Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-09-28


Fojas: 50 En Mendoza, a veintiocho días del mes de setiembre del año dos mil cinco, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N 79.837, caratulada: "FERNANDEZ HUGO M. EN J 32.144 "FERNANDEZ HUGO M. C/PANASITI ANTONIO LUIS P/DESPIDO" S/CASACION".

De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C. y Acordada N 5845, quedó establecido el siguiente orden de votación de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero Dr. PEDRO J. LLORENTE, segundo Dr. HERMAN A. SALVINI y tercero Dr. CARLOS BÖHM.

A N T E C E D E N T E S:

A fs. 23/28, el Señor Hugo Mauricio Fernández, por medio de representante, interpone recurso extraordinario de casación contra la sentencia dictada a fs. 213/217 vta. y su aclaratoria de fs. 243 de los autos N 32.144, caratulados: "Fernández Hugo Mauricio c/Panasiti Antonio Luis p/Despido" , originarios de la Excma. Cámara Segunda del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

A fs. 33 se admite formalmente el recurso interpuesto y se ordena correr traslado de la demanda a la contraria.

A fs. 46/47 corre agregado el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expone considera que corresponde hacer lugar al recurso planteado.

A fs. 48 se llama al Acuerdo para sentencia y a fs. 49 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

P R I M E R A: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? S E G U N D A: En su caso, qué solución corresponde? T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. LLORENTE, dijo:

1. A fs 23/28, Omar Ramón Sanz, por Hugo Mauricio Fernández interpone recurso de casación contra la sentencia dictada a fs 213/217 vta por la Cámara Segunda del Trabajo, y solicita se revoque parcialmente la misma en cuanto encuadra la relación laboral en el RNTA ley 22.248 y haga lugar a los rubros indemnizatorios reclamados en la demanda.

Funda la queja en el inciso 1° del artículo 159 del CPC. Alega que en el dictum casado no se ha aplicado a la relación laboral del actor como trabajador de viña, la legislación específica, o sea, el C.C. 154/91 y supletoriamente las normas de LCT, según lo que establece la ley 22.248 en su artículo 144, que excluye de su ámbito a las relaciones regidas por convenios anteriores a su vigencia, y que tampoco se ha aplicado lo dispuesto por los artículos 1° y 2° de la ley nro. 25.323, sino que se ha aplicado totalmente el RNTA ley 22.248, cuando no correspondía hacerlo, (fs 24 vta del recurso).

Relata que la actividad laboral realizada por el Sr Fernández para el Sr Panasiti, en la finca de éste último, dedicada solamente a la vitivinicultura, encuadra en el vigente CCT nro. 154/91, que tiene como antecesor inmediato el CCT nro. 45/75, para este sector laboral, y supletoriamente se rige por la LCT y no por el RNTA ley 22.248, ello en razón de lo dispuesto por el artículo 144 del citado régimen especial, que establece con claridad que el régimen de las convenciones colectivas de trabajo se continuará aplicando a las actividades agrarias que se hubieren incluido en el último régimen citado, con anterioridad a la vigencia de la ley 22.248, (fs 27 del recurso).

En base a ello solicita que se case parcialmente la sentencia y se haga lugar a todos los rubros requeridos en el punto III, Liquidación, de la demanda, en base a lo que dispone la LCT y la ley nro. 25.323, tanto los rechazados, como los no rechazados en el decisorio recurrido, (fs 27 vta del recurso).

2. La sentencia casada hace lugar parcialmente a la demanda, y condena al Sr Antonio Luis Panasiti a pagar al actor Sr Hugo Mauricio Fernández, la suma de $ 3.864 con más los intereses legales.

A fs 215/216 del fallo, la Cámara tiene por acreditado que el actor ha trabajado para el demandado durante el período de tiempo que denuncia y en las tareas que describe en el escrito de demanda, es decir, tareas de nivelación de terrenos, preparación de tierras para espalderos, chofer de tractores y camiones, "galponero" a cargo de máquinas y herramientas.

A fs 216 y vta del fallo, el Tribunal a-quo considera justificado el autodespido del actor y procede a liquidar la indemnización prevista en el artículo 76 inciso a) de la ley 22.248, modificada por el artículo 155 de la ley nro. 24.013, y expresa que no es procedente la aplicación de la ley nro. 25.323.

3. A fs 46/47 el Sr Procurador General aconseja el acogimiento del recurso de casación planteado.

Afirma que se ha expedido en anteriores causas, donde ha expresado que el convenio que regía la materia es el 45/75 del 19/06/75, el que ha sido reformado por el CCT 154/91 del 16/01/91, por lo que resulta ser anterior a la ley nro. 22.248. Agrega que este convenio tiene rango constitucional y es específico del obrero común de viña y frutales, por lo que es ajustado encuadrar el caso a las disposiciones de la LCT, conforme el reclamo de la parte actora.

4. Con respecto al thema decidendum a resolver en la presente casación, esta Sala se ha expedido en anteriores causas que citaré a continuación.

En primer lugar, en los autos nro. 58.689, caratulados " Bodegas y Viñedos Nicolás Catena S.A. en j° 12. 432, Rosales, Marcelo F. c/Bodegas y Viñedos Nicolás Catena S.A. p/ordinario s/casación", de fecha 26 de noviembre de 1996, registrado en LS 269 fs 56, ha sostenido que es acertado el criterio del a-quo que considera que el convenio colectivo 154/91 y las normas de la LCT rigen la actividad laboral del actor como obrero común de viñas, quedando excluido del ámbito legal de la ley 22.248, porque el convenio citado es de fecha anterior al RNTA, por lo que es ajustado a derecho encuadrar el caso en la LCT para resolver sobre la procedencia de los rubros reclamados por el actor, desde que la propia ley 22.248 en su artículo 144 excluye de su ámbito a las relaciones regidas por convenios anteriores a su vigencia, (fs 58 del precedente citado).

Este criterio interpretativo ha sido ratificado en posteriores precedentes jurisprudenciales, v.gr. expediente nro. 60.365, caratulado " Echegas S.A. en j° 11.985, Ferreyra M.J. c/Echegas S.A. p/Ordinario s/Casación", de fecha 1 de setiembre de 1998, registrado en LS 282 fs 317, y en los autos nro. 65.651, caratulados " Coria de Villegas, Elsa Dora en j° 4050, Coria de Villegas, Elsa Dora por si y sus hijos c/Carmelo Cairo S.A. s/Inc-Casación", de fecha 30 de abril de 1999, registrado en LS 287 fs 398.

En la especie, como he expuesto en el punto 2, la Cámara tiene por acreditado que el actor trabajaba como obrero común de viñas en la finca del Sr Antonio Luis Panasiti, desde el mes de julio del año 1997 hasta fines del año 1998 y desde el mes de mayo del año 1999 hasta el mes de febrero del año 2001, (ver fs 215/216 del fallo casado).

Asimismo, el Tribunal a-quo tiene por demostrado que el autodespido por parte del actor es justificado por lo que proceden las indemnizaciones reclamadas en el escrito de demanda.

Sin embargo, el Tribunal de juicio ha incurrido en errónea interpretación y aplicación de las leyes 22.248 y 25.323, como así también del convenio colectivo nro. 154/91, como denuncia con acierto el quejoso con sustento en la jurisprudencia de esta Sala reseñada supra.

En efecto, el Tribunal a-quo ha omitido interpretar y aplicar el artículo 144 del RNTA ley 22.248, de lo que ha derivado la omisión de aplicar al caso el vigente CCT nro. 154/91, la ley nro. 25323 en sus artículo 1° y 2° y la LCT.

La ley nro. 22.248 (B.O. 18/07/80) instituye el nuevo régimen nacional del trabajo agrario, modifica el artículo 2 de la ley 20.744 reformada por la ley 21.297 y declara que sus disposiciones no son aplicables a los trabajadores agrarios y deroga en consecuencia el decreto-ley 28.169/44 (estatuto del peón), la ley 13.020 (trabajo rural de temporada), el decreto ley 15.169/56 (remuneraciones de trabajadores rurales) y los decretos reglamentarios 2509/48 y 34147/49.

En el mensaje de elevación al Poder Ejecutivo, la primera nota que se observa en la citada ley (Régimen Nacional del Trabajo Agrario), es la de constituir un régimen autónomo y totalmente independiente del instituto en la ley general de contrato de trabajo. Para ello se han tenido en cuenta la naturaleza y modalidades propias del trabajo agrario que hacen de difícil aplicación las disposiciones que regulan el trabajo industrial o comercial, (cfr. Brebbia, Fernando P. "Tratado Teórico Práctico de los Contratos Agrarios", Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, año 1997, ps. 296/297).

Ahora bien, el artículo 144 de la citada ley dispone que, "El régimen de las convenciones colectivas de trabajo continuará aplicándose únicamente con relación a las actividades agrarias que se hubieren incluido en aquél con anterioridad a la vigencia de la presente ley".

De consiguiente con lo expresado hasta el momento, la actividad laboral realizada por el Sr Fernández en la finca del Sr Panasiti se rige por el CCT 154/91 y supletoriamente por la LCT, y no por el RNTA, ley 22.248, atento a lo dispuesto por el artículo 144 mencionado, que establece con claridad que el régimen de las convenciones colectivas de trabajo se continuará aplicando exclusivamente a las actividades agrarias que se hubieren incluido en el último régimen citado, con anterioridad a la vigencia de la ley nro. 22.248.

