Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-20


SENTENCIA Nº 93003 CAUSA Nº 5.088/2006 SALA IV. "FERRARI HUGO ANDRES C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. S/ DESPIDO" JUZGADO Nº 80 En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 20.2.08, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así, la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La doctora Guthmann dijo:

Vienen estos autos a la Alzada a fin de tratar los agravios vertidos por la parte actora a fs. 250/252, contra la sentencia de fs.

242/244 que rechaza la demanda y apela por altos los honorarios regulados a su dirección letrada y a la perito contadora.- La perito contadora se agravia el a fs. 248 por considerar bajos los honorarios que le fueron regulados.- 1.-) Trataré conjuntamente los tres primeros agravios de la actora que se encuentran íntimamente ligados, pues en ellos objeta "no haber sido debidamente merituadas las testimoniales aportadas por los testigos propuestos" (por ella) para tener por probado que lo que facturaba a Get in Touch SRL y Estudio Gago SRL, eran "trabajos que directamente servían a Provincia ART SA".- Que estas eran empresas "fantasmas" "tercializadoras" de los trabajos encomendados por Provincia A.R.T. S.A." (sic).- Que la relación laboral "comenzó "encubiertamente" en el mes de septiembre de 1996.- Y que no se haya sido tenido en cuenta en la sentencia que a pesar de que el currículum acompañado por la demandada consigna "que desempeñaba tareas desde setiembre 2006 para Provincia ART SA", la accionada no observó nada al respecto, por lo que "a todas luces se encuentra admitiendo la relación laboral la Nación que esta parte intenta probar".- Aún cuando el actor haya confundido el año 2006 con el año 1996, vale aclarar que el mes consignado en el currículum como comienzo de la prestación del actor tampoco coincide con la fecha pretendida en el inicio "Desde noviembre de 1996 hasta setiembre de 1997?" Hecha la salvedad, adelanto que no le asiste razón al quejoso.- a) La declaración del testigo Crognale (fs. 123) no es clara, y si bien refiere "trabajábamos para la demandada teníamos un contrato de mandato por cuenta y orden de la demandada desde el año 1996 hasta fines del año 2002", en ninguna parte de su declaración dice que el actor hubiera trabajado en relación de dependencia para Get In Touch SA o para Estudio Sago SRL, ni para Provincia ART SA ni da pautas objetivas para que así pueda considerarse que ocurrió.- El testigo Trípodi a fs. 124 dice que "si bien no recuerda muy bien fue desde el año 1998 hasta el año 2000 que conoce al actor de Provincia ART porque trabajaron juntos, que el actor ingresó a trabajar para la demandada una semana o quince días antes que el dicente"... "que el dicente era personal fijo de la demandada y get In Touch era una contratista de la demandada que hacían el mismo trabajo con otra gente pero con otra modalidad de contratación en vez de ser fijo se le pagaba por trabajo".- El testigo Mollo fue tenido por desistido a fs. 108 y las poco precisas declaraciones de Crognale y Trípodi, no autorizan a tener por probado que la fecha de comienzo de la relación laboral en los términos de la LCT haya sido anterior al 2-3-98.- b) Las facturas que acompaña el actor a fs. 3 del periodo comprendido entre el 26-12-1996 y el 5-11-1997 correspondieron a trabajos realizados para Get In Touch SRL; para Federación Patronal Cooperativa de Seguros; para Estudio Sago SRL y para Azzollini Const. SRL y solo en 10 de esas 41 facturas acompañadas se menciona a Provincia ART SA.- c) A fs. 220 Techint SU informa que el actor trabajó para ella desde el 7 de octubre de 1996 hasta el 14 de diciembre de 1996.- d) Entre la documental acompañada por la accionada (sobre Nº 4260) que no fuera desconocida por el actor, hay una nota fechada el 14 de diciembre de 1997 en la que Ferrari responde a un aviso publicado en el Diario Clarín que requería personal técnico superior en seguridad e higiene industrial, adjuntando su "Currículum Vitae", que consigna que desde septiembre de 1997 a esa fecha (diciembre de 1997) se desempeñó en la empresa Azzollinni Construcciones SRL "como responsable de obra y sobrestancia para la Empresa mencionada para la ESSO S.A.P.A, CARREFOUR, Mc DONALDS; EG3;

MOLINO etc."; en COPAN A.R.T. desde mayo hasta setiembre de 1997; en FEDERACION PATRONAL A.R.T.

desde marzo hasta setiembre de 1997; en TECHINT S.U. desde setiembre de 1996 hasta diciembre del mismo año; y para Provincia ART desde noviembre de 1996 hasta setiembre de 1997.- De su contenido se desprende que coexisten en el tiempo sus labores profesionales para distintas empresas (entre las cuales se encuentra la demandada), a las que facturaba por trabajo realizado.- No menciona allí haberse desempeñado para Get In Touch SRL ni para Gago SRL, en tanto que en el escrito de inicio sostiene que los trabajos que realizó para estas empresas estuvieron destinados a Provincia ART SA.- Esta afirmación, además de carecer de prueba que la sustente, (ver el carácter esporádico de esa prestación en el punto b), tampoco sirve para probar que las dos primeras fueran empresas "tercializadoras" de los trabajos encomendados por provincia ART SA, (sic), ni mucho menos que la relación laboral con Provincia ART SA hubiera comenzado "encubiertamente" en el mes de setiembre de 1996.- Si bien la exclusividad no es una nota esencial para tipificar un contrato de trabajo, el desempeño de tareas ocasionales a favor de la demandada en el período cuestionado, no puede considerarse por sí solo como demostrativo de la existencia de un contrato de trabajo encuadrable en la normativa de la L.C.T.- Por todo ello he de confirmar la sentencia en cuanto consideró que hasta su ingreso como personal dependiente a Provincia ART SA, (ocurrido el 02-03-1998), el Sr. Ferrari se desempeñó como profesional independiente facturando por sus servicios a distintas empresas, más aún si se tiene en cuenta que él mismo solicitó su incorporación a Provincia ART SA a raíz de un aviso publicado en un matutino requiriendo personal.- II.-) El actor tampoco probó que las empresas Get In Touch SRL y Estudio Sago SRl (a las que no ha demandado ni a su respecto ofrecido prueba alguna) sean empresas fantasmas, por lo cual el pretendido agravio no merece tratamiento.- III.-) En el quinto agravio, el actor pretende que el Sr Stropparo lo indujo y lo presionó para que renuncie o firme un acuerdo, violando su libre voluntad (fs 252, primer párrafo), al haberle escrito de su puño y letra en su tarjeta personal: "a)Art. 241 LCT Mutuo Acuerdo o b) "Telegrama-Fondo de Desempleo 15-4045-4047", tarjeta que fue desconocida por la demandada en el responde y cuya autenticidad y contenido no se acreditó en autos.- IV.-) También se agravia que la jueza de la instancia anterior haya considerado que "recién cuestionara la validez del convenio el 25 de octubre de 2005 o sea a más de tres meses después de haberlo firmado y luego de haber percibido los importes que allí se reconocen a su favor".- En cuanto al plazo del cuestionamiento le asiste razón al apelante, dado que las controversias o reclamos originados en la extinción de la relación laboral prescriben a los 2 años de ocurrido el hecho que se pretende les dio origen.- Pero aún así, su reclamo no será acogido por las razones que seguidamente expondré.- V.-) En efecto, el instrumento mediante el cual las partes convinieron la disolución de la relación, los montos y las imputaciones de los mismos, fue plasmado en una escritura pública que acompaña la demandada, no desconocida por Ferrari y cuya autenticidad tampoco fuera cuestionada por este.- Esta escritura en su cláusula SEGUNDA dice que "Ambas partes de común acuerdo resuelven dejar sin efecto el contrato laboral que las unía y proceder a la extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo".- En la TERCERA consigna que en el mismo acto la demandada le abona al actor la liquidación final $3.000.- que incluye los rubros:

sueldo proporcional al día de la fecha; vacaciones proporcionales, aguinaldo sobre vacaciones proporcionales y aguinaldo proporcional en los términos y con los recaudos de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto en la cláusula CUARTA la accionada "ofrece pagar al Sr Ferrari la suma de $35.000.- en concepto de gratificación que será imputable a cualquier concepto o rubro salarial o indemnizatorio que pudiere adeudar Provincia ART SA al Sr. Hugo Andrés Ferrari, incluyendo en una enumeración no limitativa, aguinaldo proporcional, vacaciones no gozadas, indemnización sustitutiva del preaviso, indemnización por antigüedad, incremento indemnizatorio del 80%, etc.", ofrecimiento que el actor acepta en la cláusula QUINTA a la par que manifiesta "que una vez percibida dicha suma nada tiene que reclamar por concepto alguno emanado de la relación que lo unió con Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA, ni proveniente de su extinción" Esta Sala IV de la CNAT en una situación similar planteada en autos "Revello, Antonio Osvaldo c/ Telefónica de Argentina s/despido" SD 91.867 del 25-9-2006, el Dr. Guisado, con la adhesión de quien suscribe este voto, sostuvo que:

Como es sabido, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (art. 1198 del Código Civil).

Desde esa perspectiva y ante la claridad de las expresiones transcriptas, resulta evidente que las partes entendieron que estaban celebrando un acuerdo extintivo, en los términos del art. 241 de la LCT.

El hecho de que la demandada se comprometiera a "abonar sumas a las que no estaba obligada por la norma arriba señalada" no autoriza a presumir que se tratara de un despido encubierto. Al respecto, comparto plenamente las agudas reflexiones del Dr.

Scotti, acerca de que:

"?no es extraño que los pactos celebrados en los términos del artículo 241 de la LCT, primera parte, incluyan, además, el pago de una compensación dineraria a favor del trabajador.

En verdad, estos casos de acuerdos rescisorios ?onerosos?, por llamarlos de algún modo, tienen que resultar la abrumadora mayoría. Es que si fuera de otra manera no se explicaría la razón de ser de ese convenio tendiente a poner fin a la relación, puesto que si el trabajador desea poner fin a la misma le basta con cursar una comunicación de renuncia en la forma autorizada por el artículo 240 de la LCT y nada más, sin necesidad de concurrir ante la autoridad pública o ante un notario juntamente con su empleador o un representante de éste, con los trastornos, pérdida de tiempo, etcétera, que suelen ocasionar estos trámites.

Por ello, cuando se acude al instituto de acuerdo rescisorio "expreso" es porque se ha llevado a cabo, previamente, una negociación, arribándose a una solución que, a grandes rasgos, consiste en el pago de una compensación económica, generalmente dineraria, que se le abona al subordinado como parte integrante del convenio.

Si la ley admite la validez de la extinción del vínculo por acuerdo de las partes (y no habría razón para que no lo hiciera) y si, según lo indicáramos, en la gran mayoría de los casos, ese convenio es el fruto de tratativas que culminan con el pago de lo que suele denominarse ?gratificaciónº como contraprestación a la conformidad del dependiente para dejar el empleo, parece evidente que esta sola circunstancia, la "onerosidad" del acuerdo, es un dato insuficiente como para invalidarlo, en tanto no medien los defectos de forma y de fondo esbozados en el punto anterior; más aún, tal "onerosidad" es lo que lo convierte en un verdadero acuerdo?" (Scotti, Héctor J., "Extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo", Revista de Derecho Laboral, 2000-1, p. 43).- Continuó diciendo el Dr. Guisado "Tampoco obsta a la validez del acuerdo el hecho de que se imputara una parte de la suma percibido a "artículo 245 de la ley de contrato de trabajo" y que se estipulara que una vez acreditada la cantidad acordada el trabajador "nada más tendrá que reclamar por concepto alguno emergente del contrato de trabajo, ya que con la suma percibida queda saldada toda posible deuda entre las partes, siendo ella compensable en forma genérica con cualquier crédito a que pudiera considerarse eventualmente acreedor". Como lo ha señalado Vázquez Vialard, en términos que también suscribo y hago míos:

"?parece inadecuado considerar que el reconocimiento de una suma (que no tiene fundamento legal) en concepto de gratificaciónºdeba considerarse una pantalla de un fraude laboral, por el hecho de que la misma -en su caso, si se formula un reclamo- se impute a ?indemnización por antigüedad? y se declare que ambas partes (obviamente, ello se refiere al trabajador) ?nada más tendrán que reclamarse entre sí por ningún motivo ni concepto derivados de la relación laboral que los unía?. De acuerdo con la experiencia que surge del simple análisis de las causas laborales que tramitan por nuestros tribunales, surge que gran parte de ellas corresponden a reclamos fundados en diferencias salariales, consecuencia de hipotéticas enfermedades accidentes, o, en casos como el que comentamos, en que se cuestiona la causa de la rescisión (reclamando una indemnización), que se formulan una vez extinguida la relación contractual.

Por lo tanto, parece prudente que el empleador adopte algún mecanismo de protección ?a fin de compensar el importe que se abona con la deuda que pueda surgir de una futura condena" (Vázquez Vialard, Antonio, "Acuerdos de gratificación imputable al pago de indemnizaciones. Buena fe", T y SS 1992-1076, el subrayado me pertenece).

Y continúa el Dr. Guisado:

"Tampoco es motivo para invalidar el acuerdo la falta de homologación, ya que ésta sólo se requiere para los convenios transaccionales, conciliatorios o liberatorios (art. 15, LCT), pero no para los convenios extintivos de la relación laboral (art. 241 de la LCT)." Por lo demás, tal como se dijo en el punto III.-) el actor no produjo prueba alguna que demostrara la existencia de las inducciones y presiones invocadas en el escrito inicial, por todo lo cual sugiero rechazar este agravio.- VI.-) El actor reclama se haga lugar a las multas previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 16 de la ley 25.561 y 8 y 9 de la ley 24.013, pero no rebate los fundamentos por los cuales estas sanciones fueron rechazadas por la jueza de la instancia anterior, razón por la cual y por compartir los fundamentos de lo decidido, no haré lugar al reclamo.- VII.-) A fs. 248 la perito contadora apela los honorarios que le fueron regulados por considerarlos bajos, en tanto que la parte actora en el punto XI de fs. 252 apela los honorarios regulados a "la dirección letrada de la parte actora"? y?"a la señora perito contador", por considerarlos elevados.- En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados en la instancia anterior, estimo que los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora no resultan elevados, por lo que propongo su confirmación, en cambio los de la perito contadora son bajos y deberán elevarse a $ 3.840.- VIII.-) En síntesis, voto por: 1) Confirmar en lo principal que decide la sentencia de la instancia anterior y ha sido materia de recurso.- 2) Mantener los honorarios regulados en esa instancia a la dirección letrada de la parte actora.- 3) Elevar los honorarios de la señora perito contadora a la suma de $3.840.- 4) Imponer las costas de la Alzada a la actora en atención al resultado obtenido (art. 68 del CPCCN) 5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la Alzada en el 25% de los regulados por su actuación en la primera instancia (art. 14 de la ley 21.839).- El doctor Moroni dijo:

Que adhiere por análogos fundamentos al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar en lo principal que decide la sentencia de la instancia anterior y ha sido materia de recurso.- 2) Mantener los honorarios regulados en esa instancia a la dirección letrada de la parte actora.- 3) Elevar los honorarios de la señora perito contadora a la suma de $3.840.- 4) Imponer las costas de la Alzada a la actora en atención al resultado obtenido (art. 68 del CPCCN) 5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la Alzada en el 25% de los regulados por su actuación en la primera instancia (art. 14 de la ley 21.839).- Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.