Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-11


LEHMANN, María Luisa Sofía del Huerto MÁNTARAS de Reg.: A y S t 199 p 279-285. Santa Fe, 11 de agosto del año 2004.

VISTA: la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la concursada contra la sentencia nro. 252, de fecha 17 de setiembre de 2002, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, en autos "LEHMANN, María Luisa Sofía del Huerto MÁNTARAS de -Concurso Preventivo- (Expte. 160/02)" (Expte. C.S.J. nro. 471, año 2002); y, CONSIDERANDO:

1. Conforme surge de las constancias de la causa, la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Décima Nominación de la ciudad de Santa Fe, por auto de fecha 11/04/02 rechazó la impugnación formulada por los acreedores Ignacio Ernesto, José Elías, Marcelo Luis y María del Carmen Mántaras y Andrés E.

Mathurín contra la propuesta de acuerdo preventivo expedida por la concursada, y por ende, homologó la misma.

En tal oportunidad, los impugnantes recurrieron dicha decisión por ante la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la misma ciudad, que por sentencia nro. 252, de fecha 17/09/2002, resolvió rechazar el recurso de nulidad y hacer lugar al de apelación revocando el auto interlocutorio inferior y ordenando, en consecuencia, declarar la quiebra de la concursada.

Contra este decisorio dedujo la fallida recurso de inconstitucionalidad, conforme el inciso 3 del artículo 1 de la ley 7055.

Expresa la concursada que el fallo que impugna prescindió inequívocamente de la norma legal aplicable sin declararla inconstitucional, mediante una interpretación arbitraria y decidiendo "contra legen".

En tal orden, señala que los apelantes son sus hermanos, es decir, parientes colaterales en segundo grado de consanguinidad, y por lo tanto, comprendidos en la norma del artículo 45 de la Ley de Concursos, que dispone la prohibición de que presten su conformidad o disconformidad a la propuesta de acuerdo.

Agrega que el artículo 50 de la ley 24.522 establece a su vez que son los acreedores "con derecho a voto" los que pueden impugnar dicho acuerdo, es decir, que pueden impugnarlo aquellos que tienen poder de decisión sobre el mismo.

En ese sentido, dice, en virtud de que los apelantes están privados del derecho a voto, carecen en consecuencia de legitimación activa para impugnar el acuerdo.

Entiende, en ese orden, que la Sala ha efectuado una interpretación "elusiva, prescindente y desnaturalizadora" del mencionado artículo, sin declararlo inconstitucional -pese a que los mismos apelantes lo solicitaron- en tanto le quitó toda trascendencia al requisito que exige la norma como condición esencial de la legitimación para impugnar -el derecho a voto-, resolviendo como si no existiera.

Expresa que el Tribunal a quo tampoco ha tenido en cuenta el significado gramatical del vocablo, ya que "...prestar o no la conformidad con una propuesta ... constituye una expresión de voluntad, positiva o negativa, equivalente a 'votar' por la afirmativa o por la negativa...", toda vez que el término "voto" también significa, en general, "el parecer dado sobre una materia", en este caso, la propuesta de acuerdo.

Si bien concuerda con el fallo en que los acreedores con derecho a voto son los verificados y los declarados admisibles, señala que esta es la regla y que la Sala olvidó la excepción: hay acreedores verificados o declarados admisibles que, no obstante, no tienen derecho a voto, como los consanguíneos en segundo grado.

Ello así, reitera que estos acreedores tienen prohibido prestar su conformidad o disconformidad con la propuesta según lo prescripto por el artículo 45, tercer párrafo, y que esta norma, de acuerdo con una interpretación sistemática de la ley concursal, dispone en concordancia con el artículo 50 que dichos acreedores al no tener derecho a voto no tienen legitimación para impugnar estando excluidos de concurrir a formar mayorías.

El fallo recurrido, a su entender, prescinde de aplicar tan categórica normativa, en desmedro del derecho de propiedad y de la garantía de defensa en juicio de su parte, resolviendo "contra legem".

Por otro lado, endilga al decisorio haber creado una causal de impugnación del acuerdo no prevista por la ley mediante aquella interpretación arbitraria y con un exceso ritual manifiesto.

En dicho orden, considera que el pronunciamiento no sólo admitió "contra legem" la legitimación para impugnar el acuerdo, sino que lo descalificó en base a una causal invocada por los apelantes y que no encaja en ninguna de las previstas por el artículo 50 citado, en tanto los acreedores sostuvieron que se ha violado la pars condictio creditorum porque el acuerdo homologado admitió propuestas de pago diferenciadas para distintas clases de acreedores quirografarios, lo que implicó para ellos un trato discriminatorio y perjudicial.

Así, afirma la recurrente que la igualdad de propuestas no existe como formalidad esencial.

Señala que en la propuesta de categorización presentada por su parte, los acreedores se dividieron en dos grandes grupos: quirografarios y privilegiados, pero que cada grupo, a su vez, tenía una clasificación atendiendo la calidad de acreedores (financieros, profesionales y parientes).

Dicha propuesta fue aceptada por el Síndico al presentar el informe general, y así también por los acreedores parientes.

La Jueza inferior aceptó en los considerandos de su resolución la clasificación plural de los acreedores quirografarios propuesta por su parte, aunque "...involuntariamente omitió, en la enumeración de los nombres de los distintos acreedores, incluir las separaciones entre los mismos conforme a sus distintas calidades (profesionales, financieros, fiscales, parientes)...", lo que significa un "mero descuido formal" que se suple, a su entender, con la simple remisión a la propuesta de la deudora obrante en autos.

La consideración efectuada por los sentenciantes en el sentido de que en primera instancia se estableció una sola categoría de acreedores quirografarios, constituye un exceso ritual manifiesto incompatible con el debido proceso y el razonable formalismo jurídico.

Explica que el criterio de "razonabilidad" es un parámetro legal con que cuenta el juez para evaluar la propuesta de categorización de los acreedores presentada por el deudor, y no para controlar las ofertas de pago diferenciadas (artículo 41 de la Ley de Concursos).

Conforme doctrina que cita, la quejosa manifiesta que el sistema de categorización introducido por la Ley 24.522 "...da primacía al valor 'superación de la crisis del deudor de manera no liquidativa', por sobre el valor 'igualdad de trato a los acreedores de igual rango'..." En tal sentido, considera que la afirmación de los sentenciantes relativa a que la propuesta a los acreedores parientes ha sido infundadamente arbitraria y notoriamente diferenciada respecto de los demás, y que tal discriminación no se ha justificado, resulta una interpretación desnaturalizadora de la ley.

Por último, se agravia de que el fallo cuenta con una fundamentación aparente y deficiente, toda vez que no aplica el derecho vigente, lo desvirtúa y lo desnaturaliza mediante razonamientos equívocos que condujeron a una declaración de quiebra por una causal no prevista legalmente a pedido de acreedores que no tienen legitimidad para impugnar el acuerdo preventivo.

La Sala, por auto nro. 329, de fecha 4/12/02, resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, considerando que en la especie no se dio cumplimiento al recaudo del oportuno planteo de la cuestión constitucional, apreciando que tal omisión no queda salvada "...con la referencia a la doctrina de la arbitrariedad sorpresiva, toda vez que la resolución de esta Sala, si bien revocando la decisión a qua, acogió lo que fue el agravio sustancial en el recurso de apelación traido a esta sede, en relación a lo cual tramitó el mismo, y la falta de contestación de los agravios -tanto por la fallida, ahora recurrente, como por la Sindicatura- dejó pasar la oportunidad procesal para ella de cumplimentar dicha carga..." 2. Aún cuando pudiera entenderse satisfecho el recaudo del oportuno planteo de la cuestión constitucional, toda vez que los vicios que la compareciente endilga al decisorio -prescindencia inequívoca de la norma legal aplicable; interpretación arbitraria y decisión "contra legem"; creación de una causal de impugnación del acuerdo no prevista en la ley; exceso ritual manifiesto y fundamentación aparente- surgirían de la propia sentencia de Alzada, el recurso igualmente no puede prosperar.

En efecto, y en relación al primer vicio que la recurrente le endilga al pronunciamiento -esto es, prescindir de lo dispuesto por los artículos 45 y 50 de la Ley de Concursos al otorgarle a los acreedores comprendidos dentro del segundo grado de consanguinidad con la concursada, la legitimación para impugnar el acuerdo preventivo- es de hacer notar que, por el contrario, la Sala aplicó la normativa que disponen y efectuó una interpretación de los mismos, si bien en un sentido divergente con el postulado por la quejosa.

En tal orden, entendieron los sentenciantes que al ser el artículo 50 de la ley 24.522 una transcripción textual del derogado artículo 59 de la ley 19.551 en el cual el "derecho a voto" se vinculaba con el que debía expedirse en la junta de acreedores, al no existir tal junta en el régimen vigente la mención de que pueden impugnar el acuerdo aquellos acreedores con derecho a voto debería interpretarse en el sentido de que pueden enderezar la acción impugnatoria los acreedores "...con crédito verificado y admitido .... o sea los que tienen derecho a prestar su conformidad a la propuesta de acuerdo preventivo emanada del deudor ...., marco amplio dentro del cual caben los hermanos de la concursada en el sub lite, sin perjuicio de que por imperio de lo normado por el artículo 45 de la ley 24.522, no puedan ser incluidos dentro del cómputo de las mayorías (de personas y de capital) que dicha norma regula..." Agregaron los juzgadores -con cita de doctrina- que "...una cosa es que se prive de todo a tales acreedores por suponer una voluntad de favorecer a la concursada, pero muy distinto cuando tal acreedor pretende impugnar el acuerdo por haberse dado alguna de las causales que enumera el artículo 59..." comentando la norma de la ley anterior.

Frente a esta linea de razonamiento, la recurrente argumenta extensamente en torno a que el Tribunal desvirtuó y tornó inoperante el régimen legal aplicable "...mediante una interpretación elusiva, prescindente y desnaturalizadora del artículo 50, sin declararlo inconstitucional, como lo solicitaron, no obstante, los apelantes..", y sin tener en cuenta tampoco el significado gramatical de la expresión "votar".

Mas, tales afirmaciones no alcanzan a desvirtuar lo aseverado por los sentenciantes, quienes más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido, han efectuado una hermeneusis posible de la normativa aplicable, la que resulta razonable y fundada en las circunstancias y contexto propios de la causa, sin que pueda inferirse que en tal tarea se hayan vulnerado derechos de raigambre constitucional, más aún en una cuestión que siempre ha abierto polémicas.

Ello así, tampoco resulta viable el reproche enderezado por la recurrente en cuanto a la supuesta omisión de declaración de inconstitucionalidad del artículo 50 mencionado, desde que, tal como se señaló, dicha norma fue aplicada e interpretada por la Alzada.

Respecto al agravio invocado por la quejosa por la supuesta creación de una causal de impugnación por parte del Tribunal a quo, toda vez que, a su criterio, la violación de la pars conditio creditorum no está prevista en ninguno de los incisos del artículo 50 como tal, tampoco resultan suficientes sus planteos.

En efecto, luego de considerar que los acreedores parientes se encuentran legitimados para impugnar el acuerdo respectivo, la Sala analizó aquella cuestión relacionando lo dispuesto por el artículo 43, segundo párrafo, con lo establecido por el artículo 52 de la ley concursal.

En ese orden advirtió que en doctrina no se discute que el nuevo artículo 43 en su párrafo segundo, al establecer el sistema de categorización de acreedores, contempla una "...elastización del principio clásico concursal de la 'pars conditio creditorum'..." pero indicando que el mismo cuenta con dos límites operativos: el primero, refiere a "...la exigencia de que la propuesta sea similar a los acreedores incluidos en cada categoría..." y el segundo a que tal propuesta "...no se salga del marco de la razonabilidad y la lógica...".

Ello significa -a criterio de los sentenciantes- que, si bien la ley confiere ahora mayores facultades al concursado a los fines de categorizar a sus acreedores, tal categorización queda supeditada a la aprobación del juez (artículo 42) y a que, en definitiva, conforme aquellos límites, se ciña al principio de igualdad que dimana del artículo 16 de la Constitución Nacional, "...en cuanto a que se dé igual tratamiento a los que están en iguales condiciones...".

Entendieron que esta expresión refiere a que el contenido de las propuestas debe ser igual para todos y cada uno de los acreedores incluidos dentro de cada categoría, aunque puede diferir entre distintas categorías, y sin perjuicio también de la posibilidad de que se postulen propuestas alternativas en cada categoría para que cada acreedor elija la que considere más conveniente.

Agregan que el concursado, además, tiene el imperativo de explicar las razones de la discriminación en caso de que las propuestas no fueses equivalentes.

En consecuencia, y aclarado que la ley recepciona según lo expuesto el principio de la "pars conditio creditorum" y el respeto del mismo dentro de cada una de las categorías fijadas, la Cámara afirmó que, lo que de ningún modo es admisible, es que una misma propuesta o una alternativa de propuesta contenga cláusulas diferentes para los acreedores incluidos dentro de la clase a la cual está destinada, relacionando el criterio de "razonabilidad" introducido por el artículo 41 con lo prescripto por el artículo 52, inciso 4 , en el sentido de que "...En ningún caso el Juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley...".

Siguiendo este razonamiento entendieron los Vocales que ello es lo que acontece en el sub lite, desde que advirtieron que "...la propuesta efectuada respecto de los apelantes resulta infundadamente arbitraria y notoriamente diferenciada (en su perjuicio) respecto de los demás acreedores incluidos en la misma categoría (acreedores quirografarios)...", detallando en la sentencia las diferentes propuestas practicadas por la deudora.

A estas conclusiones, la recurrente enfrenta su postura señalando que la Sala se equivocó al interpretar el sistema impuesto por la ley concursal, toda vez que la razonabilidad es un parámetro que solamente se utiliza para evaluar la propuesta de categorización y no para controlar las ofertas de pago diferenciadas que tienen por destinatarias las distintas clases de acreedores, puntualizando que esto último es perfectamente legítimo y que fue lo que su parte efectuó al clasificar a los acreedores quirografarios en cuatro clases, habiendo convalidado la sentencia, a su criterio, una causal de impugnación no contemplada y elaborada a medida de los impugnantes.

Mas, no logra la quejosa traspasar el límite de la mera discrepancia para con las consideraciones que llevaron a la Alzada a concluir que los acreedores impugnantes acreditaron la procedencia de una causal autónoma de descalificación del acuerdo homologado, ubicándola dentro del inciso 5 del artículo 50 de la ley, desde que en modo alguno se advierte que la Sala haya equivocado y confundido lo dispuesto por el sistema de la ley de concursos, tal como lo invoca la recurrente.

Por el contrario, con claridad se desprende del fallo en crisis que la normativa en cuestión fue aplicada e interpretada de un modo tal que no puede tacharse de irrazonable o ilógico, toda vez que es el artículo 43 el que dispone que las propuestas deben contener cláusulas iguales para los acreedores que se ubican dentro de una misma categoría, pudiendo diferir entre ellas, es decir, entre categorías o clases.

Por otro lado, tampoco se encuentra configurado en el sub examine el invocado rigorismo formal, desde que, más allá de la interpretación que el Tribunal efectuó de la resolución de categorización de baja instancia, lo cierto es que la revocación del acuerdo homologado no se fundamentó en tal circunstancia, sino en la "...unilateral y no justificada discriminación..." en la propuesta de pago a los acreedores parientes respecto de los restantes acreedores que conformaron, conjuntamente, la categoría de quirografarios (por honorarios profesionales, financieros y fiscales).

Ello así, las postulaciones de la quejosa no traducen sino el disenso para con lo decidido por el Tribunal respecto de la impugnación al acuerdo preventivo homologado en primera instancia, habilitando una causal impugnatoria que, más allá del encuadre legal que le otorgó (inobservancia de las formas sustanciales del acuerdo, inciso 5 del artículo 50 de la ley concursal), encuentra su sustento, fundamentalmente, en la consideración por la Alzada de que se trataba de una propuesta abusiva.

Y, a la luz de lo dispuesto por el inciso 4 del artículo 52, esta conclusión en modo alguno puede considerarse infundada e ilógica, desde que en la sentencia se enunciaron y analizaron las pautas pertinentes (que las posibles diferencias entre los ofrecimientos a las diferentes jerarquías no sean caprichosas, y que se expliquen los motivos que las justifiquen a fin de preservar el principio de igualdad ya citado).

En este sentido, es de destacar que la doctrina mayoritaria en la materia es conteste en sostener que si bien son los acreedores los legitimados para considerar la viabilidad de la propuesta ofrecida por el deudor, existe un límite por sobre el cual el juzgador debe valorar los alcances del concordato.

Esto implica que son los jueces de la causa los que, en definitiva, deben efectuar una valoración íntegra del mismo y juzgar el límite de razonabilidad que debe tener toda propuesta concordataria, evitando aquellas que impliquen un abuso irrestricto del derecho, preservando así todos los intereses en juego.

Y como se señaló, en el caso que nos ocupa tal evaluación fue efectuada por el a quo bajo estos criterios -recepcionados ahora por la reforma de la ley 25.589-, no infiriéndose, por lo tanto, del razonamiento seguido por el Tribunal causal de arbitrariedad que invalide el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, por lo que la presente queja no puede ser admitida.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)