Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-22


Buenos Aires, noviembre 22 de 2005.

Considerando:

I. Que a fs. 20/7 la actora interpone recurso de apelación contra la Res. 52/04 del Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Paraná por medio de la cual se resolvió: a- determinar parcialmente de oficio la responsabilidad personal y solidaria del actor con la firma Carryson S.A., respecto de la deuda que esta última mantiene con la AFIP en el Impuesto al Valor Agregado, período fiscal junio de 2000 y que asciende a la suma de $130.813,17; b- erigirle la suma de $175.682,09 en concepto de intereses resarcitorios. Asimismo se resuelve diferir la instrucción sumarial hasta tanto recaiga sentencia en sede penal.

Que la apelante sostiene, en primer término, que Carryson S.A., empresa de la cual Benazzo fuera presidente, en ningún momento estuvo obligada a tributar el IVA por el período que se le reclama; por ello afirma que no puede tener responsabilidad personal y solidaria por la deuda que siempre estuvo discutida y es rechazada por quien debería ser la responsable primaria. Además, continúa, Benazzo no era dueño de Carryson S.A.; la empresa no le daba atribuciones para pagar sin discusión y sin análisis ningún tipo de deuda. Hace un relato de los hechos y manifiesta que en 1996 la UTE formada por Alesia S.A. y TTI Tecnología; Telecomunicaciones e Informática S.A. firmó un contrato con la Provincia de Entre Ríos para implementar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en el ámbito del territorio provincial. Manifiesta que en 1997 se firmó un convenio entre la Dirección General de Tránsito de la Provincia y la UTE para realizar el control de velocidad en las rutas de Entre Ríos. Agrega que todo ello se firmó ad referéndum del Poder Ejecutivo Provincial y que mientras se esperaba la ratificación por parte del Poder Ejecutivo, la autoridad de aplicación dio la orden de comenzar con la prestación del servicio contratado. Expresa que para ello la UTE contrató a la empresa Carryson S.A., registrándose infracciones que, como nunca se ratificaron los convenios, quedaron sin procesar y tampoco pudieron facturarse a la UTE. Aduce que las actividades mencionadas implicaron un comienzo de ejecución del contrato que le ocasionó a Carryson S.A. sólo gastos y ningún ingreso. Expresa que con motivo de la reformulación del contrato en fecha 28/12/98 se suscribe un Acta Acuerdo en la que se establece indemnizar a la UTE y adjudicarle dos contratos, uno de los cuáles en la misma Acta Acuerdo es cedido a Carryson S.A. Por ello, continúa, el 21/05/99, cuando la provincia paga la indemnización a la UTE, se firman conjuntamente los dos contratos. Aduce que Carryson S.A., si bien estaba dada de alta en AFIP (razón por la que tenía número de CUIT), no estaba inscripta en el IVA, ni tenía declarado personal dependiente, ya que hasta la fecha los trabajos realizados habían sido a través de subcontrataciones. Por ésa razón -aduce- las inscripciones se hicieron después de la firma del contrato. Expresa que en junio de 1999 cambiaron las autoridades de Carryson S.A., asumiendo el actor como presidente y el Sr. Pablo Moreyra como director suplente y que el 7 de julio de 1999 se comenzaron a realizar las prestaciones del contrato que vinculaba a Carryson con la Policía de la Provincia. Sostiene que ante el incumplimiento reiterado por parte de la provincia la empresa intimó en diversas oportunidades al Jefe de Policía a fin de que diera cumplimiento a las obligaciones contraídas. Manifiesta que estas intimaciones fueron rechazadas, lo que determinó que ambas partes unilateralmente dieran por terminado el contrato adjudicándose recíprocamente la culpó exclusiva. Consecuentemente, en fecha 30/11/01 la empresa interpuso un reclamo administrativo persiguiendo la indemnización de los daños y perjuicios y el gobierno de la provincia dictó un decreto por medio del cual decidió resolver por causa imputable a la concesionaria Carryson S.A. el mencionado contrato. Indica que a los efectos tributarios tal circunstancia es irrelevante. Sostiene que del reenvío que la cláusula octava del Convenio hace a la cláusula séptima surge claro que el derecho de Carryson S.A. sobre las infracciones detectadas está condicionado a su efectiva percepción por parte de la Provincia, y por ello sólo podría cobrarla en la medida en que ésta perciba su cobro. Manifiesta que la suscripción por parte de la Provincia de este Convenio con Carryson S.A. fue un modo de indemnizar la rentabilidad frustrada que provocara la rescisión parcial y unilateral del contrato de concesión adjudicado a la UTE formada por Alesia S.A. y TTI Tecnología, Telecomunicaciones e Informática S.A.; por ello -manifiesta- el incumplimiento del contrato entre Carryson S.A. y la Provincia hace operativa la Cláusula Octava del Acta Acuerdo, renaciendo así los derechos de Alesia S.A. y TTI a obtener indemnización por el incumplimiento de la Provincia de las obligaciones que surgían del contrato originario. Explica que por ello el reclamo administrativo que Carryson S.A., efectúa es de naturaleza indemnizatoria e incluye los montos que podría aún percibir por el cobro que la Provincia hiciera de las actas detectadas, y la indemnización de los daños, y perjuicios que el incumplimiento de la Provincia le generó a Carryson S.A.. Concluye que el error del fisco consiste en entender que por el sólo hecho de incluir Carryson en su reclamo los futuros y eventuales ingresos que le generaría el cobro por parte de la Provincia de las actas hasta el momento detectadas pero sin cobrar, se reconoció lisa y llanamente que el servicio prestado había concluido y por ende, se generaba el correspondiente débito fiscal. Aduce que el fisco confunde dos cuestionen diferentes: lo que es la finalización de un servicio por su agotamiento, y la imposibilidad de agotarlo por interrupción de la prestación del servicio cuando se resuelve el contrato que lo encomendaba. Sostiene que en el presente caso, al no poder continuar Carryson S.A. con el trámite administrativo destinado al logro del pago de la multa, la ejecución del servicio no ha podido agotarse y por ende el hecho imponible no ha nacido. Se agravia además de que el fisco ha modificado la base tomada para efectuar el cálculo, ya que el mismo no se realizó sobre los menores importes intimados, sino que se efectuó tomando como base cierta el monto de la indemnización reclamada por Carryson S.A. a la Provincia, y que para arribar al monto determinado incorpora en la base imponible aquellas infracciones detectadas incluso con anterioridad a la suscripción del convenio con Carryson S.A. Finalmente hace un relato de los servicios prestados por la empresa. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal, solicita el beneficio de litigar sin gastos, la exención a la tasa de justicia, así como la acumulación del Expte. Nº 20.820; y que se revoque en todas sus partes la resolución apelada.

II. A fs. 33/49 se presenta el fisco nacional, el cual, por los argumentos de hecho y de derecho que expone, pide se rechace el recurso interpuesto en todas sus partes, con costas. A fs. 50 se resuelve no hacer lugar a la acumulación solicitada; a fs. 56 se resuelve abrir la causa a prueba y a fs. 111 vta. se resuelve clausurar el período probatorio. A fs. 118 se elevan los autos a la sala B y se ponen los mismos a alegar A fs. 181 también pasan a sentencia.

III. Que la nulidad planteada por la apelante, con sustento en la falta de legitimación pasiva, por no encontrarse obligada, a su entender, a responder por las deudas de la empresa debe ser rechazada. Ello por que como se sostuvo, entre otros precedentes, en "Dewo Electrónica S.A." del 08/10/98, "la obligación del responsable solidario nace del incumplimiento de sus deberes, de la falta de causal de excusación y, además, como consecuencia de encontrarse firme la intimación al responsable por deuda propia y éste no haber cumplido", extremos que se encuentran cumplidos en el presente caso, según resulta de la determinación practicada al deudor principal (vide sentencia de la sala D, fs. 65/70 de los a.a.). Con costas.

IV. Que la sentencia dictada el 23/06/2003 por la sala D de este Tribunal en la causa promovida por Carryson S.A. por la que ésta apelaba la determinación de oficio para el impuesto a las Ganancias -período fiscal 1999- e IVA -períodos 07/99 a 06/00- y cuyos hechos son conexos al presupuesto de la deuda cuya responsabilidad por el pago se extiende al aquí actor, resolvió declarar la improcedencia formal del recurso en virtud de haberse interpuesto fuera de término; es decir que la resolución quedó firme no habiendo, según las constancias de autos, cosa juzgada en sentido material. Sin perjuicio de ello cabe remarcar que el responsable solidario puede ejercitar todas las defensas objetivas y personales en las que pretende fundar su pretensión impeditiva.

V. Que el análisis de las actuaciones lleva a la revocación de la resolución recurrida. En efecto y sin perjuicio de señalar desde ya que el fisco nacional omitió incorporar piezas de los antecedentes administrativos de la causa Carryson S.A. útiles para la resolución de esta causa, de la propia vista con que se inicia el procedimiento por el que se extiende la responsabilidad personal y solidaria al señor Benazzo resulta la inconsistencia del criterio fiscal.

Que el fisco ajusta el débito fiscal de Carryson S.A. en junio de 2000 por considerar que las prestaciones de servicios efectuadas por ésta -consistentes en la constatación de infracciones de tránsito de acuerdo al contrato administrativo celebrado con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, representado por el Jefe de Policía de la Provincia- lo fueron por un monto superior al expuesto, diferencia que resulta de la Planilla Anexa a la Nota 425/01 del 09/08/01 remitida por Carryson S.A. al Asesor Letrado de la Sección Tránsito de este ente provincial, en la que se exponía el detalle de las infracciones en estado de ser ejecutadas judicialmente a esa fecha.

Que para así razonar el fisco nacional se apoya en el art. 5 inc. b) de la ley del impuesto que, a los fines de fijar el momento de perfeccionamiento del hecho imponible, prevé que en el caso de prestaciones de servicios lo será "el momento en que se termina la ejecución o prestación o en el de la percepción total o parcial de precio, el que fuera anterior". Sin embargo, como en aquellas actuaciones administrativas se atribuyó deficiencia a la prueba pericial propuesta por la empresa, y ésta no satisfizo con el grado de detalle reclamado por el fisco la individualización de los períodos en los que, a tenor de esa disposición, se habrían perfeccionado los hechos imponibles por los servicios prestados, el fisco consideró íntegramente perfeccionados los mismos en el mes de junio de 2000.

Que este juzgador comparte el criterio de la administración en cuanto a que el montante del débito fiscal debe componerse no, sólo de los importes correspondientes a infracciones constatadas y aceptadas espontáneamente por los infractores, sino por los montantes de la parte proporcional de las multas que le correspondería a la empresa Carryson S.A. sobre las infracciones discutidas, cuyas actuaciones se transmitían a la Sección Tránsito a efectos de su tramitación administrativa, en cuyo caso podría sostenerse que la prestación del servicio, a los fines del impuesto se perfeccionó con el giro de las actuaciones a dicha oficina. Pero un examen detenido debió hacer reposar esa culminación de la fattiespecie en la circunstancia de que la autoridad administrativa provincial en la decisión sobre la infracción puede eximir de sanción cuando concurre una necesidad "debidamente acreditada por parte del infractor", o "cuando el supuesto infractor no pudo evitar cometer la falta de tránsito, o por algún tipo de vicio de nulidad en la formalidad de confección del acta de infracción y/o algún otro vicio de nulidad en el acto administrativo, como la debida notificación de lo actuado" (fs. 16 a.a.). Ello por configurar éstas, una hipótesis particular de la regla del art. 5º inc. b), pto. 4º; de la ley del tributo, respecto de la porción del precio que debe liquidar el fisco como equivalente al 50% del saldo resultante de la totalidad de la multa con deducción de los gastos administrativos (cláusula 7 a) a.2, fs. 77 del principal), toda vez que en este supuesto la contraprestación, o "correspetivo" depende de su fijación por una autoridad judicial, administrativa, o de un ente público no estatal, bien entendido que no cabe extender esta solución para el porcentaje fijo de $25 (cláusula 7 a) a.1, fs. 77 del principal).

Que el Fisco Nacional utiliza un criterio mixto de determinación, en parte sobre base cierta, en parte sobre base presunta, que fuera calificado así por está sala en diferentes precedentes (vide, entre otros, "Yoma S.A." del 22/08/97). Que el monto establecido por la apelada para el cálculo del débito en defecto es correcto en cuanto al dato del que se parte (nota 425/01), más inaceptable en cuanto a su distribución temporal. Ello por que si el fisco entendió desarrollar su razonamiento a partir del art. 5 inc. b) de la ley del gravamen, es claro que el reclamo de información que hace Carryson S.A. a la autoridad administrativa provincial lo es sobre servicios perfeccionados con anterioridad a ese reclamo. Entonces, para distribuir ese montante de precios por servicios entre las bases de los diferentes períodos fiscales mensuales, el fisco debió calcular en qué proporción se distribuyeron o perfeccionaron en el tiempo esos servicios, y a falta de especificación, considerar que la misma fue proporcionalmente igual en todo ese período, es decir debió distribuirlas a prorrata temporis. Sin embargo, esta alternativa tampoco resulta razonable atento que los servicios del apelante constituyen el material preliminar de una actividad administrativa reglada, por lo que las actas de multas no consentidas debieran tramitar en expedientes con claros rastros en el servicio de tránsito constatables por la inspección fiscal.

Que lo contrario importaría quebrantar el principio de razonabilidad en una presunción que no es legal, sino un cauce estimativo, principio que se señalara, in re "Peinados Pino", sentencia del 06/12/94, al expresarse que se encuentra ínsito en la estimación de oficio que éste en su aplicación debe resguardar la adecuación entre el medio empleado y la finalidad que se persigue. Mas aún, la coherencia interna y fundamentación del acto impugnado se encuentran afectados toda vez que en la propia vista corrida en sede administrativa se justifica el cambio de criterio al explicarse que "el precio que se tuvo en cuenta para el cálculo de los ingresos omitidos en los períodos 7/99 a 6/00, dejó de ser el que 'por principio de prudencia' consideró esta Administración al momento de correr la Vista a la firma, es decir aquel importe intimado en acta como 'pago voluntario con descuento', resultando 'cierto' ya que es el crédito que la propia empresa así reclama y sobre el cual tiene derechos expresamente conferidos contractualmente por haber cumplido con las prestaciones a su cargo, tal cual lo expuso el apoderado de la firma en el punto 8.B de la presentación efectuada ante el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos en fecha 30/11/2001 exigiendo la resolución del Convenio para la prestación del servicio suscripto entre Carryson S.A. y la Provincia de Entre Ríos en fecha 21/05/99" (fs. 21 de los a.a.). No obstante estas afirmaciones del órgano recaudador se encuentran desprovistas en estas actuaciones del respaldo documental aparentemente producido respecto de Carryson S.A., con lo que priva de soporte al cambio de opinión afectando la completividad de los antecedentes administrativos. Ello así por que sobre el fisco pesa la carga impugnatoria, esto es la descripción de la situación de hecho que corresponde a la hipótesis de incidencia que pretende realmente verificada y que se integra y respalda inexcusablemente con los antecedentes administrativos -todos- que justifican y fundan el ajuste del que se corre la vista con que principia el procedimiento determinativo (v.g. requerimientos incumplidos, pericia pretendidamente insuficiente, información recogida, información obtenida o no del servicio de tránsito, informe de inspección, etc.), y esa justificación está elocuentemente ausente en autos. A ello añado que por concretarse esta carga al contestarse el recurso del actor, éste ya no dispuso de oportunidad para argumentar sobre la validez del acto en recurso.

Por ello corresponde revocar la resolución apelada y, en cuanto a la posible incidencia de servicios prestados en períodos anteriores, no cabe pronunciamiento alguno en razón de la forma en que se decide. Con costas.

Por ello, se resuelve: 1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la apelante, con costas. 2. Revocar la resolución apelada. Con costas. - Agustín Torres. - Carlos A. Porta. - Juan P. Castro.