Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-04


Buenos Aires, 4de octubre de 2010 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. A fs. 1/4, el GCBA promovió ejecución fiscal contra la señora Liliana Patricia Lengua Feinsilber por la suma de pesos veintiún mil quinientos cuarenta y nueve con noventa y tres centavos ($21.549,93), con más los intereses y costas a la fecha del efectivo pago, en concepto de saldo de la caducidad del plan de facilidades de pago de deuda tributaria en mora (Decreto nº 1.708/GCBA/1997, Módulo nº 0805, solicitud nº 909356).

2. A fs. 33/34vta. se presentó la demandada: acusó caducidad de instancia, y opuso las excepciones de inhabilidad de título y falta de legitimación activa.

Manifestó que "no se acredita en debida forma el instrumento que habilita a la firmante a emitir un título con fuerza ejecutiva"; desconoció la autenticidad de cualquier firma obrante en el certificado de deuda que no contenga delegación expresa y determinada de facultades; negó la existencia de la deuda que se le imputa; alegó que la vía judicial no estaba habilitada porque no se agotaron las gestiones previas de cobro extrajudiciales pautadas por la autoridad de aplicación; cuestionó los intereses por confiscatorios y sostuvo que "el título que funda la acción resulta falso, ya que se refiere a la caducidad de un supuesto plan de pagos, el que esta parte jamás suscribió" (el resaltado pertenece al original). Por último, solicitó como medida previa que se ordene a la actora que acompañe la correspondiente solicitud del plan de facilidades de pago debidamente suscripta y la correspondiente aceptación por parte de la administración.

3. Previa contestación de los traslados por parte de la actora (fs. 36/41vta.), el juez de primera instancia resolvió a fs. 43/43vta. desestimar el planteo de caducidad de instancia deducido por la demandada, con costas. Por otra parte, a fs. 44 ordenó se libre oficio a la Dirección General de Rentas a los efectos de que acompañe la correspondiente Solicitud de Acogimiento nº 909356, la cual fue acompañada en copia certificada a fs. 58/60.

4. A fs. 64/65, el precitado magistrado dictó sentencia de trance y remate, desestimando las excepciones de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva opuestas por la demandada, y, en consecuencia, mandando llevar adelante la ejecución del capital reclamado, con más sus intereses y costas. Para resolver de esta forma, sostuvo que la constancia de deuda obrante a fs. 2 contiene la firma de autoridad competente, y cuenta con todos los requisitos necesarios para investir la calidad de título ejecutivo, motivo por el cual resolvió rechazar la primera de las excepciones opuestas. En cuanto a la legitimación pasiva, manifestó que "de lo informado a fs. 58/61 por la Dirección General de Rentas surge que contrariamente a lo que señala la accionada, ésta sí suscribió el plan de facilidades de pago que aquí se reclama ante las autoridades competentes, conforme da cuenta la copia certificada arrimada en autos", por ello entendió que la segunda excepción opuesta tampoco podía prosperar.

5. Dicha resolución fue apelada por la demandada (fs. 68). En el memorial presentado a fs. 70/71vta. la accionada reiteró que no ha suscripto el plan de facilidades; manifestó que se violentó su derecho de defensa porque jamás se le corrió traslado de la documental de fs. 58/60 arrimada por la actora y se tuvo por cierta la firma supuestamente suya que figuraba en dicha copia certificada de la solicitud; desconoció la documental en cuestión y alegó que no existe identificación positiva de la persona que inserta su firma en ella, ni aparece individualizado el funcionario público actuante.

6. Elevadas las actuaciones a la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario, se ordenó al GCBA que acompañe las constancias originales de las copias certificadas de fs. 58/60, para luego proceder a realizar la correspondiente pericia caligráfica sobre la firma de la solicitante (fs. 80).

A fs. 89/91, la Dirección General de Rentas del GCBA volvió a acompañar copias certificadas de la documentación requerida. Ante ello, la Cámara ordenó librar nuevo oficio haciéndole saber a la DGR que debería acompañar la documentación original a fin de que el perito caligráfico pueda expedirse (fs. 94). Ante la omisión de la actora, la Cámara la intimó a fs. 105 a cumplir con la medida dispuesta a fs. 80, en el plazo de cinco (5) días a partir de la notificación de la providencia, bajo apercibimiento de resolver con las constancias de la causa. Finalmente, al no obtener respuesta por parte de la ejecutante, dispuso hacer efectivo el apercibimiento y elevar la causa al acuerdo (fs. 113).

7. A fs.114/115 la Cámara resolvió hacer lugar al recurso de apelación de la demandada, y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, con costas a la vencida. Para así decidir, sostuvo que la carga de aportar la constancia original de acogimiento al plan de facilidades le incumbía a la actora, y que, en su lugar, el GCBA acompañó una fotocopia certificada. En estas condiciones, indicó, no es posible tener por acreditada la autenticidad de la firma inserta en la copia del plan de facilidades remitida por la ejecutante.

8. Contra dicha resolución, el GCBA dedujo recurso de inconstitucionalidad. Manifestó que la sentencia impugnada es arbitraria porque no resulta conteste con los antecedentes fácticos ni respeta el régimen legal establecido tanto en el Código Fiscal como en el Código Contencioso Administrativo y Tributario; adujo que la Cámara hizo caso omiso a la prueba que acredita la existencia de la deuda ejecutada en autos; y que se han violado el principio de congruencia y las garantías del debido proceso, propiedad, igualdad y razonabilidad. Alegó que la sentencia de Cámara subvierte lo que la propia ley establece y consagra una falsedad, afectando irremediablemente la percepción del tributo largamente adeudado, y excede ampliamente el marco de conocimiento de un proceso ejecutivo, violando de esta forma el principio de legalidad. Asimismo, sostuvo que la Cámara se arrogó facultades propias del poder legislativo, y vulneró el principio de la división de poderes.

9. El recurso de inconstitucionalidad fue contestado por la demandada a fs. 142/159, y rechazado a fs. 161/162vta., por no tratarse la resolución impugnada de una sentencia definitiva, y no existir en la causa una cuestión constitucional. Dicha denegatoria dio lugar a la interposición de la presente queja (fs. 1/11 del incidente de queja).

10. A fs. 22/24 el Sr. Fiscal General Adjunto propició el rechazo de la queja articulada.

Fundamentos:

Los jueces Ana María Conde y Luis Francisco Lozano dijeron:

1. El recurso de inconstitucionalidad cuya denegatoria impugna la quejosa fue interpuesto contra la sentencia dictada por el tribunal superior de la causa en un juicio ejecutivo, lo que aunque, como principio, obsta a su admisibilidad, no lo hace en el caso pues el pronunciamiento atacado compromete el derecho involucrado en este litigio sin admitir otra revisión que la presente. Ello así, pues, para resolver la excepción de falta de legitimación pasiva, el tribunal de alzada no tuvo por acreditada la autenticidad de la firma inserta en el plan de facilidades cuya falta de pago origina este pleito, imputando en la situación de autos al GCBA la carga de hacerlo y las consecuencias del incumplimiento. Ello trae aparejado que lo decidido -de quedar firme- produzca los efectos de la cosa juzgada material y, por lo tanto, que no pueda ser discutido nuevamente en un proceso posterior extremo que, a su vez, impediría a la Administración volver a intentar la ejecución de la obligación tributaria en cuestión con apoyo en el aludido plan de facilidades. Además, los agravios del GCBA demuestran, según se verá, que el pronunciamiento impugnado no constituye una derivación razonada del derecho aplicable a los hechos de la causa por lo que compromete de modo directo el derecho de defensa de quien recurre.

Ello así, corresponde hacer lugar a la queja en este aspecto, y resolver el recurso de inconstitucionalidad del GCBA sin que, al estar comprometida una cuestión constitucional, pese sobre este Tribunal limitación relativa a la interpretación y aplicación del derecho infraconstitucional, en este supuesto local, alcanzado por los agravios planteados (cf. art. 106 CCBA, 27 y cc ley 402 a diferencia del juego entre el art. 75 inc. 12 de la CN y el ámbito del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48 para la CSJN).

2. La sentencia impugnada, luego de recordar que "[e]l título ejecutivo ha sido concebido como la constancia de una obligación exigible de dar cierta suma de dinero ..." y que la "presunción de legitimidad que la ley le otorga (...) requiere como presupuesto la observancia de las formalidades externas exigibles" pues "...reunidos los recaudos extrínsecos el título debidamente integrado es autónomo, se basta a sí mismo y goza de fuerza ejecutiva", resolvió "...no (...) tener por acreditada la firma inserta en la fotocopia del plan de facilidades..." y, por tanto, "...hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada declarando inhábil el título que aquí se ejecuta". Ello así por cuanto, conforme explicó la Sala I CAyT, la demandada negaba haber suscripto el plan de facilidades que origina la deuda reclamada y la prueba caligráfica solicitada se vio frustrada porque la DGR nunca cumplió en remitir el original de ese documento limitándose a proporcionar una copia certificada del mencionado original (fs. 114/115, autos principales).

3. El GCBA, para lo que ahora importa, se agravia por cuanto "[l]a sentencia recurrida ha dejado de lado las normas que rigen el proceso de ejecución fiscal y sus limitaciones, sin sustento alguno que lo justifique, al excederse ampliamente el marco de conocimiento de este proceso // El fallo en crisis efectuó un forzado e incongruente razonamiento al declarar la inhabilidad del título ejecutivo, señalando que la documentación aportada en autos, torna inhábil el título ejecutivo ya que instrumenta una deuda inexistente, lo que resulta un dislate absoluto" (fs. 136, vuelta autos principales). En tal sentido, destaca que la sentencia impugnada formula un incorrecto análisis de la excepción de inhabilidad de título que desatiende el valor propio del título ejecutivo que origina la presente ejecución fiscal (fs. 145, autos principales).

4. El debate propuesto ante esta instancia impone establecer si el a quo, tal como afirma el GCBA, desbordó el ámbito de cognición propio del juicio ejecutivo y con ello alteró también las causas en las que, conforme el ordenamiento aplicable (art. 305 C.F, T.O 2002 y arts. 450 y 451 del CCAyT), se puede apoyar una declaración de inhabilidad de título como la dispuesta en autos.

5. La contracción del derecho de defensa del demandado en un proceso ejecutivo resultará válida sólo cuando el título en que se apoya la ejecución brinde constancia fehaciente en torno a la existencia y exigibilidad de la deuda reclamada. Es esa una condición indispensable porque el debate sobre tales puntos aparece excluido del proceso ejecutivo orientado, por regla, a discutir aspectos vinculados con deficiencias extrínsecas de la boleta de deuda (cf. TSJ en "GCBA s/ queja por recurso de apelación ord. denegado en 'Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ GCBA s/ ejecuciones especiales'", expte. nº 6098/08, sentencia del 29/7/09).

6. En tal sentido, para lo que ahora importa, la boleta de deuda debe contener la manifestación del funcionario competente a ese fin de que han ocurrido ciertos actos o hechos que tornan expedito el cobro de la suma reclamada, señalando cuál es el registro que brinda respaldo a su certificación. Eso permite que la constancia sea apreciada como verdadera o falsa mediante una confrontación directa entre su contenido y los registros a los que remite. El título ejecutivo debe dar fe de que conforme a la normativa que regula el tributo en juego el importe consignado en la certificación constituye una deuda exigible al contribuyente sindicado como obligado al pago.

7. La constancia de deuda que soporta la ejecución de autos consigna el nombre del titular de la obligación reclamada, identifica el origen de la deuda, en este caso la caducidad de un plan de facilidades, así como el número de la solicitud de acogimiento al plan (número que coincide con el de inscripción en el ISIB), su fecha y el capital perseguido (fs. 2 fs. 51/53). Mediante tales elementos, el funcionario que la suscribe, declara que existió el acogimiento a la moratoria por parte de un contribuyente inscripto y denuncia el registro que lo corrobora, así como la causa que, según el art. 14 de la resolución 4818/DGRyEI/97 y el decreto 232/97 que regula el plan suscripto, permite perseguir automáticamente el pago reclamado, esto es, la caducidad por falta de pago. Además, fruto de la prueba instada por la demandada y producida en primera instancia, obra en autos copia certificada del original del mencionado plan (fs. 59/61, autos principales). A ese respecto, vale señalar, la sentencia de primera instancia, por el modo en que allí quedó resuelto el debate, al requerir la documental mencionada no estimó indiferente que, la contribuyente, en el marco de la defensa de falta de legitimación pasiva señalara que la boleta de deuda no permitía "...corroborar qué períodos abarca el supuesto plan de pagos" por cuanto allí no se los individualizaba. En cambio, la Sala I CAyT, solicitó a la DGR la remisión del plan original frente a la imposibilidad de producir el peritaje caligráfico requerido por la demandada con la copia certificada agregada a la causa, asignando al incumplimiento entidad suficiente para, conforme ya fue relatado, declarar la inhabilidad del título que soporta la ejecución fiscal promovida. Al declarar la inhabilidad de la boleta de deuda obrante a fs. 2 (autos principales), la Sala I CAyT, soslayó que la prueba documental supra mencionada respaldaba la declaración de certeza contenida en el título ejecutivo que sustenta este proceso. En efecto, no se tuvo por enervada la certificación del funcionario que dijo tener a la vista el original del acogimiento al plan de facilidades correspondiente al nº 909356, módulo 0805.

En tal contexto, para avanzar en la indagación de la autenticidad de la firma desconocida no bastaba la mera afirmación de la ejecutada que declara no haberlo suscripto pero sin acompañar algún otro elemento como, por ejemplo, la cancelación de las posiciones del ISIB reclamado. Vale recordar aquí que la demandada no dijo no ser contribuyente del ISIB ni que las posiciones enunciadas en la planilla de acogimiento que pretende desconocer no se correspondieran a sus deudas, pendientes de pago, por el impuesto en cuestión.

Frente a las previsiones del marco normativo aplicable, la decisión del a quo, carece de todo respaldo pues resulta indisputable que pretendió analizar la existencia o legitimidad de la deuda perseguida sin que se hubiera planteado un supuesto de inexistencia manifiesta de la obligación tributaria en juego. La alzada no pudo dar el trámite que brindó a la apelación de la contribuyente, porque, pese a haberse incorporado a la causa el acogimiento al plan de facilidades, y quedar develados los períodos abarcados, en ninguna de sus presentaciones entre ellas el memorial propuesto a la cámara, la demandada aportó elementos para avalar un supuesto de inexistencia de deuda. En realidad, la demandada postuló inexistencia del acogimiento al plan de facilidades cuya caducidad origina el reclamo del GCBA, situación que no se puede identificar con la "inexistencia de deuda" aunque la demandada y el a quo los abordaran como asuntos asimilables. La inexistencia de deuda, como supuesto de excepción que expande el ámbito del proceso de apremio, exige un cuadro de situación lo suficientemente claro como lo sería, por ejemplo, el del demandado que muestra no haber incurrido en el hecho imponible o, según ya fue dicho, uno en el que se exhiba de modo indubitable el cumplimiento de la obligación tributaria exigida.

Retomando las pautas enunciadas en el punto 6 de este voto, la confrontación entre la declaración contenida en el certificado de deuda y el registro que debe respaldarla constituye el control propio de los procesos de apremio. En autos la Sala I declaró la inhabilidad del título de fs. 2 pese a que el registro pertinente ratificaba la certificación allí asentada. 8. Establecido lo anterior es evidente que el a quo desbordó el ámbito de conocimiento propio de las ejecuciones fiscales. Tampoco lo es menos que el modo en que la alzada concretó el avance señalado lejos está de haber logrado demostrar la inexistencia de la deuda perseguida por el fisco sin perjuicio de lo cual, el a quo, fulminó la posibilidad de debatir el punto con la amplitud propia del proceso de conocimiento pleno que merecía el asunto dado que el certificado de deuda, conforme ya fuera analizado, no quedó desmentido en los aspectos que, según la ley, autorizan a declararlo inhábil para respaldar el pago perseguido. Ello no implica, sin embargo, perder de vista que las características con las que están consagrados los planes de facilidades pueden, por hipótesis, dar lugar a maniobras urdidas en contra de los intereses del destinatario a quien se hace ingresar a una moratoria sin su conocimiento. De todos modos, en supuestos de esa especie, lo cierto es que en la ejecución fiscal, la víctima, podrá plantear la existencia de la maniobra y ofrecer prueba pertinente para avalar la situación denunciada. En ese escenario, claro, resulta insuficiente el mero desconocimiento de la firma estampada en la solicitud de acogimiento.

9. La decisión impugnada, además de padecer los defectos analizados configura un claro estímulo negativo en relación con el objetivo de lograr el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y su normal percepción por parte del fisco. Desde una perspectiva general, que a esta altura de la argumentación no se refiere al caso concreto bajo estudio sino al modo en que fue abordado por el a quo, resulta indisputable que apoyar la inhabilidad de un certificado de deuda originado en la caducidad de un plan de facilidades en la mera negativa del contribuyente, sin cotejar otros elementos de convicción como la existencia de cuotas ingresadas o la situación de las posiciones incluidas en la regularización, pierde de vista el modo en que la normativa ha regulado las moratorias de esta especie. En función de esa regulación, una vez que la administración da implícitamente por buena una presentación de esta especie y recorre el camino de la admisión del derecho del administrado al acogimiento, la emisión de la boleta de deuda está justificada y pesa sobre el contribuyente no exactamente demostrar que no se ha acogido sino que no es deudor de la obligación reclamada en función de las reglas normales de exteriorización del hecho imponible (inscripción, declaración periódica, etc). Se trata de un régimen que responde a necesidades prácticas tanto de los administrados como grupo, quienes de lo contrario verían seriamente obstaculizados los acogimientos si tuvieran que hacer complicadas acreditaciones de personería y autenticidad de firma, y de la administración.

10. En síntesis, la presente ejecución encuentra apoyo en un título ejecutivo que certifica la existencia de los elementos que conforme a la ley y reglamentación autorizan a tener por exigible al demandado una deuda tributaria, sin que éste haya negado su condición de contribuyente del ISIB y su correspondiente inscripción como tal, o haber incurrido en el hecho imponible, o que la certificación sea insuficiente o falsa (sino que lo sería la DDJJ de acogimiento a la moratoria, esto es, un título que no es el que se ejecuta y, por ende, está fuera del examen que permite la excepción de falsedad o inhabilidad de título articulada), ni mostró haber presentado DDJJ correspondientes a los períodos aquí en juego que debieran prevalecer sobre la que tomó por bien formulada el Fisco o que le fueran más ventajosas que ella, ni acreditó el pago de la obligación perseguida por el monto certificado u otro que fuera, a su juicio, correcto. En el marco de una ejecución fiscal, la inexistencia debe ser probada mediante la defensa de pago documentado o, según ya se dijo en este voto, la palmaria improcedencia del tributo fundada, por ejemplo, en la ausencia de verificación del hecho imponible comprometido. No se trata de dejar indefenso al contribuyente sino de precisar cuáles son las defensas que permiten desafiar la declaración obrante en un certificado de deuda para tornarlo inhábil si se acredita que los registros a los que allí se remite no brindan respaldo a los datos consignados en el título ejecutivo.

Las razones dadas, suficientes para hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, también justifican en tanto agotan el debate propuesto ante esta instancia, revocar la sentencia de fs. 114/115 y dictar pronunciamiento sobre el fondo del pleito (art. 31 de la LPT) mandando llevar adelante la ejecución hasta hacerse efectivo el íntegro pago del capital reclamado, con intereses y costas así como ordenando diferir la regulación de honorarios y la determinación de la tasa de justicia hasta tanto se practique la liquidación definitiva.

Por todo lo dicho, votamos por admitir la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia impugnada y resolver el fondo del pleito mandando llevar adelante la ejecución en los términos establecidos en el párrafo que antecede. Costas de todas las instancias a la vencida (art. 62 del CCAyT). El juez Luis Francisco Lozano agregó:

1. Tal como lo explica el voto conjunto que suscribo con mi colega, jueza Ana María Conde, por intermedio del certificado de deuda obrante a fs. 2, la autoridad competente a ese fin, indica con apoyo en qué registro declara que comprobó la existencia del ingreso de un contribuyente inscripto al plan de facilidades, su caducidad por falta de pago y el importe adeudado pero no saldado mediante las cuotas acordadas, obligación que constituye, según la regulación aplicable, una deuda exigible mediante el proceso instado por el GCBA.

En ese contexto, importa destacar que el modo en que está regulada la moratoria en juego -cuyas características quedaron expuestas en el voto en el cual concurro-, responde a necesidades prácticas. Ello así, no es correcto soslayar, como lo hizo el a quo, que el régimen aplicable no contempla la constatación de la identidad de quien suscribe el acogimiento a la moratoria -cuya validez no fue discutida- bajo el resguardo, estimado idóneo por la reglamentación aplicable que tampoco fue controvertida, que impone "[i]ngresar el importe de la primera cuota del plan solicitado en el momento de presentarse los respectivos formularios de acogimiento" (arts. 8 y 4, inc. d, de las resoluciones DGRyEI nros. 4426/98 y 2248/98); pago que el GCBA tuvo por cumplido mediante el cheque identificado a fs. 51 sin que ello fuera rebatido por el demandado.

De todos modos, la simplificación de esos procedimientos, establecidos por normativa que no ha sido cuestionada en autos, no puede constituir una habilitación para inferir perjuicios u obstaculizar seriamente la defensa de quien sea sorprendido por la aparición de una solicitud de acogimiento falsa y que no lo beneficie; porque, vale advertir, presentar una solicitud falsa no deja de estar en manos del contribuyente y aun así beneficiarse con ella. En todo caso, la informalidad del ingreso al plan aparecería compensada con el deber de pago que acompaña la solicitud de acogimiento y con las obligaciones que pesan sobre la Administración al momento de plantear una ejecución fiscal, especialmente las analizadas en el punto 6 del voto conjunto. En tal sentido, para lo que ahora importa destacar, la ejecución fiscal es un proceso de conocimiento acotado con defensas limitadas, la inhabilidad de título remite a las formas de la certificación y, a su turno, esa certificación da constancia de un acto administrativo o, como en el caso que nos ocupa, de una DDJJ no observada por la Administración a la que incumbe examinar su contenido. La falsedad o falta de idoneidad a la que se refiere el art. 451 del CCAyT que regula la excepción de inhabilidad de título se deben referir a la certificación de la deuda y no a la solicitud de acogimiento. Una solución contraria, como la adoptada por el a quo, supone tanto como afirmar que para invalidar la certificación de una deuda originada en una DDJJ basta con invocar o probar los vicios mencionados en relación con esa DDJJ y no respecto de la boleta de deuda; allí se advierte el mencionado estímulo negativo de la sentencia de la Sala I CAyT. Resulta evidente que la inexistencia manifiesta de deuda no es lo mismo que la inexistencia de la DDJJ o de la DDJJ de acogimiento a la moratoria sino la demostración de que no ha existido el hecho imponible o que el pago del configurado está satisfecho.

2. La síntesis contenida en el punto 10 del voto conjunto que integro demuestra que la suma de las circunstancias allí reseñadas aleja la posibilidad de que el proceso ejecutivo exceda la finalidad de asegurar la percepción sino oportuna al menos expedita de la renta fiscal hasta convertirse en un cepo para el derecho de defensa del ejecutado. Dicho en otras palabras, la demandada no muestra que el proceso ejecutivo le haya impedido ejercer una defensa suficiente para evitar el progreso de una pretensión fiscal carente de un mínimo sustento o que un proceso ordinario posterior -previsto por el legislador- no baste para corregir un eventual desvío de la finalidad con que ha sido diseñado el sistema tributario.

3. Finalmente, estimo necesario señalar que aunque habrá inhabilidad de título siempre que se tenga por acreditada la inexistencia de deuda, ese supuesto no agota las causales de la excepción en cuestión, orientada, por regla, conforme quedó dicho (punto 6), a impugnar la certificación del título de deuda a partir de su confrontación con los registros que deben estar allí identificados para respaldarla. La sentencia atacada excedió el ámbito propio del proceso ejecutivo, porque asimiló inexistencia de suscripción de un plan de facilidades con inexistencia de deuda y tuvo por probado lo primero pese a que el registro invocado por la boleta de deuda (módulo n°805, Acogimiento nº 909356) permitía constatar, conforme señaló el GCBA y no fue controvertido, que el contribuyente n°909356/07 hubiera pagado la primer cuota de la moratoria junto con la solicitud de acogimiento que luego caducó por incumplimiento y tornó exigible la deuda reclamada en autos. Tales extremos, insisto, no fueron rebatidos por la parte ejecutada (fs. 51/53).

La jueza Alicia E.C. Ruiz dijo:

Recurso de queja:

1. El recurso directo del Gobierno fue interpuesto en tiempo y forma, y contiene una crítica suficiente del auto de fs. 161/162 vuelta, vistos los términos en que la Cámara denegó el recurso de inconstitucionalidad.

Los magistrados señalaron que la decisión atacada no era definitiva, que no se había planteado un caso constitucional y que no se estaba frente a un fallo arbitrario.

En cuanto al requisito de sentencia definitiva, el quejoso afirma con acierto que no dispone de "(...) otra vía ni judicial ni administrativa para recurrir la resolución dictada y reclamar el cobro íntegro del tributo reclamado..." (fs. 3 vuelta).

En efecto, la Sala I declaró inhábil el título que se pretende ejecutar por entender que con los elementos probatorios obrantes en autos no era posible tener por acreditada la autenticidad de la firma inserta en el formulario de acogimiento al plan de facilidades de pago normado por el decreto nº 1708/97. Esto no puede replantearse en otro proceso, pues -de conformidad con el artículo 553 CPCCN- en un juicio ordinario posterior no se podrán discutir nuevamente "las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley." Por lo tanto, lo resuelto en estas actuaciones produce los efectos de la cosa juzgada material y el decisorio impugnado debe ser considerado definitivo.

Con relación a los restantes fundamentos del auto denegatorio (falta de caso constitucional y ausencia de arbitrariedad), el GCBA sólo podía intentar rebatirlos volviendo como lo hace sobre los argumentos de su recurso de inconstitucionalidad, por lo que corresponde admitir la queja. En otra palabras: en tanto el aquo se internó en el campo de fundabilidad del recurso de inconstitucionalidad excediendo el control de admisibilidad que le compete, la queja, tal como ha sido planteada, se torna procedente.

Recurso de inconstitucionalidad:

2. Pese a ser formalmente admisible, el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno debe ser rechazado porque no logra proponer una cuestión constitucional.

El recurrente califica de arbitraria la decisión de fs. 114/115 y aduce que se vulneraron los artículos 16, 17, 18, 19, 28, 31, 99 y 129 de la CN y los artículos 9, 10, 12, 13, 51, 102 y 104 de la CCBA. Manifiesta que la Cámara:

(i) fue arbitraria pues no tuvo en cuenta los antecedentes fácticos del caso ni respetó el régimen legal establecido tanto en el Código Fiscal, como en el Código Contencioso Administrativo y Tributario;

(ii) se excedió injustificadamente del limitado marco de conocimiento del proceso ejecutivo, afectando su derecho de defensa;

(iii) debió haber intimado a la ejecutada a que acompañara toda la documental contable obrante en su poder, para verificar la cancelación y/o regularización del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por los años y posiciones reclamadas; y (iii) "cerro (sic) su argumento en la imposibilidad de producir una prueba pericial caligráfica sin considerar que si era del caso arribar a la verdad jurídica, (...) debió inexorablemente mandar llevar adelante otras medidas de prueba..." (fs. 141 vuelta).

3. Una lectura cuidadosa de la presentación en análisis revela que las afirmaciones del Gobierno no están fundadas. El accionante no explica de qué forma los preceptos constitucionales que invoca fueron lesionados por el decisorio de fs.114/115.

El actor se limita a objetar la evaluación de la prueba que hiciera el aquo al resolver la controversia de autos pero no alcanza a poner en crisis la argumentación de la sentencia recurrida que no resulta ni irrazonable ni arbitraria.

En síntesis: el Fisco no aporta ninguna razón -más allá de su comprensible discrepancia con una resolución desfavorable a su posición- que demuestre que el fallo atacado afecta alguno de los principios o garantías constitucionales que invoca.

El recurso en análisis, pues, no expone caso constitucional alguno.

4. A mayor abundamiento, es oportuno detenerse en el planteo de la Ciudad vinculado con la supuesta lesión de su derecho de defensa. Según la Procuración, la Sala I no respetó el marco cognoscitivo del juicio ejecutivo. Por las razones que a continuación expongo, el agravio del GCBA no puede prosperar.

El actor inició la presente ejecución fiscal por el saldo de la caducidad de un plan de facilidades. La ejecutada, por su parte, negó la existencia de la deuda así como haber suscripto el plan de pagos.

En primera instancia se ordenó librar oficio a la Dirección General de Rentas para que la Administración acompañara la solicitud de acogimiento a la moratoria. El Fisco remitió copia certificada de tal solicitud.

El magistrado de grado rechazó las excepciones opuestas por la Sra. Lengua Feinsilber y mandó llevar adelante la ejecución.

Apelada tal sentencia por la demandada, se elevaron las actuaciones a la Cámara. La Sala I le ordenó al GCBA que presentara el original del formulario de acogimiento al plan de pagos para poder realizarse una pericia caligráfica sobre la firma allí inserta. La DGR volvió a acompañar copias certificadas de la documentación requerida. Ante esta situación, los magistrados libraron nuevo oficio a la DGR solicitando la documentación original. Al no cumplirse con lo ordenado, los camaristas intimaron por última vez al Fisco bajo apercibimiento de resolver con las constancias obrantes en el expediente. Como no obtuvieron respuesta alguna, hicieron efectivo el apercibimiento y elevaron la causa al acuerdo. La Cámara hizo lugar al recurso de apelación de la Sra. Lengua Feinsilber y revocó la decisión de primera instancia. Los magistrados declararon inhábil el título ejecutivo al concluir que con las constancias probatorias obrantes en autos no era posible tener por acreditada la autenticidad de la firma colocada en el formulario de acogimiento al plan de facilidades de pago normado por el decreto nº 1708/97.

A diferencia de lo que sostiene el recurrente, no me parece que en esta causa el aquo haya ido más allá de los límites del proceso ejecutivo.

En primer lugar, la constancia de deuda de fs. 2 se refiere expresamente al saldo de caducidad del plan de facilidades normado por el decreto nº 1708/1997, acogimiento nº 909356, módulo nº 0805. Por lo tanto, dado que la ejecutada sostuvo no haber suscripto tal plan, la constancia de deuda debió integrarse con el original de la respectiva solicitud de adhesión para que la Sra. Lengua Feinsilber pudiera ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Al oponer excepciones, la contribuyente señaló con acierto que "en el caso de autos, al no integrarse el título junto a la respectiva solicitud de adhesión a un plan de facilidades de pago, se me impide discernir si la firma que eventualmente figurase en dicha solicitud me corresponde, ni saber que (sic) períodos encuadran en dicho plan, cuales (sic) fueron cancelados , o cuales (sic) no" (fs. 33 vuelta/34).

Por otra parte, si la accionada negó haber firmado el plan de pagos en virtud del cual se la ejecuta, no resultó excesivo solicitar al Fisco que acompañara el original del formulario de acogimiento para poder realizar una prueba pericial caligráfica. Sin embargo, el Gobierno no adjuntó el original pese a haber sido intimado a hacerlo una vez por el juez de primera instancia y tres veces por la Sala I.

Tal como explicaron los camaristas, a partir de que la contribuyente negó haber suscripto el plan de pagos, era carga del GCBA aportar el original del acogimiento. Ello, por el juego de los siguientes artículos del CCAyT: (i) el artículo 455 in fine, que establece que en las ejecuciones fiscales "(...) se aplican supletoriamente las normas que rigen la prueba en lo pertinente"; (ii) el artículo 301, que -en lo que aquí importa- prescribe que "[c]ada una de las partes tiene la carga de probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción"; (iii) el artículo 315 del CCAyT que prevé que "[l]as partes y los terceros en cuyo poder se encuentren documentos esenciales para la solución del litigio están obligados a exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se hallan los originales"; y (iv) el artículo 316 del CCAyT que dispone que "[s]i el documento se encontrare en poder de una de las partes, se le intima su presentación en el plazo que el/la juez/a determine" y que "[c]uando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlo constituye una presunción en su contra." Por fin, como lo advierte Spisso con cita de jurisprudencia de la CSJN (Fallos: 278:346; 312:178; 322:437, entre muchos otros), "[e]n la medida en que se encuentre afectado un derecho de raigambre constitucional - y llevar adelante una ejecución sobre la base de una deuda inexigible o inexistente agravia los derechos de defensa y de propiedad-, corresponde entrar a la consideración de la defensa que se oponga en tal sentido, más allá de las restricciones que puedan contener las normas procesales, siempre que su alegación y prueba no presupongan el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito cognoscitivo del juicio ejecutivo" (SPISSO, RODOLFO R. Acciones y Recursos de Materia Tributaria. Segunda Ed. Buenos Aires: LexisNexis Argentina, 2008, p. 137). Y, como dije más arriba, verificar la autenticidad de la firma inserta en el plan de facilidades desconocida por la contribuyente no se presenta en autos como un exceso. Así lo entendió también la CSJN en "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Maderas Miguet I.C.A.yF." (Fallos: 312:178), donde la demandada justamente había negado la existencia de la deuda alegando no haber formalizado acogimiento al régimen de la ley provincial nº 9730 que establecía una moratoria. En tales actuados, la CSJN consideró que la falta de tratamiento de la defensa de la accionada con el argumento de que ello excedía el estrecho marco de la ejecución, imponía descalificar el fallo recurrido como pronunciamiento válido.

