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Acción penal, Ministerio Público Fiscal, proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ recurso de inconstitucionalidad denegado Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-08

El ejercicio de la acción penal pública recae -como en el ámbito federal (arts.120, CN y 5 CPPN - en cabeza del Ministerio Público Fiscal, órgano al que la Constitución de la Ciudad otorga independencia funcional, en aras del mantenimiento de una separación estricta entre las funciones de acusar y sentenciar, separación que viene a asegurar la imparcialidad y la defensa en juicio, y que se extiende, en lo sustancial, a todas las etapas del proceso penal. (Voto del Dr. José O. Casás. En sentido concordante votos de los Dres. Luis F. Lozano y Ana María Conde).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, incongruencia, sentencia, parte dispositiva, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Río de La Plata S.A. c/ De La Horra, Nelson René s/ Recurso de inconstitucionalidad (Queja admitida) - Ejecución   hipotecaria (Expte. C.S.J. Nro. 25 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

Una sentencia queda descalificada por contener el vicio de autocontradicción, cuando se demuestra que posee una irreductible oposición conceptual que torna ininteligible lo decidido a punto tal de descalificarla como acto judicial válido. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha descalificado por autocontradicción el fallo que no proyecta en la parte dispositiva el resultado de los fundamentos. Si en el caso, tal contradicción surge esencialmente entre los fundamentos expuestos por la Sala en sus considerandos y las conclusiones a la que arriba, la sentencia cuestionada queda teñida de arbitrariedad, al carecer del necesario grado de concordancia entre ambas partes de su decisorio.
Cuota alimentaria, aumento de cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: L., S. c/ P., R. s/ Inc. de Aumento de Cuota Alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-03

Aunque, como principio, en los incidentes de aumento de cuota alimentaria que progresan las costas deben imponerse al alimentante vencido, incluso cuando no prosperen en su totalidad los reclamos del incidentista -vista la especial naturaleza de la obligación alimentaria y que la fijación de la nueva cuota depende de prudente estimación judicial-, deben dejarse al margen de esa regla los supuestos de peticiones improcedentes, en que corresponde distribuir las costas atendiendo a los grados de vencimiento según las particularidades del caso.
Falsificación de marca o designación, medidas cautelares, resoluciones irrecurribles, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR EL DR. DOLBER EN AUTOS. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-10

La norma que dispone que son irrecurribles las resoluciones relativas a la realización de las diligencias probatorias que proponen las partes (art. 199 del C.P.P.N.), no se extiende a las de carácter precautorio establecidas en la Ley 22.362, requeridas éstas, expresamente, por la querellante,. y cuyo rechazo causa gravamen irreparable al recurrente, en los términos del art. 449 de ese mismo texto legal, por lo que se concede el recurso de apelación interpuesto.
Excepción de prescripción, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pink, Eva Catalina c/ De Vicenzi, Adolfo Victoriano s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-14

Tratándose de una demanda por determinación de diferencias de alquileres, deviene prematuro sopesar la excepción de prescripción, de innegable vinculación a la urdimbre probatoria a acometer, lo que recién posibilitará, de modo indubitable, conocer las circunstancias fácticas, sus secuelas y en base a ello brindar el definitorio encuadre jurídico (arts. 34 inc. 5º, 161, 163 inc. 5º y 6º, 486, 487 y concds. CPCC). Así entonces, es conveniente derivar la evaluación de la preindicada defensa hasta el momento que se pronuncie la sentencia de mérito. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia ultra petita, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Manganare, Julio y otro c/  s/ Robo y lesiones leves
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-03

Constituye un evidente exceso de jurisdicción la decisión del tribunal que impuso una pena que superó los seis meses de prisión contenida en la petición fiscal, puesto que ello importó desoír aquella como límite punitivo. En ese contexto, no existen motivos para sostener que tal pretensión resulta irrazonable si la fiscal general brindó argumentos válidos para el monto de pena solicitado ponderando la gravedad del hecho, por lo que no merece ser descalificados por arbitrario (voto del juez Jantus).
Competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Maldonado, Delfín Hugo y Llanes Venancio c/ Jaguar S.R.L. y Ministerio de la Producción y Medio Ambiente s/ Conflicto Negativo de Competencia (Sala I Tribunal del Trabajo y Tribunal Cont. Administrativo) suscitado en el expte. Nro. B-117.694/04: Ejecución de convenio. L.A. N 53 F 227/228 N 80 S.R.L. y Ministerio de la Producción y Medio Ambiente s/ Conflicto Negativo de Competencia (Sala I Tribunal del Trabajo y Tribunal Cont. Administrativo) suscitado en el expte. Nro. B-117.694/04: Ejecución de convenio. L.A. N 53 F 227/228 N 80
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-09-21

La ley 4.970 de creación del fuero contencioso administrativo, y su modificatoria Nro. 5.015, confieren competencia al Tribunal en lo Contencioso Administrativo "para resolver . en los procesos contenciosos administrativos por el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo, sancionado por ley 1.888, sus modificatorias y complementarias .". (artículo 2). Tales procesos -cabe aclarar- tienen por objeto la revisión y eventual revocación de actos administrativos tachados de ilegítimos y arbitrarios, previo al agotamiento de la vía recursiva administrativa (cfr.: artículos 1, 6, 13, 15 y concordantes del Código Contencioso Administrativo). A la competencia para entender en el proceso contencioso administrativo, sólo se suman la que corresponde a ese Tribunal en las demandas de amparo cuando el acto u omisión que se sindica como lesivo, provenga de la administración pública (artículo 4 de la ley 4.442) y la que provenga de la ejecución de sentencias dictadas en virtud de la competencia originaria, que correspondía al Superior Tribunal de Justicia, en juicios contencioso administrativos, conforme a la última interpretación en la materia (S.T.J. L.A. Nro. 53 F 105/107 Nro. 37 de fecha 29 de abril de 2.004).
Designación de defensor, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, notificación, garantías procesales
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ DE LOS SANTOS, L. s/ DEFENSOR OFICIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-05-03

El decreto que designa defensor de oficio sin darle debida noticia al interesado compromete decisivamente la validez formal de los procedimientos, por lesión insanable de la garantía constitucional implicada.
Proceso judicial, medios de prueba, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, carga de la prueba, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sanchez Alfredo Sebastián c/ E.N. -Gendarmeria Nac. s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-01

Si bien los jueces pueden apreciar la prueba de acuerdo al criterio de la sana crítica, eligiendo aquellos medios probatorios que estime conducentes y desechando los que no contribuyan a darle fundamento a su decisorio, en el marco de una evaluación equitativa y con claros fundamentos jurídicos, no es menos cierto que el juzgador se encuentra inhibido de generar medios probatorios que sustituyan la necesaria e imprescindible actividad procesal de las partes (art. 377 del C.P.C.C.N.), pues ello es violatorio de los principios constitucionales de defensa en juicio e igualdad ante la ley. (Del voto del juez Otero, consid. VII).
Dominio del automotor, adquisición del dominio, acciones reales, acción reivindicatoria, derecho de propiedad
Materia: CIVIL
Carátula: Massola Carlos Alberto c/ Susana Del Valle Badaloni s/ Demanda Accion De Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-02-19

Dado que en materia de automotores el dominio se adquiere con la inscripción en el registro de la transmisión efectuada -arts. 1° y 2° Decreto ley 6582/58-, el adquirente del automotor por boleto carece de legitimación para efectuar la acción reivindicatoria, pues las acciones reales sólo pueden ser ejercidas por los titulares de derechos reales, que nacen del derecho de propiedad.
Instrucción sumaria, eximición de prisión, excarcelación, deberes del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FAGUNDE, H. s/ INSTRUCCION SUMARIA:EFECTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-10

La instrucción sumaria no modificó el régimen ya establecido de la eximición de prisión y excarcelación, por lo que el juez de grado debió regularizar la libertad que venía gozando el imputado, por vía incidental, siguiendo el trámite ordinario y ajustando su decisorio a lo normado en los arts. 316 y ss., C.P.P.
Facultades de la autoridad de prevención, identificación de las personas, estado de sospecha
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Corituma Malache, José Luis s/ Procesamiento y embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

No es la primera vez que el Tribunal debe decidir sobre la facultad policial de requerir documentos a personas en la vía pública (ver en este sentido causas 43.300 "Rojas Seballos" del 7 de diciembre de 2009; registro 1405; causa 43.178 "Gallegos Mendoza" del 25 de marzo de 2010). Hoy, vuelvo a reafirmar que los funcionarios de la Policía no se encuentran autorizados por las leyes a realizar la práctica de identificación que llevaron a cabo los agentes , en un lugar de acceso público no sensible, sin la concurrencia de motivos suficientes que razonablemente permitan inferir la comisión de un acto ilícito" (Del voto del Dr. Jorge L. Ballestero).
Daños y perjuicios, acoso escolar, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL
Carátula: G., S. L. D. c/ E. I. S. Y O.  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

El bullying importa, para la víctima niño, niña o adolescente, una afectación grave a derechos fundamentales de rango constitucional reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño (AGNU, 1989, aprobada por Ley 23.849; art. 75.22 de la CN), incluyendo la dignidad, el honor, su integridad física y psíquica. El hostigamiento altera el derecho del alumno a expresar su opinión libremente (art. 13), a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 14), a ser protegido contra cualquier forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación (art. 19), al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 24), a gozar de una educación dirigida a desarrollar su personalidad, sus aptitudes, su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades con respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales (art. 28), al juego, al descanso y al esparcimiento en actividades recreativas propias de su edad (art. 31).
Fundamentación de sentencias, homicidio criminis causa, presunciones, robo seguido de homicidio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Pantano, Sebastian Miguel s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-14

Si bien la sentencia se encuentra debidamente motivada en cuanto a la determinación del dolo homicida por parte del enjuiciado, la calificación legal no satisface el requisito de certeza apodíctica que requiere todo veredicto de condena, por lo que el estricto apego a los principios de máxima taxatividad legal, culpabilidad e inocencia, impiden catalogar el accionar desplegado por el encausado en el tipo penal contenido en el art. 80 inc. 7º CP, pues es la ausencia de indicios precisos, homogéneos y concordantes lo que se verifica a la hora de determinar la existencia de la ultra finalidad que exige el tipo penal del homicidio criminis causa, ya que existen datos relevantes en el plexo probatorio -objetos personales dejados en el escenario del crimen y ausencia de evidencias que indiquen que el imputado haya intentado hacer daño a los otros dos damnificados, para evitar ser identificado- que se contraponen al concepto de "procurar la impunidad" en los términos regulados por la norma, y debe calificarse legalmente la conducta desplegada como constitutiva del delito previsto en el art. 165 CP
Excarcelación, tratados internacionales
Materia: PENAL
Carátula: ALONSO, JORGE FRANCISCO; KARLIKOWSKI, MARINO s/ Contrabandode estupefacientes, Incidente de excarcelación Causa  Nro.  32198.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

1-No corresponde acceder a la excarcelación del procesado, cuando -en principio-la pena solicitada por la Fiscalía, aparecería adecuada, en los términos del art. 379, último párrafo del C.P.M.P..- 2-Aún cuando pueda admitirse relación entre el art. 7 inc. 5 del Pacto de San José de Costa Rica (Ley 23054) con los art. 379 inc. 6 y 703 del C.P.M.P. (Ley 2372), en función de lo dispuesto por el art. 31 de la C.N., asimilando sus efectos con aquellos de dicho Pacto y a los que la doctrina ha considerado como autoejecutables corresponde señalar que el art. 7 inc. 5 del Pacto de San José de costa Rica, en su última parte dice que la "... libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el proceso ...", refiriéndose obviamente al procesado.
Marcas, incidente de explotación
Materia: COMERCIAL
Carátula: FURMANN VIRGINIA HAYDEE Y OTRO c/ MANZO ANA MARIA s/ NULIDAD DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-08

Los únicos requisitos de procedencia que se desprenden del texto del art. 35, Ley 22.362 son la acreditación de la titularidad del demandante (en el caso reconviniente) de la marca cuyo cese de uso se reclama (cfr. esta Cámara, Sala III, doctr. Causa 8485 del 29.4.92) y el uso (por la demandada, en el caso reconvenida) del título marcario en cuestión. En consecuencia, no corresponde efectuar distingos que la norma no hace, en orden a si cabe atribuir o no, el carácter de infractor a la actora reconvenida.
Costas en el orden causado, procedimiento administrativo, recurso de apelación (administrativo), gravamen irreparable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FISCON NACIONAL (D.G.I.) c/ ESTEXA S.A. s/ EJECUCION FISCAL (I.V.A.)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-22

Es requisito para la interposición del recurso de apelación la existencia de un interés jurídico que lo justifique, o sea, de un gravamen o perjuicio concreto resultante del pronunciamiento, tal circunstancia no concurre por no estar la apelante - el Estado Nacional - obligada al pago de los honorarios cuyo cuestionamiento plantea, toda vez que las costas de ambas instancias fueron impuestas en el orden causado.
Jurisdicción, ejecución de sentencia, Derecho internacional
Materia: PROCESAL - INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Pacesetter Systems Inc. S.A. s/ pedido de quiebra por Pacesetter S.A. Pacesetter S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

El límite de la jurisdicción propia viene impuesto por las probabilidades de reconocimiento y ejecución de las sentencias nacionales en países extranjeros.
Empleados públicos, obras sanitarias, convenios colectivos de trabajo, Derecho laboral, aplicación de la ley
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Alfaro, Lorenzo Gustavo c/ O.S.C.A. Obras Sanitarias Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-04-16

Habiéndose incorporado por ley provincial 4015, art. 1ro., el Convenio Colectivo vigente para los dependientes de la Federación Argentina de Trabajadores de Obras Sanitarias, encuadra en el marco del derecho del trabajo la relación laboral existente entre Obras Sanitarias Catamarca y sus agentes, cualquiera fuese su situación de revista; siendo compatibles las disposiciones del art. 212 último párrafo y su concordante 245 de la L.C.T. con los beneficios contemplados en el Convenio Colectivo aplicable.
Medidas cautelares, reinstalación en el puesto de trabajo, despido con causa, suspensión de despidos
Materia: LABORAL
Carátula: González, Silvia c/ Imagmed S.A. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-27

Cabe hacer lugar a la medida cautelar solicitada por una trabajadora que fue despedida con invocación de causa y ordenar la reinstalación de la misma en su puesto, dado que el distracto fue decidido bajo la invocación de una causa cuyos alcances que, si bien superan el debate cautelar, indicarían cierta generalidad en su formulación. Asimismo, cabe destacar que el Decreto 329/2020 se encuentra dirigido a impedir la consumación de despidos durante el transcurso del aislamiento social preventivo y obligatorio, en aras de salvaguardar los puestos de trabajo, sin que pueda advertirse a priori que la norma hubiera introducido distinciones.
Transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones, Estado Nacional, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FERNÁNDEZ, ADÁN c/ A.N.Se.S. y otros s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-14

De la lectura de las cláusulas 3ª, 4ª, 14ª, 16ª del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Pcia. de Salta al Estado Nacional, surge de modo evidente que el compromiso que asume el Estado Nacional - A.N.Se.S. es de respetar el pago de los beneficios previsionales ya acordados, pero, a partir del referido convenio, tienen plena aplicación las disposiciones atinentes al régimen general, leyes 24.241 y 24.463.
Habilitación de instancia, reclamo administrativo previo, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORTINA, CARLOS ALBERTO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-12

Es contradictoria la redacción del art. 15 de la ley 24.463, en tanto, si bien su primera parte se refiere a una resolución, más adelante concluye que para habilitar la instancia, no será necesaria la interposición de recurso alguno. En sentido lato, un recurso, un remedio o un reclamo tienden a revocar o modificar un estado de cosas que agravia a quien lo plantea. (Del voto del Dr.

Fernández)
Competencia penal, fuentes del derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: DENUNCIA S/ PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL BANCO PROVINCIA DE RIO NEGROA; ASUNTO:COERPE s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-11-07

Las fuentes de la norma jurídica y especialmente de la ley son los antecedentes que han servido como base para concretarla en la forma como ella aparece constituida. Para la escuela clásica la consulta de las fuentes era un factor decisivo en la interpretación jurídica, pues siendo la intención del legislador la causa eficiente del derecho, aquella consulta era indispensable para poder descubrir a través de los precedentes seguidos cuál era esa intención que se indagaba. En cambio, para los métodos modernos, han perdido las fuentes gran parte de su importancia anterior a punto tal que para algún autor desde el punto de vista estrictamente jurídico su valor es teóricamente nulo.
Discriminación por motivos ideológicos, políticos o gremiales, prueba, indemnización por despido
Materia: PENAL
Carátula: Bellecio, Mario Emilio Rafael y otros c/ Ferrosider Parts SA s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-27

Para sustentar la pretensión de su demanda, en la que invocaron el art. 1 de la ley 23.592, específicamente: discriminación por motivaciones gremiales, los actores tenían la carga de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesionaba su derecho fundamental por motivación gremial (extremo previsto en el artículo referido). No bastaba una mera alegación, debían acreditar la existencia de algún elemento que indujera al tribunal a la convicción sobre la existencia de actos u omisiones atentatorios contra ese derecho fundamental. Para vincular al acto que se reputa discriminatorio con el activismo gremial, es necesario demostrar que los actores ostentaban dicha calidad y que, por tal razón, eran sujetos especialmente vulnerables a eventuales actos de represalia. Al no haber sido ello suficientemente probado, y haber acreditado la demandada que los actores fueron despedidos por reestructuración en un sector de la planta industrial, en una época de fuerte retracción del mercado y baja producción de las terminales, que los accionantes percibieron las indemnizaciones derivadas del despido sin justa causa y que no cumplían actividad sindical alguna, deberá rechazarse la demanda.
Seguros, falta de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Goicochea, Sara Carmen y otros c/ Cassino de Gorosito, Evelia y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

La Resolución General numero 15163 de Superintendencia de Seguros de la Nación no es aplicable a los contratos de seguros con vigencia anterior al dictado de la misma.
Régimen de consolidación de deudas, sujeto pasivo
Materia: CIVIL
Carátula: TREJO VICTOR DEL VALLE Y OTROS C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O RESPONSABLE S/ COBRO DE PESOS POR REPETICION DE PAGO s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-06-30

Del contenido de las normas que rigen la consolidación de deuda pública, surge de modo incuestionable que cuando el demandado es un ente autárqico provincial, el crédito se encuentra comprendido en el régimen de consolidación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Enfermedad profesional, personas con discapacidad auditiva, enfermedad accidente, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Marothi, Juan. c/ Sever Arg. S.A. s/ Enfermedad accidente.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

La conclusión del tribunal del trabajo acerca de la existencia de ruidos intensos en el lugar de tareas establecida sobre la base de la prueba de testigos, no se desvirtúa por la falta de una determinación cuantitativa de la intensidad del nivel sonoro, máxime si aquella medición no pudo efectuarse por encontrarse el establecimiento fabril cerrado, tornándose de ese modo de imposible realización la pericia técnica.
Exhortos, declaración indagatoria, jueces naturales
Materia: PENAL
Carátula: " Incidente de Carro, Mario en autos: Bazualdo, Gustavo Javier yotro(s) s/ delito de acción pública ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-18

" este Tribunal ha dicho, con respecto a la recepción de la declaración indagatoria en distinta jurisdicción a la de la investigación, que: "resulta válido el modo de recepción como el acaecido en el caso bajo estudio -vía exhorto- siempre que se respeten las formalidades y recaudos exigidos por la norma procesal, como así también que se ponderen los derechos que asisten al imputado" (c. nº 41.791 "Fernández, Juan s/ nulidad y procesamiento, reg. nº 843, de fecha 22 de julio de 2.008)"."Por su lado, la jurisprudencia emanada de la C.S.J.N. indica que:

"El juez que entiende en un proceso puede solicitar a un magistrado de distinta jurisdicción la recepción de una declaración indagatoria correspondiente a dicho juicio" (fallos 298:615 y 308:1679)".