marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obras sociales, competencia federal, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: OBRA SOCIAL CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS c/ EMPRESA "9 DE JULIO S.R.L." s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-02-04

Resulta competente la Justicia Federal para intervenir en las acciones por cobro de créditos de las obras sociales. Ello surge del plexo normativo vigente que determina la jurisdición federal. La Ley de Obras Sociales 23660 (B.O.20-01-89)art.24 establece que a los fines del Cobro Judicial de los aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualizaciones adeudadas a las obras sociales, serán competentes los juzgados federales de 1º instancia en lo Civil y Comercial y la Ley 23661 (B.O.20-01-89) en su art.38 expresamente afirma que los agentes de seguro (entiéndase obras sociales, según lo indica en su art.15 estarán sometidosexclusivamente a la jurisdición federal, agrega "pudiendo optar por la correspondiente justicia ordinaria cuando fueren actoras. Esta opción ha perdido vigencia desde que todas las facultades acordadas legalmente a los organismos a cuyo cargo se encontraba la aplicación, recaudación, fiscalización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad social, fueron transferidos a la Dirección General Impositiva mediante Dec.507 art.28 (B.O.23-03-93) ratificado por el art.22 de la ley 24447 (B.O.30-12-94) a partir del 01-04-93. La ley 24655 de creación de la Justicia Federal de 1º instancia de la Seguridad Social (B.O. 15-07-96) en el  art.2º expresamente determina su competencia en las ejecuciones de créditos de la selguridad social perseguidos por la DGI en el ejercicio a las funcioines asignadas por el Dec.507/93 (inc.c) y en todas las causas que hasta ese momento estuvieran asignadas a la Justicia Nacional de 1º instancia del Trabajo por el art.24 de la Ley 23660.
Obligaciones concurrentes, obligaciones solidarias, facultades del acreedor
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINEZ RAMON EDGARDO Y OTRA c/ DIOSQUEZ DOMINGO Y OTROS s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-02-14

Si bien el efecto esencial de las obligaciones in solidum es el mismo que el de la solidarias, es decir el poder reclamar el total de la deuda a cualquiera de los deudores, sus efectos secundarios varían, de modo que, la extinción de aquélla con respecto a un deudor, no implica la liberación de los demás obligados, salvo que el pago agote el derecho del acreedor, pues este último no puede aprovechar un pago doble. En cambio, si se configura una extinción que no satisface al acreedor, las demás deudas no se alteran.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, prueba
Materia: PENAL
Carátula: xx s/ xx Navarro, Juan C. y otros s/ Apremios ilegales reit. y privación de la libertad reit. Rec. de  queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-06-02|1985-06-11

El pronunciamiento de la Cámara, que resuelve respecto de la admisibilidad de pruebas no reviste carácter de definitivo en el concepto del art.348 del C.P.P.. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Obligación tributaria, impuesto a las ganancias, deducciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO-ADMINISTRATIVO
Carátula: Instituto del Seguro de Misiones S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-21

La justificación de las deducciones en concepto de gastos de explotación en el impuesto a las ganancias mediante el contrato de distribución de gastos y costos comunes y sus addendas formalizados entre las sociedades integrantes del grupo económico del Instituto del Seguro importaría desconocer no sólo el principio general del ordenamiento tributario argentino de considerar a las sociedades integrantes de conjuntos económicos como partes independientes sino el principio receptado en el Decreto 1397/79 -art. 37- que establece que los convenios entre particulares relativos a la carga de los impuestos no eximen a los contribuyentes de las obligaciones que les impongan las normas impositivas ni son oponibles al Fisco Nacional.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, derecho de registro e inspección, hecho imponible, empresa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. (EDASA) c/ MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

Las alegaciones de la compareciente no traspasan el umbral de la mera disconformidad con lo resuelto por la Cámara, presentando su propia interpretación de los hechos y de la normativa aplicable según la cual para calcular el Derecho de Registro e Inspección debería aplicarse la alícuota diferencial del 0,3% en vez de la general utilizada (0,6%) en razón de que tributa ingresos brutos en varias jurisdicciones y de que éstos provienen de la actividad industrial así como de la distribución y comercialización (aún cuando no produzca en la de la Municipalidad demandada), las que constituyen un proceso único y económicamente inseparable; y en razón de que la propia recurrente se encarga de resaltar que no discute la potestad tributaria de la Municipalidad de gravar los ingresos brutos totales que le corresponden en virtud del tercer párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral, ni tampoco discute la falta de prestación de los servicios de habilitación y/o contralor de las actividades (de comercialización y/o distribución de las bebidas analcohólicas) en su local de depósito, sino que lo que rechaza es el encuadramiento de la actividad que efectuó la Municipalidad, la Cámara entendió que la cuestión medular radicaba en determinar si ha existido un incorrecto encuadre de la actividad que desarrolla la actora dentro del ámbito municipal a los fines del pago del Derecho de Registro e Inspección, y analizando la ordenanza tributaria vigente al momento de los hechos críticos -ordenanza 2257/09- que regulaba el mencionado derecho (estableciendo la alícuota general para las actividades de comercialización, mayoristas y minoristas, y de prestaciones de obras y servicios; y la diferencial para aquellas actividades de producción de bienes -como son los del caso, las bebidas-), declaró legítima la decisión de la Administración municipal que habiendo verificado que la actora no desarrollaba en el local ubicado dentro de su ejido una actividad susceptible de ser considerada como una industria de producción de bienes, procedió a modificar su tratamiento tributario y determinó la existencia de acreencias. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Convenio Multilateral, artículo 35; Ordenanza 2257/09 de la Municipalidad de Santo Tomé.
Sociedad anónima, impugnación de decisión asamblearia, legitimación activa, nulidad de asamblea de accionistas
Materia: COMERCIAL
Carátula: NOEL, CARLOS c/ NOEL Y  CIA <SA> s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-19

En tal circunstancia, resulta improcedente la acción judicial, toda vez que la actuación del ente societario, no alcanza a constituir vicio de suficiente entidad invalidatoria. La nulificación de actos de gobierno social implica inmixión jurisdiccional en el funcionamiento de la estructura orgánica de un sujeto titular de haciendas empresariales, que traduce complejos vínculos de carácter plurilateral en lo interno y relaciones con terceros en lo externo, de modo que la configuración de la nulidad ha de interpretarse restrictivamente.
Acción de amparo, Superior Tribunal de Justicia, competencia, competencia originaria, revisión judicial de actos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Quinteros, Ramón Reyes s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-06-03

La preceptiva constitucional al establecer la competencia originaria y recurrida del T.S.J. -art. 141 Const. Prov.- nada ha dicho respecto a la acción de amparo, no siendo de aplicación el art. 380 del C.P.C. para determinar la competencia del Tribunal sobre la materia, por cuanto dicha regla no resulta aplicable a partir de la vigencia del citado art. 141, el que sin dejar lugar a dudas sienta de un modo categórico el ámbito de competencia originario del máximo Organo de la Función Judicial lo cual veda toda posibilidad de que las normas -de menor entidad- so pretexto de reglamentar su ejercicio, puedan agregar o quitar a lo dispuesto por la Carta Fundamental.

El art. 380, apartado 2, Párrafo 1, del C.P.C. está derogado implícitamente por la Cláusula Sexta de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Provincial y a pesar de haberle otorgado jerarquía constitucional al Amparo, la Constitución Provincial no le ha atribuido expresamente, competencia originaria al T.S.J. sobre la materia.

Toda cuestión judiciable causada por un acto o actuación de alguna de las Funciones que componen la Administración Pública -Funciones Legislativa, Ejecutivas, Judicial y Municipal- y en las que se debatan normas de derecho público compete en modo originario y exclusivo entender a este Tribunal. Por ello y no existiendo norma alguna que específicamente, atribuya competencia a otro Organo de la Función Judicial, en este proceso (amparo en materia de Juicio Político) corresponde a este Tribunal Superior conocer de modo originario y en razón de la materia. (Del voto del Dr. Félix Antonio Rivero.)
Tribunal de alzada, actuación de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: GOURIC, JULIO ALBERTO c/ FERNANDEZ, MODESTO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-04-11

El tribunal de Alzada tiene innegables facultades para examinar todo lo atinente a los recursos y fundamentalmente para apreciar la procedencia de la apelación. Le incumbe examinar de oficio si el apelante tiene calidad de parte, si tiene interés en la interposición del recurso, si éste ha sido deducido en tiempo hábil y si ha sido bien otorgado, pues las reglas que gobiernan la materia son de orden público. Como el tribunal está habilitado para examinar de oficio la forma de concesión del recurso, debe estarlo también para considerar si se han presentado en término los memoriales. Sus poderes le permiten, incluso corregir el criterio con el que el tribunal inferior dio o no curso al medio de impugnación correspondiente.
Recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Gigena, Julio César y otros c/ Provincia de Mendoza. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

Es supuesto imprescindible para la viabilidad del recurso del art. 14 de la ley 48 que la cuestión federal haya sido resuelta en forma contraria al derecho federal invocado.
Competencia federal, competencia de instrucción, economía procesal, falsificación de instrumento público, cédula verde
Materia: PROCESAL
Carátula: TERRADO, Julio F. s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-30

Corresponde atribuir competencia a la justicia de excepción para entender en los ilícitos de falsificación de cédula de automotor, adulteración de chapas patentes y de la numeración del chasis y motor del vehículo, en virtud de la conexidad existente entre las conductas investigadas, y en razón del principio de economía procesal.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, escribanos públicos, responsabilidad del escribano
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Nava, Juan Carlos Miguel c/ Confitería del Molino  S.A. y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

Cuando la Cámara estimó que la nulidad no se había originado en el accionar de un escribano, emitió un juicio de valor sobre su conducta en el otorgamiento de la respectiva escritura, pero no hizo lo mismo respecto del apelante sin existir motivo aparente para sustentar esa dualidad de criterios, circunstancias que, amén de poner de manifiesto falta de coherencia en el razonamiento, traduce una clara desigualdad de tratamiento de quienes no fueron llamados al juicio para responder por los reproches de conducta que le hicieran.
Obligación alimentaria, abuelos
Materia: CIVIL
Carátula: R. R. c/ V. A. C. s/ alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-12-06

El carácter subsidiario de la obligación alimentaria derivada del parentesco tiene impacto en la autonomía de la cuota que corresponde a los abuelos, en cuanto a su extensión, pues aunque se atiendan las pautas fijadas en el art. 541 CCC, ello no implica que deba ser idéntica a la que les corresponde a los progenitores respecto del menor (principales obligados), o deba trasladarse el peso de la obligación alimentaria que corresponde a los progenitores sobre los abuelos.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, sentencia definitiva, habilitación de instancia, silencio de la administración, aplicación de la ley, beneficios previsionales
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Villareal, Clara Baudilia c/ ANSeS s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-24

Es sentencia definitiva el pronunciamiento que declaró de oficio no habilitada la instancia judicial por silencio de la administración cuando la eventual aplicación del art. 10 de la ley 19.549 en temas que hacen a la previsión y seguridad social, no podría discutirse eficazmente con posterioridad y su falta de tratamiento privar al interesado de un medio legal idóneo para la tutela oportuna de su derecho.
Prescripción de la acción penal, plazos procesales, cómputo de la pena, apertura a prueba, interrupción de la prescripción de la acción penal, impulso procesal, extinción de la acción penal, sobreseimiento definitivo, hurto
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SARTRES, Alejandro P. s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-27

Comienza a correr el plazo conforme el art. 62, C.P., desde la fecha en que se incorpora la requisitoria fiscal hasta que se dicta la providencia de autos para sentencia, momento en que aquél se agota, teniendo en cuenta el máximo de la pena contemplada para el delito previsto en el art. 162, C.P. sin que se haya verificado otro supuesto de interrupción del curso prescriptivo, ya que el auto que dispone la apertura a prueba no es un acto con aptitud para brindar un impulso procesal que importe el ejercicio de la jurisdicción, por lo que debe declararse extinguida la acción penal por prescripción respecto del delito de hurto y sobreseer definitivamente al encausado en orden a tal ilícito.
Denegatoria del recurso, sentencia condenatoria, acopio de armas, acopio de municiones, allanamiento, apreciación de la prueba, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: MALDONADO Fernando y otro c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-29

Corresponde rechazar el recurso de casación contra la condena impuesta por el delito de acopio de armas de fuego y municiones sin la debida autorización (art. 189 bis, inciso 3º, CP), en tanto no se hicieron lugar a los planteos de nulidad del allanamiento y del procedimiento, se valoraron debidamente las pruebas obtenidas y se determinó la configuración del delito.
Facultades del Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, exceso en las facultades reglamentarias, decretos, docentes, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HERMIDA, OSCAR Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL (MINIST. DE EDUC. Y JUSTICIA) s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

El dictado del decreto 3516/84 por el cual se modificara la igualdad de remuneraciones entre los maestros de grado y de los de enseñanza práctica establecido en la ley 16.445 importa un exceso en el ejercicio de atribuciones por parte del Poder Ejecutivo.
Multa penal, aplicación temporal de la ley penal, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: QUIROGA, Jorge L. y otro s/ inf. artículo 281 del Código Penal Causa nro. 10.478
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-27

Deviene procedente fijar la multa a imponer dentro de la escala establecida por la ley 23.479, vigente al momento de producirse el hecho. En efecto, no puede aplicarse el monto de multa actualizada según lo dispuesto por la ley 24.286 por ser esta posterior al hecho enjuiciado, por lo que la determinación del quantum debe ceñirse a la escala prevista por la ley aplicable al momento del suceso (ley 23.479).
Honorarios, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: López, José Facundo c/ Ferrocarril General Belgrano. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La causa de la obligación de pagar honorarios está dada por el servicio prestado por el profesional en el marco de un proceso judicial, por lo que no resulta del objeto de la obligación ventilada en la litis ni de la relación con el sujeto pasivo de aquélla.
Expropiación, indemnización, pago, inhabilidad de título, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ SLULLITEL, ALICIA NOEMI RITA; SLULLITEL, MABEL NORA SIMONA; SLULLITEL, JULIO SERGIO JOSE s/ INCIDENTE DE APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-05-02

Corresponde rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por la expropiante a fin de dilatar el pago de la indemnización por expropiación debida a los accionantes -por entender que el pago de la liquidación aprobada debe efectuarse a través del sistema del artículo 9 de la ley 7234 (texto según ley 12036), dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las distintas jurisdicciones y entidades de los respectivos presupuestos-, pues ello no se compadece con la letra del artículo 17 de la Constitución nacional y el artículo 15 de la Constitución provincial, razón por la cual cabe hacer lugar al apremio promovido. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 17; Constitución provincial, artículo 15; Ley 7234, artículo 9; Ley 12036.
Beneficio de litigar sin gastos, medidas cautelares, contracautela, exención de la contracautela
Materia: CIVIL
Carátula: LLANO DE MARTINEZ c/ MARTINEZ s/ NULIDAD DE CONVENIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-03

Se encuentran eximidos de la contracautela quienes actúan con beneficio de litigar sin gastos. Así, aún cuando el beneficio se encuentre en trámite, si no surgen presunciones que inclinen a pensar que la petición será denegada, el relevo de la contracautela debe otorgarse transitoriamente, antes de que se resuelva sobre la procedencia de aquél.
Recurso de apelación (procesal), adhesión al recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Suarez Miguel A. c/ General Motors de Argentina y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-29

La apelación adhesiva es la que puede deducir la contraparte de quien apeló oportunamente, al contestar el escrito de fundamentación con el que aquél sustentó su recurso. Se la llama adhesiva porque es la incorporación a un recurso planteado por el adversario vencido a fin de pedir la reforma de la decisión en contra del apelante y en el propio beneficio respecto de cuestiones litigiosas de la demanda o reconvención que no fueron otorgadas en el primer fallo. Para su procedencia se requieren los siguientes requisitos: a) un recurso de apelación interpuesto oportunamente por la contraria; b) ley que permita la adhesión ya que sin ello no es viable pues se trata de un recurso de utilización excepcional y restrictiva; c) manifestación de voluntad del adherente; d) que no haya un recurso principal articulado por quien hace valer la adhesión y e) un agravio cierto causado al adherente. Nuestro ordenamiento procesal no prevé la apelación adhesiva con lo cual faltaría un requisito para su procedencia. Por lo tanto, no cabe otra conclusión que desestimar su tratamiento toda vez que carece de efectos procesales.
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, inmunidad de jurisdicción, injurias
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cagliotti, Carlos N. c/ MOLINAS RICARDO F. s/ QUERELLA POR INJURIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-01

Si la conducta que se trae al juzgamiento se agota en ciertas expresiones vertidas por el Fiscal General de Investigaciones Administrativas y por las que se promueve querella por injurias, el juez de la causa, dada la índole privada de la acción deducida, no se encuentra habilitado para ejercer "ex officio" actividad instructoria alguna tendiente a la averiguación de los hechos que integran dicha conducta, ni siquiera la convocatoria a la audiencia previa de conciliación (art. 591 del Código de Procedimientos en Materia Penal).
Indemnización, cláusula penal, obligaciones del mandatario, poder especial
Materia: CIVIL
Carátula: I.A. SA c/ A.O.S.T. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-26

Cuando la cláusula penal es pactada por mandatario se propicia, en el marco de interpretación que contempla su función no solo indemnizatoria sino también compulsoria (para lo cual se asemeja esta finalidad compulsoria como una suerte de caución personal), la necesidad de un apoderamiento especial por aplicación de los principios generales vigentes en materia de mandato.
Admisibilidad del recurso, impugnación del acto administrativo, cuestión federal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Telefónica Móviles Argentina SA  c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-22

Corresponde conceder el recurso extraordinario federal toda vez que fue interpuesto en tiempo y forma por parte legitimada, y está dirigido contra una sentencia definitiva emanada del tribunal superior de la causa. Asimismo, en el caso se encuentra configurada una cuestión federal que habilita la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 14, inciso 3 de la ley n° 48) puesto que el debate planteado involucra la interpretación del alcance de la exención prevista en el artículo 9 de la ley federal n° 19032 y de las facultades de imposición locales emergentes de los artículos 121 y 129 de la Constitución Nacional, y la resolución de la mayoría de este Tribunal ha sido contraria a las pretensiones que la recurrente funda en esas normas. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de casación, depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Lucrecia Paulina Rodríguez s/ Amparo s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-06-09

El depósito previo participa de la naturaleza de una carga económica, y de un requisito esencial sólo para la admisibilidad de este tipo de recurso y no constituye un impuesto ni ninguna otra clase de gravamen fiscal, sino que importa una restricción procesal.
Cuestiones de competencia, competencia federal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Guevara, Elsa Margarita c/ Clínica del Valle y Otros s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-20

"Es competente la justicia federal para entender en las causas en la que la Nación es parte o una entidad nacional es parte y ello deriva del principio de que ante la presencia de un interés nacional corresponde en términos generales, la intervención de aquellos tribunales, sin que pueda ser óbice que la causa de la acción sea un hecho ilícito".
Recurso extraordinario, plazo
Materia: PENAL
Carátula: Ramognino, Patricio Horacio s/ Robo calificado, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-23

El art. 361 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) dispone que el término para la interposición de los recursos extraordinarios será contado desde la notificación de la sentencia a la parte interesada, siendo dicho plazo común para el procesado y su defensor, empezando a correr desde el día siguiente de la última notificación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)