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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, pagaré, relación de consumo, inhabilidad de título, ley de defensa del consumidor, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Savoia, Gustavo Humberto c/ Bressan, Isabel Laura s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-02

La presente queja no puede prosperar pues, en una aproximación a lo sustancial, es dable advertir que las tachas articuladas por la recurrente no logran traspasar el límite de la mera discrepancia interpretativa del criterio con que la Cámara que -en el marco propio de sus atribuciones y ajenos a esta instancia extraordinaria- revocó la sentencia de primera instancia, que había rechazado la demanda admitiendo la excepción de inhabilidad de título interpuesta por la accionada, por entender que los pagarés ejecutados no cumplían con los requisitos previstos en la ley de Defensa del Consumidor para aquellos supuestos donde la obligación documentada proviene de operaciones financieras o de crédito para el consumo, por considerar que el actor al contestar la excepción negó su condición de prestador de servicios financieros por lo que recaía sobre la demandada acompañar otro material probatorio que permita deducir en principio que se trataba de una relación de consumo; y señalar que no surgía de la causa indicio alguno que permitiera inferir, siquiera liminarmente, la existencia de una relación de consumo subyacente a la relación cartular en orden a habilitar el abordaje de la temática de los pagarés de consumo y la aplicación de la ley 24240, correspondía hacer lugar al recurso de apelación del actor y rechazar la excepción de inhabilidad de título intentada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Castro, Ruth Judith c/  s/ homicidio agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

El escrito inicial del remedio previsto en la ley 7055 no se basta a sí mismo y carece de adecuada motivación, puesto que al fundar sus agravios, la compareciente no efectúa el necesario relato objetivo y preciso de lo ocurrido durante el proceso, fundamentalmente el completo contenido de los elementos probatorios que tuvieron en cuenta los Jueces de la causa y de las consideraciones que efectuaran para arribar a la convicción de responsabilidad de la encartada, a la par que tampoco esboza una crítica correcta, circunstanciada y razonada de los argumentos que esgrimió el A quo en el decisorio impugnado para confirmar la sentencia condenatoria, evidenciándose en tal sentido que se limita a insistir con su teoría del caso y a estimar la inaprovechabilidad de ciertos actos de la investigación, y a ese fin, tan sólo acusa genéricamente la falta de aplicación de los preceptos procesales de rigor, sin exponer los antecedentes por los cuales entiende que debió receptarse su agravio al respecto.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Municipalidad, remuneración, diferencias salariales, pago, falta de prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Acuña, Jorge Emilio y otros c/ Municipalidad de Rufino s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-02

Las críticas esgrimidas no pueden considerarse más que su expresión de disconformidad sin entidad constitucional con lo expresado al fallar por la A quo, que hizo expresa mención a que la cuestión que deparaba el sub examine resultaba sustancialmente análoga a la decidida por dicha Cámara integrada en autos 'Batán, Fabio y otros c/ Municipalidad de Rufino s/ RCA', decisión que a su vez resultó confirmada por la Corte local, en el entendimiento de que en dicha causa al igual que en la presente, la Cámara sostuvo en relación a lo manifestado por la agraviada en torno a la inexistencia de acto administrativo del que se derive la pretensión reclamada, que si bien nunca existió acto administrativo alguno que haya determinado los salarios que debían percibir los actores, lo cierto es que dicha circunstancia no basta para eximir del pago de los salarios devengados por los servicios efectivamente prestados por parte de los recurrentes según consta en los respectivos recibos de remuneraciones emitidos por la accionada; asímismo, el Tribunal tuvo especialmente en consideración que existía una mecánica de pago compleja, donde no se abonaban los sueldos en su totalidad, y puso de resalto que de las pruebas rendidas se desprendía que, a los actores, se les había liquidado el salario en proporción al sueldo del Intendente Municipal, tal como consta informado por la perito contable interviniente, importes que en ningún caso superaron el 50% del salario del Sr. Intendente; y, luego de reseñar las constancias del caso que consideró relevantes, señaló que la Municipalidad demandada ni siquiera había insinuado haber efectuado pago ninguno de los rubros reclamados por los actores, y que correspondía a la recurrida, como principio, probar la existencia de los hechos extintivos, en el caso, el pago respectivo, siendo que se trata de un acto tan simple como el pago que no suscita, de ordinario, dificultades o complejidades a la hora de su acreditación. CSJStaFe: Batán, AyS T 324, p 313; CCA 2, Batán, AyST 376, 351.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), testigos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Miño, María Florencia c/ Gabriel Fouine S.R.L. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

No lucen desmerecidos los fundamentos por los cuales los magistrados confirmaron el rechazo de la tacha de dos de los testigos ofrecidos por la actora, consistentes en que la recurrente no realizó una crítica razonada y superadora del fallo de grado, limitándose a transcribir exactamente los argumentos ya expuestos y resueltos adecuadamente en la instancia anterior, como es la amistad entre uno de los testigos y la accionante, y el juicio entre el otro exponente contra la demandada; ni tampoco indicó cuáles serían las supuestas pruebas rendidas en autos de las que surgiría claramente que la objetividad y concordancia que les endilgó la jueza de grado a los declarantes no es así (al testificar sobre la fecha de ingreso con anterioridad a la de registración, en concordancia con la confesional de la propia demandada); además de soslayar que la tacha no se refiere a los dichos de la persona que declaró, sino más bien a su inhabilidad de declarar por estar comprendida en alguna circunstancia que implique duda sobre su libertad o falta de interés en el pleito al momento de declarar, lo que el Tribunal entendió que no se observaba puntualmente en el caso en estudio.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Di Monaco, Angela Graciela c/ Municipalidad de Rosario s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

Teniendo presente que la sentencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo -integrada- dispuso el reconocimiento de las diferencias que surjan de integrar a su haber jubilatorio (con deducción de los respectivos aportes) la Asignación Especial Remunerativa y No Bonificable otorgada a los activos por Decreto 2307/2016, lo genéricamente afirmado en el fallo citado en orden a que debe respetarse el límite de reducción del 20% según "Carnelli" en modo alguno puede interpretarse -como lo hace la demandada- en el sentido de que corresponda disminuir el haber jubilatorio de la actora, toda vez que dicha referencia sólo puede orientarse a la eventual corrección al sistema de movilidad vigente aplicado de manera regular; por lo que no surge desmarcado de las constancias de autos lo sostenido por la propia Cámara cuando refiere que el decisorio que resuelve el incidente de impugnación de la liquidación ha venido a integrar la decisión final de la que se trata, agregando que la sentencia sobre el fondo no significó cerrar definitivamente el alcance de lo decidido. (De la ampliación de fundamentos de la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler) CSJStaFe: Carnelli, AyS T 65, p 317/333. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial, artículo 245; Ley 11330, artículo 1; Decreto 2307/2016.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba, víctima menor de edad, tipo penal, calificación legal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: B., N. B. c/  s/ homicidio calificado por el vinculo en grado de tentativa-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

La Alzada, para confirmar el pronunciamiento condenatorio -luego de efectuar consideraciones en orden a la ausencia de agravios claros y precisos, calificando el planteo defensivo como meramente aparente-, principió por analizar la totalidad del cúmulo probatorio y la entidad convictiva otorgada a cada una de las probanzas, abordando las quejas en torno a las supuestas contradicciones que surgían del testimonio del niño, que estimó verosímil, analizando ampliamente sus dichos, proporcionando las razones para desestimar los reparos que, con sustento en el testimonio de la enfermera que lo asistió al ingresar al nosocomio y en la declaración en Cámara Gesell, había formulado la Defensa, concluyendo en su insuficiencia para descalificarlo, teniendo a su vez en cuenta los restantes testimonios, sopesando en cada supuesto el valor que correspondía asignar, y por medio de una contextual valoración con todo el material convictivo arrimado, concluyendo en que se imponía la confirmación de la totalidad de la sentencia condenatoria; y asmismo, en orden a las invocaciones de arbitrario encuadre legal, al calificarse el hecho como homicidio con dolo eventual desechando la figura de lesiones graves, la Alzada -citando doctrina inherente a la materia- expresó los principios tenidos en cuenta para efectuar la diferenciación, concluyendo en que el dolo eventual se verificaba al analizar el modo de ejecución del acto: rociar con alcohol a un niño que está sentado sobre el colchón de una cama, fuente admisible de propagación del fuego, asumiendo la realización de un tipo penal como posible, sin que ello siquiera haya puesto en crisis su plan, con lo que, a través de ese razonamiento, confirmó lo decidido en tal sentido por los Juzgadores.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), plazo, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Z., C. A. c/ Z., N. B. y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-02

El Tribunal de Alzada señaló que, conforme a la jurisprudencia de la Corte nacional, la sentencia de filiación es declarativa del vínculo existente por causa de nacimiento pero constitutiva del título en cuanto a la oponibilidad del estado de familia, de manera que la necesidad de accionar judicialmente para obtener el emplazamiento filial podría dar lugar una situación de carácter excepcional, justificante de la dispensa de la prescripción, siempre que se cumpliesen los recaudos de la misma, pero remarcaron que en el caso existió una demora injustificada en la promoción de las acciones correspondientes, que conspiraba contra la aplicación de esa causal excusatoria, surgiendo del propio relato de la demanda y de las declaraciones testimoniales, que el actor había tenido conocimiento de la supuesta paternidad del aquí causante antes de que se hubieran cumplido los veinte años desde su fallecimiento y del acaecimiento de la prescripción adquisitiva, a lo que se sumaba la ausencia de dificultades, imposibilidades de hecho o maniobras dolosas acreditadas, que le hubiesen impedido interrumpir el plazo de prescripción adquisitiva mediante la interposición de las acciones correspondientes; y frente a tales fundamentos, y bajo la invocación de diversas causales de arbitrariedad, el compareciente insiste en oponer su propia postura en cuanto a la solución que considera acertada, opuesta a la adoptada por los sentenciantes, con base en una apreciación distinta de los extremos de hecho y de derecho común meritados en el fallo -cuestionando, puntualmente, el acogimiento de la defensa de prescripción adquisitiva-, mas con las tachas articuladas no alcanza a delinear -aun en el grado propio de este estadio- un posible menoscabo al derecho a la jurisdicción, al no superar el nivel de la mera discrepancia respecto de la respuesta judicial impugnada ni demostrar que la misma carezca de motivación suficiente o que otra solución debiera imponerse indiscutiblemente en autos. - CSJN: Fallos:329:1862.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia aplicable, Derecho laboral, incapacidad absoluta
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Yermanos, José María c/ Vicentin Faenas S.R.L. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-02

La indemnización por incapacidad absoluta consiste en un resarcimiento por la terminación del contrato motivada en la imposibilidad física o psíquica del trabajador de prestar servicios en ese trabajo o en cualquier otro; así, la propia Corte nacional ha resuelto que existe incapacidad absoluta cuando la capacidad residual del trabajador no puede ser considerada una posibilidad seria para que ejerza un trabajo productivo en condiciones de competencia en el mercado de trabajo -sea en la actividad que desarrollaba o en otra distinta- teniendo en cuenta las circunstancias de su edad y salud; y dentro de la prueba cuya valoración fue omitida, queda demostrado que el presupuesto del artículo 212, 4to. párrafo, no se hallaba cumplido, de lo que se colige que la respuesta brindada por la Sala exhibe un déficit de fundamentación, al no haber ponderado acabadamente y de manera conglobante las pruebas rendidas en la causa, y haberse limitado a sostener que la baja ante la AFIP, como acto propio, resultaba dirimente para la solución del caso, en una clara renuncia consciente a la verdad. - CSJN: 10-9-91, DT 1992-881.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, corredor inmobiliario, ejercicio profesional, colegio profesional, tribunal de disciplina, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Tobio, Jesica c/  s/ suspensión en la matricula-apelación de resolución de colegio profesional-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

La respuesta jurisdiccional de los magistrados -quienes tuvieron por demostrada la ajenidad prácticamente total de la corredora ahora recurrente respecto de la compraventa inmobiliaria celebrada entre los adquirentes denunciantes y los vendedores, habiendo ofrecido dicha colegiada la estructura de su empresa inmobiliaria a personas no habilitadas para el ejercicio del corretaje inmobiliario en orden a la promoción y celebración de aquel contrato- traduce un examen razonable y aceptable de los extremos fácticos, jurídicos y deontológicos analizados, toda vez que surge de las diferentes declaraciones testimoniales rendidas en juicio, tanto de los denunciantes como de las escribanas que intervinieron en la celebración del boleto de compraventa y en la posterior escrituración, que aquélla no había estado presente en ningún momento o participado de acto alguno del íter negocial, y que sólo habían intervenido dos gestores; e incluso afirman los Sentenciantes que los testigos aportados por la defensa de la acusada permitían corroborar la achacada delegación de responsabilidades por parte de la corredora inmobiliaria en cabeza de quienes actuaban como gestores comerciales, los cuales habrían reconocido haberse hecho cargo de vincular a los compradores con los vendedores, publicitando y exhibiendo los inmuebles, e incluso cobrando una comisión que compartieron con la profesional. (De la disidencia de los Dres. Netri y Erbetta)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, prueba, proceso penal, sentencia condenatoria, violencia de género
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: M., C. W. c/  s/ homicidio doloso calificado-apelación defensa sentencia condenatoria-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-02

Los reproches que endereza el recurrente vinculados a una valoración arbitraria e ilógica de la prueba efectuada por el A quo de los elementos de convicción reunidos en el debate, para concluir que en relación a uno de los hechos correspondía revocar la sentencia de grado y condenar al imputado como autor del delito de lesiones leves calificado por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, que se traduce -a su entender- en un incumplimiento del mandato convencional de debida diligencia reforzada, sólo revelan su marcada discrepancia con la ponderación del material probatorio recolectado y con la entidad que los Magistrados le asignaron a éste a los fines de analizar cuestiones que, por ser materia de derecho común, resultan ajenas -por regla- a la esfera de conocimiento de este Tribunal, salvo que se demuestre la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad o de falta de motivación, lo que el compareciente no ha logrado en la especie. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Spuler)
Recurso de inconstitucionalidad, transporte de pasajeros, daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, relación de causalidad, culpa de la víctima, falta de prueba
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Abud, Nicolás Martin c/ Rodríguez, Emanuel Maximiliano y otros s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

Teniendo presente que en el campo de la responsabilidad objetiva y en lo atinente a los daños derivados del contrato de transporte se impone examinar con estrictez los supuestos de interrupción del nexo causal -en este caso por la exclusiva culpa del damnificado-, ya que desde la perspectiva del riesgo creado y la obligación de seguridad que le cabe a la empresa de transporte se debía trasladar al pasajero sano y salvo al lugar de destino, la Corte nacional ha hecho primar la postura que exige que quien invoca eximentes de responsabilidad debe demostrarlas fehacientemente; que también debe ser la causa exclusiva y excluyente del accidente para poder interrumpir totalmente el nexo causal y, sobre todo, que debe tener las características de ser imprevisible, inevitable e irresistible, similares a la del caso fortuito y de la fuerza mayor; y en ese orden, se evidencia que la Cámara -si bien no constituyó el argumento nuclear en que fundó el pronunciamiento- hizo al pasar alguna escueta referencia a que está suficientemente acreditado que el accionante atacó al chofer co-demandado y a una pasajera, a la que intentó robarle, mas no se advierte un análisis motivado de la eximente -culpa de la víctima- a la luz de los estándares normativos y jurisprudenciales antes apuntados, toda vez que el A quo omitió toda referencia y argumentación en relación a la exigencia de acreditar la ruptura total o parcial del nexo causal, al no evaluar en concreto si la conducta del accionante actuó -o no- como causa exclusiva o concurrente del daño padecido. (Del voto del Dr. Falistocco, que hace mayoría. En disidencia: Dr. Netri) - CSJN: Fernández, Alba O. c/ Ballejo, Julio A. y otra, 11/5/1993; y Giménez, Pablo Martín y otros c/ Schuarts, Eduardo, L.L. Online. - Código Civil y Comercial, artículos 1288, 1289 y 1757; Ley 24240, artículos 5 y 40
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Federación de Sindicatos Municipales de Santa Fe (FESIM) c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

La impugnante plantea que lo resuelto convalida una indebida injerencia del Estado favoreciendo a un gremio en desmedro de otro, y que la prioridad nunca puede traducirse en exclusividad para negociar colectivamente, alegando que se habría desinterpretado el precedente de la Corte nacional que declaró la inconstitucionalidad de un acta paritaria que imponía a los trabajadores afiliados a la Asociación del Personal Municipal un aporte solidario en beneficio de una Federación a la que no estaban afiliados (FESTRAM); mas con tales alegaciones -globales y genéricas- no logra evidenciar el alegado apartamiento o desinterpretación, ni consigue rebatir los sólidos argumentos del Tribunal a quo, en cuanto remarcó los criterios elaborados por los órganos de control internacional de la Organización Internacional de Trabajo (Comité de Libertad Sindical y Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT) con referencia a los sindicatos más representativos, destacando que estos órganos tienen opiniones concordes en orden a que la mayor representatividad no debería implicar, para el sindicato que la obtiene, privilegios que excedan de una prioridad en materia de representación en las negociaciones colectivas, en la consulta con los gobiernos y en la designación de delegados ante los organismos internacionales. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi) - CSJN: Fallos 343 1389.
Recurso de inconstitucionalidad, Poder Judicial, tribunal de enjuiciamiento, trámites judiciales, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Procuración General c/  s/ actuaciones con motivo de noticias periodísticas referidas al Dr. Rodolfo A. Mingarini
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-02

En modo alguno puede entenderse que en el presente caso se haya producido una violación a la cosa juzgada, en razón de que, como lo expresó el Tribunal de Enjuiciamiento, no efectuó una evaluación -por ser cuestión ajena a las funciones ejercidas por el órgano- de la corrección o incorrección de la resolución de un juez, ni si las decisiones del magistrado fueron las que mejor se ajustaban al caso, sino que lo analizado consistió en si el juez conservaba la idoneidad requerida para ejercer su función, o bien había incurrido en alguna causal de destitución.