marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, inapelabilidad en razón del monto
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MURATORE,  Oscar  Osvaldo y otro c/ GRILLETA, Elisa María y otros s/ EJECUCIÓN DE ACUERDO - LEY 24.573.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-29

La ley 26.536 modificando el art. 242 del Código Procesal, establece la inapelabilidad de las sentencias o resoluciones cuyo monto cuestionado sea inferior a la suma de $20.000, razón por la cual si los recursos de apelación fueron interpuestos por la demandada con fecha posterior a la entrada en vigencia de la citada ley, la sentencia será inapelable si el reclamo inicial no llega al mínimo establecido.

Ello así porque las normas instrumentales tienen eficacia temporal inmediata tanto a los actos procesales que aún no se cumplieron como a los pendientes de ejecución. En este sentido, tratándose la apelación de una etapa impugnativa del acto procesal -resolución o sentencia- sólo puede haber ejecución -desde la perspectiva más proclive al apelante- cuando el recurso se ejerce por el acto voluntario de su presentación y no se advierte que sea corolario de otros actos procesales conceptualizados como principio de ejecución -como podría ser el supuesto de modificación de plazos en los que el término esté transcurriendo al sancionarse una nueva normativa sobre el particular-. De forma tal que no cumplida la apelación con anterioridad a la vigencia de la ley, ésta es la que habrá de regirlo.

No obsta a esta conclusión que para establecer el monto de inapelabilidad la ley remita al que rija a la fecha de interposición de la demanda o reconvención porque no se debe interpretar literal o aisladamente esa normativa sino que se debe acudir a una contextual. De tal manera si en la exposición de motivos no se menciona que la nueva ley será aplicable a nuevos juicios sino que se hace hincapié en la necesidad de descomprimir por el cúmulo de causas de la segunda instancia de poca envergadura que tramitan ante ella a lo que se agrega que la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede adecuar anualmente el tope mínimo de apelabilidad.
Recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional, demanda, pretensión, Derecho laboral, trabajador, Municipalidad, servicio público, empleo público, competencia laboral, Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Volken, Marcos José c/ Damnotti, Osvaldo y/o Municipalidad de Rafaela y/u otro s/ Avocación (Artículo 2, ley 11330). Laboral (Expte. CSJ Nº 575-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-20

Cabe desestimar la avocación pretendida por la Municipalidad demandada cuando el análisis conjunto de los distintos elementos de la causa de manera alguna permite afirmar que se esté en presencia de una relación de empleo público (con los especiales contornos que la caracterizan) ni, mucho menos, que se haya planteado un cuestionamiento a la legitimidad de la actuación de la Municipalidad demandada consistente en una lesión a derechos subjetivos relativos a una relación de empleo público; sino que el debate gira en torno a supuestos incumplimientos acaecidos en el marco de una relación de trabajo regida por normas de derecho común y a las consecuencias jurídicas que de dicha situación pretenden extraerse, las cuales resultan propias de la normativa (de derecho laboral y civil) invocada por el accionante. Por tal razón puede afirmarse que -en el caso- no aparece comprometida materia contencioso administrativa ni, por lo tanto, la competencia originaria y exclusiva de la Corte provincial.
Recurso extraordinario, cuestiones de competencia, declaración de incompetencia, competencia federal, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Guess c/ Conindar San Luis S.A. s/ cese de uso de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

Es admisible el recurso extraordinario interpuesto, cuando la cuestión de competencia dirimida importa, para la apelante, una denegatoria del fuero federal.
Sociedades comerciales, personas jurídicas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sanchez, Marta Susana y otra c/ Vazquez, Raúl Matías y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-22

El uso meramente instrumental de las formas societarias cede ante la consideración de la realidad económica y la supremacía del derecho objetivo, siendo en consecuencia lícito rasgar o levantar el velo de la personería para penetrar en la verdad que se esconde tras él y hacer prevalecer la justicia cuando se abusa de la personería jurídica pretendiendo utilizarla para fines no queridos por la ley.
Mecánicos del transporte automotor, reintegro de gastos de movilidad, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: DI PIETRANTONIO, DOMINGO Y OTROS c/ SEVEL ARGENTINA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-11

El rubro 'indemnización por transporte' establecido por el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo 13/75 se trata de un plus que se otorga a los trabajadores para compensar las erogaciones que deben efectuar para dirigirse y regresar del trabajo, por lo que surge evidente el carácter salarial del mismo. La circunstancia de que tal pago se haya dispuesto en un convenio colectivo no innova la situación, toda vez que las partes no tienen facultades para determinar como no salarial un rubro que reviste aquella característica.
Trabajadores de Luz y Fuerza, salario básico, igual remuneración por igual tarea
Materia: LABORAL
Carátula: VITILLIO, ANGEL Y OTROS c/ SEGBA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

No viola la prohibición de hacer discriminaciones (artículo 17 Ley de Contrato de Trabajo) o el principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor (artículo 172, última parte, de la misma ley y artículo 14 bis de la Constitución Nacional) la empleadora que abona sueldos básicos inferiores a los operarios que, no obstante revistar en la misma categoría y trabajar en el mismo lugar, no integran el mismo grupo de actividad de los trabajadores que citan como ejemplo para fundar el reclamo por diferencias salariales.
Libros de comercio, valor probatorio, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: MOLINO CENTRAL NORTE SA c/ EPECUEN  GALLETITAS  SA  -HOY  GALLETITAS  EPECUEN SA (EN FORMACION)- s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

En defecto de otros medios probatorios más directos, los registros contables constituyen un elemento válido para la apreciación de la realidad.
Municipalidad, personal municipal, ausencias injustificadas, cesantía, sumario administrativo, exoneración, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: MOYANO, MARIO HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE EL TREBOL s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 199-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-23

La no exigencia de sumario para disponer la cesantía o exoneración, conforme lo establece el último párrafo del artículo 65 de la ley 9286 cuando medien las causas previstas en el artículo 63 inciso a) -inasistencias injustificadas que excedan diez (10) días continuos o discontinuos en los doce (12) meses inmediatamente anteriores-, no resulta violatoria de la Constitución en cuanto que recurrir a un complejo procedimiento sumarial no resulta imprescindible tratándose de la simple comprobación de inasistencias. Basta el descargo -mediante el cual se ejerce el derecho de defensa- para dar ocasión a que se justifiquen aquéllas y, desde luego, a la producción y valoración de la prueba que ofrezca el empleado en disculpa. Pero, aunque no se exija un procedimiento complejo, y de larga duración como el sumario, debe, en todo caso, llevarse a cabo uno simple y breve. Con la vista se le brinda al imputado una razonable oportunidad de ser oído, conocer las actuaciones y ofrecer pruebas, con lo cual se respeta el derecho de defensa.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, honorarios del abogado, exención de depósito, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: Schneider,  Adriana  Luisa c/ García Darderes, Osvaldo Daniel y otros. s/ deposito previo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

El planteo referido a que el recurso trata de una cuestión de honorarios cuyo tope máximo resulta inferior al depósito previsto por el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no constituye causal válida de exención, y no contempla el hecho de que el depósito se restituye cuando el recurso de queja prospera, ni que están exentos de ese recaudo de admisibilidad aquellos que demuestren oportunamente carecer de recursos para solventarlo (arts. 286 y 287 del código citado).
Organización de la justicia, superintendencia, funcionarios judiciales, remuneración del personal judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juzgado  Nacional  de  Primera Instancia en lo Correccional nº 13-haberes- Martinez Bonilla, Claudia Ruth s/ descuento haberes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-15

Al encontrarse en plena vigencia la acordada N° 20/88 y la resolución N° 1658/00, que disponen que los haberes pertinentes sólo se liquidan a partir de la designación, los magistrados deberán abstenerse de poner en funciones a cualquier agente, antes de que se dicte la correspondiente resolución que así lo autorice.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Tascon, Fabio Damián s/ Recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-06

Resulta aplicable la doctrina CS Arriola respecto de la tenencia de 1.30 gramos de marihuana, escondida en una zapatilla, descubierta al regresar el imputado de una salida laboral y en oportunidad de realizarse la requisa de rutina, al no haberse acreditado la trascendencia a terceros y la consecuente afectación a la salud pública. La disidencia sostuvo que la prohibición de tenencia de estupefacientes en un establecimiento carcelario, aún cuando sea para el propio consumo, aparece como una restricción razonable al ámbito de intimidad, ya que no cabe descartar que esa conducta no apareje ningún riesgo para derechos o bienes de terceros.
Protección del medio ambiente, competencia federal, contaminación ambiental, desechos peligrosos
Materia: MEDIO AMBIENTE-PROCESAL
Carátula: Fábrica Militar Río Tercero c/  s/ infracción ley 24.051
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-01

Es presupuesto inexorable para atribuir la competencia federal la exigencia de interjurisdiccionalidad de la contaminación, aun frente a la constatación de la presencia de residuos peligrosos.
Incapacidad laboral, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: GARNICA BERNARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-02-17

Al ser la índole y magnitud de la incapacidad científicamente diagnosticada, diferente, aunque vinculada con las concretas repercusiones de dicha incapacidad, resulta necesario que la pericial médica, en lo que respecta al porcentaje de incapacidad, debe evaluarse con criterio flexible y en concordancia con los demás elementos probatorios arrimados a la causa, esto es, certificados médicos, pericia técnica, testimoniales, etc., todo lo cual debe ir unido al análisis de las demás características personales del accidentado; su condición social, familiar, edad, sexo y condiciones de trabajo presentes y futuras. En este último aspecto debe tenerse en cuenta la incapacidad laborativa específica, producida como consecuencia del accidente, es decir, la incidencia sobre la situación de la víctima, la posibilidad de seguir desempeñando la anterior actividad productiva, y de hacerlo con el ritmo y rendimiento anterior al suceso.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, emergencia económica, competencia ordinaria, jueces, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MARTOCCHIA, JUAN RUBEN Y OTRA c/ B.B.V.A- BANCO FRANCES s/ Cuestión a resolver ¿son competentes los tribunales ordinarios para  entender en las acciones contra instituciones financieras por  cumplimiento de contratos bancarios relacionados con las  disposiciones contenidas en la ley 25561/02, sus reglamentaciones y  complementarias? (Expte.: nro. 108, año 2002) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-04

Los tribunales locales pueden interpretar y aplicar normas federales en la medida en que ello sea accesoriamente necesario para dilucida r el cuestionamiento realizado principalmente y de modo directo respecto de leyes locales, como -por ejemplo- en los casos previstos por el inciso 2 del art.14 de la Ley 48 que prevé expresamente la procedencia del recurso extraordinario ante la Corte Suprema. (Del Voto del Dr. Cordini).
Cuenta corriente bancaria, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Popular Argentino S.A. c/ Quiroga, Nélida Beatríz; Gilli, Juan A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-31

La mora de base legal del cuentacorrentista responsable del saldo deudor, ha de requerir la comunicación del art. 793, párr. 1° del Cód. de Com., o la comunicación del párr. 2° del art. 509 del C.C., cuando se pretenda provocar su acaecimiento a fin de que los intereses exigibles por la sola existencia del saldo deudor sean incrementados hasta una tasa o alícuota mayor por hallarse en mora el cliente. Ello será así, a menos, naturalmente, que existan convenciones de parte que prescriban el acaecimiento automático de tal estado moratorio y de sus efectos.-
Resoluciones equiparables a definitiva, procesamiento sin prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: Lanza, Horacio Vicente s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-18

La decisión de la Cámara de Apelaciones que confirmó la resolución del juez instructor por la que decretó el procesamiento del imputado no puede ser impugnada por la vía del recurso de casación toda vez que no es equiparable a sentencia definitiva. (Dres. Riggi, Tragant y Ledesma)
Mutuo comercial, obligaciones del mandatario, retención indebida, mora, mora legal
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHAMORRO ARAUJO c/ FERNANDO SARLENGA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-09

Resulta responsable el mandatario por cualquier daño que ocasione al mandante por su negligencia en la ejecución del encargo y, en particular, por omitir informar al mandante sobre la imposibilidad de cumplir sus instrucciones o por no haber adoptado medidas conservatorias de los bienes confiados (CCIV 1904, 1909, 1911, 1913 y 1916). La retención de los recursos dinerarios por el mandatario constituye un supuesto de mora legal en el que no es necesaria la interpelación y en el que cabe presumir, conforme el normal y corriente acontecer de los hechos, que el mandatario que ha retenido indebidamente dineros del mandante sabiendo o debiendo saber que no era posible el cumplimiento de sus instrucciones resulta responsable por el daño ocasionado por su extemporánea restitución.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Salituri, Jorge A.; Núñez, Raúl A.; Moreno, Luis; Viaño, José L.; Servín, Ramón H. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

Es improcedente el agravio por el que se cuestiona el testimonio del personal policial sin impugnar lo concluido por la alzada para tenerlo por testigo hábil y directo no del hecho en sí sino de circunstancias relacionadas con el mismo.
Accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ledesma, Carlos Alberto c/ Paniza, Carlos Ernesto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-26

Nada se le puede reprochar al conductor del rodado que lentamente estaba maniobrando para entrar al camino cuando la víctima, no sólo violando las normas reglamentarias del tránsito que el legislador ha implementado para su propia seguridad -cruzar corriendo, sin mirar y por un lugar vedado a los peatones- (arts. 71 inc. 1 y 76 incs. 1 y 2 ley 5800), ha desplegado un obrar que desde el punto de vista civil debe calificarse no sólo de imprudente sino también temerario al cruzar un camino de intenso tránsito, ingresando raudamente en zona de tránsito exclusivo de los vehículos, en forma irreflexiva y sin prestar adecuada atención a las circunstancia del tránsito de automóviles, llevándose por delante el automotor del accionado, todo lo cual lleva a sostener que en modo alguno puede liberárselo de las consecuencias de su grave inconducta para responsabilizar al conductor que obrada correctamente.
Derecho de voto, discriminación arbitraria, control de razonabilidad, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, discriminación por discapacidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - Zsolt Bujdosó, Jánosné Ildikó Márkus, Viktória Márton, Sándor Mészáros, Gergely Polk y János Szabó Vs. Hungría - Discapacidad intelectual y derechos políticos - Derecho de voto y participación en la vida pública c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2013-09-09

Toda norma estatal que excluya del derecho de voto sobre la base de una discapacidad psicosocial o intelectual percibida o real, incluyendo la derivada de una evaluación individualizada, constituye discriminación por motivos de discapacidad en los términos del artículo 29 de la Convención que no admite restricciones ni excepciones empelando la discapacidad como justificante, por lo que deben los Estados Parte asegurar que las personas con discapacidad intelectual puedan emitir un voto adecuado, brindándoles si así lo solicitaran asistencia para votar, garantizándoles asimismo su carácter secreto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Monsalvo, Graciela Luján y otra s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

Es insuficiente la impugnación de la prueba si no se ha demostrado la vulneración de los arts. 150 ni 252 a 254 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) que se denunciaron transgredidos puesto que ninguno de los agravios se refirió a ellos.
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura, licencia de conducir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Constantino, Héctor Américo y otros c/ Altuve, Alberto Raúl y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

Se infiere de los arts. 61 de la ley 5.800, 288 y 289 de su decreto reglamentario, la existencia de un plazo (30 días) posteriores al vencimiento de la licencia de conducir, durante el cual debe considerarse habilitado el titular, siempre que renueve la licencia dentro de ese término.
Daños y perjuicios, daño físico, indemnización, derecho a la integridad física
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ESTECHE Cristobal Agustín c/ E.F.A. s/ DAÑOS    Y    PERJUICIOS.   DETERMINACION  DEL  MONTO  INDEMNIZATORIO TELIAS, Flora c/ SALANI, Adolfo y-u otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. DAÑOS FISICOS. VALORACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-28|1987-04-30

A los fines de fijar este renglón indemnizatorio, deban valorarse, además de las tareas remuneradas, otras actividades útiles que podía desarrollar la damnificada con anterioridad al siniestro, tales como actividades domésticas, deportivas, culturales, etc., porque así como existe un derecho a la vida existe igualmente un derecho a la integridad física.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Franco Julio R. c/ Rea Angel P. s/ Daños y Perjuicios Guerrero Santos Roberto c/ D`Agostino Alfredo N. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-17|1987-04-21

A los efectos de lograr la indemnización por pérdida de salarios de trabajo no realizados, le es suficiente al reclamante probar el hecho del trabajo y que por consecuencia del accidente no pudo ejecutarlo y en su caso, pues ello hace a la cuantificación del perjuicio, la entidad de las retribuciones y la duración de la imposibilidad.
Asesor de menores, recursos, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: G., J.; M., S. B. s/ Promoción a la prostitución s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

Según una interpretación sistemática de la totalidad del ordenamiento jurídico, para evitar aquélla que ponga en contradicción unas normas con otras, no puede colegirse que el inc. k) del art. 77 (ley 2430, ley orgánica del Poder Judicial) reseñado sólo admita la intervención de la Asesora de Menores como parte legítima para los supuestos de delitos de acción privada - los que tramitan por querella -, pues los deberes y atribuciones que se establecen son sólo ejemplificativos y no pueden restringir ni oponerse a los del principio general de la norma, esto es:

los "... Asesores de Menores e Incapaces son parte legítima y esencial en todo asunto judicial en que se trate de la persona o intereses de menores e incapaces", con lo que el desistimiento invocando la Ley Orgánica del Poder Judicial es absolutamente infundado y agrava la situación de indefensión de la víctima. No contradice lo anterior la mención del art. 384 inc. 3 del rito, pues éste se refiere a los menores imputados, cuando en el caso se trata de una menor víctima.

Asimismo los delitos que tramitan por querella - juicios por delito de acción privada (arts. 386 y ss. C.P.P.) - son los previstos por el art. 73 del Código Penal y su catálogo es muy limitado como para resguardar los bienes y las personas de los menores, con lo que no cabe entender aquella referencia a la querella en los términos del art. 386 del código ritual, sino en el más amplio de denunciantes o denunciados.
Omisión de impuestos, multa
Materia: PENAL
Carátula: Generación 2010 SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

Si se han presentado las declaraciones juradas correspondientes, sería improcedente la sanción de la multa por omisión de impuestos, ello a la luz del texto del artículo 89 del Código Fiscal -t. o. 2008-, ya que no se habría realizado el tipo infraccional allí establecido, y del multisecular principio de reserva de ley en materia sancionatoria (íntimamente ligado con el de prohibición de la analogía). (Del voto en disidencia parcial del juez José Osvaldo Casás).
Sociedad conyugal, bienes de la sociedad conyugal, calificación de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: LABAYRU, José María s/ REC.DE RECALIFICACION. REG.DE PROPIEDAD INMUEBLE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

Si para la adquisición de un bien concurren fondos propios y gananciales, debe optarse por calificar el bien como propio o ganancial, desde que en principio no cabría la calificación dual y a los efectos de dilucidar la calidad del bien se atiende a cuál ha sido el mayor aporte, ya sea propio, ya ganancial.

En cuanto a la calificación de un bien para cuya adquisición concurrieron fondos propios y gananciales la tesis de la calificación única en función de la masa tiene un sólido apoyo en el artículo 2334 del Cód. Civil que frente a cosas que "forman un todo, sin poderse distinguir la accesoria de la principal" dispone que se "tendrá por principal la de mayor valor", e inclusive el art. 1266 in fine que para determinar el emplazamiento le da preminencia al cónyuge "a quien correspondía la cosa principal".