Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-05


Causa nº 062-02/CC/2005 Sala II, caratulada "Incidente de suspensión de juicio a prueba en autos: Ortega, Claudio s/ inf. art. 189 bis C.P.-Apelación".

En la Ciudad de Buenos Aires a los 5 días del mes de julio de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Pablo Bacigalupo, Fernando Bosch y Marcela De Langhe, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

El 7 de abril de 2006, la María Laura Martínez Vega, titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 9, con motivo de la presentación glosada a fs. 32/vta., resolvió modificar las reglas de conducta impuestas a Claudio Roberto Ortega en el marco de la suspensión del proceso a prueba -acordada el 24 de noviembre de 2005- y prorrogar el término fijado por un año (1) a contar desde que el pronunciamiento quedare firme (fs. 33/4vta. apartado I).

El Sr. Defensor Oficial, Emilio A. Cappuccio, interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio contra aquél sólo en lo que respecta a la prórroga del término fijado para la suspensión del proceso a prueba (fs. 38/40) y ante el rechazo del primero fue concedida la impugnación (fs. 57/vta.).

En cuanto a la procedencia del remedio articulado argumentó que el resolutorio provoca a quien representa un gravamen actual, de imposible o insuficiente reparación ulterior, por lo que debe ser considerada equiparable a sentencia definitiva (conf. art. 449 del C.P.P.N. de aplicación supletoria). Según el recurrente, la Magistrada al disponer la prórroga o extensión del período de prueba "sin justificación alguna", vulneró los principios de legalidad (arts. 18 y 19 de la C.N.) y razonablidad de los actos de los poderes públicos (arts. 1 y 28 CN) ante la carencia de fundamentación y motivación de la decisión. Con base en tales argumentaciones peticiona que se revoque aquélla en el sentido de que se compute como plazo de cumplimiento el tiempo transcurrido hasta la modificación de las reglas de conducta acordadas. Formuló reserva del Caso Federal (fs. 38/40).

Por su parte, el Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, se expidió en sentido contrario en relación a la admisibilidad, concluyendo en que debe declararse mal concedido el recurso de apelación interpuesto por ausencia de gravamen irreparable (fs. 67/8vta).

La Defensa mantuvo los agravios y fundamentó el recurso de apelación subsidiariamente articulado a fs. 38/40 resaltando que no se encuentra acreditado en autos el incumplimiento deliberado de las reglas de conducta impuestas a Ortega, habiéndose omitido además "la petición de explicaciones al imputado respecto al supuesto incumplimiento alegado" para evaluar las razones que motivaron la falta de acatamiento de aquéllas. Precisó que, por el contrario, ha quedado demostrada la voluntad de cumplir con las pautas fijadas hasta que el recupero de la libertad con la que fue beneficiado surtiera sus efectos en la concreta posibilidad de llevarlas a la práctica; verbigracia, la asistencia a la escuela secundaria en la Unidad Penitenciaria en la que se encontraba alojado -conf. regla 1) del punto II de la resolución que en copia obra a fs. 62/63-. En relación a las demás: someterse a un estudio psicofísico y a su correspondiente tratamiento -conf. reglas 2 y 3 del punto II de fs. 62/63- fueron cumplidas en la medida de las posibilidades que le brindaba la unidad penitenciaria en la que se hallaba alojado hasta el momento de su excarcelación. En apretada síntesis, el gravamen irreparable que invoca se traduce en la imposibilidad de cerrar definitivamente este proceso en el tiempo oportunamente fijado, sin que se hubiera comprobado el injustificado incumplimiento de las reglas dispuestas (fs. 79/81).

Cumplidos los pasos y plazos procesales de rigor, se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I.- Del examen de admisibilidad del recurso ordinario intentado, surge que fue interpuesto en tiempo oportuno, ante la jueza que dictó la resolución cuestionada y por quien tiene derecho a hacerlo (impugnabilidad subjetiva) y si bien no se trata en la especie de una sentencia definitiva (impugnabilidad objetiva), esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en reiteradas ocasiones -con cita de doctrina y jurisprudencia- en el sentido de que las resoluciones que admiten o rechazan la suspensión del proceso a prueba pueden ser equiparadas a aquélla en el supuesto de configurarse gravamen de imposible o insatisfactoria reparación ulterior, habilitando la vía recursiva intentada (art. 432 primera parte, 449 del CPPN, de aplicación supletoria conf. art. 55, de la Ley 2387 ref. ley 1330).

Causa nº 062-02/CC/2005 Sala II II.- Evaluada la admisibilidad del recurso, corresponde valorar el cuestionamiento de la defensa y en consecuencia analizar si se ha verificado el perjuicio concreto contra el imputado, de imposible reparación en una oportunidad procesal posterior .

El agravio del recurrente radica puntualmente en el hecho de que la "A-Quo" a pesar de haber acogido favorablemente la propuesta de modificación de las reglas de conducta impuestas a Claudio Roberto Ortega en la suspensión del juicio a prueba, prorrogó por el término de un (1) año el plazo de cumplimiento a contar desde que aquélla adquiriera firmeza, postergando de tal manera la finalización del período de prueba y, consecuentemente, la condición para que se produzca la extinción de la pretensión punitiva estatal .

En tal sentido, se ha dicho que el instituto "...es una medida de índole judicial que tiende a sustituir la tradicional y generalmente frustrante pena de prisión, sujetando al imputado a las reglas de conducta a fijarse por el juez o tribunal, cuyo cumplimiento durante el período de prueba establecido dará lugar a la extinción de la acción penal. Este instrumento detiene el ejercicio de la acción penal a favor del imputado de un hecho ilícito, sujeto a la condición de que, durante el plazo determinado, se someta a una prueba de restricciones, instrucciones u obligaciones. Se trata, en suma, de una herramienta político-criminal orientada a trasponer el carácter puramente vindicativo de la detención, asignando a la sujeción al proceso una naturaleza socializadora" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VI, causa carat. "Frattini, Norberto J." rta. el 30/09/1997, publ. en La Ley 1998-C,889, el destacado nos pertenece).

Analizando las constancias del incidente, se advierte que por auto del 24 de noviembre de 2005, la Magistrada resolvió en lo que aquí interesa: "I. SUSPENDER EL PROCESO A PRUEBA en las presentes actuaciones respecto de Claudio Roberto Ortega...por el término de UN (1) AÑO...II. IMPONER al nombrado el cargo de: 1) cumplir con la asistencia a la escuela secundaria en la Unidad Penitenciaria donde se encuentra actualmente alojado a los efectos de continuar los estudios correspondientes a dicho ciclo debiendo acreditar a la Secretaría de Ejecución y Seguimiento de Sentencias del C.M.C.B.A. la asistencia al mismo de forma trimestral, 2) someterse a un estudio psico-físico que deberá establecer su necesidad o no de llevar a cabo un tratamiento curativo de adicciones a sustancias tóxicas, 3) realizar el tratamiento correspondiente a la patología arrojada en la Unidad Penitenciaria donde se encuentra actualmente alojado, en el caso que así se indique. Todo ello de conformidad con lo normado en el art. 27 bis incisos 1, 3 y 4 del C.P..." (fs. 62/3).

Formado el legajo de suspensión de juicio a prueba respecto de Ortega, se dispuso su remisión a la Secretaría Judicial de Coordinación y Ejecución de Sanciones del C.M.C.B.A (fs. 2), donde se confeccionaron y libraron sendos oficios a la Dirección del Hospital Penitenciario y a la Sección Educación de la Unidad Nº 2 del Servicio Penitenciario Federal -lugar de alojamiento de Ortega- con el fin de llevar a la práctica y controlar el cumplimiento de las reglas de conducta judicialmente impuestas (fs. 3, 4 y 5 ).

Las respuestas a tales requerimientos expresan, en relación al primer organismo, que se le brindarían al nombrado "entrevistas psicoterapéuticas de esclarecimiento como única medida disponible en esta unidad para el tratamiento de la drogadependencia" (ver informe obrante a fs. 12 suscripto por el Carlos Félix Merlino M.N.50.981 C.25154 Subdirector Médico del H.P.C. II, fechado el 07-12-2005). Y, en cuanto al segundo, fue informado que se mantuvo una entrevista con Ortega y "...no solicitó ser incorporado a las actividades deportivas, recreativas o culturales que se desarrollan en esta Sección Educación", durante el período escolar 2005. Se destacó seguidamente como dato importante que: "...todas las actividades de carácter educativo (nivel primario y secundario), formativo, de extensión cultural y deportivo-recreativo que se llevan a cabo en esta Sección Educación han finalizado, siendo tenido en cuenta para la matriculación al período escolar 2006..." (ver oficio glosado a fs. 13 suscripto por la Alcaide Lic. Mirna Sauvage, Jefa de la Sección Educación de la Unidad Nº 2 del Servicio Penitenciario Federal).

Cabe resaltar que el primer informe médico descripto en párrafos anteriores fue completado con otros posteriores que actualizaron el estado de salud de Ortega. Los facultativos dieron cuenta que el tratamiento psicoterapéutico por adicciones que cumplía en la unidad era la única medida disponible en aquélla para controlar la drogadependencia (fs. 17, 20 y 21).

Causa nº 062-02/CC/2005 Sala II En consecuencia, en punto a las reglas segunda y tercera impuestas por la Magistrada al tiempo de conceder la suspensión del proceso a prueba (ver fs. 62/63 punto II apartados 2 y 3), debe concluírse en que el imputado cumplió con lo ordenado en el marco de las posibilidades que brindaba su lugar de alojamiento, hasta el momento de recuperar la libertad.

Ahora bien, con respecto a la primera -asistencia a la escuela secundaria de la Unidad Penitenciaria- al momento de evaluar su acatamiento no puede obviarse que el ciclo lectivo 2005 había concluído según surge del informe realizado por la Sra. Jefa de la Sección Educación el día 13 de diciembre de ese año (ver párrafo tercero de fs. 13). Además, la medida fue dispuesta a pocos días de finalizar el período escolar respectivo, por lo que era previsible la imposibilidad de dar inicio a su cumplimiento. Resta aclarar que del informe fechado el 07 de febrero de 2006 (ver fs. 24) surge que personal de la sección mencionada se comprometió a mantener una entrevista con el detenido para requerirle la documentación necesaria para tramitar su inscripción en el año lectivo 2006. En ese marco, no es un dato menor que pocos días después Ortega fuera excarcelado (ver informe de fs. 30), circunstancia que tornó abstracto el requerimiento de adjuntar los certificados y documentación solicitados para formalizar aquella inscripción, puesto que la regla en trato devino irrealizable en el lugar donde había sido ordenado su cumplimiento -Servicio Penitenciario-.

En este contexto, no se detecta que la voluntad del nombrado se hubiera enderezado a incumplir injustificadamente las pautas impuestas. En vez, se observa que se ha efectivizado la inmediata comunicación del cese del encarcelamiento para dar a conocer que, ante su actual estado -libertad- resultaba materialmente imposible continuar con el acatamiento de las pautas fijadas oportunamente como condición de la suspensión del proceso a prueba , extremo que denota su interés por obtener un nuevo régimen que contemplara la nueva realidad situacional del imputado (ver informe de fs. 28 y presentación de fs. 32).

El artículo 76 ter del C. Penal faculta al Juez a establecer las reglas de conducta que el imputado deberá cumplir, conforme a las previsiones del 27 bis del C.P. Por otra parte, en relación al plazo de la suspensión del proceso a prueba en el que deberán observarse las condiciones impuestas, se explica: "El plazo es prorrogable, ante el incumplimiento, en la forma que establece dicho art. 27 bis, atento a la remisión explícita e in totum que efectúa el art. 76 ter, párrafo 1..." .

Del juego armónico de ambos artículos surge que en caso de quebrantamiento de alguna de las cláusulas fijadas y antes de revocar la suspensión acordada, el juzgador debe agotar las posibilidades para mantenerla. En tal sentido, podrá insistir en que el sujeto satisfaga aquéllas, limitándose a intimarlo a cumplirlas, sin que ello derive en sanción alguna. También tendrá la potestad de modificarlas cuando su inobservancia sea producto de una imposibilidad justificada que impidiera el acatamiento y, como último recurso, disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento. En consecuencia, la prórroga así establecida operaría como una chance más; es decir, como una cláusula de garantía fijada en favor del imputado.

Al respecto, la doctrina sostiene que: "...antes de cualquier pretensión de revocar la suspensión acordada o la condicionalidad de la condena, el órgano judicial puede todavía, como paso previo (y luego de los intentos antes señalados), prorrogar el período de prueba..." .

En forma concordante, en el caso de revocación del beneficio se ha dicho que: "...Atento a las circunstancias fácticas descriptas, se advierte, sin lugar a dudas, que la prevenida ha quebrantado la regla de conducta sólo en una oportunidad (Mayo/02) y en el último trimestre del plazo de prueba, dando justificación a su incomparecencia, sin que las mismas hayan sido mínimamente atendidas por el juzgador, quien sin más ha ordenado la revocación de la "probation". Es que al a quo le correspondía examinar si la causal de tal quebrantamiento era justificada y en su Causa nº 062-02/CC/2005 Sala II caso, modificar las reglas o de lo contrario, insistir en su cumplimiento o disponer que no se compute como plazo todo o parte del tiempo transcurrido..." (Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Sala Penal, causa carat. "Pingnol. Sonia I. s/ rec. de casación", rta. el 25-02-2003, el destacado nos pertenece).

Por todo lo expuesto es que asiste razón a la Defensa en cuanto señala que en el pronunciamiento apelado se ha desconocido que las reglas impuestas a Ortega -merced a la libertad otorgada- se tornaron de imposible acatamiento, ante circunstancias por entero ajenas a la voluntad del imputado. Y tal extremo no puede operar en su perjuicio merced a la existencia de razón justificada que impidió la continuidad de la práctica de las pautas fijadas.

Por ello, si la prórroga del plazo ha sido establecida en favor del imputado, como paso previo a revocar la suspensión del juicio a prueba y luego de haberse agotado los intentos por lograr el cumplimiento de aquéllas, no se advierten las razones por las cuales en el caso la Magistrada resolvió no computar el período comprendido desde el 24 de noviembre de 2006 hasta el 17 de febrero de 2006 -fecha en la que Ortega fuera excarcelado- y disponer, en cambio, la prórroga del término fijado por un nuevo lapso de un (1) año, a contar desde que el pronunciamiento quedara firme .

Ello así, por cuanto la falta de adecuación de las condiciones previamente impuestas a la nueva situación procesal del encartado operó como obstáculo para el cumplimiento por parte de aquél, de modo que bastaba modificar aquéllas para posibilitar su continuación futura acorde a la nueva situación del imputado y por el tiempo que restaba, computando a tal fin el transcurrido en observancia a la reglas anteriores .

Por todo lo expuesto y habiendo concluido el presente Acuerdo el Tribunal:

RESUELVE:

REVOCAR PARCIALMENTE el punto I de la resolución de fs. 33/34vta., en cuanto dispone prorrogar el término fijado para la suspensión del proceso a prueba por un año, a contar desde que quede firme el resolutorio, debiéndose en consecuencia estar a lo resuelto oportunamente en materia del plazo del instituto.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo aquí proveído de atenta nota.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.