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Impuestos, régimen penal tributario, allanamiento domiciliario, aplicación de la ley, AFIP DGI
Materia: PENAL
Carátula: BORDIGONI DE ROVERA, EDITHFERRI, CARLA s/ Régimen penal tributario Causa 35535
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

1- El ejercicio de las facultades de verificación y de fiscalización de la Dirección General Impositiva (D.G.I.) con respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes está regulado en las disposiciones de la ley 11683.

2- Las disposiciones contenidas en el art. 224 del CPPN no resultan aplicables al procedimiento llevado a cabo por la Dirección General Impositiva pues por éstas se regula el registro domiciliario ordenado por un juez en el contexto de un sumario penal cuya instrucción ya fue dispuesta, y que tiene por objeto la investigación de la presunta comisión de un delito.

3- La Dirección General Impositiva tiene la facultad de requerir información a los contribuyentes, responsables y a los terceros que puedan conocer las operaciones de aquéllos; exigir la presentación de comprobantes y justificativos, inspeccionar libros, papeles, anotaciones y documentos (Art. 41, ley cit.).

4- En el caso en que haya una respuesta verbal a un requerimiento del funcionario del fisco, o en la hipótesis de que se haya procedido a la inspección de libros o papeles, aquél tiene el deber de asentar las expresiones, o la inspección, en un acta luego firmada por el imputado sin que pueda establecerse un paralelo ni en las formas, ni en su naturaleza, a una declaración de este.

5- Estas actas hacen plena fe mientras no se demuestre su falsedad, cuyo alcance está expresado en el art. 993 del Código Civil, y se refiere a los hechos que el funcionario actuante mencione como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, defensa en juicio, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Espíndola, Juan Gabriel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

El derecho de todo acusado a ser juzgado dentro de un plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional -derivado del "speedy trial" de la enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica-), sino que se encuentra también previsto expresamente en los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a justicia (art. 8.1 de la CADH y art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional).
Ampliación de la ejecución, vencimiento de nuevas cuotas, ejecución de alquileres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bet Enzo c/ Teresa Domínguez y Ot. s/ Cobro Alquileres (LIBRO: S143 - 285)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-10-06

Obvias y elementales razones de economía procesal aconsejan admitir la ampliación o incrementar cuantitativamente el reclamo, sin alterar el contenido conceptual de la cuestión litigiosa, cuando, frente a obligaciones de ejecución continuada o "tracto sucesivo", ocurre una cuestión natural del transcurso del tiempo, que reviste caracteres casi automáticos, como es el cumplimiento de plazos periódicos o el vencimiento de cuotas sucesivas...sea por efecto de la cosa juzgada o de la preclusión, la pretensión defensiva ya opuesta en el proceso con motivo de la primer demanda, sustanciada y resuelta, no puede ser nuevamente alegada con motivo de la segunda o ulterior demanda interpuesta en el mismo proceso
Caducidad de instancia, impulso de oficio
Materia: CIVIL
Carátula: ESCURRA, FELIX ARGENTINO c/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-05-05

Debe rechazarse el planteo de caducidad de instancia, cuando los epigrafiados se encontraban para dictar sentencia, porque en éste estado cesa provisionalmente de regir el principio de impulso de parte, y aunque se haya dictado una medida para mejor proveer con posterioridad sin ser notificada a la recurrente, la instancia cerrada no fue reabierta y su inactividad procesal no causa la perención.
Honorarios del abogado, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: Miquelarena, Rodolfo Abel c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa Administración de Vialidad Provincial c/ Giobbi S.A. s/ Incidente de Ejecución de Honorarios  Demanda por Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-10-07|1992-08-03

Con respecto a la tasa de interés aplicable hasta el 31-03-91, este Superior Tribunal de Justicia, en distintas composiciones y en pacífica jurisprudencia viene fijando la del 6 por ciento anual y de conformidad al art. 62 Dto. Ley 2.200 y art. 61 Ley Nac. 21.839 en lo que respecta a honorarios.
Organismos del Estado, pensiones, conviviente, otorgamiento del beneficio, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PRESAS, Pedro Francisco c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-03

