marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, indemnización, monto indeterminado, pena, multa penal, prisión, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: MUÑOZ, RAMON JESUS s/ ACCION CIVIL. INCUMPLIMIENTO DEBERES ASISTENCIA FAMILIAR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-18

1) Debe rechazarse la acción civil instaurada por defecto legal falta de determinación del monto- en el modo de proponer la demanda, sin perjuicio del derecho del actor a reponer la pretensión en otro proceso (arts. 330 y 337 Código Procedimiento Civil y Comercial) 2) Resulta inapropiada para cumplimentar los fines de prevención general y especial que persigue toda sanción penal la multa de A 2 50 impuesta al procesado, que se sustrajo deliberadamente a la obligación alimentaria en perjuicio de su esposa y de sus cuatro hijos menores, debiendo ser sustituida por la de prisión que alternativamente establece el art. 1 de la ley 13.944, con los beneficios de la condena condicional.
Marcas, oposición al registro de marca, oportunidad procesal, allanamiento, costas en el orden causado
Materia: COMERCIAL
Carátula: LABORATORIOS BAGO SA c/ SAN SEBASTIAN SAICIF Y A s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

La oposición al registro de la marca de la actora fue realizada por la firma antecesora de San Sebastián, el frigorífico Minguillon S.A. (cuya quiebra fue decretada judicialmente el 16.10.92), y las marcas en litigio fueron adquiridas por la aquí demandada el 20.12.95, Desconociendo la oposición marcaria. En consecuencia, San Sebastián no tuvo oportunidad alguna en sede administrativa de levantar dicha oposición, por desconocer su existencia. Por ello, ante el primer conocimiento de la cuestión (con el traslado de la presente demanda) se allano a lo solicitado por la actora. No son atendibles las quejas del apelante referidas a que es ajeno al probable desconocimiento de San Sebastián con respecto a la situación marcaria que presentaba el frigorífico Minguillon o que se produjo una sucesión de una universalidad. Ello así, atento que no fue la actitud de San Sebastian la que obligó al solicitante de la marca a iniciar el trámite judicial, no resulta razonable que deba soportar la imposición total de las costas, debiendo correr en el orden causado.
Improcedencia del recurso, recurso extraordinario federal, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: P. V. S.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-05-17

Cabe no hacer lugar al recurso extraordinario federal deducido por la empresa actora, pues si bien al verificar los recaudos según las reglas contenidas en el art. 3 y sus incisos de la Acordada N° 04/07 la recurrente introdujo la cuestión federal al promover la demanda contencioso administrativa y el remedio es tempestivo, el recurso no se intenta contra un fallo definitivo o equiparable a tal, incumpliendo la parte final del inc. a) del mencionado art. 3. Tampoco se ocasiona un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, ya que no se priva al interesado de la tutela de sus derechos, sino que se los difiere hasta la emisión de los decisorios en las acciones declarativas de inconstitucionalidad, ni se configura la invocada demora injustificada o privación de justicia. Por último, vale decir que los argumentos de la recurrente se limitan a discrepar con la solución dada en un tema de naturaleza procesal y local ajeno, por su naturaleza, a la instancia del art. 14 de la Ley N° 48
Inviolabilidad de la persona humana, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.  s/ accidentes ley 9688
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

El hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental.
Superior Tribunal de Justicia, competencia contencioso administrativa, recurso contencioso administrativo, demanda, pretensión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arce, Santiago c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 315-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-28

El carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa supone someter a consideración de la Administración la materia que luego se lleva ante la Corte, pues lo que la ley exige es que no se planteen pretensiones distintas de las allá invocadas, pero no prohíbe que se aduzcan nuevos argumentos jurídicos. La regla, pues, consiste en que no se puede demandar judicialmente lo que no haya sido pedido en aquella instancia. Sin embargo, no puede prosperar el pedido de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo intentado por la demandada en torno al reconocimiento de las compensaciones por alquiler de vivienda y desarraigo (no reclamadas en sede administrativa), cuando su invocación, en todo caso, debe considerarse dirigida a demostrar la ilegitimidad del acto y el perjuicio moral que dice le irrogó la medida, surgiendo ello de los términos vertidos por el actor -aunque confusamente-, tanto en sede administrativa como judicial.
Concurso preventivo, incidente de verificación, crédito laboral, intereses, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: American Cleaning Center SA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito por Dietz Acosta Roberto Carlos y otro c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-07

Cabe modificar la resolución que, a los efectos de verificar el crédito por honorarios del letrado del acreedor laboral, establecido en dicha sede, sostuvo que si bien el crédito no se encontraba alcanzado por el límite temporal para la liquidación de los intereses que prevé la LCQ 19, no ocurría lo mismo respecto de la acreencia por honorarios "por lo que los accesorios serían calculados conforme el porcentaje asignado en la resolución dictada en sede laboral (20%) sobre el monto del capital con más los intereses hasta la fecha de presentación en concurso. Ahora bien, una cosa es la liquidación de los intereses sobre el monto de los honorarios una vez cuantificados y, otra distinta, la conformación de la base sobre la cual aquéllos deben ser calculados. Véase que los intereses incluidos en la acreencia del letrado no revisten la condición de moratorios respecto del crédito por honorarios, sino que conforman el quantum de la base sobre la cual ha de aplicarse el porcentual establecido en sede laboral para regular los estipendios (conf. Esta CNCom, esta Sala A, 16/10/07, "Kaltakian Claudio Alejandro s/ quiebra s/ incidente de revisión por Krasnapolsky Norberto Mario"). En efecto, en sede laboral se regularon los estipendios en el 20% de la condena y esta última, en el caso, por tratarse de una acreencia laboral queda excluida de la suspensión de intereses establecida por la LCQ 19. Desde tal perspectiva, la interpretación efectuada en la instancia de grado se evidencia susceptible de desnaturalizar el espíritu de la decisión adoptada por los jueces laborales de que los honorarios del letrado del accionante estuvieran conformados por un porcentual del crédito de su cliente.
Honorarios, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R., A.V. s/ Incidente de Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-09

La Corte Nacional ha mantenido el criterio que "exige atenerse a la fecha en que se realizaron los trabajos profesionales que configuran la causa de la obligación de pagar los honorarios cuya consolidación se controvierte -aclarando para ese caso: y no así la fecha del auto regulatorio".
Juicio de desalojo, juicio sumarísimo, economía procesal, celeridad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GARGIULO,  Nancy  Patricia c/ VILLARREAL, Davis Ifrain y otro s/ DESALOJO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-11

1- La imprecisión derivada de la reforma introducida por la ley 25.488 en cuanto deroga los arts. 486 al 497 del Código Procesal pero mantiene intacto el texto del art. 679 que fija el procedimiento sumario para el juicio de desalojo hacen ostensible que se trata de una cuestión dudosa, supuesto en que la doctrina siempre ha entendido que el juez puede determinar la clase de proceso aplicable, en tanto en caso de duda el régimen legal vigente admite el poder-deber del magistrado de establecer la clase de proceso por el que tramitará la contienda, atendiendo a las circunstancias del caso y a las modalidades de las pretensiones. 2- La imposibilidad de recusar sin causa y la limitación probatoria en los desalojos y la incorporación de medidas que facilitan la recuperación inmediata del inmueble generan convicción en que el trámite del juicio sumarísimo es el más adecuado a los requerimientos de economía y celeridad inherentes a este tipo de procesos. 3- El trámite del juicio sumarísimo no causa restricción al ejercicio de la defensa, en tanto se trata de un proceso de conocimiento pleno, aunque de trámite abreviado, que por otra parte es adecuado para el debate de las cuestiones atinentes a la tenencia de un inmueble y es el que mejor se adapta a los requerimientos de la causa, en tanto compatibiliza la vigencia de las garantías de la defensa en juicio con la tutela efectiva en tiempo útil.
Facultades del juez, tasas de interés
Materia: PROCESAL
Carátula: A., S. F. c/ H. E. S.R.L. y/o N. T. SRL y/o I. S.A. s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-26

La doctrina de la Casación Provincial en su S.D. N° 24/SRE/01, insistió en que el principio general es el de la libertad de los sentenciantes de las instancias anteriores para resolver esa cuestión de derecho común y en que sólo excepcionalmente cabe la revisión de lo decidido por ellos, por vía de recurso extraordinario de casación o de apelación ordinaria por causa de interés público, cuando se haya configurado el vicio de arbitrariedad, añadiendo que, de lo contrario, "correspondía estar a los intereses que han fijado los Jueces de las instancias anteriores, porque en principio, ello son soberanos en esta materia".
Caducidad de instancia, elevación en apelación
Materia: PROCESAL
Carátula: Orozco Sixto Alberto  c/ La Segunda ART S.A. - Apelación de auto interlocutorio  s/ inconstitucionalidad y casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-04-15

El plazo de perención de segunda instancia no correrá conforme lo estable el art. 275 del código procesal civil (CPC), cuando la prosecución del trámite esté atribuida a una actividad asignada a los integrantes del juzgado, es decir, en tales casos incumbe a estos elevar los autos sin trámite alguno luego de sustanciada la apelación. Por ello, la omisión de la partes de requerir el cumplimiento del acto pendiente no dará lugar a la perención, vale decir que lo pida o no el interesado, ésta no se produce.
Denegatoria del recurso, Ministerio Público Fiscal, confirmación de sentencia, prescripción de la acción penal, tenencia de estupefacientes para consumo personal, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Roostee, Emilio Alexis. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Publico Fiscal y, en consecuencia, confirmar la resolución impugnada en cuanto declaró la prescripción de la acción penal y sobreseyó a los acusados por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal (artículo 336, inc. 1°, del C.P.P.N.). El a quo ponderó las declaraciones de los encausados que asumieron la posesión del estupefaciente secuestrado y la admisión de su calidad de consumidores. También el resultado de las pericias practicadas sobre las líneas telefónicas de las que no surgió información relevante que permitiría inferir que esa tenencia tuvo una finalidad distinta a la del consumo personal. Entendió que, si bien correspondía calificar la conducta como tenencia para consumo personal, "result(ó) evidente que el destino de consumo de los estupefacientes era de comunidad, y por ende trascendente de la esfera individual de cada uno de los imputados". Así, la resolución recurrida aparece fundada correctamente en los elementos probatorios arrimados a la causa, donde luego de realizarse diferentes medidas de prueba, no se pudo verificar que la tenencia del material estupefaciente exteriorizaba un fin diferente al del consumo personal. La ley no impone normas generales para comprobar algunos ilícitos, ni fija en abstracto el valor de cada prueba, dejando al arbitrio del sentenciante la libertad de admitir la que tenga por útil y conducente a los fines del proceso, asignándole, dentro de los límites fijados por la razonabilidad, el valor que asumen para la determinación de los hechos. En efecto, la hermenéutica de nuestro Código Procesal Penal de la Nación se rige por la libertad de apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica, lo cual significa que no hay regla alguna que imponga un modo determinado de probar los hechos de la acusación, ni un número mínimo de elementos de prueba. De ahí que los fundamentos expuestos por el a quo resultan razonables y adecuadamente fundados en la valoración de los elementos de prueba, sin que se verifique vicio o arbitrariedad alguna en la decisión; así como tampoco, se advierte un exceso de jurisdicción al optar por una calificación legal en detrimento de otra. En suma, los argumentos brindados no fueron adecuadamente contrarrestados por el impugnante en su recurso, revelando una mera discrepancia o disconformidad con los fundamentos desarrollados, siendo, a su vez, que el recurrente tampoco demostró que la calificación jurídica escogida se haya apartado de las constancias de la causa o de las normas de aplicación al caso.
Representación procesal, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EZQUERRO EDUARDO TOMAS Y OTROS c/ NORMA SPEZIA Y OTROS s/ Reivindicación (LIBRO: A067 - 049)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-05-13

"...En otro orden de ideas, pienso debe prosperar la impetracion de que se regulen honorarios al Procurador Sr. Frugoni, negado por el pretorio de la anterior instancia porque aquel "no acredito en autos la personeria que invocara". Ello asi, en virtud de principio "Ratihanitio, mandato sequiparatur" que receptanel art. 1936 del CCI y el ap.IV del art. 29 de la Ley adjetiva, pues en la especie la ratificacion o conformidad que los mandantes han prestado a la actuacion realizada por el prementado profesional, suple el mandato mismo.-...".-
Recurso de casación, procedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: JORGE MIGUEL ANGEL Y OTRO c/ MUTUAL DEL PERSONAL DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA DE LA NACION s/ COBRO DE HONORARIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-19

El tema costas en la casación es irrevisable, en principio, pues el principio general imperante en la materia, entiende que lo relativo a las costas, tanto en lo que hace a la aplicación, regulación y distribución de las costas, son temas privativos de los jueces de grado en tanto la condición de parte vencida no resulta burdamente falseada.
Tributos, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Chico, Luis Raúl (por empresa de Servicios Calchaquí S.R.L.) s/ Acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-06-23

El instituto de la acción declarativa de certeza posee ciertos presupuestos que hacen a su naturaleza jurídica, los cuales son: estado actual y concreto de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación de derecho, interés legítimo del actor configurado en la demostración del perjuicio que la acción intentada va a prevenir y la inexistencia de medios legales alternativos para poder poner término inmediatamente a la situación descripta, cuya existencia es indispensable para su viabilidad, y su verificación se impone con mayor rigor al momento de dictar sentencia.

En el caso, la conducta del actor no revela ausencia de certeza en atención al tiempo transcurrido entre la vigencia y aplicación de la norma impositiva en cuestión y la acción entablada, porque si bien no hay término para articularla, tampoco hay infinito tiempo para despejar la duda invocada como fundamento de la omisión de pago, toda vez que ello se contrapone con el carácter preventivo de la acción que impone una cierta inmediatez entre el estado de incertidumbre y su interposición.

La exigencia de la falta de certeza no se configura como un excesivo rigorismo formal, pues responde a la naturaleza misma de la acción declarativa y a su carácter preventivo, y no procede sobre supuestos perjuicios o violaciones consumadas, pues el estado de incertidumbre acerca del daño o lesión debe ser actual, en tanto su objeto es evitarlo y no reparar lo ya producido.

En autos existe constancia de pago del tributo en cuestión del año 1997.

Posteriormente, a comienzos del año 1999, al producirse la ejecución por falta de pago, el demandante hizo su presentación, pretendiendo la inconstitucionalidad de las normas tributarias provinciales que obviamente ya fueron aplicadas por la autoridad local, las que al entrar en vigencia no fueron cuestionadas, por el contrario en cierta forma fueron acatadas por el actor, al acogerse a la moratoria impositiva, lo que revela no un rechazo sino mas bien un incumplimiento de esas obligaciones. Es decir que si hubo falta de certeza, su tiempo ya pasó, pues el derecho que ahora cuestiona ya fue aplicado y si el mismo era susceptible de causar perjuicio, el supuesto daño ya aconteció.

En consecuencia, la acción debe declararse inadmisible por no existir el requisito medular de incertidumbre para remediar y, por lo tanto, su falta se convierte en un obstáculo que veda la posibilidad de ingresar al tratamiento de la cuestión de fondo. Del voto del Dr. Oviedo, según su fundamento.
Coronavirus, recomendaciones de organismos internacionales, principios del derecho internacional de los derechos humanos, Organización Mundial de la Salud, obligaciones internacionales, ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, derecho a la salud, derecho a la integridad física, derecho a la vida, emergencia sanitaria
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 1/2020 - Pandemia y derechos humanos en las Américas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-04-10

Corresponde que los Estados Parte en la Convención Americana adopten de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la pandemia del COVID-19, debiendo considerar la mejor evidencia científica conforme las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y su equivalente Panamericana, en lo que fueran aplicables.
Recurso de inconstitucionalidad, odontólogos, asociaciones civiles, objeto de la asociación, exclusión de asociados, defensa de la competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BERRUTI, RICARDO ANGEL c/ CIRCULO ODONTOLOGICO SANTAFESINO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 582 AÑO  2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-12

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Círculo Odontológico fundado en la lesión a la autonomía de la asociación, privándola de su derecho esencial "a tomar las decisione s institucionales por medio de sus órganos estatutarios, y privándola de su derecho de aceptar o rechazar postulantes al ingreso, "implícito en el art. 38 del C. Civil".

Es que, sin perjuicio de la potestad de la Asociación de establecer pautas razonables para la admisión de nuevos asociados", es carga de la misma demostrar en cada caso por qué "no incurrió en una exclusión arbitraria", carga que aparece impuesta por las normas que tutelan la libre competencia -ley 22.262- y que verosímilmente se puede derivar del hecho de que la no pertenencia a una entidad de tal naturaleza representa una barrera importante para el ejercicio de la actividad respectiva atento a la posición que la misma ocupa en el mercado.

Consecuentemente, lo decidido en autos no implica -en concreto- ignorar su derecho a rechazar el ingreso del solicitante, si no colocarla en sus justos límites, vedando la pura discrecionalidad, cuyo ejercicio abusivo configura esa arbitrariedad manifiesta mencionada por el artículo 43 C.N., cuya concurrencia en el caso reputaron configurada los jueces de la causa. (Del Voto de la Mayoría)
Protección de la mujer, discriminación
Materia: PENAL
Carátula: VELIZ, GERARDO ANTONIO. s/ ROBO DE MOTOVEHICULO Y OTROS DELITOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-09

En la causa IBARRA OMAR, he dicho que siempre me preocupé por los derechos humanos de las mujeres y en este caso no voy a permitir la violación a los derecho humanos y patrimoniales de las mujeres, por cuanto la convención interamericana en el art. 7 inc. D, dice: adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o pone en peligro la vida de una mujer, de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad.- En este caso, el imputado ha perjudicado la integridad patrimonial de la mujer, y la sana critica racional a sufrido importantes modificaciones conforme lo ha puesto de resalto la Corte Provincial, con un fallo de esta naturaleza, se vulnera los más elementales derechos humanos de la mujer y se viola los derechos humanos de la policía por cuanto están sancionados sin el reconocimiento del derecho de defensa.

Podemos decir entre los tratados internaciones de derechos humanos, la convención ocupa un importante lugar por incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos en sus distintas manifestaciones, en su preámbulo la convención reconoce explícitamente que las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones y subraya que esa discriminación viola los principios de igualdad de derechos y respeto a la dignidad humana.

Ya la Corte Provincial le ha dicho, que la sentencia en crisis no arribaba a una solución ajustada a derecho al omitir aplicar en la especie normativa vigente, la ley 26485, y en la famosa causa: "Iñigo" una interpretación machista de la valoración de la prueba testimonial, conduce a discriminación, en este caso concreto a las dos mujeres se le violaron los derechos humanos y en esta Sala con interpretación machista, las discriminaron y prefirieron creer las manifestaciones de un imputado que cumplió condena y que ahora goza de absoluta libertad por una interpretación discriminatoria de los elementos de convicción, con el agravante de que si se a dudado de lo que decía la víctima del delito, ¿porque no está procesada por falso testimonio?.

La sana critica racional aunque no definidas en la ley., supone la existencia de ciertos principios generales que deben guiar en caso, la apreciación de la prueba y que excluye por ende la discrecionalidad absoluta del jugador. (Del voto en disidencia del Dr. Pellegri)