Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-11-16


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 24 En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los 16 días del mes de Noviembre del año dos mil cuatro, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, CÉSAR ERNESTO OVIEDO y JOSÉ RICARDO CÁCERES, bajo la presidencia de la Dra. Sesto de Leiva; Secretaría Dra. CRISTINA DEL VALLE SALAS MARTINEZ, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nro. 28/03 CORDOBA, Gustavo Vicente en autos Expte. Cámara Nro. 325/01: "CORDOBA, Gustavo Vicente c/ ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD (A.T.S.A.) -s/ Beneficios Laborales - Reconstrucción - s/ INTERPONE RECURSO DE CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

2) Costas. - Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 25 dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, CÉSAR ERNESTO OVIEDO y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEDA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 1/9 vta. el actor por intermedio de apoderado interpone recurso de casación en contra de la Sentencia Definitiva emitida por la Cámara de Apelaciones de Segunda Nominación, invocando como motivo habilitante del recurso las causales previstas en los Incs. "a" y "c" del Art. 298 del C.P.C.C.

Comienza el relato de los hechos señalando que su representado promueve demanda laboral en contra de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina A.T.S.A y/o Q.R.R., reclamando el pago que en concepto de haberes adeudados como del despido indirecto se le debe. Manifiesta que el inicio de la relación laboral se produce el día 5/05/86, como médico auditor de la obra social perteneciente a la demandada; que asimismo atendía consultorio en instalaciones que aquélla le proveía, percibiendo por dichas tareas la suma de $ 850,00 mensuales. Que al no estar registrada la relación laboral intimó a la patronal a su registración solicitando a su vez el pago de haberes adeudados. Que dicha comunicación fue contestada, negando la demandada la relación de dependencia con A.T.S.A. -filial Catamarca- señalando que la relación que unía a las partes era una locación de servicios retribuida mediante honorarios profesionales. Afirma que tras sendos despachos postales, el actor se da por despedido por exclusiva responsabilidad patronal, siendo la negativa de dación de tareas el motivo desencadenante de tal decisión. Que en Primera Instancia se hace lugar a la demanda, sentencia que apelada por la demandada resulta revocada parcialmente por mayoría, motivo por el cual se deduce el recurso de marras.- En orden a fundar el primer agravio, señala el recurrente el error que comete el Ad- Quem al efectuar el distingo entre entidad gremial y obra social, para de ese modo hacer lugar parcialmente a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la demandada, considerando que el actor se desempeñó como médico auditor de la Obra Social de Trabajadores de la Sanidad -O.S.P.S.A-, no siendo por ello responsable el ente gremial demandado. Que el fallo impugnado ostenta el vicio de arbitrariedad y ello se manifiesta cuando se afirma por una parte que el trabajo del actor como médico se realizó en la Obra Social dentro de los fines y objeto de la misma y luego se concluye condenando parcialmente a la demandada -ATSA- por los servicios médicos que el actor prestaba atendiendo consultorio, siendo que aquéllos, conforme fueron analizados por el Tribunal Ad Quem, no podían realizarse para un ente sindical por resultar ajeno a su fines y objetivos. Por otra parte, la contradicción del fallo se evidencia cuando no se repara que a la fecha de ingreso del actor -mayo de 1986- regía la ley Nro. 22.269 la que no separaba jurídicamente a las obras sociales de las entidades gremiales. Por lo que si el actor ha ingresado a trabajar en el año 1986, a esa fecha el titular de la obra social sindical era la entidad gremial demandada, no comprendiéndose por ello la afirmación que se hace en la sentencia, en el sentido de que el actor ingresó a trabajar directamente para la Obra Social y no para la entidad gremial, pues ello importa aplicar erróneamente la ley que regía en ese momento, la que no efectuaba ningún distingo. Seguidamente se agravia por que la Cámara sin exponer razones ni motivos y violentando principios esenciales del derecho del trabajo, ordena la procedencia de la demanda solo en un 20% de lo reclamado, cuando ha quedado reconocida por la demandada la prestación de servicios. Por último cuestiona que se haya resuelto imponer las costas por el orden causado en las instancias inferiores, siendo que en Primera Instancia prospera la demanda y en Segunda Instancia se acoge parcialmente lo pretendido, con lo que no puede desconocerse que la accionada resultó vencida. Que así constituye arbitrariedad apartarse infundadamente del principio general establecido en el Art. 68 del C.P.C.C.. Hace reserva del caso federal, y peticiona en definitiva se case la sentencia impugnada.

