Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-04


SENT Nro. 207 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 04 DE ABRIL de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, -por encontrarse recusados sin expresión de causa los doctores Antonio Gandur y René Mario Goane-, bajo la Presidencia del doctor Alberto José Brito, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por letrado apoderado de la parte demandada en autos: "Lemos, Luis Eduardo vs. Ferreyra, María Luisa y otros s/Reivindicación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por el letrado apoderado de la parte accionada contra la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, de fecha 11/6/2001, que no hizo lugar al incidente de caducidad de instancia articulado por aquél e impone las costas en el orden causado.

II.- El recurrente expresa que la sentencia en crisis es arbitraria por derivarse de ella un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley, ostentando carencia de fundamentación en tanto el razonamiento argumentativo se aparta de las reglas de la sana crítica al hacer primar una solución manifiestamente contraria al ordenamiento legal aplicable.

Entiende también que, al expresar el fallo impugnado que lo resuelto implica en cierta medida la modificación y precisión de antecedentes jurisprudenciales de la Sala, se produce gravedad institucional, lo que es otra causa de invalidez del pronunciamiento.

Concretamente, el recurrente sostiene que el fallo no ha tenido en cuenta que procesalmente el último acto impulsorio del juicio en primera instancia lo constituye las notificaciones del decreto de fecha 22/9/99 por el que se hace conocer a las partes los resultados de la planilla fiscal confeccionada, dándose vista por el término de cinco días. Que habiendo quedado firme la planilla fiscal, correspondía, como único acto impulsorio, hacer efectivo el pago de la misma, para poner así los autos en estado de dictar sentencia. Que, por ello, la Cámara yerra al sostener que el Juzgado debía, previa resolución, ordenar el pago de la planilla, habida cuenta que no existe normativa procesal que establezca tal requisito o tramitación y que, aun cuando así fuera, la inactividad del Juzgado no releva a las partes de su obligación de instar el cumplimiento de tal omisión por parte del órgano jurisdiccional. Cita jurisprudencia y la ley provincial nro. 5121, en sus arts. 314 y 312, en tanto, la planilla fiscal firme constituye determinación impositiva a los efectos reglados en dicha normativa y en tanto los jueces no pueden dictar sent encia hasta que aquélla no sea abonada, salvo que uno de los litigantes hubiere pagado la parte a su cargo y solicitado su dictado. Agrega que ninguna disposición del Código Tributario requiere el dictado de resolución alguna para ordenar recién el pago de tributo, y que por ello es equivocado sostener como lo hace el tribunal a quo que el proceso judicial se encuentra suspendido mientras tanto no se pronuncie el Juzgado aprobando la planilla fiscal confeccionada por el Actuario. Advierte que ello hace apartar a la sentencia de lo dispuesto en el art. 31 del CPCCT.

Le causa gravamen asimismo la autocontradicción sentencial que deriva de citar, por un lado, párrafos casi textuales del precedente -similar a este caso- de la Corte Suprema in re: "Zerrizuela,..." mientras que, por el otro, adopta una posición totalmente contradictoria al afirmar que el órgano jurisdiccional de primera instancia incumplió en emitir en término resolución previa ordenando el pago de la planilla, sostener que el proceso, mientras tanto, se encuentra suspendido, para rechazar en definitiva la caducidad incoada. Afirma que la doctrina legal expuesta en el caso "Zerrizuela" debía haberse seguido porque expresa, citando doctrina legal de este Alto Tribunal, que tales son vinculantes para los tribunales inferiores cuando la identidad del caso a resolver encuadra en el precedente.

Concluye en que la fundamentación del fallo es dogmática y se aparta de manera sustancial de lo expresamente establecido por normas de forma y de fondo y de la reiterada y uniforme doctrinal legal de esta Corte Suprema de Justicia.

Propone doctrina legal; hace reserva del caso federal y concluye solicitando se haga lugar al recurso intentado.

III.- Por auto interlocutorio del 20/9/2001 la alzada desestima el recurso de casación. Interpuesta la correspondiente queja, se hace lugar a la misma por resolución de este alto Tribunal de fecha 07/12/2001, correspondiendo en esta instancia el análisis de su procedencia.

IV.- El fallo impugnado sustentó su decisorio en la consideración de que en el régimen legal local, a diferencia de otros sistemas legales, los jueces no pueden dar curso a las causas judiciales que carecen de los requisitos tributarios pertinentes, ni están habilitados para dictar sentencia mientras no estén abonadas las tasas judiciales correspondientes a las actuaciones cumplidas en el juicio (arts. 99 inc. 1° y 314 Ley nro. 5121). Reproduce conceptos de este alto Tribunal en lo referente a que la exigencia de abonar los tributos fiscales no es contraria a los preceptos constitucionales. Por lo que, por tratarse de un requisito legal ineludible, es que debe determinarse y abonarse lo adeudado en concepto de tasa de justicia, para que el proceso recién pueda ser colocado en estado de sentencia. Cita precedentes.

Sostiene luego que, para poder superar este impedimento legal de oficio o a pedido de parte, el juez debe disponer las medidas correspondientes para ello, iniciando las actuaciones pertinentes con ese objetivo, las que pueden ser calificadas, de algún modo, como una incidencia de carácter fiscal; exigencia ésta que está determinada por el art. 314 de ley 5121. Agrega que si el juez omite ordenar que se practique planilla fiscal, las partes están obligadas a requerir que se cumpla con tal exigencia, so riesgo de que opere la caducidad de la instancia en el proceso. Que lo mismo corresponde decir cuando ordenada la liquidación, el actuario se demora en realizarla pues los litigantes tienen la carga de instar para que la planilla se confeccione dentro de los plazos determinados por el art. 210 inc. 1° de lo contrario puede configurarse la perención. Reconoce, así, que la supuesta inactividad del órgano jurisdiccional no excusa la participación del actor en el impulso del proceso pues es obligación de la parte estimular, activar, urgir, suplir, mover, preservar, insistir, en una palabra "instar" y mantener con vida la instancia; el demandante tiene la carga de controlar el curso del procedimiento hasta su normal conclusión y la no confección de planilla po r Secretaría no lo releva de su obligación de presentar escritos, advirtiendo de esa omisión. Manifiesta que estas actuaciones no pueden caducar, por su naturaleza fiscal y el objetivo que buscan satisfacer, pues de otro modo bastaría dejar que transcurran los plazos de ley sin que se practique la liquidación de los tributos para que la incidencia se extinga y, consecuentemente, el pago de la tasa quede obviada, al quedar la situación superada por vía indirecta, evidentemente no querida por la legislación.

Recorre luego la sentencia, los pasos a seguir una vez practicada la liquidación fiscal, a tenor de los arts. 312 ap. segundo, Ley 5121; art. 154 inc. 1° CPCCT; eventualmente la aplicación del art. 120 y conc. de la ley impositiva. Destaca que el art. 312 de esta última menciona que vencido el plazo de traslado mentado precedentemente, el juez debe "ordenar el pago de la misma a la parte que corresponda" y que para ello, debe mediar una valoración previa de parte del juzgador de donde resulte la aprobación de la planilla actuarial para encontrarse en condiciones de requerir el pago a los litigantes.

Afirma que, mientras corra el plazo para que las partes tomen conocimiento de la planilla fiscal y eventualmente expongan sus observaciones, los plazos de caducidad de la instancia no corren. Cumplido el plazo, el juez debe pronunciarse sobre si aprueba los cálculos y manda pagar en este caso lo debido. Agrega que esta cuestión queda en estado de resolver sin más trámite, en forma automática, vencido que fuere el aludido plazo, lo que se deriva de la aplicación analógica de los arts. 185 CPCN, similar al art. 187 ap. tercero procesal local. De allí que, si la incidencia estaba pendiente de resolver, el proceso no puede caducar por aplicación del art. 218 inc. 1° procesal, aplicable tanto a sentencias definitivas como interlocutorias. Y, en estas condiciones -continúa la Cámara- no cabe exigir a las partes la realización de acto procesal alguno tendiente a que el pronunciamiento se dicte, pues la ley no exige al Juzgado ningún otro acto procesal, como no sea la sentencia. Y no se puede interpretar pretoriamente que la actora debió hacer esto o aquello pues el procedimiento a seguir ya está resuelto por la norma: correspondía que se dicte sentencia (aprobatoria o no de la liquidación) mandando a pagar lo debido a quien corresponda. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda.

En definitiva sostiene que, de acuerdo al art. 312 ley 5121, debe entenderse que mientras el juez no apruebe la planilla fiscal confeccionada por el actuario, las partes no están obligadas a pagar la misma y que en esas condiciones hasta tanto el juzgado no se pronuncie el trámite del juicio se encuentra suspendido, por encontrarse pendiente de resolver una cuestión legalmente impeditiva de su normal desarrollo (arg. art. 314, ley impositiva). De otra parte, entiende que, aun de interpretarse que era carga procesal de parte impulsar el procedimiento, el período de caducidad no se encuentra cumplido, toda vez que esta carga renace una vez vencido el término que tenía el juzgador para aprobar la liquidación.

Revoca, entonces, la sentencia en recurso, no haciendo lugar al incidente de caducidad de instancia e imponiendo las costas en el orden causado, debido a que lo aquí resuelto importa en cierta medida la modificación y precisión de antecedentes jurisprudenciales de la Sala (arts. 106 inc. 1° y 108 procesal).

V.- Ahora bien, tal como se expusiera al admitirse el recurso de queja, la presente cuestión queda circunscripta, esencialmente, a "determinar si el trámite de la planilla de la tasa proporcional de justicia previsto por el art. 312 del Código Tributario ley 5121 requiere o no el dictado de sentencia que apruebe la planilla y ordene su pago. Asimismo, si los autos quedan "pendientes de sentencia" hasta que tal resolución esté dictada, y si se configura en consecuencia el supuesto del art. 218 inc. 1º CPCC, que no permite que se produzca la caducidad de instancia" (conf. fs. 258 vta. y 259).

En el sentido indicado, adelantamos que la razón asiste al recurrente en tanto, como éste lo sostiene, el fallo no ha tenido en cuenta que procesalmente el último acto impulsorio del juicio en primera instancia lo constituye las notificaciones del decreto de fecha 22/9/99 por el que se hace conocer a las partes los resultados de la planilla fiscal confeccionada, dándose vista por el término de cinco días. Que habiendo quedado firme la planilla fiscal, correspondía, como acto impulsorio, hacer efectivo el pago de la misma, para poner así los autos en estado de dictar sentencia; que la Cámara yerra al sostener que el Juzgado debía, previa resolución, ordenar el pago de la planilla; que, aun cuando así fuera, la inactividad del Juzgado no releva a las partes de su obligación de instar el cumplimiento de tal omisión por parte del órgano jurisdiccional y que es equivocado sostener como lo hace el tribunal a quo que el proceso judicial se encuentra suspendido mientras tanto no se pronuncie el Juzgado aprobando la planilla fiscal confeccionada por el Actuario .

En efecto, los razonamientos de Cámara se revelan lógicos y coherentes entre sí, hasta que se llega a la lectura del considerando nro. 6 (fs. 185). A partir de allí, y en las posteriores reflexiones, la Cámara efectúa una aplicación e interpretación errónea de los textos legales, creando una causal de suspensión que no está expresamente determinada en la ley, ni se impone fácticamente. Veamos.

En autos, la providencia de fecha 04/8/99 dispuso la agregación de alegatos y ordenó practicar la planilla fiscal, la que se efectúa, se pone a la oficina y se notifica a ambas partes. Con posterioridad, la parte demandada plantea la caducidad de instancia (ver fs. 143 vta. y ss.). El tribunal a quo, interpretando lo dispuesto en el art. 312 de la ley tributaria, viene a afirmar que, luego de aquella notificación a las partes, la incidencia que tiene como origen la liquidación fiscal ha quedado en estado de dictar sentencia en forma automática (por aplicación analógica del art. 185 CPN y 187 tercer párr. local) con lo que, debido a tal estado, se aplicaría el art. 218 inc. 1° procesal, válido tanto para sentencias definitivas como para las interlocutorias (dándose ésta última en la especie). El objeto de esta resolución sería la aprobación por parte del juzgador de la liquidación practicada, haya recibido o no impugnaciones en el trámite incidental al que se alude. Entiende que las partes, por ende, estaban imposibilitadas jurídicamente de instar el proceso y que, en todo caso, tal carga renace a partir del plazo que el juez tiene para resolver aquella incidencia.

Tal hermenéutica se presenta equivocada. Ello así porque, en primer lugar, no surge de la ley la necesidad de una sentencia interlocutoria que apruebe la liquidación que ya fuera practicada por el Actuario, notificada a las partes y que quedara firme. El art. 312 establece, sí, el traslado de la liquidación a las partes e inmediatamente dispone -en protección de los intereses por los que el Código Tributario vela- que se ordenará el pago de la misma a la parte que corresponda. Es decir que lo que la ley prevé no es una tal resolución cuyo objeto sea la aprobación judicial de la liquidación -en el caso, firme- sino la providencia que ordene el pago de aquélla. De allí que no pueda aplicarse analógicamente los arts. 185 del CPN y 187 procesal local, en tanto los autos no se encontraban "en forma automática" en estado de dictar ninguna sentencia aprobatoria de la determinación fiscal, pues ello, simplemente no surge de norma alguna. El juzgador, con la hermenéutica dada a la especie, estaría creando pretorianamente una causal de suspensión que no es tal, toda vez que la suspensión que la ley prevé (art. 314 citado por la misma Cámara, no lo es del procedimiento de determinación tributaria en sí mismo, y sí, en cambio, del acto procesal del dictado de sentencia -en el caso, de la definitiva-, lo que es sustancialmente diferente a los efectos de la caducidad. Y ello, porque, mientras los autos no estén en estado de dictar tal acto procesal -como no lo están en la espe cie-, los términos de la perención siguen corriendo.

En efecto, virtud de lo dispuesto por el artículo 314 de la ley 5121, los jueces están impedidos de dictar sentencias hasta tanto no estén abonadas las tasas judiciales, de donde no existiendo en autos llamamiento para sentencia correspondía al actor, como acto impulsivo del proceso para que éste fuera fallado, el pago de las tasas emergentes de la planilla notificada personalmente. Aún más, aun cuando hubiera habido llamamiento de autos, si la causa no se encuentra en estado de dictar sentencia por la falta de pago de la planilla, el auto que así lo dispone tampoco obsta al curso del plazo de caducidad, conforme doctrina legal emanada de la causa Zerrizuela_ya citada que dice: "No obstante el llamamiento de autos, no están pendientes de sentencia si no se pagó la planilla fiscal, pudiendo operarse la caducidad de instancia si se dan los presupuestos de la misma". Se observa así que la reposición de la planilla fiscal resulta un acto necesario y previo al dictado de la sentencia de conformidad a lo dispuesto por el art. 314 de la Ley 5121 (Código Tributario) y dicho acto debió realizarse por las partes en tiempo oportuno, a fin de concluir con el impulso procesal a su cargo, de conformidad a la norma del art. 218 Procesal pues lo que impide que se produzca la caducidad de la instancia es que "los autos se encuentran pendientes de sentencia", es decir que el impulso procesal no dependa de la actividad de las partes, lo que no sucede en la especie.

Así entonces, la sola circunstancia de que la ley impositiva disponga que el juez ordenará el pago del tributo fiscal (art. 312 ley 5121) no puede ser interpretada en el sentido de que ello constituye una incidencia con el alcance que le quiere dar la Cámara en punto a la suspensión del procedimiento. Es mayoritario el criterio doctrinario y jurisprudencial acerca de que los trámites tendientes al pago y determinación de la tasa judicial carece de efectos interruptivos y suspensivos del curso de la perención, contando la parte a quien incumbe instar el procedimiento con el remedio de solicitar la formación del correspondiente incidente por separado (Kielmanovich, Jorge, en LL, 1983-C, 1076; Eisner, Isidoro, "Caducidad de instancia", fs. 201 ss. y jurisprudencia allí citada).

De otra parte, no hay que olvidar el carácter excepcional de la suspensión del procedimiento, de manera tal que la razón de la imposibilidad de las partes de presentar escritos judiciales debe radicar en motivaciones independientes de la voluntad de aquéllas que determinan imposibilidades absolutas de formular peticiones jurídicas, lo que no acontece en el caso. En efecto, en la especie, no existe imposibilidad fáctica ni jurídica de peticionar e instar el curso del proceso. Ni la ley impositiva ni la procesal determinan expresamente la suspensión del procedimiento civil, ni hay acuerdo de parte u otra circunstancia que imposibilite fácticamente el curso del mismo. Y es que la paralización de los trámites del juicio, no mediando acuerdo de parte o una regla general que la imponga es inconciliable con el objeto y fin de la perención.

Queda claro entonces que, en el sub judice, no se tipifica la hipótesis que contempla el art. 218 inc. 1° del CPCC que preceptúa que "la caducidad de la instancia no se producirá cuando los autos están pendientes de sentencia", toda vez que no se advierte que los autos hayan llegado a quedar en ese estado, ni siquiera se llegó a proveer el llamado de autos para sentencia, ni la causa se encontraba en "forma automática" pendiente de resolver.

De allí que no haya cesado la carga de impulso procesal que pesaba sobre la accionante. Al respecto se ha resuelto que "la omisión de reponer el sellado cuando sólo falta el cumplimiento de ese recaudo para que el expediente esté en condiciones de ser resuelto, con carácter definitivo, implica una inactividad procesal que autoriza, transcurrido el plazo legal, a hacer lugar a la declaración" (Eisner, Caducidad de Instancia, pág. 312). Ello es así por cuanto una vez firme la planilla fiscal, ésta debía haber sido abonada.

Así entonces, la falta de pago de la planilla no impide la perención, por faltar un requisito cuyo cumplimiento atañe a las partes, y no existe legalmente la exigencia de resolución previa que ordene el pago de la misma con virtualidad impeditiva del curso de la instancia.

En definitiva, la caducidad no se opera cuando los autos estén pendientes de sentencia (art. 218 CPC) pero en la especie los autos no se encontraban pendientes de sentencia, precisamente porque al practicarse la liquidación de la tasa de justicia adeudada por cada uno de los intervinientes, si la parte tenía interés en alcanzar el dictado de la sentencia, necesariamente debía pagar lo que ella adeudaba en la planilla fiscal. Es del caso citar lo dispuesto por la CSJN en el caso "Estornell" (del 6/5/86 Fallos T. 308, I, pág. 703), afirmatorio de la vigencia del principio dispositivo. Se deja allí sentado que las partes litigantes no están relevadas del impulso procesal que les compete, en virtud del principio dispositivo, ante la ausencia de actividad u omisión del órgano judicial. La vigencia del mencionado principio imponía, en el sub lite, a la parte actora, la carga de abonar la tasa de justicia y de instar el procedimiento. Sin embargo, ella no cumple con tal carga.

Bajo esta luz, si el trámite del juicio depende de la reposición fiscal que la parte debe efectuar, la demora en que se incurra será imputable a la parte, y no al juez, no encontrándose por esa circunstancia los autos pendientes de sentencia, corriendo el termino de la perención y dependiendo de las partes instar el curso de la causa pagando la tasa adecuada. Este es el criterio de la jurisprudencia de la Corte de la Nación (J.A.7-261; 11-1128; 13-865; 41-270; 47-32;35-108; 45-264).

En este sentido, es clara la inactividad procesal de la actora en autos, quien no efectúa el pago ni ningún otro acto impulsorio durante el plazo previsto legalmente para que opere la caducidad de instancia. Conforme a las particulares circunstancias del caso, el término debe computarse desde la notificación de la liquidación fiscal (07/10/99) y no, como equivocadamente lo sostiene el tribunal a quo, desde que hubo transcurrido el plazo para que el juzgador apruebe la planilla practicada, una vez tramitada la "incidencia" prevista en la ley fiscal, en una interpretación acorde -pero no por ello menos errada- a la solución que en ella se establece.

Corresponde entonces, hacer lugar al incidente de caducidad de instancia promovido por la parte demandada puesto que desde la notificación de la planilla fiscal efectuada por el Actuario -07/10/99- hasta la presentación del incidente de marras -22/5/2000- ha transcurrido el plazo legal para la perención de la instancia (art. 210 inc. 1° del CPCC) debido a la inexistencia de actos impulsorios posteriores a tal notificación.

Por lo considerado, corresponde que sean receptados los agravios del recurrente y que sea casada parcialmente la sentencia recurrida, a tenor de la siguiente doctrina legal: "Notificada y firme la planilla fiscal efectuada por el Actuario, la omisión del juzgador de ordenar su pago, a tenor del art. 312 de la ley nro. 5121 no constituye obstáculo para que la perención se produzca toda vez que, ante la falta de pago del tributo fiscal, la causa no se encuentra en estado de dictar sentencia (arg. art. 218 inc. 1° procesal), continuando vigente la exigencia del impulso procesal de parte (por aplicación del principio dispositivo)", dictándose la siguiente sustitutiva: "II) CONFIRMAR la sentencia de fecha 15 de agosto de 2000 (fs. 159) que hace lugar al incidente de caducidad articulado por los demandados a fs. 147. III.- Las costas de la alzada corresponden a la actora vencida a tenor de lo dispuesto por el art. 106 y 219 del CPCC".

VI.- Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida por el principio objetivo de la derrota (art. 106 y 219 CPCCT).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el letrado apoderado de la parte accionada contra la sentencia de la Sala IIIa. de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, de fecha 11/6/2001 y casar la misma de conformidad a la doctrina legal enunciada en los considerandos, dictando como sustitutiva: "II) CONFIRMAR la sentencia de fecha 15 de agosto de 2000 (fs. 159) que hace lugar al incidente de caducidad articulado por los demandados a fs. 147. III.- Las costas de la alzada corresponden a la actora vencida a tenor de lo dispuesto por el art. 106 y 219 del CPCC". Devuélvanse los depósitos.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALFREDO CARLOS DATO