marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, leyes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Velázquez,  María  Ofelia c/ Instituto  de Seguridad Social delNeuquén s/ acción procesal administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Aun cuando la atención de los recursos disponibles del sistema pueda constituir una directriz adecuada para juzgar sobre la necesidad de un reajuste en la cuantía de las prestaciones previsionales, ello no autoriza ni menos valida la rebaja de las jubilaciones sin respaldo legal suficiente (Disidencia de los Dres. E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Luis Lorenzetti).
Sentencia absolutoria, Ministerio Público Fiscal, constitucionalidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: López Delgado, Delia Ramona s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-07

La absolución es susceptible de ser recurrida por el MPF de conformidad con lo dispuesto por el art. 458 inc. 1º CPPN, por lo que la objeción de la asistencia técnica estatal no merece favorable atención, menos aún cuando no cuestionó la defensa la constitucionalidad de esa norma procesal y mucho menos cuando el representante del Ministerio público Fiscal tiene el imperativo de cumplir el mandato constitucional previsto en el art. 120 CN. El art. 458 inc. 1º CPPN resulta inaplicable para denegar, de por sí, la habilitación de la instancia cuando se verifique una cuestión federal.
Disolución de la sociedad conyugal, muerte del cónyuge, deudas de los cónyuges
Materia: CIVIL
Carátula: PEREYRA Ayelen Gicel c/ Sucesión Humberto Luis Francisco Campodónico s/ Actuaciones para Elevar a Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-11-29

No hay razones normativas para que la disolución de la sociedad conyugal por muerte produzca modificaciones a la garantía patrimonial que tenían los acreedores antes de ese hecho
Acto administrativo, Banco Nación, empleados públicos, Administración Pública, facultades regladas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JOSE MANUEL RISSO PATRON. c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA. s/ ACCION DE AMPARO Y MEDIDA DE NO INNOVAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

Por tratarse de facultades regladas (art. 30 del Estatuto del Personal) la falta de mención expresa de la atribución presuntiva de faltas, no obsta a la legitimidad del acto de suspensión de un funcionario del Banco de la Nación Argentina.
Recurso extraordinario, suspensión del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SALVIA S.A.M.I.y A. c/ MIRJU S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-09-05

los apoderados de las partes solicitan la suspensión del término previsto en la Ley Nacional - artículo 257 del Código Procesal Nacional. El término de diez (10) días para deducir válidamente este recurso ha sido calificado como fatal y perentorio, esto es que no se suspende ni interrumpe y tampoco pueden las partes prolongarlo a su arbitrio.- Ello es así por cuanto el régimen legal del remedio federal no podría autorizar la prorrogabilidad a tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ampliación de plazo le está vedado a esta Sala - aún bajo la forma propuesta, esto es de común acuerdo- y su admisión implicaría disponer de modalidades y plazos que rigen la actuación ante una instancia superior.
Estafa, abogados, recurso extraordinario, improcedencia del recurso, discrepancia del recurrente, cuestiones de hecho y prueba, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Vecchi, Amado Alejandro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29

Cabe confirmar la sentencia que condenó al imputado como autor del delito de estafa a la pena de dos años de prisión -cuyo cumplimiento fue dejado en suspenso- e inhabilitación especial para ejercer la abogacía por el término de cuatro años, pues los reparos del recurrente no trasuntan más que una mera disconformidad con aspectos que, por regla, constituyen materia ajena a la instancia de excepción, pues se vinculan con cuestiones de hecho y prueba, y derecho común y procesal, que han sido oportunamente desechados sobre la base de argumentos que no compete a la Corte revisar, tal como sucede con la selección y ponderación de la materia probatoria efectuada por los jueces de la causa, en particular si el decisorio cuenta con motivación suficiente que, más allá de su acierto o error, descarta la arbitrariedad (Disidencia de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: F., L. M. c/ GCBA s/ amparo salud, medicamentos y tratamientos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-15

Corresponde rechazar la petición tendiente a que se declaren nulos los convenios privados suscriptos por el GCBA a fin de la provisión y aplicación de vacunas contra el Covid-19, bajo el argumento de que esa conducta incumple las directivas de distribución establecidas en el Plan Estratégico para la Vacunación contra la COVID 19, toda vez que la actora pretende suspender cautelarmente la ejecución de una serie de convenios, a los que reputa inconstitucionales, sin aportarlos a la causa ni dar cuenta de su real contenido, más allá de las notas periodísticas a las que se remite y siendo su propia edad (65 años) la que la excluye de la etapa de vacunación vigente, mal podría acreditar una discriminación en el modo de distribución de las dosis recibidas del Estado Nacional en diversos efectores de salud no estatales, ya que ello no podría generarle a priori ningún tipo de afectación directa a su situación particular, más allá de su disconformidad con el sistema que cuestiona, máxime cuando es el propio Ministerio de Salud de la Nación quien previó la posibilidad de articular convenios con el sector privado y de la seguridad social, por lo que no surge la verosimilitud en el derecho invocado con la suficiente entidad como para acoger la medida requerida.
Marcas, transferencia de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: TECNA  ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA c/ Souto Raúl y Otro s/ cese de oposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-11

Las manifestaciones expuestas en la contestación de demanda por el codemandado solicitando que las transferencias realizadas se tengan presente en este proceso y que la demanda sea dirigida sólo contra su persona, configuran una convalidación de la oposición realizada por su anterior cotitular en sede judicial -recordemos que el Sr. Montonati, al momento de realizar la oposición en sede administrativa, era dueño sólo del 50% de las marcas oponentes-. La acción para obtener el retiro de la oposición sólo puede dirigirse contra quien reviste en la actualidad la calidad de oponente, puesto que lo contrario conduciría al dictado de una sentencia estéril (cfr. Sala II, doctrina causa 2865 del 27/7/1984).
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Compañia Papelera Robles S.R.L. s/ Concurso preventivo (Inc. art. 250)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-24

En los procesos concursales la regla general es la inapelabilidad de las resoluciones, salvo disposición expresa en contrario. Como la ley expresamente determina las excepciones a la regla de la inapelabilidad, estos supuestos estatuidos por la norma constituyen indudablemente la reafirmación del criterio restrictivo en materia recursiva. De ahí que las resoluciones atinentes a medidas cautelares son inapelables por aplicación del principio enunciado en el art. 273 inc. 3 de la ley 24.522. (Minoría u opinión personal)
Tenencia de hijos menores, abuelos
Materia: PENAL
Carátula: SICILIANO s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO O TENENCIA DE MENOR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-24

La filosofía en que la Constitución se inspira no autoriza la sustitución del vínculo de sangre existente entre padres e hijos por otro de creación legal en virtud de razones de mera conveniencia, es decir, cuando no media reconocida inhabilidad de los primeros para desempeñar los derechos y deberes que les corresponde tanto por imperio de la ley natural como de la ley positiva.

Por otra parte, prescindir de la voluntad de los padres de origen en las condiciones señaladas, aduciendo que esta materia debe privar sin recatos, razones de conveniencia de los menores, importaría convertir el instituto de que se trata - el régimen de adopción - en una suerte de pena de inhabilitación para aquéllos, administrada no obstante su extrema gravedad, sin previa prueba de infracción que alcance a justificarla, o sea en violación de lo que dispone el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Sarubbi, Pascual Próspero s/ Recursos Extraordinarios de Inaplicabilidad de Ley y Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-08-20

El principio de autosuficiencia hace necesario que el escrito por el que se interpone el recurso contenga un relato claro y preciso de los hechos de la causa, de como fue trabada la litis, de la naturaleza y extensión de las acciones y defensas esgrimidas. La sola lectura del escrito debe permitir a este Superior Tribunal de Justicia comprender el caso en toda su dimensión. No se satisface cuando no contiene un relato circunstanciado de los hechos que dieron lugar a la causa así como los mismos fueron tratados tanto por las partes como por los jueces de grado.
Concurso de delitos, falsificación de sellos, falsificación de instrumento privado, pagaré, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: FORMICA, Guillermo s/ inf. art. 172 y 288 del CP-causa 15.694
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-28

La imposición de estampillas y del sello del correo verdadero con fecha falsa en un pagaré significa impresión fraudulenta de efectos timbrados que tienen por objeto el cobro de impuestos, por lo que constituye el delito previsto por el art. 288, inc. 2do. del Código Penal. Es que, a diferencia de la conducta que reprime al que falsificare "sellos oficiales" - inc. 1ro.- que son los utilizados por la autoridad pública, el sello de ENCOTEL y las estampillas se inscriben dentro del concepto de "sello" a que alude el segundo párrafo de dicha norma penal.

A su vez, aunque las estampillas y el sello utilizado no sean falsos, la impresión fraudulenta se encuentra equiparada a la falsificación.

Esta falsificación, cuyo objetivo es hacer incurrir en error al Juez al simular en un pagaré una fecha anterior a la constitución del bien inmueble a ejecutar como bien de familia, no constituye una conducta autónoma sino una que es parte del ardid utilizado para realizar la estafa procesal, por lo que se trata de una única acción con encuadramiento en dos disposiciones legales que, al no desplazarse entre sí concurren idealmente. (Del voto del Dr. Cattani al que adhirió el Dr. Luraschi -El Dr. Irurzun votó en disidencia).
Competencia laboral, crédito laboral, beneficios previsionales
Materia: PROCESAL-LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rolón Zappa, Víctor Francisco s/ queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-25

No obstante la situación dificultosa en que se encuentra sumida la Justicia Nacional del Trabajo a raíz del incremento del número de causas, el tribunal no debe pretender soslayar el inveterado criterio que estableció la conveniencia de la tramitación ante el fuero del trabajo de los asuntos laborales y previsionales.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miño de Caraballo, Haydee L. c/ Teuco S.A. y/o Inverfor S.A. s/ Revisión de contrato y consignación S.A. s/ Revisión de contrato y consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-10

Para el escrito con el que se sustenta el recurso sea eficaz, es necesario, en orden a los razonamientos, la total ausencia de repeticiones; y si bien a veces es menester repetir la concatenación de los hechos, el razonamiento hecho en presentaciones anteriores no sirve para ser transcripto en el memorial o expresión de agravios, porque esos argumentos -mal o bien- ya han sido juzgados y lo que está en tela de juicio es el razonamiento y las conclusiones del juez apelado, a los que debe dirigirse el embate y demostrar que están equivocados.
Municipalidad, intendente, facultades del intendente, facultades del concejo deliberante, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SYCIC S.A.C.I.F. E I. c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 303 y 440 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-19

La normativa de la Ley Orgánica de Municipalidades nro. 2756 traza un claro deslinde de las atribuciones reconocidas al Intendente y al Concejo Municipal. Surge expresamente, de las facultades que la propia ley confiere al Intendente, que como órgano responsable de la administración del municipio puede celebrar contratos. Así expresamente lo contempla la ley en su artículo 42 incisos 17 y 18 -art. 41 en el orden actual- para casos específicos. Debe entenderse que la competencia del Departamento Ejecutivo Municipal para "celebrar contratos" -conforme la terminología legal- refiere fundamentalmente al reconocimiento de su calidad de órgano idóneo para obligar al Municipio, encargado de exteriorizar la voluntad estatal encaminada a ese fin. Las consideraciones precedentes son aplicables a la materia de obra pública, con la importante salvedad de que deben satisfacerse otros requisitos previos a la celebración del contrato por el Departamento Ejecutivo, que surgen de la mencionada Ley Orgánica de Municipalidades.
Infracciones aduaneras, destinaciones de importación, importación temporaria, promoción industrial, aplicación temporal de la ley
Materia: ADUANERO
Carátula: Agroindustrias La Española S.A. (T.F. 7296-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-23

Esta Sala coincide con lo señalado por la Sala IV de este fuero, en los autos "Kursaal S.A. -T.F. Nº 7587-A c/ A.N.A.", del 7/3/97 y del 31/12/97, donde se sostuvo que: "...del texto del decreto 590/91 no puede extraerse la conclusión de que el P.E.N. haya tenido la intención de dejar sin efecto y sustento jurídico a un mecanismo utilizado en el comercio internacional de nuestro país, librando a las operaciones realizadas al amparo del régimen que se derogaba de toda consecuencia originada en incumplimientos totales o irregulares". De la motivación del decreto en cuestión no surge pauta alguna que permita afirmar que el P.E.N. pretendió dejar sin efecto el adicional de que se trata -remitiendo a la normativa general del C.A.- sino que, claramente, delegó tal aspecto reglamentario, en la Subsecretaría de Industria y Comercio; y si bien es cierto que modificó la fórmula que utilizara en reglamentaciones anteriores similares a la del decreto 1554/86 -en las que expresamente dispuso que los decretos derogados continuaban vigentes hasta completar las operaciones respectivas (cfr. art. 25 del decreto 2076/83)-, no debe perderse de vista que en el decreto 1554/86, empleó una fórmula similar a la contenida en la resolución (Subsecretaría de Industria y Comercio) 47/91 y reiterada en la (ME) 72/92 -cfr. art. 31-. (Consid. XIV).
Ejecución fiscal, mora del deudor, doctrina de los actos propios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Instituto Nacional de Previsión Social. c/ Tejeduría Morón. s/ Ejecución  ANSS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Tanto los recargos como los intereses cuya aplicación la ejecutada impugna tienen un carácter moratorio y punitorio, es decir, sólo son aplicables para el supuesto de incumplimiento del deudor, de manera que el agravio que éste invoca surge de su propia conducta discrecional. A lo expuesto, cuadra añadir que el fallo de la Corte Suprema del 3 de marzo del corriente, in re: "YPF c/ Pcia.

de Corrientes" contempla presupuestos fácticos y jurídicos diferentes de la situación planteada en el sub-lite, por lo cual su doctrina no es aplicable a las presentes actuaciones.
Injurias, sujeto pasivo, grupo económico, directorio
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ, MARIA R. s/ CALUMNIAS E INJURIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-30

El calificativo de sinvergüenzas referido sin duda a los desconocidos ejecutivos o directivos de una persona jurídica no identificada, integrante de un holding, impide entender lesionado el honor del querellante -alto directivo de una de las sociedades del grupo- ya que la injuria requiere siempre de un sujeto pasivo preciso o de inevitable individualización, por ejemplo el caso de una sociedad familiar.
Concursos, liquidación y distribución, expropiación, aplicación de la ley, plazo, vencimiento del plazo, efectos entre partes, expropiación irregular
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Milita SA c/  s/ quiebra s/ incidente art. 250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Procede confirmar la resolución que receptó el planteo de cierta entidad bancaria declarando el abandono de la expropiación de los bienes de la fallida dispuesta por la ley 14565 de la Provincia de Buenos Aires. Ello por cuanto, en el caso, la norma -dictada en el año 2013- fijó un plazo de cinco años, lo que a la fecha se encuentra consumido. El hecho de que la jueza de grado en algún momento haya instado -infructuosamente- la promoción de un juicio de expropiación inversa resulta irrelevante. Es que técnicamente la expropiación inversa es la facultad otorgada por la ley al particular cuando de modo directo o reflejo resulta indisponible un bien por la evidente dificultad para poder utilizarlo en condiciones normales (Conf. CSJN, "Ovando Sanabria, Blas y otra C/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", del 21/08/86, J.A. 1987-I-149). Es decir que, como ello es facultativo y no obligatorio, la omisión de promover la acción de expropiación inversa no afecta las consecuencias propias del abandono ocasionada por el agotamiento del plazo de cinco años fijados por la ley. En definitiva, la declaración de utilidad pública perdió vigencia a partir de la declaración de abandono de la expropiación; razón por la cual los bienes afectados volvieron a ser disponibles para la quiebra.
Procedencia del recurso, recurso de casación, código procesal penal, eximición de prisión, excarcelación
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez, Marcial s/Recurso de queja c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-03-07

La normativa del Código Procesal Penal, que regula la procedencia formal del recurso de casación, y aunque impresiona claramente impeditivo en su estricta redacción ante resoluciones como las denegatorias de exención de prisión y excarcelación, que no son sentencias definitivas ni causan gravamen irreparable, forzoso es admitir que tal rigurosidad debe ceder cuando aquellas resoluciones se encuentren viciadas por arbitrariedad, fundamentación ausente o injustificada, nulidades o interpretaciones contrarias a la Constitución, pues aunque las medidas cautelares de restricción a la libertad ambulatoria durante el proceso gozan de legitimidad, éstas deben ser explícitas y basadas en análisis específico de cada caso en concreto, no fundadas únicamente en la generalización de una formalidad restrictiva.

Este es el fundamento por el cual debe otorgarse admisibilidad al recurso de queja para proceder al trámite de evaluación casatorio, lo que naturalmente no implica pronunciamiento sobre la corrección o no de la denegatoria dispuesta por el Tribunal, pero que obliga al otorgamiento formal para luego proceder a revisar la cuestión de fondo. Disidencia del Dr. Hang
Pago de tributos, prueba del pago, deberes de la administración
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Cdad. de Bs. As. c/ Pinturerías Rex S.R.L. s/ Ejecución Fiscal S.R.L. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-21

No basta para obtener éxito en la oposición a la acción, el hecho de ofrecer los documentos que hacen al pago del crédito. Ello es así, ya que conforme a lo que establece el artículo 451 inciso 5 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, el pago debe ser documentado mediante constancia expedida por la autoridad administrativa o entidad pública o privada autorizada a percibir el impuesto en su propio nombre.
Legítima defensa, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: CONTRERAS, MARIO A. s/ HOMICIDIO S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-02-25

No existe exceso en la legítima defensa, sino homicidio simple si la provocación no rebasó el cuadro común de anteriores incidentes, y no hubo un peligro real o potencial para el acusado-
Proceso penal, situación del imputado, sobreseimiento, prescripción, debido proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SARAPURA OSCAR RODRIGO s/ Prescripcion Acción Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-15

El derecho del imputado a que se ponga fin al proceso penal encuentra tutela en el instituto de la prescripción de la acción. Es allí donde la potestad represiva del estado, encuentra límite en el transcurso del tiempo, cesando el poder punitivo con la extinción de la acción penal, con la que se pretende evitar que una persona sea sometida a proceso "sine die" y por ser la aplicación del instituto de la prescripción, una cuestión de orden público, opera de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente, debiendo ser declarada en cualquier estado y grado del proceso.-
Sentencia firme, ejecución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Donoso, Rodrigo Sebastián c/  s/ revocación de libertad condicional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-27

Cuando se debe juzgar a una persona que está cumpliendo pena impuesta por sentencia firme en razón de un delito distinto, corresponde al juez que dicte la última sentencia proceder de acuerdo a lo establecido en el art. 58 del Código Penal (voto del juez García al que adhirió la jueza Garrigós de Rébori)
Regulación de honorarios, monto de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CRISTALERIA QUILINO COOP. DE TRAB. VIV. CRED. CONS. Y SERV. SOC. LTDA. EN J: CRISTALERIA QUILINO COOP. LTDA. c/ BODEGAS Y VIÑEDOS EL DESVIO S.A. s/ Ordinario - Casación (LIBRO: S249 - 182)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-09-05

La pauta decisiva para la regulación de honorarios, en leyes eminentemente tarifarias como la 3641, es atender al fin perseguido con la actividad profesional, no interesando el monto condenado, sino el reclamado y defendido. Tampoco debe interesar la sede donde queda radicado el proceso. (voto mayoría)-
Nulidad parcial de sentencia, coautoría, facultades jurisdiccionales
Materia: PENAL
Carátula: DESABATO, Oscar Eduardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-27

Corresponde anular parcialmente la decisión recurrida en cuanto al grado de participación endilgado a la co-imputada, a quien deberá tenérsela como partícipe secundaria del suceso endilgado, toda vez que el tribunal se extralimitó en sus facultades jurisdiccionales pues el representante del Ministerio Público Fiscal acusó a la imputada con ese grado de participación.

La disidencia consideró que la pena imputada al imputado y el grado de participación por el que fuera condenada la co-imputada se encuentran adecuadamente fundados por el tribunal. (Dres. Ledesma, Slokar y David -en disidencia-).