Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-22


SENT Nº 287 C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a	Veintidos (22) de Mayo	de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos, mediante letrado apoderado en autos: "Ferro Julio César vs. S.A. SER s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor Antonio Daniel Estofán, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- S.A. SER, parte demandada en autos, mediante letrado apoderado, plantea recurso de casación (cfr. fs. 660/669) contra la sentencia N° 237 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, del Centro Judicial Concepción de fecha 23 de agosto de 2011 corriente a fs. 633/644 vta. de autos, que es concedido mediante Resolución del referido Tribunal del 02/3/2012 (cfr. fs. 684). Ninguna de las partes presentó la memoria facultativa a que alude el art. 137 primera parte del Código Procesal Laboral (en adelante CPL), conforme surge del informe actuarial de fs. 691.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo como Tribunal de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto dentro del plazo que consagra el art. 132 del CPL (cfr. fs. 675 y vta. y 660/669); se dirige contra una sentencia definitiva en los términos del art. 130 del CPL; y la recurrente satisfizo lo requerido por el art. 132 inc. 5º del CPL (cfr. fs. 660). Además, la demandada cumplió con el afianzamiento previsto por el art. 133 del CPL toda vez que, al interponer el recurso de marras, ofreció en embargo 50.000 (cincuenta mil) kilogramos de azúcar blanco común tipo A en bolsas de 50 (cincuenta) kilogramos, de su propiedad; y tal embargo voluntario, cuya traba fue ordenada mediante providencia de fecha 03/11/2011 (fs. 676) hasta cubrir el importe del capital de condena de la sentencia recurrida, se concretó en el plazo previsto por el art. 133 tercer párrafo del CPL (cfr. fs. 677/679). Habiéndose dispuesto en fecha 24/10/2012 que se notifique a la demandada a fin de que en el plazo de 15 días sustituya el embargo voluntario ordenado a fs. 676 por el equivalente de bolsas de azúcar correspondiente a la última zafra -bajo apercibimiento de ley- (fs. 697), la sustitución ordenada fue cumplida en tiempo oportuno (cfr. fs. 704/706). De tal manera, el monto de la condena se encuentra suficientemente afianzado.

Finalmente, el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos; y la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho y arbitrariedad en la apreciación del material fáctico de la causa.

A tenor del libelo presentado por la recurrente, es del caso aclarar que la ponderación por parte de esta Corte de la valoración de las pruebas efectuada por el Tribunal de grado -la cual constituye cuestión de derecho pues consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de la causa- resulta objeto propio del recurso extraordinario local por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo señalado, el recurso en examen resulta admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia jurisdiccional de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

III.- La parte recurrente, demandada en autos, pone en entredicho la sentencia en examen por las razones que argumenta en una serie de agravios que serán escudriñados, en lo pertinente, confrontándolos con los fundamentos que sustentan a aquélla y, en su caso, con las probanzas obrantes en el sub examine. IV.- ¿Asiste razón a S.A. SER respecto a los agravios sobre los que basa su impugnación a la sentencia en crisis? Por razones metodológicas, los agravios no serán tratados en el mismo orden en que fueron expuestos por la recurrente.

IV.1- En el segundo orden de agravios, aduce la demandada que la Sala A quo se apartó de las constancias del expediente, interpretando arbitrariamente elementos probatorios. Concretamente, entiende que resulta contraria a derecho la ponderación efectuada por la Cámara en torno a los informes de Correo Argentino, American Salud S.R.L., Sanatorio Pasquini S.R.L, Federación de Empleados de la Industria Azucarera, de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera; a las declaraciones testimoniales obrantes en autos; a la absolución de posiciones rendida por el representante de la demandada; y al informe pericial contable producido en la causa.

Agrega que resulta equivocada la conclusión del Tribunal relativa a que la relación de dependencia entre las partes se encuentra acreditada por la índole de las tareas que efectuaba el actor para la firma demandada; pues, a su criterio, de las probanzas de autos sólo surge que el doctor Julio César Ferro atendía médicamente a los obreros y empleados de S.A. SER, les prescribía recetas, los visitaba cuando estaban enfermos, los derivaba a centros médicos o les realizaba exámenes pre o pos ocupacionales; sin que dichas tareas revistan aptitud para definir una relación de dependencia o subordinación. Concluye que labores sólo pueden ser realizadas por un profesional médico que actúe conforme a su ciencia y su saber, sin recibir instrucciones de la patronal, por lo que el médico es el único en condiciones de dirigir el servicio médico de la demandada.

Analizadas las constancias de autos, entiendo que no asiste razón al recurrente.

IV.1.a- En primer lugar, y contrariamente a lo afirmado por la demandada, el Tribunal efectuó una valoración integral de los elementos fácticos reunidos en autos, sin que se advierta violación a las reglas que deben regir aquella.

Puntualmente, no es exacto que la Cámara haya expuesto que los informes del Correo Oficial acreditan la posición jurídica del actor, como manifiesta la recurrente; pues, en realidad, la sentencia expresa que la posición fáctica y jurídica del actor expuesta en los telegramas indicados en la demanda, se encuentra acreditada con el informe del Correo Oficial (cfr. fs. 639 vta.). Más allá del estilo de redacción utilizado por el Tribunal, resulta claro que la expresión alude a que el informe de marras acredita que es auténtico el contenido de los telegramas indicados en la demanda. Ello, aún cuando pudiera tratarse de una prueba inoficiosa, como afirma la recurrente. Y, si esto último fuera así, tal circunstancia no hace más que evidenciar la irrelevancia de la expresión lingüística utilizada por el Tribunal a los fines de invalidar el fallo.

Respecto al informe de American Salud S.R.L., la sentencia expresa que este "corrobora" que el actor prestaba servicios bajo el sistema organizativo de la firma demandada, de modo que había dependencia funcional, laboral y económica del doctor Ferro con la empresa demandada (cfr. fs. 639 vta.). En consecuencia, es errada la consideración de la recurrente en orden a que el informe de fs. 339 no dice que el actor prestaba servicios bajo el sistema organizativo de la firma demandada, o que había dependencia funcional, laboral y económica del doctor Ferro con la empresa demandada; y que ello determinaría la arbitrariedad manifiesta de la valoración efectuada por el Tribunal. Ello, por cuanto, en primer lugar, el fallo no expresa que el informe diga tal cosa; y, por lo demás, el Tribunal entendió que la conclusión expuesta se encuentra "corroborada" por el informe de marras, lo que claramente indica que el informe contribuyó a tal inferencia, conjuntamente con otros elementos probatorios, desde que el vocablo "corroborar" significa dar mayor fuerza a la razón, argumento u opinión aducidos, con nuevos raciocinios o datos (cfr. Real Academia Española).

En cuanto al informe de Sanatorio Pasquini de fs. 620, el fallo expone que este acredita que dicho sanatorio recibió empleados u operarios derivados por la firma S.A. SER en el período temporal indicado, tiempo en que el doctor Ferro se desempeñó para la empresa demandada conforme el sistema organizativo funcional de esta última, "quedando acreditado que había relación de dependencia" (cfr. fs. 639 vta.). Consecuentemente, no asiste razón a la recurrente cuando sostiene que resulta arbitraria la consideración del Tribunal de Sentencia en torno a que, sobre la base de tal informe, quedó acreditada la existencia de relación de dependencia entre las partes. De la lectura del fallo se advierte que el Tribunal expresó que el hecho acreditado mediante dicho informe es que el Sanatorio Pasquini S.R.L. recibió empleados u operarios derivados por la firma S.A. SER en determinado período temporal. Luego expuso que, durante tal período temporal, el actor prestó servicios para la demandada conforme al sistema organizativo funcional de aquella, "quedando acreditado que había relación de dependencia"; señalando, a renglón seguido, que los hechos tenidos como ciertos y sus conclusiones se acreditan y completan con una serie de otros elementos probatorios que puntualmente indica (cfr. fs. 639 vta.).

En torno a los informes de Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) y de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), de fs. 605 y 617, respectivamente, la sentencia cuestionada expresa que de ellos -y de los Convenios Colectivos de Trabajo agregados a la causa- surge la obligación del empleador de reintegrar, al trabajador y su grupo familiar, los gastos de medicamentos, así como los beneficios sociales instituidos relativos a asistencia médica y farmacéutica. La lectura del fallo permite comprender claramente que, luego, el Tribunal expuso que, a los fines del otorgamiento de tales beneficios, el actor intervenía y prestaba servicios en relación de dependencia de la demandada, según la organización impuesta por esta última, con el objeto de dar cumplimiento con lo dispuesto por los Convenios Colectivos de Trabajo. Y, a renglón seguido, expresó que tales conclusiones se encuentran corroboradas por los testimonios obrantes a fs. 371/372.

Siendo ello así, tampoco asiste razón a la recurrente cuando afirma que resulta arbitrario el fallo al considerar que del hecho que exista una obligación a cargo del industrial azucarero de brindar ciertos servicios médicos y farmacéuticos a sus dependientes, se desprende, como consecuencia necesaria, que el doctor Ferro hubiera prestado servicios en relación de dependencia de la demandada, según la organización de la planta fabril y los convenios azucareros aludidos. Por el contrario, como quedara expuesto en el párrafo precedente, no fue tal la afirmación del Tribunal de mérito, el cual fundó sus conclusiones en un análisis integral de los elementos probatorios reunidos en autos, y así lo dejó expuesto en el fallo cuestionado.

Respecto a la valoración efectuada por la Cámara de los testimonios reunidos en la causa, se observa que la sentencia expresa que la existencia de relación de dependencia entre los litigantes se encuentra corroborada por los testimonios de fs. 371/372, no cuestionados por las partes, de los que surge que el actor prestó servicios para S.A. SER en el ingenio Ñuñorco, en el departamento sanidad, como médico laboral, cumpliendo órdenes y directivas de la empresa, desarrollando tareas de médico de la empresa, tales como dar recetas, autorizarlas, hacer exámenes pre y pos ocupacionales, atender emergencias en el consultorio de la empresa y visitar enfermos en sus domicilios (cfr. fs. 639 vta.).

Confrontadas tales afirmaciones del fallo con las constancias de la causa, se advierte que aquellas resultan ajustadas a estas y a las reglas de deben regir la valoración de las pruebas, no constatándose la arbitrariedad denunciada por la recurrente.

En efecto, si bien el testigo José Jorge Ramón Varela manifestó que el actor cumplía órdenes para realizar su labor para S.A. SER, exponiendo como razón de sus dichos que lo sabe "porque estaba dentro del ingenio" (cfr. fs. 371); el testigo Alejandro Eduardo Gómez dijo que evidentemente cumplía órdenes "porque se ajustaba a todas las directivas de la empresa" y que lo sabe "porque compartió con él, trabajó en la misma época que él" (cfr. fs. 372). Por tanto, la circunstancia de encontrarse el actor dentro del ingenio no fue "la única mención que los testigos hacen" al cumplimiento de órdenes o directivas por parte del actor; ni, menos aún, tal expresión del testigo Varela constituye el único fundamento vertido por el Tribunal de grado para sustentar la existencia de relación de dependencia laboral entre las partes, como aduce la recurrente.

En relación a la absolución de posiciones rendidas por el señor Julio José Colombres, el fallo en embate expresa que de ella surge que S.A. SER dirige a los empleados que prestan servicios en la planta fabril; y, luego de efectuar consideraciones jurídicas, concluye que tal probanza favorece al actor (cfr. fs. 639 vta./640). La recurrente entiende que tales afirmaciones la agravian, por cuanto los dichos del absolvente nada aportaron respecto a la existencia de órdenes impartidas por S.A. SER al actor acerca del modo de dirigir y prestar el servicio médico de la empresa.

Analizadas las constancias de autos, útil es remarcar que el representante de la demandada afirmó, entre otras cuestiones, que la empresa realiza control de ausentismo; que hay días de la semana en que no hay médico, pero que sí hay enfermeros durante las 24 horas del día en época de zafra; que el actor prestaba servicios para la firma S.A. SER en la planta fabril denominada Ingenio Ñuñorco; que el actor atendía regularmente a los empleados de la firma demandada; que el actor prestó tales servicios a la demandada durante muchos años; y, fundamentalmente, que es parcialmente cierto que el actor recibía indicaciones de la demandada para llevar a cabo la prestación de sus servicios, dado que esta última fijaba "las pautas generales de atención a nuestra gente", aunque en "los temas individuales el doctor como cualquier profesional goza de autonomía porque se supone que él es el que sabe y no la empresa" (cfr. fs. 421/423).

En consecuencia, carecen de sustento las afirmaciones de la parte recurrente en torno a que el absolvente nada habría aportado sobre la existencia de órdenes impartidas por S.A. SER al actor. Y, por los fundamentos que se expondrán al tratar el primer orden de agravios expuestos por dicha parte, relativos a la existencia de dependencia laboral en vinculaciones en que intervienen profesionales liberales, tampoco asiste razón a la recurrente cuando entiende que no es verdad que los dichos del absolvente favorecieran a la parte actora, pues de las afirmaciones por éste efectuadas, arriba reseñadas, surge con claridad, en las concretas circunstancias de la causa, la existencia de dependencia jurídica del actor respecto de la demandada.

Por último, respecto a la valoración de la prueba pericial contable efectuada por la Sala A quo, no es exacto que exista orfandad argumental en el fallo en torno a la afirmación en él contenida, referida a que tal probanza demuestra que la demandada no cumplía con su obligación legal de pagar remuneraciones al actor, al no encontrarse este último debidamente registrado, dado que se asentaban facturas en la contabilidad de la empresa, en la cuenta honorarios, pero no en el libro especial previsto por el art. 52 de la LCT, en violación a los dispuesto por los arts. 7 y concordantes de la Ley Nº 24.013 (cfr. fs. 640). Contrariamente a lo sostenido por la recurrente, las consideraciones efectuadas por el Tribunal, tanto antes de exponer aquellas referidas a la prueba pericial contable, como luego de ellas, constituyen argumentos que contribuyen a sostenerlas.

Las consideraciones explanadas permiten concluir no es el Tribunal de grado quien efectuó una ponderación arbitraria de los elementos probatorios detallados en la presentación recursiva de la demandada; sino ésta última quien fundó sus agravios en consideraciones de la Sala A quo aisladas de su contexto, sin efectuar una interpretación integral del considerando del fallo y tergiversando el discurso argumental de aquel.

IV.1.b- En segundo lugar, el agravio fundado en la supuesta incorrección jurídica de considerar acreditada la relación de dependencia entre las partes sobre la base de las tareas que efectuaba el actor para la firma demandada, también debe ser desestimado.

Repárese que, al fundamentar el agravio, la propia recurrente reconoce que las probanzas de autos acreditan que el doctor Ferro atendía médicamente a los obreros y empleados de S.A. SER, les prescribía recetas, los visitaba cuando estaban enfermos, los derivaba a centros médicos y les realizaba exámenes pre o pos ocupacionales; mas sostiene que, en la ejecución de tales tareas, no recibía instrucciones de la patronal.

De lo expuesto en el fallo impugnado y en el apartado anterior, surge que el Tribunal entendió que el actor sí recibía directivas e instrucciones de la demandada relativas al modo de ejecución de las tareas asignadas; así como que tal consideración encuentra sustento suficiente y adecuado en el material fáctico de la causa. Los fundamentos de esta última consideración serán desarrollados al tratar el primer orden de agravios expuesto por la recurrente, por lo que corresponde remitir al apartado IV.3 del presente voto.

IV.2- En el tercer orden de agravios esgrimidos por la demandada, dicha parte sostiene que el Tribunal de grado omitió, indebidamente, la consideración de prueba relevante para la solución del pleito; y señala, como tal, la respuesta dada al punto 1 del cuestionario en el informe pericial contable. Sostiene que la afirmación contenida en dicho informe, relativa a que S.A. SER lleva la documentación laboral y contable en debida forma, constituye una presunción a su favor, que fue ignorada por el Tribunal de mérito.

Dicho agravio no puede ser receptado. Incluso si se siguiera el hilo argumental de la recurrente, basta con recordar lo sostenido por esta Corte en el sentido que "las presunciones legales se tornan inoperantes cuando el juez, a través de una razonable reconstrucción del cuadro fáctico del caso y de una valoración suficiente del mismo, determina, con mínima certeza, la inconsistencia de las verdades presuntas, siempre subordinadas a la refutación de la verdad real" ("González, María A. vs. Zumbay, Raúl y otro s/ Cobro" sentencia N° 982 de fecha 5 de diciembre de 1997 publicado en Sumarios Jurisprudenciales año 1997, tomo II, pág. 390, sumario 350)" (cfr. CSJT, sentencia Nº 693 de fecha 01/9/2000, "Mansilla, Luis Alfredo vs. Mutual de la Asociación Bancaria s/ Cobros").

IV.3- En el primer orden de agravios, la recurrente esgrime que el decisorio del fallo cuestionado resulta infundado, toda vez que no existen en autos elementos de juicio que permitan sostenerlo. Agrega que la sentencia en crisis no contiene un razonamiento lógico que conduzca a tal resultado, sino enunciaciones puramente dogmáticas.

Aduce que su parte no negó que el actor hubiera desempeñado sus tareas dentro del ámbito del ingenio Ñuñorco, ni que el consultorio médico fuera de propiedad de la demandada, ni que esta última hubiera solventado los insumos y gastos de funcionamiento del servicio médico, ni que la prestación tal servicio constituya una necesidad de la empresa, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo emanadas del Convenio Colectivo de Trabajo que rige la actividad. Sin embargo, considera que no existe constancia alguna en la causa que acredite la existencia de directivas u órdenes por parte de la demandada en lo atinente a la ejecución de las tareas del actor o al funcionamiento diario del servicio médico, y que traduzcan la existencia de una verdadera dependencia funcional del actor respecto de la demandada.

En la sentencia en crisis, el A quo concluyó que en autos se acreditó la existencia de relación de dependencia laboral del actor con la demandada, y que existió fraude laboral por cuanto la demandada pretendió subsumir la relación existente entre las partes en la figura de la locación de servicios. Tal conclusión se fundó en el entendimiento que la posición fáctica y jurídica sustentada por el actor en autos se encuentra avalada por los informes del Correo Oficial de fs. 296/302, de American Salud S.R.L. de fs. 339, del Sanatorio Pasquini S.R.L. de fs. 620, de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera de fs. 605, y de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera de fs. 617; por el texto del Convenio Colectivo de Trabajo (en adelante, CCT) Nº 12/88; por los testimonios de los señores José Jorge Ramón Varela y Alejandro Eduardo Gómez, de fs. 371/372; por la absolución de posiciones prestada por el señor Julio José Colombres a fs. 421/422; por la documentación presentada por la demandada; y por el informe pericial contable practicado en autos (cfr. fs. 639 vta. y 636).

Analizadas las constancias de autos, y confrontadas con el discurso que informa la sentencia en embate y los reproches efectuados por la recurrente, considero que no le asiste razón a esta última.

De la lectura del fallo cuestionado surge que, si bien el Tribunal adelantó su conclusión respecto a la existencia de relación de dependencia laboral entre las partes luego de expresar que "...quien organizaba todo lo relacionado con la planta fabril donde estaba y funcionaba el consultorio médico y donde prestaba servicios el doctor Ferro, como médico de la empresa, era la firma S.A. SER, como empresa..." (cfr. fs. 639); en modo alguno ello significa que el apuntado constituya el único argumento expuesto por la Cámara para fundar aquella conclusión, como denuncia la demandada. Por el contrario, a continuación el A quo enumeró y ponderó el material fáctico reunido en autos que consideró pertinente y relevante para la solución de la litis, a la vez que citó las disposiciones jurídicas que entendió aplicables a la especie, y motivó de modo suficiente su conclusión en torno a la existencia de un vínculo laboral dependiente entre los litigantes (cfr. fs. 639 vta./641).

Tal como fuera señalado tanto por el Tribunal A quo como por la recurrente, esta Corte ha interpretado, con relación a la preceptiva del art. 23 de la LCT, que la prestación de servicios que genera la presunción contemplada en dicha norma es la de servicios bajo la dependencia de otro, pues sólo éstos son los que se contemplan en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo, de conformidad a las previsiones de los arts. 21 y 22 de la LCT. Por lo tanto, la carga de la prueba de la posición de dependencia o subordinación no resulta alterada por la presunción, sino que, por el contrario, de esa prueba depende que aquella entre a jugar. Por ello se sostuvo que en cada caso se debe examinar si la prestación corresponde o no al ámbito laboral, señalándose que el solo hecho que se acredite la prestación del servicio no significa que, sin más, deba presumírselo de carácter laboral (cfr. CSJT, sentencias Nº 386 del 16/6/2011 "Díaz, Cristina del Valle vs. Junta Agua Potable Salubridad y Fomento de San Pablo s/ Cobro de pesos"; Nº 893 del 08/9/2008 "Suárez, Armando Ariel vs. Taller Coquito S.R.L. s/ Cobro de pesos"; Nº 898 del 08/9/2008, "Flores, Juan Sergio vs. Crisorio, Ana María s/ Despido"; Nº 223 del 01/4/2008 "Knecht, Wolf Jurgen vs. Exincor S.R.L. s/ Cobro de pesos"; Nº 8 del 08/02/2008 "Donaire, Jorge Alberto vs. Teves-Nor-Big-Mar Tucumán Muebles y otros s/ Indemnizaciones"; entre muchas otras).

Asimismo, este Tribunal Cimero ha puntualizado que "incumbe al actor acreditar la 'relación de trabajo' y que las pruebas que utilice sean suficientemente fundadas para probar los trabajos realizados y que los mismos se llevaron a cabo en relación de dependencia; en este aspecto esta Corte ha sido clara" (cfr. CSJT, sentencia Nº 893 del 08/9/2008, "Suárez, Armando Ariel vs. Taller Coquito S.R.L. s/ Cobro de pesos").

Desde esta perspectiva, resulta claro que pesaba sobre la parte actora la carga de acreditar la prestación de servicios bajo relación de dependencia por ella invocada en su demanda; y, en el fallo cuestionado, el Tribunal entendió que tal prestación de servicios dependientes logró acreditarse mediante los elementos probatorios indicados y ponderados a fs. 639 vta./641 vta. de autos.

Entre tales elementos, la Cámara señaló los testimonios de los señores Varela y Gómez (fs. 371/372), y expuso que de ellos surge que el actor prestó servicios para S.A. SER en el departamento sanidad del ingenio Ñuñorco, como médico laboral, bajo relación de dependencia porque cumplía órdenes y directivas impartidas por la empresa, desarrollando tareas de médico de la empresa, tales como extender recetas, autorizarlas, efectuar exámenes pre y pos ocupacionales, atender emergencias en el consultorio de la firma y visitar enfermos en sus domicilios.

Analizadas las constancias de autos, se advierte que, efectivamente, el testigo Varela -quien manifestó haberse desempeñado como supervisor mecánico en el ingenio Ñuñorco desde el año 1996 hasta el año 2000- expresó que el actor trabajó en el departamento sanidad, ubicado dentro del ingenio; y que cumplía sus tareas por las mañanas, de lunes a sábados, como médico laboral de la empresa, atendiendo al personal del ingenio cuando estaban enfermos, autorizándoles las recetas de medicamentos y efectuando las visitas médicas domiciliarias y los exámenes post ocupacionales. Agregó que el actor trabajaba en el ingenio "e iba a cobrar como todos nosotros y hacía fila para cobrar como todos nosotros" (fs. 371).

Por su parte, el testigo Gómez -quien expuso que se desempeñó para la demandada como Jefe Electricista- afirmó que el actor era el médico de la empresa, que trabajaba de lunes a sábados, de 08:00 a 12:00 horas, que en distintas oportunidades lo atendió y le extendió recetas, además de efectuar los controles a los obreros que estaban a cargo del testigo cuando estos daban parte de enfermos. Puntualmente, manifestó que el actor "evidentemente cumplía órdenes, porque se ajustaba a todas las directivas de la empresa" y que lo sabe porque "compartió con él, trabajó en la misma época que él". Agregó que las funciones del actor eran las de extender y autorizar recetas, hacer exámenes pre y pos ocupacionales, atender algunas emergencias el consultorio de la empresa y visitar enfermos en sus domicilios (cfr. fs. 372).

Como lo señaló el Tribunal de grado, tales testigos no fueron tachados por ninguna de las partes, ni en sus personas ni en sus dichos, lo que resulta relevante toda vez que de ellos surge la existencia de notas que tipifican la dependencia laboral.

Cabe memorar que la subordinación ha sido tradicionalmente tratada como un concepto multifacético comprensivo de una dependencia jurídico-personal, una dependencia técnica y una dependencia económica; en el que la primera se manifiesta como la sujeción del trabajador al poder de dirección del empleador (arts. 65 y 66 de la LCT), el deber de aquel de cumplir con las órdenes o instrucciones que se le impartan (art. 86 de la LCT) y la potestad disciplinaria del empleador (art. 67 de la LCT); la segunda se relaciona con la facultad de organización de la empresa y se advierte en la potestad del empleador de establecer los procedimientos y las modalidades de ejecución de las tareas; y la tercera se encuentra ligada al trabajo por cuenta ajena, lo que implica que el trabajador no participa de los riesgos de la empresa en cuyo beneficio pone a disposición su fuerza de trabajo, no toma parte en las utilidades del negocio y sólo percibe una remuneración como contraprestación por haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador (cfr. Ojeda, Raúl Horacio -Coordinador-, "Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Concordada", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2.011, tomo I, pág. 250).

En este marco, los dichos del testigo Gómez, relativos a que el actor se ajustaba a todas las directivas de la empresa demandada; así como los de ambos testigos respecto al cumplimiento de tareas en el establecimiento de la demandada, en el consultorio provisto por esta última, a la habitualidad y continuidad de la prestación de servicios en días y horarios determinados y al cumplimiento de determinadas tareas impuestas por la demandada y que hacen al funcionamiento del servicio médico que la empresa debe brindar como una necesidad propia y relativa al logro de sus fines, en cumplimiento de las obligaciones impuestas al empleador tanto legalmente como por el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, como así también con el objeto de ejercer las facultades propias del empleador; en las peculiares circunstancias de la causa, dan cuenta de la existencia de dependencia jurídica del actor en relación a la demandada y denotan la sujeción de la voluntad del profesional al logro de los fines perseguidos por la empresa.

Repárese que, como lo señala Vázquez Vialard, la facultad de dirección está presente en la medida que, quien la ejerza, pueda determinar respecto a qué personas o en qué condiciones debe realizarse la labor (cfr. Ojeda, Raúl Horacio -Coordinador-, op. cit., pág. 251); y ello ocurre en la especie.

Cabe agregar que la Cámara puso de relieve el rol de "empresa" de la demandada, en los términos del art. 5 de la LCT (cfr. fs. 639 y vta.), entendiendo, por tanto, que esta constituyó una organización instrumental de medios personales -entre ellos, el actor-, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de determinados fines.

Por otra parte, la dependencia económica aparece delineada con las expresiones del testigo Varela, quien afirmó que el actor concurría a cobrar y hacía fila para percibir su remuneración como los demás empleados.

Resulta evidente que la Cámara tuvo por cierto que el actor se insertó en una organización ajena y prestó servicios, brindando su capacidad laboral, a favor de la demandada, quien lo dirigió a cambio de una remuneración, toda vez que la actividad del actor no fue realizada bajo su propio riesgo económico. Esto último se encuentra suficientemente acreditado con los dichos de los testigos, quienes equipararon al actor, en este aspecto, a los demás asalariados de la empresa.

En cuanto a la subordinación técnica, es claro que en el caso de los profesionales universitarios, dadas las características de sus tareas, esta puede decrecer en intensidad y, en cierto modo, desdibujarse. Sin embargo, autorizada doctrina y copiosa jurisprudencia entienden que ello no es un factor decisivo para calificar una labor como efectuada o no en relación de dependencia, como tampoco lo es la falta de exclusividad. Es más, concretamente respecto de los médicos, se expuso que los indicadores para calificar la relación laboral como dependiente han sido, generalmente, el lugar de trabajo, la jornada y horarios de labor y la retribución (cfr. Ojeda, Raúl Horacio -Coordinador-, op. cit., pág. 261).

En este orden de ideas, se ha puntualizado que "...el quehacer del denominado 'profesional liberal' no está reñido con la configuración de contratos de trabajo que tengan por objeto la prestación de servicios inherentes a sus respectivas profesiones. La existencia de dicho contrato estará determinada por la prestación de servicios por cuenta y a riesgo ajeno en una organización empresaria externa, que es la que aprovecha el resultado de sus prestaciones, se hace cargo del salario y determina la forma en que dichas prestaciones han de cumplirse. Las especiales características de la labor de los profesionales 'liberales' llevan a establecer relaciones de naturaleza contractual con características particulares y cambiantes de acuerdo a las particularidades de la profesión y a los requerimientos del servicio de que se trate.

'(...) Lo que interesa para calificar un determinado vínculo como laboral es la sujeción del trabajador a los poderes del empresario. En tal sentido, el profesional dependiente que no recibe órdenes respecto de la forma de realizar su tarea, porque por lo general no habrá un superior jerárquico habilitado para hacerlo, en cambio estará a disponibilidad del empleador. Esta labor, en tanto se desarrolle en el marco de una empresa, estará sujeta a la programación y coordinación del empresario en orden a la obtención de los fines de la empresa" (cfr. Fernández Madrid, Juan Carlos, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, Bs. As., 2.000, t. 1, págs. 738, 739 y 750).

En el marco fáctico y jurídico descrito, considero que la operación intelectual realizada por el Tribunal de mérito al considerar que los testimonios de marras acreditan que en la vinculación existente entre el actor y el demandado yacen notas que caracterizan la dependencia laboral, no resulta reñida con las reglas que rigen la valoración de las pruebas.

A ello corresponde agregar que el Tribunal se valió de otras probanzas, que claramente indicó, y que, analizadas integralmente, forjaron su convicción acerca de la existencia de un vínculo laboral subordinado entre las partes.

Entre ellas, merece destacarse la prueba de absolución de posiciones. En efecto, el Tribunal de mérito entendió que las posiciones absueltas por el señor Julio José Colombres favorecen la posición del actor, por las consideraciones fácticas y jurídicas expuestas en el fallo (cfr. fs. 639 vta./640). Tal conclusión resulta ajustada a derecho, dado que las afirmaciones del representante legal de la demandada dieron clara cuenta de la existencia de dependencia técnica y jurídica del actor respecto a la demandada, al exponer que era esta última quien impartía al actor "las pautas generales de atención a nuestra gente". Esto último evidencia que la demandada imponía y determinaba a qué personas debía atender el actor, qué tipo de atención debía dispensarles -es decir, la clase de tareas de debía cumplir-, dónde y cuándo debía cumplir sus tareas. De este modo, resulta jurídicamente irreprochable que el Tribunal hubiera entendido que la prueba de marras acredita el ejercicio de facultades de organización y dirección propias del empleador, por parte de la demandada en relación al actor.

Entiendo que las consideraciones explanadas bastan para desestimar el agravio bajo tratamiento, toda vez que no se observa, en la especie, la carencia de adecuada y suficiente motivación denunciada por la recurrente; ni una interpretación parcializada y arbitraria de las pruebas rendidas en autos; ni que el Tribunal hubiera recurrido a una mera enunciación de principios y citas normativas que no respondan a la realidad del caso; ni que hubiera efectuado aplicación errónea, parcializada o arbitraria de precedentes jurisprudenciales de esta Corte; ni que hubiera omitido desarrollar un razonamiento crítico de las constancias del expediente, o explicar por qué concluyó que corresponde considerar acreditada la existencia de una relación de trabajo de carácter permanente y subordinada entre las partes, en los términos de los arts. 21 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante, LCT). Contrariamente a lo afirmado por la parte demandada, considero que la Cámara fundó su decisión en elementos probatorios suficientes, sin que se advierta un déficit de coherencia en el razonamiento lógico con entidad bastante para descalificar el fallo como acto jurisdiccional válido.

IV.4.- En el cuarto orden de agravios, la recurrente expresa que el fallo cuestionado, al computar en forma lineal el tiempo transcurrido entre las fechas de ingreso y egreso del actor, viola el texto expreso de los arts. 18 de la LCT y 27 del CCT Nº 12/88 y se aparta de la jurisprudencia de esta Corte -que cita-, por cuanto el actor habría afirmado en su demanda que prestaba tareas en el ingenio Santa Bárbara durante la zafra azucarera.

Analizadas las constancias de autos, se observa que no asiste razón a la demandada.

En efecto, en la demanda el actor expuso que cumplía funciones de médico en el ingenio Ñuñorco, en el espacio físico destinado a ser consultorio médico, el cual contaba con escritorios, camilla, vitrina, placard con medicamentos, aire acondicionado, sala de espera, baño y office de enfermería; y que en tal office de enfermería desarrollaban su labor las enfermeras, quienes cumplían turnos de 8 horas de labor y llegaban a ser cuatro (4) en época de zafra. Como claramente se advierte, la referencia a la labor durante la época de zafra está únicamente referida a la cantidad de enfermeras que prestaban tareas durante tal período, y no al lapso temporal de trabajo del actor (cfr. fs. 07 vta./08). Por el contrario, respecto a su propia jornada de labor, este último expuso que se extendía de lunes a sábados, de 08:00 a 11:00 hs., con variaciones en horas de la tarde, según requerimiento de la empresa. Además, la recurrente denuncia que el informe pericial contable daría cuenta de que el actor prestó servicios a partir del período 12/1998, y no desde fecha 01/6/1996 -como sostiene el fallo-; y que lo hizo hasta el período 10/2002, por lo que no debieron computarse como trabajados los meses posteriores hasta el 11/3/2003. Agrega que no existe prueba alguna en autos que acredite el ingreso del actor en la fecha que la sentencia tiene por cierta.

Sobre el particular, corresponde señalar que el informe pericial contable, a fs. 481, expresa que el actor presentó facturas en el período abarcado entre el 01/12/1998 y el 21/10/2002; no que el actor hubiera prestado servicios para la demandada en tal período, como equivocadamente sostiene ésta última.

Tampoco es cierto que no exista prueba alguna en autos que acredite el ingreso del actor en fecha 01/6/1996. Basta con advertir que el testigo Varela declaró que el actor ingresó a trabajar cuando el mismo testigo ingresó en el mes de junio de 1996 (fs. 371); y el testigo Gómez, en forma concordante, indicó que el actor ingresó a prestar servicios en el ingenio Ñuñorco "a mediados del año 1996" (cfr. fs. 372); sin que la demandada hubiera efectuado tacha alguna en relación a los dichos de los testigos, conforme constancias de autos.

Las razones apuntadas tornan inoficioso el tratamiento de las restantes denuncias efectuadas por la recurrente como derivadas el supuesto incorrecto cálculo de la antigüedad, sobre la base de los fundamentos ya tratados; consistentes en la supuesta incorrección del cálculo de la multa prevista por el art. 8 de la Ley Nº 24.013, así como del cálculo de las vacaciones correspondientes al año 2002 y las proporcionales correspondientes al año 2003. Ello, desde que no cabe admitir los argumentos sobre los que la demandada edificó el reproche al cálculo de la antigüedad del actor efectuado en el decisorio impugnado.

Por lo expuesto, también los agravios expresados en último orden deben ser desestimados.

V.- En mérito a las razones argumentadas en el parágrafo IV, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia N° 237 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, del Centro Judicial Concepción de fecha 23 de agosto de 2011, corriente a fs. 633/644 vta. de autos.

VI.- Atento a la conclusión que infiero, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia extraordinaria provincial se imponen, en su totalidad, a la parte recurrente vencida (cfr. arts. 49 del CPL y 105 primera parte del CPCC).

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto el voto del señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán puntos I, III, IV, V y VI, como también la parte dispositiva.

El recurso de casación queda aprehendido entre los recursos extraordinarios, aquellos cuya admisibilidad se halla supeditada a la concurrencia de motivos o causales específicamente establecidas por la ley, y en los cuales, consecuentemente, las facultades del órgano competente para resolverlos están limitadas al conocimiento de determinados aspectos de la resolución impugnada. En la legislación argentina son recursos extraordinarios, en el orden nacional, el federal previsto por el art. 14 de la Ley Nº 48 y el de inaplicabilidad de la ley, y en el orden provincial, los de inconstitucionalidad y casación (este último en sus dos aspectos referidos a los errores de juicio y a los defectos procesales) (cfr. Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", Tomo V, pág. 36).

En el marco del alcance y finalidad de la vía extraordinaria local de la casación precedentemente recordada, la ley procesal civil local dispone en su art. 131 que "el recurso de casación sólo podrá ser interpuesto por los siguientes motivos: 1. Por violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo o adjetivo. 2. Cuando la interpretación de la ley, realizada por la sentencia, resultara contradictoria con anteriores pronunciamientos de las Salas de las Cámaras de Trabajo dictadas en los cinco (5) años precedentes". Asimismo, consolidada jurisprudencia de esta Corte (de sus dos Salas) desde hace varias décadas admite de modo excepcional, como fundamento del recurso de casación, arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, supuesto que afecta las garantías constitucionales de los arts. 18 CN y 30 CP y que remite ineludiblemente a los hechos y pruebas que integran la referida plataforma fáctica (confr. recientes fallos de este Tribunal, "G.N.C. Alberdi S.R.L. vs. García Miguel Rubén s/ Pago por consignación", sentencia Nº 05 del 14/02/2011; "Platas Robles Miguel Ángel vs. Marino Menéndez Ana Carolina s/ Acciones posesorias", sentencia Nº 253 del 11/5/2011 y "Orellana Vda. de Caña Ana María vs. Raskovsky Luis Raúl s/ Daños y perjuicios", sentencia Nº 824 del 28/10/2010, entre muchas otras). En efecto, no es posible para el tribunal que resuelve el recurso de casación, pronunciarse positiva o negativamente sobre el planteo de arbitrariedad en la valoración de la prueba si, a modo de ejemplo, se basa en que el fallo impugnado ha prescindido de una prueba relevante o, contrariamente, en que se funda en prueba irrelevante o bien, que valora irrazonablemente una prueba, y no examinara -en los dos primeros ejemplos- si la omitida o la considerada se trató o no, de una prueba relevante para la decisión del caso y -en el último- si las declaraciones de partes, o de terceros, o los términos del dictamen pericial, o de un documento han sido, o no, razonablemente interpretados por la Cámara.

Tanto cuando el recurso de casación se funda en violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo o adjetivo como el motivo jurisprudencialmente admitido de arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, debe cumplir las exigencias de oportunidad, definitividad del pronunciamiento, suficiencia de la impugnación y afianzamiento, establecidas en los arts. 132 y 133 del CPL. Todos los mencionados requisitos de admisibilidad son primero juzgados por la misma Cámara que dictó la sentencia impugnada (art. 136 del CPL) y, definitivamente por esta Corte en las actuaciones del recurso directo de queja por casación denegada deducido contra el pronunciamiento de la Cámara que declaró inadmisible el recurso de casación (art. 139 del CPL) o bien, cuando los autos principales son elevados porque el recurso ha sido concedido por el Tribunal de grado (art. 136 del CPL).

Efectuadas las precisiones precedentes, (en igual sentido, sentencias Nº 930 del 06/12/2011, "Calderó, Leonor vs. Clínica Casa Grande SRL s/ Cobro de pesos"; Nº 932 del 06/12/2011, "Catalán Juan Héctor vs. S.E.T.I.A. s/ Cobro de pesos"; Nº 974 del 14/12/2011, "Rubí, Carlos vs. Erogas SRL s/ Cobro de pesos"; Nº 993 del 16/12/2011, "Rodríguez, Mónica vs. Rivadeneira, Juan René s/ Cobro de pesos"; Nº 1021 del 21/12/2011; "Tevez, Victoria vs. Barros Marta s/ Indemnización por despido"; Nº 1035 del 28/12/2011, "Roldán, Gloria Elena vs. GNC Plus SRL s/ Despido"; Nº 74 del 29/02/2012, "Jiménez Vanina vs. Sanatorio 9 de Julio SA s/ Cobro de pesos"; Nº 167 del 21/3/2012; "Acuña, Gladys Graciela vs. Empresa de Distribución de Energía de Tucumán SA -EDET SA- s/ Indemnización"), cabe señalar que esta Corte coincide con el juicio positivo de admisibilidad del recurso efectuado por la Cámara. Ello así por cuanto fue interpuesto en término, contra una sentencia definitiva, denuncia infracciones normativas y arbitrariedad en la valoración de las pruebas de la causa y falta de fundamentación suficiente, y se ha cumplido con el afianzamiento (arts. 130/133 CPT). Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia del recurso interpuesto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte demandada en contra de la sentencia N° 237 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala II, del Centro Judicial Concepción de fecha 23 de agosto de 2011, glosada a fs. 633/644 vta. de autos.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.