Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-20


AUTOS: N° 87223 (4° JUZGADO CIVIL) (9422 SALA III) " NAVAS MARIA CRISTINA C/ PROVINCIA DE SAN JUAN-DAÑOS Y PERJUICIOS" ///Juan, 20 días de Marzo de dos mil nueve.

VISTO: Para resolver el recurso de apelación concedido a fs.38 contra la sentencia de fecha 9/04/08, obrante a fs.35, que declara la caducidad de Primera Instancia.

CONSIDERANDO: La Sra.Juez a-quo, de oficio, en la sentencia recurrida resolvió:"I) Declarar la caducidad de instancia en este expediente. II)Imponer las costas en el orden causado atento que se ha declarado de oficio la caducidad. III) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en la ley 4072...".

Contra este pronunciamiento se alza la actora a fs.37, expresando agravios a fs.39/41; y formula reserva de la cuestión constitucional.

La sentencia recurrida le produce a la apelante los siguientes agravios: Manifiesta que de las propias actuaciones surge que no se ha operado la caducidad de la instancia, en razón de que su apertura se encontraba pendiente al no haberse trabado la litis, por la falta de notificación de la demanda (fs.29 y 33).

Constituye un error material de derecho inexcusable del a-quo, el haber confundido y otorgado entidad y calidad de sinónimo, al acto de presentación e interposición de la demanda con el de apertura de la instancia, sin advertir que esta última recién acontece con la contestación de la demanda, nunca antes.

La inactividad de la actora, antes de quedar trabada la litis, deviene de una imposición anterior del propio Juzgado.

El error del sentenciante ha quedado en evidencia al imponer las costas por su orden, cuando esta decisión es inaplicable porque nunca se trabó la litis.

La sanción indebida le turba el debido proceso objetivo y lesionado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y los derechos de petición y propiedad.

Entrando al tratamiento de la cuestión planteada decimos que:

El fundamento de la caducidad de la instancia consiste, por un lado en la presunción de abandono de la instancia que configura el hecho de la inactividad procesal prolongada, y por el otro en la consonancia de que, en tales condiciones, el órgano judicial quede liberado de los deberes eventuales que le impone la subsistencia indefinida de la instancia.

En cuanto al criterio de interpretación que debe primar en materia de caducidad de instancia, la jurisprudencia es unánime al sostener que debe ser restrictivo, dado que corresponde mantener viva la instancia, en razón de las consecuencias que produce.

El art. 300 del C.P.C. impone dos condiciones al sentenciante: Por un lado comprobar el vencimiento del plazo respectivo previsto para el caso en el inc.1°del art. 294 ibid y por el otro, verificar que antes de ello no hubiera mediado impulso del procedimiento por cualquiera de las partes.

Este Tribunal en forma constante y reiterada ha dicho que: "El plazo de caducidad de Primera Instancia comienza desde la presentación de la demanda, aunque no se hubiere conferido traslado o no haya sido notificada" (Podetti Tratado de los Actos Procesales-pág. 349 y Peyrano J.A. 1980-II-745; Fenochietto Arazi, Código Procesal Civil y Comercial Tº 2 pág. 168; Protocolo de Autos Tº II Fº 361/362 1995; T°III-F°415/418; y T III-F°419/422-2005, entre varios). El curso de la caducidad puede ser suspendido o interrumpido, conforme sea el acto útil llevado a cabo.

Al respecto hemos resuelto que: "Los actos idóneos para interrumpir el curso de la caducidad pueden emanar tanto de las partes como provenir del órgano jurisdiccional. Ello supone la existencia de una instancia y de un proceso susceptible de ser declarado perimido. Sentado ello, corresponde destacar que para la actuación de parte interesada interrumpa el curso de la perención de la instancia, es menester que sea idóneo para instar el procedimiento, o lo que es igual, ha de tender a que el proceso avance, mediante un acto admisible, con prescindencia del resultado o eficacia de dicha actuación, y aún cuando sea proveído desfavorablemente para quien lo produjo. Ese acto procesal, para que merezca ser calificado como interruptivo de la caducidad, ha de connotar entidad suficiente a fin de servir de impulso al juicio, acelerando su trámite y con miras a cumplir una etapa procesal, compatible con el estado de la litis, manteniendo adecuada relación con la misma (Prot. de Autos Tº IV Fº 636/640-19-11-99; T°IV-F°:693/694-2002, entre otros).

De la compulsa del expediente se advierte que, la demanda ha sido interpuesta el 30 de diciembre de 2005 (fs.16 vta.); el 13 de febrero de 2006 recusa sin causa al juez interviniente (fs.139).

Si bien, el art.15 del C.P.C. señala que la recusación no suspende los plazos, en este caso, el proceso no puede seguir desarrollándose útilmente, hasta tanto se cumplan los trámites reglamentarios, existiendo una causal legítima de interrupción del curso de la caducidad, dado que las partes se ven impedidas de actuar.

Al respecto se ha resuelto que: "Constituye un acto interruptivo de la perención de la instancia, la providencia que hace saber el nuevo juez que va a conocer, a raíz de la recusación sin causa. También consigue ese efecto la notificación de dicho proveído, sin la cual no es posible avanzar en la causa, ya que por medio de dicha diligencia se comunica a la contraparte el juzgado que ha de intervenir en el proceso (C.Nac.A.Civ.Sala L "Pinatur S.A.c/ Gob.Dde la ciudad de Bs.As.s/ Nulidad de Acto Jurídico-Ordinario" Nº Sent.:053326 03/07/1998).

Como consecuencia de la recusación el expediente se remite a la Mesa General de Entradas a fin de un nuevo sorteo, el 16 de marzo de ese año; acto éste interruptivo de la prescripción (Prot. de Autos de esta Sala,T°I-F°180/181-1987).

Para que un acto procesal merezca ser calificado como interruptivo de la caducidad necesita tratarse de una diligencia judicial, con notoria entidad de servir para el impulso del juicio, además de ser compatible con el estado del litigio, manteniendo adecuada relación con el mismo.

Sólo tienen efecto interruptivo de la caducidad los pedidos que urgen el procedimiento y son congruentes con el estado de la litis (Prot.de autos:T°:IV-F°739/742-2007).

El efecto de la interrupción consiste en no computar más el tiempo transcurrido antes del acto interruptivo, renovándose ex novo dicho plazo.

A la actuación mencionada supra siguen otras del mismo tenor, hasta quedar radicada definitivamente la causa en el Cuarto Juzgado, el 17 de mayo de 2006 (fs.22 vta.), reanudándose nuevamente el plazo de caducidad interrumpido.

A partir de esa fecha siguen actuaciones tanto del Tribunal como de la actora que interumpen la prescripción (fs. 24/32).

La última actuación útil del Juzgado data del 28 de julio de 2006 (fs.33), sin que hasta el momento, en que de oficio, se ordena el paso del expediente a despacho para resolver, 9 de abril de 2008, se registre actuación impulsoria alguna (fs.34).

En consecuencia, desde las fechas indicadas precedentemente ha transcurrido con exceso el plazo previsto por el art.294, inc.1° del C.P.C., por lo que corresponde decretar la caducidad de primera instancia.

Referente a las costas, éstas han sido impuestas por su orden en razón de que la caducidad ha sido decretada de oficio, como claramente lo señala el a-quo.

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE: No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs.37, contra la sentencia de fecha 09/04/ 2008, obrante a fs.35; la que se confirma por los fundamentos dados.

Costas por su orden, al no encontrarse trabada la litis, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.

FDO: DR. DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. MOISES MOYA, HUMBERTO CABALLERO. ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI SECRETARIA- PROT. DE AUTOS T° I-F° 119/121 -2009-