Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-08-09


Autos Nº 22.386 (156.541.1 9° CIVIL) caratulados: "BANCO DE SAN JUAN S.A. C/ Espinoza Daniel Horacio - Ejecutivo- Actuaciones para Elevar a la Cámara" En la ciudad de San Juan, a 09 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. GILBERTO A. RIVEROS y el Señor Vocal, Dr. JUAN JOSE VICTORIA, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación interpuesto a fojas sub-13 en contra de la resolución dictada en fecha 07 de Marzo de 2017, recaída en autos Nº 22.386 (156.541.1 9° CIVIL) caratulados: "BANCO DE SAN JUAN S.A. C/ ESPINOZA DANIEL HORACIO - EJECUTIVO- ACTUACIONES PARA ELEVAR A LA CÁMARA", originarios del Noveno Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

1. La parte actora, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, solicita la desafectación del carácter de inembargable de la prestación previsional que percibe el demandado, Señor Daniel Horacio Espinoza, alegando que - de acuerdo al informe de Anses, supera el haber mínimo y escapa a la prohibición de embargar prevista en el art 14 de la ley 24.241 que ya fuera declarada inconstitucional en procesos similares.- La Señora Juez de instancia inicial, dicta sentencia en fecha 07/3/2017 resolviendo el rechazo de la desafectación del carácter de inembargable de la prestación previsonal que peticionara la actora, con costas a su cargo y regula honorarios.

Contra esa resolución la accionante deduce recurso de apelación, el que es concedido por decreto de fs. sub-14 de fecha 22/3/17.- 2. Los agravios expresados por la parte apelante (fs. sub-17/23) , parten sosteniendo que si bien coincide con los argumentos del A-quo respecto de la finalidad de las leyes previsionales, dice olvida que la persona jubilada tiene plenas facultades para realizar cualquier actividad que haga amena su vida , que no están muertos, que tienen derecho a usar su haber como les plazca y, ante esa circunstancia, solicitar préstamos y garantizar con su haber de retiro, el pago de las cuotas que eventualmente le correspondería. Que, ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del jubilado, se le retiene un porcentual del 20% que no lo inhabilita para su subsistencia.- Que siendo el único argumento del A-quo, la disposición contenida en el art.14 inc. c) de la ley 24.241, cuya inembargabilidad ya fue declarada en innumerables casos de inconstitucional, desarrolla o motiva el agravio pretendiendo la declaración de inconstitucional de la norma mencionada.- Sostiene que el art 14 inc. c) Ley 24.241 es inconstitucional, por cuanto viola los principios consagrados en el art 17 de la C. Nacional , que declarada tal, debe procederse al embargo del haber que peticiona, siempre que el sueldo supere el salario mínimo vital y móvil.- Afirma que es atribución de los jueces salvaguardar las garantías y derechos de rango constitucional, declarando la inconstitucionalidad de aquellas leyes que los avasallen o restrinjan irrazonablemente. Que cuando la ley 24.241 declara la inembargabilidad de los haberes jubilatorios, sin acordar la posibilidad del beneficiario a la renuncia a tal protección, más que con los organismos que el art 14 inc. B) y C) detalla; aparece contraria al principio de igualdad ante la ley, al sustraer a un determinado grupo de personas de la regla general de que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores, colocando así a los jubilados, fuera del comercio y de los demás actos de la vida civil.

Recuerda que el art. 14 de la Constitución Nacional acuerda a todos los habitantes de la Nación la facultad de usar y disponer de su propiedad y que por ello, no es constitucional que quienes hayan accedido al beneficio jubilatorio se encuentren impedidos de usar y disponer sus propiedades o de afectar en garantía una porción de su haber jubilatorio.

Sostiene además que, el jubilarse no puede ni debe ser ventaja o desventaja respecto aquellos que se encuentren en actividad, pues tal situación altera los principios de igualdad ante la ley (art 16 C.N); impide usar y disponer de su patrimonio (art 14 C.N) y afecta el derecho de propiedad de sus acreedores (art 17 C.N). Dice que, por ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la norma que apunta y, en consecuencia, hacer lugar al embargo sobre haberes que solicita.- En línea a sus argumentos, transcribe texto completo de sentencia; reiterando que el art. 14 ley 24.241 lesiona las garantías constitucionales consagradas en los arts. 16, 17 y ss de la C.N.

Afirma además que el sector público puede descontarle del haber jubilatorio a los pasivos, mientras que el sector privado carece de la facultad otorgada. Que a esta desigualdad se suma la diferencia que crea esa norma entre el sector activo y sector pasivo. Que cuando el deudor contrae una obligación y ofrece su salario como garantía del crédito, como en el caso particular, la garantía debe mantenerse puesto que estos beneficios forman parte de su patrimonio que sigue siendo la prenda común de sus acreedores.- Termina sosteniendo que es claro que una norma de jerarquía inferior como la recurrida, provoca una evidente lesión al derecho de propiedad e igualdad de las partes garantizado por la Constitución Nacional y, por el principio de preeminencia fijado en la Ley Magna (art. 31), S.S. declarará la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, acogiendo el embargo pretendido.

3. Planteado de este modo el recurso y adelantando opinión, el mismo no va a prosperar.

En primer lugar porque, en coincidencia con la opinión vertida por la Sra. Fiscal de Cámara, "la declaración de inconstitucionalidad de una norma, implica un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada la última ratio del orden jurídico"; "sólo se justifica frente a la comprobación de la existencia y realidad de un menoscabo sustancial de la garantía invocada por el recurrente".- Es que, la inconstitucionalidad de una ley debe declararse sólo en casos extremos y cuando ésta no admita una interpretación que la haga compatible con la Ley Fundamental.

Tiene dicho éste Tribunal en autos Nº 14.468 "Lobos de Doblas, María Ester c/ Provincia de San Juan", L. de S. Tº 69, Fº 161/163, 29/11/96, siguiendo el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia que "la declaración de la constitucionalidad de una ley "es un remedio de excepción al que por propia naturaleza cuadra recurrir en última instancia, por lo que en el control de constitucionalidad los magistrados judiciales deben obrar con celo, mesura y prudencia, y en tanto se trata de una de las funciones más susceptibles de ser atribuidas a un tribunal de Justicia, ya que por tratarse de un acto de suma trascendencia y gravedad institucional debe ser considerado como la última ratio del orden publico" (Conf. Fallos: 364-285; 323-263; 285-295; 455 y 850)...".

Es este el criterio coincidente con el plasmado por el Ministerio Público Fiscal (fs. sub-32/33), al propiciar el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad de la norma cuestionada.- El art. 14, inc. c) de la ley 24.241, no encuadra en esa situación, pues dicha disposición no afecta derechos constitucionales, sino que está dirigida a proteger las necesidades básicas de aquellas personas que se encuentran en situación de pasividad, lo que resulta - cuanto menos - razonable. Y es que no conmueve el criterio expuesto en numerosos precedentes mencionados, ni las numerosas y contundentes motivaciones brindadas por la Sra. Juez titular del 9° Juzgado Civil, las afirmaciones genéricas y no acreditadas de las diferencias entre el sector público y privado, respecto del embargo o descuento de haberes a personas en pasividad; menos aún que su haber constituye la prenda común de sus acreedores. A todo evento, es el otorgante de un crédito quien debe extremar los recaudos para valorar o calificar, conforme la situación particular de cada uno y normas vigentes, el acceso o no al crédito; más de ninguna manera pretender, como remedio a la situación, la declaración de inconstitucionalidad de una norma, ampliamente analizada y objeto de numerosos precedentes judiciales.- El Tribunal Cimero de la Nación ha sostenido que "no es inconstitucional el art. 14, incs. b y c de la ley 24.241, en cuanto dispone la inembargabilidad de los beneficios previsionales (cfr. sent. del 24.04.03, "Castilla, Mario c/ Rodríguez, Noemí Esther", en el que reitera la jurisprudencia sostenida en fallos 138:240; 163:276).

La ley 24.241, en el art. 14, determina el carácter de las prestaciones y en el inc. c) señala expresamente que "son inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas". Esta disposición responde al especial carácter de los beneficios de las leyes jubilatorias, de naturaleza esencialmente alimentaria para el titular y su núcleo familiar, sin prever otra limitación, salvo los supuestos de excepción expresamente contemplados.

En oportunidad de resolver en autos N° 17.965 dijimos que, "corresponde precisar que el inciso c) del art. 14 de la Ley 24.241 regula textualmente que las prestaciones que se acuerden por el SIJP reúnen como característica que "son inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas;...".

Hemos dicho también, que la interpretación literal de la norma, no deja lugar a hesitación, que el principio general plasmado por la ley 24.241 es el de inembargabilidad de la prestación jubilatoria ("Romero de Almazán, Ignacia c/ Chavez, Pedro - Sumario - Inc. de Ejecución de Honorarios prom. por las Dras. Mattar y Mereles" L.de A. 135 F° 119/122 - Sentencia Confirmada P.R.E. S.1ª-2006-III-471 (12/12/06)).

En idéntico sentido se pronunció la Corte de Justicia con motivo de resolver en autos Nº 3674 "Fierro, Silvia Estela c/ Moreno Antonio Vicente - Sumario - Incidente de ejec. de honor. Dr. Félix Roberto Vega Lecich y Estela Posleman- Inconstitucionalidad y Casación" (P.R.E. Sala 1° 2006 -III -401).

En definitiva, el Juez A-quo resolvió con acierto, dando respuestas a cada una de las críticas propuestas por la ahora recurrente, por lo que voto por rechazar el recurso de apelación deducido en subsidio por la ejecutante.- Por ello, voto por: No hacer lugar a la apelación interpuesta, con costas a la recurrente, conforme arts. 66, 67 y cc del C.P.C.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: No hacer lugar a la apelación interpuesta, con costas a la recurrente, conforme arts. 66, 67 y cc del C.P.C.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

No hacer lugar a la apelación interpuesta, con costas a la recurrente, conforme arts. 66, 67 y cc del C.P.C.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A . T° II-2017; F°145/149; FECHA:09 de agosto de 2017.