Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-08-25


2º Instancia - Junín, agosto 25 de 2009.

La Cámara planteó las siguientes cuestiones:

1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia interlocutoria de fs. 210/211vta.? 2a. ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fs. 271/279? 3a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º Cuestión. - El Doctor Castro Durán, dijo:

Según consta en el acta levantada a fs. 207/vta., en la audiencia convocada para que Miguel Angel Césare absuelva posiciones, su apoderado, el Dr. Mariano J. Huerta, se opone a la realización de tal acto, argumentando que su mandante fue citado por cédula diligenciada en el domicilio constituido, cuando debería haber sido notificado en su domicilio real.

Corrido traslado de dicho planteo, el Dr. Osvaldo A. Lamelza, apoderado de las demandadas María Dolores Maccari y María Rosa Tamborini, insiste en la realización de la prueba confesional, disponiendo el "a quo" que los autos pasen a despacho para resolver la cuestión; pese a lo cual, a continuación Miguel Ángel Césare absuelve posiciones.

Con posterioridad, a fs. 210/211vta. el Dr. Rizzo rechaza el planteo formulado por el Dr. Huerta, da por válida la absolución de posiciones cuestionada, y le impone al aludido letrado las costas y una multa del 3% sobre el valor del pleito en favor de las codemandadas Maccari y Tamborini, por temeridad y malicia.

Para adoptar tal decisión, el sentenciante considera que si bien la notificación impugnada no es válida, ya que, al actuar el accionante por apoderado, la cédula respectiva debió diligenciarse en su domicilio real; habiendo comparecido el mismo al juzgado en la fecha fijada para su absolución de posiciones, no puede prosperar el planteo de su apoderado, porque el vicio procesal no lo colocó en un estado de indefensión.

Además, en lo que es materia de agravio, califica como temeraria y maliciosa la actuación del Dr. Huerta, manifestando que dicho letrado litigó sin razón valedera y demoró injustificadamente el trámite del proceso.

Contra esta resolución, el Dr. Mariano Javier Huerta interpone apelación a fs. 220, recurso que concedido en relación y con efecto diferido, recibió fundamentación por vía del memorial de fs. 315/319, presentado en la oportunidad fijada por el art. 255 inc. 1º del Código Procesal.

Los agravios expuestos por el apelante se dirigen contra la declaración de temeridad y malicia, y la consiguiente imposición de la multa, y contra la imposición de las costas a su cargo.

Resalta el Dr. Huerta que el propio juez de primera instancia reconoció que la notificación impugnada era inválida, y argumenta que, si a pesar de tal irregularidad, su mandante compareció a la audiencia, es porque él se la comunicó por un medio extraprocesal, haciéndolo venir desde Bell Ville. Agrega que, aunque se compartiera que su oposición carece de fundamento suficiente, la declaración de temeridad y malicia resulta inaceptable.

Asimismo, solicita el apelante que, por la índole de la cuestión, las costas se impongan en el orden causado.

Corrido traslado del memorial reseñado, no mereció réplica de los demandados, quedando el recurso en condiciones de resolver.

En dicha tarea, es dable remarcar que incurre en temeridad la parte que litiga sin razón valedera y tiene además conciencia de la propia sinrazón. Es decir, para que se verifique esta inconducta procesal se requiere, por un lado, la ausencia de razón (elemento objetivo que se presenta por la desestimación del planteo); y por otro, el conocimiento del litigante de lo infundado de su posición procesal (elemento subjetivo). A la vez, la malicia consiste en utilizar el proceso en contra de sus fines, obstaculizando su curso para demorar la sentencia o su cumplimiento (conf. Carlos E. Fenochietto y Roland Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº1, págs. 204/206).

Sentado ello, adelanto que no encuentro configurada ninguna de estas inconductas procesales.

La temeridad queda descartada de plano, desde que es criterio doctrinario y jurisprudencial pacífico que interviniendo por propio derecho el citado a absolver posiciones, la notificación respectiva debe efectuarse en el domicilio constituido, en cambio, si actúa por apoderado, debe notificárselo en el domicilio real (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", tomo V-B, pág. 45).

