Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1947-03-07


DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION:

Suprema Corte:

La jurisdicción originaria de V. E. emerge en este caso de tratarse de causa civil en la que una sociedad anónima domiciliada en la Cap. Federal demanda a la Prov. de Córdoba por devolución de sumas de dinero percibidas en concepto de impuestos a los que se tacha de inconstitucionales. Así lo admitió implícitamente la providencia de fs. 21 al dar curso a la acción.

La parte demandada ha planteado contienda de jurisdicción sosteniendo que si bien con arreglo a sus estatutos originarios la sociedad actora tuvo su domicilio en la ciudad de Bs. Aires, ulteriores reformas de ellos comportaron suprimir el artículo respectivo; con lo cual, nada establecerían actualmente acerca del domicilio de dicha sociedad. Atentos los elementos de criterio agregados de fs. 55 a fs. 109, que corroboran lo expresado en el poder de fs. 22, considero insostenible tal afirmación.

Corresponde, en consecuencia, desestimar la excepción opuesta. - Buenos Aires, noviembre 30 de 1946.á- Juan Alvarez.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, marzo 7 de 1947.

Y vistos: considerando: la precedente causa caratulada "La Metropolitana" Cía. de Acumulación de Ahorro S. A. contra Córdoba la Provincia sobre inconstitucionalidad del impuesto de patente":

Que a fs. 12 comparece D. Marcelo O. Volpe, por la actora, iniciando demanda contra la Prov. de Córdoba, por repetición, de la suma de m$n. 47.700, pagados con protesta, en concepto de patente por los años 1940, 41, 42 y 43. Sostiene que los impuestos impugnados contravienen varios preceptos de la Const. Nacional, entre los que menciona los arts. 10, 14, 16 y 17. Y que trabajando la compañía que representa en la provincia demandada, por intermedio de una agencia, no le correspondió abonar patente de m$n. 15.000 aplicable a las sucursales, sino la de m$n. 500, con arreglo a la ley impositiva local.

Que a fs. 38 se presenta el Dr. C. J. R., apoderado de la provincia demandada, quien pide se rechace la demanda. Sostiene que la causa no es de la jurisdicción originaria de esta Corte, pues no se ha acreditado, al iniciar el juicio, la vecindad de la actora en la Cap. Federal.

Que a fs. 44 vta, se corrió traslado de la excepción mencionada, que es contestado a fs. 110, y a fs. 113 dictamina el Sr. Procurador General. A fs. 113 vta, se llaman autos para decidir la incidencia.

Que corresponde así ahora resolver respecto de la competencia de esta Corte para conocer en la causa, considerando al efecto no sólo las razones invocadas por la Provincia en el escrito de fs. 38, sino cualquiera otra que pudiera obstar a la misma. -Es, en efecto, jurisprudencia del tribunal que su incompetencia originaria puede declararse en cualquier estado del juicio, ya sea a petición de parte o de oficio. Fallos: 174, 146; 191, 341 y otros.

Que esta Corte ha resuelto reiteradamente que en los supuestos en que se debate no sólo la validez constitucional de los gravámenes locales, sino también la correcta aplicación de los mismos con arreglo a las disposiciones de la legislación provincial, el pleito debe deducirse ante los tribunales de la provincia. -Fallos: 180, 87; 188, 494; 190, 499; 195, 383 y otros-. La causa comprendería, en efecto, cuestiones ajenas a la jurisdicción de esta Corte cuyo juzgamiento previo por los tribunales locales puede bastar para la solución del litigio. El procedimiento se compadece pues mejor con la autonomía de las provincias, sin desmedro de la tutela y defensa de las garantías constitucionales cuya consideración por esta Corte hace siempre posible la apelación que para tales casos acuerda el art. 14 de la ley 48.

Que el principio es de aplicación en la especie, pues la repetición que se demanda se funda no sólo en la circunstancia de ser las patentes pagadas desiguales, confiscatorias y contrarias a la libertad de trabajo y de comercio, sino también en que las mismas han sido erróneamente aplicadas a la actora, a quien no correspondería pagar las que gravan en Córdoba a los Bancos o compañías de capitalización que emiten bonos o títulos sorteables, sino a los agentes de compañías de seguros de capitalización no patentados en la provincia.

Que aun cuando pudiera caber duda respecto de si las manifestaciones contenidas en la demanda incluyen en la litis el punto referente a la legalidad del impuesto, o se trata de una referencia marginal que no obstara a la intervención de esta Corte -Fallos: 195, 534 y otros- la incompetencia de la misma sería igualmente indudable, por existir prórroga de su jurisdicción. Es en efecto también jurisprudencia de esta Corte que cuando ha existido pleito ante los tribunales locales sobre repetición de un impuesto, no cabe luego traer la misma causa a su conocimiento originario - Fallos: 175, 45; 190, 539; 199, 193 y otros- a lo que no es óbice que el litigio anterior tuviera carácter contencioso administrativo -Fallos: 185, 284- ni que en la nueva demanda se invoquen otras razones legales además de las propuestas en la primera -Doct. Fallos: 201, 498 y los allí citados.

Que como lo comprueban los autos requeridos para mejor proveer a fs. 114, la compañía actora ocurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba -en 16 de marzo de 1941-, solicitando se declarara se le había cobrado indebidamente la patente de m$n. 8.000 en 1940 y de m$n. 15.000 en 1941, por ser la de m$n. 500 la pertinente y pidiendo se condenara a la Provincia a devolver la diferencia -fs. 9-. En el memorial de fs. 91, tachó las leyes respectivas como contrarias a la garantía constitucional de la igualdad y aunque menos claramente, de la propiedad, puntos ambos que fueron objeto de consideración en la sentencia de fs. 100 y sigtes. Un recurso extraordinario interpuesto a fs. 113 fué así concedido a fs. 114 y luego desistido a fs. 115.

Que la demanda iniciada ante esta Corte no difiere de la antes mencionada sino en la oportunidad y extensión con que trata las cuestiones constitucionales que propone y en la circunstancia de incluir en la repetición los años 1942 y 1943, posteriores a la causa contencioso-administrativa. Con arreglo a la doctrina de los precedentes citados, la incompetencia de esta Corte es manifiesta.

Que en cuanto a las costas se pagarán en el orden causado, por no ser ajustadas a derecho, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, las razones en que se fundó a fs. 38 la excepción opuesta.

En su mérito se resuelve declarar que no corresponde conocer en la presente causa en instancia originaria a esta Corte Suprema. - B. A. Nazar Anchorena. -áF. Ramos Mejía. -T. D. Casares.