marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compensación económica, cónyuge divorciado, reconocimiento de los hechos, falta de contestación de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: V., A. N. c/ L., M. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2018-02-14

Corresponde hacer lugar a la demanda que por compensación económica inició una ex cónyuge, pues el comportamiento asumido por su ex esposo accionado, quien a pesar de encontrarse efectivamente notificado decide no comparecer a ejercer sus derechos y contestar la demanda, importa el reconocimiento liso y llano de los hechos lícitos invocados por la actora en su escrito inicial.
Corretaje, comisión del corredor
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEIRANO, LEOPOLDO -PEIRANO PROPIEDADES- c/ CASTAGNARO, DIEGO s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

La retribución del intermediario se halla esencialmente subordinada a la existencia del negocio concluido, pues en el corretaje, sub especie del contrato de locación de obra, lo que se remunera es el resultado útil de la gestión emprendida, no los trabajos o servicios prestados, con independencia del opus obtenido.
Recursos, fundamentación del recurso, reformatio in pejus
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mayo de Crasiuk, Ana Lía c/ Mario Crasiuk s/ Divorcio - Tenencia de Hijos etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-10

Si el apelado no recurrió, ni luego refuta los aspectos que les son desfavorables de las sentencias, es por que carece de interés en los mismos. En estas condiciones, una eventual revocación de la Cámara conduciría a la reformatio in pejus.
Cuestiones de competencia, competencia federal, procedimiento policial, allanamiento domiciliario
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Juárez, Carlos Alejandro y otros c/  s/ incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

La causa iniciada contra policías que habrían sustraído del domicilio del denunciante numerosos bienes de su pertenencia en ocasión de un allanamiento, corresponde al fuero federal, pues se trata de agentes policiales que actuaron como auxiliares de la justicia nacional, aunque no haya sido parte en la contienda, sin que este criterio haya perdido vigencia por lo resuelto por la Corte en la causa "José Marmol"( Fallos: 341:611) (Disidencia de la jueza Highton de Nolasco). -Del dictamen de la Procuración General al que la disidencia remite-
Prefectura Naval, buques, buque de bandera nacional, alta mar, jurisdicción
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERRARI, Luis Horacio c/ Prefectura Naval Argentina s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

El art. 6 de la ley 20.094 dispone expresamente que los buques de pabellón nacional se encuentran sometidos al ordenamiento jurídico de la República en mar libre, como si fuera territorio nacional. La jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina abarca a los buques de bandera argentina que se encuentren en mar libre (conf. art. 4, inc. d) y 5, inc. b), ap. 1, ley 18.398).
Delegado gremial, conciliación laboral, remuneración, adicionales de remuneración, empresa, bancos, empleados de banco
Materia: LABORAL
Carátula: NISEGGI, CARLOS c/ BANCO ESPAÑOL s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

El acta suscripta entre las cámara empresarias y la representación gremial, con intervención de la autoridad administrativa, que lleva fecha 5 de marzo de 1986, estableció una remuneración global, encontrándose los ítems "002" "008" y "035" incluídos en el sueldo conformado según lo acordado oportunamente entre las partes. En consecuencia están comprendidos inclusive los adicionales especiales de empresas y/o los importes que los bancos paguen individualmente y/o reconozcan en concepto de refrigerio y/o merienda.
Compraventa de automotores, responsabilidad de la concesionaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAGLIONI, CARLOS c/ D'ARC LIBERTADOR SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-15

Es improcedente atribuir a la concesionaria una conducta negligente que la haga responsable de daños y perjuicios en la tramitación de la oferta de compra realizada por el accionante con motivo de su pretensión de acogerse al plan de adquisición de vehículos por medio de la suscripción de bonos de la deuda publica (boden 2012) de conformidad con lo previsto en la resolución 26/02 de la secretaria de finanzas de economía de la nación, al haber demorado días en acreditar el cheque entregado por la adquirente en calidad de seña por la operación de reserva de compra de un automotor, lo que condujo a que la solicitud fuera rechazada por falta de cupo. Ello así por cuanto, de acuerdo a las pruebas arrimadas surge que no transcurrieron mas de dos días hábiles entre que quedo acreditado el cheque y la presentación efectuada por la accionada ante el banco para canalizar la adquisición de los boden 2012, de lo que no puede desprenderse que haya obrado con negligencia en el cumplimiento de los compromisos asumidos en relación a la operación de compraventa concertada. A mas, de acuerdo con lo informado por la autoridad de aplicación, el cupo se agotó el mismo dia en que el banco efectuó la presentación ante esa dependencia. A dicha solución no la enerva el planteo del recurrente basado en que la accionada se encontraba en condiciones de poner en funcionamiento la operatoria el mismo dia en que entrego el cheque en concepto de seña, con fundamento en que la mera entrega de dicho instrumento implicaba el pago inmediato de la mentada reserva. Ello así por cuanto, sabido es que la fuerza cancelatoria del cheque no es equiparable a la del dinero, razón por la cual el pago se considera efectuado una vez que el tenedor haya percibido en dinero el importe indicado en el titulo. Esto determina que no puede ser considerada cancelada una obligación con la mera entrega del cartular, toda vez que este es entregado solamente pro solvendo y no pro soluto (esta sala, 13.10.97, "plan ovalo c/ pavón s/ ejec. prend."; id. 29.9.99, "cilsa s/ conc. s/ inc. de rev. por bco. ciudad"; id., 17.9.85, "doudan sa c/ rosencovich, bernardo"; id. sala d, 19.6.87, "alfombras alpana c/ eduardo sasson SA"; id. sala c, 9.8.85, "distribuid. industrial cuyana SA c/ avedis ferreteria", entre muchos otros).
Alimentos, cuota alimentaria, alimentado con recursos económicos
Materia: CIVIL
Carátula: A. DE C.N.A. c/ C.C.R. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-24

La circunstancia de que la peticionaria de los alimentos trabaje, no es obstáculo para la percepción de la cuota, conforme a lo establecido por el art. 198 del Código Civil, reformado por la ley 23.515, máxime en atención a que la necesidad sigue siendo la regla para la determinación de los alimentos y que éstos no han de limitarse a subvenir lo indispensable para la subsistencia de la alimentaria, sino que deben ser suficientes para asegurar el nivel de vida acorde con la posición social y económica que comparten los cónyuges.
Juez de instrucción, autos, desestimación de la prevención, recurso de apelación (procesal), querellante particular
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Domingo, Antonio Eduardo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-03-07

En nuestro sistema ritual cuando el auto desestimatorio del Juez de Instrucción encuentra su origen en la consideración de una "notitia criminis" proveída por comunicación o prevención policial, el querellante particular encuéntrase expresamente legitimado para apelar dicho auto (art. 206 del C.P.C.)
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Fregosi de Rossini, Liliana c/ C.A.S.F.E.C. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07

No media la prejudicialidad prevista en el art. 1101 del Código Civil si el trabajador sólo prestó en el proceso penal declaración informativa en términos del art. 236, 2da. parte del Código de Procedimiento Penal para la justicia Federal y no es posible, que dado el estado de la causa que tramita en dicho fuero, se modifique su situación procesal por lo que es de toda evidencia que el peligro que se dicten sentencias contradictorias no se da en la especie.
Prueba confesional, personas jurídicas
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARCIA DE SARAVIA, Segunda c/ ASTUDILLO, Juan Antonio y otros s/ ORDINARIO: RESOLUCION DE CONTRATO - SIMULACION - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-03-27

Cuando la parte que debe absolver posiciones reviste el carácter de persona de existencia ideal, el artículo 405 inciso 3º del Código de Procedimientos Civil y Comercial establece que podrán ser citados los representantes de las personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas que tuviesen facultad para obligarlas. En tal caso es menester atenerse a los términos del estatuto o contrato social.El artículo 406 prevé que la persona jurídica, sociedad o entidad colectiva podrá oponerse dentro del quinto día de notificada la audiencia a que absuelva el representante elegido por el ponente siempre que: 1) Alegare que aquél no intervino personalmente o no tuvo conocimiento directo de los hechos; 2) Indicase en el mismo escrito el nombre del representante que absolverá posiciones; 3) Dejare constancia que dicho representante ha quedado notificado de la audiencia a cuyo efecto aquél suscribirá también el escrito.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Declaración de rebeldía, notificación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lagos, Benjamín c/ Flores Macias, Nicolas s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-12-02

El art. 112 inc. 1) del Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia de Córdoba, en cuanto establece como efecto de la rebeldía que "las demás resoluciones (excluidas las del art. 144 inc. 2) se tendrán por notificadas en el día de su fecha", no está aplicando la regla general de la notificación automática o "ministerio legis" consagrada por el art. 153, sino otra forma de notificar, no contemplada en los modos generales del art. 143 del C.P.C.C. de la Pcia, de lo cual se deriva que resulta innecesaria la inserción de nota suscripta por el secretario expresando que da por notificado al rebelde.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, diputados provinciales, fallos del Superior Tribunal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Álvarez, Diego Felipe c/ La Rioja, Provincia de s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-22

Es ajeno a la competencia originaria de la Corte originaria la acción de amparo iniciada por un diputado provincial a fin que se declare la ilegitimidad de la conducta asumida por el Tribunal Superior local en cuanto - según afirma - se negó a tramitar y resolver un juicio de amparo y por la Cámara de Diputados provincial de impedirle el acceso al cargo por considerarlo incurso en la causal de inhabilidad moral, pues involucra un asunto de orden local, en tanto para determinar si las garantías que invoca el actor han sido lesionadas debe hacerse mérito de las instituciones de derecho público provincial y de las normas de ese carácter que constituyen la base de la demanda, por lo que la cuestión federal que se debate no es directa y tampoco exclusiva. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Ortiz, Miguel Angel s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

El hallazgo del arma con que se cometió el robo no es necesario para determinar su funcionamiento si el mismo quedó acreditado por el hecho de que fue usada.
Ejecución hipotecaria, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Frances Rio de La Plata S.A. c/ Navarro, Monica s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-12

Habiendo pactado entre las partes en una de las cláusulas del mutuo hipotecario que la deudora debía abrir y mantener abierta una caja de ahorro de la cual se podían debitar los saldos adeudados, es dable rechazar la excepción de pago sin abrir el juicio a prueba a fin de verificar cual fue el destino del dinero depositado en dicha caja y de los que dan cuenta la numerosa documentación acompañada por la deudora. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Divorcio contradictorio, abandono del hogar conyugal, adulterio, infidelidad, hijo extramatrimonial, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: V. de S., E.A. c/ S., A.G. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-29

El abandono del hogar conyugal, la infidelidad y la paternidad compartida con una mujer que no es la esposa, que, a la vez, se encuentra relacionada con la actividad laboral del cónyuge, en tanto hechos configurativos de causales de divorcio, poseen entidad suficiente como para tornar admisible el resarcimiento del daño moral producido.-
Sanciones disciplinarias administrativas, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Quatromano, Guillermo Raúl c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Villegas, Carlos Adolfo c/ Provincia de Buenos Aires (Min. Salud y Acc. Social) s/ Demanda contencioso administrativa Silva, Héctor Enrique c/ Municipalidad de Moreno s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24|1998-03-17|1999-02-23

El órgano jurisdiccional se encuentra investido de la potestad de revisar los actos disciplinarios emanados de la administración, abarcando no sólo el control de su regularidad, sino también el de la razonabilidad de las medidas que los funcionarios hayan adoptado en el ejercicio de sus facultades, pudiendo los jueces anularlas cuando aquellos incurran en arbitrariedad manifiesta. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tributos aduaneros, acuerdos arancelarios, GATT, software
Materia: ADUANERO
Carátula: Capsi S.R.L. (T.F. 8592-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-04

La ausencia de una norma nacional que autorizase la valoración de los objetos con abstracción del "software" contenido en ellos, llevaba necesariamente a la aplicación al caso del principio establecido en el Acuerdo General Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio incorporado a nuestro régimen por la ley 23.311.
Sumario administrativo, traslado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arriondo, Gloria Haydee c/ Municipalidad de Escobar s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

El procedimiento sumarial es comprensivo de una serie de actos procesales destinados a la sanción o absolución de un agente sumariado pero que, en definitiva, son la exteriorización de una conducta persecutoria de los órganos del Estado. Tal conducta no se advierte en el caso en que los trámites llevados a cabo contra la demandante carecen de fuerza interruptiva de la prescripción de la acción disciplinaria.
Proceso penal, prueba, carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba, procesado, retención indebida, locación
Materia: PROCESAL
Carátula: Juárez, J. s/ Prueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-06

No se invierte la carga de la prueba por la circunstancia de que la imputación del querellante sobre la ausencia de restitución de los bienes por parte del procesado se encuentre negada por éste, pues obviamente la mera negativa no basta para desarticular toda imputación en juicio, por lo que hallándose verificada la entrega de los bienes en el contrato de locación, y luego documentado los faltantes, era el procesado a quien incumbía demostrar la supuesta restitución poniendo a disposición del Tribunal los documentos que acreditaran su descargo.
Legítimo ejercicio de un derecho, responsabilidad parental, malos tratos
Materia: PENAL
Carátula: C., S.H.; L., A. M. s/ Privación Ilegítima de la Libertad, Agravada por el Uso  deAmenazas y Violencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-21

"No puede encuadrarse en el artículo 34, inciso 4to. del Código Penal, la conducta de la madre, que con el propósito de corregir a su hija de 11 años la golpea con un palo causándole lesiones en el ojo derecho y brazo izquierdo, pues ningún padre tiene derecho de castigar inmoderadamente a su hijo".
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Escobar, Norma Inés c/ Cruzado, Adán Darío y-o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-29

Constituyen actos no interruptivos, la notificación de sí misma que efectúe una parte en el expediente, pues constituye un acto reflejo, sin entidad persecutoria al no haber sido integrado, es decir, notificado a la otra parte dentro del plazo legal; la simple notificación del interesado; y la notificación personal cuando no tiende a activar el procedimiento.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Castellani, José A c/ Firestone de la Argentina SAIC s/ Ley 9688 Celaya,Pedro R. c/ Empresa Monte Grande S.A. s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-27|2003-10-29

A los jueces no les asiste la facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de una disposición legal si al tiempo de deducirse la acción la legitimada activa se encontraba habilitada -y obligada- a formular el planteo de inconstitucionalidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Corzo, Ramona Olga Vega de c/ Mogueta, Guido Daniel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-10-27

La causalidad tiene por objeto establecer cuándo y en qué condiciones un resultado cualquiera -daño- debe ser imputado "objetivamente" a la acción u omisión de una persona. A través de la culpabilidad se intenta determinar cuándo y en qué condiciones un resultado debe ser imputado a su autor. La primera cuestión es previa a la segunda ya que, antes de resolver sobre si el daño se debió a la acción culpable de una persona, hay que establecer realmente que fue "su acción" la que lo produjo. En el caso no es la "gravedad" de la culpa del actor al infringir una regla de tránsito lo determinante para establecer responsabilidades sino y puramente "su eficiencia causal". En consecuencia, el daño ocasionado no se encuentra vinculado con la mentada infracción de la unidad al estacionar del modo que lo hizo, toda vez que el accidente de todas formas hubiera ocurrido.
Competencia penal, ofensas vertidas en juicio
Materia: PENAL
Carátula: CONTRERAS JOSE A. s/ PROMUEVE QUERELLA POR INJURIAS C/ FRANCISCO RODRIGUEZ S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-08-25

Los tribunales a que alude el art. 115 del CP no son únicamente los judiciales, sino también los administrativos, por cuanto dicha disposición, sin limitación jurisdiccional, atiende a conceder a un resguardo para el ejercicio del derecho de defensa en juicio ante toda autoridad investida de capacidad para conocer o resolver sobre causas de cualquier índole.
Horas extra, aportes sindicales
Materia: LABORAL
Carátula: Grabois de Vallespinos, Berta Beatriz y otros c/ Estado Provincial s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 42, Fº 211/214, Nº 98) Provincial s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 42, Fº 211/214, Nº 98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-09-14

El art. 92 de la ley 4317 - Convenio Colectivo 57/75 fija como aporte lo percibido como aumento del primer mes o sea remuneración mensual, no lo excepcional o extraordinario como son las horas extras. Por lo demás no expresa el convenio el "total" de lo percibido en el mes sino que refiere sólo al aumento de la remuneración mensual. Si a ello debemos agregar el carácter tuitivo de la remuneración y su protección hacia el trabajador, es dable concluir que las diferencias en las remuneraciones por trabajos de horas extras deben ser abonadas a los trabajadores y no corresponde su ingreso al Sindicato, quien ya se benefició con percibir el primer mes de aumento de las remuneraciones de sus afiliados.-
Empleados públicos, funcionarios judiciales, pago de la remuneración, plazo, mora, vencimiento del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: A., M. Y OTROS c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (PODER JUDICIAL) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

Se ha dicho que "... el Poder Ejecutivo Pcial. debe proveer recursos dentro de los 30 -treinta- días siguientes al devengamiento de los haberes, y que a partir de allí rigen los principios de la mora, razón por la que resulta necesario compatibilizar la escasez de recursos, el vencimiento de los plazos y el carácter alimentario de los salarios, para que el ejercicio del poder discrecional no cause mayores perjuicios que los que pretende evitar en orden al bien común y a los principios de igualdad y solidaridad (art. 47 de la C.P.)".
Declaración autoincriminante, derechos y garantías constitucionales, medios de prueba, malversación de caudales públicos
Materia: PENAL
Carátula: Carrizales Corvalán, Iván Nicolás y otro c/  s/ Malversación de caudales públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-01

La coerción en general puede ser legítimamente utilizada en el proceso, con fines de su aseguramiento en general, o de alguno de sus actos, p. ej., para identificar al imputado, para someterlo o sujetarlo al procedimiento, para mantener el orden de las audiencias, o para evitar que elimine elementos de prueba. También puede ser empleada con la finalidad instrumental de recolección de un elemento de prueba o la recepción de la prueba; p. ej., para hacer comparecer al testigo reticente, o para obligarlo a declarar sobre lo que conoce, para recoger rastros, cosas, documentos o datos que serán objeto de inspección, reconocimiento, peritaje, etc., sea para compeler a exhibir o presentar esos rastros, cosas, documentos, o datos, sea para franquear ámbitos privados donde se encuentran soportados, guardados o almacenados esos rastros cosas, documentos o datos. Aquí la coerción es instrumental al secuestro, registro de lugares, requisas e inspecciones corporales, intervenciones corporales, etc., y sustituye la voluntad de las personas que tienen dominio sobre los rastros, cosas, documentos o datos, porque el empleo de coerción sólo es legítimo en el caso en que quien tiene dominio sobre ellos niega su cooperación voluntaria. En el caso del imputado, ello es legítimo sólo en la medida en que no sea inherente a la práctica del caso un requerimiento para que éste aporte informaciones por una vía comunicativa. En síntesis, no todo empleo de coerción sobre el sospechoso o imputado cae bajo la prohibición del art. 18 CN, que valga la pena reiterarlo, establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo (voto del juez Huarte Petite al que adhirió el juez Jantus).