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Inadmisibilidad del recurso, excarcelación, inexistencia de cuestión federal suficiente, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: VIANCO, Mariela Luján c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-22

Es inadmisible el recurso de casación deducido contra el rechazo de la excarcelación si la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, sino que se ha limitado a cuestionar una fundamentación que no se comparte sin efectuar una crítica concreta y razonada de lo resuelto, que se fundó en que el imputado incumplió con la obligación de mantener su lugar de residencia, a lo que viene a sumarse la expectativa de pena prevista para los delitos que se le atribuyen (asociación ilícita -en carácter de miembro- en concurso real con estafa y uso de documento público falso).
Procedimiento administrativo, sumario administrativo, sanciones disciplinarias administrativas, delito penal, cuestiones prejudiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marmolja, Rodolfo c/ GCBA s/ revisión de cesantías o exoneraciones de empleo público
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

El delito penal puede no tener relación alguna con la función ejercida por el agente. Pero, aún así, si hubiere condena penal ésta puede influir en la aplicación de una sanción disciplinaria. Por ello, se ha dicho que, si bien es cierto que el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso penal son diferentes por su génesis, sus fines y sus sanciones, y teóricamente puede admitirse un cierto paralelismo entre ellos, práctica y racionalmente ha de evitarse que un mismo hecho dé lugar a decisiones contradictorias en el proceso penal y en el procedimiento administrativo.

En efecto, el fundamento de la prejudicialidad penal radica en que la verdad real siempre debe ser una sola, razón por cual lo resuelto administrativamente como pasible de sanción disciplinaria debe ser coherente con lo resuelto en sede criminal, en resguardo de elementales principios de lógica jurídica.

Como lógica consecuencia de lo expuesto, la sanción penal, en cuanto incida en la esfera administrativa, es de obligatorio respeto por parte de la administración; así, en los casos en que la condena penal tuviere como pena la inhabilitación, por ejemplo, la extinción de la relación de empleo es imperativa.
Acción cambiaria, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GARCIA VICTOR HUGO c/ VERA ROBERTO ANTONIO s/ COBRO DE DOLARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-12-12

En la acción cambiaria, aunque sea ejercida por medio de la vía ordinaria no puede discutirse la causa de la obligación.
Empresas del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, compraventa de acciones
Materia: LABORAL
Carátula: HERRERA, PEDRO c/ YPF s/ ART.13 LEY 24145
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-24

La venta- operación que enuncia el art. 13 de la ley 24145- queda conformada cuando se transfiere el derecho de dominio sobre una cosa a persona diferente a la titular del dominio actual. Si una persona jurídica, pública o privada, ofrece en venta un bien, a través de cualquiera de las modalidades posibles del contrato de compraventa, y este es adquirido por una sociedad - persona jurídica diversa del vendedor-, hay venta, aunque el vendedor sea accionista de la sociedad compradora, ya que hay desplazamiento de la titularidad del derecho real de dominio de una persona a otra. Se podría hablar de asociación como supuesto diferente y, en su caso, ajeno al art. 13 citado, si YPF, Sociedad del Estado, o YPF SA continuara siendo la titular de las acciones de dominio sobre el activo y transfiriera a terceros parte de las acciones representativas de su capital, porque, en este caso, que implicaría una privatización atípica y parcial, no hay desplazamiento del activo de un patrimonio a otro. No obsta a ello el hecho de que la venta hubiese comprendido un porcentaje del activo (en el caso el 70%) y que respecto del resto se hubiera adoptado como modalidad de privatización la figura de la asociación.
Responsabilidad médica, obligaciones de medio, carga de la prueba, error de diagnóstico, error de tratamiento
Materia: CIVIL
Carátula: SANTILLAN, MIRTA AURELIA c/ BARTFELO, ERNESTO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

En materia de responsabilidad médica, el deber de prestar asistencia galénica es de "medios", circunstancia que impone al paciente la prueba de la culpa del facultativo, y este criterio fluye del art. 20, incs. 1 y 2, de la ley 17.132 que gobierna el ejercicio de la medicina en la Capital Federal. El paciente debe acreditar la culpa imputada al médico en el desarrollo de su tratamiento o en la realización de la intervención quirúrgica, demostrando la existencia de negligencia evidente o error grave de diagnóstico o tratamiento.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva
Materia: LABORAL
Carátula: Crespo, Ricardo Edgardo c/ Di Benedetto, Víctor Julio s/ Recurso de Queja por denegat. del R.I.L.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-04-08

Un criterio moderno en relación a la definitividad de la sentencia, apunta más que nada al concepto de "daño irreparable" (ver entre otros fallos de la C.S.J.N. 265:165).

Es decir, a atender a aquellas circunstancias en que, por encima de las contingencias formales no habrá posibilidad de volver a considerar lo ya decidido y firme. Tal como ocurre en el caso analizado, en que como consecuencia inmediata decretada -levantamiento del embargo trabado sobre un bien inmueble de titularidad del demandado-, se produzcan daños irreparables.
Instrucción, requerimiento fiscal, nulidad procesal, prueba, requisa personal, razones de urgencia
Materia: PENAL
Carátula: OKAFOR, GODSON; JUDE, SIMON s/ Contrabando de estupefacientes, Incidente de nulidad  CAUSA: 36814.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-02

1 - Al iniciarse el sumario a raíz de diligencias prevencionales llevadas a cabo por personal del Departamento Drogas Peligrosas de la Administración Nacional de Aduanas, no resulta imprescindible el requerimiento Fiscal para la iniciación de la instrucción (art. 195, C.P.P.).- 2 - Debe rechazarse el agravio invocado respecto a la orden de requisa y al traslado de los pasajeros nigerianos al hospital, pues aquélla emanó de la autoridad competente (art. 18, C.N.), y estuvo conforme con lo prescripto por el art. 283 del C.P.P. Cuando el Juez de la causa dispuso la requisa personal y el traslado al hospital existían motivos suficientes y razones de urgencia que justificaban adoptar dichas medidas, como ser la partida de los pasajeros en un vuelo hacia el exterior, y el peligro en la demora, dado que se habían ingerido cápsulas de estupefacientes, con el riesgo que esto significa para la vida.- 3 - La natural y necesaria función fisiológica de evacuación, aun provocada por razones de urgencia o de peligro para la vida de la persona, no resulta autoincriminatoria, puesto que el valor incriminante que pueda otorgarse a lo obtenido por esa vía resulta por completo ajeno a la voluntad de atribuirse una responsabilidad penal por parte del imputado. Pretender que esa función se encuentra alcanzada por la garantía constitucional que prohibe obligar a declarar contra sí mismo, otorgándole naturaleza de confesión involuntaria, no sólo implica desconocer su natural necesariedad, sino pretender encontrar en ella un aporte subjetivo inexistente y distinto del valor acreditante que pueda tener el contenido de lo expulsado, el que resultará de la comprobación objetiva de esta materia, en relación a lo cual no se compromete la intervención del imputado.
Improcedencia del recurso, ley penal tributaria
Materia: PENAL
Carátula: Galetti, Carlos Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-27

La disidencia postuló rechazar el recurso de casación, por entender que, puesto en evidencia a través de la sanción de la ley 27.430 el desinterés del Estado en el incumplimiento de tributos considerados de bajo monto, no cabe sino concluir que la incriminación atribuida a los encausados debe examinarse según dicha norma. Dres. Catucci -disidencia-, Mahiques, Riggi.
Competencia provincial, Constitución Nacional, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Macasa S.A. c/ Caja  Popular  de  Ahorro,  Seguro y Crédito de la Provincia de Santiago del Estero y/o presidente del directorio y/o representante. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

La competencia de la justicia local es consecuencia del ordenamiento constitucional cuya economía veda - como modo de preservar las autonomías de los estados locales - a los tribunales nacionales juzgar sobre las instituciones locales, salvo la alegada violación de la Ley Fundamental o de normas de derecho federal, supuesto en cuya ocurrencia las eventuales cuestiones federales que hayan de suscitarse tendrán adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario.
Verificación tardía, convenio extrajudicial
Materia: CIVIL
Carátula: Gaitón, María Velia y Otro s/ Incidente Verif. de Crédito- Autos: "Cantero y Fontanillo- Concurso"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-02-27

Corresponde admitir el incidente de verificación tardía de un crédito derivado del incumplimiento de un convenio extrajudicial, pues la concursada si bien negó la autenticidad de las firmas estampadas en el acuerdo, ello se demostró que era falso, conforme el resultado firme y no impugnado de la prueba pericial caligráfica, máxime cuando no desconoció la deuda, y de las constancias de la causa surgen indicios que constituyen prueba suficiente, clara y contundente (arts. 163 inc. 5º, 384 y 474 C.P.C.) de la existencia del crédito que se procura ejecutar, con entidad suficiente para obtener su reconocimiento en autos (arts. 1, 11 incs. 3 y 5, 32, 33, 36, 37 y concs. ley 24.522).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, juicios en que la Nación es parte, valor disputado en último término, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional c/ N.N. y/o Varela, Juan Pedro s/ Expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

No se cumple con la obligación de justificar que el valor disputado excede el mínimo legal, a los efectos de la procedencia del recurso ordinario de apelación en tercera instancia en causa en que la Nación directa o indirectamente reviste el carácter de parte, si el recurrente se limita a señalar que la regulación pretendida debería ubicarse dentro de los topes que fija la escala de la ley 21.839, o sea que "correspondería un honorario máximo del 20% y un honorario mínimo del 10%", prescindiendo de toda referencia concreta a la sustancia económica discutida.
Sentencia, nulidad de sentencia, declaración de oficio, contenido de la sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Carrizo, Teresa Antonia; Julián, Antonio Carlos s/ Querella calumnias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

No corresponde declarar de oficio la nulidad de la sentencia si al tratar las autorías responsables de los querellados la Cámara invoca elementos probatorios cuya naturaleza ya había determinado al considerar el cuerpo del delito, siendo el modo en que lo hizo tema propio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Minoría u opinión personal)
Mala praxis, asegurador, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: T.R.O. C/ POLICLINICO NQ. INST.DIAG.TRAT. Y OTRO S/ D. Y P. - MALA PRAXIS c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2022-02-08

La circunstancia que desde la perspectiva de la aseguradora el pago sea total, no modifica el carácter parcial que tiene para la víctima, en punto a la reparación de los daños sufridos. De ahí la posibilidad consecuente de ejecutar al asegurado por el saldo adeudado.
Pago, pago por consignación
Materia: CIVIL
Carátula: D. L. H. , S. F. c/ A. D. S. SA s/ Revisión de contrato prendario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-06

Para consignar en pago, el deudor debe iniciar un proceso especial, proceso que concluye -si existe justa causa- con la sentencia judicial que declara válida la consignación.
Pago, oferta
Materia: CIVIL
Carátula: WEISEMBERG SAUL c/ BRUM MARCOS s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-22

El ofrecimiento de pago del deudor debe traducirse en un acto real, no bastando la mera declaración de voluntad, aun cuando esta llegue a conocimiento del acreedor. Es por ello que por no implicar un acto real, no se consideran efectos reales los ofrecimientos verbales o telegráficos, puesto que en tales casos el acreedor no puede disponer al instante de la presentación.
Habilitación de feria, continuación del proceso judicial, resolución denegatoria, hurto, acordada de la Corte Suprema, facultades discrecionales del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ortiz, N. G. c/ Ortiz, N. G. s/ habilitación de feria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-25

Cabe revocar la decisión que dispuso habilitar la feria extraordinaria para la continuidad del trámite remoto de la causa seguida contra el imputado en orden al delito de hurto, debido a que el delito investigado no se encuentra dentro del catálogo enumerado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las Acordadas 6/2020 y 14/2020 como aquellos que deben ser tratados durante la feria extraordinaria. Asimismo, no se verifica alguno de los supuestos previstos en los artículos 149 y 150 del Reglamento para la Jurisdicción, como tampoco existe acusador particular, ni hubo un pedido expreso del acusador público para continuar el trámite del expediente durante la feria vigente y, teniendo en cuenta la expresa oposición de la defensa para continuar con las actuaciones, la habilitación de la feria resulta improcedente, pues tramitar en forma discrecional todos los asuntos implicaría desnaturalizar las acordadas del Máximo Tribunal que prevalecen en la interpretación normativa.
Convenios colectivos de trabajo, partes
Materia: LABORAL
Carátula: FERRADA, Jorge Omar c/ Empress S.A. s/ Demanda Laboral - Diferencias Haberes e Indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-12-02

...dentro del campo del derecho laboral, dado su carácter especialísimo y autónomo, que obliga en determinadas situaciones a apartarse de los principios generales que imperan y gobiernan el derecho civil, no debe extrañar que la ley 14.250, al enumerar los sujetos intervinientes en la celebración de convenios colectivos, no sólo obligue a quienes fueron signatarios del mismo, sino que extiende la obligatoriedad a terceros, no participantes en la convención, ni adheridos expresamente a ella.
Quiebra, etapa probatoria, notificación, traslado de la demanda, nulidad procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOY WIDMER Y CIA. SA C/DISTRISERVICES SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-25

Cuando -como en el caso- la quiebra del accionado fue decretada cuando el proceso se encontraba en etapa probatoria y habiendo sido la accionada efectivamente notificada del traslado de la demanda e incomparecido a la causa, dicha circunstancia fue advertida por este Tribunal, disponiéndose llevar a cabo las diligencias pertinentes para que las deficiencias fueran subsanadas. Así pues, recibidas nuevamente las actuaciones en el grado se dispuso notificar a la sindicatura la sentencia. Si bien la falta de oportuna citación al síndico en este expediente podría llevar a pensar que corresponde, en el caso, la declaración de nulidad de todo lo actuado a partir del dictado de la sentencia, lo cierto es que, tal como tiene dicho esta Sala en otras oportunidades, la privación de los efectos imputados a los actos viciados en el proceso no tiene por finalidad establecer caprichos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que hubieren surgido de la desviación de los métodos de debate. Es que las formas procesales han sido creadas para garantizar derechos de las partes y la buena marcha de las causas, pero no constituyen formalidades sacramentales, cuyo inexorable cumplimiento lleve implícitamente la sanción de nulidad. Procurar la nulidad por la nulidad misma constituiría un formalismo que conspiraría contra el legítimo interés de las partes y la recta administración de justicia (conf. esta Sala F, "Stolbizer Margarita c/ Inspección General de Justicia s/ amparo", del 11/6/15; íd. íd., "Driving Consultancy SA y otro c/ Pan American Energy llc Suc. Argentina s/ beneficio de litigar sin gastos", del 18/06/13; y, en el mismo sentido: Fenocchietto, Carlos Eduardo - Arazi, Roland, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Bs. As., Editorial Astrea, 1983, T° 1, pág. 620 y jurisprudencia allí citada). En ese orden de ideas, no caben dudas de que debió darse oportuna intervención al funcionario a fin de que controlara la producción probatoria e incorporara, eventualmente, el alegato. Más no puede dejar de advertirse que, en oportunidad de presentarse en la causa, aquél no planteó la nulidad de las actuaciones previamente cumplidas ni invocó defensas de las que se hubiere visto privado de oponer.
Rapto propio, violación, tentativa, lesiones, concurso de delitos
Materia: PENAL
Carátula: JARA, José L. s/ CONCURSO DE DELITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Disidencia del Dr. Donna: La falta de recurso fiscal impide modificar la calificación de la conducta analizada, que debe encuadrarse en la de rapto en concurso real con tentativa de violación, que por la violencia que requiere el tipo, lleva a que las lesiones concurran idealmente.
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba, error judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Galván, Eduardo c/ Paname S.A. s/ Cobro de pesos Boglini, Cecilia Mirta c/ Joaquín Neiva y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05|1985-07-23

Las alegaciones relativas a la ponderación de la prueba y a la existencia de presuntos errores in iudicando son ajenos, por su naturaleza, al recurso de nulidad extraordinario.
Cobro de sumas de dinero, transporte de pasajeros, tasa municipal, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rotonda Group S.A C/ Empresa San José S.A s/ cobro de pesos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-08

Por distintos motivos, ciertas normas, consideradas legítimas en su origen, pueden haberse tornado indefendibles desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias relacionadas con ellas. Es lo que se conoce como la inconstitucionalidad sobreviniente. En ese sentido, el consentimiento brindado por la empresa dedicada al trasporte interprovincial de personas, durante un período importante de tiempo a que el municipio estableciera montos en concepto de uso de andén por encima de la "tarifa de referencia" que determina el art. 11 del DNU2407/2002 (26/11/2002), no cercena su derecho a oponerse ahora a dicha circunstancia.
Daños y perjuicios, toma de conocimiento de la incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DE ANTONIO ANGEL c/ RAMON OVIEDO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S084 - 143)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-21

Toda lesión a la integridad corporal provoca un daño patrimonial indirecto, que se sufre en razón de un ataque ilegítimo a la integridad física o psíquica. Cabe entonces apreciar a aquélla como así también su repercusión sobre todas las manifestaciones vitales, dado que toda disminución de aptitudes o facultades importa un agravio patrimonial que debe ser resarcido, pues se confronta una afección que se proyecta a todas las esferas de su personalidad, aunque no se sufra desmedro específico en el plano laboral o sólo éste se manifieste como una expectativa.
Sentencia condenatoria, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO WALTER MARIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CORIA LUISA ANDREA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-09

El derecho a recurrir la sentencia condenatoria ante un juez o tribunal superior consagrado a favor del culpable en el Art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU; y del inculpado, en el Art. 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA (Pacto de San José de Costa Rica) que fuera incorporado a la Constitución Nacional en el Art. 75 inc 22. debe ser reconocido organizando un amplio recurso que permita una revisión integral de la sentencia, examen que debe agotar la capacidad revisora del Tribunal, lo cual, en otros términos significa que para ajustarse a las nuevas exigencias conceptuales, el recurso ha de permitir revisar todo cuanto resulte revisable.

Sin embargo, se presenta en este punto, una dificultad propia, que el enjuiciamiento penal de base constitucional supone para la garantía de la doble instancia pues, si se observan los principios de la Carta Magna alrededor de los cuales se organiza nuestro sistema procesal penal vigente y se cumplen aquellas directivas sancionadas por los documentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que fueron constitucionalizadas en el Art. 75 inc. 22 de la C.N. e imponen la oralidad, parece problemático atribuirle al Tribunal de Casación la función de revisar aquellas conclusiones judiciales que se sostienen en la percepción directa del sentenciante.
Juicio de desalojo, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zampa, SACIFIA y M. c/ Rojas, María s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

Si quedó firme la no aplicación al caso de la ley 23091, carece de sentido discutir si se negó o no la recepción de una intimación exigida por aquella ley.
Culpabilidad, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

La declaración de culpabilidad, que exige un estado de certeza apodíctica, puede basarse tanto en las llamadas pruebas directas como en las indirectas, siempre que éstas consistan en indicios que en su conjunto resulten unívocos y no anfibológicos, porque son los primeros los que tienen aptitud lógica para sustentar una conclusión cierta.
Recurso de queja (procesal), fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Textil Punilla SA s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-12

La fundamentación de la queja debe dirigirse a probar que el recurso fue mal denegado, no correspondiendo en ese momento argumentar sobre la injusticia o nulidad del fallo cuya apelación fue declarada inadmisible por quien lo profirió, la misma debe ceñirse a expresar los errores en que incurriera el juez de grado inferior al impedir la apertura de la instancia ante la alzada.
Daño moral, derecho a la intimidad, derecho al honor, publicación periodística
Materia: CIVIL
Carátula: Macarron, Marcelo Eduardo y Otros c/ Vaca Narvaja, Hernán s/ Ordinario Hernán s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-08-10

Corresponde responsabilizar al productor y propietario de un semanario por causar con sus publicaciones daños al honor y a la intimidad de los actores, en tanto y en cuanto ventiló la sexualidad de un menor de edad, publicó fotografías que fueron tomadas en la vía pública y sin autorización de sus protagonistas, publicó datos de la hija menor de edad en varias oportunidades, y calificó la vida familiar de los actores como "hipócrita", o de "falsa moralina", lo cual claramente excede el propósito de informar y la libertad de expresión que tanto predica el demandado.