible por entender que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva en los términos del art. 27 de la ley 402.

4. Al tomar intervención en este proceso, el Fiscal General se expidió por el rechazo de la queja en atención a que, en su opinión, pese a que la resolución cuestionada debía ser equiparada a una sentencia definitiva, el recurrente no había logrado presentar un caso constitucional (fs. 153/156).

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La queja debe ser rechazada por cuanto el recurrente no logró demostrar que -acorde con las circunstancias de hecho que fueron valoradas por el a quo- las garantías constitucionales invocadas (fs. 138/146 vuelta) requieran tutela inmediata.

Al margen del acierto o error de los argumentos brindados, la solución adoptada por la Sala II PCyF, en rigor, sólo implica sostener que ante la decisión del fiscal de requerir la elevación de la causa a juicio, extremo no controvertido en autos, la defensa no está en condiciones de lograr la modificación de tal temperamento para convertirlo, por imposición de los jueces, en un supuesto de mediación obligatoria, en desmedro de la potestad que asiste al fiscal de solicitar la emisión de una sentencia definitiva que se expida en relación con la pretensión del pleito.

2. Sin perjuicio del beneficio de litigar sin gastos concedido, por las razones que di en mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad en: 'Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC -apelación- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado'", expte. nº 3996/05, resolución del 14/9/05, a las que remito, no corresponde exigir el depósito previsto en el art. 34 de la ley n° 402.

En consecuencia, voto por rechazar el recurso de queja de fs. 135/149vuelta.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Tal como lo expone el doctor Luis Francisco Lozano en su voto, la queja, si bien fue interpuesta por escrito, ante el Tribunal y en tiempo oportuno (art. 33, ley nº 402), no puede prosperar.

2. Este Tribunal repetidamente ha dicho que las resoluciones cuya única consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso, por regla, no reúnen el carácter de sentencia definitiva a los fines del art. 27, ley nº 402 ("Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/ infracción ley 255 -apelación-'", expte. n° 3338/4, resolución del 01/12/04, entre muchos otros).

Además, el recurrente no ha demostrado que la decisión cuestionada que confirmó la denegatoria de una solicitud de mediación propuesta por la defensa, por considerarla extemporánea, pueda ser equiparada a una sentencia definitiva en razón de sus efectos. En ese sentido, la defensa no ha logrado conectarla con garantías que requieran de una tutela inmediata por parte de este Tribunal (ver, entre otros, mutatis mutandi "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benitez, Sergio David s/ art. 189 bis del CP'", expte. n° 4994/06, resolución del 23/5/2007).

3. Por lo demás, la defensa centra los motivos de agravio en una discrepancia respecto de la interpretación de los arts. 204 y 206 del CPP realizada por la Cámara. Sus argumentaciones -sin mayor desarrollo- resultan insuficientes para demostrar la existencia de una lesión a los principios constitucionales invocados, toda vez que en la decisión recurrida se indicó -con base en la literalidad del art. 204, CPP-que "[e]n cualquier momento de la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá: [.] b) Proponer al/la imputado/a y/o al/la ofendido/a otras alternativas para la solución de conflictos [.] invitándolos a recurrir a una instancia oficial de mediación o composición", para luego concluir que esa propuesta puede formularse "únicamente durante la etapa de investigación preparatoria, y es bien sabido que ella se concluye, una vez que la fiscalía entiende que se encuentra agotada la pesquisa, con la presentación del formal requerimiento de elevación a juicio del proceso" (foja 117 vuelta).

La defensa, frente a ello, no ha logrado demostrar que los camaristas hubieran fallado con desapego al texto de la ley. Los argumentos desarrollados a ese respecto, entonces, de ningún modo alcanzan a poner en crisis la sentencia como acto jurisdiccional válido, esto es, fundado en las disposiciones legales pertinentes. Por otra parte, ninguna lesión al principio de legalidad -ni al principio pro homine- puede derivarse del solo hecho de que el recurrente discrepe con el modo en que los jueces de mérito aplicaron la ley procesal.

Cabe recordar que "la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" (cf. "Carrefour Argentina SA s/ recurso de queja", expte. n° 131/99, resolución del 23/2/2000, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. II, ps. 20 y siguientes). 4. Por las consideraciones expuestas corresponde rechazar el recurso de queja obrante a fs. 135/149.

En cuanto al depósito que reclama la queja vencida (art. 34, segundo párrafo, ley n° 402), no corresponde su integración por haberse concedido el beneficio de litigar sin gastos a los imputados (fojas 83/84).

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

La presente queja, aunque fue interpuesta en tiempo oportuno (art. 33, ley nº 402), no puede prosperar por los siguientes motivos:

a) En primer lugar, el recurso de inconstitucionalidad -que el recurso directo viene a defender- no se interpuso contra una "sentencia definitiva" (art. 27, ley nº 402), ni contra un auto equiparable a ella, en tanto la decisión de la Cámara sólo ordenó la continuación del proceso hacia el dictado de un fallo de mérito, que se expida por la condena o la absolución del imputado, e incluso deja abierta la posibilidad de que si la fiscalía presta su conformidad, la causa, eventualmente, se resuelva mediante la utilización de las restantes vías alternativas legalmente previstas por el ordenamiento.

