marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excarcelación, efecto suspensivo
Materia: PENAL
Carátula: Quintana, Elba Haydee s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-06

La decisión judicial recurrida -o mientras no venza el término para recurrir o sea confirmada por la alzada- no puede cumplirse; quedan suspendidas todas las consecuencias de la misma, sean de orden sustancial o formal, por ello, las excepciones a dicha regla general, debe estar expresamente previstas.
Daños y perjuicios, seguros
Materia: CIVIL
Carátula: MARTIN JONATAN ROBERTO c/ DUPORTAL GUSTAVO JAVIER s/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-02-07

Si bien la condena no puede extenderse a la aseguradora sino en la medida del seguro (art. 118 L.S.), los términos de la cobertura (referidos a los límites invocados) deben ser acreditados en debida forma. En este sentido es de toda evidencia que ante el desconocimiento de la actora de la documental acompañada, habiéndose admitido la cobertura del seguro, pesaba sobre la aseguradora la carga de la prueba de sus términos y alcances, por lo que si pretendía hacer valer una determinada limitación, debió haber propuesto los medios probatorios conducentes para su acreditación, pues ello hace a la prueba del presupuesto de hecho de la norma invocada como fundamento de su pretensión. (Del voto del Dr. Galanti).
Seguros, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Albo, Justo c/ Pradal, Raúl s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-05

La naturaleza jurídica de la dirección del proceso es la del mandato, toda vez que las circunstancias especiales que caracterizan a la dirección del proceso no constituyen un obstáculo para el acogimiento de la teoría del mandato, porque el legislador admite y reconoce la existencia de éste instituto, aún cuando sea conferido en el "interés común" del mandante y del mandatario, y aunque pueda resultar excepcional el poder reservado al asegurador de dominar con su voluntad el desarrollo del proceso y decidir los actos a cumplir.
Divorcio por presentación conjunta, notificación automática
Materia: CIVIL
Carátula: M.C.S. y G.J.F. s/ Ordinario divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-06-21

Corresponde tener por desistida la acción de divorcio vincular por presentación conjunta en razón de la inconcurrencia a la audiencia prevista en el art. 236 del Código Civil, pues si bien se objeta la falta de notificación personal o por cédula del acto, lo cierto es que dicha resolución no estaba sujeta a tal modalidad notificatoria, por lo que fue anoticiada por ministerio de la ley -art. 130, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos.
Recurso de inconstitucionalidad, jueces, prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Etchegaray, Juan c/ Pasa Petroquímica s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de australes (Expte. CSJ Nº   554-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-12

Vicia a la sentencia recurrida el que el Tribunal haya hecho abstracción -sin fundamentos suficientes- de las conclusiones de la prueba pericial cuya valoración podía ser significativa para alterar el resultado del pleito, en orden a determinar la evolución del salario de los trabajadores reclamantes y establecer, en definitiva, si el convenio había sido a la sazón cumplido por la Empresa demandada. En consecuencia, el Tribunal a quo, ha resuelto el caso con un proceso voluntarista que no se compadece con el adecuado servicio a la jurisdicción. En efecto, el análisis de la causa demuestra que las hipótesis de arbitrariedad planteadas se han concretado efectivamente en el acontecer de los autos, toda vez que de haberse ponderado en su cabal entendimiento el convenio, atendiendo a su espíritu y finalidad -y por ende a la pericial contable, demostrativa del efectivo cumplimiento global del convenio por parte de la empleadora-, diversa hubiese sido la solución a la que llegaran los juzgadores.
Recurso contencioso administrativo, resolución denegatoria, consentimiento, jubilaciones, prescripción, interpretación amplia
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FRANCIONI, ALBERTO PEDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 719-86) HECHIM, BADIH MIGUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 618-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-23|1994-02-23

Los escollos de índole formal en sede administrativa, no son óbice para que el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, pueda admitirse, si la denegatoria del Poder Ejecutivo no se basa en ellos, y si se tiene en cuenta que es imprescriptible el derecho a los beneficios acordados por las leyes de jubilaciones y pensiones, cualesquiera fueren su naturaleza y titular, y que en materia previsional la firmeza de los pronunciamientos desfavorables al beneficiario, no debe ser tan estricta, ya que lo que importa es el reconocimiento exacto de los derechos declarados por las leyes.
GUATEMALA, Constitución Nacional, habeas corpus, centro clandestino de detención, Pacto de San José de Costa Rica, privación ilegal de la libertad, torturas, secuestro de personas, derecho a la integridad física, violación de derechos humanos, responsabilidad internacional del Estado, retención ilegal de un detenido o preso
Materia: DERECHOS HUMANOS-INTERNACIONAL PRIVADO-PROCESAL
Carátula: Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala c/  s/ Sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2003-11-27

En tanto en el Estado de Guatemala existe un recurso idóneo para restituir la libertad de las personas detenidas en violación de las garantías judiciales, denominado de exhibición personal -consagrado en su Constitución-, y habiéndose probado la ineficacia de la interposición de dos de ellos para dar con el paradero de la activista política que fue secuestrada y llevada a un centro clandestino de detención por agentes estatales, es responsable dicho Estado por contravenir el artículo 7.6 de la Convención Americana, en concordancia con su par 25, pues no basta que los recursos existan, sino que deben poder responder adecuadamente a los actos violatorios de derechos humanos, para ser considerados efectivos.
Juicio, partes, abogados, actos y diligencias procesales, caducidad, interrupción de la caducidad, recurso contencioso administrativo, impulso procesal
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ARIAS, FELIPE c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CADUCIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-18

La comparencia de una de las partes a través de sus nuevos mandatarios que solicitaron se les acordara la participación correspondiente, no interrumpe el término de la perención, toda vez que no tiene como consecuencia impulsar el juicio hacia una nueva etapa.
Caducidad de instancia, inactividad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Aguas del Valle S.A. c/ Estado Provincial de Catamarca s/ Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-22

De las actuaciones obrantes en la causa, resulta de manera indubitable la comprobación objetiva de la inactividad procesal de la accionante en el plazo previsto por la ley adjetiva durante la tramitación de la causa en esta instancia única, de conformidad con lo previsto por el Art.310, 1º parte, del CPCC, de aplicación supletoria por imperio del Art.74 del CCA.

Aunado a la falta de contestación del traslado oportunamente ordenado, corresponde que el Tribunal haga lugar a la caducidad de instancia solicitada.

En consecuencia, las costas deben imponerse a la accionante por aplicación del Art.66 del Código Contencioso Administrativo.
Actos y diligencias procesales, demanda, ampliación del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Mansilla, Maria Isabel y otros c/ Total Austral S.A. s/ D. y P. derivados de la responsabilidad extracontractual de particulares
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-04-16

Corresponde fijar en 45 días hábiles el plazo que tiene la demandada para contestar la demanda y oponer excepciones, en lugar de los 60 días que había fijado la instancia de grado, ya que en atención a las características del presente proceso -acción colectiva-, la acumulación de pretensiones expuestas en el escrito de demanda, no contándose con reglas procesales específicas, y teniendo siempre en miras el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio, entendemos que la ampliación del plazo para contestar la demanda se adecua a las particularidades de autos. No constituye, por ello, un privilegio a favor de una de las partes, ni altera la bilateralidad y el equilibrio y trato igualitario que debe darse a los litigantes a lo largo de la litis, sino que justamente contribuye a preservar estos principios.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, nulidad procesal, sentencia, acuerdo y voto individual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moses, Bernardo c/ Tenenbaum, Riwen s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Corresponde anular de oficio el pronunciamiento que desestima el incidente de nulidad articulado, relacionado con la interpretación del fallo dictado por la Suprema Corte ya que siendo definitiva, debió observar la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces (art. 156, Const. Prov.).
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL
Carátula: ABN A.M.R.O.BANK c/ CARLOSSON ANA MARIA TERESITA s/ COBRO DE PESOS-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-13

La carga de notificar un proveído dictado luego del llamamiento de autos para dictar sentencia corresponde a la parte casacionista, como un imperativo de su propio interés, pues sólo quien recurre tiene la obligación de colocar la causa en estado de ser resuelta.
Revisión judicial, comisiones médicas, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ibarra, Raul Eliseo c/ Municipalidad de Gualeguay y/u otro s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-12-21

La ley de riesgos del trabajo asigna a las comisiones médicas creadas por la ley 24.241 la atribución de determinar, no solo el carácter y grado de la incapacidad sino también la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, como asimismo el contenido y alcances de las prestaciones en especie que se le deben aportar al trabajador (arts. 21 y 22), previendo un régimen de revisión judicial de las decisiones de las comisiones médicas provinciales en el art. 46, donde se atribuye esa función a los jueces federales de la provincia que corresponda.
Incapacidad laboral, muerte del trabajador, indemnización por incapacidad, beneficiarios de la indemnización laboral, padres, heredero aparente
Materia: LABORAL
Carátula: BORDON, IRMA DEL ROSARIO c/ KLAJNBERG MEIR s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-26

El heredero aparente legitimado (en el caso los progenitores del del trabajador fallecido) para actuar está habilitado para cobrar los importes que corresponderían al trabajador fallecido (en el caso indemnización prevista en el artículo 212 LCT.), sin otro requisito que la acreditación del vínculo y sin necesidad de la intervención de otros jueces. La condena satisfecha a ellos tiene plenos efectos cancelatorios con relación a la demandada.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendoz, Raúl y otro c/ Municipalidad de La Plata y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

En cuanto a la peligrosidad del pasamanos, aún cuando en el responde el municipio entiende que "se transforma en peligroso o no, según quien lo utilice", resulta elemento gravitante el que el mismo se encuentre o no en perfectas condiciones de uso, cosa que indudablemente no ocurre cuando alguno o varios de los travesaños (caños o barrotes) no están fijos, es decir, que giran cuando alguien se toma de ellos.
Reglamentación de la ley, Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, salud mental
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Psicólogos del GCBA c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-20

El poder reglamentario que asiste al Poder Ejecutivo para establecer los organismos de su dependencia no puede ir en contra de lo previsto por la ley especial 448 de salud mental. (Voto en disidencia del Dr. Luis F. Lozano, al que adhiere la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Concubinato, juicio de desalojo, sociedad de hecho, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Sucesores de A.U. c/ M.B., C. s/ Sumario -Desalojo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-27

"La concubina, no puede invocar el concubinato como defensa en el juicio de desalojo en el que se la demanda, como tenedora precaria, por el concubinario propietario con título de propiedad, sin perjuicio, de que demuestre, claro está, en la sede correspondiente que existió una sociedad de hecho con el concubinario y que la finca fue adquirida con dinero de dicha sociedad, porque el concubinato, como tal, no confiere ningún derecho a quienes viven en ese estado, no existiendo en nuestra ley civil ninguna disposición que disponga lo contrario".
Interés superior del niño, filiación
Materia: CIVIL
Carátula: B. , A. c/ G. ,A. ;A. ,C. s/ Impugnación de paternidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-12

Siendo de aplicación la limitación que impone el artículo 259 del Código Civil, el superior interés del menor (arts. 1, 2, 71 8 y concs., Convención sobre los Derechos del Niño) exige que se resguarde de algún modo la fuente de conocimiento que, eventualmente, le permita ejercer por sí misma en el futuro el derecho a establecer fehacientemente su identidad de origen. En consecuencia, en ejercicio de potestades inherentes a esta magistratura, propongo disponer que el tribunal de origen deba preservar las presentes actuaciones a los fines de que la menor pueda acceder a las mismas, lo que deberá serle oportunamente comunicado por el Asesor de Menores interviniente (art. 36 incs. 2° del C.P.C.C.; arg. arts. 127, 253, 255, 285, 921, y concs., Cód. Civil; 23 incs. 1, 3, 4 y concs., ley 12.061)(del voto del doctor Pettigiani)
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, delitos, incumplimiento de los deberes del funcionario público, tipo penal, calificación legal, elemento subjetivo, dolo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: FAVATIER, JUAN MANUEL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

El examen de la resolución impugnada a la luz de los agravios defensivos vinculados con la arbitrariedad en la valoración de la prueba no permite entrever un supuesto de irrazonabilidad de la decisión atacada por la vía del recurso de inconstitucionalidad, al entender comprobado el dolo de los funcionarios, ya que conocían plenamente su obligación de efectuar la requisa al encarcelado y retirarle sus efectos personales, previo su alojamiento en la celda, no obstante lo cual, voluntariamente no lo hicieron. Es decir, conocían el deber normativo y tuvieron la voluntad de omitir su cumplimiento, configurándose así el dolo directo necesario para la configuración del tipo". Sin perjuicio de ello, corresponde declarar parcialmente procedente el recurso atento la irregularidad de no encontrarse acreditada, de acuerdo a las constancias de la causa, la realización por parte de la Alzada de la "audiencia de visu" del imputado, tal como lo prescribe el artículo 41, inciso 2 "in fine" del Código Penal, audiencia que -tal como lo sostuviera en "Mordini" resulta ineludible. El vicio apuntado no puede ser soslayado por la circunstancia de que la defensa del imputado no lo haya planteado como agravio, ya que se torna necesario que este Tribunal, en una ampliación interpretativa progresiva del ámbito de dicha garantía, como último control de constitucionalidad de la Provincia, y en el rol institucional que tal situación conlleva, efectúe una hermenéutica clarificadora de la norma, que resulte útil a los operadores del derecho, a la par de resguardar tal garantía para la totalidad de los imputados en el ámbito del proceso escrito en nuestra provincia -todavía en gran parte vigente-.( DE LA DISIDENCIA PARCIAL DEL DR. FALISTOCCO).
Derecho constitucional, cesantía, empleados públicos, acción penal, sentencia absolutoria, daño material, daño moral
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - PROCESAL
Carátula: Altamirano, Yolanda s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-09-01

La actora fue agente público hasta la fecha del Decreto Nº 245/82 que dispuso su cesantía; debió afrontar la acción penal como consecuencia o derivación del mencionado decreto, hasta que fuera absuelta penalmente.

El Derecho Constitucional aplicable es el de la Constitución local derogada que en su artículo undécimo in fine prescribía "todo empleado enjuiciado queda ipso facto suspendido en el desempeño de su empleo". El principio y las disposiciones concordantes de la Ley Provincial Nº 3870 fueron violadas por el actuar de los representantes del Estado Provincial. El Estado Provincial, ignorando el derecho vigente en la época optó por lo atípico, la cesantía del agente que con posterioridad resultare manifiestamente injusta. Injusta en la medida, injusta en la persecución penal de cuyos hechos ha resultado un daño en la actora que indudablemente se debe reparar. La materia de la responsabilidad civil, gira sobre el principio romano de que "quien por su culpa o negligencia causa un daño a otro está obligado a repararlo", el Estado Provincial no puede ser excluido de responsabilidad.

En cuanto a los daños pretendidos por la actora y discriminados en la demanda, deben prosperar los siguientes: como daño material los sueldos y accesorios de ellos a partir de la fecha que dejó de percibirse hasta el día de su efectivo pago, con más la depreciación monetaria que correspondiere en derecho y los intereses legales vigentes respectivamente. El rubro de sueldos futuros (haberes jubilatorios) como el de sueldos por ascensos no pueden integrar el daño resarcible en razón de la naturaleza indemnizaria seguida y responder a meras chances y expectativas. En cuanto al daño moral reclamado, tomando en consideración la gravedad y aplicación que implica la imputación delictiva hasta la absolución, es prudente establecerlo en el veinticinco por ciento del capital mandado a pagar. Todo lo cual se determinará por vía de ejecución de sentencia.
Medidas cautelares, coerción personal, prisión preventiva, equidad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: G, F s/ TENTATIVA DE VIOLACION, ETC.      EXPTE NRO 43-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-06-01

En el tema de la medidas de coerción personal -como lo es la prisión preventiva- es necesario admitir una singular exigencia de adecuación al caso concreto, incorporando de tal manera la equidad como ingrediente fundamental de la decisión cautelar.
Acciones personales, prescripción, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Roco, Juan Carlos y otra c/ Santa Fe, Pcia. de s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-09

El comienzo del plazo de la prescripción de la acción personal coincide necesariamente con el momento del nacimiento de la acción.
Intereses legales, tasa pasiva, tasa activa, crédito laboral, carácter alimentario
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, VIVIANA MARCELA Y OTS. (EXPTE. N° 39.116) c/ AGP ALLIANZ ARGENTINA COMP. DE SEG. GENERALES S.A. s/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-05-21

Puede decirse que, con la aplicación de la tasa activa de interés, se paga el precio que el dinero tiene en el mercado; ésa es la tasa que corresponde abonar al acreedor, pues para él, ésa es la tasa representativa del dinero en el mercado; cabe agregar, en este sentido, que la tasa pasiva, y más concretamente la que paga el Banco de la Nación Argentina en los depósitos a plazo fijo, supone voluntariedad, lo que no tiene lugar cuando el deudor está privando al acreedor del crédito por la indemnización derivada de un despido indirecto, de naturaleza alimentaria.
Recurso de casación, suspensión del trabajador, aplicación de la ley, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Avellaneda, David Edgardo c/ Paya, Ernesto Carlos s/ Beneficios Laborales - s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-03-23

El nivel de réplica del recurrente se instala en el plano de una mera disconformidad con relación a la labor axiológica desarrollada por los jueces de grado, pues con el fin de eximirse de responsabilidad desarrolla su particular punto de vista sobre los hechos y sobre la habilidad y mérito de las pruebas, que no logra revertir las conclusiones objetivas del fallo que pueden no convencerlo, pero conviene recordar que lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento, pues el vicio de arbitrariedad- como se ha sostenido reiteradamente- se configura por un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, o un error extremo que no se aprecia en el caso de autos como tampoco se observa que exista una grosera interpretación en la valoración de los elementos de prueba que obran en la causa, por lo cual el discurso impugnaticio deviene ineficaz para rebatir el hecho incontrastable sobre el que se apoya el fallo de que el delito investigado tenía relación directa con el trabajo realizado para la empresa, por lo cual debe rechazarse el recurso interpuesto con costas a cargo de la demandada vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota.-
Universidades, docentes, gobierno de facto, concursos, estabilidad laboral, democracia, estado de derecho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gamberale de Mansur, María Eugenia c/ UNR. s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-06

Aparece plenamente injustificada la pretensión del mantenimiento a perpetuidad de la estabilidad como docente universitario generada por un acto de naturaleza ilegítima, doblemente vicioso por provenir de un órgano usurpador y por tratarse de una normativa que derogó el sistema clásico de la periodicidad de las cátedras, afirmándose en los efectos propios de los actos legítimos en el curso de la continuidad constitucional, único supuesto, éste último, donde tales efectos se sostienen y plenamente se justifican.
Abuso deshonesto, prueba, presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Caracciolo, O. s/ Prueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-29

Las declaraciones de la víctima, avaladas por el secuestro en el domicilio del imputado de elementos que concuerdan con su relato (material pornográfico, pastillas de Rohypnol) y descartado que las manchas de materia fecal sanguinolenta encontradas en el slip del menor fueran de su pertenencia, crean un cuadro presuncional suficiente para sustentar el juicio de reproche contra el imputado por el delito de abuso deshonesto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Pallas, Marcelino s/ Abuso de armas y lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22

Es inatendible el agravio referido a la supuesta inhabilidad de un testigo si la cuestión no fue oportunamente planteada ante los jueces de grado.