En conclusión, frente a las particularidades del presente caso arriba reseñadas, la sentencia recurrida no desbordó el ámbito de conocimiento de la ejecución fiscal y de las excepciones opuestas.

5. Por lo expuesto, voto por: a) admitir la queja de fs. 1/11 y b) rechazar el recurso de inconstitucionalidad de fs. 130/147, con costas a la vencida (art. 62, CCAyT).

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Si bien en principio, las decisiones recaídas en juicios ejecutivos no constituyen sentencia definitiva, el pronunciamiento dictado en el presente apremio fiscal puede ser equiparado a tal tipo de sentencias, por cuanto el actor no dispone de otra vía judicial ni administrativa para demandar el cobro del tributo reclamado, en tanto no podrá discutir nuevamente la cuestión de hecho debatida y resuelta en este juicio -esto es la legitimación pasiva de la ejecutada, al no haberse acreditado la autenticidad de la firma inserta en el formulario del plan de facilidades de pago-, pese a ello entiendo que, de todos modos, el recurso de inconstitucionalidad no puede prosperar al no proponer, adecuadamente, una cuestión constitucional que ponga en crisis el decisorio de la anterior instancia de mérito.

2. Es que, los agravios que se ventilan en tanto giran, principalmente, en torno a la supuesta arbitrariedad de la sentencia, resultan insuficientes para proponer una cuestión constitucional.

La admisibilidad de la causal de arbitrariedad en el marco del recurso extraordinario federal -que se aplica analógicamente en el recurso de inconstitucionalidad local-, admitida por la Corte Suprema a partir de Fallos: 184:137, es estricta pues tiende a cubrir casos de carácter excepcional. Ello en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para quien: "La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados (...) sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la 'sentencia fundada en ley' a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional" (cfr. Fallos: 312:246, 389, 608, entre otros) y lo decidido en este estrado in re: "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabio s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. n° 726/00, sentencia del 24/5/01, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, t.III, ps. 240 y siguientes).

Así, la mera discrepancia de la recurrente con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que la decisión, más allá de su acierto o error, devenga infundada y, por ende, arbitraria (conf. el Tribunal in re: "Federación Argentina de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 49/99, resolución del 25/8/99 y sus citas: Constitución y Justicia -Fallos del TSJ-, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, t.I, pág. 282 y ss.).

Entiendo, por tanto, que la argumentación desplegada por el GCBA no refuta el fallo recurrido, ni revierte el resultado únicamente atribuible a su obrar discrecional, lo que se traduce en una mera discrepancia con lo resuelto por la Cámara, insuficiente para tener por configurado un supuesto de "arbitrariedad de sentencia". Es que, la ponderación que efectuó la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Tributario ante la actitud reticente del Fisco de acompañar el original del formulario del cual surgiría el acogimiento suscripto por la contribuyente -firma que se encuentra cuestionada por ésta-, al plan de facilidades de pago cuyo incumplimiento diera origen a la presente ejecución, que la llevó a hacer efectivo el apercibimiento de fs. 105 y arribar a la declaración de inhabilidad del título, más allá de su acierto o error, cuenta, en mi parecer, con fundamentación suficiente, lo que me permite concluir que el decisorio no puede ser descalificado como acto jurisdiccional válido.

3. En cuanto a los restantes derechos, garantías y principios constitucionales supuestamente afectados, la recurrente tan sólo efectúa invocaciones genéricas desprovistas de relación directa con lo resuelto en la causa, planteando un debate que remite exclusivamente a la apreciación y valoración de cuestiones de hecho, prueba y derecho infraconstitucional, ajenas, por principio, a la competencia extraordinaria de este TSJ mediante la vía impugnatoria del art. 27 de la ley local nº 402. Esta falla argumentativa conduce al fracaso del presente recurso extraordinario local.

En este sentido, tiene dicho el Tribunal que: "si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional, este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" (cf. "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. nº 131/99, sentencia del 23/02/00, en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ad-Hoc, Buenos Aires, t. II, ps. 20 y ss.).

4. Sin perjuicio de lo antedicho, deseo aclarar que el modo en que me pronuncio obedece a las especiales particularidades del caso -reiteración del incumplimiento por parte del Fisco de acompañar el original del acogimiento al plan de facilidades de pago ante la solicitud de la Cámara, y falta de coincidencia, según el a quo, entre la firma inserta en el formulario fiscal y en los escritos presentados por la ejecutada a lo largo del proceso- y no importa de mi parte la adopción de un criterio general y definitivo sobre el tema. Ello así por cuanto no me pasan desapercibidas las consecuencias disvaliosas que podrían derivarse de que, convertido en regla general el temperamento de que es menester, sin excepciones, acreditar fidedignamente la suscripción de las declaraciones juradas por los contribuyentes, proliferen los desconocimientos maliciosos por parte de éstos de las firmas insertadas en las declaraciones juradas, lo que recomienda un escrutinio estricto de las alegaciones y probanzas que se aporten, ya por los obligados al pago, ya por el Fisco -como pareciera haber intentado hacer la Cámara-, para brindar sólo en supuestos que claramente lo ameriten acogida favorable a los cuestionamientos de tal índole (v. fundamentos del voto del doctor Luis F. Lozano).

Finalmente, corresponde señalar que a la hora de emitir mi voto en el sentido en que lo hago no he perdido de vista la presunción de legitimidad del acto administrativo, como la imposibilidad de discutir la causa de la obligación en una ejecución fiscal, pero he tenido en cuenta que la suerte de ésta y de aquélla pueden verse comprometidas ante la inexistencia de un presupuesto inexcusable para emitir una boleta de deuda tributaria sobre la base de declaraciones juradas del contribuyente; esto es que las mismas pertenezcan al obligado tributario.

Así entonces, y con las salvedades efectuadas, concluyo que en el presente caso no se ha logrado articular una cuestión constitucional que abastezca suficientemente el planteo y que el Tribunal deba decidir, por lo cual me pronuncio por el rechazo del recurso de inconstitucionalidad.

Así lo voto.

La jueza Marta Paz dijo:

1. Adhiero al voto de los Dres. Alicia E.C. Ruiz y José Osvaldo Casás, votando en consecuencia por admitir la queja en trato y rechazar el recurso de inconstitucionalidad de fs. 130/147, con costas a la vencida (art. 62 CCAyT). 2. Ello por considerar que el recurso no ha desvirtuado las razones en que se funda la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad.

Por otra parte, no cumple con los recaudos de la carga de fundamentación exigida por el art. 33 de la ley 402, al no rebatir puntualmente todos los fundamentos de la sentencia de 2da. Instancia. Ni el quejoso ha logrado demostrar la vinculación con la violación de cláusulas constitucionales, que alega, como exige el art. 27 de la ley 402.

El recurso de inconstitucionalidad en su desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna en ese sentido, SCJBA, 16-4-2003, Village Cinemas S.A. c/Municipalidad de Avellaneda s/Amparo, definitiva, Ac. 83866, Lexis Nexis, sum 14/85256; id, 30-11-8. Ya que "Es insuficiente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad que se da en una afirmación desprovista de toda demostración" (SCJBA 28-3-95, 'A. s/infracción ley 8031´, P-56.697-S).

3. En este caso, no se advierte la autosuficiencia que requiere el remedio impugnaticio a estudio en cuanto a la pretendida arbitrariedad de la sentencia invocada por la quejosa, comparto su rechazo, por cuanto las objeciones del impugnante pueden calificarse como meras discrepancias con lo resuelto que, no logran señalar la posible existencia de un defecto de tal magnitud que el recurso resulte procedente, pues, si bien alude a que la sentencia recurrida es "arbitraria", no se advierte, y tampoco demuestra, los motivos que sustentan tal afirmación.

La sentencia es arbitraria cuando el magistrado la sostiene sólo en su razonamiento y opinión personales. Para así tacharla debería carecer de todo sustento legal y estar fundada sólo en la voluntad o capricho del magistrado, pues la doctrina de la arbitrariedad atiende a las omisiones y desaciertos de extrema gravedad, que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido.

Tiene que poseer tal magnitud que constituya claramente una derivación irrazonable del derecho vigente.

La Corte Suprema de la Nación ha establecido que: "la doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto cubrir casos de carácter excepcional en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el pronunciamiento de los jueces como la sentencia fundada en ley a la que hace referencia el artículo 18 de la Constitución Nacional" (Fallos 312: 246, 389, 608, 1839, entre otros), lo que no ocurre en este caso.

Conteste con lo anterior la doctrina sostiene que "es inatendible el recurso que no traspasa los límites de la exhibición de una subjetividad". (Augusto Mario Morello, "Prueba, Incongruencia, Defensa en Juicio", Abeledo Perrot, Ed. 1977, pág. 131). 4. Por otra parte, y aunque formalmente no procede el recurso, cabe consignar que tampoco logra conmover los razonamientos del tribunal de alzada en cuanto éste tiene por no configurado el título ejecutivo apto para deducir ejecución fiscal, ya que puesta en duda la autenticidad del mismo, ante la apertura probatoria ocurrida en el expediente tendiente a acreditar la legitimidad del titulo, la actora se negó sin dar razón ni explicación de su incumplimiento a acompañar constancia alguna que no fueren las fotocopias certificadas cuestionadas. Por ello, ante el apercibimiento hecho efectivo a la ejecutante de que se estará a los dichos de la demandada en caso de reticencia o negativa a aportar los originales a los fines de proceder a practicar una pericial caligráfica sobre los mismos, que el criterio de la alzada resulta ajustado a derecho y no procede la tacha de inconstitucionalidad ni arbitrariedad en la especie.

No puede catalogarse en arbitrario el fallo, ante la correspondencia entre la prueba y normas legales aplicables y la conclusión arribada en el mismo.

5. Por todo lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso de inconstitucionalidad que dedujo el GCBA (fs. 130/147).

Así lo voto.

Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir el recurso de queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con costas.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva el principal con la queja.