Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL, COMERCIAL, MINAS PAZ Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-06-12


Fojas: 45 Mendoza, 12 de junio de 2006.

Y VISTOS:

Estos autos N° 38.394/116.857 caratulados "D.G.R. C/Y.P.F. S.A. p/Apremio", llamados a resolver a fojas 37, CONSIDERANDO:

I.- Que a fojas 25 el Dr. Manuel Federico Gómez, por su propio derecho, interpone recurso de apelación en contra de la sentencia de fojas 20, a tenor de lo dispuesto por el art. 40 del C.P.C.

En oportunidad de alegar razones a fojas 41/43 indica que el juez a quo ha considerado aplicable a la regulación de honorarios, lo dispuesto por el art. 12 de la ley 3.641, practicando una reducción de los mismos en un 50 % en relación a los que prevé el art. 7 del mismo cuerpo legal; que resulta aplicable en este caso lo dispuesto por el art. 20 toda vez que, al tratarse de un apremio fiscal, existe una norma regulatoria de honorarios que es específica y excluye la primera, tal el art. 12 de la ley.

II.- Que atento el de la ley trámite dispuesto por el art. 40 del C.P.C., y habiéndose llamado autos para resolver a fojas 37, a fojas 44se practica el pertinente sorteo de la causa.

Esta Cámara ha resuelto que "cuando se tramitó el recurso por el art. 40 del C.P.C., no se puede plantear, ni el tribunal puede entrar a resolver otras cuestiones que no sean estrictamente cuantitativas, es decir, referidas a los montos de las regulaciones practicadas por el juez a quo y a las normas de la ley arancelaria aplicables al caso.

Admitir la posibilidad de discutir dentro del marco reducido del trámite previsto en la citada norma, la modificación del régimen de imposición de costas, implicaría una violación del derecho de defensa del contrario, a quien no se le corre traslado de la pretensión del recurrente y por tanto, no ha tenido la posibilidad de ser oído sobre el planteo".

(Fallo del 03 05 1993, 122051 "Okolic María c/Luis Zaruba p/Daños y Perjuicios", LA 155-275; ver también: fallo del 11 08 1995, 131679 "Arrigosi, Carlos y Francisco Angeloni c/Dirección Cooperativa de Mendoza p/Rec Amparo", LA 158-499; fallo del 16 08 1996, 102635 "Módica Francisco G. c/Oscar E. Mura y otros p/ Cobro Alquileres", LA 160-255) III.- Constituye un principio del sistema de administración de justicia el que los distintos partícipes en el litigio sean retribuidos. De este modo, se ha reconocido el derecho a honorarios de los distintos peritos que actúen en el juicio cuando así lo prevea la ley procesal.

Puede decirse, entonces, que es principio de superior jerarquía el de asegurar a los peritos una retribución justa, teniendo en consideración su carácter de auxiliares de la justicia designados por el juez.

Así, el honorario del perito tiene carácter alimentario, desde que se trata de la contraprestación que reciben los profesionales independientes por el ejercicio de su profesión y en este sentido, no difieren en sustancia, de los sueldos y salarios que perciben quienes trabajan en relación de dependencia.

La validez constitucional de los honorarios no depende exclusivamente de la magnitud del juicio ni del interés del litigante a quien incumbe su pago, pues asimismo interesa a la justicia de la regulación el mérito de la labor desarrollada, ya sea por su jerarquía intrínseca o por su complejidad, según los casos o la responsabilidad profesional que comprometen.

(Sobre el tema, puede verse: Schiaffino, Carlos A. Machado, "Derechos patrimoniales del perito", JA 1987-I, 815; Alonso, María José, "Honorarios de peritos. Regulación por las actuaciones judiciales", Buenos Aires, Ad hoc S.R.L., 1.989; Fernández, Nilda B. - Capo, Ángel L., "Honorarios de abogados y peritos", Buenos Aires, David Grinberg Libros Jurídicos, 1.997) No se puede soslayar que la justicia debe proceder con especial cautela teniendo presente, al momento de regular honorarios profesionales, las particularidades propias del caso, adecuando prudentemente las normas arancelarias vigentes; en este orden de ideas, la Corte Federal ha afirmado que "la interpretación de las normas arancelarias no puede prevalecer sobre la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva, que es concorde con el adecuado servicio de justicia y compatible con la garantía constitucional de la defensa en juicio." (9/2/1.988, "Silanes Artaza, María C. C/Columba, Ramón", JA 1988-I, 370).

IV.- En autos, el demandado opuso excepción de falta de legitimación sustancial pasiva y prescripción en subsidio, según los términos del escrito de fojas 11/12; a fojas 16, el Tribunal de origen dispuso correr traslado de las excepciones a la contraria por el plazo de ley; la actora compareció a fojas 18 y se allanó.

La juez a quo dictó sentencia y aplicó el art. 12 de la Ley 3.641; en este sentido, cabe destacar que el art. 12 de la Ley de Aranceles prevé la regulación a practicarse cuando el proceso concluye antes de la sentencia y, en este sentido, dispone que "cuando el proceso concluyera inmediatamente después de la demanda, escrito inicial o contestación, se entenderá que corresponde la mitad del honorario que se establecería en caso de juicio completo.

Ocurriendo la terminación del proceso con posterioridad, el honorario se aumentará atendiendo a su estado y las actuaciones producidas." La ley 3.641 trae una previsión especifica en su art. 20 para practicar la regulación de honorarios en los juicios de apremio, en el sentido de que "en los procesos por apremio se regulará conforme a las normas establecidas para el proceso ejecutivo"; con directa aplicación al caso, el art. 7 regula para los procesos compulsorios sin excepciones:

"Si en los procesos compulsorios no hubieran sido opuestas excepciones, el honorario será determinado reduciendo un 25 % el monto que resulte de aplicar la escala del artículo 2"; de manera que en un proceso compulsorio en el que se han opuesto excepciones, la regulación de honorarios no debe reducirse en un 25 %.

Justamente, lo que ha ocurrido en autos es que, si bien el juicio ha concluido luego de la oposición de excepciones con el allanamiento de la D.G.R. al planteo de la demandada, la situación tiene una regulación especifica para los procesos compulsorios en el art. 7 de la ley 3.641; desde el ángulo de la justicia, no cabe regular honorarios conforme al art. 12 de la ley 3.641: no resulta, entonces, normativamente correcta la reducción del 50 % de la escala del art. 2 que efectuó la juez a quo al practicar la respectiva regulación de honorarios.

V.- En consecuencia, corresponde admitir el recurso de ape-lación interpuesto a fojas 25, debiendo regularse los honorarios profesionales del Dr. Manuel Federico Gömez en la suma de PESOS CINCUENTA Y UNO CON 07/100 ($ 51,07).

Por lo expuesto, esta Cámara RESUELVE:

I.- Admitir el recurso de apelación interpuesto a fojas 25, y en consecuencia, modificar el apartado III de la resolución de fojas 20 que, en la parte pertinente, queda redactada del siguiente modo:

"III. Regular los honorarios profesionales del Dr. MANUEL FEDERICO GÓMEZ en la suma de PESOS CINCUENTA Y UNO CON 07/100 ($ 51,07). (Arts. 2, 3, 7, 20, 31 y concs. de la ley 3.641)" II.- Omitir pronunciamiento sobre costas atento a la expresa disposición del art. 40 del C.P.C.

CÓPIESE, REGÍSTRESE,NOTIFIQUESE Y BAJEN. ,