Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-16


NEUQUEN, 16 de mayo de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "CEJAS FAVIO OMAR C/ SATURNO HOGAR S.A. Y OTRO S/ COBRO DE HABERES" (EXP Nº 366711/8) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL NRO. 3 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

I.- Contra la sentencia dictada en autos que rechaza la demanda interpuesta, con costas a la actora, a fs. 397/402 vta. apela el Sr. Favio Omar Cejas.

En primer lugar se agravia en cuanto a la interpretación efectuada por el magistrado del artículo 28 de la ley 24.557, por la cual dispone eximir al empleador de responsabilidad.

Sostiene que la Justicia debe integrar dicho régimen con el del Código Civil y concluir en que la ley 24557 no desentiende a los empleadores de su responsabilidad por los riesgos del trabajo de sus trabajadores. De este modo, dice, los empleadores deben poder ser llevados a juicio cuando la reparación prevista por la ley 24557 resulte insuficiente por no resultar integral.

Hace transcripción de lo resuelto por la CSJN en la causa Aquino y solicita que, por las consideraciones vertidas, se haga lugar al agravio y se dictamine que la empleadora es responsable y, en consecuencia, se encuentra obligada a cubrir la contingencia sufrida por el trabajador que fue producida en el ámbito laboral por el hecho y en ocasión del trabajo.

En segundo lugar, cuestiona el rechazo efectuado a la indemnización sistémica prevista por la L.R.T. con relación a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada en esta causa.

Sostiene que pese a haber quedado acreditada la dolencia que padece el actor y las conductas discriminatorias, injuriantes y de violencia moral acaecidas con anterioridad al 30/03/2007 y las posteriores (consistentes en no dar las prestaciones en especie previstas en la LRT o por enfermedad, conforme al artículo 208 de la LCT), no se la condenó.

En tercer lugar, se agravia por el rechazo del reclamo por daño moral, derivado de la omisión del otorgamiento de las prestaciones previstas por la ley 24.557, fundada en la aplicación de las previsiones de artículo 499 del Código Civil.

Sostiene que la omisión dolosa en la que han incurrido tanto la empleadora como la aseguradora de riesgos, estando debidamente acreditado el daño producido, no deja margen a error alguno, de que las mismas resultan responsables de tal abandono y por ello es totalmente procedente el reclamo por daño moral.

En cuarto lugar critica la valoración de la prueba relativa al reclamo por diferencias salariales.

Sostiene que más allá de la pericial contable, debe darse prioridad a las testimoniales que pueden dar más luz y mejor evidencia.

Se refiere luego al contenido de la pericial y a los cálculos efectuados por el perito en punto a la indemnización que correspondería en el supuesto del despido indirecto.

Se queja de la valoración efectuada por el magistrado en punto a las horas extras; dice que precisó las horas reclamadas en su demanda al sostener que "entre diciembre de 2006 hasta el momento en que gozó de sus vacaciones anuales (Marzo 2007) laboró todos los días de la semana (de domingo a domingo) sin otorgársele los francos compensatorios correspondientes, resultando esta metodología una agravante más del acoso laboral y psicológico a que fue sometido, amén de la conducta persecutoria." Dice que el magistrado deja de lado elementales principios, tales como el de primacía de la realidad, para darle prelación a simples constancias documentales.

El quinto agravio se refiere a la cuestión relativa al distracto: dice que si bien el magistrado da por probada la existencia de hechos injuriantes por parte del superior, vertidos el 30/03/07, sostiene que debió injuriarse en esa oportunidad y no siete meses después.

Señala que siempre ha de priorizarse la continuidad del trabajo y que, por lo tanto, no le es imputable a su parte, no haber decidido en ese momento romper con la relación laboral.

Indica que solicitó la separación del superior acosador permitiendo de ese modo su reintegro a las tareas, a lo que no accedió la parte empleadora.

Arguye que, conforme a los dichos de los testigos, no está discutido que el superior no tenía la mejor forma de tratarlos y que el trato de la empresa era muy exigente. Sostiene que él no podía reintegrarse si permanecía el gerente que lo había insultado.

Dice que el magistrado es contradictorio al sostener, por una parte, que debió darse por despedido al sentirse acosado y por otra, al indicar que no hay pruebas del hostigamiento.

Se refiere a la pericia psicológica y sostiene que cae de maduro que sí se encuentra afectado. Agrega que la injuria no sólo se refiere a esto sino también a la falta de las prestaciones asistenciales y de reconocimiento de la categoría y derecho a mejor salario.

Por otra parte, sostiene que nadie se encuentra obligado a soportar malos tratos.

Por último se agravia en cuanto a la falta de aplicación de la multa establecida en el artículo 80 de la LCT puesto que se limita a indicar que el empleador los puso a disposición y que su parte no los retiró, cuando ello no es así y los certificados son presentados recién en oportunidad de contestar la demanda.

Sustanciados los agravios, son contestados a fs. 404/406 por Asociart ART. Indica que en ningún momento se cuestiona la circunstancia de que su parte no tenía contrato con la empleadora al momento de los hechos denunciados como causantes de la dolencia, por lo que al carecer de fundamento el agravio, el recurso debe ser rechazado, con costas a cargo del actor.

Debe también señalarse que vienen a consideración de esta alzada, los recursos interpuestos, a fs. 395, por el Dr. ..., quien apela sus honorarios por bajos, haciendo lo propio la perito contadora a fs. 396.

II. Ahora bien, tal como surge de la lectura de la sentencia dictada en autos, el magistrado considera:

".Ahora, si bien el actor refiere tanto en su escrito de demanda como en los sucesivos telegramas que la situación de conductas discriminatorias, persecutorias y de mal trato se venían desarrollando desde meses atrás, hubo un hecho desencadenante que habría ocurrido el día 30/3/2007 (fs. 56 vta.), siendo a partir de allí que dejó de concurrir a prestar su débito laboral (certificados médicos de fs. 3/23).

De la página web www.srt.gob.ar de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que he tenido a la vista, se puede constatar que efectivamente en la fecha mencionada y hasta el día 31 de ese mes, Prevención ART S.A. fue la aseguradora de riesgos de Saturno Hogar S.A. Asociart ART S.A., lo fue a partir del día siguiente.

Entonces, si esta última codemandada, se vinculó contractualmente con la empleadora recién a partir del 1/4/2007, en modo alguno pueden serle reclamadas las contingencias que pudiera haber padecido el hoy reclamante con anterioridad a esa fecha.

En oportunidad de contestar el segundo traslado (fs. 142), el actor ensaya una postura original, pero no por ello apegada a derecho. En efecto, luego de manifestar que se demandó a Prevención ART S.A. en base a lo manifestado por la empleadora y que pide la citación como tercero de Asociart ART S.A. afirma que: "de no tratarse de una enfermedad profesional nomenclada, quien deberá responder . será la empleadora, y si se tratara de una enfermedad profesional nomenclada . deberán responder las A.R.T. aquí involucradas y en función de la vigencia de afiliación al tiempo de los hechos determinantes de la minusvalía. Resultaría un despropósito que determinado el origen de las dolencias que afectan al actor y su vinculación con las conductas omisivas y de acoso ejercidas por la empleadora y existiendo además dos aseguradoras de riesgos del trabajo, no existan responsables que reparen las consecuencias dañosas." Estas afirmaciones, que trasuntan el interés vigente al reclamo "contra todos" no pueden tener andamiaje, ya que además de lo insustancial del fundamento, no supera el valladar legal del art. 28 de la L.R.T. -en lo que respecta al empleador-, la ausencia de cobertura por ausencia de contrato a la fecha del hipotético siniestro -en lo atinente a Asociart ART S.A.- y por haberse declarado negligente a la parte en cuanto al acompañamiento de copias para el traslado a la tercera citada Prevención ART S.A. (fs. 158 providencia del 31/7/2008.

Por todo lo expuesto, habré de rechazar el reclamo basado en la reparación sistémica prevista en la L.R.T.

En atención a lo resuelto precedentemente, y sin ingresar en el análisis de la pertinencia o no del reclamo, corresponde también rechazar la petición de daño moral por omisión en el otorgamiento de las prestaciones previstas en la mencionada ley (art. 499 y ccdtes. del Cód. Civil)." A la luz de los términos de la decisión, desde una primera perspectiva de análisis, debo coincidir con el magistrado, en cuanto a la poca claridad para plantear las pretensiones deducidas, como así también en que es claro que al no haber existido vinculación con la Aseguradora de riesgos, demandada en esta causa, esta última no debe responder.

En este aspecto, los agravios de la actora son insuficientes, no constituyen una crítica concreta y razonada del pronunciamiento y, por lo tanto, deben ser desestimados.

No obstante ello, y sin dejar de señalar lo confuso del planteo, lo cierto es que en el desarrollo de la demanda, específicamente en el tercer párrafo de fs. 57 vta., el accionante sostiene:

"Este tipo de conductas ejercidas -en este caso, por un superior jerárquico de la empleadora- y que afectan la integridad psicofísica de mi mandante, constituyen un proceso que debe ser encuadrado como enfermedad profesional y por ende merecedor de la reparación integral establecida en la normativa civil, sin dejar de lado que también procede el reclamo contra la aseguradora de trabajo, en cuanto al otorgamiento de las prestaciones establecidas en el marco de la ley 24.557." No ingresaré al análisis sobre la constitucionalidad del artículo 6 de la ley 24.557 en punto a las contingencias cubiertas por las ART (ya he señalado que es decisiva la inexistencia del contrato con la aseguradora demandada, por lo cual todo desarrollo devendría abstracto), pero si abordaré lo atinente a la responsabilidad civil de la empleadora por el alegado "mobbing".

II.1. En efecto, sostiene Navas que ".El mobbing o acoso laboral implica para el trabajador un sometimiento a diferentes agresiones dentro del ambiente laboral que se extienden desde descalificaciones hasta actos discriminatorios por razones de sexo, religión, raza, etc. que provocan en el mismo un desequilibrio emocional produciendo una merma en su capacidad productiva que concluye o así puede suceder con la pérdida del trabajo e incluso hasta con su propia vida, conforme a la personalidad de cada operario y el grado de resistencia a tales comportamientos nocivos que pueden provenir tanto del empleador en forma directa o por intermedio de sus representantes o empleados jerárquicos o bien, por compañeros de trabajo de la persona víctima del acoso: se trata de una conducta dolosa, ya que existe una intención directa de perjudicar emocionalmente al trabajador con repercusión de naturaleza patrimonial, materializándose en la afección a su integridad psicofísica o espiritual, es decir, afectando a su espíritu, a su estado de ánimo, configurando un daño moral.

"El "mobbing" se caracteriza por la repetición de comportamientos hostiles, técnicas de desestabilización contra un trabajador que desarrolla como reacción graves problemas psicológicos duraderos, es decir que se trata de un proceso destructivo sutil que puede llevar a la discapacidad permanente (del voto del doctor Lutz)".

Surge entonces la brecha que queremos marcar en el presente trabajo, es decir, el mobbing configura una injuria laboral que amerita la denuncia del contrato de trabajo y faculta al obrero a ubicarse en situación de despido indirecto pero, a la vez (o dicho de otra manera), de esa situación antijurídica puede producirse un daño a la integridad psicofísica del trabajador que va a representar una consecuencia nociva a su persona. si del acoso laboral el trabajador sufre un daño en su salud, sea temporario o permanente, parcial o total, la violencia laboral no solamente puede configurar una injuria grave, sino además una enfermedad profesional y da derecho al obrero a accionar por las reparaciones tarifadas emergentes de la extinción del vínculo laboral (art. 245 ss. y ccss. de la LCT) como a obtener una indemnización adicional por el daño moral que la conducta produjo en el obrero y si resultara una incapacidad, tendrá derecho a la reparación que cubra las consecuencias nocivas en la salud del mismo." (cfr. Navas, Sebastián "La violencia Laboral Psicológica ¿injuria grave o enfermedad profesional?", publicado en La Ley Online).

Esto creo que ha sido lo que ha intentado plantear el accionante en esta causa.

Sin embargo, aún cuando el magistrado no ha efectuado el abordaje en estos precisos términos (lo que se encuentra justificado, debo señalar, por la escasa claridad en el planteo), lo cierto es que el análisis que efectúa de la situación (el que tampoco ha sido refutado idóneamente por el recurrente) determina que la pretensión no pueda prosperar, siquiera desde este vértice.

III. En efecto: el elemento caracterizante del "mobbing" o acoso laboral es la intencionalidad en la comisión del mismo: "el acoso que el trabajador recibe dentro de su trabajo, en su escenario y ambiente laboral configura una injuria grave que amerita la denuncia del contrato laboral porque la existencia de estos comportamientos representa un incumplimiento del contrato de parte del empleador, pero no un mero incumplimiento sino, prima facie, un incumplimiento doloso, porque la intencionalidad de dañar es propia de esta figura dado que existe una conducta premeditada y direccionada hacia una persona determinada que puede ser provocada por el propio empleador (ej. Persona física dueña de la empresa que acosa a un empleado) o de parte del personal jerárquico o de los propios compañeros de trabajo en detrimento del obrero, ubicándolo en un escenario laboral hostil que le impide cumplir en forma eficaz su trabajo, corriendo el riesgo de perderlo, pero no por su ineficacia natural, sino porque la incompetencia en la que desemboca es generada por el accionar doloso de los sujetos mencionados" (ibídem).

En esta línea, la OIT reconoce al mobbing como concepto, definiéndolo como la persecución psicológica laboral y constituye una conducta hostil o intimidatoria que se practica hacia un trabajador desde una posición jerárquica superior o desde un grupo de iguales con respecto a los cuales éste mantiene una subordinación de hecho. Dicha conducta hostil es reiterativa y persistente en el tiempo, llegando a adoptar métodos de influencia muy diversos, pasando por agresiones como la ocultación de información, la difamación o el trato vejatorio (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VIII, Ferreyra, Marcela del Valle c. Brink´s Argentina S.A. y otro s/ accidente - acción civil 27/12/2011 Publicado en: DJ 27/06/2012, 62 Cita online: AR/JUR/88102/2011).

En igual línea, ha sostenido el TSJ que ".más allá de las distintas aprehensiones del concepto de "acoso laboral", "acoso moral" o "mobbing", en términos generales, esta figura se caracteriza por la repetición o reiteración de conductas hostiles, persistentes, producidas en el ámbito laboral y que tienen como objetivo, provocar un desgaste psicológico con la intención de que se abandone el puesto de trabajo, de disciplinar, de que se acepten determinadas condiciones o, simplemente, como forma de denigración.

Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, es importante concebir el acoso del modo más objetivo posible, puesto que no toda percepción subjetiva de acoso lo será también para el Derecho: el comportamiento ha de ser objetivamente humillante o vejatorio.

Y "así definido, el acoso se diferencia claramente del estrés -derivado de las muchas tareas por realizar- o de la falta de amabilidad del empresario, sus representantes o los compañeros de trabajo, y, sobre todo, de la existencia de condiciones laborales insatisfactorias o de la conflictividad -incluso judicial- entre el trabajador y el empresario. En principio, no supone un acoso el hacer uso de derechos legítimos, reconocidos por el ordenamiento jurídico. No habrá acoso por ejercitar, de forma legítima, el poder directivo o disciplinario. No habrá acoso por adoptar decisiones razonables sobre la organización del trabajo en la empresa que afecten a los trabajadores, por incrementar los sistemas de control sobre la realización de la actividad laboral -lo que facilitan las nuevas tecnologías- o por indagar si el trabajador ha incurrido en un incumplimiento contractual. En definitiva, del hecho de que el trabajador se integre en el ámbito de organización y dirección de la empresa no es posible deducir que el trabajador se halle en permanente peligro de sufrir un acoso. Para hablar de acoso habrá de existir un ejercicio anormal, irregular o irrazonable de las prerrogativas y los poderes empresariales" (cfr. Sagardoy Bengoechea, Juan A. - Gil y Gil, José L., Título: El acoso psicológico en el trabajo Fuente: JA 2007-III-1302 SJA 18/7/2007)." (cfr. Ac. 06/11 "Romero", del registro de la S.D.O.).

III.1. Como podrá advertirse, es determinante la prueba y constituye carga de la actora acreditar los extremos, los que en el caso no se encuentran reunidos: ".es necesario que quien afirma el acaecimiento de un determinado hecho o conducta generadora de responsabilidad, acredite su existencia.

No se desconoce, sin embargo, que una de las mayores dificultades para la efectividad de la protección contra el acoso psicológico, atañe a la prueba de los comportamientos.

Pero ello no quita que, mínimamente, quien alega su existencia debe presentar los indicios de los que pueda desprenderse el acoso: es indispensable probar los hechos (aún indiciarios) en los que se fundan las afirmaciones y, en un estadio -si se quiere, anterior- es exigible que se describan concretamente las conductas desplegadas por quien, se dice, ofició de acosador y cómo, en el caso, se configuró tal situación.

Y, como ya se ha indicado, la posición actoral que requería un mínimo esfuerzo argumentativo para demostrar a este Tribunal la dinámica de lo que considera ha sido una situación de mobbing, adolece de imprecisiones y vaguedad que impiden crear la convicción necesaria acerca de su existencia." (TSJ, ibídem).

III.2. Traídos estos conceptos al caso, tenemos que no se encuentran acreditados los elementos configurativos de la figura: no surge que haya habido un ensañamiento con el actor, una persecución tendiente a empujarlo a que abandonara su trabajo, un hostigamiento persistente y continuo en el tiempo. De la prueba rendida surge la existencia de un episodio puntual: un llamado de atención en fuertes e indebidos términos, originado en un error de facturación, operación realizada con la clave del actor.

Así refiere el magistrado en razonamiento que no ha sido desvirtuado en los agravios: ".Denuncia el actor la existencia de un acoso por parte del Sr. Carlos Hours, quien fue gerente en la sucursal en la cual prestó servicios durante aproximadamente 8 meses.

En su escrito de inicio (fs. 56 vta.) Cejas relata que el día 30/3/2007, el mencionado Gerente Sr. Hours efectúa una reunión en la que participaron los vendedores que prestaron servicios en esa oportunidad, imputándole la sustracción o faltante de un celular que estaba a la venta y que por tal razón debían pagarlo entre todos haciendo circular una nota que debían firmar, dando su conformidad o rechazando tal circunstancia. Refiere también una serie de insultos hacia su persona por parte del Sr. Hours.

A fs. 190 declara el testigo Pantoja, quien refiere la existencia de una agresión verbal por parte del Sr. Hours, motivada por ".una facturación se hizo una venta con una clave de Omar, fue venta mal realizada por artículo errado y la responsabilidad cayó sobre Cejas, no estaba al tanto al momento de la facturación y él se enteró al momento de verlas." Por su parte, Villegas Rodríguez (fs. 191) refiere: ".sé que hubo un problema en el que estuve presente con el gerente de la sucursal y fue tratado de mala forma y a raíz de eso se sintió mal y presentó certificados médicos . fue por una venta que el gerente le cuestionó mal y lo trató de mala forma al punto de insultarlo." El testigo Uribe (fs. 192) dice que: ".sé que hubo un altercado con el encargado de la sucursal y hasta donde sé, ese es el motivo que haya dejado de trabajar . Fue por una venta . era por una heladera que no llegaba y el cliente que la compró venía presentando reclamos por bastante tiempo . la venta la había hecho Cejas." En resumen, resultan contestes los testigos en cuanto a la existencia de una situación fuerte, en la cual el Sr. Hours habría elevado el tono de voz, efectuó cuestionamientos de mala forma que podrían ser considerados como una agresión verbal. Distintas y diferentes versiones sobre el hecho (falta de celular, queja de un cliente por heladera, error en la facturación) me llevan al convencimiento de no tener por probado el hecho establecido en cuanto a la imputación de falta de un teléfono celular, la compulsión a hacerse cargo del pago del mismo firmando una planilla y la entidad de los insultos detallados en el escrito de inicio.".

Es cierto que el testigo Pantoja señala que el trato de la empresa era exigente, pero describe tal situación como "te pedían mucho y te pagaban poco". Villegas Rodriguez dice: ".el gerente no era de la mejor forma de tratar" pero aclara que los incidentes fueron con otros y dice "con el actor puntualmente no hubieron incidentes similares". La testimonial de Uribe, más allá del incidente puntual, al que hace referencia como una "situación fuerte", no hace referencia a un clima hostil o persecutorio.

Tengo entonces para mí, que la situación que describe el accionante como causa de su pretensa dolencia no se encuentra acreditada en autos y desde allí, tampoco la relación de causalidad que necesariamente debe mediar.

Por lo demás, en punto a la pericia llevada a cabo en autos, debo señalar que la apreciación del magistrado tampoco ha sido desvirtuada en cuanto indica: "En el informe pericial psicológico (fs. 337/339), efectuado 4 años después de que el actor dejara de concurrir a prestar su débito laboral, la perito refiere que ".el Sr. Cejas muestra cierta confianza en sí mismo, lo suficiente para aceptar las pequeñas fallas o errores cometidos. Sin embargo, sigue diciendo la experta: ".denota ser una persona inefectiva para enfrentar los problemas de la vida cotidiana. Un ejemplo de esto último es lo ocurrido cuando trabajaba en Saturno Hogar. Favio no pudo sobrellevar la situación, sino que la misma lo sobrepasó y no pudo implementar recursos personales y defensivos por ser débiles para hacer frente al conflicto que estaba atravesando. Es importante mencionar, que el paciente, probablemente no desarrolla buenos mecanismos de defensa y por tal razón experimente confusión emocional y una amplia variedad de síntomas." Relata también la perito que el actor le manifestó que: "Hoy continúa con temor de ver al gerente y que le pase algo. Manifiesta no sentirse tranquilo estando en Neuquén Capital (vive en Centenario) y no puede ingresar al Hipermercado La Anónima porque no lo tolera." Sin embargo, a fs. 192, el testigo Uribe refiere: ".al actor lo vi después casualmente cuando fue al super a comprar mucho.", lo que resulta contradictorio o al menos en consonancia con lo afirmado por la profesional cuando dice -con relación al actor- ".que es posible que haya exagerado algunas de sus características negativas como síntomas, con el fin de obtener algo a cambio.".

En síntesis, la perito determina que el actor "se caracteriza por un crónico mal ajuste psicológico, experimenta un gran monto de confusión emocional y en general estilo de vida esquizoide".

Impugnada la pericia a fs. 343/4 ante la falta de determinación del origen de las patologías padecidas por el actor, responde la experta a fs. 348 aseverando que "de la entrevista individual semidirigida, no se desprende que el actor padezca problemas derivados de experiencias fuera del ámbito laboral. Únicamente se infiere que el ámbito laboral ha generado una serie de síntomas, los cuales se fueron agravando con el tiempo y arribaron, como se manifiesta en el informe pericial, en poseer síntomas depresivos, un gran desorden psicológico y disconfort".

Ahora bien, más allá de la falta de prueba suficiente con relación al hostigamiento que dice haber padecido el actor, conforme fuera reseñado oportunamente, la experta no resulta concreta y precisa en cuanto a la incidencia del factor trabajo en su actual estado de salud psíquica. El hecho de inferir (sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa), sin mayores elementos que los manifestados por el actor (quien reitero, la propia perito asevera que es posible que haya exagerado los síntomas), y sin ingresar a la esfera ajena a los 8 meses en la que el Sr. Cejas prestó servicios efectivos para Saturno Hogar S.A., no permiten inferir, ahora sí, que haya sido el factor trabajo detonador de sus padecimientos.". Esta valoración no se muestra arbitraria ni tampoco es materia de agravio en punto a una crítica concreta y razonada, por lo cual no encuentro motivos para efectuar una interpretación dispar.

Es que como ya lo señaláramos en reiteradas oportunidades ".no todas las condiciones son equivalentes ni conducen en la práctica al mismo resultado. Lo que permite diferenciar una causa de otra es lo que sucede en la generalidad de los casos.

La causa se descubre "en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos" (Conf. Goldenberg, Isidoro H., "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", pág. 23).

Desde esta premisa, la relación de causalidad que existe entre el daño ocasionado y el antecedente se da cuando éste lo produce normalmente, conforme al curso natural y ordinario de las cosas.

Como sostiene Zavala de González, la causalidad adecuada no requiere la fatalidad en la imputación de las consecuencias al hecho, pero tampoco se satisface con la mera posibilidad o eventualidad. Se requiere un juicio de probabilidad que supere el nivel de lo conjetural (Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños. El proceso de daños", Tomo 3, pág. 204))." (cfr. entre otras "UMANZOR SALAZAR DANIEL FELIDOR C/ GUTIERREZ HUMBERTO S/ D. Y P. POR USO AUTOM. S/ LESION O MUERTE" EXP Nº 360831/7).

En el caso, ello supone el confronte entre las consecuencias alegadas y el episodio acaecido el 30/03/2007, con el objeto de indagar si ha sido suficiente o idóneo para producirlas: "En otras palabras, si ocurrido aquél, debe ser previsible, verosímil, normal, que las consecuencias alegadas acostumbren a suceder.

Por lo tanto, la relación causal debe inferirse a partir de las características del hecho fuente, en el sentido de si es idóneo o no, para producir las consecuencias que el actor invoca y que, en el caso, surgen del informe pericial, en especial, del psicológico.

Pues bien, descartado que haya existido acoso laboral, el único episodio acreditado no se presenta como idóneo para producir el cuadro psicológico al cual se hace referencia en el informe pericial. Esto no es común ni corriente.

Aquí debe considerarse que el informe pericial no es categórico en el punto y no podría tampoco serlo ni ser valorado con este alcance, a poco que se advierta que la fuerza de convicción del dictamen depende de su basamento en las circunstancias probadas, pero no en aquéllas que no lo son, que se presentan como meras hipótesis o que sólo cuentan como respaldo, a las versiones dadas por las partes.

Concluyo entonces, en este aspecto, en que el agravio del accionante no puede prosperar, debiendo desestimarse en lo que a este punto refiere la pretensión interpuesta contra Saturno Hogar S.A.

IV. Conforme a los desarrollos efectuados precedentemente, podrá vislumbrarse que el agravio relativo a la causa invocada para considerarse despedido, no se receptará. Y así tampoco los relacionados con las diferencias salariales reclamadas.

Advierto una deficiencia en la articulación del recurso, lo cual obsta a su éxito, presentándose las razones expuestas por el magistrado, como razonables, en punto a las pruebas reunidas en autos y al derecho aplicable.

No he de transcribir en este aspecto los fundamentos del decisorio, pero de su confronte con las críticas efectuadas y relatadas en el inicio se advierte el déficit apuntado. Y es, entonces, plenamente aplicable aquí, lo que hemos indicado en anteriores oportunidades: toda sentencia debe exponer las razones de hecho y de derecho en las que se funda la decisión; explicar los motivos, el por qué se resuelve como se lo hizo.

Pero así como esto es exigible al juez, del mismo modo lo es con relación a las partes: estos mismos razonamientos son trasladables a la expresión de agravios, la que en modo alguno puede consistir en una mera discrepancia con la decisión adoptada o criticar extremos que en nada inciden en el fundamento de la decisión: "la parte debe seleccionar del discurso aquel argumento que constituya la idea dirimente y que forma la base lógica de la decisión. la mera disconformidad con la sentencia, por considerarla equivocada o injusta, o las generalizaciones y apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de la sentencia apelada, no constituyen una expresión de agravios idónea. En orden a ese objetivo, lo que se exige no es la sola crítica entendida ésta como disconformidad o queja, sino una crítica calificada, una crítica recursiva, la que para merecer dicho adjetivo debe reunir características específicas. (cfr. Sala II, en autos "PROTTI MARIA EUGENIA C/ CORTEZ RAUL Y OTRO S/ DESALOJO SIN CONTRATO DE LOCACION" (EXP Nº 377138/8), sentencia de fecha 28/06/2011).

Y, como puede advertirse de la síntesis de los agravios planteados, la accionada escasamente cumplimenta el requisito del art. 265 del código procesal, por cuanto no conforman un ataque concreto y razonado al fallo recurrido sino que, por el contrario, sólo traslucen una disconformidad con lo decidido.

IV.1. En este sentido, y en lo que hace a la existencia de la injuria grave y a los requisitos para entender que en el caso medió justa causa para que el actor se considerara en situación de despido, debe recordarse que la inconducta perpetrada por el principal para la procedencia del despido indirecto causado, debe ser de tal envergadura, que permita desplazar al principio de continuidad consagrado en el art. 10 de la ley de contrato de trabajo. Y ".la decisión rescisoria del trabajador tiene que ser por escrito, proporcional y contemporánea a la falta cometida por el empleador.

La valoración de todos estos requisitos estará en manos de los jueces, quienes "prudencialmente" considerarán el carácter de las relaciones, las modalidades y circunstancias personales del caso, para determinar si la dimisión se ajustó a derecho o no.." (cfr. Guerrero, Agustín A. "Situaciones de despido indirecto previstos por la ley" Publicado en: DT 2004 (enero), 16).

Desde estas premisas, los fundamentos expuestos por el magistrado no se presentan errados, en tanto, por lo demás, ha quedado descartada la existencia de acoso laboral; consecuentemente, que la alegada incapacidad tenga relación de causalidad con lo acontecido en el trabajo y, por consiguiente, que se hubieran incumplido deberes relativos a su asistencia.

En cuanto a las diferencias pretendidas, tampoco se ha acreditado que se debieran (las referencias a la pericia contable y testimoniales no son suficientes para desvirtuar los motivos expresados por el magistrado para denegarlas).

V. Por último, y en lo que hace a la multa prevista por el artículo 80, tampoco encuentro motivos para que el agravio proceda.

Conforme surge de las constancias obrantes a fs. 135/136, las certificaciones datan del 30/11/07 y 29/11/07 y la demandada las acompañó al contestar la acción, habiéndolas puesto a disposición ante el requerimiento extrajudicial.

Así hemos señalado: ".No procede la indemnización prevista en el art. 45 de la ley 25345 cuando, como en el caso, la demandada puso a disposición los certificados en día, hora y lugar expresamente determinados, y el actor nada dice al respecto y solicita derechamente la multa en el escrito de demanda. Para más, es dable destacar que la empleadora hizo entrega del certificado de servicios y remuneraciones y acompañó, junto con su responde, el certificado de trabajo faltante." (Autos: Jumilla Gaston c/Mantenimientos y Control de Vehículos S.A. s/ despido. Art. 80 LCT. Art. 45 de la ley 25345. Magistrados: Pacini. Zapatero de Ruckauf. Sala IX. 09/06/2004 - Exp. nº 13170/03. Sent. nº SD. 11560).

"...Respecto a las constancias documentales a las que refiere el art. 80 de la LCT, si el empleador fue emplazado por la actora en tal sentido -con la consecuente obligación de la demandada de cumplimentar efectivamente el requerimiento con base legal efectuado por su ex dependiente-, no puede considerarse ineficaz la puesta a disposición de los instrumentos requeridos si el actor no acreditó haber concurrido a retirarlos, limitando su conducta a reiterar la intimación ya efectuada. No cabría entonces admitir la procedencia de la multa prevista para los casos de incumplimiento que prevé el art. 45 de la ley 25345." Arana Adriana María c/ CONSALMED S.A. s/ despido. Improcedencia de la multa del art. 45 ley 25345. Magistrados: González. Rodriguez. Sala II. 17/03/2005 - Exp. nº 9920 Sent. nº S/D 93351)" (P.S. Sala II, Nº107 TºIII Fº549/551, Año 2012. Ver también precedente de esta Sala, en su anterior composición, P.S., Sala I, Nº37 TºI Fº 162/165).

Resta señalar que -a diferencia de lo que acontecía en la causa recientemente fallada Nº 390331/09-, no se trata aquí de un caso en que los rubros consignados en la certificación se encuentren controvertidos o requieran rectificación, supuesto en que la consignación judicial, de acuerdo a las circunstancias particulares, puede eventualmente resultar exigible.	Por todo lo expuesto, y toda vez que la norma en definitiva prevé una sanción pecuniaria para el empleador remiso o incumplidor, lo cual, como se ha visto, no se observa en la conducta desplegada por la empresa accionada, propongo hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 165/166 vta. y, en consecuencia, rechazar el pedido de aplicación de la multa prevista en el art. 80 LCT.." (cfr. esta Sala I, "OCHOA INOSTROZA LILIANA C/ FALCON EMPRESA DE SEGURIDAD S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES" EXP Nº 377205/8).

VI. Los recursos arancelarios tampoco habrán de prosperar en tanto los porcentajes allí establecidos encuentran correlato y proporción en los párametros establecidos en la ley 1594 y en el mérito e importancia de la labor llevada a cabo.

Puntualmente y en orden a la pretendida actualización, planteada en el recurso de la perito, debe señalarse la improcedencia de la misma, como asimismo y a todo evento, la de la inclusión de intereses, al haberse desestimado la demanda en todas sus partes (cfr. esta Sala, "M.LOPEZ CONSTRUCCIONES S.A. C/ ZOPPI HNOS S.A.C.E.I. S/ COBRO SUMARIO DE PESOS" EXP Nº 399060/9).

Por las consideraciones expuestas, propongo al Acuerdo, confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido motivo de agravios. Las costas correspondientes a la Alzada, con relación al recurso interpuesto por el actor serán a su cargo, en su calidad de vencido. MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto:

SE RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 375/383 en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 17 Ley Nº 921).

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, a las partes actora y demandada, al no haber constituido domicilio electrónico y atento la disposición transitoria 11.3 del Acuerdo 4955, en las casillas asignadas a los Dres. ... y ... por el Poder Judicial y al demandado Saturno Hogar S.A. conforme lo dispuesto por el Acuerdo Nº 4955 Punto I, toda vez que los Dres. ..., ..., no constituyeron domicilio electrónico, en los estrados del Tribunal. Oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.