Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09


DIAZ, Rosa Reg.: A y S t 215 p 131-135.

Santa Fe, 9 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Caja Forense Segunda Circunscripción contra la sentencia de fecha 24 de junio de 2005, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario en autos "DIAZ, Rosa -Sucesión- (Expte. 51/05) (Expte. C.S.J. nro. 519, año 2005); y, CONSIDERANDO:

Mediante la sentencia impugnada, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario confirmó el decisorio de baja instancia que, a su turno, acogiendo la revocatoria interpuesta, había eximido al juez de grado de la Sala IV Penal de la ciudad de Rosario -doctor Paolicelli- de efectuar aportes a la Caja Forense sobre los honorarios regulados en la declaratoria de herederos de su madre, en el entendimiento de que su actuación había sido desplegada en función de lo autorizado por el artículo 212 inciso 2) de la ley 10160.

Contra dicho pronunciamiento interpone la Caja Forense recurso de inconstitucionalidad tachándolo de arbitrario, como lesivo de derechos y garantías de raigambre constitucional como lo son el derecho de propiedad y los derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Carta Magna.

En la pieza recursiva, luego de relatar los antecedentes del caso, enderezó su impugnación hacia la descalificación constitucional del fallo invocando las siguientes hipótesis de inconstitucionalidad: a) contradicción con la norma condicionante (artículo 1, inciso 1) de la ley 7055) por haber interpretado la Sala la norma arancelaria contenida en los artículo 34 y 35 de la ley 6767 en obvia contradicción con la normativa establecida en la Constitución nacional y b) arbitrariedad (artículo 1, inc. 3) de la ley 7055). En lo tocante a la arbitrariedad del decisorio, refiere que en el "sub júdice" se configura un supuesto de "arbitrariedad normativa", desde que la sentencia formula una interpretación de la ley que termina siendo reformadora de su propio texto, desaplicando lo expresamente dispuesto por la norma (en particular los artículos 34 y 35 de la ley 6767 y el artículo 212, inciso 2) de la L.O.P.J.); y de "arbitrariedad en la solución" por cuanto de todas las posibilidades interpretativas existentes, los Sentenciantes optaron -a su entender- por la más inequitativa y arbitraria.

Concretamente al referir a las hipótesis de inconstitucionalidad en relación al caso concreto, pone de resalto las dos cuestiones centrales que entiende ventiladas en autos: a) aquella relativa a la obligación de aportar y b) la inherente a la obligación particular de aportar por parte de quien no ostenta calidad de afiliado, pero invoca las disposiciones de la ley de aranceles.

En tal sentido afirma que del texto legal (arts. 34 y 35, ley 6767) surge que solamente quien cumplimenta con los aportes de ley podrá realizar cualquier acto de disposición o transferencia. De allí que -a su criterio- autorizar la tramitación de sucesiones en las que los profesionales que intervienen no revisten la calidad de afiliados y en tal inteligencia resultan eximidos de realizar aportes, constituye un franco contrasentido y lesiona los principios de la solidaridad social y seguridad social de los abogados y procuradores.

Destaca que en el caso, el profesional actuante reconoció expresamente no revestir la calidad de afiliado; manifestó igualmente su desinterés en formar parte de la nómina de afiliados a la institución y expresó su voluntad de no optar por los beneficios de la Caja Forense, pero a la vez argumentó que no le son aplicables las disposiciones de la colegiación, pretendiendo utilizar sus beneficios, mas no las obligaciones inherentes a ella.

Se explaya en consideraciones relativas a la seguridad social, poniendo de resalto que sobre dicho principio se sustenta y desarrolla la economía de la Caja Forense. Indica en tal sentido que pretender no realizar aportes cuando el profesional está obligado a hacerlo por falta de afiliación a la Institución, por no encontrarse comprendido dentro de las causales de exención, constituye una lesión a los principios constitucionales que dan cuenta a su postulación.

Resumiendo sus agravios alega que en el "sub lite" se ha omitido fundar debidamente la aplicación del derecho vigente, en especial las normas programáticas, por cuanto no solo se ha apartado el Tribunal de la norma aplicable la caso, sino que ha dado razones no regladas de su apartamiento.

Asimismo sostiene que se han efectuado conjeturas de orden dogmático, fundadas en la "experiencia"; se ha prescindido de la aplicación de la norma madre -artículos 34 y 35 de la ley de aranceles local- que resulta ser un parámetro rector de la hermenéutica en el sentido de evitar que se den por terminados procesos en los cuales no medien los aportes realizados; se ha permitido la culminación de un proceso, con seria afectación de los intereses de terceros, pero tutelando exclusivamente intereses de los magistrados que no revisten rasgos de afiliación con la institución y se ha dejado al margen resoluciones de mayor jerarquía, al no seguirse los criterios sentados por el más Alto Tribunal de Justicia.

Por último, insiste con la interpretación que debió formularse a las normas contempladas en la ley 6930 -en particular los artículos 4, 24 y 30-, poniendo de resalto que la cualidad que tipifica la exención a la obligación de aportar es la condición de "afiliación" y no la de "abogado en ejercicio", relatando que su parte ha concedido en innumerables supuestos dicha exención a magistrados que han intervenido en "causa propia", pero que en todos los supuestos dichos magistrados revestían condición de "afiliados", y por tal motivo fue que se los eximió del cumplimiento de su obligación legal.

2. El Tribunal a quo mediante resolución de fecha 20 de octubre de 2005 denegó la concesión del remedio intentado (f. 25/25v.), lo que motivó la presentación directa de la perdidosa ante esta sede (fs. 27/40).

3. En primer término corresponde realizar algunas precisiones respecto del alcance de la impugnación intentada. En el memorial introductorio, la recurrente encuadra el recurso en los supuestos previstos por los incisos 1) y 3) del artículo 1 de la ley 7055.

Sin embargo, y tal como lo sostiene el A quo en el auto denegatorio (f. 25), no cabe subsumir el presente caso en la primera causal regulada por la normativa citada, porque no surge que en el "sub lite" se haya puesto en tela de juicio la congruencia de la Carta Magna con preceptos de la referida jerarquía, sino que el planteo formulado por la impugnante se halla limitado a achacar arbitrariedad al decisorio y propiciar una hermenéutica de los artículos 34 y 35 de la ley 6767 conducente a sustentar su pretensión de exigir el pago de los aportes por la labor profesional desarrollada por el magistrado en una "causa propia".

Siendo ello así, cabe tener por reducido el ámbito del presente remedio extraordinario a la previsión estatuida por el inciso 3) del citado artículo, bajo cuya óptica se analizaran los agravios esgrimidos.

Aclarado lo precedentemente expuesto, corresponde adelantar, que la presente queja no ha de prosperar.

Ello así, por cuanto, del desarrollo de los agravios vertidos en el memorial introductorio, en su confrontación con los fundamentos de la sentencia impugnada, surge tan sólo la disconformidad de la recurrente con la solución a la que arribaron los Sentenciantes en ejercicio de funciones propias, ámbito que resulta ajeno -en principio- a esta instancia extraordinaria.

En efecto, no obstante que en su afán argumentativo la quejosa imputa al A quo incurrir en diversos vicios descalificantes (omisión de aplicar el derecho vigente; efectuar afirmaciones dogmáticas; entre otras) y lesionar con su interpretación derechos de raigambre constitucional (propiedad; derechos inherentes a la solidaridad y la seguridad social; jurisdicción), lo cierto es que toda la argumentación recursiva, basada en la hermenéutica que entendió la impugnante debía otorgarse a normas de derecho local que reputó involucradas en la especie, tan solo evidencian su discrepancia con el criterio asumido por el Tribunal al considerar, en definitiva, que en el caso, debía eximirse al magistrado Paolicelli de efectuar aportes a la Caja Forense sobre los honorarios regulados en la declaratoria de herederos de su madre, en función de lo autorizado por el artículo 212 inciso 2) de la ley 10160.

En efecto: la Sala juzgó, en lo esencial que "el planteo es irrazonable y conduce a resultados absurdos. Lo primero porque si el doctor Paolicelli no es miembro de la Caja, ni forma parte del sistema de solidaridad que establece la ley 6930, ni integra el elenco de no afiliados que deben contribuir a la formación del capital de esa institución, es obvio que no le resulta aplicable su normativa: ni la regla de aportar, ni la excepción de no hacerlo.

Y lo segundo, porque según la recurrente- si el Juez cuya actuación se examina en la especie fuera afiliado -o sea, si estuviera integrado al sistema de previsión social de la Caja- no debería aportar (en virtud de las exenciones contempladas en el ya citado artículo 30 de la ley 4949); en cambio, como no lo está -vale decir, ningún beneficio recibe de ella- debe realizar tales aportes" (f. 12/12v.).

Discrepando fundamentalmente con el criterio interpretativo y el razonamiento lógico asumido por la Sala, la compareciente invoca que la recta interpretación de los artículos 34 y 35 de la ley 6767 en función de los principios de "protección del honorario profesional", "dignidad de la labor del abogado y del procurador", y su correlato directo con las garantías constitucionales de la protección de la salud y la seguridad se encontrarían vulnerados si se autorizara la tramitación de sucesiones en las que los profesionales que intervienen no revisten calidad de "afiliados".

Pero lo cierto es que tales alegaciones no logran conmover ni se hacen cargo de la argumentación de la Sala que -en el caso- descartó la aplicación de las disposiciones invocadas, en el entendimiento de que el magistrado Paolicelli no revestía calidad de "afiliado"; y por tal razón, al no ser miembro de la Caja, ni formar parte del sistema de solidaridad establecido en la ley 6930 sus disposiciones no le resultaban aplicables para considerarlo obligado a aportar, pero sin desconocerle su calidad de abogado actuante en causa propia al que el sistema legal conecta con la exención de aportar.

Adviértase al respecto que sobre la base de dichos conceptos, el Tribunal ha tenido oportunidad de destacar que la postulación efectuada por la Caja Forense conduciría a un resultado absurdo, cual es que si el magistrado cuya actuación se examina fuera afiliado, en virtud de las exenciones contempladas en el artículo 30 de la ley 6930, no debería aportar; en cambio, no siendo afiliado, esto es, no recibiendo los beneficios que ésta otorga, según el criterio propiciado por la impugnante, sí debería cumplir con dicha obligación.

Y, en modo alguno pueden entenderse que tales apreciaciones resulten ilógicas o irracionales, o aparezcan sustentadas en la antojadiza voluntad de los Juzgadores como para descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, y menos aún permite vislumbrar viso alguno de la "arbitrariedad normativa" que invoca la quejosa, desde que la sola lectura de la sentencia impugnada evidencia que la Sala, no sustentó su decisión en la hermenéutica que correspondía asignar a las normas invocadas por aquella, ni se pronunció acerca del alcance que tales disposiciones tenían en orden a los fines de seguridad social y solidaridad que las inspirara excediendo los márgenes de logicidad y razonabilidad tolerados con la consecuente conculcación de los derechos y garantías consagrados en la Ley Fundamental, sino que, antes bien, atendiendo a la situación fáctica que deparaba el "sub júdice" y con cita en la normativa involucrada, desarrolló su argumentación sobre la base de un nivel de análisis previo, cual fue evaluar si la cuestión quedaba aprehendida o no en lo preceptuado por las disposiciones invocadas por la impugnante, concluyendo que al no ser el magistrado interviniente miembro de la Caja, ni formar parte del sistema de la institución, su normativa no le resultaba aplicable.

De lo expuesto se deriva que los agravios esgrimidos, quedan sin sustento constitucional, por cuanto mediante ellos, la compareciente intenta oponer su particular óptica exegética de la cuestión, sin lograr demostrar como los vicios que le endilga al decisorio se encuentran configurados, lo que sella sin mas la suerte de la presente impugnación.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)