marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prisión preventiva, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: F.L.A.- G.D.H.- R.L.M s/ Hurto de ganado mayor en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-07-26

Corresponde revocar parcialmente el auto recurrido en cuanto dicta la prisión preventiva de los encartados, y disponer la libertad caucionada de los mismos declarando la inconstitucionalidad del art.

314 inc. c) del CPP, según reforma de la Ley 9404 en cuanto convierte en inexcarcelable al art. 163 inc. 1ro. del CP, trasmutando la restricción cautelar en el proceso en un anticipo de pena, lo que vulnera el status de inocencia de todo ciudadano, la igualdad ante la ley, y los principios de proporcionalidad procesal y razonabilidad propios de un Derecho Penal en un Estado de Derecho (arts. 1, 18,  16, 19 CN; 8 de la Conv. Americana de D.H.; y 9 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, amén de las declaraciones americanas y universal de Derechos Humanos, incorporados a la Carta Magna por la reforma de 1994.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), derecho electoral, partidos políticos, proceso electoral, lista de candidatos, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: POR LA VIDA Y EL TRABAJO DEL FRENTE JUNTOS c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-06-11

En relación a la garantía de igualdad ante la ley, resulta significativo que esta regla legal o barrera electoral se aplicó en el caso, a todas las candidaturas por igual sin que conste la existencia de obstáculos para que todas ellas concurrieran a unas mismas elecciones, en el mismo distrito y en las mismas condiciones legales; es decir, que el principio democrático de la igualdad estuvo abierto a las fórmulas electorales más diversas y ello porque se trata de una igualdad ante la ley referida a las condiciones legales en que el conjunto de un proceso electoral se desarrolla, por lo que esta igualdad, por tanto, no prefigura un sistema electoral y excluye otros, sino que ha de verificarse -y en el caso concreto se hizo- dentro del sistema electoral que fue libremente determinado por el legislador, impidiendo las diferencias discriminatorias, pero a partir de las reglas de tal sistema y no por referencia a cualquier otro, tal como pretende el impugnante. (De la disidencia del Dr. Falistocco)
Lesiones agravadas por el vínculo, armas de guerra
Materia: PENAL
Carátula: Piccinin, Esteban Ricardo s/ Lesiones graves agravadas por el vínculo y Tenencia no autorizada de arma de guerra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-21

Corresponde condenar al imputado en orden al delito de tenencia no autorizada de arma de guerra y lesiones graves calificadas por el vínculo y por el uso de arma de fuego por dispararle con una escopeta a su cónyuge, ocasionándole una lesión grave en la pierna izquierda, toda vez que ante el concurso de circunstancias agravantes dentro de un mismo tipo penal, la del vínculo es la que por especialidad desplaza a todas las restantes, pues si bien ha existido en la especie un contexto relacional donde hubo violencia de género, esta conducta hacia la víctima ha sido relevante para comprender el desenlace subjetivo del hecho lesivo, pero en cuanto a la calificación legal ninguna incidencia posee desde que el reenvío que mandan los arts. 90 y 92 del código penal, con respecto a las circunstancias del art. 80 CP, se satisface con la aplicación del inc. 1°, previsto para los cónyuges.
Empleados públicos, licencia gremial
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: DOMINGUEZ, LUIS ENRIQUE c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-21

El recurso interpuesto merece favorable acogida en esta instancia por cuanto la línea argumentativa esbozada por la Sala en orden a fundar su decisión luce incongruente al pretender justificar la denegación de la licencia gremial con goce de haberes en la limitación de cargos que prevé el artículo 46 de la ley 9256; toda vez que si bien de la norma citada surge dicha limitación de cinco cargos, lo es por cada organización con personería gremial, lo que no impedía en lo absoluto que habiéndose otorgado ya las licencias para el sindicato de primer grado con personería gremial, se hiciera lo propio con las correspondientes al sindicado de segundo grado con personería gremial, al que pertenecía el actor.
Recurso de casación, debido proceso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GRAZIOSI MARIO ALBERTO c/ HERMINIO GEREZ Y OTRO s/ COBRO DE AUSTRALES-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-06-01

La sentencia debe limitarse al juzgamiento de las cuestiones que han sido objeto de litigio entre las partes, pues la decisión de acordar derechos no pedidos ni debatidos en el transcurso del pleito, vulnera las garantías constitucionales.-
Procedimiento contencioso administrativo, medida cautelar innovativa, deudas impositivas, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: CONCORDIA 4357 SA c/ GCBA s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-07

En el caso, no corresponde hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada -que consiste en ordenar a la escribana que se abstenga de realizar pago alguno al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en concepto de deuda de ABL reclamadas a consecuencia de la venta del inmueble-, porque no se ha logrado configurar un grado de convicción tal que amerite el dictado de la medida.

Ello así, por cuanto de lo contrario podrían quedar sin resguardo posibles deudas tributarias en el marco de un proceso que tramitó inaudita parte -esto es, sin contar con la debida intervención del GCBA- o bien en cuyo contexto la Ciudad no tuvo oportunidad de plantear las defensas que considere oportunas.

En efecto, la eventual determinación de que ciertos períodos reclamados se encuentran prescriptos supone un previo debate y el posterior análisis de cuestiones de hecho y prueba que, por su complejidad, exceden el marco de la medida solicitada.

Asimismo, es necesario que, en forma previa a una eventual declaración de la extinción de una obligación tributaria, se le reconozca al Fisco local la posibilidad de argumentar y demostrar, con plenitud probatoria, que la obligación que reclama resulta exigible.
Factura, valor probatorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fiorasi S.A. c/ Pires, Analía Graciela s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-09-15

En los usos comerciales puede presentarse la emisión y entrega de la factura como única documentación no sólo del contrato sino también del pago respectivo. Empero ello, tal posibilidad no puede aceptarse en algunos casos, por ejemplo, cuando la pericia contable llevada a cabo demuestra con la respectiva compulsa del experto, que una empresa -actora- no realiza ni recibe pagos sino mediante la utilización de los respectivos recibos.
Juicio ejecutivo, excepción de quita, excepción de transacción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nicolas Daseo S.A. c/ Miranda, Dolores y otros s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

Las excepciones de quita y transacción deben probarse por escrito, como resulta claramente del artº 542 inciso 8º del CPC y como lo ha establecido la doctrina y jurisprudencia predominante cuando estaba vigente el anterior régimen ritual. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, cuestión no constitucional, sentencia de primera instancia, Cámara de Apelaciones, tribunal plenario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cardinale, Raúl Rubén c/ Larrañaga, Agustín Domingo y/u otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Cumplimiento de contrato (Expte. CSJ Nº 120-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-13

Es doctrina del más Alto Tribunal de la Nación -respecto de la inadmisibilidad del recurso extraordinario contra una sentencia de primera instancia que ha aplicado un plenario por faltar la sentencia definitiva-, que al no haberse agotado las instancias ulteriores cabe considerar exigible la finalización de las vías ante la justicia ordinaria, sobre todo en los casos que depararían la situación contraria a la contemplada por aquél.
Empleo público, sumario administrativo, suspensión preventiva, acción de amparo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Bordón, José Alfredo c/ Municipalidad de Tinogasta s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-02-14

Surge de la propia Resolución dictada por la autoridad Municipal, que el agente al que se le inicia sumario por presuntas irregularidades cometidas como Jefe de Personal de la comuna, ya no ostentaba tal cargo ni función al tiempo de la resolución cuestionada; por lo que así resulta desnaturalizado el objetivo de la suspensión preventiva, que no pudiéndosela considerar sanción en razón del principio de inocencia, sólo debe aceptársela en interpretación restrictiva como el modo de asegurar que el sumariado no obstaculice la investigación, situación que no puede darse en autos debido a que el ocurrente no presta servicios en el ámbito administrativo auditado.

Siendo ello así, la suspensión resuelta aún con goce de haberes aparece prima facie como un exceso en el ejercicio de facultades por parte de la administración, sólo dirigida al menoscabo espiritual del agente y no para asegurar la regularidad del proceso sumarial, por lo que corresponde hacer lugar a la acción intentada ordenando a la administración municipal el reintegro de funciones al ocurrente en los alcances y límites del amparo receptado. (Del voto de la Dra. Sesto de Leiva: En Disidencia.)
Daños y perjuicios, indemnización, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: S., F. G. POR SUS HIJOS MENORES c/ SUCESION DE E. C. C. Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-10-12

Así el conjunto de normas que regula el daño resarcible -arts-1737 a 1748- se refieren a estos dos conceptos. Es decir, la norma contempla los dos aspectos: la afección patrimonial, y la correspondiente a los derechos personalísimos, encuadrada en el art. 1741 que establece la indemnización de las consecuencias "no patrimoniales" (lo que tradicionalmente se llamaba "daño moral", denominación que se sustituye ahora).
Funcionarios judiciales, gratificaciones
Materia: LABORAL
Carátula: "González,   María  Dora  y  otros c/ E.N.  -C.S.J.N.-  ConsejoMagistratura- Dto. 5.046/51 s/ empleo público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-13

El incremento de tareas y de carga funcional a consecuencia de las acordadas C.S.J.N) 11/02 y 1/03 no implicó el desempeño de un cargo o función adicional en forma total, real y efectiva, ya que es este último cometido el que constituye el factor relevante para el reconocimiento de un crédito como el que se reclama. Las labores desarrolladas por los secretarios de juzgados actores no sólo no responden formalmente a los recaudos previstos en el citado decreto 5.046/51 sino que esencia tampoco han implicado el ejercicio de la "función" en otra repartición o dependencia, pues si bien la asignación de causas se tradujo en un incremento de las tareas propiamente cumplidas en la oficina en que naturalmente se desempeñan, motivo por el cual, reconocer el derecho al cobro de las diferencias que se le otorga a quienes subrogan sin previsión normativa, importaría que un magistrado -encargado básicamente de dirimir las controversias que se suscitan en el mundo real- extendiera a un supuesto fáctico no contemplado en la regulación correspondiente la consecuencia jurídica establecida para los casos previstos, por lo que vendría a ejercer funciones legislativas, lo que excede claramente su cometido (Del voto del juez Márquez, cons. IX).
Personal militar, participación criminal, responsabilidad penal, autoría mediata, obediencia debida
Materia: PENAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

El art. 514 del Código de Justicia Militar conserva la responsabilidad de los superiores, aún en aquellos casos en los cuales los ejecutores sean plenamente responsables.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido, prueba, valor objetivo del bien
Materia: LABORAL
Carátula: ARRIONDO LUIS Y OTROS c/ ASOCIACION  DE  COOPERATIVAS  ARGENTINAS  C.L.  FABRICA DE HERNANDO O A.C.A.  FABRICA HERNANDO s/ EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-27

La injuria como causal de despido debe ser grave, y su valoración debe efectuarla el juzgado en función de todo el espectro probatorio arrimado al proceso, un hecho puede parecer "grave a la patronal por situaciones existentes al momento en que ocurre aquel". Un hecho del que no hay prueba válidamente agregada, sin elementos convictivos no pueden ser analizadas subjetivamente, sino que el juzgado debe hacerlo por imposición del principio de congruencia, objetivamente, y tratar de indagar esos hechos todo lo necesario para lograr la verdad real.
Prueba documental, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: GUERRA EDELMIRO c/ ASOCIACION ATLETICA QUIMSA Y OTROS s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-03-08

No puede estar en mejor condición procesal probatoria, quien no lleva libros y registros laborales, que aquel que no los exhibe.
Asignaciones familiares, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Maldonado, Rabelino c/ Empresa Constructora Carlos F. Yensen y/o resp. y/o prop. s/ Dif. de haberes, etc. PEREYRA, MARIA DELFINA c/ SANATORIO BANDA S.A. Y/O PROP. Y/O RESPONSABLE s/ DIFERENCIAS DE SUELDOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-10-20|1999-05-07

Si el trabajador no presenta declaración jurada ante el empleador para el pago de Asignaciones Familiares, ni reclamo alguno al sistema, durante la vigencia de la relación laboral, extinguida ésta, cesa el derecho para su percepción por esta vía, toda vez que la ley, no autoriza el pago retroactivo de las mismas. (Minoría u opinión personal)
Intimación a jubilarse, haber máximo jubilatorio, trabajadores ferroviarios
Materia: LABORAL
Carátula: VERGARA DE DEVCIC, RAMONA c/ ISS PERS. FERROVIARIO s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-24

El art. 22 de la disposición 202/74, no determina en modo alguno que no podrá conminarse a un profesional a jubilarse, si no ha cumplido los 65 años de edad, sino que establece su cese automático a esa edad. Fácil es advertir entonces que en ese aspecto, le da al empleador un poder de denuncia del contrato, mayor que el que fluye de art. 252 LCT, ya que desde la perspectiva de esta última norma no podría intimarse a jubilarse a un trabajador de 65 años de edad, que no esté en condiciones de obtener el haber máximo de jubilación ordinaria.
Cuestiones prejudiciales, culpa civil, culpa penal
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Manrique, Enrique Mario y otro c/ Godoy, Luis Amical s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-09-19

Entre la culpa civil y la penal existen diferencias. En general, las culpas se diferencian en cuanto a su finalidad dado que ésta última tiende a la imposición de una pena, en cambio, la primera, se formula para imponer la obligación de resarcir. Además de ello la culpa leve resulta suficiente en la responsabilidad civil, en cambio, en el ámbito penal se requiere culpa de mayor gravedad. Por otra parte se diferencian en cuanto a la manera de apreciarla, dado que en el fuero resarcitorio se estima de una manera refinada para no dejar sin indemnización, en cambio, se es más benévolo para reprochar la conducta del autor de un delito. Ello es así por cuanto en materia penal prima el principio de inocencia; en cambio, en sede civil, las presunciones de culpabilidad. Además de estas razones expuestas se debe tener en cuenta que en sede penal no existe compensación de las culpas, por lo cual la culpa de la víctima no actúa como factor interruptor del nexo de causalidad en la evaluación de la culpa penal, ello por cuanto no se puede evaluar la culpa de la víctima dado que la misma no es el sujeto imputado.

Todos los argumentos señalados tienden a demostrar que el juez civil tiene autonomía para apreciar la culpa de las partes en la producción del daño.
Fraccionamiento de vinos, igualdad ante la ley, control sanitario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Augusto y Renato Vaschetti  S.A.C.I.I.F. c/ Dirección General Impositiva e Instituto Nacional de Vitivinicultura. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

La ley 23.149 no procura crear un privilegio en favor de las plantas fraccionadoras de vino ubicadas en ciertas zonas del país ni perseguir a la actora en el ejercicio de su industria, sino que tiende a obtener el ordenamiento de los mercados donde se comercializan los productos y a una mejor fiscalización del proceso de fraccionamiento de los vinos para ofrecer productos tipificados y de calidad a los consumidores.
Accidente de tránsito, peatón distraído
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mirabelli, Carlos Abel c/ Gómez, Manuel y/u otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-05-26

El peatón se coloca desaprensivamente en situación de riesgo, al permanecer casi en el medio de la calzada manipulando un vidrio de gran porte y retrocediendo en sentido contrario a la circulación del tráfico, en una hora inapropiada para operaciones de carga y descarga.-
Contrato de trabajo, estatuto del periodista, indemnización por despido, integración del mes de despido
Materia: LABORAL
Carátula: Esteban,  Alicia  Beatriz c/ Cámara  Argentina  de la PropiedadHorizontal        y       Actividades s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-20

Toda vez que la relación estuvo regida por la ley 12.908 no cabe hacer lugar al cálculo del rubro "integración mes de despido".

Ello así, toda vez que el art. 43 de la citada ley estatuye como mecanismo de protección contra el despido arbitrario un sistema indemnizatorio que, comparado en su integridad con el sistema que establece la LCT para ese mismo fin, resulta más beneficioso. Así, contempla un lapso de preaviso superior al establecido en la norma general (conf. art. 43 inc b) según ley 16.792), en la indemnización por antigüedad no contempla el tope del art. 245 LCT, y el sistema indemnizatorio, en conjunto, es notoriamente más favorable al trabajador que el previsto en la LCT, por ello se aplica íntegramente el sistema de la ley estatutaria. Como el art. 9 de la LCT, al declarar aplicable el principio de conglobamiento orgánico por instituciones, descartó la posibilidad de "acumular" beneficios provenientes de la atomización de normas laborales, no cabe duda que no puede extraerse la "mejor" condición de cada norma en juego formando una "nueva" e inexistente sino que debe aplicarse el régimen que, comparando por instituciones, en conjunto, resulte más favorable al trabajador, aún cuando alguna condición particular no lo sea. Tal régimen es el de la ley 12.908 y no prevé la denominada "integración mes de despido".
Eximición de prisión, situación del imputado, prófugo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: TASCON, G. G. s/ excarcelación Causa nro. 27.234
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-07

Resultando formalmente viable el beneficio (arts. 316 y 317 Código Procesal Penal ) no se advierte que sea correcto inferir que por su anterior estado de prófugo intentará eludir la acción de la justicia, máxime que el pedido del beneficio fue presentado unas horas antes de su detención, presentación claramente demostrativa de su voluntad de someterse al proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, prueba testimonial, testigos, carga de la prueba, jueces, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MOREYRA, GUILLERMO ESTEBAN c/ ZABDO, ALEJANDRA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-20

Las críticas de la recurrente remiten directamente a una cuestión de valoración probatoria, ámbito propio de los jueces de la causa, y sin que los fundamentos expuestos por el Tribunal A quo resulten desvirtuados desde el punto de vista constitucional, puesto que la prueba testimonial rendida fue exhaustivamente valorada por la Sala en su sentencia, habiendo los magistrados en dicha oportunidad reeditado las apreciaciones del juez de grado en relación a ciertas inconsistencias concretas halladas en los relatos de dos de los testigos, y desde tal perspectiva, la Sala consideró que la valoración de baja instancia no lucía lo suficientemente contradicha, y que la agraviada parecía desentenderse de la carga de la prueba que pesaba sobre sí, pretendiendo limitarse al ofrecimiento de los testigos, y reprochando a la jurisdicción no haber indagado a los mismos a fin de entender probada la versión actoral, sosteniendo el A quo que si bien es cierto que el magistrado puede modificar o eliminar las preguntas contenidas en el pliego si considera -fundadamente- que éstas son dirigidas a hechos no controvertidos o de demostración no necesaria, o son improcedentes, superfluas, dilatorias, etc, ello no implica que el juzgador deba efectuar al testigo preguntas nuevas o distintas de las que fueron formuladas por las partes, cuando considere que las respuestas brindadas por el declarante no alcanzan para tener por ciertos los hechos de demostración necesaria, pues de hacerlo, el magistrado estaría violando sus deberes de imparcialidad, concluyendo la Sala entonces que el Juez de grado había explicado con fundamento las razones por las que consideró que las testimoniales rendidas no generaban la convicción necesaria como para tener por acreditada la relación laboral, en el momento procesal oportuno para brindar su valoración, sellando el análisis expuesto la suerte adversa del agravio relativo a una descalificación dogmática de los testimonios.
Servicio telefónico, titular de línea telefónica, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL MADARIAGA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

El Decreto Nacional 1420/92 , "Reglamento del Servicio Telefónico" estipula en su art.5 inc. a) La calidad de cliente se adquiere ...

" Por suscripción con los prestadores de un contrato tipo de prestación de servicio aprobado por la autoridad de aplicación", debiendo presentar el interesado la solicitud de servicio, criterio prohijado por esta Alzada. Y no puede accederse a esa calidad sino en algunos de los supuestos a que se refiere el art. 5to. del decreto mencionado o de los casos previstos por los arts. 6to. y 7mo. del mismo plexo normativo. (Del voto del Dr. Tazza)
Competencia laboral, notificación por cédula
Materia: LABORAL
Carátula: Caramelli, Pedro Raúl c/ Carbajo, Néstor Raúl y otra s/ Accidente de trabajo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-03-07

Si el tribunal del trabajo, luego de interpuesta la demanda cuyo principal objeto era interrumpir el plazo de prescripción, intimó al letrado recurrente para que dentro de los tres días completara la misma bajo apercibimiento de archivo, tal como lo disponía el art. 26 del entonces vigente decreto-ley 7718 resulta de aplicación la normativa del art. 135 inc. 5 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, que prevé la notificación personal o por cédula de las resoluciones que ordenan intimaciones (conf. art. 65, del dec.-ley 7718) en consonancia con el art. 16 inc. "J" de la referida ley de procedimiento laboral.