marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, daño emergente, lucro cesante, privación del uso del automotor, contrato de garaje
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA CRUZ, HERNAN c/ MELIAN MASSERA, GUILLERMO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-02

Si bien el titular de un vehículo -sustraído del garage donde lo guardaba-, al reclamar resarcimiento por lucro cesante, no probó que la posesión del bien le proveyera una ganancia surgida de su utilización- salvo el importe que recibía de su empleador para solventar la provisión del rodado para su trabajo-, toda vez que la privación de un bien mueble de adquisición onerosa es dañosa per se o mejor aún constituye un daño con evidencia in re ipsa, procede tal reclamo. Ello en virtud de que se nota objetivamente que la privación hace inútil la erogación del monto pecuniario constitutivo del precio. La contrapartida de ese sacrificio patrimonial residía en la disposición del rodado o, inversamente, en la posibilidad de abstenerse de adquirirlo ahorrando entonces su precio que pudo ser empleado como capital fructífero en una colocación bancaria. Como tal sacrificio devino estéril por efecto de la privación del rodado imputable al garagista- corresponde que éste debe resarcir el demérito por el ocasionado desde el momento de la privación hasta su pago- máxime cuando los intereses reclamados le fueron denegados, independientemente de la calificación que se de a tal resarcimiento.
Grooming, abuso sexual simple, abuso sexual de menores
Materia: PENAL
Carátula: V.A. c/  s/ 131 - contactar menor de edad por intermedio de tecnologías para cometer delitos de integridad sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-12

Mientras el delito de grooming castiga actos preparatorios de cualquier delito contra la integridad sexual, el hecho determinado (y reconocido por el imputado) excede ese accionar y se traduce en una conducta que implica un disvalor que afectó directamente la integridad sexual de la víctima. El abuso sexual se comprueba con las capturas y registros en los que sí se ve el intercambio de mensajes coactivos y allí también se ve el envío de archivos de imágenes o videos en cumplimiento de la coacción.
Concursos, declaración de quiebra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cruz Humberto Franco y Hondeville de Cruz, Elsa Mabel. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-03

La jurisprudencia ha enfatizado la óptica restrictiva con que hay que apreciar la posibilidad de recurrir al sistema de venta directa de los bienes del fallido, interpretación que no ha variado con posterioridad a la reforma introducida por la ley 24.522, conforme posición adoptada por calificada doctrina. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Improcedencia del recurso, entrega del certificado de trabajo, multa
Materia: LABORAL
Carátula: VALLEJOS ESTEFANIA NOEMI c/ INC. S.A. s/ DESPIDO POR CAUSALES GENERICAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-31

El decreto reglamentario 146/01 establece expresamente que para que sea procedente la sanción del artículo 80, párrafo citado, el trabajador debe intimar al empleador la entrega de los certificados luego de transcurridos treinta días de finalizada la relación laboral y siempre que durante dicho plazo no se le hubieran entregado las constancias pertinentes. En tanto no medió intimación posterior a la presunta mora por parte de la empleadora (luego de finalizada la relación laboral y transcurridos dos días), la multa peticionada no es pertinente".
Aborto, violación, menores, personas con discapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Defensora de Pobres y Menores Nº 2 en repres. de persona por nacer s/ Medida cautelar de Protección de Persona
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-09-20

Los conceptos centrales que apuntalan el fallo de la Alzada y asumen una interpretación integradora en favor de la constitucionalidad y vigencia de la norma penal atacada y que, en lo esencial, postulan que si bien nuestro ordenamiento jurídico no permite el aborto, los derechos fundamentales no son absolutos y admiten regulaciones como las previstas bajo condiciones precisas y restringidas a partir del sistema de las indicaciones legislativamente adoptado -en el caso, artículo 86 inciso 2 del Código Penal-, lo que presupone la ponderación del legislador de los intereses y derechos fundamentales implicados en ejercicio de una soberana potestad de adoptar decisiones determinadas de política criminal, lo que autoriza a concluir su compatibilidad con las disposiciones supranacionales, al igual que lo son las disposiciones similares vigentes en numerosos Estados signatarios, por lo que descartan la existencia de una confrontación con la esencialidad del derecho protegido, lo que obsta a tener por automáticamente derogada la norma penal de orden público considerada, no cuadrando admitir tampoco la interpretación derogatoria propuesta en razón de resultar violatoria del principio de legalidad que impera en la materia y goza de la protección constitucional -artículo 18, Constitución Nacional- ya que, asumir la tácita derogación del artículo citado implica -en los hechos- una enmienda judicial que le está vedada a los jueces -salvo declaración de incosntitucionalidad-, en tanto la regulación en materia penal mediante normas de orden público, está exclusivamente reservada al legislador; hermenéutica que también colisiona con el artículo 19 de la Carta Magna, en la medida en que la despenalización del aborto en este particular contexto reconoce como correlato una esfera de reserva a la auntonomía de la voluntad y a un ámbito del ejercicio de libertad conferida a determinados sujetos que garantizan la no ingerencia estatal.
Beneficios previsionales, derecho de propiedad, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SOAJE, PEDRO Y OTROS. c/ PROV. DE TUCUMAN Y OTRO. s/ INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-23

Si bien las prestaciones previsionales, en cuanto derecho adquirido, se incorporan al patrimonio con el amparo de la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional, este principio no es absoluto pudiendo ser disminuído el contenido económico de dichos beneficio s sin menoscabo de tal garantía cuando medien razones de orden público o de beneficio general, siempre y cuando tal modificación no determine su extinción o su disminución sustancial y arbitraria , es decir no pueda ser considerada confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada. (Disidencia del Dr. Carlos S.

Fayt).
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarado, Andrés O. c/ Molinos Río de La Plata S.A. s/ Indemnización por accidente de trabajo (ley 9688) y otros Pacholezuk, Wladimiro c/ Treinta de Agosto S.R.L. s/ Accidente Napoli, Marcos D. c/ Emisiones Platenses S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02|1998-03-10|1997-07-08

Por razones de celeridad y economía procesal corresponde adecuar la decisión a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto resolvió que los jueces se hallan inhabilitados para disponer de oficio, ésto es, sin petición expresa de parte, la inconstitucionalidad de leyes.
Proceso penal, ejecución de la pena, prisión domiciliaria, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: Colombre, Raúl Ramón s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Carlos R. Vera en Expte. Nº 578 - Colombre, Raúl Ramón s/ prisión domiciliaria - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-21

La Jueza de Ejecución Penal rechazó la prisión domiciliaria solicitada por el interno C., ordenando al Servicio Penitenciario que arbitre los medios necesarios a fin de que regularmente el peticionante sea controlado por los médicos del penal, bajo constancia de firma, así como se le practique todos y cada uno de los estudios que demanden las patologías que presenta, en el centro de salud de su confianza o estatal; debiendo el área salud informar mensualmente, el tratamiento recibido, evolución o involución de las patologías y toda otra cuestión relativa a la salud de C.

Contra dicha resolución, recurre en casación el defensor del penado -de 78 años-, agraviándose de la denegatoria del beneficio solicitado.

La cuestión medular traída a conocimiento de esta Corte importa establecer si han sido erróneamente aplicadas las normas que regulan la prisión domiciliaria, como afirma el recurrente, o si, por el contrario, tal denegación constituye una razonable aplicación al caso del derecho vigente.

La juez a quo, aludiendo a las normas que regulan la cuestión a dirimir, destacó la reforma operada en materia de ejecución de la pena privativa de libertad (Ley 26.472 modif. Ley 24.660, B.O. del 20/01/09), a través de la cual se modificó el art. 32 de la ley 24.660, el que ha quedado redactado de la siguiente manera:

"El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria:

a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) Al interno mayor de setenta (70) años; e) A la mujer embarazada; f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo".

En tal dirección, el tribunal aclaró que resulta evidente que el legislador al crear la citada disposición otorgó facultad al juez para aplicarla, y en consecuencia, éste deberá analizar en cada caso concreto, la particular conveniencia o no de disponer la excepción a la que se alude.

Teniendo en cuenta que la sola constancia de que el condenado sea mayor de setenta años resulta insuficiente para otorgarle de manera automática la prisión domiciliaria, estimo que la denegatoria de la jueza de ejecución penal resulta ajustada a derecho y debe confirmarse en esta Sede.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación deducido.
Acción de amparo, régimen de garantía de los depósitos, banco central, poder de policía, policía bancaria y financiera
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Villar, Carlos Alfredo c/ Banco Central de la República Argentina s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

La decisión que, al hacer lugar al amparo, ordenó que el Banco Central de la República Argentina devuelva el saldo de los certificados de depósito constituidos en otra entidad bancaria (art.

56 de la ley 21.526) desvirtúa tanto la finalidad del instituto del amparo como las funciones de fiscalización y garantía que la ley federal en juego atribuye al ente autárquico demandado.
Recurso de inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Torres de Riarte, Gertrudis s/ Sucesión - Competencia (Libro: A025-204)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1955-08-08

La competencia se pierde automáticamente vencido el doble de los plazos previstos por el art. 86 del Código Procesal Civil.

Producida tal circunstancia el expediente debe remitirse al subrogante legal que es quien adquiere competencia.
Recurso extraordinario, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: LABORAL
Carátula: Cortinez, Eduardo A. c/ Agencia Marítima San Blas S.R.L. s/ Indemnización accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

La Suprema Corte por mandato constitucional (arts. 161, Const. Prov.

y 279, C.P.C.C.) debe sujetarse a los límites del agravio.
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Ltda. Eléctrica Colonia Seré c/ Riggi, Miguel y otra s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

No puede ejercerse la acción de desalojo contra quienes revisten la condición de poseedores desde que no cabe decidir en el juicio especial de desahucio los derechos relativos a la posesión o dominio, para cuya dilucidación son inexcusables las formas propias de los interdictos y acciones posesorias o las acciones reales pertinentes.-
Indemnización por despido, despido sin causa, derechos y garantías constitucionales, tope indemnizatorio, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: BALAGUER, Luis c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

El art 14 bis de la C.N. impone al legislador un contenido abierto de "protección contra el despido arbitrario" y deja librado a éste los medios para hacerlo efectivo cuya elección implica una decisión de política laboral que, en principio, no es judiciable salvo que en determinado caso, la aplicación de la norma implique, lisa y llanamente, consagrar una suerte de "derecho a despedir" con mínimas e irrelevantes consecuencias jurídicas. Vale decir que el sistema de estabilidad relativa que la norma prevé, sólo sería constitucional de demostrarse que la vigencia de la tarifa, por la operatividad de sus topes, implicara una desprotección contra el despido incausado.
Contrato de trabajo, empleados públicos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: LABORAL
Carátula: Petrone, Rosana Mercedes y otro c/ OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DEBUENOS  AIRES CONTINUADORA DEL INSTIT
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-28

La ley 471 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regula la relación de empleo público en dicho ámbito, Esta norma a la vez que dispone su aplicación al personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, expresamente establece que el régimen de la ley 20744 (t.o.1976) no es aplicación a los trabajadores comprendidos en la aludida ley local (art. 4). Por consiguiente, si la propia demandada reconoció al contestar la demanda que no existe nombramiento administrativo a favor de las actoras, cabe concluir que no están comprendidas en el ámbito de aplicación personal de la Ley de Empleo Público de la Ciudad de Buenos Aires y, por ende, no hay impedimento normativo para que se aplique la citada ley nacional.
Competencia por conexidad, sobreseimiento provisional
Materia: PROCESAL
Carátula: Villanueva, Ricardo s/ Infr. Artículo 282  C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-04

La acumulación de causas por conexidad procede aún en el caso de que en la de atracción haya recaído sobreseimiento previsional.
Suministro de estupefacientes, concurso de delitos, abuso sexual, violencia de género, juez previniente, competencia criminal y correccional
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos P.G.S. s/ 5 entrega / suministro/ aplicación o facilitación de estupefacientes s/ conflictos de competencia I c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-11

La identidad de partes y del móvil que aparentemente habría inspirado las conductas denunciadas -suministro de estupefacientes y abuso sexual- aconsejan que estas actuaciones tramiten ante el mismo Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional que investiga los hechos de abuso sexual. Ahora bien, como ese órgano no participó de la presente contienda, estimo procedente darle ocasión para que exponga a este Tribunal si, en su visión, existe alguna cuestión, no meritada aquí, que obste a esta radicación. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Constitución Nacional, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gianola, Raúl Alberto y otros c/ Estado Nacional y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-15

La declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados, principio que debe aplicarse con criterio estricto cuando la inconstitucionalidad se plantea por la vía excepcional de la acción de amparo y la arbitrariedad e ilegalidad invocada requiere de actividad probatoria significativa, precisamente por no ser manifiesta. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Daños y perjuicios, asistencia médica, responsabilidad médica, diagnóstico médico, obligaciones de resultado
Materia: CIVIL
Carátula: BUZAGLIO, Pablo Isaac c/ RAPAPORT, Mauricio y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-26

La emisión de un diagnóstico patológico común, por parte del profesional de la salud, es una obligación de resultado, por ende éste sólo puede probar una causa ajena como único límite de su responsabilidad.-
Iura novit curia, sentencia, principio de congruencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alfonso, Delicia Salustiana c/ Caja de Retiros , Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. s/ Pensión. Demanda contencioso administrativa Benítez Francia, Clorinda E. c/ Caja de Policía s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18|1991-12-03

De acuerdo al principio iura novit curia constituye un deber de los jueces resolver los conflictos sobre la base de las normas legales vigentes, con prescindencia de las que hubieran invocado las partes en sus escritos de demanda y contestación. Asimismo, en virtud de lo dispuesto por el art.163 inc.6 del Código de Procedimiento Civil y Comercial (aplicable al proceso contencioso administrativo por imperio del art.25 del C.P.C.A) los jueces pueden hacer mérito de los hechos constitutivos, modificatorios o extintivos acaecidos durante la sustanciación del juicio, principio este con más razón aplicable cuando se produce una modificación de las normas jurídicas que rigen la situación sustancial del litigio.
Delitos aduaneros, contrabando, bien jurídico protegido, control aduanero
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Legumbres  SA . y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

El legislador ha concebido el delito de contrabando como algo que excede el mero supuesto de la defraudación fiscal, pues lo determinante para la punición es que se tienda a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades legales de las aduanas, concepto que ha sido precisado en la redacción del art. 863 del Código Aduanero circunscribiendo dichas facultades de control, respecto del contrabando, solamente a los hechos que impiden u obstaculizan el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero "para el control sobre las importaciones y las exportaciones".
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, acusación fiscal, jueces, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. de inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver: ¿la falta de mantenimiento de la  acusación en la alzada por parte del Ministerio Público Fiscal,   coincidiendo con la instancia absolutoria solicitada por la Defensa,  impone al Tribunal la aceptación de las pretensiones de los sujetos   procesales, impidiendo fallar distinto a dichas peticiones?.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

La pretensión de una de las partes del proceso carente de poder jurisdiccional, no puede erigirse por sí y ante sí en una instancia decisiva con facultades inapelables que le permitan poner fin a la causa en manifiesto desmedro de la facultad jurisdiccional que la Constitución y la ley le acuerdan a los tribunales competentes. Tan ello es así, que cuando el legislador quiso hacer la excepción al régimen precedentemente descripto y conferirle al Ministerio Público esas facultades desincriminantes lo consagró expresamente en el artículo 372 del Código Procesal Penal. Dicha circunstancia sin perjuicio de que haya o no coincidencia acerca del fondo del asunto, pues puede ocurrir que el criterio absolutorio defendido por la parte acusadora sea acertado y en tal caso la sala lo compartirá, o pueda ocurrir lo contrario. (Del Voto del Dr. Fierro)
Prueba, filiación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MIOTTO, ROBERTO s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-15

La asimilación de la Libreta de Familia a los testimonios, copias o certificados como prueba del matrimonio y la filiación después de la vigencia del Decreto Ley 8204/63, no debe proyectarse hacia el pasado sino tan sólo para el tiempo comenzado desde su vigencia.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tributos, telecomunicaciones, servicio público, exenciones impositivas, denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA  c/ GCBA s/ IMPUGNACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

La procedencia de la exención prevista en el art. 39 de la ley n° 19798 requiere, indefectiblemente, que la contribuyente acredite que presta al menos un servicio público a través de la infraestructura que da lugar al gravamen. De otro modo, la posesión de una licencia para brindar un servicio público de telecomunicaciones convertiría la referida exención objetiva en una exención subjetiva para todos los servicios de telecomunicaciones -públicos y no públicos- que presta la titular de la licencia, con independencia de si estos utilizan o no la misma instalación que el servicio público, extendiendo indebidamente la dispensa en desmedro de las potestades tributarias locales. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, defectos en la fundamentación normativa, defensa en juicio, nulidad procesal, notificación
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: París Video Home S.A. c/ Societa Per Azioni Commerciale Iniziative Spettacolo (SACIS). s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

Le corresponde a la Corte conocer en un planteo de nulidad de una notificación cuando la decisión omite considerar elementos relevantes del expediente y las normas conducentes para su decisión correcta, con evidente menoscabo del derecho de defensa (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, celebración del contrato, responsabilidad del dependiente
Materia: COMERCIAL
Carátula: A. B. TRANSPORTES  S.R.L. c/ INSIGNIA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS GRALES.  S.A. s/ CONTRATO DE COMPRAVENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-06

Si bien las facturas constituyen documentación propia del contrato de compraventa, las costumbres mercantiles las han adoptado para otro tipo de contratos. En estos supuestos, corresponde aplicar las normas que le son pertinentes del CCOM pues debe presumirse que esa es la inteligencia de los contratantes.