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Excepciones procesales, derecho de retención
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Villarroel Hernández, Modesto c/ Solís Wahnish Construcciones de Ingeniería S.R.L. s/ Solicita derecho de retención
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-03-11

El derecho de retención previsto en el art. 3939 del Código Civil y específicamente en el 3981 si bien originan privilegios, constituyen en realidad excepciones oponibles al propietario de la cosa o a terceros, en distintas situaciones y que por lo tanto sólo son oponibles cuando existe una pretensión concreta sobre la cosa, es decir una excepción procesal oponible sólo cuando alguien le reclama la entrega de la cosa y hasta que el retenedor sea desinteresado. En autos no existe litis ni reclamo alguno sobre la cosa -no lo es una inhibición general de bienes dictada en los términos del art. 229 del C.P.C.C.-, por lo que mal puede prosperar la solicitud actora de que se declare su derecho a retener la cosa.
Proceso penal, prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Carma, José Antonio s/ Dr. José Antonio Carma, Juez de Control de Garantías de 2ª Nominación  s/ Prórroga en causa Letra "R" Nº 10/07 "1) Robles, Fabián G.; 2) Suárez, Pedro D. y 3) Pérez Casasnovas, Jorge Marcelo p.s.a. 1) y 2) Robo doblemente calificado por el uso de arma y en poblado y en banda en calidad de coautor; 3) Robo doblemente calificado por el uso de arma y en poblado y en banda en calidad de partícipe necesario"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-04

El Juez de Control de Garantías solicita a esta Corte de Justicia la prórroga prevista en el art. 295 inc. 4 del C.P.P. (fs 2/5).

Si bien por el estado de la causa podría presumirse que habría desaparecido el peligro de que sea obstaculizada la investigación, estima este Tribunal que ahora existen más motivos para tener por acreditados los extremos de la imputación formulada y, en consecuencia, más razones para tener como probable el dictado de una sentencia condenatoria y, lógicamente, mayores incentivos para eludir la acción de la justicia y evitar el cumplimiento de la pena que eventualmente podría imponerse.

Es que, si bien, a título cautelar los imputados ya han padecido la privación de su libertad por el término de dos años -en principio, de mantener el Tribunal de enjuiciamiento la calificación legal dada a los hechos-, la eventual condena superaría ciertamente ese periodo atento que el monto punitivo mínimo previsto en la escala penal aplicable (art. 166 inc.2, en función del 167 inc.2.del CP) alcanza los cinco años de prisión.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el art. 26 del C.P, ese monto punitivo mínimo no permitiría suspender el cumplimiento de la pena que eventualmente podría imponerse en autos y, con arreglo a lo requerido por el art. 13 del CP, tampoco posibilitaría la liberación condicional de los eventualmente condenados, ni aún deduciendo en el cómputo respectivo el periodo sufrido hasta ahora en prisión preventiva.

Por lo tanto corresponde hacer lugar a la prórroga de la prisión preventiva solicitada por el Sr. Juez de Garantías, por el término estrictamente necesario, el que no podrá exceder de seis meses, contados desde que las actuaciones principales sean devueltas a la Cámara de Juicio.
Examen de admisibilidad, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Macko, Rolando Dario c/ Standard Bank S.A. Sucursal Resistencia s/ Daños Y Perjuicios", Expte. Nº 13155/10-1-C S/ Queja Extraordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-12-11

La Alzada.tiene el deber de examinar los requisitos de admisibilidad de los remedios incoados. Este último extremo aparece verificado en la especie, en la medida que la Cámara denegó justificadamente los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuestos, ante los incumplimientos formales comprobados. Por otro lado, invoca el recurrente en su queja que, atento las peculiaridades del caso, la Alzada debió superar las deficiencias formales y conceder igualmente los remedios extraordinarios. Sin embargo, en este aspecto interesa destacar que tal facultad de superar el análisis formal corresponde en exclusividad a este Superior Tribunal como juez del recurso.
Prescripción decenal, simulación ilícita
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bonato, Claudio Sebastian c/ Isgleas, Elena Juana Y Otra s/ Ordinario (Expte.Nº1386)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-04-30

Cabe aplicar el plazo de prescripción decenal para la procedencia de la acción de simulación ilícita, pues existe un interés que resulta menoscabado de modo franco e inmediato, cual es el del tercero que no intervino en la misma, cuya protección, por su posición ante el evento dañoso, debe primar, máxime teniendo en cuenta que se trata del plazo residual para aquellas nulidades que no tienen determinado legal y específicamente en la legislación vigente un término de prescripción - art. 4023 in fine del Cód. Civil-.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, Poder Judicial, nombramiento, acto administrativo, estabilidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: PARODI, CLELIA GLADYS MORANA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. INCIDENTE  DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA.     CSJ EXPTE NRO 178-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-09-05

No procede disponer la suspensión del efecto propio del acto administrativo de nombramiento de un funcionario del poder judicial, cual es el habilitar a este poder para investir al agente mediante el juramento, si ello no causa agravio a la situación que la recurrente quiere tutelar.

En el caso, el requerimiento apunta a privar al acto de estabilidad, posiblemente por entender que ése sería efecto propio del juramento, sin advertir que está relacionado lógica y jurídicamente con la impugnabilidad del acto, estabilidad de la que éste resulta privado por la mera interposición del recurso.
Contratos, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Donati, Alberto c/ Cortijo, Fabian s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

Es procedente la reparación por daño moral, cuando de la causa penal sustanciada, puede apreciarse la alteración emocional del contratante perjudicado.
Recurso extraordinario, cuestión federal, inconstitucionalidad, publicación de la ley, ley vigente, adopción
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: IEH s/ adopción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

Las objeciones referidas a la inconstitucionalidad del art. 313, segundo párrafo del Código Civil, incorporado por la ley 24.779, constituyen un planteo deducido extemporáneamente, pues si bien para dicho momento la ley aún no había alcanzado vigencia, ya había sido publicada y su aplicación constituía una circunstancia previsible que imponía el oportuno planteamiento de la cuestión, máxime cuando no se invocó ni probó que existieran motivos que hubieran impedido proponer a la consideración y decisión del a quo la cuestión relativa a la constitucionalidad de la norma legal atacada, desde la fecha de su publicación hasta la de la sentencia definitiva (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Fuerzas Armadas, personal militar, derecho de los beneficios de la seguridad social, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GARCAA,  SEGUNDO c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones dela  PolicIa  Federal s/ Personal  militar  y civil de las fuerzasarmadas y de seguridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-23

Si bien resulta razonable entender incluida la movilidad jubilatoria (art. 14 de la C.N.) dentro de los máximos que establece el poder administrador para los haberes jubilatorios con criterio a el reservado, ya que con ello se hace posible la previsibilidad de las erogaciones y se asegura una distribución más justa de los beneficios, ello es así siempre que la disminución operada se mantenga dentro de los límites que el tribunal señaló como razonables (cfr. "Cebral, Fernando A.", sent. del 21.04.92).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, jueces, iura novit curia, contadores públicos, honorarios, ejercicio profesional, relación con el cliente, mandato
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Visintini, Gabriel A. c/ Forciniti, Adriana M. s/ Recurso de inconstitucionalidad- Demanda ordinaria (Expte. C.S.J.   Nro. 308 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-27

No demuestran los recurrentes que el Órgano revisor se haya excedido en la atribución judicial del "iura novit curia" por juzgar, so color de la determinación del derecho aplicable, hechos diferentes a los debatidos en la causa, más se vislumbra que se trata de una circunstancia relativa a la aplicación del derecho correspondiente a una determinada situación fáctica. Siendo ello así, mal puede endilgársele arbitrariedad al Juzgador por el sólo hecho de adoptar una de las corrientes doctrinarias que han examinado la naturaleza jurídica de los contratos que tienen por objeto actividades liberales. Más específicamente, la Alzada ha optado por la "teoría del contrato variable", que pone el acento en verificar prolija y acabadamente las connotaciones propias de cada caso concreto a fin de determinar la vinculación existente entre profesional-cliente y, en esa labor jurisdiccional, concluyó en la configuración del mandato en la especie.
Sentencia, contenido de la demanda, modificación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: "Unión  de Usuarios y Consumidores c/ CNC -Resol. 1763/99 y otros s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-12

Al momento de dictar sentencia no se puede dejar de ponderar la pretensión articulada en la demanda, a la luz de los cambios operados en la legislación (Cons. VI).
Contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, empleador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: COLETTI, DARIO OSCAR c/ SOLLIER, MAURO SEBASTIAN Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION  DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-05

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que las invocaciones del quejoso no logran traspasar el límite de la mera disconformidad con los criterios de selección y ponderación de pruebas utilizadas y en la manera en que la Alzada interpretó y aplicó el derecho común para concluir en la falta de acreditación de la existencia de relación laboral entre las partes, entendiendo aplicable en la especie la presunción legal del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y destacando que los dichos de un único testigo respecto a que el codemandado recibiera el pago de los cortes en la peluquería donde trabajaba el actor, no alcanzaban para imputarle a éste los poderes de organización y dirección propios del sujeto empleador.
Contratos, compraventa de automotores, resoluciones judiciales, transferencia de patente, responsabilidad de la concesionaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: López, Carlos Walter Fabián c/ Nuñez, Alejandro Horacio y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-02

Procede confirmar la sentencia que declaró resuelto el contrato de compraventa, al no poder inscribirse la transferencia del automóvil a nombre del accionante en virtud de una observación en el trámite ocasionada por la baja de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del titular registral que impedía la acreditación del Certificado de Transferencia Automotor (CETA), documento indispensable para tal fin. Ello en tanto la inconsistencia del CETA no iba a poder ser superada, por lo que optó por tener por resuelto el contrato con la consecuente devolución de lo pagado. En ese marco, cabe atribuir en un 70% la responsabilidad a la concesionaria codemandada, en tanto participa en su calidad de habitualista en el comercio de automotores, entregando al momento de realizar la operación, la posesión del vehículo mencionado en el estado en que se encontraba. Según la normativa aplicable tal carácter se ajusta a las personas humanas y jurídicas, que en forma habitual realicen -por cuenta propia o por cuenta y orden de terceroslas operaciones de intermediación y/o compraventa de vehículos automotores y/o motovehículos usados (AFIP, RG 2729/09, art. 7 y AFIP, RG 2032/96, art. 3). Como consecuencia de tal actividad mercantil se encontraba obligado a cumplir ciertas disposiciones, de índole informativo y de empadronamiento, establecidas en la normativa referida para la comercialización de autos usados; entre ellas se destaca la imposición de inscribir a su nombre el vehículo usado que adquiriera para su posterior reventa, aunque lo tenga como mero tenedor (decreto-ley 6582/58: 9).
Denegatoria del recurso, elecciones, lista de candidatos
Materia: PROCESAL
Carátula: Elecciones Año 2023 c/  s/ incidente de apelación - trámites electorales - elecciones año
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-12

Corresponde rechazar el recurso porque el art. 142 del Código Electoral impone la siguiente secuencia de pantallas: i) la que establece la opción de votar por agrupación o por categorías, ii) una posterior que permite elegir la agrupación en cuya elección interna busque participar el elector, y iii) una tercera que exhibe las listas competidoras en la interna de la agrupación escogida en el paso anterior. Pese a ello, aun cuando los propósitos cuya consecución encomienda el CE tanto al Instituto como al Tribunal pudieron inspirar la idea de facilitar la comprensión al elector mediante la exhibición de las fotos, lo cierto es que ello no es posible si no son exhibidas las listas en lugar de las agrupaciones. Ello así porque sería difícil reunir las fotos de todos los competidores de la interna como sustento de la identidad de la agrupación. Omitir las fotos, en cambio, condenaría a que el elector identificara la agrupación de su preferencia por un medio relativamente abstracto, en lugar de hacerlo por la foto de su candidato, como parece ser la costumbre más extendida. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Control de constitucionalidad, cuestión federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, selección de causas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Editor Responsable y/o Director del Diario La Nación s/ art. 110 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

Pese al aparente carácter potestativo del art. 280 del Código Procesal, la obligación de hacer justicia por la vía del control de constitucionalidad torna imperativo desatender los planteos de cuestiones, aún federales, carentes de trascendencia.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, doctrina legal, concurso preventivo, honorarios, base regulatoria, regulación de honorarios, crédito verificado, actualización monetaria, intereses
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ Primera ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la   verificación concursal -tempestiva y tardía- de créditos?. Segunda   ¿Corresponde regular honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante, distinguiendo según aquel sea contador o abogado y   según se impongan o no las costas al tercero verificante?. Tercera   ¿Cuál es la base regulatoria? ¿Se computa la desvalorización   monetaria y los intereses? Cuarta ¿Corresponde reducir la escala   arancelaria en función del trámite seguido y de las etapas cumplidas?   Auto sprint sobre quiebra. Incidente verificación crédito (Expte.   Nro. 128-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

En los concursos preventivos, la base regulatoria es el monto del crédito insinuado, revalorizado (o actualizado) a la fecha del cálculo del honorario. Los intereses de aquella acreencia se adicionan a dicha base sólo cuando se ha solicitado la verificación de ellos.
Accidentes de trabajo, derecho de opción
Materia: LABORAL
Carátula: Porcel, Juan Dante c/ Dirección de Energía Prov. Bs.As. (D.E.B.A.) s/ Indemnización enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-15

Pendiente el trámite ante la Subsecretaría de Trabajo, el ejercicio de la opción por la acción común prevista por el art. 17 de la ley 9688 debe efectivizarse con anterioridad al dictado de la resolución administrativa que fije la indemnización especial.
Despido, pérdida de confianza, contenido de la demanda, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Labonia, Osvaldo c/ Carrefour de Argentina S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-15

Si el despido se fundo en "perdida de confianza" y no se acreditó ni alego en forma concreta en el escrito de demanda, que la empleadora hubiera cometido otros actos ilegítimos (infundadas denuncias policiales o judiciales, o una difamatoria difusión o publicación de las causales no acreditadas del despido), que pudieran haber lesionado otros bienes jurídicamente protegidos y especialmente amparados por el derecho del trabajo, o que pudiera ocasionar un daño moral al trabajador, por lo que, faltando el elemento de intencionalidad o ilicitud, no pueden los sentimientos subjetivos alegados como fundamento de esta reparación, por sí solos, constituir fuente generadora de reparaciones adicionales a las establecidas tarifariamente, por la Ley de Contrato de Trabajo.
Estatuto profesional, colegio profesional, médicos, recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Caldelari, Federico Antonio c/ Colegio de Médicos de Catamarca s/ Cobro de pesos - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-03-05

Sin perjuicio de entender que un estatuto, por su naturaleza jurídica, es una ley en sentido material, no deviene incorrecta su aplicación como fundamento del fallo del A-quo que se impugna.

El decisorio que al dirimir la cuestión se basa en el Estatuto del Colegio Médico no puede definirse en este sustento, puesto que de ninguna manera emerge una respuesta clara y directa a la causa en debate, revelándose forzada, con aparente o carente sustento jurídico la determinación de la inteligencia de la norma estatutaria, resultando su conclusión una afirmación conjetural de aparente satisfacción de los requisitos que este Tribunal de casación ha supeditado, con base en la Constitución para la validez de los actos judiciales.

En efecto, endilgarle tal exégesis a dicho estatuto significaría que el Colegio Médico estaría obligado a pagar todas las deudas derivadas de todos los trabajos efectuados por los médicos -socios- para los afiliados de las obras sociales. Mal puede interpretarse que los convenios que el Colegio suscribe en representación de sus socios no le son oponibles al actor por no ser parte, máxime si es el mismo convenio donde el actor apoyó su reclamo y del que surge que los pagos que se pretenden no están a cargo del demandado.

La aplicación, en el caso, del estatuto del Colegio Médico representa un desvío notable y patente de las leyes del raciocinio, que evidencia contradicción entre las circunstancias de la causa y la sentencia, configurando un absurdo que habilita la casación del fallo en crisis. (Del voto de la mayoría).
Medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pittaluga, Héctor Pedro c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut y Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa y de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-08

"Se entiende que cuando las cautelas dispuestas para satisfacer una necesidad de aseguramiento provisional específica resulten insuficientes o excesivas, dichas situaciones pueden ser establecidas a través de esta medida ( medida de no innovar) precautoria genérica"; y que la previsión contenida en ese artículo "no puede tener otro significado que poner en manos de la justicia los elementos que sean necesarios par la mejor custodia de los derechos litigiosos".
Divorcio, adulterio, infidelidad, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: R., L.A. c/ F., E.A. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-15

Es procedente la reparación del daño moral, reclamado por el esposo en el juicio de divorcio, si la esposa, cuando aún convivía con aquél en el que fuera la sede del hogar conyugal, se mostró abiertamente, frente a terceros incluso de los propios hijos del matrimonio en actitudes indecorosas, impropias de una mujer casada, con otro hombre, hechos éstos susceptibles de provocar un agravio al marido, lesionando sus sentimientos espirituales.-
Inconducta procesal, temeridad o malicia, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: T. W. S.A. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-08

Para aplicar multa por temeridad o malicia, los propósitos obstruccionistas o dilatorios deben ser evidentes, manifiestos, de manera que no todo desconocimiento del derecho de la contraria ha de reputarse malicioso, siendo el pago de las costas la sanción habitual del litigante que ha promovido una demanda injusta.
Accidente de tránsito, valor venal, prueba pericial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOYERO RUBEN HUGO c/ PEDRO AMADEO BONFIGLI s/ ORDINARIO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-15

Si bien el demandado al contestar la demanda ha reconocido su conducta culposa en el hecho, sin embargo dicha aceptación no impone per se la asunción de cualquier daño que el actor alegue como resarcible. Lo será sólo aquél que haya sido acreditado mediante prueba en concreto.

Si el actor no ha logrado probar ni la existencia ni el quantum del rubro valor de reventa del vehículo no puede razonablemente pretender que ello sea objeto de conocimiento en la etapa de ejecución de sentencia, cuando dicho momento procesal está reservado para establecer el quantum debeatur y no la existencia misma del rubro a resarcir (arg. art. 354 C.P.C.).- (Del voto de la Dra.

Orchansky por sus fundamentos).
Ejecución fiscal, Impuesto sobre los ingresos brutos, ley vigente, prescripción
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Fleetmar S.A. y Otro S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en GCBA c/ Fleetmar S.A. s/ ejecución fiscal - ingresos brutos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-08

Sin perjuicio de considerar que la decisión recurrida no proviene del superior tribunal de la causa, a los efectos del reenvío dispuesto por los jueces preopinantes, este caso debe resolverse de acuerdo al principio establecido por el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, relativo a la eficacia temporal de las leyes, según el cual, es la ley vigente al tiempo de surgir la obligación de pagar el tributo, la que determina cuál será el plazo de prescripción y el inicio del cómputo de este. Y, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, esta se aplica a las consecuencias de las situaciones jurídicas existentes (efectos de la determinación de oficio, de la resolución de los recursos administrativos, causales de suspensión y de interrupción). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Delitos contra la propiedad, robo, hurto calificado
Materia: PENAL
Carátula: M., C.A. s/ Usurpación por Despojo en concurso real con Robo en Despoblado.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-02

El robo " ... es una figura calificada del hurto (como cualquiera de las del art. 163, Cód. Penal), con la que se encuentra en relación de género a especie. El robo, pues, es un hurto agravado por la violencia que se ejerce como fuerza en las cosas o como violencia sobre las personas, o sea por los medios perpetrados para lograr el apoderamiento o consolidarlo.