Nulidad de sentencia, extinción de la acción penal, contrabando, ley vigente, obras artísticas, tributos aduaneros
Materia: PROCESAL
Carátula: Garfunkel, Matías c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-19

Corresponde anular la resolución que rechazó el planteo de extinción de la acción penal en orden al hecho de contrabando imputado a su asistido, por acogimiento al régimen previsto por la ley N° 27.541", toda vez que no se verifica que los efectos derivados del acogimiento citado únicamente sean operativos en aquellos casos en los que la maniobra imputada tenga exclusivamente un componente tributario, distinción que la ley no ha realizado ni parece deducirse del interés expresado en lograr obtener una mayor recaudación que le permita equilibrar sus cuentas en una situación de crisis económica, financiera y social. En ese sentido, una mercadería sujeta a control, aun de otros organismos especializados, tal como indica el recurrente, no necesariamente ha de quedar fuera del marco normativo expuesto y del efecto liberatorio previsto por el legislador a los fines de alentar la mentada regularización y el ingreso de los tributos derivados de la operación de importación o exportación que se trate.

Se advierte que la ley 24.633, en su redacción vigente al momento de los hechos, no resultaba aplicable al tratamiento de los bienes objeto de este proceso penal, pues su ámbito de vigencia se limitaba a regir la circulación de obras de arte de autores fallecidos hasta cincuenta años a contar desde la fecha de su deceso (cfr. art. 1°). Luego, sí son aplicables al caso las previsiones del art. 11 del decreto 1321/97, que no constituye un decreto reglamentario, sino un reglamento autónomo emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, pues como bien se establece en los considerandos del mismo, ".la exportación de obras de arte de autores fallecidos, sean argentinos o extranjeros, realizada con posterioridad al término de CINCUENTA (50) años a contar desde la fecha de su deceso, y de autores desconocidos, lo que impide determinar fecha de fallecimiento, se encuentra fuera del marco de la Ley N° 24.633 y, habiéndose expresamente derogado el Decreto N° 159 de fecha 24 d e julio de 1.973, se torna imprescindible en estos casos la intervención directa de la Autoridad de Aplicación en defensa del patrimonio cultural argentino y de conformidad con los preceptos legales vigentes". No puede soslayarse entonces la letra del mentado art. 11 del decreto 1321/97, en cuanto establece que ".la exportación de obras de arte de autores fallecidos, argentinos o extranjeros, realizada con posterioridad al término de CINCUENTA (50) años a contar desde la fecha de su deceso, o la de autores desconocidos, deberá ajustarse, en lo pertinente, al cumplimiento de las tramitaciones establecidas en el presente decreto.".

De tal modo, si se sostiene que las "prohibiciones", por aplicación del art. 19 de la Constitución Nacional, son aquellas que impiden en forma directa la importación o exportación, no puede entenderse que, a la fecha de los hechos -año 2013-, haya existido una prohibición de exportación sobre las obras de arte en cuestión, pues la regulación no establecía una veda ni concretas pautas en tal sentido, sino que se limitaba a establecer que la exportación de obras de arte de autores fallecidos desde hace más de cincuenta años debía ajustarse ". en lo pertinente." a las tramitaciones establecidas en los restantes artículos del decreto, que establecen no una interdicción, sino un procedimiento administrativo especial que debía cumplirse en forma previa a la operación aduanera. Desde esta perspectiva, se advierte que la fundamentación dada en el decisorio cuestionado resulta insuficiente para excluir al interesado del acceso al régimen de regularización de obligaciones aduaneras previsto en la ley 27.541, pues no ha mediado afectación a las facultades de control del servicio aduanero sobre mercaderías prohibidas, ni existen razones dentro del texto legal de la ley 27.541 que permitan sostener la discriminación efectuada en torno a la naturaleza de los bienes afectados a la maniobra, motivos que me conducen a considerar al auto recurrido como arbitrario por apartamiento de la normativa sustancial vigente (Fallos: 330:1465; 339:459, entre otros).