Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-28


TS07D44355 PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA N°: 44355 CAUSA N°: 42.914/2009 - SALA VII- JUZGADO 39	En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de mayo de 2012 en los autos "CENTURION CONDADO ELIODORA C/ DIAZ MARTA TERESA Y OTRO S/ DESPIDO" se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO:

I A fs. 8/35 inicia demanda Eliodora Centurion Candado contra Marta Teresa Diaz y contra Norberto Hugo Fernandez.

Relata que ingresó a trabajar para los codemandados el 17/01/03, realizando tareas de maestranza en dos lugares de trabajo - estudio jurídico de la calle Esmeralda de esta ciudad y domicilio particular en Castelar Pcia. de B.A.- de lunes a viernes de 8.00 a 17.00 hs, y percibiendo una remuneración de $ 1200 por mes.

Afirma que debido a su falta de registración y pago de los conceptos que indica, el 4/06/08 remitió el TCL que transcribe, que culminó con su despido indirecto el 1/07/08.

Explica que las tareas de limpieza que realizaba, implicaban la realización de esfuerzos, la adopción de posiciones anatómicas y el transporte de pesos en forma manual, lo que trajo como consecuencia la aparición de várices y úlceras varicosas en su pierna izquierda de lo que tomó conocimiento el 3/03/08 y que le produjo una incapacidad que estima en el 10 % de la T.O.

Viene a reclamar las indemnizaciones provenientes del despido, el pago de haberes y asignaciones familiares, las multas previstas por la ley 24.013, 25.323 y 25.345, plantea la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y solicita la reparación integral del daño que dice padecer.

A fs. 50/60 responden Marta Teresa Diaz y Norberto Hugo Fernandez, quienes efectúan los desconocimientos de rigor.

Afirman que la actora se vinculó exclusivamente para la codemandada Diaz - quien convive con el coaccionado Fernandez- en el marco de una relación que se rigió por la normativa de servicio doméstico, desempeñándose en el domicilio de ésta en la localidad de Castelar Pcia. de Bs.As, dado que en la calle Esmeralda de esta ciudad funciona una consultoría jurídica denominada " Caser S.A.". Relata que a raíz de una enfermedad inculpable que la aquejaba, la actora se encontraba impedida de prestar tareas en el domicilio antes indicado y le entregó una constancia médica extendida el 26 de marzo de 2008 por el Centro Médico Comunitario a tenor del cual se le diagnosticaba una supuesta úlcera venosa, que con posterioridad (16 de abril de 2008) le entregó otra, por lo que el 26 de abril de 2008 decidieron culminar la relación de servicio doméstico, abonándole una suma en concepto de licencia por enfermedad definitiva. Pide el rechazo de la demanda.

En la sentencia de primera instancia ( fs. 291/295) tras el análisis de los elementos de juicio aportados a la causa, la " a quo" decide rechazar las pretensiones de demanda.

Hay recurso de la parte actora ( fs.304/306), de los demandados ( fs. 298), de la perito médica ( fs. 296) y de los letrados de los demandados ( fs. 299) por considerar éstos reducidos los honorarios que le han sido regulados.

II Se agravia en primer lugar la parte actora, en tanto la señora juez de grado no encontró acreditado el hecho de que la Sra. Centurión haya trabajado en la oficina de la sociedad que ambos demandados integran.

Para revertir lo así decidido, se apoya en los dichos vertidos por los propios demandados en su conteste y en la prueba testimonial rendida.

Dadas las particularidades del caso, para comenzar debo recordar que la " a quo" concluyó que la relación de trabajo de la Sra. Centurión estuvo regida por el Dec. 326/56 con fundamento en no haber encontrado acreditado que ésta se desempeñara en la oficina de los demandados como así también, que dicha prestación no resultaba preponderante respecto de la jornada cumplida en el domicilio particular de los demandados.

Pues bien, es cierto lo afirmado por la recurrente en tanto que a fs. 52 párrafo 5° los demandados sostuvieron como argumento defensivo que " ..El hecho de que se haya visto a la actora en el domicilio de la calle Esmeralda ...por concurrir y/o efectuar algún tipo de visita al lugar de trabajo de la Sra. Marta Teresa Diaz... en modo alguno la autoriza para endilgar una relación laboral..", sin embargo, la demandada no especifica por qué la actora concurría a su lugar de trabajo ni cuál era la causa de su visita, siendo que ésta no le era una persona ajena a su entorno en tanto trabajaba en su casa efectuando tareas de limpieza, hecho que no se encuentra discutido en autos.

En este andarivel, a la parte demandada le correspondía acreditar a qué concurría la actora cuando iba a su oficina o por qué la visitaba ( art. 377 CPCC).

A fin de averiguarlo, se impone entonces analizar en primer término las declaraciones de los testigos propuestos por la parte demandada.

A fs. fs. 157/158 Trillo manifestó que trabaja en la empresa Caser S.A...desde el año 1997 o 1998 .. Que la empresa Cacer S.A. se dedica al asesoramiento jurídico , previsional más que jurídico.. Que la dicente concurre a esa empresa Caser S.A. dos o tres veces por semana según la necesidad.. Que no tiene horario ni día fijo. Que en estos momentos la limpieza de las oficinas de Caser S.A. las realiza el Sr. Ramón Santillan .. que hace bastante que está el señor Santillan haciendo estas tareas.. Que al único que la dicente vio haciendo tareas de limpieza y mantenimiento fue al Sr. Santillan.."	Sin embargo, a fs. 161/162 el Sr. Santillan declaró que .. "en la empresa Caser hace mantenimiento general...Que el dicente en la casa del Sr. Fernandez hace tareas de mantenimiento en general.. Que el dicente trabaja en esa casa desde el año 1992. Que el dicente hace tareas de mantenimento desde las 8 a las 20 hs todos los días.. Que el dicente hace cada 15 días una limpieza de alfombras y cortinados de la empresa Caser, los días sábados si se lo solicitan. Que no sabe quien se encarga del resto de la limpieza de la empresa Caser.. Que la Sra. Diaz es doctora, es abogada.." Las declaraciones que anteceden me llevan a efectuar las siguientes consideraciones: que Santillan prestaba tareas tanto en Caser como en la casa de los demandados, por lo que en el caso de la actora bien podría ser al revés, esto es que trabajaba en la casa de Diaz y Fernandez y pero también prestaba tareas en Caser; que resulta un tanto inversímil que una persona efectúe en una casa particular tareas de mantenimiento 12 horas por día de lunes viernes, por lo que su declaración cae por su propio peso, y como consecuencia de ello, que Santillan sepa el horario que cumplía la actora en la casa de los demandados ( 8 a 16 hs de lunes a viernes) y que lo sepa porque le abría la puerta. Ello me lleva a presumir que si Santillan no hacía la limpieza de Caser, bien podría haberlo hecho la actora , dado que no sólo los propios demandados admitieron que ésta concurrió a la oficina sino que nadie vio a otra persona hacer las tareas de limpieza de Caser.	También observo, que si bien los demandados negaron que Caser S.A. sea un estudio jurídico - como afirmara la actora en su libelo de inicio- de las declaraciones de Santillan como de Trillo, se desprende que palabras más o palabras menos sí lo era, aunque con otra denominación "consultoría jurídica", donde trabajaban por lo menos una contadora pública ( Trillo) y una abogada ( la codemandada Diaz).

Veremos seguidamente qué se desprende de la testimonial ofrecida por la parte actora.

A fs. 159/160, Olmedo Candia declaró que cuando iba a trabajar a la casa de los codemandados estaban... el Sr. Ramón que era jardinero y chofer de la familia..

Por su parte, Martinez Areco ( fs. 169/170) - quien manifestó tener juicio pendiente contra los demandados y que por ello, debe merituarse con mayor estrictez - declaró en coincidencia con los anteriores testimonios analizados.

En efecto, manifestó que el horario de trabajo de la actora era de 8 a 17 hs, que lo sabe porque ella trabajaba en el mismo horario.. Que los demandados son abogados...Que se turnaban para trabajar en las oficinas una vez por semana a veces iba la actora y a veces la testigo. Que la actora no tenía día específico ni horario para trabajar en las oficinas..Que las oficinas de la calle Esmeralda son grandes, las dos oficinas.. Que la actora se trasladaba a las oficinas de Capital , con el chofer de la familia Fernandez. Que el chofer se llamaba Ramón Santillan. Que sabe que se trasladaba con el chofer porque la dicente trabajaba ahí".

De las declaraciones que anteceden, se desprende que los demandados se valían de personas para efectuar múltiples funciones: Santillan era chofer, jardinero y hacía tareas de mantenimiento tanto en Caser como en la casa de los demandados; por su parte, Martinez Areco y la actora, hacían tareas de limpieza tanto en un lugar como en otro.

En este aspecto, es mi ver que el régimen de servicio doméstico está regulado de manera específica por el Dec. Ley 326/1956, reglamentado por decreto 7979/1956, que rige , en cuanto a su ámbito territorial , en todo el territorio de la Nación , en cuanto a su ámbito personal rige para las personas de ambos sexos que realicen tareas domésticas y siempre que no impliquen para el empleador , lucro o beneficio económico ( Estela Ferreirós, " Servicio Doméstico: Jornada Laboral. Despido Indirecto", Errepar -DLE N°212-Abril/03-T.XVII-361).

Así, el hecho de utilizar los servicios de las personas presuntamente enmarcadas en el ámbito doméstico para múltiples tareas fuera de esa esfera - en el caso una oficina jurídico contable, que tiene una finalidad comercial -, sin lugar a dudas importa un beneficio económico para quienes los utilizan, ello asi en tanto los demandados " ahorraron" en contratar a otras personas para efectuar las tareas de mantenimiento o limpieza de la oficina - ámbito que no es de índole doméstico, sino de índole comercial - utilizando a las personas - en el caso, la actora, Martinez Areco y Santillan-indistintamente en su casa y en la oficina para todo, por lo que sin lugar a dudas, se favorecían económicamente con ello.

En relación a los testimonios antes analizados, no se me escapa la carencia de precisión respecto a los días y horarios de trabajos cumplidos por la actora en la oficina de la calle Esmeralda y si los mismos eran o no preponderantes en relación a las tareas cumplidas por la actora en la casa de los demandados, sin embargo, en este marco promiscuo de informalidades, esto es, interposición de tareas, lugares y personas, la falta de exactitud se encuentra a todas luces justificada.	En esta inteligencia, dada la existencia de hechos reales probados , en la especie, la presencia de la actora en la oficina de los demandados siendo que aquélla trabajaba para éstos en su casa, como así también, que quienes trabajaban en la casa de los demandados también cumplian tareas en Caser ( la empresa de los demandados) permiten considerar que la Sra. Centurión prestaba tareas de limpieza en la oficina de los demandados de la calle Esmeralda, en los días y horarios denunciados en la demanda ( conf. art. 163 inc. 5° CPCC).

Fundamenta también su postura la parte actora en el resultado de la audiencia de posiciones de fs. 154, en la que se declaró a los demandados por incursos en la situación procesal prevista por el art. 86 de la L.O.

En relación a este medio probatorio, tengo dicho que la justicia del trabajo por su especialidad , debe apreciar esta prueba desde la óptica del más débil de la relación : el trabajador. De allí que no signifique arbitrariedad, sino valoración razonada , lógica y jurídica del juez, a través de la confesión de las partes, que se guíe por los principios del derecho del trabajo. Este sistema que propiciamos tiene una ventaja para el juez laboral - especialista en la materia - cual es la de una apreciación más global de los hechos tal como ocurrieron y del comportamiento en general de las partes en el proceso, sin encontrarse frente a la disyuntiva de la limitación de los aspectos favorables o desfavorables de los hechos, ya que en el caso de duda debe primar en su conciencia el principio de la norma más favorable para el trabajador ( art. 9 de la L.C.T.) ( conf. Estela Milagros Ferreirós y Jesús M. Olavarría y Aguinaga, " Procedimiento Laboral de la Justicia Nacional del Trabajo " Ley 18.345, Comentada, anotada, concordada. Ediciones La Rocca, pág. 658)	En el caso de autos, los demandados no sólo no han comparecido a la audiencia de posiciones, sino que tampoco advierto - como se ha visto- que hayan producido prueba que sea contraria a lo manifestado por la parte actora en su escrito de inicio, razón por la cual, se impone tenerlos por confesos de los hechos expuestos en la demanda.

Destaco así, la declaración de quien trabajó con la actora en las oficinas, la ausencia de los demandados a la audiencia confesional, la costumbre y/o práctica de los mismos de intercambiar de personal entre la casa y oficina y la vigencia del principio protectorio, en el derecho procesal del trabajo; todo eso de consuno me lleva a la conclusión de que la actora se desempeñó en las oficinas de los demandados en la forma y tiempo que relata.

Como consecuencia de todo ello, encuentro acreditado en autos que la actora sí prestó servicios para los demandados en la oficina de la calle Esmeralda, por lo que - siguiendo el razonamiento de grado- resulta entonces de aplicación la Ley de Contrato de Trabajo.

A mayor abundamiento, debo señalar que que el encuadramiento del caso debe hacerse a la luz de lo que fija el art. 11 de la LCT, porque en el mismo se plasma un principio general de interpretación y aplicación de la ley que debe regir en todos los casos en que hay prestaciones de carácter laboral, más allá de que dichas relaciones se encuentren comprendidas en la ley - LCT- ( conf. CNAT, Sala X Expte. Nro. 8515/01 Sent. 11.669, 28/04/03 " Maya Salinas, Raidelinda c/ Catalano Alfredo s/ Despido").

En este marco, se impone destacar que la Sra. Centurión es una trabajadora, y como tal, se encuentra tutelada no sólo por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, sino también, por el art. 9° de la L.C.T. en tanto dispone que en el caso de duda en la apreciación de la prueba debe decidirse en el sentido más favorable al trabajador, y así lo hice.

Por todo lo analizado precedentemente, propongo revocar el fallo de grado en este sustancial punto.

III Corresponde ahora determinar en qué medida la actora resulta acreedora de las sumas liquidadas a fs. 32.

Pues bien, habiendo quedado acreditadas las tareas que la actora denunciara en su demanda, vistos los instrumentos acompañados por la demandada y las particularidades detectadas en el modus operandi de los accionados, puede advertirse que la relación laboral de autos no se encontraba respaldada por la documentación correspondiente, razón por la cual puede concluirse, que los demandados no cumplieron con las obligaciones resultantes del contrato de trabajo habido con la actora dado que éste no se encontraba debidamente registrado, siendo esta una causa más que suficiente y justa como para que a la actora le asista el derecho de denunciar su contrato ( art.242 L.C.T.) y a considerarse en situación de despido (art. 57 de la L.C.T.), por lo que resulta acreedora de las indemnizaciones provenientes de los arts. 245, 232 y 233 de la L.C.T.

Dado que la demandada no ha acreditado el pago ( art. 138 L.C.T.)de los haberes de abril, mayo, junio y julio de 2008,la segunda cuota de SAC de 2006, el SAC de 2007 y la segunda cuota de 2008, Vacaciones gozadas 2007, los mismos deben ser receptados, como así también, la integración del mes de despido.

También procederán las indemnizaciones contempladas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, dado que pese a haber sido intimada fehacientemente para regularizar la relación ( art. 11, tex. Cit.) los demandados no respondieron, tornándose por ello innecesario el plazo de 30 días contemplado en la norma, porque mal puede suponerse que tuviese voluntad de cumplimentar con la inscripción solicitada por el trabajador, si se repara en su ausencia de respuesta ( en igual sentido, esta misma sala en " Rodriguez Oscar y otros c/ Hombres Argentinos de Negocios S.A. s/ despido" S.D.29.067 del 17/04/97 y en autos " Zattera, Delia c/ Mardi s/ despido" S.D 26.860 del 24/04/96) y por haber la parte actora dado cumplimiento con la comunicación a la AFIP que prevé el art. 11 de la ley 24.013 con la modificación de la ley 25.345 ( fs. 6).

También le corresponden el incremento previsto por el art. 2 de la ley 25.323 y la multa del art. 80 de la L.C.T., este último, por las siguientes consideraciones:

El artículo 45 de la ley 25.345 agregó como último párrafo de dicho artículo el siguiente texto: "...si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previsto... dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formularé el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último...". A su vez el Decreto Reglamentario 146/2001 en su art. 3º dispuso que "...el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que hace alusión el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previsto...dentro de los 30 (treinta) días corridos de extinguido, por cualquier causa el contrato de trabajo".

Ahora, si bien esta Sala que integro ha resuelto en algunos casos del pasado que resulta insuficiente -por prematura- la intimación de entrega del certificado antes de cumplidos los 30 días que establece la reglamentación, un nuevo y detenido examen de la cuestión, me conduce a arribar a una solución diferente, sobre la base de considerar que la requisitoria que se impone al trabajador constituye un claro exceso reglamentario, en relación a la norma superior que reglamenta (art. 45 antes citado).

Me explico: cabe tener en cuenta que las decisiones del Poder Ejecutivo se manifiestan jurídicamente por medio de "decretos" y en el derecho argentino se conocen cuatro clases principales de decretos del Poder Ejecutivo que son: 1) de ejecución o reglamentarios; 2) autónomos; 3) delegados, y 4) de necesidad y urgencia.

De acuerdo a esta clasificación que realiza el Dr. Néstor Pedro Sagüés (ver "Elementos de Derecho Constitucional" Tomo I, pág. 596 y sgtes.) en el caso en análisis estamos considerando un decreto que es reglamentario de una ley. Señala el jurista que los decretos de ejecución o reglamentarios son aquéllos que le dan nombre al Poder Ejecutivo, en tanto órgano estatal encargado de instrumentar y efectivizar las leyes. La Constitución Nacional en su art. 99, inc. 2 entre las competencias del presidente puntualiza que "expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias" (el destacado me pertenece). Queda claro entonces que el decreto reglamentario está jerárquicamente subordinado a la ley.

Desde esta perspectiva un texto legal puede ser modificado por el decreto en cuanto a sus modalidades de expresión, siempre que no afecte su sustancia. Según señala la Corte, la sustancia de la ley atañe a su espíritu y a sus fines ("S.R.L. Narden Argentina" Fallos, 280:18 y "Gravano", Fallos, 283:98).

Cabe tener en cuenta también -como señala el autor citado- que la colisión entre el decreto y la ley se da en estas hipótesis: a) invasión de áreas legislativas: ocurre, para el criterio de la Corte cuando el decreto, so pretexto de perfeccionar las normas existentes, legisla en asuntos que son competencia del Congreso y b) desnaturalización de la ley: cuando el decreto excede el ámbito de la interpretación posible u opinable de la ley, optando por una solución fuera de esta.

Y bien, a mi modo de ver con el art. 3º del decreto 146/2001 estamos en la segunda hipótesis descripta, en tanto, como señalé al iniciar el presente considerando la requisitoria que el mismo impone al trabajador excede claramente lo que establece la norma superior que reglamenta (art. 45 antes citado).

Aunque así no lo creo, suponiendo idéntica jerarquía de leyes, de igual manera en el caso de diferencia notoria como el presente, hubiera tenido que optarse por la norma más favorable (art. 14 bis CN).

En razón de lo que he dejado expresado entiendo que cabe declarar la inconstitucionalidad del art. 3º del decreto 146/2001.

No dejo de advertir que en el presente caso no se ha planteado la inconstitucionalidad de dicha norma. Sin embargo, no veo obstáculo, en las particulares circunstancias señaladas, en tratar el tema de todos modos, como ya he expresado en un precedente en el que he votado integrando la Sala VI: "Herrero Carlos Alberto c/ ESSO S.A.", Sent. 58.335 del 6/06/05, del registro de la Sala VI; ver también de esta Sala VII "Bourel, Martín Federico c/ Vicus S.R.L. S/ Despido", Sent. 39.188 del 08-05-06.

Sostengo esto porque la función del juez que se enuncia con el adagio latino "iura novit curia", es suplir el derecho que las partes no le invocan o que le invocan mal. Es consecuencia de ello, que los hechos del proceso, deben ser invocados y probados por las partes, pero en lo atinente al derecho aplicable el juez debe fallar, conforme a lo que él considera y razona como conducente a la decisión del proceso.- Lo dicho ha llevado a Bidart Campos a sostener que "el juez depende de las partes en lo que tiene que fallar, pero no en cómo debe fallar".

Es que el control de constitucionalidad no depende de las partes porque la supremacía de la Constitución es de orden público.

Por otra parte, no puede argüirse en contra de lo expuesto la posible violación del derecho de defensa o de una posible indefensión, ya que la doctrina mayoritaria, sostiene ya hace tiempo, que frente al "derecho aplicable" no se puede argumentar el derecho de defensa, ya que hay que prever la cuestión constitucional, dentro de ese derecho de defensa y no tenerlo en cuenta por las partes, sólo sería una imprevisión que puede atenderse y que sólo sería imputable a ellas.

En tal sentido, no sólo Bidart Campos ha manifestado su adhesión a esta doctrina, sino otros autores de talla, como Hitters, Juan Carlos (ED 116-20) y Ramírez Bosco (DT XLIII-B).

Este último autor destaca asimismo la vinculación de la declaración de oficio de la inconstitucionalidad con el principio de irrenunciabilidad del Derecho del Trabajo y, a su vez, como derivación necesaria o derivada del principio protectorio.

Asimismo es del caso recordar que el más Alto Tribunal de la República ha señalado hace algunos meses que "es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con esta y abstenerse de aplicarlas si se encuentran en oposición a ella (Fallos 311:2478, entre muchos).

Sobre la base de lo expresado tengo para mí que, la intimación cursada por la actora ( ver telegrama de fs. 5) resulta suficiente para tener por cumplido el requisito formal contenido en el art. 45 de la ley 25.345, de modo que resulta acreedor de la indemnización prevista en esta norma.

No procede en cambio la condena en relación a las asignaciones familiares, dado que la actora ha omitido acreditar fehacientemente la existencia de dos hijos menores ( art. 499 C. Civ.).

A fin de calcular los conceptos aludidos, corresponde tener por cierta la fecha de ingreso denunciada en la demanda - por cuanto la misma no fue desconocida por los demandados- como así también, la remuneración de $ 1200.

Digo ello, en razón de que los demandados guardaron silencio a la intimación que le cursara la Sra. Centurion denunciando como remuneración la de $ 1200, a lo que debe sumarse, que los accionados se opusieron a la producción de la pericial contable ( fs. 59 vta.) ni acompañaron los recibos que la parte actora le solicitara en los términos del art. 388 CPCC ( fs. 32 vta.)y sólo agregaron algunos recibos correspondientes a los años 2003, 2004, 2005 y 2006 ( sobre 5187/10).

En mérito a ello, a lo declarado por la testigo Martinez Areco en cuanto a que la actora cobraba $ 1200 porque les pagaban a las dos juntas ( fs. 170) y dado que en el mes de marzo de 2006 ( fs. 29, dos años antes del distracto) la actora cobraba $ 750, resulta razonable concluir que la remuneración de la actora ascendia a la suma de $ 1200 mensuales en el año 2008, lo que así resuelvo (art. 114 LCT).

Sobre la base de lo precedentemente expuesto,la actora resulta acreedora de las siguientes sumas:

-	Art. 245 L.C.T:	$ 7200 -	Preaviso con SAC: $ 2600 -	Integración con SAC: $ 1300 -	SAC 2° cuota de 2006: $ 600 -	SAC 2007: $ 1200 -	SAC 1° cuota de 2008: $ 600 -	Vac. 2007 y prop.2008 : $ 1005,12 -	SAC S/ Vacaciones: $ 83,76 -	Haberes abril a julio de 2008 : $ 4800 -	Art. 2 Ley 25.323: $ 5400 -	Art. 8 de la ley 24.013: $ 19.800 -	Art. 15 de la ley 24.013: $ 10.800 -	Art. 45 de la ley 25.345: $ 3600 -	Total: $ 58.988,88 Dichos importes, llevarán intereses desde que cada suma fue debida conforme la tasa prevista en el Acta CNAT N° 2357/02 y Res.CNAT N° 8/0, y hasta el momento de su efectivo pago.

Asimismo, los demandados deberán entregar el certificado de trabajo que prevé el art. 80 de la L.C.T. y el certificado a los fines previsionales que contenga: categoría, salarios percibidos- mes por mes- y el tiempo de trabajo cumplido; dentro del mismo plazo que el capital de condena( art. 80 L.C.T. y art. 12 inc. g de la ley 24.241), bajo apercibimiento de astreintes.

Dicho certificado se debe acompañar a partir de que sea notificada la intimación expresa que se deberá practicar luego de devueltos los autos a primera instancia.

En virtud de todo lo resuelto precedentemente, es que corresponde revocar el fallo de grado en este sustancial punto.

IV Finalmente, trataré los agravios vertidos en relación al rechazo de la acción civil.

En apoyo de su postura, la actora argumenta que ante la existencia de várices y el tipo de tareas que efectuaba la actora, debe presumirse la actividad laboral como factor causal de la enfermedad.

La perito médica, informó que la actora presenta úlcera en tobillo izquierdo, territorio varicoso en toda la pierna mencionada , dolor en miembro inferior derecho ( fs. 260 y 261); que las várices de los miembros inferiores constituyen un epifenómeno, que se constituye en la más común de las enfermedades vasculares periféricas, y que las de índole primaria, para explicar su génesis van desde el factor hereditario, pasando por influencias hormonales, hábitos alimentarios, hábitos de trabajo..( fs. 262), y a fs. 263, que es preciso realizar siempre una historia clinica al paciente para evaluar distintos aspectos como .. factores de riesgo como bipedestación prolongada .. obesidad.. sedentarismo, antedecentes como predisposición familiar (el factor hereditario se descubre en el 50 % de los padecimientos venosos).

No debo soslayar, que al punto 5) del cuestionario de la actora.." si por dichas afecciones se encuentra disminuida su capacidad laborativa y en qué grado".. ( fs. 33) la perito contestó más allá de lo peticionado : " Si, la permanencia de pie agrava la patología" ( fs. 263) y al punto IX " si es posible recalificar a mi mandante conforme los antecedentes de sus tareas habituales, formación sociocultural y características del mercado laboral" , la experta contesto que "no" ( fs. 263) sin brindar fundamento ni argumento alguno.

Asimismo, observo que le asitió razón al codemandado Fernandez de impugnar la pericia médica ( fs. 269 y vta.) en tanto que la experta consignó los antecedentes hereditarios de la actora ( fs. 260) y luego en contestación del punto 1) del cuestionario de la demandada ( fs. 58 vta.) explicó que el 50 % de las patologías venosas tienen su origen en ello.

Advierto además, que ha llegado firme a esta instancia el hecho de que la actora realizaba esfuerzos, adoptaba posturas antifuncionales y transportaba pesos ( fs. 295), sin embargo, no encuentro en la demanda una descripción detallada de las tareas que efectuaba la trabajadora, ni tampoco encuentro que los esfuerzos o el transporte de peso se relacionen con el sedentarismo o bipedestación prolongada que la perito explicó como origen de las patologías denunciadas en la demanda, ni que la actora padezca de obesidad, dado que en la pericia médica se ha consignado que se moviliza sin dificultad ( fs. 259).

Por todo ello, considero que la pericia médica adolece de contradicciones y de argumentos poco sólidos que impiden tener por cierto que la actora padezca una incapacidad del 22,42 % de la T.0., a lo que debe sumarse, la falta de nexo causal entre las tareas - que no han sido descriptas con detalle en la demanda- y las patologías denunciadas ( el daño).	Consecuentemente, propongo confirmar el fallo apelado en este aspecto.

V La nueva solución del pleito impone dejar sin efecto lo dispuesto en materia de costas y honorarios de grado, (art. 279 CPCC), lo que torna de tratamiento abstracto los recursos interpuestos al respecto.

Los honorarios de primera instancia sugiero regularlos para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15 %, los de la parte demandada en el 12 % y los de la perito médica en el 6 %, respectivamente, a calcularse sobre el monto definitivo de condena más sus intereses ( art. 38 L.O. y demás normas arancelarias) y las costas, propongo sean impuestas a la demandada vencida ( art. 68 CPCC).

VI De tener adhesión mi voto, los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada por la actuación en segunda instancia propicio regularlos en el 25 % para cada uno de ellos, a calcularse sobre lo que en definitiva les correspondiere por la actuación que les cupo en la instancia anterior ( art. 14 Ley del arancel). Costas a la demandada vencida ( conf. art. 68 citado)	LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que rechazó las pretensiones de la actora, recurre esta última a tenor de la presentación de fs. 304/306.

La actora afirma que la sentencia le causa agravio porque no aplicó el art. 23 LCT y porque no valoró correctamente las consecuencias de la situación de los demandados a la luz del art. 86 L.O. Sostiene que a partir de los términos de la contestación de demanda, correspondía aplicar la presunción del art. 23 LCT, y que la confesión ficta no fue desvirtuada por prueba en contrario.

Analizadas las constancias de autos, adelanto que he de disentir con la opinión de mi colega preopinante, Dra. Estela M. Ferreirós, en tanto considero que la presentación recursiva que trato no es suficiente para motivar la revisión de lo actuado.

En ese sentido, creo importante destacar que la frase del responde a la que hace referencia la recurrente -"el hecho que se haya visto a la actora en el domicilio de la calle Esmeralda 847 piso 19, departamento "h" de la Capital Federal por concurrir y/o efectuar algún tipo de visita al lugar de trabajo de la Sra. Marta Teresa Díaz...."-, es en mi opinión irrelevante a los fines de la aplicación al caso del art. 23 LCT, ello por cuanto de dicha frase no puede derivarse en modo alguno que se haya reconocido la prestación de servicios de la actora a favor de los demandados en las oficinas sitas en Capital Federal.

Por el contrario, en párrafos previos al mencionado, los demandados negaron categóricamente que la actora hubiera prestado algún tipo de servicio por orden de la demandada en el domicilio citado.

En lo que atañe a la situación procesal de los demandados conforme art. 86 L.O., lo cierto es que la Señora Juez "a quo" tuvo en cuenta la misma, y en todo caso, luego de valorar debidamente la prueba producida, en especial la prueba testimonial, concluyó que las mismas lograron desvirtuar las consecuencias de la confesión ficta.

En ese sentido, la sentenciante valoró adecuadamente los dichos de Trillo y Santillán, y también argumentó con base en la declaración de Martínez Areco, concluyendo que en el mejor de los casos para la actora, de haber prestado algún servicio en el domicilio de Capital Federal, la incidencia del mismo sería irrelevante frente a la carga horaria probada de las tareas como empleada de servicio doméstico en el domicilio real de la demandada.

Esas conclusiones de la sentenciante no han sido objeto de controversia eficaz por parte de la recurrente, quien se ha limitado a efectuar en este punto meras afirmaciones dogmáticas sin referencia concreta a las pruebas producidas y valoradas en el decisorio en crisis.

Por lo expuesto, y de prosperar mi voto, propongo confirmar la sentencia en tanto rechaza la demanda por despido incoada por la parte actora.

Por el contrario, adhiero por sus fundamentos al voto que antecede en tanto propone confirmar el rechazo de la acción civil intentada por la parte actora.

La parte demandada apela la forma en que fueron impuestas las costas por el rechazo de la acción civil intentada, pero en mi opinión no le asiste razón, en tanto de las constancias de autos se desprende que, sin perjuicio de la conclusión arribada, la actora tuvo motivos para considerar que gozaba de mejor derecho para reclamar como lo hizo (conf. art. 68 2da. parte CPCCN).

Los honorarios que se cuestionan resultan en mi opinión ajustados a las tareas cumplidas y demás pautas arancelarias aplicables, por lo que propongo confirmarlos.

Las costas de alzada propongo que sean soportadas en el orden causado (conf. art. 71 CPCCN). A ese efecto, propongo regular los honorarios de los letrados que intervinieron en esta etapa en el 25% de lo fijado en primera instancia (conf. art. 14 Ley 21.839).

Por lo expuesto y de prosperar mi voto, propongo: 1) Confirmar la sentencia en todo cuanto decide y fuera materia de recurso. 2) Imponer las costas de alzada en el orden causado. 3) Regular los honorarios de los letrados que intervinieron en esta etapa en el 25% de lo que les fue fijado en primera instancia.

EL DOCTOR NESTOR RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de la Dra. Ferreirós.	A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada y condenar a DIAZ MARTA TERESA y a NORBERTO HUGO FERNANDEZ a pagar a la Sra. CENTURION CANDADO ELIODORA dentro del quinto día la suma de $ 58.988,88 (PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS), más sus intereses conforme lo ya explicitado en el considerando III del compartido primer voto. 2) Confirmar en lo demás que decide la sentencia de grado. 3)Costas en ambas instancias a la demandada vencida. 4) Regular los honorarios por su actuación en primera instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada y perito médica en el 15 % (quince por ciento), 12 % (doce por ciento) y 6% (seis por ciento), respectivamente, para cada una de ellas, a calcularse sobre el monto definitivo de condena más sus intereses, conforme lo ya indicado en el considerando III del compartido primer voto. 4) Regular los honorarios por la actuación en segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada en el 25 % (veinticinco por ciento) para cada una de ellas, de lo que en definitiva correspondiere por la actuación que les cupo en la primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.