Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-08-17


000062/2010 --- En la ciudad de Trelew, a los días de agosto del año dos mil diez, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Aldo Luis De Cunto, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "N. P. A. c/ L. S. L. s/ Filiación Extramatrimonial" (Expte. 62 - Año 2010 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 276.--A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por el demandado a fs. 248/249 respecto de la imposición de las costas y de los honorarios regulados por considerarlos altos conforme fundamentos que resultan de la nota de fs. 261 en atención al desglose dispuesto según resolución de fs. 256/vta., que fueran concedidos a fs. 252 y 250, respectivamente, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 243/244 y vta. que declaró la cuestión abstracta e impuso las costas al accionado.

Los agravios vertidos lucen a fs. 266/270, el traslado conferido a fs. 271 no fue evacuado por su contraria, y señala el apelante que la sentencia resulta arbitraria y contraria al derecho vigente en cuanto a la imposición de costas y a renglón seguido alude a los fundamentos vertidos en el fallo a fs. 244, tercer párrafo. Manifiesta que la jueza se apartó del principio general y omitió considerar el resultado del proceso, para lo cual debe tenerse en cuenta que la cuestión devino abstracta por lo que no existe una parte ganadora y otra perdedora. Entiende que por haberse decretada la cuestión abstracta ello impediría la determinación de la imposición de costas dado que ésta es una cuestión accesoria, como también que no obstante ello aún considerando que pudiera fijarla la misma obligatoriamente debe ser en el orden causado habida cuenta del resultado del conflicto en cuestión. Estima que la jueza hizo un análisis mendaz en cuanto tiende a calificar la conducta de su parte, y además que carece de elementos válidos y certeros para calificar su conducta y su posición frente al derecho y a los hechos conocidos en el proceso. Expresa que jamás le generó algún tipo de resolución en el transcurso del proceso sino que también carece de fundamentos válidos, destacando que no se respetó los derechos de su parte en cuanto a las notificaciones. Agrega que la propia jueza dilató el procedimiento dado que no permitió la realización de un ADN cuando esta parte requería el mismo, que a su vez había sido solicitado por ambas partes. Sostiene que no hay dilación del proceso cuando su parte no está notificada del acto en tiempo y forma, y tampoco cuando un acto no puede realizarse por cuestiones de fuerza mayor como se explicitara en su momento por tener obligaciones notificadas con anterioridad. Expresa que únicamente se pudo realizar la extracción de sangre cuando la jueza había tomado licencia lo que determinó que quien subrogara el tribunal lo permitiera, y que la actitud de la jueza en una postura inentendible observó solo sus propios intereses. Manifiesta que brindó en forma permanente su colaboración, y que el criterio que adoptó la jueza es contra la ley y asimismo contraria a los tratados internacionales que conforman el bloque constitucional. Alude a la diferenciación que efectuó el juzgador en materia de honorarios entre los correspondientes a los letrados de la actora y los de la demandada. Formula observación en cuanto a la existencia del reconocimiento administrativo que no se generó por efecto de una sentencia sino por la propia voluntad y determinación de quien fuera considerado por la prueba producida el padre biológico. Menciona que la eximición de costas queda librado en caso concreto al prudente arbitrio judicial, pero siempre y cuando exista un litigante vencido, pero cuando la determinación deviene abstracta no existe litigante ganador ni litigante vencido. Con cita de doctrina y jurisprudencia sostiene que las costas no tiene el carácter de sanción ya que se funda en el hecho objetivo de la derrota y no está condicionada a la temeridad, mala fe, o mora del litigante vencido. Refiere doctrina y agrega que cuando la controversia sobre el fondo de la cuestión se tornó abstracta, ocurre una "sustracción de materia", por lo que el tribunal no puede emitir un pronunciamiento de mérito acogiendo o desestimando la pretensión deducida, y las costas deben imponerse por su orden por no revestir ninguna de las partes el carácter de vencedor ni de vencido. Estima en base a un fallo que cita que si el pronunciamiento se limita a declarar la cuestión abstracta ello importa la imposibilidad de resolver sobre la cuestión accesoria: las costas. Funda en derecho y peticiona se revoque parcialmente la sentencia apelada imponiendo las costas por su orden.

2. Al ingresar al estudio de la causa corresponde señalar que por "parte vencida" debe entenderse, a los efectos de la norma que analizamos (art. 68, apartado primero, del C.P.C.C.) a aquélla que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1970, T. III, par. 312 b), pág. 369).Es el hecho objetivo de la derrota lo que determina la condena en costas. Su fundamento no es otro, que el de haber sostenido, sin éxito, una pretensión jurídica. Nuestro código que sigue también el criterio del vencimiento como regla, pero, como vamos a ver, ha ampliado considerablemente las facultades del juez, permitiendo regular las costas de acuerdo con las modalidades de la causa (Alsina, Hugo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ediar, 2da. ed., 1961, T. IV, pág. 527).Con tales alcances, debe señalarse que en la presente causa la cuestión a resolver devino abstracta (sentencia interlocutoria de fs. 243/244 y vta.) como consecuencia de la actividad cumplida por el demandado al tomar conocimiento de las conclusiones de la pericia biológica efectuada (pericia, fs. 226/230; notificación con fecha 16/10/2009, fs. 232 vta; y reconocimiento efectuado el 02/12/2009, conforme constancias del certificado de nacimiento de fs. 238 y manifestaciones de fs. 241/vta.). Al respecto, cuando la cuestión se declara abstracta nuestro Superior Tribunal de Justicia estableció que "En lo relativo a las costas, si bien no habría vencedores ni vencidos en esta etapa para seguir los lineamientos dispuestos por el art. 71 del C.P.C.C., es criterio de los jueces disponerlos de otro modo teniendo en cuenta aspectos relevantes desarrollados a lo largo del proceso. Así la conducta de las partes antes y durante el mismo. ...Porque si bien la declaración de abstracta de la cuestión por parte del juzgador lo imposibilita de fallar en el fondo del asunto ante la desaparición de la base fáctica y jurídica de la pretensión del actor, no lo exime, sin embargo de imponer las costas al demandado cuando existe mérito para ello ..." (del voto del Dr. Caneo, autos caratulados "M., J. J. y Otros c/PROVINCIA DEL CHUBUT s/acción de Amparo", sentencia del 06/10/2008, S.R.O.E. Nº 06/08). En este último aspecto se consideró que "La carga por su orden, tal la regla en supuestos en que la cuestión es declarada abstracta, supone un injusto en la medida en que la actora fue compelida a litigar. ... Aquí habré de distinguir los casos en que la cuestión abstracta se halla en el origen del cuestionamiento, donde tuvo virtual existencia en dicho momento, pero que luego, por diversos motivos dejó de ser actual y concreto." (del voto del Dr. Royer en el citado pronunciamiento).En ese direccionamiento, se precisa que "... las costas deben imponerse a la parte que con su conducta diera lugar a que la actora, tuviera, al momento de impetrar la demanda, motivo suficiente para dilucidarla, aún en los casos en que el interés legítimo falta en la actualidad, por los hechos sobrevinientes a la iniciación de la acción ...

De esta manera, la situación de inexistencia de establecimiento alguno que pudiera permitir la continuación de los estudios acordes a la discapacidad múltiple, fue resistida por la demandada al referir que no pesaba sobre ella ninguna responsabilidad de atender dichas circunstancias, para luego crear, efectivamente el servicio requerido" (del voto del Dr. Caneo). "La declaración de abstracta con la cual califico hoy a la cuestión debatida en autos, no era la misma al momento del inicio de esta Acción judicial. Debo recordar que la demandada, primero negó su obligación legal de crear el servicio, pero más tarde, dio cumplimiento a la pretensión de los demandantes, circunstancias relevantes que me conducen a fijar las costas de esta instancia, a cargo de la Provincia del Chubut" (del voto del Dr. Royer) (S.T.J., S.R.O.E. Nº 06/08).Y la reseña efectuada de tales votos tiene el sentido de aclarar que es obligación del Tribunal pronunciarse en materia de costas -por lo que no le asiste razón al recurrente cuando manifiesta que existiría una suerte de impedimento para la determinación de las costas (ver fs. 267, primer párrafo)- ya que la mera circunstancia de que una cuestión litigiosa se torne abstracta no constituye razón suficiente para sostener que ello sea un obstáculo para imponer las costas a la accionada, sino que por el contrario, resulta preciso examinar las causas que condujeron a ese desenlace y las circunstancias en que tuvo lugar, como así también en qué medida la conducta de cada una de las partes influyó para que la controversia finalizara de es manera (CNApel. Civil y Comercial Federal, Sala III, 27/04/10, "Menghi