marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción de la acción penal, homicidio culposo, prisión
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: ATAMAÑUK, OSCAR EDUARDO c/  s/ HOMICIDIO CULPOSO, LESIONES CULPOSAS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-14

La cuestión controvertida gira en torno a la interpretación de la normativa del Código Penal que regula los plazos de prescripción de la acción penal para los delitos reprimidos con penas conjuntas (en el presente de prisión e inhabilitación especial) intentado el recurrente oponer su particular enfoque del caso sosteniendo -en resumidas cuentas- que se incurrió en arbitrariedad normativa al escogerse la interpretación de la norma que derivó en la declaración de prescripción de la acción penal; que se vinculó inadecuadamente la cuestión con la garantía del plazo razonable; y que aun de sostenerse que el plazo de prescripción de la acción es de cinco años, debió mantener su virtualidad interruptiva la sentencia que fuera nulificada, postulaciones que, a pesar del matiz constitucional que se aspira a otorgarles, encierran tan sólo el fuerte disenso del impugnante con la hermenéutica propuesta de las normas comprometidas, donde -por mayoría- , el Tribunal entendió que debía primar la pena más grave de las previstas de modo conjunto -en la especie la de prisión-, que daría lugar a un plazo de prescripción de la acción de 5 años considerando el máximo de tal especie de pena prevista para el homicidio culposo, y concluyendo que la acción ya habría prescripto, sin que pueda invocarse como acto interruptivo a la sentencia condenatoria por haber sido anulada.( Del voto del Dr. Erbetta que hace mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco).
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quiñones de Garay Y. c/ Propietario de la finca s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

Tiene efectos interruptivos de la caducidad de instancia un pedido de informes acerca de la identidad y domicilio del demandado, porque tiende a la adecuada integración de la litiscontestatio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, apertura del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valentini, Antonio s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-05

Con la reforma introducida por la ley 24.522/95 a la ley de quiebras se exime a los acreedores con créditos privilegiados especiales (laborales) de demostrar que los bienes afectados son insuficientes para cubrirlo, pero esta circunstancia no excluye que se acredite el requisito general para la declaración de quiebras. No se puede pretender la apertura del concurso o la quiebra sin la concurrencia de la cesación de pagos. La circunstancia de acreditar el peticionante ser titular de un crédito contra su empleador, mediante constancia auténtica de la sentencia firme obtenida en juicio laboral, no es por sí sola reveladora del estado de cesación de pagos (art. 79 LC). Es menester ahondar en el estado patrimonial del deudor, pues de lo contrario se estaría ejecutando un crédito individual a través de un proceso universal, desnaturalizando la finalidad de este último. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Insuficiencia del agravio, inconstitucionalidad, movilidad del haber jubilatorio
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: García, Diana Beatriz c/ A.N.Se.S. s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-25

No existen elementos suficientes que permitan declarar la inconstitucionalidad de la emergencia sancionada por el Congreso a través de la ley 27.541, ni tampoco de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo en función de la delegación legislativa realizada, toda vez que no se evidencia irracionabilidad respecto de los fines propuestos en las bases de delegación, no viéndose vulnerado el mandato constitucional del art. 14 bis de la CN, por tanto las medidas adoptadas en relación a la movilidad no resultan susceptibles de la descalificación pretendida por la parte actora, visto que la emergencia fue definida por el Congreso de la Nación, con arreglo a la Constitución Nacional. (Del voto de la mayoría. El Dr. Russo votó en disidencia).
Divorcio, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: L. G. C. c/ V. S. M. N. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-03-14

Sólo cabe reconocer al cónyuge inocente en el divorcio daño moral en tanto y en cuanto "la índole dolorosa y acentuada del ataque sobrepase la mera relación matrimonial en sus implicancias, culpas y quiebres". Es que en las especiales características de este ámbito, la norma, atendiendo prioritariamente a los intereses superiores de la constitución de una familia y de su estabilidad, ha previsto un régimen de sanciones específicas al que no le son ajenas, incluso, finalidades resarcitorias.
Sobreseimiento, estafa procesal, falso testimonio de testigo
Materia: PENAL
Carátula: P., E. M. s/sobreseimiento c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-04

Explicaron, entre otros aspectos, que el delito de estafa procesal ".requiere necesariamente para su configuración la introducción en un proceso judicial de elementos falsos cuyo valor determinante para el magistrado resulte evidente, de manera que la injusticia del pronunciamiento no dependa de un error de apreciación del juez, sino precisamente de lo que jurídicamente debe acordar el elemento introducido en caso de que fuese verdadero (cfr. Nuñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", Ed. Marcos Lerner, 1989, to. IV, pág. 308/309; in re causa n° 1207/09 "Casanova", rta. 1/09/09)...." . Agregaron que la testigo a quien se quizo instigar mediante el mensaje electrónico nunca prestó declaración, por lo que no podía considerarse que en la conducta del imputado haya existido algún acto que importe un comienzo efectivo del iter criminis del delito endilgado sino, eventualmente, simples actos preparatorios que, como tales, son impunes ante el derecho criminal, máxime cuando el falso testimonio se consuma al rendirse la declaración.
Prueba compuesta, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tallarico, Francisco A. s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

La convicción final del Juez se logra con un indagar global, "in totum", sobre toda la masa probatoria, auscultando en ella sus interrelaciones, concordancias y divergencias que han ido tejiendo las distintas pruebas.
Ley procesal, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: SAZ, SARA GUADALUPE DE LARRECHEA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ REVOCATORIA. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIO  N (CSJ EXPTE Nº 254-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-30

Este Tribunal ha sabido siempre interpretar las normas adjetivas con sentido finalista; esto es: admitido el proceso como un instrumento civilizado de solución de conflictos, evitar que su aplicación quiritaria o mecánicamente legalista conspire contra aquel fin último y consagre sólo un resultado disvalioso. Esa funcionalidad útil, para expresarlo con términos de Elías P Guastavino, influye al proceso tanto comprendido como una globalidad como a sus distintos aspectos individualmente considerados.
Enjuiciamiento de magistrados, destitución, tribunal de enjuiciamiento, juicio político, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Orozco, Anabel Matilde c/  s/ expediente n° 14/2016 Procurador General Suprema Corte solicita enjuiciamiento Ley 4970 Dra. Anabel Orozco p/ jury p/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

Ni la subsunción de los hechos en las causales de destitución ni la apreciación de los extremos fácticos o de derecho constituyen materia de pronunciamiento, dado que no se trata de que el órgano judicial convertido en un tribunal de alzada sustituya el criterio de quienes, por imperio de la ley, están encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad política del magistrado.
Cuenta corriente mercantil, prueba del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: H. M. ARGENTINA - SOCIEDAD ANONIMA c/ GALEANO, Luciano s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-31

La sola mención formulada por el experto en cuanto a la existencia de un libro de cuenta corriente mercantil donde se encontrarían asentadas ciertas operaciones, no resulta en verdad suficiente para tener por probada la existencia de dicho tipo de operatoria, en la medida que no se configuren los restantes requisitos establecidos por el Código de Comercio: 771 y sig.

La demostración de la existencia de una cuenta corriente mercantil debe ser probada por quien argumentó dicha circunstancia.
Sentencia, nulidad de sentencia, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Sergio W. c/ Priori, José Luis s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-18

Debe anularse de oficio el pronunciamiento del Tribunal del trabajo si en el veredicto el mismo se expidió sobre la procedencia o improcedencia de determinados rubros y formuló conclusiones acerca del "derecho" a percibir la indemnización reclamada dejando definida la suerte del pleito en una etapa procesal impropia, habida cuenta que no quedaba posibilidad en la sentencia, de apartarse de lo ya decidido.
Recurso de inconstitucionalidad, ley nacional, liquidación judicial, ley de desindexación, aplicación de la ley, consignación judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. c/ Ravelli, Daniel s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Demanda ordinaria (Expte.: C.S.J.  Nro. 99 año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

No resulta ser derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa y, por ende, debe ser anulado, el fallo de la Alzada que apoya esencialmente su respuesta jurisdiccional en la cuestión relativa al depósito de la suma considerada correcta por parte del accionado como recaudo de admisibilidad de la pretensión desindexatoria. Ello por cuanto la Alzada se enrola en una postura, que al margen que pueda tener apoyo en algún sector doctrinario o jurisprudencial, no encuentra fundamentación adecuada en nuestro sistema jurídico, ya que implica un palmario desconocimiento de la norma que rige en el caso, haciendo caso omiso -además- de la tesis sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la local, con el consecuente apartamiento normativo endilgado por el recurrente. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...la alzada ha pretendido desmerecer la seriedad del planteo deducido por la demandada exigiendo el cumplimiento de un recaudo -depósito de las sumas que se estimaba adeudar- que no fue previsto por el legislador, ya que el art. 1 de la ley 24.283 sólo alude al momento del pago como pauta temporal para establecer un punto específico de ponderación entre la suma que pretende percibir el acreedor resultante de su liquidación y la que emana del valor actual de la cosa o prestación debida", y la provincial destacó -en un supuesto en que la pretensión desindexatoria había sido articulada luego de haber recaído en la causa sentencia judicial firme- que "no es requisito de admisibilidad de la pretensión el depósito de lo que la pretendiente estime como valor real y actual del bien litigioso, si bien correspondería que la deudora lo efectúe en un plazo razonablemente corto bajo apercibimiento de tenerla por desistida de la misma...".
Empleo público, docentes, incompatibilidad de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORDÓN, AÍDA RAQUEL c/ PROVINCIA DE CÓDOBA s/ -ILEGITIMIDAD- RECURSO DE APELACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-04-23

El establecimiento de un sistema de incompatibilidades en la relación de función o empleo público, se justifica por la necesidad de evitar que el ejercicio de actividades públicas o privadas, acumuladas a la función o empleo público, que se consideran inconciliables con la misma, comprometa la independencia e imparcialidad de los Agentes de la Administración, menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes públicos o perjudique los interese generales residiendo, el fundamento de estas restricciones estatuarias en el intento por organizar lo mas eficazmente posible el servicio público, facilitando el cumplimiento del deber de desempeñar con eficacia el cargo por parte del funcionario, como así también el deber de dedicación a la función pública.

El error de la accionante proviene en gran parte de suponer, que a partir de entender que el régimen de incompatibilidad vigente en la Provincia es aplicable al área de la educación privada adscripta, el caso debe analizarse jurídicamente " tal como si ambos establecimientos" en los que presta servicios la actora" fuesen oficiales", postura que no haya respaldado en la realidad- dado que sólo una institución es pública- ni en norma jurídica alguna.
Acción de amparo, servicio público, Derecho ambiental, deberes de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-07

En el caso, hay que determinar si existe una obligación de la administración incumplida -adquisición e instalación de cestos papeleros- respecto de la denominada "Zona V" -integrada por los barrios de Liniers, Mataderos, Villa Riachuelo, Villa Lugano y parte de Villa Soldati-.

En este sentido, no asiste razón a los amparistas, a criterio del Tribunal, en tanto no se configura una omisión manifiestamente arbitraria o ilegítima en los términos del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque aún antes de la promoción de la demanda, el Gobierno de la Ciudad había realizado actividades tendientes a la adquisición e instalación de cestos papeleros en la denominada "Zona V".

En efecto, ya se había llamado a una licitación pública -que fracasó- y se había decidido llevar adelante la contratación directa de mil doscientos cincuenta (1250) de dichos elementos, que se concretó durante la sustanciación del presente con su correlativa instalación.

Asimismo se informó que tramitan, mediante sendos expedientes administrativos, dos licitaciones públicas que prevén la compra e instalación de más cestos papeleros en la "Zona V".
Recurso de casación, improcedencia del recurso, inconstitucionalidad, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Manuel Fernández Vega La Rioja S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-10-19

El Código Procesal Civil consagra en forma expresa y distinta de la vía casatoria -art. 256 a 262-, al Recurso de Inconstitucionalidad -arts. 263 y 264- para impugnar por este andarivel las sentencias definitivas recaídas en procesos en que se ha controvertido la validez de una ley, decreto, ordenanza, o reglamento bajo pretensión de ser contrarios a la Constitución de la Provincia.

El camino señalado por el art. 263 del C.P.C. -Recurso de Inconstitucionalidad- es el que debió recorrer el casacionista habida cuenta que el meollo de su agravio lo constituye la pretendida y denunciada inconstitucionalidad del art. 13 de la Ley Provincial Nº 4816 (confrontando con disposiciones constitucionales locales -arts. 21 y 29 Const. Prov.- y art. 16 Const. Nac.) que en la instancia de grado le fuera rechazada mediante la resolución que hoy ataca a través de este recurso.
Deberes procesales, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: NAPOLI DE FERRARAZO, Laura c/ PORTELA Mario Sixto s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-09

Pesa sobre los litigantes la obligación de arrimar al magistrado los elementos de juicio que le permiten llegar a conclusiones adecuadas y a un pronunciamiento justo; el juez no puede dejar de dictar por no tener las pruebas necesarias. Esta carga debe ser satisfecha en tiempo propio, es decir cuando las normas procesales así lo determinan y del modo adecuado para obtener la satisfacción del fin previsto.-
Empleados públicos, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tettamanti, Marcelo Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección de Escuela) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-23

Al Director General de Escuelas y Cultura le ha sido asignada constitucionalmente la competencia de nombrar y remover a su personal (art. 201, último párrafo, Const. prov.; art. 8, ley 10.236), razón por la cual las disposiciones de la ley 10.430 deben ser interpretadas en el sentido de que toda atribución conferida al Poder Ejecutivo será ejercida por el Director General de Escuelas y Cultura en el ámbito de su competencia.
Competencia por la materia, transporte terrestre, competencia federal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Maskay Cinematográfica  S.R.L. c/ Empresa de Transportes Colonia Dorá s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-27

La jurisdicción de la Justicia Federal, se aboca a la solución de las cuestiones que versan sobre el transporte terrestre, de acuerdo con el artículo 67 inciso 12) de la Constitución Nacional; 2 y 3 de la Ley 12.346; 45 inciso "a") y 55 inciso "b") de la Ley 13.998 y los artículos 40 y 41 del Decreto Ley 1.285/55.
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cardoso, Oscar Orlando c/ Batistoti, Luis Antonio y otros s/ Ordinarios por Daños y perjuicios-Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-04-13

La resolución denegatoria de la apelación fue firmada por la Secretaria sin encontrarse tal atribución entre las que le confiere el artículo 35 del Código Procesal Civil y Comercial, por no tratarse la decisión suscripta de una providencia de mero trámite, ejerciendo de este modo una competencia que es exclusiva del juez de la causa; vicio que acarrea la nulidad absoluta de tal decisorio por ser la capacidad del funcionario para dictarlo un presupuesto que hace a la existencia misma de la resolución que, por afectar el orden público, cabe decretarla de oficio.
Acción de amparo, sanciones disciplinarias administrativas, inconducta procesal, temeridad o malicia, facultades del juez, facultades disciplinarias del juez, buena fe procesal, buena fe lealtad, obligaciones del abogado, COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL, sanciones del Colegio Profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Del Piero, Fernando Gabriel c/ G.C.B.A. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-12

Conforme a las previsiones del segundo párrafo del artículo 39 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, en el supuesto de considerarse que el proceder de algún letrado resulta temerario y/o malicioso, es un deber del magistrado remitir las actuaciones al Colegio Público de Abogados a los fines del pertinente juzgamiento disciplinario.

Ello así, toda vez que a tales efectos la ley ha previsto un procedimiento complejo, conforme al cual incumbe al juez de la causa la calificación de la conducta del letrado y, en caso de concluir en la existencia de temeridad o malicia, corresponde la remisión de los antecedentes al Colegio Público de Abogados, en cuyo ámbito habrá de sustanciarse el juzgamiento disciplinario. Así, en tales supuestos, la calificación judicial de la conducta profesional como temeraria o maliciosa, constituye un presupuesto para la actuación del Tribunal de Disciplina.

En consecuencia, toda vez que en la especie no se ha dado cumplimiento al procedimiento previsto por el legislador con carácter imperativo, la calificación de la conducta profesional como temeraria y el llamado de atención consecuente deben ser dejados sin efecto por tratarse de una sanción inexistente, al haberse incumplido una de la etapas obligatorias del procedimiento.
Prueba testimonial, testigo único
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Jara, Matilde del Carmen c/ Zappia, Antonio Pascual y Durante, Gustavo s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-31

La exclusión del valor probatorio del testigo único no tiene fundamento, porque si bien no existe la garantía que supone la concordancia entre las declaraciones de varios testigos, ella puede hallarse compensada por la calidad del testigo único y la existencia de que, en tal caso, el juez aprecie el testimonio con mayor severidad.
Sanciones disciplinarias, martillero
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: V.R.A. S.A. c/ Colegio de Martilleros y Corredores de la Provincia del Neuquén s/ Acción Procesal Administartiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2012-12-06

Es legítima la suspensión de la matrícula impuesta a un martillero por el Tribunal de Ética del Colegio de Martilleros y Corredores de la Provincia de Neuquén, pues la argumentación que presenta el acto administrativo no se presenta como arbitraria, ya que en el juicio ético se analizaron pormenorizadamente, tanto la denuncia, como el descargo y las pruebas producidas, mediante las que se concluyó que abusó de su mandato y puso en riesgo una compraventa inmobiliaria al no entregar la seña pagada por el comprador al momento de la firma de la escritura, ni concurrir a dicho acto, ni designar a otra persona para realizar tales funciones.
Sociedad cooperativa, calidad de socio
Materia: LABORAL
Carátula: REYNOSO, JORGE DANIEL. c/ CARRIZO, JOSE LUIS Y/U OTROS. s/ DIFERENCIA DE JORNALES, ETC. - CASACION LABORAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-15

Las cooperativas están basadas en los valores de autoayuda, la responsabilidad personal, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad.

Según la tradición de sus fundadores, los socios cooperativos hacen suyos los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social.

Si bien normativamente el vínculo jurídico entre el asociado y la cooperativa de trabajo "es de naturaleza asociativa" y por tanto exento de toda connotación de dependencia, el art. 2 de la resolución 784/92 deja abierta la posibilidad de que, en caso de existir duda ante una determinada situación, se pueda establecer el vínculo de relación de dependencia.
Accidentes de trabajo, daño material, indemnización, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Molina Cristian Gabriel c/ La Caja ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-28

De acuerdo a la doctrina de la C.S.J.N. emanada de la causa "Ascua, Luis Ricardo c/Somisa" del 10/08/10", ningún tope reductivo sería válido en el contexto de una tarifa legal que esté basada exclusivamente en considerar el daño material en el plano salarial. Esta doctrina judicial sólo es aplicable en materia de regímenes tarifarios de reparación económica basados en la compensación exclusiva del daño material salarial, tal como lo fue el régimen de la ley 24.557 hasta su reforma por la ley 26.773. De acuerdo con lo expresado en "Ascua" es imposible aplicar estas consideraciones al caso del art. 245 L.C.T., materia en la que el Alto Tribunal ratificara la validez de los topes legislativos, sin perjuicio de haberles puesto un límite para salvaguardar las garantías constitucionales respetando el sentido de la voluntad del Congreso Nacional (in re "Vizzoti"). Y en materia de reparación tarifada de infortunios del trabajo carecería de relevancia la extensión de la reducción por resultar siempre y en todos los casos contradictoria con los fines tenidos en miras por las leyes especiales en la materia. Por todo ello corresponde confirmar la declaración oficiosa de inconstitucionalidad del tope máximo que preveía el art. 14 ley 24.557