Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-12


SENT Nro. 444 San Miguel de Tucumán,12 DE JUNIO de 2003.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la Ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación incoado por el demandado José Orlando Alcocer en autos: "Cuevas, Juan Carlos vs. Alcocer, José Orlando y otro s/Accidente de trabajo"; y C O N S I D E R A N D O:

I.- En fecha 3 de diciembre de 2002, esta Corte Suprema de Justicia, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, declaró parcialmente mal concedido el recurso de casación interpuesto por la co-demandada Alcocer, respecto al punto IV.1, apartados a) y f) de los considerandos; dispuso no hacer lugar al mismo, de acuerdo a lo considerado en el punto IV.1, apartado b); e hizo lugar al recurso interpuesto por la Cía. Azucarera Concepción S.A., conforme a lo considerado en punto IV, 2; dejando sin efecto el fallo en las partes pertinentes, contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 20-6-01 y sus aclaratorias.

II.- Contra dicha sentencia, el codemandado José Orlalndo Alcocer promueve recurso extraordinario federal, el que fue planteado tempestivamente (C.P.C.C.N., artículo 257).

Como surge de la presentación de fs. 647/657, el recurso de marras se fundamenta en la alegación de arbitrariedad del acto jurisdiccional impugnado, por violación al derecho de defensa y debido proceso, conculcación del derecho de propiedad, garantizados por la Constitución Nacional, argumentando que el fallo ha considerado que se trajeron en casación cuestiones fácticas detraídas de la casación, omitiendo tratar las argumentaciones jurídicas de Alcocer relativas a la ausencia de razonabilidad en la estimación de las probanzas del accidente de trabajo y la ausencia de elementos que lo configuren a tenor de la Ley Nro. 24.028.

Se agravia porque el fallo incurre en contradicción y falta de igualdad, cuando casa parcialmente la sentencia por entender que no fueron analizados algunos requisitos necesarios para la aplicación del artículo 30 LCT, pues ello también constituye una cuestión fáctica que debió excluirse del tratamiento del recurso para ser coherente.

Cuestiona la imposición de costas y alega gravedad institucional.

III.- De lo expresado precedentemente se desprende que el tema central materia del recurso extraordinario, lo constituye la pretendida arbitrariedad en la que habría incurrido la sentencia de esta Corte, en las cuestiones mencionadas precedentemente.

Corrido el traslado de ley, (fs. 659 y 660), en el término previsto en el artículo 257 del C.P.C.C. de la Nación, la parte actora y la codemandada Cía. Azucarera Concepción, responden agregándose en autos los memoriales pertinentes (cfr. fs. 661/662 y fs. 664/665 vta.).

Si bien incumbe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación juzgar sobre la existencia o no de alguno de los supuestos de arbitrariedad y la existencia de cuestión federal, ello no exime a este Tribunal de efectuar el control de admisibilidad, verificando si se dan los requisitos formales y procedimentales habilitantes de la vía extraordinaria federal.

Al respecto se advierte que el recurso se dirige contra una sentencia definitiva, toda vez que pone fin al pleito, dictada por el Superior Tribunal de Provincia.

Este tribunal al tratar la admisibilidad del recurso casatorio, luego de examinar los agravios y la valoración del plexo probatorio examinado por la Cámara consideró, razonablemente, que los planteos efectuados por la codemandada Alcocer en torno a la inexistencia de infortunio laboral y la eximición de responsabilidad a tenor del artículo 7 de la Ley Nro. 24.028, constituían una mera cuestión fáctica y no una errónea aplicación del derecho, apta para descalificar el pronunciamiento de Cámara por arbitrariedad, cuando ésta declaró que hubo accidente de trabajo. Igualmente consideró que la valoración de las circunstancias fácticas del caso, realizadas por la sentencia de grado no era arbitraria y por lo tanto, no constituían cuestión de derecho apta para superar el juicio de admisibilidad de la casación e ingresar al análisis de su procedencia.

Estimó admisible y procedente el agravio referido a la interpretación del artículo 30 de la LCT, pues la sentencia acogió el recurso casatorio de ambas demandadas por considerar que el fallo en crisis omitió considerar un aspecto fáctico esencial exigido por dicha norma para que proceda la solidaridad, considerando que dicha omisión configuraba un supuesto de arbitrariedad.

En efecto, realizando una razonable exégesis de las normas en juego, determinando sus alcances, conforme los hechos que integraron el debate en la litis, la sentencia recurrida concluyó en la inadmisibilidad parcial e improcedencia y procedencia parcial del recurso casatorio, según los agravios.

IV.- En principio, las sentencias que declaran la inadmisibilidad del recurso de casación, con fundamento en las disposiciones procesales de carácter local, no constituyen cuestión federal apta para habilitar el recurso extraordinario previsto en el artículo 14 de la Ley Nro. 48.

Tampoco configura cuestión federal el tema referido al artículo 30 LCT, por tratarse de norma de derecho común.

Ello así, los agravios expuestos por la accionada se limitan a poner de manifiesto una mera discrepancia con lo decidido en el pronunciamiento atacado, toda vez que no rebate ni demuestra puntualmente cómo la solución sentencial atacada exhibe un claro menoscabo a las garantías constitucionales que se invocan quebrantadas.

Al respecto esta Corte, en múltiples pronunciamientos, en pos de la doctrina del más Alto Tribunal de la Nación, ha manifestado que la doctrina de la arbitrariedad no ha sido concebida para rectificar sentencias que el recurrente considera equivocadas, sino que atiende a supuestos extremos en que se verifica un apartamiento radical de la solución prevista por la ley o bien una absoluta carencia de fundamentación, como así también las que se sustentan en un razonamiento argumentativo que se aparta de las reglas de la sana crítica judicial de modo tal que hace privar una solución manifiestamente contraria a las reglas de la lógica y de la experiencia, conculcando con ello la garantía constitucional de la defensa en juicio o de la inviolabilidad de la propiedad a punto tal que tornen destacable la invalidez del acto jurisdiccional; circunstancias que no se aprecian en el caso.

Contrariamente la sentencia en recurso, está muy lejos de ofrecer base de sustentación que haga viable la excepcional doctrina de la arbitrariedad. Ello por cuanto tiene fundamentos de hecho y de derecho, que aparecen como suficientes, en la media en que no medie una decisiva carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco para la solución normativa del caso, por lo que se reputa constitucionalmente acto judicial válido, insusceptible de la tacha de arbitrariedad (cfr. Vanossi J.R.: "La sentencia arbitraria". E.D. 91-105; Morello, A. "Recursos Extraordinarios y Eficacia del Proceso", Editorial Hammurabí -1981, T.II, pág. 415; Sagüés, N.P.: "Recurso Extraordinario", T°. II. pág. 807).

Debe observarse que el recurso extraordinario fundado en la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera o cuarta instancia sentencias equivocadas, ni se propone rectificar toda injusticia que pueda existir en el fallo apelado, sino mantener la supremacía de la Constitución Nacional. Tampoco procede respecto a valoración de los hechos o argumentaciones del Tribunal que no sean manifiestamente irrazonables (Fallos: 297-173; 303-1.574; 275-251; 303-2.091).

Es por ello, que no advirtiéndose en la sentencia atacada elementos que habiliten su descalificación como acto jurisdiccional, no corresponde la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad. Tampoco se advierte la existencia de gravedad institucional que se invoca.

Consecuentemente y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal a fs. 667/669, corresponde desestimar con costas al recurrente, el recurso extraordinario interpuesto.

Por ello, se R E S U E L V E :

I.- DENEGAR la concesión del recurso extraordinario interpuesto por el codemandado José Orlando Alcocer, contra la sentencia dictada por esta Corte, Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, en fecha 3 de diciembre de 2002, obrante a fs. 637/643 vta. de autos.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA