Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-24


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 24 de 2005.

Considerando: I.- Apeló el incidentista la resolución de fs. 319/325 que rechazó el incidente de revisión promovido en los términos del art. 37 de la ley 24.522. El memorial se agregó a fs. 328/344. La concursada lo contestó a fs. 347/354 y el síndico a fs. 358/359.

II.- El juez desestimó la demanda incidental con fundamento, esencialmente, en que las partes convinieron que la deuda reconocida en el instrumento copiado a fs. 15/17 debía pagarse en los términos de la ley 24.070, sin que pudiera reclamarse nada a la concursada. Así la cesión (que es el título que esgrime el aquí incidentista) no fue eficaz para fundar la pretensión verificatoria porque al momento de celebrarse, los derechos que se transferían estaban caducos habida cuenta que se había rechazado la solicitud de la asunción de la deuda originaria por parte del Estado Nacional. Por ello en virtud de la regla contenida en el art. 3270 del Cód. Civil no pudo la cedente transferir un derecho mejor o más extenso del que gozaba.

III.- En el convenio que luce a fs. 15/17 se indicó (ver fs. 15 especialmente) que "ambas partes acuerdan que respecto a la deuda anterior al 1 de abril de 1991 (U$S 250.000) la empresa cobrará, conforme la ley 24.070 de subrogación de las obligaciones, de parte del Estado Nacional, no reclamando nada contra la Obra Social".

Para que la subrogación de los pasivos de las obras sociales en el Estado Nacional pueda operar válidamente, se requiere una resolución ministerial de origen que la acepte (conf. art. 8º, dec. 1723/92), Y a partir de esa aceptación la deuda queda comprendida en los términos de la citada ley (confr. CSJN, 14.5.96, "Sanatorio Morano S.A. c. Obra Social para Empleados de Comercio y Actividades Civiles s/ Incidente de Ejecución de Sentencia y Honorarios", Fallos: 319 p. 786). En consecuencia, el reconocimiento administrativo es un requisito imprescindible para obtener la incorporación al régimen citado, por lo cual su rechazo impide tener por configurada la subrogación pretendida. Cabe concluir, entonces, que el crédito del actor deberá ser satisfecho por la demandada (en el caso la concursada), pues esta no logró que el organismo competente accediera a su petición (en igual sentido CCCiv. y Com. Federal, sala 3, 4.5.99, en "Centro Médico de la Mujer Gog Sociedad Anónima c. Obra Social para Empleados de Comercio y Actividades Civiles"; Idem, sala 2, 15.6.99, en "Policlínica Privada de Medicina y Cirugía S.A. c. Obra Social para Emp. de Comercio y Actividades Civiles s/ Incidente de Embargo"; Idem, sala 1, 16.6.98, en "Bagala S.A.C. c. Obra Social de Artistas de Variedades s/ Proceso de Ejecución". Por lo demás, la propia concursada peticionó en sede administrativa para lograr la inclusión de la deuda en el régimen de la ley 24.070 (ver fs. 20/21) lo que pone de resalto que era carga suya tal tarea.

IV.- Es que el alcance que debe otorgársele a la cláusula del convenio antes citado es que las partes sujetaron la liberación del deudor (la obra social concursada) a que esta lograra que la deuda quedara incluida en la ley 24.070 ya que la renuncia (art. 874 del Código Civil) no se presume y la hermenéutica en la materia es estricta (esta sala, 12.9.89, en "Patria Cía. de Segs. Grales. s/ Liqu. Forzosa s/ Inc. de rev. por Del Valle, R.").

V.- De ese modo, la cesión fue válida en tanto la deuda, como se dijo, no pudo considerarse extinguida a la fecha en que celebró porque la caducidad decretada en sede administrativa no era oponible a la acreedora originaria y por ende al cesionario. La concursada adujo que de todos modos no fue notificada de la cesión. Pero el traslado de la demanda, en el caso el pedido de verificación, es el mejor cumplimiento de tal formalidad (Borda, Guillermo, "Contratos" t. 1, p. 416 y doctrina y jurisprudencia citadas en la nota 992).

VI.- Tampoco puede estimarse, como lo hizo la concursada, que la acción está prescripta. Se argumentó que como se trataba de una deuda por prestaciones realizadas y facturadas con antelación al 1 de abril de 1991 hasta la fecha de presentación solicitando la formación del concurso preventivo habían pasado más de 10 años (ver fs. 189). En el convenio que en copia luce a fs. 15/17 la obra social reconoció (fs. 15 cláusula primera) la deuda originada con fecha anterior al 1 de abril de 1991. La fecha de ese reconocimiento es 6 de junio de 1992. Esto fue interruptivo del plazo de prescripción (art. 3989 del Cód. Civil) y desde ese momento es que debe computarse su inicio. Conforme fluye de fs. 9/138 el pedido verificatorio se realizó el 28.12.01, esto es antes, de consumido el término de la prescripción (art. 32, segundo párrafo) y lleva a la desestimación de esta defensa.

La concursada sostuvo que como la acreedora originaria aceptó cobrar en bonos del Estado Nacional (ver fs. 54/55) la obligación debía pagarse con esos títulos. La argumentación no es idónea para fundar el pedido antedicho habida cuenta que esa alternativa debe entenderse lo fue para el caso que se lograra la asunción por parte del Estado de la deuda de la concursada.

VII.- Respecto de la moneda en la cual se admitirá el crédito (quirografario) cabe señalar que en lo atinente a las llamadas "leyes de emergencia" que pesificaron las obligaciones contraídas en moneda extranjera existentes al 6 de enero de 2002, esta sala decidió en reiteradas ocasiones apartarse de su directa aplicación -bien que sólo en la medida que afectare garantías constitucionales- procediendo a interpretarla sin desnaturalizar su sentido, ni conculcar los derechos amparados por la Constitución Nacional.

El resultado de tal hermenéutica condujo a adoptar una solución intermedia, sustentada en lo que se ha dado en llamar la idea de un esfuerzo compartido sin perjuicio de otras ponderaciones que puedan realizarse en casos particulares (conf. art. 11 de la ley 25.561; CNCiv., sala G, "Pérez Guibelalde, C. v Rodríguez Peña 736 SA -ejecución hipotecaria", 4.4.2003, ED, 15.5.03, p. 5, fallo 52.023, y sus citas -LA LEY, 2003-D, 948-; sala E, "Arrúa, Mercedes v. Ruiz, María P.", 22.5.2003, ED, 20.6.03, p. 3, fallo 52.094 -LA LEY, 2003-E, 151-; CNCom, sala B, "Zappala de Elissi, Ida M. v. C & S. Group SA -ejecutivo", 9.5.2003 -LA LEY, 2003-D, 389-, entre muchos otros).

Los fundamentos de tal postura, fueron desarrollados en los autos "López, Walter Daniel c. Cejas, Rosa Elsa y otros s/ ejecutivo" el 11 de mayo de 2004 -LA LEY, 2004/07/30, 5-, a cuyos términos cabe remitirse en honor a la brevedad.

No aprecia el Tribunal motivos para apartarse de tal solución en el marco de un concurso preventivo, máxime en el caso, cuando solo al incidentista le es verificado un crédito en moneda extranjera (v. informe del síndico de fs. 372).

Por las razones expuestas, se establece que para el pago del crédito verificado en dólares estadounidenses el valor de cada una de las cuotas establecidas en el acuerdo homologado será la suma que resulte de calcularla a la paridad un dólar igual un peso, con más el 50% de la diferencia existente entre esa paridad y el valor del dólar estadounidense en el mercado libre de cambios a la fecha correspondiente al vencimiento de cada una de ellas (esta sala, 17.5.05, en "Sanatorio Privado Mariano Acosta S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de consignación promovido por la deudora").

Por lo dicho: a) se admite el recurso y se revoca la resolución de fs. 319/325; con costas; b) se declara verificado el crédito con carácter quirografario debiendo liquidárselo en la forma aquí dispuesta.

El doctor Caviglione Fraga no interviene en la presente resolución por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). - José L. Monti. - Héctor M. Di Tella.