Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30


FERIGUTTI, Daniel Angel contra PANADERÍA Y CONFITERÍA TATO S.A.

Reg.: A y S t 205 p 478-480.

Santa Fe, 30 de marzo del año 2005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia de fecha 17 de octubre de 2003, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, en autos "FERIGUTTI, Daniel Angel contra PANADERÍA Y CONFITERÍA TATO S.A. -C.P.L.- (Expte 85/03)" (Expte. C.S.J. nro. 5, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Por sentencia de fecha 17 de octubre de 2003 la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad resolvió revocar la sentencia apelada y, en su lugar, rechazar la demanda deducida.

Contra dicho pronunciamiento interpuso el actor recurso de inconstitucionalidad invocando la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

Adujo violación del derecho de defensa y debido proceso. Sostuvo que la Sala al rechazar la demanda desechó el correcto criterio sustentado por el Inferior con respecto a las manifestaciones vertidas por los empleados en el acta notarial, otorgándole pleno valor probatorio a la misma, por tratarse de un instrumento público, confundiendo la autenticidad externa del mismo, con la veracidad o no de las manifestaciones vertidas en él.

Aseguró que el contenido del acta notarial ha sido desvirtuado por el testigo Rego.

Por ello lo agravia que la Sala entienda que ésta ha sido ratificada en sede judicial y adquiere fuerza obligatoria, dejando de lado las demás pruebas producidas en autos.

Agregó que la falta de control de las partes del litigio, en tales actuaciones, debilita la defensa en juicio de parte, restándole eficacia probatoria. Y que para sumarle validez a dicha prueba se valió de los dichos de su parte vertidos en la misma, violando el derecho consagrado en el artículo 18 de la Constitución nacional.

Por otro lado le atribuyó contradicción a lo decidido al sostener que los incumplimientos denunciados y la injuria se encuentran debidamente probados, para luego decir que "falsamente se atribuyó un nivel jerárquico y una función que no tenía". Aseguró que no se desempeñaba como ayudante a la luz del artículo 20 C.C.T. 224/93 y las pruebas testimoniales.

También adujo violación de la garantía de igualdad ante la ley, al otorgarle la Sala plena fuerza probatoria a las actuaciones notariales obrantes en autos, cuando en situaciones similares dicho Tribunal sostuvo lo contrario.

A su entender, mantener viva la plena eficacia probatoria de ésta, otorgada por la Cámara significaría poner al actor en un estado de inferioridad e indefensión frente a la fuerza poderosa del patrón.

Invocó, por último, violación de la garantía de protección contra el despido arbitrario, reflejándose ello en el apartamiento de pruebas elementales (testimoniales, ausencia de antecedentes disciplinarios documentados, ausencia de órdenes de trabajo que acreditara fehacientemente la desobediencia o no del actor) que desvirtuaban en su integridad las actuaciones notariales, y en las afirmaciones dogmáticas y sin fundamentos del juzgador.

2. Por decisorio de fecha 29 de diciembre de 2003 la Sala resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto aduciendo falta de planteo oportuno de la cuestión constitucional y por entender que los fundamentos esgrimidos por el recurrente evidencian la intención de la reapertura del debate, especialmente en lo que se relaciona con el derecho aplicable, materia en la que el Tribunal no ha efectuado más que el ejercicio de facultades que le son propias en el marco de las peculiaridades del presente caso.

Tal denegatoria motivó la presentación directa del recurrente ante la Corte (fs. 25/32).

3. Aun cuando pudiera entenderse superado el óbice formal vinculado al imputado incumplimiento del recaudo formal de planteo oportuno de la cuestión constitucional, el remedio intentado igualmente no podría prosperar.

En efecto, de la confrontación del fallo atacado, con los agravios esgrimidos en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad, solo surge la mera discrepancia del impugnante con la solución arribada por los juzgadores al revocar el fallo apelado en ejercicio de sus funciones, especialmente en lo que refiere a la valoración de la prueba, lo que no depara caso constitucional que habilite la instancia excepcional intentada.

Bajo la tacha de violación del derecho de defensa, debido proceso, igualdad ante la ley y protección contra el despido arbitrario, lo que el recurrente en verdad pretende es reabrir el debate en torno a cuestiones vinculadas con su despido, pretendiendo imponer su propio criterio en cuanto que éste fue arbitrario e injusto; mas con lo alegado no logra demostrar que los sentenciantes _al margen del grado de acierto o error en lo resuelto- hayan incurrido en alguno de los vicios endilgados.

Adviértase que la Sala concluyó, luego de analizar la prueba aportada, particularmente testimoniales y acta notarial acompañada a los autos, que se daban las circunstancias legitimantes del despido, detallándolas.

Y frente a dichas consideraciones el actor insiste en hacer prevalecer su postura en cuanto al valor probatorio de dicha constatación notarial, a la contradicción en que supuestamente incurre la Sala en relación a otros casos -cuya identidad con el presente no logra demostrar-, a la categoría en que se desempeñaba y a que el decisorio no respeta debidamente el principio de protección contra el despido arbitrario.

Planteos éstos que al no traspasar el límite de la mera disconformidad con la apreciación de la prueba, los hechos y el derecho aplicable, no deparan caso constitucional conforme a las previsiones de la ley 7055.

En suma, los cuestionamientos del compareciente solo reflejan el intento de renovar un debate propio de las instancias ordinarias respecto a cuestiones que fueron resueltas por los jueces de la causa en ejercicio de su función jurisdiccional.

En tales condiciones, la tacha de arbitrariedad no puede configurarse como un medio de sustituir a los juzgadores en la decisión de cuestiones que le son privativas (cfr. en tal sentido A. y S. T. 95, pág. 341; T. 106, pág. 176, entre otros).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI: Entiendo que, en el caso en estudio, cobran relevancia los reproches del recurrente dirigidos a cuestionar la trascendencia probatoria asignada por el sentenciante a un acta notarial, así como la acusación de contradicción en lo decidido, alegando haberse atribuido responsabilidad al trabajador en base a una función correspondiente a una categoría que expresamente se le desconoció.

Tales planteos recursivos encuentran un mínimo de conexión con la realidad del caso y ostentan idoneidad suficiente para operar la apertura de esta instancia extraordinaria.

Dicho sea ello en el examen liminar que corresponde al presente estadio. Por lo que considero que corresponde admitir la queja y conceder el recurso de inconstitucionalidad.

Fdo.:GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)