Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-20


SENT.DEF.N°: 16134	EXPTE. N°: 22.313/06 (23264) JUZGADO N°: 63	SALA X AUTOS: "PEZZANA ADOLFO ANDRES C/ QUIMICA ESTRELLA S.A.C.I. E I. Y OTRO S/ DESPIDO" Buenos Aires,20/06/2008	El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) Vienen estos autos a conocimiento de esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de fs. 469/482 formulan el actor a fs. 485/490 y la demandada a fs.492/496, mereciendo el primero réplica adversaria a fs. 501/505.

El actor actualiza en esta instancia la apelación que interpuso contra la resolución que resolvió la excepción de prescripción; apela la sentencia de grado en cuanto rechazó la pretensión de pago de diferencias salariales derivadas de una rebaja unilateral de salarios y cuestiona la base remuneratoria receptada por el juez "a quo" para el cálculo de las diferencias salariales admitidas por el desempeño de una categoría superior.

La demandada, a su turno, apela porque el magistrado de grado anterior admitió el reclamo por las diferencias salariales antedichas; cuestiona la base remuneratoria receptada en la sentencia y la admisión de la sanción del artículo 80 "in fine" de la L.C.T.

2º) El actor reclamó a Química Estrella S.A. y a Corporación General de Alimentos S.A. el pago de diferencias originadas con motivo de un descuento salarial del 15 % que esta última implementó al personal excluido del convenio a partir de agosto del año 2001 y por el cumplimiento de tareas de una categoría superior a partir de diciembre de ese mismo año ("jefe de expedición"). Solicitó la dispensa judicial de la prescripción cumplida con fundamento en el artículo 3980 del Código Civil al alegar como circunstancia imposibilitante el temor a perder el empleo. Solicitó el pago de la sanción del artículo 80 "in fine" de la L.C.T. para el supuesto de falta de entrega de los certificados allí previstos. Requirió la admisión de los créditos reclamados, con más los intereses y la actualización monetaria al plantear la inconstitucionalidad contra la ley 23.928 en cuanto derogó genéricamente toda norma que contuviera algún mecanismo de actualización de créditos (conf. demanda a fs.7/21). La demanda fue contestada por Grupo Estrella S.A., quien se presentó en calidad de sucesora por absorción de las dos sociedades referidas por el actor. La parte admitió la existencia de la quita salarial denunciada en el inicio, aunque adujo que se implementó como un mecanismo paliativo ante un estado de crisis general. Negó que el actor hubiese cumplido tareas de un cargo superior al de "jefe de turno de expedición" con el que figuraba registrado. Luego de oponer como defensa la prescripción y plantear la inaplicabilidad de la dispensa requerida, afirmó que la reducción salarial fue tácitamente consentida por el trabajador al no efectuar reclamos durante la vigencia del vínculo y que no afectó el orden público laboral. A todo evento, sostuvo que esa quita salarial había sido "prácticamente recompuesta en su totalidad" a la fecha en que el actor renunció al empleo en septiembre de 2005, mediante una serie paulatina de incrementos voluntarios que dispuso sobre los salarios básicos de sus trabajadores, al margen de los incrementos legales de emergencia impuestos por el gobierno nacional mediante los decretos 1273/02, 2647/02, 905/03, etc. En definitiva, se opuso a la procedencia de este tramo de la pretensión de la demanda (ver contestación de la demanda a fs. 83/94).

El señor juez "a quo" admitió parcialmente la excepción de prescripción opuesta por la demandada. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 256 de la L.C.T. y 3986 del Código Civil, el magistrado que me precede declaró prescriptos los créditos devengados antes del 8/11/03 (ver resolución de fs.156/157). Al pronunciarse sobre el fondo, descalificó la validez del descuento salarial del 15% impuesto unilateralmente por la empleadora porque estimó que había violentado el orden público laboral al afectar derechos irrenunciables y la intangibilidad de la remuneración (arts. 12, 58 y 260 L.C.T.). No obstante, rechazó la pretensión al pago por diferencias derivadas de esa reducción de salarios por entender que a la fecha en que se tuvo por operada la prescripción la remuneración del actor había alcanzado el mismo nivel salarial que tenía con anterioridad a la quita. Sobre la base de la prueba testifical rendida estimó probado el ejercicio de las tareas de mayor jerarquía que el actor denunció haber cumplido a partir de diciembre de 2001. En consecuencia, admitió la pretensión al pago de diferencias salariales por este último concepto por un monto que ordenó calcular en la etapa del artículo 132 de la L.O. según las pautas que indicó, con más los intereses. Impuso las costas a la demandada vencida y difirió la regulación de honorarios.

3º) Por una razón de método se impone tratar en primer término la queja formulada por el actor contra la admisión parcial de la excepción de prescripción. El recurrente actualiza ante esta instancia la apelación que interpuso a fs. 158/160 y que a fs.165 se tuvo presente en los términos previstos en el art. 110 de la (ver "tercer agravio" a fs.489 vta.). Cuestiona que no le haya sido concedida la dispensa judicial de la prescripción cumplida que requirió con fundamento en el artículo 3980 del Código Civil. Considero que no le asiste razón.

Cabe memorar que el primer párrafo del artículo 3980 del Código Civil referido establece que: "Cuando por razón de dificultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, .de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor. hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses". Asimismo no es ocioso tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha propiciado la adopción de un criterio restrictivo en el ejercicio de esa facultad judicial, en razón de tratarse de un instituto de naturaleza excepcional (Fallos 314:862).

Desde esa perspectiva, aún cuando se estimase - desde la tesis doctrinaria que resulta más favorable al trabajador recurrente -que la dificultad o imposibilidad de obrar mencionada por la norma pudiese ser individual y estar constituida por un impedimento de índole moral, como lo es el fundado temor a perder el empleo en determinadas circunstancias (ver opinión del doctor De la Fuente, reseñada por Maddaloni, Osvaldo A. y Tula, Diego Javier en el libro "Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo", págs. 56/67 y sus citas, Edit. Lexis Nexis, 2006, Buenos Aires), dichos extremos debían ser al menos indiciariamente acreditados (art. 163, inc. 5º, CPCCN). En el caso, tal carga probatoria se constata incumplida, pues el litigante no alegó ni menos aún probó la existencia de hechos objetivos susceptibles de generarle un impedimento de esa índole. En suma, considero que la orfandad del planteo obsta a la admisión de la dispensa judicial de la prescripción requerida, por lo que sugiero confirmar la resolución recurrida en cuanto decide en relación. 4º) Adelanto opinión favorable al agravio del actor contra el rechazo del reclamo en concepto de las diferencias derivadas de la quita salarial del 15%.

De principio, aclaro que comparto los fundamentos de la decisión de origen en cuanto a la invalidez de la rebaja inconsulta de salarios impuesta al actor por la ex empleadora. Difiero, en cambio, con la opinión del juez "a quo" en cuanto estimó que los incrementos salariales que otorgó la empleadora durante el período recompusieron íntegramente el nivel salarial que el actor tenía con anterioridad a la quita.

Así, la accionada Grupo Estrella S.A. admitió que la remuneración inicial del actor era de $1.600 y que durante el año 2001 y 2002 se mantuvo en $1360 operando una reducción del 15%, que implicó una diferencia mensual de $240 (ver fs. 87 vta. "in fine"). También reconoció que durante el primer semestre del año 2003 esa quita fue de $172 mensuales y que durante el segundo semestre alcanzó los $101 mensuales. Aclaró que no había incluido en el cálculo referido los incrementos que otorgó en concepto de las asignaciones no remunerativas establecidas mediante los decretos nros. 1273/02, 2641/02 y 905/03 y el incremento salarial generalizado del básico impuesto por el decreto 392/03, que afirma haber cumplido (ver 1er. párrafo de fs. 88). También aludió a un incremento salarial que otorgó a partir del mes de enero del año 2004 por la suma de $100 que luego compensó parcialmente con la asignación no remunerativa del decreto 1347/03, pero la expresa imputación de esa suma al concepto "a cuenta de futuros aumentos" excluye la posibilidad de considerarla como parte de la recomposición salarial pretendida. Finalmente, refirió que la situación del actor se mantuvo en iguales circunstancias hasta septiembre de 2005, cuando se desvinculó de la empresa (ver fs. 88 "in fine" y 1er. párrafo de fs.88 vta. de la contestación de la demanda). De lo expuesto se sigue que, al menos en la medida de las sumas referidas, la demandada admitió la subsistencia de una parte de la rebaja salarial que le impuso al actor durante el período no prescripto.

No obsta a la conclusión antedicha lo que surge de la prueba pericial contable, porque corroboró el carácter generalizado de la quita del 15% que la empleadora aplicó al personal no convencionado con un tope mínimo salarial de $1000 mensuales (ver fs.298/308) y porque los salarios básicos que se indicaron percibidos por el actor en la planilla obrante a fs.240/241 no contiene un detalle de los hechos como los que precisó la demandada Quimica Estrella S.A. en oportunidad del responde, tal como lo manifestó al impugnar ese aspecto del informe pericial a fs.278 (art. 91, L.O.).

En consecuencia, sobre la base de los hechos referidos, propongo revocar la sentencia en cuanto rechazó este aspecto de la demanda y admitir el reclamo por diferencias derivadas de la quita salarial originaria del 15%, la cual deberá calcularse a razón de $101 por cada uno de los salarios que se hubiesen devengado a favor del actor entre la fecha de la prescripción y la del cese (del 8/11/03 al 29/09/05).

Dichas sumas deberán incluirse en la liquidación que se ordena practicar en la etapa del artículo 132 de la L.O., donde se les adicionarán los mismos intereses establecidos en origen para los demás montos de condena desde la exigibilidad de cada créditos, para ser abonadas en el plazo y modo establecidos en la sentencia de grado.

5º) En otro orden, sugiero rechazar la queja que formula la demandada Grupo Estrella S.A. contra la admisión de las diferencias reclamadas por el cumplimiento de tareas de una categoría superior.

Para así decidirlo tengo presente que la recurrente no controvierte del modo exigido por el artículo 116 de la L.O. que las declaraciones testificales de Scafidi y Romano (fs.256 y 264) acreditaron de modo suficiente que cuando el actor pasó a desempeñarse en la "Planta Arata" en noviembre de 2001 lo hizo en reemplazo del anterior "jefe de expedición" y cumplió las mismas funciones que hasta entonces había cumplido su antecesor en el cargo. La recurrente no efectúa una crítica concreta y razonada de los dichos, que estimo suficientemente circunstanciados y veraces. En su lugar, alude a la declaración testifical de Maugeri (fs.264), pero esta testigo se limitó a referir la categoría laboral con el que figuraba el actor en los registros contables que consultaba al supervisar la liquidación de sueldos y jornales, los cuales constituyen registraciones unilaterales del empleador que ceden (como en el caso) ante los hechos probados que los desvirtúan por aplicación del principio de primacía de la realidad que rige en la materia laboral. En definitiva, la queja contra la favorable valoración de las declaraciones mediante las que se estimó probada la mayor categoría laboral aducida por el actor trasunta una discrepancia que deja firme lo resuelto (arts. 89 y 90, L.O.). En consecuencia, dado que la admisión de este aspecto del reclamo se ajusta a lo establecido en el artículo 78 de la L.C.T., propongo confirmar la sentencia en cuanto decide en relación.

En punto a la base remuneratoria receptada en la sentencia, sugiero confirmar el salario prudencialmente estimado por el juez "a quo" para el cálculo de las diferencias por categoría superior. Esto es así por cuanto considero que el mecanismo empleado para su determinación -consistente en proyectar la diferencia existente entre el salario actor y el que percibía su antecesor en el cargo como "jefe de expedición" durante el período no prescripto- se adecua razonablemente a las circunstancias del caso y arroja un resultado equitativo y acorde con la mayor responsabilidad asumida (arts. 56, L.C.T. y 56 L.O.).

6º) Propongo asimismo desestimar la queja de la demandada contra la admisión de la sanción prevista en el artículo 80 "in fine" de la L.C.T., porque el actor cumplió en tiempo y forma con el requerimiento fehaciente y las constancias de fs.31/33 con las que la demandada recurrente afirma haber dado cumplimiento a ese deber legal no reflejan las circunstancias del contrato de trabajo tal como fueron discernidas en la sentencia, de modo tal que la obligación se constata aún incumplida. Prueba de ello es que la demandada ha sido condenada en origen a dar cumplimiento a la obligación referida. 7º) El nuevo resultado que propongo impone el deber de revisar la distribución de las costas de la primera instancia (artículo 279, CPCCN). Sugiero mantener la imposición de las mismas a la demandada que resultó vencida en lo principal (art. 68, CPCCN).

Postulo que las costas de la alzada sigan igual suerte (art. 68, CPCCN), regulándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los que les corresponda percibir por sus actuaciones ante la instancia anterior.

Por lo expuesto, voto por: I. Modificar parcialmente la sentencia recurrida al admitir la demanda por diferencias derivadas de la quita salarial del 15% y disponer que en la liquidación que se ordena practicar se incluyan dichas sumas con más los intereses, según las pautas indicadas en los considerandos precedentes; II. Mantener la imposición de las costas de la primera instancia a cargo de la demandada; III. Imponer las costas de la alzada a la demandada, regulándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los que les corresponda percibir por sus actuaciones ante la primera instancia.

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

Como resultado de este acuerdo, el Tribunal RESUELVE: I. Modificar parcialmente la sentencia recurrida al admitir la demanda por diferencias derivadas de la quita salarial del 15% y disponer que en la liquidación que se ordena practicar en la oportunidad del artículo 132 de la L.O. se incluyan dichas sumas, con más los intereses, según las pautas indicadas en los considerandos del primer voto; II. Mantener la imposición de las costas de la primera instancia a cargo de la demandada; III. Imponer las costas de la alzada a la demandada, regulándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los que les corresponda percibir por sus actuaciones ante la primera instancia.

Se hace saber que la tercera vocalía se encuentra vacante (art. 109, R.J.N.).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.