Juicios contra el Estado, ejecución de sentencia, ley de emergencia, constitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alarcon Isabel c/ D.I.P.A.S s/ Ordinario -  Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-03-24

1- El art. 40 de la ley 8575 que establece un plazo de ciento ochenta días para ejecutar deudas contra el Estado, no tiene previsto en forma expresa un plazo de vigencia, pero resulta evidente que la intención del legislador ha sido asociar su aplicación a la situación de emergencia regulada en los título II y III, desde que no se dispone expresamente la derogación del art. 806 del C. de P.C. y porque la ejecución de las sentencia dictadas contra el Estado está obviamente relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones exigibles, materia en la cual el art.20 expresamente asume la normativa como transitoria y justificada en la emergencia.

Encontrándose vencido los plazos, tanto de la emergencia previsional cuanto de la referida al cumplimiento de la obligaciones del Estado ( arts. 29 y 20 respectivamente) debe considerarse fenecido el plazo de vigencia del art.40.

2- La garantía de igualdad, tiene singular aplicación en el área del proceso judicial. Sin embargo, en éste cuanto en cualquier otro terreno jurídico, no se discute que la igualdad de tratamiento está condicionado por la igualdad de situaciones, tal que nada obsta a que el ordenamiento legal acuerde tratamiento diferenciado a sujetos o situaciones distintas.

En orden al cumplimiento de la condena al pago de una suma de dinero, la situación del Estado y la de los particulares no es idéntica. Para aquellos, se trata simplemente de la disposición de fondos necesarios para el pago, susceptible de ser ejecutado de inmediato por el condenado, o por sus representantes legales en el caso de las personas jurídicas. Los funcionarios estatales, en cambio, están sujetos a trámites y controles que postergan necesariamente la posibilidad de cumplir la sentencia. Tal demora no es el fruto de una censurable ineficacia funcional, sino del cumplimiento de la normativa vigente, tendiente al resguardo de los intereses públicos, que obviamente interesan a la comunidad toda.

A diferencia de los que sucede en el ámbito privado, la actuación del estado presupone el respeto inexorable de numerosos pasos procedimentales y la intervención de órganos de control, que si bien alargan los trámites, preservan la legalidad jurídica objetiva en beneficio de la comunidad.

El art. 179 de la Constitución Provincial ha asumido esa realidad.

3- La existencia de un plazo para ejecutar sentencias contra la Provincia o los municipios, distinto del que corresponde a los demás condenados, no lesiona la garantía de igualdad y tiene expreso sustento en la Constitución Provincial.

Ello no implica que la ley pueda fijar al efecto cualquier plazo, sino que debe ajustarse a una pauta de razonabilidad, adecuado al tiempo que demanda el cumplimiento de los trámites necesarios para efectuar el pago, en el marco de una estructura administrativa tan extensa y compleja como es la del sector público.

Cuatro meses no es per se un término irrazonable, ni causa al acreedor un perjuicio de tal entidad, que justifique el dictado del más grave de los pronunciamientos jurisdiccionales: la declaración de inconstitucionalidad de una ley.