Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-16


2º Instancia.- Buenos Aires, septiembre 16 de 2014.

Considerando: I. Que, por pronunciamiento del 23 de junio de 2014, la Sra. Juez de primera instancia resolvió desestimar el planteo de inconstitucionalidad formulado por el demandado y la excepción de falta de legitimación opuesta en autos y, en consecuencia, mandó llevar adelante la ejecución iniciada por el Banco Central de la República Argentina contra Marcos Kaplan, hasta hacerse íntegro pago de la suma reclamada ($192.000), con más intereses y costas del juicio (v. fs. 84/5).

II. Que, contra la sentencia de primera instancia, la parte demandada interpuso recurso de apelación a fs. 87.

El recurrente aduce que le causa agravio que se haya desestimado el planteo de inconstitucionalidad del art. 42 de la ley 21.526. Sostiene -en síntesis- que esa norma resulta manifiestamente inconstitucional por cuanto afecta diversos principios, derechos y garantías explícitamente reconocidos en nuestra Constitución Nacional (principio de legalidad, de seguridad y de razonabilidad, derecho de propiedad, igualdad ante la ley, y garantía de defensa en juicio). Asimismo, indica que -por iguales razones- cuestiona que la ley restrinja las excepciones a deducir en juicio. Critica, en este punto, que no se haya considerado que el actor carece de legitimación para promover esta ejecución y su parte para ser sujeto destinatario de la misma. Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas (v. fs. 91/7).

A fs. 99/102, obra la contestación de agravios que ha sido presentada por el BCRA y, a fs. 107, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde rechazar el recurso de apelación.

III. Que, en primer lugar, a fin de considerar las cuestiones que plantea el recurrente, corresponde poner de relieve que el art. 42 de la ley 21.526 establece que la sanción de multa es apelable directamente por ante esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

En estos términos, se instituye como única vía procesal de revisión judicial de las resoluciones del Banco Central de la República Argentina que decidan la imposición de sanciones de multa en los términos del art. 41 de la ley 21.526, un recurso directo que tramita en esta Cámara; la que -ahora- a través de esta Sala, es llamada a ejercer su jurisdicción para conocer en la apelación interpuesta contra la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución.

Sin embargo, por principio y más allá de la limitación establecida en el art. 42 de la ley 21.526, lo cierto es que el proceso de ejecución fiscal no es el cauce procesal adecuado para declarar la nulidad o dejar sin efecto la resolución por la que autoridad correspondiente del B.C.R.A. decidió imponer la multa cuyo cobro se persigue, ni para avanzar en cualquier otro análisis que importe expedirse sobre la causa de la obligación, pues -por principio- la procedencia o no de la sanción pecuniaria, debe ser dilucidada en el ámbito del proceso judicial previsto para el trámite del recurso directo (esta Sala, "BCRA- Resol. 42/04 c. Altman Mauricio s/ ejecución fiscal", del 12/11/2008; "BCRA- Resol. 323/06 c. Alonso Manuel s/ proceso de ejecución", del 8/05/2009; "BCRA- Resol. 122/04 c. Roberts Diego Julian s/ ejecución fiscal", del 5/06/2009; "BCRA -Resol. 287/06 c. Duran Jorge Alberto s/ ejecución fiscal", del 12/04/2011; "BCRA- Resol. 260/08 c. Boffano Héctor Horacio s/ proceso de ejecución", del 29/11/2012, entre otros).

Ello es así por cuanto, de conformidad con lo establecido por el inc. 3 del art. 41 y el ap. 5º del art. 42 de la ley 21.526, para el cobro de las multas aplicadas por el B.C.R.A., "... se seguirá el procedimiento de ejecución fiscal previsto en el Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación", constituyendo -a tal efecto- título suficiente "...la copia simple de la resolución que aplicó la multa, suscripta por dos firmas autorizadas del Banco Central de la República Argentina, sin que puedan oponerse otras excepciones que la de prescripción, espera y pago documentados.".

IV. Que, sentado ello, corresponde destacar que -en reiteradas oportunidades- esta Sala dijo que la habilidad ejecutiva del título no se encuentra condicionada a que la resolución que impuso la multa se encuentre firme. En efecto, el art. 42 de la ley 21.526, prevé que la sanción de multa será apelable por ante esta Cámara, al solo efecto devolutivo.

Sobre este punto -que en la causa es materia de apelación- en reiteradas oportunidades se ha señalado que la cuestión relativa a la inconstitucionalidad del art. 42 de la ley 21.526, en cuanto sólo admite la revisión judicial supeditada al efecto devolutivo del recurso impugnatorio, remite al análisis de diferentes temas que no pueden ser dilucidados en el trámite de una ejecución fiscal (en este sentido, esta Sala, "BCRA -Resol. 86/01 c. Benzadon, Gerardo Alberto s/proceso de ejecución", del 28/05/2004; "BCRA -Resol. 2/03 c. Lazzati, Eduardo Italo s/ejecución fiscal", del 18/11/2005; "BCRA- Resol. 16/04 c. Muñiz Alicia Nilda s/ ejecución fiscal", del 08/06/2007; "BCRA- Resol. 53/01 c. Canovas Lamarque Mónica Silvia s/ ejecución fiscal", del 4/06/2010; "BCRA- Resol. 618/10 c. Castro José Ramón s/ proceso de ejecución", del 25/10/2011, entre muchos otros).

Por otra parte, la efectiva determinación del derecho controvertido, es decir, la procedencia o no de la pena pecuniaria, deberá ser dilucidada en el juicio en que tramita el recurso directo, más allá de la admisibilidad de la presente ejecución. Asimismo, se ha dicho -en otras ocasiones- que tampoco se transgrede el derecho de propiedad, pues podrá ser restablecido como consecuencia de la sentencia que recaiga en aquél proceso (esta Sala, "BCRA- Resols. 76/05 y 203/05 c. Reffino Juan Carlos s/ ejecución fiscal", del 30/09/2008; "BCRA- Resol. 634/08 (Ex 106665/88 SUM FIN 769) c. Paz Posse Marcos s/ proceso de ejecución", del 26/10/10; "BCRA- Resol. 419/08 (Expte. 103081/86 SUM FIN 719) c. Franco Mario Eduardo s/ proceso de ejecución", del 20/12/2010; "BCRA- Resol. 238/07 (Expte 51332/86 SUM FIN 722) c. Fernández Funes Carlos Guillermo s/ proceso de ejecución", del 11/02/2011; "BCRA- Resol. 135/12 c. Lucini Benito Jaime y otro s/ proceso de ejecución", del 17/10/2013, entre muchos otros).

V. Que, por lo demás, no cabe dejar de destacar que si bien el apelante cuestiona la limitación de las defensas que resultan oponibles en los términos del 42 de la ley 21.526, lo cierto es que -en la causa- se ha limitado a plantear en forma genérica una excepción de falta de legitimación (tanto activa, como pasiva), sin indicar puntualmente el fundamento de tal cuestionamiento.

Adviértase, en este sentido, que el demandado sólo ha indicado que "...el actor carece de legitimación para promover esta ejecución, o pasiva de mi parte al no tener que ser sujeto destinatario de la ejecución." (confr. fs. 64 vta., ap. IV). Sin embargo, no ha dado razón alguna de sus afirmaciones y, por otro lado, tampoco ha desconocido que le haya sido impuesta la multa en ejecución, según lo decidido por Resol. Nº 485/2013 (fs. 12/29).

En consecuencia, por las consideraciones expuestas, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que desestimó las defensas opuestas en autos y mandó llevar adelante la ejecución.

Las costas de esta instancia se imponen al demandado vencido, habida cuenta de que no existen razones para apartarse del principio objetivo de la derrota (conf. art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (fs. 107), se resuelve: rechazar el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia que mandó llevar adelante la ejecución. Costas de Alzada, al demandado vencido (conf. art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Comercial). - Jorge E. Argento. - Carlos M. Grecco. - Sergio G. Fernández.