marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso preventivo, proceso de verificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: TREISI SOCIEDAD ANONIMA. s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-27

1- En el proceso concursal debe tenerse en cuenta que la convocatoria del deudor no impide al acreedor cobrarse mediante las cauciones personales o reales constituidas en seguridad de un crédito antes de la apertura del concurso.

Sin embargo, a partir de la reforma efectuada por la ley 22.917 Es exigible la presentación del pedido de verificación respectivo, recaudo que no puede considerarse satisfecho por la mera liquidación del saldo que habría efectuado el banco acreedor al concurso, en tanto no reúne los requisitos de la ley de concursos 33 ni permite la participación del síndico y los restantes acreedores.

2- Efectuada en los hechos la ejecución de la garantía corresponde al acreedor depositar el importe, del cual podrá disponer una vez satisfecha la carga anteriormente señalada, sin perjuicio de la responsabilidad que en definitiva le concierna vinculada con la suerte final de la verificación de su crédito.
Elevación en consulta, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL
Carátula: M., J.A. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1983-03-07

El artículo 171 de la Constitución Provincial limita el conocimiento del Tribunal a aquellos casos en que se prive de la libertad por más de diez años, o sea, los que afectan en forma grave la libertad de las personas. Resulta así que la Constitución quiere que el más alto Tribunal de la Provincia sea el que resuelva, en definitiva, en estas causas, por la importancia que tienen para los condenados. Pero resulta contrario a toda lógica jurídica que el Estado establezca este recaudo para agravar la pena. de no aceptarse este criterio, podría ocurrir que una sentencia de primera instancia, no apelada por las partes -incluido del Ministerio Fiscal-, pudiera ser agravada por el Superior Tribunal de Justicia, lo que resultaría absurdo.
Ejecución de sentencias contra el Estado, suspensión de la ejecución, ejecución de honorarios, carácter alimentario
Materia: PROCESAL
Carátula: LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-16

A través de una armónica interpretación de las normas en juego se excluye, como excepción al principio según el cual las ejecuciones de honorarios se encuentran igualmente alcanzadas por la suspensión de los trámites dispuesta por el art. 50 de la ley 23696, la porción de los emolumentos que revisten carácter alimentario.
Trabajo de mujeres, cambio de horario, Ministerio de Trabajo, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: MINISTERIO DE TRABAJO c/ RESERO S.A. s/ sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-10

Si bien el art. 174 de la LCT autoriza a suprimir o reducir el período de descanso de dos horas en base a las características de las tareas, tal modificación debe contar con la autorización del Ministerio de Trabajo. Esto no se modifica aunque la empleadora haya obtenido la conformidad de sus dependientes.
Sucesiones, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DIAZ ARNOUX, CLAUDIA MARCELA c/ FIAD, JOSE PASCUAL Y OTROS s/ REDARGUCION DE FALSEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-06

Las acciones deducidas por los herederos contra terceros, deben seguir las reglas ordinarias de la competencia.
Accidentes de trabajo, ley de accidentes de trabajo, inconstitucionalidad, igualdad ante la ley
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: PELLEGRINI, RUBEN c/ EDITORIAL SARMIENTO SA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-21

El trabajo en general y específicamente el trabajador, gozan de una especial protección constitucional a partir de la vigencia del art.

14 bis, por lo que resulta menos defendible una norma que segrega a los trabajadores del amparo de la legislación general en materia de daños. Así, el principio protectorio, piedra basal del derecho del trabajo, que responde al objetivo de establecer un amparo preferente a la parte más débil de la relación sinalagmática - el trabajador- no se advierte reflejado en las disposiciones cuestionadas de la LRT, en tanto no sólo no le otorgan mejores derechos, sino que lo tratan discriminatoriamente, en forma peyorativa respecto de los restantes ciudadanos.
Derecho procesal, juicio sumario, celeridad procesal, recurso de apelación (procesal), interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: IGAHNI HERERDAD c/ LOS CAROLINAS S.A. Y OTRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-18

Una de las manifestaciones más concretas, dentro de la actual regulación del proceso sumario, que caracteriza el principio de celeridad procesal que debe presidir el instituto, es el criterio de limitación de apelaciones que legisla el art. 496 párr. 1 (nuestro art. 479 párr. 2).
Servicio público, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: SALOUM, REINALDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 204-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-11-20

La circunstancia de que el ente público -municipalidad- exigiera el desenvolvimiento de la actividad conforme al destino propio del inmueble arrendado -matadero-, no puede llevar al engaño de considerar que por ello lo haya considerado "servicio público", pues es natural que en el uso de ese bien municipal, y ante las especiales circunstancias de hecho -inexistencia de otros establecimientos habilitados en la ciudad o cercanías-, se requiriera la utilización acorde con el fin específico de esa construcción.
Acción de amparo, Poder Judicial, jueces, remuneración, Estado, división de poderes, Superior Tribunal de Justicia, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Abalos, Benjamín y otros s/ Avocación. Recurso de Amparo (Expte. CSJ Nº 815-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-26

En la causa "Bonorino Peró" -en la que se admitió el amparo como vía apta para reclamar-, el Procurador General Subrogante de la Nación sostuvo que las razones por las cuales se entiende que la garantía del artículo 96 (texto 1853) atiende al funcionamiento independiente del Poder Judicial, llevan a concluir que la intangibilidad de las remuneraciones que dicho precepto consagra está comprendida entre las condiciones de la administración de justicia exigibles a las provincias a los fines contemplados en el artículo 5 de la ley Fundamental. La expresión "en manera alguna" que contiene el artículo 96 (texto 1853) está indicando la amplitud de la protección, sin tratar de limitar los alcances de la garantía, que conlleva el ajuste operativo, a los casos de disminución dolosa o intencional, o meramente culposa o negligente; o bien disminución para menoscabar la independencia de los jueces. El hecho debe juzgarse en sí mismo, en su antijuridicidad objetiva con prescindencia del ánimo de quien debiendo hacer no hizo. Y, por lo demás, el deber de seguridad o garantía frente a los jueces se viola también de modo objetivo, con la comisión del daño injusto que significa el pago de una remuneración aguada o desvalorizada. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Ulla).
Reinstalación en el puesto de trabajo, salarios caídos, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CH., R. A. y otro c/ Municipalidad de Merlo s/ Proceso Sumario Contra Sanc. en Materia de Empleo Publico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-05-14

Estando acreditada la ilegitimidad del obrar del municipio al declarar la cesantía de un empleado, a fin de determinar el porcentaje a conceder por los salarios caídos tras su reincorporación- en el caso se reconoció un 30% de los salarios que le hubiera correspondía percibir-, debe tenerse en cuenta por un lado la falta de prestación del servicio del agente, y por otro lado la responsabilidad del municipio al prolongar ilegítimamente dicha situación hasta la notificación del decreto que disponía la medida, sumado al hecho de que, es doctrina de nuestra Suprema Corte que la presunción del daño (an debeatur) no se traslada automáticamente al quantum del sino que está ligada a las constancias de la causa.
Procedimiento administrativo, recursos, sentencia consentida
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sujonitzki, José c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.). s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

La interposición fuera de término de los recursos ante la autoridad administrativa hace que el acto impugnado adquiera firmeza en la esfera que le es propia y resulte irrevisable en la instancia contencioso administrativa, solución que se inspira en los principios que rigen la materia y que son recogidos en las normas generales (en el caso dec. ley 7647), que acuerdan al plazo para la interposición de los recursos el carácter de forma ineludible cuyo vencimiento produce el efecto de irrevisibilidad y firmeza aludido art. 74).
Recurso de reposición (procesal), improcedencia del recurso, partidos políticos, elecciones, reducción del plazo
Materia: PROCESAL - ELECTORAL
Carátula: Inc. de  oficialización  de candidatos de la UCeDe. (intervención) elección 30/06/96. - Bousquet, Jorge L. s/ sol. de avocación en autos:"Inc.  de  oficialización de candidatos  de la UCeDe" expte 506.501/96.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

Debe rechazarse el recurso de reposición interpuesto por el interventor de un partido político, que se funda en la presunta contradicción resultante de aplicar para el recurrente los plazos previstos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y para su parte los establecidos en el Código Electoral, si la abreviación de los plazos fue dispuesta en función de la necesidad de dictar pronunciamiento en tiempo útil debido a la proximidad de las elecciones, procedimiento autorizado por la ley 23.298.
Improcedencia del recurso, daños y perjuicios, tasa de justicia, monto indeterminado, acceso a la justicia, insuficiencia del agravio
Materia: CIVIL
Carátula: Janda Francisco Javier c/ Villalba Sonia Del Valle s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-03-25

Corresponde no hacer lugar al recurso de apelación en subsidio deducido por el actor contra el proveído dictado, el que se confirma en todos sus términos. El recurrente se agravia en dos cuestiones 1) La falta de motivación de la decisión judicial que desestima la afirmación de que el caso es un juicio de monto indeterminado, y 2) La falta de acceso a la justicia por denegar la posibilidad de continuar el proceso de daños y perjuicios, condicionándolo al pago del 2% en concepto de tasa de justicia. En relación al primer agravio, vale decir que el Código Tributario de la Provincia de Tucumán -Ley 5121- establece que las actuaciones ante las autoridades judiciales deberán realizarse reponiendo los valores fiscales que, en concepto de tasas generales de actuación y sobretasas, fije la ley impositiva para quienes resulten sujetos pasivos -art. 322-. De allí que la Ley 8467 de la provincia, regula y determina las alícuotas, importes fijos, impuestos mínimos y valores correspondientes a los tributos contenidos en el referido Código Tributario -art. 1-. Asimismo, el art. 44 de la Ley 8467, por su parte, establece que además del sellado de actuación que corresponde con arreglo a las disposiciones de esta ley, las actuaciones judiciales que se inicien, cuando el valor cuestionado exceda de pesos ciento cincuenta ($150), o sea indeterminado, están sujetas a una sobretasa proporcional de justicia que deberá ser abonada en oportunidad de la introducción de las actuaciones por Mesa de Entradas de Tribunales. Dicho ésto, tratándose de un juicio de daños y perjuicios, corresponde aplicar el 2% del monto que surge del escrito de demanda, para proceder a liquidar el gravamen en cuestión. Y en relación al segundo agravio, cabe recordar lo establecido en el art.121 de la Ley 5121 y en el art. 112, cuarto párr. de la Ley 5121 sustituido por Ley 8379. El recurrente no abonó la correspondiente tasa de justicia, por considerar que el monto de la misma quedaba comprendida en los juicios de montos indeterminados, cuya errónea valoración por su parte ya ha sido resuelta en lo ut supra manifestado. A mayor abundamiento, la obligación de pagar la tasa de justicia por la prestación de un servicio por parte del Estado que se origina en el momento en que se usa del mismo, per se, no vulnera el derecho de acceder a la justicia, salvo en aquellos casos en los que la parte no cuente con los medios necesarios para su cumplimiento, circunstancia que no ha sido acreditada por el actor.
Oposición del fiscal, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Bobbio, Gerardo Andrés y Ziemba, Ulises Aldemar c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-15

El voto concurrente señaló que, a la vista de la oposición fiscal a la petición durante el proceso, la pretensión del recurrente no debe recibir favorable acogida en esta instancia. (Dres. Hornos, Borinsky -voto concurrente-) Fuente del sumario: OFICIAL
Recurso de inconstitucionalidad, suspensión del juicio a prueba, legisladores
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ Linares Borobio, Rodrigro s/ Homicidio Culposo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-04-01

Al sancionar el art. 30 del Código Procesal Penal el legislador local se apartó de sus atribuciones constitucionales al haber legislado cuestiones de fondo, y no solo de forma, en el principio de oportunidad y en la suspensión del juicio a prueba, resultando en oposición al art. 71 del Código Penal
Procedimiento laboral, recurso de apelación (procesal), plazo
Materia: LABORAL
Carátula: PUCHETA  MARTA  CATALINA  Y  OTRO c/ OUT  LIMP S.R.L. Y OTRO s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-06

Si bien el art. 117 de la L.O. establece que la apelación contra sentencias y resoluciones interlocutorias se deberá deducir dentro de los tres días contados desde el día siguiente al de la notificación, resulta relevante tener en cuenta que cuando se trata de un pronunciamiento que reviste el carácter de definitivo, dado que pone fin al proceso, el plazo para apelar la resolución en cuestión es de seis días (conf. Art. 116 de la L.O.).
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Ocampo, David y otros c/ Coca Cola S.A.I.C. y F. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

