marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Hurto simple, retención indebida, contrato de transporte, transporte de carga
Materia: PENAL
Carátula: ROJAS, J. s/ DEFRAUDACION - APROPIACION INDEBIDA - HURTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-16

El contrato de transporte supone la trasmisión de la tenencia de la cosa transportada, haciendo viable la defraudación por retención indebida por parte del portador, en perjuicio del cargador, más no por uno de los choferes de aquél por ser ajeno al contrato.

La apropiación de mercadería que en tal carácter llevaba el procesado en un camión de propiedad del portador, configura el delito de hurto y no de defraudación por apropiación indebida, figura penal que requiere como presupuesto la existencia de un contrato por el cual nace la obligación de entregar o devolver indicada en el art. 173, inc. 2 del C. Penal.
Obligaciones del Estado miembro, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, deber de información, sentencia condenatoria
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Cantos c/ Argentina s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2007-07-12

La obligación de los Estados que han reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana, respecto de su deber de informar acerca de la medidas adoptadas a los fines de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de condena, no se cumple con la sola presentación formal de un documento ante el Tribunal, sino que constituye una obligación de carácter dual que requiere la presentación formal de un documento en el momento oportuno y la referencia material específica, actual, cierta y detallada de los temas sobre los cuales recae dicha obligación.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ARGAÑARAZ, Casimiro c/ CAPORAZZO, Nicola Italo s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-09-13

No corresponde declarar la nulidad por la nulidad misma; no hay nulidad de forma si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa; la nulidad pedida en el sólo interés de la ley o para satisfacer meros pruritos formales, cuando no existen agravios, debe ser desestimada. El término resoluciones que utiliza el art. 59 de la ley ritual laboral resulta comprensivo de decisiones fundadas, por lo que son válidas para este recurso.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Doctrina de la arbitrariedad, sentencia, procedencia del recurso, aplicación errónea de la ley, apertura a prueba, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Giletta, Norberto Ángel s/ ejecución fiscal - radicación de vehículos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título, efectuando una aplicación retroactiva de la Ley Tarifaria 2016, en vez de aplicar la normativa vigente durante los períodos reclamados. Dado que el juicio de ejecución se abrió a prueba, sin perjuicio del acierto o error de esa decisión, la magistrada debió analizar las pruebas producidas a la luz de la normativa reseñada. Toda vez que nada de ello ha sido analizado en la sentencia de primera instancia y, al ser materia privativa de las instancias de mérito, no corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto, sino devolver las actuaciones a primera instancia para que, por intermedio de otro juez, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a las consideraciones aquí expuestas. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Facultades del Poder Ejecutivo, facultades legislativas, constitucionalidad, poder de policía, policía bancaria y financiera
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Establecimiento  Modelo  Terrabusi  S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-27

Cabe reconocer la constitucionalidad de normas que, al regular materias específicas de su incumbencia (arts. 14 y 75, inc. 18 de la Constitución Nacional) han instituido procedimientos administrativos, atribuyendo competencia a ciertos órganos, centralizados o no, para establecer hechos y aplicar sanciones correlacionadas con la función de policía social (art. 75, inc.

32 de la Ley Fundamental), con la condición de que se preserve la revisión judicial de las decisiones adoptadas en el ámbito administrativo (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Antonio Boggiano).
Ingreso base mensual, intereses, intimación de pago, enfermedad profesional, accidentes de trabajo, RIPTE
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Saravia, Azucena del Valle  c/ Swiss Medical ART. S.A.  s/ recurso ley 27.348
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

El art. 12 de la ley 24.557, en su actual texto establece por un lado la actualización del IBM (inc. 2°) y por otro prevé el supuesto de incumplimiento en el pago de lo debido (inc. 3°), pero no contempla intereses moratorios y/o compensatorios durante todo el período corrido desde que se operó la contingencia por la cual se acciona y hasta el momento de su cuantificación en la etapa de intimación de pago (art. 132 LO). Destáquese que el art. 2 de la ley 26.773 establece que el derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional, y al respecto el art. 1748 del CCCN prevé que los intereses deben calcularse desde la fecha en que se produjo el perjuicio. Se estima prudente fijar los intereses moratorios en el equivalente a una tasa pura del 6% anual, la que corresponde sea adicionada al crédito actualizado desde la fecha del accidente hasta el momento de realizar la liquidación de la deuda a valores actuales (arts. 772 y 1248 CCC). En consecuencia, corresponde que el capital determinado en origen - en base a las pautas de un IBM fijado según el inciso primero del art. 12 de la LRT - se recalcule aplicando sobre tal suma el índice RIPTE desde la fecha del accidente y hasta el momento en que se practique la liquidación del art. 132 de la L.O. y, sobre dicho resultado, deberá adicionarse un interés puro del 6% anual también desde la fecha del accidente y hasta el momento de la liquidación. (Del voto de la Dra. Craig, en minoría).
Opinión consultiva, Corte Interamericana de Derechos Humanos, interés público, contaminación ambiental
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de Noviembre de 2017. Serie A No. 23. Solicitante: República de Colombia c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-11-15

Siendo la primer Opinión Consultiva sobre medioambiente, la Corte Interamericana indica que las obligaciones estatales nacidas de la necesidad de protección del medio ambiente, se derivan en forma directa de los derechos a la vida y a la integridad personal atento la interrelación existente entre los derechos humanos y el medio ambiente y los derechos humanos que pueden resultar afectados por causa de la degradación del medio ambiente.
Delitos, homicidio calificado, querella, interés para recurrir, prisión preventiva, revocación de la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: LOTOCKI, A. R.  c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-17

- Homicidio. Ampliación del procesamiento.

Fallecimiento de una persona luego de haber sido intervenida por el imputado. Deceso que no se hubiera producido si no hubiera sido operado o si el encausado hubiera adoptado mayores cuidados durante el control posterior a la práctica. Paciente con factores de riesgo -padeció COVID-19, sufría de Diabetes Mellilus II (DM2) y era un asiduo consumidor de tabaco-, que ameritaban una evaluación preoperatoria y post operatoria mucho más completa. Encausado que aceptó tomar conscientemente riesgos -para el paciente- por sobre lo que postulan las buenas prácticas de su profesión y el conocimiento de las circunstancias generales y específicas que se presentaron y de las que tuvo pleno conocimiento a lo largo de su atención. Cadena de decisiones que adoptó en ejercicio pleno de su voluntad y que sumieron a la víctima progresivamente en la agonía que condujo a su fallecimiento, con una manifiesta indiferencia (art. 1724 del Código Civil y Comercial de la Nación) por los intereses de su prójimo que satisface la razonabilidad del encuadre legal propiciado por el magistrado. Procedimiento llevado a cabo en un establecimiento preparado -y autorizado- sólo para intervenciones simples y ambulatorias y no para una cirugía, calificada por los peritos como mayor, en la que debían tomarse los recaudos para el monitoreo que era aconsejable se practicase en diversas etapas. Imposibilidad de sostener que el imputado no supiera o no hubiera percibido que la situación del paciente empeoraba y que debía ser trasladado de inmediato o, cuanto menos, gestionar de manera certera mayores recaudos ante la emergencia. Peritos del Cuerpo Médico forense que al ser preguntados respecto de cuáles serían los acontecimientos médicos relevantes que determinaron el fallecimiento del paciente señalaron que el acto quirúrgico de múltiples vías de abordaje realizado imponía una pérdida de líquidos, electrolitos y voluminosa proporción de tejido graso y que, en ése contexto, los antecedentes clínicos, metabólicos, la reposición insuficiente de fluidos, la ausencia de controles médicos y de laboratorio, enfermería y las no correcciones ni controles de glucemia, electrolitos, fluidos y dolor postoperatorio, derivo en un desequilibrio hemodinámico que no logró ser compensado y condujo al fallecimiento. Significación jurídica que resulta ser provisoria y no se advierte que sea arbitraria o constituya un manifiesto error en la aplicación de la ley de fondo.

Confirmación.
Prueba del pago, recibo
Materia: CIVIL
Carátula: Glassier de Caría, Juana c/ Córdoba, Osvaldo Emilio y Otro s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-08-10

La prueba del pago debe consistir en recibo u otro documento equivalente, emanado del acreedor ejecutante y reconocido por éste o por sentencia, referirse al mismo crédito y lógicamente ser de fecha posterior a la creación del título o existencia del crédito.
Honorarios, regulación de honorarios, juicio, prueba pericial
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GARDEBLED HNOS SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 23-81 GARDEBLED HNOS SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 25-81 GARDEBLED HNOS SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 24-81 GARDEBLED HNOS SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 26-81 GARDEBLED HNOS SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 22-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-14|1989-06-14|1989-06-14|1989-06-14|1989-06-14

Sin elementos ciertos que constituyen una base regulatoria de honorarios -cuantía del juicio-, no puede admitirse en reemplazo, la propuesta de los profesionales. En estas circunstancias, no cabe sino disponer la realización de una pericia, ante el desacuerdo existente y la falta de elementos ciertos, para suplir así la omisión de tal requisito.
Costas, gastos del proceso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GARCIA, JULIO ANTONIO c/ RAED FABIANA GABRIELA s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-25

De ningún modo corresponde exigir las contribuciones sobre honorarios a los letrados de la parte vencida -según una tradicional práctica de nuestros Tribunales- para dar por concluido el proceso, puesto que de ese modo se convertiría en un medio para trabar innecesariamente los derechos de los interesados y de "perdedores" pasarían a ser "ganadores", prolongando indefinidamente la conclusión del proceso u obstaculizando indebidamente la finalización de éste, con lo cual se vulneraría el principio de la celeridad procesal que debe ser guía y norte de toda administración de justicia.
Empleo público, medidas cautelares, carrera docente, renuncia al empleo, haber jubilatorio, extraña jurisdicción, jurisprudencia no aplicable, efectos con relación a terceros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ ZULEMA c/ GCBA s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-11

En el caso, corresponde confirmar la resolución dictada por el Sr. Juez aquo, en cuanto rechazó las medidas cautelares solicitadas por la actora, que pedía que se suspendieran los efectos del acto administrativo que determinó que no podía seguir ejerciendo su actividad como docente en el ámbito de la Ciudad, por haber obtenido un beneficio jubilatorio en otra jurisdicción y por lo tanto, que se le pagasen los salarios adeudados.

A pesar de que este Tribunal ha reconocido argumentos que justificaban la concesión de una medida análoga a la aquí solicitada in re "Díaz Rodolfo c/ GCBA s/ Amparo", Expte. 17818/0, pronunciamiento del 13/7/2006; difieren las circunstancias de esta causa y de ello se colige una diversa solución.

En efecto, aquí se solicita la concesión de una medida cautelar que restituya a la accionante en el cargo al cual renunció, más allá de las motivaciones que indujeron a hacerlo, hace casi dos años. Asimismo, la demanda ha sido planteada un año después de que se produjese la situación descripta.

Asimismo, atendiendo el tiempo transcurrido y al normal desenvolvimiento del servicio educativo probablemente habrá tenido lugar el nombramiento de otro docente, lo que podría convertir a esta medida en una cautelar innovativa que puede comprometer la prestación del servicio educativo y afectar a otro docente que no ha sido parte en estas actuaciones.
Ley sobre riesgos del trabajo, competencia, comisiones médicas
Materia: LABORAL
Carátula: Castillo, Ángel c/ Cerámica Alberdi SA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-07

Corresponde confirmar la sentencia que mantuvo la resolución que había declarado la inconstitucionalidad del art. 46, inc. 1° de la ley 24557, pues la Ley de Riesgos del Trabajo ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado del "fuero común". (Mayoría: Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
Recurso extraordinario de nulidad, excepción de pago, resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Martinez, Manuel Esteban c/ Agliano, José Pascual y otro-a s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-12-26

La decisión que confirma el rechazo de la excepción de pago, no obstante recaer en un proceso ejecutivo, reviste carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código de Rito, toda vez que el tema tratado no podrá ser controvertido en el juicio ordinario posterior (art. 551, Cód. cit.).Resolviéndose una cuestión esencial sin observar la forma de acuerdo y voto individual de los jueces, corresponde su anulación (art. 168, Constitución de la Provincia).
Poder Judicial, gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baroni, María Cecilia s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Las autoridades provinciales no pueden trabar o turbar en forma alguna la acción de los jueces que forman parte del Poder Judicial de la Nación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Lerner, Carlos s/ Incumplimiento de los deberes de funcionario público - Falsificación  de instrumento público
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

La alegación de omisiones de cuestiones esenciales constituye una cuestión ajena al recurso de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad.
Recurso de casación laboral, doctrina de la arbitrariedad, injuria laboral, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: JIMENEZ HECTOR ORLANDO c/ FERRETERIA QUILMES S.R.L. Y/O RESPONSABLE S/ DIFERENCIA DE COMISIONES, ETC. s/ CASACION LABORAL AYUNTA JULIO OSCAR c/ LIBERTAD S.A. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC. -CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-07-07|2007-04-03

No puede hablarse tajantemente de errónea aplicación jurisdiccional del derecho respecto del art. 242 LCT nro. 20.744 y modif., cuando la misma ley faculta y deja librado al prudente arbitrio de los jueces, la configuración de la injuria laboral de acuerdo a las modalidades y circunstancias de la causa, que permite desplazar el principio de conservación del contrato; por lo que, el absurdo o arbitrariedad que les reste autoridad en tal sentido, debe ser fehaciente e indubitablemente acreditado al interponer el recurso de casación.
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: CIVIL
Carátula: LEDESMA MERCEDES JOSEFINA c/ FIAD FELIPE Y OTROS s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO (VEINTEAÑAL) - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-22

No hay dudas acerca de que el consentimiento de un acto de impulso llevado a cabo por la otra parte, ha de conducir al mismo resultado que el código prevé cuando dicho acto procesal emana del Tribunal.

En tales condiciones, la purga de la caducidad puede operarse tanto por una actuación del Tribunal como por la actividad procesal de la parte, no obstante lo cual, para que la misma produzca sus efectos requiere que la contraria haya consentido la actuación posterior al vencimiento del plazo legal de perención, ya que rigiendo en nuestro ordenamiento procesal civil el principio dispositivo, poco lógico resulta -salvo excepcionalidades- que la actuación del tribunal no sea consecuencia de una petición de parte, por lo que de adoptarse un criterio distinto, volvería letra muerta lo dispuesto por el art. 308 in fine del C.P.C.C. VI.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de contrato de trabajo, despido sin causa, indemnización tarifada, multa laboral, interpretación y aplicación de la ley, Constitución Nacional, defensa en juicio
Materia: LABORAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Rossi, Sergio Guillermo  c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-28

En los casos donde existe un razonable y fundado debate judicial propuesto por la demandada (como entiendo sucede en este caso pues en concreto el caso se resuelve entre otras cuestiones por el principio de la duda -art. 9 LCT), considero que la sanción debe ser aplicada con cierta prudencia -cuando no corresponde su eximición misma como propongo en este caso puntual-, por cuanto su aplicación indiscriminada y por el solo hecho de ser injustificado el despido del demandante, resultaría limitativa para el empleador del legítimo derecho de defensa en juicio -art. 18 CN- (Voto Stettler, en disidencia. Adhesión Romero)
Moneda extranjera, cumplimiento de la obligación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Saa, Elizabeth c/ Fonda, Liliana s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

Cuando se contrae una obligación en moneda extranjera -en el caso de dólares-, si la accionada no desconoce su deuda, si no cuestiona la cotización usada para la conversión puede extinguir su obligación entregando la cantidad en moneda extranjera o su equivalente en australes al día del pago, conforme lo establecido en la ley de convertibilidad.
Indemnización por despido, base indemnizatoria del despido, salario mínimo, vital y móvil, retroactividad de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: SALI, ELVA DEL CARMEN c/ PRODUCTOS ROCHE  S.A. s/ DIFERENCIAS ART. 245 LCT
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

Si el valor del salario vital mínimo fue promulgado con posterioridad al pago de las indemnizaciones, pero su vigencia comenzaba el primer día del mes en que se produjo el cese, corresponde igualmente tomarlo como base del cálculo de la indemnización establecida por el art. 245 LCT, toda vez que, con la obvia reserva de la afectación de garantías constitucionales -que constituyen un problema diferente- nada impide la sanción de normas retroactivas, art. 3 C.Civil.
Contratos, interpretación del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: M., V. A. c/ S. C. D. S. L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-02-17

"Revisar un contrato es más grave que resolverlo, pues: a) resolverlo tiene el efecto -en general, y dejando de lado precisiones innecesarias- de volver al statu quo ante, de modo que las partes estarán en la misma situación en que se hallaban antes de celebrar el contrato, en tanto que, b) revisar el contrato y modificar sus prestaciones o alguna de ellas, significa mantener el contrato "pero en términos diferentes" a los inicialmente querido por las partes. a más: a) el afectado por la onerosidad sobreviniente tiene derecho a reclamar la resolución del contrato, para volver las cosas a la situación anterior, pero b) para mantener el contrato pero "modificado" es menester que "la otra parte consienta la modificación", y exprese su consentimiento mediante el ejercicio del "contra-derecho" que le concede el cciv. art. 1198 in fine -cuyo ejercicio depende, claro, de la voluntad del interesado, de modo que no puede serle impuesto por el órgano jurisdiccional-".
Daños y perjuicios, daño material, daño moral, muerte de un hijo, daño futuro
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MALDONADO VIUDA DE LLANO TERESA ROSARIO c/ LOZA RAMON ENRIQUE Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-24

La vida humana tiene un valor en sí mismo aunque la perdida acontezca a una edad temprana, en que no ha alcanzado la etapa productiva como es la de un niño de siete años, pues no es necesario demostrar el menoscabo económico. Aquí se indemniza la frustración de la legítima esperanza de la madre, en este caso, podría abrigar con respecto a la ayuda futura, máxime tratándose de un único hijo varón. Es un daño futuro cierto que corresponde a la esperanza, con contenido económico.
Recurso de inconstitucionalidad, código tributario municipal, leyes, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO c/ SHELL C.A.P.S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 200 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-03-19

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que asiste razón la demandada cuando se agravia de la ilegitimidad y arbitrariedad reflejada en la preparación del título Es que la aplicación de las normas del Codigo Tributario Municipal podrían haber determinado, en las circunstancias del caso, una solución distinta sobre la procedencia del apremio si se hubiese decidido con ajuste a ellas y al régimen que aquéllas establece.

En efecto, habiéndose dictado resolución en el procedimiento iniciado con motivo del recurso de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo que determinó de oficio el monto que adeudaba la ejecutada en concepto de Derecho de Registro e Inspección al momento de interponerse la demanda de apremio fiscal no habían transcurrido los 15 días que establece el artículo 55 de la ley 8173 para que quede expedita la vía ejecutiva para el cobro de la obligación fiscal. Siendo ello así, le asiste razón a la quejosa cuando se agravia con fundamento en que el título que se pretende ejecutar es inhábil, y po r ello, la causa deberá ser nuevamente juzgada de conformidad por lo aquí resuelto.