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Proceso contravencional, medidas cautelares, clausura del establecimiento, levantamiento de clausura, ruidos molestos
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de Apelación en autos MALMSTEN, Guillermo (Haedo Catering) s/ inf. art.  82 Ley 1472- Medida cautelar art. 29 LPC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-26

En el caso, el local de marras se encuentra clausurado preventivamente desde hace casi un mes y no se justifica su mantenimiento. Ello así toda vez que de las pruebas aportadas por la defensa se desprende que finalizaron las obras de insonorización del local consistentes en revestimiento acústico e ignífugo, las que fueran requridas por el a quo como condición para el levantamiento de la medida dispuesta.

Que a pesar de su realización, el Juez no hizo lugar al pedido de levantamiento de la clausura solicitado ni arbitró los medios necesarios para constatar la existencia de esas obras.

En base a ello y toda vez que se han realizado trabajos de aislamiento acústico, dadas las caracteristicas que surgen de la documentación aportada, no cabe presumir que resulten inidóneos para hacer cesar las condiciones que determinaron la imposición -inminente peligro a la salud o seguridad pública-, corresponde revocar la clausura preventiva por no reunirse los extremos previstos por el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Contravencional que sustentaron la medida. Ello, sin perjuicio de que, de constatarse efectivamente que los presuntos ruidos molestos continúan, vuelva a implantarse.
Constitución Nacional, principio de legalidad, aplicación de la ley penal, ley penal más benigna, ultraactividad de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Discianni, Antonio y García, Oscar s/ violación Ordenanza Municipal 2316/80.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

El principio de legalidad abarca la irretroactividad de la ley penal posterior más gravosa; pero no comprende la ultraactividad de la ley anterior al hecho que resulte ser menos beneficiosa.
Denegatoria del recurso, juicio de desalojo, confirmación de sentencia, prueba insuficiente, carga de la prueba, actos posesorios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Devia, Víctor Hugo c/ Fernández, Elena Elida s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-03-17

Cabe rechazar el recurso de apelación incoado por la demandada, confirmando la sentencia que decidió hacer lugar a la demanda de desalojo articulada, dado que no es suficiente que el demandado por desalojo manifieste que es poseedor para que, por esa sola circunstancia, quede relevado de la carga de probar la verosimilitud de su afirmación. Se trata en definitiva, de verificar la seriedad o verosimilitud de la defensa posesoria hecha valer por el demandado, exigencia mínima para que la invocación tenga virtualidad de paralizar el desalojo y colocar al actor en la necesidad de recurrir a las acciones reales o posesorias para recuperar el inmueble. En el caso, la sola prueba testimonial y presunciones resultan insuficientes para probar el abuso de firma en blanco, y en nada altera la circunstancia invocada por la apelante en relación a la defraudación. Por otra parte, si bien algunas de las testimoniales rendidas referencian a que en el inmueble se habrían efectuado ciertas remodelaciones, tampoco ello permite colegir con el grado de convicción necesario, que la demandada detente la calidad de poseedora. Por lo tanto, no basta la mera detentación física de la cosa por un lapso más o menos prolongado, pues no es lo mismo ocupación que posesión y la norma del art. 2353 del Código Civil -vigente al momento en que se celebró el contrato de comodato que motiva la presente- descarta el paso del tiempo como idóneo para modificar la causa de la relación real, cualquiera fuere su extensión. En resumen, habiendo demostrado el actor el derecho a la disponibilidad de la cosa y su legitimidad para iniciar el proceso en base al contrato de comodato, a la demandada le incumbía acreditar la posesión de la cosa, lo que no aconteció.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, servicio penitenciario, muerte de un detenido, examen de salud
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: H., M. A. y otro c/ E.N. - Servicio Penitenciario Federal s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-30

Deja sin efecto la sentencia que había declarado que el Estado Nacional no debía responder por los daños y perjuicios causados a los padres, por la muerte de su hijo que se suicidó estando detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, dado que la decisión recurrida omitió considerar acabadamente si el trato médico y disciplinario proferido al joven, que ingresaba por primera vez a un complejo penitenciario para adultos y presentaba indicadores de trastornos psicológicos y problemas de adicción a sustancias psicoactivas, importó un incumplimiento del deber de custodia adecuada del Estado que contribuyó o permitió su muerte. (Del dictamen de la Procuración General, al que adhirió la mayoría)
Abandono de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: PONCIO RONALD JOSE MARIA c/ BANCO DE ENTRE RIOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-10-09

De imputarse el despido como abandono de trabajo debe necesariamente la patronal INTIMAR FEHACIENTEMENTE la prestación efectiva del trabajo y ello bajo los apercibimientos de que si en el término que se indique -que debe ser el adecuado a las condiciones de trabajo- no se presenta a cumplimentarlo se lo consideraría incurso en la figura del abandono de trabajo.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Imhoff Dhers, Hernán y otros c/ Borla, Alberto s/ Daños y perjuicios Rodríguez, Héctor c/ Caballero, Arsenia s/ Daños y perjuicios García, Eduardo c/ Marcolongo, Leonardo y/o cualquier otro responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14|1989-05-30|2002-02-19

En la responsabilidad derivada del riesgo o vicio de la cosa, la culpa no es un elemento que la norma del art. 1113, 2do. ap., 2do.

párr. del Código Civil exija para atribuir responsabilidad al dueño o guardián. Por lo tanto resulta erróneo acudir en estos casos a los conceptos de "presunción", "exclusividad", "concurrencia" de culpa o "inversión" de la carga probatoria.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador, responsabilidad indirecta, daño por vicio o riesgo de la cosa, cosa riesgosa, cosa inerte
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Ortiz, Eusebio c/ Personal S.R.L. y otro s/ Indemnización daño contractual art. 16 ley 24.028 (Expte. Nro.84-99,   Resolución Nro.007, tomo 1, folio 23-29)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-22

Si el daño que se persigue reparar fue producido por una cosa inerte, que en sí misma no es riesgosa pero que utilizada en las circunstancias en que se produjo el accidente hacen que se torne riesgosa por su forma de utilización y potencialmente peligrosa para producir un daño, determina responsabilizar a la empleadora en virtud de los arts. 1109 y 1113 Cód. Civil.
Interpretación de la ley, interpretación literal, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Badoza, Eduardo Raúl c/ EN - M° J. y DDHH - resol. 1653/06 s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-01

Así como los jueces no deben sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió, las leyes deben ser interpretadas conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin violentar su significado específico cuando aquél concuerde con la acepción corriente en el entendimiento común. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Nulidad del acto jurídico, nulidad parcial
Materia: PROCESAL
Carátula: Rian, Pedro Gustavo s/ Lesiones Culposas- Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-09-04

Guardando independencia la cuestión penal con relación a la civil, la nulidad hipotética de ésta, solo a ella la afectaría, conforme al art. 181 del C.P.P., que establece que declarada la nulidad de un acto corresponde nulificar sus conexos, manteniendo los restantes; y porque es sabido que las nulidades pueden afectar total o parcialmente al acto, siendo pertinente, siempre que ello sea posible, por el principio de conservación, mantener la parte del acto que no contiene vicio que la descalifique, y nulificar la que si lo ostenta.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, facultades legislativas, servicio público, Transporte, tránsito automotor, libertad de comercio e industria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Radio Taxi Pretige S.R.L. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación Actos Administrativos El Urbano S.R.L. Radio Taxi c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación de Actos Administrativos El Urbano S.R.L. Radio Taxi c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación de Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-22|2001-11-06

La legislatura local es competente para regular en materia de servicios públicos, transporte y tránsito (conf. art. 80 inc. h de la Constitución local), pero las bases de tal ejercicio para un servicio en particular, y su armonización con normas nacionales en cuanto el servicio compromete aspectos propios de aquella jurisdicción, no puede llevar aparejado una paralización de la actividad empresaria, pues de otra manera los procesos de decisión y regulación estatal conculcarían el libre ejercicio del comercio y de la industria lícita garantizados por la Constitución Nacional (art. 14 CN).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Catedral Turismo S.A. c/ Emprendimientos Bariloche S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Toda la actividad probatoria desplegada por decisión de uno de los tribunales de la causa no puede ser desechada sin más fundamento que la abstracta invocación de las normas de rito ya que no sólo ello es contrario a los más elementales principios de economía procesal sino que configura un apartamiento del trámite por el que concretamente discurrió el litigio, que queda así despojado de toda virtualidad (Disidencia de los Dres.

Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, mandato, personería, acreditación de la personería, Poder Judicial, poder general, copias, actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Orlandi y Cía. SRL c/ Radusso, Mario s/ Cobro de pesos. Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ¨es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario) Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ­es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1974-11-08

El acto procesal omitido por el actuario al no autorizar debidamente la copia del poder general que el actor había acompañado y en cuya virtud el a quo tuvo por acreditada su personería, no importó sino una irregularidad en la actividad dirigida a formar el expediente mediante las actuaciones de agregación o incorporación al proceso con las ritualidades del caso. (Del Voto del Dr. Luppi). En el caso, la cuestión a resolver es si la omisión de certificar la copia agregada a los autos del poder acreditativo de la personería del mandatario de un litigante, es por sí sola causa de nulidad de los procedimientos e inclusive, de la sentencia.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Cañón, Carlos L. y otros s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

Las sentencias definitivas -en sentido estricto- no son únicamente las reguladas en el art. 263 del C.P.P. y las dictadas por la Alzada para resolver los recursos interpuestos contra aquéllas. La relativa a la prescripción de la acción penal es una cuestión esencial y de la forma en que se la resuelva depende la existencia misma de la pretensión punitiva del Estado; por lo tanto esa resolución será definitiva en ese sentido y como tal está incluida en el art. 357 -t.o.- del C.P.P., lo que es suficiente para que pueda cumplirse a su respecto la exigencia de acuerdo y voto individual de los jueces contenida en el art. 156 de la Constitución de la Provincia.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, multa, prueba, apreciación de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LABORATORIO PROMECO SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA      CSJ EXPTE NRO 47-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-08-09

La mera afirmación de la actora sobre un extremo fáctico susceptible de prueba y cuya apreciación corresponderá efectuar al Tribunal al ponderar los distintos elementos de juicio colectados durante el proceso, en la sentencia final, impide considerar configurado el supuesto de violación manifiesta de la ley (artículo 30 inciso "a" ley 4106), conforme lo requerido para ordenar la suspensión de la medida administrativa.

En el caso, la actora acusa en la demanda, la supuesta inexistencia de hechos punibles por los cuales se le aplicara una sanción por presunta infracción a la ley 9597, que reglamenta la actividad de los Agentes de Propaganda Médica en la Provincia de Santa Fe.
Riesgos del trabajo, comisión médica central, recurso de apelación (procesal), cuerpo médico forense, aplicación de la ley, incapacidad laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ballesteros, Rubén Osvaldo c/ Asociart S.A. y otro s/ Ley 24.557
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-13

Evaluada la situación planteada dentro de la nueva tesitura que surge de lo dispuesto en el art. 2 del Reglamento General del Cuerpo Médico Forense -aprobado por Acordada 47/09 de la C.S.J.N.-, y en mérito al carácter excepcional que allí se asigna a la intervención del citado organismo médico, el que fue posteriormente ratificado por el punto 12 de la Resolución 538/10 emanada de ese Alto Tribunal, ha de concluirse que, en el caso, no cabe la remisión del expediente al C.M.F., atento el carácter genérico de lo expresado en el escrito de apelación -interpuesto contra el dictamen de la Comisión Médica Central que determinó que el actor no presentaba incapacidad laboral por la contingencias denunciadas en autos- y la ausencia de nuevas constancia médicas que justifiquen un nuevo análisis de las secuelas invocadas.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, quiebra, liquidación, acreedor, honorarios, regulación de honorarios, LEY DE CONCURSOS
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ En la quiebra liquidativa, si los tres sueldos de secretario de   primera instancia de la jurisdicción en que tramita el concurso  preventivo como mínimo a los fines de regular honorarios implican un  monto superior al 12% del activo realizado ¿Cuál de las dos partes   se aplica? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-05

En la quiebra liquidativa nadie tiene asegurado el cobro al partirse de la premisa de que el pago está condicionado a la existencia y cuantía del producto. Al ser éste, por lo general, escaso, la insatisfacción de una o varias categorías es previsible, posible jurídicamente al existir privilegios, y comprobable en la experiencia cotidiana. Porque el déficit de activo suele ser frecuente -precisamente, por eso- el legislador ha querido asegurar a ciertos acreedores mejor rango, privilegios o preferencias que los protejan de la contingencia de la no percepción de su crédito. Los letrados y funcionarios de la quiebra liquidativa también son acreedores, con peor rango que los privilegiados especiales, con igual rango que el resto de los gastos de administración y justicia (artículo 240, ley 24522), y con mejor rango que el resto de los privilegiados generales, quirografarios y subordinados. Al habérseles asegurado a aquéllos un mínimo retributivo "despegado" de las contingencias porcentuales en las quiebras liquidadas de poca monta, mediante los susodichos "tres sueldos del Secretario", el legislador ha querido asegurar una retribución justa a esos acreedores cuya causa proviene en beneficio común; y al otorgárseles jerarquía de acreedores del concurso (artículo 240, Ley cit.), resulta posible en derecho que ellos desplacen a los otros acreedores de inferior rango. (Del Voto del Dr. Rouillon).
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, defensa, excepciones procesales, dictamen fiscal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Inc. de excepción de prescripción de la acción penal s/ Prescripción de la acción penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-07

Sólo interrumpen la prescripción de la acción aquellos actos procesales de naturaleza persecutoria en contra del procesado que evidencian en forma diáfana y concreta el ejercicio de la potestad represiva, por lo que las excepciones perentorias o dilatorias que provengan del imputado o su defensor carecen de virtualidad interruptiva ya que constituyen actos de defensa, no pudiendo igualmente considerarse actos de aptitud persecutoria a los dictámenes fiscales obrantes en tales incidencias pues se trata de simples respuestas a las consultas, que como parte necesaria, debía formulársele (artículo 448 del C.P.M.P. ).
Derecho procesal, recursos, aclaratoria (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: A.F.E.M.A. S.R.L. s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-03-19

La aclaración sobre las razones de un cambio de criterio (real o presumido) con relación a otros procesos, o aún con relación a otras actuaciones del mismo expediente, no justifican la deducción del recurso de aclaratoria, que sólo está previsto -cuando se lo funda en la necesidad de aclarar puntos oscuros o dudosos- para los casos en que la oscuridad o duda emerjan del mismo decisorio.
Concurso preventivo, cesación de pagos, cosa juzgada
Materia: COMERCIAL
Carátula: Alimac Tecnologica SRL c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-10

Ha sido dicho, que el patrimonio del deudor no cae dos veces en estado de cesación de pagos, y que el fundamento de la disposición (LCQ 115) se halla en la singularidad de tal estado (Quintana Ferreyra, F. Concursos ley 19551 y modificatorias. Comentada, anotada y concordada, Bs. As., Astrea, 1985, T. 2, comentario al art. 119, ap. 5 págs. 303/304; CNCom, Sala F, 17.7.14, "Provinar SRL s/ quiebra s/ incidente de apelación (art. 250 CPCC)").
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, intimación previa, falta de pago
Materia: CIVIL
Carátula: MESSINA, ANA c/ GOMEZ ROMANA, SUBINQUILINOS Y OCUPANTES s/ CONTRATO LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-26

La intimación previa a la demanda de desalojo, que exige el artículo 5 de la ley 23.091, constituye un recaudo de carácter predominantemente formal, que no tiene un fin en sí mismo, sino que es un medio que el legislador ha empleado a fin de evitar abusos del locador que no ha prestado la debida colaboración e hiciera incurrir en mora al locatario, y de dar certeza sobre las sumas adeudadas, posibilitando una fácil liberación y evitando el desahucio.
Costas, costas al vencido, falta de acción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tiesso, Alejandro S. c/ Urrutia, Andrés y otros s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

La circunstancia de que se hubiera rechazado la excepción de falta de legitimación opuesta por el demandado, en nada cambia el carácter de vencida de la actora, ya que la otra defensa de prescripción tuvo éxito y por sí sola decidió la suerte del pleito, es decir, el rechazo de la demanda.
Consentimiento, integración del tribunal, preclusión, recusación, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARPINTERO DE PIÑA, MARIA DEL CARMEN c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-04-06

El consentimiento del decreto de integración del tribunal por la parte que se dice perjudicada, opera la preclusión de la facultad de recusar a los jueces que emitieron su voto, por lo que no se advierte el perjuicio invocado.
Decreto de necesidad y urgencia, facultades del Poder Legislativo, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa S.R.L. Colombres Hnos. c/ A.F.I.P./D.G.I. s/ impugnación de acto administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-21

En cada oportunidad en que el Poder Ejecutivo recurre al dictado de un decreto de necesidad y urgencia resulta necesaria la intervención del Congreso de la Nación; esa imperiosa necesidad de que el órgano legislativo intervenga para completar el diseño constitucional de estos actos complejos trae como corolario indiscutible que, cuando el Congreso hace efectiva su participación y convalida un decreto de necesidad y urgencia, tal participación deba ser especialmente considerada a la hora de controlar judicialmente la validez de esa disposición (Disidencia del juez Maqueda). - La Corte, por mayoría, declaró inadmisible el recurso (artículo 280 CPCCN) -.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, juicio pendiente
Materia: PROCESAL
Carátula: PERIA, DANIEL c/ ROFFE HERMANOS SAIC. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-24

No corresponde descartar los testimonios de los trabajadores que tengan juicio pendiente con la demandada, si la situación conflictiva (en el caso: atrasos en los pagos y oferta de pago en cuotas) era comun a 'todo el personal', ya que mal podría probar el actor los hechos ocurridos en la empresa sin recurrir al testimonio de quienes por trabajar en ella los conocían y los sufrían en carne propia.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, quiebra, privilegios (civil), leyes, voluntad del legislador, justicia conmutativa, justicia distributiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ ¿Corresponde aplicar los porcentajes del artículo 267, ley 24522, a   las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia   conforme al régimen del artículo 290, ley 19551, elevadas a la   Cámara en función del artículo 295, ley 19551, o del artículo 272,   ley 24522? (Tribunal pleno). Observaciones: dejado sin efecto por   acuerdo Nro. 12 de fecha 03-12-1997
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-04

Los privilegios son la indeseable consecuencia de tener que repartir un producto escaso, establecidos por el legislador en atención a razones de política legislativa. No puede juzgarse en este tema, desde el ángulo dikelógico, con las pautas de la justicia conmutativa, sino con las de la justicia distributiva que llevan -de ordinario- a resultados más estrechos e insatisfactorios (al menos, en nuestra órbita que es la de la escasez habitual y, a veces exasperante). (Del Voto del Dr. Rouillon).