Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-12


SENT Nro. 119 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 12 DE MARZO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, con más la integración de los señores vocales de la Sala en lo Civil y Penal, doctores Alberto José Brito -por no existir votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido- y Antonio Gandur -por subsistir la falta de votos suficientes para emitir sentencia válida-, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Molina, Jesús Manuel vs. ARCOR SAIC s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane, Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, con fecha 15 de abril de 2002 (fs. 316/319), la parte actora interpone recurso de casación, el que es concedido por auto del 5 de junio de 2002 (fs. 340 y vta.). Consta en el informe actuarial de fs. 350, que sólo la recurrente ha presentado memorial facultativo.

2.- El fallo atacado no hace lugar a la demanda, absolviendo a la firma Arcor Saic, División Misky de la obligación de pago, impone al actor sus costas, más el 20% de la contraria, regulando honorarios a los profesionales actuantes.

Luego de hacer algunas precisiones en torno al régimen legal aplicable, en razón de la existencia de dos demandas, explicitando que la traída a decisión del Tribunal, fue entablada el 22/10/97, se extiende en consideraciones acerca de la modificación que al art. 15 de la ley 24.028, efectúa el 49 de la ley 24.557.

Al definir lo que llama corolario de la situación descrita, dice que la primera demanda se entabló estando ya vigente la aludida reforma, por lo que debió iniciar el procedimiento de conciliación obligatorio, y que la constancia del cumplimiento de tal trámite es del 17/9/97, cuando estaba ya derogada la ley 24.028.

Con respecto a la segunda demanda, entablada el 22/10/97, considera que es interpuesta con la 24.028 derogada, por lo que no pudo accionar válidamente, pues ya era aplicable al caso la 24.557, no adecuándose, ninguna de las demandas a dicho dispositivo.

3.- Los agravios comienzan con una referencia a los requisitos formales de admisibilidad, y luego de mencionar las normas adjetivas y sustantivas infringidas, hace un relato de la causa.

En primer lugar expresa que el tema del régimen legal aplicable no fue propuesto por las partes, y en contra de la voluntad de las mismas, por lo que la aplicación dispuesta de la ley 24.557 significa una violación al art. 3° del Código Civil, en cuanto dispone sobre la vigencia de las leyes.

Plantea que la enfermedad accidente ocurrida durante la vigencia de la ley 24.028, es una típica consecuencia en la terminología de la disposición citada, y que tratándose de cosas ocurridas, se impone la cuestión del consumo jurídico, por lo que deben juzgarse por la vieja ley.

Explica que prueba de ello, es la fecha del despido, y que la demanda del día 2/4/96 es anterior al listado de enfermedades que contempla la ley 24.557, no cabiendo duda que la aplicable es el anterior ordenamiento.

Considera que debieron aplicarse los arts. 9 y 11 de la LCT, y pretender que el actor debía adecuar su demanda a la LRT, excede el límite de lo opinable y viola los arts. 33, 34, 40 y 272 del CPCCT.

Pregona que la obligatoriedad de exigir una afiliación a una ART, era imposible, porque al tiempo de su egreso y la enfermedad accidente, no existían tales compañías, razón por la cual, no podía efectuar trámite alguno.

Concluye, antes de proponer doctrinas legales, en que la demandada, no cita a tercera alguna, pues cuando se consolidó el daño, es decir al romperse el vínculo no era obligatoria estar asegurado.

4.- Reexaminada la admisibilidad se advierte temporánea interposición contra sentencia definitiva, motivo casatorio bastante (art. 131 inc. "a", innecesariedad del afianzamiento por tratarse del actor, cumplimiento de los demás requisitos del art. 132 del CPTT, imputándose arbitrariedad al decisorio, por lo que debe abordarse la procedencia.

5.- El tema excluyente resulta el régimen legal aplicable, habida cuenta que la Sala resuelve el rechazo, examinando el cumplimiento de los requisitos, con respecto a ambas leyes, pues por una parte argumenta que la ley 24.028 estaba derogada, y por la otra que esta demanda, ni la anterior se ajustaban a las exigencias de la ley 24.557.

La sentencia puntualiza acerca del trámite administrativo previo que manda el art. 49 de la ley 24.557, modificando el 15 de la ley 24.028, transcribiendo las disposiciones finales, en cuanto a que la LRT, no será de aplicación a las acciones judiciales iniciadas con anterioridad a su vigencia, derogando la vieja ley a partir de allí, pero rigiendo las llamadas disposiciones primera y tercera, desde la promulgación.

Comentando este tema Néstor Corte y José Daniel Machado explican que no hay ninguna duda en cuanto a lo más arriba dicho de que frente a una contingencia anterior, puesta en conocimiento del empleador con posterioridad, dará derecho a las prestaciones de la ley, a tenor de la disposición adicional quinta, canon I.

De esa manera concluyen que "a contrario sensu, las contingencias acaecidas con anterioridad al 1° de julio de 1996 y que obraren en conocimiento del empleador antes del 30 de junio inclusive, se rigen por la ley 24.028" ("Siniestralidad Laboral- Ley 24.557", pág. 157).

Los mismo autores agregan que "de la conjunción de ambas disposiciones queda claro que existen dos vías por las cuales el régimen derogado puede subsistir como aplicable a la especie: el ejercicio de la acción mediante la interposición de la demanda (como hipótesis autónoma que no requiere notificación al empleador) o bien la toma de conocimiento por éste de la contingencia por cualquier medio (ya que la ley no especifica uno concreto)" (ibídem, pág. 157).

En el caso que nos ocupa, surge de la misma decisión que la llamada primera demanda (fs. 317 vta.), ha sido interpuesta en fecha 2/4/96, concluyendo el fallo, luego de analizar el procedimiento conciliatorio que "en opinión de este Vocal, no pudo entablar válidamente esta primera acción" (fs. 318). Afirmación dogmática en tanto y en cuanto no expresa razón alguna más aún cuando el precepto nos habla que "los jueces no darán traslado de las demandas" lo que presupone la existencia de un juicio válido.

Por otra parte se advierte nítidamente de las actuaciones agregadas de fs. 2 en adelante, correspondientes al demandado, que se interpuso revocatoria con apelación en subsidio en "contra del proveído de fecha 19/4/96, que nos fuera notificado el día 9/5/96, mediante cédula del 7 de mayo de 1996" (fs. 3).

Luego de analizar todas las posibilidades Mario Ackerman y Miguel Angel Maza, explican que debe hacerse una precisión en torno a la vigencia que refiere la disposición final tercera apartado 1 como punto de corte de la ola retroactiva, diciendo que esbozan dos hipótesis: a) se refiere a la vigencia del sistema, es decir el 1° de julio de 1996 o; b) que se trate de la vigencia de sus primeras reglas, las que entraron en vigor con la publicación de la ley.

Así textualmente expresan: "nos inclinamos sin duda alguna, por la primera postura, con dos argumentos interpretativos", pues dicen, es "evidente que el desplazamiento del anterior sistema reparatorio de los infortunios sólo se produjo con la entrada en vigencia del fresco régimen, por lo que mientras éste, como sistema no entró a regir, siguió en vigencia el de la ley 24.028" ("Ley sobre riesgos del trabajo- Aspectos constitucionales y Procesales", pág. 145- Rubinzal Culzoni).

En virtud de ello, la sentencia debe ser revocada a tenor de la siguiente doctrina legal: "Configura un supuesto de sentencia arbitraria y, por ende jurídicamente descalificable, la que se dicta prescindiendo del régimen legal que debe aplicarse para la solución sentencial del litigio", y en consecuencia deben reenviarse los autos a la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento, examinando los presupuestos de procedencia de la indemnización solicitada.

6.- Las costas del recurso se imponen en el orden causado, por provenir la nulidad de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPTT y 106 inc. 1° CPCCT).

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 330/337 vta., la parte actora presenta recurso de casación contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, dictada el 15 de abril de 2002, obrante a fs. 316/319, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 5 de junio de 2002 (cfr. fs. 340/vta.). Unicamente la parte actora, según surge del informe actuarial de fs. 350, presentó la memoria facultativa prevista en el artículo 137 del CPT.

II.- En lo atinente a lo decidido por la sentencia atacada, como asimismo, a los agravios que sustentan el recurso en examen, me remito a la prolija reseña contenida en los puntos 2 y 3 del voto del doctor Alfredo Carlos Dato. Igualmente coincido en orden a tener por cumplidos los requisitos de admisibilidad, conforme surge del punto 4 de dicho voto, como asimismo la solución a la que arriba en punto a la procedencia, en cuanto acoge favorablemente el recurso de casación interpuesto por la actora y revoca el fallo del inferior mandando a dictar nuevo pronunciamiento y el modo de imposición de las costas. Sin perjuicio de todo ello, estimo necesario agregar algunas consideraciones que reputo esenciales para abonar estas conclusiones.

A tal fin, en forma preliminar, debe analizarse la plataforma fáctica del caso, para determinar el régimen jurídico aplicable.

a) En fecha 30-5-95, el actor es despedido; b) el 02-4-96, interpone la primera demanda reclamando diferencias de la indemnización por antigüedad e indemnización por enfermedad accidente, conforme al régimen de la Ley Nro. 24.028 (según fs. 5/6); c) ante el pedido de la demandada que se revoque el proveído de fecha 19-4-96 y que se aplique la modificación introducida por la nueva Ley Nro. 24.557 a la disposición del artículo 15 de la Ley Nro. 24.028, el tribunal de alzada dispone dejar sin efecto el traslado de la demanda y que la actora acredite el cumplimiento de la instancia administrativa previa y obligatoria (sentencia del 16-8-96 de fs. 5/6); d) con fecha 22-10-97, el actor vuelve a demandar en los mismos términos, pero esta vez acredita que en fecha 17-9-97 se expidió constancia que el accionante ha cumplido con el trámite obligatorio de conciliación.

Ahora bien, al momento del despido y de la consolidación del daño (30-5-95) regía la Ley Nro. 24.028. Cuando se interpone la primer demanda (02-4-96), ya había sido dictada la Ley Nro. 24.557 (promulgada el 03-10-95), pero la misma no había entrado aún en vigencia como sistema global, pues ésta se encontraba supeditada a que el Comité Consultivo Permanente apruebe por consenso el listado de enfermedades profesionales y la tabla de evaluación de incapacidades, debiéndose la aprobación producirse dentro de los 180 días de la promulgación de la ley (artículo 49, disposición final primera), cuestión que hoy resulta académica (al decir de Ackerman y Maza en "Ley sobre Riesgos del Trabajo" Aspectos constitucionales y procesales, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, pág. 124), pues todos sabemos que el sistema, en su integralidad, recién entró en vigencia el 01-7-96 y desde ese momento recién dejó de tener vigencia la Ley Nro. 24.028.

Sin embargo, la Ley Nro. 24.557 contiene normas excepcionales que comenzaron a regir con su promulgación. Estas son las del artículo 49, disposiciones adicionales primera y tercera. La primera sustituyó el artículo 75 de la LCT por un nuevo texto que no corresponde analizar aquí y la tercera reemplazó el primer párrafo del artículo 15 de la Ley Nro. 24.028, introduciendo el requisito de denuncia previa de los infortunios para poder iniciar demanda.

Ello así, ¿qué ley debe regir los infortunios acaecidos verificados hasta el 30 de junio de 1996, inclusive? La cláusula adicional quinta del artículo 49 dice que "las contingencias puestas en conocimiento del empleador con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley darán derecho únicamente a las prestaciones de la LRT, aun cuando la contingencia fuera anterior y siempre que no hubiere prescripto el derecho conforme a las normas de esta ley." Vale decir, la norma posibilita la eventual aplicación retroactiva del nuevo régimen a accidentes o enfermedades acaecidos bajo la vigencia de la ley anterior, cuando el empleador no las ha conocido hasta el 30 de junio de 1999.

Sin entrar en debate sobre el acierto o constitucionalidad de la norma transcripta a la luz de las disposiciones del artículo 3 del Código Civil y 17 de la CN, lo cierto es que en este caso y de conformidad con la plataforma fáctica expuesta, el presunto infortunio ha acontecido antes de la entrada en vigencia de la ley 24.557 y el empleador ha tomado conocimiento del mismo, cuanto menos, en oportunidad de notificarse de la primera demanda (no obstante que se dejó sin efecto su traslado por no acreditar el trámite de conciliación previa); es decir también antes de la vigencia de la Ley Nro. 24.557. Consecuentemente, el régimen aplicable es el de la Ley Nro. 24.028.

La circunstancia que el cumplimiento de la resolución judicial que ordenara la previa acreditación de haber realizado el trámite obligatorio de conciliación (fs. 5/6), recién se verificara en oportunidad de interponer una segunda demanda (en realidad innecesaria como tal pues la resolución judicial sólo exigió el previo cumplimiento del requisito de habilitación de instancia pero no rechazó la demanda primera), no empece a la conclusión que el subexamine se rija por la Ley Nro. 24.028.

En efecto, el régimen jurídico aplicable se determina por los criterios antes expresados y no por la acreditación del cumplimiento de un requisito procesal de admisibilidad de la pretensión resarcitoria en sede judicial.

Ello así, no configurándose la excepción que altere la regla en el sentido que la fecha de toma de conocimiento de la contingencia por parte del empleador haya acaecido después de la entrada en vigencia del sistema de la Ley Nro. 24.557, en el caso se mantiene el principio tradicional de aplicación de la ley vigente al momento de la contingencia, que no es otra que la Ley Nro. 24.028.

Es principio inveterado de las leyes, ratificado por la doctrina y la jurisprudencia nacional, que los hechos se rigen por las normas vigentes al momento de su verificación. Así lo ha reconocido nuestra Corte Suprema de Justicia Nacional, en un caso parecido aunque no idéntico, (CSJN, 05-02-98, autos "Mendoza Reyes, R. E. c. Rest. Servicios S.R.L.", en Revista de Derecho Laboral, 1998, pág. 894 y ss), donde sostuvo que aunque "el principio de no retroactividad de las leyes establecido en el artículo 3º del Código Civil no tiene jerarquía constitucional y por lo tanto no obliga al legislador, no lo es menos que la facultad de legislar sobre hechos pasados no puede modificar o alterar derechos incorporados al patrimonio, al amparo de una legislación anterior, sin menoscabar el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional".

En mérito a ello, corresponde concluir coincidentemente con el señor vocal preopinante que el recurso casatorio en cuanto a esta cuestión resulta procedente, dejándose sin efecto la sentencia atacada, conforme a la siguiente doctrina legal: "Cuando el presunto infortunio laboral cuya indemnización se reclama ha acontecido antes de la entrada en vigencia de la Ley Nro. 24.557 y el empleador ha conocido la existencia del mismo antes del 01-7-96, el régimen legal aplicable al reclamo indemnizatorio es el de la Ley de accidentes Nro. 24.028, aunque la constancia de haber cumplido con la conciliación obligatoria exigida por el artículo 49, cláusula adicional tercera, de la Ley Nro. 24.557, modificatoria del artículo 15 la Ley Nro. 24.028, sea de fecha posterior a la vigencia de la aludida Ley Nro. 24.557".

Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso incoado por la parte actora, debiéndose casar íntegramente la sentencia en recurso, conforme lo considerado y remitir estos actuados a la Excma. Cámara del Trabajo, para que por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento sobre las pretensiones demandadas en un todo de acuerdo a lo decidido por esta Corte respecto al régimen jurídico aplicable, imponiéndose las costas de la instancia casatoria, por el orden causado.

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Alfredo Carlos Dato, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en el mismo sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Alfredo Carlos Dato, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del presente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E:

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, con fecha 15 de abril de 2002 (fs. 316/319), y REENVIAR los autos a dicho Tribunal, para que con la composición que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, como se tratan.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO (con su voto) ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR (con su voto)