Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-09-15


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Veintiuno.- San Fernando del Valle de Catamarca, 15 de septiembre de 2014.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N° 097/2011 "CARRIZO, Antonio Fabián - c/ ESTADO PROVINCIAL - s/ Acción Contencioso Administrativa", en los que a fs.80 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art.39 del Código Contencioso Administrativo, obrando a fs.82/90 Dictamen N°55/2014, llamándose autos para Sentencia a fs.90vta.- En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1) ¿Es procedente la Acción Contencioso Administrativa interpuesta? En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde?.- 2) Costas.- Practicado el sorteo conforme al Acta obrante a fs.92 dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. LUIS RAÚL CIPPITELLI y luego los Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Antonio Fabián Carrizo, promueve demanda Contenciosa Administrativa de Ilegitimidad y de Plena Jurisdicción en contra del Estado Provincial, a fin de que se deje sin efecto el Decreto G y J N 874/11, por el cual se rechaza el recurso jerárquico y se dispone su retiro obligatorio de la Policía de la Provincia de Catamarca. Solicita se ordene su inmediata reincorporación a la fuerza, más el pago de todos los salarios caídos desde la fecha en que fue cesanteado preventivamente, más sus vacaciones y SAC e intereses y costas.- Manifiesta que la vía administrativa se encuentra debidamente agotada, dado que el acto impugnado, al resolver el recurso jerárquico oportunamente deducido en contra de la Resoluciones Internas J.P. Nº764/08 y Nº1552/08, constituye un pronunciamiento de autoridad de última instancia. A su vez el decreto le fue notificado el 14 de julio del 2011, por lo que la acción es entablada dentro del plazo requerido por el Art.7 del C.C.A.- En lo atinente a los hechos relata, que egresó de la Escuela de Policía, el 21 diciembre de 1998 con el grado de Oficial Ayudante. El 01 de enero del 2004 ascendió a Oficial Sub Inspector, jerarquía en la que se desempeñó hasta que de forma intempestiva, arbitraria y contradictoria con sus precedentes, la Junta de Calificaciones para Personal Superior lo declara inepto para funciones policiales y aconseja al Jefe de Policía solicitar su pase a situación de retiro obligatorio.- Reprocha que el Órgano evaluador para tal calificación, tomó en cuenta sanciones que ya habían sido cumplidas vulnerando la garantía que impide sancionar a una persona más de una vez por el mismo hecho. Destaca que sus notas en la Institución siempre fueron muy buenas, la propia Junta lo reconoció pero contradictoriamente lo declaró inepto para la función, por las sanciones ya cumplidas. También cuestiona que la Junta tomó en cuenta para evaluar la circunstancia de no haber ascendido durante seis años cuando se desempeñaba como oficial ayudante.- Expresa que la declaración de ineptitud por parte de la Junta desencadenó todo un andamiaje procesal administrativo que concluyó con el acto administrativo que dispone su retiro, el cual se apoyó en todas las resoluciones previas adoptadas en sede administrativas, las que a su vez tomaron como base medular los fundamentos del Acta Nº5 emitida por la Junta.- Delata que el Decreto G y J N°874/11 afectó su interés legítimo de poder ascender en la fuerza policial. Critica que su motivación es arbitraria e insuficiente al no especificar los motivos por el que se dispone su retiro y ser las únicas razones las expuestas por la Junta. Además es arbitrario por haber acogido favorablemente el pedido del jefe de Policía que estaba basado en una calificación ilegal antojadiza y apoyada en premisas falsas.- Asimismo asevera que el Decreto vulnera sus derechos de propiedad, de trabajar y el derecho al honor.- Que mediante la acción de plena jurisdicción reclama que se ordene su reincorporación a la fuerza para que sea calificado como corresponde por la junta de calificaciones, o su reincorporación con el grado de Oficial Sub Inspector, supliendo de oficio la calificación anteriormente realizada, declarándolo apto para el ascenso y en condiciones de ascender. También el pago de todos los salarios no percibidos, más sueldo anual complementario y vacaciones e intereses.- Para el caso que no se haga lugar a la reincorporación, se ordene el pago de 70% del sueldo por el tiempo en que estuvo cesanteado preventivamente mientras se sustanció el sumario administrativo que procuraba su definitivo pase a retiro obligatorio.- Ofrece pruebas Documental: a) copia simple de Acta Nº 5 labrada por la Junta de calificaciones para personal superior; b) Copia Decreto G y J Nº874/011.- Documental en poder de terceros: se libre oficios: a) A la Policía de la Provincia de Catamarca a fin de que remita: I) copia certificada del legajo personal de Antonio Fabián Carrizo; II) copias certificadas de todos los sumarios administrativos que se realizara a Antonio Fabián Carrizo mientras se desempañara como Oficial Ayudante y Sub Inspector de la Policía de la Provincia III) copias certificada del expediente administrativo que concluyera con el dictado del Decreto N°874/2011, mediante el cual se dispuso su pase a retiro obligatorio; IV) copia certificada del Acta Nº 5 labrada por la Junta de Calificaciones para el Personal Superior del 5/11/007; V) planilla de antecedentes del citado; VI) copias certificadas de las calificaciones anuales de los tres últimos periodos 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007. Subsidiariamente, en caso de que la Institución no contara con el expediente administrativo que se menciona en el punto III) solicita se libre oficio al Sr. Gobernador de la Provincia para que las facilite (Art. 19 CCA).- b) A la Escuela de Cadetes de Catamarca, dependiente de la Policía de la Provincia de Catamarca a fin de que remita copia certificada analítico o certificación de las notas en la escuela del oficial Antonio Fabián Carrizo.- Informativa: a) Oficio a la Policía de la Provincia de Catamarca a fin de que informe: I) el salario que percibe un Oficial Sub inspector con los años de antigüedad que poseía el Of. Antonio F. Carrizo tiempo antes de su desafectación; II) fecha de ingreso y egreso del citado oficial de la Escuela de Cadetes; III) Fecha de ingreso como oficial Ayudante, a la policía; IV) Períodos en los que el Oficial Antonio Carrizo no pudo ser calificado por la Junta de calificaciones de personal superior; V) Períodos en los que el Oficial Antonio Carrizo si pudo ser calificado por la Junta de calificaciones de personal superior; VI) Tiempo efectivo en el que el nombrado permaneció en el cargo de Sub Inspector; VII) Cuantos sumarios administrativos tuvo que soportar, porque razones, cuales fueron las sanciones y en su caso si se cumplieron; VIII) Si el Of. Antonio F. Carrizo aprobó en su etapa de recuperatorio, el curso Obligatorio para su jerarquía.- 4) Testimonial: se cite a comparecer a los Oficiales, a fin de que declaren a tenor del pliego que oportunamente se adjuntará: Roberto Reynoso, Manuel Vaquel, Crio. Orlando Herrera, Marcelo Nievas, Principal Miguel Gamarra, Crio. Lucas Martínez en la jefatura de Policía.- Funda la presente acción en los Arts.14, 14 bis, 16, 17, 18, 33, 75 inc. 22 y concordantes de la Constitución de la Nación; 204 y 208 y concordantes de la Constitución de la Provincia; 1, 7, 10, 13, 14, 16, 17,40 y concordantes del CCA; 27 subsiguiente y concordantes de la LPA; y 88, 91 y concordantes de la ley de Personal Policial (2444).- Hace reserva del caso federal.- Que previa vista al Ministerio Público, a fs.23 se resuelve declarar "prima facie" la Jurisdicción y Competencia del Tribunal para entender en la presente causa.- A fs.28/43 responde traslado la demandada. Niega los hechos y solicita el rechazo de la acción.- Ofrece Prueba: Instrumental: se libre oficio a la Jefatura de Policía a los fines que se remita: a) Libro de Actas de tratamiento de la Junta de Calificaciones para el Personal Superior, relacionada con el tratamiento para determinar permanencia del personal superior, desencadenado en el pedido del pase a situación de retiro del Oficial Subinspector Antonio F. Carrizo, o copia certificada del mismo. b) El legajo personal del recurrente obrante en el Departamento Personal a efectos videndi o en defecto copias certificadas del mismo; c) Que se agregue o remita al Tribunal el Expte. Letra "C" Nº8524/08.- Funda su derecho en las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Junta de Calificaciones para el Personal Policial (Dcto. "G y J" Nº1501/99 el Reglamento de Calificaciones Policiales, la Ley del Personal Policial Nº2444 y mod. 4661: Ley Orgánica Policial Nº4663: Ley de Retiros y Pensiones Policiales Nº3137; Código de Procedimientos Administrativos, Código Contencioso Administrativo y C.P.C., como así también en las normas que surgen de las Constituciones Nacional y Provincial.- Hace reserva del caso federal.- Abierta la causa a prueba, en el período establecido se han producido por la parte actora la prueba documental e informativa y por la demandada la prueba instrumental.- Fijada la Audiencia para que las partes aleguen sobre el mérito de la causa, comparecen ambas partes.- Previa vista al Ministerio Público Fiscal, se dicta el llamado de autos para sentencia y firme el proveído se realiza el acto de sorteo cuyo resultado consignado en Acta de fs.92 me asigna la apertura del Acuerdo.- En ese compromiso, considero conveniente elaborar un resumen de la controversia sobre la que corresponde deliberar.- A ese fin cabe precisar que el actor impugna el Decreto Nº874/11 dictado por el Poder Ejecutivo, por el cual en primer lugar, se resuelve rechazar el Recurso Jerárquico deducido en contra de las resoluciones del Jefe de Policía, en la que solicita al Poder Ejecutivo su pase a Situación de Retiro Obligatorio y, la que rechaza recurso de Nulidad en su contra. En segundo lugar se dispone su Retiro Obligatorio de la Policía de la Provincia.- La introducción efectuada pone de manifiesto, que el acto administrativo atacado emana de autoridad competente y de última instancia, es un acto definitivo y que causa estado, toda vez que no existe recuso administrativo obligatorio, que pueda interponerse en su contra. Luego, notificado el interesado con fecha 14/7/11, conforme acta de notificación obrante a fs.6, y entablada la demanda con fecha 31/8/11, según cargo de presentación, dentro del término que prevé el Art.7 del CCA, cabe concluir que la vía administrativa se encuentra debidamente agotada, y la instancia judicial habilitada, por lo que considero corresponde ratificar la resolución efectuada a prima facie por este Tribunal en la que se declara la jurisdicción y competencia para entender en la presente causa.- No está demás evocar que la resolución referida no causa estado y es por ello que, en esta etapa de dictar sentencia siempre es posible verificar nuevamente la existencia ineludible de dichos recaudos.- Fijado ello y a fin de retomar el examen de la contienda es menester recordar que los motivos en que centra la impugnación es que, el Decreto es arbitrario por falta de motivación y porque lo único que se ha tenido en cuenta, como lo han hecho todas las demás resoluciones generadas en torno a la situación del actor, es la evaluación consignada en Acta Nº5/07 llevada a cabo por la Junta de Calificación, la que tacha de ilegal, irrazonable y contradictoria.- Sucintamente las imputaciones en contra de las consideraciones realizadas por el organismo calificador es que para declararlo inepto para la función policial se tuvo en consideración, en extrema contradicción con sus antecedentes en la institución, sanciones que ya habían sido cumplidas, como así también la circunstancia de haber estado durante seis (6) años en el cargo de Oficial Ayudante sin ascender, cuando regularmente el tiempo de permanencia es de tres (3) años.- Tal como está planteada la cuestión, y a fin de iniciar su tratamiento, voy a permitirme reproducir, por lo similar del asunto, lo ya expuesto en otras oportunidades en relación a "que el Estado Policial presupone el sometimiento a las normas de fondo y de forma que estructuran la Institución Policial ubicándola en una situación especial dentro del esquema general de la Administración Pública, de la que difiere tanto por su composición como por las reglas que la gobiernan, las que adaptadas a los fines de preservar la seguridad pública y auxiliar a la justicia, establecen las relaciones de su personal sobre la base de la subordinación jerárquica y la disciplina.- Así es que, el Estado Policial resultante de esta particular regulación comporta derechos y deberes y entre éstos tiene especial relieve el de sujetarse a la jurisdicción policial y disciplinaria.- Esta sujeción abarca también lo atinente al régimen de ascensos y retiros, a través del cual se han conferido a órganos policiales específicamente potestades que, aunque deslindadas por normas de procedimientos que le aseguran un juicio ponderado, les concede amplitud suficiente para el ejercicio autónomo de sus competencias, que asegure la prevalencia de criterios técnicos adecuados a los fines del servicio y su afianzamiento.- De ello deriva que, en las evaluaciones, el Órgano Calificador tiene un amplio espacio de apreciación técnica y de mérito y no tiene la obligación de sujetarse mecánicamente a los documentos obrantes de calificación personal y los puntajes obtenidos.- Por otra parte es propicio tener presente que, en materia de empleo público los actos administrativos son revisables si presentan ilegitimidad o arbitrariedad, pero no puede sustituirse el criterio de la Administración por el de los jueces respecto de progresiones escalafonarias sujetas a apreciación discrecional. Desde esta perspectiva más limitada resulta la revisión de los actos de la institución policial, en razón que como ya referí, "sus componentes se han sujetado a un régimen de ascensos y retiros que confiere a un órgano específico la capacidad de apreciar en cada caso la concreta aptitud, con suficiente autonomía". CSJN, fallos 250:393; LL118-759 En ese contexto es que siempre se ha sostenido que la evaluación que realizan las juntas de calificaciones en los organismos de seguridad, el control es restringido dado que: "La apreciación de las Juntas de Calificaciones de los Organismos de Seguridad, respecto de la aptitud del personal de la Institución para ascender, conservar el grado o pasar a situación de retiro, comporta el ejercicio de una actividad discrecional, y no corresponde a los jueces sustituir el criterio de dichos organismos. Siempre que no medie en tal decisión arbitrariedad o irrazonabilidad manifiestas, en cuyo caso corresponde el control judicial de los actos respectivos, y la consecuente declaración de nulidad". (ED 16-4-98, ED 29-5-98).- A mayor abundamiento, ilustrativa resultan las afirmaciones de jurisprudencias, en el sentido de que los dictámenes de la junta de calificaciones del personal que, con el estado respectivo, integran las fuerzas armadas o de seguridad, remiten por lo general, a valoraciones o apreciaciones de conjunto que globalmente ponderan los diversos factores que inciden en el desempeño del personal y que son las que, en definitiva, determinan el progreso o la finalización de la carrera respectiva. También por regla general, estas apreciaciones conjuntas reúnen múltiples conceptos jurídicos indeterminados que a la Administración corresponde conjugar, sin que pueda tal valoración ser sustituida por los Tribunales, aunque ello no excluya la vinculación al procedimiento, a la finalidad del acto y a los principios generales del derecho. Cuando la jurisprudencia, precisamente, se refiere al margen de discrecionalidad y a la ponderación de factores que son de exclusiva competencia de la Administración en su examen y de su criterio privativo, alude a este criterio de conjugación de conceptos jurídicos indeterminados. Y cuando la comprensión de la situación total es definitiva, no es escindible, ni descriptible, la apreciación no es participable y, por consecuencia, no es revisable.- De ello deviene, que el juez no puede sustituir con su personal criterio cualquier decisión de cualquier poder o, como aquí acontece, de cualquier autoridad administrativa. "El Juez dice el derecho, y el derecho está constantemente definiendo ámbitos de discrecionalidad, encontrando por ello la judicialización plenaria un límite en la interdicción a los Tribunales para invadir los ámbitos de competencia de los demás poderes constitucionales".- Así las cosas y en armonía con todo lo hasta aquí expresado considero que no son cuestiones que abran la revisión judicial, lo resuelto por la autoridad policial y la consiguiente decisión del Ejecutivo Provincial contenida en el instrumento que por esta vía se cuestiona.- En efecto, no considero admisible en el caso de autos la impugnación que el recurrente hace respecto de la calificación de la Junta, que resulta en definitiva, generadora de la decisión por parte del Ejecutivo del retiro obligatorio del actor.- Mi apreciación radica en que, en la Acta Nº5/07 no se advierte objetivamente los vicios que se le endilgan. Ello en virtud que, en primer lugar los integrantes de la Junta de Calificaciones convocados por su Presidente se reúnen para tratar, como un caso especial, la situación laboral del agente para determinar la permanencia en la Institución, en función de sus antecedentes. A esos efectos y tal como lo dispone el Art.13 inciso c) última parte Decreto 1501/99, se realiza ".un cuidadoso estudio particularizado en los antecedentes del causante.". De dicho examen se extrae que el actor permaneció seis años sin ascender cuando el tiempo de permanencia es de tres, dicha consideración disgusta al actor, pero no la niega, ni tampoco justifica esta irregularidad destacada en la evaluación. Luego se refieren a los tres años de permanencia en el actual cargo, en el que se advierte la suma de 154 días de arresto policial y en el total de su carrera policial, o sea en nueve años, 185 días de arresto. Se indica lo que ello refleja, se analizan los motivos de las sanciones, conductas que se magnifican por tratarse de un personal superior y el ejemplo que implica para los subordinados y se concluye que las conductas no condicen con la que debe poseer un funcionario policial y por unanimidad de criterio resuelven declararlo no apto para las funciones policiales conforme lo establece el Art.100 inciso d) de la Ley del Personal Policial Nº2444/72, concordante con el Art.15 inciso d) del Reglamento de la Junta de Calificaciones para el personal Policial - Decreto N1501/99; en consecuencia aconsejan al Señor Jefe de Policía para que solicite el Pase a Situaciones de Retiro Obligatorio por aplicación del Art.14 Inciso g) de la Ley de Retiros y Pensiones Policiales Nº3137/76, modificada por similar Nº3577/80.- Las razones expresadas no vislumbran arbitrariedad en su discernimiento ni subjetivismo en el criterio, dado que todas las formulaciones se sostienen en el legajo examinado del actor, y en la normativa vigente interpretada y aplicada y dentro del marco de facultades legales y discrecionales.- Por su parte los cuestionamientos formulados por el actor no contrarrestan los argumentos de la Junta y solo evidencian un mera discrepancia personal con el veredicto, insistiendo que las sanciones por las falta, ya fueron cumplidas y las buenas calificaciones obtenidas en algunos períodos se contradicen con lo dispuesto. Cabe señalar que la Junta ha considerado dentro de un juicio lógico, que las mismas, resultan excesivas, importantes e incompatibles tales actitudes y comportamiento para el desempeño, de un funcionario policial, no obstante y más allá que en algunos períodos fue calificado con buenas notas. De igual modo, al examinar el comportamiento exteriorizado por el evaluado durante toda la carrera, se destaca que, con todos los correctivos aplicados no lograron un cambio de actitud. Y es así que luego de todas las ponderaciones observadas y asentadas en el instrumentos -Acta Nº5/07- la Junta entiende que no puede continuar en la Institución Policial y lo califica "Inepto para Funciones Policiales".- De ello se colige que, descartada la arbitrariedad o irrazonabilidad, en las valoraciones efectuadas por la Junta de Calificaciones, la que a su vez fueron tenidas en cuenta, como lo señala el actor, por el resto de las resoluciones y además, por los dictámenes que precedieron al dictado del Acto Administrativo que se cuestiona y, referido todo ello en el Considerando del Decreto Nº874/11, a los que corresponde tener por integrativo de dicha resolución, no se puede llegar a sostener que el acto carezca de motivación o de fundamentos suficientes y en cambio si, cabe concluir, que la decisión se torna irrevisable.- Por último queda referirme al reclamo de pago del 70% de lo que le hubiere correspondido en carácter de sueldo, por el tiempo en que estuvo cesanteado preventivamente, mientras se sustancio el sumario que procuraba su definitivo pase a retiro obligatorio.- La pretensión así expuesta me obliga a reiterar lo dicho en Sentencia Nº9 del 29/05/12, en Autos Corte Nº030/009 "Ortiz Maza", en efecto en la ocasión exprese que, "Al respecto, vale tener presente que la pretensión que no se formuló ante la instancia administrativa, no puede ser planteada en la instancia judicial".- En este sentido, resulta ilustrativo el criterio de la Corte Suprema de Justicia, según la cual la demanda no puede contener una pretensión mayor o diferente de lo que fue objeto de reclamación. En ese marco, la jurisprudencia ha sostenido que la intervención del órgano judicial se ve limitada por lo debatido y resuelto en sede administrativa, es decir, que son los mismos temas y motivos propuestos a decisión administrativa los que deben ser sometidos a juzgamiento judicial.- Resulta importante destacar la necesidad del reclamo administrativo previo como requisito de vital importancia en este tipo de acción, a fin de que la Administración de antemano conozca el planteo y tenga la posibilidad de aceptarlo, o en su caso, al rechazarlo expresa o tácitamente y sea una verdadera contienda lo presentado ante esta instancia de especial carácter revisor.- Visto de este modo, cabe colegir que la pretensión, no permite tratamiento, ante la falta de reclamo previo en la Administración, y así lo propongo en el presente en este punto.- Finalmente y si lo que dejo expresado es compartido por mis pares, esta acción deberá ser rechazada y en ese sentido doy mi voto.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que adhiero al fundamento y solución propiciada por el Sr. Ministro que inaugura el Acuerdo, Dr. Cippitelli, por lo que voto en el mismo sentido.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Comparto en un todo las consideraciones formuladas por el Sr. Ministro que inaugura el Acto y adhiero a la solución final propuesta, por lo que me pronuncio en idéntico sentido.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Conforme se resuelve la primera cuestión planteada, las costas deben imponerse a la parte actora que resulta vencida. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que una vez mas adhiero al voto de quien precede el Acuerdo votando en el mismo sentido.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Con costas a la parte actora vencida.- Con lo que se dio por terminado el Acto, quedando acordada la siguiente sentencia, doy fe.- Fdo.: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva (Presidente), José Ricardo Cáceres (Ministro Decano) y Luis Raúl Cippitelli (Ministro Vice Decano). Esc. Elsa Lucrecia Arce (Sec. en lo Contencioso Administrativo) - Corte de Justicia.-- San Fernando del Valle de Catamarca, de septiembre de 2014.- Y VISTOS:

El Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE 1) Rechazar la Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción, interpuesta por el Sr. Antonio Fabián Carrizo en contra del Estado Provincial.- 2) Imponer las costas a la parte actora que resulta vencida.- 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.- 4) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense.- Fdo.: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva (Presidente), José Ricardo Cáceres (Ministro Decano) y Luis Raúl Cippitelli (Ministro Vice Decano). Esc. Elsa Lucrecia Arce (Sec. en lo Contencioso Administrativo) - Corte de Justicia.--