Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-26


SENT Nº 955 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiseis (26) de Octubre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada al efecto por los doctores Horacio Ricardo Castellanos, Sergio Gandur y Luis Alfredo López, bajo la Presidencia del doctor Horacio Ricardo Castellanos, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la Provincia de Tucumán; por la representación letrada de las escribanas María Soledad Sequeira y María Gabriela Ailan de Mena; por la representación letrada de la escribana Lucía de Fátima Zerdán; por las escribanas María Victoria Correa Monterrubio y Adriana Griselda Erpen; por las escribanas Isabel María Padilla de García Hamilton, Julia María Cuozzo, Cecilia María Valy, Soledad Azurmendi, María Cecilia Aragon de Sánchez y Mónica María del Rosario Benud de Console, y los escribanos Pablo Colombres y Miguel Ángel Yapur Fernández en autos: "Martínez Iriarte Florencia y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Nulidad de acto/Procedimiento licitatorio".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Sergio Gandur, Horacio Ricardo Castellanos y Luis Alfredo López, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Sergio Gandur, dijo:

I.- Vienen a conocimiento y resolución de este Tribunal los recursos de casación planteados por la Provincia de Tucumán (cfr. fs. 760/767); por los letrados apoderados Ricardo Martín Taleb (en representación de las escribanas María Soledad Sequeira y María Gabriela Ailan de Mena -cfr. fs. 728//747 vta.-) y Horacio Augusto Zerdán (en representación de la escribana Lucía de Fátima Zerdan -cfr. fs. 751/757-); por las escribanas María Victoria Correa Monterrubio y Adriana Griselda Erpen (cfr. fs. 775/803); y por las escribanas Isabel María Padilla de García Hamilton, Julia María Cuozzo, Cecilia María Valy, Soledad Azurmendi, María Cecilia Aragon de Sánchez y Mónica María del Rosario Benud de Console, y los escribanos Pablo Columbres y Miguel Ángel Yapur Fernández (cfr. fs. 813/846 vta.); contra la sentencia N° 336, del 26 de julio de 2011, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, obrante a fs. 704/718 vta. de autos, que son concedidos mediante resolución del aludido Tribunal del 07-10-2011 (cfr. fs. 883 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con los traslados que prevé el artículo 751 in fine, del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), norma ésta de aplicación por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA).

II. En el marco de la admisibilidad de los recursos de casación de marras, interesa poner de relieve que han sido interpuesto tempestivamente (cfr. fs. 721, 722, 724, 725 y vta., 726, 747 vta., 757, 767, 803 vta. y 846 vta.), que el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; y que se dio cumplimiento con los depósitos exigidos por la ley de rito (cfr. fs. 727, 749/750, 759, 769/770 y 805/812).

II.1.- De acuerdo a reiterada jurisprudencia de esta Corte, según la cual, si en oportunidad de efectuar el juicio de admisibilidad del recurso de casación, este Superior Tribunal comprueba la existencia de nulidades no subsanables, el fallo y demás actuaciones pertinentes deben ser declaradas nulas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso (cfr. sentencia N° 385 del 26/5/2998, entre muchas otras), sin siquiera considerar la procedencia del o los recursos de casación. En la especie, precisamente, se configura la situación procesal referida por omisión de las formas sustanciales del proceso, en lo que concierne a la debida intervención de la Excma. Corte Suprema de Justicia en la presente causa, con la consecuente alteración de la estructura esencial de procedimiento, lo que trae aparejada la imposibilidad de dictar sentencia útilmente (cfr. artículos 165 y 166, últimos párrafos, del CPCC).

En efecto, de las constancias de autos se desprende que el 07-4-2009, a fs. 19/22 vta., la parte actora presentó demanda en contra del Colegio de Escribanos de Tucumán y la Provincia de Tucumán reclamando ".la nulidad de todo el procedimiento adoptado hasta el presente por el Colegio de Escribanos de Tucumán y por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, para la selección de aspirantes a ocupar como titulares los 19 Registros Notariales creados por Decreto n° 563/14 del 18-03-05. También solicitamos se declare la nulidad de la acordada n° 208/2.009 CSJT por ser el producto de un procedimiento nulo y contener a su vez vicios autónomos que se señalan en la parte pertinente de esta demanda, conforme se analizará INFRA" (cfr. fs. 19 y vta.).

Por providencia del 04-5-2009 se dispuso que se cite a los demandados a que se apersonen a estar a derecho y contesten demanda dentro del término de 10 días bajo apercibimiento de ley, ordenándose la notificación "PERSONAL" (cfr. fs. 105).

A fs. 160/162 obra la ampliación de demanda formulada por las actoras -mediante la cual impugnan de nulidad al Decreto N° 1.314 (MGyJ) (rectius 1.034/14), del 21-4-2009- y su consecuente requerimiento de integración de la litis con las escribanas que allí se mencionan, a lo que por Presidencia de la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, se decreta: "San Miguel de Tucumán, 28 de mayo de 2009. Por ampliada la demanda. Intégrese la litis con las siguientes personas: Pablo Columbres, Lucía Isabel Soto de García, María Victoria Correa de Monterrubio, María Luisa Miguel, Verónica Navarro Muruaga, Isabel María Padilla, Julia María Cuozzo, María Soledad Sequeira, Miguel Ángel Yapur Fernández, Lucía de Fátima Zerdán de Torres, Graciela Verónica Dora Benedicto, Mónica María del Rosario Benud de Console, Adriana Griselda Erpen, María Gabriela Ailan de Mena, Cecilia María Valy de Garzón, Soledad Azurmendi de Villa y María Cecilia Aragón de Sánchez, a quienes deberá notificárseles la providencia de fecha 04/05/09 (fs. 105). Al efecto, denuncie el apoderado los domicilios faltantes. Al otro sí: estése a la documentación reservada en caja fuerte y a las fotocopias agregadas en la fecha" (cfr. fs. 163). Recurrida por revocatoria esta providencia (cfr. fs. 295/298), la misma es rechazada por sentencia de la Sala del 15-4-2010 (cfr. fs. 352/353), al igual que el respectivo recurso de casación y su aclaratoria (cfr. fs. 382 y 390).

