Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-09-18


Salta, 18 de septiembre de 2012.	Y VISTOS: Estos autos caratulados "BANCO MACRO S.A. VS. PROVINCIA DE SALTA; SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte Nº CJS 34.474/11), y	____________________________CONSIDERANDO:	1º) Que a fs. 89 la actora interpuso recurso de apelación contra el auto interlocutorio de fs. 84/85 en el que la Sra. Juez de Primera Instancia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo declaró su incompetencia para intervenir en los presentes obrados por considerar que la pretensión del actor, dirigida a obtener la nulidad de la decisión emanada de la Secretaría de Defensa del Consumidor que declaró su competencia para conocer en una denuncia efectuada en el marco de servicios bancarios relativos a depósitos y pago de órdenes judiciales, debe ser entendida y decidida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial conforme lo dispone el art. 19 de la ley 7402, de Procedimientos para la Defensa de los Derechos del Consumidor.	Al expresar los agravios (fs. 91/97 vta.), la parte actora entiende la competencia contencioso administrativa para conocer en autos por negar la configuración de una relación de consumo en los depósitos judiciales conforme el carácter de auxiliar de la justicia que reviste el Banco Macro y su consiguiente despliegue de función pública administrativa por delegación estatal.	A fs. 103/104 se pronuncia el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 2 por el rechazo del recurso conforme los argumentos que allí explicita.	2º) Que la cuestión planteada remite, en lo sustancial, a lo decidido por el Tribunal en los precedentes registrados en Tomo 153:1061; 156:39, cuyos fundamentos, en lo que aquí interesa, cabe reproducir a continuación.	3º) Que reiteradamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó establecido que, a los fines de resolver una cuestión de competencia, se ha de tener en cuenta, en primer lugar, la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y, después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, el derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (Fallos, 316:1777; 318: 1793).	En el caso, surge claro que el objeto de la demanda se dirige sólo a impugnar la decisión emanada de la Secretaría de Defensa del Consumidor que declaró su competencia para entender en una denuncia formulada en el contexto de un depósito bancario, relativo a una orden judicial.	4º) Que en autos se ha ejercitado una pretensión anulatoria de un acto dictado por una autoridad administrativa. Si bien en principio aparecería como competente el fuero contencioso adminis-trativo, en el caso la cuestión requiere para su solución la aplicación de normas específicas de derecho público provincial, tales como el art. 19 de la ley 7402, además del examen o revisión de actos de naturaleza administrativa.	En efecto, el art. 1º de tal normativa establece que su objeto es establecer el procedimiento para la efectiva implementación en el ámbito de la provincia de Salta de los derechos de los consumidores, reconocidos en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, en la ley 24240 de Defensa del Consumidor, disposiciones modificatorias y complementarias, sin perjuicio de las competencias concurrentes de la Autoridad Nacional de Aplicación.	Por su parte, el art. 19 dispone que toda resolución condenatoria dictada por la Secretaría de Defensa del Consumidor, como autoridad de aplicación, se considera definitiva y podrá ser recurrida por ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.	Si bien en una hermenéutica literal la resolución cuya nulidad se pretende en autos no constituye una "resolución condenatoria", la cuestión debe ser abordada, como toda tarea interpretativa que emprende el operador judicial, con un criterio sistémico de las normas en debate.	Ello significa que debe computarse la totalidad de los preceptos de la normativa de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. Ese propósito no puede ser obviado por el intérprete con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación, toda vez que no debe prescindirse de la "ratio legis" y del espíritu de la norma. Es que, la exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (CSJN, Fallos, 302:973; 312:1484).	Resulta plenamente aplicable al caso la doctrina de la Corte Federal en cuanto ha reconocido desde antiguo, que en la tarea de interpretación de las leyes no es recomendable atenerse estrictamente a sus palabras, ya que el espíritu que las informa es lo que debe rastrearse en procura de una aplicación racional que avente el riesgo de un formalismo paralizante, pues, lo que ha de perseguirse es una valiosa interpretación de lo que las normas, jurídicamente, han querido mandar (Fallos, 300:417).	Debe tenerse presente que la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen, por lo que la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (cfr. CSJN, Fallos, 306:721; 307:518, 993; 313:1149, entre otros).	5º) Que bajo tales parámetros y si bien esta no es la opor-tunidad para analizar si la entidad bancaria actora en sus operaciones vinculadas a depósitos judiciales reviste la calidad de sujeto de una relación de consumo reglada por la ley 24240, sólo cabe tener presente que el art. 3º de la Ley de Defensa del Consumidor establece una directiva en materia de integración normativa, al prescribir que las disposiciones de esa ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas abarcadas por la ley. Dispone además que en caso de duda rige el principio de interpretación más favorable al consumidor. De tal manera, la interpretación de la norma que involucra las diferentes ramas del derecho torna necesario el diálogo entre las distintas fuentes aplicables para la solución del caso sometido a estudio. En consecuencia, deberá entenderse que la Ley de Defensa del Consumidor contiene reglas protectoras y correctoras, siendo complementarias y no sustitutivas de la regulación general contenida en los códigos de fondo y la legislación vigente.	6º) Que en consecuencia, resulta razonable interpretar que existe un "régimen jurídico circundante" a las facultades y atri-buciones de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, en el orden provincial (art. 2º de la ley 7402) que autoriza su revisión judicial a través del recurso directo previsto en el mencionado art. 19 de dicha ley, el que no puede quedar confinado al control judicial de sus "resoluciones condenatorias".	Es que una interpretación menguada de tal vía recursiva des-naturaliza la intención del legislador provincial que, sin lugar a dudas, tuvo por mira al delinear dicho recurso directo ante la Cá-mara Civil y Comercial, el principio de especialidad, como así también lo relativo a la celeridad con que el caso debe ser re-suelto.	7º) Que por lo expuesto, corresponderá rechazar el recurso de apelación.	Por ello,	________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	_____________________________RESUELVE:	I. RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 89 y, en su méri-to, confirmar el auto interlocutorio de fs. 84/85.	II. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, Guillermo A. Catalano, Guillermo Félix Díaz, Abel Cornejo, Gustavo A. Ferraris, Susana Graciela Kauffman de Martinelli y Sergio Fabián Vittar -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).