Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-12


SENT Nro. 35 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 12 DE FEBRERO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Banco del Suquía S.A. vs. Mena, José Manuel s/Cobro ordinario".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 28/5/2002, que confirma la sentencia de primera instancia del 30/7/2001 que no hace lugar al incidente de nulidad interpuesto por aquélla.

II.- El recurrente, luego de exponer los antecedentes relevantes de la causa y de analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso incoado, expresa sus agravios sosteniendo que la sentencia impugnada ha violado el art. 167 procesal, alterando la estructura esencial del procedimiento. Al respecto, parte del principio de que en nuestro derecho procesal toda nulidad absoluta es insubsanable y viceversa y que puede ser declarada de oficio por los jueces. Agrega que, aunque por hipótesis se negara el carácter de absoluto, lo cierto es que no puede rechazarse la nulidad por la extemporaneidad de la interposición del incidente si la nulidad resulta insusceptible de saneamiento.

Intenta demostrar que la omisión de notificar válidamente la demanda y las siguiente etapas del proceso hasta la sentencia, lo que implica seguir todo un juicio sin conocimiento del demandado, no puede ser confirmada, expresa o tácitamente. Para ello parte de las siguientes premisas: a) el juicio de conocimiento es un proceso diferente del de ejecución de sentencia; b) no puede considerarse válido un juicio de conocimiento en que ninguna etapa del juicio fue notificada al demandado; c) no puede existir una ejecución de sentencia, sin una sentencia válida que constituya el título ejecutivo.

Respecto al inciso a) explicita que la ejecución de sentencia es un proceso diferente, de naturaleza disímil del juicio de conocimiento aunque se funde en el fallo dictado en este último. Este es de conocimiento; aquél, ejecutivo; éste implica una acción de condena; aquél una ejecutiva; en el juicio de conocimiento la relación procesal se extingue con la sentencia y su ejecución da lugar a una acción diferente y a una nueva relación procesal; en nuestro digesto ritual la ejecución de sentencia está estructurada no como una etapa del juicio de conocimiento sino como un proceso especial y distinto en el que el título ejecutivo es la sentencia. De allí que, dice, cualquier hipotético consentimiento de actos procesales cumplidos en la ejecución de sentencia no proyecta sus efectos al juicio anterior, en todo cuyo desarrollo no se practicó jamás una notificación válida al recurrente.

En cuanto al inciso b) mentado supra, siguiendo el iter procesal del juicio de conocimiento, concluye en que todo el juicio ordinario tramitó sin su conocimiento por lo que la sentencia es insalvablemente nula, como si se hubiera dictado sin ordenar traslado alguno.

Destaca que la parte actora no desconocía -o al menos debía conocer- el domicilio ya que en otro juicio -anterior al presente- pasado por las mismas partes, se acompañó la cédula dirigida al recurrente con sus copias para traslado y denuncia del domicilio real de su parte, dirigiéndose allí correctamente la notificación al domicilio real.

En cuanto al punto c) remarca la similitud de la hipótesis de autos con la del proceso en que se hubiera dictado sentencia sin ordenar traslado alguno, caso en el que nadie dudaría, dice, de que la nulidad es insalvable y que se haya afectada la estructura esencial del proceso. De allí que la sentencia, siendo nula, no puede constituir título ejecutivo para la ejecución de sentencia. Reitera que la supuesta convalidación del proceso de ejecución no significa el consentimiento de las graves irregularidades del juicio cognitivo.

De otra parte, menciona que la notificación en el domicilio real hace a la estructura esencial del proceso de conocimiento y la ejecutoriedad del fallo dictado en el primero es un presupuesto de habilidad el título y de validez formal del procedimiento de ejecución de sentencia. Por eso, en el presente, falta el presupuesto de la actio iudicati, que es la existencia de una sentencia válida, notificada y firme. Añade que es necesario para que una sentencia sea título ejecutivo que la misma esté precedida de un procedimiento contradictorio válido; que esté ejecutoriada, para lo cual es necesario que esté notificada (art. 279 procesal), pues de lo contrario no ha comenzado a correr ningún plazo y la deuda no es exigible; de allí que el eventual consentimiento de actos posteriores dictados durante el proceso de ejecución no significa conferirle fuerza ejecutiva a una sentencia no notificada ni compurgar los vicios de un juicio diferente.

Agrega que la sentencia alienta sin quererlo las "emboscadas procesales", con la tentación de notificar en cualquier parte que se sepa con certeza que no será conocida por el demandado, en el juicio de conocimiento, obtener sentencia y luego, antes del remate denunciar correctamente el domicilio real confiando en que el plazo de cinco días para plantear nulidades es más corto que el de quince para contestar demanda.

Señala que, aún desde la óptica en que se sitúa la sentencia, su interpretación es errada, en torno a la aplicación del art. 170 inc. 1º procesal. Y ello porque el precepto autoriza el planteo de nulidad en la misma instancia que el acto se realizó, dentro del quinto día de haberse tenido conocimiento de él. Que el hecho de tomar conocimiento en un juicio diferente y seis años después de la notificación de la demanda, no significa que ese día se tome conocimiento de todas las notificaciones nulas anteriores y de todos los vicios invalidantes del juicio que precedió a la ejecución. Y esto no puede presumirse. Entender que los actos viciados fueron conocidos en la misma fecha de la notificación implicaría que el juicio ejecutivo no es sino una etapa del juicio ordinario, lo que se vio que es falso, y que la persona a quien se notifica de una providencia aislada en un proceso de ejecución, el mismo día toma conocimiento de los actos viciados de un juicio ordinario que le precedió. Que, a mayor abundamiento, no puede entenderse que el juicio de ejecución de sentencia sea una misma instancia, a tenor del art. 170 inc. 1º que el juicio ordinario. Manifiesta que cualquier otra inteligencia de las normas procedimentales estaría aquejada de un exceso ritual manifiesto, frustratorio de la defensa en juicio.

Deja reservado el remedio federal y solicita se haga lugar al recurso tentado.

El traslado de ley es contestado por la contraria según escrito que rola a fs. 212/214.

III.- Por auto interlocutorio del 25/9/2002 la alzada hace lugar a la concesión del recurso interpuesto, correspondiendo ahora el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- El fallo impugnado adelante que comparte in totum los fundamentos del dictamen fiscal para rechazar la nulidad impetrada. A tales efectos transcribe los párrafos pertinentes. Sostiene que de las constancias de autos se desprende que el accionado fue notificado en el domicilio de calle Cariola nº 420 que señala como su domicilio real el día 29/11/2000 (fs. 112). Que la cédula fue recibida por el propio demandado (fs. 112 vta.); que es ese el momento en que el nulidicente conoció la existencia del juicio, que sin su participación avanzara hasta esa etapa. Que, sin embargo, el demandado dejó transcurrir los cinco días que el art. 170 inc. 1º del CPCC establece como hábil para la impugnación de nulidad por vía incidental, por lo que convalidó las irregularidades que pudieron afectar al procedimiento. Que ello marca indefectiblemente la inadmisibilidad del incidente en los términos del art. 169 procesal debiendo rechazarse el mismo.

Considera que por el principio de convalidación se impone la deducción del incidente de nulidad en el término previsto por la ley, so pena de quedar convalidados los actos irregulares y que con el consentimiento de la parte demandada se cerró la posibilidad revisora de los actos cumplidos. Cita jurisprudencia de esta Corte Suprema en el sentido de que no corresponde la anulación de actos procesales precluídos como consecuencia del principio dispositivo que pone el impulso del proceso en cabeza de las partes y siendo a ésta imputable la no reparación de las falencias que señala en el proceso, resulta inadmisible el tardío planteo de nulidad.

Estima que tal conclusión no cambia por la existencia de nulidades insubsanables; que en principio todo vicio procesal ocasionaría una nulidad relativa (arts. 167, 169 y 170 procesal), siendo éste el principio rector. Cita doctrina en el sentido de que no existen nulidades absolutas al menos en el sentido del término que se asigna en derecho civil, debiendo distinguirse las nulidades civiles de las procesales. Que los principios expuestos ceden en tres supuestos previstos en el art. 167 del digesto ritual, debiendo ser aplicado restrictivamente y con cautela, limitándosela a los casos que configuren claramente los supuestos previstos por aquélla; supuestos notoriamente disvaliosos y con trascendencia para el normal desenvolvimiento del proceso. Explicita que de las constancias de autos no surge el supuesto del art. 167 tercer párrafo; que su aplicación sería procedente si no se hubiera notificado regularmente en ningún momento al demandado, avanzado el proceso sin su intervención. Pero siendo notificado en forma dejó transcurrir el lapso para interponer la nulidad con lo que convalidó los actos viciados, lo que impide al juez invalidar actos precluídos.

Por ello, confirma la sentencia del 30/7/2001 en cuanto fue materia de agravio.

V.- De la confrontación de los términos del memorial de casación puestos en relación con los de la sentencia que se recurre, se concluye en que asiste razón al recurrente.

En efecto, el pronunciamiento impugnado considera que el accionado fue notificado en su domicilio real de calle Cariola nº 420, habiendo sido recibida la cédula por el propio demandado; que, sin embargo, éste dejó transcurrir los cinco días que el art. 170 inc. 1º del CPCC establece como hábil para la impugnación de nulidad, por lo que convalidó las irregularidades que pudieron afectar al procedimiento. Estima que no corresponde la anulación de actos procesales precluidos como consecuencia del principio dispositivo que pone el impulso del proceso en cabeza de las partes. Señala que tal conclusión no cambia por la existencia de nulidades insubsanables por cuanto los tres supuestos previstos en el art. 167 CPCC no se encuentran configurados en la especie, en tanto se ha notificado regularmente al demandado y él dejó transcurrir el lapso para interponer la nulidad con lo que convalidó los actos viciados, lo que impide al juez invalidar actos precluidos.

Ahora bien, yerra la Cámara en su razonamiento en tanto asimila -en sus efectos y valor-, la notificación de fojas 112, con la de citación al accionado al presente juicio, lo que resulta inadmisible. La cédula de fs. 112, cursada al domicilio real del demandado, notifica el proveído que tiene por presentado al letrado apoderado de la parte actora, dándosele intervención; asimismo le corre traslado de la propuesta de martillero y le intima a fin de que en el término de tres días presente los títulos de propiedad de los inmuebles embargados en autos (a los efectos de su posterior remate).

Sin duda que la notificación a estos fines no puede nunca equipararse a la debida citación a juicio del accionado. Si, según surge de las constancias de autos, las anteriores notificaciones (incluida la misma de la demanda) fueron efectuadas irregularmente -y esto lo reconoce la misma Cámara al reflexionar en el sentido de que la nulidad podría haber sido insubsanable excepto por la convalidación de las irregularidades al presentarse en forma extemporánea el incidente de nulidad- entonces es dable concluir en que el accionado nunca fue parte en el juicio y que la notificación de fs. 112 en modo alguno lo constituye como tal. De allí que, en realidad, los términos que el tribunal a quo entiende vencidos -y, por ende, convalidadas las irregularidades- no han estado corriendo para su parte, toda vez que su situación no quedó enmarcada en las normas procesales aplicables a quienes son partes en juicio de acuerdo a una citación efectuada en forma y conforme a derecho. El acto de notificación de fs. 112, al cual la Cámara pretende darle validez a punto tal de tener por establecida la relación procesal (y, por ende, tener por presentado y constituido en parte al accionado) no tenía tal finalidad, ni pudo aquélla tener dicho efecto (citar y traer al accionado a juicio). Es que no puede equipararse la intimación al demandado a presentar escritura de los inmuebles o el darle traslado de la propuesta de martillero, con la notificación de una acción en su contra. No puede asimilarse la puesta en conocimiento del accionado de los actos previos al remate de sus bienes raíces -como consecuencia de la ejecución de una sentencia resultante de todo un juicio pasado sin su conocimiento-, al conocimiento de la demanda judicial y al otorgamiento consiguiente de plazo ade cuado y necesario para su debida defensa. La notificación de la demanda es de vital importancia porque marca el nacimiento de la relación procesal. Indicaba Chiovenda: "La citación significa también la actividad material necesaria para la comunicación de la demanda y del llamamiento a juicio del demandado; esto se llama notificación Y como la demanda no existe normalmente si no está comunicada al adversario, la notificación tiene la importancia de marcar el nacimiento de la relación procesal" (Principios de derecho procesal civil, Reus, Madrid, 1923, T. II, p. 88). Es decir que tal notificación es el momento constitutivo de la relación procesal. Así podría decir Calamandrei que la sentencia de condena se retrotrae a la fecha de la citación, como si hubiera sido pronunciada en el momento constitutivo de la relación procesal, o sea en la fecha de notificación de la demanda (citado por Rodríguez, Luis, "Nulidades Procesales", Editorial Universidad, Bs.As., 1994, pág. 222). Hay que tener en consideración, pues, e l hecho relevante de que, en la especie, la nulidad impetrada ataca a un acto esencial al proceso cual es la notificación de la demanda. Ella, de realizarse correctamente, habría permitido la traba de la relación procesal que, en el caso, y atento a la ausencia de notificación en forma, se vio impedida.

A su vez, cuando se trata de la notificación del traslado de la demanda deben tomarse los recaudos para garantizar debidamente el derecho de defensa en juicio, habida cuenta de la importancia del acto procesal de que se trata. Ello es así en razón de que el demandante debe ser, sin duda, el primer interesado en extremar las precauciones a fin de lograr que la relación procesal quede válidamente trabada, propósito que armoniza con el carácter inobjetable de la sentencia favorable a que aspira. Sin embargo, no se advierte en autos que el accionante haya extremado los recaudos para la debida notificación en forma en tanto, de un lado, admite la continuación del proceso en el que se ha notificado la demanda, así como la declaración de rebeldía, en un domicilio en el que, claramente, según las constancias de las cédulas a este lugar remitidas (ver fs. 30 y 32), no vivía el accionado; y esta circunstancia no cambia por el hecho de ser aquél el domicilio que informa la Secretaría Electoral; del otro, tenía conocimiento de un domicilio -que luego resulta ser el real del accionado- con varios años de anterioridad a su denuncia en estos actuados, según lo demuestra la cédula presentada a fs. 120 por el recurrente y que no es negado por la contraria sino que se limita a indicar que si bien tenían conocimiento de dicho domicilio, desconocía que éste era el real (conf. fs. 150, 2° párrafo).

A su vez, la naturaleza de la notificación de la demanda impone apreciar con criterio riguroso el cumplimiento de los presupuestos de validez y eficacia de la notificación en cuestión, dada la trascendencia del traslado de la demanda, destinado a hacer saber su existencia a aquel contra quien está dirigida. El criterio de contralor del cumplimiento de los extremos tendientes a asegurar el efectivo conocimiento de la demanda por la parte que ha sido objeto de emplazamiento debe ser riguroso, porque la indefensión es el mayor vicio de que es susceptible el proceso. De ahí la consecuente protección judicial, que aconseja en caso de duda, que se adopte la solución que evite conculcar eventualmente garantías de raíz constitucional. (cfr. CSJTuc.; sent. nro. 981, del 22/12/99; sent. nº 630/99).

En efecto, la transgresión al régimen de notificaciones expresamente previsto en el digesto de forma afecta el derecho de defensa de raigambre constitucional (art. 18, CN). La especial transcendencia de la notificación del traslado de la demanda hace que se rodee al acto de las máximas garantías, con lo cual se tiende a brindar adecuada protección al ejercicio del derecho de defensa. El perjuicio surge ínsito del vicio de que se trata, toda vez que la demandada se ve impedida de contestar la acción, vulnerándose el derecho de defensa consagrado por el art, 18 de la Constitución Nacional (cfr. CSJTuc., autos: "Caja Popular de Ahorros vs. Ramón Froilán Juárez y otra s/Ejecución hipotecaria", sentencia del 22/12/95). Así, la prueba del interés o perjuicio de la parte exigida a quien peticiona la nulidad de un acto procesal, tiene como caso de excepción típico, la nulidad de la notificación de la demanda, por la especial trascendencia de este acto procesal (Maurino, Alberto L. "Nulidades procesales", página 112, Ed. Astrea, 1995; Palacio y Alvarado Velloso en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", comentado y anotado, tomo cuarto página 312 Ed. Rubinzal-Culzoni, 1992).

En la especie tratándose del traslado de la demanda, la citación debía ser hecha a la parte en persona (arg. arts. 154, inc. 1° y 292 CPCC), por lo que asiste razón al recurrente, en cuanto niega eficacia a la notificación obrante a fs. 26 y las siguientes (30, 32, etc.) (cfr. CSJT, sent. nº 760/98).

El argumento de la extemporaneidad de la presentación del incidente de nulidad -y de la consiguiente convalidación de irregularidades y preclusión de actos procesales- sólo podría ser válido si el demandado hubiera sido alguna vez citado debidamente a juicio, lo que nunca sucedió en la especie, tal como lo demuestra el recurrente al referir a los informes obrantes en las distintas cédulas diligenciadas a diferentes domicilios a través del curso del proceso, según detalle expuesto en su libelo recursivo.

Lo analizado evidencia que se ha afectado la estructura esencial del proceso, toda vez que se ha sustanciado el mismo sin estar debidamente constituida la relación procesal, en cuyo caso la nulidad es insubsanable, ya que ni las partes ni el Juez pueden generar un procedimiento esencialmente distinto al establecido por la ley adjetiva (art. 167, 3er. párrafo CPCC), y tal es aquél que se desarrolla sin esta adecuada constitución de la litis.

Lo concerniente al modo de practicarse las notificaciones, está sometido al contralor del juez de la causa, quien puede incluso, tratándose de un vicio manifiesto, declarar la nulidad de oficio (arg. art. 167 tercer párrafo). Ello es lo que acontece en autos de donde surge, de las concretas circunstancias de la causa, que al demandado nunca se lo citó debidamente, conforme consta expresamente en los informes de los oficiales encargados de diligenciar las distintas notificaciones. En la especie, no sólo la demanda sino que tampoco la sentencia definitiva, ni la intimación de pago de la ejecución de la misma, etc. han sido correctamente notificadas con lo que la indefensión es manifiesta.

Por todo lo expuesto, se demuestra la inadmisibilidad de la asimilación que el tribunal a quo hace de la notificación de fs. 112 con la notificación del traslado de la demanda. El accionado no tuvo posibilidad de hacer valer sus derechos en el proceso según un traslado en forma de la demanda y el plazo necesario para su responde. De allí que su derecho de defensa en juicio se vea lesionado por la nulidad de un acto esencial. El argumento de Cámara de que las omisiones de notificación en la debida forma ha quedado subsanada con la concreción de otro acto procesal que se notificó debidamente, resulta inaceptable puesto que el mismo no puede considerarse, de manera alguna, como sustitutivo del conocimiento que se debe llevar al demandado de un acto esencial del proceso como es la demanda.

No habiéndose notificado demanda en debida forma, y tratándose de un acto que resulta condición indispensable para que exista litis válida, corresponde la declaración de oficio de la nulidad del mismo y los actos consiguientes. En efecto, existe, en el sub examine, una afectación concreta al debido proceso y derecho de defensa en juicio, en cuyo mérito corresponde nulificar todas las actuaciones así cumplidas, por cuanto la notificación viciada de tal modo equivale a la no notificación, es decir a la omisión de los actos que la ley impone para garantir los derechos del demandado. La configuración de la irregularidad procesal señalada comporta un vicio que, por su naturaleza, no es suceptible de ser convalidado, por lo que queda aprehendida en la preceptiva de los arts. 166 y 167, tercer apartado, del Digesto Ritual.

A esta altura del razonamiento es del caso resaltar, a mayor abundamiento, que en nuestro ordenamiento procesal no existe un dispositivo semejante al art. 172 del CPCCN -en consideración al cual se construye también la doctrina y jurisprudencia nacional- que considera que las declaraciones de oficio de las nulidades procesales no pueden tener lugar si el acto se hallare consentido. En el caso, el art. 167 del CPCCT expresamente prevé los supuestos en que es posible tal declaración en los supuestos mencionados allí expresamente que entronca, en el sub examine, y como queda dicho, con la violación a la estructura esencial del procedimiento y a las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa en juicio.

Tratándose, pues, de un acto jurisdiccional viciado de nulidad insanable, corresponde su invalidación de oficio; la naturaleza de la nulidad -calificada expresamente por la ley ritual en la norma precitada- remueve el óbice de la conformidad de las partes, y deja expedita la declaración de oficio y sin sustanciación previa, de la invalidez (doctrina artículo 167 último parágrafo CPCC).

En la especie, surgen indubitables las facultades del tribunal para anular de oficio los actos procesales cuando se hubieren omitido las formas sustanciales del proceso o cuando el acto carece de los requisitos indispensables para que pueda conseguir su finalidad. En el sub examine la deficiencia constatada implica una falta de constitución de la relación procesal ya que el demandado no ha sido citado eficazmente al pleito. La omisión apuntada, implica una alteración a las formas sustanciales del proceso y coloca en situación de indefensión al accionado.

Por ello, corresponde se case el pronunciamiento en crisis conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe declararse de oficio, por ser insubsanable, al afectar la estructura esencial del proceso y el derecho de defensa en juicio, la nulidad de todo lo actuado desde el traslado de demanda (art. 167 CPCC), cuando el accionado no fue nunca citado a juicio por falta de notificación en debida forma de la misma -no habiéndose cumplido el objeto de dicho acto procesal en ninguna etapa posterior del proceso que tramitó enteramente sin su intervención-"; y dictar como sustitutiva: I.- "Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. En consecuencia, SE REVOCA la sentencia de fecha 30/7/2001 y SE DECLARA DE OFICIO la nulidad de todo lo actuado desde el traslado de la demanda. II.- Atento a la índole y complejidad de la cuestión debatida las costas de ambas instancias se imponen por su orden (art. 106 inc. 1° y 108 procesal)".

Vuelvan los autos a la Cámara a fin de que prosiga la causa según su estado.

VI.- Las costas del recurso de casación, atento a la naturaleza y complijidad de la cuestión debatida y a que la parte contraria pudo haber tenido razones probables para litigar se imponen por su orden (art. 106 inc. 1° procesal).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 28/5/2002 y, en consencuencia se casa y anula la misma de acuerdo a la doctrina legal enunciada, y se dicta como sustitutiva: I.- "Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. En consecuencia, SE REVOCA la sentencia de fecha 30/7/2001 y SE DECLARA DE OFICIO la nulidad de todo lo actuado desde el traslado de la demanda. II.- Atento a la índole y complejidad de la cuestión debatida las costas de ambas instancias se imponen por su orden (art. 106 inc. 1° y 108 procesal)". Vuelvan los autos a la Cámara a fin de que prosiga la causa según su estado. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS en esta instancia, conforme se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR