Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-05-11


Autos N° 21.925 (9° CIVIL - N° 82.668), caratulados: "MEGLIOLI, Raúl Alberto y Donoso, Susana C/ Quiroga, Manuel S. - Daños y Perjuicios" En la ciudad de San Juan, a 11 días del mes de mayo del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los Dres. PASCUAL E. ALFERILLO, LUIS ALBERTO RECIO y ROBERTO PAGÉS, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas 193, contra la sentencia definitiva, recaída en autos N° 21.925 (9° CIVIL - N° 82.668), caratulados: "MEGLIOLI, RAÚL ALBERTO Y DONOSO, SUSANA C/ QUIROGA, MANUEL S. - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada en fecha diecisiete del mes de octubre del año dos mil ocho, obrante a fs. 185/192, de estos autos originarios del Noveno Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, en el cual obra agregado a fs. 287/292 fallo de la Corte de Justicia de la Provincia, Sala Primera, fechada el 9 de setiembre de 2014, en la cual se admite el recurso de inconstitucionalidad anulando parcialmente la sentencia dictada por la Sala Tercera de esta Cámara de Apelaciones en fecha 30 de diciembre de 2010 (257-267 vta.). En el fallo del Tribunal Superior de la provincia se ordena la remisión del expediente a esta instancia de conocimiento.

Sustanciado el recurso que fuere concedido a fs. 194, se fijan ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL ALFERILLO, dijo:

En los presentes autos se ha expedido la Sala Primera de la Corte de Justicia local, cuya sentencia obra agregada a fs. 287/292, resolviendo, en el primer punto, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad en cuanto al agravio relativo a la declinación de cobertura revocando la sentencia dictada por la Sala Tercera en fecha 30 de diciembre de 2010, cuya copia obra a fs. 257/267.

En el punto II del resolutorio define la tarea de este tribunal. En ese sentido la Corte decidió anular la sentencia impugnada en lo concerniente al agravio admitido precedentemente y, en lo pertinente, la imposición de costas. Como consecuencia, dispone que un tribunal subrogante juzgue nuevamente esa cuestión atendiendo a la apelación de la actora y la contestación respectiva, haciéndole saber a dicho tribunal que -eventualmente- deberá adecuar las costas.

Teniendo en cuenta la orden dada por la Corte de Justicia en el marco de un recurso de inconstitucionalidad reglado por el art. 11 y sig. de la Ley 2275, se abre la jurisdicción para este tribunal solo en el punto de agravio relacionado con la declinación de cobertura planteado por la actora y su respectiva respuesta.

En ese sentido, el recurso de apelación es interpuesto a fs. 193 y concedido a fs. 194 contra la sentencia de fecha 17 de octubre de 2008, en la cual se hacía lugar a la declinación de la citada en garantía, Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda. excluyéndola del proceso.

En su expresión de agravios formulada a fs. 227/234, el actor recurrente en el punto III-b expresa como segundo agravio su queja contra el perjuicio que estima irreparable para su parte en cuanto el a quo hace lugar a la declinación de la cobertura opuesta por la citada en garantía.

Luego de transcribir parte del fallo sostiene que el mismo es inadecuado, injusto y arbitrario por cuanto ha prescindido de derecho sustancial aplicable a la causa. En esa dirección asevera que la cláusula de exclusión N° 21 contenida en el Anexo A de la Póliza es antijurídica e inoponible a su parte. Así, su primera crítica la sustenta en el contenido de los arts. 114 y 158 de la Ley 17.418, diciendo que de la correcta interpretación del primer artículo no puede ser modificado sino a favor del asegurado, en el caso, la cláusula de exclusión prevista en la póliza y admitida por el fallo, es contraria a la ley de seguros ya que en vez de ser a favor del asegurado, resulta ser beneficiosa para el asegurador porque se extrae la exigencia de dolo o culpa grave del asegurado como eximente de responsabilidad del asegurado, y se establece la falta de cobertura para el hecho objetivo del exceso de velocidad, independientemente de la cuestión subjetiva (Dolo o culpa grave). Estima que esa cláusula contractual no puede contrariar una ley de orden público, ni ser instrumento hábil en desmedro de un tercero damnificado que indudablemente resulta ajeno a dicha convención de partes.

También resulta inadmisible la cláusula 21 del anexo A de la Póliza porque esta cláusula resulta violatoria de la ley 24.240, de defensa de los consumidores que tiene raíz constitucional en el art. 42 de la Constitución Nacional. De este contexto normativo rescata el art. 37donde se regulan las cláusulas abusivas, sosteniendo que la cuestionada contradice la ante dicha protección.

La segunda crítica la focaliza en decir que el fallo es desacertado por cuanto ya que ni aún en la hipótesis tradicional de eximente de responsabilidad por dolo o culpa grave, podría el asegurador ser liberado frente a su parte que es un tercero damnificado. Ello por cuanto no es una cuestión que haya sido invocada por la citada al tomar participación, de donde si en la sentencia no surge una calificación de conducta del asegurado mal podría echarse mano al elemento subjetivo, ya que en esa hipótesis estaría yendo más allá de lo planteado por las partes.

En los párrafos siguiente argumenta que la intención del legislador cuando reguló el art. 68 de la ley 24.449 fue la de brindar mayor protección a las víctimas o damnificados de los accidentes de tránsitos y, en consecuencia, admitir cualquier cláusula de exoneración de responsabilidad resulta violatoria del espíritu de la ley de tránsito. En apoyo de este criterio cita doctrina autoral y judicial.

Mas adelante reitera conceptos vertidos al decir que las única cláusula de eximisión de responsabilidad válida que puede invocar la aseguradora de conformidad a la ley de seguros, es para el caso de dolo o culpa grave del asegurado exclusivamente, ya que es él quién suscribió la póliza y conocía de antemano la situación, pero no puede hacerse extensivo dicha cláusula a otras personas, puesto que ello desvirtúa el espíritu mismo del seguro, su fin social y contraría la normativa vigente. Cita fallos.

La tercera crítica se centra en observar que el juez se limita a sostener que existiendo en la póliza una cláusula de exoneración de responsabilidad, corresponde hacer lugar a la declinación de cobertura. El fallo se ataca por la falta de fundamentación, el a quo no dice nada, no explica ni da fundamentos que permita al justiciable entender porque razón se aparta de la normativa vigente y admite una cláusula de exoneración de responsabilidad a todas luces antijurídica e ilegal. Cita el art. 168 del Código Procesal Civil de la Provincia.

Formula reservas.

Corrido traslado a la contraria, la citada en garantía responde a fs. 239/247, especificando que analizará los agravios en dos partes. La primera relacionada con la procedencia en la alzada del planteo de ilegalidad o validez de la cláusula 21 del anexo A y, posteriormente, refutará las críticas realizadas.

En primer lugar invoca la aplicación del art. 262 Ley 8037 que impide al tribunal resolver capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. Con esta premisa se defiende sosteniendo que el actor ha introducido nuevas defensas que no habían sido articuladas al contestar la declinación formulada por la compañía de seguros. Además de ello marca una contradicción al no impugnar el contenido de las normas y dejar a la valoración del juez la existencia o no de alta velocidad o excesiva. Cita jurisprudencia en apoyo de su tesitura. En conclusión dice que el planteo de los actores resulta extemporáneo y el tribunal incompetente para resolver un planteo que no le fue propuesto al juez de primera instancia.

Con vinculación a la primera y segunda crítica sostiene que el tema es claro porque los actores no tienen legitimación para discutir ni la existencia ni la validez de las cláusulas del contrato por ser ajenos al negocio y en virtud de esto, éstas le son oponibles. Hace notar que no discutió la validez de la cláusula, haciéndolo extemporáneamente y sin legitimación los actores.

Por otra parte cuestiona la aplicación de la ley de defensa de los consumidores por estimar que la actora no forma parte del objeto descripto en el art. 1 de la ley 24.240.

De igual modo, sostiene que nada tiene que ver el art. 114 que no es modificado por el contrato sino que éste tiene un elemento esencial que es el riesgo. En su argumentación rescata la autonomía de la voluntad entre la compañía de seguro y el asegurado y, en ese contexto, la posibilidad de incluir determinadas causales de exclusión, siendo éstas una delimitación del riesgo de origen legal, inspiradas en motivos morales o de orden público, tales como el supuesto del art. 114. Asegura que las partes convencionalmente pueden convenir libremente otras causales de exclusión.

Respecto de la tercera crítica dice que es infundada porque se ve claramente la postura del juez a quo respecto de las cláusulas de exclusión de cobertura y validez. Los actores se encierran en su propia trampa, toda vez que en la tercer crítica ponen de manifiesto su propia falencia de no haber introducido el tema de la validez de la cláusula 21 del anexo "A" y que por ende, el juez a quo no trató en la sentencia.

Planteado de este modo el recurso en cuanto a la exclusión de cobertura de seguro que la Corte de Justicia ordenó revisar nuevamente, cabe precisar que este Órgano Jurisdiccional Superior fija algunas pautas que deben ser tenidas en cuenta al momento de resolver. En ese sentido, indica a modo de conclusión que el Tribunal inferior "debió resolver, y no lo hizo fundadamente, era determinar cual era el alcance y/o interpretación de la cláusula contractual que exime de responsabilidad a la aseguradora, cuando el conductor - autorizado supera el 40% de la velocidad legalmente permitida y por qué motivo, rige la limitación legal del art. 158 L.S. siendo que no se invocó "culpa grave" del artículo 114, L.S.".

La expresión de la Corte de Justicia es expresada en el marco de la resolución del recurso de inconstitucionalidad (art. 11 y sig. Ley 2275) sin fijar una interpretación obligatoria o uniforme de las normas por cuanto no casó la sentencia. En función de ello, corresponde realizar conforme a derecho la hermenéutica de la norma contractual.

En este sentido, sin lugar a duda una cláusula contractual es una norma jurídica en el sentido amplio del término que debe ser interpretada en primer lugar, como lo ordena el art. 1198 del Código Civil, de buena fe y de acuerdo a lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.

Por otra parte, la norma contractual que es ley para las partes conforme el art. 1197 del Código Civil, debe ser interpretada en forma sistemática teniendo en cuenta el plexo normativo en el cual se encuentra, que tiene normas de rango superior que deben ser tenidas en cuenta y que en algunos casos son de aplicación prioritaria a la voluntad de las partes.

En el Código Civil actual el modo de interpretar es fijado en el art. 16 cuya metodología ha sido adecuada a los tiempos y fundamentalmente a los cambios producidos en la Constitución Nacional que elevaron al máximo rango normativo a los Tratados sobre los Derechos Humanos suscriptos por el país, conforme el art. 75 inc. 22 cuya evolución ha quedado plasmada en el contenido del art. 2 del Código Civil y Comercial Ley 26.994, cuando dice que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Como se colige, una interpretación conforme a derecho de una cláusula contractual no puede formularse de modo exegético en un aislamiento del contrato con el resto de la normativa que influye sobre el mismo.

Finalmente, se debe tener en cuenta que por imperio del art. 11 de la Constitución Provincial se impone como deber a los jueces declarar, aún de oficio, la inconstitucionalidad. Y que por imperio del art. 164 inc. 5 cuando se dan los fundamentos es deber de la jurisdicción seleccionar el derecho aplicable conforme los antecedentes fácticos del caso debidamente acreditados en autos.

Teniendo en cuenta estos mandatos de cómo interpretar la norma aplicable y con ello el alcance de la norma contractual, cabe precisar que de los antecedentes obrantes en la causa se observa en el contenido de la póliza acompañada por la Compañía Aseguradora que plantea la declinatoria de fs. 54/69, se lee en la cláusula 82 textualmente que "conste por la presente cláusula que dentro de la cobertura establecida en el art. 2 de las condiciones Generales del seguro Automotor y/o remolcados se encuentra incluida la cobertura de RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIA, establecida por Resoluciones N° 21.999 y 22.058 de Superintendencia de Seguros de la Nación que reglamentan las condiciones mínimas del SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMOTORES, legislado por el artículo 67 del reglamento Nacional de Tránsito y Transporte y aprobado mediante Decreto 2254-92".

Como se colige, dentro del contrato de seguro tradicional, el reglado por la Ley 17.418 se ha incluido el seguro obligatorio previsto por la Ley Nacional de Tránsito que, como se ha expresado en distintos fallos, tienen finalidades totalmente distintas. El seguro ley 17.418 tiene el propósito de proteger la integridad del patrimonio del asegurado, como bien lo explicita en su alcance el art. 109 cuando regla que "el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido". En cambio, el seguro obligatorio que es una derivación de la concreción de los principios constitucionales que protegen al ser humano en esta sociedad de riesgo, tiene por finalidad la protección de la víctima.

Esta diferencia y las consecuencias jurídicas que ello trae aparejado en la hermenéutica del alcance que se le debe dar a las normas reglamentarias del seguro voluntario en el marco del seguro obligatorio. Como se colige la determinación de la norma aplicable es un problema jurídico que le da legitimación a la actora para plantearlo en la alzada rechazándose por cierto la defensa que intenta esgrimir la compañía aseguradora.

La diferencia de naturaleza y sus consecuencias entre los seguros fue antes explicada en distintos precedentes de los cuales transcribimos lo expresado en los autos 108.439 (C.C.N° 20644) del Cuarto Juzgado Civil, caratulados: "Altamirano, Carlos Javier c/ Rodríguez, Pedro y otro - Daños y Perjuicios" (L:A: -Año 2011 del T° II - F° 150/161 - 22 de junio de 2011) resuelto en la Sala Segunda de este Tribunal colegiado que es íntegramente aplicable su contenido a la presente litis.

En esta sentencia se expresó que "es dable recordar que el tema relacionado con el alcance y naturaleza jurídica del art. 68 de la ley de 24.449 incorporada a la normativa provincial por la Ley Nº 6684 (B.O. 1/02/1996) fue motivo de análisis pormenorizado cuando el tribunal alzada que integro, la Sala Primera, debió estudiar las reclamaciones de medidas autosatisfactivas que dicha norma autoriza para cubrir los gastos sanatoriales y funerarios, marcándose votos disidentes en cuanto al alcance de la misma. (Ver: Autos N° 18.706 "Cabrera, Domingo Víctor Medida Autosatisfactiva", 15/09/2006, (L. de A. T° 146 F° 148/170); autos Nº 18-358 "Quinsacara, Nicolás Simón - Medida Cautelar" (L. de A. Tº 141 Fº 132/156, 21/11/2005); autos Nº 18.215 caratulados "Guzmán, Ariel Leonardo - Medida Autosatisfactiva" (L. de A. Tº 138 Fº 86/107 - 7 julio 2005); autos Nº 17.778 caratulados "Cosentino, Pablo Alfredo - Medida autosatisfactiva - Sumarísimo" (L. de A. Tº 135 Fº 91/113 fecha 30 noviembre 2004); autos Nº 17.047 caratulados: "Paredes, Antonio Rolando - Medida Autosatisfactiva" (L.A. 121, Fº 171/179, 30/set./ 2002), etc.).

El pensamiento del suscripto con relación al tema que ha venido en apelación fue expuesto en los autos de la Sala Primera, N° 18.756 "Paez de Mercado, Tomasa Gladis c/ Heredia, Isidro Bernabé y otros Daños y perjuicios Sumario (Inc. de Declinación efectuado por la aseguradora "Vanguardia Cia. Arg. De Seguros S.A.), 30/3/2007, (L. de A. Tº 150, Fº 109/121), donde se dijo que "corresponde, para fijar nuestro criterio general con relación al sustancial cambio operado en nuestro ordenamiento dogmático con relación al direccionamiento protectorio del Derecho de Daño en su vinculación con el sistema asegurativo que ya no miran centralmente la culpabilidad del sujeto dañador sino al perjuicio ocasionado, se transcribe la disidencia expuesta en los autos Nº 18.519 "Gómez, Ángel Cayetano y otros c/ Expreso Santa Amelia y otro - Daños y perjuicios" (L. de A. Tº 144 Fº 92/99 18/05/2006) donde se proloquió que "la evolución del derecho en el tema de seguro marca un antes y un después de la modificación de la Ley de Tránsito que para esta actividad de riesgo regla un seguro obligatorio en su art. 68. Es decir, ya no es optativo o facultativo contratar un seguro sino que es un imperativo legal que se debe cumplir para que los automotores estén en condiciones de circulación en la vía pública.

Este nuevo requisito ineludible, modifica la ratio legis del seguro en los automotores que no pueden ser confundidas y resulta la base para realizar el juzgamiento de la distinta alternativa que se pueden presentar. En efecto, la razón de ser del seguro voluntario se focaliza en la protección del patrimonio del asegurado. En cambio, en el seguro obligatorio, la protección es para la víctima del accidente.

A partir de estos conceptos, no se puede razonar aplicando principios y normas que estructuran un seguro voluntario a uno obligatorio, sino que se debe tener presente que todo acuerdo de parte (asegurado - asegurador) resultará inoponible a la víctima del accidente, pues de otro modo se quebraría con el propósito que se infiere de la ley al imponer como condición necesaria para circular tener contratado un seguro.

Inspirado en esta idea, existen pronunciamientos que han declarado inoponible a la víctima, las franquicias o descubiertos a cargo del asegurado convenidas con la compañía aseguradora (CNCI B, Capital Federal, 8/10/2004 "A.M. del C. c/ Lemo, Roberto E.", L.L. 16/2/2005 13-1089545) o la subsidiaridad del Estado por no ejercer el debido control de los automotores que circulan sin seguro contratado (CNCO D, Capital Federal, 30/9/2004, "C.L.E. c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos", L.L. 2005 A, 720-108528; L.L. 11/11/05 SAdm, 50-109639).

Estos pronunciamientos son demostrativos de que la finalidad del seguro en la dogmática actual cumple otras funciones, está inspirado por un sentido solidario...".

A partir de esta visión contemporánea de las finalidades del Derecho de Daño y del aseguramiento obligatorio de los automotores se presenta como problemática a resolver una cuestión vinculada con el encaje (formal y sustancial) constitucional de la norma contenida en el art. 68 de la Ley 24.449 receptada en el ordenamiento interno de la Provincia de San Juan por Ley 6684 dado que la misma delega facultades reglamentarias a la autoridad en materia aseguradora (entiéndase Superintendencia de Seguros de la Nación).

En primer lugar, cabe asegurar que el dictado de las normas de ordenamiento del tránsito es una facultad, aún, reservada por las Provincias por lo cual con independencia de la decisión de la autoridad nacional, puede dictar su propia ley o adherir a un texto vigente en otra jurisdicción. Pero, cabe precisar que siempre será catalogada como una norma provincial.

Ello viene a colación para interpretar adecuadamente el contenido y alcance de la ley vigente en la provincia que establece el seguro obligatorio (art. 68) para todo automotor que circule en esta jurisdicción a fin de cubrir los daños causados a terceros transportados o no.

En este sentido, queda como una simple expresión de deseo, venida por la copia literal de normas sin adecuación al plexo normativo local, la delegación realizada por la Provincia a la autoridad en materia aseguradora, toda vez que el dictado de las normas relativas al aseguramiento es una facultad delegada a la Nación, específicamente a su Poder Legislativo, conforme los arts. 75 inc. 12 y 126 de la Constitución Nacional.

Sin perjuicio de ello y analizando cual es el alcance, en cuanto a su vigencia, del art. 68 de la Ley 24.449 (sancionada y promulgada por las autoridades nacionales), más allá de estar inserto en una ley que está destinada para regir, básicamente, en la jurisdicción federal conforme su art. primero, se puede entender sin contradecir el ordenamiento constitucional que el contenido de dicho artículo está destinado para regir como norma sustancial en todo el territorio nacional dado que crea la figura del seguro obligatorio para la circulación de los automotores. Es decir, siguiendo las enseñanzas de Zarini (Derecho Constitucional, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992) pág. 616), se entendería que dentro de una ley nacional local (destinada para regir en territorio federal) se encuentra inserta una norma de derecho común con vigencia para todo el país. En este caso, la cuestionada delegación de facultades a la autoridad aseguradora habría sido realizada por el poder legisferante nacional que tenía la capacidad para legislar sobre el tema. Razón por la cual no tendría sustento jurídico la doctrina del fallo a transcribir cuando sostiene que "...las Resoluciones de Superintendencia de Seguros de la Nación 21.999/92 y 22.058/93, en tanto legislan sobre contratos y responsabilidad civil, infringieron la cimera disposición fundamental que trae el art. 75 inc. 12 de nuestra Constitucional Nacional, toda vez que lo reglado es temática reservada y propia del Congreso Nacional..." (CNCI G, Capital Federal, 25/6/2004 "Jalfen, Zulma Emilia c/ Cárdenas S.A. Empresa de Transporte y otros s/ Daños y perjuicios", ED 14-10/10/04, 4-53001.).

Pero más allá del camino que se opte para responder al interrogante de que si es válida o no la delegación de facultades realizada por el Congreso Nacional, no hay lugar a hesitación de que se ha creado un nuevo tipo de seguro para que los automotores puedan válidamente circular, el obligatorio. Es decir, un tipo absolutamente distinto del clásico bastamente reglado, seguro voluntario.

Ahora bien, si se estima que la delegación reglamentaria no es válida, la reglamentación realizada por la Superintendencia de Seguro no tendría vigencia y, por tanto, aplicación. Va de suyo, que en este caso no se derogó el art. 68 que establece la institución del aseguramiento obligatorio.

Por el contrario, si se juzga, que la delegación es válida, la reglamentación - de igual modo - no tendría vigencia en la medida de que no respete el marco, el espíritu o ratio legis inspiradora del art. 68 de la Ley 24.449 como es la protección de la víctima mediante la implementación de un seguro obligatorio para la circulación de los automotores que proteja a las víctimas de los accidentes. Va de suyo que el concepto de seguro obligatorio no se agota en la imposición del Estado para que los particulares ineludiblemente tengan que contratar un seguro para circular en sus automotores, por cuanto sería una visión parcial, mezquina y destinada exclusivamente a fomentar un gran mercado de clientes cautivos para las empresas aseguradoras que por cierto no es la razón de existir de la ley de tránsito. Sino por el contrario, realizando una razonada hermenéutica, se visualiza la intención social contenida en la norma, la razón de Estado para decidir la implementación del seguro obligatorio que no es otra que la de adoptar las medidas pertinentes para que las víctimas que han sufrido daños a consecuencia de la circulación de los automotores no queden sin la reparación de los perjuicios padecidos.

Ello queda evidenciado del propio contenido del art. 68 cuando por vez primera se establece que "los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonado de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que pueden hacer valer luego...". Como se colige se abandona la clásica medición de la culpa del dañador para socorrer de inmediato a la víctima.

Además de ello, las expresiones de los informantes de la ley (Boletín de la Cámara de Diputados de la Nación, 30 reunión del 7 de diciembre de 1993) son claras sobre la intencionalidad de la ley de tránsito dictada cuando expresaban que "el proyecto de ley es básicamente un programa global de prevención de accidente, pues es sin lugar a dudas un verdadero código de seguridad vial...". O que "la seguridad del usuario de la vía pública, como bien jurídico fundamental que se tutela...". O que "una triste historia de accidente de sangre avalan el articulado correspondiente. El estudio desapasionado del proyecto dará conclusiones razonadas, que respondan al bien común, evitando favorecer a los precipitados, que generalmente defienden intereses sectoriales con fines poco claros. No desconozco (dice Ramón A. Dussol) los beneficios que podemos alcanzar cuando quienes cuentan con una acumulación importante de capital deciden invertirlo en producción, pero la función legislativa si bien no debe descuidar la protección de los intereses individuales sin interferir en sus decisiones, debe priorizar los beneficios sociales...". Es por ello, que resulta un gran contrasentido lógico - jurídico reglar un seguro de neto corte asistencialista y social con una reglamentación inspirada en el más puro liberalismo jurídico que autorizaba la toma voluntaria de seguros para salvaguardar el patrimonio del asegurado sin importarle en los más mínimo, el destino de la víctima. Ello configura, sin lugar a duda, un exceso reglamentario por parte de la Superintendencia de Seguro que contraria los fines propuestos por la propia norma del art. 68 de la Ley de Tránsito y, por ende, resultan sin aplicación, dado que contradice la expresa limitación impuesta por el art. 99 inc. 2 de la Const. Nacional. Además de ello, la implementación del seguro obligatorio influye indirectamente en la Ley 17.418 que fue estructurada sobre el concepto de libertad para celebrar los contratos de seguro. A modo de ejemplo, cuando se regla el seguro de responsabilidad civil se fija su alcance en el art. 109 fijando que "el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido". Es decir, como se expusiera en los primeros considerandos, el seguro de responsabilidad civil voluntario procura mantener incólume el patrimonio del asegurado, cuando el obligatorio del art. 68 de la Ley 24.449 procura proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito. Consecuente con el pensamiento expuesto, dentro del seguro obligatorio no puede existir causal o impedimento que no sea la propia culpa del damnificado, que cercene el derecho de la víctima de un accidente de tránsito a ser indemnizado por los responsables aseguradores. Especialmente, en lo relacionado con la facultad de declinar la defensa y cobertura cuando la causal proviene del propio asegurado. Ello es res inter alio acta para la víctima que es beneficiaria directa del resarcimiento.

Concretamente y con independencia de las razones antes expuesta, no constituye causal válida para declinar la defensa del asegurado y con ello desamparando totalmente a la víctima (fin esencial), la existencia de un carnet de conductor de una jurisdicción extraña.

De igual modo, resulta innecesario para proponer la procedencia del recurso, el tratamiento de los efectos jurídicos del silencio de la empresa aseguradora previsto en el art. 56 de la ley de seguros".

El dictado de la Resolución N° 34.225/2009 (4/8/2009) por la superintendencia de Seguros de la Nación, en nada cambia el criterio antes expuesto sino por el contrario reafirma que la misma adolece de exceso reglamentario que contradice la naturaleza tuitiva del art. 68 de la Ley de Tránsito que es proteger a la víctima.

En ese sentido, se puede aseverar que el seguro obligatorio implementado por la norma antes referenciada, está absolutamente en sintonía con el nuevo espíritu legal que inspiró a la reforma de la Constitución Nacional llevada a cabo por la Constituyente del año 1994, al incorporar a los Derechos Humanos.

En ese sentido, hemos sostenido que "sin lugar a duda, la reforma constitucional del año 1994, modificó definitivamente el clásico paradigma normativo nacional ubicando al ser humano, al hombre, por encima de los derechos patrimoniales". Es decir, "la decisión constitucional de priorizar al ser humano en si proprio, por encima de sus derechos patrimoniales, tiene influencia al momento de adoptar una decisión frente a una hipótesis de conflicto entre estos valores. Pues, sin la menor hesitación, la hermenéutica debe ser in dubio pro homini, siempre en favor del ser humano". (Alferillo, Pascual E., "La Constitución Nacional y el Derecho de Daños", RCyS 2011-IV, 31).

Es evidente que el art. 68 de la ley 24.449 sigue ese lineamiento para proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito al estatuir un seguro obligatorio que no puede de modo alguno, ser modificado por la reglamentación de la norma.

Va de suyo, que en función de ser operativas las normas constitucionales y reglamentarias de los principios constitucionales las normas del Código Civil y de Comercio, como la ley de tránsito (ver la naturaleza especial del art. 68 de la Ley 24.449 para ser aplicable en toda la Nación), no resulta necesario declarar formalmente la inconstitucionalidad de la reglamentación sino que basta con declarar a la misma inaplicable por ser aplicable al caso una norma de jerarquía superior.

Este criterio, fue recientemente adoptado en los autos N° 46.973 caratulados "Laciar, Roberto A. C/ Carrizo, Selva Mimiya del Carmen y otros Daños y perjuicios" dictados en fecha 11/02/2011 (Prot. de S. T° I F° 31/50 -2011) por la Sala Tercera de esta Cámara de Apelación y el señor Juez que dictó la sentencia puesta en crisis, Dr. Roberto Pagés Lloveras, de igual modo expuesto su pensamiento concordante en "Tutelas especiales para indemnizar a las víctimas de accidente de tránsito" Suplemento Doctrina Judicial Procesal 2010 (mayo), 9.".

La naturaleza social del seguro obligatorio reglado en el art. 68 de la ley de Tránsito que tiende a la protección de la víctima y no el patrimonio del asegurado como era el fin tutelar del seguro clásico reglado por la ley 17.418, hace inaplicable las normas de esta ley que contradigan su propósito. De igual modo ocurre con las normas reglamentarias que contradicen la protección del damnificado.

Por otra parte y ante el cuestionamiento de la compañía aseguradora de que la Ley de defensa de los consumidores no le brinda protección a los damnificados cuando existe un contrato de seguro obligatorio, el mismo no tiene asidero desde que la ley le concede a la víctima la posibilidad de reclamar una medida anticipatoria de protección para que se le cubran los gastos asistenciales. Es decir, desde esa óptica la víctima está integrada al contrato de seguro obligatorio no al contrato de seguro voluntario y clásico. Ello debe quedar claro porque el deber de responder de la compañía quedará limitado a los montos del seguro obligatorio, sin posibilidad de declinar la defensa.

Para mayor claridad sobre la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor que por cierto debe ser de oficio porque es de orden público, se debe tener en cuenta que es de aplicación al caso la normativa y los principios contenidos en dicha ley y modificatorias.

Así ha sido entendido por la doctrina judicial, la cual sostuvo que "la víctima de un accidente de tránsito es un tercero expuesto de la relación de consumo establecida entre la entidad aseguradora y el asegurado, y por ello se encuentra protegido por los derechos que el estatuto del consumidor le acuerda. De este modo, la cláusula de limitación de la cobertura contenida en la póliza que fija en una suma exageradamente exigua el importe de la indemnización, desnaturaliza las obligaciones de la aseguradora y, por ende, debe tenérsela por no convenida. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, "Bustamante, Omar Rubén y otro c. Ortega, Santiago Nicolás y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)", 12/08/2011, AR/JUR/50952/2011).

En el mismo sentido: "en los supuestos de contratos de seguro obligatorios, como es aquel que cubre el transporte público de pasajeros, la cláusula de exclusión de la cobertura, al desnaturalizar las obligaciones o limitar la responsabilidad de la aseguradora, es nula, toda vez que la víctima de un accidente reviste la calidad de "bystander" en los términos del art. 37, inc. 1° de la ley 24.240". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, "García, Diego Edgardo Francisco c. Velázquez Sosa, José Osmar y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)", 09/05/2011, RCyS 2011-XI, 188, JA 02/11/2011, 53, AR/JUR/24782/2011) Este criterio que entiende que la Ley de Defensa de los Consumidores alcanza con su formativa a las relaciones de seguro, especialmente, colocando a la víctima como tercero expuesto fue ratificada por la doctrina en las "XXIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil - Buenos Aires (UBA) 2013", cuando los despachos sobre el tema dados en la Comisión N° 8 donde se dijo que "4. concepto de relación de consumo posee amplitud suficiente como para proyectarse al ámbito de la contratación en general con consumidores y usuarios, comprendiendo entre otras situaciones a aquellas que resultan del seguro, transportes, servicios financieros, inversiones y mercados de capitales, medicina prepaga, etc. 5. cuanto a la víctima de accidente de tránsito: Despacho A: a pesar que el Art. 1.092 del Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012 modifica el Art. 1º de la Ley de Defensa del Consumidor, estableciendo un criterio más limitado y restrictivo, la víctima de un accidente de tránsito, continúa siendo un consumidor de seguros. (Adhesiones Ghersi, Weingarten, Ameal, Lovece, Zentner, Magula Chamatropulos, Mendienta, Garzino, Muñoz, Sobrino, Lucciarone, Arancet, Rodriguez, Jauregui, Sappia, Parmiggiani, Cossari, Escalera, Collia, Moron, Tagliani, Gomez Segura). Despacho B: Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012 no limita ni restringe el criterio del art. 1º de la ley de defensa del consumidor. Las víctimas de accidentes de tránsito tanto en el régimen vigente, como de aprobarse el citado Proyecto, pueden ejercer contra las aseguradoras todos los derechos emergentes del ordenamiento positivo, sin necesidad de una deformación del concepto de "consumidor expuesto", en cuanto a su amplitud, razonabilidad y sustancialidad.(Adhesiones Stiglitz, Hernández, Segui, Frustagli, Acciarri, Japaze, Santarelli, Pons, Arruiz, Corenfeld, Valdez).

El análisis de los antecedentes de la causa indican que el contrato de seguro fue celebrado y con entrada en vigencia el 13 de enero de 2004; fecha a la cual ya se encontraba en vigencia la ley 24.240, en función de ello corresponde la aplicación de la misma al contrato de seguro que es base de la litis en la presente causa. Puntualmente, la ley 24.240 se aplica a todos los contratos de seguro en general y, en especial, al contrato de seguro obligatorio en los automotores, razón por la cual es operativo el principio de que las interpretaciones deben ser favorables a los consumidores, en este caso no solo lo es el tomador del seguro sino la propia víctima. Además, impone que se interprete que todas las cláusulas y normas que, previstas para el seguro común de responsabilidad civil que contradigan el propósito proteccionistas de las víctimas del seguro obligatorio; como son las invocadas para pedir la exclusión de cobertura, son inoponible a ésta. Pretender su aplicación en el seguro obligatorio es un comportamiento abusivo de la compañía de seguro por cuanto esas cláusulas son operativas sólo para el seguro de responsabilidad civil común.

La diferencia entre la naturaleza y régimen de ambos seguros es jurídicamente por demás evidente, y ello queda a la vista y entendimiento de todos cuando en la cláusula que hemos transcripto se hace referencia a la inclusión del seguro obligatorio dentro del marco de un seguro voluntario tradicional. Si todo fuera igual no hubo necesidad de introducir dicha aclaración.

Por ello voto por hacer lugar al recurso de apelación de la actora y desestimar el planteo de declinatoria realizada por la compañía aseguradora sólo hasta el alcance protector del seguro obligatorio.

El Sr. Juez de Cámara Dr. LUIS ALBERTO RECIO, en disidencia, dijo:

Que venidos los presentes autos a estudio del suscripto, voy a disentir con la solución dada en su voto por el distinguido colega preopinante.

En efecto el art. 114 de la Ley 17.148 preceptúa que: El asegurado no tiene derecho a ser indemnizado cuando provoque dolosamente o por culpa grave el hecho de que nace su responsabilidad.

Que la jurisprudencia y doctrina en forma mayoritaria han considerado que el exceso de velocidad constituye culpa grave.

"Configura culpa grave en los términos de los arts. 70 y 114 de la ley 17.418 (ADLA, XXVII-B, 1677), : a), circular en contramano; b), conducir en estado de ebriedad evidente; c), circular a excesiva velocidad; d), transponer la bocacalle con el semáforo en luz roja. Acreditado que alguno de tales supuestos fue derivado del obrar del asegurado, o por persona autorizada por él y por quien debe responder, la compañía de seguros queda liberada frente a los terceros de las obligaciones que el contrato le impone." Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 7a Nominación de Córdoba o Pendini, Ceferino C. c. Toranzo, Eligio y otro o 15/10/1982 o AR/JUR/3924/1982 Que si bien la aseguradora ha planteado la declinación de la garantía en una cláusula contractual, específicamente la póliza n° 967.831, cuya copia obra en las presentes actuaciones, que dice: "el Asegurador no indemnizará los siguientes siniestros producidos y/o sufridos por el vehículo y/o su carga transportada: ....inc. 21: cuando el vehículo asegurado sea conducido a exceso de velocidad (a los efectos de la presente exclusión de cobertura, se deja establecido que la velocidad del vehículo asegurado, en ningún caso podrá superar en 40% los límites máximos establecidos por la normativa legal vigente).

Cabe precisar entonces que por vía contractual y aún cuando la aseguradora no hubiere planteado la declinatoria por la culpa grave del asegurado prevista en el 114 de la Ley de Seguros, sino en la cláusula anteriormente mencionada, inserta en la condiciones especiales de la póliza . , por vía indirecta se fija una cláusula que elimina o excluye la palabra "asegurado" , al cual debe mantenerlo indemne ya que la conducción del vehículo al momento del accidente era realizada por un tercero autorizado. O sea , que únicamente puede declinar la aseguradora en el supuesto, que la culpa grave por exceso de velocidad se haya producido cuando el vehículo fuere conducido por el asegurado .

Que el art. 158 de la Ley 17.418, preceptúa ....... y sólo se podrán modificar en favor del asegurado los arts. ............114 ......." pone límites claramente a la inserción de cláusulas que empeoren o vayan en desmedro del asegurado, solamente las considera viable cuando contenga estipulaciones que mejoren su situación, en relación con las previsiones de la ley citada, surgiendo nítidamente que con la mencionada cláusula se pretende hacer una suerte de by-pass a lo establecido en el art. 114.

Entonces al tratarse de un supuesto de delimitación causal subjetiva, la exclusión sólo puede hallarse referida a cuando el único sujeto de la relación sustancial a que se hace referencia - el asegurado - cause el accidente por culpa grave . Es por ello que fuera del límite subjetivo explicitado en la norma, nos encontramos en un supuesto de riesgo asumido por el asegurador. Resulta necesario precisar, que la interpretación debe ser restrictiva habida cuenta, que es un contrato con cláusulas predispuestas en donde la participación del asegurado en la delimitación del riesgo es limitada ,casi prácticamente nula, consecuentemente dado el carácter de cláusulas predispuestas y si en ellas se limita la garantía del art . 109 de la Ley 17.418 y se contraría el texto legal imperativo por su naturaleza del art . 114 de la citada ley y tal norma imperativa sólo tolera su modificación en beneficio del asegurado, por lo que todo precepto cuyo contenido es predispuesto en su perjuicio, conlleva como efecto necesario su sustitución automática por la norma legal aplicable -art . 158 de la misma ley-. (Stiglitz .Rubén S . y Gabriel A , "Contrato con cláusulas predispuestas: su naturaleza contractual" La Ley de octubre 4 - 1988 , pág 2 / 3) .

También se ha sostenido ".... se trata del caso de normas relativamente imperativas ......culpa del asegurado - art. 114 Ley de Seguros-. Todo ello se denominan delimitaciones causales subjetivas en su acepción de pertenecientes o relativas al sujeto al que expresamente se hace referencia en la norma legal o de autonomía, según el caso. Lo que significa que no es factible extender la exclusión a otros sujetos que no sean los mencionados "Derecho de Seguros 5 edición actualizada y ampliada Rubén S. Stiglitz ,tomo I, pág. 259".

La jurisprudencia ha sostenido: "La exclusión de cobertura por culpa grave que prevé la Ley de Seguros no puede hacerse extensiva al tercero conductor del vehículo, en tanto ésta sólo se refiere a la persona del asegurado " Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A o Morteyru, Juan Alberto y otro c. Juan, Gustavo Gabriel y otros s/daños y perjuicios o 27/12/2011 o RCyS 2012-VI , 251 o RCyS 2012-VII , 226 con nota de Eduardo José Mac Donnell o ED 04/09/2012 , 5 o AR/JUR/97240/2011., idem Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, sala II Burgos, Andronica y otros c. Henriquez, César Raúl y otros o 02/05/2007 , idem Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K o González Carman, Carmen Sara y otro c. Cabello, Sebastián y otros o 30/12/2008 o LA LEY 08/05/2009). Así resulta importante mencionar, que la Sala I de la Corte de Justicia de Mendoza, en los autos "Rojas, Rolando c/ Huarpe, Coop.de Seguros, mayo 24 -988 (La Ley- t.1988-E) en caso idéntico al presente, resolvió en el mismo sentido que aquí propicio, con un enjundioso voto como preopinante de la distinguida jurista mendocina Dra. Kemelmajer de Carlucci.

Tampoco resulta óbice que la mencionada cláusula haya sido aprobada por la Superintendencia de Seguros, porque tal circunstancia no enervan, ni tiene eficacia para modificar disposiciones legales que la contradigan.

Por lo expresado voto por hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, desestimando el planteo de declinatoria realizado por la compañía aseguradora por el seguro de responsabilidad civil en la medida del mismo.

Las costas se imponen a la aseguradora por el hecho objetivo de la derrota (art . 66 del C. P. C.) El Dr. ROBERTO PAGÉS, dijo:

Adhiero a la solución propuesta por el Dr. Recio y agrego los siguientes argumentos:

1. En el seguro "voluntario" de responsabilidad civil automotor se cubren los reclamos que pueda recibir el asegurado por daños causados a terceras personas o sus bienes, ya sean producidos por él o por quien conduzca su automóvil. En el mismo, el asegurador sólo se obliga a mantener indemne al Asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro, por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por ese vehículo o por la carga que transporte en condiciones reglamentarias, por hechos acaecidos en el plazo convenido, en razón de la responsabilidad civil que pueda resultar a cargo de ellos.

Las condiciones de cobertura del seguro "voluntario" de responsabilidad civil nacida del uso de vehículos automotores, estaban aprobadas por Resolución SSN Nº 27.033/99, donde se establece que el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro, por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por ese vehículo o por la carga que transporte en condiciones reglamentarias, por hechos acaecidos en el plazo convenido, en razón de la responsabilidad civil que pueda resultar a cargo de ellos, y siempre dentro de los límites y sumas aseguradas en esta póliza; como también que el asegurador asume esta obligación únicamente en favor del asegurado y del conductor, hasta las sumas máximas por persona (en los casos en que exista) y por acontecimiento establecidos en las condiciones particulares, en los conceptos que se detallan (Anexo I, cláusula 2).

Ahora bien, las exclusiones de cobertura deben ser interpretadas restrictivamente, sobre todo por ser excepciones al principio general de la cobertura.

2. En consecuencia, la culpa grave como hipótesis de delimitación causal subjetiva queda acotada a la persona del asegurado, ya que sólo a ella se refieren los textos legales, los que se hallan calificados como normas imperativas (art. 70 Ley de Seguros) o semi- imperativas (art. 114, Ley de Seguros).

Por ello sólo pueden ser modificados si ello apunta a mejorar la posición contractual del asegurado (art. 158, Ley de Seguros), con lo que toda condición que extienda la exclusión de cobertura, por importar una restricción de los derechos de aquél, será nula por abusiva y formalmente ilícita.

Y si en el caso no se invocó la culpa grave con fundamento en el art. 114 de la Ley de Seguros, sino solo una cláusula contractual que resulta nula por abusiva -conforme lo indicado precedentemente-, no resulta procedente la declinación de cobertura opuesta por la aseguradora.

3. Sin perjuicio de ello también comparto lo señalado por el Dr. Pascual Alferillo, en relación a que en el seguro obligatorio de automotores la ley ha tutelado un interés superior, que es la reparabilidad del daño a terceros víctimas, sin perjuicio de las acciones de repetición que posea el asegurador frente al contratante; es decir que el seguro de responsabilidad civil obligatorio las exclusiones de cobertura no son oponibles a las víctimas en relación a la "obligación legal autónoma" (art. 68, Ley N° 24.449) y, por ende, no procede la declinatoria de responsabilidad del asegurador. Y no cabe duda alguna de que en el seguro obligatorio, con relación a la obligación legal autónoma, las víctimas (terceros o damnificados) deben ser consideradas como consumidores y usuarios con derecho a la tutela que la ley 24.240 les acuerda.

Es que en Argentina el seguro "voluntario" incluye al seguro "obligatorio" establecido por la Ley de Tránsito Nº 24.449, ya que por Resolución N° 36.100 toda póliza de seguro de vehículos automotores y/o remolcados, deberá amparar la cobertura básica y obligatoria de "Responsabilidad Civil hacia Terceros Transportados y no Transportados", que dispone la Ley de Tránsito y Seguridad Vial.

Si el seguro de contratación obligatoria fue pensado con la finalidad de protección de las víctimas de los accidentes de tránsito, tanto como el costo de la cobertura de modo tal de permitir un fácil acceso de la comunidad a su contratación, para poder dar solución económica y respaldo mínimo (obligación legal autónoma) más allá de cuál fue el conductor que tuvo la culpabilidad en la producción del siniestro, no pueden invocarse exclusiones de cobertura en el rubro "gastos de sanatorio y/o velatorio".

4. Por todo ello, voto por hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, desestimando el planteo de declinatoria realizado por la compañía aseguradora, y en consecuencia, condenar a la misma al pago de los rubros que han sido considerados procedentes, en la medida del seguro, con costas. (art. 66 C.P.C.) 2da. CUESTIÓN: Los DRES. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, LUIS ALBERTO RECIO Y ROBERTO PAGÉS, dijeron: En mérito a la votación de la mayoría y la disidencia efectuada, los señores Jueces de Cámara acordaron resolver: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, desestimando el planteo de declinatoria realizado por la compañía aseguradora, y en consecuencia, condenar a la misma al pago de los rubros que han sido considerados procedentes, en la medida del seguro, con costas. (art. 66 C.P.C.). II) Regular los honorarios profesionales por la labor en la alzada al Dr. Oscar A. Ruiz Márquez en el 50% de lo que le corresponde por la labor en primera instancia, y al Dr. Guillermo Atienza en un 30% de lo correspondiente por su actuación en primera instancia (art. 196, ap. a, Ley 2150).

Por ello, EL TRIBUNAL POR MAYORÍA RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, desestimando el planteo de declinatoria realizado por la compañía aseguradora, y en consecuencia, condenar a la misma al pago de los rubros que han sido considerados procedentes, en la medida del seguro, con costas. (art. 66 C.P.C.).

II) Regular los honorarios profesionales por la labor en la alzada al Dr. Oscar A. Ruiz Márquez en el 50% de lo que le corresponde por la labor en primera instancia, y al Dr. Guillermo Atienza en un 30% de lo correspondiente por su actuación en primera instancia (art. 196, ap. a, Ley 2150).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de S ; T° I-2015; F°37/52; FECHA:11 de mayo de 2015 DRES.ALFERILLO-RECIO-PAGÉS.