Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-06


Causa 001-01/CC/2006 Incidente de ejecución de sentencia en autos "Fuenzalida, Mario Sebastián s/ art. 189 bis CP" - Apelación.

//n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los seis días del mes de septiembre de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 185/190vta. contra la resolución obrante a fs.164/165 de la presente causa, de la que RESULTA:

1º) Que con fecha 15 de diciembre de 2005, la Sra. Juez a cargo del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 9, María Martínez Vega, resuelve condenar a Mario Sebastián Fuenzalida, a la pena de un año de prisión y accesorias legales, con la eximición de las costas del proceso, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal. Asimismo dispone unificar esa pena con la de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, impuesta con fecha 9/8/05 por el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 17 de esta ciudad, en la causa nro. 2013, en orden al delito de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa y dictar una pena única de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales, sin costas (fs. 2/18), pena única que fue confirmada por esta Sala con fecha 24/2/06 (fs. 19/27).

2º) Que con fecha 14 de marzo de 2006, se practica el cómputo de pena que da cuenta que el condenado fue detenido el día 21 de diciembre de 2003, ordenándose su soltura el mismo día. Que en la causa nro. 2013 fue detenido el 12 de diciembre de 2004 permaneciendo en esa situación hasta ese día -14 de marzo de 2006-. En base a ello, concluye que Sebastián Fuenzalida permaneció privado de su libertad durante un año, tres meses y tres días y que teniendo en cuenta la pena única de cuatro años y seis meses de prisión, su vencimiento operaría el día 10 de junio de 2009, a las 12.00 hs. (fs. 34) 3º) Que a fs. 147, el titular de la Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nro. 2, Gustavo Eduardo Aboso, solicita que se practique un nuevo cómputo de pena, toda vez que su asistido estuvo detenido por el lapso comprendido entre el 22 de julio de 2000 y el 9 de marzo de 2001 en el marco de la causa nro. 976, del registro del Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal nro. 13, por el delito de robo doblemente agravado por haber sido perpetrado en poblado, en banda y con armas, hecho por el cual fue absuelto en el 2001.

4º) Que a fs. 164/165, la María Laura Martínez Vega, resuelve no hacer lugar a la realización de un nuevo cómputo de pena, conforme fuera peticionado por la defensa.

5º) Que a fs. 185/190vta, el Gustavo Eduardo Aboso, se agravia por considerar que la magistrada de grado, al expresar que los arts. 24 y 58 del Código de fondo no regulan la hipótesis planteada por la defensa, realiza una interpretación restrictiva y arbitraria de los principios constitucionales en juego sobre la ejecución de la pena. Refiere que la resolución incurre en la inobservancia del principio de igualdad, ya que la prisión preventiva sufrida por un inocente o un condenado ex post no debería conducir a resultados contrapuestos, toda vez que la existencia de condena no extingue ni atenúa los efectos perniciosos de una medida de coerción personal que recae sobre un inocente y que por estrictas razones de equidad, debería ser posible su cómputo en el caso de recaer una condena privativa de libertad. Agrega que no puede discutirse que la prisión preventiva juega el papel de una suerte de pena anticipada que recae sobre el inocente, ya que la privación de libertad opera con idéntica fuerza y expresión de sentido para la persona que la sufre, cita el art. 11 de la ley 24.660. Finalmente hace reserva de recurrir por inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior y del caso federal.

6º) Que a fs. 198/199, la Sra. Fiscal de Cámara expresa que la interpretación efectuada por la Juez se ajusta a derecho, que no se observa en el caso una violación al principio de igualdad o a las normas supralegales que imponen dotar de un sentido amplio a la aplicación de las normas penales sobre restricción de la libertad. Que la magistrada ha realizado una correcta interpretación de los arts. 58 y 24 del CP y que existe cierto consenso en considerar que, a los fines de computar la prisión preventiva que hubiere sufrido en otra causa el condenado -aunque hubiere sido absuelto-, dicha excepción opera sólo en los casos de procesos paralelos. De otra manera, se estaría computando una prisión preventiva ajena a la reacción estatal contra el delito por el que se está condenando en las actuaciones. En base a ello solicitó que se confirme la resolución recurrida.

7º) Que a fs. 207 pasaron los autos a resolver.

PRIMERA CUESTION Corresponde, en primer término, revisar el juicio de admisibilidad efectuado por la señora Juez. En este sentido, el art. 62 de la ley 12 (conf. leyes 1287 y1330) prevé la posibilidad de interponer recursos contra las decisiones del Juez que dicte en la etapa de ejecución.

Siendo ello así, la resolución dictada por la magistrada de grado que dispone no hacer lugar al pedido de la defensa de realizar un nuevo cómputo de pena, resulta recurrible, pues causa gravamen al condenado (art. 449 CPPN), desde que a partir de ella Fuenzalida deberá permanecer detenido durante el plazo de detención fijado en el cómputo de pena originario.

Asimismo, fue deducido debidamente fundado, al día siguiente de la notificación del auto respectivo, por lo que cumple los requisitos de tiempo y forma previstos legalmente.

SEGUNDA CUESTION La materia recursiva se ciñe a determinar si corresponde o no computar, a los efectos del vencimiento de la pena, el tiempo de prisión preventiva sufrido por Fuenzalida en la causa nº 976 que tramitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 13, en la que fue absuelto.

Como cuestión preliminar cabe aclarar que las observaciones efectuadas por la defensa con fecha 6/6/06 al cómputo de pena efectuado en la presente causa el 14/2/06 son extemporáneas.

En efecto, el art. 493 CPPN, aplicable supletoriamente en virtud de lo normado en el art. 55 de la ley 12 (conf. leyes 1287 y 1330), dispone que practicado el cómputo de pena, será notificado al ministerio fiscal y al interesado, quienes podrán observarlo dentro de los tres días; si se dedujere oposición se formará incidente y se resolverá previa vista a la parte contraria, en el término de cinco días (art. 491), caso contrario se aprobará.

Ahora bien, el cómputo en cuestión fue notificado a la defensa el 15 de marzo de 2006 (ver fs. 45) y, transcurridos los tres días previstos legalmente, no fue objeto de observación alguna. Por otra parte, y aún considerando la fecha a partir de la cual se incorporó en las presentes actuaciones el dato que llevó al defensor a solicitar un nuevo cómputo -es decir que su asistido sufrió detención en una causa anterior en la que fue absuelto-, o desde que el defensor tuvo la posibilidad de tomar conocimiento de dicha circunstancia, también la petición es extemporánea. Al respecto, se observa que en el legajo remitido por el Servicio Penitenciario Federal -incorporado al presente incidente de ejecución- obra un oficio de fecha 7/2/01 del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 13 informando la absolución del imputado en esa causa, a raíz de la cual se dispuso su libertad (fs. 69) -del cual puede deducirse que estuvo detenido en ella-; legajo que fue recibido en el Juzgado con fecha 23/3/06 (fs.86). Con posterioridad a ello, la defensa efectuó la presentación de fecha 29/3/06 solicitando el traslado de su asistido a otra unidad de detención (fs. 88); y tuvo a la vista el presente incidente de ejecución en otras tres oportunidades en las que se notificó sobre las medidas dispuestas para que se realice el traslado del imputado de la Unidad de Detención nro. 12 del S.P.F. al Centro de Detención del Registro de Contraventores, con fechas 4/4/06 -fs. 89-; 20/4/06 -fs. 119-; 28/4/06 -fs. 128-.

Pese a ello, la solicitud de modificación de la fecha de vencimiento de la pena en el cómputo de pena practicado fue recién efectuada con fecha 6/6/06 (fs. 147), es decir habiendo transcurrido en exceso el plazo previsto en el art. 493 CPPN, aún cuando se computara -en el mejor de los casos- a partir de que el defensor tuvo acceso al presente incidente desde que constaba que su asistido había estado detenido en otra causa en la que fue absuelto. En otras palabras, la defensa, a pesar de haber tenido a la vista este expediente en por lo menos tres oportunidades, recién dos meses después, se disconformó con el cómputo, invocando "averiguaciones efectuadas" por esa Defensoría Oficial.

Sin perjuicio de ello, y toda vez que la magistrada de grado resolvió la petición y que lo expuesto no ha sido objeto de agravio por la otra parte, cabe analizar el planteo formulado por el defensor.

La defensa solicita que se incluya en el cómputo de pena efectuado en la presente causa, el tiempo de detención sufrido por su asistido bajo la modalidad de prisión preventiva en la causa nro. 976 que tramitó por ante el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 13, por el delito de robo doblemente agravado por haber sido perpetrado en lugar poblado y en banda en concurso real con supresión de numeración. En dichas actuaciones Fuenzalida fue detenido el 22/7/00, permaneciendo en dicha situación hasta el 8/2/01, fecha en que recuperó su libertad al haber sido absuelto (cf. fs. 148).

La Sra. Juez rechazó la solicitud por entender que sólo puede incluirse en el cómputo de pena el lapso en que el condenado permaneció en detención en otro proceso en el que recayó condena, siempre que proceda la unificación en los términos del art. 58 del C.P. Sustenta tal decisión en que la prisión preventiva tiene naturaleza cautelar y asegurativa de ciertos objetivos esenciales del proceso, por lo que no puede ser concebida como adelanto o sustituto de pena, pues caso contrario resultaría inconstitucional. Agrega que lo peticionado importaría consagrar una compensación entre institutos de diferente naturaleza, no autorizada por la ley de fondo.

La defensa se agravia por entender que la decisión partió de la premisa de que la hipótesis planteada no se encuentra regulada por los arts. 24 y 58 CP, lo que implica una interpretación restrictiva de las normas en juego, en violación al principio de libertad contenido en las normas supralegales, por lo que, a su juicio, debe efectuarse una aplicación analógica in bonam partem. Agrega que se violó el principio de igualdad, ya que la prisión preventiva sufrida por un condenado o por un absuelto, no debería conducir a resultados contrapuestos. Expresa que la prisión preventiva juega una especie de pena anticipada que recae sobre el inocente, ya que la privación de libertad opera con idéntica fuerza en ambas.

Este Tribunal considera que la decisión de la magistrada se encuentra ajustada a derecho. Ello así, porque en las presentes actuaciones concurren en forma conjunta dos circunstancias que impiden hacer lugar la pretensión defensista: que el imputado fue absuelto en la otra causa y que la detención en aquélla fue anterior a la comisión de los hechos por los que fue condenado en la presente, es decir no se trató de causas paralelas.

En tal sentido, cabe tener en cuenta que si bien el principio general es que sólo puede incluirse en el cómputo el lapso en el que el condenado permaneció en detención o prisión preventiva en ese proceso en el que después fue condenado, o en otro que vaya a ser objeto de unificación, dicha regla merece excepción, pues no resulta justo que por la sola razón de que el enjuiciado haya sido absuelto en una de las causas que tramita paralelamente, no se compute a su favor el período que permaneció privado de su libertad (CNCP, Sala I, Sala I, "Bazán, Roberto s/rec. de casación", rta. 11/5/06).

En el mismo orden de ideas, se ha reconocido, a los efectos del cómputo de pena, la inclusión del tiempo en que el imputado permaneció privado de su libertad, en el marco de otro proceso en el que recayó sentencia absolutoria o se lo sobreseyó, cuando el proceso en cuestión había sido tramitado en forma paralela (Sala II, causa nro. 3747 "Molina, Pablo Alejandro s/ recurso de casación", reg. 4933, rta. 23/5/02, Sala III, en causa nro. 265, "Miniacci, Rubén A. s/ recurso de casación", reg. 17/95, rta. El 28/2/04, "Anaya, Marcelo Martín s/rec. de casación", rta. 28/5/04; CCC Fallos V-732).

Dicha exigencia es también requerida por Zaffaroni-Alagia-Slokar, cuando afirman que "cuando el sujeto sea procesado simultáneamente por dos o mas delitos, por el mismo o por diferentes tribunales, y resultase condenado por uno o unos y absuelto del o de los restantes, el tiempo de prisión preventiva sufrida por todos o por alguno o algunos de ellos, debe computarse en la pena impuesta, incluso cuando haya sufrido la prisión preventiva por el delito del que resultase absuelto"( Derecho Penal. Parte General, Ediar, Bs. As., 2000, p. 900).

Se observa entonces que para que se compute el tiempo de detención sufrido en una causa en la que el imputado es absuelto, los procesos deben haber tramitado en forma paralela. Sin embargo, dicha circunstancia no se verifica en autos.

En efecto, las presentes actuaciones se iniciaron el 21/12/03, casi dos años después que el imputado recuperara su libertad en la causa seguida por ante el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 13. En base a ello, la medida de coerción dictada en ese proceso, no puede referirse a un hecho posterior al dictado de esa sentencia, toda vez que la prisión preventiva que se pretende computar, no se relaciona con el hecho que motiva la condena, ni con el hecho que dio lugar a la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 17 con la que se unificó la condena recaída en las presentes actuaciones, por lo que dicha medida cautelar en modo alguno puede ser tenida como una anticipación de pena de un delito que aún no se ha cometido, como pretende la defensa.

Al respecto se ha dicho que si fuera de ese modo se pediría el reconocimiento de un crédito, en días de prisión cautelar, que tendría el condenado porque alguna vez en su vida estuvo preso y sin embargo, no fue condenado, o la extensión de un pagaré en blanco por tantos días de prisión precautoria que será llenado el día en que el acreedor cometa un nuevo delito y sea condenado (CNCP, Sala I, "Bazán, Roberto s/rec. de casación", rta. 11/5/06, del voto del Bisordi), lo cual sería jurídicamente inaceptable.

Por otra parte, la decisión de la Sra. Juez de grado no viola el principio de igualdad, pues éste implica el igual trato ante circunstancias o situaciones iguales, de modo que las discriminaciones que tengan una causa razonable no son violatorias de aquel principio (Ekmekdjian, Miguel Angel, Tratado de Derecho Constitucional, TII, Depalma, 2001, p.114). Por ello y siendo que a partir del principio invocado, no se debe excluir a algunos de lo que se concede a otros en igualdad de circunstancias (CSJN Fallos127:18; 118:401; 154:291, entre otros), la defensa no ha logrado demostrar la presencia de tal identidad de circunstancias ni tampoco por qué resultaría irrazonable la distinción que, en relación a esta hipótesis, efectúa la decisión impugnada.

Tampoco la interpretación del art. 24 CP que inspiró la decisión viola principio supralegal alguno. En efecto, el marco hermenéutico es delimitado por el sentido literal posible, en el lenguaje corriente del texto de la ley, el juez efectúa dentro de ese límite la interpretación, considerando el significado literal más próximo, la concepción del legislador histórico y el contexto sistemático legal, y según el fin de la ley. A partir de ello, la interpretación puede ser tanto restrictiva como extensiva, pero si está cubierta por el sentido legal posible, no constituye analogía (Roxin, Claus, Derecho Penal. Parte General, Civitas, 1997, p. 149). La interpretación de la norma citada efectuada por la Juez, que este Tribunal comparte, se ajusta a las pautas expuestas, por lo que la alegada interpretación restrictiva invocada por la defensa no lesiona derecho alguno.

Por el contrario, una recta aplicación del art. 24 CP impone que al momento de practicarse el cómputo de vencimiento de la pena, se tengan en cuenta los períodos de detención soportados en todas las causas en las que recayera sentencia, sea condenatoria o absolutoria, que sean materia de unificación -en el primer caso- o que hubieran tramitado paralelamente -en el segundo- . En base a lo expuesto, el cómputo observado se encuentra ajustado a derecho, habiendo la magistrada realizado una adecuada exégesis de la norma citada.

Por las razones expuestas, el tribunal, RESUELVE:

I- CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 164/165 en cuanto NO HACE LUGAR al pedido de incluir en el cómputo de pena el tiempo de detención sufrido por Fuenzalida bajo la modalidad de prisión preventiva en un proceso anterior al presente en el que fue absuelto (arts. 24 y 58 del C.P. a contrario sensu) II- Tener presentes las reservas efectuadas por la defensa.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de primera instancia interviniente, a sus efectos.