marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, caducidad de instancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arbeo y otras s/ Incidente de extensión de quiebra en autos: Frigorífico San Telmo s/  Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-08

El plazo del art. 163 2do parr. ley 24522 es un plazo de caducidad, no solo por figurar en forma expresa en la norma sino porque la intención de los autores fue así disponerlo considerándolo una mejora en aspectos del procedimiento en el régimen de extensión de la quiebra, por lo que no corresponde computar sobre el mismo ni la existencia de suspensión del plazo ni la interrupción del mismo, ya que no es de la naturaleza de aquel instituto, por cuanto para la caducidad es tan escencial el ejercicio del derecho en un tiempo preciso, que no se concibe que el término puede prolongarse atendiendo a circunstancias particulares, ello sin perjuicio de considerar la denominada "caducidad extintiva" que admite la suspensión por impedimento del art. 3980 1ra. parte del Código Civil.
Régimen penal cambiario, negociación clandestina de divisas, control de cambio, compra y venta de divisas, responsabilidad de los directores, responsabilidad solidaria, multa penal, presunciones, persona humana
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CONVERTER S.A.-YAPUR, PABLO YAMIL. s/ Régimen Penal Cambiario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

La responsabilidad del director que habría intervenido en la comisión del hecho punible - omision de ingresar y negociar divisas - (conf. Art. 2, inc. f), de la ley 19359) resulta acreditada en tanto el imputado se habría presentado en el legajo como presidente del órgano de administración y en ningún momento éste ha cuestionado la calidad de representante de la firma que se le atribuye; además, la normativa sobre sociedades comerciales indica que el director de una sociedad anónima permanece en su cargo hasta ser reemplazado (Ley 19550, Art. 257) y no surge que ese mandato haya sido revocado por otro nombramiento (Del voto del Dr. Bonzón) .-
Recurso de apelación (procesal), interposición en subsidio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pourtan S.R.L. c/ Magariños Adolfo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

Interpuesta revocatoria con apelación en subsidio, y la primera resulta inadmisible por extemporánea, corresponde conceder la apelación simple, siempre que la decisión recurrida sea susceptible de apelación directa en los términos del art. 242, CPCC.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Títulos ejecutivos, preparación de la vía ejecutiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Sosa, Emilio Benjamin c/ Sanatorio Catamarca y/u otro s/ PREPARA VIA EJECUTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-04-23

Debe confirmarse el proveído apelado que rechaza el proceso preparatorio de la vía ejecutiva intentado con base en un Acuerdo de pago suscripto por el representante de la demandada, ya que aún reconocida la firma no se estaría frente a un título ejecutivo completo, dada la falta de identidad entre el firmante y el demandado, lo que llevaría a la necesidad de deslindar circunstancias ajenas a los límites del juicio ejecutivo como sería quién es el sujeto pasivo.
AFIP DGI, facultades jurisdiccionales, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Autoservicio T.M.  SRL. s/ ley 11.683. De Soto, Arturo Constantino s/ apelación clausura.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08|1993-06-08

La facultad reconocida a la Dirección General Impositiva de ejercer en ciertos casos funciones jurisdiccionales, la coloca en la necesidad elemental de respetar en tales funciones las garantías y derechos que consagra la Constitución Nacional, y, en particular, la de la inviolabilidad de la defensa en juicio.
Facultades de la alzada, preclusión, defensa en juicio, igualdad ante la ley, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: J., R.A. c/ R., I.P. s/ Resolución de Contrato  Cobro de Pesos  Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-24

En nuestro sistema procesal, caracterizado por el escalonamiento de etapas preclusivas, la primer restricción impuesta a las potestades del Tribunal de Alzada la marca la relación procesal trabada con la demanda y su contestación. Juegan en ello liminares principios que hacen, desde un extremo, al derecho de defensa en juicio y la igualdad de las partes, evitando sorpresas causídicas y efectivizando el orden en la tramitación de los procesos; del otro, a la esencia misma del régimen de la doble instancia, porque en el sistema escriturario la apelación no configura un "novum iudicium" que posibilite a las partes la incorporen de noveles pretensiones y oposiciones. También en este grado rige el ya mentado principio de congruencia, pauta general consagrada para todo el proceso y, por lo tanto, las cuestiones que no han sido materia del litigio, porque al demandar no fueron planteadas, no pueden ya ser incorporadas en la Alzada, ante la que resulta inadmisible la ampliación de un debate cuya continencia quedó fijada al trabarse la litis.
Honorarios, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: OLDACH, OSCAR JULIAN c/ ESTUDIO A7123021989 s/ REPETICION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-23

El monto de los honorarios correspondientes a trabajos en segunda instancia, no consiste automáticamente en determinado porcentaje de la regulación firme de los de primera instancia, dado que la redacción del art. 14 del Arancel no establece una relación con la cantidad fijada para los honorarios de esa instancia, sino con la que "deba fijarse".
Emergencia habitacional, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ponce, Alberto Darío. c/ GCBA. s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-19

El inc. 1 del art. 31 de la CCBA dispone resolver progresivamente el déficit habitacional, que no es el único objeto del derecho enunciado en el encabezamiento de la norma, sino que esta previsión enlaza con la necesidad de afectar recursos no infinitos a distintas prestaciones de naturaleza social y cultural; educación y salud, esencialmente, que deben también ser atendidas por el estado (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fleischer, Guadalupe c/ Pierpaoli, Norma s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-01

La eventual anulación de una subasta judicial se adscribe a un marco extremadamente restrictivo, evitándose de ese modo crear un clima contrario al que debe inspirar una venta pública ordenada por la autoridad judicial. A su vez, el principio de trascendencia requiere que quien invoca la nulidad alegue y demuestre que el argüido vicio le ocasionó el perjuicio cierto e irreparable, habida cuenta que si no obstante la atribuida irregularidad el acto de remate ha logrado la finalidad a que estaba destinado, aquella declaración de invalidez carecería de fin práctico y se llegaría a ella en el solo y exclusivo beneficio de la ley, consecuencia procesal inadmisible.
Recurso extraordinario, tribunal de alzada, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Dromi,  José  Roberto  (Ministro  de Obras y Servicios Públicos de la Nación) s/ avocación  en  autos:  "Fontenla, Moisés Eduardo c/ Estado Nacional".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-06

Sólo causas de la competencia federal en las que con manifiesta evidencia sea demostrado por el recurrente que entrañan cuestiones de gravedad institucional -entendida ésta en el sentido más fuerte que le han reconocido los antecedentes de la Corte- y en las que, con igual grado de intensidad, sea acreditado que el recurso extraordinario constituye el único medio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, autorizaran a prescindir del recaudo del tribunal superior, a los efectos de que la Corte habilite la instancia promovida mediante aquel recurso para revisar lo decidido en la sentencia apelada.
Hurto, prueba
Materia: PENAL
Carátula: LEGUIZAMON RAMON ERNESTO s/ HURTO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-30

La previa denuncia, anoticiando a la autoridad policial la característica de los objetos hurtados, significativamente marcados, el posteriorsecuestro de los mismos en el interior del vehículo estacionado enfrente del establecimiento, y de la llave del candado que permitía el acceso al lugar donde previamente se encontraban en poder del0encaartado, son indicios dotados de una univocidad tal más allá de toda duda.Cabe agregar que el procesado se encontraba en el interior del establecimiento cuando se efectúa el procedimiento, por lo que el espacio temporal entre la comisión del hecho y la constatación de la existencia de los efectos fue contemporáneo.
Crédito fiscal, actualización monetaria, cómputo de la actualización, exportaciones
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: S. y F. Trachter e Hijos  S.R.L. c/ Fisco Nacional (D.G.I.) s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

La actualización monetaria del crédito de impuesto instituido por el art. 27, inc. d) de la ley 20.631 (t.o. 1977 y sus modificaciones) debe computarse a partir de que el exportador solicitó su libre disponibilidad.
Honorarios, regulación de honorarios, inhabilidad de título, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: TOBARES, DANTE CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE APREMIO POR HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 574 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-12

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que, en principio -toda vez que se han admitido excepciones cuando median razones de economía procesal-, no es admisible discutir en el curso del procedimiento regulatorio de honorarios lo referente a la procedencia y forma de su cobro, por ser éstas cuestiones que deben quedar reservadas al momento en que se intente ejecutar la respectiva regulación.

Agregó además que "los autos regulatorios resuelven únicamente sobre el monto de las sumas con que la tarea profesional debe ser remunerada pero nada fijan sobre el derecho a percibirlas ni nada anticipan sobre la procedencia y forma de su cobro.

Por ello, en el caso no se puede considerar obstáculo para la excepción de inhabilidad de título interpuesta por la demandada, la falta de observación a la regulación de honorarios por la labor en sede administrativa previa a la iniciación de la causa principal; toda vez que, en la especie, ese procedimiento sólo tendía a estimar el monto de los emolumentos del representante de la actora, pero nada anticipaba en torno al derecho a su efectiva percepción ni menos aún del sujeto constreñido a ello.
Medicina prepaga, planes de cobertura médica
Materia: CIVIL
Carátula: Tecnología Integral Médica TIM S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

La cobertura médica prepaga actúa no sólo ante la enfermedad sino también en forma preventiva o regular, y el sistema de cuotas sólo sirve para tener la seguridad de que en la eventualidad de una enfermedad o peligro serio, el asociado estará bien atendido, con todos los adelantos científicos y técnicos que la ciencia médica puede proporcionar en estos días.
Derecho laboral, despido sin causa, notificación al trabajador, contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: ASEM, MARTA ROSANA c/ MI CASITA HOGAR DE PROTECCION AL MENOR s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO.  164 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10

Esta Corte in re "Arias" ha consagrado la recta inteligencia que cabe conferirle al art. 243 de la L.C.T., en el sentido de que los jueces, en la labor de apreciar la suficiencia o no de la expresión de los motivos alegados por la empleadora para legitimar la extinción del contrato de trabajo, deben obrar con prudencia y que este ineludible deber funcional procura mantener el delicado equilibrio que tanto protege el derecho de defensa del trabajador como evitar la entronización del formalismo en la evaluación de la idoneidad de los términos utilizados para hacer saber las causas con entidad injuriante invocadas.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: S.A.  Azucarera  Argentina s/ concurso  preventivo  s/  inc. derevisión por Bco. Municipal de Tucumán.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

Las decisiones de la Corte no son, como principio, susceptibles de recurso alguno, ni tampoco resulta procedente el incidente de nulidad, conclusión que además de las normas procesales se asienta en el carácter final de sus decisiones.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, duración del proceso
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos Abate, Carlos s/infr. art. 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil -CP- Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

El mandato contenido en el artículo 104, del CPPCABA tiene por finalidad la realización del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y es la propia ley la que establece, en el artículo 105 del CPPCABA, que el cumplimiento del plazo previsto tiene como consecuencia la culminación del proceso a través del archivo de las actuaciones, de modo que no se trata una simple pauta de razonabilidad sujeta al arbitrio jurisdiccional, sino que el mero transcurso del tiempo agota la voluntad estatal persecutoria. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C Ruiz).
Servicio público, facultades de la administración, Ente Nacional Regulador de la Electricidad, facultades reglamentarias, prerrogativa de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Edesur S.A. c/ resolución 14/93 -ENRE- (expte. Nº 119/93)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-03

La organización y el funcionamiento del servicio no se ciñen a lo previsto en el respectivo contrato, sino que se rigen por la reglamentación dictada por la Administración en base a las prerrogativas que le corresponden en atención a la naturaleza de la actividad, y de las que ha sido revestida legalmente. En idéntico sentido, puede agregarse lo señalado por Gordillo en la materia: "La facultad regulatoria, dentro del marco de la ley respectiva, es propia y específica de estos Entes, y debe considerarse separada del poder concedente. La doctrina y jurisprudencia es amplia en cuanto a las facultades que tiene la autoridad competente para reglamentar el servicio, incluso modificando las condiciones de su prestación para adecuarlo a las cambiantes circunstancias fácticas y tecnológicas" (Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, 4ta. Edición, cap. XV, págs. 8 y ss.). En la doctrina nacional es vieja la conclusión de que la concesión crea dos situaciones jurídicas: a) una legal o reglamentaria, que es la más importante y domina toda la operación; b) otra contractual, pero que no es necesariamente de derecho civil, sino de derecho administrativo, y que, como acto administrativo que es, atribuye derechos e impone obligaciones al concesionario. Importante es la cuestión relativa a la facultad que la Administración tiene de modificar las condiciones y especialmente el funcionamiento del servicio público objeto de la concesión. Desde luego, el servicio público, por definición, tiene en vista el interés público, y ante esta consideración primordial el argumento contractual pierde toda importancia" (la referencia del autor es a Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración. Legislación Administrativa Argentina, tomo I, págs. 123 y ss.). (Cons. 6º).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, emergencia agropecuaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA SAN JUSTO LTDA. c/ OROÑO, PEDRO GUALBERTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-12

La recurrente, bajo diversas tachas de arbitrariedad se empeña en imponer su particular postura en cuanto a la solución que considera acertada, mas no demuestra que el criterio normativo de la Cámara en punto a las condiciones de procedencia de la suspensión de la sentencia judicial de desalojo en los términos de la ley 13334 -predio rural ocupado de manera efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica por parte de pequeños productores, familias de trabajadores rurales o campesinos y por un término superior a diez años-, excluyendo de ese análisis a todo lo referente al título de tal ocupación -posesión, tenencia, etc.-, no se encuentre suficientemente fundado en una exégesis tanto posible como aceptable de las normas en juego. (Del voto del Dr. Netri, al que adhiere el Dr. Erbetta).
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, certificado de deuda, tasas, multa, impuestos
Materia: COMERCIAL-PENAL
Carátula: Cuidado SRL c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito de afip.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-28

