marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, convenio extrajudicial
Materia: LABORAL
Carátula: BARBOZA ODULIO MARCIANO c/ BANCO DE FORMOSA S.A. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ ACCION COMUN QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ ACCION COMUN
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-08-26

El hecho que la desvinculación laboral haya tenido lugar mediante el denominado "convenio de rescisión contractual" propiciado por la empleadora no autoriza por si solo a presumir que el convenio cuestionado constituya en realidad un despido incausado y que no medió voluntad concurrente del trabajador; de modo tal que no encontrándose viciado el presupuesto esencial -que exista correspondencia entre la voluntad real y la declarada-, no se afecta el principio de irrenunciabilidad consagrado en el artículo 12 de la LCT.
Recurso de casación, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: L., L. c/ E. "E.C." S.A. C.E.I. y otro s/ Demanda Laboral (Diferencia de Haberes e indemnizaciones de ley)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-12-10

Obsta además a la claridad y precisión de la impugnación, la circunstancia de que el recurrente objeta la sentencia de Cámara, como si ésta se hubiere pronunciado sobre el fondo de la cuestión debatida, y esto como "principal reproche", cuando es claro que el fallo recurrido declara desierto el recurso por aplicación del art. 266 del CPCC, y por ende por imposición de la norma queda firme la sentencia de Primera Instancia.

Y ello así, aún cuando la Cámara no hubiere aclarado sobre el particular, pues el efecto opera "ministerio legis". Y más allá de error o contradicción en los fundamentos, el recurso es inoperante desde que no ataca la declaración de deserción, pues ha de tenerse en cuenta que aquella motivación está destinada a sustentar la declaración en los términos de las reglas premencionadas.
Emergencia económica, pesificación, depósito bancario, pago a cuenta
Materia: ECONOMIA
Carátula: Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional - dto. 1570/01 y otro s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-27

Las sumas de dinero provenientes del depósito, recibidas por la actora a lo largo del pleito deben ser tomadas como pagos a cuenta.
Materia: PENAL
Carátula: MENDEZ ENRIQUE A. y/OTRO s.d. LESIONES LEVES e.p. de BELLOMO RENE ORLANDO s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-23

La limitación objetiva establecida en el art. 411 inc. 4 del Código de rito penal provincial no empece el ejercicio del derecho a la doble instancia, garantía plenamente vigente para aquellos supuestos en los cuales lo agraviante para el imputado, hubiera sido la condena criminal recaída sobre su persona.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Romero, Mauricio Jorge c/ Gobierno de la Provincia del Chaco y/o Lotería Chaqueña y/o quien resulte responsable s/ Acción de Amparo y Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-02-08

La expresión de agravios supone "una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta y contraria a derecho. Va de suyo que no le es dado al apelante efectuar formulaciones e impugnaciones de orden general y menos aún reproducir argumentos, tratando de ganar en su replanteo una suerte diversa de la obtenida en la instancia anterior. Resulta insuficiente para fundamentar la apelación en trato, por cuanto no constituye una crítica expresa, categórica y fundada de la decisión que ataca.
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, ley nacional, ley de emergencia, ejecución de sentencia, reforma del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Videla Cuello, Marcelo sucesión de c/ La Rioja, Pcia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Corresponde admitir, dentro de ciertos límites, la validez consti tucional de normas como la del art. 50 de la ley 23.696, en tanto no se altere mediante ellas la sustancia de los pronunciamientos judiciales firmes ni se los destituya de su eficacia, subviertiendo el régimen institucional establecido por nuestros constituyentes.
Registro de la propiedad inmueble, inscripción registral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VENEGAS DE KARAM CARMEN c/ REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE IMPUGNACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-11-18

Se entiende por inexactitud registral a todo desacuerdo que en orden a los derechos inscribibles exista entre el registro de la propiedad inmueble y la realidad jurídica extra-registral, supuesto receptado en el art. 34 de la Ley 17.801 y 35 de la Ley 3.813.

Un asiento será exacto cuando presente coincidencia permanente y simultánea con la realidad material o realidad jurídica, relación válida y eficaz que vincula al sujeto con la cosa objeto de registración. Vale decir que para que exista exactitud, la realidad de lo registrado debe mantenerse en el campo de la realidad externa y a la vez mantenerse inalterado en el Registro.

Por el contrario, la inexactitud se presenta cuando existe desacuerdo entre el asiento (lo registrado) y la realidad material. Atendiendo a ésta diferenciación se presentan distintos casos que la doctrina distingue entre: inexactitudes normales y anormales.

Las primeras, se producen necesaria y previamente a la registración, debe generarse en la realidad material externa una mutación jurídica, teniendo en cuenta que el nacimiento y la transferencia de los derechos reales en nuestro sistema jurídico registral -declarativo y con fines publicitarios-, se produce extra-registralmente; la inexactitud deviene de un hecho: ha cambiado la realidad material externa. Cuando la mutación del derecho real llega al registro, ya existe; en consecuencia entre el lapso desde el nacimiento o transmisión y su registración, necesariamente existe una inexactitud.

En cambio, las inexactitudes anormales son las causadas por un vicio o defecto originario o sobreviniente, producido en la fase constitutiva o transmisiva del derecho (inexactitud en el proceso negocial formativo), o bien, en el proceso inscriptorio propiamente dicho. A su vez, puede reconocer un defecto atribuible a la actividad interna del registro, o bien un defecto en la rogación. También la inexactitud anormal causada en el proceso registral propiamente dicho puede ser originaria, lo que se verifica al momento de generarse el asiento, producto final del proceso registral.

En éste supuesto, el error podrá atribuirse a la actividad propia e interna del Registro, o a la actividad desplegada por quien realice la rogación. Será sobreviniente cuando, por causas posteriores a la incorporación del asiento se presente un desacuerdo entre lo registrado y la realidad externa.
Cuestiones de competencia, extorsión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos NN, NN sobre 183 2° párrafo - daños informáticos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-15

Corresponde declarar la competencia de la justicia Nacional Criminal y Correccional porque la conducta delictual desplegada por el o los autores (alteración en los datos almacenados de la empresa -su encriptación-, que impide su acceso y disponibilidad) tuvo por único fin lograr una disposición patrimonial a su favor mediando intimidación, por lo que nos encontramos frente a un hecho único que concreta los elementos típicos del delito de extorsión -art. 168 del CP- el cual aún no ha sido transferido a la órbita de la Ciudad, por lo que debe ser investigado por un Juzgado Nacional. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano y Santiago Otamendi, por remisión al dictamen fiscal y a los fundamentos expresados por el Tribunal en el expte. n° 12347/20, "NN", resolución del 09/06/21. Voto al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GORRINI, ANGEL c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-14

El embargo de fondos coparticipables y el sometimiento al municipio demandado al cumplimiento de los trámites prescriptos por el art. 11 de la C.P., no sólo es acorde a derecho, sino que también consulta los intereses de la propia comunidad. Mientras dure la emergencia económica se ha declarado por sucesivas leyes provinciales la inembargabilidad de los bienes, rentas fiscales, fondos provenientes de la coparticipación...etc., indispensables para el desarrollo normal o que tenga por objeto satisfacer impostergables necesidades públicas del Estado. No obstante haberse ordenado el embargo (aún con leyes de emergencia vigentes), y someterse al cumplimiento del dispositivo constitucional, la decisión consulta los objetivos señalados de no afectar fondos indispensables para cubrir las necesidades impostergables del Estado, desde que nada mejor que sean los propios órganos del Estado (ejecutivo y legislativo) quienes dispongan el pago con las previsiones necesarias para no afectar a la comunidad. Tal el sentido de la norma que además sanciona el incumplimiento del Estado si en el corto plazo de tres meses, luego de darse las condiciones para que opere la disposición constitucional, no cumple con el pago adeudado, pudiendo entonces ejecutarse directamente la condena.
Proceso penal, extinción de la acción penal, prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Amadeo  de  Roth,  Angélica  Lía s/ lesiones culposas -Causa N°1395/81-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

El derecho del imputado a que se ponga fin a la situación de indefinición que supone el enjuiciamiento penal puede encontrar tutela en la prescripción de la acción.
Compraventa, reserva de compra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cersosimo, Fernando Manuel A. c/ Sotelo, Eladio D. s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-01

La "reserva de venta" no va más allá de comprometer la indisponibilidad del inmueble por un período de tiempo: se paga para que se retire el inmueble de la venta.
Menores, desistimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., R. U. s/ autorización para contraer matrimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-03

Cabe asimilar la manifestación realizada por una menor con patrocinio letrado y ratificación de sus padres, como una especie de desistimiento de la petición de autorización para casarse, y mandar a archivar las actuaciones, sin otro trámite; ya que la realización de un matrimonio solo puede llevarse a cabo con el pleno consentimiento de ambos interesados, y uno de ellos ha retractado su intención de así hacerlo. ( arts. 304, 812 y cdts. Cód. Proc. Civ. y Com. ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-11


Salta, 11 de febrero de 2.014.

Y VISTOS: Estos autos: "INGENIERIA DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.R.L. Concurso Preventivo Hoy Quiebra", Expte. n° 287.769/09 del Juzgado de 1ª Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades 1ª Nominación, Expte. CAM 447.119/13 de esta Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y, _ C O N S I D E R A N D O A fs. 522 la CPN Nélida Balut, apela de la resolución de fs. 521 y lo funda a fs. 524/525. Allí efectúa un relato de la labor que desempeñara en el concurso preventivo que luego terminara en la quiebra y de la labor que desplegara en los expedientes laborales y se agravia porque al proyectar la distribución final, se reservó la suma de $38.210 para el pago de los honorarios (lo que equivale al 12% del activo realizado) y no obstante ello, se le regularon sus honorarios en la suma de $35.026,20 utilizando el porcentaje del 11%, violando lo dispuesto en el art. 267 de la ley de quiebras que establece que la regulación de honorarios no puede ser inferior a tres sueldos del secretario de primera instancia, lo que arroja la suma de $43.023. Señala que la regulación de honorarios debe ser proporcional al trabajo realizado y para apartarse de los mínimos establecidos, debió el juez fundamentar su decisión. Pide se haga lugar a su recurso y se regulen sus honoraros de conformidad a lo dispuesto por los arts. 265 a 272 de la ley de quiebras. El fallido, conforme surge de fs. 530, no contesta los memoriales de la apelante.

Llegados los autos a la sala, se corre vista a la Señora Fiscal de Cámara quien considera que la resolución es inapelable porque el monto pretendido por la Señora Sindico no llega al limite de apelabilidad.

2) En efecto, teniendo en cuenta que el máximo porcentaje que debe tenerse en cuenta a los fines de la regulación de honorarios asciende al 12% del activo realizado y que en la instancia anterior, se tuvo en cuenta el 11%, la diferencia expresada asciende a la suma de $3.184,20 monto que resulta ser inferior al limite de apelabilidad establecido por el art. 253 del CPCC, actualizado por Acordada N° 7741/96, con lo que no corresponde analizar el recurso interpuesto.

Este criterio es el unánimemente seguido por todas las Salas de esta Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala I, año1984; fs. 165/166; Sala II, año 1998, fs. 21; Sala III, año 2001, fs. 427; Sala IV, año 2.000, fs. 742; Sala V, año 2.001, fs.311, entre otros).

Por ello y lo dictaminado por la Señora Fiscal ante la Cámara a fs. 535, LA SALA QUINTA DE LA CAMARA DE APELACIONES C Y C DECLARA inapelable lo resuelto a fs. 521.

REGISTRESE; notifíquese y baje.
Costas, alimentos
Materia: CIVIL
Carátula: P. N. E. y otro c/ M. D. A. s/ Tenencia de hijos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-13

En juicios por alimentos, las costas, salvo acuerdo de partes, deben imponerse al alimentante, pues lo contrario significaría gravar la pensión fijada al tener que soportar los alimentados los gastos causídicos. Tal conclusión no se altera por el hecho de que las partes llegaran a una conciliación pues el principio rige tanto en los supuestos de determinación judicial o voluntaria (CNCiv. Sala F octubre 27-1980, Ed., 91-818, etc.).
Prescripción de la acción penal, recurso de apelación (procesal), procesamiento, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: G.,D.A s/ Apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-05-23

Si se advierte que la acción penal podría estar prescripta, el trámite del recurso de apelación interpuesto contra el auto de procesamiento debe ser suspendido, hasta tanto el a quo se pronuncie sobre la prescripción, a fin de respetarse la posibilidad de doble instancia.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, cuestión federal, interpretación de normas y actos locales, nulidad del acto administrativo, policía ambiental, interpretación de la constitución, autonomía provincial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Desler S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de - Secretaría de Política Ambiental s/ medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-21

La competencia originaria de la Corte procede cuando la acción entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa, pero no cuando se intenta obtener la nulidad de actos administrativos emanados de la Provincia que conciernen a la preservación del ambiente y que, en consecuencia, resultan de competencia de los poderes locales, de conformidad con los arts. 41, párrafo 3°, 121, 122 y 124 de la Constitución Nacional, ya que para resolver el pleito el Tribunal debería examinar normas y actos provinciales, interpretándolos en su espíritu y en los efectos que la soberanía local ha querido darles.
Vicios redhibitorios, acción quanti minoris, daños y perjuicios, obligaciones accesorias, prestaciones complementarias
Materia: CIVIL
Carátula: Pameva S.A. c/ Ruiz, Karina Isabel s/ ordinario resolución de contrato (restitución de inmueble y daños y perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-03

La acción por la que se solicitan daños y perjuicios en los casos de demanda por vicios redhibitorios no es autónoma sino dependiente, accesoria o complementaria de la rescisoria y subordinada al éxito de la principal. En tal orden de ideas, la acción quanti minoris está destinada exclusivamente a obtener la disminución del precio de la cosa objeto prestacional de la convención, resultando incompatible con la pretendida acumulación de daños.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FLORES DE ZAIDENBERG, GRACIELA c/ ZAIDENBERG, HUGO R. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-09-27

Si la esposa está en condiciones de contribuir en parte a su propia subsistencia, ya que la misma no probó la imposibilidad de conseguir trabajo, no tiene dedicación exclusiva en la atención de sus hijos y, por su edad, capacitación, etc. está en condiciones de obtener trabajo remunerado, no obstante contar con derecho a alimentos, éste debe estar adecuado a los roles que desempeñan luego de producirse las variantes en el hogar.
Robo con armas, robo en poblado y en banda, concurso de delitos
Materia: PENAL
Carátula: Araneda, Patricia R. s/ Robo Agravado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26

a) Debe descartarse el doble agravamiento de las figuras de los arts. 166 inc. 2do. y 167 inc. 2do. del C.P. , ya que la primera robo con armas- más grave, subsume a la segunda -robo en poblado y en banda-, menos gravosa.

b) No existe concurso real entre dos hechos, sino un único accionar si la resistencia a la autoridad se produjo cuando aún estaba pendiente de consumación el robo, por lo cual la finalidad de disparar contra la autoridad estaba destinada a lograr la impunidad del desapoderamiento.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, proceso penal, acción civil, actor civil, legitimación procesal, Derecho contravencional y de faltas, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESAL
Carátula: C, H J D DE, EN AUTOS: A, H J Y C, R J M s/ AUTO DE SOBRESEIMIENTO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-12

La protección constitucional debe ser considerada con abstracción de la situación legal derivada del Código Procesal Penal, pues tiene su fuente y su modo de tutela propios: la Constitución de la Provincia y la ley 7055 reglamentaria del recurso de inconstitucionalidad. De lo contrario, la tutela constitucional podría quedar enervada por la regulación legal y de ahí el error de supeditar el recurso de inconstitucionalidad a la posibilidad de ejercicio de los recursos ordinarios, negados al actor civil, error que llevaría al absurdo de rehusar, por ejemplo, la tutela constitucional de la defensa en juicio a un infractor del Código de Faltas (ley 3473) condenado sin ser oído (artículo 36) por sentencia que la ley declara inapelable.
Amenazas, sobreseimiento, homicidio culposo, relación de causalidad
Materia: PENAL
Carátula: MC. LOUGHIN, Juan. s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-09

Con respecto a las amenazas, teniendo en cuenta el ámbito en el que se propiciaron, no encuadran en la figura típica los dichos vertidos en el fragor de una discusión pues no revisten entidad suficiente como para interpretar que anuncian un daño real que efectivamente se llevará a cabo (*). El plexo de evidencias en un proceso penal raramente está conformado por una totalidad de elementos de juicio capaces de demostrar el desarrollo de los acontecimientos, por lo que la tarea valorativa resulta de imperiosa necesidad, además de la necesaria valoración individual de cada testimonio y cotejo con el resto de las pruebas reunidas, a fin de lograr una correcta evaluación de su eficacia probatoria (**). Corresponde dictar el auto de sobreseimiento, en relación al delito de homicidio culposo, toda vez que la conducta del imputado, si bien podría considerarse que creó un peligro jurídicamente desaprobado, no guarda relación causal, ni fue motivo determinante del accidente fatal que sufriera la víctima (***).

(***) Nota del Secretario: De la resolución se extrae que el damnificado inició una discusión con otros jóvenes y con el imputado, a quien consideraban personal de seguridad del local pese a no serlo, la cual culminó cuando éste le aplicó supuestamente un puntapié, a quien respondió escupiéndole la cara para luego comenzar a correr a veloz carrera siendo perseguido por el incusado hasta llegar a la vereda de la Avda. Costanera. Pese a ello, el damnificado continuó su marcha unos metros, cruzando dicha avenida siendo embestido por el automóvil, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte al día siguiente en el hospital.
Rechazo in límine, recusación, deber de imparcialidad
Materia: PENAL
Carátula: Boudou, Amado y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-13

Corresponde rechazar in lime la recusación de los integrantes de este tribunal interpuesta por la defensa V toda vez que la pretensión no se funda en actitud alguna en la calidad de magistrados recusados para con el recusante que pudiera revelar temor de parcialidad, sino tan solo en previas intervenciones que especificadas. Los términos de las participaciones anteriores en este proceso no constituyen una circunstancia objetiva apta para admitir la recusación formulada, en los recordados términos del alcance de la garantía de imparcialidad exigible al juzgador, por lo que esa intervención como integrantes de esta Sala no lesiona la imparcialidad que debe regir su labor. Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos.

Fuente del sumario: OFICIAL
Sumas de dinero, daños y perjuicios, carácter alimentario, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL
Carátula: E.J.L. y Otros c/ Hospital de Clínicas J. de San Martín - Fac. Medicina - U.B.A. s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-23

Dado que en la especie se trata de una condena al pago de sumas de dinero de naturaleza alimentaria, emergentes de una indemnización de daños y perjuicios sufridos por quienes revisten la condición de progenitores y/o hermana de quien en vida fuera J. L. E., quienes en función de lo expuesto en el punto III del memorial de agravios cuyo traslado no fue contestado, se encuentran en estado de desamparo, corresponde hacer lugar a lo pretendido por los recurrentes, pues, la consolidación de la indemnización importaría no sólo una postergación en su percepción, sino la degradación de la sustancia del derecho que en la sentencia se les reconoce. Este Tribunal, en concordancia con lo decidido por las otras Salas, en casos análogos al que se examina (confr.

causa 3750/99 del 12.12.02; Sala I, causa 21.911/96 del 7.3.02; Sala III, causa 10.015/01 del 11.8.09, entre otras), ha decidido la exclusión del crédito reconocido en la sentencia, del régimen de consolidación en los términos del artículo 18 de la Ley N° 25.344 que tiene carácter de orden público, art. 13).
Riesgos del trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, enfermedad profesional
Materia: LABORAL
Carátula: Silva, Facundo Jesús c/ Unilever de Argentina S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18

La Ley de Riesgos del Trabajo de 1995 es incompatible con el orden constitucional, pues ha negado todo tipo de reparación al trabajador víctima de una enfermedad que guarda relación de causalidad adecuada con el trabajo, por el sólo hecho de que aquélla no resulta calificada de enfermedad profesional en los términos de dicha norma ( Voto de los Dres. Carlos S. Fayt y Enrique S. Petracchi).