marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Carpio de Chifanie, Beatriz Alicia y otros c/ S.O.M.U. s/ Resarcimiento por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

Corresponde revocar el monto de la indemnización por daños y perjuicios que se determinó con una simple enumeración de factores eventualmente computados pero sin explicar de qué modo se relacionan con respecto a la víctima y a cada uno de los actores, impidiendo conocer el razonamiento utilizado para ponderar y meritar las circunstancias particulares y personales del caso y en qué medida incidieron en la determinación del importe establecido.
Hurto simple, cosas en el automotor, inimputabilidad, ebriedad, alcoholismo, dosimetría alcohólica
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO, O s/ IMPUTABILIDAD - EBRIEDAD - HURTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-09

1) No obstante la graduación alcohólica que presentaba el encausado cuatro horas después del hecho -2 g.-, no puede considerarse un inimputable en el sentido del art. 34 inc. 1 C.P., porque probada su habitualidad a la ingesta de bebidas alcohólicas, con un grado de tolerancia quizás superior al término medio, se arriba a la conclusión que con ese grado de intoxicación no haya perdido su memoria, ni tampoco el control de su conducta ni la comprensión de la criminalidad de sus actos.

2) Por cuanto el procesado no actuó solo sino de común acuerdo con otro individuo -prófugo- que consiguió llevarse el maletín que también sacaron del vehículo del damnificado, es indudable que ambos participaron de un mismo hecho, no resultando posible desdoblar la calificación según se recuperaron o no los objetos que cada uno de ellos tomará, y teniéndose en cuenta que el attaché no fue habido, se determina que el suceso quedó consumado.
Facultades del juez, traba de la litis, oposición al registro de marca
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BENCHOAN, DAVID c/ BAZAR TOKIO SRL s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Se presenta como dato no frecuente que el actor se opuso oportunamente a todas las solicitudes marcarias y, a la vez, demando su nulidad. La vía elegida ha sido tibiamente objetada por la sociedad demandada y, en definitiva, lo que se viene a discutir en lo esencial es si los registros solicitados son o no procedentes, debate que es análogo al que tiene como escenario un juicio por cese de oposición. Por otro lado, si se adoptara un criterio mas rígido y se afirmara que la nulidad no puede ser decidida porque no existe aun una marca registrada, la principal perjudicada sería la solicitante. Ella no ha deducido demanda por cese de oposición contra el aquí actor, circunstancia que, de no mediar un debate judicial, la colocaría en la hipótesis de abandono que preve el art.

16 antes citado. En tales condiciones, la materia que propongo decidir en esta instancia judicial es la siguiente: si los registros que la demandada persigue por medio de las solicitudes cuestionadas, son o no procedentes. Este marco de la decisión no conlleva la modificación de los hechos, ni de los términos de la litis, sino que importa calificarlos "según correspondiere por ley" (art. 163, inc.

6, CPC). De este modo se logra un adecuado encuadre jurídico para la cuestión debatida, que es facultad propia de los jueces, con prescindencia de las argumentaciones de las partes (cfr. Corte suprema, fallos: 308:2426, consid. 3; en el mismo sentido, causa interlocutoria 3095/94, resuelta el 2 del corriente mes).
Accidentes de trabajo, indemnización, acción civil, iura novit curia
Materia: LABORAL
Carátula: Morandi Juan Pablo c/ Segar Seguridad SRL y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

Según la máxima latina iura novit curia que significa que los jueces conocen el derecho, es posible en determinadas circunstancias a partir de los hechos invocados y probados, dictar sentencia encuadrando el caso en cuestión en normas jurídicas distintas de las invocadas por las partes. Pero, esa posibilidad debe en todo caso resguardar debidamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa, cuidando de no alterar la igualdad de las partes en la tramitación de la causa. Siendo ello así, no es posible en el presente caso sentenciar con fundamento en la Ley 24.557, por cuanto no solamente no fue peticionado en la demanda ni aun en forma subsidiaria, sino que además porque tampoco ha sido objeto de recurso por parte de la actora, en tanto esta última se ha limitado a cuestionar que luego de decretada la inconstitucionalidad del art. 39.1 L.R.T., se rechazara la acción por considerar que no estaba probado el siniestro invocado. (Del voto de la Dra. Fontana, en minoría).
Contratos, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Formaro, Epifanio G. c/ Odoguardi, Pascual s/ Resolución boleto de compraventa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-02

