Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-13


Salta, 13 de abril de 2011.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ARAMAYO, PABLO ADOLFO vs. HIDALGO, CARMEN ISABEL; FARFAN HIDALGO, PABLO MIGUEL ALFREDO; FARFAN HIDALGO, PAULINA Y/O CULAQUIER OCUPANTE - DESALOJO POR FALTA DE PAGO" - Expte Nº 256.816/09 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 5º Nominación (Expte. N° CAM 319.246/10 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

Que a fojas 111 la parte demandada, plantea caducidad de la segunda instancia manifestando, ha transcurrido el plazo de tres meses que establece el Art. 310 inc. 2º del Código Procesal.

Corrido traslado, al apelante contesta a fs. 115/116, solicitando no se haga lugar al pedido por los motivos allí expuestos.

Analizando el expediente resulta que el acto de impulso procesal es de fecha 21 de febrero de 2011 -fs. 214 cédula de notificación de integración de la Sala- se realizó cuando ya se encontraba cumplido el plazo correspondiente por cuanto la providencia de fs. 109 es del 10/08/10. El pedido de caducidad es de fecha 25 de febrero de 2011 y fue opuesto dentro del plazo de cinco días previsto por el artículo 315 del Cód. Procesal Civil y Comercial.

De conformidad al art. 315 del CPCC Salta, la petición de caducidad debe formularse "antes de consentir el solicitante cualquier acto que tenga por efecto impulsar el proceso, posterior al vencimiento del plazo legal"; y si, el acto de impulso posterior al vencimiento de plazo legal es consentido por la otra parte, como en autos, con ello se opera la purga, o subsanación o convalidación de la caducidad; tal consentimiento si no surge en forma expresa o tácita de actitudes de la parte lo presume la ley cuando no se deduce la caducidad dentro del plazo de cinco días a contar del conocimiento de este acto de impulso, que es el plazo que el art. 170 del CPCC establece para el consentimiento de un acto o procedimiento viciado (CNCom. Sala B, L.L.1980-C-460; CNCiv., Sala F, E.D. 65-438; 69-200; Id. Sala C, E.D. 21-328, etc.).

En el caso, a partir de la providencia de fs. 109, el expediente ha permanecido en inactividad, al no haberse hecho conocer la radicación e integración de la Sala tal como lo ordenaba la citada providencia.

En orden a los argumentos vertidos por el incidentado para evitar la conclusión precedente, cabe señalar que a los efectos de la perención debe entenderse que la segunda instancia comienza con la interposición del recurso y desde ese mismo instante existe la posibilidad que perima.

Asimismo que la notificación de la radicación no es una actividad que dependa del órgano jurisdiccional. Por el contrario, como lo dispone el artículo 137 del CPCC, "La cédula será suscripta por el abogado o apoderado de la parte que tenga interés en la notificación..." y "...el secretario suscribirá las cédulas cuando fuere conveniente por razones de urgencia o por el objeto de la providencia o cuando no interviniera apoderado o abogado", supuestos que no se configuran en autos.

En tal sentido nuestra Corte de Justicia ha dicho: "Si los impugnantes no presentaron la cédula para notificar la radicación de los autos en el Tribu-nal, es de su exclusiva responsabilidad, pues la carga de impulsar el proceso incumbe a la parte que interpuso el recurso" (CJS, Tomo 117: 995/1002).

La obligación de urgir la elevación de los autos y la puesta de ellos en estado de dictar resolución por la Alzada se encuentra a cargo del apelante. Ya que concedido el recurso, es quien tiene interés en la modificación de la decisión recurrida. Ello implica que las partes tienen el deber de cooperar y de impulsar el proceso en todo su contenido y desarrollo en cada una de sus etapas y en todas las instancias.

.Sin embargo la recurrente no averiguó las novedades de la causa, abandonando la instancia recursiva por un lapso mayor a los tres meses previstos por el art. 310 inciso 2do. del CPCC. Por último la perención no es una sanción al litigante por su inactividad procesal, sino una consecuencia derivada de la misma: la presunción de desistimiento o abandono del procedimiento. Pues el fundamento de la caducidad radica en el abandono tácito de parte del interesado y de su desinterés exteriorizado en esa inactividad. Y ello así porque cualquiera sea el trámite necesario para que los autos estén en condiciones de resolverse debe concretarse antes que opere el plazo de caducidad, ya que la obligación de control e impulso solo cesa cuando se ponen a despacho.

Por lo expuesto se declara la caducidad de la segunda instancia respecto del recurso de apelación interpuesto a fs.96. Con costas.

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.