marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tercería de dominio, embargo, bienes inmuebles, posesión de buena fe, domicilio social
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: FROHMANN, ROBERTO c/ ORLAN ROBER  S.A. s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-12

Siendo que el incidentista acreditó la propiedad del inmueble en el que se practicó la diligencia de embargo exhibiendo el título respectivo y la titularidad de los servicios de gas y teléfono con categoría de casa de familia, servicios eléctricos y televisión por cable; y que los bienes embargados se encontraban en su poder al momento de la traba de la medida, tales elementos resultan suficientes para formar convicción acerca de que aquellos se encontraban en la esfera de su custodia tornando aplicable a su favor la presunción prevista por el CCIV: 2412.

La circunstancia de que la sociedad accionada tuviera su domicilio social inscripto en el lugar del embargo no enerva dicha conclusión, pues para que se de la presunción del citado art. es necesario que exista una efectiva posesión, esto es, que ella sea real y a título de dueño.
Trámites judiciales, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ DE MACIA c/ BANCO DE PREVISION SOCIAL s/ Ejec - Honorarios (LIBRO: A067 - 073)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-04-18

Si la deuda es parte liquida y parte iliquida, puede exigirse por el acreedor, y debera hacerse el pago por el deudor de la parte liquida, lo que supone la excepcion al principio de integridad del pago.-
Despido por fuerza mayor, crisis económica, concurso preventivo
Materia: LABORAL
Carátula: Roldán, Graciela y Otros c/ Empresa J.G.F. S.R.L. y-u Otros s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-05-21

La crisis coincidente con la entrada en concurso desnuda una inexplicable conducta de la empresaria, dejando precisamente a los trabajadores fuera de los beneficios concursales, ya sea porque la vía permite a los actores continuar con la empresa por la amplitud de soluciones previstas en la Ley de Concursos, ya fuera para cobrar íntegramente la moneda concursal. Es evidente así el programa inequitativo de la empresa frente a la insolvencia en los pagos, discriminando a los trabajadores con el despido a título del art. 247 LCT y presentándose en quiebra respecto a los restantes acreedores. Si precisamente reposa en el instituto concursal el principio de paridad y trato igualitario, el despido anticipado desvirtuó tales principios. La cesación de pagos como presupuesto de apertura concursal universal, no admitía la resolución anticipada de relaciones jurídicas al margen del proceso falencial.
Contrato de trabajo, remuneración, viáticos
Materia: LABORAL
Carátula: D´ADDONA, Vanina c/ SEGAR SEGURIDAD S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-09

En materia de derecho del trabajo la naturaleza salarial de las prestaciones está expresamente legislada en el art. 103 L.C.T.. Este criterio es aplicable a los viáticos, aun cuando, como en el caso, las partes convencionales les otorgaran carácter no remuneratorio, sin perjuicio de que no existiese obligación de presentar comprobantes. El pago de este concepto, al ser de obligación mensual e independiente del traslado o no del empleado ( en el caso, el actor trabajó en un mismo objetivo) desnaturaliza el sentido del viático, que es el de compensar los gastos incurridos en la prestación de tareas, y no hace sino confirmar que, a través de su pago se pretendió encubrir un aumento de salarios.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título, extravío del cheque
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOHAKS DIFRANZA c/ DEL BEN L. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-17

Las defensas esgrimidas según las cuales el cheque cuyo cobro se pretende habría sido extraviado y el actor se habría apoderado ilícitamente del mismo pues no lo puso en circulación, constituyen cuestiones que exceden el escaso marco cognoscitivo propio del juicio ejecutivo.
Empleados públicos, exoneración, cesantía, Administración Pública, facultades regladas, facultades disciplinarias, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONTRERAS, RAQUEL OFELIA OCHONGA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CSJ EXPTE NRO 167-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-28

Carece de fundamentos la afirmación de la Provincia cuando sostiene que no violó ningún derecho a reintegrarse al servicio, al impedirle a la agente la prestación del mismo con posterioridad a la medida de suspensión y hasta el dictado del decreto de cesantía, porque ejerció una potestad reglada, cual es la de sancionar con la expulsión la inconducta de la recurrente. Ello porque aunque es indiscutible que la Administración tiene la potestad disciplinaria, ésta no fue ejercitada sino con posterioridad al sumario que se le instruyera con motivo de las faltas cometidas, por lo que no había razón que justificara dicha actitud.
Contrato de trabajo, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Riedel, Roque y Eichhorn, I. c/ Osvaldo y Luis Senger s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-08-20

Constituye presunción adversa a la existencia de la relación laboral, el reclamo por la actora, de remuneraciones (y demás rubros laborales) por no haber percibido un peso durante el año y meses que, invoca, perduró el vínculo. En igual sentido: "González c /Ortigoza y otra", 20/3/95; "Narcotti c/Coceramic Coop. Ltda. de Trabajo", 8/7/96; "Weitzel de Quindt y otros c/Petrocelli", 15/7/96;

"Aranda c/Popelka", 11/8/97 y "Cabrol c/Escalada de Vazquez", 6/10 /97.
Jornada reducida, aumento salarial
Materia: LABORAL
Carátula: Bustamante Lorena Andrea c/ S.A. Import. y Export. de la Patagonia s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-25

La reducción de la jornada laboral de una trabajadora no resulta suficiente para que, por ese sólo hecho, se la excluya de los demás beneficios otorgados a los empleados de igual categoría - por ejemplo, los aumentos salariales-, salvo que el empleador demuestre que los beneficios contemplados responden a causas particulares que justifiquen un trato diferenciado.
Daños y perjuicios, tribunales arbitrales
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Correa de Vera, Mario y otros c/ Macías César y Empresa La Nueva Sarmiento s/ Daños y perjuicios-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-03-26

Los juicios de daños y perjuicios, por la índole de los hechos que lo fundamentan y por la imposibilidad muchas veces reconocida de proporcionar una prueba fehaciente, el juzgador excepcionalmente puede lograr una certeza absoluta sobre la forma en que ocurrió el hecho, pero le basta para fundar su decisión, haber alcanzado una certeza moral, debiendo entender por tal, el grado sumo de probabilidades acerca de la verdad tras el análisis de las pruebas rendidas por cada uno de los litigantes.
Contratos, correo electrónico, rescisión del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: E-Corp SA c/ Adecco Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-03

Corresponde tener por rescindido el contrato que uniera a las partes toda vez que, si bien se acordó que todas las notificaciones requeridas debían efectuarse por escrito y remitirse por carta documento u otro documento de carácter fehaciente que lo remplace, cabe tener por válido el correo electrónico cursado entre ellas con efecto resolutivo. Ello, ya que probado quedó que las partes habitualmente eligieron la vía electrónica para negociar el contenido y los alcances del contrato, por lo que esa norma convencional fue cumplida por la demandada. Por tanto, no pudo sorprender a la actora que su contraparte utilizara el mismo medio electrónico para comunicar la recisión que finalmente adoptó. A más, la ley 25506: 6 establece que un documento digital satisface el requerimiento de escritura sin que sea menester, en este caso, formular distingo entre firma electrónica y firma digital, admitida como quedó por la accionante la recepción de los correos electrónicos referidos, ya que fue ella misma quien lo trajo a la litis. Esa admisión implicó tanto como reconocer la autenticidad de ambos documentos electrónicos y su autoría en cabeza de quien los remitió (cfr. acerca de estos asuntos, Nieto Melgarejo, en "Derecho del comercio electrónico", págs. 126 y sig., Lima, 2005; Mora, en "Documento digital, firma electrónica y digital", publ. en L.L. 2014-A-502; Torres Traba, en "El documento informático. Su eficacia probatoria", publ. en Doctrina Judicial Procesal 2010-1; Coleiro, en "Pautas para una teoría del valor probatorio del documento electrónico", págs. 9 y sig., publ. en Revista Jurismática n° 4, diciembre de 1993). Véase que ahora, en línea con lo normado en el art. 6 de la denominada Ley Modelo de Firma Electrónica de la UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade), el Código Civil y Comercial de la Nación autoriza la expresión escrita "por instrumentos firmados o no firmados" (art. 286).

Voto de la Dra. Villanueva:.

Reconocida la autenticidad del e-mail mediante el cual la demandada rescindió el contrato que la unía a la actora, forzoso es concluir que esa parte dio adecuado cumplimiento al recaudo formal que había sido previsto en tal contrato a estos efectos. El contexto de la causa no permite albergar la menor duda acerca de que, al menos para las partes, tal forma de notificación fue "fehaciente" desde que fue ese el sentido inequívoco que éstas le atribuyeron, al ajustar sus comportamientos a aquello que mediante ese e-mail había sido comunicado, lo cual importó por ellas atribuir "plena fe" a ese elemento. Así las cosas, y con prescindencia de las distinciones que cupiera efectuar entre firma electrónica y digital y de lo establecido ahora en el CCCN 286, la causa no puede ser resuelta sino de la manera expuesta.
Secreto profesional, aborto, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

Hay casos en que por existir intereses jurídicos por encima del interés del secreto, se impone el "deber de revelar" -tal el ejemplo de la ley 11359 sobre enfermedades peligrosas, la ley 12317 sobre enfermedades contagiosas y transmisibles-, por lo tanto puede permitirse la revelación del secreto para casos en que la noticia es nada más y nada menos que la eventual comisión de un aborto, que sin dudas, reviste una repugnancia mayor a todo el ordenamiento jurídico que las mencionadas con anterioridad. Esto es, lo que constituye la justa causa de revelación que autoriza al profesional a realizar el anoticiamiento. (Doctrina: Soler, Sebastián: "Derecho Penal Argentino", T. 4, Ed. Tea, Bs.As. 1988 p 142). (Del Voto del Dr. Alvarez)
Contratos civiles, buena fe
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lázzaro, Victoriano M. c/ Instituto de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-21

Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo a lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (art. 1.198 del mismo Código), realizando cuantos actos fueren necesarios para que el fin perseguido coincida con un resultado concordante.
Sentencia, notificación, caducidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Finpat SA c/ Garagarza, Enrique Pedro s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-23

Dictada la sentencia de primera instancia, no procede la caducidad de la misma, dado que en nuestra legislación, una vez reconocido el derecho a favor de uno de los litigantes, no puede el juez dejarlo sin efecto por una posterior decisión suya que declare ineficaz su fallo, no siendo condición de validez de la sentencia el hecho de que haya sido notificada o no; a lo sumo, de eficacia.
Amparo por mora, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aciar, Mario Edgardo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-04-12

El Amparo por mora de la Administración Pública es una especie de acción de amparo, cuyos presupuestos de fondo están dados por la norma del art. 28 2º parte de la Constitución Provincial y que se da solamente como remedio de la mora administrativa.

Por regla general puede decirse que cuando se intenta un amparo por mora existen otros remedios administrativos o judiciales, pero que cumplidos los presupuestos de la norma citada, el amparo no puede denegarse por la existencia de esos otros remedios.
Proceso penal, acción civil, demandado civil, imputado, falta de representación, defensor
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LESCANO, JOSE SANTOS s/ IMPUTADO   -  DEFENSOR  -  DERECHO  DE  DEFENSA  -  POLICIA  JUDICIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-11-08

El defensor del imputado está facultado para poner de resalto al tribunal la existencia de una irregularidad formal, cual es la falta de representación legal de su defendido - imputado y demandado civil- ya que es el único que en esas condiciones puede peticionar en alivio de éste en lo concerniente a la pretensión resarcitoria que en su contra formula el actor civil. Negarle esa facultad importa tanto como impedirle el derecho de defensa, con desconocimiento de una garantía constitucional, lo que resulta insostenible (C.N., art. 18).

La facultad de denunciar la falta de representación del menor imputado accionado civilmente no le es desconocida al actor civil, si se admitió la objeción que el defensor sólo opuso durante la discusión final (C.P.P., art. 406) pues la naturaleza misma del asunto era denunciable en esa ocasión, no siéndole, por otra parte, concedido al actor civil, el derecho de replicar (C.P.P., art. 406) -
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Amado, Miguel; Spina, Brígida Elena y Fernández Ríos, Carmen s/ Ab intestatos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-24

Carece de efecto interruptivo de la prescripción, una petición que fuera desestimada por extemporánea (art. 3986, C.C.).
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa LDA. c/ Cabral, José A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-27

Sea que se entienda que el daño no fue generado por el riesgo de la cosa de la que el demandado era dueño o guardián, sea que se concluya que la relación o nexo causal entre el hecho de esa cosa y el daño ocasionado no existió o se interrumpió a raíz de un comportamiento reprochable de la víctima, va de suyo que la acción resarcitoria deducida no puede prosperar (art. 1113, segundo párr., 2a. parte, C.C.; art. 80, ley nac. 17418).
Costas al vencido, vencimiento parcial y mutuo, culpa concurrente, accidente de tránsito, daños y perjuicios, indemnización, reparación integral
Materia: CIVIL
Carátula: F., G. y Otra c/ HEREDEROS DE D. L. y Otra s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-11-16

En el caso cabe considerar que a la existencia de los extremos que la doctrina legal exige para la aplicación del principio general de la derrota se suma la concurrencia de culpas. Teniendo ello en cuenta, y de que en autos nos encontramos frente a una acción de daños y perjuicios que tiene acogimiento en todos sus rubros (daño físico y moral), cuyo monto inicialmente peticionado por la parte actora, si bien fue disminuido considerablemente, guardaba naturaleza provisoria, sujeto a lo que en más o en menos resultare de la prueba a producir, y la circunstancia de que la demandada, negó totalmente su responsabilidad en el accidente, atribuyéndolo a la exclusiva culpa del actor, en aplicación de lo ya dicho por este Cuerpo acerca de que no es aconsejable sentar reglas, entiendo que, en el caso particular de autos, las costas deberán imponerse a la demandada vencida.
Derecho laboral, acción por omisión, falta de examen preocupacional, presunción juris tantum
Materia: LABORAL
Carátula: Kleinhempel, Sandra Beatriz c/ Instituto Autárquico Provincial de Seguros de Entre Ríos s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-16

No comparto en general que se tenga que indemnizar por el total de la incapacidad que padece un trabajador a modo de sanción ante la omisión de los exámenes preocupacionales, cuando exista en autos elementos científicos específicos que clarifican e informan acerca de la cuestión, y que dan cuenta de la existencia de factores ajenos al trabajo en relación a la misma, debidamente consignado incluso, la incidencia de dicho factor concausal (Voto Romero)
Reincidencia, pena compurgada
Materia: PENAL
Carátula: CORIA, Rubén Esteban s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

La condena aplicada en suspenso es computable a los fines de establecer la reincidencia cuando el inculpado, en la causa donde se dictara dicho pronunciamiento, estuvo sometido al régimen previsto en el artículo 183 del C.P.P.-
Acción reivindicatoria, herederos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vidoz, Gladys Teresa c/ Coudron, Blanca Yolanda y otros s/ Reivindicación de Inmueble
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-27

Una vez hecha la partición, el heredero sucede solo e inmediatamente en los objetos que le han correspondido así como también que su derecho a ellos lo tiene directamente del causante, consecuentemente, si la cosa reivindicada le ha sido adjudicada, debe responder a la reivindicación no como simple heredero del causante sino como sucesor en la posesión de la cosa y el poseedor de ella y los demás herederos no tienen sobre ella, ni habrán tenido en momento alguno, ningún derecho de propiedad o posesión. El artículo 2773 del Cód. Civil tiene perfecta aplicación cuando el heredero ha recibido por adjudicación el bien cuestionado en razón de haberse efectuado la partición de la herencia, sea en forma particular, sea en condominio con otros herederos, lo que no sucedería en el estado de indivisión porque entonces todos los herederos son responsables y pueden ser demandados por el todo. Este es precisamente el supuesto de autos, en tanto la actora obtuviera declaratoria de herederos en su favor -por su condición de hija del causante- con posterioridad a la partición del inmueble en el sucesorio inscripto registralmente el 27/3/98 en condominio entre todos los herederos de Angel Vidoz.
Trabajadores de la construcción, indemnización por despido, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: MAIDANA, TEODORO RAMON c/ ALBADE  S.A.  PREALCO  S.A.  ASOCIADOS s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-31

Todas las circunstancias de cada caso son aptas para la graduación judicial de la indemnización del artículo 18 de la ley 22250, entre ellas, lógicamente, la antiguedad en el trabajo y la mayor o menor buena fe evidenciada en el cumplimiento de los débitos que dicha ley pone a cargo del empleador.
Direcciones provinciales de obras sanitarias, empleados públicos, licencia por enfermedad, prueba, certificado médico, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Michelino, Tarcisio Juan c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 486 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

En lo que hace la justificación de las inasistencias, debe estarse al régimen de licencias del personal de la Dirección de Obras Sanitarias de la Provincia previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo 57/75, al que adhirió nuestra Provincia mediante ley 9376.

El Convenio referido, en su artículo 19, regula la situación de aquellos agentes que padecen de afecciones o lesiones que requieren de "largo tratamiento", otorgando hasta 3 años de licencia por tal causa, con goce íntegro de haberes. El artículo 21, inciso a), expresamente establece que "En los casos de los artículos 19 y 20 el agente será reconocido por una Junta Médica de Salud Pública, la que dispondrá el alta, las tareas que podrá desempeñar o la reducción o cambio de horario, todo ello de acuerdo a su capacidad...".Por fin, el artículo 23 estatuye que Salud Pública será el único organismo autorizado para expedir las certificaciones y practicar los reconocimientos médicos a que se refieren los artículos 19 y 20, norma que a su vez es reiterada en el artículo 45. Desde esta perspectiva se advierte sin hesitación, que la actuación de la Administración en el caso ha sido legítima, pues no importó otra cosa que la aplicación de la normativa que regía la cuestión.
Constitución Provincial, derecho a la vida, derecho a la dignidad, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

Si bien la Constitución Provincial no tiene una norma expresa que refiera sobre el derecho a la vida específicamente, es dable observar que del artículo 7 de ella se desprende que el Estado debe reconocer la dignidad de la persona humana, como así también que constituye una obligación a su cargo la protección de los derechos esenciales del hombre. A ello puede agregarse que el artículo 6 del referido ordenamiento constitucional dispone que, los habitantes del territorio provincial gozan de los derechos reconocidos por la Carta Magna nacional, ya sea aquellos que están expresamente enunciados en su texto, como así también los implícitamente referidos y que nacen de los principios que las inspiran. (Del Voto del Dr. Iribarren)
Régimen penal de la minoridad, competencia, cuestiones de competencia
Materia: PENAL
Carátula: AVILA, OSCAR s/ LEY PATRONATO MENORES- REGIMEN PENAL MENOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-06-06

1) La LEY 14.394 rige todo lo relativo al régimen penal y proteccional de los menores de 16 años que incurren en delito y reviste el carácter de especial frente a la Ley de Patronato de Menores 10.903. De allí que sus disposiciones tengan prelación sobre las de la última, con la que sin embargo armonizan en tanto y en cuanto no resulten incompatibles (conf. art. 57 de la 1ra.).

Por ello, aunque el art. 20 de la ley 10.903 no haya sido modificado por la última reforma penal, su redacción punitiva no puede prevalecer sobre lo establecido por los actuales arts. 3ro. y 8vo. de la mencionada ley especial, de las que surge con claridad que los mayores de 16 años que incurran en delito quedan sometidos a la ley penal, sin perjuicio de que su privación de libertad se cumpla en institutos especiales. Todo ello deriva del principio rector de que la ley especial deroga la general en todo cuanto se le oponga.

2) La C.N.Crim., en ejercicio de sus facultades reglamentarias (art. 104 Regl. Just. Nac. y art. 20 ley 10.903) que dejó expresamente a salvo el Decreto 23.849-44 (A.L.A. T. IV pág. 521) al transformar un juzgado Correccional en el actual Juzgado de Sentencia Letra "M", estableció mediante los arts. 170 inc. d) y 326 del nuevo Reglamento para la jurisdicción de lo Crim. y Correc. (30 8-79), que los Jueces del fuero encargados de aplicar las referidas leyes proteccionales, conocerían en las causas en que se investigan delitos cometidos por menores de 16 años o en las que se acusara a un menor de dicha edad.

3) Decidida la competencia por el Sr. Juez "a quo", su posterior y oficiosa DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD de las referidas disposiciones reglamentarias, resulta extemporánea y abstracta, por ser absolutamente innecesaria para denegar el recurso de reposición y conceder el de apelación deducido por el Sr. Fiscal.
Audiencia de vista de causa, falta de notificación
Materia: LABORAL
Carátula: ALDERETE ELIGIO c/ ESCRIBANIA PELLERINI Y/O RESONSABLE Y/O PROPIETARIO s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-26

La falta de notificación de la nueva integración del tribunal acarrea indefectiblemente la nulidad de la audiencia de vista de la causa.