Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-09-25


L. DE S. T° 105, F° 141/147 En la ciudad de San Juan, a 25 días del mes de septiembre del año dos mil nueve, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERíA, el señor Presidente DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y los señores Vocales DRES. GILBERTO A. RIVEROS y CATALINA CéNEO DE GARCíA, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 19.793 (32.153 - JUZG. JÁCHAL) caratulados "VARELA, Adriana y Otros C/ Municipalidad de Iglesia - Cumplimiento de Contrato - Daños y Perjuicios", dictada en fecha treinta del mes de diciembre del año dos mil cuatro, obrante a fs. 39/40 vta., de estos autos originarios del Juzgado Letrado de Jáchal, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. Ricardo Varela, Adriana Varela y Alberto Varela, demandan a la Municipalidad del Departamento de Iglesia, con el objeto de obtener condena al pago de Pesos Treinta y seis mil ($ 36.000), conforme a la obligación prevista en la cláusula cuarta del contrato de compraventa celebrado en fecha veinte de diciembre de 1996, con más los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la obligación. La Municipalidad de Iglesia compró a los actores, herederos del Sr. Domingo Varela Aguilera, un inmueble de 2 has. 8.421,24 m2, ubicado en calle Tiro Federal N.C. de origen 17-42-391256, que sería destinado a la construcción de un barrio. Según la cláusula tercera, el pago total se convino en la construcción de tres viviendas de las características detalladas en el Anexo I y II, con un plazo de entrega estimado en un año a partir de la firma del Boleto de Compraventa. El incumplimiento de esta modalidad de pago, daba derecho a los vendedores a reclamarlo en dinero en efectivo.

2. La sentencia de primera instancia no hizo lugar a la excepción de falta de acción interpuesta por la demandada, sin embargo, declaró la caducidad de la acción contenciosa administrativa y en consecuencia rechazó la pretensión. Apela el actor. El recurso se concede libremente. El juez ordena la elevación de los autos a la alzada e ingresa a esta Sala I para tomar el trámite de ley.	3. Expresión de agravios:

a) El juez confundió la naturaleza de la pretensión. Rechaza la demanda con un análisis equivocado sobre la admisibilidad formal de una acción contenciosa administrativa en función de los arts. 759, 761 y 762 del CPC, pero que nunca se promovió. Aquí se ha demandado por el incumplimiento de un contrato y los consecuentes daños y perjuicios con arreglo a lo dispuesto por el art. 27 de la ley 3784, para lo cual no exige el recaudo de la reclamación administrativa previa. Los intereses legales se han reclamado desde que fue incumplida la obligación, en virtud de un contrato. Además, por el artículo 4° del contrato se pactó una cláusula penal cuyo importe en pesos es el demandado. Alega el recurrente que el objeto de la cláusula penal como instituto de derecho, es prefijar o determinar anticipadamente los daños y perjuicios que puede dar lugar el cumplimiento de la obligación, tal como prescribe el art. 652 del C.C. El contrato base de la demanda está regido esencialmente por las normas del derecho privado y solo regulado por el derecho público en cuanto a la formación del negocio jurídico de parte del Municipio (competencia y forma). Es un contrato de compraventa inmobiliaria. La única defensa de la accionada fue la excusa de no haber entregado las viviendas por falta de financiamiento del I.P.V., circunstancia que ni siquiera ofrece probar).

b) Que a la causa se le dio el trámite del proceso sumario, se tuvo presente la prueba ofrecida y se mandó correr traslado de la demanda sin hacer el más mínimo análisis previo sobre si estaba viva la supuesta acción contenciosa administrativa. Es decir, sin expedirse sobre su admisibilidad, queda trabada la litis. Los requisitos de admisibilidad de la acción contencioso administrativa deben ser examinados oficiosamente, antes de correrse traslado de la demanda. Luego, quedó fatalmente operada la preclusión, el juez estaba impedido de hacerlo en adelante, "dado que ya estaba incorporado a su patrimonio la viabilidad procesal de la acción instaurada, la igualdad ante la ley (cf. art. 16 CNac.) por cuanto aquella ha pretendido suplir extemporáneamente la inacción o silencio propio y de la accionada, la cual ha consentido la presentación de la actora, incluso reconociendo la justicia del reclamo que le efectuara en virtud de que se reconoce como deudora; y el debido proceso y defensa en juicio (cfr. Art. 18 CNac.) en virtud de que ha alterado el orden señalado por la ley procesal para el ejercicio de facultades o actos procesales, o la sucesión legal de actividades y excepciones, haciendo renacer plazos perentorios cumplidos ergo, violentando la preclusión procesal que concedió firmeza a todos los actos cumplidos dentro del período de traba de la litis."	c) El contrato no es de índole administrativa, no lo rige el Derecho Administrativo. El celebrado entre las parte nada tiene que ver con un contrato de suministro, empleo público, obra o servicio público, es un contrato de derecho privado.

d) El juez ha ignorado que existe en este caso un enriquecimiento indebido. Debió considerar siquiera someramente la finalidad del proceso administrativo, instancia que hace mérito de un acto administrativo para enmendar errores cometidos por la Administración, garantizando así un mecanismo que evite judicializar la actividad del Estado. No es el procedimiento administrativo un ritual destinado a colocar al Estado por sobre el Derecho, "y digo esto porque la demandada ha reconocido la legalidad y legitimidad del crédito que exige mi poderdante se le abone,, no ha cuestionado la Justicia de su pretensión jurídica, limitándose a interponer una excepción dilatoria que la propia juez rechazara".

e) En orden a lo expuesto, de receptar favorablemente los agravios formulados, corresponderá imponer las costas a la Municipalidad de Iglesia.

4. Los agravios no fueron contestados por la demandada a pesar de que sus nuevos letrados, Dres. Pablo Sebastián Flores y Ricardo Guillermo Pozo, solicitaron ser tenidos por parte a fojas 76, ante este tribunal.

5. Adelanto que a mi juicio el recurso de apelación debe prosperar, según estas razones brevemente expuestas:

a) La demanda contiene una pretensión de cumplimiento de contrato y de daños y perjuicios que el juez a quo provee dándole curso conforme a las normas del proceso sumario, pero sin motivo ni fundamento jurídico alguno, torna en un proceso contencioso administrativo, si estamos al contenido de la sentencia impugnada. No es que haya dado el trámite del proceso sumario y sus recursos de acuerdo a lo prescripto en el art. 760 del CPC, modifica la acción. El juez no tiene facultades para cambiar la naturaleza o el eje de la acción, pues ello solamente es resorte de los justiciables que cuentan con la disponibilidad del derecho cuando acuden a la jurisdicción. No debe ser confundido este principio con la potestad que tiene el juez para designar la norma aplicable al caso conforme al principio iura novit curia. La acción es un derecho subjetivo de orden constitucional y se individualiza por los hechos, de ahí que el juez pueda prescindir de la calificación del derecho escogido por las partes a la hora de dictar sentencia. La señalada aptitud, no solo es una potestad, sino un deber irrenunciable del juez, suplir la errónea invocación del derecho y dirimir los conflictos conforme al derecho vigente y aplicable a cada caso. En el sub judice el juez va más allá de sus potestades constitucionales, siendo palmario que no existe un reclamo contra un acto administrativo, una resolución de carácter administrativo o un contrato administrativo propiamente dicho. Los hechos que fundan la pretensión tienen el antecedente de un contrato de compraventa regulado por el derecho privado, no público. Obviamente, el juez debió fallar de acuerdo a las acciones promovidas y establecer el verdadero carácter de la relación jurídica que vincula a las partes, acaso con prescindencia de la denominación dada, pero de ninguna manera mudar la naturaleza de la acción y suplantar la pretensión promovida por la parte actora. Por ese atajo se tuerce la voluntad e igualdad de las partes en el proceso, colocando a la actora en una situación por demás desventajosa ante la declarada caducidad de la acción, que nunca fue ni debió ser tratada en el contexto del juicio contencioso administrativo.

b) El fallo incurre en contradicción, ya que por una parte dice no hacer lugar a la excepción de falta de acción interpuesta por la demandada, y, sin solución de continuidad, "decreta" -tal vez quiso decir "declara"- la caducidad de la acción contenciosa administrativa que la parte actora nunca tuvo intención de promover.

c) La contradicción es aún más notable cuando en los resultandos de la sentencia está relatado el hecho principal que versa sobre un contrato de compraventa y el reclamo es por una suma de dinero. El juicio contencioso administrativo no es vía idónea para reclamar una obligación impaga de dar una suma de dinero que encuadra en las normas del Código Civil (arts. 616 y sgtes.), aunque uno de los contratantes sea el Estado (o Municipalidad de Iglesia, en este caso). Equivoca el juez cuando aplica las normas del juicio contencioso administrativo con fundamento en que no se agotó la vía administrativa, sosteniendo que luego de la carta notarial enviada (fs. 12) hubo silencio de la Municipalidad. Transcurrido el plazo de noventa días -entiende- al actor le quedaba habilitado el plazo de treinta días para ejercer la acción. De ahí deduce que la acción contenciosa administrativa caducó conforme a lo establecido en el art. 762 del CPC.

d) En el fallo de primera instancia se confunde "contrato administrativo" propiamente dicho con "contrato de la Administración" que se rige por el derecho común y según sea el caso se le aplican las normas del Código Civil o Comercial. La diferencia no es meramente formal, es sustancial y constituye cuestión fundamental del vínculo contractual, pues son muy distintos los efectos y consecuencias jurídicas entre una clase y otra de contratos.

e) El destino del inmueble comprado por la Municipalidad de Iglesia no tuvo para el vendedor más interés que el de recibir el precio en especie (los tres departamentos prometidos). Si bien el Intendente Don Mauro Marinero concurre a suscribir el acto jurídico en nombre y representación de la Municipalidad de Iglesia, según consta en la escritura pública pasada ante la Dra. Nélida del Carmen Gómez, Escribana Mayor de Gobierno, el hecho en sí de dicha representación, no le confiere el carácter de un acto administrativo al contrato de compraventa, ya que la relación es puramente civil. En él no está comprometido ningún servicio público o de utilidad pública, más allá del destino que la Municipalidad tenía previsto darle al inmueble comprado (construcción de viviendas) en tanto no tenga una relación directa con funciones específicas y esenciales del Estado.

f) La demandada no ha negado la existencia del contrato, sino que, invocándolo ha planteado su defensa, diciendo, simplemente: "Que las construcciones de las viviendas de los actores no se han podido realizar, tal como se había pactado, por causas ajenas al municipio, pero prevista en el marco regulatorio de la relación contractual" (ver contestación de demanda, fs. 23). Esto no es ni más ni menos que el reconocimiento de la pretensión y la justicia del reclamo, cuyo incumplimiento no puede justificarse nada más que afirmando: "Dichas causas, son las faltas de remesas de fondos que debía girar el I.P.V. al municipio lo que incluso ha llevado a que aun no se termine tampoco el mentado Barrio El Milagro".

Obviamente, las causas referidas por la propia demandada, pueden ser verídicas, pero en nada atañen a la relación contractual, desde el momento que no se presentan como si se tratare de un caso fortuito o de fuerza mayor (arts. 513 y 514, C.C.) -que tampoco fue planteado de esta manera-.

g) Las obligaciones emergentes del contrato de compraventa (art. 1323, C.C.), no estaban destinadas sino a producir efectos entre acreedor y deudor y sus sucesores a quienes se transmitiesen (art. 503, C.C.). Frente al incumplimiento por parte de la Municipalidad de Iglesia y el aludido reconocimiento tácito de su prestación incumplida, habilitaba a la vendedora a iniciar esta demanda (conf. art. 1201, C.C.), sin necesidad de agotamiento de ninguna vía administrativa, ya que los efectos de la obligación contraída respecto del acreedor, era darle derecho para emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que estaba obligado (art. 505, inc. 1°, C.C.).

h) En este caso, la parte actora reclama la suma de Pesos treinta y seis mil ($ 36.000), con más los intereses de ley, desde que la obligación se tornó exigible. Aunque el apelante dice que la Cláusula Cuarta del contrato era una cláusula penal (art. 652, C.C.), encuentro dos motivos para desestimar esta cuestión: En primer lugar cuadra decir que el capítulo no fue propuesto en la demanda a la decisión del juez de primera instancia, por ende, este tribunal carece de competencia para tratarlo (art. 277, CPC). En segundo lugar, si en el reclamo de la demanda pide concretamente los daños y perjuicios, no habría lugar para ejecutar una cláusula penal, ya que como establece el art. 655 del Cód. Civil: "La pena o multa impuesta en la obligación, entra en lugar de la indemnización de perjuicios e intereses, cuando el deudor se hubiese constituido en mora; y el acreedor no tendrá derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es indemnización suficiente".

Infiero, de la simple lectura de la Cláusula Cuarta del contrato, que no se ha convenido una cláusula penal, sino que las partes previeron otorgar al vendedor el derecho -una vez vencido el plazo para la construcción de las viviendas prometidas- a "exigir el pago de dinero en efectivo del inmueble vendido cuyo importe se fija de común, en la suma de pesos treinta y seis mil ($ 36.000) que, a todas luces, no configura una cláusula penal destinada a garantizar el cumplimiento de la obligación.

Los intereses legales correrán desde que fue exigible la obligación, pues son consecuencia inmediata del daño que debe resarcirse (conf. arts. 511, 519 y 520, C.C.).

6. Propicio entonces que el tribunal dicte esta sentencia:

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocándose en todas sus partes el fallo impugnado.

II) Acoger la pretensión, declarando el derecho de los actores a reclamar de la Municipalidad de Iglesia, el pago de la suma reclamada, con más los intereses legales (ley 4119) que correspondan desde que la obligación fue exigible.

III) Imponer las costas a la parte demandada vencida (art. 74, CPC).

ASí VOTO.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

La DRA. CATALINA CéNEO DE GARCíA, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde:

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocándose en todas sus partes el fallo impugnado.	II) Acoger la pretensión, declarando el derecho de los actores a reclamar de la Municipalidad de Iglesia, el pago de la suma reclamada, con más los intereses legales (ley 4119) que correspondan desde que la obligación fue exigible.	III) Imponer las costas a la parte demandada vencida (art. 74, CPC).

Los DRES. GILBERTO A. RIVEROS y CATALINA CéNEO DE GARCíA, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocándose en todas sus partes el fallo impugnado.

II) Acoger la pretensión, declarando el derecho de los actores a reclamar de la Municipalidad de Iglesia, el pago de la suma reclamada, con más los intereses legales (ley 4119) que correspondan desde que la obligación fue exigible.

III) Imponer las costas a la parte demandada vencida (art. 74, CPC).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.