marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos administrativos, interpretación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Coloschi Hnos. S.A. c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02

Frente a la clara inexistencia de documentación que avale la formalización del contrato administrativo, carece de significación el amparo del crédito que se reclama en el principio jurídico dle enriquecimiento indebido pues cuando la cuestión se encuentra reglada por disposiciones normativas propias, aquel principio carece de andamiento en virtud de su carácter supletorio en la materia.
Sociedades comerciales, administración de la sociedad, representaciones comerciales, responsabilidad de la sociedad, contratos, efectos entre partes, terceros
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Spadea, Pablo Nicolás c/ Austral Logistics SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-12

La eventual extralimitación en las funciones del presidente de una sociedad anónima determinada por una actuación sin previa aprobación o bien, ratificación de la misma por el órgano de gobierno, sólo puede generarle responsabilidades frente al ente pero, en razón de lo previsto por la LGS 58, no afecta la contratación en la que hubiera participado, habida cuenta de la irrelevancia de las actuaciones internas para los terceros ajenos al funcionamiento de la sociedad; sólo en casos muy excepcionales la ley exige justificar la resolución del órgano de administración para la celebración de determinados actos, y su aprobación por la asamblea, como sucede con lo dispuesto por la LGS 271 y 273; o la LCQ 6 y 86 (CNCom, Sala D in re "Banco Comafi SA c/ Falabella y Corsi Inversora Sociedad de Bolsa y otro s/ ordinario"; Nissen, R., "Ley de sociedades comerciales, comentada, anotada y concordada", Buenos Aires, 1997, t. 4, p. 348, n° 637).
Recurso de apelación (procesal), cuestiones de competencia, codeudor solidario, ejecución de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: García Ventureyra, María c/ Al Club SA y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-09

No se configura ninguna de las hipótesis de excepción contempladas en el art. 109 L.O. y tampoco se halla vulnerada la garantía de defensa en juicio, en la resolución de la juez a quo que denegó la petición de una de las co demandadas en el sentido de intimar a las otras dos a que afronten la parte proporcional de la condena solidaria, conforme resulta de la sentencia de este Tribunal. No procede en esta sede jurisdiccional la acción de repetición entre co demandados condenados solidariamente pues ello excede el marco de la ejecución de la sentencia laboral y porque las cuestiones entre los demandados deberán sustanciarse ante el fuero correspondiente, ya que ellas resultan ajenas al marco de conocimiento del juez laboral (conf. art. 20 de la ley 18345).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Aracil, Stella Maris y otro c/ Buenos Aires Provincia de s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-15

La jurisdicción originaria de la Corte por la materia es improcedente cuando se incluyen cuestiones de índole local y de competencia de los poderes provinciales, ya que la autonomía de las provincias determina la adopción de este criterio, a fin de lograr e equilibrio que debe coexistir evitando acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa.
Verificación de impuestos, juez administrativo, facultades del juez, liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: "DOMO  CONSTRUCCIONES  S.R.L. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnaciónde deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17

Las liquidaciones y actualizaciones practicadas por los inspectores que intervienen en la fiscalización de los tributos no constituyen determinación administrativa de aquéllos, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos (art. 16 de la ley 11.683 y sus modific. según Dec. 821/98 y modif.); y el procedimiento de determinación de oficio se iniciará por el juez administrativo, con una vista al contribuyente (art. 17 ley 11.683 y sus modific. según Dec. 821/98 y modif.).

Por ello, si de las constancias existentes en autos no surge cumplimentada la normativa citada, en salvaguarda del derecho de defensa y debido proceso (art. 18 de la C.N.) corresponde declarar la nulidad de lo actuado desde las actas de requerimiento, y remitir la actuaciones a la instancia de origen a sus efectos. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Leyes, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Karnos, Alejandro Walter s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14

El art. 145 de la ley 10.358 no derogó el anterior 458 -actual 450- del C.P.P., el que entonces produce efectos en cuanto sean compatibles con el posterior art. 145 citado, del mismo modo que los produce el art. 3 del C.C. en la medida en que sean compatibles con los dos textos procesales mencionados.
Escritos judiciales, firma
Materia: LABORAL
Carátula: Cuevas, Juan Bautista c/ Fabripapel S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-10

Debe declararse mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no ha sido suscripto por el interesado y carece, por tanto, de efectos propios (arts. 118 inc. 3, C.P.C.C.;

65 dec.ley 7718/71).
Sentencia condenatoria, almacenamiento de estupefacientes, tráfico de estupefacientes, participación secundaria, pluralidad de intervinientes, prisión, multa, accesorias legales, costas, prueba confesional
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez Córdova, Max y otros  c/  s/ infracción Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-11-04

Procede condenar a MARCELO RAFAEL CUELLO a la pena de seis (6) años de prisión, multa, accesorias legales y costas, como partícipe secundario penalmente responsable del delito de almacenamiento ilegal de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo -arts. 5 inc. "c" y 11 inc. "c" de la Ley 23.737; arts. 5, 12, 29, 40, 41 y 46 del CP; y art. 530 del CPPN-. Para decidir así, se señala que el imputado junto a otros coimputados -cada uno desempeñando diferentes roles- integraban un grupo dedicado al tráfico ilícito internacional de estupefacientes, que previamente se encargaban de almacenarlos y ocultarlos; el encartado ejecutaba todas las tareas encomendadas -logística y transporte, entre otras-. Asimismo, se ha tenido en cuenta la confesión de los coimputados acusados de narcotráfico y contrabando en grado de tentativa, la cual se condice con las pruebas y no deja lugar a dudas acerca de la autoría penalmente responsable de todos ellos por haber cooperado en la ejecución del hecho.
Juicio ejecutivo, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Edificador de Trenque Lauquen c/ Yarza, Antonio s/ Cobro hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-05

En el juicio ejecutivo rige, por principio, el sistema objetivo de la derrota, enmarcado en un régimen específico diferente del acuñado por la norma del art. 68 del cód. procesal, y que se corresponde mejor con la esencia y función de este tipo de juicios.-
Marcas, oposición al registro de nombre comercial
Materia: CIVIL
Carátula: Radio Frequency Systems France c/ Cheja, Alberto Sion s/ Cese de oposición al registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-16

Debe admitirse la oportunidad de la limitación presentada por la parte actora. En efecto, esa parte tanto puede reducir su pretensión por ante esta instancia al recurrir, cuanto la demandada tuvo derecho a ampliar y mantener en su escrito los fundamentos de la oposición al registro. Para admitir lo primero basta considerar que el conflicto no ha sido resuelto en forma definitiva por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Por otra parte, el virtual desistimiento del alcance de la pretensión inicial, circunscribiéndola ahora solamente a antenas resulta legítimo por no existir norma procesal ni substancial alguna que lo impida (cfr. esta Sala, causa 11.139/94 del 17/02/98).
Honorarios del perito, aplicación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RENZI, Jorge y otros s/ inc. de reg. de honorarios-causa 30.567
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-27

Tratándose de peritos contadores la norma especifica, para la regulación de sus honorarios, es el decreto-Ley 16.638/57 del 18 de diciembre de 1957.

Sin perjuicio de que el Decreto 2284/91, ratificado por la Ley 24.307, ha establecido una derogación virtual de las declaraciones de orden público de aranceles, escalas o tarifas que fijan honorarios, la norma citada en primer término debe ser considerada orientativa. (Del voto del Dr. Vigliani) La normativa aplicable a la regulación de honorarios , en este caso el Decreto-Ley 16.638/57, debe establecerse en razón del momento en que se presenta el estudio pericial contable (17.12.90). La adopción de un criterio contrario afectaría derechos amparados por garantías constitucionales.

Cualquier parámetro rígido ajeno a los enunciados, es decir el marco regulatorio legal y el criterio jurisprudencia del mas Alto Tribunal, carece de justificación en la determinación de honorarios profesionales. (Del voto de los Dres. Cattani y Luraschi).
Defensa en juicio del Estado, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOTAK, PAULINA ROSA c/ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-11-20

El requisito del reclamo administrativo previo -cuya finalidad es producir una etapa conciliatoria anterior al pleito, dando a la Administración la posibilidad de revisar el caso, salvar algún error y promover el control de legitimidad y conveniencia de lo actuado- ha experimentado jurisprudencialmente morigeraciones que llevaron a la mayoría de los Tribunales a aceptar como válido un reclamo o intimación que permita tener a la Administración por anoticiada de la pretensión del particular, permitiendo con ello, por un lado, que pueda rever el caso y resolver el conflicto sin intervención judicial, y por el otro, cumplir con la tutela judicial efectiva prevista en el Pacto de San José de Costa Rica.
Caducidad de instancia, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M., E.J. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-07-04

"Para declarar la caducidad de oficio corresponde efectuar una sucinta fundamentación y exponer desde cuándo rige la inactividad procesal y cuál ha sido la última actuación impulsora del procedimiento, pues de lo contrario la resolución es nula".
Indemnización, daño material, lucro cesante, accidente de tránsito
Materia: CIVIL- PENAL
Carátula: OLMEDO MIGUEL ANGEL DEL VALLE s/ INDEMNIZACION  - ACCIDENTE DE TRANSITO - DAÑO MORAL - LUCRO CESANTE -   DAÑO MATERIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-09-06

Si, en el caso, la víctima era una profesional con más de diez años de antiguedad en el título,con un defecto físico que no trabajó intensivamente nunca y recibía ayuda de su progenitor pudiente de sesenta y cuatro años de edad, debe rechazarse el rubro atinente a la frustración de una legítima esperanza de apoyo o ayuda material por parte de la víctima hacia su progenitor, pues en el caso, la ayuda económica futura al padre mayor pudiente por parte de la hija no pudiente con un defecto físico, es indirecta y carente de toda seguridad.-
Confirmación de sentencia, rechazo de la demanda, mala praxis, daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ZEBALLOS JORGE ALBERTO c/ SAN MARTIN PABLO DANIEL Y OTRO s/ D. Y P. - MALA PRAXIS BENEFICIO 458682/11
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-09

Cabe confirmar la sentencia de grado que rechaza la demanda por daños y perjuicios por responsabilidad médica, cuestionando el actor el hecho de que no se le haya colocado una malla protésica en la primer intervención quirúrgica realizada con motivo de una hernia umbilical previamente diagnosticada, lo cual, a su entender, derivó en la necesidad de realizar una segunda operación para su colocación, pues, contrariamente a lo afirmado por el actor en su recurso, no surge de los elementos de prueba, que el médico utilizara una técnica inadecuada en el acto quirúrgico. Según la pericia médica, la práctica médica aplicada al actor era adecuada y, por lo tanto, su elección dentro de varias posibilidades que la ciencia médica acepta, no puede configurar conducta culposa, pues según dicho informe, la técnica empleada era una alternativa válida para el paciente, teniendo en cuenta su estado clínico. Y era la parte actora quien debía probar la culpa del médico en el accionar que provocó el perjuicio sufrido en el desarrollo de su tratamiento o en la realización de una operación determinada, siendo esto indispensable, en tanto demostraría el incumplimiento de la obligación de prestar una asistencia adecuada. Sin embargo, esto no ha acontecido en el caso.
Juicio ejecutivo, fiador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Dielmar Ltda. c/ Palme Carlos Alberto y Otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-17

Ninguna disposición legal impide que la acción ejecutiva dirigida contra el firmante y endosante de un cheque, puede ser también ejercida contra una tercera persona que se obligó como codeudor solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones contraídas por el endosante, haciéndolo mediante un instrumento independiente del cambiario. Ello, sin perjuicio de los derechos que los demandados pudieran hacer valer oportunamente. (Minoría u opinión personal)
Incidentes, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Francés del Río de La Plata S.A. c/ Colabella, Miguel A. y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-01

La imposición de costas en los incidentes no corresponde cuando no ha mediado oposición a la petición incidental o bien cuando el actor se allana de manera incondicional, total y efectiva, y no ha dado lugar por su culpa a la deducción del incidente. (arg. art. 70 CPC).

- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Facultades del gobierno nacional, competencia federal, Comunicaciones
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Telefónica de Argentina c/ Municipalidad de Chascomús s/ acción meramente declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-18

Las comunicaciones interestatales están sujetas a la jurisdicción nacional, ya que ellas constituyen el ejercicio del comercio, forman parte del sistema de correos y tienden a promover la prosperidad, adelanto y bienestar general del país, en tanto conforman un esencial instrumento de progreso y de vida para toda la Nación.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, validez de la ley, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Pino Julio Enrique c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-05-21

Estando formadas las Comisiones bajo análisis por médicos para resolver situaciones relativas a la medicina y no más que estas según mi posición, entiendo que la labor de tales entes administrativos en dichas incumbencias de orden técnico-científico, no configura ineludiblemente una "controversia" que amerite la inexcusable intervención de un tribunal de justicia, el cual ocupará su lugar luego de la discrepancia sucedida en el ámbito administrativo, habilitándose así la función o intervención del Poder Judicial (Voto Romero)
Quiebra, cosa juzgada, cesación de pagos
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Santa Elena Bursatil Sociedad de Bolsa SA  c/  s/ quiebra c/ banco provincia del neuquen sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

La doctrina mayoritaria ha precisado que tanto al fallido como a los acreedores concurrentes le es oponible la cosa juzgada de la sentencia que fijó el dies a quo de la cesación de pagos, pues aun cuando no hubieren intervenido en el trámite de su fijación su calidad de partícipes en el universal les permitía hacerlo. Y si no ocurrieron en tal etapa del proceso falimentario por su propia voluntad, no pueden luego verse beneficiados por haber omitido el ejercicio de un derecho que les era propio y para el cual estaban emplazados (Heredia P., "Tratado Exegético de Derecho Concursar, Buenos Aires, 2002, T. 4. páginas 91/95; Cámara H., "El Concurso Preventivo y la Quiebra", T. III, página 1918/1919; entre muchos otros).
Acción penal, suspensión del juicio a prueba, recursos
Materia: PENAL
Carátula: G., J.P. s/ Abuso sexual simple (arts. 45 y 119, primer párrafo del C.P.).
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-10-31

Si bien no se trata de sentencia definitiva ni extingue la acción o pena, tiende a extinguirlas iniciando una etapa que, si se cumplen las condiciones, extingue la acción penal. Por eso el recurso debe proceder ab initio...tanto con el auto que concede la suspensión de juicio a prueba (recurso del Ministerio Público Fiscal) como del que la deniega (recurso del imputado), porque priva a éste del derecho a evitar la pena, por lo que su gravamen (es) irreparable y la decisión tiene a ese respecto carácter de definitivo.
Lesiones graves, pautas
Materia: PENAL
Carátula: COMISARIA SECCIONAL CUARTA s/ REMITE ACTUACIONES POR LESIONES EN ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-11-17

La referencia que realiza el facultativo como observación en su dictámen, en nada puede hacer variar la calificación de "graves" que revisten las lesiones. La circunstancia de que la deformación del rostro pueda ser reparada por medios quirúrgicos no altera la calificación. Esto sólo ocurriría en caso de que la secuela del ilícito desapareciera por acción natural del tiempo o por medios artificiales ordinarios, pero nunca cuando ello dependa de la colocación de una prótesis o de la realización de una intervención quirúrgica. La misma necesidad de echar mano a estos medios terapéuticos de excepción, denota la gravedad que el daño reviste.
Entidades financieras, banco central, régimen de garantía de los depósitos, declaración jurada
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Longobuco, Berta B. y otro c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

La garantía de los depósitos instrumentada por la ley 22.051 se extiende a todas las personas amparadas por el régimen y el único requisito exigible por el Banco Central, además de la acreditación de su imposición es la declaración jurada que la ley menciona.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, iura novit curia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MASTROCOLA, ANGEL c/ FRENAR SA s/ COBRO DE PESOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 253-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-11-28

No habilita la instancia de excepción el planteo del recurrente de que la aplicación por parte del Tribunal del artículo 142 de la Ley de Contrato de Trabajo significó transformar la base fáctica del litigio, por no lograr disuadir de que el tema se inscribe dentro del principio "iura novit curia", ya que el vocal del primer voto se refiere a hechos o circunstancias que estima probados en la causa como antecedentes de la aplicación de dicha norma.
Excarcelación, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, David Eladio s/ Incidente de excarcelación Caballero, Victor s/ Incidente de libertad condicional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01|1989-08-01

Permitir que el juez deniegue una solicitud de excarcelación aunque haya transcurrido más de dos años desde la detención no configura, de por sí, una inequidad manifiesta que convierte a la norma en irrazonable. Primero porque para ello deben darse "razones fundadas"; segundo porque la decisión puede ser examinada mediante los recursos pertinentes; tercero porque las resoluciones de esta índole no causan instancia y el pedido puede ser reiterado cuando correspondiere; cuarto, porque sobre el juzgador pesa el apremio que deriva de lo establecido en la segunda parte del art. 273 del Código de Fondo.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piccione, Carlos Víctor c/ Federación Patronal Coop. de Seg. Ltda. s/ Cumplimiento contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-06

Si bien las mismas circunstancias que se analizan en sede civil pueden haber sido merituadas con distinto alcance en sede penal, sin que por ello se configure un escándalo jurídico, porque existe una distinta óptica de evaluación de esas mismas circunstancias, no lo es menos que siempre se trata de apreciar los mismos hechos, no de variarlos, de allí entonces que si -por ejemplo- el juez en lo penal admite una velocidad determinada como sustento de pronunciamiento, el juez en lo civil no puede concluir que dicha velocidad ha sido otra. La óptica de apreciación puede diferir, pero no al punto de trocar el significado de los hechos que conformaron la decisión que juzgó la conducta penal, variándole el sentido o signo, para arribar a conclusiones opuestas.
Memorial, firma, firma digital, falta de firma, expediente electrónico
Materia: PROCESAL
Carátula: Herrera Gladys Beatriz y otros c/ Herrera Alvaro Gabriel y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-03-29

El apelante presentó escrito de memorial de agravios en "Formato Word" observándose que el mismo no cuenta con firma digital, ni ológrafa de la letrada apoderada (ni de la parte a la que representa), faltando así a los requisitos formales introducidos por la Acordada nº 236/20, en especial, lo establecido por los artículos 12, 22, 25, 26, 27, 30 y 33 de la misma (títulos II, III y IV), referidos a la firma y demás formalidades que deben contener -según el caso- las presentaciones procesales efectuadas por las partes a partir de la referida implementación del expediente digital. Por ello, corresponde calificar al escrito de expresión de agravios como un acto inexistente (iura novit curia) y hacer lugar al planteo de nulidad, contra el decreto -que ordenó correr traslado del mismo a la parte demandada-, y de todos los actos que fueron su consecuencia.