Recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso, robo de automotor, robo con armas, aplicación de la ley penal, inconstitucionalidad, jurisprudencia, sentencia, fallos de la Corte Suprema, Corte Suprema de Justicia de la Nación, ley penal más benigna
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: DIAZ, L. A. s/ RECURSO DE REVISION    ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-06

"El Tribunal condenó al procesado L.A.D. a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, como autor del delito de robo de automotor, cometido con armas. Fundó tal calificación en los artículos 166 inc. 2 del Código Penal y 38 del Decreto-ley 6.582/58 (ratificado por ley 14.467). Con posterioridad y en otra causa tramitada ante la Sala II de esta Cámara, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la agravante introducida por ley de automotores. Si bien los pronunciamientos de la Corte Suprema no son vinculantes, es evidente que debido a la coherencia que rigen los criterios jurisdiccionales frente a casos similares, resulta previsible con grado aproximado a la certeza, que la situación jurisdiccional de D. resultaría igualmente alcanzada por la declaración de inconstitucionalidad, si llegara a ser sometida a consideración del alto tribunal. Por lo tanto, provocada la revisión de la condena que está ejecutando D., el Tribunal se encuentra advertido acerca de la inconstitucionalidad del fundamento legal de tal pena, y siendo su legitimidad recaudo esencial, explícitamente exigido por el art. 18 de la Constitución Nacional, la prolongación de tal irregularidad agravia a la ley suprema, cuya custodia no es exclusiva de la Corte, sino de todo juez. Esta atribución de vigilancia del efectivo y oportuno goce de las garantías constitucionales, fundamentan, a mi juicio, la procedencia del recurso ejercido por el penado D.. No se trata, como parece entenderlo el Señor Fiscal de Cámara, Dr. Ricardo G. Rongo, de una improcedente revisión fundada en un mero cambio de jurisprudencia. Por el contrario, se trata de un pronunciamiento judicial que fulmina de inconstitucionalidad a la norma que sirvió de fundamento a la pena impuesta por el tribunal y que está ejecutando, huérfano de apoyo legal, el penado y peticionario. Por lo tanto, el caso no queda excluido de los estrechos límites del artículo 551 inciso 4 del Código de Procedimientos en Materia Penal, pues no se trata de una variante en la doctrina interpretativa de una disposición vigente, sino en la lisa y llana invalidación de ésta. Sentado por la Corte Suprema el criterio judicial aludido -el cual no comparto por las razones expuestas por esta Sala VII en la causa N. 11.735 "Sosa, Guillermo" resuelta el 27/5/86, razones que, con el debido respeto al alto criterio de la Corte Suprema, no han sido refutadas por la decisión referida- el caso D. debe ser asimilado a la situación de quien ha sido alcanzado, en desmedro de la ley más benigna, por una norma que impone inconstitucionalmente una mayor rigurosidad jurídica (C.P. art. 2). De no aceptarse tal propuesta, D. podría quedar grave e ilegítimamente sujeto a la ejecución de una pena sin sustento constitucional, sea porque su situación no llega a conocimiento jurisdiccional de la Corte Suprema, sea porque en caso contrario, la solución dada por aquella llega en tiempo posterior al que requiere el normal ejercicio de todos los derechos que puedan asistirle por la aplicación de una pena menor. Las consideraciones precedentes me deciden, no obstante las atinadas reflexiones formuladas en el voto mayoritario, a proponer al acuerdo que se haga lugar al recurso interpuesto a fs..

, y se convoque al Tribunal para la revisión de la sentencia condenatoria (C.N. art. 18, 19 y 31; C.P. art. 2; C.P.C. art. 551 inc. 4)."