Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-15


///nos Aires, 15 de Septiembre de 2011.

AUTOS Y VISTOS:

Para decidir acerca de la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal en esta causa nº 15.203, caratulada: "PUSTERLA, Pablo José s/recurso de casación".

Y CONSIDERANDO:

Los doctores Juan E. Fégoli y Raúl R. Madueño dijeron:

1º) Que el Jugado Nacional en lo Correccional n° 4 concedió la suspensión del juicio a prueba -por el término de un año y seis meses- a Pablo José Pusterla, imponiéndole durante dicho lapso el cumplimiento de determinadas reglas de conducta (cfr. fs. 238/240 vta.).

Contra esa resolución, la representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación a fs. 246/247, el que fue concedido a fs. 248/248 vta.

2º) Que el recurrente centró sus agravios en el art. 456, inciso 1º, del C.P.P.N..

Criticó que se haya concedido la suspensión del juicio a prueba pese a que su oposición es vinculante por imperio de lo dispuesto en el art. 76 bis del Código Penal -en consonancia con los arts. 5 y 120 de la Constitución Nacional- (cfr. fs. 246 vta.).

Entendió que la oposición Fiscal se fundó "...en expresas disposiciones legales, y adecuado a la política diseñada desde la Procuración General, en virtud del principio constitucional de independencia del Ministerio Público...", por lo que -a su entender- "...supera holgadamente el control negativo de legalidad y por consecuencia, es vinculante..." (fs. 246 vta.).

Solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto y se revoque el decisorio recurrido (cfr. fs. 247).

3º) Que en virtud de lo resuelto en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art. 14, primer párrafo, de la ley 23.737 -causa nº 28/05-, A.2186.XLI, y "Norverto, Jorge Braulio s/ infracción art. 302 del C.P.", N.326.XLI, no ha de tomarse como obstáculo para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba la escala penal prevista para los delitos imputados, tanto en lo relativo a las sanciones privativas de la libertad como a las de inhabilitación; lo cierto es que queda en pie como impedimento para la concesión del beneficio previsto en el art. 76 bis y ss. del Código Penal la disconformidad de la representante del Ministerio Público Fiscal que, por cierto, en virtud de la doctrina plenaria sentada por la Cámara Nacional de Casación Penal in re: "Kosuta, Teresa Ramona s/recurso casación", del 17 de agosto de 1999, "...la oposición del Ministerio Público Fiscal, sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional, es vinculante para el otorgamiento del beneficio...".

Ahora bien, a los efectos del referido control, resulta relevante señalar que de las constancias de la causa (fs. 229, 238/240 vta.) surge que la señora Fiscal interviniente sujetó básicamente su conformidad a la imposición, como regla de conducta, de la "autoinhabilitación" de Pusterla para conducir automotores, medida esta última que esta Sala reiteradamente ha desautorizado "...por cuanto admitir tal postura implicaría permitir no sólo la creación por vía jurisprudencial de una forma de cumplimiento de la pena no contemplada legalmente sino, además, convalidar el sometimiento del imputado -aunque sea voluntario- a una pena no mediando sentencia condenatoria que la sustente, todo ello en franca transgresión a las normas constitucionales que consagran la división de poderes y las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, en especial, el principio de legalidad y el estado de inocencia..." (cfr. esta Sala, causa nº 7041, "Luongo, Miguel y otro s/recurso de casación", reg. nº 8946, rta. el 1º de junio de 2006, y causa nº 10.171, "Moretti, Jorge Andrés s/recurso de casación", reg. nº 13.862, rta. el 15 de mayo de 2009; entre otras)".

Por lo demás, la decisión impugnada se encuentra fundada en cuanto a las razones por las cuales ha individualizado las reglas de conductas impuestas, en atención al caso en concreto y a las condiciones personales del imputado, con motivación, exenta de vicios lógicos, que lo pone a cubierto de la sanción de nulidad prevista por el art. 404 del C.P.P.N. y, por cierto, de toda tacha de arbitrariedad.

En suma, por los argumentos expuestos, la oposición fiscal contraviene el examen jurisdiccional de legalidad y razonabilidad al que debe subordinarse con arreglo al plenario "Kosuta", con lo que ha sido bien desoída por el a quo.

En consecuencia, proponemos que se declare inadmisible el recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas (arts. 444, 454, 465 bis, 530 y 532 del C.P.P.N.).

La señora juez Angela Ester Ledesma dijo:

Disiento con la solución que proponen mis colegas, pues la decisión impugnada es recurrible por la vía casatoria en virtud de las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Menna" (Fallos 320:1919).

Por ello, he de pronunciarme a favor de la admisibilidad formal del recurso. En estas condiciones, entiendo que corresponde fijar la audiencia de informes.

Tal es mi voto.

En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas (arts. 444, 454, 465 bis, 530 y 532 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase a su procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fdo. Raúl Madueño, Juan E. Fégoli y Angela E. Ledesma. Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretaria de Cámara.