Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27


Causa nº 24642-00-CC/2006 caratulada "BASTIANES, Adrián Marcelo y BASTIANES, Javier Alejandro s/inf. Art. 189 bis CP - Apelación." En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de abril de 2007 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo y Marcela De Langhe, para resolver en la presente causa.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este Tribunal el recurso de apelación interpuesto a fs. 184/185 por la asistencia letrada del encartado, Marcela Alejandra Galarreta, contra la sentencia de fs. 177 vta., cuyos fundamentos obran a fs. 179/182, dictada por la Sra. Juez a cargo del Juzgado Nº 20 del fuero -Luisa María Escrich- que en lo sustancial, y conforme lo que en definitiva fuera materia de agravio en el presente, condena a Adrián Marcelo Bastianes por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil, a la pena de seis meses de prisión y multa de mil pesos en suspenso (arts. 189 bis, inciso 2º, párrafo primero, 26, 27 del CP), con más la imposición de las reglas de conducta -por el término de un año- previstas en los inc. 1 y 8 del art. 27 bis del CP, ordenando, asimismo, la realización de tareas no remuneradas a razón de una jornada mensual de cuatro horas durante doce meses; dispone el decomiso del arma y los cartuchos de bala secuestrados para su posterior destrucción -cf. art. 23 CP- ; con costas.

Para arribar a tal temperamento, luego de ponderar las circunstancias fácticas y el cuadro cargoso por el que tuvo por acreditada la materialidad del hecho enrostrado a Bastianes, la a quo sostuvo: "...En cuanto al planteo realizado por la Defensa Técnica referido a que la Resolución Nº 50/06 del RENAR de fecha 22 de febrero de 2006 que regula el art. 4 de la ley 25.886 desincrimina la conducta endilgada al nombrado, esto es la tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, sumado a los dichos del imputado que en su declaración manifestó que iba hacia el RENAR..., entiendo que la interpretación que realiza la defensa de la resolución nro. 50/06, no puede tener una favorable acogida. Ello por cuanto, el plazo de seis meses que estipula el art. 4 de la ley 25.886 operó con fecha 5 de noviembre de ese mismo año, ya que la norma en cuestión fue promulgada con fecha 4 de mayo de 2004. Dicho plazo fue el que concediera el legislador al Poder Ejecutivo a fin de que toda persona en posesión de un arma de fuego sin registrar pueda regularizar su situación desincriminándose sólo por dicho período la tenencia de arma de fuego de uso civil. El artículo menciona claramente que el tipo penal en cuestión entrará en vigencia "a partir del plazo establecido en el presente artículo". Un razonamiento contrario no solo no se ajustaría a la voluntad del legislador al momento de sancionar la reforma penal, sino que importaría supeditar la vigencia de una conducta que se ah calificado como delictiva a la mayor o menor diligencia de la administración, resultando esta interpretación inaceptable" (fs. 181 vta.).

Por su parte la defensa, luego de fundar la admisibilidad del remedio articulado, disentir con la valoración probatoria efectuada por la Sra. Jueza de grado, y expresar su desacuerdo con la postura adoptada por el Judicante interpreta que "...si bien al conducta encuadra en el tipo penal contemplado en el art. 189 bis CP,...la misma se encontraba amparada por la Res. 50/06 y la Res. 103 del RENAR las cuales tuvieron como finalidad regular el art. 4 de la ley 25.886". Y que: "...la ley 25.886 dice claramente: 'El Poder Ejecutivo Nacional dispondrá las medidas pertinentes para facilitar el registro gratuito de las armas de fuego de uso civil..' y esas medidas fueron dispuestas a través de la Resolución 50/06 y la posterior Res. 103/06 del RENAR, de fecha 22 de febrero de 2006 y 17 de abril de 2006 respectivamente, con lo cual es desde allí que deben contarse los seis meses a los que hace referencia la ley 25.886, por el simple motivo que desde la promulgación de dicha ley, no existe ninguna medida para facilitar su registro" (fs. 184 vta.).

Finalmente, aduce que: "...si bien los fundamentos del fallo no son arbitrarios per se, sí son abstractos, y de ahí, proviene la arbitrariedad, por no haber tenido en cuenta a la ley 26.216, la que regía al momento de la sentencia. El punto es que la ley 26.216, otorga amnistía por la tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra previstos en el artículo 189 bis CP, en el marco del programa del RENAR. Por lo que se puede afirmar que es una ley más benigna y como ley más benigna beneficia a mi defendido" (fs. 185).

A su turno, el Sr. Fiscal de Cámara dictamina a fs. 191/192 que corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, conforme los fundamentos que desarrolla en el libelo referido.

Causa nº 24642-00-CC/2006. Sala II.

Cumplidos los pasos y plazos procesales se encuentra el legajo en condiciones de ser resuelto.

CONSIDERANDO:

I- En primer lugar, se debe efectuar el análisis de admisibilidad del recurso incoado. El remedio impugnaticio cumple con los requisitos de procedencia formal, toda vez que ha sido interpuesto por quien tiene legitimación procesal para hacerlo (impugnabilidad subjetiva), está dirigido contra una sentencia definitiva (impugnabilidad objetiva), contiene fundamentación autónoma y razonada, y fue introducido dentro del plazo legal ante el juez de la causa. En este sentido resulta admisible a la luz del art. 61 inc. 1º, ap. a).

Sin embargo, y como es criterio de esta Sala, debe advertirse que, en lo que sigue, el análisis de las impugnaciones vertidas se hará teniendo como principio rector el vertido en numerosos expedientes desde la causa nº 043-00-CC/2004 ("Terrazas Gutiérrez, Sonia s/ art. 41 C.C. s/ apelación", rta. 23/04/2004); esto es, que no pueden ser materia de este remedio planteos respecto de los cuales esta Alzada no se encuentre en situación de "par conditio" con el Tribunal de mérito, quedando por consiguiente excluidas de esta vía "aquellas cuestiones que resultan materialmente imposibles de revisar: [v.g.] la percepción directa del sentenciante de lo que presenció en el debate". Por simple inferencia, quedan integrados al reexamen los planteos dirigidos a constatar posibles errores de deducción, las deficiencias lógicas que obsten a que la resolución impugnada pueda ser considerada como exposición que denote una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa (extraídas éstas últimas de la actividad sensible del judicante, coadyuvada por la inmediatez que rige la audiencia de juicio diseñada en la ley procesal).

Debemos ratificar una vez más que los cuestionamientos de hecho y prueba serán tratados en esta instancia tan sólo en su dimensión de elementos de juicio relacionados en la articulación deductiva efectuada por el a quo, y sólo conducirán a un pronunciamiento revocatorio total o parcial cuando, como resultado de esa labor de análisis, la pieza expositiva evidencie una errónea conjugación silogístico - jurídica que dé por borda con la exigencia de fundamentación sustentada en la sana crítica racional, y la descalifique como acto jurisdiccional válido, o bien, sin llegar a este extremo, patentice su requerimiento de adecuación a Derecho.

La línea de conducción intelectiva hasta aquí exhibida ha sido, como se dijo, materia de tratamiento con anterioridad y guía de actividad judicante en numerosos precedentes, a cuyos argumentos nos remitimos en honor a la brevedad (v.g. causa nº 300-00-CC/2004: "De la Merced, Virginia Soledad s/infr. Ley 255 - apelación", rta. 23/11/2004; causa nº 067-00-CC/2004: "Sung Joon Park s/ art. 74 CC - Apelación", rta. 27/05/2004, causa nº 333-00-CC/2004: "Lagomarsino, Gabriela Karina y Meza, Felisa Graciela s/inf. art. 41 CC - Apelación", rta. 27/12/2004; causa nº 180-00-CC/2005: "Villarreal, Rosa María por inf./ Art. 51 C.C. - apelación", rta. 10/08/2005, causa nº 418-00-05: "Mamani, Norberto César s/ art. 81 CC - apelación", rta. 14/3/2006, "Pintos, César Augusto s/ art. 111 CC - apelación", rta. 20/3/07, entre muchas otras).

Sin perjuicio de ello, debe señalarse que en lo sustancial la cuestión se ha trabado en clave normativa, en atención a que, si bien en autos no fue discutida la materialidad del hecho -la posesión del arma secuestrada-, sí fue objeto de controversia la responsabilidad de Bastianes en virtud de la interpretación que la a quo le adjudicó al tipo penal en estudio en conexión con la ley de reforma penal nº 25.886, y las disposiciones del RENAR nº 50/06 y 103/06 respectivamente.

Dentro de los parámetros esbozados, el recurso en trámite ha de superar el examen formal de admisibilidad.

II- En un primer orden, y sin mayor sustento, la impugnante expresa su disconformidad respecto del mérito otorgado por la Magistrada a la prueba producida en juicio, en virtud de que, entiende, si bien es cierto que se encontró un arma de fuego de uso civil dentro del maletín que se hallaba en el interior del vehículo que conducía el imputado y para la cual no contaba con la debida autorización legal para hacerlo, también lo es la circunstancia de que en ese momento se dirigía al RENAR a finalizar el trámite, conforme la deposición prestada por éste en la audiencia de debate y el certificado aportado en autos (cf. fs. 184).

Causa nº 24642-00-CC/2006. Sala II.

En tal sentido, adelantamos que el pretendido agravio defensista se traduce -tal como es incoado- en un mero desacuerdo con la valoración efectuada y con la conclusión a la que arribara la a quo. Como enunciáramos, el análisis del mérito de la prueba es un ámbito reservado al Juzgador, en virtud de que la propia naturaleza del debate así lo posibilita por permitir la contradicción entre las partes, inmediatez con el objeto probatorio y demás circunstancias, que habilitarán al magistrado a componer el cuadro necesario para formular el reproche o la exculpación. Es ese y no otro el ámbito y oportunidad en que el imputado debe practicar su descargo y ofrecer los elementos conducentes para su sustento, resultando en consecuencia tardía cualquier pretensión ulterior en este aspecto.

De modo que queda reservado a esta instancia el contralor de ese proceso en tanto y en cuanto sea hecho en resguardo de las reglas lógico-jurídicas. Lo contrario implicaría desvirtuar la esencia propia del sistema al reeditarse esa etapa en esta sede.

En esta inteligencia, de la letra del fallo y de las demás constancias adunadas, se advierte que se ha cumplimentado con aquel postulado, en cuanto existe un hilo conector entre los testimonios evaluados, la evidencia documental e informativa incorporada del juicio y la conclusión que se erige, no advirtiéndose en la línea intelectiva plasmada algún error o vicio de razonamiento equívoco. En función de ello, los dichos aislados de Bastianes, como la constancia -no de denuncia de posesión y/o trasmisión entre particulares y/o autorización de tenencia, sino de legítimo usuario provisorio- del RENAR acompañada -fs.106-, resultan endebles a fin de desvirtuar el plexo cargoso rendido en autos y que en suma, sustentara fehacientemente la configuración de la imputación aquí impugnada.

III- En otro orden de ideas, y en atención a la controversia exegético -normativa suscitada en el legajo, esta Sala ya se ha expedido en los precedentes "Aldao, Mauricio Ángel", "Godoy, Sergio Damián" y "Quispe Titirico Leonardo Leodan" , donde rechazando la interpretación pregonada por la defensa en función de la normativa esbozada, centralmente se sostuvo: "...se impone en lo que sigue enunciar las normas citadas por el judicante y por las cuales, según la exégesis que realiza, arriba a la desincriminación de la conducta atribuida al encausado.

La reforma introducida al Código Penal por la ley 25.886 sancionada el 14 de abril de 2004 y promulgada de hecho el 4 de mayo de 2004 modifica en su primer artículo, en lo que aquí interesa, el art. 189 bis del CP; tipificando en su apartado segundo el delito de tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil, el que prescribe: (2) 'La simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de 6 (SEIS) meses a 2 (DOS) años y multa de MIL PESOS ($1.000) a DIEZ MIL PESOS ($10.000.-).' Por su parte, deroga expresamente el art. 189 ter del código de fondo, y el art. 42 bis de la ley 20.429 (art. 2º de la ley cit.), circunstancia que impide, respecto de éste último, cualquier intento de otorgarle ultraactividad durante el plazo de vacancia legal.

Seguidamente, en su artículo cuarto dispone: 'El Poder Ejecutivo nacional dispondrá, a partir de la promulgación de la presente ley, las medidas pertinentes para facilitar el registro gratuito y sencillo de las armas de fuego de uso civil o uso civil condicionado, por el término de SEIS (6) meses. Asimismo, en el mismo término, se arbitrarán en todo el territorio de la Nación, con contralor de la máxima autoridad judicial que en cada jurisdicción se designe, los medios para recepcionar de parte de la población, la entrega voluntaria de toda arma de fuego que su propietario o tenedor decida realizar'. 'El primer párrafo del punto 2 del artículo 189 bis entrará en vigencia a partir del plazo establecido en el presente artículo'.

A su turno, y con fecha 22/2/06 el Registro Nacional de Armas -RENAR- dictó la Disposición Nº 50/2006, en cuyo considerando se dijo: 'Que de conformidad con las prescripciones del artículo 4º de la Ley Nº 25.886, corresponde disponer las medidas pertinentes para facilitar el registro gratuito y sencillo de las armas de fuego de uso civil y uso civil condicional, por el término de SEIS (6) meses.' Asimismo '...toda vez que se trata de armas de fuego que carecen de registración, el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS procederá a su incorporación a su Banco Nacional Informatizado de Datos, correspondiendo Causa nº 24642-00-CC/2006. Sala II.

que sus tenedores depositen el material preventivamente a tales efectos.' En este sentido dispuso: Artículo 1º: 'Establécese que, a los fines de alcanzar su registro en los términos del artículo 4º de la Ley 25.886, los poseedores de las armas de fuego que carezcan de registración ante este REGISTRO NACIONAL DE ARMAS, deberán denunciar la tenencia de las mismas. A tales efectos, al tiempo de solicitar su registro deberán depositar el material ante este Organismo'. Y que '...el depósito del material y su registro en los términos de los artículos precedentes serán gratuitos' (art. 3º).

A su vez, el artículo 4º, señaló: 'Prescríbese que dentro del término de SEIS (6) meses, los titulares del material así registrado, deberán alcanzar la condición de Legítimo Usuario de Armas de Fuego en la categoría correspondiente, solicitando la autorización de tenencia del material depositado...'.

Ahora bien, previo a adentrarnos en el análisis de la interrelación de las normas citadas, creemos conveniente destacar el contenido y finalidad de la disposición administrativa en estudio.

Tal como se expone en los fundamentos como en su parte dispositiva, el objeto de la misma radica en facilitar el registro tanto de las armas de uso civil y uso civil condicional como también de sus poseedores, previendo a ese fin una exención o disminución arancelaria (conf. disposición cit. y nº 103/06 reglamentaria de ésta ).

Es decir, la obligación por parte de los tenedores de registrar las armas que tengan en su poder no nace a partir de la presente norma, sino que en virtud de ella se los exime, al menos parcialmente, y por el lapso prescripto, del tributo correspondiente.

Así lo establece la Disposición 103/06 en cuanto en su considerando expresa: '...deberán preverse alicientes, a fin de maximizar sus beneficios y eficacia en términos de concurrencia de la población en general, eximiendo en forma parcial a quienes regularicen la situación registral de sus armas, de algunas de las tasas retributivas fijadas por el Organismo, mientras dure el período contemplado en la citada Disposición RENAR Nº 050/06'.

Dicha práctica no resulta innovadora en la materia; por el contrario este tipo de 'campañas de registración' con beneficios tributarios -tal como es definida por la disposición citada- han sido realizadas en nuestro país en distintas épocas -ver ley 25.086, decreto 1357/79, disp. 6/01, 295/03, entre otras-, y responden, como en el presente caso, a decisiones de política criminal tendientes a 'blanquear' el mercado ilegal de armas como así también a controlar su flujo en cabeza de la población.

De esta manera, la disposición 295/03 señalaba: '...se estima conveniente reducir el valor de los Formularios Ley 23.979 durante un determinado lapso, a fin de facilitar la regularización de la situación registral de armas por parte de nuevos usuarios individuales, o en defecto de ello el abandono del material. Que si bien el Registro Nacional de Armas es un organismo cuya función básica es de carácter registral, no escapa a su criterio que es menester adoptar cuantas medidas sean necesarias tendientes a atacar y eliminar el tráfico y circuito ilícito de armas'. Dicha regla, y con ese único objeto dispuso en su artículo 1º: 'Establécese en el período comprendido entre el 1° de setiembre de 2003 al 30 de noviembre de 2003, una reducción de los aranceles de inscripción y registración, conforme al régimen establecido en la presente, a fin de facilitar que toda persona que tuviere en su poder armas de fuego en condiciones irregulares legalice su situación registral'.

En aquellas circunstancias creemos, sin temor a equivocarnos, que durante el transcurso de dichas campañas no se ventilaron cuestiones como la que hoy nos ocupa, de momento que no se conoce ningún precedente jurisprudencial que de cuenta de ello.

Dentro del plazo establecido por la disposición en estudio -6 meses- y con los beneficios impositivos expuestos, el RENAR busca incorporar las armas -que preventivamente se depositen a tales efectos- en el Banco Informatizado de Datos, creado con anterioridad por el decreto 252/94, complementario de la Causa nº 24642-00-CC/2006. Sala II.

ley 20.429 y cctes.

Durante su transcurso, deberán los titulares del material así registrado obtener el carácter de Legítimo Usuario en la categoría correspondiente como asimismo el certificado de tenencia respectivo, debiendo cumplimentar para ello los requisitos establecidos en la ley 24.492, conf. ley 20.429 y sus decretos reglamentarios, disposición 72/1998 entre otras. En este sentido, no sólo bastará que el arma se encuentre en condiciones para ser registrada, sino que su poseedor a efectos de regularizar la tenencia deberá contar con las exigencias previstas en la normativa preestablecida.

Sentado ello, evaluaremos en lo que sigue si el alcance apuntado dentro la órbita del art. 4º de la ley 25.886, puede tener o no implicancia respecto de la vigencia del tipo penal, o si por el contrario la cuestión suscitada se debe más bien a una confusa redacción legislativa propia del desenfreno con el que se sancionó la reforma penal.

De la lectura de la letra de la norma -art. 4º ley 25.886- pueden extraerse dos órdenes distintos; por un lado en cuanto encomienda al Poder Ejecutivo la adopción de medidas para facilitar el registro gratuito y sencillo de las armas de fuego en el término prudencial de seis meses.

En este punto, no podrá el poder jurisdiccional expedirse sobre la oportunidad, mérito o conveniencia del temperamento adoptado como tampoco respecto a si el Órgano emplazado cumplió o no con su cometido en el plazo dispuesto por el Legislador.

A su turno, el otorgamiento del permiso para la tenencia -autorización legal como elemento negativo del tipo- resulta ab initio imperativo para detentar lícitamente cualquier arma. En este sentido, la presente regla no crea en cabeza de sus tenedores la obligación de su registro que resulta ser preexistente a ella, sino que los exonera de los aranceles exigidos para esta clase de trámites -como una suerte de moratoria fiscal-, a los efectos de propender a una mayor colaboración por parte de la población en el control del circuito de las armas.

Por otro, párrafo aparte, en cuanto expresamente declara condicionar la entrada en vigencia del delito de simple tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización al plazo de seis meses establecido en ese artículo, a computar desde la fecha de promulgación de la ley penal -4 de mayo de 2004- y hasta su vencimiento -período dentro del cual se desincrimina transitoriamente la conducta-, resultando en definitiva operativa a partir del 5 de noviembre de 2004.

Así, en el debate legislativo que precedió la sanción de la norma fue el Diputado Jorge Casanovas quien introdujo una modificación en el artículo 4º del proyecto de ley originario; argumentando: '...debemos adoptar las medidas pertinentes para facilitar el registro en un término prudencial, sobre todo de las armas de uso civil. Hasta este momento la falta de registro de esas armas es considerada meramente una infracción penal menor. A tal efecto, se ha dispuesto dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que la máxima autoridad del país tome las medidas necesarias para la creación de sistemas que faciliten la gratuita inscripción de las armas, y en el caso de aquellas personas que no deseen inscribirlas, la rápida entrega a la autoridad judicial correspondiente a los fines de que esas armas sean oportunamente destruidas, conforme la ley que se proyecta. En esta dirección vamos a proponer un agregado al artículo 4º del proyecto contenido en el dictamen de comisión en el sentido de disponer que la figura de la tenencia de armas de uso civil que se incorpora al Código Penal en la primera parte del artículo 189 bis, entre en vigencia a partir del vencimiento del plazo establecido para la creación del registro'. (Conf. HCDN -v.t-, Reunión Nº 5, Sesión 4º Ordinaria (Especial), celebrada el 7/4/2004). (El resaltado es nuestro).

Del parlamento transcripto, surge sin duda que la intención del Legislador no fue supeditar la entrada en vigor del tipo penal a una disposición administrativa de exención arancelaria, sino precisamente otorgarle un plazo al PEN para la implementación de este tipo de medidas y con el objeto de regularizar la situación de las armas, pero declarando expresamente que la ley resultará operativa a partir del vencimiento del plazo fijado para el mentado registro.

Interpretar lo contrario sería poner en cabeza del legislador una contradicción, la cual no puede presumirse, ya que claramente elevó la simple tenencia de arma de uso civil a la categoría de delito cuando hasta ese Causa nº 24642-00-CC/2006. Sala II.

momento la consideraba una "infracción penal menor", aumentando en consecuencia de ello la penalidad de la figura en estudio como también lo hizo, en este último sentido, respecto de otros delitos previstos en el ordenamiento sustantivo.

No debe olvidarse entonces el contexto social que precedió la sanción de la reforma penal -directiva funcional-, esto es la ola de secuestros extorsivos y otros ilícitos cometidos con armas de fuego, los que llevaron a la sociedad a reclamar a los legisladores una urgente reforma normativa, cuyo pedido en esa oportunidad fue centralizado en la persona de Juan Carlos Blumberg.

En esta inteligencia, estemos o no de acuerdo con las decisiones adoptadas, carecería de asidero, por un lado conminar con graves sanciones la comisión de delitos y por otro dejar librada indefinidamente su vigencia -y consecuente atipicidad- a la decisión sine die de la Administración, lo que sin lugar a dudas no resiste el menor análisis.

Al respecto: 'No se debe prescindir de la ley, sino interpretarla adecuadamente, ajustando la decisión al momento histórico en que ella se pronuncia, a su momento teleológico y sistemático guardando la coherencia de la norma con la totalidad del sistema, con directa vinculación al problema práctico a resolver y con relación a las repercusiones sociales de un determinado modo de entender la solución' (La Ley, 1983-B, 658 - ED, 104-404).

Ocurre que 'La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley' (C.S, fallos: 312:1098 y 313:254).

Esta Sala, al momento de resolver en la Causa Nº 409-00-CC/2004, 'Pugliese, Santiago Nicolás', del 3 de febrero de 2005, hizo alusión precisamente a la atipicidad temporal de la tenencia, sin perjuicio de que el delito perseguido en aquel legajo era el de portación de arma de fuego.

En este sentido se sostuvo: '...De acuerdo al correcto razonamiento del juzgador, la desincriminación transitoria dispuesta por la Ley 25.886 se refirió específicamente a la tenencia de armas de uso civil sin la debida autorización no habiéndose previsto igual dispensa para la figura sub-examine...'.

Asimismo, en aquel decisorio, realizando una transcripción del art. 4º de la ley en cuanto establece que el primer párrafo del apartado 2º del art. 189 bis -simple tenencia de armas de uso civil sin autorización legal- entrará en vigencia a partir del plazo fijado en ese artículo, se dijo que: '...sin embargo, el tipo del art. 189 bis, 2), 3º párrafo no ha recibido similar tratamiento legislativo, sino que ha entrado en vigencia junto a la ley que lo crea. La dispensa de seis meses para registrar armas con recaudos sencillos a partir del vigor de la ley 25.886 no guarda relación alguna con la necesidad de haber obtenido autorización legal para portar el arma de fuego incautada...' .

Por su parte, la Sala I del fuero, en la causa citada por el judicante: 'Tapia, René Eduardo s/ inf. art. 42 bis Ley 25.086', resuelta el 5 de octubre de 2004, también entendió que la vigencia de la nueva figura -art. 189 bis ap. 2º CP- se hallaba condicionada al transcurso del plazo establecido en el art. 4º de la ley 25.886. En dicho precedente el Sáez Capel señaló: '...el hecho es hoy temporalmente atípico, puesto que el legislador otorgó expresamente un plazo de seis meses para permitir el registro sencillo y gratuito de las armas de fuego de uso civil y uso civil condicionado, con lo que esta figura recién entrará en vigencia con el vencimiento del mismo. Es decir el día 5 de noviembre de 2004.' A su turno, en el expediente 'César, Paula s/ infr. art. 189 bis CP', del 7 de septiembre de 2005, la misma Sala sostuvo: 'Del texto legal transcripto -art. 4º ley 25886- se desprende claramente que el legislador no ha condicionado la entrada en vigencia del delito de simple tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización a la instrumentación del referido registro por parte del PEN; por el contrario tan sólo remite al 'plazo establecido en este artículo' que es de seis (6) meses desde la promulgación de la ley, para extender la vacatio legis. En razón de lo expresado, la norma legal se encuentra en vigencia desde el 5/11/20004; dado que fue promulgada de hecho el 4 de mayo de ese año.' Causa nº 24642-00-CC/2006. Sala II.

Y aunque así no lo fuere, que decididamente lo es, mal podría el Poder Ejecutivo -a través de una disposición administrativa del RENAR- arrogarse la facultad de suspender o establecer la entrada en vigencia de una norma emanada del legislativo, máxime tratándose de una ley penal. En el caso, la única salvedad que hizo el representante parlamentario al momento de su sanción, lo fue sólo respecto a la toma de medidas -por parte del órgano administrador- a fin de facilitar el registro sencillo y gratuito de las armas de fuego, pero nada dijo en cuanto a supeditar con él la entrada en vigor del delito que, por el contrario, estableció expresamente en el párrafo siguiente del artículo cuarto de la citada.

Es que parece ocioso señalar la inseguridad jurídica que genera cualquier interpretación extensiva por fuera del texto legal, ya que de aceptarse la posibilidad de que quedase librada a la sana crítica racional de cada Magistrado la determinación de si un tipo penal se encuentra o no vigente conllevaría irremediablemente a la afectación del principio de igualdad de todos los justiciables, constitucionalmente tutelado.

Ello así por cuanto, si bien podrá frente al caso concreto llevado a su conocimiento realizar alguna exégesis en lo atinente a los aspectos valorativos de la norma, cosa muy distinta es delimitarla o fijar su contenido discrecionalmente, con las consecuencias que implica.

En este sentido: '...Todos los conceptos que emplea la ley (con la excepción de las cifras, fechas, medidas y similares) admiten en mayor o menor medida varios significados..."; asimismo: "...el marco es delimitado por el sentido literal posible en el lenguaje corriente del texto de la ley, mientras que el juez efectúa dentro de ese marco la interpretación, considerando el significado literal más próximo, la concepción del legislador histórico y el contexto sistemático legal, y según el fin de la ley (interpretación teleológica)...' ( el destacado es nuestro).

'La vinculación de la interpretación al límite del tenor literal no es en absoluto arbitraria, sino que se deriva de los fundamentos jurídicopolíticos y jurídicopenales del principio de legalidad. En efecto: el legislador sólo puede expresar con palabras sus prescripciones; y lo que no se desprenda de sus palabras, no está prescripto, no 'rige'...' .

Por último: 'Una ley indeterminada o imprecisa y por ello poco clara no puede proteger al ciudadano de la arbitrariedad, porque no implica una autolimitación del ius puniendi estatal a la que se pueda recurrir; además es contraria al principio de división de poderes, porque le permite al juez hacer cualquier interpretación que quiera e invadir con ello el terreno del legislativo..'" (ob. cit., pág. 169).

En otro orden de ideas, disentimos con la apreciación realizada en el pronunciamiento recurrido en cuanto se afirma: 'Con el art. 4 de la Ley 25.688 y la Disposición nº 50/2006 del RENAR, el Poder ejecutivo pretende promover la registración de las armas de fuego y sus tenedores, habilitando así una vía para que, quien hoy posea un arma de uso civil respecto de la cual carece de autorización legal, pueda presentarse ante las autoridades administrativas y denunciar dicha posesión, sin que ello implique el labrado de actuaciones penales por la posible comisión del delito previsto por el art. 189 bis, inc. 2º, párrafo 1º del código Penal. Si en la actualidad puede un ciudadano tener un arma de uso civil sin la debida autorización y no ser criminalizado por ello, significa que hoy el párrafo del art. 189 bis CP que penaliza esa conducta no tiene vigencia' (ver fs. 153 vta.).

Es que como se desprende claramente de la normativa citada, única y exclusivamente aquel que denuncie ante el RENAR la posesión de un arma de fuego; la deposite a efectos de su registración y, dentro del plazo previsto, obtenga su credencial de legítimo usuario, no será pasible de sanción penal. Es decir, sólo de este modo, su conducta no será punible.

Ahora bien, dicha dispensa no puede hacerse extensiva a todo habitante que lejos de ajustar su comportamiento a la prescripción de la norma decida detentar deliberadamente un arma de fuego sin la correspondiente autorización legal para hacerlo. Es este y no otro, el sentido otorgado a la 'eximición de sanciones penales' plasmado en los distintos considerandos de las disposiciones administrativas oportunamente dictadas.

Causa nº 24642-00-CC/2006. Sala II.

En consecuencia, no parece atinado inferir de ello la inoperatividad de la norma y la consiguiente atipicidad de la conducta reprochada.

Este fue también el alcance otorgado en otra de las campañas realizadas por el Poder Ejecutivo a efectos de regularizar la situación de las armas de fuego. Así, el decreto 1357/79 -citado en el considerando de la disposición 103/06- que rezaba: '...con el fin de mantener un adecuado control de armamento que se halla en poder de la población', estableció en su artículo 5º: 'El presente decreto de excepción no ampara a las personas que no se presentaren espontáneamente a declarar sus armas, a quienes les serán de aplicación las sanciones que prescribe el art. 36 de la ley 20429'" (el resaltado es nuestro).

Y que, conforme en aquella oportunidad aseverara el a quo: "...desde la promulgación de la ley 25.886 -4 de mayo de 2004- a la fecha, (habiendo transcurrido casi dos años y dos meses, y hasta el momento en que el RENAR concluya su campaña registral), el delito, no entrará en vigencia"; se dijo: "No sólo ello no se ajusta a la voluntad del legislador al momento de sancionar la reforma penal, al texto ordenado, al verdadero contenido de las disposiciones administrativas adoptadas por el Poder Ejecutivo, sino que incluso resulta inaceptable el supeditar la vigencia de una conducta que se ha calificado como delictiva a la mayor o menor diligencia de la administración".

Finalmente, y en lo que hace a la aplicación de la ley 26.216 denunciada por la defensa, tal como lo expone el Sr. Fiscal de Cámara en su dictamen, dicha norma ha declarado la "emergencia nacional en materia de armas de fuego", pero es dable observar que no sólo en lo que respecta a su tenencia, sino también a su depósito, importación, exportación, comodato, etc; creando para ello un programa de entrega voluntaria -desarme-. Este -conforme lo establece el art. 5º- estipula la dación de las armas y municiones -para su posterior destrucción no a efectos de su legalización, art. 6º- en forma anónima a cambio del pago de un incentivo; es decir busca la menor cantidad de circulación de armas no el mayor acceso a éstas.

En virtud de ello, conforme lo sostuviéramos en los precedentes citados, también en este caso, de acuerdo al espíritu de la regla, no serán punibles las conductas de los sujetos que efectivamente depositen las armas que tuvieran en su poder, dentro del período de ejecución de la campaña, a cambio de un incentivo y a efectos, aquí, de la posterior inutilización y destrucción de las mismas.

Como corolario, la conducta que se atribuye a Bastianes se encuentra actualmente reprimida, como así también lo estuvo al momento de la comisión del hecho investigado, ya que nada ha variado con el dictado por parte del Registro Nacional de Armas de reglas de reducción arancelaria; o de un programa de desarme nacional como el enunciado.

Por todo lo expuesto y concluido el Acuerdo pertinente, el Tribunal, RESUELVE:

I- CONFIRMAR el pronunciamiento obrante a fs. 177 vta. y 179/182 respectivamente, en cuanto resuelve, en lo pertinente "Condenar a Adrián Marcelo Bastianes de las demás condicones personales obrantes en autos, por ser autor penalmente responsable del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil, previsto y reprimido por el art. 189 bis, inciso 2º, párrafo primero del Código Penal, a la pena de seis meses de prisión y multa de mil pesos en suspenso (arts. 189 bis, inciso 2º, párrafo primero, 26, 27 del CP); Fijando como reglas de conducta por el término de un año las previstas en los inc. 1 y 8 del art. 27 bis del CP. Respecto a la realización de tareas no remuneradas, deberá realizar una jornada mensual de cuatro horas durante doce meses (art. 27 bis CP); y Ordenando el decomiso del arma y los cartuchos de bala secuestrados y remitirlos al Registro Nacional de Armas para que se proceda a su destrucción, el que se hará efectivo una vez que se realice la audiencia de juicio respecto del Sr. Foglia (art. 23 CP) ; Con costas (art. 14 ley 12)...".

Tómese razón, notifíquese por cédula al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones a primera instancia, Causa nº 24642-00-CC/2006. Sala II.

quien deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de muy atenta nota de remisión.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

En TA: Para dejar constancia que el Fernando Bosch no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.