marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho a la vida, muerte digna, retiro de soporte vital
Materia: CIVIL
Carátula: S. , M. d. C. s/ insania
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

Debe confirmarse la sentencia que denegó la interrupción de la alimentación e hidratación artificial que sostiene con vida a una mujer en estado vegetativo irreversible, pues el argumento referido a que "la muerte es parte de la vida" o que el alma encarcelada en un cuerpo enfermo "espera librarse de él para volver a Dios" formulada a partir de antropologías que postulan un dualismo absoluto, carece de aceptación en un orden jurídico que reconoce derechos para el hombre total y para el cuerpo (vivienda digna, seguridad social, etc.), realizables en la vida, no en la muerte, más aún, cuando los arts. 19, 33 y los Tratados Internacionales incorporados por el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional reformada en 1994 (arts. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4 y 24 de la Convención Américana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) los arts. 10 y 12.1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires lo recusan expresa e implícitamente, directa e indirectamente. (Del voto del Dr. Negri)
Prisión preventiva, derecho a la libertad, revisión judicial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Penitenciaria de Mendoza s/ habeas corpus correctivo y colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-12-23

El plazo conferido al fiscal para requerir el control de la detención y el del juez para resolver lo solicitado, son plazos fatales en el sentido del art. 196 de. C.P.P. de Mendoza -ley 6.730-, ello conforme a lo establecido por el art. 21 de la Constitución provincial, que obliga a la imposición de una multa al funcionario que retuviese al detenido o dejase de cumplir dentro del término señalado por el juez, el requerimiento de éste, y atento a que la privación de la libertad de una persona procede sólo en supuestos excepcionales y para el aseguramiento de los fines del proceso.
Concurso preventivo, proceso de verificación, honorarios, crédito por honorarios, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA.  FRIGOCEN   SAIC  SOBRE CONCURSO SOBRE INCIDENTE DE VERIFICACION POR RICARDO MONTERISI s/ INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

Los honorarios correspondientes a la condenación en costas impuesta a la concursada, tienen causa distinta del crédito que dio origen al juicio donde aquellos fueron determinados. No existe accesoriedad entre ambas cuestiones, mereciendo la verificación de la primera tratamiento autónomo.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Parque Norte c/ Schuarberg s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-22

El reglamento de copropiedad debe interpretarse del modo que mejor se compadezca con la urgencia con que debe atenderse lo atinente al cobro de expensas, sin cuya oportuna y completa percepción se hace inviable la vida del Consorcio (art. 1198 del Cód. Civil) y que en caso de duda sobre la condición de título ejecutivo que cabe a la documentación acompañada debe estarse por la habilidad de la misma, toda vez que la teleología del art. 522 del CPCC y de las otras normas contenidas en la ley de propiedad horizontal y sus decretos reglamentarios (arts. 1, 8, 9 inc. c ley 13.512 y art.3 inc. 6, 9 y 6 del Dec. Ley 18.734/49) buscan asegurar el adecuado funcionamiento del Consorcio, el cual requiere ineludiblemente del pago oportuno de las expensas comunes por parte de sus integrantes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque sin fondos, domicilio cerrado, cambio de domicilio
Materia: PENAL
Carátula: CARRERA, MANUEL s/ Cheque sin fondos Causa 27081
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-28

Que la entrega de la interpelación no se efectuara por encontrarse el domicilio constituido "cerrado reiterado" según informe de la empresa de Correos (Encotel, no impide la configuración del ilícito tipificado en el art. 302, inc. 1° del C.P., ya que aún de haberse mudado el procesado no dio cambio de domicilio en el Banco, de lo que se concluye que el tenedor dirigió la intimación a donde debía hacerlo y puso al librador en condiciones razonables de tener conocimiento de la misma; si por su culpa, negligencia o picardía el despacho telegráfico no fue recibido, es una cuestión ajena al acreedor y a que se tengan por cumplidos los extremos que la ley exige para la configuración del delito. (Del voto en disidencia del Dr. Oyuela).
Ejecución hipotecaria, reordenamiento del sistema financiero, pesificación
Materia: CIVIL
Carátula: CHAREZUK, Carlos c/ MATO, Damián s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-14

