marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Verificación de créditos, homologación del acuerdo preventivo, ley vigente, dictamen fiscal
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANSPORTES METROPOLITANO GENERAL SAN MARTIN S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO POR SCARANO CRISTIAN Y RIVAS ERNESTINA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-04

Procede desestimar el planteo de inconvencionalidad de la aplicación al caso de la LCQ 56, opuesta por la Fiscal de Cámara. Ello por cuanto, en el caso, no puede dejar de advertirse que el acuerdo presentado por la deudora y que es objetado en el dictamen fiscal, fue homologado, según denuncia la concursada hace dieciocho (18) años. De ello se sigue que la verificación a favor de los incidentistas, con carácter quirografario, ha quedado firme y existe cosa juzgada al respecto, hace más de cinco (5) años. De igual modo debe entenderse, respecto de los efectos que dicha verificación produjo, esto es, su incorporación a la masa pasiva del concurso, en los términos de la LCQ 56, al momento de quedar firme el fallo que reconoció las acreencias. Al respecto, debe recordarse que el efecto de la "cosa juzgada" es natural y propio de toda sentencia firme, porque de ahí emana su imperatividad u obligatoriedad. La propia utilidad de la función judicial del Estado, unida a consideraciones de seguridad jurídica, determina la necesidad de asegurar no sólo la inimpugnabilidad que es propia de un pronunciamiento firme, sino también, la consistente en dotar a este último de la virtud de que su contenido no pueda ser alterado en ningún otro proceso ulterior, tornando por lo tanto inadmisible toda nueva discusión o resolución acerca de las cuestiones decididas con carácter firme en el anterior proceso (conf. CNCom, esta Sala A, 18/08/05, in re: "Milne Alejandro Sergio c/ Díaz Marta Beatriz y otro s/ ejecutivo"; íd. íd. 02/09/08, in re: "Martinez Arenaza e hijos c/ Feldstein Mariano s/ ordinario", entre otros). Es por ello que, en principio, no es posible revisar lo que decide un pronunciamiento judicial, después de haberse dado la oportunidad a las partes para ejercer sus defensas e interponer los recursos del caso o, si ellos dejaron voluntariamente de valerse de éstos, salvo que hubiese existido un supuesto de "dolo" o "fraude" o algún otro supuesto configurativo de lo que en doctrina se ha dado en llamar "cosa juzgada írrita".
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Abelli, José s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1987-10-13

En la sentencia recurrida no se observa el error grave, palmario, grosero y evidente, susceptible de fundamentar un recurso extraordinario. Los jueces de grado han valorado según sus propios criterios, los elementos y documentos aportados al juicio, fijando pautas interpretativas en el ámbito de su competencia y extrayendo conclusiones que de ningún modo aparecen como irrazonables o incoherentes.(Márquez Palacios: Según su voto)
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SGUERZO ELSA en representación de su hija menor ROMANI, FLAVIA ANALIA c/ PESSOLANI de PRINCIPI MARIA MERCEDES Y OTRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1904-02-27

No caben dudas que se frustró a la víctima una ganancia probable que sin dudas hubiera obtenido de no mediar el siniestro y si bien no existe una prueba directa sobre los ingresos no es aplicable al caso el excesivo rigor formal de su demostración cuando existen circunstancias de hecho que revelen la suficiente probabilidad objetiva del detrimento.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Herrera Cano, Rodolfo y otros c/ Estado Provincial de Catamarca. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11

El agravio relativo a la concesión por la Corte Provincial de un recurso que no se hallaba vigente a la fecha de la presentación del escrito, sólo suscita una cuestión de derecho procesal local, resuelta sobre la base de la interpretación de normas constitucionales locales en el sentido de habilitar una vía procesal a efectos de que el superior tribunal local se pronuncie sobre el agravio federal puesto en su conocimiento.
Recurso extraordinario, pronunciamiento inoficioso, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: VIOLA, ROBERTO EDUARDO. s/ DECRETO   158/83  Y  ART  -  502  DEL  CODIGO  DE  JUSTICIA   MILITAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

Carece de sustento el planteo del quejoso sobre una presunta denegación de justicia por la forma en que el a quo rechazó el recurso extraordinario, toda vez que al fundarse tal decisión en la inexistencia de sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, se tornaba inoficioso el tratamiento en cada caso de las cuestiones que pretendian suscitarse.
Responsabilidad civil, presupuestos de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: V., M. c/ B., SA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-17

El protagonismo del daño es tal como presupuesto de la responsabilidad civil, que desde el punto de vista metodológico ha sido considerado como el primer requisito para que surja el deber de reparar. Ello en razón de que el problema de la responsabilidad civil del agente comienza a plantearse, cuando existe un daño causado. Recién en presencia de ese daño, el intérprete tiene que preguntarse luego si medió antijuridicidad, relación causal y un facto de atribución. A la inversa si no hay daño alguno, resulta superfluo indagar la existencia o no de los otros presupuestos. Cabe reiterar el concepto descrito "supra", el daño como presupuesto de la responsabilidad civil, está claramente establecido por el artículo 1067 del Código Civil, en cuanto prescribe que no habrá acto ilícito punible para los efectos de este código, si no hubiese daño causado u otro acto exterior que lo pueda causar. También en materia de incumplimiento contractual, los artículos 506 y 511 del Código Civil, prescriben que el deudor es responsable al acreedor, de los daños e intereses; esto es, nada debe reparar si no ocasionó daños. En definitiva, pueden existir tantos ilícitos extracontractuales (en sentido formal), como incumplimientos de obligaciones convencionales, sin que generen daños. Pero es necesaria su producción para que exista punibilidad civil, vale decir obligación de reparar: No hay responsabilidad sin daño.
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, reformatio in pejus
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Perez, Franco Sebastián s/ En Expte. Corte 32/07 Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en causa Jiménez Daniel Edgardo y otro s/ Robo doblemente calificado s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-08-04

La defensa técnica del condenado interpuso Recurso Extraordinario sosteniendo que la Corte de Justicia de Catamarca ha dictado un fallo arbitrario que cercena el legítimo derecho de defensa de su asistido, porque, al resolver el recurso de casación contra el fallo condenatorio empeoró su situación, en tanto quebrantó la prohibición de la reformatio in pejus, lo que implica una violación al art. 18 de la C.N y el art. 8 inc. 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Señala que el yerro consiste en que, al modificar la calificación legal que corresponde al hecho atribuido quitando la agravante del inc. 2do. del art. 167 del hecho nominado primero, la Corte de Justicia se equivocó y concursó en forma real (art. 55 C.P.) los delitos de Robo Simple y Privación ilegítima de la libertad agravada, lo cual aumenta en forma sensible la pena máxima aplicable al concurso, que venía establecido como concurso ideal (art.54 del C.P.).

En efecto, la pena -en el caso del que el concurso sea ideal- tiene un máximo de 10 años de reclusión o prisión; en cambio, ante un concurso real, la pena máxima se eleva a 12 años de reclusión o prisión.

Resulta suficiente la cuestión federal que describe el recurrente a los fines del artículo 14 de la ley 48, toda vez que reputa arbitraria a la decisión del superior tribunal que modificó parcialmente la sentencia y estableció que los hechos debían concursarse realmente, conforme al art. 55 del C.P., lo que agrava la situación de su asistido, en virtud de que se eleva el quantum de la pena máxima establecida, excediéndose el tribunal casatorio en su jurisdicción apelada en perjuicio del imputado, puesto que esta nueva valoración efectuada de oficio no formaba parte de la materia recursiva a tratar.
Recurso de casación, resoluciones recurribles, legitimación procesal
Materia: PENAL
Carátula: G.G.N S.D. USURPACION DE PROPIEDAD Y DESOBEDIENCIA JUDICIAL E.P. G.G.M.C.Y.O s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-06-24

El artículo 487 del nuevo código adjetivo provincial, fija en sus tres primeros incisos las resoluciones que son susceptibles de ser atacadas por el Ministerio Público Fiscal mediante recurso extraordinario de casación, mientras que en el inciso cuarto se ha establecido una referencia genérica, que de ningún modo puede derogar lo prescripto en los incisos precedentes.
Temeridad o malicia, sanciones procesales
Materia: CIVIL
Carátula: ELECTRO HOGAR SACIF c/ MEREA EDITH MARGARITA s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

La sanción prevista por el art. 45 se relaciona específicamente y concretamente con la tramitación, no pudiéndose incluir en ella las actitudes anteriores a aquella.
Honorarios, transferencia del automotor, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AGUILAR ADOLFO c/ MARIO GARBARINI Y OTROS s/ Ordinario (LIBRO: S084 - 412)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-04

Aún cuando los honorarios deban regularse de conformidad al art. 10 LA, atento que el objeto del proceso era el logro de la inscripción registral del automotor, no por ello podemos dejar de estimar que la misma tiene como consecuencia que el rodado se incorpore al patrimonio del accionante, de ahí que no se pueda prescindir de su valor a los efectos de la regulación, pues a la postre, ese es el resultado obtenido.-
Daños y perjuicios, daño emergente, daño estético, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Cabrera, Roberto y otra. c/ Pécora, Miguel Angel y otros. s/ Sumario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-07

La lesión estética configura en verdad un daño patrimonial, sólo cuando incide en las posibilidades económicas del lesionado o cuando fuera factible la supresión o mitigación de la deformidad por la vía quirúrgica, ya que en este caso el costo de la operación indicaría un daño cierto por lo que en su defecto cuando son reclamados estos padecimientos se los engloba en la partida correspondiente al daño moral.
Relación de dependencia, socio empleado, trabajador en relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE FARMACIA c/ FARMACIA CEZANNE SCA s/ COBRO DE APORTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-28

Si el director técnico de una farmacia debía poner al servicio de la misma su trabajo personal e intransferible, de ello no resulta acreditado el carácter laboral de la relación, en tanto las mismas obligaciones tiene el socio comanditado que ejerce la administración de la sociedad, lo que impide la aplicación del art. 27 de la LCT.
Beneficio de litigar sin gastos, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Bergerot, Ana María c/ Salta, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios (beneficio de litigar sin gastos)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-23

La concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegada.
Comercialización ilegal de estupefacientes, recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable, libertad condicional, cuestión constitucional, principio de legalidad, pena única, aplicación temporal de la ley penal, sistema acusatorio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de Apelación en autos "López Gómez, Jennifer sobre 5 C -comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / tenencia con fines de comercialización s/ recurso de inconstitucionalidad concedido c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-24

De acuerdo con el art. 27 del Código Penal, la revocación de la condicionalidad de la sanción impuesta anteriormente -a través de una sentencia firme- provoca que la imputada deba "[sufrir] la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, de conformidad con lo dispuesto sobre acumulación de penas". Con ello, el art. 14, inc. 10, del Código Penal no ha alcanzado retroactivamente a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia, antes bien, ha sido aplicado como consecuencia de las reglas que rigen la unificación de las penas de prisión (arts. 58 y ccdtes., CP), una de las cuales trae consigo, accesoriamente, la prohibición de acceder a la libertad condicional. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Prueba, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Alvarez, Abel Salvador c/ Rectificaciones Independencia y/o Aparicio Hnos. y/o Roberto Rogelio Aparicio s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-07-08

El material probatorio debe ser analizado en su conjunto, pues pruebas aisladamente consideradas pueden ser objeto de reparos, débiles o imprecisas, en muchos casos se complementan entre sí, de modo tal que unidas llevan al ánimo del juzgador la convicción suficiente acerca de la existencia del hecho de que se trata. Ello porque la prueba debe ser analizada conforme las reglas de la sana crítica, que implica el buen sentido aplicado con criterio recto, extraídas de las reglas lógicas y basadas en la ciencia, experiencia y observación.
Delegación de la investigación, fiscales, recurso de apelación (procesal), resoluciones irrecurribles, facultades discrecionales del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CORCHON, Pablo s/ INSTRUCCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-27

Debe declararse mal concedido el recurso interpuesto por el fiscal respecto del auto que le delegó la instrucción, art. 196, C.P.P., pues el art. 432, C.P.P., establece que las decisiones judiciales sólo son recurribles en los casos expresamente establecidos, lo que no ocurre con la facultad del juez de instrucción de delegar la investigación al Ministerio Público, siendo discrecionales para el magistrado los casos y la oportunidad de producirla.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, Cámara de Apelaciones, integración del tribunal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: F. J. A.; I. J.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 536 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-12

Conforme ya lo ha sostenido la Corte Provincial -siguiendo los lineamiento sentados en la materia por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación- las cuestiones que se vinculan con la constitución e integración de los tribunales de la causa y el modo de emitir su voto son ajenas, por su naturaleza procesal, a la instancia de excepción.
Responsabilidad civil, indemnización, costas
Materia: CIVIL
Carátula: Q., R. c/ S., R.A. y/o Quien Resulte Propietario s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-22

La normativa que rige la responsabilidad civil impone el deber de reparar o indemnizar a quien ha causado el daño (arts. 1067, 1068 Cód. Civ.), a quien lo ha ocasionado (art. 1109 ídem), de modo que si los perjuicios de incurrir en determinados gastos causídicos no le fueron causados ni ocasionados al actor por el demandado, sino que los provocaron sus propias peticiones excesivas, es él quien debe soportarlos en la medida de esa falta suya, de ese hecho libre del que fue autor, sin que quepa imponer por ellos responsabilidad a su adversario (arts. 903, 1111 íd).
Concursos, pedido de quiebra, principios generales del Derecho, competencia, cuestiones de competencia, domicilio social, extraña jurisdicción
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Forlano, Carlos le pide la quiebra Bocco, Arnaldo Máximo c/  s/
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

Cabe revocar la resolución que rechazó la defensa de incompetencia deducida por el emplazado, por cuanto descartado que corresponda asignar al emplazado la calidad de empresario con sustento en los argumentos que propuso el apelado, la pretensión de vincular el domicilio del nombrado con la sociedad donde desempeñaba funciones para justificar la competencia de este fuero no resulta procedente.

En el caso, el domicilio en extraña jurisdicción donde se materializó el emplazamiento fue informado por el RENAPER, domicilio que había sido modificado con posterioridad a la demanda, ya que anteriormente figuraba registrado el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante y más allá de que lo así informado no establece una presunción iure et de iure acerca del domicilio real del demandado al momento de materializarse el emplazamiento, lo cierto es que las notificaciones cursadas al domicilio en CABA arrojaron resultado negativo, en tanto que fue positiva la practicada en extraña jurisdicción.

La circunstancia de que el presunto deudor sea accionista o se hubiera desempeñado como director, apoderado o empleado de una sociedad no genera automáticamente confusión de domicilios desde que se trata de personas distintas (ver, esta Sala, en autos "Mateu, Carlos le pide la quiebra Bimbi, Bruno Antonio", del 10/10/17).

De todos modos, ninguna de las pruebas ofrecidas por la actora se encontraba encaminada a demostrar cuál era el domicilio real de su contendiente, puesto que, como se señaló, su argumento se sustentó en la validez del domicilio de la sede de la administración de los negocios del demandado, en función de ser integrante de las sociedades referidas.
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: Savarro de Caldara, Elsa Inés y otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos (Buenos Aires) s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

Los daños causados por los trenes en movimiento se rigen por las previsiones del art. 1113 del Código Civil sobre daños causados por el riesgo de la cosa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, juicio, tasa de justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: González, Carlos Alberto c/ Asociación Civil Club A. Colon de Santa Fe s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso de  Revocatoria (Expte. CSJ Nº 790-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-05

Corresponde revocar el proveído de Presidencia que intima a la recurrente -entidad deportiva sin fines de lucro- a acompañar la boleta de depósito que ordena el artículo 8 de la ley 7055, cuando ésta ha acreditado que se encuentra exenta de reponer la tasa de servicios judiciales, de conformidad a lo dispuesto en el inciso l) del artículo 233 del Código Fiscal (t.o. 1997).
Accidentes de trabajo, acción civil, cosa riesgosa, guardián de la cosa, choferes
Materia: LABORAL
Carátula: POLICHENI, JOSE JORGE c/ ASOCIART A.R.T. S.A.  Y  OTRO s/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-28

En el caso, el conjunto operativo, es decir el modo en que se cumplió con el trabajo, creaba una situación de peligro inminente y las lesiones del actor constituyeron la desgraciada actualización de esta situación de peligro derivada del riesgo o vicio de la cosa - conductor de transporte de automotores de pasajeros durante largas jornadas y durante más de 30 años, art. 2311 Cód.Civil- por lo que corresponde responder por ellas en los términos del artículo 1113 Cód.Civil
Procesamiento, falsificación de marca o designación, instrucción, derecho a la privacidad, venta por Internet
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: D. C. N., F. F. X. c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-03

Confirma el procesamiento, en orden al delito tipificado en el art. 31, inc. d, de la Ley 22.362, del imputado que comercializaba relojes falsos a través de una plataforma de ventas por internet, dado que no hubo investigación sin orden policial sino tareas de relevamiento cuyos resultados, puestos en conocimiento de la instrucción, dieron inicio a la investigación. En consecuencia, el procedimiento no puede considerarse como una intromisión indebida dentro del ámbito privado de las personas, puesto que fue realizado en derredor de un sitio de acceso público que opera como una plataforma para el intercambio bienes y servicios entre los usuarios.
Acción de amparo, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ, SEBASTIAN DARIO c/ PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-07-06

Si bien se ha interpretado que cualquier juez puede actuar en el amparo, la libertad de elección no puede llevar a intervenir a jurisdicciones absolutamente extrañas al objeto litigioso. Si el juez ante quien se plantea el amparo entiende que no puede intervenir (verbigracia: por razón de la materia, el lugar, etc.) en principio se puede afirmar que no ha perdido el control sobre su propia competencia, y en tal caso, sin que nadie se lo plantee, puede de oficio disponer la remisión al juzgado o Tribunal que interprete con facultades suficientes para resolver el proceso constitucional que ante él se dedujo.
Garantías procesales, juicio previo, debido proceso, duración del proceso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, tratados internacionales
Materia: PROCESAL
Carátula: G. R., M. J. s/ Quiebra fraudulenta impropia s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

El requisito del juicio previo del art. 18 de la Constitución Nacional para toda condena se satisface con un juicio tramitado a tenor del debido proceso, comprensivo de la celeridad necesaria para que la etapa final de la sentencia no se dilate más allá de lo razonable.

De modo concordante, el art. 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el derecho para el imputado a ser oído dentro de un plazo razonable.
Actos incorporados por lectura, resoluciones equiparables a definitiva, cuestión federal, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Recurso Queja Nº 5 c/  s/ abuso de autoridad y viol. deb. func. publ. (art.248) y homicidio simple
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-12

Las decisiones recurridas en queja mediante las cuales se denegaron las medidas de prueba requeridas por la defensa (incorporación por lectura al debate del estudio de imágenes de video y de las notas periodísticas del diario "Página 12" de los días 27 y 30 de diciembre de 2001) y no se hizo lugar al rechazo de incorporación por lectura de declaraciones testimoniales, no son de aquellas que prevé el artículo 457 CPPN, puesto que no constituyen, por su naturaleza ni por sus efectos, la calidad de sentencia definitiva ni equiparable a ella atento a que no ponen fin a la acción o a la pena, sin que se haya demostrado la existencia de cuestión federal, ni el recurrente ha controvertido los fundamentos de la resolución cuestionada a través de una crítica concreta y razonada. Dres. Figueroa, Borinsky y Hornos.