Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-03-19


NEUQUEN, 19 de marzo de 2013.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "FARIA MAGDALENA C/ CAJA DE SEGUROS S/ COBRO DE SEGURO POR INCAPACIDAD" (EXP Nº 320601/5) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERIA NRO. 4 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

I. A fs. 1215 la actora apeló la sentencia de fs. 1205/1208 vta., que rechazó la demanda interpuesta por ella contra Caja de Seguros S.A., y le impuso las costas. Luego, a fs. 1234/1236 vta., expresó agravios.

Se agravia en primer lugar porque la Sra. Jueza de primera instancia no ha observado lo dispuesto por el Art. 55 de la Ley 1284 en relación al dictamen médico y la concesión de su jubilación. También critica el rechazo de su petición de indemnización de seguro obligatorio y adicional, por considerar que la actora no padece de incapacidad total, desconociendo la presunción de legitimidad de los actos administrativos.

En segundo lugar critica la inobservancia, por parte de la Sentenciante, del carácter tuitivo y la naturaleza alimentaria del seguro de vida colectivo obligatorio y adicional, y que son inválidas las cláusulas limitativas de responsabilidad.

Señala que la A-quo se apartó del principio por el cual, en caso de duda razonable, corresponde rechazar el desconocimiento de los derechos del asegurado.

También se agravia porque ha existido una errónea interpretación de la carga de la prueba debido a que la prueba en contrario de la presunción de legitimidad, le correspondía a la aseguradora demandada. Alega que el dictamen pericial obrante en autos no prueba que la actora carezca de incapacidad total, toda vez que demuestra diversas afecciones de la misma, pero le otorga porcentaje sólo a algunas de ellas.

En cuarto lugar, critica el desconocimiento de las afecciones que determinan la incapacidad total de su parte y expresa que la A-quo yerra, al atribuir valor probatorio al dictamen pericial.

Por último, cuestiona la imposición de costas, y solicita se impongan a la demandada vencida o, en su defecto, atento que han existido motivos suficientes para litigar, en el orden causado.

A fs. 1238/1242 vta. la demandada contesta el traslado de la apelación y solicita su rechazo, con costas.

II. Ingresando al tratamiento de los agravios de la actora, adelanto que el recurso no habrá de prosperar.

Ello así, atento a que, como señala la A-quo, resulta controvertido en autos si la actora padece una incapacidad del 66% o más que amerite a considerar que ella es total y permanente a los fines de la percepción de los seguros.

Al respecto tanto el dictamen médico como el acto de concesión del beneficio de la jubilación por el ISSN, no se condicen con las pruebas periciales obrantes en autos.

Es que el informe efectuado por la perito psicóloga a fs. 256/261 vta., da cuenta que la actora padece de neurosis histérica grado III, lo que refleja una incapacidad laborativa del 30%. Y en la pericia médica de fs. 430/434 la perito especialista en medicina interna y laboral consideró la patología psiquiátrica y mediante el cómputo por el método de la incapacidad restante, dictaminó que la actora posee una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 20,37%.

Entonces, de la prueba pericial producida en autos no surge un porcentaje igual o superior al 66% que habilite para calificar como total la incapacidad que padece la quejosa (teniendo en cuenta que la incapacidad psicológica se determinó en un 30% del 67,9%, fs. 256 vta.). De tal manera no resulta acreditado el porcentaje de incapacidad alegado por ella.

Además, como se destaca en la resolución impugnada y el recurrente no rebate, estrictamente el acto administrativo es la decisión de otorgar el beneficio, no el dictamen médico, y no obstante que goza de presunción de legitimidad, admite prueba en contrario, conforme el art. 55 inc. a), de la ley 1284.

Al respecto, el TSJ ha sostenido que "[.] si bien es verdad que los actos de la Administración poseen presunción de legitimidad -lo que implica que se presume que éste ha sido dictado conforme al principio de legalidad- como toda presunción, admite prueba en contrario" (R.I. N° 5.897 de la Secretaria de Demandas Originarias del T.S.J.).

Además, cabe considerar que en autos no se discute la validez de los actos administrativos para la concesión del beneficio previsional sino el valor probatorio de las actuaciones administrativas en este proceso donde se discute el cumplimiento de los requisitos para el cobro de los seguros por incapacidad colectivos obligatorio y adicional.

En relación con su valor probatorio, en autos "MARTINEZ ANA MARIA ALEJANDRA C/ U.P.C.N. S/ COBRO DE APORTES" EXP Nº 357714/7, se citó jurisprudencia que sostiene: "El valor probatorio de los documentos administrativos está ceñido a la sana crítica del juez (cfr. Gordillo, Agustín A.: "Tratado de Derecho Administrativo", T.3, 4° ed., Bs.As. 1999, p. VII. 16), habida cuenta que tales actos sólo gozan de una presunción, "no la perfección y certeza indiscutida de su legitimidad" (Fiorini: "Teoría jurídica del acto administrativo", Bs. As. 1969, p. 89. Ver también sobre el alcance del valor probatorio que corresponde atribuir a las actuaciones administrativas: Fiorini: Acto administrativo e instrumento público. El método constitucional, LL. 146-1017; Alberto G. Spota: "Carácter de instrumentos públicos de las actuaciones administrativas (nota a fallo)", JA 1955-I-119. Cassagne: "Sobre la condición de instrumentos públicos de las actuaciones administrativas y su valor probatorio", ED. 63-899; Inés D'Argenio, "Valor probatorio del expediente administrativo (nota a fallo)", JA. 1994-III-99). (Del voto del Dr. Coviello, consid. 8°)." Autos: Expreso Tigre Iguazú S.R.L. c/ Resol. 473/98 -C.N.R.T.- (Expte. 12.445/98). Buján, Licht (por su voto), Coviello. 04/07/2002 C.NAC.CONT. ADM.FED. Sala I. Exp.nº 4.233/99)".

Y, conforme se señaló anteriormente, en autos se produjo prueba pericial que determinó la incapacidad de la actora en el 52,47%.

Asimismo, más allá de las alegaciones de la recurrente, referidas al carácter tuitivo de la naturaleza alimentaria del seguro de vida colectivo obligatorio y adicional, lo cierto es que, conforme a la prueba pericial, la accionante no acreditó haber alcanzado el porcentaje mínimo requerido para cobrar los seguros que reclama.

Cabe señalar, en relación con la critica referida a la carga de la prueba, que una vez incorporada una prueba a la causa, por el principio de adquisición procesal, en la medida que sea pertinente a los fines de la resolución del litigio, debe ser valoradas por el sentenciante.

Es que: "Por el principio de adquisición procesal, las pruebas acreditan lo que de ellas resulta, tanto en favor como en contra de quien las propuso, es decir, que para el esclarecimiento de la verdad -norte de todo proceso (confr. fallos: 238:550)- el juez debe valorar todas las probanzas que sean conducentes para ello, sin que tenga relevancia cual de las partes las propuso y produjo", (CNCiv. y Com. Fed., autos "Suárez Manuel C/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS) S/ Cobro de seguro", Causa N° 35.730/95, 9/11/00).

Además, la actora no impugnó ni solicitó aclaraciones a la prueba pericial oportunamente y, como señaló la A-quo, presentó un cuestionario genérico a la perito. Por ello, tal alegato en esta instancia resulta improcedente. En virtud de lo expuesto, corresponde también rechazar el tercer y cuarto agravio.

Cabe considerar que en el caso no se trata de resolver la inoponibilidad de la cláusula limitativa del riesgo cubierto (como en autos "Fahsbender Héctor Franklin C/ Caja de Seguros S.A. S/ Cobro de Seguro por Incapacidad", Expte. N° 367297/8), ni la interpretación de la cláusula (autos "Álvarez Valentona c/ La Caja de Seguros S.A. s/ Cumplimiento de Contrato", Expte. N° 385839/9), porque aún considerando la patología conforme la pericial médica, no alcanza al 66% de incapacidad. Además la recurrente no detalló cuales son las afecciones que, dice, no se consideraron para determinar la incapacidad, como tampoco las circunstancias que habría que apreciar para ello.

En cuanto al agravio de las costas, la sola mención de que han existido motivos suficientes para accionar no habilitan su eximición y el apartamiento del principio objetivo de la derrota establecido en el art. 68 del C.P.C. y C., por lo cual también corresponde rechazar este agravio.

III. Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo el rechazo del recurso de apelación de la actora, debiendo confirmarse la sentencia de fs. 1205/1208 vta., en todo cuanto fue materia de agravios. Las costas de esta instancia deberán ser soportadas por ella por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C. y C.), regulándose los honorarios respectivos de conformidad con el art. 15 de la Ley 1594.

Tal mi voto.

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1. Rechazar el recuso de apelación deducido por la actora a fs. 1215 y confirmar la sentencia de fs. 1205/1208 vta., todo en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2. Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida (art. 68 del C.P.C. y C.).

3. Regular los honorarios profesionales de esta Instancia en las siguientes sumas: ..., (art. 15, LA).

4. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.