marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acusación fiscal, resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: TIERNO, Juan Carlos; VIGNATTI, Oscar Antonio; RODRÍGUEZ, Viviana Noemí; SOTO, Blanca con la defensa del Marcos S. BERNARDI s/ recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-10-02

En lo que respecta, al argumento que se refiere a que el recurso acusatorio en perjuicio del imputado y todas las normas procesales que así lo prevean son inconstitucionales, se debe señalar en primer lugar, que nuestro Código de Procedimiento Penal otorga la facultad de recurrir al Ministerio Fiscal.

En ese sentido, se comparte que "El recurso del Ministerio Público constituye un dispositivo jurídico apto para satisfacer deberes de tutela de los derechos humanos que los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de sus órganos de aplicación ponen en cabeza de los Estados.

La legitimidad del recurso del fiscal viene dada por su aptitud y su necesidad para satisfacer una finalidad legítima en un Estado de Derecho, pero además no hay ninguna disposición en nuestro ordenamiento constitucional ni en los instrumentos de derechos humanos que permita concluir válidamente que el recurso del fiscal viola con su sola existencia las garantías de un proceso equitativo.

Resulta razonable revalorizar la noción del recurso como medio de control funcional, a la que es posible darle una connotación muy positiva en una sociedad democrática: No se trata ya únicamente del control del Tribunal inferior por el superior, sino de un control efecti vo de los actos de un poder del Estado por un órgano que en nuestro sistema constitucional se considera extrapoder.

En definitiva, el recurso como medio de control funcional también es una garantía para los habitantes, pues el arbitrario ejercicio del poder y arbitrario no ejercicio constituyen (perdónese la frase hecha) dos caras de una misma moneda". (Revista de Derecho Procesal Penal, 2007-2 "La actividad procesal del Ministerio Público Fiscal "I- Director Edgardo Alberto Donna, Ed. Runzal-Culzoni, Buenos Aires, págs. 316/317).-
Principios procesales, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: A. O. & G. I. I. S.A. y otro c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-12-11

Según la regla de la buena fe "...las partes deben adoptar un comportamiento leal en todas las fases de constitución de las relaciones, y deben también comportarse lealmente en el desenvolvimiento de las ya constituidas entre ellos; este deber de comportarse según buen fe se proyecta a su vez en las dos direcciones en que se diversifican todas las relaciones jurídicas; deberes y derechos..."
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: MORALES, HURMINIA c/ JEAN DEBBAUDT s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-09-16

Corresponde a la cámara dimensionar cuantitativamente los parámetros facticos referidos al reclamo cuya procedencia jurídica ha sido receptada por la sentencia definitiva, y dicha tarea debe cumplirse sobre la base de los elementos de convicción obrantes en la causa.

En el caso, la volición del sentenciante al practicar la liquidación no ha estado sustentada en aquellos elementos probatorios de la causa cuya consideración era premisa necesaria para emitir un decisorio con fundamentación suficiente, y dicha prescindencia origina un agravio que -en este estadio procesal- solo es susceptible de reparación por vía del recurso de inaplicabilidad de ley.
Acción de amparo, rechazo in límine, revalúo impositivo, impuesto inmobiliario, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: SERRA, María Cristina c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-18

Del voto de la mayoría (Dres. Kiper y Zaccheo):

1- Para rechazar sin más trámite la acción de amparo, el control de admisibilidad, especial y contundente, debe efectuarse con cautela y prudencia, debiendo adoptarse ese temperamento sólo excepcionalmente, cuando no existan dudas acerca de la interpretación de la ley ni del hecho o acto mismo. El rechazo sin sustanciación de la acción de amparo requiere no sólo un control de admisibilidad de la acción sino que ello sea realizado en función de las características de ostensibilidad que, por definición, presuponen que la imposibilidad de acceder a la vía de amparo resulte tan manifiesta que pueda ser declarada categóricamente y sin necesidad de debate alguno entre las partes.- 2- Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reclama el cobro de períodos ya transcurridos cuyo pago y consecuente efecto cancelatorio invoca la actora acompañando a tales efectos la documentación pertinente, ello, es susceptible, "prima facie", de provocar un serio y grave menoscabo de los derechos constitucionales involucrados, lo cual impide rechazar "in limine" la acción deducida. Ello así, pues el Poder Judicial se encuentra siempre habilitado para pronunciarse sobre la validez de los gravámenes cuando se los ataca por reputárselos incompatibles con la Constitución Nacional.-
Juicio ejecutivo, multa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Villa Elisa c/ Eyharytz Héctor Raúl s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-09-12

Solicita la ejecutante que se aplique la sanción de multa por temeridad que establece al art. 579 del CPCCER. Al respecto la C.S.J.N. se ha pronunciado en sentido que los jueces de la Alzada pueden de oficio ejercitar tal potestad, aunque no medie apelación al respecto. La aplicación de esa multa solo puede ser tratada en oportunidad de dictar sentencia, o de dar cumplimiento a la sentencia de trance y remate y no al dictar interlocutoria, por lo que no debemos pronunciarnos al respecto.
Revisión técnica vehicular, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G. Y., M.E. y Otros c/ E. SRL y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-27

El certificado de revisión técnica vehicular o constancia tiene naturaleza jurídica de un acto administrativo, manifestación de conocimiento en tanto se refiere a la constatación de un hecho o una situación, en este caso que el vehículo reunía las condiciones técnicas mecánicas, establecidas por las normas vigentes y podía ser afectado al servicio de transporte de pasajeros, gozaba así de eficacia propia de lo que se deriva como lógico correlato su presunción de legitimidad. En modo alguno se ha demostrado cabalmente lo contrario habida cuenta la carga que pesaba sobre los actores no sólo por su posición en el proceso, sino por la presunción de validez de que dicho acto gozaba.
Personas con discapacidad, obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: A.B.,T., c/ Osdipp - SNR s/ acción de Amparo y medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-20

Debe revocarse la sentencia que ordenó a la obra social reintegrar a un afiliado discapacitado la diferencia entre el costo del tratamiento de rehabilitación realizado en un centro de alta complejidad excluido de su cartilla y el valor que efectivamente reintegró, pues si bien la ley 24.901 especifica que los entes que prestan cobertura de salud están obligados a reconocer la atención a cargo de especialistas que no pertenezcan a su cuerpo de profesionales, ello es siempre y cuando se acredite la necesidad de elegir ese centro de salud por encima del que ofrece la obra social, lo cual no ha ocurrido. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Montezanti)
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Avila, Pedro Marcelino c/ Bazán, Héctor Ramón s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

La cuestión planteada en torno a que con los intereses de la indemnización se obtendría un beneficio mayor que el perjuicio causado, no pasa de ser una mera conjetura a la luz de la finalidad indemnizatoria en cuanto al rubro aquí analizado y, por ende, no es jurídicamente admisible como una circunstancia determinante para juzgar elevado el monto acordado (arts. 375, 384, 163 inc. 5 Cód.

procesal; arts. 1084 y 1084 Cód. Civil).
Recurso extraordinario federal, cuestión de derecho común, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: VALDEZ VICTOR JULIO s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-07

En el caso, se advierte que las cuestiones debatidas y resueltas en juicio y en la sentencia impugnada -se afirma que la sentencia es arbitraria, por desconocimiento de los arts. 39, inc. b) y 42 de la Ley Nacional de Tránsito- son de derecho común y por tanto insusceptibles de ser revisadas por vía del recurso extraordinario federal.

Así falta en el caso el requisito de la "Relación directa e inmediata" que concurre cuando la solución que deba acordarse a la causa dependa, necesariamente, de la interpretación que se asigne a las cláusulas constitucionales o normas o actos federales cuestionados en aquélla..
Tasa de justicia, hecho imponible
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Expreso Paraná S.A. c/ Municipalidad de Zárate s/ Inconstitucionalidad Ord. 2685
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

No se advierte prima facie la imposibilidad de determinar el monto del beneficio patrimonial resultante de la inaplicabilidad del precepto impugnado a fin de abonar la tasa de justicia si estimativamente puede resultar de un informe del contador de la empresa realizado con ese alcance de aproximación. Sobre todo, cuando de la lectura de la demanda no se advierte la posibilidad de que el valor resulte definitivamente probado con posterioridad a la sustanciación del proceso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones del Estado miembro, sentencia condenatoria, deber de información
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Ivcher Bronstein c/ Perú s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-09-21

Los Estados Parte en la Convención Americana que reconocieron la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana, no sólo deben acatar lo dispuesto en la sentencia de condena del Tribunal, sino que también tiene el deber de informarle las medidas adoptadas para el mejor cumplimiento de lo ordenado, pues la oportuna observancia de la obligación estatal de indicar al Tribunal cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados resulta fundamental para evaluar el nivel de cumplimiento de la Sentencia en su conjunto.
Acción de amparo, reintegro de gastos
Materia: CIVIL
Carátula: Cariaga, Susana Gladys c/ Instituto de Seguros de Jujuy (I.S.J.) Estado Provincial s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-05-10

Debe rechazarse el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia que desestimó el pedido de reintegro de sumas de dinero efectuadas por el amparista en concepto honorarios profesionales para su hijo discapacitado, pues el tribunal a quo expresa fundamentos serios y valederos tales como que, los reintegros deben solicitarse por la vía correspondiente y no mediante la acción de amparo.
Contrato de trabajo, transferencia del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Carnovale, Francisco y otro c/ Vidal, Lorenzo y otros s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

El art. 229 de la Ley de Contrato de Trabajo (T.O.) contempla la cesión del personal sin que comprenda el establecimiento con independencia de todo cambio de titularidad del mismo en que aquél se desempeñaba originariamente. En este supuesto se configura en verdad una cesión del contrato de trabajo con todos sus derechos y obligaciones al nuevo empleador. Para que esta transferencia ocurra, la norma impone un requisito ad probationem y no ad solemnitatem: La aceptación del trabajador, expresa y por escrito.
Costas, Comisión Nacional de Valores
Materia: PROCESAL
Carátula: Bonafide  S.A. s/ PETICION  JUDICIAL Y DEDUCCION DE RECURSO EXTRAORDINARIO C/RESOLUCION  DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que impuso a la Comisión Nacional de Valores las costas de la causa en la que se revocó una resolución dictada por ella, pues de conformidad al art.

14 de la ley 17.811 no es parte en el recurso.
Honorarios del contador, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Alas Cooperativo limitado s/ Incidente de incumplimiento de acuerdo en autos: Fábrica de  productos Cauca S.R.L. s/Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-03

Si bien las normas del arancel de contadores establecen topes mínimos a los efectos de la regulación en base al monto del juicio art. 36 y concs. ley 7195), pueden concurrir distintas razones que tornen inaplicables en forma automática e indiscriminada tales previsiones (en el caso, por ejemplo: el peritaje contable no ha cubierto todos los aspectos de las cuestiones controvertidas y resueltas; el carácter incidental del procedimiento; la razonable proporción que los honorarios de los peritos deben guardar con los fijados a favor de los demás profesionales intervinientes).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Indemnización por accidente de trabajo, depósito en sede administrativa, retiro de fondos, actualización monetaria, pago a cuenta, acción civil por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FUJIKAWA DE KOHARI, YOSHIKO c/ HELVETIA ARGENTINA SA. DE SEGUROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-28

La percepción del valor nominal de la indemnización por accidente de trabajo en sede administrativa, aún hecha sin reservas, constituye un pago insuficiente, que debe considerarse como entrega a cuenta del total adeudado en concepto de capital actualizado e intereses, quedando expedita al trabajador la acción judicial para reclamar la diferencia resultante.
Régimen jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fernández, María Luisa Eugenia s/ Recurso de Apelación contra Resolución n° 816-97 I.S.S. y S.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-12-19

A los fines de preservar el principio de "movilidad" en el sistema previsional, manteniendo la necesaria vinculación entre el haber previsional y la remuneración obtenida por el personal en actividad, se debe precisar el verdadero alcance del cargo desempeñado incluyendo las asignaciones personales -si fuere necesario- para lograr la "equivalencia" como base de determinación del haber, a fin de que en los hechos no se opere una retrogradación por obra de modificaciones de las estructuras órganicas funcionales.
Responsabilidad del Estado, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yabra, Mario c/ Municipalidad de Vicente López s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-22

El fundamento del derecho del administrado a ser indemnizado del daño causado por el acto administrativo legítimo, se asienta en la garantía de inviolabilidad de la propiedad (art. 17, Const.

Nacional), razón por la cual lo que la Constitución Nacional establece respecto a indemnización en materia de expropiación, constituye un principio general de derecho, aplicable a hipótesis en que un derecho patrimonial cede por razones de interés público.

Siendo así, corresponde excluir el lucro cesante como rubro indemnizable .
Reajuste jubilatorio, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: GAUTO, Marina Beatriz y otros c/ E.N - Mrio. de Justicia - Fuerza Aerea s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-01

La Justicia Federal de San Martín es incompetente para entender en la acción por reajuste de haberes, si el actor se encuentra en situación de retiro y la demandada tiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde deben cumplirse las obligaciones que se reclaman, pues en las acciones personales deber ser juez competente el del lugar que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecida conforme a los elementos aportados en el juicio.
Procurador general de la Nación, excusación por prejuzgamiento
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Reynaldo Benito Bignone c/  s/ CS c/  s/ CS c/  s/ S/INCIDENTE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-21

Resulta inadmisible el pedido de los recurrentes en el sentido de que el Procurador General se excuse de entender en la causa, fundado en un supuesto prejuzgamiento, pues dicho funcionario no tiene por misión juzgar sino dictaminar y no puede, por ende, incurrir en forma alguna de prejuzgamiento. Las instrucciones que emite en cumplimiento de los deberes que las leyes les imponen no pueden considerarse como decisiones anticipadas o dictadas fuera de la oportunidad debida, por cuanto no constituyen decisiones de ningún tipo.
Responsabilidad objetiva, daños y perjuicios, relación de consumo, contrato de transporte, alquiler de vehículo con chofer, transporte de pasajeros, transporte terrestre, Transporte, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: BLAZQUEZ, Rosa Susana y YUNES, Sandra Bettina c/ Jensen, Horacio y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-11-22

El codemandado no puede ser responsabilizado por los daños que sufrió un pasajero tras colisionar el vehículo que lo trasladaba, pues no se acreditó, que haya mantenido una relación comercial o laboral con el chofer que lo haga responsable de forma objetiva en los términos del art. 184 del Código de Comercio, ni una relación de consumo entre las partes que habilite la aplicación de la ley 24.240.
Juicio, partes, nacionalidad, extranjeros, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, competencia por la materia, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, emergencia hídrica
Materia: PROCESAL
Carátula: VALLE GONZALO, CRESCENTE CARMELO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: NRO. 607 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-03-07

Atento a que el Alto Tribunal de la Nación se declaró incompetente para conocer en la demanda por Indemnización de Daños y Perjuicios y en la Declaración de Inconstitucionalidad de la Ley 12.183 y su modificatoria 12.259, sus decretos reglamentarios y normas complementarias, promovida por un ciudadano de nacionalidad española afectado por la Emergencia Hídrica que sufriera esta Provincia durante los meses de Abril y Mayo de 2003, y en razón de haberse ordenado la remisión de dichas actuaciones a esta Corte "a fin de que decida lo concerniente al tribunal que entenderá en el sub lite en razón de la materia"; corresponde hacer lugar a lo peticionado por el actor en el sentido de remitir los autos al Tribunal Colegiado de Responsabilidad Civil Extracontractual.-
Ejecución de sentencia, obligaciones de dar sumas de dinero, moneda extranjera
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAUL A. NEGRO E HIJOS S.R.L. c/ OVERSEAS (SOC. ECON. POR ACCIONES). s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-18

Si la pretensión ha sido deducida en moneda argentina, el argumento que alude al mantenimiento del valor de cambio con el de la divisa local para lograr una condena en moneda extranjera, es decididamente incomputable, por cuanto dicho motivo no autoriza, máxime cuando no hay estipulación alguna en contrario, a prescindir de la moneda que tiene curso legal. (S1,1395,180383)
Tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: Arrué Gowland, Mario José s/ ley 20.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

La conducta prevista por el art. 6° de la ley 20.771 es de peligro abstracto, y dicho peligro existe en tanto la substancia sea apta para ser consumida por cualquier persona, con o sin el consentimiento de su tenedor , independientemente de su calidad.
Excusación, prejuzgamiento
Materia: PENAL
Carátula: JUAN QUIÑONES c/ GOMES SERGIO MARCELO, SIVA RUBEN OMAR s/ HURTO DE GANADO MAYOR s/ HURTO DE GANADO MAYOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-13

Por el prejuzgamiento procede apartar del conocimiento de la causa al juez que sea como apoderado, letrado, perito o funcionario judicial, haya exteriorizado su opinión acerca de la forma de resolver las cuestiones debatidas en la causa. Ahora bien, la opinión anticipada debe tener relación con la cuestión de fondo debatida en el proceso.
Alimentos, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., E. G. s/ Alimentos - Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07

Pese a la amplitud de la competencia del Fuero de Menores (art. 10 inc. c dec. ley 10067/83), aún habiendo prevenido respecto del menor, cuando de alimentos se trata, la competencia del fuero civil surge del juego armónico de los arts. 5 inc. 3º, 6 inc. 3º del ordenamiento procesal civil y arts. 228, 375, 376 y ccdts. del Código Civil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Notificación, redargución de falsedad, domicilio
Materia: CIVIL
Carátula: MARCOS GROSMAN S.A.C.I.F c/ SANTA FE S.A s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-22

No es necesario abrir de falso un instrumento público para desvirtuar manifestaciones que hacen las partes y que no son del conocimiento del oficial público. En consecuencia, lo expresado por el encargado de un edificio al oficial notificador respecto a quien se domicilia en el mismo, no tiene otro alcance que el de una manifestación recibida por este, pero no hace plena fe del hecho de que ese fuera realmente el domicilio de la accionada, por ello no es necesaria la redargución de falsedad para probar lo contrario.
Responsabilidad médica, obligaciones del médico
Materia: CIVIL
Carátula: Marcos de Paterno, María Luisa c/ Instituto de Serv. Sociales Bancarios y otros s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-11

El criterio mayoritario en la doctrina y jurisprudencia nacionales sostienen que la obligación del médico es efectivamente de medios y no de resultados. Sólo se promete diligencia y aptitud para cumplir las medidas que normalmente procuren un resultado, o actuar con las diligencias específicas que emanan de la calidad necesaria para llevar normalmente a buen término la actividad salvo, claro está, supuestos excepcionales como el de cirugía estética.

Aún cuando conforme al criterio mayoritario, incumbe al reclamante acreditar la culpa imputada al médico, debe éste contribuir en la carga de la prueba para aportar elementos de convicción que neutralicen la pretensa demostración de aquel elemento subjetivo que corre por cuenta del acreedor de la prestación médica. Ello es así en las obligaciones de medios a diferencia de las de resultado en que basta con el fracaso del objetivo perseguido. En esa puja probatoria procesal generada cuando están implicados deberes de "medios", el médico podrá tratar de anticiparse en la acreditación de "ausencia de culpa" de su parte aunque es obvio que le está permitido también fracturar el nexo causal demostrando el caso fortuito.
Admisibilidad del recurso, actuaciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LOPEZ, Alfredo y Otros c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Y PROVINCIA DE SALTA s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-11-05

Frente a la resistencia de la autoridad administrativa a remitir los expedientes administrativos, corresponde que el juez entienda en la demanda entablada tomando como base la exposición de los hechos efectuada por los accionantes, de modo de resguardar el derecho a la jurisdicción y la defensa en juicio.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)