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Revocación de sentencia, interés superior del niño, guarda preadoptiva, sentencia arbitraria, adopción, falta de fundamentación, registro de adoptantes, fundamentación de sentencias, centro de vida de niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: B., E.M.  c/  s/ reservado s/ adopción s/ casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

Si bien no cabe duda de que el respeto al debido proceso y la sujeción a las normas procesales y sustanciales que rigen el instituto de la adopción constituyen premisas fundamentales que no pueden ser soslayadas ni desconocidas tanto por quienes la solicitan como por quienes deben decidir al respecto, en resguardo del citado debido proceso, el derecho de defensa y la seguridad jurídica que deben regir en todo pleito (arts. 18 de la Constitución Nacional), frente a situaciones de marcada excepcionalidad a la hora de decidir, la satisfacción del interés superior del niño exige atender a una visión de conjunto.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal, procedencia del recurso, revocación de sentencia, interrupción de la caducidad, exceso ritual manifiesto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ JBS Argentina SA c/ GCBA y otros s/ acción meramente declarativa c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-11

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia de la jueza de grado que declaró la caducidad de la instancia, pues trasunta un exceso de rigor formal. Aún cuando las cédulas contenían aparentemente ciertos defectos que justificaban su observación, lo cierto es que su presentación a confronte fue adecuada al estado de autos e idónea para hacer avanzar el proceso. Resulta razonable atribuir a este actuar efecto interruptivo de la caducidad de la instancia, dada la aplicación restrictiva que merece el instituto y a que aquél demuestra la voluntad del actor de mantener vivo el juicio, independientemente de los defectos advertidos. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Recurso extraordinario federal, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: A. S.A. c/ A. S. S.A. s/ División de Condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-17

La parte recurrente debe probar la relación directa entre el caso y la cuestión federal que aduce. No es de buena técnica recursiva apelar a la arbitrariedad sólo porque su petición fue, en todas las ocasiones, resuelta en su contra.
Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, competencia contencioso administrativa, competencia federal, gravamen irreparable, silencio de la administración, expropiación, declaración de utilidad pública, dominio público, afectación al servicio público
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Maidana de Zumarraga, Stella María Luisa c/ Municipalidad de Chascomús. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

El silencio del organismo administrativo ante el reclamo del pago de un canon por la existencia de un camino público en un campo y que se declare de utilidad pública la fracción a efectos de su expropiación, constituye el acto que se estima violatorio de los derechos administrativos de la recurrente, por lo que la declaración de incompetencia de la Suprema Corte de Buenos Aires para entender en la demanda contenciosoadministrativa, causa un agravio de insusceptible reparación ulterior.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, nulidad procesal, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Behocaray, Mariana Paula c/ EN - M Justicia y DDHH s/ indemnizaciones - ley 24.043 - art. 3°
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-26

Corresponde declarar la nulidad del auto de concesión del recurso extraordinario si el tramo dispositivo del fallo en el que se concede un solo recurso extraordinario, no guarda la debida concordancia con lo expresado en los vistos del pronunciamiento, en los que el tribunal a quo había dado cuenta de la interposición de dos recursos para la causa y a su vez, dados los imprecisos términos de la decisión, resulta imposible determinar cuál es el remedio federal que fue concedido, pues la parte resolutiva de la sentencia debe ser la conclusión final y necesaria, por derivación razonada, del análisis de los presupuestos efectuados en sus fundamentos.
Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, escalafón, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, cesantía, exoneración, decretos, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ, GRACIELA BELKIS DURUSSEL DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 330 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-15

El artículo 17 del decreto 1409/52 fija un tope temporal de un año (retrospectivamente desde el hecho que se juzga en la actualidad) para considerar "reiterada" una desobediencia, disponiendo que "...Para establecer la reiteración de la desobediencia o de la conducta desordenada, sólo se computarán los hechos producidos en el último año". Esta condición legal para la tipificación de una desobediencia como "reiterada", viene a complementar las disposiciones de los arts. 15 y 77 del mismo decreto y art. 3 de la ley 4141, de modo que el marco de exigencias formales en el caso queda integrado de la siguiente manera: para sancionar a un empleado con cesantía por causa de desobediencia grave y reiterada, ésta (la última desobediencia a juzgar) debe ser invocada sobre la base de imputación de acciones u omisiones injustificables que hayan sido motivo de sumario, las cuales no pueden haber ocurrido más allá del año a contar de la actual. El mencionado artículo también establece un tope temporal a los efectos de la punición, determinando que "La cesantía por desobediencias graves y reiteradas o conducta desordenada podrá ser impuesta únicamente dentro del término de tres meses, contados desde la fecha de los hechos que la motivaron, o desde que el Banco tuvo noticias de ellos".
Lesión subjetiva, compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: C., C.A. c/ Sucesores de G., D.O. s/ Nulidad de Contrato (Ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-06-24

No destruida la presunción legal de aprovechamiento de la situación de inferioridad nacida de la desproporción de prestaciones, la lesión subjetiva debe considerarse existente y, consecuentemente, la declaración de nulidad del contrato merece ser confirmada.
Paseos públicos, Derechos humanos
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Noguera Adriana s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-24

Es insostenible una noción pretendidamente aséptica del espacio público que niega lesiones concretas a los derechos fundamentales de individuos de carne y hueso, que pospone o se desentiende de la vida y de la subsistencia de no pocas personas, y cuyas consecuencias son aún más graves, porque cuando los vulnerables son invisibilizados, "desterritorializados", expulsados del espacio público, éste queda reservado como un territorio de privilegio, únicamente para aquellos que no están en los márgenes de la subsistencia. (Voto en disidencia de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Regulación de honorarios, acreditación de la personería, recurso de inconstitucionalidad, daños y perjuicios, apreciación de la prueba, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad Autónoma de Bs. As. c/ c/ GCBA s/ s/ Cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-09

La solicitud de regulación de honorarios debe ser efectuada por quienes han realizados las tareas respectivas, ya sea de modo directo o por medio de representantes (cf. la sentencia de este Tribunal in re"Paraguay 701 S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Paraguay 701 S.A. c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica", expte. n° 6935/09 sentencia del 9/4/2014) (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Deuda previsional, liquidación, error de cálculo, actualización monetaria, intereses
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GIGIERA ARAUJO, MIGUEL G. s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-09-17

Si los haberes fueron mal liquidados, ninguna actividad del beneficiario se requiere para su corrección, sino la del propio organismo cuyo proceder se ha de presumir legítimo (artículo 12, ley 19549). Las sumas adeudadas deberán actualizarse a partir del momento en que se devengaron conforme lo prescribe el artículo 1 inciso a) de la ley 21864; debiendo correr los intereses desde esa misma fecha según la resolución 372/75 MBS.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, control de constitucionalidad, impulso de oficio, facultades de la Cámara de Apelaciones, principio de congruencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Licastro Blanca Elvira c/ Gobierno de la Cdad. de Bs.As. s/ Impugnación actos administrativos Bs.As. s/ Impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-20

Los jueces se encuentran imposibilitados de examinar de oficio la constitucionalidad de las leyes y en particular, respecto a la intervención de la Cámara -además de las limitaciones que impone el principio procesal de congruencia (arts. 27, inc. 4, 145 inc. 6, y 147, CCAyT)-, sólo cabe que ésta examine las cuestiones de hecho y derecho sometidas al conocimiento de la primera instancia y que, a su vez, hayan sido motivo de apelación y agravio (arts. 242 y 247 CCAyT).
Transporte de carga por agua, descarga, derechos del asegurador, subrogación en los derechos del asegurado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OCEANO CIA.ARG.DE SEGUROS S.A. c/ CAP.Y/O.PROP.BQ.ATLANTIC. s/ COBRO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-08

