marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obligación alimentaria, cuota alimentaria, determinación del monto
Materia: CIVIL
Carátula: CORNEJO, ROSA ADELA c/ FERNANDEZ, RODOLFO VALENTIN s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-08-26

La prestación alimentaria del padre para con sus hijos menores, constituye una obligación moral y jurídica inexcusable, para cuyo cumplimiento debe estar dispuesto a realizar los trabajos y sacrificios que sea menester para tal fin. El cuantum de la prestación está sujeto al prudente arbitrio judicial, arbitrio subordinado a la circunstancia en que el monto de la cuota alimentaria depende de la valoración del conjunto de circunstancias que concurren en cada caso y que el Juez debe apreciar con prudencia y objetividad.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recurso de reposición (procesal), procedimiento administrativo, recursos administrativos, recurso de apelación (procesal), pronto despacho, Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARNIQUEL, CARLOS DAMIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 426-85 ALONSO, RODOLFO VALENTINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 428-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-25|1987-11-25

Debe hacerse lugar a la revocatoria deducida y por lo tanto declarar admisible el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto, si se le imprimió un lento impulso al trámite administrativo a pesar de haber presentando la parte interesada pronto despacho, y posteriormente un recurso jerárquico que maguer su inadmisibilidad -por encontrarse ya los autos ante el Poder Ejecutivo por vía de apelación- al menos implicaba otro pedido de pronta resolución dirigida al máximo órgano administrativo. Ello, porque las disposiciones del decreto regida al máximo órgano administrativo. Ello, porque las disposiciones del decreto 10204-58 están orientadas a ordenar, pero no a paralizar indefinidamente la vía recursoria, tratándose así de evitar rigorismos excesivos e interpretaciones que desnaturalicen el sentido que tiene la exigencia legal de previa reclamación en sede administrativa (en acuerdo, por lo demás, con criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Daños y perjuicios, prescripción anual, cómputo del plazo, incapacidad permanente
Materia: CIVIL
Carátula: AMENDOLA, Juan Antonio c/ VANDENFIL S.A. s/ SUMARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-12

Desde la óptica de la ley 24.028 el plazo de prescripción es de dos años salvo el supuesto contemplado en el art. 2º, in fine y el inicio del cómputo del plazo prescriptivo en caso de incapacidad permanente es desde la fecha de "consolidación del daño". Esto puede ocurrir desde que se otorgó el alta médica, o desde cuando la incapacidad se consolidó legalmente por transcurrir el plazo de un año a partir del evento dañoso.-
Seguros, acción subrogatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pergamino Cooperativa de Seguros Ltda. c/ Muñoz, Alfredo A. y/u otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

La aseguradora que se subroga no puede tener frente al tercero un mejor derecho que el propio asegurado, pues de lo contrario se beneficiaría con algo que éste no posee.-
Depreciación monetaria, actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FURLOTTI DE ALVAREZ MARTA s/ Sucesión (LIBRO: A075 - 040)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-11-04

Acá de lo que se trata es de establecer el monto de honorarios complementarios de los ya regulados y para efectuar los cálculos tendiente a lograr ese objetivo, lo que correspondee es tomar en consideración la desvalorización monetaria. No es posible recurrir a pautas tales como las variaciones del valor del dolar estadounidense para cálcular los honorarios complementarios.-
Defensa en juicio, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ALCORTA LIMITADA c/ ESTANCIA SANTA INES SA s/ RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD  -  DEMANDA ORDINARIA (CSJ EXPTE Nº  545-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-26

Se conculca la garantía de defensa en juicio, de raigambre constitucional, si se admite una aclaratoria, que no sólo fue deducida extemporáneamente (art 248, Cód Procesal en lo Civil y Comercial) sino que también fue resuelta en clara vulneración de lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Provincial; desde que -aún desde la posición de que los jueces puedan aclarar errores u omisiones de oficio, y aunque pudiesen hacerlo en cualquier tiempo, cualquiera fuese la omisión-, en el presente caso habiendo la actora expresamente solicitado la desvalorización monetaria desde el 5-6 81, la Cámara -sin dar razón alguna para ello- dispone otorgarla desde la fecha de la demanda ordinaria (18.8.1987).
Contrato de trabajo, interpretación del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: Duarte, Juan Carlos c/ Transa S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-04-09

La relación laboral que vincula a las partes no depende de la denominación que las mismas le den, sino que conforme las reales características de la misma, el juez deber encuadrarlas, teniendo en cuenta las modalidades específicas de ella. Es que el contrato de trabajo es contrato realidad y lo decidido es la verdadera situación creada, y no el nombre que las partes le hayan dado a la relación jurídica creada entre ellas. De éste modo correspondía al empleador acreditar que la relación laboral era de naturaleza distinta a la invocada por el trabajador y por lo tanto se trataba de trabajo eventual.
Empleados públicos, personal adscripto, traslado, Administración Pública, relación de dependencia, razones de servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tissembaum, Isaac c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 595-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-07

La no inclusión expresa dentro del ordenamiento, no autoriza a entender que la Administración tenga prohibido adscribir a sus empleados, por el contrario, el análisis sistemático de la ley 8525 permite arribar a esta conclusión, porque si en el supuesto del artículo 39 se reconoce a la Administración provincial la facultad de trasladar al personal a otra sede, afectando la situación del agente de modo radical como es el cambio de residencia, "por razones de servicio", -si bien abonándole la indemnización por desarraigo cuando el traslado es con carácter permanente-, no puede negarse la posibilidad de que "si el servicio lo requiere" se disponga la adscripción.
Ejecución de sentencia, suspensión de la ejecución, embargo, ley de emergencia productiva y crediticia
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHONEV  KIRIL  IORDANOV  KRSTEV c/ FERROCARRIL MESOPOTAMICO GRAL.URQUIZA SA S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-17

En el cauce de una ejecución de sentencia, resulta improcedente que el defendido solicite la suspensión del procedimiento y de los embargos decretados con base en la Ley 25563 art. 16, cuando -como en el caso-, se verifica que lo afectado es una suma de dinero, pues ello no se subsume en la previsión de la Ley 25589 art.

12  (modificatoria de la norma precedentemente citada). En tal sentido cabe precisar, que lo afectado en el trámite no supone "per se", ni tampoco fue invocada la afectación de ese dinero a la producción, comercio o prestación de servicios, ni la necesidad de tenerlo disponible para el funcionamiento de establecimientos comerciales, fabriles y afines.
Excepciones procesales, excepción de incompetencia, contestación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHAPPOIS, MARIO JORGE Y OTROS. c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA. s/ REVISION CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-11

Si mediante una presentación el banco demandado sometió al conocimiento del juez el examen de una cuestión procesal distinta de la propia competencia, se configuró una sumisión tácita, por lo que no procede la articulación posterior de la excepción de incompetencia.-
Recurso de apelación (procesal), costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bavaud, José M. y otro c/ López, Sol y otra s/ Indemnización daños y perjuicios Velazco, Jorge O. y otros c/ Echarri, José J. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-16|1986-10-23

En lo que hace a las costas devengadas ante la alzada, debe estarse en principio al éxito obtenido con la queja por parte de los apelantes, es decir, según los planteos introducidos y al mayor, menor o nulo asidero otorgado a la protesta; caso contrario la parte vencedora en primera instancia se hallaría en una situación de ventaja para recurrir respecto de la contraparte.-
Juicio de desalojo, resoluciones apelables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BIANCULLI CARLOS HUMBERTO MANUEL c/ SOBRERO ALICIA ANTONIA TERESA s/ DESALOJO QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-31

Si bien el artículo 663 inciso 4 del Código Procesal Civil y Comercial solo establece la recurribilidad de las resoluciones que ponen fin al pleito o impidan su continuación, lo cierto es que nuestro ordenamiento procesal (inciso 1 de la norma) -a diferencia de lo dispuesto en la mayoría de los códigos provinciales- prevee que las excepciones se resuelvan en la sentencia definitiva. Pues bien, enfrentados al hecho de que en la instancia inferior se halla resuelto la excepción de defecto legal como previa, no cabe sino reconocer al quejoso que el recurso contra dicha resolución le sea concedido con efecto diferido, solución que mejor se adapta al caso concediéndole la oportunidad de revisar en alzada, por aplicación analógica del trámite que el inc.4 prevee para la decisión que desestima la nulidad .
Juicio ejecutivo, obras sociales, certificado de deuda
Materia: LABORAL
Carátula: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO c/ AUSTRAL LINEAS AEREAS  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-29

El procedimiento ejecutivo exige que el título que lo encabece refiera a títulos líquidos y contenga, en cuanto a los lapsos, una determinación detallada y precisa de la deuda, con discriminación exhaustiva de cada uno de los items que la componen. En consecuencia, el certificado establecido en el art. 24 de la ley 23660, no debe aparecer como una manifestación arbitraria de la existencia de la deuda, sino que la misma debe ser detallada con discriminación cabal de los períodos y los importes correspondientes con más la desvalorización monetaria e intereses.
Beneficios previsionales, otorgamiento del beneficio, derechos adquiridos, irretroactividad de la ley, determinación del haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, aplicación temporal de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ABAD de PASACANTANDO, Concepción c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

Si bien el otorgamiento de un beneficio previsional constituye un acto consumado, inmutable y definitivo, salvo los supuestos de nulidad, no acontece lo mismo con su consecuencia patrimonial -el cobro de haberes-. Lo primero es derecho adquirido, libre de ser alcanzado por una ley retroactiva cuyo efecto haría impacto en el propio texto constitucional al lesionar un bien incorporado al patrimonio, y lo segundo, en cambio, es consecuencia de un hecho anterior -concesión del beneficio-, susceptible de recibir el efecto de una ley posterior, porque el monto de la prestación no está garantizado en un "quantum" fijo ni es derecho adquirido.
Valor vida, compensación económica
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez Narváez, Alfredo y Oviedo de R. Berta c/ Provincia de San Juan s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-08-26

La posición de medir la vida, exclusivamente, en función de la capacidad económica del interfecto para producir bienes y servicios, al limitar el reclamo resarcitorio de los damnificados ha producido fallos irritantes a la sensibilidad jurídica, como por ejemplo, cuando se niega valor indemnizable a la vida de una mujer anciana.
Enjuiciamiento de magistrados, recusación, tribunal de enjuiciamiento
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Lloyd Jorge Wickstrom en la causa Wickstrom, Lloyd Jorge s/ recurso de casación e inconstitucionalidad en autos: Expte. n° 07 - J.E. - 05 - Pirovani, Jorge Antonio s/ Formación J.E. al Sr. Fiscal de Estado de la Pcia. de Mnes. Dr. Lloyd Jorge Wikstrom c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-28

No resulta admisible el agravio relativo a la incompetencia del presidente del superior tribunal de justicia provincial para integrar el jurado de enjuiciamiento si la objeción se basa en una subjetiva interpretación de las normas de derecho local que regulan el funcionamiento de sus órganos judiciales, pero no se hace cargo de la sólida argumentación que desarrolló el tribunal a quo para desechar el planteo.
Sentencia arbitraria, acción de repetición, repetición de impuestos, retenciones impositivas, IVA, comercialización de productos agropecuarios
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Compañía Argentina de Granos S.A. c/ AFIP (D.G.I.) s/ contencioso administrativo - varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

Es arbitraria la sentencia que hizo lugar a la demanda de repetición contra el Fisco Nacional por los importes ingresados en concepto de retenciones del IVA por las compras de cereales realizadas a ciertos proveedores, toda vez que la actora fundó su reclamo en la alegación de un perjuicio patrimonial derivado del ingreso de retenciones practicadas sobre operaciones declaradas inexistentes por la AFIP-DGI, en tanto que el Fisco solicitó el rechazo de la demanda entablada aseverando que el referido perjuicio no se encontraba configurado, por cuanto nunca había considerado que las operaciones no existieran, sino tan solo que no existen los proveedores consignados en ellas, es decir que, para la demandada las operaciones efectivamente se concretaron y las retenciones fueron bien realizadas por la empresa.
Recurso de casación, eximentes de responsabilidad penal, inimputabilidad, causas de justificación
Materia: PENAL
Carátula: Ferrari, Sergio Fabián s/ Recurso de queja por casación denegada denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-02-12

El fallo impugnado deniega erróneamente el recurso de casación impetrado al interpretar como cuestión de hecho a la inimputabilidad del acusado argüido por la defensa: las causales de imputabilidad previstas en los arts. 34 y 45 del C.P. han sido consideradas por este Tribunal como cuestiones de derecho, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de queja, declarando mal denegado el recurso de casación oportunamente deducido contra el Fallo Nro. 810/95 de la Excma. Cámara Segunda en lo Criminal.
Demanda, interrupción de la prescripción, crédito fiscal, tasa de justicia, tributos, monto indeterminado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Siderar S.A.I.C. c/ D.G.I. s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

Cuando de los términos de la demanda articulada surge que ésta tuvo por objeto "interrumpir la prescripción que podría operarse el 30/6/95 (art. 25, Ley 24.447)", acotando, asimismo, que de dicha acción se desistió, a raíz de que -según expresara la parte- con la sanción del decreto 658/95 (B.O. 1/11/95) quedó aclarado que las previsiones de los arts. 25 a 27 de la ley 24.447 "no son aplicables a los créditos fiscales cuya prescripción se procuró evitar, lo cual tornó a la demanda interruptiva en procesalmente innecesaria", asiste razón al recurrente en sostener que resulta de aplicación al caso lo sostenido en el art. 6 de la ley 23.898, en tanto establece el pago por monto indeterminado del tributo, en aquellos juicios cuyo objeto litigioso no tenga valor pecuniario (confr. en este sentido, los argumentos vertidos por esta Sala in re "Tecpetrol S.A.", del 26/10/95, entre otros).
Estupefacientes, decomiso, sentencia condenatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Dobniewski, Luis s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-16

Cuando se dicta pronunciamiento conclusivo de la causa rigen las disposiciones del artículo 39 de la ley 23.737, que establece que con la sentencia condenatoria se decide "definitivamente" respecto de los bienes decomisados, y no puede extenderse a otros casos en que los bienes decomisados lo fueron a quienes no son condenados, es decir a los que resultan absueltos aunque fueren parientes, amigos o vecinos de los condenados. Hace ya mucho tiempo que los efectos de las condenas no se irradian a terceros. (Voto del Dr. Tragant).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: SORIA, Mario R. s/ inf. ley 23.737 Causa nro. 11.923
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-04

Los delitos de tenencia, como tipificación de peligro abstracto, exigen una rigurosa conexión fáctica de disponibilidad entre el sujeto y la cosa, sin la cual no resulta posible formular juicio de reproche.
Contestación de la demanda, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Molina, Gustavo Carlos c/ García Antonio y/o Tourn Yolanda Isabel y/o Panadería "AG" y/o quien Res. Responsable s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-07-15

Tratándose de una causa en la que se encuentra cuestionado un derecho disponible para los demandados, en su carácter de empleadores, la falta de contestación de la acción acarrea, inevitablemente, la necesaria consecuencia de asumir el riesgo por incumplimiento de dicha carga procesal. Si bien es cierto que el principio deviene atemperado en el derecho procesal moderno, por obra de cierta jurisprudencia, también es cierto que no puede llegarse a una situación donde, quien no contestó la acción, se encuentra mejor posicionado procesalmente que aquella parte que cumplió con la carga de contestar la demanda, negar los hechos y desconocer la autenticidad de los documentos acompañados y la recepción de cartas y telegramas, configurándose una suerte de tutela jurisdiccional para el contumáz, en aras de una supuesta equidad; los derechos consagrados por la legislación ritual deben ser respetados, con la misma intensidad, que aquellos que surgen de la legislación de fondo, de suerte tal que la previsión normativa contenida en el art.85 inc.1 proyectará, como en el sub discussio, ineludiblemente, los efectos en la causa.
Asociaciones sindicales, aportes sindicales, contribución solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Azzimonti, Cristian Javier y otros c/ Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina y otros s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-28

Las llamadas contribuciones de solidaridad sindical son cotizaciones a favor de la asociación gremial con personería gremial que se instituyen a cargo de los trabajadores no afiliados a ella. Por ello, no parece dudoso que, por lo menos, las actas acuerdo salariales que suscribieron las partes legitimadas para celebrar un CCT y obligar al colectivo que representan - arts 1 y 4 de la ley 14.250 -, en el marco de una comisión negociadora constituida que se encuentra en el camino de la negociación y forma la antesala de un convenio colectivo en gestación son, como acto jurídico, un título suficiente o causa fuente legítima para crear una contribución de solidaridad dado que participan, en cuanto a su naturaleza, del género "negociación colectiva" (art. 2 Convenio N° 154 OIT) y dentro de ese conjunto metodológico al de la especie "convención colectiva". Además, cabe tener en cuenta que el aporte de solidaridad, en este caso, no halla fundamento exclusivo en la retribución de gestión de un convenio colectivo de trabajo sino que aprehende el sostén de múltiples funciones que con exclusividad la ley argentina acuerda a las asociaciones sindicales con personería gremial. Ello sin perjuicio de que no existen elementos contundentes que permitan sostener que sea palmariamente irrazonable el porcentaje del salario pactado en el acta cuya invalidez se pretende. No sólo porque la ley positiva no fija límites cuantitativos sino porque no se postuló que igualara el importe de la cuota de afiliación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, jueces, facultades del juez, calificación jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., M. G. c/ S., G. P. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-20

Con respecto a la causal de apelación extraordinaria prevista en el artículo 42, inciso 3, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, teniendo presente que el apartamiento del texto expreso de la ley ha de ser manifiesto -implicando ello que el Tribunal de primer grado haya decidido un litigio a base de texto no vigente o prescindiendo por completo de normativa expresa del problema debatido- y lo señalado por la Cámara en el sentido de que no se configuraba tal supuesto si el planteo solo traducía una discrepancia acerca de las normas aplicadas por el Colegiado o el alcance de las mismas, y que los jueces tienen el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que las rigen, con prescindencia de los fundamentos enunciados por las partes o aun ante el silencio de éstas; cabe concluir que tales cuestiones fueron resueltas por la Alzada con fundamentos suficientes, conformando un decisorio que no luce disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 95; Ley 10160, artículo 42, inciso 3
Derecho procesal, procesos especiales, disposiciones (administrativo), juicio sumarísimo, apertura a prueba, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Proconsumer c/ Lan Argentina SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

Resulta inadmisible la solicitud de apertura a prueba de estas actuaciones de conformidad con lo previsto por el CPR 260-2°, pues el CPR 275 veda expresamente la posibilidad de producir prueba en la alzada en casos donde el recurso de apelación fue concedido en relación (CNCom, Sala D, in re "Voss, Erwin Hermann c/ American Express Argentina SA s/ sumarísimo", del 25/04/17).
Accidente de tránsito, indemnización por muerte
Materia: CIVIL
Carátula: GUERRI PEREYRA SERGIO DIEGO c/ BUET RENE ALBERTO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-11

El prudente arbitrio judicial para fijar el resarcimiento a los sucesores de la víctima por fallecimiento de ésta en un accidente, no está sujeto a método matemático alguno. No obstante, hay que tener en cuenta la edad, núcleo familiar que integraba, aptitud para el trabajo y, también, frustración de los recursos que proporcionaba a la familia.