Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-14


Causa 8567-01/CC/2006 "Recurso de Queja en autos AGUIRRE, Ricardo Norberto s/ infr. art. 84 CC".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de diciembre de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz a efectos de resolver la presente causa de la que:

RESULTA:

1) Que a fs. 3/4 el Sergio Julián Pistone interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio contra la resolución de fecha 12 de octubre, mediante la cual la Sra. Juez de grado declaró la rebeldía de Ricardo Norberto Aguirre y ordenó el paradero y posterior comparendo.

Oída la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 18/19, pasan los autos a resolver.

Y CONSIDERANDO:

Admisibilidad del recurso 2) En virtud de lo establecido por el art. 6 de la ley 12, es de aplicación supletoria el Código Procesal Penal de la Nación, a la luz del cual se deberán analizar los requisitos de admisibilidad de la vía directa que ha intentado el quejoso.

El remedio intentado cumple con los requisitos establecidos en los arts. 476 y 477 del C.P.P.N., pues ha sido presentado en tiempo y forma, por quien se encuentra legitimado para recurrir y contiene fundamentación autónoma, por lo que resulta autosuficiente.

3) Asimismo, tal como sostuvo este Tribunal en autos "Vazquez Chacon" y "Lallana", la decisión criticada ocasiona un gravamen irreparable en los términos exigidos en esta instancia, siendo en consecuencia de aquéllas indicadas como objeto de impugnación, toda vez que causa un menoscabo al libre goce del derecho de libertad ambulatoria del imputado; razón por la cual, debe abrirse la instancia revisora.

No ignora mas no comparte este Tribunal el criterio según el cual la declaración de rebeldía efectuada por el Juez de la causa carece de entidad suficiente para generar un gravamen irreparable en los términos del art. 449 C.P.P.N. -de aplicación supletoria en virtud de lo normado por el art. 6 de la ley 12-, pues admitirlo, significaría privar a la defensa de impugnar una decisión cuyo contenido formal y material autoriza a ser revisado.

El perjuicio que ocasiona dicho temperamento, junto con la orden de paradero y posterior comparendo dispuesta en consecuencia, resulta palmario toda vez que restringe el derecho de libertad de una persona imputada de la comisión de un hecho contravencional, que no ha podido ejercer aún su legítimo derecho de defensa, al no tener conocimiento efectivo del hecho que se le imputa, de las pruebas existentes en su contra y de la posibilidad de elegir letrado defensor.

4) Siendo que nuestro régimen procesal local difiere al de la Nación en cuanto al trámite del recurso de apelación, se deberá resolver la queja y en su caso, proceder directamente al análisis de los agravios.

En efecto, los arts. 50 y 61 de la ley 12 regulan que tal remedio procesal debe ser deducido mediante escrito fundado, mientras que el CPPN sólo exige su motivación, por lo que prevé un sistema de emplazamiento (arts. 451 y 454) que, de abrirse el recurso de queja, deviene necesario el reenvío a la instancia inferior para notificar al recurrente respecto de la concesión del primigenio recurso de apelación -dado que se fundamenta en la Alzada-.

Por ello, no corresponde en el ámbito local tal remisión a primera instancia (ley 12, art. 55), debiendo en su caso cumplirse con el trámite previsto por el art. 51 del ordenamiento rituario local.

Consecuentemente, adelantamos que procede abrir la queja intentada, declarando mal denegada la apelación deducida y, siendo que ella se encuentra debidamente fundada, de una interpretación sistemática de la ley procesal, debemos adentrarnos a tratar el fondo de la cuestión traída a estudio, no resultando necesario otra sustanciación.

De los agravios 5) Este tribunal sostuvo que el artículo 13, inciso 3º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires enumera una serie de principios entre los que se establece la inviolabilidad de la defensa en juicio, sancionando como nulos los actos que vulneren garantías procesales. En este sentido, reitera el correcto entendimiento que se debe dar al art. 18 de la Constitución Nacional (Causa Nº 8710/CC/2006 "ACOSTA RIVEROS, DEBORA SOLEDAD s/inf. art. 83, ley 1472- Apelación " rta. el 02/06/06).

En este orden de ideas, el art. 1 L.P.C. dispone que "toda persona imputada como responsable de una contravención, puede ejercer los derechos que el Código le acuerda, desde los actos iniciales, hasta la terminación de la causa".

Las actuaciones se inician cuando la autoridad preventora comprueba prima facie la posible comisión de una contravención; oportunidad en que debe labrar un acta que contenga, entre otras exigencias, los datos del presunto contraventor (art. 36, ley nº 12). De ello se colige que existe un imputado a partir del labrado del acta contravencional que puede designar defensor de su confianza, o en su defecto, ser asistido por el defensor oficial que por turno corresponda (art.3, L.P.C.). Tal postulado tiende a dar efectividad al derecho de defensa, en especial en todos aquellos actos jurisdiccionales que pudieren importar restricción de derechos constitucionales.

Es que tal como lo sostiene Julio Maier: "todas las garantías constitucionales se ponen en acto desde el momento en el que una persona es indicada como autor o partícipe de un hecho punible ante cualquiera de las autoridades competentes para la persecución penal, pues desde ese momento peligra su seguridad individual en relación a la aplicación del poder penal estatal; puede, entonces, desde ese momento, ejercer todas las facultades tendientes a posibilitar la resistencia a ese poder penal" (Derecho Procesal Penal, Ed. Del Puerto, Bs. As. 2004, T I, pág. 548).

La afectación constitucional que genera el incumplimiento de la garantía de defensa en juicio se encuentra sancionada por el art. 167 del C.P.P.N., -de aplicación supletoria conforme lo prescripto por el art. 6 de la ley 12-, que establece: "Se entenderá siempre prescripta bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes: ...3º) A la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece".

En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido: "Esta Corte tiene resuelto desde antiguo que el cumplimiento de las normas tendientes a asegurar que el reo cuente con asistencia letrada constituye requisito de validez cuyo incumplimiento determina una nulidad que debe ser declarada por el Tribunal en ejercicio de la jurisdicción extraordinaria. Tal conclusión se asienta tanto en la garantía de la defensa en juicio, expresamente establecida en el art. 18 de la Constitución Nacional, cuanto en la que asegura el debido proceso que la complementa e integra aquéllas a las que se refiere el art. 33 por ser inherentes al sistema republicano" (L. 285. XXI. - "López, Osvaldo Antonio (ex Cabo Primero)" - CSJN - 14/09/1987. elDial - AA31EE - elDial.com - Editorial Albrematica).

6) Los bienes jurídicos que se encuentran en juego en el sub examine, ameritan la intervención de una asistencia técnica que cubra acabadamente y en todos los estadíos del proceso con el ejercicio del derecho de defensa en juicio. En todos y cada uno de los actos que se suceden en un proceso penal, el juez debe encargarse de garantizar tal derecho.

Por tal motivo, y aún cuando no lo ha previsto el legislador en forma expresa, esta alzada entiende que el órgano jurisdiccional no puede obviar la intervención previa de la defensa ante la inminencia de una restricción del derecho de libertad ambulatoria, como ha sucedido en el caso que nos ocupa.

En la causa de marras el a quo adoptó un temperamento de ese tenor, al declarar la rebeldía de Ricardo Norberto Aguirre y ordenar su paradero y posterior comparendo por la fuerza pública, sin previa sustanciación por parte de la defensa.

Así es que, recién le dio intervención al Defensor Oficial cuando la decisión ya había sido tomada (ver notificación de fs. 89vta.), privándolo completamente de la posibilidad de gestionar la comparecencia del imputado por sus propios medios. Sucede que, si no se notifica al Defensor Oficial previo a la declaración de rebeldía, mal puede éste ejercer el deber que le impone el art. 30 de la ley nº 21.

Se comprueba, de esta manera, una violación a la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 13, inc. 3, CCABA y art. 18, CN), correspondiendo proceder conforme lo preceptuado en el art. 167 del C.P.P.N. (in re "Lallana, Juan Carlos s/ inf.. Art.79 C.C. s/Apelación", rta. el 07/11/06). Por tanto, adelantamos que habremos de declarar la nulidad de la resolución que fuera objeto de impugnación.

7) Sin perjuicio de lo sentado en el punto anterior, consideramos oportuno hacer mención a que si bien la situación del imputado en el presente caso configuraría en principio uno de los supuestos que prevé el art. 288 C.P.P.N (de aplicación supletoria conforme el art. 6, ley 12), no se advierte que se hayan agotado todas las medidas tendientes a lograr su comparecencia.

Pues bien, la previa intervención de la defensa, además de evitar planteos nulificantes posteriores, constituye una de las medidas que deben agotarse previamente a una declaración de rebeldía.

Esto mismo sucede con lo exigido por el art. 150, CPPN en cuanto prescribe: "Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que debe ser notificada, la resolución se hará saber por edictos que se publicarán durante (5) días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las medidas convenientes para averiguarlo" (la negrilla nos pertenece). Resulta claro, pues, que tal extremo opera como presupuesto de la declaración de rebeldía (in re "VAZQUEZ CHACON, Sabina s/ Infr. Art. 83, ley 1472 - Apelación" rta. el 07/07/06).

En efecto, ello es lo que sucede en el caso objeto de examen, pues si bien en oportunidad de ser citado al lugar donde presuntamente fue cometida la contravención Aguirre fue notificado personalmente, en la actualidad se desconoce su lugar de residencia (ver informe policial de fs. 40/42), en razón de lo cual, corresponde dar cumplimiento con lo previsto en el artículo precedentemente citado, librando edictos al efecto.

8) Por todo lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:

DECLARAR LA NULIDAD de la resolución dictada por el a quo con fecha 12 de octubre del corriente año, en cuanto declara la rebeldía de Ricardo Norberto AGUIRRE y ordena su paradero y posterior comparendo, de conformidad con lo establecido en los arts. 167, 168 y ccdtes. del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria conforme lo dispuesto en el art. 6º de la ley 12.

Regístrese, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara y remítase al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 22, a fin de que practique las notificaciones pertinentes.

Ante mí:

Endede 2006 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 notifiqué a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

Endede 2006 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 22. Conste.