Entonces, aunque el rechazo del planteo se base en su excesivo formalismo (lo que no es objeto de agravio), el mismo está sustentado en un correcto fundamento jurídico, lo que impide impide calificarlo como irrazonable.

Tampoco puede considerarse como maliciosa la actuación del Dr. Huerta, ya que su planteo fue formulado y replicado en el curso de la audiencia, llevándose a cabo la absolución cuestionada en el mismo acto; por lo que no se advierte que haya ocasionado demoras en el desarrollo del proceso.

En consecuencia, no pudiendo en modo alguno ser tildada de temeraria o maliciosa la actuación profesional del Dr. Mariano Javier Huerta, corresponde dejar sin efecto la multa impuesta al mismo (art. 45 C.P.C.).

En cuanto a las costas de la incidencia, atento a que la notificación de la citación para absolver posiciones no estuvo diligenciada en forma correcta (art. 207 C.P.C.), opino que deben ser impuestas en el orden causado, al igual que las de Alzada, atento a la falta de oposición (arts. 68 y 69 C.P.C.).

Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo: hacer lugar a la apelación en tratamiento, y en consecuencia modificar la sentencia interlocutoria de fs. 210/211vta., dejando sin efecto la multa impuesta al Dr. Huerta, por no encontrar su actuación temeraria ni maliciosa (art. 45 C.P.C.), e imponiendo las costas de la incidencia en el orden causado (art. 69 C.P.C.). Las costas de Alzada, también se imponen en el orden causado (art. 69 C.P.C.).

ASI LO VOTO.

El Doctor Guardiola, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.- 2º CUESTION, el Doctor Castro Durán, dijo:

A fs. 271/279 el Juez de primera instancia dicta sentencia, por la que rechaza la demanda interpuesta por Nadina Césare y Miguel Angel Césare contra María Rosa Tamborini, Gustavo Marcelo Maccari y María Dolores Maccari. Impone las costas a la parte actora y difiere la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.

De tal modo, desestima la pretensión encaminada al otorgamiento de la escritura traslativa del dominio sobre cuatro fracciones de campo compradas por Miguel Ángel Césare, en comisión para Nadina Césare, a Marcelo Torcuato Maccari, de quien los demandados resultan herederos.

Para adoptar tal decisión, el sentenciante inicialmente tiene por probado el contrato de compraventa instrumentado en el boleto agregado en autos, el fallecimiento del vendedor, la declaración de los demandados como herederos del mismo, y por reconocido el recibo por dólares veintidós mil quinientos (U$S 22.500) fechado el 31-10-1997.

Luego, sostiene que fallecido Marcelo Torcuato Maccari, al comprador le faltaba abonar la suma de dólares doscientos diez mil (U$S 210.000), de la que abonó a todos los herederos sólo el monto de dólares veintidos mil quinientos (U$S 22.500).

Respecto de los restantes pagos efectuados por Miguel Césare a Gustavo Marcelo Maccari, el Dr. Rizzo los considera inoponibles a las codemandadas Tamborini y Maccari, por no haber probado los accionantes que aquel haya sido designado administrador de la sucesión de su padre, ni tampoco que tuviera poder de sus coherederas para percibirlos en nombre de ellas. Agrega que nada aportan al efecto, el pedido de venta por tracto abreviado efectuado por todos los coherederos en la sucesión del vendedor, ni el allanamiento formulado en autos por Gustavo Maccari.

Sigue diciendo el "a quo" que el comprador no se liberó respecto de las aludidas codemandadas, por no haberles pagado la porción del crédito hereditario que a ellas les correspondía, cayendo el comprador en mora respecto de las mismas; y concluye afirmando que el pago fue hecho incorrectamente a una persona que no se encontraba autorizada para recibirlo en nombre de las restantes coherederas.

Contra este pronunciamiento, el Dr. Mariano Javier Huerta, en su rol de apoderado de la parte actora, interpone apelación a fs. 280.

Concedido libremente dicho recurso, el expediente se remite a esta Alzada, donde a fs. 306/314 el apelante presenta la expresión de agravios. Inicialmente señala que la valoración íntegra de los medios de prueba colectados, permite reconstruir los hechos debatidos en forma diametralmente opuesta a la realizada por el sentenciante, agregando que la controversia debe encuadrarse dentro del concepto de administración de hecho de la sucesión por parte de Gustavo Maccari, mediante la existencia de un mandato tácito otorgado en su favor por sus coherederas.

Como administrador de la sucesión, prosigue el Dr. Huerta, Gustavo Maccari realizó gestiones necesarias para mantener incólume el patrimonio sucesorio, realizando tratativas con su mandante para la optimización del pago del precio, actividad que le permitió cobrar no sólo el capital originario sino también intereses, sin oposición de las restantes herederas. La anuencia de éstas respecto de ese pago implica un mandato tácito de su parte; por lo que, concluye el apelante, los pagos efectuados a Gustavo Maccari resultan oponibles a las mismas.

A continuación, denuncia una extralimitación del objeto de la litis por parte del "a quo", exponiendo que las demandadas Maccari y Tamborini no dedujeron reconvención por cobro del saldo del precio, pese a lo cual, aquel determinó supuestos incumplimientos de sus mandantes con fecha de mora y por un importe de dólares ciento ochenta y siete mil quinientos (U$S 187.500). Manifiesta que esa determinación no se compadece con los términos de las propias demandadas vertidos en dos cartas documento, donde intiman a Miguel Césare al pago de la suma de dólares cuarenta y ocho mil quinientos (U$S 48.500).

Además, remarca el Dr. Huerta que el pago total del precio no está negado por las demandadas, surgiendo su reconocimiento del expediente donde ellas le reclaman a Gustavo Maccari la rendición de cuentas por la percepción de la suma de dólares trescientos veintinueve mil doscientos veintiséis (U$S 329.226), como precio total pagado por Césare por la compra de las fracciones de campo cuya escrituración aquí se debate.

Agrega que su mandante hizo un único pago a los tres herederos por la suma de dólares veintidós mil quinientos (U$S 22.500) el 31-10-1997, y luego hizo diez pagos parciales sólo a Gustavo Maccari. Sin embargo, continúa, las demandadas le reclamaron por carta documento de fecha 19-12-2001 la suma de dólares cuarenta y ocho mil quinientos (U$S 48.500) como saldo adeudado. Si el precio total era de dólares doscientos cincuenta mil (U$S 250.000), el comprador debió entregar, como mínimo, la suma de dólares doscientos un mil quinientos (U$S 201.500) a todos los herederos, de la cual María Dolores Maccari y María Rosa Tamborini sólo emitieron un recibo por la suma de dólares veintidós mil quinientos (U$S 22.500). De ello, concluye el apelante que Gustavo Maccari ha percibido en nombre de sus coherederas la suma de dólares ciento setenta y nueve mil (U$S 179.000), configurándose entonces un mandato tácito.

Luego del último pago efectuado a Gustavo Maccari, sigue diciendo el apoderado de los actores, las otras herederas jamás le reclamaron a Césare el pago del saldo de precio. Es más, el 26-6-2003, los tres herederos peticionan en la sucesión de Marcelo Torcuato Maccari, la copia de la declaratoria de herederos para suscribir la escritura traslativa del dominio de las fracciones de campo, en favor de Nadina Césare.

Asimismo, expone el Dr. Huerta que las demandadas le iniciaron a Gustavo Maccari un juicio de rendición de cuentas, lo que determina la configuración de la administración de hecho por mandato tácito.

Corrido traslado de la reseñada expresión de agravios, a fs. 328/341 lo contesta el Dr. Osvaldo A. Lamelza, como apoderado de las demandadas Maccari y Tamborini, solicitando inicialmente que se declare desierta la apelación de la contraria por insuficiencia en su fundamentación, y subsidiariamente, la confirmación de la sentencia impugnada.

A fs. 343 se da por decaída la facultad de Gustavo Marcelo Maccari de contestar el traslado; luego de lo cual, se dispone el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.

En tal labor, inicialmente señalo que la fundamentación recursiva expuesta por la parte actora no adolece de la insuficiencia técnica que le achaca el apoderado de las demandadas; sino que, independientemente de la suerte que en definitiva corra la apelación deducida, la expresión de agravios presentada luce ajustada a lo prescripto por el art. 260 del C.P.C., lo que impone el rechazo de la declaración de deserción peticionada.

Sentado ello y pasando al tratamiento del recurso, considero útil remarcar que desde el momento de la muerte del causante, los créditos divisibles que al mismo le correspondían, se dividen de pleno derecho entre los coherederos, de modo que cada uno de ellos queda convertido en titular de la parte proporcional que le corresponde en tales créditos (art. 3485 C.Civil).

Como corolarios del principio de la divisibilidad de los créditos hereditarios, emergen, por un lado, la legitimación activa del coheredero para reclamar el pago parcial del crédito, en la proporción que le corresponde (3486 C.Civil); y correlativamente, el derecho del deudor de liberarse válidamente en forma parcial de su obligación, pagándole a cada coheredero su parte proporcional (art. 3488 C.Civil).

Por virtualidad de este principio, consistiendo la prestación a cargo del accionante en el pago de una suma de dinero, el mismo debería haberla cumplido pagando separadamente a cada heredero del vendedor, la cantidad correspondiente, según el orden sucesorio.

También podría haber cumplido con su obligación, mediante elpago por consignación judicial del total de la suma adeudada (art. 757 inc. 4º C.Civil).

No obstante ello, el actor completó la prestación debida, efectuando el pago del saldo de precio a uno sólo de los coherederos, al que asigna la calidad de administrador de hecho del patrimonio relicto.

Con respecto a la administración de la herencia, el art. 3451 del Código Civil ha receptado el "jus prohibendi", del cual se deriva que ninguno de los herederos tiene la facultad de administrar los bienes relictos.

Por ello, el Código Procesal ha previsto la designación de un administrador de la sucesión, a fin de concentrar en una sóla persona la realización de los actos referidos a la conservación de los bienes hereditarios (art. 744 C.P.C.).

En este caso, en el juicio sucesorio de Marcelo Torcuato Maccari, Gustavo Marcelo Maccari no ha sido designado como administrador, por lo que el mismo no estaba investido formalmente para representar a sus coherederas.

De cualquier modo, si un coheredero realiza actos de administración de los bienes hereditarios, pese a no haber sido designado administrador ni tampoco recibido un mandato expreso de los otros coherederos, tal administración de hecho puede constituir la ejecución de un mandato tácito o una gestión de negocios ajenos.

La inclusión de esa actuación en una u otra categoría tiene importantes consecuencias prácticas, ya que si se trata de una gestión de negocios ajenos, los terceros se vinculan jurídicamente con el gestor y no con el dueño del negocio, a quien nada pueden exigirle, mientras la gestión no sea ratificada. En cambio, mediando mandato, el acto celebrado por el mandatario se reputa como realizado personalmente por el mandante, a quien se atribuyen directamente los efectos del mismo (art. 1946 C.Civil).

Entre una y otro existe una marcada analogía, puesto que en los dos casos se gestiona un negocio ajeno, radicando la diferencia en la existencia o ausencia de autorización para llevarla a cabo.

Si esa autorización fue otorgada de alguna manera, media mandato; si no fue otorgada, existe gestión de negocios (arts. 1869 y 2288 C.Civil).

Entre el mandato tácito y la gestión de negocios ajenos, la diferencia es sutil. El criterio de distinción surge del art. 1874 del Código Civil, según el cual, hay mandato tácito cuando el dueño del negocio, pudiendo hacerlo, no se hubiese opuesto a la actuación que otra persona estaba realizando por él. Entonces, se configura un acto bilateral, donde el consentimiento se presta tácitamente por falta de oposición.

Por el contrario, existirá gestión de negocios, cuando el dueño del negocio, o bien, ignora la gestión, o conociéndola, no puede oponerse (conf. Guillermo A. Borda, "Tratado de Derecho Civil - Contratos", Tomo II, pág. 500; Jorge E. Lavalle Cobo, "Código Civil y leyes complementarias. Director Belluscio y Coordinador Zannoni", Tomo 9, pág. 1149).

A la luz de estos conceptos, adelanto que no en autos no ha quedado demostrado el mandato tácito invocado por el accionante, ya que, pese a su valorable esfuerzo argumentativo, no encuentro probada la alegada tácita autorización de parte de las codemandadas María Dolores Maccari y María Rosa Tamborini para que Gustavo Marcelo Maccari obre en su representación.

Llego a esta conclusión, considerando que al ser divisible la prestación objeto de la obligación del accionante, era lógico que éste efectuara el pago fraccionadamente a cada sucesor del acreedor original, en la proporción que les correspondiera (art. 3485 C.Civil); o en su defecto, consignara judicialmente el total de la suma adeudada para su distribución entre los mismos (art. 757 inc. 4º C.P.C.).

No habiendo optado el comprador por ninguna de estas vías, para que el pago del saldo de precio adeudado, efectuado a uno sólo de los herederos del vendedor, resulte oponible a las restantes; la prueba de la existencia de un mandato tácito conferido por éstas a aquel, debe surgir de hechos u omisiones que permitan inferir inequívocamente la voluntad de instituirlo como su representante (conf. Jorge E. Lavalle Cobo, ob. y tomo citados, pág. 189), lo que no ha acontecido en autos.

Así lo entiendo, valorando que si bien el accionante invoca actos y omisiones de las codemandadas, de los que infiere el otorgamiento de un mandato a su litisconsorte, tales conductas no demuestran con certidumbre la existencia de la voluntad de aquellas de autorizar a éste para que actúe en sus nombres (art. 1018 C.Civil).

Si bien es cierto lo señalado por el recurrente en cuanto a que, a tenor de las cartas documento agregadas a fs. 13 y 16, redactadas respectivamente el 19-12-2001 y el 17-1-2002, en las que María Dolores Maccari y María Rosa Tamborini (conjuntamente con Gustavo Marcelo Maccari) reclaman a Miguel Césare la suma de dólares cuarenta y ocho mil quinientos (U$S 48.500) más intereses, aquellas estarían reconociendo otros pagos, además de los que dan cuenta el boleto de compraventa suscripto por el causante y el único recibo firmado por ellas en fecha 31-10-1997 por la suma de dólares veintidós mil quinientos (U$S 22.500) (ver fs. 35); opino que tales misivas, más allá de su importancia para determinar el saldo que a las mismas se les adeuda, no tienen suficiente significación como para conferir certeza acerca de la efectiva existencia de un poder otorgado por ellas a Gustavo Marcelo Maccari para que perciba los pagos en su representación.

Vale aclarar que, ante la falta de reclamo reconvencional del saldo de precio por parte de las demandadas Maccari y Tamborini, no es posible expedirse en autos al respecto, máxime que de la carta documento que las mismas remitieron a Miguel Césare el 17-1-2002, surgiría que existieron variaciones en el precio originalmente pactado en el boleto de compraventa, sustituyéndose el automóvil cuya entrega allí se convino por otro, con más la entrega de una suma de dinero, que habría originado el libramiento de un pagaré, cuestiones todas que deben dilucidarse por otra vía, con amplitud de defensa para ambas partes.

Tampoco puede considerarse que la rendición de cuentas exigida por María Dolores Maccari y María Rosa Tamborini a Gustavo Marcelo Maccari, implique el reconocimiento del otorgamiento de un mandato tácito, puesto que en la demanda respectiva, el apoderado de aquellas hace expresa a mención de que, a partir del fallecimiento de Marcelo Torcuato Maccari, "sin ninguna representación legal que lo acredite ni designación judicial alguna que lo nombrara administrador del acervo hereditario, Gustavo Marcelo Maccari dispuso y percibió las sumas abonadas como consecuencia de la operación (se refiere a la compraventa de las fracciones de campo) sin informar en modo alguno las gestiones llevadas a cabo ni los montos de las operaciones...esa pretendida representación de la sucesión en ningún momento le fue otorgada al demandado por mis poderdantes" (ver fs. 100vta. y 101vta. del expediente acollarado).

Es decir, la rendición de cuentas no fue exigida como consecuencia del ejercicio de un mandato, sino a causa de la gestión de negocios ajenos, no resultando ocioso recordar que el gestor también está obligado a rendir cuentas (arts. 2296 C.Civil).

Por otro lado, la petición formulada por los tres herederos en el juicio sucesorio de su causante común, tendiente a posibilitar la escrituración por tracto abreviado de los inmuebles en favor de Nadina Césare, tampoco constituye un hecho del que pueda inferirse inequívocamente la existencia del mandato tácito cuestionado (art. 1018 C.Civil).

En síntesis, encuadrando como una gestión de negocios parcialmente ajenos la actuación de Gustavo Marcelo Maccari, por la cual percibió pagos correspondientes al saldo pendiente de pago por la venta de inmuebles celebrada por el causante, al no haber sido ratificada la misma por sus coherederas María Dolores Maccari y María Rosa Tamborini, debe rechazarse la pretensión por escrituración deducida (art. 2305 C.Civil); lo que sella la suerte negativa del recurso, con costas a los apelantes (art. 68 C.P.C.).

ASI LO VOTO.

El Doctor Guardiola, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.

3º Cuestión. - El Doctor Castro Durán dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:

I)- Hacer lugar a la apelación interpuesta por el Dr. Mariano Javier Huerta a fs. 220, y en consecuencia, modificar la sentencia interlocutoria de fs. 210/211vta., dejando sin efecto la multa impuesta al apelante (art. 45 C.P.C.), e imponiendo las costas de la incidencia en el orden causado (art. 69 C.P.C.). Las costas de Alzada por este recurso también se imponen en el orden causado (art. 69 C.P.C.) II)- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 280, manteniéndose la sentencia de fs. 271/279 (arts. 757 inc. 4º, 1018, 1874, 2288, 2305, 3451, 3485, 3486. 3488 C.Civil, 744 C.P.C.), con costas de Alzada a los apelantes.

III)- Se difiere la regulación de honorarios de Alzada para la oportunidad en que estén determinados los correspondientes a primera instancia (art. 31 Ley 8904).

ASI LO VOTO.

El Doctor Guardiola, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: Ricardo Manuel Castro Duran - Juan José Guardiola.

Junín, Agosto 25 de 2009.

AUTOS Y VISTO:

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, SE RESUELVE:

I)- Hacer lugar a la apelación interpuesta por el Dr. Mariano Javier Huerta a fs. 220, y en consecuencia, modificar la sentencia interlocutoria de fs. 210/211vta., dejando sin efecto la multa impuesta al apelante (art. 45 C.P.C.), e imponiendo las costas de la incidencia en el orden causado (art. 69 C.P.C.). Las costas de Alzada por este recurso también se imponen en el orden causado (art. 69 C.P.C.) II)- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 280, manteniéndose la sentencia de fs. 271/279 (arts. 757 inc. 4º, 1018, 1874, 2288, 2305, 3451, 3485, 3486. 3488 C.Civil, 744 C.P.C.), con costas de Alzada a los apelantes.

III)- Se difiere la regulación de honorarios de Alzada para la oportunidad en que estén determinados los correspondientes a primera instancia (art. 31 Ley 8904). - Ricardo Manuel Castro Duran - Juan José Guardiola.