marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejercicio profesional, arquitectos, ingenieros
Materia: CIVIL
Carátula: ANTONUCCI JOSE DANIEL c/ INSTITUTO DE SERVICIO SOCIAL s/ LOCACION DE SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-02

Los arts. 50 y 51 del decreto-ley 7887/55 reformado por el decreto ley 16146/57 constituyen la reglamentación para los profesionales de la ingeniería y arquitectura de la indemnización que autoriza el art. 1638 del Cód. Civ. cuando se interrumpe unilateralmente la prosecución de la obra.
Cuestiones de competencia, conexidad subjetiva, competencia por la materia, competencia de menores, competencia correccional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Figueroa, Luis Norberto s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-16

La edad del sujeto, como la naturaleza correccional de los delitos que se investigan, obstan claramente a la prórroga intentada al tribunal oral de menores y prevalecen sobre las pautas contenidas en los artículos 41 y 42 del C.P.P.N. se ha sostenido también que no resulta competente la justicia de menores para conocer en causas que, como la presente, incluya exclusivamente el juzgamiento de mayores, dado que no es posible asumir una competencia que la ley no confiere sin alterar gravemente el régimen establecido en la materia por las normas procesales vigentes, ya que de atenerse férreamente al régimen de acumulación de causas por conexidad subjetiva, tal como pretende el Juzgado Correccional, se dejaría de lado el sistema instituido legalmente para atribuir competencia específica en razón de la materia a los tribunales especializados en el juzgamiento de menores. (Voto de los Dres. Fégoli, David y Mitchell).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba, cuestión de derecho común, defectos en la consideración de extremos conducentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Galván, Mario Segundo y otros c/ Finexcor S.A. y otro s/ accidente - acción civil.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

Si bien lo atinente a determinar la existencia de elevados niveles sonoros en el sector en que los demandantes desarrollaron su prestación, son temas de hecho, prueba y derecho común, ajenas al recurso extraordinario, cabe hacer excepción a este principio cuando el fallo impugnado ha prescindido de efectuar un tratamiento adecuado de la cuestión planteada de acuerdo con las pruebas y ha omitido tratar argumentos conducentes oportunamente articulados.
Recurso extraordinario, cuestión federal, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Portillo, Marcos David y otros s/ homicidio simple y lesiones reiteradas en concurso real -causa n° 60.216/06-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-11

Existe cuestión federal suficiente a los fines del artículo 14 de la ley 48, si la decisión del superior tribunal provincial, por la que se rechazaron -por intempestivos- los recursos de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad, trasunta un exceso de rigor formal que justifica la vía intentada con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad, al afirmar -o reafirmar, una interpretación relativa a la validez de plazos para la interposición de recursos, obviando la realidad del caso sometido a su conocimiento, en desmedro del derecho de defensa y de la posibilidad de cumplir con un examen de la condena en segunda instancia. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Relación de dependencia, trabajador, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: LABORAL
Carátula: Beltran, Emilio Manuel c/ Roberto Zamudio y/u otra y/u Prop. y/u Resp. s/ Diferencia de sueldos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-04-21

La existencia o no de la relación de trabajo debe determinarse en cada caso en particular teniendo en cuenta que el elemento característico lo constituye la subordinación jurídica en que se halla el trabajador frente al empleador y que se expresa en el derecho del patrón de dirigir a su empleado y en la obligación de éste de obedecerle.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Britos, Obdulio Ernesto s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-01

La segunda parte del art.342 del Código procesal autoriza pero no impone la ampliación de la competencia del tribunal en los casos allí determinados.
Tributos, concesión de obra pública, interpretación de la ley, realidad económica
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Sehos S.A. c/ D.G.R. s/ Recurso de apelación judicial judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-27

En el caso, es necesario determinar si la actividad desplegada por la empresa -y respecto de la cual la Dirección General de Rentas pretende ejercer su poder tributario- es la de construcción o si se trata, en cambio, de mantenimiento, refacción o reparación, ya que difiere en uno u otro rubro la alícuota a pagar.

Para ello, debe atenderse primordialmente al principio de la realidad económica, que constituye el criterio rector en materia de configuración del hecho imponible. Este principio, receptado en el artículo 9 de la Ordenanza Fiscal (t.o. 1992) y en el artículo 10 de la Ordenanza Fiscal de 1998 (t.o. por Decreto Nro. 324/98), establece que "para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se debe atender a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes".

Vale decir que, a efectos de comprobar si las actividades que efectivamente lleva a cabo la demandante y respecto de las cuales el fisco pretende ejercer su poder tributario se adecuan, de acuerdo con su naturaleza económica, al rubro "construcción", revisten especial relevancia las actas de medición de obras y las órdenes internas del expediente administrativo, que no han sido motivo de controversia. De acuerdo al detalle de actividades que surge de las mismas, es posible verificar, con notoria claridad, que éstas constituyen tareas de mantenimiento, refacción o reparación.

Por lo expuesto, respecto de los períodos reclamados tales actividades deben tributar el impuesto a los ingresos brutos de acuerdo a la alícuota general.
Ejecución de la pena, reincidencia, recursos, recurso extraordinario federal, interposición del recurso, interpretación de la ley, aplicación de la ley, cuestión federal, sentencia, igualdad ante la ley
Materia: PENAL
Carátula: MINISTERIO PÚBLICO - DEFENSORÍA GENERAL DE LA CABA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en INCIDENTE DE EJECUCIÓN EN AUTOS CHIAPPETTA, VANESA CINTHYA c/  s/ 5 C - COMERCIO DE ESTUPEFACIENTES O CUALQUIER MATERIA PRIMA PARA SU PRODUCCIÓN /TENENCIA CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Corresponde rechazar el recurso extraordinario federal en cuanto a la alegada afectación de los principios de culpabilidad, reserva, derecho penal de acto y de las garantías de defensa y de la tutela judicial efectiva. Ello debido a que no fue objeto de debate ante este Tribunal por no haber sido introducida oportunamente en los recursos interpuestos contra las decisiones de los jueces de mérito, por lo que ahora no pueden ser propuestos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano, Santiago Otamendi, Marcela De Langhe y Alicia E. C. Ruiz).
Caducidad de instancia, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: AMARFIL Rosa del Carmen c/ Armand Enrique s/ Resolución de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-10-31

De la compulsa de la causa surge que el plazo de la caducidad de la instancia comenzó a correr el día 13 de agosto de 2009. En ese momento, en el caso de autos, el plazo de la caducidad de la instancia había tenido principio de ejecución por lo cual correspondía considerarlo como una de las excepciones que señala la norma en el art. 793 del C.P.C. y por ende continúa bajo el régimen de la ley 3738 que dispone un plazo de caducidad de un año en primera instancia. Distinta sería la solución si el plazo de caducidad de un año se hubiera cumplido antes del día uno de febrero de 2010, en cuyo caso, considero que correspondería proceder en la forma prevista en el art. 798 del C.P.C. que dispone que las normas que regulan la caducidad de la instancia (arts. 274 a 282) rigen a partir del 01-02-2010, pero que no son aplicables aún cuando a esa fecha hubiera transcurrido el plazo de inactividad (UN AÑO) siempre y cuando los litigantes o el juez o Tribunal hubieran activado el proceso dentro de los treinta días subsiguientes. La norma aplicable al caso de estos autos es la antes indicada (art. 793) pues es la norma que protege el interés de que la instancia se mantenga viva.

En síntesis, considero que la cuestión debe analizarse de la siguiente forma: a) si en un juicio pendiente al 01-02-10, aún no se ha vencido el plazo de caducidad de un año pero que ha tenido principio de ejecución dicho plazo, corresponde que sea regido por las normas de la ley 3738; b) si en un juicio pendiente al 1-2-10, a esa fecha se encuentra vencido el plazo de caducidad de un año, no corresponde tampoco aplicar las normas de la ley 8037 sobre caducidad pues la ley impone un plazo de 30 días en donde los litigantes o el juez pueden impulsar el proceso siempre y cuando la perención no haya sido ya acusado por parte interesada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, transporte de pasajeros, Municipalidad, caducidad, contrato de trabajo, quiebra, crédito laboral, pronto pago, juicio, partes, doctrina de los actos propios
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: PICALLO DURAN, GUILLERMO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-20

Corresponde rechazar la queja interpuesta por los trabajadores de la empresa de transporte a la que se le revocara la concesión contra la resolución de la Alzada confirmatoria del rechazo de la demanda promovida postulando -en esencia- que existió un rescate por parte de la Municipalidad; que ésta asumió la prestación del servicio de manera directa primero y luego a través de una sociedad estatal creada especialmente al efecto, y que la normativa laboral resultaba aplicable al caso por existir un acto expreso de la Administración. Ello, por cuanto tales alegaciones no convencen a esta Corte de que la Alzada hubiera resuelto de manera irrazonable apartándose de las constancias de autos y del derecho aplicable al considerar que, ante la quiebra de la concesionaria, la Municipalidad había tomado la prestación del servicio de forma meramente provisoria y por un breve lapso y que -en todo caso- quien podría resultar continuadora nunca había sido demandada, remarcándose que de los propios actos de los recurrentes, surgía el reconocimiento de la ruptura del vínculo laboral con la concesionaria fallida al presentarse en la quiebra y la obtención de una resolución favorable de pronto pago comprensivo de los mismos rubros indemnizatorios aquí reclamados.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, prueba, apreciación de la prueba, hipoteca, escritura pública
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: PASTORINO, OSCAR CARLOS Y OTROS c/ BACHMAN DE CORUJO, LIDIA P Y OTROS s/ CANCELACION DE HIPOTECA.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 250-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-02-13

Adolece la falta de fundamentación en orden a demostrar la existencia de un caso constitucional, el recurso en el que, al referir a la forma en que el tribunal interpretó la escritura en que se instrumentó la hipoteca, afirma que desechó considerar cláusulas favorables a su parte, pero sin exponer cuál era el contenido de ellas, ni qué relación directa y trascendental tenían con la cuestión en debate.
Efectos del acto administrativo, personal municipal
Materia: CIVIL
Carátula: GOMILA, OSVALDO M c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ ACTO ADMINISTRATIVO-AGENTES MUNICIPALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-20

Las condiciones exigidas por las normas pertinentes para tornar valedero el desempeño de un agente en un determinado cargo, resulta un prudente ejercicio de las facultades conferidas a un organismo administrativo para su normal funcionamiento.
Competencia, pagaré
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARTA LOCAL S.R.L. c/ CARDOZO MARIO R.Y OTRA - s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-28

Cuando existen diferencias en las cifras consignadas en letras y en números en el documento que se ejecuta hay que estar a la consignada en letras - artículo 6) Decreto Ley Nº 5965/63, y si esa cifra resulta inferior a la determinada para establecer la competencia del Juzgado de Primera Instancia en razón del monto, resulta competente el Juzgado de Paz, y ello con prescindencia de la posibilidad del planteamiento de excepciones relacionadas con esa diferencia.
Estupefacientes, transporte de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: MORALES AGÜERO, L. A. s/ Incidente de apelación de auto de procesamiento. Causa nro. 11.446
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

Atento la cantidad de sustancia incautada, su elevado porcentaje de pureza (86% y 81), la detención del nombrado mientras circulaba por la vía pública y el embalaje que ella lucía -lo que la hacía compatible con la modalidad de traslado- la calificación resulta más adecuada la de transporte de estupefacientes.
Tasa de justicia, concursos, liquidación de impuestos
Materia: COMERCIAL
Carátula: VAZQUEZ IGLESIAS J. R. s/ CONCURSO CIVIL - INCIDENTE TASA JUDICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-28

Al no efectuar la ley 21.859: 5 inc. g) distinción respecto del carácter del crédito según sea su graduación -tal el caso de los eventuales-, no advirtiéndose la existencia de razones valederas para hacerlas, cabe en consecuencia excluir sólo a los insinuados que no obtuvieron verificación.

No existe un procedimiento de vista previa al interesado a los fines de la liquidación del tributo; es en todo caso frente a la determinación del mismo por el órgano impositivo que el obligado al pago tendrá ocasión de articular las defensas que estime corresponder, formándose recién el incidente respectivo (ley cit.:

13).
Recurso extraordinario, caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Balmaceda, Severo Nicolás s/ Resolución 839/86 D.G.E., Dec. 504/85 Y Ley 7413
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

El recurso extraordinario se gobierna por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que prevé el instituto de la caducidad de la instancia, que se produce, cuando no se insta su curso, en el plazo de tres meses (art. 310, inc. 2° del Código Procesal), lapso que se computa desde la última actuación del tribunal o de la parte que tenga por efecto impulsar el procedimiento (confr. art. 311 del texto legal citado).
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CHAZARRETA DE AFUR ELDA JUSTA c/ ELIAS EMILIO EDUARDO Y OTRO s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-16

En el juicio ejecutivo la imposición de costas sustenta carácter objetivo, al ser consecuencia de la condena del principal, por motivar el ejecutado la acción judicial promovida y la realización de gastos judiciales incurridas por el demandante para la satisfacción de su derecho.
Calificación legal, clasificación de delitos, situación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Nigro, Gonzalo; Nigro Darío Sebastián c/ Escobar, Cristian Ismael (Menor), Salto, Javier Alcides, Romero, Juan Ángel Federico s/ SENTENCIA CONDENATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-30

Respecto a la Calificación legal que se le otorga al hecho cabe destacar que, sin dejar de reconocer la ardua disputa interpretativa que gira en derredor al concepto de "banda", nos inclinamos por la hermenéutica que independiza, tal elemento, de la asociación ilícita.

En tal sentido, lleva razón Carlos Creus cuando, al analizar la figura en estudio refiere que: la noción de banda "no hace otra cosa que indicar una pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos, aunque no se den en ella los demás requisitos típicos del artículo 210" (cfr. "Derecho Penal. Parte especial", 5ª edición actualizada, T° 1, Ed. Astrea, Bs. As., 1995, p. 462).

Y consideramos correcta tal apreciación por cuanto, la misma se ve confirmada tanto a partir de cánones interpretativos teleológicos como lingüísticos: a) Por una parte, desde una mera perspectiva teleológica, no hay dudas que, el motivo político criminal de esta agravante, debe buscarse en la mayor peligrosidad que asume tal modalidad delictiva (dada la concurrencia de varias personas para perpetrar el hecho), que se traduce en una disminución de la posible defensa por parte de la víctima, justificando así la mayor intensidad de la protección penal; y b) analizada desde el otro ángulo, por cuanto, ese - y no otro - es el alcance lingüístico del giro legal empleado.

En efecto, en su inteligencia literal, dicha expresión alude a una pluralidad de personas - "grupo de gente" según reza el diccionario de la lengua - lo que no se compadece con ninguna exigencia propia de la asociación ilícita. "La palabra banda debe ser interpretada en su concepto usual, es decir como un conjunto de personas que en ciertos delitos asume por sí una especial gravedad que la ley debe computar en contra del delincuente por la mayor magnitud del peligro que implica esa participación conjunta para los bienes jurídicos en juego, aumentando así el contenido del injusto, resultando dicho atentado menos dificultoso para el delincuente.

Es así entonces que la concurrencia de tal agravante debe considerarse como un índice de mayor peligrosidad, lo que determina lógicamente la necesidad de una protección social más severa y eficaz a través de la pena.
Nulidad de oficio, exposición de los hechos
Materia: CIVIL
Carátula: R., M. A. y. o. c/ R., J. L. y. o. s/ Matrimonio. Nulidad/Inexistencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-09

Existe una situación excepcional que lleva a que deba declarase la nulidad de oficio de la sentencia del Tribunal de familia que ha omitido exponer de manera clara los hechos litigiosos, englobando en una sola pieza el tratamiento de los hechos y el derecho, seguido además por un desorden cronológico palmario, sucediendo todo ello más allá de que con esmero puedan comprenderse los alcances de la decisión, en una causa donde debe decidirse una nulidad matrimonial, esto es, donde debe tomarse una determinación sobre una institución de relevancia en nuestro sistema jurídico (del voto de la doctora KOGAN).
Notificación, notificación por cédula, oficial notificador, instrumentos públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: BONAERENSE  DE  AVIACION  SA c/ BACHAR EMILIO s/ compraventa engeneral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-21

Tratándose la cédula de notificación de un instrumento público, las atestaciones efectuadas por el oficial notificador en el ejercicio de sus funciones llevan implícita la verdad de lo que en ellas se afirma y hacen plena fe en tanto no sean argüidas de falsedad. De ahí que si no se promueve el incidente respectivo, debe tenerse por cierto lo expresado en el diligenciamiento de aquélla (conf. CNCiv., Sala C, del 18-6-92, "B.C. c/A., C.", en L.L., 1992-B, 571). Más aún, en caso de duda debe estarse por la validez de las constancias de la cédula, ya que se trata de un instrumento público (conf. CNCiv., Sala F, del 15-12-88, "Bouquet, Roldán c/Motor Inn SA", en LL., 1992-A, 305, con nota de Isidoro Gueller).
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, personas jurídicas, carácter alimentario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COrrea Luna S.A. c/ G.C.B.A. s/ Demanda Contra Aut. Adm. Otros Adm. Otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-14

Resulta inatendible el argumento atinente a la supuesta naturaleza alimentaria del crédito, toda vez que la actora es una sociedad anónima, esto es, una persona jurídica independiente de las personas físicas que la integran, por ello, resulta imposible predicar la existencia de tal clase de necesidades.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, revocación de la excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia, condena anterior
Materia: PENAL
Carátula: ARDISSONE, Aldo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-02

Si bien el mínimo punitivo previsto por el delito de daño que se atribuye al imputado autorizaría su excarcelación, corresponde revocar la excarcelación concedida, por verificarse las hipótesis restrictivas que prevé el art. 319 del C.P.P.N. Ello, dado que el causante registra tres condenas anteriores, en virtud de lo cual, de recaer condena en el proceso, su cumplimiento será efectivo (arts. 26 y 27 del código sustantivo).

La amenaza de imposición de pena de efectivo cumplimiento, es un elemento de gran relevancia para presumir que quien recupere la libertad intentará eludir la acción de la justicia para sortear su posible encarcelamiento.

"Resulta harto razonable concluir en que dado el pronóstico de pena que se cierne en cabeza de ...[el imputado]... éste, de recuperar su libertad, podría intentar eludir la acción de la justicia (art. 319 del código adjetivo)" .

Se verifican otras pautas restrictivas de su libertad en los términos del art.319 del C.P.P.N., ya que el encausado oportunamente ha sido declarado rebelde en otro proceso y se encuentra registrado bajo diversas identidades.

Todo ello, impone la restricción de libertad del imputado, por la posible frustración de los fines del proceso debido al peligro cierto de elusión que se deduce de las circunstancias reseñadas.

Por ello, corresponde revocar el auto que concede la excarcelación del imputado.
Contrato de trabajo, empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: LABORAL
Carátula: SCHERMAN, Emilia c/ INSTITUTO DE OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LOS MINISTERIOS DE SALUD Y ACCION SOCIAL Y DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL DE LA NACION s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-13

La pretensión de que existen trabajadores que por prestar servicios al Estado carecen de todo derecho a la estabilidad responde a una confusa noción de derecho público originada en tiempos en que la administración pública era reducida y tenía funciones estrictamente vinculadas a las tareas de gobierno. Hoy, la administración pública, aún entendida en sentido estricto, tiene una complejidad tal que exige la contratación de profesionales de las más diversas especialidades, y por ello, no parece justo que esas personas queden al margen de las garantías que las leyes otorgan a otras que están en situación similar.En tal sentido corresponde afirmar que no existe una zona de incertidumbre jurídica al amparo de contratos que hacen caso omiso de las garantías constitucionales relativas a "condiciones dignas de labor...y protección contra el despido arbitrario" (art 14 bis de la C.N.).(Del voto del Dr. Vaccari, en disidencia).