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Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, SEGBA, reforma del Estado, emergencia económica, beneficios tributarios, Ley de Reforma del Estado
Materia: PROCESAL - ECONOMIA - TRIBUTARIO
Carátula: SEGBA S.A. c/ MONTERO HEBER s/ COBRO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

El art. 1°, Decreto 2394/92, establece que todos los entes detallados en el art. 1°, Ley 23.696 que, como consecuencia del proceso de reforma del Estado, dejen o hayan dejado de cumplir su misión y funciones o el objeto societario específico para el que hubieren sido creados, deberán ser declarados en estado de liquidación y disolución. Y el art. 8° dispone: "exímese a los entes declarados en proceso de liquidación de todos los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización tengan a su cargo la Dirección General Impositiva y la Administración Nacional de Aduanas". La interpretación de tal norma requiere el examen de la Ley que declaró en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económico financiera de los sujetos mencionados en aquél articulo, incluyendo bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y municipales. Su art. 15° autorizó al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la autoridad de aplicación, a "acordar a la empresa que se privatice beneficios tributarios que en ningún caso podrán exceder a los que prevean los regímenes de promoción industrial, regional o sectorial, vigentes al tiempo de la privatización para el tipo de actividad que aquélla desarrolla o para la región donde se encuentre radicada" (inc. 8°).

De tal modo, la exención que se intenta supera el horizonte fijado por la norma regulatoria del proceso de reforma del Estado, pues investiría a la accionante de una prerrogativa de la cual carecen otras entidades pertenecientes al Estado Nacional que han sido liquidadas (cfr. esta Sala, doctr. Causas 9833 del 27.12.94 y 536 del 23.5.95; entre muchas otras). Por otra parte, el Decreto 2394/92 se refiere a los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización incumba a la D.G.I. y a la A.N.A., hipótesis que es ajena a la tasa judicial cuya recaudación está a cargo de jueces y secretarios (cfr. art. 11 de la Ley 23.898) y se destina a la denominada "infraestructura judicial" (id., art. 16); en ese contexto, se prevé una intervención acotada del representante de la D.G.I., en situaciones específicas (ver, por ejemplo, arts. 4, inc.

d), 5, párrafo tercero y 13, inc. a).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Capetto, Eduardo A. s/ Homicidio, robo agravado y cohecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08

No existe violación del art. 286 del Código de Procedimiento Penal si de la lectura de la sentencia impugnada surge el razonamiento efectuado por la Cámara a través de un itinerario lógico, el que -compartido o no- satisface las exigencias del artículo citado.
Acción de amparo, partidos políticos, financiamiento de campaña electoral
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Libres del Sur y otros s/ amparo electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

Corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de amparo iniciada por las agrupaciones políticas y condenar al GCBA a otorgarles los importes correspondientes para la impresión de boletas de sufragio. Si bien el suministro de los fondos debe ser hecho a cada lista competidora, pues, son las listas las que quedan comprometidas a suministrar las boletas, el cálculo que se adopta toma en consideración el desempeño de las agrupaciones o partidos, puesto que ellos tienen mayor permanencia y se puede estimar con base cierta -aunque necesariamente inexacta- cuál será el próximo desempeño. El monto establecido para cada agrupación o partido debe ser distribuido, por partes iguales entre las listas que participan en su interna. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhieren las juezas Inés M. Weinberg y Alicia E. C. Ruiz).
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Santa María S.A. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

El estado de cesación de pagos: no se configura por los simples incumplimientos, toda vez que éstos no poseen por sí un significado unívoco, desde que puede dejar de pagarse por enemistad, o, aún por que no se quiere, o bien considerar seriamente objetable la pretensión perseguida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, sociedades mutuales, aumento de cuota, personas mayores, peligro en la demora, verosimilitud del derecho invocado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Cordovero, Diana Sofía c/ Frutos del País y otro s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-24

Cabe admitir la medida cautelar solicitada y ordenar a la demandada que se abstenga de efectuar aumentos de las cuotas del plan prestacional contratado y retrotraer el monto de los valores a la cuota vigente al mes de diciembre de 2023, actualizándose mediante el Índice de precios al Consumidor, porque no puede desconocerse que en el caso se encuentra vinculado el derecho a la salud de la actora, quien se trata de una persona adulta mayor que padece una enfermedad y, considerando que se da en el caso la urgencia invocada, se aprecia acreditada la verosimilitud del derecho
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, concursos, fuero de atracción, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL
Carátula: Augustine S.A. c/ Ceteco Argentina s/ desalojo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

La demanda de desalojo constituye una acción de contenido patrimonial, por lo que se la debe considerar comprendida entre las mencionadas por el art. 21, inc. 1°, de la ley 24.522, que dispone su radicación ante el juez del concurso, habida cuenta de que no se halla prevista su exclusión entre las excepciones indicadas por dicha norma.
Pago por subrogación, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: PEREZ, SILVIA c/ FERNANDEZ, EITIEL s/ COBRO DE PESOS.   QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 308-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-10

No habilita la instancia del recurso de inconstitucionalidad las meras discrepancias con los hechos y del alcance y efectos que otorgó el Juzgador al pago por subrogación, y si contrariamente a lo sostenido por el recurrente el a quo dio las razones de su conclusión, no logrando demostrar el quejoso que el razonamiento expuesto -fundado en las circunstancias fácticas y con apoyo doctrinario- adolezca de irracionalidad palmaria, ilogicidad o antijuricidad.

En el caso el Tribunal expresó que tomando en consideración que el pago con subrogación implica la sustitución subjetiva del acreedor de una obligación por un tercero que lo desinteresa pagándole el crédito que tenía contra el deudor, y ocupa su lugar a efectos de requerir a éste el reintegro de lo abonado y que en la sentencia recurrida resulta acertado el encuadre jurídico efectuado.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Sabadini, José Gaspar c/ Organización Coordinadora Argrentina S.A. y/o OCA S.A. y/o resp. s/ Nulidad de Sanción, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-06-30

No es procedente el recurso interpuesto por la parte actora porque la sentenciante de grado considera justa la causa del distracto.

Ello así porque de la prueba documental acompañada por la demandada y demás elementos de convicción en que se apoya la sentenciante, surge que el actor, equivocadamente entrega un boletín de correspondencia dirigida a la firma empleadora. La experiencia judicial demuestra que no es infrecuente acudir al procedimiento de investigación interna, pues al mismo no se opone ningún principio legal y viene al caso tener presente que el sumario previo no constituye un requisito de forma inexcusable para la denuncia por incumplimiento del trabajador, como parece entenderlo el apelante, excepto que sea expresamente establecido, ora sea en el estatuto u ora sea en la Convención Colectiva de Trabajo. Por otra parte, mal puede el recurrente negar que tal hecho injurioso hubiese acontecido cuando que implícitamente lo hubo reconocido en oportunidad de absolver posiciones. Repárese que el fallo apelado debe tenerse por consentido en orden al hecho injurioso derivado de la negligencia que incurriera al actor en el uso de la camioneta de propiedad de la demandada a su cargo.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: LABORAL
Carátula: Cristaldo, Rosalía c/ Busata, Antonio s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad si en la línea argumental del fallo la cuestión que se dice preterida ha quedado desvirtuada con fundamentos que sustentan la decisión.
Haber jubilatorio, actualización monetaria, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COHEN DE COHEN, VIDA s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-07-06

El artículo 4 de la ley 21864 en cuanto establece que "no estarán sujetos a ningún tipo de actualización los haberes o normas a que se refiere el artículo 1 que hubieran sido puestos a disposición de los titulares con anterioridad a la vigencia de la presente", aparece como irrazonable en cuanto afecta la garantía de propiedad al disminuir en circunstancias no imputables al acreedor la real significación económica del beneficio y altera la igualdad que lleva en sí necesariamente la justicia cuando por culpa del deudor moroso la prestación nominal a su cargo disminuye notablemente su valor real y su poder adquisitivo, y por la influencia de factores que no dependen del acreedor éste recibe una ínfima parte de lo que le corresponde de acuerdo a derecho.
Proceso judicial, prueba pericial, gastos del perito, anticipo de gastos, rendición de cuentas
Materia: PROCESAL
Carátula: Sevel Repuestos S.A. c/ E.N. -D.G.I.- s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-24

El adelanto de gastos si bien es un derecho que se le reconoce a los expertos para solicitar una suma estimativa a fin de afrontar los gastos que se originan por el trabajo encomendado, se encuentra indefectiblemente subordinado a la respectiva rendición de cuentas documentada, es decir, mediante instrumento idóneo, circunstancia que no se verifica en el caso.
Regulación de honorarios, conciliación, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Gavilán, Héctor c/ Adame, Juan Nabih s/ Escritura s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-08-04

El monto base a los fines de la regulación de honorarios, en la conciliación, es el resultado de ella, el que constituye el monto del juicio. Por aplicación de lo dispuesto en el art. 73 del C.P.C.

los honorarios que se regulen son soportados en el orden causado.
Abogados, cajas profesionales, aportes previsionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires c/ Lombardi Ana Luisa s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-13

Conforme surge de la ley 6716, es aplicable a las ejecuciones de las cuotas adeudadas a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, el procedimiento de apremio, y el art. 10 de la ley 11.904 regulatoria de tal procedimiento, dispone la inapelabilidad de la sentencia de ejecución o la revocación del auto de intimación de pago, por lo que el recurso ha sido mal concedido. (Minoría u opinión personal)
Sucesión testamentaria, legados, revocación del legado, enajenación de la cosa legada, pacto de retroventa
Materia: CIVIL
Carátula: GRIFFERO c/ BAIGORRIA s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-19

La enajenación de la cosa legada (art. 3838 del Código Civil), sea por título gratuito u oneroso, o con pacto de retroventa, causa la revocación del legado, aunque la enajenación resulte nula, y aunque la cosa vuelva al dominio del testador, pero la enajenación parcial de la cosa deja subsistente el legado en la parte que el testador conserva a su muerte (conf. Borda, "Sucesiones", T.II, nro.1614;

Lafaille, T.II, nro.712; Planiol-Ripert-Trarbot, T.5, nro.713;

Josserand, T.3, vol.3, nro.1650; Baudry Lacantinerie y Colin, "Des Donations", T.2, nro.2780).-
Recurso de queja (procesal), orden de captura, rebeldía, gravamen irreparable, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MONTERO, Rodolfo Alejandro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

El libramiento de la orden de captura como consecuencia de la declaración de rebeldía, puede generar gravamen irreparable o de dificultosa reparación ulterior (art. 449, C.P.P.N.), toda vez que se refiere al derecho del imputado de permanecer en libertad durante la tramitación del proceso.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de queja deducido y conceder el recurso de apelación interpuesto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto de la pena, fiscal de Cámara
Materia: PENAL
Carátula: Danes, Jacinto s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley fundado en que el tribunal de apelación aumentó la pena en primera instancia siguiendo el criterio del fiscal de cámaras que introdujo en la expresión de agravios una modificación a la calificación efectuada por el agente fiscal si, aunque tuviera éxito, ello no modificaría la sentencia recurrida (art. 359 C.P.P.); la escala penal no se modificó en función del tema del recurso extraordinario ya que la aplicación del art. 54 del C.P. se refiere, obviamente, al mismo hecho que había originado la acusación del agente fiscal, sino por otros motivos legales y el cambio impugnado por la defensa tampoco tuvo repercusión en el ámbito de los arts. 40 y 41 del C.P..
Falta de acción, declaración de oficio, carta orgánica municipal, Poder Ejecutivo Municipal, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Oberto, Pedro Osvaldo c/ Municipalidad de la ciudad de Ushuaia s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-10-07

La falta de legitimación, aún cuando no se encuentra enunciada por el ordenamiento procesal como susceptible de ser declarada de oficio -v. art. 360, último párrafo del CPCCLRyM- es, sin embargo, de aquéllas que deben seguir igual derrotero en tanto la ausencia de legitimación es capaz:"de conducir al pronunciamiento de una sentencia inútil e incluso contraria al ordenamiento jurídico vigente, razón por la cual los jueces se hallan habilitados para declarar, de oficio, la concurrencia de aquéllas en el caso concreto".

Incumbe al titular del departamento ejecutivo en su carácter de representante de la municipalidad la defensa de las prescripciones de su Carta Orgánica, verdadero fundamento de su poder actual. (art. 152, inciso 11).
Hurto calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: PAEZ CARLOS MANUEL s/ HURTO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-12-05

La razón de la agravante contenida en el art. 163 inc. 3ro. C.P , reside en que el medio de que se vale el ladrón supera fraudulentamente la defensa establecida por el tenedor de la cosa.

La calificante supone que el objeto del hurto esta en un recinto cerrado cuya entrada (puerta, ventana, banderola, etc.) tiene una cerradura con llave echada. El recinto puede ser de cualquier material (mampostería, alambre, etc.) cubierto o no (pieza o corral) pero debe estar efectivamente cerrado.

El inc. 3ro. del art. 163 C.P. solo tiene en cuenta los recintos edificados o semejantes, por ejemplo, los compartimientos de un tren u otro vehículo construido para vivienda o guarda de cosas, y otras construcciones en inmuebles como corrales y cercados.

Consecuentemente, el espacio a donde debe penetrar el ladrón, no puede ser una cosa, objeto o mueble no habitable, como es por ejemplo un automotor (Nuez, Ricardo -nota a fallo-semanario jurídico del 11/04/85 pág. 6).-
Prescripción, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Prado, Ernesto Nolasco. c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro. s/ Cobro de Seguro  CNAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-30

Toda vez que el art. 15 de la ley 13.003 fija en diez años el término de la prescripción para el Seguro de Vida Colectivo para el personal del Estado, poco importa que hayan transcurrido "más de cinco (5) años", como sostiene la demandada, ya que la actora contaba con diez años para interponer la demanda; por lo que, el reclamo fue interpuesto en el momento oportuno. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le asigna a este seguro naturaleza alimentaria y enuncia que tal carácter "responde a un claro imperativo de justicia y a garantizar debidamente el derecho de propiedad del acreedor. Carece de relevancia que dicho pago haya sido percibido sin reservas, pues el pago insuficiente de esta clase de obligaciones debe considerarse como entrega a cuenta del total adeudado, quedando expedita al acreedor la acción de reclamar la diferencia dentro del término de la prescripción.
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: La Avícola de Caseros S.A. s/ Quiebra - Acción de Revocatoria Concursal
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-07-04

El conocimiento que el tercero tenía del estado de cesación de pagos del deudor, se prueba, ordinariamente por presunciones o indicios graves, precisos y concordantes. Ello, por ser la materia probatoria el estado subjetivo de un tercero, cuya prueba solamente podrá lograrse en forma indirecta. -El acto jurídico celebrado en período de sospecha hace presumir la mala fe de las partes intevinientes poniéndose de manifiesto el agravio para los acreedores por la complicidad que en la maniobra se presume en el tercero, conocedor de la crítica situación económica por la que atraviesa el deudor.-
Guarda preadoptiva, revocación de la guarda, Derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, interés superior del niño
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: O., M. I. c/  s/ art. 250 C.P.C. - incidente familia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-06

Corresponde confirmar la sentencia que desvinculó a un matrimonio de retomar la guarda preadoptiva de un niño de diez años de edad, que había sido víctima de maltrato, violencia y abusos por parte de sus padres biológicos, como consecuencia de haber tomado en cuenta la opinión del menor, quien manifestó su negativa a continuar residiendo con sus guardadores debido a diversas dificultades en la relación tras varios meses de vinculación. Resulta decisivo que el niño haya sido escuchado en varios momentos y en distintos espacios y en el caso se ha garantizado el derecho que tiene todo niño a ejercer por sí mismo sus derechos de manera progresiva, a medida que desarrolla un mayor nivel de autonomía personal. Si bien no resultan indiferentes los sentimientos expresados por los apelantes, la decisión que debe adoptarse no es desde la óptica de los guardadores, sino que debe ser la que mejor contemple y respete el interés superior del menor.
Estupefacientes, Transporte, contrabando, tentativa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "MARTINEZ CONESA, María y otros...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

Constituye el delito de transporte de estupefacientes en grado de tentativa la conducta de quien es detenida luego de transponer el embarque del aeropuerto de Ezeiza le es secuestrada en su poder sustancia estupefaciente.
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, controladores fiscales, comité de acreedores, honorarios, recurso de apelación (procesal), falta de legitimación para obrar
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Fideicomiso Estrella del Sur c/  s/ liquidación judicial de aseguradoras
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

2 - Además, previó como piso de esa estimación, que tal emolumento no puede ser fijado por debajo del importe que se corresponde con el sueldo de secretario de primera instancia de la jurisdicción en que tramite el concurso preventivo o la quiebra.
Daños y perjuicios, daño resarcible, sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barreneche, Mario Osvaldo c/ Byrd Refrigeración S.R.L. y otros s/ Resolución de contrato de compraventa o indemnización por daños y  perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-30

Si bien es verdad que el daño resarcible debe ser cierto y no sólo eventual o hipotético, también es verdad que si el a quo hubiese quebrantado ese principio, al decidir la reparación de un perjuicio que no observaba el requisito de cierto, no quebrantaría el principio de congruencia, sino que infringiría los principios generales que regulan el daño jurídico.
Prueba pericial, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Echenique, Enrique Salomon c/ Vitivinícola Venado S.R.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2000-06-30

El peritaje debe valorarse conforme a los principios científicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y las demás probanzas producidas en la causa.
Alimentos, cuota alimentaria, porcentaje de los ingresos
Materia: CIVIL
Carátula: D., M.C. y A., A.L. s/ DIVORCIO ART. 215 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

1- Para calcular la cuota de alimentos, los viáticos deben excluirse pues se presumen consumidos y no son estrictamente remuneraciones, sino gastos de la empresa.- 2- Quien paga los alimentos debe percibir el salario familiar, pues justamente su cobro está reservado para el que posee cargas de familia y afronta las consiguientes responsabilidades. De ahí que en la cuota de alimentos deben considerarse incluidas las asignaciones familiares por escolaridad, y no resulta prudente separarlas.-
Denuncia del siniestro, exclusión de la cobertura, obligaciones del asegurado, obligaciones del asegurador, seguros, silencio del asegurador
Materia: COMERCIAL-SALUD PUBLICA
Carátula: Recio Antonia Alicia y otros c/ Omati, Silvia y otros - Ordinario  s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-04-12

Si la aseguradora entiende que se está frente a un supuesto de riesgo excluido del contrato, debe hacérselo saber a quién reclama la cobertura, en forma clara y categórica, y en el lapso de tiempo contemplado en el art. 56 de la ley 17.418. Del tenor literal de dicho precepto cabe colegir que la carga de pronunciarse está impuesta cuando existe relación asegurativa vigente, sin formular distinciones, porque donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo.