marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acervo sucesorio, cesión de derechos hereditarios, bienes gananciales
Materia: CIVIL
Carátula: G., H. A.  c/  s/ sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-28

Al no formar parte del acervo hereditario, el partícipe de la comunidad de ganancias disuelta por fallecimiento de su cónyuge no puede transmitir, dentro del proceso sucesorio, la porción de bienes gananciales que le correspondan en virtud de la liquidación de dicha comunidad.
Falso testimonio, sobreseimiento, tipo penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, C. E. y otro  c/  s/ Falsa denuncia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-09

Falso testimonio.

Sobreseimiento.

Tipo penal que exige que la falsedad alegada afecte el tratamiento de la cuestión, extremo que no se verifica en el caso. Referencias enunciadas por la recurrente que no tenían incidencia en el motivo por el cual el encausado había sido convocado. Falsedades con respecto a las generales de la ley que tampoco son típicas.

Confirmación.
División de poderes, sistema republicano, tribunal de cuentas, interés concreto, falta de legitimación para obrar
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Leiva, María Fernanda y otro c/ Provincia de Córdoba s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-07-01

La mera alusión a la defensa de la división de poderes, de la forma republicana o, bien, de la austeridad que esta conlleva, no bastan para reconocer legitimación a quien invoque tales principios. Esto es, sin acreditar un interés concreto; es decir, el carácter de persona afectada por la aplicación de la norma que se reputa inconstitucional.
Solicitud de excarcelación, robo simple, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: COLMAN, F. G.  c/  s/ Excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-18

Excarcelación rechazada.

Imputado procesado por robo simple.

caso en el que se advierten medidas menos lesivas que la detención para asegurar el cumplimiento de las futuras obligaciones procesales. Ausencia de antecedentes condenatorios. Circunstancia de registro de una suspensión del juicio a prueba por el plazo de dos años que, de arribarse a una sanción en las actuaciones, determinarían que el instituto sea revocado y se disponga la continuidad del proceso con la gravosa consecuencia de que una eventual condena no podrá ser dejada en suspenso, que igualmente no debe soslayarse. Encausado que se encuentra debidamente identificado, con domicilio constatado y no presenta otros nombres o identidades ante el Registro Nacional de Reincidencia. Investigación que no reviste características complejas y ya ha sido elevada a juicio. Valoración de reaseguros que sugiere que los peligros procesales pueden ser neutralizados con una adecuada caución, más la imposición de otras obligaciones en los términos de los artículos 321 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación y 210 del Código Procesal Penal Federal.
Interés superior del niño, derecho a ser oído, plan de parentalidad, medidas cautelares, violencia familiar
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: P. M. L. c/ C. R. F. s/ homologación de acuerdo - mediación s/ régimen de comunicación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-27

Primacía del interés superior del niño como parámetro de decisión.
Córdoba, acción declarativa de inconstitucionalidad, oportunidad procesal, competencia del Superior Tribunal de Justicia, ley vigente
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Leiva, María Fernanda y otro c/ Provincia de Córdoba s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-07-01

La oportunidad procesal para deducir una acción declarativa de inconstitucionalidad corre desde que la norma adquiere formalmente ese estatus, tras su sanción, promulgación y publicación, y aquella se mantiene mientras ella no sea aplicada. Esta premisa rige en Córdoba, porque no está previsto un plazo perentorio de caducidad para la interposición de la acción declarativa de inconstitucionalidad como ocurre en otras provincias.
Interposición del recurso, aclaratoria (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: G. B. y G. T.  c/  s/ sucesión ab-intestato, -curadora de bienes dra. m. m. c.- c/ v. v. y otros s/desalojo: intrusos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-10

Vale señalar que las resoluciones dictadas por el Tribunal de Segunda Instancia no son susceptibles de recurso alguno, con la excepción que contempla la ley adjetiva ante la concurrencia de tres supuestos en que procede el remedio procesal de la aclaratoria: 1) corrección de errores materiales; 2) aclaración de conceptos oscuros y/o 3) subsanación de omisiones sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio -conf. los arts. 36, inc. 3 y 166, inc. 2 del CPCCN-.
Córdoba, acción declarativa de inconstitucionalidad, control difuso de constitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Leiva, María Fernanda y otro c/ Provincia de Córdoba s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-07-01

El carácter preventivo de la acción declarativa de inconstitucionalidad explica por qué la demanda se dirige contra el emisor de la norma (el Estado provincial o municipal, etc.) y no contra el beneficiario de aquella o del régimen establecido por ella, como ocurre en el control difuso por vía indirecta o incidental; esto es, el que le cabe a cualquier tribunal, en cualquier instancia, y que es instado a raíz de la oposición de una excepción o de una defensa de inconstitucionalidad, hipótesis en la que ya se evalúa el despliegue o el impacto de la disposición cuestionada por su eventual afectación a derechos en el marco de una relación jurídica que ya se encuentra en desarrollo. Este último examen, denominado indirecto, incidental o reparador, apunta a neutralizar los efectos de la norma.
Extorsión, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: HUISI, M. E.  c/  s/ Extorsión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-29

Acuerdo de conciliación.

Homologación rechazada.

Imputado procesado por extorsión. Acusador público que no se opuso a su homologación.

Resolución N° 2/2019 que otorga operatividad al artículo 34, segundo párrafo del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la justicia nacional. Acuerdo que procede en los delitos con contenido patrimonial, sin grave violencia, o en los culposos siempre y cuando no hayan existido lesiones gravísimas o la muerte. Figura en cuestión que si bien es pluriofensiva porque afecta la "libertad" y la "propiedad" del damnificado, se le ha dado preeminencia a lo último ya que constituye una lesión contra la propiedad ajena, que es efectuada mediante un atentado a la libertad o el honor, de modo que, más allá de su especial característica, no está en discusión que el patrimonio es el bien jurídico que encuentra mayor protección. Actuaciones en las que no se advierte un despliegue de excesiva violencia para la consumación del suceso. Opinión del Ministerio Público Fiscal que no es vinculante. Espíritu de la normativa -artículo 22 del Código Procesal Penal Federal- que apunta a la solución de los conflictos de una manera alternativa a la tradicionalmente implementada por el Derecho Penal (mediante la imposición de una pena), priorizando por el contrario el restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social. Damnificado que suscribió el convenio con asistencia letrada, lo que descarta un aprovechamiento de su estado de vulnerabilidad.
Resoluciones inapelables, inapelabilidad en razón del monto, concesión errónea del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Giacomino, Franco Nahuel SRT 108379/22  c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.  s/ otros reclamos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-11

Procede declarar declarar mal concedido un recurso cuando el monto comprometido resulta inferior al mínimo establecido, ello de acuerdo a lo dispuesto por el art. 242 del CPCCN -conforme ley 26.536- y la Ac. 10/2024 de la CSJN que adecua el monto a la suma de pesos dos millones cien mil ($2.100.000.-).
Cesión de derechos hereditarios, bienes gananciales, cónyuge supérstite
Materia: CIVIL
Carátula: G., H. A.  c/  s/ sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-28

Cabe señalar que no puede incluirse en un proceso sucesorio la transmisión del 50% de los bienes que como socio de la comunidad de bienes del matrimonio, le corresponde al cónyuge supérstite; la transmisión de la porción ganancial debe efectuarse de conformidad con las formalidades que la ley prescribe para los inmuebles, quedando excluida de la cesión hereditaria.
Sobreseimiento, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: B., L.  c/  s/ Abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-19

Sobreseimiento.

Por resultar no punible el encausado en razón de su edad, con la declaración de que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor del que gozara con anterioridad (artículo 336, inciso 5 del Código Procesal Penal de la Nación).

Agravio: Desvinculación que debió realizarse en los términos del inciso 2º del artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación.

Elementos necesarios, conforme los lineamientos trazados en "H., A. O. s/ infracción Ley 23.737" (FRO 41000199/2012/1/CS1, rto. 26/6/2021, Fallos: 344:1509), para examinar los agravios desde la perspectiva propuesta. Caso que corresponde valorar de acuerdo al compromiso que el Estado asumió de investigar, sancionar y reparar de manera efectiva los conflictos que se susciten en temáticas en que los niños estén involucrados, de acuerdo a lo normado en la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por ley 23.849) y la ley de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (Ley 26.061). Damnificado y encausado que son menores de edad, situación que lleva a un análisis mucho más riguroso para resguardar los intereses en juego de ambas partes y que permite sostener el acierto de la decisión y de la selección de la causal de sobreseimiento. Elementos reunidos que, valorados de acuerdo a la sana crítica, permiten otorgar preeminencia a la hipótesis de la denuncia sobre la brindada por el encausado al ser escuchado de conformidad a los artículos 12, incisos 1 y 2, 40 inciso b), apartado II y IV de la Convención sobre los Derechos del Niños -aprobada por Ley 23.849- y 73 y 279 del Código Procesal Penal de la Nación, en torno a la cual también se advierten inconsistencias que, aunque probablemente propias de la edad o la situación atravesada, no pasan desapercibidas. Pretensión de la defensa, al advertirse en el caso la probabilidad necesaria para considerar la existencia del hecho investigado y su intervención en él, que corresponde rechazar. Participación que se evalúa con probabilidad debido a los alcances que requiere esta etapa preliminar del proceso -previa a la realización del juicio propiamente dicho- y que no se lleva a cabo, justamente, por la edad del imputado y en función de una previsión legal que lo hace no punible en términos penales. Agravio concreto que no se advierte, ante la ausencia de disposición tutelar, por lo que el orden de prelación del artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación conduce, inexorablemente, al inciso 5° escogido por el magistrado.
Extinción de la acción penal, sobreseimiento, estafa procesal, tentativa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ROVATTI, C.  c/  s/ Prescripción de la acción penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-19

Extinción de la acción penal.

Por prescripción y sobreseimiento.

prescripción de la acción penal que, en el caso involucrado -estafa procesal en grado de tentativa-, comienza a correr desde la fecha del último acto positivo -con idoneidad para dar cumplimiento al tipo realizado- por el imputado en el juicio de que se trate. Ley de fondo que establece que la prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito (artículo 63 Código Penal). Actuaciones comerciales en las que, desde que el encausado contestó los agravios -luego de la interposición del recurso de apelación- bregando por la revocación, no ha transcurrido, hasta el primer llamado a prestar declaración indagatoria, el plazo de 4 años establecidos por el ordenamiento de fondo (artículo 62, inciso 2).
Orden de captura, declaración indagatoria
Materia: PENAL
Carátula: RAMOS, M. de los A.  c/  s/ Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-05

Averiguación de paradero y captura.

decisión de decretar la captura para materializar la declaración indagatoria que se encuentra ajustada a derecho y a las especiales circunstancias del caso. Hechos por los que se pretende recibirle declaración en los términos del art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación que revisten gravedad y, teniendo en cuenta que la encausada registra un antecedente condenatorio, de corresponder alguna sanción, ésta será de efectivo cumplimiento (art. 26 del Código Penal) por lo que se encuentran presentes, en el caso, los presupuestos previstos por los artículos 280, 283 y 294 del citado cuerpo legal.
Confirmación de sentencia, procesamiento, declaración de la víctima
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MAMANI, A. B.  c/  s/ Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-30

Procesamiento.

Agravio: imputación que se sustenta únicamente en el relato de la víctima y en la declaración del personal policial.

Planteo vinculado con la imposibilidad de fundar una decisión sobre el mérito de la acusación a partir de un testigo único que se encuentra vinculado con el sistema de prueba legal que no se corresponde con el adoptado por el procedimiento penal nacional (artículos 241 y 398 del Código Procesal Penal de la Nación). Sana crítica. Testimonio de la víctima como único testigo que puede sustentar el reproche. Elementos reunidos que, valorados en conjunto, configuran un cuadro de indicios precisos y concordantes, suficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido por el art. 306 del CPPN, la responsabilidad atribuida a la imputada en esta etapa del proceso.

Confirmación.
Confirmación de sentencia, delito de acción pública
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ARELLANO, M. I.  c/  s/ Falsificación de documento público
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-06

Instituto respecto del cual, a los fines instrumentales y ante la ausencia de procedimiento específico, debe recurrirse a las previsiones del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal (CnCrimyCorr., Sala IV, c. 17359/2019 "Monia", rta. 26/12/19). Procedimiento que supone la voluntad de enmienda y reparación del imputado, además de los límites y la necesaria conformidad del fiscal (artículos 30 a 34 de la normativa citada). Encausado a quien se le imputa un delito de acción pública y representante del Ministerio Público Fiscal que de manera fundada se ha opuesto por lo que su posición es vinculante. Confirmación. (Disidencia parcial)
Habeas corpus, derecho de trabajar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GALVAN, E. D.  c/  s/ Habeas corpus
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-25

Habeas corpus.

Rechazado y elevado en consulta.

Ausencia de un supuesto de agravamiento de las condiciones de detención. Restricción a los derechos laborales que no se ha demostrado toda vez que se condice con la normativa (artículo 111 de la ley 24.660). Horas pagas que le han sido reducidas pero aún subsisten de acuerdo a la Resolución 1346/2024 del Ministerio de Seguridad, RESOL-2024-1346-APN-MSG. Ausencia de restricción arbitraria del derecho al trabajo en el ámbito en el que permanece detenido (artículos 2, 106, 107 y concordantes de la ley 24.660), dado que puede continuar recibiendo una retribución.

Confirmación.
Falta de legitimación para obrar, Córdoba, acción declarativa de inconstitucionalidad, competencia del Superior Tribunal de Justicia, cuestión abstracta, parte interesada, tribunal de cuentas, derechos de incidencia colectiva, caso concreto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Leiva, María Fernanda y otro c/ Provincia de Córdoba s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-07-01

Resultan problemáticos aquellos cuestionamientos que no se impulsan por la presunta afectación de derechos propios, sino en resguardo de potestades orgánico-funcionales del cuerpo del que se forma parte. Por ende, la discusión sobre diseños, modelos u opciones orgánico?institucionales, cuando no se hubiere acreditado cómo la modificación legislativa impacta en la esfera de los derechos o intereses personales, implicaría que el superior tribunal de justicia practique un control abstracto que sopese las virtudes (o no) de un cambio normativo. Sin embargo, por la vía del carril excepcional de la acción declarativa de inconstitucionalidad el superior tribunal de justicia no está llamado a imponer su criterio o, peor, a operar como una suerte de legislador negativo para emplear la afortunada metáfora de Hans Kelsen; esto es, con poder suficiente para conjurar o vetar la producción legislativa que no se adecuara, por ejemplo, a las cosmovisiones, creencias o tradiciones filosóficas de sus miembros.
Encubrimiento, procesamiento, tipo penal, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: ACUÑA, H. E.  c/  s/ Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-18

Encubrimiento agravado por haber sido cometido con ánimo de lucro. Procesamiento.

Agravio: cuestionamiento de la legalidad del procedimiento mediante el cual se produjo la detención y requisa toda vez que, bajo la apariencia de una entrega acordada, se habría llevado a cabo una maniobra encubierta no autorizada judicialmente asimilable a la figura del "agente encubierto" prevista en la ley 23.737. Conducta atípica.

Figura del agente encubierto regulada por el artículo 3 de la Ley 27.319. Procedimiento que culminó con la detención del imputado y el hallazgo del bien objeto del delito que no guarda relación alguna con la figura allí prevista. Supuesto legal destinado a salvaguardar la actuación de funcionarios de las fuerzas de seguridad que puedan verse involucrados en delitos en el contexto de infiltración en organizaciones criminales, lo que no ocurre en el caso. Personal policial que se limitó a cumplir lo requerido por la Fiscalía de turno que, por imperio del artículo 196 bis del Código Procesal Penal de la Nación, tenía a su cargo la investigación e impartió expresamente las instrucciones con el fin de esclarecer el caso e individualizar a las personas intervinientes. Principio de excepcionalidad en materia de invalidez procesal. Elemento subjetivo requerido para la configuración del tipo penal que se encuentra debidamente acreditado. Agravio referido a la calificación legal que, al ser provisorio y susceptible de variar con el devenir del proceso y siendo que en el caso no tiene injerencia sobre la libertad del imputado ni respecto de la competencia o la prescripción de la acción, no corresponde analizar.

Confirmación.
Lesiones leves, amenazas, acción pública
Materia: PENAL
Carátula: P., H. R.  c/  s/ Robo, lesiones agravadas y homicidio a mujer perpetrado por un hombre y mediando violencia de género
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-16

Investigación que no puede escindirse. Lesiones sufridas por la damnificada que fueron acontecidas en el mismo contexto fáctico en que se cometió el delito de amenazas. Hecho único que incluye un delito de acción pública, por lo que puede prescindirse del impulso inicial de la víctima para que el Ministerio Público ejerza la acción penal. Caso en el que igualmente la acción fue impulsada a partir de la convocatoria al "911" realizada a petición de la víctima quien, luego de narrar lo sucedido al personal policial se sometió a ser examinada por los médicos de nosocomio.

Confirmación.
Materia: PENAL
Carátula: N., C. R.  c/  s/ Abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-21

Requerimiento de elevación a juicio.

Magistrado que dio por decaído el derecho de la querella de formularlo y lo declaró extemporáneo.

Normativa (artículo 353, 2do párrafo del Código Procesal Penal de la Nación) que establece que la existencia de recursos pendientes no impide la remisión de la causa a la etapa de debate, siendo el único obstáculo la fijación de la audiencia de juicio prevista en el artículo 359 del mismo ordenamiento. Vista conferida para requerir la elevación a juicio que resultó válida. Plazo de seis días que si bien es perentorio puede aplazarse cuando la prórroga es requerida antes de su vencimiento y el magistrado considera pertinentes los motivos de la solicitud. Término que para el Ministerio Público Fiscal siempre es ordenatorio. Normativa que establece que las partes serán notificadas en la secretaría del tribunal o en el domicilio constituido (artículo 144 del ceremonial). Querellante que fue notificada al domicilio electrónico constituido junto con sus letrados. Recurrente que, igualmente, no ha perdido su rol en el proceso y conserva sus facultades para actuar en juicio (conf. C.S.J.N. D. 45. XLI. Del´Olio, E. L., Del´Olio, J. C. s/ defraudación por administración fraudulenta, rta. 11/07/2006, Fallos: 329:2596).

Confirmación.
Falta de legitimación para obrar, Córdoba, acción declarativa de inconstitucionalidad, competencia del Superior Tribunal de Justicia, cuestión abstracta, caso concreto, Constitución Provincial, tribunal de cuentas, derechos de incidencia colectiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Leiva, María Fernanda y otro c/ Provincia de Córdoba s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-07-01

La acción declarativa de inconstitucionalidad no puede ser ensayada por quien no pruebe que se encuentra comprendido o amenazado por lo que la norma proyecta sobre sus intereses o derechos. Esto, desde que únicamente esa condición o requisito lo legitima para cuestionar directamente a la norma. En síntesis, una persona (física o jurídica) debe probar que la disposición en cuestión se cierne sobre la esfera de sus derechos o intereses subjetivos, o, en su defecto, sobre intereses difusos o supraindividuales (art. 53 de la constitución provincial. En este último supuesto, la pretensión tendrá base colectiva; es decir, la controversia ha de versar en torno de un bien colectivo (ambiente) o de derechos individuales homogéneos que, no obstante, [resultan] afectados cualitativamente por un único hecho, acto o factor de agresión común, que podría ser la norma objetada por su presunta inconstitucionalidad. Como consecuencia, quien no lograra demostrar la incidencia que la disposición podría tener en cualquier de esas dos esferas (personal-subjetiva o difusa-colectiva) no podrá ser considerado como portador de un interés excluyente o diferenciado para que se ponga en marcha en instancia originaria del superior tribunal de justicia el examen preventivo que conlleva toda acción declarativa de inconstitucionalidad.