En materia contractual el resarcimiento del daño moral debe ser interpretado con criterio restrictivo.
Contrato de obra pública, reservas, pago, contratista, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bonfanti Di Biasio S.C. - Enrietto E.C. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 135-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

Si los pagos por los certificados final de obra y de variaciones de costos fueron recibido por las actoras sin reservas, no se advierte ilegitimidad en el proceder de la Administración que concluyó en la improcedencia de los reclamos de las contratistas tomando en cuenta que ya se habían emitido las certificaciones finales de obra y que en tales certificaciones no obró reserva alguna al respecto.
Sociedades comerciales, fusión de sociedades, Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, responsabilidad de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA    DE   ADMINISTRADORAS   DE   FONDOS  DE   JUBILACIONES c/ CONSOLIDAR AFJP SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-06

Toda vez que la sala D de este tribunal, en consonancia con la solución sostenida por la Corte Suprema en la causa "Superintendencia de administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones c/ Orígenes Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones Sociedad Anónima" del 23-3-2000 (fallos 323:574) modificó su criterio anterior, considerando en su sentencia del 30-11-2000, dictada en autos "Superintendencia de Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones c/ Consolidar AFJP SA s/ Rec. de Apel.", que resultaba procedente trasladar a la sociedad absorbente la responsabilidad derivada de faltas administrativas susceptibles de sanciones, cometidas e impuestas a la sociedad absorbida, desapareciendo así la contradicción existente al respecto entre la posición de dicha sala y la doctrina contenida en precedentes de las restantes salas del tribunal, fundante del recurso de inaplicabilidad de ley concedido en autos, cabe estimar que ha quedado virtualmente establecida la doctrina unánime de las salas del tribunal respecto al tema en cuestión, y declarar no haber lugar a más actuación útil en el referido recurso, dejando sin efecto la sentencia recurrida.
Sentencia, cosa juzgada, recurso extraordinario
Materia: CIVIL
Carátula: Ceballos, Guillermo Alberto c/ Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-05-13

La accionante recurrente plantea que una sentencia que declara la ilegitimidad de un acto administrativo, se torna constitutiva del derecho que habilita el ejercicio de la pretensión resarcitoria por el eventual daño que puede derivar de esa ilegitimidad, recién cuando ha pasado en autoridad de cosa juzgada, es decir cuando se torna irrecurrible. Tal tesitura es controvertible en materia Civil y absolutamente desechable en materia Contencioso Administrativa. En efecto, el acto propiamente jurisdiccional del juicio Contencioso Administrativo es la sentencia, acto y modo normal de poner fin a la contienda, es, por lo tanto, "acto jurisdiccional típico, porque en ella se declara el derecho con fuerza de verdad legal, y tiene así autoridad de cosa juzgada, ya admita el recurso o lo rechace" o, en una aproximación primaria de acepción, la que dirime el pleito, "la que pone fin a la cuestión debatida en forma tal que esta no pueda renovarse". En el caso y a efectos de su encuadre temático, el recurso planteado por la demandada en el juicio Contencioso Administrativo fue una apelación de índole extraordinaria y no común; su interposición, por tanto, no produce efecto suspensivo ya que este solo lo tendrá desde la respectiva concesión.
Acumulación de procesos, sentencia única, litisconsorcio facultativo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Berenguer de Moreno, Ibis Sara y otros c/ Appezzatto, Alejandro Carlos y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Los actos de cada litisconsorte son independientes en sus efectos de los restantes, tanto en el ataque como en la defensa, de manera que unos pueden allanarse y sufrir condena los otros, ser rebeldes unos y otros no, apelar una parte y consentir otros la sentencia. 'Hay, pues, en lo principal y durante todo el desarrollo del juicio, una verdadera independencia en la situación procesal de cada partícipe, por lo que no debe extrañar que los alcances de la sentencia y los resultados del proceso en sí sean distintos con respecto a cada litisconsorte.
Competencia federal, recusación, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: Moras Mom, Jorge R. c/ Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación) s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

La recusación en forma genérica, respecto de los Presidentes de las Cámaras Federales del país, negando habilitación subjetiva a los miembros que integran el Poder Judicial deviene manifiestamente extemporánea, por cuanto el apelante se sometió voluntariamente a la potestad jurisdiccional del Estado para la resolución del conflicto planteado.
Declaración indagatoria, derecho a conocer las pruebas en contra, deberes del imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de nulidad interpuesto por la defensa de Magdalena BERRIOS VILLARRUEL, Causa nro. 14.222
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-12

El Tribunal ha sostenido que no resulta exigencia hacer conocer "in extenso" el contenido de cada una de las probanzas incorporadas, siendo resorte del indagado tomar vista y oír con el detenimiento que estime adecuado aquellas pruebas que se le imponen como de cargo.
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO SALTA DE PROPIEDAD HORIZONTAL c/ CHEDID, HECTOR A. s/ COBRO DE EXPENSAS COMUNES HORIZONTAL c/ CHEDID, HECTOR A. s/ COBRO DE EXPENSAS COMUNES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-15

Conforme al art. 9 de la Ley N° 13.512 de Propiedad Horizontal, se dispone que al constituirse el consorcio de propietarios, deberá acordarse y redactarse un reglamento de copropiedad y administración, por acto de escritura pública que se inscribirá en el Registro de la Propiedad. Tal escritura, juntamente con el título de dominio, deben ser inscriptos en el Registro de la Propiedad a los fines del art. 2505 del Código Civil; por lo tanto, el demandado, quien es debidamente notificado de la demanda de cobro de expensas comunes y de la documental adjunta, no pudo desconocer el título que avala su derecho, y debe cargar con la totalidad de las costas al rechazarse la excepción de falta de personería que planteara.
Audiencia, comparecencia del procesado
Materia: PENAL
Carátula: Córdoba, Carlos A.; Sánchez, Antonio E. s/ Robo calificado, privación ilegal de la libertad y robo automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-09

Si bien el art. 8 del C.P.P. no establece el momento en que deberá efectuarse la diligencia, la mención al "estudio del expediente" indica claramente que el comparendo no podrá ser antes ni simultáneo al llamamiento de autos para sentencia.
Competencia, Tribunal Fiscal de la Nación, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, deducciones impositivas, impuesto sobre los capitales, determinación de impuestos
Materia: TRIBUTARIO - ADMINISTRATIVO
Carátula: COLORBRIL  S.A. s/ APELACION CAPITALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

La nota de la Dirección General Impositiva por la que se comunica a un contribuyente que no es procedente la deducción efectuada en su declaración jurada del impuesto a los capitales de las sumas correspondientes a la actualización de los anticipos ingresados con anterioridad y ordena el pago, no reúne los requisitos de una determinación administrativa de impuesto susceptible de apelación ante el Tribunal Fiscal, pues ella no modifica la configuración de la base imponible, dado que no cuestiona los elementos de hechos que le sirvieron de base y que fueron proporcionados por la propia responsable en su declaración jurada presentada oportunamente.
Proceso judicial, buena fe procesal
Materia: CIVIL
Carátula: GERVASONI PAOLA FELICIA c/ ROMERO VERONICA LORENA s/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-06-30

Los accionados deben ejercer de modo colaborativo su derecho de defensa, contribuyendo funcionalmente con la labor judicial, en lugar de mantenerse parapetados en una dilatoria posición negativa que deje expuesta la ausencia de razones para contradecir a la reclamante en el litigio.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, aplicación de la ley laboral, principios laborales, policía del trabajo, relación de dependencia, trabajador, sujetos del contrato de trabajo, derechos del trabajador, derechos del empleador, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: GALLI, LUIS MARÍA c/ BANCO MACRO BANSUD S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-02-05

El trabajador no puede ejercer la exceptio non adimpleti contractus, (prevista en el art. 1201 del Código Civil, que lo faculta a retener tareas), sin tener una causa grave ni dar noticia de su intención al empleador, para posibilitar una eventual rectificación, que haga innecesario planteo alguno. De lo contrario resultaría una conducta abusiva, asumir una actitud remisa desde el comienzo, lo que se parece más a una extorsión que al ejercicio de un derecho.

