Sociedades comerciales, contratos de colaboración empresaria, unión transitoria de empresas, ejecución del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: ZONA  FRANCA  MENDOZA  SA c/ ORMAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-14

Cuando, como en el caso, tal como surge del contrato celebrado entre las partes, la provincia de Mendoza -en su rol de concedente- adjudicó a la UTE conformada por la demandada y otras sociedades "la formulación del proyecto definitivo y su construcción hasta su total terminación, habilitación y puesta en funcionamiento de las obras necesarias y suficientes (.) para el funcionamiento de la zona franca de Mendoza" así como "la administración y gestión de los servicios que se presten dentro del predio" destinado a tal fin; adviértase que, en licitaciones de la naturaleza del caso, no se presenta a concurso una única UTE, sino que (por lo general) son varias las interesadas, aunque finalmente tan sólo una de ellas resulte adjudicataria del emprendimiento. En ese marco, lógico es sostener que recién una vez otorgada la adjudicación por la concedente, los miembros de la UTE beneficiada con una explotación a largo plazo (como lo es la del caso bajo estudio, con 25 años de duración proyectados) quedan habilitados o, en su defecto, obligados (dependiendo en cada hipótesis de lo pactado en los respectivos instrumentos vinculantes), a conformar una sociedad comercial cuyo fin sea el de suplantar a la agrupación (UTE), entidad que habrá de quedar encargada -como persona jurídica que es- a llevar adelante, en cumplimiento de un objeto social preciso y determinado (cfr. arg. artículo 11, inciso 3, LS), todos aquellos actos tendientes a la ejecución y desarrollo del emprendimiento concesionado. Adviértase que los socios de la nueva sociedad (partícipes primigenios de la UTE que resulta suplantada) cuentan con una organización idónea, provista técnica y jurídicamente de los medios requeridos para abordar la explotación adjudicada, pero en este caso -y a diferencia de lo que ocurre con el contrato de UTE- bajo un velo de permanencia. Es que, en el contexto descripto, en el que la actividad empresaria concesionada debe prolongarse durante un largo tiempo, carece de sentido el carácter "transitorio" o "temporario" que, por naturaleza, define al acuerdo de UTE. En la especie, de la literalidad de lo pautado surge que, para ser viable la sustitución de la UTE por la sociedad -hoy actora- era menester -además del mantenimiento de las condiciones de calificación técnica y económica fijadas en el concurso- que: i) concluyera los trámites de inscripción por ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Mendoza y, ii) obtuviera la pertinente autorización de parte del organismo gubernamental competente. Ahora bien: lo concreto es que el cumplimiento de tales recaudos no se halla corroborado en la especie. Respecto del primero, no puede soslayarse que si bien la accionante efectuó los trámites de inscripción de rigor, adquiriendo la condición de sociedad regularmente constituida, lo cierto es que dicha registración no tuvo lugar por ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Mendoza, sino por ante la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Ciudad de Buenos Aires. A ello se suma que tampoco se halla probado el cumplimiento del segundo recaudo mencionado supra, relativo al otorgamiento de la autorización por parte del organismo provincial competente, para que la sustitución de la UTE por la sociedad actora fuese posible. En esa inteligencia no es razonable que ésta insista en que tales inobservancias no constituían óbice para que su parte, invocando el rol de mandataria de las integrantes de la UTE, se considerase legitimada para reclamar el cumplimiento de ciertas obligaciones. Es que la Comisión de Evaluación y Adjudicación de la Zona Franca Mendoza quedaba habilitada a autorizar la sustitución de la UTE por la accionante (siempre y cuando esta última hubiese sido inscripta en la Provincia de Mendoza) recién una vez obtenida la respectiva autorización por parte del organismo pertinente. Lo que, tal como se adelantara, no ocurrió (o, al menos, lo contrario no se encuentra corroborado en la especie). Fundamentos de la Dra. Uzal:. Si bien existió un contrato de mandato entre la UTE en cuestión y la aquí actora, habiéndose otorgado a favor de esta última un poder general amplio para actuar en representación de la primera, que comprendía la administración, disposición y gestión de ésta, lo cierto es que la operatividad de tal mandato, así como el ejercicio de la representación allí conferida, se encontraba supeditado a la ocurrencia de cierta condición, cual era la previa aprobación del contrato de mandato y del poder. En ese marco, ninguna probanza idónea se realizó en tal dirección, no acreditándose el cumplimiento del presupuesto necesario para que la actora asumiese el carácter de representante de la UTE y, por ende, para que pudiese solicitar a los socios de esta última el cumplimiento de la obligación aquí pretendida.