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Improcedencia del recurso, confirmación de sentencia, préstamo bancario, bancos, daños y perjuicios, sanciones conminatorias, multa civil, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE TUCUMÁN, facultades del juez, temeridad o malicia, negligencia procesal, incumplimiento de los deberes procesales, potestad disciplinaria, dirección del proceso
Materia: PROCESAL-BANCARIO-CIVIL-PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Quiroga Pablo Eliseo c/ Banco Patagonia s/ Daños y Perjuicios - Expte. Nº 339/18-A6
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-03-14

No cabe hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Banco Patagonia en la causa que por daños y perjuicios le fuera iniciada, en el marco de un debate relativo a un préstamo bancario, confirmando en consecuencia el monto de las sanciones conminatorias dispuestas a favor del actor y la multa impuesta al accionado, pues se encuentran enmarcadas en los artículos 23 a 26 del Código Procesal provincial, toda vez que la dirección del proceso es inherente al ejercicio de la jurisdicción, pudiendo los jueces en el marco de sus facultades disciplinarias, sancionar con multa a quienes incumplan sus deberes procesales y ostenten una conducta procesal maliciosa.
Hecho notorio, inversión de la carga de la prueba, falta de personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CITIBANK N.A. c/ BOBILLO MINERALES S.A. s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S131 - 221)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-10-06

El hecho notorio no necesita probarse por quien lo alega, pues de lo contrario el proceso caería en un formalismo absurdo e inútil, sin perjuicio que la parte perjudicada por la notoriedad pruebe que, pese a ella, el hecho es falso. Por ello, es que el hecho debe invocarse, para que respetando el contradictorio, el otro litigante pueda arrimar al proceso los elementos que desvirtuén las consecuencias que del mismo puedan derivarse.

Si la entidad bancaria que otorgó el poder al actor, es la misma que actualmente ha cambiado de denominación, hecho que por otra parte en el ámbito local es de general divulgación, corresponde rechazar la excepción de falta de personaría. Es que si frente a ese hecho notorio el demandado no acerca prueba que lo desvirtúe o demuestre su falsedad, debe tenerse por acreditado el poder conferido al actor.
Poder Ejecutivo, funcionarios públicos, Poder Legislativo, leyes, responsabilidad del Estado, política cambiaria
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Buenos Aires Eximport  S.A. c/ Estado  Nacional  (Ministerio  de  Economía,  Hacienda  y Finanzas) y otros s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Si bien las declaraciones de funcionarios del ejecutivo y las leyes del Congreso reflejan la intención de desarrollar un plan en materia de variables económicas, la diferencia radica en la incidencia que puedan tener sobre la conducta de quienes intervienen en el mercado puesto que no puede pasar desapercibida la distinta jerarquía constitucional ni el poder público del cual emanan, que conduce a una valoración, también distinta, de su repercusión en el patrimonio de los que invoquen algún perjuicio especial y significativo.
Libertad de prensa, fuentes de información, derecho a la información, responsabilidad civil, responsabilidad penal
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Costa, Héctor Rubén c/  MCBA  y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

En relación con las fuentes, mientras un diario diga la verdad persiguiendo un interés público, resulta claro que no puede merecer reproche judicial de ninguna especie ni estar obligado a pagar resarcimiento civil o pecuniario. Esto no significa impunidad ni privilegio, ni erigir al derecho de prensa, y por extensión al de información, en un super derecho. De ahí que la difamación hecha por la prensa puede perseguirse mediante acción civil o acción penal toda vez que si grande es la libertad, grande también debe ser la responsabilidad.
Recurso de apelación (procesal), Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Santa María Sociedad Anónima Inversora y Financiera c/ Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

La sentencia cuestionada, ha sido coherente al ligar base imponible reducida con actividades que tributan bajo una tasa agravada por disposición legal (arts. 32 inc. 39, art. 35 incs. 3,8,12 de la O.T. y art. 122 de la O.F.).
Acta de secuestro, firma de testigos, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VARELA, Javier s/ nulidad Causa nro. 12.236
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-17

Este Tribunal ha sostenido reiteradamente que lo relativo a la presencia y actividad de los testigos en un procedimiento no hace a la nulidad del acta sino a su valor probatorio.
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino c/ Bustamante s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

En el análisis previo del saldo deudor de una cuenta corriente bancaria el Juzgador tendrá que mirar objetivamente si dicho saldo fue certificado, con las firmas del gerente y contador, y sin que pueda entrar o averiguarse si la liquidación es correcta y el tipo de procedimiento utilizado. Lo contrario implicaría anular en muchos casos el beneficio de la acción ejecutiva que es esencial en el crédito bancario.
Juicio ejecutivo, juicio de apremio, recursos, tribunal de alzada, competencia funcional, trámites judiciales
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TORRES EDGARDO J. Y OTRO s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-20

Los Tribunales de Alzada gozan de las atribuciones de verificar "ex oficio" la presencia de los requisitos condicionantes de su competencia funcional, porque el orden de las instancias, en tanto consulta un interés público, emerge exclusivamente de la ley y no admite prórroga de parte (art. 1ro del C.P.C.). Y, plausibles razones de economía procesal aconsejan ejercitar esta facultad en cualquier momento, en la segunda instancia.Así los recursos de nulidad y apelación que motivan la intervención de la Cámara no se presentan formalmente admisibles toda vez que por expresa y categórica disposición del art. 927 de la compilación formal, la sentencia de remate recaída en juicio de apremio es irrecurrible para el demandado; lo que autoriza a dejar sin efecto el proveído de concesión dictado por el juez de primer grado.-
Ejecución fiscal, regularización impositiva
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Terminales Portuarias Argentinas SA s/ queja por recurso de inconstitucio- nalidad denegado" en: "GCBA c/ Terminales Portuarias Argentinas SA s/ ejecución fiscal - Plan de facilidades de pago recurso de inconstitucio- nalidad denegado" en: "GCBA c/ Terminales Portuarias Argentinas SA s/ ejecución fiscal - Plan de facilidades de pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-05

La solicitud de acogimiento a un plan de facilidades tiene el carácter de declaración jurada. La declaración con que se acoge el obligado al plan de facilidades genera responsabilidad cuando incluye información inexacta y constituye una declaración jurada, que puede tomar el lugar de una omitida o aún poner en evidencia la inexactitud de una presentada. Mantiene su validez como determinación del tributo hasta tanto la autoridad de aplicación la impugne y determine por sí la obligación tributaria observando el procedimiento previsto en la ley.
Inconstitucionalidad, obras sociales, tributos
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: Galeno Argentina S.A. c/ E.N. - Ministerio de Salud de la Nación - Suprintendencia de Servicios de Salud s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-23

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 25 de la ley 26.682 y del art. 25 de su decreto reglamentario (1993/11), dejando sin efecto la Resolución Nro. 1769/14 de la Superintendencia de Servicios de Salud por medio de la cual se establece una matrícula anual que debe ser pagada obligatoriamente por las entidades de medicina prepaga a fin de obtener la habilitación para comerciar. En este sentido, la ley cuestionada ha delegado la atribución de fijar el monto de la matrícula anual sin fijar pautas o límites en relación al tributo creado, lo cual convierte al órgano delegado en creador "de hecho" del tributo, ya que le otorga la absoluta libertad para decidir la alícuota, modo de percepción, y cálculo.
Pueblos originarios, solicitud del beneficio, admisibilidad formal, sistema interamericano de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ECUADOR, prueba, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, empresa privada, gastos del proceso
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku c/ Ecuador s/ Resolución del Presidente de la Corte #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ Ecuador s/ Resolución del Presidente de la Corte #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ Ecuador s/ Resolución del Presidente de la Corte Resolución del Presidente de la Corte
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-03-03

Resulta procedente la solicitud interpuesta por el representante del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku para acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana -en el caso en que demandaron al Estado ecuatoriano, por cuanto la explotación petrolera llevada a cabo por una empresa privada autorizada por dicho Estado, habría puesto en riesgo vital a la Comunidad- pues, tal como ha quedado suficientemente probado, su economía es de autosubsistencia, sin actividad remunerativa alguna, resultándoles imposible hacer frente a los gastos derivados del proceso ante el Tribunal.
Derecho procesal, competencia, competencia por la materia, competencia comercial, medicina prepaga
Materia: COMERCIAL
Carátula: Magdalena, Alicia Lila c/ Osde Organizacion de Servicios Directos Empresarios s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

En el marco de una acción iniciada a fin de que se dejen sin efecto los aumentos dispuestos por la demandada por razones etarias y se abstengan de aplicar otros incrementos por las mismas circunstancias, reintegrándose lo percibido por tales conceptos junto con los intereses y, además, el pago de los daños y perjuicios que habría sufrido, corresponde entender al fuero comercial.

