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Recurso de inconstitucionalidad, jueces, quiebra, crédito fiscal, modificación de la tasa de interés, igualdad entre acreedores
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.) c/ PENSIL STORE S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACIoN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - PEDIDO DE  QUIEBRA -INCIDENTE DE REVISION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 443 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-14

No puede prosperar el defecto atribuido a la sentencia a quo, de haberse arrogado los jueces el papel de legisladores, toda vez que la quejosa no logra probar que la tasa de interés del 1% mensual de los créditos fiscales haya sido establecida -o aprobada- con fundamento en la sola arbitraria voluntad del Judicante. Por el contrario, la Sala puso de relieve la finalidad de no vulnerar el principio concursal de pars conditio creditorum y la necesidad de evitar el denegamiento de "... una tasa que genere irritantes privilegios para el Estado...", lo que pone en evidencia que el crédito para la determinación de los intereses judicialmente reconocidos al ente recaudador, ha sido la equiparación de tasa entre acreedores que se hallaban en situación similar, atendiendo a la perspectiva de recomposición eventual del patrimonio del deudor, y de cobro efectivo de los créditos en juego, y todo ello con fundamento en derecho.
Nulidad procesal, proceso penal, imputado, defensa, defensa en juicio, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: G, A B s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Aborto provocado (Expte. CSJ Nº   293-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-21

Corresponde disponer la nulidad de todo lo actuado por ante el Tribunal de Alzada cuando las incidencias procesales posteriores a la remisión de los autos se desarrollaron sin proveerse adecuadamente a la defensa de la imputada, con la consiguiente restricción -entre otros- de sus derechos a contestar los agravios expuestos por el Ministerio Público Fiscal, y a ser oída en la oportunidad prevista por el artículo 4 de la ley 7055, puesto que tal omisión supone un apartamiento de la exigencia consagrada por el artículo 427 del Código Procesal Penal (aplicable de conformidad al artículo 439 del mismo código, según la cual, una vez recibidos los autos por la Alzada, en el primer decreto el Presidente del Tribunal designará defensor al imputado que no lo tuviere), con evidente menoscabo del inviolable derecho de defensa en juicio, reconocido por el artículo 18 de la Constitución Nacional e igualmente garantizado por lo artículos 6,7 y 9 de la Carta Magna provincial (-"nadie puede ser (...) privado del derecho de defensa" (artículo 9, 5º párrafo, in fine)-, y por diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (así, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.2; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.3) (artículo 75,incisos 22 y 23, de la Carta Magna).
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Binnewies, Carlos A. c/ Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro G. Iriarte s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

Debe descalificarse el fallo que incurre en una absurda apreciación de las constancias administrativas adunadas a la causa.
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, debido proceso, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Jelpa  SA s/ Concurso  preventivo,  inc.  de  revisión  por  Tamburrini  ,  Aurora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

Procede el recurso extraordinario contra el pronunciamiento que declaró mal concedido el recurso local de inaplicabilidad de ley, si tal decisión frustra la vía intentada por el justiciable sin fundamentación idónea suficiente, lo que se traduce en una violación de la garantía del debido proceso consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, cesantía, reincorporación, indemnización, daños y perjuicios, estabilidad laboral, registro de la propiedad automotor
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: ANIBAL FIDEL UBIRIA, c/ ESTADO NACIONAL s/ NULIDAD DE RESOLUCIONES.    IMPROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO.    EMPLEADO          PUBLICO-ESTABILIDAD-CESANTIA-REINCORPORACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-02

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la demanda tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Justicia por las cuales se separó al actor de su cargo de titular del Registro Seccional de la Propiedad Automotor Nro. 1 de Lanús al par que dispuso su reincorporación y el pago de la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. Ello es así, pues la decisión en recurso omite considerar la invocada inconstitucionalidad del decreto Nro. 766-73 que derogó la estabilidad que asegura a los encargados de registros en el art. 3 de la ley 20.167, extremo que resultaba conducente para la adecuada solución del litigio, y que descalifica el pronunciamiento como acto judicial.
Recurso de inaplicabilidad de ley, tasas de interés, convertibilidad
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aserradero Candelaria S.A s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-09

Los decretos 529 y 941 - año 91, establecen una opción para los Jueces en cuanto a los intereses que podrán fijar y de ninguna manera una obligación. La tasa bancaria, o la que publique el Banco Central, es una pauta de certeza y comodidad, pero no es obligatoria, pues los jueces pueden y deben considerar no solo los motivos financieros, sino distintos valores en la fijación de las compensaciones del capital mediante la imposición de intereses, a los efectos de establecer una adecuada retribución del crédito del acreedor.
Violencia de género, amenazas, competencia penal, competencia criminal y correccional, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Carmen y otros c/  s/ 149 bis - Amenazas s/ conflicto de competencia I en/ Rodríguez, Carmen y otros s/ 149 bis - Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Toda vez que los hechos investigados que motivaron este incidente de competencia se encuadran dentro de un mismo contexto de violencia de género, doméstica o intrafamiliar que aquellos denunciados en otra causa en trámite ante un tercer juzgado, razones de mejor y más eficiente administración de justicia y la importancia de asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, tornan necesario que sea un único tribunal el que intervenga en todas las actuaciones. Con apoyo en lo establecido en el artículo 3 de la Ley n° 26702 y el artículo 42, inciso 1, CPPN, corresponde que continúe interviniendo en la totalidad de los hechos el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional referido. (Del voto la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Fuga del conductor, vehículo embestido
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: "PINTOS, César Augusto s/ inf. ART. 111 C.C. (ley 1472) -  Apelación". -  Apelación".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-20

Es claro que en un accidente de tránsito, quien provoca una colisión debe inmediatamente detener su marcha y suministrar la información pertinente ya sea a quien ostenta la titularidad del automóvil colisionado y/o en su defecto a la autoridad policial competente.

La obligación de detenerse, entregar los datos personales y la documentación- integran las obligaciones a cargo de quienes protagonizan accidentes de tránsito y en su carácter de titulares de los rodados siniestrados, pudiendo variar la observancia de una u otra según las circunstancias y la forma en que se sucedan, en definitiva, los hechos.
Obligaciones del empleador, higiene y seguridad del trabajo, daños y perjuicios, indemnización, acción civil por accidente de trabajo, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ, OMAR c/ ALPARGATAS  S.A. s/ ACCION ART. 75 LCT
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-30

Como la reparación reclamada en base al art. 75 LCT deriva del incumplimiento de normas ubicadas dentro del marco contractual laboral, toda vez que en esta materia no hay una regulación específica, a los efectos de determinar la responsabilidad del empleador, y su extensión por los posibles daños que pudieran sufrir los trabajadores que de él dependen, corresponde que dicha laguna normativa sea cubierta por el derecho común que actúa, en el caso, integrando el ordenamiento específico en materia laboral. En consecuencia, corresponde que en el caso entienda la Justicia Nacional del Trabajo, art. 20 LO.
Sociedad cooperativa, calidad de socio, actos cooperativos
Materia: LABORAL
Carátula: CHAVEZ, FACUNDO c/ COOPERATIVA LA UNION Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-20

Desde ningún punto de vista se puede pretender que el asociado de una cooperativa de trabajo tenga la condición de empleado por cuanto trabaja con sujeción a horario, disciplina, etc., sin advertir que precisamente por cumplir esas condiciones es asociado. No corresponde asimilar por tanto la subordinación que caracteriza al contrato de trabajo, con la obligación del socio cooperativo de acatar las instrucciones necesarias del ordenamiento interno requeridas para el cabal cumplimiento del trabajo conjunto, y de las finalidades económicas de la empresa común. Desde que el objetivo claro y preciso de una cooperativa de trabajo es la ayuda mutua para la realización de trabajos con el consiguiente `retorno' en función de las labores desempeñadas, no puede hablarse de relación de dependencia entre aquélla y sus integrantes, sino de una estructura jurídica sostenida por los socios para lograr trabajos e ingresos para cada uno de ellos.
Proceso penal, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: ANTONIO RAFAEL c/ ZURITA IRMA DEL CARMEN s/ USURPACION DE PROPIEDAD DE PROPIEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-04-18

Nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo, con lo que se busca desterrar todo tipo de coacción o inquisición que pueda llevarse a cabo en contra del imputado con el objeto de obtener su confesión de culpabilidad. La violación de esta formalidad es una cuestión que cercena directamente el derecho de defensa -emanado de un expreso dispositivo constitucional-. Responde el caso claramente al tipo de las nulidades genÚricas legisladas en el art. 116 inc. 3° del C.P.C.C., las que, atento su carácter absoluto, el interÚs público comprometido en el proceso penal, y lo dispuesto por el art.

117 del citado cuerpo normativo, deben ser declaradas de oficio por el Tribunal.
Caducidad, plazo, feria judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: CAPSE S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 53 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-22

En el cómputo del plazo de caducidad debe considerarse incluida la feria judicial.
Cuestiones de competencia, competencia provincial, Constitución Nacional, autonomía provincial, Estado Provincial, competencia federal
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: YPF. S.A. c/ Municipalidad de La Matanza s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

La competencia de la justicia local es consecuencia del ordenamiento constitucional cuya economía veda - como modo de preservar las autonomías de los estados locales - a los tribunales nacionales juzgar sobre las instituciones locales, salvo la alegada violación de la Ley Fundamental o de normas de derecho federal, supuesto en cuya ocurrencia las eventuales cuestiones federales que hayan de suscitarse tendrán adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario.
Administración Pública, empleados públicos, sanciones disciplinarias administrativas, Municipalidad, facultades de la Municipalidad, facultades del intendente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JIMENEZ LEONARDO JAVIER c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - RECURSO CONT. ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-05-22

En ciertos supuestos la Administración Pública en ejercicio del poder disciplinario impone al empleado una sanción separativa la que resulta ser una facultad reglada de la Administración que no da lugar a una apreciación discrecional de la falta cometida, correspondiendo subsumir la conducta del infractor en un determinado tipo legal.
Revocación de sentencia, falta de mérito
Materia: PENAL
Carátula: A. D. T., I. L. c/  s/ Medidas-plazo fijo S., R. A. c/  s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-22|2018-04-25

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "S., R. A. s/ procesamiento" (causa n° 42.084/2017) rta. 25/4/18, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra el auto del juez de la instancia de origen que lo procesó en orden al delito de desobediencia (artículo 239 CP). Los vocales revocaron la decisión y dispusieron la falta de mérito.
Reincidencia, libertad condicional, readaptación del condenado, inconstitucionalidad
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Orbe, Venancio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-08

Debe anularse la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, que impide la concesión de la libertad condicional al reincidente, pues introducir un contenido de peligrosidad o de culpabilidad de acto para sostener la inconstitucionalidad de la ley pone en evidencia la falta de razonabilidad de esa conclusión, a la vez que descubre la pretensión de sustituir el criterio del legislador por el personal del juez que decide, dado que no es el Estado el que mediante su legislación impide la reinserción social, sino que es el delincuente quien, a través de la comisión de un nuevo delito, revela no sólo que no ha incorporado pautas de sociabilización, sino que, además, se muestra indiferente a la prosecución del fin resocializador.
Personas jurídicas, legitimación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COLEGIO NOTARIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO ADMINISTRATIVO DE ANULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-06-30

Desde la reforma constitucional de 1994 la legitimación de personas jurídicas que actúan en juicio invocando la defensa de derechos e intereses de sus miembros, como asociaciones de consumidores, sindicatos y colegios profesionales, ha sido admitida sin cortapisas pero en todos los casos asumiendo que la "legitimatio ad causam" deriva, precisamente, de la representación concreta del sector involucrado.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, daños y perjuicios, culpa de la víctima, proceso penal, sentencia absolutoria, cuestiones prejudiciales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: FONTANINI, IDAMO EN REPRESENTACION DE LOS MENORES: M. G. R. Y OTRO c/ SANTAMARIA, EDUARDO Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 446 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-05-16

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que el Tribunal ha conferido a la controversia planteada un tratamiento inadecuado a la luz de la normativa aplicable y de lo efectivamente acontecido en el caso, arribando a una conclusión frustratoria de derechos que cuentan con amparo constitucional.

Dicha conclusión es forzosa a poco que se repare en la desatención que exhibe el decisorio en cuanto a ponderar la incidencia de diversas pautas rectoras específicas que concurrían a la solución de la causa, vinculadas por un lado con las implicancias del artículo 1113 del Código Civil en cuanto a la responsabilidad por daños causados por el riesgo o vicio de la cosa y, por otro lado, con la recta inteligencia que, a la luz de los precedentes de este Cuerpo y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde asignarle al artículo 1103 del mismo Código, en particular en cuanto al alcance de la expresión "hecho principal" allí contenida, punto éste donde la Alzada ha adoptado una hermenéutica inconciliable con aquellos precedentes, de conformidad con los cuales no es posible extender la cosa juzgada penal al campo civil en el supuesto de que se haya declarado la irresponsabilidad por entender que el hecho ocurrió por culpa exclusiva de la víctima.

Por ello sostener -como lo hiciera el Tribunal a quo- que lo resuelto en sede penal ha producido efecto de cosa juzgada en el fuero civil supone un inadmisible apartamiento de los términos del artículo 1103 del Código Civil, interpretado a la luz de la doctrina trazada por la Corte nacional en causas análogas a la presente.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Colombo, Albina Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-16

A partir de la modificación introducida por la ley 10.739 al art. 43 del dec. ley 9538 no se requiere que el causante haya subvenido totalmente a las necesidades de la peticionante y que ésta carezca en forma absoluta de bienes y recursos.
Contrato de trabajo, responsabilidad contractual
Materia: LABORAL
Carátula: MANFREDI, LUIS c/ SADE  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

La circunstancia de que una empresa contrate a un trabajador en virtud de una estipulación contractual anterior, en el caso con la Municipalidad de Buenos Aires, y aunque esta última de las directivas y efectúe los controles de trabajo, en nada exime a aquélla de su responsabilidad contractual.
Daños y perjuicios, transporte benévolo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giamello, Ester E. y otro c/ Caracoche, Roberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

No es posible dar cabida a la atenuación de la responsabilidad del transportador benévolo, aducida por la demanda y la aseguradora, con el único fundamento en la teoría de la aceptación de riesgos, si descartada la existencia de culpa concurrente de la víctima, una vez establecida la exclusiva negligencia del conductor del rodado, resulta irrazonable pensar que pudo mediar por parte del interfecto una admisión implícita de las consecuencias derivadas de esa falta, en camino de excusar en todo o en parte la responsabilidad del autor del hecho ilícito si nada obsta a cavilar como más ajustado a la razón que de haber contado con claros elementos para columbrar como asequible la grave imprudencia del chofer, seguramente el damnificado hubiera optado por evitar el viaje y el peligro, en lugar de adaptarlos.-
Prisión preventiva, plazo, cómputo privilegiado de la privación de libertad, aplicación de la ley, personas privadas de la libertad, Constitución Nacional, igualdad ante la ley
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Carrizo, Hugo Oscar; Lema, Raúl Víctor y otro s/ robo calificado por homicidio en grado de participación primaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

La exclusión de la aplicación de la ley 24.390 a los condenados no implica violación del principio de igualdad ya que el art. 16 de la Constitución Nacional no impone una uniformidad de tratamiento legislativo ni obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos, aunque su fundamento sea opinable (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F.

López y Adolfo Roberto Vázquez).
Donación de órganos, trasplante de órganos, actos entre vivos, discriminación
Materia: CIVIL
Carátula: O., C. N. s/ Leyes Especiales 21-01526044-8
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-08-31

Corresponde autorizar la donación de órganos entre vivos peticionada, aun cuando las partes no tengan una relación de parentesco como establece el art. 15 de la ley 24193 - en el caso, la donante es prima de la cónyuge del receptor- pues una aplicación literal de la ley de trasplante y ablación de órganos consagraría una discriminación, otorgando un tratamiento desigual a pacientes que en las mismas circunstancias y condiciones podrán o no recibir un órgano según posean donantes dentro de aquellos familiares comprendidos dentro de las previsiones legales y tal falta de equidad en el marco constitucional y convencional referido, resulta inadmisible.
Competencia de la Corte Suprema, facultades del gobierno provincial, facultades del gobierno nacional, cuestiones de competencia, cuestión federal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Chevron San Jorge S.R.L. s/ inhibitoria en autos "Provincia del Neuquén c/ Chevron San Jorge S,R.L. s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

Cuando la actividad legislativa de las autoridades provinciales invade un ámbito que podría ser considerado propio de la Nación, la acción se encuentra entre las especialmente regidas por la Constitución a las que alude el art. 2, inc. 1°, de la ley 48, ya que versa sobre el preservamiento de las órbitas de competencia entre las provincias argentinas y el gobierno federal; si a ello se une que la inconstitucionalidad de las leyes y decretos nacionales constituye una típica cuestión federal, la competencia originaria de la Corte para entender en la acción queda confirmada, máxime cuando la naturaleza de la cuestión y su trascendente interés federal recomiendan esta solución. Del voto de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda. Del precedente "YPF S.A" al que remite el voto.
Contrato de trabajo, obligaciones solidarias, DIRECCIÓN GENERAL DE HIPÓDROMOS
Materia: LABORAL
Carátula: Delucchi, Susana Mónica c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por despido Benítez, Juan David c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Despido, etc. Medina Alfonso y ot. c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22|1990-12-28|1991-03-05

Habida cuenta que la Dirección Provincial de Hipódromos se subordinó respecto de sus empleados a normas de carácter laboral, el Fisco provincial no puede sustraerse de sus consecuencias, en el caso someterse a la solidaridad legal establecida por la Ley de Contrato de Trabajo en virtud del contrato de concesión celebrado con el Jockey Club de la Provincia (dec.ley 9004/78), al cual su personal resulta ajeno.
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad, responsabilidad de los padres, culpa in vigilando, culpa de terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: González Ricardo Rodolfo c/ Faraz Luis Elias s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S143 - 293)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-10-06

La exoneración de responabilidad del demandado se basa en la omisión de los padres del deber de vigilancia que se traduce respecto al accionado en la configuración de la causal prevista por el art. 1113, C.C. de culpa de un tercero por quien no debe responder