La base de cálculo para fijar la indemnización por antigüedad por el despido dispuesto en abril de 1989 no puede "exceder del equivalente a tres veces el importe mensual del salario mínimo vital, vigente al tiempo de la extinción del contrato" (art. 245, L.C.T. t.o. 1976).
Medidas cautelares, excarcelación
Materia: CIVIL
Carátula: Truco Eduardo Alfredo c/ Furlan Luis Sebastían s/ Inc. del exped. 3210/1989
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-03

Las medidas cautelares por su propia naturaleza y por no tener un fin en sí mismas, son esencialmente de carácter provisional (conf. art. 202 del Cód. Procesal), pero es necesario tener en cuenta que a fin de que proceda su modificación en los términos del art. 203 del mismo cuerpo legal resulta indispensable que haya operado un cambio de circunstancias con respecto a las que se tuvieron en cuenta al momento de decretarla. De tal manera, el hecho de que en sede penal se haya decretado la excarcelación de quien resulta demandado en el proceso Civil, no altera las circunstancias que el Juez Civil debió tener en cuenta al decretar las medidas precautorias, en tanto la decisión del Juez penal no habilita a determinar sobre el grado de culpabilidad de la víctima.
Internet, derechos patrimoniales, uso indebido de marca o designación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Los  Grobo  Agropecuaria  SA c/ SOLO10 COM SA y otros s/ medidascautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

Los derechos que invoca la peticionaria no son personalísimos sino patrimoniales. Y si bien éstos últimos también merecen una tutela judicial precautoria cuando se los afecta, el juicio de valor que debe hacerse no es el mismo habida cuenta de la naturaleza de esos derechos y de la diferente entidad que tiene el daño en cada caso. Tal ponderación puede advertirse en la protección cautelar que se reconoció en los precedentes antes referidos más allá de quien resultara ser el sujeto responsable del perjuicio. En el caso se ha individualizado al sujeto que habría hecho un uso indebido de la marca, como así también a las empresas que proveyeron el servicio de alojamiento del sitio y las plataformas a las publicaciones en las que se produciría la infracción denunciada.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, subrogancia del juez, reenvío
Materia: CONSTITUCIONAL. PROCESAL
Carátula: RESNIK, JACOBO c/ ROSCIANI, EDUARDO NAZARENO s/ JUICIO EJECUTIVO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N°   411-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-15

La expresión inserta en la parte resolutiva del fallo anulatorio de la Corte dictado en un recurso de inconstitucionalidad, (AyS T 62 p 377/381) "para que la causa sea nuevamente juzgada" debe ser interpretada por el Tribunal Subrogante, a la luz de los considerandos, donde el Alto Tribunal fija el alcance de sus facultades, y donde determina lo que es objeto de reenvío.
Contienda negativa de competencia, proceso penal, acción civil, auto de sobreseimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Pandevene, Monica c/ Uberti, Eduardo y/u otro s/ Daños y perjuicios. Conflicto negativo de competencia (Expte. CSJ  Nro. 649-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-11

En los supuestos en que el sobreseimiento sea dictado por auto y con anterioridad al momento de encontrarse la causa pasada a fallo para dictar sentencia, más allá del grado de conclusión que haya alcanzado el plenario, la acción civil -como lo dispone el artículo 18 del Código Procesal Penal- podrá ser ejercida ante la sede respectiva, donde quedará radicada definitivamente y sólo continuará por ante el fuero penal en los casos en que el sobreseimiento sea dispuesto al momento de dictarse la sentencia, o por auto posterior a la misma.
Hurto simple, violación de correspondencia por empleado de correo
Materia: PENAL
Carátula: AREVALO, RUBEN ARMANDO s/ ROBO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-27

El empleado de Aerolíneas Argentinas, que destruye el precinto que identificaba una saca de correspondencia e intenta apoderarse de algún valor que allí pudiera encontrar, comete el delito de hurto o en su caso hurto en grado de tentativa y no el previsto en el art. 154 del Código Penal.

Ello así, pues si el apoderamiento de correspondencia es llevado a cabo por quien no es empleado de correos o telégrafos, no estamos frente a aquella figura, toda vez que no se da el requisito personal objetivo de autor, que existe independientemente de la acción delictuosa.
Abogados, sanciones del Colegio Profesional
Materia: CIVIL
Carátula: COLEGIO DE ABOGADOS y PROCURADORES DE LA PCIA. DE LA PAMPA -Trib. de Ética y Disciplina AUTOS: Of. 7024/04 (...) CAUSA Nº 61/04 (...) DENUNCIADA: Vanessa Ranocchia Ongaro s/ DENUNCIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-04-29

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Pampa es una persona jurídica de derecho público, a la que el Estado le ha delegado el control de la matrícula habilitante y el ejercicio de la jurisdicción administrativa disciplinaria de sus asociados.- En efecto, el art. 33 del Decreto Nro. 3/62 establece que es obligación del Colegio "fiscalizar el correcto ejercicio de la abogacía y de la procuración y el decoro profesional. A esos efectos se le confiere el poder disciplinario, que ejercitará sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales y de las medidas que pueden aplicar los magistrados judiciales." Se ha dicho que el poder disciplinario implica el ejercicio de un poder de supremacía sobre sujetos sometidos a un régimen de sujeción, ya sea de orden jerárquico, profesional, de servicio, etc., necesario para asegurar el desarrollo correcto de actividades públicas, ya sea que estén a cargo del Estado o de instituciones particulares autorizadas por éste. (Oscar Jorge García Rúa, "Derecho Penal Disciplinario" en "Tratado de Derecho Penal Especial", dirigido por Enrique R. Aftalión, La Ley, 1971, Buenos Aires, T. V., pág. 123).- Ese poder lo ejercitan tanto las entidades públicas como las privadas aunque con distinto fundamento. En las primeras es una potestad que ejercita la propia administración, a través de órganos específicos, con el objeto de que los agentes públicos mantengan una conducta ordenada y ajustada a los deberes que la función le impone. Igual poder se les reconoce a las asociaciones y sociedades en relación con sus miembros con fundamento en el contrato societario y a fin de salvaguardar los principios y objetivos que se persiguen en el ente (conforme Augusto M. Morello y Roberto O. Berizonce, "Abogacía y colegiación", Ed. Hammurabi, 1981, Bs. As. pág. 59).- En el caso de los colegios de profesionales -asociaciones que tienen como idea central la tutela, el desarrollo y la regulación de una actividad profesional-, el Estado les ha delegado expresamente por ley la conducción de la matrícula y la potestad sancionatoria de sus miembros por faltas a la ética profesional.

Ahora bien, la facultad de establecer y mantener el orden jerárquico, profesional, de servicio, o en general de sujeción de carácter público autoriza al sujeto de esa facultad para reprimir las transgresiones a ese orden.

A su vez, los actos que transgredan ese orden pueden ser todos aquellos que lesionen los distintos aspectos de cada especie de relación de sujeción pública, es decir, la diligencia, fidelidad, obediencia, respeto, decoro y moralidad.-
Prueba, hechos nuevos
Materia: PROCESAL
Carátula: ECHEGARAY NILDA ANTONIA c/ ECHEGARAY JULIO CESAR s/ DESALOJO-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-10-21

La articulación del hecho nuevo requiere que concurran algunos de los supuestos que contempla el art. 260, Inc.5º, apartado "a" del C.P.C., Es decir que sea posterior a la oportunidad prevista por el art.349 (Cinco días después de notificada la apertura a prueba), o sea que haya sido rechazado indebidamente en primera instancia (art.

350 In fine, mismo cuerpo legal).
Daños y perjuicios, lucro cesante, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: REBORI DE GODOY ACHAR BLANCA ZAIRA. c/ NUNES RUBEN ANTONIO JOSE Y OTROS. s/ COBRO DE $ 140.000.000.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-29

El lucro cesante tiende a indemnizar las frustaciones de ganancias de la víctima que, por un accidente, se ve transitoriamente privada de cumplir su trabajo habitual y luego retorna a él, quedando excluida de esta hipótesis el supuesto en que, por la posibilidad de reiniciar su actividad laboral, en cuyo caso el daño debe ser resarcido en función de dicha incapacidad.
Pacto de San José de Costa Rica, sistema interamericano de Derechos Humanos, obligaciones internacionales, obligaciones del Estado miembro, derecho procesal internacional
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso del Tribunal Constitucional c/ Perú s/ Competencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 1999-09-24

Los Estados Parte en la Convención Americana deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios en el plano de sus respectivos derechos internos, principio que no sólo se aplica en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos, sino también en relación con las normas procesales, tal como la que se refiere a la cláusula de aceptación de la competencia.