Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-05


En la Ciudad de Eldorado, Departamento del mismo nombre, Provincia de Misiones, a los CINCO días del mes de AGOSOTO del año DOS MIL ONCE se reúnen en acuerdo definitivo los Señores miembros de la CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y LABORAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MISIONES, Dres. KLEINBIELEN SOFIA ANA, Y ZIMAN NICOLAS ESTEBAN, LEON ATILIO ANGEL (por Subrogación Legal), con el objeto de considerar estos autos "EXPTE. Nº 1870/2010 TOLEDO DANIEL C/ RENNE AZUCENA MIÑO S/ LABORAL", elevados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral Nº 2, de esta Tercera Circunscripción Judicial de Misiones; en virtud del recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandada a fs. 150/152 en contra de la Sentencia de fs. 144/146, obrando contestación de agravios a fs. 154/157.- Examinados los autos la Cámara de Apelaciones se plantea los siguientes interrogantes: ¿Es justa la sentencia recurrida? ¿En su caso, cuál es el pronunciamiento a dictar? Realizado el sorteo, correspondió emitir su voto en primer término a la Dra. Sofia Ana KLEINBIELEN quién DIJO:

Se agravia la recurrente apelante en forma total, porque su mandante la Sra. Azucena Renne Miño ha sido condenada a pesar de no haberse probado los extremos invocados por el Actor en su demanda. Señala que la misma se dedica en forma exclusiva a la docencia, analizando en esta queja las pruebas que a su criterio son demostrativas de que no hubo relación laboral. Que la a-quo ha suplido la falta de conocimiento jurídico de la contraria en la forma de realizar debidamente las intimaciones conforme lo exigen las leyes 24.013 y 25.013, no correspondiendo la aplicación de las excesivas multas que de ellas se derivan. Fundamentalmente se agravia por la novedosa actualización del valor de los créditos laborales como así también la tasa de intereses que pretende aplicar a los rubros laborales sentenciados los que generan enriquecimiento ilícito a favor del actor. Señala que la Suprema Corte se pronunció en contra de la actualización. Se opone por último a la multa por temeridad y malicia por ser ésta sumamente gravosa.- Abordando al agravio que hace a la existencia del contrato de trabajo anudado entre las partes, no le asiste razón al apelante.- El juez laboral para determinar la existencia o no el contrato de trabajo, debe basarse en el Principio de Primacía de la Realidad, que otorga prioridad a los hechos efectivamente ocurridos en el marco de la relación por sobre lo documentado o manifestado por las partes.- En su art. 23 la LCT dispone que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Por ser éste un hecho, es dable probar por testigos y su objetivo es invertir la carga de la prueba sobre el empleador, quien debe demostrar que esa prestación de servicios no fue en relación de dependencia, o el que prestó reúne otras características.- El actor invoca haberse desempeñado como carnicero, desde el 01/01/03 hasta el 26/02/05 (fecha en la que se consideró despedido), al servicio de la Sra. Renne Azucena Miño en "La Posta Carnicería", con domicilio en calle Rivadavia Nº 275, Km. 3 de ésta ciudad.- La demandada niega la relación laboral, que haya explotado "La Posta Carnicería", que deba al actor suma alguna. Haciendo hincapié que la misma es dependiente del Consejo General de la Provincia de Misiones y por lo cual no puede ser propietaria o tener a cargo la explotación de una carnicería.- En primer lugar no vemos ni tampoco lo señala la accionada cuales son las objeciones por las que la misma no puede explotar en cualquier carácter una carnicería o un mercado como dicen los testimoniantes, cuando este tipo de trabajos se puede realizar a través de otras personas que coadyuvan en el ejercicio del mismo.- Respecto a la acreditación de que Toledo se desempeñaba en las condiciones que establece en la demanda, con la prueba que tuvo y que puede acceder el trabajador, esto es, las testimoniales que produce a fs. 90/91/92 han sido todas contestes en indicar que el actor trabajaba como carnicero dos años y pico cuando la Sra. Miño era propietaria de la carnicería, indican que a la fecha que declaran son otos dueños. Que de mañana se ocupaban sus hijos y una cajera, en cambio de tarde estaba la frente del comercio la Sra. Miño y los sábados permanecía todo el día; vale recalcar lo que dice al final de su declaración la testigo de fs. 90 ".ella viajó a Camboriú, y cuando volvió le dejó libre a Toledo.". Todos declaran ser vecinos del lugar y clientes del negocio en cuestión.- En cambio las testimoniales producidas por la Demandada fs. 109/110, no controvierten las declaraciones analizadas y al responder la primera declarante fs.109 a la sexta pregunta dice "no se creería que todo el día", refiriéndose a que la demandada trabajaba todo el día en la escuela, a la octava y novena pregunta responde "no se", y a las repreguntas termina contestando que al lado de la casa de la Sra. Miño, en la calle Rivadavia, km. 3, hay un local de ramos generales, hay bazar, hay carnicería, pero dice que siempre están cambiando de dueño. La testigo de fs. 110 a la sexta -octava- y novena- contesta no saber y en las repreguntas reconocen la existencia del negocio en el lugar ya descripto pero dice no saber si la Sra. Miño tuvo algo que ver en el negocio.- El resultado de la informativa de fs. 100 que pretende acreditar que la accionada trabajaba de mañana y de tarde en la escuela, no lo podemos tener en cuenta porque fue solicitado al año 2008 y la relación que se controvierte es a fecha 2003-2005, con independencia que ello no quita que igual pudo haber sido la titular del comercio.- Que el informe de la AFIP a fs. 74 vale como presunción en contra de la demandada, dando cuenta que la Sra. Miño registra inscripción en el Registro simplificado para pequeños contribuyentes Monotributo, fecha de alta 04/05/01, baja definitiva desde el período 02/05. A fs. 65 con el informe municipal se corrobora la existencia del local comercial en calle Rivadavia Nº 275 de ésta ciudad, estando en trámite habilitación explotación comercial Minimercado a nombre de la Por todo lo expuesto debemos tener por acreditado la existencia de un contrato de trabajo entre las partes en el período que se reclama a tenor de lo que preceptúan los art. 9-21-22-23-62 y 60 de la LCT.- Además aclarada tal cuestión comienzan a hacerse operativas las demás presunciones laborales de fondo y de forma como al art. 76 del CPL, que ante la omisión de exhibición del libro especial y documentales laborales presume como ciertas las afirmaciones que hace el obrero sobre lo que debería constar en dichos documentos. Esto en cuanto a la fecha de inicio y extensión de la relación laboral, salarios percibidos y categoría detentada por el obrero.- En lo que si asiste razón al apelante es lo que refiere a las indemnizaciones previstas en los arts. 8-9 y 10 de la Ley 24.013, suma ésta que deberá ser deducida de la planilla a valores actuales por cuanto no se cumplimentó los requisitos de la norma citada en el art. 11 lo que puede verse en el intercambio epistolar de fs. 65/73.- En lo que señala el agraviado cuando se queja "por la novedosa actualización del valor de los créditos laborales", procede señalar que la Juez al determinar los montos de la planilla ha adherido al criterio de ésta Cámara ya sustentado en otras causas y que hasta el momento el Excmo. STJ no se ha expedido, en las que hemos considerado que liquidando planilla al momento actual se cumple con el mandato del art. 116 del CPL y con el art. 1 de la Ley 24.283 que determinan que en la liquidación judicial no podrá establecer un valor superior al real y actual de dicha cosa o bien o prestación al momento del pago.- Por lo tanto no puede disminuirse la pretensión originaria del trabajador a causa de la mora judicial y de la variación de la economía siendo obligatorio para el Juez mantener incólume el contenido económico de la sentencia.- En punto a la tasa activa que se fija a partir de la Sentencia también debe ser confirmada en razón de que la pasiva es tan exigua que no solo no indemniza las utilidades perdidas por el acreedor a consecuencia de la morosidad del deudor, si no que erosiona el poder adquisitivo del crédito, llegando a no cubrir el capital reclamado, alentando la litigiosidad sin fin en desmedro del trabajador, pero no toda y cualquier tasa activa es justa, sino solamente aquellas que los bancos cobran a sus clientes por los préstamos en dinero a mas de doce meses y no la de descuentos comerciales que si, pueden tonarse confiscatoria.- Por lo tanto la tasa que debe aplicarse a partir de la Sentencia es la activa que cobran los bancos a sus clientes por sus préstamos en dinero a más de doce meses.- En cuanto a la multa del art. 275 de la LCT no es un porcentaje sobre la condena como lo establece la a-quo, la sanción consiste en el pago de un interés adicional y de hasta dos veces y media al que cobran los bancos oficiales para sus operaciones de descuentos de documentos comerciales.- Este interés se graduará por los jueces teniendo en cuenta la conducta procesal del perdedor.- Si bien la demandada ha negado la relación laboral, durante el proceso no opuso defensas dilatorias incompatibles, no ha hecho un abuso desaprensivo y malicioso, de la jurisdicción.- "Para determinar si se ha configurado la conducta maliciosa o temeraria a que alude el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo es necesario proceder con suma prudencia y tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al solo hecho de que las acciones y defensas hayan sido finalmente desestimadas, ni siquiera que las pretensiones carezcan de sustento jurídico, dado que ello podría coartar la garantía constitucional de defensa en juicio" (CNTrab., Sala VII, 26/10/95, "D.T.", 1996-A, 1222).- ."Las sanciones previstas por el art. 275, LCT, sólo proceden en casos extremos y cuando de la actuación resulta un proceder malicioso y temerario, que debe quedar perfectamente configurado, nacer de las propias actuaciones y dejar en el ánimo de quien debe aplicarlas el convencimiento absoluto de que se ha actuado con dolo o culpa grave en grado sumo"...(Ley Contr. de Trab.- Edic. 2009-Pag. 1037-Mariano Mark) Razones estas que me llevan a concluir que debe ser rechazado este concepto, teniendo en cuenta además que las liquidaciones de la planilla se ha practicado a valores actuales, lo que beneficia al actor en forma equitativa.- Por las mismas cuestiones, el Dr. Nicolas Estaban Ziman, a quién por sorteo corresponde emitir su voto en segundo término, DIJO: que se ADHIERE.- POR TODO ELLO, LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MISIONES:

R E S U E L V E:

I-HACER LUGAR parcialmente al Recurso de Apelación interpuesto por la Demandada debiéndose por Secretaría de Primera Instancia y al practicar planilla deducir de la condena el concepto de indemnización que fija la Ley 24.013 a valores actuales, como así también deberá restar el monto condenado en concepto de multa por temeridad y malicia, estableciendo a partir de la Sentencia los intereses a tasa activa que cobran los bancos a sus clientes por sus préstamos en dinero a más de doce meses. CONFIRMAR en todo lo demás que fuera materia de agravios la Sentencia de grado.- II)COSTAS de Segunda Instancia a la actora en un 10% y a la demandada en un 90% Honorarios a Gladys Gallardo y Lucas Candia 35% de lo que le correspondiera en Primera Instancia y a Claudio Beccaluva en un 30%.- IV)Cópiese. Regístrese. Notifíquese y oportunamente bajen a origen.-