Una vez practicadas las notificaciones correspondientes (cfr. fs. 398/413), formulados los respectivos respondes obrantes en autos y los traslados de ley, y abonada que fuera la planilla fiscal, por providencia del 16 de mayo de 2011 se pusieron los autos para sentencia (cfr. fs. 691), dictándose el pronunciamiento definitivo ahora recurrido en casación el 26-7-2011 (cfr. fs. 704/718 vta.).

II.2.- El inciso 1 del artículo 34 del CPA establece que "la demanda se notificará: 1. Al Poder Ejecutivo, cuando se promueva contra la Provincia. Si la demanda se motivare por una actuación atribuida al Poder Legislativo o al Poder Judicial, deberá notificarse, además, al Presidente Subrogante de la Legislatura o al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, según corresponda, quienes, en ejercicio de sus representaciones legales, podrán actuar en el proceso como intervinientes adhesivos simples, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 primer parágrafo del Código Procesal Civil y Comercial". Esta disposición, concebida originariamente para el proceso ordinario, es extensible al proceso sumario (por cuyas reglas se tramitó la presente causa -cfr. fs. 105, 163, 713-) en virtud de lo preceptuado en el artículo 63 de dicho ordenamiento ritual: "La demanda, que deberá cumplir con lo previsto en los artículos 28 y 29, se notificará conforme a lo dispuesto por el artículo 34".

Pues bien; si de los términos del objeto de la demanda arriba transcritos se sigue que se reclamó expresamente la nulidad de la Acordada N° 208, del 26/3/2009, de esta Corte, no cabe duda que la demanda se encuentra motivada también en una actuación atribuida al Poder Judicial debiéndose, por lo tanto, haber notificado al Presidente de la Corte Suprema de Justicia la presente demanda (cosa que no se hizo, conforme surge de las constancias de autos) a fin de que, en ejercicio de su representación legal, pudiera actuar en el proceso como interviniente adhesivo simple. De allí que mal pueda sostener la parte actora a fs. 857 vta. que la referida Acordada no es en puridad el acto que las lesiona sino el Decreto N° 1.034/14 (MGyJ), sin perjuicio de la naturaleza esencial que reviste el Acuerdo del Superior Tribunal en el entramado de designación de notarios, sin cuya concurrencia es inconcebible la concreción de este acto (cfr. artículos 11, inciso 8, y 219 de la Ley N° 5.732).

Por consiguiente, se puede concluir que con el llamado de los autos para sentencia mediante la providencia del 16 de mayo de 2011 (cfr. fs. 691) sin haberse cumplimentado, previamente, con la exigencia contenida en el precitado artículo 34, inciso 1, del CPA (citar a la Corte Suprema de Justicia, disponiendo correrle traslado de la demanda y acordarle igual término que a los demandados para que la conteste), se han omitido actos que la ley ritual impone para garantizar el derecho de defensa en juicio, alterando así la estructura esencial del procedimiento debido. Es que de otro modo, es decir, si la omisión en cuestión no constituyera un vicio in procedendo con entidad suficiente para traer aparejada una nulidad declarable de oficio, ello conduciría al inaceptable resultado de privar de sentido a la previsión del inciso 1 del artículo 34 del CPA, convirtiéndola en letra muerta.

Finalmente, cabe resaltar que este temperamento ya fue adoptado por la Corte Suprema de Justicia local en sentencia N° 1.040, del 22-11-2005..

Por las consideraciones que anteceden, corresponde declarar de oficio la nulidad de la providencia del 16 de mayo de 2011, corriente a fs. 691, y de todas las actuaciones que sean su consecuencia, incluida la sentencia N° 336, de fecha 26-7-2011, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, obrante a fs. 704/718 vta. de autos.

III.- Acorde al resultado a que se arriba, en razón de que la nulidad es imputable al órgano jurisdiccional, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen por el orden causado (cfr. artículos 89 del CPA y 105, inciso 1, y 111, a contrario, del CPCC).

Los doctores Horacio Ricardo Castellanos y Luis Alfredo López, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Sergio Gandur, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- DECLARAR LA NULIDAD de oficio de la providencia del 16 de mayo de 2011, glosada a fs. 691 de autos, y de todas las actuaciones que sean su consecuencia, incluida la sentencia N° 336, del 26-7-2011, de la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, conforme lo considerado.

II.- REMITIR los presentes actuados a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo a fin de que, por la Sala que corresponda, disponga la citación de la Excma. Corte Suprema de Justicia, y sustancie hasta su conclusión el trámite pertinente para el dictado de sentencia útil.

III.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.

IV.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

HORACIO RICARDO CASTELLANOS SERGIO GANDUR	LUIS ALFREDO LÓPEZ ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00032559-01