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Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares, facultades del juez, servicio telefónico, derecho de conexión, instalación de línea telefónica, tercero adquirente de buena fe, notificación tardía, Telefónica de Argentina
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BIANCHI MIGUEL CARLOS c/ TELEFONICA DE ARGENTINA s/ INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

La demandada no está en condiciones de cumplir con la medida cautelar tal como ella fue ordenada, y habiendo dicha parte ofrecido en sustitución de ella la conexión de otra línea telefónica, corresponde ordenar -en el marco de lo dispuesto por el art. 203 Del Código Procesal-que tal sustitución se cumpla, para disponer lo cual la Sala cuenta con suficientes facultades, que son ejercibles inclusive de oficio (arg. Art. 204 Cit. Cod.; Podetti, J. R. "Tratado de las Medidas Cautelares", N° 51, pág. 180 y sgtes.). La sustitución ordenada se fundamenta en la circunstancia de que la resolución que hace lugar a la medida cautelar es siempre provisional y sujeta s ser modificada, tanto para adecuarla a la realidad en la cual ella va a cobrar virtualidad, o sea para que pueda ser verdaderamente útil, como para coordinarla con las exigencias e intereses realmente en juego y, en fin, para evitar el perjuicio que pudieran ocasionar (cfr. Podetti, J. R., "Tratado de las Medidas Cautelares", N° 47, pág. 169 y sgtes;

Acosta, J. V. "El Proceso de Revocación Cautelar", pág. 87 y sgtes.;

Morello, A. M. y otros, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T. II-c, pág. 597 y sgtes.; etc.).
Sentencia arbitraria, fuero de atracción, abordaje de buque, acumulación de acciones
Materia: NAVEGACION-PROCESAL
Carátula: Municipalidad   de   Magdalena c/ Shell  Compañía  de  PetróleoSociedad  Anónima, Shiffarts- Gessell-Schaft M. S. Primus and Co. s/ abordaje
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-19

Es contradictorio el pronunciamiento que -al rechazar la pretensión de que la causa tramite ante el tribunal del abordaje en virtud del fuero de atracción- sostuvo que lo atinente a la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias habría de ser resuelto al tratar la solicitud de acumulación de acciones, sin atender a que dicha acumulación procede en esos casos y que tal aspecto había sido el fundamento principal del requerimiento denegado y uno de los principios que también habilitan el fuero de atracción.
Derechos adquiridos, ley posterior
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gorosito, Juan Ramón c/ Riva S.A. y otro  s/ daños y perjuicios -inconst. art. 39 L. 24.557
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-01

En los casos de modificación de normas por otras posteriores, el nuevo régimen no debe arrasar con los derechos definitivamente incorporados al patrimonio, situación que sólo puede considerarse que existe, cuando bajo la vigencia de una ley se han cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en la norma para que el particular sea titular del derecho. En otros términos, la adquisición del derecho requiere que la situación general creada por la ley se transforme en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto; es a partir de entonces que se hace inalterable y no puede ser suprimida por ley posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional
Accidente de tránsito, transporte benévolo, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Coelho, Diego H. / Olaechea, Graciela E. c/ Contreras, Juan a. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-11

Quienes consienten ser transportados por quien conduce su automóvil a una velocidad de aproximadamente 150 kilómetros por hora alcoholizado, tienen cierto grado de responsabilidad al haber asumido parte del riesgo que tales circunstancias implicaban. Puede considerarse que ha existido entre transportista y transportados una culpa concurrente en la producción del daño sufrido.
Recurso de apelación (procesal), sujetos del proceso penal, situación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Guaymás Lidia Estefanía c/ Arce, Manuel Alberto s/ por Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-08

En el sublite no surgen los requisitos necesarios para la configuración del delito de Robo pues en rigor no hubo "apoderamiento".

El termino apoderarse según el Diccionario de la Real Academia Española implica "hacerse uno dueño de alguna cosa, ocuparla, ponerla bajo su poder" y en el caso bajo análisis la conducta del implicado puesta en su contexto y real dimensión, implicó una pretensión de martirizar a la víctima por su "desobediencia u oposición" al requerimiento de que no se presente a trabajar. De allí que corresponde el cambio de calificación por el delito de lesiones.
Derecho procesal, incidentes, competencia por conexidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Aidar, José Lara Antonio c/ Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz s/ Demanda contencioso administrativa s/Promueve incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-09-13

Para que una cuestión se repute incidental y se substancie como tal, debe tener una relación de accesoriedad o conexidad subordinada con lo que en el juicio es principal, encontrando su marco regulatorio en el art. 176 y ss. del C.P.C. y C.
Honorarios del abogado, privilegios (civil)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gruska, Enrique c/ Vera, Silvio O. y Ot. s/ Ejecucion hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-14

Nuestro Código Civil, siguiendo la orientación del sistema latino, ha otorgado a los gastos de justicia -entre ellos los honorarios- un privilegio de carácter general que recae sobre la totalidad de los bienes muebles o inmuebles del deudor. Asimismo, la ley determina claramente en el artículo 3111 del Código citado, que las costas y gastos participan como accesorios del crédito principal, de las seguridades hipotecarias constituidas para éste, teniendo además los gastos de justicia conforme el artículo 3900 del plexo normativo de mención, preeminencia sobre todos los demás privilegios sin exclusión alguna, y las costas judiciales generadas en la ejecución de la hipoteca tienen privilegio aún sobre ésta. Por su parte, el artículo 590 del Código Procesal, concede preferencia sobre las sumas depositadas al cobro de las costas de la ejecución, aun con relación al crédito del ejecutante. En razón de lo expuesto, resulta excesivo requerir a los letrados apelantes la ejecución de su acreencia por honorarios, habiendo fondos depositados en la causa.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Habeas corpus, competencia del Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, competencia derivada
Materia: PENAL
Carátula: MOUKARZEL DANIEL EDUARDO s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-10-06

Los recursos de Hábeas Corpus son ajenos a la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia, reglada específicamente por el art. 194 de la Constitución Provincial, que no contempla la posibilidad de intervenir en forma originaria o exclusiva, sino por vía de apelación "...contra las sentencias de hábeas corpus".
Procedimiento tributario, tribunal fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Ingeniería Ronza S.A.  (TF 18.616-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-27

Si se introdujo un planteo en esta instancia, que no fue opuesto en la sede del por haberse producido luego de que las actuaciones se encontraran elevadas, y en consecuencia, no fue considerado por él, ni formó parte de los argumentos expuestos en la apelación que habilitó la intervención de esta Alzada se pretende un pronunciamiento de una nueva cuestión que como tal excede el marco de conocimiento que determinó la competencia de esta Sala. En el mismo sentido, el art. 91 de la ley 11.683 establece la aplicación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que en su artículo 277 expresa los poderes del tribunal y dispone que no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia (Cons. VI).
Costas al vencido, principio objetivo del vencimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: CÁMARA DE ESTACIONES DE SERVICIO c/ SINDICATO DE CONDUCTORES DE TAXÍMETROS s/ AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-10-28

En el marco de una acción de amparo, de carácter preventivo, la Corte de Justicia hizo lugar al recurso de apelación deducido por el actor y en su mérito revocó la distribución de costas por el orden causado, imponiéndolas al vencido en ambas instancias.

Si bien tradicionalmente se alude, como pauta genérica que autoriza la eximición de costas, a la existencia de "razón fundada para litigar" esta fórmula resulta aplicable cuando, por las particularidades del caso, cabe considerar que la parte vencida actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho defendido en el pleito.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: HISPAN SRL. c/ MUTUAL DEL PERSONAL DE LA POLICIA DE RIO NEGRO s/ SUMARIO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-04-26

Cabe en principio tener presente que limitada la competencia de la Corte cuando interviene mediante la vía del recurso extraordinario al conocimiento y decisión de las "cuestiones federales" taxativamente contempladas por el art. 14 de la ley 48, se circunscribe su actuación al análisis e interpretación que de las normas o actos mencionados por aquélla ha efectuado el fallo recurrido.-
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, apartamiento de la doctrina de la corte
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sifuentes, Hernán c/ LA PRADERA y Otro s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-19

Carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte Suprema sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar las posiciones sustentadas en ellos, dado que aquélla reviste el carácter de interprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictas en su consecuencia.
Amenazas, tentativa de homicidio, calificación legal, cuestiones de competencia, competencia penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Dalto, Sebastián Alfredo c/  s/ Amenazas s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

Con apoyo en lo establecido en los artículos 3 de la ley n° 26702 y 42, inciso 1 del CPPN, es el juez que entiende en el delito más grave quien debe asumir la competencia. En esas condiciones corresponde que intervenga en la totalidad de los hechos que aquí se investigan -amenazas y tentativa de homicidio- el Juzgado Nacional y Correccional. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario federal, admisibilidad del recurso, ley federal, interpretación de la ley, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Berkley International A.R.T. S.A. c/ E.N. (M. E. y O.S.P.). dto.863/98 s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-21

Es formalmente admisible el recurso extraordinario si se halla en juego la inteligencia de normas federales -ley 24.557 y decreto Nº 863/98- y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa es contraria a los derechos que la vencida fundó en aquéllas (art. 14, incs. 1 y 3, de la ley 48).
Acciones de filiación, traslado de la demanda, nulidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: F., A. G. c/ C., M. S. y Otras s/ ordinario filiación (f. i. 28/04/2022. of. 391/2 cyc n° 2 rte. por incompetencia. ac. 19.5.20. reg. n° 1. emergencia sanitaria.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-10-02

La notificación de una demanda -en el caso, de una acción de filiación- por un medio no previsto podría ocasionar la nulidad absoluta de todo lo actuado. En ese sentido, la pretensión de crear pretorianamente modos de notificación más expeditivos, tales como por medio de WhatsApp o correo electrónico, más allá de las virtudes que puedan o no poseer en cuanto a rapidez y diligencia, no hacen más que convertir al proceso en una serie de actos sujetos a posibles nulidades.
Resoluciones judiciales, queja por apelación denegada, veedor judicial, fuentes de información
Materia: COMERCIAL
Carátula: DEUTSCHE  BANK  SA c/ OCA HOLDING (GIBRALTAR) Y OTROS s/ MEDIDAPRECAUTORIA S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

Procede la queja por denegación de la apelación deducida por el pretensor contra la resolución que rechazo su pretensión de obtener cierta información a través del interventor informante, y la declaración de las personas que indica previa vista al funcionario designado. Ello así, toda vez que la desestimación de la información pretendida es decisión susceptible de causar gravamen actual.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Bertero, Mónica Estela s/ Tentativa de hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

Debe anularse de oficio la sentencia de Cámara, si el modo en que describió el cuerpo del delito y la autoría de la procesada impide advertir cuál ha sido la concreta acción atribuida que ha sustentado la condena impuesta, ya que tal vicio no permite a esta Corte decidir acerca de la correcta o incorrecta aplicación de la ley -tanto de fondo cuanto procesal- y por ende, resolver los planteos formulados por el recurso.
Interpretación de tratados internacionales, tratados internacionales de derechos humanos, aplicación de la ley, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Pacto de San José de Costa Rica, violación de derechos humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obligaciones del Estado miembro
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Admisibilidad No. 280/21 Petición 345/15 - Praxedes Candelmo Correa. República Argentina c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2021-10-09

Conforme los estándares desarrollados por la Comisión Interamericana, una vez que la Convención Americana entra en vigor en relación con un Estado, ésta y no la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre es la fuente de derecho aplicable, siempre que la petición se refiera a la presunta violación de derechos idénticos en ambos instrumentos internacionales y no se trate de una situación de violación continua.
Seguros, obligaciones del asegurado, reticencia, responsabilidad del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: Luques, Alfredo Atilio c/ S.A.  Cía. de Seguros "La Tandilense" s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-16

Como dice Halperin: el art. 5 de la ley 17.418, al igual que el art. 498 derogado, establece un sistema de anulación fundada en el error del asegurador, acerca del estado del riesgo, causado por dolo o culpa del asegurado, culpa que consiste en conocer la circunstancia omitida en razón de una negligencia inexcusable... El fundamento de este régimen especial se halla en el del deber de informar y la función que éste desempeña en el contrato; de ahí que se anula el contrato aun cuando la circunstancia callada o falsamente declarada no influya efectivamente en el acaecimiento del siniestro ni en la extensión del daño: se trata de vicio en la voluntad del asegurador.
AFIP DGA, multa aduanera, actualización monetaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Bruno Hnos.  SC  y otro c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Resulta susceptible de ser actualizada por depreciación monetaria la multa aplicada por la Administración Nacional de Aduanas, en la medida en que los efectos de dicha actualización no alteren la relación entre la cuantía de la sanción y el valor de la mercadería que sustenta la determinación de la multa.
Competencia provincial, supresión del estado civil, competencia federal, falsificación de documentos, falsedad ideológica, Registro Nacional de las Personas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Torres, Juana Mabel s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16

Si la presunta infracción al art. 139, inc. 2x, del Código Penal resulta claramente distinguible del delito de falsedad ideológica que, con posterioridad, se pudiere haber cometido ante el Registro Nacional de las Personas, corresponde que la justicia federal entienda en la investigación de la presunta falsedad ideológica, cometida en la obtención del documento nacional de identidad, y la justicia provincial en la primera infracción.
Desalojo anticipado, locación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Darmun, Julia c/ Avila, Clara y Otros s/ Desalojo sin existencia de contrato de locación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-22

[...] el desalojo anticipado que regula el art. 680 bis del Código Procesal, aplica a los desalojos que se promueven en contra de los intrusos y que ésta desocupación inmediata se puede superponer en su contenido con el objeto de la sentencia que abordará el fondo de la cuestión. Consecuentemente, las circunstancias deben evaluarse con mucha atención. (Del voto del Dr. GHISINI, en mayoría).
Tarjeta de crédito, responsabilidad del banco
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fallet Carlos Alberto c/ Banco de Entre Ríos S.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-12-01

Aún aplicando la restricción prevista en la cláusula 19 del convenio, cabe advertir que la situación de riesgo creada con la sutracción de la tarjeta y la información del PIN correspondiente a la misma (situación asimilable al extravío de un cheque en blanco firmado por su titular), se agravó por causas imputables a la administradora y a la demandada, en tanto y cuanto por falencias imputables al sistema, quienes sustrajeron la tarjeta pudieron al menos duplicarla, dado que de lo contrario resulta imposible que se hubieran efectuado las extracciones informadas, dado el tiempo trasncurrido entre una y otra y la distnacia existente entre el emplazamiento de los cajeros utilizados al efecto; no puede la demandada válidamente sostener que no se violaron los límites admitidos en el contrato al permitir que se hubieren el número de extracciones y por los montos que se le liquiden al demandado cuando de la nota se desprende y es dable colegir que así se le haya informado al interesado que el límite máximo para los retiros en efectivo era de U$S 7.500 y el máximo de operaciones en un día el de 29; tal postura implica volver sobre sus propios actos, violando la buena fe. Consecuentemente, por aplicación de los principios generales que ilustran la imposición de responsabilidad, corresponde limitar la del demandado a la suma equivalente a la máxima autorizada.
Recurso de inconstitucionalidad federal, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, obligatoriedad del precedente, Colegio Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura
Materia: PROCESAL
Carátula: LUNA PONT, Carlos Alberto s/ Recurso de Queja por apelación denegada por Resolución del C.P.I.A.A
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-11-14

El señalar la existencia de un precedente contradictorio no autoriza la vía extraordinaria; la sentencia dista de ser mera adhesión al dictamen del Procurador General exponiendo el Tribunal los argumentos decisivos del fallo; las particularidades del caso habilitan a aquel funcionario a aconsejar soluciones concretas en el caso concreto, y aún a variar su opinión en identidad de situaciones, pues no es la inmutabilidad la característica de la ciencia del derecho. De allí que la Suprema Corte tenga dicho que: el apartamiento de precedentes de un mismo Tribunal o el cambio de jurisprudencia, no autorizan la vía del recurso extraordinario, si se justifica la modificación del criterio adoptado sin que haya evidencia de que se discriminara arbitrariamente, no configurándose esta hipótesis por la sola variación de la doctrina.
REPÚBLICA ARGENTINA, establecimientos penitenciarios, medidas de seguridad y protección, MENDOZA, condiciones de detención, derecho a la vida, derecho a la integridad física, competencia, thema decidendum
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Penitenciarías de Mendoza s/ medidas provisionales Penitenciarías de Mendoza s/ medidas provisionales
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-03-30|2010-11-26

Corresponde levantar las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana desde noviembre del año 2004 -ratificadas durante años posteriores hasta el 2010-, con el fin de proteger la vida e integridad de todas las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la unidad Gustavo André, así como de todos quienes se encuentren en su interior, puesto que hubieron modificaciones estructurales en sus instalaciones que permitieron superar en buena parte las condiciones de hacinamiento que se presentaban cuando fueron ordenadas lo que permite sostener que se cumplió con uno de los objetivos perseguidos por el tribunal, puesto que la eliminación de todo hacinamiento, desde ya necesario, excede el objeto de protección central de las medidas.
Conflicto de poderes, carta orgánica municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Polti, Daniel Ernesto (Intendente de la Municipalidad de Recreo - Dpto. La Paz) c/ Concejo Delibernate de Recreo - Dpto. La Paz s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-12-15

Coincido con la opinión del Señor Procurador en cuanto a la inaplicabilidad de las prescripciones de la Carta Orgánica Municipal que imponen al Concejo Deliberante a acudir a esta Corte siguiendo el proceso del Código Procesal Civil y Comercial para los conflictos de poderes en caso de existir auto de procesamiento o sentencia condenatoria por la comisión de delito doloso o culposo (Art.163 C.O.M.), limitando la facultad del C.D. a sanciones correctivas, previendo la norma municipal la misma solución para los casos de responsabilidad política, -Art.167 2 y 3 párrafos - obligando en el primer caso al C.D. a recurrir a esta Corte y a ejercer en el segundo caso sólo funciones de juzgador y acusador en los casos de correcciones disciplinarias.

En el sentido expuesto, cabría concluir que si estamos en presencia de un Poder Legislativo (Concejo Deliberante) que se encuentra constreñido en cuanto a sus facultades revisoras y de contralor de la actividad del Poder Ejecutivo (Intendente), esto es, sin facultades para corregir, suspender o destituir en el caso al titular del Departamento Ejecutivo cuando existan razones fundadas y se garantice la defensa del implicado, nos encontraríamos con un NO PODER en lugar de un Poder del Estado Municipal, contrariando expresas disposiciones constitucionales de orden provincial y nacional.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, Seguridad social, solidaridad previsional, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Itzcovich, Mabel c/ ANSeS s/ reajustes varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

En tanto el procedimiento previsional se vincula con personas que, por lo general, han concluido su vida laboral y han supeditado su sustento a la efectiva percepción de los haberes que les corresponden por mandato constitucional, el fin protector de las prestaciones debe ser coherente con una tutela procesal adecuada encaminada a la protección efectiva que todo derecho merece, acentuada en razón de las particularidades de la edad avanzada, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de ser oídas con arreglo a las reglas del debido proceso, ante tribunales especializados y con doble instancia (Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).