Tribunal: CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-11


Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Expte. N° 37.533/2006 "CONGELADOS MACCHIAVELLO Y CIA SA (TF 23950-I) C/ DGI Y OTRO S/ DGI TRIBUNAL FISCAL" Buenos Aires, 11 de diciembre de 2014.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.-Que a través de la resolución de fojas 317/322, la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso de apelación interpuesto por la firma CONGELADOS MACCHIAVELLO y CÍA. SA y confirmó la Resolución N° 265/04 (DV RRCR), dictada por la Jefa (Int.) de la División Jurídica a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la AFIP-DGI, por conducto de la cual -en lo que aquí interesa- el citado organismo había determinado de oficio (en forma parcial) el IVA, por los períodos fiscales 03/97 a 04/99, en la suma de $ 198.947,34 (pesos ciento noventa y ocho mil novecientos cuarenta y siete con 34/100), con más intereses. Impuso costas a la actora vencida y reguló los honorarios correspondientes a la representación letrada de la demandada, por su actuación en la presente causa y en el incidente resuelto a fojas 110/113, como así también a los peritos contadores intervinientes en autos.

Para así decidir, con remisión a lo expuesto en el Informe Final de Inspección, señaló que el Fisco consideró que la actora "utilizaba empresas creadas formalmente pero sin consistencia patrimonial ni estructura operativa ([GERNICA SA y MAKRO SA]) simulando haber realizado compras de materia prima o haber recibido servicios, para posteriormente computarse el crédito fiscal de esas operaciones fraguadas y acceder al beneficio del reintegro por exportaciones". Asimismo, recordó que -a partir de las irregularidades detectadas durante el procedimiento de fiscalización- el organismo fiscal consideró inexistentes las operaciones que la actora habría declarado con dichos proveedores. Luego de reseñar las conclusiones arribadas en sede administrativa con respecto a cada uno de los mencionados proveedores, sostuvo que, frente a los elementos aportados por el Fisco en apoyo de su tesitura, era la actora quien tenía la carga de acreditar la real existencia de las operaciones impugnadas. En este sentido, con posterioridad a detallar lo expuesto en el informe pericial y en la prueba informativa, concluyó que la actora no logró acreditar la realidad fáctica de las operaciones impugnadas por el Fisco.

II.	-	Que a fojas 323 interpuso recurso de apelación la representación letrada de la demandada contra la regulación de honorarios realizada en favor de su parte por considerar bajos dichos emolumentos.

III.	-	Que la firma actora apeló a fojas 324 y expresó agravios a fojas 330/333. En su memorial sostuvo que el tribunal de grado incurrió en un error en la apreciación de las constancias fácticas de la presente causa ya que su parte probó la real existencia de las operaciones y alegó que no se había cuestionado la realización de las exportaciones "lo que de por sí da cuenta de la existencia de compras de bienes y servicios". Agregó que "no existe una sola prueba en todo el expediente administrativo que acredite la inexistencia de dichas operaciones de compraventa y, lo que es peor, la AFIP-DGI ni siquiera cuestiona que los bienes o servicios facturados hayan sido entregados o prestados por el proveedor y que hayan sido instrumentados mediante la documentación correcta y reglamentaria, sino que cuestiona la independencia de estos proveedores del accionante" (v. fs. 330 vta.).

Agregó que su parte acreditó la existencia de las operaciones en cuestión ya que los peritos contadores corroboraron que todas las facturas habían sido incorporadas en los libros respectivos, reunían los requisitos extrínsecos previstos normativamente y fueron canceladas mediante cheques, transferencias bancarias y se realizaron compensaciones aplicadas entre los proveedores. En igual sentido, sostuvo que en la causa penal y en los antecedentes administrativos constaba el detalle de envíos de mercaderías e insumos realizado entre la actora y los proveedores impugnados.

Por último, sostuvo que por aplicación del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Bildown SA" (del 27/12/11), no existe precepto alguno que subordine el derecho a la restitución del IVA del exportador al cumplimiento de las obligaciones sustantivas por parte de los terceros con los que él operó.

IV.	-	Que a fojas 339/344 el Fisco Nacional (AFIP- DGI) contestó agravios. En este sentido, destacó que no existe en autos ninguna prueba que acredite la real existencia de las operaciones impugnadas. Además señaló que "la actora no realiza cuestionamiento alguno respecto del planteo fiscal relativo a su vinculación con las firmas [GERNIKA SA y MAKRO SA], empresas creadas formalmente para simular compras de materias primas o prestación de servicios, con el consecuente cómputo del crédito fiscal de las operaciones y acceder al beneficio del reintegro por exportaciones". Agregó que su parte logró comprobar la existencia de un circuito ficticio pergeñado, con raíz en la subordinación laboral y dependencia financiera, técnica y económica de los supuestos proveedores. En este sentido, sostuvo que dicha parte no rebate la mencionada tesis fiscal y que, por este motivo, los agravios expuestos por aquella constituyen una crítica genérica sin entidad suficiente para abrir un nuevo análisis respecto de los hechos probados en autos. Citó jurisprudencia en apoyo de su postura. Asimismo, señaló que la actora no identifica a partir de qué elementos probatorios se encontraría verificada la existencia de las operaciones. Luego reseñó el análisis de la prueba efectuado por el tribunal de grado y alegó que el estudio allí realizado "en modo alguno se ve afectado por la crítica genérica e insustancial ensayada por la accionante" (v. fs. 343).

V.	-	Que en primer lugar, a los fines de una mayor claridad en el análisis, conviene efectuar una breve reseña de los antecedentes administrativos.

Conforme surge del Informe Final de Inspección (v. fs. 70/74 del Cuerpo Impuesto al Valor Agregado, al que se hará referencia en el presente considerando) la actora se dedica a la exportación de pescado y otros productos marinos, adquiriendo la totalidad del producto de sus principales proveedores, quienes le generan crédito fiscal, que luego la firma compensa y/o solicita devolución, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de IVA. Entre la información colectada dentro del procedimiento de fiscalización, se detallaban: "Envíos de mercaderías y/o insumos (merluza fresca entera, filet de merluza, hielo en escamas, insumos necesarios para el envasado, mesa para fileteado, lavadora de pescado, cuchillos etc., y pescados varios de [CONGELADOS MACCHIAVELLO y CÍA. SA], a distintas empresas"; "Ordenes de pago extendidas por [la actora] a proveedores diversos, conteniendo detalle del cheque, proveedor, importe, fecha; observándose que en la mayoría de los casos el cheque se encuentra abrochado a la orden de pago, roto y sin depositar"; facturas de compras de pescado fresco, fileteado y de mano de obra que dicha parte habría adquirido a distintos proveedores; remitos de exportación y de ingreso de materia prima; y "notas enviadas por fax al domicilio en provincia de Buenos Aires, xxx-Villa Martelli de [CONGELADOS MACCHIAVELLO y CÍA. SA], por Silvana Bemardez administrativa de la firma, mediante los cuales solicitan anticipos de dinero para hacer frente a los pagos a proveedores". Con relación a esto último, se advirtió que "[u]na vez recibido estas solicitudes, desde Buenos Aires se cursa nota al Banco Velox autorizando el débito a la cuenta N° xxx y el crédito a la cuenta del proveedor solicitante de anticipos de fondos".

Además, "se transcribe textualmente uno de estos fax: 'Buenos Días, necesitamos por favor hacer esta factura a nombre de Pesquera Diego Primero SA y no a nombre de Macchiavello. Nosotros nos haríamos cargo, por supuesto, del pago. Les paso los datos...', existiendo otros del mismo tenor entre los documentos secuestrados". Asimismo, "se encontraron solicitudes de fondos para [GERNIKA SA], a efectos de que ésta proceda al pago de los anticipos a fileteros, dentro de la documental incautada hay recibos no oficiales de pago de estos conceptos" y señaló que dicha firma -proveedora directa de la actora- "no cuenta con instalaciones propias, las que son alquiladas a Ángel Uribe SRL., el personal en relación de dependencia que declara cumple funciones administrativas y/o supervisión, contratando el servicio de fileteado a PYMES".

En relación con aquellas, se expuso que sus titulares "son los propios fileteros, instados por [CONGELADOS MACCHIAVELLO y CÍA. SA] a la formación de pequeñas empresas de manera que les permita el acceso al beneficio del pago directo de asignaciones familiares del ANSES. Estas PYMES, que actúan como proveedores de segunda línea de la sociedad mencionada, carecen de sustento real, son insolventes, según surge de las presentaciones de Declaración Jurada de aquellos que las efectuaron. Lo expresado en el primer párrafo, se prueba con declaración testimonial prestada por [el Sr. Estanislao NAVARRO] ante una actuación realizada por el ANSES". Además, señaló que "otro elemento a tener en cuenta es la existencia de carpetas conteniendo solicitud de inscripción ante la AFIP, declaraciones juradas, constancias de pago", afiliaciones y altas "de empelados en ANSES, etc., pertenecientes a los subcontratistas de mano de obra (fileteros) en el domicilio allanado, hecho que prueba la dependencia de éstos con la empresa contratante ([CONGELADOS MACCHIAVELLO y CÍA. SA])".

A partir de tales maniobras, allí se concluyó que la actora "se desliga de las obligaciones previsionales, ya que no se configura como empleador titular del personal en relación de dependencia, tampoco se hace cargo del pago de las asignaciones familiares, ya que de no ser los titulares PYMES, la fiscalizada hubiera tenido que afrontar éstos con recursos financieros propios por encontrarse para ella vedado el acceso al beneficio del ANSES". En cuanto a la faz impositiva, sostuvo que "la creación de empresas que le facturen en forma directa, lo beneficia porque le permite acceder a las solicitudes de reintegro por exportaciones previstas en el art. 43 de la Ley de IVA, sin tener que verse en la obligación de constituir una sucursal de la empresa, asumiendo los costos que ello implica: compra, construcción ó alquiler de planta para realizar el procesado del pescado, contratación de personal en relación de dependencia, tanto a nivel gerencial, administrativo y operarios". Luego de ello, señaló que de las declaraciones juradas de IVA presentadas por GUERNIKA SA y la de sus proveedores "se puede observar que en ninguna etapa producen ingresos de este impuesto al Fisco, ya sea porque el impuesto determinado es compensado con las retenciones que le efectúa la exportadora, en el caso de la primera empresa; o bien porque no se declararon las operaciones facturadas por las segundas". En virtud de ello, concluyó que "las operaciones llevadas a cabo y el personal involucrado por MAKRO SA y GERNIKA SA le pertenece a CONGELADOS MACCHIAVELLO y CÍA. SA". Como consecuencia de ello, se procedió a impugnar el crédito fiscal proveniente de dichas operaciones.

Por conducto de la Resolución N° 194/04 (DV RRCR) el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la AFIP-DGI resolvió conferir vista a la actora de la liquidación practicada en el IVA por los períodos fiscales 03/97 a 04/99, con motivo de las impugnaciones o cargos formulados, como así también de las actuaciones administrativas, y le otorgó el plazo de 15 (quince) días para que presentara su descargo y ofreciera o aportara las pruebas que hicieran a su derecho (v. fs. 251/271).

Como fundamento de dicha decisión, la AFIP expuso que -en uso de las facultades de fiscalización- detectó diferencias en el impuesto y períodos fiscales antes referidos provenientes de la impugnación de operaciones de compra con proveedores considerados inexistentes. Además, señaló que el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia -en el marco de la causa "Benítez, Víctor Manuel s/ denuncia presunta infracción Ley N° 24.769"- ordenó el allanamiento de la firma GERNIKA SA. A partir de éste (y junto a las circularizaciones realizadas), se obtuvieron envíos de fondos de la actora a terceros supuestos proveedores de la mencionada firma, de mercaderías e insumos a distintas empresas y órdenes de pago extendidas por la accionante "a proveedores diversos conteniendo detalle del cheque, proveedor, importe, fecha; observándose que en la mayoría de los casos el cheque se encuentra abrochado a la orden de pago, roto y sin depositar". Asimismo, detalló la información emergente de 31 documentos (entre ellos, impresiones de fax, notas y correos electrónicos enviados y recibidos por la actora durante el período comprendido entre el 30/05/97 y 04/11/99) a partir de los cuales se infería la operatoria realizada por la actora para la elaboración de los productos, la vinculación que ésta mantenía -entre otros- con los proveedores cuestionados (destacándose directivas para la elaboración de las mercaderías, contratación de personal, formas de facturación, etc.), como así también con los fileteros y los barcos encargados de realizar las operaciones de pesca (v. fs. 253/260 del citado administrativo). Agregó que en las facturas de compra y remitos emitidos por las firmas GERNIKA SA y MAKRO SA a CONGELADOS MACCHIAVELLO y CÍA. SA se verificaba que dichas firmas declaraban el mismo domicilio (xxxi N° xxx). También expuso la información aportada en su declaración por el Sr. NAVARRO y concluyó que "carece de sustento real como proveedor, teniendo en cuenta la facturación emitida, la falta de presentación de DDJJ impositivas y de Seguridad Social, los sueldos percibidos como empleado en relación de dependencia, según recibos secuestrados que [le] impiden asumir la calidad de empresario".

A partir de la información colectada, sostuvo que "se evidencia subordinación laboral y dependencia financiera, técnica y económica de los supuestos proveedores respecto de [CONGELADOS MACCHIAVELLO y CÍA. SA], ya que 'controla e instruye como operar, donde pescar, como facturar, a quien subcontratar y cuáles deben ser los costos de las mercaderías o servicios a los efectos de no desvirtuar sus ganancias, solventa las necesidades financieras a través del pago de materia prima, mano de obra, cargas sociales, teléfono, energía eléctrica, etc. de sus 'proveedores'" (v. fs. 262). En efecto, señaló que "todo lo expuesto pone de manifiesto la intencionalidad de los responsables de la firma de efectuar maniobras tendientes a beneficiarse con recuperos de impuestos y cómputos de créditos fiscales y gastos de operaciones consideradas inexistentes". Por este motivo, consideró que en base al principio de la realidad económica (consagrado en el art. 2° de la Ley N° 11.683) correspondía prescindir, en la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, razón por la cual se impugnó el crédito fiscal originado en las operaciones declaradas con respecto a los proveedores MAKRO SA y GERNIKA SA.

Asimismo, por conducto de la Resolución N° 217/04 (DV RRCR) se concedió a la actora una prórroga de 15 (quince) días para la presentación de su descargo (v. fs. 276 y 277), el que obra agregado a fojas 293/334.

Ahora bien, tal como fue destacado precedentemente y en lo que aquí interesa, por conducto de la Resolución N° 265/04 (DV RRCR) la Jefa (int) de la División Jurídica a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la AFIP-DGI resolvió determinar de oficio en forma parcial la obligación de la actora en el IVA, por los períodos fiscales 03/97 a 04/99, por la suma de $ 198.947,34 (pesos ciento noventa y ocho mil novecientos cuarenta y siete con 34/100 ctvs.) (v. fs. 338/372).

Para así decidir, luego de reseñar los elementos probatorios agregados durante el trámite administrativo, señaló que "con la documentación citada en la vista, a contrario de lo que la contestataria opina, surge con claridad meridiana que no son simples indicaciones respecto a cómo elaborar el producto o que sólo se limitan a un control activo del accionar de dichos proveedores con el fin de garantizar la calidad del producto exportado sino más bien, muestra la distorsión de la realidad económica de las relaciones intragrupo. A efectos de ilustrar lo manifestado se cita a continuación el fax del 12-11-97, enviado por Miguel Ángel Cordone a Danilo Cordone indicando que las facturaciones de mercado interno perjudican en el Recupero de IVA de exportaciones; y proponiendo textualmente lo siguiente... 'lo ideal sería que Conarpesa esté en el medio, que Harengus le facture cámara, congelado y mano de obra y él a su vez le facture a Pescafina o .'La operación la hará [CONGELADOS MACCHIAVELLO y CÍA. SA] (para exportar). Continua: .'Para nuestra tranquilidad, debemos verificar si no tenemos algún flanco débil ante las inspecciones de la D.G.I.'" (v. fs. 352). Además, destacó que "acierta la incoada al expresar que en la resolución que se contesta no se ataca la existencia de mercaderías -ya que estas pudieron haber ingresado al activo de la empresa de diversos modos-, lo que sí este Organismo sostiene es que, la responsable intencionalmente efectuó maniobras tendientes a beneficiarse con recuperos de impuestos, cómputos de créditos fiscales y gastos de operaciones consideradas inexistentes". Luego de ello, detalló nuevamente los documentos colectados a partir de la orden de allanamiento librada en la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia y sostuvo que en función de ello debía sostenerse el cargo formulado en la vista, cuyos términos reprodujo.

VI.- Que a partir de lo expuesto, y tal como fue destacado por el Tribunal Fiscal de la Nación, el Fisco consideró que las operaciones declaradas por la actora con las firmas MAKRO SA y GERNIKA SA resultaban inexistentes. Ello, debido a que dichas firmas eran utilizadas por la citada parte para simular las ventas invocadas con el fin de beneficiarse con recuperos de impuestos, cómputos de créditos fiscales y gastos de aquellas. Por este motivo, con fundamento en el principio de la realidad económica (arg. art. 2° de la Ley N° 11.683), la Administración desconoció la existencia de tales operaciones en función de las relaciones intragrupo antes mencionadas.

De este modo, lo que se discute en autos no es la real existencia de las mercaderías, sino que la Administración niega la real existencia de las operaciones invocadas por la actora en función de la confusión observada entre dicha parte y los citados proveedores. En consecuencia, partiendo de tales premisas, la actora debía desvirtuar este último extremo con objeto de probar la verificación de las operaciones invocadas (arg. art. 377 del CPCCN).

VI.1.- Tal como fue destacado en el primer considerando, el Tribunal Fiscal de la Nación consideró que la parte actora no logró satisfacer dicha carga procesal, ni tampoco probar la real existencia de las operaciones involucradas.

En efecto, con respecto al informe pericial contable resaltó que "en cuanto al punto relativo a si los libros de [CONGELADOS MACCHIAVELLLO y CÍA SA] son llevados en legal forma, ambos peritos expresan irregularidades en los mismos (espacios en blanco, inconsistencias en el Libro Diario y en el Inventario y Balances), calificándola el perito por la actora de meras 'falencias formales', mientras que para el perito del Fisco Nacional, la actora no se ajusta a las disposiciones de las normas [del] Código de Comercio en materia de libros comerciales". Además, sostuvo que "[s]i bien ambos profesionales acuerdan en la debida registración de las operaciones con [GERNIKA SA y MAKRO SA] como así también en el cumplimiento de los requisitos extrínsecos, de las facturas presuntamente emitidas a tales fines, el perito del Fisco remarca que dichos comprobantes carecen de número de remito que eventualmente se debía acompañar con la entrega de la mercadería".

Asimismo, "[e]n cuanto a la instrumentación del pago de las mentadas operaciones, el perito de la accionante indica que se habrían cancelado con cheques previa deducción de la retención correspondiente a los impuestos a las ganancias y al valor agregado o transferencias bancarias y compensaciones. Sin embargo, en ningún caso detalló ni desarrolló las características esenciales de las formas de pago enumeradas (vg. formas de cobro, beneficiarios) o individualizó los comprobantes de transferencias o algún elemento que demostrara la concreción de la compensación invocada. Por su parte, el perito por el Fisco Nacional expone que si bien la documentación observada surge que las facturas fueron canceladas con cheques y que en la mayoría de los casos se pudo observar la orden de pago donde figura el número de dichos instrumentos, la falta de copias de los mismos impiden determinar el beneficiario" de aquellos.

Por otro lado, "con relación a si el accionante podría haber realizado las operaciones de exportación si no hubiese contado con la adquisición de bienes y servicios realizadas a los proveedores [GERNIKA SA y MAKRO SA], no existe coincidencia entre ambos expertos, dado que mientras el perito de la actora sostiene que no se podrían haber efectuado, el experto designado por el Fisco menciona como obstáculos para arribar a tal conclusión, la imposibilidad de vincular todos los productos y servicios de dichos proveedores con las mercaderías exportadas, aclarando además la gran cantidad de proveedores con los que cuenta la actora al margen de la operatoria impugnada". A partir de lo expuesto, el Tribunal Fiscal concluyó que "la pericial contable producida ciertamente impide (...) tener por ciertos los argumentos vertidos por la actora en relación a la concreción de las operaciones con [los citados proveedores]" y que ello "reafirma la posición del Fisco en cuanto a su inexistencia".

Asimismo, luego de hacer referencia a la prueba informativa producida en autos, sostuvo que los elementos reseñados en dicho decisorio justificaban los ajustes practicados y que el material probatorio producido en autos no lograba desvirtuar el criterio fiscal, motivo por el cual "cabe concluir que las operaciones facturadas por [GERNIKA SA y MAKRO SA] resultan inexistentes, en tanto ambas empresas resultaron vehículos ficticios utilizados por [CONGELADOS MACCHIAVELLO y CÍA. SA] para beneficiarse con recuperos de impuestos y cómputo de créditos fiscales".

Ahora bien, esta Cámara ha señalado el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley N° 11.683, de modo tal que cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (Sala I, in re "Merlino Automotores S.A." del 12/03/09; Sala II, in re "Frigorífico Marejada S.A." del 29/12/09; Sala IV, in re "Agropecuaria Laishi S.A." del 15/04/10; esta Sala, "Del Buono, Jorge Luis" del 15/03/07; entre otros). Dicha regla general, sin embargo, puede ceder no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (esta Sala, in re "Del Buono", cit.). En otras palabras, el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (esta Sala, in re "Amadeo Camogli y Ciminari SC", del 01/11/07, entre otros).

Ahora bien, del examen del decisorio del tribunal de grado y, en particular, teniendo en cuenta los argumentos en que se basa, es posible sostener que este último supuesto no se encuentra configurado en autos. En efecto, la actora no planteó ningún argumento conducente a fin de que esta Sala encontrara mérito suficiente para apartarse de las conclusiones fácticas arribadas por el tribunal de grado, ya que -tal como fue puesto de manifiesto anteriormente- en autos no se cuestiona la real existencia de la mercadería, sino que el Fisco tachó de inexistentes las operaciones declaradas luego de considerar que los citados proveedores eran utilizados por la actora para simular ventas con el fin de beneficiarse con recuperos de impuestos, cómputos de créditos fiscales y gastos relacionados con aquellas.

Si bien la actora advierte en su recurso que lo que se cuestiona en autos es su independencia con los citados proveedores, en modo alguno dirigió su actividad probatoria en miras a desvirtuar esa tesis del Fisco. En efecto, la accionante planteó su defensa en miras a acreditar el circuito económico de las operaciones (extremo que el tribunal a quo tampoco consideró acreditado), sin hacerse cargo del fundamento principal de la resolución apelada, esto es, que los citados proveedores eran vehículos ficticios utilizados por su parte a fin de simular ventas con el fin de beneficiarse con recuperos de impuestos, cómputos de créditos fiscales y gastos de aquellas.

Al respecto, cabe destacar que de los faxes, correos electrónicos y notas remitidas por la actora -mencionadas en la vista y en la resolución administrativa apelada (y que esta Sala tuvo en miras)- se desprende que la firma CONGELADOS MACCHIAVELLO y CÍA. SA impartía directivas a los citados proveedores instruyéndoles cómo operar, dónde pescar, cómo facturar, a quién subcontratar y cuáles debían ser los costos de las mercaderías o servicios, como así también es relevante el hecho de que la actora afrontaba el pago de las materias primas requeridas para la producción, mano de obra, cargas sociales y gastos operativos de dichos proveedores.

No obstante ello, frente a la contundente información allí verificada, la actora no aportó explicación ni prueba alguna tendiente a esclarecer la vinculación que ésta poseía con los proveedores involucrados. Asimismo, tampoco negó entidad probatoria a los documentos antes mencionados, ni a la información allí contenida. De este modo, tal como lo entendió el tribunal a quo, resiste incólume la tesis del Fisco.

Por otro lado, cabe señalar que no resulta aplicable en autos la doctrina sentada por la Corte Suprema en el caso "Bildown SA" (Fallos: 334:1854), ya que -a la luz de las constancias antes reseñadas- los extremos fácticos sometidos a estudio en esa causa no resultan análogos a los analizados en la presente.

VI.2.- A partir de los argumentos vertidos precedentemente, corresponde estar a la valoración fáctica efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación en su resolución de fojas 317/322, en cuanto a que la firma actora no logró desvirtuar la tesis fiscal, entendimiento que se mantiene ante esta Alzada. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la firma CONGELADOS MACCHIAVELLO y CÍA SA y confirmar la resolución apelada, con costas a la actora vencida por aplicación del principio general de la derrota, respecto del cual no se observan motivos para apartarse (art. 68 primer párrafo del CPCCN).

VII.- Que en lo que respecta al recurso de apelación deducido por la representación letrada de la demandada contra la regulación de honorarios efectuada a su favor, cabe destacar que se observa una diferencia entre el monto escrito en cifras y en palabras con respecto a los emolumentos regulados a favor de la Dra. Á.. En efecto, se expuso "setenta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco pesos" y luego se aclaró dicho saldo en "$ 64.565". Por este motivo, con carácter previo a resolver dicho recurso, corresponde remitir la presente causa al tribunal de grado a fin de que aclare el mencionado error y determine el monto correspondiente a los honorarios regulados en favor la citada letrada.

Atento a lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la firma CONGELADOS MACCHIAVELLO y CÍA. SA y confirmar la resolución apelada, con costas a la actora vencida (art. 68 primer párrafo del CPCCN); 2) Diferir el tratamiento del recurso de apelación deducido contra la regulación de honorarios y remitir la presente causa al tribunal de grado a fin de que se expida de acuerdo con lo expuesto en el considerando VII del presente decisorio.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.- Guillermo F. Treacy - Jorge F. Alemany - Pablo Gallegos Fedriani