Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-12-28


Fojas: 59 En Mendoza, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil cinco reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 84.873, caratulada: "DIARIO LOS ANDES EN J° 127.696/73.133 DOMÍNGUEZ, JUAN ARMANDO C/ DIARIO LOS AN-DES P/ D. Y P. S/ INC.".

Conforme lo decretado a fs. 58 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primera: DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI; segundo: DR. FERNANDO ROMANO, terce-ro: DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE.

A N T E C E D E N T E S.

A fs. 21/30 el abogado Luis Daniel Cuervo, por Diario Los Andes, deduce recur-so extraordinario de inconstitucionalidad en contra de la sentencia dictada por la Primera Cámara Civil de Apelaciones a fs. 168/175 y su aclaratoria de fs. 178/179 de los autos n° 37.133/127.696, caratulados: "DOMÍNGUEZ, JUAN ARMANDO C/ DIARIO LOS ANDES P/ D. Y P.".

A fs. 38 se admite, formalmente, el recurso de inconstitucionalidad y se ordena correr traslado a la parte contraria quien, a fs. 41/51 contesta y solicita su rechazo con costas.

A fs. 54/55 vta. obra el dictamen del Sr. Procurador General quien, por las razo-nes que expone, aconseja hacer lugar al recurso deducido.

A fs. 57 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 58 se deja constancia del or-den de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provin-cia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso interpuesto? SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUC-CI, DIJO:

I. PLATAFORMA FÁCTICA.

Los hechos relevantes para la resolución de este recurso son, sintéticamente, los siguientes:

1. El miércoles 26 de enero de 2000, en la sección Policiales, el Diario Los An-des publicó una noticia bajo el título "Están presos el hijo y el hijastro. Sería parricidio el asesinato de Coquimbito". Luego aparecía una foto que muestra a vecinos de la víc-tima asesinada. Debajo de la fotografía se lee: "Vecinos del hombre asesinado por su hijo comentan aspectos relativos al hecho criminal". Dentro del texto, resaltado, se lee: "No están claros los motivos del asesinato, pero un allegado dijo que habría sido ultima-do pues se negó a vender una propiedad de la familia". Luego, en el cuerpo de la noticia se dice: "Una derivación inesperada dio la investigación de la muerte de Oscar Alfonso Domínguez, ocurrida hace dos semanas en Coquimbito, Maipú. En dos allanamientos la policía de Investigaciones de Maipú. . . detuvo al hijo y al hijastro del fallecido, quienes tendrían relación directa con la muerte del hombre. De acuerdo a la autopsia practicada en el Cuerpo Médico Forense Domínguez murió de un fuerte golpe en la cabeza y dos puñaladas en el costado izquierdo de su cuerpo que le alcanzaron el corazón. Según las informaciones, ambos apresados serían los autores del crimen, aunque todavía no está claro cuáles fueron los móviles del crimen. Se especula que había diferencias familiares de vieja data, problemas que habrían derivado en la separación. . ." "Desde que fue hallado el cadáver.. La policía comenzó a investigar algunas pistas halladas en el lu-gar, como un cuchillo de cocina que estaba debajo del cadáver y herramientas de campo que estaban sobre el cuerpo. De acuerdo a los primeros datos, la última persona que es-tuvo con Domínguez fue su hijo Armando Domínguez, quien fue apresado el viernes pasado.". "Las averiguaciones luego llevaron a los policías a realizar el lunes a las 20.30 otro allanamiento, donde detuvieron a un hijo no reconocido de la víctima, Marce-lo Víctor Heredia. Un allegado señaló que el fallecido tomaba mucho; lo mismo que uno de sus hijos; pero que las causas del crimen podrían tener alguna relación en la necesi-dad de los medio hermanos de vender una casa propiedad de la familia y que su padre se oponía. Hasta ayer ninguno de los apresados había declarado, y por ello seguían siendo una incógnita los motivos de la muerte de Oscar Alfonso Domínguez.". "Para la gente del barrio es inexplicable lo que ocurrió, pues la víctima era una persona tranquila que no tenía dinero ni otras cosas por las que quisieran matarlo".

2. El 15/10/2001 por ante el 14° Juzgado Civil, el Sr. Juan Armando Domínguez inició demanda por daños y perjuicios por la suma de $ 80.000 contra el Diario Los An-des Hnos. Calle S.A. Relató que como consecuencia de un lamentable error en las pri-meras averiguaciones a cargo de la policía, fue trasladado a la Dirección de Investiga-ciones del distrito Gutiérrez, donde se le comunicó que estaba a disposición del juez que investigaba el homicidio de su padre. Fue detenido en la Dirección de Investigaciones donde permaneció alojado el fin de semana; luego fue trasladado a la ciudad de Mendo-za, donde declaró ante el juez el 26/1/2000. Advirtiendo la total carencia de pruebas que justificaran mantenerlo a disposición del tribunal, sumado a la excelente relación que mantenía con su padre, el juez ordenó su inmediata libertad el 28/1/2000. Con posterio-ridad, el tribunal dictó su sobreseimiento definitivo. Las circunstancias procesales que tuvo que vivir fueron tremendas; a todo lo narrado se sumó que al reunirse con su fami-lia, se enteró de la aparición de una publicación periodística en el Diario Los Andes que había lesionado profundamente su imagen, su reputación y su honor avasallando dere-chos personales reconocidos en la C.N. La noticia aparecida el 26/1/2000, que abarca un tercio de la página 14, se titula con evidente tono sensacionalista: "Están presos el hijo y el hijastro; sería parricidio el asesinato de Coquimbito". El texto también agravia el honor y la imagen cuando afirma que en dos allanamientos la policía de Investigaciones de Maipú detuvo al hijo y al hijastro del fallecido y más adelante continúa que según las informaciones, ambos apresados serían los autores del crimen, aunque todavía no está claro cuáles fueron los motivos del crimen. La publicación periodística ha incurrido en el avasallamiento y violación de derechos y garantías personalísimos del actor. El lector del Diario Los Andes, al encontrarse con una combinación de títulos, fotografías de su-puestos vecinos, comentario a la fotografía y texto general, no se sumerge en averigua-ciones judiciales ni policiales a efectos de constatar la veracidad de lo informado y el avance de la investigación; queda en él el convencimiento de la culpabilidad del actor, que queda completamente identificado como el "asesino de su padre". El actor estuvo a disposición del juzgado que investigaba la causa sólo por tres días y obtuvo su libertad luego de prestar indagatoria, lo que prueba su total inocencia. Al Diario Los Andes no le interesó manejarse con cautela en la información sino que, con afán mercantilista, prefi-rió publicar la nota sensacionalista que se ha reseñado. Por lo demás, el diario no puede desconocer que las investigaciones policiales y/o judiciales son secretas, a efectos de no afectar la integridad u honor de las personas que en principio pudieran verse investiga-das. El sumario es siempre secreto para los extraños, salvo los abogados, por lo que la publicación del Diario Los Andes transgrede textualmente el art. 156 del C. Penal que dice: "Será reprimido con multa. e inhabilitación especial. el que teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo o profesión de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin causa". También contraría el art. 215 del C.P.P., en franca violación al principio de inocencia consagrado en los arts. 25 de la Const. Provincial y 18 de la C.N... La publicación periodística no reservó la identidad del actor; la identificó y reveló concretamente, sindicándolo como el asesino de su padre, sin tener la mínima consideración de utilizar verbos potenciales, tal como lo muestra el comentario a la fo-tografía que ilustra la nota cuando dice: "Vecinos del hombre asesinado por su hijo co-mentan aspectos relativos al hecho criminal".

3. A fs. 39/42 vta. compareció el Diario Los Andes. Negó los hechos y todo tipo de responsabilidad. Sostuvo que cubrió el hecho con las novedades que surgían de los policías intervinientes; invocó la teoría de la real malicia y que había utilizado el verbo en potencial. Ofreció prueba.

4. Se rindió prueba testimonial (fs. 53, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104); confesional (fs. 68); y pericial sicológica (fs. 106/109).

5. A fs. 135/138 vta., el juez de primera instancia desestimó la demanda inter-puesta. Apeló la actora.

6. A fs. 168/175 la Primera Cámara de Apelaciones revocó la sentencia, e hizo lugar a la demanda por la suma de $ 25.000 con más los intereses previstos en la ley 4087 desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago. Impuso las costas a la demandada. Razonó del siguiente modo:

a) El conflicto entre el derecho a la información y los derechos personalísimos de los protagonistas de la noticia es tan frecuente como inevitable. Tanto la prevención del daño cuanto su reparación pasan a ocupar un lugar relevante en el mundo jurídico contemporáneo, imponiéndose una profunda revisión de numerosos esquemas clásicos que han perdido idoneidad para dar soluciones justas. La libertad de prensa y la prohibi-ción de ejercer censura previa tal como aparecen consagradas en la C.N. y diversos tra-tados incorporados a ella, no eliminan la responsabilidad posterior por los daños cometi-dos mediante su uso, pues no existe el propósito de asegurar la impunidad de la prensa.

b) La Cámara abordó la cuestión en sentencia del 29/10/1998 registrada en L.S. 155-469. De la jurisprudencia de la Corte Federal y de la Corte de la Provincia surge que los medios de comunicación social, en principio, gozan de amplias facultades para pu-blicar las informaciones que juzguen conveniente sobre procesos judiciales pendientes de resolución, con ciertas limitaciones relativas a la identidad de los protagonistas, en aquellos supuestos en los que se encuentran comprometidos menores, como imputados o víctimas, o en los que por otros motivos expresamente previstos por la ley se considere necesario sustraer del conocimiento público la identidad de alguna persona. Tampoco pueden publicarse informaciones respecto de actuaciones judiciales bajo secreto del sumario, por resolución fundada, a fin de que la publicidad de los hechos no ponga en peligro el descubrimiento de la verdad.

c) La publicación de estas informaciones no siempre se realiza con la prudencia que corresponde; las noticias sensacionalistas, los prejuzgamientos anticipados y las condenas periodísticas previas a la sentencia suelen provocar efectos muy perniciosos para el imputado. Se opera un trastrocamiento total de los valores éticos y jurídicos, y es el propio imputado quien debe probar su inocencia como única forma de salvar su repu-tación. El sobreseimiento por prescripción de la acción penal, lejos de beneficiar al im-putado, puede significar su descrédito definitivo al dejar subsistente la sombra de la sos-pecha. Un medio de difusión tiene el deber de saber que una persona detenida a raíz de una investigación policial no es, por eso solo, culpable del delito investigado. Por lo tanto, mientras no se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, el medio debe ser prudente al transmitir la información de la detención de quien, a la postre, puede resultar inocente; debe indicar la fuente de la información y procurar que el conocimien-to del público responda a un fin ejemplificador y no al escándalo ni la recreación grotes-ca.

d) Zannoni sostiene que si bien no se puede establecer responsabilidad en cuanto atañe a la violación del secreto del sumario en sí, cabrá responsabilidad por el daño cau-sado.

e) Una información es objetivamente inexacta cuando no responde, en su conte-nido, a la verdad de los hechos; la prensa asume el compromiso de informar el hecho no sólo verídicamente, sino, además, de explicarlo en su contexto, en su verdadera signifi-cación. Toda información se legitima cuando es verdadera. Sin embargo, pretender que la verdad coincida con la necesidad de verificar y en su caso probar que se trata de una verdad absoluta condicionaría la difusión de la información, y podría implicar la exclu-sión del derecho de informar cuando no exista la posibilidad de probar la verdad de los hechos; de ahí que aún cuando la verdad es un límite interno del derecho de informar, de carácter objetivo, tal límite se conjuga con la referencia subjetiva, esto es, la actitud del informador hacia la verdad.

f) La información inexacta, en cambio, es la que no concuerda con la verdad por ser falsa o errónea; la información es falsa cuando es engañosa, fingida o simulada para dar al hecho una apariencia distinta de la realidad. La información falsa genera respon-sabilidad civil y penal; la información errónea no genera responsabilidad civil si el error fuese excusable, esto es, si hubiese empleado los debidos cuidados, diligencia y atención para evitarlo. Es posible que noticias, aún exactas, generen responsabilidad cuando se trata de intrusiones a la intimidad, la difusión de hechos, circunstancias personales, imá-genes, fotografías que no respondan a los fines para los cuales la libertad de información ha sido reconocida. Así lo ha sostenido la Corte Federal en el caso Campillay.

g) El actor, Juan Armando Domínguez, es un simple particular, imputado en un proceso penal de la muerte de su padre, noticia difundida en Diario Los Andes siendo que, con posterioridad, fue sobreseído por la autoridad judicial. Si bien el título de la nota utiliza el verbo potencial, debajo de la fotografía ubicada en la zona inferior del título, se habla en asertivo o afirmativo. La frase: "Vecinos del hombre asesinado por su hijo comentan aspectos relativos al hecho criminal", indudablemente, atribuye en forma clara el asesinato del padre al actor en estos autos; allí no se emplea el verbo potencial. En esa mención, ubicada en un lugar destacado de la página se observa una clara viola-ción a los deberes que el caso exigía al medio de prensa, advirtiéndose una conducta culposa por su parte (art. 512 del C.C.).

h) Está claro que en virtud del principio de inocencia constitucional, nadie puede ser tenido por culpable de un ilícito hasta tanto no medie condena judicial; por eso, el medio siempre debe atribuir el contenido a una fuente y utilizar el verbo potencial o guardar reserva de la identidad de los implicados. En el caso, el periódico debió utilizar un giro verbal que dejara a salvo la posibilidad de que el hecho no fuera cierto, tal como en realidad lo fue, pues la investigación penal concluyó con el sobreseimiento del actor. La prudencia debió extremarse si se advierte que el expediente penal se encontraba en la etapa de instrucción, bajo secreto del sumario, de modo tal que aún cuando el diario haya manejado información proporcionada por la policía debió considerar que incluso la detención del actor tenía por finalidad asegurar el resultado de la investigación, confor-me al principio de inocencia.

i) El expediente 23.102/3 caratulado "Domínguez, Juan Armando", originario del 10° Juzgado de Instrucción encuadró la situación del actor en las previsiones del art. 310 del C.P.P., disponiéndose la libertad del imputado. El 19/10/2000 se dispuso una prórroga extraordinaria de la instrucción y, finalmente, se sobreseyó al Sr. Domínguez (fs. 160).

j) Habiéndose establecido la responsabilidad del Diario Los Andes, corresponde analizar la procedencia del daño y, en su caso, su cuantificación. No hay dudas en la reparación del daño moral reclamado; la fijación de la determinación de la suma no está sujeta a reglas fijas, y depende del arbitrio judicial. En el caso, el daño moral aparece acreditado no solamente por la naturaleza del hecho generador sino por la pericia sicoló-gica obrante a fs. 106/109, y los testimonios rendidos, demostrativos de los padecimien-tos espirituales sufridos por el Sr. Domínguez, por lo que se estima prudencial cuantifi-car el daño moral en la suma de $ 25.000.

II. LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDO.

El recurrente afirma que la decisión recurrida es arbitraria. Argumenta del si-guiente modo:

1. Para fundar la responsabilidad del diario, en contra de los principios de liber-tad de prensa (art. 11 de la Constitución de Mendoza, 14, 32 y concs. de la C.N. y 13 inc. 1° de la Convención Americana de D. Humanos ratificada por ley 23.054) el tribu-nal toma la expresión colocada debajo de la fotografía ubicada en la zona inferior del título donde se lee: "Vecinos del hombre asesinado por su hijo comentan aspectos rela-tivos al hecho criminal". Siendo éste el núcleo central del argumento, caído que sea, se destruye todo el andamiaje montado sobre él y, en consecuencia, también la sentencia.

2. La frase asertiva debajo de una foto en la que no figuran ninguno de los hijos del hombre asesinado, y que no indica cuál de los hijos sería el asesino, es suficiente para que la Cámara diga que el diario "le atribuye en forma clara el asesinato del padre al aquí actor".

La Cámara comete un doble error de interpretación: a) la citada frase no indica que el asesino es el actor de autos; b) en la fotografía no figura el actor. Por lo tanto, no puede inducirse de la frase que el asesino sea el actor de autos.

3. La decisión es arbitraria porque aísla el título de la nota y el cuerpo de la noti-cia; de esta forma, se confirma el aforismo de Bécker cuando afirma: "Dadme una frase aislada de un santo y lo haré morir en la hoguera por hereje". La propia Cámara sostiene que el título de la nota utiliza el verbo potencial y que el cuerpo de la nota también se encuentra redactado en dicho modo verbal. Esta contradicción de la Cámara se encuen-tra en sus propios dichos; basta leer los considerandos de fs. 173 en el tercero y cuarto párrafo. De la lectura del cuerpo de la nota y de su título surge en forma evidente que todo el artículo está redactado en modo potencial y que en ninguna parte se adjudica asertivamente el asesinato al actor. La interpretación aislada y forzosa del tribunal lo lleva a una conclusión arbitraria.

4. El caso a resolver difiere del decidido por esta Corte en sentencia del 10/11/2003 ya que no ha usado el modo potencial en forma aparente para terminar indi-cando una aserción sino que todo el texto de la nota ha sido usado en modo potencial. La Corte Suprema ha dicho que el uso en potencial debe dar sentido completo al discurso, que debe ser conjetural y no asertivo pues si así no fuese, bastaría con el mecánico em-pleo del casi mágico "sería" para poder atribuir a alguien cualquier cosa. No es ésta la situación del conflicto bajo resolución; la nota, en su integralidad es conjetural.

5. El resto de los argumentos vertidos por la Cámara no sostienen razonablemen-te a la sentencia. El tribunal considera que el diario no actuó con la debida prudencia ya que el expediente penal se encontraba en etapa de instrucción bajo secreto del sumario. Esta circunstancia fue resaltada por el juez de primera instancia al hacer el paralelo entre lo sucedido en la causa penal y la publicación periodística motivo de la causa. De esta comparación concluyó que la publicación periodística tuvo su fuente en las actuaciones policiales o en las que fueron fuente de éstas, por las coincidencias evidentes entre las mentadas actuaciones y el hecho dado a conocer por el diario. También destacó que el contenido y modo de informar los hechos analizados fueron conforme a lo que se extraía de la investigación, y todo en modo potencial, salvo el comentario a la foto. El juez de primera instancia expresa que dicho comentario, además de no atribuir el hecho a uno de ellos, sostiene que la noticia razonablemente interpretada en su contexto total, para cual-quier lector, de ningún modo atribuía lisa y llanamente el hecho a uno de ellos.

6. La publicación no utiliza vocablos o calificaciones denigrantes, ni ha adicio-nado términos que signifiquen una carga injuriosa, o que desvirtúen los hechos, o que de algún modo hagan que el modo potencial se transforme en asertivo. Tampoco constitu-yen una opinión; no califican ni adjetivan los hechos difundidos; en síntesis, no se trata de una nota sensacionalista.

7. De todo ello deriva que el diario actuó en forma prudente, diligente, y se limi-tó a transmitir la noticia, sin tomar partido ni agregarle fuerza de convicción al modo condicional. Como esta Sala ha dicho, hay que ver "el contexto general" para ver si hay falta de objetividad y falta de diligencia.

8. La circunstancia que la situación del actor haya sido encuadrada en las previ-siones del art. 310 del C.P.P. disponiéndose su libertad, y que el 19/10/2000 se dispusie-ra una prórroga extraordinaria de la instrucción y finalmente se lo sobreseyera no signi-fica que el diario no haya actuado con la debida diligencia. El juez ordenó la libertad del imputado porque consideró que no había mérito para ordenar el procesamiento ni tam-poco para sobreseer; o sea, que si bien el imputado es dejado en libertad, no es declarado inocente. El art. 347 dispone una prórroga extraordinaria de la investigación en razón de que por la investigación no corresponde sobreseer, ni tampoco elevar la causa a juicio, porque las pruebas reunidas no son suficientes; tal decisión no importa la declaración de que el proceso no afecta el honor del que hubiese gozado el imputado. La publicación efectuada no agravó en nada el honor que pudiera haber sufrido el actor por el procesa-miento. Su honor se vio afectado por el procesamiento y el sobreseimiento obtenido no le restituyó el honor que gozaba con anterioridad.

9. La publicación en cuestión dio como noticia un hecho que no era falso ni erróneo; este Tribunal ha dicho en la misma decisión antes citada (caso "Liberal") que respecto de un sujeto común debe distinguirse entre noticia falsa y noticia errónea y que en este último caso, que es el de autos, no hay responsabilidad si se han utilizado todos los cuidados, atención y diligencia para evitar los perjuicios. En este caso, la noticia no fue falsa ni errónea; era acorde a todas las circunstancias existentes al momento de su publicación. Por lo demás, la noticia fue dada en modo potencial y citándose la fuente. La circunstancia de encontrarse secreto el sumario no impide que la noticia sea dada a conocer si la misma es tratada con la diligencia que exige el caso.

III. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LOS DERECHOS PERSO-NALÍSIMOS. NOCIONES PRELIMINARES.

1. El derecho constitucional de toda persona a informar y a informarse (libertad de prensa, art. 14 de la Constitución Nacional) pone límites muy significativos al dere-cho a la privacidad, al honor, a la identidad, a la imagen.

En efecto, cuando el sujeto ofensor es un medio de prensa (gráfico, radial, televi-sivo) o una página Web de Internet, entran en conflicto dos derechos de jerarquía consti-tucional cuya conciliación suele ser muy difícil: por un lado, el derecho a expresar las ideas por la prensa sin censura previa y a ser informado, y por el otro, el derecho a que se respeten los derechos personalísimos. Una protección irrestricta de la persona puede implicar poner una mordaza al derecho a informar, derecho fundamental en un sistema democrático, por lo que una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico exige compatibilizar todos los intereses comprometidos.

La Corte Suprema de la Nación ha debido intervenir en una importante serie de pronunciamientos. Las sentencias dictadas muestran qué difícil resulta la valoración de las circunstancias del caso, prueba de lo cual es que gran parte de esas decisiones con-tienen votos en disidencia.

IV. LOS PRECEDENTES DE ESTA SALA A LA LUZ DE LA JURIS-PRUDENCIA DE LA CORTE FEDERAL.

Adelanto mi opinión, coincidente con la del Sr. Procurador General, en el senti-do que el recurso debe prosperar porque la sentencia no aplica adecuadamente las pautas de la jurisprudencia de la Corte Federal.

Para fundar este aserto, recordaré las nociones básicas sintetizadas en la senten-cia del 29/12/2004 recaída in re Mendoza 21 SA y otros (LS 346-189).

"Visión desde la cual debe analizarse el conflicto Ha dicho la Corte Federal que aunque la acción haya sido planteada en térmi-nos de derecho común, el tribunal tiene la obligación de analizarlo desde la perspectiva constitucional dado que la cuestión hace a la actividad de la prensa, tema de especial interés del constituyente, y su conflicto con otros derechos implícitamente reconocidos por la ley fundamental, cuales son la intimidad, el honor y la imagen (CSN 19/11/1991, JA 1992-I-561). Coincido con esta visión, que es la aceptada por la unanimidad de la doctrina nacional y extranjera. Las implicancias constitucionales por la posible viola-ción de derechos humanos (así calificados en Convenciones internacionales) se prueba fácilmente con el muestreo de la gran cantidad de casos (donde se enfrentan el derecho a la información y los derechos personalísimos de los afectados) que han llegado, inclu-so, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Para esta cuestión, ver, entre muchos, Ruiz Miguel, Carlos,"El derecho a la protección de la vida privada en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humano"s, Madrid, Civitas, 1994; Herrero Tejedor, Fernando, Honor, intimidad y propia imagen, Madrid, ed. Colex, 1990, págs 101 y ss; Martínez de Pisón Cavero, José, "El derecho a la intimidad en la jurisprudencia consti-tucional", Madrid, Civitas, 1993; Crevillén Sánchez, Clemente, "Derechos de la perso-nalidad, honor, intimidad personal y familiar y propia imagen en la jurisprudencia", Madrid, ed. Doctrina y jurisprudencia, 1994; Cabezuelo Arenas, Ana Laura, "Derecho a la intimidad", Valencia, ed. Tirant, 1998, pág. 131; Saraza Jimena, Rafael, "Libertad de expresión e información frente a honor, intimidad y propia imagen", Pamplona, ed. Aranzadi, 1995, en especial, págs. 55 y ss; Català i Bas, Alexandre, "Libertad de expre-sión e información. La jurisprudencia del TEDH y su recepción por el Tribunal Consti-tucional", Valencia, ed. Rev. General de Derecho, 2001; Rovira Suerio, María, "La responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados al honor, la intimidad personal y familia y la propia imagen", Barcelona, Cedecs, 1999, pág. 43 y ss; López Díaz, Elvi-ra, "El derecho al honor y el derecho a la intimidad", Madrid, ed. Dykinson, 1996, pág. 21 y ss; Concepción Rodríguez, J.L., "Honor, intimidad e imagen", Barcelona, ed. Bosch; Romero Coloma, Aurelia, "Los derechos al honor y a la intimidad frente a la libertad de expresión e información", Barcelona, ed. Erlipost, 1991; de la misma auto-ra, "Libertad de información frente a otros derechos en conflicto: honor, intimidad y presunción de inocencia", Madrid, ed. Civitas, 2000; O'Callaghan, Xavier, "Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen", Madrid, Edersa, 1991, pág. 19 y ss; Cremades, Javier, "Los límites de la libertad de expresión en el ordenamiento jurí-dico español", Madrid, ed. La ley, 1995, pág. 173 y ss).

Analizaré el recurso a la luz de ese conflicto y distinguiré los ataques al honor de los ataques a la intimidad.

DERECHO AL HONOR Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

1. Los precedentes de la Corte Federal.

Me limitaré a analizar los casos que han marcado hitos en materia de repara-ción de daños; no trataré las decisiones en las que la Corte aplicó la doctrina de la real malicia, que supone una disminución de la protección al honor en razón que el lesiona-do es un funcionario público o una persona pública (casos Vago, Ramos, Rajneri, Ge-sualdi, Paixao, etc.) desde que en el sublite, la actora no es un personaje público ni no-torio; tampoco me detendré en los fallos en los que los dañados eran personas menores de edad, en los que la protección de las víctimas debería ser mayor; ni en los que resol-vieron la cuestión desde la perspectiva del derecho penal (por ej., Acuña, Morales Solá, etc).

En el leading case Campillay c/ La Razón, Crónica y Diario Popular del 15/5/1986, (Fallos 308-789, Doc. Jud. 1986-II-242, ED 118-305, JA 1986-III-12 y LL 1986-C-406) la Corte, por mayoría, sentó los requisitos para que los medios de prensa no respondan aún cuando la noticia que hayan publicado sea inexacta; los requisitos para que proceda la causal de justificación o eximente de responsabilidad son:

a) Propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente; la fuente debe ser individualizada en la publicación, siendo insuficiente una referencia genérica b) Utilizar el verbo en tiempo potencial c) Dejar en reserva la identidad de los implicados en la nota periodística. No se deberá publicar su nombre y cualquier otro dato que permita su individualización.

La doctrina fue reiterada en el caso Costa, del 12/3/1987 (Fallos 310-508, LL 1987-B-269, ED 123-128) (aunque el actor era un funcionario municipal); Díaz, del 24/11/1998 (Fallos 321-3176); P.C.A y otros, del 21/10/2003 (ED 206-131); Ménem, del 5/8/2003 (LL 2003-E-869) todos casos en los que la Corte entendió incumplidos los requisitos para configurar la eximente (en el último citado, se había atribuido la noticia a un homónimo sin tomar las diligencias debidas).

La defensa al honor retrocedió en el caso Triaca (26/10/1993, Doc. Jud. 1994-1-631, ED 157-367), en el que la Corte revocó la condena, precisamente, porque consi-deró probados los requisitos que fijó en Campillay para la eximente; otro tanto ocurrió en Bruno, 23/8/2001 (LL 2001-E-642), en B.H. C, 14/10/2003 (ver LL 2004-A-107), y en B.L.S, 14/10/2003, (LL 2004-A-4).

La doctrina autoral señala que la Corte (en realidad, su mayoría, integrada además con tres conjueces) abandonó la doctrina Campillay en el caso Menem (LL 1998-B-630), pero esta cuestión no tiene implicancias en el caso a decidir, por lo que no corresponde entrar en su análisis.

Del conjunto de estos precedentes surge que para la Corte Federal la libertad de expresión comprende las afirmaciones verdaderas transmitidas objetivamente, en lenguaje no especialmente agraviante, y las afirmaciones que aún no correspondiéndo-se con la realidad, han sido emitidas de una forma tal que no merece un juicio de re-proche porque el medio periodístico utilizó todos los cuidados, atención y diligencia para evitarlos y cumplió con los recaudos fijados en Campillay. De este modo, la doc-trina Campillay opera como causa de justificación en el nivel de la antijuridicidad; es decir, funciona como eximente que impide considerar la conducta del medio de prensa como antijurídica (Ver Rivera, Julio C (h), "La doctrina Campillay en un nuevo fallo de la Corte Suprema", LL 2002-B-73; Badeni, Gregorio, "Tratado de libertad de prensa", Bs. As., ed. LexisNexis, 2002, pág. 531 y ss).

2. Los precedentes de esta Sala.

Dos sentencias recientes de esta Sala tratan de ataques al honor a través de medios de prensa; en un caso, a un funcionario público; en el otro, a una persona que no es funcionario ni persona notoria.

En decisión del 18/9/2003 (LS 328-187, publicada en Foro de Cuyo 60-266; L.L.Gran Cuyo 2004-115), esta Sala confirmó la condena a una empresa periodística al pago de la suma de $ 20.000 a favor de un médico de la policía de Mendoza, a quien, según el diario, se lo había dejado cesante por ser "ñoqui".

En esa sentencia, se analizó la jurisprudencia de la Corte de la Nación referida a la "real malicia" cuando se utilizan términos agraviantes. Transcribiré algunos de los párrafos más relevantes:

La liberación del medio de prensa supone que el demandado ha informado, co-rrecta o erróneamente, pero sin adicionar una carga injuriosa en sí misma. En tal sen-tido, diversos votos de la Corte Federal explican: determinados términos ("está prófu-go", "hijo descarriado", etc.) no constituyen información, sino opinión, calificación o adjetivación acerca de los hechos por parte de quien difunde la noticia. Tales adjetivos, suponen que el medio hace propia la noticia y le otorga fuerza de convicción (Ver dic-tamen del Procurador General en decisión de la CSN del 18/2/2003, LL 2003-B-494, ED 203-384; Doc. Jud. 2003-1-735 y JA 2003-II-293). Esta decisión recuerda anterio-res resoluciones en las que se dijo que "las publicaciones con vocablos o calificaciones groseras o denigrantes, cuyo prevención y castigo nunca han provocado un problema constitucional, están más allá de la real malicia pues tales expresiones no forman parte esencial de ninguna expresión de ideas, y son de tan escaso valor social para obtener un avance hacia la verdad que cualquier beneficio que pueda derivarse de ellas está claramente superado por el interés de la comunidad en el orden y la moral (S.C. de EEUU, in re Chaplisky v/ New Hamshire, 1942)" (CSN, 29/9/1998, JA 1999-II-264, Doc. Jud. 1999-2-107, ED 182-722 y LL 1998-F-118)". En ese precedente se absolvió al periodista que había sido condenado por injurias, precisamente, porque la publica-ción no utilizaba vocablos o calificaciones denigrantes; por el contrario, informaba sobre un contrato público, celebrado por contratación directa, en lugar de hacerlo por licitación, y concluía: "Como se puede apreciar esta contratación tiene aristas poco claras y deja un gran margen de dudas de que no se haya violado groseramente la ley de contabilidad de la provincia". Conforme estos antecedentes, la Corte Federal revocó la sentencia del Superior Tribunal de Formosa que había descartado la doctrina de la real malicia fundada en que importa la exigencia de una prueba diabólica. En esta lí-nea, algunos votos particulares se fundan, justamente, en que no corresponde condenar si el diario se limitó a publicar una carta de un tercero pero "sin tomar partido, sin agregarle fuerza de convicción que pudiera emanar de la propia opinión del editor" (Ver, por ej.,. voto de los Dres. Fayt y Belluscio, en sentencia del 2/4/1998, Rudaz Bis-són, ED 179-256, LL 1998-E-241 y JA 1999-I-163).

Pocos meses más tarde, el 10/11/2003 (LS 331-112), esta Sala confirmó la con-dena al mismo medio escrito, a pagar la suma de $ 11.833. En ese caso, se aclaró que la doctrina de la real malicia, y consecuentemente, la protección debilitada del derecho al honor, sólo rige para los supuestos en que la víctima es un funcionario público y no cuando, como en el aquel caso, se trataba de un sujeto particular, aunque se informaba erróneamente que era pariente político del presidente del Banco Central. Se analizaron los requisitos fijados por la jurisprudencia para liberar al medio y se insistió que uno de ellos reside en la información objetiva y no sensacionalista, injuriante o denigrante.

Es menester aclarar que no todo lenguaje molesto o hiriente genera responsabi-lidad. En tal sentido, el Tribunal Constitucional español, con cita de decisiones del Tri-bunal Europeo de Derechos Humanos, tiene dicho que "el carácter molesto o hiriente de una información no constituye, en sí, un límite al derecho a la información; para sobrepasar el límite de lo tolerable, esas expresiones deben poder ser consideradas como expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias para la formación de la opinión pública" (ver decisiones citadas por Saraza Jimena, Rafael, Libertad de expresión e información frente a honor, intimidad y propia imagen, Pam-plona, ed. Aranzadi, 1995, en especial, págs. 319 y ss. Esta cuestión y su tratamiento por diversos tribunales ha sido excelentemente desarrollada por Bianchi, E. T., y Gull-co, H.V., El derecho a la libre expresión. Análisis de fallos nacionales y extranjeros, La Plata, ed. Platense, 1997, capítulo VIII, pág. 243 y ss).

DERECHO A LA INTIMIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

1. Nociones preliminares.

La intimidad puede violarse a través de la difusión de la correspondencia (art. 1071 bis). La expresión correspondencia se extiende a otros contenidos simbólicos simi-lares operados mediante diferentes soportes, como es el teléfono (Pizarro, Daniel, "Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación. Daños por noticias inexactas o agraviantes", 2° ed., Bs. As., ed. Hammurabi, 1999, n°42, pág. 244). Esas comunicaciones (telegráficas, postales, telefónicas y de cualquier otro tipo) se tutelan por lo que representan espiritualmente como proyecciones de la persona, ya que la li-bertad exige el derecho de mantener reserva sobre lo que se piensa, hace, tiene o pade-ce (Zavala de González, Matilde, "Derecho a la intimidad", Bs. As., ed. A. Perrot, 1982, pág. 83). Estas nociones no son exclusivas del derecho argentino; por el contra-rio, están ampliamente difundidas en el derecho comparado (Ver García García, Cle-mente, "El derecho a la intimidad y dignidad en la doctrina del Tribunal Constitucio-nal", Murcia, ed. de la Universidad, 2003, pág. 293; Rebollo, Delgado, Lucrecio, "El derecho fundamental a la intimidad", Madrid, ed. Dykinson, 2000, pág. 199 y ss; Fayos Gardó, Antonio, "Derecho a la intimidad y medios de comunicación", Madrid, Centro de Estudios Políticos y constitucionales, 2000, pág. 330).

Por aplicación de estas nociones se coincide en que las "escuchas telefónicas" sin autorización judicial constituyen conductas antijurídicas (Ver, de mi autoría, "Las escuchas telefónicas en la experiencia judicial", Rev. de Derecho Privado y comunita-rio, n° 14, Prueba II, pág. 77; Novoa Monreal, Eduardo, "Derecho a la vida privada y libertad de información; un conflicto de Derechos", 4° ed., Bogotá, ed. Siglo XXI, 1989, pág. 112 y ss; Saez Capel, J., "El derecho a la intimidad y las intervenciones telefóni-cas", Bs. As., ed.-Din, 1999; el autor había anticipado algunas reflexiones en un artícu-lo, bajo el mismo título, en JA 1998-III-643).

Ahora bien, el derecho a la intimidad, como cualquier derecho constitucional no es absoluto; tiene ciertos límites que deben ser razonablemente determinados. Encon-trar el punto de equilibrio, o sea, aplicar con razonabilidad el principio de proporcio-nalidad, no es fácil. Julio Rivera ("Derecho a la intimidad", LL 1980-D-918) dice que "resulta difícil encontrar una fórmula gramatical que exprese con precisión los límites recíprocos entre intimidad y libertad de prensa" y la Corte Federal señala que "es ne-cesario buscar un equilibrio a la tensión entre estos derechos sin preconceptos ni fór-mulas rígidas, con la prudencia propia que debe caracterizar a la labor judicial" (Fa-llos 315-1943); de allí que "los conflictos que pueden presentarse entre estos dos dere-chos no pueden analizarse sino dentro de los límites que presenta el caso concreto, des-de que la sensibilidad y la importancia de los intereses presentados en los conflictos entre la libertad de prensa y el derecho a la intimidad aconsejan basarse en principios limitados que no van más allá que el contexto adecuado del caso en estudio desde que su consideración abstracta queda en la mera retórica" (CSN, 17/11/2003, P.I.G c/Arte Radiotelevisivo Argentino, publicado en www.lexisnexis.com.ar).

2. La jurisprudencia de la Corte Federal.

Indudablemente, el leading case en la materia es la sentencia de la Corte Fede-ral del 11/12/1984, recaída in re Ponzettti de Balbín c/Editorial Atlántida SA (Fallos 306-1892, LL 1985-B-120 y JA 1985-I-513). En aquel caso, se difundió una fotografía del dirigente político en momentos en que se encontraba en una sala de terapia intensi-va de un hospital platense, agonizando de una dolencia que determinaría su deceso, pocas horas más tarde. La Corte se refirió al abuso del derecho en materia informativa y condenó al pago de una suma de dinero por violación al derecho a la intimidad fami-liar de la cónyuge e hijo del hombre público.

La defensa a la intimidad retrocedió en el caso Pérez Arriaga, del 2/7/1993 (ED 154-330, Doc. Jud. 1994-1-130 y LL 1993-E-78), donde se planteó la difícil cues-tión de la publicidad de las sentencias judiciales; la Corte, por mayoría, revocó una condena a los medios de prensa que habían publicado una sentencia de divorcio que había desestimado la inconstitucionalidad de la ley 23.515 y declarado que ambas cón-yuges (la divorciada y la actual) tenían derecho a percibir alimentos. La sentencia se había publicado sin eliminar los nombres de las partes en el juicio, pero de modo total-mente objetivo, El tribunal dijo que "Mientras un diario reproduzca una información objetiva, persiguiendo un interés público (como era en el caso, una sentencia en un ver-dadero leading case), resulta claro que no puede merecer reproduce judicial ni estar obligado a pagar un resarcimiento".

En cambio, la intimidad volvió a prevalecer sobre el derecho a informar en el caso L.N. del 20/8/1998, en el que se aplicó la doctrina sentada en Ponzetti de Balbín al daño producido a un boxeador notable a quien se lo sindicaba como sumido en la bebi-da y la pobreza (Ver ED 184-259).

3. El valor superlativo del derecho a la intimidad De la jurisprudencia antes reseñada se verifica que la defensa de la intimidad es mucho más fuerte que la del honor desde que (1) Se ampara el derecho personalísimo con independencia de que la noticia sea cierta, errónea o falsa; más aún, normalmente, la noticia es cierta; (2) No se distingue entre sujetos dañados; también los funcionarios públicos tienen derecho a su intimidad (CSN 25/9/1995, LL 2002-A-14, con nota de Ancarola, Gerardo, "Libertad de prensa. Un ceñido fallo de la Corte Suprema sobre el derecho a la intimidad". De cualquier modo, señalo que en el caso, era discutible si la noticia difundida hacía, verdaderamente, a la intimidad del por entonces presidente de la Nación; ver Bidart Campos, Germán, "¿Pertenece a la privacidad la supuesta pater-nidad extramatrimonial del presidente de la República?", LL 1998-D-585; ídem., CSN 10/12/1998, Alzogaray, María J., LL 1999-A-364; en este segundo caso, por las espe-ciales particularidades de los hechos bajo juzgamiento, votaron en disidencia Petrac-chi, Fayt, Bossert y Belluscio).

V. LA APLICACIÓN DE LAS PAUTAS JURISPRUDENCIALES AL CASO A RESOLVER.

1. Aclaración inicial.

Admito, como lo puntualicé en sentencia del 10/11/2003 (LS 331-112), que la verificación o no del cumplimiento de los recaudos no siempre es tarea fácil. Prueba de la dificultad son las sentencias de la Corte Federal del 5/2/2002 ("Spacarstel c/El Día", J.A 2002-I-419), en la que cinco miembros consideraron incumplidos los requisitos y cuatro cumplidos, y del 21 de octubre de 2003 recaída in re P., C. A. y otro c/H., de N., E. y otro (ver ED 206-160 y Doc. Jud. 2004-2-394) por la que se confirma, también con estrecha mayoría, la sentencia de la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

2. La pauta constitucional.

No obstante, esa dificultad no debe impedir declarar la arbitrariedad de la sen-tencia si se advierte la contradicción de la merituación de las pautas fijadas frente a las circunstancias de la causa.

3. La no verificación real de los requisitos.

He llegado al convencimiento que, pese a sus numerosas referencias doctrinales y jurisprudenciales, la sentencia no sigue el mismo esquema lóbico de la jurisprudencia de la Corte Federal y, consecuentemente, se aparta de ella. En los puntos siguientes ex-plicaré por qué; distinguiré, como en los precedentes, el ataque al honor del ataque a la intimidad 4. Derecho al honor.

a) La actora no es un funcionario público ni tampoco una persona de notoriedad. En consecuencia, analizaré el caso sin atender a las pautas restrictivas de la teoría de la real malicia.

Como lo señaló el juez de primera instancia, la noticia respondía a lo que surgía del expediente penal. En consecuencia, al momento de su publicación, la noticia no era errónea ni inexacta. El actor tampoco ha dicho que haya sido erróneo el dato publicado en el sentido que "la última persona que estuvo con Domínguez fue su hijo Armando Domínguez." Sin embargo, el actor fue luego sobreseído, por lo que podría caber responsabili-dad del medio de prensa, salvo que se verifique alguna de las circunstancias que eximen al diario según la jurisprudencia reseñada.

Esa verificación exige comenzar por la distinción entre informar" (propalar noti-cias en forma objetiva) o "agraviar" (propalar noticias con tinte injurioso o denigrante).

Si "agravia", aún cuando las afirmaciones sean verdaderas, el medio puede llegar a responder civilmente por lesionar el honor de las personas. Si "informa" (objetivamen-te) hay que diferenciar si la noticia es verdadera o falsa: si la noticia es verdadera, el medio no responde aún cuando ofenda a la persona; si es falsa o inexacta y se trata de un "particular", el medio también responde salvo que se demuestre alguna de estas circuns-tancias: (I) Propaló la información atribuyendo directamente su contenido a una fuente individualizada; (II) Utilizó el verbo en modo condicional o potencial; o (III) Dejó en reserva la identidad de los implicados en la nota periodística.

b) La primera pregunta a responder es, pues, si el artículo periodístico del 26/1/2000 (sin reiteración posterior), informó o agravió; en otros términos, si comunicó una noticia, o si la propaló con tinte injurioso o denigrante.

En mi opinión, el lenguaje utilizado en el artículo no tiene tinte injurioso o deni-grante. No se usan calificativos despectivos contra el actor (a diferencia de lo sucedido en sentencia del 18/9/2003, LS 328-187, publicada en Foro de Cuyo 60-266; L.L.Gran Cuyo 2004-115), no se publica su fotografía, no se lo vincula con personajes del ámbito delictivo, ni de otros que provoquen suspicacias (como en el precedente del 10/11/2003, LL 331-112), la noticia no ha aparecido por capítulos que provocan hábitos malsanos en los vecinos; el diario se limitó a trasmitir la noticia como surgía del expediente penal, sin tomar partido, ni "agregándole fuerza de convicción".

En realidad, la nota tiene dos títulos: uno en letra más pequeña, que dice: "Están presos el hijo y el hijastro"; noticia verdadera que no puede dar lugar a indemnización alguna. El otro título, más grade, utiliza el potencial y dice: "Sería parricidio el asesinato de Coquimbito"; no dudo que para el sindicado en la noticia este título utiliza lenguaje molesto o hiriente pero, como he dicho, este tipo de expresión no alcanza para ser califi-cado de injurioso; tampoco a mí me satisface el estilo periodístico de la noticia, pero los jueces no estamos para marcar el estilo de la redacción de un diario sino para verificar si existe un daño antijurídico causado a través de la noticia. El resto de la noticia tampoco contiene imputaciones injuriosas al actor.

c) Dado que el lenguaje no es denigrante, es necesario analizar si el medio de prensa probó alguna de las tres circunstancias eximentes admitidas por la Corte Nacio-nal.

Está fuera de discusión que no se configuran dos de las circunstancias eximentes pues el diario propaló la información sin atribuir directamente su contenido a una fuente individualizada (aunque luego, en el tribunal se verificara que respondió a lo relatado en el expediente policial), y no dejó en reserva la identidad de los implicados en la nota periodística. La pregunta es si opera la tercera, es decir, el uso del verbo en modo condi-cional o potencial; mi respuesta es afirmativa. Explicaré por qué:

* La única frase que habla asertivamente es la colocada debajo de la foto de los vecinos en la parte que dice "hombre asesinado por su hijo", pero no es éste el aspecto que destaca o que capta la atención de la frase, pues la fotografía muestra a los vecinos y debajo de ella se afirma que esos vecinos comentan aspectos relativos al hecho criminal. Dicho de otro modo, esta única expresión asertiva (hombre asesinado por su hijo) es parte de una frase más larga, y se desdibuja frente a lo que muestra la fotografía (vecinos que comentan) y lo mencionado en el resto de la frase.

*El resto de la noticia está escrita siempre en potencial: el título dice "sería parri-cidio"; en el resto de la noticia se afirma: "ambos apresados serían los autores del cri-men, aunque todavía no está claro cuáles fueron los móviles". En lo demás, la noticia no habla de autoría sino de posibles móviles y será analizada al abordar la presunta viola-ción al derecho de la intimidad.

d) Tampoco advierto apresuramiento culposo en la difusión de la noticia desde que, como lo señala el señor juez de primera instancia sin objeciones de la actora (cuyos agravios iban referidos, exclusivamente, a la naturaleza secreta del sumario), al momen-to de la publicación existía total coincidencia entre las constancias policiales y las verti-das en el artículo periodístico.

e) Por lo expuesto, considero que en este caso, en el conflicto derecho a la in-formación y derecho al honor, el principio de proporcionalidad manda inclinar la balan-za a favor del derecho a la información.

5. Derecho a la intimidad.

Admito que la noticia avanza en aspectos vinculados a la intimidad del sujeto. Sin embargo, tampoco descompensan la necesidad de proteger la libertad de informa-ción. Explicaré por qué:

a) La información suplementaria al hecho de la detención tiene su antecedente inmediato en que no se sabe cuáles son los móviles del crimen, y se trasmite con expre-siones tales como "se especula que había diferencias familiares de vieja data"; un alle-gado señaló que "el fallecido tomaba mucho, lo mismo que uno de los hijos, pero que las causas del crimen podrían tener alguna relación en la necesidad de los medios her-manos de vender una casa propiedad de la familia y que su padre se oponía". Por lo tan-to, los datos proporcionados al público no son independientes o desconectados de la noticia que se difunde. También tengo especialmente en consideración que el cronista transmite la información que le brindan los vecinos (que son los fotografiados), por lo que se trata de datos que habían salido del ámbito de la privacidad con anterioridad a su difusión periodística y, a diferencia de lo acontecido en sentencia del 29/12/2004, (LS 346-207 publicado en Foro de Cuyo 65-225), no se imputa al medio haber utilizado me-dios ilícitos que implican violación de la intimidad para conseguir la información).

6. Otras argumentaciones vertidas por el tribunal.

Frente al claro apartamiento de las pautas que presiden la jurisprudencia de la Corte Federal, el resto de las argumentaciones dadas por el tribunal se muestran insufi-cientes para mantener la decisión como acto jurisdiccional válido.

VI. CONCLUSIONES.

Por todo lo expuesto, y si mi voto es compartido por mis colegas de Sala, corres-ponde revocar la sentencia de Cámara y confirmar la del juez de primera instancia.

Así voto.

Sobre la misma primera cuestión los Dres. ROMANO y PÉREZ HUALDE adhieren por sus fundamentos al voto que antecede A LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, DIJO:

De conformidad al resultado a que se arriba en el tratamiento de la cuestión ante-rior, corresponde hacer lugar al recurso de Inconstitucionalidad interpuesto y, en conse-cuencia, revocar el pronunciamiento de fs. 168/175 y su aclaratoria de fs. 178/179 vta. de los autos n° 127.696, caratulados: "DOMINGUEZ JUAN ARMANDO C/ DIARIO LOS ANDES P/ D. Y P.", rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 139 y con-firmar la sentencia de fs. 135/138 vta.

Así voto.

Sobre la misma primera cuestión los Dres. ROMANO y PÉREZ HUALDE adhieren por sus fundamentos al voto que antecede A LA TERCERA CUESTION LA DRA. AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, DIJO:

Atento lo resuelto en las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las cos-tas de alzada a la apelante vencida y las de esta sede a la parte recurrida vencida (arts. 36 y 148 del C.P.C.).

Así voto.

Sobre la misma primera cuestión los Dres. ROMANO y PÉREZ HUALDE adhieren por sus fundamentos al voto que antecede Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 28 de diciembre de 2.005.- Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, R E S U E L V E :

I. Hacer lugar al recurso de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 21/31 vta. y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento de fs. 168/175 y su aclaratoria de fs. 178/179 vta. de los autos n° 127.696, caratulados: "DOMINGUEZ JUAN ARMANDO C/ DIA-RIO LOS ANDES P/ D. Y P.", disponiendo en su lugar lo siguiente:

"1°) Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 139 y, en conse-cuencia, confirmar la sentencia de fs. 135/138 vta.".- "2°) Imponer las costas a la parte apelante vencida".- "3°) Regular los honorarios de alzada de la siguiente manera: Dres.: Be-lisario CUERVO, en la suma de pesos TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 3.840); Luis Daniel CUERVO, en la suma de pesos UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS ($ 1.152); Nancy R. CAGNOLO, en la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 2.688); Sergio LIZZOLA, en la suma de pesos OCHOCIEN-TOS SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 806.40) (arts. 15 y 31 de la Ley 3641)." II. Imponer las costas del recurso de inconstitucionalidad a la parte recurrida vencida.

III. Regular los honorarios de esta instancia de la siguiente manera: Dres. Belisa-rio CUERVO, en la suma de pesos CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 5.760); Luis Daniel CUERVO, en la suma de pesos UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO ($ 1.728); Pablo D. LIMA, en la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 2.688); Sergio Alejandro LIZZOLA, en la suma de pesos OCHOCIENTOS SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 806.40) (arts. 15 y 31 de la Ley 3641).- IV. Líbrese cheque a la orden del recurrente por la suma de pesos CIENTO SE-TENTA ($ 170), con imputación a la boleta de depósito obrante a fs. 1.

Notifíquese.

Eo/mac