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Plan para la vivienda, fallos del Superior Tribunal, deberes de la administración, facultades discrecionales, normas operativas, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M, M. M. c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-13

A diferencia de la opinión de esta Sala, el Tribunal Superior en la causa "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ´Panza Ángel R. C/GCBA s/amparo -art. 14 CCABA-¨", Expte. Nro. 4270/05, sentencia del 23 de mayo de 2006, consideró, por mayoría, que no siendo la instrumentación del derecho a la vivienda una facultad reglada de la Administración, sino una facultad discrecional, no correspondía a los jueces imponer al Gobierno de la Ciudad una obligación de ejercer una función propia de otro órgano.

No obstante, toda vez que ninguna potestad reconocida a la Administración puede ser considerada como enteramente discrecional, a criterio del Tribunal el contralor en cuanto al cumplimiento de sus aspectos reglados es, sin lugar a dudas, una cuestión plenamente justiciable.

Así las cosas, es evidente que, frente a una expresa exigencia constitucional, la Administración no está facultada, sino obligada a actuar, de manera que, en este aspecto, la implementación de medidas para garantizar el derecho a la vivienda no es una facultad discrecional, sino reglada y, como tal y de acuerdo a lo ya expresado, susceptible de contralor jurisdiccional. En efecto, la Administración no puede, frente a un expreso mandato constitucional de actuar, elegir no hacerlo.

Sí existe, en cambio, discrecionalidad en la elección de los medios a través de los cuales el derecho a la vivienda habrá de hacerse operativo. En consecuencia, si bien el Estado podía optar entre diversas alternativas para ejecutar su política habitacional, lo que no podía hacer, en cambio, era prescindir de planificar y poner en práctica una política de desarrollo habitacional en los términos que prevé la Constitución local.

Es por ello que, justamente, las decisiones de este Tribunal han sido siempre respetuosas en cuanto a la elección por parte de la Administración de los medios a través de los cuales el derecho a la vivienda habrá de hacerse operativo, deber que, a su vez, ha sido cumplido por la demandada a través de la creación de diversos programas asistenciales.

Sin embargo, la suspensión intempestiva de los referidos programas, sin que sus objetivos se encuentren satisfechos y sin la paralela creación de alternativas razonables, implica incumplir con un deber de raigambre constitucional de garantizar el derecho a la vivienda de las personas incluidas en tales programas, circunstancia que resulta plenamente justiciable.
Medidas cautelares, peligro en la demora, medicina prepaga, aportes a obras sociales, derecho a la salud
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION  MUTUAL  DEL  PERSONAL  DE DIRECCION DE SUBTERRANEOS 1DICIEMBRE C/ c/ RUPO GALENO SA S/ s/ MPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-13

En cuanto al agravio concerniente al peligro en la demora, se debe poner de manifiesto que este Tribunal ha reconocido que en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resulta suficiente para tener por acreditado el peligro en la demora, la incertidumbre y la preocupación que ellas generan (conf. causas 6655/98 del 7.5.99, 436/99 del 8.6.99, 7208/98 del 4.11.99, 1830/99 del 2.12.99, 1056/99 del 16.12.99 y 7841/99 del 7.2.20; en ese sentido, ver Fassi-Yáñez, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota n° 13 y Podetti, Tratado de las medidas cautelares, pág. 77, n° 19). La solución propiciada es la que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema, Fallos 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; conf. esta Sala causas 22.354/95 del 2.6.95, 53.078/95 del 18.4.96, 1251/97 del 18.12.97, 436/99 del 8.6.99 y 53/01 del 15.2.01; en igual sentido, ver C.S. Mendoza, Sala I, del 1.3.93, voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, E.D. 153-163; C. Fed. La Plata, Sala 3, del 8.5.00, ED del 5.9.00). En atención a las consideraciones expuestas y a las facultades que el legislador otorga al juez de disponer una medida cautelar distinta a la solicitada, o limitarla (art. 204 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), este Tribunal considera prudente revocar la resolución apelada y hacer lugar parcialmente a la medida solicitada. A tales fines, es conveniente precisar que la recurrente manifiesta haber realizado la propuesta de aceptar un 25% de aumento en la cuota de cada afiliado, lo que -además- se encuentra acreditado en la causa. SE RESUELVE: revocar la resolución apelada y -previa caución juratoria (que se deberá prestar en la primera instancia)-, hacer lugar parcialmente a la medida solicitada, ordenando a la demandada abstenerse de aumentar más allá de un 25% la cuota de cada afiliado de la parte actora, y de efectuar cualquier modificación en la prestación de los servicios médicos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Zuliani, Juan Ramón s/ Corrupción de menores
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia como violada la garantía de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Constitución nacional y 307 del Código Procesal, toda vez que no expresa el modo en que se producirían esos quebrantamientos.
Acumulación de procesos, trámite independiente
Materia: CIVIL
Carátula: NELECO  S.A. c/ HOTELES SHERATON DE ARGENTINA  S.A.C. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-23

Cuando se ha decidido la acumulación de procesos, la ley autoriza y en la práctica resulta más conveniente, que se sustancien por separado, conservando cada uno su propio trámite, sin perjuicio de que los litigios se resuelvan en una sola sentencia.

Esta solución prevista en el art. 194 del Código Procesal, tiene su fundamento en que los procesos se acumulan en virtud de una vinculación jurídica sustancial o una conexidad evidente, pero no por una identidad absoluta de sus elementos pues ello sería más propio de la litispendencia que de este tipo de instituto.-
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, daños y perjuicios, incapacidad sobreviniente, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ORTEGA, NESTOR c/ CARISIMO, MARCOS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

La incapacidad sobreviniente se debe indemnizar aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada, pues dicha disminución indudablemente influye sobre las posibilidades que tendría la víctima para reinsertarse en el mercado laboral en el caso de que tuviera que abandonar las tareas que venía desempeñando; en consecuencia, no se trata de resarcir bajo este concepto una diferencia patrimonial a valores de mercado, sino de cubrir, lo más fielmente posible, las repercusiones que la alteración de la salud de la actora genera, aun de modo instrumental e indirecto, sobre sus potencialidades o sus otros bienes jurídicos con aptitud para la consecución de beneficios materiales; así, resulta evidente que todo lo dicho no se satisface con la escasa fundamentación brindada por la Alzada con remisión a las facultades del artículo 245 del C.P.C.C. debido a que de ningún modo el ejercicio de una facultad discrecional se puede constituir en eximente del deber de fundar el pronunciamiento por lo que el tribunal de Alzada al no haber dado razones plausibles para confirmar una sentencia que omitió valorar un extremo que ella misma consideró conducente para la solución arribada, presenta serios vicios de argumentación, lo cual -sin más- conlleva su descalificación como acto jurisdiccional. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhieren los Dres. Spuler, Barucca y Ríos. En disidencia: Dra. Gastaldi y Dres. Falistocco y Erbetta) - CITAS: CSJN: Fallos 340:1038, considerando 5°; 316:1949, considerando 4°. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 245.
Concurso preventivo, incidente de verificación, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESUVIAL SA S/ concurso preventivo s/incidente de revisión de crédito por CPC SA. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-09

El síndico, en tanto órgano del concurso (LCQ 275), se encuentra suficientemente habilitado para denunciar la inactividad del incidentista y acusar la caducidad de la instancia, pues pudiéndose decretar incluso de oficio, con más razón puede declararse a petición de un auxiliar de la jurisdicción (conf. CNCom, Sala D in re "Grupo Almar SRL s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Frigorífico El Virrey SA", del 19/08/14; entre otros).
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, vehículo en movimiento
Materia: CIVIL
Carátula: MASANELL S.A. c/ MARTELLA ANTONIO s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-08

La aplicación del art. 1113, párr. 2do. del Cód. Civil, hace que la víctima deba probar el daño sufrido y el contacto con la cosa de la cual el mismo provino, ya que será el emplazado en su condición de dueño o guardián de esa cosa, quien para eximirse de responsabilidad o disminuir la que se le atribuye, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa o que la hubo en menor grado que la que le imputa, porque la ley presume que él es el único culpable.

Cuando se trata de un choque entre vehículos en movimiento, es decir, todos creadores de riesgo, no es obstáculo para aplicar el art. citado.
Jurado estancado, acción penal, acusación fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Guerendiain, Néstor Marcelo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-09-27

Ante una situación de jurado estancado se requiere la manifestación expresa del acusador de su intención de continuar con la acción penal sosteniendo la acusación para que el Juez pueda ordenarle al jurado una nueva deliberación, sin que tal impulso pueda ser realizado en forma oficiosa por el órgano que ejerce la jurisdicción.
Sistema electoral, sistema representativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ventura, Magín s/ Presentación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-06

El Código Electoral consagra un procedimiento específico para la puesta en ejercicio de los derechos políticos, resultado del sistema representativo impuesto por las normas constitucionales. Determina los derechos y deberes del elector, la formación del registro y padrón electoral, la organización de las Juntas y Jueces electorales y sus funciones, regula los actos preelectorales: convocatoria, oficialización de listas, oficialización de boletas, distribución de equipos, y luego, se refiere al acto electoral mismo. En este marco, la oficialización -primero de listas y luego de boletas- son actos necesarios preelectorales, regulados en los artículo 60 a 64. El sistema determina la presentación por los partidos, ante el juez electoral -en el caso de elecciones provinciales ante el Tribunal Electoral Provincial, y de municipales, ante éste o el Tribunal Municipal, según corresponda- de las listas de los candidatos que hubieren públicamente proclamado. Al oficializar las listas, la justicia electoral que resulte competente, está pronunciándose sobre la habilidad de los candidatos presentados por cada partido para serlo para el cargo al que se postulan, según los requisitos que se establecen para cada uno. Aprobadas u oficializadas las listas, los partidos presentan ente la autoridad Electoral las boletas que serán utilizadas para los comicios. Se verifica primero, si los nombres y orden que figuran concuerdan con la lista que antes fuera aprobada y registrada. Luego, la reunión de los requisitos de forma: tamaño, tipo de papel, la división por categorías de candidatos, y demás requeridas. Cumplido, convoca a los apoderados de los partidos y -oídos éstos, dice el Código- aprobará los modelos respectivos.
Contrato de trabajo, obligaciones del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Angeramo Omar Everildo c/ Obradovich Mateo Enrique s/ rubros adeudados - despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-02-06

El contrato de trabajo genera entre las partes una serie de derechos y obligaciones recíprocas, imponiéndose esencialmente al trabajador deberes de conducta entre los que se encuentra el de manifestar su honestidad en el manejo, custodia, guarda o cuidado de los bienes de la empresa y de pulcritud en el manejo de sus negocios.
Derechos de incidencia colectiva, agravio concreto, acción de amparo, Constitución Nacional
Materia: ELECTORAL
Carátula: Salvatierra, José Luis c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ promueve acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-15

En relación a la actuación procesal en defensa de derechos de incidencia colectiva, se ha juzgado que el requisito de acreditación del perjuicio es exigible aún en el caso de que quien accione sea alguno de los legitimados "especiales" que menciona el artículo 43 de la ley fundamental. Admitir que se peticione sin bases objetivas que permitan afirmar un perjuicio inminente, importaría conferirle el privilegio de accionar sin que concurran los presupuestos básicos de la acción, ejerciendo, de ese modo, una función exorbitante y abusiva y que la protección que el nuevo texto constitucional otorga a los intereses generales, no impide verificar si éstos, no obstante su compleja definición, han sido lesionados por un acto ilegítimo, o existe amenaza de que lo sean.
Honorarios, base
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Escobar, Luis Gerardo c/ Peñaflor S.A. y/o responsables s/ Antigüedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-04-15

Los honorarios deberán calcularse sobre el monto total demandado, monto sobre el cual deben fijarse honorarios, siendo inaplicable al caso lo dispuesto por el art.8°, tercer párrafo, de la Ley de Arenceles (2011) y el tope establecido por la Ley 24432, art.8°, al no existir monto de sentencia y solo encontrarse comprometido en el tope los honorarios de la vencedora en costas, que no es el caso de autos, en que conforme fallo de esta Alzada, se aplican por el orden causado.
Concursos, sentencia de quiebra, conversión de la quiebra, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: BRICKSA SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-26

Procede confirmar la resolución que rechazó el pedido de conversión de la quiebra en concurso preventivo, en razón de que la fallida no ha dado cumplimiento a lo normado por el artículo 11, incisos 4º y 6º, LCQ, toda vez que no se acompañó el balance ni el último Libro de Sueldos. Cabe señalar que quien pretende el amparo de este régimen de excepción debe, en principio, exhibir una situación patrimonial inequívoca pues se encuentra en la esencia del concurso preventivo la idea de que es carga del peticionante aportar los datos necesarios que posibiliten dar razón del estado actualizado de sus negocios o actividad profesional y/o laboral a la fecha de la presentación, sin supeditar su comprobación a la actividad del tribunal, ya que se trata de un deber que hace a su propio interés al intentar beneficiarse con las ventajas que suministra este tipo de procedimiento (esta CNCom., esta Sala A, 01.09.09, Gago Lema Luis Joaquín s. concurso preventivo"; íd., 13.08.09, "Franco César Ramón s/ concurso preventivo", entre otros). Y si bien no se desatiende que una interpretación en exceso rigurosa de los requisitos a satisfacer por quien pretende recurrir a la solución preventiva puede llegar a afectar el principio de "conservación de la empresa" como actividad útil para la comunidad, el cual constituye, sin duda, el eje central en torno al cual gira todo el instituto del concurso preventivo, desde otro lado, no debe perderse de vista que el cumplimiento de los recaudos exigidos por el ordenamiento legal hace a la procedencia y seriedad del pedido, exigencia que solo excepcionalmente puede ser soslayada cuando se invocan razones verdaderamente fundadas que así lo autoricen. Ello así el incumplimiento de los requisitos señalados obsta a dar curso a la pretensión de la fallida.
Apertura del concurso, efectos de la apertura, actos sujetos a autorización judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Compañía Industrial del Cuero SA. s/ concurso preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

La interdicción de salida a que alude el art. 26 de la ley 19.551 tiene naturaleza cautelar y está enderezada a que los sujetos involucrados presten la colaboración necesaria para el logro de los objetivos perseguidos en el juicio concursal.
Excepciones procesales, arraigo, código civil y comercial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cerrudo, Luis y Otra c/ Holguin, Estela María María y/o Sucesores de Ramírez Otto Heber Argentino y/o Quien Resulte Responsable s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-07-26

La preocupación del legislador por evitar la discriminación queda en evidencia cuando consigna que no puede imponerse ninguna caución o depósito al extranjero por el mero hecho de serlo. El hecho concreto que ese extranjero sea demandante en un proceso judicial es una cuestión diferente, que no guarda relación con su nacionalidad -aunque puede tenerla en algún caso-, y lo coloca en un pie de igualdad con los nativos. Caso contrario nos encontramos frente a un claro caso de discriminación negativa. Lo que la ley dice es que no pueden adicionarse requisitos a un extranjero por serlo, pero lo que no dice es que los requisitos establecidos para los argentinos no les pueden ser impuestos y consistan en una distinción irritante. Creo que interpretar el art. 2610 del CCyC de modo diferente constituye una violación del derecho constitucional a la igualdad contemplado en el art. 16 de la CN.
Daños y perjuicios, denuncia, sobreseimiento
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Vertua, Fernando Gabriel c/ Gaffoglio, Loreley Karen s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-16

El hecho que la denuncia no haya prosperado en sede penal no habilita, sin más, la acción resarcitoria civil en contra de la denunciante si no se demuestra que la denuncia formulada careciera completamente de verosimilitud, extremo que no se encuentra probado.
Administración fraudulenta, estafa procesal, abuso de confianza, conviviente, cheque en blanco
Materia: PENAL
Carátula: Cambon, Carlos A. s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-04

No configura el delito de estafa procesal, la conducta de quien valiéndose de la relación de confianza existente -concubinato- obtuvo la entrega de chequeras firmadas en blanco para atender al giro comercial del sujeto pasivo, ejecutando posteriormente en su contra tres de los cheques, ya que tal suerte de estafa necesita del establecimiento de un juicio fraudulento, sustentado sobre pruebas falsas o adulteradas, lo que no ocurre en la especie, por ser los instrumentos auténticos en su forma, aunque no lo sean en su contenido obligacional. Tal conducta en cambio, se adecua al tipo prohibitivo de la administración fraudulenta, en su forma de abuso de confianza, la que fue violada por el imputado al desnaturalizar el mandato y utilizar el instrumento en su favor, contra los intereses del mandatario (art. 173 inc. 7mo. del C.P. ).
Participación criminal, personal militar, autoría
Materia: PENAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

La concepción de la autoría mediata a través de la utilización de una estructura organizada de poder es aplicable a la causa seguida contra comandantes de las fuerzas armadas, ya que la estructura jerárquica de la institución militar posibilita, a quien se encuentra en su vértice, la utilización de todo o parte de las fuerzas bajo su mando, en la comisión de hechos ilícitos.
Daño moral, personas jurídicas
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: CASAS LUIS ERNESTO s/ DAÑO MORAL - PERSONA JURIDICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-10-18

Las personas jurídicas tienen derecho, en principio, a que se las considere dignas de respeto y consideración y a que no se les afecte en su fama o reputación (Cfr. Brebbia, Roberto H. -La persona jurídica como sujeto pasivo de agravio moral - Tema de responsabilidad civil en honor al Dr. Augusto Mario Moreno, pág. 62 ), pero este perjuicio debe ser acreditado en juicio.-
INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Clínica Cosme Argerich Neuropsiquiátrica S.A. y otro s/ Inconstitucionalidad art. 39 del dec. nº 7881/84 reglamentario de la  ley 6982, t.o., 1972 Mosquera, Daniel M. c/ Pcia. de Bs. As. s/ Inconstitucionalidad art. 39, dec. 7881/1984.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05|2001-11-28

El objeto de regulación normativa del art. 39 del decreto reglamentario de IOMA se agota en el establecimiento de una facultad -prescindibilidad- sin señalar una tramitación especial al efecto, pero tampoco sin excluir la aplicación de las normas que reglan el procedimiento administrativo general de la Administración (art. 1 del dec. ley 7647).
Embargo, bienes inembargables, remuneración, empleados públicos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO MAYO COOPERATIVO c/ BUSSO, JOSE s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

Los empleados del banco hipotecario nacional, ente autárquico, se encuentran comprendidos y amparados por el decreto 6754/43.
Contrato de trabajo, subsistencia del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: Muñoz, Heriberto y Otros c/ Alpesca S.A. s/ Laboral -Diferencias Salariales-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-09

El contrato de trabajo posee vocación de continuidad, por expresa disposición, del artículo 10 y concordantes de la Ley 20744. Esta directiva es impuesta a empleadores y trabajadores. A los primeros, con el objeto de obligarlos a sopesar adecuadamente cualquier decisión rupturista, que coloque a los trabajadores en situación de riesgo en su subsistencia y la de aquellos que de él dependan, y a los trabajadores para no desnaturalizar los institutos protectorios del Derecho del Trabajo, invocando injurias inauténticas y forzadas, con el propósito de obtener indemnización que desjerarquizan a aquéllos.