Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-17


En n la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de agosto de 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Emilio A. Cappuccio, obrante a fs. 26/28, contra la resolución del Sr. Juez de Grado de fecha 17/03/2006, del que RESULTA:

I.- Que a fs. 3 y vta. de la presente obra el acta contravencional labrada el 02/03/2006 a Mirta Elena Miranda por la presunta comisión de la contravención prevista en el artículo 83 de la Ley Nº 1472, consistente en llevar a cabo una actividad lucrativa sin autorización en la vía pública; ocasión en la que se secuestró un canasto de mimbre, un mantel y noventa y ocho (98) chipás.

II.- Que a fs. 8 se agrega el decisorio de la Sra. Fiscal de Primera Instancia, María Valeria Massaglia, que mantiene el secuestro y da intervención al Juzgado de Primera Instancia en los términos del art. 21LPC.

III.- Que el 17/3/2006, según consta a fs. 10/11, el Sr. Juez de Grado a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 11, Marcelo G. Bartumeu Romero, resuelve convalidar el secuestro de noventa y ocho (98) chipás y ordenar la remisión de las presentes actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas. Así, sostiene que, atento a la cantidad y naturaleza de los efectos secuestrados, y por no verse afectado el bien jurídico tutelado en el art. 83 Ley 1472, el accionar de la imputada sólo puede constituir una venta de mera subsistencia y no puede considerarse una competencia desleal para el comercio establecido. No obstante ello, afirma que la actividad desarrollada por Mirta Elena Miranda podría constituir la falta prevista en el art. 4.1.2 de la ley 451, que reprime la venta en la vía pública sin autorización y también podría encuadrarse dentro del art. 1.1.1, que se refiere a "alimentos en infracción".

IV.- Que a fs. 26/28 consta el recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto por la Defensa contra la resolución mencionada supra. Al respecto, afirma que del análisis del tipo contravencional del art. 83 CC, de la figura del art. 4.1.2 de la ley 451 y de la comparación de aquellos con las constancias del expediente, corresponde afirmar que no existe un hecho típico. Por ende, señala que debió dictarse una resolución que pusiera fin a la investigación de los hechos, pero no la remisión a faltas. Por otra parte, manifiesta que el secuestro careció de razonabilidad por falta de motivación. Afirma que la actividad imputada a la encartada no fue acreditada mínimamente por la prevención en la medida en que no existen pruebas de que la imputada haya vendido la mercadería. Por ello, solicita que por contrario imperio el Juez archive las actuaciones y devuelva la mercadería secuestrada, planteando en subsidio la apelación de la resolución en crisis.

V.- Que a fs. 30 y vta. la Fiscal de grado, María Valeria Massaglia, contesta la vista conferida solicitando que no se haga lugar al planteo presentado por la defensa.

VI.- Que a fs. 32/34 obra la resolución dictada por el Sr. Juez de Grado entendiendo que no corresponde hacer lugar al recurso de reposición. Afirma, que en esta etapa del proceso resultan suficientes las pruebas colectadas como para considerar que probablemente la encartada ejecutó una conducta en infracción con el régimen de faltas, circunstancia que otorga justificación al secuestro, máxime al tratarse de alimentos, de los cuales no consta que hubieran sido sometidos a controles pertinentes de las autoridades de aplicación, generando un riesgo prohibido para la salud pública, y toda vez que resultan bienes decomisables tanto a la luz de la legislación contravencional como en la de faltas. Asimismo, concede el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria.

VII.- Que la Sra. Fiscal de Cámara, en su Dictamen Nº 102-FC2//06, obrante a fs. 38/40vta., solicita que se revoque la resolución del a quo sólo respecto del punto que ordena convalidar el secuestro y se ordene el dictado de un nuevo pronunciamiento que resuelva la situación procesal de la imputada. Refiere que, conforme ha expresado el Tribunal Superior de Justicia, la decisión de remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas implica únicamente ordenar el proceso y no ponerle fin al mismo. Aunque deja traslucir la posibilidad de afectar derechos que dicho "ordenamiento" puede producir cuando no se resuelve la situación procesal del imputado. Por otra parte, propone al Tribunal la posibilidad de autoconvocarse a acuerdo plenario, en virtud de las distintas interpretaciones dadas por las tres Salas de la Cámara frente a la decisión de primera instancia de convalidar un secuestro y remitir la causa a UACF, así como el distinto alcance reconocido a las diferentes garantías constitucionales.

VIII.- Que a fs. 43 la Defensa contesta la vista que le ha sido conferida remitiéndose a los argumentos expresados en el recurso de apelación, manifestando su desacuerdo con el dictamen fiscal, por entender que no solo se le ha secuestrado alimento perecedero, sino también un canasto de mimbre.

IX.- Que a fs. 44 pasan los autos a resolución de esta Sala.

PRIMERA CUESTIÓN:

En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por la Ley Nº 12, y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo.

Así, es dable recordar que esta Sala tiene dicho que la norma antes citada prevé expresamente la apelación de la sentencia, pero es de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 449 in fine CPPN - art. 6 LPC - que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen un gravamen irreparable al imputado.

Cabe aclarar que, en rigor, la decisión obrante a fs. 10/11 contiene dos puntos resolutivos, lo que equivale a "dos resoluciones distintas". La primera de ellas, que se limita a convalidar el secuestro de noventa y ocho (98) chipás, no resulta susceptible de producir el referido perjuicio de conformidad con la doctrina jurisprudencial de este Tribunal.

Por otra parte, cabe señalar que el citado gravamen aparece configurado en la presente, en la medida en que lo decidido implica el sometimiento del imputado al procedimiento de faltas, cuando lo que se reclama es el cierre de las actuaciones.

En virtud de ello, corresponde afirmar que se encuentra configurado en la presente un gravamen de insusceptible reparación ulterior que torna admisible el remedio procesal intentado (causa n° 55-00-CC/2006, "Salazar Escobar, Rosenda s/art. 83 CC, causa n° 8579-00/CC/2006 "Galván, Pablo Horacio s/art. 83 CC - Apelación", rta. el 3/7/2006, causa n° 8583-00/CC/2006 "Candia, Narciza s/art. 83 CC - Apelación, rta. 14/7/2006, entre otras).

SEGUNDA CUESTIÓN:

Admitido el recurso interpuesto, es dable afirmar que los agravios esgrimidos por la defensa se centran en las siguientes cuestiones: la primera de ellas se refiere a la decisión del Judicante de remitir los actuados a la UACF y no disponer el archivo de la presente, puesto que considera que la conducta presuntamente llevada a cabo por el encartado no resultaría típica a la luz de la normativa contravencional ni de faltas. Asimismo, expresa que la actividad imputada a Miranda no fue mínimamente acreditada por la prevención y por lo tanto, la medida cautelar decretada en autos carece de fundamentación.

En primer término, y en cuanto a la decisión de remitir los presentes actuados a la UACF cabe recordar que esta Sala ha resuelto en otros precedentes que ninguna duda cabe que el juez tiene no solo la facultad sino el deber de efectuar la subsunción legal de los hechos que conforman el objeto procesal y decidir en base a ello (causas nros. 428-00-CC/2004 "Del Valle Aguilar, Benedicto s/ art. 40- Apelación", rta. el 23/03/05, 343-00-CC/2005 "Klivovocava, Antonia s/ inf. art. 83 ley 1472- Apelación", rta. el 21/11/2005 y 470-00-CC/2005 "Perón, Juan Domingo s/infr. art. 83 ley 1472 -Apelación", rta. el 15/03/2006).

En este sentido, corresponde en esta instancia mencionar que el hecho prima facie endilgado a la encartada, tal como se desprende del acta obrante a fs. 3/vta., consistiría en la venta de panes de chipá en la vía pública, sin la debida autorización el día 02/3/2006; hecho que el Sr. Juez de Primera Instancia consideró atípico a la luz de la ley contravencional y subsumió en el régimen de faltas (arts. 1.1.1 y 4.1.2 de la Ley 451) lo que motivó la decisión de remitir las actuaciones a la UACF.

Al respecto, la Ley 1166 -que modifica el Código de Habilitaciones y Verificaciones, reglamentada por el Decreto 612-, en su art. 11.1.2 prohíbe la venta, comercialización o ejercicio de actividad comercial y la elaboración o expendio de productos alimenticios en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, a toda persona que no tenga otorgado a su favor un permiso de uso, con el objeto de garantizar el control de la higiene y la calidad de los productos ofrecidos en la vía pública.

Por lo tanto, toda vez que la conducta que motivara el inicio de estas actuaciones no resulta manifiestamente atípica, sino que por el contrario, es pasible de ser subsumida en la normativa de faltas, y habiendo planteado el defensor la inexistencia de prueba suficiente del hecho, corresponde a la Unidad Administrativa de Control de Faltas determinar si Mirta Elena Miranda ha infringido la ley aplicable, siendo el organismo administrativo el encargado de verificar tales extremos, al menos en forma previa a la intervención judicial (art. 13 Ley 1217).

En virtud de lo expresado, corresponde confirmar la resolución impugnada en cuanto dispone remitir la presente a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, no resultando adecuado en esta instancia del proceso -como pretende la Defensa- emitir opinión definitiva alguna acerca de si las pruebas colectadas permiten acreditar la comisión de la infracción prevista en los arts. 1.1.1 y 4.1.2 de la Ley Nº 451. En este sentido, sí cabe afirmar la existencia de elementos suficientes que habilitan la tramitación del proceso en aquella sede, como así también la convalidación del secuestro de los elementos objeto de la infracción.

Al respecto, corresponde tener en cuenta el testimonio del Sargento Héctor Sosa de fs. 1/vta., quien expresa haber observado a la encartada vendiendo panes de chipá en la vía pública y que la nombrada carecía de la correspondiente autorización. A ello se suma el acta de fs. 3/vta. que da cuenta del secuestro de un canasto de mimbre, un mantel y noventa y ocho (98) chipás en presencia de los testigos Carlos Javier Monge y de Nelson Adrián Rodriguez, que también deponen en tal sentido (fs. 4 y 5), todo lo cual permite afirmar la verosimilitud del hecho.

En este orden de ideas, no corresponde que los argumentos defensistas sean ponderados en esta oportunidad, pues se limitan a cuestionar las pruebas obrantes en la causa. Lo contrario significaría adelantar juicio sobre el fondo del hecho, debiendo limitarse en este estadio únicamente a un oportuno control de razonabilidad y legalidad de lo dispuesto por el Juez a quo a fs. 10/11.

Por su parte, tampoco se advierte una falta de fundamentación de la medida cautelar, como alega la defensa. Al respecto, es dable recordar que la verosimilitud del hecho resulta una condición tanto para la adopción como para el mantenimiento de una medida cautelar. En este sentido, nuestro Máximo Tribunal Local (expte. Nº 1215/01 "Clínica Fleming s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en Clínica Fleming s/ art. 72 CC -incidente clausura- apelación", del 19/12/2001) se ha referido al fumus boni juris de la denuncia, que se halla estrechamente ligada con la razonabilidad de la medida cautelar. Por tanto, una vez establecida dicha verosimilitud mediante las probanzas señaladas, a fin de valorar si las medidas precautorias han sido correctamente adoptadas, debe efectuarse un análisis de la conducta desde un punto de vista estrictamente jurídico y no probatorio. Desde dicha perspectiva, cabe concluir que el secuestro fue debidamente convalidado, toda vez que el hecho podría constituir una infracción al régimen de faltas (arts. 1.1.1 y 4.1.2 de la Ley Nº 451), normativa que prevé como pena para el infractor no solo la imposición de una multa sino también el decomiso de los elementos secuestrados, a lo que se aduna que el procedimiento de faltas prevé, como medida precautoria, el secuestro de elementos comprobatorios de la infracción (art. 7 inc. a de la ley 1217). Asimismo, resulta oportuno señalar que, tratándose de alimentos carentes de todo control de calidad, la conducta podría poner en riesgo, además, la salubridad pública.

Ahora bien, la defensa a fs. 43 solicita la devolución no sólo de los panes de chipá, sino también de un canasto de mimbre. Cabe aclarar que respecto de este último elemento, al igual que en el caso del mantel, si bien la defensa no los ha solicitado oportunamente ante el Juez de Grado, de la resolución fs. 10/11 surge que el secuestro de estos elementos no ha sido convalidado por el Magistrado, toda vez que se pronunció únicamente respecto de los noventa y ocho (98) panes de chipás, motivo por el cual corresponde proceder a la devolución del canasto de mimbre y del mantel oportunamente secuestrado por la autoridad preventora.

Por otra parte, en oportunidad de dar intervención al Ministerio Público Fiscal, la Guagnino manifiesta, en primer lugar, que no es posible convalidar la medida cautelar aplicando el procedimiento contravencional, si el Juez consideró que la conducta endilgada a Miranda constituyó la posible comisión de una falta.

Al respecto, este Tribunal ha sostenido ha sostenido que "(c)orresponde cumplir con el trámite previsto por el art. 21 de la ley 12 antes de disponer la remisión de las actuaciones a la UACF ... debiendo darse a la misma el trámite previsto en el art. 21 de la Ley Nº 12, es decir no sólo la comunicación inmediata al representante del Ministerio Público sino también la debida intervención al Juez de Garantías, para el caso que la medida fuera confirmada ..." (causas Nros. 143-01-CC/2004 Incidente de Apelación en autos "Arrelucea Castillo, Víctor s/Infracción art. 41 CC", rta. el 06/07/2004; N° 428-00-CC/2004 "Del Valle Aguilar, Benedicto s/ Inf. Art. 40 CC- Apelación", del 23/3/2005). Es decir, que la circunstancia de que el Juez advierta que la calificación legal es errónea en su primera intervención, no lo exime de dar tratamiento a las medidas precautorias adoptadas -art. 21 de la Ley Nº 12.

Dicha decisión se sustenta en la necesidad de garantizar los derechos del imputado, pues sin dicha intervención las actuaciones serían remitidas por la Fiscal con los efectos secuestrados a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, sin que mediara un contralor judicial de la medida adoptada.

Tal como se ha pronunciado esta Sala, en oportunidad de resolver el recurso de apelación en los autos Candia, Narciza s/infr. art. 83 CC (rta. el 14/7/2006), "...no obsta a ello que el procedimiento previsto en la ley 1217, a los fines de proceder al secuestro, difiera del previsto por la ley 12, como pretende la Sra. Fiscal de Cámara, pues lo cierto es que ambos ordenamientos prevén el secuestro de la mercadería. Tampoco dicha decisión obsta a que la imputada solicite la entrega de los efectos al controlador, pues ella se limita a confirmar el secuestro que, de por sí, no impide que se tome una decisión en torno a su devolución en la esfera respectiva".

Por ello, la subsunción jurídica dada a la conducta no puede teñir de ilegitimidad las actuaciones realizadas conforme la normativa procesal aplicada a la luz del encuadre contravencional otorgado originariamente por la Sra. Fiscal de Primera Instancia, por lo que este argumento deberá ser rechazado.

Finalmente, la Sra. Fiscal de Cámara considera que si la conducta no constituye una contravención por ser atípica, la situación de Miranda debería ser resuelta definitivamente mediante el archivo, el sobreseimiento, la desestimación de la investigación o cualquier otra vía que ponga fin a la acción contravencional, previo a que sean remitidas las actuaciones a sede administrativa. Este agravio tampoco tendrá favorable acogida.

En primer lugar, nuestro máximo Tribunal local ha sostenido que "[L]a conclusión de la jueza de primera instancia de remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, más allá de ingresar en un terreno que le es ajeno conforme las características del sistema procesal contravencional vigente, sólo implica ordenar el proceso y no ponerle fin. Eventualmente, en caso de presentarse algún recurso, éste tramitará ante el fuero contravencional y de faltas......" (cf. "Pantigioso Flores, Armando s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado", expte. n° 2119; "Gómez Arismendi, Lina s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado", expte. n° 2120; "Meza, Matías s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado", expte. n° 2129 y "Massa, Orlando s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado", expte. n° 2130, todas ellas del 9 de abril de 2003 y en Ministerio Público -Defensor Oficial en lo Contravencional n° 7 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Cruz Martínez, Eugenia s/ art. 41 CC", Expte. n° 2571, del 5/11/2003).

Cabe señalar que, conforme a la citada jurisprudencia, la decisión adoptada por el a quo implica direccionar el destino de las actuaciones, lo que importa, justamente que no corresponde su archivo, sino su continuación.

En segundo lugar, se advierte que la resolución de la situación procesal a su respecto, pretendida por la Sra. Fiscal de Cámara, podría implicar la afectación de la garantía constitucional "ne bis in idem" teniendo en cuenta la naturaleza penal de las sanciones administrativas (ZORNOZA PEREZ, Juan, El sistema de infracciones y sanciones tributarias, Ed. Civitas, 1992, pág. 67; JESCHECK, H. H., Tratado de Derecho Penal, Parte General, Vol. I, Ed. Bosch, 1981, pág. 82; STRATENWERTH, G., Derecho Penal, Parte General I, EDERSA, 1982, pág. 25; CSJN Fallos 289:336; 270:381; 294:420, entre otros).

Al respecto, cabe tener en cuenta que este Tribunal ha resuelto que, a partir de lo dispuesto por el art. 10 de la ley 451, no pueden seguirse frente al mismo hecho, dos actuaciones distintas a la misma persona a la luz de ambos ordenamientos -contravencional y de faltas- con el fin de obtener dos sanciones, pues ello importaría la afectación del "ne bis in idem" (Causas N°15-01-CC/2005 "Incidente de apelación en autos Ávalos, Rubén s/ art. 83 ley 1472", rta. el 17/03/06 y N° 460-01-CC/2005 "Incidente de apelación en autos Guerra, Jorge Humberto s/ art. 83 ley 1472", rta. el 23/03/05).

De este modo, existiendo identidad de sujeto, objeto y causa no corresponde el dictado de una decisión de mérito en la presente causa en relación a la contravención, pues ello podría impedir la continuación de toda tramitación en orden al mismo hecho y a la luz del otro ordenamiento, que prevé expresamente la imposibilidad de una doble sanción (y por ende doble persecución) sobre la base de ambos sistemas. Ello así, toda vez que la garantía constitucional aludida (ne bis in idem) no sólo tutela al imputado frente al dictado de dos condenas sino también frente a la multiplicidad de decisiones de mérito (en el caso sobreseimiento y la que se dicte en el otro ámbito) siempre que se den las identidades apuntadas.

En tal sentido, este Sala ha considerado, tal como se señaló en oportunidad de resolver en los autos "Candia, Narciza s/inf. art. 83 -Ley 1472- Apelación", que en materia de faltas la aplicación de algunos de los principios propios del derecho penal, lejos de significar una forma arbitraria de fundar la decisión, representa el correcto camino hermenéutico atento a la particular naturaleza jurídica que posee la materia de Faltas.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE:

I.- Confirmar la decisión obrante a fs. 10/11, de fecha 17/3/2006, en cuanto ordena la remisión de las presentes actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas.

II.- Disponer la devolución del mantel y canasto de mimbre oportunamente secuestrados a la imputada, conforme a fs. 3 y vta.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente remítase al Juzgado de origen, a sus efectos.

Ante mí.

Se deja constancia que el José Sáez Capel no firma por hallarse en uso de licencia.