marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excepción de prescripción, suspensión del plazo, accidentes de trabajo, SECLO
Materia: PROCESAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Grasso, Alejandro  c/ Swiss Medical y otro  s/ accidente- ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

El accionante se queja porque el Magistrado de grado admitió la excepción de prescripción opuesta por la accionada. Agrega que el judicante no advirtió la presencia de un conflicto normativo por concurrencia de disposiciones legales que establecen efectos distintos a un mismo acto. La acción que da derecho a percibir una prestación por incapacidad permanente parcial (IPP), prescribe a los dos años contados desde que concluye el período de incapacidad temporaria. El art. 44 de la L.R.T. debe ser interpretado en forma armónica con lo dispuesto en los arts. 7° y 9° -apartado 2- del mismo plexo legal, por lo que el cómputo del plazo prescriptivo, en el marco del sistema de riesgos del trabajo se inicia a partir del alta médica otorgada antes de que trascurra el año desde la ocurrencia del episodio accidental o bien al cumplirse un año desde el acaecimiento del infortunio o desde el comienzo de la I.L.T., si durante el transcurso de ese año no se hubiera otorgado el alta médica definitiva. En el caso la acción se halla alcanzada por la prescripción liberatoria, habida cuenta que la demanda fue presentada cuando ya había transcurrido el plazo de dos años que prescribe el art. 44 de la L.R.T., sea que se contabilice desde la fecha del dictamen de la Comisión Médica o bien desde la fecha en la que se cumplió un año desde la ocurrencia del infortunio. El art. 7° de la ley 24.635 en su segundo párrafo, establece que la presentación del trámite suspende el curso de la prescripción por el término que prevé el art. 257 de la L.C.T., de modo que fue el propio legislador quien determinó cuál es el efecto que debe asignarse al inicio de las actuaciones administrativas -suspensivo- y solo remite al art. 257 para hacer referencia al plazo de seis meses por el que opera la suspensión, por lo cual el conflicto normativo por concurrencia al que alude el actor resulta inexistente. Además, no cabe soslayar la doctrina sentada por esta Cámara en el acuerdo plenario Nro. 312, autos "Martínez c. YPF s. Part. Accionariado Obrero". En el contexto del artículo 7° de la ley 24.635 no se ajusta la suspensión del plazo de prescripción a la duración del trámite conciliatorio, aunque dure menos de seis meses. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Derechos y garantías constitucionales, deberes de la administración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A. E. Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-09

De nada sirve contar con numerosos centros educativos en los distintos niveles de instrucción si tales sitios no pueden ser utilizados plenamente por la comunidad educativa o su goce importa un peligro para su vida, su salud, su integridad, o su seguridad. Máxime si ya existentes dichos espacios, su inutilidad o uso restringido se debe a la omisión en el deber de cuidado del propio estado local.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, automotores
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: SAN CRISTOBAL SASG c/ OSELLA DE VARVELLO, NORMA ESTELLA s/ CONSIGNACION     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 445-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-02-08

El agravio del quejoso relativo a la irrazonabilidad de la opción dada como condena subsidiaria, que para el caso de que la condena principal se torne de cumplimiento imposible, establece que su parte podrá liberarse abonando su valor de adquisición en plaza al día, más el importe del impuesto a la transferencia que hubiere correspondido, tiene suficiente asidero en las constancias de autos y resulta idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria intentada por supuesta violación del derecho a la jurisdicción.

Voto de la mayoría. En disidencia Dr Barraguirre.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, bienes del Estado, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE) c/ ROJAS, CARLOS Y OTRO s/  LANZAMIENTO LEY 17.091
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-24

La Agencia de Administración de Bienes del Estado promovió el lanzamiento contra los ocupantes de un inmueble, entre los que se identificó a una menor. En la instancia de origen se dio intervención al Ministerio Público de la Defensa, que se presentó, y solicitó la inconstitucionalidad de la ley 17.091 y el rechazo de la acción. La Sra. rechazó lo planteos e hizo lugar al lanzamiento. El referido organismo apeló la decisión y, asimismo, solicitó la celebración de una audiencia con el objeto de arribar a una solución del caso. La Alzada hizo lugar al recurso, revocó la decisión y desestimó el lanzamiento. A tales fines, destacó que no se encontraba debidamente acreditado que se tratase de un bien de dominio público del estado, requisito ineludible. Por lo demás, declaró inoficioso tratar el planteo de inconstitucionalidad y rechazó la solicitud de una audiencia, por exceder el estrecho marco de acción del proceso.
Administración Pública, facultades reglamentarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CESPEDES GRACIELA LILIANA Y OTROS c/ ESTADO PROVINCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-26

La Administración puede extinguir o modificar un reglamento en cualquier momento, no quedando la misma autolimitada para el futuro por el contenido de decretos precedentes ni por el alcance que de éstos se hubiera observado con anterioridad a la modificación, por cuanto de entendérselo así, implicaría la paralización de la evolución del derecho en la parte cuya regulación le compete legalmente a la Administración Pública, agregando que en este sentido, la derogabilidad de los reglamentos o su modificación encuentra las mismas razones y límites que la derogación o modificación de las leyes.-
Locación de obra, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: WYSZOGROD, José c/ PERLMUTTER, Bernardo s/ COBRO DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

El comienzo de la prescripción decenal del derecho al precio de la locación de obra, se origina con el cumplimiento de la obligación de resultado por parte de su locador, aunque se hubieran pactado adelantos o anticipos del precio. Ello es así, por cuanto éstos no son genuinos "pagos a cuenta", ya que no tienen el efecto jurídico del pago, en el sentido de que no se trata del cumplimiento de una prestación pactada (art. 725 del Código Civil), porque la obra, como resultado a obtener, debe ser objeto de recepción o de mora en la recepción por parte del comitente.-
Daños y perjuicios, daño emergente, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Juan Carlos Antonio c/ Repetto, Carlos Omar y/o quien resulte responsable s/ Indemnización de Daños y Perjuicios. Fernández, Juan Carlos Antonio c/ Repetto, Carlos Omar y/o quien resulte responsable s/ Indemnización de Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-05-08|1992-05-08

La falta de prueba concreta sobre el monto del daño emergente no constituye obstáculo insalvable a la admisión del reclamo, puesto que éste puede ser mensurado por el juzgador (art.165 CPCC), partiendo a tal efecto del precio de venta de la mercadería detallada(diarios, revistas y tapas de encuadernación) y deduciendo de éste los beneficios o ventajas derivados de la circunstancia de que esos ejemplares podían tener otro destino productivo para el actor, disminuyendo o compensando de este modo el contenido del daño.
Acción de amparo, Constitución Nacional, defensa del consumidor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DECOVI s/ Amparo Colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-01

El supuesto previsto por el artículo 43, párrafo 2 de la Constitución Nacional presupone que el derecho o interés que aduce el afectado para entablar la acción de amparo presenta un adecuado nexo con su situación personal, que puede ser real como potencial y que no será exclusivamente de él.

En consecuencia, tal supuesto no es un caso de acción popular, pues la legitimación no se reconoce a cualquiera sino a quienes participan de un determinado interés colectivo como es clásico reconocer en el Derecho de los Consumidores.

Ello así, aun cuando todos quienes componen una sociedad compartan el mismo interés, pues en tal caso la legitimación no se inviste por ser cualquiera de ese grupo o sociedad, sino por participar en un interés tan amplio como cuantitativamente lo es el grupo o la sociedad.
Recurso de casación penal, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: SEREN EDUARDO OSVALDO c/ RODRIGUEZ SILVIA Y OTRAS s/ s.d. DE ABUSO DESHONESTO, VIOLACION, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-12-07

El recurso de casación es un medio impugnaticio extraordinario, de estricto rigor formal, que debe bastarse a sí mismo y cuando los agravios desestimativos están referidos a cuestiones de hecho y prueba, no evidenciándose arbitrariedad sino manifestando una simple discrepancia con el criterio del juzgador corresponde su rechazo.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, escribanos públicos, funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, peculado, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: C, O.E. s/ Malversación de caudales públicos. Recurso de inconstitucionalidad   (Expte CSJ Nº 380-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

La tesis que concibe al escribano como funcionario público o como profesional que cumple una función pública encuentra respaldo en importante doctrina y es la orientación que emana de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el sub-judice, habiendo sentado que el escribano podía ser considerado funcionario público a los fines de la autoría del delito por el que fuera procesado, y entendiendo que también concurrían los demás elementos previstos por el artículo 261 del Código Penal -sustracción de caudales cuya percepción le fuera confiada a aquél por razón de su cargo-, el A quo concluyó en la responsabilidad criminal del recurrente, solución ésta que encuentra justificación bastante en las reglas de nuestro ordenamiento, a la vez que tutela de manera razonable el bien jurídico comprometido en la causa, esto es, el cumplimiento regular de las actividades vinculadas a la formación y protección del patrimonio del Estado, que posibilitan el cumplimiento de los elevados fines que éste debe perseguir. Por tanto, fundado el pronunciamiento en una hermenéutica razonable de las normas en juego, que satisface las exigencias del artículo 95 de la Constitución de la Provincia, resulta insusceptible de descalificación a la luz de lo que impone el debido respeto del derecho a la jurisdicción. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Barraguirre).
Secreto fiscal, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, empleados públicos, AFIP
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: FIA (expte. 23.330/1581 y otros) y otro c/ EN - M° Economía- AFIP resol. IG 08/06 y otras s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

Es correcta la decisión del a quo de ordenar el suministro a la FIA -Fiscalía de Investigaciones Administrativas- de la información solicitada referida a las sumas abonadas a dos empleados de la AFIP en concepto de sueldos, viáticos, fondo estímulo, etc, pues no se trata de información amparada por la reserva del secreto fiscal, en tanto dicha reserva con que la que se ampara a las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que se presentan a la AFIP se limita a los datos que aquellas consignan sobre el estado patrimonial de los contribuyentes o responsables, por lo que no corresponde extender su aplicación a aquellos supuestos en los que no media la posibilidad de que tales manifestaciones o declaraciones puedan eventualmente utilizarse como armas contra aquellos.
Divorcio, abandono del hogar conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M.M.M.H. c/ D.R.D. s/ div - Vinc (LIBRO: S084 - 276)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-29

La sustracción por parte de alguno de los cónyuges a los deberes de cohabitación y asistencia, provoca el nacimiento de la causal de divorcio establecida por el art. 202 inc. 5 CCI, pero siempre que no existan causas graves que lo justifiquen.
Fallos de la Corte Suprema, inexistencia de cuestión federal suficiente, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Timerman, Héctor Marcos c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-11

Como reiteradamente ha sostenido la CSJN, el recurso extraordinario exige, entre otros requisitos, que la sustancia del planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal, lo que en la especie no ocurre. Tampoco cabe hacer la excepción de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, por cuanto, no se han demostrado defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual la defensa no ha conseguido acreditar en autos.
Sentencia, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: H., J. J. c/ L. R. S.R.L. y Otro s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-08-30

"Aún cuando se pudiera extraer otra conclusión con fundamento igualmente razonable, no es ello suficiente para impugnar de arbitraria una sentencia, cuando la misma cuenta con fundamentos bastantes que obstan a su descalificación como acto jurisdiccional ..."
Interpretación de la ley, derecho electoral, elecciones, Ley Orgánica de los Partidos Políticos
Materia: PENAL
Carátula: ALIANZA UNEN - CF c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE Y OTROS s/ PROMUEVEN ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-14

Teniendo en cuenta que el entendimiento de una ley debe atenerse a los fines que la inspiran y debe preferirse siempre la interpretación que los favorezca y no la que los dificulte, una adecuada interpretación de la norma electoral exige privilegiar, entre las posibles, la que respete con mayor fidelidad la eficacia de la libre manifestación de la voluntad política antes que priorizar una solución que pueda evitar conocer la expresión genuina del cuerpo electoral.
Procedimiento laboral, traslado de la demanda, nulidad de la notificación, domicilio social
Materia: LABORAL
Carátula: CANTEROS  SINFOROSO c/ RECREACION  Y  DEPORTES  S.A.  Y OTRO s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-20

No cabe hacer lugar al pedido de la notificación cursada al domicilio legal inscripto ante la Inspección General de Justicia y que según la nulidicente debió efectuarse en otro domicilio donde sostiene le había comunicada al actor, en el intercambio epistolar previo a la demanda, que le debia enviar todas las intimaciones. Ello así, toda vez que de la constancia emitida por la Oficial Notificadora diligenciante de la cédula mediante la que se corrió traslado de la demanda a la nulidicente, resulta que la codemandada recurrente fue efectivamente notificada y dicha notificación no fue redargüida de falsa por la nulidicente.
Superior Tribunal de Justicia, recusación, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: V, L s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad- Recepción  Declaración indagatoria y privación de la libertad del Juez de Paz   de Huanqueros-Recusación (Expte.: C.S.J. Nro. 122 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

Esta Corte, aunque con integración parcialmente diferente, ha sostenido que las recusaciones se dirigen contra los jueces individualmente considerados y no contra órganos jurisdiccionales pues sólo aquéllos pueden amar, odiar o tener intereses particulares. En tal sentido, y entendiendo que la recurrente recusa a los firmantes de las resoluciones que ataca, resulta claro que en lo referente a alguno de ellos, la cuestión de su inhibición se ha tornado abstracta, por haberles sido aceptada la renuncia al cargo.
Proceso judicial, reclamo administrativo previo, habilitación de instancia, acto administrativo de alcance general
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Pulli Elisa c/ E.N. -Ley 25.453 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-21

El "ritualismo inútil" traduce un principio jurídico que subsiste como tal no obstante haber sido normativamente suprimido por la reforma que la ley 25.344 (art. 12) introdujo al art. 32 de la ley 19.549, respecto del reclamo administrativo previo y aquél debe aplicarse también a los casos como el presente en que se atacó un acto de carácter general, ya que en diversas causas que han tramitado ante este fuero, la administración demandada se ha resistido al progreso de las acciones como la que aquí se pretende (Cons. VI).
Ejecución de la pena, salidas transitorias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: HERRERA, LUCIA MIRTA c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-04-04

Esta Corte -en mayoría- se ha pronunciado sobre la validez constitucional del artículo 56 bis de la ley 24660 frente a planteos de declaración de inconstitucionalidad fundados en la afectación a la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad; a los principios de proporcionalidad de la pena y culpabilidad por el acto y al principio de igualdad, en la causa "Belizán", precedente en el que se analizó pormenorizadamente cada uno de los principios constitucionales señalados e invocados por el condenado y que -a su criterio- resultaban vulnerados por la aplicación del impedimento previsto en la norma referida, no advirtiendo este Tribunal que tal obstáculo legal pudiera tildarse como contrario a mandas constitucionales, ratificándose así su constitucionalidad; y, sometido dicho pronunciamiento a revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de un recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa técnica, fue desestimado por vía de queja por el Máximo Tribunal, dejando de tal modo firme el criterio de este Cuerpo en orden a que la restricción establecida por el artículo 56 bis de la ley 24660 no merece reparos constitucionales. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhirió el Dr. Spuler. En disidencia: Dres. Erbetta y Gastaldi).
Posesión, pago de tributos, prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRASCO DIONISIO HIPOLITO s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-07-29

Para que el pago de impuestos reúna los recaudos exigidos por la ley sobre el tiempo de la posesión, deben haberse efectuado con periodicidad regular, no puede considerarse, como prueba complementaria el pago de estos en un solo acto.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acosta, Gregorio del Carmen c/ Versaci, Antonio y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-24

Si bien es público y notorio que las obras sociales no cubren determinados rubros o no lo hacen en su totalidad, no es menos cierto que la mayor parte de los gastos no lo soporta el afiliado sino la obra social respectiva, razón por la cual el monto de los gastos médicos -incluida rehabilitación- y de farmacia deben acordarse con suma prudencia y en función de un razonable ejercicio de la facultad que prescribe el art. 165 -3ra. parte- del Código ritual (arts. 375, 384, 163 inc. 5 Cód. Proc.; 499 y 1086 Cód.

Civil).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, competencia federal, cuestiones de competencia, ley procesal, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gastonjauregui, Jorge Raul c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo. Avocación (Artículo 2, Ley 11330) (Expte. CSJ Nº 536- 97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-03-11

No le corresponde a la Corte Suprema de Justicia Nacional determinar en concreto qué tribunal debe entender en conflictos jurisdiccionales locales, desde que su dilucidación resultará de la aplicación que hagan de las leyes de provincia los órganos judiciales que ellas contemplan.
Quiebra, informe final y distribución, proyecto de distribución, crédito observado, AFIP, improcedencia del recurso, oportunidad procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: AUSTRAL CONSTRUCCIONES SA S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE DISTRIBUCION DE FONDOS c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-26

Cabe confirmar la resolución que rechazó las observaciones de la AFIP al proyecto de distribución de fondos. Es que si bien el gravamen originado en cabeza de la sociedad fallida por la venta de un inmueble no tenía prioridad de cobro respecto de los acreedores de la quiebra, por lo que no era sujeto pasible de retención, al no hallarse la quiebra exenta del pago del impuesto a las ganancias, el organismo recaudador podía procurar el cobro del impuesto "en el supuesto de que exista un excedente, una vez pagados a los acreedores". En ese marco, la pretensión de la AFIP fue bien desestimada por la magistrada de grado pues, a la fecha, no se encuentra configurado el supuesto aludido en la resolución: la existencia de un excedente luego del pago a todos los acreedores. De ahí que, contrariamente a lo pretendido por la apelante, no corresponde reprocharle al síndico la falta de determinación y reserva en el proyecto de distribución del impuesto en cuestión pues, al margen de que no fue solicitado ni cuantificado antes de presentarse el proyecto, se trata de un crédito que aún no se originó, ya que el hecho imponible se encuentra supeditado a que exista un remanente, oportunidad en la cual corresponderá efectuar las previsiones para su pago.
Proceso penal, prisión preventiva, coronavirus, cuestiones procesales, prórroga de la prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Nelson Eduardo c/  s/ prórroga de prisión preventiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-20

Corresponde tomar nota de las prórrogas de prisiones preventivas respecto de Guillermo Fernando Varela, Nelson Eduardo Pérez y Walter Robinson Arteaga, dispuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, con invocación de las previsiones del art. 1° de la ley 24.390 (el 24/1/20 desde el vencimiento de la previamente acordada y hasta completar el plazo cuatro meses y con fecha 21/02/2020 desde el vencimiento de la previamente acordada y hasta completar el plazo de dos meses) en tanto se encuentran fundadas en las condiciones de la norma citada. La disidencia entendió que correspondía remitir las actuaciones a su procedencia a fin de que, con la celeridad que el caso impone, se dicte un nuevo pronunciamiento. Sostuvo que las resoluciones a estudio no han dado acabado tratamiento al reenvío dispuesto por la mayoría de esa Sala, con otra integración, en la causa N° FCR 3457/2014/TO1/28/1/CFC10 "Pérez, Nelson y otros s/ recurso de casación", Reg. nro.: 2783/19, rta. El 26/12/2019; a su vez añadió que la decisión resulta anterior al dictado de la Acordada n° 9/20 de la CFCP. Dres. Yacobucci y Mahiques - voto conjunto- y Slokar -disidencia-.