Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-04-17


.MDEL.1489634.

EXP. nº 30.396/12 Salta, 17 de abril de 2.017 AUTOS Y VISTOS: este expediente caratulado "LOPEZ, ARNALDO MARCELO c. ACTION VIS S.A.; LA CALDERA S.A Y OTROS - ORDINARIO", EXP. nº 30.396/12, originario del Juzgado del Trabajo nº 6 para resolver la apelación interpuesta a fs. 142/146, y C O N S I D E R A N D O María de las Mercedes Domecq dijo:

I. La sentencia de primera instancia, por la que se hace lugar parcialmente a la demanda y se condena a Action Vis S.A. y a La Caldera S.A. a pagar a Arnaldo Marcelo López la suma de $73.550,17 a noviembre de 2.014, es objeto de la mentada vía recursiva por parte de ambas demandadas.

El memorial se integra con estos agravios: el que desarrolla el argumento de que la sentencia establece una proyección dogmática de la presunción del art. 23 de la L.C.T., el que cuestiona lo resuelto respecto de que el actor trabajó para Action Vis S.A. y La Caldera S.A., el que critica la condena al pago del importe por multa del art. 1º de la ley 25.323 y el vinculado con la procedencia de las diferencias salariales.

Respecto del primero, manifiestan los recurrentes, luego de transcribir el contenido del art. 377 del C.P.C.C y la síntesis del fundamento vertido por la Señora Jueza de grado en relación a la existencia de la relación de trabajo, que el art. 23 de la L.C.T. debe relacionarse con la noción de dependencia, lo que reiteran bajo diversas formas de redacción y citas de doctrina.

Advierten que el actor no demostró haber prestado tareas para ellos en el período que hace a la causa, ni tampoco que estas hayan sido bajo subordinación técnica, económica ni jurídica, notas típicas de la relación de trabajo.

Analizan lo declarado por los testigos Skokonski, Pérez, Latorre y López, concluyendo que ellos nada aportaron sobre los extremos de la relación laboral, motivo por el cual mal pudieron sus dichos haber sido el fundamento para concluir en la existencia de un contrato.

No es deber de su parte -aseguran- probar que las prestaciones de López no fueron en relación de dependencia, puesto que, al haber negado todas las afirmaciones formuladas por él, estaba a cargo de su parte probar su vinculación con ambas sociedades y que la misma era laboral.

No se demostró que el actor trabajaba en el establecimiento de las demandadas, ni la frecuencia, horarios que cumplía, su disponibilidad, que se le pagara suma alguna, que fuera "un elemento normal de las sociedades" (fs. 143 vta.), ni que su trabajo fuera necesario para el desarrollo del giro comercial de las demandadas.

Que el error está dado en haber omitido la posición defensiva de su parte y alterar el principio general de atribuciones procesales.

Introduce en el primer agravio parte de la fundamentación que se relaciona con el segundo: dado que se demandó a dos sociedades -agrega-, algo que obsta a la conclusión del fallo está circunscripto a la falta de determinación de si se generaron varias relaciones laborales o si fue solo una y con cuál de los demandados.

Que, al no poder discriminar la prestación de tiempo y tareas, ni a quién iban dirigidas estas, resulta imposible responsabilizar indiscriminadamente a ambas codemandadas y que la falta de certeza respecto a quién dio órdenes al actor, torna arbitraria la condena.

Al desarrollar el segundo agravio sostienen que no hay prueba del vínculo entre las codemandadas ni de los presupuestos fácticos condicionantes para condenar a ambas, sobre todo cuando está demostrado que son sociedades legalmente constituidas e independientes entre sí.

Que cuando se concluye que el codemandado Gil reconocer ser el responsable de ambas empresas, la sentencia se equivoca porque el hecho de que fuera el responsable no implica la existencia de la vinculación necesaria para la condena en autos; que el hecho de que se rechace la demanda dirigida en su contra implica que carecía de habilidad para obligar a las sociedades.

Destacan que la condena no está fundada en el instituto de la solidaridad, sino en un razonamiento difuso e insustentable, y que una condena exige análisis y fundamentación jurídica, lo que no se logra invocando una "confusión de prestaciones", en especial cuando el mismo actor se encargó de diferenciarlas en la demanda, donde manifestó que había trabajado para dos compañías distintas, con actividades y convenios colectivos diferentes y que no hubo relación laboral simultánea, razón esta que reitera más adelante.

Que aún en el caso de que en el mismo domicilio funcionasen una o más sociedades y que una persona física trabajase allí de manera indiferenciada, no existe norma que obligue a la múltiple registración ni la existencia de múltiples contratos de trabajo y que, siguiendo con los fundamentos del fallo, se caería en el absurdo de que si en un mismo domicilio tuviesen asiento varias sociedades ello habilitaría la condena a todas las personas jurídicas.

Citan antecedentes jurisprudenciales y concluyen que no se abordó correctamente el thema decidendum, ni aplicó bien el art. 23, ni analizó de manera acertada la prueba rendida y que el pronunciamiento no se compadece con el principio de congruencia, al no considerar los hechos oportunamente expuestos por las partes, vulnerando la garantía del debido proceso y defensa en juicio.

Por el tercer agravio critican la condena al pago de la multa prevista en el art.1 de la ley 25.323 invocando que para su procedencia el accionante debió haber dado cumplimiento con la presentación ante la A.F.I.P. dentro de las 24 horas de remitir la primera intimación requiriendo regularización laboral.

Como consecuencia de lo expuesto en el primero, en el cuarto agravio cuestionan la condena a pagar diferencias salariales postulando que como en el fallo se parte de la premisa equivocada de que su parte debía acreditar los servicios de López no fueron en relación de dependencia, se concluye en la existencia de un contrato de trabajo y en la procedencia los créditos reclamados, ante lo cual los apelantes sostienen que su parte negó la existencia del contrato de trabajo y la aplicabilidad de los convenios colectivos y sus escalas salariales, por lo cual no tenían prueba alguna que producir.

Reiteran que es el propio actor quien en la demanda y planilla invoca dos convenios, con categorías, escalas y regímenes de trabajo y salario diferenciados y que el fallo debió explicar la procedencia del convenio y la escala y la validez de los sueldos que denuncia como correspondientes.

Finalmente advierten que se declaró la improcedencia de las horas extras indebidamente incluidas como base de cálculo, no obstante lo cual en la condena nada se dice al respecto.

Formula reserva del caso federal.

Corrido el traslado, a fs. 151/153 el actor contesta agravios manifestado que respecto de la presunción del art. 23 de la L.C.T., la sentencia es clara; que el fundamento dado por la demandada no es más que una crítica personal del fallo; que no desconoce que en autos se ha probado la prestación de servicios a favor de las demandadas; que se ha demostrado que el accionante trabajó para ambas sociedades; que ellas funcionan en el mismo inmueble y que tienen idéntico objeto social; que, habiéndose demostrado que López prestó servicio para ambas empresas, deben estas responder por las consecuencias; que el art. 1º de la ley 25.323 se estableció para aquellos casos en que no fuere posible haber cumplido con la comunicación referida ante la A.F.I.P. que establece el art. 11 de la ley 24.013; que, al no haber los demandados acreditado cumplir con sus obligaciones, se presume cierto lo manifestado por el actor y es por ello que la sentencia remite a la planilla formulada a fs. 4 por su parte.

II. Los demandados cuestionan la aplicación del art. 23 de la ley de contrato de trabajo, postulando que para su aplicación resulta menester acreditar no solo la prestación de tareas, sino también que estas fueron prestadas bajo una relación de dependencia, nada de lo cual habría sido -según el memorial- demostrado.

Aparte de las piezas postales reservadas a fs. 22, cuyas copias certificadas fueron agregadas a fs. 57/70 junto al informe de fs. 71, donde se da cuenta de la fecha y las personas que recibieron cada una de ellas, la única prueba que se produjo para demostrar la existencia de la invocada relación de trabajo fue la testimonial receptada en el acta cuya transcripción obra de fs. 115/118.

Miguel Iván Skokonski expresa a fs. 115 vta. haber trabajado un par de años junto con el accionante en una estación de servicios ubicada sobre avenida Isabel la Católica y que, luego de que esta cerró, dejó de ver a aquel y que volvió a hacerlo ". en la estación de servicio de la Sarmiento y Belgrano. en el año 2.012. Vendiendo combustible y después en la parte de confitería, de bar que hay en la estación de servicio. yo usualmente cargo combustible cuando paso por ese lugar.", ratificando luego esos mismos datos al manifestar que ". yo iba a cargar combustible y lo vi cargándome combustible. Y después como yo siempre me bajo a comprar algo al mini bar, a comprar cigarrillos o caramelos, lo vi trabajando adentro." (inicio de fs. 116).

En sentido similar declara Rogelio Federico Pérez Gubiane, pues sostiene que conoce al señor López ". de vista porque yo cargaba combustible en la Shell de Tres Cerritos. y lo veía. Y después ya cuando trabajaba en la otra que está en la Sarmiento y Belgrano yo también cargaba combustible ahí y lo vi varias veces." (fs. 116), respondiendo a la pregunta desde cuándo lo vio trabajar en la estación de servicio mencionada en último término, menciona que ". 2.012 más o menos, Febrero, Marzo.yo tengo la oficina en Brown y Ameghino y yo en esa época vivía en Don Emilio y pasaba por ahí y cargaba combustible.", aclarando en relación a las tareas que lo veía cumplir las siguientes: "Cargando combustible y después también lo vi en el drukstore que hay adentro." durante ". 3 o 4 meses..." (fs. 116 vta.).

"A López de la estación de servicio que una vez me atendió en el surtidor y otra vez en la parte de la confitería. En la Refinor de la Belgrano y Jujuy.". Esta manifestación es de Omar H. Latorre quien, al ser preguntado por el año en que vio al demandante trabajando allí, contesta "El año me acuerdo 2.012. yo trabajaba en el sindicato gastronómico y generalmente. paso por ahí para poner combustible, me queda cerca.." (fs. 117).

Maribel Alejandra López, por su parte, expresa haber sido compañera del accionante en una estación de servicios del barrio Tres Cerritos unos diez años antes de la fecha de la declaración y que ". lo vi en algunas oportunidades en la estación de servicio de Belgrano y Sarmiento. 2.012. lo vi en muchas oportunidades. cargando combustible, en realidad me cargó gas en el auto. hay un café, un drukstore, venden cigarrillos, golosinas." (fs. 117 vta.).

Todos los declarantes, cuyas manifestaciones fueron correctamente analizadas por la Señora Jueza de grado, dan cuenta de un dato cierto, como lo es la prestación de servicios por parte del señor Arnaldo Marcelo López en dos explotaciones comerciales asentadas en el establecimiento ubicado en la esquina de Belgrano y Sarmiento, donde funcionan una estación expendedora de combustible y una confitería: la inserción de aquel en una infraestructura física de la cual no es titular actualiza, desde mi análisis, una de las acepciones del sustantivo ajenidad, con una de las cuales es posible verificar, según la doctrina -ver, por ejemplo, la obra dirigida por Adrián Goldín, "Curso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social", parte II: El contrato de trabajo-, si existe o no relación de trabajo.

Esa materialidad informa lo sustancial de esa relación, motivo por el cual no es posible concluir válidamente como lo hacen los apelantes en el sentido de que los testigos no aportaron datos en relación a "los extremos de la relación laboral" (fs. 142 vta.).

Determinado lo que antecede, destaco que no se trata, como lo expresa la parte recurrente, de que la Juzgadora le exige "realizar prueba negativa" (fs. 143), sino que de la propia ley surge esa carga procesal que él debió asumir, no resultando suficiente para ello negar las afirmaciones del actor, como se pretende en el memorial.

En efecto, toda vez que quedó demostrada la existencia de la prestación de trabajo (dato fáctico no cuestionado en esta vía recursiva), por aplicación del art. 23 de la ley de contrato de trabajo, correspondía a los demandados demostrar que aquella respondía a una causa jurídica distinta a la protegida por el ordenamiento laboral.

Tal como lo he sostenido en otros antecedentes, es mi criterio que la sola demostración del cumplimiento de servicios a favor de un tercero es suficiente para que opere la presunción: el mentado art. 23 permite presumir que media dependencia, pues no existen contratos de trabajo sin tal característica.

Como consecuencia de ello y atendiendo a gran parte de la argumentación de los apelantes: la acreditación de la dependencia no es un presupuesto de operatividad de la presunción sino, precisamente, el hecho o circunstancia presumida.

"Si se exige para aplicar el art. 23 de la LCT la acreditación de la prestación del servicio y de la existencia de subordinación, se está enervando la eficacia de la presunción contenida en esa norma, porque, demostradas ambas, se configura de manera indudable el contrato de trabajo, tornando innecesario recurrir a esa norma.

Se excede igualmente lo previsto positivamente como antecedente de la aplicación de ella, que es "...el hecho de la prestación de servicios....", exigiendo algo que no lo está, como lo es la comprobación de que esos servicios fueron prestados bajo subordinación.

La consecuencia de su reiterada aplicación implica lo contrario al contenido filosófico de los principios del derecho laboral, de los cuales menciono al principio protectorio que, partiendo del reconocimiento de que la relación social que este sector del universo jurídico pretende regular una marcada desigualdad socio-económica de carácter estructural entre el empleador, dueño de los medios de producción, y el trabajador, aportante de la fuerza de trabajo, y atenuar la misma, introduciendo desigualdades jurídicas compensatorias en favor del trabajador" (doctrina de esta Sala en "Yañez, Andrea Elizabeth c. Santafe, Daniel Alberto - ordinario", expte. nº 22.703/09).Ver en similar sentido el voto de Ricardo A. Guibourg en los autos "Gómez, Diego M. c. Vázquez, José A. y otros" de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, del 30 de diciembre de 1.998).

Determinado ello resulta menester analizar qué prueba aportaron los demandados para desarticular la presunción iuris tantum dispuesta por la señalada norma, ante lo cual hago notar que no produjeron ninguna tendiente a demostrar, por ejemplo, que los unía con el actor un contrato de derecho privado.

Pero antes de eso, tampoco en oportunidad de cumplir con la carga procesal del art. 39 del C.P.L. expusieron circunstancia en ese sentido, habiéndose limitado, en cambio, a negar con una excesiva minuciosidad cada uno de los hechos invocados y prueba documental presentada por el actor (ver fs. 30 a principio de la 37), criticar la manera en que se formuló la demanda (fs. 37 y vta.), la inclusión de Santiago Daniel Gil como sujeto pasivo de este proceso y la forma en que se extinguió el vínculo y a invocar la teoría de los actos propios (fs. 38 vta./39 vta.).

Más allá de la falta de idoneidad en la actividad procesal del demandado, quiero transcribir una cita jurisprudencial que resulta aplicable a él y compatible con mi criterio de que la carga procesal de la parte demandada no queda satisfecha con el mero desconocimiento, sino que es esperable también de ella la aportación de datos para el proceso que permitan arribar al estado más cercano posible a lo que la doctrina denomina "verdad real": " A través del art. 356 del C.P.C.C.N., el legislador sabiamente dispuso las características que debe contener la contestación de la demanda porque, entendiéndose el proceso como un diálogo, quien se limita a decir "no" trunca toda comunicación y conspira contra el descubrimiento de la verdad, objetivo al que está destinada la producción de la prueba que de allí en más habrá de tener lugar. Esto es, quien niega tiene a su vez la obligación de afirmar, puesto que si los hechos no acontecieron tal como lo expresó la parte actora, la contraria "debe decir" entonces, cómo fue que sucedió. . También es la lógica implícita de la teoría de la inversión probatoria del art. 365 del C.P.C.C.N.. Es así que, en el marco del paradigma de los derechos humanos fundamentales, vigente desde la reforma constitucional de 1994, camino a la consolidación de los meta-principios, pro homine, el de progresividad, y el de la realidad, no se admite una interpretación rígida en la aplicación de la carga de la prueba según el art. 337 C.P.C.C.N." (Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en "Gómez Julio Ernesto c. QBE Argentina A.R.T. S.A. - accidente - ley especial", del 30 de abril de 2.015).

Entiendo que debe rechazarse el primer agravio.

III. El segundo cuestiona la decisión de condenar a Action S.A y a La Caldera S.A. destacando que no se resolvió si hubo dos prestaciones de servicios diferentes o una sola prestación para dos personas jurídicas distintas.

La forma que se encuentra estructurado el pronunciamiento es el siguiente: luego de sostener que el actor trabajó para ambas sociedades ininterrumpidamente, que funcionan en un mismo inmueble y que tienen idénticos objeto social y responsable, se condenó a Action Vis S.A. "y/o" a La Caldera S.A. a pagar la suma de $73.550,17 y a entregar la certificación de servicios y remuneraciones.

La circunstancia de que existiera comunidad de establecimiento, de objeto social y de responsable en las dos personas jurídicas demandadas permite concluir, por una parte, que ambas empresas actuaban como una sola unidad técnica de ejecución (art. 6 de la ley de contrato de trabajo) que requiere de la participación de trabajadores para llevar adelante sus fines específicos y, por otra, que el actor prestó servicios en esa unidad técnica donde media comunidad de bienes y de fines de ambas empresas.

Es en razón de ello que ambas deben ser calificadas como empleadoras en orden al contrato laboral que vinculó a las partes, resultando indiferente que hayan constituido o no un grupo económico, toda vez que ha quedado demostrado que ambas han actuado en forma conjunta bajo aquella condición, poniendo en común sus bienes materiales e inmateriales para la consecución de los fines que le son propios.

Deben ser consideradas, por lo tanto, como un único empleador en los términos del art. 26 de la ley de contrato de trabajo, razón por la que encuentro correcta la condena en forma indistinta a ambas.

"Las demandadas han utilizado en forma conjunta los servicios de la trabajadora por lo que, en virtud de la solución que contempla el art. 26, LCT, es evidente que aquellas asumieron el rol de "empleador" (pluripersonal) que describe la norma, y las consecuencias de su obrar como tal. No se trata de dos contratos diferentes ni de dos empleadores, sino de uno solo de carácter plural pues está integrado por dos personas., y como la totalidad del objeto de las obligaciones laborales emergentes de ese único vínculo puede ser reclamado por el trabajador. cualquiera de ellos, es indudable que las dos deben responder... por las obligaciones emergentes del contrato." (doctrina de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en "Espinoza Encina, María c. Pelossi, Marcela Alejandra y otros s. - despido", del 16 de junio de 2.011).

Y si bien el apelante sostiene que no hay prueba del vínculo jurídico entre las codemandadas, no contradijo eficazmente los datos ya mencionados, entre los cuales destaco como más importante la identidad en el objeto social, el que se encuentra detallado y suficientemente demostrado por medio del informe emitido por el Juzgado en lo Comercial de Registro de fs. 72/73, donde se consigna, respecto de ambas: "Estaciones de Servicios: La explotación de estaciones de servicios para automotores, la comercialización de combustible, aceites, lubricantes.servicio de bar y restaurante. Asimismo podrá explotar como accesorios a las estaciones de servicios mini mercados o auto servicios de atención permanente.".

También ese informe ilustra sobre el mismo lugar de la sede social: avenida Entre Ríos 857, planta alta, de esta Ciudad y quiero aclarar, atendiendo a un aspecto del memorial, que el compartir ambas sociedades comerciales el establecimiento es solo uno de los elementos analizados.

Por otra parte: es real que los testimonios no aportan datos sobre quién impartía las órdenes, pero, más allá de que resulta difícil de precisar para una persona ajena a la relación de trabajo un dato tan puntual, para el cual se requiere de una permanencia habitual en el lugar, la condición de empleador no se define exclusivamente por la evidencia del poder dirección, sino también por la titularidad del emprendimiento donde el trabajador se inserta para poner a su tiempo a favor de otra persona, lo que ya fue expuesto al tratar el primer agravio.

"Lo que adquiere verdadera trascendencia para caracterizar al contrato de trabajo son las notas de participación en una organización empresaria ajena y la falta de disponibilidad para sí del producto o del servicio efectuado por el trabajador. Y lo importante es determinar si el trabajo es autoorganizado por el trabajador o si la organización de dicha tarea proviene del empleador que lo contrató y lo insertó dentro de su organización." (doctrina del pronunciamiento dictado en "Lucero, Tomasa Rosa c. Ugarte, Armando y/u otro - indemnización por muerte del trabajador", del 28 de julio de 2.008, cita on line de Rubinzal Culzoni: RC J 3808/08).

Y si en autos ha quedado acreditado, por una parte, que el señor López trabajaba en la estación de servicios y en la confitería ubicada en la Belgrano y Sarmiento y, por otra, que Action Vis S.A. es la titular de la primera (respuesta a posición 2) y que la confitería ubicada en el establecimiento ubicado en esa esquina es de La Caldera S.A. (respuesta 6, en ambos casos, del acta de absolución de posiciones de ambas demandadas de fs. 115, sobre el pliego de fs. 114), no resulta absurdo postular que ambas fueron empleadoras y encuentro rayante con el dogmatismo procesal la pretensión del recurrente, la que se presenta, por añadidura, como algo irrelevante desde el análisis integral de las constancias de la causa, porque las condenadas son personas jurídicas, incapaces de hecho para ejercitar per se el poder de organización.

En cuanto al fundamento vinculado con la condición de "responsable de ambas empresas" (fs. 132 vta.) de Santiago Daniel Gil -lo que fue reconocido por él en la respuesta 9 de fs. 11 5 y vta.- paréceme oportuno hacer notar que ella fortalece la hipótesis de un empleador plural que tiene en común otro elemento, como lo es la cara visible de las dos demandadas.

Y en autos se advierte, por añadidura, la existencia de una maniobra fraudulenta, dada la -hoy indubitada- falta de registración que se postula en el pronunciamiento como sustento de la condena a pagar la multa del art. 1 de la ley 25.323 (fs. 132): en efecto, si bien en el memorial se cuestiona la procedencia de la condena a pagarla, el fundamento de este aspecto del memorial remite -como más adelante lo analizaré- no a desconocer la señalada omisión, sino a la invocada falta del cumplimiento de una formalidad, como sería, según exponen los recurrentes, la presentación de copia del requerimiento ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.

La inobservancia de la obligación de inscribir al trabajador llega a esta instancia, por lo tanto, firme.

Ello torna indiscutible la existencia de un accionar contrario al orden público laboral porque, al no haber sido inscripto, el señor López no pudo acceder a los servicios de una obra social, no estuvo cubierto por el régimen de riesgos de trabajo, ni percibió asignaciones familiares y se vio privado del subsidio por desempleo cuando el contrato se extinguió, lo que configura -claramente- fraude en los términos del art. 14 de la ley de contrato de trabajo.

"No podría decirse que la incorrecta registración -o la falta de ella- encubra la consecución de fines extrasocietarios, puesto que el principal fin de la sociedad comercial es el lucro, por lo que sí constituye un recurso para violar la ley y el orden público laboral a que aluden los arts. 7, 12, 13 y 14, LCT, y para frustrar derechos de terceros, es decir la trabajadora y el sistema previsional, integrante del sector pasivo.." (doctrina de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en "Sananes, Susana Mercedes c. Belgrano Imprenta Propiedades S.R.L. y otros - despido", del 10 de septiembre de 2.012).

Finalmente: es real que no hay norma que obligue a una registración múltiple, pero la responsabilidad prevista en el art. 26 torna en sujetos obligados al cumplimiento de la registración a ambas demandadas, obligación esta que -por lo demás- no fue satisfecha por ninguna de ellas, lo que resta entidad al planteo formulado en este sentido.

Por lo desarrollado entiendo que también este agravio debe ser desestimado.

IV. El argumento con el cual el recurrente procura que sea revocada la condena a pagar la multa prevista en el art. 1 de la ley 25.323 es que no se presentó ante la Administración Federal de la Seguridad Social copia de la intimación requiriendo la regularización, dentro de las veinticuatro horas de formulada.

Hago notar a la parte recurrente que, si bien de la compulsa de las piezas postales glosadas a fs. 1 y 2 de la documentación reservada a fs. 22, se advierte que efectivamente no hay intervención alguna en ellas del Organismo Fiscal Nacional, esa exigencia está prevista por el legislador no en la mentada norma, sino en el art. 11, acápite b) de la ley nacional de empleo, cuyas multas no fueron reclamadas en autos.

Si conjugamos ello con el dato ya destacado de que no fue objeto de agravio el criterio de la Juzgadora de considerar que la relación estaba sin ser inscripta en el libro de registro único del art. 52 de la ley de contrato de trabajo ni en los distintos subsistemas de la seguridad social, se arriba al resultado de que la condena referida debe ser confirmada.

V. El último agravio reitera gran parte de la fundamentación del segundo, insistiendo con que no se discriminó en el pronunciamiento si hubo uno o varios contratos de trabajo (sobre lo cual ya me expedí) y poniendo énfasis en la falta de justificación de los montos a los que arriba la Juzgadora.

Si bien coincido con los apelantes en cuanto a que el fallo omite toda mención al convenio colectivo y escala salarial aplicables (lo que si es exigible a las partes, a fortiori lo es para el titular de la jurisdicción, según doctrina de esta Sala en, por ejemplo, "Peralta, Lucrecia Inés c. Transnoa y otro - ordinario", expte. nº 15.616/06), entiendo que debió aplicarse la presunción contenida en el art. 55 de la ley de contrato de trabajo, toda vez que la providencia de prueba contiene tal requerimiento e intimación, respecto de los demandados (punto e de fs. 49/50) y fueron notificados de ello tanto el mandatario (ver la notificación de fs. 51 y vta.), como su representante (fs. 80 y vta.), como ellas mismas (fs. 81/82 vta.).

Lo señalado me lleva a concluir en que correspondía en autos la aplicación de esa norma, que habría conducido a idéntico resultado al que arriba la Señora Jueza, quien en su liquidación recepta, en relación al cálculo de las diferencias de haberes y sueldo anual complementario, las cifras contenidas en la demanda.

Finalmente el apelante advierte que las horas trabajadas en exceso de la jornada no debieron integrar la base de cálculo (asumo que se refiere a los créditos indemnizatorios) por haber sido estas desestimadas.

Esa aseveración no guarda correspondencia con la realidad, lo que puede concluirse con solo analizar que, si bien a fs. 5 se cuantifica como base de los créditos indemnizatorios la suma de $6.568,69, en la liquidación de fs. 133 vta. se tiene a tal efecto la de $4.759,92, comprensiva del básico, presentismo, complementos por servicio y por alimentación del mes de agosto de 2.012, correspondientes al último mes en que el señor López prestó servicios.

En fin: de prosperar mi voto, se rechazará en su integridad la apelación de los demandados y, en su mérito, se confirmará el punto I de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia, con costas, por eficacia del principio objetivo de la derrota (art. 67 del C.P.C.C.).

VI. De acuerdo a lo dispuesto en la acordada nº 12.062, propongo que los honorarios de esta instancia se determinen en el 45% del monto que se regulase en primera instancia y de lo que fue materia de agravio (art. 13 del decreto ley nº 324/63 y sus modificaciones).

El Dr. Federico G. Kosiner dijo: Adhiero al resultado del voto que antecede.- Por ello, LA SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

R E S U E L V E I. RECHAZAR en su integridad la apelación de los demandados y, en su mérito, confirmará el punto I de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia, con costas.

II. TENER presente la reserva de caso federal formulada a fs. 146.

III. DETERMINAR los honorarios por la labor en esta instancia en el 45% del monto que se regulase en primera y en relación a lo que fue materia de agravio.

IV. ORDENAR se copie, registre, notifique y se remitan los autos al Juzgado de origen.

SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA.