Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-04-10


2º Instancia.- Córdoba, abril 10 de 2012.

Considerando: I. Con fecha 11 de marzo de 2010 el titular del Juzgado Federal de Bell Ville resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad efectuado por la defensa técnica del imputado Gianni.

Fundamentó lo resuelto con respecto a la existencia de motivos objetivos que dan sustento al accionar policial, estimando que se dan los presupuestos básicos para justificar ajustado al proceder del funcionario policial.

Sostiene que el hecho de tener Gianni cubierto parte de su rostro es el elemento objetivo de valoración que da sustento a la intervención policial concretando la requisa de urgencia. En este contexto no se advierte que el personal se haya excedido en sus funciones. Entiende que se está en presencia de un caso típico de flagrancia contemplado en el art. 285 del C.P.P.N.

Por otro lado, con respecto al cambio de calificación legal propuesto por la defensa, entiende el Juez que no es procedente toda vez que de la pericia del material secuestrado al imputado, la cantidad de dosis umbral que se pueden preparar con la sustancia secuestrada, dicho volumen resulta excesivo como para considerar que estamos en presencia de escasa cantidad como lo requiere el art. 14 segunda parte de la ley 23.737.

II. La defensa técnica interpuso en tiempo y forma recurso de apelación en contra del auto aludid, que precisamente es lo que impulsa la apertura de esta instancia. Señala la parte que le agravia la denegación del pedido de sobreseimiento fundamentado en la arbitrariedad e ilegalidad del obrar policial en oportunidad de la requisa practicada. Manifiesta que Gianni fue interceptado en la vía pública, sometido a un atropello a su intimidad personal. Sostiene que de los testimonios no hay motivos que permitan justificar tal medida.

En la presente causa no está claro cuál fue la circunstancia previa y concomitante que justifique la requisa. Continúa el Defensor explicando que el único motivo de sospecha era que Gianni usaba un gorro, y recuerda que el procedimiento se realizó en invierno a las 21:30 horas de la noche, presumiendo el frío que hacía.

Con respecto al supuesto estado de nervios, sostiene el Defensor que comienza a ponerse nervioso Gianni al momento de que es interceptado por el personal policial.

También menciona el Defensor que el Código Procesal Penal de la Nación en la sección del registro domiciliario y requisa personal exige al juez la redacción de un decreto fundado para realizar la requisa. En autos no se encuentra corroborado la exigencia normativa del art. 230 bis, es una requisa policial a Gianni en la cual no existen motivos previos para requisarlo.

Por ello la defensa entiende que se debe declarar la nulidad del acata que dio origen al procedimiento y a esta causa misma, como también deberá declarar la nulidad de todos los actos procesales que de él dependen. Hace reserva de caso federal para ocurrir ante la C.S.J.N. y de ocurrir en casación.

En esta instancia, con motivo del art. 454 del CPPN, la Defensora Oficial presentó el informe de forma escrita en la que manifiesta que mantiene el recurso y se remite a las consideraciones, argumentos y citas expuestas en el escrito de fs. 75-82.

Sin perjuicio, sostiene que la medida practicada afecta la esfera de intimidad del sujeto, reconocida y protegida por el art. 19 de la CN.

III. Sentada así y reseñada en los precedentes parágrafos la postura asumida por la defensa frente a lo resuelto, corresponde introducirse propiamente en el tratamiento de la apelación deducida. A tal efecto, se sigue el orden de votación establecido en autos según el cual corresponde expedirse en primer lugar al doctor Abel G. Sánchez Torres, en segundo lugar al doctor Luis Roberto Rueda y en tercer lugar al doctor José María Pérez Villalobo.

El doctor Sánchez Torres dijo:

Conforme quedó planteada la cuestión precedentemente, corresponde examinar la legalidad de la detención y requisa efectuada en la persona del imputado Maximiliano José Gianni, por parte de agentes de la policía de la Provincia de Córdoba.

A tal efecto resulta indispensable tener presente los lineamientos trazados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la competencia y facultades de las fuerzas de seguridad para detener y requisar a personas en la vía pública, sin contar con orden judicial.

Siguiendo un orden cronológico, con fecha 22.12.1994. la C.S.J.N. en el conocido precedente "Daray" dejó sentado las exigencias que deben preceder a la detención de una persona para poder sostener su validez constitucional, haciendo especial hincapié que la cuestión debe regirse estrictamente por el principio de legalidad.

Ciertamente, en aquel fallo se sostuvo que "...es indispensable examinar, en primer lugar, si esa detención se ha llevado a cabo de manera compatible con el art. 18 la Constitución Nacional el cual, en la parte que interesa, dispone "...Nadie puede ser...arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente...".

Respecto a quién resulta la autoridad habilitada por la constitución para llevar a cabo detenciones, haciendo expresa mención del principio de legalidad, se puntualizó que "...resulta obvio que la "competencia" para efectuar arrestos a que se refiere la norma constitucional sólo puede provenir de un expreso mandato legislativo y debe, además, ejercerse en las formas y condiciones fijadas por esa disposición legal. Tal requisito surge claramente del principio constitucional de legalidad, respecto del cual el Tribunal ha dicho: "Toda nuestra organización política y civil reposa en la ley. Los derechos y obligaciones de los habitantes así como las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca" (caso "Cimadamore", Fallos: 191:245 y su cita).

En este entendimiento, el Máximo Tribunal analizó la legislación vigente que autorizaba a restringir la libertad ambulatoria de los habitantes de la República, concluyendo, luego de analizar las normas aplicables (art. 4 ley 2372 y art. 5, inc. 1 del decreto-ley 333/58 -en su antigua redacción-, ratificado por la ley 14.467,) que indudablemente en el caso particular el personal policial carecía de facultades legales para detener al imputado.

Tiempo después, con fecha 12.11.1998 en autos "Fernández Prieto" (Fallos: 321:2947) la C.S.J.N. se aparta del criterio estricto de legalidad que había sostenido en el precedente analizado (ver al respecto disidencia del juez Maqueda en fallos "Waltta" y "Ciraolo", en este último con la concurrencia del Juez Zaffaroni). En esta oportunidad se hace propia la opinión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica respecto a las pautas tendientes a precisar los conceptos de "causa probable", "sospecha razonable", "situaciones de urgencia" y la "totalidad de las circunstancias del caso".

Respecto a lo que se entendió por "causa probable" la Corte Suprema citó el precedente "Terry v. Ohio", 392, U.S., 1, (1968), en el cual el tribunal Norteamericano sostuvo que "cuando un oficial de policía advierte una conducta extraña que razonablemente lo lleva a concluir, a la luz de su experiencia, que se está preparando alguna actividad delictuosa y que las personas que tiene enfrente pueden estar armadas y ser peligrosas, y en el curso de su investigación se identifica como policía y formula preguntas razonables, sin que nada en las etapas iniciales del procedimiento contribuya a disipar el temor razonable por su seguridad o la de los de.... tiene derecho para su propia protección y la de los de en la zona, a efectuar una revisación limitada de las ropas externas de tales personas tratando de descubrir armas que podrían usarse para asaltarlo. Conforme con la Cuarta Enmienda, tal es una revisación razonable y las armas que se incauten pueden ser presentadas como prueba en contra de esas personas".

De la misma forma, se puso de resalto que el citado Tribunal ha establecido la legitimidad de arrestos y requisas sin orden judicial que no tuvieron por base la existencia de "causa probable" sino de "sospecha razonable". En ese sentido, se señaló que "al igual que ocurre con el concepto de "causa probable", la definición de "sospecha razonable" es necesario que sea flexible". Así en "Alabama v. White" 496, U.S., 325 (1990), la Suprema Corte estadounidense "consideró legítima la detención y requisa, puesto que -dijo- "sospecha razonable" es un estándar inferior del de "probable causa", ya que la primera puede surgir de información que es diferente en calidad -es menos confiable- o contenido que la que requiere el concepto de "probable causa", pero que en ambos supuestos, la validez de la información depende del contexto en que la información es obtenida y el grado de credibilidad de la fuente".

Respecto a las situaciones excepcionales que legitiman detenciones y requisas sin orden judicial, la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica ha dado especial relevancia al momento y lugar en el cual tuvo lugar el procedimiento y a la existencia de razones urgentes para corroborarlo, habiendo convalidado arrestos sin mandamiento judicial practicados a la luz del día y en lugares públicos ("United States v. Watson" 423, U.S., 411, 1976).

Finalmente, se cita la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos en cuanto a las circunstancias que deben encontrarse presentes para poder establecer la existencia de "causa probable" o "sospecha razonable" para inspecciones y requisas. En este sentido, el mencionado Tribunal sostuvo que "se debe considerar la totalidad de las circunstancias del caso ("the whole picture"). Así se pronunció en "United States v. Cortez 449, U.S., 411, 417 (1981) y en "Alabama v. White", en las que se dijo que en supuestos como los nombrados deben examinarse todas las circunstancias en las que se desarrolló el hecho y que basada en aquéllas, la detención por parte de las fuerzas policiales debe tener por fundamento la premisa de que el sospechoso se haya relacionado con un hecho ilícito. La consideración de la "totalidad de las circunstancias" tuvo especial relevancia en el caso "Illinois v. Gates" 462, U.S., 213, (1983) -se cuestionaba la información proveniente de un anónimo-, en el que la Suprema Corte manifestó que si bien el anónimo considerado en forma exclusiva no proporciona fundamento suficiente para que el juez pueda determinar que existe "causa probable" para creer que podía hallarse contrabando en la vivienda y en el automóvil de los acusados, sin embargo -puntualizó- es necesario ponderar algo más: la "totalidad de las circunstancias", ello debido a que éste es un criterio más consistente que el anterior tratamiento de la existencia de "causa probable", desarrolla en los casos "Aguilar v. Texas" 378, U.S., 108, (1964) y Spinelli v. United States" 393, U.S., 410, (1969), en los que se descalificó la noticia proveniente de un informante ido a que no se establecían las razones para poder afirmar que aquél era "creíble" y que su información era "confiable".

El criterio jurídico desarrollado precedentemente (Fernández Prieto), fue reiterado por la C.S.J.N. en "Tumbeiro" (Fallos: 325:2485), "Monzón" (Fallos: 325:3322), "Szmilowsky" (Fallos: 326:41), entre otros tantos.

Por su parte, a los fines de delinear los parámetros que justifican la detención de ciudadanos por parte de las fuerzas de seguridad sin contar con orden judicial, no pueden desconocerse los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como auténtico interprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, que a partir de la reforma del año 1994 integra el bloque constitucional (art. 75, inc. 22 de la C.N.). En particular, se ha expedido con respecto a nuestro país en el reconocido caso Bulacio vs. Argentina (serie C nº 100, sentencia del 18 de septiembre de 2003), señalando que el derecho a la libertad sólo puede ser limitado con recaudos "...materiales y formales que deben ser observados al aplicar una medida o sanción privativa de la libertad: nadie puede verse privado de la libertad sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal)"; agregando que "...las razzias son incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales, entre otros, de la presunción de inocencia, de la existencia de orden judicial para detener salvo en hipótesis de flagrancia...". Por último, luego de resolver abrir el caso que había sido sobreseído por prescripción, la C.I.D.H le indico al Estado Argentino que de acuerdo con lo establecido por "el artículo 2 de la Convención Americana, los Estados Parte se encuentran en la obligación de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la misma Convención", y que "El deber general establecido en el artículo 2...implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías".

Conforme lo expuesto hasta el momento, corresponde reconstruir el marco normativo vigente que rige la cuestión. Ello así, pues debe seguirse el principio de legalidad como pauta válida para el examen de la constitucionalidad de una detención, conforme se indica acertadamente en el precedente "Daray", pues al momento de examinar la razones que existieron para detener a una persona debe evitarse "...apartarse del principio primario de la sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por éste, pues de hacerlo así olvidaría que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y que cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación la norma debe ser aplicada directamente con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en aquella" (Fallos: 313:1007, entre otros).

El Legislador Penal al momento de reglamentar el art. 18 de la Constitución, establece que la autoridad "competente" para llevar a cabo un arresto o requisa es el juez. Ahora bien, admite excepcionalmente que sean las fuerzas de seguridad quienes puedan detener a una persona, siempre y cuando se den las circunstancias expresamente detalladas como condición necesaria.

El art. 284 del C.P.P.N. dispone que "los funcionarios policiales y auxiliares de la policía tienen el deber de detener, aún sin orden judicial: 3. Excepcionalmente a la persona contra la cual hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de conducirlo al Juez competente de inmediato para que resuelva su detención, y 4. a quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública reprimido con penal privativa de libertad" .

En cuanto a lo que requisa personal se refiere, rigen idénticas consideraciones. La Constitución Nacional garantiza a las personas, además del derecho a conducirse libres, un ámbito de reserva que se extiende a la intimidad, impidiendo y limitando para casos excepcionales, cualquier tipo de intromisión en esta esfera.

Sin embargo, como bien es sabido ninguno de estos derechos son absolutos, pues se encuentran sometidos a reglamentación, siempre y cuando su afectación resulte razonable y no implique su total aniquilación (art. 1, 18 y 28 de la Constitucional Nacional).

Como bien fue señalado por la C.S.J.N. en los fallos que fueron examinados al comienzo del presente pronunciamiento, la ley procesal ha reglamentado su afectación, requiriendo a tal efecto como condición necesaria, que existan motivos suficientes para presumir que la persona que es objeto de intromisión estatal, oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito. En este caso, será el Juez quien mediante resolución fundada dispondrá la medida (art. 230 del C.P.P.N.).

Por tanto, esta situación se presenta como la primera excepción a la regla constitucional que garantiza el derecho a conducirse libremente y a preservar un ámbito de intimidad sobre las personas. Sin embargo, luego de entrada en vigencia la nueva legislación procesal (ley 23.984), el Congreso de la Nación, estableció una excepción a esta excepción, autorizando al personal de las fuerzas de seguridad a requisar aún sin contar con la orden de un Juez competente (art. 23 bis del C.P.P.N. incorporado por la Ley 25.434).

Por tanto, debe entenderse que las circunstancias que habilitan a las fuerzas de seguridad a efectuar una requisa personal son excepcionales y la interpretación de las normas que rigen la cuestión debe ser de carácter restrictivo, con la finalidad de no violentar el principio de legalidad (conf. fallo C.S.J.N. "Daray") Ciertamente, el Código Procesal Penal vigente ha establecido como regla que las disposiciones sobre la libertad e intimidad de las personas son de competencia de los Jueces de la Nación. Ello así, no obstante autorizar con carácter excepcional a las fuerzas de seguridad mediante el artículo 230 bis (incorporado por ley 25.434) a practicar directamente requisa personal sin mediar orden escrita de juez competente, siempre y cuando se den las condiciones objetivas que exige la norma; todo ello con el objetivo de impedir que el actuar de los funcionarios se vea frustrado frente a la urgencia y la dificultad de acceder en tiempo oportuno a la orden judicial de requisa.

Siguiendo este entendimiento, la motivación que debe guiar a las fuerzas de seguridad, al igual que se dispone en el caso del artículo 230 del C.P.P.N. para el caso del Juez competente, debe ser la de hallar cosas provenientes o constitutivas de un delito o elementos que puedan ser utilizados para la comisión. Además de exigir que los hechos se produzcan en la vía pública, y con la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonablemente y objetivamente permitan justificar la medida.

En conclusión, el personal de las fuerzas de seguridad necesariamente deben tener en su poder datos objetivos suficientes que permitan conjeturar razonablemente que el individuo a quien se pretende requisar guarda en su persona o vehículo, alguno de los elementos que indica la norma, y además, que la urgencia del caso imposibilita requerir al Juez competente la orden judicial respectiva.

Conforme surge de la transcripción parcial de las normas que rigen la materia, el legislador exige un determinado grado o estado de sospecha para validar la detención o la requisa corporal de una persona.

Ciertamente, requiere como condición necesaria que existan "indicios vehementes" "circunstancias debidamente fundadas" o "motivos suficientes para presumir". En otras palabras, más allá de la excepcionalidad, el policía no se encuentra facultado para llevar a cabo detenciones irrazonables, pues su actuar funcional se deberá adecuar a la exigencia de la ley procesal, que requiere un particular grado de sospecha para validar una detención sin orden judicial.

Pero además de encontrarse en la situación objetiva a la cual hace mención la norma, el agente policial, deberá dar cuenta objetivamente cuales son las circunstancias a partir de las cuales funda "indicios vehementes" "circunstancias debidamente fundadas" o "motivos suficientes para presumir". Es decir, se debe tratar de causas comprobadas, y no meras conjeturas carentes de asidero objetivo. Ello así, pues no puede exigirse menos a los funcionarios policiales que a los Jueces, quienes para emitir la orden judicial de detención y requisas, deben fundar y dar motivos de lo resuelto. De la misma forma, la exteriorización de las circunstancias objetivas que llevaron a policía a detener y requisar una persona, permitirá a los jueces ejercer un debido control de legalidad y razonabilidad sobre la conducta funcional de las fuerzas de seguridad.

Teniendo en cuenta el marco normativo reseñado hasta el momento, corresponde analizar si el personal policial se encontraba autorizado a detener y luego requisar al imputado Maximiliano Gianni el día 13 de junio de 2007.

A tal efecto debe examinarse la declaración testimonial brindada por el policía Diego Ariel Tochetti (fs. 1/2), quien estuvo a cargo del procedimiento llevado a cabo en la ciudad de Marcos Juárez, que culminó con el secuestro de 16,35 gramos de marihuana en poder del nombrado.

Al respecto, el policía interviniente manifestó que encontrándose patrullando en el móvil matricula 2480 siendo aproximadamente las 21.20 horas "observó que por calle Monetto con sentido circulación Norte-sur circulaba una persona aparentemente de sexo masculino que vestía pantalón de jean oscuro, campera de jean de color celeste gastado, casi blanca y en la cabeza gorro de lana de color roja con el cual cubría gran parte de su rostro, el que se conducía en una bicicleta del tipo playera despintada con la rueda de atrás rojo claro, motivos que le llamaron la atención al dicente por lo cual intento interceptar al mismo para su correcta identificación y acreditación del rodado... interceptó la marcha del sujeto, y tras identificarse correctamente con su jerarquía, apellido y nombre consultó por la propiedad del rodado respondiendo el mismo con evasivas y notándose intranquilo por la presencia policial, motivo por el cual solicitó la presencia de dos testigos civiles que ocasionalmente caminaban por el lugar....". Luego de que Gianni se identificara "...se le informó que sobre su persona se iba a realizar una requisa y que podría exhibir sus pertenencias a lo cual accedió y no opuso repara alguno, extrayendo de uno de sus bolsillos delanteros un encendedor; posteriormente se realizó el procedimiento informado y se procedió al secuestro: de un envoltorio de nylon, de color transparente, conteniendo en su interior un trozo de una sustancia en hierbas, compacta, de color verde amarronada, de color fuerte y predominantemente compatible con la marihuana".

Al momento de prestar declaración en sede judicial frente a preguntas de la defensa técnica, vinculadas con los motivos de la detención de Gianni, el oficial Tochetti agregó a lo declarado en el sumario policial que "cuando le preguntó por sus datos y qué era lo que estaba haciendo tardaba en contestar y era como que se acomodaba el gorrito que llevaba en su cabeza. Que Gianni lo para por control de rutina como hacen con cualquier persona. Las directivas que tienen de la superioridad es que pueden parar a controlar a cualquier persona que ande por la calle y que no conozcan, y si se trata de una persona que conocen y tiene antecedentes también están facultados a identificarlos" (ver fojas 40).

De las propias declaraciones del policial Tochetti receptadas en sede policial y judicial, surge con claridad que no existían razones objetivas que justificaran la detención y la requisa que se efectuó sobre el imputado Gianni. En efecto, el policía alude a la forma de vestir de Gianni y las características del rodado en el cual se conducía, lo que le habría llamado la atención, y en definitiva lo motivó a efectivizar la detención. En cuanto a las razones que dio como motivo de la requisa, sólo se limitó a afirmar que las respuestas a las preguntas que le hacían fueron del tipo "evasivas", no explicando porque; y que Gianni se mostraba intranquilo. Cabe aclarar que ya para ese momento la detención era ilegítima, pues no había motivo para efectivizar las misma, más allá que luego tampoco hubieron razones que legitimaran su requisa personal.

Incluso la ilegitimidad de la intervención del personal policial sobre Gianni, se pone de manifiesto a partir de la propia confesión del policía Tochetti quien para justificar su actuar reconoció al fiscal de la causa que "pueden parar a controlar a cualquier persona que ande por la calle y que no conozcan, y si se trata de una persona que conocen y tiene antecedentes también están facultados a identificarlos". De la explicación dada por el personal actuante, no solo se desprende la ilegalidad de la detención, sino también su arbitrariedad, lo que en un estado constitucional de derecho no puede ser tolerado en modo alguno.

Conforme a lo expuesto corresponde declarar la nulidad de la detención y requisa efectuada sobre el imputado Maximiliano Gianni el día 13.07.2007 (conf. 184, 230, 230 bis, 167 y cc del C.P.P.N., 18 y 75, inc. 22 de la C.N., y 7 de la C.A.D.H.).

Asimismo, corresponde declarar la nulidad de todos los actos que sean su consecuencia, de conformidad a lo establecido por el artículo 172 del C.P.P.N., debiendo disponer el sobreseimiento del imputado Maximiliando Gianni en los términos del artículo 336 inciso 2 del citado cuerpo normativo; siguiendo de esta forma el criterio jurisprudencial sentado por la C.S.J.N. en el precedente "Rayford" (Fallos: 308: 733), en el sentido de que si en el proceso existe un solo cauce de investigación y éste estuvo viciado de ilegalidad, tal circunstancia contamina de nulidad todas las pruebas que se hubieran originado a partir de aquél, siendo necesario para sostener lo contrario, que en el expediente conste en forma expresa la existencia de una actividad "independiente" que habría llevado inevitablemente al mismo resultado.

Por último, no puedo pasar por alto la preocupación existente por la seguridad pública que vive nuestra sociedad, y la necesidad de que las fuerzas de seguridad cuenten con mayores herramientas para combatir la delincuencia. Ciertamente, si los instrumentos de prevención que se encuentran legislados en los ordenamientos procesales resultan desacertados o insuficientes, ello debe ser debatido y resuelto en el ámbito del Congreso de la Nación, y no derogadas por la conducta de las fuerzas de seguridad avaladas por el control que ejercen los jueces sobre dichos procedimientos. De lo contrario, nos apartaríamos del principio fundante del Estado de Derecho que es el de legalidad, cuyo respecto en materia de detenciones y requisas se debe garantizar (Conf. C.S.J.N. "Daray").

Así voto, sin costas (art. 503 y 531 del C.P.P.N.).

El doctor Rueda dijo:

Me adhiero a los fundamentos y solución procesal dada por el Juez preopinante y por tanto voto en igual sentido.

El doctor Pérez Villalobo dijo:

Comparto los argumentos expuesto por el Juez del primer voto y por tanto voto en el mismo sentido.

Por todo lo expuesto; se resuelve: I. Revocar la resolución dictada con fecha 11 de marzo de 2010 por el Juez Federal de Bell Ville, correspondiendo declarar la nulidad de la detención y requisa personal de imputado Maximiliano Gianni, como así también de todos los actos que son su consecuencia (conf. 184, 230, 230 bis, 167 y cc del C.P.P.N., 18 y 75, inc. 22 de la C.N., y 7 de la C.A.D.H.); y en consecuencia dictar el sobreseimiento del nombrado de conformidad a lo establecido por el artículo 336 inciso 2 del C.P.P.N. II. Sin costas (art. 530 y 531 del C.P.P.N.) III. Protocolícese, hágase saber y bajen.- Abel Sánchez Torres.- Luis R. Rueda.- José M. Pérez Villalobo.