Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-17


SENT Nro. 891 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 17 DE NOVIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada reconviniente en autos: "Nacul, José Américo vs. Sleiman, Moisés s/Apersonamiento -Resolución contractual- Resarcimiento por daños y perjuicios emergentes de incumplimiento".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Vienen los autos a conocimiento y resolución del Tribunal, con motivo del recurso de casación deducido por el demandado reconviniente contra la sentencia del 27/7/2001 dictada por la Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción que decidiera hacer lugar a la demanda por reconocimiento de resolución contractual y condenó a Sleiman al pago de la suma de $250.000 en concepto de daños y perjuicios, más intereses y costas.

En su momento el recurso fue denegado por el tribunal de alzada, y la queja respectiva fue acogida por esta Excma. Corte mediante auto del 5/8/2003 que admitió provisionalmente el recurso.

El recurso de casación corresponde sea admitido definitivamente toda vez que se encuentra satisfechas las exigencias rituales de los arts. 813, 815, 816 y 817 del digesto procesal civil.

2.- En su memorial casatorio de fs. 309/340, luego de un extenso relato de los antecedentes de la causa, el recurrente considera, en primer lugar, que se ha transgredido el art. 34 del CPCC al efectuarse una indebida calificación de la relación sustancial del contrato, afectándose al principio de congruencia, con violación al art. 1139 del Código Civil; segundo término, estima que se ha efectuado una errónea interpretación del art. 500 del Código Civil y se transgredió el art. 308 del CPCC; y, por último, se agravia de que se interpretó y aplicó erróneamente el art. 4030 del Código Civil.

Obra responde de la parte actora a fs. 361/366.

3.- Afirma la sentencia que "surge del orden natural de las cosas y del desenvolvimiento de los hechos, de la lógica y de la sana crítica, de las nociones de la experiencia común (art. 33, 40 y cc. CPC) que Nacul ha cumplido cabal e íntegramente su prestación recíproca o correspectiva (sea por pago dinerario o dación en pago) con anterioridad a la instrumentación de los contratos siendo éste el hecho antecedente o generador pero siempre integrativo de los contratos de cesión ahora tardíamente impugnados por la reconviniente por nulidad" (sic, fs. 301/301 vta.).

En este acápite el fallo resulta infundado, pues precisamente el orden natural de las cosas, la experiencia, la lógica y la sana crítica, permiten inteligir lo contrario a lo inferido en la sentencia. En efecto, si Nacul, que invoca ser comerciante en el poder que otorgó a su letrado para que le represente en este juicio, hubiera convenido y cumplido con alguna prestación, lo hubiera expresado en el contrato o, al menos, en la demanda. Y si no quiso hacerlo constar en la instrumentación de los contratos, pues ha de atenerse a las consecuencias que de allí se derivan. El principio de la autonomía de la voluntad regula el caso, en todos sus matices (art. 1197 CC). Pero lo cierto es que ni en el contrato ni ante el estrado judicial Nacul sostiene lo que la sentencia le atribuye. Más aún, la sentencia de primera instancia considera que no existen prestaciones recíprocas sino "que las obligaciones que el mismo estipula, se establecen a cargo de una sola de las partes, siendo por tanto inaplicable la facultad resolutoria que autoriza el art. 1204 del CC" (fs. 258), por consiguiente la carga procesal del actor recurrente al apelar es la de demostrar en la alzada o que existieron obligaciones recíprocas y puntualizarlas, o bien que no existieron, pero que no era imprescindible que existan para que prospere la resolución. El tribunal de alzada no analiza el memorial del recurrente (fs. 266), y de allí que arbitrariamente conjetura que Nacul cumplió su obligación, más aún, aventura que ella fue un pago dinerario o una dación en pago (fs. 301 vta.), pero todo ello sin mencionar el respaldo que hubiere en las constancias de autos.

Incluso más adelante la sentencia reza "también fluye diáfanamente de lo convenido contractualmente que Nacul cumplió íntegramente su obligación" (fs. 302) incurriendo en otro aserto gratuito y carente de fundamentación.

No cambia la cuestión la eventual confusión que hubiere en orden a que lo demandado es el reconocimiento de la resolución y no la resolución, pues para admitir el reconocimiento de la resolución es menester verificar que concurren los requisitos legales de la resolución que la parte postula como operada.

Partiendo de la premisa que la Cámara no funda en las constancias de autos, cual es que Nacul cumplió con su prestación, la sentencia señala que "cuando alguien se obliga en la forma y cuantía que lo hace Sleiman es porque sin duda recibió antes la contraprestación recíproca dineraria correspectiva de valor equivalente. Por eso la ley dispensa de consignar contractualmente esa prestación recíproca anterior totalmente cumplida, en el caso por el acreedor Nacul presumiéndose su existencia a tenor de lo normado por el art. 500" (sic, fs. 303). Reitera el fallo arbitrariamente el supuesto cumplimiento de una obligación por parte del actor, y remata la cuestión del mismo modo al expresar que la ley "dispensa" de consignar que esa prestación se cumplió, y por si fuera poco, cita también para dar aparente fundamento al aserto al art. 500 del Código Civil. Mas resulta que esta norma lo que prescribe es que, si existe una obligación, la causa de la misma, si no está expresada, se presume que existe, salvo que el deudor pruebe lo contrario; pero ello nada tiene que ver con la conjetura sentencial de que Nacul cumplió con su supuesta prestación.

Por otra parte, la subsunción del caso en el mentado art. 500 lleva a la Cámara a sostener que Sleiman debió efectuar una actividad probatoria tendiente a destruir la presunción de la existencia de causa, pero no se advierte cuál es la razón de tal exigencia al demandado, pues éste no niega que exista una causa. Cosa distinta es si la causa que aduce Sleiman de su obligación es esa o no, pero no se puede afirmar que "invocó la inexistencia de causa" (fs. 301).

El agravio en orden a la procedencia de la prescripción sobre la base de la aplicación del art. 4030 CC también debe prosperar. Ello en razón de que la sentenciante considera que la reconviniente está fundando su pretensión de nulidad en la falta de causa o en la falsa causa, pero más allá de que no existe equivalencia entre estos conceptos, lo cierto es que también arbitrariamente el tribunal atribuye a la contrademandante invocar falta de causa o falsa causa, cuando es otra la razón por la que reclama la nulidad de los contratos, conforme puede apreciarse a fs. 117/118, por lo que la sentencia se apartó de las constancias de la causa y afectó al principio de congruencia.

Ante lo considerado precedentemente, estimo innecesario efectuar consideración alguna en torno al agravio referido a que la relación sustancial ha sido analizada desde una faceta netamente comercial, toda vez que existen otras causales más que suficientes para anular la sentencia.

En definitiva, la sentencia ha transgredido el art. 28 de la constitución de la Provincia y los arts. 34 y 272 del digesto de forma.

En consecuencia, debe casarse y anularse la sentencia a tenor de la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que se aparta de las constancias de la causa y con fundamentación aparente en premisas indemostradas".

En razón de que la nulidad de la sentencia no es imputable a las partes, las costas del recurso de casación se distribuyen por su orden (art. 106 inc. 2 CPCC).

Cabe señalar, por último, que la presente sentencia no implica abrir juicio alguno sobre la procedencia de la demanda o de la reconvención.

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia del 27/7/2001 dictada por la Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción; en consecuencia, a tenor de la doctrina legal enunciada, se casa y anula la misma, debiendo volver los autos al tribunal de alzada para que, por intermedio de quien corresponda se vuelva a sentenciar la causa. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS del recurso de casación por su orden.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA