Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-17


SENT Nro. 796 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 17 de Octubre de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Felichichi, Sixto Humberto y/o. vs. Cabrera, Ana Lía s/Acción de despojo y/o recobrar la posesión".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

El recurso de casación deducido por la parte actora a fs. 321/331, contra la sentencia del 28/9/2001 dictada por la Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción.

Ese recurso fue denegado en su momento, y venido en queja el casacionista, la Excma. Corte hizo lugar a la misma, por sentencia del 14/02/2003, admitiendo provisionalmente el mencionado recurso.

Los agravios del actor están centrados, en primer término, en reprochar que el fallo ha reducido el análisis de la prueba a solo dos: el boleto de venta y las declaraciones testimoniales, pero estima que esas son las pruebas menos importantes, pues en referencia al boleto de venta considera que el despojado no tiene obligación de producir título alguno contra el despojante, y, en relación a la testimonial, el fallo sostiene que los testimonios carecen de valor por haber sido anulado todo el procedimiento desde la interposición de la demanda hasta fs. 100, pero el recurrente afirma que la sentencia comete el error de confundir efectos procesales de la nulidad con la existencia del instrumento donde constan las audiencias. El actor señala que ofreció nuevamente la prueba testimonial en el año 1996, y la misma fue aceptada por el juzgado, razón por la que se llevó a cabo otra audiencia en agosto de 1996, bajo la forma de reconocimiento judicial, y los testigos reconocieron las firmas y sus respectivas declaraciones prestadas en la anterior audiencia del año 1992. Agrega que esas audiencias se realizaron con asistencia de la contraria, quien participó de las mismas deduciendo tacha en contra de los testigos. Señala que la nulidad primera de las pruebas testimoniales no se declaró por una razón intrínseca a los testimonios, sino que se anularon varios actos procesales anteriores qu e llevaron a la anulación de las primeras audiencias testimoniales por efecto indirecto.

Reprocha al fallo que omitió valorar distintas pruebas vinculadas directamente con la posesión y tenencia del inmueble objeto de la litis, como son los recibos de pago de agua y energía, de impuestos municipales, informe municipal, expediente penal y demás constancias. También destaca que nada dice la sentencia acerca del informe de la directora de escuela dando cuenta del domicilio de Lema, y que tampoco otorga significación a la enorme cantidad de bienes de propiedad de la actora, que la usurpadora encontró al abrir la puerta. Igualmente señala que nada dice el fallo acerca de la confesión espontánea de la accionada formulada en sede penal, en la que reconoció que el inmueble estaba ocupado por Lema y que éste tenía las llaves, que no le quiso entregar. Considera que no se puede admitir, como lo hace la sentencia impugnada, que el inmueble estaba abandonado, toda vez que el inmueble estaba cerrado con llave, hay cosas que responden al ajuar de una casa, que se encuentran en condiciones de ser usadas, correctamente acomodadas, no tiradas, ni avejentadas, ni destruidas, y si bien no hay gente habitándolo no por ello está abandonado.

Considera que es un escándalo jurídico que en sede penal la Fiscalía de instrucción y la Cámara penal consideraran que la parte accionada sería responsable del delito de usurpación de propiedad, pero que se salvó de una sentencia condenatoria solo por acogerse a la probation, y sin embargo la sentencia civil no hace ninguna alusión a este tema.

A su entender se han transgredido los arts. 2526 y 2384 del Código Civil, como así también el 2468.

Solicita también que se revoque la decisión de no hacer lugar al pedido de restitución de bienes muebles, como así que se admita la procedencia de reconocimiento de los daños y perjuicios ocasionados.

A fs. 364/365 obra responde de la parte demandada.

En razón de que se está en presencia de una sentencia definitiva, y que se afectan reglas estructurales del procedimiento, y se ha incurrido en arbitrariedad, corresponde admitir el recurso intentado.

En relación a la prueba testimonial, la sentencia de la Cámara estimó que al haber sido declarado nulo el procedimiento desde fs. 8 a fs. 100, quedó aprehendida en dicha nulidad al testimonial de fs. 83/96, y que posteriormente no se puede reconocer la declaración declarada nula y su firma, por cuanto no se puede validar algo que ya fue declarado nulo o inexistente procesalmente.

La sentencia se aparta de las constancias de autos, en primer lugar, por cuanto a fs. 228/229 obran las declaraciones de Macías, Casiva y Achín, que ratifican sus declaraciones obrantes a fs. 84, 85 y 83 respectivamente, y reconocen como suyas las firmas, y ratifican el contenido de aquellas declaraciones. Si bien se planteó nuevamente la nulidad de tales audiencias, lo cierto es que por sentencia del 29/5/1998 (fs. 239), se rechazó el planteo de nulidad, y por consiguiente resulta válida la prueba testimonial incorporada, existiendo cosa juzgada al respecto.

