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Recurso de revisión (procesal), competencia originaria, competencia del Superior Tribunal de Justicia, sentencia definitiva, incidente de nulidad, nulidad de la subasta, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: A., J. c/ ASOCIACION FRUTICULTORES AUTENTICOS S.R.L. s/ ORDINARIO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-05-17

En el caso concreto que nos toca analizar, no se trata de sentencia definitiva recaída en proceso ordinario o sumario. Sino de una sentencia interlocutoria recaída durante el trámite de ejecución de una sentencia, concretamente la impugnación de una subasta judicial, y el recurrente no ha acreditado los extremos extraordinarios que hubieran merecido un apartamiento a la regla general de no intervención en éstas cuestiones, donde no puede confundirse cosa juzgada (formal o material) con preclusión.

En consecuencia corresponde adherir al voto ponente en el sentido de que el Superior Tribunal conoce de los Recursos de Revisión de todas las Sentencias Definitivas de cualquier fuero, aún los no reglados, lo que es extensivo a los nuevos procesos intitulados de Revisión de la cosa juzgada, aún en lo supuestos de invocarse cosa juzgada írrita; y no acreditándose en autos el cumplimiento del requisito de Cosa Juzgada, corresponderá sin más proceder al rechazo de la acción intentada.
Recurso de casación, aclaratoria (procesal), preclusión
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Galera, Carlos y Otros c/ CompaÑía Naviera Pérez Companc SA. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-06-08

Corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, cuando -como en el caso- ante la providencia consentida y firme que tuvo al apoderado por presentado, por parte y domiciliado solamente respecto de algunos actores, pero respecto a otros disponía que acreditada que sea correctamente la personería se proveerá, pretende el recurrente desaplicar la preclusión operada con su silencio, efectuando en esta vía extraordinaria el planteo que debió hacer ante los jueces ordinarios. Ello, en tanto si no entendía qué era lo que estaba incorrecto en su presentación inicial, pudo interponer aclaratoria, o si consideraba que ella estaba perfectamente realizada y los reparos opuestos injustificados, pudo interponer revocatoria o, eventualmente, apelación.
Facultades del querellante, excarcelación, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Ciccone, Nicolás Tadeo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-25

El CPPN es claro en cuanto regula un sistema por el cual el querellante en los delitos de persecución penal oficial se desempeña como acusador al lado de la fiscalía e, incluso, con autonomía.

Los argumentos expuestos a los fines de conceder la excarcelación al imputado, no encuentran justificación en el conjunto de pautas objetivas que configuradas definen, en el caso concreto, la razonabilidad del mantenimiento de la prisión cautelar del encausado.
Obligación de seguridad, responsabilidad objetiva, relación de causalidad, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: RED DEL INTERIOR S.R.L. c/ BANCO MACRO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-03-12

La Sala destacó que los hechos dañosos invocados -esto es, las transferencias desconocidas por el actor, realizadas desde una cuenta de su titularidad- quedaron efectivamente probados, y reconocidos incluso por la demandada, implicando ello la acreditación de la violación al deber de seguridad, al evidenciarse incumplido el compromiso de ésta respecto de las garantías en torno al sistema de "home banking"; y que, admitido el hecho dañoso, pesaba sobre el banco la carga de la prueba acerca de la interrupción del nexo causal en orden a eximirse de responsabilidad; extremo que -resaltó- no había sido debidamente comprobado. En tal sentido indicó el A quo que no se verificaba en las constancias de autos que la entidad bancaria hubiese entregado a la actora la tarjeta de coordenadas necesaria para realizar transferencias en línea, desde que entre la documentación obrante en poder de aquél sólo se hallaba la solicitud de la tarjeta, mas ninguna constancia sobre su efectiva recepción; lo que tampoco se evidenciaba a partir de lo expresado en la denuncia policial de la damnificada -donde ésta informó que, al haber desconocido las transferencias, un agente del banco le había respondido que bloquearían su tarjeta de coordenadas-, toda vez que -argumentó el Tribunal- tal bloqueo igualmente hubiese correspondido mediando entrega o no de la tarjeta.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ecotron S.A. s/ Inconstitucionalidad art. 39 decreto ley 7881/87
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Si se desiste del remedio precautorio dictado en autos, corresponde dejar sin efecto la medida cautelar decretada librándose oficio por Secretaría a la demandada. Previo a resolver sobre el pedido de devolución de la póliza de caución corresponde conferir traslado por cinco días a la demandada de lo expuesto y solicitado (arts. 34 inc.

5°, ap. "c"; 199 y conc. del C.P.C. y C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Incidente de recusación, recusación con causa, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: BIGATTI MARIELA ANGELA c/ PROVINCIA DE FORMOSA Y/U OTROS s/ AMPARO -LEY 749-. OTROS s/ AMPARO -LEY 749-.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-08-27

Del art. 21 del Cód. Procesal de la Nación (ídem en la normativa provincial) surge claramente que no es el propio juez recusado quien deba entender en el incidente de recusación sino el tribunal competente al efecto; por lo que, tratándose de un juez de primera instancia, es la cámara de apelaciones quien debe entender. En virtud de ello, si el juez recusado rechazó in limine la recusación opuesta por la quejosa, dicho pronunciamiento debe declararse nulo por haberse irrogado facultades que no le eran propias.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Sindicato de trabajadores municipales de Gral. Sarmiento c/ Municipalidad de Gral. Sarmiento s/ Ejecución de honorarios. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

El pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que en la etapa de ejecución de honorarios declara aplicable al caso la ley 11.752 reviste carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Quiebra, clausura del procedimiento, clausura por falta de activo, gastos del proceso
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOGICA-SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-26

1. Quienes pretenden impedir la clausura por falta de activo mediante la atención de los gastos del proceso, deben ingresar los fondos que estimen necesarios para cubrir esos costos.

2. La mera petición de que tales gastos sean presupuestados, mas sin previamente efectuar depósito de suma alguna, torna abstracta la cuestión pues carece de concreción ante la omisión de demostrar la posibilidad de atender esos costos.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, encubrimiento, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, prescripción de la acción penal, robo
Materia: PENAL
Carátula: Barzola, Sergio David s/ encubrimiento agravado c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-17

Más allá de las consideraciones relativas a la vulneración o no del plazo razonable de duración de los procesos, se verifica que el tiempo transcurrido entre el hecho imputado y la requisitoria de elevación a juicio supera el plazo de prescripción en orden a la imputación que subsiste en la causa. Por ello, el recurso del acusador carece de entidad suficiente para que sea revocada la decisión que declaró la insubsistencia de la acción penal por prescripción. Es que dentro del trámite particular que tuvo la causa, se ha de considerar que la declinación de competencia del fuero nacional data del año 2013, que tuvo en miras el hecho de que en jurisdicción bonaerense había ocurrido el robo de la motocicleta que obraba en poder del imputado al momento de su detención y que esta última devolvió el correspondiente legajo recién cuando descartó la posibilidad de imputarle el robo ?tras prácticamente cinco años de nulo avance, en gran medida por la inactividad estatal?. Recién a partir de ello, el proceso se reencausó, estrictamente, hacia la averiguación de la receptación del vehículo robado con antelación, con ánimo de lucro, recién en febrero de 2020 (voto del juez Bruzzone).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Sergio Rubén s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

Es ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no ha intentado siquiera demostrar, en su agravio relativo a la habilidad de los testigos, que los declarantes se hayan inspirado en interés, afecto u odio.
Recurso de casación penal, admisibilidad del recurso
Materia: Procesal Penal
Carátula: A., H. R. s/ Lesiones y Daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-08-10

No obstante la limitación cuantitativa impuesta por el art. 23 de la Ley N°1386, cabe desaplicar su contenido cuando, como en el presente, la denuncia que aporta el medio extraordinario de haberse vulnerado al momento de decidir en definitiva genéricas garantías constitucionales -desatendidas hipotéticamente por arbitrariedad-, viene idónea "prima facie" para justificar ese apartamiento de la normativa provincial en favor de la autoridad de leyes superiores presuntamente conmovidas.
Delitos, tipo penal, agravantes de la pena, garantías procesales, doble instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: WAGNER, OSCAR OSVALDO c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-08

En relación a la valoración de las pruebas y a las consideraciones jurídicas efectuadas por la Cámara para concluir que el imputado al momento del hecho no actuó en estado de emoción violenta -con la consecuente agravación de la pena- no ha existido doble conforme, asistiendo por tanto razón a la defensa en cuanto a la necesidad de que se garantice en el caso la posibilidad de revisión amplia de lo decidido conforme lo estipulan las normas convencionales de jerarquía constitucional. Ello así, desde que de la trascendencia de los cambios que sufriera la sentencia de grado por la intervención del Tribunal de alzada (tanto en relación a la significación jurídica como a la pena) se infiere que el fallo del A quo ya no puede ser descripto como una simple revisión del pronunciamiento anterior, sino que se constituye en una nueva primera condena que, a los efectos de la doble conformidad que busca asegurar la cláusula convencional, se halla en pie de igualdad con la dictada por primera vez por el tribunal revisor que conoce en el recurso contra la absolución que revoca. (Del voto del Dr. Erbetta. En disidencia parcial: Dr. Falistocco)
Honorarios del abogado, contrato de trabajo, relación de dependencia, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Lloyds Bank (BLSA) Limited c/ Okecki, Juan José. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

Cuando el profesional actúa con asignación fija o en relación de dependencia (art. 2° de la ley 21.839) es inaplicable el art. 49 en cuya virtud ante la falta de pago por el condenado en costas, el profesional puede reclamar los honorarios a su cliente.
Principios procesales, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: M., R. c/ B.A., H.H. s/ Acción Reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-06

El deber de coherencia que supone la teoría del acto propio exige el renunciamiento al ejercicio de prerrogativas que supongan la contradicción con una conducta anterior.
Contratos civiles, interpretación del contrato, buena fe
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rocco, Sergio Alberto c/ C.L.Y.F.E.M.A. s/ Cobro de pesos y embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-10

El Código Civil no contiene una reglamentación directa sobre la interpretación de los contratos, pero en el capítulo destinado a tratar sus efectos, ha consagrado como regla fundamental para determinar la extensión y el alcance de las obligaciones emergentes, la de la buena fe: los contratos obligan no sólo a lo que esté formalmente expresado, sino también a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos (art. 1198), es decir, en sus propios términos.
Declaración indagatoria, derecho a conocer las pruebas en contra, exhibición de objetos secuestrados, defensa en juicio
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LANG, RODOLFO s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-08

La prohibición de que un sujeto sea acusado por hechos sobre los que no fue interrogado, estrechamente ligado con la garantía constitucional de la defensa en juicio, no acarrea la nulidad de la imputación, cuando si bien por los hechos cuestionados no fue interrogado, se le exhibieron "recetas" relacionadas con aquéllos a los cuales pudo atacar a lo largo del proceso.
Fianza, recurso de apelación (procesal), plazo
Materia: PENAL
Carátula: GUILLERMO ALBERTO BUENVECINO c/ CASTAÑO GUSTAVO MARIO s/ ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA s/ ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-11-05

El plazo para apelar la concesión o denegación del beneficio de excarcelación o eximición de prisión como para la fianza con que se la otorgue, es único e idÚntico (24 horas), ya que al tratarse de un instituto reglado específicamente y con expresa disposición de su tramitación procesal, no cabe discriminar el tÚrmino para la interposición del recurso según sea referido a la concesión del beneficio o a la modalidad de la fianza con que se otorgue el mismo.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mora, mora del deudor
Materia: CIVIL
Carátula: A. de R., A. c/ P., R.C. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-20

"Para que el retraso (puro dato objetivo de carácter temporal) se convierta en mora es necesario que el acreedor exija al deudor, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación. Esto es, pese a que la obligación sea exigible y esté vencida, el acreedor ha de llevar a cabo la intimación o interpelación al deudor para constituirlo en mora.

Mientras que la interpelación o intimación no se lleve a cabo, no puede hablarse técnicamente de deudor moroso, por muy grande o grave que sea el retraso en que éste haya incurrido.

Doctrinalmente, se subraya que ello representa una manifestación más del favor debitoris, derivado del entendimiento siguiente: si el acreedor pudiendo exigir el cumplimiento no lo hace, cabe pensar en que tácitamente está otorgando al deudor un plazo complementario para el cumplimiento de la obligación".
Iura novit curia, inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Sola, Alberto C. c/ Sein y Cía SAIC y C. s/ Indemnización art. 212, LCT
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-24

La doctrina de la aplicabilidad de la Constitución con independencia de su invocación por las partes es una expresión de la regla iura novit curia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, plazos procesales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: San Cristóbal S.A. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad en autos: "Expte. N° 7.731/2.000 - Del Valle, Norberto y Otra p/su hijo ... c/Dominga Concepción Barrios y Otro s/sumario"
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-12-13

Corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso extraordinario de Nulidad e Inaplicabilidad de Ley interpuesto por la tercera citada en garantía, pues ha sido planteado fuera del plazo legal previsto por el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Misiones
Costas en el orden causado, accidente de tránsito, control policial, cambio jurisprudencial
Materia: CIVIL
Carátula: Gutiérrez, Rodolfo N. y Castillo, Carmen c/ Serapio Guillermo S.; Herederos de Martín Huanco y Municipalidad de San Salvador de Jujuy s/ Ordinario por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-07-11

Deben imponerse por el orden causado las costas devengadas por la actuación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en un reclamo por los daños derivados de un accidente de tránsito, pues al momento de la interposición de la demanda existía el precedente jurisprudencial local -"Soto, Julio Clemente c/ Casas Ariel Leandro y Municipalidad de San Salvador de Jujuy"- en el que el Superior Tribunal de Justicia consideró responsable a la Municipalidad por omisión del deber de policía al no haber controlado el seguro del vehículo, no obstante luego, con una nueva conformación de integrantes se modificó la doctrina, dependiendo del caso concreto y sin generalizar.
Recurso extraordinario de nulidad, Constitución Nacional
Materia: LABORAL
Carátula: Serrizuela, José Antonio c/ Siam S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

Es improcedente el recurso de nulidad extraordinario en el que no se denuncia violación del contenido normativo de los arts. 156 y 159 de la Constitución de la Provincia sino que se invoca la violación de los principios de congruencia y defensa en juicio, cuestiones que son ajenas a su ámbito.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jubilaciones
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Biancotti, Nelvo José Domingo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 473-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-15

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en numerosos pronunciamientos ha expresado "el derecho de los retirados al incremento de sus haberes", doctrina que hace referencia a lo resuelto en "Del Cioppo" donde agregaba que lo que se trata es de preservar la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, en razón de la naturaleza sustitutiva que cabe reconocer al primero con respecto al segundo.
Ley de contrato de trabajo, depósito judicial, interpretación de la ley, principio protectorio
Materia: LABORAL
Carátula: BARRIONUEVO, Jorge c/ SILVANA IC Y F SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-20

El art. 277 de la LCT es una norma protectora en tanto dispone que el pago en juicio al trabajador se realice mediante depósito y giro judicial personal a su orden. Tal disposición no debe llevar a una aplicación rigurosa y literal que descarte toda posibilidad de detenerse en circunstancias muy particulares que puedan constituir una excepción solo a la regla que impone el giro judicial para ser cobrado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. En tal supuesto tampoco se debe olvidar la finalidad tuitiva de la citada norma, lo que autoriza a adoptar los recaudos tendientes a viabilizar el efectivo cobro por parte del trabajador. (En el caso, el trabajador estaba domiciliado en Miami, motivo por el cual se ordenó un giro a su orden en un Banco de aquella ciudad por el mismo elegido).
Juicio ejecutivo, sentencia de trance y remate, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: MORENO, Norberto Venancio c/ IGLESIAS, Julio s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-15

El régimen que contempla el art. 560 del Código Procesal, aplicable al ejecutado, se refiere a los pronunciamientos que son dictados durante el curso normal del cumplimiento de la sentencia de remate. Ese principio solamente cede ante aquellos casos que abarquen aspectos ajenos al específico ámbito referido, o que causen un gravamen que no pueda ser reparado en el juicio ordinario posterior. En concordancia con ello, el pronunciamiento relativo a la liquidación que se practica con carácter definitivo resulta apelable, al encuadrar en el supuesto del inciso 4º del citado artículo, incorporado por la ley 22.434 al ordenamiento procesal, en cuanto remite a la situación del artículo 591 de ese cuerpo legal, que contempla precisamente dicha temática.-
Derecho procesal, medidas cautelares, cumplimiento de la ley, recursos, medidas autosatisfactivas, acción de amparo, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Goa Consulting SAS c/ Banco Bbva Argentina SA s/ amparo s/queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-03

Procede admitir la queja en razón de que el recurso interpuesto contra cierto decisorio fue concedido con efecto devolutivo pretendiendo que lo sea con efecto suspensivo. Ello por cuanto, si bien la regla general establecida en el CPR 198 consiste en que los recursos contra decisiones cautelares se conceden con efecto devolutivo; se advierte, en el caso, que la medida precautoria otorgada fue solicitada con carácter autosatisfactiva bajo el rótulo de demanda de "amparo"; lo cual permite encuadrar la cuestión bajo las reglas establecidas por la ley 16986. Así es que de acuerdo al art. 15 de dicha ley los recursos deben concederse en ambos efectos. Ello, según la doctrina procesal, significa que la concesión del recurso comprende carácter devolutivo en lo relativo a la devolución de la jurisdicción que la reasume el tribunal superior cuanto la suspensión de la medida dictada hasta que se adopte resolución firme (v. esta Sala, "Asea-Asociación Emprendedores Argentinos Asociación Civil c/ Inspección General de Justicia s/Incidente de Medida Cautelar s/ Queja", del 19/10/20). Si bien dicha regla va en contra de lo establecido por el CPR 198 -lo que generó el dictado de precedentes jurisprudenciales en contrario-, la razonabilidad de otorgarle efecto suspensivo al recurso surge del hecho que la medida cautelar decretada por el juez de grado, en el caso, está obligando a la demandada a entregar a la actora una suma de dinero que ingresaría a su patrimonio; lo cual dificultaría su devolución ante una eventual resolución revocatoria.
Acto administrativo, nulidad del acto jurídico, derechos subjetivos, interés legítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

La anulación del acto administrativo, por motivos de legitimidad, es también una medida de reacción que se presenta con los caracteres de un medio puesto a disposición de la autoridad para llevar a cabo sus fines institucionales o de tutela del administrado, según el caso, que se dirige contra la relevancia jurídica del acto dándose en todas las situaciones y contra todos los actos administrativos en cuanto aparezca uno de los estados viciados y que lesionen o vulneren un derecho subjetivo de carácter administrativo o un interés legítimo.