Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-21


ALVAREZ, Enrique Ramón y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 214 p 170-176.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular, doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ALVAREZ, Enrique Ramón y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE -Amparo- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N 524, año 2005).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Gastaldi, Spuler, Vigo y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 210, pág. 249 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada contra el decisorio dictado por la Sala Primera -integrada por conjueces- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, por entender que la postulación de la recurrente contaba, "prima facie", con suficiente asidero en las constancias de autos e importaba, dese el punto de vista constitucional -y en una apreciación mínima y provisional-articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso al remedio extraordinario.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 810/811.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: La materia recursiva puede resumirse así: 1. Los actores, invocando la condición de funcionarios del Ministerio Público, promovieron acción de amparo contra la Provincia de Santa Fe, pretendiendo la declaración y reconocimiento de la intangibilidad presente y futura de los haberes por los cargos que desempeñan; consecuentemente, se condenara a la demandada a abonar las diferencias que resultaran entre lo percibido en cada oportunidad en que las mismas se hubieren verificado a partir del mes de abril de 1998 y lo que hubiera correspondido percibir mes a mes y, en lo sucesivo, según resultara de la equiparación al cargo de Fiscal ante los Jueces de Primera Instancia en el orden nacional; asimismo, peticionaron se suspendieran los descuentos fundados en la indebida aplicación del artículo 9, inciso b) de la ley 11196, devolviéndose los ya efectuados, todo de conformidad a la citada ley provincial 11196 y a la ley nacional 24946. La accionada resistió la pretensión sosteniendo que las cuestiones propuestas en la demanda excedían el limitado ámbito cognoscitivo del amparo, correspondiendo su tratamiento al proceso contencioso administrativo regulado en la ley 11330; afirmó -además- que los actores carecían del derecho al cobro de las diferencias reclamadas atento a que éstas se sustentaban en disposiciones que no estaban alcanzadas por la ley 11196.

El Conjuez de baja instancia hizo lugar al amparo.

Sostuvo que la idoneidad de la vía intentada como la competencia del juzgador ya había sido dilucidada por esta Corte Suprema al resolver el pedido de avocación interpuesto por la demandada, concluyendo el Alto Cuerpo que la intangibilidad de las remuneraciones de los actores hacía al orden público constitucional siendo la presente acción un medio procesal viable para garantir su efectiva vigencia, máxime teniendo en cuenta la especial importancia de las cualidades de los litigantes y su especial investidura por sobre el elemento objetivo de la litis (cfr. "Roggiano, Julio", A. y S., T. 156, pág. 146).

Y luego de señalar que los recurrentes habían acreditado la calidad de funcionarios del Ministerio Público y, consecuentemente, sus haberes gozaban de la intangibilidad prevista por el artículo 88 de la Constitución provincial, el Conjuez examinó la materia en debate en estos términos: el régimen de retribuciones de los actores estaba fijado en la ley 11196 (art. 1); sus haberes se encuentran equiparados a los de los Fiscales de Primera Instancia Nacional (hoy Fiscales ante los Jueces de Primera Instancia, arts. 2, ley 11196, 72 y 3, inc. e, ley 24946); que los Fiscales Nacionales habían visto aumentados sus haberes con la vigencia de la ley 24946, mientras que los haberes de los demandantes no se habían incrementado en virtud de la equiparación ordenada por la ley provincial; y que en tales condiciones el mandato del legislador (arts. 3 y 9, inc. a, ley 11196) se encontraba incumplido en forma manifiesta por el Poder Ejecutivo al no efectuar las modificaciones ordenadas por la ley en forma automática, ni inmediata ni íntegramente. Concluyó el Conjuez que cuando la ley 11196 establece que es de aplicación automática, directamente operativa y que el Poder Ejecutivo ante cualquier modificación que se introduzca en las asignaciones nacionales debe trasladarla en forma inmediata a los haberes de los magistrados y funcionarios provinciales, cada demora, negligencia u omisión del Estado en cumplir la ley significaba una manifiesta ilegitimidad, con contornos constitucionales en el caso de funcionarios que gozaban de la garantía de intangibilidad.

2. Apelado que fuera tal pronunciamiento por la demandada, la Sala Primera -integrada por conjueces- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, rechazó el recurso de apelación interpuesto y ratificó en todos sus términos la sentencia de primera instancia. Para así decidirlo, los Sentenciantes consideraron que la argumentación de la demandada constituía un sofisma; que la Provincia estaba obligada a la actualización automática del pago de los haberes por ley 11196, atento que dicha norma estableció una fórmula de equiparación salarial y no la delegación en la Nación de la organización del Poder Judicial y que no era objeto de litis la génesis del Ministerio Público.

Asimismo y en lo atinente al agravio referido a que se debió revocar el fallo por declarar directamente operativa la ley 11196 cuando por la reforma constitucional de 1994 resultaba inaplicable, lo que importaba delegar en el Gobierno nacional el ordenamiento de la justicia, sostuvieron que el dictado de la ley era posterior a la reforma, lo que implicaba que la voluntad del legislador no fue la de declinar facultades propias de la Provincia, dado el conocimiento previo de éste, concluyendo que el legislador estableció un régimen de actualización automático permanente de salarios para mantener la intangibilidad (instituto que tuvo ratificación constitucional) y evitar dilaciones innecesarias.

Señalaron que si el Poder Ejecutivo consideraba que la ley producía una hipotética renuncia de la aplicación de sus facultades, el agravio refería a una cuestión de incorrecta aplicación de la ley, por lo que debió interponer recurso de nulidad, independientemente de la acción de inconstitucionalidad.

Remarcaron que la Provincia incurría en autocontradición, al invocar por un lado la invalidez de la ley 11196 y, por otro, aplicar los topes del artículo 9 inciso d), en contravención con la teoría de los actos propios, dado que no podía, arbitrariamente, ejercer los derechos y desconocer las obligaciones de la ley 11196 y hacer uso de la instancia judicial para demorar el cumplimiento del mandato legal.

Destacaron la gravedad del caso por los sujetos involucrados y la garantía de intangibilidad comprometida; y que la demandada no cumplió con lo ordenado en el pronunciamiento de baja instancia siendo que no hubo agravio en el modo en que fuera concedido el recurso deducido.

3. Contra dicho pronunciamiento interpuso la demandada su recurso de inconstitucionalidad por considerar que adolece del vicio de contradicción con los fundamentos normativos aplicables al caso, juzgándolo lesivo de los derechos de propiedad, de defensa en juicio, de igualdad ante la ley, a obtener una jurisdicción razonada y razonable, además del principio de división de poderes y lo normado en el artículo 72, inciso 1) de la Constitución provincial, lo cual califica de extrema gravedad institucional.

Objeta del pronunciamiento la afirmación referida a que es contradictoria la conducta de la Provincia de incumplir la resolución de primera instancia cuando ésta es el resultado de una justa interpretación de normas.

Postula que los Conjueces no trataron los agravios referidos a la correcta hermenéutica de dicha equiparación salarial, por entender que sólo es posible un modo de aplicación de la norma en cuestión, lo que los eximía de adentrarse en las argumentaciones vertidas.

Señala que la sentencia es arbitraria porque se reduce a frases descalificadoras de los agravios vertidos, sin profundizar ni rebatir sus postulaciones, advirtiendo que la cuestión central del debate radica en la interpretación de la equiparación salarial.

Le reprocha al A quo la falta de debido tratamiento del hecho que el Ministerio Público ya no es parte del Poder Judicial, por lo que no puede pretenderse la equiparación salarial de funcionarios judiciales con los de un organismo extra poder.

Destaca que la Sala no asumió el debate que subyace en la causa: si cualquier modificación torna aplicable la equiparación salarial, o si por el contrario, deben interpretarse debidamente las reformas, "para no caer en el escándalo jurídico que constituiría la aplicación lisa y llana de la nueva escala salarial cuando la función testigo ha sido totalmente modificada...", omitiendo el pronunciamiento atacado analizar la nuevas funciones que se le asignaron a los Fiscales nacionales por la ley 24946 (que justifican su equiparación salarial a los jueces de primera instancia nacional), y que distan de las que cumplen los actores.

Se agravia del argumento de los Sentenciantes atinente a que la Provincia "violó la doctrina de las actos propios" (por plantear la invalidez de la ley 11196 y realizar descuentos con sustento en dicha norma), pues nunca postuló la mentada invalidez y sí la interpretación adecuada de la citada ley.

Finalmente, -dice- que la equiparación lisa y llana de los actores con los jueces nacionales, prescindiendo de una interpretación sistemática de todo el plexo normativo vigente, colisiona contra el principio de supremacía constitucional, al no respetar el armónico equilibrio normativo que la Ley Fundamental prescribe.

4. El detenido estudio del caso me convence de que el remedio interpuesto debe merecer favorable acogida por esta Corte, pues si bien es cierto que los agravios esgrimidos remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho público local, que por su naturaleza resultan ajenos en principio al recurso reglado por la ley 7055, lo cierto es que corresponde hacer excepción a dicha regla cuando, como se verifica en el sub júdice, los Sentenciantes le han conferido al litigio un tratamiento que, en ciertos aspectos, excede los límites de lo meramente opinable o posible, o incluso del mero error (ajeno también al recurso de inconstitucionalidad), consagrando en definitiva una solución que omite considerar cuestiones decisivas para la suerte del pleito y de normas directamente aplicables, por lo que la misma en definitiva no puede ser considerada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos, 238:550; 249:275; 302:867; etc.), conforme se expondrá seguidamente.

Liminarmente, corresponde puntualizar que esta Corte ya ha decidido al resolver el pedido de avocación formulado por la Provincia de Santa Fe, que los accionantes gozan de la garantía de intangibilidad y que de acuerdo a consolidada jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional y de este Cuerpo "...la intangibilidad -que debe recordarse, no está conferida para exclusivo beneficio patrimonial de los magistrados- es un resguardo que hace a la independencia del Poder Judicial de forma que cabe considerarla, juntamente con la inamovilidad, como garantía de funcionamiento de un poder del Estado, hace al orden público constitucional, consecuentemente la acción de amparo es un medio procesal viable para garantir su efectiva vigencia; máxime si su empleo no ha reducido las posibilidades de defensa de la demandada en cuanto a la amplitud de la discusión y prueba referente a las cuestiones planteadas y decididas..." (R. A. y S., 170, pág. 492).

Aclarado entonces que los accionantes gozan de la garantía de intangibilidad y que ello torna apta la vía del amparo intentada, se impone memorar que tanto el Conjuez inferior como la Sala actuante examinaron la controversia planteada, aduciendo, en primer lugar, que la ley 11196 -reguladora del régimen salarial del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe-, en su artículo 2 equipara las remuneraciones en el ámbito provincial del Fiscal, Asesor de Menores, Defensor General, Abogado Relator, Prosecretario de la Corte Suprema, Prosecretario de la Procuración General y Secretario del Registro Público de Comercio (jerarquía de Fiscal) a las del Fiscal de Primera instancia de la justicia nacional.

Continuaron su discurso afirmando que esta equiparación operaba de manera automática (art. 3), para luego concluir que siendo que a los Fiscales nacionales se les aumentaron sus haberes en base a la ley 24946, el no incremento de los sueldos de los funcionarios provinciales equiparados a esa categoría recién señalados, implicaba el incumplimiento de la ley provincial 11196, afectándose, así, la garantía de intangibilidad de la que gozan los actores. Este razonamiento empleado por los Sentenciantes -en las especiales circunstancias del caso- no puede convalidarse desde la óptica constitucional.

En efecto: El artículo 120 de la Constitución nacional establece -en lo que aquí concierne- que "el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República".

Dentro de este marco constitucional se inserta la ley 24946 que dispuso -entre otras cuestiones- que varios cargos modificarían su denominación de acuerdo a distintas equiparaciones: en el caso del cargo "Fiscales y Agentes Fiscales ante los jueces de primera instancia", en los cargos de "Fiscales ante los jueces de primera instancia" (arts.

72 inc. f y 3 inc. e), determinando que "percibirán una retribución equivalente a la de juez de primera instancia" (art. 12, inciso d).

Sobre este nuevo régimen constitucional y legal la Corte Suprema nacional ha dicho que "...en virtud de lo dispuesto por el artículo 120 de la constitución, el Ministerio Público tiene autonomía funcional y autarquía administrativa.

Por tal motivo, a partir de la vigencia del artículo 29 de la ley 24624 se crearon las jurisdicciones presupuestarias distintas para el Poder Judicial y el Ministerio Público, y mediante acordada 40/95 se estableció el escalafón de magistrados y funcionarios del primero con exclusión de los cargos correspondientes al segundo.

Tal deslinde rige desde la entrada en vigencia de la ley orgánica del mencionado Ministerio (ley 24946), de manera que en la actualidad los escalafones se hallan perfectamente diferenciados...; y que el régimen creado por la reforma constitucional de 1994 importa el establecimiento de una distinta relación orgánica, dependencia jerárquica, imputación presupuestaria y ejercicio propio y exclusivo de las competencias asignadas" (acordada C.S.J.N. 41/98, del 29 de septiembre de 1998).

Esta profunda y sustancial transformación operada en el Ministerio Público que - como se vio- tiene su punto de partida con la Constitución nacional (art. 120) y se consolida definitivamente con la sanción de la ley 24946, no podía dejar de ser considerada por el A quo a la hora de juzgar la pretensión de los amparistas fundada - básicamente- en la equiparación establecida en el artículo 12, inciso d) de ese ordenamiento legal.

En primer lugar, porque si bien es cierto que la sanción de la ley 11196 es posterior a la reforma constitucional de 1994, no es menos cierto que ella es anterior al dictado de la Ley Orgánica de Ministerio Público (ley 24946), por lo cual el legislador provincial nunca pudo tener en miras, en el trazado de la equivalencia en cuestión, las particulares aristas con que el legislador nacional iba a plasmar reglamentariamente el nuevo diseño constitucional del órgano (por ejemplo, otorgándole la misma remuneración que a los jueces de primera instancia). En segundo lugar, porque trasladar mecánicamente -en el caso- la equiparación operada por el artículo 12, inciso d) de la ley 24946 ("los fiscales ante los jueces de primera instancia percibirán una retribución equivalente a la del juez de primera instancia") al ámbito de la justicia provincial implica prescindir que esos nuevos cambios constitucionales y legales han fracturado el criterio objetivo con que la ley 11196 estableció las equivalencias previstas en su artículo 2 respecto del Fiscal y demás funcionarios detallados a continuación.

Dicho en otras palabras, la consolidación institucional del Ministerio Público Nacional, su ubicación como órgano independiente (a diferencia del modelo santafesino, que se sitúa dentro del Poder Judicial), con autonomía funcional y autarquía financiera y la rejerarquización del cargo de fiscal, conformando, así, una magistratura particular situada al lado de los jueces, constituían cuestiones trascendentales para la dilucidación del pleito, en tanto éstas en su conjunto vinieron a alterar el primigenio sistema de equivalencia de la ley 11196, basado en un Fiscal nacional inserto en un contexto constitucional e infraconstitucional absolutamente distinto al ahora establecido, deviniendo, por ende, arbitraria la equiparación de la remuneración dispuesta por el Tribunal. Es consecuencia ineludible de lo expresado que el pronunciamiento impugnado no resulta ser derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa, habida cuenta que se ha omitido tratar cuestiones decisivas para la solución de la litis y, por dicho carril, se ha arribado a una interpretación de las normas en juego ilógica e irrazonable, importando, en el caso, decidir en contra o con prescindencia de sus términos.

Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa conforme a las pautas sentadas en el presente decisorio.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa conforme a las pautas sentadas en el presente decisorio. Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)