Municipalidad, habilitación municipal, playas de estacionamiento, poder de policía, acto administrativo, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moroni Jorge c/ Municipalidad de Córdoba s/ Plena Jurisdicción - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-02-23

1- La Ordenanza 8117 ha asignado al Departamento Ejecutivo Municipal la "competencia" de otorgar o no otorgar las habilitaciones de playas de estacionamiento público, lo que surge de una interpretación armónica de los arts. 6, 16 y 27 de la normativa citada, lo que importa que es el Intendente Municipal quien tiene reservado para sí el juicio último sobre el otorgamiento del permiso.

La preceptiva en cuestión ha puesto al arbitrio de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Coordinación del Tránsito, la ponderación de las condiciones técnicas exigidas en la Ordenanza 8117 y su Reglamentación, instituyéndola asimismo como órgano de aplicación y contralor.

En ese marco, las razones de interés general invocadas por quien es la máxima autoridad municipal y como tal, titular del gobierno y administración de los intereses públicos locales dirigidos al bien común (art. 186 inc. 1, Constitución Provincial), no se presentan como ajenas o extrañas a la Ordenanza 8117. Por el contrario, armonizan con la finalidad de interés general que procura salvaguardar la reglamentación de la explotación de Playas de Estacionamiento Público, que tienden en definitiva a conjugar el interés particular en el ámbito más amplio de los intereses de la comunidad, con la finalidad de alcanzar una racionalización del tránsito vehicular en el Area Central del éjido municipal.

2- La circunstancia que la Ordenanza 8117 no contenga una casuística detallada y pormenorizada de todas y cada una de las causas por las que el Departamento Ejecutivo Municipal pueda resolver negativamente el pedido de habilitación, no neutraliza la cuota de discrecionalidad que el legislador local ha reservado para dicho órgano, desde el momento que lo instituye como autoridad con competencia para resolver.

La discrecionalidad forma parte del orden jurídico de donde proviene en forma expresa o implícita. Pero su cometido trascendente es agregar un elemento nuevo a ese ordenamiento porque la valoración subjetiva que debe realizar no existía, completando de tal forma el sistema jurídico.

Las razones invocadas por el Departamento Ejecutivo responden a una apreciación cualificada del interés general comprometido en el acto particular, que es consustancial con la finalidad de bien público que provee de justificación teleológica a las normas de la Ordenanza 8117.

3- El dictamen de factibilidad elaborado en el marco del trámite administrativo reglado por la Ordenanza 8117 y su reglamentación no es fuente de derecho subjetivo alguno, sino simplemente un acto preparatorio de la decisión final a cargo del Departamento Ejecutivo.

Si el recaudo al que se hallaba condicionada la "factibilidad" de localización de la playa de estacionamiento, no fue cumplimentado con posterioridad al dictado de los actos enjuiciados, ni siquiera en la segunda petición del interesado efectuada a más de dos años del primer dictamen de factibilidad, configuraba, ya al momento de emisión de los actos denegatorios, como un obstáculo al otorgamiento de la habilitación, por lo que aún cuando pudieran descalificarse las razones vinculadas al interés general los actos enjuiciados dan cuenta de razones técnicas que han sido expresamente señaladas por la Administración, que se complementan con las actuaciones administrativas que precedieron al dictado de los actos emanados del Departamento Ejecutivo, las que gozan de la presunción de legitimidad por falta de prueba en contrario no incorporadas a la causa, y que sustentan un juicio favorable a la juridicidad de la denegatoria al pedido de habilitación.