Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-24


SENTENCIA DEFINITIVA N°:95850 SALA II EXPTE. Nº: 31.132/06	(JUZGADO Nº 2) AUTOS: "MONTENEGRO, VERÓNICA VALERIA C/ COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL SA S/ DESPIDO" VISTOS Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 24 de junio de 2008, reuni-dos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Contra la sentencia dictada a fs. 188/92 que hizo lugar a la demanda recurre la demandada merced al memorial de fs. 193/99, replicado a fs. 204/208.

Fundamentalmente se queja la apelante de que el Dr. Gorla haya desestimado su planteo de que el contrato se extinguió por abandono recíproco con el argumento de que en ningún momento dejó de efectuar los aportes previsionales a favor de la Sra. Montenegro, y puntualizó que, frente a la precariedad de la situación posterior al abandono de tareas por parte de la reclamante, optó por seguir efectuando los aportes aunque liquidándolos exclusivamente sobre un ingreso de $9,37, correspondiente al adicional por antigüedad. Además, plantea que el senten-ciante evaluó arbitrariamente la prueba testimonial aportada, que evidencia que la ac-tora dejó de prestar servicios a principios de 2006.

Se agravia también porque se hizo lugar a la in-demnización establecida en el art. 1º de la ley 25.323, la del art. 16 de la ley 25.561 y por la aplicación de la presunción del art. 55 LCT a favor de la accionante. Igualmen-te se agravia por la aplicación de la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 y tam-bién cuestiona la procedencia de la agravación establecida en el art. 178 LCT ya que no medió notificación del estado de embarazo.

Finalmente apela los honorarios regulados a los profesionales intervinientes en las presentes actuaciones por entenderlos excesiva-mente altos.

II.	Luego de examinar el modo en que quedó traba-da la lid y las pruebas producidas por las partes anticipo que voy a sugerir la revoca-ción de la sentencia en lo atinente al distracto ya que, a mi modo de ver y tal como lo postula el recurrente, se ha configurado la situación prevista en el último párrafo del art. 241 LCT y la actora no ha acreditado sus afirmaciones iniciales.

Voy a señalar, en primer lugar, que discrepo res-petuosamente con la interpretación que el Sr. Juez de primera instancia efectúa del hecho de que la demandada haya continuado haciendo contribuciones a la seguridad social hasta septiembre 2006 ya que, como lo puntualiza el recurrente, lo hizo sobre una base imponible mínima y durante el lapso de incerteza que caracteriza este tipo de situaciones, es decir cuando aún no se sabe si el trabajador se reintegrará o no y en tanto la empresa, por razones que no cabe indagar a los jueces, optó por no exigir el cumplimiento del débito contractual al dependiente y por no ponerle fin al contrato invocando la falta de prestación de tareas (conf. art. 244 LCT).

Estimo que en tal marco temporal y teniendo particularmente en cuenta la escasa entidad de las contribuciones efectuadas constitu-ye una interpretación excesivamente rigurosa y formalista la de tener, sin más, por excluida la situación de abandono mutuo.

Al punto destaco que el informe pericial contable de fs. 89/95 permite saber que la demandada depositó las contribuciones a la seguri-dad social sólo hasta septiembre 2006 y que durante el lapso comprendido entre mar-zo y julio 2006 calculó tales contribuciones sobre la suma de $9,37, que en relación a agosto 2006 las computó sobre $94,09 y por septiembre 2006 sobre $84,34, bases sa-lariales de cálculo visiblemente inferiores a la de $946,50 utilizada hasta febrero 2006. Estos datos del informe pericial no fueron impugnados por la parte actora en su presentación de fs. 98/99.

A mi juicio, ese comportamiento patronal ha si-do prudente, razonable y en todo caso demostrativo de un proceder cauteloso pero, en modo alguno, un actuar inequívoco que lleve a descartar la eventualidad del abandono recíproco del contrato.

Apartado ese argumento formal, considero que para decidir el caso deben examinase las demás constancias de la causa y comenzaré por puntualizar que resulta un dato revelador que la actora en su demanda haya afir-mado que no cobró los salarios de febrero, marzo y abril 2006 -pese a que adujo ha-ber laborado hasta fines de abril 2006- ni tampoco los posteriores, a punto tal que a fs. 98 negó expresamente haber cobrado febrero 2006.

Digo que me parece un dato revelador pues no luce explicada en el escrito inicial tan extraordinaria situación ni se acreditó que hu-biera reclamado el pago de manera alguna.

Pero, más allá de este dato, lo cierto es que, en mi opinión, la prueba aportada por la empresa para demostrar que la actora dejó de concurrir a trabajar en febrero 2006 luce suficientemente convictiva, mientras que los dos testimonios que la demandante aportó con el fin opuesto me parecen insinceros. Me explicaré.

La actora adujo en la demanda que trabajó hasta fines de abril 2006 (fs. 7) y que sólo dejó de laborar desde mayo 2006 (fs. 8).

Los testimonios de Roldan (fs. 138/40) y Pérez (fs. 145/47) son contradictorios entre si pues la primera dijo que vio a Montenegro hasta la última semana de marzo, cuando le cobró una cuota de algo que le había ven-dido y que en abril, cuando fue a llevarle unas remeras que le había encargado, ya no la encontró. En cambio, Pérez sostuvo que la vio trabajar en abril 2006, aún cuando luego restringió sus afirmaciones al decir simplemente que cree haberla visto trabajar en enero y febrero 2006.

Pero a tan descalificante contradicción en la úni-ca prueba aportada por la actora para demostrar que, como lo afirmara, prestó servi-cios hasta abril 2006, debo añadir que la testigo Roldan ni siquiera ha podido identifi-car el lugar al que dice haber concurrido. Cuando se le preguntó la ubicación del ho-gar geriátrico dijo que está en la calle Virasoro, Virareal o algo por el estilo, pese a que, según lo manifestó la actora en la demanda, el establecimiento en que ésta laboró estaría situado en la calle Ventura Alegre (ver fs. 6), que no es "algo por el estilo".

Por otra parte, los dichos de ambas deponentes, allende su esencial contradicción, lucen dogmáticos, es decir no lucen fundados en alguna circunstancia objetiva que me permita convencerme de que, cada una, ha sido veraz y certera al indicar hasta cuando vio a la actora en el lugar de trabajo. Dicho de otro modo, no advierto porqué razón ambas testigos pueden recordar con exactitud, cada una por su lado, el mes en el que habrían visto a Montenegro laborar, máxime que Roldan, por ejemplo, ni siquiera declaró asistida de elementos documentales que pudiesen avalar sus dichos, tales como sus registros de ventas y cobranzas.

En resumen, estos dos testimonios que se con-tradicen entre si no me parecen objetivos, fundados ni confiables y no les otorgo valor probatorio, tras haberlos evaluado según las reglas de la sana crítica.

De manera, pues, que no encuentro demostrado que la actora haya prestado servicios durante los meses en los que, precisamente, ad-mitió no haber percibido salarios (desde febrero 2006 en adelante).

Más allá de la falta de credibilidad que endilgo a estas dos declaraciones, apunto por añadidura que ninguna de ambas testigos dijo co-nocer que la actora haya notificado a los directivos de la empresa alguna enfermedad, el estado de embarazo ni un evento peligroso en el desarrollo de la gestación. Al res-pecto, las dos dijeron que la vieron con una panza de embarazada pero no afirmaron que algún directivo de la demandada la haya visto y es de remarcar que la actora labo-raba en un establecimiento situado en Ituzaingo, Provincia de Buenos Aires y que la sede comercial de la empresa se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires.

Pérez primero dijo que "calcula" que los directi-vos la habrían visto, para seguidamente aclarar que en todo caso se refería a los "su-pervisores". Más allá de que su "cálculo" no permite predicar que haya afirmado que le constara que los supervisores hayan visto la supuesta panza de embarazada de la actora, lo cierto es que una notificación tan importante y de efectos tan relevantes no puede considerarse tácitamente efectuada por la mera suposición de que los supervi-sores vieron a la trabajadora embarazada, máxime que dicho personal jerárquico no es jurídicamente idóneo para hacerse cargo de este tipo de notificaciones ya que, en principio, no ostenta el poder de representación de la sociedad.

Además, ninguna de ambas declarantes dijo sa-ber si la actora presentó alguna clase de certificación médica a la empresa Roldan, cuando refirió al peligro de aborto, dijo que se lo comentaron en el lugar pero no acla-ró quien le habría dado tal información.

Por otra parte, tampoco hay en autos certifica-ción médica alguna que, más allá de la notificación a la empresa, permita avizorar que, en efecto, Montenegro haya sufrido un problema relevante durante su embarazo, lo que torna inverosímil lo afirmado por la testigo Roldan, restándole aún más credi-bilidad a su declaración.

Pero, además de que la parte actora no acreditó lo que estaba a su cargo, entiendo que los testimonios rendidos por Miguez (fs. 149/50), Gabba (fs. 151/53) y Vargas Ames (fs. 154/55), y en discrepancia con lo afirmado por el Dr. Gorla y por la parte actora en su memorial de fs. 204/208, permi-ten ver comprobado que la accionante dejó de concurrir al empleo a fines de enero 2006.

Es cierto que Hernández (fs. 141/43) declaró en base a meras referencias ya que no presta servicios en el lugar de trabajo de la actora. Pero la testigo Miguez, encargada de la cocina en el lugar de trabajo de la actora, dijo que ésta trabajó hasta enero o febrero 2006 y que luego no volvió más. Ninguna prue-ba hay en autos de que esta testigo, que luce objetiva y veraz, haya mentido -como se adujera sin fundamento alguno a fs. 149/50- o haya declarado de un modo interesado. La mera circunstancia de que sea dependiente de la demandada no le quita, por si, va-lor probatorio a sus dichos en la medida que evaluados según las reglas de la sana crí-tica resulten convictivos.

Gabba, encargada del servicio, relató que Mon-tenegro trabajó unos días de diciembre 2005, que luego faltó otros, que se reintegró en enero 2006, que trabajó unos días y que a fines de enero no fue más, remarcando que no la vio luego de enero 2006. Explicó que entre sus tareas está el control del pre-sentismo, circunstancia que permite dar especial crédito a sus dichos sobre este punto, en especial porque no hay en autos ningún elemento de juicio que permita suponer que haya sido insincera -como afirma sin base objetiva la impugnación de fs. 159/60- o que haya tergiversado los hechos. Como ya dije, el ser dependiente de la demanda-da no le quita, por si, valor probatorio a sus dichos en la medida que evaluados según las reglas de la sana crítica resulten convictivos.

Especial relevancia doy también al testimonio rendido por Vargas Ames pues contó que como supervisor de gastronomía debió re-emplazar a la actora, señalando que ésta empezó a faltar en diciembre 2005 y que si bien luego trabajó unos días de enero 2006, luego no volvió más por lo que tuvo que poner a otra persona. La impugnación de fs. 159/60 luce insustancial pues el hecho de que este testigo no haya mencionado quien reemplazó a la actora o en que fecha exac-ta ello ocurrió lejos de quitar validez al testimonio me parecen muestras de su espon-taneidad y objetividad. Al igual que lo señalé líneas atrás, el carácter de dependiente del deponente no le quita validez a la declaración si, como en el caso, examinados sus dichos con las reglas de la sana crítica, lucen objetivos y veraces.

A mi juicio, estos tres testimonios que emanan de personal superior que prestaba servicios en el establecimiento en que laboró la de-mandante y que tenían funciones de control directo sobre su prestación laboral han declarado con absoluta objetividad y veracidad, sin que, como anticipé, existan razo-nes para barruntar siquiera que hayan mentido, deformado los hechos o declarado con ánimo de favorecer o perjudicar a alguna de las partes. Al punto añado que la compa-ración intentada por el impugnante con los testimonios de Roldan y Pérez es, para mi, inatendible puesto que, como ya expresé fundadamente, estas dos deponentes carecen por las razones que ya expuse de credibilidad y valor probatorio.

De los dichos concordantes de Miguez, Gabba y Vargas Ames, con los que además coincidió Hernández, surge desvirtuada con abso-luta claridad la afirmación de la demandante de que trabajó hasta abril y queda expli-cada la inicialmente señalada circunstancia de que la actora no haya percibido salarios posteriores a enero 2006.

III.	Sentada dicha premisa, es decir la falta de pres-tación de servicios a partir de febrero 2006 y en la medida que no está acreditado tampoco que Montenegro haya notificado a su principal que sufriera una situación de enfermedad, ni la existencia de otro hecho que justificase la suspensión de su deber de poner su capacidad laborativa a disposición del principal, resulta que los deberes principales de las partes (poner la capacidad laborativa a disposición del empleador por parte del trabajador y pagar la retribución el principal) no fueron cumplidos entre febrero y noviembre de 2006.

Ese largo lapso -más de 9 meses en el mejor de los casos-	me parece suficientemente demostrativo del abandono de las partes de sus obligaciones principales, abandono que permite ver configurada la forma de ex-tinción tácita pero inequívoca que prevé el último párrafo del art. 241 LCT.

Remarco, al punto, que a este dato objetivo de que la actora no haya puesto su capacidad laborativa a disposición del principal du-rante un muy prolongado lapso ni haya efectuado reclamos en tal sentido se suma la circunstancia subjetiva de que tampoco haya exigido el pago de salarios, prestaciones por enfermedad ni asignaciones por maternidad hasta principios de noviembre de 2006, cuadro que, en definitiva, me convence de que Montenegro, luego de sus últi-mas prestaciones laborales intercaladas con ausencias, abandonó el vínculo a finales de enero 2006 con la tácita anuencia de su empleadora que optó por guardar una acti-tud pasiva limitada a pagar contribuciones a la seguridad social casi simbólicas, calculadas sobre una parte muy mínima de la remuneración devengada durante del desempeño de la actora.

Concluyo, pues, que e	l contrato se extin-guió el 31 de enero de 2006 por mutuo y recíproco abandono en los términos del art. 241 LCT y, por ende, propicio dejar sin efecto la sentencia en cuanto condena a la demandada a pagar las indemnizaciones por despido y preaviso, los salarios de febre-ro a octubre 2006, el salario de noviembre 2006 e integración, el SAC 2006, 2da. Cuota, la asignación prenatal y la asignación por nacimiento, diferidas a condena en el considerando VI de la sentencia de primera instancia. También propicio dejar sin efecto, por lógica consecuencia, la condena fundada en el art. 16 de la ley 25.561, en el art. 178 LCT y en el art. 2 de la ley 25.323 (considerandos VIII, IX y X de la sen-tencia de primera instancia) en tanto desde el punto de vista expuesto no medió des-pido.

En virtud de esta postura, debería limitarse el crédito correspondiente al aguinaldo 2006, 1ra. cuota al proporcional correspondiente al tiempo trabajado (enero 2006), al igual que las vacaciones proporcionales 2006.

IV.	Lo dicho en el punto anterior implica que tam-bién corresponde dejar sin efecto la condena fundada en el art. 1 de la ley 25.323, da-do que no proceden las indemnizaciones por despido.

Ello, sin embargo, no torna abstracto el agravio deducido por la demandada dirigido a cuestionar la decisión del Dr. Gorla que encon-tró probado que la actora comenzó a laborar para la demandada con anterioridad a la fecha anotada en la documentación laboral, merced a los testimonios de Roldan y Pé-rez, así como en virtud de las irregularidades señaladas en el informe pericial contable en relación a los libros de la empresa.

Aunque la condena a entregar las certificaciones del art. 80 LCT y a pagar la indemnización por no haber cumplido tal deber oportu-namente llega firme a esta instancia, lo cierto es que para el cumplimiento de esa pri-mera obligación -según lo indicado en la sentencia de grado- la accionada debe ate-nerse a las pautas del decisorio referentes a la fecha de ingreso determinada.

De hecho, la modificación que propicio en rela-ción a la época en que se extinguió el contrato, de seguirse mi voto, incidirá en ese aspecto de la condena, puesto que, obviamente, la accionada deberá certificar los ser-vicios prestados sólo hasta enero 2006.

Ahora bien, es cierto que la demandada no se agravió en forma específica por la incidencia que la determinación de la fecha de in-greso ha tenido a los fines de la confección de tales certificaciones y sólo expresó sus agravios en orden a lograr la revocación de la condena fundada en el art. 1 de la ley 25.323. Pero no es menos cierto que, en definitiva, en el memorial de agravios la ape-lante ha criticado pormenorizadamente la parte de la decisión que considera como fe-cha inicial del contrato la aducida en la demanda.

Por ende, aún frente a la duda que el punto pu-diere suscitar, soy de la opinión que debe considerarse que los agravios expresados -aunque dirigidos a la revocación de la sanción del art. 1 de la ley 25.323- deben ser considerados idóneos para poner en discusión ante esta instancia la fecha de ingreso determinada en la sede de origen.

Sentada esta premisa anticipo que, en mi opi-nión, en este punto el recurso no debería admitirse, más allá de que, como ya lo señalé al examinar el núcleo de la apelación, los testimonios rendidos por Roldan y Pérez no me parecen convictivos.

Al punto cabe examinar en primer lugar las irre-gularidades notadas por el perito contador para determinar si habilitan presumir como cierta la fecha de ingreso aducida por la actora, tal como lo hizo el Dr. Gorla invocan-do el art. 55 LCT.

A fs. 89 el perito indicó que el Libro de Sueldos y Jornales Nº 15 fue rubricado el 24-2-05 y que, entonces, la anotación de la actora como ingresada el 3-1-05 es anterior a tal rúbrica. Similar vicio encontró en el Libro Diario Nº 5, lo que carece de relevancia a los fines laborales.

Ahora bien, sin duda cabe predicar que dicho Libro no fue llevado en debida forma pero ello no configura, en rigor, la situación prevista en el art. 55 LCT, que refiere a falta de exhibición de libros y registros. En el caso bajo examen, el registro fue exhibido, pero éste presenta una irregularidad cuya gravedad debe ser examinada judicialmente a los efectos de decidir si se genera una presunción hóminis -y no la prevista en el art. 55 LCT directamente- en virtud de tal vicio.

A mi modo de ver, esa irregularidad impide con-siderar regularmente llevado el libro laboral del art. 52 LCT y hace sospechar de la sinceridad de las anotaciones allí efectuadas por la demandada. Por ende, cabe presu-mir en principio como cierta la fecha de ingreso aducida por la actora en la demanda, salvo prueba en contrario.

Además, tampoco luce sincero el comportamien-to de la demandada a la hora de denunciar el contrato ante el Sistema de Seguridad Social, tal como lo permite comprobar el informe de AFIP de fs. 162/66, en tanto di-cha Administración informa que el alta fue dada el 7-2-05, es decir habiendo pasado más de un mes de la fecha de ingreso laboral aducida por la accionada.

Sentado ello, resta verificar si, como lo postula la demandada en su queja, ha logrado demostrar con los testigos aportados que la ac-tora no trabajó a sus órdenes antes de enero 2005.

Hernández dijo que la actora ingresó en enero de 2005 y dijo basarse para tal declaración en los legajos de personal y en el alta ante la AFIP, pero ya quedó visto que dicho trámite oficial de denuncia recién fue efectuado en febrero 2005, lo que deja sin sustento lo afirmado por dicha deponente que, en este punto, no me parece convictiva.

Miguez se limitó a decir, dogmáticamente, que no vio a la actora trabajar antes de enero 2005, sin brindar ningún elemento de juicio que respalde su aseveración basada en su subjetiva memoria. Tal dogmatismo le quita valor probatorio, a mi juicio, a esta afirmación.

Prescindo de Gabba pues dijo haber comenzado a prestar servicios en la empresa recién en febrero 2005 por lo que no pudo declarar sobre lo acontecido antes.

Finalmente, Vargas Ames dijo que la demandan-te comenzó a trabajar a principios de 2005 y el único basamento para tal afirmación radica en haber dicho que él supervisa las altas y las bajas. Empero, en la medida que, como ya indiqué dos veces, el alta oficial fue dado tardíamente, su referencia al res-pecto es insuficiente y, por otra parte, en definitiva el testigo sólo ha hecho alusión a su memoria para declarar sobre este punto, con lo que no veo suficientemente fundada su precisión temporal.

En suma, los dichos de Hernández, Miguez y Vargas Ames al respecto no me convencen por resultar afirmaciones meramente sub-jetivas sin apoyo en elementos de juicio mínimamente objetivos o referenciales (art. 386 CPCCN).

Por ende, no encuentro desvirtuada la presunción hóminis ya mencionada y a tenor de la cual cabe considerar cierta la fecha de ingreso denunciada en el escrito inicial y, por ello, sugiero desestimar la apelación al respec-to.

V.	En virtud de lo dicho en el pto. III "in fine", co-rresponde recalcular la cuantía de los créditos correspondientes a la accionante en concepto de 1ra. cuota proporcional del SAC 2006 y de las vacaciones 2006 propor-cionales.

Del informe contable surge que el salario de ene-ro 2006 fue de $946,50 (ver fs. 93), de modo que la parte proporcional del SAC equi-vale a $78,87.

A los efectos de calcular la indemnización por vacaciones no gozadas tengo en cuenta los últimos seis salarios percibidos que, con-forme al citado informe contable, dan lugar a una remuneración promedio de $850,72 (conf. art. 155 LCT). Dado que Montenegro sólo prestó servicios durante enero, con-forme la regla de los arts. 153 y 156 LCT, tiene derecho a la compensación por un día de vacación y, entonces, la indemnización respectiva será de $34,03 más $2,83 en concepto de incidencia del SAC.

Como también quedó dicho más arriba, ha llega-do firme a esta instancia la sanción de $2.839,50 impuesta en base al art. 80 LCT, de modo que propiciaré reducir el monto de la condena a la suma total de $2.955,23, con los intereses indicados en la sentencia apelada ya que en este punto no ha mediado agravio.

VI.	La postura expuesta implica una modificación sustancial de lo decidido en primera instancia y justifica dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios, lo que torna abstracto el recurso de la accionada al respecto (art. 279 CPCCN).

Y bien, en mérito a los mutuos vencimientos de las partes y las proporciones de éxito obtenido, considero equitativo que las costas corran en un 25% a cargo de la demandada y en el 75% a cargo de la accionante (arts. 68 y 71 CPCCN).

En mérito a la importancia y extensión de los trabajos realizados en primera instancia, opino que deberían fijarse los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada y los atinentes al perito contador en el 12%, 15% y 6%, respectivamente, del monto nominal reclamado, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 8, 9, 19, 39 y conctes. de la ley 21.839, 3 del decreto-ley 16.638/57 y 38 de la LO.

Las costas de la Alzada, a mi modo de ver, debe-rían correr en el orden causado en atención a los mutuos vencimientos entre las partes en este tramo procesal (art. 68 CPCCN), siendo adecuado fijar los honorarios de los letrados de la actora y la accionada, por sus trabajos en esta instancia, en el 25% de lo que a cada uno le corresponda percibir por la anterior etapa (conf. art. 14 ley 21.839).	VII.	En atención a las planteos deducidos en torno a las irregularidades registrales en los que habría incurrido la demandada, oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el último párrafo del art. 132 de la L.O. (conf. texto ley 25.345 -B.O. 17/11/2000) de conformidad con las instrucciones impartidas por Resolución de Cámara Nro. 27 del 14.12.2000.

VIII.	En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (según Acordada C.S.J.N. N° 19/05), sin que esto implique abrir aquí juicio al-guno acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y fun-cionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, corresponde hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

Por lo que, de aceptarse mi propuesta correspon-dería: I) Modificar la sentencia de grado reduciendo el monto de la condena a la suma e PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($2.955,23), con los intereses fijados en la anterior sede, y confirmándola en todo lo demás que fuera materia de recurso; 2) Dejar establecido que las certificaciones del art. 80 LCT objeto de condena en primera instancia deberán ser extendidas de conformidad con lo decidido en la presente en relación a la prestación de servicios hasta enero 2006; 3) Imponer las costas de primera instancia en el veinticinco por ciento a la demandada y en el setenta y cinco por ciento a la actora; 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la accionante y de la demandada, así como los periciales, por las labores cumplidas en primera instancia en el doce por ciento (12%), quince por ciento (15%) y seis por ciento (6%), respectivamente, del monto nominal reclamado; 5) Imponer las costas de la Alzada en el orden causado; 6) Fijar los honorarios de los letrados de las partes actora y demandada por sus tareas ante esta instancia en el veinticinco por ciento (25%) y veinticinco por ciento (25%), respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en la anterior instancia; 7) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinente; 8) Oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el último párrafo del art. 132 de la L.O. de conformidad con lo dispuesto mediante Resolución de Cámara Nro. 27 del 14.12.2000 Miguel Ángel Pirolo dijo:

Respetuosamente, he de disentir con la conclu-sión a la que arribó mi distinguido colega Dr. Miguel Ángel Maza, con respecto a las circunstancias que dieron lugar a la extinción contractual. A mi entender, existen ciertas contradicciones en la postura de la demandada que, por su magnitud, le restan verosimilitud a sus argumentaciones referidas a una supuesta extinción del vínculo por voluntad concurrente de las partes encuadrable en los términos del art. 241 de la LCT. Por lo pronto, observo que en el despacho del 11-11-06 adujo que la actora habría dejado de concurrir a trabajar en el mes de marzo/06 (ver fs.30); y que, en cambio, en el responde, sostuvo que durante el mes de febrero de 2006 ".jamás se presentó a trabajar" (fs.60) por lo que, evidentemente, no hay coherencia entre ambas afirmaciones. Luego sostuvo que el vínculo se habría extinguido por voluntad recí-proca y concurrente de las partes en alguno de esos períodos en los términos del art. 241 de la LCT; pero más, allá de la imprecisión acerca del momento en el que ello se habría producido (ya que, reitero, la propia demandada hace referencia a dos meses diferentes), lo cierto es que, en la práctica, asumió una actitud decididamente opuesta a su argumentación porque no sólo continuó efectuando aportes y contribuciones has-ta el mes de octubre/06 (inclusive: ver fs.114/117), sino que, además, asentó en sus registros que el vínculo se mantuvo vigente hasta fines del citado mes de octubre/06 (ver fs. 90). Además, en el libro de sueldos y jornales registró haberes hasta el mes de octubre/06 (ver fs.89/90); y parece claro que, si efectuó aportes previsionales por períodos posteriores a marzo/06, aunque hayan sido de escasa envergadura, es porque consideró que continuaron devengándose remuneraciones en favor de la actora, al menos hasta fin de octubre/06.

Estimo que la situación aparece inscripta en la denominada doctrina de los actos propios, ya que se advierte objetivamente una con-ducta contrapuesta a otra anterior. Cabe recordar que la regla "venire contra factum propium nulle conceditur", se funda en la inadmisibilidad de una postura que contra-diga una conducta anterior válidamente asumida por el litigante. Ello así porque el principio de la buena fe no sólo es aplicable a la relación jurídica que mediara entre las partes, sino también al proceso en el que se ventila la controversia entre sus inte-grantes, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica (Conf. CNAT, SALA II, SD 71.807 del 31/8/93 in re "Días Ricardo A c/ Transportes Sur-Nor CISA" y "Ló-pez, Dora E c/ Prol Adolfo", SD. 72.977 del 17/3/94).

Aún cuando no llego a advertir cuál pudo haber sido la estrategia de la demandada para proceder de este modo, no tengo duda alguna de que, a pesar de que la actora dejara de concurrir a trabajar desde febrero o marzo de 2006 -según la contradictoria postura ya señalada-, ninguna de las partes entendió que tal ausencia de prestación de los servicios de Montenegro estuviera implicando una decisión concurrente y recíproca de resolver el vínculo; y, por el contrario, la cer-cana maternidad de la accionante (dio a luz a su hija el 25-7-06, ver fs. 65/66 y fs. 167), me llevan a pensar que ambas partes acordaron que, desde alguno de esos me-ses, quedaba suspendida su prestación hasta el vencimiento del plazo de licencia por maternidad que le correspondía. Como quiera que sea y cualquiera que sea la razón por la cual la empleadora aceptó que la actora no concurriera a su puesto de trabajo, es indudable que ninguna de las partes consideró que ello implicara un abandono de la relación ni, menos aún, de carácter recíproco, como lo exige el art.241 de la LCT. En efecto, la intimación que la actora cursó días después de haber transcurrido tres meses del nacimiento de su hija (ver fs. 28), denota que no tenía la más mínima inten-ción de abandonar el vínculo. A su vez, la actitud de la demandada que continuó re-gistrando haberes devengados hasta fines de octubre/06 y efectuando los aportes co-rrespondientes, revelan inequívocamente que tampoco consideró disuelto el vínculo por la sola circunstancia de que la actora no estuviera concurriendo a prestar servi-cios, lo cual, obviamente no atribuyó a un incumplimiento de Montenegro sino al ejercicio de un derecho de ésta. De lo contrario, de haber considerado que Montene-gro se venía sustrayendo injustificadamente a sus deberes desde febrero o marzo del 2006, es obvio que no sólo la hubiera intimado en los términos del art. 244 LCT (y, realmente, no creo que la empresa no contara con asesoramiento jurídico adecuado como para soslayar el derecho que le otorgaba esa norma) sino que, además, no hubiera continuado anotando en sus registros el devengamiento de remuneraciones posteriores a esos meses. Realmente, no me parece lógico ni adecuado al normal su-ceder de las cosas que si una trabajadora deja de cumplir con su débito en forma in-justificada la empleadora no haga uso de la facultad que le otorga el art.244 de la LCT y opte por mantener vigente el vínculo durante varios meses efectuando los aportes correspondientes a las remuneraciones que considera devengadas durante esos perío-dos; y, por el contrario, tal como he adelantado, semejante actitud revela -a mi juicio- la inequívoca decisión de la empleadora de mantener vigente el contrato a pesar de la falta de prestación de servicios (pues, obviamente, la consideró relacionada con una causa justificada). Desde esa perspectiva y aún cuando se considere acreditado que la actora dejó de prestar servicios en febrero/06 o, acaso, en marzo/06, es evidente que la demandada no acreditó que, con anterioridad a la intimación que la trabajadora re-mitió el 8-11-06 (fs.28), el vínculo se hubiera extinguido de acuerdo con lo previsto en el art.241 de la LCT, por lo que he de propiciar que se desestime este segmento del recurso y se confirme la sentencia recurrida en cuanto consideró que la ruptura del contrato se produjo por razones exclusivamente atribuibles a la responsabilidad pa-tronal.	Con relación al incremento previsto en el art. 1 de la ley 25.323, coincido con la solución propuesta por el a quo. En efecto, estimo que -pese a la crítica de la recurrente- los testimonios de Pérez y Roldán (fs. 145/147 y fs. 138/140) resultan coincidentes respecto a ciertas circunstancias que denotan que la actora ingresó con anterioridad a la fecha consignada por la demandada en sus re-gistros (3/1/05). La primera de las deponentes mencionadas declaró que realizó prác-ticas en el pabellón de enfermería del geriátrico "Martín Rodríguez" en Ituzaingó y que veía a la actora trabajando con carritos de comidas. Asimismo, manifestó que in-gresó en marzo de 2004 y que, en esa fecha, Montenegro ya estaba trabajando. Con-trariamente a lo sostenido por la recurrente, no considero que la circunstancia de la realización de prácticas en el geriátrico sea "imposible de comprobar", y observo que, oportunamente, la quejosa no impugnó la idoneidad de dicho testigo ni, ofreció prue-ba tendiente a demostrar que su declaración, al respecto, hubiere sido mendaz. Por lo demás su testimonio aparece corroborado por la declaración de Roldán quien señaló que empezó a vender ropa en el establecimiento en el año 2000 y que, a mediados de 2004, comenzó a venderle a la actora.

A la concordancia de dichas declaraciones, en re-lación al extremo en cuestión, debe añadirse que el libro de Sueldos y Jornales de la accionada fue rubricado en fecha posterior a aquélla en que se consignó el ingreso de la accionante, lo cual -como señaló ya mi colega Dr. Maza- constituye una irregulari-dad que genera una presunción hóminis, en favor de la postura de Montenegro (ver pericia contable fs. 89).

A su vez, observo que los testigos que declararon a instancia de la demandada (Hernández, Míguez, Gabba y Vargas Ames), por las ra-zones que puntualiza mi distinguido colega al analizar la fecha de ingreso, no aportan evidencia contraria a la conclusión apuntada.

Valorados los elementos reseñados a la luz de la regla de la sana crítica (conf. art. 90 LO y 386 CPCCN) estimo que está suficiente-mente acreditado que la demandante comenzó a laborar en la fecha alegada en el ini-cio (marzo de 2004), es decir, con anterioridad a la fecha alegada por la ex empleado-ra (3/1/05). Por ende, es indudable que el vínculo no fue adecuadamente registrado y que le asiste derecho a la actora a percibir el incremento en cuestión. En virtud de ello, corresponde confirmar la sentencia de grado, en tal aspecto.

En virtud de lo hasta aquí señalado debe deses-timarse, asimismo, el agravio deducido respecto de la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, pues tal aspecto del recurso -basado en que el reclamo de la accionante carecería de fundamento- no puede resultar viable a la luz de la conclusión explicada anteriormente.

En cuanto a la indemnización especial prevista en el art. 178 LCT, el disenso de la accionada se basa en la supuesta existencia de una extinción anterior a la intimación de la actora y, asimismo, en que no existe prueba de que hubiera sido notificada fehacientemente del embarazo. A mi entender el planteo no puede ser admitido pues, al no haberse aceptado el agravio relativo a una supuesta extinción anterior encuadrable en el art. 241 LCT, es obvio que el requerimiento de fs. 28 fue efectuado cuando aún estaba vigente el vínculo. En dicha comunicación se hizo referencia al nacimiento de la hija de la demandante como ocurrido el 25/7/06, por lo que, aún cuando la recurrente se esfuerce para argumentar que las afirmaciones de esa misiva fueron negadas en el intercambio telegráfico, lo cierto es que ello no resta operatividad al aviso; y, por ende, no puede sostenerse que ignorara la reciente maternidad de Montenegro. Asimismo, los términos de la queja llevan a puntualizar que si la empleadora consideraba necesario que la actora presentara la partida de na-cimiento o un certificado médico que acreditara el alumbramiento, los principios que emanan de los arts. 10, 62 y 63 L.C.T. le imponían que así lo hiciera saber en forma explícita a su dependiente antes que ignorar su estado de maternidad.

Todo lo expuesto, permite concluir que la de-mandada tuvo conocimiento del estado de maternidad de Montenegro con anteriori-dad a la ruptura del contrato de trabajo decidida el 16/11/06, por lo que el despido se produjo dentro del lapso de estabilidad garantizada por el art. 11, inc. 2, ap. a) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art.75, inc. 22 de la C.N.) y por el art. 177 L.C.T. y dentro del plazo de pre-sunción contemplado en el art. 178 de la LCT. En consecuencia, no cabe sino con-cluir que el despido tuvo por causa la maternidad de la accionante. Desde esa perspec-tiva, entiendo que a ésta le asiste, entonces, el derecho a percibir la indemnización prevista en el art. 182 de la L.C.T., por lo que cabe confirmar lo decidido al respecto en la sentencia de primera instancia.

Tampoco puede tener favorable acogida la crítica en torno al agravamiento indemnizatorio del art. 16 ley 25.561, que se basa en la ale-gada extinción del vínculo en los términos del art. 241 LCT, ya que -como se ha seña-lado respecto de otros rubros cuestionados ante esta Alzada, con el mismo fundamen-to- la desestimación de la tesis de la recurrente respecto de la forma en que se extin-guió el contrato, hace que el agravio carezca de sustento.

En virtud de lo hasta aquí expuesto, de prosperar mi voto, corresponde confirmar el decisorio dictado en la instancia de grado anterior, en cuanto fue materia de recurso y agravio.

Por otra parte y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, estimo que las costas de alzada de-ben ser impuestas a cargo de la recurrente vencida (art.68 CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor de-sarrollada durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, entiendo que los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la asistencia letrada de la demandada y del perito contador no resultan elevados por lo que corresponde confirmarlos	A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la asistencia letrada de la parte demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actua-ciones en el 25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif. por Ac. C.S.J.N. N° 19/05), sin que esto implique abrir aquí juicio algu-no acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcio-namiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, corresponde hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

En atención a las irregularidades registrales en las que incurrió la codemandada, oportunamente deberá cumplirse con lo dispuesto en el último párrafo del art. 132 de la L.O. (conf. texto ley 25.345 -B.O. 17/11/2000) de conformidad con las instrucciones impartidas por Resolución de Cámara Nro. 27 del 14.12.2000.

Por ello, de aceptarse mi propuesta corresponde-rá: 1) Confirmar el decisorio atacado en cuanto fuera materia de recurso y agravio; 2) Confirmar los honorarios regulados en la anterior instancia a favor de la representa-ción y patrocinio letrado de la parte actora, de la asistencia letrada de la demandada y los del perito contador; 3) Imponer las costas de Alzada a cargo de la recurrente ven-cida; 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la asistencia letrada de la demandada, por sus labores ante esta instancia en el veinticinco por ciento (25%) y veinticinco por ciento (25%) -respectivamente- de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen; 5) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (mo-dif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinente; 6) Oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el último párrafo del art. 132 de la L.O. de conformidad con lo dispuesto mediante Resolución de Cámara Nro. 27 del 14.12.2000.

Graciela A. González dijo:

Mis distinguidos colegas discrepan en cuanto al modo en que el vínculo habido entre las partes debe considerarse disuelto porque a la manifestación de voluntad autorizada por la empleadora el 11/11/06 (ver telegrama transcripto a fs. 9 vta. primer párrafo) y al posterior despido indirecto formulado por la trabajadora (ver fs. 11 in fine) le procedió un largo perído de inactividad, y la disi-dencia se centra en los efectos jurídicos que se le atribuyen a esta última circunstan-cia.

En atención a las discrepancias puestas en evi-dencia en los votos de los Dres. Maza y Pirolo, creo necesario señalar que la causa presenta aristas especiales que imponen considerar el particular contexto en que los hechos se desarrollaron y la actitud que en tal marco, asumieron cada una de las par-tes porque, como lo señala el Dr. Miguel Ángel Maza, resulta llamativa la actitud de la actora al no reclamar salarios por tan largo período (casi nueve meses); y, como lo enfatiza el Dr. Pirolo, la empleadora asumió una postura defensiva que no resulta del todo coherente con la conducta adoptada durante el lapso en cuestión.

En efecto, conforme surge del análisis de las tes-timoniales rendidas en la causa que efectuó el Dr. Maza (cuya apreciación en líneas generales comparto, conf. arts. 90 de la L.O. y 386 del CPCCN), debe -a mi juicio- tenerse por probado que la actora no prestó servicios con notoria anterioridad al alumbramiento de su hija (nacida el 25/7/06) y que no logró demostrar durante el pro-ceso que esas inasistencias se hubieren encontrado justificadas en las razones de salud que genéricamente invoca en la demanda. También, como lo señalan mis distinguidos colegas, corresponde tener por acreditado que la demandada no dejó de liquidar los salarios de la trabajadora durante todo el tiempo en que duró esa situación, período en el cual mantuvo registrada la relación y efectuó los aportes de ley aún cuando a tales efectos recurriera al método de descontar del salario liquidado las inasistencias com-putadas.

Evidentemente, no estaba en la intención de las partes poner fin a la relación porque ninguna de ellas emplazó a la otra para obtener el cumplimiento de la contraprestación básica debida en el marco del contrato de trabajo que las uniera. En efecto, la parte demandada siguió liquidando los salarios y efec-tuando los aportes desde febrero de 2006 hasta octubre de ese año (período de inacti-vidad que luego consideró configurativo del supuesto extintivo previsto en el art. 241 LCT), sin intimar a la trabajadora para que se presente a prestar servicios; y la Sra. Montenegro no reclamó la dación de tareas y el pago de los salarios y asignaciones correspondientes. En tal contexto, más allá de las motivaciones que pudieron haber llevado a las partes a actuar del modo apuntado, lo cierto es que, como lo enfatiza el Dr. Pirolo, no se advierte que ninguna de ellas haya abdicado de mantener vigente la relación laboral, cuya disolución recién se materializó una vez transcurridos los tres meses posteriores al nacimiento de la hija de la actora y a raíz de los emplazamientos formulados por ésta a fin de reanudar con sus labores.

Estas circunstancias me llevan a adherir a las conclusiones del Dr. Miguel Ángel Pirolo por cuanto, como reiteradamente lo he sos-tenido, para que se configure el supuesto de extinción por mutuo acuerdo que prevé el art. 241 de la LCT, las partes deben demostrar que existió voluntad concluyente y re-cíproca en dar por concluida la relación, lo que en la especie no puede sostenerse, por cuanto la empleadora no ha asumido simplemente una actitud pasiva, sino que se ha preocupado en mantener vivo el vínculo a través de comportamientos positivos en tanto -reitero- continuó liquidando salarios y realizando los aportes correspondientes a los organismos de la seguridad social, lo que impide tener por configurado el desin-terés en la conservación del vínculo que permitiría considerar configurado el particu-lar supuesto extintivo bajo análisis, máxime cuando, como en el caso, no ha mediado un acto expreso en tal sentido (vgr. ante la autoridad administrativa o por escritura pública).

Por lo demás, y aún considerando que el com-portamiento de ambas partes admite cierto grado de reproche, lo cierto es que la de-mandada incurrió en contradicción con sus propios actos reconociendo expresamente la vigencia del vínculo durante el período analizado y que, si alguna duda cupiere en cuanto a la intencionalidad de las partes, debe estarse al principio de conservación del contrato por sobre cualquier otro elemento de base presuncional que lleve a un resul-tado contrario y ello por aplicación de las pautas hermenéuticas que emergen de los arts. 10, 12, 58, 62, 63, 240, 241 y concordantes de la LCT.

En consecuencia, por lo expuesto, y teniendo en cuanta que las restantes discrepancias planteadas encuentran sustento en la modalidad extintiva considerada, adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Piro-lo tanto en lo que hace al punto bajo análisis, como con respecto a los restantes tópi-cos analizados en el mismo.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar el decisorio atacado en cuanto fuera materia de recurso y agravio; 2) Confirmar los honorarios regulados en la ante-rior instancia a favor de la representación y patrocinio letrado de la parte acto-ra, de la asistencia letrada de la demandada y los del perito contador; 3) Impo-ner las costas de Alzada a cargo de la recurrente vencida; 4) Regular los hono-rarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la asis-tencia letrada de la demandada, por sus labores ante esta instancia en el veinti-cinco por ciento (25%) y veinticinco por ciento (25%) -respectivamente- de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen; 5) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif.por Ac.C.S.J.N. N° 19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo esta-blecido en el considerando pertinente; 6) Oportunamente cúmplase con lo dis-puesto en el último párrafo del art. 132 de la L.O. de conformidad con lo dis-puesto mediante Resolución de Cámara Nro. 27 del 14.12.2000.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo	Miguel Ángel Maza	Juez de Cámara	Juez de Cámara	Graciela A. González	Juez de Cámara