Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-20


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 20 de 2007.

Resulta:

I. Que a fs. 1/126 obra la documentación adjuntada como prueba por el impugnante, entre las que agrega copia de la sentencia impugnada dictada por esta Sala el 25/8/2006, que confirma la sentencia de primera instancia, en la que se condenó al Sr. Omar Silva Antunez por considerarlo autor responsable de cinco contravenciones continuadas de hostigamiento, hechos que a su vez concurren materialmente entre sí, a la pena de cinco (5) días de arresto (arts. 16, 22, 31 y 52 de la Ley Nº 1472). Con costas. (fs. 2/5vta.) II.- Que a fs. 127/140 se agrega recurso de revisión impetrado por el defensor particular del encartado solicitando se anule la sentencia supra referida por considerar que los hechos establecidos como fundamento de la condena son incompatibles con los fijados en la dictada por el Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 16 (art. 479 inc. 1 CPPN), sumado a que de las nuevas circunstancias del juicio oral surgirían hechos totalmente inconciliables con los de la sentencia cuya revisión pretende, los que hacen evidente que el hecho imputado no existió (art. 479 inc. 4 CPPN). Al respecto, afirma que: 1) Las circunstancias que surgieron del debate llevado a cabo en el Juzgado Nº 16 justifican la anulación de la sentencia condenatoria dictada en el Juzgado Nº 5, puesto que la denuncia fue armada por quienes persiguen al encartado, es decir, los representantes de Suevia SRL, utilizando a sus empleados. Ello encuentra su motivo en que la empresa en cuestión intenta despojar al Sr. Antunez del edificio para seguirlo utilizando como Apart Hotel. 2) Del nuevo debate surgió que se ha fabricado prueba, lo que dio origen a la causa penal que acompaña como prueba número 5. 3) Del cotejo de las pruebas rendidas en ambas audiencias orales surge que se trata de la misma imputación, denunciantes, presuntos damnificados, idéntico objeto e intervención del mismo fiscal. 4) De las probanzas del juicio oral llevado a cabo en el Juzgado Nº 16 -las que reseña en su escrito- se desprende que las personas que fueran consideradas damnificadas en la sentencia que impugna no son tales, sino que las denuncias forman parte de una evidente y notoria maniobra de parte de Suevia SRL a los fines de condenar al encartado y así apartarlo del hall del edificio de la calle Posadas, donde la empresa concentra sus negocios. En conclusión, expresa que las nuevas pruebas permiten acreditar la existencia de hechos totalmente inconciliables con la sentencia recurrida, los que claramente evidencian que las personas que se tuvieron por presuntas damnificadas y víctimas de la contravención de hostigamiento solo se prestan para perjudicar a su defendido y beneficiar a quien es su empleador. 5) Finalmente, expresa que ha quedado probado que: a) todos los presuntos damnificados y únicos testigos en ambos juicios son empleados de Suevia SRL, que se encuentra en grave conflicto con el imputado, b) es la empresa quien organiza a sus empleados para accionar en contra de Silva Antunez, c) fue el abogado de Suevia SRL quien inició ambas denuncias, aún cuando en el caso se trata de una contravención de interés privado, y a su vez fue éste quien acompañó prueba que la denunciante (Romero) desconoció, d) la empresa ha fabricado prueba, lo que dio origen a una denuncia criminal, e) es la presidente del consorcio quien insultó al encartado frente a la jueza y le prohibió manifestarse en el libro de novedades, f) son las empleadas domésticas quienes se burlan del imputado y esconden un negocio privado con el empleador, respondiendo a sus mandatos, g) no existe ningún testigo de las contravenciones por las que se condenara a Silva Antunez, h) existieron graves contradicciones de la testigo y denunciante Romero lo que ha motivado el inicio de un proceso por el delito de estafa procesal. 6) Por último, hace reserva del caso federal.

III.- Que a fs. 143 el impugnante solicita se suspenda la ejecución de la condena impuesta a Silva Antunez.

IV.- Que a fs. 147, y luego de recibidas las copias certificadas del expediente principal, este Tribunal resuelve no hacer lugar a la suspensión de la ejecución de la sentencia requerida por la Defensa.

V- Que la Sra. Fiscal de Cámara en su Dictamen Nº 392-FC2/07, obrante a fs. 148/149, solicita se declare inadmisible el recurso intentado. Ello en razón de que si bien se verifican los requisitos formales exigidos para su procedencia, el remedio intentado adolece de una adecuada fundamentación. Así, en su opinión, la defensa ha intentado demostrar argumentos que resultarían adecuados a la valoración que debe efectuar un juez de mérito o la Alzada sobre la prueba rendida en el debate, pero no son suficientes para fundamentar un recurso extraordinario como es el impetrado. Expresa que resulta erróneo pretender que este Tribunal valore si los dichos de los testigos fueron falaces o que efectúe presunciones sobre la conducta de los mismos, máxime si la prueba vertida en otro juicio fue oportunamente examinada y rechazada por la Sala III al confirmar la sentencia del Juzgado Nº 16. Finalmente, refiere que el recurrente no ha demostrado que la valoración que propone resulte incompatible con los hechos establecidos en la sentencia cuya anulación pretende, y que los argumentos que postula son idénticos a los que desarrolló en el recurso de apelación y que fueran oportunamente rechazados por esta Sala.

VI.- Que a fs. 151 pasan los autos a resolución de esta Sala.

Primera cuestión:

En cuanto a la admisibilidad del recurso, es dable señalar que a partir de lo dispuesto en el artículo 6 de la LPC, resultan de aplicación supletoria los principios del CPPN cuando nuestra ley de rito no contenga previsiones específicas respecto de este tipo de recursos, como es el caso de autos. Por ello, deben aplicarse las previsiones establecidas en los artículos 479 incs. 1º y 4º, 481 inc. 1º y 482 del CPPN, en este sentido, el recurso impetrado cumple con los requisitos exigidos en materia de presentación y oportunidad, respectivamente, por lo que debe ser declarado admisible.

Segunda cuestión:

Ahora bien, cabe analizar en esta instancia el planteo efectuado por la Defensa de Silva Antunez que solicita se declare la nulidad y se revoque la sentencia condenatoria recaída en la causa 6991-00-CC/2006, que fuera confirmada por esta Sala el 25/8/2006, por resultar contradictoria con los hechos probados en la resolución dictada por el Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 16 -confirmada por la Sala III de esta Cámara-, lo que según refiere permite acreditar que el hecho endilgado al encartado no se cometió (art. 479 incs. 1 y 4 CPPN).

En principio, y en cuanto al recurso de revisión, este ha sido definido como el remedio procesal excepcional dirigido contra sentencias condenatorias pasadas en autoridad de cosa juzgada que, entre otras cuestiones, tiende a demostrar mediante la alegación de circunstancias ajenas al proceso fenecido, por ser sobrevinientes o desconocidas al tiempo de dictarse la sentencia final, que el hecho no existió o no fue cometido por el condenado (conf. Palacio, Lino Enrique, "Los recursos en el proceso penal", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 2001, pág 209 y sgtes.) Aclarado ello, cabe analizar los argumentos esgrimidos en el remedio procesal intentado a la luz de los supuestos normativos alegados por el impugnante, en los que funda la pretendida revisión de la sentencia condenatoria confirmada por este Tribunal.

Así, el art. 479 CPPN establece que "El recurso de revisión procederá, en todo tiempo y a favor del condenado, contra las sentencias firmes cuando: 1) Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable ... 4) Después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido encuadra en una norma penal más favorable ...".

Así, a la luz de lo dispuesto por la norma citada y específicamente en lo que al inciso 1 se refiere, es dable afirmar que el remedio intentado no reúne los recaudos establecidos legalmente para su procedencia puesto que si bien la sentencia cuya anulación pretende se encuentra firme, la dictada por el Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 16 -confirmada por la Sala III de esta Cámara- no resulta aún irrevocable tal como exige la norma procesal antes citada. Ello en razón de que, tal como surge de la constancia obrante a fs. 153 del presente incidente, el impugnante ha interpuesto una queja por recurso de inconstitucionalidad denegado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad el 11/7/2007, el que no tuvo hasta el momento resolución alguna.

Por otra parte, y también en relación a lo dispuesto por el inc. 1º del art. 479, cabe adelantar que los fundamentos esgrimidos por el recurrente no traslucen una manifiesta contradicción entre las dos sentencias, a las que se refiere. Pues, para que esto suceda, ambas resoluciones deben desarrollar dos explicaciones del mismo hecho que no puedan ser mantenidas al mismo tiempo. Es decir, procede cuando los hechos establecidos como fundamento de la sentencia que se impugna resultan inconciliables con los probados en la otra, lo que conlleva necesariamente a que las dos declaraciones no puedan coexistir según el principio de contradicción, de manera que la verdad de una excluye la verdad de la otra.

En este sentido, se ha afirmado que "La inconciabilidad se presenta cuando las conclusiones de hecho establecidas en la sentencia impugnada contrastan ostensiblemente con ese mismo tipo de conclusiones fijadas en otra sentencia penal firme. La inconciabilidad entraña la absoluta imposibilidad de que coexistan ambas conclusiones fácticas de modo que una no pueda estar en presencia de la otra sin riesgo de afectar el principio de contradicción ..." (CNCP, Sala IV, "Juárez, Orlando A.", rta. 28/09/2001).

Sobre esta base, es dable afirmar que del cotejo de ambas sentencias no surge la contradicción pretendida por el recurrente, puesto que los hechos en los que se funda la sentencia cuya anulación pretende el recurrente no son claramente inconciliables con los acreditados por la sentencia dictada por la titular del Juzgado Nº 16. Es decir, de la lectura de ambas resoluciones no surge contradicción alguna pues, en primer lugar se han juzgado hechos distintos; la dictada por la Titular del Juzgado Nº 5 se refiere a sucesos ocurridos durante el año 2005, mientras que la de la Juez a cargo del Juzgado Nº 16, resolvió respecto de hechos del año 2006. Además, en esta última únicamente se absolvió al encartado por los hechos comprendidos entre el 4/7/2006 y el 22/8/2006, y los de fecha 19/9/2006 y 29/9/2006, por considerar que los elementos de prueba reunidos no resultaban suficientes para acreditar los sucesos endilgados por el titular de la acción con el grado de certeza suficiente requerido por una sentencia condenatoria.

En razón de ello, es dable afirmar que de la reseña de lo establecido en las sentencias en cuestión, se deduce claramente que el fallo recurrido no puede ser revisado con sustento en lo dispuesto en el art. 479 inc. 1 del CPPN, atento que no existe contradicción ni en las partes resolutivas ni en los fundamentos de ambas sentencias que las torne inconciliables. Ello por cuanto la revisión "... no consiste en la revaloración de la prueba cuyo mérito condujo a la condena (C.N.C.P., Sala I, causa 79, "Muñoz, S., 17-11-93). Tiene que ser la valoración de lo novedoso, lo que debe conducir a la evidencia. La duda no implica revisión ..." (Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación- Tomo II", Pensamiento Jurídico Editora, Bs. As., 1997, pág 248).

Por tanto, las alegaciones del impugnante solo constituyen una interpretación propia de los dichos de los testigos en la audiencia, así como las circunstancias que se podrían acreditar según su personal consideración, lo que no alcanza para fundar ni demostrar la razón por la cual dicha valoración de la prueba que propone y considera cierta, resultaría contradictoria con los hechos establecidos en la sentencia cuya nulidad pretende.

Por otra parte, igual solución se propiciará al analizar la impugnación de la sentencia a la luz del inciso 4) de la norma procesal en cuestión, es decir la sobreviniencia o el descubrimiento de nuevos hechos o elementos de prueba en cuya virtud, o que por su conjunción con los existentes en el proceso, se demuestre en grado de evidencia que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que resulta encuadrable en una norma mas favorable.

En este punto se ha afirmado que "(n)o se trata, como es imaginable, de una nueva ponderación de la prueba ya incorporada, sino de elementos directamente no considerados al momento de la sentencia impugnada más allá de que no hubieran sido advertidos por su propia inexistencia en el mundo real o porque permanecían ocultos a los ojos del tribunal, aun habiendo existido con anterioridad a la condena ..." (El recurso de revisión en el proceso penal- Goransky y Rusconi, en "Los recursos en el procedimiento penal", Ed. Del Puerto, Bs. As., 2004, pág 341).

De lo alegado por el impugnante no se advierten los extremos antes mencionados sino, tal como se ha afirmado, una propia interpretación de las probanzas rendidas en la audiencia de juicio llevada a cabo en el Juzgado Nº 16, la que no alcanza para la revisión que pretende pues "(e)l supuesto no admite una nueva ponderación de la prueba ya incorporada, a menos que se una a elementos allegados con posterioridad y conducentes para acreditar que el hecho no existió o que el condenado no lo cometió ... La mera invocación de falsedad testimonial no basta para su progreso pues requiere que así lo declare una sentencia posterior irrevocable (CNCP, Sala III, B.J., nro. 4, págs. 103/104; la crítica sobre el valor probatorio conferido a los elementos del juicio por el tribunal sentenciante resulta ajena a esta vía (CNCP, Sala I, L.L., 5/X/1993, f. 91.661) ..." (D'Albora, Franciso J., "Código Procesal Penal de la Nación- Tomo II", Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2003, pág 1065).

A partir de ello, la sola mención de que los dichos de los testigos fueron falaces, las presunciones en relación a sus conductas o especulaciones sobre la prueba vertida en otro juicio, y pretensión de una nueva valoración de ella, resultan argumentos no aptos para la revisión extraordinaria que pretende, sino propios de un recurso ordinario sobre el que se ha expedido este Tribunal.

Por tanto, y siendo que "(l)as nuevas pruebas invocadas en el recurso de revisión intentado no son evidentes en sí mismas ni fueron capaces de conducir a la evidencia en virtud del juicio de revisión abierto, por el supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 479 del Código Procesal Penal no se da en la especie" (CNCP, Sala I, "De Gainza, Máximo Ezequiel s/recurso de revisión, Causa Nº 46, rta. El 17/03/94), no resulta procedente la vía procesal intentada.

En conclusión, es dable afirmar que los planteos del recurrente únicamente "... se encuentran orientados a la obtención de un nuevo análisis de cuestiones que ya han merecido su tratamiento en la sentencia, argumentos que no habilitan a este Tribunal a modificar las conclusiones de un pronunciamiento condenatorio pasado en autoridad de cosa juzgada material ..." (CNCP, Sala III, "Manulaki, Andrés Agustín s/recurso de revisión", rta. 6/3/96); por lo que corresponde rechazar el recurso de revisión impetrado por la defensa particular de Silva Antunez.

Por todo lo expuesto este Tribunal; Resuelve:

I.- Rechazar el recurso de revisión impetrado por el defensor particular de Omar Silva Antunez, obrante a fs. 127/140 del presente incidente (arts. 479 incs. 1 y 4 CPPN a contrario sensu, art. 6 LPC).

II.- Tener presente la reserva del caso federal. - José Sáez Capel. - Marcelo P. Vázquez. - Elizabeth A. Marum.