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Derecho procesal, gastos del proceso, costas, eximentes de responsabilidad, Superior Tribunal de Justicia, fallo plenario, autonomía provincial, honorarios del perito, acción de reducción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Haedo, José Mamerto c/ Serv-O-Tec S.R.L. s/ despido por falta pago haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-04-07

2.- En lo atinente al cuantum de los honorarios regulados al perito contadora y a la perito psicóloga, los porcentajes asignados por el a quo exceden el criterio aplicado por las tres Salas de esta Cámara (3%/5%). Por ello, aun teniendo en cuenta la valía y corrección de la actuación de los expertos, como la complejidad del proceso, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales realizados; los porcentajes señalados también resultan excesivos y corresponde sean reducidos al 4% de la base regulatoria.
Acuerdo de juicio abreviado, homicidio simple, dolo eventual
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Fabián Rafael Ledesma c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2024-07-10

Corresponde homologar el acuerdo de juicio abreviado pleno y condenar a la pena de 8 años de cumplimiento efectivo por el delito de homicidio simple con dolo eventual al dueño de un perro raza Pitbull que atacó a una nena de 10 años causándole la muerte, toda vez se encuentra acreditado que el condenado actuó con dolo eventual, pues sabía y se representó la posibilidad de un ataque mortal, y aun así continúo con su conducta hasta el desenlace fatal.
Derechos del paciente, denuncia del médico, derecho a la intimidad
Materia: PENAL
Carátula: Orekhov, Alexey s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-21

Si el imputado acudió al hospital público con fuertes dolores derivados de la ingesta de estupefacientes, que le fueron extraídos luego de una intervención quirúrgica, está debidamente fundada la declaración de nulidad de la denuncia efectuada por el médico por entender que el proceso tuvo como origen el desconocimiento del derecho a la intimidad del encartado. Es aplicable la doctrina CS "Baldivieso" pues cuando se encuentra en juego un valor tan supremo como es la vida y la dignidad de la persona, resulta inconcebible que el Estado persiga delitos valiéndose de medios inmorales, como sería aprovecharse del inminente peligro de muerte que pesa sobre el procesado que acude a requerir atención hospitalaria, mediante la imposición al médico del deber de convertirse en un agente de la persecución penal estatal. El voto concurrente agregó que la alegada línea independiente de investigación no es tal, pues los estudios efectuados se encuentran vinculados intrínsecamente con el llamado telefónico que efectuó el propio imputado al servicio de salud de urgencia. (Dres. Hornos y Borinsky -voto concurrente-).
Prueba, carga
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: D Ambar S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativo José Antonio Piazza Construcciones c/ Municipalidad de San Antonio de Areco s/ Demanda contencioso administrativa Chescotta, Esther Josefina c/ Pcia. de Bs. As. (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21|2002-03-20|2003-07-16

Las omisiones probatorias del actor limitan los alcances de la decisión final del Tribunal, dado que en el ámbito del proceso administrativo el interesado debe aportar los elementos de convicción que permitan tener por acreditada la circunstancia que invoca, en tanto no actúa en simple instancia recursiva, sino en proceso de conocimiento, debiendo entonces cumplir con la carga probatoria respectiva.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: González, Modestino Jaime c/ Rojas Rodriguez, Pedro y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-07

En nuestro derecho positivo, hasta tanto no se satisfagan los reclamos de la doctrina y se unifique el régimen de la responsabilidad civil, la responsabilidad extracontractual posee una mayor extensión o amplitud que la contractual. El que incumple un contrato, por lo general y salvo que actuare con malicia en ese incumplimiento, sólo responde por las consecuencias directas e inmediatas de su incumplir. En cambio el responsable de un hecho ilícito responde, en principio, por todos los daños sufridos, aunque no sean consecuencias inmediatas de su obrar. El debe indemnizar también los daños mediatos. Y, en algunos casos, hasta los puramente casuales (arts.520, 521, 901, 903, 904, 905, 1068 y conc. del CC).
Contrato de obra pública, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cantarelli y Moguilianski S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

Si la comisión especial que liquida los gastos improductivos generados con anterioridad a la rescisión se ocupa de descartar los gastos generales ya abonados con motivo de esta (art. 64, ley 6021) resulta obvio afirmar que no existen incompatibilidades materiales entre aquellos y los rubros indemnizatorios tasados en el art. 64, salvo los que expresamente se descuenten.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, robo, robo en banda, asociación ilícita, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: XX s/ Primero ¿Es constitucional la disposición del artículo 28 de la Ley   10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "Defecto de caso  concreto"? Segundo ¿Si la expresión "Banda" comprendida en el  artículo 167 inciso 2 del Código Penal indica solamente una   pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos o   si por el contrario deben darse los requisitos típicos del artículo   210 del mismo cuerpo legal? (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-20

A falta de clarificación legislativa de lo que significa el término "banda", la punición agravada no se dirige a la confraternidad espontánea orientada a delinquir, sino cuando se aparezca frente al intérprete una hermandad jerárquica organizada para el delito. Para que exista banda y por eso mismo robo agravado, el mismo debe ser perpetrado por un grupo permanente orientado a cometer ilícitos, lo cual implica no sólo agruparse para delinquir sino organizarse para perpetrar ese tipo de actos con idénticos requisitos típicos que los fijados por el artículo 210 del Código Penal. (Del Voto del Dr.

Villaggi). En el caso, la cuestión a resolver es el alcance de la expresión "banda" comprendida en el artículo 167 inciso 2 del Código Penal (como en definitiva en la votación final se produce un empate, se hizo necesario integrar la Cámara)
Delitos cometidos durante actividades antisubversivas, obediencia debida, ejecución de órdenes
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

La alegación de la causal de justificación de la obediencia debida resulta improcedente para la eximición de responsabilidad cuando se trata de la ejecución de órdenes ilegítimas de detención, como las ocurridas durante dictadura militar. (del voto en disidencia parcial del Dr.

Juan Carlos Gemignani)
Pago, mora del deudor, efecto extintivo del pago, daño moratorio
Materia: CIVIL
Carátula: VILLALBA, OLGA EMILCE c/ PARANA SEGUROS SA Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-18

1 - Es un requisito de la responsabilidad por morosidad o demora que el acreedor, al tiempo de recibir el pago tardío, deje a salvo su derecho a la indemnización, pues, en caso contrario, el efecto cancelatorio del pago de la prestación principal se extiende a la prestación accesoria relativa a la indemnización del daño moratorio -arg. Cciv., 525- (Llambías, "Código Civil", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. 1979, pág. 91). Ello por cuanto cuando el deudor cumple hace cesar el estado de morosidad, que concluye conjuntamente con la relación jurídica que vinculaba a las partes (Bueres, Alberto J. y Highton Elena I.: "Código Civil", Ed. Hammurabi, 2006, t 2 A, pág. 110). 2 - La eventual reserva debe ser hecha coetánea o simultáneamente con la acción de recibir (CNCom, Sala E, "Poyard, Edgardo c/ Citibank NA", del 23-06-06; id. idem, "Rusek, Estanislao F. c/ BBVA Banco Francés -Fiduciario de Fideicomiso Diagonal", del 22-03-07; y, en similar sentido, CNCom., en pleno del 28-09-94 in re "Compañía Textil del Plata SA c/ Marian Rohr SA"). Por obvias razones de seguridad jurídica, la reserva debe ser formulada al momento de la percepción de lo adeudado, o por lo menos con la inmediatez exigible de acuerdo con las especiales circunstancias del caso (CNCom, Sala C, "IBM Argentina SA c/ Editorial La Capital SA", del 16/11/95).
Sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BERTETTI, ROSARIO ATILIO s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1969-09-19

Es cierto que el tribunal de sentencia debe resolver todas las cuestiones esenciales que hayan sido objeto del juicio (C.P.P., art.

426, ley 3831; art. 412, inc. 2do., ley 5154) y que en la parte resolutiva debe haber pronunciamiento sobre ellas so pena de nulidad de la sentencia (C.P.P., art. 432, inc. 4to., ley 3831; ley 5154, art. 417, inc. 5to.), no basta que se las considere al emitirse opinión sobre la suerte de ellas, ya que la voluntad del Estado emitida por los jueces debe aparecer en la parte decisoria o resolutiva, pero las exigencias no pueden extremarse requiriéndose fórmulas sacramentales en la declaración de ese acto de voluntad. Lo decisivo es que esa parte de la sentencia contenga ese pronunciamiento. Si la parte resolutiva de la sentencia abarca la acción civil y de los dos capítulos resarcitorios, a saber: daño material y daño moral, ordena indemnizar este último "unicamente", hay pronunciamiento y desestimatorio del primero y, por ende, el agravio de que falta decisión respecto de algún punto no debe prosperar.-
Instrumentos públicos, escritura pública
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Turchi Luis Juan s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

Si bien el art. 1184, inc.6º del C.C. exige la escritura pública para el caso de cesión, repudiación o renuncia de derechos hereditarios, en su inc. 2º, luego de la modificación de la Ley 17711 al imponer dicha formalidad a las particiones extrajudiciales, exceptúa los convenios privados presentados al juez de la sucesión, admitiendo de tal modo una consolidada práctica judicial, aceptando la sustitución de la escritura pública por un acta judicial labrada en el expediente o por un escrito presentado en autos y reconocido por los firmantes, modalidad que lo convierte en instrumento público y goza de la misma fe que la escritura (arts. 979, inc.4º y 993 del C.C.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Desindexación, contrato de transporte, incumplimiento del contrato, responsabilidad del transportador, valor real, actualización monetaria, seguros, asegurador, subrogación en los derechos del asegurado
Materia: COMERCIAL
Carátula: IGUAZU CIA. DE SEGUROS S.A. Y OTRO c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP BQ "SIRIUS" s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-03

La compañía de seguros, por el mérito del pago, actúa subrogada en los derechos del damnificado directo y se halla colocada en la misma situación de éste, en la medida del seguro (art. 80, Ley 17.418). La existencia del aseguramiento no cambia, en absoluto, el alcance de la obligación indemnizatoria del deudor (salvo en lo atinente al límite que la subrogación pone según el mérito del pago), al que el contrato de seguro le es inoponible (arts. 1195 y 1199 del Código Civil). Y como, a partir de la sanción de la Ley 24.283, el transportista tiene el derecho a limitar su obligación resarcitoria al valor real y actual de las cosas dañadas o perdidas, ese derecho no sufre mengua alguna por la circunstancia -que le es totalmente ajena- de que el consignatario tuviese o no un contrato de seguro que le cubriera en todo o en parte los daños. Luego, toda vez que la condena es fruto de la aplicación de un método indexatorio -que es precisamente el que permite a la aseguradora demandante recuperar el pago, debidamente reajustado en función de la desvalorización de la moneda-, no hay dudas de que el caso se halla comprendido en el régimen de que se trata.
Sanciones procesales, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.M. Y Y.N.G.N. s/ DIVORCIO RT. 67 BIS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-19

La aplicación del art. 45 del Código Procesal exige obrar con cautela para no afectar el legítimo derecho de defensa en juicio y sólo es viable cuando los propósitos obstruccionistas o dilatorios sean evidentes y manifiestos. Si las defensas esbozadas por el alimentante no exceden el ejercicio del citado derecho, la sanción requerida aparece como excesiva siendo suficiente la condena en costas.
Accidentes de trabajo, acción civil
Materia: LABORAL
Carátula: CHIARA JUAN CARLOS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-03-25

Al haber ejercido Chiara la opción del art. 17 de la Ley 9.688, reformada por la Ley 23.643, corresponde aplicar el artículo 4037 del Código Civil, en cuanto al plazo de la prescripción, y el artículo 3956 en lo que se refiere al comienzo del plazo de la misma, o sea, que empiezan a correr los dos años desde que la acción pueda ejercitarse. En el caso particular, y persiguiéndose la reparación de una incapacidad, el trabajador afectado estará en condiciones de ejercer su acción reparatoria cuando tome conocimiento que el hecho dañoso le ha causado una disminución de sus aptitudes físicas o psíquicas, o sea desde que el daño es "cierto".
Acción meramente declarativa, jefe de despacho judicial, régimen jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: QUIJANO PATRICIA JANNET  c/ A.N.Se.S. s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

De acuerdo con la reglamentación establecida por el Res. 10/20, quienes revisten en la categoría de Jefe de Despacho solo podrán acceder a la prestación, en los términos de la ley 24.018 - modificada por ley 27.546-, cuando hayan cumplido el tiempo de cotización allí establecido, computado a partir de abril 2020, sin considerar el plazo anterior desde el que detentan tal cargo. Esto se traduce en el establecimiento de un periodo de carencia que condiciona el acceso a la prestación al cumplimiento de una antigüedad mínima en la cotización que no fue establecida en la ley; excediéndose, por lo tanto, el Poder Ejecutivo, en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución Nacional le concede y alterando sustancialmente el régimen jurídico aplicable al establecer una limitación no prevista en el texto legal.
Fundamentación de sentencias, escala penal, proporcionalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Canabiri, Julio César c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-22

El voto concurrente agregó que el a quo dio suficientes y razonables argumentos para fijar la sanción referida, en relación a la escala penal respectiva, y la pena fijada no desatiende los principios de ofensividad, proporcionalidad y culpabilidad, siendo por ello un acto jurisdiccional válido. Dres. Catucci, Riggi, Mahiques -voto concurrente-.

Fuente del sumario: OFICIAL
Universidades, universidades nacionales, estatutos universitarios, Universidad Nacional del Sur, inconstitucionalidad, interpretación de la constitución, gratuidad de la enseñanza
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: Ministerio  de  Cultura  y Educación s/ observa estatuto de la UNS (art. 34, ley 24.521).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

El Estatuto de la Universidad Nacional del Sur, en cuanto establece que la enseñanza será gratuita, desvincula los principios de gratuidad y equidad y desnaturaliza el alcance que el constituyente y el legislador asignaron a ambos términos.
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Banque Nationale de París c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-21

La procedencia de las medidas cautelares, justificadas en principio en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, quedan subordinadas a la verificación de dos extremos insoslayables, a saber: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable en la demora. (Del voto de los Dres. Nélida M. Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A. Russo).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, fundamentación suficiente, ejecución prendaria, interpretación de la ley, endoso, falta de legitimación para obrar
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Amiun S.A. c/ Busdrago, Noemí Liliana s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Ejecución  prendaria (Expte.: C.S.J. Nro. 256 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26

No puede merecer favorable acogida el agravio del recurrente relacionado con la ausencia de motivación del decisorio impugnado, al sostener que la demandada no era una tercera ajena a la relación contractual, y que la inscripción en el Registro, por ende, no resultaría necesaria para conferir aptitud ejecutiva al contrato prendario. Es que con su postura no alcanza a rebatir el sólido argumento sustentado por la Alzada cuando manifiesta - coincidiendo con el Inferior- que "el endosatario se legitima sin otro requisito que la inscripción del endoso, de conformidad con la letra y el espíritu del artículo 24 de la Ley de Prenda... De allí es que si en el sub examine el endoso en favor del actor no fue debidamente inscripto en el registro pertinente, carecerá este de la legitimación activa requerida para demandar, porque el contrato es oponible ante terceros a partir de su anotación, sin perjuicio de la plena eficacia -aún sin tal recaudo- entre los suscriptores", criterio que, por lo demás, es el sostenido por la doctrina.
Suspensión del juicio a prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: AVILA SEGUNDO JOSE. s/ HOMICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-25

Corresponde señalar que la probation surge en nuestro sistema normativo como una novedosa forma de extinción de la acción penal, es decir, se plasma como una paralización del proceso penal con potencialidad de extinguirla. En la doctrina como en la jurisprudencia no se discute que la probation puede ser revocada si no se cumplen las reglas de conducta que impone la ley, entonces, resulta evidente que tanto la adjudicación como la revocación no causan estado en tanto se cumplan o no los requisitos para su concesión. De este modo, no surge de la naturaleza jurídica del instituto, ni de la normativa que lo regula, ni de su práctica judicial, la imposibilidad de otorgarlo luego de haber sido rechazado.

Por el contrario, la facultad del magistrado de concederla una vez cumplidos los condiciones impuestas aparece como una necesidad del instituto. En el presente caso, la decisión del magistrado como del fiscal se encuentra fundada en el actual criterio de este Tribunal referido a los requisitos necesarios para la admisión del citado instituto. En conclusión, considero que el pronunciamiento que desestima la concesión de la suspensión del juicio a prueba no causa estado y el juez se encuentra facultado de conceder la probation una vez que se haya cumplido los requisitos fijados por la norma para su acogimiento. (DEL VOTO EN DISIDENCIA DEL DR. GANDUR).
Obligación tributaria, contribuyentes, responsables, pago de tributos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: SLOWIK EMM S.A.C.I.F.I.A. c/ F.N. (D.G.I.) s/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-15

El régimen de las compensaciones de sumas acreditadas a favor de responsables a que se refiere la Resolución General 2542/85 establece en su art. 3 que no se encuentran comprendidos en el régimen que se establece por el presente los saldos a favor de los contribuyentes o responsables que cuenten con un régimen específico en materia de compensaciones.
Revocación de sentencia, extinción de la acción penal, prescripción de la acción penal, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, paralización del expediente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Santángelo, José María s/ defraudación por administración fraudulenta.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Corresponde revocar la sentencia que no hizo lugar a la extinción de la acción penal por prescripción si el proceso se originó mediante denuncias presentadas hace más de diecisiete años sin que hasta la fecha se haya llegado a un pronunciamiento que defina la situación del procesado frente a la ley penal y el trámite de la causa se encuentra paralizado en razón de diversos planteos deducidos por la defensa de los coimputados del recurrente.
Pensiones, cónyuge supérstite, otorgamiento del beneficio, derechos adquiridos, conviviente, denegatoria del beneficio, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ORONA, Mercedes Ceferina c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-22

Las prescripciones de la leyes 23226 y 23570 no pueden beneficiar a la concubina cuando el beneficio pensionario es gozado ya por la viuda del fallecido, toda vez que dichos cuerpos normativos no pueden tener efecto retroactivo frente a derechos adquiridos (art.

6 de la ley 23570 y art. 3 del C.C.). La única vía legal que quedaría a la convivencia sería la imputación de nulidad del acto administrativo que otorgó el beneficio de pensión a la cónyuge del afiliado, o sea un trámite especial que no puede juzgarse satisfecho mediante simples presentaciones recursivas (cfr.

C.N.A.T., Sala V, sent. 42466 del 08.02.89 "Lumia, José s/ pensión").
Despido, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez, Oscar Félix c/ Compañía de Transportes El Colorado S.A.C. s/ Diferencias salariales y otros rubros impagos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-06-26

No se advierte en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo disposición alguna que exija al trabajador despedido cuestionamiento -previo al reclamo judicial- sobre la causa que se expresa en la comunicación realizada de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 243 de dicha normativa. Por ello, estaba a cargo de la patronal demostrar la causa que invocara como justificativa del despido, para luego recién llegar a evaluar si la misma configuraba injuria en los términos del art. 242 de la norma citada y como la empleadora no trae a juicio elementos probatorios que demuestren la negativa del trabajador a realizar la actividad de descarga en la oportunidad señalada al comunicar la rescisión del contrato de trabajo, corresponde considerar que ella carece de justa causa, generándose de tal forma las obligaciones indemnizatorias a que se condena en el fallo recurrido.