Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-20


SENT.DEF.Nº 19.279	EXPTE.Nº 28.638/09 (24.921) JUZGADO Nº 52	SALA X AUTOS: "VIZCARRA RAUL C/ MAPFRE ARGENTINA ART S.A. Y OTRO S/ ACCION DE AMPARO" Buenos Aires, 20/12/2011.

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

I. Vienen estos autos a la alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de fs. 617/620 formulan la demandada Riva S.A. a fs 635/639, la aseguradora Mapfre Argentina ART S.A. a fs 641/642 y la actora a fs. 652 y vta., mereciendo réplicas adversarias a fs. 655/657 y 661/662.

La aseguradora Mapfre Argentina ART S.A. apela la decisión de grado en cuanto hizo lugar a las diferencias pretendidas por el actor en concepto de las prestaciones dinerarias correspondientes al período de incapacidad laboral temporaria y definitiva durante el período de provisoriedad, previa admisión de los diversos planteos de inconstitucionalidad incoados por el interesado contra las previsiones de la ley 24.557 referentes a la determinación del ingreso base mensual. La demandada Riva S.A. apela la condena dictada contra ella al aducir que el pago de las diferencias por las prestaciones dinerarias de la LRT reclamadas por el actor son de exclusiva responsabilidad de la aseguradora de riesgos de trabajo codemandada. Además, recurre los fundamentos de la sentencia de grado referentes a la admisión de los planteos de inconstitucionalidad incoados por el actor y apela los honorarios regulados a favor de la perito contadora por estimarlos altos.

La parte actora, a su turno, recurre la sentencia en cuanto calificó de "indemnización" a las sumas previamente percibidas por el actor en concepto de las prestaciones dinerarias mensuales por las que reclamó diferencias.

A fs. 646 también apela la perito contadora por estimar bajos los honorarios que le fueron regulados.

II. El actor entabló la presente acción de amparo contra Mapfre Argentina ART S.A. y Riva S.A. en reclamo de las mayores sumas que pretende en concepto de las prestaciones dinerarias de pago mensual previstas por la ley 24.557 para los períodos de incapacidad laboral temporaria e incapacidad laboral permanente provisoria por un accidente de trabajo que ha sido reconocido por las demandadas, previo planteo de inconstitucionalidad de los arts. 11.2, 12, 14.1 y 15.1 de la ley 24.557 y 16 del decreto 334/96 en cuanto refieren a la determinación y ajuste del ingreso base mensual para el cálculo de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente provisoria, al aducir que dicha normativa brinda un trato menos favorable al trabajador que el que establece el artículo 208 de la LCT para el supuesto de enfermedes inculpables.

No hay perjuicio alguno en aclarar, conforme lo peticionado por el actor recurrente, que las sumas que ambas partes refirieron que había percibido por el actor con motivo del accidente de trabajo del día 11/12/2007 con anterioridad a la demanda fueron las que le abonó la aseguradora Mapfre Argentina ART S.A. en concepto de las prestaciones dinerarias mensuales por incapacidad laboral temporaria e incapacidad laboral permanente provisoria (I.L.T. e I.L.P.P.) de los artículos 13 y 14.1 de la ley 24.557 que han sido calculadas de conformidad con la reglamentación entonces vigente, como deberá leerse en lo sucesivo (art. 99, L.O.).

En orden a la admisibilidad formal del planteo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, los arts. 321 y 498 del CPCCN habilitan la procedencia de la vía del amparo ". cuando se reclamase un acto u omisión de un particular que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, siempre que fuera necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por ninguno de los procesos establecidos por este Código u otras leyes." En el caso, la naturaleza alimentaria de los créditos reclamados que resultan exigibles en circunstancias particularmente críticas para el trabajador y la complejidad de los planteos de la demanda, que no requieren de un mayor debate y prueba que el que permite la acción entablada, justifican su tratamiento por la vía celérica del amparo.

III. En cuanto a la procedencia sustantiva de la demanda, adelanto mi opinión desfavorable a la postura de las demandadas contra la admisión de los planteos de inconstitucionalidad formulados por el actor contra los arts. 11.2, 12, 14.1, 15.1 de la L.R.T. y el art. 16 del decreto 1694/09 en cuanto refieren a la forma de cálculo y ajuste de las prestaciones dinerarias. Se encuentra fuera de debate que la primera manifestación invalidante del actor se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 1649/09, de modo que la primera cuestión a resolver es si corresponde aplicar o no retroactivamente los beneficios del citado decreto al caso de autos. Cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso de similares características ("Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro s/ accidente-acción civil" -C.S.J.N., L. 515, L.XLIII, del 17/8/10), se ha expedido en contra de la aplicación retroactiva de la norma reglamentaria anterior (v.g. decreto 1278/00), la cual otorgaba mayores beneficios en las prestaciones adicionales contempladas por la ley 24.557. Si bien el criterio apuntado difiere del que fuera sostenido por esta sala X en anteriores pronunciamientos (ver SD 14.835 del 14/12/08 in-re "Torales, Gustavo Ramón c/ Provincia ART S.A.", entre otras), razones de economía procesal imponen el deber de acatar esta doctrina. Los argumentos expuestos por el procurador general y a los que adhiere el máximo tribunal en la causa "Lucca de Hoz" ya citada resultan, mutatis mutandi, aplicables al caso de autos en cuanto refiere a la vigencia del decreto 1694/09.	Dicho esto, resta dilucidar si las disposiciones normativas de la ley 24.557 cuestionadas por el actor en la demanda resultan o no inconstitucionales en la medida en que llevan a la determinación de un monto fijo que no acompaña los incrementos salariales que pueden verificarse durante el período de incapacidad, como sí lo hace el artículo 208 de la LCT para el supuesto de las enfermedes inculpables.

Como bien lo señaló el magistrado que precede, todas las prestaciones dinerarias de la LRT (con excepción de la prestación por gran invalidez del art. 17) se calculaban a partir del "ingreso base" (I.B.) que resulta del promedio de las remuneraciones del trabajador durante el año anterior al accidente o a la primera manifestación invalidante, el cual se multiplica por 30,4 para la obtención del ingreso base mensual (I.B.M.) y, a su vez, por el porcentaje de incapacidad para la determinación de la prestación dineraria mensual prevista para el período de la incapacidad laboral provisoria (I.L.P.P.) del art. 14.1 de la ley 24.557. Además, la normativa cuestionada por el actor dispone que la prestación dineraria así determinada debe ser ajustada según los incrementos del módulo previsional (M.O.P.R.E.) de la ley 24.241 que hubiesen sido dispuestos durante el período (conf. art. 11.2 LRT y dec. 334/96). Debe tenerse presente que se trata de prestaciones sustitutivas y/o complementarias de la remuneración.

Sólo a partir de la sanción del decreto 1694/09 se modificó esa forma de cálculo, al disponer que en los supuestos de la incapacidad laboral temporaria y permanente provisoria las prestaciones dinerarias deben calcularse de conformidad con lo preceptuado por el artículo 208 de la LCT, en cuanto ordena el pago de una suma equivalente a la de la última remuneración percibida (si el trabajador es remunerado mediante sumas fijas) o al promedio de lo percibido en el último semestre (si percibe remuneraciones variables), con más los aumentos que hubiesen sido otorgados durante el período. Como fue señalado precedentemente, esta última normativa sólo rige aquellos supuestos en que las primeras manifestaciones invalidantes de la incapacidad se produjeron con posterioridad al día 6/11/2009 en que fue publicada y entró en vigencia la nueva reglamentación (art. 16, dec. cit.), lo que no acontece en el caso de autos.

Así delimitada la cuestión, dado que a la fecha del siniestro el actor percibía una remuneración promedio mensual de $1.596,96 sobre la base de un salario horario de $ 7,75 (ver detalle de fs. 566 y vta. y recibo de fs. 110), que a partir de mayo de 2009 debió elevarse a $2.421,60 y a partir octubre de ese mismo año a $2.568 (según las escalas salariales informadas por la U.O.C.R.A. a fs. 350/353), el pago de la suma de $1.018,66 que le correspondía percibir en concepto de la prestación dineraria por incapacidad definitiva provisoria, sobre la base de una incapacidad del 52% de la t.o. y un ingreso base mensual de $1.958,91 (ver pto. 4 de la pericial contable a fs. 567 vta) y en la medida en que no sido objeto de reajuste alguno(dec. 833/97), implicó un claro cercenamiento del monto que le hubiera correspondido al actor si no hubiese estado afectado por una enfermedad profesional o accidente de trabajo.

En el contexto fáctico apuntado, cabe concluir que la falta de ajuste de la base remuneratoria a la que se supedita la determinación del monto de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 para los períodos de incapacidad laboral temporaria y definitiva provisoria, los cuales pueden llegar a extenderse hasta seis años en total (uno por la incapacidad laboral temporaria y tres más, prorrogables por otros dos años, por la incapacidad definitiva provisoria), implica una "pulverización" del real significado económico del crédito, en palabras del Máximo Tribunal (C.S.J.N., fallo del 16/12/1993 en autos "Vega"), todo lo cual permite declarar la inconstitucionalidad de las normas referidas pretendida por el actor. Más aún, cuando la normativa posterior evidencia que el perjuicio económico aludido fue advertido y conjurado por el legislador mediante la adecuación de esas previsiones con lo establecido por el art. 208 de la L.C.T. para el supuesto de enfermedades inculpables (cfr. antecedentes del decreto 1694/09).

Al solo fin de abundar, destaco que en un caso no idéntico, pero semejante, la existencia del perjuicio económico aludido ha sido asimismo advertido por autorizada doctrina en cuanto afirmó los daños derivados del desajuste de las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria y permanente previstas en la L.R.T. antes de la vigencia del decreto 1649/09 (ver Maza, Miguel A. y Loustaunau, Eduardo, en "Desajuste en las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo", pub. DT 2008 (julio), pág. 711; pub. LL 2008-E, pág. 914). En consecuencia, al igual que el magistrado que precede, concluyo que las disposiciones de los arts. 11.2, 12, 14.1 y 15.1 de la ley 24.557 y 16 del decreto reglamentario 334/96 en cuanto a la forma de determinación y ajuste del ingreso base mensual para el cálculo de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente provisoria resultan inconstitucionales como contrarios a las garantías de propiedad e igualdad ante la ley (arts. 14, 14 bis y 17, Const. Nac.).

Repárese en que una norma puede devenir inconstitucional cuando pierde la razonabilidad al verse alteradas las condiciones de hecho con base en las cuales fue dictada. Si bien el legislador tiene la facultad de establecer una limitación dineraria en el respectivo monto del crédito un cambio en el contexto dentro del cual fue sancionada la norma autoriza al juez a desplazarla en su aplicación al caso por resultar irrazonable ya que la solución legal, al margen de si fue o no correcta al momento en que fue dictada, se tornó descalificable desde el punto de vista constitucional por el transcurso del tiempo (ver mi voto, en SD 18.688 del 30/06/2011 en los autos "Masia, Gastón Alberto Ramón c/ Mapfre Argentina ART S.A." del registro de esta sala).

Además, nuestro Máximo Tribunal en los autos "Ascua, Luis Ramón c/ SOMISA s/ cobro de pesos", Recurso de Hecho A.374 XLIII del 10/8/2010, ha afirmado también que ".es necesario concluir que la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado -al cual apuntan los textos transcriptos-, no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima". (cfr. considerando 8º)". Ello encuentra sustento en reiterada doctrina de ese mismo tribunal en cuanto ha expresado que ".el trabajo humano exhibe características que impone su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, también normativamente comprendidos en la Constitución Nacional (ver "Mansilla", Fallos: 304:415, 421 y su cita)"; y que "Más todavía; dicha justicia no es otra cosa que la justicia social, vale decir, aquella por la que se consigue o se tiende a alcanzar el "bienestar", esto es, "las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad" ("Bercaitz", Fallos: 289:430, 436 -1974-; v., entre otros, además del ya citado caso "Aquino": "Prattico c. Basso y Cía", Fallos:246:345, 349; "Roldán c/ Borrás", Fallos: 250:46, 48/50 y sis citas, y "Pérez c. Disco SA", Fallos :332:2043, 2057/2058 y sus citas)".

Por todo lo expuesto, propongo confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y ha sido materia de la apelación y los agravios de la aseguradora de riesgos del trabajo Mapfre Argentina ART S.A.

III. Sí le asiste, en cambio, razón a la empleadora Riva S.A. al cuestionar su condena solidaria al pago de las diferencias reclamadas en concepto de las prestaciones dinerarias de la LRT por cuanto entiendo que, de conformidad con las demás previsiones de esa ley que no han sido materia de reproche constitucional, la contratación del seguro de la cobertura de riesgos del trabajo desplaza la responsabilidad del empleador por el pago de las prestaciones allí establecidas (conf. arts. 3.3, 26.1 y cctes., ley L.R.T.).

En consecuencia, propongo revocar la sentencia en cuanto condenó solidariamente a Riva S.A. y eximirla de responsabilidad por el pago de los créditos e intereses diferidos a condena. IV. El nuevo resultado propuesto impone revisar las costas y dejar sin efecto las regulaciones de honorarios efectuadas en la instancia anterior (art. 279, CPCCN), razón por la cual deviene abstracto el tratamiento de las apelaciones vertidas en relación.

En razón de la forma de resolverse, propongo que las costas por la acción admitida se impongan a la aseguradora Mapfre Argentina ART S.A. que resultó vencida en lo principal y que las correspondientes a la acción dirigida contra la demandada Riva S.A. se distribuyan en el orden causado porque el actor pudo considerarse con derecho para reclamar (art. 68, 1º y 2º párr., CPCCN), fijándose en el 16%, 14% y 7% del monto de condena con más los intereses los honorarios de la representación letrada del actor, de la aseguradora Mapfre Argentina ART S.A. y de la perito contadora, respectivamente, y en el 16% del monto de capital de condena (sin los intereses) los honorarios de la representación letrada de la demandada Riva S.A., todo ello sin perjuicio de la adición del porcentaje correspondiente al I.V.A. cuando se demuestre procedente (art. 38 L.O. y cctes. ley 21.839, modif. ley 24.432; arts. 3º y 12 del dec.-ley 16.638/57).

Sugiero adoptar similar criterio para las costas de alzada, esto es imponerlas a la aseguradora Mapfre Argentina ART S.A. con excepción de las correspondientes a la actuación de la demandada Riva S.A. que serán por su orden (art. 68, 1º y 2º párr., CPCCN), fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los regulados por sus actuaciones en origen (art. 14, ley arancelaria cit.).

Por lo expuesto, de prosperar mi voto, propicio: I. Modificar parcialmente la sentencia recurrida al rechazar la demanda incoada contra la codemandada Riva S.A., aclarar que ambas partes refirieron percibidas por el actor de parte de Mapfre Argentina ART S.A. con motivo del accidente de trabajo referido en la demanda lo fueron en concepto de las prestaciones dinerarias mensuales por incapacidad laboral temporaria y permanente provisoria (ILT y ILPP) de los artículos 13 y 14.1 de la ley 24.557 calculadas de conformidad con la reglamentación entonces vigente y confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; II. Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en origen; III. Imponer las costas de la primera instancia por la acción admitida a la aseguradora Mapfre Argentina ART S.A. y distribuir por su orden las correspondientes a la acción entablada contra la demandada Riva S.A., fijándose en el 16%, 14% y 7% del monto de condena con más los intereses los honorarios de la representación letrada del actor, de la aseguradora Mapfre Argentina ART S.A. y de la perito contadora, respectivamente, y en el 16% del monto de capital de condena (sin los intereses) los honorarios de la representación letrada de la demandada Riva S.A., todo ello sin perjuicio de la adición del porcentaje correspondiente al I.V.A. cuando se demuestre procedente; IV. Imponer las costas de alzada a la aseguradora vencida, con excepción de las correspondientes a la actuación de Riva S.A. que se distribuyen por su orden, fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo regulado por sus actuaciones en origen.

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Adhiero por análogos fundamentos al voto que antecede.

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO no vota (art. 125, L.O.).

Como resultado del acuerdo precedente, este Tribunal RESUELVE: I. Modificar parcialmente la sentencia recurrida al rechazar la demanda incoada contra la codemandada Riva S.A., aclarar que ambas partes refirieron percibidas por el actor de parte de Mapfre Argentina ART S.A. con motivo del accidente de trabajo referido en la demanda lo fueron en concepto de las prestaciones dinerarias mensuales por incapacidad laboral temporaria y permanente provisoria (ILT y ILPP) de los artículos 13 y 14.1 de la ley 24.557 calculadas de conformidad con la reglamentación entonces vigente y confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; II. Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en origen; III. Imponer las costas de la primera instancia por la acción admitida a la aseguradora Mapfre Argentina ART S.A. y distribuir por su orden las correspondientes a la acción entablada contra la demandada Riva S.A., fijándose en el 16%, 14% y 7% del monto de condena con más los intereses los honorarios de la representación letrada del actor, de la aseguradora Mapfre Argentina ART S.A. y de la perito contadora, respectivamente, y en el 16% del monto de capital de condena (sin los intereses) los honorarios de la representación letrada de la demandada Riva S.A., todo ello sin perjuicio de la adición del porcentaje correspondiente al I.V.A. cuando se demuestre procedente; IV. Imponer las costas de alzada a la aseguradora vencida, con excepción de las correspondientes a la actuación de Riva S.A. que se distribuyen por su orden, fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo regulado por sus actuaciones en origen.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.