Homicidio culposo, recurso extraordinario federal, graduación de la pena, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gutierrez, Mario Martín s/ Recurso Extraordinario deducido por el Dr. Víctor Manuel Pinto en contra de la Sentencia Nº 01/13 de Expte. Corte Nº 106/12 - Recurso de Casación (...) en Expte. Nº 01/07 - Gutierrez, Mario Martín p.s.a. Homicidio Culposo - Santa María
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-08-09

El Juzgado Correccional condenó al imputado G., como autor penalmente responsable del delito de Homicidio culposo calificado, a sufrir la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, e inhabilitación especial de ocho años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores.

Contra esa resolución, el defensor del imputado había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, interpone el presente remedio federal.

Quien recurre dice que la sentencia impugnada contiene el mismo error que la sentencia condenatoria, la valoración, a los fines de los arts. 40 y 41 del Código Penal, para graduar la pena, de la extensión del daño causado, es decir, del resultado muerte, que ya se encuentra contenida en el art. 84 del Código Penal.

Considera que la sentencia es arbitraria porque no se ajusta a las reglas de la sana crítica racional, violentando de tal modo la defensa en juicio y con ello el debido proceso legal.

El planteo efectuado no suscita cuestión federal suficiente en tanto remite al tratamiento de cuestiones de hecho y de prueba en la determinación de la pena impuesta.

Es que la materia se encuentra reservada, en principio, a los jueces de la causa y es ajena a la instancia extraordinaria; y el recurrente no demuestra la concurrencia en el caso de circunstancias que justifiquen hacer excepción a esa regla, debido a que los argumentos que ofrece carecen de idoneidad a los fines de lograr la modificación que de lo decidido pretende, en tanto no demuestran la arbitrariedad que predica del mérito probatorio que sustenta la decisión recurrida.

La pena de prisión impuesta al condenado G., de 2 años y 6 meses, notoriamente más cercana al mínimo de la escala aplicable (de 2 años, art. 84 del Código Penal, 2º párrafo, 2º supuesto) que al máximo posible (de 5 años), pone en evidencia la concurrencia y el cómputo en el caso de circunstancias atenuantes de la respuesta punitiva estatal dada por el tribunal de la condena. Por ello, la crítica efectuada sobre la omisión de ponderación de esas circunstancias, no tiene fundamento suficiente.

Además, como subraya el recurrente, el texto mismo de la sentencia da cuenta del mérito conjunto de la edad del imputado -de 21 años, a la época del hecho-, su carencia de antecedentes y el favorable informe socio ambiental, como circunstancias relacionadas entre sí y como atenuantes que "(.) operan en la graduación menos aflictiva asignada a la pena que se impone.", las que, empero, según estimó también el tribunal, no alcanzaban a desvirtuar la gravedad del achaque y de la culpa grave del imputado.

Por ende, el agravio no tiene fundamento en las constancias de la causa y sólo exhibe el disenso del recurrente con la medida, en que las mencionadas circunstancias han influido en la cuantificación de la pena y atenuado el reproche.

Sin embargo, ello no es suficiente a los fines de la habilitación de la instancia extraordinaria puesto que esa vía no está prevista para superar las meras discrepancias de las partes con lo resuelto por los tribunales, sino para garantizar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, cuyo compromiso en el caso el recurrente no demuestra y cuya mera invocación tampoco justifica la intervención del Máximo tribunal.

Así las cosas, los agravios expuestos carecen de idoneidad a los fines de suscitar la apertura de la instancia extraordinaria, debido a que no demuestran la efectiva vulneración de las garantías constitucionales invocadas -la defensa en juicio y el debido proceso- ni la valoración irrazonable o absurda de la prueba considerada en la sentencia o el apartamiento inequívoco por el tribunal de la solución prevista por la ley para el caso.

En tales condiciones, el recurso carece de fundamento suficiente en los términos del art. 15 de la Ley 48, lo que obsta a su concesión.