Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30


LA ROSSA y Cía. S.R.L. contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 198 p 303-311.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de junio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "LA ROSSA y Cía. S.R.L. contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. n 68 del año 1995), de conformidad con el acuerdo celebrado el día veinticuatro del corriente mes y año.

A la primera cuestión: -¿es admisible el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. "La Rossa y Cía. S.R.L." promueve recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Municipalidad de Rosario a efectos de que se declare la prescripción de toda deuda más allá de diez años -incluida consecuentemente la cuestionada del año 1983- y la inconstitucionalidad del artículo 35 del Código Tributario Municipal (decreto ordenanza 9476/78).

Relata que en fecha 19.8.1993 inició actuaciones administrativas a fines de que la demandada reconociera y declarara que las deudas correspondientes a la tasa general de inmuebles por los años 1979, 1980, 1981, 1982 y 1983 se hallaban prescriptas en razón de haber transcurrido el término de diez años que establece el precitado Código Tributario Municipal (art. 34).

Afirma que la Municipalidad exigió la presentación de documentales que acreditaran el pago de tributos (por años 1979 a 1982) del inmueble en cuestión, cuya propiedad fue adquirida dentro de los autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE ROSARIO contra BONIFACI, A. y otros sobre Apremio", que tramitaron por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito Número 3 de la ciudad de Rosario; todo lo cual -destaca- se cumplimentó debidamente, a partir del año 1984 y hasta la fecha de la presentación inicial.

Argumenta que la Municipalidad resolvió la existencia de prescripción de la deuda respecto a los años 1979 a 1982 inclusive, pero manteniendo el reclamo respecto a la tasa del año 1983, por lo que interpuso recurso de reconsideración.

Manifiesta que, posteriormente, se dictó la resolución 83, del 21.9.1994, por la cual se desestimó el recurso planteado, quedando de tal forma abierta la vía al "recurso jerárquico" ante el Intendente Municipal quien, por resolución 9, de fecha 1.2.1995, resolvió rechazarlo, agotándose así la vía administrativa.

Entiende que de una correcta hermenéutica entre el artículo 4023 del Código Civil y los artículos 34 y 35 del Código Tributario Municipal surge que la Municipalidad de Rosario cobra tributos indebidamente más allá de los diez años, "...que en algún caso será a los dos meses, cinco meses, etc., ya que tiene... un término de iniciación, pero no de vencimiento, hallándose en contradicción con el artículo 34 (y su fuente, que es el art. 4023 C.C., de rango superior)".

Concluye diciendo que persigue se declare la prescripción de toda deuda de más de diez años, incluida consecuentemente la del año 1983, salvo demostración en contrario; la declaración de inconstitucionalidad del artículo 34 del Código Tributario Municipal, por hallarse en contradicción con una norma de nivel superior y raigambre constitucional, debiendo primar el artículo 4023 del Código Civil sobre el decreto ordenanza 9476/78; y el reintegro de la suma total abonada -entiende- injusta e indebidamente.

Solicita, en definitiva, se haga lugar al recurso.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 19), comparece la Municipalidad de Rosario (f. 28) y contesta la demanda (fs. 33/36 vto.).

En el escrito de responde niega que: la recurrente se encuentre legitimada para formular el presente recurso; el mismo sea procedente para ventilar la inconstitucionalidad del artículo 34 del Código Tributario Municipal; este planteo fuera idóneamente formulado; encuentre razón en derecho para hacerlo; en la faz administrativa se haya mencionado o reservado el derecho recursivo emergente de un eventual gravamen constitucional de la norma mencionada; sea procedente el recurso.

Manifiesta que la recurrente brega para que se la libre del pago -ya efectuado- del período fiscal de 1983, afirmando con carácter de fundamento que la deuda está prescripta conforme el Código Tributario en conexión "hermenéutica" con el Código Civil (art. 4023), para luego solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la norma tributaria municipal que esgrime para sí en una particular versión interpretativa.

Señala que la autocontradicción del planteo descalifica por sí al reclamo.

Asevera que siendo la Corte una instancia revisora de la decisión alcanzada en el procedimiento administrativo, la accionante para obtener la admisibilidad formal de su planteo debe mantener con precisión las posturas asumidas en la instancia previa, recaudo que no se ha cumplido, por lo que se ha violado el principio de congruencia.

Destaca que la impugnante, con anterioridad a la interposición de recurso, pagó en sede administrativa sin indicar que lo hacía en los términos del artículo 8 (ley 4106).

Agrega en tal sentido que la recurrente abonó sin reserva alguna el total del valor de 1983, con más los intereses y accesorios.

Sostiene que la imputación que la parte actora ha efectuado en el acto de interposición no es idónea para modificar el acto de pago habido con anterioridad, por cuanto debió formular la indicación al momento del depósito en sede administrativa.

Destaca que el acto habido vale como cumplimiento específico (art. 740 C.C.) cuanto que produce efecto cancelatorio sobre el total de la deuda. Agrega que el efecto del pago es en su contenido recognoscitivo, en tanto implica un reconocimiento de la obligación contraída (art. 721 C.C.).

Alega que la pretensión de repetición no hace más que ratificar la existencia de pago, pues sólo es repetible lo pagado, en términos de acto jurídico de pago.

Dice que, en los términos de los artículos 718 y 3989 del Código Civil, la pretensión prescriptiva iniciada el 19.8.1993, con anterioridad al vencimiento de la prescripción decenal del período '83, implica el reconocimiento de la existencia de deuda con efecto interruptivo.

Agrega que ha quedado sin efecto el tiempo transcurrido, produciéndose un nuevo cómputo de prescripción con punto inicial en el acto de reconocimiento (el cual es irrevocable).

Expresa que al 19.8.1993 el término de la prescripción no había transcurrido, cuanto que el tributo en tratamiento es anual, y en ello radica el cómputo establecido por el artículo 35 del Código Tributario Municipal.

Pone de relieve las contradicciones en las que incurrió la parte actora.

En tal sentido refiere que por un lado pide la declaración de prescripción decenal, fundada en el artículo 34 del Código Tributario Municipal, para luego decir de la inconstitucionalidad del mismo, sin siquiera mencionar el término de prescripción que correspondería a la obligación tributaria.

Añade que, desde que los artículos 5 y 123 de la Constitución nacional declaran el carácter local del régimen municipal, así como su autonomía, toda interpretación hermenéutica con el régimen nacional es inadmisible, resultando inapropiada la invocación del artículo 4023 del Código Civil.

Concluye diciendo, tras citar jurisprudencia en apoyo de su postura, que no es norma aplicable con carácter de superioridad el artículo 4023 del Código Civil, ni ningún otro de ese cuerpo legal, respecto del artículo 34 del Código Tributario Municipal, que establece la prescripción decenal, siendo en otro orden inatingente, por cuanto no es el artículo 34 el que determina el plazo de prescripción sino el artículo 35, no atacado de inconstitucionalidad.

Peticiona, en suma, el rechazo de la demanda, con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 37), la parte actora (f. 52) denuncia como hecho nuevo que, atento resoluciones de varios tribunales inferiores, debe entenderse que la norma aplicable para el término de prescripción de tributos municipales es el artículo 4027 inciso 3 del Código Civil.

A foja 60 comparece la Municipalidad demandada y manifiesta que es inadmisible el planteo de la parte actora por no tratarse de ningún hecho nuevo, sino que se pretende una alteración sustancial del tema debatido.

Sostiene que la aplicabilidad del artículo 4027 inciso 3 del Código Civil no es atendible por argumentos sustanciales que se encuentran en línea con los expuestos en la contestación de la demanda, y por la alteración de la litis contestatio.

A foja 83, la recurrente hace saber al Tribunal la modificación introducida por la ley 11.443 al plazo de prescripción del artículo 34 del Código Tributario Municipal, reduciéndolo a 5 años.

A foja 90, la Municipalidad plantea la impertinencia de la presentación.

Argumenta que no puede tratarse una cuestión no introducida tempestivamente, so pena de incurrir en violación del debido proceso, derecho de defensa e igualdad de trato.

Entiende, además, que la modificación del artículo no es materia de contradictorio y que, por imperio del artículo 3 del Código Civil, las leyes no poseen efecto retroactivo, máxime cuando existen relaciones jurídicas consolidadas.

Producida la prueba que consta en autos, informan las partes sobre su mérito (fs. 137/138 vto. y 139/143).

Dictada (f. 144) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

3. El Municipio demandado al informar sobre el mérito de la causa planteó la incompetencia de este Tribunal entendiendo que en el caso no hay materia contencioso administrativa en juego porque, a su criterio, no se ha lesionado un derecho de carácter administrativo, siendo el caso, en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 inciso "j" del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia, de competencia de la "justicia ordinaria".

