marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, trabajadores rurales, libreta de trabajo rural, deberes del juez, presunciones
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: TARRAGONA, CIRILO ARSENIO c/ LOPEZ, BLANCA OLGA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-05-04

El silencio del Régimen Nacional de Trabajo Agrario respecto de las consecuencias presuncionales derivadas de la falta de exhibición de las constancias registrales (libreta de trabajo contemplada por la ley 25191) -a diferencia de lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo- de manera alguna inhibe al Juzgador de valorar negativamente la infracción en el contexto del restante material probatorio a confrontar en el litigio. Se advierte, así, que el A quo, con su razonamiento, ha consagrado una solución que termina convalidando, en los hechos, la irregularidad de la relación que hubo entre las partes, que cuenta con fuertes datos de un contrato por tiempo indeterminado como lo indican los hechos de la entrega de la vivienda y la continuidad en el tiempo del vínculo. (De los Fundamentos del Dr. Falistocco).
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: LABORAL
Carátula: ALBARRACÍN RAMON ANGEL c/ LIBERTY A.R.T. y/u otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO,ETC.- CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-11-22

El recurso de casación sólo procede contra las sentencias definitivas, y reviste tal condición el pronunciamiento que pone fin a la controversia existente entre las partes, esto es, el que dirime la relación jurídica sustancial habida entre aquellas.
Delitos, competencia penal, competencia criminal y correccional, etapas del proceso, investigación del hecho, lesiones agravadas por el vínculo, administración judicial
Materia: PENAL
Carátula: IRDL SOBRE 92 - AGRAVANTES (CONDUCTAS DESCRIPTAS EN LOS ARTÍCULOS 89 / 90 Y 91) c/  s/ Conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde declarar la competencia de la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas toda vez que los órganos contendientes no disputan ni la calificación legal de la conducta involucrada (lesiones leves agravadas), ni que ella ha quedado dentro de la jurisdicción devuelta a los jueces de la CABA. (Del voto en disidencia de los jueces Luis Francisco Lozano e Inés M. Weinberg, por remisión a los fundamentos brindados en "Guasch, Raúl Omar sobre 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad s/ conflicto de competencia", expte. n° 321886, sentencia del 30/11/2022).
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Correa de Florentín, Claudia c/ Saporitti, Orlando Héctor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-21

En la labor de apreciación de la prueba producida en el proceso, los jueces gozan de amplia libertad para escoger aquellos elementos de juicio que produzcan su convicción acerca de la realidad de los hechos ocurridos. Para desvirtuar esa elección es necesario que se demuestre argumentalmente que la misma ha sido derivada de un desvío palmario de las reglas de la lógica o una grosera desinterpretación de las pruebas.
Asociación ilícita, delitos contra la humanidad, ius cogens
Materia: PENAL
Carátula: Actuaciones instruidas por las supuestas desapariciones y muerte de Francisco Gregorio Ponce, Griselda Del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-15

El delito de asociación ilícita por tomar parte de una organización dirigida a la persecución de opositores políticos constituye un crimen de lesa humanidad cuyo castigo se encuentra impuesto por normas imperativas de Derecho Internacional -ius cogens- para todos los estados nacionales, que deben ser castigados por éstos, sin que pueda admitirse la legitimidad de normas que permitan la impunidad de actos aberrantes cometidos en el marco de una amplia persecución estatal.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piegari, Edelta Ethel Del Alma c/ López, Jorge Orlando s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

La omisión a que se refiere el art. 168 de la Constitución provincial ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido o inadvertencia pero no si éste fue implícitamente resuelto en el fallo.
Competencia electoral, cámara electoral, facultades del juez, registro nacional de partidos políticos
Materia: ELECTORAL
Carátula: Marcelo Eduardo Chain s/ promueve acción declarativa de certeza y medida cautelar innovativa (Partido Autonomista)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-18

A fin de resguardar la fidelidad que debe exhibir el Registro de Partidos Políticos, el Tribunal cuenta con la atribución (cf. artículo 4º de la ley 19.108 -y sus modif.-) de dictar "las normas a que deberá sujetarse [su] formación y funcionamiento" (cf. inc. c).
Declaración indagatoria, declaración policial, juez de instrucción, defensa en juicio, facultades del juez, nulidad procesal, auto de procesamiento, prisión preventiva, recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sr. Fiscal de Instrucción de Cuarta Nominación, Marcelo Soria s/ Causa Nº 210/94 Pérez, Juan Carlos-Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-12-20

El otro argumento de los jueces de Cámara, al declarar de oficio la Nulidad del Auto de Procesamiento y Prisión Preventiva, en ocasión de la apelación deducida por la defensora del imputado -que nada articuló al respecto- no encuentra apoyo en norma jurídica alguna.

En efecto, decir que el juez no puede recibir declaración indagatoria -en sede policial- sin avocarse, cuando con las formalidades de ley, habiéndose incorporado pruebas distintas y en cuya mayoría de su producción intervino personalmente el juez competente y por ello declarar su nulidad, se está en presencia de una transgresión a una aplicación parcializada del principio de defensa en juicio por excesivo rigorismo formal, toda vez que se deja en la indefensión a los que acuden a la Justicia buscando la reparación de sus intereses lesionados y requieren una explicación que el fallo no da.

Que la ley ritual local -art. 186 inc. j C.P.P.- faculte a la autoridad policial a recibir indagatoria, no es impedimento para que sea el propio juez quien lo haga, obrando con la premura que el caso requería, bien que el mismo ordenamiento, en su art. 200 le impone al juez el deber de proceder directa e inmediatamente en la investigación de los hechos cometidos, en su propia sede o trasladarse si ocurrieren en otra localidad, cuando a su juicio el delito revista gravedad. Por ello debe casarse el fallo, declarando su nulidad con reenvío, debiendo el Tribunal expedirse concretamente sobre la apelación de la defensa del imputado.
Homologación judicial, prórroga de la prisión preventiva, coerción personal
Materia: PENAL
Carátula: Chapay, Franco Rodrigo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-28

Corresponde homologar lo resuelto e informado por el Tribunal Oral, respecto de la prórroga de prisión preventiva dictada en relación al encausado toda vez que el mantenimiento de la medida de coerción personal dispuesta por el plazo comunicado no se presenta incongruente respecto de las causas que justifican la prórroga (art. 1 de la Ley 24.390). (Dres. Hornos, Borinsky y Gemignani).
Sociedad conyugal, deudas de los cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Navone, Ricardo y Navone, Susana s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17

Cualquiera sea el modo de partición que los comuneros acuerden, tratándose de derechos reales sobre bienes registrables ella sólo será oponible a los terceros acreedores a partir de su inscripción art. 2505 Cód. Civ.). Como consecuencia, mientras el dominio continúe inscripto a nombre del cónyuge deudor, ese bien seguirá respondiendo por sus deudas aunque haya habido divorcio o muerte del otro esposo, máxime si se trata de una obligación de causa o título anterior a la disolución de la sociedad conyugal.
Jubilaciones, pensiones, otorgamiento del beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Torres, Demetria c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Los derechos previsionales, por su carácter de irrenunciables e imprescriptibles (arts. 89 de la ley 8587 y 57 del dec. ley 9650/80, t.o. 1994), no dependen de su ejercicio ni de su reconocimiento por la administración, sino que surgen de la ley.
Contratos, despido por falta o disminución de trabajo
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Zampichiatti, Carlos c/ Electromecánica Vic S.A. s/ Cobro de pesos (Expte. Nº 22-2000, Resolución Nº 135, Tomo 24, Folio   151)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-28

La fuerza mayor como causal que fundamenta la falta de trabajo, es la misma que la prevista en el artículo 513 del Código Civil,, lo que exige probar la imprevisibilidad, la inevitabilidad y la irresistibilidad del hecho por quien lo aduce, no siendo comprensiva de las dificultades económicas de la empleadora o la reducción de la producción o disminución de trabajo en general, o la recesión del mercado, pues estas circunstancias conforman riesgos propios de la actividad empresaria. Incumbe al empleador acreditar en forma precisa, categórica y concluyente que ha tomado las medidas aconsejadas con buen criterio empresario, para superar las dificultades de la empresa, a efectos de configurar la inimputabilidad de la falta o disminución de trabajo, pues trabándose de una excepción a la obligación de dar tarea, debe mediar una interpretación de carácter restrictivo. La falta de trabajo debe estar circunscripta a una situación concreta ocurrente en la empresa, por lo que no prueba tal extremo la existencia de una crisis general, sino que debe mostrarse que el estado crítico de la empresa no se debe a su conducta y que ha tomado medidas destinadas a paliarla. No basta invocar la existencia de una crisis general, siendo necesario que el empleador aporte en la causa judicial elementos de convicción que demuestren la concreta repercusión de la misma en el seno de la empresa, como que adoptó oportunamente medidas tendientes a evitar el desequilibrio que llevó a ésta a dicha situación de falta de trabajo.
Derecho a la salud, derechos personalísimos, obras sociales, prestaciones de la obra social
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Fernandez  Jorge  Nelson c/ E.N.  (Mº  de  Just.)  Serv.Pen.Fed. s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-23

Tanto en los Tratados Internacionales como en la propia Carta Magna (arts. 14, 14 bis, 18, 19 y 33) se reafirma el derecho a la preservación de la salud -comprendiendo el derecho a la vida y a la dignidad personal, en consecuencia, en la situación del actor corresponde que la Obra Social a la cual pertenece -que tiene por objeto proveer prestaciones de servicio de salud igualitarias y humanizadas- le brinde los servicios esenciales a los que se ve impedido de acceder en razón de la distancia atento la inexistencia de cobertura dentro de su radio habitacional. (Consid. I).
Escribanos públicos, ejercicio profesional
Materia: CIVIL
Carátula: Llorens, Luis Rogelio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad decreto ley 9.020/78
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-26

La arbitrariedad de la norma del art. 32 inc. 1º del dec. ley 9020/1978 surge, en primer lugar, de que la limitación temporal del ejercicio de la profesión de notario no guarda adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido, pues el solo hecho de alcanzar la edad de 75 años no revela la ausencia de condiciones para cumplir la función encomendada; y, por otra parte, porque si lo que se pretende es impedir el ejercicio de la actividad por quienes carezcan de condiciones para ello, esa finalidad está suficientemente resguardada en otras normas del citado decreto ley, conforme a las cuales son inhábiles para el ejercicio de funciones notariales los incapaces y los que padezcan defectos físicos o mentales debidamente comprobados que a juicio del juez notarial importen un impedimento de hecho (art. 32, incs. 2º y 3º).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, alimentos, reglas de la sana crítica, prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAMOS, RODOLFO CARLOS. c/ RAMOS DE CLERICI, BLANCA CELMIRA. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-11

El carácter estrictamente excepcional que posee la doctrina de la arbitrariedad debe ser subrayado en juicios de la naturaleza del presente -alimentos- cuya solución depende, eminentemente, de la valoración de complejas situaciones personales, pues esta particularidad torna prudente dejar librada dicha ponderación a los jueces de grado, en tanto no medie un evidente apartamiento de los hechos, del buen sentido o de las reglas de la sana crítica.
Compraventa inmobiliaria, mejoras, entrega de la posesión, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ MARQUEZ, JOSE c/ DE LUCIA, ROMAN CONRADO s/ SUCESION - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-07

Ante la frustración de la compraventa la retribución a favor del adquirente a raíz de las mejoras que introdujo en la propiedad, no conforma un capítulo del resarcimiento derivado de la responsabilidad civil del vendedor, sino que se origina en la obligación del comprador de reintegrar la posesión del bien vendido a causa de la frustración según lo normado por el art. 589 del Código Civil. En virtud del art. 589 del Código Civil corresponde solventar al deudor de la obligación de reintegro de la cosa cierta a su dueño, las mejoras necesarias y útiles realizadas en la propiedad, siempre que hubiese existido buena fe y que éstas últimas no se le hubiesen prohibido hacer. La buena fe consiste en la creencia de dicho deudor de la restitución, sobre la legitimidad del título en virtud del cual detentó la cosa y especialmente en la persuasión de estar habilitado para efectuar esa clase de mejoras.
Regulación de honorarios, citación judicial, aplicación de la ley, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Hacencar SA c/ Alvarez Saez, Hugo Ernesto y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-09

Procede confirmar la resolución mediante la cual se dispuso, en forma previa a atender el pedido de liberación de fondos y levantamiento de embargo, la citación de las mediadora y los demás profesionales actuantes en autos, fundando tal citación en lo dispuesto en la ley 27423: 10. Ello por cuanto, en el caso, aun bajo la aplicación de la anterior ley arancelaria que postuló la actora, la solución en el caso no variaría (ley 21839: 55). Es decir, que la citación mediante notificación expresa de los profesionales resultaba necesaria para ordenar, en su caso, el levantamiento de la medidas cautelares y la entrega de fondos. Su objeto es que el profesional, cuyo salario no ha sido aún pagado, pueda efectuar las peticiones que crea conveniente en resguardo de su crédito. No empece a lo concluido la circunstancia de que los fondos cuya restitución se pretende hubieran provenido de un embargo trabado a pedido de la actora y luego dados en pago por la demandada a su favor, pues el referido art. 55 de la anterior ley de arancel establece imperativamente que antes de la entrega de fondos debe efectuarse la citación de los profesionales sin efectuar distinción alguna en relación al origen de esos fondos.
Garantías procesales, privación de justicia, defensa en juicio, jueces, Estado Provincial, acción de amparo, remuneración, recusación
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Alberto Luis STAIB y otros s/ PRIVACION  DE  JUSTICIA  -  DEFENSA EN JUICIO - JUECES PROVINCIALES -  ACCION DE AMPARO - SUELDOS - RECUSACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-06

La Suprema Corte de la Provincia de Mendoza deberá decidir, sin dilación alguna, lo concerniente a su integración para resolver el amparo deducido por un grupo de magistrados a fin de mantener la intangibilidad de sus sueldos. A ello no obsta que se haya resuelto integrar el tribunal provincial con tres conjueces de la lista respectiva, pues éstos aún no han tomado intervención en la causa, se ignora si están habilitados para hacerlo y, por fin, el alcance que darán a su eventual participación, razones todas que no permiten tener por desaparecido el gravamen de los recurrentes, ya que la integración definitiva del tribunal de la causa a los efectos de pronunciarse en ella no puede sufrir nuevas postergaciones, que agravarían la privación de justicia en que se ha incurrido.
Funcionarios judiciales, ley orgánica del Poder Judicial, acción declarativa de inconstitucionalidad, concurso de cargos, reglamentación de la ley, decretos, ley derogada, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: FAZZINI, VIRGINIA ISABEL Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. s/ AVOCACION ( ART. 2 LEY 11330- ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD        (EXPTE.: C.S.J. NRO. 248 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-03-11

El Juez comunal es un órgano del Estado vinculado por la llamada relación orgánica que presupone la relación de servicio, y también se halla vinculado al Estado por una relación de empleo, por ser precisamente un tipo especial de funcionario público que desarrolla su actividad como profesión habitual y como tal está sometido a un régimen administrativo -que surge principalmente de la ley 10.160- cuyo contenido se integra con un conjunto de deberes y derechos específicos.

Entre los deberes figuran el de asistir diariamente a su despacho y cumplir de modo estricto el horario establecido por esta Corte Suprema, residir efectivamente en la localidad donde tiene su asiento el juzgado (art. 125, ley 10160), etc.; y, entre los derechos ejercer las funciones propias del oficio, la remuneración de sus servicios, de disfrutar de licencias, de jubilarse, etc. Cabe añadir a esto, que el Juez comunal, en su calidad de funcionario público, está sometido a una responsabilidad disciplinaria netamente administrativa, por faltas en que incurra en el desempeño de sus funciones, todo lo cual se vincula con el "empleo público".

Tales cuestiones nos llevan a concluir que la competencia para resolver la acción de Inconstitucionalidad incoada contra el Gobierno de la Provincia para que declare la inconstitucionalidad del decreto que dejó sin efecto los trámites de los concursos para cubrir los cargos de jueces comunales realizados, pertenece a los órganos de lo contencioso administrativo.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vitaller, Arley Rolando y ot. c/ Alvarez, Mabel Alicia y ots. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-07

Considerándose en sustento de una realidad cotidiana, que ciertos gastos no cuentan con registración adecuada, tal como suele acontecer con la adquisición de medicamentos o en casos de traslados en vehículos de transporte o taxis, la doctrina judicial atempera un rigorismo formal por la dificultad de obtener a posteriori documentación que acredite tales gastos; mas no implica detentar un criterio extremo de la actora de liberar de la carga probatoria los mencionados rubros ni mucho menos los gastos por honorarios médicos y los que demanden una internación pues en estos casos la documentación es de fácil obtención aún con posterioridad al momento en que se devengaron.
Obligaciones del empleador, entrega del certificado de trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: F., E. A. c/ D. A. L. S. A. s/ DEMANDA LABORAL (Indemnización y cert. de servicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-10

"Más allá de la costumbre imperante entre los empleadores, el certificado de servicios y remuneraciones no equivale a las constancias de los aportes depositados por el empleador en su momento o en la actualidad: la norma del artículo 80 de la LCT es estricta al respecto, exigiendo que el empleador libre el certificado de trabajo en las constancias del caso, entre ellas la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación (ley 24.576) y al mismo tiempo las constancias documentadas de los aportes: mientras ello no suceda, incumple con la norma y debe ser compelido a cumplimentarla".
Honorarios, ejecución de honorarios, régimen de consolidación de deudas, escrituración, Municipalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda c/ Battaglia, Héctor Miguel s/ Nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-30

Los honorarios regulados constituyen una obligación de dar sumas de dinero según el art. 1ro. del la ley 23.982, que no muda su naturaleza por la del objeto del juicio donde fueron determinados, y se encuadran en los supuestos previstos por la mentada disposición.

Si fueron regulados en un juicio de escrituración - obligación de hacer - no podrían ser ejecutados ejerciendo violencia personal contra el deudor (art. 629 del Código Civil), lo que constituye un absurdo. Ello importaría desconocer su propio régimen de prescripción (art. 4032 Código Civil) o de actualización (art. 61 ley 21.839). Tampoco obsta a su aplicación la falta de la reglamentación prevista en el art. 2do. de la ley por parte de la Municipalidad local, pues este mismo art. determina su vigencia con relación a los entes autárquicos, y merced a lo dispuesto por la ley 17.174 debe incluirse en ellos a la accionada.
División de poderes, limitaciones a los poderes públicos, Poder Legislativo, universidades, autonomía universitaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barsanti, Agustina c/ UBA. (Universidad de Buenos Aires) Resolución 2314/95. s/ UNIVERSIDADES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

El límite de la competencia del Congreso está dado por la circunstancia de que del ejercicio que se haga de ella, no resulte afección a la teleología de la autonomía universitaria (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Cesión de créditos, contrato de obra pública, fianza
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ESEGE SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 35-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-06-26

Si los certificados que instrumentaron los respectivos créditos, fueron entregados como caución de las operaciones que realizó la empresa recurrente con la institución de crédito, responde más que a una operación "usual de descuento" de certificados, a una cesión de instrumentos para cautela de los préstamos que la institución bancaria efectuaba a su cliente; con caracteres -tal mecánica- que le corresponden más exactamente a la del "encargo fiduciario" que consagra la ley 18061, que a la figura civil aludida.

Del voto de la mayoría. En disidencia Dr. Iribarren y Dr.

Tettamanzi.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la privacidad, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sánchez Abelenda, Raúl c/ Ediciones de la Urraca  S.A.  y otro. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

Del art. 19 de la Constitución Nacional surge que toda nuestra organización política y civil reposa en la ley; los derechos y obligaciones de los habitantes así como las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas, y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca.