marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad del Estado, integración de la litis
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Negro Ronald Pedro y Otra por se Hija Menor de Edad Negro Noelia Maricel c/ Estado Provincial y Consejo General de Educacion s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-08-06

Tampoco se encuentran en juego cuestiones patrimoniales en razón de las cuales cabría sostener la hipótesis de una responsabilidad a título subsidiario del estado, la cual en tal caso podría imponer -según las circunstancias concretas- que sea integrada la litis con el mismo, tal como lo ha sostenido este Superior Tribunal en numerosos precedentes (in rebus "Guadagni..." Sent. 10/06/93;

"Borghese..." Sent. 14/05/97, entre otros). De lo expuesto debe entonces convenirse que en este proceso nunca podrá ser condenado el Estado Provincial.-
Autorización para viajar, interés superior del niño
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C.M.B. c/  s/ autorización para viajar
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2024-06-27

Ante la negativa reiterada del padre a firmar el permiso de viaje que permitiese su hijo a vacacionar en compañía de su madre fuera del país, procede autorizar la salida del país del menor, no sólo para la ocasión que originó el pedido sino también hasta que el niño alcance la mayoría de edad, toda vez que debe primar el interés familiar y superior del niño, siguiendo la jurisprudencia y la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, máxime en atención al supuesto estado de abandono que sufre el niño, respecto a su progenitor, lo que motivara la tramitación del pedido de supresión de apellido paterno donde surge que el demandado no compareció a estar a derecho a pesar de estar debidamente notificado
Recurso de reconsideración, depósito previo, falta de depósito, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Lalor  S.A. c/ J.N.C. s/ Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-21

Corresponde desestimar la queja contra una resolución de la J.N C. que denegó el recurso de reconsideración y apelación en subsidio ya que el mismo debió deducirse dentro de los 20 días de notificada la resolución y previo pago de la multa correspondiente (artículo 30, Ley 21.740). La falta de depósito no constituye un "defecto meramente ritual", sino el incumplimiento de uno de los requisitos para la admisibilidad del recurso, omisión que no puede ser subsanada por el depósito efectuado, tardíamente, ante un escribano público "sujeto al resultado de los recursos planteados".
Rendición de cuentas, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ROBLEDO DE BUCHEMEAN HILDA MARIA c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO GALERIA CENTRAL Y/U OTROS s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-26

Conforme a la letra y al espíritu de la ley 6767 de Santa Fe, en su art. 7 ap. 2 inc. c), debe considerarse que con la sentencia con la que culminó la primera etapa del juicio de rendición de cuentas, ha concluido la mitad del trámite total.
Actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, interpretación de sentencias, intervención de terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: IATE SA c/ Taselli, Lucas Silvio y otros s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-12

La doctrina ha tomado el concepto de intervención adhesiva o coadyuvante sosteniendo que es el caso de aquél que participa en una causa en ayuda de una parte. Por ello, todo cuanto él hace en el proceso, lo hace por un derecho ajeno, pero en interés y nombre propio. La ley no señala más condición a esta intervención que tener interés en la causa y la jurisprudencia entiende que ese interés puede ser meramente de hecho (vgr. como el del notario respecto de la acción basada en la falsedad de un acto otorgado de su parte, CPR 395, véase Enrique Falcón "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial" T. I, pág. 425 y ss). Dicho esto, no puede soslayarse que aparece, también, el derecho de intervenir en el proceso cuando existe un interés jurídico -como ocurre en el sub lite-, esto es, cuando la relación en la cual la parte coadyuvante está unida con la parte coadyuvada (léase IATE SA), es conexa con el objeto del litigio, con lo cual la sentencia que habrá de pronunciarse si bien no alcanzará directamente a esta categoría de terceros prevista en el rito (cfr. arg. CPR 90-1° y 91 párr. 1ero), sin embargo, irrogará consecuencias indirectas en virtud de la posición y/o de la relación jurídica que aquélla representa en el caso (Cfr. CSJN, 10.4.03, "Lovelli SA c/ Buenos Aires Provincia de Buenos Aires s/ acción declarativa").
Acción de amparo, amenaza de sufrir un mal grave e inminente, DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, suspensión del proceso judicial
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: A. C., M. H. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. s/ Acción de Amparo Buenos Aires. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-11

En el "sub-examine" no se advierte la actualidad o la inminencia del supuesto acto lesivo de los derechos del accionante, ni la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta del acto administrativo cuestionado, como tampoco el perjuicio irreparable que le causa al amparista la intimación emanada de la Dirección General de Rentas de la Ciudad a través del mandatario designado a tal efecto por el Poder Ejecutivo local a los fines del cobro de la supuesta deuda existente, correspondiente al pago de ingresos públicos; asimismo el propio amparista reconoce expresamente que el peligro no es inminente debido a la suspensión temporaria de las ejecuciones hasta tanto se constituya el fuero contencioso-administrativo de la ciudad, por lo tanto el daño efectivo que se busca reparar no reviste inmediatez.- Así, deviene obvio que el reclamo del Poder Ejecutivo local plasmado en una simple intimación cursada al amparista por el mandatario antes citado, no habilita la puesta en funcionamiento del instituto excepcional pretendido, pues dicho acto carece de los requisitos elementales que la ley 16986 y las normas constitucionales anteriormente mencionadas, exigen expresamente para su procedencia. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Concursos, acción revocatoria concursal, período de sospecha
Materia: COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAS   PLASTICAS   PITAGORAS   SA c/ ALTAPLASTICA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-07

Cabe rechazar la acción revocatoria concursal interpuesta por la sindicatura de la fallida, respecto de la venta de ciertas maquinarias tendiente a cancelar una deuda con la accionada, toda vez que, si bien la operación tuvo lugar dentro del período de sospecha, no ha quedado acreditado el conocimiento del estado de cesación de pagos del deudor por parte de su acreedora, pues el pago por entrega de bienes acreditado, no implica en si mismo la existencia de ese estado, ya que como resulta de la ley 24522: 79-5°, tal hecho "puede" ser considerado un hecho revelador del estado de cesación de pagos pero es el juez quien decidirá en el caso concreto si se encuentra o no configurado (cfr.,. Rouillon, "Régimen de concursos y quiebras", p. 171, ED. Astrea, 2004); además, la LC: 118 no contempla tal hecho como ineficaz de pleno derecho como si lo declaraba la ley 19551: 122-3°; de manera que su sola configuración resulta insuficiente para poder inferir el conocimiento del estado de cesación de pagos por parte de la co-contratante; máxime, cuando ante los pedidos de informes cursados a varias empresas estas contestaron que la fallida continuó operando en plaza hasta mas de un año después de esta operación, de modo que no fueron herramientas de trabajo las que se entregaron y, por otro lado, la demandada admitió expresamente la entrega de bienes, lo que confirma que no tuvo intención de ocultar la verdadera operatoria bajo la apariencia de una compraventa; por lo que cabe concluir que no existen suficientes indicios que autoricen a tener por configurado el conocimiento del estado de insolvencia del deudor por parte de la cocontratante al momento de celebrarse la operación.
Salario mínimo, vital y móvil, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: REMESAR, DANIEL ALFREDO c/ SISTEMAS DE INFORMACION SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-02-15

El monto del salario mínimo vital debe ser contenido en un acto expreso, positivo y preciso de la autoridad estatal competente, organismos determinados por ley 16459 no siendo facultad de los jueces, así visualicen la vulneración, por omisión, del concepto de 'salario mínimo vital', inmiscuirse en facultades propias de otros órganos del estado.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, médicos, homicidio culposo, responsabilidad médica, imprudencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Abelenda, Eloy Felipe. s/ Homicidio Culposo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

Es descalificable la sentencia que, al revocar el fallo condenatorio de primera instancia, sostuvo que no está probado que el obrar imprudente del médico - que reconoce - haya sido la causa de la muerte del paciente, ya que no podría descartarse que entre la aplicación del "Lisargil", medicamento al que era alérgico, y su posterior fallecimiento, pudiera haber interferido alguna otra causa natural o humana que fuera realmente determinante del resultado. Ello es así, pues tal conclusión se aparta de la abundante prueba agregada e importa una afirmación dogmática que descalifica el fallo como acto jurisdiccional en la medida que adolece de una decisiva carencia de fundamentación.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, delitos contra la Administración Pública
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Godoy, Zulma Nora s/ denuncia de amenazas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Teniendo en cuenta la calidad de empleados federales de las víctimas funcionarios de la DGI y la relación que existe entre los ilícitos investigados con el ejercicio propio de sus funciones, resulta evidente que el delito presuntamente cometido es de aquellos que corrompen el buen servicio de los empleados de la Nación, en los términos del art. 3°, inc. 3° de la ley 48.
Clausura del establecimiento, diarios, empresa periodística, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: S.A.  La Nación s/ infr. ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

La clausura por tres días de las dependencias donde se desarrollan todos los aspectos notoriamente sustanciales para la actividad comercial de un diario, privando a éste de una importante fuente de ingresos, provocaría que la difusión de ideas se convirtiera en un objetivo de cumplimiento ilusorio.
Libertad de prensa, daños y perjuicios, responsabilidad civil, derecho al honor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pérez Arriaga, Antonio c/ Diario La Prensa  S.A. s/ Recurso de Hecho Pérez Arriaga, Antonio c/ Arte Gráfica Editorial Argentina  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02|1993-07-02

El derecho a informar no escapa al sistema general de responsabilidad por los daños que su ejercicio pueda causar a terceros. Por tanto, si la información es lesiva al honor, el órgano de difusión debe responder por el perjuicio moral causado.
Ejercicio profesional, Impuesto sobre los ingresos brutos, hecho imponible
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Locurscio, José A. s/ Demanda de inconstitucionalidad de la ley 9006
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

La ley 9006, sus modificatorias, y la posterior ley 10397, al disponer que no constituye actividad gravada con el impuesto sobre los ingresos brutos el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o variable, y el desempeño de cargos públicos, para, en cambio, gravar el ejercicio profesional a título oneroso, no responde a ningún propósito persecutorio u hostil, sino que constituye una distinción razonable propia de la discrecionalidad legislativa, exenta de revisión por esta Corte.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, colegio profesional, Inspección General de Personas Jurídicas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS DE LA PROVINCIA s/ SENTENCIA  DEFINITIVA - RECURSO EXTRAORDINARIO - MEDIDAS CAUTELARES -  PERSONA JURIDICA  NO  ESTATAL  - INTERVENCION - ASAMBLEA - INSPECCION  GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-20

Es descalificable la decisión que no se pronunció en punto a la alegada incompetencia de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia para ejercer facultades de control sobre una persona pública no estatal, argumento que el Colegio demandado propuso oportunamente que es conducente para la solución del juicio.
Empleo público, INCOMPATIBILIDADES
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BERNARDO STELLA CONCEPCIÓN Y OTRA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-18

La incompatibilidad es el mandato legal y objetivo que restringe a una persona la posibilidad de desempeñar más de un cargo o empleo público remunerado dentro de la jurisdicción y competencia de la administración pública nacional, provincial o municipal, con fundamento en el interés público.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giacomin, Pedro c/ Gerez, Walter R. s/ Indem. Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-30

No puede afirmarse, razonablemente, que la vida humana constituya por sí un valor económico, pues nada tiene ese valor por sí mismo, sino solamente por sus posibilidades de cambio o de uso o su aptitud para producir beneficios económicos. (S.C.B.A. Ac.35428 del 14-5 -91).
Asegurador por riesgos del trabajo, competencia civil
Materia: LABORAL
Carátula: Ramírez, Verónica Isabel c/ Kleppe S.A y Prevención Art S.A. s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-09-03

Ha dicho este Superior Tribunal que si bien -en principio- las aseguradoras de riesgos del trabajo no deben responder más allá de los límites de la cobertura emergente del seguro contratado (cf. STJRNS3: "MORA POLANCO" Se. 73/05 y "SEPULVEDA" Se. 55/05), nada obsta a que si hubo daño sufrido por un empleado a raíz de un accidente de trabajo y se puede establecer la existencia de una relación causal entre este y una inactividad o deficiente actividad controladora de la aseguradora, ella pueda y/o deba ser responsabilizada en los términos del art. 1074 del Código Civil. De suerte que la responsabilidad de la ART en estos casos comprende la obligación de abonar a la víctima del infortunio -o a sus derechohabientes- el resarcimiento pleno con base en la normativa civil e independientemente del otorgamiento de las prestaciones en especie de la LRT. (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, acción de amparo, legitimación procesal, nulidad procesal, falta de personería, poder
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: DELICIA, CARLOS CAYETANO c/ EMPRESA    PERIODISTICA   EDICION  4  Y-O  SU  PROPIETARIO  Y  EDITOR RESPONSABLE ADOBATO s/ RECURSO DE AMPARO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07

No es óbice de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad la circunstancia de que se trate de una decisión recaída en un amparo, pues, más allá de lo que se opine al respecto, lo cierto es que, lo resuelto no se vincula a la materia principal del amparo -el acogimiento o no del derecho de réplica-, sino a la legitimación del actor para demandar en los términos en que lo hizo.
Recurso de inconstitucionalidad, incidentes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Molina de Atiye, Ana Inés c/ Atiye s/ Divorcio-separación de bienes-Inconstitucionalidad (Libro: S050-427)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1951-09-29

Excepcionalmente es viable el recurso de inconstitucionalidad respecto de resoluciones recaídas en incidentes, cuando éstas producen el efecto de dar por terminado el pleito.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, privación de justicia, jueces, juicio, morosidad del proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C, O s/ DENUNCIA.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 339-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-31

La privación de justicia se configura tanto cuando las personas se encuentran ante la imposibilidad de recurrir a un Tribunal competente o cuando la decisión se aplaza en forma irrazonable y también cuando no se dan las condiciones necesarias para que los jueces puedan ejercer con imperio jurisdiccional, la eficacia real y concreta que por naturaleza, exige el orden jurídico, de manera que éste alcance su efectiva vigencia en el resultado positivo de las decisiones que la Constitución Nacional ha encomendado al Poder Judicial.
Derecho al honor, reputación, elemento subjetivo, daño moral, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: O., J. A. c/ Provincia del Chubut s/ Daños y perjuicios - beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-25

El honor de las personas constituye un bien jurídico factible de descomponer en dos aspectos: uno subjetivo y otro objetivo. "El primero es el sentimiento de la propia dignidad moral nacido de la conciencia de nuestras virtudes, de nuestros méritos, de nuestro valor moral. El aspecto objetivo está representado por la apreciación y estimación que hacen los demás de nuestras cualidades morales y de nuestro valor social.

Aquél es el honor en sentido estricto, ésta es la buena reputación". La afectación del sentimiento de la propia dignidad moral, es decir del honor en la faz subjetiva, no precisa en general de prueba directa del detrimento pues, la existencia del daño moral surge a menudo de los mismos hechos.

Por el contrario, respecto del aspecto objetivo del honor, sí será menester, así sea como regla general, acreditar el deterioro de la estimación y fama del reclamante entre los integrantes de los círculos donde actuaba, pues si no se prueba que la imputación fue creída en algún grado por el público no habrá daño cierto que quepa indemnizar desde el punto de vista civil; podrá en tal supuesto resarcirse la violación de la autoestima, mas no de la reputación no vulnerada.
Régimen de consolidación de deudas, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PEREYRA VICTOR ISIDRO c/ SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ LABORAL-INCIDENTE  DE EJECUCION DE HONORARIOS DE LA C.P.N. CLAUDIA F.  BORRONI
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-11-28

Entrando a considerar el planteo de inconstitucionalidad de la Ley nro. 2346 a partir de las impugnaciones de la parte, se sostiene que la mencionada normativa dictada dentro del régimen de emergencia provincial resulta violatoria de normas constitucionales.

En consecuencia como primer aspecto de análisis debe referenciarse las objeciones dirigidas a la subsistencia del régimen de emergencia, formulándose al respecto enunciados que hacen a la ejecución presupuestaria del estado, por lo que en tal sentido no le corresponde a los jueces expedirse sobre el acierto o desacierto de las disposiciones adoptadas por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus facultades propias.
Delitos contra la integridad sexual, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Q., I. s/ Abuso Sexual de Menor de Trece Años con Acceso Carnal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-28

Es admisible el testimonio de la víctima para la acreditación de la penetración sexual.
Recurso de casación, desistimiento de la querella, delitos contra el honor
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Vila, Daniel Eduardo y Otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-17

Ante el desistimiento de la querella en orden a los delitos contemplados en los arts. 110 y 113 CP, corresponde declarar abstracto el tratamiento de la cuestión planteada en el recurso de casación.
Proceso penal, indemnización, daño material, daño moral
Materia: PENAL
Carátula: CORREGIDOR, ISIDRO FELIX s/ INDEMNIZACION - HOMICIDIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-03-31

Los términos del art. 29, inc. 1, del Cód. Penal deben interpretarse en sentido de amplitud. De tal manera, no interesa la falta de pruebas de los daño o perjuicios ocasionados por el ilícito penal, si éstos pueden ser prudencialmente fijados conforme con las características propias del delito imputado y algún elemento de juicio agregado a los auto.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, LEY DE CONCURSOS, quiebra, liquidación, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Camarasa Lombardi y Cía. (C.L.O.) Sociedad Anónima s/ Quiebra. Cuestión a resolver: En la quiebra liquidativa, a los fines  regulatorios, si el piso que establece el artículo 267 de la ley de  concursos y quiebras supera el 12% del activo realizado ¨Corresponde respetar dicho mínimo o debe prevalecer la pauta del 12%? (Expte.   Nro. 152-2000) -Tribunal Pleno- Quiebra. Cuestión a resolver: En la quiebra liquidativa, a los fines regulatorios, si el piso que establece el artículo 267 de la ley de  concursos y quiebras supera el 12% del activo realizado ¨Corresponde respetar dicho mínimo o debe prevalecer la pauta del 12%? (Expte.   Nro. 152-2000) -Tribunal Pleno- Quiebra. Cuestión a resolver: En la quiebra liquidativa, a los fines regulatorios, si el piso que establece el artículo 267 de la ley de  concursos y quiebras supera el 12% del activo realizado -Corresponde respetar dicho mínimo o debe prevalecer la pauta del 12%? (Expte.   Nro. 152-2000) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-09

Cuando por aplicación del artículo 267 de la ley 24552, el mínimo de los honorarios del concurso supera el máximo que se indica, debe prevalecer el mínimo tarifado -tres sueldos de Secretario-, aun cuando supere el máximo porcentual señalado. Ello es así: a) porque en la faena regulatoria cuando se alude en la ley concursal a tomar como pauta regulatoria los sueldos de secretario, nunca ata tal patr3/4n a porcentaje alguno; pudiéndose dar como ejemplo de ello lo establecido en el artículo 266 de la Ley 24522, cuando luego de señalar los porcentajes a respetar, precisa que la regulaci3/4n no podrá ser inferior a dos sueldos de secretario de primera instancia; b) porque la disminuci3/4n de la onerosidad por la carga de honorarios de síndicos, abogados y otras profesiones acometida por la ley de menci3/4n, en relaci3/4n al régimen anterior de la Ley 19551, nos lleva a aplaudir soluciones como las propuestas; pero, no nos impide apreciar que en la búsqueda de retribuciones decorosas, nos señala límites que debemos respetar aún cuando se superen los porcentajes fijados; c) porque la circunstancia de que el producto se agote sin distribuir a los acreedores luce como argumento más efectista que real, y d) porque si de lo que se trata es de evitar que no se consuma el activo o gran parte del mismo, con los estipendios que se establezcan, la propia ley falencial es la que señala el camino a seguir; que no es el de atar el mínimo de tres sueldos de Secretario a un porcentaje como se postula, sino por el contrario atender a lo expresamente establecido en el artículo 271 de dicho cuerpo legal, que nos determina claramente cuando y en qué circunstancias, podemos efectuar regulaciones sin atender a los mínimos fijados legalmente. (Del Voto del Dr. Müller -En Disidencia-).