Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20


MATTIO, Mariulín Juan A. contra PODIO, José María Reg.: A y S t 206 p 300-303.

Santa Fe, 20 de abril del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia de fecha 21 de mayo de 2004 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela, en autos "MATTIO, Mariulín Juan A. contra PODIO, José María -Ordinario-Daños y Perjuicios- (Expte. 55/02)" (Expte. C.S.J. nro. 325, año 2.004); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisorio de fecha 21 de mayo de 2004 la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela resolvió confirmar la sentencia en cuanto rechaza la demanda, con costas al recurrente.

Contra dicho pronunciamiento interpuso el actor recurso de inconstitucionalidad aduciendo que éste no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia y resulta violatorio de derechos y garantías constitucionales.

Afirmó que el decisorio impugnado contiene falencias en la construcción del razonamiento que lleva a los Vocales a interpretar de manera equivocada e incongruente los hechos expuestos y las pruebas arrimadas. Criticó las consideraciones efectuadas por la Sala en torno a la naturaleza jurídica de la relación que vinculó a las partes y el encuadre legal correspondiente en cuanto entiende que no se infiere la existencia categórica de la relación asociativa contemplada en el artículo 1, del decreto 3750/46 que regla la actividad del tambero mediero, porque ello contradice abiertamente inequívocas constancias de autos. Por otra parte puntualizó que no correspondía en el caso plantear la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgos de Trabajo, porque dicha norma no es aplicable al caso al no haber relación laboral, sino mediería de tambo. Entendió que el hecho de descartar de plano los agravios del apelante con la simple excusa de que éste no planteo la inconstitucionalidad de una norma que no es aplicable priva a la sentencia de fundamentación suficiente.

Sostuvo que su parte no incurrió en ninguna imprecisión ni contradicción en la demanda cuando quiso significar que el daño se produjo un par de días antes de que den comienzo las fiestas que el país conmemora hacia fines de año, deduciéndose fácilmente que la lesión se produjo el día 23 de diciembre de 1996.

También consideró que resulta equivocado y antojadizo manifestar que no se probó el hecho relatado en la demanda, ni en su caso, la adecuada relación causal entre la cosa y el daño o la responsabilidad subjetiva del demandado.

Refirió a pruebas testimoniales que calificó de fundamentales para la causa, expresando que no son valoradas en su real dimensión.

Afirmó que la Sala hace una errónea y arbitraria valoración de las pruebas decisivas al quitarle validez a la totalidad de los testimonios presentados por la parte actora, otorgando importancia decisiva a sólo una parte del informe policial sobre los datos de lluvia, interpretándolo equivocada y caprichosamente, omitiendo comparar todo el informe con los testimonios habidos en la causa. Expresó que la prueba decisiva de testimonios rendidos en autos y del informe de los datos de lluvia de foja 123 no ha sido valorada en su integridad, soslayándose arbitrariamente la importantísima precipitación ocurrida en la zona el día 19 de diciembre de 1996, que como mínimo debió haber sido de 37 milímetros y pudo haber llegado hasta los 58 milímetros por los datos de lluvia de Aurelia, distante sólo 5 km. del campo de Podio. Además -siguió- se ha prescindido sin justificación alguna de las testimoniales que dan cuenta de que los caminos están en zonas bajas, y se tornan intransitables por espacio de una semana cuando llueve 30 o 40 milímetros en la zona. A su entender, si se valora en su real dimensión la prueba testimonial, resulta clara, contundente, congruente y suficiente para tener por acreditado debidamente el daño, la responsabilidad del demandado y el nexo causal adecuado entre el hecho y el daño. Por otra parte, puntualizó que ha quedado debidamente acreditado en autos que el carro transportador de leche, provisto por el demandado, no se encontraba en buen estado de conservación y uso, y debido a su deterioro, se produjo el accidente al salirse la rueda derecho del carro de propiedad del señor Podio, por lo que resulta aplicable al caso el artículo 1113, 2da. parte, del Código Civil y no el artículo 15 del estatuto del tambero mediero, ni el artículo 1111 del Código Civil, como erróneamente lo emplea la sentencia para decidir el pleito. Añadió que la Sala no aplicó la ley pertinente en la forma que legalmente corresponde, en lo que respecta al artículo 18 del decreto 3750/46 en cuanto a la obligación del propietario del campo de contratar un seguro para cubrir los riesgos y daños del tambero, incurriendo en prescindencia del texto legal aplicable.

A su entender los sentenciantes tampoco valoraron debidamente la conducta del demandado, luego de ocurrido el accidente, dado que cuando el actor denuncia el accidente al demandado éste en lugar de prestar la colaboración necesaria y actuar con buena fe y lealtad, apela directamente a rescindir el contrato y mandar telegrama de despido al tambero.

Otra prueba decisiva omitida es la pericial neurológica, no valorada, que acredita la lesión del actor, que debe ser indemnizada, resultando procedentes los distintos rubros reclamados en la demanda. Agregó que tampoco fue valorada la peritación médica del Dr. Pra, que afirma que la lesión tiene directa relación con el accidente sufrido a la bajada brusca del carro. 2. Ante todo cabe recordar que mediante el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa; no tiene por objeto constituir a la Corte Suprema en una tercera instancia ordinaria que sustituya a los jueces de la causa en la valoración de los hechos, prueba y derecho ni en la decisión de cuestiones que le son privativas (cfr. criterio de A. y S. T. 100, pág. 251; T. 137, pág. 341; T. 202, pág. 453).

A la luz de tales premisas corresponde señalar que de la confrontación del memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad, con la sentencia impugnada surge que el planteo del recurrente, a pesar de invocar arbitrariedad, no traspasa el límite de la mera disconformidad con lo resuelto por los jueces de la causa, en ejercicio de funciones propias, a la hora de confirmar el rechazo de la demanda por entender que la "orfandad probatoria acerca del hecho invocado en la demanda como productor del daño sella...la suerte adversa del recurso"(f. 59 vto.). En efecto, si bien el impugnante aduce que se agravia por las consideraciones que efectuó la Sala en torno a la naturaleza jurídica de la relación que vinculó a las partes y el encuadre legal respectivo, lo cierto es que todo lo alegado al respecto carece de trascendencia para hacer variar la litis a su favor, al no haber sido ésta una cuestión decisiva a la hora de confirmarse el rechazo de la demanda, tal como expresamente lo destaca la Sala en el pronunciamiento impugnado cuando manifiesta que más allá de su opinión al respecto "aun cuando se aceptara la postura del actor en cuanto a su desempeño como tambero mediero o "tantero" y por tanto, no comprendido en la L.R.T.", estima que la acción promovida no es procedente al no probarse el hecho relatado en la demanda como productor del daño.

Resulta claro que siendo el fundamento esencial para la desestimación del reclamo del actor -de la reparación del daño invocado por vía del derecho civil- la falta de acreditación de los presupuestos de la responsabilidad exigidos por las normas en juego (art. 1109 y 1113 del C. Civil), las quejas vinculadas a las consideraciones en torno a la naturaleza jurídica del vínculo existente entre las partes, como así también su agravio en torno a lo afirmado en cuanto al deber de cuidado del tambero mediero en relación a los útiles de uso del tambo, no resultan decisivas para descalificar constitucionalmente el fallo impugnado, desde que no atacan el principal fundamento del decisorio que da sustento debido al rechazo de la apelación intentada.

Y, en cuanto a sus alegaciones que sí se dirigen a cuestionar dicho tramo del pronunciamiento, cabe señalar que a pesar del esfuerzo desplegado por el recurrente, con sus quejas no logra demostrar que las consideraciones efectuadas por el Tribunal a quo para fundar su conclusión respecto a la falta de prueba acerca del acontecimiento invocado como generador del perjuicio, hayan sido efectuadas sin el debido sustento fáctico y jurídico como para merecer algún reproche a la luz del remedio previsto en la ley 7055.

La invocada prescindencia de prueba decisiva y contradicción con las constancias de autos solo revela el propósito del compareciente de imponer su propia valoración de la prueba testimonial y documental agregada a la causa, favorable a su postura; más con argumentos que resultan insuficientes para acreditar que los jueces hayan incurrido en alguno de los vicios alegados.

Sabido es que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba (Cfr.

A. y S. T. 101, pág. 408; T. 139, pág. 375; etc.); ni puede constituirse como un medio de sustituir a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que le son privativas ( A. y S. T. 100, pág. 251); a lo que cabe agregar que éstos no están obligados a ponderar todas las pruebas exhaustivamente, sino que basta que analicen aquéllas que se reputen conducentes para fundar sus conclusiones (A. y S. T. 99, pág. 179; T. 139, pág. 375, entre muchos otros).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)