Tal planteo no puede prosperar habida cuenta que no se trata aquí del cuestionamiento a la validez de una ley que establece un impuesto, sino que la discusión refiere a la constitucionalidad y consiguiente determinación de la norma aplicable a los efectos del cómputo de la prescripción de un tributo municipal.

Asimismo, el supuesto contemplado en la norma que invoca la Municipalidad difiere claramente de la situación planteada en el sub examine.

Así, de conformidad a lo que la misma Municipalidad afirma en su escrito de responde (y a lo que surge de los expedientes administrativos agregados), por expediente 11.447 la recurrente pide resolución de la petición interpuesta y el 2.6.1994 se dicta el acto administrativo por el que se resuelve su rechazo.

Es decir, que la actora ha bregado por que se la libere del pago del tributo en cuestión por el año 1983 (por entender que no lo debe en función de haberse operado a su favor la prescripción de tales sumas), esgrimiendo ante la propia Municipalidad lo que consideraba su derecho subjetivo de carácter administrativo.

Exitando de este modo la actividad de la Administración, obtuvo, en consecuencia, la substanciación de un procedimiento administrativo en el cual los diversos órganos competentes se expidieron a través de actos administrativos que, denegando la pretensión de la recurrente, pusieron fin a dicha instancia, agotando -en los propios términos de la demandada- "la vía recursiva... en lo que refiere a la prescripción del período 1983" (f. 33 vto.), quedando la cuestión en estado de ser resuelta por este Tribunal atento a lo dispuesto por el Código Tributario Municipal (arts. 55 y 61).

Por lo demás, y en respeto al mencionado derecho de defensa en juicio correctamente valorado, la declaración de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo propiciada por la demandada podría importar, en las condiciones antes descriptas, un excesivo rigor formal que teñiría de arbitrariedad a la decisión.

En este sentido, tampoco puede prosperar el planteo esgrimido por la demandada al referir a la naturaleza revisora de esta instancia judicial, entendiendo que el modo poco preciso empleado por el actor para formular su petición genera incongruencia con lo pedido en sede administrativa.

Ello así, por cuanto, a más de lo expuesto ut supra, de la lectura del escrito de demanda surge que la cuestión central a resolver por este Tribunal no difiere de la sometida a la decisión del ente municipal demandado, el cual tuvo oportunidad bastante de expedirse al respecto en su propia sede.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Spuler y el señor Presidente doctor Falistocco, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra preopinante y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente el recurso interpuesto?- la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

4. Se impone considerar, previo a toda otra cuestión, lo atinente al contenido y alcance de la pretensión traída a conocimiento de este Tribunal y, por ende, a los aspectos que deben ser objeto de tratamiento en la presente.

Analizando los términos de la demanda puede observarse que la actora, aunque de manera confusa, planteó inicialmente la inconstitucionalidad del artículo 35 del Código Tributario Municipal.

Luego de dar los fundamentos que avalarían su posición afirmó también que su presentación "...persigue se declare oportunamente la inconstitucionalidad del artículo 34 del Código Tributario Municipal, por hallarse en contradicción con una norma de nivel superior y raigambre constitucional, debiendo primar aquella (art. 4023 Código Civil) sobre ésta (decreto-ordenanza 9476/78)", a lo que agregó que mediante el recurso intentado pretende "...se declare la prescripción de toda deuda más allá de los diez años, incluído... la cuestionada del año 1983".

Finalmente, expresó que "reclama el reintegro de la suma total abonada a su criterio indebidamente y sin justa causa" (v. fs. 12/13 de autos).

Los planteos recién reseñados fueron objeto de réplica por parte de la Municipalidad al contestar la demanda quedando así definidos los términos de la litis.

El posterior intento de la recurrente de introducir nuevas cuestiones, tales como el tratamiento de ciertos fallos de baja instancia y de una reforma legislativa referidos al plazo de prescripción de las facultades del Municipio para exigir el pago de tributos, no puede prosperar.

En efecto, en lo referente a los antecedentes jurisprudenciales invocados a foja 52 de autos cabe destacar que no se dan siquiera mínimamente los contornos que puedan configurar un "hecho nuevo" en los términos en que pretende la parte actora. Por el contrario, tales antecedentes constituyen sentencias de tribunales que no vinculan a esta Corte, cuyos efectos se circunscriben a los casos por ellos resueltos y que, por lo demás, refieren a una discusión distinta de la planteada originariamente en el sub lite.

