Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26


LUCEROS, Myriam Rudy y Otros contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 197 p 198-200. Santa Fe , 26 de mayo del año 2.004. VISTOS:

los autos "LUCEROS, Myriam Rudy y Otros contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION" (Expte. C.S.J. nro. 716, año 1.995); para resolver los recursos interpuestos a fojas 122/126;

y, CONSIDERANDO:

1. A fojas 122/126 la parte actora dedujo nulidad y/o revocatoria contra la providencia de fecha 8 de agosto de 2003, requiriendo igual sanción para lo actuado el 27 de agosto del año 2003.

Solicitó que en su lugar se disponga lo conducente para el diligenciamiento de la prueba ofrecida al promover la reposición del auto regulatorio de honorarios, dándosele a la articulación el procedimiento del artículo 413 del Código Procesal Civil y Comercial.

Bajo el título "La Nulidad" dijo que nunca se le notificó el proveído del 8.8.03 que disponía el pase a la Corte de la revocatoria de honorarios, siendo que ese decreto debía ser notificado por cédula (art. 62, inc. 7, del C.P.C. y C.).

Afirmó que esa irregularidad lesionó su derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso por inobservancia de las formas prescriptas por la ley toda vez que se le privó de reclamar contra aquél proveído que, al disponer el pase a la Corte para resolver, sin proveer la prueba que ofreció al atacar la regulación, lo colocó en estado de indefensión.

Aclaró que no consintió ninguna actuación procesal y que al impedirle producir la prueba ofrecida en tiempo y forma se atenta con los criterios del Tribunal que señalan que la parte impugnante tiene la carga de demostrar los extremos que hacen al derecho que postula.

Manifestó que como consecuencia de la nulidad de la providencia atacada se afecta lo actuado el 27.8.03 en razón de lo establecido por el artículo 129 de la ley procesal local.

En el acápite "La Medida de Mejor Proveer" expresó que la misma no se ajusta a derecho y debe ser revocada por cuanto se advierte que fue dictada como consecuencia de un desarrollo del procedimiento viciado de nulidad y porque para su despacho es menester que se haya dicado la providencia de autos.

Agregó que su nulidad también radica en que parte de una premisa que no se corresponde con la realidad fáctica de la causa por cuanto la pretensión de los actores no es la aplicación lisa y llana de la ley 9379 sino que se ha deducido en relación a la suma fija que se abonó a los Señores Ministros de la Corte conforme a los términos del decreto 4010/91.

Adujo que la antijuridicidad de la medida se agranda aún más por cuanto se limitó a pedir informes exclusivamente sobre la base indicada, que es la postulada por la parte beneficiaria de la regulación, sin considerar sus pretensiones.

2. Corrido traslado, lo contestó el doctor Salva solicitando el rechazo de los recursos interpuestos.

En cuanto a la revocatoria expresó que es inadmisible por cuanto ese remedio sólo procede contra providencias, decretos y autos dictados sin sustanciación.

Respecto de la nulidad manifestó que el Código Procesal Civil y Comercial al establecer la notificación por cédula del "llamamiento de los autos" refiere al dictado de la sentencia y no cuando se trata de un incidente.

Evaluó, en cuanto a la falta de producción de la prueba ofrecida, que no es obligación de la Corte disponer lo pertinente en torno a su producción sino que los curiales intervinientes están habilitados para solicitar tales medidas.

Dijo que el incidente de autos tiene trámite propio según lo disponen los artículos 124 y siguientes y 344 siguientes y 326 y siguientes del ordenamiento procesal local.

Asimismo rechazó los argumentos referidos a la medida para mejor proveer y reiteró que la prueba informativa ofrecida debió ser gestionada por los propios actores.

3. Deben rechazarse los recursos interpuestos.

En primer lugar, obsta a la declaración de nulidad el hecho de que en el sub lite no se presenta configurado el requisito que de manera positiva exige la ley y que la doctrina ha tipificado como principio de especificidad, que impone abstenerse de declararla en aquellos casos en que dicha sanción no esté impuesta legalmente (Art. 124 C.P.C.C., supl. aplic.) En efecto, en la especie no corresponde declarar la nulidad por cuanto no se ha producido violación alguna de la ley, desde que ésta no contempla que el proveído que dispuso el pase de los autos para resolver la revocatoria de honorarios deba notificarse por cédula y, de hecho, no sanciona con la declaración de nulidad la falta de ese acontecimiento.

Es que el inciso 7 del artículo 62 del digesto mencionado refiere al llamamiento de autos para sentencia definitiva, hecho que lejos está del presente.

Tampoco puede considerarse cumplido el principio de trascendencia que importa la imposibilidad de declarar la nulidad de un acto procesal si no se demuestra, al menos argumentalmente, la existencia de un perjuicio insusceptible de ser reparado sin tal declaración (art. 126 C.P.C.C.). Efectivamente, la medida para mejor proveer ordenada por el Tribunal coincide, en esencia, con las pruebas ofrecidas por la parte nulisdicente; resultando por demás demostrativo que, en procura de la obtención de la verdad real, la Corte ha tenido que emplear estas facultades y así, ante la incidencia planteada, desplegar una actividad no producida en autos.

En consecuencia, sabiendo que la sanción de nulidad constituye la última ratio del sistema y que su declaración no puede efectuarse por la nulidad misma, debe rechazarse el planteo formulado.

Asimismo, cabe señalar que este Cuerpo al rechazar las recusaciones formuladas afirmó, en cuanto a la medida para mejor proveer, que "... de manera alguna importa que el Tribunal vaya, necesariamente, a tomar como base económica del pleito 'las diferencias salariales por aplicación plena de la ley 9379' tal como lo infieren los recurrentes".

Por lo expuesto, y lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 4.106, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar, con costas, los recursos interpuestos.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)