Incidente de nulidad, firma falsa, elevación en apelación, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: "CHOQUE, Guillermo Arcángel c/ GÜEMES, Jorgelina del Valle s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-21

La firma del litigante que actúa por derecho propio es requisito formal para la validez del escrito (art. 1012, Código Civil); carece pues de todo valor y no produce efectos la puesta por un tercero, a menos que se haya recurrido al procedimiento del art. 119 del CPCC. Por ello, si una presentación carece de la firma del litigante resulta insuficiente para provocar el nacimiento de un acto procesal regular e idóneo.

No habiéndose producido la pericial caligráfica no puede tenerse por acreditada la falsedad de las firmas alegada por la incidentista.

Las reglas de la carga de la prueba, dice Fassi, siguiendo a Devis Echandía, es una noción procesal que contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentran en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos para evitarse las consecuencias desfavorables. La carga de la prueba es un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis. En igual sentido Palacio señala que "las reglas sobre la carga de la prueba, en síntesis, sólo revisten importancia práctica ante la ausencia o insuficiencia de elementos probatorios susceptibles de fundar la convicción judicial en un caso concreto, indicando por un lado al juez cuál debe ser el contenido de la sentencia cuando concurre aquella circunstancia previniendo por otro lado a las partes acerca del riesgo a que se exponen en el supuesto de omitir el cumplimiento de la respectiva carga.

Sin desconocer el instituto de la inexistencia de acto jurídico, sus notas distintivas e implicancias, si como aquí sucede el mismo se introduce de modo groseramente tardío y con el solo propósito de desandar injustificadamente actuaciones consentidas, es válido oponer a ello otro instituto cardinal de todo proceso judicial, el de la preclusión, que da seguridad y certeza a los justiciables.

2) El art. 255 del CPCC establece que el memorial deberá contener la crítica, concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. De ahí que para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada, para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Debe precisarse así, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, no reuniendo las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general, los requisitos mínimos para mantener la apelación. Como principio general, el memorial debe ser considerado válido, y sólo por excepción, de modo restrictivo, insuficiente. Así, para que sea procedente la deserción del recurso por insuficiencia del memorial se requiere que ese escrito esté desprovisto de un mínimo de crítica de la sentencia, porque si la contiene merece ser tratado en la alzada.