Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-11-12


AUTOS Nº 74.604/1 (4º Juzgado Civil) (SALA III 9374) "DAVILA Daniel Marcelo C/ Pajares Santiago Enrique Actuaciones para Tramitar Apelación" ///Juan, a 12 días del mes de Noviembre de dos mil ocho.

VISTO: Para resolver sobre el recurso de apelación concedido al actor a fs. sub 10, contra el decreto de fecha 31 de octubre de 2007 obrante a fs. sub 06.

CONSIDERANDO: El Sr. Juez a-quo resolvió: "Por devueltas las actuaciones del Centro Judicial de Mediación. A razón de lo informado en el certificado que antecede, y de conformidad a lo dispuesto por el art. 26/ley 7454, se impone una multa al incompareciente ACTORA Y DEMANDADA equivalente a 800 U.T. c/u de las partes, en favor del Centro Judicial de Mediación. En consecuencia, y siendo que toda multa constituye un crédito tributario cuyo procedimiento y aplicación se encuentra establecido en la Acordada nº 15/97, intímase a la parte deudora (DANIEL MARCELO DAVILA (ACTORA); SANTIAGO ENRIQUE PAJARES y NESTOR GUSTAVO JIROAN (DEMANDADOS)) a que en el plazo de tres días de notificado/a, deposite el equivalente de la multa en dinero en la cuenta Corriente nº 009-003509/1 a nombre del Centro Judicial de Mediación del Poder Judicial de San Juan, circunstancia que deberá ser acreditado en los presentes actuados, bajo apercibimiento de aplicar lo dispuesto por la Acordada nº 15/97 antes mencionada. Notifíquese personalmente o por cédula".

Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso de apelación a fs. sub 09, el que se le concedió a fs. sub 10. Expresó agravios a fs. sub 14/sub 15 vta. e hizo expresa reserva de los Recursos Extraordinarios de la ley 2275 y del Caso Federal del art. 14 de la ley 48.

Se corre en la Alzada vista a la Sra. Fiscal de Cámara, quien emite dictamen a fs. sub 26 y vta.. Opina que el recurso debe ser desestimado conforme a los fundamentos que expresa.

Según constancias de autos -que en copias se acompañan por decreto de fecha 30 de agosto de 2007 (fs. sub 03) el Sr. Juez a-quo proveyó: "Se solicita la apertura de la causa a prueba. Ahora bien, por encuadrar esta causa en la situación prevista en el art. 11º in. a) de la Ley Provincial de Mediación (Nº 7454), de oficio se ordena la suspensión del proceso, y su sometimiento al proceso de mediación (art. 15 y 17/ley 5474), sin perjuicio de la facultad de las partes de manifestar -en la primera audiencia o en un momento posterior su voluntad de no continuar en el proceso de medicación. Fórmense actuaciones por separado para remitir al Centro Judicial de Mediación, con copia de esta resolución y del certificado correspondiente. Déjese constancia en el sistema informático de la suspensión decretada".

A fs. sub 05 corre agregado oficio remitido al Juzgado por la Dra. Delia Quintar -Funcionaria a cargo del Centro de Mediación de la Provincia quien comunica al Juez, que no pudo abrirse la instancia mediadora por incomparencia injustificada de la parte actora y demandada, no obstante estar debidamente notificadas -según surge de las actuaciones tramitadas por ante el Centro Judicial de Mediación y lo informado por la mediadora designada Dra. Amanda Victoria Andino. Solicita que en cumplimiento de lo previsto por el art. 26 de la ley 7454, se aplique la multa respectiva a las partes incomparecientes equivalente a 800 U.T. a cada una de ellas. El importe deberá ser depositado en el Banco de San Juan Suc. Tribunales en la cta. cte. Nº 009-003509/1 a nombre del C.J.M.

El decreto apelado causa agravios al actor, los que subsumiremos del siguiente modo: El Inferior no tuvo en cuenta que no concurrió a la primera audiencia fijada por el Centro de Mediación, toda vez que se le informó telefónicamente a la Dra. Amanda Victoria de Andino -mediadora designada que tanto su parte como la contraria, no tenían voluntad de someterse al proceso de mediación, por lo que fue esa la razón por la que asistiría a dicha audiencia. No consideró el juez a-quo que su incomparencia no ha sido injustificada.

El art. 11 inc. a) de la ley 7454, impone la obligatoriedad de la mediación a todas las causas que tramiten con Beneficio de Litigar Sin Gastos y el art. 26, impone una multa para el caso de incomparencia injustificada a la primera audiencia. Por otro lado, el art. 42 establece que la mediación no es gratuita. Así, la forma en que están planteadas las pautas de la normativa que rige el proceso de mediación en la Provincia, lo que implica que la persona que concurre a la jurisdicción con beneficio de litigar sin gastos al someterse a dicho proceso, deben pagar, desnaturalizándose por completo el instituto del beneficio de litigar sin gastos. Es necesario reestructurar el sistema mediatorio a fin que el mismo funcione correctamente y para las causas que se litigue con beneficio, la mediación sea gratuita.

La Constitución Nacional garantiza el derecho de defensa y el fundamento del beneficio de litigar, radica justamente en evitar que la parte carente de recursos económicos tenga que afrontar cualquier gasto derivado del proceso, para no verse impedido de ejercer sus derechos.

Si bien el instituto de la mediación no reviste naturaleza jurisdiccional, de la obligatoriedad de su procedimiento se desprende, que constituye una etapa de ineludible cumplimiento del proceso civil. Siendo la mediación una etapa de carácter forzoso para aquellas personas que acuden al órgano jurisdiccional en procura de justicia, los efectos del beneficio deben necesariamente ser aplicados al proceso de mediación rigiéndose por las disposiciones contenidas en el art. 84 y s.s. del C.P.C.. Es absurdo exigir a su parte el pago de la multa impuesta porque no pretendía someterse a la mediación, manifestándolo telefónicamente a la mediadora designada.

Entrando al tratamiento del recurso de apelación traído a estudio de este Tribunal, adelantamos opinión en el sentido de su admisión parcial.

En el presente proceso -conforme surge de las actuaciones el Inferior ordenó la suspensión del mismo y el sometimiento al procedimiento de mediación. La ley que rige en la Provincia el proceso de mediación es la invocada por el Inferior (Nº 7454), mediante la misma se instituyó en todo el territorio de la Provincia la práctica de la mediación como método de resolución pacífica de conflictos y/o controvercias (art. 1º).

Entre los principios básicos en que se basa la mediación encontramos -entre otros al de "voluntariedad" (art. 2º);no obstante ello, el Título IV que rige la "Mediación Judicial", en su art. 11º establece los casos en los que ese principio cede y resulta obligatoria la concurrencia de las partes a la primera audiencia que se fije. Entre dichos casos -enumerados en tres incisos queda incluído el caso de marras. El art. 11 inc. a) prevé que todas las causas que tramiten con Beneficio de Litigar sin Gastos, con excepción de las contempladas en el art. 13º de la ley -que no es el caso de autos-, la concurrencia de las partes a la primera audiencia reviste el carácter de obligatoria.

Dicha obligatoriedad también se encuentra impuesta en el Acuerdo General Nº 23 de la Corte de Justicia, que reglamentó lo atinente al funcionamiento del Centro Judicial de Mediación y al procedimiento judicial de mediación. En el art. 9 inc. a) del Acuerdo citado, se establece la obligatoriedad de comparecer a la primera audiencia en los casos previstos por el art. 11 de la ley 7454 -causas que tramiten con beneficio de litigar sin gastos.

Así, en contraposición a lo sostenido por la Sra. Fiscal de Cámara al emitir dictamen a fs. sub 26/sub 27 en el sentido que ".la solución alternativa de conflictos que regula la ley 7454.no es obligatoria.", consideramos que en el presente caso sí reviste carácter obligatorio la comparencia de las partes a la primera audiencia, al litigar la parte actora, con beneficio de litigar sin gastos, el que se tiene a la vista en este acto.

La ley faculta a las partes a que en dicha audiencia -o en cualquier momento-, manifiesten su voluntad de no continuar en el proceso de mediación; ésta es la ocasión en la cual el apelante debió expresar la voluntad de no querer someterse a dicho procedimiento. El recurrente en la fundamentación del recurso hace referencia a que: "ni su parte ni la demandada tenían voluntad de someterse al proceso de mediación y que se lo comunicó telefónicamente a la mediadora designada -Dra. Amanda Victoria de Andino ", asimismo que "...su parte no pretendía someterse al proceso de mediación...".

La comunicación telefónica -que alega el apelante por la cual le informa a la mediadora designada -según sus dichos que no pretendía someterse al proceso de mediación, no es una forma de justificar su inasistencia, ni es el modo -vía telefónica que la ley prevé a fin de manifestar la voluntad de no continuar con el proceso de mediación.

El apelante, sabiendo que se trataba de uno de los casos en que la concurrencia a la primera audiencia revestía el carácter de obligatoria -porque así lo reconoce al fundar el recurso-, incumplió con lo dispuesto por la ley Nº 7.454. En todo caso , el actor debió apelar el decreto obrante a fs. sub 03 por el cual el juez de oficio -conforme lo prevé el art. 15 y 17 de la ley Nº 7454 ordenó la suspensión del presente juicio y sometió el mismo al proceso de mediación; proveído que consintió plenamente. Además, en el decreto de fecha 30/08/07 el Inferior hizo expresamente mención a la facultad de que gozaban las partes de manifestar -en la primera audiencia o en un momento posterior su voluntad de no continuar en el proceso mediatorio, prerrogativa que no utilizó en forma correcta el recurrente.

El apelante -en contraposición a lo que sostiene en sus agravios no invocó un motivo o razón por la que no concurriría a la audiencia y así justificar su incomparencia. El llamado telefónico que dice haber realizado a la mediadora designada, fue sólo para comunicarle según sus dichos que no se sometería a la mediación, lo que debió manifestar en la primera audiencia -reiteramos que se celebrara, por ser obligatoria en la causa que él promovió -por tramitar con beneficio de litigar sin gastos y por haber consentido el sometimiento del proceso a la mediación. Frente a la incomparencia injustificada de las partes el Juez aquo actuó conforme a derecho y de acuerdo a lo previsto en el art. 26 de la ley 7454, imponiendo la multa correspondiente (800 U.T.), lo que fue apelado por el actor.

No puede cuestionarse la correcta aplicación por parte del juez a-quo, de la multa que la ley 7454 prevé para el caso. Por lo que se desestiman los agravios del apelante en tal sentido y se confirma la primera parte del decreto recurrido.

Respecto a la intimación al pago inmediato de la misma, entendemos que el procedimiento de mediación en este caso; debe ser equiparado a los gastos de naturaleza jurisdiccional. La ley Nº 7454 legisla en su Título IV sobre la "Mediación Judicial" y el Acuerdo Nº 23 del 27 /10/2004, dictado por la Corte de Justicia, crea el Centro Judicial de Mediación y reglamenta el Proceso Judicial de Mediación, esto es justamente, el proceso de mediación dentro del Poder Judicial.

Se tienen a la vista en este acto los autos Nº 74.605 "Dávila Daniel Marcelo Beneficio de Litigar sin Gastos" donde según sentencia de fecha 11 de marzo de 2005, obrante a fs. 32/33, se concedió a favor del actor el beneficio referido y se eximió al actor de gastos y costas judiciales en estos autos del epígrafe, N 74.604, hasta que mejore su fortuna (art. 90 C.P.C.). Dentro de los cuales por los fundamentos dados , queda comprendida la multa impuesta por el Inferior. No se discute -repetimos la imposición de la multa en cuestión, la que fue impuesta de acuerdo a lo previsto en la ley 7454, lo que si corresponde determinar es que la misma si está alcanzada por los beneficios que prevé el art. 90 del C.P.C., en cuanto a su pago inmediato.

Por lo expuesto, la eximición de sellado dispuesta por resolución de fecha 11/03/05 en los autos correspondientes al Beneficio de Litigar sin Gastos, corresponde se haga extensiva a estos actuados, en el proceso de mediación judicial ordenado a fs. sub 03 y al decreto apelado de fs. sub 06, todo ello conforme el alcance dispuesto en nuestra ley ritual en su art. 90.

Lo que queda en suspenso es el efectivo pago o la exigibilidad de dicha multa hasta que mejore su fortuna; es decir, que se de la situación prevista en el art. 90 de nuestra ley ritual. Por lo que el segundo párrafo del decreto de fs.06, se revoca y en su lugar se tiene presente el cobro de la multa para la oportunidad que prevé la norma citada.

Es jurisprudencia de este Tribunal: "La parte que promovió el beneficio, no sólo se encuentra exenta del pago de los impuestos y sellados de justicia en dicho beneficio, sino que también lo está en el juicio principal, donde intenta hacerlo valer.

Prot. de Autos Tº IV Fº 696/699 Año 2006.

La Ley ritual Nº 3.738 en su art. 89 establece: "Hasta que se dicte resolución la solicitud y presentaciones de ambas partes estarán exentas del pago de impuestos y sellados de actuación. Estos serán satisfechos, así como las costas en caso de denegación"....

Jurisprudencia de la Nación expresa: Según lo dispuesto en el art. 84 del C.P.C.C.N., respecto al beneficio de litigar sin gastos, "el que obtuviere el beneficio estará exento, total o parcialmente, del pago de las costas o gastos judiciales, hasta que mejore su fortuna; si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba". Autos: FERRON Stella Maris y OTROS c/ MIN. DEL INT. Ga. y J. de P. C. Fecha: 26/09/1994 C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA IV Ref. Nor.: .N., ART. 84.

Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires: "Si bien es cierto que la parte que actúa con beneficio de litigar sin gastos, como tal está exenta del pago de las costas judiciales; también lo es que resultando vencedora en el pleito debe abonar las costas a su cargo hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. Cc0000 Do 80394 Rsd-48-4 S Fecha: 02/03/2004 Juez: Portis (sd) Caratula: Feler, Daniel C/ Covisur S.a. Y Otro S/ Daños Y Perjuicios Mag. Votantes: Portis Gómez Ilari.

Por lo dicho, se hacen extensivos los efectos del beneficio de litigar sin gastos al proceso de mediación judicial dispuesto en esta causa, en los términos del art. 90 del C.P.C.. Se admiten así parcialmente, los agravios del accionante en tal sentido y se revoca la segunda parte del decreto recurrido.

Las costas se imponen por su orden atento a que el decreto apelado fue dictado de oficio y la admisión parcial del recurso (arts. 74, 75 c.c. del C.P.C.).

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citada; SE RESUELVE: Admitir parcialmente el recurso de apelación concedido al actor a fs. sub 10, contra el decreto de fecha 31 de octubre de 2007 obrante a fs. sub 06. En consecuencia, se confirma el pronunciamiento de primera instancia en cuanto impone la multa prevista en el art. 26 de la ley 7454. Se revoca en cuanto intima al depósito del monto impuesto en concepto de multa, haciéndose extensivo al presente proceso la eximición dispuesta en el Beneficio de Litigar si Gastos, en los términos del art. 90 del C.P.C., según lo expuesto en los considerandos precedentes. Las costas de la Alzada se imponen por su orden (arts. 74, 75 y c.c. del C.P.C.). Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, dese copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.

FDO: DR. HUMBERTO CABALLERO, DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. MOISES MOYA. ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI SECRETARIA- Prot. De Autos Tº IV-Fº 678/683 2008-