Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-14


SENT Nro. 333 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE MAYO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por los apoderados de los codemandados César Terán Robles y Eliseo Pérez Antich en autos: "PASA S.A. vs. Terán Robles, César y otro s/Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Vienen a estudio y resolución de este Tribunal los recursos de casación presentados por los apoderados de los codemandados César Terán Robles(fs. 183/194) y Eliseo Pérez Antich (cfr. fs. 197/211) contra la sentencia de fecha 29/05/2002 dictada por la Sala III de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones (fs. 178), que fueron concedidos provisionalmente por sentencias del 3/12/2002 dictada por esta Corte (fs. 275/276 y 325/326).

Ambos recursos serán tratados y resueltos en forma conjunta, porque los codemandados opusieron las mismas defensas a lo largo de todo el juicio, y plantearon agravios similares en los recursos en examen.

2. a).- Exponiendo una breve síntesis de los antecedentes del caso, corresponde señalar que los recurrentes fueron intimados de pago en su calidad de avalistas de dos pagarés, ante lo cual opusieron excepción de inhabilidad de título fundada en que los documentos carecían de un requisito esencial, cual es la fecha de emisión (arts. 101 inc. 6 y 102 d.l. 5965/63), y que por ese motivo eran nulos como pagarés y no podían ser cobrados por vía ejecutiva.

Al contestar la excepción el actor manifestó que la fecha de emisión de los pagarés estaba inserta en el renglón correspondiente a la fecha de vencimiento. Admitió que se trataba de un intrascendente error material, y alegó que tratándose de pagarés a la vista no tenían fecha de vencimiento, y por ello eran pagables a su presentación (art. 36 d.l. 5965).

2. b).- La sentencia de primera instancia de fecha 6/12/2001 (cfr. fs. 140/141) rechazó la excepción de inhabilidad de título porque al no haber sido desconocida la autenticidad de los documentos que sirvieron de sustento a la excepción opuesta, y pese a carecer de valor como pagarés por no tener fecha de emisión, constituían sin embargo instrumentos privados con los requisitos exigidos por el art. 501 CPCC, y eran ejecutables conforme art. 502 inc. 2 CPCC (cfr. 140/141).

2. c).- Los recurrentes apelaron la sentencia, agraviándose de que no se consideró una cuestión fundamental, cual era que habían sido demandados como avalistas. Señalaron que el aval es una garantía típica y propia de algunos títulos de crédito, que no puede aplicarse a cualquier obligación, y sostuvieron que el aval era nulo a causa de la nulidad del pagaré. Invocaron la disposición del art. 34 del decreto 5965/63 que establece que "el avalista queda obligado en los mismos términos que aquél por quien ha otorgado el aval. Su obligación es válida aun cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier causa que no sea un vicio de forma". Manifestaron que siendo nulo el pagaré por un vicio de forma, cae la obligación de quien suscribió el título como avalista, pues la nulidad también lo alcanza (cfr. fs. 151 vta.). Sostuvieron que siendo el aval una institución propia del derecho cambiario, no puede pretenderse por extensión que puedan avalarse "instrumentos privados" de los cuales surja una obligación de dar sumas de dinero, y que no puede asimilarse una fianza a un aval. Señalaron que el avalista sólo asume responsabilidad cambiaria, por lo que no puede interpretarse que ellos garantizaron un "instrumento privado", pues nunca asumieron tal obligación.

Denunciaron que se libró mandamiento de intimación sin que se hubiera preparado previamente la vía ejecutiva en cumplimiento del requisito del art. 503 inc. 1° CPCC, según lo expresó la Corte de la Provincia en sentencia nro. 917 dictada en "Nacul J. A. vs. Martínez C. s/cobro ejecutivo", del 9/12/98. Plantearon que si no se preparó la vía ejecutiva conforme al art. 503 inc. 1° CPCC, su parte no tenía obligación de pronunciarse sobre la autenticidad de su firma. Manifestaron que si no se llamó al supuesto firmante para que reconozca su firma, se infringió lo dispuesto por el art. 919 del Código Civil, pues se pretende considerar como manifestación de voluntad al supuesto silencio de su parte, pese a que nunca se les requirió pronunciamiento. Señalaron que nunca se citó a reconocer firma al librador de los pagarés, la Cooperativa Alcozúcar Agraria Limitada, y que si el librador no reconoció ninguna obligación de los mentados "instrumentos privados", tampoco puede haber obligación de garantía anexa a los mismos.

El codemandado César Terán Robles se agravió de lo afirmado en la sentencia en el sentido de que su parte no negó la deuda, y destacó que sí lo hizo a fs. 42 (fs. 155). Denunciaron que se omitió considerar que su parte suscribió un aval, no un instrumento privado en el cual se hubiera obligado a pagar. Se agraviaron de que si los pagarés son nulos por un importe total de U$S 234.217, no se entiende por qué se condenó al pago de $81.081,77, ni por qué se tuvo por auténticos a los instrumentos privados si nunca se llamó a reconocer firma al sujeto emisor. Se agraviaron de que el a quo no resolvió según la acción deducida y las cuestiones planteadas, consideraron que se armó una trampa procesal, pues se los demandó por un concepto y se los condenó por otro, y que se les impuso costas pese a haberse declarado que los pagarés eran nulos según la excepción opuesta por su parte.

2. d).- Los recursos de apelación fueron rechazados por sentencia del 29/5/2002 dictada por la Sala III de la Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones, con el fundamento de que "según consta en el escrito de oposición de excepciones, la negativa de la deuda se efectúa sin dar ninguna razón o fundamento valedero, y se realiza como el cumplimiento de un mero formalismo" (cfr. fs. 178).

2. e).- En los recursos de casación contra la sentencia de Cámara, los demandados se agraviaron denunciando que se infringieron los arts. 501, 509, 539, 34 y 273 inc. 6 CPCC. Criticaron el fundamento de la sentencia, y denunciaron que en el caso se violó el principio nulla executio sine titulo. Señalaron que la acción ejecutiva es un privilegio acordado a un título en atención a sus especiales condiciones. Expresaron que según el art. 509 procesal y concordantes, el examen del título debe realizarse de oficio, en dos etapas: antes de librarse el mandamiento de intimación de pago, y al dictarse la sentencia de trance y remate. Sostuvieron que en el caso debió ser negada de oficio la ejecución, porque es necesario que el título esté formado al promover la ejecución, siendo imposible completarlo a posteriori.

Calificaron de arbitraria la decisión que negó valor a la negativa de la deuda manifestada al oponer excepciones. Reprodujeron los términos con que se negó la deuda, y manifestaron que la jurisprudencia del caso "Mosqueira" no es aplicable, porque allí no hubo negativa de deuda, mientras que aquí expresamente se la negó. Expusieron que firmaron como avalistas, y que al no tener relación extracartular con los obligados, nada más tenían que agregar a su negativa, a no ser que se exija prueba del hecho negativo. Afirmaron que por recordar que se honraba el mandato de la ley al negar la deuda, no podía sostenerse, como se expresó en la sentencia, que se trataba de un mero formalismo. Expresaron que el Tribunal leyó las negativas aislándolas del discurso total de la excepción opuesta, separándolas del marco concreto en la que fueron formuladas, y se despojó a las palabras de todo su significado (cfr. fs. 209 vta. y 210 y 192 y 193).

Denunciaron que la Cámara omitió pronunciarse sobre cuestiones planteadas conducentes para la solución del caso, y de considerar la ley invocada aplicable a la causa. Por último, propusieron doctrina legal.

3.- La cuestión a resolver en función de los agravios propuestos es, en consecuencia, si se negó o no válidamente la existencia de la deuda por parte de los codemandados según lo impone el inciso 4 del art. 534 CPCC, ya que tal exigencia es una condición de admisibilidad de la excepción de inhabilidad de título. La sentencia objeto del presente recurso fundó su decisión en que la negativa de la deuda expresada por los codemandados fue un mero formalismo, y que no se dio ninguna razón o fundamento valedero (cfr. fs. 178). Por ello el Tribunal consideró inadmisible la excepción de inhabilidad de título y no trató los agravios de los apelantes referidos a la procedencia de la excepción, en los que plantearon que el título era inhábil porque los pagarés no tenían fecha de emisión, que no estaba habilitada la vía ejecutiva porque no se la había preparado, y que se condenó a pagar un instrumento privado cuando en la demanda se pretendió ejecutar a dos pagarés cuya invalidez se admitió.

Los agravios referidos a la validez de la negativa de la deuda constituyen una cuestión de hecho, por cuanto se pretende la revisión de un acto de interpretación y valoración de las manifestaciones de las partes, ajeno en principio al ámbito revisorio del recurso de casación conforme lo establece el art. 815 CPCC. Sin embargo, el planteo es susceptible de ser tratado en casación cuando como en el presente caso, se alega fundadamente que se incurrió en arbitrariedad por haberse efectuado una merituación de los dichos desvinculada del contexto fáctico y jurídico que habría dado sentido y alcance a las expresiones cuestionadas.

4.- A los efectos de interpretar tales manifestaciones, deben considerarse las particulares circunstancias del caso, y en especial, de la excepción de inhabilidad de título a propósito de la cual se efectuaron las mismas.

Según se expuso en el relato de los antecedentes del caso a estudio, los recurrentes fueron demandados en calidad de avalistas de dos pagarés librados por la Cooperativa Alcozúcar Agraria Limitada (cfr. fs. 13).

Al oponer la excepción de inhabilidad de título, el codemandado Pérez Antich expresó textualmente lo siguiente: "Desde ya, y en cumplimiento con lo dispuesto por el art. 534 inc. 5 del Código Procesal Civil y Comercial, por mi mandante, niego la existencia de la deuda". (cfr. fs. 31). El codemandado César Terán Robles expuso en su escrito de oposición de excepciones, que "Se tenga presente que en cumplimiento de expreso imperativo procesal, niego que mi mandante adeude los importes reclamados en autos a la actora PASA S.A. ni suma de dinero por ningún concepto" (cfr. fs. 42).

5.- Resulta pertinente señalar el marco jurídico de la pretensión incoada y en particular de la legitimación pasiva invocada al dirigir la demanda contra los accionados. Al respecto, corresponde recordar que el aval es una garantía personal propia de los títulos cambiarios, por el cual un tercero garantiza el pago de la letra de cambio, pagaré o cheque, en forma total o parcial, y que constituye un acto jurídico unilateral, abstracto y completo, que obliga a quien lo realiza en forma personal. El avalista contrae una obligación independiente de los demás obligados cambiarios, y dada la naturaleza peculiar de estos títulos, esa obligación es principal o directa (cfr. Villegas, Carlos Gilberto, "Las garantías del crédito", Edit. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998 tomo 1 p. 167 y 168).

El avalista asume una obligación abstracta frente al portador de la cambial, como todo obligado cambiario (Villegas p. 181). Su obligación es "solidaria" frente al portador del título cambiario garantizado, al igual que los demás obligados cambiarios, y queda obligado cambiariamente en los mismos términos que su avalado. Su obligación es válida, aun cuando la obligación avalada fuera nula por cualquier causa que no sea un vicio de forma. Solamente deviene nulo el aval si falta algún requisito extrínseco esencial en la letra, pagaré o cheque que le quite el carácter de tal, según lo prevé el artículo 34 del decreto ley 5965/63. Ello como consecuencia de que su obligación es "autónoma", "independiente" de la del avalado y demás obligados cambiarios. El avalista no puede valerse de las excepciones personales del avalado, ya que su obligación es independiente en los términos del art. 34 del decreto ley 5965 citado (art. 34: "El avalista queda obligado en los mismos términos que aquel por quien ha otorgado el aval. Su obligación es válida aun cuando la obligación que ha garantizado sea nula por cualquier causa que no sea un vicio de forma...").

6.- La apreciación de la Cámara sobre los dichos de los demandados resulta arbitraria, por no interpretarlas en el contexto de la acción y de la excepción de inhabilidad de título para cuya admisibilidad se formularon. En el marco jurídico de la pretensión y la excepción opuesta, las expresiones utilizadas por los demandados para negar la existencia de la deuda, cumplen el recaudo exigido por el art. 534 inciso 4 CPCC.

Considerando que la negativa de la deuda fue expresada por avalistas que se obligaron según el art. 34 del decreto ley 5965, y en función de la excepción de inhabilidad de título fundada en la inexistencia de la obligación cartular por defecto formal de los pagarés, los términos utilizados resultan suficientes para cumplir con el recaudo del art. 534 inc. 4 CPCC.

En el marco jurídico de la pretensión y de la excepción opuesta, las expresiones usadas para negar la deuda fueron suficientes para cumplir el recaudo exigido por el art. 534 inc. 4 CPCC. Ello por cuanto la obligación del avalista es de carácter cartular, unilateral, incondicional, autónoma, abstracta y formal; presupone la existencia de una obligación cambiaria principal, que es la del avalado, pero que a su vez es independiente de la de éste (cfr. Villegas, ob. cit. p. 174 y 175). Teniendo tal naturaleza la obligación del avalista, que se obliga al pago del título valor en los términos del art. 34 del decreto ley 5965, y para el cual no existe en relación al portador otra fuente de obligación que el título mismo, las expresiones de los demandados para negar la deuda fueron suficientes en el contexto y por los motivos invocados al oponer la excepción de inhabilidad de título.

En consecuencia, resulta arbitraria la sentencia que interpretó las expresiones de los demandados valorándolas como mero formalismo porque no dieron razón o fundamento valedero (cfr. sentencia a fs. 178). Tal merituación resulta descalificable, porque se aisló a los términos de su contexto fáctico y jurídico, despojándoselos de su sentido y alcance, por cuanto el motivo invocado para fundar la excepción de inhabilidad de título resulta en las particulares circunstancias de este caso, ser la razón misma de la negativa de la deuda, ya que como se señaló, para el avalista respecto del portador del pagaré, no hay otra fuente de obligación que el título mismo.

7.- Por lo expresado, corresponde casar la sentencia en mérito a las siguientes doctrinas legales: "Incurre en arbitrariedad y resulta por ello descalificable como pronunciamiento jurisdiccional válido, la sentencia que merituó las expresiones de los demandados desvinculándolas del contexto jurídico y fáctico de la litis trabada". "Cumple con la exigencia de negar la deuda según lo exige el inciso 4 del art. 534 CPCC, el demandado que funda la excepción de inhabilidad de título en una causa que constituye en sí misma y a la vez la razón de la negativa de la deuda formulada, exigida como condición de admisibilidad de la excepción planteada".

En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la sentencia recurrida, conforme al art. 826 CPCC, a fin de que el Tribunal con otra integración falle nuevamente.

Se hace la aclaración de que lo expresado en modo alguno significa emitir opinión sobre la procedencia de la excepción opuesta por los demandados, sobre la que deberá dictarse pronunciamiento.

8.- En cuanto a las costas, atento a la oposición del accionante y al resultado del recurso, corresponde imponerlas a la parte actora (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por los apoderados de los codemandados Eliseo Pérez Antich y César Terán Robles contra la sentencia de fecha 29/5/2002 dictada por la Sala III de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones (fs. 178), la que se casa en mérito a la doctrina legal expuesta y se deja sin efecto, a fin de que el Tribunal con otra integración falle nuevamente, según lo considerado.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA