Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08


ALVAREZ, Carlos Antonio y otros contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 212 p 147-151.

Santa Fe, 8 de marzo del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia nro. 66 de fecha 21 de diciembre de 2.004 dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 2 -Rosario- en autos "ÁLVAREZ, Carlos Antonio y otros contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -Recurso Contencioso Administrativo- (Expte. 12/01)" (Expte. C.S.J. nro. 338, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que, por sentencia de fecha 21.12.2004, la Contra ese pronunciamiento interpuso la actora recurso de inconstitucionalidad.

Postula que en el caso se halla configurado un supuesto de los previstos en el artículo 1, inciso 1, de la ley 7.055, y, asimismo, una hipótesis de sentencia arbitraria (artículo 1, inciso 3).

En relación al primer planteo, sostiene que los actos administrativos recurridos vulneran la jerarquía normativa constitucional, el derecho de propiedad y el principio de igualdad, resultando la resolución judicial impugnada favorable a aquéllos.

Argumenta que los actos administrativos atacados, al pretender hacer extensivo al ámbito municipal un régimen creado para la órbita provincial, implicaron por parte del Municipio el ejercicio de facultades legislativas sobre una materia -honorarios- de competencia exclusiva de la Legislatura.

Y que considerar aplicable ese régimen en materia de honorarios judiciales implica consagrar una desigualdad respecto de los apoderados de las eventuales partes ejecutadas, a quienes no alcanzaría la limitación que aquél establece; aspecto sobre el que -añade- la Cámara no se ha pronunciado.

En cuanto a la arbitrariedad, aduce que la a quo efectuó una interpretación infiel y desnaturalizadora de la ley, ya que no consideró el contexto en que fue dictada la ley nro. 11.257, ni sus antecedentes y fines.

Señala que para la Cámara la ley nro. 11.257 vino a subsanar las desigualdades que generaron las leyes 10.798, 11.022 y 11.160 entre contribuyentes morosos provinciales y municipales, y entre los ejecutores de ambos órdenes, cuando en verdad su claro objetivo fue el de instaurar un régimen de moratoria sólo para los tributos provinciales con su correspondiente régimen de honorarios; de allí -razona- la necesidad de la adhesión de las Municipalidades y Comunas.

Añade que esta necesidad no desaparece por la incorporación del "tope" de honorarios a la ley de aranceles, ya que el artículo incorporado a dicho texto habla de "ejecuciones fiscales", expresión propia del Código Fiscal, que no es la utilizada para el cobro judicial de los tributos municipales.

Agrega que la finalidad de la ley surge asimismo del texto que refiere al "cinco por ciento (5%) del capital determinado", aludiendo evidentemente al capital determinado en las liquidaciones de deudas que se regularizan por aplicación del régimen especial.

Se agravia también por cuanto la sentencia es, según entiende, incongruente, por exceso y por defecto.

Así, por un lado, resuelve el litigio otorgando a la demandada más de lo pretendido en el responde, concretamente, lo relativo a los honorarios judiciales, cuando expresamente en la contestación de demanda -y al alegar- el Municipio excluyó del acto recurrido a dichas actuaciones, quedando solamente como tema del litigio la validez de la instrucción de aplicar la ley 11.257 para gestiones extrajudiciales; también se excede la Cámara al resolver una cuestión no planteada por las partes, consistente en la desigualdad de trato que habrían generado las leyes 10.798, 11.022 y 11.160, con relación a los contribuyentes morosos provinciales respecto de los municipales, y a los respectivos abogados ejecutores.

Agrega que este último aspecto no pudo ser materia de la litis en razón de que ninguna de las partes se encuentra legitimada para plantear la mentada desigualdad.

Por otro lado, la Cámara no resolvió el planteo de vulneración del principio de igualdad, que se produce al entender que la limitación de honorarios resulta aplicable a los agentes judiciales de la Municipalidad para las actuaciones judiciales, por cuanto sobre los apoderados de la eventual parte ejecutada dicha limitación no pesa.

En otro orden, postula que la Cámara formuló afirmaciones dogmáticas respecto de la desregulación de honorarios dispuesta por ley 11.089 y de la contradicción de los actos impugnados con la ordenanza nro. 6.220, ya que se limitó a sostener que "no existe contradicción evidente o insalvable entre el acto impugnado y la ordenanza de la recurrida nro. 6.220, en la medida que invita a sus ejecutores a conceder quitas sobre los honorarios, no existiendo entorpecimiento alguno en la desregularización de honorarios profesionales dispuesta por ley", mas sin dar las razones de tales asertos.

La Cámara, por auto nro. 223 del 6.6.2005, resolvió denegar la concesión del recurso interpuesto, por no guardar las hipótesis de arbitrariedad esgrimidas conexión con la realidad del caso, ya que el quejoso insiste en oponer su propio enfoque interpretativo de la normativa aplicable al caso, evidenciando una mera disconformidad con la conclusión a la que arribó al respecto el Tribunal, carente empero de aptitud para obtener la concesión del recurso deducido.

En cuanto al invocado inciso 1 del artículo 1 de la ley 7055, la Cámara sustentó la resolución denegatoria en que conferirle a esta norma el alcance propuesto por la impugnante en relación a la pretendida lesión a los derechos de propiedad e igualdad conllevaría a desnaturalizar la hipótesis legal, porque difícilmente exista litigio en el que no se encuentre comprometido un derecho con reconocimiento constitucional, por lo que el perdidoso en las instancias ordinarias tendría siempre acceso a la vía excepcional, destruyéndose la finalidad del instituto. Y en cuanto a la vulneración de la jerarquía normativa constitucional, expresó que el planteo no significa sino insistir en su propia interpretación de la cuestión jurídica implicada en el caso, evidenciando meramente una discordancia interpretativa inidónea a fin de abrir esta instancia de excepción.

2. En primer lugar debe señalarse, en relación al invocado inciso 1ro., del artículo 1ro., de la ley 7055, que -como lo señala la A quo en el auto denegatorio- no cabe subsumir el presente caso en el supuesto previsto por dicha norma, la que resultaría desnaturalizada si se le confiriese el alcance propuesto por la impugnante.

Y si bien ésta, en su presentación directa, sostiene que al así resolver la Cámara se basó en una mera afirmación dogmática sin fundamento en las constancias de la causa, lo cierto es que el análisis del sub júdice revela que no resulta infundada la conclusión a la que se arribó, en cuanto a que acoger la tesis de la recurrente conllevaría desnaturalizar la hipótesis legal, "porque difícilmente exista litigio en el que no se encuentre comprometido un derecho con reconocimiento constitucional, por lo que el perdidoso en las instancias ordinarias tendría siempre acceso a la vía excepcional, destruyéndose la finalidad del instituto".

En segundo lugar, y pasando a las hipótesis de arbitrariedad deducidas, corresponde destacar, respecto del planteo de interpretación desnaturalizadora de la ley, que de la confrontación de la sentencia de la Cámara con el recurso extraordinario deducido, surge tan sólo -como lo afirma la A quo en el auto denegatorio- la mera discrepancia de la compareciente con la interpretación que efectuaron los sentenciantes de las normas que rigen el caso.

Sabido es que dicha discrepancia resulta insuficiente a efectos de lograr la apertura de la instancia prevista en la ley 7055, ya que a pesar de alegarse arbitrariedad no se ha logrado acreditar la efectiva configuración de la causal invocada.

Es que la argumentación desarrollada en la pieza impugnativa -pese al matiz constitucional que la recurrente pretende otorgarle- se vincula con el criterio con que los sentenciantes interpretaron las normas que rigen el caso bajo examen y traduce, desde distintas perspectivas, tan sólo el cuestionamiento a la labor jurisdiccional cumplida por el Tribunal en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión en ejercicio de funciones propias, sin llegar a persuadir de que en esa tarea éste hubiera desbordado el ámbito inherente a sus atribuciones.

Así, la Cámara interpretó que la ley 11.257 regula dos materias, a saber: por un lado, la reimplantación de los regímenes especiales de regularización tributaria provincial establecidos por leyes 11.022 y 11.160; y por otro, la modificación de la ley 6.767, con un texto claro y sencillo, y con el propósito de corregir una doble desigualdad provocada por los regímenes anteriores; concluyendo que el "tope" de honorarios incluido en el inciso 5 del artículo 7 de esta última es aplicable también en la órbita municipal, y, por ende, en la legitimidad de los actos impugnados.

Frente a dicha postura intenta la recurrente oponer su particular apreciación del "sub lite", sustentada en el enfoque que propone de los antecedentes, contexto y finalidad de la ley 11.257; mas tales planteos exteriorizan tan sólo una disímil postura interpretativa, que no logra conmover desde un plano constitucional las argumentaciones brindadas por la Cámara en la tarea de fundar su decisión.

Esta Corte (in re "Administración Provincial de Impuestos c. Bianchi", A. y S. T.

191, págs. 267/273), ha tenido ocasión de destacar que la temática vinculada a la interpretación de la ley 11.257, particularmente en cuanto a los alcances de su artículo 7, encierra un fuerte disenso interpretativo, siendo materia, incluso, de un acuerdo pleno de la Cámara en lo Civil y Comercial de Rosario (Acuerdo Pleno nro. 2, del 15 de noviembre de 2001) -el que, se agrega ahora, ha sido reiteradamente citado en la presente litis-.

Y bien: en la presente causa, con lo alegado en el recurso de inconstitucionalidad no se ha logrado traspasar el límite de la mera diferencia de criterios con respecto a la interpretación del derecho efectuada por el Tribunal en ejercicio de funciones propias, pues no se demuestra que éste haya excedido las posibilidades hermenéuticas desde el punto de vista constitucional.

En cuanto al reproche de que la sentencia recurrida sería incongruente, de la lectura del memorial recursivo en confrontación con la sentencia atacada, no surge que la Cámara "se haya excedido de los términos en que quedó trabada la litis".

En efecto, ni "otorgó más de lo pedido" por el Municipio al incluir los honorarios regulados en actuaciones judiciales, ni "resolvió una cuestión no planteada", consistente en la desigualdad generada por las leyes 10.798, 11.022 y 11.160 entre contribuyentes provinciales y municipales y los respectivos abogados ejecutores; lo primero, por cuanto lo que se postuló expresamente como tema a resolver fue "si es legítimo o no el acto que instruye a los agentes judiciales que deberán cumplir con el artículo 7 de la ley 11.257", y lo segundo, porque el razonamiento que al respecto formuló no puede considerarse sino un argumento más en los que sustentó la interpretación normativa que sostuvo.

Por último, los agravios referentes a la omisión de pronunciarse sobre la postulada desigualdad de trato respecto de los apoderados de los ejecutados, y a la existencia de afirmaciones dogmáticas sobre la "desregulación de honorarios" dispuesta por ley 11.089 y la supuesta contradicción con la ordenanza nro. 6.220, tampoco puede considerarse que guarden conexión con la realidad del caso, ya que la recurrente no logra persuadir de que la sentencia carezca de adecuada fundamentación. Basta recordar que la exigencia constitucional de que los fallos se motiven no impone al juzgador desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga a sí misma, como pronunciamiento razonable y objetivo, o lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación dogmática caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial (cfr. A. y S. T. 65, págs.

424/428; T. 99, págs. 195/197; T. 102, págs. 236/241, entre otros).

En conclusión, el asunto -tal como ha sido traído a estos estrados- no aparece idóneo para franquear la vía extraordinaria instaurada, por quedar comprendido dentro del marco de la ponderación que efectuó el Tribunal a quo en torno a cuestiones de derecho, propias de los jueces del proceso en las causas sometidas a su decisión, y por ende, no susceptible de ser revisado por la vía de excepción intentada.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria).