Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-23


Incidente Nº 1 - ACTOR/ES: M. D R. E.

DEMANDADO/S: OMINT s/INCIDENTE DE APELACIÓN Buenos Aires, 23 de mayo de 2014.- SD VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 188 -fundado a fs. 196/200vta., que mereció la réplica de la curadora "ad litem" de la beneficiaria a fs 205/209vta. (de conformidad con el testimonio obrante a fs. 57) y por la Señora Defensora Pública Oficial a fs. 215/216 - contra la resolución que en copia luce a fs. 182/184; y CONSIDERANDO:

1) Que la señora M. R., en representación de su madre E. O. M. de 89 años de edad, con certificado de discapacidad, inició la presente acción de amparo contra OMINT a efectos de que se le ordene proveer de forma inmediata la cobertura integral del tratamiento de internación diaria en la institución en la que actualmente se encuentra -"Centro Activos"- y/o la suma que corresponde a la prestación Hogar Permanente con Centro de Día, Categoría A con más el 35% en concepto de dependencia establecida por el nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad, de acuerdo a la prescripción médica acompañada para tratar su discapacidad generada por un ACV con múltiple deterioro que presenta y solicitó el dictado de una medida cautelar innovativa 2) Que el señor juez de la anterior instancia ordenó a OMINT - CS SALUD S.A. a proveer a la Sra. E. O. M. la cobertura integral de internación diaria en la institución "Centro Activos", extendiendo el monto de cobertura hasta los límites del Nomenclador de Prestaciones Básicas para las personas con Discapacidad a cuyo efecto deberá tomarse como parámetro el valor previsto para el "módulo hogar permanente con centro de día categoría A" de acuerdo a la indicación dada por su médico tratante, hasta que se dicte sentencia definitiva (ver fs. 182/184).

3) Dicha resolución fue apelada por OMINT S.A., quien expresó que la precautoria dictada -que coincide con la cuestión de fondo- resulta violatoria del derecho de defensa y que afecta el principio de igualdad entre las partes. Sostuvo que la resolución carece de la debida fundamentación y que no se dan en autos los requisitos necesarios para la procedencia de la medida cautelar.

Mantuvo la inexistencia de legitimación de su parte y por último, criticó la extensión de la cobertura otorgada.

Conferido el traslado pertinente, fue replicado por la parte actora a fs. 205/209vta., y el Ministerio Público de la Defensa hizo lo propio mediante el dictamen de fs. 215/216.

4) Así las cosas, cabe señalar que en los términos en que la cuestión se presenta, este Tribunal sólo analizará las argumentaciones que resulten adecuadas con el contexto cautelar en el que fue dictada la resolución recurrida (confr. Corte Suprema, Fallos: 278:271; 291:390, entre otros). Sin examinar aquellos planteos que tengan vinculación con la cuestión sustancial del proceso.

Del mismo modo, resulta pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquellos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (CSJN, Fallos: 276:132; 280:320; 303:2088; 304:819; 305:537 y 307:1121 entre otros).

Y asimismo, es necesario destacar que no se ha cuestionado en autos que la señora E. O. M. es afiliada a una de las empresas de medicina prepaga del grupo accionario demandado OMINT SA-CS SALUD SA (ver fs. 5; 7; 13/15; 17; 25 y 41), sin poder determinar en esta estado del proceso a cuál de las empresas efectivamente está afiliada pero como -según la afirmación de la propia emplazada (ver fs. 42/43)- tienen administración conjunta no resulta un impedimento a fin de tratar la procedencia de la precautoria recurrida.

Como tampoco se ha debatido que la peticionaria cuenta con 89 años de edad y padece de demencia tipo Alzheimer, de inicio tardío con ideación delirante (ver fs. 8/vta. y 179), ni siquiera la necesidad de tratamiento de la beneficiaria (ver fs. 196/200vta.).

Está en debate, en cambio, la obligación de la demandada de proveer cautelarmente la cobertura de la internación en el Centro "Activos", para tratar la patología que afecta a la pretensora, conforme surge de la opinión médica de los doctores Maximiliano E. Aduriz y Luis Alberto Pezzutti (ver fs. 8 y 179).

5) Sentado ello, cabe señalar que las alegaciones referidas a la violación del derecho de defensa en juicio y al principio de igualdad de las partes en el proceso no son atendibles.

En tal sentido, es dable recordar que el propio art. 198 del Código Procesal establece que las medidas precautorias deben ser decretadas y cumplidas sin audiencia de la otra parte, y quien se considera afectado por ellas cuenta con las vías recursivas específicamente contempladas en el tercer párrafo de la norma citada, oportunidad en la que puede controvertir la decisión que se hubiera adoptado tanto en el aspecto fáctico como en el jurídico. Así lo hizo la demandada, articulando uno de los recursos que la ley ritual contempla en supuestos como el presente, de modo que -desde esta perspectiva- no se advierte que lo actuado hasta el presente haya vulnerado el ejercicio del derecho de defensa en juicio de la demandada ni el principio de igualdad de las partes. Ello, máxime, cuando en el "sub examine" la accionada ha sido oída por el "a quo" antes de que aquél dictara la medida precautoria bajo estudio (ver fs. 42/43).

6) Por otra parte, el hecho de que exista coincidencia entre el objeto de la medida precautoria y el de la acción no es, por sí mismo, un argumento válido para sustentar la queja formulada. Si bien es cierto que las medidas de carácter innovativo justifican una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión, por alterar el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Fallos: 316:1833; 319:1069, entre otros), la propia Corte Suprema ha sostenido que no se puede descartar la aplicación de una medida de este tipo por temor a incurrir en prejuzgamiento cuando existen fundamentos que imponen expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada, añadiendo que estos institutos procesales enfocan sus proyecciones sobre el fondo del litigio, ya que su objetivo es evitar los daños que podrían producirse en caso de inactividad del órgano jurisdiccional y tornarse de muy dificultosa o imposible reparación al tiempo de dictarse la sentencia definitiva (Fallos: 320:1633).

De conformidad con ese criterio, este Tribunal ha juzgado que en casos como el presente -donde el objeto último de la acción aparece dirigido a la protección de la salud de una persona- el criterio para examinar la procedencia de una medida precautoria -aun cuando tenga carácter innovativo- debe ser menos riguroso que en otros, dadas las consecuencias dañosas que podría traer aparejada la demora en satisfacer prestaciones como las reclamadas en el "sub lite", ponderando además que en estos supuestos el eventual perjuicio que podría generar para una de las partes la admisión de la medida es habitualmente mucho menos trascendente que el que implicaría la denegatoria para su contraria.

7)Que, ello establecido corresponde puntualizar que en la especie tampoco es posible estimar que la decisión del juzgador carece de adecuado sustento. Nótese que en ella se mencionan específicamente los certificados médicos acompañados por la pretensora; la falta de respuesta específica por parte de la demandada y el análisis de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional; los tratados internacionales que la integran y la legislación en materia de salud vinculada a las prestaciones integrales a favor de las personas con discapacidad (Ley Nro. 24.901), lo que lleva a destacar que la demandada se limita a invocar la carencia de fundamento del auto apelado más sin dedicar siquiera una línea a los elementos probatorios referidos y a la legislación ponderada por el magistrado preopinante, de los cuales -"prima facie"- surge acreditado no sólo la necesidad de la afiliada de contar con el tratamiento objeto de la cautelar; que resulta ser la mejor opción terapéutica para aquella (cfr. fs. 179) y que la prestación ordenada encuentra sustento en la legislación vigente.

Así las cosas, en este estado preliminar de la causa y con el limitado marco de conocimiento propio del proceso cautelar, el Tribunal entiende que las razones esgrimidas por la accionada para denegar la cobertura requerida con el sustento de lo que se pretende es la cobertura de un geriátrico que no tiene previsión legal no constituye un obstáculo válido, dada la específica prescripción del tratamiento formulada por los especialistas responsables de aquella (ver fs. 8 y 179) y los claros términos de la normativa referenciada por el señor juez preopinante.

En este contexto, considerando que el peligro en la demora también surge palmariamente del certificado médico referido precedentemente, mediante el cual el profesional enfatizó que la actora -que tiene 89 años de edad, quien presenta secuelas de ACV, con trastornos en la deglución; como asimismo, motores que impiden su deambulación; e importante deterioro cognitivo, incontinencia del esfínter- se encuentra actualmente compensada, residiendo en una institución especializada acorde a sus necesidades, con excelente adaptación, por lo que se recomienda que continúe internada en el mismo lugar (ver fs. 179), el Tribunal aprecia que los fundamentos esgrimidos por OMINT S.A. de Servicios no resultan suficientes para revocar la medida otorgada por el "a quo".

8) Que, cabe precisar que la caución juratoria impuesta luce adecuada, atento la naturaleza de los derechos en juego y la verosimilitud que aquí se verifica, por lo que la queja formulada sobre el punto tampoco puede prosperar (esta Sala, causas nros. 9.721/07 del 12.12.07; 995/08 del 13.06.08; 5.145/2011 del 21.03.12, entre otras).

De conformidad con todo lo expuesto cabe concluir que resulta razonable mantener la tutela más amplia a favor de la amparista, sobre todo ponderando los valores jurídicos en juego. No hay que perder de vista que en estos casos la intervención judicial debe priorizar por sobre intereses de orden patrimonial colectivos, aquéllos que cuentan con un mayor rango normativo, como son el derecho a la vida y a la preservación de la integridad psíquico-física, protegidos por los artículos 42 de la Constitución Nacional y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conf. esta Sala, causa nro. 3.912/02 del 20.8.02, entre otros).

En las condiciones descriptas, ponderando que el juzgamiento actual de la pretensión es posible sólo mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo, que de acuerdo con lo expresado se encuentran satisfechos los recaudos relativos a la verosimilitud del derecho invocado y al peligro en la demora y que relativamente a la caución juratoria fijada por el magistrado no median elementos que permitan aseverar que la decisión recurrida efectivamente vaya a producir un desequilibrio del sistema que determina los riesgos que la demandada asume, sus agravios deben ser desestimados.

9) Por último, haciendo mérito del peligro en la demora que involucra lo atiente a la continuidad de la atención médica prescripta a la señora Molina a fs. 8 y 179, entiende el Tribunal que no resulta apropiado ni posible, en el estado del juicio y en el ámbito cautelar en el que se circunscribe el planteo, avanzar sobre la cuestión relativa a la incidencia que proyectaría para la solución del caso la falta de inscripción del Centro "Activos" en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a las Personas con Discapacidad.

Por los fundamentos expuestos, esta Sala RESUELVE: confirmar la medida decretada a fs. 182/184, con costas (art. 68 y 69 del Código Procesal).

Difiérese la pertinente regulación de honorarios hasta tanto recaiga en autos sentencia definitiva.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN nº 31/11 y 38/13 -BO 17.10.13- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI ALFREDO SILVERIO GUSMAN GRACIELA MEDINA