Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-23


En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina,a los veintidos días del mes de octubre de 2003; reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal bajo la Presidencia de su Titular doctor Juan Carlos Eugenio Morando, los señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, doctores Oscar Norberto Pirroni, Julio Vilela, Jorge del Valle Puppo, Jorge Guillermo Bermúdez, María Laura Rodríguez, Graciela Aída González, Ricardo Alberto Guibourg, Elsa Porta, Roberto Omar Eiras, Julio César Moroni, Diana María Guthmann, José Emilio Morell, María Cristina García Margalejo, Juan Carlos Fernández Madrid, Rodolfo Ernesto Capón Filas, Horacio Héctor de la Fuente, Juan Andrés Ruiz Díaz, Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, Horacio Vicente Billoch, Alvaro Edmundo Balestrini, María Isabel Zapatero de Ruckauf, Alcira Paula Isabel Pasini, Héctor Jorge Scotti, Julio César Simón y Gregorio Corach; y con la asistencia del señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo doctor Eduardo O. Alvarez, a fin de considerar el expediente Nº 7.351/2000 - Sala V, caratulado "FEDERACION OBRERA CERAMISTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ Cerámica San Lorenzo I.C.S.A. s/ cobro de apor. o contrib.", convocado a acuerdo plenario en virtud de lo dispuesto por el art. 288 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para unificar jurisprudencia sobre la siguiente cuestión:

"¿Está legitimada la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina para exigir de los empleadores incluidos en el ámbito de la C.C.T. 150/75 la retención y depósito de las contribuciones previstas por el artículo 63, incisos a) y b), respecto de los trabajadores sin afiliación sindical?".

Abierto el acto por el señor Presidente, el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dijo:

El tema que nos reúne se proyecta sobre los alcances de los incisos a) y b) del Convenio Colectivo 150/75, celebrado por la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina y la Federación de Industrias Cerámicas Argentinas.

Si bien el interrogante alude a la legitimación de la entidad sindical para exigir a los empleadores incluidos en el ámbito de representación, la retención y el depósito de las contribuciones previstas en la norma citada, lo relevante, tal como ha sido materializado el conflicto que culmina en esta instancia plenaria, gira en torno de la incorporación de los trabajadores no afiliados como sujetos pasivos de la obligación creada por la autonomía colectiva.

No es la primera vez que me pronuncio sobre el conflicto puntual que nos convoca y ya he sentado, en estas mismas actuaciones, una tesis adversa a la viabilidad de la pretensión (ver Dictamen Nro. 23.068 del 12/8/97, en autos "Federación Obrera Ceramista de la República Argentina c/ Cerámica Pilar S.A.", que la Sala III compartiera en la Sentencia Nro. 74.851 del 29/9/97 y, en particular, Dictamen Nro. 34.195 del 28 de junio del 2002, en autos "Federación Obrera Ceramista de la República Argentina c/ Cerámica San Lorenzo I.C.S.A.", que la Sala V hiciera suyo en la Sentencia Nro. 65.786, del 15/7/02).

En efecto, como lo señalé en aquellas oportunidades, no se discute, en nuestro ordenamiento positivo, la posibilidad de que se acuerden, en el marco de la concertación sectorial, cláusulas que impongan cotizaciones a los trabajadores no afiliados a la organización sindical (art. 9 de la ley 14.250, texto ordenado por el Dt. 108/88 y 37 inc. a de la ley 23.551).

Las estipulaciones de referencia, también llamadas "de solidaridad", han sido avaladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver, en particular, Fallos 282:269 y el análisis de Jorge Rodríguez Mancini, en "Las instituciones del Derecho Colectivo del Trabajo y la Constitución Nacional", Edit. La Ley, págs. 55 y sgtes.) y se justifican, como ya lo he recordado, porque los logros y avances en las condiciones de trabajo, obtenidas por la asociación sindical con personería gremial, se extienden, por el efecto "erga omnes" sobre los contratos de trabajo de los dependientes no afiliados (ver, asimismo, Ernesto Krotoschin, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, T. II, págs. 1556 y sgtes., Edit. De Palma 1977).

En consecuencia, es razonable exigirles una contraprestación por esa suerte de gestión de negocios de carácter legal, que irroga para la entidad una labor y un costo.

Esta ha sido la posición tradicional del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que hizo una impecable descripción al afirmar que en una situación como la nuestra, en la cual un agente negociador goza por ley el derecho de negociación exclusiva de todos los trabajadores de la actividad, el pago obligatorio de una suma de dinero por parte de los no afiliados al ente, a cambio de los beneficios que les aporta el contrato colectivo, adquiere el carácter de una suerte de contraprestación y no es incompatible con lo dispuesto por el Convenio 87 (ver "Libertad Sindical y Negociación Colectiva", Conferencia Internacional del Trabajo, Octava Reunión, 1994, Pág. 49 y sgtes.).

Ahora bien, en reiteradas oportunidades he insistido en que esta tipología de cláusulas debe ser muy clara en su configuración y cabe interpretarlas con carácter restrictivo porque, si bien son tolerables, podrían constituir un gravamen hipotéticamente lesivo de la libertd sindical en su faceta negativa (ver Justo López "Libertad Sindical", en Derecho Coelctivo, Edit. La Ley, págs. 122 y sgtes.), circunstancia que llevó a un sector calificado de la doctrina a sostener que su legitimación esta condicionada a un límite temporal, relacionado con la concertación del convenio y a que su monto no sea desproporcionado, ni alcance la suma que pagan los afiliados por pertenecer a la asociación profesional (ver Ernesto Krotoschin, obra citada, págs. 157 y sgtes., y las argumentaciones del Comité de Libertad Sindical, en torno a la cuantía de los importes en las conclusiones ya mencionadas, págs. 49 y sgtes.).-Considero que el art. 63 inc. a) del Convenio Colectivo no permite sostener de una manera clara y terminante que el aporte constituya una contribución atípica "de solidaridad", porque no solo se omite toda referencia al art. 9 de la ley 14.250, sino porque se utiliza expresamente el término "cuota sindical" que, como es sabido, es la denominación expresa y precisa de la suma que, mensualmente, pagan los afiliados al sindicato para contribuir a la financiación de su patrimonio.

No surge, pues, de una manera diáfana e inequívoca, que la contribución sea exigible a los trabajadores "no afiliados" y si bien es cierto que se hace referencia a los "beneficiarios", esta sola expresión, aislada, no es idónea para avalar una conclusión tan excepcional y de trascendencia que permita imponer un pago a quienes deliberadamente no se han incorporado a la entidad sindical, en ejercicio de su libertad y afiliación.

La interpretación del inc. b) del art. 63 del Convenio Colectivo 150/75, es más sencilla, porque el aporte estaría destinado al "mantenimiento de los seguros de vida, de enfermedad y de sepelio que acuerda la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina" y no cabe duda que estos beneficios sólo comprenden a los trabajadores afiliados, elemento que relativiza la importancia de la palabra "beneficiarios", sobre la que se insiste para fundar la extensión de la obligación de abonar.

Discrepo, respetuosamente por cierto, con el argumento vertido por el Dr. Scotti al emitir el primer voto en los autos "Federación Obrera Ceramista de la República Argentina c/ Canteras Cerro Negro S.A." (ver Sentencia Nro. 7.374 del registro de la Sala X, dictada el 26/11/99) en lo que hace a la inexistencia de trabajadores afiliados a una entidad de segundo grado, porque nadie desconoce que a estas la forman solo sindicatos de base, pero el ordenamiento crea un sistema de representación refleja, en el cual la afiliación individual es esencial y tanto es así que la personería gremial de las federaciones remite al cómputo de los trabajadores que integran las uniones y aquellas ejercen los derechos que la ley le acuerda a los entes de primer grado, entre los cuales se encuentran los fundados en la pertenencia individual misma al sindicato que, en definitiva, la compone (cfr. arts. 32; 33; 34 y concs. de la ley 23.551).

El propio convenio 150/75 hace mención a la cuota emergente de la afiliación que pagan los dependientes de las asociaciones que la integran y que, con alguna imprecisión, que desaconseja interpretaciones de simplicidad semántica, a veces denomina "filiales".

Por todo lo expresado, propongo una respuesta negativa a la pregunta inicial.

Por la AFIRMATIVA constituyendo MAYORIA, votan los doctores SCOTTI, MORANDO, CAPON FILAS, RODRIGUEZ BRUNENGO, BALESTRINI, PIRRONI, FERNANDEZ MADRID, PASINI, ZAPATERO DE RUCKAUF, BERMUDEZ, SIMON, GONZALEZ, BILLOCH, GUTHMANN y CORACH.

EL DOCTOR SCOTTI, dijo I.- La Cámara en pleno ha sido convocada a los efectos de sentar criterio con relación a si la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina se encuentra legitimada para exigir de los empleadores incluidos en el ámbito de la C.C.T. 150/75 la retención y depósito de las contribuciones previstas en los incisos a) y b) del art. 63 de dicha convención con relación a los trabajadores no afiliados, problemática respecto de la cual ya me he expedido de manera afirmativa.

II.- En efecto, en uno de los precedentes en base a los cuales se materializara la contradicción que diera origen a esta convocatoria y en el que votara en primer lugar ("Federación Obrera Ceramista de la República Argentina FOCRA c/ Canteras Cerro Negro S.A. s/ cobro de apor. o contrib." S.D. 7.374 del 26-11-99), ya tuve oportunidad de señalar que, a mi criterio, las contribuciones mencionadas comprendían tanto a trabajadores afiliados como a los no afiliados.

Señalé en esa oportunidad -y lo reitero ahora- que la disposición establece, con absoluta claridad, que la obligación patronal de retener y aportar se efectuará con relación "...al personal beneficiario de la presente Convención..." y, como es sabido, los beneficiarios del convenio colectivo resultan ser todos los trabajadores comprendidos en el mismo, sin cortapisa alguna (art. 8 ley 14.250 texto original y art. 4 y 8 del texto según dec. 108/88).

Añadí también que, en rigor, la verdadera "cuota sindical" está prevista en el art. 62 del convenio de marras, limitada correctamente a los afiliados y estableciendo claramente, la obligación de retener y depositarla "para los sindicatos-filiales adheridos a la FOCRA"; más adelante volveré sobre este punto.

También opiné en esa oportunidad que si la contribución prevista en el art. 63 incisos a) y b) ha sido instituida a favor de la FOCRA, parece elemental que no podría limitarse a los trabajadores afiliados por la sencilla razón de que dicha entidad es una asociación profesional de segundo grado y, como tal, no posee trabajadores afiliados directamente.

Y como en esas condiciones "nadie" estaría en condiciones de pagarla, el único sentido posible de la cláusula es que se trata de una contribución que deben efectuar todos los dependientes comprendidos dentro de su ámbito, vulgarmente conocida en nuestro derecho colectivo como "cuota de solidaridad", legitimada por el art. 8 último párrafo de la ley 14.250 en la redacción vigente en el año 1975 (fecha de celebración de la convención colectiva) y por el art. 9 también último párrafo en el texto ordenado del dec. 108/88.

El señor Fiscal General, con fino giro, califica a esta argumentación como una simplicidad semántica y trae a colación alguna otra disposición de la convención colectiva que estamos analizando que, es cierto, tampoco se caracteriza por su precisión.

Sin embargo, me ratifico en la tesitura indicada, siendo del caso resaltar que lo expuesto con relación a que no existen trabajadores afiliados a una entidad de segundo grado, pudo ser insuficiente, quizás, de haber sido el único fundamento que contuviera la ponencia, pero se trata nada más que de un argumento corroborante de las otras razones expresadas en el precedente ya citado y de las que explicitaré a renglón seguido.

III.- Como lo indicara en el apartado anterior, el art. 62 del C.C.T. 150/75 es el que alude a la retención de la cuota sindical correspondiente a las asociaciones de primer grado y no es casual que, al respecto, solamente se establezca ello, es decir la obligación patronal de retener la cuota y depositarla en la cuenta respectiva, sin referirse en modo alguno a su cuantía o al modo de determinarla.

Y no podía ser de otro modo, toda vez que el art. 15 inc. e) de la ley 20.615 (vigente al momento de la celebración del convenio) declaraba que era privativo de las asambleas o congresos fijar el monto de las cuotas para los afiliados, principio que luego mantuvieron, con diferencia de matices, las leyes que la sucedieron: art. 23 inc. e) ley 22.105, art. 20 inc. e) ley 23.551.

En cambio, el dispositivo cuya exégesis estamos efectuando, el art. 63 incs. a) y b), establece la determinación precisa de la cuota ("... el jornal de una hora de trabajo correspondiente a la Segunda Categoría del Personal Obrero Ceramista" en cada uno de los casos), lo cual, reitero, tiene explicación en tanto se trate de una cotización pactada vía convenio colectivo de trabajo.

Es que resultaría manifiestamente inadmisible que se fijara el importe de una cuota sindical, no solamente sin la intervención del órgano fijado por la ley sino, incluso, como fruto de una negociación con los empleadores en el marco de la ley 14.250 Menos atendible aún sería que ello se le hubiera pasado por alto a la autoridad de aplicación y hubiese homologado la convención con una cláusula tan marcadamente ilegal; podremos ser muy críticos con el modo en que el Ministerio de Trabajo ejerce las facultades de control o, más aún, de cómo las ejercía en aquel momento, pero ello no puede llevarnos a inferir que se incurrió en una "gaffe" monumental: convalidar una cláusula convencional que creaba una cuota sindical a cargo de los afiliados que no derivaba de una asamblea o congreso celebrada por la entidad sindical.

Parece claro, entonces, que la única explicación razonable a tan insólita conclusión es que las contribuciones allí previstas no revisten, de manera alguna, la calidad de cuotas sindicales. IV.- Es evidente, a mi juicio, que las características de la contribución no dejan dudas en punto a que se trata de una "cuota de solidaridad" en los términos del ya citado art. 8 último párrafo de la ley 14.250:

a) El precepto se refiere al "personal beneficiario de la presente convención".

b) No solo se establece la obligación de retener y depositar sino que, también, se determina el importe de esa cuota mediante el convenio colectivo debidamente homologado.

c) Existe otra previsión expresa referida, esta sí, a la cuota sindical en favor de los entes de primer grado, consistente solamente en la obligación patronal de retener.

d) No existirían afiliados cotizantes puesto que las entidades de grado superior no poseen "trabajadores" afiliados sino "asociaciones profesionales" afiliadas.

e) No se recuerda (cito de memoria) cuotas sindicales puestas en cabeza de una Federación o cualquier otra organización de segundo grado.

En definitiva, y por estas breves consideraciones, reitero mi opinión, ya adelantada, respondiendo de manera POSITIVA a la cuestión planteada.

EL DOCTOR MORANDO:

- I.- No se ha discutido que la expresión "personal beneficiario de la presente convención", en el artículo 63 de la C.C.T. 150/75, se refiere a los afiliados y no afiliados de la federación signataria y sindicatos a ella adheridos, pese a que, en el artículo 62, ella misma es utilizada con el sentido inequívoco de personal afiliado. Ello diseña un supuesto del que no cabe apartarse.

II.- No se debe excluir por principio que las organizaciones celebrantes de una convención colectiva de trabajo y los funcionarios ministeriales que intervienen en la discusión, a pesar de su necesaria versación técnica en materias relacionadas con el ámbito de las relaciones del trabajo, utilicen expresiones que, en dicho ámbito, tienen significados inequívocos, con uno diferente, aunque llame la atención que lo hagan.

En ese ámbito, "cuota sindical" es la que pagan los trabajadores afiliados a los sindicatos. Los no afiliados no están obligados a hacerlo. Se ha procurado caracterizar a las retenciones previstas por el artículo 63, incisos A y B, como aportes "de solidaridad".

A mi juicio, coincidente en esto con el criterio expuesto por el señor Fiscal General en su dictamen, se oponen decididamente a esta interpretación, tanto las consideraciones de orden lingüístico que expone el Ministerio Público, como la propia estructura de esos aportes, que, en cuanto contraprestación con la que los beneficiarios no afiliados a una organización gremial investida con el poder de representar a la categoría compensan sus trabajos en la negociación de un convenio erga omnes, se circunscriben a la época de la entrada en vigencia del convenio, y suelen estar representadas por un aporte único, ya sea de un día de jornal, o el aumento de salarios de un breve período.

No sería admisible, sin lesión de la garantía de libertad sindical, que, con ley que la reconozca o sin ella, incluye necesariamente el derecho de cada trabajador a no afiliarse, y de su derecho de propiedad, en cuanto su patrimonio se vería afectado por un acto emanado de terceros que no lo representan, imponer, bajo la apariencia de un aporte de solidaridad, una contribución periódica permanente, que la ley sólo admite respecto de los afiliados, a título de cuota sindical, cuyo presupuesto de legitimidad es la voluntaria pertenencia a una asociación de esa naturaleza (artículo 23, 3, d, de la Ley 23.551).

Adviértase el absurdo que ha resultado de la aplicación de un criterio tal: desde hace veintiocho años, los trabajadores no afiliados están pagando un "aporte de solidaridad" compensatorio de la negociación colectiva de 1975.

III.- Sin perjuicio de lo expuesto, existen razones que conducen a responder afirmativamente al temario: La primera, y principal, que sólo cada uno de los trabajadores no afiliados a los que se retenga la "cuota sindical" está legitimado para cuestionar la procedencia de la retención.

El empleador no representa a sus trabajadores. La segunda, que la carga de retener resulta de una de las llamadas "cláusulas obligacionales" de la convención colectiva, perfectamente oponible a los empleadores incluidos en la unidad de negociación, retención que ha sido autorizada por resoluciones ministeriales que no han sido impugnadas. De ellas surge la legitimación de la federación actora.

Incidentalmente, esta causa confirma mi opinión, reiteradamente expuesta en plenarios anteriores, de que la Ley 14.250 instituyó el organismo adecuado para la interpretación con carácter general de las convenciones colectivas de trabajo: las comisiones paritarias previstas por su artículo 14, y cuya competencia en esta materia establece el artículo 15, inciso a.

Con las reservas indicadas, voto por la afirmativa.

El DOCTOR CAPON FILAS, dijo:

Previo a resolver el interrogante que plantea la presente convocatoria cabe considerar que el agente de retención de contribuciones sindicales -en este caso- la empresa Cerámica San Lorenzo I.C.S.A. carece de interés jurídico para plantear cuestiones relativas a derechos de los que resultan titulares terceras personas cuya representación no inviste (C.S.J.N. "Centro de Empleados de Comercio c/ Mois Chami S.A." del 26.07.1984).

Ello así porque una cosa es que el empleador deba intervenir en una controversia referida al encuadramiento sindical o convencional de su personal y otra muy diferente autorizarlo a discutir la pertinencia de una contribución que sólo deben solventar sus subordinados, frente a la cual es ajeno.

Máxime cuando no se acredita que los verdaderos interesados, es decir, los trabajadores (no afiliados), hubieran objetado tal contribución.

Sin embargo, a fin de dar respuesta a este plenario debe referirse que no se discute la obligación de la empleadora como agente de retención de las contribuciones con respecto a los trabajadores afiliados, por lo que la cuestión sólo se limita a decidir si las retenciones para cuota sindical y para seguros sociales de la Federación de Obreros Ceramistas de la República Argentina deben realizarse en relación al personal no afiliado.

Dentro de los ingresos económicos a cargo de los trabajadores se distinguen aportes, cotizaciones, y cuotas de solidaridad. Aporte es la suma a cargo del trabajador con destino a la Seguridad Social y a los fondos sindicales generales.

Corresponde a la asamblea establecer las cotizaciones a cargo de los afiliados y al convenio colectivo las cuotas de solidaridad a cargo de todos los trabajadores comprendidos en aquél, sean o no afiliados. La cuota de solidaridad fijada en un convenio colectivo y aplicable a los trabajadores no afiliados, aunque como sistema no esté cubierto por las normas internacionales del trabajo, no parece en sí mismo incompatible con los principios de la libertad sindical ya que para concretar su programa de acción, toda entidad sindical ha de contar con recursos genuinos provenientes sobre todo del aporte de los afiliados y también de los trabajadores que representan aunque no estén afiliados.

Sabido es que para consolidar económicamente las asociaciones sindicales, el empleador opera como agente de retención de los aportes de los trabajadores, cualquiera sea su tipo (cotización ordinaria o extraordinaria, cuota de solidaridad).

La asociación sindical ha de comunicar al empleador el importe a retener a cada trabajador, indicando el tipo de aporte y la cuenta bancaria en que debe depositarse. Respecto de los aportes, como se trata de un asunto ajeno a su esfera el empleador carece de legitimación activa para discutir la decisión sindical o pasiva para ser cuestionado por los trabajadores que se consideren perjudicados por la retención.

Si no cumple voluntariamente con su deber de retención, el empleador puede ser obligado judicialmente. Si el empleador decide cumplir la comunicación, retiene los montos indicados depositándolos realmente. El cumplimiento voluntario responde al deber de buena fe (ley de contrato de trabajo, art. 63), liberando al empleador de cualquier reclamo de los trabajadores que se consideren afectados.

Si decide incumplir la comunicación, el único camino abierto ante la asociación sindical es solicitar a la Administración del Trabajo una resolución al respecto. Dictada la misma y notificado el empleador, la retención se transforma en exigible. La conducta consecuente de aquél, causada por la resolución administrativa, responde al deber de acatamiento, liberando al cumpliente de cualquier reclamo de los trabajadores que se consideren afectados.

La resolución administrativa debe adoptarse dentro de los 30 días hábiles de la solicitud sindical. Transcurrido el plazo, se reputa adoptada tácitamente. La notificación sindical al empleador debe acompañar la copia de la resolución administrativa o demostrar la manifestación tácita de aquélla, acompañando copia datada de la presentación efectuada.

El empleador ha de informar mensualmente a la asociación sindical la nómina del personal afiliado (si se trata de cotizaciones) y también del no afiliado (si se trata de cuota de solidaridad), montos remuneratorios, cuantía de los aportes (ley 23.540, B.O. 29.10.1987, art. 6).

Si bien la norma refiere a las cotizaciones de los afiliados, en virtud de analogía es posible su extensión a las cuotas de solidaridad ya que el régimen de retención no distingue entre ambos tipos de aportes. Antes de retener cotizaciones sindicales, el empleador debe requerir a los trabajadores manifiesten si son o no afiliados. En caso de respuesta negativa, no procede la retención debiendo el empleador informar a la entidad sindical dicha situación (ley 23.540, art. 6) y mantenerse al margen del problema.

Ante la insistencia sindical, procede la retención, en cuyo caso el trabajador tiene acción contra la entidad pero no contra el empleador, quien, como se ha afirmado, carece de legitimación para ser demandado. Contra el empleador, a lo sumo, podrá interponer medidas cautelares destinadas a que no retenga o no deposite lo retenido, a resultas de la controversia sustancial.

El mecanismo descripto no puede extenderse analógicamente a las cuotas de solidaridad porque el convenio colectivo aplicable que las ha causado prescinde de la afiliación del trabajador. El empleador no puede dejar de retener ni substituirse en el aporte del trabajador. En ambos supuestos, incurre en práctica desleal: en el primero interfiere en la administración de la organización (ley 23.551, art. 53 b), en el segundo la subvenciona directamente (art. 53, a). En el primero, además, muta en deudor directo de los montos pertinentes.

El empleador debe depositar los aportes retenidos dentro de los 15 días subsiguientes al mes en que se devengaron los haberes objeto de la retención (ley 23.540, art. 2). Si incumpliera, muta en deudor directo (ley 23.551, art. 38 in fine). Desde la solicitud funciona el deber de retención del empleador.

En el convenio colectivo de trabajo 150/75 art. 63 incs. a y b se establece, con absoluta claridad, que la obligación de retener y aportar se efectuará con relación "... al personal beneficiario de la presente convención ..." y, como los beneficiarios del convenio resultan ser todos los trabajadores (art. 8, ley 14.250, Texto original y arts. 4 y 8, texto decreto 108/88), también comprende a los trabajadores no afiliados.

De modo que la denominación como cuota sindical no impide esta interpretación, desde que la contribución exigida se crea para beneficiarios del convenio, es decir para todo el personal.

A mayor abundamiento, de entenderse que la obligación de la patronal debiera serlo solo con relación a los afiliados ello debió desprenderse de la norma y ello no sucede.

El argumento de que los importes establecidos en tales dispositivos tienen como objeto la prestación de beneficios que solo se otorgan a los afiliados a la entidad sindical como seguro de vida, enfermedad o sepelio, no se sustenta porque la propia Federación como asociación de segundo grado sólo afilia entidades sindicales de primer grado y no trabajadores.

Además, la verdadera cuota sindical se previó expresamente en el art. 62 del Convenio Colectivo de Trabajo 150/75, limitada a los afiliados y fijando la obligación de retener y depositarla para los sindicatos filiales adheridos a la Federación. Siendo así, mi respuesta al interrogante de la presente convocatoria es afirmativa.

EL DOCTOR RODRIGUEZ BRUNENGO, dijo:

La cuestión que nos convoca se centra en interpretar los incisos a) y b) del artículo 63 del Convenio Colectivo 150/75, celebrado entre la Federación Obrara Ceramista de la República Argentina y la Federación de Industrias Cerámicas Argentinas, con el objeto de definir si la primera está legitimada para exigir de los empleadores incluidos en el ámbito de la mencionada Convención Colectiva, la retención y depósito de las contribuciones a que se refiere el aludido artículo, en los incisos respectivos, a los trabajadores sin afiliación sindical.

Siguiendo la línea de sus Dictámenes anteriores, N° 23.068 del 12 de agosto de 1997, y N° 34.195 del 28 de junio de 2002, ambos glosados en estos obrados N° 7.351/2000, oriundo de la Sala V, el señor Fiscal General se expide, con fecha 4 de agosto de 2003, en sentido negativo.-Discrepo respetuosamente con este último Dictamen, que por otra parte está referido a casos y situaciones procesales diferentes a los que motivaron los anteriores, y coincido con las argumentaciones expuestas en sentencias precedentes, también agregadas a este expediente, emitidas por la Sala II (Sentencia N° 84.635, dictada en el Expediente N° 37.826/95, con fecha 22 de octubre de 1998); la Sala IX (Sentencia N° 8.897, dictada en el Expediente N° 8.797/00, con fecha 21 de agosto de 2001); y la Sala X (Sentencia N° 7.374, dictada en el Expediente N° 47.471/94 (9256), con fecha 26 de noviembre de 1999), anticipando que me expido en sentido positivo.

Si bien es cierto que una descuidada redacción del Convenio de marras califica de "cuota sindical" a las aludidas contribuciones, no lo es menos que la verdadera "cuota sindical" es la prevista en el art. 62, limitada a los afiliados.

Se trata, en la contienda de autos, de retenciones destinadas al mantenimiento de los Seguros de Vida, de Enfermedad y de Sepelio que acuerda la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina, de los que son beneficiarios todos los trabajadores, tanto los afiliados como los no afiliados.

En el caso, tales contribuciones tienen la naturaleza jurídica de "cuotas de solidaridad" (art. 8° de la ley 14.250 en su texto original y arts. 4 y 8 del texto ordenado por Decreto N° 108/88).

El principio de primacía de la realidad permite inferir la esencia de la institución, más allá de la equívoca denominación que le hayan atribuido las partes.

En lo que concierne al plazo de prescripción, es indudable que, como lo señala el Señor Fiscal General, resulta de aplicación el plazo quinquenal que prevé el art. 4.027, inc. 3° del Código Civil, que, como reiteradamente se ha reflejado en pronunciamientos de esta Cámara, rige para las acciones tendientes a obtener el cobro de los aportes sindicales establecidos en las Convenciones Colectivas de Trabajo.

La generalidad de la expresión convencional: "personal beneficiario" no permite excluir a los trabajadores no afiliados, de las prestaciones motivo del art. 63, inc. a) y b) y refuerza este argumento el título de dicho artículo, que reza: "RETENCIONES PARA CUOTA SINDICAL Y PARA SEGUROS SOCIALES DE F.O.C.R.A.", con lo que debe aventarse toda duda con respecto a la índole del beneficio motivante de la disposición en examen, y a la generalidad de los trabajadores comprendidos.

Por todo lo expresado, propongo una respuesta positiva a la pregunta inicial.

EL DOCTOR BALESTRINI, dijo:

I.- Al interrogante planteado reitero mi opinión vertida "in re" "Federación Obrara Ceramistas de la República Argentina F.O.C.R.A. c/ Cerámica San Lorenzo s/ cobro de aportes y contribuciones", en el sentido que tanto el art. 63 como el 64 de la C.C.T. 150/75 se refieren al "personal beneficiario de la presente convención", sin hacer distinción alguna entre afiliados y no afiliados y sin perjuicio de la denominación de "cuota sindical" atribuida a la contribución en tratamiento, por imperio de la expresamente pactado por las partes colectivas, resulta claro que la norma convencional comprende a todo el personal, puesto que no emerge de ella exclusión alguna del personal no afiliado al sindicato.

En tal marco, voto por la afirmativa al interrogante en cuestión.

EL DOCTOR PIRRONI, dijo:

Frente al interrogante que plantea el plenario convocado, adelanto mi opinión en cuanto me permito disentir respetuosamente con los fundamentos y conclusiones a que arribó el distinguido Sr. Fiscal General del Trabajo.

Deseo destacar que arribo a tal conclusión luego de analizar la cuestión en debate, lo que ha incluido la consideración del dictamen del Sr. Fiscal General así como de los distintos fallos de esta Excma. Cámara relativos al tema, circunstancias que han ratificado mi convicción de que el interrogante planteado debe ser respondido por la afirmativa.

Al respecto la lectura del art. 63 del C.C.T. 150/75 me permite apreciar que la obligación de retener por parte de los empleadores está dirigida "al personal beneficiario" de dicho acuerdo convencional.

Dicho marco abarcativo, en mi opinión, no permite distinguir entre el personal afiliado y no afiliado, dado que son beneficiarios del convenio, dado su alcance "erga omnes", tanto a unos como otros.

Entiendo también que si hubiese sido voluntad de los paritarios excluir a los no afiliados lo hubiesen manifestado en forma expresa.

Es cierto que quizá la denominación de "cuota sindical" no haya sido la más feliz para identificar el aporte bajo análisis, pero considero que dicha terminología no puede ser la determinante de la exclusión, cuando por el contrario expresamente se aludió como obligados al aporte a los beneficiarios "in totum" de la convención, lo que obviamente incluye a los no afiliados.

Del mismo modo, que los afiliados gocen de mayores beneficios que los no afiliados, como podría ser eventualmente el caso previsto en el art. 64 de la convención citada, ello de por sí no enervaría -en mi opinión- la conclusión a que arribo, dado que los afiliados si bien pueden obtener mayores beneficios que los no afiliados, también son aportantes de la correctamente llamada "cuota sindical", de la cual están eximidos los no afiliados.

En síntesis, por los fundamentos expuestos, voto por la afirmativa.

EL DOCTOR FERNANDEZ MADRID, dijo:

El interrogante que plantea la presente convocatoria se refiere a si las retenciones para cuota sindical y para seguros sociales de la Federación de Obreros Ceramistas de la República Argentina (previstos en el artículo 63 inc. a) y b) de la C.C.T. 150/75) deben realizarse también al personal no afiliado.

En este marco, entiendo que lo prescripto con relación a la obligación patronal de retener y aportar se vincula directamente con las personas a quienes están dirigidos tales beneficios convencionales.

En este sentido, resulta clara la referencia reiterada de la convención cuando relaciona la obligación de retener y aportar (art. 63 inc. a) y b)) con "...el personal beneficiario de la presente convención..." y estos beneficiarios son justamente todos los trabajadores, afiliados y no afiliados, la situación contraria ameritaba una declaración concreta al respecto.

Por tanto, en mi opinión, e independientemente de la denominación que ostentan en el texto de la convención las contribuciones en cuestión, nos encontramos ante cuotas de solidaridad en su esencia por lo que, en definitiva, no correspondía distinguir entre afiliados y no afiliados a los efectos de concretar los aportes previstos por el artículo 63 inc. a) y b) de la C.C.T. 150/75.

En conclusión, voto por la afirmativa.

LA DOCTORA PASINI, dijo:

En torno al interrogante que nos convoca, adelanto mi opinión por la afirmativa.

No es la primera vez que me pronuncio sobre el tema y sobre el particular me remito a la Sentencia N° 8.897 del 21 de agosto de 2001, del registro de la Sala IX, "in re" "Federación Obrera Ceramista de la República Argentina F.O.C.R.A. c/ Cerámica San Lorenzo s/ cobro de aportes o contribuciones".

En tal oportunidad, adherí al voto del vocal preopinante, Dr. Balestrini, en el sentido que tanto el art. 63 como el art. 64 de la C.C.T. N° 150/75 se refieren al "personal beneficiario de la presente convención", sin efectuar distinción alguna entre afiliados y no afiliados.

En mi opinión y tal como se encuentran redactados los referidos artículos, los beneficiarios del convenio resultan ser todos los trabajadores (art. 8 Ley 14.250 t.o. y arts. 4 y 8 del texto según Dto. 108/88) pues no se advierte motivo alguno para excluir de la disposición a los trabajadores no afiliados.

Si se hubiera entendido que la obligación debiera serlo con relación a los afiliados solamente, debió señalarse con claridad en la normativa en cuestión, motivo por el cual no debe distinguirse donde la voluntad de los convencionales no lo hiciera, máxime cuando se encontraban habilitados de acuerdo al art. 9 de la Ley 14.250 para establecer contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes, válidas tanto para afiliados como no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención.

Por lo expuesto, reitero mi opinión por la afirmativa.

LA DOCTORA ZAPATERO DE RUCKAUF, dijo:

En torno al interrogante que nos convoca, a fin de dilucidar si se encuentra legitimada la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina para exigir de los empleadores incluidos en el ámbito del C.C.T. N° 150/75, la retención y depósito de las contribuciones previstas por el artículo 63, incisos "a" y "b", respecto de trabajadores sin afiliación sindical, adelanto mi opinión por la afirmativa.

En efecto, de conformidad con lo decidido por esta Sala "in re" "Federación Obrera Ceramista de la República Argentina F.O.C.R.A. c/ Cerámica San Lorenzo s/ cobro de aportes o contribuciones", S.D. N° 8.897 del 21/8/01, considero que tanto el artículo 63 como el artículo 64 del C.C.T. N° 150/75 hacen referencia al "personal beneficiario de la presente convención", por lo cual dado el alcance "erga omnes" de la norma convencional (cfr. art. 4 y 8 ley 14.250 t.o. según decreto 108/88), los "beneficiarios del convenio" resultan ser todos los trabajadores, es decir, tanto los afiliados como los no afiliados al sindicato.

En virtud de ello, y sin perjuicio de la denominación de "cuota sindical" -tal vez no la más adecuada para catalogar la contribución en cuestión-, opino que no cabe efectuar distinción alguna entre personal afiliado y no afiliado, toda vez que no se advierte motivo alguno para hacerlo, y si hubiera sido voluntad de los convencionales excluir de la disposición a los trabajadores no afiliados, ello debió consignarse con claridad en la norma convencional.

En consecuencia, como lo anticipara, voto por la afirmativa al interrogante propuesto a plenario.

EL DOCTOR BERMUDEZ, dijo En anterior oportunidad ya examiné aspectos de la cuestión sometida a decisión plenaria y adherí al criterio según el cual una adecuada exégesis de las cláusulas convencionales involucradas no podía dar lugar a otra interpretación de los artículos 63 y 64 del convenio 150/75, ya que más allá del "nomen iuris" asignado, comprendían por su ámbito de aplicación a todo el personal alcanzado por aquél, lo que impediría distinguir entre afiliados y no afiliados, máxime que los beneficios que motivaran su creación tampoco aparecen circunscriptos a los trabajadores que posean afiliación, lo que revela que se trataría, no de una cotización sindical generalmente tipificada en forma definida en la cláusula respectiva, sino de una disposición destinada a proyectarse sobre todos los sujetos involucrados en el campo de proyección de la convención colectiva.

Tampoco podría soslayarse que, en consonancia con tal perspectiva, obra una previsión específica sobre la cuota sindical en la cláusula inmediatamente anterior a las consideradas, por lo que no cabría acordar un diverso sentido a las posteriores que no aparecen dirigidas a los sindicatos para la financiación de sus actividades, sino exclusivamente destinada a implementar el mantenimiento de los seguros de vida, enfermedad y sepelio.

También resulta una nota distintiva de la caracterización de la cláusula, la modulación de la misma, porque en la mecánica de la operativa para su determinación en la Ley de Asociaciones Sindicales -vigente al tiempo de celebración del convenio y en sus posteriores modificaciones-, se habilita a los órganos societarios a plasmar su cuantía y, en cambio, no cabría que un dispositivo derivado del convenio colectivo sustituyera esa competencia específica con fundamento legal.

Por el contrario, la fórmula adoptada a través del pacto se corresponde en un todo con la finalidad que se persigue al estructurar un beneficio que dé cobertura al riesgo de muerte, enfermedad y gastos de sepelio.

Finalmente, no existe ninguna pauta que permita inferir que dichas cláusulas, en lo que hace a la instrumentación de los seguros, excluyera a los trabajadores afiliados, porque la alusión inequívoca al personal beneficiario de la convención impediría segmentar la operatividad de la directriz, salvo que mediara expresa disposición que así lo estableciera, cabiendo acotar que cualquier suspicacia sobre una eventual fórmula compulsiva de cotización no aparecería configurada si no se produce distinción entre los trabajadores alcanzados por su dispositivo.

De todo ello se derivaría que las cláusulas analizada participarían de la caracterización que de ellas hiciera el artículo 9°, último párrafo, de la Ley 14.250 (t.o. decreto 108/88), en cuanto por su naturaleza se encuadran en las denominadas contribuciones solidarias.

Voto por ello, en sentido afirmativo al interrogante planteado.

EL DOCTOR SIMON, dijo:

Dejo constancia -en primer término- que me expido por primera vez sobre la materia a la que refiere la convocatoria que nos ocupa, ya que no participé en el dictado de las sentencias en las que se pronunció la Sala que integro, con anterioridad a esta oportunidad.

En segundo término manifiesto que comparto plenamente lo que el Dr. Capón Filas señala en el primer párrafo de su voto, pero dado que quien interpuso recurso de inaplicabilidad de ley en estos autos no fue el empleador sino la Federación actora, nuestra opinión respecto de la falta de interés legítimo de los empleadores, no tiene relevancia alguna a los fines de la resolución de la presenta causa.

En tercer término y, ya en relación a la cuestión que nos convoca, advierto que el artículo 63 en su primer párrafo, hace mérito de las resoluciones de la Dirección Nacional de Asociaciones Profesionales que determinaron el alcance de las retenciones en oportunidad de la celebración del convenio anterior al 150/75.

En efecto, dicho párrafo comienza con las palabras "De acuerdo con las resoluciones de la Dirección Nacional de Asociaciones Profesionales que en cada caso se indican, los empleadores efectuarán al personal beneficiario de la presente convención, las siguientes retenciones:...".

En el caso del inciso a), se menciona la Resolución D.N.A.P. N° 40/69 artículo 1° y en el caso del inciso b) se hace referencia a la Resolución D.N.A.P. N° 188/72. A fin de expedirme sobre ambos puntos, he realizado, por considerarlas interesantes para la resolución de la causa, averiguaciones en la Dirección Nacional de Asociaciones Gremiales y en el Boletín Oficial sin que en ninguno de esos organismos exista copia fiel -a la fecha- de las mentadas resoluciones.

A la época de la celebración del Convenio 150/75, las cláusulas de aportes y contribuciones para las entidades gremiales eran homologadas -al margen de la homologación General a cargo de la entonces Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo- por la entonces Dirección Nacional de Asociaciones Profesionales.

Esta cuestión reviste importancia ya que, para la interpretación de un convenio colectivo, no puede omitirse la intención de las partes al celebrarlo puesto que, recordando una vez más a Carnelutti, el Convenio Colectivo tiene cuerpo de contrato y alma de ley y, ese cuerpo contractual hace que no se pueda omitir la intencionalidad de las cláusulas.

Ante la imposibilidad de llegar al texto original o una copia autenticada de dichas resoluciones, me limito a indicar que en la copia simple facilitada por el hoy Director Nacional de Asociaciones Sindicales, Dr. Hugo Guida, se hace mérito en cuanto al alcance de la retención de los "beneficiarios" del convenio colectivo. Tal texto, por otro lado, coincide con el primer párrafo aludido, que también refiere al "personal beneficiario de la presente convención" y a los incisos a) y b) que repiten textualmente tales palabras.

Como en alguna oportunidad he indicado, al igual que el resto de las normas jurídicas y, podríamos decir que aún con mayor énfasis, debido a su origen y naturaleza, las cláusulas de un convenio colectivo de trabajo sufren conflictos interpretativos que hacen necesario apelar a la técnica hermenéutica para desentrañar su sentido y la reunión de los supuestos de habilitación operativa en un caso concreto (Conf. "Derecho Colectivo de Trabajo", La Ley 1998, pág. 464 y ss.).

En tal sentido, la primera apelación, como se adelantó, es a la voluntad de las partes. Tal pauta de análisis es profundizada siempre en torno de la intención de los sujetos y el texto dispositivo, por cuanto "en defecto de expresa declaración de las partes, es tarea del intérprete desentrañar su voluntad en el contexto brindado por la cláusula convencional" (Sala VI, del 9 de agosto de 1991, "Torres, Benjamina A. c/ ISSPF" DT, 1991-B, págs. 22/24).

Pareciera que, teniendo en cuenta dichas pautas y dado que cinco veces, no ya una -primer párrafo, Resolución DNAP 40/69 e inciso a), Resolución DNAP 188/72 e inciso b)-, las partes hicieron mérito de que el alcance de la disposición era al personal beneficiario de la presente convención, pareciera claro que fue su intención que alcanzara tanto a los trabajadores afiliados como a los no afiliados, puesto que ambos son beneficiarios de la convención.

Como dice mi colega, el Dr. Héctor J. Scotti, la cuota de afiliación nunca podría fijarse por vía de una convención colectiva, ya que el mecanismo legalmente previsto era el órgano deliberativo de la institución de conformidad a lo normado por el art. 15 inciso e) de la ley 20.615 vigente al momento de la celebración del convenio, mecanismo que por lo demás se ha repetido posteriormente en las leyes 22.105 y 23.551.

Creo pues que, otorgarle un sentido diferente a las cláusulas en análisis no se compadece ni con lo que las partes manifestaron al celebrar la convención ni con la legislación vigente a ese momento. Pareciera entonces que inclinarse por una interpretación que quita sentido y contenido al compromiso contraído, contraría las bases hermenéuticas que deberían aplicarse a tal efecto.

Por todo ello, al interrogante formulado en la convocatoria que nos ocupa, respondo por la afirmativa.

LA DOCTORA GONZALEZ, dijo:

La presente convocatoria se halla ceñida a desentrañar los alcances de la normativa prevista en el art. 63 incs. a y b del C.C.T. N° 150/75, es decir si la misma cuando hace referencia al "personal beneficiario de la presente convención" conduce a no distinguir entre trabajadores afiliados o no afiliados y, consecuentemente, impone la contribución a todo el personal sometido al ámbito de aplicación convencional, o bien si partiendo del concepto de "cuota sindical" que emana de la redacción del art. 62 de la mencionada convención, lleva a concluir que la retención debe realizarse sólo respecto de los dependientes afiliados.

En tal orden de saber, advierto que de la atenta lectura del texto del art. 63 antes citado, se extrae que los empleadores deben llevar a cabo las retenciones allí previstas "al personal beneficiario" de la misma, sin hacer ningún tipo de distinción entre "afiliados" y "no afiliados", de lo que se deduce que el alcance de la disposición es de carácter "erga omnes" para todos los beneficiarios el convenio colectivo de trabajo, que no son otros que todos los trabajadores comprendidos en el mismo (cfr. art. 8 de la ley 14.250 t.o.).

No cabe duda que de haber sido intención de los redactores de dicho texto convencional la exclusión de los trabajadores no afiliados, así lo hubiesen dejado plasmado, extremo que, por simple exclusión permite colegir que la voluntad negocial fue la de incluir, tal como se expresara, a todos los trabajadores comprendidos en el convenio.

Por otra parte, más allá de la escasa claridad de la redacción del art. 62 del C.C.T. en ciernes, no puede perderse de vista que el directo beneficiario de las retenciones que deben realizarse a favor de las entidades adheridas, no es la asociación sindical de base, sino la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina, circunstancia que deriva en la convicción de que no cabría la posibilidad de establecerse que los importes de cuotas sindicales lo sean a favor de una entidad sindical de segundo grado, sin transitar por el procedimiento previsto en el art. 20 de la ley 23.551.

En tal contexto, no cabría sino considerar que las contribuciones en cuestión deberían conceptualizarse como "cuotas de solidaridad", en el marco de lo normado en el art. 9 de la ley 14.250, en el entendimiento que las mismas por definición son aquellas que resultan ser una retribución del servicio prestado por el sindicato para la concreción del convenio, actividad que supone estudios previos, gestiones, negociaciones, etc., que benefician a los trabajadores, tanto a los afiliados como a los que no lo son, lo cual implica que la mencionada contribución debe ser pagada por ambos, en atención al carácter de beneficiarios de la convención, que invisten (Etala, Carlos A. "Derecho Colectivo de Trabajo", pág. 266 y sigts.).

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, voto por la afirmativa, al interrogante inicial.

EL DOCTOR BILLOCH, dijo:

Por compartir los fundamentos del voto del Doctor Juan Carlos Morando voto por la afirmativa.

LA DOCTORA GUTHMANN, dijo:

Que por compartir las consideraciones expuestas por el doctor Scotti, mi respuesta al interrogante planteado en la convocatoria que nos ocupa es afirmativa.

EL DOCTOR CORACH, dijo:

En coincidencia con lo dictaminado por mi colega, el Dr. Héctor Scotti, voto por la afirmativa.

Por la NEGATIVA constituyendo MINORIA, votan los doctores RODRIGUEZ, MORELL, PORTA, PUPPO, GUIBOURG, RUIZ DIAZ, MORONI, GARCIA MARGALEJO, EIRAS y VILELA.

LA DOCTORA RODRIGUEZ, dijo:

El interrogante que en esta oportunidad nos convoca, en realidad no involucra un cuestionamiento en torno a la legitimación activa de la entidad sindical interviniente, toda vez que sobre tal tópico no se vislumbra discrepancia alguna, la que sí se advierte en relación a si las contribuciones previstas en el art. 63 incs. a) y b) del C.C.T. 150/75 deben proyectarse sobre los salarios de los trabajadores no afiliados.

Si bien, en un primer momento, y ceñido el planteo a los concretos hechos alegados y probados en la causa "Federación Obrera Ceramista de la República Argentina F.O.C.R.A. c/ Cerámica Zanón S.A. s/ cobro de apor. o contrib." (sent. 84.635 del 22/10/98 del registro de la Sala II C.N.A.T.), me he pronunciado a favor de la pretensión deducida por la entidad gremial, en el entendimiento de que al aludirse al "personal beneficiario de la presente convención" se involucraba en la disposición tanto a los trabajadores afiliados como a los no afiliados; en oportunidad más reciente, al tener que pronunciarme en calidad de segundo voto en los autos "Federación Obrera Ceramista de la República Argentina c/ Cerámica San Lorenzo I.C.S.A." del registro de la Sala V (sent. 65.786 del 15/7/02), un nuevo análisis del planteo, me ha llevado a adherir a la tesis propuesta por el Dr. José E. Morell, en sentido coincidente al expuesto por el Sr. Fiscal General.

En efecto, si bien el art. 63 del C.C.T. 150/75 hace referencia al personal beneficiario de la convención colectiva, sin efectuar distinción entre afiliados y no afiliados, el art. 62 del mismo convenio, al establecer la "cuota sindical" que deberá retenerse a los trabajadores para los sindicatos filiales adheridos, utiliza idéntica terminología, por lo que la circunstancia de haberse aludido al "personal beneficiario" de la convención para la fijación de la contribución cuestionada, carecería de mayor relevancia a efectos de determinar la naturaleza de la misma, no pudiéndose estar a precisiones semánticas o terminológicas, cuando se advierte la equivocidad de los vocablos empleados en normas cuya categorización en sí no se cuestiona.

Frente a ello, cabe analizar si por su propia naturaleza o finalidad, las contribuciones de marras, podrían calificarse como "cuotas de solidaridad" en función de cuyo establecim En consecuencia, por lo expuesto y al compartir el criterio con que se expidiera el Sr. Fiscal General ante la Cámara, voto por dar respuesta NEGATIVA al interrogante planteado.

EL DOCTOR MORELL, dijo:

En la sentencia definitiva nro. 65.786 del registro de la Sala V que integro -que es la recurrida por la parte actora por la vía impugnatoria establecida en el art. 288 y ss. del CPCCN- concordé e hice míos con los fundamentos del dictamen previo nro. 34.195 que allí emitió el señor Fiscal General ante la Cámara Dr. Eduardo O. Alvarez. Seguí de ese modo el criterio sentado por la Sala en anterior integración en causas precedentes, siendo de citar entre otras los autos "Federación Obrera Ceramista de la República Argentina c/ Cerámica San Lorenzo I.C.S.A. s/ cobro de aportes", sent. def. nro. 56.709 del 22.8.1997.

En este pleno habré de reiterar aquella interpretación acerca de las disposiciones del C.C.T. nro. 150/75 individualizadas en el temario, porque también concuerdo con la opinión del Dr. Alvarez que abre este debate, al que me remito en aras de la brevedad.

Se trata, en síntesis, de exigir de las proposiciones normativas que expresen los sujetos titulares de la autonomía negocial colectiva regulada por la ley 14.250 en la materia que aquí concierne (las llamadas "cláusulas de solidaridad"), que satisfagan los recaudos de claridad y precisión indispensables para despejar equívocos o dudas sobre el establecimiento o no de gravámenes que pudieren llegar a afectar a la libertad sindical de los trabajadores no afiliados a la asociación sindical otorgante de la convención colectiva que se invoque por ella a aquellos efectos.

Coincido con el Ministerio Público Fiscal de Cámara -con la debida atención a los derechos e intereses en juego que presuponen la estrictez en la indagación judicial-, no puede predicarse del art. 63 incisos "a" y "b" del C.C.T. 150/75 que satisfagan dichos recaudos y, en consecuencia, me expido por la negativa ante el interrogante sometido al pleno.

LA DOCTORA PORTA, dijo:

El art. 37 de la ley 23.551 dispone expresamente que el patrimonio de las asociaciones sindicales de trabajadores estará constituido por: a) Las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados y las contribuciones de solidaridad que se pacten en los términos de la ley de convenciones colectivas; b) Los bienes adquiridos y sus frutos; c) Las donaciones, legados, aportes y recursos no prohibidos por esta ley.

Esta norma ubica como primera fuente de recursos de las organizaciones sindicales a los aportes a cargo de sus afiliados, lo cual es de toda lógica pues ésta es la principal fuente de ingresos y es la contribución que hace el socio al sostenimiento de la institución, es la obligación inherente a su calidad de miembro (conf. Vázquez Vialard "El Sindicato en el Derecho Argentino", pág. 235, Editorial Astrea, 1981).

El texto legal también distingue entre cotizaciones ordinarias y extraordinarias a cargo de los socios, las primeras, denominadas por lo general cuota sindical son los aportes o contribuciones que deben realizar los afiliados a la organización sindical para sostenerla económicamente, en forma regular y periódica (al ingreso, mes a mes, etc.), mientras que las segundas son contribuciones destinadas al logro de un objetivo específico (constitución y sostenimiento de un fondo para la concesión de un determinado beneficio social, por ej. Turismo, Vivienda, Capacitación, Sepelio, etc.).

La ley contempla como otra fuente de ingresos perfectamente diferenciada de la anterior, a las llamadas cláusulas de solidaridad sindical impuestas por el convenio colectivo de trabajo a todos los trabajadores de la actividad que resultan alcanzados por la convención colectiva y aun cuando no estén afiliados al sindicato que suscribió el acuerdo colectivo.

El art. 9 de la ley 14.250 dispone que las cláusulas de la convención por las que se establecen contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes, serán válidas no sólo para los afiliados comprendidos en el ámbito de la convención.

Al respecto al decidir la causa "Federación Obrera Ceramista de la República Argentina FOCRA c/ Cerámica Pilar S.A. s/ cobro de aportes o contribuciones" (S.D. Nro. 74.851 del 29.9.97 del registro de la Sala III que tengo el honor de integrar), sostuve que "...hay consenso en la doctrina en que los únicos aportes patrimoniales que un sindicato puede exigir a los trabajadores de la actividad no afiliados, son los que reconocen como causa una cláusula de solidaridad inserta en el respectivo convenio colectivo, aporte expresamente previsto en el ordenamiento legal vigente (art. 37 inc. a) de la ley 23.551), pues de lo contrario se vulneraría el derecho de libertad sindical en su aspecto negativo -libertad de no afiliarse a determinado organismo gremial- (art. 4 inc. b) ley 23.551, ver, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo" de Krotoschin, T. II, págs. 155 y sigs., 4ta. Edición actualizada, Ediciones Depalma Bs. As. 1981;

y "El Modelo Sindical Argentino", de Néstor T. Corte, págs. 369 y sigs., segunda edición actualizada, Rubinzal-Culzoni Editores)..."; "...La razón de ser de las referidas cláusulas de solidaridad, según Vázquez Vialard es retribuir el servicio prestado por la organización sindical al concertar un nuevo convenio que, por el efecto erga omnes que le otorga la homologación, beneficiará a todos los trabajadores de la actividad (ob. cit. pág. 240 y sigs.)...";

"...Así entendida la cuestión, es lógico sostener que tal tipo de cuota debe tener una limitación temporal, ya que su origen y finalidad están vinculados a la celebración o renovación de la convención y por otra parte, no puede imponerse a los trabajadores no afiliados aportes que respondan a causas distintas, sin compromiso de la libertad sindical...".

Desde mi punto de vista el carácter temporal de las cláusulas de solidaridad resulta de la propia ley 14.250 tanto en su versión original como en la actualmente vigente (conf. art. 6 t.o. decreto 108/88) ya que vencido el término de vigencia de una convención colectiva de trabajo sólo subsisten las condiciones de trabajo resultantes de la misma a la par que las normas relativas a contribuciones y demás obligaciones asumidas por los empleadores, "todo ello hasta que entre en vigencia una nueva convención y en tanto que en la convención colectiva cuyo término estuviere vencido no se haya acordado lo contrario".

En el caso que nos convoca la entidad demandante reclama la retención y depósito mensual por parte de los empleadores incluidos en el ámbito del C.C.T. 150/75 de las contribuciones impuestas por el art. 63 incs. A) y B) al personal beneficiario de la convención, con prescindencia del carácter de afiliado. El primero de los incisos dispone que la retención se hará en concepto de cuota sindical para la federación actora mientras que la segunda está destinada al mantenimiento de los seguros de Vida, de Enfermedad y de Sepelio que acuerda la entidad.

En mi criterio, la respuesta al interrogante planteado debe ser negativa pues la expresión "personal beneficiario de la convención" es insuficiente para caracterizar a dichas normas colectivas como cláusulas de solidaridad idóneas para obligar a quienes no son socios de la entidad gremial ya que aquéllas tienen origen en un Convenio Colectivo celebrado en 1975, por lo cual no estamos ante una nueva convención ni frente a la renovación de una anterior.

No puede soslayarse tampoco que las retenciones peticionadas son calificadas por el propio convenio en el art. 63, inc. A), como cuota sindical y deben practicarse mes a mes, todo lo cual permite concluir que estamos ante una contribución de carácter ordinario y permanente que, como tal, sólo puede estar a cargo del trabajador que es miembro de la asociación sindical.

No afecta la conclusión precedente la circunstancia de que estas cotizaciones operen normalmente en relación con las entidades de primer grado y que el art. 62 del citado C.C.T. 150/75 regule la retención de la cuota sindical y de obra social para los sindicatos filiales de la federación actora dado que el objeto del interrogante que nos convoca versa sobre aportes a favor de una organización sindical de segundo grado, los cuales estaban expresamente permitidos en el régimen de asociaciones sindicales vigente al tiempo de celebrarse el citado convenio colectivo (art. 36 de la ley 20.615).

La otra retención que se reclama, prevista en el inciso B) , también debe ser practicada mes a mes y está destinada al mantenimiento de los seguros de Vida, de Enfermedad y de Sepelio que acuerda la Federación actora y es evidente que estas prestaciones son brindadas por la accionante únicamente a sus integrantes, por lo cual tampoco puede exigirse al empleador que actúe en relación con personal que no pertenece a la entidad gremial y que no recibirá tales beneficios.

Conviene señalar que tanto el derecho a la libertad sindical en su aspecto negativo como el principio de que sólo los trabajadores que integran las organizaciones profesionales son los únicos que deben abonar cuotas o aportes a favor de dichas entidades de modo regular fueron expresamente consagrados por la ley 20.615 que regía al celebrarse aquél convenio pues la misma dispuso que el derecho de Por todo lo expuesto, concluyo que no puede obligarse a los empleadores comprendidos en el ámbito del convenio a retener y depositar tales contribuciones respecto de personal que no está afiliado a la asociación de primer grado pues no se trata de una contribución de solidaridad que resulta de un nuevo convenio colectivo ni de la renovación de uno existente, por lo cual aun cuando la norma aluda de modo genérico al personal beneficiario de la convención, la obligación respecto de los trabajadores no afiliados carece de causa en los términos del art. 499 del Código Civil ya que el principio es que las normas relativas a contribuciones a cargo de los trabajadores no afiliados perdieron vigor al vencer el término de vigencia del aludido convenio colectivo conforme lo dispuesto por el citado art. 6 de la ley 14.250 (t.o. decreto 108/88).

Tengo bien presente que el agente de retención de contribuciones sindicales carece de int En definitiva y por lo que antecede, voto por la negativa EL DOCTOR PUPPO, dijo:

Con relación al interrogante formulado, compartiendo el meduloso y bien fundado Dictamen del Sr. Fiscal General ante esta Cámara, mi respuesta es negativa a la pregunta inicial, ya que no observo que se pueda imponer un pago como cuota sindical a quien deliberadamente, ejerciendo su libertad de afiliación, no se ha incorporado a una entidad sindical determinada.

EL DOCTOR GUIBOURG, dijo:

Por compartir los fundamentos expuestos en el dictamen del señor Fiscal General y en los votos de las Dras. María Laura Rodríguez y Elsa Porta, voto por la negativa.

EL DOCTOR RUIZ DIAZ, dijo:

Por compartir los fundamentos del Sr. Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones, Dr. Eduardo Alvarez, voto por la negativa.

EL DOCTOR MORONI, dijo:

Comparto los fundamentos expuestos por el Sr. Fiscal General ante la Cámara. Consecuentemente, voto por la negativa.

LA DOCTORA GARCIA MARGALEJO, dijo:

Teniendo en cuenta la opinión del Sr. Fiscal General ante esta Cámara y argumentos que expone y los fundamentos vertidos en el voto del Dr. Morell, que comparto, voto por la negativa al interrogante planteado.

EL DOCTOR EIRAS, dijo:

De conformidad con lo resuelto por la Sala que integro en la causa "Federación Obrera Ceramista de la República Argentina c/ Cerámica Pilar S.A." (Sentencia Nro. 74.851 del 29.9.1997 del registro de la Sala III) y compartiendo el dictamen del Señor Fiscal General ante la Excma. Cámara, voto por la negativa, al interrogante planteado.

EL DOCTOR VILELA, dijo:

Que por los fundamentos del dictamen del señor Fiscal General voto por la negativa.

Según sus fundamentos, vota el doctor DE LA FUENTE:

EL DOCTOR DE LA FUENTE, dijo:

Se plantea en la presente convocatoria si las retenciones para cuota sindical y para seguros sociales de la F.O.C.R.A. deben realizarse también al personal no afiliado (art. 63 inc. a) y b) del C.C.T. 150/75).-- Los distintos votos emitidos en este plenario se pronuncian ya sea por la afirmativa o por la negativa, partiendo de la base que los dos supuestos contemplados por los inc. a) y b) del art. 63 merecen la misma consideración.

Por mi parte, me permito disentir con esta posición, en tanto considero que ambos incisos contemplan supuestos diferentes, que por lo tanto requieren también distintas respuestas A) En lo que respecta a la contribución prevista en el inc. a), me parece claro que la norma se refiere a los aportes que debe efectuar solo el personal afiliado, en cuanto dispone que la retención se efectúa "en concepto de cuota sindical", expresión que en derecho colectivo tiene un significado inequívoco, como referido a los aportes que debe efectuar el personal adherente al sindicato (el título del inciso a) también es bien explícito al respecto: "cuota sindical para FOCRA").

- La primera parte de la norma es genérica y abarcativa ("personal beneficiario de la presente convención"), mientas que la segunda restringe sus alcances, limitando la extensión de dicha expresión al disponer que solo debe aportar el personal beneficiario pero que a su vez sea afiliado del sindicato ("en concepto de cuota sindical").

Para verificar lo razonable de esta interpretación, solo cabe remitirnos a los términos utilizados por las partes en la norma anterior de la misma convención (art. 62), en la cual se emplean las mismas expresiones para consagrar la retención de la cuota sindical, norma que no se discute es solo aplicable al personal afiliado. Se consigna en dicho art. 62 que la retención se aplicará al "personal beneficiario de la presente convención" (expresión genérica) para luego limitar sus alcances al tener como destinatario al personal afiliado, empleando los términos "cuota sindical" (expresión limitativa).

Tampoco se puede considerar que con esta interpretación se estaría violando el principio legal según el cual el importe de la cuota sindical solo puede ser fijado por la asamblea o congreso de la asociación profesional (voto del Dr. Scotti), ya que al margen de la imprecisión semántica y formal en que incurrieron quienes redactaron el convenio, no puede caber duda que nos encontramos en el ámbito de las contribuciones de solidaridad, las que se fijan al celebrarse un nuevo convenio colectivo.

Me parece claro que la expresión "cuota sindical" no es afortunada y que ha sido empleada para precisar que solo deben aportar los afiliados del sindicato, pero en ningún momento ha dejado de ser -en su esencia- una cuota de solidaridad, con la particularidad que solo rige para los trabajadores afiliados.

B) En lo que respecta a la contribución prevista en el inc. b) del art. 63, también me parece claro que resulta aplicable a todos los trabajadores, sean o no afiliados, en cuanto la norma se refiere expresamente "al personal beneficiario de la presente convención" (1er. Párr. art. 63), sin hacer ninguna distinción y sin introducir la limitación consagrada en el inc. a) para reducir sus alcances a solo el personal afiliado, como señalamos en la letra anterior.

Por las razones expuestas, a las preguntas formuladas por la convocatoria respondo:

a) respecto a las contribuciones establecidas en el inc. a) del art. 63 me pronuncio por la negativa, esto es que no se aplican al personal no afiliado.

b) respecto a las contribuciones establecidas en el inc. b) del art. 63 me pronuncio por la afirmativa, esto es que se aplican tanto al personal afiliado como al no afiliado.

Acto seguido, el TRIBUNAL por MAYORIA, RESUELVE:

Fijar la siguiente doctrina: "Está legitimada la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina para exigir de los empleadores incluidos en el ámbito de la C.C.T. 150/75 la retención y depósito de las contribuciones previstas por el artículo 63, incisos a) y b), respecto de los trabajadores sin afiliación sindical".

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces y el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, previa lectura y ratificación, por ante mí. Doy Fe.