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Acción penal, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: DENUNCIA FORMULADA POR ANGEL GUSTAVO JUAREZ C/ FRANCISCO PRADO s.d. ESTAFA s/ RECURSO DE APELACION AGUIRRE MARIA RAMONA MIRTA s.d. USURPACION DE PROPIEDAD e.p. RIOS DE BRAVO ISABEL DEL VALLE s/ RECURSO DE APELACION CABERLOTO JORGE ROLANDO, CABERLOTO ROLANDO JOSE S.D DESOBEDIENCIA JUDICIAL E.P ALTIERI DE FOISACC ANDREA Y OTROS. s/ APELACION FERNANDEZ, LUIS ALBERTO Y OTROS s.d. ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO e.p. ADMINISTRACION PUBLICA (MUNICIPALIDAD DE FERNANDEZ) s/ RECURSO DE APELACION VOLTA ALBERTO ALFREDO S.D. FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PUBLICO, FALSO TESTIMONIO, HURTO SIMPLE EN CONCURSO REAL E.P. CHAPARRO JOSE RAMON Y MEDINA JOSE RAUL s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-14|2007-10-23|2008-02-06|2008-02-05|2008-03-12

La prescripción de la acción penal es un instituto propio del derecho sustancial, regulado por el Código Penal, que causa la extinción de la pretensión punitiva estatal que opera por el mero transcurso del tiempo tras la comisión del delito.-
Contrato de trabajo, grupo económico, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: PARISI, GUSTAVO c/ BANQUE INDOSUEZ Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-22

En nuestro ordenamiento legal, ante la existencia de un conjunto económico sólo procede la condena solidaria de la totalidad de los integrantes del grupo en el caso de comprobarse una actuación fraudulenta y temeraria, por lo cual si no se acredita dicho extremo, únicamente resulta responsable ante el trabajador, el ente societario que asumió el rol de empleador.
Universidades, designaciones docentes, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Menvielle Sánchez, Marta Estela c/ Universidad Nacional de Córdoba s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Las decisiones que se adoptan en el orden interno de las universidades en punto a la selección del cuerpo docente, no son, como principio y salvo arbitrariedad manifiesta, susceptibles de revisión judicial.
Constitución Provincial, coparticipación federal, Estado Provincial, leyes, control de constitucionalidad, Municipalidad, ingresos públicos, facultades tributarias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 476 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-20

La pauta constitucional -del artículo 107 de la Constitución provincial- refiere a la "participación en gravámenes... directos o indirectos que recaude la Provincia, con un mínimo del cincuenta por ciento del producido del impuesto inmobiliario", y en cuanto al régimen de participación, lo condiciona a que "asegure entre todos una distribución proporcional, simultánea e inmediata"; participación y distribución que no consta hayan sido violentadas a través del sistema legal cuestionado.

Más allá de la conveniencia o el criterio político del legislador provincial al introducir modificaciones en el régimen de coparticipación a municipios y comunas, no se advierte que la ley 11.123 y el decreto reglamentario 2.111/94 se exhiban en patente contradicción o manifiesta incompatibilidad con las previsiones constitucionales, ni se ha demostrado que ellas hubieren consagrado una solución irrazonable o arbitraria.
Procesamiento, lesiones culposas, drones
Materia: PENAL
Carátula: C., M. D. c/  s/ lesiones culposas leves
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-31

Corresponde confirmar el procesamiento, en orden al delito de lesiones leves culposas, del piloto de un dron que sobrevoló un evento público sin autorización y causó un traumatismo encéfalo craneano a una de las asistentes, dado que el imputado -que fue contratado para filmar la reapertura de un teatro en la vía pública- actuó contrariando las previsiones del art. 15 del Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos no Tripulados, en tanto establece que dispositivos como el dron no pueden operar sobre zonas densamente pobladas o aglomeraciones de personas, salvo excepción otorgada en los términos del art. 8 de la norma mencionada. Un sujeto con los con los conocimientos técnicos que detenta y la obligación de saber cuáles son las normas que regulan sus tareas, debió haber verificado la existencia de la autorización señalada por el reglamento que rige la actividad.
Autoría, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: R, R B Y N, G s/ ROBO CALIFICADO -POR EMPLEO DE ARMAS-.   CAP EXPTE NRO 36-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-06-26

Respecto al planeamiento del delito, basta el acuerdo espontáneo o accidental coincidente con la comisión, es decir, no es necesario un convenio previo y reflexivo acerca de las características que finalmente resultarán del hecho, sin perjuicio de la incidencia que puede caber a la forma eventual de culpabilidad (dolo eventual)
Filiación, prueba de histocompatibilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guardia, Yamila Jessica c/ Levantesi, Edgardo Santos s/ Reclamación de filiación extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-07-18

Si las razones alegadas para oponerse a la realización de la prueba biológica son insuficientes ello autoriza, cuanto menos, a considerar como verosímil la posibilidad de la relación sexual que se invoca: la negativa es demostrativa de que algo tiene que ocultar.
Personal municipal, transferencia del personal, gobierno municipal, intendente, delegación de facultades a la Administración, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ANDEREGGEN, RUBEN ARGENTINO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 487 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

Conforme lo señala Marienhoff, "en cada caso particular, para saber si un órgano administrativo tiene o no competencia para realizar un acto, el intérprete deberá atenerse, en primer lugar, al texto de la norma pertinente; si la competencia no surge en forma concreta de la letra misma de la norma, debe entonces confrontarse dicha letra con el acto a realizar, a efectos de establecer si la competencia para llevar a cabo éste se desprende o no como una consecuencia lógica del texto de la norma y de la índole de la actividad principal del órgano o ente". En el caso, está fuera de duda que, conforme a lo dispuesto por el artículo 40, inciso 8, de la ley 2756, constituye una atribución del Intendente municipal "nombrar los empleados de su dependencia y removerlos siempre que lo estimase conveniente, con excepción de los designados con acuerdo, y teniendo en cuenta las ordenanzas sobre estabilidad y escalafón que dictare el Concejo municipal". Sin embargo, dicha potestad no cancela la posibilidad de que los secretarios municipales puedan legítimamente trasladar al personal que se encuentra bajo su dependencia directa dentro de la órbita de la misma secretaría; máxime si se repara que el propio texto de la ley 2756 admite la existencia de resoluciones "dictadas por una autoridad con poder de resolver que no sea el Intendente municipal" (artículo 69).

Consecuentemente, no cabe hacer lugar al planteo de incompetencia formulado por el recurrente quien sostiene que el único funcionario que puede disponer el traslado de los agentes municipales es el Intendente municipal, y no una autoridad inferior, como en el caso el Secretario de Obras y Servicios Públicos.
Nulidad del acto jurídico, actos anulables, nulidad absoluta, confirmación del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: Sergi Vinciguerra, Antonio c/ B.C.R.A. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La necesidad de una investigación previa para resolver acerca del verdadero carácter de la nulidad no impide que, una vez comprobada, resulte absoluta e insusceptible de confirmación.
Derecho administrativo, procedimiento administrativo, sentencia, costas, gastos del proceso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FACCHINETTI, JORGE c/ DIRECCION DE ARQUITECTURA s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-31

No es arbitraria la sentencia que declaro las costas a cargo de la administración en un proceso por mora de aquella, pues no puede y debe cargarse los costos de la gestión, a quien haciendo uso de un medio previsto por la ley, demando judicialmente a la administración para que cumpliera con su obligación de pronunciarse en tiempo oportuno sobre el reclamo efectuado.
Proceso penal, prejuzgamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Jorge Silva Molina s/ Incidente relacionado con la recusación formulada por el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Jorge Silva Molina en contra del Juez de Cámara S.L.  Dr. Jorge Alvarez Morales en causa Nº 153/99, caratulada "Moreno, Ricardo Héctor y otros - ss.aa. Peculado reiterado, etc. - Capital - Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-09-23

El Sr. Fiscal de Cámara, en el transcurso del desarrollo del plenario, dedujo recusación en contra de un camarista en relación al voto en disidencia en que declaró que la acción se encuentra extinguida por insubsistencia de la misma o por haber transcurrido en demasía el plazo razonable para su juzgamiento y dispuso el sobreseimiento del imputado.

El prejuzgamiento se configura por la emisión de opiniones intempestivas respecto de cuestiones pendientes que aún no se encuentran en estado de ser resueltas.

En cambio, las vertidas por los magistrados en la debida oportunidad procesal, sobre puntos sometidos a su consideración, en modo alguno autorizan la recusación por la causal en examen, toda vez que no se trata de una opinión anticipada, sino directa y en el cumplimiento del deber de proveer el planteo sometido a su decisión (conf.Fassi-Yáñez, op y loc. cits., pág. 233 y jurisprudencia citada en notas 46 y 47; CN Civil, c. 142.836 del 8-2-94; c. 142.934 del 17-2-94; c. 163.721 del 17-2-95; c. 152.339 del 18-4-95, entre muchas otras).

También la C.S.J.N sostiene que no se configura prejuzgamiento cuando el Tribunal se halla en la necesidad de emitir opinión acerca de algún punto relacionado con la materia controvertida (Fallos: 311:578, entre otros).
Lesiones leves, competencia contravencional y de faltas, declaración testimonial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos Sánchez Zumaran, Christian Alexander y otros sobre 89 - lesiones leves c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-26

Corresponde declarar la competencia de la justicia Penal, Contravencional y de Faltas ya que no se ha ampliado la declaración testimonial del denunciante para que explique en detalle las circunstancias relativas al momento en que su celular salió de su esfera de custodia, así como tampoco se ha recabado la declaración de los eventuales testigos de la escena. A la vez, la supuesta configuración de un robo carecería de sustento en elementos concretos que obraren en las actuaciones. Y a ello cabe agregar que, por el momento, frente a la agresión física relatada por el denunciante, sólo es posible vislumbrar la eventual configuración de la infracción al art. 52 del Código Contravencional, de modo tal que resulta necesario ahondar en la investigación. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz por remisión al dictamen fiscal).
Sistema de refinanciación hipotecaria, leyes, constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INICIATIVA SA c/ SOLA, ESTHER MATILDE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -EJECUCION HIPOTECARIA- (EXPTE.: C.S.J. NRO. 443 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-04

En relación a la validez constitucional del sistema de refinanciación hipotecaria tuvo oportunidad de expedirse el Máximo Tribunal nacional en la causa "Rinaldi" del 15.03.2007 (Fallos 330:855), anulando el fallo llevado a su conocimiento en cuanto declaró la inconstitucionalidad del mismo.

Allí, y en cuanto al derecho de igualdad, manifestó que las distinciones que hace el sistema de refinanciación hipotecaria, creado por las leyes 25798 y 25908 y su decreto reglamentario 1282/2003, en lo que atañe al ingreso de los distintos tipos de acreedores, no vulneran la garantía de igualdad ante la ley, pues responden a una diferenciación entre situaciones jurídicas diversas.

Agregó que dicha garantía radica, según doctrina del Tribunal, en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, lo que no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios.
Enfermedades inculpables, recidiva, prueba insuficiente, licencia por enfermedad, licencia con goce de sueldo, pago de la remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Rupani, Ana Clara c/ Industrias Químicas Independencia S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-28

Los elementos obrantes en la causa resultan insuficientes para demostrar que la nueva afección por la que la empleada se vio imposibilitada de trabajar -hipertensión arterial- era una repetición de su enfermedad crónica renal, y aun cuando pudiera concluirse en la existencia de vinculación entre ambas dolencias, la hipertensión aparece como un factor agregado a la enfermedad renal de base, más no constituye recidiva de la misma.

Consecuentemente, la trabajadora tenía derecho a gozar de una nueva licencia médica paga y por ello debe condenarse a la empleadora al pago de los salarios por enfermedad.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, acordadas, facultades del Poder Legislativo, facultades tributarias, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Basso, Jorge c/ ocupantes Hipólito Yrigoyen 4117/21. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Deben ser invalidadas las acordadas 77/90 y 28/91 en cuanto establecen un régimen de proporcionalidad y un monto fijo para los depósitos previstos por el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación pues conculcan los arts. 4, 17 y 67 - incs.

11 y 17 de la Constitución Nacional, en la medida en que invaden la esfera correspondiente al Congreso de la Nación en cuanto a la creación e imposición de tributos excluida de la autoridad de los otros dos poderes.
Principios procesales, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES c/ ANTONIO JAVIER COSSARA Y NORMA LILIANA GUERRA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-10-31

El principio relativo a la carga de la prueba pesa sobre quien demanda, porque se parte del principio de que las convenciones entre particulares deben reputarse sinceras hasta que se pruebe lo contrario, pero no es menos cierto el deber de colaboración que pesa sobre el demandado aportando la prueba de descargo pertinente, tratando de convencer de la seriedad y honestidad del acto en que intervino, demostrando así su buena fe y el sincero propósito de contribuir en la verificación de la verdad.
Código de comercio, Junta Nacional de Granos, concurso de precios, adjudicación
Materia: COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Chilar  S.A. c/ Junta Nacional de Granos s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Resulta adecuado encuadrar jurídicamente en las disposiciones del Código de Comercio la situación planteada a raíz de que la Junta Nacional de Granos dejara sin efecto la adjudicación del concurso para la provisión de aceite comestible en botellas, destinado al Programa Alimentario Nacional, toda vez que no aparece afectado ningún derecho subjetivo amparado por la relación del derecho administrativo que - indudablemente por el carácter estatal del ente adquirente - rige la relación jurídica.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, prueba, apreciación de la prueba, dictámenes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Roberts S.A. c/ Mastruleri, Carlos A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Cobro de pesos (Expte. CSJ Nro.   236-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto cuando la postulación recursiva atañe exclusivamente al valor y alcance asignado al dictamen pericial del experto contable, materia insusceptible -en principio- de revisión por medio del recurso previsto por la ley 7055. Ello, desde que la crítica formulada apunta tibiamente a descalificar la suficiencia otorgada por los Jueces de grado a esa probanza a fin de acreditar la deuda reclamada a través de las registraciones y documentaciones bancarias, más sin lograr convencer que la valoración efectuada por aquellos sea anómala por desvirtuar los principios que deben gobernar el recto desarrollo del pensamiento, reglas insoslayables por constituir presupuesto de cualquier libertad de convicción que no sea arbitraria, o signifique un abuso del poder jurisdiccional.

Indiscutiblemente ha sopesado en el pensamiento judicial la absoluta ausencia de prueba del demandado para respaldar la negativa de la deuda como la infidelidad de los libros de comercio llevados por el Banco actor.
Iura novit curia, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: BUSNADIEGO, GLADYS NOEMI c/ MUNICIPALIDAD DE MAQUINCHAO Y PEREZ, MARCOS JAVIER s/ SUMARISIMO (I) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-09-04

La máxima iura novit curia no pude así ser entendida como facultad del Juez de producir un potestativo cambio de punto de vista jurídico respecto del querido y asumido por los litigantes (Isabel Fernández Tapia, "El tratamiento en el proceso del concurso de acciones de responsabilidad contracual y extracontractual", 19/1993, págs. 179 y sgtes.). El principio iuria curia novit, por el que se concede a los jueces la potestad de suplir el derecho que las partes no invocan o que lo hacen erróneamente, no puede ser entendido con un alcance tal que no sólo sustituya instrumentalmente la vía procesal elegida por el demandante mediante la calificación jurídica apropiada, sino que incluso altere la naturaleza y alcances de la pretensión que se promueve (Fallos: 329:3879). (Voto del Dr. Barotto por la mayoria) Fuente del sumario: OFICIAL
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, marketing
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Torlaschi, Esteban Dario c/ Tmt Trade Marketing Technologies S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-25

No puede sostenerse que la actividad de promoción y merchandising, destinada a incrementar la venta de los productos en los relevantes puntos de expedición que suponen los supermercados, pueda considerarse ajena a la normal y específica de éstos, pues la venta de los productos que elabora guarda relación con el objeto que la distingue, máxime cuando ni siquiera ha negado que realiza tal actividad por sus propios medios y organización, al punto que, precisamente, ha contratado servicios de un tercero supuestamente especializado en tal tarea de incrementarlas. De modo que cabe extender la responsabilidad del art. 30 L.C.T.. (Del voto del Dr. Perugini)
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, fundamentación insuficiente, Derecho laboral, despido, trabajador, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ACUÑA, CARLOS c/ 3M  S.A.C.I.F.I.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-12

Asiste razón a la recurrente en cuanto endilga al Tribunal falta de motivación al basarse en meras conjeturas y preterir la valoración de la prueba producida en la causa, al considerar injustificada la dilación entre los hechos imputados como indebidos y su decisión rupturista, por cuanto la Sala sin fundamento alguno consideró irrazonable el tiempo transcurrido (de dos a cuatro meses, aproximadamente) entre los hechos imputados al actor y la toma de conocimiento de la demandada respecto de aquellos, soslayando la ponderación de las planillas de donde surge palmario que es el propio trabajador quien solicitara ante su empleadora el reintegro de gastos, los cuales rinde con un atraso (aproximadamente de dos meses) equivalente al período catalogado como demora por el Juzgador, situación que se reitera de manera constante y continua durante todo el transcurso de la relación laboral, que no hace más que demostrar la habitualidad en el modus operandi del trabajador y -al mismo tiempo- la modalidad en la tarea de control empresarial sobre los gastos efectuados por sus dependientes, en concordancia con lo declarado por los tes igos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Hilt, Rolando Héctor c/ Todoli Hnos. S.R.L. y Siderca S.A.I.C. s/ Diferencia de salarios, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

Es manifiesta la insuficiencia técnica del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no objeta adecuadamente la conclusión definitoria del fallo recurrido.
Juicio ejecutivo, intervención de terceros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Coronel Dorrego y Trenque Lauquen c/ Melana Alberto Luis s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-06

El instituto de la intervención de terceros se considera privativo del proceso de conocimiento e improcedente en los de ejecución, en la medida que la sumariedad de éstos obsta a la incorporación de sujetos distintos de aquellos contra los cuales el ejecutante dirigió la pretensión. Menos admisible aún cuando lo que está en juego es la supuesta enajenación del objeto del litigio (art. 1.174 del C. Civil), rigiendo en tal caso el art. 44 del Código Procesal que expresamente dispone que el adquirente, de no existir conformidad por parte del adversario, sólo puede intervenir en el proceso con el carácter previsto por los arts. 90 inc. 1° y 91, primera parte, del rito. (Minoría u opinión personal)
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: MAIZON EUGENIO GREGORIO c/ PRETENSADOS S.A. s/ DEMANDA - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-11-29

Si en el caso, las partes convinieron que la antigüedad, para el caso de futuras disoluciones del vínculo de trabajo se computaría a partir del 5/5/88, y se agregó que no obstante ello si se produjere alguna ruptura de la relación laboral en los tres meses posteriores a ese día, a los fines del art. 245 y concs. L.C.T. se consideraría que "el dependiente registra esa antigüedad mínima", de dicha cláusula surge que las partes han querido la sobrevivencia del contrato. De allí que aún cuando el plazo desde el reinicio no alcanzase a tres meses se conviene que ésa es la antigüedad del actor.

Es cierto que la ley habla de fracción mayor de tres meses y no de tres meses. Sin embargo, debe prevalecer la intención de las partes, que ha sido sin duda asegurar para el caso de ruptura un mínimo indemnizatorio, tal cual lo prevé el art. 245 L.C.T.