marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso preventivo, derechos creditorios, orden público, inconstitucionalidad, reglas procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: OLMATIC SA c/  s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-18

Si bien no existen óbices para verificar acreencias cuya determinación no se encuentre firme con el carácter de condicional, en virtud del sometimiento de las acreencias condicionales a la carga verificatoria, aun cuanto todavía no se encuentre expedita su percepción por vía concursal (ley 24522: 32) -principio destinado a proteger al acreedor eventual- (conf. CNCom, Sala A, 23/9/08, "Scalise María Gabriela s/ conc prev s/ incidente de verificación (por AFIP-DGI")", Sala E, 30/12/99, "Menu SA s/ concurso prev. s/ inc. de revisión por Banco de la Ciudad de Buenos Aires"; íd. íd, 22/9/06, "Representaciones de Telecomunicaciones SA s/ conc. preventivo s/ inc. de revisión -por Aseguradora de Créditos y Garantías-"), no puede soslayarse que, en el caso, la concursada, al contestar este incidente ha opuesto defensas fundadas justamente en la falta de firmeza de las certificaciones de deuda en cuestión. Ante este cuadro de situación, es claro que el procedimiento respecto de las actuaciones que no se encuentran firmes no podría continuarse hasta tanto no adquirieran firmeza las certificaciones de deuda. Por ende, siendo que la incidentista ha cumplido con la carga de insinuarse en el plazo legal para ello, y que parte de las acreencias se encuentran objetadas en sede administrativa, se estima prudente acceder a la petición de la acreedora y ordenar la suspensión de los plazos de este proceso, hasta tanto las determinaciones de deuda base de este incidente se encuentren firmes.
Recurso extraordinario federal, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ Ledesma Miguel Angel s/ medida cautelar s/ recurso de inconstitucionalidad concedido recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-11

Las costas se imponen por su orden, en atención a que, en cuanto a la admisibilidad del recurso, las partes resultaron vencedoras y vencidas recíprocamente.
Superintendencia de riesgos del trabajo, deberes y facultades del juez, sanciones procesales, procedencia del recurso, entes reguladores
Materia: LABORAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Gobernación de la Provincia de Buenos Aires s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

En el marco de un sumario administrativo iniciado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y seguido contra una aseguradora de riesgos, corresponde confirmar la sanción aplicada a la defendida y rechazar la defensa intentada por ésta, en tanto invoca la inviabilidad de sanciones por tratarse de un ente de naturaleza pública.
Responsabilidad médica, historia clínica, negligencia, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Galano, Emilio A. c/ Clínica del Norte s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-26

El principio, en materia de responsabilidad médica, es que la prueba pesa sobre quien imputa negligencia, impericia o imprudencia, es decir, la culpa en la realización de la atención prestada. Las omisiones de la historia clínica no autorizan a concluir que no se practicaron las medidas que las reglas del arte exigían, y el solo hecho de que ciertos datos no consten en ella no significa ineludiblemente que se obró con negligencia. Pero una cosa es admitir la suficiencia de una historia clínica incompleta o la no imputabilidad de actuar negligente por esa sola razón, y otra es negar trascendencia a una historia prácticamente inexistente como tal al haberse omitido en ella datos imprescindibles.

La historia clínica asume especial relevancia lo que se sigue que por virtud del obrar omisivo del médico la accionante ha perdido un crucial elemento de juicio para determinar la culpa que imputa al galeno; es decir, se ha quebrantado un deber de colaboración del accionado en facilitar la prueba, sea del obrar culposo, fuere del obrar impecable, con lo que sólo él puede perjudicarse en ausencia de acreditación de uno u otro extremo, ya que el cumplimiento de la carga de la otra parte se vio obstaculizado por el accionar suyo, que de por sí es negligente, dado que le era exigible la aportación de datos para coadyuvar a la difícil actividad esclarecedora de hechos.
Falta de acción, derechos y garantías constitucionales, error judicial
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: Mitchell, Riggi, Tragant. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-16

Si bien es cierto que -en principio- una excepción de falta de acción no es el medio idóneo para plantear argumentos defensivos de fondo vinculados con la inexistencia fáctica o jurídica del delito investigado, no lo es menos que dicho principio cede cuando de la descripción de los hechos imputados o del examen de las actuaciones, surja palmaria y evidentemente la ausencia de encuadre típico de los mismos, constituyendo la prosecución del proceso un claro dispendio de la actividad jurisdiccional, circunstancia en la que compete a esta Cámara corregir tan grave anomalía, que vulnera garantías sustanciales de los ciudadanos. Este Tribunal se encuentra revestido de las más amplias facultades y atribuciones destinadas a velar por una correcta aplicación de la ley penal, entre las que se reconoce el ejercicio del debido contralor de aquellos actos jurisdiccionales de cuya mera compulsa surja con toda evidencia la comisión de un error judicial que comporte un inequívoco perjuicio de las garantías constitucionales de los imputados; corresponde que nos aboquemos también al tratamiento y decisión de la cuestión de fondo -inexistencia de delito- articulada asimismo mediante la excepción de falta de acción promovida por la defensa técnica. (Voto del Dr. Riggi).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, acción de amparo, existencia de otras vías, ordenanzas municipales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACOSTA, DIEGO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-09-09

La presente queja no puede prosperar, desde que los recurrentes -mediante un relato tendencioso de los elementos de juicio necesarios para entender el caso (en el que se postula la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza que dispuso la instalación compulsiva de un Sistema Generador de Datos en todas las unidades de taxis de la ciudad)- se empeñan en lograr una revisión de lo ya resuelto por la Sala al concluir en la inadmisibilidad del amparo presentado dada la necesidad de un mayor debate y prueba de las cuestiones sometidas a discusión, como así también al déficit de los actores a la hora de fundamentar la idoneidad e ineficacia de las restantes vías legalmente previstas en defensa de los derechos que se dicen vulnerados, no estando acreditado en el caso la existencia de perjuicio actual y permanente; sin aportar nuevos, concretos y fundados argumentos que autoricen el acceso a la instancia prevista en la ley 7055
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: L. DE  I.D.B. c/ I.M.D. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-23

Quien está obligado a pasar alimentos debe hacerlo tratando de mantener aquel nivel de vida que gozaban los beneficiarios antes de la separación.

Esto hace suponer que quien pudo sostener holgadamente a su familia debe estar capacitado para continuar haciéndolo, independientemente de la separación. Máxime que, si bien la obligación de contribuir al mantenimiento de los menores pesa sobre ambos padres por ser recíproco, la madre que ejerce la tenencia en buena medida compensa su obligación brindándoles mayor cuidado y dedicación.
Prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Olga c/ Ronconi de Aschkar y/o Lavadero Marva s/ Laboral por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-03-07

El artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que prescriben a los dos años las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo, y el artículo 257 establece que, sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código Civil, la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo interrumpirá el curso de la prescripción durante el trámite, pero en ningún caso por un lapso mayor de seis meses. El reclamo del trabajador ante la autoridad administrativa tiene eficacia interruptiva de la prescripción exclusivamente respecto de aquellos rubros que integraron la petición allí formulada. El requerimiento debe ser determinado, concluyente y consistir en la exigencia expresa del pago de la obligación. No surge que la demandada haya sido intimada en forma expresa, clara y precisa, sin dejar lugar a dudas. Además, se deduce por lo expuesto que ya había transcurrido con exceso el plazo que establece del artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, en consecuencia, la acción se encuentra prescripta.
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Entre Ríos S.A. c/ Albónico, Alberto José s/ Ejcutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-08-28

Juzgando como excepción la liberación total o parcial de costas, debe considerarse que en caso de vencimiento parcial y mutuo no cabe limitarse solo a lo aritmético, pero en cualquier caso debe tenerse en cuenta la incidencia patrimonial a tales efectos.
Acción de amparo, concejales, remoción de funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Canali Pablo c/ Municipalidad de San José y otros s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-04-27

No procede la acción deducida contra cada uno de los concejales votantes de la remoción votada toda vez que éstos no actuaron a nombre propio, sino como integrantes del Concejo Deliberante, propiciando -en consecuencia- que se haga lugar al recurso interpuesto por los codemandados y se revoque parcialmente el acto sentencial en cuanto hizo lugar a la acción de amparo incoada, confirmándose en lo demás el fallo impugnado.
Concursos, sociedades comerciales, cesión de cuota social, inscripción registral, responsabilidad del socio
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGRICOLA GANADERA LA MARCA SRL s/ QUIEBRA S/ INC. CALIFICACION DE CONDUCTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

La sola cesión de cuotas no es suficiente para excluir al socio de su responsabilidad como administrador. Para la oponibilidad de la cesión a terceros, es menester su registración. Mientras la registración no se produzca o se opere después del inicio del estado de insolvencia, es razonable mantener aquellas responsabilidades, pues los terceros contratan con el ente en la inteligencia de que este esta integrado y regido por los gerentes ostensibles, sobre la base de lo asentado en el registro público de comercio.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ICSASI S.A. c/ Ranalletta, Jacinto s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

La suspensión del proceso a los efectos del art. 311 del C. Procesal debe emanar de las propias constancias del expediente y haber sido decretada por el juez (doc. arts. 155, 156, 157, 311 del C.

Procesal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, tribunales de instancia única, sentencia, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Isabella, Rosa y O. c/ Werkalec y Cía. S.R.L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y perjuicios (Expte. CSJ Nº   168-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-10

Resulta decisivo para anular la sentencia de la Cámara que declaró mal concedida por el Tribunal Colegiado el recurso de apelación extraordinaria interpuesto por las recurrentes, el hecho de que el A quo no sólo ni siquiera estableció las cuestiones a resolver -como:

admisibilidad, procedencia (en su caso), y la resolución que correspondiere dictar-, sino también la carencia absoluta de fundamentación para declarar mal concedido el recurso -en rigor inadmisible-, toda vez que se limitó a constatar una circunstancia evidente -la disconformidad entre pretensión y decisión- para concluir dogmáticamente que no se advertía un apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley, sino una hermenéutica que, más allá de su acierto o error, devenía ajena a esa instancia extraordinaria. (De los Fundamentos del Dr. Falistocco)
Defraudación, retención indebida, incumplimiento del contrato, compraventa de automotores, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: LUNA, Rubén W. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-29

"Para poder hablar de este delito es necesario hacer una afirmación básica, para poder entenderlo. El autor ha recibido lacosapor un título del que se desprende siempre el reconocimiento del dominio de otro. De manera que el contrato base entre las partes es lícito, por eso éste es un abuso de confianza, según afirma la doctrina, por el cual una de las partes recibe una cosa, que no debe ser fungible, y se obliga a devolver esa misma cosa, luego de un tiempo..." .

Si el damnificado suscribió boleto de compra-venta con el imputado por la venta de una camioneta, pactándose que el titular se quedaba con el título del automotor y una vez saldada la deuda efectuarían la transferencia de dominio y posteriormente, el imputado se negó a darle el dinero pactado; lo denunciado no excede el marco de un mero incumplimiento contractual ajeno a la jurisdicción penal, por lo que no amerita ser investigado bajo otra conducta penal.

En consecuencia, corresponde confirmar la resolución que dispuso la desestimación de las actuaciones por inexistencia de delito.
Existencia de otras vías, investidura de la calidad de heredero
Materia: CIVIL
Carátula: Carvallo Parri Angelica Y Otro/A c/ Banco Santander Rio s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2014-02-10

Corresponde rechazar la acción de amparo intentada tendiente a obtener la disposición de los fondos depositados en la cuenta bancaria del causante provenientes de su salario, toda vez que toda vez que existe para el caso un proceso sucesorio en trámite, del cual los herederos que eventualmente se declaren como tales serán los causahabientes a quienes les correspondan las sumas existentes en la entidad accionada.
Confirmación de sentencia, deserción del recurso, recurso directo, competencia, obligación tributaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Axion Energy Argentina S.A. (Tf 48738-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-07

Se confirma la decisión del TFN que declaro su competencia en autos. Se debate la legitimidad de la intimación que requirió el ingreso del impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural. Art. 165 de la ley 11.683. Competencia del TFN contra resoluciones de la AFIP que determinen tributos y accesorios en forma cierta y presuntiva. Productos intermedios y proceso productivo o venta en el mercado interno en el mismo estado en que fueron comprados. Si bien el organismo fiscal no recurrió al procedimiento de los arts. 16 y siguientes de la ley 11.683, lo cierto es que el acto por el cual se intimó a la actora al pago del tributo configura, en esencia, una verdadera determinación de la obligación tributaria a cargo del contribuyente, en tanto ha sido precedido de una tarea de fiscalización en la que se colectaron los datos que condujeron tanto a la liquidación del impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural a ingresar, como a la identificación del deudor de dicho tributo. Solventes y aguarrás. Fallo CSJN "Colorín IMSSA / (TF 24123-I) c/ DGI". Respecto del fondo, se declaró desierto el recurso en los términos del art. 265 del CPCCN
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, juicio, sellado judicial, tasa de justicia, tasa de actuación judicial, leyes, interpretación de la ley, CÓDIGO FISCAL DE SANTA FE
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: XX s/ Sellados judiciales. Pago. Obligación (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver era: ¿qué interpretación ha de   darse a los artículos 226 y 227 del código fiscal en cuanto a la   obligatoriedad, o no, respecto de la parte actora y al momento de   arribarse al dictado de la sentencia, de satisfacer el 50% restante   del sellado judicial no pagado con anterioridad?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

Aún dentro del caos normativo, existen vasos comunicantes entre la "tasa de actuación judicial" y la "tasa proporcional de justicia"; así: 1) el artículo 223 del Código Fiscal ("el pago deberá efectuarse en oportunidad de solicitarse la prestación del servicio") está destinado a los dos gravámenes; 2) el 226, referido a la "tasa de actuación judicial" o "sellado de reposición", remite -respecto del pago- a lo dispuesto para la "tasa proporcional de justicia" ("Ante los jueces y tribunales del trabajo, el importe, cuando corresponda, se pagará con posterioridad a la sentencia definitiva, y ante los demás jueces y tribunales en oportunidad de pagarse la tasa proporcional de justicia"); 3) el 241, al establecer la "determinación impositiva del actuario", dentro del capítulo "normas comunes", alude a ambos gravámenes ("una liquidación de la tasa proporcional de justicia, sellado, estampillas profesionales y demás gravámenes creados por esta ley que se adeudaren en el expediente"); y, 4) finalmente, el 244 CF, al consagrar la prohibición de impulsar el trámite, remite al 241 ("Mientras el litigante deudor no abonare el importe de la planilla prescripta en el artículo 241..."). (De la Disidencia de la Dra. García).
Sentencia penal, sentencia absolutoria, competencia civil, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: Clavero, Walter Hernán c/ Cepparo, Mirko Eduardo s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito) y sus acumulados
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-07-04

La autoridad de la cosa juzgada reconocida por el artículo 1.103 del Código Civil a la sentencia penal absolutoria queda limitada a la materialidad de los hechos y a la autoría, sin comprender las valoraciones subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa, por lo que llevada la cuestión a los estrados de la justicia civil, puede indagarse -en la medida en que la culpa civil es distinta en grado y naturaleza de la penal-, si no ha mediado de parte del procesado una falta o culpa civil que lo responsabilice pecuniariamente
Prescripción adquisitiva, pago de tributos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cabrera Reissing, Noemí c/ Borgault, Polo Emilio s/ Posesión veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-11

No encuentra sustento normativo la descalificación del pago de impuestos basada en que éstos no fueron abonados regularmente sino en forma coactiva a través de una acción judicial.
Recusación con causa, escritos judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: THESEUS  SA  Y  OTRO c/ BANCO  DE  GALICIA Y BUENOS AIRES SA s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-28

En el escrito que introduce la recusación debe señalarse, en forma precisa y circunstanciada la causa de ese planteo, a fin de que el Juez o Tribunal recusado se encuentre en condiciones de expedirse adecuadamente sobre ella y pueda resolverse de manera concreta acerca de los hechos invocados; pues toda recusación con causa constituye un acto trascendente que requiere una fundamentación expresa, seria y precisa, no bastando una manifestación genérica, ni la mera invocación de alguna disposición legal (conf. Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, Santa Fe, 1988, t. I, p. 466).
Acto administrativo, medida de no innovar
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ, CARLOS AN IBAL. c/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA. s/ ACTO ADMINISTRATIVO. PROHIBICIÓN DE INNOVAR.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-05-07

NO CORRESPONDE, EN PRINCIPIO, DECRETAR LA MEDIDA PREVIA DE "NO INNOVAR" FRENTE A LOS PODERES PÚBLICOS DEL ESTADO, SIENDO SU APLICACIÓN DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EN ORDEN AL PREDOMINIO DEL INTERÉS PÚBLICO SOBRE EL INTERÉS PARTICULAR.
Abuso sexual calificado por acceso carnal, seguridad jurídica
Materia: PENAL
Carátula: Enriquez, R. A.  c/  s/ abuso sexual con acceso carnal agravado por la edad de la víctima conviviente
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-16

No es ocioso recordar que aún en casos donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció ilegítima la intervención de una Procuradora Fiscal subrogante ante sus estrados por aspectos normativos inherentes al modo en que fue designada, dejó inalterada su actuación, "...por elementales razones de seguridad jurídica ante situaciones de analogía (conf. doctrina de Fallos 319:2151 -Barry- y sus citas; 328:566 -Itzcovich- y 330:2361 -Rosza-)", remarcando allí "...la validez y eficacia de las actuaciones cumplidas por dicha funcionaria hasta la fecha de este pronunciamiento..." (CSJN, Fallos 336:1172, "De Martino, Antonio Conrado s/ su presentación", sent. 14/08/2013, considerando 5°).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, Superior Tribunal de Justicia, competencia, recurso de reposición (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FISCALIA NRO 7 c/ NEUMANN ASTIZ, GODOFREDO s/ APREMIO    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     REVOCATORIA MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION c/ CARDINALLI, MARTINIANO s/ APREMIO     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     REVOCATORIA (CSJ EXPTE N. 431-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-29|1992-09-23

Debe rechazarse "in limine" el planteo del justiciable que interpone revocatoria contra el decreto que ordena completar el depósito exigido por el artículo 8 de la ley 7055 sosteniendo que ninguna facultad impositiva le corresponde a la Corte; atento a que la carga fiscal, cuyo cumplimiento es exigido por la providencia atacada, dimana expresamente de una ley, la nro 7055, siendo además que en lo referente al monto del depósito, por ley 8964, modificatoria de la citada 7055, se autoriza a la Corte Suprema de Justicia a actualizar anualmente la cantidad a que hace referencia el citado artículo 8.
Derecho laboral, despido, sentencia, apartamiento del juez, procedencia del recurso
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Despo, Juan Ernesto c/ Centro Productivo de Diseño S.A. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-24

El art. 167 del CPCCN merece dos reflexiones: la primera es que la eventual demora en que incurra un Tribunal no le hace perder automáticamente la jurisdicción, ya que el superior puede disponer que la sentencia sea dictada por el mismo juez o tribunal. La segunda es que si la demora es de una "Cámara", la multa puede ser impuesta al integrante que hubiere incurrido en ella, siendo incluso facultad del superior separarlo o no de su conocimiento. Esto quiere decir que en los Tribunales colegiados la demora solamente puede ser imputada al vocal que se encuentre en conocimiento de la causa y a quien corresponda emitir el voto, no así al que ya lo hubiese hecho o al que la causa todavía no se hubiese remitido para hacerlo. Por otra parte, esta Cámara, interpretando la disposición actualmente vigente en materia de subrogancias, ha determinado un orden de reemplazos para el caso de imposibilidad de dictar sentencia, que permite apreciar que no se ha afectado derecho alguno al Juez natural, sino que se ha aplicado la norma actualmente en vigor para casos como el de autos.