A igual conclusión corresponde arribar en cuanto a la invocación realizada a foja 83 de autos de la reforma introducida por la ley 11.443 al plazo de prescripción antes referido.

La actora plantea la aplicabilidad, sin embargo, de la ley invocada sin siquiera hacerse cargo de lo expresamente dispuesto en el artículo 2 en tanto establece que el plazo previsto "regirá del 1 de enero de 1997, para toda norma fiscal que venza a partir de esa fecha".

Por otra parte, elementales razones de técnica jurídica llevan al rechazo de este planteo puesto que no se advierte siquiera de qué manera pudo la Administración valorar en el caso una normativa que no existía al tiempo en que fue resuelto el reclamo en sede administrativa, no habiendo aportado la accionante razón o elemento alguno que permita justificar la aplicación retroactiva de una ley que, previendo expresamente su entrada en vigencia, fue sancionada, como ya se dijo, con posterioridad al marco temporal en que se efectuó el reclamo y en que fueron dictados los actos que se someten a revisión de este Tribunal.

En realidad, la impugnante a través de las presentaciones recién examinadas ha intentado, luego de precluida la oportunidad procesal para hacerlo, introducir cuestiones que no encuadran dentro de los términos de la litis y, por ende, del objeto de la pretensión originariamente esgrimida, sino que tienden a transformar dicha pretensión lo cual resulta, en el caso, totalmente inadmisible.

Por lo tanto, las cuestiones a resolver son las oportunamente propuestas por la actora en su escrito de demanda y las correspondientes defensas esgrimidas por la Municipalidad en el responde, sin que puedan considerarse los planteos extemporáneamente presentados por la recurrente.

5.I. Debe abordarse ahora el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la accionante.

En este punto, la empresa actora basa su cuestionamiento en una supuesta contradicción entre las disposiciones contenidas en los artículos 34 y 35 del Código Tributario Municipal con normas del Código Civil, concretamente, con su artículo 4023.

Del análisis de los términos del recurso podría inferirse que se pretende plantear una violación a lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución nacional, en tanto expresa la recurrente que las disposiciones que cuestiona se hallarían en contradicción con una norma "de nivel superior y raigambre constitucional" (en referencia al ya mencionado artículo 4023 del Código Civil).

Dicho agravio no puede prosperar.

5.II. En el caso la cuestión se planteó "de puro derecho" y las fundamentaciones de las partes discurrieron respecto del artículo 4023 del Código Civil y los artículos 34 y 35 del Código Tributario Municipal.

Por ello, si bien es reconocido que los jueces deben resolver conforme a las normas que resulten aplicables (iura novit curia), en el sub examine, tal como se propició el debate, las partes refirieron a esas normas en el sentido de determinar si el inicio del cómputo de la prescripción de acuerdo a la normativa local importa o no una violación a la Constitución nacional.

El artículo 35 del Código Tributario Municipal, prevé el momento a partir del cual comienza a correr el término de prescripción estableciendo como punto de partida el primero de enero del año siguiente en que se produzca la exigibilidad del pago del tributo.

La fundamentación que respalda la postura de la recurrente versa exclusivamente sobre que la norma local, en tanto dispone el comienzo del cómputo del plazo de prescripción el primero de enero del año siguiente en que se produzca la exigibilidad del tributo, se contrapone a lo dispuesto en el Código Civil a este respecto.

En este sentido, la accionante se agravia sosteniendo que, por la forma en que comienza a correr el mencionado plazo, el Municipio quedaría habilitado para percibir tributos más allá de los diez años en contradicción con el propio artículo 34 del Código Tributario Municipal y con el artículo 4023 del Código Civil.

Pero aún admitiendo como cierto que la garantía de uniformidad podría predicar que tales disposiciones del Código Civil no deben ser dejadas de lado, en el caso no se han exhibido razones que permitan afirmar que la norma local cuestionada conspire contra dicha uniformidad.

Ello en función de:

a) En primer lugar, el Máximo Tribunal nacional ha fijado el criterio en cuanto al modo de contar los términos en el derecho fiscal en el conocido fallo "Pirolo de Capurro, Lucía Mercedes y o. c. Fisco Nacional (D.G.I.) s. Repetición" (Fallos: 249:256).

Allí, afirmó que no importa innovar en dicha materia el fijar que el término de la prescripción de la acción para repetir comience a correr desde el primero de enero siguiente al año en que venció el período fiscal en que se efectuó el pago, porque, aún cuando obviamente modificatorio en cuanto al comienzo del curso del plazo, no lo es igualmente en lo que hace al modo de calcularlo, punto sobre el que, al guardar silencio, da lugar a que, conforme al artículo 12, rija necesariamente el apartado 2 del artículo 25 del Código Civil que contempla el problema específico.

Ese criterio fue mantenido hasta nuestros días y aparece reforzado por jurisprudencia que sostiene que la indicación del punto de partida de los plazos de prescripción de impuestos locales no se opone -atento a la naturaleza de la obligación y el inicio del año fiscal- a la supremacía que el artículo 31 de la Constitución nacional confiere a las leyes de la Nación (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en autos "Municipalidad de Vicente López c. Maitini y Sinai S.A.-Apremio", del 31.3.1998).

b) Por otra parte, no pueden pasarse por alto las características del tributo en cuestión que justifican, precisamente, dicha forma de cómputo para el inicio de la prescripción.

En efecto, tal como señala la Municipalidad demandada, la tasa general de inmuebles constituye un tributo de carácter anual (cfr, art. 68, C.T.M.), lo que significa que, si bien su percepción puede ser efectuada mediante pagos parciales, la obligación tributaria se va devengando por períodos anuales, con lo cual no resulta irrazonable la mecánica de cómputo en cuestión.

Sobre el punto, Giuliani Fonrouge y Navarrine -aunque con referencia a lo dispuesto en la ley nacional 11.683-, sostienen que existe una diferencia apreciable entre el régimen de la prescripción en las obligaciones tributarias y el corriente del Código Civil.

Mientras en éste último el término comienza a correr desde el título de la obligación, la ley 11.683 -y también el Código Tributario Municipal bajo análisis- ha adoptado el sistema del ordenamiento alemán que dispone que la prescripción se inicia con la terminación del año en que la pretensión haya surgido.

Los autores citados entienden que el criterio resulta práctico por facilitar el cómputo de los términos (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., "Procedimiento Tributario", Bs. As., Depalma, 1995, págs. 361 y 362).

Desde otro lugar, el requerimiento de que la interpretación de este tipo de disposiciones se realice atendiendo al fin de las mismas y a su significación económica, torna meritorio mencionar que el plazo de un año es representativo de una unidad de tiempo natural que ha sido adoptada por el legislador -no sólo provincial- en innumerables oportunidades, por ejemplo, al fijar el Presupuesto Público (cuya anualidad surge del artículo 75, inc. 8 de la Constitución nacional y del art. 61, punto 5 de la provincial).

El mismo criterio es seguido por normativa análoga, como ser el Código Aduanero (que en su artículo 804 dispone que la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera comienza a correr a partir del 1 de enero siguiente del de la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado); la ley 11.683 (antes mencionada); la ley 19.489; entre otras.

c) Mas, lo que resulta de decisiva y fundamental relevancia para el caso en estudio es que esta particular modalidad adoptada para el comienzo del cómputo de la prescripción, ha sido expresamente avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al considerar pretensiones extintivas de la facultad de percibir el cobro de tributos regulados por leyes de derecho público local, como es la citada ley 19.489 ("Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c. Puerto Blanco S.A.", Fallos: 315:49).

Lo dicho permite concluir en la legitimidad constitucional de lo dispuesto por el artículo 35 del Código Tributario Municipal en lo atinente a la fijación del punto de partida para el cómputo de la prescripción y resulta suficiente a los efectos de sellar la suerte adversa del planteo de la actora.

6. En función de todo lo anteriormente expuesto cabe sostener que la pretensión esgrimida por la accionante consistente en que se declare prescripta la deuda tributaria correspondiente al año 1983, en tanto aparece fundada en la alegada inconstitucionalidad del artículo 35 del Código por su supuesta colisión con lo dispuesto en el Código Civil -cuestión que la misma actora califica en su demanda como "de puro derecho"-, no puede ser acogida.

Desde esta perspectiva (que, valga reiterar, es la propuesta por la recurrente en la demanda), la resolución del 2.6.1994 del Subsecretario de Economía de la Municipalidad de Rosario y los demás actos consecuentes no pueden reputarse ilegítimos.

Lo dicho basta a los efectos de declarar la improcedencia del recurso, tornándose inoficioso el tratamiento de las demás defensas opuestas por la demandada en su escrito de responde.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Spuler y el señor Presidente doctor Falistocco, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra preopinante y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas (artículo 84, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Spuler y el señor Presidente doctor Falistocco, dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia RESOLVIÓ: Rechazar el recurso interpuesto, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)