Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2006-04-11


Corrientes, abril 11 de 2006.

Los doctores Farizano, Rubín, Semhan y Codello, dijeron:

I) Que, por Acuerdo Nº 25/05, pto. 18, ap. 2º) este Tribunal ordenó la instrucción de un sumario Administrativo para investigar el desempeño del Señor Juez Civil y Comercial Dr. H. C. D. B. E. a raíz de las irregularidades detectadas en la Inspección llevada adelante por el Señor Presidente Dr. Eduardo Antonio Farizano.

II) Que, para así decidir, en los considerandos IV y V del indicado Acuerdo, se realizó un análisis de los expedientes en los que se detectaron las anomalías investigadas, destacándose:

En el Expte. Nro. 13837: "Obregón Insaurralde José Eduardo y Felisa Deidamia Centeno c/Miguel Nicolás Statkiewicz y/o Blanca Zunilda Méndez s/Ordinario", el Juez Dr. H. C. D. B. E. ordenó el embargo preventivo por la suma reclamada en estos autos contra Blanca Zunilda Méndez, efectivizando la medida sobre una suma de dinero que la demandada había depositado en carácter de pago del saldo remanente por la adquisición de un inmueble en subasta en los Exptes.: "Nº 11.914 Baez Ciro Miguel s/Quiebra", depositada al folio 2007 de fs. 471 por la suma de $ 20.800 (Pesos veinte mil ochocientos), embargo que quedaría condicionado a lo que se resuelva en el expediente de la Quiebra. En este Expte. 11.914 (Baez s/Quiebra) el Doctor D. B. E. fue recusado; en consecuencia, no podía actuar. Pero a petición de parte, en la causa Nº 13.837, se transforma el embargo preventivo en ejecutivo y asimismo dispone el juez -sin intervención del juez de la causa (Baez s/Quiebra)- se libre oficio al Banco de Corrientes S.A. a efectos de que proceda a la asignación de un nuevo folio y se transfiera la totalidad del dinero embargado a los autos "Expte. Nº 13.837.

Que, con posterioridad y a petición de parte, dispuso librar cheque judicial a favor del Dr. Eduardo José Obregón Insaurralde por la suma de $ 15.722,63.

Que, lo cierto es que el Dr. D. B. E., sin la intervención del juez de la quiebra a cuya orden estaban depositados los fondos y estando él recusado en el expediente, dispuso -desde otra causa judicial- la transferencia directa, ordenando al Banco de Corrientes S.A. el traspaso de fondos.

Allí se sostuvo: que, "prima facie" se habría evidenciado una grave irregularidad en la transferencia y disponibilidad de fondos depositados a la orden de otro juez y como perteneciente a otras actuaciones judiciales, agravándose por la circunstancia que la causa Nº 11.914 "Baez s/Quiebra", a la fecha de la transferencia, se hallaba sin juez subrogante, conforme surge del informe agregado como Anexo "C".

También se pudo ver, que se dispuso el traspaso de la suma de $ 20.800 (Pesos veinte mil ochocientos), cuando el monto del embargo ordenado en los autos 13.837 ascendía solamente a la suma de $ 15.722,63 (Pesos Quince mil setecientos veintidós con sesenta y tres).

En el Expte. Nº 14.336: "Cooperativa de Oleaginosos Limitada de Comercialización y Transformación s/quiebra", en estos autos el Dr. Angel Villalba solicitó la excusación del Dr. H. C. D. B. E. con motivo de una denuncia penal que radicara ante el Juzgado de Instrucción y Correccional de la ciudad de Santo Tomé, a lo cual el Sr. Juez resolvió no apartarse.

También se consideró el Expte. Administrativo Nº J-45/03 caratulado: "Juez Civil y Comercial de Santo Tomé comunica s/instalación de dos aires acondicionados", tramitado ante este Superior Tribunal de Justicia con motivo de la comunicación sobre la existencia de un convenio entre el Síndico de la Quiebra y el Magistrado, de un comodato por dos aires acondicionados pertenecientes a la masa de la quiebra, el Cuerpo, a través de la Resolución Nº 238 de fecha 21 de agosto de 2003 ordenó restituir de manera inmediata a la firma "Cooperativa de Oleaginosos Limitada de Comercialización" -en quiebra-, los dos aires acondicionados ofrecidos en comodato.

Además, fue puesto en crisis la actuación del Magistrado como Juez de Instrucción y Correccional Subrogante, en los siguientes expedientes:

Que, en el Expte. Nº 28.100, caratulado: "Querella criminal presentada por Jorge Eduardo Amuedo en causa Nº 15891/05 (Nº Fiscalía). Santo Tomé", se advirtió que en la querella instaurada, el Sr. Juez d. B. E. sería el inculpado como presunto instigador, y pese a que hubiese sido viable una inhibición por la causal de interés en el proceso (Art. 52 inc. 3º del C.P.P.), se opone a la recusación y dispone el archivo de la presente causa, primero por decreto sin fundamentación y sustanciación (ver fs. 5) y luego por Auto de fecha 22 de marzo del 2005, (ver fs. 10 y vta.) resuelve rechazar la constitución de querellante con fundamento erróneo, ya que la querella es una de las formas de apertura de instancia y proveerla no significa actuar de Oficio, habiendo correspondido el siguiente trámite. 1) Certificación por Secretaría de la existencia y trámite de la causa anterior y por el mismo hecho referida por el querellante; 2) resolver sobre si corresponde o no el archivo, conforme a dicha certificación a fin de no violar el principio "non bis in idem".

Que, ahora bien, otra observación que corresponde hacer al trámite, es que el Juez, sin inhibirse, dispuso el archivo de estas actuaciones un mes y días antes que la Cámara en lo Criminal de Santo Tomé resuelva la recusación que le incoara el querellante, (ver Auto de fs. 19 del Incidente, de fecha 29 de abril del 2005), donde ciertamente dicho Tribunal laboró sobre la causal de recusación propuesta.

b) En el Expte. Nº 22.876, el Sr. Juez Dr. D. B. E., dictó la resolución haciendo referencia a que se operó la prescripción de la causa desde la "última secuela", sin indicar ni precisar cuál es ese acto.

c) En el Expte. Nº 26.439, se hizo lugar a los planteos de nulidad deducidos por la defensa y el Fiscal, por auto Nº 327 de fecha 21/04/05, declarando la nulidad parcial del auto de procesamiento dictado previamente, en lo referente a la descripción del lugar del hecho y todo acto que de él dependa. Con lo cual, invalidó totalmente el auto de procesamiento de fs. 155/156, pues con esa declaración el auto quedó sin la exigida descripción circunstanciada del hecho, la cual había sido criticada por insuficiente, pero luego de la declaración de nulidad quedó totalmente omitida.

III) Constituida la Instrucción Sumarial a fs. 245, citó a declarar en calidad de sumariado al Señor Juez Dr. H. C. D. B. E. a través de Resolución Nº 05 de fecha 15 de septiembre de 2005 agregada a fs. 477/479, quién debidamente notificado, no ha comparecido (ver fs. 483), comunicándosele de igual manera que podía ofrecer todas las pruebas que estimara conducente a efectos de desplegar su derecho de defensa en el término de ley (ver cédula de fs. 484). Clausurado el período probatorio sin que el sumariado arrimara prueba alguna, se lo confirió nuevo traslado para que alegue en su defensa, evacuándolo a través de la presentación glosada a fs. 503/506 vta.

IV. Que, de las pruebas rendidas e incorporadas durante la sustanciación del sumario, conforme las conclusiones emitidas por la Instrucción Sumarial a fs. 549/553, seguidas por el Señor Fiscal General en su dictamen de fs. 556/559 vta. se puede inferir que:

A- En cuanto a su actuación como Juez de Instrucción y Correccional Subrogante:

a) En el expediente radicado ante el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 26.582 caratulado: "Acosta, Nelson Sebastian y Silva, Roberto Horacio p/sup. privación ilegítima de la libertad agravada y robo calificado en concurso real-Santo Tomé" (fs. 142/159, fs. 412/415; fs. 474/475) se pudo evidenciar, en primer lugar que el Sr. Juez autorizó la salida transitoria de la Alcaidía del detenido Nelson Sebastian Acosta por el término de 30 (treinta) horas, a partir de las once del día 16 de abril de 2005 y hasta las 18 (dieciocho) hs del día siguiente, sin custodia policial, con el simple objeto de visitar a su familia, sustentando dicha medida en los términos de la ley 24.660, lo que fue comunicado a través del Oficio Nº 750 a la Unidad Regional V, con cargo de suscribirse en sede judicial la caución y compromiso pertinente, advirtiéndose que tal caución no fue suscripta en sede judicial por el detenido, medida ordenada cuando el juez ya se había desprendido de la jurisdicción, en virtud de haber dictado el auto de elevación de la causa a juicio el 1º de febrero de 2005.

La misma anomalía fue advertida en los autos: "Acuña Pedro Javier p/sup. abuso sexual con acceso carnal - Santo Tomé" (vide fs. 160/165, fs. 416, 418 y 476 y vta.) en el que con fecha 13 de enero de 2004 se autorizó al detenido Pedro J. Acuña para que concurriera a su lugar de trabajo el día 14 de enero de 2004 en el horario comprendido entre las 7,00 y las 13,00 hs. con fundamento en el art. 16 de la ley 24.660.

Las observaciones apuntadas, revelan inobservancia de la ley, pues el magistrado aplica a un procesado un régimen que la norma -que cita como fundamento de su resolución- expresamente prohíbe para quienes no han sido condenados. Cabe señalar, que las salidas transitorias previstas dentro del período de prueba, se aplican solo a condenados, según puede leerse del texto del art. 17 de la ley 24.660. A los procesados, se le aplica solamente los períodos de observación y de tratamiento hasta su última fase, siempre y cuando hayan solicitado ser incluidos en la ejecución anticipada, voluntaria, que no son los casos examinados. Para el caso que se interprete que el procesado puede ser beneficiado con salidas transitorias, solo puede acordarse, previo paso del interno por los dos períodos anteriores y el cumplimiento del lapso temporal de encierro, conforme lo exige el art. 17 inc. I) de la ley 24.660, condiciones que no se encontraban verificadas, en razón de que el detenido ACOSTA había sido aprendido el 22 de junio de 2004 y Acuña llevaba cumplidos 3 días de detención.

b) En la causa Nº 22.876 caratulado: "Avalos, Raúl; Alegre Victor y otros p/sup. lesiones, amenazas, daño y violación de domicilio - Santo Tomé" (ver fs. 11/12), con fecha 4 de abril de 2005 el Doctor D. B. E. dictó la Resolución que lleva Nº 85, donde declaró extinguida la acción penal, sobreseyendo definitivamente en la causa a los imputados por haber operado la prescripción de la acción penal, sin haber indicado ni precisado la "última secuela del juicio" para sustentar su decisorio, incumpliendo de esa manera la obligación impuesta a los magistrados de fundar sus resoluciones bajo pena de nulidad art. 129 C.P.P., regla que posibilita al interesado conocer las razones que se tuvo para dictarlo.

c) También se pudo detectar en el Expte. Nº 28.100 caratulado: "Querella criminal presentada por J. E. A. en causa Nº 15.891 (Nº Fiscalía) - Santo Tomé" (ver fs. 14/55) que en fecha 14 de marzo de 2005 el SR. J. E. A. interpuso querella criminal donde se encontraba involucrado el propio Doctor D. B. E., por lo que correspondía su apartamiento de la causa al encontrarse comprendido en las causales de excusación previstas en los incs. 3º y 7º del art. 52 del C.P.P., sin perjuicio de ello continuó entendiendo, dictando el auto Nº 477 (ver fs. 19) ordenando el archivo de las actuaciones por entenderla inadmisible en los términos de la normativa procesal, si bien luego revocó -por contrario imperio- a través del interlocutorio Nº 216 de fecha 22 de marzo de 2005, posteriormente, por Auto Nº 217 de fecha 22 de marzo del mismo (vide fs. 26 y vta.) rechazó la constitución de querellante conjunto con sustento en lo normado en el art. 82 último párrafo del Código Procesal Penal.

Que, a fin de un mejor entendimiento de la cuestión, la Instrucción sumarial señala que con fecha 13 de febrero de 2004 el Juez D. B. E. se presentó ante la Cámara en lo Criminal de Santo Tomé promoviendo querella criminal por los delitos de calumnias e injurias contra Jorge Eduardo Amuedo, en trámite bajo el Expte. Nº 2822, todo lo cual justifica que el Magistrado debió inhibirse del conocimiento de la litis, sin dictar ninguna resolución a fin de garantizar la imparcialidad en la decisión.

d) En el Expte. Nº 26.349 caratulado: "Warenicia, Eduardo Raúl p/sup. lesiones culposas-Alvear" (ver fotocopias de fs. 135/141, fs. 410/411), el Juez dictó la Resolución Nº 327 de fecha 21 de abril de 2005, declarando la nulidad parcial del auto de procesamiento, en lo referente a la descripción del hecho, privando así al decisorio de sustento alguno, pues uno de los requisitos que necesariamente debe reunir el procesamiento bajo, pena de nulidad, es precisamente, una suscinta enunciación del hecho (art. 305 del C.P.P.). La circunstancia de que la resolución Nº 327 haya sido objeto de recurso en nada obsta las críticas vertidas a la actuación del magistrado al suscribirla.

e) En el Expte. Nº 22.178 caratulado: "Sodoneski Adolfo Ramón p/sup. homicidio culposo - Virasoro" (fs. 419/427). En esta causa, por resolución Nº 148 de fecha 21 de noviembre de 2003 la Cámara Criminal, haciendo lugar a un recurso de apelación declara la nulidad parcial del informe policial de fs. 93/101, únicamente en los ítems: determinación de la velocidad de camión del acoplado y determinación del móvil embistente y móvil embestido. Como consecuencia de ello, el Juez a-quo dicta la Resolución Nº 262 de fecha 31 de marzo de 2004, por lo cual vuelve a procesar a Adolfo Ramón Sodonesky por considerarlo supuesto autor del delito de Homicidio Culposo (art. 84 del Código Penal), valorando entre los fundamentos del decisorio los puntos del informe policial declarado nulo oportunamente por la Cámara. Detectándose como grave la irregularidad, supra analizada, esto es fundar el auto de procesamiento en actos inexistentes debido a su anulación.

f) Expte. Nº 27.516, caratulado: "García Esteban; García Marta Isabel Velázquez de; Encisa Angel Ramón, y García Amílcar Adrian p/sup. robo a mano armada, amenazas con armas y privación ilegítima de la libertad en despoblado y en banda-Alvear" (fs. 196, 197, 297/299). En fecha 27 de Octubre de 2004 la autoridad policial inicia actuaciones de oficio por la supuesta comisión de los delitos de Robo a Mano Armada, Amenazas con armas y Privación Ilegítima de la Libertad. En la misma fecha se recibe declaración en carácter de imputada en sede policial a Marta Isabel Velazquez, en cuya parte final se hace constar que "continúa en libertad por disposición de S.S. Juez de Instrucción de la IV Circunscripción Judicial, atendiendo a circunstancias humanitarias, ya que no se posee lugar de detención y que la misma posee hijos menores..." La libertad así otorgada infringe lo dispuesto por el art. 314 bis del C.P.P., interpretando a contrario sensu, que impide la concesión de la excarcelación cuando el o los delitos que se atribuyan estén reprimidos con pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años o, cuyo mínimo haga presumir que no procederá condena de ejecución condicional. En el caso, uno de los hechos que prima facie se atribuían a la nombrada era Robo con armas (art. 166, inc. 2º C.P., sancionado con pena de 5 a 15 años de prisión).

g) En el Expte. Nº 25.283 caratulado: "Meza Raúl y Buera José Luis p/sup. hurto de ganado-Alvear" (ver fs. 201/231; fs. 442/473 y vta.). En relación a esta causa, surgen las siguientes irregularidades que se puntualizan: a) Recibido el sumario policial, el Sr. Juez omite dictar el decreto que ordena proceder por instrucción formal, incumpliendo de esta manera lo prescripto en los arts. 200 y 201 del C.P.P., proveyendo el 8 de septiembre de 2003, únicamente la citación al imputado; b) se concede excarcelación de los encausados bajo caución real sobre automóviles, contrariando el art. 316 bis del C.P.P.), c) se otorga eximición y excarcelación de los imputados bajo una modalidad no contemplada en el Código de Procedimiento de "caución abierta", pues si bien en la resolución pertinente se dice que se concede bajo caución real de $500,00, al mismo tiempo, se deja abierta la posibilidad de sustituirla por la fianza personal y solidaria de su abogado defensor o persona de conocida solvencia a juicio del tribunal, dejando librado al arbitrio del imputado la caución a aplicar. Lo que efectivamente ocurrió en los Incidentes de Excarcelación de José Luis Buera y Raúl Meza. d) al mismo tiempo el Juez omite la aplicación del art. 316 bis, que dispone que en los casos de hurto de más de una cabeza de ganado la eximición o excarcelación se concederá bajo caución real y el art. 316 ter que estipula el monto de la caución real. Por el contrario, el imputado opta por la caución que más le conviene; e) se efectiviza la libertad de los detenidos antes de haberse otorgado la caución en legal forma, incumpliendo de esa manera el trámite previsto en el art. 325 del C.P.P..

h) En el Expte. Nº 26.173 caratulado: "Liebl Horacio Ruben Darío p/sup. robo de automotor" (fs. 436/441). La Instrucción Sumarial expresa que: con fecha 16 de febrero de 2004 el Sr. Juez otorga la excarcelación bajo caución real al imputado Horacio Ruben Liebl. Del acta de caución obrante a fs. 438 se comprueba que no se dio cumplimiento al art. 321 del código de forma, en cuanto dispone que cuando se trate de bienes registrables deberá otorgarse prenda o hipoteca. En autos, es ofrecido como "fianza real" un automóvil, del cual no se requiere informe al Registro del Automotor acerca de si registra gravámenes, se acepta un bien que es ofrecido por una persona que no es de su propietaria y finalmente se ordena la soltura del encausado, sin haber concluido el trámite de la caución (art. 325 del C.P.P.). El incumplimiento de esta obligación por parte del magistrado, habría traído como consecuencia que, en fecha 31 de mayo de 2005, la Cámara en lo Criminal declarara la rebeldía del imputado Liebl (fs. 441). El Juez alega al respecto, que la obligación de la confección de las actas de caución, pesa sobre los secretarios, sin embargo las órdenes de libertad deben ser suscriptas por el Juez previa verificación en el expediente de haberse cumplido acabadamente con el trámite que en relación a las cauciones prevé la ley. En la causa de referencia, se constata que el Juez suscribe el acta de caución que lleva fecha 20 de agosto de 2004 (fs. 438), a pesar de no ser el funcionario encargado de tal acto, en la misma fecha libra oficio a la Policía haciendo saber de la inmediata libertad del imputado (fs. 439), ello no obstante tener conocimiento, por haber intervenido en el acto de caución que esta no había finalizado su trámite respectivo.

i) En el Expte. Nº 24.194, caratulado: "Romero Roque Eduardo p/sup. abuso deshonesto agravado en concurso real (reiterado dos veces)" (ver fs. 428/435). La Cámara en lo Criminal al tratar el recurso de apelación contra el auto de procesamiento dictado por el inferior, por Resolución Nº 84 del 10/6/03 hace lugar parcialmente al recurso, revocando la subsunción de los hechos como abuso sexual simple, dos hechos en concurso real (art. 119, 1º párrafo y 55 del C.P.). A pesar de ello, el Magistrado interviniente en fecha 1º de octubre de 2004 dicta la Resolución Nº 1021 (fs. 431/435), por la que procesa al imputado encuadrando nuevamente su conducta en la figura agravada, ya descartada por la Alzada.

j) En el Expte. Nº 27.469, caratulado: "Molina Luis Alberto y otro p/sup. hurto de ganado - Santo Tomé" (fs. 300/409). Las irregularidades detectadas lo han sido en tres Incidentes, uno de Eximición de Prisión y dos de Excarcelación. El hecho ilícito objeto del proceso es el hurto de ganado (art. 163 inc. 1º del C.P.). En los tres casos se concede la libertad bajo caución que se fija en la suma de $ 4.000. En el Incidente de Eximición de Prisión la Resolución Nº 1173 del 26/10/04, concede la eximición a favor de Carlos Zanfagnin, bajo caución real sustituible por cualquiera de las cauciones previstas en el art. 321 del C.P.P. El 6/12/04 comparece el imputado ofreciendo como caución real el automotor de su propiedad. Apelada la Resolución Nº 1173 por el Fiscal, la Cámara declara su nulidad a los fines de cumplimentarse con las previsiones legales que deben observarse antes de la concesión del beneficio en cuestión. En los Incidentes de Excarcelación de Luis Roberto y Juan Marcelo Molina, concede la libertad bajo la misma caución sustituible por cualquiera de las cauciones reales previstas en el art. 321 del C.P.P. y por el mismo valor y en el punto segundo de la resolución, dispone que se formalice la caución "elección del imputado" (Confr. 342 v y 379 v). Se observa que en estas cuestiones el Juez deja librado a la voluntad de los imputados la elección de la caución, violentando de esta manera lo prescripto en el art. 314, 2º Párrafo del C.P.P., en cuanto prescribe que la determinación de la caución a imponer, es facultad privativa del Magistrado. Los encausados ofrecen como caución real cinco semovientes propiedad de Ramona R. Mendieta, madre de los encartados, titulo que se pretende acreditar con fotocopias de guías de ganado irregularmente confeccionados, al carecer de firma de autoridad policial e identificación y firma del vendedor (fs. 344). No obstante las irregularidades señaladas, el 4/11/04 se labra Acta de Caución la que suscripta por Ramona Rosa Mendieta y no por el imputado. En la misma fecha, se efectiviza la libertad de Luis Roberto Molina (conf. Fs. 352/353). Igual trámite se le imprimió a la excarcelación peticionada a favor de Juan Marcelo Molina (fs. 374/390).

B- En punto al desempeño como Juez Civil, Comercial y Laboral, puede señalarse que:

a) En la causa Nº 13.837, caratulado: "Obregon Insaurralde José Eduardo y Felisa Deidamia Centeno c. Miguel Nicolas Stathiewcz y/o Blanca Zulmira Mendez s/sumario" (fs. 62/69). En esta causa por Auto Nº 322 de fecha 4 de febrero de 2005 el Juez D. B. E. dispone hacer lugar al embargo preventivo peticionado por la parte actora y para ello ordena el retiro del monto de $ 20.800, depositado por la co-demandada Blanca Zulmira Mendez en el expediente Nº 11.914 caratulado: "Baez Ciro Miguel s/quiebra", que a la fecha se encontraba sin Juez por estar recusado el Dr. D. B. (con Fs. 270 vta.). Funda tal decisión en la circunstancia de que Zunilda Mendez había efectuado el depósito de $ 20.800 para integrar el precio de la propiedad inmueble adquirido en pública subasta, fuera del plazo legal. Dicha medida se efectiviza el 1º de abril de 2005, oportunidad en que se concreta el depósito en el Banco Provincia de Corrientes, por Oficio Nº 199, libado por D. B.. Asimismo, el 6 de abril el actor solicita la extracción de estos fondos, librándose cheque por la suma de $ 15.772,63 a la orden del actor civil, realizándose el trámite señalado sin dar intervención a la contraparte. Con este accionar, el Juez D. B. ordena la extracción de un monto de dinero de la quiebra en posible perjuicio de la totalidad de los acreedores concursales. El trámite señalado, evidencia las siguientes irregularidades: a) el Juez D. B. carecía de jurisdicción para disponer de estos fondos por no ser Juez de la causa, b) el monto retirado de la quiebra, en principio, ya no pertenecía a la demandada Blanca Mendez, sino de la masa concursal; c) el fundamento utilizado por el Juez para ordenar el embargo preventivo -que los fondos se depositaron fuera de término (fs. 63)- era una cuestión que únicamente podía ser dilucidada en el expediente pertinente -Nº 11.914- y por el Juez de la causa; d) lo actuado transgrede también el art. 1º del Texto ordenado de las Ordenes de Pago Judiciales (Acdo. Nº 24/71), publicado como Anexo del Acdo. Nº 8/02, que textualmente dice: "Los fondos depositados judicialmente, solo pueden ser removidos por extracciones o transferencias, ordenadas por el titular del juzgado o presidente del Tribunal a cuya orden estén consignados o sus reemplazados legales:

b) Nº 14.336 caratulado: "Cooperativa de Oleaginosos Limitada de Comercialización y Transformación s/quiebra" (fs. 112/125). En esta causa no se detectan irregularidades atribuibles al sumariado, pues de su análisis, se desprende que la denuncia que contra el Juez D. B. formulara Angel Villalba (Expte. Nº 24.890) en trámite ante el Juzgado de Instrucción fue posterior a la iniciación de la presente causa, por lo tanto, no resultaba de aplicación lo dispuesto en el art. 17, inc. 5º del C.P.C. y C. de la Provincia.

Cabe también señalar que en el Expte. Adm. Nº J-45-03 caratulado: "Juez Civil y Comercial de Santo Tomé comunica s/instalación de dos aires acondicionados" que tramitara ante la Secretaría Administrativa del Superior Tribunal de Justicia (fs. 251/263). En el Expte. mencionado el día 2 de diciembre de 2002 comparece ante la Secretaría del Juzgado en lo Civil, Comercial, de Familia y Menores, el Sindico de la Quiebra en el Expte. Nº 14.336, otorgando en comodato al Juzgado dos aires acondicionados marca Carrier que pertenecen a la masa concursal, por el término de doce meses. El 10 de febrero de 2003, el Sr. Juez D. B. comunica al Superior Tribunal de Justicia la aceptación del préstamo y la colocación de los aparatos de refrigeración en la sede del Tribunal a su cargo. Con la aceptación de este préstamo gratuito el magistrado habría incurrido en la violación de lo dispuesto por el primer párrafo del art. 6º del Código de Etica, que expresamente prescribe: Los magistrados...deberán abstenerse de recibir regalos, presentes, ventajas o donaciones de abogados y/o litigantes, antes, durante o aún finalizado el litigio donde actúen..." y también al art. 8 inc. g) del Reglamento Interno de la Administración de Justicia, en cuanto impone a los magistrados rehusar dadivas o beneficios.

V- Que, de las constancias agregadas a estas actuaciones surge que el accionar del Magistrado desconoció los límites de su intervención, adoptando en los casos señalados, resoluciones contrarias al ordenamiento legal e imprimiéndole a las causas un trámite distinto al previsto en los códigos de rito, empleando para ellos medios que si bien se encuentran regulados, el magistrado lo hizo torciendo la finalidad de la norma, lo que pone de manifiesto un accionar reñido con las exigencias legales, cuya gravedad y persistencia lesionan el servicio de Justicia.

Sabido es que el Juez en todo momento debe proceder de acuerdo a la ley, cualesquiera fueren las adversidades que tuviere que afrontar, es decir, mantener el marco de legalidad como principal pilar de su independencia, esencial rasgo distintivo para ejercer la magistratura.

Que, el artículo 23 inc. 15 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia faculta al Superior Tribunal de Justicia a controlar la conducta y cumplimiento de los deberes y funciones de los Magistrados, a fin de garantizar inexcusablemente la correcta prestación del Servicio Judicial.

Y en el entendimiento, que existe responsabilidad administrativa de los magistrados, cuando media inobservancia de los deberes inherentes a su investidura, ejercicio impropio, como así también falta de cumplimiento de sus funciones o cuando cometen actos que perjudiquen el servicio de justicia, habiéndose probado en el "sub examine" un desempeño contrario a derecho del Señor Juez Civil y Comercial de Santo Tomé Doctor D. B. E., al no circunscribir su labor al plexo normativo vigente, corresponde aplicarle la máxima sanción pecuniaria que prevee la Ley Orgánica de la Administración de Justicia (LOAJ).

Que, además siendo el Poder Judicial uno de los poderes del Estado que, dentro del sistema republicano democrático de derecho de nuestra Constitución, que debe contar con un sustento suficiente de credibilidad por parte de la sociedad, apareciendo "prima facie" captable la actuación del Doctor D. B. E. en la causal de "mal desempeño" prevista en el art. 54 de la Constitución Provincial y encontrándose en trámite el Expte. Adm. Nº I-92/05 donde también se investiga el proceder del magistrado aquí sumariado, por Secretaría deberán reunirse todos los antecedentes y oportunamente remitir a la Cámara de Diputados de la Provincia a fin de poner en funcionamiento el mecanismo constitucional, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el art. 23 inc. 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia (Decreto Ley Nº 26/00), pues la conducta reprochada al juez, viene a deslegitimar su permanencia en el cargo, y hacerse merecedor, por dicha razón, del juicio político.

El doctor Niz dijo:

I.- Un análisis pormenorizado del caso sometido a voto del suscripto, me lleva a propiciar se aplique la sanción de multa aconsejada por mis pares respecto del Juez involucrado en estas actuaciones Dr. H. C. D. B. E.. Mas, no comparto la remisión de los antecedentes por la causal de "mal desempeño" prevista en el art. 54º de la Constitución Provincial, decidida en el punto 2º) de la parte resolutiva. Paso a explicar y fundar mi postura.

II.- Los antecedentes de la acusación: Se imputa al Juez D. B. E. su actuación irregular en diferentes expedientes en las que actuara como Juez Civil y Comercial y de Instrucción y Correccional Subrogante de la ciudad de Santo Tomé de esta Provincia. También se le reprocha un proceder incorrecto y en desacuerdo al Código de Etica y al Reglamento Interno al aceptar en comodato muebles ofrecidos por el Síndico de una quiebra. Me remito por razones de brevedad al análisis que mis pares realizan en la presente pero que en concreto consisten en las siguientes: transferir y disponer de fondos depositados a la orden de otro juez y como perteneciente a otras actuaciones (Expte. 13.837); incurrir en una conducta reprochable éticamente, al aceptar gratuitamente equipos de aire acondicionado para el juzgado de parte del Síndico de la quiebra (Expte. J-45-03); aplicar a un procesado un régimen que la normativa vigente expresamente prohíbe para quienes no hayan sido condenados (Expte. 26.582 causa: Acosta y Silva P/Sup. Privación ilegítima de la libertad agravada y Robo calificado y causa: Acuña Pedro Javier p/Sup. Abuso Sexual); dictar un sobreseimiento sin fundamentación (causas 22.876; 26.349); actuar en causa pese a la obligación legal de inhibirse (Expte. 28.100); fundamentar un auto de procesamiento en actos inexistentes (Expte. 22.178); interpretación errónea el art. 314 bis del C.P.P. (Expte. Nº 27.516), incumplir lo normado en los arts. 200, 201, 316 bis y 325 del C.P.P. (Causa 25.283); incumplir arts. 321 y 325 del C.P.P. (Expte. Nº 26.173); procesar al imputado nuevamente por una figura ya descartada por el tribunal de alzada (Expte. Nº 24.194); violar lo dispuesto en el art. 314 segundo párrafo del C.P.P., esto es, dejar librado a los imputados la elección de la caución, pese a ser facultad privativa del magistrado (Expte. Nº 27.469).

III.- Liminarmente debo destacar que la imprescindible confianza pública en su sistema de justicia sólo puede alcanzarse, como en las sociedades avanzadas, con la consolidación y estabilidad de sus instituciones, y el progreso cívico, social y económico de sus pueblos sobre la base del irrestricto respeto a la independencia del Poder Judicial.

Y es regla general la que veda propiciar el enjuiciamiento de los magistrados por el contenido de sus pronunciamientos, pues de lo contrario el Poder Legislativo se erigiría en tribunal de última instancia y árbitro de controversias judiciales, lo que importaría una inadmisible injerencia en la órbita del Poder Judicial de la Provincia, se excede las facultades y competencias propias del órgano legislativo en detrimento del principio republicano de la división de los poderes, a la par que representaría una afectación de la independencia de los jueces.

El control de la opinión de los jueces, lesiona irreparablemente la imparcial administración de justicia y, con ella, la división de poderes, ya que el criterio de los magistrados se verá ineludiblemente sustituido por el de los órganos políticos a quienes compete su juzgamiento.

IV.- Sentado lo expuesto, también entiendo necesario precisar la noción de "mal desempeño" desde que solo definiendo la causal de enjuiciamiento podremos arribar a una solución ajustada a las particularidades del caso. Esta actividad de delimitación es necesaria, dado las vastas dimensiones inherentes al concepto en estudio. Tan es así, que al respecto se ha esgrimido que "aunque el mal desempeño entraña una noción de amplia discrecionalidad, exige una muy prudente apreciación de las circunstancias del caso, ya que separar un magistrado es un acto de tremenda trascendencia y grave repercusión" (Tribunal de Enjuiciamiento de Mendoza, 7/5/1998, LA LEY, 131-1160).

Se ha dicho sobre el punto que hay mal desempeño en el obrar perjudicial a los intereses de la comunidad, incompetencia, descuido del deber o atención no suficiente (Luna, Eduardo, "El juicio político", en "Atribuciones del Congreso Argentino", obra dirigida por Dardo Pérez Guilhou, p. 543); asimismo, Mario Midón ha expresado que "puede afirmarse que desfilan dentro de la categoría la falta de idoneidad, la manifiesta indignidad, la negligencia grave, la imprudencia, la desidia inexcusable, el menoscabo a la investidura" ("Juicio Político. Singular mezcla de lo jurídico. La oportunidad y conveniencia", LA LEY, 1990-D, 847).

V.- Luego de esta reseña, se puede afirmar, sin temor al equívoco, que el concepto, además de extenso, es bastante flexible; lo que demanda un denodado esfuerzo para apreciar críticamente las circunstancias del caso y para discernir su adecuación o no a la causal de referencia. Hecha esta aclaración, corresponde, entonces precisar el significado de "mal desempeño" en ese sentido, concluyo que todos los intentos de aproximación al concepto coinciden en que mal desempeño es sinónimo de indignidad, menoscabo a la investidura o falta de idoneidad; son éstos, por tanto, los parámetros iniciales de juicio para valorar la conducta del Dr. D. B. E..

Ahora bien, de los elementos de las distintas causas surgen un complejo de datos que se presentan como cuestiones estrictamente de procedimiento, corregibles por los justiciables a través de los medios que las leyes de procedimiento han puesto a su alcance. Otros, que si bien parece no guardar coherencia el comportamiento del juez involucrado con lo dispuesto en el Código de Etica y Reglamento Interno, ya el Superior Tribunal tomó intervención oportuna, ordenando, por ejemplo restituir lo ofrecido en comodato (Res. 238/2003).

VI.- De este modo, por un lado, está probado que el magistrado acusado incumplió con ciertas obligaciones que le imponían las disposiciones pertinentes. Pero, por otra parte, se ha dejado de ponderar que existe un elemento de convicción importante a tener en cuenta, y que revela simultánea y contradictoriamente al proceder irregular que se reputa, que estuvo a cargo no solamente de su Juzgado Civil y Comercial, sino subrogando durante largo tiempo otros juzgados, de los cuales uno reviste competencia en materia penal.

VII.- La contemporánea existencia de ciertas omisiones funcionales, calificadas por mis pares, como órgano que motoriza la acusación, como mal desempeño, y de actos manifiestos de dedicación profesional en una misma persona a cargo de tres juzgados, se muestran como una compleja contradicción, de allí que deba indagarse con profundidad en esta problemática para encontrar el elemento conciliador de este antagonismo; para hallar el factor que devuelva coherencia a estos datos en pugna y que expliquen el porqué de esas omisiones reprochables en un contexto general de probidad.

Y ese elemento surgió del curso mismo de lo que se reputa conocido, esto es el tiempo que transcurre sin que los Juzgados Civil, Comercial, Laboral por un lado y de Instrucción por el otro se hayan cubierto con la celeridad y necesidad del caso; todo lo cual sugiere que existen indicios vehementes de un posible desborde de trabajo en el acusado, que habría podido afectar su desempeño funcional. Y digo "posible" desde que el mismo no ha sido objeto de constatación efectiva, más si presumida por el suscripto.

Cabe acotar, para reforzar lo que vengo hasta aquí desarrollando, que no me caben dudas que muchas imputaciones endilgadas al magistrado en cuestión pudieron subsanarse por los carriles procesales pertinentes. Referir por ejemplo al dictado de una decisión infundada, como causal de mal desempeño, importa una argumentación a mi juicio inconsistente como causal de remisión de las actuaciones al Poder Legislativo. Cuantas sentencias de tribunales inferiores son corregibles por los Órganos de revisión, por esta causal que convierte en arbitrario el pronunciamiento pero que no puede, por lo menos en el caso, revestir la entidad suficiente para fundamentar una acusación como la aquí tratada. Toda esta labor de profundización en la evaluación de la conducta del encartado, donde se han considerado integralmente todos los elementos de la causa -es decir, no sólo los que en la investigación administrativa el Superior Tribunal ha ordenado y que constituyen objeto de reproche sino también los otros elementos que desestabilizan el rigor de la acusación, como son las muestras de tanta laboriosidad frente a dos subrogancias y la posible afección sicológica del mismo, dato medular en este razonamiento-, me permiten afirmar que las omisiones y el incumplimiento de normas procesales aquejado al enjuiciado no son signos de indignidad, de menoscabo a la investidura o de falta de idoneidad. Esto me autoriza a desechar la posible atribución de responsabilidad política sostenida para remitir las actuaciones a juicio político.

VIII.- Ahora bien, en el marco de consideraciones que vengo efectuando, respecto de las conductas que puedan reprocharse en el ámbito procesal, no descarta que el Superior Tribunal de Justicia como cabeza de poder que es y en uso de sus mecanismos de contralor, pueda, como de hecho lo hizo -por ejemplo respecto de la donación de los equipos de aire acondicionado cuya devolución inmediata ordenó-, adoptar en el marco de sus funciones de superintendencia la aplicación de la sanción de multa, para reparar en el orden interno conductas del magistrado acusado que afectan si se quiere el decoro y la investidura de la magistratura, actuándose para disciplinar a los jueces ante conductas que se consideren "abusivas" y que pueda perjudicar a la imagen colectiva del Poder Judicial.

Esto hace que el Poder Judicial tenga siempre mecanismos regulares de inspección de la actividad diaria de los tribunales, los que deben ser independientes de toda remisión para la evaluación de la conducta por un poder diferente. No otro es el temperamento que se adoctrina como propicio en la actualidad (Cfr: Corrupción Judicial Mecanismos para prevenirla y erradicarla -Emilio J. Cárdenas y Héctor M. Chayer- FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia - 1era. Edición, 2005, pág. 14). La sanción de multa importa la manera de controlar en el caso de cerca al juez, con la saludable participación de superintendencia nuestra, sin por ello poner en riesgo la independencia del Poder Judicial. Precisamente por ser el referido un mecanismo que, para procurar evitar los conflictos o abusos, está construido en el interior mismo de este poder. Por ello, insisto una vez más con lo aconsejado en el expediente por cuerda al presente, que no basta en reducir el desempeño de D. B. a la simple verificación de una conformación meramente objetiva entre conducta y causal, no puede anclarse frente al aspecto exterior de lo juzgado, debe avanzar en el mérito de todas las circunstancias que conforman el mal o buen desempeño, ya que éste "es una historia, una cadena de actos mesurables" (Salvadores de Arzuaga, Carlos, "El mal desempeño judicial. Génesis y proyecciones", JA 1992-III-723). De no gozar este cuerpo del poder para apreciar libremente los hechos y adecuar el rigor de la manda legal a la situación concreta, la tarea de este tribunal quedaría desdibujada ante comprobaciones objetivas. Ello nos obligaría con rigurosa necesariedad a proceder de modo automático, soslayando una decisión fundada, respecto por las garantías del debido proceso y la defensa en juicio (art. 53 CN), y valorando los hechos y pruebas con criterio de razón y justicia (Padilla, Miguel, "La inauguración del jurado de enjuiciamiento. El caso "Brusa", ED 187-1095).

En concordancia con estas premisas, ante la necesidad de certeza para proceder a remitir las actuaciones para que se indague políticamente el proceder del Juez y que en el caso, la confluencia de los factores evaluados -recargo funcional por subrogancias cumplidas- me coloca en el terreno de la duda, en relación con la posibilidad de calificar justificadamente las cuestiones procesales que se le endilgan como irregularidades propias de un mal desempeño, aconsejo solamente proceder a multar al magistrado vía superintendencia pero desactivar la remisión de los antecedentes a la Cámara de Diputados.

Respecto de la duda, puedo precisar junto con Abalos que cuando la misma se presenta en el terreno de la valoración de la prueba "hay un estado de inseguridad acerca de la verdad de una proposición, por estimar también posible la verdad de la contradictoria. Definimos la duda como una situación de incertidumbre, por cuanto hay una real situación de equilibrio entre las pruebas de cargo y de descargo. Nos encontramos con aquel estadio del conocimiento que respecto del hecho criminoso, de la autoría, y de la responsabilidad moral, podemos inferir de igual manera su inexistencia o existencia" (Abalos, Raúl W., "Derecho Procesal Penal", T. 1, 1993 Ed. Jurídicas Cuyo, p. 134). No se me escapa que la situación de incertidumbre no se suscitó con relación al hecho de la acusación, sino en el elemento de descargo que habría provocado ese incumplimiento largo tiempo de subrogancia; pero esto no constituye óbice para la aplicación de la sanción de multa, sí para remitir la causa a juicio político.

Estimo que las consideraciones precedentes y las que sustentan mi opinión vertida en el expediente administrativo I-92-05 en el cual se debaten otras causales, me eximen de continuar aportando razones y argumentos para demostrar la total fragilidad de la remisión de las actuaciones a la Cámara de Diputados.

Por ello, habiendo dictaminado el Señor Fiscal General del Poder Judicial y por mayoría; se resuelve: 1º) Aplicar una multa equivalente al 30% de su salario mensual al Sr. Juez Dr. Humberto De Biase Echevarria por su proceder como Juez de la quinta circunscripción Judicial con asiento en Santo Tomé. 2º) Por Secretaría recopilar todos los antecedentes vinculados con el desempeño del Señor Juez y oportunamente remitir a la Cámara de Diputados a fin de poner en funcionamiento el mecanismo constitucional del Juicio Político, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el art. 23 inc. 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia (Decreto Ley Nº 26/00), en razón de que la conducta reprochada al juez, viene a deslegitimar su permanencia en el cargo, apareciendo "prima facie" encuadrada en la causal de "mal desempeño" prevista en el art. 54 de la Constitución Provincial. 3º) Insértese, notifíquese y oportunamente archívese. -Eduardo A. Farizano. -Juan C. Codello. -Carlos Rubín. -Guillermo H. Semhan.