marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, daño material, indemnización por muerte, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Folgan, Roberto c/ Rivero, Edgardo Sergio y otro. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-02

El valor de la vida humana no debe ser apreciado con criterios exclusivamente económicos sino mediante una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, pues el valor vital de los hombres no se agota con la sola consideración de aquellos criterios. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Derecho bancario, contrato de caja de seguridad, incumplimiento del contrato, servicios de vigilancia, fuerza mayor, eximentes de responsabilidad, robo
Materia: BANCARIO-COMERCIAL
Carátula: PATERNOSTRO, MARIO c/ BANCO MERCANTIL s/ ORD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-30

Si de las constancias de la causa cabe concluir que mediaron incumplimientos contractuales de parte del banco -deficiencias en la puerta de ingreso, falta de vigilancia, ineficacia del sistema de alarmas-, éste no puede invocar la existencia de fuerza mayor como causal de exculpación (CCIV 513), puesto que de haber contado con medidas de seguridad adecuadas, hubiera obstaculizado la labor de los ladrones que, evidentemente, aprovecharon tales deficiencias para sustraer los bienes existentes en la caja de seguridad.
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez, Héctor R. c/ De La Rosa, Pedro H. y otros s/ Resolución contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

Quien solicita la medida cautelar debe acreditar el peligro en la demora, siendo suficiente en principio a esos fines, la manifestación de su temor de que el crédito pueda resultar impago.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, error numérico, error de cálculo
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Popular de Rosario  SA . c/ Chaco TV. Cable Color SRL . s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Si los jueces, al descubrir un error aritmético o de cálculo no lo modificasen, incurrirían con la omisión en grave falta, pues estarían tolerando que se generara o lesionara un derecho que sólo reconocería, como causa, el error.
Ministerio Público, transacción
Materia: CIVIL
Carátula: SOSA RISO PATRON Y OTRA c/ ACUÑA, IGNACIO LEOPOLDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-03-12

Es descalificable la sentencia que, al confirmar una resolución, omitió dar intervención al Ministerio Público Pupilar para que ejerciera la representación promiscua, a pesar que dicha resolución comprometía en forma directa los intereses de la menor, lo que importa desconocer el alto cometido que acarrea la invalidez de los pronunciamientos dictados en esas condiciones, por lo que si la inobservancia del art. 59 del Código Civil y los artículos 12 inc. 2 y 26 inc. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene tan grave efecto sobre una decisión emitida por un Tribunal de Justicia, con mucha más razón tal sanción es aplicable para aquellas transacciones realizadas fuera del marco del proceso.
Licitación pública, inflación, contrato de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HIDROLAND ESTUDIOS DE AGUAS Y SUELOS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 128-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-23

No corresponde la recomposición del precio desde la fecha en que se efectuó la oferta, si las condiciones de contratación contenidas en las bases licitatorias niegan dicha adecuación, ya que establecía que los contratistas debían contemplar la incidencia del proceso inflacionario, salvo caso de postergaciones expresamente previstas.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, expropiación, restitución de cosas, restitución de sumas de dinero, actualización monetaria
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Chebekdjan, Jorge c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no revalorizó homogéneamente las cantidades que el actor debe reintegrar a la comuna a raíz de la restitución del inmueble expropiado compensadas con la suma establecida en primera instancia para atender a las reparaciones necesarias para reacondicionar la propiedad.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, cláusulas estatutarias, partes privativas, partes comunes, partes comunes de uso privativo
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ, ANTONIO c/ VIOLANTE DE PALADINO JULIO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-07

Una vez efectuada la redacción y la correspondiente inscripción registral del reglamento de copropiedad y, como consecuencia de ello, quede constituido el consorcio, los miembros de éste a cuyo favor se han escriturado las unidades -ahora titulares de derechos reales- se pondrán de acuerdo acerca de cuáles partes son propias o privativas y cuáles comunes, extendiéndose en el primer caso el dominio al espacio aéreo, obviamente con las limitaciones propias del derecho real de que se trata. También deberá preverse en el estatuto jurídico del ente consorcial el régimen de asambleas, ley 13512 art. 9, a través del cual podrá tratarse el tema de la construcción en la azotea.Cualquier convención anterior al respecto carecería de virtualidad para regular los derechos fluyentes de la propiedad horizontal, desde que al momento de tal convención no existe siquiera estado de propiedad horizontal.
División de poderes, facultades del juez, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Don Francisco S.R.L. s/ Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-07-06

Tras la reforma de 1.994, el Art. 80 de la Constitución Nacional permite la promulgación parcial de las leyes, válida si la observación no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso, y la parte no vetada tiene autonomía normativa. La Corte Suprema de Justicia sólo conoce acerca de las leyes una vez que ellas existen como tales. De tal suerte, si se han observado anomalías en el momento de formación de la Ley, ello, a criterio del tribunal es un asunto interno de los poderes constituyente o legislativo y ajeno al control judicial; tal como lo es la decisión de vetar por parte del Presidente, y los motivos para hacerlo, criterios éstos que no comporta carácter absoluto.
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva, impulso de parte, elevación en apelación, demora en la elevación de los autos, alegato
Materia: PROCESAL
Carátula: GIANNATASIO c/ AVERBUY s/ VICIOS REDHIBITORIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-20

Habiendo presentado el accionado su alegato, las partes se encontraban liberadas de la carga de instar el proceso ya que debían aguardar una actividad del Tribunal, por lo que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 313, inc. 3, del Código Procesal, corresponde rechazar la caducidad de la instancia, máxime el avanzado estado del trámite de la causa y el criterio restrictivo con que debe apreciarse la procedencia de la caducidad de la instancia.
Regulación de honorarios, notificación, domicilio real
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dirección de Cooperativas y Mutuales de la Provincia s/ Solicita  intervención  judicial de Cooperativa de provisión de Agua  Potable  y  otros  servicios  públicos  "El  Picaso"  Ltda.  (medida  cautelar) Solicita  intervención  judicial de Cooperativa de provisión de Agua  Potable y  otros  servicios  públicos  "El  Picaso"  Ltda.  (medida  cautelar)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-12-14

Cualquiera sea el mecanismo utilizado para la determinación de la base, a los efectos de establecer el monto del juicio, sobre el cual se practicarán las regulaciones de honorarios, debe haber intervenido en dicho trámite el obligado al pago, intervención ésta que no es, ni puede ser suplida por la participación del letrado apoderado o patrocinante del mismo, habida cuenta que en la cuestión debatida, cual es, la "determinación de la base sobre la cual se practicarán las regulaciones de honorarios", existen intereses contrapuestos del cliente y su abogado; de allí que no surte efecto la notificación realizada en el domicilio constituido del letrado, pues la notificación debe realizarse ineludiblemente en el domicilio real.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, Superior Tribunal de la Causa, Suprema Corte de Buenos Aires, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Frediani de I, María M c/ Molina, Carlos a y otros s/ resolución de boleto de compraventa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-01

Si de acuerdo a los vicios atribuidos al pronunciamiento recurrido, la demandada tenía la posibilidad de intentar recursos extraordinarios locales ante la Suprema Corte bonaerense y no lo hizo, dicha circunstancia obsta a la procedencia de la vía intentada, por no provenir así la sentencia apelada del superior tribunal de la causa de acuerdo a los términos del art. 14 de la ley 48 (Disidencia de los Dres. Adolfo R. Gabrielli y Elías P.

Guastavino).
Robo con perforación o fractura, ventana
Materia: PENAL
Carátula: FONSECA, Roberto s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

El vidrio constituye el cuerpo material de una ventana por lo que representa una defensa colocada por su propietario para impedir la intromisión de extraños a su domicilio, art. 167, inc. 3°, C.P.
Juicio ejecutivo, competencia penal, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tarchini, Mario Ricardo c/ Pedro Maximiliano Arnedo y otros s/ Cobro de pesos ARIAS, ROSA M. c/ NASSIF, MARIA M. s/ COBRO DE PESOS TREJO SAAVEDRA, FLORIO ALFONSO c/ SAAVEDRA, FIDEL VIANEY s/ COBRO DE PESOS-QUEJA DE LOS DRES. NORA T. DE CAVALLOTTI Y EDUARDO  FONT
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-11-18|2000-11-06|2001-09-17

En razón de la abstracción formal que caracteriza al juicio ejecutivo, la pretensión que se ejercita en el mismo no es susceptible de encuadramiento dentro de lo preceptuado por el art.

1101 del Código Civil, por cuanto lejos de ser ésta una acción resarcitoria que deriva de un ilícito, es una pretensión de cobro de un título ejecutivo, máxime que respecto del hecho que motiva la causa penal, la cuestión es ajena al conocimiento en el fuero civil o comercial, y al no revestir la sentencia el carácter de definitiva, es viable la revisión de ella por la vía prevista en el art. 545 del código de rito.
Accidentes de trabajo, determinación de la incapacidad, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Geldre, Diego Alberto c/ Asociart ART S.A. s/ accidente de trabajo con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-02-05

En relación a la incapacidad psíquica que resultó encasillada por la perito en el grado II para así acordar una incapacidad del 20% es incorrecta, por cuanto del cotejo de los criterios para establecer la graduación y lo que emerge de las pruebas reunidas en el caso, no se encuentran reunidos todos los elementos para considerarlo inmerso en el grado II. Conforme al PROTOCOLO CITADO -Protocolo del consenso en Psiquiatría previsional y de riesgos del Trabajo-, la situación es encuadrable en el grado I-II, y le corresponde un 5%.
Medidas cautelares, modificación de medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ghersi María Rosa c/ Colacci Carlos Enrique s/ Cumplimiento de contrato Fernández Garello, Fabián c/ Camuzzi Gas Pampeana s/ Amparo- Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22|2002-04-23

Si bien es cierto que las medidas cautelares son provisionales (art.

202 CP) ello no implica que las mismas puedan ser dejadas sin efecto una vez que han quedado firmes (art. 198), en tanto no se demuestre un cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de su dictado, salvo caso excepcional previsto por los arts. 219 y 220 del CPC. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, prueba confesional, retractación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., J. O. s/ Robo en grado de tentativa - Corrupción agravada y lesiones leves -  Encubrimiento en concurso real (Expte. Nro.833-93, Resolución Nro. 97,  Tomo 2, Folio 361)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-30

Los dichos volcados por el imputado en actas policiales resultan probatoriamente valorables, en tanto no pueda dudarse de que son atribuibles a la persona que aparece suscribiéndolos, tengan credibilidad intrínseca al reflejar los hechos tal cual ocurrieron, y no aparezcan como producto de coacción.
Teoría de la imprevisión, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: LARFE  S.A.I.C.I.F. c/ MONTALTO DE SCATTURICE, ROSALINDA Y OTRO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-27

No es compartible el anunciado según el cual la resolución sería admisible solamente en la hipótesis de que ninguna de las dos prestaciones hubiese sido ejecutada y en tanto que faltaría el presupuesto en caso de ejecución. El principio de improponibilidad de la resolución puede admitirse limitándolo al caso de ejecución de la prestación por parte de quien la asume después de haber sido ésta excesivamente onerosa. El principio puede admitirse, ante todo, porque, ejecutándola, el mismo contratante de la prueba de que la onerosidad de prestación era soportable. En cambio, en el caso de que fuese ejecutada la contraprestación, es decir, la prestación no excesivamente onerosa, no se ve la razón por la cual debería privarse al que debe todavía la prestación excesivamente onerosa, del remedio de la resolución cuando existan los presupuestos de ella. La posibilidad de accionar por imprevisión se pierde no por el solo hecho de que alguna prestación haya sido efectuada, sino por la circunstancia de que ya en el hecho de cumplirla, ya en el de recibirla, debe verse una conformidad con la situación.
Cobro de sumas de dinero, comisión por ventas, gestor
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHIAPPETTA, JUAN c/ EL DETALLE SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

Resulta improcedente la demanda por cobro de pesos incoada contra una sociedad anónima por un gestor de negocios, como consecuencia de la falta de pago de las comisiones debidas en virtud de su intermediación en la exportación de 40 vehículos al exterior. Ello asi, toda vez que la accionante baso su reclamo en documentos privados que fueron desconocidos por su contraparte, los cuales no exhiben membretes que puedan relacionarlos con la demandada, y carecen de eficacia probatoria. Sin embargo, resultan determinantes los dichos del presidente de la demandada, por cuanto aseguró que se le prometio al actor el pago de la suma de $ 500 por unidad. A la luz de lo analizado, resulta evidentemente superior la suma que el recurrente percibió en concepto de comisión -u$s 37.600- en relación con los $ 20.000 que la demandada le prometió por su gestión. Por ello, corresponde afirmar que nada adeuda la accionada en concepto de comisión por la exportación de los vehiculos mencionados.

Disidencia parcial del Dr. Monti:.

Toda vez que las partes se hallan contestes en punto a la existencia de un contrato entre ambas, vinculado con la intermediación en la venta de vehículos, y resultando controvertido el monto de la remuneración invocado por el actor en relación al insinuado por la demandada, no resulta procedente admitir sin mas una u otra versión. por consiguiente resulta de aplicación el cciv: 1627, toda vez que si bien no se ha acreditado que el servicio prestado por el actor fuera inherente a su profesión habitual, tampoco existen constancias que acrediten la gratuidad del servicio, en virtud de la presunción de onerosidad contenida en el cciv: 1628. Habida cuenta la falta de constancia documentada sobre el precio convenido y las discrepancias que surgen al respecto, cabe considerar que las partes "ajustaron el precio de costumbre para ser determinado por arbitros". En consecuencia, de conformidad con el cpr: 516, resulta apropiado que en la instancia de grado se proceda a designar un perito árbitro para que, tomando en consideración los antecedentes de autos y los usos corrientes en el tipo de operación de que se trata, determine la comisión que correspondería al actor como consecuencia de los servicios prestados. Una vez determinada esa suma, esta se compensará con los u$s 37.600 que dijo el actor haber percibido y, de ser el caso, se determinará el monto que pudiese hallarse pendiente de pago.
Recurso de casación, procedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, costas
Materia: CIVIL
Carátula: BUTILER JOSE WERFIL c/ LOYPER Y/O RESP. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO INJURIOSO, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-27

La imposición de costas es el ejercicio de una facultad inherente al arbitrio de los jueces de conocimiento, por lo tanto irrevisables en esta instancia extraordinaria casatoria, por constituir una cuestión de hecho, salvo el quebrantamiento de normas expresas.
Retiro militar, Gendarmería Nacional, actos de servicio, accidente en acto de servicio, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Dip Juan Gumersindo c/ E.N. (Gendarmería Nac.) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-22

Basta para la aplicación del art. 97, inc. b) ap. 1º, de la ley de Gendarmería Nacional (19.349) que la incapacidad haya tenido por causa o concausa a los actos de servicio, sin necesidad de que la afección se manifieste a consecuencia de condiciones no comunes o más rigurosas que las de actos de servicio corrientes (conf. C.S.J.N. in re "Ruíz, José R. c/ E.N. (Gendarmería Nac.)", del 3/3/87; Sala II, in re "Sosa, Néstor Marcelo c/ E.N. (Gendarmería Nac.)", del 31/8/93). (Del voto del juez Gallegos Fedriani, Consid. IV).
Asociaciones sindicales, estabilidad del empleado público, dirigente gremial, nombramiento
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ JUAN A. c/ TRANSPORTE EL NEGRITO DE RAUL PEREZ s/ DEMANDA - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-04-18

Si, en el caso, la comunicación a la empleadora de la candidatura oficializada fue efectivizada a través de acta notarial, existió "comunicación fehaciente" en los términos del art. 53 de la ley 22 105 y a partir de dicha notificación, el actor quedó amparado por la garantía sindical prevista por la ley de que se trata.

Por tanto, el despido recepcionado dos días después de aquélla notificación resulta violatorio de dicha tutela y, en consecuencia, corresponde condenar a la demandada a abonar la indemnización especial prevista para el caso del actor en los arts. 53 y 54, in fine, de la ley 22.105.
Asociaciones de consumidores, suspensión del registro, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Civil de Unión de Consumidores de Argentina c/ EN - Subsecretaría de Defensa Consumidor s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-26

Habida cuenta de que la suspensión en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores comporta para la entidad actora un perjuicio grave desde que se vería imposibilitada de llevar a cabo el cumplimiento de todas aquellas acciones que componen su objeto social, cabe concluir que la acción de amparo promovida resulta formalmente admisible para revisar la medida dispuesta por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.
Jubilaciones, bienes inembargables
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ Agüero Pedro Alejandro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-03-21

Se debe admitir que la expresión literal de la norma "prima facie" consagra la inembargabilidad completa de las prestaciones previsionales, las cuales quedarían excluidas en forma absoluta de los derechos de agresión patrimonial de los acreedores, con abstracción del monto al que ellas pudieran ascender.

Es que la exclusión del haber previsional de tal poder de agresión patrimonial debe estimarse razonable y justa cuando se trata de evitar la indigencia del deudor asegurándole la percepción de las sumas de dinero mínimas necesarias al efecto, pero a la inversa devendría igual de irrazonable y arbitraria cuando la postergación de los legítimos derechos de los acreedores se hiciera en beneficio sólo de la mayor comodidad del obligado; situación en la cual la protección del jubilado se convertiría en excesiva y abusiva y se traduciría en una vulneración inaceptable -y por tanto inconstitucional- de los legítimos derechos de los acreedores, lo cual no ocurre en este caso.
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, empleados de banco
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castiñeiras, Daniel Humberto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

Las modificaciones legislativas operadas con posterioridad al dictado de la resolución denegatoria hacen innecesario que el Tribunal se pronuncie sobre la conformidad o no de la resolución impugnada respecto de las disposiciones de la ley 11.184, pues, aunque sus disposiciones fueran aplicables al personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo cierto es que al momento de promover la demanda el actor no se hallaba ya en condiciones de obtener el beneficio en cuestión, y es sabido que los jueces deben resolver los conflictos sobre la base de las normas legales vigentes, principio éste con más razón aplicable cuando se produce una modificación de las normas jurídicas que rigen la situación sustancial del litigio.
Causas de justificación, legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: H., R. y Otro s/ P.s.a. Tentativa de Homicidio a E.R. - Trelew
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-05-20

Cuando la acción provocadora es intencional, la ulterior acción defensiva es innecesaria, por lo que ella es ilegítima cualquiera que sea el juicio respecto de la existencia o no de provocación suficiente.

Si el que supuestamente se defiende provocó intencionalmente la agresión, entonces no estuvo sometido compulsivamente a ella de modo que la ejecución de la acción defensiva fuera ineludible; el individuo había tenido una alternativa menos costosa para evitar la agresión, que era no provocarla en primer lugar.
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS c/ ATLANTIC S.R.L. s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-03-17

No hay razón alguna que justifique eximir de la carga de la prueba respectiva, a la parte que invoque un hecho negativo cuando pretende deducir de él en su favor un efecto jurídico. La prueba de los hechos negativos no es imposible, toda vez que encierran alguna afirmación, siendo susceptible de ser soportada a través de la demostración de la existencia de hechos positivos.