Proceso penal, cambio de calificación legal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mancini, Darío Alejandro s/ Control Jurisdiccional planteado por el Dr. Víctor García en Expte. Corte Nº 23/13 a favor de Darío Alejandro Mancini
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-29

El defensor del imputado solicita al Tribunal el recupero de libertad de su defendido.

Relata que durante la tramitación del proceso, se mantuvo en libertad hasta que ésta fue revocada por Sentencia que lo condenó a sufrir la pena de cuatro años y dos meses de prisión por encontrarlo responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, contra la cual interpuso Recurso de Casación que fue parcialmente acogido por la Corte de Justicia que ordenó dejar sin efecto lo dispuesto por el tribunal a quo y que la causa vuelva para que se dicte una nueva sentencia (por Abuso sexual gravemente ultrajante consumado (art. 119 segundo párrafo del Código Penal)).

En consecuencia, el recurrente sostiene que al haberse modificado la sentencia primigenia, por la que se ordenaba la privación de libertad del imputado, éste debe recuperar su libertad hasta tanto se cumpla con el dictado de una nueva sentencia.

El derecho que le asiste a todo imputado a la revisión de su situación procesal debe analizarse adecuadamente en el caso concreto, a la luz de los pactos internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos Humanos, entre otros), normas con jerarquía constitucional (arts. 14, 18, 75 inc. 22 de la Const. Nacional) y del régimen procesal que nos rige, siendo además de suma importancia tener en cuenta la etapa del proceso por la que se discurre.

En nuestro ordenamiento, el art. 281 del C.P.P. autoriza al imputado a pedir al Tribunal competente el examen de su situación, en cualquier estado o grado del proceso, antes de la sentencia firme, pero no se puede desconocer que en las distintas etapas del proceso se transita por variados estados convictivos conforme al análisis de los elementos arrimados a la causa.

En relación con la medida cautelar en tratamiento, cabe tener en cuenta que en la presente se ha establecido la responsabilidad penal del imputado en el hecho reprochado y que sobre él ha recaído condena, postura que esta Corte ha mantenido, aún con el cambio de calificación señalado supra.

En tal contexto, repárese que pese al cambio de calificación dispuesto, la ejecución de la pena no admitiría, como bien lo ha señalado el Procurador General en su dictamen, el cumplimiento condicional, pues la sanción que en su caso pudiera imponer el Tribunal, necesariamente, partiría del monto mínimo de cuatro años de prisión establecido para la figura prevista en el art. 119 -segundo párrafo- del C.P.

En efecto, si bien en el caso se ha dispuesto el cambio de calificación jurídica al imputado, lo cierto es que, como se dijo supra, inexorablemente la pena que el tribunal a quo deberá aplicar en razón de los límites legales impuestos, será una pena de cumplimiento efectivo y no condicional.

Por ello sostenemos que, el cambio de calificación que en definitiva se le atribuyó al hecho enrostrado no tiene entidad para dejar sin efecto la restricción de la libertad que padece.

Decimos esto porque aunque el delito sea diferente que el contenido primigeniamente en la pieza acusatoria, atento a que no se ha puesto en duda la existencia del hecho ni la intervención en el mismo del imputado, es que la coerción dispuesta por sentencia condenatoria -aunque no se encuentre firme-, se justifica por la presunción de certeza de las decisiones judiciales, lo que no vulnera el principio de inocencia del imputado.

Por esas razones, corresponde no hacer lugar al cese del encarcelamiento solicitado.