marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitucionalidad, actuaciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GUERRIERI, MARIO RAMON c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-08

La actuación estatal, a los fines de evitar devenga ilegal o injusta, deberá respetar y observar el principio de legitimidad. La legitimidad se compone de dos facetas distintas que conjugan armónicamente el proceder del órgano administrativo.- Por su parte la legalidad procura ajustar el obrar administrativo al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder público del órgano que lleva a cabo la función administrativa.

- Del otro lado, la legitimidad comprende la razonabilidad o justicia de la actuación administrativa en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.-
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hernández, Martín Gabriel c/ Cantini, Guillermo María s/ Prescripción adquisitiva bicenal/usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10

En materia de usucapión las pruebas aportadas deben verificarse con visión de conjunto, en una ponderación global, rehuyendo del método analítico que suele dar resultados disvaliosos al desvirtuar el verdadero mérito de la prueba acopiada en el proceso por la vía de una visión parcializada, máxime frente a la exigencia del art. 24 inc. 2 de la ley 14.159, sin perder de vista el valor y trascendencia que haya de otorgarse a cada medio probatorio en particular. Además, la prueba de la posesión en los procesos de prescripción adquisitiva debe ser plena e indubitable, pero ello no importa modificar las reglas de producción y apreciación de las pruebas.
Lesiones en riña, homicidio en riña
Materia: PENAL
Carátula: Suárez, Luis s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-03

En los delitos generados por muchedumbres, la tipificación de homicidio y lesiones en riña o agresión es el único medio de que dispone un derecho penal funcional -es decir distinto del clásico o del garantista-, para dar a la sociedad un sentimiento de reparación y, a la postre, de protección contra la violencia desencadenada.
Medidas cautelares, jerarquía constitucional, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Goizueta, Andrés Alejandro c/ Ejército Argentino - Contaduría General del Ejército - Estado Mayor General del Ejército - ENA s/ contencioso administrativo varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

La mera afirmación dogmática acerca de la supremacía que una norma constitucional tiene sobre las leyes, los decretos y las resoluciones (lo que resulta innegable, a la luz de lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional) no basta, por sí sola, para que el derecho invocado por quien peticiona una medida cautelar se torne verosímil; pues de ser así, sería suficiente que el peticionante invocara cualquier precepto constitucional como sustento de su reclamo para que la pretensión cautelar resultara procedente. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, cuestiones de hecho y prueba, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ibarra, Cristino Ireneo y otro c/ Federación Medica de Formosa s/ Ordinario Formosa s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-23

Las cuestiones opinables -sobre el material fáctico o normativo- no engendran arbitrariedad, ya que si hay un abanico de posibilidades jurídicas razonables para optar, la elección de una de ellas no implica arbitrariedad. Es aplicable aquí, la distinción entre "arbitrio judicial" y "arbitrariedad judicial". Lo primero nada tiene de antijurídico: significa el legal y legítimo proceder de un juez que, entre varios caminos a seguir, prefiere uno de ellos. Lo segundo si es antijurídico, porque implica asumir una actitud reñida con la norma o con determinados valores jurídico políticos.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vilela, María Teresa c/ Segovia, Juan Leandro y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-14

Viola el principio de congruencia y la garantía del debido proceso la sentencia que hace mérito de una defensa no articulada, privándose sorpresivamente a la actora que la contradigan, con afectación de su derecho de defensa en juicio.
Universidades, autonomía universitaria, interpretación de la constitución, concesión comercial, personas con discapacidad
Materia: EDUCACION-CONSTITUCIONAL
Carátula: Universidad Nacional de Córdoba c/ Estado Nacional s/ acción declarativa artículo 322 CPCCN.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-12

Si bien las instituciones universitarias nacionales están en libertad de regular la generción de recursos adicionales, deben ejercer tal potestad en el marco jurídico que establecen la Constitución y la ley, circunstancia que impide considerar que la aplicación de ordenamientos que establecen una protección especial para personas discapacitadas en el ámbito universitario afecte el contenido esencial de la autonomía consagrada por el art. 75 , inc. 19, de la Constitución Nacional, conclusión que no implica la obligación automática de entregar en concesión espacios para pequeños comercios a todo aquel que lo peticione, sino que las autoridades universitarias deben cumplir el deber legal en los casos previstos en las normas ejerciendo sus atribuciones discrecionales al escoger a la persona discapacitada que se hará cargo del pequeño comercio.
Recursos, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: N., L. A. c/ E.D.D.M. S.A. y otras s/ Daños y Perjuicios (Expte. Nº 69/08 C.A.N.E.) s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-09-23

Tener sobre los hechos probados una interpretación distinta, se insiste, no demuestra que la sentencia sea absurda, que existió una valoración ilógica o antijurídica de los elementos probatorios o infracción a las leyes de la prueba.
Fallos de la Corte Suprema, responsabilidad objetiva, culpa concurrente
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez , Viviana Lucía c/ ABT Juan Alberto y otros s/ ordinario daños y perjuicios , Expte N° 4182
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-04-11

La CSJN en "Di Prisco" (24/3/94) sostuvo que la reiteración de conflictos y disputas entre los "hinchas" y "barras bravas" de los clubes participantes de justas deportivas no puede ser considerados como una hipótesis del caso fortuito previsto en el ordenamiento sustancial, máxime cuando son las conductas desplegadas por aquellos las que habitualmente causan los daños que la ley 23184 quiere evitar.

A pesar de estar en presencia de una responsabilidad objetiva agravada ello no es óbice para que conviva con una responsabilidad por "culpa" concurrente de la víctima, debiendo en tal caso atenerse a una división del daño proporcional a la respectiva incidencia de uno y otro factor causal sobre la constitución del hecho.
Extinción de partidos políticos, afiliación partidaria
Materia: ELECTORAL
Carátula: Mascheroni Santiago y otros c/ Convención Provincial de la U.C.R. s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-20

En los supuestos de disolución o extinción previstos por el artículo 51, incs. a, c y d, la condición de afiliado se extingue junto con el partido, en virtud de actos u omisiones de sus representantes partidarios.
Sociedad irregular, disolución de sociedades
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cossutta Pantaleón c/ Biosi, José s/ Retiro de capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-02

Si la declaración de disolución estaba inescindiblemente ligada al acogimiento de la pretensión actora de determinación de la cuota social que le correspondía en la sociedad para su retiro, (máxime si su advenimiento no fue enervado dentro de los diez días de notificada la demanda por la puesta en marcha del proceso regularizador de la sociedad que prevee el art. 22 de la ley en la materia), el mandato liquidador se erigía en un presupuesto insorteable para el logro del objeto mediato de dicha pretensión y la exacta determinación o cuantificación de la porción social del actor o de la participación que en el remanente de la sociedad le pudiera corresponder por cualquier título, sin perjuicio, claro está, que por la índole de esta sociedad -ajena a toda documentación y registración- ha de presumirse la igualdad de aportes y, consecuentemente, de participaciones de todos y cada uno de los socios.
Poder Ejecutivo Nacional, facultades del Poder Ejecutivo, inmunidad de jurisdicción, demanda contra Estado extranjero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HEINZE, Juan Carlos c/ REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE s/ DEMANDA    CONTRA   ESTADO  EXTRANJERO.  REPRESENTACION  DIPLOMATICA.  COMPETENCIA DEL PODER  EJECUTIVO  Y  DEL  PODER  JUDICIAL. DERECHO DE PETICIONAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

El art. 24 del decreto ley 1285/58, en su tercer párrafo, incorporado por el decreto ley 9015/63 propone una normativa general cuya aplicación es insoslayable para los tribunales de justicia, toda vez que reserva en la esfera del Poder Ejecutivo Nacional la determinación de los casos en que cabe prescindir de la inmunidad de jurisdicción, de tal modo que, si las relaciones recíprocas con un estado determinado aconsejan que éste no deba gozar de dicho beneficio, puede, por un acto debidamente fundado, establecer su situación procesal en los supuestos en que sea demandado.

Consecuentemente, dentro de la economía integral del recordado art.

24, el principio general de la inmunidad y su excepción por vía de decreto continúan en vigencia aún cuando cese el estado de paz.-
Jurisdicción y competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Santillán,  Ramón Eustaquio Cayetano c/ Ferrovías S.A.C. s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-19

El art. 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la cual, por su raigambre, es insusceptible de extenderse a otros casos no previstos.
Subasta, deuda exigible
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSORCIO ECUADOR 1339-41 c/ MELE JORGE A. s/ EJECUCION - SUBASTA JUDICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-18

Las deudas por expensas comunes están incluidas dentro de las obligaciones "propter rem" (art. 17 ley 13.512). Si el inmueble adquirido en subasta pública dio origen a las obligaciones incumplidas y el precio de las subasta resultó insuficiente para sufragarlas, las deudas "propter rem" deben ser satisfechas por el adquirente, obviamente a valores actualizados, tal como habría debido abonarlas el propietario ejecutado, porque aquél no puede encontrarse frente al consorcio en mejor situación que obligado al pago. Ello sin perjuicio de un derecho.
Suspensión del trabajador, suspensión preventiva
Materia: LABORAL
Carátula: Carabajal, Octavio Juan c/ Nati Soc. Colec. y/o prop. y/o resp. s/ Sueldos impagos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-12

La suspensión preventiva, es la suspensión dispuesta por el empleador en virtud de la existencia de una causa penal en la que se imputa al trabajador la comisión de un delito, con prescindencia de los resultados de aquélla. El trabajador suspendido en forma preventiva no tiene derecho -en principio- a los salarios por el tiempo que dure la misma.
Derecho laboral, Derecho civil, prescripción, jueces, facultades del juez, actuación de oficio
Materia: CIVIL - LABORAL
Carátula: VAZQUEZ, ELIDA MARCELA c/ HEREDEROS DE GALAN, MARIA MERCEDES s/ COBRO DE PESOS     RUBROS LABORALES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 721-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-08-23

Las disposiciones relativas a la prescripción y las consideraciones que se efectúan al respecto, básicamente extraídas del derecho común, resultan válidas para el derecho del trabajo.

En el caso, lo referido a la prohibición establecida en el artículo 3964 del Código Civil, por el cual el Juez no puede suplir de oficio la prescripción.
Embargo preventivo, prisión preventiva, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: BURGHI, J.R. s/ PRISION PREVENTIVA - OMISION DICTADO - NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-08-14

No es nulo el auto que, invocando las probanzas tenidas en cuenta para dar por acreditadas por semiplena prueba la existencia del ilícito y los indicios atinentes a la responsabilidad del encausado, solo dicta el embargo de bienes sin realizar la formal declaración de encontrarse reunidos los extremos del art. 366 C.P.C.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia, razonabilidad, responsabilidad del Estado por actos lícitos, error judicial, faltas del servicio, daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ARAGON, VICTOR GUSTAVO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 510 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-25

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad desde que no se vislumbra en el pensamiento sentencial un cambio en la imputación jurídica propuesta por la demandada (responsabilidad objetiva por error judicial y/o falta de servicio), examinando la causa a la luz de parámetros distintos a los formulados por aquélla (responsabilidad subjetiva).

Por el contrario, el factor de atribución de responsabilidad objetiva del Estado constituye la piedra basal de la sentencia impugnada siendo a partir de dicho supuesto que considera, como presupuesto ineludible de esa excepcional fuente de reparación, la acreditación del nexo causal entre el acto cuestionado y el daño indemnizable, recaudo que juzgó insatisfecho.

Desde esa óptica, entendieron que si el error judicial supone un resultado equivocado no ajustado a la ley, sea porque no se aplicó correctamente el derecho o porque se establecieron hechos que no se corresponden con la realidad, el mismo no se había producido en el caso, y tampoco se configuraba una "falta de servicio" atento a la inexistencia de elementos de permitieran afirmar que el Juez de la ejecución hubiera podido preveer o saber la situación concursal del ejecutado, dejando en claro que el principio en materia de responsabilidad del Estado por su actividad lícita relacionada a actos judiciales es la irresponsabilidad conforme inveterada jurisprudencia de la Corte nacional.
Sentencia, acusación, Ministerio Público Fiscal, sentencia absolutoria, encubrimiento, ánimo de lucro
Materia: PENAL
Carátula: Reina,  Carlos  Roberto;  Duarte,  María  Cristina s/ recurso  decasación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-14

En el sistema diagramado por el C.P.P.N., la pretensión penal se concreta con la afirmación de hechos e individualización de sujetos, en el requerimiento de juicio. Es así que, esa pieza procesal constituye una verdadera pretensión provisional y no definitiva, ya que este último carácter solo se alcanzará después de realizado el juicio, es decir producidas las pruebas que constituyen el fundamento de la pretensión definitiva, sea condenatoria o absolutoria. En síntesis, en el proceso penal, podemos hablar de una "pretensión evolutiva o progresiva" y a diferencia del civil, la pretensión no se deduce en un sólo y único acto, sino que sigue un "orden escalonado".

Éste comienza con el requerimiento de investigación (art. 188 C.P.P.N.), en dónde empieza a prepararse, se manifiesta a lo largo de la instrucción mediante la actividad de instar diligencias y culmina, una vez abierto el juicio oral, como pretensión objetiva (hechos objeto del juicio y calificación provisional sometida a debate), definiéndose y produciéndose la calificación definitiva en los alegatos conclusivos. En el presente caso, nos encontramos con que el Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio le imputó a los encartados el delito de encubrimiento agravado por ánimo de lucro, el que concurría en forma ideal con el robo con armas, sin embargo, al momento de efectuar su alegato, el Fiscal General entendió que ese ilícito concurría aparentemente con los otros delitos y, por lo tanto, no formuló acusación por ese hecho. Finalmente, hay que señalar que no se trata únicamente de una cuestión de discusión de calificación legal, sino que se trata de la atribución de responsabilidad respecto de un hecho por el que el Ministerio Público no completó la acusación. Por lo tanto, corresponde hacer lugar al recurso de la defensa, casar la sentencia impugnada y absolver a los imputados. (Voto de la Dra. Ledesma, adhieren parcialmente los Dres. Riggi y Tragant según sus votos).
Nulidad de sentencia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: AGUERGARAY, Domingo Juan s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-12

No es causal de nulidad una sentencia que no ha tratado la inconstitucionalidad de una norma, si solo se hace alusión a ella y no está debida y concretamente fundada y aclarada la cuestión federal que se propone.
Responsabilidad del Estado, personal policial, servicios de vigilancia
Materia: CIVIL
Carátula: CARRETTINI  MARIA  ELSA  Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DELINTERIOR POLICIA FEDERAL S/ s/ AÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-28

El acto que se imputa al agente policial no tiene nada que ver con la función de policía de seguridad, ni con actividades facilitadoras de aquellas, ni con ninguna extralimitación dolosa o culposa de las atribuciones que se le asignan para el cumplimiento de las funciones estatales propias de esa fuerza. La teoría de la "falta de servicio" (conf. C.S.J.N., "Vadell", Fallos 306:2030) no me resulta convincente para fundar en este pleito la responsabilidad estatal, pues el uso desviado del arma confiada al agente se encuentra al margen de todo "servicio" y sólo se trata de una falta apta para comprometer, en todo caso, su propia responsabilidad personal y no la de su empleador estatal.
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, prueba, Policía Provincial, responsabilidad de la provincia
Materia: PROCESAL
Carátula: Bulacio, Luis  Alberto y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otra s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

La Provincia de Buenos Aires no puede ser demandada en un juicio por el que se reclama la reparación de los daños y perjuicios sufridos por un menor durante un viaje en ferrocarril, si de la prueba aportada por las partes surge que la policía de dicha provincia no tuvo intervención en los hechos acaecidos en el vagón del tren que culminaron en el accidente de autos, pues su presencia sólo se hizo efectiva una vez finalizado el episodio.
Responsabilidad del Estado, muerte de un militar, responsabilidad del Estado por actos ilícitos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MISITI CONCEPCIÓN c/ GOBIERNO DE LA NACIÓN s/ ART.1113 CÓD. CIVIL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-15

Es responsable el estado por la muerte de un miembro de las FF.AA, cuando el luctuoso episodio es protagonizado por un empleado de su dependencia con un arma provista por aquél y cuando no se prueba que la actuación del agente estuviera al margen de sus funciones o contrarias las instrucciones recibidas.-
Legitimación procesal, falta de legitimación para obrar, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: G., C. J. c/ A. S.A. y/o quien resulte propietario y/o locador y/o armador del Buque "M. S." s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-10-18

Lo relativo a la legitimación -tanto activa como pasiva- no es una cuestión que pueda quedar en manos de las partes ni deferida exclusivamente a las alegaciones que ellas puedan hacer o no hacer, sino que es el juez quien tiene el deber insoslayable de velar, antes de pronunciarse sobre el fondo del reclamo, porque la legitimación tanto activa como pasiva se encuentre debidamente determinada y presente en la litis.
Trabajadores portuarios, acta acuerdo, salarios garantizados
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIRRE, FRANCISCO Y OTRO c/ ENTE DE GARANTIZACION DE JORNALES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-22

Es válida el acta acuerdo del 8 de marzo de 1984 -a pesar de lo prescripto por el artículo 1 de la ley 21476- y sus efectos modificatorios del C.C.T. 420/73, porque el sujeto obligado a garantizar los jornales, extiende tal garantía, en beneficio de los trabajadores, como resultado de una suerte de convención de las partes que lo componen en su esencia paritaria, con presencia de un representante del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Trabajadores de la construcción, remuneración, gastos de traslado, carácter no remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: EMACO  S.A.C.I.I. s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-26

La suma que percibe el trabajador en virtud de lo establecido por el artículo 51 del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 se trata de una indemnización o compensación por los gastos de traslado y no de una contraprestación por tareas realizadas, por lo que no está sujeta a retención y aportes en los términos del artículo 23 de la ley 18037.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, empleo público
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Cuello, Maglio José c/ Banco de Santa Fe SAPEM s/ Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº 911-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-05

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad intentado si frente a la línea argumental de la Sala, que define el estatus jurídico del empleado del actual Banco de Santa Fe SAPEN, paso necesario para resolver el caso, no resultan idóneos los argumentos de la entidad recurrente relativos a que no es aplicable la Ley de Contrato de Trabajo, dado que las argumentaciones vertidas al respecto se dirigen, en definitiva, a reforzar su posición vinculada a la existencia de una relación de empleo público que determina la incompetencia de la justicia laboral y la no aplicación de dicha ley, más sin atacar debidamente la afirmación respecto de que lo decisivo para resolver la causa no depende de discernir en abstracto la naturaleza del banco, sino de establecer es estatus jurídico de sus dependientes. Por ello, sus argumentos, en tanto no rebaten adecuadamente el razonamiento seguido por la Sala en torno al derecho aplicable resultan insuficientes para descalificar los fundamentos dados por ésta al reconocer la procedencia del reclamo indemnizatorio en virtud de remisiones que efectúan las normas de derecho público local. En suma, el agravio vinculado a la condena al pago de la indemnización del artículo 212, cuarto párrafo, de la ley de Contrato de Trabajo, tal com ha sido articulado, no puede prosperar, por cuanto el compareciente no logra descalificar los fundamentos expuestos por el Tribunal a quo en ejercicio de funciones propias.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, Capital Federal, extranjeros
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Asociación Hijas de San Camilo c/ Castillo de Bianchi, María Dolores. s/ COBRO DE AUSTRALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-11

En tanto todos los jueces de la Capital Federal revisten el carácter de nacionales, el ciudadano extranjero no se ve privado del fuero federal consagrado por los arts. 100 de la Constitución Nacional y 2, inc. 2, de la ley 48.