Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-28


/// la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de febrero de dos mil trece, se reúne la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por la doctora Liliana E. Catucci como Presidente y los doctores Eduardo R. Riggi y Mariano Hernán Borinsky como Vocales, asistidos por el Prosecretario de Cámara, doctor Walter Daniel Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° 16.312 del registro de esta Sala, caratulada: "Socoro, Rubén Luis s/recurso de casación". Representado el Ministerio Público Fiscal por el señor Fiscal General, doctor Raúl Omar Pleé y la Defensa Pública Oficial por la doctora Mariana Grasso.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo: Mariano H. Borinsky, Eduardo Rafael Riggi y Liliana E. Catucci.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

PRIMERO:

I.- Que con fecha 14 de junio de 2012 el Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 3, en el expediente nº 116.041 de su registro resolvió, en lo que aquí interesa, "I. NO HACER LUGAR a la incorporación del interno RUBÉN LUIS SOCORO al régimen de la PRISIÓN DOMICILIARIA, en relación a la pena de ocho años de prisión que se le impuso en la causa nro. 3060 del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 17.- II. DISPONER el permanente alojamiento del causante en el Hospital Penitenciario Central del C.P.F.I [.]" (cfr. fs. 66/70 vta.).

II.- Contra dicha resolución la doctora Anabella Bernasconi, Defensora "Ad-Hoc" de la Defensoría Pública Oficial Nro. 1, dedujo recurso de casación a fs. 73/84., el que fue concedido a fs. 85 y mantenido ante esta Alzada a fs. 91.

III.- La impugnante fundó el recurso interpuesto en el artículo 456, inciso 1º del Código Procesal Penal de la Nación, por entender que ha habido una errónea aplicación de la ley sustantiva.

Luego de realizar una detallada reseña de los antecedentes del caso, indicó que "la resolución impugnada representa una errónea aplicación de la ley sustantiva, en tanto no se ha hecho lugar a la incorporación de [su] pupilo Rubén Luis Socoro al régimen de prisión domiciliaria; pese a que todos y cada uno de los informes médicos practicados al nombrado en el marco de esta incidencia, coinciden en el diagn[ó]stico de su enfermedad y revela que resulta conveniente y necesaria la concesión de la prisión domiciliaria referida" (cfr. fs. 77).

Sostuvo que "existen sobradas constancias incorporadas al legajo que revelan la preocupación de [su] pupilo por su estado de salud y su voluntad de palear sus dolencias, como así también constan las ocasiones en las que la autoridad administrativa no le brindó al nombrado el tratamiento médico adecuado" (cfr. fs. 77 vta.).

Por otra parte, la recurrente refirió que "el hecho de que próximo al domicilio propuesto se encuentren dos nosocomios también es un dato que debe ser considerado a favor de [su] pupilo. Ello, por cuanto sus dolencias podrán ser tratadas con menor dificultad, y ante una urgencia puede acceder con rapidez a la asistencia médica que se precise" (cfr. fs. 81).

Explicó que "de modo alguno puede encontrar sustento fáctico, a la vez que se encuentra desconectado de toda comprobación empírica lo afirmado por el magistrado en orden a que con la solicitud de la prisión domiciliaria [su] pupilo pretende 'lograr una suerte de libertad'", y que "[c]on el instituto requerido se persigue recuperar la salud de [su] asistido, o cuanto menos evitar que ésta se deteriore aún más" (cfr. fs. 81 vta.).

En otro orden de ideas, puntualizó que "en salvaguarda del principio de legalidad, sólo deben ser evaluados para la incorporación del condenado al régimen de prisión domiciliaria si se dan o no los requisitos previstos en los arts. 32 y 33 de la ley nro. 24.660, y tal como se sostuvo en la presentación efectuada por esta defensa estos se encuentran cumplidos" (cfr. fs. 82).

Por todo lo expuesto, la impugnante solicitó que se resuelva favorablemente a los intereses de esa parte y se conceda la prisión domiciliaria a su asistido.

Formuló expresa reserva del caso federal (cfr. fs. 83/vta.).

IV.- Durante el plazo del art. 465 del C.P.P.N. y en la oportunidad del art. 466 ibídem, la señora Defensora Pública Oficial Subrogante, doctora Mariana Grasso, se presentó a fs. 92/100 y solicitó que se haga lugar al recurso incoado.

Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal, debidamente notificado a fs. 91 vta., guardó silencio en la instancia.

V.- A fs. 105 se dejó debida constancia de haberse superado la etapa procesal prevista en el artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación.

SEGUNDO:

I. En primer lugar, cabe recordar que el art. 1, inc. a) de la ley 26.472 (B.O. 20/01/2009) que modificó el art. 32 de la ley 24.660 (B.O. 19/06/1996) establece que "[e]l Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario (.)" Asimismo, el art. 4, inc. a) de la ley 26.472 modificó el art. 10 del C.P. que, en su actual redacción, establece que "[p]odrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria: a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario (.)".

En este sentido, la asistencia técnica de Socoro solicitó el alojamiento domiciliario del nombrado, en el entendimiento que la privación de su libertad en el establecimiento carcelario le impediría recuperarse o tratar adecuadamente sus dolencias.

Para rechazar el arresto domiciliario solicitado, el sentenciante indicó que "prácticamente todos los informes colectados hacen referencia a que el interno resulta correctamente tratado intramuros pero que, por su propia voluntad y ejerciendo su derecho de disponer de su cuerpo, es renuente a aceptar las indicaciones médicas que se le imparten para cuidar su salud. En tal sentido, no puede dejar de advertir que, tal como se ha hecho saber, el causante continúa manteniendo su hábito de tabaquismo y no respeta la dieta que se le suministra" (cfr. fs. 67/vta.).

Seguido a ello, sostuvo que "no resulta clara la imposibilidad de brindar un tratamiento mayormente riguroso al condenado en un establecimiento especializado de salud" (cfr. fs. 67 vta.).

Por otra parte, el tribunal a quo refirió que "nada se dijo acerca de la posibilidad de disponer la internación hospitalaria del causante para, justamente, brindar rigor e inmediatez a los controles médicos y, al mismo tiempo, proveer un mejor ambiente en relación a la dolencia respiratoria que aquél padece" (cfr. fs. 68).

En otro orden de ideas, el Juez de ejecución, en relación al domicilio ofrecido en su solicitud de arresto domiciliario, puntualizó que "más allá de un eventual mejoramiento ambiental, el interno no encontrará en el domicilio propuesto el tratamiento intensivo y riguroso que su estado de salud requiere siendo que, de todos modos, debería concurrir continuamente a un hospital público para ser asistido, tornando en ilusoria y de imposible control la única regla de conducta que el régimen de Prisión Domiciliaria requiere" (cfr. fs. 68 vta.).

Frente a este contexto, el a quo resolvió "I.- NO HACER LUGAR a la incorporación del interno RUBÉN LUIS SOCORO al régimen de la PRISIÓN DOMICILIARIA [.]" y "II.- DISPONER el permanente alojamiento del causante en el Hospital Penitenciario Central del C.P.F. I, a los efectos de que allí se le suministren, con debido control y supervisión, todos los tratamiento indicados por los profesionales del Cuerpo Médico Forense [.]" (cfr. fs. 70 vta.).

II. Ahora bien, por las consideraciones efectuadas en la resolución puesta en crisis recién apuntadas, a mi juicio, corresponde rechazar el recurso de casación bajo estudio.

En efecto, del análisis del caso traído a revisión advierto que el mismo no encuadra en los supuestos contemplados por el art. 10 del C.P. y el art. 32, inc. "a" de la ley 24.660 -modificada por la ley 26.472-. Ello es así pues la privación de la libertad de Socoro en un establecimiento carcelario no le impediría la recuperación de las dolencias que sufre ni tratarlas adecuadamente, tal como, en definitiva, sucedió siempre que su salud requirió atención médica.

En definitiva, conforme surge del informe clínico elaborado por el Cuerpo Médico Forense a fs. 28/29 y el elaborado por el médico del Servicio Penitenciario (cfr. fs. 54), Socoro no presenta "signos ni síntomas de patología aguda" por lo que su estado de salud no reviste un grado tal de gravedad que impida recuperarse y ser tratado adecuadamente en un establecimiento penitenciario, razón por la que el remedio interpuesto no habrá de tener favorable acogida.

Por otra parte, en relación a la observación realizada por el médico de planta que elaboró el informe -de que las medidas ambientales solicitadas por el servicio de medicina forense, muy difícilmente, se podrán cumplir en una unidad carcelaria-, entiendo que es el juez de ejecución o el juez que actúe en tal carácter -y en última instancia, conforme el art. 491 del ordenamiento ritual, esta Cámara Federal de Casación Penal- quien tiene la tarea de determinar, teniendo en cuenta los informes médicos correspondientes, si corresponde, o no, hacer lugar al beneficio solicitado por la defensa.

De este modo, tales informes cumplen con la importante tarea de relatar o anoticiar a la autoridad judicial acerca del estado de salud del interno durante el plazo de encierro, pero carecen de un valor determinante o vinculante en la decisión de los jueces.

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, a fin de dar cumplimiento con la obligación judicial de procurar que la ejecución de la pena privativa de la libertad -al título que fuese- no se agrave indebidamente (C.S.J.N. Fallos 328:1146), encuentro necesario que, a través del a quo, se cumpla efectivamente con lo ordenado en el punto dispositivo II de la resolución impugnada, en cuanto dispone el "permanente alojamiento del causante en el Hospital Penitenciario Central del C.P.F. I, a los efectos de que allí se le suministren, con el debido control y supervisión, todos los tratamientos indicados por los profesionales del Cuerpo Médico Forense, quedando autorizada la administración carcelaria a disponer el traslado de aquél a un nosocomio específico con la debida custodia, en caso de que tales tratamientos no puedan ser debidamente aplicados" (cfr. fs. 70 vta.).

III. En virtud de lo hasta aquí expuesto, propicio al presente acuerdo: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial de Rubén Luis Socoro, sin costas (arts. 530, 531 -in fine- del C.P.P.N.). TENER PRESENTE la reserva de caso federal.

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

Por compartir en lo sustancial los argumentos vertidos por el colega que lidera el acuerdo, adherimos a la solución propuesta y emitimos nuestro voto en idéntico sentido.

La señora juez doctora Liliana Elena Catucci dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que lidera el Acuerdo, adhiero a la solución allí propiciada.

Tal es mi voto.

En mérito a la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial de Rubén Luis Socoro, sin costas (arts. 530 y 531 -in fine- del C.P.P.N.). TENER PRESENTE la reserva de caso federal.

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones, sirviendo la presente de muy atenta nota envío.

Fdo: Dres. Eduardo R. Riggi - Liliana E. Catucci - Mariano H. Borinsky. Ante mi: Walter Daniel Magnone. Prosecretario de Cámara.