Querellante, Asociaciones para la protección de los derechos humanos, legitimación activa, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: " Feito, Alfredo Omar s/ excepción de falta de acción ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-01

"Ha de señalarse que el debate sobre las distintas concepciones de legitimación procesal activa ha quedado superado a partir de la jurisprudencia unívoca de esta Alzada, que se ha volcado por un amplio reconocimiento del particular damnificado, excluyendo al bien jurídico tutelado por la norma penal como única pauta de determinación del perjuicio y el sujeto agraviado, no existiendo óbice para que el afectado se incorpore al proceso como querellante si pudo derivarse algún perjuicio directo y real para él, entendiéndose por tal la afectación inmediata de un interés o derecho suyo (cfr. Sala I: causa no. 27.886 "Zapletal, Lidia s/denuncia", rta. el 28/8/96, reg. 741; causa no. 28.054 "Pluspetrol Energy S.A. s/ser tenido como querellante", rta. el 26/11/96, reg. 1052; causa no. 35.540 "Spicacci Citarella, Aldo Andrés s/sobreseimiento", rta. el 14/8/03, reg. 692; y de la Sala II: causa no. 13.836 "Incidente de Apelación de Cuneo Libarona s/parte querellante", rta. el 21/11/97, reg. 14.919;

"D.A.I.A. s/apelación para ser tenido por parte querellante", rta. el 19/11/1996, reg. no. 13.731; "Incidente de excepción de falta de acción de la Asociación de Víctimas Aéreas", rta. el 25/9/03, reg. no. 21.573; entre otras)". "Este criterio incluye la posibilidad de que organizaciones no gubernamentales puedan constituirse como partes querellantes cuando en la causa se investiguen hechos ilícitos que, por sus características, se relacionen con la actividad de la asociación. En este caso, el carácter de lesa humanidad de los crímenes que se analizan otorga una especial amplitud al espectro de afectación de los bienes jurídicos en juego y compromete a toda la sociedad civil.

Ese es el motivo por el cual determinadas organizaciones pueden ocupar un legítimo lugar en términos de representatividad en la causa". "En este sentido, ambas Salas de esta Cámara han fijado el criterio para evaluar la posibilidad que una organización no gubernamental participe del proceso como parte querellante, señalando que debían tener una reconocida trayectoria en defensa de los derechos que pretende representar y que el objeto procesal de la causa debía versar sobre cuestiones de interés para dicha asociación (ver, entre otros, de la Sala I, causa no.

36.260 "Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos", rta. el del 1/10/2002, reg. 999; y de la Sala II, causa no. 25.766 "Acosta", rta. el del 2/11/2007, reg. 27.626, y causa no.

26.221, "Shulman, José (Partido Comunista) s/ ser tenido por parte querellante", rta. el 12/03/2008, reg. 28.184)".

"La vigencia del estándar así estatuido por este Tribunal, ha quedado definitivamente cristalizado en nuestro ordenamiento legal en los términos del art. 82 bis del C.P.P.N. -incorporado por el art. 1° de la Ley N° 26.550-, que reconoce expresamente la facultad para constituirse en parte querellante a asociaciones o fundaciones que representen intereses colectivos, en procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos"."De tal forma, una correcta hermenéutica de la normativa de forma examinada no puede soslayar que la vigencia del art. 82 bis del C.P.P.N.

representa en realidad la consagración del estándar estatuido por este Tribunal de Alzada, en cuanto desplaza la atención del particular damnificado como criterio rector en materia de acceso a la condición de querellante, ampliando la legitimación activa hacia aquellas personas de existencia ideal que representen intereses colectivos"."Tal es así que, al tiempo de someter a consideración del Honorable Congreso de la Nación el proyecto de incorporación del art. 82 bis al Código Adjetivo, el propio Poder Ejecutivo Nacional valoró, entre sus considerandos, aquellos antecedentes jurisprudenciales ut supra citados de este Tribunal de Alzada"."Sentada esta perspectiva, difícilmente pueda sostenerse con éxito que personas de existencia ideal a las que ya les ha sido asignada legitimación procesal activa para intervenir en la causa -es este el caso de las asociaciones y fundaciones aquí cuestionadas por el oponente-, se encuentren próximas a perder esa condición frente a la incorporación del art. 82 bis al Código Adjetivo". "En ese sentido, si bien es cierto que el Legislador ha establecido fronteras a través del art. 82 bis del C.P.P.N., fijando como pauta la vinculación directa entre el objeto estatutario -de la asociación o fundación de que se trate- y la defensa de los derechos que se consideren lesionados, aquella circunstancia en modo alguno pretende erigirse en un obstáculo meramente ritualista a la legitimación procesal activa, cuando una asociación o fundación no describa en su carta orgánica cada uno de los medios para llevar a cabo sus objetivos".