Toda vez que la compañía de seguros enjugó el daño representado por la depreciación de la moneda operada hasta el momento en que hizo el pago en moneda extranjera, corresponde reconocerle el derecho a subrogarse por entero en la situación jurídica de la consignataria - en tanto derivada del daño indemnizado-, lo cual significa que está facultada para obtener un reembolso equivalente a los perjuicios tasados a la descarga con más el ajuste monetario producido desde entonces.
Reconstrucción del expediente, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: CABALLERO EDMUNDO c/ LUIS MARIO DELFIN PEREZ (S/SUCESION) s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-24

Quien niega la autenticidad de los elementos traídos a efectos de reconstruir un expediente desaparecido, debe aportar pruebas siquiera de valor equivalente, pues de otra manera, la negativa de una de las partes conduciría al fracaso de todas las reconstrucciones (conforme Cámara Nacional Civil, Sala D, 12/7/62 L L. 109-976, 8722-S; id. Sala E 12/12/67, E.D. 21-357).-
Prueba pericial, impugnación de la pericia, peritos, título profesional, falta de título habilitante, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Quantin, Emilio Blas c/ La Cantábrica  S.A.M.I.C. s/ Cese Uso de Patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-25

La decisión referente a la falta de eficacia de un dictamen pericial con fundamento en que el consultor carece de título habilitante, sólo puede ser cuestionada por la parte que ofreció dicha prueba y no por el experto. Los derechos de éste, en efecto, quedan circunscriptos - una vez concluida la peritación y dadas las explicaciones del caso - a defender su derecho a percibir honorarios de su comitente.
Automotores, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: V., H. L. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-19

"Las presunciones, tanto las legales como las llamadas omine constituyen importantes instrumentos a la hora de decidir respecto a la relación de causalidad, mas no pueden convertirse en una contraposición o yuxtaposición de dogmas que con carácter matemático distribuyan incidencias. La presunción de prioridad en el paso, la de atribución de causa al vehículo embistente, la que se refiere al automotor que primero llega a la intersección, la de prioridad conforme a la jerarquía de la vía por la cual se circula, etc. no pueden ser apreciadas con criterios absolutos sino que siempre han de estar referidos a las particularidades de lo real".
Concursos, privilegios (comercial), crédito hipotecario, intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: KAWANORTE SA s/ QUIEBRA S/ CONCURSO ESPECIAL PROM. POR CITIBANK NA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-19

Los intereses devengados por un crédito hipotecario con posterioridad a la quiebra, que no hayan sido satisfechos con el producido del bien gravado, carecen de privilegio por extinción del asiento, pero ello no implica la extinción de esa porción del crédito porque la norma aplicable no lo dice (lc: 129), lo que además resultaría incongruente con los lineamientos de la ley concursal, pues el acreedor hipotecario quedaría en peor situación que los quirografarios, que podrán cobrar los intereses posteriores a la quiebra si existe remanente (lc 228).
Acción de amparo, licitación pública
Materia: CONSTITUCIONAL -ADMINISTRATIVO
Carátula: SINDICATO  DEL PERSONAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA CIUDAD DE RIO CUART c/ MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-10-26

El derecho de preferencia que la Ley 7850 le estaría confiriendo a los empleados,no diferiría mayormente del que la ley le confiere al titular de una iniciativa privada (véase art. 58 Ley 23696). En ambos casos el titular de la preferencia podrá adjudicarse el objeto puesto en licitación igualando la mejor oferta presentada con la única diferencia de que, mientras el titular de la iniciativa privada debe presentarse como oferente en la licitación o concurso (con el riesgo de ofrecer en ella más de los ofertado por el resto de los postulantes), los titulares de la preferencia de que nos ocupa podrán comparecer en cualquier etapa del proceso licitatorio (aún por cierto después de abierto los sobres) y concretar recién entonces sus ofertas, cuidando de igualar, eso sí, la declarada más conveniente por la municipalidad. Si así lo hicieren, lo que implica de parte de ellos poner su oferta en condiciones de igualdad con la tenida por más conveniente (tanto en precio, plan de inversiones, solvencia técnico-económica, y garantía de cumplimiento de contrato y de mantenimiento de la oferta, como en el sometimiento a las penalidades y causales resolutorias previstas en el pliego de bases y condiciones respectivo), la administración, tendrá que declarar desierta la licitación y adjudicarles la concesión por contratación directa.

Sólo resta aclarar, para aventar supuestas dificultades que puedan señalarse respecto de la posibilidad de compatibilizar el ejercicio del derecho de preferencia de los empleados con la licitación convocada por la Municipalidad, que en caso de tener que declararse aquella desierta, para dar paso a la contratación directa, los oferentes desplazados no tendrían derechos a reclamación alguna.

Estos es así, por que la preferencia de los empleados provienen de la ley (que como tal debe reputarse conocida) y porque no existen derechos subjetivos en cabeza de los participantes de una licitación mientras no exista adjudicación firme, toda vez que hasta ese momento la ley sólo les reconoce a los oferentes un interés legítimo para exigir que aquella se lleve correctamente y sin vicios.

Por último, debe tenerse en cuenta que exactamente la misma preferencia que la ley les reconoce a los empleados del ente a privatizar se la reconoce a los usuarios de los servicios, quienes organizados en cooperativas u otras entidades intermedias podrían también aspirar a obtener la concesión por contratación directa (art. 21, inc. 3ro. y 2do. inc. 6to. de la Ley 7850). Sin embargo parece evidente que un particular cualquiera invocando la mera posibilidad de que los usuarios lleguen a decidirse por tomar a su cargo el servicio, no podría quedar, por esa sola eventualidad, habilitado para plantear un amparo como el que nos ocupa. (Voto del Dr. Bustamante).
Delitos de los recursos de la seguridad social, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, competencia por el territorio, cuestiones de competencia
Materia: PENAL
Carátula: LO VALVO, LUIS OSVALDO s/ Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, incidente de traba  de competencia negativa entre el Juzgado Federal Criminal de San  Luis y el Juzgado N° 7 del Fuero, Causa: 37758.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

Ante la contienda negativa de competencia planteada entre un Juzgado del Fuero y un Juzgado Federal Criminal de San Luis, habiendo sido determinado que la solicitud de afiliación fue presentada en una sucursal de la administradora sita en la Capital Federal - Casa Central - resulta conveniente que siga conociendo el Juez en lo Penal Económico ya que el conocimiento de las causa criminales (Art.

37 CPP) corresponde al Juez del lugar donde ocurrieron los hechos (Fallos 126:345).
Sucesiones, declaratoria de herederos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Trabazzo, Severino s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

Si bien la declaratoria de herederos puede ampliarse, ya que dictada "en cuanto hubiere lugar por derecho", no tiene valor de cosa juzgada, siempre que no medie oposición de los herederos declarados y con conformidad de los Ministerios Públicos, por lo que cualquier heredero omitido puede reclamar su inclusión con posterioridad. Pero si existe oposición, el pretendiente debe iniciar la petición de herencia en el correspondiente juicio ordinario, y únicamente dictándose sentencia en su favor podrá ampliarse la declaratoria (arts.3421 del Cód.Civ.; 737 y 738 Cód.Proc.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, competencia federal, honorarios del perito, perito naval, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: BASAVILBASO,NICANOR c/ PITTSBURGH  S.A.C.I.F.I. s/ DAÑOS - COBRO DE HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-21

El actor acciona por la regulación y cobro de los honorarios correspondientes a su labor como perito naval en que intervino en la inspección y tasación de dos buque porta contenedores.

El sustento fáctico del reclamo tiene su origen en una relación jurídica estrechamente vinculada al derecho marítimo y al cual prima facie le serían aplicables las normas de la ley de la navegación siendo doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las cuestiones conexas con el derecho de la navegación,como sucede en la especie,deben ser ventiladas en el fuero federal.
Deuda previsional, aportes previsionales, plazo, pago, actualización monetaria, derecho de propiedad, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RIGOLLEAU S.A. c/ C.A.S.F.P.I. s/ ASIGNACIONES FAMILIARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-08

Conforme lo sostuviera la C.S.J.N. en autos "Pereyra, Manuela", sent. del 3/8/82 (Fallos 304:1069), si bien es dable contemplar un plazo para que los entes de seguridad social -dadas las posibilidades humanas y técnicas- diligencien las peticiones de los interesados, sin que por el tiempo que demanden esos trámites se vean obligados a actualizar las sumas que adeuden, el lapso que fija el art. 1, inc. b) de la ley 21.864, en períodos caracterizados por aguda desvalorización monetaria, aparece irrazonable al disminuir el crédito del acreedor, provocando la directa afectación del derecho de propiedad tutelado en el art. 17 de la C.N. En consecuencia, corresponde declarar -en el caso- la inconstitucionalidad de la norma referida.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez Ferrero, Andres c/ Contarse, Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-11

Consistiendo la labor habitual del embargado en la reparación y colocación de cortinas de enrollar, hecho que no fue controvertido por la embargante, y siendo el vehículo embargado, una Pick up Chevrolet modelo 1968, indispensable para desarrollar su tarea, debido al peso y dimensión de los elementos que debe transportar, es procedente el levantamiento del embargo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Litisconsorcio necesario, acción revocatoria
Materia: CIVIL
Carátula: ZAMBRANO, LUIS M. c/ SARAVIA, JOSE M. Y OTRA s/ ACCION SUBROGATORIO - RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-08

Cuando se imputa carácter fraudulenta a un acto realizado entre el deudor de quien acciona y un tercero como fundamento para el ejercicio de la acción pauliana, se configura un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario. El fraude es un acuerdo entre dos para perjudicar a otro de allí que, si el acto es oneroso, se requiera el ánimo de defraudar en el deudor o consilium fraudis y la complicidad del otro participe o conscius fraudis y ese carácter bilateral del acto impugnado determina que no pueda perder eficacia, así sea con relación al acreedor actuante -inoponibilidad- respecto de uno de los otorgantes y conservarla respecto del otro.
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa, José Omar c/ Baigorri, Carlos Alberto o Baigorria, Carlos Alberto y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-13

El lucro cesante contempla las ganancias que pierde el damnificado por causa del accidente, lo cual requiere prueba de la pérdida de los ingresos, ocasionada por aquel hecho, como también de las utilidades no percibidas (art. 375 CPCC.).
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, aplicación de la ley, inconstitucionalidad, improcedencia del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PEREZ MARTA SUSANA c/ ANSES s/AMPAROS Y SUMARISIMOS c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-22

Tanto de la ley 26.417 y su reglamentación (Res. S.S.N. 06/09), como de la ley 27.426 (art. 2), se advierte que, a la fecha de entrada en vigencia de esta última, efectivamente ya habían transcurrido gran parte de los meses cuyos índices debían ser considerados a los fines del cálculo de la fórmula prevista por la primera de las leyes citadas, para otorgar el incremento semestral de los haberes previsionales devengados en el mes de marzo de 2018. Por lo que la ley 27.426, al modificar tales índices y aplicarlos sobre meses y días ya transcurridos (de julio a parte de diciembre de 2017), ciertamente se encuentra legislado en forma retroactiva. Sin embargo y de conformidad con lo dispuesto en el citado art. 7 del CCC, tal aplicación no afecta derechos amparados por garantías constitucionales, como ser el de propiedad, sobre el que la parte actora formula agravio. Ello es así, en tanto que el derecho de la actora -como el de todo beneficiario previsional- al ser incrementado el haber con tales índices, recién hubiese quedado incorporado a su patrimonio en el mes de marzo de 2018, fecha ésta en la que la ley 27.426 ya se encontraba vigente. Por ende, toda vez que la reforma que el actor cuestiona entró en vigencia con anterioridad al devengamiento de la movilidad otorgada por la ley 26.417, fecha ésta en la cual tal derecho hubiese ingresado definitivamente a su patrimonio, no existe en el caso violación alguna del derecho de propiedad del actor susceptible de invalidar la norma retroactiva, así como ningún otro derecho amparado por garantías constitucionales en la actualidad. (Del voto de mayoría. La Dra. Pérez Tognola, votó en disidencia).