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Defensa del consumidor, sujetos del acto jurídico, consumidores, obligaciones del destinatario
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESKABE SA c/ AUTOMOTORES JUAN MANUEL FANGIO SA Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-23

Procede encuadrar a la presente causa dentro de la órbita del derecho consumeril. Ello por cuanto, la sociedad -o cualquier otro sujeto del mercado- será considerado consumidor, cuando adquiera los bienes o servicios no para renegociarlos, sino para quedarse con ellos (Farina Juan M. Defensa del Consumidor y del usuario. Pág. 48, Ed. Astrea, año 2004); y lo contrario sucederá si la adquisición tiene por fin lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que fueron adquiridos o después de darle otra forma de mayor o menor valor (arg. CCOM 8-1°), ello desde que, en ese caso, la adquisición tiene por finalidad intermediar en el mercado, o sea reinsertar esos bienes en la cadena de comercialización que les sea inherente, lo cual descarta que quepa predicar en el original adquirente su condición de destinatario final. De lo antedicho se infiere que, tanto el consumo final como la noción de actuar en beneficio propio tienen al mercado como punto de referencia: el adquirente será considerado destinatario final si los bienes o servicios no son susceptibles de ser reinsertados en tal mercado (Farina op. cit. Pág. 49). En este caso, tal concepción de las cosas permite sostener que la ley 24240 es aplicable respecto de la actora -sociedad anónima- quien adquirió, a título oneroso, un automotor para satisfacer las necesidades de la empresa comercial, pues reviste el carácter de consumidora o destinataria final (CNCom Sala A "Artemis Construcciones SA c/ Dyon SA y otro s/ ordinario", del 21/11/00, LL 2001-B, 839; CCivCom y Familia y Trabajo Río Tercero, "Maldonado Jorge c/ Abeledo Perrot"; Farina Juna Defensa del Consumidor y del Usuario, tercera edición, Astrea, Bs. As. 2004, p. 55). A más, al haber sido suprimida la exigencia que contenía la antigua LDC 2 -concerniente a la exclusión de la noción de consumidor de quienes consumían bienes o servicios para integrarlos a procesos productivos-, la ley 26361 modificó el concepto de consumidor de manera tal que, quien adquiera esos bienes o servicios en su carácter de comerciante o empresario quedará igualmente protegido por la citada ley siempre que el bien o servicio no sea incorporado de manera directa en la cadena de producción (CNCom, Sala D, "Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Banco Meridian SA" del 5/5/10, DJ 12/01/11, 65; Íd. Sala F, "Banco Itaú Argentina SA c/ Barrera Héctor Hugo" del 23/10/10).
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, cosa juzgada material, cosa juzgada formal, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Díaz, Jorge Omar y otros c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca y otros s/ Acción de amparo S/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-04-14

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado la doctrina de que, a los fines de la procedencia del amparo, la expresión "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" equivale a "ser clara, notoria, ostensible". La exigencia de tal calificación en el acto que se reputa lesivo tiende a la comprobación fácil y rápida de la lesión consumada por el acto o la omisión arbitraria o ilegal, tanto en la aportación de las pruebas por las partes como en la apreciación del Juez. De ello se desprende que, si la controversia referida a la manifiesta y clara violación de derechos constitucionales ciertos y líquidos resulta acogida favorablemente, ello agota su conocimiento y, por lo tanto, es definitiva. De ese modo, la sentencia que acoge el amparo, estableciendo la manifiesta arbitrariedad o ilegalidad de la conducta del poder público, adquiere los requisitos de inmutabilidad e indiscutibilidad y, por ende, hace cosa juzgada material, insusceptible de ser modificada en proceso ulterior, atento que no podrá volver a discutirse lo decidido sobre la procedencia del amparo.

En autos, no resulta admisible el recurso toda vez que la sentencia, al rechazar la acción por improcedente, sólo hace cosa juzgada formal, insusceptible de ser revisada en casación por no ser definitiva.
Lucro cesante, prueba, monto indeterminado, fijación judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz, Walter F. y otros c/ Bigliardi, Jorge G. y otros s/ Daños y perjuicios. Beneficio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

La certeza que debe revestir el "lucro cesante" aunque sea relativa (por su condición de futuro), impone probar el perjuicio alegado. Es menester la demostración de la tarea productiva anterior, su interrupción a raíz del hecho lesivo y los ingresos consiguientes o pautas con un mínimo de certeza, ya que el monto definitivo podría fijarse conforme la facultad conferida por el art. 165 del CPCC.
Impuestos, régimen penal tributario, división de poderes
Materia: PENAL
Carátula: MACUSAMANUFACTURERA DEL CUERO S.A. s/ Régimen Penal Tributario Causa 30008
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-17

1- El Poder Ejecutivo no puede por vía del reestablecimiento de la presentación espontánea, (Decr. 1646/90) autorizada para los contribuyentes que se encuentran en mora con el ente recaudador, disponer el cese de acciones penales en curso, so pena de invadir la esfera legislativa y judicial.- 2- Encontrándose en pleno trámite el sumario judicial, ningún acogimiento en orden a una reglamentación tributaria puede dejar sin efecto el ejercicio de la acción penal, fundada como está en las leyes en vigencia.
Nulidad de sentencia, hábeas corpus, condiciones de detención
Materia: PENAL
Carátula: LEGAJO DE CASACIÓN DE PROCUVIN c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-31

Corresponde anular la confirmación del rechazo del habeas corpus con fundamento en que la cuestión -insuficiencia de cupos en el móvil destinado a los traslados al CUD- no configura agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de los internos en los términos de lo previsto en el art. 3 de la ley 23.098, ya que el control jurisdiccional de las decisiones de la administración penitenciaria debe ser entendido en su mayor amplitud.
Recurso de inconstitucionalidad, doble instancia
Materia: CONTRAVENCIONAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Publico c/ Alberganti, Christian Adrián s/ recurso de inconstitucionalidad concedido recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-05

La garantía del recurso del condenado contra la sentencia de condena, que invoca el recurrente, no es otra cosa que una garantía procesal que, si de ella se ha carecido, cabe restablecer. Así, la solución del caso no es revocar la sentencia ya dictada -por acertada o errónea- sino, tan sólo, restablecer para el condenado la posibilidad de apelar esa sentencia, posibilidad de la que él no ha gozado, conforme a la ley, para hacer valer los agravios contra ella que aquí ha indicado su defensor.
Lealtad comercial, notificación, domicilio constituido, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: BUENOS AIRES EMBOTELLADORA S.A. s/ Lealtad comercial Causa Nro. 36013.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-23

1-Conforme al art. 17 inc. c de la ley de lealtad comercial, al haberse constituido domicilio, las notificaciones deben ser diligenciadas en el mismo (art. 27 de la ley citada y art. 144 del C.P.P.). (Del voto del Dr. Pizzatelli).- 2-No habiéndose acreditado que la persona que recibiera la notificación en el domicilio real (no en el constituido) que se identificó como "Director de Planta" fuese apoderado o representante de la firma sancionada, ésta ha sufrido un perjuicio de su derecho constitucional de defensa en juicio, por lo que debe declararse la nulidad de dicha notificación. (Del voto del Dr. Pizzatelli).
Proyecto de ley, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: URZINO, JOSE JUAN c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-23

Si la acción de amparo está enderezada a impedir el tratamiento en el Congreso de la Nación de parte de un proyecto de ley en la redacción dada por el Poder Ejecutivo Nacional en actividad que le es propia, cualquier medida o tutela tendiente a proteger al amparista importaría una invasión en la esfera exclusiva de actuación de dichos poderes, partícipes necesarios en el procedimiento de formación y sanción de la leyes (arts. 77, 99 inc. 3 y 75 inc. 8, C.N.), con grave apartamiento del principio constitucional de división de los poderes, criterio que se estima aplicable aún en el supuesto en que un proyecto se transforme en ley, por cuanto los Tribunales deben ceñirse al control de constitucionalidad de las leyes a partir de su obligatoriedad (art. 2, Cód. Civil) y aplicación concreta al caso.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: Avallone, Mario Ricardo c/ Isla Santa Mónica S.A. y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-08

Si bien es aceptable la interposición válida de la queja sin el respectivo depósito previo, a las resultas de la decisión que recaiga en el pedido del beneficio de litigar sin gastos, dicha solicitud debe formularse antes del vencimiento del plazo para la presentación directa o contemporáneamente con su interposición.
Trata de personas, inconstitucionalidad, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Colombo, Marcelo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-21

Si el fiscal ha promovido la declaración de inconstitucionalidad de una ley provincial -ley de La Rioja regulatoria de la actividad comercial de "whiskerías u otros de características similares" por entender que ello promueve el ejercicio de la prostitución- en el marco de un sumario penal instruido por un juez federal, tiene la carga de demostrar que esa ley impide o afecta el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los hechos objeto del proceso de un modo incompatible con el art. 31 CN o el ejercicio de una autoridad federal competente para la persecución penal, en el caso el ejercicio de la autoridad estatuida por los arts. 120 CN y ley 24.946; si se trata de la defensa de la legalidad y de la CN en el que no se encuentra en cuestión la facultad de persecución penal, debe tratarse de un caso o controversia promovido por la vía pertinente o la acción declarativa de inconstitucionalidad.
Elementos del contrato, promesa de contrato, consentimiento, oferta, oferta determinada, aviso periodístico
Materia: CIVIL
Carátula: FORLENZA, Francisco Luis c/ PASCUZZI Osvaldo Horacio s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-07

El art. 1148 del Código Civil requiere, para que haya promesa de contrato, que sea dirigida a persona o personas determinadas, con todos los antecedentes constitutivos de aquél. Si bien se ha creado una ardua discusión doctrinaria en torno a las virtualidades de las propuestas públicas, en nuestro derecho positivo vigente no pueden tener aquel carácter vinculante para quien las formula (conf.

Belluscio, "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", t. 5 p.

760 nro. 4; Alterini, "Formas modernas de la contratación", L.L.

1980-D-1110 ap. IV; López de Zavalía, "Teoría de los contratos-Parte General", p. 114).- Es de suma utilidad remitirse a la fuente que recurrió el codificador al redactar la citada disposición legal, toda vez que, según el art. 1852 inc. 2 del proyecto de Código Civil de Freitas, no habrá promesa cuando ésta sea efectuada al público en general, por medio de avisos, prospectos, circulares, catálogos o en otra forma. En tales casos, hasta que la propuesta no se vea cristalizada en forma documental, con todos los elementos constitutivos propios del contrato a celebrar, no puede sino hablarse de una invitación a ofertar a aquellos del público en general a que está dirigida (conf.

Alterini, op. y loc. cit.).- Para que el aviso periodístico tenga carácter vinculante para el vendedor, es necesario que contenga el precio de la cosa, de lo contrario carece de uno de los elementos necesarios y por lo tanto la oferta no es autosuficiente y no reúne los recaudos que exige el art. 11
Régimen penitenciario, establecimientos penitenciarios, correspondencia, violación de correspondencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Dessy, Gustavo Gastón s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

La exigencia de que las cartas de los reclusos sólo aludan a asuntos estrictamente particulares o de familia se funda en una concepción alienante, que niega al preso la facultad de expresarse sobre temas sociales y políticos.
Recurso de queja (procesal), resolución denegatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Kesselman Automotores S.A.C.I.F.I s/ Concurso preventivo-Hoy Su quiebra-Inc. de Verificación tardía prom.  por D.G.R.-Rec. de queja int.por Dr. E. Simón
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-07-13

La queja al tener por objeto demostrar el error en la denegación del recurso no admite argumentar sobre el presunto desacierto del auto apelado y/o sobre presuntos vicios del procedimiento que la Sala no está habilitada para tratar por ser materia ajena al contenido del recurso considerado.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, recursos, recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sansuste, Fernando Andres le pide la quiebra Trend Capital SA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-13

El recurso de inaplicabilidad de la ley constituye un remedio procesal extraordinario cuya finalidad consiste en armonizar y unificar la jurisprudencia que pronuncia un Tribunal de Apelaciones en el orden nacional. De este modo, la vía está diseñada para las Cámaras Nacionales de Apelaciones (de competencia ordinaria y federal)con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las restantes cámaras federales del país (conf. CPR 288 y 289; T.O.según la ley 27500: 2).

2 - Asimismo, al revestir carácter excepcional, este recurso no debe ser interpretado de manera amplia en cuanto a las formalidades que establece el código ritual (CNCont.Adm.Fed., Sala II, in re "Piazza, Federico R. c/ Dirección Gral. Impositiva", del 28/03/00). Y por esa misma razón, no abre una instancia revisora de hechos sino del derecho aplicable (CNCom, Sala D, in re "Banca Nazionale del Lavoro c/ Amor José Alberto s/ ejecutivo", del 23/02/09), propiciando que por su intermedio se concilie la interpretación de la ley y se obligue a los jueces inferiores a seguir la intelección habida (conf. Gozaini, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado, T. II, Buenos Aires, 2006, págs. 137/141).
Competencia, Superior Tribunal de Justicia, orden público, competencia por la materia, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DE LA SILVA MARIA EUGENIA c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PCIA DE SGO. DEL ESTERO s/ DIFERENCIAS DE SUELDOS,ETC.-CASACION DE LA SILVA MARIA EUGENIA c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PCIA DE SGO. DEL ESTERO s/ DIFERENCIAS DE SUELDOS,ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-20|1997-06-20

En toda la Pcia. no existe más tribunal en lo contencioso administrativo que el Superior Tribunal de Justicia, cuya competencia originaria en la materiaes de orden público e improrrogable, tanto para el Juez como para las partes.Dicha competencia es atribuída de modo exclusivo y excluyente por la Constitución de la Pcia.en su Art.176 inc.3 y Art.18 de la Ley 2297 y Art.28 de la Ley Orgánica de Tribunales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Bs. As. S.A. c/ Sciaroni, Siro Gil s/ Cobro ejecutivo Faletti, Juan José y ot. c/ Sala, Pedro Cosme y ot. s/ Incumplimiento de contrato y daños y perjuicios Banco Quilmes S.A. c/ Dalmasso Juan s/ Ejecutivo. R. de queja Charchaflie, Jorge c/ Graysa S.R.L. s/ Desalojo anticipado Madroñal, Gustavo y otra s/ Tercería de mejor derecho. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16|1990-02-13|1993-02-09|1996-09-17|1997-09-09

El pronunciamiento de la Cámara que confirma la caducidad de instancia declarada por la sentencia de primera instancia, no reviste carácter de definitivo en los términos de los arts.278 y 296 del C.P.C., desde que ello no impide el ejercicio de la acción en un nuevo juicio (art.318 del C.P.C.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recursos, desistimiento del recurso, desistimiento tácito, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Dure,  Juan  Isidoro  Paulino  y/o otra c/ Etchevehere Luis y/o quien  resulte  propietario  y/o  director  y/o responsable del periódico El Diario. s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

El depósito del importe del capital adeudado sin hacer reserva alguna respecto a la continuación del trámite de la queja, importa a este respecto una renuncia o desistimiento tácito del recurso, circunstancia que torna inoficioso dictar pronunciamiento por haberse vuelto abstracta la cuestión debatida.
Prisión perpetua, progresividad del régimen penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

La condena a prisión perpetua no afecta la jurisdicción del estado argentino ni viola el artículo 10 del Convenio Bilateral con España, que prohíbe la aplicación de sanciones crueles y degradantes, ya que la Ley 24.660 desarrolla un régimen de progresividad que permite a los condenados recuperar su libertad anticipada.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, competencia, Derecho administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

La Jurisdicción contencioso administrativa es procedente allí donde la cuestión se resuelve aplicando normas y principios de Derecho Administrativo, y ello ocurre -aunque se vulneren derechos de índole civil- si el acto es cuestionado por vicio en la competencia, procedimiento, finalidad u otra causal regida por el Derecho Administrativo. (De los Fundamentos del Dr. Villaggi). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación suficiente, responsabilidad penal, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: D., M. G.; F., C. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -HOMICIDIO  CALIFICADO POR EL VINCULO Y POR ALEVOSIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 413  AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

Aún cuando la impugnante pone el acento en que se encuentra ausente en la sentencia en crisis, el móvil de la comisión del delito, cabe destacar que la Cámara, sin dejar de admitir la importancia de conocer el porqué de su comisión, se hizo cargo de la cuestión, en tanto afirmó que, "...más de una vez un móvil criminal puede permanecer oculto o también puede reducirse a un impulso, lo que no obsta a que el delito puede estar debidamente probado..." y que "...no es necesario probar, ya que aunque el móvil que impulsó a los autores a llevar adelante la acción quede sin establecerse fehacientemente, ello no impide adjudicar la responsabilidad penal consabida". Por lo demás, y en coincidencia con el criterio expuesto por la Alzada puede citarse a Francois Gorphe quien expone en su obra que "...sería excesivo deducir de la importancia del móvil que siempre sea indispensable determinarlo con exactitud, cuando el hecho puede llegar a demostrarse en prueba suficientemente establecida de otro modo..."
Recurso de casación, asegurador por riesgos del trabajo, derecho de retención
Materia: PROCESAL
Carátula: CARBONEL RAUL ANGEL s/ INTERDICTO DE RECOBRAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-09-06

Considerando que el presente litigio encuentra como fundamento principal el resguardo del derecho de retención ejercido por la actora en el inmueble comprado por el demandado; derecho de retención invocado en respaldo del crédito reconocido por sentencia sin que signifique pronunciamiento al respecto, y apareciendo atendibles los argumentos expuestos por el demandado con relación al riesgo material y pecuniario que la restitución del inmueble implicaría, conforme lo prescribe el art. 3943 del Código Civil, deviene oportuno y conveniente autorizar la posibilidad de sustituir el mencionado derecho de retención por una garantía suficiente de acuerdo lo establezca el Sr. Juez de grado. Ello así, porque sería abusivo de parte del retenedor aferrarse a la tenencia del inmueble, si se ofrece una garantía suficiente o equivalente, esto es, siempre y cuando estas otras garantías ofrezcan al retenedor las mismas seguridades de pago y que queden sus derechos suficientemente resguardados, todo lo cual debe ser apreciado por el juez teniendo en cuenta las modalidades del caso.
Recurso de inconstitucionalidad, competencia contencioso administrativa, cámara contencioso administrativa, celeridad procesal, demanda
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: TROANE, ELOY MARCELINO c/ BANCO DE SANTA FE S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-12-22

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco de Santa Fe S.A, correspondiendo declarar que el presente caso es de la competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Tal circunstancia, normalmente y por imperio del artículo 12 de la ley 7055, determinaría la remisión de la causa a otro Tribunal para que la misma sea nuevamente juzgada.

Sin embargo, resulta innegable que ese envío implicaría un inútil dispendio jurisdiccional (pues necesariamente aquél habría de pronunciarse conforme a lo aquí resuelto y, en definitiva, la contienda se ventilaría ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo), dilatándose innecesariamente la controversia, con la consiguiente lesión al derecho de defensa en juicio, amparado constitucionalmente.

Por ello, atento al tiempo transcurrido desde la promoción de la pretensión, e interpretando las normas aplicables con el prudente criterio de "evitar que los particulares queden fuera de la protección jurisdiccional, en situación de indefensión", debe otorgarse a la parte actora la posibilidad de ocurrir ante la citada Cámara a través de la pertinente demanda contencioso administrativa, confiriéndosele un plazo de treinta días desde la notificación del presente decisorio para que adecue sus pretensiones a los términos y exigencias de la ley 11330, y debiendo darse noticia al Tribunal A quo a los fines que corresponda.