Recurso de casación, caducidad de instancia, inadmisibilidad del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ACOSTA RUBEN c/ GARELLI GABRIELA s/ ACCION DE RECUPERAR - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-06-28

El recurrente también denuncia violación de la ley en los términos del art. 383, incs. 3° y 4° (art. 384, 1° par.). La censura casatoria que se esgrime por esta vía tampoco es idónea para provocar la apertura de la competencia extraordinaria. Para la procedencia formal del motivo casatorio en estudio se requiere que ante situaciones fácticas análogas, las soluciones de derecho hayan sido diversas, por haberse interpretado idéntico precepto en forma antagónica.

Es preciso que el antagonismo que se presenta no sea la consecuencia de la existencia de distintas situaciones de hecho pues, en tal caso, no puede hablarse de una diversa interpretación legal. En la especie las situaciones que fueron base de las providencias que se confrontan, en rigor de verdad, son diferentes.

Si bien el instituto involucrado, en ambos pronunciamientos coinciden respecto de la caducidad de la instancia, en ellos se trata concordantemente, de expedientes que retornan a la secretaria del tribunal después de que los mismos habían pasado a estudio.

De allí que, como consecuencia de esa conexión, en las consideraciones dadas para tales resoluciones se hicieron alusiones a criterios, principios y valores relacionados con esa problemática, vgr. Lo concerniente a la posibilidad de que en esa fase de la relación procesal pese sobre el litigante interesado una verdadera y auténtica carga de impulso del procedimiento. Sin embargo, se enfatiza que las providencias en compulsa versan sobre supuestos diversos y no pueden estimarse análogos a los fines de la unificación de la jurisprudencia.

En efecto, los precedentes jurisprudenciales de la Sala atañen a la naturaleza y características que revisten las medidas para mejor proveer, la cuestión de la viabilidad de la perención de instancia en esa etapa contingente y eventual del proceso, se orientaron a establecer si, en ese ese estado de las causas judiciales, la inactividad que ocurra en el trámite es apta para provocar la extinción anticipada de los procedimientos en curso. Diversamente, el acto decisorio que se impugna en el caso concreto concierne en realidad a una situación de hecho distinta y específica. En el supuesto de autos, si bien la Cámara había ordenado una medida para mejor proveer, la misma ya se había diligenciado e incluso se habían cumplido las actuaciones complementarias correspondientes. En cambio, la ausencia de actuación que se alegó en aval de la pretensión incidental sobrevino con posterioridad y luego de un decreto de emplazamiento que el tribunal despachó frente al pedido de la parta demandada de que se pasaran los autos a estudio.

Es en el marco de esta precisa controversia que la a quo razonó en el sentido de que incumbía a la accionada que había apelado la carga de diligenciar la notificación del emplazamiento, y de que le cabía asimismo el deber de concurrir al tribunal para enterarse de la providencia que mereció el escrito que presentó, no pudiendo legitimarse una actitud de indiferencia y pasividad en esa situación.

Pero se subraya que de esa manera se valoró jurídicamente un supuesto fáctico especial que, contrariamente, no fue contemplado y evaluado en particular en los antecedentes jurisprudenciales de este Tribunal, los que en cambio versaban sobre la inactividad que acontece durante el diligenciamiento de medidas para mejor proveer. Quiere decir, que en los fallos que se comparan surgieron cuestiones de diferentes características, lo que impide trasladar sin más, casi automáticamente, el temperamento fijado en los antecedentes de la Sala al caso de autos.

Siendo ello así, no es posible entender que el criterio asumido por la a quo sobre el problema aquí planteado sea verdaderamente diferente a la comprensión jurídica sentada por este Alto Cuerpo en los precedentes invocados en respaldo del recurso, la cual por consiguiente no puede ser impuesto en el subjudice mediante el remedio procesal intentado.

Arriba a la conclusión de que el recurso de casación no se presenta formalmente admisible en ninguno de los extremos que contiene, por cuyo motivo debe declarárselo mal concedido.