marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fuerzas Armadas, destitución
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, José Ramón c/ Estado  Nacional  (Ministerio  de  Defensa - Estado Mayor General del Ejército) s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-28

El derecho concedido a los "suboficiales destituidos" en el art.

277, inc. d), de la Reglamentación de la Justicia Militar (decreto del 1/6/28) no puede desligarse de las prescripciones contenidas en el inc. a) que se refiere al castigo de "destitución de suboficial" impuesta como pena principal y siempre que no se disponga su baja.
Resoluciones judiciales, sentencia definitiva, juicio ejecutivo, caducidad de instancia, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Kolankowsky, Diego Miguel s/ ejecución fiscal - sello
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-03

Corresponde rechazar la queja toda vez que el recurrente no logra poner en crisis las razones dadas por la magistrada para denegar el recurso de inconstitucionalidad, en cuanto sostuvo que las resoluciones que declaran la caducidad de la instancia no constituyen sentencia definitiva y que en autos no se configuraba una cuestión constitucional en la medida en que el recurrente solamente discrepaba con la interpretación y aplicación realizada en el caso del instituto de la caducidad de la instancia. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario federal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: LABORAL
Carátula: ALMADA GUMERCINDO Y OTROS c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS s/ DIFERENCIAS DE HABERES, ETC.-CASACION (RECURSO EXTRAORDINARIO  INTERPUESTO POR EL DR. UTRERA(H))
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-31

Las sentencias arbitrarias al violar el orden constitucional, originan una cuestión federal que habilita la intervención de la Corte.
Inimputabilidad, padecimientos mentales, internación psiquiátrica, extinción de la acción penal, sobreseimiento, defensa en juicio, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cano, Sergio Sebastián s/Homicidio agravado por violencia de género c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-04-04

El error de la Cámara Criminal al expedirse sobre una causal de tipo extintiva, en tanto que, en mi criterio, la que debería aplicarse es la subjetiva, por relacionarse el sobreseimiento de manera directa con condiciones propias del imputado, y no con los hechos ni con la vigencia de la acción penal, porque la incapacidad mental sobreviniente no elimina la acción penal que se mantiene vigente, pero con la particularidad de que la persona sometida a proceso no puede comprender sus alcances y, entonces, del mismo modo que corresponde sobreseer a quien no pudo comprender la criminalidad de sus actos y, por tanto, motivarse por la norma, cabría idéntica solución respecto del procesado cuya incapacidad mental no le permite comprender la imputación que se ejercerá contra él en el juicio y, por ende, le impedirá ejercer eficazmente su defensa, basado ello en que de los informes periciales surge que el cuadro de deterioro cognitivo resulta "crónico, irreversible y progresivo" lo que impide su reincorporación futura al proceso. En este sentido el saber judicial cede ante dictámenes profesionales de la ciencia específica que aseguran el estado irrecuperable, por lo que los argumentos de la Fiscalía sobre posibles tratamientos médicos futuros que sean alentadores de mejoría, no resultan atendibles por no expresar más que una opinión diferente a la conclusión médica. Voto del Dr. Hang.
Acción de amparo, amparo por mora, costas, acto administrativo, gastos del proceso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Torres, Daniel Eirin c/ Amparo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-14

En el amparo por mora, la aplicación de las costas a la administración es atinada en la medida en que constituyen una reparación de los gastos efectuados por el particular que fueron necesarios para obtener el reconocimiento de su derecho.

De modo que, no es la unilateralidad, en el caso, sino la satisfacción de la petición del particular mediante el dictado del acto administrativo dentro de razonables pautas temporales, lo que debe tenerse por excluyente de la aplicación de costas.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Martínez, Adrián Hilario s/ Robo. Robo aut.tor Fuentes, Santiago Edmundo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12|1993-08-17

Lo único que exige el Código de fondo para la figura agravada prevista en el art. 166 inc. 2 es que se cometa "con armas". La ley no habla de "armas de fuego" y cuando el robo se perpetra mediante el uso de tales, no es indispensable la demostración de su poder vulnerante, es decir que esté cargada y sea apta para disparar.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Perturbación del ejercicio de la función pública, sentencia condenatoria, diputados nacionales
Materia: PENAL
Carátula: Ameri, Juan Emilio  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-01

Corresponde confirmar la condena, en orden al delito de perturbación al ejercicio de funciones públicas (art. 241, inc. 1 CP) aplicada al ex diputado nacional que besó el seno desnudo de una mujer durante una sesión que se estaba llevando a cabo mediante videoconferencia, dado que no existe subterfugio alguno que permita justificar su accionar por posibles desperfectos tecnológicos ya que, como miembro de la Cámara de Diputados y representante del pueblo argentino, debió obrar conforme a tamaña responsabilidad y ejercer su rol como tal sin perturbar la actividad legislativa para la cual fue designado.
Concurso preventivo, votación del acuerdo preventivo, régimen de mayorías, AFIP, homologación del acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEZZ, LUIS s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

No corresponde la exclusión de la AFIP del computo de las mayorías regulado por la ley 24522: 45, solicitada por la concursada con fundamento en que solicitaría el plan de pagos establecido por resolución general AFIP 970/01 y que esta resolución subordina el acceso al plan de pagos a la previa obtención de una sentencia homologatoria de la propuesta de acuerdo preventivo, lo que produce un circulo vicioso, pues no está en condiciones de obtener la conformidad de la AFIP dentro del período de exclusividad, dificultándose la obtención de las mayorías exigidas por la LC: 45; toda vez que, la referida resolución, lo único que establece son las pautas que debe reunir la propuesta de acuerdo de pago de los créditos fiscales de carácter quirografario, detallando la forma instrumental en que el concursado debe obtener la conformidad de aquel organismo durante el período de exclusividad a los fines de lograr las referidas mayorías; además, si la concursada tuviere dificultades para lograr la conformidad de la AFIP derivada de irrazonables demoras administrativas en las que el organismo fiscal pudiera incurrir, podra solicitar y el juez disponer la pertinente prórroga del período de exclusividad.
Bien de familia, afectación del inmueble (civil), inscripción registral, aplicación analógica de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: D'ALESIO, MIGUEL c/ VISCIGLIA, NORBERTO s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-14

El efecto de la inscripción del inmueble como bien de familia no debe retrotraerse al tiempo del certificado requerido como antecedente de la escritura. Tal postura carece de sustento legal y la aplicación analógica de una ley nacional es improcedente (ley 17 801 art. 5, 24 y 25), pues ella prevé supuestos distintos como es la transmisión de dominio y no el establecimiento régimen tuitivo que opera desde su constitución.

Además, la ley 14.394 en su art. 35 dispone expresamente que el beneficio tendrá vigencia a partir de la inscripción, lo cual excluye aquella analogía.

La afectación del régimen protector se opera en el momento del ingreso de la solicitud en el registro inmobiliario.
Procedimiento administrativo, nulidad del acto jurídico, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S., A.G. s/ Fraude en Perjuicio de la Administración Pública
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-15

"La nulidad del procedimiento administrativo no debe decretarse para satisfacer un principio teórico, por lo que no corresponde disponerla si el efecto, sin afectar el derecho de defensa del administrado, es subsanable en el posterior proceso judicial".
Recurso de queja (procesal), establecimientos educacionales, docentes, personal jerárquico, cuestión constitucional
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Tayeda, Marta Susana c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Tayeda, Marta Susana c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA)" Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Tayeda, Marta Susana c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA)"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-19

La recurrente, por un lado, expone de forma genérica e imperfecta un caso constitucional sobre la base de una disposición que sólo de forma remota se vincula con el proceso judicial -el art. 18, CN-, mientras que, a la vez, no intenta criticar la principal razón de carácter constitucional -la interpretación del art. 14, CCBA- que contiene la sentencia que se pretende impugnar. (Del voto del Dr. Maier).
Derecho laboral, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ VIVIANA ELIZABET c/ SERV. GERIATRICOS PATAG. S.R.L. s/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-16

Si bien la actora acreditó su estado de embarazo, la culminación de la relación laboral no se debió a ese motivo, sino al cumplimiento de la condición resolutoria pactada en el contrato de trabajo eventual, es decir, a la reincorporación laboral de la persona que hasta ese momento remplazaba la actora. Por lo que la indemnización pretendida en los términos dispuestos en la norma (Art. 178 LCT), resulta improcedente.Aún cuando la actora se haya desempañado también en la cocina, el salario que debió abonársele era el más favorable, es decir, conforme surge de la pericia contable el de la categoría de mucama. Sin perjuicio de que la relación laboral haya culminado como consecuencia de la finalización de las circunstancias que determinaron la duración del trabajo eventual, conforme los términos del contrato y tal cual se acredita con los testimonios rendidos en la causa, entiendo que ello no resulta óbice para que se declare procedente la diferencia salarial reclamada como consecuencia de las tareas que efectivamente cumplía la actora.
Prueba, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Rocchia Ferro, Jorge Alberto c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-13

El voto concurrente sostuvo que la resolución cuestionada aparece al menos apresurada y con argumentos sociales inhábiles para sustituir los necesarios que satisfagan lo requerido por el art. 123 CPPN, ya que se observa selección probatoria antojadiza y por ende arbitraria tanto a lo hora de escoger las piezas a evaluar como al considerar su contenido, descartando sin razón aparente un importante cúmulo probatorio, circunstancia que deberá ser relevada en forma urgente por el juez de grado a los fines de avanzar en este aletargado proceso. Dres. Mahiques, Catucci -voto concurrente-, Riggi.
Apoderamiento, consumación del delito, disposición de la cosa
Materia: PENAL
Carátula: Siciliano, Luis A. s/ recurso de casación. Causa: 447
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

Hay apoderamiento y por ende delito consumado en el preciso instante en que el sujeto activo tiene la posibilidad física de disponer del objeto, lo que no ocurre mientras tal posibilidad pueda ser impedida por la víctima, la autoridad de otra persona que acuda en su auxilio.
Aportes sindicales, remuneración, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, prescripción, plazo, prescripción quinquenal, crédito laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FEDERACION SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS DEL ESTADO c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES s/ LEY 18610-22269
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-31

Corresponde la aplicación del plazo prescriptivo quincenal fijado por el art. 4027 del C.Civil al caso de reclamo por el aporte del 2% sobre las sumas que se abonaron en concepto de salario al personal de YPF -reglamentado por el SUPE-. No pueden aplicarse los plazos prescriptivos bienal y decenal pues dicho reclamo no puede ser subsumido en el concepto de crédito laboral ni existe una obligación legal de aportes sociales que justifique la aplicación de la prescripción decenal.
Subasta judicial, adquirente en subasta, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: García Araujo Wuabel Arcangel c/ Gallo, Jorge s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-26

El legislador ha pretendido que las subastas judiciales sean lo más transparentes posibles, impidiendo que se lleven a cabo distintas prácticas que desvirtúen el sistema al cual están sujetas; evitando que existan situaciones de connivencia entre distintas personas que pretendan obtener un rédito económico en forma inapropiada y abusiva (sumario confeccionado por el SAIJ).
Responsabilidad del Estado, beneficios para detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, prueba, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Mouzakis  Omar  Sixto c/ M°  J y DDHH- Art 3 Ley 24.043- Resol1466/09 (ex 144.279/04)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-27

La condición de asilado o refugiado puede revestir el carácter de prueba necesaria al efecto, más no basta sólo ella, y la prueba debe, por imperio normativo, sustanciarse en sede administrativa (Sala I "Grinfeld de Goobar Norma Sofía c/ M° J y DDhh- art 3 ley 24.043- Resol 1157/06", 3/05/2007). Ello no es óbice para la revisión ulterior de conformidad con Fallos:

247:646; 305:129; 310:2159 y 234:803 (Cons. VII).
Nulidad procesal, confirmación del acto jurídico, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Entre Ríos c/ Cooperativa de Trabajo San Antonio Ltda. s/ sumario - ej. de sentencia - incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-03-07

[C]onsentido el procedimiento y precluida la etapa procesal pertinente no puede pretender retrogradarse el trámite por vía de un recurso de apelación que sólo puede comprender la nulidad por defectos de sentencia.
Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Goueffes Juan Luis y otra c/ Soka Angel Rafael y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

Siendo conceptuable como guardián aquél que se sirve de la cosa en su interés al par que ejerce autónomamente el poder sobre ella, no pueden concurrir tales caracteres en los docentes del establecimiento en cuyo taller se produjo el daño al escolar, en cuanto obraron en interés del prestador del servicio de enseñanza y recibiendo de él las instrucciones para el uso de la cosa dañosa.-
Responsabilidad del Estado, error judicial, prisión preventiva, sentencia absolutoria
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Pouler, E. R. c/ Estado Nac. Ministerio de Justicia s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

La absolución posterior del procesado no convierte en ilegítima la prisión preventiva dispuesta en el curso de un proceso, pues sólo debe significarse como error judicial aquella sentencia que resulta contradictoria con los hechos probados en la causa y las disposiciones legales congruentes al caso.
Poder de policía, bienes del Estado, vía pública
Materia: CIVIL
Carátula: Fuentes Monjes, Margarita Maria c/ Municipalidad De Cordoba s/ Ordinario - Daños Y Perj. - Otras Formas De Respons.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-12-16

Debe responsabilizarse a la Municipalidad de Córdoba -en un 80 %- por las lesiones que sufrió una transeúnte al caer en una vereda por mal estado de conservación, en tanto no resulta atendible el argumento referente a que para que surja responsabilidad de su parte era necesaria una denuncia y/o reclamo ante la Oficina de Atención Ciudadana y el transcurso de un tiempo prudencial sin que el problema haya sido resuelto, es que, las veredas, se encuentran afectadas al uso público y forman parte del dominio público municipal y como consecuencia de ello, cualquier accidente que ocurra en las calles o aceras, si encuentra como factor determinante el riesgo o vicio que ellas contengan, necesariamente generará la responsabilidad civil de la Comuna, en tanto a ésta le corresponde su guarda jurídica.
Acción de amparo, representación procesal, gestor judicial, facultades del juez, interpretación restrictiva, recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Klas Zacarías c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-23

Para que sea procedente la intervención del letrado patrocinante del actor invocando el carácter de gestor procesal, debe darse la configuración de "... dificultades o imposibilidades de hecho...", como expresa el artículo 3980 del Código Civil, cuya previsión en el punto resulta aplicable por analogía. El juez habrá de valorar las razones en que se sustenta la presentación del gestor, extremo que se encuentra librado, en cada caso, a su prudente apreciación.

A su vez, las circunstancias que obstan a la actuación directa del interesado deben surgir de las constancias del expediente o, en su defecto, deberá acreditarse prima facie su verosimilitud, sin que se requiera la producción de una prueba concluyente.

En la especie, el letrado presentante expresó únicamente que "Encontrándose mi patrocinado de viaje y atento los plazos procesales en curso, vengo a presentarme en calidad de gestor...". Ello permite apreciar que no se han invocado causas serias que pongan en evidencia una objetiva imposibilidad de obrar por parte del actor toda vez que, de las circunstancias de la causa, no surge que la presentación intentada constituya una contingencia imprevisible. A tal efecto, debe ponderarse que la fundamentación del recurso interpuesto es el acto procesal típicamente idóneo para impulsar la segunda instancia y, en particular, el hecho de que el día anterior al memorial fue presentado un escrito suscripto por el actor. Ninguna aclaración se brindó al respecto y no se han expresado argumentos que permitan sostener que ha existido un estado de necesidad o urgencia que obligó al actor a realizar el viaje invocado, sin tomar los recaudos necesarios para su representación judicial en la presente causa, más aún teniendo conocimiento de que debía fundar el recurso de apelación ya interpuesto.

En el marco descripto, la insuficiencia de los motivos alegados, sumada al criterio conforme al cual la autorización concedida por ese precepto es de interpretación restrictiva por constituir una excepción al principio general sobre la justificación de la representación en juicio, conducen a concluir que no se encuentran reunidos en plenitud los presupuestos para admitir la intervención procesal en calidad de gestor.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Priebke, Erich s/ solicitud  de extradición s/ cuaderno de prueba de la defensa - causa  n. 172 - 112 - 94 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-20

Los pronunciamientos de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, personas con discapacidad auditiva
Materia: LABORAL
Carátula: Franco, Luciano c/ FIBRAMALVA S.A. y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por enfermedad accidente responsable s/ Indemnización por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-09

Si bien quedó acreditado que las tareas las cumplió en un ambiente ruidoso y con jornadas de ocho horas, las mismas no pueden erigirse en prueba suficiente para tener por acreditado que en el lugar de trabajo existió un caudal de ruido que supere los 80 a 90 decibeles que son los considerados límites de riesgo para el oído.
Costas, regulación de honorarios, remisión del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferreyra Marta Susana y otros c/ Banco Río Negro S.A s/ Ordinario s/ Inaplic. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-12-29

La modificación por la alzada de la sentencia de primera instancia conlleva necesariamente la adecuación de las costas y los honorarios (art. 279 del CPCC)(del trámite atinente a la vía de origen) al nuevo pronunciamiento que se dicte, aunque las partes no lo hubieren pedido. Es el Tribunal de mérito quién habrá de emitir la resolución pertinente por efecto del reenvío puntual que aquí se dispone, por lo que aparece como prematuro que -en tales condiciones- este Superior Tribunal se introduzca a examinar el tópico de las costas con antelación al momento en que la cuantía del reclamo haya sido definitivamente establecida; y antes que la Cámara de grado se haya expedido sobre el punto, en el alcance que se desprende de la normativa genérica antedicha.(Del voto del Dr. Sodero Nievas sin disidencia).
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación de sentencias, cuestiones opinables
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: H.S.B.C. BANCK ARGENTINA S.A. c/ SANTA FE COLCHONES S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - QUIEBRA -  HONORARIOS DEL SINDICO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 217 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Si el alcance asignado por los jueces a la resolución recaída versa sobre una temática discutible, y su decisión forma parte de una de las corrientes de opinión que razonablemente pueden surgir del texto legal, esta no es arbitraria. Al respecto, la Corte local tiene resuelto -de conformidad con lo sustentado por la Corte nacional- que no resulta arbitraria la decisión si la inteligencia de la norma no excede el marco de posibilidades que brindan las normas en juego ni traduce una apreciación irrazonable del tema propuesto. Tampoco si la elección importa adoptar una solución posible, apoyandose en razones suficientes.
Compraventa, automotores, obligaciones de las partes, transferencia del automotor, aplicación de la ley, derechos de las partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAJA  DE  SEGUROS  SA c/ PROPIETARIO DEL VEHICULO DE DOMINIO COF642 S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

Si bien el dominio sobre un auto no se adquiere hasta que no se inscriba su derecho en el Registro, no es menos cierto que la posesión de buena fe y a título de dueño trae aparejado derechos y obligaciones (conf. Florencio E. Liebau, "Régimen Jurídico del Automotor", Ed. La Abaco de Rodolfo Depalma, 1980, página 87).

En tal inteligencia, según el artículo 15 del referido Decreto 6582/58, el adquirente asume la obligación de solicitar la inscripción del vehículo dentro de los diez días de celebrado el acto, mediante la presentación de la solicitud correspondiente.

Cuando el comprador no presenta la solicitud tipo 08, y ha recibido, además de la posesión del automotor, la cédula de identificación, mientras esta mantenga vigencia, puede circular libremente. Así lo establece la Ley 22977 -en su actual redacción-: la prohibición de circular opera cuando el adquirente no hizo la transferencia del bien dentro de los 30 días desde que fuera denunciada la venta. Dicho plazo resulta operativo desde que los vendedores denuncian ese desprendimiento.