Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-11-15


Salta, 15 de noviembre de 2016.	(Tomo 208:965/974) Y VISTOS: Estos autos caratulados "ALVARADO, ROBERTO CARLOS VS. PETERSER S.R.L. Y/O GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.A. - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Nº CJS 38.026/15), y	___________________________CONSIDERANDO:	1º) Que a fs. 196/197 esta Corte hizo lugar a la queja deducida por la codemandada Gran Tierra Energy Argentina S.R.L. y declaró mal denegado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que obra a fs. 160/161 vta. del principal.	La recurrente alega que la decisión impugnada es arbitraria y que vulnera su derecho de defensa en juicio y la garantía a un debido proceso. Indica que aunque lo decidido se refiere a un tema procesal no resulta derivación razonada del derecho vigente, y que se encuentra desprovisto de los requisitos mínimos para que constituya un acto judicial válido. Señala que le ocasiona un gravamen irreparable o de insuficiente reparación.	Relata que se ordenó correrle traslado de la demanda deducida en el principal, mediante cédula Ley 22172, la que fue devuelta sin diligenciar, según la constancia del oficial notificador, y que, sin embargo, a pedido del actor y sin verificar el resultado de esa tramitación fue declarada en rebeldía para contestarla. Expone que contra la mentada providencia interpuso revocatoria con apelación en subsidio y que ésta fue rechazada por la Cámara en la sentencia recurrida.	Manifiesta que la cédula Ley 22172 por la que se intentó notificarle la rebeldía declarada fue dirigida al mismo domicilio que la anterior y que tuvo idéntico resultado, y que despachada una segunda cédula de notificación de la mentada rebeldía, fue diligenciada en el domicilio de la codemandada Peterser S.R.L., no en su domicilio.	Afirma que de manera casual tomó conocimiento del proceso, recién en fecha 27 de marzo de 2015, motivo por el cual dentro de los tres días dedujo el planteo de revocatoria de la providencia que declaró su rebeldía y, consecuentemente, de la que ordenó la apertura a prueba.	Alega que aun cuando las referidas cédulas Ley 22172 fueron devueltas sin diligenciar, el tribunal de grado, apartándose infundadamente del resultado de las notificaciones, rechazó el recurso de apelación interpuesto, considerando que éstas han cumplido su finalidad por haber llegado a su esfera de conocimiento.	A fs. 214/220 y 221 y vta. se agregan los memoriales previstos por el art. 301 del Código Procesal Civil y Comercial presentados por la recurrente y por el actor, respectivamente, y a fs. 224/225 dictamina la señora Fiscal ante la Corte Nº 2, encontrándose los autos en estado de resolver.	2º) Que este Tribunal, siguiendo los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido, como premisa básica, que el recurso de inconstitucionalidad sólo puede prosperar en aquellos supuestos de evidente discrecionalidad, apartamiento injustificado de los hechos o del derecho aplicable o irrazonabilidad de las conclusiones a que se arriba en el decisorio. Por tal razón, la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis es propia de los jueces de la causa y salvo aquellos casos de excepcionalidad mentados, resulta insusceptible de revisión en la instancia extraordinaria cualquier pronunciamiento que no conlleva las causales de su descalificación como acto jurisdiccional, puntualmente enumeradas por la jurisprudencia vigente (cfr. Tomo 57:789; 59:527; 119:213; 140:555; Sagüés, "Recurso Extraordinario", Ed. 1992, Tomo 2, pág. 45).	Esta vía extraordinaria, lejos de importar la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad y no para revisar sentencias pronunciadas por los jueces de la causa, en tanto y en cuanto ellas no revistan vicios de entidad grave que lesionen un principio constitucional, o que impliquen su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, tal como ha sido elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. esta Corte, Tomo 49:347; 53:329; 54:241; 59:1093; 64: 841; 70:229; 97:275; 112:207).	3º) Que como también lo ha señalado esta Corte, las cuestiones procesales resultan propias de los jueces de la causa y ajenas al recurso extraordinario, cuando han sido resueltas con fundamentos bastantes para sustentar el pronunciamiento como acto judicial válido (cfr. Tomo 66:205; 67:541; 68:591; 69:877; 71:195; 72:771; 77:467; 89:733, entre otros).	4º) Que la doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (esta Corte, Tomo 59:527; 61: 743; 70:987; 71:1; 77:619; 87:769; 96:521; 99:889).	Corresponde determinar entonces si lo resuelto importa un tratamiento inadecuado de la cuestión bajo análisis que lo torna arbitrario y lo invalida como acto jurisdiccional, no obstante tratarse de una cuestión procesal.	5º) Que la Cámara ponderó que la apelante alegó haber tomado conocimiento de la existencia del juicio recién en fecha 27 de marzo de 2015 y de manera casual, por lo que solicitó que se deje sin efecto la declaración de rebeldía y se proceda a notificarla en el domicilio correcto. En orden a ello, consideró que la recurrente debió acreditar de modo fehaciente que efectivamente la cédula Ley 22172 -por la que se le notificó el traslado de la demanda- no llegó a su conocimiento o que fue practicada en domicilio incorrecto, o bien impugnar la mentada notificación por las vías pertinentes por tratarse de un instrumento público.	Sostuvo que no existen elementos para concluir que el traslado de la demanda no llegó a la esfera de conocimiento de la accionada, por cuanto la cédula fue diligenciada en el domicilio denunciado en la carta documento que ella remitió al actor. Consideró que no se acreditaron los extremos fácticos invocados por la recurrente y que la notificación ha resultado eficaz, de modo que no se ha visto alterado su derecho de defensa en juicio.	