Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-30


COMODORO RIVADAVIA, de diciembre de 2009.

VISTOS Y CONSIDERANDO Estos autos caratulados: "C. DE A. P. Y O. S. P. DE RADA TILLY LIMITADA (X) c/MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY s/ Ordinario (Contencioso Administrativo)" Expte N° 441/2009, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial No. 2, Secretaría No. 4, (Expte no. 98/2009) por haber interpuesto a fs. 499, recurso de apelación la parte actora contra la sentencia de fs. 497/498 que, hace lugar a la excepción de falta de habilitación parcial de la instancia judicial. A fs. 501/504 vta., apela el letrado de la demandada la regulación de honorarios de fs. 497/498, por bajos.

I- La actora, en su memoria de fs. 506/508 se agravia porque no se trató el planteo de extemporaneidad de la excepción. Señala que la contraria interpuso la excepción de falta de habilitación parcial de la instancia como de previo y especial pronunciamiento, por ende, al momento de interponer la misma junto con la contestación de demanda, el término para ejercer dicha facultad estaba perimido. Niega que exista violación del principio de congruencia entre el reclamo administrativo previo y la demanda. Sostiene que corresponde aplicar un criterio de interpretación flexible. Reitera que la pretensión se ciñe al reclamo de daños y perjuicios con motivo de la falta de reconocimiento de una tarifa acorde a los costos operativos, con intereses y repotenciación de la deuda por depreciación monetaria. Agrega que en sede administrativa hizo reserva de reclamar por el pago de sumas que eventualmente surgieran del juicio laboral. Sostiene que el municipio contestó en dicho sentido, por lo que no existe falta de identidad entre lo reclamado administrativamente y en sede judicial. Reitera que el monto del juicio laboral insinuado es condicional pues está sujeto al resultado del proceso y además está sustancialmente relacionado con el planteo de autos. Insiste que lo decidido peca de un exceso ritual totalmente innecesario. Hace reserva del caso federal y de recurrir ante la Convención Americana de Derechos Humanos.

II- A fs. 501/504 vta. el letrado de la Municipalidad de Rada Tilly apela la regulación de honorarios, por bajos. Sostiene que la falta de habilitación parcial de la instancia es equiparable al rechazo de la demanda. Alude al monto de los conceptos rechazados y solicita se adecue la regulación de primera instancia, teniendo en cuenta además los intereses. Hace reserva del caso federal.

A fs. 510/514, contesta la actora y solicita el rechazo del recurso por honorarios con base en los fundamentos expuestos en su escrito, al que remitimos por razones de brevedad.

III- De las constancias del expediente resulta que la C. de A. P. y O. S. P. de Rada Tilly L. (X) interpuso a fs. 435/446 demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Rada Tilly ( MRT) por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato de concesión del servicio de cloacas con relación a la fijación de la tarifa. Relata los antecedentes del caso y ofrece prueba. Hace reserva de ampliar el presente por el período noviembre 2007/octubre 2008.

Discrimina los daños reclamados en la suma de $ 2.046.876,8 en concepto de pérdida acumulada en la Sección Cloacas durante los ejercicios de los períodos noviembre/98 -octubre/2007, la suma de $ 1.187.778,67 en concepto de los montos reclamados por los trabajadores de la Cooperativa en los autos:"B. N. A. y otros c/C. de A. y Otros S. P. de Rada Tilly Limitada s/ Demanda laboral(diferencia de haberes)" Expte no. 4069/06. Aclara que esta última es una suma estimativa y que está sujeta a lo que resulte del juicio.

A fs. 330/334, se agrega copia certificada del Reclamo Administrativo Resarcitorio y Comunicación de Rescisión Contractual, presentado el día 12/05/2008 ante la Municipalidad de Rada Tilly.

En el punto II-Objeto, la actora formula reclamo resarcitorio por la suma de $ 2.046.876,8, por los daños y perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento del contrato de concesión del servicio de cloacas y "abuso del poder concedente en la fijación de la tarifa respectiva" (sic). Asimismo, comunica su decisión de rescindir el servicio por los fundamentos que expone. Relata los antecedentes del caso y efectúa un detalle del quebranto sufrido por su parte, que refleja las pérdidas sufridas por el servicio de cloacas hasta el cierre del ejercicio 2006/2007.

En el punto VII de ese escrito discrimina los montos y conceptos reclamados, hace reserva de ampliar el reclamo al monto que resulte del juicio laboral correspondiente al Expte no. 4069/2006, autos "B." que tramita ante el Juzgado Laboral de esta ciudad, por la suma de $ 1.187.778,67, que para el caso de un resultado adverso constituiría parte del costo directo de la explotación del servicio. Asimismo hace reserva de ampliar el reclamo para el caso que los trabajadores dependientes reclamen indemnizaciones laborales.

En respuesta, la Municipalidad dicta la resolución 463/08 que rechaza el reclamo resarcitorio de la C. C. (ver fs 339/344).

Contra dicha resolución la accionante interpone recurso de reconsideración y peticiona la nulidad parcial de la resolución administrativa enunciada ( fs 353/358), que es rechazado por el ente municipal mediante Resolución No. 524/08 ( fs. 405/414). Motivo por el que la accionante interpone la presente demanda resarcitoria.

IV- Realizada la reseña de los antecedentes del caso, corresponde introducirnos al análisis del recurso.

En el marco de la crítica efectuada con relación a la temporaneidad de la excepción de falta de habilitación parcial de la instancia judicial, se observa que, la demandada opone la misma como defensa no como excepción de previo y especial pronunciamiento, si bien, el tribunal de grado le otorga dicho trámite procesal a los fines de su sustanciación.

La excepción no se encuentra regulada en nuestro código procesal, razón por la que no cabe considerar la misma de igual forma que las excepciones previstas por dicho ordenamiento.

En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut sostuvo en numerosos pronunciamientos, que la falta de habilitación de la instancia no es una excepción de las expresamente previstas; pese a ello, atento el reconocimiento legislativo, jurisprudencial y doctrinario nacional y de otros ordenamientos provinciales, motivó que el Tribunal la acepte como defensa de previo y especial pronunciamiento, precisamente a fin de evitar dilaciones para la realización del derecho y la justicia y por razones de ahorro procesal (STJCH S.I. nos. 017/2009, entre otras).

Así, continúa diciendo que, aún cuando para su trámite se le otorgue por analogía el propio de las excepciones del Código Procesal, nunca puede ser exigible el plazo de interposición estipulado por el artículo 349 del CPr D.J. (ex art 346), por ello su conceptualización como defensa, precluyendo la facultar para oponer la misma en el mismo término previsto para la contestación de demanda, sin perjuicio del tratamiento de previa que le otorga el Tribunal.

Esta ha sido la conducta asumida por la demandada- M.R.T.- que opuso la excepción de falta de habilitación parcial de la instancia judicial como defensa junto con la contestación de demanda y, dentro del término previsto para ello (30 días).

En consecuencia, se concluye que el planteo es temporáneo por lo que se rechaza el agravio de la actora.

Superado el análisis de la temporaneidad de la defensa opuesta, corresponde introducirnos en la procedencia de la misma.

Al progreso de la pretensión de COOAGUA opone la Municipalidad demandada excepción de la falta parcial de habilitación de la instancia por no existir identidad entre el objeto reclamado ante la administración y la demanda; específicamente respecto del juicio laboral que la parte individualiza y monto insinuado. También, invoca la falta de congruencia con relación a los intereses y actualización por depreciación monetaria reclamados.

En contrario, sostiene la actora que no se viola el principio de congruencia entre lo pretendido en la instancia administrativa y la judicial, en virtud que hizo reserva de reclamar con relación al juicio laboral y respecto a los intereses, por ser accesorios del capital se encuentran incluidos.

No puede soslayarse que en materia contencioso administrativa municipal, cuando se trata de acciones con fundamento en el derecho común, el principio es la exigibilidad de la reclamación administrativa previa por imposición legal (arts 135 y 136 Ley XVI N° 46 ex ley 3098 y art 136 Ley I N° 18. STJCH SD no 08/2001 entre otros). Sin este recaudo no existe habilitación de la instancia judicial.

Señalado esto, ante la existencia en el caso de un reclamo resarcitorio administrativo previo, cabe considerar si se ha cumplido con el principio de congruencia exigido por el art 143 Ley I n° 18 (ex del Dto ley 920) aplicable al caso de autos.

Este principio determina que entre la reclamación administrativa previa y la demanda no pueden variar ni el objeto, ni el contenido de las pretensiones. Se trata de una exigencia al reclamo previo con fundamento en el derecho común.

Ahora, si bien como plantea la actora dicha identidad no puede ser considerada en términos absolutos y debe analizarse en cada caso en especial.

En este caso, conforme surgirá del examen que se sigue, dicho recaudo no se ha cumplimentado.

En el particular la reclamación resarcitoria no varía en su objeto, pues reclama los daños y perjuicios acaecidos por un mismo hecho- supuesto incumplimiento del contrato de concesión respecto a la fijación de la tarifa por el servicio de cloaca pero, difiere respecto del contenido del mismo.

Esto es así pues, como se señalara precedentemente, en sede administrativa C. reclama la suma de pesos dos millones., en concepto de quebrantos por los períodos que consigna en el detalle de los ejercicios períodos 1998-2007 y hace reserva de ampliar por la suma que se reclama en el juicio laboral, cuyo monto enuncia aclarando que la misma es provisoria en virtud que se deberá estar al resultado del pleito.

Como se observa, la parte hace reserva de reclamar "ad eventum" de lo que pueda resultar del litigio promovido en su contra pero, en realidad, dicha facultad no la ejerció posteriormente ante el municipio.

La lectura del recurso de reconsideración interpuesto en sede administrativa (fs 353), en el que solo hace referencia al quebranto sufrido por la tarifa fijada por el ente municipal evidencia lo expuesto. Tampoco se acreditan otras presentaciones en las que se haya hecho efectiva la facultad de reclamar por dicho rubro.

El Municipio de Rada Tilly no tuvo obligación de pronunciarse en cuanto al punto (ver Resoluciones no. 463/08 y 524/08), por ello, en respeto del derecho de defensa en juicio y dado que hacer reserva de ejercer un derecho es solo eso y no el ejercicio mismo de la facultad que otorga la ley, la pretensión revisora no puede prosperar.

Recién al interponer la demanda la accionante incluye dentro de su reclamo resarcitorio como daño el monto denunciado en el juicio laboral. Por ello, en efecto, se ha violado el principio de congruencia con relación al contenido y monto del reclamo administrativo previo y lo demandado en autos, por lo que se rechaza el agravio.

De igual modo se concluye respecto a la depreciación monetaria peticionada en la demanda y no en el reclamo administrativo previo, pues la misma supone una indexación del capital y fue una cuestión no introducida en sede administrativa.

En cuanto al rubro intereses corresponde expedirse en igual sentido. Esto es así pues al momento de precisar su reclamo, la actora no incorpora dicho rubro dentro de los conceptos reclamados ( fs 330/334). Los mismos no integraron su petición resarcitoria. La inexistencia de reclamo por intereses impide admitir su incorporación en la demanda por consistir en una violación al principio de congruencia consagrado por la ley administrativa.

Avala esta conclusión la circunstancia que el reclamo por intereses es una facultad que las partes pueden disponer libremente, incluso renunciar, sin que afecte el orden público. La real y efectiva compensación de los daños y perjuicios no puede interpretarse sino con referencia al capital que compone el reclamo, si bien los arts. 1069 y 622 del C Civil prevén la adición de intereses, de ninguna manera establecen que el acreedor queda relevado de pedirlos y que el juez deba concederlos de oficio.

La improcedencia de acordar intereses no pedidos ha sido reiteradamente establecida por la jurisprudencia nacional, criterio al que esta Sala adhiere ( CNCiv Sala C, 29/7/68, LL 134-242, CSJN FALLOS 262:424, 268:512 y ED 29-335, entre otros).

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de la actora y confirmar la resolución de grado en cuanto fuera materia de recurso.

V- Recurso por honorarios.

El letrado de la demandada apela los honorarios por bajos. Sostiene que lo resuelto es equiparable al rechazo de la demanda, que no se tiene en cuenta el monto del proceso y que no se ha ajustado la regulación a las pautas de la ley de aranceles para abogados.

En este sentido es preciso señalar que en autos el trámite del proceso no ha finalizado, habiéndose pronunciado el tribunal solo con relación a la habilitación de la instancia y no sobre el fondo, por lo que, la pretensión del recurrente de equiparar la situación con el rechazo de la demanda deviene improponible pues solo se ha resuelto una cuestión accesoria, conexa con la pretensión del actor.

Adviértase que el tribunal le otorgó el trámite de excepción previa y así se sustanció.

El juez de grado reguló los honorarios de los letrados conforme las pautas del artículo 32. Esta normativa determina que en los incidentes, el honorario se regulará entre el 10% y el 20 % de lo que correspondiere al proceso principal, atendiendo a la vinculación mediata o inmediata que pudieren tener con la solución definitiva del proceso principal, fijando además un arancel mínimo de $ 50,00.

La norma al determinar la base regulatoria no alude al monto del proceso, sino que establece una escala a aplicar "de lo que correspondiere al principal" en clara referencia a los parámetros y escala previstas por la ley para regular honorarios al dictar sentencia definitiva siendo ésta la base a tener en cuenta a dichos fines (arts 5,7, 37,38 y conc de la Ley XIII N° 4).

Por ello, teniendo en cuenta la labor desarrollada, trámite impuesto a la excepción, etapa cumplida, éxito obtenido, trascendencia jurídica, moral y económica del asunto para los interesados y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles para abogados, estando la regulación de grado dentro de los máximos y mínimos impuestos por la ley se concluye que la remuneración fijada es acorde a derecho.

Por lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación del Dr D. de fs. 501/504 y en consecuencia, se confirma la regulación de fs. 497/498.

VI- Atento el modo de resolver la cuestión, las costas de la alzada se imponen a la actora vencida.

Se regulan los honorarios profesionales por la actuación desarrollada en la alzada conforme la labor realizada, etapas cumplidas, éxito obtenido y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles para abogados (arts. 5, 7, 32, 11 y 13 Ley XIII N° 4).

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1°) Rechazar el recurso de apelación de la actora de fs. 499 y, en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 497/498 de autos en cuanto fuera materia de recurso.

2°) Costas de la alzada a la actora vencida. Regular los honorarios correspondientes al Dr J. E. en el 25 % de lo regulado en la instancia de grado.

3) Rechazar el recurso de apelación del letrado de la demandada de fs. 501/504 y, en consecuencia, confirmar la regulación de primera instancia de fs. 497/498.

4) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 504 y las de fs. 508 y 514.

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es firmada por dos Jueces de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia el doctor Julio Antonio Alexandre y haber concordado en la solución del caso (Ley V - N° 17 DJ y art. 274 CCCCh.).- REGISTRADA BAJO EL NRO. DEL AÑO 2009 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS