Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-19


V., U. A. o A. U.

Reg.: A y S t 193 p 253-255.

Santa Fe, 19 de noviembre del año 2003.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de U. A. V. o A. U. V. contra la resolución nro. 11 del 4.4.2003 dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, en autos "V., U. A. o A. U. -Homicidio y Homicidio en grado de tentativa en concurso real- (Expte. 321/02)" (Expte. C.S.J. nro. 222, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Contra la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de esta ciudad que confirma parcialmente la resolución 118 del señor Juez en lo Penal de Sentencia de la Segunda Nominación, que en lo que resulta de interés en el sub examine, condenó a U. A. V. como autor penalmente responsable de homicidio en grado de tentativa (artículos 42 y 79 del Código Penal) a cumplir la pena de siete años de prisión y accesorias legales por igual tiempo, deduce la defensa técnica del condenado recurso de inconstitucionalidad (ley 7055), por considerarla violatoria de los derechos y garantías constitucionales que invoca.

En la pieza de interposición del memorial recursivo, sostiene que los sentenciantes arriban a una decisión de condena apoyados en meras conjeturas, desinterpretando el plexo probatorio reunido en la causa, apartándose del principio de inocencia; ignorando decididamente el precepto que consagra el artículo 5 del Código Procesal Penal ("in dubio pro reo").

Para condenar, aduce la defensa técnica, debe existir certeza en la comisión del ilícito que se imputa y en autos, precisamente, ello no ha quedado demostrado, razón por la que insiste en que la conducta delictiva en que podría encuadrarse el accionar ilícito de V. debió consistir en "lesiones graves en acto de legítima defensa", tal como se alegara en ocasión de prestar declaración indagatoria.

La decisión impugnada, en definitiva, importa una verdadera privación de justicia para el encartado, desde que fue condenado sin la certeza penalmente requerida; circunstancia ésta que por sí sola, autoriza la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

La Sala a quo, mediante auto nro. 64 del 28.5.2003 denegó la concesión del recurso por considerar que la cuestión constitucional no fue propuesta y sustentada oportunamente en la causa (artículo 1 in fine, ley 7055), a más de no encontrarse configurada causal alguna de arbitrariedad, desde que la sentencia es el resultado de un análisis exhaustivo de los hechos y del derecho aplicable, suficientemente fundada.

Ello motivó la presentación directa de la defensa de V. ante esta sede.

2. Pese a que el Tribunal de la causa entendió insatisfecha las exigencias que prevé el artículo 1 in fine de la ley 7055 y en esta instancia se observa, además, la deficiente fundamentación del escrito recursivo en torno a los planteos constitucionales que la quejosa pretende someter a consideración de este Cuerpo (conforme los lineamientos sentados por el Alto Tribunal provincial a partir de "N.", A. y S. T. 36, pág. 425), esta Corte, una vez más, sigue las pautas elaboradas por el Máximo Tribunal de la Nación, las que han afianzado una directriz muy importante: "la garantía de defensa en juicio impone un especial cuidado en la consideración de la admisibilidad del recurso extrarodinario cuando, especialmente se encuentran involucradas personas privadas de su libertad..." ("F., J.", publicado en Doctrina Judicial, 1987-II-481); es decir, ha perfilado un concreto ablandamiento de los requisitos formales de interposición del recurso extraordinario.

En resumida cuenta, aún cuando se adviertan incumplidos los recaudos formales referenciados, tal déficit no puede, conforme lo expresado precedentemente, gravitar en desmedro de los condenados que se hallen privados de su libertad, por lo que cabe darlos por superados en la medida que se den las condiciones descriptas, como acontece en el sub examine.

Ahora bien, aún superadas las exigencias formales que establece la ley que regula el recurso de inconstitucionalidad local (ley 7055), cabe señalar que el remedio extraordinario intentado igualmente no puede prosperar, puesto que los planteos de la defensa técnica, genéricos y esquemáticos sólo permiten inferir su disconformidad con la sentencia de condena a que arribaran los jueces de la causa en ejercicio de facultades propias, lo que resulta ajeno, en principio, a esta instancia de excepción.

En efecto, la Sala mantiene la decisión de condena a que arriba el juez inferior por considerarla prudente, justa y adecuada a derecho, puntualizando que el mencionado magistrado para sostener su apreciación relativa a que en verdad habría presidido el ánimo de V. al momento de actuar contra G. G. una intención homicida, subrayó que no se trató de un disparo sino de cuatro y que ellos fueron efectuados hacia el cuerpo y la cabeza del atacado (zonas vitales).

Por consiguiente, la Alzada calificó de harto razonable la conclusión del inferior al estimar que el autor de los disparos habría querido dar muerte al agredido, decisión que fuera adoptada en un marco de absoluta certeza y en la que se juzgó la improcedencia de la eximente de responsabilidad alegada (ejercicio de legítima defensa); habiéndose avocado a ponderar solamente la meritación intrínseca efectuada por el juez de los testimonios que indicaron que G. no portaba arma alguna, así como del testimonio de un amigo de V. (C., presente al momento del hecho), ponderación que evidencia un desarrollo razonable y apto para alcanzar certeza incriminante para con V.

Frente al criterio sustentado por el Tribunal a quo, la defensa técnica del condenado opone su particular apreciación de la causa, insistiendo en su pretensión de modificar el encuadramiento del hecho delicitivo que se le imputa por entender que el mismo queda atrapado en la figura penal de lesiones graves ejercidas en legítima defensa -desde que no existe, objetivamente, discusión en la existencia del hecho- y, en la aplicación del principio que consagra el artículo 5 del Código Procesal Penal; mas sin lograr con sus planteos conmover los fundamentos de la sentencia impugnada -los que más allá de su grado de acierto o error- no lucen absurdos o ilógicos, por lo que no puede descalificarse el pronunciamiento por arbitrariedad, ni importar una verdadera privación de justicia para el encartado.

Sólo a mayor abundamiento, cabe señalar que los reproches dirigidos a cuestionar la calificación legal seleccionada, resulta materia extraña al presente recurso, así lo ha entendido desde siempre este Cuerpo con remisión a jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación, en cuanto a que "la calificación legal de los hechos materia del proceso es propia de los jueces de la causa y no sustenta el remedio extraordinario, en tanto la condena no se funde en hechos diferentes a los que fueron objeto de debate (Fallos 256:416; 265:141; 267:486, "C.", A. y S. T. 82, pág. 98).

Y en autos, no se advierte la inexistencia de correlación entre los términos en que quedó delimitada la acusación y el contenido de la sentencia.

Y en relación a la no aplicación del principio de "in dubio pro reo" por parte de la Sala, cabe señalar que el mismo no puede acogerse, desde que a ese respecto esta Corte tiene dicho en numerosas oportunidades que tal cuestión "...inexorablemente ligada a la valoración de la prueba- es materia propia de los jueces de la causa.

El eventual desacierto con que el Tribunal a quo puede haber manejado el complejo material probatorio colectado en el sub judice, exhaustivamente meritado, es cuestión que escapa al recurso de inconstitucionalidad" (A. y S. T. 43, pág. 73; T. 110, pág. 262; T. 138, pág. 417 entre muchos otros). Lo expuesto, evidencia que los planteos de la defensa técnica conducen al examen de temas de hecho, prueba y derecho común que han sido resueltos con fundamentos suficientes del mismo orden que permiten descartar la tacha de arbitrariedad invocada.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)