Ello así, en la medida que la demanda está centrada en la relación contractual de la prestataria del servicio de salud con la afiliada y apunta a aspectos del contrato de naturaleza netamente mercantil, como ser los vinculados con el precio de la cuota, sin que se reclame el cumplimiento de normas nacionales que implementan el sistema nacional de salud, no se vislumbra que la acción pueda incidir en dicho sistema.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, demanda, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rebagliati, Carlos Alberto c/ Caja  de  Previsión  Social  para  Abogados de la Provincia de Buenos Aires. s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-08

La determinación de las cuestiones comprendidas en la litis o la extensión de las peticiones de las partes constituye como regla un tema ajeno a la instancia del art. 14 de la ley 48, conclusión que cabe hacer extensiva al alegado apartamiento de los precedentes jurisprudenciales existentes en la materia debatida.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, delitos, robo con armas, extorsión
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: P, C M s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad - Robo   Calificado por el uso de arma (Expte.: C.S.J. Nro. 419 año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

No puede prosperar los reproches esgrimidos por el impugnante, al considerar que el A quo aplicó "...una norma penal que no corresponde al caso en cuestión...", así como, que el criterio vertido al calificar el hecho como extorsión y no como robo simple es totalmente equivocado, habiendose prescindido de la aplicación del principio "in dubio pro reo". Por cuanto en el caso, respecto a la calificación jurídica del hecho, el tribunal reconoció que asiste razón al impugnante en cuanto a que la falta de secuestro del arma y la inexistencia de toda otra prueba imposibilitan determinar la idoneidad de la misma para actuar como tal, por lo cual concluyó que "por aplicación del principio 'in dubio pro reo' no puede tenerse por comprobada su capacidad dañosa, como para subsumir la conducta ilícita dentro del supuesto de la figura del robo con armas..." y en ese orden, los sentenciantes interpretaron que "... al no existir en el robo como medio de concreción, la intimidación, el desapoderamiento logrado con el uso precisamente de intimidación provocado por un arma nos coloca frente a la tipificación de la extorsión..." modificando por lo tanto el encuadramiento de la conducta, pero no los hechos atribuidos al imputado.
Nombre, cambio de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: R., F.S. s/ INFORMACION SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-28

Si la utilización del apellido materno por parte de la peticionante a lo largo de toda su vida ha sido de buena fe, ya que era deber de los progenitores, luego del reconocimiento paterno, realizar el pertinente trámite ante el registro para obtener la modificación del documento, creando así la convicción relativa a la titularidad de un apellido que no era el que legalmente le correspondía, frente a tales circunstancias cabe considerar que se ha creado una situación de hecho que constituye los "justos motivos" exigidos por el art. 15 de la ley 18.248 para habilitar el cambio o sustitución del apellido, toda vez que la peticionante no es responsable por la negligencia de sus padres.
Demanda, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Andreozzi, Roberto José c/ Boite Le Lac y/o Responsables s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-04-06

Los hechos alegados por las partes en cumplimiento de sus respectivas cargas introductorias son susceptibles de beneficiar tanto a quien los formuló como a su contraparte. Son o no relevantes para la solución del pleito con total independencia de quien sea el encargado de acreditarlos y de la suficiencia o insuficiencia de la prueba que se incorpore a tal efecto.
Recurso de revisión (procesal), sobreseimiento provisional
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Uceda, Roque en j: Iglesias, Antonio c/ Roque Uceda s/ Cumplimiento de contrato - Revisión (Libro: A019A-457)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1952-06-10

La declaración de falsedad de las pruebas o documentos en que se base un recurso de revisión, debe producirse en sentencia definitiva (art. 26 in fine Constitución Provincial); dicho requisito no se cumple si media sólo un sobreseimiento provisional.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, concurso preventivo, verificación de créditos, incidente de revisión, trámites judiciales, juicio ejecutivo, pagaré, acción cambiaria, LEY DE CONCURSOS
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: MICHELINI VDA. DE BERNARDI, CLELIA MARIA ROSA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- CONCURSO PREVENTIVO- INCIDENTE DE   REVISION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 582 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-04

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto - no obstante remitir al examen de cuestiones de índole probatoria y jurídica-, toda vez que, sin desconocer el alto grado de polémica que presenta la materia debatida, los fundamentos brindados por la Cámara en orden a fundar su conclusión en favor de la verificación del crédito insinuado se apartan de la recta inteligencia de la norma legal aplicable, a la luz de las circunstancias particulares del caso planteado.

Ello así, pues no se puede desconocer que -en definitiva- el acreedor no ha logrado cumplir en debida forma con la carga de declarar y acreditar concretamente (mediante un relato plausible) la causa de su crédito, entendiendo por tal -al tratarse de un pagaré recibido por endoso- al conjunto de circunstancias determinantes del mismo, es decir la relación que motivó la transmisión que a él se le efectuó, a pesar de que dicha carga (impuesta por el artículo 32 de la ley concursal) también resultaba plenamente operativa a su respecto -entre otros extremos- por la necesidad de impedir que el síndico y los demás solicitantes de verificación queden huérfanos de información a la hora de evaluar/cuestionar la legitimidad del crédito, como así también del endoso.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iturrieta de Carmisciano, Victoria c/ Rey, Elida s/ Incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07

El agravio moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos.-
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, rechazo in límine, pagaré, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Ciudad De Buenos Aires c/ Schiavi, Natalia del Valle s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-23

Procede revocar la resolución que decretó la nulidad de la documentación base de la ejecución - pagarés- y, por ende, rechazó la acción ejecutiva intentada. Ello por cuanto, es sabido que los procesos de ejecución tienen por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los títulos judiciales o extrajudiciales que, de acuerdo con la ley, autorizan a presumir certeza en el derecho del acreedor. Su objeto no consiste en declarar la certeza de un derecho sino en satisfacer una prestación. Ahora bien, en el caso no se accionó en virtud de cierto contrato de un mutuo, sino en pos de un pagaré, por lo que la nulidad del título ejecutado, decretada con fundamento en inferencias con elementos que resultan ajenos a la literalidad de dicho documento, se muestra prima facie improcedente atendiendo a la naturaleza de este trámite.- Es que la literalidad, común a todos los títulos circulatorios, conlleva a que su contenido, extensión y modalidad de ejecución y todo otro posible elemento principal o accesorio del derecho cartular sean únicamente los que resultan de los términos en que están concebidos los instrumentos, por lo que, desde tal perspectiva, los elementos extracartulares únicamente valdrían cuando se hace mención a ellos en el título y en los términos de dicha mención (véase Winitzky, "Títulos circulatorios", p. 85; esta CNCom, esta Sala A, 6/11/07, "Olivella Jorge Gabriel c/ Coronel Teresa s/ Ejecutivo").- Y si bien es cierto, en el caso, que la parte actora reconoció que la relación que unió a las partes encuadra en una relación de consumo, ello no autoriza a avanzar sin más sobre la relación subyacente del modo en que se hizo en la instancia de grado, sin sustanciación y máxime, sin que mediara petición de parte interesada en tal sentido.
Juicio ejecutivo, intimación de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: SABA, Ana María c/ GARCIA, Antonio Felix y otro s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-02-15

Cuando la notificación cumplida resulta inidonea para tener por superada la primera etapa del proceso ejecutivo, se considera que el requerimiento de pago y la citación para oponer excepciones no se ha practicado, por lo que no se puede trabar embargo ejecutorio, el que sólo resulta procedente ante la negativa del pago que se hubiere requerido.-
Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, recurso contencioso administrativo, verosimilitud del derecho invocado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Eduardo José c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar   (Expte. CSJ Nº 838-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-25

Habiendo resuelto la Corte local que el caso correspondía a su competencia contencioso administrativa, dejó sin efecto la cautelar despachada por el juez ordinario en su oportunidad por ser conculcatoria de lo establecido en el artículo 93 inciso 2, de la Constitución provincial, por lo tanto no puede prosperar el pedido de la actora de que se dicte "una nueva cautela" fundada en "las obvias razones derivadas de la situación social imperante", y que de su actividad "dependen aproximadamente trescientas familias", pues prescinde, absolutamente de la cuestión vinculada a la legitimidad del obrar de la Administración y, en definitiva, de la verosimilitud del derecho del que dice ser titular, que, sabido es, constituye presupuesto básico para la procedencia de las cautelares en general.
Funcionarios judiciales, remuneración del personal judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antonelli, Jorge O. c/ Gas del Estado S.E. s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

"El art. 2° del decreto 1770/91, sustituido por el decreto 2024/91, extendió lo dispuesto en el art. 1° a todos aquellos funcionarios judiciales que por remuneración o jerarquía se encontraran equiparados a los jueces nacionales de acuerdo con lo determinado por las siguientes normas: art. 3° de la ley 19.108, sustituido por Ley 22.866; art. 26 de la Ley 4055; art. 9° de la ley 18.345 y artículos 88 y 102 bis del Reglamento para la Justicia Nacional". (Ver esta Sala, "Cicciaro", del 27/4/95, y "Casanbón", del 15/8/95, para empleados del Poder Judicial de la Nación).
Caducidad de instancia, segunda instancia, incidentes, copias, demora en la elevación de los autos, impulso de parte
Materia: CIVIL
Carátula: SCHWARTZMAN MIRTHA ALICIA Y OTRO c/ HOJMAN RUBEN EVAR s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS - CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-23

No puede hacerse aplicación de lo prescripto por el art. 313, inc.

3, del Código Procesal que establece la improcedencia de la caducidad cuando el trámite depende de una actividad propia de oficial primero, cuando, si bien se acompañaron copias para la formación del incidente previsto por el art. 250 del código citado, la formación del mismo no fue ordenada por el juzgado, por lo tanto estaba a cargo del interesado activar la instancia para mantener vivo el recurso, por lo que transcurrido el plazo previsto por el art. 310, inc. 2, desde la fecha de concesión del recurso, cabe tener por operada la caducidad de la segunda instancia.