Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-09-25


SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y NUEVE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil catorce, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente- José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, se reúne en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos Expte. Corte Nº 25/14, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. René Contreras del Pino en contra del Auto Interlocutorio Nº 06/14 referente al imputado Vega, Daniel Oscar p.s.a. robo en calidad de autor".

I. Por resolución dictada el doce de marzo del año en curso, la Cámara Penal de 3ª Nominación, en lo que aquí concierne resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba, formulada a favor del imputado Daniel Oscar Vega.

II. Contra esta resolución, el Dr. René Fernando Contreras del Pino, abogado defensor del imputado Vega, interpone recurso de casación invocando el motivo prescripto en el art. 454 inc. 1º del CPP; esto es, inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. En tal sentido, cuestiona que el tribunal haya otorgado carácter vinculante a la oposición fiscal a la suspensión del juicio a prueba, argumentando que ha dejado de lado la valoración de otros elementos al momento de analizar la procedencia del instituto.

Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal y del recurso contenido en el art. 2, apartado 3, inc "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Solicita que se revoque el Auto Interlocutorio atacado y se disponga la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba.

III. El planteo efectuado exige resolver las siguientes cuestiones:

1) ¿Es formalmente admisible el recurso? 2) En su caso, ¿es procedente la suspensión del juicio a prueba solicitada? 3) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo con el resultado de la votación efectuada (fs. 11), nos pronunciaremos en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El recurso de casación interpuesto fue deducido en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra una resolución equiparable a sentencia definitiva, en tanto la materia a la que se refiere -la suspensión del juicio a prueba- involucra los derechos a evitar la imposición de una condena y a poner fin a la acción penal, los que no podrán ser tutelados en otra etapa del proceso. Por ello, es formalmente admisible y así debe ser declarado. En consecuencia, mi voto es afirmativo.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por las razones que él desarrolla. Por consiguiente, adhiero a su voto y doy el mío en idéntico sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Por Auto Interlocutorio Nº 6/14, de fecha 12 de marzo de 2014, la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación denegó la suspensión del juicio a prueba que había sido solicitado el Dr. René Fernando Contreras a favor del imputado Daniel Oscar Vega.

Para así decidir, el tribunal invocó la oposición formulada por el Fiscal de la Cámara y la falta de arbitrariedad su dictamen.

Al respecto, el recurrente sólo objeta el fundamento de la resolución que se refiere a la oposición fiscal y al carácter vinculante otorgado a esa oposición, más nada dice con relación a la amenaza penal que se cierne en el caso.

Adelanto que el estudio del planteo efectuado, permite concluir que los argumentos que lo sustentan, carecen de idoneidad a fin de conmover la decisión cuestionada.

Es que, en la audiencia respectiva (art. 355), el Fiscal interviniente invocó razones de política criminal al opinar que, con arreglo a las circunstancias del caso, estimaba que no pediría la aplicación de una pena de ejecución condicional para el acusado de robo. En lo medular de su exposición, surge que su postura se apoya en que el investigado se trata de un delito consumado, en el que hubo una pseudo organización, fueron dos imputados asegurándose la huída, y que en esa clase de delitos contra la propiedad, el Estado tiene interés en intervenir, incrementado el poder punitivo previsto para esos casos.

En esas condiciones, el tribunal a quo no constató vicio de logicidad ni de motivación, ni otra deficiencia que afectara el carácter vinculante del dictamen fiscal, el que fue considerado como debidamente fundado, y el recurrente no señala errores graves en la interpretación del Instituto ni en la de los motivos legales que obstan a su aplicación. Al contrario, la defensa brinda fundamentos alusivos a la falta de elementos probatorios que acrediten fehacientemente la participación del acusado en el hecho; pretensiones éstas cuya consideración no corresponde efectuar en la etapa procesal en que transcurren las presentes actuaciones. Razón por la cual, no pueden tener acogida en esta instancia.

Sobre el punto, el recurrente se limita a mencionar que la carencia de antecedentes de su asistido, lo hace merecedor de una respuesta positiva a su pedido, pero no refuta las restantes consideraciones asumidas por el titular de la acción penal y que fueron explicadas como razones de política criminal que determinan el interés del Estado en la realización del juicio y eventualmente, la solicitud de aplicación concreta de pena a quien resulte considerado como autor de tales hechos cometidos contra la propiedad ajena.

Así las cosas, considero que la decisión impugnada, de no hacer lugar a la solicitud formulada (para que el juicio sea suspendido) se sustenta de manera suficiente en fundamentos formalmente admisibles cuya injusticia en el caso no ha sido desvirtuada en esta presentación recursiva.

Con arreglo a las consideraciones expresadas, mi respuesta a la segunda cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por las razones que él desarrolla. Por consiguiente, adhiero a su voto y doy el mío en idéntico sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

En tanto no concurre en el caso la posibilidad de dejar en suspenso la eventual pena, requisito legal objetivo e indispensable para la aplicación del Instituto de la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis del CP), considero que la resolución impugnada es acertada. Por ello, mi respuesta a las cuestiones planteadas es que el recurso, formalmente admisible, debe ser rechazado, con costas (arts. 536 y 537 del CP), y confirmada la resolución apelada. Así voto.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

En tanto se compadece con las postulaciones precedentes, estoy de acuerdo con la solución propuesta por el Señor Ministro preopinante. Por ello, adhiero a su voto, y me expido en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Atento al modo en que fueron votadas las cuestiones anteriores, estimo que corresponde dictar la resolución propuesta por los Sres. jueces preopinantes.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. René Fernando Contreras del Pino, en su carácter de asistente técnico del imputado Daniel Oscar Vega.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto, y confirmar la resolución impugnada.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva efectuada del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría Penal a mi cargo. Doy fe.