Adriana Silvia c/ Organización Servicios Directos Empresarios - OSDE s/ sumarísimo", MU-JU-M-56486).También en ese último sentido cabe destacar que la declaración de costas por su orden o la eximición de las mismas al vencido -según la postura que se adopte- resulta procedente si el hecho sobreviniente fue ajeno al demandado o si originada dicha circunstancia en su accionar no dio lugar a la promoción del juicio.Por eso, desde otra perspectiva se señala que una de las circunstancias admitidas por la jurisprudencia para eximirlo de costas es el haberse tornado abstracta la cuestión (Loutayf Ranea, Roberto G., "Condena en costas en el proceso civil", Astrea, 1998, pág. 84), ello con las salvedades antes expuestas.En ese contexto, desde que en la presente causa el suceso sobreviniente se produjo por la actividad del demandado cabe analizar si con anterioridad a la promoción del juicio tuvo oportunidad esa parte de conocer el reclamo y reconocer en consecuencia su paternidad.Al respecto, del escrito de contestación de demanda que luce a fs. 41/44 y vta. resulta que si bien el accionado no se allanó expresamente a la demanda lo cierto es que se sometió voluntariamente y con carácter previo a toda otra actividad procesal al resultado de los exámenes genéticos (ver ofrecimiento de prueba, p. III. 1, fs. 44; y petitorio, p. 3, fs. 44 vta.).

Y además de no rehusarse a hacer las pruebas genéticas para tener certeza de la paternidad que se le imputaba, debe valorarse que del mencionado escrito también surge que el accionado negó los hechos alegados por la actora (p. II, fs. 41/43) y manifestó haber tomado conocimiento recién al ser notificado de la demanda (fs. 43 vta., tercer párrafo), circunstancia por demás relevante pues la accionante no pudo acreditar que el demandado tuviera conocimiento con anterioridad a la promoción de la demanda tal como lo alegara en su escrito de inicio (p. III, fs. 19 vta.) por haber desistido de la testimonial ofrecida (escrito de fs. 234), sin perjuicio de que la audiencia de vista de causa se dejó sin efecto (petición formulada por esa parte a fs. 239 y providencia de fs. 240).Nótese en ese direccionamiento que la citación dispuesta por la Asesoría de Familia a fin de lograr la comparecencia del Sr. L. L. S. (fs. 2) no pudo ser notificada en forma personal como indican las cédulas de notificación ya que no se encontraba (fs. 7 vta. y 10), y por no ser habido a pesar de concurrir el funcionario policial en diversas oportunidades (fs. 17). Aclaro que la última de las notificaciones tuvo resultado negativo de acuerdo al informe producido el 17 de abril de 2008 (fs. 17 "... el suscripto se hace presente en citado domicilio en varias oportunidades en donde no fue habido el propietario del mismo, ni persona alguna ...", por lo que mal puede considerarse que la cédula librada se recepcionó "debidamente diligenciada(s)" (sic) según consta a fs. 18 vta., máxime cuando dicha nota lleva fecha anterior, esto es, del 14/04/2008.En tales condiciones, no existe incorporado a la causa elemento alguno que permita acreditar el hecho invocado por la actora en el sentido que el demandado tuvo conocimiento del reclamo de filiación con anterioridad a la interposición de la demanda. Con ese alcance, resta por considerar el fundamento expuesto en el fallo en crisis al fundar la decisión de imponer las costas al accionado en la conducta procesal que desplegara durante la sustanciación del juicio.Dicho razonamiento se encuentra referido específicamente a la circunstancia de que el demandado no concurrió al acto de extracción de sangre dispuesto para los días 28 de noviembre de 2008 y 12 de diciembre de 2008 a pesar de encontrarse notificado (ver cédulas de fs. 64/vta. y 70/vta.), y asimismo a los planteos de nulidad y recusación efectuados con la presentación del escrito de fs. 83/85 y vta. y posterior incidencia en la tramitación de la causa, a cuyo respecto estimo con relación a la nulidad deducida que ello hace al legítimo ejercicio del derecho de defensa por lo que no puede incidir tal planteo en el régimen de imposición de costas.Por otra parte, no participo del criterio seguido por la Sra. Juez de la anterior instancia pues en todo caso la conducta procesal asumida por una de las partes durante el desarrollo del proceso tiene una sanción específica en el ordenamiento procesal conforme lo prescribe el art. 45 de la Ley XIII Nº 5, Anexo A (antes del C.P.C.C.), sin necesidad de valorar tal conducta a los fines de imponer las costas pues de así entenderlo importaría considerar a las mismas como una sanción, postura de la que no participa la doctrina y jurisprudencia mayoritaria.

Por eso se sostiene que las costas son corolario del vencimiento, y no se imponen como una sanción, sino simplemente para resarcir las erogaciones que ha debido efectuar una de las partes, con el fin de lograr el reconocimiento de su derecho (Loutayf Ranea, ob. cit., pág. 45).Las costas no revisten el carácter de pena sino el de indemnización a quien injustamente se ve obligado a efectuar erogaciones judiciales, es decir, comprenden los gastos ocasionados al oponente por obligarlo a litigar, con prescindencia de la buena o mala fe o de la razón de las partes, pues la conducta de éstas o el aspecto subjetivo es irrelevante (C.N.Civ., Sala D, 15/12/98, L.L. 2000-A, 548).El criterio objetivo del vencimiento o derrota como base para la condena en costas no implica una penalidad para el litigante vencido, sino que tiene por objeto resarcir a la contraria de los gastos en que su conducta la obligó a incurrir (CNFed. Civ. y Com., Sala II, 03/03/98, L.L. 1998-D, 870).De tal modo, debe ponderarse que el demandado no tuvo conocimiento con anterioridad a la promoción del juicio del reclamo de filiación por lo que no tuvo oportunidad de reconocerlo con anterioridad, no se rehusó a hacerse las pruebas genéticas ya que se sometió voluntariamente a la prueba biológica con carácter previo a toda otra actividad procesal (fs. 14 vta., p. 3 del petitorio), y ante el resultado obtenido (conclusiones, fs. 230) procedió al reconocimiento de la menor ante el Registro Civil (certificado, fs. 238, y manifestaciones, fs. 241/vta.).Por tales razones, corresponde hacer lugar a los agravios vertidos en ese aspecto por el quejoso debiendo revocarse parcialmente el fallo de la anterior instancia para imponer las costas en el orden causado (art. 72 de la Ley XIII Nº 5, Anexo A; art. 71 del C.P.C.C.).3. Tocante a la apelación deducida por el accionado al estimar altos los honorarios regulados (escrito de fs. 248/249 cuyo desglose fuera dispuesto por resolución de fs. 256/vta., y fundamentos de los que se dejara constancia en el informe de fs. 261), corresponde señalar que en atención al modo en que se imponen las costas resulta evidente que esa parte carece actualmente de interés respecto de los emolumentos dispuestos a favor de las letradas actuantes por la actora.Por ello, no corresponde pronunciarse a ese respecto toda vez que todo agravio para que justifique el recurso debe ser personal del recurrente. El agravio, para justificar el recurso de apelación, debe también ser actual, es decir, debe existir al momento de apelar y subsistir al momento de dictar sentencia (Loutayf Ranea, Roberto G., "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, vol. 1, par. 72 y 73, págs. 201 y 202/203).Configura requisito subjetivo de admisibilidad del recurso la circunstancia de que la resolución correspondiente ocasione, a quien lo interpone, o a su representado, un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, cual es el interés (Palacio, Lino Enrique, ob. cit., 1975, T. V, par. 546, pág. 85).

Respecto de los honorarios de la Dra. H. T., atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en la anterior instancia, pero también ponderando que se dejó sin efecto la audiencia de vista de causa y se declaró la cuestión abstracta (fs. 240 y 243/244 vta.) con lo que no se cumplió la totalidad de las etapas previstas para el proceso ordinario -trámite establecido para la presente causa, fs. 25-, estimo prudente reducir los mismos para fijarlos en la suma de pesos un mil ($1.000.-) (arts. 5, 29, 36, 37 y 46 de la Ley XIII Nº 4; arts. 6, 30, 37, 38 y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.4. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para imponer las costas de primera instancia en el orden causado (art. 72 de la Ley XIII Nº 5, Anexo A; art. 71 del C.P.C.C.), y reducir los honorarios de la Dra. H. T. para fijarlos en la suma de pesos un mil ($1.000.-), con más el I.V.A. pertinente.Asimismo, si bien progresa el agravio vertido por el demandado con relación a la imposición de las costas de primera instancia, ante la falta de comparecencia de esa parte por dos veces a la extracción de sangre pese a estar debidamente notificado (cédulas de notificación obrantes a fs. 64/vta. y 70/vta.) al encontrarse firme el decisorio de fs. 113/vta., y rechazo de los planteos efectuados (ver sentencias interlocutorias de fs. 105/vta. y 211/212), considero que pudo el juzgador estimar razonable imponerle las costas del proceso por la conducta procesal desplegada durante la sustanciación de la causa, por lo que las circunstancias del caso tornan al menos dudosa la cuestión y permite eximir de costas a la contraria, máxime cuando no formuló oposición ya que no contestó el traslado conferido a fs. 271, todo lo cual amerita imponer las costas de segunda instancia en el orden causado (art. 69, segundo párrafo, de la Ley XIII Nº 5, Anexo A; art. 68, igual párrafo, del C.P.C.C.).Finalmente, conforme a las pautas apreciativas expuestas al punto 3 que antecede y lo previsto por el art. 13 de la Ley XIII Nº 4 (art. 14 de la ley del arancel) entiendo prudente regular los honorarios de la letrada del apelante Dra. H. T., por las tareas desplegadas en esta instancia, en la suma porcentual equivalente al 30% de la cantidad establecida para los emolumentos de la anterior instancia, con más el I.V.A. correspondiente.Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó:En atención a la claridad de la reseña que efectuara el Sr. Magistrado antes sufragante respecto de la resolución de origen de fs. 243/244 vta. y de los agravios que contra la misma expusiera la actora a fs. 266/270, me remito a la misma en homenaje a la brevedad, procediendo a ingresar directamente en el tratamiento de las quejas vertidas por la apelante. Sin perjuicio de ello encuentro conveniente aclarar que la resolución recurrida declaró abstracta la cuestión de fondo e impuso las costas al demandado. Asimismo, de acuerdo al informe de fs. 261, es de aclarar que también se interpuso recurso de apelación respecto de los honorarios regulados por altos.- I.- Paso al examen de los agravios esgrimidos por la recurrente.-1) Cabe señalar que las costas o gastos causídicos son las erogaciones impuestas a quienes intervienen en un proceso, para la iniciación, prosecución y terminación de éste, o de un incidente dentro de él (conf. CN. Civ., Sala G, 11/8/88, LL, 1989-D-597). La imposición de costas presupone la existencia de un proceso contencioso, esto es, una controversia sobre el derecho cuya composición se produce con la declaración de certeza del órgano jurisdiccional (conf. CN. Civ., Sala A, 6/7/88, LL, 1989-D-604, nº 6538). También, en principio supone su imposición a quien es parte (conf. SCBA, 27/12/88, DJB, 136-1569). Asimismo es de recordar que la imposición de costas es un accesorio de la sentencia definitiva o interlocutoria (conf. CN. Civ., Sala A, 3/2/88, LL, 1989-D-604, nº 6540).-El principio general que rige en materia de costas, de acuerdo al art. 69 de la ley XIII, Nº 5, Anexo A -antes art. 68 del CPCC-, explicita que el fundamento de esta condena es el hecho objetivo de la derrota. Según Chiovenda, "la justificación de esta institución está en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar", naciendo su imposición del deber del juez de condenar al derrotado. Por lo tanto, el vencido debe cargar con todos los gastos que hubo de realizar el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho, "quien debe salir incólume del proceso" (conf. Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. Astrea, 1993, Tº 1, págs. 280/281).-2) En la especie no hubo vencimiento alguno en el decisorio apelado, ya que se declaró abstracta la cuestión. Dicha declaración obedeció a la circunstancia de que el accionado procediera al reconocimiento de paternidad de la menor en cuyo interés se promovió la presente demanda (ver resolución a fs. 244, 2do. párrafo, partida de nacimiento de fs. 238 y presentación de fs. 241/vta.). Todo ello como consecuencia del conocimiento del demandado acerca de las conclusiones de la pericia de fs. 226/230, a través de la notificación de fs. 232/vta. al 16/10/09.-De acuerdo al antecedente citado por el vocal prevotante, el máximo tribunal provincial (conf. STJCH, SROE Nº 06/08 del 07/10/08), tiene dicho que al declararse abstracta la cuestión "...si bien no habría vencedores ni vencidos en esta etapa para seguir los lineamientos dispuestos por el art. 71 del C.P.C.C., es criterio de los jueces disponerlos de otro modo teniendo en cuenta aspectos relevantes desarrollados a lo largo del proceso. Así, la conducta de las partes antes y durante el mismo...Porque si bien la declaración de abstracta de la cuestión por parte del juzgador lo imposibilita de fallar en el fondo del asunto ante la desaparición de la base fáctica y jurídica de la pretensión del actor, no lo exime, sin embargo, de imponer las costas al demandado, cuando existe mérito para ello...Es por ello que aquel principio de justicia distributiva sugiere una evaluación acorde de las circunstancias que rodean el caso "sub lite", y considero razonable que la carga de las costas deban pesar a quien dio motivo al litigio por ser ése el único camino con el que contaban los accionantes para revertir la inexistencia del espacio educativo necesario para atender su condición especial" (del voto del Dr. Caneo). En sentido concordante se expresó que "La carga por su orden, tal la regla en supuestos en que la cuestión es declarada abstracta, supone un injusto en la medida en que la actora fue compelida a litigar. Si para disponer la eximición debe...tenerse en cuenta la buena fe...,y ha de existir una "razonable convicción subjetiva" sobre los hechos defendidos en el pleito...apoyada en circunstancias fácticas suficientes,...veo que la razón convincente para acudir a juicio, está dada en la confusión que no tiene la carga de crear el servicio demandado en autos y por la otra, cumple con la prestación; por lo que adhiero a la eximición propiciada. Así que habré de distinguir los casos en que la cuestión abstracta se halla en el origen del cuestionamiento, donde tuvo virtual existencia en dicho momento, pero que luego, por diversos motivos, dejó de ser actual y concreto. Este análisis me permite tener por cierto que, más allá de la solución que aquí se propicia, medió razón en la actora para iniciar el presente juicio, por cuanto no existía en dicha oportunidad, el Servicio Educativo reclamado" (del voto del Dr. Royer).-3) A la luz de las consideraciones vertidas en el antecedente mencionado resulta que es obligación del tribunal pronunciarse en materia de costas, es así que no resulta acertado lo expresado por el apelante respecto a que la declaración de abstracción impide el pronunciamiento en materia de costas. Asimismo se señaló que en estos casos, el principio general importa la imposición de costas por su orden, salvo que de las circunstancias de la causa surgiera que una de las partes dio motivo a la promoción de las actuaciones.-Como se dijera "ut supra", el acontecimiento que causó la declaración de abstracción del fondo del pleito, obedeció a la actividad del demandado, quien reconoció la paternidad de la menor con posterioridad al conocimiento del resultado de la prueba biológica. En principio parecería que el accionado dio motivo a la promoción de la demanda, ya que bien podía haberse sometido a la referida prueba de manera extrajudicial. Sin embargo es de destacar que al contestar la demanda, ofreció la prueba biológica (conf. art. 44, pto. III, 1) y peticionó expresamente que se hiciera lugar a la misma en forma previa a toda otra actividad procesal (ver fs. 44 vta., pto. 3) del Petitorio). Asimismo en la misma presentación, adujo que previamente a ser notificado de la demanda no había tenido conocimiento del reclamo que se le efectúa (ver fs. 41/43 vta.). Es así que al haberse desistido de la prueba testimonial (ver fs. 234), la actora no pudo demostrar el alegado conocimiento previo de su embarazo por parte del accionado (ver fs. 19 vta.). Al respecto resulta relevante destacar que las citaciones cursadas al demandado en la instancia prejudicial ante la Asesoría de Menores y Familia, no pudieron ser notificadas al mismo (ver fs. 07 vta., 10 y 17). Del tenor de lo informado a fs. 17 se desprende que no es correcto lo manifestado a fs. 18 en relación a que la notificación fue debidamente diligenciada, amén de que la misma es de fecha anterior al informe de fs. 17. De lo reseñado cabe concluir que no se ha producido prueba alguna que permita inferir que el accionado conocía del reclamo con anterioridad a ser notificado de la demanda.-Sentado lo anterior, es de señalar que la sentenciante de grado, motivó la imposición de costas al emplazado básicamente en la conducta reticente del mismo a lo largo del proceso, precisando "...su conducta procesal durante la sustanciación del proceso, incomparecencia a las audiencias de extracción de muestras de sangre, pese a estar debidamente notificado, los planteos interpuestos que fueron rechazados oportunamente, determinaron la dilación del proceso y la consecuente postergación de derechos de raigambre constitucional y que involucran un interés público...En este sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia establecen criterios rigurosos respecto de los litigantes reticentes, o que directamente obstaculiza la realización de determinadas pruebas esenciales para el esclarecimiento de la verdadera realidad biológica de las partes..." (ver resolución a fs. 244, 3er. párrafo). Es así que la Sra. Jueza "a quo" consideró la incomparecencia del demandado al acto de extracción de sangre convocado para los días 28/11/08 y 12/12/08, a pesar de las notificaciones de fs. 64 vta. y 70 vta., así como al planteo de nulidad y recusación deducidos por el ahora apelante a fs. 83/85 vta..-En cuanto a los planteos referidos en último lugar, coincido con el Dr. Vergara que no importan más que el ejercicio del derecho de defensa en juicio, y que no pueden tener consecuencia a los fines de la imposición de costas en esta etapa, sino en la etapa de decisión de tales incidencias. Por lo demás, lo referido a las anteriores actitudes procesales, bien expresa el colega preopinante, que, en todo caso, tienen su sanción específica en el art. 45 de la ley XIII Nº 5, Anexo A. Al respecto debe tenerse presente que la condena en costas no reviste el carácter de "pena" que le asignaban las leyes de Partidas, sino el de una "indemnización" debida a quien injustamente se vio obligado a efectuar erogaciones judiciales, o sea, los gastos que al obligarlo a litigar le ha ocasionado su oponente, con prescindencia de la buena o mala fe de éste y de su poca o mucha razón, pues para la teoría objetiva de la derrota la conducta de las partes o el aspecto subjetivo no interesa (conf. SCBA, Ac. y Sent., 1956, v. III, p. 255; 1956, v. IV, p. 497; 1958, v. II, p. 785; entre otras); no está por lo tanto, en principio, condicionada a la temeridad, mala fe o mora del litigante vencido (conf. C. Apel. Dolores, DJBA, v. 55, p. 146; v. 57, p. 246; C. 1era. Apel. San Nicolás, DJBA, v. 5º, p. 331); la moderna doctrina considera a las costas como un instituto de neto carácter procesal, con prescindencia de conceptos civilistas como el de culpa, o de sanción y aun de riesgo (conf. C. 2da., Sala II, La Plata, DJBA, v. 51, p. 235; v. 75, p. 14).-Asimismo se ha entendido que el vencido es aquél contra quien tiene efecto el reconocimiento judicial que emana de la sentencia (conf. C. 2da., Sala III, La Plata, LL, v. 119, p. 231); o aquél contra el cual se declara el derecho o se dicta la decisión judicial después de haberle otorgado una razonable oportunidad de audiencia y prueba, pero es así siempre que el justiciable hubiera podido evitar el reclamo ante el órgano jurisdiccional (conf. C. 1era., Sala III, La Plata, SP LL, 979-502); o aquél que se opuso al progreso de la pretensión instaurada y ha hecho así necesaria la prosecución del juicio hasta obtener la sentencia definitiva (conf. C. 2da., Sala II, La Plata causa 80.792, reg. sent. 216/56); o el justiciable que con anterioridad a la promoción del juicio había sido puesto en mora, guardando silencio e inactividad frente a los requerimientos del actor (conf. C. 2da., Sala II, La Plata, causa B-3580, reg. sent. 309/61).-A la luz de los conceptos vertidos es de considerar que no se ha demostrado que el accionado hubiera tenido conocimiento previo a la promoción de la demanda del reclamo de filiación, que se sometió a la prueba biológica y que notificado del resultado de la misma, reconoció a la menor ante el Registro Civil. En consecuencia, compartiré lo postulado por el Dr. Vergara en cuanto no se presentan las circunstancias relevantes que permitan imponer las costas al accionado, debiendo hacerse lugar a la apelación impetrada y revocar el fallo recurrido a fin de imponer las costas en el orden causado (conf. art. 72 de la ley XIII Nº 5, Anexo A -antes art. 71 del CPCC-).-4) En cuanto a la apelación de los honorarios regulados, es de señalar que ante la modificación de la imposición de las costas, el actor carece de interés, en consecuencia no tiene agravio, con relación a la regulación de los emolumentos a favor de las letradas de la actora. Es que el interés que justifica la apelación surge del agravio o gravamen que la resolución recurrida ocasiona a la parte recurrente. El agravio es el perjuicio que la resolución causa al recurrente; y la existencia de este agravio y la posibilidad de su reparación a través del recurso de apelación es lo que determina el interés del apelante en ese recurso. O sea que existe causa para la apelación cuando hay interés del recurrente en apelar por haber sido "perjudicado" por la sentencia contra la que se recurre (conf. Loutayf Ranea, Roberto G.: "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Ed. Astrea, 2009, Tº 1 pág. 214).-Sí cuenta el apelante con agravio respecto de los honorarios fijados a su letrada. Es así que, teniendo en cuenta, la manera en que finalizó el pleito, la extensión, mérito y eficacia de las tareas desarrolladas, así como que no se cumplió con la totalidad de las etapas procesales, coincidiré en que los honorarios regulados a la Dra. H. T. devienen excesivos, por lo que comparto su reducción al monto de $ 1.000, como lo propone el Dr. Vergara, con más el IVA pertinente (conf. arts. 5, 29, 36, 37 y 46 de la ley XIII Nº 5 Anexo A; antes arts. 6, 30, 37, 38 y 47 de la ley 2200; y leyes 23349 y 23871).- II.- En consecuencia de todo lo expuesto, procede revocar parcialmente el fallo apelado, a los meros fines de imponer las costas de primera instancia en el orden causado (conf. art. 72 de la ley XIII Nº 5, Anexo A -antes art. 71 del CPCC-) y de reducir los honorarios de la Dra. H. T., para establecerlos en la suma de pesos mil ($ 1.000), con más el IVA pertinente.- En cuanto a la imposición de costas en esta sede, cabe decir que si bien progresa el agravio del accionado respecto a esa misma materia en la instancia precedente, es de considerar que el mismo incompareció dos veces al acto de extracción de sangre pese a estar debidamente notificado (ver fs. 64 vta. y 70 vta.), así como que se encuentra firme el decisorio de fs. 113/vta., y se desestimaron los planteos efectuados por el mismo (ver fs 105 vta. y 211/212). En consecuencia, es de estimar que la juzgadora de grado pudo considerar razonable la imposición de costas en la forma en que las estableció para la instancia de origen. Por lo tanto se dan las circunstancias que permiten eximir a la contraria de la imposición de las costas de Alzada, por lo que las mismas se distribuyen en el orden causado (conf. art. 69, 2do. párrafo de la ley XIII Nº 5 Anexo A -antes art. 68, 2do. párrafo del CPCC-).-A tal fin y atento el resultado del recurso, como al mérito y extensión de los trabajos realizados ante la Alzada, resulta adecuado regular a la Dra. H. T. en un 30% del monto fijado para la instancia precedente, con más el IVA correspondiente (conf. arts 5 y 13 de la ley XIII Nº 4 -antes 6 y 14 de la ley arancelaria- y leyes 23349 y 23871).-A la luz de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.-A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para imponer las costas de primera instancia en el orden causado, y asimismo reducir los honorarios de la Dra. H. T. para fijarlos en la suma de pesos un mil ($1.000.-); b) imponer las costas de Alzada en el orden causado; c) regular los emolumentos de la Dra. H. T., por los trabajos cumplidos en esta instancia, en la suma porcentual equivalente al 30% de la cantidad establecida para los honorarios de la anterior instancia; y d) declarar que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.Así lo voto.A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo:En atención al acuerdo arribado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, fiel expresión del mismo.-Así lo voto.-Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 8º Ley V Nº 17; antes art. 9 Ley 1130, To. Ley 4550), pasándose a dictar: S E N T E N C I A: -- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:-REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia venida en apelación para imponer las costas de primera instancia en el orden causado, y asimismo reducir los honorarios de la Dra. H. T. para fijarlos en la suma de pesos un mil ($1.000.-).IMPONER las costas de Alzada en el orden causado.REGULAR los emolumentos de la Dra. H. T., por los trabajos cumplidos en esta instancia, en la suma porcentual equivalente al 30% de la cantidad establecida para los honorarios de la anterior instancia.DECLARAR que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.

--- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL N°_________DEL AÑO 2010 - SDF - CONSTE.- VILMA NOEMÍ BIRRI SECRETARIA