Liquidación de entidades financieras, acto administrativo, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BANCO DE ULTRAMAR  S.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ ENTIDADES FINANCIERAS - APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30

Al hallarse reunidos los presupuestos que condicionan la necesidad de liquidar una entidad financiera, la resolución que al respecto se adopte, lleva ínsitas las razones de urgencia que la imponen, sin necesidades de explicitación alguna, por ello actúa el Presidente del Banco Central en uso de sus facultades y dentro de su competencia, al dictar un acto administrativo legítimo como es el de disponer revocar la autorización para funcionar con el carácter de Banco privado, otorgada al Banco de Ultramar.

Las relaciones jurídicas entre el Banco Central y las entidades financieras sujetas a su fiscalización se desenvuelven en el marco del derecho administrativo; los informes y partes demostrativos del estado económico financiero del Banco, son el antecedente necesario para adoptar las medidas previstas frente al incumplimiento de las normas que regulan el régimen al que la recurrente se encontraba sujeto.

Los fundamentos invocados por el Banco Central para adoptar la medida en cuestión, en tanto traducen las conclusiones a que arribara la autoridad administrativa competente como culminación de las actuaciones labradas en las que la entidad causante tuvo, como se ha visto, oportunidad de intervenir y de ejercer sus derechos en medida compatibles con una adecuada defensa de sus intereses, impide descalificar con el tilde arbitrario al proceder adoptado en la emergencia por aquella institución, dentro del límite de sus potestades legales.

La actividad financiera, en tanto reviste el carácter de un servicio público de los denominados "propios" que el Estado presta de manera indistinta, directamente o a través de entidades particulares en quienes, por motivos de eficiencia y funcionalidad delega atribuciones que se ha reservado jurídicamente (art. 67, inc. 10 de la Constitución Nacional), se encuentra sometida, por lógica consecuencia, al poder de policía de aquél, ejercido por medio del Banco Central, quien ostenta la facultad no sólo de reglamentar esta materia sino también ejercer la vigilancia de la aplicación de las normas que la regulan, sancionando las transgresiones que se produzcan.

En las opciones que brinda la ley 22.529, la elección no se halla a cargo del Banco Central, sino que las propuestas deben partir del interesado y sólo el examen de, su viabilidad, así como su eventual aprobación e instrumentación posterior, corresponden a la competencia de la autoridad administrativa, por lo que en ese aspecto debe desecharse la omisión de la elección achacada al Banco Central.

El solo parecer técnico en el punto al que los aportes propuestos "no son suficientes para superar la difícil situación por la que atraviesa" el Banco. Sin mayores fundamentos y sin apoyo en ninguna cifra, para negar la aplicación de la Comunicación "A" 495 solicitada por la entidad, no resulta fundamento suficiente, en las circunstancias del caso, para sustentar una medida de la trascendencia y gravedad de la recaída en estas actuaciones, puesto que con ella no se acepta el aporte ofrecido por los accionistas, ni menos se dicen por que el mismo, no basta para paliar la liquidez achacada.

Pese que a la fecha de la revocatoria sólo habían vencido dos cuotas de los préstamos cuestionados, tampoco se brindan los motivos de la exigencia de cubrir las previsiones de incobrabilidad extendidas a toda la operación, sin limitarla a las cuotas vencidas para considerar la situación patrimonial, magüer el reconocimiento de no poderse cumplir globalmente con la obligación pactada.

Ni siquiera mereció atención el hecho de no haberse aguardado la concreción de la propuesta de adecuación y saneamiento que la entidad presentara conforme lo anticipó un día después de la fecha de acto recurrido, máxime si se recuerda que el art. 3 de la ley 22 259 concede un plazo de 10 días para ello.

Se desprende patente que en la culminación de la tramitación no se ha respetado el debido proceso legal en los términos requeridos por la jurisprudencia, cuando exige que toda decisión que afecte derechos de los particulares, debe responder a motivación suficiente y resultar la derivación razonada de los antecedentes allegados, de modo tal que se dé cabal satisfacción a las garantías constitucionales en juego, como son las de igualdad, propiedad y defensa en juicio, tutelada por los arts. 16, 17 y 18 de nuestra Carta Magna.

La manera con que se condujo el tramo final del curso que siguió el trámite en sede administrativa no hizo más que configurar una inadmisible ligereza y precipitación en los funcionarios actuantes que sirvió para despojar de legitimidad a la solución alcanzada.