Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-07-29


SENT Nº 712	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintinueve (29) de Julio de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y la doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la codemandada en autos: "Kodak Argentina S.A.I.C. vs. Lupi Serre Gustavo y otro s/ Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 377/386 por el apoderado de la codemandada María Cristina Farías de García en contra de la sentencia dictada con fecha 12/11/2007, por la Sala IIIª de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

El pronunciamiento recurrido (fs. 373) dispuso rechazar el recurso de apelación interpuesto por la codemandada Farías de García y confirmar la sentencia dictada por el juez a quo, que oportunamente rechazara la excepción de inhabilidad de título e incompetencia y mandara llevar adelante la presente ejecución, por la suma de $ 45.000 con más intereses, gastos y costas.

2.- La recurrente alega que la sentencia recurrida infringe normativa de carácter sustancial y reconoce habilidad a un título que no resulta idóneo para fundar la presente acción ejecutiva. Expresa que se ha iniciado este juicio ejecutivo en base a un instrumento integrado por dos hojas fotocopiadas, con notables diferencias una de la otra -no sólo en el papel sino también en el formato- y llenadas a posteriori, con máquina de escribir. Destaca asimismo, que la primera de las hojas no tiene rúbrica ni inicial de su parte.

Se agravia de que el tribunal a quo no haya tenido en cuenta el instrumento original, que permaneció en el juzgado de primera instancia luego de la apelación y de que la causa fuera elevada para la resolución del recurso interpuesto. Señala que para dirimir la cuestión planteada era necesaria la compulsa y análisis del instrumento original que jamás se tuvo a la vista. Afirma que ello hubiera permitido advertir los vicios del título esgrimido y su inhabilidad para servir de base a la presente ejecución.

Cuestiona que en las condiciones mencionadas, el tribunal de alzada se haya "persuadido" de que ese título formalizaba una fianza, que a su vez justificara la vía ejecutiva pretendida por la actora. Tacha de arbitrariedad al pronunciamiento en tanto existe un apartamiento de los antecedentes fácticos de la causa, del "buen sentido" y de las reglas que rigen la sana crítica judicial.

Denuncia la "incorrecta interpretación de normas de derecho", pues no obstante lo establecido por el art. 1012 del Cód. Civil, se tiene por reconocido el contenido de hojas sin firmar. Alega que conforme la norma citada, la firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada y sostiene que en el caso, la firma debía estar en cada una de las hojas que integra el contrato de fianza en el que pretender fundar la acción ejecutiva de marras. Destaca que precisamente la hoja sin firmar es la que contiene la manifestación de voluntad particular, donde constan los elementos más importantes (a quién se afianza, qué se afianza, carácter del deudor, etc.). Le agravia que el tribunal considere que "la circunstancia de que la primera hoja del contrato no esté firmada no impida la identificación como parte integrante de un todo -el contrato- instrumentado en dos hojas". Señala que la Sala sentenciante no hace mérito del valor de la costumbre (que impone firmar todas las hojas que conforman un único instrumento), además de omitir la realidad del título esgrimido (la falta de firma en la hoja más relevante al efecto).

Insiste en que la correcta interpretación del art. 1012 del Cód. Civil imponía analizar al instrumento en su concreta forma y contenido. Expresa que la primera hoja del título esgrimido es una hoja de fax, confeccionada en Buenos Aires en tanto que la segunda (la certificación por el Banco de Boston) es efectuada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en otra hoja fotocopiada. Alega que "la amalgama de dos carillas separadas sin firma en la primera, conspira contra la solución dada por el a quo". Reitera con insistencia que "la primera hoja parece hecha en Buenos Aires y la segunda firmada en Tucumán. Median kilómetros de distancia que sin embargo no han movido a nadie ni a lágrima ni a reproche".

Señala que el instrumento no tiene fecha que exprese cuándo ha sido firmado ya que la única fecha que consta es la de la "autenticación bancaria realizada en Tucumán (sobre la base de un supuesto cotejo de firmas que tendría el banco y no al momento en que fue puesta la firma)".

La recurrente defiende la tesis de que no puede imputarse a su parte el contenido de la primera hoja de la supuesta fianza por la sencilla razón de que no la ha firmado y precisamente por falta de ese elemento esencial, pide que se declare la inhabilidad del título base de la presente ejecución. Expresa que donde no hay firma no hay convención que avale o pueda avalar una condena.

Afirma que "habilitar el desenvolvimiento de reclamación ejecutiva sin que concurran los presupuestos procesales propios de la acción ejercida es un error que habilita la vía del incidente de nulidad para subsanarlo". Alega que la nulidad de procedimiento acaecida es de las llamadas nulidades absolutas que pueden ser declaradas aún de oficio y que son insubsanables por cuanto: a-) hay una defectuosa constitución del órgano jurisdiccional natural (pues tergiversando los antecedentes del caso, ocultando información e invocando una fianza inexistente se preparó una vía ejecutiva inadmisible, se dio trámite a la presente acción y se impidió discutir la supuesta causa del deber); b-) porque se hizo un "forzamiento manifiesto de la estructura esencial del procedimiento ejecutivo (sin que concurrieran los presupuestos de caso: ni un título hábil ni una suma líquida y exigible que demandar).

Denuncia asimismo, la infracción a la preceptiva del art. 1989 del Cód. Civil, conforme la cual "la fianza de una obligación futura debe tener un objeto determinado, aunque el crédito futuro sea incierto y su cifra indeterminada".

Señala que "la fianza de autos es de las llamadas abiertas y la interpretación que ha efectuado la Cámara es totalmente contraria al espíritu que informa la norma citada". Señala que en la fianza de autos, la fiadora asume la garantía de "todas las obligaciones de cualquier naturaleza", expresión de tal laxitud que contraría el requisito de determinación impuesto por la ley. Afirma que esta infracción a la ley fulmina de nulidad a la supuesta fianza. Cita doctrina y jurisprudencia que estima de aplicación al caso.

3.- El tribunal de alzada expresó que la fianza es por naturaleza una obligación accesoria, que puede ser dada en seguridad de una obligación futura, sin que sea necesario que su importe se limite a una suma fija, que podía válidamente otorgarse para garantizar "todas las operaciones" que el afianzado realice con determinada persona, aunque no se limite la garantía a un monto determinado y el crédito resulte así incierto. Entendió que el requisito de la determinación del objeto requerido por la norma del art. 1989 del Cód. Civil resultaba satisfecho en el sublite y citó precedentes que estimaba de aplicación al caso. Precisó que la fianza abierta es un instituto de garantía personal, donde lo que se ejecuta no es la garantía, sino el título que porta el crédito que aquélla garantiza, no rigiendo respecto a la fianza el principio de especialidad en cuanto al crédito, pudiendo otorgarse por el monto de las obligaciones que contrajere el deudor, sin sujeción a límite alguno.

Señaló que en el sub-examine se ejecuta a Gustavo Lupi Serre, teniendo como título un cheque librado por éste contra Citi Bank, y a su vez se prepara la vía ejecutiva respecto de María Cristina Farías de García, en base a la fianza otorgada por ésta, y cuyo instrumento se adjuntara a fs. 14/15.

Consideró que la fianza otorgada por la apelante reunía las exigencias de los arts. 1988 y 1989 del Cód. Civil, ya que se acordó en garantía de obligaciones futuras, que tiene un objeto determinado constituido por todas las obligaciones de cualquier naturaleza adeudadas por Gustavo Lupi Serre. Destacó que la garantía fue otorgada en relación a las obligaciones que el codemandado Lupi Serre asumiera en relación a una persona determinada (Kodak Argentina S.A.I.C.).

Respecto de las cuestiones planteadas para fundar la excepción de inhabilidad de título, señaló que coincidía con la Sra. juez de primera instancia respecto de que la primera hoja del instrumento que formaliza la fianza no se encuentra firmada por la fiadora, pero entendió que ello no impedía concluir que se trataba de una parte integrante del todo, instrumentado en dos hojas. Puntualizó que la "grafía y contenido nos persuaden de su integralidad".

En cuanto a la errónea interpretación del art. 1012 del Cód. Civil, el tribunal a quo expresó que tal normativa exige la firma de las partes como condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada, y destacó que la jurisprudencia ha interpretado que "la firma debe colocarse al final del documento, pues con ella el otorgante manifiesta su conformidad con el texto que antecede". Mencionó que en el caso, la firma se encuentra colocada al final del instrumento que formaliza la fianza aquí ejecutada.

En relación a los cuestionamientos respecto a la preparación de la vía ejecutiva y al proceso por el cual se transita, expresó la Sala sentenciante que se trataba de una cuestión ya resuelta y firme (sent. del 27/12/99 confirmada por el tribunal de alzada).

4.- Visto el recurso interpuesto y confrontados los agravios que lo sustentan con los fundamentos del pronunciamiento que se impugna, se concluye que la casación deducida no puede prosperar.

Si bien el recaudo formal del art. 813 inc. a) del CPCC, puede considerarse satisfecho en la especie -en tanto resulta aplicable al caso, la interpretación según la cual aquellas cuestiones inherentes exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, adquieren la calidad de cosa juzgada material y no pueden discutirse nuevamente las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (art. 544 tercer párrafo CPCC)- el recurso es insuficiente para demostrar la infracción normativa que denuncia y tampoco luce acreditado el vicio de arbitrariedad que se atribuye al decisiorio impugnado.

El tribunal de alzada expresó en forma categórica que los cuestionamientos vinculados a la inidoneidad de la vía procesal transitada para el ejercicio de la acción interpuesta, fueron objeto de un pronunciamiento por el juez de primera instancia, luego confirmado por la Excma. Cámara. Este argumento sentencial no se intenta siquiera rebatir en el memorial casatorio y al desentenderse del mismo, el recurrente omite rebatirlo para así justificar la nulidad del pronunciamiento que reclama. En esta instancia, la codemandada Farías de García nuevamente invoca la defectuosa constitución del órgano juridiccional, la habilitación de una vía procesal inidónea, la incompetencia del juzgado interviniente, la distorsión del proceso y la consiguiente alteración de su estructura. Pero tal como se expresara, el recurrente prescinde de las razones dadas por el tribunal de alzada al momento de rechazar este agravio, y al hacerlo, sella la suerte del recurso en relación al punto.

El tribunal de alzada rechazó las alegaciones referidas a la inexigibilidad de la obligación derivada de la falta de firma del título esgrimido por la actora. Coincidió con el juez de primera instancia y admitió que la primera hoja del instrumento que formaliza la fianza no se encuentra firmada por la fiadora demandada, pero interpretó que esa circunstancia no impedía concluir que la accionada -al suscribir la segunda y última hoja del instrumento en cuestión- hizo propio el contenido de las obligaciones allí asumidas. Consideró que la primera hoja era parte integrante de un todo, consentido por la demandada. El tribunal destacó que "la grafía y el contenido nos persuaden de su integralidad".

El recurrente reprocha a la Sala a quo, que no haya tenido a la vista en instrumento original (que habría quedado reservado en el juzgado de primera instancia cuando la causa fue elevada para su conocimiento por el tribunal de alzada) pues ello le hubiera permitido, a su entender, arribar a una conclusión diferente. Se advierte que no obstante admitir que la compulsa de la documentación original es la práctica deseable, en el caso, tal omisión no alcanza para justificar la nulidad peticionada, si se tiene en cuenta que el tribunal entendió que las cuestiones propuestas al debate podían ser resueltas con base en las constancias de pruebas producidas en la causa y, en mérito a las mismas, fundó su convicción sobre el criterio adoptado, tal como lo expone en la sentencia recurrida.

La accionada sugiere que el instrumento fue confeccionado en dos lugares y en dos tiempos diferentes y que ello queda demostrado en el papel y formato del documento que cuestiona. Alega que el título no consigna lugar ni fecha de celebración y se opone a que esos elementos se extraigan del acto de certificación de firmas que consta al pie del instrumento.

En cuanto a la infracción del art. 1012 del Cód. Civil, el tribunal a quo expresó que la preceptiva legal exige la firma de las partes como condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada, e hizo propio el criterio jurisprudencial dominante conforme al cual "la firma debe colocarse al final del documento, pues con ella el otorgante manifiesta su conformidad con el texto que antecede". Pese a la disconformidad del recurrente, lo resuelto por la Sala sentenciante encuentra respaldo en doctrina y jurisprudencia concordante, que ha señalado que la omisión de firmar cada una de las hojas del instrumento privado no trae aparejada de por sí la ineficacia del documento, pues son los jueces quienes deben interpretar si el conjunto forma un todo al cual se aplica la firma o si la aproximación de las hojas no es sino accidental (Bueres-Highton, Código Civil y Normas Complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, T. 2 C, pág. 153; Rivera-Medina, Código Civil Comentado, T. arts. 896-1065, Pág. 629.

Es claro que la valoración de los extremos que crean dicha convicción, constituye una cuestión de hecho, reservada a los jueces de mérito y ajena como principio al control casatorio, salvo que se demuestre la arbitrariedad del decisorio, lo que no acontece en el sublite. Las alegaciones del recurrente, referidas a que el instrumento se habría confeccionado parte en Buenos Aires y parte en Tucumán, en dos tiempos distintos, utilizando un soporte y formato también diferente, no resultan eficaces para revertir la conclusión sentencial. El tribunal entendió que la grafía y el contenido de las distintas hojas del documento persuaden de su unidad de sentido y que la firma inserta al final del título permite atribuir el contenido del instrumento a quien lo suscribe. En otras palabras, las genéricas referencias a la falta de fecha, lugar de celebración e iliquidez de la deuda, no alcanzan para justificar la crítica que se formula contra el decisorio impugnado, desde que las conclusiones acerca de que el título reunía las exigencias formales y sustanciales exteriorizan razones suficientes para respaldar el criterio adoptado. Como se advierte, los planteos sólo traducen una apreciación personal del recurrente acerca de las circunstancias fácticas del caso pero no exhiben idoneidad suficiente para justificar la pretendida descalificación del pronunciamiento en cuanto a su validez, consecuentemente el agravio aquí analizado deviene inadmisible por no adecuarse a la exigencia del art. 816 del CPCC.

El recurrente reproduce en esta instancia extraordinaria, los cuestionamientos referidos a la indeterminación del objeto de la fianza, sin hacerse cargo de las razones que motivaran el rechazo de tales alegaciones en la instancia de apelación. El tribunal a quo consideró que la fianza otorgada por la apelante reunía las exigencias de los arts. 1988 y 1989 del Cód. Civil, ya que las partes acordaron que la fiadora se obligaba en tal carácter, por las obligaciones de cualquier naturaleza que asumiera el Sr. Gustavo Lupi Serre respecto de una persona determinada (Kodak Argentina S.A.I.C.); extremos que satisfacían las directivas impartidas por las normas citadas. Tal criterio también ha sido respaldado por la doctrina al afirmar que "la fianza de todas las obligaciones que el afianzado contraiga con determinada persona es válida y tal proceder no resulta violatorio de la regla contenida en el art. 1989 del Cód. Civil pues tal universalidad satisface la determinación del objeto requerida por la norma" (Belluscio-Zannoni, Código Civil y Leyes Complementarias, T. 9, pág. 470).

Ha dicho reiteradamente esta Corte que no basta con sostener una determinada solución jurídica, sino que es menester que el recurrente exponga una crítica razonada de la sentencia que impugna, para lo cual tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el decisorio. En el caso, la crítica se asienta en la disconformidad del recurrente con el resultado arribado, sin explicar en forma acabada las razones por las que a su entender tal decisión no es acertada. Y sucede que si el impugnante no seleccionó del discurso del magistrado el argumento que constituye estrictamente la idea dirimente que forma la base lógica de la decisión, y no demostró por tanto su desacierto, este tribunal no puede suplir su actividad crítica, ni buscar agravios idóneos allí donde no se los ha manifestado.

De conformidad a lo expresado, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por inobservancia del requisito previsto por el art. 816 del CPCC.

5.- Las costas deberán ser soportadas por el recurrente vencido, conforme los principios generales sobre la materia (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la codemandada María Cristina Farías de García en contra de la sentencia dictada con fecha 12/11/2007, por la Sala IIIª de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.