Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-03-14


En la Ciudad de Formosa, capital de la Provincia del mismo nombre, a los catorce días del mes de marzo de dos mil once, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Presidencia del Excmo. Tribunal de Justicia, los Señores Ministros, Dres. Ariel Gustavo Coll, Héctor Tievas, Eduardo Manuel Hang, Carlos Gerardo González y Lucrecia Marta Canavesio en acuerdo ordinario, para pronunciar sentencia definitiva en la causa Nº 163 Fº Nº 4- Año 2008 - registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Tribunal de Justicia, caratulada: "DIAZ, MARIA ELVIRA C/ PROVINCIA DE FORMOSA S/ SUMARIO". El orden de votación según sorteo realizado, de conformidad a lo establecido en el art. 126 y su modificatoria del Reglamento Interno de la Administración de Justicia es el siguiente: Eduardo Manuel Hang, Ariel Gustavo Coll, Carlos Gerardo González, Héctor Tievas y Lucrecia Marta Canavesio.

I.-RELACION DE CAUSA.

El Sr. Ministro Eduardo Manuel Hang, dijo:

Que a fs. 84/86 se presenta María Elvira Diaz con patrocinio letrado promoviendo demanda contenciosa administrativa contra la Provincia de Formosa - Caja de Previsión Social de la Provincia de Formosa - a fin de que se declare la Inconstitucionalidad del artículo 37 de la Ley 571 texto ordenado por el Dto. Nº 1505/95 del Poder Ejecutivo, conforme las razones que expone en su escrito introductorio.

Relata que es beneficiaria de las Pensiones Civiles Nº 2120 y 1776/00 en su carácter de hija de los Sres. Luis Rubén Díaz y de Adela Albina Fernández; que ambos padres fallecieron cuando la actora era una niña y que por ser aquellos empleados públicos es que fue designada como beneficiaria de las pensiones referidas; que tales beneficios fueron el único sustento con los que contó y cuenta en la actualidad la accionante para subsistir y afrontar los gastos que demandan sus estudios, sin contar con otros recursos o parientes a quienes recurrir. Explica que en oportunidad de plantear la demanda, estaba cursando el cuarto año de la Carrera de Abogacía en la Universidad de la Cuenca del Plata en la ciudad de Corrientes, pagando una cuota mensual de $442 (Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Dos), además de afrontar el pago del alquiler del departamento en el que vive, así como los servicios de agua, luz e Internet, gastos estos que los afronta gracias a los beneficios previsionales que percibe de sus padres.

Que el 08-09-08 cumplió veintitrés (23) años, edad que el artículo 37 de la Ley 571 t.o. Dto. 1505/95, dispone como edad límite y como plazo de caducidad del derecho de pensión, en el que se encuadra la accionante. Aclara que al inicio y al cierre de cada período escolar acredita a la Caja de Previsión demandada, su condición de estudiante universitaria.

Que bajo el título de "Plantea Inconstitucionalidad del artículo 37 de la Ley 571", cuestiona la norma en la parte pertinente que dispone que, el derecho de pensión de los hijos solteros se extenderá hasta la edad de 23 años si se encontraren cursando estudios superiores y terciarios. Afirma que la norma en el caso particular, es claramente inconstitucional por vulnerar derechos humanos esenciales, como ser el derecho a contar con un beneficio de seguridad social, a lograr el pleno ejercicio de acceso a la enseñanza superior y alcanzar una formación profesional, a contar con una prestación alimentaria. Funda en el artículo 70 de la Constitución Provincial y en los Tratados Internacionales cuya nómina detalla con la cita de artículos aplicables al caso. Refiere que resulta arbitrario por parte del Estado Provincial, establecer la edad de 23 años como plazo de caducidad del beneficio de pensión, único recurso que le dejaron sus padres. Dice que también resulta incongruente por parte del Estado que, conceda becas que aclara es con absoluta discrecionalidad, a estudiantes universitarios como medio para estimularlos a que cursen y finalicen estudios superiores y a la actora que, tiene un derecho de pensión por el que sus padres realizaron aportes, se le coarte ese derecho por una norma arbitraria y contraria a principios de raigambre constitucional. Por último considera que siendo el derecho de pensión, de naturaleza alimentaria, el artículo 37 de la Ley 571 vulnera los Tratados Internacionales de jerarquía constitucional.

Ofrece pruebas: Instrumental, Documental e Informativa. Y el petitorio final requiriendo se haga lugar a la demanda interpuesta por la actora, declarando la inconstitucionalidad del artículo 37 de la Ley 571 t.o. Dto. 1505/95.

Que a fs.93 previo dictamen de la Procuración General, producido a fs. 89/90, se declara la admisibilidad del proceso y se ordena el traslado de la demanda mediante Fallo Nº 8909/09, siendo contestado a fs.102/105 por la Fiscalía de Estado de la Provincia.

Que la demandada opone excepción de incompetencia y contesta demanda. En cuanto a la excepción interpuesta, este Tribunal resuelve la misma con el rechazo, mediante Fallo Nº 9312/10 (fs.118 y vta.) Que al contestar la demanda, por imperativo procesal niega todos y cada uno de los hechos invocados en la demanda y que no sean objeto de expreso reconocimiento en el escrito de responde. Seguidamente niega puntualmente que, la norma cuestionada vulnere derechos humanos esenciales como contar con el beneficio de la seguridad social, al acceso a una enseñanza superior y alcanzar formación profesional; que la norma impugnada limite el desarrollo y perfeccionamiento a la edad de 23 años; que se vulneren principios constitucionales previstos en los tratados internacionales de jerarquía constitucional; que la norma contradiga doctrina judicial; que resulte una arbitrariedad del Estado Provincial, establecer la edad de 23 años como plazo de caducidad y que la misma carezca de razonabilidad; que el Estado conceda becas con absoluta discrecionalidad y que se coarten los derechos de la actora por una norma arbitraria y contraria a los principios constitucionales.

Seguidamente procede a contestar la acción incoada, afirmando que no se haya acreditado en autos que el artículo 37 de la Ley 571, viole el derecho a estudiar, como tampoco del escrito introductorio se puede advertir en donde radica la ilegalidad o arbitrariedad de la citada norma. Afirma que no puede pasar por alto que, la accionante a la fecha de contestar la demanda cuenta con 23 años de edad, que es la edad tope que establece la ley para gozar del beneficio; y agrega que esto es así, pues se le da a los beneficiarios tiempo suficiente para alcanzar un título universitario o terciario, considerando que la educación secundaria finaliza a los 17 años, se tiene un plazo de seis años para alcanzar dicho título, plazo que además coincide con los planes de estudio de las carreras tradicionales o terciarias. Y concluye que, si dichos beneficiarios no culminan sus estudios en término, no convierte a la norma en inconstitucional y agrega que el alegado desamparo a cierta edad no es tal, pues afirma que son plenamente capaces para ofertar su fuerza de trabajo en el mercado y obtener su propio sustento, mas aún cuando conocía la norma que disponía el cese del beneficio a dicha edad. Que no acredita en modo alguno que, el Estado concede becas con total discrecionalidad a estudiantes universitario, quedando sólo en acusaciones sin prueba alguna. Afirma que los límites y restricciones que impone la norma impugnada, son razonables y se justifican en la propia naturaleza del beneficio; que lo contrario sería caer en gravedad institucional, al considerar -afirma- inconstitucional toda la normativa que establece condiciones para el goce de ciertos beneficios.

Sostiene que en el caso, no existe violación a los derechos esenciales y la gravedad institucional, reitera, que significa la declaración de inconstitucionalidad de una norma, ello debe ser la última ratio en el ordenamiento jurídico y que solo cabe ejercerla, cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y medie una inconciliable incompatibilidad, lo que afirma no se advierte en el caso.

Por último refiere que es función del Poder Judicial, mantenerse en la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes. Por ello afirma que es improcedente rever o juzgar acerca de la inconstitucionalidad del artículo 37 de la Ley 571, por atentar la armonía constitucional y el orden público, por que así dice que se haría manifiesta la invasión del ámbito de las atribuciones propias de los otros poderes. Por lo que solicita, se desestime la pretensión intentada, con expresa imposición de costas.

Funda en derecho y ofrece prueba documental. Efectúa su petitorio final solicitando se dicte sentencia rechazando la demanda, con costas. A fs.124/125, se expide el representante del Ministerio Público propiciando el rechazo de la demanda incoada y a fs. 126 pasan los autos al Acuerdo, a los fines de dictar sentencia.

Los señores Ministros, Dres. Ariel Gustavo Coll, Carlos Gerardo González, Héctor Tievas y Lucrecia Marta Canavesio se adhieren a la presente relación de la causa.

II.- CUESTIONES A RESOLVER:

El Dr. Eduardo Manuel Hang, dijo:

Propongo como cuestión a resolver la siguiente: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?.

Los Dres. Ariel Gustavo Coll, Carlos Gerardo González, Hector Tievas y Lucrecia Marta Canavesio se adhieren a la cuestión propuesta.

III- A LA CUESTION PROPUESTA:

El Sr. Ministro Dr. Eduardo Hang, dijo:

Que promueve demanda contenciosa administrativa la Sra. María Elvira Díaz contra la Provincia de Formosa - Caja de Previsión Social de la Provincia de Formosa -, solicitando se declare la inconstitucionalidad del artículo 37 de la Ley 571, por vulnerar derechos humanos esenciales cuando establece la edad de 23 años como plazo de caducidad del beneficio de pensión.

Que por su parte la demandada controvierte lo afirmado por el actor, afirmando que la actora en modo alguno acredita en donde radica la ilegalidad o arbitrariedad de la norma que tacha de inconstitucional.

Que la cuestión a resolver se centra en determinar si el artículo 37 de la Ley 571 es inconstitucional. Que la parte actora impugna la norma en la parte pertinente que dispone: "En caso de muerte del jubilado o del afiliado en actividad o con derecho a la jubilación, gozarán de pensión los siguientes: 1)... a) Los hijos solteros hasta la edad de 21 años, siempre que estuvieran a cargo del causante, y no presten servicios remunerados o actividad rentada. Este beneficio se extenderá hasta los 23 (veintitrés) años si a la fecha del deceso se encontraren cursando estudios superiores y terciarios, debiendo acreditar al comienzo y al final del curso lectivo su asistencia regular con el certificado oficial. Sin perjuicio de ello, la Caja podrá requerir en cualquier momento la información de la Institución para acreditar la continuidad de los estudios. Asimismo, la no presentación de la documentación solicitada y que fuera notificado debidamente, producirá la suspensión de la pensión o de la cuota parte correspondiente; la reanudación del pago se hará a partir de la fecha en que se presentaren los certificados debidamente registrados por esta Caja".

Asimismo el artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce derechos como - el derecho a enseñar y aprender -, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Que en el caso de autos, la norma impugnada, impone un límite de edad -23 años- a los fines de seguir percibiendo el beneficio de la seguridad social. Dice María A. Gelli, "múltiples razones fundamentan y legitiman la necesidad de reglamentar el ejercicio de los derechos constitucionales. Esa atribución estatal -en situaciones ordinarias y corrientes- se requiere para armonizar la utilización de diferentes derechos por distintas personas; para evitar que la práctica de un derecho por una persona impida a otras emplear la misma facultad; para establecer las condiciones de ejercicio, es decir, para hacerlos operativos estableciendo las obligaciones de terceros que posibiliten el ejercicio de los derechos; en fin, para imponer límites al obrar humano con el objeto de facilitar la convivencia social y el bienestar general y para que la libertad constituya un patrimonio común de todos y no privilegios irritativos. " (ob. Constitución de la Nación Argentina, coment. y anot., T. I, LL, pág. 88). Que además ese poder reglamentario, tiene como límite, dos principios normativos también previstos en la Ley Fundamental, uno, el artículo 19 que resguarda el ámbito de decisión personal propio y ajeno a la intromisión del Estado; y el otro, el artículo 28 que consagra el principio de razonabilidad, que impide alterar los derechos en ejercicio de la función reglamentaria, aún en tiempos de crisis y emergencias.

Que en el caso de autos, justamente el planteamiento del límite de edad debe analizarse a entender del suscrito, desde el punto de vista de la razonabilidad de la limitación. Es decir, primero si es razonable que exista el límite y si así ocurriera, si el elegido guarda ese principio de racionalidad.

Que en lo que hace al primer planteo, es notorio que algún límite hay que poner, sería absurdo prolongar indefinidamente el beneficio, mas aún cuando, como en el caso de autos, el argumento es inexistente. Y se dice esto porque, la actora al plantear la inconstitucionalidad no expone con fundamentos sólidos y suficientes en donde radica la ilegalidad o arbitrariedad, pues si bien cita numerosa normativa constitucional e internacional, no demuestra en el caso concreto como siendo beneficiaria de una pensión y en su condición de estudiante universitaria, que el límite de 23 años le resulte violatorio a su derecho constitucional de aprender, cuando la misma actora reconoce que al momento de interponer la acción se encontraba cursando el cuarto año de la carrera universitaria de Abogacía; lo que demuestra por otra parte que es una persona sana y con plenas capacidades (no consta en autos que padezca enfermedad física o psíquica) para ejercer otro derecho constitucional como es el de trabajar; y siendo que la norma cuestionada, dispone que el derecho de pensión se percibe hasta los 21 años, extendiéndose el beneficio hasta los 23 años en caso de cursar estudios superiores o terciarios. Con lo cual, queda claro como bien lo reconoce la propia actora, se trata de un beneficio, una concesión, que el propio Estado lo otorga, y teniendo en cuenta que cualquier persona puede a partir de los 18 años si esta sana, trabajar.

Afirma la actora que la disposición impugnada, vulnera el pleno ejercicio de acceso a la enseñanza superior y alcanzar una formación profesional, siendo que en los hechos, además de cursar y acceder plenamente a una enseñanza universitaria, en la carrera de Abogacía, lo hace en una Universidad privada - Universidad de la Cuenca del Plata -, (ver fs.7); por lo que tampoco demuestra en este planteo cual es el perjuicio que acarrearía la inconstitucionalidad de la norma.

Por último tampoco resulta sustentable la afirmación de que la disposición en cuestión, le impide contar con una prestación alimentaria, cuando la propia actora reconoce que viene percibiendo el beneficio de la pensión, desde que era una niña al tiempo de fallecer sus padres (ver escrito de demanda a fs. 84).

La circunstancia de que dicho beneficio de la seguridad social caduque al cumplir la actora 23 años, no tiene nada que ver o por lo menos en autos no queda demostrado, su relación con la violación de un derecho constitucional como es el de aprender. Así, los argumentos ad misericordium, que expone: ".establecer la edad de 23 años como plazo de caducidad del beneficio de pensión, único recurso que me dejaron mis padres, a quienes tuve la desgracia de perderlos muy tempranamente y que los aportes que ellos realizaran como reaseguro., me sea coartado por una norma que carece de razonabilidad.", no tiene relación alguna con su derecho constitucional de aprender. Por el contrario, no surge demostrado en autos afectación alguna a su derecho de aprender o que la falta de percepción del beneficio de la pensión afecte tal derecho.

A poco que se repare entonces en el límite fijado, es de público y notorio que los estudios secundarios terminan a los 18 años, al límite de 23 tenemos cinco años de carrera universitaria, lo que aparece como dentro de parámetros razonables.

Bien es cierto que pueden plantearse situaciones de excepción (una enfermedad, una huelga que cierre la universidad) pero ellas, mas allá del silencio de la norma, en una valoración de justicia podrían merituarse si se arrima prueba, lo que en éste caso no existe.

Atento a como se resuelve la presente cuestión, corresponde imponer las costas a la parte actora perdidosa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial.

Consecuentemente, corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes por la actuación que les cupo en el presente proceso sumario, teniendo presente que la cuestión no es susceptible de apreciación pecuniaria. Así procede regular los honorarios profesionales de la Dra. Veronica Andrea Silvera, por su labor realizada en autos como patrocinante letrado de la parte actora, considerando las dos etapas del proceso, mérito del trabajo profesional y resultado obtenido, en veinticinco (25) 'Jus'; y los de las Dras. Carmen Notario y Stella Maris Zabala de Copes, por las actuaciones profesionales como apoderada letrada y patrocinante letrada de ésta respectivamente, por la parte demandada en las dos etapas del proceso, mérito del trabajo profesional y resultado obtenido, en treinta (30) 'Jus', en forma conjunta y en proporción de ley, de conformidad a lo dispuesto en los artículos. 8, 9, 12, 13, 41 segundo párrafo, 46, 48 y 69 de la Ley 512.- A su turno el Dr. Ariel Gustavo Coll, dijo:

Que adhiero al voto que antecede, y me permito agregar a mayor abundamiento, que previo a la presentación de la demanda de fs. 84/86, la actora obtuvo, el 14 de noviembre de 2008, una medida cautelar que impuso a la Caja de Previsión Social de la Provincia, la prohibición de innovar respecto al pago del beneficio a la demandante, medida que fue acatada por el organismo previsional, mediante la Resolución Nº 03210 del 25 de noviembre de 2008, que se agregara a fs. 46del incidente agregado por cuerda.

Que ese dato procesal, no puede dejar de considerarse al momento de analizar justamente el planteo que se formula sobre la razonabilidad del límite impuesto por el artículo 37 de la Ley 571 (cf. Artículo 163 inciso 6º del Código Procesal Civil y Comercial), toda vez que desde la promoción de la demanda (cuando la actora ya había cumplido los 23 años de edad) hasta la fecha en que se dicta esta sentencia, por efecto de la cautelar antes citada, la demandante siguió percibiendo el beneficio previsional durante un plazo mayor al fijado en la norma tachada de inconstitucional, tiempo durante el cual, razonablemente, pudo haber terminado sus estudios universitarios en atención al avance que -admite la actora - tenían los mismos al momento de demandar.

Voto en consecuencia por el rechazo de la demanda, con costas a la vencida.

Los señores Ministros, Dres. Carlos Gerardo González, Héctor Tievas y Lucrecia Marta Canavesio se adhieren a la presente proposición.

Por ello, con las opiniones concordantes de los Señores Ministros, Dres. Eduardo Manuel Hang, Ariel Gustavo Coll, Carlos Gerardo González, Hector Tievas y Lucrecia Marta Canavesio forman la mayoría absoluta que prescribe el art. 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, concluye el presente Acuerdo firmando los Señores Ministros, por ante mí, de lo que doy fe.

SENTENCIA FORMOSA, 14 de marzo de 2011.

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) No hacer lugar a la demanda entablada por la actora María Elvira Diaz.

2º) Costas a la vencida (art.68 Código Procesal Civil y Comercial).

3º) Regular los honorarios profesionales de la Dra. Verónica Andrea Silvera, por su labor realizada en autos como patrocinante letrado de la parte actora, considerando las dos etapas del proceso, mérito del trabajo profesional y resultado obtenido, en veinticinco (25) "Jus"; y los de las Dras. Carmen Notario y Stella Maris Zabala de Copes, por las actuaciones profesionales como apoderada letrada y patrocinante letrada de ésta respectivamente, por la parte demandada en las dos etapas del proceso, mérito del trabajo profesional y resultado obtenido, en treinta (30) "Jus", en forma conjunta y en proporción de ley, de conformidad a lo dispuesto en los artículos. 8, 9, 12, 13, 41 segundo párrafo, 46, 48 y 69 de la Ley 512.	4º) Regístrese. Notifíquese y oportunamente, archívese.