Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-04-12


Expte.Nº: 2218/96 SENT.Nº 118 En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, 12 de abril de 2004, reunidos los Sres. Vocales de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial, Sala IIIa., Dres. Santiago Gallo Cainzo y Carlos Miguel Ibáñez con el objeto de conocer y decidir los recursos interpuestos contra la sentencia dictada en los autos caratulados "CARRIZO RITA DEL CARMEN C/DIAZ RICARDO JOSE Y OTROS S/ESPECIALES (RESIDUAL)"; y abierta la vista pública, el Tribunal se plantea la siguiente cuestión: ┐ ESTA AJUSTADA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA ? Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de la votación, el mismo dio el siguiente resultado: Dres. Carlos Miguel Ibáñez y Santiago Gallo Cainzo.- EL Sr. VOCAL DR.CARLOS MIGUEL IBAÐEZ, DIJO:

1.- Vienen los autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandados y por la tercera citada en contra de la sentencia de fecha 15/05/02, que hace lugar a la acción revocatoria deducida declarando la nulidad de la donación con reserva de usufructo.

Los agravios de la demandada corren en el memorial de fs. 150/154 y los de la tercera citada a fs. 163/164; siendo contestados los mismos por la actora mediante escritos que glosan a fs. 157/160 y 167/169 respectivamente.

2.- Se agravian los recurrentes expresando que no es verdad que se ha extraído del patrimonio un bien sobre el que recayó un embargo en forma fraudulenta, porque Díaz cedió un inmueble -su parte indivisa- libre de embargo, porque el embargo que meritúa la juez aquo fue declarado nulo, como surge de los autos sobre daños y perjuicios, juicio en el cual no consta que la actora haya continuado con la ejecución de la sentencia, sin que se demostrara que Díaz no poseía más bienes. Afirma que existen otros bienes embargados lo que demuestra que el deudor posee otros bienes y no está en insolvencia.

Señala que si el juez sostiene que el obrar de Díaz fue fraudulento, la resolución debía contener otro resuelvo y no el que declara la nulidad del fallo. También expresa que no hubo connivencia con su esposa, cuando ya lleva diez años de separación, que la insolvencia debe ser probada por el actor, en quien recae la carga de la prueba, porque sólo se presume cuando el deudor esté fallido.

Afirma que la Sra. Medina convino con Díaz que éste le cedía su porción indivisa a los hijos menores del matrimonio en calidad de alimentos y que ┴ngel Medina y Heredia de Medina aparecen vendiendo el inmueble a Díaz, como un último intento de salvar el matrimonio de su hija, lo cual no fue posible. Expresa que fue primera en el tiempo y logró obtener la parte indivisa a favor de sus hijos.

Expresa que no existe merituación de las pruebas que acrediten los extremos exigidos por la ley para probar la insolvencia del deudor y que éste haya obrado en forma fraudulenta.

También sostiene la incongruencia de la sentencia, expresando que la actora solicita la revocatoria del acto jurídico de donación, como demanda a Díaz se entiende sobre su 50% indiviso del inmueble y que el aquo al resolver declaró nulo todo el acto jurídico sin hacer salvedad de la subsistencia del acto de donación con respecto a la Sra. Medina y que se comete otra incongruencia al declarar nulo la reserva de usufructo. Solicita asimismo que se declare la nulidad de la sentencia.

La tercera citada también se agravia en igual sentido señalando que el consilium frudis no está probado en autos, que en el juicio de pensión alimenticia el demandado ofreció como parte de pago de los alimentos la porción indivisa del inmueble que fue aceptado por su parte. Afirma que la nulidad no puede ser opuesta a su parte, porque el actor puede que se declare nulo todo el acto y no hace distingo de que el 50% indiviso le pertenece y no está comprometido en este juicio.

3.- Entrando al análisis de los agravios se advierte que la sentencia no es nula desde que, conforme lo ha dictaminado la Sra. Fiscal de Cámara, los agravios formulados si fueren fundados deberían repararse por vía de la apelación, porque el disenso del nulidicente con el razonamiento o modo de juzgar, sólo puede encaminarse por vía del recurso de apelación, pero no habilita la pretensión nulificatoria.

4.- En cuanto a la apelación surge acreditado por la actora su calidad de acreedora del demandado con la sentencia dictada en los autos "Carrizo Ernesto Andrés c/ Ricardo José Díaz s/ Indemnización de Daños y Perjuicios" dictada en fecha 21/12/93. Consta asimismo el trámite de ejecución de sentencia con dictado de sentencia de trance y remate de fecha 15/09/94.

De allí que se encuentra cumplido el requisito del art. 962 inc. 3 referido a que el crédito en virtud del cual se intenta la acción sea de fecha anterior al acto del deudor, considerando que la fecha de la donación del inmueble ha sido el 02/10/95, según consta en la escritura pública Nº 358 que tengo a la vista.

En cuanto al estado de insolvencia del deudor, que menciona el art. 962 inc. 1, resulta del hecho de que no figuran en el Registro Inmobiliario bienes inmuebles inscriptos a nombre del demandado, conforme surge del informe que glosa a fs. 73. Conforme lo ha señalado Borda (Contratos, T. II, pág. 549), aunque referido a otra situación análoga a la de autos, "si en los registros públicos no existen bienes a nombre del deudor, al acreedor le bastará con acreditar dicha circunstancia y con probar que ha interpelado infructuosamente al deudor". Por lo tanto el requisito de la insolvencia debe tenérselo por acreditado desde que el demandado no posee bienes inmuebles registrados a su nombre y a la vez existe sentencia de trance y remate dictada en su contra en los autos de daños y perjuicios referidos.

Además, conforme se ha expresado "planteada la acción revocatoria, el deudor puede paralizarla demostrando solvencia o dando garantías suficientes" (cfr. Zannoni, Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, pag. 425), lo que en la especie el demandado no hizo.

Asimismo el requisito del inc. 3 del art. 962 referido a "que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o que antes ya se hallase insolvente", también debe tenérselo por acreditado atento a que antes de la donación el demandado tenía un inmueble y luego de ella ya no lo tiene, para responder a sus obligaciones frente a los acreedores de fecha anterior al acto.

Tratándose el acto impugnado de un acto gratuito, ya que se trata de una donación con reserva de usufructo a favor de uno de los donantes, no se requiere la demostración del "consilium fraudis", toda vez que para que la acción revocatoria prospere, en los actos gratuitos no necesita acreditarse la intención de defraudar por parte del deudor y la complicidad del adquirente, en razón de que conforme lo dispone el art. 967 resulta indiferente la buena o mala fe del adquirente. Conforme se ha expresado "en el conflicto de derechos que se plantea entre el acreedor que experimenta un perjuicio a consecuencia de la enajenación del deudor puesto que el crédito no podrá ser satisfecho, y el adquirente gratuito de los bienes, la ley da la preferencia al primero" (Llambías, Tratado, Parte General, T. II, n 1853, pág. 552). En los actos gratuitos "el interés de los acreedores es, en este caso, preferido al del adquirente, tenga o no éste buena fe" (Zannoni, ob. cit., pág. 432).

Encontrándose cumplidos los extremos requeridos, la acción revocatoria deducida resulta procedente.

5.- No obstante ello, la procedencia de la acción revocatoria no puede nunca provocar la nulidad del acto jurídico, sino que el efecto de la misma es la declaración de inoponibilidad o ineficacia con relación al acreedor que ha demandado la revocatoria, pero no se invalida el acto, que sigue siendo válido y eficaz con relación a las partes y a los demás terceros. Sólo que es inoponible al actor, quien puede comportarse como si tal acto no se hubiese efectuado, más allá de su validez.

Conforme lo señala Llambías (ob. cit., pág. 548), "contrariamente a lo que muchas veces se dice, la acción revocatoria no constituye una acción de nulidad. El acto fraudulento es perfectamente válido y eficaz, tanto respecto de las partes cuanto respecto de los terceros en general. Sólo frente a ciertas personas, los acreedores anteriores del enajenante de los bienes, el acto deja de ser eficaz, pudiendo tales personas prescindir de su realización, como si ello no hubiere ocurrido. Este desdoblamiento del acto jurídico que mantiene su validez y eficacia, salvo respecto de las personas autorizadas para impugnarlo, se reconoce en doctrina con el nombre de inoponibilidad, diciéndose que el acto fraudulento no es inválido sino inoponible a los acreedores del enajenante".

6.- Por otra parte se advierte, conforme surge de la escritura Nº 358, que la donación ha sido efectuada por dos donantes: Ricardo José Díaz y Angélica del Valle Medina de Díaz, mientras que la demanda ha sido dirigida únicamente contra el primero de los nombrados, por lo que los efectos de la sentencia deben circunscribirse a la porción alícuota del co-donante demandado, y no con relación a la porción ideal de la co-donante que no ha sido demandada en estos autos.

En consecuencia, la declaración de inoponibilidad debe limitarse al 50% de la porción del co-donante demandado, sin que pueda extender sus efectos a la co-donante que no ha sido demandada.

7.- En cuanto a las costas de ambas instancias se imponen a la demandada, excepto las referidas a la tercera citada que se imponen por el orden causado (arts. 106 y 108 procesal)..- En tal sentido mi voto.- EL Sr. VOCAL DR. SANTIAGO GALLO CAINZO, DIJO:

Que estando de acuerdo con los fundamentos dados por el Sr. Vocal preopinante, se adhiere a los mismos, votando en igual sentido.- Y VISTOS: El resultado de la votación consignada precedentemente, se :

RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR al RECURSO DE NULIDAD deducido por la recurrente.

II.- MODIFICAR la sentencia de fecha 15 de mayo de 2.002 en el sentido de que se hace lugar a la acción revocatoria intentada por RITA DEL CARMEN CARRIZO en contra de RICARDO JOSÉ DÍAZ, JUAN ÁNGEL MEDINA y MARÍA ANGÉLICA HEREDIA DE MEDINA; y en consecuencia, se declara la inoponibilidad a la actora, de la donación del inmueble ubicado en calle Alejandro Heredia Nº 221 de la ciudad Banda del Río Salí, instrumentada mediante escritura pública Nº 358 del 02/10/95 pasada por ante el escribano Roberto Antonio Di Caro, en la proporción del 50% que correspondía al co-donante Ricardo José Díaz.

III.- COSTAS de ambas instancias en la forma considerada.

IV.- OPORTUNAMENTE la regulación de honorarios.

HAGASE SABER.- SANTIAGO GALLO CAINZO CARLOS MIGUEL IBAÑEZ