Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-16


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17.585 EXPTE. N° 16.052/2009. SALA IX. JUZGADO N° 60.

En la ciudad de Buenos Aires, el 16 de febrero de 2012, para dictar sentencia en los autos: "DE LA TORRE LEANDRO JAVIER C/ESTABLECIMIENTO GRAFICO IMPRESORES S.A. S/DESPIDO", se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I. La sentencia de primera instancia de fs. 671/5 que rechazó la demanda en su totalidad, ha sido apelada por la parte actora, a mérito del recurso que luce agregado a fs. 678/88. Hay réplica de la contraria a fs. 693/4. La perito contadora recurre sus honorarios por considerarlos reducidos (v. fs. 676).

II. El recurso de apelación interpuesto por la parte actora, de prosperar mi voto, ha de prosperar parcialmente.

Lo decidido en la sentencia recurrida en cuanto a que el reclamante no acreditó los incumplimientos registrales invocados, deuda salarial alguno y/o que estuviera mal registrado de conformidad con los datos vertidos en la intimación cursada a esos efectos (v. fs. 672), ha de ser confirmado.

Sobre dicha cuestión es dable señalar que el apelante no desvirtuó debidamente lo resuelto en el decisorio de origen respecto de que cuanto la parte interesada se refiere a la falta de registro de horas suplementarias pretende vincularlo a la existencia de pagos clandestinos a "ellas ligados", introduciendo así en esta litis una cuestión distinta a la referida en la demanda, escrito en el cual no se sostuvo el pago clandestino de horas suplementarias.

En ese marco, el tratamiento de una cuestión no introducida oportunamente por la parte interesada resultaría innovativa y contraria al principio de congruencia y al derecho de defensa en juicio (conf. arts. 277, CPCCN y 18 Constitución Nacional).

Por lo demás, tampoco se desvirtuó lo resuelto por la Juzgadora de Grado en cuanto a que la impugnación de la parte actora al informe contable no logra conmover las conclusiones dadas en dicha pericia en tanto refiere a circunstancias contables y/o comerciales que, y en el mejor de los supuestos de considerarse atendibles, por su naturaleza se entienden sin incidencia en esta causa y/o son vertidas como una mera discrepancia sin fundamento. Tampoco resulta ser un dato menor que lo expuesto es sin perjuicio de lo establecido en este voto con anterioridad en relación con que la recurrente se refiere a la falta de registro de horas extras vinculada con un supuesto pago irregular cuando esa cuestión no fue introducida oportunamente en el inicio.

Por otra parte, tampoco se desvirtuó de manera razonada la conclusión dada en la sentencia en cuanto a que el accionante intima sin especificar cuantía ni períodos de horas extras, bonificaciones por horas nocturnas y/o francos impagos y otras diferencias sin fundar deliberadamente tal pretensión al igual que en la oportunidad de interponerse demanda, donde se advierte que se hace empleo de una generalización por demás inconveniente como alegación al fin perseguido.

En el contexto descripto, resulta acertado el análisis realizado por la Sra. Jueza de Primera Instancia sobre la prueba testimonial, siendo ineficaces los fundamentos dados al respecto para tener por acreditados los extremos pretendidos en la demanda.

En efecto, las declaraciones testimoniales reivindicadas en el memorial recursivo no logran acreditar que la empleadora haya incumplido el registro del vínculo ni el pago de la remuneración conforme el desempeño horario del trabajador.

No puede soslayarse que la circunstancia que un testigo tenga juicio pendiente, si bien no invalida por sí mismo sus dichos, impone que se lo evalúe de manera restrictiva, lo que se hizo de manera correcta en la sentencia de la instancia anterior. En el contexto fáctico expuesto, comparto lo decidido en la sentencia de origen en cuanto a que ninguna de las declaraciones rendidas en esta litis de cuenta acabada que el reclamante hubiera desempeñado horas extras en exceso de las que efectivamente se le abonaran.

Tampoco se acreditó la existencia de un pago de $ 600 como "básico de empresa" fuera de toda registración de acuerdo al correcto estudio realizado por la Sra. Jueza de Grado en cuanto a que los testigos al declarar sobre la forma de pagar aluden a hecho que ni siquiera el actor relató en la demanda, dato que impide el cotejo de verosimilitud de esas declaraciones, lo que sumado a que los declarantes refieren como una suma única e igual, pero sin consideración de tiempo o categoría y a pesar que algunos testigos dicen corresponderse con el pago de horas suplementarias y no con el básico pretendido por el reclamante en el escrito de apertura.

Por lo tanto y al no haberse rebatido la conclusión dada en torno a que no se acreditó incumplimiento alguno de la demanda con el registro del vínculo ni con el pago de la remuneración conforme el real desempeño y horario, de modo que en dicho marco, sugiero confirmar la sentencia de primera instancia en la cuestión objeto de debate.

En el contexto descripto, de conformidad con lo que surge de la sentencia de primera instancia y con fundamento en la pericia contable de fs. 142/9 (v. anexo I que se adjunta a dicho informe a fs. 136/8) figuran abonados el salario de noviembre de 2008, días de diciembre del mismo año, el sueldo anual complementario y las vacaciones proporcionales (ver sentencia a fs. 673).

Tampoco le asiste razón al apelante en lo que atañe al rechazo del reclamo a entregar los certificados previstos en el artículo 80 de la L.C.T.

En efecto, y en atención a que en esta queja el accionante sólo da fundamentos vinculados con el certificado de aportes y contribuciones con destino a los organismos de seguridad social, teniendo en cuenta la medida del agravio, corresponde analizar sólo dicha cuestión.

Al respecto, corresponde señalar que dicha documental puede obtener directamente de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Obsérvese que el mentado organismo posee el registro de todos los aportes y contribuciones efectuados por los empleadores a cada trabajador registrado y, lo que es más importante aún, estos pueden obtener la información mediante su simple solicitud y previa exhibición del documento nacional de identidad ante cualquier Unidad de Atención Integral del ente de que se trata y/o por internet (conf. esta Sala, in re: "Rodríguez, Alberto Rodolfo c/Consorcio de propietarios del Edificio Billinghurst 241 s/despido", S.D. N° 16.731, del 21/12/2010).

De tal suerte, lo cierto y concreto es que frente al escenario antes expuesto no se advierte la utilidad práctica que tendría para el actor tal constancia, ni tampoco invoca la parte interesada el perjuicio que tal extremo le acarrearía, todo lo cual me lleva a confirmar el rechazo del reclamo de entrega de dicho instrumento.

III. En cambio, corresponde hacer lugar al agravio vinculado con la justificación del despido directo decidido por la empleadora.

Disiento con el criterio establecido en la sentencia de primera instancia en cuanto se concluyó que la actitud adoptada por el trabajador de retener tareas en virtud de la intimación por él efectuada mediante epistolar enviada el día 28 de noviembre de 2008 a los fines de la regularización de su situación laboral, al no haber acreditado los incumplimientos referidos en dicha epistolar, justificó el despido directo decidido por la empleadora fundado en abandono de trabajo.

Ello es así pues al margen de todo lo expuesto y que el trabajador no logró acreditar los incumplimientos invocados, lo cierto y determinante en contra de la demandada es que el abandono de trabajo trasunta una intención sin margen de duda por parte del reclamante de desvincularse de la relación de empleo, situación que no puede configurarse cuando, como ocurre en el caso de autos, el trabajador estaba efectuando reclamo vinculado con la debida registración del vínculo laboral, ello sin perjuicio de que no lo haya logrado demostrar, por lo que al no haberse acreditado el elemento subjetivo del instituto en cuestión, el despido directo decidido por la empleadora resulta injustificado (conf. arts. 244 y 245 LCT), de modo que han de prosperar las indemnizaciones provenientes del cese (arts. 232, 233 y 245 LCT).

IV. También ha de prosperar la indemnización fundada en el artículo 2° de la ley 25.323 ya que se encuentran reunidos los requisitos de procedencia allí previstos, en atención a que la empleadora se encuentra intimada fehacientemente (conf. C.D. de fecha 23.12.2008, ver fs. 6/vta.) por lo que el accionante se vio obligado a iniciar acciones judiciales a los fines de la percepción de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 LCT, de modo que al no haber causa justificativo alguna de la conducta del empleadora que habilite la aplicación del supuesto de excepción previsto en el último párrafo del artículo 2° citado, sugiero hacer lugar al reclamo en cuestión.

V. Por ello, propongo revocar la sentencia apelada y hacer lugar parcialmente al reclamo inicial, para lo cual se deberá considerar una relación laboral transcurrido desde el 30 de marzo de 2004 hasta el 11 de diciembre de 2008 y que la mejor remuneración normal y habitual registrada en el último año de la relación laboral asciende a la suma de $ 3.830,28, de conformidad con lo que surge de la sentencia de primera instancia (v. fs. 673), de modo que corresponde hacer lugar a los siguientes rubros y montos: a) indemnización por antigüedad: $ 15.321,12 ($ 3.830,28 x 4 períodos), b) indemnización sustitutiva del preaviso con la incidencia del SAC proporcional: $ 3.672,11 (base salarial de noviembre de $ 3.389,64 considerando la totalidad de los días, ver fs. 138), c) integración del mes de despido, con SAC: $ 2.369,09 (misma base punto anterior y d) indemnización art. 2° ley 25.323: $ 10.681,16 (50% de los rubros anteriores); todo lo cual totaliza la suma de $ 32.043,48 (Pesos treinta y dos mil cuarenta y tres con cuarenta y ocho centavos).

Dicho capital de condena llevará como interés la tasa activa del Banco Nación para sus operaciones de préstamos y según el cálculo que difunde la Prosecretaría de esta Cámara a tales fines (conf. Acta 2357 CNAT del 7/5/02 Y Res. de Cámara 8 del 30.05.02 que será calculada desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, mediante depósito judicial en autos, dentro del plazo de cinco días de practicada la liquidación prevista por el art. 132 de la L.O.

VI. El nuevo resultado del pleito me lleva a recomponer lo resuelto en materia de costas y honorarios (art. 279, CPCCN), por lo que resulta abstracto el tratamiento de las apelaciones formuladas al respecto.

En cuanto a las costas originadas en ambas instancias, teniendo en cuenta la forma de resolverse, los rubros que prosperan y los que se rechazan y sin que corresponda sujetarse a un criterio estrictamente aritmético, sugiero imponerlas en un 70% a cargo de la parte demandada y un 30% a cargo de la parte actora (conf. arts. 68, 2° párrafo y 71, CPCCN).

VII. A tal fin y por los trabajos efectuados en primera instancia los honorarios serán fijados a la representación letrada de las partes actora y demandada y perito contadora, en el 15%, 12% y 7%, respectivamente, sobre el capital e intereses de condena (conf. arts. 6, 7 y concs. de la ley 21.839, 3 y concs. dto. Ley 16.638/57 y art. 38; Ley Org.).

VIII. Por los trabajos efectuados en esta sede, sugiero regular los honorarios de la representación letrada de cada una de las partes, en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir a cada una por los trabajos efectuados en la instancia anterior (conf. art, 14, ley 21.839). El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

I.- Discrepo respetuosa y parcialmente con mi distinguido colega preopinante, en lo que atañe a la validez del despido decidido por la patronal.

Digo ello pues, si bien es posible que la situación en que incurrió el demandante no fue, estrictamente, la de "abandono de trabajo", dado que, de acuerdo al texto de la norma en cuestión y el criterio reiteradamente expuesto por la mayoría de las Salas del Fuero, al que adhiero, para que se configure la situación prevista por el art. 244 de la L.C.T. no deben quedar dudas en cuanto a que la intención del trabajador efectivamente es la de abandonar su puesto de trabajo, y ello tiene lugar cuando el dependiente ha demostrado directa o indirectamente su intención de no retomar tareas, lo que conlleva a concluir que no pueda considerarse configurado cuando el trabajador ha demostrado su intención de conservar el contrato -como ocurrió en el caso de marras-, ya sea respondiendo a las intimaciones cursadas por el principal o exponiendo los motivos que determinaron la inasistencia, no lo es menos que, como también he tenido oportunidad de expedirme reiteradas veces en numerosos precedentes de similares características, cuando concurren esos extremos, el incumplimiento alegado debe valorarse entonces a la luz de lo normado por el art. 242 de la L.C.T.

Ello pues, sea de uno u otro modo, se trata, en definitiva, de la imputación, por parte del empleador, de haber incumplido el débito fundamental del contrato de trabajo cual es, obviamente, el prestar los servicios convenidos.

Y si bien resulta incuestionable que, como regla, pesa sobre el principal la prueba de incumplimiento, pienso que al haberse admitido por parte del actor la materialidad del hecho (esto es el haber dejado de prestar servicios durante el lapso referido), el que se intentó justificar a través de los invocados incumplimientos en que incurriera la patronal, incumbía a su parte, quien pretendió sustraerse de sus consecuencias, demostrar la configuración del eximiente de responsabilidad.	Es que, en tales términos, si el trabajador reconoció expresamente que dejó de concurrir a su puesto de trabajo y que la razón de sus inasistencias se justifica por los incumplimientos patronales achacados en el intercambio telegráfico, considero que -de conformidad con lo normado en el art. 377 del CPCC- pesaba ahora sobre su parte acreditar que sus ausencias estaban realmente justificadas, o lo que es lo mismo, demostrar que los incumplimientos invocados para sustraerse de la prestación de servicios eran reales.

En tal entendimiento, como surge del pronunciamiento de primera instancia, y ha sido confirmado por el Dr. Pompa en el considerando II del presente voto (aspecto al cual adhiero por compartir sus fundamentos) los extremos invocados en las misivas de intimación del dependiente, esto es la incorrecta registración del vínculo que lo ligara con la patronal y la deuda salarial pretendida, no han sido demostrados en el caso, no cabe sino concluir -al menos en mi parecer- que el accionante no ha logrado acreditar circunstancias justificantes para eximirse del cumplimiento de su débito principal y en este contexto fáctico, considero que las pretensiones indemnizatorias reclamadas al inicio no pueden tener favorable acogida.

De conformidad con lo expuesto en los párrafos precedentes, considero que la decisión a la que arribó la magistrada de grado debe ser confirmada también en este sentido y, consecuentemente, la demanda debe ser rechazada en su totalidad. Así lo sugiero.

II.- El modo de dirimir la cuestión me lleva a propiciar la confirmación del pronunciamiento en su totalidad, incluida la imposición de costas y las regulaciones de honorarios, toda vez que, de conformidad con el mérito, calidad y extensión de las tareas desempeñadas, analizado todo ello a la luz de las pautas arancelarias vigentes, los mismos se presentan ajustados a derecho (arts. 38 LO y ley 21.839 mod. 24.432 y dec. ley 16638/57).

Las costas de esta instancia, atento al modo de resolverse el recurso, sugiero imponerlas a cargo de la parte actora que resulta vencida (art. 68 CPCC) y a tal fin, regúlanse los honorarios por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada por su actuación en este tramo del proceso, en el 25% para cada uno de ellos que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su intervención en la instancia de grado.

III.- De compartirse mi propuesta correspondería entonces: 1) Confirmar el pronunciamiento apelado en todo cuanto decide y ha sido materia de recursos y agravios; 2) Costas de Alzada a cargo de la parte actora vencida; 3) regular los honorarios por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada por su actuación en esta Alzada en el 25 % para cada uno de ellos que se computará sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia de grado.

El Dr. Gregorio Corach dijo:

En cuanto es objeto de disidencia, por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Balestrini.

Por todo ello, por mayoría, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar el pronunciamiento apelado en todo cuanto decide y ha sido materia de recursos y agravios; 2) Costas de Alzada a cargo de la parte actora vencida; 3) Regular los honorarios por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada por su actuación en esta Alzada en el 25 % para cada uno de ellos que se computará sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia de grado.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Ante mí: