Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-22


SENT Nro. 1016 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 22 DE DICIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Pacheco, Elsa María vs. Suc. de Juan Tawil y otra s/Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, con fecha 18 de febrero de 2003 (fs. 380/384), la parte demandada a través de apoderado interpone recurso de casación, el que es concedido por auto del 31 de julio de 2003 (fs. 441 y vta.). Consta en el informe actuarial de fs. 447 que ninguna de las partes ha presentado memorial facultativo.

2.- El fallo atacado acoge parcialmente la demanda por la suma de $ 41.835,92, en concepto de diferencia de salarios impagos, vacaciones 1999 y sueldos anuales complementarios, absolviéndolo en los demás rubros reclamados.

Impone a la demandada las costas propias, más el 50% de las generadas por la actora y regula honorarios a los profesionales actuantes.

Considera probada la relación laboral, sin que aparezca la justa causa del despido indirecto probada y la extinción hubiera resultado arbitraria.

Recepta sí el rubro diferencias de salarios impagos, SAC 1998 y 1999 íntegros y vacaciones de este último año, cuya liquidación efectúa la planilla respectiva.

3.- La expresión de agravios comienza con una referencia a los requisitos formales de admisibilidad, incluido el ofrecimiento del afianzamiento y una síntesis de los antecedentes del caso.

Centra su ataque en la no consideración de la defensa de prescripción opuesta por todos los demandados, sobre el rubro diferencia de haberes en los respectivos respondes, imputando, cita jurisprudencial mediante, arbitrariedad a la sentencia que ha omitido el tratamiento del punto.

Finalmente plantea que el fallo en crisis ha hecho resurgir un derecho que por la acción del tiempo estaba fenecido aseverando incluso la innecesariedad de la articulación de esa defensa para el tratamiento y procedencia de la prescripción.

4.- Reexaminada la admisibilidad del recurso intentado, se advierte temporánea interposición contra sentencia definitiva, cumplimiento del afianzamiento y motivo casatorio bastante al haberse planteado y fundado la arbitrariedad, por lo que corresponde abordar la procedencia.

5.- La imputación de incongruencia al decisorio, obliga a examinar si la prescripción que se invoca, aparece introducida en tiempo oportuno, pues es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia que, en su correcta interpretación, la norma contenida en el art. 3962 del CC. exige a quien intente beneficiarse de una prescripción ganada, oponerla en su primera presentación en el juicio, pues de otra manera se presume que renuncia a prevalerse de ella (CSJTuc., sent. nro. 673 del 01/9/97).

En autos se advierte con claridad que mientras la Sra. Lara de Tawil sólo dice a fs. 137 que "todo lo que se peticiona en esta demanda se encuentra prescripto", tiene mayor contundencia y explicación lo dicho por los codemandados a fs. 158 vta. y 159, circunstancia determinante de que la presentación se explaye sobre el carácter necesario del litis consorcio, de manera que la defensa cumple en término con la posibilidad de su invocación.

La sola lectura de la sentencia en crisis deja ver a las claras la omisión del tratamiento de la pretensión, pues "habiendo sido introducida la defensa de prescripción por la accionada, corresponde al juzgador determinar la naturaleza de la relación jurídica y el plazo aplicable, aún frente al error en que hubieran incurrido las partes al fundar la citada excepción. Decidir cuál es la norma aplicable, constituye una facultad irrenunciable para el órgano jurisdiccional, de conformidad al principio iura novit curia" (CSJTuc., sent. nro. 353 del 18/5/2001).

De manera que aparece afectado en autos el principio de congruencia que impone que la sentencia deba ajustarse a los términos en que queda trabada la litis, íntimamente ligado al principio constitucional de defensa en juicio.

En virtud del art. 14 del CPTT, debe aplicarse lo dispuesto por el art. 273, inciso 6° del CPCCT, el que requiere que una sentencia definitiva debe ordenar "la decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a las acciones deducidas, declarando el derecho de las partes, condenando o absolviendo de la demanda y reconvención en todo o en parte".

Acerca de dicha disposición se advirtió que "exige una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone, como es obvio, la adecuación del pronunciamiento a los elementos de la pretensión deducida en el juicio (sujeto, objeto y causa). Se trata de la aplicación del denominado principio de congruencia, que constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo y reconoce, incluso, fundamento constitucional, pues como lo tiene reiteradamente establecido la Corte Suprema de la Nación, comportan agravio a la garantía de defensa (art. 18 CN), tanto las sentencias que omiten el examen de cuestiones oportunamente propuestas por las partes, que sean conducentes para la decisión del pleito, como aquéllas que se pronuncian sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso" (CSJTuc., sent. nro. 599 del 29/7/2002).

De allí que la sentencia deba ser revocada a tenor de la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria la sentencia que omite pronunciarse sobre la prescripción liberatoria de los créditos emergentes de una relación de trabajo planteada oportunamente por los demandados", y en consecuencia disponer se reenvíen las actuaciones a la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponda dicte nuevo pronunciamiento.

6.- Las costas del recurso se imponen en el orden causado, por provenir la nulidad de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPTT y 106 CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, con fecha 18 de febrero de 2003 (fs. 380/384), en base a la doctrina legal dictada y disponer se reenvíen las actuaciones a la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponda dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, como se tratan.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO