Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-21


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 74119 SALA V. AUTOS: "DÍAZ, CLAUDIO OMAR C/ CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. S/ DESPIDO" (JUZGADO Nº 35).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 21 días del mes de mayo de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT dijo:

Contra la sentencia de origen que hizo lugar a la demanda se alza la accionada por recurso de nulidad de la misma comprendido en el de apelación.

Más allá de las críticas que puede merecer la sentencia relativa a citas inconducentes, sin relación con el tema a decidir e improcedentes como citas de autoridad en un estado laico, debe coincidirse con el apelante respecto a que la sentencia de origen trató de esclarecer lo que había sido excluido de la litis por conformidad de partes y no analizó adecuadamente aquello que para las partes era litigioso.

En efecto, estaba excluido de discusión que el actor prestó servicios para la cooperativa como vigilador. Lo que debía analizarse es si esta prestación de servicios configuraba un supuesto de contrato de trabajo definido por el artículo 21 RCT o si la prestación de servicios subordinada respondía a la forma cooperativa.

Establecido ello, no cabe dudas respecto a la aplicabilidad del artículo 23 RCT pues el presupuesto de su aplicación (la prestación de servicios) estaba indiscutida. Para iniciar el análisis de la cuestión, ya que la prestación de servicios no se encuentra discutida sino si se daba la situación de excepción a la categorización de la prestación de servicios en el contrato de trabajo. Esto es lo establecido por el artículo 23 RCT ".salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario".

El objeto determina típicamente la contratación que se ha realizado desde un punto de vista objetivo. Un contrato ha de incluirse en una tipicidad contractual si la causa objetiva de la contratación (el "para qué" se contrata) se ajusta a las prestaciones esenciales determinadas por el tipo contractual.

De esta manera, conductas entre las partes idénticas pueden ser clasificadas en contratos distintos teniendo en cuenta ese "para qué" de la contratación que representa el objeto de la contratación.

Por ejemplo, un grupo de amigos ayuda en la colocación de ladrillos de una parrilla de otro amigo común con la promesa de un asado de inauguración. Esto no constituye un contrato de trabajo aunque los amigos se hayan subordinado a la dirección del dueño de la obra, hayan prestado servicios y la prestación sea onerosa (el asado es una prestación en especie). El acto material es idéntico al de un albañil contratado para la construcción.

En el caso de una residencia médica, el objeto del contrato es la acreditación de requisitos previos a la especialización conforme los programas universitarios. El para qué de la cooperación entre sujetos, ".la prestación a propósito de la cuál el acuerdo de voluntades interviene y alrededor de la cuál se ordena la economía del contrato" es la acreditación de la práctica médica para la obtención de un título de postgrado.

Lo que denota el objeto del contrato que descarta la subsunción de la relación contractual en el régimen de contrato de trabajo es la relación contextual. El para qué las partes brindaron su cooperación. Este objeto no es el resultado de la indagación de una "esencia" que esté más allá de la apariencia, sino de una objetividad (por ello no se identifica con el "motivo" que impulsa a cada uno de los sujetos de la contratación) que resulta de elementos contextuales confrontables.

Para que una determinada relación contractual pueda ser tipificada como contrato de trabajo es menester que las prestaciones se adecuen a la definición del tipo contractual pero, a su vez, que estas prestaciones sean la causa objetiva de la contratación. El contrato de trabajo requiere que una de las partes preste servicios bajo dependencia de la otra. En consecuencia, el objeto para el empleador es este servicio en el ámbito de su organización de medios. Para el trabajador es la obtención de medios de existencia.

Una prestación idéntica de las partes en la que una de ellas presta servicios bajo dependencia de la otra contra una remuneración puede ser no laboral si "las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven" (artículo 23 RCT) son ajenas al objeto del contrato de trabajo.

Tal sería la situación del hijo menor adulto que colabora en el establecimiento de los padres percibiendo una asignación para sus gastos, el del cónyuge legal o de hecho que percibe los frutos del negocio del conviviente a través de los gastos comunes, el del militante de un partido político que percibe una asignación para gastos, etc. Obviamente, dada la redacción del artículo 23 RCT, la carga de la prueba de que el objeto no se ajusta a las prestaciones descriptas por los artículos 21 y 22 RCT incumbe a quien niega la naturaleza laboral de la relación.

Pero esto es precisamente lo que hace la demandada, alega que la causa de la prestación de servicios es la vinculación cooperativa. Demostrado ello mediante los actos de asociación y la percepción de anticipos de retornos cooperativos se ha demostrado en principio la existencia de una causa de prestación de servicios subordinada (la cooperativa es también una organización jerárquica democráticamente establecida) ajena al contrato de trabajo.

En la medida que la participación en asambleas es voluntaria, la falta de ejercicio de los derechos políticos del trabajador no es una demostración del carácter ficticio de la asociación cooperativa. Si, por supuesto, lo sería si hubiera demostrado que se le impedia ejercerlos.

La cooperativa de trabajo nace como una alternativa a la segmentación que produce el capitalismo entre la fuerza de trabajo, el elemento de la producción más democráticamente repartido en una sociedad y la naturaleza y el instrumento, atribuidos a sectores minoritarios de la sociedad. La misma segmentación básica que da origen a la necesidad de regulación del contrato de trabajo.

Las cooperativas de trabajo tienen el objeto de hacer que el beneficio redunde en el productor directo mediante la utilización de capital propio en común. El objeto de la cooperativa de trabajo es la eliminación de la ganancia ya que el trabajador se apropia, mediante este tipo de relación, del producto íntegro de su trabajo.

Por este motivo, para que ella excluya la aplicación de las normas laborales, la cooperativa debe ser genuina, lo que implica la democratización de la estructura empresaria cuya organización y jerarquía es el resultado de la voluntad colectiva de los asociados y el cumplimiento del artículo 2.6 de la regla estatal Nº 20.337 en cuanto a la distribución de excedentes. Si no hay excedentes repartidos igualitariamente en relación al esfuerzo y existen quienes se queden con un porcentaje superior no se puede hablar de una relación cooperativa sino de uno de los modos de apropiación de la fuerza de trabajo con su correlativo desequilibrio trabajo producto.

En el caso no se ha demostrado ninguno de estos supuestos, por lo que no es posible descartar sin razón suficiente que la prestación de servicios obedeció a causas no laborales.

Sólo a mayor abundamiento debo señalar que, en el caso en que la cooperativa de trabajo misma fuera instrumentada por una empresa capitalista por carecer de medios materiales o inmateriales distintos de los personales como un mero proveedor mayorista de mano de obra, debe aplicarse la norma del artículo 102 RCT:

El contrato por el cual una sociedad, asociación, comunidad o grupo de personas, con o sin personalidad jurídica, se obligue a la prestación de servicios, obras o actos propios de una relación de trabajo por parte de sus integrantes, a favor de un tercero, en forma permanente y exclusiva, será considerado contrato de trabajo por equipo y cada uno de sus integrantes trabajador dependiente del tercero a quien se hubieran prestado efectivamente los mismos.

En este orden de ideas la sentencia de origen debe ser modificada rechazándose la demanda incoada en todas sus partes.

Atento lo dispuesto por el artículo 279 CPCCN corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios e imposición de costas que, atento el resultado de la causa debe ser impuesta en ambas instancias a la actora vencida.

Atento lo expresado corresponde regular de modo original los honorarios de los profesionales intervinientes en primera instancia en los siguientes porcentajes respecto del monto de demanda: Para el patrocinio letrado de la PARTE ACTORA en un DIEZ POR CIENTO (10%), los que deben ser incrementados en un 30% por su actuación en doble carácter, como letrado y procurador (artículo 9º, segundo párrafo de la ley de aranceles); en CATORCE POR CIENTO (14%) para la representación y patrocinio letrado de la PARTE DEMANDADA que también deben ser incrementados en un 30% por su actuación en doble carácter. La norma del artículo 38 de la ley 18.345 debe considerarse derogada como consecuencia de la vigencia de la ley de aranceles que prescinde de ese límite para establecer los honorarios por la actuación en materia laboral (lo que excluye la invocación de ley especial) hasta en un máximo del 28% por la actuación en doble carácter en primera instancia. Regular los honorarios del perito contador en un CINCO POR CIENTO (5%). Ello, teniendo en cuenta la profundidad y extensión de los trabajos, el éxito obtenido y su relevancia para la resolución de la litis (artículo 6 de la ley 21.839). Corresponde regular los honorarios de alzada en un 35% de lo regulado por la instancia anterior a la representación y patrocinio letrado de la parte vencedora atento lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 21.839 y en 25 % del mismo monto para la representación y patrocinio letrado de la parte actora.

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

La sentencia de 1ª instancia ha sido apelada por la parte demandada, quien discrepa de la apreciación efectuada allí sobre la prueba rendida; indica que debió haberse analizado si su representada era o no una cooperativa que funciona en legal forma, tal como lo han hecho la Corte Suprema de Justicia y esta Cámara en los precedentes que invoca (ver fs. 287, 289, 294/296); si lo era -dice- cae la relación laboral pretendida y, en caso contrario, cobra vigencia una relación laboral con sus consecuencias (fs. 289 cit.). Considera arbitrario el fallo y aduce que la parte actora no arrimó ningún hecho probatorio de su imputación a la entidad cooperativa. Hace hincapié en el fallo de la C.S.J.N. "Lago Castro, Andrés Manuel c/ Cooperativa Nueva Salvia".

Habré de adherir a la propuesta del primer voto. Como expresé en casos anteriores (entre otros "Rodríguez Evangelito c/ Cooperativa de Trabajo Fast Limitada s/ despido", sentencia definitiva nº 71.069 del 8-10-2008), voté en 2º término), en estos supuestos (cooperativas de trabajo - asociados a la cooperativa que reclaman en virtud de un contrato de trabajo) debe resolverse caso por caso, de acuerdo con sus circunstancias, alegaciones y pruebas producidas, en especial en cuanto se invoca una suerte de fraude en tanto habría existido en la práctica un vínculo subordinado y no uno societario según invocaciones del inicio (fs. 23/vta. en este caso).

Ya en otras oportunidades en que he tenido que resolver cuestiones de aristas similares, he sostenido que, a mi juicio, no cabe acudir sin más a las previsiones del art. 27 L.C.T., porque en una cooperativa de trabajo genuina, el trabajo personal es el aporte de los asociados, y por lo tanto tal supuesto queda excluído de las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo en la medida en que la interpretación contraria implicaría considerar imposible la existencia de una persona jurídica de esas características, cuando es obvio que el sistema normativo prevé la vigencia de esa figura, por lo que desde este aspecto, no puedo compartir la pretensión del inicio.

No paso por alto que no debe soslayarse que una de las finalidades del art. 23 L.C.T. es la de prevenir y evitar fraudes contra el trabajador, los que evidentemente pueden ser consumados mediante el empleo de figuras que presenten una apariencia no laboral; sin embargo, ni aun bajo esta óptica considero procedente la pretensión del reclamante.

Negados expresamente los extremos invocados (ver responde fs. 149 y sig.), incumbía al demandante acreditar los extremos que pudieran dar sustento a su pretensión -me remito a las consideraciones expuestas supra-. Pues bien, analizada la causa coincido con lo expuesto en el memorial pues, en primer lugar, la parte actora guardó silencio al traslado de fs. 165 con lo cual quedaron reconocidos los documentos acompañados con la contestación de demanda (ver fs. 174); de allí surge no solo el cobro de anticipos por retornos (los que, cabe destacar, denotan cifras diversas mes a mes, lo que es en principio impropio de un sueldo mensual), sino la notificación expresa al reclamante en diversas cuestiones propias del vínculo cooperativo (ver entre otras fs. 66/72, 82 y sig. y 89 y sig.).

Lo expresado a fs. 23 vta. 4º párrafo no está fundado debidamente en normativa vigente, ya que no está invocado que se haya tratado de un trabajo eventual. Las declaraciones testimoniales de fs. 220/222, 228/230 y 231/232 no mejoran la ausencia de pruebas conforme lo expuesto, ya que el control horario dado el tipo de tareas se compadece perfectamente con el vínculo asociativo y en lo demás se corrobora allí la naturaleza del vínculo sostenida por la parte accionada; y los dichos de fs. 223/225 no aportan datos relevantes. En cuanto a fs. 226 se trata de una amiga e inquilina de la madre del Sr. Díaz, que dice que este trabajaba en la cooperativa " . por lo poco que sabe la testigo ." lo cual sella la suerte del testimonio como pieza probatoria. El testigo Tito (fs. 233/234) manifestó no saber o no recordar diversas circunstancias por lo que tampoco es apto para probar lo que pretende el accionante, aunque afirma que había asambleas y allí se trataban diversos temas tales como la actividad de la cooperativa, proyectos a futuro y otros.

La pericial de fs. 209 y sig. no hace sino corroborar la inscripción de la entidad en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, la existencia de los libros pertinentes, y de la realización de asambleas (incluso de elección de autoridades).

Sobre la base de estas conclusiones, entiendo entonces, que no puede concluirse -reitero, en el caso concreto de autos- como lo pretende la parte actora, que nos encontremos ante un contrato de trabajo o sea un vínculo que, bajo apariencia de cooperativa disfrace una empresa con fines comerciales, sin que las circunstancias de que el demandante tuviera que atenerse al cumplimiento de horarios, u obedecer órdenes o instrucciones, emerjan como hechos suficientes para el fin pretendido desde que en toda organización que se precie de tal -sea o no una empresa con fines de lucro- debe imperar un cierto orden y cumplimiento de instrucciones.

En conclusión, frente a todo lo expresado, considero que no hay elementos como para apartarse en este caso sub examine, de lo que emerge de la figura asociacional cooperativa, por lo que la queja interpuesta debería prosperar, debiendo entonces revocarse la solución de fs. 269/280.

Ello así porque, además, el Alto Tribunal en la causa "Lago Castro, Andrés Manuel c/ Cooperativa Nueva Salvia Ltda. y otra" (sentencia del 24-11-2009) resolvió con suficiente precisión y claridad, cuáles son los parámetros a los cuales cabe atenerse en estos casos, y que contemplan entre otros extremos el sentido y la esencia del tipo societario al que se adecuan las cooperativas de trabajo y el régimen legal establecido por ley 20.337, las resoluciones del INAC, la especificidad de las cooperativas en la consideración de la O.I.T. y lo resuelto por el Máximo Tribunal en el caso "Cuccioletti", entre otras consideraciones.

II. Por los fundamentos expuestos, adhiero a la propuesta del primer voto en lo sustancial e imposición de costas; disiento en cambio en cuanto a los honorarios; teniendo en cuenta el monto involucrado, mérito e importancia de las labores, etapas procesales (hubo alegatos), lo dispuesto en el art. 38 L.O. y arts. 1, 6, 7, 9, 14, 19, 37 y 39 ley 21.839 y decreto-ley 16.638/57, pero también el art. 13 ley 24.432 que obliga a que las regulaciones de honorarios guarden una adecuada proporción con los trabajos cumplidos, propongo que se regulen los honorarios por la totalidad de las tareas efectuadas, incluídas las de alzada, para los letrados de la parte actora en $ 4.300, para los de la demandada en $ 6.000 y para el perito Daniel G. Ibarra en $ 1.700.

EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I) En materia de honorarios, por análogos fundamentos adhiero al voto de la Dra. García Margalejo.

II) En las demás cuestiones que motivan la intervención de la alzada, me abstengo de votar (conf. art. 125, L.O.).

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1º) Revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda interpuesta por CLAUDIO OMAR DIAZ en contra de CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA. 2º) Dejar sin efecto lo dispuesto en cuanto a costas y honorarios. Declarar las costas del juicio a cargo de la parte actora. 3º) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, por la totalidad de las tareas realizadas, conforme se sugiere en el último párrafo del segundo voto de este acuerdo. 4º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

MLF Enrique Néstor Arias Gibert María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara Oscar Zas Juez de Cámara