El recurrente, a mi criterio, no ha explicado seriamente que lo resuelto por los jueces de mérito se vincule de manera directa con una garantía que sólo resulte susceptible de tutela inmediata y en autos, a diferencia de lo que afirma el distinguido Defensor General, tampoco se verifican los extremos de excepción que tuvo en consideración nuestro Tribunal en el precedente "Del Tronco" (27/09/10) -o en esta misma causa por remisión a él (fs. 85/113)-.

b) En segundo lugar, aun dejando a un lado la cuestión relativa a si se recurrió una resolución equiparable a "definitiva", pareciera que, más allá del ropaje bajo el cual se buscó cubrir los motivos de impugnación mencionados en el recurso denegado por el tribunal a quo, los planteos tal y como habían sido propuestos por la defensa no alcanzaban para suscitar una controversia constitucional. Dicho en otras palabras, la simple invocación de afectaciones constitucionales que la defensa expuso en el recurso de inconstitucionalidad no guardaba una conexión estrecha con lo ocurrido en autos, en tanto no se advierte una explicación seria que permita dilucidar que dichas afectaciones se encuentren presentes, ni que la controversia suscitada sea apta para ser revisada por este Tribunal.

En efecto, la discusión que el recurrente pretendió traer a estudio del Tribunal se reducía, en el mejor de los escenarios, a la simple confrontación entre dos interpretaciones del instituto de la mediación: por un lado, aquella que propuso por ser, a su criterio, más beneficiosa para el imputado, según la cual la mediación podía ser intentada frente a la solicitud del imputado y a pesar de que la fiscalía no estuviera de acuerdo con ésta, e incluso luego de que la fiscalía requiriese la celebración del juicio; y, por el otro lado, aquella que han escogido todos los jueces intervinientes, con arreglo a la cual -en definitiva y más allá de los distintos matices que fueron tenidos en cuenta en las distintas instancias- correspondía dar preeminencia a la evaluación de la fiscalía sobre la inconveniencia de utilizar esta vía alternativa en autos por sus características (fs. 9) o por la extemporaneidad del pedido de la defensa (fs. 116/118).

Ahora bien, al margen del acierto o error de cada una de las posturas propuestas, el recurrente no impugnó la validez de la regulación procesal en cuanto establece que es la fiscalía la que tiene la facultad de "proponer" o no a los involucrados la posibilidad de mediar y tampoco cuestionó la validez de aquella regulación en cuanto establece el momento hasta el cuál procede su utilización. Es obvio que la defensa no está de acuerdo con la interpretación que los jueces de mérito han realizado con respecto a los arts. 204 y 206 del CPP local, pero -aunque sea perceptible su desacuerdo- lo cierto es que aquella interpretación ha tenido en consideración la totalidad de las normas en juego y la intención del legislador al dictarlas, pues cuando ese legislador quiso efectuar distinciones en ambos puntos lo hizo de manera expresa, por ejemplo, al regular el procedimiento aplicable a la "suspensión del proceso a prueba" (art. 205, ibídem), que indiscutiblemente sí puede ser propuesta por "el/la imputado/a", "[e]n cualquier momento de la investigación preparatoria y hasta inmediatamente antes del debate o durante éste cuando se produzca una modificación en la calificación legal que lo admita".

En estas condiciones, la manera en que los jueces han interpretado el instituto de la mediación parece respetar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia con arreglo a la cual en la interpretación de las leyes, debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando a la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la CN; propósito que no puede ser obviado por los jueces sobre la base de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación, toda vez que ellos no deben prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma (Fallos: 312:1484, entre otros). Este estándar se vincula íntimamente también con el criterio del mismo Tribunal con arreglo al cual la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen, por lo que la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (Fallos: 307:993, entre otros).

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja interpuesta por el Sr. Defensor General es formalmente admisible, y contiene una crítica suficiente del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, circunstancia que autoriza el tratamiento de los agravios allí expresados.

2. La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la solicitud de la defensa de acceder al instituto del inc. 2° del art. 204 del CPPCABA, que prevé que: "En cualquier momento de la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá: (.) Proponer al/la imputado/a y/o al/la ofendido/a otras alternativas para la solución de conflictos en las acciones dependientes de instancia privada o en los casos de acción pública en que pueda arribarse a una mejor solución para las partes, invitándolos a recurrir a una instancia oficial de mediación o composición".

Los jueces a quo explicaron que la norma transcripta instituye una facultad privativa del representante del Ministerio Público Fiscal quien, además, puede ejercerla únicamente durante la investigación penal preparatoria. Sostuvieron, entonces, que la petición del imputado era inadmisible porque la habían efectuado una vez clausurada la investigación preparatoria.

3. En su recurso de inconstitucionalidad, la Defensa se limita a mantener, en términos muy amplios, que la interpretación del art. 204 del CPPCABA que impugna no se adecua al principio "pro homine" y que la decisión recurrida afecta el debido proceso legal.

La defensa no logra exponer un auténtico caso constitucional. Ello, porque los argumentos que trae a consideración del Tribunal no alcanzan a sostener que la solución que propone -más allá del alegato que realiza acerca de su conveniencia- sea más favorable, en términos constitucionales, al punto de autorizar la exclusión de la sostenida por la Cámara, que también es constitucionalmente plausible.

Los argumentos vertidos en el recurso, por su generalidad, no consiguen justificar la exclusión de la aplicación de una norma cuya constitucionalidad no fue impugnada por el interesado (el art. 204 del CPPCABA). Destaco que la defensa no invoca la inconstitucionalidad de lo afirmado por la Cámara en cuanto a que la promoción de la aplicación del instituto del inc. 2° del art. 204 es una facultad privativa del Fiscal.

La parte recurrente se limita a disentir con el alcance que los jueces a quo asignaron a una norma de rango infraconstitucional, sin cuestionar su validez ni precisar de qué forma ésta afecta los derechos que le son garantizados por la CN y la CCBA.

4. Corresponde, por lo expuesto, hacer lugar a la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad. Así lo voto.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja interpuesto.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.