marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, reconocimiento en rueda de personas, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Segal, Carlos Alberto y otros s/ Robo calificado calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

Es improcedente el agravio en el que se denuncia la violación del art. 139 inc. 2º del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) cuestionando el recurrente la valoración de la diligencia de reconocimiento en rueda, alegando que las mismas están viciadas de nulidad porque en ellas los testigos afirmaron que luego de los hechos no han vuelto a ver al autor de los mismos cuando consta en actas que se les exhibió la fotografía del imputado, pues la aludida disposición legal -que impone pautas para la realización de las diligencias de reconocimiento en rueda de personas- contempla su invalidez sólo para defectos específicos que la misma norma prevé y que resultan ajenas al planteo de la queja.
Sentencia, principio de congruencia, iura novit curia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Peña, Indalecio c/ Sucesores San Martín, Bernardo y/u otros s/ ORDINARIO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-12-15

Si bien el aforismo "iura curia novit" indica literalmente que como el juez conoce el derecho no se encuentra vinculado por las calificaciones de los justiciables, existe un límite para ello, pues por más amplias que sean las potestades de determinar el derecho aplicable, no puede variar los términos del reclamo ya que siempre ha de respetar el postulado de congruencia.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, principio de congruencia, incongruencia, empleo público, cesantía, reincorporación, nulidad del acto administrativo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Cavallaro, Juan Carlos c/ Poder Ejecutivo de la Prov. de Entre Ríos. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-08

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda de nulidad de los decretos que desestimaron el reclamo indemnizatorio por los daños que el actor dijo haber sufrido a raíz del acto mediante el cual se había dispuesto su baja del tribunal de cuentas provincial, si la afirmación hecha en la decisión , en el sentido de que la reincorporación era en realidad una nueva designación, se contradice no solo con lo dispuesto expresamente en la parte dispositiva de tal acto sino también con las razones invocadas en su sustento.
Competencia federal, competencia por la materia, navegación interprovincial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aglio, Luis Horacio c/ Zozaya, Brenda s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

La competencia federal queda determinada por la materia, esto es, la navegación internacional o interprovincial, debiéndose descartar el criterio de vincular aquélla al buque, para negarla cuando se trata de barcas, lanchas, lanchones, falúas, balleneras, canoas y otras pequeñas embarcaciones de semejante naturaleza. Serán, por tanto, competentes los tribunales federales toda vez que la voluntad concreta de la ley debe actuar frente a una causa derivada del ejercicio de la navegación internacional o interprovincial, o relacionado con él, cualquiera que sea el tamaño del buque empleado.
Acto administrativo, publicación del acto administrativo, sanciones administrativas, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marítima Heinlein S.A. c/ M? de Salúd y Acción Social -Sec. de Recursos s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

La falta de publicación en el Boletín Oficial de un acto de alcance general que luego se erige en causa de una sanción administrativa, no sólo controvierte lo dispuesto en el reglamento de la ley nacional de procedimientos administrativos, sino que además resulta violatoria del decreto 659/47, del que surge la necesidad de aplicación en dicho órgano de normas especiales que fueren de interés público (arts. 5 y 11).
Requerimiento de elevación a juicio, ofrecimiento y producción de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: C., R. C. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-11

La falta de concreción de un requerimiento de elevación a juicio conlleva la imposibilidad de integrar una acusación válida y legítima, esto es, de ofrecer y producir prueba, como así también de formular alegato durante el debate oral y público. Carecería de lógica normativa otorgar al acusador particular, que omitió efectuar en tiempo oportuno el primer acto procesal que conforma una "acusación" -al definirse allí la imputación fáctica que dará base al juicio-, la facultad de ofrecer y producir prueba sin relación con un suceso legítimamente atribuido. Más aun, cuando en la etapa prevista por el art. 393 del Código Procesal Penal de la Nación, carecerá de la facultad de valorar y alegar con respecto a esa prueba, a efectos de sostener una pretensión condenatoria. No resultaría plausible concebir como válida una sentencia de condena dictada con base en la prueba ofrecida y producida por aquel sujeto procesal que perdió la posibilidad de integra una acusación legítima (voto del juez Magariños)
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestión no federal, cuestión de derecho público local, leyes, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PANICCIA, ARGENTINO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. RECURSO   EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION   (CSJ EXPTE Nº 16-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-21

No puede prosperar el recurso extraordinario interpuesto por cuanto la sentencia impugnada se funda en el derecho invocado por el actor, posteriormente considerado aplicable por el Tribunal, y cuya constitucionalidad no ha cuestionado la demandada en la causa.
Funcionarios públicos, diferencias salariales, suplemento por función ejecutiva, personal suplente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cerutti, Pablo c/ EN Mº de Economía s/ empleo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-14

Cabe confirmar la sentencia que rechazó la demanda por cobro de diferecias salariales por "suplemento por función ejecutiva" por lapso que el actor ocupó interinamente el cargo, pues no cabe duda alguna respecto de la claridad del art. 71 del decreto 993/91 to 1995- en cuanto a que es requisito necesario el procedimiento de selección y la designación en el cargo por concurso para ser acreedor de dicho suplemento-, y, por lo tanto, recién en ese momento se constituye tal derecho, y en el caso ,durante el período reclamado, el actor no había accedido al mismo por concurso.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Defecto legal, daño moral, pautas
Materia: CIVIL
Carátula: BUSTAMANTE ANA MARIA c/ BORELLI PABLO OSCAR FELIPE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-10-18

En cuanto al daño moral, salvedad hecha del tiempo que el agravio puede seguir produciéndose, nada impedía al actor estimar el sufrido hasta el momento de interponer la demanda. El hecho que al juzgador, ejercitando la facultad prevista en el art. 166 del C.P.C.C., le sea dado oportunamente fijar su importe no quita que es el presunto damnificado quien en mejor situación se encuentra para apreciar la medida de la afectación de sus sentimientos y equilibrio espiritual.
Filiación, prueba, presunción de paternidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ch., M. C. c/ L., R. A. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-02

No resulta necesario consignar en forma expresa que ante la negativa a someterse a la prueba biológica se consideraría como cierta la paternidad invocada, dado que la obligatoriedad de someterse al examen biológico con aquella presunción, surge del propio texto de la ley, sin que pueda argüirse, que se trata de una fundada restricción a la libertad de someterse a tal indagación ya que, "mutatis mutandi", son numerosísimos los ejemplares que imponen a los individuos la extracción de su sangre, y en tal dimensión que conforman una práctica rutinaria.
Contrato de obra pública, desagio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cisplatina S.A. y Fontana Nicastro S.A.C. s/ Demanda contencioso administrativa Sacoar S.A.I. y C. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Cisplatina S.A. y Fontana, Nicastro S.A.C. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-23|1995-07-11|1996-03-26

La existencia de valores en la oferta con cotización superior a los precios del mercado en porcentajes de alta significación, comprueba la incorporación de una expectativa inflacionaria que debe ser neutralizada con el nuevo régimen vigente al detenerse dicho fenómeno.
Recurso de inconstitucionalidad, jurisprudencia, sentencia, reenvío, error judicial, doble instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OLIVA, ANA MARIA Y OTROS c/ OLIVA, FELIPE EDUARDO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

El Tribunal eludió el deber de sentenciar, apartándose de la norma aplicable y de jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema local y nacional, mediante una hermenéutica que aparece como una mera creación legal de los jueces, pues frente a la claridad del artículo 362 del Código Procesal Civil y Comercial -en cuanto establece que si la nulidad proveniere de la forma o contenido de la resolución, el tribunal de apelación así lo declarará y dictará la que corresponda-, el argumento de que frente a vicios graves de la sentencia cabía excepcionar dicho principio, constituye una afirmación dogmática sin más sustento que la sola voluntad de los jueces; aconteciendo del mismo modo con el intento de la Alzada por salvaguardar el principio de doble instancia, pues dicho principio en materia civil y comercial no ostenta raigambre constitucional, salvo cuando las leyes específicamente así lo establezcan, razón por la cual, frente a lo diáfano del precepto en juego, la invocada necesidad de remitir el expediente al tribunal de primera instancia constituye una argumentación aparente elusiva de la solución legal que claramente se imponía. - CSJN: Fallos:310:1424 REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial, artículo 362
Leyes, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL
Carátula: Gregorchuk, Ricardo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-03

La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley.
Tarifa de servicios eléctricos, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Angel  Estrada y Cía. S.A. c/ resol. 71/96 - Sec. Ener. y Puertos (Expte. N° 750- 002119/96). s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

Ninguna de las disposiciones que establecen las bases para la fijación de las tarifas -art. 40 y subsiguientes de la ley 24.065- permite que las consecuencias de las eventuales faltas de diligencia en que incurriesen las empresas concesionarias puedan ser tenidas en cuenta y cargadas al precio del servicio respectivo, toda vez que la tarifa debe satisfacer exclusivamente los costos en que aquellas hubieran prudentemente incurrido con el objeto de satisfacer la prestación debida a los usuarios.
Procedimiento laboral, fallo plenario, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Fiorino Augusto Marcelo c/ QBE Argentina ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-25

El art. 303 C.P.C.C.N. es una norma inconstitucional. Sería una contradicción que tuvieran los jueces atribuciones de legislador, y que pudieran las Cámaras lo que no puede la propia C.S.J.N.. La regla de la vinculatoriedad no se encuentra vigente. Ello hace a la racionalidad del sistema, es decir al derecho vigente en fondo y forma, por aportar seguridad jurídica, que es el valor tan preciado que ofrece un sistema continental, donde el juez se debe por entero al marco normativo siempre y cuando resulte conforme a la Constitución, impidiendo vaivenes interpretativos que, de existir, quedarían fuera del derecho. En este sentido, el derecho sustantivo de defensa en juicio (art. 18 C.N.) se vería violentado por una norma de forma (o por la práctica en ese sentido), que previera la vinculatoriedad de los fallos erga omnes, abandonando el efecto inter partes, en razón de que el decisorio alcanzaría a quien no fue oído en el proceso. (Del voto de la Dra. Cañal).
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Murua de Povolo, Teresita del Valle c/ APANE s/ Acción de Amparo s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-26

La parte actora deduce recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones que rechazó el recurso interpuesto por la amparista y confirmó la sentencia del juez de grado en todas sus partes.

En innumerables oportunidades, este Tribunal ha sostenido que para la viabilidad formal del recurso de casación se requiere - entre otros-, la concurrencia del requisito de fundamentación autónoma, el que sólo se logra a través de un desarrollo argumental que permita conocer los antecedentes principales de la causa, especialmente los fundamentos de la sentencia que se pretende impugnar, a efectos de poder establecer el vínculo de éstos con los motivos del recurso.

A más de ello, es necesario que el recurrente se haga cargo de dichos fundamentos y rebata todos y cada uno de ellos, pues de lo contrario éstos quedan firmes.

En el caso, la recurrente ha omitido expresar los fundamentos o pilares jurídicos sobre los que se asienta el fallo, de modo que para su conocimiento se debió acudir a la lectura de los autos y, para conocer tales fundamentos, el tribunal debió efectuar la lectura del fallo, lo que descalifica per se al recurso intentado, por carecer de autosuficiencia.

Más allá de lo observado, los fundamentos del decisorio no fueron mínimamente rebatidos por la recurrente, habiéndose circunscrito la queja a repetir conceptos sostenidos a lo largo del proceso, totalmente desentendidos de lo expresado en el fallo, lo que demuestra una mera discrepancia de carácter personal que no alcanza a constituir una réplica adecuada, lo que torna al recurso en manifiestamente inadmisible por carecer de fundamentación autónoma, con costas a la recurrente.
Prueba, reglas de la sana crítica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ibáñez, César Marcelo c/ Sautu, Guillermo Mariano s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

El valor de convicción de los elementos probatorios analizados por el juez, debe ser en su conjunto, relacionando unos con otros y todos entre sí y no separadamente . Y tal apreciación debe hacerse conforme a las reglas de la sana crítica, que son aquéllas aconsejadas por el buen sentido aplicado con recto criterio, extraídas de la lógica, basadas en la ciencia, la experiencia, la observación, para discernir lo verdadero de lo falso (art. 384, CPCC; SCBA, en DJBA, t. 40 p. 657; t. 43 p. 841 y en Ac. y Sent.

1963-II-169).
Jubilaciones, pensiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MAZZALOMO UBALDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ Acción Inconstitucionalidad (LIBRO: S243 - 199)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-14

El desequilibrio entre las cajas nacionales y la provincial, no autoriza la utilización de remedios que contradigan normas positivas y principios básicos del sistema previsional y menos aún garantías constitucionales.
Derecho administrativo, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: QUIROZ RODOLFO MARCELINO c/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN s/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-19

A los fines de poder determinar el capital de condena, en la etapa de ejecución de sentencia, se deberá presentar la correspondiente liquidación que contemple los intereses sobre las sumas que fueran pagadas en forma retroactiva a valores históricos en concepto del plus referenciado. El cálculo se hará desde que cada suma mensual debió ser pagada y hasta la fecha en la que aconteció el efectivo pago de aquéllas (las que según surge de las constancias de la causa, operó con los haberes del mes de septiembre de 2010). La tasa que deberá utilizarse para efectuar la precedente liquidación será la tasa promedio o "Mix" hasta el 01/01/2008 y, a partir de dicha fecha, la tasa activa del Banco de la Provincia del Neuquén (cfr. Ac. 1612/09 "Levy, Ricardo Isidoro c/ Provincia del Neuquén" Expte.1031/04, entre otros). Determinado el capital de condena, sobre el monto obtenido se devengarán intereses hasta su efectivo pago, conforme tasa activa del Banco Provincia del Neuquén (de esta forma corresponde integrar la condena alcanzando la totalidad de las pretensiones esgrimidas en la demanda).
Docentes, bonificación por ruralidad, regímenes jubilatorios especiales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lanucara, Héctor D. c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación) s/ Demanda contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-13

La retribución prevista por el art. 39 de la ley 10.579, modificado por la ley 10.614 -Estatuto del Docente- consiste en una bonificación que se otorga a los docentes consistente en una suma fija de dinero y quien la pretenda debe acreditar que, hasta el momento de su cese, ha desempeñado treinta años -o en su caso veinte - en tareas de enseñanza.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Brianda, Antonio c/ Hormas SACIF s/ Desp. acc. (ley 9688)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-14

En el caso, el valor del litigio está representado por la diferencia existente entre la regulación efectuada por el Tribunal y la pretendida por el recurrente, actualizada al tiempo de recurrir.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jerarquía de las leyes, facultades legislativas, ley nacional, ley provincial, prescripción quinquenal, prescripción decenal, fallos de la Corte Suprema, derechos y garantías constitucionales
Materia: COMERCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: PUIGMARTI Y CIA. SACIF s/ QUIEBRA  S/  INC.  DE REVISION POR FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA  DE BS. AS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-15

Considerando, según doctrina de la Corte Suprema, que la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional, no cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen al respecto, ya que, al haber delegado en la nación la facultad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que la contradigan (fallos: 320:1345 y sus citas), salvo en los casos de ausencia de disposiciones aplicables a obligaciones análogas en la legislación nacional y sin contradicción con esta (fallos 320:1344, considerando 8°). En consecuencia, dado que la prescripción es una materia reglada por el CCIV, las leyes provinciales no pueden modificar las disposiciones dictadas por el legislador nacional sobre prescripción sin violar lo dispuesto en la CN arts. 75 apart. 12 y 126; de tal manera aun cuando el crédito reclamado por la fiscalía de estado de la provincia de Buenos Aires sea anterior a la fecha a partir de la cual comienza a correr el termino de prescripción quinquenal establecido en la Ley 11808, art. 111, que modifico el plazo decenal reduciéndolo a cinco años, cabe aplicar al referido crédito el plazo de prescripción quinquenal.
Juicio de desalojo, herederos
Materia: PENAL
Carátula: Olivera de Aracena, Argentina c/ Gordillo, Vicente Argentino s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2000-02-01

Los herederos como el administrador de una sucesión se encuentran legitimados para demandar el desalojo: puesto que en el caso del administrador, el carácter que inviste equivale a un mandato concedido en términos generales, que lo autoriza a ejercitar todo acto propio a sus facultades implícitas: entre ellas iniciar el juicio de desahucio, puesto que constituye un acto de administración que tiende por procedimientos normales a la conservación del patrimonio de la sucesión.
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios Edificio calle Santa Fe c/ Dante Rizzieve Pitón S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-08-25

Se admite, bajo determinadas circunstancias, que el consorcio pueda ser titular de acciones judiciales en representación de los consorcistas, en defensa del interés de las cosas o servicios comunes.
Presunciones, apreciación de la prueba, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Medeiro, Héctor R. s/ Robos calificados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

Es insuficiente la impugnación de la prueba presuncial efectuada por la defensa si el juzgador utilizó para conformar la prueba de la autoría en el hecho tres presunciones ajenas a las elaboradas sobre la base de las cuestionadas manifestaciones autoinculpatorias las que excluyó expresamente.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, caducidad de instancia, plazos procesales, interrupción de la caducidad, actos y diligencias procesales, mandamientos, falta de diligenciamiento, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C.B.A. c/ Supermercados Disco S.A. s/ Ejecución fiscal fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-16

El plazo dispuesto en el inciso primero del artículo 260 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, conforme el artículo 261 del citado ordenamiento, se computa desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez, Secretario o Prosecretario Administrativo que tenga por efecto impulsar el procedimiento, corriendo durante los días inhábiles salvo los que correspondan a la ferias judiciales.

Si bien es cierto que debe primar un criterio de amplitud a fin de indagar si una diligencia tiene idoneidad para impulsar el proceso, tarea para la que, en principio, se debe prescindir de su eficacia o resultado, las particulares circunstancias de autos conducen a considerar que los actos procesales a los que alude la ejecutante no son interruptivos del curso de la perención.

En efecto, al contestar el traslado del incidente de caducidad, aquélla sostuvo que la presentación del mandamiento a confronte quedaba acreditado con el instrumento que acompañaba. Es decir, que fue la propia ejecutante quien consideró que esas constancias no resultaban suficientes, tal vez por no encontrarse firmadas, para acreditar ese hecho. Sin embargo, y pese a lo señalado, no adjuntó la constancia referida. Lejos de enmendar ese error, en oportunidad de fundar la apelación interpuesta contra la resolución que declaró operada la caducidad de la instancia, nuevamente insistió en que esos actos procesales, que habrían tenido por objeto impulsar el procedimiento, se encontraban acreditados con la copia del mandamiento que dijo que había adjuntado, aunque en rigor así no lo había hecho.

De tal modo, siguiendo los dichos de la ejecutante, en el sentido que ésta consideró que las notas no bastaban para acreditar la presentación en distintas oportunidades de un mandamiento, puede concluirse que ese hecho -al no haberse adjuntado el proyecto de mandamiento referido- no se encuentra probado.