Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-13


Causa 476-00/CC/2005 "Les Bejart S.A. s/ entrepiso en contravención y otras" - Apelación.

//n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de marzo de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 367/74. contra la sentencia dictada a fs. 348/60 de la presente, de la que RESULTA:

1º) Se iniciaron las presentes actuaciones el día 31 de julio de 2005 con la confección de tres actas de comprobación nros. 2-0816713, 2-0816714 y 2-0816715 que efectuaran los inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control a la empresa "Les Bejart S.A.". La primera -fs. 4-, por funcionar como local de baile clase "C" en todo el local, no respetándose la capacidad otorgada en la plancheta de habilitación y plano; la segunda -fs. 5-, por exceder el factor de ocupación correspondiente a cada uno de los rubros habilitados según plancheta, y la tercera -fs. 3-, por falta de seguridad, consistente en tener sobrecarga en un entrepiso de madera y permitir bailar sin estar autorizado para tal fin en dicho sector, según consta en los planos.

2º) Que con fecha 23 de agosto de 2005 (fs. 116/19), el Vilariño Marion, a cargo de la Unidad Administrativa de Control de Faltas nro. 22, resolvió condenar a la empresa "Les Bejart S.A." a la pena de multa de treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos ( $33.333) y clausura de veinte (20) días sobre toda la actividad comercial del local, por los hechos detallados en el considerando anterior.

3º) Que a fs. 121, con fecha 9 de septiembre pasado, la letrada apoderada de la empresa imputada manifestó su desacuerdo con la resolución dictada por el controlador y solicitó el pase de las actuaciones a la Justicia Contravencional y de Faltas.

4º) Que arribadas las actuaciones a la sede judicial y habiéndose celebrado la audiencia de debate, se dictó sentencia a fs. 348/60, en la que con fecha 20/12/05 se resolvió condenar a la empresa "Les Bejart S.A.": a) en orden al hecho descripto en el acta de comprobación nro. 2-08161713, por ser autora responsable de la conducta prevista por el art. 4.1.1 de la ley 451, a la pena de multa de diez mil pesos ($ 10.000); b) en orden al hecho descripto en el acta de comprobación nro. 2-0816714, por ser autora responsable de la infracción prevista y reprimida por el art. 2.1.3 de la ley 451, a la pena de multa de diez mil pesos ($10.000); c) en orden al hecho descripto en el acta de comprobación nro. 2-08161715, por resultar autora responsable de la conducta prevista y reprimida en el art. 4.1.1 de la ley 451 a la pena de multa de diez mil pesos ($10.000), imponiéndole además las costas del proceso (art. 33 y 55 de la ley 1217).

5º) Que a fs. 367/74 la Lorena Elizabeth Santos, apoderada de la firma Les Bejart S.A., interpuso recurso de apelación contra la sentencia mencionada supra y solicitó: a- Se declaren nulas las actas de comprobación obrantes a fs. 3, 4 y 5, por cuanto no cumplen con los requisitos establecidos en los incs. b, c y f previstos por el art. 3 de la ley 1217; circunstancia que -a su juicio- afecta el derecho de defensa y torna la sentencia arbitraria e ilegal; b- En subsidio, requirió que se desestime la validez del acta de comprobación nro. 2-0816715, alegando que se le ha efectuado a su asistido una doble imputación por la misma falta y por el mismo hecho que ha sido consignado -tanto en esa acta como en el acta de comprobación nros. 2-0816713-, que llevó a una doble condena, en violación al principio "non bis in idem". Agregó que el Juez -al sancionar a la firma imputada al pago de una multa de $ 20.000- no respetó lo establecido por el art. 12 del régimen de Faltas porque excedió el máximo legal fijado para la especie de la sanción, tornando la condena arbitraria e ilegal; c- Se revoque la sentencia por falta de constatación de los hechos que se le imputan, en especial el endilgado en el ac ta de comprobación nro. 2-0816713; d- Respecto a la imputación de exceder el factor de ocupación correspondiente a cada uno de los rubros habilitados, reiteró la falta de requisitos formales de las actas de comprobación; e- En relación al acta nro. 2-0816715 por la falta de seguridad en el entrepiso, sostuvo que nunca existió sobrecarga y que los dichos del inspector Caballero no tienen fuerza suficiente como para tener por acreditado de que en dicho sector la gente bailaba; f- Se reduzcan las multas impuestas por el Juez por cuanto resultan exhorbitantes y tornan arbitraria e ilegal la pena impuesta. Por ello, solicitó que se revoque la sentencia recurrida, se sobresea a la empresa imputada, y se archiven las actuaciones. Finalmente hizo reserva del caso federal.

6º) Que a fs. 378/80vta., el Sr. Fiscal de Cámara sostuvo que: 1- el recurso debe ser declarado mal concedido porque los agravios invocados por el apelante para fundar su recurso no encuadran en las previsiones del art. 56 de la ley 1217 y solo se limita a reiterar argumentos analizados por el magistrado de grado en la sentencia puesta en crisis. Subsidiariamente refiere que las tres actas cumplen con los requisitos exigidos en el art. 3 de la ley 1217, por lo tanto revisten todos sus efectos legales. Asimismo en relación al piso del local que el recurrente afirma que es de hierro, sostuvo que la falta radica en permitir una actividad en lugar no habilitado para ello y que siendo el "solado" un piso de madera, el peligro estaría dado por su posible rotura en el caso de someterlo a una sobrecarga como la que se había constatado.

7º) Que tras deliberar y sometido el recurso a estudio del Tribunal, se plantearon las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTION En primer término, cabe expresar que el recurso de apelación interpuesto, reúne los requisitos de admisibilidad establecidos en el art. 57 de la ley 1217 por haber sido interpuesto en el plazo legal correspondiente y por quien tiene legitimación para hacerlo.

Sin perjuicio de ello, y con relación al juicio de admisibilidad del recurso, es menester recordar que este Tribunal ha expresado en numerosos precedentes que es "(e)l Juzgado ante el cual se interpone el recurso quien debe efectuar una primera revisión de aquél a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales de tiempo y forma que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe al recuento de esas exigencias, pues debe avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía intentada. Ello no significa que se convierta en Juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior en la medida en que la ley 1217 lo establece" (conf. causas Nº 168-00-CC/2004 "Brunero, Jacinto s/ Estacionar en lugar prohibido" del 27/05/2004; 164-00-CC/2004 "Guglielmone, Alberto Edmundo s/ exceso de velocidad - Apelación" del 17/6/2004; 271-00-CC/2004 "Chalela, Osvaldo Antonio s/ Infracción violar luz roj a y otras - Apelación", del 1/9/2004). Ello, por cuanto el art. 56 de la ley 1217 prevé específicos supuestos de viabilidad: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley y c) arbitrariedad, fuera de los cuales no puede concederse la vía intentada.

En el caso examinado, la concesión del recurso por parte del Sr. Juez de Grado si bien alude a la previsión legal en virtud de la cual decide, no efectúa un debido análisis de los fundamentos esgrimidos en el remedio procesal intentado en forma previa a su concesión. Pese a lo expuesto, por razones de economía procesal y a fin de no dilatar la tramitación de la causa, corresponde que este Tribunal supla tal omisión y realice un motivado juicio de admisibilidad a fin de dilucidar si los fundamentos expuestos en el recurso configuran alguna de las causales que tornarían admisible el remedio procesal intentado a partir de lo dispuesto por el art. 56 de la Ley 1217 o, como afirma el Sr. Fiscal de Cámara, constituyen una mera discrepancia de criterios.

Ahora bien, la defensa plantea: a- la nulidad de las actas de comprobación por falta de requisitos previstos legalmente cuestión que a su juicio afecta el derecho de defensa en juicio y torna la sentencia arbitraria e ilegal; b- la existencia de un doble juzgamiento por el mismo hecho, en violación al principio del non bis in idem; c- la falta de acreditación de los hechos en cuanto a que las imputaciones están basadas en meras presunciones o hipótesis, cuestión que a su juicio altera el principio de defensa en juicio, y arbitrariedad en cuanto al cálculo de la capacidad de personas que se encontraban en el local que fuera efectuada por el inspector Caballero y d- el exceso en la pena impuesta por el juez, al haber aplicado erróneamente el art. 12 de la ley 451.

En atención a ello, corresponde declarar bien concedido el recurso interpuesto por cuanto los agravios invocados encuentran adecuación en los supuestos del art. 56 de la ley 1217: inobservancia de las formas sustanciales prescriptas, violación de la ley y arbitrariedad.

SEGUNDA CUESTION Planteos de la Defensa I- Agravio basado en la nulidad de las actas de comprobación.

La defensa considera que las actas de comprobación obrantes a fs. 3, 4 y 5, que fueran labradas a su representada, no cumplen con los requisitos establecidos en el art. 3 de la ley 1217, toda vez que: no describen en forma concreta y específica la conducta o el hecho que permita determinar la infracción que se le atribuye a su defendida; no indican la norma que a juicio del funcionario interviniente se estima infringida; y no identifican a persona alguna que hubiere presenciado la acción que da lugar a su labrado o que pudiera aportar datos de interés para la comprobación de la falta (arts. 3 incs. b, c y f). Asimismo, sostiene que el acta de comprobación que da cuenta que la actividad de baile se desarrollaba el día de los hechos en todo el local, no precisa en forma exacta a qué lugares se refiere específicamente.

Aclarado ello, corresponde adentrarse en los planteos nulificatorios impetrados por la Defensa. En este sentido, es importante recordar la postura que ha venido sosteniendo esta Sala en numerosos precedentes en materia de nulidades, al afirmar que la declaración de nulidad posee carácter excepcional, y que priman los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales. En razón de ello, es dable afirmar que la declaración de nulidad sólo resultaría procedente de advertirse algún vicio sustancial o la afectación de garantías constitucionales (causa nro. 115-00-CC/2005 "Leiva Quijano, Lita Elsa s/venta ambulante sin permiso- Apelación, rta. 6/5/05).

Ahora bien, en cuanto a las actas que la Defensa solicita se declaren nulas, es dable mencionar que la ley 1217 no establece expresamente su nulificación si no reúnen la totalidad de los recaudos normativamente establecidos, por lo que su ausencia no implica "per se" la invalidez solicitada. En razón de ello, corresponde a quien pretende su nulidad, acreditar que se han vulnerado derechos constitucionales, circunstancia que la impugnante no ha demostrado, más allá de su mera invocación.

Sentado ello, cabe determinar si las actas de comprobación nros. 2- 0816713, 2-0816714 y 2-0816715, que fueran labradas por el inspector Carlos Caballero a la empresa "Les Bejart S.A.", reúnen los requisitos establecidos en el art. 3 de la ley 1217 para ser consideradas válidas.

En primer lugar y en cuanto a la alegada violación al art. 3 inc. b de la ley 1217 que establece que el acta debe contener la descripción del hecho imputado al presunto infractor, se observa que la primera se labró por funcionar como local bailable clase "c" en todo el local, no respetándose la capacidad otorgada en la plancheta y plano (acta de comprobación 2- 0816713), la segunda por exceder el factor de ocupación correspondiente a cada uno de los rubros habilitados según plancheta (acta de comprobación nro. 2- 0816714) y, la tercera, por falta de seguridad consistente en tener sobrecarga en un entrepiso de madera y permitir bailar sin estar autorizado para tal fin en dicho sector según consta en los planos (acta de comprobación 2-0816715). De ello se colige que en cada una de ellas, el funcionario describió en forma detallada cúal fue la conducta infringida, dando así cumplimiento con lo dispuesto por el inc. b.

Respecto a la violación del art. 3 inc. c, ley cit., invocada por la defensa, que dispone que el acta debe contener la norma que a juicio del funcionario se estima infringida, sin que esta mención implique la calificación definitiva de la acción u omisión que da lugar al labrado del acta, se advierte que si bien no se consignó en las actas cuestionadas la norma presuntamente violada, ello no resulta suficiente para condiderarlas inválidas, pues dicha calificación legal es provisoria y puede ser modificada tanto por el controlador como por el juez de grado en el momento procesal oportuno, de lo dicho se desprende que no se trata de una exigencia de carácter esencial.

En relación al requisito detallado en el inciso f del art. 3, si bien la consignación de los testigos presenciales resulta importante a los fines de esclarecer el hecho, ello no implica "per se" su invalidez, atento que como se ha expresado anteriormente la norma no prevé expresamente su nulidad y no se ha demostrado que se haya afectado derecho constitucional alguno. Nótese en tal sentido, que la defensa ha solicitado la producción de prueba testimonial en el debate, oportunidad en la que declararon a su requerimiento los testigos Santos, Caballero, Nanyo, Cabrera y Fernández, habiendo desistido de cuatro de los testigos oportunamente ofrecidos.

Finalmente tampoco asiste razón a la defensa cuando señala que no se ha especificado el sector en que se estaba desarrollando la actividad de baile. Ello, toda vez que del acta 2- 0816713 se desprende que dicha actividad se estaba llevando a cabo en todo el local, circunstancia que resulta abarcativa de la totalidad de sus sectores, incluyendo no sólo los 1 y 3 correspondientes al salón, sino también el nro. 12 correspondiente al entrepiso (conf. plancheta y plano).

II- Agravio basado en la doble imputación de un mismo hecho, en violación al principio non bis in idem.

La defensa considera que el acta de comprobación nro. 2-0816715 se puede incluir dentro de la genérica descripción del acta de comprobación nro. 2-0816713, ya que tener sobrecarga implica exceder la capacidad de ocupación y, permitir bailar sin estar autorizado para tal fin en dicho sector, implica funcionar como local de baile clase "C" en todo el local. Por ello, sostuvo que su asistido fue condenado dos veces por el mismo hecho, en violación al principio"non bis in idem".

En primer lugar, cabe establecer si el sentenciante -tal como lo sostiene la defensa- ha violado la garantía mencionada que prohíbe la múltiple persecución de una persona por el mismo hecho. Para ello, se requiere la comprobación de tres identidades: de persona, de objeto y de causa de persecución.

En relación a la primera, ninguna duda cabe que la empresa "Les Bejart S.A", resulta ser la única imputada en la presente causa por los hechos descriptos en las tres actas de comprobación referidas.

Sentado ello, debemos determinar si entre ellas existe identidad de hecho, para lo cual es menester referirnos a cada una de las actas en particular.

Por un lado, el acta de comprobación nro. 2- 0816713, se labró en atención a que la firma mencionada ejercía su actividad de baile clase "C" en todo el local, no respetándose la capacidad otorgada en la plancheta (subsumida por el Juez en el art. 4.1.1, -ejercer la actividad lucrativa en infracción a la autorización concedida-).

Por otra parte, el acta de comprobación nro. 2- 0816714, fue labrada por exceder el factor de ocupación correspondiente a cada uno de los rubros habilitados según plancheta (subsumida por el Juez en el art. 2.1.3 de la ley 451 -ingreso de personas al local superior a la tolerada-).

En cuanto al acta de comprobación nro. 2- 0816715, las conductas imputadas consistieron por un lado, en la falta de seguridad por tener sobrecarga el entrepiso y, por otro, permitir la actividad de baile sin estar autorizado en dicho sector, conductas que fueron tipificadas en el art. 4.1.1, ley citada.

Ahora bien, la imputación de funcionar como local bailable clase "C" en todo el local, atribuída en el acta 2-0816713, supone la conducta de permitir bailar sin estar autorizado para tal fin en el sector del entrepiso (acta nro. 2-0816715), pues aquella infracción abarca la totalidad del lugar y por ende también el entrepiso. Asimismo, la conducta de exceder el factor de ocupación correspondiente a cada uno de los rubros habilitados atribuída en el acta 2-0816714, que ha sido subsumida en permitir el ingreso de una cantidad de personas superior a la tolerada atribuída en el acta 2-0816714, implica la presencia de una sobrecarga, que también existía en el entrepiso (acta nro. 2-0816715), razón por la cual esta última debe resultar subsumida en aquella. Ello así por cuanto dicha sobrecarga es la consecuencia de haber permitido el ingreso de mayor cantidad de personas, según surge del informe de inspección practicado el día del hecho, cuya copia obra a fs. 75.

En suma, asiste razón a la defensa en cuanto a que existen dos hechos independientes que son los descriptos en las actas nros 2-0816713 y 2-0816714, mientras que las conductas que describe el acta 2- 0816715 se encuentran en una relación de consunción respecto de aquéllos.

Por lo expuesto y toda vez que se ha efectuado una doble imputación en relación a las conductas descriptas en el acta 2-0816715, corresponde revocar el punto III de la parte dispositiva de la sentencia en cuanto condena a la empresa respecto de aquéllos.

III- Agravio basado en la falta de acreditación del hecho imputado El Juez tuvo por acreditado que la empresa "Les Bejart S.A.", en su carácter de propietaria y/o titular del local de comercio del rubro restaurant, cantina y local de baile clase "C" como actividad complementaria, sito en Balcarce 678, funcionaba como local de baile clase "C" en todo el local, no respetándose la capacidad otorgada en la plancheta y plano (acta nro. 2-0816713), excedía el factor de ocupación correspondiente a cada uno de los rubros habilitados según plancheta (acta nro. 2-0816714), y tenía sobrecarga y permitía bailar en el entrepiso de madera sin estar autorizado para tal fin en dicho sector (acta nro. 2-0816715).

La defensa solicitó que se revoque la sentencia por entender que las imputaciones están basadas en presunciones o hipótesis y que no existe en autos prueba fehaciente, precisa y determinada que indique que los hechos hayan sido constatados, en especial, el endilgado en el acta de comprobación nro. 2-0816713. Afirmó que el inspector que actuó en el procedimiento no refirió por qué el local superaba el factor de ocupación correspondiente a cada uno de los rubros habilitados; que en ningún momento los inspectores controlaron las entradas vendidas ni contaron la cantidad de gente que se encontraba en el local y tampoco lo plasmaron en el acta, que todo fue "a simple ojo" de los funcionarios. En conclusión que la decisión resulta arbitraria, ilegítima e ilegal. Asimismo sostuvo, en relación al acta nro. 2-0816715, que del informe realizado por la DGFYC el entrepiso soporta el peso que tiene el local por las actividades habilitadas, agregando que los dichos del inspector Caballero no tienen fuerza suficiente como para tener por acreditado que en dicho sector la gente bailaba.

En primer lugar y en cuanto al hecho de funcionar como local bailable clase "C" en todo el local, no respetándose la capacidad por la cual se estaba habilitado, cuando sólo estaba habilitado el veinte por ciento, el Sr. Juez tomó en cuenta, a los fines de tenerlo por acreditado, el acta nro. 2- 0816713, la plancheta de habilitación de fs. 95/96 y la declaración del inspector Caballero quien expresó que la actividad de baile excedía las dos pistas ubicadas en los salones 1 y 3, únicos sectores habilitados para esa actividad, circunstancia que no fue desvirtuada por prueba alguna, descartando debidamente, por las razones que en la pieza impugnada invoca, los testimonios de los testigos Nanyo y Fernández.

Ahora bien, en relación a los hechos descriptos en el acta 2-0816714, el Juez al momento de valorar la prueba tomó en cuenta para acreditar el exceso en la ocupación del local para cada uno de los rubros (Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas y actividad de baile como actividad complementaria), las planchetas de habilitación -fs. 95/6-, el acta de comprobación mencionada y su fuerza probatoria conforme lo establece el art. 5º de la ley 451. Asimismo, ponderó el testimonio del inspector Caballero, quien mencionó que había más de mil personas en el lugar, y que había gente sofocada saliendo del local, según surge de los informes de la Dirección de Fiscalización y Control efectuados esa noche, señalados por el magistrado.

Por otra parte, la circunstancia de que no se haya dejado plasmado en el acta la cantidad de personas que se encontraban en el lugar, no obsta a su validez, por cuanto dicha circunstancia puede ser probada por otros medios, tal como lo fue en autos cuando el inspector Caballero expresó que uno de los datos para determinar que el factor ocupacional de todo el local estaba excedido, consistió en que las personas se encontraban codo a codo, que eso indicaba que habría cuatro o cinco personas por metro cuadrado y que el exceso de capacidad del local lo daba la también el hecho de que algunas personas habían sufrido sofocones. Ello resulta conteste con lo que se desprende del informe de la Dirección de Fiscalización y Control obrante a fs. 333/4. Por otro lado, los testimonios de Ezequiel Nanyo -empleado de la empresa "Les Bejart S.A", Gustavo Mercader Cabrera -arquitecto que calculó la estructura del entrepiso- y Carlos Alberto Fernández - cliente del local que había llegado cuando ya se encontraban los inspectores-, prestados durante el debate oral no desvirtuaron la fuerza convictiva del acta ni del testimonio del inspector (art. 5º de la ley 451), por las razones debidamente invocadas en la sentencia impugnada, que no fueron debilitadas por la defensa.

Por lo expuesto, es correcto el razonamiento que realiza el Juez para tener por probado el aspecto material de las imputaciones referidas en las actas de comprobación nro. 2 -0816713 y 714, por cuanto realiza una valoración lógica de los elementos de prueba obrantes en la causa conforme las reglas de la sana crítica (art. 55 inc. c de la ley 1217).

IV - Agravio basado en el monto de la multa impuesta El Juez dispuso condenar a la empresa Les Bejart en orden al hecho descripto en el acta de comprobación nro. 2- 0816713 a la pena de multa de $10.000, en relación al hecho descripto en el acta 2- 0816714 a la pena de multa de $ 10.000 y en relación al hecho descripto en el acta 2- 0816715 a la pena de multa de $ 10.000.

La defensa considera que la condena de $ 20.000 impuesta por el Juez, en relación a ambas imputaciones - referente a las actas nros. 2- 0816713 y 715-, excede el máximo legal establecido por el art. 12 del régimen de Faltas para la especie de sanción, resultando arbitraria e ilegal la condena.

Asimismo expresó que las multas impuestas por el quo resultan exhorbitantes, sosteniendo que no se condicen con los principios que rigen la materia , tornando ilegal y desproporcionada la pena impuesta. Por ello, solicitó que se reduzca la pena de multa a sus justos límites.

Ahora bien el art. 12 de la ley 451 establece que cuando concurran varias faltas se acumulan las sanciones correspondientes a las diversas infracciones. Agrega que la suma de las sanciones no puede exceder el máximo legal fijado para la especie de sanción de que se trate. Empero, no cabe interpretar, como lo propone la Defensa, que la suma de los máximos no puede superar el tope establecido en el art. 4.1.1. de la ley 451, ya que dicha metodología es la establecida para los casos de concurso ideal. De allí, que debe considerarse como tope máximo de la escala para la especie de pena de multa, el monto mayor con que se reprime una infracción de la previstas en cualquier título de la parte especial. Por otra parte, sin perjuicio de las consideraciones vertidas en relación a la existencia de una relación de consunción entre los hechos descriptos en el acta 2-0816715 y los de las actas nros. 2-0816713 y 714, lo cierto es que el a quo debió establecer la escala sancionatoria dentro de la cual, a posteriori y aplicando las reglas de la determinación de la pena, habría de seleccionar la proporcionada al caso; y no establecer una sanción independiente para cada uno de los hechos concurrentes. Ello así por cuanto dicha regla prevista para el concurso real resulta esencial a los fines de establecer el monto máximo de pena a imponer y se distingue de la prevista para el concurso ideal -art. 11 de la ley 451- en la que solo se aplica la multa mayor prevista para las faltas computables. En este marco, teniendo en cuenta que la empresa Les Bejart registra una condena anterior de fecha 22/3/05 por inf. al art. 4.1.1 (cf. informe de antecedentes de fs. 221/223), la escala queda establecida entre $1000 y $63333.

Sentado ello, corresponde establecer si el monto de $20.000 de multa impuesto por el Juez en relación a los hechos contenidos en las actas nros. 2-0816713 y 2-0816714 -que resulta de la sumatoria de las aplicadas independientemente- es adecuado conforme las pautas previstas por el art. 28 de la ley 451. En este sentido, el magistrado al momento de establecer la sanción a imponer tuvo en cuenta especialmente la extensión del peligro creado, la intensidad de la violación del deber de vigilancia o de elección adecuada y la existencia de sanciones impuestas por infracciones a normas contempladas en una misma sección del régimen de faltas en el transcurso de los últimos dos años, extremos que han sido correctamente ponderados a la luz de la citada norma.

Conforme ello, la pena escogida resulta adecuada según los principios de racionalidad y proporcionalidad, debiendo rechazarse el agravio impetrado.

Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE:

I- CONFIRMAR los puntos I y II de la sentencia obrante a fs. 348/360, CONDENANDO a la empresa Les Bejart S.A. a la pena de veinte mil pesos de multa ($ 20.000) por considerarla autora responsable en orden al hechos descriptos en el acta de comprobación nro. 2-0816713, por infracción al art. 4.1.1 de la ley 451 y en el acta de comprobación nro. 2-0816714, por infracción al art. 2.1.3 de la ley 451, los cuales concurren realmente entre sí (arts. 12, 18 y 28 de la ley 451). Con Costas (art. 33 de la ley 1217).

II- REVOCAR el punto dispositivo III de la sentencia obrante a fs. 348/360 en cuanto CONDENA a la empresa Les Bejart S.A. en orden al hecho descripto en el acta de comprobación nro. 2-08161715, por resultar autora responsable de la conducta prevista y reprimida en el art. 4.1.1 de la ley 451, por cuanto se refiere al mismo hecho contenido en las actas por las que fuera condenado en los puntos I y II de la pieza impugnada.

III- Tener presente la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al juzgado de origen, a sus efectos.

Ante mi:

nap Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas