marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnaciones reiteradas
Materia: PROCESAL
Carátula: A., A. A. y o. c/ C. G. P. y o. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-12-04

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no rebate los argumentos del juzgador limitándose a paralelar en forma genérica su opinión discrepante con el fallo sin hacerse cargo de las concretas razones que sustentan al mismo.(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Declaración de insania, relaciones de familia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G.N. s/ Insania
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-13

La justicia con su actual inclinación a buscar la paz jurídica para resolver las controversias, tratan de lograr resultados concretos a nivel de la reorganización del sistema familiar y desde allí, interviniendo en el presente, proyectan un futuro mejor para todos los miembros que componen la familia.
Beneficio de litigar sin gastos, sociedades comerciales
Materia: PROCESAL
Carátula: INSTITUTO GERIATRICO DEL SOL Y OTROS c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS s/ BENEF. DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-27

Si bien el beneficio de litigar sin gastos puede ser dispensado tanto a las personas físicas como a las de existencia ideal, cuando se trata de una sociedad comercial, cuyo desenvolvimiento se inspira en obvios fines de lucro, su concesión ha de ser apreciada con particular prudencia (cfr. Causa 5872 del 13.5.88).
Tenencia ilegítima de documento nacional de identidad, concurso de delitos, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: Yllana, Carlos Alberto s/ Infr. arts. 283  C.P.  y art. 33 Ley 17.671.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-10

La tenencia ilegítima de un D.N.I. configura un delito independiente del uso de ese instrumento, al advertir que ambos tipos penales han sido claramente diferenciados en la ley especial mencionada, sin que se aplique al caso la cláusula consumativa prevista en los supuestos de los arts. 292 y 296 del código de fondo.
Acta de secuestro, cuestión secundaria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: HILL, SANTIAGO Y OTRO s/ INCENDIO Y OTROS ESTRAGOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-30

Ha de merecer plena validez el acta de secuestro que contenga diferencias en cuestiones secundarias, como pueden ser ciertos detalles de procedimiento, con lo manifestado por los funcionarios policiales intervinientes y testigos, ya que incluso pueden computarse como un dato que fortalece la confianza sobre la sinceridad del testigo.
Aplicación de la ley, derechos y garantías constitucionales, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: NASO DE ANTUN, MARIA C. c/ LA GERMINADORA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

Una norma, que en principio y al momento de su sanción no era incorrecta debe ser declarada inconstitucional si en la actualidad contextual, su aplicación vulnera derechos constitucionales garantizados.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), acción de amparo, docentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COSANI, CARMEN ESTHER c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-11-13

La recurrente no logra demostrar la irrazonabilidad de la respuesta brindada por los Sentenciantes, que entendieron que aún cuando la norma impugnada podría considerarse un exceso reglamentario al fijar un límite etario no previsto por el legislador en la norma reglamentada, conforme el criterio sentado por la Corte, se tornaba menester que la actora lograra demostrar fehacientemente el agravio constitucional concreto derivado del límite etario (edad jubilatoria) que impone la norma reglamentaria y que su irrazonabilidad pueda verificarse inmediantemente ante el primer examen de admisibilidad dentro de los márgenes de la acción intentada, lo que no se había dado en el caso. - CITAS: CSJStaFe: Cóceres, AyS T 266, p 97. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 8927 y 12464; Decreto 3029/12, Anexo III, artículo 4, apartado b).
Despido con causa, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Schwenke, Mario Alberto c/ INDASYC SRL s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-17

Es principio general que la valoración de los hechos calificados como injuriosos, a los fines de la extinción del contrato de trabajo, queda sujeta a la prudente apreciación de los jueces, conforme a la facultad otorgada por el último párrafo del artículo 242 de la L.C.T..
Robo con armas, tentativa, interpretación de la ley, principio de legalidad, escala penal, agravantes de la pena, menor procesado
Materia: PENAL
Carátula: Benvenuto, Diego Fabián y Guerrero, Leonardo Adrián s/tentativa de robo agravado por la utilización de un arma y por la intervención de un menor de 18 años c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

Una interpretación racional del art. 41 quater, CP., que le acuerde un contenido que consulte el principio de legalidad, que concilie y armonice el resto de los preceptos legales, y que justifique el considerable aumento que opera en la escala legal, permite concluir que la agravante no debe aplicarse sin ningún tipo de distinción por el sólo hecho de delinquir un sujeto mayor de edad con un menor de dieciocho años, sin importar la edad del sujeto activo ni qué actividad le cupo a cada uno. Es que la protección adicional de los niños, niñas y adolescentes, respecto de los adultos que cometen delitos con ellos, vinculándolos a la actividad y fomentándola, requiere que exista entre el menor y el mayor una diferencia de edad considerable y una dinámica del hecho tal que importe un aprovechamiento de la situación del primero y una instrumentalización por parte del segundo (voto del juez Jantus)
Daños y perjuicios, daño moral, transporte terrestre, pérdida del equipaje
Materia: CIVIL
Carátula: Abesg Cobo Juan E. c/ Empresa de Transporte Rabbione  S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

Aunque se trate del incumplimiento del transporte de equipajes, muy hipótesis en que la lesión espiritual surge de las mismas circunstancias en que dicho incumplimiento se configura, habiendo mencionado precisamente el caso en que el dueño de valores perdidos o sustraídos se encuentra lejos de su domicilio, sin posibilidad inmediata de reparar la mortificación que presupone encontrarse de golpe sin los efectos indispensables para permanecer en el lugar destinado a realizar sus vacaciones.
Recurso de casación, derechos de las niñas, niños y adolescentes, asesor de menores, representación de incapaces, régimen penitenciario, personas privadas de la libertad, derecho a ser oído, Poder Ejecutivo Provincial, emplazamiento, responsabilidad del Estado, salud mental, asistencia psicológica
Materia: PROCESAL
Carátula: Inc. de ejecución de pena S., C. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-20

Sin perjuicio del rechazo del recurso de casación, considero menester analizar cuestiones puntuales que con solidez expuso el enjundioso escrito...: una de ellas, vinculada con lo ya sostenido en el precedente citado; otra referida a la remisión al art. 59 del Código Civil, las Leyes nacional 26061 y provincial 4109 y, en definitiva, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño; una tercera relativa a la solicitud de audiencia....

Todo lo anterior se inscribe en las previsiones constitucionales (arts. 18, 75 inc. 22 y ccdtes. C.Nac. y 23 y ccdtes. C.Prov.), en el plexo normativo que regula la ejecución de las penas privativas de la libertad y, dentro de éste, en las reglas del sistema penitenciario al que están sometidos los internos (Leyes 24660 y 3008 y respectivos decretos reglamentarios), además del régimen legal de Salud Mental en la provincia (Ley 2440), donde aparecen comprometidos derechos humanos que ningún tribunal puede desatender: sanar, rehabilitar, proteger, oír, resocializar.

En esa intelección, como refiere el ponente, agrego que las autoridades de aplicación de ese plexo normativo en los distintos ámbitos tienen que cumplir con sus deberes, hasta ahora omitidos, en cuanto a asistir al aquí condenado recurrente según sus obligaciones ineludibles: brindarle asistencia terapéutica y oírlo ante la desatención del propio Estado (Leyes 2440, 3008, 3830 y 24660, entre otras).
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios judiciales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Massone, Héctor Antonio c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

La ley 10.839 -que estableció un régimen de privilegio para los magistrados y funcionarios judiciales designados constitucionalmente que hubieran sido dejados cesantes a partir del 24-III-76 por el régimen de facto- no contiene cláusula alguna que le asigne efectos retroactivos al cese efectivo en los servicios, por lo que los haberes previsionales que de su aplicación derivan se devengan desde la fecha de vigencia de tal normativa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), asegurador, seguros, fianza, pago, lucro cesante, daño punitivo, buena fe
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MAITESS S.A. c/ ALLIANZ ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-26

Se advierte que en su presentación directa, la quejosa incumple la carga estipulada en el artículo 8 de la ley 7055 de rebatir cada uno de los motivos expuestos por el Tribunal para apoyar su decisión de denegar la concesión del remedio extraordinario, trayendo razones de peso a fin de neutralizar la referida fundamentación, especialmente en orden a que los agravios esgrimidos no traducen más que la discrepancia con lo resuelto por la Cámara en el ejercicio de funciones que le son propias, desde que en aquella oportunidad la Alzada, en relación a los reproches de arbitrariedad, sostuvo que para decidir como lo hizo se basó en que la recurrente no había planteado una crítica objetiva y razonada del fundamento brindado por la Jueza de grado, concluyéndose que la suma a pagar se encontraba licuada o depreciada por el proceso inflacionario, y en respuesta al achaque de interpretación caprichosa de prueba decisiva, argumentó que en relación a la condena por lucro cesante se puntualizó la falta de cuestionamiento del apelante al informe pericial tomado en consideración por la Jueza inferior, lo que hacía aplicables los apercibimientos del artículo 365 del C.P.C.C.; y en relación al daño punitivo, refirió el A quo que luego de advertirse una contradicción en la fundamentación que llevó a la Jueza de grado a rechazar el rubro, se decidió concederlo a los efectos de disuadir la reiteración de conductas como las de autos, remitiendo a los fundamentos de la sentencia donde se ocupó de forma extensa y minuciosa destacando que la compañía aseguradora podía declinar la garantía ciñéndose a las cláusulas del contrato de seguro en una interpretación razonable, y no como lo hizo en forma abusiva, excediendo los límites de la buena fe. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 365; Ley 7055, artículo 8
Expropiación, indemnización, daño, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ FALCONE, HUGO LUIS Y/O QUIEN EN DEFINITIVA RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 480 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-23

Debe desestimarse la solicitud de la expropiada relativa al reintegro de los gastos devengados por la compra de un inmueble de similar valor, a los que estima en una suma equivalente al 8% del valor objetivo del bien, comprensivo de la comisión del corredor inmobiliario y de los honorarios notariales.

Ello por cuanto no basta la mera invocación del "perjuicio directo e inmediato" para que éste se reconozca, sino que para ello es, desde luego, necesarias u concreta demostración.

Según tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la procedencia de la indemnización por este concepto "...depende de que esté o no suficientemente probada la existencia de perjuicios cuya causa inmediata y directa sea la expropiación..." y que "a falta de prueba de los perjuicios que habría irrogado la expropiación no corresponde indemnización alguna por tal concepto".
Impuestos provinciales, repetición de impuestos, Impuesto sobre los ingresos brutos, transporte interno, transporte de pasajeros
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Empresa del Sur y Media Agua c/ Mendoza, Provincia de s/ repetición de impuestos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-09

No procede la repetición del impuesto provincial a los ingresos brutos sobre el transporte interprovincial de pasajeros, si se ha omitido acreditar que no es susceptible de traslación por no haber sido contemplado como costo en el precio final del pasaje.
Cuestiones de competencia, ampliación de la demanda, leyes, ley derogada, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Cialdella, Nora N. c/ Luque, Rolando O. s/ Conflicto negativo de competencia - Ejecución prendaria (Expte.:  C.S.J. Nro. 388 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-27

No existe posibilidad de considerar derogado el art. 3 de la ley 5531 por la redacción original del artículo 8vo. de la ley 10.160, pues la derogación no fue expresa y por ende, la pérdida de vigencia de la norma citada en último término hace desaparecer los motivos que la implicaban", a lo que cabe agregar que lo dispuesto por el inciso 5 del artículo 1 de la ley 10.160, no resulta incompatible con lo dispuesto por el inciso 'b' del artículo 3 del Código Procesal Civil y Comercial, como para entender que resulta operativa la norma transitoria del inciso 9 del artículo 362 de aquélla, generando la derogación implícita de esta última. Y tampoco resulta óbice a la aplicación del criterio, el hecho de que -de conformidad a lo expuesto en la demanda- no se presentara la posibilidad de la ampliación de la misma, porque las normas de competencia imponen una aplicación general y apriorística, sin entrar en especulaciones que implican ya adquirir conocimiento sobre la causa pues, en ese caso, la competencia podría determinarse recién al momento de sentenciar y, obviamente, la reforma de la ley 10.160 pretendió desterrar esa posibilidad.
Tenencia de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Álvarez, Héctor Luis, Bringas, Bárbara Melina y Barriga, Víctor L. s/ inf. ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-19

Debe calificarse la conducta del encartado como tenencia simple de estupefacientes y no con fines de comercialización, en tanto existe una orfandad de otros elementos o indicios de cargo que den cuenta de la intención de tráfico exigida por el tipo penal, como ser escuchas telefónicas, filmaciones, fotografías e individualización de compradores previos.
Prácticas desleales, paro de actividades
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de las Comunicaciones c/ Correo Oficial de la República Argentina s/ sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-04-23

La acción concreta por parte del empleador de intimar a los trabajadores a fijar posición respecto del acatamiento a la medida de fuerza es una clara medida intimidatoria destinada a quienes estaban ejerciendo el derecho de huelga, pues el propio texto del telegrama cursado por la patronal revela que ante el incumplimiento del trabajador, no se lo intimaba a retomar tareas, lo cual es la conminación habitual cuando el trabajador se ausenta sin aviso por un lapso significativo, sino a "fijar posición", expresión cuya ambigüedad notable señala u orienta el deseo de obtener una respuesta del trabajador para que explícitamente manifestara haber adherido o no a la huelga.
Divorcio, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., M. H. c/ L., P. s/ Divorcio por mutuo acuerdo I., E. M. c/ G. de I., I. s/ Divorcio y disolución sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-02|1988-06-16

La disolución de la sociedad conyugal es previa al proceso de liquidación, y opera por virtud de la sola sentencia de divorcio. La liquidación y consiguiente partición de bienes, comprende todos los actos posteriores a la disolución; por lo que las previsiones del artº 38 de la ley 8904 sobre división de bienes comunes, es la tarifación que corresponderá al ulterior trámite de la liquidación.

(ley 17711 y Cód. Civil art. 1306) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Viajantes de comercio, televisión por cable, injuria laboral, cambio de zona
Materia: LABORAL
Carátula: MASOTTA, GUILLERMO c/ CABLEVISION  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Teniendo en cuenta la modalidad del servicio que ofrecen los vendedores de televisión por cable y la forma de concretarse la operación de suscripción a dicho sistema, el cambio de zona dispuesta por la empleadora sin conformidad expresa del trabajador (art. 9 ley 14536) constituye una injuria suficiente para extinguir el vínculo laboral si ello perjudica al vendedor, pero no da derecho a percibir las comisiones indirectas por las operaciones realizadas por otros vendedores con posterioridad al desempeño en la zona.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, juicio de apremio, mora
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. c/ JOSE OSVALDO LO IACONO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - SENTENCIA DEFINITIVA.    CONSTITUCION EN MORA AL DEUDOR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-09

Si bien las decisiones recaídas en juicios ejecutivos no constituyen, en principio, la sentencia definitiva que exige el artículo 14 de la ley 48, cabe asignar tal carácter a la resolución apelada -que confirmó lo resuelto acerca de la fecha de constitución en mora del deudor-, en tanto está comprendida en las previsiones del artículo 553, párrafo cuarto, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Robo, tenencia de la res furtiva
Materia: PENAL
Carátula: VERA CARLOS ANIBAL s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-22

Es obvio que en el caso de autos, los elementos de ponderación incorporados en la instrucción, son absolutamente insuficientes para fundar un juicio de certeza respecto a la autoría del hecho que se le endilga al imputado. La tenencia de la "res furtiva", como indicio que es, para acreditar la autoría del hecho en el cual ha sido sustraída, necesita de otros elementos de prueba que, reforzándolo, indiquen unívocamente esto último. Es evidente que a la denuncia y reconocimiento por el daminificado, se opone no solo la negativa del encartado, sino también la manifestación de su padre respecto a la propiedad de los bienes de uso común y con una nota de fungibilidad que debilita el reconocimiento efectuado. Nada indica con la certeza requerida la autoría que se incrimina, máxime que el secuestro se efectiviza luego de un año de ocurrido el hecho, por todo lo cual, debe propugnarse la absolución del imputado.
Reclusión perpetua, reincidencia, pena agotada
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rubira Olmedo, Héctor Fabián s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-18

Las escalas del CP -hasta la reforma introducida por ley 25.928- y de las leyes especiales, incorporadas o no, no habían excedido, en concreto, el tope de 25 años y, en los casos en que ha previsto la pena privativa de libertad más grave en forma alternativa con la perpetua -art. 214 CP- no ha excedido los 25 años. De tal modo, el máximo de la especie en 25 años es el más adecuado atento las escalas previstas para la libertad condicional, la tentativa y complicidad secundaria en delitos reprimidos con pena perpetua, así como se refleja en la prescripción de la acción y la pena. La disidencia sostuvo que el plazo máximo de la pena impuesta en estas actuaciones debe fijarse en 30 años de prisión en tanto el vencimiento de la pena de prisión perpetua, con declaración de reincidencia, se debe efectuar con remisión a los plazos del art. 53 del CP, por ello, siendo el momento en que comienza el cumplimiento de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado en caso de condena a reclusión perpetua después de haber cumplido 20 años de pena privativa de libertad (conforme redacción anterior del art. 13 CP), en la medida que el acceso a la libertad condicional a los condenados a prisión o reclusión perpetua es el haber cumplido 20 años de condena, recién ahí deben computarse los plazos previstos por el art. 53 CP, y entendió que fijar el límite temporal máximo, para un condenado a prisión perpetua con declaración de reincidencia, en 25 años, que es la pena prevista para el homicidio simple sin reincidencia, resultaría violatoria del principio de igualdad.
Faltas, régimen de faltas, transporte de pasajeros, taxi, peón de taxi, licencia de taxi
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SUAREZ, Héctor Eduardo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-09

La infracción consistente en conducir un taxímetro con la tarjeta de chofer vencida por más de 120 días, resulta generadora de un doble orden de responsabilidades. La primera concierne al chofer del taxímetro que lo conduce con su tarjeta correspondiente vencida en más del plazo máximo establecido por la ordenanza correspondiente.

La segunda se refiere a la responsabilidad que le compete al titular de la licencia de taxi por omitir el cumplimiento de los requisitos exigidos, en el caso, permitir que el vehículo sea conducido por quien en ese momento no se encuentra habilitado para hacerlo. Ello se desprende del juego armónico de las disposiciones contenidas en el artículo 4.1.9. de la Ley Nro. 451 y en la O. M. 41.815 con sus modificatorias, especialmente el artículo 41 bis, modificado por la Ley Nro. 787
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: José Persiani e Hijos c/ Atencio, Sergio s/ Cobro de pesos sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

Si el demandado negó expresamente los hechos invocados por el actor, como también desconoció la autenticidad de los documentos acompañados y ninguna prueba se trajo a la causa para demostrar la verdad de las alegaciones del demandante, el único camino que queda es el de rechazar la demanda (art. 375, CPCC.).
Acción declarativa de inconstitucionalidad, competencia, Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación de Psicólogos del GCBA c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-20

No es la de la acción de inconstitucionalidad del art. 113, inc. 2 CCBA, la vía idónea para introducir una discusión que se asienta en la supuesta usurpación de competencias propias de un órgano de poder local por parte de otro; para lo que se encuentra prevista la vía del conflicto de poderes. (Voto de la Dra. Ana María Conde).