Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-09-26


///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintiseis días del mes de septiembre de dos mil once, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. DANIEL OMAR CARUBIA y los Vocales Dres. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, asistidos por el Dr. Rubén A. Chaia fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "ROMERO, Federico Demetrio S/CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL S/ APELACION".- Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. Mizawak, Carubia y Chiara Díaz.- Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente cuestión:

¿Qué cabe resolver? A LA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DRA. MIZAWAK DIJO:

I.- Que, a fs.31 y vta. la Dra. PATRICIA L. PERÉZ declara la incompetencia del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia a su cargo para intervenir en este incidente de ejecución ante la solicitud de audiencia del Ministerio Fiscal para plantear la revocación de la condena condicional impuesta a Federico Demetrio Romero .- Que, para decidir de tal manera se funda en que el Código Procesal Penal vigente expresamente establece en el art.552 que la eventual revocación de tal condena debe ser dispuesta por el Juzgado de Ejecución de sentencia, no dándose en el caso, la excepción que indica dicha norma, por lo que remite la causa a tal organismo.- II.- Que, recibida que fue la misma y previa vista al Ministerio Público Fiscal, el Sr. Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú Dr. CARLOS ALFREDO ROSSI, no acepta la competencia material atribuida a ese organismo jurisdiccional, da por trabada la cuestión de competencia y remite las actuaciones a esta Sala Nº 1 del STJER.- Que, para así resolver tuvo en cuenta que si bien la Ley Nº 9754 en el art.552 establece que la revocación de la condena de ejecución condicional será dispuesta por el organismo a su cargo, salvo que proceda la acumulación de las penas, considera que tal normativa no puede sino encuadrarse dentro del principio constitucional de irrazonabilidad de las leyes, lo que se desprende de la grosera omisión del legislador de tener en cuenta la vasta competencia territorial que la Ley Nº 9246 le ha otorgado al organismo a su cargo porque en caso de incumplimiento de la obligaciones impuestas deberá celebrarse obligatoriamente una audiencia lo que implica que él se deba trasladar a los Departamentos Concordia, Federal, Federación, Colón, Tala, Concepción del Uruguay, Islas del Ibicuy y San Salvador tantas veces como inobservancias de las reglas por parte de todos los condenados de esas jurisdicciones se constate, lo que materialmente resulta imposible. Agrega que la otra alternativa -traslado de los condenados, sus abogados defensores, fiscales y eventualmente testigos a la sede del Juzgado- también resulta dificultosa por las distancias y por las erogaciones que esto acarrearía.- III.- Que, recepcionado el expediente por esta Sala Nº 1 del STJER se le corrió la vista pertinente al Ministerio Público Fiscal y a fs.53 se expide el Sr. Procurador General de la Provincia, Dr. JORGE A. L. GARCIA, que entiende que la norma vigente ha asignado competencia para decidir lo relativo al incumplimiento de la pena de instrucciones al juez de ejecución. Refiere que estas son penas alternativas al efectivo encierro y, por ello, ante su eventual revocación se estableció la competencia del Juez de Ejecución pues la consecuencia de ello es el cumplimiento de la pena por ello opina que el art.552 del C.P.P. es claro y no deja margen de dudas sobre que la competencia para la revocación de la sanción de Instrucciones es del Juez de Ejecución.- IV.- Resumidas las principales contingencias de esta causa e ingresando al tratamiento del "thema decidendi", advierto que estos obrados guardan sustancial similitud, con la resuelta recientemente por este Tribunal in re "PELIZZARI, Ana Laura S/ EJECUCION DE PENAS" Causa N° 19915 - -09/09/11-.- En tal oportunidad se sostuvo:

"...ingresando al examen del conflicto negativo de competencia planteado en estos actuados, es menester puntualizar que la cuestión relativa a la competencia judicial es materia de orden público regida estrictamente por la ley (cfme.: arts. 122 -incs. 23 y 31-, 186, 187, 191, 206 y ccdts., Const. de E. Ríos) y, precisamente, la Ley Nº 9246 (Bol. Of., 9/3/2000) de creación de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en la Provincia de Entre Ríos, establece puntualmente el marco de competencia territorial (art. 2) y material (art. 3) de los dos organismos por ella creados y al enumerar las funciones comprendidas en esta última, no contempla las relativas al control de las condenas condicionales, reglas de conducta del art. 27 bis del Cód. Penal ni sus similares del art. 76 ter del mismo cuerpo legal para supuestos de suspensión del juicio a prueba, como sí lo hace el nuevo Cód. Proc. Penal (Ley Nº 9754) de vigencia actualmente suspendida para la jurisdicción de Paraná, donde se encuentra radicado el asunto motivante, colisionando con la expresa normativa vigente en ella.- Más allá de que oportunamente será necesario analizar la aplicabilidad de esa normativa del nuevo proceso penal entrerriano que exhibe un marcado divorcio respecto del actual sistema de control de ejecución de penas y de suspensión de juicios a prueba, es evidente que los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad fueron creados para ejercer el imprescindible contralor judicial del régimen administrativo penitenciario de consuno con la impronta que emerge del derecho supranacional en la materia y del espíritu que preside la Ley Nº 24.660, limitando su función sólo al control del cumplimiento de las penas efectivamente privativas de la libertad y de las medidas de seguridad, no estando prevista en ellos una estructura acorde al cumplimiento de funciones diferentes, tales como las que emergen del caso en estudio, careciendo por completo de medios técnicos, humanos y materiales para tal cometido, las cuales deben quedar, conforme con la normativa vigente, bajo la competencia del órgano jurisdiccional que dispuso tales medidas. Máxime cuando, como en la especie, la propia sentencia se atribuye exclusividad para autorizar la variación del domicilio que ordena fijar a la condenada, además de conservar la potestad de modificar las reglas de conducta, de revocar la condicionalidad de la condena y las restantes facultades previstas en los dos últimos párrafos del art. 27 bis del Cód. Penal; todo lo cual conduce necesariamente a dirimir la cuestión en examen asignando la competencia para el ejercicio del control judicial de las reglas de conducta dispuestas en la Sentencia Nº 06, de fecha 31/3/11, dictada por la Excma. Sala Segunda de la Cámara Primera de Paraná, al mismo Tribunal que dictó el pronunciamiento, remitiéndosele las actuaciones y comunicando lo resuelto al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.-" Siendo que en el caso se advierten idénticos presupuestos, corresponde la aplicación de los conceptos ut supra glosados.- Por tales motivos propicio asignar la competencia para el ejercicio del control judicial de las reglas de conducta dispuestas en la Sentencia Nº 52, de fecha 21/09/10, dictada por la Excma. Sala Primera en lo Penal de la Cámara de la ciudad de Concordia, al mismo Tribunal que dictó el pronunciamiento, remitiéndosele las actuaciones y comunicando lo resuelto al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.- Así voto.- A la misma cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr. CARUBIA expresa su adhesión al voto de la Dra. MIZAWAK.- A su turno el Señor Vocal Dr. CHIARA DIAZ manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz -	SENTENCIA:

Paraná, 26 de septiembre de 2011.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

ASIGNAR la competencia para el ejercicio del control judicial de las reglas de conducta dispuestas en la Sentencia Nº 52, de fecha 21/09/10, dictada por la Excma. Sala Primera en lo Penal de la Cámara de la ciudad de Concordia, al mismo Tribunal que dictó el pronunciamiento, remitiéndosele las actuaciones y comunicando lo resuelto al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.- Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz - Ante mí: Rubén A. Chaia-Secretario" **ES COPIA**