Víctima menor de edad, agravio extemporáneo, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C., W. E. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en contra de la Sentencia Nº 45/10 recaída en causa Expte. Nº 103/09 caratulada: C., W. E. p.s.a. Abuso Sexual Gravemente Ultrajante, etc. Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-10-05

La Cámara en lo Criminal de Primera Nominación declaró culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia preexistente con la víctima. Contra el decisorio aludido, comparecen los asistentes técnicos del imputado e interponen recurso de casación.

Los recurrentes, bajo el rótulo de "recursos de casación e inconstitucionalidad" fundan, por último, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, argumentando que la sentencia se fundó en una norma penal (art. 119, segundo párrafo en función del cuarto párrafo inc. f, del C.P.) que contiene un mínimo en su escala penal que violenta los principios constitucionales de igualdad y de proporcionalidad (art. 1, 16 y 33 CN).

Entienden que dicha escala penal es absurda por cuanto priva al sistema del art. 119 de la necesaria coherencia interna que debe exhibir.

Es que -explican- dos agravantes que el propio legislador previamente considera con distinta gravedad y merecedoras de escalas penales distintas (párrafo segundo y tercero), ante la concurrencia de una idéntica circunstancia agravante (cometido por un ascendiente) quedan sometidas a la misma escala penal, situación que conduce a una pena desproporcionada e irracional.

La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada como última ratio (Fallos 288:325; 290:083; 312:122; 435:496 y 1437; 314:407; 316 : 2624; 317: 044; 322:1349), ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Norma Fundamental gozan de presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. (Fallos 314:424; 319:178, entre otros).

Una declaración de tal gravedad impone a quien la pretende, según lo indicó la Corte Federal en reiteradas oportunidades, demostrar claramente de qué manera la ley que se cuestiona contraría la Constitución Nacional, causándole, de ese modo, un gravamen y, para ello, es menester que precise y pruebe fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación del precepto que tacha de inconstitucional. (Fallos 310: 211; 314:407; 327:1899; 328:1416).

De modo que la cuestión constitucional debe proponerse tan pronto como la parte interesada esté en condiciones de prever que la norma que estima contraria a la garantía o derecho constitucional podría ser aplicada por el Tribunal de la causa. Por ello, excepcionalmente, se admite el cuestionamiento recién en la instancia extraordinaria, sólo cuando el impugnante no hubiera tenido ocasión de hacerlo en las de grado inferior. Esto puede suceder por diversas razones: puede ocurrir que la utilización de una determinada ley, decreto, reglamento o resolución surja de manera imprevisible en la causa, lo cual se configuraría cuando los jueces recurren a una norma cuya utilización no podía estar en los cálculos de los recurrentes (inconstitucionalidad sorpresiva); o bien, en el supuesto de que la norma fuera sancionada mientras la causa se encontraba a estudio, en cuyo caso habría mediado una imposibilidad fáctica de introducirla anteriormente. Sin embargo, como dan cuenta las presentes actuaciones, las mencionadas condiciones no se presentan en el caso, en tanto ninguna resolución adoptó el a quo sobre el tema, debido a que la cuestión no le fue sometida a su consideración y decisión, por lo que la sentencia impugnada no contiene pronunciamiento al respecto que deba esta Corte controlar.

De lo expuesto, se extrae que la defensa ha omitido introducir la cuestión constitucional en tiempo oportuno. Repárese que, con fecha 26/03/09 se recepcionó declaración al imputado, manteniéndose desde ese momento hasta el dictado de la sentencia que se ataca (15/11/2010), idéntica calificación legal (art. 119 segundo párrafo en función del cuarto párrafo inc. "f" del C.P.). Es decir, en cada una de las etapas que fueron culminando a lo largo del proceso hasta llegar a la etapa del juicio propiamente dicho, sumado a que en éste, el imputado fue intimado por idéntico hecho y calificación jurídica, sin que la defensa haya efectuado cuestionamiento alguno, lo que impidió al tribunal de grado expedirse al respecto. Como se advierte, la aplicación al caso sometido a juzgamiento de la norma que ahora se tilda de inconstitucional, no era sorpresiva ni imprevisible. Sin embargo, recién frente al resultado adverso a su pretensión -puesto que la defensa había solicitado la absolución de su asistido por el beneficio de la duda-, ahora intenta introducir el agravio constitucional en esta instancia, después de transcurrido un año y ocho meses de conocida la aplicación de la norma cuestionada.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.