Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-15


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 15 de 2007.

A la cuestión propuesta el DOCTOR Zannoni, dijo:

1. Debo comenzar mi voto haciendo, para ilustración de los colegas de la Sala, una muy sucinta reseña de este complejo proceso.

La presente causa tiene su origen en el accidente de trabajo, sufrido por el actor, Darío Antonio Videla, dependiente de la firma E.A.M. Electrificaciones de Aldo Albino Maldonado, el 3 de noviembre de 2000. Dicha firma era subcontratista de la Cooperativa de Electricidad, Consumo, Comercialización, Vivienda y Servicios Asistenciales General Alvear Ltda. (a la que, en lo sucesivo individualizaré como C.E.C.S.A.G.A.L.), concesionaria prestadora del servicio público de comercialización y distribución del fluido eléctrico en la ciudad de General Alvear, Provincia de Mendoza, y su zona de influencia.

El accidente se produjo en la fecha antes indicada mientras el actor trabajaba en las obras de mejoramiento de líneas de media tensión ubicadas en la subestación ubicada en calle Presidente Illia entre la Ruta 143 y la calle 5 de General Alvear que su empleadora, como subcontratista de C.E.C.S.A.G.A.L., tenía a su cargo.

Según el relato de la demanda, los trabajos exigían, en la ocasión, operar en un transformador, para lo cual el personal de C.E.C.S.A.G.A.L. debía, previamente, cortar el suministro de la energía eléctrica, y después, trasladar personal propio -la guardia- al lugar de las obras y comprobar in sito el efectivo corte de la energía; recién entonces Aldo Albino Maldonado, a cuyo cargo se encontraban las tareas operativas, podía ordenar a sus dependientes la iniciación de las tareas. Sin embargo, acota el actor, no siempre se producía el traslado de ese personal al lugar de los trabajos, ya que era frecuente que se comunicara por radio o handy con Maldonado e informase que la energía ya había sido cortada.

El accidente acaeció en ocasión de que Maldonado le ordenó subir por una escalera colocada en uno de los costados de la subestación a fin de poner la puesta a tierra, operación consistente en tirar una cadena con una soga en la punta por encima de los cables, logrando de esa manera que la cadena tocara el suelo. Cuenta Videla que ya al llegar al lugar había percibido cierto zumbido proveniente del transformador que podía indicar que la energía no había sido cortada; hizo saber esta circunstancia a Maldonado quien no le dio importancia, pues le respondió que la guardia de C.E.C.S.A.G.A.L. se había comunicado con él haciéndole saber que se había interrumpido el suministro eléctrico. El actor prosiguió ascendiendo por la escalera y, al promediar el ascenso, inquirió nuevamente a Maldonado acerca de si estaba seguro que no había corriente, a lo cual éste reiteró la negativa instándolo a continuar con el trabajo encomendado. Fue entonces que Videla recibió una brutal descarga eléctrica que le hizo perder el conocimiento y caer hacia atrás, quedando suspendido de la cuerda de seguridad que, no obstante, se desprendió y provocó su caída desde unos cuatro metros, aproximadamente. Recién después llegó personal de la guardia de C.E.C.S.A.G.A.L. -Oscar Antonio Morán Molina y Fernando Alberto Velazco- que se dirigió a la ruta 143, distante a medio kilómetro del accidente, y desde allí cortó el suministro eléctrico.

El hecho motivó la instrucción de una causa penal por parte de la Fiscalía Correccional de la ciudad de General Alvear, en la que fueron procesados Maldonado, Morán Molina y Velazco, según lo denunció el actor.

El accidente sufrido costó a Videla la amputación del tercio medio del antebrazo izquierdo, importantes quemaduras que han dejado secuelas, además, en la cara anterior externa e interna en el brazo derecho y otras lesiones. Reclama el resarcimiento de los daños -que cuantifica en la suma de $ 1.469.000- contra C.E.C.S.A.G.A.L., en su carácter de empresa prestataria del servicio de transporte y distribución de la energía eléctrica -que constituye una cosa riesgosa- mediante la red cuya propiedad, guarda, uso y mantenimiento le corresponde, y a través de la cual se ha causado el daño (arg. arts. 2311, segundo párrafo y 1113, segunda parte, segundo párrafo del Cód. Civil). Citó en garantía a "Provincia Seguros S.A.", aseguradora de la demandada con domicilio en esta Capital Federal.

2. Corrido traslado de la demanda, C.E.C.S.A.G.A.L. sostuvo:

a) La incompetencia de los tribunales de esta Capital Federal para entender en el presente pleito el cual, según su entender, debía tramitar ante los de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, con jurisdicción en General Alvear. Denunció haber planteado la cuestión por vía de inhibitoria ante la Primera Cámara del Trabajo de dicha circunscripción y, en forma subsidiaria, ante un Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de General Alvear.

b) Planteó asimismo la falta de legitimación pasiva como defensa de fondo afirmando que según los propios dichos del actor, él era dependiente de E.A.M. Electrificaciones de Aldo Maldonado y que el suceso que causó los daños constituía un accidente de trabajo. Consideró, por consiguiente, que por aplicación de la ley 24.557 (ley de riesgos de trabajo), las prestaciones que el actor recibió de la A.R.T. de su empleador, extinguieron toda responsabilidad éste -salvo caso de dolo (art. 1072, Cód. Civil)- y que C.E.C.S.A.G.A.L., no puede ser considerada tercero causante del daño, en los términos del apartado 4º del mismo art. 39 de la L.R.T., por cuanto el decreto 491/97, reglamentario de esta norma legal, establece que no se considerará tercero a los fines de las acciones previstas en los apartados 4º y 5º del artículo que se reglamenta, "al empresario principal que [...] contrate o subcontrate, trabajos o servicios dentro o fuera del establecimiento habilitado a su nombre".

c) En base a estos argumentos opuso la excepción de pago por cuanto Videla fue atendido e indemnizado en los términos de la ley de riesgos del trabajo por "La Segunda A.R.T." y, a todo evento, para el remoto supuesto que se acogiera la demanda, pidió que se descontaran las prestaciones e indemnizaciones percibidas o a percibirse de la citada A.R.T. (conf. art. 39, apartado 4º de la ley 24.557).

d) Pidió la citación como tercero, en los términos del art. 94 del CPCC, de E.A.M. Electrificaciones de Aldo Maldonado a fin de que tomara intervención por su actuación personal en el accidente de trabajo motivo de la litis, reservándose el derecho de repetir en su contra el pago de cualquier suma por la que pudiera ser condenada. Cuadra acotar que Aldo Albino Maldonado tomó intervención como tercero a fs. 588/592, y en tal ocasión, alegó que el accidente se debió única y exclusivamente al negligente obrar de C.E.C.S.A.G.A.L.

e) La demandada contestó la demanda y, en lo sustancial, alegó falta de adecuado nexo causal entre la actuación del riesgo y el daño, atribuyendo éste al hecho de la víctima como eximente de responsabilidad. Controvirtió, además, los rubros indemnizatorios de la demanda.

3. Sustanciada la cuestión de competencia y el planteo de inconstitucionalidad del decreto 491/97, reglamentario del art. 39 de la ley de riesgos del trabajo, que introdujo oportunamente el actor, el Señor Juez a quo declaró la inconstitucionalidad de tal decreto y, en consecuencia, consideró a la demandada como tercero en los términos del art. 39, apartado 4º de la ley 24.557; por ende rechazó la cuestión de competencia suscitada por vía de inhibitoria (fs. 502/505). Pero el conflicto estaba planteado ante lo decidido por la Cámara de Trabajo que reclamó para sí la competencia. En consecuencia y para resolverlo, la causa fue elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Procurador General consideró que las pretensiones del actor en ningún momento encuadran en la ley de accidentes o riesgos de trabajo, sino en la responsabilidad extracontractual derivada de actos ilícitos con fundamento en las normas del Código Civil, y habida cuenta que, al citarse de garantía a la aseguradora de la demandada con domicilio en esta Capital Federal, el actor ha prorrogado la competencia a favor de los tribunales de esta Capital Federal en el marco de lo dispuesto por el art. 118 de la ley 17.418, consideró que los tribunales de ésta deben entender en la causa. En consecuencia, el Alto Tribunal, de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General, confirmó lo decidido por el Señor Juez a quo.

A su vez, el Juzgado admitió a fs. 554 la citación como tercero de Aldo Albino Maldonado. A la sazón se había dictado sentencia en la causa penal -hay copia certificada de ella agregada a fs. 521/550- que condenó a Aldo Albino Maldonado a un año de prisión en suspenso como autor penalmente responsable de lesiones culposas en perjuicio del actor (art. 94 del Cód. Penal), y que absolvió a Fernando Velazco y Morán Molina, por ser sus conductas atípicas en relación con el hecho investigado.

Maldonado tomó intervención como tal a fs. 588/592 y alegó que el accidente se debió única y exclusivamente al negligente obrar de C.E.C.S.A.G.A.L. Amén de insistir en la cuestión de competencia (ya precluida), dedujo la defensa de prescripción de la acción a su respecto por cuanto -sostuvo- al tiempo de la citación ya habían transcurrido los dos años previstos por el art. 4037 para la prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual.

4. La sentencia dictada a fs. 1477/1495 desestima la defensa de fondo de falta de legitimación que al contestar la demanda en subsidio hizo C.E.C.S.A.G.A.L., teniendo en cuenta lo dictaminado por el Procurador General de la Nación y lo resuelto por la Corte a fs. 510/12.

Respecto de la excepción de prescripción opuesta por Aldo Albino Maldonado, la rechaza en razón de que el curso de la prescripción quedó suspendido al ser éste citado a mediación obligatoria y de que, con posterioridad, tal plazo, se vio interrumpido por la interposición de la demanda (arg. art. 3986, Cód. Civil).

En lo sustancial, el sentenciante se hace cargo, en primer término de la sentencia penal condenatoria dictada contra el tercero, Aldo Albino Maldonado. "Tal pronunciamiento -dice el a quo- [...] reviste los caracteres de cuestión prejudicial para el suscripto en los términos del art. 1102 del Cód. Civil, impidiendo la consideración de la culpa del condenado y de la existencia del hecho. Esto no empece -añade- a que en sede civil [...] pueda ser tratada la cuestión atinente a la responsabilidad de la propia víctima o bien la de algún otro responsable".

En segundo término, respecto a la demandada, C.E.C.S.A.G.A.L., el sentenciante advierte que Fernando Velazco Moreno, que era dependiente de la cooperativa eléctrica y se desempeñaba como personal de la guardia, "no tenía en claro dónde debía efectuar el corte de energía, y si bien Maldonado obró intempestivamente al ordenar a Videla que subiera a colocar la puesta a tierra, no lo es menos que el estado de confusión acerca del sitio en que se debía efectuar el corte no le puede ser imputado exclusivamente al citado contratista, ya que de haber existido directivas claras de parte de la cooperativa y una precisa concertación con Maldonado acerca de los pasos a seguir, tal situación [...] hubiera variado". Recoge el a quo las consideraciones del juez que dictó la condena penal destacando que la confusión que sufrió Velazco evidentemente tiene su origen en que sus superiores se limitaron a decir que los trabajos que ese día llevaría a cabo Maldonado estaban autorizados.

En tercer término la sentencia atribuye al propio actor una participación causal concurrente a la producción del propio daño. Recuerda que al demandar, Videla reconoce haber advertido un cierto zumbido proveniente del transformador, que podía ser indicativo de no haberse interrumpido el suministro de la energía eléctrica y que no obstante, Maldonado le ordenó que continuara ascendiendo. Si bien el sentenciante tiene en cuenta que continuar el ascenso reveló imprudencia de su parte, no puede pasarse por alto que, fuere debido a su carácter de dependiente de Maldonado, a su escasa instrucción, o a que su nivel técnico era pobre pues adquirió su oficio capacitándose sólo de ver a los demás, no desacató la orden seguramente porque confiaba en la experiencia de quien la emitía.

Precisando, en suma, las diversas participaciones causales, la sentencia estima prudente atribuir un 10% de dicha participación al propio actor, un 60% a Aldo Albino Maldonado, y el 30% restante a C.E.C.S.A.G.A.L., sin perjuicio de la solidaridad existente entre estos dos últimos conforme con lo dispuesto por el art. 1109, párrafo segundo del Cód. Civil. Y, de inmediato, entra al análisis de los rubros indemnizatorios.

5. Como en esta instancia los respectivos memoriales contienen agravios respecto a la responsabilidad que a cada cual se le atribuye, amén de cuestionar por excesivos o exiguos los montos de la condena, he de analizar en primer término lo decidido en punto a la responsabilidad de las partes en el hecho.

Señalo que el agravio que formula C.E.C.S.A.G.A.L. acerca de su falta de legitimación pasiva para estar en este juicio no requiere de un tratamiento específico a esta altura del pleito, pues la aplicabilidad de las normas que invoca en su fundamento -me refiero especialmente al decreto 491/97-, cuya inconstitucionalidad fuera declarada en primera instancia, ha quedado descartada en el pronunciamiento de la Corte Suprema, que confirmó lo resuelto en punto a la competencia del fuero, por los argumentos del Procurador General.

6. Comienzo con el análisis de la responsabilidad que le cabe al tercero citado Aldo Albino Maldonado. El juez penal al condenarlo por la comisión del delito de lesiones culposas sostuvo a su respecto: "...Es indudable que dirigiendo repetidas órdenes a Darío Videla para que éste procediera a subir la escalera para poner la puesta a tierra, no obstante la advertencia de su dependiente, desplegaba ya una acción jurídico-penalmente relevante, erigiéndose en causa del acontecer sucedáneo. A la par creaba un riesgo superador del permitido, desaprobado, que terminaría por cristalizarse en el gravísimo daño en el cuerpo y la salud del mencionado Videla. En lo que respecta a su subjetividad, es indudable que pretendía que Videla realizara en la práctica la actividad descuidada, y por ello mismo riesgosa, aunque por supuesto carecía de la intención dirigida a ocasionar el resultado final. De manera que tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo, actuaba típicamente...".

Según el art. 1102, Cód. Civil, "después de la condenación del acusado en el juicio criminal no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado".

Cierto es que cabe en sede civil analizar si concurren eximentes de la responsabilidad civil, esto es en el ámbito de la responsabilidad por los daños. En otras palabras, analizar la eventual concurrencia de la culpa o el hecho de la víctima (arg. art. 1113, segundo párrafo segunda parte del Cód. Civil), que no fue materia del pronunciamiento penal expreso (conf., Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni, Código Civil comentado, t. 5, comentario al art. 1102, pág. 308 y sus citas; Stiglitz, Gabriel y Echevesti, Carlos en Mosset Iturraspe (director), Responsabilidad civil, Bs. As., Hammurabi, 1997, pág. 558; Goldenberg, Isidoro, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, 2º ed., Bs. As., La Ley, 2000, pág. 138, etcétera).

7. Desde esta perspectiva debo hacer algunas acotaciones relativas a la culpa del actor, esto es la de Darío Videla, quien no obstante temer o sospechar -según lo afirmó al demandar- que la energía eléctrica no estaba interrumpida porque oyó algo así como un zumbido que partía del transformador en el cual debía trabajar, acató la orden de su principal, Maldonado, y continuó el ascenso por la escalera a fin de cumplir con su tarea.

Es sabido que la culpa, en general, predica el obrar negligente o imprudente mediante comparación objetiva con la conducta que habría observado una persona prudente y diligente (arg. arts. 902 y 909, Cód. Civil), ubicada en similares circunstancias externas de personas, de tiempo y de lugar (conf., voto del doctor Greco en fallo publicado en LA LEY, 1992-A, 93, citado).

Supone una confrontación entre el actuar real y el actuar debido por el sujeto en una emergencia dada (conf. Bueres, Alberto J., en: Bueres-Highton, Código Civil comentado, t. 2-A, Bs. As., Hammurabi, 1998, comentario al art. 512, º 8).

La invocación de la culpa de Videla como eximente exigiría que se hubiese probado la interrupción del nexo causal por la incidencia de una causa extraña, ajena al obrar culposo determinado por el juez penal al dictar su condena. La eximente -total o parcial- de la responsabilidad del dueño o del guardián no se funda inexorablemente en la culpa de la víctima como factor subjetivo de atribución, sino en la participación causal que, en su caso, pueda haber importado el obrar culposo (o no) del damnificado en la producción del daño, porque tal obrar era imprevisible o inevitable para aquéllos (Trigo Represas, Félix A., Concurrencia de riesgo de la cosa y culpa de la víctima, LA LEY, 1993-B, 306; Compagnucci de Caso, Rubén, Responsabilidad civil y relación de causalidad, Bs. As., Astrea, 1984, p. 170; Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños, Bs. As., Ediar, 1973, t. III, p. 62; Tanzi, Silvia, Culpa de la víctima y riesgo, T I, 1991-C-330; Sagarna, Fernando, La culpa de la víctima peatón como Actor eximente de la responsabilidad civil por el riesgo creado, LA LEY, 1994-E, 376; Tobías, José, Accidentes de tránsito y peatones inimputables, LA LEY, 1994-C, 471; Kemelmajer de Carlucci, Aída, La eximente del art. 1113 del Código Civil y el niño inimputable, víctima de un accidente de tránsito, en "Revista de Derecho de Daños, 2002-1-224; Pizarro, Ramón D., Causalidad adecuada y factores extraños, en "Derecho de daños" [Homenaje al Doctor Mosset Iturraspe], Bs. As., La Rocca, 1989, p. 259).

Desde mi punto de vista ninguna de las partes en este juicio está en condiciones de invocar una eximente parcial fundada en la culpa o en la participación causal que pudo caberle al damnificado por cuanto para exonerar, aun en parte, su responsabilidad debería demostrar que, para él, la actuación del damnificado fue imprevisible o inevitable. Y es obvio que no se puede alegar esto si, como está probado y surge de la sentencia penal, Maldonado ordenó reiteradamente a Videla que continuara la operación de ascenso porque la energía había sido interrumpida. Amén de ello, pretender que Videla debió no continuar la operación, significa de algún modo suponer que el damnificado se hallaba fáctica y jurídicamente habilitado, esto es en condiciones de resistir y en su caso de no cumplir las órdenes de su empleador. Si bien ex post facto puede sostenerse que la resistencia o el no cumplimiento del actor hubiesen sido legítimos -a la vista del peligro que para su integridad física y su propia vida entrañaban las órdenes impartidas- la valoración del obrar debe hacerse ex ante, en una suerte de prognosis póstuma frente a la duda, a la incertidumbre acerca del real estado de cosas.

Cierto es, como lo destaca el perito ingeniero en su informe de fs. 1259/1264, que Videla no constató personalmente la apertura de los elementos de maniobra y seccionamiento de los sistemas de energía, pero ello se explica por la circunstancia de que tampoco era oficial electricista y sus antecedentes laborales se ceñían a un anterior trabajo para la empresa "Telefónica", es decir que carecía de experiencia y preparación en instalaciones eléctricas. Más allá de ello, el error que, en su memorial, invoca haber sufrido Maldonado a causa del mal entendido y la confusión entre el personal de la guardia de la Cooperativa que le aseguró que se había realizado y comprobado el previo corte de la energía no es excusable por cuanto la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia culpable (arg. art. 929 del Cód. Civil). En efecto, como lo destaca el perito, no se procedió a constatar la ausencia de tensión eléctrica con los elementos apropiados y tampoco se ha mencionado que dichos elementos estuviesen en su poder. Y, más grave aún, el accidente se produjo utilizando una cadena con una soga a fin de arrojarla y llevar a cabo la puesta a tierra de la línea, elemento no permitido para ello -señala el perito ingeniero- de acuerdo a lo establecido en el decreto 351/79, pues la referida puesta a tierra debía realizarse "con jabalina, pértigas, adecuados conductores y morsetos de fijación a las líneas" (informe citado, fs. 1263).

8. Me detengo, ahora, en la responsabilidad de la Cooperativa demandada que es concesionaria del Gobierno de Mendoza (ver contrato de concesión agregado, en copia, a fs. 172 y sigtes.), a fin de satisfacer la demanda de provisión del servicio de electricidad dentro del área que se le asigna, y por eso prestadora del servicio de distribución de energía eléctrica en dicha área. Según surge del contrato de concesión, fue autorizada expresamente a delegar o "tercerizar" prestaciones significativas (art. 4º del contrato citado). Está admitido por C.E.C.S.A.G.A.L. que en el año 2000 programó un plan de obras de mejoramiento de las líneas eléctricas, que se concretó a través de empresas contratistas de General Alvear, entre las cuales se encontraba la de Aldo Albino Maldonado.

Así, pues, aunque C.E.C.S.A.G.A.L. es un tercero respecto del actor, puesto que él no trabajaba para la cooperativa, no por ello ésta deja de asumir una obligación de seguridad en los términos del art. 1113, "...por las cosas de que se sirve y tiene a su cuidado".

Las empresas contratistas, aun cuando tenían su propio personal, debían realizar las obras que se les encomendase sin que esto significara desvincular a la cooperativa concesionaria de los deberes de seguridad inherentes al riesgo que entraña la electricidad como cosa (art. 2311, segundo párrafo, Cód. Civil) cuyo transporte y distribución tenía. La obligación de seguridad, de carácter secundario, conlleva la idea de responsabilidad. Coincide la doctrina y la jurisprudencia que la responsabilidad del empresario es objetiva -suele considerársela como obligación de resultado- porque está basada en la idea de riesgo de empresa, por lo que las eximentes son limitadas: el hecho de la víctima o de un tercero extraño, y el caso fortuito o fuerza mayor (conf., Llambías, Obligaciones, t. III, pág. 593 y sigtes., nº 2192; Bustamante Alsina, Teoría general de la responsabilidad civil, nº 970/981; Pizarro, Ramón D., Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, Bs. As., La Ley, 2006, t. III, pág. 380 y sigtes).

Cabría preguntarse si puede C.E.C.S.A.G.A.L. eximir su responsabilidad invocando el hecho de la contratista -E.A.M. Electrificaciones de Aldo Albino Maldonado- como exclusivo causante del daño sufrido por el actor. No debe olvidarse que la contratista era algo así como un delegado o auxiliar suyo en la ejecución de las prestaciones propias inherentes al contrato de concesión. Y en este punto es fundamental destacar que la cooperativa sólo podría eximir su responsabilidad si demostrase la ocurrencia del caso fortuito extraño al riesgo propio de la empresa. En el presente caso a la ocurrencia del caso fortuito han coadyuvado diversas circunstancias inherentes al riesgo propio. Como lo señala la sentencia apelada haciendo mérito de la declaración del Ingeniero Jaliff, la cooperativa debía verificar que los empleados del contratista estuviesen inscriptos en la A.R.T., que tuviesen al día los aportes de ley, se hallasen vigentes los seguros, etc. Además señala que el área de seguridad inspecciona periódicamente a las empresas contratistas que se encuentran trabajando y también al personal de la cooperativa cuando están realizando tareas. De allí que debe concluirse que o bien se omitió tal labor de inspección, o bien la llevaron a cabo deficientemente al no advertir que uno de los principales elementos utilizados por Maldonado -la cadena para la puesta a tierra en lugar de jabalinas, pértigas, adecuados conductores y morsetos de fijación a las líneas, como lo señaló el perito ingeniero- no reunía los requisitos exigidos en forma específica por la ley. El mismo perito concluye su dictamen, afirmando que el accidente se va gestando por la omisión en el cumplimiento de las exigencias de la legislación en punto a higiene y seguridad laboral, falta de medidas preventivas, falta de capacitación falta de procedimientos adecuados, falta de inspecciones y controles, etc.; omisiones en las que incurrieron la empresa ejecutora del trabajo, la comitente y la respectiva A.R.T. en la que se encontraba asegurado el actor. La falta de seguridad -concluye el perito- fue la causa raíz que desencadenó el accidente (fs. 1264).

Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar que la opinión de los litigantes no puede prevalecer sobre el dictamen del perito en cuestiones que atañen a su incumbencia técnica, máxime cuando tal opinión carece de entidad suficiente para enervar los fundamentos del dictamen. Téngase presente que aun cuando el dictamen pericial no tenga carácter vinculante para el juez, éste para apartarse de sus conclusiones debe encontrar apoyo en razones serias, objetivamente demostradas o que pueden inferirse de las circunstancias del caso, de acuerdo a los hechos comprobados de la causa, si revelasen que el dictamen se halla reñido con principios lógicos o máximas de la experiencia o contradice el restante material probatorio objetivamente considerado -arg. art. 477 del CPCC- (conf., Palacio, Derecho Procesal Civil, t. IV, pág. 720; Sala E, R. 1159 del 20/9/83; Sala A, R. 3556 del 13/3/84; esta Sala en sentencia libre del 132.097 del 28/2/94, sentencias libres 156.750 y 164.398, ambas del 11/5/95; sentencia libre del 29/2/96, entre otros).

Aunque las reglas de la sana crítica permiten establecer cuándo el examen pericial debe ser estimado o dejado de lado por el Tribunal, a los jueces les está vedado sustituir la opinión de los peritos por sus propios conocimientos técnicos, artísticos o científicos o rechazar la pericia correctamente fundada a la que no cabe oponer pruebas de igual o mejor fuerza de convicción. Cualquiera que sean los conocimientos que pueda tener el juez, éste no puede actuar como perito (Falcón, Tratado de la prueba, Bs. As., 2003, t. 2, pág. 85, º 429; Palacio, La prueba en el proceso penal, Bs. As., 2000, pág. 152).

9. En suma, pues, y por lo que llevo dicho, creo que existe una responsabilidad que comparten la demandada C.E.C.S.A.G.A.L. y el tercero citado, Aldo Albino Maldonado, a quien -de acuerdo con la reforma de la ley 25.488 al art. 96 del CPCC, aplicable al caso- la sentencia que se dicte alcanza como a los litigantes principales y será ejecutable contra él. En función de lo desarrollado en este voto por distribuir la responsabilidad en un 70% a cargo del tercero, Aldo Albino Maldonado y un 30% a cargo de C.E.C.S.A.G.A.L. sin perjuicio de la solidaridad frente al actor (arg. art. 1109, segundo párrafo, Cód. Civil). Otorgo mayor incidencia al hecho del tercero citado teniendo en consideración la participación causal relevante que le cabe ya que fue Maldonado quien, a través de sus órdenes, provocó el accidente que derivó en los daños por los cuales reclama Videla a quien, por otra parte, estimo debe exonerarse de su propio hecho en el contexto laboral antes explicado, que implicaba un deber de subordinación a su empleador.

10. Corresponde, por consiguiente, analizar seguidamente los agravios acerca del resarcimiento al que la sentencia condena.

a) Incapacidad sobreviniente, lesiones estéticas y daño psicológico. La sentencia apelada hace mérito del dictamen presentado por el perito médico (fs. 1096/1107). En lo que aquí interesa deben destacarse que a consecuencia de la descarga eléctrica que recibió, el actor sufrió la amputación quirúrgica en el miembro superior izquierdo al nivel del tercio medio del antebrazo que termina en un "muñón". En el miembro superior derecho se observan amplias cicatrices que abarcan la cara anterior, cara externa e interna del brazo hasta el antebrazo. En ambas regiones axilares se observan cicatrices secuelares de las quemaduras. El perito estima una incapacidad física parcial y permanente del 65% de la total obrera y vida. La sentencia determina una indemnización por este concepto estimándola en $ 110.000.

En punto a la lesión estética el sentenciante entiende que en el presente caso dicha lesión carece de autonomía para ser indemnizada como rubro independiente sin perjuicio de ser considerada al tiempo de tratar el daño moral.

Y en lo relativo a la incapacidad psicológica la sentencia en recurso considera que ella, de existir, debe ser considerada como un daño no patrimonial -o daño moral- que comprende no sólo las afecciones a los sentimientos sino las capacidades de querer y entender, sin perjuicio de la indemnización del costo de un tratamiento psicoterapéutico que cuantifica en $ 8.320 como daño patrimonial indirecto. Por ello desestima el reclamo formulado en la demanda como rubro autónomo.

El actor se agravia considerando insuficiente el reclamo en concepto de incapacidad sobreviniente y, además, lo hace en razón del rechazo de la lesión estética y daño psicológico. C.E.C.S.A.G.A.L. como la aseguradora citada en garantía "Provincia Seguros S.A". reputan, a su turno, exorbitante la indemnización estimada para resarcir la incapacidad sobreviniente.

Comienzo por poner de relieve que las indemnizaciones en el ámbito de la responsabilidad civil en concepto de incapacidad sobreviniente tienen por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laboral, sino también la proyección del menoscabo sufrido con relación a todas las esferas de la personalidad del damnificado (conf., esta Sala, en causa libre nº 49.512 del 18/8/89; libre nº 348.977 y acumulados del 30/5/2003). Frente a minusvalías de carácter permanente, es razonable conceder un resarcimiento que compute las proyecciones integrales de la personalidad que no sólo afectan aquellos aspectos que son de orden puramente laboral o productivo, sino también todas las manifestaciones que atañen a la realización plena de la víctima en su existencia individual y social (conf., Llambías, Obligaciones, t. IV-A, nº 2373; Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio-Zannoni, Código Civil comentado, t. 5, pág. 219, nº 13; Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, t. pág. 191, nº 232; Borda, Obligaciones, t. I, nº 149, etcétera). O, en otras palabras, atender las proyecciones de la minusvalía que conllevan las secuelas, no consideradas en sí mismas sino en su proyección en la situación actual del damnificado, entendida como las repercusiones estimables del sacrificio inferido a la víctima en función del concreto empleo que ella hace de su cuerpo o de la parte del mismo que resultó dañada (conf., Melich Orsini, La reparación de daños por el juez, en "Estudios de derecho civil", pág. 338).

Ello no exige, axiomáticamente, considerar separadamente el daño físico del estético y del psicológico, si, al hacerse el análisis del caso, tales menoscabos -aun cuando sean teóricamente separables por su diversa naturaleza- han sido suficientemente considerados. La incapacidad sobreviniente, como tal, abarca ambas especies, aun cuando por razones metodológicas puedan tratarse con autonomía las minusvalías de orden físico y las de orden psicológico. Coincido en que el daño físico y el psicológico, del mismo modo que el estético y el mismo daño moral, pueden ser subsumidos, como lo señala el a quo, en la categoría abarcadora de daño extrapatrimonial (aun cuando, acoto, esta especie de menoscabo provoque, además, un daño patrimonial indirecto). Pero en la medida que los avances de la psiquiatría y la psicología lo han permitido, su consideración autónoma, a la hora de mensurar el grado de incapacidad como minusvalía específica, no pone en entredicho su carácter de daño extrapatrimonial directo.

Entre ellas, la llamada "vida de relación" se refiere al conjunto de actos que exceden el desenvolvimiento productivo del sujeto, pues deben incluirse los actos cotidianos que generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismo y a la familia, tareas normales del ser humano, como conducir, transitar, en suma, valerse por sí mismo en sus relaciones con los demás, independientemente del deterioro de su capacidad de ganancia (Sala H, 11/9/97; esta Sala, Libre 372.369, 196/04).

Obviamente la ausencia del miembro superior (amputación del brazo y tercio medio del antebrazo izquierdo que culmina en un muñón) si bien, a lo sumo, es susceptible de ser paliada mediante la utilización de prótesis, constituye no sólo causa de una muy significativa incapacidad física, sino de un daño estético y, en el caso, ha provocado también daño psicológico que se traduce, según el informe de la perito psiquiatra que corre a fs. 1126/1130, en una depresión reactiva moderada al que le asigna un 25% de incapacidad de tal orden.

Teniendo en cuenta los agravios vertidos por las partes en punto al monto fijado para resarcir la incapacidad física sobreviviente, señalo -en respuesta a los agravios de C.E.C.S.A.G.A.L. y de la aseguradora citada en garantía, "Provincia Seguros S.A".- que, en mi entender, la suma estimada por el a quo no constituye una suma exorbitante habida cuenta la edad del actor y las secuelas definitivas que deberá sobrellevar de por vida.

En cuanto a los agravios que vierte el actor respecto al rechazo del reclamo resarcitorio derivado de la lesión estética y daño psicológico debo señalar que aunque en general la Sala ha reputado razonable estimar el resarcimiento del daño estético con autonomía a la incapacidad física, en este caso -no obstante lo antes explicado- el daño estético, cuya existencia no puede negarse, se confunde con la misma incapacidad (lo que no sucede en otros casos en que la lesión, como tal, no produce secuelas incapacitantes sino que tan sólo se proyectan en orden a la belleza o armonía físicas del damnificado).

En cambio debe resarcirse prudentemente el daño psíquico que no queda cubierto en la incapacidad física y tampoco, a mi juicio, en el daño moral. Habida cuenta que por separado se resarce el costo del tratamiento psicológico aconsejado por el perito psiquiatra y el grado de incapacidad estimado considero prudente modificar la sentencia apelada y fijar un resarcimiento de $ 20.000 por este daño.

Si se comparte mi criterio corresponde desestimar, en consecuencia, el agravio de C.E.C.S.A.G.A.L. en cuanto se condena a indemnizar el costo del tratamiento aconsejado por el perito psiquiatra, pues la suma fijada -$ 8.320- no es exorbitante teniendo en cuenta el criterio de la Sala para casos análogos.

b) Daño moral. Todas las partes se agravian de lo decidido en la sentencia apelada. La sentencia estima el resarcimiento en $ 70.000.

La Sala en diversos pronunciamientos ha puesto de relieve que el resarcimiento del daño moral exige tomar en consideración los dolores y padecimientos del damnificado a partir del accidente sufrido, el tiempo de convalecencia hasta su restablecimiento, y las demás repercusiones anímicas que provocaron las lesiones inferidas. Si bien no es susceptible de prueba directa, cabe presumir el daño moral in re ipsa por la índole de las ofensas recibidas y la personalidad del ofendido (CNCivil, Sala A, 10/11/97, LA LEY, 1999-A, 484 -fallo 41.189-S- y JA, 1998-III-334; Sala D, 9/9/99, LA LEY, 2000-C, 948 -jurisprudencia agrupada, caso nº15.080-; Sala G, 19/10/80, JA, 1981-IV-329; Sala E, 30/3/84, JA, 1984-III-293; esta Sala, 29/10/99, LA LEY, 2000-E, 924, etcétera). Es verdad que su cuantificación queda librada al criterio prudente de los magistrados, aunque ellos deben computar la entidad y magnitud de la lesión o agravio en función de las proyecciones de la persona en sus esferas existencial y psíquica, de sus padecimientos, de su dolor físico, de sus miedos, angustias y sufrimientos. La reparación "integral" del daño moral no puede resolverse sino en términos de aproximación, tanto desde la perspectiva del daño mismo, como desde la perspectiva de la indemnización, pues que el monto que se fije no puede representar ni traducir el perjuicio ni sustituirlo por un equivalente (Zabala de González, Matilde, Cuánto por daño moral, LA LEY, 1998-E, 1061; Peyrano, Jorge W., De la tarifación judicial 'iuris tantum' del daño moral, JA, 1993-I-880). Es, a lo sumo, un "precio del consuelo", como con agudeza lo señala Héctor P. Iribarne (De los daños a la personas, Bs. As., 1993, pág. 401). Pero resulta indudable que el quantum indemnizatorio debe tomar en consideración la razonable repercusión que el hecho dañoso ha provocado.

Ahora bien, aun cuando la cuantía de la reparación del daño moral no está sometida a baremos ni a tarifaciones legales o judiciales es menester, como bien se ha sostenido, buscar elementos que permitan calibrar en forma razonable los parámetros cuantitativos de la reparación, lo que difícilmente puede alcanzarse sin acceder a un sistema de valoración relativamente uniforme que con pautas que, aunque sean meramente indicativas y flexibles, aun así permiten afianzar el valor procesal de la predictibilidad (Pizarro, Ramón D., Cuantificación de la indemnización del daño moral en el Código civil, en "Revista de Derecho de Daños", 2001-1-342).

Considero, a propósito, que más allá de la incapacidad física -ya considerada- y del daño psicológico, el actor ha de portar una minusvalía grave que hace procedente una razonable compensación del perjuicio en los aspectos espirituales que involucran la imagen de sí mismo, irreversiblemente dañada. Por eso, siguiendo precedentes análogos de la Sala, no juzgo insuficiente ni excesivo el monto del resarcimiento y propicio su confirmación.

c) Gastos de provisión y reposición de prótesis. En ocasión de demandar, el actor sostuvo que la atención médica, farmacéutica y demás prestaciones en especie le fueron brindadas por la A.R.T. de su empleador, "La Segunda A.R.T. S.A.". Y agregó que entre esas prestaciones en especie se contó la provisión de una prótesis ortopédica la que fuera colocada en el antebrazo que sufrió la amputación. Consideró, sin embargo, que tal prótesis no es ni la más moderna ni la más dotada de adelantos técnicos para permitir la mayor cantidad de prestaciones. Hizo alusión al intercambio epistolar de que dan cuenta las cartas documentos dirigidas a la A.R.T. y respondidas por ella que obran, en copia, a fs. 36/41 y a su vez, reclamó el costo de reposición periódica de la prótesis tanto a causa del desgaste propio de los materiales como por las innovaciones tecnológicas que se imponen con el paso de los años. Acompañó un presupuesto de la firma "Ortopedia Alemana" (copia a fs. 35) que cotizó el elemento allí descrito en $ 22.100, y sobre la base de la expectativa de vida del actor reclamó, el pago en dinero, de $ 150.000.

A fs. 861 consta el informe de la A.R.T. en el que confirma que se proveyó al actor la prótesis mecánica y que después de un tiempo de adaptación a ella, la utiliza desempeñándose satisfactoriamente.

El Señor Juez a quo rechaza el reclamo resaltando que ninguna pregunta se le hizo al perito médico acerca de la conveniencia de una u otra prótesis teniendo en cuenta las circunstancias personales del actor y reputa que tal falta de prueba impide acceder al reclamo. El actor se agravia de lo resuelto. Entiendo que lo decidido es justo en los límites de este pleito. Habida cuenta que la A.R.T. ha provisto la prótesis, el actor debería hacer, en el futuro, los reclamos a la aseguradora a fin de obtener su eventual sustitución o la provisión de otra de diferentes prestaciones. Tal reclamo excede el ámbito de la presente causa civil. Habida cuenta que la aseguradora ha asumido una reparación del daño en especie, no corresponde decidir la cuestión en este pleito (decisión que implicaría sustituir una prestación en especie por otra de dar una suma de dinero) en que el reclamo excede las previsiones legales (arg. art. 39 de la ley de riesgos del trabajo).

d) Gastos de atención médica, de farmacia y traslados presentes y futuros. La sentencia apelada, teniendo en cuenta que, según las planillas acompañadas a fs. 822/825 por la aseguradora de riesgos de trabajo, se cubrieron al actor las erogaciones relativas a las prestaciones médicas, gastos de farmacia, de transporte, etcétera, fijó no obstante la suma de $ 2.000 siguiendo el criterio tradicional de que, aun así, es razonable estimar (conf. art. 165 del CPCC) una suma para sufragar gastos que no están cubiertos por aquéllas. Considero que la estimación es prudente y que debe ser confirmada.

e) Costas. Si se comparte el criterio que he desarrollado en este voto, las costas deben imponerse íntegramente a los condenados, esto es a la demandada C.E.C.S.A.G.A.L. y al tercero citado Aldo Albino Maldonado (art. 68 del CPCC).

Intereses. La sentencia manda liquidar los intereses a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina. El actor pide se fije la tasa activa, por los fundamentos que desarrolla en el memorial. Es criterio de esta Sala, que, al respecto, corresponde liquidar los intereses a la tasa pasiva promedio dispuesta por el art. 10 del decreto 941/91, por aplicación de la doctrina del fallo plenario en "Vázquez c./ Bilbao" de 1993 (LA LEY, 1993-E, 126), que constituye doctrina legal del fuero, y que fuera ratificada respecto a los intereses devengados aún después del 6 de enero de 2002, en el fallo plenario del 11/11/2003 en la causa "Alaniz, Ramona E y otro c./ Transportes 123 SACI" del 23/3/04, computando dichos intereses desde la fecha del hecho que motiva el reclamo (LA LEY, 2004-C, 36) (conf., esta Cámara, en pleno, 16/12/58, LA LEY, 93-667).

La obligatoriedad que tiene la doctrina legal (art. 303 del CPCC) impide, a mi juicio, ensayar la aplicación de tasas de interés diversas con fundamento en criterios que por muy respetables que puedan parecer, coadyuvarían a resentir la seguridad jurídica que la doctrina legal tiende a privilegiar. No se me oculta que la emergencia económica que afecta al país desde principios del año 2002 y el abandono de la convertibilidad del peso implicaron una alteración significativa en el valor de la moneda, coadyuvante a su depreciación. Pero esto no nos autoriza a sostener apriorísticamente que la tasa pasiva promedio dispuesta por el art. 10 del decreto 941/91 no preserva, razonablemente, el principio de integridad de la condena.

11. En su memorial, C.E.C.S.A.G.A.L. se agravia de que el sentenciante no haya computado las sumas percibidas por el actor como prestaciones dinerarias, y en consecuencia que haya rechazado la excepción de pago que opuso al contestar la demanda con fundamento en que Videla fue atendido e indemnizado en los términos de la ley de riesgos del trabajo por "La Segunda A.R.T.". Sin embargo, como bien lo destaca el sentenciante, la aseguradora de riesgos de trabajo (fs. 706/764 y 822/914, especialmente fs. 708 y 862) informó que el actor no percibió indemnización, sin perjuicio de las prestaciones dinerarias de que dan cuenta los comprobantes anexos a tales informes.

Las quejas del demandado no pueden ser atendidas pues las prestaciones dinerarias de la aseguradora no constituyen indemnización por la incapacidad sobreviniente. Según surge de los comprobantes agregados a la causa, las prestaciones en dinero pagadas al actor corresponden a una prestación mensual cuya cuantía es igual al porcentaje de incapacidad parcial provisoria multiplicado por el setenta por ciento del ingreso base con más las asignaciones familiares correspondientes. No pueden computarse como pagos deducibles de la incapacidad que aquí se resarce y que comprende, como ya se dijo, no sólo las limitaciones de orden laboral, sino también la proyección del menoscabo sufrido con relación a todas las esferas de la personalidad del damnificado. El agravio debe ser, pues, desestimado.

12. En síntesis, propongo modificar la sentencia recurrida dejando sin efecto la responsabilidad concurrente del actor en el hecho que da origen al pleito, y establecer dicha responsabilidad en un 70% a cargo de Aldo Albino Maldonado y en un 30% a cargo de la Cooperativa de Electricidad, Consumo, Comercialización, Vivienda y Servicios Asistenciales General Alvear Ltda., sin perjuicio de la solidaridad de ambos frente al actor (arg. art. 1109, segundo párrafo, Cód. Civil). Establecer en $ 20.000 el resarcimiento en concepto de daño psicológico y confirmar los restantes rubros de la condena de primera instancia que deberán ser liquidados, con más sus intereses a la tasa dispuesta, sin deducciones a cargo del actor. Si así se resuelve, propongo que las costas de esta instancia se impongan también a la demandada C.E.C.S.A.G.A.L. y al tercero citado Aldo Albino Maldonado, que resultan sustancialmente vencidos (art. 68 del CPCC).

Por análogas razones a las aducidas por el vocal preopinante, los DOCTORES Galmarini y Posse Saguier votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se modifica la sentencia recurrida dejando sin efecto la responsabilidad concurrente del actor en el hecho que da origen al pleito, y se establece dicha responsabilidad en un 70% a cargo de Aldo Albino Maldonado y en un 30% a cargo de la Cooperativa de Electricidad, Consumo, Comercialización, Vivienda y Servicios Asistenciales General Alvear Ltda., sin perjuicio de la solidaridad de ambos frente al actor (arg. art. 1109, segundo párrafo, Cód. Civil). Se establece en $ 20.000 el resarcimiento en concepto de daño psicológico y confirmar los restantes rubros de la condena de primera instancia que deberán ser liquidados, con más sus intereses a la tasa dispuesta, sin deducciones a cargo del actor. Las costas de esta instancia se imponen también a la demandada C.E.C.S.A.G.A.L. y al tercero citado Aldo Albino Maldonado, que resultan sustancialmente vencidos (art. 68 del CPCC). Los honorarios profesionales serán regulados una vez definidos los de la instancia anterior. Notifíquese y devuélvase. -Eduardo A. Zannoni. -José Luis Galmarini. -Fernando Posse Saguier.