marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Personal municipal, personal suplente, acción de inconstitucionalidad, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL
Carátula: CANDA, Rosendo y otro c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-19

Si el agente no efectuó ningún cuestionamiento cuando se lo incorporó a la planta de personal transitorio creada por el decreto 291/91, prorrogado por los decretos 2064/92 y 7047/93, la acción de inconstitucionalidad planteada respecto de las referidas normas se torna improponible, ya que el sometimiento voluntario del accionante al régimen jurídico, obsta a su impugnación ulterior.
Concursos, cambio de domicilio, actualización de domicilio, domicilio legal, domicilio real
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sineret S.A. s/ quiebra a Segismundo Reich S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

Si bien no cabe presumir la intención deliberada de la concursada para evitar la acción de sus acreedores del simple hecho de haber culminado tardíamente el trámite del cambio de domicilio, corresponde atender al principio que intenta preservar la existencia de una correspondencia entre el domicilio legal y el real donde se halla la sede principal en la cual se desarrolla la actividad negocial, como un modo de impedir la configuración de lo que se ha dado en llamar domicilio ficticio.
Renuncia al empleo, retiro voluntario, acuerdo económico por renuncia, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: AVENDAÑO, Heberto c/ SOMISA Sociedad Mixta Siderurgia Argentina s/ diferencias salariales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-23

Si bien es cierto que el acuerdo suscripto en este caso concreto señala las variables consideradas a fin de determinar el monto del retiro voluntario, que por otra parte derivan del acta del directorio que estableció el régimen del mismo, esto no significa que las partes se hayan obligado en modo alguno a efectuar las mismas operaciones matemáticas previstas en el art 245 LCT ni ninguna otra establecida fuera del acuerdo celebrado. Por lo que no resulta procedente el reclamo de diferencias salariales en ese sentido.
Accidentes de trabajo, riesgos del trabajo, comisiones médicas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CASTILLO,   LUISA  ARGENTINA c/ Provincia  A.R.T. S.A. s/ Ley24.557".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-12

Lo dispuesto por el Dec. 1278/00 (que incorporó al art. 21 de la ley 24.557 el apartado 5), en cuanto establece que al plantearse una divergencia sobre la naturaleza laboral del accidente la Comisión actuante deberá requerir un dictamen jurídico previo para expedirse sobre dicha cuestión, no introduce variante en lo relativo a la competencia de las Comisiones Médicas. En tal sentido, cabe destacar que el art. 51 de la ley 24.241 establece que todos los médicos que integran las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central se encuentran habilitados para expedirse en los puntos atinentes a su específica competencia previsional y, siendo suya la capacidad decisoria final acordada por la ley, resulta evidente que el referido dictamen jurídico sólo será válido para dilucidar posibles malas interpretaciones que puedan darse respecto a los dispositivos legales, conforme a los cuales los facultativos han de elaborar su dictamen médico. Ello así, porque quienes firman el dictamen jurídico sólo proporcionan una opinión, siendo los médicos quienes, en definitiva, se expiden, tal como se desprende del citado Dec. 1278/00. (Disidencia del Dr. Laclau).
Honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: BURMOS  S.A. s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

El monto del juicio está constituido por el total de la pretensión, involucrado tanto el monto por el cual prospera como aquél que se rechaza.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, acción de amparo, bien común, política económica
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO - ECONOMIA - FINANZAS
Carátula: FRECA. S.A c/ SE. NA. S.A. (Estado Nacional) s/ amparo. amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

Procede el recurso extraordinario, no obstante la ausencia de carácter definitivo atribuido a las sentencias dictadas en procesos de amparo, si lo decidido incide significativamente en la percepción de la renta pública, lo que revela un factor de retardo y perturbación en el desarrollo de la política económica del Estado, con menoscabo de los intereses de la comunidad.
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, doctrina de la arbitrariedad, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Figueroa, Sergio Fernando c/ Secretaría de Trabajo s/ recurso de queja - recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-05

La doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. En tal sentido requiere, para su procedencia, que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución legal prevista para el caso o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación.(Del voto de Dres. Posadas, Samsón, Vittar, Dr. Catalano y Dra. Bonari. Mayoría)
Prestación anticipada por desempleo, reajuste jubilatorio
Materia: PENAL
Carátula: Callero , Delia Flora c/ ANSES s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-21

En el marco de una prestación anticipada por desempleo (PAD) otorgada en los términos del artículo 2º de la ley 25.994, habiendo obteniendo la PBU y PC anticipadas, corresponde analizar el reajuste de la misma en base a la ley 24.241, respetando el porcentaje establecido por el art. 3 de la ley 25.994 hasta la fecha en que la actora cumpla los 60 años de edad. (Cfr. esta Sala en autos "Rovenzano, Juan Cataldo c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes Varios", sentencia definitiva 153425, de fecha 13.06.13 y "Schmuth, Amir Norberto c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes Varios", sentencia definitiva 142869, de fecha 23.11.11). (Disidencia del Dr. Chirinos).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, recurso extraordinario federal
Materia: PROCESAL PENAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: MORENO JUAN JAVIER s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-11-13

La afirmación consistente en que el control constitucional debe ejercerse en todos los procesos judiciales y en el caso concreto el art. 505 CPP. lo impide, es la síntesis de un equivocado concepto sobre lo que constituye el control constitucional directo (que lo hace todo el tribunal en al ámbito de su competencia originaria. En el caso, la recurrente llega al tribunal superior de justicia por vía de impugnación, cpp. 505, recurso de inconstitucionalidad local) y el control constitucional indirecto (que en relación a la Constitución de la nación es de resorte exclusivo de la corte suprema) y también por vía de apelación (c.N. 100, Ley 48 art.

14). Además el control de este tribunal "debe ser de una ley de la provincia. La cuestión constitucional por la violación por una ley nacional, de los poderes conservados por la provincia,debe ser resuelta en ultima instancia por la corte suprema de justicia de la nación".

Por ello es que el recurso extraordinario de apelación para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, deducido en contra de una resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad local (CPP. 505), es formalmente improcedente.-
Ley Penitenciaria Federal, reglamentos carcelarios, establecimientos penitenciarios, correspondencia, violación de correspondencia, interceptación de correspondencia, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Dessy, Gustavo Gastón s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

El art. 92 de la Ley Penitenciaria Nacional - decreto - ley 412/58 - y el Régimen de Correspondencia para los Internos Condenados - arts.

3,4,5, y concs. - son inconstitucionales en cuanto exigen al interno condenado que la correspondencia que remita al exterior deba ser presentada ante las autoridades en sobre abierto y en tanto habilitan a que aquellas puedan imponerse del contenido de las misivas e impedir su curso regular (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Antonio Boggiano).
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: G.C.F.  e.p. C. S. y otra s/ INCENDIO AGRAVADO POR MUERTE (CUADERNILLO DE CESE DE PRISION)  RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-10-23

Resulta obstáculo para la procedencia formal del recurso extraordinario federal, la omisión de otro de los recaudos exigidos: la oportuna y correcta introducción o reserva de la cuestión federal. En efecto, se constata el incumplimiento por parte del recurrente con este requerimiento, en tanto no surge de las constancias de autos que hubiera introducido ni hecho la respectiva reserva del caso federal en la primera oportunidad procesal que tuvo para hacerlo (al deducir el recurso de casación). Al respecto, nuestra Suprema Corte ha precisado que su intervención por esta vía extraordinaria requiere que en las instancias ordinarias se haya invocado de manera precisa el derecho federal que se dice desconocido.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, jueces naturales, principio de legalidad, pena
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESAL
Carátula: FER METAL S.A. s/ CALIFICACION DE CONDUCTA    QUIEBRA   CONSTITUCION NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-04

El principio que enuncia el art. 18 de la Constitución Nacional, con arreglo al cual nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, requiere la determinación por el legislador de los hechos punibles y las penas a aplicar, y proscribe, en consecuencia, la aplicación analógica o extensiva de la ley penal, pero no impide la interpretación de sus normas que, en cuanto legales, requieren también la determinación de su sentido jurídico, función que es propia del Poder Judicial.
Mediación, constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMISAY Claudio Alberto y Otros c/ Municipalidad de la Ciudad de San Juan s/ Ordinario (en Cont. Adm.)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-05-06

El carácter obligatorio del procedimiento (art. 4) no violenta el derecho constitucional de acceder a la Justicia, en razón de que una vez que las partes han comparecido a la audiencia pueden manifestar su voluntad de no continuar con el proceso (art. 11 último párrafo, Ley 7454), con lo cual queda expedita la vía judicial (art. 11), en un plazo breve (art. 30 de la ley antes citada).

Es decir, que no priva a nadie de la adecuada y oportuna tutela judicial de sus derechos, mediante el debido la comparencia personal, excepcionalmente por representante, a la audiencia (art. 22) respeta, sin lugar a dudas, el ejercicio del derecho de defensa.

Acerca de la constitucionalidad de la mediación el Dr. Bidart Campos, al comentar el fallo "Baterías Sil-Dar S.R.L." ha manifestado que: "En primer lugar, para que una ley de mediación obligatoria sea constitucional, la organización y funcionamiento de la instancia de mediación y los mediadores, deben radicarse en la esfera del Poder Judicial y no depender del Poder Ejecutivo, ni pertenecer a su órbita puesto que esto último importaría una violación de la división de poderes (art.109 C.N.).

En segundo lugar, la etapa mediadora previa debe ser breve y no demorar demasiado tiempo la iniciación del proceso judicial en caso de que ésta haya fracasado; puesto que una demora excesiva en el acceso a la justicia, vulneraría el derecho a la jurisdicción tutelado implícitamente por la Constitución y explícitamente por los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

"No procede la tacha de inconstitucionalidad del sistema establecido por la Ley 24.573 por el carácter obligatorio del procedimiento de la mediación, ya que la imposición legal de someterse a este trámite previo extrajudicial sólo genera el deber de comparecer a la audiencia fijada por el mediador, pero no el de permanecer en dicho procedimiento, pues basta con que una o ambas partes expresen su voluntad de darlo por finalizado para que éste concluya, y quede expedita la instancia judicial.

"La creación de órganos, procedimientos y jurisdicciones especiales destinados a hacer más efectiva y expedita la tutela de los intereses públicos, es compatible con la Ley Fundamental, en cuanto la actividad de esos órganos se encuentra sometida a limitaciones de jerarquía constitucional que no es lícito transgredir.

"La consolidación del Estado de Derecho no admite la existencia de bloques o conjuntos temáticos exentos de control judicial, ya sea que se les asigne la denominación de actos institucionales o se los adscriba a otra categoría sino, en todo caso, la irrevisibilidad de algunos aspectos bien delimitados, máxime cuando ello constituye un modo de asegurar, en este nuevo milenio, el principio de tutela judicial efectiva, consagrado en distintos tratados internacionales de jerarquía constitucional a partir de 1994 (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional); la que se encuentra asegurada con la ley en comentario".
Derechos humanos, delitos contra la humanidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad -Riveros-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

No existe un derecho constitucional a la pena. La protección a las víctimas establecida en los instrumentos internacionales de derechos humanos no implica necesariamente castigo penal, ya que a persecución penal -sin respeto a las garantías del individuo- invertiría la función que los derechos humanos poseen en el proceso penal que, de protección del imputado frente al Estado, pasaría al fortalecimiento de su poder absoluto, esta vez so pretexto del sugerente -aunque artificioso- argumento de protección a las víctimas (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Absurdo, producción de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Soto, Walter David s/ Materia a categorizar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-11-15

El concepto de absurdo, tal como ha ido elaborándose por esta Suprema Corte, hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida. Los mismos vicios pueden suscitarse al momento de establecer si ha mediado o no relación de causalidad adecuada. Pero no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, etc., alcanzan para configurar tal instituto, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado. Y ello, por supuesto, debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Ejecución hipotecaria, subasta judicial, adquirente en subasta, cesión de derechos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: VICENTA, Martha c/ MALDONADO DE ORDOÑEZ, Mamerta s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-21

Si el acreedor hipotecario, que resultó adquirente en la subasta, efectuó una cesión de derechos onerosa del boleto de compraventa a favor de un tercero, instrumentándose el acto por medio de una escritura pública, no se dan los presupuestos de hecho que hacen aplicable la sanción que deriva del art. 598, inc. 7 del Código Procesal, en tanto no se está frente a una compra en comisión vedada por la ley.
Acción de amparo, plazos procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Videla, Juan Carlos c/ Dirección de Educación Superior de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-18

El supuesto carácter continuo y reiterado de la omisión administrativa que motiva el amparo no significa que el plazo para iniciar ésta acción queda suspendido como aduce el actor. Es que el comienzo del término de caducidad de ésta acción no puede sujetarse a la discreción del amparista, desde que aquél comienza a correr a partir del momento en que el afectado tomó conocimiento del acto u omisión que considera violatorio del derecho o garantía constitucional (art. 6 ley 7166), principio que no se altera por la circunstancia de que la eventual violación haya continuado produciéndose. Y si el actor inició esta vía excepcional a fin de que se ordene a la administración que le diera vista para poder hacer valer sus derechos, resulta evidente que su pretensión podía ser ejercida a partir de que se le hizo saber que no le era permitido tomar vista del estado de las actuaciones administrativas.

Es decir que el comienzo del plazo de caducidad no puede ser postergado de acuerdo a la voluntad del actor, pues la continuación del supuesto acto lesivo no puede influir sobre el momento inicial del plazo para deducir el amparo (art. 6 ley 7166).
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez, Norberto Felipe c/ Paz, Enrique Luis S. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-16

Tal como emana de la jurisprudencia elaborada por la Corte Suprema Nacional, la norma general que rige el proceso civil impone no reconocer reparaciones que no encuentren fundamentos en perjuicios efectivamente probados en la causa.
Medidas autosatisfactivas, JUJUY, deberes de la administración, situación de peligro, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Provincial c/ Arjona, Gladys del Carmen y otros s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2017-08-16

No corresponde hacer lugar a la medida autosatisfactiva pretendida por el Estado Provincial, solicitando autorización al Poder Judicial para iniciar la demolición total o parcial de casas en virtud del "Alud de Volcán", verificándose una situación de carácter excepcional de peligro, por cuanto hace a la esencia de la actividad de la administración el tomar decisiones, ejecutar hechos y actos, en el marco de las prerrogativas de validez, legitimidad y ejecutoriedad con las que cuenta, máxime si se trata de situaciones de extrema emergencia en las que no hay tiempo que perder, independientemente del posterior análisis que respecto de su legitimidad y razonabilidad, realice el Poder Judicial.
Recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, jugador de fútbol
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Delfor, Ricardo Marcelo c/ Liga Santafesina de Futbol y otro s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad - Amparo   (Expte.: C.S.J. Nro. 234 año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

Resulta inconsistente para franquear la instancia extraordinaria la argumentación impugnativa tendente a persuadir sobre la manifiesta ilegitimidad de la disposición de la Liga Santafesina de Fútbol que se cuestiona -que establece un límite de edad para jugar en primera división y fija un cupo máximo de cuatro jugadores que superen dicho límite en cada equipo-, la que la recurrente considera carece de justificación y encubre una discriminación hacia los jóvenes nacidos en 1972 o en años anteriores y por carecer de otra vía apta para la salvaguarda de los derechos y garantías de cuño constitucional que la recurrente estima afectado, toda vez que la apelante no logra demostrar que, efectivamente, los jueces de la causa hayan propiciado una hermenéutica del instituto en cuestión (amparo) que restrinja y desnaturalice los fines para los cuales aquél fuera consagrado, ni efectuado una valoración de los recaudos de aquel que conlleve el soslayamiento de las normas fundamentales que lo regulan. (De los Fundamentos del Dr. Netri)
Concurso preventivo, proceso de verificación, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA. EMBOTELLADORA ARGENTINA  S.A. s/ QUIEBRA S/ INC. DE REVISION POR ESCOBAR, ENRIQUE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-07

El crédito relativo a los daños y perjuicios por salarios no percibidos constituye una indemnización de carácter civil, más no laboral, por lo que no resultan de aplicación los privilegios previstos por la LC: 265-4 y 270-1.
Pagaré, mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tenta, Aníbal Daniel c/ Zubeldía, Osvaldo Juan. Sucesión s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

La autorización para completar el pagaré emitido en blanco (conf.

arts. 11 y 103, dec. ley 5965/63) no implica un mandato en los términos del art. 1869 del Código Civil ya que el beneficiario no ejecuta en nombre del mandante un acto jurídico por cuenta del mismo, sino que hace uso de una autorización en nombre y beneficio propio.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, contratos bancarios, tarjeta de crédito, consumos problemáticos, resumen de cuentas, confirmación de sentencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACEVEDO MARIA BELEN C/BANCO SANTANDER RIO SA Y OTRO S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Procede confirmar la sentencia que hizo lugar al reclamo por daño moral incoado por la accionante, al considerar que la entidad bancaria demandada no cumplió en término con la obligación de atender su reclamo, tras verificarse que medió un cuestionamiento válido a los consumos en dólares desconocidos, que fueran indebidamente incluidos en el resumen de su tarjeta de crédito Visa. Es que examinados los antecedentes colectados a lo largo del litigio, no resulta difícil representarse la incertidumbre, molestias y perjuicios que pudo provocar a la actora el hecho de no haber sido resuelta en término y en su totalidad, la impugnación de los cargos en dólares que fueron desconocidos. Véase que ante el reclamo efectuado el banco accionado descontó, efectivamente, los cargos cuestionados casi cuatro meses después, es decir, excedido largamente el plazo legal de sesenta días previsto para operaciones realizadas en el exterior (ley 25065: 27), conforme resulta del resumen de tarjeta, sin reintegrar los intereses devengados, ni el impuesto de sellos sino hasta mucho después. Máxime, cuando figura corroborado en autos el i) bloqueo de las tarjetas de crédito de la actora mientras se encontraba en trámite el procedimiento de impugnación, al igual que la ii) derivación no autorizada de fondos depositados en su cuenta sueldo -admitida incluso por el banco accionado y, la iii) calificación bancaria negativa efectuada también durante la tramitación de su reclamo.
Procedimiento administrativo, patrocinio letrado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Caldera Néstor Rubén c/ Municipalidad de Necochea s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02

La Ordenanza General nro. 267/82 que regula el trámite administrativo municipal en todo el ámbito de la Provincia, establece la libre actuación del interesado durante todo el trámite administrativo sin exigir patrocinio letrado obligatorio.