Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-09-25


En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil trece, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia a cargo del Dr. Mauricio Daniel Mariani, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "VALDEZ, MARCOS ANTONIO S/LESIONES GRAVES -3 HECHOS-" Expte. Nº V-741/12/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 228/232 resolvió hacer lugar a la omisión de debate ofrecida por la Fiscalía de Cámara, la que fuera aceptada por la defensa de VALDEZ, sin realizar la audiencia que marca la ley (art. 517 del CPP) previo a resolver, en dicha resolución se lo condena al imputado a un año de prisión de cumplimiento en suspenso e inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo automotor por el término de dos (2) años, al haber sido considerado autor penalmente responsable del delito de lesiones culposas reiteradas (3 hechos) (arts. 94 y 54 del CP).

Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el imputado Marcos Antonio Valdez, quien se encuentra asistido por su Defensora Particular Dra. Diana M. Huerga Cuervo, y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Claudio Roberto Espinosa y, RESULTANDO:

I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 228/232, interpuso recurso de casación la Defensora particular del imputado, fundándolo en los artículos 440 y 442 inc. 1º del CPP, manifestando que "...las disposiciones violadas y erróneamente aplicadas en el decisorio atacado y por la cuales esta parte solicita se case la sentencia recurrida, son las siguientes: errónea aplicación de la ley sustantiva (arts. 94 y 54 del Código Penal), errónea aplicación de la ley sustantiva, (artículos 40 y 41 del Código Penal), inobservancia del art. 18 C.N. por sentencia arbitraria y violación principio de inocencia, inobservancia del art. 387 del C.P.P....".

A fs. 249/250 vta. se hace lugar al recurso impetrado y se emplaza a la parte quien mantuvo el recurso a fs. 255 y 260.

El día 05 de julio de 2013 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvo por mantenido el recurso de casación articulado (fs. 262/263).

Que, por auto de presidencia que luce a fs. 266, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 271, exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.

II.-) En la audiencia de debate la Defensora particular Dra. Diana Huerga Cuervo ratificó el recurso de casación presentado a fs. 240/247.

Para finalizar, el Dr. Claudio Roberto Espinosa, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...estamos ante un pedido de nulidad insanable toda vez que el pronunciamiento abreviado establece una serie de requisitos dentro de los cuales corresponde mencionar la audiencia donde el imputado debe ratificar ante el Tribunal la audiencia omisión de debate. La audiencia no se hizo y por lo tanto nulifica todo el procesamiento...".

Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar:

PRIMERA CUESTIÓN:

¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 240/247 por la defensa del imputado MARCOS ANTONIO VALDEZ? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y, CONSIDERANDO:

I.-) PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 240/247 por la defensa de Marcos Antonio Valdez?.

A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que el recurso de casación en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir, y teniendo en cuenta que la sentencia objeto del recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía (art. 440 C.P.P.), debe entonces admitirse el recurso de casación interpuesto.

Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.

II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? En este entendimiento, y abocados ya en el estudio de los agravios presentados por la parte recurrente, corresponde analizar si en la sentencia impugnada, se constatan defectos procesales que nulifiquen la decisión.

En este sentido, corresponde tener en cuenta lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, en la audiencia por ante este Tribunal, en donde peticiona por la nulidad de todo lo actuado, en razón de no haberse llevado a cabo, la audiencia prevista por el Art. 517 del Código Procesal penal, el cual prevé que el imputado y su defensor deben ratificar en forma personal su propuesta ante el Tribunal de Juicio.

Como bien lo sostiene la Fiscalía, en la mencionada audiencia, se concreta entre otros aspectos, el derecho del imputado a ser oído, aspecto fundamental del derecho de defensa.

En este orden de ideas, es oportuno destacar lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia cuando dice que el imputado en juicio criminal tiene derecho a un proceso tramitado legalmente, en el que se guarden las formas sustanciales, de manera que puedan ejercitar sus derechos con las solemnidades establecidas por las leyes de procedimiento (Conf. Fallos: 310:57 y 310:745, entre muchos otros).

El derecho a ser oído por parte de los magistrados, como así también el plazo razonable en que debe resolverse la situación procesal del imputado, se encuentran plenamente reconocidos por los arts. 14.1 del P.I.D.C.P. y 8.1 C.A.D.H., con jerarquía constitucional en función del art. 75 inc. 22 C.N.; integrando la garantía del debido proceso.

Corresponde tener presente el tiempo transcurrido, entre la propuesta de las partes y el pronunciamiento, el cual es sumamente significativo. El 15 de octubre de 2010 el Sr. Agente Fiscal propuso la omisión de debate, la que fue aceptada por el imputado el 2 de diciembre del mismo año (fs. 205); el 16 de diciembre de 2011 las actuaciones pasan al acuerdo para resolver. Recién el 4 de mayo de 2012 dictan sentencia.

De más está decir que no cumplió con el plazo razonable, toda vez que transcurrió un año y cinco meses desde la aceptación de la omisión de debate por parte del imputado y su defensa hasta la resolución del tribunal.

Se dictaron dos resoluciones: a fs. 227 y vta. rechazo de la supensión del juicio a prueba; y la sentencia en crisis -fs. 228/232-, sin tener un mínimo de contacto con el procesado.

En este sentido el art. 41 "in fine" del Código Penal, establece expresamente que "...el juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto...", por lo tanto instaura una audiencia entre -el magistrado- y el imputado, el cual garantiza un mínimo contacto inmediato del procesado con los jueces que han de fallar.

Sostiene, Patricia Ziffer "...la disposición contenida en el último párrafo del art. 41 tiene carácter fundamentalmente procesal. Su principal objetivo, en su origen, fue sentar una regla que asegurara un mínimo de inmediación en los casos de procedimiento escrito, con el fin de garantizar que, cuanto menos, no se delegara la función de determinar la pena...

A partir de allí es posible identificar en este precepto el germen de una etapa procesal cuyo objetivo específico es individualizar la sanción...

Se ha considerado unánimemente, con la salvedad de algún pronunciamiento jurisprudencial, que la omisión de este requisito significa una fundamentación arbitraria de la pena impuesta.

Su incumplimiento apareja la nulidad de la sentencia..." ("Código Penal, y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", dirección: David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, Artículos 40/41 a cargo de Patricia Ziffer pág. 81).

En igual sentido, Zaffaroni al analizar el último párrafo del art. 41 dice "...este requisito cumple también una función procesal importantísima, que es la que le permite al procesado tener la última palabra ante el tribunal y en contacto inmediato con el juez.

Equivale a la última pregunta que en el plenario oral se formula al procesado, para que responda si tiene algo más que agregar... esta disposición salva el principio de igualdad ante la ley, que quedaría notoriamente lesionado si quienes están sometidos a plenario escrito no gozan de la misma garantía que los procesados sujetos a plenario oral, al menos en cuanto al derecho de ser escuchados en forma directa por el tribunal y en cuanto a la jurisdiccionalidad e inmediatez de los datos recogidos para los efectos del correctivo penal...

La garantía del último párrafo del inc. 2º del art. 41, puede afirmarse, pues, que cumple una doble función, garantizando un mínimo elemental de inmediatez, cualquiera sea la legislación y el sistema procesal, y la jurisdiccionalidad real de la determinación penal..." (Zaffaroni, "Tratado de derecho Penal", Parte General V; Edit. Ediar 1983, pág. 334).

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, ha establecido "...Que se trata de una regla claramente destinada a garantizar el derecho del condenado a ser oído antes de que se lo condene, así como a asegurar que una decisión de esa trascendencia no sea tomada por los tribunales sin un mínimo de inmediación.

Desde el punto de vista de la ley penal de fondo, una pena dictada sin escuchar lo que tiene que decir al respecto el condenado no puede considerarse bien determinada..." (CS. cons. 19, Fallos: 328:4343, "Maldonado").

En consecuencia, en virtud de no haberse realizado la audiencia prevista por el art. 517 del Código Procesal Penal y de omitirse la audiencia de visu con el procesado, corresponde declarar la nulidad del fallo condenatorio dictado de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 228/232.

En síntesis, corresponde aclarar que este Tribunal Superior de Justicia abrió la vía recursiva, atento a la nulidad analizada; toda vez que se discrepa con los conceptos vertidos en el escrito casatorio, referentes al análisis de la causalidad y de la autoría y participación; ello sin perjuicio de no efectuar un análisis en profundidad respecto de los hechos atento a la solución a la que se arriba por resultar de orden público.

III.-) TERCERA CUESTIÓN ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448, 454 del Código Procesal Penal, corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 240/247 por la defensa técnica, en favor de MARCOS ANTONIO VALDEZ, anulándose la resolución dictada a fs. 228/232 por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, debiéndose realizar la audiencia establecida por el artículo 517 del Código Procesal Penal, por nuevos jueces desansiculados a tales efectos.

Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal efectuada a fs. 246.

Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 240/247 por la Sra. Defensora particular del imputado MARCOS ANTONIO VALDEZ ANULANDO la resolución de fs. 228/232 por lo considerado ut supra, debiéndose integrar un nuevo tribunal a fin de resolver según lo dispuesto.

2º) Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.

FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariani-Vocal a/c de Presidencia Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos- Vocal; Ante mí:Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.