Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-04


"Barletta, Francisco Orlando y otro c/ Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ daños y perjuicios".- En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 4 días del mes de julio de dos mil uno, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "F", para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.- Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente orden de votación, Sres. Jueces de Cámara, Dres. POSSE SAGUIER, HIGHTON DE NOLASCO y BURNICHON.- A las cuestiones propuestas el Dr. POSSE SAGUIER dijo: I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda incoada y condenó al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires a pagar a Diego Carlos Barletta la cantidad de $ 17.000 y a Francisco Orlando Barletta la de $ 850, dentro del plazo de diez días y con más sus intereses y las costas del proceso.

Contra dicho pronunciamiento se alzan las partes. La actora expresa agravios a fs. 544/545, que fuera respondido por la demandada a fs. 562/567. A su vez, esta última funda su recurso a fs. 549/560, que fuera contestado por la actora a fs. 569/574. A fs. 576 obra el dictamen del señor Defensor de Menores de Cámara.

II.- Razones de orden metodológico me llevan a examinar, en primer término, el recurso de la demandada en cuanto cuestiona la responsabilidad que se le imputa en el accidente de marras.

El primer agravio que formula la apelante no resiste el menor análisis. En efecto, si como la propia demandada ha reconocido que está a su cargo el control y conservación de las calles de la ciudad, y más allá de la eventual responsabilidad que pudieran haber tenido los particulares en la construcción del lomo de burro, ninguna duda cabe que pesa sobre ella el deber de asegurar que la circulación a través de dichas arterias pueda efectuarse de manera correcta, razonable y fluida, evitando que la deficiente conservación o la existencia de vallas u obstáculos autorizados o no -como ocurrió en el caso de autos-, puedan transformarse en una fuente de daños. En este sentido, resulta irrelevante el argumento que pretende utilizar la Comuna para eximir su responsabilidad, ya que independientemente de si recibió o no de los particulares algún reclamo acerca de la existencia del lomo de burro, pesaba sobre ella -en ejercicio del poder de policía- el controlar y vigilar el buen estado de las calles a fin de garantizar la seguridad en la circulación de los rodados.

Ahora bien, la demandada ya no discute en esta instancia que el accidente en cuestión ocurrió en los "términos relatados en la demanda" (véase fs. 549vta., penúltimo párrafo de la expresión de agravios). Si a ello se agrega que está acabadamente acreditado -a través del acta extraprotocolar y de las fotografías allí incorporadas ( fs. 37/8) y de los dichos del testigo presencial Salazar (fs. 357/359) y de Pardo Martín (fs. 352/353)- que los lomos de burro existentes en la calle Araujo 609/645/691 y 709 se encontraban sin señalizar a la fecha del accidente, así como también que era de noche -alrededor de las 20.30 horas- y que la calle tenía escasa iluminación ya que el farol se hallaba a unos 15 metros del lomo de burro en que se produjo el siniestro, no hay duda la peligrosidad que implicaba, en esas circunstancias, el obstáculo allí existente y, por ende, de la ausencia de culpa de parte del menor que no tenía por qué prever la existencia del mismo ante la ausencia de toda señalización. Por otro lado, tampoco se ha acreditado en autos que Barletta hubiese circulado a velocidad excesiva, extremo éste cuya carga probatoria recaía en la demandada y no en la actora como pareciera insinuarlo la apelante a fs. 553, en función de lo prescripto por el segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil.

Lo dicho hasta aquí deja sin consistencia los restantes agravios formulados por el apelante, por lo que habré de propiciar el rechazo de los agravios y, en consecuencia, corresponderá confirmar la sentencia en lo que hace a este aspecto.

III.- En lo tocante al monto indemnizatorio, la actora únicamente cuestiona por reducidas las sumas por incapacidad sobreviniente ($ 13.000) y daño moral ($ 4.000). Por su parte, la demandada cuestiona la procedencia de los conceptos antes mencionados y también el reclamo formulado por los padres del menor por privación de uso, gastos de reparación de la moto y el plazo para el pago del monto de la condena para lo cual invoca la aplicabilidad del art. 22 de la ley 23.982.

A) Incapacidad sobreviniente.

Tal como reiteradamente se ha señalado, la indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. (conf.: esta Sala en causa libre n?49.512 del 18-9-89; Llambías, J.J. "Tratado de Derecho Civil -Obligaciones-" t. IV-A, pág.120, nro. 2373; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio - Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado" t. 5, pág. 219, nro. 13; Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", t. III, pág. 122; Borda, G.A. "Tratado de Derecho Civil Argentino - Obligaciones- ", t. I, pág. 150, nro. 149; Mosset Iturraspe, J. " Responsabilidad por daños", t. II-B, pág. 191, nro. 232; Alterini- Ameal- López Cabana " Curso de Obligaciones", t. I, pág. 292, nro. 652). En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y psíquica.

Por otro lado, bueno es recordar también -como lo ha destacado el Tribunal (conf.: esta Sala en causa libre nro. 104.671 del 14-9-92, entre muchas otras)- que el monto que pueda acordarse, de ninguna manera puede surgir como una resultante de un cálculo estricto efectuado en base a la "expectativa de vida" que pudiera tener la víctima, o a los porcentuales rígidos de incapacidad que surgen de los dictámenes periciales pertinentes. Es que las indemnizaciones tabuladas, atendiendo estrictamente los porcentajes de incapacidad, tiene su ámbito de aplicación exclusivamente en los juicios laborales por accidentes de trabajo.

Es cierto que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así como los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto sostener que el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio.

En la especie, la pericia médica obrante a fs. 438/439 destaca que, como consecuencia del accidente que sufriera el actor, el menor padece de una lumbalgia bilateral postraumática con pinzamiento del espacio discal L5-S1 que lo incapacita en un 12% de la T.O. A nivel del tobillo presenta impotencia funcional con dificultad en los movimientos, con dolor que lo incapacita en el 5% de la T.O. En función de ello, el experto concluye que el actor padece una incapacidad del 17% de la T.O. En realidad, conforme al criterio de la capacidad restante o residual, el porcentaje final alcanza al 16,4% y no al 17 fijado por el experto. Por otro lado, en sus aclaraciones de fs. 449 señala que, desde el punto de vista psíquico, la víctima no presenta ninguna alteración.

A esta altura del pronunciamiento, corresponde observar que si bien la demandada insiste en cuestionar la procedencia de este rubro, lo cierto es que las argumentaciones que ensaya no pasan de ser meras discrepancias con la decisión del juzgador que, en realidad, no reúnen los requisitos para ser considerada, en este punto, una verdadera expresión de agravios. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que , además de que las secuelas fueron constatadas por el experto, las mismas se hallan corroboradas por el informe obrante a fs. 146 del Centro Traumatológico Uriburu, en donde consta que el día 25 de septiembre de 1994 el actor fue atendido en dicha institución por un trauma en el tobillo derecho, inmovilizándoselo con bota de yeso; y si bien unos meses después fue atendido a causa de una lumbalgia, no cabe dudar acerca de la relación de causalidad de esta secuela con el hecho que aquí se ventila si se tiene en cuenta que el testigo al detallar las lesiones sufridas por el actor no sólo hizo mención a la fisura del tobillo derecho sino también a su cadera.

En lo atinente a la fijación del monto y a los fines de apreciar la trascendencia de las lesiones sufridas, debe ponderarse la aptitud para futuros trabajos, la edad de la víctima, su actividad, condición social, estado civil, trabajos cumplidos, número de hijos, si son capaces o menores de edad, situación económico-social de la unidad familiar, cantidad de personas a cargo del afectado, etc. etc. (conf.: esta Sala en causas libres nros. 59.585 del 30-4-90, 103.402 del 20-8-92 y jurisp. allí citada, L. 117.960 del 16-2-93, L. 151.575 del 9-12-94, L. 166.883 del 27-11-95 y L. 172.388 del 2- 4-96, entre muchos otros).

En el caso, debe considerarse también que la víctima contaba a la fecha del accidente con 14 años de edad, soltero. En función de tales pautas y, en especial, atendiendo a las lesiones padecidas, es que juzgo que la suma de $13.000 fijada por el señor juez de grado resulta equitativa y razonable, por lo que habré de propiciar su confirmatoria.

B) Daño moral.

Como es sabido, la fijación del importe del daño moral es de difícil determinación hallándose sujeto a la prudente ponderación del juzgador la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, es decir, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados. Por lo demás, a los efectos de su fijación se ha procedido a consultar los distintos parámetros utilizados por la Sala en casos similares al presente (conf. CNCiv., esta Sala L.46.960 del 4-9-90; id.id., L.71.635 del 19-3-91; id.id., L.72.419 del 23-5-91; id.id., L.52.466 del 27-8-90; id.id., L.71.788 del 26- 3-91; id.id., L.70.873 del 26-3-91; id.id., L.70.110 del 19-2-91; id.id., L.98.213 del 15-4-92, entre muchos otros).- Por otra parte, resulta claro que la suma a establecer por este rubro no colocará al actor en la misma situación que se encontraba con anterioridad al lamentable suceso. De todas formas el juzgador se ve compelido a determinar la indemnización; no se trata de compensar dolor con dinero, sino de tratar de otorgar al damnificado cierta tranquilidad de espíritu en algunos aspectos materiales de su vida a fin de mitigar sus padecimientos.

Teniendo en cuenta, entonces, lo expuesto, la índole de las lesiones, la circunstancia que debió ser enyesado, los dolores padecidos y la realización de tratamientos de rehabilitación, considero que debe elevarse la suma fijada por este concepto a la de $ 7.000.

C) Privación de uso del rodado. El señor juez a-quo fijó por este concepto la cantidad de $ 100, fundándose para ello en que el perjuicio se demuestra y se extiende por el lapso en que debieron efectuarse las reparaciones. La queja de la demandada resulta a todas luces infundada si se tiene en cuenta que el juzgador tuvo en cuenta, precisamente, el tiempo de inmovilización que estimara el experto en su dictamen pericial (8 días). Por lo demás, la suma fijada por el sentenciante resulta sumamente razonable.

D) Gastos de reparación de la moto. Se queja la demandada porque el juzgador hizo lugar a este reclamo por la suma de $ 500. Sin embargo, ninguna argumentación seria ensaya para sostener que dicho valor resulte excesivo. La mención del apelante respecto a un pasaje de la sentencia nada tiene que ver con este rubro, desde que el mismo está referido al rubro desvalorización del rodado.

IV.- Por último, cuestiona la demandada que el juzgador hubiese establecido el plazo de diez días para el pago de la condena cuando, en función de lo prescripto por el art. 22 de la ley 23.982, debía ser diferido a la realización de la afectación presupuestaria correspondiente.

En lo tocante a este aspecto debo adelantar que le asiste razón al apelante por las consideraciones que reiteradamente ha sostenido esta Sala en supuestos similares al presente, por lo que su diferimiento sólo importaría un inútil dispendio jurisdiccional, máxime cuando la actora ha tenido oportunidad de expresarse.

En efecto, ninguna duda cabe que las sumas cuyo pago se condena en la sentencia definitiva encuentran su causa o título con posterioridad a la fecha de corte referida en la ley 23.982, ya que se originaron en septiembre de 1994. Por ello, y en función de las argumentaciones expresadas en las causas en relación nros 302.132 del 4-9-00, 241.174 del 18-3-98, 235.005 del 31-12-97, 230.362 del 6-10-97, entre otras, a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad, resulta de aplicación al caso de autos la normativa contenida en el art. 22 de la ley 23.982, lo que así cabe declarar (conf.: causa libre nro. 305.998 del 16-4-01).

Por todo lo expuesto, si mi voto fuese compartido propongo se confirme la sentencia recurrida en lo principal que decide, y se la modifique en cuanto al monto en concepto de daño moral que se eleva a la cantidad de $ 7.000. Asimismo, se deja sin efecto el plazo establecido en la sentencia para el pago de la condena, declarándose aplicable al caso lo dispuesto por el art. 22 de la ley 23.982. Las costas de alzada habrán de ser soportadas por la demandada en un 90% y en el 10% restante a cargo de la actora, habida cuenta el resultado de los recursos.

Por análogas razones a las aducidas por el vocal preopinante, la Dra. HIGHTON DE NOLASCO y el Dr. BURNICHON votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto. FERNANDO POSSE SAGUIER - ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO - RICARDO L. BURNICHON.

Es copia fiel del original que obra en las páginas Nro. a Nro. del Libro de Acuerdos de esta Sala "F" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.- ///nos Aires, julio 4 de 2001.- AUTOS Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede se confirma la sentencia recurrida en lo principal que decide, y se la modifica en cuanto al monto en concepto de daño moral que se eleva a la cantidad de $ 7.000. Asimismo, se deja sin efecto el plazo establecido en la sentencia para el pago de la condena, declarándose aplicable al caso lo dispuesto por el art. 22 de la ley 23.982. Las costas de alzada habrán de ser soportadas por la demandada en un 90% y en el 10% restante a cargo de la actora, habida cuenta el resultado de los recursos. Pasen los autos a estudio por honorarios. Notifíquese junto con el auto regulatorio y oportunamente devuélvase.-