Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-22


SENTENCIA Nº 35261 JUZGADO Nº 31 AUTOS: "SONG UN WHA C/ EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE COREA S/ DESPIDO" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de	julio	de 2008, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ DIJO:

I. La señora jueza "a quo" rechazó la demanda orientada al cobro de indemnizaciones por despido y otros créditos de naturaleza laboral. Para así resolver, luego de evaluar las circunstancias y pruebas del caso, concluyó que la actora no había acreditado la relación de trabajo que invocara.

Contra esta decisión se alzan en apelación la parte actora, conforme al recurso de fs. 157/158 y fs. 159.

II. Adelanto que, por mi intermedio, el recurso de la demandante tendrá recepción favorable en forma parcial.

En efecto, la Embajada de la República de Corea en la República Argentina, al ser emplazada por la señora Un Wha Son a través de las misivas del 11-5-2004 y 20-5-2004, no negó, en concreto, la existencia de la relación laboral. Si se leen con atención las respuestas que la representación diplomática cursó el 14.05.04 y el 24-5-2004, agregadas en autos a fs. 43 y 44, puede captarse que más allá de un rechazo general, no hay un desconocimiento puntual acerca de la existencia de un vínculo entre ambas.

Esa ambigüedad textual, unida a la negativa categórica a exhibir la contabilidad (fs.89) y los registros de control de ingreso a la sede de la demandada (fs.70), permite activar la presunción del artículo 55 de la LCT, en concordancia con lo normado por el artículo 163 inciso 5 ° último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Digo esto porque el artículo 2 ° inciso d) de la ley 24.488, normativa dictada a influjo de la doctrina de la Corte Federal de autos "Manauta" (Fallos 317:1880), establece que los Estados extranjeros no podrán invocar inmunidad de jurisdicción: "Cuando fueren demandados por cuestiones laborales, por nacionales argentinos o residentes en el país, derivadas de contratos celebrados en la República Argentina o en el exterior y que causaren efectos en el territorio nacional".

Así, la circunstancia de que la demandada participe de la personalidad del Estado Extranjero, no significa que no deba cooperar en materia probatoria o que se encuentre inmune respecto de las presunciones sustantivas que el derecho laboral de fondo establece como reflejo del principio protectorio (artículo 14 bis de la Constitución Argentina y artículo 3 ° de la ley de contrato de trabajo). Si así fuera, se vaciaría de contenido la ley 24.488 y se vería menguado el derecho de defensa del sujeto que articula una acción de las que esa normativa, en coherencia con los principios de derecho internacional imperantes, releva de inmunidad jurisdiccional, particularmente si, como en el caso, a través de su articulación se procura el cobro de créditos de naturaleza alimentaria.

En ese marco conceptual, tengo por acreditado que la actora se desempeñó como traductora pública en relación de dependencia para la Embajada de Corea en esta República Argentina desde el 19.01.04 al 20.05.04, con una mejor remuneración de U$S 1.000 (mil dólares estadounidenses), cumpliendo una jornada laboral de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 horas (ver fs. 6/13). El salario denunciado es razonable (artículo 56 LCT) en virtud de la calificación que revista la demandante en el manejo del idioma coreano, hecho que no fue desconocido. También lo es que haya sido pactado en moneda extranjera (dólares estadounidenses), dada la naturaleza de la persona accionada y porque es de práctica que así suceda en las representaciones diplomáticas extranjeras.

No otorgo eficacia probatoria al documento agregado a fs.116/117 porque, más allá de las alternativas procesales, se trata de una copia simple, fue desconocido en su autenticidad y no ha sido ofrecida prueba pericial caligráfica que, al menos desde un plano meramente conjetural, permitiese cotejar la identidad de las grafías impuestas en el instrumento e impulsar con certeza la presunción del artículo 388 CPCCN.

Por lo tanto, como el contrato de trabajo se presume por tiempo indeterminado, no acepto que fuera a plazo fijo y sólo corresponde admitir las siguientes acreencias: Artículo 245 LCT (u$s 1000); Indemnización sustitutiva de preaviso más SAC: u$s 1083; Salario Mayo e integración mes de despido: u$s 1000; SAC Proporcional 2004 u$s 415,00 y Vacaciones no gozadas más SAC: u$s 240. Art. 16 Ley 25.561 u$s1000. Total: u$s 4783,33.

La denuncia del contrato fue legítima, máxime frente a la negativa enfática del vínculo que en esta causa fue acreditado (artículo 242 LCT).	Se desestima la partida fundada en el artículo 80 LCT. No se cumplimentó con el plazo establecido por el decreto 146/01, norma que esta sala considera, a pesar de lo afirmado al inicio, que constituye una razonable reglamentación de la norma sustantiva (artículo 28 CN).

También se rechaza la indemnización establecida por el artículo 95 LCT. El contrato se presume por tiempo indeterminado y no se acreditó de modo fehaciente que fuera por plazo determinado (artículo 90 LCT).

No corresponde la multa del artículos 8° de la ley 24.013. No se acreditó en el expediente, el cumplimiento del requisito del inciso b) del artículo 11 de ese cuerpo normativo.

Tampoco cabe admitir la partida prevista por el artículo 2 ° de la ley 25.323. A pesar de las alternativas procesales de la causa, no puede presumirse que la demandada, dada la naturaleza de su personalidad, como representación extranjera, haya incurrido de manera deliberada en la conducta reprochable que sanciona esta normativa. Por ello, propicio que se la exima de conformidad con lo instituido en su segundo párrafo. Los mismos argumentos me inclinan a suprimir la multa del art. 15 de la Ley 24.013 (art. 16 LNE).

Por ello, corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda por la suma de u$s 4783,33 que llevará, desde la fecha del despido -20.05.04 y hasta la de fecha de efectivo pago, una tasa de interés del 4% anual. Me aparto de lo acordado por este Tribunal en el Acta 2357 del año 2002 y Resolución n°8, porque la obligación fue pactada en dólares estadounidenses (artículo 622 del Código Civil). La condena podrá cumplirse en moneda de curso legal entregándose la cantidad de pesos necesarios para adquirir la cantidad fijada de dólares estadounidenses, al valor existente en el mercado libre de cambios (tipo vendedor) a la fecha de su efectivo pago.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde revisar lo resuelto en materia de costas y honorarios.

III. Por las razones expuestas, propongo en este voto: 1) Revocar la sentencia apelada y en su mérito condenar a la demandada a pagar a la actora, dentro del quinto día de notificada y aprobada la liquidación prevista en el artículo 132 de la ley 18345, la suma de U$S 4783,33, que llevará, desde la fecha del despido -20.05.04- hasta la del efectivo pago, una tasa de interés del 4% anual. 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios. 3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, en atención a que la demanda prospera por una suma muy inferior a la reclamada (artículo 68 segundo párrafo CPCCN) 4) Regular los honorarios de la dirección y patrocinio letrado de la actora, demandada y perito contador en el 15%, 15% y 4% del capital de condena con inclusión de intereses (artículos 68 y 279 CPCCN; 6°, 7°, 9°, 14 de la ley 21839 y 3º del decreto ley 16638/57).

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO no vota (art. 125 de la ley 18345).- Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Revocar la sentencia apelada y en su mérito condenar a la demandada a pagar a la actora, dentro del quinto día de notificada y aprobada la liquidación prevista en el artículo 132 de la ley 18345, la suma de U$S 4783,33 suma que llevará desde la fecha del despido -20.05.04- hasta la del efectivo pago, la tasa del 4% anual. Dejar aclarado que la condena podrá cumplirse depositando la suma de pesos suficientes para adquirir el monto de condena en moneda nacional;

2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios;

3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado;

4) Regular los honorarios de la dirección y patrocinio letrado de la actora, demandada y perito contador en el 15%, 15% y 4% del capital de condena con inclusión de intereses (arts. 68 y 279 CPCCN; 6º,7º,9º y 14 de la ley 21839; 3º del decreto ley 16638/57);

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.- mgi	GABRIELA A. VAZQUEZ LUIS ALBERTO CATARDO	JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA Ante mí:

ALICIA E. MESERI SECRETARIA