marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tratados internacionales, libertad sindical
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado (A.T.E.) y otros c/ Provincia de Buenos Aires. s/ Inconstitucionalidad art. 51 de la ley 11.757
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-25

Las directrices hermenéuticas que emergen de los informes y recomendaciones de los órganos de control de la O.I.T. Comisiones de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y Comité de Libertad Sindical- constituyen una referencia insoslayable a tener en cuenta para resolver los casos concretos en los que pudieran verse afectados derechos vinculados a la libertad sindical.(doctor Negri, sin disidencia)
Matrimonio, cónyuge, deber de asistencia entre cónyuges, igualdad entre cónyuges
Materia: CIVIL
Carátula: Romero de Mercado, Delicia Elizabeth s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-03-11

Por Ley 23.513 desaparece toda desigualdad en los derechos personales de los cónyuges durante la comunidad de vida. De tal manera, frente a lo que cotidianamente se denominan deberes recíprocos de los cónyuges, por más que se quiera destacar el deber que un cónyuge tiene respecto del otro (fidelidad, asistencia, alimentos, convivencia, débito conyugal, respeto mutuo), no es menor el poder jurídico de exigir el deber del otro, para que resulte una igualdad en la intensidad, originando una interdependencia en el sentido de que ambos sujetos son beneficiarios de igual contenido.
Pena privativa de la libertad, estupefacientes, medidas de seguridad curativas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Batrichevich, Cristian Walter s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-06

No cabe duda que las dos últimas hipótesis que particularmente prevé la ley 23.737 en los artículos 17 y 21 se enmarcan en un contexto facultativo -no obligatorio- de naturaleza bipolar, que autoriza a discernir a los magistrados -mediante una decisión discrecional autorizada pero racional- cual mecanismo legal es conveniente adoptar en cada caso. Es así que el juzgador deberá fundar y disponer la institución simple y directa de una pena privativa de la libertad -a cumplir o condicional según corresponda- o bien optar por su establecimiento y su suspensión con sometimiento a una medida de seguridad curativa dirigida a la desintoxicación y rehabilitación o si fuera el caso, por su imposición y sustitución por una medida de seguridad educativa comprensiva del cumplimiento obligatorio de un programa especializado relativo al comportamiento responsable frente al uso y tenencia indebida de estupefacientes; supeditando en los últimos supuestos el efectivo cumplimiento de la pena de prisión al eventual fracaso o deliberado incumplimiento de la medida terapéutica o educacional dispuesta.(Voto del Dr. Riggi).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simoni, Williams Narciso c/ Senia, Alberto s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

Los arts. 1101, 1102, 1103 y 1105 del Código Civil están enderezados a evitar el escándalo jurídico que significaría la existencia de sentencias contradictorias respecto de un mismo hecho.

Necesariamente su operatividad no puede quedar circunscripta a los supuestos de acciones de indemnización de daños, ni es fundamento bastante la sola alusión al capítulo que las incorpora al digesto civil (art. 279, C.P.C. y su doc.).
Recursos administrativos, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: RUSSO, NORBERTO PABLO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-24

Corresponde rechazar la queja interpuesta, toda vez que para resolver la Cámara integrada entendió que la conclusión a la que había arribado el Alto Cuerpo, de la cual no podía apartarse sino a riesgo de caer en el mismo vicio, era que no se invocó ni mucho menos demostró, ni se advierte que en el procedimiento iniciado ante el Concejo Municipal se hubiese verificado alguna actuación de parte o administrativa con idoneidad para impulsar el trámite; y si tal aspecto se hubiese tenido en cuenta, se habría advertido que la denegación presunta se había configurado con una antelación no menor a cinco años y medio de la efectiva deducción del recurso contencioso administrativo, y si bien es facultativa para el administrado la deducción del recurso ante el órgano jurisdiccional con competencia contencioso administrativa tras la configuración de la denegación presunta, tal carácter -conforme al cual el interesado puede reclamar un pronunciamiento de la Cámara especializada o seguir aguardando el dictado de resolución en sede administrativa- justifica que no corran plazos de caducidad, pero no impide que, como respecto de cualquier derecho o facultad que no se ejerce en tiempo, transcurra un lapso de prescripción.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, perito contador, tribunales arbitrales, secretario judicial, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Cassagne, Juan Carlos y otros. c/ Manliba  SA  y otra. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-23

Es inadmisible el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que reguló los honorarios de los árbitros, de los secretarios del tribunal, y del perito contador: art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Depósito judicial, retiro de fondos, reordenamiento del sistema financiero, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARRECA HNOS. s/ QUIEBRA S/ INC. TRANSITORIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-20

Las restricciones impuestas por las normas de emergencia sobre los fondos depositados en entidades financieras "corralito y reprogramación" (Ley 25561 y Decreto 1570/01) no resultan aplicables a los depósitos judiciales: en el caso fondos de una quiebra. En tanto y en cuanto estos no participan de la naturaleza de un deposito bancario, al no tener como esencia la inversión o ahorro sino solo el resguardo del dinero de las causas para hacer factible diferentes actos que se desarrollan durante un proceso judicial. Ello pues, surge claramente tanto de la Ley 25561 cuanto del Decreto 71/02 que su objeto es regular las obligaciones y deudas con el sector financiero, no participando los mentados depósitos de tal naturaleza jurídica. Adicionalmente, las resoluciones del ministerio de economía que reprograma los depósitos efectuados dentro del sistema financiero no contemplan depósitos a la orden de un juzgado. A más, de la hermenéutica literal no surge ni de la ley de emergencia ni de las resoluciones del ministerio de economía, regímenes especiales para los depósitos judiciales. Y con fecha 1.3.02 la circular del BCRA a-3496 exceptuó de la reprogramación "los depósitos efectuados por orden de la justicia con fondos originados en las causas en que intervienen". En tal sentido cabe precisar, que la administración y disposición de fondos en los procesos judiciales configuran el ejercicio del poder publico estatal a cargo de los jueces, que se encuentra legalmente regulado. Es de toda lógica que el régimen de emergencia exceptue a los depósitos judiciales de las medidas económicas que persiguen disminuir la cantidad de dinero circulante, ya que de lo contrario, el ejercicio de una de las funciones del estado como poder administrador y legislador, interferiría en el regular cumplimiento de otra función del estado que es la administración de justicia, en el ámbito de su actividad especifica. Lo anterior, en los procesos de quiebra es corroborado por la Ley 24522 (art. 183-Párr. 1°); como es fácil de percibir, el ingreso de esos fondos en la cuenta de autos configuró el depósito judicial regulado por la Ley 9667, mediante el cual quedando afectados al cumplimiento de los fines específicos del proceso, su naturaleza lo excluye del régimen de la legislación de emergencia, y no cabe olvidar que el titular del deposito judicial es el juez del concurso.
Igualdad ante la ley, derechos adquiridos, ley derogada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Córdoba, Oscar c/ Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) s/ haber militar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-04

No existe un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones.
Concurso preventivo, actos perjudiciales a los acreedores, actos ineficaces de pleno derecho, hipoteca, cuenta corriente bancaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRIDSON CURTIEMBRES SA S/ QUIEBRA c/ BANCO EXTERIOR SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-20

Procede declarar la ineficacia de la hipoteca constituida para garantizar un préstamo efectivizado mediante su acreditación en la cuenta corriente que la fallida mantenía en el banco acreedor, si de la evolución que experimento la operatoria habida entre las partes surge que se trato de asegurar una obligación preexistente que originalmente carecía de tal garantía (LC: 122-4 ). Ello así en virtud del extracto de cuenta corriente del que fluye que lo declaradamente dado, fue en verdad acreditado para ser debitado simultáneamente, lo que importa no haber dado verdaderamente, sino solo de una manera contable o formularía.
Recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreira de Hunicken, Elsa s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-03-08

Cuando en casación se invoca la causal de arbitrariedad, es menester precisar de qué modo se ha configurado el vicio que se denuncia, qué principios de la lógica formal han sido dejados de lado, no bastando, por lo tanto con la simple anunciación de ellos sino su desarrollo e incidencia en la suerte de la causa; pues la simple discrepancia, con los puntos de vista del juzgador no resultan hábiles para enervar el decisorio.

(voto del Dr. Félix Antonio Rivero, disidencia)
Acción de amparo, jueces, remuneración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reyes, Juan Carlos s/ Recurso de amparo Pergolani, Mario c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de amparo Feito, Julián s/ Acción de Amparo Bocaccio de Pincardini, Diana y otros s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-05|1989-12-05|1989-12-05|1989-12-05

El proceso de amparo es marco idóneo para atender los reclamos formulados con base en el art.96 de la Constitución de la Nación, que garantiza la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, norma que resulta aplicable en el ámbito provincial.
Impuestos, retenciones impositivas, defraudación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Tarcol S.A. (T.F. 20.720-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-06

Puede presumirse que en la conducta de la actora existió intención de defraudar al Fisco pues, contrariamente a lo sostenido por ella, el ingreso de las retenciones no se produjo espontáneamente sino que lo fue después de que la Administración detectó la falta de los depósitos de las sumas por medio de una fiscalización que practicara a la contribuyente, quien después del vencimiento de los períodos cuestionados y luego de comenzada la investigación (lo que le quitó el carácter de espontáneo) ingresó las retenciones con más los intereses correspondientes.
Riesgos del trabajo, incapacidad laboral, igualdad ante la ley, sentencia, compensación económica, recursos
Materia: LABORAL
Carátula: VEGA, JOSE AMADOR C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-05-19

La Ley 24557 no autoriza a discriminar cuál ha sido el grado de participación de los distintos factores que confluyen para conformar el daño actual, por lo que rige al respecto la teoría de la indiferencia de la concausa con sus dos manifestaciones: la primera que implica el reconocimiento del daño como producto del accidente sufrido aun cuando aquél no sea su única causa, y la segunda que dispone el deber de reparar el total del daño que el factor laboral contribuyó a instalar, sin matices ni fronteras; con la única excepción de las incapacidades preexistentes en los términos del ap. 3 inc. b) art. 6 de la Ley 24557. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Tercería de dominio, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Ottone, Alberto Carlos c/ Frontera, Jorge Eduardo y Otros s/ P.V.E. - Alquileres - Tercería de Dominio del Sr. Juan Diomendes Yañez Hermosilla
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-11-08

La queja cuestiona la tarea valorativa de la Iudex pues no tiene por acreditado, conforme a la prueba rendida, la posesión por parte del tercerista, atento a no haberse acreditado la titularidad sobre el bien. Al respecto el Alto Tribunal en reiteradas oportunidades ha sostenido que los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas allegadas al sub judice, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus decisiones (Fallos: 200:300; 272:225-La Ley, 134-1108, 20.516-S-;275:132, entre muchos otros). En este sentido, debe señalarse que las actas acompañadas gozan de pleno valor convictivo en tanto no sean redargüidas de falsedad, por tratarse de un instrumento público y que, además, ha sido reconocido expresamente por quien lo confeccionó. Frente a ello y contrariamente a lo sostenido por el apelante, no resulta posible otorgar mayor credibilidad a la prueba confesional ficta, en tanto que las partes no han concurrido a absolver posiciones. Por otra parte, de las testimoniales resulta, que el tercerista encargó tareas de mantenimiento de una vivienda en la que habitaba y que, además, no coincide plenamente con las características del inmueble de que se trata en la presente tercería, de conformidad con la descripción que resulta de las actas referidas. En síntesis, el tercerista circunscribe su queja a sostener la omisión de valorar pruebas dirimentes, pero es del caso, que del escrito impugnaticio sólo se desprende un disconformismo con lo resuelto carente de respaldo fáctico.
Relación de dependencia, error de derecho, iura novit curia
Materia: LABORAL
Carátula: Ayala Teresa Obdulia c/ Vegas de le Vraux Mirta Gladys y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-07-19

Por aplicación del principio jura novit curia y la posibilidad que tiene la contraria de plantear los hechos en el sentido de la verdad o razón que entiende le asiste y encuadrarlos a su vez, en el régimen jurídico que los subsume, dirimiendo el Juez finalmente esa controversia de los hechos en conflicto bajo el régimen normativo que le es propio, coincidente o no con el invocado por los contendientes.
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Defensora del Pueblo de la Provincia del Chubut c/ Gamuzzi Gas del Sur SA y Otro s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-07

El Tribunal de apelación, como juez del recurso, está facultado para examinar tanto su procedencia cuanto su admisibilidad, pues sobre dicha cuestión no se encuentra ligado ni por la conformidad de las partes, ni por la resolución recaída en la instancia anterior, aun cuando esté consentida.
Competencia, economía procesal, lugar del hecho, competencia por el territorio, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VARELA, Juan M. y otros s/ infracción ley 22.362 s/competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-10

Es doctrina del Tribunal que, al encontrarse la mayor parte de los elementos probatorios fuera de esta jurisdicción, al igual que los domicilios de los procesados, atendiendo a razones de economía procesal y de mejor servicio de justicia, como así también a fin de favorecer la defensa de los imputados, se hace aplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que, cuando el hecho punible se estima cometido en todas las jurisdicciones a través de las cuales se ha desarrollado la acción y también el lugar de verificación del resultado, con estricto respeto por la regla atinente al forum delicti comissi, cabe elegir una de dichas jurisdicciones atendiendo a las exigencias planteadas por la economía procesal y la defensa en juicio (Fallos: 271:396; 275:361 y 354:276:445).

Este criterio de determinación de la competencia, cuando la actividad principal de los hechos investigados se desarrolló en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, no se ve alterado en el caso de que el Juez federal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya indagado y luego declarado la falta de mérito en orden al delito de asociación ilícita, de lo que resulta la competencia del Juez federal con competencia en la jurisdicción provincial.
Tribunal Fiscal de la Nación, facultades del juez, iura novit curia
Materia: ADUANERO
Carátula: Pesquera Emiliano S.A. (T.F. 8735-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17

Se ha sostenido reiteradamente -si bien con referencia al art.

146 de la ley 11.683, texto idéntico al art. 1143 del C.A.- que conforme a la ley que rige su procedimiento, el Tribunal Fiscal tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemnente de lo alegado por las partes.

De allí es que resulta de aplicación el principio iura novit curia según el cual el juzgado debe conocer el derecho no solo para encuadrar en él la realidad comprobada, sino también para dirigir el procedimiento de manera eficiente conforme a las normas que lo rigen (esta Sala, 4/6/95, "Distribuidora Villarino S.R.L. (T.F. 4506-I) c/ D.G.I."). Esas amplias facultades conferidas al Tribunal Fiscal para la resolución de las causas encuentran suficiente fundamento por la naturaleza del órgano dentro de la estructura administrativa como superior jurisdiccional del organismo recaudador. En el ejercicio de esas atribuciones el tribunal tiene como únicos valladares la existencia del recurso, los hechos que se hayan probado y el respeto a los principios de la reformatio in pejus en materia penal y de la ultra petita en materia pecuniaria. Nada impide al organismo jurisdiccional, valorando los hechos probados en el juicio, merituar los hechos y calificarlos con independencia de lo resuelto por el organismo aduanero y sin que ello implique un agravamiento de la sanción impuesta en la instancia anterior o un reconocimiento económico mayor del reclamado (cfme. esta Sala, 19/9/95, "Nidera S.A."; 26/2/98, "Alecy S.A. -T.F. 8513-A c/ A.N.A."; 13/8/97, "J.E.Turner y Cía. -T.F.N. Nº 7629-A c/ Aduana", entre muchos más).
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Sisterna, Raúl Emilio Juan s/ Lesiones leves Gómez, Carlos José y otro s/ Atentado y resistencia a la autoridad. Abuso de armas y lesiones  leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30|1995-05-23

En el sentido constitucional, no asume jerarquía de "cuestión" cualquier planteo de las partes, si el mismo sólo constituye un mero componente de una mayor que, en consecuencia, contiene a la menor;

de modo que al resolverse aquélla resulta resolviéndose ésta, aunque no lo sea de modo expreso.
Tentativa, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: ABALLAY, T.C. s/ TENTATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-14

"Si bien el sistema que utiliza mi estimado colega para realizar el cálculo de la escala penal de la tentativa es exactamente el inverso al que considero aplicable, la pena propuesta me parece justa y razonable, al igual que la propiciada de la unificación...".
Prueba, declaración testimonial, actos incorporados por lectura, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Zabala, Gastón Enrique s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-21

Con el actual sistema probatorio, que deja librado a la apreciación particular de los jueces, que en cada caso habrán de determinar qué valor otorgan a cada uno de los elementos acreditativos bajo análisis, según su relativo peso convictivo, y el que en definitiva habrá de adjudicársele según engarcen adecuadamente con otros de su mismo signo, el testimonio no ratificado en sede judicial, incluido en el debate por lectura en las condiciones previstas por el art. 391 del Código Procesal Penal, debe computarse como prueba útil, en los términos aquí definidos. En consecuencia, por vía de principio, no existen impedimentos para valorar los dichos testimoniales, incorporados por lectura al ignorarse su residencia, en los términos del artículo 391 inc. 3° del Código Procesal Penal de la Nación.

(Dr. Tragant, según su voto).
Retención indebida, exacciones ilegales, fraude a la Administración Pública
Materia: PENAL
Carátula: PEÑALVA, MARIO OMAR s/ INFR. ART. 268 DEL CODIGO PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-23

Al no haberse valido el imputado de su autoridad para exigir un derecho mayor del que correspondía, no se configura el tipo de exacciones ilegales, ya que cobró al particular el importe correcto, reteniéndolo para sí en vez de entregarlo al ente estatal, perjudicando de ese modo al empleador y no al usuario, adecuándose dicha conducta al tipo penal de defraudación por retención indebida, con la agravante por ser en perjuicio de una administración pública.
Estafa, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: GAI, ROBERTO s/ DEFRAUDACION. ESTAFA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

No puede ser responsabilizado el procesado por el delito de estafa en grado de tentativa mediante uso de documento privado falso, por no poderse acreditar que desde el inicio de la operación bancaria concertada por el procesado con otro tendió a defraudar a terceros.

Por otra parte el ocultamiento a la querellante del carácter y contenido de las operaciones de garantía en que participó el acusado, que configuraría un ardid, posiblemente bajo la forma de un abuso de confianza tampoco se ha acreditado en autos, máxime que aquélla manifestó que "firmo algunos documentos cuyas características no recuerda".
Despido, trabajador en condiciones de jubilarse, preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: REINOSO, CARLOS ALBERTO c/ EFA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-12-27

Si bien la norma del artículo 252 RCT. determina que al otorgarse la jubilación o al vencerse el plazo de un año (otorgado a favor del trabajador) el contrato quedará extinguido sin obligación de indemnizar, ello no quiere decir que la extinción se opere de pleno derecho, pues la norma no lo explicita así. Lo que ella consagra es el derecho del empleador a extinguir el contrato de trabajo sin el pago de indemnización por antigüuedad cuando se cumplan los extremos que ella determina como condicionantes de su aplicación. Al no haber extinción no hay tampoco tácita reconducción. El contrato ha continuado en vigencia.
Cuota alimentaria, retención directa sobre los ingresos del alimentante, porcentaje de los ingresos, economía procesal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: P.,B.P. c/ C.R.A. s/ Incidente (Excepto los Tipificados Expresamente) - C.C,.Incidente de Aumento de Cuota Alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-19

La obligación impuesta a la entidad empleadora de retener el porcentaje del salario fijado como cuota alimentaria y depositarlo en la cuenta de autos resulta la más conveniente para mantener el poder adquisitivo de la cuota fijada y asegurar la cobertura de las necesidades de los alimentados, así como la percepción de la misma, siendo ello una forma de prevención de futuros conflictos entre las partes y un modo de asegurar el principio de economía procesal.