Corresponde descalificar por arbitrario el pronunciamiento que deniega el beneficio de pensión derivada, cuando mediante resolución, el organismo administrativo reconoció expresamente a la peticionante la convivencia en aparente matrimonio con el causante por el período que la ley exige.
Homicidio, delito penal, dolo, dolo eventual, acción in incertam personam
Materia: PENAL
Carátula: M., C. s/ Homicidio (Expte Nº  103-95, Resolución Nº  39, Tomo 3, Folio 194)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-03

Dilucidada la presencia de dolo homicida, bajo la especia de dolo eventual, el hecho de que por una circunstancia extraña al autor (interposición de otra persona en la trayectoria del proyectil) no se haya impactado en aquel que se deseaba sino en otro individuo, en modo alguno elimina la presencia del dolo homicida impulsando el resultado hacia la figura del homicidio culposo. Debe tenerse presente que la no concordancia entre el resultado querido y el logrado, carece de relevancia jurídico penal cuando existe identidad de afectación al bien jurídico entre ambos resultados y la diferencia no es tenida en cuenta por la tipicidad penal de que se trate. Tal lo que doctrinariamente se estudia bajo las denominaciones de "aberratio ictus", "error in personam" y "error in objecto". En el caso, donde la figura penal del homicidio del art. 79 C. Penal no califica en modo alguno al sujeto pasivo del hecho, la variación de la víctima carece de toda importancia. Tanto da matar -o aceptar causar la muerte- al que concretamente se quería agredir, cuanto matar a otro. Esta variación nunca podría eliminar radical y totalmente el dolo originalmente existente.
Daños y perjuicios, contratos innominados, traductores públicos, obligaciones de las partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: CALABRO, ILIANA ETHEL c/ KIROVSKY, OSVALDO Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

Es responsable el tercero que contrató con un productor fonográfico la fabricación y distribución del fonograma, del daño por utilidades obtenidas por su venta en virtud de la modificación de los términos del contrato fonográfico; toda vez que, si bien la posibilidad de encomendar a un tercero la fabricación del disco no sólo no estaba prohibida sino que, por el contrario, fue expresamente convenida; la mera circunstancia de que el productor hubiera obrado dentro de sus facultades para suscribir el contrato con el tercero, no lo habilitaba a modificar unilateralmente y sin autorización de la intérprete cocontratante, los términos del negocio concertado previamente con ella, pues no tenía tales prerrogativas; ello así, las nuevas modalidades fijadas por el productor con el tercero, carecen de virtualidad para alterar aquél primigenio contrato, ya que la intérprete era un tercero respecto de la nueva contratante y, en tal sentido, sus cláusulas le son inoponibles; sin embargo, los términos contractuales acordados entre el productor y la intérprete son oponibles al tercero contratante; pues en el segundo contrato se dejó expresamente establecido que formaban parte de él los convenios suscriptos entre el productor y la intérprete; esta circunstancia, sumada al carácter de comerciante especializado y profesional en la materia que debe presumirse de la discográfica (Ccom: 1 y Cciv: 902), permite concluir que ésta conocía sus términos; y, en tal sentido, las cláusulas y condiciones contractuales acordadas en el contrato fonográfico deben meritarse oponibles al tercero, ya que la intérprete es un tercero respecto de la discográfica, razón por la cual la suscripción del contrato no puede perjudicarla (Cciv: 1195); y así, el tercero deberá responder en idénticos términos por las obligaciones que asumió el productor en el contrato fonográfico respecto del daño por utilidades obtenidas por la venta del CD.
Honorarios, sucesiones, base regulatoria, monto del juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ZINGG, NÉSTOR S/ SUCESORIO TESTAMENTARIO - Expt. N° 7231/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-05-31