El trabajador puede retener tareas por falta de pago de salario, cuando se trate de un incumplimiento grave, pero debe tratarse de un incumpliento que tenga entidad suficiente para justificar en los hechos la actitud del trabajador y que debe contener la intimación previa para que cese el incumplimiento patronal, bajo el apercibimiento expreso de que si así no se hace se procederá a la retención de tareas.

Respecto de la exigencia de la previa intimación y del consiguiente apercibimiento, se sostiene que es una imposición de la buena fe que debe presidir la ejecución del contrato y resulta necesaria para que el empleador conozca desde el comienzo la causa de la no prestación de tareas y, por tanto, cuáles puedan ser las alternativas futuras de la relación laboral.
Autoridad de prevención, facultades de la autoridad de prevención, tareas de inteligencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SUÑE, JOSE MARIA s/ RECURSO DE CASACION. Causa: 928
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-17

Las labores de averiguación, pesquisa, etcétera, genéricamente denominadas "tareas de inteligencia", constituyen una metodologia normal en la detección de los delitos y sus posibles autores. Más que una aceptable técnica de investigación, es una actividad absolutamente esencial para las fuerzas policiales y cuerpos de seguridad y forman parte integrante de las funciones que en modo imperativo establece el ordenamiento procesal en su artículo 183, cuando reza: "la policía o las fuerzas de seguridad deberán investigar por iniciativa propia...Los delitos de acción pública, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación", todo lo que aparece complementado con las previsiones específicas estatuidas por el art. 184 Subsiguiente. (Del voto del Dr. Tragant).
Recurso contencioso administrativo, impulso procesal, prueba, producción de la prueba, Administración Pública
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Veiga, Enrique Avelino c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 298-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-05-10

Si bien en algún antecedente jurisprudencial se entendió que el trámite de diligenciamiento de un oficio por ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones, operó como una causa suspensiva del término de caducidad previsto por el artículo 63 de la ley 4106, dicho efecto se fundamentó en dos razones: la decisividad que la prueba en cuestión tenía para la solución del litigio y el comportamiento procesal del recurrente, quien reclamó insistentemente la realización de la diligencia probatoria.
Regulación de honorarios, presentación al cobro, aplicación de la ley, socios, indemnización, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Nodel, Isabel Graciela  c/ Sheikomed SRL y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-30

A los fines arancelarios, cuando -como en el caso- se pretende la remoción de los socios gerentes y una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados contra la sociedad y contra la parte actora, ello tiene un contenido económico respecto a los daños y perjuicios, más lo cierto es que la otra pretensión allí articulada no es susceptible de proporcionar una base cierta sobre la cual aplicar los porcentuales respectivos. En ese contexto, la retribución habrá de ser determinada tomando como pauta meramente referencial la trascendencia económica del asunto en los términos a los que alude la ley 21839: 6-b) y siguientes y de la ley 27423: 16-b) y siguientes.
Aportes societarios, jubilaciones, impuestos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SA ANGEL CASSANELLO LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCIÓN.    CSJ EXPTE NRO 98-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-03-07

La corriente doctrinaria que afirma que todo aporte jubilatorio es una forma de impuesto, como la de quienes las consideran "imposiciones coactivas del poder público, expresadas por medio de la ley y recaudadas por el estado... O por personas de derecho público no estatal"y que las clasifican como tributos parafiscales, directos o indirectos según el caso, solamente puede aceptarse si se estima que la contribución debe ser caracterizada en base a elementos formales, externos a la relación y no por su génesis y propósito; como ocurre cuando se adoptan datos tales como la coactividad o naturaleza de la persona recaudadora.
Amicus curiae, protección internacional de los derechos humanos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Presentación realizada por el Dr. Antonio Eugenio Márquez en representación del Estado Nacional -Agencia de Seguridad Vial - Recurso de Queja por apelación mal denegada - Incidente c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-05-08

Las normas protectorias de los Derechos Humanos, sean de orden interno o internacional, amparan a las personas respecto a las violaciones de tales derechos por parte de los Estados. Razón por la cual, ningún Estado u organismo estatal puede alegar que el no permitírsele ingresar a un proceso penal como amicus curiae o amigo del tribunal se le estarían violentado sus derechos humanos los cuales carece por definición.
Capitalización de intereses, empleo público
Materia: LABORAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Vigo, Silvia Mónica c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

La capitalización habilitada por el inciso b) del artículo 770 del CCyC surte efectos en un día determinado -el de la notificación de la demanda, momento en que se acumularán al capital los intereses devengados-, y para producirse requiere que ese día la norma que la autoriza se encuentre vigente. Esto no se verificó en el caso -ya que la notificación de la demanda tuvo lugar cuando el CCyC aún no tenía vigencia - y esta circunstancia es suficiente para descartar la procedencia de la capitalización pretendida por el actor. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, admisibilidad formal, pago
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/ Microomnibus Saavedra SATACEI s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

De acuerdo a la doctrina del CPR 544-6°, la defensa de pago documentado resulta procedente cuando el interesado acompaña, en sustento de su posición, un recibo del acreedor, o de su representante legítimo, con imputación precisa, clara y concreta al título que se ejecuta (CNCom, Sala D in re "ABN Amro Bank NV Fideicomiso LAVERC c/ Prato, Raúl Enrique y otros s/ ejecutivo", del 23/08/07; entre muchos otros).
Abogados, honorarios, pautas
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: BORQUEZ FRANCISCO ALBERTO c/ SERVICIOS  PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-11-07

Rechazada la demanda en un juicio laboral, para regulación de honorarios por la labor profesional desempeñada por los abogados de la parte se debe tener en cuenta no sólo el monto reclamado en la demanda, sino además el tipo de juicio, etapas realmente cumplidas, la labor "eficazmente" desarrollada por el letrado, carácter en que interviniera y el éxito obtenido, todas estas pautas valoradas dentro del encuadre jurídico pertinente, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 13 de la Ley 24.432 y el régimen normativo del arancel.
Llamamiento de autos, clausura del período probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Argentino S.A. c/ Colman, José Albino s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-02-26

Si se tiene interés en la realización de medidas probatorias no se debe consentir el auto que dispone el pase de los autos a despacho para resolver, ya que el silencio de las partes implica que éstas consienten el trámite previo, precluyendo las posibles deficiencias de que hubiera adolecido, las que quedan convalidadas si no se reclama contra el llamamiento de autos.
Alimentos, régimen de visitas, incumplimiento de la obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: O. DE S.G. c/ S.G.W. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

El criterio que sostiene que cabe dejar en suspenso las visitas a favor del padre cuando éste no cumple con el deber de alimentar a sus hijos, por resultar un medio eficaz de compulsión, tiene el inconveniente de que no solamente perjudica al deudor de la frustración, sino que afecta también a los menores cuyo derecho a mantener trato frecuente con sus progenitores puede verse cercenado.

Si se permite que el padre vea a sus hijos no es tanto porque se lo merezca -está dejando de cumplir con una obligación primordial y primaria- sino porque parece lo mejor para el menor quien ninguna responsabilidad tiene en la situación creada.

Corresponde fijar como apercibimiento el pase de las actuaciones, o de fotocopias, a la justicia de instrucción ante la posibilidad de encontrarse el alimentante incurso en incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, conforme lo establecido en la ley 13.944 que es de acción pública cuando está en juego el interés de menores de edad.