Concursos, extensión de la quiebra, acción de responsabilidad, terceros, socios, prueba, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bonquim SA c/  s/ quiebra c/pausic marcos y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-09

Procede revocar la resolución que extendió la quiebra a los accionados, con base en que estaba probado que habían tenido amplias facultades de administración del patrimonio de la fallida, compatibles con la calidad de administradores de hecho y de socios ocultos que les había sido endilgada por la sindicatura actora. Ello por cuanto, en el caso, no se ha probado que efectivamente el apelante hubiera sido un socio oculto de la fallida; y segundo, porque, aun cuando hubiera ocurrido lo contrario, es bien dudoso que la LCQ 160 incluya, dentro de los legitimados pasivos que contempla, a quien habría revestido esa calidad respecto de un accionista. A más, el coaccionado fue administrador de hecho y controlante "externo" de la fallida, pero ninguna de esas dos calidades habilita la extensión de quiebra pretendida. La extensión de la responsabilidad al socio oculto no es una sanción especial, sino la aplicación de los principios ordinarios que rigen la materia societaria (ver Pliner, Adolfo, Socios ocultos, revista del Colegio de Abogados de la Plata, 1962, pág. 233 y sgtes.), de los que resulta que la responsabilidad de los socios depende del tipo y que el ocultamiento, en sí mismo, no es tampoco un hecho ilícito. Esa posición encuentra, en el derecho general, el respaldo emblemático que le otorga el mandato sin representación, supuesto en el cual el interés es del mandante, pero, como no trasciende al mundo exterior, él no queda obligado frente a terceros (CCCN 1321); y, en el marco del derecho societario, se confirmaba con la admisión de la sociedad oculta implícita en la "sociedad accidental", hoy regulada como contrato asociativo (CCCN 1448). Aquella sociedad oculta y este contrato asociativo exhiben con claridad que nuestro legislador nunca ha sancionado el ocultamiento, por el ocultamiento mismo. Las razones que puedan llevar a una persona a no exhibir su participación en un negocio, en tanto no dañen a nadie, conciernen a su esfera privada en términos tales que el legislador no tiene interés en perseguir. No hay, por lo demás, ningún interés de los terceros, que, porque no son parte en el contrato oculto, les resulta aplicable el principio general según el cual los contratos solo tienen efecto relativo (art. 1195 del código derogado y arts. 1021 y 1022 del nuevo código). No hay ese interés en los terceros porque, en el supuesto a consideración, ellos no han contratado con ninguna sociedad cuyos socios hubieran debido asumir responsabilidad solidaria e ilimitada, lo cual exhibe la injusticia que implicaría ampliar la nómina de sus obligados con base en ese contrato oculto que no los perjudica ni les ha generado ninguna expectativa. La tutela del tráfico comercial no exige eso, sino al contrario: si, por razón de esa tutela, quien crea una apariencia se vuelve esclavo de ella y debe respetarla frente a terceros, no hay ningún interés de estos en que el legislador avance sobre los actos privados, ocultos e inocuos a su respeto, que quedan amparados por la garantía prevista en la CN 19 y, por ende, exentos de la autoridad de los magistrados.