Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-09-22


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Catorce.- San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de Septiembre de 2008.- Y VISTOS:

Estos autos Corte NÂº 004/08: "RASGUIDO, Maria Verónica y Otros c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - s/ Acción de Amparo", llamándose autos para Sentencia a fs. 165. En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1) Â¿Es procedente la Acción de Amparo interpuesta?. En su caso Â¿Qué pronunciamiento corresponde? 2) Costas. - Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 166, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. Amelia del Valle SESTO de LEIVA, José Ricardo CÁCERES y Luis Raúl CIPPITELLI. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que a fs. 38/63 empleados de la Municipalidad de Santa Rosa interponen Acción de Amparo contra el Decreto NÂº 18/07 dictado por el Ejecutivo Municipal y que derogara otro de fecha 28/09/07, que designaba en planta permanente a los ocurrentes, generándose en consecuencia la baja de los mismos. Que a criterio de los accionantes, el acto administrativo cuestionado padece de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, puesto que al haberse revocado por un decreto otro instrumento de igual jerarquía que generó derechos subjetivos, su nulidad debió alegarse en sede judicial mediante acción de lesividad. Alegan también su condición de contratado con anterioridad a su incorporación a planta permanente, peticionando en definitiva la nulidad del Decreto de cita. Que a fs. 72/73 este Alto Tribunal declara formalmente procedente la acción interpuesta. Que a fs. 153/157 corre agregado informe de la Administración Municipal, dictándose en fs. 162 el llamado de autos. Que ello así, y del análisis de las constancias obrantes en la causa no queda corroborada la condición de contratados de los accionantes con anterioridad a su incorporación a planta permanente, alegada en su presentación y que sin lugar a dudas demuestre la vinculación laboral por vía de la locación de servicios con la Administración Municipal regional; por el contrario, surge de autos que la relación entre las partes deriva de la designación en planta permanente dispuesta por el Decreto del 28/09/07 en categoría diez del escalafón general. Que en tal contexto fáctico y jurídico asiste razón a la administración cuestionada, en orden a su prerrogativa de revisar por sí y ante sí la subsistencia del instrumento de designación por otro de igual jerarquía, en tanto el Art. 13 de la Ordenanza 091/94 (Estatuto del Empleado Municipal de la citada comuna) otorga carácter provisional a la designación en planta permanente hasta transcurridos los seis primeros meses de servicio efectivos, condición que los ocurrentes no cumplieron, en tanto su designación se remonta al 28/09/07 y el Decreto que produce su baja data del 19/12/07. Que tampoco es admisible la asimilación que pretenden los ocurrentes del Programa de Inserción Laboral establecido por la comuna a una relación típica de empleo público, pues dicho programa tiene por objetivo cursos de capacitación laboral de los participantes, objetivo ajeno por cierto, al plexo común de contraprestaciones que implica una relación de empleo, derive ésta de un contrato o de una designación por acto administrativo al efecto. Que cabe recordar que la acción de Amparo como instrumento procesal excepcionalísimo para la tutela de derechos constitucionales, se torna viable sólo cuando el acto administrativo -en este caso- que se impugna padece los vicios de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, característica que le cabe probar a quien los alega y circunstancia ausente en autos emanando de las propias constancias que la administración Municipal, al revocar el acto administrativo de designación, lo hizo dentro de los márgenes de actuación y atribución admitidos por la ordenanza de cita en el considerando anterior. Que por todo lo expuesto, entonces, considero que la acción intentada debe rechazarse. Es mi voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Adhiero a la conclusión a la que arriba la Sra. Ministro Vocal preopinante, en el sentido de que no estando acreditado en autos los vicios de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta en el actuar de la Administración, la acción de amparo debe ser rechazada. En efecto, entiendo, no pueden los actores aducir la vulneración de derechos adquiridos, si el Estatuto del Empleado Municipal, -Ordenanza NÂº 091/94 en el Art. 13- prevé, que: El nombramiento del personal permanente tendrá carácter provisional durante los seis (6) primeros meses de servicio efectivo....De ahí que se considere que, "no gozan de estabilidad, el personal que no ha adquirido el lapso mínimo de ejercicio efectivo de su cargo o empleo, requerido por las normas". (Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", III-B, pág.285/286).

Se consigna que durante el "periodo de prueba" el agente no goza del derecho a la estabilidad, en consecuencia el derecho nacido del acto en cuestión (decreto de designación) no tiene el carácter de derecho perfecto; de derecho subjetivo. Dato que no puede dejar de ponderarse debidamente, pues la índole precaria de la relación durante dicho periodo, impide al administrado cuestionar la valoración de las condiciones de idoneidad que realiza la administración, cuando decide la cancelación de la designación, pues aquélla es precisamente la razón de ser de dicho periodo. Por lo que, pese al contenido discrecional de este acto en particular, la revisión de su juridicidad conduce necesariamente a su legitimidad: pues ha sido otorgado por autoridad competente en el marco de sus atribuciones legales, respetando la forma que es propia, sin que adolezca de vicios en el objeto, contenido, causa y finalidad. En estricto sentido del término podría decirse que en el supuesto de autos no se está analizado el ejercicio de la potestad revocatoria ejercida por la Administración Municipal, toda vez que ésta supone como es sabido, en general la presencia de un acto administrativo irregular que la administración deja sin efecto por sí y ante sí. Por el contrario en la situación planteada, se parte del supuesto de que el acto de designación es un acto nacido en concordancia con el derecho vigente al momento de su emisión, que el plexo normativo al establecer el carácter provisorio de la designación está haciendo referencia al examen de mérito de los accionantes, lo que constituye como es sabido el ejercicio de una facultad privativa, de ejercicio discrecional, pues los nombramientos implican esencialmente una facultad discrecional, donde el órgano competente tiene amplia atribución para apreciar el momento de cubrir ciertos cargos, determinar la identidad del personal designado, como las modalidades del trabajo, horarios etc. Por lo que, si el resultado de las evaluaciones realizadas en las condiciones personales de los dependientes no conformaba a la Administración, y si ellas han sido en efecto los presupuestos de hecho del acto impugnado, ninguna objeción cabe formular, pues si los recurrentes han empezado a prestar servicios el día 01/10/07, el cese de funciones o la cancelación de la designación dispuesto el 19/12/2007, mediante Decreto 018/07 es perfectamente válido, al producirse antes de cumplir los seis meses de servicio efectivo. Las consideraciones expuestas me inducen a pensar que en autos no se dan los presupuestos necesarios para que una acción como la impetrada pueda tener viabilidad, razón por la que emito mi voto en sentido negativo. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que atento a las consideraciones formuladas por los Señores Ministros preopinantes, estimo correcta la solución final propuesta, adhiriéndome a sus razonamientos y resolución, votando en consecuencia en igual sentido . A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que conforme al criterio objetivo de la derrota, las costas deben ser soportadas por la parte actora que resulta vencida. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que conforme lo resuelto en la primera cuestión planteada, las costas se imponen a la actora que resulta vencida. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Imponer las costas ,conforme el principio objetivo de la derrota, a la parte actora que resulta vencida. Por todo ello, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) No hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por los Sres.: María Verónica Rasguido, Adán Laureano Ortiz, Nancy Beatriz Guaráz, Jorge Luis Basualdo y Heraldo Javier Arévalo a fs. 38/63 y vta. de autos. 2) Con costas a la parte actora que resulta vencida.

3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense.