Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-23


Dictamen de la Fiscal General:

1. Las cuestiones referidas a la regulación de los honorarios en autos no comprometen el interés general cuyo resguardo me compete (art. 120, C.N.), por lo que no corresponde que me expida al respecto.

2. En la resolución apelada de fs. 549, el juez de primera instancia aclaró que los honorarios de la sindicatura y su letrada reconocen en un 70% la graduación del art. 241 L.C., y que la misma graduación asiste al 100% de los honorarios del acreedor hipotecario.

3. Apelaron la sindicatura y el acreedor hipotecario.

La sindicatura expresó agravios a fs. 571/2. Manifestó que el único activo de esta quiebra reconoce gravamen hipotecario y que la sindicatura intervino en la reconstrucción de los títulos y en la posterior liquidación de los bienes, para lo cual el acreedor hipotecario no promovió concurso especial.

Refirió que no se ponderó la actitud reticente del acreedor hipotecario, que fue la investigación de la sindicatura la que permitió identificar los distintos proyectos edilicios con sus correspondientes reglamentos de copropiedad, sin los cuales no podían venderse las unidades.

Solicitó que se reconozca la totalidad de sus honorarios con el privilegio del art. 244 L.C.

El acreedor hipotecario expresó agravios a fs. 374. Manifestó que debe reducirse a menos de la mitad el porcentual del 70% fijado respecto de los honorarios de la sindicatura.

Señaló que esos honorarios fueron fijados por toda la actuación del síndico; que las tareas realizadas por la sindicatura en el incidente de subasta fueron de mero trámite; y que quienes llevaron adelante la mayor parte de las diligencias fueron los martilleros.

4. En mi opinión, los recursos de apelación interpuestos deben ser rechazados.

Las deudas previstas por el art. 244 L.C., se tratan de gastos de justicia prededucibles, porque redundaron en beneficio común de la masa.

Corresponde señalar, en este sentido, que constituye un principio constante en doctrina y jurisprudencia que para que un gasto realizado con motivo de un proceso pueda ser calificado como gasto de justicia, es necesario que haya sido efectuado en interés común de los acreedores.

Ese principio está consagrado en el art. 3900 del Cód. Civ., que establece una regla general en materia de privilegios, a cuya luz se esclarece la cuestión planteada; dice aquél: "Los gastos de justicia son preferidos a todos los créditos, en el interés de los cuales se han causado". Profundizando este concepto, la nota al art. 3879 del Cód. Civ. proporciona una pauta hermenéutica de singular precisión: "El privilegio será más o menos general según la utilidad que esos gastos de justicia hayan prestado a los acreedores. Cuando se preste utilidad a todos, ese privilegio será general; cuando el gasto de justicia sólo preste utilidad a algunos, sólo frente a estos tendrá carácter privilegiado. Cuando el gasto de justicia haya servido para liquidar todo el patrimonio del deudor, el privilegio recaerá sobre todos los bienes; cuando el gasto de justicia haya servido para liquidar sólo bienes determinados, el gasto de justicia únicamente recaerá sobre el producido de esos bienes. De este modo resulta que el privilegio es general cuando beneficia a toda una masa de bienes y que es especial cuando, sólo ha beneficiado a bienes determinados".

Por otro lado, cabe recordar que no corresponde computar en la reserva del art. 244 de la ley 24.522 la totalidad de los honorarios del síndico, sino sólo la porción inherente a las tareas vinculadas a la venta, conservación, custodia y administración del bien que constituya asiento del privilegio especial (confr. dictamen 83.000, del 28/2/2000, "Distribuidora Facundo SA s/ quiebra - concurso especial"; dict. 64.602, 25/6/91, "Polymetron SACI s/quiebra", entre otros).

Ello sentado, y luego de analizar la actuación del síndico en el expediente principal de la quiebra y en el incidente de subasta, considero que, teniendo en cuenta las tareas cumplidas por el funcionario, resultó correcto el porcentual del 70% fijado por el juez.

Por ello, opino que deben rechazarse los recursos de apelación interpuestos. - Marzo 11 de 2005. - Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia. - Buenos Aires, marzo 23 de 2005.

Considerando: I. a. El a quo reguló los honorarios de los profesionales actuantes (sindicatura, su patrocinante, letrado de la fallida y letrada del acreedor hipotecario) en la presente quiebra, a fs. 547, con motivo de la presentación del informe final (arts. 218 y 265, inc. 4, ley 24.522).

Por resolución aclaratoria de fs. 549, el magistrado indicó que, considerando que el único activo de la fallida eran los bienes gravados con garantía real (cuyos trabajos sustanciales obran en el expediente 75.696, que se tiene a la vista), de los honorarios regulados a la sindicatura y su letrada, corresponde atribuir un 70% del total a la preferencia otorgada por el art. 244 de la ley 24.522, mientras que el 30% restante tendría el rango del art. 240 del mismo ordenamiento.

b. Contra esa decisión se alzan, en antitético sentido, la síndico y el acreedor hipotecario, solicitando aquélla que el 100% posea el carácter del art. 244 y éste que se reduzca la alícuota decidida en la instancia anterior.

c. En el dictamen que antecede, la fiscal general opina que el decisorio debe confirmarse.

Esta sala comparte sus fundamentos, y se remite a ellos "brevitatis causae". Se coincide, además, con la doctrina que postula que en casos como el de marras, donde el activo realizado proviene de la venta de bienes del fallido que se encontraban gravados, el acreedor con garantía real contribuya en buena parte al pago de los honorarios de la sindicatura, máxime cuando por la labor de ésta se han realizado los bienes asiento del privilegio especial (conf. Bermúdez - Pesaresi, "Honorarios de mayor preferencia en la quiebra. La 'contribución' del acreedor hipotecario y las retribuciones del síndico y del letrado del peticionante de la falencia", Doctrina Societaria y Concursal, Errepar, Nº 203, octubre 2004, t. XVI, p. 1196).

d. En función de lo expuesto, se confirma la resolución de fs. 549.

II. Atento el monto al que asciende el activo realizado, anoticiado por el síndico en su informe final y evaluando la importancia, complejidad y extensión de la totalidad de la labor desarrollada, tanto en el expediente principal como en sus incidentes, se confirman en ciento cincuenta y un mil doscientos, treinta y siete mil ochocientos, diez mil y en quince mil ochocientos pesos los honorarios regulados a fs. 547 a favor de la síndico A.R.C., de los doctores A.M.E., F.M.B. y D.K.B., respectivamente (arts. 267, 272 y concs., ley 24.522).

El doctor Viale no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 Reglamento para la Justicia Nacional). - Julio J. Peirano. - Isabel Míguez.