Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-05-27


AUTOS N° 9428 "AGUIAR, Roberto Dionicio y Otros C/ Gibello Carlos José S/Apelación de Sentencia"	En la ciudad de San Juan, a veintisiete días del mes de mayo del año dos mil catorce, reunidos en su sala de acuerdos los miembros titulares de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo, doctores Guillermo Baigorrí y Susana Raed de Rago Gallo, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en Autos AUTOS N° 9428 caratulados "AGUIAR, ROBERTO DIONICIO Y OTROS C/GIBELLO CARLOS JOSE S/APELACIÓN DE SENTENCIA " y atento al resultado obtenido en el sorteo realizado para la emisión de los votos:

LA DOCTORA SUSANA RAED DE RAGO GALLO DIJO: Contra la sentencia de de fs. 121/130 dictada por la Titular del Quinto Juzgado del Trabajo, que hace lugar a la demanda interpuesta a fs. 31/34, condenando al demandado a abonar al actor la suma indicada en los considerandos, dentro del plazo indicado en el Resuelvo, con más sus intereses, impone las costas a la demandada vencida, regula honorarios y ordena hacer entrega de la certificación de servicios dentro del plazo allí indicado, bajo apercibimiento de astreintes, por cada día de retardo; interpone a fs. 138 recurso de apelación la parte demandada, el que es concedido a fs. 140, obrando a fs. 141/145 el respectivo memorial, y el responde del mismo, por parte de la actora, a fs. 156/158.-	Remitida la causa a la Cámara de Apelaciones del Trabajo, queda radicada en esta Sala Segunda donde se le imprime el trámite procesal correspondiente, se llama autos para resolver, previa intervención de la Fiscalía de Cámara (fs. 165 vta.), y se practica el sorteo para la emisión de los votos, con lo que las cuestiones propuestas por la apelación se encuentran en condiciones de ser consideradas y resueltas por el Tribunal de alzada.-	I.- Impugna el apelante la sentencia de Primera Instancia por cuanto: 1) arbitrariamente hace lugar a la demanda, sobre la base tergiversar y no ponderar correctamente, la prueba testimonial rendida por el accionante, las que son falsas; 2) ignora los testimonios aportados por su parte, los que, aduce, son decisivos, vitales y conducentes para la solución del conflicto, 3) por dichas razones, es arbitraria; y 4) por la imposición de costas.-	II.- La actora, en su escrito de responde, de fs. 156/158, alega que el memorial de fs. 141/145 no se adecua al art. 253 del C.P.C., de aplicación supletoria, y que por ende, debe declararse desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 138.-	Entrando a revisar si el escrito de expresión de agravios se adecua a la norma retrocitada, desde ya adelanto que le asiste razón al apelado, ya que el escrito de fs. 141/145 no contiene una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.- Fenochietto-Arazi, y otros, en su " Cod.Proc. Civil Comentado..." T. 1° pág. 836/837) señala: "Crítica concreta y razonada que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas".-	También se ha sostenido al respecto que: "La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Es decir, deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebran el fallo, a través de circunstancias jurídicas por las cuales se lo tacha de erróneo, y no meras observaciones genéricas o de orden general. Es decir, debe el apelante fijar la materia del reexamen por el ad-quem, dentro de la trama de las relaciones fácticas y jurídicas que constituye el ámbito del litigio". (Morello, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial...", t.III, p. 353)..-	II.1.- Dicho lo cual, conocida la posición asumida por ambos litigantes con motivo del presente recurso, podemos afirmar que la expresión de agravios formulada por la recurrente deja ver la ausencia de una crítica razonada, tal como lo exige el art. 253 C.P.C., de aplicación supletoria, respecto de los errores in iudicando, para que pueda considerarse el recurso. En ello, debemos acomodar nuestra decisión a los claros principios que elabora nuestro Superior Tribunal sobre el particular cuando afirma que, técnicamente, no constituye una expresión de agravios, cuando no se canaliza por dicha vía un ataque real, cierto y fundado contra el pronunciamiento recurrido, si se ha limitado la quejosa a disentir con el trabajo de valoración hecho por el sentenciante, sin llegar a puntualizar con una crítica razonada, cuáles son los errores in iudicando que se pretenden subsanar con el recurso.- Por tanto, dado que los agravios traídos tan sólo señalan discrepancia con la evaluación hecha por el tribunal de mérito con los elementos de juicio incorporados al proceso, esto es, respecto de la valoración de la prueba testimonial aportada por la actora, y la prescindencia de consideración de la rendida por la demandada, en lo que hace a la existencia de la relación laboral invocada en la demanda, ello no alcanza para la imputación de arbitrariedad del fallo, dado que tan sólo se sustenta en la disconformidad del recurrente con el criterio utilizado por el sentenciante en la selección y valoración de las pruebas.- Conceptúo que, con aserto, la Juzgadora, en el sub-lite, ha hecho mérito de las pruebas testimoniales de los señores Ponce (fs. 78), Requena (fs. 80) y Muñoz ( fs. 81), dado que sus testimonios son concordantes y veraces.- Conforme una importante jurisprudencia, que comparto, sobre el valor probatorio de la prueba testimonial: "La razón de los dichos de los testigos, haber presenciado el hecho por encontrarse en lugar inmediato al acontecimiento es bastante para asignarle valor convitito (CTrab. Córdoba sala IX, trib. colegiado, Toste-Leonelli-Graso, sent., 31/05/ 07).- II.- 2.- También resulta inamovible la consecuencia que le asigna la Juzgadora a la falta de presentación por parte del demandado de los Libros de Sueldos y Jornales -habiendo sido debidamente intimado, según surge de fs. 35 y 44- en lo que hace a la extensión de la relación laboral y categoría en que se desempeñaba el actor.-	En esta oportunidad, reitero el criterio de este Tribunal al respecto: "...la obligación de llevar los libros exigidos por la legislación laboral (arts. 52, 55 L.C.T. y 101 del C.P.L.), por un lado, es una obligación de derecho público, sujeta a sanción administrativa en caso de incumplimiento (multa); y por otro lado, es también una obligación de derecho privado, integrante del complejo de obligaciones y deberes que constituyen la relación laboral de trabajo. Si bien no es una obligación en sentido estricto, por lo menos es un deber de conducta.-	Que teniendo en cuenta lo expresado, entiendo que cuando existe discrepancia sobre las fechas en que se originó o desenvolvió la relación laboral entre las partes, debe estarse a la denunciada por el empleado, salvo prueba en contrario, toda vez que la falta del libro que se refieren los arts. 55 Ley C.T. y 101 del C.P.L., pueden convertir tal omisión en una desventaja para el empleador, al constituir una presunción favorable a la contraparte."(Autos Nº 6244 "Ortíz, Daniela Susana c/Clínica Mayor S.R.L. Apelación de Sentencia" 22-05-05).-	Entonces, insisto en que la valoración efectuada por la Juzgadora, concatenando la prueba colectada en la causa, resultan suficientes para sustentar las conclusiones a las que arriba.- II.-3.- A lo que cabe adunar, que no le asiste razón al recurrente en lo atinente a que la A-quo no tomó en cuenta la testimonial rendida por su parte.-	Por el contrario, conforme a las reglas de la sana crítica (art. 19 del C.P.L.) en un razonamiento inamovible, que comparto, la Sentenciante consideró que los testimonios de los señores Requena (fs. 84) y Aballay (fs. 85) no aportaron datos que hagan a la credibilidad de los mismos, por lo que carecen de fuerza convictio.-	En efecto, bien se ha dicho: "Para que el dicho del testigo resulte eficaz, es necesario que el mismo contenga la razón del dicho, es decir las explicaciones de lugar, tiempo y modo como ocurrió el hecho o suceso y también las del lugar, tiempo y modo como el testigo tomó conocimiento de él" (Valoración de la prueba. Casimiro A. Varela Astrea Bs.As. 1990), recaudos que no reúnen los testimonios aportados por la recurrente.-	Por otro lado, y a todo evento, traigo a colación en el " thema decidendum" que se ha sostenido reiteradamente por este Tribunal: "Que los jueces no están obligados a considerar todos los medios de prueba aportados por las partes, ni analizar todas sus argumentaciones, sino aquellas que a su juicio, sean decisivas para resolver las cuestiones de que se trate". (PRE 1979-I-35/39, etc.). "...el sentenciante es soberano en la selección de los medios de prueba que provocan su convicción si para ello no se advierte una manifiesta arbitrariedad y enuncia fundamentos que sustentan un real y legal convencimiento..." (Autos Nº 6535 "Arroyo, Bibiana del Carmen c/Quinteros Blas y otra -Apelación de sentencia, 12-10-05).

Concluyendo, propongo rechazar el recuso de apelación venido a estudio, por no adecuarse el memorial de fs. 141/145, al art. 253 del C.P.C., de aplicación supletoria.-	II.- En cuanto a las costas de la instancia, se deben imponer a la demandada vencida (art. 125 del C.P.L.), regulando los honorarios del apoderado de la parte actora en el cincuenta por ciento (50%), y los del de la parte demandada en el treinta por ciento (30%), en ambos casos, en doble carácter, y respecto de los regulados en primera instancia (art. 184, 185, 196 y cc de la Ley 2150).

Así voto.-	EL DOCTOR GUILLERMO BAIGORRÍ DIJO: Que por compartir los fundamentos del voto del Vocal preopinante adhiere al mismo.-	Por todo ello, y atento que el Dr. Delfor Benítez se ha acogido a los beneficios de la jubilación, por aplicación del art. 40 de la Ley 2150, el Tribunal:

RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 138.-	II) Imponer las costas de la instancia a la demandada vencida (art. 125 C.P.L.) y regular los honorarios del apoderado de la parte actora en el cincuenta por ciento (50%), y los del de la parte demandada en el treinta por ciento (30%), en ambos casos, en doble carácter, y respecto de los regulados en primera instancia (art. 184, 185, 196 y cc de la Ley 2150).-	III) Protocolícese, agréguese copia a los autos y hágase saber.-	IV) Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.