marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, litisconsorcio, litisconsorcio facultativo
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTRO Roberto Antonio c/ Ovando Santos Máximo Pascual y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-03-26

En el litis consorcio voluntario nada obsta a que se decrete la caducidad parcial del proceso, ya que los demandados han sido traídos al proceso por un acto voluntario del accionante y no por una exigencia de la relación procesal válida, de modo tal que el proceso puede concluir para unos y continuar para otros, como ocurriría en caso de desistimiento.

Para este supuesto no es razonable aplicar el principio de indivisibilidad de la instancia como si se tratara de un proceso necesariamente único, como ocurre en el litis consorcio impuesto por la ley. Pero no puede decretarse la caducidad en beneficio de los litisconsortes que no la solicitaron y que aceptaron la supervivencia de la instancia.

En consecuencia, la caducidad de instancia decretada en una acción de daños y perjuicios beneficia exclusivamente a quienes la plantearon, pues, la pretensión deducida por el actor contra una pluralidad de demandados es de obligaciones concurrentes, dado que se fundamenta en distintos factores de atribución conforme las razones jurídicas que se invocan contra cada uno de los demandados, constituyendo un litis consorcio pasivo voluntario que crea relaciones autónomas entre los sujetos de la litis desde que no media una exigencia necesaria que de unidad al proceso.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, embargo, sustitución de la caución, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Costa, Brian César c/ González Pirez, Leandro Martín s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Procede confirmar la resolución por la cual se rechazó el pedido de autorización de venta del rodado embargado en autos, cuyo precio sería depositado en el expediente con el fin de adquirir dólares estadounidenses. Ello por cuanto, de la causa surge que, mediante pronunciamiento que se encuentra consentido, el demandado ya había obtenido la sustitución -que no se concretó- del referido embargo por un seguro de caución, por lo que el apelante tiene esa vía expedita para liberar el bien en cuestión. En consecuencia, se entiende que el apelante carece de un interés actual en esa nueva sustitución, que, en rigor, parece más bien ordenarse a la improcedente pretensión de sortear -por vía de la intervención judicial- las restricciones que rigen la compra de la aludida moneda extranjera.
Bancos, subcontratación laboral, empresas de servicios eventuales, empresa de limpieza, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: AMARILLA CABAÑAS, SUSANA c/ GUERRA, HECTOR PROPIETARIO DE LA EMPRESA HELPING Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-30

Los trabajos de limpieza realizados por el trabajador en la sede del banco demandado a través de una emprea dedicada a tales actividades, no pueden identificarse con los correspondientes a la actividad normal y específica del establecimiento y por lo tanto, no resultan alcanzados por los presupuestos del art. 30 de LCT.
Recurso directo, copias, firma del abogado, sentencia, fundamentación de sentencias, voto de adhesión, voto mayoritario, locación, fiador, prórroga del plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ANDRES DE BARBERO, NELLY R. c/ MARIA ELENA CAMARA s/ DESALOJO - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-05-13

El alcance de la obligación de quien la asume "como principal pagador" no obstante la calificación de fiador que se le haya dado, está precisado por el art. 2.005 del Código Civil, considerándoselo lisa y llanamente "codeudor solidario" situación a la que se asimila aquél que se constituye en "garante solidario".

En tales supuestos la deuda asumida por el locatario puede serle exigida por entero al garante en paridad de condiciones con aquél, sea en forma conjunta o exclusiva (art. 705 C.C.). Si los garantes han acordado que la obligación como tales se mantendrá "en caso de continuar en los hechos la locación" o "hasta la entrega realmente desocupada" o empleando otras fórmulas análogas, no puede colegirse, sin suprimir lo expresamente pactado, que entendieron responsabilizarse sólo hasta la expiración del plazo locativo, desde que la posible continuación de la locación (art. 1.622 C.C.) es precisamente la que se previó y asumió en tales expresiones, más allá del efectivo conocimiento que de esta situación se tuviere.
Condena penal, peculado, acción civil en el proceso penal, insuficiencia del agravio, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Moreno, Ricardo Héctor s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Fernando Ramón Avila por la defensa del imputado Ricardo Héctor Moreno en contra de la Sentencia Nº 19/09 recaída en causa Expte. Nº 153/99 caratulado Moreno, Ricardo Héctor y otros - ss.as. Peculado reiterado, etc. - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-23

La defensa del imputado plantea Recurso de Casación contra la sentencia que lo declaró culpable como coautor penalmente responsable de los delitos de peculado en forma continuada -veintinueve hechos- e hizo lugar parcialmente a la acción civil instaurada por la parte actora civil, Estado Provincial, por resarcimiento del daño material que surge de los respectivos montos correspondientes a los delitos por los cuales fuera condenado.

El recurrente alega que planteó excepción de defecto legal, que fue rechazada por el tribunal a quo.

El agravio no es atendible, toda vez que, como surge de los fundamentos dados por los jueces para rechazar la excepción -y sin que implique contradicción-, no obstante sus imperfecciones, la demanda contiene los datos indispensables para asegurar el ejercicio de la defensa en juicio.

Asimismo, la queja no resulta atendible en tanto no concreta el embate con referencia específica a punto determinado de la demanda que no haya podido entender y refutar adecuadamente y que le haya ocasionado un concreto perjuicio por haber sido motivo de condena o de consideración por el Tribunal para juzgar sobre la responsabilidad del imputado.

Por las razones dadas, las quejas del recurrente sobre la cuestión no pueden ser admitidas.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Del Brio, Gerardo c/ Deintemec S.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

El artículo 845 del Código de Comercio debe interpretarse en correlación con el 844, que remite a las reglas de la prescripción previstas en el Código Civil en orden a la regulación general del instituto, salvo normas específicas y expresas en contrario que contenga la ley mercantil, lo que no ocurre con la interrupción de la misma. Siendo así, sería un exceso pretender que los términos del artículo 845, cuando dispone que los plazos prescriptivos son fatales e improrrogables -con excepción de los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor contemplados en el artículo 3980 del Código Civil- borran las causales de interrupción de la prescripción del ámbito comercial. Para ello, era necesaria a tenor del artículo 844, una mención expresa.-
Ley de empleo, procedimiento de crisis de empresas, despido por fuerza mayor, despido por falta o disminución de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Leal, Carlos c/ Polysur S.A. s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-29

La sola circunstancia de haberse tramitado un procedimiento de crisis conforme la ley 24.013 no es suficiente demostración de la fuerza mayor por falta de trabajo, toda vez que esa tramitación podrá demostrar que la emergencia existió, pero no acredita sus causas, que pudieron ser bien distintas a las previstas en el art. 247 L.C.T..
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CBG S.R.L. c/ SCHAUFLER, BERARDO ELVIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-04-03

La resolución cuestionada -que, acertada o no, dispuso declarar la caducidad de las medidas de aseguramiento de bienes- no puede constituirse en objeto procesal de la presente impugnación extraordinaria, por no ser sentencia definitiva ni auto interlocutorio con las características prescriptas en el artículo 1 de la ley 7055, desde que la decisión versa sobre medidas cautelares, hipótesis que de modo alguno se subsume en la previsión del mencionado artículo; y, si bien la recurrente invoca que el inmueble embargado era el único bien susceptible de ser afectado al cumplimiento de la eventual resolución judicial favorable a su parte, ello luce insuficiente ante las alegaciones de la recurrida acerca de la existencia de otras posibilidades de embargo sobre bienes registrables y cuentas bancarias que menciona y serían suficientes para cubrir el valor del capital supuestamente adeudado, no quedando demostrada por tanto la irreparabilidad del gravamen. - CITAS: CSJN: Monserrat, del 22/4/1987; Fallos 187:534; 195:221; 214:224; CSJStaFe: AyS T 51, p 307; T 60, p 192.
Recurso extraordinario, cuestión justiciable, facultades discrecionales, Poder Ejecutivo, jueces, asociaciones sindicales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAN ANGEL PERRONE Y OTROS s/ RECURSO ART. 62 DE LA LEY 22.105
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-08

La decisión de reemplazar un funcionario por otro, su oportunidad conveniencia, son cuestiones sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, no revisables por los jueces, los que no están facultados para sustituir el criterio del órgano competente con el pretexto de reconocer a la Comisión transitoria una mayor representatividad y capacidad para lograr la finalidad declarada en la resolución.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación suficiente, acciones societarias
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sichel, Gerardo Federico c/ Massuh  S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

Se incurre en una aseveración dogmática al calificar a las acciones preferidas -por su condición de transformables en un plazo determinado en ordinarias- como "ordinarias diferidas" ya que esta calidad no se halla contemplada en la legislación vigente y escapa a las propias previsiones contractuales, que determinaron su categoría y condiciones de emisión, y en las cuales figuraban privilegios patrimoniales distintivos de las ordinarias.
LEY DE EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, salidas transitorias, régimen penitenciario, readaptación del condenado
Materia: PENAL
Carátula: P., G. I. s/ Incidente de ejecución de pena s/ Casación" (Expte. Nº 27027/14 STJ)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-10-07

Si el Legislador quería salvaguardar la constitucionalidad de las disposiciones del Artículo 56 bis de la Ley 24660 -tarea previa e ineludible en todo obrar legisferante -, debió también haber modificando, adaptado o incluso permutado por otro, el principio rector general conceptual de aquella Ley, cual es la resocialización del condenado detenido, lo cual no hizo, y por dicha omisión legislativa es que el Poder Judicial se ve ahora compelido a actuar al respecto.

Si la resocialización "...comprende el proceso que se inicia con la estancia del condenado en prisión, mediante el cual el equipo interdisciplinario profesional, con la colaboración del personal penitenciario y previo consentimiento del interno, procura que este pueda tomar conciencia de la génesis de su comportamiento delictivo pretérito y de sus implicancias personales, familiares y sociales presentes y futuras, con el propósito de fomentar y consolidar su capacidad de convivir en sociedad respetando la ley penal en su sucesivo..." (Gillamondegui, Luis Raúl, "Resocialización y Semilibertad". Análisis legal, jurisprudencial y criminológico", Editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2010, p. 13), no mucho esfuerzo es necesario realizar para advertir que no es posible - como en el caso - prohibir las medidas instrumentales tendientes a llevar adelante aquél proceso de reinserción social. (Voto del Dr. Barotto por la mayoría)
Jubilación de magistrados, juicio político
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marquevich, Roberto José c/ A.N.S.E.S. s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-11

El artículo 29 de la ley 24.018 sólo nombra una causal de remoción por juicio político que impide la obtención del beneficio bajo su marco, que es precisamente la de mal desempeño de funciones, lo cual es una muestra fehaciente de que la falta referida se opone diametralmente al fin último buscado por la ley, cual es que los magistrados y funcionarios judiciales cumplan sus funciones despojados de las presiones que pueda significar una variación drástica de sus ingresos, en momentos de encontrarse en pasividad- (Del Dictamen de la procuradora general al cual la CSJN remite)
Recurso de casación, interposición del recurso, plazos procesales, notificación, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Franco, Sergio Alejandro s/ causa n° 88.399
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-17

Cabe revocar la decisión de la Suprema Corte local que resolvió rechazar el recurso extraordinario local de inaplicabilidad de la ley, pues frente a los claros términos de lo resuelto por la Corte en su anterior intervención, las razones invocadas aquél Tribunal para no aplicar lo decidido, suponen replantear -sin competencia para ello- la declaratoria que sobre el punto disputado se realizó, cual es para el caso considerar que no podría válidamente sostenerse que el obstáculo para revisar la condena repose en la extemporaneidad del recurso de casación interpuesto, al presumir que la notificación del encausado y su letrado defensor se materializó con la lectura de la sentencia, más aún, si tal conclusión no se compadece con las constancias de la causa.
Denegatoria del recurso, inhabilidad de título, sentencia no firme, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ unión del personal civil de la nación seccional cap. fed. c/ gcba s/ otras ejecuciones especiales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-17

Corresponde rechazar la queja toda vez que la decisión impugnada -referida a la inhabilidad de título- no es una sentencia definitiva, ni la recurrente ha demostrado que sea equiparable a dicha especie, emanada del tribunal superior de la causa. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Accidentes de trabajo, relación de causalidad, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Asociart S.A. ART en la causa Ascua, Marcelo Rafael Ernesto c/ Asociart ART y otros s/ accidente - acción civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-23

La sola circunstancia de que el trabajador hubiera sufrido daños como consecuencia de su labor no autoriza a concluir sin más que la aseguradora de riesgos del trabajo incumplió con sus deberes de prevención y vigilancia a los efectos de la eventual imputación de responsabilidad.
Asociaciones civiles, objeto de la asociación, bien común, personería jurídica, facultades de la administración, facultades discrecionales
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

Tratándose de la circunstancial apreciación al caso concreto de la concurrencia del "bien común", como objeto de la asociación cuya personería jurídica se pretende obtener, no cabe sino reconocer al poder político a quien por mandato legal se le ha encomendado tal valoración, una razonable amplitud de criterio en aras del bienestar general y en concordancia con los lineamientos generales de las políticas cuya fijación le corresponde.
Beneficio de litigar sin gastos, preclusión, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA DE TRABAJO PAIDOS LIMITADA c/ Microómnibus Seis S.A.").D.G.I. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Para que el beneficio de litigar sin gastos proceda, debe tenerse en cuenta no sólo las circunstancias económicas del peticionante, sino la temporalidad del planteo. El C.P.C.C., en su art. 78, autoriza a la parte interesada a solicitarlo antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso. Pero, habiendo sido requerido durante el proceso ya en trámite, la resolución que lo concede no alcanza a los gastos de justicia que se hubieran devengado con anterioridad a su solicitud, como consecuencia del principio de preclusión (cfr. C.N.A.Civ., Sala B, ent. del 27.02.92, "Gulluscio, Mario)
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: LABORAL
Carátula: OSMAN, GABRIEL c/ EDITORIAL CORDOBA  S.A. s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1981-03-23

..."La corte ha mantenido invariablemente el criterio de que la garantía de la igualdad debe aplicarse a quienes se encuentren en iguales circunstancias, de manera que cuando estas son distintas, nada impide un trato también diferente. (258, 176). El mismo alto tribunal no ha considerado un menoscabo de la garantía de que se trata que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, con tal de que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas,... Es decir, que según el criterio reiterado de nuestro más alto tribunal, la garantía consagrada por el art. 16 de la C.N. no impone una reglamentación uniforme de los distintos posibles contratos laborales, y no corresponde a los tribunales de justicia decidir sobre el mérito ni la conveniencia de la legislación atinente a la organización del trabajo.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ogguier, Juan Manuel c/ Faba S.A. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-21

Si el actor, esgrimiendo enfermedad, no justifica en tiempo y forma la misma, y el médico de la empresa no verifica dolencia que impida su concurrencia, conforme a lo determinado por los artículos 209, 210, 84 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, existe incumplimiento de sus obligaciones que, sumado a sus antecedentes -medidas disciplinarias-, provoca la existencia de injuria grave que no permite la continuación del contrato de trabajo.
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, ley provincial, ley nacional, gobierno nacional, asistencia social, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Nacional c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ nulidad    por  inconstitucionalidad  ley  5379  y  decreto  D.  3017
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

La ley 5379 y el decreto 3017 de Santiago del Estero importan una alteración en las disposiciones del poder central que se manifiestan incompatibles con éstas y tornan ineficaz su acción. Si bien la participación provincial está contemplada en el art. 5x de la ley 23 056 por intermedio de la creación de un organismo especial de coordinación de la acción de las autoridades nacionales y provinciales cuyo funcionamiento reglamenta el decreto 908/84, ella no puede llegar al extremo de limitar las potestades del gobierno nacional, creando formas de intervención y control que las restrinjan notoriamente.
Cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunales militares, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, inhibitoria
Materia: PROCESAL - PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Gómez de Salomón, María Lorenza. s/ Denuncia la desaparición de Julio César Salomón
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-01-09

Si al insistir, en debida forma, en el planteamiento de inhibitoria propuesto por el juez de instrucción militar fundada en el art . 10 de la ley 23.049, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la ha ratificado en términos expresos, se hallan satisfechos los recaudos exigibles para tener por planteada una cuestión de competencia que corresponde dirimir a la Corte, conforme las facultades que le confieren el art. 43, inc. 4°, del Código de Procedimientos en Materia Penal y el art. 24, inc. 7°, del decreto ley 1285/58.
Daños y perjuicios, indemnización, jueces, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: NOGALO, JOSE c/ SWIFT ARMOUR s/ COBRO DE AUSTRALES - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  471-93) ACEVEDO, IRMA S c/ SWIFT ARMOUR SA s/ QUEJA  POR  DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  Nº 541-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-20|1996-09-11

No hay criterios matemáticos para la determinación del quantum indemnizable; sí deben tenerse especialmente en cuenta circunstancias personales del damnificado, como el sexo, la edad, ocupación habitual, ingresos, posibilidades de ascenso, estado de viudez, gravedad de las secuelas, etc; los jueces deben actuar con razonable cautela para no legitimar enriquecimientos indebidos; es obligación del juzgador indicar con precisión el modo en que las diversas circunstancias consideradas influyeron en la determinación del "quantum indemnizatorio", o de lo contrario indicar en concreto las operaciones aritméticas que se realizaron para aplicar las fórmulas que a veces se enuncian en abstracto, todo bajo sanción de considerar a la sentencia arbitraria por tener un fundamento sólo aparente.
Empleados públicos, personal adscripto, remuneración, adicionales de remuneración, derechos adquiridos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Scarafia, Jorge Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 570-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

Si el actor se hallaba adscripto a la Secretaría Privada de la Gobernación percibiendo el suplemento previsto en el artículo 78 bis del Decreto-Acuerdo 2695/83, no resulta razonable entender que, ante una nueva adscripción, conserve como derecho adquirido diferencias salariales por dicho concepto, toda vez que es criterio de la Corte entender que en la adscripción, el principio impone la percepción del haber correspondiente a la dependencia de origen y, en el caso, ésta no era la Secretaría Privada de la Gobernación.