marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos, cuenta corriente bancaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO PREVISION SOCIAL c/ JULIO MUÑOZ s/ Ejecución Acelerada (LIBRO: S070 - 113)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-03

Las facultades legales otorgadas al Banco Central para reglamentar las condiciones y requisitos de la Cuenta Corriente Bancaria, no alcanzan a modificar aspectos sustanciales tales como los efectos de la notificación de los saldos deudores. Por tanto no encuentra sustento alguno la afirmación de que no puede oponerse la excepción de inhabilidad de título porque debería incoarse en cambio una supuesta "acción de impugnación y rectificación de saldo" que se derivaría de la circular bancaria.
Juicio de desalojo, legitimación activa, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: García de Reynaga, Elva del Milagro c/ Guzmán, Genoveva s/ Desalojo por incumplimiento de cláusula
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-12-09

Para intentar la acción de desalojo, no es necesario que la actora revista el carácter de propietaria. El juicio puede ser promovido por quienes tengan derecho a la recuperación de la tenencia del inmueble, contra todo aquel cuya obligación de restituir sea exigible. Para enervar la acción de desalojo no basta invocar la calidad de poseedor del inmueble, sino que es necesario acreditarlo.
Lesión subjetiva, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martinez, Hector c/ Sociedad Civil de Trabajadores Municipales de La Matanza s/ Restitución de sumas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-02

Como expresamente lo dispone el art. 954 del CC. el inicio del término prescriptivo se fija en el momento de la celebración del acto (otorgado el acto dice la norma), en lugar de tomarse, en cuenta el momento en que se hace efectiva la prestación.-
Títulos de crédito, acción cambiaria directa, librador
Materia: COMERCIAL
Carátula: Di Febo, Alfonso Ernesto c/ Andari Juan José s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-02-08

Ejercitándose la acción cambiaria directa dirigida contra el librador de los títulos, la falta de protesto de los documentos no perjudica la acción, por cuanto el librador de un título con vencimiento a día fijo no puede alegar ignorancia respecto a si el mismo ha sido pagado o no, siendo, como es, el deudor directo de la obligación.
Recurso de inconstitucionalidad, aplicación analógica de la ley, actor civil
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: B, S s/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA     INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-03

No resulta procedente el recurso de inconstitucionalidad intentado por el hecho de que la Sala entendió analógica o extensivamente aplicable al caso de actuación simultánea de mandatarios o letrados del actor civil, la norma prevista para el supuesto de actuación simultánea en la defensa del imputado, desde que no puede inferirse de qué modo ello habría lesionado los principios de imparcialidad y el de defensa en juicio.
Delegado gremial, representación sindical, fallo plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: GABRIELE, ARMANDO c/ CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-19

Los trabajadores pueden beneficiarse de los acuerdos que celebran los representantes gremiales, delegados de personal, con relación a los derechos contractuales disponibles, pero carecen de facultades provenientes de la ley para pactar acerca de los derechos mencionados. Tal es el espíritu del acuerdo plenario 59.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Balmaceda, Juan R. -Romero, Isidro R.- Miño, Jorge A. s/ Triple homicidio en riña
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

No corresponde la anulación de oficio pues no se presenta una situación excepcional para declararla si la Cámara entendió que se hallaba acreditado que medió agresión por parte de las víctimas. Y si pudo haber incurrido en imprecisiones acerca de la forma en que se habría configurado la supuesta agresión, esa circunstancia habría configurado la supuesta agresión, esa circunstancia carece de incidencia ante la conclusión vertida a título hipotético (lo que no le hace perder su contenido decisorio) en la cuestión del veredicto en la que se desestima la eximente de legítima defensa, aun de aceptarse la agresión que confesaron los procesados, en razón de que la repulsa probada excedió desde un principio las necesidades racionales (art. 34 inc. 6º, ap. b), C.P.), habiéndose expuesto los fundamentos que avalaban esa tesitura; hallando la supuesta agresión su contenido probatorio en la confesión de los imputados prestada durante la instrucción del sumario no se advierte que se haya imposibilitado la tarea recursiva ante la instancia extraordinaria.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, honorarios, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LEGUIZAMON, JOSE ENRIQUE E. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ AMPARO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 366 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto con sustento en la ausencia de tratamiento de la cuestión relativa a la desproporcionada cuantía regulada en concepto de honorarios profesionales Ello es así, pues la revisión de los autos principales permite verificar que como agravio del recurso de apelación, el amparista argumentó que "... la Juez a quo ... desestima el amparo con costas que abarcan una regulación de honorarios desproporcionada", tópico, éste, cuyo tratamiento, contrariamente a lo manifestado por el A quo, no resultaba inoficioso y se tornaba merecedor de una debida respuesta, tanto más cuando en el "Resuelve" del decisorio ahora impugnado, la Sala dispuso fijar los honorarios profesionales en el 50% de los de primera instancia. Por ello, su marginación conduce inexorablemente a la anulación del fallo atacado en ese aspecto, debiendo remitirse las actuaciones al Tribunal que corresponda para que se pronuncie sobre el punto omitido.
Querella, concursos, acreedores del concurso, calidad de parte, síndico del concurso, facultades del síndico del concurso, rechazo del querellante
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Inc. de Apelación de Careri Luis. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-17

"Los acreedores de una masa concursal únicamente se hallan legitimados para actuar por sí mismos como querellantes en el caso de inacción del síndico" (*).

Por ello, corresponde confirmar el auto que no hizo lugar al pedido de querellar formulado.
Despido por fuerza mayor, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: BATISTA, María c/ COMERCIAL UNION Compañía de Seguros SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Si la empresa demandada despidió al personal por dejar de prestar servicios en el país, la actora no puede pretender que se violó lo dispuesto en el art. 243 LCT pues si bien es cierto que en la notificación es necesario hacer constar los motivos en que se funda la ruptura, puede obviarse tal requisito si existe en el trabajador un conocimiento de las razones motivantes de su cese. Para más, en el caso, hay constancias de la comunicación que realizara la empleadora a todos sus dependientes de su resolución de irse del país.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, jueces, deberes del juez, sentencia, fundamentos suficientes, Derecho laboral, despido indirecto, trabajador, salarios caídos
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Nagel, Miguel Angel c/ Scheinder, Waldemar s/ Recurso de Inconstitucionalidad - LABORAL (Expte. C.S.J. Nro. 506 año  1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-13

Resulta parcialmente procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que, si bien la Sala se encontraba en el deber funcional de dar debido tratamiento a los agravios, en la amplitud con que habían sido postulados, a la hora de resolver, omitió atender a las consideraciones efectuadas por el actor. En este orden de ideas, analizó la categoría laboral del recurrente y concluyó que estaba correctamente encasillado como oficial en el convenio colectivo respectivo, por lo que entendió que no había diferencias salariales a reconocer y que -en consecuencia- no estaba habilitado a la fecha del distracto para intimar y darse por despedido. Por ello, revocó la sentencia apelada, desestimando la demanda instaurada, con costas al actor en ambas instancias. Es decir, que todo el razonamiento seguido por el Judicante se dirigió a determinar la correcta categoría en que debía encuadrarse al accionante, y en base a ello resolvió las cuestiones relativas a las diferencias salariales y rubros emergentes del despido indirecto, más deja sin analizar otra de las causas en que se había sustentado la ruptura -abonarse montos inferiores a los legales dentro de la categoría de "oficial"-, que podrá tener o no entidad suficiente para justificar la disolución del vínculo que uniera a las partes, pero lo cierto es que se encontraba aprehendida, indisolublemente, en los motivos invocados por el actor. Al respecto, no resulta ocioso aclarar, que dichas diferencias salariales fueron acogidas por el juez de baja instancia y que no merecieron agravios por parte de la apelante, por lo que -en ese aspecto- el fallo de primera instancia quedó firme, restando a la Sala expedirse sobre la incidencia que podía tener en la denuncia del contrato, y -en definitiva- en el resultado global del pleito.
Contrato de turismo, tarjeta de crédito, aeronaves, canje publicitario, venta de pasajes, rechazo del reclamo, incumplimiento del contrato, derecho a la información
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Manguel, Carlos Miguel  c/ American Express Argentina SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-03

En efecto, el destino al cual quería acceder el demandante no se encontraba excluido del programa, de allí que al menos algún ticket debió estar disponible en determinado momento. Pero en ningún momento la demandada informó cuál habría sido el cupo que asignaba a este tipo de servicios, habiéndose limitado a sostener que no se encontraba en la obligación de garantizar que éste -sea la cantidad que sea- estuviera libre al tiempo en que los adherentes al programa de viajero frecuente quisieran procurar obtenerlos.
Seguridad social, exceso ritual manifiesto, caducidad de instancia, carácter excepcional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: PAGELLA, BENIGNO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-14

Por medio del régimen de la seguridad social y por sobre todo exceso de formalismo, ha de tenderse a que llegue en tiempo oportuno y dentro de los límites a los que se tiene derecho la asistencia en favor de quienes se ha establecido (cfr. C.S.J.N., sent. del 27.11.90, "Figueroa, Manuel Ricardo"). Por ello, el instituto de la caducidad, que de por sí debe ser de aplicación muy restringida por las graves consecuencias que apareja en cualquier área jurídica, más cuidado requiere cuando se trata de derechos previsionales, sobre todo si no resulta evidente para el juzgador un abandono voluntario de la pretensión que se impetra.
Defensa del consumidor, acción judicial, aplicación de la ley, prueba, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Quaglia, Carolina Belén c/ Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

1 - En relación a la dinámica probatoria, bajo la ley 24240 incumbe al proveedor aportar las fuentes que obren en su poder conforme a las características del bien o servicio (LDC 53). Es decir, la LDC prevé -de esta forma- un mecanismo para atenuar las dificultades probatorias derivadas de la asimetría propia de la relación de consumo, atento a que el consumidor o usuario no es un contratante profesional. 2 - Sin mengua de ello, no puede derivarse que el consumidor quede relevado per se de acreditar los hechos que invoca en el pleito, pues le es exigible cuanto menos identificar las eventuales carencias de su adversario en la aportación de las fuentes y medios de prueba, de modo de facilitar el control judicial sobre este aspecto. Ergo, una adecuada télesis de la LDC 53 conduce a concluir que el usuario no está relevado de probar (cfr. Junyent Bas, Francisco y Del Cerro, Candelaria, "Aspectos Procesales en la ley de Defensa del Consumidor", La Ley on line, del 14/06/10).
Tasa de justicia, amenazas, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Mármol, Juan José  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos mármol, juan josé sobre 149 bis - amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-19

Quien resulta derrotado en un proceso cuya sentencia no es susceptible de recurso más que ante esta instancia debe, en muchos casos, hacer un complejo cálculo de riesgo. Vale tener en cuenta que, en nuestra jurisdicción están exentos de pagar tasa de justicia las acciones de amparo, temperamento en el que cabe ver una voluntad del legislador de dar la más plena operatividad a la garantía del art. 12, último párrafo, en aquellas ocasiones en que se invoque un grave apartamiento del orden jurídico, con independencia de que, finalmente, ese apartamiento quede, en opinión de los jueces, acreditado. Sin duda alguna existe en ello un reconocimiento de que los procesos no tienen un modo de resolución mecánica que permita al que los promueve tener absoluta certeza de cuál será el resultado al tiempo en que los inicia. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano, por sus argumentos expresados in re: "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ "Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC - apelación", expte. n° 3996/05, sentencia del 14/09/2005).
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cepeda Mario Alberto c/ Ruiz Eduardo Jorge y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-24

Si bien en principio tratándose de cosas no reparadas la indemnización consistirá en el pago de la diferencia de su valor actual y el valor primitivo (art.1094 del Código Civil) es reiterable que ese valor puede determinarse mediante el costo de las reparaciones si no se invoca y prueba por el obligado que ello lo tornaría excesivamente oneroso.
Prueba, presunciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GALLISA RAUL ALFONSO c/ COSECHA COOPERATIVA DE SEGURO LTDA s/ Ejecución Honorarios (LIBRO: S111 - 345)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-08-27

La prueba mediante indicios fundantes de una presunción -la cual en general siendo una construcción intelectual es peligrosa y propicia al error- debe ser elaborada con suma cautela, siendo viable sólo cuando es unívoca, en el sentido que la conjetura que comporta sea de tal naturaleza que razonablemente casi no quede otra posibilidad que la pretendida.
Incumplimiento del contrato, daño resarcible, indemnización, apreciación de la prueba, monto de la indemnización, servicio telefónico
Materia: COMERCIAL
Carátula: BAÑO ALEJANDRA PATRICIA c/ TELECOM ARGENTINA SA Y OTRO s/ INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-19

Se trata de un contrato celebrado para la instalación de un servicio telefónico. Mientras la actora realizó todos los pagos a los que se había comprometido, las demandadas incumplieron el plazo estipulado, ya que el servicio fue instalado con una demora injustificada de 13 meses. Había quedado convenido expresamente en el contrato que la parte que no cumpliera sus compromisos debería indemnizar a la otra los daños y perjuicios ocasionados. En tales condiciones, la existencia del daño surge claramente. La demora en instalar un servicio telefónico en un pequeño pueblo carente de teléfonos causa un importante daño y cuando esa demora no esta justificada no puede resultar impune. En cuanto al monto -cuyo importe no ha sido probado fehacientemente- la situación esta prevista en el art. 165, Ultima parte, código procesal, siendo el presente pleito un caso paradigmático de aplicabilidad de ese artículo. El vocal propugnó fijar en $ 3.000 la reparación del daño causado por la demora y reducir el precio de la instalación establecido en el contrato a $ 500. La sentencia condenó a pagar $ 3.000 en concepto de indemnización por la demora injustificada.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, incapacidad laboral, consolidación de la incapacidad, cómputo de intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Rotten, Héctor Alberto c/ ROMAN MARITIMA S.A. y-otra s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-04-26

...para definir el tema del dies a quo de los intereses hemos de estar al tiempo en que la incapacidad revela su carácter de permanente, porque recién cuando se adquiere certeza sobre esa calidad de la minusvalía, ésta queda consolidada y configurado el daño en los términos del Art. 8º incisos "b" o "c" de la Ley 9688, tornándose exigible la indemnización.
Delitos contra la libertad, abuso de autoridad, torturas
Materia: PENAL
Carátula: G, J P s/ APELACION AUTO DE PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-05-21

El empleo ilegítimo de la fuerza por el personal del servicio penitenciario no constituye un delito autónomo de abuso de autoridad, (artículo 248 del Código Penal), cuando dicha fuerza fue empleada para aplicar severidades (artículo 144 bis inciso 3ro del Código Penal) o torturas (artículo 144 tercero inciso 1ro del Código Penal), pues cualquiera de estos delitos desplaza a aquel por razones de especialidad (concurso aparente).

El tipo de imposición de tortura (artículo 144 tercero del Código Penal) tal como ha quedado luego de la reforma operada por la ley 23097, sigue presentando los mismos problemas de distinción con otros delitos contra la libertad que aparecían en leyes anteriores.

La jurisprudencia para distinguirlos acude a conceptos de "refinada crueldad", "suplicio", "sufrimiento atroz" que refieren a la idoneidad del procedimiento para inflingir un grado de gran dolor o sufrimiento.
Entidades financieras, banco central, régimen de garantía de los depósitos
Materia: CIVIL
Carátula: Khodriya, Alberto José c/ B.C.R.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

La falta de registración contable de la operación y la situación irregular de la entidad financiera constituyen circunstancia que tornan, desde el aspecto objetivo, dudosas las operaciones realizadas, lo que hace necesaria la prueba de los hechos invocados por los presuntos titulares del crédito, destruyendo la razonable duda creada por aquella omisión que impedía, en principio, al Banco Central dar cumplimiento con la obligación impuesta en el artículo 56 de la Ley 21.526. La incertidumbre así creada obliga a quien pretende hacer efectiva la garantía legal, acreditar, al menos sumariamente, la efectiva posibilidad de contar con los medios necesarios para afrontar el negocio realizado.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, legitimación activa, falta de legitimación para obrar, derechos subjetivos, interés legítimo, interés simple (administrativo)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riveros Rubén y otros c/ G.C.B.A. s/ Medida Cautelar Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-21

Se ha definido a la legitimación para obrar, o legitimatio ad causam, como la cualidad que tiene una persona para reclamar respecto de otra por una pretensión en el proceso judicial. De allí que existe falta de legitimación cuando no media coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y aquellas a las que la ley habilita especialmente para pretender o contradecir respecto de la materia sobre la cual versa aquél.

Tradicionalmente ha postulado la doctrina que quien demanda impugnando la validez de un acto administrativo debe ser titular de un derecho subjetivo, o tener al menos un interés legítimo para hacerlo.

Sin embargo, se advierte una progresiva tendencia a ampliar la legitimación, sosteniéndose también su procedencia en aquellos supuestos donde esté en juego un simple interés del justiciable.

Al regular la cuestión en el Código Contencioso Administrativo y Tributario, el legislador local adoptó en el artículo 6 una postura amplia en materia de legitimación.
Subasta de inmuebles, nulidad de la subasta, falta de notificación, venta de cosa ajena
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHAVANNE, MARCELO s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-14

Resulta procedente el pedido de nulidad de un auto de subasta y en consecuencia de la subasta en sí, cuando omitiéndose notificar a la sucesión y a los coherederos, se ha subastado una alícuota mayor que la que el deudor poseía en el inmueble.

Se trata de la venta de una cosa parcialmente ajena, que cae bajo el alcance del CCIV: 1329, y que, de conformidad con lo dispuesto por el CCIV: 1331 es de ningún efecto, aún respecto de la porción del ejecutado.

Todo ello sin perjuicio de que podría admitirse el derecho del comprador a adquirir la parte del ejecutado, con reducción del precio.
Automotores, denuncia de venta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Reyes, Roberto Rafael c/ Lovera, Mario Javier y otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-07-17

La comunicación del artículo 27 o la del 15 de la Ley 22.977 -en este caso por remisión al anterior- efectuada al Registro en la forma legal debida, trae aparejadas las consecuencias que prescribe el artículo 27: eximisión de responsabilidad frente a terceros para el titular registral, prohibición de circular y secuestro del vehículo. Para ello, la norma sólo exige la comunicación al Registro y ello implica la puesta en marcha de ese mecanismo.
Declaración de insania, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tribunal de Menores Nº 1 de Morón en la causa 21823" c/ Tribunal de Familia Nº 3 s/ Incidente de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-18

Las medidas de protección de la presunta incapaz es de competencia del Tribunal de Familia que entiende en su juicio de insania y no del Juez de Menoresque había conocido respecto de la misma y había dispuesto el archivo de la causa asistencial. (Minoría u opinión personal)
Honorarios, tribunales arbitrales
Materia: PROCESAL
Carátula: Y.C.F. s/ TRIBUNAL ARBITRAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-21

Si bien la ley 21.839 no contiene normas específicas relativas a la retribución de las tareas de los árbitros, debe mantenerse en el caso una adecuada proporción entre sus honorarios y los correspondientes a los demás profesionales que intervinieron en el pleito y asimismo, asegurar una justa retribución a la labor cumplida; en tal sentido procede la asimilación de sus tareas, sin desconocer las diferencias propias de sus funciones, con la de los abogados que intervienen en el pleito y aplicar las pautas fijadas en el arancel para los citados profesionales.