marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, honorarios, formación del incidente, escrituración, base regulatoria, compraventa
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Argerich 4880 SRL  c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito promovido por vargas cristian adrian
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-29

En el marco de un incidente de verificación en el que se reconoció al incidentista el derecho a escriturar cierto inmueble, de conformidad con lo previsto por la LCQ 127, a los fines de determinar una base regulatoria adecuada para retribuir las labores realizadas por los profesionales, se aprecia prudente utilizar los parámetros de la norma citada sobre el valor de la operación de compraventa -en dólares- a la cotización vigente al momento del decreto de quiebra (conf. arg. esta Sala "A" CNCom, 01/08/18, "Construcciones Potosí 4013 SA s/ Quiebra s/ Incidente de verificación de crédito por Neuman Mónica Susana", exp. N° 14631/2016/1). Sentado ello, conforme lo normado por la LCQ 287, corresponde aplicar a este tipo de procesos lo preceptuado para los incidentes, aunque cabe señalar que la ley 27423: 47, ha sido observado por el Decreto Nro. 1077/17: 5, careciendo actualmente de vigencia. Por ende, esta Sala estima utilizar prudencialmente los parámetros de la ley 27423: 16, valorando las labores profesionales por su importancia, extensión y calidad.
Confirmación de sentencia, instrucciones al jurado, juicio por jurados populares, dirección del proceso, veredicto, homicidio criminis causa, prisión perpetua, concurso real, robo simple, código penal, recurso de casación
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: F. c/ Pinavaría Corvalán, Francisco p/ homicidio criminis causa en concurso ideal con femicidio s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2024-11-27

No cabe hacer lugar a la casación interpuesta por la defensa oficial contra el veredicto de culpabilidad pronunciado por el jurado popular que imputó al recurrente el delito de homicidio criminis causa en concurso real con robo simple (arts. 80 inc. 7 y 164 del Código Penal), basando su recurso en violación al debido proceso porque el juez técnico omitió instruir al jurado sobre delitos menores, pues resulta imposible atento la abundante prueba producida suponer que las instrucciones consignadas pudieron de algún modo condicionar al jurado popular cuando conforme lo suficientemente acreditado el imputado condujo dolosamente su acción criminal dirigiéndose a la casa de su víctima donde trabajaba de albañil el día que no debía realizar tareas porque había llovido pero conocía la existencia de una importante cantidad de dinero en la vivienda porque era día de pago y la golpeó y ahorcó hasta matarla para luego sustraerle dinero y otras pertenencias cometiendo el delito de robo.
Insuficiencia del agravio, confirmación de sentencia, instrucciones al jurado, juicio por jurados populares, dirección del proceso, veredicto, homicidio criminis causa, prisión perpetua, concurso real, robo simple, código penal, recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: F. c/ Pinavaría Corvalán, Francisco p/ homicidio criminis causa en concurso ideal con femicidio s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2024-11-27

Resultan irrelevantes los agravios de la defensa contra el veredicto de culpabilidad pronunciado por el jurado popular que imputó al recurrente el delito de homicidio criminis causa en concurso real con robo simple, basados en que el juez técnico omitió en las instrucciones al jurado enunciar figuras penales menores como homicidio simple, pues conforme la contundente prueba producida el jurado popular sólo consideró acreditada la opción de homicidio doloso agravado por criminis causae en relación con robo simple, toda vez que el acusado mató a la víctima con el fin de cometer el delito de robo dolosamente planeado al dirigirse a su domicilio donde trabajaba de albañil el día que no debía realizar tareas pero que había una importante cantidad de dinero porque era día de pago, correspondiendo en consecuencia encuadrar su comportamiento delictivo bajo la figura penal prevista en el artículo 80 inc. 7 y 164 del Código Penal (Del voto del Dr. José Valerio).
Confirmación de sentencia, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Cabrera, Ayelén Andrea  c/ Turismo La Delfina SRL  s/ pedido de reincorporación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-25

La juez de grado desestimó la medida cautelar peticionada por la actora, toda vez que no se encuentran acreditados los presupuestos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora. La accionante, no asistió a laborar porque debió atender una emergencia médica de su hija menor de edad y la empleadora en lugar de solicitarle justificación de la ausencia la bloqueó de todos los canales de comunicación con la empresa, impidiendo que pueda remitir en forma digital copia del certificado médico de la menor. Si bien la actora aduce discriminación hacia su persona -como mujer y madre- y un ejercicio desproporcionado de las facultades disciplinarias de la accionada, no existe verosimilitud del derecho pues de lo que se trata es de determinar si frente a un hecho (inasistencia y diálogo telefónico), resultó justificada o no la rescisión contractual dispuesta por la empleadora. Lo cierto es que aun cuando se invoca un daño cierto, ello no es suficiente para viabilizar una medida cautelar como la requerida por la accionante, porque también se requiere como condición la verosimilitud del derecho entendido como la posibilidad de que éste exista, y no como una incontestable realidad que solo se logrará al agotarse el trámite, y en este aspecto no se encuentra configurado tal extremo. La pretensión articulada no difiere de la que tienen la casi totalidad de los créditos que se reclaman por vía de los procesos ordinarios, ya que la veracidad de las afirmaciones articuladas determinará, en su caso, un crédito a favor de la persona trabajadora. Corresponde confirmar lo decidido en primera instancia.
Responsabilidad parental, interés superior del niño, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, Convención sobre los derechos del niño, deberes del juez, fallos de la Corte Suprema, estado de adoptabilidad, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: C.Q.J.M. y D.R.S.G. c/ V.G.J.  s/ Privación de la Responsabilidad Parental
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-10-10

La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3.1 establece que, todas las decisiones que conciernen a los menores y que sean tomadas por tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos, el interés superior del niño debe ser una consideración primordial. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el juez debe decidir conforme a dicho principio, aun cuando su criterio no coincida con la opinión de los adultos intervinientes.
Concursos, liquidación de sociedades, liquidación judicial, asegurador, verificación de créditos, intereses, procedencia del recurso, cobertura
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aseguradora Federal Argentina SA  c/  s/ liquidación judicial de aseguradoras s/ incidente de verificación de crédito por fernández garcía, josé antonio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-05

Es que, no resulta aplicable un límite en la póliza a la obligación de cubrir los intereses, aunque se excedan de la suma asegurada -conf. LS 73 y 111-, pero siempre, claro está en estricto cumplimiento de la regla proporcional de la LS 111, es decir, en proporción a la responsabilidad que a la aseguradora le quepa en el capital de condena -conf. LS 116- (Borelli, Julián - Vásquez, Nicolás A., "El seguro de responsabilidad civil y los límites de cobertura: La cuestión de los intereses a la luz de un nuevo precedente de la CSJN", publicado en RCCyC 2023 (agosto), 334, TR LALEY AR/DOC/1551/2023, en idéntico sentido, Vásquez Ferreira, Roberto A., "Seguros, límite de cobertura, intereses y regla de proporcionalidad", publicado en LA LEY 12/05/2023, 3, AR/DOC/1129/2023 y Fallo 346:259 "Fernández, Karina Elizabeth c/ Clínica Cruz Celeste SA y otros s/ daños y perjuicios").
Conciliación laboral, herederos
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Abraham, Abigail Damaris  c/ Persano SA  s/ ejecución de créditos laborales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-23

La ejecutante, hija de un trabajador fallecido con el que la demandada celebrara un acuerdo conciliatorio ante el SECLO, sostiene en primer lugar que la suma depositada y dada en pago por la empresa, no configura un pago total sino parcial, debiendo imputarse inicialmente a la cancelación de intereses y luego, en caso de remanente, al capital. Peticiona se eleve el quantum de la multa dispuesta por el art. 26 ley 24.635 en un 30% por incumplimiento malicioso de la ex empleadora. La relación laboral entre el trabajador fallecido y su empleadora finalizó con la celebración de un acuerdo conciliatorio ante el SECLO, donde el trabajador recibió el pago de la suma acordada, en siete cheques nominativos, no a la orden, y diferidos al vencimiento de cada una de las siete cuotas pactadas. El trabajador cobró el primero de dichos cheques falleciendo a los pocos días en un accidente vial. Por lo tanto, seis de las siete cuotas del acuerdo no pudieron ser efectivizadas ni cobradas por el fallecido, hecho fortuito ajeno al pagador, por lo cual técnica y objetivamente no existió efectivo pago. De acuerdo a la ley de cheques 24.452, en su art. 11, "el librador es garante del pago". Sin embargo la ejecutante dejó vencer largamente los plazos de que disponía para reclamar al emisor la efectiva satisfacción de los cheques, tardó casi dos años para iniciar la ejecución y cuando interpuso la demanda ejecutiva, no contaba con declaratoria de herederos a su favor. No obstante dado el carácter protectorio del Derecho del Trabajo y tomando en consideración el accionar poco efectivo de ambas partes, con posterioridad al hecho luctuoso (teoría de los actos propios) resulta equitativo hacer correr los intereses desde la fecha en que la demandada fracasó en su intento de depositar en el sucesorio y librarse por decisión del juez civil de la deuda, hasta la fecha en que depositó en la cuenta judicial el importe nominal que le fuere reclamado. El curso de estos intereses torna indudable de carácter parcial el pago efectuado, que deberá imputarse primero a intereses y luego a capital. Asimismo, con iguales fundamentos, debe dejarse sin efecto la multa fijada en el art 26 de la ley 24.635, pues no existió incumplimiento imputable a la demandada y teniendo especialmente en cuenta que la empresa se presentó en el sucesorio, sin haber sido intimada ni citada, con la intención de saldar los importes que el trabajador no había podido percibir y que no se pudo concretar por decisión del Juez Civil. (Del voto del Dr. Perugini, en mayoría)
Astreintes, ejecución de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Saavedra, Marcelo Adrián  c/ Estado Mayor General de la Armada s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-31

La accionada, Estado Mayor General de la Armada, interpone recurso de apelación en subsidio contra la resolución de la a quo que en la etapa de ejecución de sentencia hizo efectivo el apercibimiento y le impuso astreintes con retroactividad hasta el efectivo pago de la condena. Cabe destacar que el art. 109 de la ley 18.345 establece como principio general la irrecurribilidad de las resoluciones dictadas en la etapa de ejecución salvo que se configure alguno de los supuestos de excepción que dicha norma contempla. El régimen especial del que goza el Estado Nacional en sus distintas formas es el otorgado entre otras normas por la denominada Ley de Consolidación sobre deuda pública (ley. 23.982 de 1991) y la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto (Ley 11.672). Esta última en su art.170 dentro del cap. II referido a la inembargabilidad de los fondos públicos, establece de manera detallada los plazos y el procedimiento aplicables en caso que el Estado Nacional o algunos de los entes u organismos que integran la Administración Nacional resulte condenado al pago de una suma de dinero en virtud de un pronunciamiento judicial. Esta normativa obliga al estado a prever la cancelación del crédito que no pueda ser atendido por falta de partida, mediante una reserva en el ejercicio presupuestario siguiente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado en autos "Giovagnoli c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ cobro de seguro" que la referida inembargabilidad no ampara al Estado cuando se encuentra en situación de incumplimiento y por ende no obsta a la ejecución de las sentencias que se encuentren en las condiciones descriptas en la ley 23.982. En el contexto de incumplimiento de la demandada, y de conformidad con el criterio del Alto Tribunal en el fallo referido, se advierte como innecesario haber seguido intimándola a cumplir con la acreditación del pedido de reserva presupuestaria, pues tal como surge de los considerandos del dictamen fiscal y del fallo de la Corte Suprema, la vía ejecutiva se encontraba plenamente habilitada, tornando improcedente la pretensión de la demandada de incluir la deuda un año más tarde. Se propicia dejar sin efecto las astreintes dispuestas en grado. (Del voto del Dr. Perugini, en mayoría)
Fallos de la Corte Suprema, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, despido sin causa
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Butowickz, Juan Pablo  c/ Administración General de Puertos del Estado  s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

De conformidad con la doctrina de la CSJN las medidas cautelares no exigen el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud. El juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (CSJN, Fallos: 305:2060 y 315:2956, entre otros). Se encuentra demostrado el "funus bonis iuris", ya que el actor ha acreditado que la relación que unió a las partes se extinguió por el despido sin justa causa dispuesto por la demandada, Administración General de Puertos del Estado, no siendo materia de debate la aplicación al vínculo del CCT N° 1679/23, celebrado entre la demandada y la Asociación del personal de dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos Argentinos. El CCT N° 1679/23, aplicable al caso, establece el requisito de la instrucción de sumario administrativo previo a la extinción del vínculo, lo cual fue omitido en el caso. Es decir, se encuentra reunido el presupuesto de verosimilitud del derecho, entendido simplemente como la posibilidad de que ese derecho exista y no como una incontrastable realidad, que sólo podría quedar establecida al cabo del proceso de conocimiento, en la sentencia definitiva. El peligro en la demora resulta del hecho de que el apartamiento del empleo durante la tramitación del proceso provocaría al actor un daño de tardía o difícil reparación posterior. Cabe decidir la procedencia de la medida cautelar, no correspondiendo por el momento expedirse sobre las costas, sin perjuicio de lo que se resuelva al decidirse el fondo de la cuestión.
Denegatoria del recurso, caución real
Materia: LABORAL
Carátula: Ippolito Rubén Darío  c/ Galeno ART S.A.  s/ accidente -ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-25

El actor interpuso recurso de apelación contra la decisión de grado que contraría lo resuelto por la CNAT, al revocar el auto apelado que exigía al actor prestar caución real para la percepción de la suma depositada por la demandada. Destaca que en tal resolución se afirmó que la queja no obsta a la ejecución de lo decidido en la sentencia de primera instancia y que en el caso no existía constancia en autos de resolución alguna del Máximo Tribunal, por lo que resultaba improcedente la exigencia de una caución real para la percepción del crédito. Lo cierto es, que de acuerdo al registro informático cotejado, se constata que han variado las condiciones existentes al momento en que la sala se expidió, toda vez que en la resolución cuya revocatoria se pretende, la causa principal ha sido requerida y recibida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante DEO 13291265 lo cual conduce a desestimar el recurso interpuesto.
Concursos, homologación del acuerdo, medidas cautelares, inhibición general de bienes, confirmación del acto jurídico
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Entre Rios Crushing SA c/  s/ concurso preventivo s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-11

Cabe confirmar la resolución en donde la juez de grado al homologar el acuerdo preventivo presentado en autos, dispuso mantener la inhibición general de bienes decretada. Ello en tanto el "régimen de administración" incluido en la propuesta solo contempla la administración de la sociedad por parte de sus representantes, y el levantamiento de la inhibición general de bienes y demás medidas cautelares dispuestas en relación con la concursada y/o sus directivos a partir de quedar firme la homologación, pero sin incluir el otorgamiento de garantías u otra forma de resguardo del patrimonio de la deudora. No se desconoce que, según la propuesta, la mayor parte de los créditos estarían siendo cancelados en un breve plazo. Sin embargo, lo cierto es que existen aún ciertas acreencias pendientes de verificar, gastos del concurso cuyo pago no ha sido acreditado aún, y el crédito del Banco de la Nación Argentina, a ser pagado en 14 años, venciendo la primer cuota al año de la homologación, respecto del cual deben otorgarse ciertas garantías acordadas que estarían pendientes de efectivización. En estas condiciones, el mantenimiento de la inhibición general de bienes aparece congruente con los principios de orden público contenidos en la LCQ 16 y 17 y con las restricciones que allí se imponen a fin de proteger el patrimonio del deudor, en tanto prenda común de los acreedores.
Fallos de la Corte Suprema, reglamentación de la ley, control de razonabilidad, facultades reglamentarias, jerarquía de las leyes, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Q M c/ Ministerio de Salud de la Nación - Programa Cannabis Ley 27350  s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chubut
Fecha: 2024-11-20

Conforme lo tiene establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la potestad reglamentaria reconoce límites por la subordinación debida a la ley que reglamenta, y su sentido debe ser estatuir proporcionada y razonablemente los medios para el mejor cumplimiento de aquella no pudiendo desnaturalizar la finalidad de la norma de rango superior, pues la reglamentación no puede nunca alterar el contenido de la ley y su ejercicio debe respetar siempre el principio de proporcionalidad.
Confirmación de sentencia, despido, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Leiva, Nancy Adela  c/ Vaena, Regina y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-18

La accionante cuestiona el rechazo de la demanda entablada contra los accionados-socios de las SRL demandadas, al entender que el sentenciante de origen habría pasado por alto que dicho reclamo halló cimiento en las previsiones de los arts. 59, 274 y 54 de la ley 19.550. Los codemandados, únicamente revistaron la calidad del cuentapartistas de las SRL, sin hacer lo propio en tantos administradores de aquéllas, ni tampoco de otros órganos de tales sociedades. Ello así, pues cuadra trazar determinantes distingos entre el régimen de responsabilidad de los administradores de la sociedad (arts. 59, 157 y 274 ley 19.550) y el sistema que disciplina idénticos fenómenos más con relación a los integrantes del ente (art. 54 ap. 3°), cuya activación luce restringida a la comprobación de que la sociedad encubre la consecución de fines extrasocietarios o constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o frustrar derechos de terceros. El principio general es que la personalidad jurídica no debe ser desestimada sino cuando se dan circunstancias de gravedad institucional, que permitan presumir fundadamente que la calidad del sujeto de derecho fue obtenida al efecto de generar el abuso de ello o violar la ley. Es la consecución de fines extrasocietarios y el abuso de la personalidad lo que genera su desestimación. Así, quedan excluidos de ese medio los incumplimientos de imperativos previstos en el ordenamiento normativo que -aun cuando irroguen perjuicios- no hallan génesis en una utilización desviada de la personalidad. Por ello debe procederse a desestimar la responsabilidad de los socios codemandados ya que no median circunstancias que habiliten a desvanecer la personalidad jurídica en el caso. Debe confirmarse el pronunciamiento apelado (Del voto de la Dra. Hockl, en minoría).
Crédito laboral, acción de repetición, verdad jurídica objetiva
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Carbonero Mancilla, Carlos Mario  c/ Club Atlético River Plate. Asoc. Civil  s/ ejecución de créditos laborales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-08

La Jueza de grado, señaló que el pago efectuado por River Plate Asoc. Civil a los abogados del actor con motivo del acuerdo celebrado en sede administrativa, en el marco de un reclamo iniciado por aquél con motivo de su desvinculación con el club, ha sido nulo por no cumplir con los requisitos establecidos por la ley 20.744 para el pago de los créditos laborales, dejando a salvo la acción de repetición que pueda hacerse valer conforme lo resuelto en sede correccional contra los abogados actuantes imputados en dicha causa. Tales requisitos son precisos y no dejan lugar a dudas sobre las formalidades que deberá reunir el pago de los créditos laborales. El art. 277 LCT no resulta aplicable al caso, desde que no alude a los pagos derivados de acuerdos extrajudiciales, sino que refiere expresamente a los que deben realizarse "en juicio". En tales condiciones no se encuentra motivo para quitar eficacia cancelatoria al pago efectuado por la demandada a través de los cheques, librados a nombre del actor, y entregados a quien aquél le otorgó poder suficiente para ello, sin que la circunstancia de que eventualmente el dinero no haya llegado a manos del demandante pueda serle imputable a la accionada, quien resultó ajena a las maniobras que luego de la entrega de los cheques pudieran eventualmente haber perpetrado sus ex letrados quien en la causa penal se sindicó como su representante, respecto del cual el actor no hizo mención alguna en la causa laboral e incluso, la entidad bancaria convalidó los endosos realizados por la apoderada, contra quienes eventualmente el actor podrá ejercer las acciones que pudieran corresponder. (Del voto del Dr. Perugini, en mayoría. La Dra. Cañal, en minoría, sostiene que toda vez que las resultas de la causa penal hacen a la verdad jurídica objetiva, corresponde suspender el procedimiento y diferir el pronunciamiento hasta que medie sentencia firme en sede penal, sin que ello implique consideración alguna sobre las cuestiones sustanciales objeto del debate).