marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
BANCO DE MENDOZA, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE MENDOZA EN J: BANCO DE MENDOZA c/ JULIO NEME Y OTRO s/ Ordinario Medida Precautoria (LIBRO: S120 - 143)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-06-08

El Bco. de Mza.es una entidad estatal, pues su capital es íntegramente estatal y por tanto, público, ya que si bien las personas o entes públicos pueden o no ser estatales, no puede darse la hipótesis inversa, o sea, no puede admitirse que las personas estatales puedan ser de derecho público o privado adquiriendo siempre un indudable carácter público a pesar que puedan estar en alguna medida regidas por el derecho privado.- Los entes estatales menores, como el Bco. de Mza, dotados de personalidad jurídica, propia y distinta (adm. descentralizada) de los centros polares de la organización administrativa, poseen una regulación jurídica que incluye normas de derecho público, las cuales obstan a que pueda calificárselas como sujetos del derecho privado pese al destino industrial o comercial de su actividad, siendo en su caso el régimen de derecho privado vicarial -está al servicio de la eficiencia en la gestión de la función administrativa- al cual puede ceder a la aplicación de principios y normas de derecho público,por exigencia de un fin público superior o por la estabilidad misma del ente. Son normas de derecho público y de y de orden público las establecidas en los inc. c) y h) del art. 24, ley 2926 (Carta Org. del Bco. de Mza), disposiciones aquéllas derivadas de la estabilidad del ente y de su carácter vicarial, respecto del Estado, pues la personalidad jurídica del Bco. (derivada, subordinada y tributaria de la principal y única del Estado) no es sino una técnica o instrumento de organización y gestión de finalidades públicas.- Ahora bien, esas normas prevalecen en las medidas precautorias y en consecuencia, no sólo no se le puede exigir al Bco. de Mza, para la procedencia de las cuatelares, contracautela (al Bco. no se le exigira contracautela en ninguno de los casos en que las leyes de procedimientos see requiera tal requisito sino que además el fumus bonis iuris resulta de la sola presentación del documento en que conste la deuda, y en caso de cuenta corriente, la respectiva certificación bancaria del saldo deudor, aunque no estén reconocidos, conformados o protestados dichos saldos... siendo menester acreditar el periculum in mora desde que procede decretarlas sin otra sustanciación.-
Recurso extraordinario federal, admisibilidad del recurso, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Oyola, Rodolfo Eduardo c/ Obra Soc. del Sindicato de Mecánicos y Afines del Ttes y otro s/ cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-13

La concesión del remedio federal no aparece debidamente fundada si el superior tribunal de la causa no ha indicado la relación directa entre las garantías que los recurrentes dicen vulneradas y el asunto objeto del pleito, por lo cual el pronunciamiento carece de fundamento y debe ser declarada su nulidad.
Daños y perjuicios, daño estético
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendez, Juan Carlos c/ Amori, Amadeo Armando y Ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

No sólo la presencia de cicatrices antiestéticas determina la procedencia de la indemnización por daño estético, sino todos aquellos factores que en conjunto afean los aspectos estéticos y dinámicos del cuerpo del actor.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Ríos, Roberto y ots. c/ Club San Fernando s/ Cobro. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

A los fines de la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sólo se toma en cuenta el valor de lo cuestionado en el "pleito" en que el mismo se interpone (art. 56, dec. ley 7718/71, t.o. dec. 4444/93). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nalgix, S.A. c/ Ibáñez, Eduardo Enrique s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

En los supuestos en que la ejecución es rechazada por prosperar las excepciones opuestas por el ejecutado, en tales casos, sin duda alguna, el "vencido" es el ejecutante.
Nulidad procesal, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: BEK M. c/ MULE A. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

No existe contradicción entre lo que disponen los arts. 172 Y 486 del código procesal: lo que la ley requiere del nulidicente es la mención de las defensas que no ha podido oponer como consecuencia del acto viciado, no su desarrollo, que incumbe naturalmente al ámbito de la contestación de la demanda.
Aplicación de la ley, inconstitucionalidad, división de poderes, veto parcial
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, Rita c/ IM KYONG WOO Y OTRO s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

A los efectos de analizar la inconstitucionalidad de una ley ante la forma en que fue promulgada y el veto parcial a que fue sometida, corresponde el estudio de la misma a fin de decidir si el Poder Ejecutivo, al observar una parte de la norma, incidió en su contenido de tal manera, que pueda sostenerse la existencia de una indebida asunción de facultades legislativas, lesivas del principio del división de poderes. En el caso concreto de la ley 24.013 no existen objeciones formales que afecten la unidad y el sentido de la ley sancionada porque lo vetado se refiere a aspectos laterales que no se relacionan con su teleología esencial . (del dictamen del PGT nº 22.587 del 15/5/97, al que adhiere la Sala).
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Maldonado, Gustavo Sergio c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y S.P.F. s/ Ordinario s/ Incidente de apelación de Medida Cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-06

Corresponde conceder el recurso extraordinario interpuesto por el demandado contra la sentencia que dispuso la ejecución de la medida cautelar que incorpora al haber mensual de los actores un porcentaje de los adicionales transitorios -hasta que sus casos estén definitivamente resueltos- por mediar cuestión federal -art. 14, inc. 3 de la ley 48- atento a que se encuentra en juego la interpretación de normas federales, concurriendo además gravedad institucional por el universo de actores y acciones en juego contra el Estado Nacional.
Cuestión no federal, competencia provincial, protección del medio ambiente, interpretación de normas y actos locales
Materia: PROCESAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Desarrollo de Proyectos Mineros S.A. (Deprominsa) c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

Al ser evidente que las cuestiones federales que propone la actora no son las predominantes en la causa, sino las vinculadas con la protección del medio ambiente que expone en el escrito inicial al transcribir las intervenciones más representativas de los legisladores en el debate parlamentario de la ley 7422 de Mendoza, deben ser las autoridades administrativas y judiciales de dicha Provincia las encargadas de valorar si la ley local afecta dicho aspecto tan propio del derecho público provincial. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL CIVIL
Carátula: BUGNONE, MARTA c/ BUGNONE CIA LTDA s/ COBRO DE PESOS.   QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 264-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-02-26

Del juego de los artículos 6 y 8 de la ley 7055 -el primero de los cuales impone un examen de admisibilidad a cargo del tribunal ante quien se interpone el recurso; y el segundo, prevé la queja directa en caso de denegación por el inferior-, surge que el recurrente debe intentar un pronunciamiento expreso acerca de la concesión o no del recurso de inconstitucionalidad local, para así, en la hipótesis del dictado de un auto denegatorio, poder venir en queja ante la Corte suprema de justicia.
Sanciones penitenciarias carcelarias, constitucionalidad, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Z.V., F.G. s/ Inconstitucionalidad - Nulidad - Sanción disciplinaria. Inst. 43.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-24

La pena de tres días de permanencia en celdas por el desacato a una directiva del personal penitenciario, establecida en el Reglamento de Disciplina para Internos del Establecimiento Penitenciario, resulta constitucional pues no existe colisión alguna entre la normativa que regula este procedimiento sancionador y la carta fundamental al no existir limitaciones a las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa.
Lesión subjetiva, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pereyra, Juan Carlos y otra c/ Ferreyro Automotores y otros s/ Cump. o resolución de contrato - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-17

Quien pretende colocarse en la situación prevista por el art. 954 del Código Civil, alegando un supuesto estado de debilidad, debe hacer el pertinente planteo en la demanda.
Excepciones procesales, cosa juzgada, prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: YANACON, JOSE L. s/ ROBO Y TENENCIA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-16

Corresponde declarar de oficio la existencia de la cosa juzgada y sobreseer en consencuencia definitivamente en la causa y respecto del prcesado en orden al delito que le fuera enrostrado, ya que se dan los supuestos extrínsecos de admisibilidad referidos a la identidad de causa, partes y objeto y el hecho en cuestión fue materia de juzgamiento definitivo con anterioridad.

La declaración indagatoria prestada en extraño tribunal, si bien no adquiere la fuerza que le atribuyen los arts. 316 y 321 del C.P.M.P , autoriza a extraer las gravísimas presunciones que se desprenden de aquellos dichos concordantes con los restantes elementos probatorios colectados, y conducen a formular el juicio de reproche que se propugna.
Prueba pericial, producción de la prueba, plazo, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Masut c/ Gottero s/ Desalojo (Expte Nro.  276-01, Resolución Nro.  98, Tomo 9, Folio 10)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-12

"Si la falta de producción de la prueba pericial en primera instancia se debe a causas no imputables al apelante, quien fue diligente en baja instancia, corresponde resolver que se produzca esta prueba en la alzada; determinando que la misma esté a cargo de la perito calígrafa ya designada y que oportunamente aceptó el cargo ..."
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, quiebra, fuero de atracción, causas civiles, obligaciones solidarias, concursos, litisconsorcio
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B.U.C.I c/ Bodegas    y   Viñedos  Castro  Hnos.Soc.  Anon.Ind.  Com.  y  otros. s/ CUESTION DE COMPETENCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

La solidaridad pasiva suscita entre los codemandados un litisconsorcio-facultativo, no necesario (art. 705 del Código Civil), por lo que al no configurarse el supuesto previsto por el art. 137, segundo párrafo, de la ley 19.551 no resulta indispensable que el proceso prosiga ante el tribunal donde está radicado el juicio de quiebra.
Prueba pericial, impugnación de la pericia
Materia: PROCESAL
Carátula: CASSINA, ELSA E. c/ CALVO, LUIS R. Y OTRO s/ DAÑOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-06

Cuando los datos de los expertos no son compartidos por los litigantes, es a cargo de éstos la prueba de la inexactitud de lo informado. Son insuficientes, las meras objeciones, es necesario algo más que disentir, es menester probar arrimar evidencias capaces de convencer al Juez que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones son equivocadas.
Caducidad de instancia, plazos procesales, cómputo del plazo, demanda, traslado, prescripción, orden público
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Granada, Jorge Horacio c/ Argentina Televisora Color s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Admitir que el plazo de caducidad de la instancia corre recién a partir de que el Juez dispone el traslado de la demanda importaría que acciones como la de autos tengan el inaceptable efecto de tornar imprescriptible la acción contrariando lo dispuesto en el artículo 4019 del Código Civil - que es de orden público - al hacer depender de la voluntad del actor la subsistencia de tal efecto hasta tanto notifique la demanda o peticione al Tribunal que confiera el traslado de ley.
Tarifa de servicios eléctricos, cooperativas eléctricas, derechos de incidencia colectiva, amparo colectivo, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: López, Rodolfo Osvaldo c/ Cooperativa Eléctrica de Pehuajó s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-03-26

Tiene legitimación para iniciar acción de amparo por sí y en beneficio de todos los usuarios afectados, el usuario que promueve la acción para que se declare ilegítima la decisión de la cooperativa que presta el servicio de electricidad de cobrar una tarifa más cara a los usuarios que no sean socios de la cooperativa, pues la noción "derechos de incidencia colectiva" (art. 43, Const. nac.) no se limita a la más tradicional de sus versiones (es decir, los llamados intereses "difusos"), sino que abarca otras situaciones - la categoría de derechos individuales homogéneos- en las que el bien tutelado pertenece de modo individual o divisible a una pluralidad relevante de sujetos, la lesión proviene de un origen común, y las características del caso demuestran la imposibilidad práctica o inconveniencia de tramitar la controversia a través de los moldes adjetivos tradicionales (litisconsorcio, intervención de terceros, acumulación de acciones, etc.).
Daños y perjuicios, obligaciones del médico, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MAMANI SILVIA PATRICIA c/ SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-22

En efecto, sostiene la mayoría de la doctrina que la obligación que asume el médico no es una obligación de resultado o determinada de curar el enfermo, sino solamente una obligación de medios, es decir que se compromete atender al paciente con prudencia y diligencia, o como dice Acuña Anzorena el médico no se obliga a curar al enfermo y sí únicamente, a proporcionarle todos aquellos cuidados que conforme a los conocimientos científicos que su título de tal hacen presumir en su haber, son conducentes al logro de su curación. En consecuencia, quien alega incumplimiento de su obligación por el médico tiene a su cargo la prueba de que los servicios profesionales se prestaron sin esa prudencia y diligencia.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, valor disputado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: TECSA  S.A. c/ Entidad Binacional Yaciretá s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

La referencia que se limita a señalar que el monto por el cual ha prosperado la demanda supera el mínimo establecido por el inc. a) del apartado 6) del art. 24 del decreto-ley 1285/58 resulta insuficiente, si la decisión apelada tampoco precisa el monto de la condena, cuya determinación fue diferida para la etapa de ejecución, razón por la cual el interesado debe haber extremado sus esfuerzos para ofrecer "prima facie" la demostración que se exige, a través de la liquidación correspondiente.
Enfermedad profesional, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: FREIRE DE AYGUAVELLA, MARIA ISABEL c/ BAYER ARGENTINA S.A.C.I.F.I. s/ DAñOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

Acreditado que la empleada -en su desempeño laborativo para la accionada- debía manipular para su lavado el instrumental proveniente de la sección de fabricación de la vacuna antituberculósica donde se trabaja con gérmenes vivos de Brucella Abortus 19 B A -cuya ausencia de patogenicidad en el ser humano no se demostró- dicho instrumental asume la calidad de cosa riesgosa (art.1113 segunda parte in fine C.C.), lo que determina la responsabilidad civil del laboratorio demandado, en tanto las cosas bajo su guarda o de su propiedad motivaron el daño en la salud de la trabajadora (incapacidad derivada de brucelosis).
Prescripción, prescripción decenal, colación, simulación, aportes societarios, cómputo del plazo, apertura de la sucesión
Materia: CIVIL
Carátula: COLLIOUD DE MARTINS, MAGDALENA Y OTRO c/ MARTINS, EDUARDO J. Y OTRO s/ COLACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-04

En la acción de colación, con fundamento en la simulación de aportes societarios y de la aceptación de compra de un inmueble por la sociedad, la prescripción no es la de dos años del art. 4030 del Código Civil para la simulación, sino la de diez años del art. 4023 del mismo Código, debiéndose computar el plazo desde la fecha de fallecimiento del causante, que es el momento desde el cual el heredero perjudicado puede ejercerla.
Prueba pericial, carácter vinculante
Materia: PROCESAL
Carátula: SOTO, CROSCOPIO DEL TRANSITO c/ PEDRESCHI, ROMULO s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-02-21

Para apartarse de las conclusiones del dictamen pericial, es menester encontrar apoyo en razones serias, es decir en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencias, o en elementos probatorios del proceso provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, proceso penal, plazo, acción penal, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: G., E. N. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- COHECHO Y OTROS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 499 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-22

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que los agravios del recurrente remiten al examen de cuestiones fácticas y de derecho común -tal, el criterio con el cual se evaluó la razonabilidad del plazo insumido en el trámite del proceso penal- que, según se advierte fueron resueltas en el caso con fundamentos suficientes. En el caso, la Sala, tras dejar sentado con apoyo en la doctrina sentada por la Cámara rosarina en el Pleno "Pieckenstainer" que en la causa habían mediado actos que revestían la calidad de secuela de juicio con virtualidad para interrumpir la prescripción, evaluó el argumento del apelante acerca de que el trámite del proceso habría excedido el "plazo razonable" de duración, provocando la extinción de la acción penal por una vía autónoma y sustentada en la garantía de rango constitucional, y lo refutó afirmando que la cuestión no pasaba por decidir si se consideraba o no vigente dicha garantía sino a que "si en este proceso concreto, el plazo de tramitación insumido era o no "razonable" en atención a sus características particulares" , concluyendo que "en consideración a las características particulares de este proceso y sus protagonistas; del tipo de trámite que necesariamente debió dársele por mandatos legales y por la actividad de las partes; y por el hecho de haber concluido ya el juicio y avizorarse pronta sentencia...debe convenirse en que la demora no ha sido indebida y el plazo insumido ha sido razonable, ello al menos en medida suficiente para sostener que no se ha verificado en el caso una violación de la garantía constitucional en la que se funda el pedimento de que se declare prescripta la acción; pretensión que en consecuencia debe ser rechazada..." .-.
Prescripción, enfermedad accidente, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: ZARATE DE FARIAS JOSEFINA c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ DEMANDA - RECURSO DE CASACION - PRESCRIPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-02-17

El art. 258 L.C.T. (ley 20744) establece la prescripción de dos años para las acciones provenientes de accidentes y enfermedades profesionales, a contar desde la "determinación" de la incapacidad o el fallecimiento de la víctima.

La expresión "determinación de la incapacidad" es una locución con "unidad intencional", cuya imprecisión, sólo puede ser limitada en el marco de los dispositivos legales comprometidos. A tales fines, desentrañar la significación linguistica del término sólo constituye una primera etapa. Logrado ello, corresponde la armonización con los enunciados legales en juego. Tratándose de la determinación de una incapacidad resulta necesario examinar cuáles son las características que le asigna la ley a una patología invalidante para ser objeto de reclamo, máxime cuando se pretende establecer el momento a partir del cual se comienza a contar el término de la prescripción, instituto en el que cobra cabal importancia la posibilidad de ejercer el derecho a través de una acción.

Mal puede decirse que la víctima goce de una acción si ignora los efectos dañosos que el acto ha tenido. La prescripción no puede iniciar su curso mientras no se tenga conocimiento del daño.

En el caso, para reclamar la indemnización por la incapacidad ocasionada por la enfermedad es menester conocer la existencia de tal incapacidad y que ella deriva de la actividad laboral, de acuerdo a la expresión contenida en el art. 258 L.C.T. (Ley 20.744), con relación a lo dispuesto por la ley 9688. Conforme a ello, la determinación se producirá cuando exista conocimiento cierto, real y efectivo de la incapacidad y en especial, del carácter permanente de la misma (art. 8 ley 9688). A ello debe adicionarse el conocimiento de la probable relación concausal con las tareas, pues ambos requisitos (incapacidad y relación de causalidad) deben estar presentes para promover la acción.

Por ello, resulta adecuado el análisis efectuado por la juzgadora para rechazar la defensa de prescripción propuesta por la demandada, en tanto, entendió que del certificado médico destinado a iniciar el trámite jubilatorio no puede derivarse que la actora tuviera un conocimiento cierto y preciso de su incapacidad que le permitiese embarcarse en una acción resarcitoria. (Voto del Dr. Moisset de Espanés).
Contrato de obra, desistimiento de la obra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Spitaleri, Adrián Víctor José c/ E.S.E.B.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-24

El artículo 1638 del digesto sustantivo autoriza el ejercicio de una causal de extinción de la locación de obra de carácter excepcional, desde que a diferencia de los demás contratos en los que el distracto debe ser acordado por los cocontratantes y de no obtenerse de tal modo, ejercitarse la facultad resolutoria prevista por el artículo 1204 del Código Civil, con ajuste a las modalidades que tal norma prevee, en el de autos, tal rescisión se operó por la decisión unilateral del dueño de la obra, la que aquí se tuvo por probada por la falta de pago del precio contractual.