Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-30


SENTENCIA Nº: CATORCE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los treinta días del mes de junio de dos mil nueve, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamar-ca, integrada por los doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres y Enrique Ernesto Lilljedahl, para entender en estos autos Corte Nº 81/05, caratulados "RECURSO EXTRAORDINARIO presentado en Expte. Corte Nº 48/05 "Recurso de Casación interpuesto por Benjamín Ramón Capde-vila en causa Nº 91/05 "Inc. de Excepción de Falta de Acción Inter. por el Dr. Julio Federik, etc.".

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se informa que las cuestio-nes a resolver son las siguientes:

1) ¿Se encuentra extinguida la pretensión penal a raíz de la pres-cripción de la acción? 2) ¿Qué solución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 72, los señores Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cip-pitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, el Dr. Enrique Ernesto Lilljedahl.- A las cuestiones primera y segunda, el Dr. Cippitelli, dijo:

Que el 28 de octubre de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad -por insuficiente fundamentación- del Auto Interlo-cutorio Nº 65, del 21 de diciembre de 2007, por el que este Tribunal hizo lugar a la admisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por el Dr. Julio A. Federik, abogado defensor de los querellados en la presente causa, Sra. Va-leria Zitelli, y Sres. Roque Eduardo Molas, Daniel Libardi y Silvestre Zitelli, en contra de la Sentencia Nº 5 del 19 de octubre de 2005, por la que, haciendo lu-gar al recurso de casación deducido por el querellante, revocó los sobreseimien-tos -por prescripción de la acción penal- dispuestos a favor de los mismos por la Cámara en lo Criminal de 2º Nominación, el 30 de mayo de 2005.

Que con arreglo a lo expresado en el considerando 6º) del decisorio del Máximo Tribunal de la Nación, se impone, -en cualquier instancia de actuación y como cuestión previa- verificar, si se ha operado la extinción de la acción penal por prescripción.

Que es doctrina inveterada de la Corte Suprema de Justicia que sus resoluciones deben ceñirse a las circunstancias existentes al tiempo de la decisión, aunque estas sean sobrevinientes a la interposición del recurso ex-traordinario (Fallos 325:1345).

En consecuencia, no obstante la afirmación que la Corte efectuara, -en oportunidad de resolver sobre el recurso de casación deducido por el querellante-, sobre la subsistencia de la acción penal en esa época, se im-pone, conforme el criterio de la Corte Federal antes expresado, actualizar a la fecha el examen sobre dicha cuestión, más aún teniendo en cuenta que en autos la cuestión respecto de la prescripción, no fue sobreviniente a la interposición del recurso en trámite, sino que constituyó propiamente la materia del mismo.

En ese afán, analizadas las constancias de los autos princi-pales surge de los mismos que, entre el 7 de febrero de 2000 y el 21 de agosto de 2001 habrían ocurrido los hechos que constituyeron el motivo de la querella por calumnias e injurias deducida el 8 de febrero de 2002 por Benjamín Ramón Capdevila, en contra de Silvestre Zitelli, Roque Eduardo Molas, Daniel Libardi y Valeria Zitelli.

Del legajo surge también que la Cámara en lo Criminal de 2º Nominación -interviniente en la causa- el 25 de marzo de 2002 citó a los querellados para que comparecieran a juicio y ofrezcan prueba (fs. 190 de la causa principal), diligenciada la cual, citó a debate a los querellados, por auto del 30 de julio de 2004.

Sin embargo, dicha audiencia no se celebró por la suspen-sión dispuesta a solicitud de la defensa, que alegó enfermedad de uno de los querellados. Tampoco se realizó, la fijada -ante reiteradas instancias de la que-rellante- para el 17 de mayo de 2005, que fue postergada por razones de trabajo de dicho tribunal.

Finalmente se interrumpió el trámite del juicio porque al progreso de la acción, la defensa opuso la excepción de prescripción de la ac-ción penal, que desencadenó la actividad recursiva en cuyo trámite se advirtiera la impostergable verificación -o su renovación a la fecha- sobre la subsistencia de la acción.

Es que, como inicialmente se fijara, el Tribunal de grado hizo lugar al planteo de prescripción y ordenó el sobreseimiento de todos los imputados; luego, en instancia de casación la Corte -al resolver el recurso de-ducido por el querellante-, revocó aquella decisión; y dicha resolución fue lue-go impugnada por la defensa de los imputados, reclamando su revisión por la Corte Federal.

Que la discussio, en la actividad recursiva desarrollada en el caso, finca en la aptitud interruptiva de la prescripción que tienen los actos procesales cumplidos en la causa principal, en el marco del procedimiento es-pecial previsto para los delitos de acción privada, habida cuenta de las modifi-caciones introducidas por la ley 25.990 en el Art 67 del C.P.

Ello, porque suprimida por esa reforma la tan cuestionada expresión "secuela de juicio", que contenía la vieja norma y en la que podía quedar comprendido -no siempre pacíficamente- cualquier acto procesal sus-ceptible de ser tenido como expresión del interés del estado, en la persecución penal, cuestión que a partir de la misma, se ha tornado insubsistente.

Cabe analizar ahora que el tiempo transcurrido, aún desde lo que consideró el último acto procesal, -el criterio sustentado por este Tribu-nal con su integración anterior, en la resolución puesta en crisis- susceptible de ser tenido como interruptivo de la prescripción de la acción penal, esto es, el decreto de citación a debate del 30 de julio de 2004, ya que -con posterioridad- no se ha verificado otra causal de interrupción, dada la escala penal prevista para los delitos que se atribuyen (Arts. 109 y 110 del C.P., respectivamente), irremediablemente se sigue que ha trascurrido el máximo de la pena de prisión aplicable en el caso.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el inc. 2º del Art. 62 del C.P., se concluye que se ha operado la prescripción de la acción penal emergente de los hechos denunciados, extinguiéndose la misma (Art.59 inc. 3º del C.P.), extremos que, con arreglo a lo previsto en el Art. 346 inc. 4º del Código de Procedimientos Penales, imponen ordenar el sobresei-miento de los imputados, en consideración a que no se encuentra acreditado en autos, la ocurrencia de ninguna causal de interrupción del curso de la prescrip-ción (como surge de los informes de Silvestre Zitelli, Daniel Nicasio Libardi, Valeria Zitelli y Roque Eduardo Molas, enviados por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, de fs. 68/71 respectivamente).

Todo ello, siguiendo doctrina de la Corte Suprema de Jus-ticia de la Nación, según la cual el instituto de la prescripción de la acción pe-nal es de orden público por lo que -constatada su existencia- debe ser declarada, aún de oficio (Fallos 186:289); ya que la misma, se produce de pleno derecho (Fallos 323:1785) y debe ser resuelta en forma previa a decidir sobre el fondo del asunto (Fallos 322:300), a fin de evitar la continuación de un juicio innece-sario (fallos 186:396).

Que, aunque si bien, ninguna doctrina legal obliga a los jueces más que la propia ley, razones de celeridad y economía procesal aconse-jan acatar la doctrina del máximo Tribunal de la República, salvo que se verifi-quen circunstancias que justifiquen el apartamiento de la misma, las que no se dan en el presente caso.

Por lo que, así las cosas, deviene innecesario el tratamiento sobre la admisibilidad formal del recurso extraordinario, debiéndose en este estadio procesal, declarar la extinción de la acción (Arts.59 inc. 3º, 62 inc. 2, 67 y concordantes del C.P.) ordenando en consecuencia el sobreseimiento de los imputados Silvestre Zitelli, Roque Eduardo Molas, Daniel Libardi y Valeria Zitelli, con noticia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A las cuestiones primera y segunda, el Dr. Cáceres expresó:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesa-rias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A las cuestiones primera y segunda, el Dr. Lilljedahl dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Presidente Dr. Cippi-telli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar extinguida la acción penal emergente de los hechos que constituyen el facttum de las actuaciones principales (Arts.59 inc. 3º, 62 inc. 2, 67 y concordantes del C.P.).

2º) Ordenar el sobreseimiento de los imputados Silvestre Zitelli, Roque Eduardo Molas, Daniel Libardi y Valeria Zitelli de condiciones personales relacionadas en los autos principales (Art. 346 inc. 4º del C.P.P. y concordantes) en relación al delito de Calumnias e Injurias que se les atribuye.

3º) Protocolícese, notifíquese y firme, hágase saber a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajen a origen y archívense.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres y Enrique Ernesto Lilljedahl ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la senten-cia que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.-