Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-24


SENT Nro. 937 San Miguel de Tucumán, 24 de Noviembre de 2003.- Y VISTO: La acción de amparo formulada por Hugo Alfredo Arias, Héctor Edmundo Atonur, Adriano Emilio Bourguignon, Raúl Alfredo Aguirre, Américo Santiago Figueroa, Luis Alberto Germain, Gustavo Adolfo Madkur y Juan Enrique Saltor en autos: "Arias, Hugo Alfredo y otros vs. Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Común y Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Acción de amparo"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal la acción de amparo articulada por Hugo Alfredo Arias, Héctor Edmundo Atonur, Adriano Emilio Bourguignon, Raúl Alfredo Aguirre, Américo Santiago Figueroa, Luis Alberto Germain, Gustavo Adolfo Madkur y Juan Enrique Saltor, en contra de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común, del Centro Judicial de la Capital, y contra el Gobierno de la Provincia de Tucumán.

2.- La acción de amparo deducida tiene por objeto la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 3 inc. a), 6 y 10 del "Reglamento para la Designación de Síndicos, Enajenadores y Evaluadores", dictado en fecha 10/7/2003, mediante Resolución Nro. 03/2003 por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de la Capital, en tanto regulan los requisitos y el procedimiento para la formación e integración de las listas para la designación de Síndicos en los procesos concursales conforme lo ordena el art. 253 de la Ley 24.522.

Sostienen que dicha reglamentación, en forma manifiestamente arbitraria, conculca la legalidad constitucional al violar los artículos 14, 16, 28 y 31 de la Constitución Nacional, y los arts. 3, 6, 22 y 34 de la Constitución de la Provincia de Tucumán.

Afirman que los requisitos de admisibilidad del proceso de amparo se verifican en la especie por cuanto existe un acto de autoridad pública, (dictado del Reglamento que impugnan), que conculca con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta derechos y garantías constitucionales, poniendo en real, efectivo e inminente peligro el pleno ejercicio del derecho a trabajar, a asociarse y el de propiedad de los presentantes. En cuanto al recaudo del "medio judicial más idóneo", consideran evidente que no existe, para la situación planteada, un remedio judicial alternativo que sea expedito, rápido y que garantice una decisión oportuna, resguardando los derechos afectados, puesto que la utilización de la vía ordinaria significaría un proceso lento y engorroso que podría durar años y se devoraría la pretensión procesal. Añaden que la cuestión planteada es de pleno derecho, no siendo necesario un amplio debate o la producción de prueba.

Sostienen que el Reglamento impugnado adolece de una serie de vicios (falta de motivación, incompetencia, arbitrariedad manifiesta), que lo invalidan como acto administrativo general. En esa dirección indican que la Ley 24.522 ha regulado en forma exhaustiva o detallada cada uno de los elementos que deben ser tenidos en cuenta para la confección de las listas de Síndicos Concursales, dejando espacios bastante estrechos librados a la reglamentación, en una decisión de política legislativa tendiente a evitar excesos. En ese contexto consideran que si la ley no ha previsto la intervención de Colegios Profesionales en la formación de las listas de síndicos, no pueden las Cámaras, bajo el pretexto del ejercicio de un poder reglamentador, usurpar las funciones legislativas del Congreso para llenar un vacío que no es tal.

Por otra parte indican que el acto adolece de vicio de motivación, puesto que bajo la apariencia del ejercicio regular del poder de reglamentar aspectos menores del llamado a inscripción, la Cámara intenta sustituir la valoración del legislador, incluyendo requisitos que no fueron previstos, arrogándose facultades que no posee, o delegándolas en órganos ajenos a la función jurisdiccional y a la práctica concursal, y sin fundar circunstanciadamente su decisión ni proporcionar una explicación razonada de los motivos que llevaron a ordenar esta reglamentación, lo que torna nulo de nulidad absoluta el acto atacado.

Sostienen que el art. 3 inc a) del Reglamento, al establecer como recaudo que el Estudio Contable que se inscriba para una sindicatura concursal tipo "A" esté constituido por tres o más integrantes, resulta inconstitucional, porque avanza sobre el derecho de asociarse y de trabajar, al establecer ese número sin aclarar cuáles son las razones que justifican una decisión que se aparta de la tradición jurídica y legislativa en materia de asociaciones, según la cual el mínimo de integrantes que se considera necesario para que exista una asociación, una sociedad o un estudio, siempre han sido dos o más. Advierte que la LC no ha definido qué debe interpretarse por "Estudio", y que la diferenciación introducida por la Ley 24.522 únicamente buscó que en aquellos procesos de alta complejidad o magnitud, tuviera intervención una Sindicatura (categoría A) con mayores posibilidades de trabajo y organización, en definitiva con una estructura más preparada y definida que la que trasluce un Síndico que actúa en forma individual (categoría B). Señalan que la mayoría de los Estudios Contables inscriptos hasta la fecha para la lista "A" de Síndicos, posee únicamente dos integrantes; y que la Cámara de Apelaciones, utilizando una facultad no delegada, ha efectuado una regulación que excede el marco autorizado por la LC, carente de fundamentación, y que amenaza con ocasionar un daño irreparable a los amparistas.

Sostienen la inconstitucionalidad y nulidad del art. 6 del Reglamento impugnado, en tanto que prevé que, luego de finalizado el período de recepción de solicitudes, se remita la nómina de inscriptos (en los supuestos de los arts. 2 y 3) al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas para que expresen las observaciones o ampliación de informes que estimen pertinentes. Consideran que la norma establece una delegación de facultades que no está permitida por la Ley, y que resulta violatoria de los principios constitucionales que rigen la materia; a la vez que la irrecurribilidad prevista en el último párrafo del art. 6° de la reglamentación, demuestra el daño irreparable que este trámite "extra legem" puede producir a los legítimos interesados. Observan que los Colegios Profesionales podrán ser órganos de consulta y/o informativo de la Cámara de Apelaciones pero no puede tener el carácter de parte, con facultades observativas-impugnativas en el proceso de formación de listas de los funcionarios previsto en la Ley 24.522, que no autoriza dicha potestad en terceros ajenos al órgano jurisdiccional competente.

Por otra parte plantean la inconstitucionalidad y nulidad del sistema de adjudicación de puntos establecido en el art. 10 del Reglamento, por carecer de fundamentación y debida motivación, y establecer márgenes demasiados amplios, cuya imputación queda librada a la total discrecionalidad de la Cámara. Sostienen que la norma impugnada no permite conocer a priori a los postulantes, cuánto valen sus antecedentes (salvo el título de especialista en sindicatura concursal), como ocurre con los rubros "Antecedentes Académicos", y "Antecedentes Profesionales".

Citan las garantías constitucionales que estiman violadas, ofrecen prueba, formulan reserva del caso federal, y concluyen solicitando que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 3 inc a), 6 y 10 del "Reglamento para la Designación de Síndicos, Enajenadores y Evaluadores", Resolución Nro. 3/2003 de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de la Capital, del 10/7/2003.

2.1.- A fs. 66 y ss. los miembros de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de la Capital, produce el informe previsto por el art. 21 Ley 6944. Adjunta copia del "Reglamento para la Designación de Síndicos, Enajenadores y Evaluadores", del 08/9/1995 (fs. 55/57); copia de la resolución complementaria de fecha 11/10/1995 (fs. 57 vta. 59); copia de la resolución del 09/5/1996 (fs. 60); el "Reglamento para la Designación de Síndicos, Enajenadores y Evaluadores", del 10/7/2003 (fs. 61/63); y resolución del 02/9/2003 (fs. 64/65). Plantean la defensa de falta de legitimación pasiva, y en subsidio contestan la demanda, solicitando su rechazo con costas, conforme a los fundamentos expuestos a fs. 67/70 vta.

2.2.- Las apoderadas del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán contestan la demanda, solicitando el rechazo del amparo atento a la improcedencia de la vía y a la extemporaneidad del planteo, con costas, por los fundamentos que exponen a fs. 78/85.

3.- En autos se promovió acción de amparo a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 3 inc. a), 6 y 10 del "Reglamento para la Designación de Síndicos, Enajenadores y Evaluadores", dictado por Resolución Nro. 3/2003 del 10 de Julio de 2003 por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de la Capital de la Provincia de Tucumán. Las normas mencionadas establecen la exigencia de que los estudios contables estén constituidos por tres o más integrantes (art. 3, inc. a), modificando la reglamentación preexistente que sólo exigía dos; determinan los puntajes y los criterios para la asignación de los mismos (art. 10); y prevén la remisión de la nómina de inscriptos a los Colegios Profesionales que mencionan para la formulación de observaciones (art. 6).

El análisis de la cuestión planteada, exige determinar, en primer término, si concurren en la especie los presupuestos establecidos por la Constitución de la Provincia y el CPCT para la admisibilidad de la vía intentada por el actor, toda vez que la ausencia de cualquiera de ellos impide ingresar a su procedencia.

Según dispone el art. 50 CPCT, la acción de amparo es procedente "contra todo acto, omisión o hecho de órganos o agentes del Estado provincial o entes autárquicos provinciales o de particulares que, en forma actual o inminente, viola, lesiona, restrinja, altera o amenaza violar con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos, libertades o garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Provincial o Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, con excepción de los protegidos por el hábeas corpus". Tiene dicho esta Corte Suprema de Justicia que la amplia legitimación activa prevista en el art. 7 del CPCT para interponer hábeas corpus y amparo, debe entenderse sujeta a los requisitos de admisibilidad y presupuestos exigidos por el art. 50 del mismo cuerpo legal. (CSJTuc. "López, Oscar Antonio José vs. Poder Legislativo Provincial s/ acción de amparo al régimen republicano de gobierno y denuncia penal por violación de los deberes de funcionario público, etc.", sent. del 08/10/2001).

De acuerdo a esta normativa, son presupuestos que deben concurrir para la viabilidad del amparo, que el acto u omisión produzca una lesión, restricción, alteración o amenaza del derecho cuya tutela se reclama; que la misma sea actual o inminente; que esa lesión o amenaza de tal haya sido producida por un acto o hecho caracterizado por arbitrariedad o ilegalidad manifiesta; y que exhiba certeza el derecho cuya tutela se pretende.

El amparo es un remedio excepcional, y para su admisibilidad es preciso que el acto, hecho u omisión contra el que se dirige viole, lesione, restrinja, altere o amenace en forma actual o inminente, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos, libertades o garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Provincial o Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, con excepción de los protegidos por el hábeas corpus (artículo 50 CPC).

En el caso no se advierte el requisito esencial para la viabilidad del amparo consistente en que el acto, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, produzca la referida lesión, restricción, alteración o amenaza a los derechos de los peticionantes.

En relación con la modificación introducida por el "Reglamento para la Designación de Síndicos, Enajenadores y Evaluadores" del 10/7/2003, que eleva a 3 el número mínimo de miembros de los estudios de contadores, cabe advertir que con fecha 02/9/2003 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común de la Capital, dispuso que la exigencia establecida en el art. 3 inc. a) del Reglamento ya mencionado, referida a que los estudios de contadores se integren con tres o más miembros, comenzará a regir a partir de la próxima inscripción en el año 2007. La Cámara indicó que la prórroga, dispuesta por única vez, halla fundamento en que el plazo de inscripción para la formación de las listas comienza el 11 de septiembre, y en el breve tiempo con que cuentan los estudios integrados por dos miembros para adecuarse a la nueva exigencia. Por lo que se advierte que no concurre el presupuesto de que el gravamen que pudiere causar el acto que se denuncia sea "actual o inminente" como exige el art. 50 CPCT.

Por otra parte, en el informe elevado a tenor de lo dispuesto por el art. 21 CPCT se ha explicado que la exigencia de tres integrantes establecida en el Reglamento -que se repite en normativas similares dictadas por la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe-, halla causa en lo dispuesto por el art. 253, inc. 1 LC, según el cual a los fines del ejercicio de la Sindicatura concursal por los estudios de contadores es condición imprescindible que cuenten entre sus miembros con mayoría de profesionales con un mínimo de 5 años de antigüedad en la matrícula, recaudo que sólo podrá lograrse con el número mencionado de integrantes, pues sólo a partir de ese número puede hablarse de "mayoría"; interpretación que no aparece manifiestamente irrazonable o arbitraria.

En relación con el pedido de declaración de inconstitucionalidad y nulidad del art. 10 que determina los puntajes y los criterios para la asignación de los mismos; y del art. 6 que prevé la remisión de la nómina de inscriptos a los Colegios Profesionales que mencionan para la formulación de observaciones o ampliaciones de informes sobre las nóminas de inscriptos, la confrontación del reglamento impugnado con los argumentos esgrimidos por los actores demuestra que los déficit denunciados no surgen con la evidencia exigida por la ley (art. 50 Ley 6944).

Cabe advertir que conforme emerge del informe producido a tenor del art. 21 CPCT y de las constancias de autos, los arts. 6 y 10 del Reglamento cuestionado son una reiteración prácticamente textual del art. 6 de la Resolución del 08/9/1995 y del art. 3 de la resolución del 11/10/1995, y que asiste razón a la Cámara cuando advierte que los actores no han indicado en la presentación en examen la existencia de una situación nueva y distinta que sostenga la declaración de nulidad e inconstitucionalidad que se pretende obtener por la vía excepcional del amparo.

Por otra parte, y en relación con lo normado en el art. 6 del Reglamento citado, la Cámara ha advertido que si bien el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas no tiene carácter de parte, y su opinión no es vinculante sino de tipo consultivo o informativo, la consulta resulta ineludible por cuanto dicho órgano tiene a su cargo el contralor de la matrícula profesional, y está en condiciones de informar si los contadores inscriptos se encuentran habilitados para el ejercicio de la profesión, resguardándose adecuadamente el derecho de defensa de los inscriptos, en el caso de que se efectuaran observaciones.

En orden a lo establecido en el art. 10 han señalado que la determinación de puntajes es una cuestión de discrecionalidad técnica que ha sido delegada por la ley 24.522 a la Cámara de Apelaciones, por lo que al proponer otro sistema de puntaje, los demandantes demuestran su mera disconformidad con el previsto en el Reglamento, lo que resulta insuficiente para invalidar lo allí establecido. A su vez, destacan que dentro del ámbito de discrecionalidad técnica, el puntaje no resulta arbitrario, al punto que los demandantes no cuestionan la cuantificación allí establecida en sus cantidades mínimas y máximas; a lo que añaden que se trata del mismo puntaje establecido en las resoluciones que rigieron los dos llamados a concursos anteriores, y que no fueron cuestionadas por ninguno de los ahora demandantes. Con relación al inciso "A" del art. 10, explica el Tribunal que sólo se confiere puntaje (40 puntos) a quienes tengan título universitario de especialización en sindicatura concursal, por lo que no corresponde admitir la pretensió n de incluir en dicho inciso, con puntaje inferior, a quienes han realizado cursos de especialización sin haber obtenido el título o que han realizado cursos de carácter no universitario De lo considerado precedentemente se intelige que las normas cuestionadas están fundadas con suficiente razonabilidad, y que, por ende, no se configura la exigencia del carácter de manifiesta arbitrariedad o ilegalidad del acto lesivo (art. 50 Ley 6944), la que se refiere no a la lesión en sí o al daño que la misma provoca, sino que apunta al carácter ilegal o arbitrario del acto u omisión que genera la lesión, restricción, alteración o amenaza de cualquiera de ellas; y ciñe la vía del amparo a aquellos casos en que la lesión es ostensible, pues la restricción del debate resulta de la esencia de esta clase de proceso. Y en el caso la irrazonabilidad e ilegitimidad que derivaría de la aplicación de las normas citadas, y que hacen a la esencia misma del recurso de amparo, no resulta manifiesta.

Atento a la improcedencia manifiesta de la acción interpuesta, las costas se imponen a los actores (art. 28 Ley 6944).

Por los fundamentos expuestos, y en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Ministro Fiscal (fs. 87/88), se R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR a la acción de amparo promovida por Hugo Alfredo Arias, Héctor Edmundo Atonur, Adriano Emilio Bourguignon, Raúl Alfredo Aguirre, Américo Santiago Figueroa, Luis Alberto Germain, Gustavo Adolfo Madkur y Juan Enrique Saltor, contra la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de la Capital, y contra el Gobierno de la Provincia de Tucumán.

II.- COSTAS conforme lo considerado.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA