Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-17


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa n° 5.684/2013/CA2 "La Rural Viñedos y Bodegas SA c/ Bodega Dante Robino SA s/medidas cautelares". Juzgado n° 9, Secretaría n° 18.- Buenos Aires, 17 de junio de 2014.

Y VISTO: el recurso de apelación deducido a fs. 148/149 vlta., fundado a fs. 155/167 vlta., contra la resolución de fs. 70/71 vlta., contestado a fs. 170/189; y CONSIDERANDO:

1°) El juez a quo, mediante el pronunciamiento impugnado, admitió la medida cautelar solicitada por La Rural Viñedos y Bodegas SA en los términos de los arts. 232 del Código Procesal y 50 del ADPIC y en consecuencia, ordenó a Bodega Dante Robino SA que cesara en el uso de la denominación ENCUENTRO -para distinguir artículos de la clase 33-, en particular en los productos destinados a exportación, y de su publicidad en cualquier forma; además, ordenó el secuestro y embargo de todos los objetos en presunta infracción.

La decisión fue adoptada luego de que la AFIP - Aduana -División Fraude Marcario, a requerimiento del juez formulado a instancia de la peticionaria (ver fs. 55 y vlta.), remitiera un listado de las operaciones realizadas por Bodega Dante Robino desde el 1° de enero de 2012, concerniente a la exportación de productos de la clase 33 identificados con la marca ENCUENTRO (ver fs. 68 y documentación anexa).

2°) Disconforme con tal resolución la destinataria de la medida dedujo recurso de apelación. En su memorial asevera tener un mejor derecho que el invocado por su contraria para exportar vinos con el signo ENCUENTRO, que es -según sostiene- la única operación comercial que realiza con esa marca. Ello así porque la etiqueta que emplea -y que contiene esa designación- se encuentra aprobada por el organismo público de control, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (en adelante, INV) y la marca no se encuentra así registrada a nivel local. Explica asimismo que es titular de ese signo en Brasil (uno de sus principales destinos de comercialización) y que viene exportando su vino ENCUENTRO en forma pacífica e ininterrumpida desde el año 2005. Hace hincapié en que los registros de la actora son posteriores al uso, registro y autorización por parte del INV para la exportación de su producto. Indica la imposibilidad de que se consume un daño irreparable en caso de revocarse la medida, así como la inexistencia del peligro en la demora. Finalmente, cuestiona la caución, por insuficiente.

3°) Analizadas las actuaciones y su documental anexa (contando con los sobres del expte. N° 572/14, hay cinco paquetes reservados con instrumental relacionada con el conflicto), cabe señalar que la bodega actora ha acreditado la titularidad de las marcas ENCUENTRO RUTINI (mixta), ENCUENTRO DE RUTINI WINES (denominativa) y ENCUENTRO RUTINI WINES (denominativa), de la clase 33 del nomenclador internacional (confr. fs. 9/21); en el mismo renglón tiene solicitadas otras dos marcas mixtas cuya porción denominativa es ENCUENTRO RUTINI WINES (confr. fs. 22/23 y www.inpi.gob.ar).

Ha justificado también, prima facie claro está, la publicidad que efectúa del vino ENCUENTRO RUTINI WINES integrando el menú de distintos eventos gastronómicos (algunos organizados por hoteles de reconocida categoría, v. gr. Alvear Palace Hotel; confr. fs. 36/45) y su difusión a través de la entidad Wines of Argentina, dedicada a promover los vinos argentinos por el mundo, que presta servicios a bodegas de todas las regiones vitivinícolas del país en orden a orientar la estrategia exportadora (por ej., a través de ferias, giras y actividades en el exterior) (confr. constancias de fs. 27/29; ver asimismo www.winesofargentina.org/es/bodegas/L/605/).

Sobre la base de los elementos apuntados y las disposiciones contenidas en los arts. 232 del Código Procesal y 50 del ADPIC el a quo juzgó que el derecho de la actora a peticionar el cese de uso del signo ENCUENTRO por parte de Bodega Dante Robino, especialmente en lo vinculado a la exportación de vinos, lucía verosímil (confr. fs. 71 y vlta.). La sociedad afectada por la precautoria pretende su revocación esgrimiendo un mejor derecho a la utilización de esa denominación para la actividad exportadora, basado esencialmente en el registro brasileño de la marca y en la autorización de las etiquetas que lo contienen por parte del INV.

Sin embargo, ponderadas esas cuestiones dentro del limitado marco cognitivo propio del ámbito cautelar, es dable concluir que carecen de peso suficiente para revertir la decisión del juez. En efecto, frente a la propiedad y exclusividad de uso obtenidas por la actora a partir del registro de los signos ya mencionados (art. 4 de la ley 22.362), formados por el vocablo ENCUENTRO y los términos RUTINI y RUTINI WINES -y más allá de si debe entenderse que la porción destacada es la voz RUTINI (confr. memorial, fs. 157), aspecto este que se adentra en la discusión de fondo-, lo cierto es que ni la anotación registrada en Brasil por la bodega nacional dedicada a la exportación, ni la autorización por parte del INV de los marbetes que identifican su producto patentizan el mejor derecho que invoca.

El contralor efectuado por el mencionado Instituto a través del visado de las etiquetas, incluso en la hipótesis de verificación a la que alude la apelante (ver fs. 158 vlta./159), no configura -por lo menos en este estadio- una razón concluyente que avale su tesis de tener un mejor derecho a emplear el signo así intervenido por ese organismo, que en ejercicio de las facultades conferidas por su ley de creación (Ley General de Vinos n° 14.878) ha regulado las exigencias para el etiquetado de productos vínicos, al margen de la reglamentación que en materia de marcas y condiciones de identificación de productos consagran las leyes 22.362, 22.802 y 24.240 (ver primer y segundo párrafos del considerando de la Resolución C.20/2004, invocada por la recurrente).

Dicho en otras palabras, el control del etiquetado efectuado por el INV, aun cuando involucre la verificación de si el nombre propuesto como marca puede suscitar algún tipo de oposición con relación a otra ya registrada (ver punto VII del anexo de la resolución C. 20/2004) no evidencia per se y en las condiciones que por el momento presenta la causa, un mejor derecho para repeler el cese de uso precautorio impetrado por un competidor, también exportador (confr. fs. 47, punto III, constancias de fs. 27/29 y www.inv.gov.ar, consulta de industrias vitivinícolas), que tiene registrada una marca con la que podría suscitarse algún tipo de confusión. Para el caso, según surge del sitio web del INV, así como la sociedad apelante se haya registrada como bodega y como exportadora, con sus etiquetas aprobadas (confr. impresiones del aludido sitio de Internet acompañadas como anexo IV del sobre reservado según constancia de fs. 25 vlta. del expte. n° 572/14 y en el paquete reservado a fs. 168 y 192 vlta.), la bodega actora también estaría inscripta ante ese organismo, con el etiquetado que consigna las marcas con el ingrediente ENCUENTRO en disputa (confr. página cit. inscripciones n° A72830 y A87960).

De otro lado, el registro obtenido en el extranjero, aunque fuere anterior, tampoco basta para sostener la tesis de la recurrente en la medida en que, como principio, las marcas registradas en el exterior no gozan de exclusividad en nuestro país, de modo que en esta instancia cautelar aquél título no configura una razón determinante para confrontar el derecho de la actora obtenido con arreglo a la ley argentina (art. 4).

4°) En lo que concierne al peligro en la demora, a criterio del Tribunal se encuentra suficientemente configurado a poco que se advierta que la destinataria de la medida llevaba a cabo una explotación comercial que, prima facie, infringiría los derechos marcarios de la peticionaria (confr. informe brindado por la AFIP sobre las operaciones de exportación de vinos con el signo ENCUENTRO por parte de Bodega Dante Robino, a fs. 65/68 y cédula de requerimiento emitida por la AFIP obrante a fs. 77 y vlta., en donde se aprecian fotografías de la mercadería etiquetada con esa marca, que fue detenida en depósito fiscal por la División Fraude Marcario en noviembre del año pasado; ver también anexo I del sobre aportado por la demandada).

Desde este ángulo, es conocida la dificultad que en el ámbito marcario existe a la hora de evaluar la cuantía de los daños que el titular de una marca podría experimentar ante una infracción, que como regla general, genera un perjuicio (confr. Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", 4º edición, Lexis Nexis, pág. 302, punto 6.28). No obstante ello, la indemnización futura no basta para enervar la aplicación del instituto en casos como el sub examine, ya que esa visión llevaría a tornar inaplicable en la práctica la medida que contempla el art. 50 del ADPIC, que esta está dirigida a evitar infracciones y el consiguiente daño, y no a su reparación posterior (confr. Sala I, causa 2.945/01, del 3/7/01; Sala II, causa 4.454/08 del 30/9/10, y esta Sala, causa 1.041/13 del 27/5/14, entre otras).

En relación a la entidad de la caución, la recurrente no ha aportado las constancias que justificarían los costos, cargos y penalidades en base a los cuales pretende una elevación de la contracautela, que fue fijada por el juez en la suma de $ 300.000 y confirmada por este Tribunal a fs. 109/110. En ese sentido, la documentación de la AFIP de la que surgirían los gastos incurridos en relación a la mercadería retenida (ver fs. 167, primer párrafo) no aparece entre los instrumentos arrimados (ni siquiera bajo la carátula "anexo XII" a la que se alude; ver paquete reservado a fs. 168 y 192 vlta. de este expte. y fs. 25 vlta. del expte. n° 572/2014), de donde se sigue que el agravio está desierto (confr. arts. 265 y 266 del Código Procesal). Finalmente, debe apuntarse que la Sala carece de jurisdicción para tratar el planteo formulado con sustento en el art. 205 del Código Procesal, sobre el cual el juez no se pronunció aún (arg. arts. 271 y 277 del Código Procesal).

Por los argumentos expuestos y sin que lo decidido implique avanzar opinión sobre la cuestión de fondo, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada, con costas (art. 68, primera parte, del Código Procesal).

Hágase saber a la letrada de la parte actora que deberá registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de ley las sucesivas resoluciones y providencias del Tribunal (confr. acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13, BO 17-10-13).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.- Ricardo G. Recondo-Guillermo A. Antelo-Graciela Medina