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Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, allanamiento domiciliario
Materia: PROCESAL
Carátula: MICROSOFT CORPORATION c/ SUPERMAT S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-13

Se comparte el criterio de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro en Symantec Corporation (L.L. Bs. As. 2010-marzo, 223, cita on line AR/Jur/56618/2009) en el sentido que en el caso específico del domicilio y papeles privados, la propia cláusula constitucional establece que una ley determinará en qué casos y con que justificativos podrá procederse allanamiento y ocupación y aún cuando no se haya dictado tal ley, diversas normas procesales de carácter local establecen en que casos es posible el allanamiento.

Una de ellas es sin duda el artículo 214 del Código Procesal referido a las medidas cautelares cuya aplicación requiere de una demostración previa de la razón que le asiste al peticionante y del peligro en la demora.

Ahora bien, cabe esta reflexión: esa verosimilitud que se requiere se satisface o no con la mera sospecha respecto al uso indebido de los programas de propiedad de la actora? En otras palabras, su sola denuncia basada en la factibilidad de su uso indebido es suficiente para disponer la prueba anticipada? La respuesta negativa la sustenta el Tribunal de San Isidro en el entendimiento de que la mera afirmación y voluntad de la accionante de aceptar las medidas restrictivas a las garantías constitucionales aludidas, según la elección que discrecionalmente haga, no está contemplada por la Ley 24.425, pues su artículo 43 exige que se aporten pruebas que sustenten sus alegaciones.

Pero, acaso el instituto que contempla el artículo 326 del Código Procesal no está previsto precisamente para el resguardo de pruebas de dificultosa o imposible realización, en tanto se persigue que no desaparezcan con posterioridad para evitar la frustración del derecho del accionante? La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en Adobe System vs. Cambios Trade Traves da una respuesta positiva a tal interrogante, destacando que es factible que una vez entablada la demanda o conocida su existencia, se oculte, modifique o destruya el objeto probatorio, reparando que "con la finalidad de que la prueba no desaparezca con posterioridad, se han acordado también como cautela sobre un medio probatorio ciertas medidas, sin las cuales la parte que ha de demandar vería frustrado su derecho -ej. el secuestro de una historia clínica".

Atento la naturaleza de la acción es factible que una vez entablada la demanda o conocida su existencia por la parte requerida, se oculte, modifique o destruya el objeto probatorio, imposibilitando así la acreditación de los hechos por parte de las reclamantes. Ante lo avanzado de la técnica informática, no resulta dificultoso alterar o suprimir datos aún en los discos rígidos.

Y concluye la Sala diciendo que "ello justifica sin más la medida anticipada que se solicita" (CNApel.Civ., Sala L, fallo del 16/07/2007 publicado en La Ley 22/10/2007,5 - La Ley 2007-F,92 cita online AR/JUR/4978/2007).
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA contra Castelucci María Laura sobre ejecución fiscal - régimen simplificado c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-12

Corresponde admitir la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar, por contener una fundamentación arbitraria, la decisión que rechazó la traba de un embargo para ser diligenciado a través del Sistema de Oficios Judiciales (SOJ) solicitado, conforme la aplicación de la Comunicación A n° 6281 y modificatorias del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Ello así, en tanto la decisión recurrida ha venido a frustrar un mecanismo cuya incompatibilidad con el marco jurídico vigente y con los derechos y garantías del deudor no ha sido demostrada, sin sustituirlo por uno más eficiente para los intereses que debe resguardar, sino volviendo a un sistema de evidente dispendio y fruto incierto. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Estado Provincial, intervención de terceros, parques nacionales, ocupación temporal, juicio de desalojo, Administración de Parques Nacionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Josefina Fernández Cancio de Gamarra y otros c/ Adm. Nac. de Parques y Formosa, Prov. de s/ usucapión (prescripción adquisitiva de dominio).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-29

No corresponde condenar a la provincia citada como tercero a pedido de la demandada, a que reubique en un predio similar a los ocupantes de tierras de un parque nacional desalojados, conforme al convenio celebrado con la Administración de Parques Nacionales, si importaría una inaceptable transgresión de los términos en que quedó trabada la litis, habida cuenta de la oportunidad del planteo, y, además, le acordaría a la participación de la provincia como tercero, consecuencias procesales que no se compadecen con esa condición.
Abogados, patrocinante, escritos judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: GIACCAGLI Gustavo Daniel c/ Caja de Seguros S.A. s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-04-18

Ni del art. 147 inc. 2 de la ley 2150, ni del Código Procesal surge que la sanción por hacerse patrocinar un abogado apoderado por otro letrado sea tener por no presentado el escrito donde concurrieron. Lo que la ley dice es que: ". . . en ningún caso, se admitirá la actuación de un abogado como apoderado, haciéndose patrocinar por otro abogado, . . .", de donde puede inferirse que lo que no se tendrá en cuenta en esos casos es el patrocinio indebido y no la presentación del escrito con poder suficiente.

La situación es totalmente distinta a la falta de patrocinio prevista por el art. 48 del CPC. Aquí los letrados apoderados se patrocinan a si mismos, habiendo recurrido a un patrocinio sobreabundante y prohibido por la ley 2150, pero ello no es falta de patrocinio.
Defensa del consumidor, costas, exención de costas, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa ADDUC y otros c/ AySA SA y otro s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-14

La voluntad expresada por los legisladores en el debate parlamentario que precedió a la sanción de la ley 26.361, demuestra la intención de liberar al actor de los procesos de defensa del consumidor de todos sus costos y costas, estableciendo un paralelismo entre su situación y la de quien goza del beneficio de litigar sin gastos.
Prueba documental, pericia caligráfica
Materia: LABORAL
Carátula: GRAMAJO TIMOTEO c/ FABRI VENTAS S.A. Y/O RESPONSABLES s/ DIFERENCIAS DE HABERES, ETC.-RECURSO DE CASACION s/ DIFERENCIAS DE HABERES, ETC.-RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-05-28

El Tribunal de Trabajo, en cumplimiento de la atribución que le confiere al art. 142 de la L.C.T., puede declarar válidos los recibos que no cumplen todas las formalidades legales máxime si se apoya en la pericia caligráfica pedida por el propio actor y en otros elementos de juicio de la causa.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, Derecho penal, hurto, Instituto Nacional de Estadística y Censo
Materia: PROCESAL - PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Urribarri López, Daniel Edgardo s/ hurto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-27

Corresponde a la justicia federal conocer en la causa por el presunto hurto en perjuicio del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que está destinado a cumplir funciones en la totalidad del territorio nacional, sin que entre ellas se encuentre la prestación de servicios locales (art. 5 de la ley 17.622) por lo que resulta inaplicable el art. 1 de la ley 14.180.
Acto administrativo, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARQUEZANO DE ACCINELI MIRTA ARGENTINA c/ MUNICIPALIDAD DE MONTE QUEMDO DPTO.COPO DE ESTA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-10

Deviene nulo un decreto dictado por el Poder Ejecutivo que no ha observado las reglas del debido proceso, omitiendo practicar la instrucción sumarial, en debida forma, la notificación del acto administrativo que da inicio al sumario del agente, declarándola rebelde por no comparecer a la audiencia indagatoria, afectando de tal modo un suficiente ejercicio del derecho de defensa, aún más cuando se trata de un acto que puede dar lugar a la extinción de derechos consagrados constitucionalmente.
Transporte benévolo, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Eduardo Oscar y otro  c/ Ciurca, Gonzalo Mario y otro  s/ daños y perjuicios (acc.tran. c/les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-03

En estos casos la responsabilidad debe enmarcarse en la esfera extracontractual.
Beneficios previsionales, irretroactividad de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GATICA, Oscar Alberto c/ Instituto de Seguridad Social s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2013-12-06

Es improcedente el pedido del beneficiario previsional referente a que, en virtud de una nueva legislación, se considere remunerativo el adicional computado como no remunerativo al tiempo de obtener su jubilación, pues el único sistema aplicable a la situación del actor, era el vigente al momento del cese de sus actividades, es que, no resulta jurídicamente procedente la aplicación de una regulación distinta aunque esta resulte más beneficiosa, ya que no se ha configurado la naturaleza confiscatoria de la reducción.
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Rawson c/ Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Rawson s/ Mandamiento de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-29

La acción de amparo no es viable en el caso de cuestiones opinables que requieren de debate y prueba, que el acto impugnado debe ser palmariamente ilegítimo, y que tal circunstancia debe emerger sin necesidad de debate detenido o extenso; de ahí que si el caso planteado versa sobre cuestiones fácticas o jurídicas opinables, o reclama -por su índole- un más amplio examen de los puntos controvertidos, corresponde que éstos sean juzgados con sujeción a las formas legales establecidas al efecto. En síntesis, el acto lesivo debe surgir en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos ni de amplio debate o prueba.
Continuación del proceso judicial, proceso penal, juicio oral, audiencia de debate, videoconferencias, defensa en juicio, Colegio Público de Abogados, terceros interesados
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, Cristina Elisabeth y otros c/  s/ inf. arts. 174 inc. 5 y 210 del CP
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

Aún con medios digitales, las partes tendrán la posibilidad efectiva de presenciar, interpelar y, llegado el momento, ponderar la validez de las declaraciones testimoniales que se recepcionen. Cabe destacar que el devenir de las audiencias será observado por los veedores del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y que las partes podrán contar con el registro audiovisual de las sesiones que se lleven a cabo, de ser posible, a la finalización de las mismas, práctica igualmente sostenida a lo largo del presente juicio desde sus comienzos. Asimismo, se habrán de emprender las gestiones pertinentes a los efectos de replicar todo cuanto suceda en la audiencia de juicio, asegurando la posibilidad de que sea presenciado por terceros interesados que se acrediten a tal fin, manteniendo la vigencia de las restricciones que de calidad y cantidad que rigen para audiencias presenciales.
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dos Santos, José Severino c/ Hernández, Graciela Segovia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

No basta probar el lapso de privación de uso del automotor, siendo menester además, justificar que durante el mismo debió recurrir a vehículos sustitutos en forma onerosa.-
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, inhabilidad de título
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO ARGENTARIA SA (EN LIQUIDACION BCRA) c/ J. A. COLLAZO E HIJOS SA s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-21

Es improcedente la articulación de una excepción de inhabilidad de título opuesta a la ejecución de un saldo deudor en cuenta corriente bancaria, fundada en haber impugnado tempestivamente el mismo porque se habían debitado intereses improcedentes y aplicado tasas no convenidas. Ello, pues tal defensa está dirigida a cuestionar la composición del saldo emergente del certificado en ejecución, cuestión ajena al marco cognocitivo del juicio ejecutivo.
Caducidad de instancia, beneficio de litigar sin gastos, impulso procesal, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Florentín, Mario Maximiliano c/ Leader Music S.A.C.I.M. y otro  s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-04

Cabe declarar la caducidad de instancia del beneficio de litigar sin gastos por falta de impulso, puesto que desde la presentación hasta la fecha en que se interpuso la pretensión tendiente a que se decrete la caducidad de la instancia, transcurrió el plazo previsto por el art. 310, inc. 2 del CPCCN. Cabe resaltar que los plazos de caducidad de la instancia corren desde la última petición de las partes o providencia o actuación del Tribunal que tenga por objeto impulsar el procedimiento (art. 311 del CPCCN), y no desde que la misma quedó notificada o adquirió firmeza.
Debido proceso, defensa en juicio, derecho a ser oído, proceso penal, derecho a ofrecer y producir prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Gómez Vielma, Carlos s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

La garantía constitucional del debido proceso y la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional) requiere indispensablemente que se oiga al acusado y que se le dé ocasión de hacer valer sus medios de defensa en la oportunidad y forma oportuna (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Cuestiones de competencia, formación del incidente, conflicto de intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Leonardo Esteban c/  s/ Lesiones leves (art. 89) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

Corresponde que continúe interviniendo el Juzgado nacional en lo Criminal y Correccional por ser el juez que entiende en el delito más grave. Ello, por aplicación del artículo 3 de la ley n° 26702 y el artículo 42, inciso 1, CPPN. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Código de Justicia Militar, prescripción de la acción penal
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Montiveros, Antonio y Ríos, Julio C. s/ Apelación  fallo  Consejo  de  Guerra  Permanente  para  el  personal  subalterno del Ejército de Córdoba.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-15

Cuando el art. 601 del Código de Justicia Militar determina que la acción se prescribe de acuerdo a los plazos fijados en el Código Penal o las leyes especiales, está aludiendo a toda la materia prescriptiva contenida en la legislación común.
Robo simple, armas, agravantes de la pena, tipo penal, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: González, Dramazino, Matías Gonzalo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-23

Corresponde encuadrar jurídicamente el hecho investigado consistente en el imputado exhibió un destornillador a la víctima para la sustracción de un teléfono celular en el delito de robo simple (art. 164, del CP), pues si bien se trata de un elemento que utilizado de la manera en que lo hizo el imputado, le otorga al agresor una mayor capacidad ofensiva, por ese solo hecho, no pueden ser incluidos en el concepto de arma. La extensión, para casos como el presente, de la agravante del art. 166, primera parte del inc. 2°, del CP, excede los alcances de lo que podemos considerar interpretación extensiva, para ubicarse en el plano de la interpretación analógica in malam parte que se encuentra vedada, conforme se desprende, de los efectos y consecuencias, del mandato de certeza con el que debe practicarse la interpretación de los tipos de la parte especial de acuerdo al principio de legalidad (art. 18 de la C.N.) (voto del juez Bruzzone)
Prórroga de la competencia, competencia por el territorio, rescisión del contrato, preaviso
Materia: PROCESAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: R Y HL SA  c/ Vraken Pommery Monopole SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-14

Por aplicación de lo dispuesto en el CCCN 2605, que sigue la línea del CPR 1, primera parte, la jurisdicción territorial es esencialmente prorrogable por conformidad de los interesados. En efecto, constituye un principio indisputable que la competencia territorial, en cuanto comprende pretensiones de interés privado de orden patrimonial e internacional, es prorrogable, por voluntad de los litigantes, y que el convenio de prórroga expresa se configura cuando en el acuerdo de voluntades que enlaza a las partes, existe un "pacto de foro prorrogando" mediante el cual las partes denotan la existencia de una voluntad de someter a la decisión del Tribunal de una jurisdicción determinada toda cuestión que se suscite a raíz del mismo. En ese marco, el pacto de prórroga de jurisdicción consignado en una cláusula del contrato que uniera a las partes en la que se dispone que el contrato "...se regirá por las cláusulas del presente y por la ley francesa en forma suplementaria", alcanza el objeto de la acción promovida en Francia, que se encuentra directamente relacionado con la rescisión del contrato y el período de preaviso, materia que se trata de cuestiones patrimoniales disponibles para las partes. En efecto, la cláusula objetada configura un acuerdo contractual de prórroga de la jurisdicción judicial, con alcance normativo para las partes (arg. esta CNCom, Sala A, 30/08/19, "Abre SRL c/ Telecom Personal SA s/ Ordinario"; íd., Sala C, 7/5/10, "Medina Antonio c/ Pizza Rica SA y otro").
Pago, pago indebido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferreyra, María Celia s/ Sucesión testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

El instituto del pago indebido legislado en el Código Civil, impide que el "accipiens" pueda retener lo dado en pago de lo que no se debe (arts. 784 y siguientes Código Civil). Así entonces, frente al importe erróneamente percibido, se justifica el reintegro de lo que indebidamente se ha cobrado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, LEY DE CONCURSOS, quiebra, liquidación, honorarios, regulación de honorarios, jueces, facultades del juez
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ En la quiebra liquidativa, si los tres sueldos de secretario de   primera instancia de la jurisdicción en que tramita el concurso  preventivo como mínimo a los fines de regular honorarios implican un  monto superior al 12% del activo realizado ¿Cuál de las dos partes   se aplica? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-05

De la letra del artículo 267 de la ley 24522, surge terminante en su primer párrafo, parte final, que el porcentaje previsto opera como un techo que resulta forzoso aplicar. Dicho criterio cuenta con suficiente apoyo legal en el artículo 271 de la misma ley en cuanto dispone en su segundo párrafo: "Los Jueces deberán regular honorarios sin atender a los mínimos fijados en esta ley cuando la naturaleza, alcance, calidad o resultado de la labor profesional o el valor de los bienes que se consideren indicaren que la aplicación lisa y llana de aquéllos conduce a una desproporción entre la importancia del trabajo realizado y la retribución resultante...".

La importancia del trabajo realizado que justifica no atender a los mínimos previstos en la ley, tiene como parámetro "el valor de los bienes que se considere" a que hace referencia la norma, por lo que en modo alguno su aplicación implica un desmérito a la "calidad" de lo actuado por los profesionales que intervinieren. Por lo expuesto, en el caso de la quiebra liquidativa (artículo 267 Ley de Concursos) el conjunto de los honorarios de los funcionarios y profesionales, no pude superar el doce por ciento del activo realizado. (Del Voto del Dr. Netri - En Disidencia-).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, regulación de honorarios, monto irrazonable, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Quiroga, Eva Juana y otros c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Procede el recurso extraordinario respecto de los honorarios regulados en las instancias ordinarias, cuando se alega que fueron significativamente inferiores a los que por ley corresponden y el auto regulatorio no contiene fundamentos ni alude a disposición legal alguna que permita referir las conclusiones a las cláusulas del arancel correspondiente.
Costas en el orden causado, honorarios del perito, gastos comunes
Materia: PROCESAL
Carátula: De All José A. c/ E.N.T.E.L. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-11

Cuando las costas han sido impuestas en el orden causado, las comunes -como lo son los honorarios del perito en tanto no se configuró ninguno de los supuestos previstos en el art. 478 del rito-, se distribuyen por mitades -confr. Sala IV, in re "Condes", del 24/4/97-. Por lo que el 50% de los honorarios regulados oportunamente al experto son a cargo de la parte actora.
Contratos, resoluciones
Materia: CIVIL
Carátula: RIERA HEREDIA, Humberto y CASTELLON CABERO, Rhuina c/ FIGUEROA, Irma Noemí s/ Sumario: Resolución de Contrato-Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-07-13

Cuando debe restituirse el precio recibido como consecuencia de un contrato resuelto, procede el reajuste por la depreciación monetaria ocurrida desde el momento de la entrega, por cuanto debe respetarse el equilibrio de valores tenidos en cuenta en el origen del contrato y que el proceso inflacionario ha desquiciado.
Deberes del juez, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Gálvez, Héctor Eduardo s/ homicidio calificado.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, más allá de los reparos formales que pudiesen merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley, de lo que se deriva el deber de los tribunales de suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda.