Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-06-10


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 10 días del mes de junio del año dos mil once, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Jorge Pfleger, Daniel Alejandro Rebagliati Russell y Alejandro Javier Panizzi, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "Pcia. Del Chubut c/ V. L. - C. M. I. - El Hoyo s/Impugnación" (Expediente N° 21.439 - Fº 95 - Año 2008).

Del sorteo resultó el siguiente orden para la emisión de los votos: Pfleger, Rebagliati Russell y Panizzi.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Breve relación del caso.

a. Motorizado por el recurso extraordinario del Ministerio Público Fiscal, se ha llamado a esta Sala a decidir acerca de la rectitud de la sentencia de la Cámara Penal de la ciudad de Esquel emitida el 15 de marzo de 2010.

Ella, registrada con el número 370 bis -Folio 536/583 - Año 2010, revocó la que había sido impugnada ante sus estrados -condenatoria de los imputados- pues hizo lugar a la excepción deducida por la Defensa Técnica de aquellos y sobreseyó a L. V. y a M. I. C. L., de conformidad a los artículos 146, 147, 148 y concordantes del Código Procesal Penal.

b. El recurrente, doctor F. L. R., fue quien introdujo la impugnación de que se trata y desarrolló sus argumentos en el extenso escrito que corre cosido entre las hojas numeradas 366 a 398 en los que consignó sus razones.

Principió el discurso alegando la legitimación que poseía para impugnar, con cita del art. 378 inc. 1° en función del art. 371 inc. 2° del C.P.P. y entendió aplicable su par 378 inc. 2° con la redacción vigente al momento de la interposición del remedio.

Luego de ello se centró en exponer sus agravios que intentaré fijar reproduciendo el texto entre comillas.

Así remarcó que disentía con la Cámara respecto del ". modo de computar los plazos conforme la normativa procesal y el recorte indebido de tales Plazos, en base a la errónea aplicación de un precepto legal, que implica asimismo una interpretación inconstitucional de la normativa adjetiva (Arts. 75 inc. 5, 22,31 y cc de la Constitución Nacional, arts. 10, 18 (9), 35, 44 y Sección III Poder Judicial, capítulo I Disposiciones Generales, en especial art. 168 de la Constitución de la provincia del Chubut y normas concordantes; art. 25 CADH, art. XVIII de la DADDH, arts. 8 y 10 de la DUDH y los arts. 2 y 14 del PIDCP, por aplicación del art. 75 inc. 22 C.N., arts. 1, 15 19, 31, 35, capítulo III y IV, 284 y 285 del C.P.P.).- Arts. 370, 371 inc. 2, 375 inc. 2, 378 inc. 1 del C.P.P..- Falta de motivación suficiente de la sentencia, errónea valoración de los antecedentes relativos a la tramitación del caso (o no valoración alguna de aquellos)." También puso énfasis en destacar su repulsa al aspecto ". Relacionado con el efecto que se da a la realización tardía de la audiencia pública fijada por el mismo tribunal sentenciante; en base también a la errónea aplicación de los preceptos legales en juego, que implican asimismo aquella interpretación inconstitucional de la normativa adjetiva ." (repitió los artículos citados en el apartado anterior).

Acusó de ". Arbitrariedad, o falta de razonabilidad, en la solución final adoptada por los señores Jueces, en cuanto conforme la interpretación sostenida se aplica una sanción por inactividad estatal (morosidad judicial), sin indicar la conducta o inactividad sancionable y sin acreditar la existencia de tal morosidad (arts. 370, 371 inc. 2, 375, inc. 2, 378 inc. 1 del C.P.P.). Falta de motivación suficiente de la sentencia, errónea valoración de los antecedentes relativos a la tramitación del caso (Falta de motivación suficiente o no valoración de los antecedentes relativos a la tramitación del caso (o no valoración alguna de aquellos)." Por fin, en clave de agravios, denunció la ". Inconstitucionalidad de la interpretación de las normas procesales en juego, o de la letra del C.P.P., por afectación de la garantía de la tutela judicial efectiva consagrada por los arts. 25 CADH, art. XVIII de la DADDH, arts. 8 y 10 de la DUDH y loa arts. 2 y 14 del PIDCP, por aplicación del art. 75 inc. 22 CN y por crear una causal extintiva excediendo las facultades legislativas provinciales y en franca colisión con las normas de fondo art. 59 inc. 3° y 662 inc. 2° del Código Penal. ." (sic) Cuando explicó la razón de estos motivos de agravio, el impugnante elaboró un profuso texto en el que, luego de efectuar un reconocimiento a la esforzada labor interpretativa puesta de manifiesto en los ilustrados votos de los integrantes de la Cámara, los sindicó como contrarios a las pretensiones del Ministerio Fiscal y al espíritu de la legislación procesal aplicada.

Sostuvo que tan laboriosa sentencia infringía el propio principio de justicia que debería afianzar, y se muestra como irrazonable a la luz de la consecuencias para el caso concreto en relación con las víctimas del hecho, la administración de justicia provincial y un sinnúmero de casos ya juzgados o en etapa de juzgamiento en el ámbito provincial.

Dijo que los Jueces a través de la interpretación que hicieron de las normas procesales aplicables y siguiendo el caso "L." , establecieron un nuevo punto de inicio para el cómputo del plazo razonable de duración del proceso que violentaba expresas normas procesales; el espíritu acusatorio del sistema procesal provincial y la intervención de los jueces penales en etapas precluidas. También indicó que había ocurrido infracción al principio de progresividad que se resalta en los precedentes Nacionales y se desconocía totalmente cualquier operatividad de la garantía de la tutela judicial efectiva.

Manifestó que el punto inicial del computo del plazo razonable era la efectiva realización de la audiencia prevista por el artículo 274 y que antes no había proceso, sólo actividad fiscal de averiguación preliminar.

Consideró que son las propias normas procesales que regularon la transición las que establecieron que el presente caso debía adecuarse a la nueva normativa procesal y que debía computarse el plazo del art. 146 desde la apertura de la investigación.

Específicamente diseñó su trabajo a partir de sostener, con mención de los autores Alberto Binder y Julio B. Maier, que el sistema procesal vigente es de neto corte adversarial, donde debe pensarse en dos partes en pie de igualdad que no necesitan ninguna tuición especial de los jueces, que deben velar por el juego limpio pero sin asistir a ninguna de las partes.

Puso de relieve que, si en el presente caso el Fiscal se excedió indebidamente, la Defensa debió actuar realizando los planteos en tiempo oportuno ante el Juez penal en función de juez de garantías.

Remarcó que, en el procedimiento, los derechos de los imputados no fueron vulnerados, pero el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima le fue cercenada irrazonablemente pues la interpretación que los jueces hicieron de las normas procesales resultaba inconstitucional, ya que implicaron la introducción de una causal extintiva de la acción en el orden local, en desmedro de las facultades legislativas del Congreso de la Nación.

En otro apartado se quejó de que la Cámara Penal hubiera computado como integrante del plazo razonable de duración del proceso, el tiempo en que el presente caso estuvo radicado ante la Sala Penal, contraviniendo lo expresamente establecido por el art. 146 último párrafo, entendiendo -el impugnante- que se trataba de un tiempo necesario para la resolución de un recurso extraordinario local, excluído expresamente del cómputo. En tal sentido afirmó que, pese a encontrarse confundidos en ese período el recurso extraordinario y el ordinario presentado por los imputados, por el avocamiento transitorio de la Sala Penal en los interpuestos por los imputados, no debía computarse a los fines del art. 146 del C.P.P..

Asimismo, sindicó que la Cámara debió analizar la existencia de la mora judicial y señalarla concretamente.

En ese punto, citando los acuerdos 0014/06 y el 0008/06, entre otros, sostuvo que la regulación del artículo 146 y su consecuencia prevista en el art. 147 del mismo cuerpo rituario, no podía ser aplicada sin el correspondiente análisis de la realidad judicial provincial y la transición operada con déficit en la creación de los órganos judiciales necesarios para la completa implementación provincial, y la implicancia que tuvo dicha situación en el caso concreto del presente legajo.

Por esa razón consideró que limitarse a dictar un sobreseimiento por el mero vencimiento del plazo conforme a una novedosa forma de contabilizarlo, sin existencia de mora judicial y sin medir las consecuencias del fallo, constituyó un claro caso de exceso ritual manifiesto y, por ende, de ausencia de debida fundamentación.

En el último motivo citado al inicio, se refirió a la inconstitucionalidad de la interpretación de las normas del Código Procesal Penal en punto a la creación de una causal extintiva de la acción penal por fuera de las normas del Código Penal, haciendo expresa mención de los artículos 71 y siguientes, y 59 y concordantes, que hacen referencia a la capacidad del Congreso de regular el régimen de acciones y las causales de extinción de la acción penal, desarrollando las diferencias existentes entre las normas penales sustantivas y procesales.

En el final ofreció pruebas y peticionó que se revocara la sentencia de sobreseimiento impugnada.

II. Algunas cuestiones preliminares.

No deseo eludir, al comenzar mi ponencia, un punto que resulta relevante a la hora de realizar el cómputo de los plazos cuya trasgresión fue argumentada por la Cámara "a quo" para dar justificación al sobreseimiento.

Me refiero al lapso en que el legajo estuvo radicado ante estos Estrados hasta la sanción de la Ley de cese de la transición (Ley 5° N° 127, art. 5°).

En numerosos precedentes, la Sala ha sentado criterio acerca de su propia naturaleza y rol durante la transición regulada por la Ley XV 109 (ex Ley 5519).

El art. 2° de esta norma, que estableció el régimen legal de transición y competencia hasta la aplicación integral del Código Procesal Penal, previó que las Cámaras en lo Criminal de cada Circunscripción Judicial ejercían la competencia asignada a los Tribunales de Juicio, la otorgada al jurado y a los Tribunales Mixtos.

El Acuerdo N° 14 (SP) del veinticinco de Octubre de 2006 dispuso que durante la etapa de transición y hasta la creación y funcionamiento pleno de los órganos creados por el Código Procesal Penal (Ley V N° 9 ex 5478) la Sala en lo Penal asumiera la competencia para entender en los recursos o impugnaciones contemplados en el artículo 71 A puntos 1 y 2 del ritual, precisamente para facilitar la apertura del camino que implicó el paso del ordenamiento mixto al novel acusatorio.

Este complejo intermedio condujo a dejar expresamente sentado, doctrina judicial, lo fue y sigue incólume, que el hecho de asumir el conocimiento del recurso ordinario, no significaba restringir la capacidad de la Sala para juzgar los casos donde se postulaban motivos de agravio extraordinarios.

Se dijo, recurriendo a lo semántico, que asumir es atraer hacia sí, tomar, hacerse cargo, adquirir forma mayor. Y que la forma mayor implicaba, justamente, no resignar lo propio, la propia jurisdicción y competencia.

Dijimos que la Sala era ella misma, más las instancias que adiciona la ley transitoria.

Esto significó estatuir que, la pretensión de que los pronunciamientos de la Sala en lo Penal carecieran de supremacía y que por ende fueran revisables por otra mediante la pertinente vía excepcional era inadmisible, pues éste órgano, se dejó anotado, no ejercía durante la transición la competencia asignada a las Cámaras; sino que asumió tal competencia, lo cual es bien distinto, pues -se reiteró- si la Sala en lo Penal ejerciera la competencia de las Cámaras, no sería una Sala en lo Penal del Superior Tribunal, sería una Cámara; en cambio si la Sala en lo Penal asumía la competencia de las Cámaras, no dejaba de ser lo que ella es. En cuanto Cámara cumplía con la impugnación ordinaria; en cuanto Sala poseía jurisdicción extraordinaria. Ambas vocaciones a la vez y por el tiempo que durara la transición.

Fue esta interpretación, repito, la expresión de un sistema intermedio cuya lógica no costó ni cuesta trabajo comprender, pues si la Sala en lo Penal sólo tenía de Sala el nombre, porque en verdad era una Cámara, ¿cómo conciliar la necesidad de suprimir las impugnaciones ante las cuatro Cámaras que existen entre las distintas jurisdicciones provinciales con la justificación de una excesiva carga laboral, y entregar la misma encomienda, una considerable carga laboral, a un organismo distinto pero igual a ellas: la Sala en lo Penal? La clave de la transición, un ajuste provisorio, se logró al precio de suprimir una instancia ante los jueces de segundo grado (para que todos ellos pudieran dedicar su esfuerzo al dictado de sentencias de mérito) y de unificar los distintos recursos contra el fallo de condena ante una misma alzada.

La transición fue un régimen excepcional que exigió soluciones excepcionales, pues la pregunta que se olvida generalmente es aquella enunciada en los precedentes a que se alude: ¿Cuál hubiera sido el régimen excepcional si las cosas funcionaran como las manda el Código Procesal, mantenidas la segunda y tercera instancia de la legislación local? Esta cuestión se torna palmaria si se toma nota del contenido de la Ley V 127 (Cese de la transición) que sitúa el procedimiento en su total dimensión distribuyendo las competencias acorde el plan original.

De esta relación lógica y jurídicamente inobjetable deviene que las normas aplicables en materia de recursos eran y solo eran aquellas que determinan el funcionamiento de la Sala en cuanto Tribunal Superior y última instancia en materia penal de la Provincia (art. 388 del C.P.P. Ley X N° 9).

En lo que atañe al tema que se decide la instalación del caso ante estos estrados tornaba y torna operativa la última parte del art. 146 del C.P.P que, claramente, legisla que se excluye del cómputo de tres años ". el tiempo necesario para resolver los recursos extraordinarios, local y federal." De modo que ha de sustraerse ese lapso de la cuenta de tiempo materializada por la Cámara en lo Penal.

No ha de olvidarse tampoco, que por su naturaleza y condición, la Sala está sometida a un régimen especial respecto de los tiempos procesales. Así, el art. 151 del Digesto Adjetivo cuya lectura es elocuente cuando exige la solicitud de pronto despacho para excitar los pronunciamientos y fija en cinco días la exigencia de pronunciarse, tópica de las que son ajenas las prescripciones atinentes a los Jueces y las Cámaras Penales.

Quiero dejar en claro, con palabras que me propongo expresar con simpleza, que los períodos de transición entre regímenes procesales diferentes condicionan no sólo la vigencia de institutos que consagra la reforma sino la interpretación acorde (realista) que concilie medios y fines, porque de otro modo el enlace (como sinónimo de transición) carecería de sentido.

III. El meollo del asunto.

a. En oportunidad de expedirme en autos:"D., N. R.; R., M. G. s/ homicidio en agresión" (Expediente N° 149- folio 50- Año 2005) señalé que en el tratamiento de tópicos que atienden a la persistencia o no de la acción penal pública los Tribunales habían de actuar con suma prudencia, tanto y más cuando la clausura de la capacidad estatal no se fundaba en los postulados del Código Penal sino en normas adjetivas y, para más, en la aplicación retroactiva de un orden procesal penal nuevo que -según ya he dicho- prevé y da solución a cualquier incertidumbre que sobre la materia pueda plantearse.

En autos "L.", por lo demás, me extendí en la consideración de lo que implicaba el concepto "plazo razonable" y propuse que se homologara la sentencia del señor Juez Correccional en relación con un proceso sencillo que había arribado a juicio en un término que consideré inaceptable.

También señalé, en otros precedentes, que el momento a partir del cual debía computarse el plazo para definir la defunción o no de la capacidad fiscal para continuar la etapa preparatoria era el de la apertura de la investigación, a contrario de lo que se proponía: el conteo desde la audiencia preliminar.

Por fin quedó zanjado en la Sala el problema de la transición de un régimen procesal a otro y las normas aplicables, tema sobre el que no cabe volver ahora salvo para decir que cualquier interpretación radicaba en el hecho de que debía impedirse el abrupto corte de las reglas de juego a las que las partes debían atenerse, pues no cabía pensar un orden nuevo que incidiese en las conductas procesales de las partes marcándoles comportamientos que hasta entonces no estaban previstos.

Es verdad que en el caso "Acerbo" (T. 330, P. 3640) el señor Procurador General de la Nación luego de pasar revista acerca de los criterios de los Tribunales Internacionales sobre el tema, apuntó a que los avatares consecuentes a los cambios de sistemas no podían ponerse en la cabeza de los imputados.

Pero no menos verdad hay en el hecho que no en todos los casos las consecuencias de esas mutaciones provocan "per se" escenarios de irracionalidad, sino que vale analizar la experiencia de cada caso concreto.

b. Así las cosas, y pese a las eruditas opiniones vertidas en los sufragios que componen la sentencia de la Cámara Penal, poseo un criterio que difiere.

Sentado el tema acerca del efecto del tiempo o momento procesal en que el legajo estuvo radicado en la Sala, señalo que no ofrece dudas la norma 274 del digesto ritual vigente cuando estatuye como día de inicio aquél de la apertura de la investigación que no estaba cumplido al tiempo de dictarse la sentencia que aquí sucede.

A mi manera de ver esta suerte de mixtura entre la determinación librada al prudente arbitrio (tesis del caso "Mattei y subsecuentes) y la especificada por la norma, método adoptado por la "a quo", altera la expresa letra de la ley, de la que sólo podría sustraerse el Juez cuando la solución fuera repugnante al sistema jurídico y aparejara consecuencias disvaliosas para el todo.

c. Por consecuencia, propongo que se declare procedente el recurso del Ministerio Público y se revoque la sentencia dictada por la Cámara de Apelación Penal.

Así me expido y voto.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I. En el voto elaborado por el doctor Pfleger fueron expuestos los antecedentes del caso y los agravios vertidos por el Ministerio Público Fiscal, de modo que, en honor a la brevedad, me abstendré de hacer una ociosa repetición.

En cuanto a la solución del caso, habré de coincidir con mi colega de Sala.

II. Creo oportuno señalar que estas actuaciones se iniciaron bajo la vigencia del Código Procesal derogado, y con fecha 19 de febrero de 2007, el Fiscal interviniente dispuso la aplicación del nuevo régimen vigente y el pase a la Oficina pertinente para solicitar la apertura de la investigación, la cual se formalizó con fecha 28 de marzo de 2007 -v.fs. 01/vta.- III. Esta misma propuesta ha sido planteada y resuelta en los autos caratulados "L., F. s/ Dcia. Vejaciones" (expediente 21.557-L-2008).

En dicha oportunidad sostuve que el plazo de la investigación debía contarse desde la apertura de la investigación y no desde el requerimiento de instrucción, acto procesal perteneciente al anterior sistema adjetivo.

Asimismo entendí que la decisión de la Cámara en lo Penal que dictó el sobreseimiento a los imputados por vencimiento del plazo razonable vulneraba la doctrina sentada en autos "V., P. E. s/abuso sexual" (Expte. 20.584-233-2006, sentencia interlocutoria n° 1 del día 30 de enero de 2007 ) y "R., S. A. y otro s/ hurto agravado" (Expte. 20.588-233-2006, sentencia interlocutoria N° 2 del día 30 de enero de 2007).

Así, se concluyó que el Ministerio Público Fiscal había sido sorprendido con la resolución y que se habían afectado garantías fundamentales del proceso penal, fijándose de manera arbitraria e ilegal un plazo no establecido en el ordenamiento.

Corresponde entonces, aplicando los lineamientos sentados en los casos mencionados, declarar procedente el recurso de fs. 366/98 vta.; revocar la sentencia de fs. 322/66 vta. y devolver a la Oficina Judicial, a sus efectos.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El Ministro Pfleger pasó revista de los antecedentes del caso y de los planteos recursivos efectuados por el acusador público. No me detendré en ellos a fin de no desgastar al lector.

Anticipo que acompañaré la postura adoptada por mis colegas.

III. Estos actuados se iniciaron con la denuncia presentada el 12/09/2005, bajo la vigencia del anterior régimen procesal penal (Ley Nº 3155). Luego, tras la sanción del nuevo ordenamiento adjetivo (Ley XV Nº 9), la fiscala actuante dispuso adecuar el procedimiento en trámite a la nueva Ley y solicitó la apertura de la investigación, concretada el 28/03/2007.

El día 04/07/2008 el Tribunal Unipersonal de Esquel dictó sentencia de condena y el 15/03/2010 la Cámara en lo Penal de aquélla ciudad, dispuso el sobreseimiento de los imputados, que el titular de la acción penal ataca en esta instancia.

IV. La cuestión pasa por determinar desde cuándo se computa el plazo de duración del proceso.

El artículo 274 del rito lo fija a partir de la apertura de la investigación.

Ese acto procesal se formalizó el día 28/03/2007 y, a partir de esa fecha, entonces, debe iniciarse el cómputo del término tope de duración del proceso.

Así las cosas, el tiempo transcurrido desde la apertura de la investigación hasta el dictado de la sentencia por la Cámara en lo Penal, no superó el máximo legal dispuesto por el Código.

La decisión del tribunal a quo no se atuvo a la ritualidad, al tomar como punto de partida un plazo no previsto en el reglamento de juicio, por lo que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta y revocar la sentencia inspeccionada.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

------- S E N T E N C I A ------- 1º) Declarar procedente la impugnación extraordinaria de fs. 366/98 vta.

2°) Revocar la sentencia de fs. 322/66 vta.

3°) Devolver a la Oficina Judicial, a sus efectos.

4°) Protocolícese y notifíquese.- REGISTRADA BAJO EL Nº 36/2011 FDA. JORGE PFLEGER, ALEJANDRO JAVIER PANIZZI y ANTE MI: JOSE A. FERREYRA-SECRETARIO.