Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-06


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 6 de 2010.

Y Vistos:

1. Viene en queja la parte demandada cuestionando la denegatoria del recurso de apelación interpuesto por ella contra la resolución dictada según copia de fs. 9/10 de este cuadernillo.

Mediante esa resolución el juez de primera instancia rechazó un planteo de nulidad de la notificación de la sentencia de fs. 363/371 del expediente principal (que se tiene a la vista).

Para denegar la apelación, el juez consideró que la decisión recurrida no provocaba gravamen irreparable (v. fs. 14).

2. La quejosa sostiene que la resolución apelada le provoca un gravamen irreparable, ya que de considerarse válida la notificación quedaría firme a su respecto la sentencia de fs. 363/371.

3. Es necesario señalar que subyace en la denegatoria del recurso de apelación el criterio según el cual la sentencia de fs. 363/371 es inapelable. Por ello, es menester abordar esa cuestión.

En la sentencia de fs. 363/371, el primer sentenciante, tras referirse a los planteos tanto de la parte actora como de la demandada, admitió la pretensión y, en consecuencia, convocó a asamblea general ordinaria de "Transpetro S.A." en fecha a designar a fin de considerar el orden del día propuesto por aquélla. Entre los fundamentos de esa resolución, se cuenta la alusión del primer sentenciante a la inapelabilidad de la sentencia (v. considerando I). Para dejar establecida esa premisa, el juez aludió al carácter voluntario de este proceso y a jurisprudencia del Fuero y doctrina en el sentido expresado.

4. No se ignora la remisión efectuada por el primer sentenciante a jurisprudencia según la cual una sentencia haciendo lugar a un pedido de convocatoria de asamblea sería inapelable, pero esa jurisprudencia fue traída a colación con fundamento en que se refería a juicios voluntarios. Se trata este expediente de un juicio contencioso, tal como surge de los antecedentes resumidos en la sentencia recurrida. De allí que no se advierta que esa jurisprudencia pueda tener una operatividad directa en este caso.

De hecho, tras imprimirse a este proceso el carácter de sumario (es decir, de conocimiento y, hoy, ordinario, conf. art. 319, CPCC; fs.42), se sustanció la pretensión de la demanda. La sola compulsa de estas actuaciones revela el debate que existió durante la secuela del proceso hasta arribarse a instancia de sentencia.

De ningún modo puede concluirse que este proceso fue voluntario, máxime si se advierte que la parte actora pidió que se confiriera traslado de la demanda (v. fs. 40). La demandante, incluso, pidió que se impusieran costas, lo cual fue así decidido en la sentencia apelada.

Desde cierta perspectiva puede admitirse que una demanda de convocatoria a asamblea societaria tiene que tramitar inaudita parte. En tal sentido, las opiniones que se han exteriorizado en la jurisprudencia y la doctrina fueron puestas de relieve por Verón en la obra citada por el magistrado de la anterior instancia (v. Verón, Alberto Víctor: "Sociedades comerciales", Astrea, Bs. As., 1998, t. 3, p. 726/727).

Además de que las apreciaciones referidas son opinables, ante la ausencia en el texto de la ley 19.550 de una regla expresa sobre el tipo de procedimiento a seguir en estos casos, en rigor, Verón cree, en su interpretación, que no se aplicaría aquí el art. 15 LS (por el cual toda acción judicial en materia societaria debe seguirse por juicio sumario, salvo que la ley indique otro). Por eso, concluye que, el pedido de convocatoria a asamblea tendría que tramitar de aquel modo (inaudita parte), pero agrega la salvedad de que, al menos en ciertos casos, la sociedad debería ser oída (v. ob. y lug. cit., p. 725).

En el caso, el proceso no transcurrió inaudita parte (único caso en el cual y salvo excepciones podría tal vez aceptarse la tesis de la inapelabilidad), sino que constituyó un contencioso en el cual la sociedad demandada pidió el rechazo de la demanda, dándose así un supuesto de caso judicial en los términos del art. 2 de la ley 27.

La conclusión sería la misma si se entendiera que el proceso comenzó como voluntario pero se transformó en contencioso, lo cual puede acaecer dadas ciertas circunstancias puestas de resalto por la doctrina (v. Palacio, Lino E.: "Derecho procesal civil", Abeledo Perrot, Bs. As., 1990, t. I, ps. 300/301, y nota de pie de pág. 137, con cita de Lascano, Couture y Devis Echandia).

A todo lo anterior se añade que el derecho a recurrir de una sentencia judicial es una derivación de la garantía de acceso a la justicia reconocida por la Constitución Nacional (conf. art. 17 y 18, y normas complementarias y concordantes de los instrumentos y tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional). Por esa razón, si alguna duda se desprendiera del régimen societario acerca del procedimiento a seguir en casos como el sub lite, hay que disiparla acudiendo a la garantía de la defensa en juicio con los alcances preindicados.

En tales condiciones, no se advierte fundada la apreciación de que la sentencia por la cual el juez admitió la pretensión de convocatoria a asamblea sea inapelable.

Por consiguiente, no puede sostenerse válidamente que no irrogue perjuicios irreparables la resolución que rechazó un planteo de nulidad de la diligencia de notificación de aquella sentencia.

Se considera, en suma, mal denegado el recurso de apelación y se lo concederá aquí en los términos del art. 243 del CPCC.

5. Ahora bien, la demandada también interpuso recurso de queja contra la denegatoria del recurso de apelación contra la sentencia de fs. 361/373, lo cual motivó la formación del cuadernillo de queja nro. 17.885/10 (agregado al principal).

Debido a la forma como se decide en la presente y la interrelación que se advierte entre el recurso que aquí se concede y la apelación contra la sentencia de fs. 361/373, es inoficioso en este estado procesal pronunciarse sobre la otra queja.

Por ello, se hace necesario en este pronunciamiento disponer que es inoficiosa en este estado procesal una resolución sobre la otra queja.

6. Por ello, se Resuelve: i) hacer lugar a la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de apelación subsidiario interpuesto contra la resolución copiada a fs. 9/10; ii) declarar inoficioso en este estado procesal un pronunciamiento sobre la queja deducida en cuadernillo 17.885/10.

Devuélvase al juzgado de primera instancia a los efectos de su agregación al principal y de la sustanciación del recurso contra la resolución que rechazó el planteo de nulidad. Oportunamente, elévese la causa a fin del tratamiento de esa apelación.

El doctor José Luis Monti suscribe la presente en virtud de lo dispuesto en el punto III del Acuerdo General de esta Cámara del 25.11.09.

El doctor Alfredo A. Kölliker Frers actúa conforme lo dispuesto en la Resolución de Presidencia de esta Cámara nº 26/10 del 27.4.10.

Juan R. Garibotto - José Luis Monti - Alfredo A. Kölliker Frers