marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, legitimación activa, concubinato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maidana, Epifania c/ Molinari, Víctor Raúl y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Corresponde acordarle indemnización a la concubina de la víctima fallecida, con dos hijos en común, habiéndose probado que el concubino era el sostén del hogar y que a consecuencia de su fallecimiento la actora tuvo que salir a trabajar (antes no lo hacía) para poder mantenerse ella y a sus hijos (doct. 1079 del Cód.

Civ.).
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, derechos y garantías constitucionales, acta de detención, requisa personal, personal policial, detención para identificación
Materia: PENAL
Carátula: López, C. J. y otros c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-26

El principio consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional relativo a que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, encuentra adecuada reglamentación en el artículo 284 del Código Procesal Penal de la Nación y en la Ley 23.950 -sobre la actuación de las fuerzas de seguridad-, que establecen un catálogo de excepciones entre las que se prevé un tiempo mínimo para verificar la identidad de la persona o ante la presencia de indicios vehementes de culpabilidad, que permitan presumir la comisión de un hecho de entidad delictiva o la posibilidad de su producción para poder proceder a la identificación de personas y eventualmente, posterior detención.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, pena
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GORO, CARLOS ISMAEL c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-13

De la lectura del fallo atacado surge que los Magistrados entendieron que la pena impuesta por el Tribunal de juicio debía reducirse en cuatro años, aportando fundamentos para ello; y los mismos, podrán ser compartidos o no por la compareciente, pero lo cierto es que no alcanza con sus genéricas alegaciones -en las que ni siquiera explica concretamente las razones por las que estima que la reducción debió ser mayor- a convencer de que lo decidido carezca de suficientes motivos dentro de los límites establecidos por las leyes respectivas, por lo que los planteos no habilitan la apertura de esta instancia de excepción. - CITAS: CSJN: Fallos:312:551; 315:807 y 324:4170; CSJStaFe: AyS T 204, p 224; T 219, p 131.
Enfermedad profesional, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Adriel Guillermo Patricio c/ La Segunda ART S.A. s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-08

Insisto en sostener que un importante número de situaciones, me refiero a las contingencias cubiertas -art. 6 ley 24557 que son reconocidas por la ART-, pueden obtener respuesta eficaz en un limitado período de tiempo ante aquellos organismos administrativos, sin que sea necesario recurrir si o si a la Justicia Laboral (Voto Romero)
Procedimiento administrativo, deuda previsional, prescripción, oportunidad procesal, división de poderes, defensa en juicio, debido proceso, acta de inspección
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RADIOEMISORA CULTURAL S.A. c/ A.N.Se.S. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-25

El planteo de la defensa de prescripción liberatoria efectuado por la recurrente (que podrá ser viable o no) debe merecer una respuesta fundada del organismo fiscal, ya que la razón de ser de un procedimiento administrativo previo debe buscarse en principios y garantías superiores que atañen a la división de poderes y al derecho de defensa, cuya efectivización torna imprescindible que, en los sumarios tramitados conforme la ley 18.820, se observen las formas sustanciales del debido proceso. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de lo actuado por el organismo fiscal que pretendió la continuación del proceso sin analizar los argumentos defendidos esgrimidos por la administrada frente a la determinación de deuda oficiosa en los términos del acta de inspección labrada.
Acto administrativo, presunción de legitimidad, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., M. R. s/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-06-30

Los actos administrativos se presumen legítimos. En tal sentido, el artículo 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nro. 2938 expresa: "Los actos administrativos tienen la eficacia obligatoria, propia de su ejecutoriedad y ejecutividad, y acuerdan la posibilidad de una acción directa coactiva, como medio de asegurar su cumplimiento.

Producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo disposición en contrario. La interposición de recursos, no suspenderá la eficacia propia de los actos administrativos, teniendo aquellos sólo efecto devolutivo".

Como contrapartida de esta disposición, el artículo 20 dispone que se podrá demandar la anulabilidad del acto en sede judicial "... si se hubiere incurrido en una irregularidad, omisión o vicio, que no llegare a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales...", pues en este último caso el acto sería nulo y debería ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa (art. 21).
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Arce, Raúl Héctor s/ Acción Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-28

Aún cumplido el plazo para que opere la caducidad, el proceso es impulsado con interrupción -y consecuente purgación- de la perención cuyo plazo de cómputo se encontraba cumplido, actividad que es consentida por el posible acusante de la caducidad. Pero para ello y obviamente, debe haber existido un acto o actuación impulsatoria del proceso que tienda a lograr su desarrollo, es decir a hacerlo avanzar o progresar.
Contrato de transporte, accidente de tránsito, daños y perjuicios, responsabilidad del transportador, carga de la prueba, prueba del contrato, billete de pasaje
Materia: COMERCIAL
Carátula: Zapata de Lazarte, Nélida c/ Mayo S.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-01

Frente al reclamo por daños y perjuicios sufridos por una pasajera de un colectivo accidentado, la empresa de transporte no puede limitarse a una negativa o desconocimiento de los hechos para que la víctima cargue exclusivamente con la prueba de demostrar dicha calidad, pues tratándose de un contrato de transporte, la posibilidad de demostrar si esa persona podría o no ser pasajera en el momento del accidente, la tiene la empresa mediante la organización que estime pertinente (planilla de control de expedición de boletos); ante la inexistencia de ella, no puede pretender que la damnificada vea frustrada su posibilidad de acreditar su calidad de pasajera con su boleto.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B., A. T. c/ B., C. A. s/ Ejecución de sentencia de alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-05

La interpretación de la ley debe comenzar por la ley misma, es decir que para alcanzar su verdadero significado no ha de añadirse ni extraerse nada que altere su contenido, no siendo admisible que so pretexto de realizar la interpretación de la norma se altere su sentido, toda vez que no resulta válido, en nuestro sistema legal, llegar a conclusiones diversas a las que ella consagra, en virtud de las valoraciones subjetivas por respetables que ellas sean.
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ferreira o Ferreyra Ginez o Gines s/ Su Sucesion y/ o sus Bienes patrimoniales S/Quiebra.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-09-26

Resulta improponible en casación la consideración de una cuestión no analizada ni decidida por el inferior -ley aplicable a la regulación de honorarios en una quiebra desestimada - en tanto es función de este Tribunal en el marco estructural y teleológico de la impugnación extraordinaria intentada controlar la correcta aplicación del derecho a los hechos de la causa.La alegada facultad revisora de oficio que el recurrente reconoce a la Cámara para controlar y reducir - de ser necesario - los honorarios regulados en un proceso falencial,como elemento eximente de la extemporaneidad decidida deviene inaplicable al caso, en tanto, presupone la aplicación de la ley falencial en la regulación de honorarios, supuesto que no se configura en el caso.
Proceso judicial, liquidación judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antonelli, Jorge O. c/ Gas del Estado S.E. s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Si bien las liquidaciones judiciales se aprueban en cuanto ha lugar por derecho, ello sólo no implica que pueda subsanarse cualquier error material no sustancial que aquéllas adolezcan, aun de oficio, en la medida que tal situación no traiga aparejada la afectación al principio de la cosa juzgada, tanto con respecto a la determinación imperativa del derecho sobre el cual se requirió pronunciamiento judicial, cuanto en orden a la eficacia de este último. (De la disidencia de la Juez Herrera).
Asesores de gobierno, citación judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez de Rolando Carmen Isabel c/ Caja de Prev. Social para Profesionales de la Ingeniería de la Prov. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Si la demanda deducida en autos tiene por fundamento exclusivo la inconstitucionalidad de la ley 5920, corresponde conferir traslado al Asesor General de Gobierno para que en el plazo de quince días comparezca a estar derecho y ser oído antes de resolver en definitiva manteniendo interín en suspenso el desarrollo del proceso (arts. 686 inc. 1, 688 y concs. del C.P.C. y C.). (Minoría u opinión personal)
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cisneros, Pablo Romualdo c/ Expreso Cañuelas S.R.L. s/ Daños y perjuicios - Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-13

Para que el transportista quede eximido de la responsabilidad objetiva que sobre él opera, debe aportar al proceso prueba fehaciente e indubitable que acredite alguna circunstancia legalmente relevante de exoneración.
Alimentos, aumento de cuota alimentaria, control de constitucionalidad, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: R., M. c/ R., J. s/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-12

Voto de la Dra. Mattera:

1- Si bien una ley puede ser constitucional en el momento de su sanción, acon- tecimientos posteriores pueden tornarla inconstitucional. Así, la inconstitucionalidad de una ley o su aplicabilidad a casos individuales no solo depende del contexto estricto del caso particular, sino del contexto general del mismo. Igual criterio es aplicable a una interpretación efectuada en una sentencia plenaria dictada bajo el imperio de circunstancias socioeconómicas diversas a las actuales, tal como ocurre con el plenario de esta Cámara del 28/2/95 pues hoy resulta violatorio del bloque normativo constitucional.

2- Es que, en la actualidad, para mantener el valor adquisitivo de la cuota alimentaria resulta menester promover periódicamente nuevos incidentes de aumento cuya tramitación insume un prolongado tiempo durante el cual la prestación se mantiene invariable en perjuicio del acreedor alimentario. Y ello no cambia por el hecho de que la pensión finalmente establecida resulte ser retroactiva, por cuanto las necesidades que la cuota está destinada a satisfacer no pueden ser dilatadas ni acumuladas, además de reflejar esta situación un creciente aumento de la litigiosidad.

3- En consecuencia, resultan inaplicables las disposiciones de la ley 23.928 con sus modificaciones introducidas por la ley 25.561 y el plenario del 28/2/95 porque, dadas las circunstancias posteriores a estas normas, se configura una "inconstitucionalidad sobreviniente" respecto de la prohibición de fijación de pautas de reajuste automático en materia alimentaria, se trate de una determinación por sentencia o por convenio, al producir también un resultado claramente disfuncional y perjudicial para el interés de los menores.

(Sumario N°19435 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2010).
Concesión parcial del recurso, contratos de consumo, inhabilidad de título, pagaré, ley de defensa del consumidor, juicio ejecutivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Macro S.A. c/ Molina Alicia Cecilia y otro s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-02-11

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación concedido a la parte demandada, y en consecuencia, declarar inhábil uno de los pagarés que se intentan ejecutar en la presente acción, dado que se advierte que en este préstamo no se detalló la tasa efectiva anual (TEA), el costo financiero total (CFT) y tampoco el número de operación a los fines de reforzar la vinculación de la documentación causal con el título en ejecución. Luce así, que no se dio cumplimiento con los requisitos del art. 36 LDC, por lo que dicho documento -aún tratándose de título formalmente válido-, resulta inhábil para su ejecución atento el incumplimiento señalado. Ello así, pues se trata de la subyacencia en la ejecución cambiaria de una relación de consumo aprehendida por el mencionado artículo, habida cuenta la calidad de las partes involucradas. La exigencia de la especificación de tales datos tiene por finalidad evitar el abuso de los proveedores y posibilitar el control de las cláusulas contractuales de conformidad a las pautas brindadas en los arts. 3 y 37 de la misma Ley; la omisión de algunos de los datos faculta al consumidor a demandar la nulidad del contrato, de una o más cláusulas. Se concluye que la solución propuesta no vulnera la garantía del debido proceso o de defensa en juicio, en atención a las particulares circunstancias que exhiben los contendientes y al crédito ejecutado.
Concurrencia desleal, relación de dependencia, dependientes, seguros, asegurador
Materia: PENAL
Carátula: DI GIULIO, Horacio s/ CONCURRENCIA DESLEAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-05-29

1) La actitud del imputado -dependiente de la empresa denunciante- al haber ofrecido por su cuenta y sin autorización, seguros de otras compaÑías de seguros, que no tenían vinculación alguna con la empresa para la cual trabajaba, no constituye el delito de concurrencia desleal, ya que no puede constituir delito el incumplimiento de las condiciones laborales pactadas por parte del dependiente, que en el caso de autos habría dejado de lado la obligación contractualmente asumida de actuar con exclusividad para su empleador.

2) No han existido en el caso, los medios de propaganda desleal, entendida como aquella acción psicológica ejercida sobre el público en general o, en particular, sobre los clientes de un producto o de una casa, tendientes a convencerlos injustamente de la necesidad de dejar un producto o una casa y sustituirlo por la casa o el producto del sujeto activo.

3) Y tampoco puede aceptarse que, específicamente hayan habido maniobras fraudulentas, ni las sospechas malévolas, consistentes en campañas insidiosas, abiertas o encubiertas, de descrédito, a que hace referencia el tipo legal del delito imputado.
Pensiones, personas con discapacidad, competencia previsional, declaración de inconstitucionalidad, facultades jurisdiccionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Giménez, Rosa Elisabe c/ Comisión Médica Central y/o ANSeS s/ recurso directo ley 24.241
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-15

Es inconstitucional la regla de competencia dispuesta en el artículo 49, inciso 4, primer párrafo, de la ley 24.241, pues en las circunstancias particulares de la causa - persona con discapacidad que reclama el beneficio de pensión por fallecimiento de su padre y vive en la Provincia de Salta-, afecta el derecho de la recurrente a una tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad (Voto de la jueza Highton de Nolasco). -Del dictamen de la Procuración General al que el voto remite-
Prueba, prueba pericial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Figueredo,Teodora y otros c/ Días,   Luis  -Casa  Davicu  S.R.L.  y/o  quien  resulte  civilmente responsable s/ Daños y perjuicios Davicu  S.R.L.  y/o  quien  resulte  civilmente responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-03-02

El "replanteo" de la prueba pericial contable, requiere como presupuesto de admisibilidad que la petición sea fundada, es decir, que el escrito en que se formula contenga una crítica concreta y razonada, señalando los errores de la resolución que declaró la negligencia en primera instancia. Por eso, la simple solicitud de que se reciban en la alzada las pruebas han sido materia de una resolución de negligencia, o de caducidad no se compadece con el principio de que la producción de la prueba ante el tribunal de segunda instancia es limitada y se reduce a lo indispensable. Como se expresara ut-supra, el apelante no cumple con la carga procesal de atacar el resolutorio en el que se declara la negligencia de su parte en la producción de la prueba pericial contable, sino que se limita a solicitar que se admita la certificación y se realice la pericia en segunda instancia, aludiendo a las facultades de la Cámara (art. 36 inc. 2 y 6 del C.P.C.C.), para incorporar la prueba que no fue rendida en el momento procesal oportuno. Al respecto se ha sostenido, que no puede tramitarse una doble etapa probatoria aún vertebrada en una medida instructoria, soslayando el valor de seguridad jurídica, insito en cada estadio procesal consumado, toda vez que la tardía presentación no puede retrotraer el desenvolvimiento de la causa, habiéndose exhibido una actitud pasiva.

Ello gravita para desestimar la incorporación requerida y la medida instructoria sugerida.
Demanda, contestación de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: YHONI Raúl Ricardo c/ MUTUAL POLICIAL DE ENTRE RIOS s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-05-10

Si bien la incontestación de la demanda no basta por sí sola para tener por probados los extremos invocados por la actora, dicha actividad procesal cre una presunción que adquiere valor decisivo si no existen otros elementos de juicio que la contradigan.

En ese entendimiento, corresponde tener por ciertos la versión de la parte actora porque los hechos que denuncia y que dan base a su pretensión, no sean imposibles o inverosímiles, pues el efecto inmediato del silencio frente a una demanda consiste en una renuncia tácita a la oposición de defensas y excepciones, configurándose una admisión procesal plena, total y sin lugar a dudas.
Jueces, deberes y facultades del juez, error judicial, reposición in extremis
Materia: LABORAL
Carátula: RAMIREZ MIRIAM EDITH c/ CASINOS DEL SOL Y/U OTROS s/ SUELDOS IMPAGOS E INTEGRATIVO, ETC.-RECURSO EXTRAORDINARIO  INTERPUESTO POR EL DR. RAFAEL (H)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-11-17

Tratándose de un error judicial imputable al Tribunal, si la cuestión excede la materia comprendida en el recurso de aclaratoria, el juez está investido no sólo de facultades ordenatorias sino subsanadoras del proceso y, el instituto de la llamada "revocatoria in extremis" aparece como el medio más adecuado para enmendar errores e injusticias notorias que no encuentran otra vía procesal más apta.
Prisión domiciliaria, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Morellatto Donna, Fernando Eugenio s/ Incidente de prisión domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-08-03

Resuelve desestimar el pedido tendiente a que se revoque el beneficio de la prisión domiciliaria concedido a un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, pues del dictamen médico surge que el imputado padece diversas patologías las cuales necesariamente deben valorarse en un contexto de una persona mayor de edad - 79 años-, su carácter crónico y pasible de agravamiento; la necesidad de una asistencia multidisciplinaria; y la imposibilidad de un adecuado tratamiento en una unidad carcelaria, por lo que teniendo en cuenta que la finalidad del instituto de la detención domiciliaria consiste en garantizar un trato humanitario y evitar la restricción de derechos fundamentales del causante, corresponde la aplicación de una medida coercitiva de menor intensidad sobre el individuo para garantizar el referido derecho a la salud de jerarquía constitucional.
Estafa, ardid, emergencia económica, operaciones de cambio sin autorización, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: CHAVARRI, Laura Alejandra y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-12

Se encuentran reunidos los elementos del tipo objetivo de estafa si el ardid desplegado por los imputados, consistente en hacerle creer a la víctima que, pese a las restricciones cambiaria, lograrían cambiar una suma de dinero en pesos a dólares estadounidenses, fue determinante para hacerla incurrir a la víctima, con el consecuente perjuicio patrimonial, reflejado en la falta de devolución del dinero entregado.

En consecuencia, corresponde homologar el auto que dispuso el procesamiento de los incusos.
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Luján, Dalmacio Omar c/ Barabello, Ramón Osvaldo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Carece de legitimación para apelar, la parte cuya pretensión ha sido acogida íntegramente, puesto que no se le ha ocasionado gravamen o perjuicio alguno que lo habilite a recurrir (art. 242, CPCC.).
Pena, ley penal más benigna, juez de ejecución, ejecución de sentencia penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lamanna, Gustavo Martín s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

Más allá de que en el acta de juicio abreviado se haya calificado el hecho atribuido al imputado en el actual art. 189 bis, inc. 2, párrafo segundo, del C.P., con el consecuente pedido de pena y conformidad del nombrado, lo cierto es que tanto en los considerandos de la sentencia condenatoria como en la parte dispositiva se hace referencia a la redacción anterior de la norma mencionada y en ningún momento se cita la ley 25.886 que modificó el texto legal -sentencia que, por lo demás, no fue cuestionada por el Ministerio Público Fiscal-; todo lo cual me lleva a concluir que el nombrado ha sido condenado según la redacción del art. 189 bis del C.P. que ha perdido vigencia.

Sentado ello, he de señalar que no asiste razón al recurrente en cuanto a que el juez de ejecución ha inobservado el art. 504 del Código de rito, por cuanto, dicha norma lo habilitaba para pronunciarse respecto de la aplicación de la ley 25.886 en el sub lite. Es que aquella norma procesal le confiere facultad para modificar la pena impuesta o las condiciones de su cumplimiento no sólo por haber entrado en vigencia una ley más benigna, sino también en virtud de un error material o por otra razón legal, la cual en el caso resulta ser el dictado de una condena prescindiendo de una ley más benigna ya vigente en aquel momento, afectándose así la garantía constitucional de retroactividad de la ley más beneficiosa, consagrada en el art.

9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el art.

15 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como también en el art. 2 del C.P. En virtud de las consideraciones expuestas, propicio no hacer lugar al recurso interpuesto por el Sr. Fiscal. (Dra. Berraz de Vidal en disidencia).