Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17


IMOLA S.A Reg.: A y S t 203 p 66-69.

En la ciudad de Rosario, a los diecisiete días del mes noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro doctor Rafael Francisco Gutiérrez a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "IMOLA S.A -Su Quiebra- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 175, año 2004).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Netri, Gutiérrez y Spuler.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. Sucintamente, el caso.

En el presente proceso falencial, el Juez de baja instancia dispuso sancionar al síndico actuante -contador público Hugo Sáenz- con una multa de $ 1000, a efectivizarse en treinta días, atribuyéndole negligencia al no presentar temporáneamente los informes individuales ante la intimación que se le efectuara a tales fines y tras denegarle el pedido de una nueva prórroga por haberle acordado una anteriormente (fs. 8/9).

Contra esa resolución interpuso el sancionado recursos de revocatoria y apelación en subsidio (fs. 12/17v.); la primera de las impugnaciones fue rechazada por el Sentenciante y la segunda fue concedida en relación y con efecto suspensivo (fs. 18/19v.).

Radicados los autos en la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, ésta declaró mal concedido el recurso de apelación con fundamento normativo en los artículos 255 y 273, inciso 3) de la Ley de Concursos y Quiebras (fs. 36/37).

2. Es contra ese decisorio que interpone el síndico su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.

En resumidas cuentas y en lo que aquí es de interés, sostiene que se le ha denegado ilegítimamente el segundo grado de conocimiento judicial, escudándose en la inapelabilidad de la multa mediante afirmaciones teñidas de formalismo y con desconocimiento de que la antigua regla procesal y jurídica de que, quien puede lo más puede lo menos; en el caso se traduce en que si la Alzada puede conocer de la remoción de un síndico, debe entender en todas las demás sanciones.

Aduce que si bien el artículo 273, inciso 3) de la ley 24522 establece la inapelabilidad de las resoluciones concursales, existe nutrida doctrina como jurisprudencia respecto de que esa norma refiere al proceso concursal o liquidativo y no a las sanciones aplicadas al síndico, a materia de honorarios, en cuestiones incidentales, intervención de martilleros, peritos, etcétera. Afirma que también la sanción es apelable ya que, al no estar la multa expresamente regulada en materia de concursos (como el apercibimiento y el llamado de atención), corresponde aplicar el código ritual en lo civil y comercial (arts. 344, 345, 346 y 347) por expresa remisión del artículo 279 de la Ley de Concursos; invoca, en apoyo de su postura, doctrina autoral y judicial (fs. 38/54v.).

3. La Cámara concedió el recurso interpuesto en el entendimiento de que la interpretación asignada a las normas en juego podría configurar un ritualismo excesivo o abuso de forma en desmedro de la verdad sustancial, que privaría a la recurrente de la instancia revisora (fs. 73/74v.).

4. En el análisis de admisibilidad que le compete efectuar a esta Corte por imperio del artículo 11 de la ley 7055, he de concluir que la impugnación carece de matiz constitucional. En efecto: Aun cuando la recurrente acusa la invalidez de la sentencia por presunta arbitrariedad y por ser violatoria a los derechos de defensa en juicio, a la propiedad, al debido proceso, al efectivo acceso a la jurisdicción, a la libertad de ejercer una profesión lícita e igualdad ante la ley, en su confrontación con la resolución atacada, surge tan solo la mera disconformidad de la impugnante con la solución dada por los jueces de la causa, en ejercicio de funciones propias, pero sin lograr demostrar que aquéllos hayan excedido, en tal cometido, el marco propio de sus facultades, lo cual - independientemente del acierto o error con que lo hayan hecho- no incumbe a este Órgano revisar.

En tal sentido, cabe destacar que de la lectura del libelo recursivo surge con toda claridad que los reproches de la quejosa conducen al examen de cuestiones de estricto contenido procesal materia que, en principio, resulta ajena a esta instancia extraordinaria y dado que la impugnante con su formulación no consigue persuadir que en el "sub lite" se den los supuestos de excepción a tal regla, esto es: cuando en la inteligencia de las normas instrumentales medie arbitrariedad o lesión a la garantía constitucional de la defensa en juicio.

Recuérdese que la interpretación propuesta por la Sala a los efectos de sostener la inapelabilidad de la resolución que impuso la multa, arranca con la regla general consagrada por el artículo 273, inciso 3) de la ley 24522: las cuestiones decididas por el juez del concurso son inapelables, salvo disposición legal expresa en contrario.

Luego el Tribunal relaciona ese enunciado con lo estatuido por el artículo 255 del mismo cuerpo legal, arribando a la conclusión que solo la remoción es susceptible del recurso de apelación, no así las demás sanciones previstas. Desde luego que esta hermenéutica asignada por la Cámara se sustentó en doctrina autorizada, citándose, en primer lugar, a Migliardi, que comentando el artículo 279 de la ley 19551, similar al artículo 255 del ordenamiento vigente, afirma -respecto de los apercibimientos y multas aplicadas al síndico- que ante la falta de disposición expresa, estas sanciones deben ser consideradas inapelables (autor cit. "Concursos y procedimiento concursal, Comentario y análisis de la ley 19551", Ed. Depalma, 1975, pág. 215).

Asimismo, acudió a la opinión autorizada de Rouillón ("Régimen de Concursos y Quiebras, Ley 24522", Ed. Astrea, 1996, pág. 283) que con referencia a los preceptos en estudio, señala que decidida por el juez la remoción, esta resolución es apelable, extrayendo, así el Tribunal, la conclusión de que, al no aludir el autor de igual manera a las otras sanciones contempladas en la ley -apercibimientos y multa-, admite implícitamente la inapelabilidad.

Finalmente, la Alzada reforzó la exégesis asignada a las disposiciones en examen en que la apelación de la remoción era explicable a partir de la importancia y trascendencia de esta sanción frente a las otras, en tanto importaba el cese del síndico en sus funciones, no sólo en el concurso en que se la disponga sino en todos aquellos otros en que intervenga; su inhabilidad para desempeñar el cargo durante un término de cuatro a diez años; y la reducción de sus honorarios. De ahí continuó diciendo el A quo que no puede interpretarse, al margen del texto expreso de la ley, la apelación para otras sanciones que no fueran la remoción, citando -al respecto- a Moro, quien también argumenta la inapelabilidad de las sanciones del síndico fuera de la de remoción (autor cit., "Síndico Concursal - Sanciones - Ley 24522", en comentario a fallo, L.L., 1995 E, 176).

Frente a esta argumentación opone la suya la impugnante intentando descalificarla y para ello hace suyas prácticamente la doctrina que propone que todas las sanciones impuestas al síndico en función del artículo 255 de la ley 24522, incluido el apercibimiento, son susceptibles de recurso de apelación (verbigracia, Rivera, Julio C., Roitman y Vítolo, Daniel R., "Ley de Concursos y Quiebras", Tomo III, Artículos 172 a 297, Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As, 2000, pág. 319 y jurisprudencia citada en L.L. Litoral, 1998- 1701).

Pero la formulación así concebida no persuade que, en el caso concreto, la hermenéutica asignada por el Tribunal a las normas involucradas conduzca a una solución disvaliosa o absurda que exceda los márgenes de razonabilidad y logicidad tolerados; antes bien, las alegaciones de la recurrente ponen en evidencia el mero matiz interpretativo de normas procesales que trae consigo la temática en estudio, sin que se demuestre -ni siquiera en mínimo grado- que la Cámara se haya excedido del abanico de posibilidades exegéticas que brindan los preceptos en juego y que, en tal cometido, conculque derechos y garantías de raigambre constitucional (vid., sobre similar temática a la de autos "Empresa Constructora S.G.A.", A. y S., T. 154, pág. 340).

Aun cuando lo expuesto baste para desestimar el presente planteo se impone recordar que las sanciones que los tribunales aplican a los síndicos en el ejercicio de su potestad disciplinaria, sobre la base de hechos, fundamentalmente negligencia en el cumplimiento de su función, que ellos consideran probados y cuya apreciación queda a su exclusivo cargo, son insusceptibles de ser revisados por este Órgano, so pena de arrogarse facultades propias de un tribunal de tercera instancia.

Corolario de lo expuesto es que el planteo queda reducido a la mera disconformidad interpretativa de la recurrente para con el criterio sustentado por los jueces de la causa en torno a la suerte de lo decidido, en una postura adversa a sus pretensiones, mas sin lograr demostrar configurada una cuestión constitucional idónea para habilitar la instancia ante este Cuerpo, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al orden jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su competencia funcional.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Gutiérrez y Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Gutiérrez y Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Gutiérrez y Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos de acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar inadmisible el recurso interpuesto.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)