marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Amparo por mora, razonabilidad del acto administrativo
Materia: PENAL
Carátula: Marvel Characters INC c/ Gándara  Celestino s/ Cese de oposición al Registro de Marcas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-12

La acción de amparo por mora prevista por el artículo 28 de la ley 19.549 tiene un restringido marco de conocimiento -verificación de la demora administrativa por vencimiento de los plazos legales o reglamentarios para resolver o por exceder lo razonable sin emitir el dictamen o la resolución requerida (conf. esta Cámara, Sala I, causas n° 2.010/99 del 5.10.99, 8.907/05 del 13.12.05; Sala II, causas n° 13.734/07 del 20.04.12, 2.884/11 del 27.04.12; esta Sala, causas n° 2729/01 del12-7-01, 4687/03 del 13-5-04, 8.859/05 del 11.07.06; Cámara Cont. Adm. Fed., Sala III, in re "Villoldo, Hugo Gerardo c/E.N. (Min. De Defensa) s/ amparo por mora", del 21.05.92)- y dentro de ese marco toca al juzgador decidir la razonabilidad del tiempo transcurrido sin que la Administración resuelva acerca de la petición que haya efectuado el particular.
Defensa del consumidor, interpretación de la ley, aplicación de la ley, sujetos obligados
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ferraro, Mathias David c/Bordet, Juan Jose s/ejecutivo. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-17

Cabe confirmar la resolución que mandó llevar adelante la ejecución. Ello por cuanto, no existen elementos probatorios suficientes que permitan presumir en el ejecutante el carácter de proveedor (arg. LDC 2). Es que no puede prima facie analogarse a aquellos ya que no puede inferirse que la accionante se dedique al otorgamiento de créditos con rasgos de profesionalidad. Tratándose en la especie de un juicio que involucra a personas humanas, sin que exista, como fue expuesto, elemento alguno que permita caracterizar a la relación jurídica instrumentada en el pagaré base de esta ejecución como de consumo en los términos de la ley 24240 el planteo no puede prosperar.
Procedimiento contencioso administrativo, medidas cautelares, suspensión de la ejecutoriedad, agotamiento de la instancia administrativa, licitación pública
Materia: PROCESAL
Carátula: ING.AUGUSTO H SPINAZZOLA SA c/ GCBA Y OTROS s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-21

La instrumentalidad preside el procedimiento de adopción de las medidas cautelares, esto es, la medida adoptada sólo puede serlo en cuanto sea útil para garantizar la eventual resolución de fondo, al margen de que, en función de las circunstancias del caso, dicha resolución termine no adoptándose.

El artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y Tributario destaca claramente el carácter básicamente instrumental de las medidas cautelares. En términos generales las medidas cautelares son un accesorio, un instrumento o elemento de otro proceso -eventual o hipotético- por cuanto se otorgan en consideración al derecho que ha de esclarecerse mediante las formas regulares donde se actuará ese derecho, o para asegurar la posibilidad o la integridad de ese proceso.

Por su parte, la suspensión de los efectos de un acto administrativo, dispuesta en sede judicial en respuesta a un pedido autónomo efectuado por el interesado, debe tener como antecedente necesario que la cuestión se encuentre pendiente de resolución en sede administrativa. Suele considerarse como el medio de contrarrestar la fuerza ejecutoria propia de los actos administrativos y el efecto no suspensivo que revisten los recursos que el administrado tiene a su alcance en el marco del procedimiento (art. 12 del Decreto Nro. 1510/97). Se trata, en consecuencia, de una protección preventiva para quien todavía no ha agotado la vía administrativa y en consecuencia, no puede acceder a la jurisdicción para debatir la cuestión (arts. 3, 273 y cctes., CCAyT). El supuesto ha sido expresamente contemplado por la ley procesal local.

En efecto, el artículo 189 del Código Contencioso Administrativo y Tributario regula la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de hechos, actos o contratos administrativos, y el artículo 178 del mismo cuerpo normativo establece que -salvo disposición legal en contrario- las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de interpuesta la demanda.

En el caso, no cobra virtualidad la medida cautelar autónoma solicitada teniendo en cuenta el hecho que la suspensión del procedimiento licitatorio -que era el objeto que se perseguía mediante su dictado- ya ha sido resuelta por el señor Juez de Primera Instancia. (Del voto en disidencia parcial de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro).
Multa, prescripción
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CORDOBA c/ RICARDO LOPEZ s/ EJECUTIVO - MULTA ABDUCA ALBERTO F. c/ JAIME SAS Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-02-17|1993-10-22

La ordenanza municipal Nro. 7932/84 genera un derecho a favor del demandado de invocar la prescripción establecida en dicho ordenamiento legal.

Es decir que la misma municipalidad ha dictado una ley en virtud de la cual determina que la sanción impuesta por los tribunales administrativos municipales de faltas prescribe al año de dictada la sanción; no pudiendo la misma válidamente violar sus propias leyes.

El argumento de la municipalidad referido a que el código de faltas se refiere a la acción administrativa y no a la judicial, carece de asidero, ya que si se ha extinguido el derecho administrativamente, también se ha extinguido judicialmente.

La diferencia que se efectúa entre acción administrativa y acción judicial, podría tener sentido respecto de la "acción" (entendida ésta como actividad tendiente al logro de una sanción); pero nunca respecto de la "sanción".

Refuerza este argumento el hecho de que la misma norma determina que la sanción se prescribe al año de dictada la sentencia.

El infractor, beneficiado con esta norma, no tiene otro lugar para invocar la prescripción que el ámbito judicial, único donde la municipalidad puede recurrir para lograr el cumplimiento de la sentencia condenatoria.

No se comparte el argumento referido a que la prescripción de la acción judicial está reglada por el art. 4023 C.C. que establece la prescripción decenal y que no puede una ordenanza municipal modificar este término por cuanto es una atribución privativa del congreso de la nación (art. 67 de la Constitución Nacional).

Las cláusulas contractuales y las leyes que abrevian los plazos legales de prescripción, son válidas. En efecto,los plazos de prescripción son un equitativo equilibrio entre el interés individual del acreedor de contar con un término razonable para ejercer su derecho y el interés social en no prolongar excesivamente la incertidumbre en las relaciones jurídicas.

Nada impide que el acreedor disponga de su derecho reduciendo el beneficio de un plazo prolongado. Aquí el orden público no esta interesado y, desde el momento que no hay ninguna disposición que expresamente lo prohíba, la validez de la abreviación del plazo debe reconocerse. El interés público entendido por la prescripción es el de limitar la duración del estado de incertidumbre del derecho, frente a la inacción en el ejercicio de la acción; de modo que el establecimiento de un límite menor al fijado por la ley civil, favorece, en vez de contrariar, el interés público que la prescripción asegura.-
Acción penal, plazo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FATECHE, CARLOS IVE Y OTRO s/ PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-26

La ausencia de cualquier obstáculo que impidiera avanzar en la investigación hace que deba computarse el plazo establecido, por el art. 1 de la ley 23.492 desde su promulgación (24 de diciembre de 1986) hasta el momento en que el Juzgado Federal de San Martín decidió elevar la causa a la Cámara Federal de La Plata, es decir el 12 de febrero de 1987, de modo que habían transcurrido a esa fecha cuarenta y nueve días corridos de los sesenta previstos en dicha norma.
Promoción forestal, reforestación, certificados de crédito fiscal, restitución de sumas de dinero, Instituto Forestal Nacional, competencia
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: I.FO.NA. c/ González, Claudio Miguel s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

La Ley 21.695, en su artículo 17 establece que el ingreso de las sumas debidas (conf. artículo 9 de la misma ley) debe efectuarse ante el I.FO.NA. , organismo que tiene su domicilio en la Capital Federal por lo que no importa aplicar el artículo 5, incisos 3 y 7 del C.P.C.C.N. .
Sucesión ab intestato, medidas cautelares, medida de no innovar, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: A. M. A. y Otro c/ M. O. S. T. V. s/ medidas cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-03-07

Corresponde que en el marco de un proceso sucesorio se mantenga una medida cautelar que prohíbe innovar respecto del acervo hereditario del causante, toda vez que no existe aún un pronunciamiento firme que desestime la pretensión de fondo, circunstancia procesal que impide aseverar que hayan cesado los motivos -verosimilitud en el derecho- que dieron lugar a la recepción de la medida cautelar en alusión.
Empresas del Estado, convenios colectivos de trabajo, leyes, decretos, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ, JULIO c/ E.F.A. s/ COBRO DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-01

En el ámbito de las empresas públicas, la puesta en vigencia del texto original de las cláusulas de la CCT suspendidas por ley 23126, no fue automática, sino que persistió como consecuencia de los dec.

2131/85 y 2132/85. Estas normas condicionaban el restablecimiento de tales disposiciones suspendidas por ley, al acuerdo expreso de las partes colectivas o laudo ministerial.
Seguros, siniestro, bien asegurado, cobertura, sobreseguro
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCEN RAMIREZ, CHRISTIAN c/ PROVINCIA SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11

Cabe revocar la sentencia que rechazó la demanda por cobro de un seguro integral para comercio e industrias, que cubría computadoras, un HUB y una impresora del actor, con fundamento en que el actor no habría aportado la documentación justificativa de la preexistencia de los bienes objeto del seguro y de sus valores al momento del siniestro.

Sin embargo, a tales fines, las facturas adjuntadas por el actor poseen idoneidad suficiente. En efecto, si bien las mismas están emitidas a nombre del suegro del actor, surge del informe de la liquidadora del siniestro que esta persona habría comprado los equipos para el actor a fin de obtener un beneficio fiscal. A ello cabe agregar que resulta innecesario indagar si el vendedor era una sociedad dedicada a la venta de computadoras o no.

En consecuencia, toda vez que la existencia del siniestro no se encuentra controvertida y la preexistencia de los bienes esta debidamente probada, no se advierten motivos que justifiquen la declinación de la cobertura por parte de la aseguradora. (En el caso, toda vez que de las facturas adjuntadas solo surge la existencia de algunos elementos asegurados, y asímismo arroja una suma muy inferior a la indicada en la póliza, nos encontramos ante un supuesto de sobreseguro (ley 17418: 65), por lo tanto el asegurador solo está obligado a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido, aunque mantiene su derecho a percibir la totalidad de la prima).
Actuación de oficio, defensor, derecho de opción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., R. L. c/  s/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR EL VINCULO EN CONCURSO REAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-07

La recurrente reclama que el Juez o el Fiscal debieron aplicar de oficio la ley 12912, mas no cuestiona la circunstancia de que su vigencia está legalmente supeditada a la opción ejercida por la defensa en tal sentido, no invocando su parte haber ejercido tal opción o cuestionando la constitucionalidad de tal requisito; por lo cual tales postulaciones abstractas y genéricas no logran persuadir a esta Corte de la configuración de un supuesto hábil para franquear la instancia excepcional pretendida.
Jubilación por invalidez, porcentaje de incapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MARTINEZ CORONADO, TOMAS c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

El complejo mercado laboral actual, especialmente en el rubro de la construcción que se destaca por las constantes variaciones de la tasa de inversión media y particularmente por la transitoriedad del contrato de trabajo de los obreros del sector, no deja dudas sobre la limitada posibilidad de inserción que una minusvalía del 50% le permite al peticionante. En consecuencia, corresponde tener por acreditado el requisito de incapacidad previsto en el art. 33 de la ley 18.037, ya que la valoración de la misma incluye tanto el concepto de invalidez física (puramente médico) como el de capacidad de ganancia (que abarca un amplio espectro de consideraciones de orden económico-social). (Del voto del Dr. Herrero).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dettler Ernesto Nicolás c/ Martelo Diego Gonzalo y otros. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-02

Cuando el art. 23 de la ley arancelaria contempla el supuesto de una demanda íntegramente desestimada, presupone la inexistencia de otra pauta válida, pero esta pauta existe y es plenamente computable cuando la demanda prospera por un monto menor al reclamado -supuesto contemplado por la Suprema Corte Provincial en su ac. 40.189- o cuando, como en el caso, sólo prosperó con relación a alguno de los litisconsortes cuando fueron demandados por igual pretensión. En tal situación dicha pauta estará dada por la liquidación que surja de tomar en cuenta como base el importe por el que prosperó la demanda y no aquél por el que fuera interpuesta.-
Excepciones procesales, excepción de prescripción, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: AEROLINEAS  ARGENTINAS  SA c/ COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION SA DECAPITAL VARIABLE s/ cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-28

Aunque el juez no puede declarar de oficio la prescripción (art. 3964 del Código Civil), una vez opuesta ésta como defensa, a él le corresponde determinar cuál es la naturaleza de la relación jurídica y cuál el plazo aplicable, aun frente al error en que hubieran incurrido las partes (conf. esta Sala, causa 6975 del 4-7-90 y Sala I, causa 5777 del 21-6-77, entre otras). No se trata de sustituir los hechos, ni de apartarse de los términos de la litis, sino de decidir cuál es la norma aplicable, facultad que es irrenunciable a la función jurisdiccional (conf. esta Sala, causa 20.143/96 del 27-8-1998; Spota, A.G., "Tratado de Derecho Civil", Depalma, vol. 3.8., ps. 153 y ss., n° 2172, 3ª. edc., 1968). Si alguna duda cupiere en la decisión del punto, el carácter del instituto en juego -prescripción- lleva a preferir la solución que mantenga el derecho, y no la que lo aniquile (conf. esta Sala, causas 7285/93 del 26-11-93; 1550/93 del 6-8-93; 6292 del 10-5-90, entre otras; Llambías, J.J., "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", t. III, n° 2010, p. 311, Editorial Perrot, 1973; Borda, G.A., "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", t. II, n° 1001, p. 11, Editorial Perrot, 1976); así como que entre dos plazos posibles, es aplicable el más largo (conf. esta Sala, causa 20.143/96, citada).
Despido por falta o disminución de trabajo, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: MIRANDA, Ezequiel c/ ASTORI ESTRUCTURAS SA Y OTRO s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-22

Los trabajadores, como integrantes de la sociedad, afrontan necesariamente las crisis económicas generales, las que seguramente serán más difíciles de sobrellevar si, además de haber perdido su fuente de trabajo vieran reducida su indemnización con la que, seguramente, harán frente al período en el que se encuentren sin ocupación.
Constitución Provincial, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C. P., M. C. c/ JUNTA VECINAL DEL BARRIO LAS CHACRAS s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-17

Los Municipios son personas jurídicas de carácter público (art. 33. C.C.) y que conforme la reglamentación vigente en base a lo dispuesto en el art. 240 de la C. Provincial, las Juntas Vecinales gozan de su propia personalidad jurídica y se dan sus propias autoridades.

Es más, son preexistentes al propio Municipio o Comuna ya que el art. 240 de la C. Provincial expresamente dice que "Los Municipios y Comunas reconocen la existencia de las Juntas Vecinales electivas".

No son simples órganos de opinión o consulta, sino que expresan un modelo de administración pública que encarna dentro de los principios generales de política administrativa fijados en el art. 47 de la C. Provincial.
Política económica, banco central, emisión de títulos, títulos de deuda pública, fraude a la Administración Pública, desestimación de la denuncia, cuestión no justiciable
Materia: PENAL-POLITICO
Carátula: Macri, Mauricio c/  s/ Denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-19

La denuncia efectuada por un grupo de Diputados Nacionales contra el Presidente de la Nación, el presidente del Banco Central y el Ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación respecto de la emisión por parte del Banco Central de emitir títulos de deuda denominados LEBAC debe ser desestimada habida cuenta que las medidas cuestionadas se enmarcan dentro de las atribuciones legales que la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina confiere al directorio de esa entidad, en coordinación con las demás medidas de política económica dispuestas a través del Ministerio de Economía de la Nación y se circunscriben a una esfera de decisión que hace a la propia administración de los actos de gobierno, quedando enmarcadas tales decisiones a cuestiones políticas no judiciables.
Impuestos, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Parfums Francais  SRL . s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

El alcance de las leyes impositivas debe determinarse contemplando la totalidad de las normas que las integran para que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con las reglas de una razonable y discreta interpretación.
Contratos, interpretación de la ley, defensa del consumidor, contratos de adhesión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fos, Francisco c/ Banco Patagonia SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

El modo típico de prestar el consentimiento en el marco de la infinidad de relaciones que se concretan entre empresarios y consumidores es mediante el contrato de adhesión. En ese contexto es inocultable al sentido común que el tráfico mercantil se tornaría inviable si al consumidor le bastara con invocar su calidad de tal para desconocer íntegramente el contrato que firmó o, sostener que, no sabe lo que ha firmado. La ley actual (CCCN 984 y sgtes.) así como las soluciones doctrinarias y jurisprudenciales que existían hasta su entrada en vigencia, siempre han aceptado la validez de los contratos concertados de ese modo.
Facultades del Poder Judicial, declaración de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mill  de  Pereyra,  Rita  Aurora;  Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Angel  Celso c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ demanda contenciosa administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

La declaración de inconstitucionalidad es una de las más delicadas funciones que puede encomendarse a un tribunal de justicia, es un acto de suma gravedad, al que sólo debe recurrirse cuando una estricta necesidad lo requiera, en situaciones en las que la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad inconciliable (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt y Augusto César Belluscio).
Ejecución hipotecaria, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mansilla de Bianchi, Nora Irma s/ Ejecución hipotecaria Bianchi, Nora Irma s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-30

Siendo los intereses pactados de imposible determinación, de conformidad con el instrumento ejecutivo presentado por el actor, resulta justa la decisión del inferior de excluirlos de la condena Arts. 518, 521 inc. 4, 549 y ccdts, del C.P.C.).
Promoción industrial, tractor, beneficios tributarios, tasas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de Economía - Secretaría de Industria) c/ Massey - Ferguson Argentina S.A. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

El decreto 3318/79 importó una regulación completa de la industria del tractor y reemplazó los sistemas de promoción hasta entonces vigentes por uno tendiente a eliminar muchos de los beneficios sectoriales de las empresas nacionales. Esta nueva regulación, por su notable diferencia respecto de las anteriores, no puede considerarse razonablemente una continuación de las mismas a los efectos de la aplicación de la tasa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, pagaré, mandato especial, mandato general, presunción juris tantum
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: MAIA, GUIDO c/ LA CRIOLLA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14

En relación a lo considerado por la compareciente en cuanto a que se interpretó arbitrariamente lo normado por el artículo 9 del Decreto-Ley 5965/63 respecto a que, quien suscribe un título valor invocando la representación de otro debe hallarse autorizado con mandato especial, pues el mandato general no hace presumir la facultad de obligarse cambiariamente, al entender que al decidir de esa manera la Sala acudió a presunciones sin sustento, es de ver que, por el contrario, los juzgadores valoraron como indicios suficientes diversas circunstancias para determinar que correspondía obligar a la sociedad demandada, y dicha interpretación no se evidencia como arbitraria, puesto que las pautas tenidas en cuenta por los sentenciantes son las que prueban en contrario de la presunción juris tantum prevista en la norma citada.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, autosuficiencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AMADOR, TOMAS CIRILO c/ MATEOLI Y CARASSAI SRL s/ ACCION POSESORIA     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  N. 257-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-12

Obsta a la concesión del recurso de inconstitucionalidad el hecho de que el recurrente incumple en el memorial recursorio la carga de brindar a este Tribunal una fundamentación suficiente y autónoma, impidiendo así que se comprenda el alcance de los agravios, se compruebe su nexo con las normas constitucionales supuestamente vulneradas y la decisividad de los planteos para la solución de la litis.