marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Marquez, Lucas Santiago y Navarr, Omar Santiago s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1991-11-27

Tanto la selección como la valoración de los elementos de prueba efectuados por el tribunal de mérito, son incensurables por vía de casación. Por ello no corresponde al tribunal decidir cual de las versiones sobre los hechos debe ser tenida por cierta; pero sí es competencia de esta instancia decidir la entidad de los agravios invocados sobre la consideración de cierta prueba o de su lógica valoración o de la falta de motivación suficiente del pronunciamiento impugnado. El agravio impugnativo reprocha al sentenciante haber adoptado una hipótesis de trabajo equivocada -en este caso tener por cierta una versión de los hechos y haber desechado otra que considera más lógica-
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión de derecho común, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Franco, Alicia s/ Recurso extraordinario. Causa: 2123
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-17

Los agravios introducidos -que involucran cuestiones de derecho común ajenas al remedio federal intentado- se traducen en la disconformidad del impugnante respecto a la "probation", temas éstos que han sido debatidos y resueltos con fundamentos suficientes de la misma naturaleza que excluyen toda posibilidad de intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía extraordinaria prevista por el art. 14 de la Ley 48, máxime si no se advierte un supuesto de arbitrariedad o de violación de garantías constitucionales.
Lesiones, agravantes de la pena, robo
Materia: PENAL
Carátula: Valenzuela, Reinaldo G.; Saucedo, Raúl F. s/ Robo agravado  por el uso de arma en grado de tentativa,lesiones  graves y amenazas agravado  por el uso de arma en grado de tentativa,lesiones  graves y amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-16

La agravante establecida en el art. 166 inc. 1º C.P. consagra una calificante que comprende el robo consumado o en curso de ejecución, aunque no se perfeccione por causas ajenas a la voluntad del autor; dando a la norma el sentido sistemático que evita la incongruencia e injusta penalización.
Daños y perjuicios, rescisión del contrato, intervención de terceros, contrato de distribución
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: PADREVITA, JOSE c/ NOBLEZA PICARDO SA s/ SUM. INC. ART. 250 CPR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-29

Resulta improcedente que el accionado solicite la citación de un tercero -a quien le atribuye responsabilidad por la rescisión de un contrato de distribución celebrado con el pretensor-, en virtud de las eventuales acciones de regreso que deberá promover, cuando -como en el caso- surge que no se han acompañado elementos a la causa referidos a la existencia de un vínculo jurídico entre la accionada y aquel a quien se procura citar, que pudiera fundar la eventual acción regresiva.
Competencia, trámites judiciales, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION c/ ANDRADA JUAN s/ Apremio (LIBRO: A071 - 053)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-10-15

Siendo la competencia "ratione loci" prorrogable y relativa, no procede la inhibición de oficio antes de que el accionado haya tenido oportunidad de expedirse sobre los distintos puntos atinentes a la pretensión de la actora.-
Acción de inconstitucionalidad, acumulación de acciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Miguez Iñarra Roberto c/ Di Nucci Claudio Esteban s/ Acción de Incostitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-04-30

Se promueve acción declarativa de incostitucionalidad de normas nacionales y subsidiariamente reajuste de las prestaciones adeudadas. Como acción autónoma podría encuadrase en la conjunción de las vías previstas por los arts. 310 y 814 del CPCCER en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad y del juicio ordinario para el pedido de reajuste.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIACHI, FEDERICO c/ RUBEN ANTONIO IBAÑEZ s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA MACHIAROLA, HECTOR ARMANDO c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROV. DE SGO. DEL ESTERO s/ DIFERENCIA DE HABERES, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-06-30|1999-02-03

La interrupción prescriptiva aniquila, reduce a la nada la prescripción en curso, dando por no sucedido todo el tiempo ya corrido de ésta, la cual si comienza a correr de nuevo una vez desaparecidos los efectos del acto interruptivo, debe computarse en forma total.
Medidas cautelares, derechos de incidencia colectiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: U. C. R. s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad Decreto N° 630/2010
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-07-05

"Los jueces deben actuar con mucha prudencia a la hora de conceder medidas cautelares en los procesos colectivos no sólo extremando los requisitos inherentes al "fumus" y al "periculum" sino que deberán tener en cuenta que el otorgamiento de la medida "inaudita parte", ha de dictarse con una firme convicción acerca de que no se vulnere gravemente el interés público y que existe un consenso en solicitar la medida entre los miembros del grupo o clase".
Ejecución de la pena, reincidencia, derechos y garantías constitucionales, violación
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GONZALEZ, GONZALO LUIS s/ APELA DENEGATORIA LIBERTAD CONDICIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

La tesis de que el artículo 14 del Código Penal no importa una penalidad más grave porque sólo refiere a una forma de ejecución constituye un argumento artificioso y en buena medida ficcional, tanto como distorsionante de toda referencia a la realidad de los hechos y a la naturaleza misma de las cosas. Es que si el fundamento de la agravante genérica es el desprecio por la pena sufrida (que le fue impuesta como respuesta a un delito anterior), resulta de ello que la agravación de la pena por el nuevo delito es una consecuencia residual del primer delito que es ahora nuevamente desvalorado, configurando así un supuesto de "bis in idem" constitucionalmente prohibido.( De la disidencia del Dr. Erbetta)
Estafa, falsificación de instrumento privado, cupón de tarjeta de crédito, firma imitativa, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: LONGHI, HUGO s/ PRISION PREVENTIVA    NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-09

IV. La falsificación de la firma en los comprobantes de compra o cupones carece de poder vulnerante del bien jurídico: fe pública, constituyendo ese accionar una parte del medio ardidoso utilizado para la estafa.

V. Los cupones que acreditan las compras mediante tarjeta constituyen por una parte, un comprobante de las relaciones contractuales entre el titular de la tarjeta y la empresa que lo otorga, y por la otra, son la referencia obligada para que ésta deba pagar al comerciante la suma involucrada en cada operación. Esta doble operación no implica una generalidad instrumental que pueda afectar la fe pública pues satisface su misión documental en un área harto restringida. Por lo tanto, la falsificación que intenta imitar la firma del titular de la tarjeta ajena, constituye una faceta más del ardid estafatorio manifestado por su uso. Asemejar la firma espuria a la auténtica tiene que ver con la idoneidad del engaño destinado a causar perjuicio al patrimonio de la víctima.

VI. El delito de estafa concurre idealmente con la falsedad documental que se concreta con la rúbrica asentada en el comprobante de la adquisición espuria, tratándose este último de un documento privado.
Beneficios previsionales, servicios simultáneos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sampedro, Carlos Américo c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Corresponde hacer lugar al reajuste del haber previsional si los servicios que se traen al cómputo se han desempeñado en forma simultánea en todo o en parte al cargo tomado como base del haber y a la vez entre si; y, a los efectos de liquidar el incremento correspondiente, debe tomarse de ellos los cargos de mayor jerarquía desempeñados durante doce meses consecutivos, aún cuando no hubiesen sido coetáneos con el cargo base del haber, siempre y cuando se encuentren comprendidos en el período de simultaneidad, ya que los artículos 41 y 77 de la ley 8587 no establecen el requisito de "paralelismo" de cargos a tal fin.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, concurso preventivo, crédito verificado, intereses, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Automotores Esperanza s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Concurso  preventivo- Incidente de Revisión promovido por la Administración  Federal de Ingresos Públicos -D.G.I.- como acreedora (Expte.: C.S.J. Nro. 205 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-12

Corresponde rechazar la queja interpuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos (D.G.I) toda vez que si bien articula en abstracto conforme a su propio planteo, varias hipótesis que pueden encasillarse como tipos doctrinarios y jurisprudenciales de arbitrariedad, no consigue demostrar que tales hipótesis guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso, no configurándose el alegado desconocimiento o apartamiento de la normativa aplicable. Es que, frente a la consolidada opinión del Tribunal fundada en la ley sustantiva y en los principios concursales, favorable al reconocimiento de "la facultad jurisdiccional de morigerar los intereses -...no solamente los convencionalmente acordados, sino incluso, como en el caso, los nacidos por determinación unilateral de una dependencia administrativa facultada por ley para hacerlo...- cuando los mismos aparezcan ostensiblemente apartados de la realidad económica", ante la necesidad y justicia de equiparar el derecho de los acreedores en el proceso universal, la quejosa intenta hacer prevalecer su postura consistente en la aplicabilidad excluyente de la ley 11683 y su normativa integradora, más no alcanza a acreditar la arbitrariedad endilgada. Ello, por cuanto el Juzgador adoptó una solución posible, apoyándose en razones suficientes. En dicho aspecto ha de notarse que la jurisprudencia no es pacífica en el tratamiento del tema bajo examen, y aunque existen opiniones que abonan la postulación de la perdidosa, otras voces se han expresado de manera coincidente con el A quo. Siendo así, la tesis seguida por la Alzada no implica que ésta haya soslayado la normativa aplicable en la especie, sino que simplemente se inscribió en una de las posibles interpretaciones que, no obstante no conformar a la impugnante, no aparece como grosera, absurda o irracional.
Allanamiento, contestación de la demanda, pago, aceptación sin reserva
Materia: PROCESAL
Carátula: PARANA  S.A.  DE SEGUROS c/ PROP. Y/O ARM. BQ. "MAR FRIO" s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-17

Dentro del plazo para contestar la demanda, el accionado reconoció la verosimilitud de las pretensiones de la actora y dió en pago la cantidad reclamada debidamente actualizada. El abono fue aceptado sin reserva alguna, por lo cual, desde esta perspectiva, su allanamiento fue oportuno, real, efectivo, total e incondicionado.
Emergencia económica, depósito judicial, fallos de la Corte Suprema
Materia: ECONOMIA
Carátula: Sucesorio Ab- intestato Gutierrez, Carlos Agustín s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. 7030/03: Sucesorio Ab-intestato. L.A. N 47 F 384/386 N 176 Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nro. 7030/03: Sucesorio Ab-intestato. L.A. N 47 F 384/386 N 176
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-04-21

"...La administración y disposición de los fondos en los procesos judiciales implica el ejercicio del poder público estatal a cargo de los jueces, que se encuentra legalmente regulado, en tanto las inversiones sólo pueden realizarse en instituciones oficiales. Por consiguiente, es de toda lógica que el régimen de emergencia previsto en el decreto 36/90(Adla, L-A, 58), exceptúe a los depósitos judiciales de las medidas económicas que persiguen disminuir la cantidad de dinero circulante, ya que de lo contrario el ejercicio de una de las funciones del Estado interferiría con el regular cumplimiento de otra de ellas -la administración de justicia-, en el ámbito de su actividad específica..." (La Ley 1994-C, 467, caso Banco de la Nación Argentina en "Kestner S.A. s/ Quiebra", del 24 mayo de 1993.)
Regulación de honorarios, monto del juicio, direcciones provinciales de comercio, sanciones administrativas, multa administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO HIPOTECARIO S.A. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (DIRECCION COMERCIO INTERIOR) s/ APELACION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-20

De acuerdo a precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se puede tomar a las multas aplicadas por órganos administrativos en ejercicio del poder de policía, como lo es - en el caso - la Dirección de Comercio Interior de la Provincia, como monto del proceso, en tanto su fin no consiste en reparar un perjuicio, o constituir una fuente de recursos, sino en lograr que se de cumplimiento a la ley.
Código penal, principio de proporcionalidad, ejercicio del derecho, homicidio, arma reglamentaria, policía, legítima defensa, cumplimiento de un deber, control de razonabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Abregú, M. C. c/  s/ homicidio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Corresponde evaluar como justo y proporcionado -a diferencia de lo resuelto por el a quo-, el accionar de la mujer policía quien fue violentamente atacada mientras se dirigía uniformada en su automóvil a su lugar de trabajo, por quien luego de romperle la ventanilla e introducir parte de su cuerpo dentro del vehículo la amenazó con un arma de fuego -aunque fuera una réplica-, al grito de que la mataría por ser miembro de las fuerzas de seguridad, pues los disparos efectuados por la encausada fueron la única respuesta razonable que permitió repeler la agresión en curso del único modo eficaz del que disponía.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ballent, Rubén Oscar c/ Biroccio, Mario y otro s/ Daños y perjuicios Sorichilo, Hector M. c/ Mansilla, Raúl Patricio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-14|1992-03-10

La ley 23928 del 27/03/91 no hace distingos entre deudas de dinero o deudas de valor. Y, si lo que se procura es apuntar la convertibilidad de la moneda, deteniendo el proceso inflacionario, indudablemente la intención y el propósito del legislador debió haber sido aplicar el congelamiento de las obligaciones, tanto tratándose de deudas de dinero como de deudas de valor.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: VALLEJOS DE BRITO, MANUELA DEL CARMEN c/ COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO ARGENTINO s/ ACCIDENTE EN EL AMBITO MILITAR Y F. SEGURIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

Cuando la fractura de cadera ocurre en una persona joven, antes de los 60 años, en el medio laboral se supone que su interpretación se ajusta a los principios generales para fijar la incapacidad. Porque si bien se obtiene por la artoplastía una curación funcional muy buena, las perspectivas frente a las condiciones laborales son ampliamente restringidas por la posibilidad de que no se sabe cuanto es el tiempo de tolerancia mecánica o biológica del implante. Cuando el lesionado es una persona sin problemas locales en la cadera y debió por las consecuencias del accidente ser intervenido con un reemplazo, debe se indemnizado porque sin su expresa voluntad ha perdido una articulación normal, siendo reemplazada por un elemento extraño y potencialmente mórbido ..." (Vid. peritaje médico). En la inteligencia expuesta, ha quedado demostrado que la accionante ha sido pasible de la privación y disminución de aquellos bienes que tienen un alto valor en la vida del hombre, que son la tranquilidad espiritual, la integridad física, la paz y la libertad individual ya que experimentó sufrimientos durante la internación y convalecencia, así como también una gran angustia derivada de las secuelas.
Sentencia, cuestión abstracta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lucero, Blanca Nieves c/ Arévalo Escobar, Cecilia P. s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-22

Los pronunciamientos abstractos son impropios de las decisiones judiciales.-
Extorsión simple, inspector municipal
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA, Ariel G. s/ EXTORSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

Configura delito de extorsión, la conducta de quien exhibiendo una credencial apócrifa de inspector de la D.G.I., recibe dinero luego de intimidar a las personas en el sentido de que les iba a aplicar una multa. No sólo ha simulado autoridad pública, sino que además la ha utilizado de manera intimidatoria, anunciando la realización de un mal evitable con aquella dación.
Prueba testimonial, testigos, interrogatorio de testigos
Materia: PROCESAL
Carátula: Ungaro, Marta Beatríz c/ Spena, Patricia Gladys s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-27

No toda sugerencia al testigo es ilícita ni está dirigida, necesariamente, a transgredir la libertad subjetiva del mismo u obtener la desviación de la verdad de lo que declara bajo juramento.
Sentencia definitiva, liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: LUTZ, LUIS A. s/ QUEJA  EN:"BANCO  PROVINCIA DE RIO NEGRO C/DAVIES M. Y OTRA S/PREPARA  VIA EJECUTIVA S/INCIDENTE EJECUCION DE HONORARIOS"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-05-08

No constituye sentencia definitiva a los efectos del recurso de casación el decisorio que rechaza la apelación deducida contra una resolución que decide no aprobar una liquidación; constituyendo una incidencia dentro de un proceso de ejecución de honorarios posterior a la sentencia que manda llevar adelante la ejecución.
In dubio pro reo, fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Schennovalt, Lorenzo Mario c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

El voto concurrente agregó que la invocación efectuada por el recurrente del principio in dubio pro reo no puede sustentarse en una pura subjetividad ya que, si bien es cierto que éste presupone un especial ánimo del juez según el cual, en este estadio procesal, está obligado a descartar la hipótesis acusatoria si es que no tiene certeza sobre los hechos materia de imputación, no lo es menos que dicho estado debe derivar racional y objetivamente de la valoración de las constancias del proceso (Fallos: 307:1456; 312:2507; 321:2990 y 3423). Del estudio de la fundamentación otorgada al fallo recurrido no se advierte vicio alguno en la ponderación de las pruebas arrimadas al proceso, habiéndose respetado el principio de razón suficiente a los fines de concluir en la condena pronunciada, por lo que ha quedado a cubierto de las tachas de falta de fundamentación, motivación aparente o arbitrariedad, en el rechazo de los planteos de nulidad, en la valoración probatoria, como así también, en lo que respecta a la calificación legal debidamente escogida. Contrariamente a lo indicado por el recurrente, el juzgado actuante no decomisó el bien sino que lo puso a disposición de la autoridad aduanera tras considerar que, a la luz del cuadro probatorio producido durante el juicio seguido al encausado, en las particularidades del caso, no se comprobó que la titular registral no podía conocer la ilicitud del accionar del nombrado. Para ello, entre otras razones, ponderó la capacidad económica del imputado como sostén de familia, las constancias obrantes en la causa que demostraron la falta de ingresos lícitos de Julia Itatí Velozo y la estrecha relación sentimental que ambos mantenían, motivo por el cual, no correspondía la restitución del automotor a la nombrada. Dres. Carbajo y Borinsky -voto concurrente-.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, daños y perjuicios, multa, factor de comercio, responsabilidad contractual, obligaciones del titular, negligencia procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: OLIVERA, MARIA ANABEL C/INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) SA Y OTROS S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-01

Corresponde imponer una sanción de multa punitiva (por la suma de $50.000) a una entidad bancaria con motivo de la inclusión de consumos de tarjeta de crédito, toda vez que la usuaria dijo haber denunciado oportunamente la pérdida de la tarjeta, y pese a haberlos desconocido extrajudicialmente, siguieron siéndole reclamados; incluso después de recibir iniciales reconocimientos de la procedencia de sus impugnaciones. En ese marco, si bien la actora no invocó la presencia de una conducta dolosa, se verifican hechos compatibles con la presencia de una culpa grave o grosera negligencia, ponderando que no se ha dado una explicación plausible acerca de por qué no obstante haber la actora hecho fundada impugnación de consumos relacionadas con la tarjeta de crédito, no solo no tuvo rápidamente una respuesta satisfactoria, sino que incluso lo fue contradictoria. En efecto, primero le fue reconocido su derecho, pero posteriormente, sin brindársele razones, le fue completamente negado al punto de pasarla a gestión de cobro judicial. Todo ello, por lo demás, en un escenario donde la actora se vio obligada a formular reiterados reclamos por e-mail y/o escritos que no fueron tampoco debidamente atendidos. Ello muestra un comportamiento groseramente negligente, que evidencia notoriamente cómo los demandados pusieron el acento en la protección de su propio interés, lo cual es inadmisible máxime desde la perspectiva de la responsabilidad profesional implicada (conf. Spanghero, M., "El daño punitivo como sanción a las malas prácticas bancarias", DCCyE, año 1, n° 2, noviembre 2010, p. 73 y ss.). La responsabilidad que dicho precepto impone a todos los sujetos integrantes de la aludida cadena puede ser excusada por quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena (cit. art. 40 "in fine").
Derechos del consumidor, incumplimiento del contrato, concesión para la venta de automotores, falta de entrega del automotor, restitución de sumas de dinero
Materia: PROCESAL
Carátula: Centurión Rodolfo Agustín c/ Volkswagen SA de Ahorro P/F Determinados y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-09

Así, la conducta desplegada por las codemandadas no puede ser interpretada sino como un deliberado intento de eludir las obligaciones a su cargo, demostrando una grave desaprensión o desinterés por los derechos del consumidor. No solo desoyeron los reclamos realizados por el actor cuando resultó adjudicado, sino que, incluso una vez finalizado el plan y abonada la totalidad de las cuotas, también se desentendieron de su obligación de entregar el vehículo e incluso, al contestar esta demanda, insistieron en que la misma debía ser íntegramente rechazada sin siquiera ofrecer, en aquella oportunidad, la posibilidad de finalmente concederle al accionante el automotor íntegramente abonado o, cuanto menos, la restitución de las sumas percibidas con tal fin.