Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-14


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los catorce días del mes de octubre del año de dos mil diez, se reunió en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia integrado con los señores Ministros Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi, Aldo Luis De Cunto, Dante Ferrari, Raúl Adrián Vergara y Sergio Rubén Lucero, presidida por el primero de los nombrados, para dictar sentencia en la causa caratulada "H., S. I. - P., C. A. s/ Denuncia (Expte. N ° 49/03 C. M.)" (Expte. N ° 19.618 - F° 103 - Letra "H" - Año 2004).

El orden para la emisión de los votos que resulto del sorteo de fs. 926/927 es el siguiente: Pfleger, Panizzi, De Cunto, Ferrari, Vergara y Lucero.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Breve relación del procedimiento.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la resolución dictada a fs. 834, hizo lugar a la queja deducida por el defensor particular del doctor J. O. C. y, al dejar sin efecto la resolución que había sido impugnada, dispuso la devolución de las actuaciones a este Superior Tribunal de Justicia y el dictado de un nuevo fallo. Este Tribunal, por vía de una de sus Salas, atendió el recurso de queja por casación denegada interpuesto a fs. 558/571 y su ampliación de fs. 589/592, y dispuso la remisión de los folios al Tribunal de Enjuiciamiento (ver fs. 844/vta.) por considerar mal denegado aquél deducido a fs. 176/94.

En esa ocasión, se dispuso el reenvío para que, legalmente, se habilitara la instancia y se emplazara a las partes, conforme el trámite correspondiente (artículo 436, 2° párrafo y concordantes del Código Procesal Penal - Ley 3155).

Bajo la presidencia del doctor José Luis Pasutti y con la asistencia de los señores Diputados Provinciales Ricardo Daniel Sastre y Mariana Ripa, el Tribunal de Enjuiciamiento cumplió con lo ordenado por resolución que está añadida a fs. 850/vta.

El doctor E. A. K., defensor particular del interesado, mantuvo el recurso a fs. 854.

Resuelta la constitución del Tribunal que, en pleno, se avocó al tratamiento de las cuestiones, ocurrió la audiencia de fs. 923 en la que la parte activa del recurso expuso sus argumentos.

II. El contenido del recurso En la presentación cocida a fs. 524/542, fueron expuestos sintéticamente los motivos de impugnación designados con las letras A, B, C y D.

Con el rótulo MOTIVO A, el recurrente denunció que el Consejo de la Magistratura omitió notificarle el tenor del dictamen del instructor sumariante y con ello se le impidió ejercer el derecho de defensa en juicio, en contravención a lo establecido por el artículo 23 de la Ley 4461, lo que nulifica -en su opinión- la decisión adoptada por ese cuerpo (Conf. artículo 149, inciso 3° del Código Procesal Penal - Ley 3155).

Relató que una vez efectuado el informe del instructor sumariante, doctor D. V., el pleno del Consejo trató los cargos, descartó algunos y remitió al Tribunal de Enjuiciamiento aquellos por los que se formuló acusación.

Señaló con adjetivos descalificativos la resolución de aquél que, el 11 de Febrero de 2004, decidió que el proceso ante ese cuerpo suplía el hecho de que el doctor C. no hubiera conocido las conclusiones del sumariante del Consejo de la Magistratura Provincial ni las conclusiones del Pleno de ese órgano.

Ello, fustigó, había importado una grave afectación a las estipulaciones de los artículos 44 y 192, inciso 4 de la Carta Magna provincial.

Agregó que de habérsele permitido ese oportuno descargo, se hubiera deducido la función tuitiva del orden constitucional sobre el alcance del artículo 249 de la Constitución Provincial, con referencia a la inmunidad de los votos que emiten los magistrados en sus resoluciones siempre que estén fundadas en doctrina y sustentadas en derecho.

El traslado de la acusación formulada por el Procurador General ante el Tribunal de Enjuiciamiento -continuó- no satisfizo ni suplió la obligación omitida por el Consejo de la Magistratura pues, para el recurrente, la instancia anterior era un requisito de viabilidad previsto en la Ley 4661 como instancia previa habilitante de aquella en la que interviene el Procurador General.

A continuación, el recurrente realizó algunas citas doctrinarias y jurisprudenciales para exponer luego -de manera textual- los mismos argumentos presentados al inicio del epígrafe.

Con el título MOTIVO B el apelante planteó, en la sintética exposición de motivos que abre el recurso, la violación del debido proceso legal y la nulidad de la resolución que lo destituyó, por no haberse integrado el Tribunal de Enjuiciamiento en oportunidad del debate con el número pleno de cinco miembros, previsto por el artículo 9° in fine de la Ley 4461, toda vez que el doctor Manuel Fabián Mauriño no contaba -al tiempo de integrar el cuerpo- con los requisitos exigidos por los artículos 211 de la Constitución Provincial y 5° de la Ley 4461.

Al desarrollar los fundamentos casatorios, como MOTIVO B el impugnante expuso otra cuestión, esgrimida en la síntesis como MOTIVO C. Así, señaló que el Tribunal de Enjuiciamiento destituyó al Dr. C. por las causales de desconocimiento del derecho y mal desempeño en su cargo a partir de su decisión como Magistrado en el marco de una medida cautelar dictada en los autos: "S., H. A. - M., C.. Querellantes Particulares. Actores Civiles s/ Incidente de Medida Cautelar" (Expte. N ° 2061-13-2000), vinculados con el proceso principal que giró bajo el rótulo: "F., M. s/ Usurpación - E. K., J. V. s/ Denuncia - Cushamen" (Expte. N ° 2061 - 13 - 2000).

Dijo que los fundamentos esgrimidos para excluir al Juez del oficio que desempeñaba, fincaron en que no había dictado el sobreseimiento del imputado F. pese a los dos pedidos del Ministerio Público Fiscal que existían en la causa, y que, por lo demás, había ordenado la restitución del bien materia del litigio en principales al señor J. V. E. K..

En el primer caso, agregó, se le reprochó que el Magistrado no actuara con apego a la norma procesal aplicable (el Art. 306 del C. P. P.) y, al respecto, desarrolló un discurso destinado al análisis de esa norma vinculándola con todo el ordenamiento adjetivo provincial (Ley 3155), acompañado por varias citas doctrinarias y jurisprudenciales que, según su parecer, apoyaron la decisión oportunamente adoptada por el Juez controvertido en la causa judicial de marras.

Entre otras consideraciones sobre las que se extendió, apuntaló el criterio del recurrente sobre la cuestión debatida y sostuvo que éste había entendido que, pese a los dos pedidos fiscales para sobreseer al imputado, se encontraba en la obligación de oír al querellante particular que había propiciado la elevación de la causa a juicio.

Arguyó que en el ordenamiento ritual chubutense el querellante tiene facultades recursivas autónomas e impulsivas y -agregó- si el ejercicio de la acción en una causa iniciada, no es cumplido por el Ministerio Público Fiscal, nada obsta a que lo asuma el querellante particular a quien la ley le ha concedido la facultad de adherirse a una investigación abierta, con las limitaciones prescriptas en el ordenamiento ritual. De esta manera -mantuvo- el Juez no estaba obligado o vinculado a dictar el sobreseimiento.

Agregó que el pronunciamiento atacado es contrario a derecho al señalar que le estaba vedado ordenar la restitución del inmueble al actor civil luego de los pedidos fiscales aludidos, pues los derechos consagrados en las normas rituales, el derecho a ser oído en especial, no pueden cercenarse por conclusiones arbitrarias.

En el último argumento del casacionista, expuesto como MOTIVO D en su inicial síntesis, pero desarrollado como MOTIVO C, se partió de considerar que la conducta juzgada no era calificable como mal desempeño ni desconocimiento inexcusable del derecho, por lo que -a su criterio- el Tribunal sólo pudo arribar a esa conclusión condenatoria porque utilizó opiniones que el Dr. C. manifestó en las resoluciones cuestionadas.

Denunció que tales expresiones, aun cuando son materia de apreciación judicial, no podían ser revisadas por vía administrativa ya que los pronunciamientos de naturaleza jurisdiccional sólo pueden ser revisados en causa judicial y mediante los recursos legales correspondientes. Invocó el artículo 249 de la Carta Magna provincial como respaldo de su opinión, doctrina y jurisprudencia.

Para el recurrente, el Tribunal de Enjuiciamiento incurrió en una petición de principios, interpretando de manera arbitraria la inmunidad de opinión de los magistrados que garantiza la norma constitucional referida desoyendo su sentido, puesto que su destitución ya había sido decidida.

La casacionista resumió en cinco ítems sus argumentos y pretensiones, y solicitó la anulación de lo decidido por el Consejo de la Magistratura y todos los trámites que fueran su consecuencia o, de prosperar el resto de sus planteos recursivos, peticionó que se declarase la nulidad de la resolución dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento.

Hizo reserva de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de obtener un pronunciamiento adverso a sus pretensiones.

En el escrito que está adosado entre las hojas 882 y 886, el letrado a cargo de la asistencia técnica del destituido aludió a que concurrían a cimentar un criterio proclive a la nulidad del proceso incoado factores que enunció en seis puntos.

Ellos, según la descripción que hizo, son: 1. la vulneración del derecho de defensa con antelación a la intervención del Tribunal de Enjuiciamiento; 2. la imputación por desconocimiento no pudo ser demostrada en la Acusación, acreditándose lo contrario pues el criterio aplicado fue confirmado por la Alzada; 3. el Tribunal de Enjuiciamiento se integró por quién carecía de los requisitos constitucionales; 4. se omitió considerar la protección que el Art. 249 de la Constitución Provincial brinda a los Jueces; 5. la incorporación de supuestas pruebas derivadas de causas juzgadas con anterioridad -y por las que el doctor C. fuera absuelto- fueron calificadas como argumento de necesidad para coadyuvar a la decisión expulsiva y 6. las decisiones tomadas antes fueron calificadas de dogmáticas.

A ello le sumó la decisión de la Corte Suprema de Justicia -que trascribió textualmente en las partes que consideró relevantes- y una crítica a los avatares sucedidos como consecuencia de la intervención de quien, dijo, no tenía capacidad para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento.

En la audiencia que se llevó a cabo el treinta de Marzo de 2010 la parte recurrente insistió en las posiciones que había sostenido durante todo el desarrollo de la vía impugnativa.

III. La posición de la Procuración General de la Provincia.

El señor Procurador General de la Provincia ratificó, a su turno, el dictamen agregado entre las hojas 892 y 893.

En aquél se sostuvo que los tribunales de enjuiciamiento poseen potestades propias y exclusivas conforme el catálogo constitucional, por lo que sus pronunciamientos son irrevisables por los tribunales judiciales e hizo cita, en apoyo, de opinión de doctrina.

Sin embargo, reconoció la opinión de la propia Corte Federal que ". en lo relativo a una evidente violación del debido proceso o derecho de defensa, es el alto Tribunal quien tiene la última palabra.", esto es que ese carácter restrictivo y excepcional cede ante ". apartamiento de normas fundamentales.".

Opinó, más adelante, en el sentido que no corresponde entender en los agravios expuestos sobre la errónea aplicación de las causales de destitución, toda vez que ese tema fue materia de debate y conclusión por parte del tribunal de mérito, tesis que apoyó con citas de doctrina.

Empero, consideró que este Superior Tribunal de Justicia debe tratar el planteo relacionado con la integración del cuerpo por un profesional que carecía de las incumbencias profesionales para conformarlo.

Sin embargo, entendió que no debía exponer su posición sobre este agravio, ya que la acusación en el juicio la había realizado la propia Procuración, con las previsiones legales exigibles en la materia, exponiendo el punto de vista que lo conducía a tal posición.

Recordó, por fin, el oportuno consejo de que se inicien actuaciones administrativas para verificar las circunstancias que precedieron a la designación del Dr. Manuel Fabián Mauriño, como miembro del Tribunal del Enjuiciamiento.

IV. Algunas consideraciones previas a la decisión.

Es verdad que la Ley de Enjuiciamiento Provincial establece que las decisiones del Tribunal de Enjuiciamiento no son recurribles.

En ese sentido el Art. 45 de la Ley V - N ° 80 (antes Ley 4461) declara expresamente que ". Todas las Resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento serán irrecurribles, salvo el recurso de aclaratoria, que deberá interponerse dentro de las veinticuatro (24) horas de la notificación.".

Empero, y de partida, esta regla no resulta compatible con los estándares de control fijados por los Tratados Internacionales que, luego de 1994, integran el bloque constitucional federal y por consecuencia existen aspectos de las decisiones del Tribunal de Enjuiciamiento que pueden ser materia de inspección judicial.

La razón y el alcance de ese control han sido delineados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha sostenido, de manera constante, un criterio proclive.

Brevemente lo repasaré.

En autos "N. A. O. s/ recurso de queja" (T. 316 P. 2940) el máximo Tribunal sentó la tesis que, bajo ciertas condiciones, era procedente el recurso extraordinario en contra de la decisión del Senado de la Nación que destituyó a un Magistrado cuando estaba picota el ejercicio de la defensa en juicio pues, consideró, ". se trata de una neta cuestión federal, al estar en juego la inteligencia de los arts. 18, 45 y 51 de la Constitución Nacional." (el sumario del fallo puede consultarse en la página web de la CSJN).

Del mismo modo estableció que ". lo atinente a la interpretación de la Constitución en orden a las causales de destitución por juicio político y la apreciación de los hechos materia de acusación a la luz de dicha exégesis, conforman ámbitos depositados por la Ley Fundamental en el exclusivo y definitivo juicio del Senado, no revisables judicialmente." (ídem).

En lo que concierne a las decisiones tomadas en el orden federado, la Corte afirmó que ". Las decisiones en materia de los llamados juicios políticos y enjuiciamientos de magistrados en la esfera provincial no escapan a la revisión judicial por los poderes judiciales locales, ni a la posterior intervención de la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario." (ídem).

De todas formas persistió en declarar que ". La mentada "irrecurribilidad" del Art. 115 de la Constitución Nacional sólo puede tener el alcance señalado en la doctrina del caso "Nicosia" (Fallos: 316:2940) que resulta aplicable mutatis mutandi. En efecto, no podrá la Corte sustituir el criterio del jurado en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento, esto es, el juicio sobre la conducta de los jueces. En cambio, sí será propio de su competencia, por vía del recurso extraordinario, considerar las eventuales violaciones -nítidas y graves- a las reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio." (Murature, Roberto Enrique s/pedido de enjuiciamiento -causa Nº 8/2003-. 06/03/2007 T. 330, P. 452).

Se entendió así pues ". El objetivo del instituto del juicio político no es el de sancionar al magistrado, sino sólo el de determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad. De ahí, pues, que el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas judiciales, por lo que sus exigencias revisten de una mayor laxitud y sólo procede el control judicial de lo resuelto ante flagrantes violaciones formales." (CSJN, ídem).

En autos "M." el Tribunal cimero asentó que ". frente a la irrecurribilidad del fallo del jurado establecida en el Art. 115 de la Ley Fundamental a raíz de la reforma instrumentada en 1994, este Tribunal concluyó en el caso "B." (Fallos: 326:4816) que dicha condición significa que la Corte Suprema no podrá sustituir el criterio del jurado en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento, esto es, el juicio sobre la conducta de los jueces, pero sí será propio de su competencia, por vía del recurso extraordinario, considerar las eventuales violaciones nítidas y graves a las reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio (Confr. considerando 9 del voto de los jueces Petracchi y Zaffaroni; segundo párrafo del voto del juez Belluscio; considerandos 20 y 34 del voto del juez Maqueda) (ver M. 2278. XXXIX RECURSO DE HECHO "Murature, Roberto Enrique s/ pedido de enjuiciamiento - causa Nº 8/2003 -" - CSJN - 06/03/2007).

En ese sentido consideró, en otro supuesto, que ". corresponde extender a las decisiones de los jurados de enjuiciamiento de magistrados provinciales la doctrina según la cual el superior tribunal de provincia del que ha de provenir la sentencia definitiva susceptible de recurso extraordinario es, en principio, el órgano jurisdiccional erigido como supremo por la Constitución local, pues sin soslayar el principio en virtud del cual las provincias son libres para crear las instancias judiciales que estimen apropiadas, no pueden vedar a ninguna de ellas, y menos a las más altas, la aplicación preferente de la Constitución Nacional ("Freytes", Daniel Enrique s/ acusación del procurador general -causa N ° 53.906/03-. 12/08/2008 T. 331, P. 1784).

En ese litigio se entendió que ". Quien pretenda la intervención judicial en las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados en la esfera provincial deberá demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa (Art. 18 de la Constitución Nacional, arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)." (ver sumario en el sitio oficial on line de la CSJN).

De modo entonces que, por regla, no son susceptibles de impugnación las decisiones de los Tribunales de Enjuiciamiento, pero que esa incolumidad cede ante la denuncia de una nítida, inequívoca y ostensible violación del debido proceso legal.

Si bien la Judicatura no ha de penetrar en el terreno de los hechos y de la adecuación legal de la conducta de los Jueces, que es materia privativa del Jurado, sí deviene en deber inexcusable verificar que la conducta de éste se adecue a las normas que el Bloque Constitucional estatuye como garantías de todo procedimiento, para evitar el peligro que importa el ejercicio ilegítimo del poder.

No debe olvidarse que en palabras de la Corte, otra vez, el objetivo del instituto del juicio político, antes que sancionar al magistrado, es el de determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad, de manera que el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias revisten una mayor laxitud.

V. Sentadas estas que se yerguen en premisas básicas para analizar la cuestión traída, abordaré el tratamiento de aquello que los recurrentes sometieron a inspección, sin olvidar las observaciones que expusiera el señor Procurador General de la Nación en su dictamen, al tiempo en que el presente legajo recalara en los estrados de la Corte Suprema de Justicia.

VI. Creo que es cuestión preliminar, por su incidencia y consecuencias, el tema atinente a la irregular constitución del Tribunal de Enjuiciamiento que se ha denunciado.

La Constitución de la Provincia del Chubut, Art. 211, prevé que el ". Tribunal de Enjuiciamiento se forma con un Ministro del Superior Tribunal de Justicia, dos diputados y dos abogados de la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia, elegidos por sorteo que realiza anualmente el mismo Tribunal, en la forma que se determine.".

Esas condiciones son, a tenor del Art. 164 del texto citado, ". ser ciudadano argentino, tener título de abogado y acreditar por lo menos doce años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura judicial.".

Conforme se ha comprobado en folios, uno de los integrantes del Tribunal que enjuició y destituyó al doctor C., el abogado Manuel Fabián Mauriño, no reunía las condiciones precitadas al momento de ocurrir el juicio político (ver la certificación actuarial de fojas 932).

La cuestión fue materia, inclusive, de encuesta administrativa pues conforme puede leerse en las hojas que llevan el número 654 a 655, ese fue el objeto del asunto que finalizó con el archivo ". toda vez que no existe conducta que reprochar al personal de la Secretaría de Acuerdos." (del dispositivo de la hoja 655 anverso) aún cuando en los considerandos se dejara constancia de que al Secretario encargado de los sorteos se le había aceptado la renuncia con anterioridad y que por tanto se había perdido ". potestad sancionatoria.".

VII. Los requisitos que la Constitución estatuye para la ocupación de ciertos oficios públicos estriban en la importancia que el texto fundamental les otorga, por la trascendente competencia que les es conferida.

Se parte de ciertos presupuestos de edad o de ejercicio profesional que son medida de idoneidad, temperancia, capacidad.

Aparear a los abogados miembros del Jurado de Enjuiciamiento a los Jueces del Superior Tribunal de Justicia no es casual. Se trata de la constitución del órgano que, nada menos, tiene en sus manos la decisión política de juzgar la aptitud de los Magistrados para mantenerse o no en el cargo cuando existe cierto grado de convicción de que lo desempeñan de modo inadecuado, conforme el cartabón que la propia Constitución estipula.

Luego, no se trata de un mero amor por las formas actuar con criterio restrictivo respecto de la validez de los actos sucedidos cuando, como en el caso y más allá de las condiciones personales del involucrado, se incurre en una deficiencia como la que se considera.

VIII. En el estatuto procesal que rige el caso el defecto en la calidad o condición de Juez o Tribunal está severamente sancionado.

La norma aplicable (Ley 3155 hoy derogado, Rama XV del Digesto), sitúa el supuesto dentro de las nulidades de orden general y entiende ". siempre prescripta bajo pena de nulidad, la observancia de las disposiciones concernientes: 1. al nombramiento, capacidad y constitución del Tribunal.".

Ese criterio normativo alumbra, aún, al rito vigente (Ley XV número 9, ex 5478) pues su artículo 376, enuncia entre los llamados "Motivos absolutos de impugnación formal" a ". la inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones concernientes: 1. a la integración del Tribunal y a la designación y capacidad para decidir de los jueces que lo integraron.".

IX. He sostenido en numerosos precedentes que por aplicación del principio de conservación y trascendencia, las nulidades son de interpretación restrictiva.

Texto legal y relevancia negativa sobre concretos derechos del imputado son, ambos elementos, los que estarán presentes al tiempo de ponderar cualquier trasgresión de las formas. La sanción procesal no se legitima en un simple apego escrupuloso a la Ley; no se justifica en el mero interés de la Ley.

Pero aún los conceptos dados, el fenómeno procesal que nos ocupa está inficionado por un vicio insanable, no sólo por estar tipificado expresamente, sino por la materia que envuelve.

Porque, a la luz de cuanto hemos dicho, el imperativo de ser juzgado por un Tribunal -que aún político- esté regularmente constituido, es la base en la que reposa el debido proceso que, a partir de ello, se desenvolverá.

El debido proceso, como bien sostiene De la Rua (ver "La Casación Penal" páginas 68, 72 y ss) supone el respeto a las formalidades establecidas por la ley para que pueda desembocar en una sentencia válida y a las propias de la sentencia misma, consideradas imprescindibles para que sea legítima.

Ese respeto implica posicionarse frente a la Ley adjetiva y ajustarse a sus mandatos, de allí que el error procesal se traduzca en una contravención al comportamiento exterior que el Juez o las partes debían observar al cumplir su actividad.

El concepto de formas comprende, así, el poder o capacidad para cumplir el acto o, en otras palabras, la constitución legítima del Tribunal o del Juez en lo que atañe a su jurisdicción, competencia y capacidad.

Cuando uno de los integrantes del Tribunal carecía de aptitud constitucional para integrarlo y concurrió a la realización del debate y eventualmente a la deliberación que condujo a la sentencia, hay violación de elementos esenciales del procedimiento en los términos de la norma que se expuso párrafos arriba y por ende la tramitación es susceptible de extirpación.

Se trata, como se vio, de una nulidad absoluta e insanable, que, aún, puede ser decretada de oficio por el propio Tribunal de la Casación.

Es en esa inteligencia que no cabe aceptar el argumento de la "a quo" basado en la extemporaneidad.

Poner en cabeza del recurrente el imperativo de conocer o no la condición de quienes integran un Tribunal, o, en otras palabras, si quienes lo integran reúnen los requisitos para cumplir el oficio para medir la extensión del agravio, es inaceptable.

Y digo inaceptable pues un principio elemental de confianza en la conducta estatal -la contra-cara de la presunción de validez de los actos que el propio Estado desarrolla- hace que las personas presupongan que los funcionarios que ostentan los atributos de un cargo, hayan sido nombrados regularmente, es decir acorde a la norma que les atribuye competencia.

En resumen de cuentas: aplicada la regla procesal que mencionábamos arriba (Art. 149 inc. 1° del C. P. P, Ley 3155), la solución no es otra que la de declarar la nulidad de lo actuado (es decir, desde el acto del que da cuenta la hoja Nº 368 y sus consecutivos, incluida la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento) y volver las cosas al estado en que se hallaban al momento en que el vicio ingresó al proceso.

X. Debe procederse, pues, al reenvío, por aplicación del Art. 429 del C. P. P. (Ley 3155) para que otro Tribunal, esta vez establecido en forma, trate el caso.

Demás está decir que resolver el resto de las cuestiones que aquí fueron ventiladas resulta inoficioso, dada la manera en que ha quedado zanjado el litigio en la instancia.

XI. Las costas deberán imponerse a la Provincia del Chubut, por aplicación de artículo 485 -y sus concordantes- de la ley 3155.

Regulo los honorarios del doctor E. A. K. en la suma de cinco mil pesos ($ 5000) por su actuación ante estos estrados, teniendo en consideración la labor cumplida, la importancia cualitativa del caso y el éxito con que ha coronado su gestión (Ley 2200).

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El profesor Pfleger ha plasmado en su voto un puntilloso relato del periplo de la causa y de los motivos del recurso, lo cual me excusa de repetir esa tarea.

II. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso el regreso de las presentes actuaciones a este Superior Tribunal para el dictado de un nuevo fallo (hoja N º 277 del expediente devuelto por la Corte - hoja N ° 834 del principal).

Examino, sin más, la presentación glosada a fojas 524/542, en la que fueron desarrollados los motivos de agravio contra la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia del Chubut. Para una mejor comprensión, seguiré el orden que ha ejercido el doctor Pfleger, en el tratamiento de las cuestiones traídas.

III. El juicio de remoción de magistrados no puede equipararse al proceso jurisdiccional, ya que -entre otras notas distintivas- aquel no cuenta con un mecanismo recursivo que permita el doble tránsito procesal que es inherente a éste.

La ley determina, con claridad, que la jurisdicción de los jueces no debe interponerse en el camino del juicio de destitución, en aquellas decisiones privativas del tribunal político, propias y específicas de la Constitución.

Hay, en esa doctrina, algo de razonable, ya que la sentencia judicial podría cometer una intrusión en la autoridad exclusiva del Tribunal de juicio político. Sin embargo, como bien lo ha explicado el profesor Pfleger en su estupendo voto, con cita de la Corte Federal (Fallos 316:2940, entre otros), el Superior Tribunal de Justicia tiene la competencia de decidir si el ejercicio de la potestad destituidora se efectuó dentro de los límites de la Constitución. No podría ser de otra manera, ya que es el Poder del que se vale el sistema republicano para asegurar el cumplimiento del plan de la Constitución.

Dicho de otro modo, el Poder Judicial, como contrapoder, tiene a su cargo juzgar los límites del ejercicio de las facultades privativas de los otros dos poderes del Estado.

Pero el significado y el sentido del artículo 45 de la Ley V - Nº 80 -que reglamenta la actividad del Tribunal de Enjuiciamiento- no estriba en subordinar el juicio del Tribunal de Enjuiciamiento a nuevo examen para, eventualmente, enmendarlo, sino en revisar ocasionales violaciones a las reglas constitucionales del debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio.

De modo que la irrecurribilidad del artículo 45, que dispone que contra sus resoluciones no cabe entablar recurso, cede cuando se acredita, como en el caso, violación de la índole señalada en el párrafo previo. En tales ocasiones, la revisión debe habilitarse con el objeto de remediar la vulneración de aquellas garantías superiores.

No se trata pues, de escudriñar el tino o desacierto de las causales de remoción del juez ni de revisar los hechos objeto de la acusación. Éstos son ámbitos asignados por la Constitución provincial a la exclusiva y definitiva decisión del Tribunal de Enjuiciamiento. Pero ello no suprime el control judicial de los juicios políticos, con respecto al debido proceso, al derecho de defensa, a la interpretación de la Constitución.

IV. Es preciso, entonces, verificar si en el procedimiento que culminó con la destitución del juez J. O. C. se ha respetado el debido proceso y se ha garantizado la defensa en juicio del magistrado.

Al igual que mi distinguido colega, el Ministro Pfleger, trataré en forma inicial el agravio referido a la integración del Tribunal de Enjuiciamiento, por razón del desenlace que tendrá este voto.

El recurrente alegó la violación del debido proceso legal por haberse integrado el Tribunal de Enjuiciamiento sin el número pleno de cinco miembros exigido por el artículo 9º in fine de la Ley V - Nº 80, toda vez que uno ellos, el doctor Manuel Fabián Mauriño (por los abogados) no contaba con los requisitos necesarios estipulados en los artículos 211 de la Constitución Provincial y 5º de aquella ley.

Nuestra Carta Magna en el artículo citado, en concordancia con el 164, establece el modo en que se compone el Tribunal de Enjuiciamiento. Así, dispone que esté constituido por un Ministro del Superior Tribunal de Justicia, dos diputados y dos abogados de la matrícula, elegidos por sorteo anual a cargo del Superior Tribunal, que deben ser ciudadanos argentinos y acreditar por lo menos doce años de ejercicio de la abogacía.

No obstante la claridad de las disposiciones reseñadas, uno de los abogados de la matrícula que integró el Tribunal de Enjuiciamiento, el doctor Manuel Fabián Mauriño, no contaba con la antigüedad en el ejercicio de la profesión, requerida por el texto constitucional, tal como se acreditó en el proceso (ver certificación de fojas 932, resolución administrativa Nº 1991/04 S. L. de este Superior Tribunal de Justicia y causa "H., S. I. - P., C. A. s/ Denuncia (expediente N ° 27/03 del Tribunal mencionado).

Hubo, entonces, un vicio insuperable que afectó la integración del Tribunal, el que por su gravedad no se puede reparar y vicia todo el procedimiento desarrollado.

Con respecto a ello, el artículo 149, inciso 1º del anterior ordenamiento ritual penal -aplicable por reenvío de la ley de enjuiciamiento de magistrados- dispone que se entenderá siempre prescripta bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes al nombramiento, capacidad y constitución del tribunal.

La participación del juez inhabilitado por la Constitución en el acto que devino luego en la sentencia de remoción, cambió irremediablemente la esencia y la forma del organismo encargado del juicio político, uno de los requisitos indispensables para la configuración constitucional del Tribunal, es decir, para que el Estado cuente con la capacidad jurídica de enjuiciar a un magistrado. O sea, se juzgó al doctor C. de modo contrario al que expresamente establece la Constitución de la Provincia del Chubut y la ley que reglamenta la materia.

Es que el quebrantamiento de la disposición atinente a la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento causó agravio a la defensa en juicio del recurrente y profanó el debido proceso, provocando una nulidad absoluta, imposible de ser convalidada.

De manera que, acreditada la ineptitud constitucional del vocal Mauriño para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento, todo lo actuado debe nulificarse por imperio de los artículos 211 de la Constitución de la Provincia del Chubut, 5º y 9º de la Ley V - N ° 80 y 149, inciso 1°, del Código Procesal Penal (Ley Nº 3155).

Como quedó dicho en el voto anterior, la designación del doctor Manuel Mauriño fue objeto de un sumario administrativo (hojas 654 a 655), que finalizó con el archivo por dos razones. Primero por que no se encontró conducta susceptible de ser reprochada y, segundo, por que el titular de la Secretaría que tuvo a su cargo el sorteo presentó su renuncia con anterioridad, con lo que la capacidad de una eventual sanción había expirado.

Es decir, que aunque fue fortuita la designación del doctor Mauriño no puede ser convalidada.

En resolución, concuerdo con el colega del primer voto en punto a que debe declararse la nulidad de todos los actos, incluidos, desde aquel que informa la hoja N º 368 hasta la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento (que separó al doctor C. del cargo de juez que ejercía en la Circunscripción Judicial de Esquel, cosida en hojas foliadas 481/514).

V. Discrepo, en lugar, de la solución propiciada por el distinguido doctor Pfleger en cuanto a retrotraer el estado del proceso al tiempo en que el vicio se produjo.

En mi opinión, se afectaría la garantía constitucional contra el doble juzgamiento si se dispusiera el reenvío de la causa al Tribunal de Enjuiciamiento, con otra integración para que dicte un nuevo fallo. Es que el artículo 52 de la Ley V - N ° 80 dispone que el juicio político a los jueces no podrá durar más de seis meses, contados desde la formación de la causa. Vencido dicho término sin haber recaído resolución, el acusado quedará absuelto.

De manera, que por razón del cuantioso tiempo transcurrido desde la formación de causa contra el juez J. O. C. (17 de diciembre de 2003, ver hojas 273/274 vta.) y del resultado al he arribado -con respecto a la integración del Tribunal de Enjuiciamiento-, propicio al pleno declarar la nulidad de la sentencia atacada y la absolución del magistrado enjuiciado, con la correspondiente restitución del cargo y las funciones de las que fue privado, tal como lo pidió el interesado.

VI. No trataré las demás cuestiones esgrimidas, por razón de la solución a la que he arribado.

VII. Adhiero a imposición de costas y a la regulación de honorarios profesionales efectuada por el primer sufragante, en su considerando IX.

Así voto.

El Juez Aldo Luis De Cunto dijo:

I.- Al igual que el Dr. Panizzi, quien me precediera de manera inmediata en el voto, habré de remitirme al relato de los antecedentes de la causa que efectuara el Dr. Pfleger, tanto en homenaje a la brevedad, como en virtud de su suficiencia, por lo cual, ambos motivos me eximen de reeditar la reseña de las actuaciones relevantes a los fines de esta decisión.- Asimismo, es de destacar que la causa ha vuelto a conocimiento de este Tribunal, debido a la resolución del máximo Tribunal Federal de fs. 834, en la cual hizo suyos los argumentos vertidos por la Sra. Procuradora Fiscal, y declaró formalmente procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia que denegara el mismo (ver fs. 834). Por su parte la Sra. Procuradora Fiscal argumentó que "el Superior Tribunal local no puede declinar su intervención con argumentaciones dogmáticas o basadas en la ajenidad a la instancia federal de cuestiones reguladas por normas locales, cuando...se plantean cuestiones prima facie de naturaleza federal como son las configuradas por la alegada violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y del juez natural; máxime si se tiene en cuenta que el propio Tribunal local -con relación al agravio sobre la defectuosa integración del Jurado que destituyó al recurrente- decidió, a la par de denegar el extraordinario, disponer el inicio de una actuación administrativa con el fin de que se informen las circunstancias de la designación de uno de sus miembros" (ver fs. 832 vta. "in fine"/833, 1er. párrafo). Destaco lo sostenido por la Sra. Procuradora Fiscal debido a que enfatiza dos de los motivos del recurso casatorio de fs. 524/542, concretamente los señalados a fs. 525 como "Motivo A" y "Motivo B". Y tales motivos, tal como se perfilara en los votos de los colegas que me antecedieran en la decisión, resultan dirimentes a los fines de superar el valladar de la irrecurribilidad de las decisiones del Tribunal de Enjuiciamiento, tal como intentaré argumentar seguidamente.

II.- Como bien lo explicitan los Ministros prevotantes, el Art. 45 de la ley V Nº 80 -antes ley 4461- establece que "Todas las Resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento serán irrecurribles, salvo el recurso de aclaratoria, que deberá interponerse dentro de las veinticuatro (24) horas de la notificación". Dicha irrecurribilidad también está prevista en el Art. 115, 2do. párrafo de la Constitución Nacional, con relación al fallo del jurado de enjuiciamiento. Es de señalar que con anterioridad a la reforma constitucional, fruto de la cual resulta ser el texto del Art. 115 precitado, la Corte Suprema de la Nación, al resolver el caso "Nicosia" (Fallos 316:2940, ED, 158-245), destacó que la apreciación de las causales para la promoción del juicio político, el encuadre constitucional de los hechos y su análisis, son cuestiones reservadas al arbitrio del Congreso y, en particular, del Senado, insusceptibles de revisión judicial. Sin embargo, la violación de las garantías constitucionales (Art. 18 de la C. N.) o de los recaudos establecidos por la Ley Fundamental para la sustanciación del juicio político, podían acarrear la intervención del Poder Judicial por aplicación del principio de la supremacía constitucional (Art. 31 de la C. N.) y en ejercicio de la función de control de constitucionalidad reservada al mismo por la Ley Fundamental. Así, la acusación formulada sin cumplir con la mayoría del Art. 53; la sanción dispuesta por el Senado sin alcanzar la mayoría del Art. 59; la sanción del Senado cuyo contenido difiera del previsto en el Art. 60; la violación, durante la tramitación ante el Senado, de la garantía del debido proceso legal adecuada a las modalidades del juicio político, son algunas de las hipótesis que tornan viable la revisión judicial de un pronunciamiento condenatorio emanado del Senado. (Conf. Badeni, Gregorio: "Tratado de Derecho Constitucional", T º II Ed. La Ley, 2006, Pág. 1615). Amén del citado fallo "Nicosia", con anterioridad a la reforma de 1994, la Corte se había expedido en similar sentido en "Graffigna Latino" (Fallos 308:961), donde destacó que son revisables las decisiones adoptadas en un juicio político cuando se vea afectada la garantía de defensa en juicio, y que la revisión debe ser planteada por vía de apelación y no por otro cauce procesal como una acción de amparo; en "Magín Suárez" (Fallos 308:2609) expresó que en el juicio político existen cuestiones de orden federal susceptibles de revisión mediante el recurso extraordinario y que lo atinente a la composición del tribunal de la causa y la recusación son cuestiones susceptibles de revisión judicial cuando se alega la violación de las garantías de los jueces naturales; y en "Llamosas" (Fallos 310:2031) destacó que los enjuiciamientos de magistrados no son ámbitos vedados al conocimiento de la Corte en la medida que se acredite la lesión a la garantía del debido proceso (Conf. Badeni, Op. Cit., ídem, Pág. 1616).

Bidart Campos sostuvo, poco después de producida la reforma constitucional de 1994 que "Hasta promediar la década de los ochenta, la Corte siempre consideró que el fallo destitutorio del senado -y los equivalentes emanados de órganos diversos en jurisdicción de las provincias- no podían ser sometidos a revisión de ella mediante recurso extraordinario...La jurisprudencia de la Corte cambió diametralmente después, y en menos de diez años ha reafirmado el posible sometimiento de los fallos destitutorios -tanto los dictados en sede federal como en el ámbito provincial- a revisión y control el poder judicial. Esta recurribilidad se limita, sin egoísmo, a verificar si en el procedimiento de enjuiciamiento se respetó o se violó el análogo debido proceso a que debe atenerse, a fin de preservar las garantías emergentes de la constitución federal. Pero no alcanza para que el tribunal judicial revea el criterio que el órgano de enjuiciamiento político ha empleado en el encuadre que de las conductas imputadas al funcionario acusado ha hecho aquél órgano para tener por configuradas una o más causales de destitución...Todo este relato panorámico tiene por objeto interpretar qué sentido hemos de atribuir al actual Art. 115 cuando define al fallo del jurado como irrecurrible. ¿Ha sido un desconocimiento de la jurisprudencia firme de la Corte?...Es difícil la respuesta. Para intentarla, hemos de opinar que a partir del momento en que la Corte hizo controlable judicialmente al enjuiciamiento político -tanto en jurisdicción federal como provincial- su nuevo criterio se basó en la idea de que ningún procedimiento, ni judicial, ni administrativo, ni político, puede evadir los cánones del debido proceso, de la defensa en juicio, de las garantías personales. Es así tanto si hay una norma expresa (en el texto anterior a la reforma no la había en relación con el juicio político) como si no la hay, porque el principio -con carácter de fundamental en nuestro ordenamiento jurídico- tiene un ascendente axiológico que ninguna norma puede desconocer. Ese principio no ha desaparecido ni decaído con la reforma, y hace parte de las implicitudes más valiosas de la constitución. Por ende, ni siquiera una reforma constitucional está en condiciones de arrasarlo, aunque -acaso- como la de 1994 haya sumado al Art. 115 la parte en que declara que el fallo del jurado de enjuiciamiento es "irrecurrible". El calificativo no puede surtir el efecto, pese a tener rango constitucional, de retroceder en la interpretación judicial que viene consolidando la Corte Suprema en numerosísimas sentencias. Y ello porque un adjetivo, por más que esté incorporado a la constitución, carece de fuerza para oponerse al arsenal principista-valorativo en que ella se apoya, y que no ha sido alterado ni modificado en la reforma actual. ¿Qué alcance damos, entonces, a esta novedad léxica de "irrecurrible"?. Únicamente la que en el caso "Nicosia" puntualizó la Corte: el senado -y ahora el jurado- inviste la competencia final y definitiva para decidir si la conducta imputada configura causal de enjuiciamiento y de destitución...En cambio, el trámite procedimental a través del cual se llega a esa decisión final queda sujeto a control judicial de constitucionalidad en todos sus aspectos, formalidades y condiciones establecidos en la constitución" (Conf. Bidart Campos, Germán J.: "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", T º VI, Ed. Ediar, 1995, Págs. 506/508).

He preferido extenderme en la cita doctrinaria que antecede para reflejar de manera cabal el alcance que desde la doctrina constitucionalista se le confirió al carácter de "irrecurribilidad" de Art. 115 de la Constitución Nacional, al poco tiempo de producida la reforma de 1994. Dicha interpretación resulta conteste en la doctrina. Así Gelli opina que a pesar del texto del Art. 115 de la C. N., la Corte Suprema como intérprete final de la Constitución puede mantener aquella diferenciación entre las garantías de la defensa en juicio y el fallo discrecional acerca de la procedencia de las causales de destitución, revisando aquellas eventuales violaciones de la defensa y absteniéndose de examinar el criterio de destitución. Ello así, pues el Art. 115 debe interpretarse en armonía con las seguridades que reconoce el Art. 18 de la C. N. y los arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Conf. Gelli, María Angélica: "Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada", Ed. La Ley, 2006, Pág. 953). Con posterioridad a la reforma, y en interpretación del Art. 115 de la C. N. en el caso "Brusa" (Fallos 326:4816), la Corte mantuvo -por unanimidad pero en distintos votos- la admisibilidad de la revisión judicial de los fallos de destitución de magistrados judiciales en caso de violación del debido proceso. En ese sentido se sostuvo que una interpretación rígidamente literal del Art. 115 de la C. N. resultaría incompatible con las normas internacionales de igual jerarquía (Art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica). En consecuencia, la "irrecurribilidad" sólo puede tener el alcance otorgado en la doctrina "Nicosia", por lo tanto la Corte Suprema no podrá sustituir el criterio del Jurado en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento, en cambio sí podrá revisar por vía del recurso extraordinario las violaciones -nítidas y graves- a las reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio (Conf. Gelli, Op. Cit., Pág. 954).

Finalmente, en lo que respecta a este aspecto de la "recurribilidad" de las sentencias de destitución de magistrados, es de agregar, que conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, las sentencias dictadas en un juicio político son susceptibles de revisión por vía del recurso extraordinario. Su sustanciación requiere de una sentencia definitiva emanada del superior tribunal de la causa que solamente puede ser el Senado o el Jurado de Enjuiciamiento (Art. 115 de la C. N.). De modo que las presuntas violaciones a las garantías del debido proceso legal, como es el derecho de defensa en juicio, producidas en el curso de las actuaciones, carecen de entidad jurídica para avalar el control de constitucionalidad judicial que está reservado solamente cuando se dicte sentencia definitiva. Igual conclusión es aplicable a los juicios políticos que se sustancien en las provincias aunque, en este caso, el superior tribunal de la causa será el máximo órgano judicial de la provincia, contra cuya decisión corresponderá plantear el recurso extraordinario (Conf. Badeni, Op. Cit., ídem, Págs. 1617/1618).- En definitiva, no existen dudas de la factibilidad de revisar judicialmente los fallos destituyentes de magistrados, cuando lo que está en juego es la afectación de las garantías del debido proceso o de la defensa en juicio, no siendo óbice para ello la letra del Art. 45 de la ley V Nº 80, así como acontece en el orden federal con la norma del Art. 115 de la C. N.

III.- Sentado lo precedentemente expuesto, coincido con los colegas preopinantes en que, a la luz del carácter de los motivos casatorios deducidos, corresponde examinar en primer término el referido a la integración del Tribunal de Enjuiciamiento (ver fs. 525, Motivo B). Al respecto es de recordar que el Art. 211 de la Constitución Provincial dispone que "El Tribunal de Enjuiciamiento se forma con un Ministro del Superior Tribunal de Justicia, dos diputados y dos abogados de la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia, elegidos por sorteo que realiza anualmente el mismo Tribunal, en la forma que se determine". Y es el Art. 164, 1er. párrafo de la misma Constitución Provincial la norma que establece tales requisitos, los que son: "...ser ciudadano argentino, tener título de abogado y acreditar por lo menos doce años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura judicial". El Art. 5 de la ley V Nº 80, reitera el requisito de la antigüedad de doce años en el ejercicio de la profesión para los abogados integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento. Del informe obrante a fs. 932, se desprende que en efecto, el letrado de la matrícula Dr. Manuel Fabián Mauriño carecía del mentado requisito de antigüedad exigida al momento de ser designado para integrar el tribunal de enjuiciamiento.

Por remisión del Art. 51 de la ley V Nº 80, resulta aplicable en forma supletoria el Código Procesal Penal provincial, estando vigente al tiempo de los hechos denunciados la ley 3155. El Art. 149 del citado código encuadraba dentro de las nulidades de orden general a aquellas motivadas en la inobservancia de las disposiciones concernientes "...1. Al nombramiento, capacidad y constitución del tribunal"; que el actual código adjetivo penal mantiene como motivo absoluto de impugnación formal bajo la fórmula "1) a la integración del tribunal, y a la designación y capacidad para decidir de los jueces que lo integraron" (ver art. 376 de la ley XV Nº 9 -otrora ley 5478-.

Encuentro evidente que la denunciada irregularidad afecta la garantía del debido proceso, en virtud de infringir a su vez la garantía del juez natural. Es que debe tenerse en cuenta que el Art. 44 de la Constitución Provincial que regula la garantía del debido proceso establece en su 2do. párrafo que "Nadie puede ser privado de un derecho sino por una sentencia fundada, dictada por juez competente con resguardo de las reglas del debido proceso..." (el destacado en negrita me pertenece). Por lo demás es de recordar que en el orden constitucional nacional la garantía del juez natural se encuentra prevista en el Art. 18 de la C. N.. Al respecto se ha entendido que la garantía del debido procesal legal consiste en una categoría genérica que abarca diversas garantías procesales específicas destinadas a suministrar a los individuos el amparo necesario para la salvaguarda de sus derechos con motivo del ejercicio del poder jurisdiccional del Estado. En esa inteligencia se sostiene que si se tuviera que sistematizar las diversas etapas en las cuales se manifiestan las garantías del debido proceso legal, se citarían las siguientes: 1) juicio previo, 2) intervención del juez natural, 3) inviolabilidad de la defensa en juicio, 4) sentencia judicial que resuelva el conflicto conforme a la ley y dentro de un plazo razonable (Conf. Badeni, op. Cit., ídem, Págs. 1097/199) (el destacado en negrita me pertenece). Asimismo, con relación a la garantía específica de la intervención del juez natural, se considera que conforme a la exigencia constitucional, el juicio previo se debe desarrollar ante los jueces naturales. La imposición de una pena o sanción que limite o restrinja los derechos constitucionales, debe ser dispuesta en un juicio previo fundado en ley anterior, sustanciado y sentenciado por un magistrado judicial competente. Y el Art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que el sometimiento procesal de una persona debe ser efectuado ante juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley (Conf. Badeni, op. Cit., ídem, Págs. 1141 y 1143) (el destacado en negrita me pertenece). No cualquier tribunal judicial dará satisfacción al principio del juez natural. Para lograrlo deberá además haber sido creado por una ley, dictada antes del hecho de la causa, de modo que su capacidad para entender en ese caso, derive de que (ese caso) sea uno de los que, de modo general y abstracto, esa ley (anterior) dispone que deba ser juzgado por ese tribunal. Es la noción de "competencia" del juez a la que se refieren los pactos internacionales ( Art. 8.1, CADH) y que según lo establece el actual sistema constitucional será irretroactiva (Conf. Art. 18, CN) (Conf. Cafferata Nores, José: "Proceso penal y derecho humanos. La influencia de la normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino", Ed. Del Puerto S. R. L.-CELS, 2000, Pág. 95).

En nuestro caso, la competencia del Tribunal de Enjuiciamiento está dada por las normas pertinentes, tanto de la Constitución Provincial (arts. 164 y 211) como de la ley V Nº 80 (Art. 5), las que establecen como requisitos para integrar dicho órgano, la antigüedad de doce años de ejercicio de la profesión de abogado para los letrados de la matrícula sorteados al efecto. Con relación a dicho requisito dice Clariá Olmedo que el nombramiento capacita el complejo procedimiento administrativo previsto para la designación de los jueces, con exclusión de las "condiciones abstractas" (se entiende que requeridas para el nombramiento). Los vicios, pues, tendrán que constatarse con referencia a los modelos legales de procedimiento para el nombramiento de los jueces, tanto de orden constitucional cuanto contenidos en las leyes orgánicas. En dichas normas se regulan los requisitos para ser propuesto y designado (edad, título, antigüedad en el ejercicio profesional, etc.) y el procedimiento administrativo propiamente dicho para el nombramiento (proposición, acuerdo legislativo, designación, juramento). En otros términos, regulan no sólo la mecánica del acto administrativo, sino también los requisitos que tiene que reunir el sujeto al que se nombra. En opinión de Núñez los vicios nulificantes refieren a las formas de nombrar al juez y no existe nulidad por la inobservancia de las condiciones requeridas para poder ser nombrado, puesto que el Poder Judicial no puede controlar y revisar la legitimidad en sí misma de los actos realizados por los otros poderes del Estado en ejercicio del poder político. Sin embargo es de admitir que ya no se puede negar la procedencia del control jurisdiccional de legalidad del ejercicio del poder político en tanto no signifique inmiscuirse en los criterios de oportunidad anejos a ese ejercicio; además reconocer la validez del acto formal de designación de quien no posee los requisitos legalmente exigidos para ejercer el cargo es una consecuencia inaceptable (Conf. Creus, Carlos: "Invalidez de los actos procesales penales", Ed. Astrea, 2004, Págs. 30/32).- Es de agregar que por afectarse una garantía constitucional, no existe óbice de oportunidad temporal para el dictado de esta nulidad. Es que de acuerdo al Art. 150, 2do. párrafo del CPP (ley 3155) "Solamente deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo anterior que impliquen violación de las normas constitucionales o cuando así se establezca expresamente". En consecuencia, y dada la violación de la garantía del debido proceso (Conf. arts. 18 de la Constitución Nacional y 44 de la Constitución Provincial), no resulta aplicable el Art. 152, inc. 2 del CPP (ley 3155), que establece que las nulidades producidas en los actos preliminares del juicio pueden ser opuestas hasta inmediatamente después de abierto el debate.

A la luz de los conceptos vertidos, y en atención a lo dispuesto por el Art. 149, inc. 1 de la ley 3155, habré de concordar con los ministros que me precedieran en la votación en cuanto corresponde acoger favorablemente la causal casatoria examinada, correspondiendo hacer lugar al recurso deducido, y declarar la nulidad de todo lo actuado por el tribunal de Enjuiciamiento desde la integración del mismo con el Dr. Mauriño, según acta N º 06/2004, del 31/05/04 (ver fs. 368) inclusive, lo cual incluye, claro está, la sentencia destituyente obrante a fs. 481/514.- Dado el acogimiento favorable de este primer motivo analizado, deviene abstracto el pronunciamiento respecto de las demás causales argüidas como fundamento del recurso de casación en examen.

IV.- Resta por analizar la secuela de la declaración de nulidad decidida. Es en este punto respecto del cual discrepan los colegas prevotantes. Adelanto mi opinión en que comparto la solución dispuesta por el Dr Panizzi. Es que resulta acertado su señalamiento en cuanto a que el Art. 52 de la ley V Nº 80 dispone que "El juicio no podrá durar más de seis (6) meses, a contar desde la formación de la causa. Vencido dicho término sin haber recaído resolución, el acusado quedará absuelto. En el supuesto del artículo 41, dicho plazo se prorrogará por el lapso que dure la suspensión del debate". Es así que, habiendo transcurrido aproximadamente siete años desde la fecha de formación de la causa (ver resolución del 17/12/03 de fs. 273/274), la aplicación de la referida norma impone la solución absolutoria.

En definitiva, por los argumentos expuestos y en consonancia con el voto del Dr. Panizzi, propicio al pleno declarar la nulidad de todo lo actuado desde fs. 368 así como de la sentencia recurrida y la absolución del magistrado enjuiciado, con la correspondiente restitución del cargo y las funciones de las que fue privado, tal como solicitara el interesado.

V.- En cuanto a las costas, las mismas deben imponerse al Estado provincial (Conf. arts. 485 y 486 de la ley 3155, según remisión del Art. 51 de la ley 4461 -actual ley V Nº 80-). A tal efecto respecto a la regulación de honorarios, teniendo en cuenta las normas pertinentes de la ley arancelaria (arts. 5, 7, 44 y Concs. de la ley XIII N º 4), y en especial la relevancia moral e institucional de la cuestión planteada, estimo prudente regular el monto de pesos cincos mil ($ 5.000) en favor del letrado del recurrente, Dr. E. A. K..

Así lo voto.

El Juez Carlos Dante Ferrari dijo:

La reseña que brindó el señor Ministro de primer voto torna innecesario abundar en detalles acerca de los antecedentes y pormenores del caso, por lo que abordaré directamente las cuestiones traídas a decisión del Cuerpo.

II. En este cometido, sumaré desde ya mi opinión coincidente con la de mis predecesores en cuanto a la interpretación que merece la limitación recursiva contenida en el Art. 45 de al ley de enjuiciamiento V N ° 80 -antes denominada ley 4461- en cuanto determina que "Todas las Resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento serán irrecurribles, salvo el recurso de aclaratoria, que deberá interponerse dentro de las veinticuatro (24) horas de la notificación." La jurisprudencia más calificada coincide en señalar que si bien los tribunales de enjuiciamiento de magistrados ejercen atribuciones de carácter político, por lo que en principio sus decisiones exorbitan control judicial, debe admitirse la revisión de los pronunciamientos dictados en el marco de un proceso en el que se encuentre comprometida la vigencia de garantías constitucionales. Esta línea interpretativa ha sido sostenida asimismo por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación a partir del precedente "Graffigna Latino" (Fallos: 308:961), fijando la doctrina invariable según la cual las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados en la esfera provincial, cuyo trámite se efectuó ante órganos ajenos a los poderes judiciales locales, configura una cuestión justiciable en la que le compete intervenir al Alto Tribunal Federal por la vía del recurso extraordinario sólo cuando se acredite la violación del debido proceso legal (conf. G. 1641. XXXIX - "García Collins, Jorge s/ en causa Suprema Corte de Justicia - señor Procurador General doctor De la Cruz, Eduardo Matías - acusa" - CSJN - 26/10/2004 - elDial.com AA2707; entre otros precedentes análogos).

En la misma dirección, también ha puntualizado la Corte Suprema nacional que "el Pacto de San José de Costa Rica exige que, ante la invocada violación de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o dicho Pacto, exista una efectiva posibilidad de acceso a un órgano judicial stricto sensu. El término "recurso", utilizado por el Art. 25, debe ser entendido en el mismo sentido con que se emplea el verbo "recurrir" en el Art. 7.6 de la convención, esto es, en la primera acepción del Diccionario de la Real Academia Española: "acudir a un juez o autoridad con una demanda o petición". Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se refiere al derecho reconocido por el Art. 25 de la convención, lo caracteriza como el "derecho a la protección judicial" o el "derecho a un remedio judicial" (Informe n ° 30/97, caso 10.087, Gustavo Carranza, Argentina, del 30 de septiembre de 1997, Confr. título que precede al párrafo 69 y párrafo 77 in fine). Señaló además el Alto Tribunal que "desde esta perspectiva, la mentada "irrecurribilidad" del Art. 115 de la Constitución Nacional sólo puede tener el alcance señalado en la doctrina del caso "Nicosia" (Fallos: 316:2940) que resulta aplicable mutatis mutandi. En efecto, no podrá la Corte sustituir el criterio del jurado en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento, esto es, el juicio sobre la conducta de los jueces. En cambio, sí será propio de su competencia, por vía del recurso extraordinario, considerar las eventuales violaciones -nítidas y graves- a las reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio." (Conf. B. 450. XXXVI - Recurso de hecho - "Brusa, Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento" - CSJN - 11/12/2003 - elDial.com AA1DF6).

III. El caso que nos ocupa contiene precisamente un planteo de esta naturaleza, habilitando de tal modo la procedencia del remedio intentado, en tanto el casacionista ha denunciado una gruesa irregularidad en la conformación del tribunal que resolvió destituirlo del cargo de Juez de Instrucción de la ciudad de Esquel. En efecto, el Art. 164, primer párrafo de la Carta Magna provincial determina que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, Procurador General y Defensor General se requiere ser ciudadano argentino, tener título de abogado y acreditar por lo menos doce años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura judicial. Por su parte, el Art. 5 de la Ley V N ° 80 establece asimismo el requisito del ejercicio efectivo de la profesión de por lo menos doce (12) años para los abogados de la matrícula que componen el Tribunal de Enjuiciamiento. Como está visto, el Dr. Manuel Fabián Mauriño, convocado a actuar como integrante del tribunal de jury en su carácter de segundo suplente (ver fs. 366) no reunía a la sazón los requisitos exigidos por la ley para el ejercicio de dicho ministerio, según fuera comprobado más tarde en este proceso (ver fs. 654/655 y certificación de Secretaría obrante a fs. 932). Claro está que una anomalía de tal entidad no puede ser soslayada en modo alguno por cuanto afecta de manera flagrante la garantía del "juez natural", al haberse permitido que uno de los miembros del tribunal de jury, pese a no reunir las condiciones establecidas por la Constitución Provincial para ser investido como tal, concurriera a decidir la suerte de una causa de tanta trascendencia, cual lo es la remoción de un magistrado.

A no dudarlo, el vicio denunciado -y ulteriormente comprobado en la causa- erige un obstáculo insuperable para admitir la validez del acto sentencial cuestionado, toda vez que se han infringido formalidades esenciales que a mi juicio lo tornan jurídicamente ineficaz, y de manera insanable.

En este orden de ideas, la Corte Suprema de la Nación, al precisar qué debe entenderse por procedimientos judiciales a los efectos del Art. 18 de la Constitución Nacional, ha dicho que esa norma exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (Fallos: 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557, entre muchos otros)", así como que "Las garantías del juez natural, del debido proceso y de la defensa en juicio exigen tanto que el tribunal se halle establecido por ley anterior al hecho de la causa, cuanto que haya jueces que hagan viable la actuación de aquél en las causas en que legalmente se le requiera y le corresponda." (CSJN - 08/09/1992 - "Rouges, Marcos Aníbal c/ Provincia de Tucumán" - elDial.com - AA1A1C).

La inhabilidad de uno de los miembros integrantes del jury introduce, pues, un vicio insalvable que esparce sus efectos perniciosos sobre la constitución misma del tribunal de enjuiciamiento, al impedir desde el punto de vista ontológico que pueda considerárselo como un cuerpo apto para emitir un pronunciamiento válido, derivando todo ello en un acto aparente, jurídicamente ineficaz, el cual no puede ser considerado "sentencia", tal como se autoproclamara el así dictado en circunstancias tan inadmisibles (ver fs. 514).

A mi criterio, se trata en rigor de un acto inexistente, pues como lo ha sostenido la Corte Suprema de la Nación, la omisión de formalidades sustanciales en el dictado de un fallo determina su inexistencia como tal, al ser violatorio, en consecuencia, del Art. 18 de la Constitución Nacional (CSJN - Fallos: 156:283; 223:486; 233:111; 312:139; 317:483; entre otros). Mas como esta categorización ha generado no pocas disputas doctrinarias y sus efectos, en definitiva, serían asimilables a los de un acto nulo, de nulidad absoluta, coincidiré con los colegas preopinantes acerca de que corresponde declarar su nulidad, imperativo en interés del orden público y de la garantía de la debida defensa en juicio aquí comprometidos (Art. 18, C. N. - arts. 164 y 211, Const. Provincial - arts. 148 y 149, inc. 1°, ex ley 3155, aplicable por remisión del Art. 51 de la Ley V N ° 80).

En otras palabras: considero que la indebida integración del Tribunal de enjuiciamiento a partir de la incorporación al mismo del Dr. Manuel Fabián Mauriño determina la nulidad de dicho acto constitutivo, así como de todos los posteriores que fueron consecuencia directa e inmediata de ese vicio absoluto e insanable, incluyendo, naturalmente, la sentencia bajo examen.

Por otra parte, mal podría considerarse que haya operado la caducidad del planteo de nulidad por una hipotética inacción dentro del plazo establecido en el Art. 335 de la ex ley 3155, tal como lo sostuviera -a mi juicio, con grave error- el tribunal de enjuiciamiento en el auto N ° 09/2004 (fs. 544/vta.). La índole y gravedad de la anomalía registrada determina que el vicio no pueda considerarse saneado por falta de planteo oportuno del particular afectado, lo cual permite al tribunal declarar la nulidad de oficio en cualquier estado y grado del proceso, dado el compromiso de las normas constitucionales en juego (Conf. Art. 150, 2do. párrafo, misma ex ley 3155).

IV. La discrepancia planteada entre los Sres. Ministros Dres. Jorge Pfleger y Alejandro Panizzi acerca de las consecuencias que han de seguirse de a raíz de la nulidad a decretar, motiva la necesidad de expedirme acerca de este tópico.

Al respecto debo decir en primer lugar que, según mi criterio, la interpretación del Art. 52 de la Ley V N ° 80 se aprecia inequívoca en este aspecto, en cuanto establece que "El juicio no podrá durar más de seis (6) meses, a contar desde la formación de la causa. Vencido dicho término sin haber recaído resolución, el acusado quedará absuelto...", por lo que en vista del largo tiempo transcurrido, el reenvío de la causa a los fines de un nuevo juzgamiento resulta improcedente, dado que dicho plazo legal se encuentra largamente vencido.

Y si bien el obstáculo señalado en el párrafo anterior es dirimente diré además, ya a mayor abundamiento, que la hipotética posibilidad de someter al casacionista un nuevo proceso por las mismas causas atentaría contra el principio ne bis in idem, de cuño constitucional, pues como bien lo ha señalado la Corte Suprema de la Nación, la garantía del debido proceso, en la que se integra la del juez natural determinado por las normas sobre competencia, ha sido consagrada fundamentalmente en favor del acusado, por lo que no es válido recurrir al argumento de la incompetencia para adoptar una decisión que importe sujetarlo nuevamente a juicio (Confr. doctrina de Fallos: 234:786 y 240:456). Más aun cuando las razones que dan motivo a la nulidad no son imputables al enjuiciado, en cuyo caso, retrogradar el juicio a etapas ya superadas importa la lesión del derecho de defensa (Fallos: 297:486) y excede el interés de las partes en el proceso, para proyectarse sobre la buena marcha de las instituciones (doctrina de Fallos: 256:491; 257:132; 297:486, entre otros), pues la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro (Fallos: 272:188, considerando 16).

V. A mérito de todo lo expresado y en vista de la declaración de nulidad que propiciaré, se torna abstracto el abordaje y tratamiento de las restantes cuestiones planteadas.

Propongo, en suma, declarar la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal de Enjuiciamiento a partir de fs. 368 inclusive en adelante, incluyendo la sentencia dictada respecto del Dr. J. O. C.. En consecuencia corresponderá absolver al nombrado de los cargos que se le formularan para la formación de la presente causa, debiendo ser restituido a su cargo y a las funciones de las que fue privado, conforme a la oportuna petición del interesado. Todo ello con costas al Estado provincial (Conf. arts. 485, 486, C. P. P. - texto seg. ex Ley 3155).

Asimismo, en vista de la extensión, calidad, eficacia de las tareas desplegadas y a la trascendencia jurídica, moral y económica del resultado obtenido, comparto la regulación de honorarios propuesta para retribuir las tareas del Dr. E. A. K. en esta sede, que deberán fijarse en la suma de $ 5.000.- (arts. 5, inc. "b", "c", "d" y "f", 13, 46 y Conc., Ley XIII N ° 4 - ex Dec. Ley 2.200).

Así lo dejo votado.

El Juez Raúl Adrián Vergara dijo:

1. La claridad y suficiencia del relato de los antecedentes de la presente causa que desarrollara el señor Ministro Dr. Pfleger exime de realizar repeticiones innecesarias por lo que a dicha reseña me remito por razones de brevedad procesal a fin de abordar de modo directo las cuestiones sometidas a decisión.

Sin perjuicio de ello destaco que esta causa volvió a conocimiento de este Tribunal en virtud de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fs. 834 hizo suyos los fundamentos del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, declaró formalmente procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada que denegara dicho recurso. En tal sentido, la Sra. Procuradora Fiscal destacó a fs. 832 vta./833 que " ... el Superior Tribunal de Justicia local no puede declinar su intervención con argumentaciones dogmáticas o basadas en la ajenidad a la instancia federal de cuestiones reguladas por normas locales, cuando -en rigor- se plantean cuestiones prima facie de naturaleza federal como son las configuradas por la alegada violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y del juez natural; máxime si se tiene en cuenta que el propio Tribunal local -con relación al agravio sobre la defectuosa integración del Jurado que destituyó al recurrente- decidió, a la par de denegar el extraordinario, disponer el inicio de una actuación administrativa con el fin de que se informen las circunstancias de la designación de uno de sus miembros." 2. Con tales alcances, el Art. 45 de la Ley V Nº 80 (antes ley 4461) prescribe que todas las resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento serán irrecurribles, salvo el recurso de aclaratoria. A su vez, el Art. 115, primer apartado del segundo párrafo, de la Constitución Nacional, también dispone que el fallo del jurado de enjuiciamiento será irrecurrible. Y en este aspecto, nuestro máximo Tribunal Federal señaló: "Que a partir del precedente G. 558.XX. "Graffigna, Latino Carlos y otros s/acción de amparo", del 19 de junio de 2006 (1986) (Fallos: 308:961) esta Corte ha sostenido de modo invariable la doctrina según la cual las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados en la esfera provincial, cuyo trámite se efectuó ante órganos ajenos a los poderes judiciales locales, constituye un ámbito en el que sólo es posible la intervención judicial en la medida que se aduzca y demuestre inequívocamente por el interesado, la violación de alguno de los derechos o garantías establecidos en el Art. 18 de la Constitución Nacional. ...De ahí, pues, que como concordantemente lo ha subrayado este Tribunal desde su tradicional precedente N.92.XXIV, "Nicosia, Alberto Oscar s/recurso de queja", del 9 de febrero de 1993, de Fallos: 316:2940 con respecto a las decisiones del Senado de la Nación en esta materia, lo reiteró con posterioridad a la reforma de 1994 en el caso B.450.XXXVI. "Brusa, Víctor Hermes s/pedido de enjuiciamiento", del 11 de diciembre de 2003, de Fallos: 326:4816 con relación a los fallos del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, y lo viene extendiendo al ámbito de los enjuiciamientos de magistrados provinciales hasta sus pronunciamientos más recientes (causas P.1163.XXXIX "Paredes, Eduardo y Pessoa, Nelson s/queja e inconstitucionalidad" (Fallos: 329:3027) y A.139.XXXIX "Acuña, Ramón Porfirio s/causa N ª 4/99" (Fallos: 328:3148), (sentencias del 19 de octubre de 2004 y del 23 de agosto de 2005, respectivamente), quien pretenda el ejercicio de aquel escrutinio deberá demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa (Art. 18 de la Constitución Nacional, antes citado; arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)" (C. S. J. N., "Freytes, Daniel Enrique s/acusación del Procurador General - causa N º 53.906/03", F. 1855.XL., del 12/08/2008, Fallos: 331:1784, considerando 3º). Esto es, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya en la causa "Graffigna Latino" (Fallos: 308:961) admitió la revisión de las decisiones en materia de enjuiciamiento de magistrados provinciales en la medida que se demuestre de modo inequívoco la violación de derechos o garantías establecidos en el Art. 18 de la Constitución Nacional.

En ese mismo direccionamiento en la causa del Dr. Luis Magín Suárez la Corte Federal expresó: "Si los argumentos formulados en el recurso extraordinario pueden involucrar cuestiones de orden federal susceptibles de examen en la instancia del Art. 14 de la ley 48, la queja es admisible sin que esto implique pronunciamiento sobre el fondo del recurso" (Fallos: 308:2609).

Y con cita de la causa "Magín Suárez" (Fallos 308:2609 y 310:2845) se precisó que "... lo atinente a la composición del tribunal de la causa y la recusación son cuestiones susceptibles de revisión judicial cuando se alega la violación de las garantías de los jueces naturales." (Badeni, Gregorio, "Tratado de Derecho Constitucional", La Ley, 2da. Ed. act., 2006, T. II, Pág. 1616).

A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación al interpretar el Art. 115 de la Constitución Nacional en el caso B.450.XXXVI, "Brusa, Víctor Hermes s/pedido de enjuiciamiento" (Fallos: 326:4816) señaló: "Que, en consecuencia, una interpretación rígidamente literal de la "irrecurribilidad" consagrada en el Art. 115 de la Constitución Nacional resultaría incompatible con las normas internacionales de igual jerarquía que en forma contemporánea incorporó la Reforma Constitucional de 1994, y que, junto con dicha Constitución, configuran el bloque de la constitucionalidad argentina (considerando 2º del voto del juez Petracchi en Fallos: 323:2659). Es lo que advirtió con toda claridad el convencional Iván Cullen en la reunión de Coincidencias Básicas del 12 de julio de 1994 (Op. Cit., Tomo IV, Pág. 3298). En este sentido esta Corte ha expresado que la Constitución (y lo mismo vale para normas que tienen igual jerarquía) "debe analizarse como un conjunto armónico dentro del cual cada parte ha de interpretarse a la luz de las disposiciones de todas las demás. Ha declarado también (Fallos: 181:343), considerando 2º que la interpretación del instrumento político que nos rige no debe hacerse poniendo frente a frente las facultades enumeradas por él para que se destruyan recíprocamente, sino armonizándolas dentro del espíritu que le dio vida . La ley fundamental es una estructura sistemática, sus distintas partes forman un todo coherente y en la inteligencia de una de sus cláusulas ha de cuidarse de no alterar el equilibrio del conjunto. Es posible (...) que el significado de un texto constitucional sea en si mismo de inteligencia controvertida, pero la solución se aclara cuando se lo considera en relación con otras disposiciones de la Constitución" (Fallos: 240:311). Desde esta perspectiva, la mentada "irrecurribilidad" del Art. 115 de la Constitución Nacional sólo puede tener el alcance señalado en la doctrina del caso "Nicosia" (Fallos: 316:2940) que resulta aplicable mutatis mutandi. En efecto, no podrá la Corte sustituir el criterio del jurado en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento, esto es, el juicio sobre la conducta de los jueces. En cambio, si será propio de su competencia, por vía del recurso extraordinario, considerar las eventuales violaciones nítidas y graves a las reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio" (considerando 9º).

Por ello, ninguna duda cabe que a pesar de la irrecurribilidad prevista por el Art. 45 de la Ley V Nº 80 (antes ley 4461), al igual que sucede con igual disposición contenida en el Art. 115 de la Constitución Nacional, resulta posible la revisión judicial de las decisiones adoptadas en materia de destitución de magistrados en la esfera provincial en aquellos casos en los cuales eventualmente se configure una violación grave de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio.

3. En ese marco, corresponde ingresar en primer término a la queja enunciada a fs. 525 como "Motivo B" al entender el recurrente que hubo una violación del debido proceso legal al haberse integrado el Tribunal de Enjuiciamiento en oportunidad del debate sin contar con el número pleno de cinco miembros previsto por el Art. 9º in fine de la ley 4461 toda vez que el Dr. Manuel Fabián Mauriño no contaba al tiempo de integrar ese Tribunal con los requisitos necesarios que exigen los artículos 211 de la Constitución Provincial y 5 de la Ley V N º 80 (antes ley 4461), fulminado ello de nulidad absoluta en los términos del artículo 149, inciso 1º del Código Procesal Penal del Chubut.

A ese respecto, la citada norma constitucional prescribe que: "El Tribunal de Enjuiciamiento se forma con un Ministro del Superior Tribunal de Justicia, dos diputados y dos abogados de la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia, elegidos por sorteo que realiza anualmente el mismo Tribunal, en la forma que se determine". A su vez, el Art. 164, primer párrafo, de la Constitución Provincial determina los requisitos para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, a saber: "... ciudadano argentino, tener título de abogado y acreditar por lo menos doce años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura judicial. ...".

Y de la Resolución Administrativa N º 1991/04 S. L. del Superior Tribunal de Justicia que corre a fs. 654/655 y vta. surge que del sumario administrativo realizado se estableció "... que el miembro segundo suplente en representación de los abogados de la matrícula Dr. Manuel Fabián Mauriño no tendría la antigüedad exigida por el artículo 5º de la Ley 4461 y artículo 211 de la Constitución Provincial. ..." (fs. 654).

A su vez, del informe del actuario que luce a fs. 932 resulta de modo categórico que el citado profesional a la época de asumir el cargo como integrante del tribunal de enjuiciamiento no contaba con el requisito de antigüedad exigido por los artículos 211 de la Constitución Provincial y 5 de la Ley V Nº 80 (antes ley 4461).

En tales condiciones, por remisión del Art. 51 de la Ley V N º 80 resulta de aplicación supletoria el Código Procesal Penal vigente al tiempo de los hechos denunciados, esto es, según ley 3155, cuyo Art. 149 determina en materia de nulidades de orden general que: "Se entenderá siempre prescripta bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes: 1. Al nombramiento, capacidad y constitución del tribunal.... , disposición que permanece en el actual Código Procesal Penal toda vez que el Art. 376 de la Ley XV N º 9 (antes ley 5478) bajo la denominación motivo absoluto de impugnación formal alude a la inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones concernientes "... 1) a la integración del tribunal y a la designación y capacidad para decidir de los jueces que lo integraron ...".

Por ello, desde que el Dr. Manuel Fabián Mauriño, llamado a actuar como integrante del Tribunal de Enjuiciamiento, no reunía el requisito exigido en cuanto a la antigüedad, la irregularidad denunciada afecta gravemente las reglas del debido proceso y la garantía del juez natural.

En ese aspecto, la C. S. J. N. tiene dicho en los autos "Avenida Independencia 2131 S.R.L. s/ley 20.680", del 02/09/1986, que "... la garantía consagrada por el Art. 18, de la Constitución Nacional, exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (Fallos: 125:10; 127:36 y 189:34, entre muchos otros)" (considerando 2º, Fallos: 308:1558).

En consecuencia, el vicio existente se refiere a la competencia del Tribunal de Enjuiciamiento por encontrarse afectadas las formas del nombramiento, y al existir una clara inobservancia de las disposiciones concernientes a su integración al no cumplir uno de sus integrantes con el requisito de antigüedad exigido para su nombramiento (arts. 164 y 211 de la Constitución Provincial y Art. 5 de la Ley V Nº 80; antes ley 4461), su inhabilidad se erige en un vicio insanable existente al momento de su constitución.

Así, la irregularidad habida en la integración del tribunal importa un supuesto de acto inexistente por aplicación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al precisar que es inexistente la sentencia de Cámara si se han omitido las formalidades sustanciales (Fallos. 308:2188), como también que la omisión de formalidades esenciales determina la inexistencia del acto como fallo de la cámara, violándose así el Art. 18 de la Constitución nacional (Fallos: 315:1260, con cita de Fallos: 156:283; 223:486; 233:111).

Sin perjuicio de ello, ante el debate doctrinario habido en torno al acto inexistente, lo cierto es que dicha categoría es asimilable en sus efectos al acto nulo de nulidad absoluta.

En ese direccionamiento, coincido con el criterio expuesto por el Sr. Ministro Dr. Jorge Pfleger en cuanto a que por tratarse de una nulidad absoluta e insanable puede ser declarada de oficio, y por tanto el razonamiento seguido por el Tribunal de Enjuiciamiento en su resolución de fs. 544/vta. fundado en la extemporaneidad debe ser desechado. Máxime cuando la causal de nulidad importó violación de normas constitucionales por lo que la misma debe ser declarada de oficio, conforme lo establece el Art. 150, segundo párrafo, de la ley 3155, hoy derogada.

De tal modo, en atención a lo previsto por el Art. 149, inciso 1, de la ley 3155, concordaré con los ministros preopinantes en el sentido que corresponde hacer lugar a la causal casatoria esgrimida (Motivo B, fs. 525), y por ende al recurso interpuesto, declarando la nulidad de los actos cumplidos por el Tribunal de Enjuiciamiento a partir de la integración del mismo por el Dr. Manual Fabián Mauriño acaecida el 31 de marzo de 2004 con el dictado de la resolución N º 06/2004 obrante a fs. 368, inclusive y en adelante, y que en consecuencia comprende la sentencia que destituyera al Dr. J. O. C. del cargo de Juez de Instrucción de la ciudad de Esquel que luce a fs. 481/514 y vta.

4. Finalmente, cabe expedirse respecto de las consecuencias que la declaración de nulidad conlleva pues sobre el punto existe discrepancia entre los Sres. Ministros Dres. Jorge Pfleger y Alejandro Javier Panizzi.

Al respecto, cabe considerar que el Art. 52 de la Ley V Nº 80 (antes ley 4461) prescribe que: "El juicio no podrá durar más de seis (6) meses, a contar desde la formación de la causa. Vencido dicho término sin haber recaído resolución, el acusado quedará absuelto. ...".

Por ello, el lapso transcurrido desde que se dispusiera la formación de causa de enjuiciamiento contra el Dr. J. O. C., prácticamente siete años (Resolución del 17/12/03, punto 1º, fs. 273/274 y vta.), permite subsumir el caso en la citada norma y en consecuencia el vencimiento del término fijado conduce a la absolución del acusado.

5. El éxito del agravio en análisis y la declaración de nulidad que se propicia hace innecesario ingresar a las restantes quejas por devenir abstracto su tratamiento. En síntesis, por las razones vertidas y al concordar con el Dr. Panizzi propicio al pleno declarar la nulidad de los actos cumplidos por el Tribunal de Enjuiciamiento a partir de la integración del mismo por el Dr. Manual Fabián Mauriño, fs. 368 inclusive y en adelante, y que en consecuencia también comprende la sentencia de destitución recurrida, absolviendo al Dr. J. O. C. de los cargos que se le imputaran y en consecuencia restituyéndolo a su cargo y funciones de las que fuera privado, de acuerdo a la petición que formulara el interesado.

Asimismo, también propicio la imposición de las costas devengadas por el proceso de enjuiciamiento al Estado Provincial vencido, de conformidad con lo previsto por los arts. 485 y 486 de la ley 3155, de aplicación por remisión del Art. 51 de la Ley V N º 80 (antes ley 4461).

Tocante a la regulación de honorarios del Dr. E. A. K., en su calidad de letrado del acusado Dr. C., atendiendo a la naturaleza del proceso, eficacia y resultado de los trabajos profesionales cumplidos, y asimismo a la trascendencia de la cuestión, considero prudente regular la suma de pesos cinco mil ($5.000.-) a su favor (arts. 5, 7, 13, 44, 46 y Conc. de la Ley XIII Nº 4).

Así lo voto. El Juez Sergio Rubén Lucero dijo:

I.- Sobradamente se han reseñado los antecedentes de la presente causa por los Sres. Magistrados que me precedieran en la votación, por lo que me atendré a ello a efectos de evitar repeticiones estériles.

Sin embargo, encuentro útil individualizar cuáles son aquellos aspectos sobre los cuales habré de emitir opinión, puesto que ello propicia no solo un mejor orden expositivo sino que, también, permitirá una más fácil ubicación y lectura del análisis que merezcan las cuestiones sobre las que habré de expedirme.

Tales cuestiones son las siguientes, a saber: 1) irrecurribilidad del fallo emitido por el tribunal de enjuiciamiento; 2) -a- defecto en la integración del tribunal; -b- de constatarse el denunciado, cuáles son sus efectos; y 3) atribución de costas y regulación de honorarios.

II.- En tal marco, pasaré entonces al examen de los tópicos predispuestos precedentemente siguiendo para ello la misma numeración y nominación asignada a cada uno de ellos.

1) Irrecurribilidad del fallo emitido por el tribunal de enjuiciamiento: La cuestión que se plantea para el análisis es la irrecurribilidad que prevé el Art. 45 de la Ley 4461 (actual Ley V Nº 80), norma ésta que se encuentra en consonancia con lo dispuesto por el Art. 115 de la Constitución Nacional.

Resulta interesante relacionar sintéticamente cuál fue la evolución jurisprudencial y constitucional respecto al punto del epígrafe. La misma puede ser clasificada para mi, en cuanto menos, seis etapas.

La primera, en la cual se expresaba que los jurados de enjuiciamiento no constituyen tribunales de justicia en los términos del Art. 14 de la ley 48, y que, por ende, son improcedentes los recursos extraordinarios por ante la Corte Federal contra sus resoluciones. Esta tesitura perduró hasta el año 1986, postulando de manera conteste tanto la jurisprudencia como la doctrina que la revisión judicial del entonces juicio político no era viable.

En la segunda etapa, la Corte Federal ya dijo que habrá cuestión justiciable en los jurados de enjuiciamiento provinciales cuando se invoca la violación del debido proceso, siendo procedente el recurso extraordinario (desde 1986 -caso "Graffigna Latino"- hasta el caso "Nicosia").

En dicho antecedente "Graffigna Latino (Fallos: T. 308:961) la Corte Federal sostuvo la doctrina según la cual las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados en la esfera provincial, dictadas por órganos ajenos a los Poderes Judiciales locales, configuran cuestión justiciable cuando se invoca por la parte interesada la violación del debido proceso y la garantía de defensa en juicio establecida en el Art. 18 de la Constitución Nacional. En consecuencia, se señaló, que tales decisiones no escapan a la revisión judicial por dicho poder, ni a la intervención de la Corte por vía de recurso extraordinario (Fallos: 308:2609; 310:2031, 2845; 311:881, 2320; 312:253; 313:114; 315:761 y causas "Sorondo eleva actuaciones relativas a la conducta del Dr. Fernando H. Bulcourt", 21/4/1992; "Zamora, Federico s/ acusa", 13/8/1992; "Tribunal Superior de Justicia de Neuquén s/ Jurado de Enjuiciamiento", 8/9/1992).

La tercera etapa, puede ser delimitada a partir del caso "Nicosia" del año 1993 (Fallos 316:2940 -J. A. 1995-III, síntesis-), donde se cuestionó la validez de una decisión del Senado de la Nación que había destituido a un juez del Poder Judicial de la Nación, en la que, a diferencia de la etapa anterior, estaba en juego la remoción de un magistrado federal, y fue resuelto a la luz de normas federales -especialmente, los entonces arts. 45 y 51 de la Constitución Nacional -actuales arts. 53 y 59 de la Constitución Nacional reformada en 1994-).

En este caso la Corte Suprema Nacional entendió que ella no podía sustituir el criterio del jurado -decisión del Senado de la Nación- en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento -causales de destitución-, es decir, abrir juicio sobre la conducta del juez. Pero indicó que era propio de su competencia, por vía del recurso extraordinario, considerar las eventuales violaciones -nítidas y graves- a las reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio.

La cuarta etapa se configura ya reformada la Constitución Nacional en 1994, en la cual se incorpora en el Art. 115 el carácter irrecurrible que se asigna al fallo destitutorio que emita el jurado de enjuiciamiento. Cabe insistir en advertir que dicha norma constitucional encuentra su símil en la provincia en el Art. 45 de la ley Nº 4461 (actual Ley V Nº 80).

La quinta etapa se constituye a partir del caso "Nellar, Juan C." (C. S. J. N., 30/04/1996, L. L. 1996-D-785), en donde encontrándose ya vigente el Art. 115 de la Constitución Nacional la Corte Federal dijo: "...las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamientos de magistrados en la esfera provincial, dictadas por órganos ajenos a los Poderes Judiciales locales, configuran cuestión justiciable cuando se invoca, por la parte interesada, la violación del debido proceso. En consecuencia, tales decisiones no escapan a la revisión judicial por dichos poderes, ni a la posterior intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario" (sumario 1); "...La disposición del Art. 115 CN, que establece que el fallo del Jurado de Enjuiciamiento es irrecurrible, quebranta las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y la del juez natural, violando el Art. 18 Ley Fundamental. Ello así, pues priva, de este modo, a camaristas y jueces federales de fundamentales garantías constitucionales, en abierto y franco rechazo de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como custodia de las garantías constitucionales" (voto del Dr. Fayt).

Es decir, como puede leerse del voto antes trascripto -el del Dr. Fayt en particular-, en el referido caso "Nellar" la Corte adelanta criterio a favor de la "inconstitucionalidad" del Art. 115 de la Constitución Federal, aunque se trataba el supuesto en el que se expidiera en tal sentido de la destitución de un magistrado provincial, postura que a mi ver da lugar a predicar que tal inteligencia se engarza indudablemente en la garantía de acceso al órgano jurisdiccional del Estado -Poder Judicial- a la que todo ciudadano, sin ningún tipo de distinción ni cortapisas, ha de gozar en plenitud (Conf. arts. 8º y 25º, 1ª parte, del Pacto de San José de Costa Rica)(Vide: Bidart Campos, Germán J., "Enjuiciamiento de magistrados-Revisión Judicial", L. L. 1996-D-785).

Refrendo y hago mía la tesitura doctrinal que acompaña este parecer expuesto por el ministro, Dr. Fayt, que tal vez podría decirse que hoy se encuentra en soledad en los antecedentes de la Corte Federal que se reseñaran, pero que -auguro-, en un futuro promisorio y propio del deseable desarrollo progresivo y perdurable de nuestro país federal, reflejando la postura clara y concluyente de sostener y defender que en los procesos de remoción de magistrados judiciales, las reglas del debido proceso deben ser respetadas con el mismo rigor que existe para el resto de los procesos en general. Esto es dicho por cuanto importa significar que, en atención a los criterios crecientemente exigentes en relación al derecho de defensa en juicio que provienen de los órganos supranacionales y dado el carácter progresivo de los derechos humanos, el principio pro homine y la obligatoriedad de los criterios que establezcan la Comisión y la Corte Interamericana de Derecho Humanos, deben tornar más inexorables aún las pautas que hoy rigen para la materia.

Es que, tengo para mi, que el derecho al debido proceso en los procesos de remoción tiene al menos los siguientes contenidos: derecho a un juez natural e imparcial; respeto de las mayorías establecidas para adoptar cada decisión; debida formulación de los cargos; derecho a ser oído y ofrecer prueba; con plazos razonables para ello; respeto del principio de congruencia entre los hechos contenidos en la acusación y los considerados en la sentencia definitiva; sentencia fundada y razonable, dictada dentro del plazo previsto y con las mayorías exigidas; respecto del principio de la cosa juzgada y del non bis in idem. Ello, aún cuando modalizado por la naturaleza propia y particular de los procesos de responsabilidad política en los que se enmarcan.

En la sexta etapa, en cambio, en el caso "Brusa" -juez federal- quien planteó un recurso extraordinario federal invocando la "inconstitucionalidad" del Art. 115 de la C. N., la Corte tuvo que resolver por primera vez sobre este específico punto, aplicando normas de Derecho federal, distinguiéndose por ello del caso "Nellar".

En el mencionado caso "Brusa" los ministros Zaffaroni y Petracchi, expresaron que "El pacto de San José de Costa Rica exige que, ante la invocada violación de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o dicho Pacto exista una efectiva posibilidad de acceso a un órgano judicial stricto sensu" pasando a analizar el verbo "recurrir" a la luz del Diccionario de la Real Academia Española y la naturaleza del Jurado de Enjuiciamiento, arribando a la conclusión de que éste se trata de un tribunal pero que "...no podría sostenerse que se trata de un órgano judicial en sentido estricto". Concluyen de tal manera los mencionados ministros que la sola intervención del Jurado de Enjuiciamiento no satisface los requerimientos del Art. 25 del Pacto de San José, aunque se lo haya considerado como "un organismo emplazado dentro del ámbito del Poder Judicial de la Nación"; y que: "Una interpretación rígidamente literal de la irrecurribilidad consagrada en el Art. 115 CN, resulta incompatible con las normas internacionales de igual jerarquía que en forma contemporánea incorporó la reforma constitucional de 1994, y que, junto con dicha Constitución, configuran el bloque de constitucionalidad argentina". En tal dirección culminan indicando que "La mentada irrecurribilidad del Art. 115 CN, sólo puede tener el alcance señalado en la doctrina del caso "Nicosia", que resulta aplicable mutatis mutandis. En efecto, no podrá la Corte sustituir el criterio del jurado en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento, esto es, el juicio sobre la conducta de los jueces. En cambio, sí será propio de su competencia, por vía del recurso extraordinario, considerar las eventuales violaciones -nítidas y graves- a las reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio". En igual sentido se expidieron los ministros Belluscio y Maqueda en sus respectivos votos individuales, acentuando quizás el mencionado en último término que quien pretende el control por parte de la Corte Federal debe probar en forma nítida, inequívoca y concluyente un grave menoscabo a las reglas del debido proceso.

Los votos de los Ministros Boggiano y Vázquez, en el considerando 6 de dicho precedente, hacen hincapié en que no parece concebible que una de las finalidades de la reforma constitucional de 1994 fuera la de profundizar las garantías judiciales efectivas de las personas; y, que al mismo tiempo, se prive diferenciadamente a los jueces federales de todas las instancias -ya vimos que con idéntico criterio tal señalamiento es extensible a los jueces de provincia- de uno de los contenidos esenciales que se les reconocía antes de la reforma en el caso "Nicosia", pues no se les permitiría a quienes son juzgados por el Tribunal de Enjuiciamiento la utilización de un instrumento como el recurso del Art. 14 de la ley 48 que, en cambio, pueden utilizar todos los demás justiciables cuando sus garantías constitucionales son violadas (Ver: Santiago Alfonso (h), "La revisabilidad de los fallos del Jurado de Enjuiciamiento según la jurisprudencia de la Corte Suprema: el caso "Brusa"", en E. D. 2005-191).

Ahora bien, estimo que la trascendencia del fallo de la Corte Federal en el caso "Brusa" resulta indudable desde que, en función de una interpretación armonizante y valiosa en cuanto a sus resultados, ha seguido la línea de sus propios precedentes. Máxime cuando resulta del mismo que se mantiene el principio rector consistente en que a todo proceso, cualquiera sea su naturaleza y en el cual se encuentre en juego derechos individuales, se aplican las reglas del debido proceso, principio que, apunto, se erige en la provincia del Chubut con rango constitucional de modo explícito (Conf. Art. 44 de la Constitución de la provincia).

Al respecto sabiamente el recordado constitucionalista Germán Bidart Campos expuso que "...el procedimiento jamás es privativo de ningún órgano cuando está comprometida o violada una garantía individual, porque por encima de toda competencia de los órganos prevalece el derecho a la jurisdicción de los individuos" (Conf., Aut. Cit., en "Tratado elemental de Derecho Constitucional argentino", Ed. Ediar, T. II, Pág. 189).

Las garantías interiores del proceso podrán exigirse con mayor o menor intensidad, pero nunca pueden estar ausentes; más aún, cuando se trata de procesos de remoción de magistrados, donde el interés tutelado excede lo meramente individual. Por lo demás, en relación a este tópico, es el propio Pacto de San José de Costa Rica donde se recepta en forma expresa que las garantías del debido proceso deben ser observadas en todo tipo de proceso (Conf. Art. 8º inc. 1ro. del Pacto). Esta es la interpretación de la Comisión y Corte Interamericana de Derecho Humanos en el caso "Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano v. Perú" (31/1/2001)(ver: en especial el considerando 70º)(Vide: Sagües, Néstor Pedro, "División de poderes y revisión judicial de las sentencias destitutorias dictadas en el "Juicio Político" (Impeachment), en "Derecho procesal constitucional. Logros y obstáculos", Ed. Ad Hoc, Cap. XI, Págs. 159 y sgtes.; trabajo publicado también en L. L. 2006-C-1335, sección doctrina).

En esta línea de análisis, no debe soslayarse que en la interpretación de las garantías que realizara la Corte Federal se hacen en referencia al marco de lo trasnacional, excediendo entonces a lo doméstico o interior. Esto último no hace más que reflejar lo que el maestro Mario Augusto Morello con su visionaria perspectiva expresara en cuanto a que, en el estadio temporal en que vivimos, ningún Estado juega en solitario o aislado; su interdependencia es manifiesta y la justicia ha sobrepasado los límites de lo nacional; es que lo trasnacional vigoriza, refuerza, compacta y solidifica la efectividad de la tutela y la protección real y oportuna de las grandes libertades (Conf., Aut. Cit., "Movidas y reservas en la dimensión trasnacional del derecho", semanario L. L. del 11/3/2004).

Tal postura jurisprudencial del más alto Tribunal del país ha persistido hasta la actualidad, tal como puede verificarse de la lectura de los precedentes posteriores, entre los que se registran entre los que estimo más relevantes a "Paredes", "Acuña" y más recientemente en el tiempo, "Freytes" (C.S.J.N., Fallos 329:3027; 328:3148; y, 331:1784).

En tal marco interpretativo provisto por la Corte Federal concordaré con quienes me precedieran en la votación, en que es factible revisar jurisdiccionalmente el fallo del Tribunal de Enjuiciamiento recurrido, máxime cuando, como es de ver, se cuestiona un aspecto formal ineludible de observar en vía de preservar el debido proceso adjetivo, cual es, la correcta integración del tribunal de enjuiciamiento que emitiera el fallo destitutorio ahora en crisis.

2) Defecto en la integración del tribunal-efectos: A) La integración del Tribunal de Enjuiciamiento en la provincia del Chubut se encuentra reglada por su propia constitución, la que en su Art. 211 prevé que el mismo se deberá conformar con un Ministro del Superior Tribunal de Justicia, dos diputados y dos abogados de la matrícula "...que reúnan las condiciones para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia..." (sic)(Conf. Art. 211 de la C. Prov.). A su vez, el Art. 164, 1er. párrafo de la Carta Magna provincial, requiere para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia "...ser ciudadano argentino, tener título de abogado y acreditar por lo menos doce años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura judicial."(sic).

En sintonía con las normas constitucionales trascriptas, el Art. 5º de la ley 4461 (actual Ley V Nº 80), prescribe "Los dos abogados de la matrícula que componen el Tribunal de Enjuiciamiento serán sorteados...y se sortearán de la lista de abogados inscriptos en la matricula provincial, con domicilio real en la provincia y ejercicio efectivo de la profesión de por lo menos doce (12) años..."(sic)(el énfasis me pertenece).

Pues bien, si bien no se constata de las actuaciones sumariales tramitadas en autos caratulados "Superior Tribunal de Justicia s/ Sumario Administrativo" (Expte. Nº 19.648-Fº 107-Año 2004) tal déficit, si se ha corroborado de modo expreso con la nota informativa de la Secretaría Letrada de este Tribunal Superior de Justicia (vide: fs. 932), por la cual haciendo referencia a datos que se registra en dicha secretaría y que fueran suministrados por el respectivo Colegio de Abogados de Sarmiento, se informa que el Dr. Manuel Fabián Mauriño, D.N.I. **.***.***, domiciliado en calle E. *** de dicha ciudad, se graduó el 22/10/99. De dicha información y de los datos que he recabado personalmente del registro público que lleva la Secretaría Letrada de este Tribunal de Justicia, si se atiende que dicho abogado juró como integrante del tribunal de enjuiciamiento el 31 de marzo de 2004 (Vide: Resolución Nº 06/04), surge como indudable que éste representante del sector de la abogacía no contaba al momento de ser incluido en la lista de abogados susceptibles de ser sorteados para la conformación de dicho órgano, ni tampoco al momento de tomarse su juramento al asumir el cargo, con el requisito de antigüedad computado desde el título y, menos aún, en el ejercicio de la profesión abogadil que es aquello que es exigido por la Constitución provincial y la ley que reglamenta el Tribunal de Enjuiciamiento.

Ante tal constatación, merced a que resulta de aplicación supletoria por vía de lo dispuesto por el Art. 51 de la Ley 4461 (actual Ley V Nº 80), el Código Procesal Penal en cuanto resulten compatibles con el régimen del enjuiciamiento y, encontrándose vigente al momento de la denuncia el procedimiento penal reglado por Ley 3155, corresponde remitirse a dicha normativa a efectos de verificar cuáles son los efectos atribuibles a dicho vicio en la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento que finalmente destituyera al Dr. C..

Así pues, el Art. 149, inc. 1º incluye específicamente entre las nulidades de orden general las inobservancia a las disposiciones concernientes a "Al nombramiento, capacidad y constitución del tribunal..."(sic). Obsérvese que el artículo siguiente, en su segundo párrafo indica que "...Solamente deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el articulo anterior que impliquen violación de las normas constitucionales, o cuando así se establezca expresamente."(sic)(el énfasis me pertenece).

He destacado la razón fundante de la habilitación legal a que el tribunal jurisdiccional declare de oficio la nulidad, ante la observancia de algún déficit formal que implique una violación a las normas constitucionales y que en el supuesto bajo análisis resulta patente, toda vez que, como viene de decirse, se integró el Tribunal de Enjuiciamiento con un representante por el sector de los abogados (Dr. Mauriño) que no reunía uno de los requisitos exigidos por la Constitución a tal fin (antigüedad de 12 años en el ejercicio de la abogacía); por cuanto pone en el tapete que resulta indiferente que la misma fuera peticionada por quien resultaba interesado en la observancia de la disposición constitucional y que resultara perjudicado con tal vicio de conformación del tribunal.

Tal como lo destacan los magistrados que me preceden en la votación, el Dr. C. denunció tal vicio de conformación del tribunal (ver: recurso de casación obrante a fs. 524/542 -motivo B-) derivando ello en la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento que luce agregada a fs. 544 del cuerpo IV de las presentes actuaciones por la cual se desestimó la misma basándose -equívocamente para mi- en la extemporaneidad del planteo por operar a su respecto una supuesta caducidad. Y digo que tal desestimación resultó errónea puesto que basta con releer las normas aplicables al motivo fundante de la denuncia de violación del debido proceso legal, para advertir que estas contienen la indicación de tal vicio -que se ha constatado- en la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento, que compromete de modo directo la observancia de disposiciones Constitucionales y legales concernientes a su integración. Y, a la par, que verificada que fue tal inobservancia da pié a que la nulidad pueda ser declarada aún de oficio en cualquier estado y grado del proceso (Conf. Art. 150, 2do. párrafo del C.P.P.Ch -ley 3155 y sus modificatorias).

En general y en referencia a los tribunales jurisdiccionales del fuero penal se ha dicho que las nulidades genéricas previstas en relación al nombramiento, capacidad y constitución de los mismos, por inobservancia de cualquier norma reguladora de esos aspectos, debe ser sancionada con nulidad afectando los efectos de la invalidez a todos los actos que ese órgano cumpla en un determinado proceso.

Es que tales inobservancia involucran, desde una perspectiva hermenéutica amplia impuesta por la naturaleza política y la trascendencia institucional de la competencia atribuida al Tribunal de Enjuiciamiento, la afectación de la garantía constitucional de juzgamiento por el juez natural, por cuanto como se viene diciendo, se designó para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento que se expidiera destituyendo al juez C., a una persona que no reunía los requisitos legales y constitucionales para ejercer la función constitucionalmente asignada al sector que representara, esto es, a los abogados.

Es decir, participo en el particular supuesto de marras, con la inteligencia dada a la cuestión por el Dr. De Cunto, quien con apoyo en la cita doctrinal respectiva expone las precisiones y disputas sobre el tópico refiriéndose a las nulidades generales relacionadas con el nombramiento de los jueces penales, inclinándose por lo expuesto por Creus quien acertadamente, a mi juicio, indica que "...es hora de admitir que ya no se puede negar la procedencia del control jurisdiccional de legalidad del ejercicio del poder político en tanto no signifique inmiscuirse en los criterio de oportunidad anejos a ese ejercicio; además reconocer la validez del acto formal de designación de quien no posee los requisitos legalmente exigidos para ejercer el cargo es una consecuencia inaceptable, sobre todo teniendo presente que ello puede importar la comisión de un delito de la autoridad que nombra o bien de quien acepta ser nombrado. Tendríamos entonces un delito que produciría efectos válidos en la misma esfera de bienes jurídicos que él ataca."(sic)(vide: Aut. Cit., en "Invalidez de los actos procesales penales. Nulidad. Inadmisibilidad. Inexistencia. Causales. Efectos. Subsanación. Casuística. Supuestos Legales. Análisis jurisprudencial", Ed. Astrea, 2ª Ed., 3ª reimpresión, año 2004, Pág. 32).

En consecuencia, tengo para mi, que corresponde admitir la causal casatoria esgrimida declarando la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal de Enjuiciamiento interviniente desde la integración del mismo con el Dr. Mauriño según acta N º 06/2004, de fecha 31 de marzo de 2004 (ver: fs. 368 -cuerpo III de las presentes actuaciones), obviamente incluyendo ello la sentencia destitutoria. Así lo dejo propuesto al acuerdo.

Ciertamente que, a tenor del sentido del pronunciamiento que se propicia, deviene innecesario ingresar siquiera al tratamiento de las demás causales esgrimidas en sustento del recurso de casación incoado.

B) Ahora bien, concordaré con la mayoría de los magistrados sufragantes que me preceden en la votación en que, con motivo de la nulidad que se propicia declarar, la cual retrotrae sus efectos invalidantes hasta el momento mismo en que se produjo la integración del Tribunal de Enjuiciamiento con el Dr. Mauriño, torna plenamente operativa la norma contenida en el Art. 52 de la ley 4461 (actual Ley V Nº 80), en cuanto dispone que el proceso de enjuiciamiento no podrá durar más de seis (6) meses, a contar desde la formación de la causa. Tal dies a quo aconteció con la resolución Nº 11 del año 2003, de fecha 17 de diciembre de 2003, por la cual se dispuso la formación de causa al Dr. C. (fs. 273/274 y vta. -cuerpo II de las presentes actuaciones).

De allí que, resulta notorio que ha perimido toda posibilidad de juzgar nuevamente al Dr. C. con un nuevo tribunal integrado según los requisitos constitucionalmente exigidos (tal como lo propone el Dr. Pfleger}.

En consecuencia, sumo mi voto a la mayoría ya formada respecto al punto, en el sentido de que corresponde absolver de los cargos que le fueran imputados por el Consejo de la Magistratura provincial al Dr. C., debiéndoselo reponer a sus funciones como Juez Penal de la Circunscripción Judicial del Oeste, con asiento en la ciudad de Esquel, una vez firme la presente.

3) Atribución de costas y regulación de honorarios: En virtud del modo en que se propicia resolver, indisputable resulta que las costas devengadas con motivo del presente proceso de enjuiciamiento deberán ser soportadas por el Estado provincial (Conf. arts. 485/486 de la ley 3155, de aplic. por vía del Art. 51 de la ley 4461 -actual ley V Nº 80-). Así lo dejo propuesto al acuerdo.

En cuanto a los honorarios del Dr. E. A. K., letrado defensor técnico del acusado Dr. C., apreciando sus labores por su extensión, calidad, eficacia y particularmente, por la complejidad y trascendencia institucional de la cuestión en la cual interviniera, estimo adecuado fijar sus emolumentos en la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) con más el I.V.A. pertinente (Conf. leyes 23.349 y 23.871).

ASI LO VOTO.

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

S E N T E N C I A 1º) DECLARAR la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 368, incluida la sentencia dictada con fecha 11 de mayo de 2004 por el Tribunal de Enjuiciamiento, contra el Doctor J. O. C., glosada a fs. 439/514 vta. de autos y registrada bajo el N ° 01/04.

2°) ABSOLVER al Dr. J. O. C. de los cargos que le fueran imputados por el Consejo de la Magistratura provincial y ordenar su inmediata restitución en el cargo de Juez Penal de la Circunscripción Judicial de la ciudad de Esquel.

3º) IMPONER las costas a la Provincia del Chubut, por aplicación de los arts. 485 y 486 de la ley 3155, según remisión del Art. 51 de la Ley 4461 -actual Ley V Nº 80.

4°) REGULAR los honorarios del doctor E. A. K. en la suma de PESOS CINCO MIL ($5000) por su actuación ante estos estrados, teniendo en consideración la labor cumplida, la importancia cualitativa del caso y el éxito con que ha coronado su gestión, con más el I.V.A. pertinente (arts. 5, inc. "b", "c", "d" y "f", 13, 46 y Conc., Ley XIII N ° 4 - ex Dec. Ley 2.200 - leyes 23.349 y 23.871).

5°) PROTOCOLÍCESE y notifíquese a las partes, al Señor Gobernador de la Provincia del Chubut, al Señor Fiscal de Estado y al Tribunal de Enjuiciamiento.- Fdo: Pfleger, Panizzi, Vergara, De Cunto, Ferrari y Lucero.