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Proceso contravencional, medidas cautelares, secuestro de bienes, convalidación de la medida cautelar, comprobación del hecho, principio de inmediación, principio de legalidad, revisión judicial, deberes del fiscal, deberes del juez, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SOSA, Norma s/ s/inf. arts. 83 y 84 ley 1472 - Apelación. Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-27

La validez de las medidas de coerción realizadas en el marco de un proceso contravencional a fin de que no se vean vulnerados los derechos de la persona sometida a este exige un doble control: en primer lugar por parte del fiscal, quien dirige el procedimiento y se encuentra en estrecha comunicación con las fuerzas de seguridad.

En segundo lugar, dispone que luego de la consulta inmediata al acusador, éste debe, de considerar que es procedente la medida - porque en caso contrario, puede directamente dejarla sin efecto-, dar intervención al Juez. Si bien el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Contravencional no aclara su función específica, es importante destacar que, por razones constitucionales, su poder decisorio no puede quedar restringido al mantenimiento o no de la medida, sino que el juzgador deberá revisar (reexaminar) la actividad cumplida a través de un test de legalidad y razonabilidad - control jurisdiccional -.

Al volver sobre el desempeño de los preventores, puede, en caso de no verificar los presupuestos que legalmente los habilitan a practicar medidas de este tipo, declarar su nulidad. En caso contrario, tras expresar fundadamente las razones por las cuales considera que dicha actividad es legal y razonable, recién podrá expedirse acerca de si corresponde mantenerla o no.
Procedencia del recurso, migrantes, prisión, abuso sexual simple, interpretación de la ley, violencia de género, víctima menor de edad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HUAYTALLA MENDOZA, LUIS c/ EN - M. INTERIOR, OP Y V - DNM s/ RECURSO DIRECTO DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-23

La DNM expulsó al actor migrante por haber sido condenado a nueves meses de prisión por ser autor del delito de abuso sexual simple reiterado en dos ocasiones. El recurrente alegó no cumplirse el supuesto del art. 29, inc. c, de la ley 25.871, en razón del plazo de condena. Primera instancia hizo lugar al recurso directo y declaró la nulidad del acto impugnado. Apeló la DNM. La Alzada, por mayoría, consideró que resultaba razonable la interpretación de la norma efectuada por el organismo en virtud de la naturaleza del delito, los derechos en juego y la importancia del bien jurídico afectado. A tales fines, entendió aplicables las diversas normas de carácter local e internacional que tienen por objeto erradicar la discriminación y violencia contra la Mujer, y a garantizar su protección integral. Asimismo, se resaltó que la Constitución Nacional exige la adopción de medidas de acción positiva a tales efectos. Se ponderó la situación de vulnerabilidad y la condición de menor de la víctima. Remisión a precedente de la Sala causa 89.675/2017/CA1, "Jiménez Pereira, Fulgencio c/ EN - DNM s/ Recurso Directo DNM", sent. del 17/3/20. En consecuencia, se hizo lugar al recurso de apelación y re revocó la sentencia de grado. Causa 174/2019
Incapacidad laboral, incapacidad temporaria, interpretación de la ley, pago de la remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ CERBANDO, CRISTOFORO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ INDEMNIZACION - ART.212
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-19

El art 212 se refiere a incapacidades definitivas, en tanto los arts 208, 211 y 213 corresponden a la protección de la incapacidad temporaria. Una tutela empieza cuando la otra termina: la incapacidad transitoria puede finalizar por la curación del paciente, por muerte o por alta con incapacidad total o parcial; y en ninguno de estos casos hay derecho al cobro de salarios posteriores con fundamento en el citado art 208.
Compraventa, pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Liberjein Martin c/ Zurawsky Josefa y otros s/ Cobro sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-14

Como el pago del precio no es una "conditio juris" para la adquisición del dominio con base en el título de compraventa, se pague el precio al contado o a plazos ello no obsta a que los compradores adquieran el dominio del bien en cuestión cuando lo requieran (arts. 1408 y sgtes. y 1424 y sgtes. del Digesto Civil).
Accidentes de trabajo, responsabilidad extracontractual, empleador, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: Molina, Carlos Eduardo c/ Cristalerías Cattorini SACIF e I. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

La violación del deber de seguridad previsto en el art. 75 de la ley 20.744 configura una transgresión de origen legal, extraña al contrato, constituyendo el sustrato de la responsabilidad civil extracontractual.
Regulación de honorarios, competencia, exhortos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: De Siassi, Jorge Omar y otros c/ Pan American Exhorto del Juzgado de Rosario s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-01

Según lo prevé el artículo 16 de la Ley 17.009, la regulación de honorarios corresponde al Tribunal exhortante, excepto en el supuesto de que la rogatoria sólo tuviera por objeto la transferencia de sumas de dinero, títulos u otros valores.
Extinción del contrato, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MENDOZA, Ricardo Manuel y otra c/ BCO. HIPOTECARIO NACIONAL s/ B.H.N.   CONTRATO DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA - RESCICION   ACTUALIZACION -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-03

Adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Bosch, recordando tan sólo que en el plenario "Altgelt" formé parte de la minoría, que propició con criterio amplio -que estimo adecuado al papel que cumple el dinero en el intercambio- la repotenciación de las sumas ahorradas en función del contrato que se tornó de cumplimiento imposible.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Galeano, Farindo y otro s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el recurrente cuestiona la calificación del hecho en los términos del art. 166 inc. 2º del Código Penal en tanto no existiría en la causa prueba de la aptitud del arma utilizada, por lo que el "a quo" habría transgredido el art. 235 inc. 7º -n.a.- del Código de Procedimiento Penal al tener en cuenta a efectos de la referida prueba la sola confesión del procesado, ya que el artículo en que funda su queja se refiere a cuando se utiliza la confesión como "plena prueba" y no, como ocurre en autos, para acreditar un elemento del cuerpo del delito.
Daños y perjuicios, libertad de prensa, derecho a la intimidad, publicación de fotografía
Materia: CIVIL
Carátula: Soria, Silvia Graciela y Domínguez, Alejandro Esteban c/ Diario El Tribuno de Jujuy s/ Recurso de casación e inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº B-203582/09 (Sala I Cámara Civil y Comercial) Ordinario por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2015-06-30

Resuelve hacer lugar a la indemnización por los daños y perjuicios derivados de la publicación por un medio periodístico de la fotografía del cuerpo de su hijo fallecido en un accidente de tránsito, el que no fue autorizado por los actores, en forma innecesaria a los fines informativos, pues conforme lo determina el artículo 31 de la Ley 11763, la divulgación de la fotografía de una persona y su consecuente autorización debe ser otorgada de manera "expresa" por el afectado o en su excepción -como en el caso, al estar fallecido el protagonista- por su familia directa (voto en disidencia de la Dra. de Falcone).
Empleo público, vacaciones, licencias especiales
Materia: LABORAL
Carátula: V., J. O. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-29

De darse el supuesto en que la licencia sea suspendida o interrumpida por razones de servicio, como se ha normado, una vez superadas las circunstancias que impidieron su goce, el agente debe solicitar a sus superiores la autorización para ejercer este derecho, ya que la Administración está obligada por el mismo ordenamiento. Por lo que en el supuesto de que le fuera negado su ejercicio, el trabajador tiene a su alcance los reclamos administrativos o las acciones judiciales que considere pertinentes." (criterio expuesto en mi voto en la SD N° 2/SCA/2018). De no hacerlo, el agente no podrá más tarde esgrimir en su favor, la sustitución económica de un derecho al descanso que libremente no ejerció, ni procuró ejercerlo.
Entes reguladores, defensa del consumidor, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Metrovías SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Metrovías SA c/GCBA y otros s/otros rec. judiciales c/res. pers. públicas no est.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-19

El EURSP fundó su competencia en la ley nacional de defensa del consumidor e impuso una de las sanciones previstas en esa norma, de modo que -al contrario de lo que afirma la recurrente- el ente regulador no pretendió actuar como autoridad de aplicación del contrato de concesión ni aplicar las sanciones allí previstas para los posibles incumplimientos de sus clausulas. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Régimen de consolidación de deudas, adhesión provincial
Materia: ECONOMIA
Carátula: Quintín Flores c/ Estado provincial. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-20

Si los decretos 88/91 y 317/96 de la Provincia de Jujuy se aprobaron en el marco de la ley nacional 23.982 a cuyos términos se adhirió, ello implicó una suerte de autolimitación para el gobierno local, que le impedía apartarse de dicho ordenamiento introduciendo alteraciones que significaran condiciones más gravosas para los acreedores.
Leyes, aplicación de la ley, pensiones, igualdad ante la ley
Materia: LABORAL
Carátula: BOIDI HORACIO BARTOLO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-29

Habiéndose dispuesto una equiparación con las normas del derecho previsional,la nueva ley 23380 art. 19 mas ventajosa para el beneficiario es de plena aplicacion,por encontrarse vigente al momento de reclamar la indemnización de la ley 9688. No existe razón para que se le niegue a quien reviste el carácter de cónyuge de la persona fallecida con anterioridad a la sanción, ya que se trata de una misma situación -viudez- y así lo aconseja el resguardo del principio constitucional de igualdad.-
Sucesiones, honorarios del abogado, regulación de honorarios, dispensa de la prescripción, prescripción trimestral
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ BOSENDE R. Y DOVAL DE LOPEZ BOSENDE M. s/ INCIDENTE DE IMPUGNACION DE AVALUO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

La falta de determinación del acervo relicto no interrumpe ni suspende el término de prescripción de la acción del abogado para pedir regulación de honorarios. Se trata de una dificultad o imposibilidad de hecho que autoriza la dispensa de la prescripción cumplida, siempre que el derecho se haga valer en el término de tres meses de cesado el inconveniente.

Pero no puede considerarse este hecho, si el profesional conocía la composición del acervo hereditario. En este caso corresponde al letrado activar, en tiempo propio, la correspondiente determinación, y su omisión en tal sentido no puede mas que perjudicarlo. Al no mediar imposibilidad material para efectuar la regulación, el plazo de prescripción comienza a correr desde que el profesional cesó de intervenir en la causa por finalización del pleito.
Prestación básica universal, afiliados previsionales, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sobotke, Francisca Emilia c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-28

La PBU se trata de una prestación a la que tiene derecho todo afiliado que cumpla con los requisitos establecidos por el art. 19 de la ley 24.241, con independencia de los aportes y de la mayor o menor proporcionalidad que éstos puedan tener con ella. En ese sentido, la C.S.J.N. en autos "Jalil, Ana Graciela" (sent. del 23.03.04), consideró que la PBU no tiene por finalidad adecuarse a la cuantía de los ingresos de los jubilados y, al expedirse el 10.11.06 en autos "Zagari, José María", señaló que no es posible confundir la determinación de este componente de la prestación con la movilidad del haber. Por consiguiente, el monto de esta prestación ha de ser el que fije la ley que se dicte a ese respecto, pues se trata de una cuestión de política legislativa atenida a las posibilidades presupuestarias del sistema, materia ajena a la competencia judicial. (Disidencia del Dr. Laclau).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, valor disputado en último término, apelación de honorarios
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: R.U.A. Remolcadores Unidos Argentinos S.A. c/ Flota Fluvial del Estado Argentino y otros. s/ REAJUSTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-30

A los efectos de la admisibilidad del recurso ordinario de apelación en tercera instancia contra regulaciones de honorarios el "valor disputado en último término" se halla representado por la diferencia entre las sumas reguladas y las mayores o menores pretendidas, siendo insuficiente indicar que la ley fija una escala de porcentajes mínimos y máximos par solicitar su incremento o disminución.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SEVERIN PATRICIO GUSTAVO c/ COLOMBATTO VICTORIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-04-13

Si la redacción del memorial admitiere dudas en cuanto a que se expresa agravios por uno o dos de los representados, ella debe desecharse manteniendo el derecho recursivo de ambos mandantes del letrado presentado y no haciéndoselos perder a los dos.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios entre dos o más provincias, Estado Provincial, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ acción posesoria de aguas y regulación de usos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-03

A efectos de la solución de las quejas interprovinciales (art.

109) la Constitución Nacional proporciona algunas guías que por generales, no son menos seguras, como son las que surgen de su Preámbulo, en especial, para el caso, el constituir la unión nacional, asegurar la paz interior y promover el bienestar general.

A esta guía normativa deberán los magistrados agregar el uso de la razón, el conocimiento de la realidad, la comprensión del pasado y la proyección de las consecuencias futuras.
Empleados de seguros, productor asesor de seguros
Materia: LABORAL
Carátula: RIGANTI, REILLY c/ OCCIDENTAL SA. DE CAP. Y AHORRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-31

El productor de seguros cumple los requisitos del artículo 1 del decreto 8312/48 y realiza, por ello, esa profesión en forma habitual y principal, es personal dependiente de la empresa de seguros y tiene derecho, además del sueldo anual complementario y la afiliación previsional, a la aplicación de las normas laborales que rigen la prestación de trabajo subordinado. (Conforme Sala 5, sentencia del 22 de abril de 1968, 'Gonzalez de Garrido, Angeles c/ Instituto Nacional de Previsión Social', LL. 132-778).
Indemnización por accidente de trabajo, prueba, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Sanchez, María Vanesa  c/ La Segunda A.R.T. S.A.  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-27

En una acción sistémica como la aquí intentada, rige la presunción de autoría y causalidad. Entre las pretensiones confinalidad resarcitoria del daño causado, debe distinguirse aquella que, fundada en el sistema de riesgos del trabajo,tiene una lógica legislativa transaccional, que facilita la acción al establecer presunciones de autoría y causalidad, pero limita la indemnización a los fines de facilitar la asegurabilidad; de la acción civil, basada en la exigencia de la prueba de los presupuestos de su procedencia y que como contrapartida, tiene la reparación plena. Esta no es una idea menor: si al trabajador -de optar por el régimen del derecho común- se le exigeprueba acabada de los presupuestos; entonces debenhacerse verdaderamenteefectivas lasventajas del régimen especial transaccional y dar rodaje a las presunciones señaladas, trasladando la carga de desvirtuar plenamente las mismas a la ART (que cuenta con toda una estructura de medios a disposición,o debería tenerla),de lo contrario desalentaríamos elrecurso al régimen especial, aumentando la litigiosidad y los costos. En este marco descripto, a la ARTle incumbía desbaratarlas presunciones del sistema referidas (Voto Stettler. Adhesión Ronconi)
Régimen de consolidación de deudas, decreto de necesidad y urgencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PASQUINE ENRIQUE GUILLERMO c/ TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PROVINCIA DE JUJUY s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-12-27

Siendo los decretos de necesidad y urgencia una ley en sentido material, produce efectos desde la fecha de su vigencia. Los jueces deben ajustar sus decisiones a su normativa hasta tanto no sea declarada su inconstitucionalidad total o parcial por sentencia firme, o bien se opere su derogación o modificación por la Legislatura de la Provincia. Se ha reconocido la facultad de restringir los derechos consagrados en la norma fundamenta, en base a reglamentaciones que tiendan a resguardar los intereses económicos de la colectividad. La razonabilidad de estas normas depende de su adecuación a los fines que requiere su establecimiento y de la ausencia de iniquidad manifiesta, por lo que cualquier reglamentación que restrinja el ejercicio de un derecho debe ser analizada a la luz de las pautas de razonabilidad, y será válida siempre y cuando esta alteración no signifique privación del derecho.-
Seguro de desempleo, acción de amparo
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Arias, Julia Elizabeth y Ruiz, Sandra Patricia c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Trabajo y Seg. Social y Otro s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Salta
Fecha: 2016-03-29

Corresponde actualizar el monto del seguro de desempleo solicitado mediante una acción de amparo por dos empleadas despedidas que persiguen el pago de los retroactivos por las diferencias de la prestación de desempleo que, de haber sido actualizadas, hubieran debido percibir, toda vez que la falta de actualización desde el año 2006 del monto a percibir en concepto de seguro de desempleo no da respuesta a la situación para la que fue pensada, como es paliar las consecuencias desfavorables de la ausencia de empleo, pues el Estado reconoció la necesidad de actualización del salario mínimo, vital y móvil pero no procedió de modo análogo con el de desempleo, pese a gozar de idéntica naturaleza alimentaria y de pareja protección constitucional.
Despido, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: Pereyra Jorge Agustín y otro c/ Expreso Norte y otros s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-04-19

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que no hace lugar al despido invocado. Ello así, ya que, de los hechos probados de la causa surge que la trabajadora en vez de concurrir a trabajar -lo que así correspondía según términos de la carta documento de la patronal- hace oídos sordos de las respuestas oportunas de la empleadora e intimación para que se presente a trabajar, con adecuado requerimiento de cese de conducta desleal, para considerarse despedida indirectamente. En tales condiciones, la extinción no es imputable al empleador y sí a la empleada que en el caso actuó precipitadamente incumpliendo con el deber de buena fe art.63 ley 20744.
Subsidio estatal, rendición de cuentas, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "EN  (CONICET)  Resols.  1431  y  1432/91  y  896/92 c/ Evans JohnMartin s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-16

La suma resultante devengará intereses a partir del vencimiento del plazo fijado para la rendición de cuentas e intimación de pago, que se liquidará con ajuste a la tasa pasiva (promedio) que abona el Banco de la Nación Argentina, hasta el efectivo pago (Del voto del juez Fernández, cons. VI).
Relación de dependencia, valor probatorio, autoridad administrativa, multa, procedimiento de impugnación de deuda previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Guerrero, Ricardo c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-05

No obstante compartirse el criterio que destaca el valor probatorio de las declaracio-nes efectuadas por los empleados ante las autoridades administrativas, atendiendo especialmente a su espontaneidad, debe hacerse lugar al planteo del recurrente cuando de las constancias de autos se desprende que el Ministerio de Trabajo, Em-pleo y Seguridad Social determinó la deuda sin otro sustento probatorio que la verifi-cación efectuada por el inspector actuante, la que de ninguna forma logra acreditar los caracteres propios de la relación laboral, quedando la pretensión fiscal sin ele-mentos que la respalden y determinándose la multa sin algún otro tipo de elemento probatorio que lo avale. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Concurso preventivo, admisibilidad formal, homologación judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Plastar Buenos Aires c/ Aproagro SA y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-25

Procede revocar la resolución que desestimó el pedido de suspensión del proceso con base en lo previsto por la ley 24522: 72. Ello por cuanto, el último párrafo del art. mencionado asigna a la presentación del acuerdo extrajudicial un efecto automático de suspensión de "todas las acciones de contenido patrimonial contra el deudor, con las exclusiones previstas en el art. 21, quedando por tanto limitada la suspensión a los juicios de naturaleza ejecutiva como acontece en la presente acción (conf. CNCom, Sala F, mutatis mutandi "Hope Funds SA le pide la quiebra Rodríguez Fernando Javier y otro" expte. N° Com 11943/17 -26/12/17- y "Hope Funds SA le pide la quiebra Gonzalez Raul Alfredo" expte. N° Com 14403/17 -6/2/18).
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado y otro c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-17

Por ser el amparo un proceso excepcional, cuya utilización en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías legales aptas peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, exige para su apertura circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, provoca un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva.