Defensa del consumidor, acción judicial, proceso judicial, contratos, mutuo con garantía prendaria, secuestro de bienes, relación de consumo, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rombo Compañía Financiera SA  c/ Demitrio, Valeria Mónica  s/ secuestro prendario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-22

Procede confirmar la resolución que dispuso la sustanciación del pedido de secuestro con la accionada (LDC 36). Ello por cuanto, en tanto el sistema previsto en la ley 12962: 39 es incompatible con la vigencia de varias de las disposiciones que rigen la defensa del derecho de consumidor, en la medida de esa incompatibilidad, esa ley debe entenderse modificada por la ley 24240, desplazando en su caso, a toda disposición que disponga lo contrario, por ser ella fuente constitucional, extremo que denota que la solución de conflictos normativos no puede guiarse por la aplicación de las reglas tradicionales que autorizan a fundar la prevalencia de una norma en la circunstancia de que sea anterior, o especial (Cfr. Ricardo Lorenzetti, "Consumidores", p. 49, ed. 2009), sino que debe buscarse en las pautas que rigen la jerarquía constitucional de las disposiciones enfrentadas, en tanto el estatuto consumerista surge de lo dispuesto por la CN 42 (cfr. CNCom, Sala C en autos "HSBC Bank Argentina SA c/ Génova, Mario Oscar s/ secuestro prendario" del 21/09/17). De ello se deriva, que el secuestro directo sin audiencia del deudor cuando éste es consumidor, y la subsiguiente facultad del banco de rematar el bien para cobrarse lo adeudado sin ningún control del deudor, ni del juez, ciertamente contradice los postulados básicos que inspiran el derecho de consumo, en tanto cercena el derecho de información que la ley asegura al consumidor en ocasión de contratar (CCCN 1384 y 1388), el que no debe siquiera ser postergado a las resultas del juicio posterior, por cuanto no solo dilata en forma injustificada la prestación del servicio de justicia, sino que desatiende el régimen de la responsabilidad civil al cual, específicamente en materia de prevención, se debe evitar causar un daño o agravarlo (CCCN 1710). En esa inteligencia, la vigencia de una cláusula como la dispuesta por el art. 39 de la ley de prenda, importa una renuncia o restricción de derechos del consumidor o una ampliación de los derechos de otra parte en abuso de una posición dominante, lo cual se encuentra expresamente prohibido en la LDC 37-2° y 3° y en el CCCN y resulta contraria al orden constitucional. Ergo, debe ser dispensada y tenerse por no convenida.

Disidencia parcial del Dr. Barreiro:.

El art. 39 de la Ley de Prenda con Registro -decreto Ley n° 15348/46, ratificado por ley 12962 y sus modificatorias (to Dec. N° 897/95) resulta contrario a nuestra Constitución Nacional y a los derechos y garantías amparados por Tratados Internacionales, con lo cual corresponde declarar su inconstitucionalidad. Ello por cuanto, que el secuestro directo sin audiencia del deudor cuando éste es consumidor, y la subsiguiente facultad del banco de rematar el bien para cobrarse lo adeudado sin ningún control del deudor, ni del juez, ciertamente contradice los postulados básicos que inspiran el derecho de consumo, en tanto cercena el derecho de información que la ley asegura al consumidor bancario en ocasión de contratar (CCCN 1384 y 1388), el que no debe siquiera ser postergado a las resultas del juicio posterior, por cuanto no solo dilata en forma injustificada la prestación del servicio de justicia sino que desatiende el régimen de la responsabilidad civil al cual, específicamente en materia de prevención, se debe evitar causar un daño o agravarlo (CCCN 1710). En esa inteligencia, la vigencia de una cláusula como la dispuesta por la ley 12962: 39 importa una renuncia o restricción de derechos del consumidor o una ampliación de los derechos de otra parte en abuso de una posición dominante, lo cual se encuentra expresamente prohibido en la LDC 37-2° y 3° y en el CCCN. De esta manera, lo expuesto sólo puede conducir a la conclusión de que es inadmisible el secuestro prendario con base en una relación de consumo, sin intervención del consumidor.