marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Llanos Roberto Alejandro c/ Díaz Barale Eduardo s/ Daños y Perjuicios Caravaca Cristian c/ Plesofsky Alicia s/ daños y Perjuicios Versoletto, Adrian c/ Corbellini, Walter s/ Daños y perjuicios Versoletto, Adrian c/ Corbellini, Walter s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10|2000-05-08|2001-08-08

Quien reclama por privación del uso del automotor debe probar - tal la carga que hace a su propio interés- que la imposibilidad de uso del rodado derivada de la detención para proceder a su refacción, le ocasionara un daño susceptible de merecer indemnización, ya que no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado, ni constituye un supuesto de daño "in re ipsa".
Adicionales de remuneración, derechos adquiridos, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: G., J.O. c/ C.T.P. SA s/ Cobro de Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-11-10

La calidad de optativo para el empleador de conceder un adicional o beneficio, no puede implicar que de buenas a primeras se suprima o modifique a su antojo, pues se está afectando derechos adquiridos por el dependiente a través del tiempo.
Asistencia en asuntos penales, código contravencional y de faltas, Derecho penal, delitos contra la integridad sexual, facilitación de la corrupción, abuso sexual de menores
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Norte de la CABA- c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Arriola, Facundo Nahuel s/ infr. art. 128, CP'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

La confirmación por la Cámara de la decisión de la jueza de grado que declaró la atipicidad de la conducta atribuida al imputado con relación delito de facilitación de pornografía infantil y dispuso su sobreseimiento, se apoya en un plexo de normas legales y constitucionales aplicables al caso y está justificada en sus alcances por los aspectos particulares del hecho objeto del proceso. La Cámara funda en argumentos precisos y referencias a la situación particular del imputado, los motivos por los cuales éste debe ser excluido del campo de aplicación del art. 128 primer párrafo; pero en ningún momento extiende esta exclusión al conjunto de los menores de 18 años de edad. Ese criterio hermenéutico no excede el marco normativo invocado por los jueces, es una interpretación posible del art. 128, 1er párrafo del Código Penal, por lo cual no hay violación del principio de legalidad. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Quiebra, honorarios, regulación de honorarios, costas
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: CASTRO ADRIANA R. c/ INTERPONE RECURSO DIRECTO EN MAZZOLA Y OTRA s/ QUIEBRA PEDIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-09

Tal como en el auto Nro. 104 de 1987, esta Cámara sostiene que el recurso directo tiene por objeto obtener de un recurso de apelación o de nulidad -o extraordinario en su caso - denegado, sean con ello finalmente concedido para la cual debe centrar su argumentación en demostrar el error del órgano que lo denegó.

Es decir, nada tiene que ver los agravios respecto del tema que le fuera rechazado, sino solamente la denegación del recurso.

Que en relación a lo referido a honorarios y costas, impuestas ante el rechazo del recurso de apelación (en caso de quiebra) sí es procedente (sentencia Nro. 17 del 1987) por la misma razón la irreparabilidad de perjuicio, que de existir es apelable tal regulación de honorarios en los casos de pedido de quiebra que es rechazada por el Tribunal.-
Daños y perjuicios, prescripción, AMIA, responsabilidad del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: Galarraga, Gimena y otro c/ EN y/o y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-08

Debe declararse la prescripción de la acción de daños y perjuicios entablada por los hijos de una de las víctimas del atentado a la sede de la AMIA tendiente a obtener una reparación por el fallecimiento de su padre en dicho acto, pues la demanda se inició más de trece años después del suceso generador del daño y, por lo tanto, una vez vencido el plazo de dos años que establece el art. 4037 del Código Civil
Procesado, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: MOLEIRO, Luis s/ Lesiones leves calificadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-24

La norma del art. 448 inc. 2do. del C.P.P. impone la obligación de notificar el auto de apertura a prueba al procesado, constituyendo su omisión la violación de un trámite de carácter esencial toda vez que afecta la garantía del debido proceso y la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional).-
Derecho procesal, gastos del proceso, fallo plenario, inconstitucionalidad, autonomía provincial, costas, acción de responsabilidad, ley nacional, aplicación de la ley, modificación de la ley, ley arancelaria, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Yañez, Sergio Alberto c/ Prevención Art S.A . s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-02-05

2.- Las costas procesales constituyen "materia procesal" de competencia de las respectivas autonomías provinciales. Por ello, el legislador nacional con la sanción de la Ley N° 24432 (modificatoria de los artículos 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del viejo Código Civil, reproducido casi textualmente en el actual artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación), al legislar sobre los límites del pago de las costas judiciales, ha excedido el ámbito de su competencia conforme el reparto derivado de la Constitución Nacional (artículos 75, inciso 12, y 121). La norma local no remite en forma íntegra o indiscriminada a todo lo regulado en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino únicamente a los límites y formalidades para celebrar pactos de cuota litis en asuntos laborales. Ello, en sintonía, además, con la materia regulada por la Ley N° 2933, que se circunscribe a "honorarios profesionales", sin referencia alguna al tema "costas", y mucho menos, a límites sobre gastos causídicos. (del voto del Dr. Busamia, en adhesión).
Indemnización por accidente de trabajo, fondo de garantía, pago, acción civil por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL c/ VOLAMPA SA. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-08-31

Corresponde hacer lugar al cobro de la indemnización derivada de un accidente mortal actualizada de conformidad con el artículo 276 LCT., con más los intereses moratorios (perseguida por la Secretaría de Estado y Seguridad Social), si el empleador abonó directamente a la esposa de la víctima en forma extrajudicial la indemnización liquidada en los términos del artículo 1113 Código Civil. La ley 9688 ha establecido un sistema tendiente a asegurar el efectivo cobro canalizando los pagos por vía del llamado Fondo de Garantía dando al organismo que lo administra la acción destinada a la percepción de las sumas, cuando, entre otros supuestos, se violen las previsiones de la norma (artículo 9, ley 9688). No empece a ello la circunstancia de haberse abonado las indemnizaciones del derecho común pues, al margen de que la suma abonada sea inferior a la que correspondería por la ley 9688, el artículo 17 de ésta no permite admitir que la opción prevista se efectivice sin una acción judicial o administrativa.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de La Pampa c/ Cuevas, Emilio Alfredo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-06-08

La declaración oficiosa de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan. El tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Letamendi, María Verónica c/ Mendy, Luis Manuel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-12

El actor ha incurrido en un obrar culposo toda vez que no ajustó la conducta a lo que le imponía la naturaleza de la obligación, que correspondían a las circunstancias de las personas, de tiempo y lugar (arts. 512  y  902 Cód. Civil) y tal como exigían las normas reglamentarias del tránsito (arts. 64, 701 inc.2 ley 5800) al establecer la prioridad de paso de quien circula por la derecha, pues ellas no son ajenas a la dinámica vial ni pueden operar o no según las circunstancias, sino que están estrechamente vinculadas a la seguridad vial y, por ende, deben ser estrictamente cumplimentadas.
Recurso de inconstitucionalidad, inundación, responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Micucci, Claudio Fabián y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-05

Mediante la ley 12183, modificada luego por ley 12259, la Legislatura provincial estableció un régimen excepcional de reparación en función de la ley nacional 25735, destinado a atender los menoscabos padecidos por los habitantes de zonas inundadas como consecuencia del desborde del río Salado del año 2003, contemplando -entre otros- los deterioros o pérdidas causadas en inmuebles de residencia y muebles accesorios, según las pautas de estimación allí fijadas, previendo como condición para acceder a tales reparaciones, la renuncia del beneficiario a cualquier eventual pretensión por indemnización de daños y perjuicios derivados de las inundaciones contra el Estado y, en su caso, el desistimiento de los reclamos o acciones indemnizatorias deducidos con anterioridad por el mismo concepto; y se encuentra fuera de controversia en autos que los aquí demandantes habían declinado la ayuda extraordinaria determinada para su caso por la autoridad de aplicación de la ley 12183 -más allá de la ayuda económica básica no reintegrable que se dice percibida en el marco de los decretos 1617/03, 2354/03 y 3701/03, dictados de modo previo a la implementación del régimen de reparación excepcional sancionado por ley 12183-; por lo cual no puede afirmarse que la Sala hubiese rechazado el respectivo tramo de la queja por denegación del recurso de apelación extraordinaria interpuesto por la demandada, de modo arbitrario o lesivo de derechos constitucionales. (Del voto del Dr. Netri, al que adhiere el Dr. Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley nacional 25735; Ley provincial 12183 (modificada por ley 12259), artículo 7; Decretos provinciales 1617/03, 2354/03 y 3701/03.
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: ROMERA Luisa Victoria c/ Polizotto Andrea del Valle s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-04-16

En razón a la forma en que ocurrió el siniestro, según lo informado por el perito actuante y lo considerado por la Sra. Juez a quo, no tiene relevancia como posible eximente de responsabilidad de la parte demandada el hecho acreditado de que la actora circulaba sin carnet habilitante y con los frenos en mal estado, pues la falta del carnet para conducir por parte de quien no provocó el accidente de tránsito es una cuestión administrativa que podría constituir una infracción reglamentaria, pero nunca puede excluir la responsabilidad de quien causó el accidente, y la falta de frenos en buen estado no tuvo relación causal alguna con la producción del siniestro.
Acción de amparo, pago de tributos, facultades tributarias, determinación de impuestos, modificación de la base imponible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fortín, Maure S.A. c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-20

Toda vez que en la especie el actor pagó los tributos de conformidad con las liquidaciones que la autoridad administrativa practicara oportunamente, la pretensión de cobro exteriorizada luego -en virtud de la alteración de la base imponible anteriormente fijada al valuar el inmueble- importa un reclamo improcedente del pago de deudas extinguidas.

En consecuencia, los pagos efectuados en las condiciones señaladas se erigen en derechos definitivamente incorporados al patrimonio de la persona, que en consecuencia gozan de la protección constitucional (arts. 17 de la Constitución Nacional y 12 inciso 5 Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Recursos, recurso extraordinario, recurso de casación penal, cuestión no federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Giampieri, Héctor y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

Lo atinente a la apreciación por parte de los integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal de los temas comprendidos en el recurso a efectos de determinar su competencia, constituyen aspectos cuya revisión, por regla y atento su naturaleza procesal, resulta ajena a la instancia extraordinaria. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, retención de documentos, derechos y garantías constitucionales, ingreso de extranjeros
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TOSCO, AGUSTIN RAUL c/ ESTADO NACIONAL - POLICIA FEDERAL ARGENTINA s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-22

La promoción de un "amparo por mora" tendería a mantener activa una instancia administrativa que, por principio, excluirá el remedio allí impetrado; -la postura de la Policía Federal- negativa de otorgar el pasaporte- indica que no es dable superar el obstáculo al derecho constitucional invocado por el curso a instancias superiores (Fallos: 270: 268 y 289).

El trámite dado al pedido de pasaporte por las autoridades policiales ha sido irregular, pues la denegación del documento no proviene de resolución del jefe de Policía Federal, como lo prevé el art. 15 del decreto 2.015/66, ni medió -pese a las particularidades del caso- el previo dictamen de la asesoría letrada (art. 15 citado).

La omisión incurrida por la dependencia estatal aparece arbitraria y menoscaba los derechos constitucionales en juego, los que en el sub lite no alcanzan a ser conmovidos por recaudos reglamentarios susceptibles de generar una presunción contraria a la libertad de "entrar y permanecer o salir del país (art. 14 de la Constitución Nacional).
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Davies, Alberto. c/ Barria, Benito. s/ Inaplicabilidad de Ley. Fundamentación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-07-16

Para fundar el recurso de inaplicabilidad de ley, no basta mencionar determinadas normas si no se explica su vinculación con el caso concreto ni las razones de su eventual aplicabilidad a los fines de la casación.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, juicio de apremio, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) c/ Chami, Pablo Andrés. s/ Juicio de apremio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

Es arbitraria la sentencia que pasó por alto la consideración del planteo central en que la demandada sustentó la defensa de prescripción de la acción en un juicio de apremio.
Falso testimonio, declaración testimonial, encubrimiento, incumplimiento de los deberes del funcionario público, declaración autoincriminante
Materia: PENAL
Carátula: Ulloa, Roberto Augusto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-15

Al requerirse al encartado que declarase sobre hechos en los que pudo haber participado o que le podrían haber generado algún tipo de responsabilidad o perjuicio, no correspondía considerarlo testigo en el sentido propio, razón por la cual, las falsedades u omisiones en que podría haber incurrido, no pueden configurar el delito de falso testimonio. En el caso, las supuestas falsedades en que incurrió el encartado se produjeron al prestar declaración testimonial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, mientras que se encontraba imputado por la denuncia por encubrimiento, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público que había sido hecha en su contra.

Más allá de que todo testigo tiene la obligación de decir verdad, no puede dejarse de lado la garantía constitucional que impide que una persona sea obligada a declarar contra sí misma (art. 18 CN). (Dres. Gemignani, Riggi y Mahiques).
Habeas corpus, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Dr. Ramón H. Torres Molina y ot. interp. Rec. de Habeas Corpus s/ Inc. de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

En el habeas corpus presentado a favor de menores, fundado en la detención de los mismos a disposición del juez de menores de Junín debe intervenir la Cámara Criminal y Correccional de dicho departamento judicial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aplicación de la ley, falta de contestación de la demanda, presunciones
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Puma, Emilio Antonio c/ Grupo Akua S.R.L. s/ cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-16

Teniendo en cuenta el telegrama del actor en el que notifica el rechazo por parte del banco del cheque en cuestión por falta de fondos, solicitando el pago de la liquidación final en efectivo y la empleadora no solo omite contestar la intimación cursada por su dependiente, sino que lo obliga con su actitud a judicializar su cobro, y que la accionada tampoco respondió a las otras tres intimaciones anteriores, lleva sin lugar a dudas a aplicar el art. 30 de la Ley 921 tal como lo ha hecho el decisorio de primera instancia, porque la falta de contestación de demanda, y la conducta de la empleadora que se desprende del relato del recurso de apelación antes citado, "generan con ello una presunción de verdad de los hechos lícitos alegados por su contraria (régimen del artículo 60, C.P.C.C.) o, incluso, el reconocimiento de los hechos y recepción de las comunicaciones postales alegadas por su contraparte (régimen del artículo 21 y ccdtes de la Ley n° 921 -Sala I autos: "SINDICATO DE OBREROS Y EMPAC.FRUTA CONTRA LA DELICIOSA S.A. SOBRE SUMARISIMO ART.47 LEY 23551" (Expte. N° 75-CA-99 - Marzo/99).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, competencia por el territorio, domicilio especial, domicilio real, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FIORE, E c/ IZAGUIRRE, E C A s/ COBRO  DE  AUSTRALES  - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - QUEJA (CSJ  EXPTE Nº 365-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-09

No configura excepción al principio de que las cuestiones procesales son insusceptibles de revisión por la vía de recurso de inconstitucionalidad, el planteo de incompetencia territorial del recurrente por el hecho de haber sido demandado y notificado en su domicilio comercial y no en el real, por cuanto se limita a aducirla sin hacerse cargo de lo sostenido por el Juzgador en el sentido que la cédula de notificación cursada al domicilio comercial de la parte demandada fue recibida, lo que no sólo le permitió tomar conocimiento del litigio sino también contestar la demanda en tiempo procesal oportuno, sin que se haya conculcado la garantía constitucional de defensa en juicio invocada al haber cumplido la referida notificación con su finalidad.
Contrato de obra pública, dación en pago, responsabilidad contractual, daños y perjuicios, prueba
Materia: Administrativo Civil
Carátula: L.A.L., S.A.C.I.F.I.A. c/ Administración de Vialidad Provincial y Pcia. del Chubut s/ Demanda Resarcitoria y Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-12-04

La prueba aportada, es obvio, sólo acredita que los referidos documentos de cancelación de deuda 1963, Serie C, habitualmente cotizan bajo la par, en la plaza financiera, pero ello no basta para tener por cierto que la firma negoció los mismos con pérdida alguna.

No basta con acreditar la posibilidad del daño, es necesario probar su existencia, pues no cabe acordar indemnizaciones por daños presuntos, meras conjeturas o posibilidades como lo pretende la actora, toda vez que el incumplimiento o el cumplimiento irregular de un contrato no origina, por sí solo, derecho a reparación: es necesario que cause un daño al acreedor y que este lo pruebe de modo indudable, en su defecto, se impone el rechazo de la demanda.
Acto fiduciario, obligaciones del fiduciario
Materia: CIVIL
Carátula: I.B. N.V. (Sucursal Argentina) y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-22

La debida diligencia exigida al fiduciario no es la de un "padre de familia", sino la de un "hombre de negocios".- Esta rige en materia comercial, y especialmente en los contratos de fideicomiso, desde que expresamente está contenida en el art. 6 de la Ley Nro. 24.441.- Para satisfacer la pauta valorativa rectora sintetizada bajo la fórmula precisa de "gestión de confianza", ese precepto señala que el fiduciario deberá cumplir las obligaciones impuestas por la ley o la convención, con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la confianza depositada en él.
Contrabando, auto de procesamiento, embargo
Materia: PENAL
Carátula: KREUTZER, ALEJANDRO s/ Contrabando, incidente de apelación de monto de embargo  CAUSA: 35672.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

1 - El embargo de bienes que debe ordenar el Juez al dictar el auto de procesamiento de un imputado tiene por una de sus específicas finalidades "garantizar la pena pecuniaria" que pueda en el futuro imponerse.- 2 - Con relación a los delitos previstos por los art. 864 y 865 del C.A., entre otros, además de las penas privativas de la libertad se determinan otras sanciones, entre las que se encuentra la de multa (art. 876, inc. c) del C.A.).- 3 - El embargo debe procurar garantizar la eventual sanción pecuniaria, independientemente de cuál fuese la autoridad competente para la aplicación de aquella pena (art. 1026, inc. b) del C.A.), no resultando óbice que la pena pecuniaria pueda ser impuesta por un organismo administrativo, en otras actuaciones, habida cuenta que sólo se impondrá si media una previa condena dictada por el órgano jurisdiccional, y tendrá como soporte objetivo el mismo hecho que es materia de aquella condena.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Nuñez de Ramos, Gregoria c/ Municipalidad de La Matanza s/ Indemnización por muerte Luque, Toribio Sebastián c/ Metalúrgica Galem S.I. y C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-21|1985-06-11

Ejercida la acción ordinaria para obtener la reparación del daño ocasionado por un infortunio del trabajo, la fijación del resarcimiento indemnizatorio constituye una facultad privativa de los jueces de grado que la ejercitarán conforme a los elementos de juicio que en cada caso se aporten a su consideración, constituyendo, en consecuencia, una típica cuestión de hecho irrevisible en casación, salvo la existencia de absurdo en la apreciación de la prueba o en el razonamiento del juzgador.
Acción civil, prescripción, junta médica
Materia: LABORAL
Carátula: GOROSO, FLORENTINO. c/ ZOPPI SAC. E I. s/ ACCIDENTE ACCIÓN CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-10-04

El plazo de prescripción de la acción civil tendiente a obtener la reparación de un accidente o enfermedad del trabajo, al tener andamiento en las normas del derecho común, corresponde aplicar el término de dos años previsto por el art. 4037 del C.Civil fijado para la responsabilidad extracontractual.