Pese a la imperatividad de las normas sobre emergencia económica, cuando de su aplicación depende la recomposición económica del contrato o negocio jurídico que mediante el proceso promovido se pretende ejecutar, es indispensable que las eventuales consecuencias jurídicas que pueden derivar de su vigencia en el caso concreto, sean debatidas entre las partes antes de su aplicación. De ahí que, no es prudente pronunciarse de oficio "pesificando" el monto que se reclama en la demanda ejecutiva, a fin de preservar el derecho de defensa en juicio.
Empleo público, instrucción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VAZQUEZ PEDRO REYNALDO c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION - DEBIDO PROCESO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-08

Cuando la propia autoridad que realiza el sumario espontáneamente expone las razones atenuantes de las supuestas irregularidades encontradas en la investigación administrativa, luego no probadas ni incriminadas adecuadamente, es necesario concluir que la investigada es una situación factible de corregirse mediante oportunos controles y directivas, y mas susceptible de reflejarse en la calificación del agente que de hacerlo pasible de una medida disciplinaria.-
Empleo público, recurso directo, suspensión del plazo, actuaciones administrativas, vista de las actuaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: REQUENA, GUILLERMO FEDERICO c/ MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA s/ RESOL. 469/87
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-12

El pedido de vista de las actuaciones administrativas suspende el curso de los plazos al sólo efecto de la interposición de recursos administrativos (art. 76 del decr. 1.759/72 P.E.N. , modificado por el decr. 3.700/77 P.E.N. , de modo tal que, el pedido de vista formulado por el recurrente en el expediente no produjo la suspensión del término para interponer el recurso previsto por el art. 40 del Régimen Básico de la Función Pública (Ley 22.140).
Defraudación fiscal, agentes de retención
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-ADUANERO
Carátula: Sancor Cooperativas Unidas Limitadas c/ Administración Tributaria Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-02

Así como en la defraudación fiscal genérica se requiere objetivamente la realización concreta de maniobras que tiendan a engañar o inducir en error al fisco, en la defraudación propia de los agentes, no hay ardid o engaño, la omisión de ingresar el impuesto detraído configura la infracción, sin necesidad de que el fisco haya sido inducido en error alguno, ni que se haya desplegado maniobra ardidosa, de ningún tipo. La circunstancia de que la ley describe aparentemente un comportamiento positivo -mantener en su poder-, lo que en realidad declara punible es una conducta omisiva -el no ingreso tempestivo. la explicación de la frase legal "mantengan en su poder") reside en que la infracción específica de los retentistas requiere que la detracción se haya realizado en forma real y que no se trate de una mera ficción contable sin que los fondos hayan estado en ningún momento en la efectiva disposición del agente de retención Votos: Dra. Day y Dr. Llorente.
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba, prueba testimonial, desistimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Castro  Zapata, Eladio y otros c/ Jujuy, Provincia de s/ cobro de pesos - P02.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Si bien es cierto que con el diligenciamiento del oficio las declaraciones testificales se encuentran cumplidas, la oferente no informó la fecha de la audiencia designada para tal efecto a pesar de que fue expresamente intimada para que cumpliera con esa carga, omisión que frente al estado de indefensión causado y al consecuente planteo de invalidez que la contraria formula, lleva a proceder como lo impone el art. 454 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y, en consecuencia, a tener por desistido al Estado provincial de este medio probatorio (Disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Carmen M. Argibay).
Honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VIDELPO SCA c/ Nahabedian Minas s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-18

