marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del abogado, derecho a la identidad, filiación, reglamentación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: C.,M.I. c/ S.,T. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-26

Corresponde inscribir la sentencia de filiación en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas aún cuando se encuentren pendientes el pago de los honorarios abogado interviniente y los aportes de ley, requisito previsto por la Ley de Buenos Aires 6.716 -art. 21-, no sólo a fin de hacer cumplir y efectivizar el derecho a la identidad de un niño, función impuesta al Poder Judicial por la Constitución Nacional, sino puesto que cuando nuestra carta magna reconoce derechos lo hace para que éstos resulten efectivos, en especial si se trata de un derecho humano, por lo que en su reglamentación se debe obrar para darles toda la plenitud que le reconoce el texto supremo que los enunció y manda a asegurarlos.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Intedil S.A. c/ Ventimiglia, Cesar s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

La caducidad de la instancia implica el rechazo integro de la demanda por lo que debe tomarse el monto de la demanda a efectos de conformar la base regulatoria, aplicándose lo normado por el art. 23 segundo apartado de la ley 8904. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Transacción, honorarios del abogado
Materia: LABORAL
Carátula: Boneiro, Rubén M. c/ Belma S.C.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-12

El art. 25 del dec. ley 8904 que decide que en los casos de transacción, la regulación de honorarios se practicará sobre el monto total de la misma, debe interpretarse sin violentar las normas de fondo que regulan tal instituto como el caso del art. 851 del Código Civil que dispone que la transacción hecha por uno de los interesados, ni perjudica ni aprovecha a terceros ni a los demás interesados, aún cuando las obligaciones sean indivisibles. (Minoría u opinión personal)
Accidentes de trabajo, acción civil, sentencia condenatoria, asegurador por riesgos del trabajo, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: CAÑUMIL, DASIO c/ ALPARGATAS TEXTIL S.A. s/ ACCIDENTE ACCIÓN CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

Si el accidente sufrido se encuentra dentro de los cubiertos por el seguros de riesgos del trabajo, la indemnización que se reconoce por el derecho común, por ser plena, incluye los montos que la aseguradora debió haber liquidado en los términos de la ley de riesgos. Como no existe la posibilidad de que el trabajador perciba dos indemnizaciones distintas por el mismo hecho, es decir, no hay duplicación en tal sentido, se impone la condena a la ART. La exención de toda responsabilidad de la Aseguradora en esta causa implicaría una lesión al empleador, que se encontraba obligado a contratar el seguro, y consecuentemente, cubierto frente a los eventuales infortunios de sus dependientes, y un enriquecimiento de la propia aseguradora, dada la existencia de un hecho que la habría obligado a pagar las sumas previstas por la ley 24557
Recurso extraordinario, cuestión constitucional, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTIN DE SANCHEZ,TERESA Y OTRO c/ CARRERA DE VIGNOLI Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-04-19

Es inadmisible formalmente el recurso extraordinario cuando no se plantea oportunamente la cuestión constitucional (artículo 12 de la ley 2275) y tal oportunidad debe ejercerse al fundar la apelación, máxime si se tiene una sentencia adversa de primera instancia, para posibilitar que la cámara al resolver lo haga teniendo en cuenta esa cuestión constitucional.
Cesantía ilegítima, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez, Gustavo R. c/ Municipalidad de Pehuajó. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

El derecho a la reparación del empleado despedido ilegítimamente proviene directamente de la lesión al derecho administrativo al empleo pues ese agente sufre, en forma inmediata, un daño que consiste en la privación de su sueldo durante el tiempo que insume la búsqueda de otra actividad remunerada, cuya presunción se impone con la consiguiente carga de la prueba.
Municipalidad, embargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TOSELLO ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE ALEJO LEDESMA s/ CONTENCIOSO    ADMINISTRATIVA  -  EMBARGO  -  CANCELACION  -  REGIMEN  MUNICIPAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-02-20

Los artículos 149 de la Constitución Provincial y 140 de la ley orgánica municipal no pueden ser tachados de inconstitucionales, ya que la inembargabilidad no es absoluta sino limitada a las rentas municipales -primer caso- y en el segundo, además, a los bienes destinados al servicio general de los municipios. La razón de ser de dichas normas radica en el normal desenvolvimiento del estado de derecho, ya que lo contrario importaría la imposibilidad de contar con los recursos previstos presupuestariamente para el cumplimiento de las obligaciones del gobierno municipal (arts. 146 y 157 constitución provincial y art. 5 Constitución Nacional), por lo que se debe ordenar el levantamiento del embargo atenta la naturaleza de los bienes y lo dispuesto en el artículo 140 de la ley orgánica municipal y artículo 847 inciso 7mo. C.P.C., sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 148 y 150 de la Constitución Provincial.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, empleador, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: ORTOLACHIPE, GUSTAVO JAVIER c/ ASIR S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-03-03

En relación al rechazo de la responsabilidad civil reclamada a la empleadora, no se advierte la existencia del supuesto de arbitrariedad alegado por el impugnante, desde que la Cámara arribó a tal decisión a través de una adecuada y suficiente fundamentación, arribando a la conclusión de que, al no encontrarse ontrovertido que la culpa del accidente fue enteramente de un tercero, se hallaba configurado el supuesto de exención de la responsabilidad civil, conforme a la interpretación normativa que efectuó de los artículos 1113 del Código Civil y 1731 del Código Civil y Comercial para el caso concreto. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Falistocco, Spuler y Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1113; Código Civil y Comercial, artículo 1731
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Casartelli, Juan Carlos y otra s/ Privación ilegal de la libertad. Robo automotor. Robo ganado mayor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Es insuficiente el agravio en el que se impugna una de las presunciones con las que la Cámara acreditó la participación secundaria del procesado en los hechos en juzgamiento, alegando que no se funda en un hecho real y probado, si no se denuncian las normas probatorias que el tribunal habría quebrantado al tener por acreditado el hecho fundante y no relaciona su reclamo con los arts.

258 y 259 del Código de Procedimiento Penal que se invocan a los efectos de demostrar la violación de la ley (art. 355, C.P.P.).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Remoción de jueces, aplicación de la ley, nulidad del acto administrativo, inconstitucionalidad, Constitución Nacional, juicio político, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Boggiano, Antonio c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social s/ Nulidad acto administrativo - Inconstitucionalidades varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-06

La Constitución Nacional prevé la remoción para el supuesto de progresar el juicio político, pero nada dice en orden a que simultáneamente se pierdan beneficios previsionales (en el caso, el establecido en los arts. 2 y 3 de la ley 24.018). En tal sentido, debe destacarse que los órganos del Estado deben desarrollar su actividad conforme la C.N., y exceder ese marco normativo involucra un exceso, tal como acontece con lo dispuesto por el art. 29 de la ley 24.018, el cual implícitamente impone una sanción no prevista en el art. 60 de la Carta Magna ("ubi lex non distinguid nec nos distinguire debemos"). Esto así, pues en tanto la norma constitucional establece expresamente que el fallo del Senado "no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación", surge palmaria la inconstitucionalidad del art. 29 antes referido, toda vez que una norma de inferior rango no puede agregar un efecto más a los establecidos por la norma constitucional, sin provocar sustancial agravio patrimonial y previsional al accionante (arts. 17 y 14 bis C.N.). (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola votó en disidencia).
Audiencia de conciliación, concurrencia de un tercero, poder especial
Materia: PENAL
Carátula: CONTESTI, RUBEN s/ CALUMNIAS INJURIAS. AUDIENCIA CONCILIACION. PODER.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-02

Es procedente el otorgamiento de poder especial para que un tercero concurra en representación del querellante a la audiencia prevista en el art. 591 C.P.C.
Contrato de trabajo eventual, empleo no registrado
Materia: LABORAL
Carátula: Nicolás Llusco, Carlos Roberto c/ Galeno A.R.T. S.A. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-26

Dado que, en el caso, el contrato de trabajo no fue registrado por la verdadera empleadora (la usuaria), resulta de aplicación la doctrina del acuerdo plenario Nº 323 C.N.A.T. del 30/6/10 en autos "Vázquez, María Laura c/Telefónica de Argentina SA y otro s/diferencias de salarios". (De acuerdo a la posición mayoritaria de la Sala, hasta tanto no se constituya una cámara de Casación, cabe considerar vigente la obligatoriedad de la doctrina emanada de los fallos plenarios conforme a lo dispuesto por el art. 303 C.P.C.C.N.. El Dr. Guisado acata la posición mayoritaria, dejando a salvo su opinión en contrario).
Recurso extraordinario de nulidad, procedencia del recurso, indemnización, seguro colectivo, incapacidad laboral, falta de denuncia del siniestro
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Monte, Luis Alberto c/ Mapfre Cía. de Seguros S.A. s/ Cobro de seguro por incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-11-09

Es procedente el recurso de nulidad extraordinario interpuesto contra la sentencia dictada por la entonces Cámara de Apelaciones en Todos los fueros de la ciudad de Zapala, que al confirmar lo resuelto por la instancia de grado, rechazó la demanda en donde se reclamó la indemnización por seguros de vida colectivos adicional derivada de la invalidez total y permanente del actor, ya que entendió que hubo una falta de denuncia oportuna del siniestro -por parte de la empleadora del actor y tomadora del seguro- y consiguiente caducidad de los derechos del asegurado en los términos del Art. 47 de la Ley 17.418. En efecto, la Alzada se desentiende de la documental obrante en autos, por caso, la Historia Clínica [...]; los certificados médicos agregados [...], todos de fechas anteriores al distracto, que dan cuenta de las graves afecciones que padecía el Sr. Monte y en las que se sustentó el Dictamen de la Comisión Médica, para concluir que el actor padece una incapacidad laboral del 66,14% [...] Es decir, las patologías, y su etiología son preexistentes a la extinción de la relación laboral y fundamentaron la fijación por parte de la Comisión Médica del grado de incapacidad total y permanente que padecía el Sr. Monte. Siendo así, la empleadora, debió comunicar el siniestro a la Aseguradora, porque tenía certeza del estado invalidante que padecía el actor durante la vigencia de la relación laboral y del seguro contratado. Sin embargo no lo hizo, no denunció el siniestro ante la Aseguradora.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, clausura del establecimiento, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: MAINERO, HECTOR MIGUEL c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-17

El presente recurso es inadmisible, toda vez que el recurrente no demuestra la configuración de una hipótesis de arbitrariedad en la decisión impugnada, a través de la cual el Juez Penal de Sentencia confirmó la clausura preventiva del establecimiento dispuesta por la Inspección de Farmacias, por entender que el recurrente no se encontraba en el establecimiento de su propiedad y no había cumplimentado el requisito de anotación en el libro respectivo, ni indicado al ausentarse del local el profesional técnico que dejaba a cargo, conforme la normativa aplicable; conclusiones que no pudieron ser descalificadas por la argumentación recursiva basada en que la persona a cargo era farmacéutica, desde que el magistrado evaluó que no fue acreditado el carácter de quien atendía la farmacia en oportunidad del incumplimiento de la norma y que sin perjuicio de la fotocopia de la credencial presentada posteriormente, no contaba con informativa hábil que constatara que registraba matriculación habilitada a la fecha de la infracción. Ley 2287, artículo 51
Derechos reales, cesión de derechos, inscripción registral
Materia: CIVIL
Carátula: FARRERAS ILDA CATALINA c/ FARRERAS CARLOS ENRIQUE s/ REIVINDICACION DE INMUEBLE-CASACION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-03-28

Cuando la cesión trate sobre derechos de inmuebles, el acto de cesión deberá ser formalizado por escritura pública, según los lineamientos del artículo 1184, inc. 9
Personal de casas particulares, tribunal de trabajo para el personal de casas particulares, recursos
Materia: LABORAL
Carátula: ALLENDE, NELIDA ESTER c/ COBER LANGENAUER, JACOBO Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

El hecho de que el Consejo de Servicio Doméstico, como órgano administrativo, no pueda pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las normas que marginan al servicio doméstico de garantías que tienen nivel constitucional, se resuelve con el recurso previsto en el artículo 23 inciso f) del decreto 7979/56 contra las decisiones del referido órgano, a sustanciarse ante los jueces nacionales de primera instancia del trabajo (conforme artículo 22 inciso a) ley 18345).
Prueba confesional, confesión policial, valor probatorio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LOPEZ, MIGUEL JUAN CARLOS s/ HOMICIDIO CULPOSO, EN PERJUICIO DE ROMEO GUARNIERI Y OSCAR LOBOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-22

La constitución provincial en su art. 281 establece que la ley no puede atribuir a la confesión hecha ante la policía, valor probatorio en su contra. En relación a este tema en fallo de la Corte de Justicia de la Provincia nº 967 c/ Nacusi, Roberto inconstitucionalidad- dice: cabe recordar que la sentencia es sustentada por el a quo en "que le inculpado ha calificado su confesión, puesto que ha admitido el hecho que se le imputa, manifestando a su vez circunstancias que excluyen su responsabilidad".
Ejercicio profesional, contadores públicos, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: JAÑEZ, GUILLERMO ROBERTO c/ DISTRIBUIDORA DE CERVEZA DISTRI CER S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-31

La sola condición de que el actor sea una profesional, no es incompatible con la existencia de una relación de dependencia laboral y puede constituir un contrato de trabajo cuando se desarrolla como función de colaboración permanente, con vínculo continuado y con sujeción del trabajador a los poderes del empresario.
Estafa, lesiones
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Goldman, Néstor Elías. s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-06

Los argumentos expuestos por el recurrente responden a una discrepancia con los fundamentos del fallo pues no se advierte que el sentenciante haya incurrido en omisiones ni falencias respecto de la verificación de los sucesos conducentes para la decisión del litigio, haciendo clara por el contrario, su visión de conjunto y correlacionando todos los elementos probatorios entre sí. La pretensión del recurrente parte de la fragmentación de esos aspectos que no puede tener cabida en el análisis de la situación probatoria y es contraria a la metodología de ponderación que ha reconocido la CSJN. Conforme se desprende de las constancias de la causa y, en contra de lo postulado por la defensa, se trató de una maniobra engañosa por parte del galeno de ofrecer un tratamiento para bajar de peso a una persona bajo la apariencia de un tratamiento natural basado en la ingesta de medicina homeopática, de ahí que luzca, adecuada, la calificación jurídica relativa al delito de estafa. La prueba incorporada resulta suficiente para afirmar que la medicación provista por el imputado generaba dependencia, y que a la larga daba lugar a un paciente rehén o cautivo de la medicación, dado que si se interrumpía el consumo tenía lugar lo que se entiende como efecto rebote, subía abruptamente de peso y se daban una serie de efectos adversos que hacían muy difícil el abandono de la medicación. En relación al delito de lesiones graves, el tribunal fundó adecuadamente la calificación legal dispuesta y la defensa no demostró más que su discrepancia con la decisión adversa a los intereses de su parte, reiterando la argumentación que fuera contestada por el a quo y sin demostrar la inconstitucionalidad de la situación provocada por la aplicación del derecho vigente. La disidencia sostuvo que en la tramitación de la causa se hallaba comprometida la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, por lo que correspondía anular la resolución impugnada y absolver al imputado. (Dres.

David, Ledesma -en disidencia-, Slokar).
Empleados públicos, abandono del cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Buján, Carlos Héctor c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-07

No acreditados los extremos exculpatorios alegados por el agente en cuanto a la presencia de una enfermedad que determinara su incapacidad laboral, que le permitiera válidamente repeler la intimación a prestar servicios, su inasistencia se torna violatoria de la obligación básica de la relación de empleo público, deber esencial que constituye el objeto de la función, otorgando sustento suficiente a la cesantía por abandono de cargo dispuesta.
Sociedad de hecho, responsabilidad del socio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Espósito Grazia c/ Ahumada, Enrique y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Si bien en principio resulta innecesario demandar individualmente a las personas físicas integrantes de la sociedad colectiva (art. 56 L.S.) habiendo ellas comparecido al proceso, siendo su condena en subsidio de la recaída contra la sociedad, no media perjuicio en efectuar anticipadamente la determinación de los integrantes de la misma, en vez de diferirlo para la etapa de ejecución de sentencia.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Espósito, Osvaldo Raúl c/ Petro Dis S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-09-01

El strepitus fori que intenta evitar el art. 1103 del Cód. Civil no apunta en sí a la supuesta contradicción de que un sujeto pueda ser absuelto en una jurisdicción y declarado responsable en otra (máxime cuando en cada una de ellas se admite factores de atribución diferenciados), sino que lo que repugnaría a la ley es que, un unico hecho haya sucedido de modo diferente para dos magistrados. De manera tal que el juzgador civil no puede afirmar que al pasar un tren estaban levantadas las barreras si, previamente, el juzgador penal había fundado la absolución en que aquéllas se encontraban bajas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad del consorcio, accidente en ascensor
Materia: CIVIL
Carátula: GIMENEZ GIMENEZ, IRIA M. c/ CONSORCIO AV. CORDOBA 4749-69 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-22

Establecida la intervención de la cosa -ascensor- en la producción del daño, cabe presumir que el accidente acaeció por un vicio de aquél, del que el consorcio accionado es responsable, salvo que pruebe que la víctima o un tercero por quien no debe responder fueron los culpables (conf. art. 1113, 2a. parte, Código Civil).

La ley presume que el efecto dañoso no ha podido producirse sino por el desgaste o falla del material o cualquier otro vicio de la cosa o simplemente por el influjo de las leyes de la física, todo lo cual es susceptible de previsión y prevención, que no queda al margen de las posibilidades humanas y que es dable exigirle a quien es dueño de una cosa, o se sirve de ella teniéndola, por ende, a su cuidado.

El art. 1113 del Código Civil ha establecido simultáneamente la responsabilidad del guardián y la del propietario y, por lo tanto, el damnificado puede dirigir su acción indistintamente contra cualquiera de ellos por el total de los daños por tratarse de un caso de responsabilidad indistinta. En esta inteligencia se ha sostenido que si el dueño pudiera obtener su liberación por haber encargado a otro la guarda, no tiene sentido que el art. 1113 del Código citado expresamente lo mencione, pues en definitiva sólo debería responder el guardián, fuese o no propietario.

Es indudable que no configurándose las excepciones que la norma prevé, subsiste la responsabilidad del propietario aun cuando haya transferido el cuidado de la cosa a un tercero. Se está frente a un supuesto de responsabilidad, que tiene como antecedente el vicio de la cosa y como fundamento el deber de garantía; deber que tiene el propietario de mantener la cosa de modo tal que no pueda producir daños a terceros, lo que naturalmente incluye el ser responsable por la elección ("culpa in eligendo") del servicio de mantenimiento de los ascensores. Ello implica que, frente a la víctima, no puede descargar su responsabilidad, aunque pruebe que el accidente acaeció por el deficiente mantenimiento que practicará la empresa a la cual dicho propietario encargará la preservación del artefacto, cuya idoneidad debió valorarse por el dueño, para evitar que el deficiente desempeño de aquella derive en perjuicios a terceros.