Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL,COMERC., LABORAL, MINERIA Y FAMILIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-29


ACUERDO : En la ciudad de Zapala, Departamento del mismo nombre, Provincia del Neuquén, a los 29 de mayo días del mes de mayo del año dos mil catorce, se reúne en el Salón de Acuerdos la Excma. Cámara Única Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia con competencia territorial en las II, III, IV y V Circunscripción Judicial, Sala I, integrada por los señores Jueces, Dras. Gabriela V. Calaccio y Alejandra Barroso, con la presencia de a secretaria actuante Dra. Norma Alicia fuentes para conocer del recurso de apelación interpuesto en estos autos caratulados: "SERENO DANIEL JOSÉ C/ MENDOZA MARTA VIVIANA Y OTROS S/ SIMULACIÓN", Expte. N. 7625 - Año 2013, venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° Uno de la III Circunscripción Judicial con asiento en Zapala.

De acuerdo al orden de votos sorteado a la Dra. Gabriela V. Calaccio, dijo:

Que vienen estos autos en apelación en orden al recurso interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 26 de marzo del 2013, obrante a fs. 89/93 Registro 08/13, en cuya virtud la señora jueza de la instancia anterior valorando la prueba producida, desestima la demanda instaurada por considerar que la actora no probó la celebración del acto que dice fraudulento entre la partes demandadas, o respecto de tercero, mediante el cual se hubiere desprendido del fondo de comercio de supermercado, siendo el hecho objetivo sólo el cambio de denominación social y titularidad de la licencia comercial, por ser esta circunstancia insuficiente para imputar accionar alguno a los deudores. Considera la situación de la parte rebelde y carga costas.

Contra tal decisorio se alza la actora a fs. 94, expresando los agravios en el memorial que corre agregado a fs. 107/114. En dicha pieza la accionante sostiene en primer lugar que la demanda impetrada reconoce como fundamento en derecho no sólo la norma citada por la señora Jueza apelada, sino los arts. 955 y 956 referentes a la simulación.

En segundo lugar sobre la decisión de la jueza en torno a la existencia del "acto". En ese sentido considera que el mismo se trató del cambio de razón social y/ o titularidad del supermercado "Lo de Martín" y el cambio de denominación o nombre de fantasía, acreditado a través de la causa laboral ofrecida como prueba.

Considera acreditado que la señora Amanda Gregoria Barrera a quien se le habría transferido la licencia comercial en fecha 28/1/05 nunca tuvo su domicilio en esta localidad, habiendo declarado otro domicilio para tramitar la licencia comercial.

Argumenta que el cambio de licencia comercial era la estrategia para sustraerse al pago de sus obligaciones.

Considera acreditado el estado de insolvencia de los demandados.

Que los cambios de titularidad y/o razón social y/o denominación se hicieron siempre dentro de la familia y sin publicar edictos, suscribir boletos de compra venta o cumplir con lo dispuesto por el Registro de Comercio, afirmando que dichos cambios fueron actos simulados, permaneciendo siempre Mendoza y Pigliacampi administrando y usufructuando con los ingresos del supermercado, siendo estos cambios actos simulados.

En relación al tercer agravio, gira en torno a la argumentación de los dos anteriores, señalando prueba que a su criterio acredita la existencia del acto jurídico producido en fraude de su parte.

En relación al cuarto agravio reitera argumentos ya esgrimidos, agregando que a su criterio la sentencia recurrida resulta contradictoria con decisiones adoptadas en la causa laboral ofrecida como prueba.

Cita doctrina y jurisprudencia.

Finalmente requiere actualización del monto reclamado.

Este memorial es contestado a fs. 116/117 y vta. considerando la demandada que los agravios no reúnen los recaudos exigidos por el art. 265 del CPCC, no logrando acreditar la supuesta simulación que invocó o el fraude de sus derechos.

Que corresponde seguidamente ingresar en el análisis de los agravios vertidos por la actora, evaluando si los mismos cumplen con la manda del art. 265 del CPCC, sorteando con éxito el juicio de admisibilidad, adelantando que los jueces no estamos obligados a seguir todas las argumentaciones de las partes, sólo aquellas que hacen al develamiento de la cuestión litigiosa.

Sentado lo expuesto, queda por determinar los límites de la cuestión debatida en autos.

En este sentido la actora y requirente en la instancia promueve demanda a fin de lograr la revocación de los actos producidos por los demandados en fraude de sus derechos, considerando tal el cambio de denominación y titularidad del supermercado propiedad de aquellos, concretamente el producido con fecha 1° de julio del 2009 a favor de la co demandada señora Estela Petrona Devia a quien ubica además como madre del demandado Carlos Alberto Pigliacampi.

Para ingresar en el análisis de la cuestión traída a juzgamiento y conforme los límites establecidos más arriba, para llegar a la justeza o no de la decisión cuestionada, resulta necesario evaluar las pruebas producidas por las partes, adelantando opinión en el sentido que el recurso no habrá de prosperar.

Entiendo necesario principiar por el análisis del primer agravio, pues el resto de los mismos versan sobre una misma cuestión, siendo tratados en conjunto.

En primer lugar dice la requirente que la jueza de la instancia anterior yerra en la valoración, al considerar sólo el art. 961 del CC, cuando además fundamentó su reclamo en las normas sobre simulación, arts. 955/ 956 de CC.

Al respecto es necesario aclarar que la requirente demandó por "revocación" del acto fraudulento en su perjuicio, producido por los demandados, es decir el objeto litigioso se circunscribió a esta cuestión, sobre ésta quedó trabada la Litis y fue materia de análisis.

La mera referencia a otras normas del Código Civil en modo alguno pueden modificar o alterar esta cuestión, pues excede el marco cognitivo del procedimiento.

Más aún, es criterio uniforme y pacífico sobre la imposibilidad de acumular acciones de simulación y fraude, no pudiendo encarase simultáneamente porque un acto no puede ser al mismo tiempo aparente o real.

Podría si, "...admitiéndose que pueda ser atacado por simulado y, en subsidio y para el caso de no probarse la apariencia, impugnarlo por fraude" CCivb y Com Azul, sala 2da 21/2/2001" !Banco Español de Río de la Plata v. Pauluzzi Enrique y otros" LLBA 2001-1483.

No obstante, la doctrina y jurisprudencia actual admiten mayoritariamente que la acción pauliana puede deducirse para el caso de que no prospere la acción de simulación, basada en aspectos comunes de ambas acciones y en ventajas prácticas de la acumulación. (Conf. Díaz, A.M. El ejercicio simultáneo en forma subsidiaria de las acciones de simulación y fraude, en J.A. 54-60 'López Olaciregui, en ob.cit. núm. 2537-A, pág. 696; Mosset Iturraspe, ob.cit. T I, pág. 216; Cámara H. La simulación de los actos jurídicos, pág. 648; Acuña Anzorena, La simulación, pág. 209; C.N.Civ. Sala A, La Ley 98-497; C.N.Com. La Ley 49-376; C.Ap. Rosario, Sala II, LA Ley 34-991; C.N.Civ. 2 La Plata, La Ley 72-353).

Lo dicho amerita sin más la desestimación de este agravio.

Insiste la requirente sobre la naturaleza fraudulenta del acto producido por los demandados en perjuicio de los derechos de su parte. Para ello parte de considerar algunas constancias de la causa penal y laboral que tengo a la vista.

Sin embargo no alcanza a vislumbrar que, conforme quedara trabada la discusión de la materia eje del proceso es necesariamente la existencia o no del acto fraudulento, ello conforme lo manda el art. 961 del Código Civil, y en este aspecto debo concluir con la sentenciante que sólo el hecho objetivo y probado en autos, es el cambio de denominación y titularidad de la licencia comercial.

En efecto la actora al momento de demandar, afirma sobre una transacción gratuita u onerosa perfeccionada por los demandados entre ellos, con un fin específico. Agrega al momento de fundar sus agravios sobre el vínculo de parentesco entre los mismos, considerando este hecho como exteriorización de la alegada simulación en relación al presunto negocio jurídico que vinculara a las partes, citando jurisprudencia en apoyo de sus postura.

Sin embargo el alegado vínculo de parentesco no ha sido probado, conforme lo mandan los arts. 79, siguientes y concordantes del Código Civil, por ello no habrá de ser tenido en cuenta.

Que el relación al presunto reconocimiento efectuado por Pigliacampi en autos "Sereno Daniel s/ Defraudación por entrega de falsos recibos en concurso ideal con falsificación de documentos privado" (5019/06) no fue ofrecido como prueba por las partes, con lo cual tampoco habrá de considerarse, debiendo remitirse éstos a su origen.

En relación a las consideraciones efectuadas por la requirente sobre las constancias obrantes en la causa laboral, que tengo a la vista, sin perjuicio de compartir con la sentenciante de la instancia anterior sobre la inexistente eficacia probatoria en este proceso, resulta necesario efectuar algunas consideraciones.

En particular la actora demanda conforme se dijo, por la revocación del o los actos fraudulentos efectuados en su perjuicio por los demandados, en particular el consistente en el cambio de denominación o razón social y titularidad del que fuera negocio de aquellos.

Este hecho objetivo se habría producido en fecha 1/7/2009, conforme constancia obrante a fs. 337 vta. de los autos laborales ya indicados.

Ahora bien, tal constancia a la cual la requirente le otorga eficacia probatoria, refiere sobre la inexistencia de la razón social indicada en el mandamiento y los datos de la titular de la licencia comercial del existente en el domicilio demandado.

Concluyo con la señora Jueza de la Instancia anterior que este hecho por sí en modo alguno prueba la existencia del acto, que se pretende revocar por considerar viciado de fraude, "...todo egreso de bienes supone una disminución de la garantía común; pero mientras se trate de actos normales de administración o disposición, ellos deben soportar sus consecuencias y carecen de remedio legal para impugnarlos. Sólo cuando el acto está encaminado a defraudarlos, la ley acude en su defensa". (Tratado de derecho Civil, parte General Guillermo Borda, pág. 386).

Para que se tipifique el fraude se requiere un negocio jurídico, aunque la finalidad perseguida lo vuelve "vicioso". El fraude -dice López Olaciregui es "una defección en la licitud del querer". Pero no se confunde con los actos ilícitos en los que se causa el perjuicio a otro sujeto mediante el cumplimiento de una actividad dañosa prohibida; en el caso del fraude se persigue aquel resultado mediante el otorgamiento de un negocio jurídico. "Se adopta un esquema permitido para obtener un resultado prohibido" (autor citado, ob.cit. T II, núm. O-2422-B, pág. 617).

Concluyendo no habiendo la actora, ante la negativa de la demandada, probado la existencia del acto que dice fraudulento, corresponde confirmar la sentencia atacada con costas en la alzada a cargo de la requirente perdidosa.

En consecuencia, de compartirse mi voto corresponde: I) Rechazar el recurso intentado, confirmándose la sentencia dictada con fecha 26 de marzo de 2013 (89/93) en todos sus términos; II) Imponer costas de alzada a la recurrente perdidosa conforme art. 68 del CPCC; III) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en alzada en un 28% de lo regulado en primera instancia conforme art. 15 de la ley 1594.

Y la Dra. Alejandra Barroso, dijo:

Que comparte los fundamentos y conclusiones a los que arriba en su voto la colega preopinante, adhiriendo a los mismos y expidiéndose en idéntico sentido.

Por todo ello, esta Cámara de Apelaciones provincial Sala I, RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso interpuesto pos la parte actora a fs. 94, y confirmar en consecuencia la sentencia obrante a fs. 89/93 de autos, con costas de alzada a la recurrente vencida, conforme a lo considerado.

II.- Regular los honorarios de alzada ..., conforme art. 15 Ley 1594 (28%), con más la alícuota IVA a quien corresponda.

III.- Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

DRA. GABRIELA B. CALACCIO - DRA. ALEJANDRA BARROSO REGISTRO 13 FOLIO 1 AÑO 2014 DRA. NORMA A. FUENTES - SECRETARIA.