Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-28


Salta, 28 de Junio de 2011.

AUTOS Y VISTO: Este Expte. Nº 28.460/10 de la Cámara de Acusación, Sala II, originario Nº 10.419/10 del Juzgado Correccional y de Garantías y de Menores de Segunda Nominación caratulado: "ASTUDILLO ROSA, LISTER HUGO CESAR POR HOMICIDIO CULPOSO MULTIPLE A ORTEGA NESTOR RICARDO, FIORENZA LILIANA E. Y NASSER, NADUA, del Distrito Judicial del Sur - Metán; y ______________________CONSIDERANDO El Dr. ENRIQUE GRANATA, dijo:

Que arriban los presentes obrados a esta alzada en virtud del recurso de apelación impetrado a fs.184/187 por José Ortega con el patrocinio letrado de la Dra.Viviana Fradejas en contra del auto resolutivo de fs.179 y vta. que rechaza la presentación de fs. 178 y declara inadmisible la misma por carecer los requisitos exigidos en el art. 79 del C.P.P.. El recurso fue promovido en tiempo y forma, en consecuencia resulta formalmente admisible, por lo que se encuentra expedita la vía recursiva para el tratamiento de la cuestión suscitada.

Que el a-quo en el decisorio en crisis analiza el escrito de fs.178 por el cual la Dra. Fradejas por José Ricardo Ortega aclara la solicitud de rol de que-rellante considerando que no cumple con las exigencias del art. 79 del C.P.P. para su ingreso al proceso, fundamentalmente los motivos en los que se funda la acción por lo que cabe rechazar la mentada presentación y aplicar la sanción de inadmisibilidad.

Contra dicho decisorio se interpone apelación expresando como agravio una errada interpretación del art. 79 del C.P.P. solicitando se lo revoque y se otorgue el rol de querellante a su patrocinado. Fundamenta su queja apelativa en el hecho que el magistrado realiza una interpretación exegética de dicha norma y no hermenéutica en juego armónico con los demás preceptos. Que si bien la norma exige para la constitución de querellante los mismos requisitos que para la acción civil, no es menos cierto -según su criterio- que la indicación de proceso no es exigible, como tampoco los motivos en que se funda la acción, pues entiende que tales extremos resultan procedentes para la constitución de actor civil y jamás se decidió optar por ese derecho. Considera que los motivos fundados para el otorgamiento del rol de querellante ya fueron explicitados al denunciar la legitimación como tutor de los menores, damnificados directos según la terminología del código de ritos.

Que así planteada la cuestión a resolver, cabe señalar que le asiste ra-zón a la recurrente y en ese sentido adelanto mi voto.

La figura del querellante fue incorporada a nuestro código de ritos por Ley 7.262 del año 2003 en el Capítulo II del Título V del Libro I.

Antes de dicha reforma el Capítulo referido solamente contemplaba al Actor Civil por lo que a fin de introducir las normas que regulan a esta nueva parte procesal se agregaron a las ya sistematizadas para esa figura, las específicas del querellante o en algunos casos se hizo remisión a lo normado para aquella parte civil. Tal el caso del art. 79 del C.P.P. titulado "Forma del acto" en el que en el primer párrafo refiriéndose a la constitución de parte civil se establecen los requisitos para su formulación y en el segundo párrafo se indica, respecto de la constitución en parte querellante que se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el párrafo anterior. Tales exigencias formales se establecen bajo pena de inadmisibilidad.

La sanción de inadmisibilidad está prevista ante el no cumplimiento del acto de las formas prescriptas por la norma procesal, con su no incorporación al proceso.

Dice al respecto Ayán en su obra Recursos en Materia Penal, pág. 71: "la expresión formas comprende todos los requisitos que deben revestir un acto sea en cuanto al modo, lugar o tiempo en que debe ser cumplido, o a su contenido, o a los actos que deben precederlos, rodearlos o seguirlos. La violación a las formas consiente el recurso fundado en el vicio que pretendemos examinar, pero debe tratarse de formas impuestas por normas de acatamiento imperativo para que conlleven una sanción procesal. Por sanciones procesales deben entenderse las amenazas que se ciernen sobre los actos procesales por el incumplimiento de formas prescriptas por la ley (inadmisibilidad y nulidad), o porque los poderes jurídicos de los sujetos procesales no han sido ejercidos adecuadamente (caducidad y preclusión)".

Por su parte, Carlos Creus enseña que inadmisible es el acto que no puede ser propuesto en el proceso tal como lo fue; su defecto con relación al tipo procesal indica la imposibilidad jurídica de introducirlo en aquél.

Trasladados estos conceptos al subjudice se advierte que el a-quo inadmite el ingreso al proceso de José Ortega, con el patrocinio letrado de la Dra. Viviana Fradejas, como parte querellante por carecer el escrito de constitución de los requisitos formales del art. 79 del C.P.P., especialmente el de "los motivos en los que se funda la acción".

Las fundamentaciones de la recurrente para neutralizar la decisión del magistrado resultan válidas toda vez que no obstante el mandato legal, cabe entender que las exigencias formales deben sujetarse a la naturaleza y facultades de cada uno de los institutos a los que se refieren y en base a ello establecer las que son aplicables a cada uno; de otra manera importa efectuar una interpretación exegética de lo allí normado y asimilar indebidamente ambos institutos.

La exigencia legal para el pretenso actor civil de "los motivos en los que se funda la acción" para su incorporación al proceso penal resulta justificada por cuanto importa el ejercicio de la respectiva acción civil en su manifestación inicial -promoción-, sin que para ello se exijan fórmulas sacramentales pero sí resulta necesario consignar de una manera inequívoca los aspectos relativos a los motivos en que se funda la acción, el carácter que se invoca y el daño que se pretende haber sufrido sin que en esta instancia se requiera la determinación de un monto resarcible. No resulta por ende suficiente la mera mención a los términos ya denunciados o una remisión a las constancias de la causa.Exigir tal requisito al querellante importa desconocer el rol asignado por ley a dicho sujeto eventual del proceso penal. Y ello es así por cuanto en nuestro sistema procesal, el "querellante conjunto" en virtud de las facultades que el código de ritos le asigna, no actúa en forma autónoma en el proceso y como acusador público, sino que se adhiere a la acusación y a las conclusiones del Ministerio Fiscal. Actúa como colaborador del acusador público, puede solicitar diligencias útiles para comprobar el delito e individualizar a su autor, activar el procedimiento, recurrir en los casos, por los medios y en la forma prevista para el fiscal, pero carece del efecto promotor del proceso y de la facultad de acusar en el juicio.

De allí que debe previamente estar definida la acción penal en el parte preventivo y/o en la acusación fiscal por su titular, con sus concretas especificaciones en cuanto al hecho presuntamente delictuoso y las circunstancias de tiempo modo y lugar de su acaecimiento que le dan sustento o fundamento.

Tal ejercicio de la acción se perfecciona o consolida mediante el avocamiento del magistrado.

Consecuentemente, al querellante a fin de posibilitar su incorporación al proceso penal, sólo le cabe justificar que es damnificado directo por el delito, tal como se verifica en el escrito de fs.178 (ampliatorio de la presentación de fs. 151/152), deviniendo como corolario no acorde a derecho la sanción de inadmisibilidad impuesta por el a-quo.

En efecto para ser legitimado como querellante es de regla que se trate del ofendido, o sea del titular del bien jurídico que el delito afecta, y puede extenderse al representante legal y a los herederos. Queda excluído el simplemente damnificado, o sea el que por el hecho sufre solamente un detrimento patrimonial o moral. Lo común es que el damnificado sea a su vez el ofendido, pero hay casos en que esa superposición no se da. El "directamente damnificado", conforme limita la jurisprudencia al "daminificado" es en realidad el particularmente ofendido por un delito de acción pública.

En el sub-judice los damnificados directos por el ilícito de marras son Viviana Elizabeth Fiorenza y Néstor Ricardo Ortega, pero en razón de haber fallecido a consecuencia del accidente que se investiga, lo son sus hijos menores de edad Ana Paula Ortega y Ramiro Ortega, quienes pretenden con la representación legal de su abuelo José Ricardo Ortega su incorporación al proceso como querellantes. Para tal fin, existiendo ya requerimiento de juicio (fs.125/127) solamente deben justificar su legitimación como damnificados directos, lo que se satisface con la presentación rechazada.

Puede considerarse tal vez que resultaba sumamente abreviado tal extremo en el escrito de fs.151/152, pero en la que se formulara a fs. 178 se ha establecido de manera concreta la legitimación de quien pretende su incorporación y la calidad de parte en el presente proceso.

En razón de lo aquí señalado, se impone revocar el auto puesto en crisis y en su mérito tener a José Ortega como parte querellante en el presente proceso en representación de sus nietos menores de edad Ramiro y Ana Paula Ortega. El Dr. LUIS FELIX COSTAS, dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, _________LA SALA II DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, ________________________RESUELVE:

I) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 184/187 y en su mérito REVOCAR el auto resolutivo de fs. 179 y vta. y en consecuencia tener por admisible la presentación de fs.178 (ampliatorio de la presentación de fs. 151/152) y por ende a José Ortega como parte querellante en el presente proceso en representación de sus nietos menores de edad Ramiro y Ana Paula Ortega.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al Juzgado de origen.