La Ley de Aranceles tiene disposiciones específicas en lo atinente a los procesos sucesorios y la conformación de la base económica de regulación de honorarios, por ende, no corresponde efectuar una estimación provisoria con base en lo dispuesto por el art. 20.
Recurso de apelación (procesal), juicio de desalojo
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BOGDANOV NAUM c/ PAZ TRISTAN L s/ JUICIO  DE  DESALOJO  -  RECURSO  DE  REVISION - RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-29

La carga impuesta por la ley el locatario apelante, como condición de admisibilidad del recurso, no se agota en el pago de los alquileres sino que incluye también la obligación de acreditar ese hecho en los autos en que la apelación es interpuesta.
Pena, recurso de revisión (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: MALONE, Patricio A. s/ Privación ilegal de la libertad. Robo de automotor y tentativa de  homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-30

La innovación conmutativa de pena, que la ley 24.390 ha introducido al modificar el art. 24 del C.P., resulta aplicable cuando el plazo de detención sufrido hasta que la sentencia adquiriera firmeza supera los plazos establecidos -según el caso- en los arts. 1 y 2 de la ley. 24.390; encuadrando así en la normativa ritual concerniente al recurso de revisión (art. 315 inc.5 C.P.P.) atento a la benignidad del sistema de cómputo ahora vigente, debiendo en consecuencia acogerse tal recurso y en su mérito efectuarse nuevo cómputo de pena y prisión preventiva sufrida, acorde al mismo.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos, efectos del contrato, incumplimiento del contrato, resoluciones, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Martinenghi, Ruben Adrian y otro c/ Marin, Fernando Alfredo s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

1. Corresponde señalar las diferencias que existen entre resolución y rescisión de los contratos. Si bien ambas palabras tienen significados similares (deshacer, desligar, desatar), no son conceptos similares desde la óptica jurídica, dado que tienen diferentes características y por tanto, producen diversas consecuencias. 2. "La resolución encuentra su fuente en lo prescripto en el CCIV 1201. Si los contratos son celebrados para ser cumplidos, se provocaría una desigualdad injusta entre los contratantes, si el incumplidor pudiera válidamente exigir de la otra parte el cumplimiento. Ahora bien, frente al incumplimiento de una parte, la otra puede ya no interesarle el contrato y entonces se torna justa la facultad de resolverlo. Aquí radica la diferencia. La resolución tiene su causa en un acontecimiento sobreviniente a la celebración del contrato, por ejemplo el incumplimiento, y opera ex tunc (CCIV 555). 3. En cambio, la rescisión no depende de la ocurrencia de un acontecimiento sobreviniente a la celebración del contrato, sino que depende de una estipulación contractual o legal, e incluso puede ser una decisión unilateral, bilateral o plurilateral. Por otro lado, opera ex nunc, y puede ser ejercida aún sin causa, III-A, comentario al artículo 1200, página 166 y sgtes.)" (CNCom Sala B, in re "Localiza Franchising International SRL c/ Pérez, Marcelo Fabián s/ ordinario", del 21-1205; del voto del Dr. Butty).
Decreto reglamentario, facultades reglamentarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nacarato María de las Mercedes c/ D.G.I. -Dir. Zona VI Metropolitana- s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

Los decretos reglamentarios integran la ley reglamentada, completando su régimen, y su violación o interpretación errónea afecta el régimen creado por ella (Fallos: 109:301; 234:166; Sala II, 14/5/92, "Orso Liliana Noemí"; 17/8/93, "Cuenya de Racimo, Susana c/ E.N.). Ello es así por cuanto "en el ejercicio de su facultad reglamentaria, el Poder Ejecutivo puede apartarse de la estructura literal de la ley siempre que se ajuste al espíritu de la misma, pero no puede válidamente dictar un reglamento contrario a los preceptos legales" (Fallos 183:147). Tal jurisprudencia del Superior Tribunal, que se comparte, es igualmente aplicable en supuestos, como el de autos, en el que un organismo inferior de la administración pública ejerce funciones reglamentarias delegadas en la ley.
Bienes públicos del Estado, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Club Náutico Gaboto c/ Comuna de Puerto Gaboto s/ Recurso contencioso administrativo. Medida cautelar (Expte. CSJ No.  575-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-09-02

No debe desconocerse la incidencia que el interés público tiene en las relaciones jurídicas que la Administración puede entablar con los particulares respecto del uso de los bienes del dominio público;

pero la concurrencia de tal interés debe expresarse claramente.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación suficiente, apreciación de la prueba, daños y perjuicios, daño moral, daño emergente
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Oveid, Rosario Elena y otros c/ Citibank S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - DañoS y  perjuicios(Expte.: C.S.J. Nro. 200 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-26

Corresponde rechazar la queja interpuesta por la parte actora, si de la lectura de la resolución criticada, liminarmente surge que el A quo dejó en claro que existió un obrar antijurídico y culpable del Banco demandado -toda vez que aquél había admitido haber cometido un "error operativo" al producir el informe dirigido al Banco Central de la República Argentina, por lo que postuló, luego, la rehabilitación de la actora-, para luego (en tren de establecer si concurrían perjuicios resarcibles probados, y si éstos guardaban una relación de causalidad adecuada con dicho accionar antijurídico) concluyó que sólo debía otorgarse a la actora el rubro "daño moral", que concediera en su hora el Juez de baja instancia, rechazando los rubros "lucro cesante", "desprestigio social" y "pérdida de chance", en base a los elementos probatorios agregados a la causa.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Raschetti, Ricardo Hugo c/ Somisa s/ Indemnización ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-20

Cuando se cuestiona lo resuelto respecto a típicas cuestiones de hecho es un recaudo técnicamente insoslayable citar como violada la norma que regula la valoración de la prueba en materia laboral.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, excarcelación, resolución denegatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Lizarraga, Reinaldo Oscar s/ excarcelación en autos 1213.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-11

La decisión de no conceder la libertad provisoria con fundamento en que la pena sería de cumplimiento efectivo y, por ende, en la posibilidad de que el procesado intente eludir la acción de la justicia, atento a la gravedad de los hechos y a que se mantuvo prófugo inmediatamente después de consumados, no aparece como una afirmación irrazonada sobre la base de las circunstancias "prima facie" probadas en la causa, razón por la que cumple con los requisitos de validez de las sentencias judiciales.
Sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, concursos, verificación de créditos, crédito en moneda extranjera
Materia: COMERCIAL
Carátula: El Cafetal  SA s/ Concurso  Preventivo  -  Incidente de Revisión Promovido por el Banco  Popular Argentino  SA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que verificó un crédito documentario en australes y no en dólares, como había sido solicitado por la acreedora, pues lejos de tratar la existencia de una supuesta novación, consideró como dirimente del conflicto que la deuda había sido contraída en moneda argentina soslayando el expreso reconocimiento de la concursada de que se había pactado en dólares estadounidenses.
Recurso de inaplicabilidad de ley, jornada de trabajo, horas extra, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: M., B. E. Y OTRA. c/ GALENO ARGENTINA S.A. s/ SUMARIO (I) M 1020/09 S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte Nº 25778/12-STJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-09-24

La Ley 11544 establece un máximo de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales, en tanto el Dcto. 16115/33 dispone algunas modalidades especiales, tal como la prevista en su art. 1, inc. b), que permite distribuir la jornada de manera desigual, siempre que en cada día no se excedan las nueve horas de trabajo.

Cabe acotar aquí que el Convenio Nº 30 de la OIT relativo a la reglamentación de las horas de trabajo en el comercio y las oficinas - ratificado por Argentina - también limita la jornada a cuarenta y ocho horas semanales y ocho diarias, pero expresamente admite que las horas de trabajo por semana podrán ser distribuidas de suerte que el trabajo de cada día no exceda de diez horas (art. 4).

Teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la Cámara de grado tuvo por establecido que los actores cumplían diariamente nueve horas de labor de lunes a viernes, lo que no excede el máximo de flexibilidad diaria y totaliza cuarenta y cinco horas semanales, las dos horas incrementadas por el nuevo horario dispuesto por la demandada no suponen horario suplementario alcanzado por recargo alguno, ni al 100% [cien por ciento] ni al 50% [cincuenta por ciento]. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia).
Juicio de desalojo, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Miranda, Miguel Angel c/ Cabral, Ana Gabriela s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2021-04-30

Debe remarcarse que la resolución de este pleito depende del resultado del proceso de nulidad de acto jurídico que tramitó por expediente conexo a éste. Así, pues, habiéndose rechazado la demanda de aquel juicio, en ambas instancias, el argumento en el que se apoyó el decisorio venido en revisión, queda totalmente despojado de sustento, por lo que corresponde su revocación. En efecto y a mayor abundamiento, cabe decir que, habiendo quedado firme el acto de la compraventa (y el instrumento que lo porta), resulta que produjo todos sus efectos, entre los que cabe destacar el de haber perdido la demandada su condición de titular del dominio del bien y, por ende, el título en virtud del cual invocó poseerlo. Por ello, la ocupación de la demandada se convirtió en una de de aquellas que se verifica por un título que genera en cabeza de quien ocupa obligación de restituir.
Honorarios del abogado, base regulatoria, perito tasador
Materia: PROCESAL
Carátula: R. de G.A.A. c/ G.H.R. s/ INCIDENTE    REGULACION  DE  HONORARIOS  -  VALOR  DE  LOS  BIENES  -  DESIGNACION DE PERITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-13

No sólo es necesario que no exista conformidad acerca del valor de los bienes sino que deben estimarse concretamente los valores, para que proceda la designación del perito, pues de lo contrario el Juez no tendrá pautas, con posterioridad a la realización de la pericia, para establecer quién soportará los gastos derivados por la tasación, conforme a lo estatuido en la última parte del art. 23 de la ley del arancel.
División de poderes, vacío legal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Polti, Daniel Ernesto (Intendente de la Municipalidad de Recreo - Dpto. La Paz) c/ Concejo Delibernate de Recreo - Dpto. La Paz s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-12-15

Determinada la naturaleza política de la comuna, su organización y funcionamiento deben sujetarse a los principios establecidos por la Constitución Federal y Provincial para sus órganos políticos de gobierno, prescribiendo esta última en su Art.247, inc.1 que las Cartas Orgánicas que se dictaren los municipios deberán asegurar el sistema representativo y republicano dentro del marco del Gobierno Comunal.

Siendo ello así, se afirma como de la esencia del régimen republicano: la división de poderes, el mutuo control de éstos entre sí, la responsabilidad política de los funcionarios y el control de los actos de gobierno, conceptos íntimamente vinculados. Es así como queda plasmada como principio la división orgánica del gobierno comunal en un Departamento Ejecutivo (como Poder Ejecutivo) y un Concejo Deliberante (como Poder Legislativo).

Así es también de la esencia del régimen republicano que es la responsabilidad política de los funcionarios, además de sus responsabilidades jurídicas, penales, civiles y administrativas, lo que vuelve insoslayable la existencia de un Órgano que juzgue políticamente aquella responsabilidad y si ésta está vinculada a la división de poderes y en consecuencia al mutuo control en los actos de los departamentos de gobierno, parece lógico derivar que la responsabilidad política del Órgano ejecutivo deba ser valorada y juzgada por los Concejos Deliberantes. Como corolario de esta lógica institucional, cabe concluir que, determinándose la inaplicabilidad de las normas establecidas en la Carta Orgánica Municipal y derivando de ello un vacío legal, una laguna en el derecho, en orden a la facultad de juzgar políticamente los actos del Departamento Ejecutivo por parte del Concejo Deliberante, ésta debe considerarse implícita, ya que de no hacerlo así, ello supondría decretar la inimputabilidad política de una categoría de funcionarios -los intendentes- y supondría al mismo tiempo privar al Órgano Legislativo de funciones propias en orden al cumplimiento de su cometido, tergiversando el régimen republicano, la esencia del régimen municipal y violando el Art.5 de la Constitución Nacional (v. sentencia N°3/93 - 27/03/96 en autos Corte N° 122/92 "Romero").