A fs. 12/16 la contraria contesta el recurso deducido, solicitando el rechazo del mismo, con costas.

A fs. 18 se declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.

Agregándose a fs. 20/23 vta. Dictamen de la Sra. Procuradora General Subrogante, con lo que la causa, previo llamamiento de autos, queda en estado de ser resuelta. - De los agravios vertidos se extrae que lo que cuestiona principalmente el recurrente es la aplicación que se ha hecho de las reformas introducidas al régimen de obras sociales, aduciendo a tal fin que sólo una errónea valoración y aplicación de ellas ha inducido ha receptar parcialmente la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada. En ese orden manifiesta que subsumir la cuestión controvertida en la ley 23.660 -actualmente vigente- no resulta correcto, pues ello a más de importar resolver arbitrariamente la cuestión controvertida en tanto el acto sentencial no resulta ser una derivación razonada del derecho que lo regula, supone aplicar a los hechos una norma que no corresponde, de ahí la infracción a la ley. En particular señala que el fallo formula premisas contradictorias en tanto no resulta lógico postular por una parte que el actor ha prestado servicios como médico auditor directamente para la Obra Social -O.S.P.A., no demandada en autos-, desde el año 1986, para luego concluir resolviendo que la demandada -A.T.S.A.- debe responder en un 20% de lo reclamado porque el trabajador también ha prestado servicios médicos para los afiliados del ente gremial. Que a dichas conclusiones inconciliables e insostenibles se arriba teniendo como marco normativo la ley 23.660 la que separa jurídicamente los entes sindicales de las obras sociales, sin tener en cuenta que por imperio de la ley que regía en aquel entonces -1986, ley 22.269- no correspondía considerar, por que así surge de la ley y lo reconoce la sentencia que las obras sociales fueran entidades totalmente separadas de los sindicatos los que figuraban como titulares y organizadoras de aquéllas. En mérito a ello, afirma, no cabe pensar que el trabajador quien comenzó a prestar servicios como médico auditor de la Obra Social perteneciente al ente sindical en el mes de mayo de 1986 deba demandar a ésta, cuando ha quedado comprobado que al inicio de la relación laboral el ente sindical ejercía la conducción de aquélla, la que no existía como persona jurídica. Para concluir, cuestiona que se condene a la demandada sólo por el veinte por ciento de lo peticionado en la demanda, postulando en tal sentido el vicio de arbitrariedad en tanto ninguna razón se expone en la sentencia para así resolver, como por la imposición de las costas en el orden causado.

Que ingresando entonces a la resolución de la cuestión que nos convoca, conviene recordar que en autos conforme surge del escrito recursivo se encuentran cumplimentados los requisitos que hacen a la admisibilidad del recurso. Que efectuado dicho control, he de avocarme a verificar si en la sentencia impugnada se configuran los vicios que el recurrente le endilga. - En ese orden de cosas, formulo mi adhesión a lo expuesto por la Sra. Procuradora General Subrogante, quien luego de un profundo análisis sobre el particular, propicia la revocación de la sentencia en tanto advierte, porque así lo demuestra el recurrente, el vicio de errónea aplicación de la ley como la arbitrariedad de la sentencia.

Que así, del análisis del agravio central, el que comprende en mi opinión todos los demás, y de la sentencia en recurso, concluyo sin mayor esfuerzo que el error sentencial finca en subsumir la cuestión controvertida en un plexo normativo que, si bien refiere concretamente a la cuestión, no resulta aplicable al sub-judice, por los motivos que seguidamente expondré.

En autos, conforme dan cuenta las sentencias de Primera y Segunda Instancia, está reconocido por ambas partes la fecha de inicio de la relación laboral -Mayo de 1986-. Que, en esa época, la cuestión en torno a las obra sociales estaba regulada por la ley Nro. 22.269, cuerpo normativo que precedió, como se sabe, a la ley 23.660. Que por disposiciones de aquella norma se procuró dotar a los entes de las obras sociales de individualidad jurídica, administrativa y financiera, desvinculándolos de las asociaciones gremiales de trabajadores y del carácter de sujeto de derecho con el alcance que el Código Civil establece para las personas jurídicas una vez obtenida la personería social. Que si bien éstos fueron los propósitos que se tuvieron en cuenta al dictarse la norma de mención, oportuno será recordar como se extrae de la sentencia en recurso, que en realidad aquella norma no llegó a aplicarse, pues la resistencia de los sindicatos a ajustarse a un régimen legal que prohibía a las asociaciones gremiales de trabajadores administrar sus propias obras sociales (Art. 40, ley 22.105, y Art. 25, ley 22.269), condujo a que la ley 22.269 -que preveía la creación de nuevos "entes de obra social" sin participación sindical- no alcanzara nunca efectiva vigencia práctica, puesto que en los hechos habían continuado funcionando las obras sociales existentes siguiendo básicamente el esquema original establecido por la ley 18.610.(Derecho de la Seguridad Social, Carlos Alberto Etala, pág. 157).

A su vez, cabe acotar que esta última distinguía entre obras sociales estatales, paraestatales o de administración mixta y sindicales, estatuyendo al respecto que las obras sociales de las asociaciones profesionales de trabajadores fueran conducidas por las respectivas asociaciones, debiendo poseer individualidad administrativa, contable y financiera, no jurídica en forma independiente de la que corresponda a la actividad sindical, con lo que se admitía legalmente que la inmensa mayoría de las obras sociales existentes en el país fueron creadas y administradas por asociaciones profesionales de trabajadores, y financiadas mediante aportes de los afiliados y de los trabajadores beneficiarios de los convenios colectivos firmados por las asociaciones y contribuciones de los empleadores comprendidos también en dichos convenios.

Considerando dicho contexto fáctico y normativo, entiendo debió resolverse la cuestión litigiosa, y no aplicando un cuerpo normativo como es la ley 23.660, que si bien asignó a las obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial ... individualidad contable, administrativa y financiera y el carácter de sujeto de derecho con el alcance que el Código Civil establece en el Inc. 2 del segundo apartado del Art. 33, estableció por otra parte, y a los fines de la adecuación al nuevo régimen, un lapso de por lo menos un año a contar desde su entrada en vigor -20.01.89-.- De lo que fácilmente se deduce, como lo señala de manera impecable la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 188, que el sistema instituido por la ley 23.660 no comenzó a regir simultáneamente con la vigencia de la misma, sino que se estableció un tiempo de normalización, no adquiriendo necesariamente las obras sociales sindicales la condición de sujeto de derecho desde aquella fecha.

Entonces, si consideramos que al inicio de la relación laboral -mayo de 1986- el ente gremial era titular, conductor y administrador de la Obra Social, ello al no haberse concretado la individualidad jurídica que la ley 22.269 establecía por la inejecución de la misma, entiendo mal puede aducirse como argumento de relevancia para acoger la excepción articulada, una disposición de la misma si ha quedado reconocida su inaplicabilidad en la práctica, como la separación jurídica que operara años después y bajo el imperio de la Ley 23.660. - Que así las cosas, habrá que concluir que en autos el demandado -A.T.S.A-, ha sido el principal beneficiario de los servicios médicos, que tanto prestó el actor atendiendo las consultas que los afiliados al gremio le formulaban como auditando las prácticas que se le requerían. Que ello a más de emerger de las constancias que obran en el expediente, se impone como una consecuencia lógica y necesaria si se toma en cuenta que "uno de los rasgos característicos del "modelo sindical" argentino, radica en la amplitud de fines de las organizaciones, que no se limitan a las reivindicaciones puramente laborales o profesionales, sino que han incorporado a través de su acción todo un sistema de prestaciones sociales tendientes a la cobertura de ciertas contingencias propias del campo de la seguridad social a través de verdaderos servicios públicos impropios que benefician a una vasta masa de trabajadores ...". "Persiguiendo así un variado espectro de objetivos en el plano socioeconómico, cultural, asistencial y comunitario ..." ello conforme Néstor T. Corte, El Modelo Sindical Argentino, págs. 27 y 345.

Ahora bien que con posterioridad y por imperio legal se haya separado la obra social del ente sindical que otrora la conducía, es una cuestión que, si bien se debe ponderar, resulta a mi juicio insustancial para decidir la cuestión traída a resolver, ello sin perjuicio de considerar que de haberse producido en el transcurso de la relación laboral un cambio sustancial, debió haber sido comunicado y aceptado expresamente y por escrito por el trabajador.- Por lo que la aplicación "ante tempus" de la ley, configura en el caso el vicio tipificado en el Inc. "a" del Art. 298, toda vez que entiendo la sentencia se basa fundamentalmente en una norma que no debía aplicarse al litigio por razones cronológicas, es decir, una ley que no había entrado todavía en vigencia, con lo que se incurre en ausencia de fundamentación normativa válida.

Que ello ha inducido sin lugar a dudas a fijar y calificar erróneamente el material fáctico de considerar, partiendo de una premisa equivocada, que el trabajador prestó servicios para la Obra Social y para el ente sindical, cuando en realidad de haberse subsumido correctamente la cuestión en el marco normativo que correspondía aplicar, el resultado hubiera sido aceptar que el trabajador prestó servicios como médico auditor de la Obra Social perteneciente a A.T.SA., atendiendo asimismo las consultas que le formalizaban los afiliados al gremio. En consideración a lo expuesto, estimo debe revocarse la sentencia en recurso, y confirmarse en consecuencia la decisión de primera instancia que hizo lugar a la demanda, ello por haberse configurado las causales previstas en los Incs. "a" y "c" del Art. 298 del C.P.C.C.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que adhiero a las medulosas consideraciones y conclusión expuesta por el Sr. Ministro preopinante, Dr. Cáceres, para la solución de la causa, votando en igual sentido.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que analizado el memorial recursivo, la Sentencia cuestionada y las constancias obrantes en la causa, hago propios los pormenorizados y sólidos fundamentos vertidos por la Sra. Procuradora General subrogante obrantes a fs. 20/23 vta. de autos, pronunciándome en consecuencia por la revocación de la Sentencia de Cámara y la recepción del Recurso de Casación intentado, confirmando en consecuencia la sentencia del Primera Instancia. - - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Conforme al principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia y las de Cámara serán a cargo de la parte demandada que resulta vencida. Así voto. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que una vez mas adhiero al voto del Sr. Ministro preopinante, Dr. Cáceres, votando el consecuencia en el mismo sentido. Es mi voto.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que consecuente con lo expresado en la primera de las cuestiones, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte demandada que resulta vencida en ambas instancias.

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y oído la Sra. Procuradora General Subrogante en su Dictamen Nro. 147/03, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Casar la Sentencia Definitiva Nro. 60/02 (fs. 191/199 vta. Expte. Cámara Nro. 321/01) dictada por la Cámara de Apelaciones con competencia laboral de 2da. Nominación; consecuentemente confirmar la Sentencia Definitiva Nro. 40/01 dictada por la Sra. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nominación, obrante a fs. 136/145 vta. del expediente principal Nro. 83/00.

2) Con costas en ambas instancias a la parte demandada.

3) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes. - 4) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.