Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-16


_____Salta, 16 de marzo de 2018.

Y VISTOS: estos autos caratulados "Horteloup, Roberto Manuel c/ Rodríguez, Eduardo Bartolomé - sumario: daños y perjuicios por accidente de tránsito", Expte. Nº 132.161/5 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 7ª Nominación y de esta Sala Primera, Adscripción Nº 2, y ____________________ CONSIDERANDO:

El Dr. Ricardo N. Casali Rey, dijo: I. Que, a fs. 918 la Dra. Raquel Ramos, por derecho propio, interpone recurso de apelación contra el auto regulatorio de fs. 910 y vta.; el recurso fue concedido a fs. 920, en relación y con efecto suspensivo.

En su memorial de fs. 927 y vta. la mencionada profesional sostiene que le agravia el auto regulatorio en crisis, en razón de haberse omitido allí -en forma injustificada, según sostiene la apelante- considerar la labor consistente en la negociación y celebración del convenio agregado a fs. 840 y vta., por el cual, sostiene, se concretó la etapa de ejecución de sentencia.

Reseña los artículos 4º y 7º de la norma del Arancel (Decreto Ley 324/63) y expresa que el a quo incurrió en la citada omisión sin fundamentación alguna y a pesar de haber sido expresamente solicitado por su parte; sostiene que la regulación excluida debe hacerse sobre la base económica determinada en el referido convenio de fs. 840 y vta.

Corrido el pertinente traslado, no es contestado, en virtud de lo cual se tiene por caído el derecho dejado de usar (fs. 949, ap. II).

A fs. 1.036 se pone la causa a despacho, mediante providencia que se encuentra firme.

II. Que, el recurso fue interpuesto y fundado en término conforme surge de las constancias de fs. 912 vta., 918, 924 vta. y 927 y vta., respectivamente.

III. Que, habiendo entrado en vigor la ley 8.035, corresponde su aplicación para realizar la regulación solicitada, en virtud de lo dispuesto por su art. 46, toda vez que es la regulación practicada en primera instancia el objeto del presente recurso de apelación (CACC Salta Tomo 2018- AI:86).

Analizando el referido agravio con relación al auto impugnado, resulta que, efectivamente, se verifica la alegada omisión toda vez que dicho convenio implicó el modo en que las partes acordaron cumplir con la sentencia recaída en el proceso (cfr. fs. 840/841) circunstancia que, además, significó dejar sin efecto alguno los recursos interpuestos contra el mismo decisorio cuyo cumplimiento vino a concretar el ya reiteradamente aludido acuerdo de voluntades, razón por la que resulta claro que debió regularse por la etapa de la ejecución de sentencia, toda vez que no se trató de un modo anormal de finalización del pleito, sino de un modo de ejecutar -por vía de composición autónoma- la sentencia que puso fin al juicio._______________ Consecuentemente, corresponde acoger el recurso y proceder a regular los honorarios relativos a la tarea profesional cumplida para lograr el cumplimiento de la sentencia -omitida en la anterior instancia- y adicionar el monto resultante al determinado en el auto regulatorio de fs. 910 y vta., para lo cual habrán de aplicarse, como se anticipó, las disposiciones de la ley 8.035.

Puestos en esa tarea, debe tomarse en cuenta que estamos frente a un proceso sumario y que la apelante empezó a intervenir ya concluida la etapa procesal de producción de la prueba (cfr. fs. 677/679 y 692/694), por lo que hay que aplicar el art. 35 de la ley arancelaria, el cual considera dos etapas en los procesos de ejecución, a saber: "La primera, comprenderá el escrito inicial y las actuaciones hasta la sentencia, regulándose el cincuenta por ciento (50%); y la segunda, las actuaciones posteriores hasta el cumplimiento de la sentencia definitiva, regulándose el cincuenta por ciento (50%)", de deuda cabe concluir que la actuación de la Dra. Ramos incluye ambas, puesto que -aunque por vía de la autocomposición- implicó el cumplimiento de la sentencia.

Ahora bien, maguer la identidad de los textos normativos, no resulta razonable aplicar la ley arancelaria dando idéntico tratamiento a la fase de cumplimiento o ejecución de sentencia y al proceso sumario, respecto del cual el párrafo inmediato anterior al transcipto ut supra, el mismo art. 35 estipula: "Los procesos sumarísimos, sumarios, laborales ordinarios e incidentes, se considerarán divididos en dos (2) etapas. La primera comprenderá la demanda, la reconvención, sus respectivas contestaciones y el ofrecimiento de la prueba, regulándose el cincuenta por ciento (50%); y la segunda, las actuaciones sobre producción de la prueba y demás diligencias hasta la sentencia definitiva, regulándose el cincuenta por ciento (50%)", por cuanto implicaría tanto como duplicar la regulación, al tiempo que tratar del mismo modo situaciones clara y objetivamente distintas; con violencia a las garantías constitucionales de igualdad y propiedad y justa remuneración.

Ello no obstante y resaltando el señalado déficit normativo, pesa sobre los jueces el deber de resolver las causas sometidas a su jurisdicción, con arreglo a las pautas establecidas en la ley sustantiva (arts. 2º, 3º y ccds. C.C. y C.), en cuya virtud, en el caso, resulta procedente recurrir a las disposiciones relativas a los juicios ejecutivos, las cuales determinan que los honorarios por la tarea profesional desplegada para el cumplimiento de la sentencia de remate, se regularán en un 30% de lo estipulado por el artículo 10 (art. 35 ley 8.035). Así pues, recordando que estamos frente a un proceso sumario, que la apelante empezó a intervenir ya concluida la etapa procesal de producción de la prueba (cfr. fs. 677/679 y 692/694) y partiendo de la base consentida ($ 456.624,00), corresponde regular los honorarios de la apelante por la etapa de cumplimiento de sentencia en la suma de $ 6.850,00 (Pesos Seis Mil Ocho Cientos Cincuenta), que deberá adicionarse al monto ya regulado en su favor por el proceso sumario a fs. 910 y vta.

En cuanto a las costas de esta instancia, corresponde que se impongan por su orden, en virtud de no haber mediado sustanciación (cfr. fs. 949 ap. II).

La Dra.Adriana Rodríguez de López Mirau, dijo:

Que, por sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, ______________________ RESUELVE:

I. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 918, contra la resolución de fs. 910 y vta. y, en su mérito, MODIFICAR el numeral '2' del apartado I de la misma, REGULANDO los honorarios de la Dra. R. D. R. en la suma de $ 6.850,00 (Pesos Seis Mil Ocho Cientos Cincuenta), por la etapa de cumplimiento de sentencia, la que deberá adicionarse al monto ya regulado en el decisorio que por el presente se modifica. Costas por su orden, según considerandos.

II. MANDAR se registre, notifique y, oportunamente, bajen los autos al Juzgado de origen.

SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA - VOCALES: RICARDO CASALI REY ADRIANA RODRÍGUEZ DE LÓPEZ MIRAU SECRETARIA: DRA. MA. LAURA SARMIENTO. SALA I, T. 2018 - INTERLOCUTORIOS, Fº 106/107, 16/03/2018- EXP N° 132161/5.