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Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, principio de congruencia, incongruencia, contrato de trabajo, contrato de trabajo por tiempo indeterminado, conversión automática, despido indirecto, indemnización por despido, antigüedad
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Mendoza, Nicolás c/ Ace Seguridad  S.R.L. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que contiene una autocontradicción que la descalifica como acto jurisdiccional, toda vez que, por un lado, admite la conversión del contrato de plazo fijo en uno por tiempo indeterminado, y por otro, niega la procedencia de la indemnización por antigüedad fundándose en que al tiempo de la extinción del vínculo no había transcurrido el plazo de tres meses contemplado por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; ha realizado una interpretación inadecuada de las constancias de la causa, habida cuenta que de haberse ponderado que la relación laboral continuó hasta que el actor se consideró despedido en forma indirecta, distinta hubiese sido la solución final, máxime cuando las normas laborales contemplan en forma expresa el tema (art. 246 de la Ley de Contrato de Trabajo).
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, validez de la ley, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Pino Julio Enrique c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-05-21

Tanto el art. 21 ap. 1, inc. a. de la Ley 24.557, como ahora la parte final del primer párrafo del art. 1º de la Ley 27.348 desnaturalizan la función original que la Ley 24.241 otorgó a las Comisiones Médicas. Estos organismos, compuestos en su integridad por galenos (art. 51 Ley 24.241, y cuyo funcionamiento decisorio no altera la presencia del Secretario Técnico Letrado mencionado por la Resol 298/17 SRT) tenían como propósito dictaminar en cuestiones médicas relacionadas con el subsistema previsional y no conflictos entre particulares (Voto Ronconi)
Empleador, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: Calderón, Ezequiel c/ Fisco Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-08-31

El empleador no puede eximirse de responsabilidad pretendiendo hacer recaer sobre el dependiente las consecuencias desfavorables de su actuar negligente, pues no le son imputables a la víctima los hechos que derivan del incumplimiento patronal del deber legal de seguridad, indelegable en los empleados.
Consumidores, daño punitivo, asociaciones de consumidores, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur-Proconsumer c/ A.M.X. Argentina S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-04-03

El art. 52 de la LDC no distingue entre las acciones que puede articular una asociación o un consumidor individual, ergo todos pueden ejercitar el mismo espectro de acciones. En base a ello, en el marco de una acción colectiva, las asociaciones de consumidores se encuentran legitimadas para formular el reclamo del daño punitivo, a fin de que los consumidores afectados por una eventual práctica abusiva puedan tener alguna reparación (del modo en que establezca la sentencia a dictarse), puesto que difícilmente hubieran reclamado por tal concepto, debido a los reducidos montos usualmente involucrados y las dificultades prácticas de distinta índole que existen para efectuar reclamos en materia de evidente exigüidad económica.
Medidas cautelares, sentencia definitiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c/ Estado Nacional - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-01-19

Una interpretación literal del art. 15 de la ley 16.986, llevaría a considerar que la admisión del remedio que se articula suspende la operatividad de la medida cautelar hasta tanto se resuelva. Ello en un contexto armónico de interpretación del esquema procesal, más aún cuando la referida ley 16.986 remite expresamente al mismo (art. 17) y, en ese orden, se contrapone con lo dispuesto por el art. 198 del C.P.C.C., y también contra el espíritu y finalidad de la teoría cautelar. De larga data, el criterio del suscripto se endereza a considerar que la concesión del recurso en ambos efectos a que refiere el art. 15 de la ley 16.986, comprende la apelación deducida contra la sentencia definitiva o las providencias denegatorias referidas en el art. 3º, pero no a las cautelares. (Disidencia del Dr.
Régimen de consolidación de deudas, cosa juzgada
Materia: ECONOMIA-PROCESAL
Carátula: LUQUE DEL MARMOL, Jorge y otros c/ C.S.J.N. -Min. de Justicia- s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-18

La aplicación de la ley de consolidación afectaría el principio de la cosa juzgada, pues dada la avanzada edad del acreedor (próximo a cumplir 91 años), el procedimiento de la ley 23.982 importaría el incumplimiento de las consecuencias jurídicas declaradas por la sentencia y no una modificación del modo de su cumplimiento (conf. esta Sala in re, 3/11/92 "Carranza"; 18/6/93 "Ravier de Leroux"; doc. C.S. in re 29/4/93 "Iachemet").
Alimentos, cuota alimentaria, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B. DE R. M.T. Y O. c/ R.C.L. s/ ALIMENTOS Y LITIS EXPENSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

La prueba del caudal económico del alimentante puede ser directa, o en parte, directa e indirecta e indicios sumados, o de presunciones exclusivamente, siempre que reúnan condiciones de eficacia, aunque con criterio amplio a favor de la pretensión actora.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, juicios contra el Estado, sentencia, juicio de apremio, ley de emergencia, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASADO, JUAN c/ INSTITUTO FRIGORIFICO MUNICIPAL Y OTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -RECURSO DIRECTO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 347 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-26

La interpretación y aplicación de los regímenes de ejecución de sentencias contra el Estado constituye -por vía de principio- facultad que se encuentra reservada a los Jueces de la causa y, de consiguiente, a menos que se demuestre arbitrariedad, no es susceptible de revisión por medio del recurso legislado en la ley 7055.

En el "sub judice", la impugnante , la recurrente entiende que su propuesta de pago en cuotas se ajustaba al sistema de cancelación de deudas establecido por las normas de emergencia, mas lo cierto es que dicho planteo importa únicamente un desacuerdo hermenéutico con la postura de los Jueces sin lograr persuadir a este Cuerpo que la interpretación conferida a las normas de emergencia en cuestión en relación a las constancias de autos sea irracional o absurda en grado tal que permita descalificar el pronunciamiento como acto judicial válido.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, fundamentación del recurso, deserción del recurso, solidaridad previsional
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Torres  Brizuela,  Elena  Beatriz c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-19

Corresponde declarar desiertos los recursos ordinarios - concedidos y debidamente sustanciados (art. 19, ley 24.463) por carecer del requisito de fundamentación, si la demandada se limita en su memorial a formular consideraciones genéricas, dogmáticas y abstractas, no referentes a los aspectos específicos de las sentencias cuestionadas.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, depreciación monetaria, compraventa, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: MANGIALAVORI HNOS.  S.A. s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  PROCEDENCIA  - COMPRAVENTA - DEPRECIACION  MONETARIA - DEFENSA EN JUICIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-14

La sentencia de Cámara que actualizó las cuotas impagas del precio, sin que mediara petición al respecto y sin audiencia del afectado por el reajuste, excede los límites de su jurisdicción, toda vez que resuelve un capítulo que no formó parte de la relación procesal ni fue materia de apelación, con lo cual infirió un agravio a la garantía constitucional de la defensa en juicio del adquirente.
Protección de la vivienda, condominio, desafectación del inmueble (civil), acreedor
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de desafectación del bien de familia: Lara Hugo Alberto (h) c/ Garzón, José Alejandro s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2018-03-06

Para constituir como bien de familia un inmueble que está sujeto a condominio, tienen que estar de acuerdo y solicitarlo todos los condóminos, lo mismo ocurre para la desafectación del inmueble -se requiere la participación de todos-, en tanto no se puede desafectar parcialmente, es decir sólo por la parte alícuota del deudor que pretende la desafectación, pues si bien la protección implica la extracción de la vivienda familiar del principio que los bienes del deudor son prenda común de los acreedores, cuando el inmueble se encuentra afectado al régimen del bien de familia, es de interpretación restrictiva las normas que regulan su desafectación, se trata de una protección que la ley brinda a la vivienda familiar.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, leyes, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, acto administrativo, control de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Gras, Osvaldo Augusto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Caducidad  (Expte. C.S.J. Nro. 730 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-22

Debe rechazarse la pretensión de declaración de inconstitucionalidad del artículo 66 de la ley 4106, desde que este instrumento no resulta, como parece postularlo el recurrente, una herramienta que, de manera subsidiaria, venga a componer una situación que, desde su óptica, se evidencia como injusta. La razonabilidad de la norma que cuestiona el accionante, está dada en pos de un interés público específico vinculado a la naturaleza del control de legitimidad de los actos administrativos que se ejerce en el proceso contencioso administrativo, y la necesidad de que cese cuanto antes la situación de interinidad que en la marcha y desenvolvimiento de la actividad administrativa implica toda impugnación a su gestión.Todo ello, sin dejar de advertir que el agravio constitucional se enerva cuando es el fruto del actuar negligente del agraviado; y que, en definitiva, lo que eventualmente puede perder la recurrente son diferencias económicas más no el beneficio previsional.
Proceso electoral, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: STOCHERO DE RUEDA, SUSANA TERESA Y PARTIDO FRENTE RENOVADOR DE LA ESPERANZA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-24

Al respecto de la barrera establecida por el decreto ley 9280/83 (que pide el 3% del padrón electoral del distrito), corresponde puntualizar que más allá de las críticas que puedan realizarse a favor o en contra de dicho instituto jurídico en el derecho electoral comparado, lo cierto es que los recurrentes no se hacen cargo de refutar su legitimidad desde el plano constitucional, sino que sólo se limitan a afirmar genéricamente que no cabe aplicar dicho instituto obstativo ya que surgiría -a su entender- del artículo 32 de la Constitución provincial, una pretendida representación proporcional pura, empero no logran demostrar que la norma cuestionada vulnere el derecho de representación que poseen las minorías, ni conmover con sus argumentaciones la preeminencia del principio de gobernabilidad y estabilidad parlamentaria en que se funda desde antaño -tanto en nuestras elecciones provinciales como nacionales- dicho umbral legal; debiendo asimismo tenerse presente que del artículo 32 de la Carta Magna local, que invocan los recurrentes en apoyo a sus alegaciones, no surge que aquel imponga "por sí mismo" forma alguna al legislador, debiendo observarse, en orden a lo que se conoce como el sistema proporcional D'Hondt, que no existe en nuestro país ni en nuestro derecho comparado, un sistema proporcional puro, tal como afirman los impugnantes que existiría en la Provincia, pues, no resulta posible la proporcionalidad absoluta sino como un ideal. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta).
Acción de amparo, existencia de otras vías, reclamo administrativo previo, gravamen irreparable, peligro en la demora
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SOBARZO, SOLEDAD DEL PILAR c/ SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA NACION s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

La regla del planteo de la vía administrativa previa o paralela no es absoluta; es decir, funciona como un postulado general, que admite excepciones.

Tampoco podemos interpretar tal instituto de forma que nos lleve a desvirtuar otras garantías que protegen a todo justiciable, entre ellas el derecho a acceder a la justicia y de someter el entuerto a un juez natural e imparcial.

Una de las excepciones radica en que la vía administrativa de posible planteamiento no atiende idóneamente al problema, es decir, su trámite -por naturaleza, rapidez, etc.- no es lo suficientemente útil para proteger el derecho vulnerado y puede, por ende, ocasionar un gravamen irreparable. Es allí cuando el interesado puede articular el amparo "omisso medio", es decir, directamente.
Robo con armas, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: GOMEZ, JUAN s/ ROBO.  ARMAS:  TRES  SUJETOS,  SIN  QUE  SE  PUEDA  DISCRIMINAR QUIÉN  PORTABA EL ARMA Y QUIÉN LA SEVILLANA. DELITO. COAUTORÍA.   PARTICIAPACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-03

no obstante que el damnificado -que fue despojado del automóvil por tres sujetos-, no pudo identificar quién portaba el arma y quién la sevillana, los tres deben responder a títulos de coautores del delito de robo a mano armada, pues ninguno se apartó del lugar o se bajó del automóvil, toda vez que autor también es quien, independientemente de materializar o no alguno de los elementos básicos del injusto, posee en pequeña o gran medida una parte del dominio del acto, actuando con propósito de autor y siendo, parte sustancial de su configuración integral. (Del voto del dr. Campos al que se adhirió el dr. Valdovinos).
Recurso de casación, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: GRAMAJO ORLANDO SERAPIO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-02-17

Entra en la órbita de la excepcionalidad el instituto del absurdo evidente, cuya creación obedeció a la necesidad de sobreponerse a las rígidas limitaciones de la ley frente a casos de notoria injusticia.
Cuestiones de competencia, daños y perjuicios, acto administrativo, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de Misiones. s/ Cuestión de Competencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-04-14

Cuando se demanda por daños y perjuicios derivados o como consecuencia del dictado de actos de carácter administrativos, la competencia para resolver pertenece al Superior Tribunal de Justicia.
Prueba documental, oportunidad procesal, agregación de la prueba documental, prueba extemporánea, prueba pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: FRIGORIFICO Y MATADERO LA FORESTA S.C.A c/ FRIGORIFICO LA PERLA S.C.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-03

Cabe objetar la agregación, por parte de los peritos, de prueba instrumental cuya incorporación al proceso no hubiese transitado por los normales cauces procesales previstos para ello.
Despido, integración del mes de despido, indemnización sustitutiva de preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: Johnson y Johnson S.A.I. y C. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-09-19

Es correcta la resolución del mérito, cuando ordena calcular la integración del mes de despido (que completa la indemnización sustitutiva del preaviso) con las diferencias que se hayan producido para el mes de abril, por que el despido tuvo lugar en abril, en este caso deben computarse también los aumentos que para este mes -último que trabajó, aunque parcialmente el actor- se hubieran concedido.
Acción de amparo, sentencia, nulidad de sentencia, integración de la litis, servicio público, concesión de servicio público, legitimación pasiva, litisconsorcio necesario, facultades del juez, facultades de saneamiento, celeridad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Peralta, Nelson Mario. c/ Indalo S.A. y otros. s/ Acción de amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-04-21

Si bien el art. 89 del Código Procesal dispone que, en los supuestos de litisconsorcio necesario, el juez ordenará, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, la integración de la litis hasta el momento de la apertura a prueba, en el caso, la naturaleza del derecho cuyo amparo se pretende, justifica una distinta solución, toda vez que por tratarse de un derecho que hace a la dignidad de la persona y que no admite mayores dilaciones en cuanto a su análisis, no es procedente el rechazo del amparo - que podría ser planteado nuevamente - si no sanear el trámite del proceso, nulificando la sentencia recurrida, teniendo por válido lo actuado por las restantes codemandas y disponiendo la intervención de la autoridad que dio en concesión el servicio público involucrado, a través de un nuevo juez por haberse pronunciado la magistrada interviniente.
Daños y perjuicios, pérdida de la chance, responsabilidad del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: NEDICH, Horacio Juan y otro c/ GOMAR EKER F. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-14

La actuación negligente del letrado que no hizo comparecer al testigo en tiempo oportuno, que no ofreció y acompañó la causa penal que dio lugar al ilícito o que no expresó los agravios, es susceptible de ocasionar una pérdida de "chance" de obtener un pronunciamiento favorable para su cliente. Sin embargo, cuando no obstante ello, resulta evidente que la suerte de la apelación interpuesta contra la sentencia ya estaba echada, la omisión de la expresión de agravios evitó hacer incurrir a sus mandantes en mayores erogaciones.-
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, acta de secuestro, falta de firma, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: DOMINGEZ, PAZ s/ ACTA SECUESTRO - NULIDAD - ESTUPEFACIENTES - TENENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-26

Son nulas las actas de secuestro de estupefacientes no suscriptas por el Comisario actuante, razón por la cual dichos instrumentos carecen de validez formal y esa omisión determina que no pueda tenerse por justificada la existencia del delito de tenencia de estupefacientes.
Empleados públicos, relación de dependencia, salarios caídos, prescripción, Derecho administrativo, cuestión de derecho público local, código civil
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CENA, JUAN MANUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - INCIDENTE  DE APREMIO (CSJ EXPTE Nº 506-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-02

En materia de prescripción de créditos surgidos de una relación de empleo público -en caso de ausencia de una norma expresa provincial aplicable por analogía o de principios generales de Derecho Administrativo y de derecho público local que permitan resolver la cuestión- puede recurrirse a las normas del Código Civil, pero aplicando siempre especial cautela y sin perder de vista el interés público prevalente en las relaciones regidas por el Derecho Administrativo. DEL VOTO DE LA MAYORIA. EN MINORIA EL DR BARRAGUIRRE.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, taxi, Municipalidad, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Albano, María Florencia c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Revocatoria  (Expte. CSJ Nro. 398-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-11

Sentado que la impugnante actuó en condición de "aspirante a titular" de una licencia de taxímetro, y que las actuaciones administrativas no dan pábulo para extraer otra cosa, corresponde determinar si el cuadro normativo aplicable contiene, en relación a tales aspirantes, normas de relación dictadas en garantía, precisamente, de situaciones jurídicas individuales, frente a la acción administrativa del Estado, y que, en correlación con los derechos que ellas determinan en favor de particulares, generan obligaciones a cargo de la Administración. Así, tras un análisis de la ordenanza 2649/80 (que regula el régimen general de servicio de taxis en la ciudad de Rosario) y del decreto 1993/80 (que la reglamenta) corresponde dar una respuesta negativa. En efecto, esta última normativa regula las transferencias a partir del artículo 6º y hasta el artículo 10 inclusive. Allí se exige la autorización del organismo de aplicación y la conformidad del Departamento Ejecutivo, y se detalla la documentación a adjuntar por el titular de la licencia. Cierto es que el aspirante "participará conjuntamente en esta presentación" pero no es menos cierto que tales normas no determinan derechos en favor de los gestionantes.
Juicio de desalojo, legitimación pasiva, intruso, locatario, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: NESI EDGARDO c/ MARANI RAUL s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-19

El art. 680 del CPCC preve específicamente entre los legitimados pasivos del juicio de desalojo a los "intrusos". Accionándose por esta causal, es al demandado que alega ser inquilino a quien le corresponde probar la calidad invocada.
Cláusula penal, intereses punitorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Multicompras S.A. c/ Meza, Juan C. s/ Cobro ejecutivo. de australes. Prepara via ejecutiva Multicompras SA c/ Fraga, Guillermo Daniel s/ Cobro sumario Carlos Rasch Const. S.R.L. c/ Gonzalez, Guillermo y otras s/ Ejecutivo Minoli, Jorge c/ Lizundia, Margarita y otro s/ Cum. contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12|1994-07-26|1996-05-30|2001-07-17

Es improcedente la aplicación conjunta de intereses y de la cláusula penal, por cuanto ésta excluye cualquier otra condenación y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización aunque pruebe que la pena no es indemnización suficiente.
Proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rey Norma Estela c/ Rivadavia Elisa E. s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

El "principio de congruencia", es definido generalmente como aquella exigencia de que medie adecuación o conformidad entre las pretensiones, que constituyen el objeto del proceso, y las oposiciones que delimitan el "thema decidendum", de las partes, formuladas correcta y oportunamente, y la parte dispositiva de la resolución judicial. (Minoría u opinión personal)