Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-29


///nos Aires, 29 de noviembre de 2006 VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de grado que consideró no habilitada la instancia judicial y, CONSIDERANDO:

1. Que el actor, en su carácter de Rector transitorio del Centro Educativo de Nivel Terciario (CENT) Nº 8, interpuso demanda ordinaria contra la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de obtener la declaración de nulidad de los siguientes actos administrativos: resolución nro. 1731/SED/01, del 28/09/01, de convocatoria general para concurso de los Centros Educativos de Nivel Terciario; resolución nro. 1829/SED/01, de convocatoria específica a concurso respecto del CENT Nº 8; resolución nro. 2305/SED/01 y su modificatoria 719/02, de creación del jurado del concurso; dictamen calificatorio del jurado y resolución que aprobó y elevó los dictámenes y acto de la Subsecretaría de Educación que ratificó y avaló la actuación del jurado; resolución nro. 1766/SED/02, que implementó un promedio divisorio con base en el puntaje de todos los concursos; resolución nro. 55/SED/03, del 21/01/03, que declaró desierto el concurso del CENT Nº 8 y convocó a un nuevo concurso, en los mismos términos que la resolución 1731/01, y de todos los actos que se dicten en consecuencia.

Sostuvo que la demanda entablada encuadra dentro del supuesto previsto por el artículo 5º del CCAyT, pues la conducta del poder administrador hace presumir la ineficacia de acudir a la instancia administrativa previa.

Indicó que esta presunción surge del examen de los expedientes judiciales "Hamilton Richard William y otros c/GCBA s/Acción Meramente Declarativa", donde se impugnó la facultad de la Secretaría de Educación de modificar los reglamentos de los centros educativos, sin intervención de la Legislatura, y "Picasso Mario Luis Juan c/GCBA s/Amparo", en el cual el accionante formuló judicialmente la critica a las resoluciones sobre las cuales ahora requiere su nulidad. Afirmó que del cotejo de las actuaciones citadas, se desprende la posición de la Administración de manera suficientemente categórica, lo que torna inútil transitar con carácter previo la vía administrativa.

2. Que es menester poner de resalto que, a fs. 104/106 vta., el señor juez de primera instancia declaró que el objeto de la presentes actuaciones se encontraba alcanzado por los efectos de la cosa juzgada formal y material de la sentencia dictada en los autos "Picasso Mario Luis Juan c/GCBA -Secretaría de Educación- s/Amparo (Art. 14 CCABA)", Expte. Nº EXP - 3867.

Apelada esta resolución, este Tribunal revocó parcialmente la sentencia de grado y acotó lo resuelto por el a quo a la impugnación formulada respecto de las resoluciones 1731-SED-2001 y 1829-SED-2001 (cf. fs. 122/123 vta.).

3. Que, a fs. 178/181 vta., el a quo resolvió tener por no habilitada la instancia judicial.

Para así decidir, analizó si de los expedientes judiciales invocados por el actor, se desprendía la presunción que, según el artículo 5º del CCAyT, torna superfluo el agotamiento de la instancia administrativa.

Respecto de la causa "Hamilton" sostuvo que si en aquella circunstancia no fue exigido el cumplimiento previo de las instancias administrativas, ello obedeció a las peculiaridades propias de las acciones de certeza. Dicha causa intentaba dirimir el derecho aplicable a las partes interesadas, pero resulta ajena a las irregularidades denunciadas en estos autos, de modo que pueda afirmarse que la Administración exteriorizó una clara conducta de rechazo a las impugnaciones que en la presente causa plantea el actor.

En cuanto al amparo invocado como segundo argumento de convicción, señaló que la declaración de la existencia de cosa juzgada con relación a las impugnaciones de las resoluciones 1731/01 y 1829/01, en modo alguno implicó la afirmación de que el agotamiento de la instancia administrativa fuera innecesario.

Agregó que para la configuración del supuesto previsto por el artículo 5º del CCAyT, se requiere la demostración de un curso de acción seguido por la autoridad administrativa que permita afirmar que el criterio estatal no se verá modificado.

4. Que contra lo decidido en la instancia anterior el actor interpuso recurso de apelación (fs. 185), cuyos fundamentos obran a fs. 186/189.

En primer término, afirmó que si bien en el amparo citado como prueba se declaró cosa juzgada respecto de las resoluciones 1731/01 y 1829/01, resoluciones posteriores fueron objeto de reclamo por la vía del "hecho nuevo", como, entre otras, la impugnación del nuevo concurso convocado por resolución 55/SED/03, de lo cual se corrió traslado a la demandada que, pese a los argumentos esgrimidos en aquella causa, persistió en su accionar.

En cuanto a la causa "Hamilton", sostuvo que la promoción de aquella acción tuvo lugar con anterioridad a la convocatoria a concurso, por lo que la demandada conocía perfectamente la voluntad impugnatoria de su parte y, pese a ello, continuó desarrollando los concursos.

Finalmente, señaló que el exceso ritual en ocurrir ante la Administración previamente, se manifiesta a todas luces en el hecho de que la resolución 55/SED/03 que convocó nuevamente a los concursos, tuvo lugar cuando la voluntad descalificatoria de su parte era de pleno conocimiento por parte de la demandada, evidenciando, además, la clara conducta de rechazar las impugnaciones efectuadas y seguir adelante con el trámite de las designaciones.

5. Que, corrida vista, dictamina en autos la Sra. Fiscal de Cámara, quien propicia que se rechace el recurso de apelación intentado (cf. 197/199).

Observa que el actor no probó la configuración del supuesto inserto en el artículo 5º del CCAyT mediante la alegación de antecedentes administrativos análogos.

En cuanto a la acción de amparo invocada, recuerda la declaración parcial de cosa juzgada e informa que en dicha causa se dictó sentencia que rechazó la pretensión del actor. Agrega que esta alzada al revocar parcialmente la sentencia de grado que declaró la existencia de cosa juzgada, indicó que varios actos de la Administración, posteriores a la convocatoria a concurso, no fueron objeto de un debate pleno. La conjunción de estas circunstancias, afirma, obstan a considerar configurada la conducta de la demandada necesaria para admitir el supuesto del ritualismo inútil.

Respecto de la acción declarativa "Hamilton", destaca que en aquellos autos se discutía la aplicación de un régimen jurídico y no la impugnación de las normas que aquí se cuestionan. Agregó que aquella causa no requería el agotamiento de la vía administrativa por la naturaleza del debate judicial planteado, mas no porque el criterio administrativo frente a los argumentos de la demanda fuera claramente observable.

6. Que cabe señalar, que, por principio, en la Ciudad de Buenos Aires la habilitación judicial de la instancia requiere que los actos administrativos posean la característica de haber causado estado. En otras palabras, el Poder Judicial revisa la legitimidad de las decisiones administrativas luego de agotado el procedimiento administrativo que la ley establece. En esas condiciones ya no son susceptibles de ningún recurso administrativo obligatorio, y se ha arribado a una decisión del funcionario superior con competencia para resolver la cuestión. El agotamiento de la instancia administrativa opera mediante la interposición de los recursos administrativos vigentes, en el caso de la impugnación de actos de alcance individual; o por medio del reclamo, cuando se trata de la impugnación de un acto de alcance general (cf. art. 3º, incs. 1 a 3, CCAyT y lo dispuesto por el Título IV del decreto 1510/97).

Esto, sin embargo, encuentra una figura de excepción en el artículo 5º del CCAyT. Dice esta norma: "No es necesario agotar la instancia administrativa cuando mediare una clara conducta de la autoridad administrativa que haga presumir la ineficacia cierta de acudir a dicha instancia." Este precepto encuentra fundamento en que la previa impugnación en sede administrativa debe cumplir los fines para los que ha sido establecida, esto es, permitir a la Administración revisar sus criterios sin necesidad de un litigio inútil. Además, impide que el requisito bajo examen se constituya en puro obstáculo para el acceso a la vía judicial y en un mero dispendio temporal.

A la luz de este supuesto normativo, el agotamiento de la instancia administrativa no es exigible cuando, por las manifestaciones de los órganos estatales en numerosos casos relativos a la misma cuestión, se pone en evidencia que la Administración ya tiene formada su opinión (cf. esta Sala, in re "Putrino Mónica Adriana c/GCBA s/Empleo Público", sentencia del 17/8/04).

Vale decir, entonces, que para que proceda la excepción invocada debe alegarse fundadamente la existencia de una clara conducta de la autoridad administrativa que haga presumir la ineficacia cierta de acudir ante ella (cf. esta Sala, in re "Silva María del Carmen c/GCBA s/Impugnación de Actos Administrativos", sentencia del 07/7/06).

7. Que en autos el propio actor reconoce no haber impugnado en sede administrativa los actos que ataca en el sub examine. Ahora bien, para justificar el sesgo innecesario que ello implicaría, no hace mención de otros pronunciamientos que en sentido similar hayan significado una manifestación de la Administración que torne estéril las vías previas a la impugnación judicial, sino que remite a dos expedientes judiciales, donde se debaten cuestiones relativas a los concursos atacados en autos.

En primer término, es invocada la causa "Hamilton", consistente en una acción meramente declarativa tendiente a despejar si el vínculo jurídico que regía a las partes consistía en el reglamento aprobado por la resolución Nº 425/83. Esta demanda fue interpuesta con anterioridad a la convocatoria a los concursos efectuada por las resoluciones 1731/SED/2001 y 1829/SED/2001. Ante estas circunstancias, no puede afirmarse que la causa citada por la actora permita inferir con certeza suficiente que el tratamiento en sede administrativa de las impugnaciones efectuadas en la presente causa implique un ritualismo inútil, pues no sólo es imposible referir un comportamiento habitual de la Administración, sino que ésta no tuvo en aquellos autos la oportunidad de expedirse sobre la posición del actor frente a la convocatoria posterior.

Por otra parte, es de destacar que el recurrente confunde el modo en que la voluntad administrativa debe ser acreditada. Como se dijo, la prueba que habilite a la excepción del artículo 5º del CCAyT debe exponer un comportamiento de la Administración que permita inferir sus decisiones sobre el punto. Por el contrario, el actor sostiene en su recurso que, pese a que la causa "Hamilton" exteriorizó ante la demandada su voluntad impugnatoria, ésta siguió llevando adelante el procedimiento de los concursos (cf. fs. 187 vta./188). Sin embargo, esto no da cuenta de la existencia de un criterio de la demandada frente a las impugnaciones alegadas en este proceso.

8. Que, además, el actor invoca otra causa judicial en sustento de su pretensión, los autos caratulados "Picasso Mario Luis Juan c/GCBA s/Amparo". Como fue aclarado, en dichos autos, respecto de las impugnaciones efectuadas contra las resoluciones 1731-SED-2001 y 1829-SED-2001, esta Sala declaró la existencia de cosa juzgada formal y material. No obstante, en dicha causa fueron admitidos hechos nuevos, que de acuerdo a lo decidido por esta alzada, no fueron alcanzados por la cosa juzgada. La actora funda la futilidad de transitar la vía administrativa previa sobre estos hechos, que involucran la impugnación de actos posteriores a la convocatoria efectuada por las resoluciones citadas y del nuevo llamado a concurso dispuesto por resolución 55-SED-03. Alegó que la demandada tampoco decidió entonces suspender los concursos.

No obstante, son los propios argumentos de la sentencia que declaró parcialmente la existencia de cosa juzgada los que impiden tener por configurada la excepción del artículo 5º del CCAyT. En efecto, a fs. 123 de estos autos esta sala dijo: "[T]ales extremos [es decir, las impugnaciones de los actos posteriores a las resoluciones que convocaron a concurso] fueron introducidos en forma sucesiva en el trámite del amparo como denuncias de hechos nuevos y ampliación de demanda, y que, si bien se corrió traslado de cada uno de ellos a la demandada, el modo y la oportunidad en que tales cuestiones se incorporaron al legajo veda sostener que a su respecto haya podido mediar un "debate pleno".

"En este sentido, adviértase a modo de ejemplo que la introducción como hecho nuevo del dictado de la resolución 55-SED-2003 -por la que se declaró desierto el concurso impugnado y se convocó a uno nuevo-, tuvo lugar más de dieciséis meses después de la deducción de la demanda original, dictándose la sentencia que puso fin al proceso de amparo poco tiempo después.[...] "Por otra parte, se desprende asimismo de las actuaciones del amparo que no se produjo la totalidad de la prueba oportunamente dispuesta (fs. 242, expte. 3867) y que, no obstante haberse requerido numerosas actuaciones administrativas, no se dispuso de la totalidad de los expedientes administrativos en el marco de los cuales se dictaron los actos cuya declaración de nulidad aquí persigue el actor...".

De la lectura de estos párrafos se deduce con claridad que el amparo citado por el actor no constituye un elemento de prueba suficiente acerca de la posición que presumiblemente adoptaría la Administración ante una impugnación de los actos atacados en su propia sede. Al contrario, al haber sostenido esta sala, como argumento para revocar parcialmente la declaración de cosa juzgada, que en aquellos autos ciertas cuestiones -que en estas piezas son objeto de impugnación- no fueron objeto de pleno debate, resulta irrazonable y contradictorio aseverar que de las constancias de dichas actuaciones resulta presumible que la vía impugnatoria ante la demandada resultaría un dispendio injustificado, pues mediante las alegaciones y pruebas aportadas por el apelante resulta incierta la posición de la administración frente a los posibles reclamos y recursos que se interpongan contra los actos que convocan y llevan adelante los concursos docentes de marras.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación intentado y, en consecuencia, confirmar el decisorio de grado que tuvo por no habilitada la instancia judicial.

Regístrese en el libro de sentencias interlocutorias, notifíquese -a la citada funcionaria en su despacho- y devuélvase.