6º) Que la sentencia impugnada resulta arbitraria, pues no tuvo en cuenta que el oficial de justicia se constituyó en el domicilio al que estaba dirigida la cédula y que ante la manifestación de quien lo atendió, de que no es el de la codemandada, no dejó las copias correspondientes.	En efecto, conforme surge del informe plasmado en la cédula de fs. 74 y vta. del expediente principal, el oficial de justicia dejó constancia de que no efectivizó la notificación ordenada. Tal aseveración goza de una presunción de veracidad, en tanto no sea redargüida de falsedad, pues se trata de un instrumento público.	De modo que aunque pudiera considerarse válido el domicilio denunciado en la carta documento remitida por la accionada, la notificación no ha cumplido con los requisitos que establece el art. 339 del C.P.C.C., y por ello tampoco ha resultado eficaz para el conocimiento por ésta de la pretensión formulada en la demanda.	En la resolución recurrida el tribunal "a quo" estimó que está a cargo de la apelante demostrar que efectivamente la cédula Ley 22172 no llegó a su conocimiento y que para ello debió impugnar la mentada notificación por las vías pertinentes, por tratarse de un instrumento público. Tal exigencia resulta absurda, pues del propio texto surge que no tuvo conocimiento de la demanda y, además, no puede exigirse a la recurrente que impugne un instrumento que resulta favorable a su planteo.	Es importante destacar, además, que de la cédula Ley 22172 de notificación de la declaración de rebeldía, librada posteriormente, tampoco dejó copia el oficial de justicia que practicó la diligencia (v. fs. 84 y vta. del principal).	Distinto es el caso de la segunda cédula librada con la misma finalidad, la que fue efectivamente entregada. Sin embargo, esa diligencia fue realizada en el domicilio de la codemandada Peterser S.R.L., según surge de la documentación acompañada y de las constancias de los autos principales, con lo cual tampoco ha cumplido el propósito al que estaba destinada (v. fs. 68/71 y fs. 87 y vta. de ese expediente).	7º) Que los fundamentos expuestos por el tribunal "a quo" se apartan sin justificación alguna de las constancias de la causa y de las normas aplicables, lo que torna a la resolución impugnada descalificable como acto judicial.	Cabe recordar que la importancia de la notificación de una providencia depende de su trascendencia y de los perjuicios que su desconocimiento puede acarrear, imponiéndose un criterio restrictivo en la evaluación de si se ha operado o no cuando se trata de resoluciones vinculadas con actos relevantes como es la contestación de la demanda. Es que el principio de contradicción, una de las garantías fundamentales del proceso, se posibilita con las notificaciones al permitir no sólo el contralor recíproco de las partes sino también de la actividad jurisdiccional. Además, son un hito de partida para computar los plazos, por lo que su función está íntimamente vinculada a la certeza y seguridad que deben caracterizar al proceso (Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial Comentados y Anotados", Tomo II B, pág. 702).	En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado que, dada la particular significación que reviste la notificación de la demanda -en tanto de su regularidad depende la válida constitución de la relación procesal y la efectiva vigencia del principio de bilateralidad-, cabe inferir la existencia de perjuicio por el solo incumplimiento de los recaudos legales, solución que se compadece con la tutela de la garantía de la defensa en juicio comprometida, cuya vigencia requiere que se confiera al litigante la oportunidad de ser oído y de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales (cfr. doctrina de Fallos, 280:72; 283:88, 326; 319:672, entre otros).	_____8º) Que en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto y en su mérito, revocar la sentencia de fs. 160/161 vta. del principal. Con costas (art. 302 del C.P.C.C.).	9º) Que es atribución de esta Corte no adoptar el camino del reenvío y decidir sobre el fondo del asunto cuando -como ocurre en la especie- así lo aconsejan razones de economía, celeridad y certeza, atendiendo a la naturaleza de la cuestión suscitada y al tiempo transcurrido (cfr. Tomo 116:699, entre otros).	Sobre esa base y en virtud de los fundamentos expresados precedentemente, corresponde hacer lugar al recurso de apelación en subsidio deducido por la codemandada Gran Tierra Energy Argentina S.A. y dejar sin efecto la providencia de fs. 83, que la declaró en rebeldía para contestar la demanda y, consecuentemente, el auto de apertura a prueba de fs. 85, debiéndose correr nuevo traslado de la demanda en el domicilio legal denunciado en la presentación de fs. 109/118, conforme a lo ordenado a fs. 60 y vta., siempre del principal. Con costas (arts. 67 y 68 del C.P.C.C.).	Por ello,	_________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	______________________________RESUELVE:	I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad de fs. 164/171 vta. del expediente principal y en su mérito, revocar la sentencia de fs. 160/161 vta. de esos autos. Con costas.	II. ACOGER el recurso de apelación en subsidio deducido por Gran Tierra Energy Argentina S.A. y en su mérito, dejar sin efecto la providencia de fs. 83, que la declaró rebelde para contestar la demanda, y el auto de apertura a prueba de fs. 85, y ordenar que se le corra nuevo traslado de la demanda en el domicilio legal denunciado a fs. 60 y vta., siempre del expediente principal. Con costas.	III. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).