Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-18


Esquel, 18 de abril de 2006.- VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 10/12 por el Defensor Particular Dr. F. C. B., contra la resolución obrante a fs. 5/6 y vta., que deniega el beneficio de excarcelación de D. H. F.; Y CONSIDERANDO: Que la Defensa se agravia de la resolución en crisis por tres motivos, en primer lugar al considerar el a quo que el arraigo del imputado es débil y que analizada la grave expectativa de pena para el delito enrostrado y comportamiento del encartado durante el procedimiento, implique la concreta posibilidad de fuga por parte de su defendido con el fin de no someterse a la persecución penal.

Comenta que el imputado se entregó por propia decisión y refiere aspectos sobre los informes de abono realizados por la autoridad policial. -En segundo lugar causa gravamen al apelante lo sostenido por el Juez de grado en cuanto a que exista la posibilidad cierta de que el imputado entorpezca la averiguación de la verdad, pues considera que no hay fundamento cierto y concreto de que su defendido vaya a entorpecer u obstaculizar el curso de la investigación por considerar que los medios de prueba ya han sido colectados y que, de no concederse la excarcelación se tornaría ilusorio el principio constitucional de presunción de inocencia. - En tercer lugar, causa agravio al recurrente que se sostenga que agrava la situación el grupo familiar del encartado y los conflictos suscitados que motivaron las órdenes de restricción de acercamiento, mostrando que lejos de ser un grupo de contención opera como generador de un conflicto intrafamiliar que podría redundar en perjuicio de la investigación en curso y del esclarecimiento del hecho, pues considera que no hay elementos en la causa que acrediten los conflictos referidos. Funda el pedido de excarcelación en Pactos Internaciones de jerarquía Constitucional. Cita doctrina y jurisprudencia Que para decidir sobre la procedencia o no de la excarcelación resulta necesario remitirse a las constancias del expediente principal. -Teniéndolo a la vista y en el ejercicio del contralor de constitucionalidad que le corresponde al Tribunal, se advierte que no está correctamente instada la acción, ya que en este caso la denuncia la efectúa el abuelo ante la ausencia momentánea de los padres de la menor.Tal como lo expresa Claría Olmedo en Derecho Procesal Penal T1 pág. 355:

"La actividad cumplida sin satisfacerse esa condición es ilegal, y como tal inválida; no se puede ejercitar el poder de acción ni la potestad jurisdiccional frente a ese caso concreto."Por ello y encontrándonos ante un vicio sustancial que afecta la intervención del Ministerio Fiscal, de conformidad con lo previsto en el art. 149 inc.º 2 del C.P.P., corresponde declarar la insubsistencia de la acción, debiendo volver los autos al Juzgado de origen a sus efectos, y disponer la inmediata libertad del detenido H. D. F.Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut,- R E S U E L V E:-- 1) DECLARAR la insubsistencia de la acción, devolver las presentes al Juzgado de Instrucción a sus efectos, y DISPONER la inmediata libertad del detenido D. H. F. 2º)PROTOCOLÍCESE, notifíquese, ofíciese para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el punto 1) de la presente y devuélvase.

La presente resolución es dictada por el Tribunal integrado por la Sra. Juez Penal y Contravencional de Niños y Adolescente Dra. Nelly García y el Sr. Juez Correccional Dr. Jorge Eyo, por encontrarse vacante dos vocalías (Acordada STJ Nº 3223/00). - BENJAMÍN MOISÁ (en disidencia) NELLY GARCIAJORGE EYO Voto en disidencia del Dr. Benjamín Moisá El Dr. Benjamín Moisá dijo:- Que el recurrente se agravia de la resolución en crisis por tres motivos, en primer lugar al considerar el a quo que el arraigo del imputado es débil y que analizada la grave expectativa de pena para el delito enrostrado y comportamiento del encartado durante el procedimiento, implique la concreta posibilidad de fuga por parte de su defendido con el fin de no someterse a la persecución penal.

Comenta que el imputado se entregó por propia decisión y refiere aspectos sobre los informes de abono realizados por la autoridad policial. En segundo lugar causa gravamen al apelante lo sostenido por el Juez de grado en cuanto a que exista la posibilidad cierta de que el imputado entorpezca la averiguación de la verdad, pues considera que no hay fundamento cierto y concreto de que su defendido vaya a entorpecer u obstaculizar el curso de la investigación por considerar que los medios de prueba ya han sido colectados y que, de no concederse la excarcelación se tornaría ilusorio el principio constitucional de presunción de inocencia. - En tercer lugar, causa agravio al recurrente que se sostenga que agrava la situación el grupo familiar del encartado y los conflictos suscitados que motivaron las órdenes de restricción de acercamiento, mostrando que lejos de ser un grupo de contención opera como generador de un conflicto intrafamiliar que podría redundar en perjuicio de la investigación en curso y del esclarecimiento del hecho, pues considera que no hay elementos en la causa que acrediten los conflictos referidos. -Funda el pedido de excarcelación en Pactos Internaciones de jerarquía Constitucional. Cita doctrina y jurisprudencia 2. Resumidos en lo fundamental los agravios de la parte recurrente, encuentro pertinente remitirme al criterio sentado por el Tribunal con distinta integración, a partir de los autos: "C., M. A. - M. J. s/. Esquel" (Expte. Nº 146/04, A.I.P. Nº 62/04 CANO), según el cual la cuestión de la procedencia o no del instituto de la excarcelación ha sido resuelta según lo que reza en los párrafos que siguen. Así, se ha dicho: "Por otro lado, analizadas las normas sobre excarcelación, se advierte que la situación del imputado no puede ser encuadrada en el inc. 1º del art. 284 del C.P.P., por cuanto el máximo de la escala penal atribuida supera los cuatro años [actualmente tres años; Ley Provincial 5.403] de prisión. Es así que debe entonces acudirse al inciso 2º del citado art. 284, el cual prevé que, aún cuando se supere el máximo de cuatro años, la excarcelación resulta procedente si prima facie procede condena de ejecución condicional". - Tal como se ha dicho, en caso de recaer condena, la misma prima facie no sería de ejecución condicional, por aplicación del art. 26 del Código Penal, lo que lleva a concluir que la excarcelación de F. no procede tampoco por aplicación del inciso 2do. del art. 284 (ni por aplicación de los inc. 3ro. a 8vo.).-Asimismo, en los autos referenciados, se dijo: "En cuanto a las objeciones de índole constitucional por parte de la defensa del recurrente, debe recordarse que:

"La finalidad que inspira a la Constitución Argentina al organizar un gobierno constitucional es, como lo proclama enfática y categóricamente su preámbulo: asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino". Y ese propósito aparece trasuntado a través de todas y cada una de sus disposiciones.

Claro está que se trata de la libertad jurídicoconstitucional, vale decir, de la libertad reconocida y garantizada por la Constitución, a la que ésta también limita para hacer posible su efectivo goce por todos los habitantes y el cumplimiento de los demás fines del Estado. O sea, que dentro del gobierno constitucional no se concibe la libertad absoluta o ilimitada, que, paradójicamente, implicaría libertad para unos y esclavitud para otros, ya que quienes gozaran de derechos sin restricción lo harían a costa de los derechos de sus semejantes" (LINARES QUINTANA, Segundo V., La Constitución interpretada, p.187, Depalma, Bs. As., 1960). - "Si bien es cierto que el destacado constitucionalista se refiere a la liberad desde un punto de vista 'jurídico-constitucional', debe tenerse en cuenta que las libertades en tal sentido no son otra cosa que los derechos constitucionales mismos, dentro de los cuales sin dudas se encuentra la 'libertad física', garantizada efectivamente por las constituciones, tratados y pactos de jerarquía constitucional invocados por el apelante, cuya ponderación adquiere fundamental relevancia para la resolución de la cuestión traída a consideración de esta Alzada por vía de apelación".- "En este orden de ideas, en el proceso penal entran en colisión los derechos del imputado, con los de la víctima y con los de la sociedad, los cuales de acuerdo a su jerarquía deben ser respetados de igual modo. En otras palabras, estamos ante un conflicto de intereses en el cual el derecho de uno encuentra su límite en el concurrente derecho del otro, individual o colectivamente (sociedad) considerado, pues como es sabido nadie goza de derechos absolutos, sino que el ejercicio de los mismos está regulado por leyes que norman las conductas humanas en su interferencia intersubjetiva (art. 14, Constitución Nacional).

Desde esta perspectiva, por no serle ajena, debe ponderarse la 'libertad física' al aplicarse la ley procesal penal". -"En la dirección apuntada un viejo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no ha perdido actualidad y cuya filosofía comparte este Tribunal, expresa: Que corresponde, por último, puntualizar que si es dable reconocer raigambre constitucional al instituto de la excarcelación durante el proceso, no es menos cierto que también reviste ese origen su necesario presupuesto, o sea el instituto de la prisión preventiva, desde que el Art. 18 de la Carta Fundamental, autoriza el arresto en virtud de orden escrita de autoridad competente.

El respeto debido a la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad a adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación sino también para garantizar, en casos graves, que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de la eventual condena por la incomparecencia del reo. Se trata, en definitiva, de conciliar el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente- ' La idea de justicia -dijo esta Corte en fallos: 272:188 - impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro' ("Todres, Isaac" -CSJN -Ortiz Basualdo, Chute, Risolía, Cabral, Argúas - 18/08/1971 -El Dial -AAF53)". "Dentro de este contexto, a criterio de este Tribunal, los arts. 279, 284 y 286 del C.P.P., armoniosamente reglamentan el derecho constitucional a la libertad física del imputado frente a los concurrentes derechos de igual jerarquía normativa de los demás integrantes de la sociedad, entendiendo el legislador que el primero debe excepcionalmente ceder en las circunstancias descriptas por las referidas normas.

Así, el art. 279 establece los presupuestos para la procedencia de la prisión preventiva, como medida cautelar y no como sanción; el art. 284 regula la excarcelación como un beneficio para el imputado ante la medida excepcional de la prisión preventiva; y, por último, el art. 286 prevé restricciones al beneficio excarcelatorio".- "Imperativo de la lógica normativa descripta es que, cuando no procede el beneficio excarcelatorio a tenor del art. 284, no cabe la valoración de las restricciones al mismo establecidas por los arts. 286 y siguientes, por la sencilla razón de que no existe qué restringir. Adviértase que, en el sistema procesal penal provincial, el 'peligro de fuga' o el 'peligro de entorpecimiento' de la investigación no son presupuestos de la prisión preventiva, sino restricciones a la excarcelación". "La interpretación propuesta, que estimamos coincidente con la del legislador -a quien no sería prudente atribuirle un despropósito-, en nada se contradice con las previsiones del art. 49 de la Constitución Provincial -ni con otras de la Constitución Nacional, incluidos los tratados y pactos a ella incorporados- en razón de que encuadra dentro de la amplísima fórmula 'actuación de la ley' empleada por la norma". Por lo que considero que debe confirmarse la resolución de fs. 5/6 por los considerandos vertidos. Así lo voto. - BENJAMÍN MOISÁ Ante mí Norma Marrero Secretaria REGISTRADA BAJO EL NRO.: 19/2006.Conste. Fdo. Norma Marrero - Secretaria