Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, eximición de prisión, pena privativa de la libertad, peligrosidad del imputado
Materia: PROCESAL
Carátula: BALDERRAMA, VALERIA ROCIO, c/ SOTO, OMAR FERNANDO s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-29

Debemos de fijar cual es el alcance del concepto de peligrosidad procesal dado por la doctrina y la jurisprudencia como justificativo de la privación de libertad del imputado, toda otra pretensión de justificación es inconstitucional.

El derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal emanado de los Arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, solo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideran que existen causas ciertas, concretas y claras en orden a que el encausado eludirá la acción de la justicia.

De allí que entre los caracteres de las medidas privativas de la libertad se encuentre la necesidad de un mínimo de prueba, la interpretación restrictiva, la subsidiariedad de la medida y el favor libertatis, como fundamento de la previsión constitucional antes mencionada.

A la hora de decidir la existencia de peligro procesal el Juez no debe limitarse a un enunciado dogmático de la causal, sino que se debe comprobar de manera figurada sobre la base de las pruebas obrantes, de suerte que debe atenderse a las circunstancias objetivas y ciertas que en el caso concreto, permitan formular un juicio sobre la existencia del peligro que justifique la necesidad de la medida de coerción.

La existencia de peligro no se presume, correspondiendo al tribunal acreditar tal circunstancia y no al imputado demostrar que no hay peligro procesal.

Ahora bien, comprobado en la causa, la misma debe ser debidamente fundada mediante la expresión de las razones que sustentan tal juicio, de lo contrario la decisión se torna arbitraria.

Además por el carácter instrumental y excepcional, la medida cautelar debe aplicarse cuando sea imprescindible o cuando el aseguramiento de los objetivos procesales no pueda alcanzarse por otra medida de igual eficacia pero menos gravosa.

Si bien es cierto que el solo hecho de registrar condena anterior por si solo no puede ser tenido como presunción en contra del imputado, toda vez que debemos de tener en cuenta que la peligrosidad procesal se mide, a los fines de su merituación, más allá del parámetro que fija la clara disposición del Art. 305 del CPP, normativa constante que se reitera en los Arts. 272 y 300 del mismo cuerpo legal, en cuanto la presunción que frente a la improcedencia del beneficio condicional el imputado estando en libertad intentará evadir el respectivo juicio.

Así, cobran relevancia como pautas para ponderar la existencia de peligro de fuga, cual fue el comportamiento observado por el prevenido en el presente proceso.

Al respecto advertimos en el imputado una actitud díscola lo que se evidencia a partir de la persistente amenazas proferidas en perjuicio de V. B., el operativo policial que tuvo que desplegarse para lograr su detención (ver fs. 06 y 09), actitud que también se infiere de las capturas recomendadas que registra en su planilla prontuarial, y de los numerosos antecedentes por delitos de coacción y amenazas, registrando la imposición de dos condenas de cumplimiento efectivo, siendo que al día siguiente del agotada la condena unificada de penas impuestas el encartado vuelve a encontrarse nuevamente involucrado en el hipotético delictual ahora denunciado