Universidades, resolución administrativa, impugnación del acto administrativo, Ley de Educación Superior, recurso de apelación (administrativo), procedencia del recurso, presentación extemporánea, iura novit curia, nomen iuris
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: COLUSSI, AGUSTIN c/ U.N.M.D.P. s/ REC. DE APELACION - ART. 32 LEY 24.521
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-27

A la fecha en que el interesado interpuso el citado Recurso de Alzada, se hallaba vigente ya la Ley N. 24.521 (B.O. 10/08/95), de lo que resulta, por un lado, que la vía de impugnación utilizada resultaba inidónea, por haber sido derogada implícitamente por el art. 87 de la Ley de Educación Superior, y por la especificidad del remedio contemplado en el art. 32 de la citada Ley, que sólo admite contra las resoluciones definitivas de las instituciones universitarias nacionales impugnadas con fundamento en la interpretación de las leyes de la Nación, los estatutos y demás normas internas, la interposición de un recurso de apelación directo ante la Cámara Federal respectiva; y, por otro, que aún en el caso de que se prescindiera del "nomen juris" dado por el interesado al mentado recurso y de la preceptiva administrativa que lo regía, calificándoselo jurídicamente como un recurso judicial directo articulado de conformidad al citado art. 32 de la L.E.S., concluiríamos que, también en este supuesto, su interposición resultaría extemporánea, atento el plazo estipulado en el último párrafo del art. 25 de la L.N.P.A., de aplicación supletoria en la especie. El plazo para la interposición del recurso que preve la Ley de Educación Superior debe contarse, por tratarse de una impugnación dirigida contra un acto administrativo de alcance particular, a partir de la fecha de notificación de la resolución definitiva dictada por la institución universitaria local (arg. Arts. 32 L.E.S., 11 y 25 últ. párr. L.N.P.A.). 3 - La pretensión de hacerlo correr a partir del acto de comunicación del auto judicial referido, resulta, pues, infundada, no sólo por lo expuesto, sino porque además la declaración de incompetencia anoticiada (en rigor, un dictamen de la Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos y no una Resolución de la entonces Ministra de Cultura y Educación de la Nación, Lic. Susana Decibe...) no autoriza la interposición de un nuevo recurso, sino en todo caso la transformación jurídico-conceptual del remedio administrativo ya interpuesto (de Alzada, art. 94 R.L.N.P.A.) en uno judicial directo (art. 32 L.E.S.) a los fines de su tratamiento por esta Cámara. Pero aún en esta hipótesis, la interposición del recurso así considerado, en cuanto se dirige a atacar la legitimidad de la O.C.S. N¦ 673/93, resulta extemporánea. Teniendo en cuenta que a la fecha de su presentación se hallaba vigente la Ley N¦ 24.521 de Educación Superior, la que en su art. 87 derogó implícitamente el denominado "recurso de alzada" contra las decisiones del órgano superior de las Universidades Nacionales (art. 94 R.L.N.P.A.), previendo, a la vez, un recurso judicial de apelación directo ante la Cámara Federal respectiva, corresponde, por aplicación del principio "iuria curia novit" ya fin de garantizar la instancia judicial revisora y el derecho de defensa en juicio, prescindir del "nomen juris" dado por la parte recurrente y admitir su tratamiento dentro del marco que autoriza el art. 32 de la L.E.S., solución que guarda correspondencia con el principio de informalidad a favor del administrado y con la máxima -que constituye una de sus derivaciones prácticas- de que resulta excusable la calificación errónea de los recursos (1). (Del voto del Dr. Tazza).