Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-07


Reg.: A y S t 284 p 4/8.

Santa Fe, 7 de agosto del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Mario Daniel Urquiza, contra el acuerdo 820 del 25 de octubre de 2017, del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial, en autos "URQUIZA, MARIO DANIEL -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'MARIO DANIEL URQUIZA S/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO, FALSEDAD IDEOLOGICA DE INSTRUMENTO PÚBLICO Y PORTACION DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACION LEGAL TODOS EN CONCURSO REAL'- (CUIJ 21-07004641-2)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511763-9); y, CONSIDERANDO:

1. Por acuerdo 820 de fecha 25 de octubre de 2017, los Jueces del Colegio de Cámara Penal de Apelación de la Segunda Circunscripción Judicial, confirmaron la sentencia dictada a Mario Daniel Urquiza, que lo condenó a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, falsedad ideológica de instrumento público y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, todos en concurso real -arts. 79 en función del 41 bis; 293; 189 bis, inc. 2, párrafo 3; 45; 55; 40; 41; 12; 19 y 29 inc. 3 del C. P.- (fs. 12/26v.).

2. Contra dicho decisorio, la defensa de Mario Daniel Urquiza interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 29/34).

Invoca que el mismo no reúne las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción, por inobservancia del principio "in dubio pro reo" y por contrariar las normas previstas por los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución provincial y 7 del Código Procesal Penal. Esto último, al omitir referirse al "...juzgamiento psicológico del fallo..." (fs.29/v.).

Luego, hace alusión a ciertos antecedentes de la causa, a la sentencia de primera instancia y a la poca credibilidad que debió asignarse a los testigos, invocando afectación al principio de "in dubio pro reo" (fs. 29v./30).

En tren de fundamentar sus cuestionamientos, alude al "...punto autoría y responsabilidad...", achacando desenfoque en la valoración probatoria, pues no existiría correlato en lo declarado entre los testigos; concluyendo, a partir de esos razonamientos, en que no podría "...afirmarse que Urquiza apuntó a lugar alguno..." aludiendo a las inconsistencias que, a su criterio, se observarían en las declaraciones de los testigos y en punto a la distancia desde la cual se produjeron los disparos (fs. 30/v./31/v.).

Insiste en que yerran, en su razonamiento, los Sentenciantes, al entender acreditada la intención de dar muerte a Luján. Y alude al informe médico forense y a otros elementos que sustentarían la accidentalidad del disparo (f. 32).

Reproduciendo, a seguir, párrafos del acuerdo de Cámara, confirmatorio de la sentencia de grado (fs. 32v./33).

Y cuestiona, una vez más, la credibilidad de los testigos, afirmando que "...fueron preparados..." para el juicio oral. Por cuanto éstos habrían aludido, en el momento de practicarse la reconstrucción del hecho, a una cierta distancia entre el imputado y la víctima, modificando su declaración en el debate; o bien omitiendo pronunciarse al respecto (fs. 33/v.) 3. La Alzada, por resolución 27 del 8 de febrero de 2018, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con fundamento en ausencia de autoabasto y de un supuesto de arbitrariedad (fs. 45/50); lo que motiva la presentación directa ante esta Sede (fs. 1/7).

4. Cabe anticipar que la impugnación no ha de prosperar.

4.1. En primer lugar, de la lectura del recurso, se advierte incumplido, como ya lo señalara la Alzada al denegarlo (f. 48), el recaudo de autoabasto previsto por la normativa. Pues se soslaya un claro detalle de la base fáctica, objetivo y suficiente; entremezclándose, en contrario a ello, una propia versión de los hechos; con lo cual se omite proporcionar un relato de los antecedentes relevantes del caso y de cómo los cuestionamientos que sustentan el recurso se conectan con esos antecedentes.

4.2. No obstante lo anterior, ni aún desde un esfuerzo de comprensión la queja podría prosperar.

Ya que pese a las invocadas afectaciones constitucionales, de la lectura del escrito recursivo y su confrontación con la sentencia recurrida y demás antecedentes, tan sólo se desprende mera discrepancia con la interpretación de cuestiones de hecho, prueba y derecho común que la Alzada efectuó en ejercicio de sus funciones; luciendo, así, indemostrada la configuración de un supuesto de arbitrariedad.

En tal sentido, corresponde recordar que esta Corte tiene dicho que "la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia de la parte recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba" (cfr., A. y S., T. 99, pág. 102; T. 101, pág. 408, entre muchos otros y, en sentido análogo, Fallos:297:291; 301:1062; 302:1030; 302:1564; 306:143; 306:282; 307:716).

En concreto, se advierte que la recurrente se conforma con alegaciones de insuficiencia probatoria para condenar y en la consecuente inobservancia del principio "in dubio pro reo". Ello en un intento de reedición de planteos ya formulados y sin hacerse cargo del oportuno tratamiento que les diera la Alzada; con lo que sus cuestionamientos no sobrepasan el mero disenso con lo decidido en las instancias ordinarias, al no demostrarse las pretendidas afectaciones constitucionales.

Pues particularmente echa de verse que, para confirmar la sentencia de grado y en tratamiento de los agravios apelatorios, la Alzada comenzó por advertir que los reproches se dirigían, de manera principal, a la ponderación de la prueba testimonial y a las conclusiones del médico forense y del perito balístico. Mas refiriendo, en tal sentido, en que no había obstáculo alguno en sustentar una sentencia condenatoria en testimonios que, aún cuando provinieran del entorno de la víctima, se juzgaban contestes y respecto de los cuales tan sólo se habían formulado "...alegaciones desprovistas de argumentos..." (fs. 18/v./19v.).

Y agregando, en orden a la alegada mendacidad de los testigos, que las declaraciones de los deponentes, especialmente aquéllos que se encontraban en proximidades de la víctima al momento del hecho, podían presentar diferencias en detalles, aludiendo a lo impactante del hecho y a que "...no todas las personas están preparadas para observar la muerte de un familiar o de un amigo, causada de manera sangrienta...". Ello en respuesta al origen de las eventuales diferencias que podían presentarse, descartando, por tanto, los reproches de la defensa, que lo encontraba en la falsedad de los testimonios propuestos por la fiscalía y la querella (fs. 19/v.).

Aludió, también, a los principios que rigen la valoración probatoria y en particular la prueba testimonial, haciendo hincapié en el esfuerzo que suponía su aplicación por parte del juzgador; afirmando, por fin, que en el sub judice tales pautas valorativas habían sido observadas y descartando, una vez más, la alegada mendacidad de los testigos (fs. 19v./20/v.).

Pero además desechó que los Jueces de baja instancia hubieran sustentado su pronunciamiento tan sólo en la prueba testimonial producida, afirmando, en contrario a ello, que se habían tenido en cuenta otros elementos, como ser las pericias técnicas (médicas y balísticas). Y expresándose que los mismos habían sido ponderados "...de manera razonada...". Aludiendo también a los dictámenes y testimonios de los peritos, que tornaban improbable un disparo accidental del arma de fuego implicada, conforme lo pretendiera la defensa (fs. 20v./23).

Por fin, y en punto al dolo homicida del imputado, se entendió que dicho extremo estaba acreditado, refiriendo a su condición de funcionario policial, por cuanto presuponía el conocimiento de los efectos del disparo de un arma de fuego, y en que aún así disparó contra Luján, sin que hubiese motivos para sospechar que éste mismo contaba con un arma de fuego, conociendo del resultado que causaría. Y dando así respuesta a los agravios que, en tal sentido, se habían formulado por la defensa (f. 24).

Y frente a las motivaciones que sustentaran el decisorio confirmatorio de la Alzada en respuesta a las alegaciones de la recurrente, se conforma ésta, en la presente instancia, en intentar su reedición ; mas sin hacerse cargo de los argumentos que, en cada caso, proporcionó la Cámara.

Evidenciando así mero disenso con lo decidido, permaneciendo, por ello, incólume el razonamiento sentencial, al no demostrarse ni advertirse un supuesto de irrazonabilidad; ni que otra solución se impusiera necesariamente en la causa. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ (por su voto) - ERBETTA - GASTALDI - NETRI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUTIÉRREZ:

Coincido con la solución propuesta en el voto precedente en cuanto señala que los reproches vertidos por la impugnante tan sólo importan una reiteración de alegaciones ya formuladas, las que en su oportunidad merecieran respuesta de la Alzada.

Ello así pues, si bien en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad se invoca afectación de garantías constitucionales -concretamente, del derecho a la jurisdicción y del "in dubio pro reo"- y arbitrariedad en la ponderación de la prueba, de la confrontación de tales cuestionamientos con el decisorio atacado no logra entreverse que los mismos guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso, quedando la crítica de la recurrente reducida a un mero disenso con el criterio sustentado por el A quo en la interpretación de cuestiones fácticas, pruebas y normas de derecho común, materias propias de los jueces de la causa y que no incumbe a la Corte revisar por este medio.

En ese orden, comparto los fundamentos expuestos en el punto 4.2. en respuesta a los agravios vertidos por la compareciente, puesto que, como esta Corte ha señalado en numerosas oportunidades, la vía extraordinaria no tiende a revisar el criterio de los juzgadores ni el acierto con el que los mismos han merituado las constancias de autos en el ejercicio de funciones privativas, sino que sólo encuadra en aquellos casos en que media absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución prevista para los mismos.

Por tales razones, corresponde desestimar la queja interpuesta.

FDO.: GUTIÉRREZ - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación Penal de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Hernández, Salvador y Beltramone.

Tribunal que intervino con anterioridad: Jueces del Tribunal Pluripersonal de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Mas varela, Fertitta y Kesuani.