Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-30


Causa Nº 090/CC/2006 "González, Lucía s/inf. art. 83, ley 1472- Apelación" En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del año dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal, Federico Andrés Villalba Díaz en la presente causa, de la que:

RESULTA:

1°) Que el Federico Andrés Villalba Díaz, cotitular de la Fiscalía Contravencional de Primera Instancia N° 12, interpuso recurso de apelación a fojas 107/109, contra la resolución de fs. 105/106, en la que se hizo lugar a la excepción de falta de acción impetrada por la defensa, absolviendo a la imputada, Lucía González Beltrán, por entender que los hechos que se le imputaban eran notoriamente atípicos.

PRIMERA CUESTIÓN:

Admisibilidad del recurso 2°) El recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 50 de la ley N° 12, y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

En efecto, el Sr. Juez de grado resolvió con fecha 2 de mayo ppdo., hacer lugar a la excepción de falta de acción opuesta por la Defensa y absolver a Lucía Beatriz González Beltrán. El Sr. Fiscal se notificó de lo resuelto en la misma fecha, conforme el acta de audiencia obrante fs. 105/106, e interpuso recurso de apelación el 8 de mayo del corriente, es decir dentro del 4to. día de notificado.

Conforme lo expuesto el recurso ha sido interpuesto en forma temporánea y por quien estaba legitimado subjetivamente para hacerlo, contra una sentencia definitiva que le provoca un gravamen irreparable.

SEGUNDA CUESTIÓN:

De los agravios 3°) Que en primer lugar resulta necesario delimitar el ámbito de aplicación de la excepción interpuesta.

"La excepción de falta de acción por inexistencia de delito es procedente cuando la atipicidad de la conducta investigada surge de modo evidente y se articula "ab initio". Si en las actuaciones se formuló requerimiento de elevación a juicio, no se verifica la hipótesis toda vez que se demostró -prima facie- la responsabilidad penal del imputado. Por tanto, debe confirmarse el rechazo de la excepción de falta de acción presentado, con costas en el orden causado" (conf. Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala V, SMULEWICZ, Salomón, rta. 19/06/2003).

Al efecto cabe señalar que "... se acoge la falta de acción excepcionalmente y para evitar perjuicios irreparables, cuando es evidente que el hecho imputado no ha sido cometido o que su comisión no constituye delito." (D'Albora, Francisco J., La inexistencia de delito como excepción no legislada. El Derecho, Tomo 121, página 979).

Trasladados estos conceptos al caso sub examine, se evidencia que la conducta descripta por el Fiscal no es notoriamente atípica. En efecto, se instruyeron los presentes actuados contra Lucía González Beltrán, en razón de "ejercer una actividad lucrativa, mediante la colocación de un metegol en la vía pública, más precisamente en la intersección de la calle Rocha e Irala de esta ciudad, el día 9 de junio del corriente año, sin contar con la debida autorización" (fs. 12).

Tal imputación se reiteró en la audiencia celebrada en los términos del art. 41 de la L.P.C. (fs. 39), y en el requerimiento de elevación a juicio, de cuya lectura surge claramente la conducta imputada y su calificación legal (conf. fs. 43/4).

Es necesario señalar que los principios y presupuestos del proceso penal "...son las condiciones exigidas por la ley para que un proceso pueda desenvolverse válidamente con miras a la resolución, sobre el objeto procesal propuesto en forma válida. De ahí que ha de concluirse que son presupuestos procesales los siguientes: 1) la presencia de un juez competente, o sea de un órgano público con autoridad como para producir la res iudicata en el caso concreto, 2) la existencia de un objeto procesal concreto de naturaleza penal, o sea una res iudicanda legítima que pueda ser transformada en res iudicata por el juez penal, y 3) la intervención de un órgano acusador legítimamente constituido y del imputado comprendido en el objeto procesal, o mejor dicho, en la imputación que trae al proceso el objeto procesal" (Claria Olmedo, Derecho Procesal Penal, T. I, pág. 518).

Todos estos presupuestos se ha reunido en el presente proceso desde su inicio mismo, en especial en lo que se refiere a la res iudicanda, lo que obliga al rechazo liminar de lo resuelto por el sentenciante al receptar la excepción interpuesta por la Defensa, sin perjuicio de lo que pueda en definitiva resolverse a resultas del juicio oral.

4º) Por otra parte, cabe señalar la provisionalidad de la calificación allí efectuada, no advirtiéndose que pudiere producir afectación alguna al derecho de defensa de la imputada un ulterior cambio hacia la figura genérica del art. 83 del Código Contravencional, siendo evidente la relación de especialidad existente entre el art. 84 y el tipo contravencional señalado. En este sentido, "(C)uando se relacionan dos o más tipos, uno de ellos excluye al otro en función del principio de especialidad (lex specialis derogat legi generalis) si abarca las mismas características que el otro, agregando, además, alguna nota complementaria que toma en cuenta otro punto de vista en cuanto a lesividad. En este caso, el tipo con mayor número de características es especial respecto del otro, que es general. Esta relación de subordinación se presenta en la forma de encerramiento conceptual, pues no se concibe la realización de una acción que encuadre en el tipo especial sin que al mismo tiempo lo haga en el general".(Zaffaroni/Slokar, "Derecho Penal, Parte General", Sociedad Anónima Editora, pág.832).

Si bien la calificación que en definitiva se escoja va a ser el producto de la exclusión de uno de los tipos contravencionales seleccionados, tal circunstancia no implica la afectación del principio de congruencia si la intimación de los hechos ha sido efectuada de forma tal que excluye toda sorpresa para la defensa, permitiéndole su correcto ejercicio.

Tal como expresa Julio Maier en relación a la imputación necesaria "... para que alguien pueda defenderse es imprescindible que exista algo de que defenderse, esto es, algo que se le atribuya haber hecho o haber omitido hacer en el mundo fáctico con significado en el mundo jurídico, lo que en materia procesal penal se conoce como imputación" (Derecho Procesal Penal, tomo I, Ed. Del Puerto, pág. 553).

La correlación fáctica entre las piezas procesales fundamentales debe versar sobre el hecho y debe exigirse respecto de los elementos materiales del delito coincidiendo la acción u omisión y el resultado imputados, las condiciones de lugar y tiempo al igual que el elemento subjetivo. De dicha correlación, que debe verificarse entre los términos en que quedó sustanciada la acusación y el contenido de la sentencia, surge la formulación del principio de congruencia. En definitiva, lo únicamente valioso para la actividad defensiva es que la futura sentencia recaiga sobre el mismo hecho que fue objeto de intimación, y que tanto el imputado como su defensor pudieron tener presente (Cfr. Velez Mariconde, Alfredo "Derecho Procesal Penal", Tomo II, pág. 236 citado en la causa N° 206 "Fernández Analía s/ recurso de casación" rta. 18/11/94 Reg. 314 Sala II C.N.C.P.). Asimismo "la indicación del hecho resulta crucial a los fines de verificar el cumplimiento del principio de congruencia, comprendido dentro de la inviolabilidad de la defensa en juicio (CSJN, E.D., T. 137, pág. 101, f- 42.288, considerando cuarto, último párrafo; Fallos 305:1701).

En este sentido se pronunció al Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expresar que "...El carácter constitucional del principio de congruencia, como expresión de la defensa en juicio ... obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos...La sentencia de la Cámara no ha dado cumplimiento al principio de congruencia si ni en la indagatoria ni en el auto de prisión preventiva, ni en la acusación se le atribuyó al imputado la conducta por la cual finalmente fue condenado, impidiéndose de ese modo su defensa material y técnica, lo cual determina por sí solo la invalidez del pronunciamiento impugnado y su descalificación como acto jurisdiccional válido..." (CS, marzo 17-998-Martínez, Marcelo y otros).

En el presente, la descripción fáctica realizada en las distintas piezas procesales citadas es demostrativa de la existencia de una conducta con relevancia jurídico penal, que se ha mantenido inalterada durante todo el procedimiento contravencional, lo que permite a la defensa la posibilidad de refutación de la hipótesis acusatoria, ya que la garantía de defensa consiste precisamente en la institucionalización del poder de refutación de la acusación por parte del acusado (Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón, Ed. Trotta 1998, pág. 150), no viéndose imposibilitada ante una adecuación típica específica o genérica.

5º) De lo expuesto se sigue que no surge de modo palmario que el hecho imputado no haya sido cometido o que su comisión no constituya una contravención, máxime considerando que la Sra. González reconoció ser la propietaria del metegol y que éste se encontraba en la vía pública, frente a un kiosco -en el que laboraba- y sin autorización para ello, de acuerdo a la declaración de fojas 39.

Por otra parte, es en este estadio del proceso que debe debatirse la existencia o inexistencia de contravención, y en su caso, la responsabilidad que le cupo a la encartada, a la luz de las pruebas a producirse en el juicio oral y público, no siendo la excepción opuesta la vía adecuada para cuestionar una afectación del principio de congruencia, y en definitiva del derecho de defensa de la imputada, vulneración que, por otra parte, tal como fuera adelantado, no se vislumbra.

6º) Finalmente, la sentencia no fundamentó adecuadamente la atipicidad de la conducta imputada, limitándose el juez de grado a efectuar citas dogmáticas y jurisprudenciales. Tampoco explica su cambio de criterio, ya que en la pieza atacada el magistrado a quo sostuvo que "ab initio" se evidenció en forma manifiesta la falta de tipicidad, pese a que convalidó el secuestro del referido metegol, "por la presunta contravención al artículo 83 del Código Contravencional" (fojas 15/16).

7º) Por lo precedentemente expuesto, la sentencia debe ser revocada, apartándose al Magistrado que ha intervenido en la causa ya que ha emitido su opinión sobre la cuestión de fondo. Nótese que la admisión de la excepción de falta de acción planteada por la defensa impidió la producción de la prueba en el debate oral y público, siendo tal circunstancia un obstáculo para que este Tribunal se expida en definitiva sobre la cuestión de fondo, siendo necesaria la realización del juicio ante un nuevo Magistrado.

En mérito al acuerdo que antecede el Tribunal, RESUELVE:

I.- REVOCAR la resolución de fs. 105/106 por la que se hizo lugar a la excepción de falta de acción impetrada por la Defensa.II.- APARTAR al Sr. Juez Javier Alejandro Bujan, debiendo remitirse la presente a la Secretaria General de esta Cámara a fin de que se desinsacule el Juzgado en lo Contravencional y Faltas que deberá continuar interviniendo.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítase a la Secretaría General de la Cámara Contravencional y de Faltas, a fin de que de cumplimiento a lo ordenado.

Ante mí:

Endede 2006 notifiqué al Sr. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 se libró una cédula. Conste.

En de de 2006 se remite a Secretaría General de Cámara. Conste