Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-04-27


FORMOSA,	Veintisiete de abril de dos mil once.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "BOGGIANO, WALTER DANIEL C/ PROVINCIA DE FORMOSA S/ ORDINARIO", Expte. Nº 140 - Fº Nº 76 - Año 2010, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto a fs. 89, y CONSIDERANDO:

Que a fs. 87/88 obra dictamen del Sr. Procurador General expidiéndose respecto de la admisibilidad del proceso.

Que entrando a resolver la cuestión, resulta que por el objeto de la demanda, nulidad de algunas cláusulas (2º y 5º) del Decreto Nº 543/09; de la Resolución Nº 01727/10 y de todo acto administrativo que haya reducido el monto del adicional por "zona desfavorable". Asimismo solicita la liquidación y pago de los haberes de Retiro Voluntario Nº 1736 incluyendo "Asignación Complementaria", retroactivo al mes de setiembre de 2009; también que se proceda a la liquidación y pago del "Adicional por Zona muy Desfavorable", retroactivo al mes de setiembre de 2009. Este Superior Tribunal de Justicia es competente para entender en las presentes actuaciones, conforme artículo 26 inciso 3º de la Ley Orgánica Judicial, artículos 1 y 2 inciso c) del Código Procesal Administrativo y artículo 167 inciso 5º de la Constitución Provincial.

Que en cuanto al recaudo del agotamiento previo de la instancia administrativa, pese a afirmar la parte actora que la Resolución Nº 01727/10 que no hace lugar al reajuste de haberes solicitado por el Sr. Boggiano, es una decisión definitiva y que causa estado por emanar de la más alta autoridad competente en función de lo dispuesto en el artículo 4º del Código Procesal Administrativo, tal interpretación es equivocada, habida cuenta que la máxima autoridad en este caso es el Poder Ejecutivo Provincial quien en última instancia es quien resuelve la cuestión, mediante la interposición de los recursos que prevé para el caso la Ley 571 en su artículo 75, entendiéndose que recién y luego de haberse interpuesto la apelación ante el citado Poder Ejecutivo Provincial, se tiene por agotada la vía administrativa por cuanto lo que resuelve dicho Organismo, en términos del artículo 4º inciso b) del Código Procesal Administrativo:"...es la decisión que causa estado, es la que cierra la instancia administrativa por haber sido dictada por la más alta autoridad competente, una vez agotados todos los medios de impugnación establecidos en las normas que rigen el procedimiento administrativo".

No esta de mas recordar que, esta actividad previa a la instancia judicial revisora, no es optativa ni alternativa para el administrado, pues tal como se encuentra estructurado nuestro sistema, el régimen del reclamo administrativo previo conforma en nuestra provincia un presupuesto de admisibilidad de la pretensión contenciosa-administrativa, interpuesta por el artículo 112 del Decreto Ley 971 concordante con el artículo 7º del Código de Procedimiento Administrativo. Y esto tiene particular significación pues, basado en el principio de congruencia que se traduce en la identidad entre la reclamación administrativa previa y la demanda contenciosa administrativa, tal circunstancia constituye un límite infranqueable al actuar de este Tribunal al no poder extender su competencia revisora a un tema no propuesto en sede administrativa, y así lo exige el artículo 10 del citado código de rito. En este sentido se ha dicho que, "El agotamiento de la vía administrativa se produce mediante la interposición de los recursos administrativos y debe conceptuarse que ello ha ocurrido cuando se ha llegado al funcionario superior con competencia para decidir respecto del acto impugnado, aunque su decisión sea todavía pasible de algún recurso (Ley Nac. Proc. Adm. De Hutchinson, edit. Astrea 1985, pág. 443)".

En tales condiciones, no concurriendo en el caso el recaudo que prevé el artículo 4 del Código de Procedimiento Administrativo a los fines de la admisibilidad de la pretensión que se invoca, carece la acción ejercida de uno de los requisitos de procedibilidad, extremo que al afectar la competencia originaria de este Excmo. Superior Tribunal de Justicia para entender en la causa, torna inadmisible el presente proceso (artículo 46 inciso a) Código Procesal Administrativo) y así corresponde declararlo.

Por todo ello, con las opiniones concordantes de los señores Ministros, Dres. Eduardo Manuel Hang, Héctor Tievas, Ariel Gustavo Coll, Lucrecia Marta Canavesio y Telma C. Bentancur que forman la mayoría absoluta que prescribe el art. 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el	EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) Declarar la inadmisibilidad de la presente acción, conforme las razones dadas en los considerandos	2º) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.