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Derecho laboral, responsabilidad solidaria, responsables, procedencia del recurso, despido
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Romero, José Alberto c/ Procesos Textiles JJR SRL y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-28

La actora apela la sentencia de grado que rechazó la demanda al no tener por acreditado que los codemandados que emplearon al actor encubrieron actividades extra-societarias o constituyeron un mero recurso para violar la ley como para responsabilizar en forma personal a sus socios en los términos del art. 144 del Código Civil y Comercial. Ante tal contexto, se tiene por cierto que el actor laboraba para una sociedad y que luego de su desvinculación, los socios constituyeron una nueva, la cual continuó idéntica actividad que la anterior y en el mismo establecimiento, lo cual permite considerarla como continuadora en los términos de los arts. 225 y concs. de la LCT. En este sentido, los codemandados han sido no solo socios y administradores de las sociedad empleadora, sino también quienes encubrieron el carácter de auténticos dueños y empleadores bajo tales figuras, al punto que presionaron al trabajador para simular una condición de socio inexistente, dado que siempre cumplió servicios bajo las órdenes y dirección de quienes, de tal modo, evadieron su responsabilidad personal y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a su condición de empleadores (art. 26 LCT) mediante la interposición de una figura societaria carente de actividad real. Tales circunstancias, que exceden la mera ausencia o deficiencia en el registro de la relación laboral, suponen el uso desviado de la figura societaria con la finalidad de ocultar la responsabilidad personal de los socios, evadir la ley, y de tal modo frustrar los derechos de terceros, todo lo cual permite la imputación directa de la actuación del ente a quienes como socios y controlantes hicieron posible la maniobra en los términos de los arts. 144 del Código Civil y Comercial y 54 de la Ley de Sociedades
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, resoluciones anteriores a la sentencia, excarcelación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Alonso, Jorge F. y otros s/ contrabando de estupefacientes y otros delitos - causa n° 3161.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

Las resoluciones que hacen lugar a la excarcelación no constituyen sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48 (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Albornoz, Javier Mario c/ Krochik S.A. s/ Cobro de Pesos y Entrega de Certificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-08-07

En cuanto a la carga de la prueba, respecto a la existencia de contrato de trabajo cuando el mismo es controvertido, recae sobre el actor al tratarse del presupuesto de hecho de sus pretensiones (artículo 363 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable por artículo 141 del Código Procesal Laboral) y el reiterado criterio de este Tribunal.
Cosa juzgada, acción reivindicatoria, mejoras útiles
Materia: PROCESAL
Carátula: Canales, Fernando José c/ Canales, María Luisa s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-12-12

La sentencia pronunciada en el juicio de reivindicación seguido con anterioridad entre las mismas partes tiene efecto de cosa juzgada sobre el pleito en el cual se persigue el resarcimiento de las mejoras necesarias y útiles efectuadas sobre el bien objeto de aquella reivindicación, pues en dicha sentencia, y con el objeto de resolver el "derecho de retención" opuesto por el demandado al progreso de la "acción de reivindicación¨, se ha determinado cuáles de los gastos efectuados por el demandado respondieron a "mejoras útiles¨, decidiendo "por continencia" lo que es materia litigiosa en este pleito y configurándose así el supuesto de "cosa juzgada por continencia", cuya existencia debe ser declarada judicialmente de oficio en cualquier estado de la causa.
Violación de derechos humanos, delitos contra la humanidad, indulto
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad -Riveros-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

Tratándose de la investigación de delitos de lesa humanidad, cualquiera sea la amplitud que tenga el instituto del indulto, él resulta una potestad inoponible para este tipo de proceso, pues para el supuesto que se indultara a procesados partícipes de cometer delitos de lesa humanidad, ello implicaría contravenir el deber internacional que tiene el Estado de investigar, y de establecer las responsabilidades y sanción; del mismo modo, si se trata de indultos a condenados, igualmente se contraviene el deber que tiene el Estado de aplicar sanciones adecuadas a la naturaleza de tales crímenes.
Regulación de honorarios, monto del juicio, capitalización de intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: VIME  S.A.C.I. c/ CARLOS CABRERA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-12

No corresponde acumular los intereses al capital para determinar el monto a los fines regulatorios, dado que aquellos son el resultado de una contingencia variable y ajena a la actividad de los profesionales.
Ejecución fiscal, domicilio denunciado, domicilio constituido
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL DGI c/ RODRIGUEZ FLORENCIO OSVALDO s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

El art. 13, ley 11.683 dispone, respecto de los domicilios en el señalados, que en el ámbito administrativo y judicial producen los efectos del domicilio constituido, siéndoles aplicables las disposiciones de los arts. 41, 42 Y 133, del Código Procesal (cfr. CSJN.: Fallos: 289:89; esta sala, causas 4577 del 11.5.94 y 949 del 31.5.94; CNCONT. Adm. Fed., Sala III, in re: "F.N. (D.G.I.) C/Busta Caeiro y Cía S.R.L. S/Ejecución Fiscal", del 20.9.94; Id., Sala V, in re: "Fisco Nacional (DGI) c/El Grillo Sport SACIF s/Ejecución Fiscal-DGI-", del 14.8.96; Id., Sala II, in re: Fisco Nacional (DGI) c/Zapatería Sarli S.R.L. S/Queja", del 3.10.96).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: SADE S.A. c/ Avila, Oscar A. s/ Acción declarativa. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

La resolución del Tribunal del Trabajo que rechazando la revocatoria deducida, resuelve sobre el procedimiento a seguir ante lo peticionado por la actora en relación a la exclusión de los demandados de las garantías establecidas por la ley 23551, no reviste carácter de definitiva en los términos del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 65 de la ley 7718) toda vez que no pone fin al juicio ni impide su continuación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ale Neiff y otra c/ Stell Eduardo Santiago y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

Ni el Código de Tránsito anterior ni el actualmente vigente imponen que la visión retrospectiva se obtenga mediante un espejo determinado. Lo que prohibía el art. 66,inc.1º de la Ley 5800 era cambiar de dirección "sin antes asegurarse de que es posible hacerlo sin peligro para terceros". Y para que esto suceda no basta observar el acto mismo de hacer la maniobra sino que la atención debe mantenerse desde antes y en todo momento sobre las condiciones del tránsito por el que se circula, tanto atrás como adelante.
Honorarios, boleto de compraventa
Materia: COMERCIAL
Carátula: Accinelli, Mario Hugo c/ Gastaldo, Héctor José s/ Cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1998-04-17

Es irrelevante que el actor probase categóricamente su intervención o la realización de actos propios de la intermediación (publicidad, reuniones, etc.) pues en su carácter de corredor de comercio tiene derecho a percibir sus honorarios aunque la operación encomendada se haya realizado sin su intervención, siempre que ello haya ocurrido durante el plazo de vigencia de la autorización (art. 95, primer apartado, ley 861).
Administración Pública, interpelación, recurso contencioso administrativo, sentencia, ejecución de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CIA    ESTUDIOS   Y  CONSTRUCCIONES  INGENIERO  RODOLFO CORNERO  SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO DE REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 287-79
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-10-10

Resulta inoficioso disponer la revocatoria del decreto que intimó a la demandada (municipalidad de santa fe) a depositar la suma debida en el plazo de cinco días, si a la fecha del pronunciamiento que reconoce la ilegalidad de dicho decreto, ya vencieron los sesenta días hábiles previstos en la ley 7234 y modificatorias, que se declara aplicable.
Intereses, liquidación, tasas de interés, mora, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Entidad Binacional Yacyretá c/ Misiones, Provincia de s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Si ante el incumplimiento del deudor, el acreedor debió acudir a una institución bancaria para proveerse del capital adeudado, a los efectos del resarcimiento del daño moratorio deberá aplicarse la tasa de interés activa, pero dado que ello no es sino una consecuencia mediata del incumplimiento, para asignarla a la esfera de responsabilidad del deudor debe ser concretamente alegada y demostrada.
Seguros, régimen de contralor, Superintendencia de Seguros de la Nación, productor asesor de seguros, inhabilitación profesional
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION s/ PRODUCTOR  MANUEL  FERNANDO  VALENCIA  S/  PROMOCION  DE  SEGUROS  NO  AUTORIZADOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

En tal circunstancia, si no se verifica conducta irregular reiterada ni sanciones anteriores impuestas al productor, procede aplicar la pena de inhabilitación por un año.
Caducidad, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Samuel Gutnisky S.A. y otro c/ E.N. -Flota Fluvial del Estado Argentino s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-20

Conforme con lo previsto en el art. 311 del C.P.C.C.N. el plazo de caducidad se computa desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez, secretario o prosecretario, que tenga por efecto impulsar el procedimiento, y corre durante los días inhábiles, salvo los que corresponden a las ferias judiciales o aquellos en los que por una circunstancia de hecho o de derecho las partes se hallan impedidas de activar el procedimiento (esta Sala, 15/6/93, "Puente Juan Carlos c/ Instituto de Vivienda del Ejército s/ juicio de conocimiento").
Prueba del contrato, prueba testimonial, prueba pericial, principio de prueba por escrito
Materia: COMERCIAL
Carátula: TEJIDOS NIKE SOCIEDAD ANONIMA c/ DISMO SOCIEDAD ANONIMA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-13

No procede admitir a los fines de tener por acreditada la existencia del contrato, la prueba testimonial y la pericial contable efectuada sobre los libros de quien pretende hacer valer la contratación, si previamente no medió principio de prueba por escrito (código de comercio: 209 y código civil :1193): no encontrándose acreditada la autenticidad de la prueba documental agregada al expediente, el contrato no puede probarse por otros medios.
Derechos del niño, interés del menor
Materia: CIVIL
Carátula: M. D. H. c/ M. B. M. F
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

La regla del artículo 3.1 de la CDN que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones, tiene-al menos en el plano de la función judicial donde se dirimen controversias-, el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos, incluso, llegado el caso, el de los padres, y la coincidencia entre uno y otro interés ya no será algo lógicamente necesario, sino una situación normal y regular pero contingente que, ante el conflicto, exigirá justificación puntual en cada caso concreto (Voto del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Procedimiento laboral, derechos y garantías constitucionales, relación de dependencia, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FONSECA, AMANDA RAQUEL c/ FELER, SERGIO HORACIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-12-04

Como lo señala la CNTrab. Sala VI en autos "Figueroa Sandra c. Cucor S.A s/ Despido" (13-0-07) "...siendo que el pago es el cumplimiento de la prestación debida como objeto de la obligación (art. 725 CC), el mismo no puede tenerse por cumplido por el mero ofrecimiento de efectivización, pues la simple puesta a disposición, fuera del marco judicial, no significa cumplimiento de dicha prestación debida".

Resulta evidente la incidencia del incumplimiento, pues el mismo sí adquiere significancia cuando se compara el monto de lo percibido por día y el correspondiente a cada hora extra adeudada, lo que vacía de contenido a la afirmación de que el incumplimiento cuando es de magnitud, se advierte idóneo para desplazar el principio de conservación del vínculo.
Verificación de créditos, crédito prendario, crédito hipotecario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zimermann, Horacio s/ Incidente de verificación tardía (en autos "Bianchet, Mario s/  Quiebra")
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Sin perjuicio del derecho particular que la ley concede a los acreedores con garantía real para peticionar la formación de un "concurso especial", para la realización del bien afectado (arts.

126 párrafo segundo, y 209, ley 24.522) la obligación de solicitar la verificación de su crédito comprende a todos los acreedores, sin excepción alguna; tanto para el concurso preventivo cuanto para la quiebra, y en uno o en otro debió incoar en tiempo su pretensión verificatoria (arts. 32, 125, 126, 200, ley citada).
Tenencia de estupefacientes, condena de efectivo cumplimiento
Materia: PENAL
Carátula: Nocetti, Julio César y Otros c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Aguirre, Gastón Andrés y otro s/ tenencia ilegal de estupefacientes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-08-11|2014-12-04

Corresponde condenar con una pena de cumplimiento efectivo al imputado en orden al delito de tenencia ilegal de estupefacientes, pues surge acreditado que el acusado tenía en su poder una bolsa de color blanca con veintiún envoltorios de nylon de color negro, que contenían marihuana, lo que permite inferir razonablemente su conocimiento respecto de la detentación de una sustancia de tenencia prohibida, máxime cuando se advierte que el acusado cuenta con antecedentes condenatorios que demuestran no solo su proclividad delictiva, sino también su total impermeabilidad a los reclamos ético-jurídicos de enmienda.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, acción de amparo, directorio, derechos del consumidor, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Liga Santafesina en defensa del usuario y del consumidor c/ Poder Ejecutivo s/ Recurso de inconstitucionalidad - Acción de amparo (Expte.: C.S.J.  Nro. 757 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

El recurso de inconstitucionalidad intentado por la actora frente al rechazo de la acción de amparo promovida contra el Poder Ejecutivo y la Honorable Legislatura de Santa Fe a fin de lograr que se designara un representante de los usuarios y consumidores en el Directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios dispuesto por la ley 11.220, debe ser rechazado desde que la recurrente cita, en apoyo de su tesis, el artículo 42 de la Constitución nacional, en cuanto estatuye: "... La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control", sin explicar por qué razón lo entiende sin más aplicable a los servicios públicos provinciales. Sobre el particular debe recordarse, que entre los que se ocuparon del tema en la Convención Nacional Constituyente de 1994, el convencional Díaz Araujo expresó que: "... los servicios públicos provinciales son de competencia de cada una de las Constituciones y leyes de las Provincias" (31ª Reunión, 3ª Sesión ordinaria, 16 de agosto de 1994, y 32ª Reunión, 3ª Sesión ordinaria, 17 de agosto de 1994, pág.

6014). Frente a tal criterio, el recurrente debió desplegar especial esfuerzo en pos de demostrar por qué consideraba que la norma de la Ley Fundamental gobernaba sin más ni más la solución que depara el sub examine, esmero que no se advierte haya desplegado. (De los Fundamentos del Dr. Falistocco)
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, sentencia, fundamentos suficientes, concurso preventivo, acuerdo de partes, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Lainatti Hnos. S.A. s/ Recurso extraordinario-Quiebra (Expte. CSJ N.  459-1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-21

No concurren en el sub lite los extremos que verosímilmente examinó la mayoría del Alto Tribunal de la Nación, al pronunciarse en el recurso extraordinario deducido en la causa "Sasetru S.A. s.

Quiebra", mencionada por la impugnante por cuanto, a su entender, la aceptación del acuerdo por la mayoría de los acreedores sí vinculaban al juez a decidir su homologación, habida cuenta de la evolución jurisprudencial y doctrinaria producida durante la vigencia de la ley 19.551, en torno a las facultades del juzgador en esa materia. Ello, por cuanto a ese fin no resultan suficientes la reproducción de lo aseverado en las instancias precedentes y la crítica a las consideraciones de la Síndica acerca de la inviabilidad del acuerdo, sustentada otra vez en las reflexiones efectuadas por el Vocal disidente, pues la postulación -así formulada- no logra superar el nivel de disconformidad con la evaluación llevada a cabo por la Corte local, nuevamente en el ejercicio de sus funciones privativas, en tanto apreció que la confirmación por el A quo de la improcedencia de la homologación no se mostraba absurda, ilógica o irracional, "al advertirse que mediaban razones sustanciales determinantes y reveladoras de imposibilidad de cumplimiento de la propuesta por la fallida, de acuerdo a lo que surgía de las constancias de autos y según lo informado por la Sindicatura".
Cuestiones de competencia, competencia contencioso administrativa, concesionario vial, obligación de seguridad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Coronado Quispe Isabel y ot. c/ Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) s/ pretensión indemnizatoria - otros juicios. cuestión de competencia art. 7, ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-06

La Suprema Corte se ha decidido por la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer en las demandas dirigidas contra un concesionario de obra pública que explota una autopista provincial en virtud de un contrato suscripto con las autoridades locales, cuando se alega que el hecho dañoso se produjo por el presunto incumplimiento de los deberes y obligaciones de seguridad vial que rigen la concesión, puesto que tales controversias se han considerado -como la norma estatutaria dispone- "regidas por el derecho administrativo" (art. 2 inc. 2, CCA).
Actos jurídicos, fraude
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castillo de Moriones c/ Moriones de Mariñelares s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

La violación del sentido íntimo de la ley dado por el fraude a la misma, ésa burla a sus fines y a los principios de orden público que ellos expresan, ese mecanismo tortuoso y refinado que a través de un rondón en torno a la norma y un abuso a su texto escrito concluye por vaciarlo de sentido y bastardeando su espíritu, no puede quedar sin sanción en nuestro derecho, la cual le viene dado en el mismo por los arts. 18, 21, 953, 961, 966, 1071 y cc del C.C.
Haber jubilatorio, pago, imputación de pago, intereses
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DELGADINO, Osvaldo Alberto c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-27

La Caja que adeuda capital e intereses, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 744 y 776 C.C. debe obtener el consentimiento del acreedor para imputar un pago a capital, ya que si bien el elegir la deuda que se quiere pagar corresponde al deudor (art. 773 C.C.) ello no es así cuando la misma se integra con capital e intereses, en cuyo caso carece de libertad para pagar la deuda principal dejando impagos los intereses.

***CCI C 000000 0000 00 00 0744 000 0000 000 ***CCI C 000000 0000 00 00 0776 000 0000 000 ***CCI C 000000 0000 00 00 0773 000 0000 000
Actos jurídicos, instrumentos privados, valor probatorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sosa Mendez, Juan Ismael c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-23

Quien presente un documento privado, tiene la carga de probar su autenticidad ante la hipótesis de su desconocimiento por la parte a quien lo opone, pues a estos documentos, a diferencia de lo que sucede con los públicos, no se les atribuye ninguna presunción de autenticidad, ni en cuanto a su apariencia externa, ni en cuanto a la veracidad de su contenido" (CNCom, Sala D, 19.5.11, "Ferias y Exposiciones Argentinas SA c/ Tecnorural SRL s/ ordinario").
Inspección ocular, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BECERRA ANTONIO c/ ALFAGRO S. A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-04-04

Para que la eficacia probatoria de la inspección sea plena, no debe faltar la debida contradicción de la diligencia, pues de lo contrario tendrá el valor relativo de la producida fuera del proceso para futura memoria, sin citación de la parte contraria.
Fallo plenario, obligatoriedad del fallo plenario
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABN AMRO BANK SUC. ARGENTINA c/ MACRI, OSCAR s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

Los fallos plenarios no tienen por objeto legislar, sino en todo caso, fijar una doctrina legal en los términos del cpr: 300, por lo que la obligatoriedad de la interpretación establecida en dichos pronunciamientos no puede desde tal óptica considerarse inconstitucional, ya que no afecta en medida alguna el principio de división de poderes, porque lejos de constituir una actividad creadora de normas, tan solo implica uniformar la interpretación de reglas ya creadas, cuando, respecto de un determinado precepto, los tribunales de igual grado y jurisdicción se pronuncian de manera discordante. Por ello, carece de viabilidad la inconstitucionalidad fundada en tales extremos toda vez que un fallo plenario no crea derecho, sino simplemente como cualquier otro tipo de pronunciamiento judicial, interpreta el derecho positivo vigente (esta sala, 21.5.97, "Bco. Mayo c/ Moschini, Julio s/ ejec.").