Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26


C. 2426. XLI.

RECURSO DE HECHO Criado de Bustos, María Cristina y otros c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A.

Buenos Aires, 26 de febrero de 2008 Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional - Ministerio de Economía y Producción en la causa Criado de Bustos, María Cristina y otros c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A.", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que contra el pronunciamiento de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que, al desestimar el recurso de aclaratoria interpuesto por el Estado Nacional, sostuvo que la modalidad de cumplimiento de la condena y lo concerniente al régimen de consolidación de deudas estatales ya había sido resuelto en un pronunciamiento anterior (de fs. 380/383), la vencida interpuso el recurso extraordinario cuya denegación origina la presente queja.

2°) Que el representante del Estado Nacional se agravia porque la sentencia omite aplicar al caso normas de carácter federal y de orden público y destaca que la resolución de fs. 380/383 fue dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.344, razón por la cual resulta imposible que la cuestión llevada a conocimiento del tribunal mediante el recurso de aclaratoria pudiera estar resuelto.

Agrega que los honorarios que se reclaman en autos se encuentra comprendidos en el régimen de la citada ley.

3°) Que, en primer término, corresponde aclarar que la sentencia impugnable a los fines del remedio federal es, en el caso, el pronunciamiento que rechazó el recurso de aclaratoria, pues en éste la cámara explicó por primera vez las razones por las que, a su criterio, el crédito estaba excluido de la consolidación prevista en la ley 25.344.

4°) Que es procedente el remedio federal, pues si bien el pronunciamiento fue dictado en el trámite de ejecución, es equiparable a una sentencia definitiva por causar al recurrente un agravio no susceptible de reparación ulterior (Fallos: 324:826 y 325:1961, entre otros). Asimismo se configura un supuesto de arbitrariedad en los términos de la conocida doctrina del Tribunal, toda vez que el a quo se apartó de la solución normativa prevista sin dar razones suficientes para ello, y con desconocimiento de las constancias relevantes de la causa (Fallos: 318:198 y 838; 321:2922 y 322:3200, entre otros).

5°) Que ello es así, pues la cámara omitió considerar que en el pronunciamiento de fs. 380/383 no había descartado la aplicación de todo régimen de consolidación de pasivos estatales, sino que, básicamente, se había limitado a sostener que a la demandada no le era aplicable el sistema de diferimiento de pagos previsto en el art. 22 de la ley 23.982; razón por la cual debía ponderar el nuevo planteo de la demandada -contenido en el recurso de aclaratoria-, fundado en que la deuda en cuestión resultaba comprendida en los términos del art. 13 de la ley 25.344, norma ésta que, por lo demás, fue publicada cinco meses después de que se dictara la resolución obrante a fs. 380/383.

6°) Que en tales condiciones, la decisión apelada es descalificable como acto judicial válido por no ser derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa y en tal medida guarda nexo directo e inmediato con las garantías constitucionales invocadas (art. 15 de la ley 48).

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario, y se deja sin efecto el pronunciamiento apelado. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expuesto. Exímase a la recurrente de efectuar el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo pago se encuentra diferido de conformidad con lo prescripto en la acordada 47/91. Agréguese la queja al principal, notifíquese y, oportunamente, remítanse.

RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).

ES COPIA VOTO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY Considerando:

Que la infrascripta coincide con los considerandos 1° al 3° del voto de la mayoría.

4°) La decisión impugnada satisface el requisito de sentencia definitiva exigido por el art. 14 de la ley 48, pues no obstante haber sido dictado en el trámite de ejecución de sentencia, el agravio relacionado con la no aplicación al caso del régimen de consolidación de deudas (ley 25.344) no puede volver a plantearse en una etapa posterior del pleito.

Tal objeción suscita cuestión federal suficiente toda vez que se halla en tela de juicio el alcance de normas que revisten ese carácter y la resolución del tribunal de alzada ha sido contraria al derecho que el recurrente fundó en ellas.

5°) Que ello es así, pues la cámara omitió considerar que en el pronunciamiento de fs. 380/383 no había descartado la aplicación de todo régimen de consolidación de pasivos estatales, sino que, básicamente, se había limitado a sostener que a la demandada no le era aplicable el sistema de diferimiento de pagos previsto en el art. 22 de la ley 23.982; razón por la cual debía ponderar el nuevo planteo de la demandada -contenido en el recurso de aclaratoria-, fundado en que la deuda en cuestión resultaba comprendida en los términos del art. 13 de la ley 25.344, norma ésta que, por lo demás, fue publicada cinco meses después de que se dictara la resolución obrante a fs. 380/383.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario, y se deja sin efecto el pronunciamiento apelado. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expuesto. Exímase a la recurrente de efectuar el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo pago se encuentra diferido de conformidad con lo prescripto en la acordada 47/91. Agréguese la queja al principal, notifíquese y, oportunamente, remítanse.

CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA Recurso de hecho interpuesto por el Estado Nacional - Ministerio de Economía y Producción, representado por el Dr. Adrián Osvaldo Decundo Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Sala B CRIADO DE BUSTOS, María Cristina y otros c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A.

S.C. C. 2426, L. XLI.- Procuración General de la Nación S u p r e m a C o r t e :

-I A fs. 572 de los autos principales (a los que me referiré en adelante), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Sala B) desestimó el recurso de aclaratoria interpuesto por el Estado Nacional contra la resolución de fs. 564, mediante la cual se regularon los honorarios de los letrados y los peritos que intervinieron en el proceso y se dispuso su pago dentro de los treinta días (leyes 21.839 y 24.432).

Para así decidir, consideraron sus integrantes que las cuestiones planteadas en el recurso en torno al modo de cumplimiento de la sentencia ya fueron resueltas en la sentencia de fs. 380/383 y añadieron que la reiteración de los argumentos basados en la ley 25.344 y el decreto 1116/00 resulta inútil e ineficaz para modificar lo que allí se decidió.

-II Contra este pronunciamiento, la demandada interpuso el recurso extraordinario de fs. 585/595 que, denegado a fs. 606, dio origen a la presente queja.

En lo sustancial, se agravia porque la sentencia omite aplicar al caso normas de carácter federal y de orden público y destaca que la resolución de fs. 380/383 fue dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.344, motivo por el cual resulta fácticamente imposible que la cuestión llevada a conocimiento del tribunal mediante el recurso de aclaratoria rechazado pudiera estar resuelta.

En este orden de ideas, aduce que los honorarios que se reclaman en autos son obligaciones de causa o título anterior al 1° de enero de 2000 y que el Estado Nacional se encuentra comprendido entre las personas enumeradas en el art. 2° de la ley 23.982 -pues cesó la personería de FEMESA (e.l.) mediante la resolución 189/04 del Ministerio de Economía y Producción-, circunstancias que impiden apartarse del procedimiento previsto por el art. 13 de la ley 25.344 y su decreto reglamentario a los fines de su percepción.

-III Ante todo, en orden a verificar si en autos concurren los requisitos para habilitar esta instancia, cabe recordar que a la Corte, por ser el tribunal del recurso extraordinario, le corresponde determinar si aquél fue deducido en tiempo oportuno (Fallos: 318:1428, cons. 5°). En este sentido, el plazo del art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no se interrumpe ni se suspende por el trámite de otros recursos que en definitiva no prosperan, con prescindencia de la denominación que se utilice para desestimarlos (Fallos: 311:1242 y sus citas).

Al respecto, el Tribunal ha señalado que ese término es fatal y perentorio, corre por diez días hábiles contados desde la notificación de la sentencia definitiva dictada por el superior tribunal de la causa y no se suspende por la interposición de otros recursos declarados improcedentes (Fallos: 316:779; 318:112; 323:1280, entre otros), o cuando la aclaratoria o reposición fue rechazada sin expresar ningún fundamento nuevo que pudiera integrar el fallo anterior (doctrina de Fallos: 311:1242; 318:1428).

A mi modo de ver, por aplicación de tales pautas, el recurso extraordinario interpuesto por la demandada resulta extemporáneo, toda vez que, como surge de las constancias de la causa, contra la resolución que ordenó el pago de los honorarios de los letrados y los peritos que intervinieron en el proceso en el plazo de diez días en virtud de lo dispuesto por las leyes 21.839 y 24.432 (v. fs. 564), aquélla dedujo una aclaratoria que fue desestimada (v. fs. 572) y recién ante esta última resolución interpuso el recurso extraordinario que, en rigor de verdad, se dirige a cuestionar el primer pronunciamiento aludido.

-IV Opino, por tanto, que corresponde desestimar la presente queja.

Buenos Aires, 5 de julio de 2006.

LAURA M. MONTI Es Copia