Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-04-29


AUTOS N° 48.497/C (Segundo Juzgado de Familia) (N° 10446- SALA III) "SOLIMANO DE FOIX Maria Ester - Prescripción Adquisitiva Veinteañal".

///Juan, 29 días de Abril de dos mil once. VISTO: Para resolver el recurso de apelación concedido a la parte actora a fs.84 contra la resolución de fecha 30 de marzo de 2010, obrante a fs. 76/79. -CONSIDERANDO: El Sr. Juez a-quo resolvió:" I) Declarar la caducidad de instancia en este expediente. II) Imponer las costas del proceso principal y del incidente de caducidad, a la parte actora vencida. ...". Contra dicho pronunciamiento se alza la actora a fs.80,el recurso se le concede a fs.84. Expresa agravios a fs.85/89; los que han sido respondidos extemporáneamente (fs.91). - -Según constancias de autos a fs.67, el Sr. Juez a-quo designa al Defensor Oficial en turno para representar a los ausentes. A fs. 67 vta. y fs.68/69 la Defensora Oficial N 3, comparece a tomar intervención en la causa en representación de la parte demandada, acepta el cargo y sin consentir actuación alguna, interpone incidente de caducidad de instancia.- A cuyo fin manifiesta, que los autos estuvieron paralizados desde el 11/02/2005( fs.36) y recién vuelve a impulsarse el proceso por la actora el 18/09/2007 ( fs 37/41), es decir más de dos años y medio después de la última actividad para impulsar el proceso, de fecha 11 de febrero de 2005; no habiendo realizado ningún acto idóneo que interrumpiera la prescripción, en ese lapso.- Tampoco existe constancia de la suspensión del proceso. Por lo que deja planteada la caducidad de la instancia. A fs.71/73, la actora contesta el traslado conferido y manifiesta que, con posterioridad a los actos referidos por la Defensora, realizó numerosas actuaciones destinadas a impulsar el procedimiento, como son la bonificación de la demanda, acreditando el diligenciamiento de oficios a la Justicia Federal y la citación a los demandados por medio de edictos. -Agrega la incidentada que, la falta de apersonamiento de las personas citadas dentro del plazo legal, implica el consentimiento automático de todas las actuaciones llevadas a cabo con anterioridad. En consecuencia, el plazo para que opere la perención comienza a correr nuevamente a partir de la fecha del decreto de fs. 72 ( actual fs.67). Por ello, considera que el Defensor Oficial no puede plantear la caducidad de instancia fundada en una supuesta inactividad ocurrida con anterioridad a la citación a los demandados por edictos. A fs.97 vta. consta la notificación en la alzada a la Defensora Oficial. - -La sentencia recurrida le causa a la apelante los agravios que subsumiremos de la siguiente forma: Primer agravio: El a-quo en la resolución, ha omitido considerar actuaciones procesales conducentes al rechazo de la caducidad.- La actora realizó numerosas actuaciones destinadas a impulsar el proceso, como son: La bonificación de la demanda (fs.55); el diligenciamiento de los oficios a la Justicia Federal (fs.59/60) y la citación de los demandados mediante edictos.- Vencido el plazo pertinente se ordenó la designación del Defensor Oficial (fs.72), quien al comparecer interpone la caducidad. -Los titulares registrales de la porción del inmueble que se pretende usucapir, no comparecieron al proceso, no obstante haber sido citados por edictos, ello denota su falta de interés.- La intervención del Defensor implica su consentimiento a los actos cumplidos con anterioridad. -No existe abandono alguno de la instancia, como lo invoca el a-quo, se realizaron actos tendientes a impulsar el proceso, consentidos por la Defensora al tomar intervención en la causa, efectúa una reseña de los mismos. Por lo que concluye que la Defensora Oficial no puede articular el pedido de caducidad. Segundo agravio: Al ser admitidos los agravios, corresponde el rechazo de la caducidad, con costas al incidentista. Entrando al tratamiento de los agravios diremos: Primero: La calidad del demandado comprende tanto a quien interviene en el proceso en ejercicio de derecho propio, como a quien actúa en ejercicio de representación convencional o legal, como es el caso del Defensor de Ausentes, de los accionados. -El referido funcionario, es considerado por la ley como parte legítima y necesaria en toda contienda judicial en que estén en juego los derechos del declarado ausente. Su función es representarlo y defenderlo (art.111°, inc.7° de la ley 5854). En igual sentido se ha dicho que: "El criterio según el cual, la incomparecencia del ausente luego de la citación de edictos, configura un supuesto de consentimiento tácito a la actividad impulsoria del trámite, que impide al defensor oficial designado para representarlo oponer la caducidad de la instancia, apareja un cercenamiento de las atribuciones de este funcionario, en el ejercicio de defensa de su representado que no puede ser admitido (C.N.A.Com.Sala "A" "Sociedad Militar Seguros de Vida c/ Soifer Cesar S/ Ejecución"-30/03/88). También se ha resuelto que: "Toda vez que el Defensor Oficial debe encontrarse al momento de asumir la representación, en las mismas condiciones en que se encontraría el propio demandado en el caso de tener que defenderse por si mismo, está facultado para acusar la caducidad de la instancia en representación del demandado ausente. Máxime, considerando que la citación por edictos a este ultimo, importa un mero acto de citación convocándolo a estar a derecho y su incomparecencia, tendrá como único efecto, la asunción de la representación en juicio por medio del ministerio de ausentes y no la pérdida de ninguna facultad procesal (C.N.A.Com.Sala "C"-"Bco. de Galicia y Bs.As. c/ Cuneo Carlos s/ Ejec." 15/03/91). - -Además: "El defensor oficial, al asumir la representación del ejecutado ejerce las facultades procesales que incumben a este, incluida, naturalmente la de oponer la caducidad de la instancia, ya que un criterio contrario implicaría un cercenamiento de las atribuciones de dicho funcionario en el ejercicio de la defensa de su representado que no puede ser admitido. Por otro lado, si el planteo en cuestión es formulado contemporáneamente con la asunción del cargo conferido, no puede reputárselo tardío, ni tampoco opera a su respecto el consentimiento del procedimiento conforme lo previsto por el cpr 316, por el hecho de la publicación de edictos y la ulterior incomparecencia del citado, habida cuenta que dicho tramite constituye la actividad ineludible para la designación del ministerio publico (C.N.A.Com.Sala "A"- " Bco. Credicoop Coop.Ltdo c/ Evangelista Felipe s/ Ejec."-Ref. Norm.: C.P.: 316. - Nº Sent.: 9335/00. - 16/09/2008). "Sólo después de tomada intervención por el Defensor Oficial puede hablarse de consentimiento de las actuaciones cumplidas con anterioridad, desde que la resolución quedó notificada al día siguiente del último edicto (art.147 del CPCC) es la que dispone el emplazamiento, que no implica un traslado de la totalidad de las actuaciones cumplidas hasta entonces. Por tal motivo el consentimiento de las actuaciones a que alude el art.315 del CPCC sólo puede verificarse si el defensor no cuestiona actos anteriores a su designación dentro del quinto día de serle ésta comunicada (Prov.Bs.As.-Cc0001 Si 52093 Rsi-202-90 I- 05/04/90- "Caja De Crédito C/ Sanseverino S/ Cobro"). De la compulsa del expediente surge que la demanda ha sido interpuesta el 20 de julio de 2000 (fs.13 vta.) procediendo los trámites pertinentes.- La providencia del 11 de febrero de 2005 (fs.36), es la última actuación útil del Tribunal. -Después de un período de inactividad de más de dos años, comparece la actora con nuevo apoderado, el 18 de septiembre de 2007 (fs.40), cuando ya se había cumplido el plazo de caducidad de la instancia ( art.294, inc.1° del C.P.C.).- Con posterioridad a los trámites pertinentes se designa Defensor Oficial (fs.67). Quien como ya lo indicáramos, comparece e interpone la caducidad objeto del recurso, expresando que no consiente ninguna actuación (fs.68/69). - -Se aclara al respecto que el Sr. Juez a-quo en la resolución de esta causa, aplicó los arts.294 y siguientes del C.P.C. (ley 3738), que establecen un plazo mayor del término de caducidad. Una vez cumplido el plazo de caducidad, el eventual efecto interruptivo que puedan tener, ya sea un acto impulsorio de parte o alguna actuación del Tribunal, queda condicionado al hecho de quien tiene la facultad de solicitar la perención, consienta la actuación de la contraria o del Tribunal, posterior al vencimiento del plazo.- En este caso la Defensora, representante legal de los demandados, no presta su conformidad a los actos realizados; conclusión ésta que se extrae del art.299 del C.P.C., esta norma, se corresponde con el art. 277 del C.P.C.( ley. 8037). - -Al respecto este Tribunal ha resuelto que: "El acto unilateral de la parte tendiente a instar el proceso, efectuado antes de transcurridos los plazos mencionados por el art. 294 del C.P.C., constituye un acto interruptivo de la caducidad, pero una vez que ellos transcurrieron, no cabe acto interruptivo alguno de un plazo que ya expiró, y sólo es factible la concurrencia de la voluntad de las partes para que se opere la purga de la caducidad ya cumplida. -El hecho de que en el segundo apartado del art. 299 no se haga referencia a los actos de impulso de la parte, no autoriza a concluir, como pretende el recurrente, que luego de cumplido el requisito temporal previsto por el art. 294, los actos procesales de la parte que debe impulsar el proceso, puedan seguir teniendo efecto interruptivo de los plazos de la caducidad ya vencidos ( Prot.de autos:T°IV-F°681/683-05, entre otros)" -También se ha dicho que: "La inactividad procesal -ya sea por ausencia de actos impulsorios o por actividad inidónea para producir el impulso del procedimiento-, puede determinar la caducidad de la instancia. La siguiente distinción respecto del acto impulsorio: si se realiza antes del vencimiento del plazo legal de caducidad interrumpe la perención; en cambio, si se realiza luego de vencido, puede determinar la subsanación o purga de la caducidad (conf. Loutayf ranea, Roberto g. - Ovejero lópez, julio c. "Caducidad de la instancia", 1a. Reimpresión, ed. Astrea, 1991, págs. 58 Y 60). Sin embargo, para que se configure este último supuesto, es necesaria la concurrencia de ciertos requisitos, entre ellos el consentimiento de la parte interesada que puede ser expreso -mediante una declaración de voluntad de la parte en tal sentido-, o tácito -cuando hay actos de donde se desprende sin lugar a dudas esa voluntad de la parte de consentir que la instancia continúe (C.A.Fed.Civ.y Com.Sala 1- "La Holando Sudamericana Cía.de Seguros S.A. c/ Serrano José s/Faltante y/o avería de carga"-15/09/2009 - Nro. Exp.: 3.945/06). -Otra jurisprudencia de la Provincia de Tucumán expresa: "En el sistema procesal local, cuando los plazos han vencido y las partes o el Tribunal realizan actos impulsorios, la caducidad no se produce si la parte los consiente; configurando lo que se denomina subsanación, purga, convalidación o saneamiento de la instancia, en la cual se habían cumplido los requisitos legales para que opere la perención. En general, los actos idóneos para interrumpir la caducidad son igualmente aptos para lograr la subsanación, si se cumplen luego de vencido el plazo de caducidad. De otra parte, la mera articulación del incidente de perención es suficiente para excluir el consentimiento que mencionan los distintos ordenamientos procesales provinciales, pues la presentación acusando la caducidad de la instancia importa el no consentimiento de la actuación impulsora, que no se encontraba firme (Corte suprema de Justicia de Tucumán- Sala Civ. y Penal-Sent.n 746-"Villarrubia Julio C. c/ Navarro Jorge s/ Daños y Perjuicios"-29/09/04). - -Por lo que corresponde desestimar los agravios expuestos por la parte actora. Segundo: En razón del resultado del recurso, tanto las costas de primera instancia, como las de la alzada son a cargo de la actora vencida( arts.66, 67 y conc. del C.P.C.). Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación concedido a la actora a fs. 84, contra la sentencia de fecha 30 de marzo de 2010, obrante a fs.76/79, la que se confirma por los fundamentos dados.- Costas a cargo del apelante vencido (arts. 66, 67 y conc. del C.P.C.). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.-FDO:DR. HUMBERTO CABALLERO, DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA Y MOISES MOYA, . ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI- SECRETARIA- PROT. DE SENT. T° II-F° 209/212 -2011-