marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
AFIP DGI, caducidad del acto administrativo, máquina emisora de comprobantes
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Walder, Carlos Augusto s/ interpone apelación c/ Resolución Dirección General Impositiva. s/ Interpone apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

La afirmación acerca de la supuesta caducidad de la autorización para utilizar la máquina que emite comprobantes deviene en desconocimiento de las resoluciones generales 3283 y 3401 de la Dirección General Impositiva, que prorrogaron, sucesivamente, el régimen establecido en la resolución general 3170, invocado por la recurrente como sustento normativo de la pretendida autorización.
Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, competencia previsional, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, MABEL ISABEL c/ B.H.N. s/ EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

Los casos vinculados con la rama del derecho de la seguridad social, que no encuadran en el marco de los recursos directos previstos en el art. 8 de la ley 23473, deben ser resueltos por la Justicia Nacional del Trabajo, dado que la cuestión exige una específica versación que poseen los jueces de esa especialidad.
Locación, bienes inmuebles, vencimiento del plazo, continuación de la locación, fiador
Materia: CIVIL
Carátula: HENRIQUEZ, ALFREDO LUCIANO - EXPTE. N° 29100 c/ FERNANDEZ NANCY Y OTS. s/ EJECUCION TIPICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-09-29

Si el locador admite que el locatario continúe en el uso y goce de la cosa arrendada luego de vencer el plazo locativo percibiendo los alquileres y sin exigir el desalojo, las consecuencias posteriores no pueden ser impuestas al fiador; en tanto se establece un vínculo directo entre locador y locatario con independencia del consentimiento del fiador y por lo ello las obligaciones incumplidas por el locatario no pueden ser exigidas a quien no participó de la relación contractual.
Delitos, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: FARIAS RAUL NAZARENO S.D ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL E.P PONCE SAMANTA MACARENA. s/ APELACION ABREGU CLAUDIO DANIE S.D. ABUSO SEXUAL E.P. DE JULIA AZUCENA CORONEL s/ RECURSO DE APELACION CORONEL, SEGUNDO s.d. ABUSO SEXUAL e.p. SANDRA INES GOROSITO s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-12-28|2006-03-17|2008-04-03

En los delitos contra la integridad es díficil conseguir contundentes pruebas, por lo general esta clase de delitos se llevan a cabo en un marco de clandestinidad, requisito casi esencial para que el evento se materialice, por lo que se debe recurrir a las pruebas indirectas, como la prueba presuncional e indiciaria.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no decisiva, proceso penal, plazo, prescripción de la acción penal, abuso sexual calificado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., A. M. c/  s/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE, AGRAVADO POR LA SITUACION DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-03

La recurrente refiere a una prolongación excesiva del proceso penal, aludiendo a cierta doctrina que reproduce para sostener que nuestro ordenamiento positivo impide al Estado ejercitar su poder punitivo, cuando hubieran transcurrido los plazos de prescripción previstos por la ley; no obstante ello, en la relación que invoca la compareciente entre duración razonable del proceso y prescripción de la acción penal para sustentar su planteo, omite hacerse cargo de que en el caso -aún teniendo en cuenta las demoras que pudieren verificarse en el trámite de apelación-, no ha transcurrido el tiempo previsto por el Legislador para que opere la prescripción en razón del delito enrostrado en los presentes -12 años-, ni siquiera tomando como extremos la fecha en que acaecieron los hechos y la resolución de la Alzada que confirma la responsabilidad penal del encartado -es decir sin actos interruptivos mediante-, por lo cual tales argumentos carecen de decisividad. (Del voto del Dr. Falistocco).
Prescripción de la acción penal, actos interruptivos, disminución de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rivarola, Gastón Raúl s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-31

Al ser la prescripción un instituto de orden público, debe ser interpretada de un modo restrictivo. No se halla prescripta la acción penal si desde el último acto procesal con entidad interruptiva, citación a las partes a juicio art. 354 CPPN, no ha transcurrido el plazo de seis años, monto de la pena máxima prevista para el delito imputado -robo en los términos del art. 164 CP-. La disidencia -en base a los parámetros que surgen de la ley específica 22.278 y de la Convención de los Derechos del Niño y por aplicación del principio pro homine- concluyó que a fin de verificar el plazo de prescripción en las causas de menores deberá efectuarse la reducción de pena establecida en el art. 4 ley 22.278 al ilícito endilgado. (Dres. Tragant, Ledesma -en disidencia-, Riggi).
Recurso de inconstitucionalidad, agravio concreto, embargo de fondos públicos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: FINNING ARGENTINA SA c/ TURB ENERG SA s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-07

Procede rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la ley provincial 3109 -Santa Cruz- en tanto se aprecia que la lacónica fundamentación vertida por los beneficiarios de los honorarios para invalidar la norma provincial, no resulta conteste con la solidez argumental que es exigible en estos supuestos. A más, no puede perderse de vista que la norma cuestionada es la Ley 3109 de la Provincia de Santa Cruz por medio de la cual adhirió al régimen de inembargabilidad de los fondos públicos establecido por los artículos 19 y 20 de la Ley 24624 y conforme lo prescripto por la Ley 25973. A su vez, a través de la Ley 25565 se invitó a los Estados Provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las normas nacionales que disponen la inembargabilidad de los fondos del sector público y a las que establecen el régimen de cumplimiento de sentencias, dispuestas para garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado y evitar que se alteren los órdenes de prioridades que en el manejo de los recursos públicos establecen las leyes en sus jurisdicciones. Así se dispuso en el artículo 101 que los Estados Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires precisarían los alcances y modalidad de la adhesión en las normas a sancionarse en su respectiva esfera citando en su caso leyes o artículos de leyes nacionales que se incorporen al ordenamiento jurídico de su propia jurisdicción. En tal entendimiento, en la medida que no ha existido una crítica puntual a la normativa emanada del Congreso Nacional -cuestión ésta que no se aprecia baladí, por cuanto la Ley 3109 adhiere y reenvía a su articulado- no se aprecia suficientemente revelada la pregonada repugnancia de la ley local con la Constitución Nacional, sino que por el contrario, la misma puede verse enmarcada dentro de lo que constituye el ejercicio regular de las facultades reconocidas por la Carta Magna.
Recusación por prejuzgamiento, audiencia de debate
Materia: PROCESAL
Carátula: Luis Guillermo Segura s/ Incidente de recusación en Luque, Guillermo Daniel y Tula, Luis Raul  ss. aa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-09-29

En el marco del incidente de recusación fundado en la causal de prejuzgamiento, es inadmisible la discusión acerca de la sospecha de parcialidad que la parte recusante extrae de la conducta de uno de los vocales del Tribunal de Sentencia, que en el acto público de la audiencia de debate manifestó su criterio en relación a una cuestión incidental y requirió la atención del otro vocal, presumiblemente para obtener su adhesión a espaldas del Presidente del Tribunal, pues se trata de una cuestión que excede el ámbito del incidente de recusación y porque a disposición de la parte están las vías legales propias para el eventual juzgamiento de la conducta de los magistrados en el desempeño de sus funciones.
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: PENAL
Carátula: Aranda, Angel Diego s/ Tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-26

No existe contradicción -ni por ende ausencia de mayoría- si, considerada la nocturnidad como agravante en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal, coinciden en ello dos magistrados, aunque uno de ellos al adherir lo hace con la salvedad de entender que tal circunstancia "...siempre resulta consitutiva de tal extremo".
Prescripción, cómputo del plazo, muerte de un conscripto, daños y perjuicios, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: ALLEVATO, NORMA NOEMI Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL (EJERCITO ARGENTINO) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

El episodio dañoso de la muerte del marido de la actora -y el conocimiento que de ello tuvieron los actores-, no constituye en si un acto al que se le pueda atribuir naturaleza de ejecución continuada, sino que se efectivizó en un sólo instante, y no debe ser confundido con sus "efectos dañosos" -aún futuros-, los cuales si pueden perpetuarse en el tiempo como su natural derivación (C.S.J.N. en autos "El Inca de Hughes S.C.A.", Fallo del 11.8.87).

En éste último sentido no obsta la circunstancia que la magnitud de los perjuicios derivados del hecho de la muerte de Borda pudieron agravarse en los años siguientes (y de conformidad con las necesidades de su presencia se hubieran generado naturalmente en su esposa e hijos), pues el hecho de que el daño no haya quedado determinado en forma definitiva por tal eventualidad no es óbice para el curso de la prescripción, toda vez que esa agravación no implica la existencia de una causa generadora de responsabilidad ni da lugar tampoco a una nueva acción que pudiera prescribir a partir de entonces (C.S.J.N. en autos "Pacoalex", Fallo del 24.10.85).
Excarcelación, estado de la causa
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cortéz, Eduardo s/ Excarcelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

La excarcelación está progresivamente regulada por la ley, según el estado procesal en que se encuentren las actuaciones, por lo que no debe resolverse la cuestión dentro de una norma correspondiente a una etapa superada o no alcanzada.
Jornada de trabajo, horas extra, doctrina de la arbitrariedad, recurso de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: C., M. E. c/  s/ proceso de restricción de la capacidad Llanes, Jorge Rafael c/ Agi Construcciones S.R.L.; quien resulte responsable s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-02-02|2019-12-16

Del cotejo de las actuaciones surge evidente la contradicción en la que incurre la sentencia cuestionada. En efecto, si una de las premisas del razonamiento postula que constituye una exigencia para que proceda el rubro de las horas extraordinarias reclamadas la prueba de su existencia y cantidad y, a la luz de tal lineamiento examina la testimonial que asevera que el horario de entrada era a las siete y la salida a las siete, no puede concluir que la declaración es global y que no resulta válida para tener por acreditadas al menos cuatro horas extras diarias. Es que, se aplican a las relaciones de empleo regidas por el estatuto de los trabajadores de la industria de la construcción, las normas que regulan la limitación de la jornada laboral y los principios que inspiran el Derecho del Trabajo y resultan compatibles con la naturaleza de la actividad. (Ackerman, Mario E., "Tratado de Derecho del Trabajo", Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, Tomo V, pág. 17). De tal suerte, que una jornada de siete a diecienueve, supone doce horas de trabajo y, por lo tanto cuatro horas más de las ocho que prevé el art. 1º de la Ley 11544. (Del voto en Mayoría del Dr. López Viñals, Dra. Ovejero Cornejo, Dres. Posadas, Samsón, Dra. Bonari y Dr. Catalano)
Recurso de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: ARAYA, WALTER ALFREDO C/ SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA Y OTRO S/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-03-01

La determinación de la existencia de cosa juzgada es una cuestión de hecho, cuya apreciación formulada por los jueces de grado proviene de una labor que les compete en forma privativa y, en principio, irrevisable en casación; salvo en los casos en que pudiera mediar absurdidad o arbitrariedad, o cuando se arguya con serios fundamentos que la decisión podría frustrar derechos constitucionalmente garantizados. De tal manera, si los jueces tienen la certeza de que una cuestión ha sido ya resuelta con carácter definitivo, luego de transitar un proceso de conocimiento ordinario, pueden y deben admitir la existencia de cosa juzgada (cf. STJRNS3: "FIDEL" Se. 46/06 y "BEGUIRISTAIN" Se. 41/15 ). (Voto del Dr. Barotto en disidencia).
Concursos, propuesta de acuerdo preventivo, abuso del derecho
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDITORIAL PERFIL SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

Los estándares referidos a la buena fe, moral y buenas costumbres del cciv: 1071 a tener en cuenta para determinar la existencia de abuso en una propuesta de acuerdo preventivo, indican que el juez ha de decidir según un valor social "medio", esto es, teniendo en cuenta las concretas circunstancias de tiempo y de lugar que le atribuya el sentimiento común de la población a tales conceptos también jurídicamente indeterminados (conf. Spota, A., "Tratado de derecho civil - parte general -relatividad y abuso de los derechos-", Buenos Aires, 1960, t. i, vol. 2, pags. 830 y 831, n° 551; en análogo sentido, véase la valoración de conceptos como "Reglas morales", "Buenas costumbres" o "Moralidad" por la csjn, 27.11.86, "Sejean", fallos 308:2268, consid. 16; id. 11.12.84, "Ponzetti de Balbín", fallos 306:1892, consid. 3 y 10; id. 5.8.85, "Santa Coloma", fallos 308:1170, consid. 8; juzg. Nac. 1a. inst. com. n° 1, 16.2.04, "Transportes metropolitanos general roca SA s/ conc. prev.", sentencia firme).
Recurso de casación, honorarios del abogado, actuación profesional conjunta, litisconsorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Almenzar Horacio Luis y Otros s/ Ejecución Cambiaria (II Cpo.)" - Inconstitucionalidad y Casación' (5992) e Inconstitucionalidad (5993)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-08

El caso de litisconsorcio no se encuentra previsto específicamente en el artículo 186 de la ley 2150, sin perjuicio de que la norma pueda ser aplicada analógicamente dadas ciertas condiciones.

Del texto legal en análisis resulta que se contempla una situación diversa: aquella en que más de un abogado actúa por una parte, sea conjunta (primer párrafo), sea sucesivamente (segundo).

Esta hipótesis de actuación "por una misma parte" es distinta de la que se produce en el litisconsorcio, en el cual, según el Código Procesal (arts. 88 y 89), "varias partes" demandan o son demandadas.

Por otra parte, la solución de regulación conjunta que el artículo brinda en el primer párrafo da la pauta de que no se prevé el caso de dualidad de representaciones que es común en el caso de litisconsorcio.

El artículo 186 será eventualmente aplicable al caso de litisconsorcio, cuando la situación lo aconseje. A dicho efecto, los tribunales deberán evaluar las circunstancias del caso: si los litisconsortes son simplemente mancomunados o solidarios, si tienen interés común o contrapuesto, si comparten representación o patrocinio; en cuanto a los planteos o defensas, si son similares y, caso contrario, qué éxito han tenido los de cada litisconsorte; etc.

Por lo demás, y si se considera inaplicable el artículo, los jueces deberán velar por no alcanzar un porcentaje exorbitante con las regulaciones tomadas en conjunto, lo que violaría el derecho de propiedad de la obligada al pago.
Despido por imputación de delito, sobreseimiento provisional, subsistencia del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: ZENTENO, LUCIO c/ CONSORCIO    DE   PROPIETARIOS  EDIFICIO  SARMIENTO  3014/16  Y  OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-31

Una situación de duda como la creada por el sobreseimiento provisional no puede válidamente jugar en contra del trabajador, no solo por no haber norma que lo justifique sino porque va contra la vocación de permanencia de la relación (artículo 10 Ley de Contrato de Trabajo).
Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-04-07


FORMOSA,	siete de abril de dos mil once.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "MARTINEZ, MEDARDO C/ I.P.V. S/ ACCION ADMINISTRATIVA (Inc. Ejec. Sentencia)", Expte. Nº 18 - Fº Nº 234 - Año 1994, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto a fs. 20, y CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 se presenta el actor, con patrocinio letrado, solicitando que, se inicie la pertinente ejecución de sentencia. Asimismo a fs. 19, reconociendo la imposibilidad de efectuar embargos contra los bienes del Estado, peticiona que se intime a la demandada a que indique la forma y fecha de pago del crédito condenado en autos.

Que a fs. 2 obra informe de la Actuaria, quien expresa que mediante Fallo Nº 4489/98 se hace lugar parcialmente a la demanda promovida por el ahora ejecutante, contra el Instituto Provincial de la Vivienda. Que dicha sentencia se encuentra debidamente notificada y firme, por haber vencido el plazo otorgado por el artículo 78 del Código Procesal Administrativo para el cumplimiento de la misma. Asimismo a fs. 351 del principal se tiene por aprobada la planilla de liquidación practicada a fs. 334/337 de esos autos y cuyo monto asciende a la suma de Pesos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Con Noventa y Cinco Centavos ($ 43.647,95).

Que estando vigente la Ley Nº 1544 - que prorroga la vigencia de las leyes provinciales Nros.1296, 1342, 1472,1367, 1485, 1503, 1518 y 1530 adhiriéndose a la aplicación de la Ley Nacional 26456 de Emergencia Pública -, a la que la Provincia de Formosa se encuentra adherida mediante la ley citada ut-supra y tratándose la misma de una normativa de orden público que establece la inembargabilidad de los bienes del Estado, corresponde su aplicación a la presente ejecución.

Por ello, intímase a la obligada al pago a que informe en el término de diez (10) días, la forma y el plazo de pago del crédito que se reclama, conforme las indicaciones y pautas que las mismas normas emergenciales disponen (Dto. Reglamentario Nº 213).	Por todo ello, con las opiniones concordantes de los señores Ministros, Dres. Eduardo Manuel Hang, Ariel Gustavo Coll, Claudio Ramón Aguirre, Lucrecia Marta Canavesio y Telma C. Bentancur, que forman la mayoría absoluta que prescribe el art. 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el	EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) Tener por iniciado Incidente de Ejecución de Sentencia.

2º) Declarar aplicable al presente el régimen emergencial vigente conforme los considerandos precedentemente expuestos y en consecuencia no hacer lugar al pedido de embargo.

3º) Requerir a la obligada al pago, Provincia de Formosa, a que en el término de diez (10) días informe a este Tribunal la forma y plazo de pago del crédito reclamado en autos. A tal fin ofíciese.

4º) Regístrese. Notifíquese.
Prescripción, daños y perjuicios, cómputo del plazo, daño cierto, daño futuro
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Burgueño, Roberto Adolfo c/ Gobierno de la Nación - Min. de Defensa s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

Si bien se ha admitido - para los casos en que el daño es posterior al hecho que lo causó - que el curso de la prescripción comience con la realización del perjuicio, en el supuesto de que la generación de los daños constituye un proceso de duración prolongado o indefinido, aquel principio no se puede aplicar con el alcance de postergar el comienzo de la prescripción hasta la total terminación o verificación del perjuicio, porque ello valdría tanto como consagrar la imprescindibilidad de la acción, con criterio incompatible con la norma del art. 4019 del Código Civil. Por consiguiente y por aplicación de la regla que establece que la prescripción corre a partir del momento en que el derecho puede ser ejercitado (a la que ya me he referido), es necesario admitir que su curso comienza cuando el daño futuro sea cierto y susceptible de apreciación.
Lavado de activos, sentencia condenatoria, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Acevedo Abelardo Julián, Gómez Jorge Victoriano, Gómez Martín Victoriano y otros c/  s/ asociación ilícita-infracción art. 303 INC. 2 A
Jurisdicción: Federal — Provincia: Corrientes
Fecha: 2019-06-21

La conformación típica del art. 303 del Código Penal solamente requiere que los imputados pongan en circulación bienes provenientes de un "ilícito penal", y este elemento normativo del tipo se satisface cuando el tribunal puede acreditar que los bienes objeto del lavado proceden de hechos susceptibles de ser calificados como delitos o que poseen un origen delictivo. Con el objetivo de arrojar luz sobre la norma, y teniendo en consideración que las conductas en la realidad adoptan variados modos, debe tenerse en cuenta que resulta imposible para la norma particularizar y tipificar todas y cada una de las modalidades delictivas, dejando la tarea de interpretación y engarce dentro del tipo penal a los juzgadores. Esto así, la norma describe que los bienes tienen origen delictivo, es decir que el dinero aplicado para la compra o adquisición de un bien es producto de las ganancias de un hecho delictivo. Esto no necesariamente significa que el dinero debe provenir específicamente del hecho ilícito que ha sido descubierto o desbaratado, sino que mediante estos hechos ilícitos se genere una serie de indicios serios, unívocos y concordantes de una actividad ilícita, que no puede ser destruida por prueba en contrario.
Accidente de tránsito, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Yapque, Natalio c/ Menucci, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

Si el actor embistió al vehículo que lo precedía por no haber podido frenar a su debido tiempo y luego aquél fue colisionado por el vehículo del demandado en una marcha en caravana, tanto el actor como el accionado contribuyeron a la producción del daño, pues este último también tuvo un rol protagónico en el evento al conducir una cosa riesgosa. Y como esas conductas son equivalentes, ambos son co -responsables de las consecuencias dañosas en la misma proporción y, por lo tanto, solo cabe exonerar al demandado de un cincuenta (50) por ciento de la responsabilidad del riesgo de la cosa.
Constitución Nacional, contribuciones especiales, igualdad ante la ley, Estado Nacional, gasto público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Nacional c/ Arenera El Libertador  S.R.L. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

El cumplimiento de las funciones del Estado origina "gastos" sobre cuya previsión trata el artículo 4 de la Constitución Nacional, incluyendo a las "contribuciones", cuyos caracteres están señalado s en los artículos 16 y 67, inciso 2 ), normas éstas que constituyen un conjunto interrelacionado.