Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-01-08


Dada su importancia y para mejor comprensión del caso y sus fundamentos se transcribe parcialmente el fallo anotado. "En el caso, se halla controvertida la constitucionalidad del artículo 10 de la ley 24.390, conforme al cual quedan excluidos expresamente de los alcances de esa ley -relativa a la duración de la prisión preventiva y libertad bajo caución y reglamentaria, según ella misma reza, del artículo 7, numeral 5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- los imputados por el delito previsto en el artículo 7 de la ley 23.737 y aquellos a quienes resultaren aplicables las agravantes previstas en el artículo 11 de la ley. En el caso, se imputa el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas, por lo que prima facie, no sería de aplicación la normativa citada. II. Si bien con fecha 19 de octubre de 1995, en el caso Arana, J.C., publicado en la colección de Fallos, t. 318, pág. 1877, la Corte Suprema de Justicia de la Nación opinó que el art. 10 de la ley 24.390 era constitucional, criterio recogido tácitamente por esta Cámara en la causa N° 27.878 "MALAGRINO, O.S. s/excarcelación", Reg. N° 668 del 8/8/96, el panorama jurídico existente en aquella ocasión ha variado de modo relevante, por lo que la cuestión sometida nuevamente a consideración de esta Cámara merecerá un detenido análisis. El cambio que se señala obedece a la evolución y trascendencia en la materia de las opiniones expuestas por los órganos de supervisión del cumplimiento de los tratados de derechos humanos de los que la República Argentina es parte. III. Respecto de la importancia de las interpretaciones que efectúan los órganos supranacionales, este Tribunal, a partir de la causa N° 28.100 "MORENO OCAMPO, L.", Reg. N° 1050 del 22/11/96, ha seguido la jurisprudencia sentada en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Allí se reseñaron opiniones del Supremo Tribunal que cabe citar nuevamente: "...ya antes de la reforma constitucional, en el fallo Ekmedjian c. Sofovich (J.A., 1992-III, pág. 194), la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que "la interpretación del Pacto debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -uno de cuyos objetivos es la interpretación del Pacto de San José (Estatuto, etc. 1)" (cons. 21). La Corte también consideró que "entre las medidas necesarias en el orden jurídico interno para cumplir el fin del Pacto deben considerarse comprendidas las sentencias judiciales" (cons. 22). Y vuelve sobre la cuestión en el fallo "Giroldi, H.D., s Rec. de Casación", del 7 de abril de 1995 (E.D., t. 163, pág. 161), donde interpreta el artículo 75, inc. 22, del texto constitucional, que otorga jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre derechos Humanos "en las condiciones de su vigencia", afirmando que ello significa "tal como la Convención efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación", y que "de ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana" (cons. 11). El Alto Tribunal sostiene además que "como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponden -en la medida de su jurisdicción- aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado en los término anteriormente expuestos, ya que lo contrario podría implicar la responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional (cons. 12)". En esta ocasión, vuelve a ser relevante acudir a la opinión específica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre todo en lo relativo a la trascendencia de las opiniones de uno de los órganos del sistema interamericano: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el fallo Bramajo, H.J., del 12 de septiembre de 1996, la Corte señaló específicamente que "...la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de aquélla para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación" (cons.8). IV. Cabe preguntarse si la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la norma del artículo 10 de la ley 24390 mantiene virtualidad o ha perdido sustento a raíz de las opiniones que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el particular. En principio, debemos remontarnos al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya citado, vertido en el caso Arana. Allí, paradójicamente, uno de los argumentos principales de la decisión se basó en las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las que obviamente se referían a cuestiones tangenciales al objeto de la decisión, ya que hasta ese momento no se había planteado ante la Comisión caso alguno en el que ésta debiera haber opinado sobre el artículo 10 de la ley 24.390. En esa ocasión, la Corte echó mano de pronunciamientos en los que la Comisión señaló que la gravedad de la infracción era relevante a los efectos de establecer la razonabilidad del plazo de la detención preventiva (conf. Cons. 8). Y concluyó que "la exclusión de la aplicación de la ley 24.390 a los supuestos vinculados con el tráfico internacional de estupefacientes (art. 10) no implica la derogación de los principios de la libertad individual y de la presunción de inocencia y ello surge de los propios argumentos de la Comisión a los que se ha hecho referencia en el considerando octavo" (conf. Cons. 10). Sin embargo, entendemos que, teniendo en cuenta lo ya expuesto acerca de la trascendencia que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación asigna a los pronunciamientos de la Comisión, los que incluso cita para fundar su opinión en el caso citado, la existencia de un pronunciamiento posterior de la Comisión, específico y contrario a la opinión de la Corte, priva a este fallo de sustento y obliga a que los tribunales se hagan eco de la opinión de la Comisión, preservando la supremacía normativa y la vigencia del contenido de los tratados. La Comisión, en su Informe 2/97, ha señalado que: "La severa restricción introducida por esta ley se refiere a los delitos de narcotráfico, y se funda en la naturaleza reprochable y consecuencias sociales negativas de este tipo de delitos. Sin embargo, es otro elemento que puede ser utilizado para menoscabar la presunción de inocencia, teniendo en cuenta que las personas acusadas por delitos de narcotráfico son automáticamente excluidas de los beneficios de limitación de la prisión preventiva. Podría incluso considerarse que se les impone un castigo anticipado, sin que el juez competente se haya pronunciado aún sobre su culpabilidad. Asimismo, esta situación puede dar origen a la aplicación arbitraria y desviada de la prisión preventiva, con fines distintos a los previstos en la propia ley" (conf. Cons. 51). "....La Comisión estima que la norma mencionada tiende a crear una excepción al principio de presunción de inocencia" (conf. Cons. 52). Como vemos, en sentido opuesto a lo que concluyera la Corte Suprema de Justicia en 1995, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -en su informe de fecha 11 de marzo de 1997- el artículo 10 de la ley 24.390 viola garantías que -además de su recepción constitucional- se encuentran reconocidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Máxime cuando en el informe citado la Comisión recomendó a las autoridades judiciales el cumplimiento de las garantías reconocidas en la Convención, sin excepción alguna, y que los afectados por períodos de detención irrazonable sean puestos en libertad mientras se halle pendiente la sentencia. Recomendaciones conforme a las que, de acuerdo con lo normado por el artículo 51, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado debe tomar las medidas que le competan. Esta Cámara integra los poderes públicos del Estado y se halla alcanzada por esa previsión, pudiendo generar responsabilidad internacional para la República Argentina en el caso de que se transgredan los compromisos internacionales derivados de los tratados de esa naturaleza. Pero además, resulta ineludible considerar el reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Suárez Rosero contra Ecuador, fallado el 12 de noviembre de 1997. Allí, sobre una norma análoga a la que aquí invoca el Sr. Fiscal de Cámara, que excluye a los encausados por delitos previstos en la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de ese país del derecho de ser liberados cuando transcurra determinado lapso sin que medie sentencia definitiva, la Corte -máximo órgano de aplicación de la Convención Americana- opinó que viola per se el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana sostuvo que tal excepción "despoja a una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental en virtud del delito imputado en su contra y, por ende, lesiona intrínsecamente a todos los miembros de dicha categoría de inculpados", y viola el artículo 2 de la Convención en cuanto el Estado demandado no tomó las medidas adecuadas de derecho interno que permitan hacer efectivo el derecho contemplado en el artículo 7.5 de la Convención. Sobre este tópico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 14/94 del 19 de diciembre de 1994, sobre Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes violatorias de la Convención sostuvo que "la promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención constituye una violación de ésta y que, en el evento de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera responsabilidad internacional para el Estado". En virtud de todo lo expuesto, toda vez que la norma del artículo 10 de la ley 24.390 viola los artículos 18 de la Constitución Nacional, 2 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este Tribunal habrá de mantener la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el Sr. juez de primera instancia. El panorama que se describe no sufre alteración sino que se consolida con el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptado en el caso Acosta, C., del 22 de diciembre de 1998. Allí, la Corte ratifica su criterio de que "la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de preceptos convencionales..." y que "...por el principio de buena fe que rige la actuación del Estado argentino en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, aquél debe realizar los mejores esfuerzos para dar respuesta favorable a las recomendaciones efectuadas por la Comisión...". Cabe tener presente que las razones que allí se invocan para rechazar la pretensión que se fundaba en las opiniones de la Comisión no son aplicables al caso bajo examen, en que no ha mediado ni se pretende la revisión de una decisión judicial pasada en autoridad de cosa juzgada ni se procura que el Poder Judicial de la Nación ejerza facultades discrecionales o de resorte de otros poderes del Estado. Aquí, a diferencia de lo que allí debía resolverse, nos hallamos ante una pretensión característica de todo proceso penal, como lo es la relativa a la libertad de las personas imputadas en él, que es de resorte exclusivo de los Tribunales, advirtiendo que se trata de una decisión que no causa estado y en la que por lo tanto no se halla en juego la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales ni el alcance de las atribuciones de este Poder. Lo relevante del caso, por lo tanto, es determinar cuál es la exégesis de las normas convencionales aplicables al caso, siguiendo la guía interpretativa reconocida por la Corte, sin que se adviertan razones de peso para apartarse de esa senda, al contrario de lo que ocurriera con las particulares circunstancias fácticas y jurídicas del caso del Supremo Tribunal que se cita. La eventual discusión acerca de la obligatoriedad de los pronunciamientos de la Comisión aparece aquí, por lo expuesto, como inoficiosa. Al margen de lo ya desarrollado, cabe traer a colación la cita que efectúan los Ministros Boggiano y Bossert en sus votos, de la opinión vertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Loayza Tamayo, del 17 de septiembre de 1997, donde resolvió que, en virtud del principio de buena fe consagrado en el artículo 31.1 de la convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, "...80...si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si se trata de derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión Interamericana, que es, además, uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos, que tiene como función |promover la observancia y la defensa de los derechos humanos| en el hemisferio (Carta de la OEA, arts. 52 y 111)...". "81...Asimismo, el art. 33 de la Convención Americana dispone que la Comisión Interamericana es un órgano competente junto con la Corte |para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Parte|, por lo que, al ratificar dicha Convención, los Estados Parte se comprometen a atender las recomendaciones que la Comisión aprueba en sus informes". En la cuestión que aquí debe decidirse, además de las razones apuntadas que persuaden a esta Cámara de la contradicción entre la aludida norma y los tratados de derechos humanos de rango constitucional que se citaron, concurre la opinión específica de la propia Corte Interamericana de Justicia ya reseñada, vertida en el caso Suárez Rosero c. Ecuador, cuyos argumentos -por su calidad y la autoridad de quien emanan-, confluyen en dirección a la adopción de la decisión que esta Cámara pronuncia. V. Al margen de la declaración de inconstitucionalidad, existe otra vertiente que confluye en la decisión excarcelatoria, totalmente independiente de la aplicación o no de la ley 24.390. Y es que, al margen de lo que allí se establece, perdura, sin objeción alguna, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad, que halla recepción expresa en los artículos 7.5 de la convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el presente caso, la subsistencia de la detención de los imputados comprometería la vigencia de ese derecho. A fin de evaluar la razonabilidad del tiempo que lleva el proceso y la detención de los imputados, esta Cámara, ya en la causa n° 29.796 "FRIDMAN, S.", Reg. 813 del 25/9/98, ha seguido las pautas fijadas por la Corte Interamericana en los casos "Genie Lacayo" del 29 de enero de 1997 y "Suárez Rosero" del 12 de noviembre de 1997, órgano que ha afirmado compartir el criterio seguido por la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha analizado en varios fallos el concepto de plazo razonable y ha dicho que se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a)la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y, c) la conducta de las autoridades judiciales (con citas de los precedentes "Motta" del 19 de febrero de 1991 y "Ruiz Mateos" del 23 de junio de 1993, ambos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Cabe hacer hincapié, por otra parte, en la opinión vertida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 12/96, donde sostuvo que debe darse un trato prioritario a los procedimientos en los que los acusados se hallan privados de su libertad y que el tiempo razonable para la detención es necesariamente mucho menor que el destinado para todo el juicio. En ese pronunciamiento, se señaló además que no obstante que la detención preventiva tenga fundamentos "pertinentes y suficientes", debe procederse después a analizar si las autoridades procedieron con "diligencia especial" en la instrucción del proceso para que el período de detención no fuera excesivo y no dejara de ser razonable.

En las presentes actuaciones, Alejandro Hurtado fue detenido el día 22 de mayo de 1996, es decir que, lleva privado de su libertad 2 años, 6 meses y 25 días. Asimismo, la causa fue elevada a juicio con fecha 26 de noviembre de 1997 por el a-quo, más de un año atrás. Una vez en el Tribunal de juicio, el día 17 de julio de 1998 -casi ocho meses después- ese Tribunal dicta una resolución mediante la cual declara la nulidad del decreto de elevación a juicio por no verificarse el cumplimiento de las prescripciones que hacen a la completividad de la instrucción sumarial, decisión adoptada por la mayoría del Tribunal -Dres. Martínez Sobrino y Vaccare- con la disidencia de la Dra. Roqueta. En la actualidad, la causa se encuentra nuevamente en el Tribunal Oral Federal N° 6 sin que hasta el presente se haya citado a juicio. Como consecuencia de lo expuesto supra, se aprecia que la demora, de más de un año, en la realización del juicio se debe atribuir pura y exclusivamente a la declaración del Tribunal de juicio de fs. 1220/1227 de los autos principales, el tiempo que éste tomara para adoptarla y el curso posterior generado por tal decisión, fundada en la falta de certificación de transcripciones de grabaciones, pese a que éstas se hallaban en poder de tal Tribunal. No se advierte, por otro lado, una complejidad particular ni maniobras dilatorias por parte del imputado. En consecuencia, la excarcelación no ha pretendido más que observar la garantía de rango constitucional ya que concordamos con el a-quo en que el tiempo de detención anterior al juicio ha devenido en irrazonable. VI. En cuanto a la aplicación del artículo 319 que invoca subsidiariamente el representante del Ministerio Público, al contrario de lo que postula, no se advierte que concurran elementos que permitan sostener fundadamente que de recuperar la libertad eludirá la acción de la justicia. Sobre ese particular, además de lo que cita el Juez de grado, no puede -tal como pone de resalto la Comisión- tomarse como parámetro objetivo de detención preventiva aisladamente al monto de la pena prevista para el delito de que se trata. Aquí, salvo por la gravedad de tal sanción anunciada, no existen otros elementos objetivos que puedan utilizarse para argumentar que Alejandro Hurtado en caso de recuperar su libertad eludirá las consecuencias del proceso, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva no debe ser la regla general (art. 9.3). En caso contrario se estaría privando de la libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, sin que se haya establecido aún la responsabilidad criminal. Es decir, se estaría anticipando una pena a la sentencia. VII. Por último, en lo que respecta al monto de la caución, cuestionado por la defensa de Hurtado, debe tenerse en cuenta que tiene domicilio fijo y cercano a la jurisdicción del Tribunal, como así también que convive en el mismo con su familia, que a causa de su detención no posee trabajo y que tal como surge de su legajo de personalidad el mandamiento de embargo no pudo llevarse a cabo en virtud de que el nombrado no posee bienes ni dinero (ver. fs.1/1vta.) y que, como consecuencia de ello, el a-quo decretó la inhibición general de bienes respecto de Hurtado (ver fs. 2). Así las cosas, el Tribunal entiende que atento lo expresado el tipo de caución impuesta debe ser modificada por una de carácter juratoria." En el mismo sentido la Sala I en autos "HURTADO C.", reg. nro. 5 y "OCAMPO, R." reg. nro. 6 de la misma fecha.