marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez Jorge Omar c/ Figaro y otros s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-03

Si la sentencia adolece de algún defecto formal (incumplimiento de alguno de los requisitos del art. 163 del CPC, dictado prematuro, incongruencia, etc.) sería pasible de ataque por vía de nulidad, y ésta, en nuestro ordenamiento procesal se articula por intermedio del recurso de apelación (art. 253 del CPC), sin que obste a ello la inapelabilidad prevista por el art. 552 del CPC. (Minoría u opinión personal)
Juicio de apremio, excepción de pago, pago parcial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Broncería Peirano S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-23

Si bien a la luz de lo prescripto por el art. 6 inciso "c" del decreto ley 9122/78 resulta inadmisible la excepción de pago parcial, lo cierto es que ello es así para el supuesto de que el pago efectuado resultare incompleto respecto de algún período de la deuda exigida, pero no cuando se cancela en forma completa períodos fiscales involucrados en el título y unidos a los restantes sólo instrumentalmente, si entrañan obligaciones con individualidad y fecha de vencimiento propias que se pueden ejecutar de manera separada.
Juicio oral, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Roque, José Armando; Centeno, Andrés Eduardo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Es insuficiente la denuncia de violación del art. 286 del Código de Procedimiento Penal si no se logra evidenciar que el sentenciante -al formar su convicción sincera "sobre los hechos juzgados" y sobre cómo ha llegado a ella- no ha efectuado un desarrollo lógico y razonado.
Inconstitucionalidad, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Staropoli, Esteban Maximiliano c/ Blaisten S.A. y otro s/ Accidente de trabajo. Acción especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-11

El art. 505 del Código Civil en el texto dado por la ley 24.432 es inconstitucional, toda vez que ha sido el propio legislador nacional el que se autolimitó en el alcance territorial que atribuye a la ley 24.432 cuando el art. 16 invita a las provincias a adherir a su régimen en lo que fuera pertinente. En ese marco la norma en cuestión desplazó al ordenamiento local en materia de costas sin que la adhesión se hubiera concretado, violando de ese modo los arts. 75 inc. 12) y 121 de la Constitución Nacional (doctor NEGRI, minoría).
Indemnización por despido, indemnización agravada, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: FLORES, MARCELO c/ ARGENCARD S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-21

No puede aplicarse a un despido dispuesto con fecha 9 de enero de 2002, disposiciones legales como la ley 25561 que establecía la duplicación de la indemnización por despido, toda vez que dicha norma no tenía vigor al momento del hecho y el decreto 50/02 que fue publicado en tal fecha, resulta ineficaz para modificar derechos y obligaciones que irrevocablemente habían nacido en cabeza de las partes (arg. art. 3 del C. Civil y 17 de la C.N.).
Prueba pericial, médicos
Materia: LABORAL
Carátula: Reboredo, José c/ Empresa del Oeste S.A. s/ Enfermedad profesional (Ley 9688)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Consentida por las partes la pericia médica y no habiendo ejercido el tribunal de origen en la etapa procesal oportuna las facultades que le confiere el art. 12 de la actual ley 11.653, la circunstancia de que sus conclusiones no sean vinculantes no significa que los magistrados puedan apartarse arbitrariamente de las mismas, incluyendo de su propia autoría y conocimiento conceptos o evaluaciones médicas que contradicen el dictamen, porque la desestimación de sus conclusiones debe ser razonable y científicamente fundada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, despido, invariabilidad de la causa
Materia: LABORAL
Carátula: Balbuena, La Cruz Avelino c/ Timar SRL s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-06

Es inatendible la postura de la parte que no se compadece con la actitud asumida anteriormente en el pleito, al intentar cambiar ante la instancia extraordinaria su anterior tesitura, lo que está vedado no sólo por razones formales sino -tratándose de las causales de despido- en el orden sustancial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 243 de la L.C.T.
Aplicación de la ley, deuda previsional, deudor previsional de escasos recursos, prueba insuficiente, aportes previsionales, denegatoria del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: HUBER ARGENTINA S.A.I.C. c/ D.G.I. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-03

No cumplimentados los requisitos de los arts. 15 de la ley 18.820 y 12 de la ley 21.864, y no demostrado de modo fehaciente e incontrovertible que se carecía de los recursos necesarios para afrontar el pago requerido o para procurarlos por medios usuales en la actividad empresaria (cfr. C.S.J.N., sent. del 14.3.89, "Baum y Kadishevich"), corresponde desestimar el recurso deducido contra el acta que formuló cargos por aportes.
Recurso extraordinario, jurisprudencia vinculante, cuestiones procesales, recurso de inconstitucionalidad, sentencia, ley procesal, leyes, interpretación de la ley, Superior Tribunal de Justicia, competencia, recurso de apelación (procesal), caducidad
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: ARBOL SOLO SAGACIF s/ INCIDENTE  DE  REVISION  NRO  22-83  PROMOVIDO  POR  EL  BANCO  DE LA  PROVINCIA DE BUENOS AIRES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD     RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CSJ NACION      EXPTE NRO 495-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-04

Si en el recurso extraordinario antes interpuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no declaró la inconstitucionalidad de las normas procesales cuestionadas -artículo 368 del Código Procesal Civil y Comercial- ni tampoco fijó una pauta directriz de interpretación de las mismas, ésta queda reservada a la potestad jurisdiccional de la Corte local y en tanto esa interpretación no sea contraria a lo expresamente dispuesto en la ley, no queda configurada una hipótesis de arbitrariedad que permita habilitar la instancia extraordinaria, que es de excepción.
Multa penal, pago
Materia: PENAL
Carátula: CHAVEZ, Carlos R. s/ MULTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-04-07

La sola circunstancia de no haber respondido el condenado a las intimaciones que se le cursaran a fin de hacer efectiva la pena de multa previamente impuesta, no es suficiente para convertirla en prisión, pues conforme lo establece el art. 21 C.P. debe procurarse su satisfacción mediante la ejecución de sus bienes, o afectación de sueldos u otras entradas; máxime que surge de autos la posible existencia de bienes de propiedad del condenado. Por ello deben adoptarse las diligencias necesarias para constatar el respectivo dominio y proceder a la ejecución.
Desestimación de la denuncia, inexistencia de delito, falsificación de instrumento privado, falso testimonio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Berdier, Marina s/ desestimación por inexistencia de delito.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-06

De los propios terminos de la denuncia se desprende que la acción traída a conocimiento de la justicia se encuentra absolutamente desprovista de entidad delictual, por cuanto la supuesta falsedad de documento a que hace referencia la querellante, se encuentra en un escrito donde la actora ha brindado su versión de lo que se encuentra debatido en sede comercial.

Es decir, se trata de afirmaciones dadas por una persona que tiene un interés directo en el resultado del juicio que lleva adelante.

En este sentido, se sostuvo que "Debe descartarse del falso testimonio toda declaración inexacta dada por un testigo con referencia a hechos en los cuales él mismo es actor, y de cuya manifestación puede resultarle un perjuicio, aunque no consista éste en la autoinculpación de un delito" (CCC, Sala VI, causa n° 26328 "Richards, José Patricio", rta. el 4/05/05 y sus citas). (Sumario confecciondo por el SAIJ)
Usurpación, restitución del inmueble, menores, simple damnificado, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN (Lugones 2640)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

No basta la genérica invocación de un derecho, como el de la vivienda o alegar al interés superior del niño, si la Asesora Tutelar no indica siquiera que la persona menor detente un derecho a la vivienda sobre la que se habría dispuesto el desalojo o que el grupo familiar vaya a quedar en situación de calle, situación en la que, por lo demás, puede recurrir a algunos de los mecanismos asistenciales que brinda la Ciudad, de lo que, de alguna manera, se ocupa el Fiscal(cfr. Resolución 121/FG/2008).(Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Actos ilícitos, delito civil, calumnias, injurias, retractación, daño moral, presunciones, reconocimiento de los hechos
Materia: CIVIL
Carátula: MORALES JULIO A. c/ EDITORIAL JULIO KORN  S.A.  Y OTROS s/ ORDINARIO - DAÑO MORAL - RETRACTACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-13

En el caso de injurias o calumnias, el daño moral se presume por la sola comisión del acto antijurídico y se trata, de una prueba "in re ipsa"; el daño moral viene acreditado en la prueba misma de los hechos que configuraron el ataque al honor (S.C.B.A. L.L., 1977-D 435; C.N.Civ. Sala C, E.D. 102-220; Sala F, J.A., 1981-I-360).

La retractación exime de pena pero no borra el ilícito ni sus consecuencias civiles, por lo cual no impide la condena a la reparación de los daños producidos.

La retractación implica el más cabal y categórico reconocimiento sobre la comisión del delito que, incluso, hace inadmisible que el sobreseimiento resultante se integre con la mención del art. 437 del Código Procesal Criminal, acerca de la salvaguarda del buen nombre y honor del querellado (conf. C.N.Criminal y Correc. Sala I, del 20/2/86, L.L. diario del 6/4/87).

Esta presunción de existencia de daño moral a través de la configuración del ilícito pudo caer si el accionado hubiera probado alguna situación concreta y objetiva excluyente de la posibilidad de un sufrimiento moral en el accionante (Conf. S.C.B.A. del 26/10/76, L.L. 1977-D-316).
Verificación de créditos, crédito admisible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PIEZA SEP. EN J: GUERRERO S.A. s/ Quiebra nec - inc - de rev (LIBRO: A158 - 103)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-18

El crédito declarado admisible puede ser revisado, siempre a petición de interesado, pero la controversia debe recaer sobre la causa origen, que admitió o no el o los créditos que se presentaron oportunamente en la demanda de verificación.- La revisión no puede alterar o introducir alguna modificación de la causa petendi. El objeto de la revisión es solo el contenido de la resolución del Juzgador que debió dictar conforme al art. 37 de la Ley Concursal, antes de que se reuna la Junta de Acreeedores.- Si se aduce extinción del crédito, como derivación de un convenio, quien lo afirma deberá acompañar los respectivos comprobantes para que sean tenidos en debida cuenta en oportunidad de confeccionar el proyecto de distribución.-
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, fundamentación del recurso, impulso procesal, segunda instancia, incidente de caducidad, caducidad de instancia, terminación del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: FARFAN, NESTOR c/ RIOS LORENZO Y/U OTROS OCUPANTES
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-07

La obligación de urgir la elevación de los autos y la puesta de ellos en estado de dictar resolución por la Alzada se encuentra a cargo del apelante.

Es decir, no sólo debe procurar la real y efectiva elevación de los autos, sino también que en la Alzada se realicen los trámites que anteceden a la resolución, como por ejemplo pedir la integración del tribunal que en aquella oportunidad se encontraba desintegrado por fallecimiento de uno de sus miembros.

Sin embargo el recurrente no concurrió para enterarse del curso del proceso, abandonando el trámite del recurso por un lapso mayor a los tres meses previstos por el art. 310 inciso 2do. del CPCC., lo que hace procedente el pedido de caducidad (Conf. CJS, tomo 112:719 y Tomo 113:229/232).
Muerte del cónyuge, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Cornejo Córdoba, Cecilia del Carmen y Otros c/ Compañía Artico Pesquera SA y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-07

En el daño moral por muerte del esposo cabe apreciar no sólo el dolor que apareja la muerte de un ser querido, sino también la situación espiritualmente disvaliosa que significa la viudez, como ruptura de un plan de vida y frustración de un elenco de expectativas afectivas, rigiendo una presunción "iuris tantum" de daño moral, que libera de prueba a este respecto.
Infracciones aduaneras, pérdida parcial de mercaderías
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: PAPER'S  S.R.L. s/ RECURSO DE APELACION - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-29

La previsión del art. 142 del Código Aduanero no impide con posterioridad justificar el faltante incurrido con la presentación de los bienes y la prueba de su no ingreso al país, requiriendo la devolución de los derechos que fueron abonados de más por haber satisfecho con anterioridad la obligación tributaria. Lo contrario llevaría a cambiar la naturaleza de la primitiva exigencia de cobro por la mercadería faltante, transformándola en una multa por no haber justificado dentro de determinado plazo dicha circunstancia, olvidando el específico carácter tributario de la norma aplicada, tanto por su contenido como por su ubicación en el contexto del Código.
Sucesiones, apertura de la sucesión, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: SASSONE DE UCELLI ANGELA s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-13

Dispone el artículo 689 del Código Procesal que, quien solicitare la apertura del proceso sucesorio, deberá justificar, "prima facie", su carácter de parte legítima. No se requiere así la prueba concluyente de la titularidad de la relación jurídica sustancial que invoca o del estado de familia que le corresponde. Es suficiente que la pretensión venga avalada por antecedentes que demuestren su seriedad, sin perjuicio de la necesidad de acreditar el vínculo con el causante para obtener la declaratoria de herederos (conf. C.N Civ. Sala A, E.D. 5-69).
Poder Legislativo, legisladores, contrato de publicidad, prensa
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Malaponte, Eugenio Jorge s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

El privilegio de los legisladores "no se extiende a la publicación exterior de asuntos difamatorios expuestos en los procedimientos del Congreso". El miembro del Congreso o testigo que haga circular un libelo por correo o por radio o por televisión, no está protegido, aunque fuera plenamente inmune si la misma declaración sólo la hubiese hecho en el recinto de la Cámara o del salón de la comisión. Así, un senador que envíe a sus electores copias de un discurso difamatorio pronunciado por él en el recinto del Senado, no es inmune a un proceso por difamación.
Legitimación procesal, caso concreto, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Abarca, Walter José y Otros c/ Estado Nacional - Ministerio Energía y Minería y Otro s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-06

Dilucidar la cuestión relativa a la legitimación procesal de los actores constituye un presupuesto necesario para que exista un caso o controversia que deba ser resuelto por la Corte.
Honorarios, monto del juicio, ejecución de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VILLAGRA OSCAR c/ CAJA DE JUBILACIONES PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-09-03

Existiendo en autos un valor de referencia, cual es la liquidación efectuada por la demandada y percibida por el actor en sede administrativa, corresponde regular los honorarios profesionales sobre dicho monto. No corresponde efectuar regulación de honorarios por trámite de ejecución de sentencia ya que conforme manifiestan los peticionarios,la liquidación y pago de las sumas condenadas se efectuó extrajudicialmente en sede administrativa.
Trabajadores gastronómicos, propinas, sueldo anual complementario, vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: DUARTE, VICTORIANO c/ BRANCAL  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

El carácter remuneratorio que, con discutible acierto, la ley atribuye a las propinas, no importa fatalmente su inclusión para el cálculo de otros conceptos, aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones, salvo que una norma preexistente o una estipulación contractual expresa hayan establecido su monto o el método para fijarlo.
Hábeas data, supresión de datos, derecho al olvido
Materia: COMERCIAL
Carátula: URBANDT, PAULA c/ BANCO RIO DE LA PLATA SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-05

Procede hacer lugar a la acción de habeas data deducida por la accionante contra la entidad bancaria demandada, ello así por cuanto, sin perjuicio de que se encontrara acreditado que para agosto de 2003 la actora había cancelado la totalidad de sus deudas con el banco, surge de informes de organización veraz, que sería deudora de una cuenta corriente de orden recíproca y la existencia de un juicio ejecutivo iniciado por el banco. A tenor de lo manifestado y considerando la importancia de una expresión clara sobre la situación crediticia de la actora, el banco tenía la obligación de comunicar al banco central la cancelación de la deuda, importando una actualización de los datos de conformidad con la ley 25326: 4-4º. Es que, en el caso, la actora había cancelado la totalidad de sus deudas en el año 2003, pudiendo gozar de lo que se conoce como derecho al olvido; entendiéndose como el principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos, transcurrido determinado tiempo desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado (cfr.Gozaini, Osvaldo, "El derecho de amparo. Los nuevos derechos y garantías de la cn 43", ED. Depalma, Bs. As., 1995, p. 186, citado por Palazzi, Pablo, "Caducidad de los datos personales por el transcurso del tiempo en el derecho argentino", Ponencia presentada en la conferencia sobre "Privacidad y protección de datos personales", Universidad de los andes, Colombia, agosto de 2006).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, despido indirecto, incapacidad, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: BALBI, GRISELDA RITA c/ SANATORIO LOS ARROYOS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-23

Si bien la impugnante aduce -en esencia- ausencia de motivación suficiente, sus cuestionamientos lucen más bien genéricos y globales, sin lograr desmerecer -desde una óptica constitucional- la respuesta que en tal sentido brindara el Tribunal a quo al juzgar que la actora no había acreditado la causal invocada para darse por despedida y que, es más, su propia postura obstruccionista había impedido aquella demostración. En efecto, la Sala destacó la negativa sistemática de la trabajadora a colaborar eficientemente con el control médico y a facilitar toda la información referente a su estado de salud; concluyendo que no resultaba lógico ni razonable negarse a transparentar con medios científicos una dolencia que, quizá con una conducta menos férrea hubiera permitido acreditar fehacientemente la dolencia, cuando -por el contrario- la patronal había intentado por todos los medios satisfacer la continuidad y subsistencia de la relación (De la ampliación de fundamentos de los Dres. Erbetta y Gastaldi)
Honorarios del abogado, protección de la vivienda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García Vélez, María Isabel y Notarfrancesco, Donato c/ Canesi, Horacio Martín s/ Revocación de bien de familia Chatruc, Oscar H. y otros s/ Tercería en la causa Alberdi, Delia E. c/ Mauritania S.A.C.I.F.I.A s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13|2001-06-06

Si el honorario fue devengado con anterioridad a la inscripción del inmueble como bien de familia, tal inscripción resulta inoponible al beneficiario de la regulación aunque la imposición de costas fuere posterior a aquélla porque la causa fuente de la obligación es anterior a ésta.
Justicia militar, aplicación de la ley penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael. s/ Excepción  de Incompetencia promovida por el procesado en la causa N.  4852
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

El tema de la ley aplicable no se vincula en el caso con el tribunal competente para su aplicación. Ello es así, pues los tribunales castrenses deben aplicar la ley penal común, en los casos sometidos a su jurisdicción, cuando los hechos consistan en la violación de la ley penal común, o cuando el mismo hecho estuviere previsto a la vez por la ley militar y la ley penal común, y en esta última fuera más severamente penado. De ello surge que el art. 870 del Código de Justicia Militar no regula la competencia de los tribunales, sino que sólo se refiere a los supuestos de aplicación de la ley común a los casos sometidos a jurisdicción militar.
Multa, infracciones relacionadas con los derechos del consumidor, responsabilidad de la agencia de viajes
Materia: CIVIL
Carátula: Interturis S.A. s/ apelación (Ley Pcial. Nº 1480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2015-06-08

La agencia de viajes denunciada por un cliente que, habiendo adquirido por su intermedio un pasaje aéreo, no pudo concretar el viaje por el intempestivo cese de operaciones de la aerolínea, no cometió infracción alguna a la Ley de Defensa al Consumidor, pues la posibilidad de que el tercero no cumpliera no pudo ser razonablemente prevista por la agencia, máxime cuando el art. 14 del Decreto N° 2182/72 que reglamenta la Ley Nº 18.829 exime a las agencias de toda responsabilidad frente al usuario, no mediando culpa, dolo o negligencia de su parte, cuando sean intermediarias entre las empresas de servicios y aquél.
Denegatoria del recurso, prueba, responsabilidad de la sociedad, responsabilidad patrimonial, empleo no registrado
Materia: LABORAL
Carátula: Casas, Ramón Omar y otro c/ TOTAL SERVICIOS S.R.L. s/ Beneficios Laborales - s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-05-30

La cuestión de la incorrecta registración, no deja de ser un acto imputable a la sociedad comercial por lo que constituye una inobservancia contractual, grave por cierto, pero que no se diferencia en esencia de los restantes incumplimientos en que puede incurrir la persona jurídica, cuestión ésta conectada directamente con el análisis de la sociedad como una realidad jurídica y no como una ficción legal, como una persona jurídica que la ley reconoce como un sujeto de derecho -con personalidad, patrimonio y responsabilidad- distinto de las personas físicas que la integran-, en consecuencia, la sociedad responde contractual y extracontractualmente con su patrimonio, en forma independiente y distinta de los miembros, y los actos que ella realice, sean lícitos o ilícitos, serán imputados a la persona jurídica y no a los socios que la integran.