1 - Cuando las multas aparecen excesivas deben ser morigeradas. Si bien se hace necesario dejar de lado el principio de la inmutabilidad de la pena legalmente dispuesta, lo que repugna a la moral no es la multa sino la magnitud de la pena, en cuanto puede configurar un medio de absorción patrimonial del deudor por el acreedor (CNCom, Sala B, in re "Ormas SA s/ concurso preventivo (hoy quiebra) s/ incidente de verificación de crédito por AFIP DGI", del 20/06/08, entre otros). 2 - De igual modo, y por vía conjetural, la admisión del crédito pretendido en su totalidad podría llegar a transformarse en un verdadero menoscabo en perjuicio de los restantes acreedores quienes verían afectadas sus posibilidades de cobro frente a un escenario -hipotético, por cierto- de quiebra.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Woloszyn, Nicolás y otro c/ Esteban, Pedro s/ Cumplimiento contractual Franco, Juan Carlos y otro c/ Rojas, Olga y otros s/ Desalojo Galván, Carlos Feliberto y otra c/ Ugarte, David Flor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04|1996-10-01|1995-04-04

Incurre en absurdo y exceso ritual el fallo que sostiene una conclusión que desatiende las constancias de la causa (arts.163 inciso 6, C.P.C., 17 y 18 Const.Nac.)
Proceso penal, citación a juicio, recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Chaile, Jorge Alberto s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Herman Zalazar en Expte. Nº 73/12: Chaile, Jorge Alberto s.a. Abuso de armas agravado por su condición de empleado policial - Loc. Chumbicha - Dpto. Capayán
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-12-04

Por Auto Interlocutorio, el Juez Correccional no hizo lugar al planteo formulado por el actual defensor del imputado J. A. C. de nulidad de la notificación del Dictamen de Citación a Juicio, efectuada al anterior defensor del imputado.

El recurso es presentado en tiempo y forma. Sin embargo, no se encuentra satisfecho el requisito referido a la impugnabilidad objetiva.

Así lo considero debido a que la resolución impugnada no es de las previstas legalmente como recurribles por la vía intentada (art. 455 del CPP) y el recurrente no acredita la concurrencia de motivo bastante que amerite hacer excepción a esa regla.

A ese fin, no es suficiente la invocación efectuada a la garantía a la doble instancia y al art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto esa garantía se refiere a la revisión de las condenas y no a las resoluciones que, como la cuestionada en estas actuaciones, implican seguir adelante con el proceso, lo que hace inaplicable al caso lo resuelto por la Corte Suprema en el conocido precedente "Casal", que también cita el recurrente en apoyo de su pretensión.

Por otra parte, el recurrente tampoco demuestra que la resolución cuestionada, sobre la supuesta inobservancia de formas procesales conminadas bajo pena de nulidad, configure las llamadas decisiones importantes o trascendentes del proceso, ni vincula adecuadamente con dicha resolución el derecho de defensa y el principio de legalidad que dice vulnerados.

Además, de los fundamentos de la resolución impugnada -no reseñados ni refutados en el recurso- surge, sin hesitación alguna, que el acto procesal del que se trata (la notificación del requerimiento fiscal de citación a juicio), a pesar de su irregularidad, cumplió con la finalidad de anoticiamiento que tiene asignada.

También por ello, y de conformidad con los fundamentos expuestos por esta Corte en la Sentencia Nº 11 de 2011, con razones y citas doctrinarias a las que me remito en lo pertinente para evitar repeticiones innecesarias, considero que la inobservancia formal juzgada por el tribunal a quo no tiene relación con la vulneración invocada por el recurrente, al derecho de defensa y al debido proceso.

Por los motivos dados, corresponde declarar formalmente inadmisible y, por ende, mal concedido, el recurso de casación deducido.
Concursos, apertura del concurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: General Kohl, Sociedad de hecho de Kohl y Sánchez s/ Concurso comercial preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-13

El rechazo del pedido de apertura de concurso preventivo debe aplicarse con criterio restrictivo pues no hay que aplicar las exigencias del art. 11 de la ley 24522 de tal forma que provoque un perjuicio para el peticionario y los propios acreedores. Ello no obstante, tampoco puede extremarse tal criterio permitiendo que no se cumpla con los requisitos de la ley que regla la materia, entre los que se cuenta facilitar la labor de la sindicatura y la compulsa por parte de los acreedores interesados, por lo que es menester que tales presupuestos se atiendan de manera ordenada y precisa.
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALARCON OMAR c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-11-28

La ley de creación y autarquía del Instituto de Vivienda y Urbanismo le atribuye a la presidencia facultades necesarias tanto para el movimiento del personal como para la asignación de funciones que aseguren un mejor servicio de la institución. En base a ello, este tipo de reestructuración orgánico funcional relacionada con las necesidades del servicio es una facultad reglada asignada al Presidente del IPVU, en tanto se establece la forma y las condiciones en que debe realizarse, aunque no lo es en cuanto a la determinación de las razones de servicio, que constituye una típica facultad discrecional que conforme a la llamada zona de reserva del poder administrador, esta excluida de la revisión judicial salvo irrazonabilidad o desviación de poder. (MINORIA U OPINION PERSONAL)