La actividad vitivinícola ha sido incluida en el régimen especial mediante el CCT 45/75 , mientras que el RNTA comenzó a regir a partir del año 1980, por lo que se ha cumplido sin duda la condición que establece el artículo 144 para que esta actividad quede excluida del RNTA.

Además, también resulta aplicable al caso la ley nro. 25.323 (B.O. 11/10/2000), que estableció un incremento de las indemnizaciones laborales en distintos supuestos, y en el artículo 2° dispone un incremento del 50 % en las indemnizaciones previstas por los artículos 232, 233 y 245 de la LCT (indemnización sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido e indemnización por antigüedad).

En base a las consideraciones vertidas, me pronuncio por la AFIRMATIVA a la cuestión propuesta, en coincidencia con lo dictaminado por el Sr Procurador General, en razón que el Tribunal de grado ha incurrido en los vicios de derecho denunciados por el recurrente.

ASÍ VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. SALVINI y BÖHM adhieren por los fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. LLORENTE, dijo:

Atento a lo resuelto en la cuestión que antecede, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs 23/28, y en consecuencia procede revocar parcialmente la sentencia que obra a fs 213/217 vta de los autos principales, en cuanto aplica erróneamente la ley 22.248 y no ha aplicado el CCT 154/91 (16/01/1991) y la ley nro. 25.323, respectivamente, (artículo 162 del CPC).

De consiguiente, corresponde dejar sin efecto los fundamentos y resolutivos del fallo donde se hace referencia a la aplicación de la ley 22.248, porque la actividad laboral del actor encuadra legalmente en el CCT 154/91, LCT y ley nro. 25.323.

En consecuencia, procede hacer lugar a la indemnización reclamada en la demanda de fs 14/17 vta por el Sr Hugo Mauricio Fernández, conforme lo solicitado en el punto III- Liquidación en concepto de aguinaldo (segundo semestre año 1999, primer semestre año 2000 y segundo semestre año 2000, proporcional); vacaciones (14 días año 2000); indemnización por antigüedad (tres períodos y uso de la casa); asignaciones familiares (período 10/99 a 09/00); indemnización por falta de preaviso (un mes), de conformidad con lo dispuesto por el CCT 154/91, LCT y ley 24.714 y modificatorias.

Asimismo, corresponde hacer lugar a las indemnizaciones solicitadas en concepto de integración de despido y los incrementos indemnizatorios previstos en los artículos 1 y 2 de la ley nro. 25.323, habida cuenta que en el proceso se ha probado que el actor no estaba registrado laboralmente y que ha intimado fehacientemente al empleador a pagar los rubros resarcitorios previamente (ver fs. 85/87 de las actuaciones principales).

De acuerdo a lo expuesto, debe remitirse la presente causa al Tribunal Laboral de origen para que se realicen los cálculos indemnizatorios en virtud de la interpretación dada a la normativa denunciada en la casación en estudio.

Consecuentemente al resultado a que se arriba, una vez efectuados los cálculos de los rubros que se declaran procedentes, deberá practicarse la regulación de los honorarios de la instancia ordinaria.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. SALVINI y BÖHM adhieren por los fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. LLORENTE, dijo:

Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a la recurrida vencida. (arts. 148 y 36 del C.P.C.).- ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. SALVINI y BÖHM adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 28 de setiembre de 2005.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, R E S U E L V E:

1) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 23/28 de autos, y en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia de fs. 213/217 vta. con el alcance expuesto en la segunda cuestión de la presente resolución, (art. 162 del C.P.C.).

De consiguiente, corresponde dejar sin efecto los dispositivos I y II del fallo citado, los que serán reemplazados por los siguientes: "I.- Hacer lugar a la demanda planteada a fs. 14/17 vta. por el Sr. Hugo Mauricio Fernández en contra del Sr. Antonio Luis Panasiti y, en consecuencia, condenar a éste último a abonar al actor la suma de condena firme, con más la que resulte del cálculo indemnizatorio a practicarse por el Tribunal Laboral de origen, correspondiente a los rubros detallados en la segunda cuestión de la presente, por aplicación del CCT nro. 154/91, LCT, ley 24.741 y modificatorias y ley 25.323, respectivamente. Con respecto a los intereses legales deberá estarse a lo que se decida en la instancia de conocimiento, y conforme a lo resuelto en el plenario recaído en autos nro. 80.131, caratulados: "AMAYA Osfaldo en J 11.075..."; "II.- Imponer las costas a la parte demandada por resultar vencida, (art. 36 del CPC)".

2) Imponer las costas de la instancia extraordinaria a la parte recurrida vencida (arts. 148 y 36 del CPC).

3) Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad procesal.

Notifíquese.

m.l.