Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-28


Comodoro Rivadavia, veintiocho de abril de 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "V., J. B. c/ MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA", Expte. Nº 15.344/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 2 Secretaría Nº 4 (Expte. Nº 283/04). Que a fs. 324/352 la actora interpone recurso de casación contra la sentencia interlocutoria Nº 274/05 de fs. 317/321vta., por la causal de violación de la ley y arbitrariedad (art. 288 CPr). Hace reserva del caso federal. Tal como lo prevé el ordenamiento procesal, corresponde efectuar, en este estadio procesal, el juicio de admisibilidad estatuido por el art. 290 del CPr. tendiente a analizar si se dan en el subjudice los recaudos formales que prevén los arts. 286 a 289 del ordenamiento procesal.

Se advierte que los mismos deben tenerse por cumplimentados, el escrito postulatorio se presenta en término, con copia de ley, con expresión de sus alcances y autosuficiencia. Constituye el interesado domicilio legal ante el Superior a fs. 324. Justifica el beneficio de litigar sin gastos por hallarse la acción encuadrada en el marco de la ley 4216.

Asimismo y a los efectos de la admisibilidad formal del recurso, se debe examinar si la sentencia recurrida es definitiva o equiparable a ella. Ese extremo constituye, una condición "sine qua non" a los fines de la procedencia formal de los recursos extraordinarios, tal como lo viene sosteniendo en forma reiterada esta Alzada, en concordancia con la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia.

Nuestro máximo Tribunal en forma uniforme viene sosteniendo que: ". para determinar la definitividad o no de una sentencia, debe tenerse en cuenta el criterio de supervivencia o no de la acción, por cuanto mientras esta subsista, y el pleito pueda continuar, no habrá sentencia definitiva" (Cfme. Exptes 11241, 11712, 12877, 18.348, entre otros); igualmente que: "para determinar si una sentencia es o no definitiva lo que se necesita saber es si la cuestión puede o no renovarse en otra oportunidad o en otro juicio, pues la nota de definitividad se patentiza cuando se decide de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo" (SD 53/91, 6/95, y 48/01, entre otras).

En base a las premisas citadas, se puede concluir que estamos ante una sentencia equiparable a definitiva, porque a pesar de la naturaleza de la medida solicitada por la aquí recurrente, del análisis del trámite seguido el un auto interlocutorio dictado por el a quo y confirmado por esta Alzada pone fin al pleito o hace imposible su continuación.

En cuanto a la causal casatoria invocada, violación de la ley, la recurrente señala que el Tribunal, al rechazar la acción por falta de agotamiento de la vía administrativa, realiza una interpretación errónea de las normas contenidas en los arts. 77 y 78 de la Ordenanza Nº 485/76 en cuanto al momento a partir del cual se configura el silencio administrativo que da por agotada la vía. Así, distingue entre el agotamiento de la vía administrativa por vía impugnatoria (cuando existe procedimiento administrativo) y mediante reclamo administrativo previo (por vía reclamatoria). Entiende que el primer supuesto se da en el caso de autos y de ahí deriva la errónea aplicación de la ley efectuada en el fallo en crisis, que exige la denuncia de mora y la espera de un mes para que quede habilitada la vía.

Sostiene que el decisorio es arbitrario porque no ha ponderado la argumentación de derecho, jurisprudencia y doctrina aplicable y tampoco se expidió sobre el exceso ritual manifiesto que representa en el caso, exigir una denuncia por mora o pronto despacho para luego de un mes tener por habilitada la vía judicial cuando en el caso de autos, la administración no se ha pronunciado expresamente en veinte años conforme surge de las pruebas arrimadas en autos (expedientes Administrativos agregados por cuerda).

Adentrándonos en el análisis sobre la procedencia del recurso en cuestión, con respecto a la causal violación de la ley, del material recursivo se advierte que se halla en juego la interpretación de normas procesales por lo que cabe concluir que en este primer control formal que sortea el juicio de admisión.

En tal sentido el Superior Tribunal de Justicia (Exptes. Nº 11.540/87 11.683/87, 13.555/91) ha sostenido de manera invariable que "la violación de la ley, como motivo casatorio se configura cuando el magistrado desconoce la existencia de una norma jurídica vigente, o yerra al interpretarla en su alcance general y abstracto o aplica a los hechos de la causa una norma distinta de la que correctamente debiera aplicársele (con cita de Di Santo, "El Proceso Civil" VIII-B-558).

De acuerdo a ello, siendo que en la admisibilidad del recurso en abstracto, el enfoque "debe hacerse desde el punto de vista del recurrente, sin colocar al tribunal superior de la causa ante la agria posibilidad de defender -o atacar- su propio decisorio" (Cfme. "La adecuada fundamentación de la concesión o denegatoria de la apelación federal" Augusto M. Morello, en JA 1987-IV-5), es pertinente habilitar la vía extraordinaria por la causal prevista en el artículo 288 del CPr., mediando como ocurre una valoración de los hechos y de las pruebas que podría provocar una errónea aplicación de la ley.

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1)Declarar la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 324/352, contra la sentencia de fs. 317/321 vta.. Téngase por constituido domicilio ante el Superior Tribunal de Justicia.

2)Declarar procedente el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 324/352, por la causal de violación de la ley, art. 288 CPr., contra la sentencia interlocutoria Nº 274/2005 de fs. 317/321 vta.

3)Téngase presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 352.

4)Elévense las actuaciones al Excmo. Superior Tribunal de Justicia. Constituya la contraria domicilio ante el Superior en el término de dos (2) días de notificada la presente.

5) Regístrese y notifíquese. La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Señora Juez de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y concordar en la solución del caso (artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo.: Nélida Susana Melero, Presidente.- Graciela Mercedes García Blanco, Juez de Cámara.- REGISTRADA BAJO EL N° 67 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS