Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03


SCHMALENBERGER, Jorge A. contra PORTA, Daniel Horacio y/o MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 202 p 331-335. Santa Fe, 3 de noviembre del año 2004.

VISTOS: los autos "SCHMALENBERGER, Jorge A. contra PORTA, Daniel Horacio y/o MUNICIPALIDAD DE SANTA FE -Indemnización de Daños y Perjuicios- (Expte. 52/94) sobre APELACIÓN Ley 12036" (Expte. C.S.J. nro. 264, año 2003), para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por la Municipalidad de Santa Fe; y, CONSIDERANDO: 1.

Por resolución registrada en A. y S., T. 195, págs. 345/346 esta Corte rechazó, por inadmisible, el recurso de apelación contemplado en el artículo 10 de la ley 12.036 planteado por la Municipalidad de Santa Fe.

Contra tal decisión interpone la citada recurso extraordinario federal para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 92/112). Luego de afirmar que se encuentran satisfechos los requisitos comunes, propios y formales del remedio deducido y relatar extensamente los antecedentes de la causa, se agravió de lo siguiente: Afirmó que la resolución atacada se aparta manifiestamente y sin razón plausible del texto de la ley 12036, pronunciándose por la inaplicabilidad del dispositivo legal sin mediar debate y sin una expresa declaración de inconstitucionalidad de la norma.

Asimismo, expresó que la interpretación de los artículos 92 y 93 de la Constitución provincial no es compatible con el dispositivo de la ley 11329 en que por una ley, de igual rango a la hoy en crisis, se desdobló la competencia de este Tribunal.

Ejemplificó su postura en el sentido de que así como la ley 11330 admite en su artículo 2 la posibilidad de acceder de manera directa a la Corte por avocación inmediata, la ley 12036 creó un mecanismo para saltar o pasar la intervención de los tribunales intermedios para un supuesto muy excepcional, pero que requiere por su trascendencia institucional una impostergable definición.

Con cita de doctrina, adujo que el pronunciamiento recurrido, producto de la arbitrariedad denunciada, ocasiona injustificadamente un perjuicio de significación en su patrimonio, provocando una desigualdad de trato para con el resto de los acreedores, toda vez que la Municipalidad deberá afrontar el pago de las acreencias de los actores en su totalidad, violentando el orden de los pronunciamientos que la propia ley dispuso para sanear las finanzas del Estado.

En este punto, concluyó diciendo que la resolución atacada resulta inadmisible y arbitraria "arrogándose el Tribunal el papel de legislador, insertando interpretaciones que llevan a una distinción no prevista, prescindiendo no sólo del texto legal expreso sino 'creando' derechos que las normas vigentes no contemplan".

Y continuó expresando "es evidente que no median razones para un apartamiento de la legislación vigente por parte de la Corte Provincial, máxime cuando de los hechos expuestos se deduce que la Municipalidad ha cumplimentado con todo el dispositivo impuesto por las normas de emergencia económica." En el subtítulo "afirmaciones dogmáticas o excesivamente genéricas con aparente o irrazonable fundamentación" consideró que este Tribunal es competente para entender en el recurso de apelación por cuanto el propio ordenamiento así lo ha impuesto.

Adujo que el per saltum impuesto por la norma tiene una vinculación directa y precisa, solamente aplicables a circunstancias de extrema necesidad, de carácter restringido a los supuestos de medidas cautelares sobre fondos estatales.

Manifestó que la improcedencia del remedio recursivo con sustento en una inadmisibilidad por incompetencia trasluce un excesivo rigorismo formal, con apartamiento del recaudo legal.

Resaltó que existe una razón de urgencia que impone por sí la morigeración de los recaudos formales en post del interés general comprometido.

Luego de referirse a la finalidad de la ley 12036 aseveró que el recurso intentado no implica una nueva competencia jurisdiccional de esta Corte sino que configura una excepcional modalidad de la competencia prevista en el inciso 1 del artículo 93 de la Constitución provincial, "ello es así toda vez que de propalarse las medidas cautelares contra el Estado, importaría una alteración grave del orden cronológico y consiguientemente la afectación de las finanzas públicas con el consiguiente afectación del equilibrio presupuestario" (sic).

Por otra parte, expresó que la norma citada es una ley de emergencia de las cuentas públicas que consagra el principio de legalidad presupuestaria; en consecuencia, entendió que el precedente "Makianich" no se corresponde con la cuestión debatida en autos al pronunciarse, en dicho fallo, sobre cuestiones de escasa trascendencia institucional y sin vinculación al referido principio.

Dijo que, si aún eso fuera insuficiente, la problemática suscitada por la aplicación de normas de contenido presupuestario es de naturaleza contencioso administrativa, sin importar cual haya sido la cuestión de fondo debatida en autos, siendo en este contexto donde puede solicitarse la intervención de este Tribunal.

Concretó este ítem, aseverando que ya dictada la sentencia, el Estado cuenta con una legítima y necesaria prerrogativa que lo distingue de cualquier otro sujeto en razón del fin perseguido.

Bajo el acápite "apartamiento de las constancias de la causa" expresó que se manifestó en situación de emergencia a través de las distintas normas que se dictaron, de allí que pretender sustraerlo de la misma por falta de demostración del desequilibrio presupuestario es contradictorio con aquellos principios; resaltó que el perjuicio es real, concreto e inmodificable por otra vía, no tratándose de una manifestación genérica sino que es el fiel reflejo de una realidad que mereció la tutela por parte del legislador; comentando doctrina, como fundamento de este punto.

En el subtítulo "arbitrariedad.

Denegación de justicia y excesivo rigorismo formal" y luego de evaluar que el decisorio atacado hace especial hincapié en la inadmisibilidad del recurso impetrado por entender que deben transitarse otras instancias antes de acceder a este Tribunal, afirmó que ese recaudo no es encuentra impuesto en la ley 12036, razón por la cual no configura un requisito de admisibilidad.

Dijo que lo cierto es que la intensidad y actualidad del perjuicio que ocasionaría la imposibilidad de atender las necesidades esenciales a cargo del ente municipal impiden el tránsito normal de las vías ordinarias aconsejadas en el decisorio, "toda vez que ese tiempo tornaría prácticamente vacía de contenido el remedio judicial al verse consumado la esencia de la cautelar y extraído los fondos del patrimonio municipal." Recalcó que la exigencia del tránsito de la instancia procesal aconsejada, amén de constituir un recaudo extra legal conlleva a un excesivo rigorismo formal con severas consecuencias para el Municipio demandado.

Citó doctrina y jurisprudencia y aseveró que el decisorio recurrido le ocasiona un gravamen irreparable.

Además, en el punto "arbitrariedad y gravedad institucional" aclaró que el auto impugnado traería aparejado una situación de gravedad institucional por cuanto de mantenerse lo resuelto conculcaría su derecho de propiedad con consecuencias sobre la comunidad, ya que la importante carga patrimonial que ocasionaría la admisión de supuestos similares produciría un considerable quebrantamiento en el sistema económico del ente municipal.

Asimismo, dijo que trascendería del mero interés de esta causa por cuanto se le impone la obligación de cancelar todas las deudas en un sólo momento, repercutiendo sobre los fondos públicos y tornando incierta la existencia del ente territorial pro carencia de disponibilidades económicas.

Por último, afirmó que la gravedad institucional se configuraría por cuanto se alteraría sin más el orden de pago dispuesto por las ordenanzas y leyes de emergencia, violándose la garantía constitucional de igualdad ante la ley y privilegiando a un acreedor sobre otro.

2. Evacuado que fuera el traslado que prescribe el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial nacional (fs. 156/158 y 159), corresponde efectuar en este estadio un examen fundado de admisibilidad del recurso a fin de pronunciarse sobre su concesión o denegación. En ese orden, como se expresara recientemente en A. y S., T. 195, págs. 439/441, corresponde señalar que la impugnación planteada no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable, extremo que determina su inidoneidad en orden al franqueo de la instancia extraordinaria.

Debe tenerse en cuenta al respecto que, conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las resoluciones que decretan, modifican, levantan o deniegan medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva a los fines de habilitar la instancia extraordinaria del artículo 14 de la ley 48 (Fallos, 256:150; 271:319; 297:37; etc.; vide, entre otros, Bianchi, Alberto, "La sentencia definitiva ante el recurso extraordinario", Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 1998, pág. 85).

Como se lee en "Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán" (Fallos, 318:814, 816) "sobre la materia resulta propicio recordar los términos del señero precedente de Fallos, 137:352, suscripto por los jueces Bermejo, González del Solar, Figueroa Alcorta y Méndez.

Allí se sostuvo que 'según se ha establecido reiteradamente por esta Corte, tratándose de abrir una tercera instancia, el legislador sólo la autoriza respecto de las sentencias definitivas, y por tales se entienden las que dirimen la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación, o sea, como lo expresaba la Ley de Partidas, aquélla 'que quiere tanto dezir como juyzio acabado que da en la demanda principal fin, quitando o condenando al demandado' (Ley 2 in fine, Título 22, Partida 3ra.; Fallos, 126:297, entre otros)'.

En efecto, 'es característico de la sentencia definitiva -como sostenían Imaz y Rey- que después de dictada, el derecho discutido no puede volver a litigarse' ('Recurso Extraordinario', 2ª ed., Nerva, Buenos Aires, 1962, pág. 199)".

Es cierto que la misma Corte ha dicho que corresponde excepcionar la referida regla, equiparando la resolución impugnada a sentencia definitiva, cuando media gravamen irreparable (así, Fallos 305:1847), o cuando se pueda causar un "perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior" (Fallos 295:152; 301:941; 302:347), pero no lo es menos que la concurrencia de tales supuestos debe demostrarse en cada caso concreto, ya que "no basta aducir el gravamen de imposible o difícil reparación en estos casos, sino que es necesario señalar cómo y dónde surgirá un agravio de esa índole" (Fallos 258:126; 264:202).

Y el examen del escrito recursivo permite concluir ciertamente que tal carga que no ha sido satisfecha en modo alguno por la impugnante, la cual se limita a invocar genéricamente doctrina y precedentes del Alto Tribunal de la Nación, y a afirmar que la resolución es definitiva sin demostrar ni siquiera liminarmente que lo aquí resuelto pueda afectar de manera directa a la comunidad en sus valores "más sustanciales y profundos" (cfr. Fallos 255:41; 257:134; 290:266; 292:220; 307:770; de esta Corte, R. A. y S., T. 81, pág. 280; T. 166, págs. 248 y 279, etc.), o comprometer "instituciones básicas de la Nación" (Fallos, 281:67; 297:301; 300:762; 316:2922), atendiendo en particular a los fundamentos dados a la hora de desestimar la apelación, que en última instancia re En el caso -se reitera- ha de tenerse especialmente presente que la impugnación está dirigida contra un pronunciamiento dictado en materia regida por normas de derecho común y procesal, ajena como regla al recurso extraordinario (Fallos, 316:1930; 320:463, etc.), que involucra asimismo de manera directa y decisiva cuestiones de derecho público local igualmente excluidas en principio de la instancia reglada por el artículo 14 de la ley 48 (Fallos, 275:133; 314:1336, entre otros) -en virtud del respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (Fallos, 305:112, etc.)-.

En tales condiciones se imponía en cabeza de la interesada una especial carga de argumentación en orden a demostrar la necesidad de habilitar la instancia haciendo excepción a las antes referidas reglas, carga que no puede reputarse idóneamente satisfecha atento a que las razones invocadas por la recurrente sólo traducen su mera discrepancia con el criterio adoptado por este Tribunal a partir de una interpretación de normas, principios y precedentes que juzgó concurrentes a la solución del caso, cuya irrazonabilidad no ha sido demostrada por la actora, quien también omite aportar argumentos que persuadan siquiera prima facie acerca de la irreparabilidad de los perjuicios que se derivarían de lo decidido por este Cuerpo, atendiendo en particular a la posibilidad -oportunamente destacada en el pronunciamiento a que se remitiera en el caso- que tiene la Municipalidad de transitar los carriles procesales ordinarios a fin de hacer valer sus reparos contra las resoluciones impugnadas.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto a fojas 92/112.

Costas a la vencida.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)