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Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calics, Oscar Osvaldo c/ Accavallo, Horacio Enrique s/ Cumplimiento de contrato. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

El valor económico del litigio en juicio por daños y perjuicios está representado en el caso por el rubro no reconocido en la sentencia de Cámara, del que se agravia el recurrente, actualizado a la fecha de interposición del recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tenencia ilegítima de armas de guerra, error (penal)
Materia: PENAL
Carátula: Bausezze, Carlos s/ Infracción art. 189 bis C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-04

Dada la falta de conexión conceptual entre el "arma de guerra" que alude el art. 189 bis del C.P. con la birome adquirida por el encausado. La falta de relación entre el objeto a que hace referencia de ley penal en blanco con aquel que aparentemente debería subordinarse al decreto 395/75 disipará la necesidad de que el sujeto se haya formulado una duda sobre la antijuridicidad de su conducta. Aún en el caso de aceptar que hubiera tenido forma, o mejor dicho posibilidad de conocer la antijuridicidad de su conducta acudiendo a algún medio de información, no es posible en el caso de autos sostener que atendiendo a las características del arma lo hubiera motivado a sospechar la prohibición de su tenencia.
Recurso de inconstitucionalidad, ley procesal, interpretación de la ley, seguro de vida, jueces, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SOPLAN, ANA LASAGA DE y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE CORONDA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 482 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-15

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la Sala condiciona todo el análisis de la materia de juzgamiento a que la pretensión de la actora ("cobro de rubros laborales") tuviera origen ya sea en un precepto emanado del derecho del trabajo o de la seguridad social, por lo que la orfandad de esas disposiciones en la causa la condujo directamente a rechazar la demanda.

Esta manera de pensar de la Cámara presupone el sostenimiento de una suerte de declaración de incompetencia, por cuanto subordina su actuación de órgano revisor a las causas que, por razón de la materia, la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 74) y el Código Procesal Laboral (arts. 2, 3, 4, 5 y 6) les asigna a los jueces de primera instancia de distrito. Ahora bien, esta hermenéutica que propone el Juzgador -que opera en el estadio inicial del proceso conforme a las previsiones de los artículos 43 y 47 del Código Procesal Laboral y con la limitación temporal prevista en la última parte del artículo 2 de la ley 10160- no puede erigirse como valladar inexcusable para que la Cámara rehúse entender del caso sometido a revisión.

Pues, debe quedar claro que en la especie la accionante solicitó en su demanda, más allá del "nomen iuris" empleado: "Cobro de rubros laborales", el pago de la indemnización sustitutiva del capital asegurado correspondiente al Seguro de Vida Colectivo, afirmando el incumplimiento de la Municipalidad demandada de efectuar los pagos al Sindicato de Trabajadores para que éste abonara las primas del seguro que había contratado con una Cooperativa de Seguros tendente a cubrir los riesgos de muerte e incapacidad del asegurado.
Defraudación, administración fraudulenta, dolo directo
Materia: PENAL
Carátula: S, E R Y M, E O s/ ESTAFA      EXPTE NRO 48-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-06

La estafa supone un tipo de acción, con una conducta que dinamiza un dolo inicial en la negociación, inequivocamente dirigido a obtener un desapoderamiento patrimonial voluntario, pero viciado por error, derivado del despliegue ardidoso del agente. Los hechos aquí intimados al justiciable, suponen una hipótesis de negocio societario inicialmente sano y desprovisto de intencionalidad defraudatoria y una conducta posterior configurativa de dolo sobreviniente, tendiente a perjudicar los intereses que le fueron confiados para su manejo. La conducta intimada de negar tal carácter de socio -y con evidente fin de lucro apropiarse excluyentemente de los mismos bienes sociales aprovechando la disponibilidad que de ellos y su documentación le daba la específica tarea que desempeñaba en la tarea social- adecua a la norma del artículo 173 inciso 7 del Código Penal.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, facultades jurisdiccionales, excusación, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Son o no procedentes las excusaciones de los jueces, que intervienen  en juicios en los que resulta ser parte la provincia de Santa Fe, y  motivadas en su condición de ser accionantes amparistas y   considerar que tienen al respecto "pleito pendiente" (artículo 10   inciso 2 del Código Procesal Civil) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-06-17

Cuando el artículo 10 (inciso 3) del Código Procesal Civil excepciona con el giro "bancos oficiales" facilita una interpretación a fortiori respecto a la improcedencia de las excusaciones de los magistrados. (Del Voto del Dr. Chiappini).
Contravenciones, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Castillo, Antonio María y otros s/ ss.aa. de infracción art. 10 inc. b. ley 6393.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

En los procedimientos por faltas y contravenciones la garantía de la defensa lleva implícita la de que, quien se encuentre sometido a enjuiciamiento, pueda contar, al menos ante los tribunales de justicia, con asistencia profesional.
Trabajadores rurales, primacía de la realidad
Materia: LABORAL
Carátula: ROLDAN SERGIO TEOFILO c/ GOMEZ JOSE ABRAHAM S/ INDEMINIZACION, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-15

El art. 5 de la ley 22.248 determina como fuente del contrato de trabajo agrario y la relación emergente del mismo a los usos y costumbres, circunstancia que remite al principio de primacía de la realidad.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: DONATO, OSCAR JUAN c/ BASCULAS CASILDA SA s/ COBRO DE PESOS - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD - CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO (CSJ  EXPTE Nº 617-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-03

La valoración de las pruebas producidas en el proceso, así como la aplicación de normas de derecho común, constituyen cuestiones en principio ajenas al recurso extraordinario y propias de los jueces de la causa, salvo en aquellos casos de manifiesta arbitrariedad, en que el pronunciamiento no resulta derivación razonada de las constancias obrantes en el litigio, o carece de fundamentación válida que la sustente.
Estafa, estelionato, compraventa
Materia: PENAL
Carátula: Cortés, Luis René c/ Héctor Giorgovich y/o Donato, José de Marco s/ Promueve Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-02-10

Configura el delito de Estafa (art. 172 del Código Penal) y no el de estelionato (art. 173 inc. 9no. del Código Penal), la acción del procesado que vendió un automóvil como libre de toda deuda y gravamen, cuando en realidad estaba prendado, no pudiendo en consecuencia el damnificado efectuar la transferencia en el Registro de la Propiedad del Automotor. La calificación correcta es la de Estafa, por cuanto el acusado utilizó ardid para obtener del comprador la entrega del precio total convenido, ocultando que no se había cancelado la deuda que pesaba sobre el bien, cuyo monto, era más de la mitad de ese importe. Aún admitiendo que cuando se firmó el recibo provisorio, el procesado comunicó el gravamen al comprador, en la inteligencia de que al recibir el precio total de la obligación estaría pagada, y aunque en el título del dominio apareciera el gravamen, ello no prueba que aquel haya informado en el momento de suscribir el recibo definitivo que no había satisfecho la deuda, sino por el contrario, hizo constar en forma categórica que el automóvil esta libre de todo gravamen. Si bien la acción del procesado no puede encuadrarse en el tipo del art. 173 inc. 9no. del Código Penal, dado que en el último figuraba la existencia de la prenda, si debe encuadrarse en la figura de la Estafa (art. 172 del Código Penal), por cuanto es evidente que el comprador no hubiera pagado el precio total si hubiese sabido que la deuda que soportaba el automóvil no estaba saldada; o sea que la lesión patrimonial apareció innegable cuando abono el saldo total, no habiéndosele comunicado que quedaba pendiente una deuda mayor que la mitad del precio del vehículo.
Subasta judicial, desocupación del inmueble
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casagrande, José c/ Solia, Carlos M. s/ Incidente de desocupación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

El trámite que debe cumplirse para lograr el desalojo de los ocupantes del inmueble subastado será el incidental -art. 589 ap. 1 C.P.N.-.-
Despido, acta notarial, consorcio de propietarios
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Lucas German  c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Nicaragua 6045  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-18

El actor se agravia porque el juez de grado consideró que la disolución del contrato de trabajo quedo configurada mediante acta notarial, sin aplicar lo dispuesto en el art. 2060, 2° CCCN. Sostiene que la designación como administrador del socio gerente de la nueva administración del consorcio no estaba vigente al momento del despido, que la anterior administración no había cedido, y que su despido no había sido puesto a consideración de los propietarios. Sin embargo, del libro de actas del consorcio surge que cuando el nuevo administrador le notifica al actor por acta notarial su despido, ya tenía facultades suficientes de representación del consorcio para actuar como lo hizo, todas vez que estaban cumplidos los recaudos legales en torno a la notificación de lo resuelto en la asamblea con relación a su designación y al cese de la administración anterior. Cabe confirmar la resolución de grado.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios entre dos o más provincias, recursos hídricos, daño ambiental, convocatoria a audiencia pública, amicus curiae
Materia: MEDIO AMBIENTE-CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de La Pampa c/ Provincia de Mendoza s/ Uso de aguas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-25

En el marco de una demanda iniciada por la Provincia de La Pampa por medio de la cual, entre otras peticiones, solicita que se declare el incumplimiento por parte de la Provincia de Mendoza de una sentencia que la había obligado a celebrar convenios para regular los usos del Río Atuel, debe convocarse a ambas provincias y al Estado Nacional, como tercero, a una audiencia pública con finalidad informativa y conciliatoria. Asimismo, con el objetivo de enriquecer la deliberación con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico, corresponde habilitar la intervención de los Amigos del Tribunal.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Mastrángelo, Alfredo Saúl c/ Cooperativa Telefónica de Mayor Buratovich Limitada s/ Cobro de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-23

La eliminación de la garantía legal lo es al solo efecto de que el principal adopte la medida invocada, porque recién entonces se encuentra en condiciones de ejercer los poderes de dirección y disciplinarios, propios a su calidad de empleador.
Indemnización por despido, empleo no registrado
Materia: LABORAL
Carátula: CAÑETE MIGUEL ANGEL c/ DEPETRIZ SERGIO Y HEREDIA STELLA MARY s/ DIFERENCIA DE HABERES - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-31

En disidencia a los argumentos dados para rechazar la indemnización del art. 15 LNE. La Sra. Vocal tras merituar la finalidad que se encuentra en el plexo normativo -entre otras- disuadir la perniciosa práctica del empleo no registrado. Manifiesta la siguiente conclusión: "La estrictez en la interpretación de la previsión en cuanto estipula una penalización no autoriza a adicionar un requisito ausente en ella".

En efecto, la manda legal exige que medie un emplazamiento de inscripción o regularización en los términos del art. 11 de la LNE, que hubiera sido cursado de modo justificado y que la disolución sobrevenga dentro del período de dos años contados desde su recepción, ya sea por despido directo o indirecto. No impone la inexistencia de otros hechos injuriantes coetáneos a aquella intimación. (Del voto de la Dra. Blanc de Arabel, en disidencia)
Exacciones ilegales, bien jurídico protegido, legitimación procesal, querellante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ROSALES, Juan Carlos s/ ser tenido por parte querellante"  Causa nro. 29.580
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

El bien jurídico protegido mediante la penalización de las acciones contenidas en los preceptos de los art. 266 y 267 del Código Penal es la administración pública, desde que se intenta preservar la regularidad y eficacia de la función pública en su sentido mas amplio. El Estado expresa su voluntad frente a y sobre sus administrados a través de sus agentes calificados, y cuando èstos actuan a merced de la autoridad de la que están investidos, menoscabando patrimonialmente a sus víctimas ofenden directamente al Organismo del cual dependen jerárquicamente, titular del derecho que se habría lesionado y que los legítima para actuar como querellante.
Municipalidad, paritarias, negociación colectiva, remuneración, liquidación, índices de actualización, leyes, aplicación de la ley, ley de orden público
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Morra, Eduardo Esteban y sus acumulados c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.   C.S.J. Nro. 731 Año 1993) Calderolli, Rodolfo c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.   C.S.J. Nro. 631 Año 1994) Pirola, Sonia y otros c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.   C.S.J. Nro. 781 Año 1995) administrativo de plena jurisdicción (Expte.   C.S.J. Nro. 631 Año 1994) Pirola, Sonia y otros c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.   C.S.J. Nro. 781 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27|2002-03-27|2002-03-27

Del hecho de que se haya aplicado el mecanismo de actualización a las remuneraciones que fueron abonadas por la Municipalidad de Rafaela luego de la entrada en vigencia de la Ley de Convertibilidad, no puede derivarse sin más la operatividad de una disposición que se tornó inoponible en función de una prescripción expresa de una norma de orden público.
Jubilaciones, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Giordano, María Antonia c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-18

Resulta legítima la resolución del organismo previsional que denegó el otorgamiento de la pensión con fundamento en no haberse acreditado el recaudo de carencia de recurso en tanto, si bien la actora invocó haber sido dependiente económicamente de sus padres, de la documentación agregada surge que desarrolló una actividad por la que percibía un ingreso.
Divorcio, culpa, culpa civil
Materia: CIVIL
Carátula: B., C. R. c/ J., N. S. s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-162148/06 (Tribunal de Familia - Vocalía II) Divorcio Contencioso
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-05-02

La culpa en el proceso de divorcio no puede tratarse con el mismo criterio que se juzga la culpa o el dolo en el incumplimiento de un contrato, en un accidente de tránsito o en otro daño del derecho propiamente patrimonial atento las materias regidas por el Derecho de Familia son indisponibles o imperativas para las partes intervinientes en el proceso respectivo.
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL
Carátula: CUBA SANTOS c/ RICARTE ALBERTO EDMUNDO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-04-29

Si lo pretendido por un recurrente es abrir la instancia extraordinaria, a través de la denuncia del vicio de arbitrariedad, deberá demostrar con sus argumentos que el Tribunal ha transgredido groseramente dichas reglas, o que la ha realizado en forma manifiestamente irrazonable o arbitraria.
Instrumentos privados, autenticidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Leguizammón de D. c/ Del Vecchio D. s/ Suc s-Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-26

I. La autenticidad de la firma puede acreditarse por diversas pruebas, entre ellas testigos que hayan presenciado el acto en el cual se suscribió el documento. No disminuye su eficacia la no inclusión en el texto del nombre del letrado interviniente, habida cuenta que no es uso propio de los abogados incluir (incluirlo).

II.La protocolización requerida al escribano por persona distinta a los firmantes de un instrumento privado no prueba la autenticidad de la firma ni otorga al documento carácter de instrumento público.

Sólo da al instrumento fecha cierta.
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Bianchi, Juana E. c/ Aguirre de Mársico, Delia s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-26

Corresponde hacer lugar al pedido formulado por la parte demandada en su contestación de agravios, respecto de los términos vertidos por la actora en su memorial al referirse a una testigo, los que resultan injuriosos y ofensivos y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 32 inciso 1 del Cód. Procesal Civil y Comercial, aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo 141 del Cód. Procesal Laboral, debe mandarse testar los términos señalados por la peticionante.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, acción de amparo, antigüedad, reglamentación de la ley, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ROLANDO, VIVIANA MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-21

En orden al recaudo de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto u omisión de que se trate, es menester destacar que la calificación de manifiesta implica que los vicios deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial, es decir, cuando el ataque es tan patente que se manifiesta -podría decirse en forma física- visible, ostensible y notoria; y en el sub lite, las alegaciones de la amparista al sostener arbitrariedad por considerar de manera diferencial la antigüedad docente para el concurso como suplente en escuela pública y en escuela privada, otorgándole a esta última la décima parte de la puntuación y no considerar la antigüedad como titular, resultan insuficientes para demostrar la fractura entre dicha reglamentación y el marco de atribuciones que le confiere el ordenamiento legal, toda vez que la disposición cuestionada se inscribe en el marco de legalidad y del derecho positivo vigente, de donde surgen asimismo, los requisitos que deberán reunir los aspirantes al ingreso a la docencia en el sector público además de las exigencias que establezca la reglamentación y la convocatoria a concurso, destacando particularmente que la labor docente no es igual según se desempeñen en el sector público o en el privado, en especial, difieren los sistemas de ingreso. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Netri) - CITAS: CSJStaFe: Bacchetta, AyS T 132, p 67/164. - Jurisprudencia Concordante con Burggi, AyS T 284, p 63/73; y Saez, AyS T 284, p 281/294.
Principio de congruencia, etapas del proceso, traba de la litis
Materia: PROCESAL
Carátula: D., E. E. y otro c/ CONSORCIO DE PROP. EDIF. "L. T." s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-02

Con la contestación a la demanda se integra la relación procesal, dejando fijadas las cuestiones sometidas a juzgamiento por el magistrado, sin que desde ese momento ni el juez ni las partes puedan modificarlas (arts. 34 inc. 4 -in fine-, 163 inc. 6, CPCC. Bs. As.), salvo los supuestos de excepción (arts. 363 , 255, inc. 5 , 163, inc. 6, CPCC. Bs. As.).
Contrato de obra pública, certificados provisorios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ASTILLEROS COSTA GUTA  S.A. c/ ESTADO NACIONAL ( P.E.N. - M. ECON-SEC. INT. MARITIMOS) s/ NULIDAD DE RESOLUCION Y DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-01

En el procedimiento contractual administrativo el certificado provisional no está sometido por entero a la disciplina general del acto administrativo, pues siempre se pueden modificar sus errores mediante una ulterior declaración y ello con prescindencia de que susciten derechos subjetivos a la percepción. Y tal interinidad no desaparece por más que se encuentren notificados e inclusive se hubieren percibido los importes liquidados.
Proceso penal, presunción de inocencia
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Perez Casasnovas, Jorge Marcelo s/ Pedido de cese de prisión preventiva interpuesto por el Dr. Víctor Guillermo Castro a favor del imputado Jorge Marcelo Pérez Casasnovas
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-08

La limitación a la libertad ambulatoria de quien es inocente por no haber sido declarado legalmente culpable sólo es legítima y tiene amparo constitucional si es absolutamente indispensable para evitar la fuga y la frustración del juicio o de la sentencia, siempre que tales peligros hayan sido concretamente comprobados en la causa y, claro está, que sean suficientes los motivos de sospecha sobre la responsabilidad que en los hechos aparentemente ilícitos se le endilgan.

Y es que, indudablemente, a la luz del principio constitucional de inocencia, resultaría intolerable restringir la libertad del imputado con base en livianas razones para sospechar sobre su intervención en un hecho de apariencia ilícita. Como consecuencia, sin que implique exigir el convencimiento en grado de certeza sobre la existencia y participación delictiva exigibles para dictar sentencia condenatoria, sólo cabe admitir tan gravosa medida precautoria si se sustenta en relevantes elementos de juicio que, apreciados con el debido rigor, permitan tener como probables los extremos de la imputación.
Actuación de oficio, facultades del juez, cosa juzgada
Materia: COMERCIAL
Carátula: Issa, Juan Carlos en autos "Mottino, Carlos Angel s-ConcursoPreventivo" s/ Impugnación Acuerdo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-07

La decisión de revocar de oficio una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada con el alcance que tiene el auto de apertura de concurso preventivo carece de sustento legal y doctrinario...La sentencia definitiva dictada, priva de jurisdicción al magistrado y sólo es pasible de los recursos reglados....