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Defensa del consumidor, sujetos de derecho, proveedor, entidades financieras, carga de la prueba, operaciones bursátiles
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Acyma Asoc. Civil c/ Portfolio Personal SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-17

1 - Los negocios bursátiles no pueden ser excluidos del régimen de defensa del consumidor, especialmente cuando fueron concretados para obtener una ganancia o evitar pérdidas derivadas de la disminución del valor de la moneda, sin trasladar la inversión a actividad alguna, persiguiendo un propósito de ahorro, para cuya realización ha resultado imperioso el asesoramiento profesional (conclusiones de la Comisión N° 8 de las XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en la Universidad de Buenos Aires, septiembre de 2013). 2 - No se soslaya que las sociedades de bolsa despliegan una actividad regulada, debiendo cumplir con las normas dictadas por la Comisión Nacional de Valores y el Merval. Sin embargo, esto no excluye la aplicación de la LDC, pues las relaciones de consumo se rigen por ese régimen y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica (LDC 3). Es que cuando la norma pretendió excluir a una actividad en particular, lo hizo expresamente (LDC 63). 3 - Se impone pues una interpretación sistemática del material normativo al momento de decidir por parte de los tribunales. La legislación argentina tiende a proteger al consumidor inversor que canaliza sus ahorros mediante operaciones bursátiles alejadas de las tradicionales operaciones bancarias pasivas. Es necesario un "diálogo de fuentes" para conciliar la LDC, la ley 17811 y el decreto 677/2001, considerando que, en instancia final, la tutela del consumidor es un mandato de la Constitución Nacional. El principio de protección del ahorrista es quizá la clave interpretativa más importante, condición sine qua non de la propia existencia del mercado (SCJ de la Prov. de Bs. As., "Camderros, Lidia Marta y otros c/ Francés Administradora de Inversiones SA y otros s/ daños y perjuicios", del 29/11/17 y sus citas). 4 - Por lo expuesto, son genéricamente aplicables al sub examine las previsiones de la ley de defensa del consumidor y sus normativas reglamentarias (como la Resolución 9/2004 de la SCT), con las limitaciones que se siguen de su compatibilización con la normativa y actividad bursátil.
Juicio de desalojo, allanamiento, consignación de llave
Materia: CIVIL
Carátula: BUSTAMANTE c/ BAMUS s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-13

Si al tomar conocimiento de la acción de desalojo promovida, el demandado se allana a la pretensión y consigna las llaves, queda en principio liberado desde que el locador tuvo conocimiento adecuado del depósito.
Daños y perjuicios, responsabilidad de la provincia, inundación
Materia: CIVIL
Carátula: Bernardo Ciddio, Aquiles y otra c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02

Corresponde hacer lugar a la demanda deducida por el propietario de un hospedaje ubicado en la localidad de Epecuén, que debió ser evacuado por la inundación que arrasó la ciudad, destruyendo la propiedad y aniquilando toda posibilidad de explotación comercial, si ello tuvo su causa en la actividad desarrollada por las dependencias de la Provincia de Buenos Aires.
Proceso penal, mediación penal, deberes y facultades del juez, sistema acusatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación: "López, Víctor Antonio s/ art. 13944:1 LN 13.944 (Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar) p/ L 2303"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-13

El pronunciamiento que revocó la resolución de primera instancia en cuanto había denegado la solicitud de mediación, resulta equiparable a definitiva para el Ministerio Público Fiscal en tanto le impide continuar con el ejercicio de la acción al truncar su pretensión de celebrar el juicio. Si se arribara a un acuerdo a tenor del art. 204 del CPP y se cumplieran sus condiciones, ello conduciría a la extinción de la acción y provocaría la consecuente cancelación de la pretensión punitiva del fiscal, por lo que no hay entonces otra oportunidad eficaz para que el recurrente haga valer sus razones constitucionales. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, proceso penal, imputado, responsabilidad penal, prueba de cargo, prueba testimonial, tipo penal, calificación legal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., R. L. c/  s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-15

Se advierte que los vicios endilgados se desdibujan ante la profusa argumentación esgrimida por el A quo, que no sólo entendió acertada la afirmación del Tribunal de grado respecto a que se había producido prueba incriminante suficiente para afirmar con certeza razonable la responsabilidad penal del imputado, sino que concluyó que la condena debía ser confirmada, luego de analizar el testimonio brindado por su hija -quien presenciara los sucesos endilgados-, resaltando su contundencia, y brindaron fundamentación suficiente a fin de tener por acreditados los requisitos típicos de la figura prevista en el artículo 80, inciso 11 del Código Penal y para descartar la versión exculpatoria ensayada por el imputado, la que -entendieron- se veía debilitada frente al material probatorio reunido, apareciendo incluso contradictoria. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 80, inciso 11
Prueba confesional, apreciación de la prueba, libre convicción
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: T., J.R. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1979-09-12

Aún dentro de nuestro proceso de características inquisitorias la confesión es medio de prueba material más que formal. Su contenido podrá ser asumido para fundar la condena sólo si el Juez considera creíble y concluyente su contexto y si el resto de los elementos imputatorios reunidos en la causa, conjugados críticamente, confirman su relato.
Expropiación, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dirección de Vialidad c/ Cooperativa de Crédito Ind. de La Plata Ltda. y otra s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

El art. 37, segunda parte de la ley 5.708 al fijar como valor económico a los fines regulatorios la diferencia que resulte entre la oferta y la indemnización definitiva vulnera el derecho de propiedad del letrado, degradando injustamente la retribución a que tiene derecho y agravia la garantía constitucional que resguarda el patrimonio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de nulidad, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Grillo, Juan Carlos c/ Sniafa S.A.I.C.F e I. s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-11

No puede prosperar el recurso extraordinario de nulidad en el cual la crítica se dirige a objetar la forma en que la cuestión fue analizada, pero sin indicar la falta de consideración del centro medular de resolución del conflicto de imprescindible tratamiento en la sentencia.
Ministerio Público Fiscal, requerimiento de elevación a juicio, facultades del fiscal, simple damnificado, fallos de la Corte Suprema, código procesal civil y comercial
Materia: PENAL
Carátula: P., Marcelo Gustavo y P., Gabriel Carlos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-05

Constituye un grave error pretender que, a partir de las normas procesales que reconocen esa limitada intervención a la víctima en el proceso penal, se derive a su respecto legitimación como parte acusadora autónoma. Ello es así por cuanto, por una parte la legitimación para el ejercicio de las acciones no constituye una cuestión propia del derecho procesal, que pueda abordarse de modo diferenciado por cada legislatura local en sus respectivos códigos procesales, sino una materia a ser regulada por el derecho de fondo; y por otro lado, porque no resultaría razonable acordar legitimación para el ejercicio de una acción a un sujeto distinto de aquél que es titular del derecho que, merced a esa acción, se pretende tutelar.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Garciandia, Adrián M. y ot. c/ Di Pascua, Marta L. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-16

Es dable al juez, sin perjuicio de la absolución en sede penal, encontrar al imputado responsable civilmente, no obstante que los mismos hechos hubieran sido fundantes de la decisión que considera la inexistencia de responsabilidad penal. Es que los presupuestos de la responsabilidad objetiva son distintos de los que fundan la responsabilidad por el dolo o culpa en sede penal.
Regulación de honorarios, apelación de honorarios, legitimación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INDUSTRIA GAYNOR  S.R.L. c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACION - HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-27

El titular de los honorarios no es otro que el profesional cuya labor se remunera y es a él por tanto, a quien corresponde procurar su integridad y percepción, malgrado las disposiciones que pudieran reglar las relaciones entre mandante y mandatario.

Si bien la legitimidad procesal para recurrir se extiende a quienes pueden invocar un interés personal, es preciso que la decisión impugnada les esté directamente referido, extremo que no se cumple en el caso, donde el interés que invoca el apelante nace de disposiciones reglamentarias de los derechos y obligaciones derivados del mandato -materia ajena, si duda, a esta controversia y no del vínculo obligacional que la condenación en costas establece directamente entre el profesional acreedor y el obligado al pago (art. 49 y cctes. de la ley 21.839).
Homicidio, agravantes de la pena, homicidio con alevosía
Materia: PENAL
Carátula: D., A. Y OTRO s/ Roba calificado - Homicidio, Etc.. (Expte Nº  25-96, Resolucion Nº  22,  Tomo 3, Folio 468)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-04

Para que se presente en el homicidio la agravante de la alevosía debe concurrir el elemento objetivo de la indefensión de la víctima y el subjetivo consistente en el aprovechamiento por el agente activo de tal circunstancia. El dolo de la agravante consiste en conocer la indefensión de la víctima y querer valerse de ella. La indefensión de una criatura forma parte de su propio ser -similar razonamiento cabría para el aborto-, de modo tal que mal podría sostenerse que alguien se aprovecha de la misma para actuar sin riesgos. No existiendo en el Cód. Penal una protección especial para la vida de los menores de edad, el ataque a la misma debe ubicarse bajo la figura existente de homicidio.
Despido con causa, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: C., P.E. c/ S.I.A. SRL s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-19

Desde antiguo se ha dicho que "... los antecedentes del trabajador sólo pueden adquirir relevancia para la valoración de la injuria decisiva y motivo directo del despido cuando, en primer lugar éste resulta probado y, en segundo cuando aún de escasa envergadura, se trata de un hecho injurioso. Recién en esos supuestos los antecedentes se agregan al hecho último para determinar la "injuriosidad" de la causal . Mientras el hecho detonante no se verifique los antecedentes no pueden ser analizados porque o no han merecido sanción o han sido perdonados y pretender hacerlos valer sin un hecho que he llamado "detonante" afectaría el principio de la simultaneidad entre la injuria y la sanción".
Resoluciones equiparables a definitiva, rechazo del querellante, non bis in ídem, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Especializada en Faltas, Contravenciones de Tránsito y Lesiones Culposas de Tránsito de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Gabriele, Carlos Raúl y otros sobre 189 bis (2) - portación de arma de fuego de uso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

Corresponde equiparar a sentencia definitiva la decisión que denegó a la presunta víctima su constitución en parte querellante, y ejercer los derechos que la ley procesal confiere a ese rol. Ello así, en tanto los efectos que le genera son concluyentes. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz y Santiago Otamendi). La resolución que confirmó el rechazo del pedido de la víctima de constituirse en parte querellante, tiene carácter de definitiva pues, aunque no resuelve el pleito ni obstaculiza la prosecución de la acción del fiscal, impide definitivamente la continuación de la acción de la víctima. Ese impedimento no podría ser revisado por el Tribunal en oportunidad u ocasión de la sentencia que ponga fin al pleito, porque ello supondría trasgredir garantías propias del proceso penal, por ejemplo, el non bis in idedemla garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable. El derecho de la víctima a participar solo puede ser ejercido en oportunidad en que se desarrolla el trámite en el que tiene derecho a hacerlo. Esta, a su turno, es la única oportunidad que tiene el MPF y, finalmente, el Tribunal, de velar porque el desarrollo de las funciones jurisdiccionales de la CABA no lleve a poner a nuestro país en situación de incumplir compromisos internacionales. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Aplicación errónea de la ley, emergencia habitacional, situación de vulnerabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en htlm contra gcba sobre amparo - habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-22

La ley n° 4036 establece numerosas obligaciones positivas en cabeza del Estado local, pero entre estas no se encuentra la de brindar alojamiento (que es, en definitiva, a lo que el fallo de la Cámara se refiere), a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Por el contrario, la norma consagra la obligación estatal de garantizar alojamiento a los adultos mayores vulnerables (artículo 18) y a las personas vulnerables con discapacidad (artículo 25, inciso 3). Asimismo dispone que la Ciudad deberá brindar albergue a las mujeres con o sin hijos que atraviesen situaciones de violencia doméstica y/o sexual (artículo 20, inciso 3). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Juicio ejecutivo, ampliación de la ejecución, ampliación posterior a la sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: municipalidad de general pueyrredón c/ Propia cuenta s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

La ampliación de la ejecución con posterioridad al dictado de la sentencia debe ser de interpretación restrictiva y sólo es procedente respecto del vencimiento de nuevas cuotas o plazos de la misma obligación en tanto éstas hayan vencido con posterioridad a aquélla. (Minoría u opinión personal)
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RICHEZZE JORGE c/ MOLINA MARIA DE s/ COBRO DE PESOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-04-07

Quien quiere cambiar una situación jurídica debe probar los hechos en que funda tal cambio, así en el supuesto en que el demandado alegue la extinción de la obligación, siendo él quien pretende innovar sobre la anterior situación, es quien tiene la carga de probar.
Protección del medio ambiente, evaluación del impacto ambiental, desmonte de bosque nativo, daño ambiental, daño futuro
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Mamani, Agustín Pío y otros c/ Estado Provincial - Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Empresa CRAM S.A. s/ recurso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-05

Las irregularidades del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que caracterizaron el pedido de desmonte revisten carácter de suficiente gravedad para justificar la nulidad de las autorizaciones ya que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro y cobra especial relevancia la realización de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de las actividades, que no significa una decisión prohibitiva, sino una instancia de análisis reflexivo, realizado sobre bases científicas y con participación ciudadana.
Segunda instancia, recurso de apelación (procesal), límites del pronunciamiento, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Moras Mom, Jorge R. c/ Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-07

Discutido el alcance que cabía asignar a una norma de derecho federal, el tribunal de alzada no estaba limitado en su decisión por los argumentos de las partes o del juez, sino que le incumbía realizar una declaratoria sobre el punto.
Contrato de obra, invariabilidad del precio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PALAZZI Pedro c/ Abelardo MARINACCI s/ Demanda Ordinaria (LIBRO: S072 - 085)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-12-26

En materia de locación de obra rige el principio de la invariabilidad del precio. Una vez convenido o fijado, debe permanecer invariado como un elemento natural del contrato, en cuanto no se esté ante un supuesto de modificaciones al proyecto (cuyo pago proceda según "visibilidad" inculpable contractual o de trabajos extras o adicionales del art. 1633 bis).-
Tratados internacionales, observancia de tratados internacionales, obligaciones del Estado miembro, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Alianza   "Frente   para   la  Unidad"  (elecciones  provinciales gobernador  y vicegobernador, diputados y senadores provinciales) s/ oficialización listas de candidatos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Los Estados parte deben no solamente respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino además garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción, concepto que implica el deber del Estado de tomar las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la convención reconoce.
Contrato de trabajo, despido, injuria laboral, piloto de aviación, mala fe
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA, JOSE LUIS c/ AEROLINEAS ARGENTINAS  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-11

En el caso el actor, piloto de Aerolíneas Argentinas, fue despedido por no haber llevado a cabo un curso que le permitía mantener vigente la habilitación requerida para realizar funciones de vuelo. La empleadora debió implementar un nuevo curso para que el actor pudiera mantener su capacitación al día, de conformidad con el principio de buena fe, en tanto pauta rectora de la conducta de los trabajadores y empleadores, tanto en la celebración como en la ejecución y extinción del contrato de trabajo. El comportamiento esperado del "buen empleador" diseñado en la genérica regla del art. 63 L.C.T. y a la luz del art. 10, habría sido reprogramar un nuevo curso y no tomar la decisión de despedirlo ese mismo día sin darle derecho a procurarse la habilitación requerida. Por ello, corresponde al actor ser indemnizado de conformidad con los arts. 232, 233 y 245 L.C.T. y el incremento del art. 2 de la ley 25.323, dado que la demandada ni siquiera abonó oportunamente la indemnización reducida que surgiría de la aplicación del art. 254 L.C.T.
Establecimientos faenadores de ganado, IVA, anticipos impositivos, acción de amparo
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: FRECA. S.A c/ SE. NA. S.A. (Estado Nacional) s/ amparo. amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

Si la inscripción como establecimiento faenador tuvo lugar a raíz del dictado de la resolución que estableció la suspensión de tales inscripciones en caso de incumplimiento en el ingreso de algún anticipo del IVA, ello importó un sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tales efectos, lo que determina el rechazo del amparo.
Compraventa de automotores, ventas sucesivas, transferencia del automotor, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: SPINEDI c/ ABOAF s/ COMPRAVENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-21

Quien vendió un automóvil que no estaba a su nombre, debe entenderse que asumió la obligación de proporcionarle al comprador los documentos necesarios para gestionar la transferencia del rodado y obviamente la única forma de cumplir con la obligación a su cargo es previamente formalizando la transferencia del rodado a su nombre.

Por ello resulta ajustada a derecho la sentencia que establece un plazo para que el accionado cumpla con esa obligación, bajo apercibimiento de hacerlo a su costa, o bien, en caso de que ello resulte imposible, de resolverse el contrato, fijándose los respectivos daños y perjuicios.-
Honorarios, regulación de honorarios, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Siderman, José y otros c/ Nación Argentina y Pcia. de Tucumán s/ da!os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

A fin de efectuar la regulación, no deben acumularse los intereses al capital, sino que debe practicarse exclusivamente sobre el quantum de este último.
Interpretación de la ley, tratados internacionales, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CATENA, FRANCISCO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

Obligar a comparecer ante un Juzgado de Primera Instancia, prescindir de la prueba producida o con medida pendiente o dilatar su apreciación, retrotraer etapas a quien recurrió conforme la ley 23.473, C.F.S.S., afecta los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional. Además, el art. 75, inc. 22) de nuestra Ley Fundamental prioriza los tratados internacionales, y la "Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre" en su art. XVIII y la "Convención Americana sobre Derechos Humanos" en su art. 8, concuerdan en que la exigencia de evitar dispendios procesales se liga a la efectiva protección de los derechos humanos. En consecuencia, corresponde se declare la inconstitucionalidad del art.

24 de la ley 24.463. (Del voto del Dr. Wassner).
Estupefacientes, calificación legal, subsidiaridad, tenencia de estupefacientes, guarda de semillas de estupefacientes, tráfico de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: VARGAS, N. Y OTRO s/ ESTUPEFACIENTES - TENENCIA - GUARDA SEMILLAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-09-21

1) Existe congruencia entre la acusación que imputó al encausado el delito de guarda de semillas para producir estupefacientes y el fallo que calificó el hecho como tenencia de estupefacientes.

Es que la figura de guarda de semillas constituye un delito de peligro abstracto o potencial relacionado con el tráfico ilícito, de manera tal que supone, dicha alternativa del tipo, que la guarda en cuestión lo sea en cantidad de semillas adecuadas a dicho tráfico, situación que en el caso de autos no se ha verificado, tanto más cuando en el acta de secuestro no se menciona la existencia de semillas en el material incautado ni la peritación discrimina ni contiene precisiones al respecto.

2) El principio de subsidiariedad determina que cuando no se aplica una ley normalmente más grave, es aplicado otro tipo si su concepto es abarcado por la ley no aplicable, por ejemplo, la consumación elimina la aplicación de la tentativa.