Daños y perjuicios, ejecución de sentencia, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Dr. Romero, Oscar Eduardo s/ Autos Corte Nº 20/12: Dr. Romero, Oscar Eduardo en autos Expte. Nº 013/05: Dr. Guaitimalt, Jorge Esteban, en autos Expte. Nº 423/04: Leiva, Amelia Sesto de c/ Editorial Capayán s/ Daños y Perjuicios s/ Incidente de Nulidad de Remate - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-03-18

El apoderado de la parte ejecutante interpone recurso de casación en contra de la sentencia interlocutoria emitida por la Cámara de Apelación.

Comienza el relato de los hechos informando que en razón de haber ganado la demanda de daños y perjuicios inicia el trámite de ejecución de sentencia en el que solicita mandamiento de citación de venta del inmueble de titularidad del ejecutado -B.- el que fuera previamente embargado. Luego de designada la martillera, y de requeridos los informes pertinentes, se presenta el Sr. A. solicitando la correspondiente participación en los presentes autos.

Relata que una vez publicados los edictos y habiéndose cumplido con los demás trámites se remata el inmueble el día 23/11/2006. Posteriormente el día 15/12/2006 el apoderado del Sr. A. promueve incidente de nulidad del remate y tercería de dominio en subsidio, aduciendo que la nulidad de la subasta se debe a que el inmueble rematado no era del ejecutado sino del Sr. A. quien lo adquirió conforme boleto de compraventa en un anterior remate judicial, oportunidad en que depositó la suma $ 27.090 en concepto de saldo del precio y que en el año 2002 otorgó en comodato la casa adquirida al Sr. B. Adujo también que por razones de salud, no pudo inscribir el inmueble a su nombre.

Resta por último considerar el agravio en torno a la imputación de mala fe que se hace respecto a la conducta del apoderado de la ejecutante.

Antes de adentrarme a tratar esta delicada cuestión, he de anticipar que en mi opinión, ningún amparo legal puede tener quien teniendo conocimiento de hechos, circunstancias, situaciones y datos, trascendentes para el derecho, de acuerdo a las características propias de cada acto jurídico, los oculte o los retenga sin notificar al otro sujeto del acto jurídico.

El letrado invoca en apoyo de su posición, que no estaba obligado a informar al Tribunal la situación jurídica del bien.

Sin duda esto tiene relación con el conocimiento de la realidad extrarregistral que tenía o debía tener por haber participado de la primera subasta y el alcance de la publicidad registral que invoca. Con lo que entra en escena el principio de la buena fe, principio general del derecho que preside no solo el ordenamiento sustancial, sino también el procesal porque inspira a todo el ordenamiento jurídico.

Este principio impone en la interpretación de los actos jurídicos, también los procesales como es el caso, analizar el contexto general para desentrañar cuál ha sido la verdadera voluntad de las partes. Pues su contrafigura -la mala fe- encuentra su perfil específico en el conocimiento que el sujeto tiene o debe tener de hechos, circunstancias, situaciones, datos, etc., relevantes para el derecho de acuerdo a las características de cada acto jurídico.

De ahí que no pueda prescindirse en la situación examinada, del conocimiento que tuvo el apoderado de la situación del dominio, pues asume como se verá, carácter dirimente del conflicto suscitado entre las partes, opacando así por completo el argumento en torno a que la segunda subasta es válida, además, porque se cumplieron con todos los recaudos y diligencias previas al remate, y que se procedió a la ejecución ya que B. continuaba figurando como titular del dominio conforme al informe obtenido del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

Dicho esto, es del caso también apuntar que todos los recaudos impuestos por el legislador tienden prioritariamente a la protección de los terceros interesados que sean de buena fe. Por lo que vuelvo al principio, para preguntarme si en el caso de autos, merece protección jurisdiccional quien ha sido parte del acto viciado.

Como he anticipado, la respuesta excluyente emerge de los elementos probatorios arrimados a la causa, donde encuentro que la mala fe responde al conocimiento que el apoderado tuvo de la situación jurídica del bien, de la discordancia entre la realidad extrarregistral de la que ha sido parte y la registral en la que pretende ampararse, y que conducía inevitablemente -por la existencia de aquel acto causal- a la declaración de invalidez de la segunda subasta.

De lo dicho se desprende, que si lo terceros que conocían la realidad extrarregistral, no pueden prevalerse de los defectos de inscripción, que decir en este caso "mutatis mutandi" de este profesional que ha intervenido en la formalización de ambas subastas, y que pretende prevalerse de meros defectos formales -como la falta de anotación de la mutación real para esgrimir que el bien sigue siendo de B.- cuando bien sabe que el derecho real inmobiliario nace y se constituye extaregistralmente y que el documento portante del título ingresa al registro a los efectos de la publicidad y consiguiente oponibilidad respecto de terceros. Como he adelantado, este elemento subjetivo responde al conocimiento que se haya tenido o debía haberse tenido en razón de la posición o responsabilidad que se tenga del vicio invalidante.

Por ello, no puedo pensar que este colaborador de la justicia, que ha patrocinado ambas subastas en el transcurso de cinco años, no tenga obligación de comunicar al Tribunal, la situación jurídica del bien, pues se trataba reitero, de un saber significativo, trascendente de acuerdo a la naturaleza jurídica del acto.

Entiendo así que nada autorizaba a actuar de esta manera, el conocimiento de la discordancia entre la realidad extrarregistral y la registral, no puede ser utilizado antifuncionalmente, pues el derecho y en este caso el proceso debe ser concebido como herramienta de cooperación entre los seres humanos y no de aprovechamiento.

En conclusión y por todo lo expuesto, considero que la sentencia resuelve desde la óptica de la realidad ajustándose estrictamente a las constancias de la causa. Por lo que propongo si mis colegas comparten este voto, confirmar la sentencia impugnada y rechazar el recurso de casación interpuesto.