marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, crédito laboral, pronto pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: YOMADE Instalaciones Industriales SRL. s/ Quiebra - Incidente pronto pago promovido por O.D.Herenú,J.L.Zapata  y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-10

De lo establecido por el art. 266 de la Ley de Contrato de Trabajo t.o.23472) fluye claramente que la procedencia del pronto pago depende de la comprobación liminar e incuestionable del crédito en cuestión. Al respecto, ni siquiera la duda puede despejarse en el escenario procesal abierto por la postulación y si tal crédito no queda precisado en cuanto a su índole, naturaleza y cuantía, obstado el camino elegido, debe acudirse o al incidente de verificación o al proceso de cognición en los estrados del fuero laboral.
Empleo público, diferencias salariales, supresión del cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESTEVEZ ILIANA LUISA c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-23

El pago de mayores funciones sin que medie acto administrativo de autoridad competente que expresamente lo autorice, se sustenta en el principio de igual remuneración por igual tarea.

Pero, para que ello proceda, es fundamental la acreditación fehaciente del cumplimiento de las mayores funciones y la correspondencia del derecho que se reclama atento las características de la función desplegada.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jurisprudencia, pautas orientadoras, Poder Judicial, seguridad jurídica, jueces, facultades del juez, jurisprudencia contradictoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Primero ¿Es constitucional la disposición del artículo 28 de la Ley   10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "Defecto de caso  concreto"? Segundo ¿Si la expresión "Banda" comprendida en el  artículo 167 inciso 2 del Código Penal indica solamente una   pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos o   si por el contrario deben darse los requisitos típicos del artículo   210 del mismo cuerpo legal? (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-20

Sin perjuicio del valor que para la seguridad jurídica tendría la unificación de criterios jurisprudenciales, para el logro de ello no se pueden resignar valores fundamentales de nuestra Constitución como la independencia del Poder Judicial y el principio representativo de gobierno. Y tampoco a través de los fallos plenarios se obtiene ciertamente tal resultado, puesto que por muy clara que haya sido la fórmula utilizada para precisar la interpretación que forzosamente se querría imponer, ésta a su vez deber también ser interpretada por otros jueces para aplicarla, pudiéndose así llegar a divergentes conclusiones. (Del Voto del Dr.

De Olazábal). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨es constitucional el artículo 28 de la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "defecto de caso concreto"?
Quiebra, continuación de la empresa, responsabilidad del Estado, rendición de cuentas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cía.  Swift  de  La  Plata    S.A.    Frigorifica - Deltec Argentina c/ Estado Nacional Argentino (Poder Ejecutivo Nacional) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

Cuando el Estado Nacional dicta el decreto 5163/71 que dispone la continuación de la actividad industrial y comercial de Swift lo hace invocando de las disposiciones de la ley 18.832, cuyo art. 1 lo faculta "por razones de interés público y con el fin de asegurar la Paz Social" a disponer la continuación del funcionamiento de determinadas sociedades declaradas en quiebra. El Estado debía adelantar las sumas necesarias para la continuación de la empresa y aportó "fondos de significación". Y el administrador debía rendir cuentas al Juez del concurso, lo que los administradores hicieron regularmente. No está en duda que la magnitud de Swift admitía considerarla incluida en el art. 1, y no está tampoco en duda que el Estado cumplió con las obligaciones del art. 2, esto es que obró dentro de sus atribuciones legales al continuar con la administración de la empresa, y cumplió con todas las obligaciones que la ley le imponía. No hay entonces intereses en exceso, puesto que "en exceso" es el resultado de una conducta antijurídica que en la especie no se produjo.
Riesgos del trabajo, prestaciones sistémicas, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: NORIEGA ALBERTO RAMON c/ ASOCIART S.A s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-06-13

Ante reclamos basados en el derecho civil formulados por el trabajador contra la aseguradora, por incumplimiento de las obligaciones que les impone a las ART el art. 4º de la ley 24.577, resultan aplicables los precedentes "Soria", "Busto", "Galván" y "Torrillo" de la Corte Suprema, debiéndose analizar -frente a cada siniestro- si la omisión de la ART a sus deberes de contralor, información y capacitación del personal, fue una condición para el acaecimiento del siniestro.
Proceso penal, audiencia preliminar
Materia: PENAL
Carátula: E., J. E. psa amenazas -dos hechos en concurso real- victima: A., J. A. - Sarmiento c/ E., J. E. psa amenazas -dos hechos en concurso real- victima: A., J. A. - Sarniento s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-09-25

La letra de la ley, primera fuente de interpretación, es clara respecto de la oportunidad para aplicar las reglas de disponibilidad previstas en el CPP. La conciliación y la reparación, al igual que los criterios de oportunidad, pueden aplicarse "durante el procedimiento hasta la culminación de la etapa preparatoria". Cabe recordar que esta etapa concluye, por definición, con la acusación del fiscal o el querellante, o bien con el sobreseimiento judicial.
Recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Avalos Carlos s/ Hábeas Corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-01

El recurso de casación es el medio típico para lograr un pronunciamiento dentro de la competencia ordinaria de un tribunal cuya misión específica es el control de la legalidad.
Medidas cautelares, peligro en la demora, morosidad del proceso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pieza Separada en J: Del Popolo Juan Alejandro c/ José Antoniio Anello s/ Daños y Perjuicios Embargo Preventivo (LIBRO: A142 - 176)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-10-10

El sólo temor en la dilación del pleito alegada por el actor, como causa fundante de su petición, sin ninguna otra evidencia o elemento fuera de ese que permita una apreciación objetiva no resulta suficiente en el caso concreto para dar por acreditado el peligro en la demora.
Encargados de casas de renta, despido, uso y habitación, retención indebida, medida de no innovar
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, ROSA ELBIRA c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO ZELAYA 3164/70 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-21

La ley 12.981 no avala la eventual pretensión del trabajador de retener la vivienda frente a la ruptura del contrato, aún en la hipótesis del incumplimiento de pago de las indemnizaciones derivadas de ésta.
Caducidad de instancia, suspensión del proceso judicial, tercero citado en garantía
Materia: PROCESAL
Carátula: PINTO Velia del Carmen c/ Atampiz Oro Eduardo Daniel s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-08-30

Esto es así a los fines de amparar un principio rector en nuestro ordenamiento procesal que es el derecho de defensa del tercero citado que se incorpora a un pleito ya iniciado.

Siendo este el fin, es que esta suspensión no releva de ningún modo al peticionante a instar la citación respectiva porque para ello fue decretada justamente la suspensión pesando sobre él la carga procesal que es en definitiva el interesado en impulsar el proceso para arribar cuanto antes a una sentencia definitiva.

Pero esta suspensión no puede vulnerar otro principio rector como es el de economía procesal.

En aras de amparar este principio es que se hace necesario entonces fijar un término para no demorar indefinidamente el proceso.

Por lo que la suspensión será hasta la comparecencia o hasta el vencimiento del plazo que se le hubiere señalado a tal fin. Y es en ese término en que el interesado deberá realizar las diligencias pertinentes a esos efectos.
Accidentes de trabajo, base imponible, remuneración, tasas de interés, tasa activa
Materia: LABORAL
Carátula: Soto, Diego Nicolás c/ Experta ART S.A. s/ accidente de trabajo con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-07

A los fines del cálculo del ingreso base resulta inaplicable el tope previsto por el art. 23 de la LRT
Daños y perjuicios, indemnización, muerte, ambulancia, responsabilidad extracontractual, relación de consumo, multa civil
Materia: CIVIL
Carátula: Molina Berta Cristina c/ Arévalo Servicios Sociales S.R.L. y Medidagnos S.R.L. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-03-10

El daño punitivo resulta aplicable en la especie, aunque los actores hayan accionado por derecho propio y la responsabilidad de la demandada sea extracontractual. El contrato de consumo da nacimiento a una relación de consumo, pero ésta puede derivar no solo de un contrato, sino también de un hecho ilícito u otra causa. En el caso, claramente los actores reclaman como víctimas del daño que les ha causado el deficiente servicio (o la falta de éste) de la parte demandada. La absoluta indiferencia de la demandada hacia la situación de la víctima usuaria del servicio de ambulancia resulta manifiesta, ya sea al momento de atender el llamado telefónico, respondiendo con preguntas prediseñadas que no se mostraron eficaces, y al atender la emergencia con una demora -en el mejor de los casos- de más de una hora (con mayor razón si es porque la demandada no le asignó la prioridad suficiente). Los reiterados llamados extremaban la urgencia en concurrir al lugar de los hechos para evitar un resultado como el que finalmente aconteció. No cabe perder de vista que la parte demandada obtiene un lucro por el servicio que realiza, y ambas empresas se publicitan como empresas de servicios vinculados a la salud de sus clientes, generando así una confianza y una expectativa por parte del consumidor que contrata este tipo de servicios que lejos está de ser cumplimentada en este caso. Estas conductas, sin lugar a dudas, son merecedoras de una sanción ejemplificadora. Por medio de esta multa civil se procura además que en lo futuro no se repitan acontecimientos de tal gravedad.
Cámara de Apelaciones, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Pinto, Virgilio c/ Sánchez - Capobianco S.R.L. s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 222-99, Resolución Nro. 101, Tomo 5, Folio  30)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-24

Para que proceda la integración de un Tribunal es menester que la cuestión debatida reúna las condiciones a que alude el art. 27, 2do.

párrafo de la ley 10.160. Es decir, que los intereses en juego sean de manifiesta importancia o que a criterio de la Sala sea necesario así proceder por la complejidad de las cuestiones jurídicas debatidas. Es así, porque el primer párrafo del artículo debe ser interpretado en concordancia con el segundo que dispone los casos en que se puede ordenar la formación de Tribunal Integrado.
Daños y perjuicios, actualización monetaria, peso oro
Materia: CIVIL
Carátula: Medina María Isabel c/ Salvatela S.A. s/ daños y perj. incump.contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-12-04

En el marco de un proceso de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, corresponde modificar la moneda de pago de la sentencia que condena a la demandada a pagar una deuda en pesos argentino oro, una moneda que se dejó de usar en 1929, pero cuya ley nunca fue derogada lo que permitió su uso actual con una cotización sólida frente al grave proceso inflacionario del país, toda vez que se recurre a una moneda como pauta estabilizadora que no es del uso habitual para la celebración de negocios como el del caso, y que además se encuentra contemplada en casos excepcionales y para ámbitos muy específicos de aplicación, de modo que tal inteligencia de principios y una recta interpretación del art. 7 de la ley 23928, conllevan necesariamente a concluir que está vedada en forma terminante y categórica cualquier forma de actualización del capital, por lo que de seguir el sendero propuesto por la sentencia cuestionada se verían claramente vulnerados y contravenidos tales postulados, los que no admiten interpretaciones flexibles o laxas que conduzcan a desnaturalizar los fines tenidos en miras por el legislador al sancionar la norma.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Garcia, Rodolfo Baltasar s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia la violación del art. 310 del C.P.P. si la Cámara no ha modificado en sentido desfavorable para el procesado la pena impuesta en la instancia anterior.
In dubio pro reo, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: E, M. E. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Lesiones   culposas (Expte. CSJ Nº 357-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-19

La cuestión de la aplicación del principio "in dubio pro reo", se encuentra inexorablemente ligada a la valoración de la prueba es materia propia de los jueces de la causa.
Competencia por conexidad, divorcio contradictorio, juicio de alimentos
Materia: PROCESAL
Carátula: P. de V. c/ V., J. s/ Alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-14

Evidentes razones prácticas aconsejan someter al conocimiento del mismo Juez todas las cuestiones que pudieran plantearse como consecuencia de juicio de divorcio, entre las cuales deben contarse los alimentos, tenencia de hijos, etc.). Toda vez que exista o haya existido juicio de divorcio, separación personal o nulidad de matrimonio, es el Juez de esos procesos el competente para entender en la causa por alimentos, artículo 6 inciso 3 del Código Procesal y artículo 228 del Código Civil.
Derecho procesal, querellante particular, sala del tribunal
Materia: PENAL
Carátula: FISCAL (EXPTE. N° 16423) c/ GUAJARDO, JUAN DOMINGO s/ ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA "EN APELACIÓN"
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-03-31

El querellante particular no esta facultado para oponerse a la jurisdicción en sala unipersonal, únicamente la defensa del imputado puede hacerlo, por ser ésta una garantía procesal que conforme a la ley se le otorga a éste.
Recurso extraordinario federal, reconocimiento en rueda de personas, fundamentación de sentencias, insuficiencia del agravio, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Iturres, Marcela del Valle s/ Recurso Extraordinario deducido en Expte. Corte nº 41/10 RECURSO DE CASACION interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en representación de Marcela del Valle Iturres en contra de la Sentencia Nº 07/2010 dictada en causa Expte. Nº 90/08 - Iturres, Marcela del Valle - Espeche, Carlos Antonio ss.aa. Robo doblemente  calificado por ser cometido con armas, en poblado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-27

La Cámara Penal condenó a la imputada a sufrir la pena de doce años de prisión como autora del delito de Robo doblemente calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, y por el uso de armas, en concurso real.

Contra esa resolución, el defensor había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el nombrado defensor interpone el presente remedio federal.

El recurrente dice que la sentencia impugnada es arbitraria por inobservancia e incorrecta aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba.

Después de estudiar los agravios que expone, aprecia el Tribunal que no cuentan con fundamentos idóneos para provocar la apertura de la instancia extraordinaria.

El recurrente señala que la intervención de la imputada en los hechos de la causa fue tenida como acreditada por haber sido identificada como tal por los damnificados en rueda de personas, pero insiste en poner en duda la sinceridad de los reconocientes atento a que, según su opinión, no coinciden las descripciones que proporcionaron al tiempo de llevarse a cabo dichos actos con las que ellos hicieron en sus respectivas denuncias.

Sin embargo, ilustrando sus consideraciones con la trascripción del extracto pertinente de los dichos vertidos por uno de ellos en las ocasiones señaladas, y con conceptos doctrinarios con arreglo a los cuales cabe admitir el crédito otorgado por el Tribunal a ese reconocimiento y al efectuado por el otro damnificado, el Tribunal dio respuesta al agravio con fundamentos que en esta oportunidad son soslayados por el recurrente, y esa carencia lo hace inaudible por la Corte (art. 2º inc d) de su Reglamento para la interposición del recurso extraordinario).

En estas condiciones, cabe concluir que corresponde no conceder el Recurso Extraordinario deducido.
Prueba confesional, confesión extrajudicial, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Petronio, Carlos Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

El sistema de los arts. 237 y 238 -n.a.- del C.P.P. otorga una facultad de impugnar la prueba confesoria, pero no se releva al Estado de sus obligaciones derivadas de los arts. 69 -n.a.- y sgtes.

y concordantes del mismo Código. Cuando la confesión judicial no cae por vía del incidente de retractación ello no significa, si concurre la referida e ilegal omisión del Estado, que pueda resolverse que no existieron violencia o intimidación. De modo que no es posible declarar presente el requisito de libertad en el art. 235 inc. 3 n.a.- C.P.P..
Juicio ejecutivo, pagaré a la vista, pagaré no protestado, excepción de pago, causa de las obligaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: SATURNO HOGAR S.A. c/ JAYO BRITOS, HORACIO CARLOS. s/ COBRO EJECUTIVO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-07-23

La defensa de pago debe ser debidamente documentada, lo cual se presenta como un requisito de admisibilidad de la excepción analizada: el pago debe encontrarse documentado en un instrumento emanado del acreedor o de su legítimo representante y en él debe constar una clara e inequívoca imputación al crédito que se ejecuta.

Justamente, la clara imputación es lo que falta aquí: en este punto debe notarse que las referencias efectuadas por el ejecutado importan indagar la causa de la deuda, en tanto más allá de los esfuerzos argumentales, es claro que para seguir su planteo, necesariamente debe investigarse en ésta: compras efectuadas en cuenta corriente, facturas referidas a esas compras, recibos referidos a esas facturas.

Y todo ello se encuentra vedado en el marco de este proceso, sin perjuicio del derecho que le asiste de dilucidar la cuestión en un juicio ordinario posterior.
Tipo penal, homicidio, código penal, relación de causalidad, imputación objetiva, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Choque, Rolando Javier c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-07

El tipo básico del homicidio contemplado en el artículo 79 del Código Penal, exige que la acción típica llevada a cabo por el sujeto activo sea la de matar, es decir, extinguir la vida de una persona a través de un ataque y mediante cualquier medio que pueda ser designado como causal de muerte, debiendo asimismo ese resultado letal encontrarse unido a las circunstancias que contribuyeron a su causación -relación de imputación objetiva o de causalidad-, y que el sujeto activo tenga conocimiento que esa acción produjo el resultado muerte, el cual debe haberlo querido y finalmente, producirse.
Incompetencia, acción meramente declarativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Movimiento de Acción Radical (MOAR) s/ Acción meramente declarativa declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-12-14

La Junta Electoral Permanente no es el órgano competente para entender en la acción meramente declarativa prevista en el artículo 320 del C.P.C.C. con el objeto de que el Tribunal interprete "el verdadero sentido y alcances del artículo 129 de la Constitución de la Provincia", en razón de que sus facultades jurisdiccionales están estrictamente acotadas a la resolución de controversias actuales vinculadas a la vida de los partidos políticos y a procesos electorales, y reiteradamente ha manifestado que no le corresponde interpretar la constitución y las leyes frente a planteos abstractos. No estamos frente a un proceso electoral -que recién comienza con el acto formal de convocatoria- por lo cual la intervención de la Junta Electoral es un órgano "sui generis" que no integra la estructura permanente del Poder Judicial, por lo cual su intervención violaría el principio de Juez natural. (Fundamento del Dr. Rodolfo Roquel)
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia, fundamentación suficiente, acta judicial, instrumentos públicos, valor probatorio, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: COOPERATIVA DE ASISTENCIA SOCIAL DE VENADO TUERTO LTDA. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-14

Corresponde rechazar la queja desde que toda la sustancia recursiva tiende a corregir la hermenéutica y alcance que los Jueces, en una materia y tarea exenta por principio de revisión constitucional, le otorgaron a los hechos y pruebas que conformaban el conflicto, tarea en la que se brindaron fundamentos suficientes. Es que, el Tribunal, enfrentado a una problemática de neto corte fáctico y respecto de la cual no pueden pregonarse conclusiones apriorísticas, elaboró su decisión -en lo sustancial, confirmatoria de la de Primera Instancia- siguiendo una línea argumental con apoyo en los datos que reputó preponderantes, arribando a la conclusión de que, conforme lo establece el artículo 979, inciso 4 del Código Civil, las actas judiciales hechas en los expedientes por los respectivos escribanos y firmadas por las partes, en los casos y en las formas que determinen las leyes de procedimientos, son instrumentos públicos, que según lo prevé el artículo 993 CC, hacen plena fe hasta que sean argüidos de falsos, atento lo cual las constancias detalladas en dichas actas no pueden ser arrumbadas por prueba testimonial como se pretendió en los presentes. Así, al haber sido consentida por la ahora reclamante, tanto la presentación de la oferta como el conocimiento expreso de su contenido, ha convalidado el acto, encontrándose precluida su posibilidad de impugnación posterior, pues en aquel acto no existió objeción formal o sustancial alguna, no quedando desestimada la oferta, consumándose la finalidad de la convocatoria.
Prueba documental, libros del empleador
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ARIAS, FLORENCIO c/ RECTIFICACIONES SALTA S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-05-04

La falta de presentación del libro de trabajo trae aparejada, a favor del trabajador, la presunción que prevé el art.55 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin embargo tal presunción solo recae sobre los hechos que debían constar en los asientos de tal libro, en consecuencia a través de la misma no se acredita como entiende el actor, las tareas invocadas ni la relación con el trabajo en la incapacidad que padece el mismo, ello por cuanto, de acuerdo a lo establecido en el art.52 de la Ley de Contrato de Trabajo, no se exige en el libro especial la consignación de la categoría profesional.-