Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-20


CAUSA Nº 410-00/CC/2005 (73/07) "BENITO TAYPE, Nelly Beatriz s/ inf. art. 83 CC - Apelación" //n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 del mes de julio de 2007 se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Emilio Antonio Cappuccio, a fs. 93/96vta. del presente, del que RESULTA:

I.- Que a fs. 85 luce la resolución de la Magistrada de Grado, María Fernanda Botana, por la cual declara extinguida por prescripción la acción contravencional seguida contra Nelly Beatríz Benito Taype, y dispone su sobreseimiento dejando sin efecto la rebeldía decretada. Ello, a partir de lo solicitado por la defensa en el escrito que obra a fs. 81.

II.- Que según consta a fs. 88, el Sr. Defensor Oficial requiere se ordene la devolución de los efectos que fueran oportunamente secuestrados a la encartada, en atención al sobreseimiento dictado en autos.

III.- Que a fs. 90, el Sr. Fiscal de Primera Instancia contesta la vista que le ha sido conferida, y manifiesta que a su entender no se debe hacer lugar a lo solicitado por la defensa, toda vez que la imputada no se ha ajustado a derecho, reclamado los objetos secuestrados ni acreditado tener derecho sobre los mismos.

III.- Que a fs. 91/92 se agrega la resolución dictada por la Juez de Primera Instancia, el 15/5/2007, en la que dispone no hacer lugar a la solicitud de la devolución de los efectos secuestrados planteada por el Sr. Defensor Oficial, puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 3 de la Ley 20785, si se trata de bienes físicos en los casos en que no sea habido el interesado una vez trascurridos seis meses del día del secuestro se dispondrá su venta en subasta pública, y cuando por su naturaleza ésta no correspondiere se procederá a su destrucción (art. 4). Sin embargo, y siendo que en su opinión podrían ser de utilidad para algún establecimiento oficial o de bien público considera que corresponde disponer su comiso en los términos del art. 35 Ley 1472, para entregarlos en donación. Todo ello máxime, si como en el caso la imputada "se burló del sistema legal y su paradero es desconocido".

IV.- Que a fs. 93/96 consta el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Oficial, a cargo de la defensoría Nº 4, contra el decisorio supra mencionado solicitando su revocación y la devolución de los efectos secuestrados. Al respecto, refiere que: 1) El remedio procesal intentado resulta formalmente admisible puesto que ha sido impetrado en las condiciones de tiempo y forma requeridas legalmente. 2) La normativa local aplicable no permite que se desapodere de bienes en forma definitiva a una persona que fue sobreseída, puesto que la pena de comiso solo es accesoria a la pena principal por lo que solo procede ante una sentencia condenatoria, y ni siquiera en todos los casos. En el mismo sentido, expresa que la ley procesal nacional permite la restitución de los efectos aún antes del dictado de la sentencia (art. 238) y la devolución de las cosas que no sujetas a decomiso restitución o embargo (art. 523). 3) La interpretación de la Judicante de las disposiciones de la Ley 20785 -bienes objeto de secuestro en causas penale s- implica una extensión del poder punitivo del Estado más allá de lo querido por el legislador. Ello en razón de que la declaración de rebeldía supone solo una respuesta del Estado a la intención del imputado de no presentarse a una causa judicial, pero en forma alguna la de abandonar los bienes secuestrados. En su opinión, la Sra. Juez de Grado debió citar a la encartada para luego resolver sobre el destino de dichos bienes, puesto que los tres supuestos establecidos por el art. 3 de la norma en cuestión solo resultan aplicables una vez dictada la resolución judicial en la que el Estado se expide, en el caso el sobreseimiento. Finalmente, refiere que una demostración de la voluntad de abandono de bienes por parte de la imputada debería fundarse al menos en su inacción ante una intimación correctamente efectuada para la devolución de los bienes. 4) La devolución de efectos no debe ser llevada a cabo sólo como consecuencia de un pedido puesto que por respeto del juez a los derechos constitucionales, debe hace rlo aún de oficio, por tanto no interesa que el escrito de solicitud lleve solo su firma. 5) Hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

V.- Que a fs. 97 la Magistrada concede el recurso impetrado y ordena elevar las actuaciones a esta Cámara.

VI.- Que a fs. 101/vta., se agrega el dictamen Nº 367/FC2/07 en el cual la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, solicita se declare inadmisible el recurso de apelación interpuesto, puesto que ha sido presentado por quien carece de la legitimación adecuada por no haber sido designado por el imputado. Ello en razón de que, según refiere, el encartado nunca ha comparecido a estar a derecho, y ni siquiera había propuesto al Defensor para que lo represente. Por tanto, y hasta que la Sra. Benito Taype no se presente y designe a su defensor, la defensa oficial carece de legitimación para interponer peticiones y alegaciones sobre los efectos secuestrados.

VII.- Que a fs. 103/105 la defensa contesta la vista que le ha sido conferida, y expresa que la posición que sustenta pretende que en forma previa a disponer la donación de los efectos secuestrados, el Estado se asegure de que la dueña o legítima poseedora de los mismos no desee recuperarlos. Asimismo, y en cuanto a la falta de legitimación propiciada por la Sra. Fiscal de Cámara refiere que esta Sala ya se ha expedido en anteriores precedentes acerca del momento procesal a partir del cual puede tener inicio la intervención del defensor oficial para garantizar el derecho de defensa, por tanto a los argumentos oportunamente reseñados se remite. Finalmente, considera que la rebeldía no es mas que una situación de carácter procesal que sólo surte efectos mientras continúe vigente la acción contravencional y que la misma no puede ser entendida como una sanción penal; asimismo, y habiéndose dictado un sobreseimiento carece de toda entidad legal que el Estado pretenda sancionar con un decomiso a quien ha sido desapoderado de sus bienes. Por último, expresa, que r econocida o aceptada la debida intervención en la causa de la defensa pública no puede desconocerse que tiene facultades para realizar solicitudes a favor del encartado. Mantiene la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

VIII.- Que a fs. 107, pasan los autos a resolver siendo las cuestiones a dilucidar primera: ¿resulta admisible el remedio procesal impetrado, en su caso ¿es ajustada a derecho la resolución recurrida PRIMERA CUESTIÓN:

En cuanto a la admisibilidad del recurso impetrado, cabe mencionar que el mismo ha sido interpuesto en las condiciones y plazo establecidos por el artículo 50 de la Ley Nº 12, y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo.

Ahora bien, es dable recordar que esta Sala tiene dicho que la norma antes citada prevé expresamente la apelación de la sentencia, pero es de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 449 in fine CPPN -art. 6 LPC- que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen gravamen irreparable al imputado. El que "...aparece como una cuestión de hecho que debe ser considerada en cada caso. Se configura, ... cuando aparece un perjuicio jurídico que no puede ser reparado durante el trámite del juicio ni en la sentencia definitiva..." (conf. Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación"- Tomo II, Pensamiento Jurídico Editora, Bs. As. 1997 pág. 186).

A partir de lo expresado, cabe mencionar que es criterio de este Tribunal que las decisiones que rechazan un pedido de restitución de efectos secuestrados habilitaría, en principio, la revisión de dicha medida por esta Alzada (causas nº. 70-01-CC/2005, "Recurso de Queja en autos Gimenez, Julio Orlando s/ inf. art. 83 CC", rta. el 18/04/2005, nº. 307-01-CC/2005, "Incidente de devolución de efectos en autos Spangenberg, Hugo Hernán s/infr. arts. 116, 117 y 118 CC, rta. el 29/09/2005; entre otras); máxime si como en el caso se ha dictado una resolución que pone fin al proceso. Por ello, cabe afirmar que el recurso de apelación fue correctamente concedido.

Por otra parte, y en cuanto a la falta de legitimación de la Defensa alegada por la Sra. Fiscal de Cámara es dable mencionar que este Tribunal ya se ha expedido al respecto al resolver el planteo de nulidad (ver fs. 71/75 del presente), propiciando su legitimación pues, consideramos que no habiendo comparecido la imputada ni designado defensor particular, resulta no solo correcta sino obligatoria la intervención del defensor oficial atento que el derecho a designar defensor surge desde el inicio del procedimiento, es decir a partir de que existe una imputación contra alguien, sea a través de una denuncia o mediante una prevención (causas Nº 0010-00/CC2004 "Suarez Santana, Walter s/inf. Ley 255", 056-00/CC2004 "López Maccio, Juan Daniel y otro s/art. 38 C.C. Incompetencia. Apelación", Nº 071-00-CC/2004. "Hermida, Ricardo Ernesto y otro s/ art. 42 bis. Ley 20.429"; entre otras).

Por tanto, y siendo que el Sr. Defensor Oficial ha recurrido un decisorio que rechazó la solicitud de restitución de efectos, y que no tendría otra oportunidad procesal útil para ser reparado, resulta procedente su tratamiento en esta instancia.

SEGUNDA CUESTIÓN:

En primer término, del recurso intentado se desprende que la Defensa solicita se revoque el decisorio en crisis y se disponga la devolución de los bienes secuestrados, puesto que -en su opinión- la normativa local no permite que se desapodere de bienes en forma definitiva a quien fue sobreseído, atento que la pena de comiso solo se encuentra prevista como accesoria de la principal, por lo que solo resulta procedente ante una sentencia condenatoria. Asimismo, considera que la interpretación de las disposiciones de la Ley Nº20785 que efectúa la Judicante implica una extensión del poder punitivo, puesto que la declaración de rebeldía supone solo una respuesta del estado a la intención del imputado de no presentarse a una causa judicial, pero no la de abandonar los bienes secuestrados. En este punto, expresa que corresponde citar -intimar correctamente- a la encartada previo a resolver acerca del destino de los bienes, lo que es concordante con lo previsto en el art. 3 de la Ley Nº 20785 puesto que la imputada no ha tenido oportunidad de decidir al respecto.

Ahora bien, del análisis de los presentes actuados se desprende que el 3/5/2007 la Magistrada de Grado resolvió, por un lado, declarar extinguida por prescripción la acción y sobreseer a Nelly Beatriz Benito Taype, y por otra parte, dejar sin efecto la rebeldía oportunamente decretada. Dicho decisorio motivó que el Sr. Defensor Oficial solicitara la devolución de los efectos secuestrados en los términos del art. 523 CPPN, a lo que se opuso el titular de la acción por considerar que ya se había agotado el plazo previsto en el art. 525 CPPN sin que nadie los hubiera reclamado.

Ello motivó que la Judicante, atento lo dispuesto por los arts. 3 de la Ley 20785 y 35 de la Ley Nº 1472, resolviera no restituir los objetos secuestrados y dispusiera su donación a la Parroquia Nuestra Señora de Balvanera.

Sintetizadas brevemente las presentes actuaciones, coincidimos con el Sr. Defensor Oficial en cuanto afirma que en virtud del principio general establecido en el art. 523 CPPN (aplicable supletoriamente por el art. 6 LPC), en los casos en que los objetos secuestrados no estuvieran sujetos a decomiso, restitución o embargo, tal como sucede en el caso atento que la encartada fue sobreseída, corresponde la devolución de los efectos a quien hubieran sido secuestrados.

Sentado ello, y sin perjuicio de coincidir con la solución que propicia, no compartimos los fundamentos de la resolución brindados por la Sra. Juez de Grado, pues la circunstancia de que la imputada hubiera sido declarada rebelde o que "hubiera burlado el sistema legal", no resulta, un obstáculo para la entrega de los bienes oportunamente incautados.

Ahora bien, el recurrente, teniendo en cuenta la disposición procesal antes enunciada, solicita se disponga la devolución de los efectos secuestrados a la encartada, y se notifique dicha resolución a la Sra. Benito Taype a fin de que pueda decidir acerca del destino de los mismos o su abandono.

En este punto, no es posible desconocer el hecho de que la imputada al momento del labrado del acta contravencional (12/8/2005) brindó un domicilio inexistente -Bolívar 231 piso 2º, hab. 3 de esta ciudad- razón por la cual no ha podido ser hallada. De ello, se desprende que lo requerido por el impugnante en cuanto solicita se libre la citación de su asistida a dicho domicilio, devendría inútil, carente de sentido y dilatorio puesto que puede afirmarse a priori que dicha notificación no podrá llevarse a cabo, teniendo en cuenta que el principal Ricardo Alessi de la Comisaría 2ª, informó en relación al domicilio que "dicha altura catastral es inexistente" (fs. 20). Por otra parte, de autos no surge cuál sería realmente su lugar de residencia, ni posee domicilio constituido por no haberse presentado. Sumado a que ni siquiera la Defensa ha contribuido -al menos al momento de requerir la devolución- a aportar dato alguno que hiciera posible su localización, a esos efectos.

A partir de ello, y teniendo en cuenta que la imputada no fue habida, resulta de aplicación la Ley Nº 20785 que prevé en su art. 3º establece que "Tratándose de bienes físicos, y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga derecho sobre ellos, el mismo no sea habido, o citado legalmente no compareciere a recibirlos se procederá de la siguiente manera ... transcurridos seis (6) meses desde el día del secuestro se dispondrá su venta ...". A su turno, el art. 4 de la norma en cuestión permite que, una vez transcurrido el plazo mencionado, se proceda a la destrucción de los bienes cuando de acuerdo a su naturaleza no correspondiere su venta ni entrega.

Por tanto, la citada disposición legal postula el mismo destino tanto para el supuesto de autos como para los otros dos allí contemplados, es decir: los casos en que no corresponda su entrega, no compareciere a recibirlos luego de una citación, o no fuere habido.

Teniendo en cuenta ello, y siendo que los bienes secuestrados en esta causa (seis auriculares, dos magiclik, un set de manicura, una billetera de cuerina, un monedero, nueve fundas para teléfonos celulares de distintos modelos, una riñonera, tres pelotas de tenis y un tubo de gas butano de 440 cm3) no poseen valor suficiente para proceder a su venta (art. 3 Ley 20785), y su destrucción devendría ilógica atento que los mismos podrían ser de utilidad para algún establecimiento, resulta razonable la solución adoptada por la Judicante en cuanto dispone que los objetos incautados sean remitidos a una institución. Una solución similar establece la normativa local en el art. 35 CC (destino de los bienes en los supuestos de comiso).

Ello no implica en forma alguna, como refiere el Sr. Defensor Oficial, que se aplique una sanción a una persona que fue sobreseída, sino solo que se resuelva respecto del destino de los bienes secuestrados, cuando -como en el caso- la persona a quien deben ser devueltos no fue habida por haber brindado ella misma un domicilio falso.

En razón de lo expresado, corresponde confirmar el decisorio impugnado, obrante a fs. 91/vta. en cuanto resuelve no hacer lugar a la petición de restitución de los bienes efectuada por la Defensa y proceder a la donación de los mismos a la institución allí detallada. Atento como se resuelve, corresponde tener presentes las reservas efectuadas por el Sr. Defensor Oficial Por lo expuesto el Tribunal RESUELVE:

I.- CONFIRMAR el decisorio obrante a fs. 91/vta. en cuanto dispone no hacer lugar a la petición de restitución de los bienes efectuada por la Defensa, y en consecuencia proceder a la donación de los mismos a la Parroquia Nuestra Señora de Balvanera.

II.- Tener presentes las reservas de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal impetradas por el Sr. Defensor Oficial.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente.

Ante mí Se deja constancia que el José Sáez Capel no firma por encontrarse en uso de licencia