marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, asegurador, renta vitalicia, obligaciones en moneda extranjera, pesificación
Materia: COMERCIAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "FILGUEIRA,  SILVIA BEATRIZ c/ Estado Nacional y otro s/ Amparos ysumarIsimos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-31

En atención a que la demandada no reviste carácter de entidad financiera sino que resulta, básicamente, una compañía de seguros de retiro, y que por tal razón su autoridad de aplicación no es aquella que tiene a su cargo el control del sistema monetario -a la sazón el Banco Central de la República Argentina-, sino la Superintendencia de Seguros de la Nación (cfr. Cám. Fed. Apel. de Comodoro Rivadavia, "Abril, Mónica Susana c/ Siembra"; C.N.A. Civ. y Com. Fed., Sala I, sent. del 16.11.04, "Guillen, Silvia Raquel c/ P.E.N. y otro"), no le es aplicable la doctrina que surge de la sentencia dictada por la C.S.J.N. el 26.10.04, in re "Bustos, Alberto Roque y otros c/ E.N. y otros", pues ese litigio versaba sobre una relación de depósito bancario (cfr. fallo antes citado de la C.N.A. Civ. y Com. Fed.).
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: A. J. I. y otro c/ G. F. R. A. y otro s/ d. y p. x uso autom. c/ lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2022-12-14

Corresponde confirmar el decisorio que rechaza el cuestionamiento de que los fondos en dólares estadounidenses por el cobro de una indemnización de daños y perjuicios sean alcanzados por el impuesto PAIS, toda vez que si bien se encuentra en juego el interés superior de un adolescente y, por ende, la cuestión económica planteada afecta a un integrante de un grupo vulnerable, tal circunstancia no invalida la aplicación de la normativa tributaria nacional, pues involucra no sólo al interés del menor, sino a una regulación que se enmarca en un régimen de materia federal cambiaria, y acceder al planteo importaría crear judicialmente una exención, reservada a la competencia del Congreso Nacional.
Tratados internacionales, aplicación de tratados internacionales, crímenes de guerra, delitos contra las personas, genocidio
Materia: PENAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Priebke, Erich c/  s/ solicitud de extradición - causa n° 16.063/94. 16.063/94.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Corresponde aplicar el Protocolo Adicional I (ley 23.379) a los Convenios de Ginebra de 1949 (decreto 14.442) y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (decreto - ley 6286/56) en tanto los preceptos legales que sancionan atentados contra la vida no abarcan íntegramente la "sustancia de la infracción", que habría consistido en el asesinato de 335 personas integrantes de la población civil y prisioneros de guerra en cuya ejecución se utilizaron métodos de inusitada crueldad, unidos con elementos de selección teñidos de odio racial e inadmisible desprecio por el ser humano (Votos de los Dres. Julio S. Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor).
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, incidente de impugnación, excepciones procesales, legitimación pasiva, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAGNASCO, MARIA ENRIQUETA c/ INVERBOL SA DE FINANZAS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-17

Procede rechazar el planteo de caducidad de la acción de nulidad en los términos de la LGS 251. Ello por cuanto, luego de finalizado el trámite de mediación y dentro del plazo al que refiere la ley 26589: 18, el actor dio inicio a un proceso de diligencias preliminares, que, como es sabido, se encuentra concebido por la ley, entre otras cosas, para que el titular de una acción reúna los elementos necesarios para promoverla, lo que lleva implícito que, sin esos elementos, el interesado se encuentra imposibilitado de ejercer su derecho. En tales condiciones no es posible aceptar que el curso de la caducidad de marras haya comenzado a correr igualmente, esto es, aun cuando la demandante se encontrara en esa situación de imposibilidad recién mencionada. No se ignora que, según doctrina judicial mayoritaria, el plazo previsto en la LGS 251 es un plazo de caducidad, el que, por ende, tiene los efectos que le atribuye el CCCN 2567, así como tampoco se ignora que el CCCN 2569 establece cuáles son los actos o hechos que impiden la caducidad; no obstante, como toda norma, esta también se encuentra sujeta al principio de finalidad, por lo que no es posible interpretarla en términos que soslayen la esencia del instituto en ella regulado. Tal como ocurre en la prescripción, también la caducidad tiene como presupuesto necesario que el titular de la acción a ser ejercida se encuentre jurídicamente en condiciones de iniciarla, toda vez que, si eso no ocurre, ningún plazo, de ninguna especie, podría estar corriendo en su contra, y esto es justamente lo que sucede en el caso, desde que la actora acudió a la justicia a efectos de promover la acción, pero no pudo realizar el específico acto previsto en el citado art. 2569, porque no se hallaba en condiciones, por lo que adoptó los arbitrios tendientes a remover los obstáculos que le impedían cumplir con ese acto, lo que lleva a entender que la caducidad debe ser rechazada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, leyes, interpretación de la ley, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gerbaldo, Miguel A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Sucesorio   (Expte.: C.S.J. Nro. 234 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

Debe rechazarse la queja interpuesto si, pese al matiz constitucional que el recurrente intenta otorgarle, el recurso solo trasunta mera disconformidad con el criterio sostenido por los Jugadores en la ponderación de las constancias de la causa y la interpretación de las normas arancelarias, sin demostrar que el A quo haya excedido el marco propio de su función jurisdiccional. De allí que, tratándose en definitiva de un criterio de interpretación que no aparece como irrazonable o arbitrario, carece de idoneidad para ser revisado en esta instancia.
Prueba, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Antognozzi Juan Armando c/ Malizia Rubén Orlando s/ Daños y perjuicios y beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-11

En orden a lo establecido por el art. 494 del C.P.C. que en lo pertinente remite al art. 377 del mismo ordenamiento, son inapelables las resoluciones del juez sobre denegatoria de la prueba. (Minoría u opinión personal)
Principios procesales, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Palacio Silvia c/ Defensoría  del Pueblo de la Provincia de San Juan s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-09-19

Constituye una manifestación del principio dispositivo el principio de congruencia (arts. 33 inc. 4°, 164 inc. 6° del CPCCyM), que va dirigido al sentenciante indicándole que su decisión debe guardar relación con las pretensiones, partes y hechos de la litis; y la excepción prevista en el art. 578 inc. 2° solo prevé expresamente que "...La determinación precisa de la conducta a cumplir con las especificaciones necesarias para su debida ejecución, que podrá diferir de lo pedido si determina un resultado práctico equivalente, atenuando las consecuencias en relación al acto o conducta cuestionadas".

...Existe incongruencia objetiva cuando la sentencia no guarda conformidad con las peticiones o reclamos de las partes, sin perjuicio de lo previsto en el art. 578 inc. 2° del CPCCyM y, en los términos señalados, la sentencia apelada no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la causa, lo que impone su descalificación como acto jurisdiccional válido.

...Además, en la sentencia se debe poder comprender cómo y porque a los hechos que se han tenido por probados (en el caso, errónea percepción de una adicional) se le aplica la norma que rige el caso. Es decir, la sentencia debe proporcionar a quien la lee una pauta clara que vincule lo decidido con los hechos probados y con la norma en vigor.
Acción, legitimación pasiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berrino, Félix Oscar c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

La Constitución de la Provincia no determinó lo que debe entenderse por causa contencioso administrativa, limitándose a declarar en el art. 149 inc. 3 una de las atribuciones de la Suprema Corte, tarea que siendo de incumbencia legislativa ha sido cumplida al sancionarse el Código en la materia, de cuyo art. 1 surge la naturaleza estatal que debe revestir la parte demandada. No obstante dicha norma, numerosas leyes especiales han ampliado esta vía judicial de excepción al conocimiento de las decisiones de órganos no estatales, pero va de suyo que ello es admisible sólo respecto de aquéllas específicamente determinadas por el legislador.
Sentencia, monto del juicio, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: A., C.H. c/ F.S., D. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-31

"...la cuantía del juicio, a los fines regulatorios, es la misma tanto si la demanda prospera como si es rechazada, pues los efectos del resultado del litigio, son idénticos para ambas partes desde el punto de vista económico, ya que el desplazamiento patrimonial que se controvierte es igual numéricamente para las dos partes, aún cuando se presente en uno y otro caso, bajo diverso signo. La acción de condena y la de rechazo tienen la misma significación pecuniaria y la determinación de aquella cuantía como base para la regulación de honorarios, en el caso de resultar triunfante la acción negativa, no se verá impedida por ese resultado, no podrá de calificársela de hipotética pues coincidirá, necesariamente con lo reclamado o con lo que se le hubiera atribuido en caso de prosperar la demanda, con base en los mismos elementos calificantes extraídos de un proceso tramitado con las garantías de la defensa".
Desvalorización del automotor, valor venal, vehículos
Materia: CIVIL
Carátula: Doldán Santiago Aníbal c/ Sánchez Carlos Marcelo y otro  s/ Daños y perjuicios - Expediente Nº 652/18
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-03-29

La indemnización por desvalorización venal constituye la merma que experimenta el valor de reventa del vehículo si una vez reparado, no puede devolvérselo al estado anterior al siniestro, margen de imposibilidad que supone una cuota remanente negativa entre el valor originario de la cosa y el que tiene luego de los arreglos, y es el punto de partida para configurar aquélla y en base a la cual, la indemnización se obtiene de lo que en el mercado automotor se establezca comparando un mismo modelo incólume, con relación a otro que hubiere intervenido en un accidente de tránsito.
Superintendencia de riesgos del trabajo, aplicación de la ley, sanción de la ley, procedencia del recurso, multa, principio de insignificancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Prevencion Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ organismos externos (N° 144.201/20, N° 147.427/20,N° 151.108/20, N° 155.094/20, N° 159.663/20 y N° 189.818/20).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-22

Procede confirmar la resolución que rechazó la aplicación al caso del principio de insignificancia de la falta imputada o bagatela para exculpar a la aseguradora de la omisión en que incurriera al demorar el otorgamiento de la prestación de atención médico asistencial por Covid 19 en cuestión, pues la falta aquí analizada conspira contra los fines tuitivos del sistema legal de riesgos del trabajo, al amparo de los cuales resulta necesario que los trabajadores reciban en tiempo y forma oportuna las capacitaciones, prevenciones y demás que resultan de obligatoriedad a las aseguradoras de riesgos de trabajo. En ese sentido, cabe puntualizar que el "principio de insignificancia" propicia que no puede ponerse en acción el aparato represivo del Estado para sancionar conductas que implican una afectación trivial al bien jurídico protegido cuando se considera que la lesión ha sido mínima y la pena en expectativa resulta absolutamente desproporcionada.
Indemnización por accidente de trabajo, incapacidad laboral, decreto reglamentario
Materia: LABORAL
Carátula: MACHADO, LUIS GREGORIO c/ AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-06

Deviene abstracto el planteo referido a que la sentencia no tuvo en cuenta que conforme al decreto reglamentario de la ley 9688, la incapacidad (en el caso 69,5%) debió considerarse total para el cálculo de la indemnización, si de la misma surge que se aplicó el tope del artículo 8 inciso a) de la ley de accidentes del trabajo.
Accidente de tránsito, responsabilidad solidaria, citación en garantía, derechos del asegurador
Materia: CIVIL
Carátula: D'ANGELO VDA. DE GAROFALO CATALINA c/ KOSELINSKY EDGARDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

Mediando solidaridad entre las obligaciones de los codemandados, el recurso interpuesto por uno de ellos beneficia al que no lo dedujo;

en consecuencia, tratándose de un juicio por daños derivados de un accidente de tránsito, no cuadra aducir que la falta de apelación por parte del conductor responsable del hecho ilícito torna firme y ejecutable la sentencia contra la aseguradora en virtud de lo dispuesto por el art. 118, párrafo tercero, de la ley 17418.
Acción de amparo, leyes, aplicación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRINCHABOY, ALBERTO OMAR c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES s/ AVOCACION (ART. 2 LEY 11.330)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-30

El mecanismo protector del amparo ostenta directa operatividad. Ello es así porque la vigencia espacial de este instituto -así como de los demás derechos y garantías consagrados constitucionalmente- se extiende a todos los habitantes del país como consecuencia del imperativo contenido en el artículo 31 de la Constitución Nacional, que requiere de las Provincias su "organización de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías" de aquélla, según lo establece el artículo 5 y queda definitivamente consagrado en el 123. (Jurisprudencia Concordante con: CSJStaFe Bacchetta AyS T 132 p 67, Sumario N° J0020255)
Actos voluntarios, causa adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: T., V. c/ A., C.A. y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-14

Para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas.
Acción de repetición, daños y perjuicios, terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rouxel, Luisa Ercilia c/ Leuci, Angel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-15

A los efectos de la posible acción de repetición contra el tercero citado a juicio a instancia de la demandada, se torna necesario juzgar el rol de participación causal, que cada rodado tuvo en la generación del evento que dañó a la actora, quien como tercero víctima inocente no estaba obligada a investigarla, pudiendo deducir su pretensión contra uno o todos de los participantes.-
Seguro de responsabilidad civil, denuncia del siniestro
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viera, Luis Angel c/ COSMOS Cía. Arg. de Seguros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-14

La denuncia del siniestro a la autoridad competente, constituye una carga convencional de carácter informativo, que apunte a la prevención o atenuación del daño, y cuyos efectos se rigen por lo dispuesto por el art. 36 de la ley 17418, de donde resulta claro que tal carga no suple la referida a efectuar denuncia al asegurador y viceversa, pues el objeto de esta última es diferente y mucho más amplio que el de la otra, estando sujeta a exigencias y caducidad propias (arts. 15, 46 y 47 ley. cit.).
Constitución Nacional, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO, Miguel Ángel y otro c/  s/ Robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-18

Ante las posibilidades hermenéuticas que surgen de la nueva redacción del art. 59 inc. 6º, del Código Penal, siendo todas ellas de peso y puesto que la Constitución Nacional pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal la competencia sobre el modo como debe ejercerse la acción penal, el consentimiento de esa parte en un planteo de aplicación de la citada disposición determina la suerte del proceso -aun cuando es cierto que la opción por alguna de las dos alternativas por los diferentes fiscales podría llevar a soluciones diversas, mas será tarea de la Procuración General emitir una instrucción general que unifique los criterios-. Al juez le corresponderá verificar que el consentimiento esté fundado en las circunstancias del caso y que la parte damnificada haya prestado su conformidad libremente, luego de ser informada sobre las particularidades del acuerdo o de la reparación integra. Será atribución de la fiscalía, también, establecer si a pesar del ofrecimiento de la defensa y el acuerdo de la víctima, se encuentra ante un caso en el que el interés público está particularmente comprometido y por ello no sea oportuno prestar su conformidad (voto del juez Jantus).
Empleados públicos, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González, Graciana Ester c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

La promoción en la escala jerárquica no es un derecho subjetivo del agente público que pueda generarse por consecuencia necesaria de la producción de una vacante, ni tampoco en virtud del criterio administrativo para su cobertura, en tanto los cargos no han sido creados por la ley para el empleado o funcionario sino en razón del servicio, siendo insuficiente la sola existencia de vacantes para generar la obligación de cubrirlas por parte de la Administración pública.
Recurso de apelación (procesal), efecto suspensivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Heredia, Ladys Juanita c/ Barón, Maria del Carmen s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-03-04

Esta Sala sostiene que la redacción de la última parte del art. 129 de la Ley 5732 permite una interpretación que autoriza al Magistrado acordar la apelación con otro efecto que el diferido.
Recurso de inaplicabilidad de ley, preclusión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OTERO ANTONIO LUCIANO c/ FRIGORIFICO ENTRE RIOS SACIYF s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-31

En cuanto a la alegada violación a la preclusión procesal y a la cosa juzgada se advierte que más allá de no pasar de un intento de queja sin fundamento legal ni de expresarse en que consiste el error o la violación o infracción a la ley lo cual obsta a la procedencia del recurso,las mismas son cuestiones de hecho extranas al recurso extraordinario en examen .-
Entidades financieras, plan de regularización y saneamiento, Ley de Entidades Financieras, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORPREND S.A. Cía. Financiera c/ B.C.R.A. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-21

Toda vez que el art. 34 de la ley 21.526 establece que "La falta de presentación, el rechazo o el incumplimiento de los planes de regularización y saneamiento facultará al B.C.R.A. para resolver, habiendo sido oída o emplazada la entidad y sin más trámite, la revocación de la autorización para funcionar como entidad financiera...", en la especie, la decisión de autoliquidarse importó, por las consecuencias que acarrea, descartar voluntariamente las vías trazadas en la norma aludida.
Costas en el orden causado, uso de nombre comercial
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: MULTI PLAN CENTER SRL c/ MULTIPLAN SA s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-06

Si bien la posición de la actora no justifica su admisión en el aspecto principal, tiene un cierto apoyo en la identidad de los núcleos de los nombres comerciales (no hay diferencias computables, pues no revisten ese carácter -como regla- expresiones genéricas como CENTER o las especificaciones de los tipos sociales) y en el hecho de que en una instancia final ambas partes desarrollan una actividad tendiente a procurar al público la adquisición de cosas. Y aunque lo hacen por canales distintos, razón por la que la demanda no habrá de prosperar, cabe admitir que la actora pudo razonablemente creerse con derecho a promover estas actuaciones, extremo que torna equitativo, en el caso, disponer que las costas de ambas instancias corran por su orden y las periciales por mitades (art. 68 2a. parte Código Procesal).
Acumulación de procesos, etapas del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Durrieu Vidal y Cía. Soc. de Responsabilidad Ltda. c/ Buenos Aires, Pcia. de s/ indemn. por daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

Elementales razones de orden y economía en el trámite descartan la posibilidad de admitir la tramitación conjunta de dos o más juicios cuando se hallan en diferentes etapas procesales.
Daños y perjuicios, indemnización, daño material, prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torterola, Juan Emilio c/ Buenos Aires, Provincia de s/ inconstitucionalidad ley 10.542, decreto 406/87.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Debe desestimarse el reclamo de la indemnización de los daños que habría producido al actor la implantación de la ley 10.542 y del decreto 142/89 por la Provincia de Buenos Aires, si no ha demostrado la existencia de operaciones concretas que haya debido derivar a un escribano con registro en la provincia, ni aquéllas en que le hubiera sido necesaria la intervención de alguno.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, plazo, duplicación del plazo, plazo de gracia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Yrigaray y Asociados S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Planteo de  caducidad de instancia (Expte. CSJ Nº 73-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-28

Respecto al plazo de caducidad esta Corte tiene dicho que el plazo de tres días resulta duplicado por disposición del artículo 5 de la ley 7234, modificada por la 9040 siendo además de aplicación por analogía el "día de gracia" establecido en el artículo 70 del Código de Procedimientos Civil y Comercial.
Competencia federal, prórroga del plazo
Materia: PROCESAL CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: JUNTA NACIONAL DE GRANOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   ADMISIBILIDAD.     CSJ EXPTE NRO 91-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1981-08-25

La prórroga de la competencia federal en beneficio de la jurisdicción provincial puede tener carácter expreso o tácito.