Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-02-15


CAJA DE CREDITOS COOP. LTDA. MITRE contra HARARI, Raúl y otros Reg.: A y S t 211 p 389-392.

En la ciudad de Santa Fe, a los quince días del mes de febrero del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "CAJA DE CRÉDITOS COOP. LTDA. MITRE contra HARARI, Raúl y otros -Acción de Responsabilidad- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J.

n 191, año 2005). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿que resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Gastaldi, Vigo y Spuler.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 206, pág. 51 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Sindicatura ejercida por el Banco Central de la República Argentina contra la resolución del 1 de septiembre de 2000, dictada por la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario.

En el nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar dicho criterio de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 323/324.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. El caso: En el proceso de extensión de responsabilidad (art. 166, ley 19551 - hoy 173, ley 24522) seguido por la Sindicatura de la quiebra en la "Caja de Créditos Cooperativa Mitre Limitada" contra los ex-Directivos, Gerentes, Administradores, Síndicos, representantes de la fallida y/o quienes resulten responsables, uno de los codemandados -en lo que aquí concierne, el señor Harari- solicitó la declaración de caducidad a tenor de lo dispuesto por el artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial.

Fundamentó dicho planteo en que desde el 28.09.1992, en lo atinente a su parte y en general, desde el 24.02.1992, el trámite permaneció paralizado, por lo que había transcurrido con exceso el plazo signado por el código de rito para la declaración de perención.

Contestado el traslado ordenado por el Banco Central de la República -en ejercicio de la Sindicatura de la quiebra de la Caja de Créditos Coop. Ltda.- éste se opuso en mérito a lo dispuesto por el artículo 300 de la ley 19551, en tanto establece que no caduca la instancia en el trámite del concurso, en los incidentes de calificación de conducta y de aplicación de sanciones del capítulo IX del título III, ni en los promovidos por el síndico.

El Juez en primer grado de conocimiento rechazó el pedido de caducidad en el entendimiento de que la acción de responsabilidad estaba íntimamente relacionada con los autos principales siendo, en consecuencia, aplicable al caso los artículos 300 y siguientes de la ley concursal.

Siguió diciendo el Sentenciante que dicha norma contenía un principio, el de inaplicabilidad de las normas procesales locales cuando el incidente era promovido por el síndico o se trataba de aquellos mediante el cual se pretendía la calificación de la conducta del fallido; por ende -concluyó- la acción intentada no caducaba.

Recurrido ese decisorio por vía de apelación, la Cámara lo revocó declarando operada en autos la caducidad de instancia con expresa imposición de costas, con sustento en que el trámite impreso a la causa había sido el de juicio ordinario, que al no estar reglado por la ley concursal, regían las normas procesales locales resultando operativo al "sub lite" el artículo 232 del código de rito.

2. Contra dicho decisorio interpone el Banco Central de la República Argentina -en ejercicio de la Sindicatura de la quiebra de la Caja de Créditos Coop. Ltda- su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción.

Aduce que el A quo incurre en falta de motivación suficiente, en tanto omite pronunciarse sobre las circunstancias de hecho que deben tenerse en consideración al declarar la caducidad de instancia.

Alega que los Sentenciantes se limitaron a determinar -en abstracto- si se estaba en presencia de un trámite susceptible de caducar o no, sin haber formulado un adecuado y minucioso análisis de las fechas de los actos procesales impulsorios del procedimiento, del consentimiento de dichos actos por parte de los demandados, como así también de aquellos que podían considerarse purgatorios de la caducidad.

Agrega que el Tribunal se pronuncia en base a doctrina, apartándose sin dar fundamento alguno de precedentes jurisprudenciales -que cita- que propician una posición contraria a la asumida por la Sala, esto es, que la acción de responsabilidad (dentro del régimen de la ley 19551) resulta insusceptible de caducar.

3. Le asiste razón a la recurrente.

Sabido es que la exigencia constitucional de que las sentencias deban tener motivación suficiente importa el requerimiento de que la fundamentación sea sustentada en derecho y en la prueba de los hechos presupuestos para la aplicabilidad de cada norma. Por el contrario, no se satisface dicho recaudo, el de un pronunciamiento motivado, respetuoso del derecho de defensa, cuando la sentencia no trasluce un criterio lógico racional por parte de los juzgadores al no unir de modo congruente y sistemático los hechos con los preceptos jurídicos aplicables a la causa. En esos casos, no cabe sino concluir que la resolución deviene en arbitraria.

Esto último es lo que acontece en el "sub judice". En efecto: La materia litigiosa llevada a la instancia revisora presentaba la siguiente alternativa: o la Cámara sostenía que la acción de responsabilidad estaba íntimamente vinculada con el proceso concursal siendo un incidente del mismo, por lo cual resultaba operativo lo dispuesto por el artículo 300 de la ley 19551 y, por ende, no caducaba, o bien entendía que la pretensión reclamada se le había impuesto el trámite de juicio ordinario, no reglado por la ley concursal, circunstancia que imponía la aplicación de las normas procesales locales, en el caso, el artículo 232 del código de rito en lo civil y comercial.

El Tribunal eligió la segunda de las soluciones hermenéuticas posibles para así declarar caduca la instancia con costas a los actores.

Esta selección normativa, en el caso, no constituye "per se" cuestión constitucional alguna, pues se trata de una materia de estricta interpretación de disposiciones de derecho procesal de resorte exclusivo de los jueces de la causa.

Pero si lo que se erige en un supuesto de descalificación del decisorio es que la Cámara haya tenido por producida la caducidad de instancia sin examinar dos de los presupuestos esenciales para tenerla por operada en autos, cuales son: el primero, la concurrencia de la inactividad procesal, que se exterioriza en la no ejecución de acto alguno por ambas partes o por el órgano judicial y que también se presenta en las hipótesis de que se cumplan actos carentes de idoneidad para impulsar el procedimiento; y, el segundo, el cómputo de los plazos consagrados por la ley procesal (art. 232, C.P.C. y C.).

Es más, la temática involucrada en autos exigía del A quo la consideración de los aspectos procesales señalados por la recurrida en la instancia revisora y que -según su postura- revestían el carácter de actos impulsorios del procedimiento.

Éstos, en todo caso, para descartarlos requerían de decisión expresa por parte del Tribunal, por lo cual su omisión acarrea menoscabo al deber de fundamentación de los pronunciamientos judiciales.

En definitiva, la ausencia de toda consideración de estos extremos condicionantes de la declaración de caducidad por parte de los Jueces de la causa destituye a la sentencia de la motivación suficiente exigida por la Carta Magna provincial (art. 95), no resultando, en consecuencia, derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa.

Lo expuesto baste para anular el pronunciamiento impugnado como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)