Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19


TS07D44257 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN SENTENCIA DEFINITIVA Nº 44257 CAUSA Nº 24.277/2008- SALA VII - JUZGADO Nº 44 En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de abril de 2012, para dictar sentencia en estos autos: "Pared Víctor Andrés c/Organización Coordinadora Argentina SRL s/Despido", se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

La sentencia de primera instancia (fs. 471/473), que rechazó la demanda, viene apelada por la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 477/481, el cual obtuvo réplica de la contraria a fs. 484/494.

La parte actora afirma que la sentencia le causa agravio porque consideró que existió consentimiento por parte del trabajador a la guarda de puesto denunciada por la demandada en los términos del 211 de la LCT concluyendo, en consecuencia, que el despido indirecto por él dispuesto resultó intempestivo y prematuro. Sostiene el recurrente que, contrariamente a lo señalado por el sentenciante, su parte impugnó concretamente el telegrama que le notificaba la reserva del puesto.

Adelanto que, analizadas las constancias de la causa, en mi opinión, la queja intentada no puede prosperar en tanto no encuentro en el recurso que trato argumentos que permitan apartarse de lo resuelto en origen (art. 116 LO).

En efecto, de los términos de la traba de la litis y del intercambio telegráfico que acompañaron las partes, se desprende que el actor estuvo afectado por una lumbalgia por la cual se le reconoció el período de licencia con el correspondiente pago de salarios y que, a su vencimiento, se le notificó el comienzo del período de reserva de puesto a partir del día 4/4/2006 de conformidad a lo dispuesto en los artículos 208 a 211 LCT (ver copia de telegrama fs. 56/57).

Al respecto, el apelante sostiene que su parte impugnó concretamente el colacionado referido a tenor del TCL que remitió el día 22/8/2006 por el cual denunció una negativa de tareas desde el 12/4/2006 y falta de pago de salarios en virtud del alta médica que adujo le había sido otorgada por el Dr. Daniel Arnaudo.

Ahora bien, sin perjuicio de señalar que no surge de autos el certificado por el cual el actor anunció que tenía el alta médica y que se encontraba apto para realizar sus tareas habituales, lo cierto es que resulta llamativo y cuestionable que, recién con fecha 22/8/2006, es decir más de cuatro meses después de la supuesta alta otorgada, el trabajador denunciara una negativa de tareas con la consecuente deuda salarial.

Que más allá de lo señalado, tampoco se advierte que la conducta de la demandada le hubiera ocasionado al actor injuria de tal entidad que ameritara la extinción del vínculo contractual pues, ante la denunciada negativa de tareas efectuada por el trabajador, la empleadora procedió a contestar dicho requerimiento alegando que desconocía el alta otorgada, ratificando que el actor se encontraba en el período de reserva del puesto y que, a fin de evaluar su situación médica, se lo instaba a presentarse a una nueva revisación munido de los certificados y exámenes que tuviera en su poder.

De ahí que, coincido con la conclusión del "a quo" de haber considerado que la actitud del dependiente de colocarse en situación de despido luego de la comunicación referida, resultó intempestiva, injustificada y contraria a lo dispuesto en el art. 10 de la LCT.

Por las razones expresadas, propongo desestimar el recurso en el punto cuestionado y confirmar la sentencia en lo que a ello respecta.

A continuación se queja porque se desestimó la multa dispuesta en el art. 80 LCT al concluir el "a quo" que no se dio cumplimiento a la intimación prevista en el art. 3º del Dec. 146/01. El recurrente pretende en esta instancia que se declare de oficio la inconstitucionalidad de la norma referida.

Sin embargo, cabe advertir que, más allá de lo argumentado por el apelante lo cierto es que, luego de que el trabajador pusiera fin al contrato de trabajo el día 30/8/06 (ver telegrama fs. 10), la demandada puso a disposición de aquél las certificaciones del art. 80 LCT en el plazo de ley (ver carta documento fs. 11.I).

Según la documental acompañada en copia a fs. 79/82 y que en su versión original fue agregada con la demanda de consignación a fs. 366/459 que el "a quo" ordenó acumular a las presentes actuaciones (fs. 364), se acreditó la confección del certificado de trabajo y de la certificación de servicios y remuneraciones, contando esta última con fecha cierta producto de la certificación de firmas del 5 de septiembre de 2006, es decir dentro del plazo legal vigente.

Siendo ello así, y en tanto el actor tuvo la documental a disposición producto de la consignación judicial iniciada el 10 de octubre de 2006, es decir a los 45 días del despido, considero que corresponde confirmar la solución dispuesta en origen y desestimar la multa pretendida.

En ese sentido, creo necesario destacar que el objeto tutelado por la norma del art. 80 LCT es en mi opinión, la garantía a futuro para el dependiente de poder acceder a los beneficios previsionales para lo cuál deberá necesariamente acreditar la prestación de servicios con aportes durante los plazos requeridos por la normativa aplicable.

Por esa razón es importante contar con la posibilidad de sancionar al empleador cuando es renuente a la entrega de las certificaciones en cuestión, en tanto esa omisión es causa de futuros perjuicios para quien no logre acreditar los años de servicio necesarios a los fines de obtener el beneficio jubilatorio.

Por el contrario, cuando el empleador cumple en tiempo oportuno conforme la normativa aplicable, con la puesta a disposición de dichas certificaciones y más aún, como sucedió en el presente caso en el que consignó los certificados al poco tiempo de extinguido el vínculo (ver demanda de consignación 10/10/06 -fs. 407 vta.-), considero que la multa establecida no puede proceder por cuanto de esa forma se estaría favoreciendo por un lado un enriquecimiento sin causa para el dependiente -estando confeccionados los certificados no se advierte perjuicio que justifique la reparación-, y por otro lado se podría fomentar la costumbre de no concurrir a retirar las certificaciones a fin de poder reclamar dicha multa en juicio, lo que en mi opinión atenta contra la cultura previsional que estimo es importante fomentar.

Como prueba de este último argumento, destaco que en estos actuados la certificación de servicios y remuneraciones y el certificado de trabajo se encuentran acompañadas en la demanda de consignación acumulada a las presentes actuaciones (fs. 397/400) desde el 11/7/2011, y a la fecha del presente pronunciamiento -año 2012- todavía no fueron retirados por la accionante, situación esta que se repite en la mayoría de las causas del fuero.

Por lo expuesto, atendiendo a lo que considero debe ser el objeto tutelado por la norma del art. 80 LCT, y con base en las constancias de autos y los fundamentos que vengo desarrollando, reitero que he de proponer confirmar la solución dispuesta en origen de desestimar la multa pretendida.

Por último, la parte actora se queja porque en la sentencia de origen se desestimó su reclamo por horas extras en tanto sostiene que la prueba testimonial rendida en autos amerita la procedencia del rubro.

Sin embargo, este aspecto del recurso tampoco puede ser receptado en tanto el apelante no se hace cargo ni refuta adecuadamente los argumentos dados por el sentenciante relativos a que no se ha efectuado en el escrito de demanda una exposición precisa y fundada de la pretensión, no bastando para ello que se haya incluido el rubro en la liquidación practicada en el inicio.

En sentido coincidente con el "a quo" advierto que el escrito de demanda no reúne en el punto, los requisitos impuestos en el art. 65 LO en cuanto dispone que la cosa demandada debe ser designada con precisión y los hechos en los que se funda explicados claramente pues ni siquiera se invocó cuál es el número de horas extras que aduce haber realizado, limitándose a señalar que su horario de 8 a 16 hs. se extendía conforme las necesidades de la patronal.

Por ende, no resulta atendible que, a través de la prueba testimonial rendida en la causa, el demandante pretenda dar claridad a su reclamo e incorporar a la causa elementos que no fueron oportunamente puestos a consideración del sentenciante de origen (cfr. art. 277 CPCCN).

En virtud del concreto agravio deducido por el apelante, de acuerdo a la solución alcanzada en el presente voto, no encuentro motivos para apartarme de la imposición de costas efectuada en origen, en todo conforme con el principio objetivo de la derrota establecido en el art. 68 CPCCN.

Por último, se queja por la regulación de los honorarios fijados en la sentencia pero, a mi juicio, los importes allí fijados lucen ajustados a las tareas cumplidas, resultados alcanzados y pautas arancelarias aplicables, por lo que propongo confirmarlos (cfr. art. 38 LO).

Las costas de alzada propongo que sean soportadas por el apelante a cuyos efectos estimo los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la primer etapa (art. 14 ley 21.839).

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto propongo: 1)Confirmar la sentencia apelada en cuanto fue motivo de agravio. 2) Imponer las costas de alzada a la parte actora. 3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la primer etapa.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto de mi distinguida colega Dra. Beatriz I. Fontana, a excepción de lo propuesto en cuanto al rechazo de la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.- En primera instancia se desestimó este reclamo con fundamento en que el actor no habría cumplido con la intimación que prevé el art. 3º del decreto 146/01.- En relación a ello debo recordar que el art. 45 de la ley 25.345 agregó como ùltimo párrafo al 80 de la L.C.T. el siguiente texto: "...si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos... dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último ...". A su vez el Decreto Reglamentario 146/2001 en su art. 3º dispuso que "...el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que hace alusión el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos.... dentro de los 30 (treinta) días corridos de extinguido, por cualquier causa el contrato de trabajo".- He resuelto antes de ahora que resulta por prematura la intimación de entrega del certificado antes de cumplidos los 30 días que establece la reglamentación, un nuevo y detenido examen de la cuestión, me conduce a arribar a una solución diferente, sobre la base de considerar que la requisitoria que se impone al trabajador constituye un claro exceso reglamentario, en relación a la norma superior que reglamenta (art. 45 antes citado).- Me explico: cabe tener en cuenta que las decisiones del Poder Ejecutivo se manifiestan jurídicamente por medio de "decretos" y en el derecho argentino se conocen cuatro clases principales de decretos del Poder Ejecutivo que son: 1) de ejecución o reglamentarios; 2) autónomos; 3) delegados , y 4) de necesidad y urgencia.- De acuerdo a esta clasificación que realiza el Dr. Néstor Pedro Sagüés (ver "Elementos de Derecho Constitucional" Tomo I, pág. 596 y sgtes.) en el caso en análisis estamos considerando un decreto que es reglamentario de una ley. Señala el jurista que los decretos de ejecución o reglamentarios son aquéllos que le dan nombre al Poder Ejecutivo, en tanto órgano estatal encargado de instrumentar y efectivizar las leyes. La Constitución Nacional en su art. 99, inc. 2 entre las competencias del presidente puntualiza que "expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias" (el destacado me pertenece). Queda claro entonces que el decreto reglamentario está jerárquicamente subordinado a la ley.- Desde esta perspectiva un texto legal puede ser modificado por el decreto en cuanto a sus modalidades de expresión, siempre que no afecte su sustancia. Según señala la Corte, la sustancia de la ley atañe a su espíritu y a sus fines ("S.R.L. Narden Argentina" Fallos, 280:18 y "Gravano", Fallos, 283:98).- Cabe tener en cuenta también -como señala el autor citado- que la colisión entre el decreto y la ley se da en estas hipótesis: a) invasión de áreas legislativas: ocurre, para el criterio de la Corte cuando el decreto, so pretexto de perfeccionar las normas existentes, legisla en asuntos que son competencia del Congreso y b) desnaturalización de la ley: cuando el decreto excede el ámbito de la interpretación posible u opinable de la ley, optando por una solución fuera de esta.- Y bien, a mi modo de ver con el decreto 146/2001 estamos en la segunda hipótesis descripta, en tanto, como señalé al iniciar el presente considerando la requisitora que el mismo impone al trabajador excede claramente lo que establece la norma superior que reglamenta (art. 45 antes citado).- Aunque así no lo creo, suponiendo idéntica jerarquía de leyes, de igual manera en el caso de diferencia notoria como el presente, hubiera tenido que optarse por la norma más favorable (art. 14 bis CN).

En razón de lo que de he dejado expresado entiendo que cabe declarar la inconstitucionalidad del decreto 146/2001.- No dejo de advertir que en el presente caso la actora no ha planteado la inconstitucionalidad de dicha norma en la demanda. Sin embargo, no veo obstáculo, en las particulares circunstancias señaladas, en tratar el tema de todos modos, como ya he expresado en un precedente en el que he votado integrando la Sala VI: "Herrero Carlos Alberto c/ ESSO S.A.)", sent. 58.335 del 6/06/05, del registro de la Sala VI; ver también de esta Sala VII "Bretaña, Juan Antonio C/ Escuela Superior de Hotelería S.A. S/ Despido", sent. 38.760 del 13-09-05.- Sostengo esto porque la función del juez que se enuncia con el adagio latino "iura novit curia", es suplir el derecho que las partes no le invocan o que le invocan mal. Es consecuencia de ello, que los hechos del proceso, deben ser invocados y probados por las partes, pero en lo atinente al derecho aplicable el juez debe fallar, conforme a lo que él considera y razona como conducente a la decisión del proceso.- Lo dicho ha llevado a Bidart Campos a sostener que "el juez depende de las partes en lo que tiene que fallar, pero no en cómo debe fallar".- Es que el control de constitucionalidad no depende de las partes porque la supremacía de la Constitución es de orden público.- Por otra parte, no puede argüirse en contra de lo expuesto la posible violación del derecho de defensa o de una posible indefensión, ya que la doctrina mayoritaria, sostiene ya hace tiempo, que frente al "derecho aplicable" no se puede argumentar el derecho de defensa, ya que hay que prever la cuestión constitucional, dentro de ese derecho de defensa y no tenerlo en cuenta por las partes, sólo sería una imprevisión que puede atenderse y que sólo sería imputable a ellas.- En tal sentido, no sólo Bidart Campos ha manifestado su adhesión a esta doctrina, sino otros autores de talla, como Hitters, Juan Carlos (ED 116-20) y Ramirez Bosco (DT XLIII-B).- Este último autor destaca asimismo la vinculación de la declaración de oficio de la inconstitucionalidad con el principio de irrenunciabilidad del Derecho del Trabajo y, a su vez, como derivación necesaria o derivada del principio protectorio.- Asimismo es del caso recordar que el más Alto Tribunal de la República ha señalado hace algunos meses que "es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con esta y abstenerse de aplicarlas si se encuentran en oposición a ellas (Fallos 311:2478, entre muchos ).- Sobre la base de lo expresado tengo para mí que , la intimación cursada por el actor al momento mismo de disponer la disolución del vínculo por despido indirecto, resulta suficiente para tener por cumplido el requisito formal contenido en el art. 45 de la ley 25.345 , de modo que resulta acreedor de la indemnización prevista por dicha norma.- En cuanto a la circunstancia de que los certificados hubiesen sido puestos a disposición del actor y luego consignados, debo realizar las siguientes consideraciones.- He señalado reiteradamente que, en rigor de verdad, el cumplimiento de esta imposición legal, encierra, nada menos que un pago y que el instituto del pago, debe cumplir con los requisitos del mismo, expuestos en el Código Civil (arts. 724 y sgtes.).- En el caso, el pago se produce con la entrega de la cosa, ya que de lo contrario, la deuda de un salario quedaría saldada "poniendo a disposición", mientras se encuentra en la cuenta bancaria del deudor.- La cancelación, requiere, en autos, la entrega de los certificados, ya que lo que la ley quiere es que el trabajador tenga el objeto debido.- La "puesta a disposición", es sólo, a mi modo de ver, una expresión y no un instituto jurídico. Valga recordar a Borda cuando enseñaba: "lo que está en el cajón de mi escritorio, no pudo haber cancelado la obligación de pago".- El art. 80 de la L.C.T. no sólo protege al trabajador, sino que sanciona al empleador incumpliente de un deber tan delicado como el de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social, y en el cuarto apartado, recalca, "si el empleador no hiciera entrega" (el subrayado es mío).- Finalmente, la circunstancia de que los certificados hayan sido agregados con la demanda de consignación (acumulada a las presentes actuaciones) no resulta óbice para hacer lugar a la multa.- Recuerdo que el art. 758 del Código Civil expresamente establece: "La consignación no tendrá fuerza de pago, sino concurriendo en cuanto a las personas, objeto, modo y tiempo, todos los requisitos sin los cuales el pago no puede ser válido. No concurriendo estos requisitos, el acreedor no está obligado a aceptar el ofrecimiento de pago".

Vale decir que los requisitos de validez del pago por consignación se refieren a las personas intervinientes, al objeto, modo y tiempo de pago y en el presente caso teniendo en cuenta la fecha del distracto e intimación a entrega de los mismos (30-08-06) y la fecha en que se inició la consignación judicial (el 10-10-06) es obvio que faltó el requisito de oportunidad.- En consecuencia estimo que el actor resulta acreedor de la multa en cuestión por la suma de $ 3.386,07.- Por lo expuesto el monto de condena total ascenderá a la suma de $ 4.2206,24.- más los intereses que se indican en el fallo de primera instancia.- La solución que dejo propuesta impone algunas modificaciones en materia de costas y honorarios (art. 279 del Código Procesal).- En tal tesitura, propicio que en ambas instancias las costas sean soportadas en un 90% por la parte actora y un 10% por la demandada (cfr. art. 71 del Código Procesal).

Asimismo propongo se confirmen los honorarios regulados en primera instancia y se fijen los de la alzada en el 25% para cada uno de los letrados, a calcularse sobre los fijados en la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).- EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de la Dra. Estela Milagros Ferreirós y veo necesario recordar que oportunamente he sostenido lo siguiente: "En lo que respecto a la aplicabilidad del decreto reglamentario 146/2001, acuden a mi memoria por una parte, el antiguo aforismo latino: "rara est in dominos iusta licentia", y por otra, la tesis general del clásico libro de Juan Carlos Rébora: "El Estado de sitio y de la Ley Histórica del Desborde Institucional", señalando lo dificil que le resulta a quien ejerce el poder una autolimitación que no traspase sus ceñidas facultades.

La cuestión se ha planteado no solo en nuestro derecho, sino tembién en democracias más antiguas y consolidadas, como Francia. Gerorges Ripert nos informa así, que a partir de la Revolución, "Rousseau ne dit pas: les lois, el dit: la loi, et pour lui la loi est souveraine, car elle est l´ expression de la volonté gènérale"... "Il n´ y a plus quúne seule autorité: l´assemblée chargée de faire les lois. Elle détient la puissance législative dans son absolutisme". El gobierno de Vichy, a comienzos de la década del 40, bajo la sombra de la ocupación alemana dictó decretos-leyes y modificó leyes anteriores directamente por decretos, actos que luego fueron anulados, como se ve en: M. Gëny: "De l´inconstitutionnalité des lois et des autres actes de l´autorité publique et des santions qu´ elle comporte dans le droit nouveau de la Quatrième Republique (Jurisclasseur périodique, 1947, I, 613) y em M. Pelloux, "dont il suggère d´atteindre par le recours pour excès de pouvoir les actes administratives qui seraient contraires a ces dispositions"en "Le Déclin du Droit", París, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1949.

Entre nosotros, como explica María angélica Gelli: "La corte Suprema trazó, por primera vez, los límites de la competencia reglamentaria del Poder Ejecutivo en el caso "Delfino y Cía". Con mención expresa del anterior art. 86, inc. 2º, el Tribunal sostuvo que "existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla.". Ahora bien, encontrar la línea divisoria entre una y otra constituye una cuestión problemática y, al decir de la Corte Suprema, una cuestión de hecho ("Delfino y Cía" Fallos: 148:430, año 1927).

En el caso de autos, estimo que esa línea divisoria ha sido traspasada y se ha configurado una desviación de poder que fundamenta la declaración de inconstitucionalidad del decreto 146/2001, y así lo voto.

En lo que concierne a la declaración de inconstitucionalidad de oficio, quiero poner de relieve que la Ley cimera constituye el arquetrabe de nuestro sistema jurídico, desde adentro y no desde afuera del mismo, por lo que es obligación de los jueces -la primera- comparar la ley a aplicar en el caso concreto con lo imperado por aquélla, para asegurar la supremaciía de los derechos fundamentales de los justiciables de manera eficaz, y hacer ceder la normativa que no se ajusta a la ocnstitución, para asegurar la prevalencia de ésta. Lo contrario sería hacer prevalecer la mera voluntad de las partes, de cuya expresión dependería la plicabilidad de aquella, como si se tratara de una ley extranjera.

Así la inveterada máxima que se expresa en el brocárdico "Iura novit curia" sería objeto de un corte vertical: aplicable a las leyes comunes y otras normas inferiores a éstas, pero omitida respecto de la Constitución, salvo que alguna de las partes pidiera su aplicación. estas consideraciones me inclinan a pronunciarme por la declaración de inconstitucionalidad del ya mencionado decreto 146/2001 de oficio, y así doy mi voto (v. S.D. 39.195; del 18/05/06; autos: "Beraja, Catalina c/ Enser, Luis y otro s/ Despido").

Asimismo, adhiero al voto de la colega preopinante en cuanto a la distribución de las costas e imposición de honorarios.

Por lo que resulta del acuerdo que precede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo recurrido y elevar la condena dispuesta en grado a la suma de $ 4.206,24 (cuatro mil doscientos seis pesos con veinticuatro centavos), más los intereses respectivos. 2) Declarar las costas de ambas instancias en un 90% (noventa por ciento) por la parte actora y un 10% (diez por ciento) por la demandada. 3) Mantener los honorarios regulados en primera instancia, y fijar los emolumentos de alzada en el 25% (veinticinco por ciento) para cada uno de los letrados a calcularse sobre los fijados en la primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.