marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Facultades del juez, excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: PROCESAL
Carátula: G., M. D. c/ P., A.M. s/ Cobro de pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-06

Las circunstancias que pueden configurar estos "motivos graves de decoro o delicadeza" son variadas y de índole diversa; por citar solamente alguna, la jurisprudencia ha entendido, por ejemplo, que la coautoría de un libro entre el Juez y un letrado actuante en la causa es una pauta objetiva que permite vislumbrar públicamente frente a terceros la existencia de una relación preexistente entre sus autores, lo que podría dar lugar a fundadas sospechas acerca del proceder ético de la magistrada si en dichas circunstancias, no obrara en la forma en que lo hiciera, preservando de tal manera intangible la existencia de la necesaria imparcialidad que debe albergar toda actuación judicial, el que debe estar libre de toda duda para quienes intervienen en un proceso".
Pensiones, interpretación de la ley, hija discapacitada, pensión compartida, denegatoria del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALVAREZ de CRUZ, Carmen c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

El art. 30 de la ley 18.038 apunta a impedir que se otorgue el beneficio a personas que esgrimen un presunto derecho pensionario, argumentando que el causante no es tan solo el jubilado o afiliado con derecho a jubilación, sino también el anterior titular de la pensión. Es por ello que corresponde denegar el beneficio a la hija que no se encontraba incapacitada en grado invalidante a la fecha del fallecimiento de sus progenitores, ya que no continúa a nadie en el orden de prelación establecido por el art. 26 de la ley antes citada, no fue postergada por otro causahabiente con mejor derecho ni tampoco, en ningún momento, coparticipó del beneficio con la anterior titular. (Disidencia del Dr. Fernández).
Empleados públicos, relación de dependencia, aplicación de la ley, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: SINDICATO DE TRABAJADORES VIALES c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ AVOCACION (ART. 2, LEY 11.330) -AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 92 AÑO  2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-29

Según la invariable jurisprudencia de la Corte, constituye materia contencioso administrativa la discusión de aspectos vinculados a una relación de empleo público.

Consecuentemente, corresponde rechazar el planteo del amparista que sostiene que la relación laboral de los trabajadores de la vialidad provincial se encuentra regulada por la ley nacional 20.320 (en virtud de lo dispuesto por la ley local 9217), la convención colectiva de trabajo 55/89 y, en definitiva, por la ley 20.744, con lo cual "la legislación administrativa es aplicable subsidiariamente, encontrándonos dentro de normas del Derecho Privado".

Ello por cuanto la eventual aplicación a la relación de empleo de normas del derecho privado no le resta su condición pública, ligada a la realización de cometidos de interés general.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, despido, trabajador, injuria laboral
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Carpio, Antonio Andrés c/ Basso S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad - Laboral  (Expte.: C.S.J. Nro. 96 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

El disenso para con la labor efectuada por los sentenciantes en orden a la valoración de pruebas y hechos y a la interpretación y aplicación de las normas en juego, más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido, remite a materia reservada a los jueces de la causa y, por ende, en principio, ajena al recurso extraordinario, salvo arbitrariedad, lo que de ninguna manera puede entenderse acontezca en el sub examine. En el caso, el recurrente no alcanza a desmerecer lo concluido por la Alzada en punto a que su proceder "...constituyó injuria que, por su gravedad, no consintió la prosecución de la relación laboral (artículo 242 L.C.T.)"; aserto que avaló con doctrina que sostiene que siempre que el trabajador comete un acto injurioso a los intereses del empleador, que por su naturaleza o gravedad no consienta la prosecución de la relación, el principal queda habilitado para resolver el contrato, aunque el hecho no sea punible desde el punto de vista criminal.
Daño moral, accidente de tránsito, reparación integral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castellon vda. de Gil, María c/ Quiroga Sergio Armando y Ot. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S139 - 052)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-28

Es necesario que toda reparación del daño debe ser integral, tratando de restablecer al perjudicado al mismo o semejante estado en que se encontraba antes de producirse el hecho generador del perjuicio, no sólo y en lo posible patrimonialmente, sino también de comodidad personal, de bienestar y con la proyección que presenten todos los daños sufridos; también cabe recordar que el principio de reparación integral responde a la necesidad ineludible de representar en dinero los sufrimientos efecti vamente padecidos, como así también que ello resulta de mayor dificultad, tratándose de daños de contenido extrapatrimonial, tales por ejemplo como acontece, como ocurre en el sub-examen, con la vida humana.
Procedimiento administrativo, ley supletoria, acto administrativo, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BALESTRA JUAN ANIBAL c/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LAPROVINCIA DE CORRIENTES Y ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s/ RECURSO FACULTATIVO"Expte. N8878/93
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-08-03

Al no traer la Ley 3295/96, una forma especial de notificación diferenciada de la establecida en la ley 3460, corresponde la aplicación supletoria de la misma.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pasini, Mario Alberto c/ Patania, Sebastián s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Teniendo en consideración que el actor ejerce su profesión de abogado no solamente en La Plata, sino en otros departamentos judiciales; que de acuerdo con la prueba pericial, para efectuar las reparaciones al automotor, éste debió permanecer detenido durante nueve días hábiles, a los que cabe añadir los relativos a los de espera de turno, búsqueda de repuestos, días no laborables, etc., lo cual razonablemente totalizan trece días de indisponibilidad del rodado, resulta justo fijar la indemnización por este rubro en la suma de $250 (art. 165, CPCC), teniendo en cuenta para ello también el ahorro de combustible, lubricantes y gastos de rodamiento que importó el no uso del vehículo.
Impuestos, facultades tributarias, gobierno nacional, gobierno provincial, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Plata Remolques S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-30

La falta de previsión de la autoridad competente al fijar las tarifas del servicio de remolque maniobra en los puertos de jurisdicción nacional sin tomar en cuenta la incidencia del tributo local, así como la propia actitud de la actora, que se consideró exenta de tal obligación, no pueden justificar un cercenamiento a las facultades impositivas del fisco local, máxime si no de demostró que su pretensión fuera confiscatoria (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Deuda pública, honorarios del abogado, regulaciones parciales, régimen de consolidación de deudas, cancelación de deudas, derechos del acreedor, ley de consolidación de la deuda pública
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: RADIODIFUSORA BUENOS AIRES SA c/ ESTADO NACIONAL ARGENTINO SEC. DE CULTURA DE LA NACION Y OTRO s/ DESALOJO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-14

El cobro de la porción de los emolumentos de los profesionales que se liquidó, debe ser encuadrado en los términos del art. 22 de la ley 23.982 y sujetarse al sistema allí previsto (cfr. Corte Suprema, in re "Kasdorf c/Prov. de Jujuy", del 23.12.92, consid. 8°; ésta Sala, Causa 5880 del 29.7.94, consid. IV; Sala II, Causas 8514 del 4.6.93;

3197 del 29.7.93). De conformidad con lo establecido en la citada norma legal, el Poder Ejecutivo debe comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1° de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento, encontrándose el acreedor legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo.
Nulidad de asamblea de accionistas, pericia contable
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAS, MANUEL c/ UTSCH ARGENTINA SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-06

Resulta improcedente la demanda de nulidad de asamblea promovida por un accionista, con motivo en la supuesta violación del límite porcentual previsto por la ley 19550: 261 y a la ausencia de proporcionalidad entre la retribución asignada a los directores y las tareas por ellos realizadas, toda vez que el actor aduce que tal porcentaje excedería el tope legal si se atiende a las ganancias obtenidas en los ejercicios cerrados impugnados. Sin embargo, de acuerdo al dictamen pericial se observa que la utilidad computable en tales ejercicios cerrados, debe integrarse con la provisión constituida para honorarios; esto es, sin descontarse de la base de cálculo los honorarios del directorio que serán aprobados por la asamblea (resolución general 290/97 de la Comisión Nacional de Valores); siendo así la pericia contable analizada, contundente en orden a la cuestión debatida sellando la suerte adversa a la petición del actor.
Daños y perjuicios, robo, culpa civil, policía
Materia: CIVIL
Carátula: Finardi, Alberto c/ D'Odorico Propiedades S.R.L. s/ robo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-11

Si bien el deber de proporcionar un ámbito apropiado para la concertación de operaciones llevadas a cabo en la inmobiliaria, resultaría de la naturaleza e importancia patrimonial de los negocios que allí se celebran, esa exigencia no puede ser llevada a términos irrazonables, ni corresponde imponer comportamientos que trascienden el grado de previsión normal en la actividad de que se trata, máxime cuando existían mecanismos de alarma que fueron accionados y no tuvieron el resultado esperado por el retraso de la policía.
Tribunal de disciplina, sanciones procesales, Derechos humanos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ AVALOS CARLOS LEON c/ TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEL COLEGIO DE ABOGADOS s/ RECURSO DE AMPARO-RECURSO EXTRAORDINARIO INTERPUESTO POR EL DR.  OLIVERA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-12-23

La sanción aplicada por el Tribunal de disciplina del Colegio de Abogados configura una delicada y extrema situación en la que, por falta de otros medios legales, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales
Recurso de inconstitucionalidad, jueces, concurso preventivo, crédito verificado, crédito fiscal, intereses, tasas de interés, modificación de la tasa de interés, crédito privilegiado
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - D.G.I. c/ CORONDA COOPERATIVA LTDA. AGRICULTORES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - CONCURSO  PREVENTIVO - INCIDENTE DE REVISION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 179 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-14

No puede prosperar el reparo contra la sentencia A quo promovido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, D.G.I., -que pretende la revisión del acuerdo de los intereses pretendidos por el Fisco sobre el capital reconocido con privilegio- consistente en haberse arrogado la Sala el papel de legislador, al confirmar -según su propio arbitrio- la sentencia de baja instancia que, siguiendo el dictamen del síndico, fijó la tasa de interés del uno por ciento mensual, cuando la normativa federal establece una distinta. En este aspecto la impugnante no prueba que la referida tasa haya sido establecida o aprobada con fundamento en la sola voluntad del Judicante, quien ha puesto de relieve el objetivo de no vulnerar el principio de igualdad o pars conditio creditorum, evitando el "... devenga miento de una tasa que genere irritantes privilegios para el Estado...", con la finalidad de "..poner a todos los acreedores igualitariamente en relación con los intereses devengados sobre el capital debido..."; con lo que queda en evidencia que el criterio para la determinación de los intereses judicialmente reconocidos al ente recaudador ha sido la equiparación de tasas entre los acreedores, atendiendo a la perspectiva de recomposición eventual del patrimonio del deudor, y de cobro efectivo de los créditos en juego, y todo ello con fundamento en derecho, por lo que el agravio analizado resulta inadmisible en orden a lograr la apertura de la instancia de excepción.
Defensa del consumidor, multa administrativa, fecha de vencimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: El condor - serafina ovejero s/ apelacion (ley pcial. nº 1480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-08-03

Para la determinación del monto de la multa por infracción al art. 5 de la ley 24.240, corresponde considerar los productos vencidos, la intencionalidad circunscripta al reconocimiento del infractor en cuanto a la negligencia incurrida por falta de control en la reposición de mercaderías vencidas, el riesgo a la salud del consumidor y a la sociedad, todo en el marco de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 24.240.
Facultades legislativas, facultades delegadas, reglamentación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arpemar  SAPC. e I.  y otros s/ infr. a la ley 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

No existe propiamente delegación sino cuando una autoridad investida de un poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona descargándolo sobre ella, debiendo distinguirse entre la delegación del poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de reglar los pormenores o detalles para la ejecución de aquella.
Extradición, tratados internacionales, orden público, irretroactividad de la ley
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO - PENAL
Carátula: Priebke, Erich c/  s/ solicitud de extradición - causa n° 16.063/94. 16.063/94.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Las convenciones sobre extradición son disposiciones de orden público respecto de las cuales no rige el principio de la no retroactividad de las leyes (Votos de los Dres. Julio S. Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor y del Dr. Gustavo A. Bossert).
Beneficios previsionales, jubilaciones, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Barreiro, David Alberto y otros c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

La obtención del beneficio en determinadas condiciones, incorpora un bien al patrimonio del jubilado que no puede ser disminuido o alterado por posteriores modificaciones de orden administrativo que importen una retrogradación en la condición de pasividad (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Recusación, jubilación de magistrados, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández Prego, Jorge Carlos s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-14

Es manifiestamente improcedente la recusación de los jueces integrantes de la Corte por considerar que siendo miembros del Poder Judicial de la Nación tienen interés en el resultado de la litis ya que pese a estar incluidos en el campo de aplicación de la ley 18 464 no se hallan actualmente en condiciones de acogerse a la jubilación ordinaria, por lo cual carecen de interés actual alguno en relación con el tema debatido; y de otro modo dejarían de cumplir con el servicio de la justicia y los deberes inherentes al ejercicio del cargo.
Seguros, automotores, cobertura, daños y perjuicios, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: Di Croce Nancy Karina c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-28

Cabe hacer lugar a la exigencia de la aseguradora, que como recaudo previo al pago de la indemnización del resarcimiento con causa en el daño emergente verificado, le entregue cierta documentación, conforme fuera establecido en una de las cláusulas contractuales para el caso de destrucción total del automotor. Es que la entrega de tales instrumentos resulta lógica en tanto ellos posibilitarán que en estos casos la aseguradora pueda adquirir legalmente el dominio sobre el vehículo asegurado, sus restos o la esperanza de hallarlo en alguna oportunidad (Soler Aleu, A., Seguro de automotores, Buenos Aires, 1978, pág. 167, n° 85). En su caso, lo requerido en punto a la baja definitiva de la unidad ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, tiene su apoyo normativo en lo dispuesto por el art. 5, tercer párrafo, del decreto 744/2004, reglamentario de la ley 25761, en cuanto dispone que "...En forma previa al pago de un siniestro calificado como "destrucción total", las compañías de seguros, deberán exigir al asegurado la presentación del certificado de baja del automotor por destrucción expedido por el Registro Seccional correspondiente...".
Acción de amparo, existencia de otras vías, recurso de casación, cuota alimentaria, cesación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Salaya. Jorge Cirilo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-01-28

Si el recurrente tenía a su disposición una vía procesal ordinaria idónea para plantear la cuestión -ya que podría haber interpuesto recurso de casación contra la resolución que deniega el pedido de cesación de cuota alimentaria oportunamente fijada por el tribunal, demostrando el agravio irreparable que alega en este juicio de amparo-, debe rechazarse el amparo en tanto ello implica la inexistencia de un requisito requerido tanto para la admisibilidad formal (art. 382, inc. 4º del C.P.C.) como para la procedencia sustancial (art. 379, inc. 3º del C.P.C.) del remedio intentado.
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: PENAL
Carátula: C. A. T. C/C. N. Z. c/  s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-10-27

Antes de la reforma, el Derecho argentino no brindaba pautas específicas para la determinación del monto resarcitorio por daño moral; la solución a ese problema siempre fue aleatoria y subjetiva y tuvo como única guía la intuición del magistrado. El Código Civil y Comercial ha incorporado nuevas directivas a través de los arts. 1738, 1740 y 1741. Todos los antecedentes señalados permiten concluir que el monto reclamado no debía ser reducido sino receptado íntegramente.
Imputado, situación del imputado, sobreseimiento, oportunidad procesal, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PICCININI, Ana s/ denuncia, Causa nro. 27.016
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-25

Si bien el artículo 72 del Código Procesal Penal de la Nación señala que la condición de imputado se adquiere a partir de la detención o indicación de una persona como partícipe de un hecho delictuoso, tal extremo no basta para que éste pueda reclamar se dicte sobreseimiento a su respecto. Ello sólo corresponderá cuando el grado de sospecha se haya manifestado en el llamado a prestar declaración indagatoria por parte del juez instructor. (Del voto de los Dres. Cortelezzi y Vigliani).-
Recurso de nulidad, improcedencia del recurso, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CENDON, Néstor s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-12

Debe ser rechazado el recurso de nulidad interpuesto por un condenado cuando los motivos que lo fundamentan no han sido argumentados, y no puede advertirse que el acto impugnado tenga vicios que acarreen su invalidez en los términos del art. 509 del C P.M.P. .
Jurisdicción y competencia, justicia militar, avocación jurisdiccional, acción penal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DENUNCIAS  REMITIDAS  POR  LA  COMISION  BICAMERAL  POR LOS DERECHOS HUMANOS  -  LEY  INTERPUESTA  POR LOS DIPUTADOS ALEJANDRO SANGENIS  Y OTRO s/ PRESUNTOS ILICITOS EN LA CARCEL Y JEFATURA DE POLICIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-17

Las facultades de control otorgadas a las cámaras federales por el art. 10 de la ley 23.049 deben interpretarse -al no haber existido intervención previa de la jurisdicción militar- teniendo en cuenta la nueva situación creada por aplicación del art. 2 de la ley 23.492.
Juicio de árbitros, honorarios del abogado, regulación de honorarios, reducción de la regulación, Reglamento de Conciliación y de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Blanco, Guillermo y otro c/ Petroquímica Bahía Blanca y otro s/ recurso ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

La razonabilidad de la decisión que redujo los honorarios fijados a los letrados en un proceso arbitral, se ratifica si se advierte que los emolumentos coinciden en forma aproximada con los que resultarían de la aplicación de la tabla anexa al inc. 2, del art. 20 del Reglamento de Conciliación y de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, pues apenas superan el monto máximo fijado en dicha escala, que constituye una pauta orientadora (Voto de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert, del Dr. Antonio Boggiano y del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, declaración indagatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Polacchini, Enza s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-14

El llamado a prestar declaración indagatoria formulado respecto de la imputada posee virtualidad interruptiva del curso de la prescripción, por lo que la acción penal seguida en su contra no se encuentra extinguida. Al respecto, corresponde señalar que tanto durante la vigencia del régimen anterior, como a partir de la sanción de la ley 25.990, el auto a través del cual el imputado es convocado en los términos previstos por el artículo 294 del código de rito, ha sido considerado un acto interruptor de la prescripción de la acción penal. (Voto del Dr. Fégoli; adhieren los Dres. David y Mitchell).
Caducidad de instancia, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: CONFINA SANTA FE S.A. c/ CORDOBA NAZARENO SEBASTIAN s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-02-02

La caducidad de instancia es un instituto procesal de orden público, instituido como un modo anormal de terminación del proceso (arts. 298 a 306 del CPCyC), que se produce cuando ha transcurrido el plazo que la ley establece sin que haya existido petición de parte o resolución judicial que tenga por objeto impulsar el procedimiento.
Recurso contencioso administrativo, juicio
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: SYNCRO ARGENTINA SAQICIF c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD     REVOCATORIA (CSJ EXPTE Nº 342-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-18

Es la parte y no la Presidencia de la Corte quien debe decidir de qué medio procesal se vale para la defensa de la situación jurídica subjetiva que considera vulnerada.