Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-04


GREGORIO, Daniel Humberto contra OCLIDES ROCCA DE AGUILAR E HIJOS Reg.: A y S t 199 p 173-174.

Santa Fe, 4 de agosto del año 2.004. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la resolución 112 del 12.7.2002 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, en autos "GREGORIO, Daniel Humberto contra OCLIDES ROCCA DE AGUILAR E HIJOS -Ordinario- (Expte. 401/01)" (Expte. C.S.J. nro. 399, año 2002);

y, CONSIDERANDO:

1. Surge de autos que el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Primera Nominación de Rafaela hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el actor, por lo que condenó a la demandada a abonarle en el término de diez días de aprobada la liquidación respectiva, la suma de treinta y seis mil quinientos veinte pesos, con mas los intereses descriptos en la sentencia.

Apelado el decisorio por ambas partes, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela resolvió: "a) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el actor. b) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. c) Modificar la sentencia en cuanto al monto para reparar el lucro cesante ... d) Confirmar en el resto la sentencia, en cuanto fue materia de impugnación. e) Las costas de laAlzada serán soportadas en la misma proporción que fija la sentencia de baja instancia (art. 252, C.P.C.)...". Contra este último pronunciamiento deduce la parte demandada el recurso de inconstitucionalidad normado por la ley 7055.

En la pieza de interposición del memorial recursivo sostiene la nulidad de "todo el proceso", por entender que la demanda no se promovió contra los integrantes -en cuanto personas físicas- de la firma social, sino que se dirigió contra el "nombre de fantasía de la sociedad" -es decir, en cuanto persona jurídica: sociedad de hecho-.

Por consiguiente, sostiene que su parte no integró legalmente la litis, vulnerándose así su derecho de defensa en juicio. En tal orden de ideas, asevera que el actor luego de considerar decaido el derecho de la firma demandada para contestar la demanda y encontrándose abierta la causa a prueba, denunció en el expediente quienes "serían" los integrantes de la sociedad, los que jamás fueron citados a comparecer; conducta ésta -dice- que "podría constituir un acto de mala fe procesal".

Señala que los integrantes de la firma demandada comparecieron por iniciativa propia, que nunca se les corrió traslado de la demanda, por lo que no correspondía declararlos rebeldes y, por ende, aplicárseles la sanción prevista en el artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial. Insiste, tras mencionar algunas irregularidades en la prueba documental ofrecida por su parte, en su planteo de indefensión y, en definitiva, en la nulidad de lo actuado (de conformidad a lo dispuesto por los artículos 124 y ccs. del C.P.C. y C. y 925 del Código Civil).

Al tratar la "Procedencia del Recurso de Inconstitucionalidad", expresa textualmente: "Subsidiariamente y para el caso de que no se admitiera el planteo de nulidad que antecede, pasamos a analizar los pronunciamientos del fallo que configuran la inconstitucionalidad que estamos acusando". En sustento de su impugnación, afirma la arbitrariedad del fallo por incurrir en afirmaciones dogmáticas por cuanto admite como ciertos algunos hechos fundamentales que no fueron acreditados en la causa.

En tal sentido, expresa que el actor no demostró el accidente que invoca, desde que las testimoniales rendidas por los señores Chiessa y Manentti no coinciden con lo declarado por aquél al demandar en relación a cómo aconteció el suceso que provocó la lesión en su columna vertebral, señalando que por el contrario, podría haber recurrido a los testimonios de los doctores Gaggioti y López que lo asistieron en aquel momento; ni demostró que éstos profesionales le recomendaran abstenerse de continuar con sus labores de esfuerzo (según lo había sostenido en su demanda).

Por consiguiente, sostiene que ante la insuficiencia de actividad probatoria por parte del actor no cabe aplicar la presunción del artículo 143 del C.P.C. y C., pues cuando se reclama indemnización por daños sufridos, éstos deben ser plenamente demostrados por quien los afirma.

Refuerza su postura, sosteniendo que ofreció pruebas documentales, como lo son los expedientes nros. 1136/1996 "Aguilar, Graciela Marta contra Gregorio, Daniel Humberto sobre Ordinario" y 148/1998 "Aguilar, Graciela Marta sobre denuncia"(habido en sede penal), señalando que de la causa mencionada en primer término surge que el señor Gregorio al contestar la demanda dijo: "...las manifestaciones de los actores en las ampliaciones formuladas ... relacionadas con el desempeño de Gregorio como empleado desde hace varios años en la firma "Transporte San Roque" de Aldo Roque de esta ciudad y con la ausencia de hernias discales y del porcentaje de incapacidad atribuido por el informe pericial producido en el expte. nro. 539/94 por cuanto la afección columnaria derivada del accidente de trabajo es de mínima entidad y por encontrarse en la actualidad totalmente recuperado".

De ahí entonces, que mal puede desconocerse la propia confesión del actor. Y en relación a la segunda causa citada, afirma que el fallo prescindió de la misma, siendo que de ella surge el "verdadero buen estado de salud del actor", el que se acreditó a través de diversas testimoniales (Aldo Juan Roque; Rubén Fenoglio; Daniel Stoffel; Salim; Vitaloni); a través de prueba informativa, la que da cuenta que el señor Gregorio obtuvo en setiembre de 1994 el carnet de conductor surgiendo del informe médico de aquel momento que el mismo no padece ningún impedimento físico.

En este punto remarca que el informe médico de la Municipalidad data del 13 de mayo de 1994 y el certificado médico de incapacidad absoluta presentado en el juicio -firmado por el Dr. Abeillé- es del día 16 de mayo de ese año. También, dice, se demostró a través prueba documental: poder otorgado por Gregorio a sus mandantes en fecha 20 de mayo de 1994, o sea, luego de cuatro días de obtener su certificado médico de capacidad. En definitiva, sostiene que las probanzas aquí señaladas, las que considera decisivas para hacer variar la suerte de la litis, fueron preteridas por los sentenciantes. Le imputa al decisorio "fundamentación irrazonable" al afirmar que las testimoniales corroboran la existencia del accidente de trabajo, no obstante reconocer que no puede precisarse si el actor levantó la bolsa para entregarla al cliente, si tuvo que soportar el peso de la bolsa p La Cámara mediante auto del 9.10.2002 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa de la compareciente ante esta sede. 2. Se adelanta que la presente queja no ha de prosperar. En efecto, de una detenida lectura de la pieza recursoria surge que en la misma se analizan tres puntos: "A. Admisibilidad formal del recurso"; "B. Nulidad de la Demanda." y "C. Procedencia del Recurso de Inconstitucionalidad".

En el punto "B", textualmente se expresa: "Previamente al desarrollo de los fundamentos del Recurso, en tiempo y forma para hacerlo venimos a solicitar se declare la Nulidad de todo el proceso por las razones que pasaré a exponer...." (foja 15) y, más precisamente, en el punto "C", se sostuvo: "Subsidiariamente y para el caso de que no se admitiera el planteo de nulidad que antecede, pasamos a analizar los pronunciamientos del fallo que configuran la inconstitucionalidad que estamos acusando... "(foja 16).

Y en este aspecto, es de señalar -con arreglo a la jurisprudencia reiterada de esta Corte -"Asociación Obreros del Transporte contra Empresa 9 de Julio S.R.L." (A. y S. T. 25, pág. 405; "Carciente contra Nueva zelandia Cía. de Seguros" (23.5.52; Pdo.: Juris 1-253); "Maineti de Maurig, Elena" (16.12.55; Pdo.: Juris, 8-137); "Doino contra Unión Recibidores de Granos y Anexos" (A. y S. T. 38, pág. 164); "Romano Ahumada contra Velasco" (A. y S. T. 54, pág. 438); "Sancor Coop. U. Ltda. contra Boriglio, Oscar" (A. y S. T. 169, pág. 474)- que se violentan los recaudos establecidos en el artículo 3ro. de la ley 7055 cuando la interposición se hace en forma conjunta con otro recurso y condicionado al resultado de este último, tal como ha ocurrido en el sub judice.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó como principio que el recurso extraordinario previsto en la ley 48 tiene que articularse incondicionadamente.

De allí que no se lo pueda subordinar al resultado de un recurso de reposición (Fallos 255:262; 259:359; 264:71) o, en general, al de otros recursos (Fallos 256:54; 261:28; 303:1376). Esta jurisprudencia se funda en su naturaleza y en la exigencia del requisito de definitividad de sentencia, es aplicable al recurso local dado los fines y estructura de ambos.

Por consiguiente, no se advierten razones que, en el caso, autoricen a apartarse de tal criterio. Si bien lo expuesto resulta suficiente para sellar la suerte adversa del presente recurso, sólo a mayor abundamiento, cabe recordar atento lo sostenido por este Cuerpo, en anterior y actual integración, que al resolverse un recurso directo, la Corte no está constreñida al exclusivo control de los recaudos que hacen a la viabilidad de la queja en sí, sino que se encuentra facultada para ejercer un examen de admisibilidad del propio recurso de inconstitucionalidad (A. y S. T. 66, pág. 122; T. 92, pág. 396).

También ha puntualizado que el Tribunal tiene la facultad y, a la vez el deber ineludible de controlar el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad del recurso y, ello en sucesivas oportunidades, por lo que no parece razonable atender que al pronunciarse sobre la queja se vea limitado por los argumentos del auto denegatorio y los que a su vez exponga el quejoso, por el contrario, su examen ha de ser integral y si juzga incumplida alguna de las exigencias legales, debe rechazar la queja (A. y S. T. 72, pág. 329).

Y en esa labor, este Cuerpo advierte que el doctor Hugo Alfonso interpuso ante la "Excma. Cámara de Apelaciones", "por la actora", recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de "ésta Excma. Cámara, dictada en fecha 10.9.99, protocolizada en el Libro de Fallos nro. 15, Resolución nro. 130, al Folio 423-427" (foja 14).

Al respecto y, sin pretender incurrir en un excesivo rigorismo formal, deviene necesario aclarar que el citado profesional de la abogacía es el representante legal de la "parte demandada" y que el mismo dirigió el recurso normado por la ley provincial 7055, si bien contra una sentencia dictada por el Tribunal de Alzada -según su expresión-, pero que en modo alguno coincide en sus datos, con la sentencia que debió impugnar (y que en copia adjuntó), es decir, la resolución nro. 112 del 12.7.2002 del Libro de Fallos Nro. 21, Folio 27-33 (confrontar foja 5), no obstante que de sus planteos se colige que los reproches constitucionales se entablaron contra ésta ultima.

Las razones expuestas, determinan sin más, la inadmisibilidad del recurso. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)