Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ahumada, Darío E. s/ Control de Detención solicitado por el Dr. Juan Mariano del V. Cerezo, defensor de Darío E. Ahumada, en Expte. Corte Nº 24/12 - Recurso de Casación en contra de la Sentencia Nº 09/12 (...)
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-16

Se presenta el abogado defensor del imputado y pide al Tribunal que controle la detención de su asistido, la que considera improcedente con arreglo a las siguientes circunstancias:

Su defendido se encuentra privado de libertad desde el día en que la Cámara del Crimen dictó la Sentencia Nº 9/2012, por la que se lo condenó a la pena de nueve años de prisión efectiva. La sentencia no se encuentra firme atento a que interpuso recurso de Casación -Expte. Corte Nº 24/12-.

Sostiene que el imputado llegó al juicio en estado de libertad y nunca demostró indicios de riesgo para los fines del proceso; no posee antecedentes computables; cuenta con un informe socio ambiental excelente, y que en ningún momento obstruyó la actuación de la justicia, por lo que la privación de libertad no resulta necesaria.

El pedido de control de la detención de A. es formulado con posterioridad a la presentación del recurso de casación intentado contra la sentencia condenatoria que lo encontró responsable del delito de robo calificado por ser cometido con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por cuya violencia resultaron las lesiones previstas en el art. 90 y 91 del C.P., condenándolo a sufrir la pena de nueve años de prisión, ordenándose la inmediata detención y alojamiento en el servicio penitenciario provincial.

Con la presentación del recurso contra la sentencia, busca la satisfacción del derecho constitucional a que la condena penal dictada en su contra sea revisada por un tribunal superior y, de tal modo, el abastecimiento de la "garantía a la doble instancia" o al "doble conforme" que exigen los pactos internacionales.

Pero cabe recordar aquí, lo expuesto recientemente al resolver causa Expte. Corte Nº 047/12, caratulados: "CONTROL JURISDICCIONAL solicitado por el Defensor del imputado N., G. H, Dr. Juan Carlos Jiménez Pagés, en Expte. Nº 109/11 - N., G. H. p.s.a. abuso sexual agravado", Auto Interlocutorio Nº 18 del 18 de junio en curso; en cuanto a que: "...los derechos que la Constitución Nacional consagra, lejos de ser absolutos, están sujetos a limitaciones o restricciones tendientes a hacerlos compatibles entre sí, en determinadas circunstancias, como las constatadas en estos autos, el interés del imputado en recuperar la libertad debe ceder ante el de la sociedad en defenderse del delito, no facilitar la impunidad del condenado (Fallos 280:297) y aplicar la ley penal sustantiva, debido a que el estado de inocencia, con plena vigencia durante la etapa cognoscitiva del proceso, no subsiste con el mismo vigor después de la sentencia condenatoria y menos aún después de la confirmación de ésta.

En este sentido, dice Jorge A. Clariá Olmedo que el estado de inocencia del imputado no se destruye con la denuncia en su contra, con su procesamiento ni con la acusación, y que para ello es menester el "juicio previo" seguido de la sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada (Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I -nociones fundamentales- Rubinzal Culzoni Editores, 2008, p. 244)" Por ello, sin perjuicio del derecho a la revisión de la condena, no se puede desconocer que luego del juicio, regularmente deviene una decisión que goza de presunción de legitimidad y que por tanto legitima su ejecución y la privación de la libertad del imputado, condenado a sufrir pena de nueve años de prisión efectiva.

Ello, porque con posterioridad al debate, el tribunal arribó a un estado de certeza positiva respecto de la existencia del hecho y la participación punible del imputado, respecto de quien -contrariamente a lo sostenido por el presentante- la calificación atribuida, no autoriza la condenación condicional, y justifica la detención para evitar que el imputado se sustraiga a la aplicación de la ley sustantiva ya seleccionada con sus consecuencias por el órgano jurisdiccional competente.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al control jurisdiccional solicitado.