Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-12-19


SENTENCIA NUMERO: CUARENTA En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos Expte. Corte Nº 68/11, caratulado: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Enrique Lilljedahl- Defensor de Flavia Fernanda Quevedo c/ Auto Interlocutorio Nº 88/11 de fecha 13.07.11 en Expte. "M" Nº 30/11", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver: 1º) ¿Corresponde hacer lugar al cese de la prisión preventiva de la imputada Flavia Quevedo? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto por el Dr. Enrique Lilljedahl (hijo), a fs. 01/11 vta. en contra del Auto interlocutorio Nº 88/11, de fecha 15/08/11, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 56, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

1) El recurso de casación interpuesto se dirige contra el Auto Interlocutorio Nº 88/11 dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, el día 15 de agosto de 2011.

En lo que aquí interesa, mediante dicho pronunciamiento el a quo no hizo lugar (Punto I) a la apelación deducida por el defensor de la causante Flavia Fernanda Quevedo, y confirmó la resolución del Juzgado de Control de Garantías Nº 1 por la que había sido rechazada su oposición a la solicitud fiscal de prisión preventiva de la nombrada y dictada dicha medida; y (Punto II) modificó la calificación legal de los hechos atribuidos a la misma, encuadrándolos en la figura del Homicidio en ocasión de robo, en calidad de partícipe necesario (art. 165 y 45 del Código Penal).

2) Por su parte, sin invocar motivos de casación alguno de los previstos en el Código de Procedimientos Penales, después de reseñar los hechos de la causa, el recurrente critica la calificación legal dada a los mismos y la prisión preventiva dispuesta en contra de la imputada Quevedo.

Pide al Tribunal (Punto VIII) que case la sentencia y dicte un nuevo fallo con arreglo a la calificación legal que corresponde -Robo, en grado de tentativa, como partícipe secundaria-; o, en su caso, anule el fallo impugnado y reenvíe el expediente a la Cámara de Apelaciones para que dicte un nuevo fallo y hace reserva del caso federal.

3) El Sr. Procurador (S.L.) opina que el recurso no es procedente (fs. 54/55 vta.).

Ahora bien, sabido es que, como toda calificación legal de los hechos de la causa, la determinada por un tribunal de apelación es provisoria.

En ese marco, no es definitiva la resolución que sobre el punto contiene el Auto impugnado y, por ende, no es susceptible de ser revisada por la vía intentada, y en este sentido se expidió el Sr. Procurador.

La calificación legal dada por el a quo, de Homicidio perpetrado en ocasión de robo, prevista en el art. 165 del Código Penal es, además, menos gravosa que la sustituida por dicho tribunal, de Robo doblemente calificado, en grado de tentativa y Homicidio criminis causa, en concurso real (arts.166 inc.2º, 1º párrafo, 167 inc.2º, 42, 80 inc. 7º, último supuesto, en función del 79 y 41 bis, 45 y 55 del Código Penal).

Por ende, la modificación operada no ha sido perjudicial para la causante.

El recurrente no justifica, además, el control que sobre el tema postula, en tanto no expone argumento que demuestre que la resolución impugnada, que por su naturaleza no es definitiva debido a que implica la continuación del proceso y no pone fin a la discusión sobre la cuestión, deba ser tenida como tal por sus efectos. Como consecuencia, el recurso contra la resolución referida a la calificación legal de los hechos es inadmisible y así debe ser declarado, lo que exime al tribunal de ingresar al tratamiento del tema. Así voto.

4) No obstante lo dicho en el punto anterior, de conformidad con calificada doctrina y reiterada jurisprudencia, el auto puesto en crisis constituye sentencia definitiva por equiparación en cuanto confirmó la prisión preventiva de la causante debido a que, eventualmente, podría resultar tardía la reparación de dicha restricción a la libertad, también impugnada en el recurso.

Por ello, sólo en esa medida, el acto atacado es susceptible de ser revisado por esta Corte, y así opina también el Sr. Procurador.

Con ese alcance, y aunque el recurrente no precisa su planteo con la indicación del motivo legal de casación que estima configurado en el caso, el recurso es formalmente admisible con relación a la referida medida cautelar impuesta en las presentes. Así voto.

5) Ahora bien, sobre la cuestión, el recurrente reitera las críticas que formuló en la instancia anterior, vinculadas con la inexistencia de peligro procesal concreto que justifique la medida que impugna: la prisión preventiva de la imputada Quevedo. Dice que, para confirmar la prisión preventiva, los jueces del tribunal a quo que conformaron la mayoría en la decisión invocaron lo dispuesto en el inc. 1º del art. 292 del rito, limitándose a considerar la calificación legal de los hechos y el pronóstico punitivo hipotético.

Señala que no existen delitos excarcelables o no excarcelables y que tanto la confirmación como el rechazo de la medida cautelar deben estar fundados en la existencia o no de concretos riesgos procesales; y alude a que, en ese sentido se había manifestado el Dr. Reynaga en otros precedentes (causa "Ocampo", Expte. "O" Nº 61/09 y "Martínez", Expte. "M" Nº 50/09), al interpretar que del art. 292 del rito surge que el riego procesal debe precisarse en cada caso y que no alcanza con fórmulas genéricas, como "monto de la pena" o "causas anteriores".

Recuerda que el peligro de obstaculización de la justicia disminuye cuando existe una investigación casi concluida y transcribe parte de las consideraciones efectuadas por la Dra. Ángela Ledesma en el fallo plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa "Díaz Bessone", referidas a la necesidad de que exista un mínimo de prueba, tanto de la imputación como del riesgo de elusión, en tanto el tribunal debe atender a las circunstancias objetivas y ciertas que en concreto permitan formular un juicio sobre la existencia del peligro que genere la necesidad de la medida de coerción. 6) Después de estudiar el planteo efectuado y lo dispuesto sobre el punto en la resolución impugnada, observo que, como indica el recurrente, con arreglo a la calificación legal que le dio a los hechos de la causa -Homicidio en ocasión de Robo (art. 165 del Código Penal)-, el a quo justificó el encarcelamiento preventivo de la causante en lo dispuesto en el art. 292 inc. 1° del ritual, que consagra la presunción del legislador según la cual existe el peligro para los fines del proceso si la amenaza penal excede el límite que permite suspender el cumplimiento de la eventual condena.

Asimismo, que la referida norma invocada por el a quo es ciertamente compatible con la doctrina según la cual la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son factores de indispensable consideración a los fines de evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia, sostenida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe 2/97) cuyas directivas, como reiteradamente ha declarado la Corte Suprema de la Nación, constituyen una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos incorporada a la Carta Magna.

Como también que, de las presentes actuaciones surge que en esas mismas razones fue sustentado el pronunciamiento mediante el cual el Juez de Control de Garantías dispuso la prisión preventiva de la causante (Auto Nº 49, fs. 981/1009 vta.).

Sin embargo, como en la instancia anterior, en ésta el recurrente se limita a expresar su discrepancia con lo resuelto, sin refutar esos argumentos, que por su conformidad con la referida doctrina de la Comisión, constituyen, al menos en las fases iniciales del proceso y por un tiempo razonable, suficiente fundamento de la restricción cuestionada, no obstante la falta de antecedentes penales y el informe socio ambiental favorable de la imputada.

7) Por ende, dado que a los fines de la pretendida modificación de la resolución impugnada no basta con la mera manifestación de un criterio distinto del sostenido en ella, ni con citas de doctrina o de jurisprudencia, estimo que el recurso no puede prosperar; debido a que con la omisión del recurrente de demostrar la irrazonabilidad de los argumentos suministrados en sustento de la resolución que lo agravia, éstos permanecen incólumes como fundamento válido de lo decidido.

8) Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que se encuentran personas detenidas, es preciso recomendar al Sr. Fiscal interviniente que arbitre las medidas indispensables a fin de agilizar el trámite de la causa. Por lar razones expuestas, mi respuesta a la primera cuestión es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión y, por ello, adhiero a las mismas, no obstante lo cual estimo pertinente agregar las siguientes consideraciones.

Si bien el carácter provisorio de las resoluciones judiciales en esta etapa del proceso eximen a los magistrados del desarrollo exhaustivo de las razones de hecho y de derecho que los convencen de sus decisiones, el respeto a la garantía de la defensa en juicio exige considerar los argumentes propuestos como idóneos para mejorar la situación del imputado con la exposición, al menos sucinta, de los motivos que justifican la decisión de rechazarlos.

En la resolución impugnada constato sólo una reseña de los argumentos del apelante, la que precede la emisión de las consideraciones y los sufragios de los jueces que la suscriben.

Estimo, sin embargo, que ello no compromete la estabilidad del pronunciamiento impugnado toda vez que las razones expresadas por el a quo justifican de modo suficiente la restricción cautelar de la libertad ambulatoria de la imputada Flavio Quevedo en tanto, ciertamente, la gravedad de los hechos, en caso de una eventual condena, justifica pronosticar la aplicación de una pena de prisión en una cuantía que guarde proporción con esa gravedad y no permita dejar en suspenso su cumplimiento efectivo; y esa perspectiva autoriza razonablemente a temer que trate la nombrada de eludir la acción de la justicia para no sufrir el encierro al que podría ser condenada a sufrir.

Por ello, soy de la opinión que, frente a los referidos indicadores, la carencia de antecedentes penales y el favorable informe socio ambiental de la imputada no logran neutralizar el evidente riesgo de fuga que se infiere de la posibilidad de cumplimiento efectivo de la pena de prisión; en tanto, por el principio de conservación, cabe razonablemente presumir que las personas con buen comportamiento previo, que hayan intervenido ocasionalmente en un delito y represente éste sólo un hecho aislado en sus vidas, también quieran evitar sufrir efectivamente la privación de su libertad ambulatoria, por lo que ese riesgo no resulta suficientemente desvirtuado en la especie con la constatación de que el hecho no expresa una conducta desarreglada habitual o reiterada de la causante.

Así las cosas, con la invocación de dichos elementos de juicio el recurrente no demuestra la irrazonabilidad de la decisión del a quo confirmatoria de la prisión preventiva de la imputada Quevedo.

Tampoco es admisible el argumento del recurrente según el cual enerva la intención de fuga de la imputada la permanencia de ésta hasta la llegada de la autoridad policial, en el lugar donde su primo, el co-imputado Segura, sin posibilidad de incorporarse, se había caído de la moto.

Así lo considero, en tanto dicho argumento no fue propuesto en la instancia anterior lo que justifica la omisión de su tratamiento por el a quo y la inexistencia de resolución al respecto que deba ser controlada por este tribunal cuya competencia revisora sobre el punto, como consecuencia, no resulta habilitada.

Además, la pretensión carece de suficiente fundamento en tanto el recurrente no desvirtúa ni intenta desvirtuar las constancias del legajo labradas al tiempo del arresto de la imputada, de las que surge que el propósito de ésta de marcharse y eludir la acción de la justicia habría sido frustrado por el personal policial que arribó al lugar y la retuvo cuando ella daba muestras de su intención de marcharse haciéndole señas a un remís que transitaba por las cercanías (fs62/63).

De lo que se sigue que, contra lo que pretende el recurrente, la invocada intención de la imputada Quevedo de someterse al proceso no resulta acreditada con su permanencia en el lugar donde fue aprehendida con el imputado Segura.

Por ello, estimo que los argumentos invocados por el recurrente no logran conmover el sustento del pronunciamiento puesto en crisis; y que, como consecuencia, éste debe ser confirmado. Como consecuencia, a la primera cuestión, mi respuesta es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Coincido con las consideraciones efectuadas por los señores jueces que me precedieron en el tratamiento del recurso con relación al agravio vinculado con la calificación legal de los hechos de la causa y, por ello, adhiero a las mismas y a sus conclusiones.

Y si bien también coincido, en términos generales, con las consideraciones que los jueces preopinantes manifestaron con relación al instituto de la prisión preventiva, por las siguientes razones discrepo con las conclusiones a las que ellos arribaron en el caso:

Sobre la materia estimo preciso recordar que la procedencia de la restricción requiere, aunque no certeza, sí la concurrencia de motivos suficientes de sospecha sobre la existencia del hecho histórico descrito como delictivo e imputado al agente y sobre la intervención de éste en ese acontecer.

Por ello, la resolución que dispone la restricción de la libertad del imputado debe ineludiblemente suministrar los datos ciertos y concretos que vinculan al imputado con el hecho de la causa y, en su caso, con las notas típicas que en el catálogo de delitos distinguen a ese hecho como particularmente grave y que justifican el encarcelamiento antes de la eventual condena.

En la especie, para rechazar la pretensión de la defensa según la cual la imputada fue absolutamente ajena al hecho de la causa, sin abrir juicio sobre el acierto de las razones suministradas, observo que fueron invocadas circunstancias inmediatamente anteriores, concomitantes y posteriores a su ocurrencia, las que se relacionan especialmente con la motocicleta utilizada en la ocasión, pero que, independientemente de la calificación legal del evento, no alcanzan la totalidad del hecho consumado y su resultado letal.

En estas condiciones, la restricción a libertad ambulatoria de la imputada Flavia Quevedo dispuesta de modo cautelar, carece del indispensable fumus por lo que no resulta razonable mantener su vigencia.

No obstante, las circunstancias y razones aludidas más arriba no permiten tener por totalmente desvirtuada la sospecha sobre la participación de la causante en el hecho y, por ende, en esta etapa procesal, no determinan desvincularla de la causa.

Por ello, considero que debe ser asegurada la sujeción de la imputada al proceso, pero de modo proporcional a la entidad del hecho por el que eventualmente ella debería responder, según cabe admitir, al menos por ahora, de conformidad con el estado de las actuaciones reseñado en las resoluciones puestas en crisis y controladas en esta instancia, sin perjuicio de la posibilidad de revisar la cuestión según el progreso de la investigación sobre el alcance de su intervención y, por ende, de su responsabilidad penal.

Así lo considero por el escaso peligro procesal que involucra la liberación de la causante en esta instancia, dado que el tiempo transcurrido desde la ocurrencia del hecho de la causa permite presumir que la investigación está concluida, o próxima a ser concluida, por lo que difícilmente pueda ser entorpecida; y que, por las razones dadas, con arreglo a las circunstancias que surgen de los pronunciamientos cuestionados, el pronóstico punitivo que se cierne sobre la imputada no representa incentivo suficiente para eludir la acción de la justicia considerando, además, que eventualmente, en caso de condena, la privación de la libertad sufrida a título preventivo se computará como de cumplimiento de la pena.

Por todo ello, estimo que, en cuanto a la prisión preventiva de la imputada Quevedo, por ende, mi respuesta a la primera cuestión es positiva. Así voto.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde, por mayoría de sufragios: I) Declarar formal y parcialmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Enrique Lilljedahl, en su carácter de asistente técnico de la imputada Flavia Fernanda Quevedo, sólo con relación a la prisión preventiva dispuesta en contra de ésta. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Instar al Sr. Fiscal a agilizar el trámite de las presentes. V) Tener presente la efectuada reserva del caso federal. VI) Protocolícese, notifíquese y, firme, cúmplase y bajen las presentes a origen a los fines pertinentes. Así voto.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Por las razones que expresé al tratar la primera cuestión, estimo que debe ser dejada sin efecto la prisión preventiva dispuesta en contra de la imputada Flavia Quevedo y ordenada su inmediata libertad, bajo las siguientes condiciones: fijar domicilio del que no podrá mudarse sin aviso a la autoridad, permanecer a disposición del órgano judicial cuando sea citada, a más de comparecer los días lunes y jueves entre las siete y las trece horas, abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar la actuación de la ley.

Por lo expresado, considero que debe ser dictada la siguiente resolución: I) Declarar formal y parcialmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Lilljedahl, en su carácter de asistente técnico de la imputada Flavia Quevedo, sólo en cuanto a la prisión preventiva dispuesta en contra de ésta. II) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Dr. Lilljedahl, en su carácter de asistente técnico de la imputada Flavia Quevedo y, como consecuencia, revocar la prisión preventiva dispuesta en contra de ésta y ordenar su inmediata libertad, bajo las condiciones indicadas en los considerandos. III) Sin Costas. IV) Instar al Sr. Fiscal interviniente a agilizar el trámite de las presentes. V) Tener presente la reserva del caso federal. VI) Protocolícese, notifíquese y, firme, cúmplase y bajen las presentes a origen, a sus efectos.

Después de oír al Sr. Procurador, por los resultados del acuerdo que antecede y por mayoría de votos, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Por unanimidad, declarar formal y parcialmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Enrique Lilljedahl, en su carácter de asistente técnico de la imputada Flavia Fernanda Quevedo, sólo con relación a la prisión preventiva dispuesta en contra de ésta.

2º) Por mayoría de votos, no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Instar al Sr. Fiscal a agilizar el trámite de las presentes.

5º) Tener presente la efectuada reserva del caso federal.

6º) Protocolícese, notifíquese y, firme, cúmplase y bajen las presentes a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria. ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.