Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-05


"DELLA ROSCIA HUGO ALBERTO y otro c/ MICROOMNIBUS SAAVEDRA S.A.T.A.C.E.I. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS"	LIBRE N 604.748	En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 5 días del mes de febrero del año dos mil trece, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "DELLA ROSCIA HUGO ALBERTO y otro c/ MICROOMNIBUS SAAVEDRA S.A.T.A.C.E.I. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", respecto de la sentencia de fs. 450/453, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA? Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: RICARDO LI ROSI - SEBASTIÁN PICASSO - HUGO MOLTENI -	A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. RICARDO LI ROSI DIJO:

I.- La sentencia de fs. 450/453, y su aclaratoria de fs. 456, rechazó la demanda entablada por Hugo Alberto Della Roscia y Mónica Graciela Miro en representación de su hijo Matías Hugo Della Roscia -actualmente mayor de edad- contra "Microómnibus Saavedra S.A.T.A.C.E.I.", a raíz del accidente de tránsito ocurrido el día 7 de mayo de 2004.- Contra dicho pronunciamiento se alzan las quejas del accionante, cuyos agravios de fs. 503/508 fueron replicados por la demandada y su aseguradora a fs. 515/519.- II.- Ahora bien, dada la índole de las quejas que trae el apelante a esta Alzada, creo necesario recordar que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan solo aquéllos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (conf. arg. art. 386, Cód. Procesal y véase Sala F en causa libre Nº 172.752 del 25/4/96; CS, en RED 18-780, sum. 29; CNCiv., sala D en RED, 20-B-1040, sum. 74; CNFed. Civil y Com., sala I, ED, 115-677 -LA LEY, 1985-B, 263-; CNCom., sala C en RED, 20-B-1040, sum. 73; SC Buenos Aires en ED, 105-173, entre otras).- III.- De modo previo al tratamiento de los agravios formulados, creo oportuno efectuar un breve resumen de los hechos que motivaron el presente pleito.- Relata el actor que en la fecha indicada, aproximadamente a las 18:30, circulaba a bordo de su motocicleta por la calle Castelli de la Localidad de Carapachay, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, cuando al llegar a la intersección con la arteria Antártida Argentina resultó violentamente embestido por el colectivo de la empresa emplazada, el cual arrancó desaprensivamente desde la parada allí existente.- Aclara que, instantes previos, se había cerciorado de que su paso se encontrara expedito, produciéndose el impacto en el momento que su parte prácticamente finalizaba el cruce.- La accionada reconoce la existencia del accidente de tránsito en la fecha y hora indicada, así como la intervención de los vehículos referenciados en el libelo de inicio, pero difiere en cuanto a la mecánica del siniestro. Afirma, en cambio, que el día en cuestión transitaba a muy escasa velocidad por la calle Antártida Argentina cuando, ya finalizando el cruce de la mencionada intersección, apareció en forma totalmente imprudente el ciclomotor al mando del accionante, quien se desplazaba por la arteria Castelli e intentó doblar en su vía de circulación sin disminuir la velocidad y pretendiendo pasar delante de su rodado.- Aduce que la imprudente conducta del actor provocó que el biciclo embistiera al colectivo, atribuyéndole la ocurrencia del evento dañoso.- Producida la prueba ofrecida por las partes, y cumplidos los pasos procesales de rigor, el Sr. Magistrado de la anterior instancia rechazó la demanda, teniendo por acreditada, conforme las circunstancias del hecho y las constancias probatorias que surgen tanto de estos actuados como de la causa penal traída "ad effectum videndi et probandi", la responsabilidad de la víctima en el accidente de marras.- IV.- A fin de determinar el encuadre jurídico de esta acción, cabe señalar que la situación del ómnibus se encuentra alcanzada por la presunción establecida por el artículo 1113, párrafo segundo "in fine" del Código Civil, que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el riesgo de las cosas, porque se ha entendido que esa norma es de estricta aplicación a los accidentes en que la colisión se produce entre un automotor y una motocicleta de escaso porte (conf. esta Sala, voto de la Dra. Ana María Luaces en Libres nº 54.180 del 19/10/89; id. nº 96.658 del 30/9/92; id. 293.808 del 3/8/2000; voto del Dr. Hugo Molteni en Libre nº 231.506 del 2/2/98, voto del Dr. Jorge Escuti Pizarro en Libre nº 317.633 del 15/6/2000, mi voto en Libre 511.462 del 19/3/2009, id. 514.442 del 23/3/2009, id. 523.982 del 3/7/2009, id. 586.911 del 20/12/2011, id. 589.663 del 1/6/2012, id. 587.937 del 2/7/2012, entre muchos otros).- Así, pues, el solo hecho de haberse demostrado que el vehículo de mayor porte tomó contacto con la motocicleta, determinó que la víctima tuviese a su favor una presunción de responsabilidad que alcanza al dueño y guardián de la cosa riesgosa, quien, para eximirse de tal atribución, debía demostrar que el evento acaeció por culpa de la víctima, la de un tercero por quien no debía responder, o el caso fortuito que fractura el nexo de causalidad.- En ese sentido, la doctrina plenaria dictada in re: "Valdez, Estanislao F. c/ El Puente S.A.T. y otro s/ Daños y Perjuicios" del 10 de noviembre de 1994, se entiende excluida en los supuestos en que uno de los rodados que protagoniza el accidente es de escaso porte, lo que obliga a extremar el rigor con que deben aplicarse las disposiciones de tránsito que atañen a los automotores (conf. esta Sala en Libre nº 74.818 del 21/12/90; nº 96.658 del 30/9/92; n 498.701 del 10/7/08 y n° 583.773 del 28/11/2011; entre muchos otros). Estas precisiones son las que permiten sostener que, en efecto, a la víctima le bastaba con acreditar el daño y el contacto con la cosa de que provino, mientras que corría por cuenta de la otra parte la obligación de aportar las pruebas que configuren algunos de aquellos eximentes legales.- V.- Planteada la cuestión en los términos referidos, deviene necesario proceder al análisis de las probanzas colectadas en estas actuaciones y en el expediente penal que se iniciara a causa del accidente de marras ("Sbarra Juan Alberto s/ Lesiones culposas").- En la instrucción, el perito ingeniero mecánico comienza su dictamen narrando los hechos que suscitaron el pleito en debate y que no resultan controvertidos. Así, expone que "el accidente ocurrió el día 7 de marzo de 2004, alrededor de las 18:30 hs, en la intersección de las calles Castelli y Antártida Argentina, en la localidad de Carapachay partido de Vicente López. La motocicleta marca Hero Puch modelo AutoStar-CDI65, de 65 c.c. de cilindrada, sin chapa patente identificatoria, conducida por el Sr. Matías Hugo Della Roscia, circulaba por la calle Castelli en dirección hacia el suroeste, o sea hacia la estación ferroviaria de Carapachay. El colectivo marca Mercedez Benz.perteneciente a la línea 19 interno 7, de la empresa 'Microómnibus Saavedra S.A. Línea 19', conducido por el Sr. Juan Alberto Sbarra, circulaba por la calle Antártida Argentina en dirección hacia el sureste, o sea hacia Capital Federal".- Por su parte, los oficiales Marcelo R. Suárez y Verónica Ayte Geres constataron que ".sobre la calle Antártida Argentina a pocos metros de dicha intersección y sobre una furgoneta estacionada un ciclomotor de color rojo marca Herp Puch.a pocos metros y también sobre la calle A. Argentina mirando hacia Ramón Castro un transporte de pasajeros de la Línea uno-nueve Micro ómnibus Saavedra.no existe semáforos en el lugar.luego se observa que en el transporte de pasajeros, parte delantera paragolpe lado izquierdo conductor un roce." (cfr. fs. 1).- Establecido ello, el facultativo explica que "por razones a dilucidar en la causa, se produjo el contacto entre el ángulo delantero izquierdo del colectivo y el lateral derecho sector delantero y medio de la motocicleta. El acta de fs. 1, dice que el ciclomotor se halló sobre una furgoneta estacionada sobre la calle Antártida Argentina a pocos metros de la intersección.el colectivo se halló a pocos metros también sobre la calle Antártida Argentina, y mirando hacia Ramón Castro".- En cuanto al contacto de los vehículos intervinientes, el idóneo refiere que en "las fotografías superior a fs. 28 y 29, muestran que el colectivo Mercedes Benz sufrió daños en el ángulo delantero izquierdo a la altura del paragolpe.en este sector del colectivo posiblemente se haya producido no sólo el contacto con el lateral derecho de la moto, sino con el miembro inferior derecho del motociclista". En relación al biciclo, informa que ".en la foto superior de fs. 31 se puede ver que sufrió abolladura en el lateral derecho del tanque de nafta con deformación de derecha a izquierda de la unidad.".- Lo expuesto lo lleva a considerar que ".el colectivo contactó con su ángulo delantero izquierdo, contra el lateral derecho de la moto parte delantera y media de la misma, podría decirse que desde el punto estrictamente físico-mecánico de la colisión, el colectivo habría cumplido el rol de embistente mecánico en el evento, mientras que la motocicleta lo habría hecho como móvil embestido mecánico".- Sin perjuicio de ello, aclara que ". el colectivo se presentó por la derecha de la trayectoria de la moto".- Agrega que ".no se relevaron datos técnicos con valor numérico, de tal modo que permitan aplicar fórmulas físico-matemáticas para calcular y/o estimar la velocidad de circulación y/o de impacto de cada uno de los vehículo. Por otro lado, no es posible determinar con precisión fundamentándose en elementos técnicos objetivos que obren en la causa, cual pudo haber sido la maniobra previa a la colisión de la motocicleta, si pretendió continuar en línea recta su trayectoria y así haya sido contactada por el ángulo delantero izquierdo del colectivo, o si en cambio pretendió realizar una maniobra de esquive hacia su izquierda para intentar pasar por delante del colectivo y así se haya producido la colisión".- Ahora bien, según se verifica, el colectivo ingresó a la encrucijada desde la derecha, por lo que la empresa transportista puede ampararse en las normas reglamentarias vigentes que indudablemente la benefician. Así, la Ley 11.430 de la Provincia de Buenos Aires, aplicable en la especie, establece en su artículo 57 que "el conductor que llegue a una bocacalle o encrucijada, debe en toda circunstancia ceder el paso al vehículo que circula desde su derecha hacia su izquierda, por una vía pública transversal".- Esta regla tiene un valor casi absoluto, que sólo cede ante circunstancias extremas debidamente probadas en el proceso. En este sentido, esta Sala ha sostenido en reiteradas oportunidades, que para que esa preferencia legal pierda vigencia, es menester que el vehículo que no posea la preferencia de paso, gozara de una franca factibilidad de cruce, manifestada por un adelantamiento que hubiese impedido que ambos rodados colisionaran, pues el sólo hecho de que el choque se hubiera producido, hace razonable inferir que aquél que no gozaba de la prioridad, tuvo la posibilidad de observar el desplazamiento del colectivo de gran envergadura y especuló -emprendiendo una maniobra imprudente e inoportuna- ganarle el paso, sin respetar la preferencia, que le imponía la detención del vehículo (conf. Libres nº 79.610 del 12/12/90; nº 244.329 del 31/8/98; nº 269.690 del 20/8/99, entre muchos otros). Es claro así que los automovilistas que circulan sobre la izquierda deben respetar dicha prioridad, reduciendo su velocidad en las esquinas sin señalización y, luego de observar la ausencia de vehículos próximos por la transversal, emprender el cruce de la bocacalle.- No obstante ello, el apelante se agravia por cuanto sostiene que la contraria perdió la prioridad de paso al detenerse en la parada existente a escasos metros de la bocacalle (cfr. art. 57, pto. G, de la ley 11.430).- En primer término, corresponde señalar que, contrariamente a lo indicado por el quejoso, la emplazada sí controvierte la circunstancia denunciada en el escrito de postulación, en tanto niega en forma categórica que ". el conductor del colectivo de mi representada, haya arrancado desaprensivamente." (cfr. fs. 49 vta.).- Sin perjuicio de ello, a los fines de avalar su postura, el accionante hace hincapié en los testimonios obrantes en la causa penal.- Al respecto, Horacio Ángel Bianchi manifiesta que ".circulaba por la calle Antártida Argentina distante a unos 30 metros de un colectivo de la línea 19, observaba que el mismo se encuentra detenido en la parada, que momentos después el colectivo arranca violentamente, sin ver un ciclomotor que cruzaba por la arteria denominada Castelli, embistiéndolo cayendo este al suelo" (cfr. fs. 22).- La Sra. Fiscal de la causa penal, Dra. Laura Elizabeth Zyseskind, se apoya en el testimonio del Sr. Fernando Andrés Bordoy para solicitar la elevación a juicio. El citado testigo refiere que ". en circunstancias en que circulaba por la arteria Castelli en dirección a la estación Carapachay advierte que adelante suyo aproximadamente a unos veinticinco metros de distancia de su vehículo se desplazaba un ciclomotor de color cree que rojo conducido por un sujeto joven, que observó también que en la parada de colectivos ubicada en la calle Castelli y Antártida Argentina se encontraba detenido un colectivo de la línea 19, en momentos en que el conductor del ciclomotor estaba en la bocacalle de las arterias señaladas, imprevistamente el colectivo arrancó y lo embistió observando el dicente como 'volaba' el conductor del biciclo a través de toda la calle y se golpea contra una combi Volkswagen estacionada de la mano de enfrente sobre la calle Antártida Argentina." (cfr. fs. 218).- Ahora bien, por otro lado, los testigos Mirta Carina Barraza y María Isabel Herrera aseguran que el impacto entre los vehículos se produjo cuando el colectivo de hallaba finalizando el cruce de la intersección, siendo que la motocicleta se interpuso en el recorrido del ómnibus.- En este sentido, la Sra. Barraza expone que ".en circunstancias que se hallaba a bordo del colectivo Línea 19, sentada en la parte delantera y circulando por la calle Antártida Argentina en sentido norte a sur cuando casi traspuso la arteria Castelli un ciclomotor que circulaba por la calle Castelli en sentido este a oeste intenta pasar al colectivo por la parte delantera no llegando a realizar su cometido por lo que el colectivo embiste a la motocicleta en virtud de que había traspasado la arteria anteriormente mencionada." (cfr. fs. 144).- En similares términos depone la Sra. Herrera, en tanto sostiene que ".ese día se hallaba a bordo del colectivo de la línea 19 ubicada en la parte delantera en el asiento individual precisamente en el segundo asiento que se encuentra en el lateral izquierdo del colectivo, que la dicente justo miraba por la ventanilla hacia el exterior izquierdo y observó cuando una motocicleta que circulaba por la calle que iba a cruzar el colectivo se adelantó al paso del mismo y en consecuencia de ello el colectivo llevó por delante a la misma con su parte frontal." (cfr. fs. 150).- No habré de coincidir con el quejoso en cuanto que los testimonios referenciados se complementarían, pues de la simple lectura de los mismos se advierte justamente lo contrario. Es que si el colectivo se encontraba finalizando el cruce de la citada intersección, es insoslayable que la unidad de la empresa accionada no se hallaba reiniciando su marcha.- En tales condiciones, de lo que se trata es de sopesar estos dos grupos de testigos que en lo que aquí interesa han expuesto versiones sustancialmente diversas. Sabido es que en estos supuestos debe otorgarse mayor veracidad a las exposiciones que parecen más coherentes, de modo tal que la valoración, en definitiva, quedará sujeta al prudente arbitrio judicial según las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de sus declaraciones. En efecto, los testimonios deben ser apreciados en función de diversos elementos, ponderando las condiciones individuales y genéricas de los deponentes, seguridad del conocimiento que manifiestan, coherencia del relato, razones de la convicción que declaran y la confianza que inspiran. En este sentido, un juicio adecuado de convicción no puede sustentarse en la aislada apreciación de los dichos de cada uno de ellos, sino mediante un análisis conjunto conforme a las reglas de la sana crítica. De modo que en esta tarea de apreciación de la prueba testimonial en que los dichos son diametralmente opuestos debe otorgarse mayor veracidad a las exposiciones que parecen más coherentes, sin dejar de ponderar los motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de sus declaraciones (conf. esta Sala en Libres nº 256.311 del 16/4/99 y n? 406.795 del 22/12/04, entre otros muchos).- En este punto, habré de coincidir con la Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Dtal. de San Isidro. El citado Tribunal pondera la situación antes descripta, señalando con respecto al testimonio del Sr. Bianchi que ".brindó un relato escueto, que no permite profundizar lo sucedido. Además, no queda del todo claro cómo es que esta persona llegó a declarar en la causa, dado que no aparece mencionado en el acta de procedimiento como un testigo contactado oficiosamente por el personal policial, ni tampoco fue propuesto como testigo del damnificado (al menos, éste no dice nada al respecto en su declaración testimonial, y, por lo demás, no podría haber sido así, dado que luego del accidente ingresó a un hospital con pérdida de conocimiento -cfr. la historia clínica de fs. 87 y ss.)" (cfr. fs. 32 vta. del incidente de apelación).- En cambio, con respecto a los testigos que abonan la versión esgrimida por la contraria, el Tribunal de Alzada indica que ".respecto de las personas cuyas versiones dan apoyo a la del imputado, no queda ninguna duda sobre cómo fueron vinculados para declarar como testigos en el proceso: se trataba de pasajeros del colectivo, cuya declaración fue ofrecida en los albores del proceso (fs. 24), y además el imputado, en su descargo en los términos del art. 308 del C.P.P., aclaró de qué manera obtuvo sus datos personales. Ello hace que estos testimonios tengan mayor credibilidad".- A mayor abundamiento, en su exposición penal, el demandante omite denunciar que el colectivo se encontraba detenido antes de emprender el cruce, lo que hace dudar seriamente de la versión que esgrimiera al entablar la demanda ante esta sede. Lo único que se advierte de dicha declaración es que ".estima que cuando ocurrió el hecho se encontraba cruzando la bocacalle guardando el debido cuidado" (cfr. fs. 37). Es decir, el accionante no dice haberse sorprendido por el repentino y abrupto arranque del colectivo -es más, ni lo menciona- sino solamente que circulaba con el debido cuidado. Esta circunstancia también fue advertida en sede represiva (cfr. fs. 33 del incidente de apelación).- Asimismo, en su expresión de agravios, el actor señala que del croquis ilustrativo de fs. 2 obrante en la causa penal ".surge clara la posición de los vehículos en la bocacalle al momento del impacto y, en tal sentido, la autoridad interviniente constata la parada y la ubicación del colectivo cercano al cordón de la derecha" (cfr. fs. 503).- Pese a ello, los efectivos que se apersonaran al lugar de los hechos constataron que ".sobre la calle Antártida Argentina a pocos metros de dicha intersección y sobre una furgoneta estacionada un ciclomotor de dolo rojo marca Herp Puch.a pocos metros y también sobre la calle A. Argentina mirando hacia Ramón Castro un transporte de pasajeros de la Línea uno-nueve Micro ómnibus Saavedra ." (cfr. fs. 1).- Analizado el croquis en cuestión, se advierte que sobre la calle Antártida Argentina, cruzando la arteria Castelli, se verifica en la esquina la existencia de la furgoneta de la que se hiciera alusión en el testimonio transcripto. Sobre dicho rodado fue hallada la motocicleta y a pocos metros la unidad perteneciente a la demandada.- El Sr. Bordoy depone en los mismos términos: ".se golpea contra una combi Volkswagen estacionada de la mano de enfrente sobre la calle Antártida Argentina.".- Entonces, si ambos vehículos fueron hallados traspasando la calle Castelli, lógico resulta considerar que el colectivo se encontraba más próximo a terminar el cruce de la intersección que la motocicleta al mando del actor.- Esta circunstancia es cotejada, asimismo, por el perito mecánico en cuanto sostiene que "el ciclomotor se halló sobre una furgoneta estacionada sobre la calle Antártida Argentina a pocos metros de la intersección.el colectivo se halló a pocos metros también sobre la calle Antártida Argentina, y mirando hacia Ramón Castro".- Así las cosas, se encuentra acreditado que la unidad de la emplazada gozaba de la prioridad de paso que el art. 57 de la ley 11.430 le otorga a los vehículos que circulan por la derecha, más no que la haya perdido conforme lo estipula el inciso "g" de la citada normativa.- Siendo ello así, resulta reprochable la actitud asumida por el actor, quien no pudo dejar de observar el colectivo de gran porte que estaba arribando al cruce y, no obstante, especuló a ganarle el paso emprendiendo una maniobra francamente desafortunada, sin respetar el recordado privilegio de que gozaba el otro vehículo y que le imponía la detención del automóvil. Esta conclusión revela que el accidente se produjo por una importante participación culposa del Sr. Della Roscia que conformó una conducta reprensible con incidencia causal en el ilícito y, por tanto, con eficacia para desvirtuar parcialmente la recordada presunción.- Esto no implica, sin embargo, eximir por completo de responsabilidad a la demandada, ya que conforme a los distintos parámetros que rigen en esta materia de daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil, para que la conducta de la víctima quiebre en forma total el nexo adecuado de causalidad, debería haberse constituido en un hecho totalmente imprevisible, inevitable e irresistible característicos del "casus", lo que debió haber sido demostrado fehacientemente en estos obrados mediante prueba eficaz que debería haber aportado la misma emplazada, lo que en el caso no ha sucedido.- Como correctamente señala el apelante, si las pasajeras del colectivo -sentadas próximas al conductor y que declararon a su favor- pudieron divisar al biciclo comandado por el Sr. Della Roscia, ello denota que, contando o no con la prioridad de paso, el chofer no se encontraba atento a las alternativas del tránsito y presto para efectuar la maniobra de frenado que verosímilmente hubiera logrado de encontrarse circulando a una velocidad adecuada. Por consiguiente, si no pudo evitar embestir al otro rodado es porque lo hacía sin el máximo de atención y prudencia que la norma de tránsito le impone en esas circunstancias.- Al respecto, constantemente se ha señalado la necesidad de exigir al conductor profesional un nivel mayor de diligencia, superior al corriente, o lo que es igual afinar ese concepto para brindar protección adecuada a la víctima. Por ello, son muy frecuentes los pronunciamientos judiciales en los que se sostiene que la más leve negligencia es suficiente para comprometer su responsabilidad, situación ésta que adquiere especial justificación si se tiene en cuenta que el conductor maneja una cosa riesgosa y que, por tal motivo, debe extremar los recaudos para no causar daños a terceros (conf. Pizarro, Ramón Daniel, "Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa -Contractual y Extracontractual", Parte General, Tomo I, pág. 205, ed. La Ley, Buenos Aires, 2006). Con palabras de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, quien tiene a su cargo la conducción de un vehículo asume sobre sí la posibilidad cierta de sucesos que, en el curso ordinario del tránsito, pueden presentarse de una manera más o menos imprevista (SC Buenos Aires, Ac. 34.081, 23/7/85, "Pérez Paula c. Transportes Atlántica S.A.C. y otros s/ daños y perjuicios", DJBA 130-81, A. y S., 1985 - II, 204; JA 1986 - II, 456).- De esta manera, el proceder del chofer del colectivo convence de una conducta igualmente reprochable, que a su vez ha desvirtuado parcialmente la presunción adversa que igualmente correspondía al restante conductor. En efecto, esta Sala y la jurisprudencia en general se han encargado de señalar que la prioridad de paso no confiere un "bill" de indemnidad en tanto no autoriza a dejar de lado elementales reglas de prudencia ni otorga a quien la goza un derecho absoluto al punto de poder llevarse por delante cuanto encuentre a su paso, agravando los riesgos propios de la circulación (conf. esta Sala, Libre nº 328.238 del 7/6/2002, entre otros muchos).- El mismo hecho que el accidente se produjera revela un grado de imprudencia y desatención a las alternativas del tránsito por parte del chofer del colectivo que, según se acreditó, revistió en la emergencia el carácter de embistente mecánico, al margen que la conducción debe ejecutarse con el máximo de atención y prudencia y que los conductores deben guiar el rodado de modo que se tenga el pleno dominio de él, lo que impone reducir la velocidad al emprender el cruce de calles y a detener, inclusive, por completo el movimiento cada vez que el vehículo, en razón de las circunstancias o de la disposición del lugar, pueda ser causa del accidente, lo que indudablemente no se ha cumplido.- Vale decir, entonces, que el accionar del demandado fue también condición indispensable para que el accidente se produzca, circunstancia que compromete su propia culpa. Consecuentemente, ambos partícipes fueron responsables en la producción del ilícito, por lo que la emplazada se encuentra obligada a reparar los daños y perjuicios sufridos por el accionante, pero sólo en la medida en que contribuyó a causarlos. Es lo que la doctrina ha calificado como la teoría de la influencia causal de cada culpa, criterio cuya adopción no encuentra obstáculo en nuestro sistema legal por cuanto surge de la correlación de los artículos 1109, 1113 y 1111 del Código Civil (conf. Llambías, J.J. "Obligaciones" T. III, pág. 74, n 2293 y "Código Civil Anotado", T. II-B, pág. 444, n 9; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", T-IV, pág. 400, n 12).- En este sentido, considero que, atento lo intempestivo de las conductas tanto de la víctima como del conductor del colectivo, y el grado de concausalidad que tuvieron para generar el trágico desenlace, las responsabilidades deberían distribuirse en un 50% para cada uno.- De acuerdo a lo hasta aquí expuesto, propondré al acuerdo se modifique la sentencia apelada en lo que a este punto respecta, atribuyendo el 50% de culpabilidad en la producción del accidente al Sr. Matías Hugo Della Roscia y el 50% restante a "Microómnibus Saavedra S.A.T.A.C.E.I.".- Resuelta como fuera la cuestión relativa a la responsabilidad, debo ahora abocarme al tratamiento de los rubros reclamados en el libelo de inicio.- VI.- De modo preliminar, creo necesario destacar que esta Sala reiteradamente ha expresado que, mas allá de lo que pueda sostenerse sobre la independencia del daño psíquico, dicho rubro debe analizarse conjuntamente con la incapacidad física, pues ambos perjuicios repercuten unitariamente en el patrimonio del damnificado (conf. L. n 503.228 del 20/11/2008; n 509.508 del 31/03/2008; n 527.936 del 24/06/09; n 533.546 del 24/09/09; n° 588.143 del 06/02/2012; n° 589.456 del 09/03/12, entre muchos otros).- Se ha dicho, además, que el resarcimiento de los daños no debe limitarse a las lesiones físicas. Tanto afectan a la víctima tales desmedros como las secuelas neurológicas provocadas por el evento dañoso, generalmente por traumatismos. Ello exige, en cada caso, establecer la relación causal entre el hecho o evento dañoso y la neurosis postraumática, a los fines de realizar el juicio de imputabilidad al agente del hecho ilícito (conf. art. 901 ss., Cód. Civil). Las lesiones psíquicas integran, de este modo, los perjuicios indemnizables. Pueden importar un daño patrimonial indirecto en tanto producen deterioros orgánicos que impiden o dificultan el ejercicio habitual de la actividad laborativa de la víctima y, en todo caso, infligen un daño no patrimonial directo al disminuir o afectar, de cualquier modo, la integridad personal de ella (conf. Zannoni, Eduardo, "El daño en la responsabilidad civil", ed. Astrea, págs. 165/166).- Cabe destacar que la indemnización por incapacidad sobreviniente está dirigida a establecer la pérdida de potencialidades futuras, causadas por las secuelas permanentes y el resarcimiento necesario para la debida recuperación, teniendo fundamentalmente en cuenta las condiciones personales del damnificado, sin que resulte decisivo a ese fin el porcentaje que se atribuye a la incapacidad, sino que también debe evaluarse la disminución de beneficios, a través de la comparación de las posibilidades anteriores y ulteriores. A tal efecto, no pueden computarse las meras molestias, estorbos, temores, recelos, fobias, que casi siempre son secuelas propias de este tipo de accidentes (conf. esta Sala, mi voto en libres n 465.124, n 465.126 del 12-3-07, n 527.936 del 24/06/09, n° 583.165 del 12/04/12 entre muchos otros).- En cambio, debe repararse en el aspecto laboral, la edad, su rol familiar y social; es decir, la totalidad de los aspectos que afectan la personalidad (conf. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil", Obligaciones, Tº IV-A, pág. 129, núm. 2373; Trigo Represas en Cazeaux-Trigo Represas "Derecho de las Obli-gaciones", Tº III, pág. 122; Borda, Guillermo A. "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones", Tº I, pág. 150, núm. 149; Mosset Iturraspe, Jorge "Responsabilidad por daños", Tº II-B, pág. 191, núm. 232; Kemelmajer de Carlucci, Aída en Belluscio-Zannoni "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado", Tº V, pág. 219, núm. 13; Alterini-Ameal-López Cabana "Curso de Obligaciones", Tº I, pág. 292, núm. 652).- Es cierto que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así como los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto sostener que el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio (conf. CNCiv. Sala "F", L-208.659, del 4/3/97, voto del Dr. Posse Saguier).- Adoptados estos principios, y a fin de decidir sobre la procedencia o no de las alegaciones en estudio, deviene necesario analizar la pericia médica obrante a fs. 300/313.- Allí, el profesional actuante apuntala los antecedentes médicos del actor obrantes en la historia clínica de fs. 158/223, entre los cuales se pueden destacar los siguientes: "paciente de 20 años con antecedentes de politraumatismo grave, con TEC (traumatismo cráneo encefálico) con hematoma cerebral, contusión pulmonar, fractura de tibia y peroné.accidente de tránsito, internado 17 días en UTI en ARM (asistencia respiratoria mecánica) y 31 días en clínica traumatológica.por politraumatismos con TEC con hematoma intracraneal.requirió cirugía de tibia/peroné, rodilla y tobillo (7 operaciones, última el25/11/04) y contusión pulmonar bilateral.excitación psicomotriz.presenta deformidad en miembro inferior derecho.excoriaciones en brazo izquierdo.tumoración en olecranon.excoriaciones en rodilla derecha.se palpa crepitación en tibia y peroné derechos con cabalgamiento de ambas fracturas.se palpa crepitación en clavícula derecha.se observa fractura de clavícula.de tibia y peroné tercio medio distal.fractura supramaleolar de peroné.fractura de maléolo tibial.".- Realizado el examen físico, el galeno constata que el actor ".marcha con alteraciones de fatiga rápido, puede caminar pocas cuadras, fuerza muscular disminuida, no puede trotar, correr, saltar." (cfr. fs. 307). En cuanto los miembros superiores, refiere que ".observo alteraciones en la cintura escapular. La clavícula derecha presenta secuela de fractura, cabalgamiento, evidente a la palpación. Presenta un acortamiento de 2 cm. en su extensión (17 cm., contralateral, 19 cm,). El funcionamiento del hombro se encuentra alterado. La movilización de la articulación del hombro derecho, revela limitaciones funcionales por aparición de dolor y molestias; la abdoelevación se realiza hasta los 20° (V.N. hasta 30°); la elevación anterior hasta los 120° (V.N. hasta 150°); la posterior hasta los 30° (V.N. hasta los 40°); la rotación interna se cumple hasta los 30° (V.N. 40°) y la externa hasta los 80° (V.N. 90°)".- En los miembros inferiores, advierte ".alteraciones en la simetría y diferencia de tamaño. A la palpación observo hipotrofia en la masa muscular en muslo derecho.y de pantorrilla de miembro inferior derecho.observo acortamiento de miembro inferior derecho.es decir, tiene 2 cm. menos. Al examen funcional se observa limitaciones para la movilización de la articulación de la rodilla en 10° para la extensión anterior de la pierna sobre el muslo.se observa limitación funcional en la articulación del tobillo consistentes en menoscabo de 10° para la flexión dorsal; la plantar 30°, la inversión de10° y la eversión de 10°. La rodilla derecha presenta signos de alteración meniscal.".- En función de las constancias obrantes en autos, sostiene que ".las lesiones guardan un nexo causal con el evento dañoso, por que la verificación de estos factores en el caso en cuestión, prueba la directa y estrecha relación o nexo causal médico legal. El mecanismo de producción de la lesión fracturaria de miembro inferior fue derivado de la acción de una fuerza dotada de una gran potencia, aplicada en una dirección y un sentido tal que al obrar sobre la zona afectada, la llevó a una posición incompatible, con producción de la fractura diafisiaria completa, de sección a trazo oblicuo, bifragmentaria e inestable observada. Las secuelas indicadas en miembro inferior le impiden correr, saltar, practicar deportes que involucren el miembro. Se lo intervino quirúrgicamente con colocación de clavo endomedular, posteriores intervenciones para extracción de material protésico, tratamiento rehabilitación kinésica, continúa a la fecha".- En base a ello, indica que "derivado de la disfonía crónica encuentro una incapacidad de tipo física, parcial y permanente del 5%.derivado de fractura de clavícula y alteración funcional de hombro encuentro una incapacidad de tipo física, parcial y permanente cuyo grado estimo en 9%.derivado de la fractura de tibia y peroné, la afectación del tobillo, la minusvalía funcional articular y la lesión observada en la rodilla derecha, encuentro una incapacidad de tipo física, parcial y permanente del 20%".- En la faz psíquica, señala que "su aspecto psíquico es angustiado y deprimido. Expresa debilidad e inseguridad, el desvalimiento de una persona que ni encuentra la conformidad general perdida y que vivencia alteraciones que obstaculizan su vida normal y habitual.cualitativamente presenta una alteración consistente en la presencia de ideación fija de tinte depresiva, que gira alrededor de la circunstancia y experiencia accidental psicotraumática y alrededor de las vicisitudes de su proceso de curación y cirugías que requirió. La cuestión fue y es psicotraumática.".- Agrega que "su sexualidad está alterada con pérdida de libido y alteración del rendimiento sexual. Su sueño está alterado a la manera de insomnio de iniciación.su vida cotidiana y familiar está alterada.hay alteraciones en cuanto a su sueño (insomnio), a su sexualidad (libido y rendimiento sexual disminuidos), asimismo alterado en lo referido al desarrollo de sus actividades laborales, deportivas y sociales, evidenciando un aislamiento, con cierta falta de interacción y retraimiento.".- Por todo ello, sostiene que ".cabe concluir que el actor padece un DESORDEN MENTAL ORGANICO POST TRAUMATICO, grado II, con componentes depresivos, acompañado de ansiedad significativa, crónico, en período de estado. El pronóstico resulta moderado por que la patología podría derivar en mayor incapacidad, como por ejemplo alcoholismo y/o desarrollo de otras adicciones.las alteraciones derivadas de la experiencia accidental y la gravedad y profundidad del estrés psicosocial a que fue sometido como consecuencia del evento disvalioso de autos ha derivado en la afección psíquica diagnosticada. Su personalidad de base es normal. No ha logrado elaborar ni sobreponerse a la experiencia accidental y resulta evidente que no logra asumir su condición actual. Las secuelas físicas y su afección psíquica han cambiado su forma habitual y normal de despliegue en el mundo, restringiendo su libertad".- Asimismo, explica que ". el desorden mental orgánico post traumático grado II con componentes depresivos y ansiosos reconoce en su génesis un TEC que provocó pérdida prolongada de conciencia. El coma debió ser prolongado farmacológicamente debido a la condición pulmonar y la necesidad de ARM. Al despertar pasó por un período de obnubilación de la conciencia con confusión y excitación psicomotriz. Presenta amnesia post traumática. Su cuadro neurótico post conmocional se caracteriza por angustia, cefalea, desgano, hipobulia, alteraciones en la prosexia, memoria y voluntad. La persona que ha sufrido un TEC severo siempre presenta una deficiencia ulterior de naturaleza cognoscitivo-intelectual".- El experto atribuye al hecho en debate el daño psíquico descripto, destacando que ".desde una dimensión práxica encuentro merma o afectación en habilidades, cualidades y capacidades mentales del examinado.desde una dimensión cronológica o temporal encuentro consolidación médica de morbo psíquico. Concluyo que presenta daño psíquico. Las secuelas psíquicas guardan relación de causalidad médico legal con el evento dañoso".- En razón de lo expuesto, sostiene que "derivado de la contusión cerebral encuentro el desarrollo de un Desorden Mental Orgánico Post Traumático, grado II, que le apareja una incapacidad de tipo psíquica, parcial y permanente cuyo grado estimo en 20%".- Ante la impugnación realizada por la demandada y citada en garantía a fs. 328/329, el idóneo indica que ".el actor no tenía antecedentes familiares ni antecedentes personales de trastornos psíquicos, que el morbo desarrollado fue reactivo al evento dañoso. Es decir, no hay en el caso en cuestión preexistencias que ameriten una distribución porcentual de la incapacidad indicada". (cfr. fs. 336 vta.). Además, refiere que ". equivocadamente el impugnante hace hincapié en aspectos parciales del estudio psiquiátrico del examinado, dado que obvia por error y que para nada menciona aquellos aspectos que son sustancialmente relevantes, por ejemplo: se estableció que su aspecto psíquico es angustiado y deprimido, que tiene conciencia de enfermedad, que a partir de la experiencia accidental se encuentra deprimido y angustiado, que su prosexia presenta menoscabo, que presenta una disminución de su capacidad mnésica, que presenta ideas sobrevaloradas de tinte depresiva, que su asociación ideataria tiene perturbaciones como la sindicas en el informe pericial, que su afectividad se encuentra alterada evidenciando una hipertimia displacentera orientada al polo depresivo, acompañada de ansiedad y correlatos somáticos, que presenta un afecto depresivo, labilidad emocional, incontinencia afectiva; asimismo el impugnante obvia lo que se señala acerca de la autoestima del examinado, lo que se indica acerca de sus niveles de actividad, lo que apareja su afonía crónica" (cfr. fs. 337).- En este orden de ideas, debe coincidirse que para apartarse del análisis efectuado por el perito en una materia propia de su arte, se debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se encuentra reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos. Sin embargo, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones periciales de aquél (conf. Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", t. IV, pág. 720 y jurisprudencia allí citada; Morello-Sosa-Berizonce, "Código Procesal Civil y Comercial, comentado y anotado", pág. 455 y sus citas; Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado, concordado y comentado", pág. 416 y sus citas; esta Sala, voto del Dr. Hugo Molteni publicado en LL 1991-A, pág. 358, L. n 375.513 del 19/9/03 y L. n 503.228 del 20/11/08, mi voto en L. n° 594.393 del 19/06/12, L. n° 590.748 del 22/08/12, entre otros).- En esta inteligencia, debería darse preeminencia a las conclusiones del perito oficial por sobre las de los consultores técnicos (ver fs. 321, 325/326 y 343/360), en tanto aquellas se encuentran debidamente fundamentadas, aparecen como coherentes y emanan de un auxiliar del juez, desinsaculado por él mismo y totalmente ajeno a las partes de este litigio.- El estudio técnico realizado por un perito oficial o designado de oficio goza de una presunción de imparcialidad. De allí, entonces, que frente a dos dictámenes dispares sobre el punto en examen corresponda inclinarse, en principio, por el producido por el experto designado de oficio. Es que si bien el consultor técnico es también un especialista, se diferencia del perito, en sentido estricto, en la circunstancia de que, mientras éste reviste el carácter de un auxiliar del juez o tribunal y, por lo tanto, adquiere su condición procesal a raíz del nombramiento judicial y de la subsiguiente aceptación del cargo, el consultor técnico es un verdadero defensor de la parte, quien lo designa para que la asesore en los ámbitos de la técnica ajenos al específico saber jurídico. Por ello, aquél presenta una figura estrictamente análoga a la del abogado, y opera en el proceso a la manera de este último, por lo cual debe comprendérselo en el amplio concepto del defensor consultor (conf.: Palacio, L.E., "Estudio de la Reforma Procesal Civil y Comercial. Ley 22.434", pág. 159. Apart.d; véase en ese mismo sentido CNCiv. Sala "F" en causa libre n? 138.822 del 25/04/1994, entre muchas otras).- Por otro lado, habré de señalar, como hiciera precedentemente, que esta Sala participa del criterio jurisprudencial que relativiza el valor probatorio de los porcentajes de incapacidad, porque si bien constituyen un dato de importancia a los efectos de orientar al juzgador, lo cierto es que no obligan a éste, a quien, en definitiva, lo que le interesa a los fines de precisar la cuantía resarcitoria es determinar previamente la medida en que la disfunción puede repercutir patrimonialmente en la situación de la víctima, a cuyo fin no podría sujetárselo a estrictas fórmulas matemáticas que, en general, no son aptas para traducir fielmente el verdadero perjuicio que el ilícito provocó en el damnificado (conf. esta Sala, L. nº 250.357 del 4/2/99, L. N 509.931 del 07/10/08, L. N° 585.830 del 30/03/12 entre otros).- Con respecto al daño estético, reiteradamente esta Sala ha sostenido que, pese a su importancia, sólo configura un daño patrimonial indemnizable cuando él incide directamente en las posibilidades económicas del reclamante, lo que no sucede en la especie en que tal secuela que arroja el accidente no provocaría por sí misma un especial desmedro en sus chances laborales (conf. libre nº 112.399 del 13-10-92, n 470.729 del 29-3-07 y n° 583.773 del 28-12-11, entre muchos otros).- Resulta evidente que las cicatrices que presenta la víctima ninguna incidencia tendrán en sus perspectivas de evolución material, ya que no se advierte que esas secuelas puedan repercutir en una merma en sus ingresos o se alcen como obstáculos para conseguir un mejor empleo, debiendo de este modo justipreciarse los desmedros de esta índole a la hora de valorarse el daño moral.- Para una cabal justipreciación de la partida, deben considerarse también las condiciones personales de la víctima, quien a la fecha del hecho contaba con 20 años de edad, soltero, estudiante (cfr. fs. 140 y 142), convivía con sus padres y sus dos hermanos menores y poseía una situación socioeconómica modesta (conf. constancias obrantes en autos).- De acuerdo a todo lo hasta aquí expuesto, teniendo en cuenta las facultades permisivas otorgadas por el artículo 165 del Código Procesal y justipreciando el monto indemnizatorio a valores actuales, entiendo prudente otorgar la remesa única de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000), de las cuales la suma de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000) correspondería que sea soportada por la parte accionada en función de la distribución de las responsabilidades.- VII.- Corresponde analizar ahora los medios probatorios que hacen a la partida por tratamiento psicológico y kinésico, así como los gastos futuros.- Al respecto, el experto señala que el actor "requiere tratamiento psiquiátrico, psicofarmológico y psicoterapéutico de base psicoanalítica, de apoyo. Duración: 2 años; frecuencia, una sesión semanal; costo por sesión $ 70; son 100 sesiones, es decir, $ 7.000. Habría que agregar $ 2.000 en concepto de psicofármacos y estudios complementarios de laboratorio y psicométricos. Total del tratamiento: $ 9.000 (nueve mil)" (cfr. fs. 312, pto. 5.2.3.).- Agrega que ".el pronóstico resulta moderado por que la patología podría derivar en mayor incapacidad, como por ejemplo alcoholismo y/o desarrollo de otras adicciones. De no tratarse adecuadamente, las disfunciones corporales no elaboradas, tal es el caso del actor, son generadoras de patologías psíquicas más severas".- Consultado el galeno sobre los demás tratamientos futuros que deberá realizar el actor, refiere que "deberá someterse a tratamiento quirúrgico para extracción de material restante de osteosíntesis. Requerirá continuar tratamiento kinésico". Estima el costo de los mismos en la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) (cfr. fs. 311 vta,, pto. 5.1.13.).- Cabe apuntar que la relación causal entre el accidente y la necesidad de encarar dichos tratamientos fue suficientemente verificada con la prueba pericial, donde el experto destacó que el actor presentaba síntomas propios de un cuadro generado por el accidente padecido, no aportando la accionada y su aseguradora elementos que permitan sostener lo contrario.- Por otra parte, comprobada la responsabilidad como se encuentra en autos, forzoso es concluir en el deber del demandado de cargar con las erogaciones de una tratamiento que contribuya a sobrellevar las secuelas conflictivas sobrevinientes (conf. esta Sala, "Leiva, Natividad c/ Petroa, Raúl R s/ daños y perjuicios", 19/06/97; mi voto en libre n° 509.931 del 07/10/08 y libre n° 589.456 del 9/3/12, entre otros).- De acuerdo a todo lo hasta aquí expuesto, y teniendo en cuenta las facultades permisivas otorgadas por el artículo 165 del Código Procesal, y fijando el monto indemnizatorio a valores actuales, entiendo prudente otorgar por esta partida la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), de la cual el monto de Pesos Diez Mil ($ 10.000) correspondería que sea soportado por la parte emplazada, de acuerdo a la distribución de las responsabilidades.- VIII.- El daño moral puede ser definido como la privación y disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más grandes afectos, a lo que se puede agregar que, ya sea que se caracterice como la lesión sufrida en los derechos extramatrimoniales o como el que no menoscaba al patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley o el que se infiere a los sentimientos, a la integridad física o intelectual, o a las afecciones legítimas, es decir que se causa a los bienes ideales de las personas, es condición esencial para esa indemnización que él exista o se haya producido (conf. Llambías, Jorge Joaquín ob. cit. t º I, pág. 271, núm. 243; Cazeaux en Cazeaux-Trigo Represas, ob. cit. tº I, pág. 215; Mayo en Belluscio-Zannoni ob. cit. Tº II, pág. 230; Zannoni, Eduardo "El daño en la responsabilidad civil", pág. 287, núm. 85; Bustamante Alsina, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", pág. 179, núm. 556/7; Orgaz, Alfredo "El daño resarcible", pág. 223, núm. 55).- Si bien pertenece al sagrado mundo subjetivo de los damnificados, para su reparación económica debe traducirse en una suma dineraria y no resulta sencillo determinar su quantum; para ello debe tenerse en consideración las circunstancias del hecho, la persona de la víctima y el daño sufrido en los valores mencionados. Corresponde, pues, concluir que el daño no puede medirse en razón de las secuelas que denuncia la víctima, pues debe tenerse en cuenta en qué medida los padecimientos ocasionados pudieron haber significado un grado de afectación y quebrantamiento espiritual (conf. esta Sala, mi voto en Libres n 466.988 del 19-3-07, n 464.517 del 03-11-08 y n° 586.773 del 02-12-2011, entre otros).- Pueden destacarse dos cualidades en el daño moral: primera, que él supone, no sólo el dolor de afección, sino también el que resulta de cualquier atentado a la integridad de la persona humana: dolor físico, perjuicio estético. Segunda, que el daño moral debe ser el resultado de un ataque a los derechos de la personalidad, a su patrimonio moral, sea directa o indirectamente, sin que obste a ello la circunstancia de que a la par de él se produzca un perjuicio material para la víctima (conf. Acuña Anzorena, Arturo, "La reparación del agravio moral en el Código civil", La Ley, t. 16, n 532).- En la especie, el actor ha sufrido graves lesiones de índole física, como así también se ha visto afectado psíquicamente, y todo ello como consecuencia del accidente.- Debe tenerse en cuenta que estuvo internado 17 días en UTI en ARM (asistencia respiratoria mecánica) y 31 días en clínica traumatológica, debiendo ser intervenido quirúrgicamente en siete oportunidades (tibia, peroné, rodilla y tobillo). Asimismo, el estado comatoso en que se hallaba debió ser prolongado farmacológicamente en razón de la condición pulmonar que padecía.- Además, el galeno pudo constatar que el actor ".presenta cicatrices quirúrgicas a nivel de miembro inferior derecho, presenta cicatriz en zona prerotuliana, presenta cicatriz en zona parieto occipital izquierda." (cfr. fs. 307), lesiones estas que también fueron advertidas en sede penal, en tanto se asentó que ".se observa en la pierna derecha una cicatriz de tipo quirúrgica redondeada a la altura del tercio proximal. En el tercio distal se observan tres cicatrices redondeadas de tipo quirúrgico en la región anterior. En la parte posterior del tobillo derecho hay dos cicatrices redondeadas quirúrgicas. Cicatriz de 10 cm en el tercio medial del brazo izquierdo. Excoriaciones en región parieto-occipital media" (cfr. fs. 55 de la causa penal).- Por otro lado, el experto indica que ".las secuelas indicadas en miembro inferior le impiden correr, saltar, practicar deportes que involucren el miembro. Se lo intervino quirúrgicamente con colocación de clavo endomedular, posteriores intervenciones para extracción de material protésico, tratamiento rehabilitación kinésica, continúa a la fecha.usa medicamentos analgésicos y antiinflamatorios comunes para dolor en miembro inferior derecho".- Agrega que las lesiones sufridas hicieron peligrar su vida (cfr. fs. 311, pto. 5.1.2.), debiendo ser sometido a "tratamiento de Terapia intensiva desde el 07/05/04 al 19/05/04, fecha en que ingresó a Sala de TyO, dado de alta hospitalaria 09/06/04; continuó por consultorios externos de OyT. Tratamientos quirúrgicos y kinesicos.las cirugías de tibia, peroné, rodilla y tobillo efectuadas según constancias de fs. 160 fueron 7.luego de recibir el alta hospitalaria permaneció inmovilizado por espacio de 3 meses, comenzó a deambular con muletas" (cfr. fs. 311, ptos. 5.1.4 y 5.1.5).- Es a raíz de ello que el perito sostiene que "la incidencia del accidente fue muy significativa, tal que se alteró toda la dinámica de despliegue y desarrollo en los distintos planos de desenvolvimiento de su persona personal, afectivo, familiar, laboral, deportivo" (cfr. fs. 312, pto. 5.1.16.).- Se contempla, asimismo, el testimonio de Cecilia Verónica Carro, quien manifiesta que ".cuando yo lo conocí a Matías hacía muchas cosas. Estaba en el secundario, trabajaba en la tornería con el padre, había empezado un curso de grafología, varias cosas, hasta el accidente (mayo del año pasado).perdió un año de estudio, tuvo que dejar de trabajar.tuvo que dejar de hacer deportes.actualmente no sale de manera que salía antes" (cfr. fs. 245).- En virtud de todo lo expuesto, teniendo en cuenta los precedentes de esta Sala en casos análogos, y fijando el monto indemnizatorio a valores actuales, estimo adecuado otorgar el monto de Pesos Cien Mil ($ 100.000), del la cual la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) correspondería que sea soportada por la parte demandada, de acuerdo a la distribución de las responsabilidades.- XI.- Respecto al rubro "gastos de atención médica, farmacéutica y de traslados", sabido es que no resulta necesaria su acreditación concreta y específica cuando la erogación se presume en orden a la entidad de las lesiones padecidas. También lo es que este tipo de erogaciones son admisibles aún cuando la atención haya sido prestada en hospitales públicos o por una obra social, toda vez que de ordinario, ni uno ni otra cubren la totalidad de los gastos en que incurren los pacientes (conf. esta Sala, L. nº 110.732 del 26/11/92, L. nº 142.552 del 18/5/94, L. n° 559.981 del 21/12/2010, entre otros).- Ahora bien, esta Sala tiene dicho que es el damnificado quien debe tratar de establecer con la aproximación que sea factible, la entidad de los daños, ya que se ha decidido que la deficiencia en la prueba referente a su monto, gravita en contra de quien tenía la carga de aportarla (conf. esta Sala, in re "González, Carlos E. y otro c/ Capillas, Néstor H. y otro s/daños y perjuicios" del 5/10/99, citado por Daray, Hernán en "Derecho de daños en accidentes de tránsito", t. 2, pág., 398/399, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2001).- Al respecto, el galeno sostuvo que "estimo gastos de atención médica, gastos de farmacia y radiológicos en $ 3.000" (cfr. fs. 311 vta., pto. 5.1.15.).- Así pues, a la luz de antecedentes análogos de esta Sala, en función de las dolencias padecidas por el actor, de la atención recibida en el Hospital Municipal de Vicente López "Prof. Dr. Bernardo A. Houssay" (cfr. fs. 158/223), en uso de la facultad permisiva del artículo 165 del rito y fijando el monto indemnizatorio a valores actuales, propiciaré que se otorgue por esta partida el monto de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000), del cual la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000) correspondería que sea soportada por la parte accionada, de acuerdo a la distribución de las responsabilidades.- X.- Para que proceda la indemnización por lucro cesante, es necesario que la imposibilidad de realizar una actividad laboral o eventualmente su disminución, tenga carácter transitorio, porque si de lo contrario ésta resulta permanente, se trataría en rigor de la situación contemplada en el concepto de incapacidad sobreviniente y no de lucro cesante, que se relaciona únicamente con las pérdidas experimentadas durante el tiempo de inactividad transitoria (conf. art. 1086 "in fine", Código Civil; Llambías J. J. ,"Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", t. II-B, p. 118, nº 2272; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni, "Código Civil, comentado, anotado y concordado", t. 5, p. 210; Cazeaux-Trigo Represas "Derecho de las Obligaciones", t. III, p. 128).- Ahora bien, el lucro cesante no puede presumirse, debiendo ser objeto de prueba, es decir, que para su procedencia se requiere una demostración cierta del perjuicio experimentado, el cual debe ser real y efectivo y no supuesto o hipotético. La prueba debe estar además dirigida a acreditar el lapso durante el cual se habría visto privada la víctima de los ingresos propios de su oficio, sea por su internación o asistencia y tratamiento hasta el alta médica, ya que de ahí en más, operó su parcial restablecimiento y quedó eventualmente consagrada la incapacidad (conf. esta Sala, libres nº 105.985 del 20-5-92; n 181.875 del 22-12-95 y n 213.928 del 30-5-97, entre muchos otros).- En la especie, más allá de que el galeno determinó que "la incapacidad transitoria fue total, 100% durante 3 meses" lo cierto es que actor indica en su escrito de postulación que ".no realizaba tareas remuneradas." (cfr. fs. 20).- Entonces, al no realizar activad laboral alguna previa al accidente de marras que pudiera haber sido interrumpida o afectada durante el período de convalecencia, y siendo que las demás tareas indicadas por el accionante fueron contempladas en los restantes rubros concedidos, debería desestimarse la partida solicitada por lucro cesante.- XI.- En relación al momento a partir del cual deberían devengarse estos accesorios, en la especie resulta de aplicación el Fallo Plenario in re "Gómez, Esteban c/ Empresa de Transportes s/ daños y Perjuicios" (pub. en L.L. 93-668) conforme al cual los intereses se devengan desde el día en que se produjo cada perjuicio objeto de resarcimiento, vale decir, a partir del momento que se hubiere concretado el menoscabo económico o el desembolso (conf. esta Sala voto de la Dra. Luaces en L. nº 75.848 del 16/9/91, voto del Dr. Escuti Pizarro en L. nº 104.339 del 15/4/92, entre otros); esto es, desde la fecha del accidente.- En cuanto a la tasa de interés a aplicar, de acuerdo a lo establecido por la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios" del 20/04/09, sobre el capital reconocido corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Empero, toda vez que en la especie se fijan los valores indemnizatorios al momento del dictado del presente acuerdo, la indicada tasa debe regir recién a partir de este pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses desde el origen de la mora, se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal. Ello así, en la medida de que uno de los factores que consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en la especie ya fuera ponderado al definir el capital a los valores vigentes. Por ello, corresponde que desde el momento de la mora y hasta el presente pronunciamiento, se calculen los intereses a la tasa de interés del 8% anual, que representan los réditos puros y, desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.- Respecto de lo otorgado en el considerando VII, tratándose de capital dirigido a enjugar gastos futuros, deben los intereses computarse desde el presente pronunciamiento, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.- XII- Finalmente, en cuanto al planteo de la citada en garantía referido a la oponibilidad de la franquicia, cabe manifestar que en los fallos plenarios dictados por esta Cámara in re "Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otro s/ daños y perjuicios" y "Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/ daños y perjuicios", del 13 de Diciembre de 2006, se dispuso que la franquicia pactada entre la aseguradora y la empresa de transporte es inoponible al damnificado, sea o no transportado.-	Si bien no se desconoce que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha mantenido un criterio distinto en varios precedentes, aún aquellos dictados por aplicación de esa doctrina obligatoria, lo cierto es que, mientras rija la doctrina plenaria en cuestión, resulta la misma de aplicación obligatoria para la Cámara y los Jueces de primera instancia de los cuales sea aquélla Tribunal de Alzada (art. 303 del Código Procesal), por lo que, al margen de la opinión personal que se tenga sobre este polémico punto del debate, no resulta posible modificar este aspecto. Esta Sala ha mantenido el criterio de acatar esa decisión obligatoria emanada por este Tribunal en pleno (ver voto del Dr. Hugo Molteni en libre n? 491.818 del 16-04-y mi voto en libre n? 495.534 del 09-05-08).- Por lo demás, en acuerdo plenario de este Tribunal celebrado el día 15 de Abril de 2008 se resolvió, por mayoría, no revisar la doctrina que emana de aquellos fallos, aún después de conocida la opinión de nuestro más Alto Tribunal.- Sin embargo, cierto es que el actor no planteó la inoponibilidad de la franquicia denunciada por la citada en garantía en su contestación de demanda (cfr fs. 75), ni tampoco desconoció la copia de la póliza que luce agregada a fs. 70/74 (ver cláusula 4ta.). Recién a la hora de presentar su alegato, el accionante efectúa una extemporánea manifestación alegando la inoponibilidad de la franquicia (cfr. fs. 384), habiendo vencido ampliamente los plazos correspondientes para expresarse al respecto.- No obstante que es innecesario invocar una doctrina plenaria para que sea aplicada por el juez en virtud del principio "iura novit curia" y por la obligatoriedad que emana del art. 303 del Código Procesal, si la parte a la que favorece esa aplicación no manifestó oportunamente -expresa o tácitamente- su voluntad en ese sentido, el magistrado no puede hacerlo de oficio, porque quebrantaría el principio de congruencia. De tal manera, como el damnificado no realizó ningún planteo en los momentos procesales oportunos respecto de la limitación de cobertura que alegó la aseguradora en virtud de la franquicia pactada con su asegurado, su comportamiento implica un allanamiento tácito o una renuncia voluntaria a defenderse y en esos supuestos no corresponde aplicar la doctrina del plenario "Obarrio" (Sumario N 17805 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil; conf. CNCiv. Sala "D", en autos "Moran, Savina Rosa c/ Gutiérrez, Daniel Orlando y otro s/ Ds. y Ps.", del 25/03/08, R. 492.715).- Asimismo, se ha sostenido que la obligatoriedad de las doctrinas plenarias que establece el art. 303 del Código Procesal debe apreciarse conjuntamente con la conducta desplegada por las partes a lo largo del proceso. De tal manera, no cabe aplicar el plenario "Obarrio c/ Microómnibus Norte SA" si el damnificado no solicitó la inoponibilidad de la franquicia del seguro en el momento procesal oportuno, porque no se trata de una cuestión de orden público, por lo que es disponible para las partes (Sumario N 17807 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil; conf. CNCiv. Sala "C", en autos "Navarro, Teresa Deolinda c/ Torrez, José Domingo s/ Ds. y Ps.", de fecha 25/03/08, R. 487.796).- En igual sentido, esta Sala dijo que no cabe aplicar el plenario "Obarrio" ante el reconocimiento de la póliza efectuado por la actora, circunstancia que se verifica en la especie a fs. 90 vta. (R. 512.065 del 12/5/09; R. 487.445 del 19/5/09, entre otros).- En consecuencia, corresponde que los efectos la condena de autos sean extendidos a la citada en garantía en la medida del seguro.- XIII.- Voto, en definitiva, para que se modifique la sentencia apelada, atribuyendo el 50 % de la responsabilidad por el evento dañoso a cada una de las partes.- En consecuencia, debería hacerse lugar parcialmente a la demanda entablada por Matías Hugo Della Roscia contra "Microómnibus Saavedra S.A.T.A.C.E.I.", condenándose a ésta a pagar, en el plazo de diez días, la suma de Pesos Ciento Veintidós Mil ($ 122.000) (monto total integrado por la suma de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000) en concepto de incapacidad sobreviniente; la de Pesos Diez Mil ($ 10.000) en razón de tratamiento psicológico y kinésico; la de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) por daño moral; y la de Pesos Dos Mil ($ 2.000) en concepto de gastos de atención médica, farmacológica y de traslados) con más los intereses que se liquidarán en la forma establecida en el punto XI del presente voto.- Asimismo, deberían hacerse extensivos los efectos de la condena a la citada en garantía "Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros" en la medida del seguro de acuerdo a lo descripto en el considerando XII.- En virtud de lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, correspondería modificar las costas de primera instancia, imponiéndolas en el orden causado (conf. artículo 68 del Código Procesal).- Por la misma razón antes apuntada, las costas devengadas en esta Alzada se imponen en el orden causado.- El Dr. Hugo Molteni votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Ricardo Li Rosi.- El Dr. Sebastián Picasso no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).- Con lo que terminó el acto.- Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.- FDO. FERNANDO P. CHRISTELLO (SEC.)	Buenos Aires, febrero	5	de 2013	Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se modifica la sentencia apelada, atribuyendo el 50 % de la responsabilidad por el evento dañoso a cada una de las partes.- En consecuencia, se hace lugar parcialmente a la demanda entablada por Matías Hugo Della Roscia contra "Microómnibus Saavedra S.A.T.A.C.E.I.", condenándose a ésta a pagar, en el plazo de diez días, la suma total de Pesos Ciento Veintidós Mil ($ 122.000.-) con más los intereses que se liquidarán en la forma establecida en el punto XI del presente pronunciamiento.- Asimismo, se hacen extensivos los efectos de la condena a la citada en garantía "Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros" en la medida del seguro de acuerdo a lo descripto en el considerando XII.- Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado.-	Atento lo decidido precedentemente corresponde adecuar los emolumentos fijados en la anterior instancia, de conformidad con lo normado por el artículo 279 del ordenamiento procesal y las pautas establecidas por el artículo 505 del C.Civil.-	Ello así, valorando la calidad y extensión de la labor desplegada por los profesionales intervinientes dentro de las tres etapas en que se dividen los juicios ordinarios, lo establecido por los artículos l,6,7,19, 37 y 38 de la ley 21.839 y concordantes de la 24.432 como así también lo decidido por la sala en cuanto a la forma de retribuir los honorarios de los peritos médicos, que carecen de un arancel propio (conf.H 558.613 del 14-02-2012 entre muchos otros), corresponde fijar los honorarios de la dirección letrada de la parte actora, en conjunto, Dres.Carlos A. de Mare y Juan Carlos Ramirez, en PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-); los del letrado apoderado de la parte demandada, Dr. Amilcar A. Rubellín, en PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-); los del perito médico, Dr. Juan Koncurat, en PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-); los de la consultora, Patricia G. Figueras, en PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), Jaime I. Rosenberg, en PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) y los del Dr. Leonardo I. Birman, en PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-).-	Por su labor en la alzada que diera lugar al presente fallo, se fijan los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Julio J. Mónaco, en PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000.-) y los del Dr. Rubellín, en PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-) (arts. l, 6, 7, 14 de la 21.839 y conc. de la 24.432), sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez días.-	Notifíquese y devuélvase.-	RICARDO LI ROSI