Adviértase que en su momento la nulidad de las testimoniales no fue declarada por una causa estructural de las mismas, sino por razones distintas, por consiguiente, en virtud del principio de economía procesal, resulta admisible el procedimiento posterior de ratificación o reconocimiento en audiencia con las partes de aquellas declaraciones, pues en la audiencia la parte contraria a la oferente de la prueba, podía efectuar todas las preguntas o requerirle todas las explicaciones y aclaraciones que considere necesarias (art. 385 CPCC) por lo que se advierte que se ha garantizado debidamente las reglas del debido proceso y el derecho de defensa de las partes, no existiendo ningún vicio que permita descalificar las testimoniales como lo ha hecho la Cámara en la sentencia en crisis.

En relación a la prueba de la posesión de Felichichi, la sentencia considera que no se probó la misma, y que ello surge porque la accionada entró al inmueble el 11/6/1992 en hs. de la mañana, acompañada de un cerrajero y del escribano Benud, y que el inmueble tenía signos de estar abandonado, y se remite a la declaración del escribano Benud de fs. 5/6 vta. de la causa penal.

Más adelante dice el fallo que no se probó que la casa estuviera habitada. Asimismo también destaca que los actores no probaron la propiedad de los objetos que estaban dentro de la casa, y que la accionada no necesitaba probar su posesión ya que siempre reconocía que no la tuvo antes porque en el inmueble estaba Lema, pero que también la misma adujo y probó que al abandonar éste el inmueble entró a ocupar para evitar daños a su propiedad.

La sentenciante se apartó claramente de las constancias obrantes en la causa "Cabrera, Analía s/Usurpación de propiedad", que tramitan por ante el Juzgado en lo Correccional del Centro Judicial de Concepción y que en este acto se tiene a la vista. En efecto, consta que a fs. 29 de la misma, la demandada, Analía Cabrera declara que abrió la casa, mejor dicho la puerta de la misma, con intervención de un cerrajero, y que se encontraban "algunos elementos pertenecientes a la familia Lema que el escribano detalla en el acta que labrara en aquella oportunidad, pero que quiere dejar expresa constancia de que en el inmueble no se encontraban muebles o elementos de necesidad que haga presumir que la casa estuviera habitada o como manifiesta el Sr. Lema solo momentáneamente desocupada..." (sic. fs. 29 vta.). A fs. 32/35, obra el detalle de los bienes que se encontraban dentro del inmueble, y que la propia demandada reconoce que pertenecían a la familia Lema, por lo que aparece sin fundamento alguno la afirmación de la sentencia de que la parte actora no probó la propiedad de los objetos, cuando la demandada los reconoce en cabeza de la familia Lema, esto es en definitiva, de uno de los actores.

A su vez, la sentencia confunde conceptualmente habitación con posesión del inmueble pues el fallo se infiere como que el inmueble solo puede ser poseído si es habitado por una persona, y evidentemente la habitación es una de las expresiones de la posesión, pero no la única ni excluyente de otros modos de poseer. Asimismo, en relación a otras pruebas que el casacionista manifiesta que no han sido consideradas, tales como los recibos de pago de agua y energía, impuestos municipales, y demás, la sentencia nada dice al respecto, y en la aclaratoria que obra a fs. 354/358, del 30/11/2001, la Cámara estima que se trata documentales no agregadas, y que no se ofició para verificar su autenticidad. Sin embargo el Tribunal ha ignorado que a fs. 283/283 vta., se incorporaron una serie de boletas y otra documentación, por lo que evidentemente no las ha considerado en su alcance probatorio.

En consecuencia, se advierte que el Tribunal ha incurrido en arbitrariedad al no valorar pruebas conducentes producidas por la parte, y al no dar razón suficiente de sus afirmaciones, según se ha expuesto precedentemente. Siendo así, incumple con el deber de motivación exigido por el art. 28 de la constitución de la Provincia, por lo que corresponde casar la sentencia a tenor de la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia del tribunal de alzada que omite valorar prueba conducente a la solución del litigio y que efectúa afirmaciones que no encuentran respaldo en las constancias de la causa".

Por tanto se anula la sentencia, sin que la presente decisión implique pronunciarse acerca de la procedencia o no de la demanda incoada. Las costas del recurso se distribuyen por su orden en razón de que la nulidad no le es imputable a las partes (art. 106, inc. 1°, CPCC).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido a fs. 339/345 por la parte actora, en consecuencia se casa y anula la sentencia del 28/9/2001 y su aclaratoria del 30/11/2001, dictada por la cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción, a tenor de la doctrina legal enunciada. Vuelvan los autos a su origen para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS del recurso de casación por su orden.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA