marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Delitos contra la propiedad, violencia como vicio de la voluntad, apoderamiento
Materia: PENAL
Carátula: R., H.M. y Otros s/ Robo Tentado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-27

El legislador ha dividido los conceptos de fuerza, como la que se ejerce sobre las cosas, y de violencia, como la que va dirigida contra las personas, por lo cual la única violencia que configura el robo cuando es ejercida luego del apoderamiento, es aquella que constituye una agresión contra las personas. Dicho en otras palabras, la violencia en las personas puede tener lugar antes del robo, para facilitarlo, en el acto de cometerlo, o después de cometido, para procurar su impunidad; con lo cual se ve que existe una diferencia entre la fuerza en las cosas y la violencia en las personas; la primera agrava o califica el delito cuando se emplea para apoderarse de la cosa. Una vez removido el objeto del delito, una vez desplazado, una vez cometido, realizado o consumado el delito, únicamente la violencia en las personas produce aquel efecto...".
Recurso extraordinario federal, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, daños y perjuicios, accidente de tránsito, culpa civil, responsabilidad objetiva, sentencia arbitraria, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Farfan, Marta Elena y otros c/ Barreiro, Juan Carlos y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

Es descalificable el fallo que se apartó irrazonablemente de los presupuestos del art. 1113 del Código Civil pues, por un lado, debió acreditar que no hubo culpa de parte del conductor -y el fallo estableció su responsabilidad al no haber tomado medidas de precaución- y, por el otro, para eximir de la responsabilidad objetiva derivada del riesgo de la cosa, debió probar la culpa de la víctima -y tampoco se acreditó que al conductor se le hubiera aparecido súbitamente el embestido- (Disidencia del Dr.

Guillermo A. F. López).
Indemnización por despido, ley de empleo, tope indemnizatorio, ley de orden público, rebeldía del empleador, aplicación del convenio colectivo, actuación de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: CANEPA, Luis c/ TAIPEI S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-12

El tope de la indemnización por despido no constituye una norma de orden público, pues está impuesto para favorecer a los empleadores quienes pueden renunciar u oponerlo. Pero si en el caso concreto la demandada se encuentra rebelde y el actor afirmó que no se le aplicaba el convenio colectivo de la actividad por hallarse su categoría excluida del mismo, no corresponde que el tribunal lo aplique de oficio. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, que adhiere a la mayoría).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hernández, Haydeé Hilda c/ Afisa Compañía Financiera s/ Prescripción. Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-23

Si la pretensión principal progresa (en el caso, prescripción de un mutuo) y ello provoca necesaria y automáticamente la extinción de las subordinadas o accesorias (en el caso, inoponibilidad del convenio de refinanciación y nulidad de la escritura hipotecaria), resulta absurda la decisión que impone las costas de manera independiente respecto de estas últimas.
Lesiones, homicidio, concurso aparente de leyes, consunción, subsidiaridad, delito continuo
Materia: PENAL
Carátula: AYALA, ANTONIO Y PEGOLOTTI, NORMA s/ RECURSO DE CASACION Causa 697
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-06

No se advierte la unidad de resolución delictiva para subsumir los hechos en un tipo único como delito continuado, en una relación de "minis-plus", ni tampoco, habida cuenta de ella, podría hablarse de absorción de la figura más leve por la más grave, toda vez que la muerte no se produjo como consecuencia ulterior de la paliza inicial, sino que fue el producto inmediato de otro episodio posterior, distante en el tiempo del primero, y en el que se infirieron las heridas letales. (voto del Dr. Mitchell)
Accidente de tránsito, relación de causalidad, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BONSENBIANTE OSCAR c/ JUAN ELISEO SALMASO GIACCAGLIA s/ Sumario (LIBRO: S129 - 458)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-15

Así las cosas entonces aprecio que ha quedado acreditada la relación causal -presupuesto o requisito necesario de la responsabilidad entre el daño cuya reclamación se pretende y la conducta desplegada por el demandado conductor del vehículo embistiente, como así también su culpabilidad. No hay duda que omitió la diligencia debida de acuerdo a las circunstancias en que se produjo el accidente, debiendo en consecuencia reparar el perjuicio ocasionado al actor.
Régimen penal tributario, interpretación de la ley, extinción de la acción penal, deuda previsional, deudas impositivas, cancelación de deudas
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Sigra SRL. s/ ley 23.771 - Causa n° 2953.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

El sentido literal de la expresión contenida en el art. 14 de la ley 23.771 referida a la extinción de la acción penal, sólo permite una inteligencia restrictiva de la norma.
Sentencia, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MORENO, DELIA c/ DELEDDA, SALVADOR A s/ ORDINARIO    QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  N. 478-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

Si la imposición de costas es la consecuencia natural de lo decidido en torno a la pretensión principal, al no ser modificable por vía del recurso de inconstitucionalidad, la decisión determinante de tal impugnación resulta también irrecurrible lo decidido sobre ellas.
Impugnabilidad objetiva, fundamentación insuficiente, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Caparroz, Emanuel Alejandro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-28

El voto concurrente destacó que, más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, toda vez que la parte se limita a alegar su disconformidad genérica con el a quo, sin expresar razones concretas y fundadas que permitan conmover lo decidido, el recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible por carecer de la debida fundamentación requerida por el art. 463 CPPN.

Dres. Borinsky, Carbajo, Hornos -voto concurrente-.
Juicio sumario, ampliación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA, MARIA MERCEDES c/ TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-05

La parte actora está habilitada para transformar y ampliar la demanda hasta que, una vez proveído el traslado de ella, lo notifique a la accionada, principio que resulta de aplicación en el proceso sumario y que comprende la posibilidad de ofrecer prueba en un escrito posterior -como aquí aconteció-, antes de ser cumplimentada la referida notificación.
Admisibilidad formal, tribunal de impugnación penal, abuso sexual simple
Materia: PENAL
Carátula: López, A. A. c/  s/ abuso sexual simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-04-19

El Tribunal de Impugnación, al imponer como condición adicional de procedencia formal que el recurso contenga un motivo de agravio en particular, suma un recaudo no contenido en el citado artículo 241 inciso 3° del CPPN
Decreto reglamentario, retiro voluntario, empleados de banco, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CORRALES DE LEIVA, Ebe Emilse c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SALTA s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (Dcto. 1776)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-05-11

Es inconstitucional el decreto que altera unilateralmente el alcance de los derechos acordados con anterioridad por leyes que reglamentan el otorgamiento de los retiros voluntarios a los agentes de los bancos oficiales provinciales.
Instrumentos públicos, carta documento, plena fe
Materia: CIVIL
Carátula: Kirschbaum, Gabriela c/ Arias, Francisco y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-05

Las cartas documento son una clase de instrumentos públicos, tal como se desprende del art. 979 inciso segundo del Código Civil, por haber sido extendidos por funcionarios públicos en la forma en que las leyes y reglamentaciones lo han determinado. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, despido
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ANTIGUALA, RUBEN O. c/ WELBERS INSUA SA. s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-02-26

Es cuestión de hecho la de establecer el grado de razonabilidad con que el obrero decida el tenerse por despedido pues tratándose de una valoración de conductas particulares no es dado a la casación pronunciarse.-
Extinción de la acción penal, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Soriani, Gustavo Adolfo, Cattáneo, Juan Carlos; De Lellis, Alejandro; Gaggero, Hugo s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-22

El voto concurrente agregó que las razones que fundamentan la extinción de la acción penal por prescripción de los delitos en los que el Estado no ha podido investigar y sancionar eficazmente a sus eventuales responsables en un tiempo prudencial, resultan incompatibles -al menos- con aquellos casos en que los delitos fueron cometidos por quienes justamente pertenecen a ese sistema que fracasó en su persecución, esto es, a los funcionarios públicos.
Responsabilidad objetiva, titular del automotor, automotores, transferencia del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Rojas de Anido, Lilia c/ Frías Segovia, José Luis y/o La Buena Esperanza SRL s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-11-12

El art. 27 del decreto 6582/58, consagra una atribución objetiva de responsabilidad, en contra del titular registral, al disponer que hasta tanto se inscriba la transferencia "el trasmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa.
Improcedencia del recurso, resoluciones irrecurribles, falta de acción
Materia: PENAL
Carátula: Falcke, Julio César c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-07

Corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto por la defensa contra la resolución que no hizo lugar a la queja deducida contra el rechazo de la excepción de falta de acción, toda ver el rechazo de la queja no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva (pues no constituye una sentencia definitiva ni es equiparable a tal por sus efectos), tampoco se vislumbra del escrito presentado por la parte la existencia de cuestión federal suficiente. Dres. Borinsky y Hornos Fuente del sumario: OFICIAL
Riesgos del trabajo, competencia, inconstitucionalidad, Cámara Federal de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Olmos Gómez, Gustavo Javier c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos y otro s/ Ley 24557
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-04

La cuestión debe resolverse a la luz de la doctrina sentada por la C.S.J.N. en autos "Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A." (sent. del 07.09.04) ante la tacha de inconstitucionalidad expresamente formulada por el accionante, y toda vez que la ley 24.557 no contiene disposición alguna que declare federal al régimen de reparaciones laborales. Por ello, en aras de evitar el dispendio jurisdiccional que se deriva del conocimiento simultáneo de análogo objeto procesal por parte de dos órganos judiciales de distinto fuero, con el consecuente riesgo de pronunciamientos contradictorios, y resultando excepcional la competencia del fuero federal, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24.557, y la incompetencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social para entender en las actuaciones.
Aclaratoria (procesal), oportunidad procesal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Miriam Inés Gómez Vda. de Vega c/ Pescasur  S.A. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-02-25

La parte actora requiere se aclare por el tribunal, la fecha hasta la que debe correr el reajuste por desvalorización monetaria y los intereses que deben correr en su reemplazo, como el mismo peticionante expresa, el tema no fue propuesto en su oportunidad a conocimiento de esta cámara, ni se lo planteó al sancionarse la propia Ley, motivo por el cual no corresponde que se admita tratar el tema en esta instancia, sin perjuicio de su tratamiento oportuno en el juzgado de origen, pues admitir la aclaratoria, implicaría resolver sin oir a la contraria, violando el principio de bilateralidad del proceso y la doble instancia.
Ley tributaria, interpretación de la ley, principio de legalidad, aplicación analógica de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MÁXIMA S.A. - A.F.J.P. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/U OTROS s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-10-14

Sabido es que interpretar una norma jurídica significa establecer su verdadero sentido y alcance. Sin embargo, la interpretación de normas tributarias sustanciales reconoce límites.

En efecto, como una derivación del principio de legalidad nullum tributum sine lege que rige en materia tributaria (art. 71 C.P. y arts. 4, 17, 18 y 73 inc. 1 y 2 de la C.N.), surge la imposibilidad de interpretar analógicamente las normas tributarias materiales.

Ello significa que cuando la ley establece un impuesto por verificarse un determinado hecho imponible, la existencia de otros hechos similares no gravados especialmente no puede dar lugar a análogas obligaciones impositivas, porque no se puede presumir que de haber previsto la ley estos casos similares, los hubiera sometido a idéntico impuesto. Al contrario, la presunción que debe presidir la interpretación, es que el legislador lo que no ha gravado, lo previó y lo excluyó, a sabiendas, de la imposición.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: POGGI DE SARTORI, Elsa A. c/ SACCO, Amilcar Juan s/ Posesión veinteñal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-21

El vicio de absurdo configura una situación excepcional, caracterizada por inferencia o por deducciones gravemente perturbadas por el error, que harían que la fundamentación de un fallo no existiera o fuera sólo aparente.
Competencia, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: La  Nueva    Estrella    S.V.C.C. s/ acción de amparo inhibitoria - expte. n 282/99 s/ diligencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-13

Para determinar la competencia, se debe atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, después, solo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión.
Transporte de carga por agua, pérdida parcial de mercaderías, obligaciones del agente marítimo, capitán, representación del armador, responsabilidad del capitán, responsabilidad extracontractual, seguridad de la carga, culpa náutica, falta de prueba
Materia: NAVEGACION
Carátula: BIDO SA c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP Y/O FLET BQ "SANTIAGO DEL ESTERO" Y OTRO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA DEL TRANSP MARITIMO Y ACUMULADAS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-19

El Capitán es dependiente del armador y tiene su representación (arts. 170 y 201, Ley 20.094) y entre sus deberes se cuenta el cuidado de las mercaderías (art. 205 de la ley citada), pero si se lo quiere hacer personalmente responsable por un faltante no basta con probar la existencia de éste, porque el incumplimiento hace presumir la culpa cuando de responsabilidad contractual se trata y, en el caso del Capitán, es particularmente claro que ningún contrato lo liga -personalmente -al cargador o al consignatario, de manera que su responsabilidad se mueve en la órbita aquiliana. Y en este campo, a quien formula la imputación de responsabilidad le corresponde acreditar el daño, la conducta ilícita (culposa o dolosa) y la relación de causalidad entre el primero y la segunda. La orfandad probatoria acerca de un hecho personal culposo del Capitán -que no ha sido individualizado -basta para confirmar el rechazo de la demanda.

Y no es obstáculo para ello con apuntar que el Capitán tiene el carácter de depositario de la carga y está obligado a su custodia y conservación, porque ese carácter lo tiene "en representación del armador" (art. 205 de la Ley de la Navegación). Su responsabilidad personal depende, en síntesis, de que se demuestre que obró con dolo o negligencia y que de esa conducta derivó, como consecuencia, un daño.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, accidentes de trabajo, indemnización, aplicación de la ley, ley vigente, RIPTE, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LEBRAND, SERGIO EDUARDO c/ LA CAJA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-10

En relación a los cuestionamientos de la apelante vinculados a la aplicación de la ley 26773 al caso, corresponde considerar lo expresado por este Cuerpo al pronunciarse al respecto in re "Britos", en el que se sostuvo que en "Espósito" el Supremo Tribunal de la Nación efectuó un repaso del sistema de reparación de infortunios y enfermedades laborales establecido por la ley 24557 y sus sucesivas reformas, así como de las pautas de aplicación temporal consagradas en cada una de las normativas, para concluir que las precisas reglas emanadas del juego armónico de los artículos 8 y 17.6 y 17.5 de la ley 26773, establecen que el reajuste mediante índice RIPTE de los importes de las prestaciones de sumas fijas y pisos mínimos reajustados se aplicarán a las contingencias futuras, es decir, accidentes acontecidos o enfermedades manifestadas con posterioridad a la publicación del referido régimen legal; por lo que cualquier hermeneusis que conlleve a la aplicación del RIPTE frente a infortunios acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de aquella ley carecería de razonabilidad y logicidad en los términos de "Espósito", criterio que corresponde aplicar no sólo en razón de la seguridad jurídica y el respeto institucional que infunden las decisiones de la Corte nacional, sino porque en el caso concreto, el Máximo Tribunal ha decidido la causa de manera directa, fijando para este caso la solución que indefectiblemente se debe acatar. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhieren los Dres. Casella Lanteri, Chapero, Mana y Dalla Fontana) - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781; CSJStaFe: Britos, AyS T 275, p 346/356. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 24557 y 24773, artículos 8, 17.5 y 17.6. - Jurisprudencia concordante con Gatti, AyS T 294, p 422/429, sumario J0045589.
Régimen de consolidación de deudas, interpretación de la ley, honorarios, pago, bonos de consolidación, cesión de derechos
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Decavial  -  incidente  - c/ Dirección Nacional  de  Vialidad s/ contrato de obra pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-02

Los únicos requisitos que se establecen en el art. 1° de la ley 23.982, son que quien ejercite la opción revista la condición de titular de un crédito alcanzado por la consolidación, y que éste sea reconocido en los mismos autos en los que se devenguen los honorarios que se pretenden cancelar mediante la cesión de los bonos creados por la ley.
Auto de procesamiento, falta de auto de prisión preventiva, Código Procesal Penal de la Nación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Incidente de exención de prisión de Jorge OYARZU s/ Causa nro. 27.208
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-13

Habiendo dictado el a-quo auto de procesamiento sin prisión preventiva al procesado, las únicas restricciones a imponer son las que establece el art. 310 del Código Procesal Penal de la Nación.
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fiscalía de Estado c/ Valot, Eduardo s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-02-08

Establecer el justo valor de la cosa y los perjuicios que sean una consecuencia forzosa y directa de la expropiación importa utilizar pautas de apreciación objetivas.
Daños y perjuicios, contrato de servicios, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Altamirano A. c/ Di Paolo A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-26

Antes de iniciar una tarea riesgosa, como lo es una demolición, el director de la obra debe tomar las precauciones pertinentes y muy en especial requerir asesoramiento y dirección profesional de arquitectos o maestros mayores de obra, todo ello con la intervención de la municipalidad respectiva. El locatario de servicio asume una obligación de seguridad respecto del personal que contrata, máxime cuando se trate de tareas riesgosas como lo es una demolición. El daño producido por hechos derivados de ese incumplimiento es de origen extracontractual.
Honorarios del abogado, regulación provisoria, ejecución de honorarios, reclamo al cliente, oposición a la regulación, costas al demandado, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: SINDICATO DE LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL c/ HOTELES DE TURISMO S.A. s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-17

Cuando los titulares de las regulaciones provisionales formularon la liquidación reajustada, como paso previo para ejecutar sus honorarios, aún no se había dictado en la causa principal el fallo definitivo ni habían sido determinados los honorarios de los letrados. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 48 de la ley 21.839, dichos profesionales tenían pleno derecho para perseguir el cobro de sus emolumentos provisionales contra su cliente, sin que formara óbice la circunstancia de que las partes hubieran arribado a un acuerdo conciliatorio. Por ello, la oposición planteada por la demandada -asimilable a una excepción-resultaba improcedente y debe, por tanto, cargar con las costas (arts. 69 y 558 del Código Procesal) solución que regirá también para los accesorios de Alzada.
Recurso de inconstitucionalidad, bienes del Estado, lanzamiento
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda	 c/ Fernández, Martha Isabel y otros s/ Desalojo s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido Isabel y otros s/ Desalojo s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-29

El procedimiento diseñado por el art. 463 del CCAyT no prevé ninguna oportunidad para que quienes puedan resultar alcanzados por una orden de lanzamiento tengan conocimiento de la tramitación de la causa, ocasión de ser escuchados, producir prueba y hacer valer los medios de defensa de que dispongan en tiempo oportuno y con las debidas garantías. Mirada así, la norma colisiona con el derecho de defensa y el debido proceso (arts. 8 y 10, Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 8, Convención Americana de Derechos Humanos, art. 14, PIDCyP, art. 18, CN y art. 13, CCBA). (Del voto de la Dra. Ruíz).