No corresponde admitir la inclusión de ningún tipo de intereses (compensatorio, punitorio o moratorio), cualquiera sea el ropaje jurídico con que se los pretenda liquidar, pues corresponde brindar prevalencia a la diáfana normativa legal aplicable en la especie (art. 23, segundo párrafo dec. ley 8904/77).
Expropiación, Tribunal de Tasaciones, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ BIANCONI, ARTEMIO Y-O QUIEN RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 319-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-02-10

No habiendo sido objetado el mecanismo utilizado ni los elementos probatorios en que se fundó el dictamen de la comisión de tasaciones, ni existiendo ventas que objetivamente reflejen el valor del terreno en cuestión, y no oponiéndoseles otras probanzas idóneas para restarles credibilidad, deben tenerse por aceptados los datos utilizados por el organismo técnico.
Responsables no inscriptos, liquidación de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Dell'Oglio, Juan Carlos y otros - incidente - c/ BHN s/ proceso deconocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

La ley 23.349 distingue la situación de los responsables inscriptos de la de los no inscriptos, estos últimos están sujetos a un régimen que difiere del establecido con carácter general por la ley. Respecto de ellos no es aplicable el método de liquidación del impuesto mediante la confrontación entre el crédito y el débito fiscal, sino que su carga tributaria resulta del incremento de la alícuota del impuesto que recae sobre sus insumos.
Leyes, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Fletamar S.A.C. (T.F. 13.023-A) c/ D.G.A.". s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-12

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico. Para su procedencia requiere que se encuentre cuestionado el reconocimiento de algún derecho concreto a cuya efectividad obstaren las normas cuya validez se impugna (Fallos: 301:962 y 1062).
Hábeas data, funcionarios públicos, declaración jurada patrimonial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Martella María Silvia y Otro c/ E.N. (Mº de Justicia) y DDHH. s/ Hábeas Data".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-06

Es menester efectuar un control estricto del sistema de autorizaciones a los pedidos de consulta cuya responsabilidad recae en el Fiscal de Control Administrativo (v. art. 16 decreto 164/99 -hoy derogado- y art. 16 de la Res. (M.J. y D.H.) 1000/00- vigente), pues entre los requisitos que se exigen se encuentra el objeto que motiva la petición y el destino que se dará al informe (inc. c, art. 10 ley 25.188), y ello obliga a una fundamentación del peticionante y a una concreta evaluación del funcionario autorizante. (Consid. V).
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: ROJAS, ANGELICA DEL CARMEN c/ CLINICA DE LA MERCED DE PROPIEDAD DE LA SRA. CHAHLE DE DANTUR, AMALIA ROSA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-13

Se ha sostenido antes que ahora, que no basta a los efectos del ejercicio jurisdiccional de la instancia apelativa la disconformidad por si sola, requiriéndose un ataque directo y pertinente de la fundamentación del fallo, debiéndose demostrar los errores fácticos y jurídicos que pudiesen contener.

Entre otros en autos: "Espinoza G. Brizuela y otros vs. Edesa SA " Expte Nº 02826/08; "Corvalán Dante R. vs. Responsable de Colonia Muebles y otros" Expte Nº 26014/10.

El escrito apelatorio debe bastarse a sí mismo y que los agravios deben estar dirigidos a rebatir el decisorio de grado como culminación del contradictorio. De modo que, para que exista expresión de agravios, no bastan remisiones a presentaciones anteriores, ni manifestaciones imprecisas, ni genéricos razonamientos, sino que se exige legalmente que se identifique, patenticen, analicen, parte por parte las consideraciones de la sentencia apelada. Art. 255 del C.P.C. y C. de aplicación a nuestro fuero por el art. 90 del CPL.
Autoridad administrativa, amparo colectivo, legitimación procesal, impugnación del acto administrativo, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Padec c/ c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ s/ Otras demandas contra la aut. administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-09

Toda vez que no se ha logrado demostrar la ilegitimidad de la causa fáctica común consistente en el cargo por mantenimiento de cuenta en caja de ahorro, la pretensión colectiva no puede tener favorable acogida. Ello así, en tanto el a quo realiza una interpretación del precedente "Padec c BankBoston s/ sumarísimo" (Fallos 340:172) que no resulta aplicable a las presentes actuaciones. En dicho precedente, la CSJN no declaró ilegítimo ni abusivo el cargo de mantenimiento de caja de ahorro sino solo cuando se verifica el desahorro en aquellos supuestos en que el cargo era mayor al interés recibido. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso de apelación (procesal), resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nograro de Scheruhn, Beatriz c/ Sobral, José María s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-01

Solo admite la apelación, cuando se deniega la intervención de terceros, en los procesos ordinarios únicamente, pues en los procesos sumarios y sumarísimos, la resolución que recaiga, cualquiera sea su contenido, siempre es inapelable, por no encontrase entre las mencionadas por los art. 494 y 496 del Código Procesal.
Estado Provincial, Seguridad social, organismos previsionales, ejercicio profesional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Aramouni, Antonio c/ Caja de Seguridad Social para Profesionales de Ciencias Económicas s/ inconstitucionalidad decreto - ley 9963.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

Las provincias han podido crear organismos con fines de previsión y seguridad social en los que queden comprendidas determinadas categorías de personas, en razón de la actividad profesional que desarrollan, como ocurre, vgr.: con la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Augusto César Belluscio).
Accidente de tránsito, obligaciones del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: CARABELLI ENZO c/ BASTA GLADIS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-28

La conducción de un vehículo en la vía pública requiere de su conductor no sólo una permanente atención y observancia de las reglas de prudencia, sino que en todo momento debe mantener el más absoluto dominio sobre aquél de forma tal que pueda detenerlo cuando así lo requieran las dificultades propias del tránsito.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, daños y perjuicios, reparación integral, daño a un transeúnte, personal policial, disparo de arma, derecho a la integridad física
Materia: CIVIL
Carátula: TARDIO CLAUDIO OSCAR c/ GAGO NESTOR ALEJANDRO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

Toca a la comunidad entera contribuir a reparar el daño a la integridad física infligido a uno de sus integrantes como consecuencia de la actividad legítima que el Estado ejerce en beneficio de todos (cfr. esta Cámara, Sala III, Causas N° 4.031, del 19.9.86, "Rosetti, Ramón Aníbal c/Duarte, José y Estado Nacional s/Cobro", y 380/93, del 25.6.93, votos en primer término del Dr. Octavio D. Amadeo y del Dr. Adolfo R. Vázquez, respectivamente; Sala I, Causa N° 7.542, del 20.10.94, voto en primer término del Dr. Jorge G. Pérez Delgado). Y esa compensación debe ser completa, porque no debe atender tanto a la falta de culpa o dolo del órgano estatal que ha causado el perjuicio, sino a mitigarlo lo más posible en todas sus consecuencias, sean patrimoniales o espirituales, para intentar colocar a la víctima en una situación lo más parecida posible a la que gozaba con anterioridad al hecho dañoso. Las pautas a aplicar en la determinación de las compensaciones por pérdida de la vida o de la integridad física, no deben extraerse por vía analógica de las reglas de derecho público que acotan el resarcimiento en los supuestos en que la actividad lícita del Estado conduce a restricciones o privaciones del derecho de dominio de los particulares, pues no cabe dudar hoy en día que la vida de una persona, su salud o su integridad física constituyen bienes de superior jerarquía.
Constitución Provincial, Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

La afirmación contenida en el artículo 7 de la Constitución Provincial es eminentemente política y de significado programático, sirviendo para configurar una concepción de un distinto Estado democrático pues reconoce y garantiza el "pluralismo" del ordenamiento y también el "social" que resulta sustancialmente ineliminable razón por la que asume el papel de "pluralismo institucional" como instrumento esencial de la organización democrática estatal. (Del Voto del Dr. Ulla)
Quiebra, bienes de terceros, disposición de bienes
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACQUAMARINE  S.A.I.C. s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION POR NIRVEL  S.C.A. .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-27

Si bien la LC: 142 y 181 señala la procedencia de la restitución de bienes a terceros en poder del fallido y el trámite a seguir para ello, tal acción solo es procedente mientras los bienes no se hayan enajenado; si lo hubieren sido, no cabe intimar a restitución alguna, restando solo verificar el crédito en la quiebra.
Demanda, contestación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: LOBO IVANA MARIEL DEL VALLE c/ MASTER'S COMPUTACION Y/U OTROS s/ PAGO MES ABRIL Y MAYO'97, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-11-26

La incontestación de la demanda no autoriza, sin más, a dictar sentencia en contra del accionado, sino cuando el actor prueba el hecho constitutivo y existe una norma de derecho que lo ampara.
Acumulación objetiva de acciones, juicio de desalojo, ejecución de alquileres, daños y perjuicios, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: Afinco  S.A. c/ Sigal, Mauricio y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

La acumulación objetiva del juicio de desalojo, está permitida dentro de los límites del artículo 87 del Código Procesal. En tal sentido, procede la de la demanda de desalojo y la de daños y perjuicios, en el caso del artículo 1599, Código Civil. También si en un sólo juicio se demanda el desalojo y el cobro de alquileres o, también la cláusula penal convenida para el supuesto de falta de devolución oportuna de los locales arrendados, si en estos últimos supuestos se renuncia a la vía ejecutiva.

En estas hipótesis no se trata de la coexistencia de procesos con estructura dispar, que pudiera comprometer la celeridad de una acción por la menor aceleración de la otra, sino que en el caso del desalojo se establecen determinadas modalidades que no alteran en lo sustancial la estructura abreviada y sumaria del trámite al que están sometidas.
Recurso extraordinario federal, falta de fundamentación autónoma
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cabernet de los Andes S.A. c/ Administración del Consorcio de Regantes del Depto. Medanitos s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-06-30

Resulta formalmente inadmisible el recurso extraordinario federal cuya argumentación consiste en una la somera cita del Art.14 de la Ley 48 y alegación de arbitrariedad, que a su criterio se configura la sentencia definitiva de esta Corte de Justicia.

Por otra parte, también obsta a la admisibilidad del recurso la carencia de fundamentación autónoma del escrito postulatorio, ante la omisión de reseñar los antecedentes de la causa y la secuencia del litigio que se pretende llevar a conocimiento del Máximo Tribunal, imprescindibles para establecer la vinculación de la materia en debate con la cuestión de naturaleza federal que permita la apertura del recurso haciendo innecesaria la lectura del expediente.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, responsabilidad del concesionario (comercial)
Materia: COMERCIAL
Carátula: BORGONOVO  DE FLORES PIRAN, SANDRA M. c/ CENTRO AUTOMOTORES SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-30

Procede la acción deducida por el adquirente de un automotor contra la concesionaria que se lo enajenó, por medio de la cual reclamó el resarcimiento del daño emergente que experimentó cuando, -como en el caso-, se verifica que la defendida incumplió su obligación de garantizar el correcto funcionamiento del vehículo, puesto que siendo la responsable de cumplir el servicio post venta de garantía por el plazo de 60 días, quedó evidenciada su negligencia en el cumplimiento de su obligación (CCIV art. 512). Máxime, si surge que luego de permanecer el rodado en el taller de la accionada durante un mes (habiéndose estipulado un plazo de seis días para su verificación), posteriormente de solucionadas las fallas, quedó pendiente el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la negligencia de la defensa.
Daños y perjuicios, hipoteca, certificación registral, Estado Provincial, responsabilidad de la provincia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Santa  María Estancias Saltalamacchia y Compañia S.C.A. c/ BuenosAires, Provincia de s/ resarcimiento de daños y lucro cesante.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05

La omisión de consignar en las certificaciones registrales expedidas la existencia de derechos reales de hipoteca, en tanto haya permitido la enajenación de un bien como libre de gravámenes es causa generadora de daños y perjuicios que el Estado provincial debe reparar.