Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-09-22


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: 153 San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de septiembre de 2006. Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 55/06, "LÓPEZ GONZÁLEZ, Jorge Javier (Presidente Concejo Deliberante Municipalidad de Huillapima) c/ Provincia de Catamarca y/o Estado Provincial s/ ACCIÓN DE AMPARO", y CONSIDERANDO: (Voto de los Dres. Oviedo y Cáceres) Que la acción de amparo se interpone con el objeto que se suspenda el proceso licitatorio de la obra "Acueducto Dique Las Pirquitas -Ciudad Capital".

Que de ello se infiere que no existe acto o actos administrativos sujetos a impugnación y revisión por esta Corte de Justicia, configurándose tal medida de gobierno como un acto institucional en ciernes que no habilita la competencia exclusiva y excluyente de este Tribunal, en orden a lo normado por el Art. 204 de la Constitución Provincial y Art. 4 de la Ley Nro. 4642 (reformado por Ley Nro. 4998/00).- Por ello haciendo propio lo dictaminado por el Sr. Procurador General de la Corte, al que nos adherimos brevitatis causae, corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa, la que deber remitirse al Inferior para que entienda en la misma.

Voto ampliatorio del Cáceres:

1- Que estimo necesario ampliar el conciso voto que emitiera resaltando los alcances que, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tiene asignada la competencia atribuida constitucional y legalmente a esta Corte de Justicia, en materia de amparos que involucran materia contencioso administrativa.

2- Que la competencia originaria de esta Corte de Justicia en materia contencioso administrativa es de interpretación restrictiva, en virtud de lo establecido por la Constitución Provincial, que en su Art. 204, ha adoptado el sistema subjetivo, al establecer: "La Corte de Justicia ..., pero decide en juicio pleno y única instancia en las causas contencioso administrativas, previa denegación expresa o t cita de la autoridad administrativa competente, del reconocimiento de los derechos e intereses legítimos que se gestionan por parte interesada.".

En consecuencia, de tal precepto no se infiere que el Presidente del Concejo Deliberante de Huillapima pueda estar legitimado para actuar ante esta Corte de Justicia, por la vía normal del amparo en materia contencioso administrativa pretendiendo la revisión de la política del gobierno provincial sobre la problemática del suministro de agua potable.

En efecto, el planteo que realiza el ocurrente no puede dar cabida a cuestionamiento alguno ni en sede administrativa ni en la contencioso administrativa, estrictamente revisora del actuar del poder administrador y que habilita la competencia de excepción de este Tribunal, porque el actor no ha actuado como parte en la emisión del acto ni le alcanzan los efectos del mismo.

Explicitando lo expuesto, es dable recordar que no todos los derechos vulnerados por actos del poder administrador son susceptibles de producir una acción contencioso administrativa, siendo indispensable para que esto ocurra que se menoscabe un derecho de naturaleza administrativa, es decir, regido por el Derecho Administrativo.

En virtud de este concepto, se ha decidido que no es revisable mediante esta acción la resolución que lesiona derechos de otra índole.

Así, para solucionar las dificultades en materia de atribución de competencia, es imprescindible reparar en la utilidad de las categorizaciones de derecho subjetivo, interés legítimo, simple interés y la que proviene del tratamiento de los intereses difusos o colectivos.- En tal sentido, se advierte que en la impugnación del acto administrativo o de gobierno el amparista invoca un interés simple, distinto del interés cualificado del que habla la Constitución Provincial, que requiere que sea legítimo y que afecte derechos subjetivos del administrado para provocar la apertura de esta instancia revisora.- De ello se colige que el accionante como titular de un simple interés, se encuentra habilitado para ocurrir por la vía del amparo común, porque lo discutido como materia de fondo o sustancial es la constitucionalidad del acto, en razón de que cuestiona el acto licitatorio, que si bien es un acto administrativo también es de gobierno, pero que no le causa agravio en los términos establecidos por Constitución Provincial -Art. 204-, jurisprudencia de este cuerpo sentada en el "caso Altamirano" y Art. 4 de la Ley de Amparo, para provocar la apertura de la competencia de esta Corte de Justicia.- Asimismo debe considerarse el amparo de los intereses difusos, no articulado en autos. Por que no debe perderse de vista que hay otros intereses que importan a la sociedad en su conjunto o bien a una generalidad indeterminada de sujetos.

Estos son los trans individuales generales, que pueden referirse a toda la comunidad o a un grupo, con mayor o menor grado de cohesión en función del interés, más o menos determinado.- En definitiva, si bien el amparista cuestiona a la licitación, no lo hace porque la misma adolezca de algún vicio que la invalide y afecte sus derechos administrativos que lo habilite para recurrir en sede administrativa, ni menos en la contencioso administrativa persiguiendo su anulación; porque no es el acto administrativo en sí mismo el que lo afecta, ni la actuación del gobierno como ente administrativo en la producción de sus actos.

Sino que cuestiona los efectos de ese acto administrativo enmarcado en una política de gobierno que puede afectar intereses de la comunidad, en su totalidad o individualmente, es decir, se debate la política porque si en Catamarca hubiera agua demás, la licitación no sería puesta en tela juicio.- 3- Ahora bien, en principio todo acto de gobierno o político, está sometido al control jurisdiccional, "... bajo la Constitución Nacional todos los actos del Poder Ejecutivo que afecten derechos de los habitantes serán, en principio, judicialmente revisables". (Guastavino, Elías, "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", p. 286).- Pero ello no quiere decir que esté sometido al control jurisdiccional originario de esta Corte de Justicia.

Ya que, no debe perderse de vista que estamos ante una cuestión de competencia y sostener que la Corte de Justicia no es competente, no implica que tales actos no puedan ser analizados por el juez natural de la instancia de grado, y que la Corte de Justicia pueda llegar, eventualmente, a entender y revisar lo actuado por los inferiores en la etapa procesal oportuna y la vía recursiva pertinente.- Ello tampoco implica aseverar que la vía de amparo elegida no sea la apropiada para cuestionar tal acto, pero sin duda no ser la prevista en el Art. 4 del Ley 4642 -conforme jurisprudencia reiterada de este Tribunal a partir del caso "Altamirano"- que implica materia contenciosa administrativa, sino la del amparo común por involucrar materia constitucional cuya competencia está asignada a los jueces de grado dentro de nuestro ordenamiento procesal.- Esta tesitura de que no todos los actos administrativos o de gobierno necesariamente tengan que venir en revisión, vía contencioso administrativa a esta Corte de Justicia; es la adoptada por la Ley 5034 de "Amparo Judicial de los Intereses Difusos", que en su Art. 7º, dice:

"... En las causas de naturaleza contencioso administrativa ..., la competencia corresponder originaria y exclusivamente a la Corte de Justicia".

O sea, que también divide los casos o causas que serán de competencia originaria de la Corte de Justicia y los que serán de competencia de los Tribunales ordinarios.

Siendo pertinente resaltar que, excepcionalmente, la Corte de Justicia podrá abrir su competencia originaria cuando se plantee un caso de gravedad institucional, cuestión que no se invoca en el caso de autos.- Por todo ello concluyo que esta Corte de Justicia resulta incompetente para entender en la acción de amparo interpuesta, en razón que la materia traída a su conocimiento no involucra agravio a un derecho subjetivo ni a un interés legítimo del amparista, lesionado por la autoridad administrativa y tutelado por normas de derecho administrativo. Y por involucrar sustancialmente materia constitucional, la competencia corresponde a los Jueces Inferiores.- Por ello y por mayoría de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA (con la disidencia de la Dra. Sesto de Leiva) RESUELVE:

1) Declarar la incompetencia del Tribunal para intervenir en autos.2) Remitir la presente causa al Juzgado de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación del Trabajo, quien deber entender en la misma.

3) Protocolícese y hágase saber.- Voto de la Dra. Sesto de Leiva:

Que analizados estos autos, el planteo de la accionante y las constancias obrantes, me permitiré disentir con el criterio sustentado por los Señores Ministros preopinantes, en el sentido de declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en la causa, en virtud de que no existiría acto administrativo impugnable o que los Derechos que se alegan lesionados son de orden constitucional, por lo que correspondería remitir los autos a Tribunal de 1ra Instancia.- Que así constituido el criterio de mayoría, considero sin embargo que la atribución de competencia debe analizarse bajo distinto criterio al expuesto.

Que lo primero que es dable observar es que la accionante pretende bloquear, suspender o impedir la efectiva consumación de una voluntad administrativa que al menos ya ha tenido principio de ejecución, esto es, la consumación concreta, de un proceso de licitación pública para la realización de una obra -Acueducto, Pirquitas, Capital-.

Que en ese orden de ideas, es de público conocimiento la expresión de voluntad de la Administración Estatal de la convocatoria a empresas del medio o de otros, a fin de que presenten ofertas en relación a la ejecución de la obra de que se trata; por lo que resulta indiscutible que el Estado ha concretado una convocatoria al proceso licitatorio o a lo menos ha coadyuvado a producir actos preparatorios a tal fin, por lo que dicha actividad Jurídico-Administrativa debe considerarse no como una actuación potencial o futura, sino esencialmente actual; además dentro de un proceso extenso y complejo, por la pluralidad de actos que lo conforman -la licitación- y en consecuencia efectivamente impugnable por la vía procesal que se intenta.

Resultando, que si la autoridad administrativa por excelencia -Poder Ejecutivo- ha generado actuaciones Administrativas para concretar una licitación pública (materia administrativa) que resulte en la construcción de una obra pública (una vez mas, materia administrativa), no se entiende cómo puede la Corte en la presente controversia, renunciar a su competencia material, originaria, improrrogable, de orden público y atribuida explícitamente por la propia Constitución Provincial.- Por otra parte, para declarar la incompetencia, se apela al argumento que los derechos afectados resultarían de rango constitucional, por lo que tal materia primaría en la cuestión que se debate.

En tal sentido considero, que el argumento de cita confunde acto impugnable con efectos derivados del mismo, en tanto, si bien como resultado podrían vulnerarse Derechos Ambientales de rango constitucional, por supuesto, también va de suyo que el origen de tales potenciales resultados derivarían de actos esencialmente administrativos, por su objeto, causa, finalidad y sujetos.- Similares razones expuse en Sentencia Interlocutoria Nro. 37/05, cuando consideré que en un conflicto de provisión de energía entre EDECAT y la Municipalidad de El Alto, la cuestión debatida y la competencia quedaban subsumidas por la naturaleza de la relación originaria, un contrato de suministro derivados de una licitación pública, que como verdad de Perogrullo quedan atrapados por el Derecho Administrativo. Por lo que corresponde en autos declarar la competencia de este Tribunal para entender en los mismo. Es mi voto.- Voto Ampliatorio de la Dra. Sesto de Leiva:

Que advertida del voto ampliatorio suscripto por el Señor Ministro autor del mismo, agregado con posterioridad a mi voto en disidencia en tercer término, y teniendo presente que el ámbito decisorio de la Jurisdicción no es el propio para réplicas ni dúplicas, que nada agregan a la solución de las controversias traídas ante estos estrados, solo diré que, en mi opinión, el Señor Ministro de referencia adelanta criterio sobre el fondo del objeto litigioso en esta causa, aún cuando el motivo de la presente interlocutoria se limite a definir la competencia de esta Corte para entender originariamente o no en ella.