Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COM., LABORAL Y MINERIA 2da CIRC.
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2014-10-31


En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil catorce, se reúne en ACUERDO la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados "SOL, LUIS EDUARDO C/ JEFATURA DE POLICÍA Y GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA S/ AMPARO" (expte. Nº 5359/14 r.C.A.), venidos del Juzgado Civil de Primera Instancia N° 3 de esta Circunscripción.

El Dr. Hugo Carlos RODRÍGUEZ, sorteado para emitir el primer voto, dijo:

I) a) Luis Edgardo SOL dedujo acción de amparo contra la Provincia de La Pampa y la Policía de La Pampa, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 126 inc. 3 y 132 inc. 5 de la NJF 1034/80 (Régimen Personal Policial) así como la nulidad absoluta de la resolución No. 80/09 "J" DP-SA (demanda de fs. 75/89). Pidió además el dictado de una medida cautelar de no innovar, "en relación a continuar prestando servicios efectivos policiales, suspendiéndose en consecuencia la situación de revista (...) hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo mediante sentencia dictada en el fuero contencioso administrativo Ley 951.".

Dijo que el 7/11/07 se iniciaron actuaciones penales en su contra y que fue condenado por la Cámara en lo Criminal el 16/4/2009, por el delito de "severidades y lesiones leves", a la pena de un año de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble de la condena.

Luego -el 7/5/2009-, mediante la resolución 80/09 "J" DP-SA que ahora impugna, se dispuso su pase a situación pasiva, en virtud de lo dispuesto por el art. 126 inc. 3) de la NJF 1034/80, con los alcances y efectos del art,. 160 inc. 3).

El 17/11/2010 la Cámara en lo Criminal lo rehabilitó para desempeñar las actividades respecto de las que fuera inhabilitado. Sin embargo, la autoridad policial, debidamente informada, hizo caso omiso de la resolución y lo mantuvo en situación de pasiva, fundándose en el art. 20° ter del Código Penal, 3er. párrafo. Hasta la fecha permanece en situación de "pasiva", lo que afecta sus derechos. Destaca que en un caso similar, en el año 1990, la situación de otro policía se resolvió de manera diferente, de modo que se violó en su perjuicio el principio de igualdad, por lo que debe decretarse la nulidad de la Resolución N° 80/09 "J" DP-SA y disponerse su reintegro.

Destacó que hasta el presente no hay decisión de la Administración Pública Provincial que le atribuya responsabilidad administrativa, subsistiendo su presunción de inocencia.

Cuestionó asimismo la NJF 1034/80, proveniente de un gobierno de facto, que "impuso al funcionario policial un verticalismo sin contenido".

La autoridad policial, agregó, "ha pretendido dar un paso más", como es el de proceder a decretar su baja por haber revestido en situación de pasiva por más de dos años.

En cuanto al procedimiento administrativo en curso, comenzado en mayo de 2009, aun no finalizó, y su duración irrazonable afecta sus derechos.

Finalmente, explicó por qué consideraba reunidos los extremos necesarios para el progreso de sus peticiones.

b) El juez declaró inadmisible la acción de amparo, denegó la medida cautelar y desestimó los planteos de inconstitucionalidad y nulidad, con costas al actor (fs. 99/110).Tuvo en cuenta: 1. que las autoridades policiales gozan de ciertas facultades discrecionales, lo que no las habilita empero para desoír el orden público y el principio de legalidad, que deben respetar en sus resoluciones; 2. que en este caso han actuado dentro del marco normativo establecido; 3. que la resolución 80/09 "J" DP-SA, del 4/5/2009, fue notificada al amparista, que luego pidió -cuando la Cámara en lo Criminal lo rehabilitó- que lo reintegrara al servicio activo, pero su solicitud fue desestimada; 4. que SOL pidió que se le concediera el retiro voluntario, el que le fue denegado; 5. que la autoridad interviniente declaró que "se deberían instar de modo perentorio los recaudos administrativos pendientes, a efectos de decidir sobre la responsabilidad disciplinaria del recurrente"; 6. que el actor pretende "ir en contra de un acto que él mismo ha consentido", por lo que su planteo respecto de la resolución No. 80/09 "J" DP-SA es formalmente improcedente; 7. que pretende ir en contra de sus propios actos, pues en su momento solicitó su retiro voluntario y ahora pretende su reincorporación a la fuerza policial, incurriendo en un proceder "absurdo e incoherente"; 8. que la vía judicial elegida no es la apropiada para impugnar una decisión proveniente del ámbito administrativo, siendo el amparo una acción residual y excepcional.

c) El accionante interpuso recurso de apelación y expresó agravios a fs. 114/121.

II) El recurso: a) La acción de amparo requiere, para su admisibilidad y procedencia, la existencia de un acto lesivo, actual o inminente, que afecte con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos y garantías constitucionales del peticionante, y que éste no cuente con otro medio judicial más idóneo para hacerlos valer (art. 43, Const. Nacional). El pedido de amparo debe tener precisión técnica, con identificación certera y fundamentada del acto lesivo y su calidad de arbitrario o de manifiesta ilegalidad. Si el acto lesivo no se presenta como "actual o inminente" la pretensión de amparo es inadmisible, pues "el puro futuro no interesa en el ámbito del amparo (...) si la acción versa sobre hechos del porvenir, no es admisible" (Sagüés, "Derecho Procesal Constitucional-Acción de Amparo", ed. 1988, p. 107). Estas breves consideraciones previas nos introducen en el tratamiento del recurso que, cabe adelantar, no ha de prosperar, por las razones que se expondrán a continuación.

b) Nulidad de la resolución No. 80/09 "J" DP-SA e inconstitucionalidad del art. 126 inc. 3, NJF 1034/80. La resolución impugnada (fs. 55) pasó a SOL a "situación de revista en pasiva", de conformidad con lo dispuesto por la norma mencionada, que establece que revistará en esa situación "el personal superior y subalterno que se encuentre procesado judicialmente...".

Como el apelante no sólo estaba procesado sino que también había sido condenado en sede penal (sentencia de fs. 47/54), es indudable que la resolución en cuestión - del 4/5/2009- no fue ilegal ni arbitraria, sino que se ajustó estrictamente al ordenamiento vigente, más allá de que, como destacara el a quo, fue largamente consentida por el recurrente, a quien se le ocurrió cuestionarla cuatro años y medio más tarde.

El accionante afirma que la resolución afectó el principio de igualdad, lo que importa de su parte, al menos, una notoria confusión. En efecto, no pretende que a otro agente policial procesado o condenado no se lo haya pasado a situación pasiva como a él, sino que sostiene que a otra persona se la reincorporó a la actividad al cesar la inhabilitación que le había impuesto el tribunal penal, lo que no sucedió en su caso. Es evidente que, cuando se dictó la resolución cuestionada -el 4/5/2009-, SOL aún no había sido rehabilitado -lo que ocurrió el 17/11/2010-, de modo que mal puede alegar que en ese momento se violó el principio de igualdad.

El mantenimiento de la situación pasiva fue, entonces, el resultado de otras resoluciones dictadas en la esfera administrativa, que no han sido cuestionadas concretamente en la demanda (fs. 75v./76), lo que exime de su examen.

En cuanto a la pretendida inconstitucionalidad de la disposición en que se fundó la resolución, ella consistiría en que fue dictada por un gobierno de facto. Aunque esto es cierto, también lo es que, en el transcurso de más de treinta años de vigencia del orden constitucional el régimen del personal policial fue convalidado una y otra vez por la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa, que le introdujo sucesivas modificaciones pero nunca lo derogó o dejó sin efecto (leyes 749, 915, 949, 1287, 1301, 1521, etc.).

Por otra parte, sin perjuicio de las virtudes o defectos que tenga el ordenamiento que se impugna, la concreta norma en cuestión no resulta para nada arbitraria ni irrazonable, al colocar en situación pasiva al agente policial que es procesado, más aún si finalmente es condenado, como le ocurrió a SOL.c) Inconstitucionalidad del art. 132 inc. 5, NJF 1034/80. La disposición contempla la pérdida del estado policial "por la subsistencia de las causas que motivaron el pase a situación de pasiva del personal que no estuviere en condiciones retirarse y que alcanzare dos años en alguna de las situaciones previstas en el artículo 126 de la presente ley".

Si el planteo de inconstitucionalidad se refiere al origen de la NJF 1034/80, la cuestión ya fue analizada, y en la demanda no se explica en forma precisa y concreta cuál sería el fundamento de la declaración que se pretende. La estabilidad en el empleo público que se invoca a fs. 118 no obsta a que, en determinadas circunstancias, el agente sea desplazado del cargo o puesto, si se dan las circunstancias y se procede del modo que la ley contempla, pues no se trata de un derecho absoluto, lo que sería absurdo sostener.

Resulta de lo actuado y argumentado que el actor se mantiene aún en situación de pasiva, no ha sido privado de su estado policial y que no se le ha aplicado el art. 132 inc. 5 que cuestiona, de modo que no existe el acto lesivo actual o inminente que requiere la acción de amparo, lo que no se pretendió ni en la demanda ni en el escrito de apelación.

Por el contrario, SOL afirma que se encuentra en trámite un expediente administrativo, en cuyo desarrollo podrá ejercer su derecho de defensa (fs. 116), y mal podría conjeturarse acerca de su resultado, como sin fundamentación razonable se pretende. Es indudable que, de dictarse "una resolución administrativa conculcatoria" de sus derechos constitucionales, el actor podrá acudir a la vía impugnatoria que corresponda.

Si bien el apelante se queja de la prolongación del trámite administrativo, está claro que no interpuso la acción de amparo por mora (art. 95, Ley de Procedimiento Administrativo), lo que impide su análisis.

d) Resulta de lo expuesto que no se han refutado las razones que motivaron la declaración de inadmisibilidad de la acción de amparo y el rechazo de las inconstitucionalidades pedidas, por lo que el recurso no puede prosperar. Lo mismo sucede con la medida cautelar denegada, pues no se han expresado agravios que demuestren su procedencia.

Voto en tal sentido.

El Dr. Roberto Marcelo IBÁÑEZ, sorteado para emitir el segundo voto, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del colega preopinante.

En consecuencia, la CÁMARA DE APELACIONES:

RESUELVE: I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 112.

II.- Regular los honorarios por su actuación en la alzada del Dr. Fabián Sadit TORTONE en el 30% de los regulados para la primera instancia, más el IVA si correspondiere.

Protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.- Dr. Roberto M. IBÁÑEZ Juez Subrogante Dr. Hugo Carlos RODRÍGUEZ Juez de Cámara Dra. Sonia Edith FONTANILLO Secretaria de Cámara Civil CONCUERDA con el Acuerdo protocolizado en el Protocolo de Sentencias de esta CÁMARA DE APELACIONES al folio CONSTE.- Dra. Sonia Edith FONTANILLO Secretaria de Cámara Civil