Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-21


lila ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de septiembre del año dos mil nueve, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Augusto M. Diez Ojeda como Presidente y los doctores Mariano González Palazzo y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por el Secretario de Cámara Matías Sebastián Kallis, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 121/127, de la presente causa Nro. 8364 del Registro de esta Sala, caratulada: "C C A s/recurso de casación"; de la que RESULTA:

1. Que el Tribunal Oral de Menores Nro. 1 de la Capital Federal, en la causa Nro. 2678 de su Registro, con fecha 1 de junio de 2007, resolvió sobreseer a C A C "en la presente causa" por aplicación de los artículos 4 de la ley 22.278 y 361 del Código Procesal Penal, sin costas (94/118).

11. Que, contra esta decisión interpuso recurso de casación el 'señor Fiscal General, doctor Ricardo' Mariano FRAGA, el que fue concedido por esta Cámara al hacer lugar al recurso de queja (Registro N ro. 9133.4) y mantenido en esta instancia por el señor Fiscal General, doctor Raúl Ornar PLEÉ Ill. Encauzó su recurso en ambos incisos del artículo 456 del C.PP.N. (fs. 117).

Sostuvo en la ocasión, que se han interpretado erróneamente las normas contenidas en el arto 4 de la ley 22.278 y en el arto 361 del código adjetivo. Así explicó, en sustancia, que se ha extendido el beneficio de la liberación en el proceso a un supuesto no previsto expresamente por los preceptos respectivos.

Ello es así, expresó, ya que la ley que regula el juicio de menores autores de delitos prevé la observación tutelar de éstos por un período no inferior a un año, con el objeto de analizar su comportamiento y recién en base a ello decidir si corresponde aplicar pena, reducirla conforme a las pautas de la tentativa o absolver, habiéndose declarado, previamente, la responsabilidad penal correspondiente.

En la resolución atacada, continuó el recurrente, el Tribunal consideró innecesario realizar el juicio de responsabilidad, entendiendo que el resultado satisfactorio del tratamiento tutelar extinguió la acción penal y concluyó en el sobreseimiento del encartado.

Señaló que para que proceda el beneficio previsto en el arto 4 de la ley 22.278, necesariamente debe haber existido una audiencia de debate, o en su defecto un juicio abreviado que determine la responsabilidad penal del encausado, por lo tanto, rechaza que el buen comportamiento observado en el tratamiento tutelar lleve ineludiblemente a la eximición de pena por equipararse a una excusa absolutoria.

IV. Que durante el término de oficina se presentó el señor Fiscal General ante esta Cámara, doctor Raúl Ornar PLEÉ a ampliar los fundamentos del recurso de casación (fs. 192/195).

En idéntica oportunidad procesal se presentó el señor Defensor Público Oficial ante esta Cámara de Casación, doctor Guillermo Lozano, asistiendo a C A C: (fs. 196/204).

Sostuvo que, siguiendo el fin preventivo especial que legitima la imposición de la pena en los procesos de menores y acreditado mediante las "nuevas pruebas" a las que se refiere el artículo 361 del C.P.P.N., que dicho fin ya fue satisfecho en el prolongado tiempo que el proceso insumió, corresponde sobreseer al menor como lo hizo el "a quo".

Señaló que la previa declaración de responsabilidad penal se erige como un requisito previo a la imposición de una pena, pero no en un requisito de la absolución.

V. Que, no habiendo comparecido las partes a 1 audiencia prevista por el arto 468, del C. P. P. N., de lo que se dejó constancia en autos, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.

Efectuado el sorteo de ley para que los jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: Gustavo M. Hornos, Mariano González Palazzo y Augusto M. Diez Ojeda.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

1. En primer lugar y para una mejor comprensión del caso en estudio habré de realizar una breve reseña del trámite de las actuaciones.

El caso se inicia el día 24 de junio de 2002, oportunidad en la que el imputado C A C junto con Juan Francisco Morinigo -declarado con posterioridad no punible en atención a su edad habría sustraído cuatro cajas de hamburguesas, dos marca "Barfy" y dos marca "Paty Light" del interior del comercio del autoservicio sita en la avenida Boedo N° 1550, de esta ciudad. Dicho accionar fue advertido por el propietario del comercio Quin Qing, quien intentó impedir el egreso de los acriminados del local, recibiendo por parte de ellos un empujón, logrando así huir del lugar con los elementos sustraídos. Finalmente ambos imputados fueron aprehendidos instantes después por personal policial.

Con fecha 1 de julio de 2002 se elevaron las actuaciones al Juzgado de Menores Nro. 7 a cargo del doctor Horacio Barberis, quien el día 8 del mismo mes y año dispuso tutelarmente de ambos menores - formándose en la misma fecha los correspondientes legajos- y remitió las actuaciones al señor Fiscal conforme el artículo 353 bis del C.P.P.N. (cfr. fs.29).

La Fiscalía Nacional de Menores Nro. 4 conforme el trámite previsto en el arto 353 bis del código de rito, cito a C para el día 13 de agosto de 2002 fin de hacerle saber el hecho que se le atribuía y las pruebas en su contra y con fecha 6 de noviembre del mismo año requirió la elevación a juicio de CA·C . por el delito de robo en calidad de coautor.

El 12 de diciembre del 2002, la causa fue elevada al Tribunal Oral de Menores Nro. 1, que resolvió mantener la disposición oportunamente decretada respecto del menor y cito a las partes a los efectos dispuestos por el art 354 del C.P.P.N..

Con fecha 14 de febrero de 2003 el señor Fiscal General ofreció medidas de prueba y solicitó se cite a las partes a los fines del artículo 431 bis (fs. 85 y 86) Ya señora Defensora Pública Oficial, por su parte se presentó a ofrecer prueba el 11 de mayo del 2003 (fs. 87), medidas éstas que, cabe señalar, no fueron proveídas por el Tribunal "a quo".

Lo siguiente que obra en la causa -mas allá de unas copias de constancias de actuaciones en el expediente tutelar de fecha 22 de marzo y 14 de diciembre de 2004 que dan cuenta del domicilio del menor- es un proveído de fecha 21 de marzo del 2007 (es decir casi cuatro años mas tarde) solicitando al Registro Nacional de Reincidencia que se actualicen los antecedentes que pudiese registrar C A C (fs. 90).

Así, las cosas y previo certificar que el nombrado no registra otras causas en trámite, con fecha primero de junio de 2007 el Tribunal Oral resolvió sobreseer a e por aplicación de los artículos 4 de la ley -22.278 y 361 del C.P.P.N.

II. Hecha la precedente reseña, corresponde traer a colación, como ya he tenido oportunidad de recordar en diversas oportunidades ,nuestra que Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que el instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidaS (Fallos: 322:360, esp. disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano, y 323: 982; recientemente, P. 762. XXXVII. "Podestá, Arturo Jorge y López de Belva, Carlos A. y otros si defraudación en grado de tentativa y prevaricato", resuelta el 7 de marzo de 2006; A. 2554. XL. - "Recurso de hecho deducido por Néstor Horacio Acerbo en la causa Acer ,Néstor Horacio si contrabando -causa N° 51.221-", resuelta el 21 de agosto de 2007), y que dicha excepción constituye el instrumento jurídico adecuado para salvaguardar el derecho en cuestión (cfr.: causa Nro. 5552: "RAUCH, Federico y otro si recurso de casación", Reg. Nro. 7565, rta. el 20 de junio de 2006; entre varias otras).

También remarqué en igual sentido, el Alto Tribunal sostuvo(Fallos: 322:360, votos de los jueces Fayt y Bossert y 327:327) que la propia naturaleza de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable impide determinar con precisión a partir de qué momento o bajo qué circunstancias comenzaría a lesionarse, pues la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un número de días, meses o años. No obstante, la Corte identificó entonces, de acuerdo con Ia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algunos criterios con que debe ser apreciada la duración del proceso: la complejidad del caso, la conducta del imputado y la manera en que el asunto fue llevado por las autoridades administrativas y judiciales (sentencias en el caso "Konig" del 28 de junio de 1978 y del caso "Neumeister" del 27 de junio de 1968, publicadas en "Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jurisprudencia 1959-1983", B.J.C, Madrid, págs. 450/ 466, párrafo 99, y 68/87, párrafo 20, respectivamente; en el mismo sentido, más recientemente "Calleja v. Malta, del 7 de abril de 2005, párrafo 123).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (Fallos: 318:514; 319:1840; 323:4130) consideró que el concepto de plazo razonable al que se hace referencia en el artículo 8°, inc.1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "debe medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia.de las autoridades competente en la conducción del proceso" (caso 11.245, resuelto ello de marzo de 1996, párrafo 111° Y caso "López Álvarez v. Honduras", del 1° de febrero de 2006).

III. Estudiadas las circunstancias del caso sub examine a la luz de los parámetros' dogmáticos expuestos en los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para analizar la razonabilidad del plazo de duración máxima del proceso penal, cabe concluir que la duración del presente proceso, es en sí misma extraordinaria.

Ello por cuanto, el menor fue detenido en flagrancia e inmediatamente puesto a disposición conforme la ley de menores, la causa se instruyó conforme el trámite del arto 353 bis del C.P.P,N, en el lapso menor a seis meses. Y una vez que fue elevada a juicio y luego de que las partes ofrecieron prueba, y solicitaron el juicio abreviado, transcurrieron, inexplicablemente, casi cuatro años.

Entonces, desde el punto de vista de la normativa procesal, su dilatación por aproximadamente seis años, ha superado en demasía el plazo razonable que emana como parámetro de los plazos establecidos en el Código Procesal Penal de la Nación (art. 207, 346, 347, 348, primera parte,, 349, 353, 354, 355, 358 y 359), mas aún teniendo en cuenta que estamos frente a un proceso seguido a un menor de edad. Lapsos que, aun cuando deban ser considerados únicamente como ordenatorios, "no hay duda de que dichos plazos deben constituir, por lo menos, un canon de razonabilidad sobre la duración del trámite que no puede ser soslayado sin más ni más por el juzgador" (del voto de los ministros doctores Enrique Santiago Petracchi y Antonio Boggiano en el precedente de Fallos: 322:360, considerando 16°).

En este sentido, atendiendo a las particulares constancias del trámite que se le ha dado al presente proceso, el tiempo ya transcurrido resulta por demás excesivo y perjudicial para los derechos defensa en juicio y debido proceso del menor C.A.C..

Repárese, que conforme surge de las constancias causídicas, tanto el hecho sometido a investigación, como la actividad probatoria dirigida a su corroboración son de escasa complejidad, en tanto fue aprehendido en flagrancia mientras huía con cuatro cajas de hamburguesas sustraídas de un comercio.

Por otra parte, tampoco se advierte que la demora del trámite' obedeciese a la realización de conductas dilatorias por parte del imputado, quien, además, conforme se desprende del expediente tutelar que tengo a la vista, ha llevado un comportamiento satisfactorio. En este sentido surge del informe de la Delegada Inspectora designada que C -quien ya ha alcanzado la mayoría de edad- si bien no, tiene un trabajo fijo realiza cada tanto tareas de delivery, vive con su pareja e hijo en el mismo domicilio de sus padres y no se ha visto involucrado en ninguna problemática judicial y que esta llevando una vida tranquila. (fs. 158 del mencionado legajo) De ello se colige que, frente a la innecesariedad del despliegue de medidas procedimentales complejas tendientes a esclarecer la materialidad ilícita, aunado a la circunstancia de que no se ha formado en autos ningún tipo de incidente que explicase las dilaciones ocurridas durante el curso de la presente investigación, el transcurso de un total de mas de seis años a contar desde la comisión del ilícito que a e se le imputa al día de hoy, resulta extraordinario.

V. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado claramente establecido, a partir del precedente publicado en Fallos 272: 188, el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que defina su posición frente a la ley y a la sociedad, sin que se admitan dilaciones que prolonguen la situación de incertidumbre y de innegable restricción a la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, fuera de aquéllos plazos ineludibles contemplados expresamente en la ley procesal (cfr. de esta Sala IV, causa Nro. 3202, Reg. Nro. 4267).

Además no sólo es al acusado a quien perjudica un proceso de esta duración, sino también al Estado, tanto por el dispendio jurisdiccional que ello significa, cuanto por la distorsión de todos los fines de la pena, cuya eficacia exige la menor distancia temporal entre el hecho y la condena (Fallos 322:360, considerando 17 del voto de los doctores Fayt y Bossert).

Reseñadas todas las circunstancias procesales de esta causa, y vistas las reglas normativas constitucionales y legales que rigen su evaluación, debo concluir que su duración resulta violatoria del derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable (art. 18 C.N.; arto 8°, inc. 1°, CADH). y entonces corresponde recordar que el Alto Tribunal reconoció que cuando el tiempo empleado por el Estado para dilucidar los hechos investigados resulta incompatible con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable consagrado por el artículo 18 de la Ley Fundamental y los tratados internacionales de jerarquía constitucional, el único remedio 'posible es declarar la insubsistencia de la acción penal por medio de la prescripción, en la medida en que ella constituye la única vía idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo y salvaguardar, de tal modo, el derecho federal invocado (Fallos: 322:360, considerando 18 del voto de los doctores Fayt y Bossert, y 20 del voto de los doctores Petracchi y Boggiano; 327:4815).

VI. En orden a las consideraciones que anteceden, propongo declarar la extinción de la acción penal por prescripción en los presentes actuados respecto de CAC y decretar su sobreseimiento (arts. 361, 470, 530 y 531 del CPP.N. y 59, inc. 3, 62, inc. 2°, y 67 del C.P.).

Los señores jueces Mariano GonzáJez Palazzo y Augusto M. Diez Ojeda dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR LA EXTINCIÓN de la acción penal por prescripción en los presentes actuados respecto de C A y SOBRESEER al nombrado del delito que le fuera imputado (arts. 361, 470, 530 Y531 del C.P.P.N. y 59, inc. 3°, 62, inc. 2", y 67 del C.P.).

Regístrese, notifiquese y, oportunamente, remítase la presente al Tribunal Oral de Menores Nro. 1 de la Capital Federal, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Ante mí:

AUGUSTO M. DIEZ OJEDA MARIANO GONZALEZ PALAZZO GUSTAVO HORNOS