Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-23


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.163 CAUSA N° 33.976 / 2008 SALA IV "P.A.M.I. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS C/ SALVIA ELSA S/ JUICIO SUMARISIMO" JUZGADO N° 47.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 23 DE MARZO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

I. Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada por el recurso deducido por la actora (P.A.M.I.) contra la sentencia de fs. 145/146 .

La actora, inicia las presentes actuaciones en el marco de una acción sumarísima de exclusión de tutela para encuadrar la situación de la trabajadora dentro de los parámetros del art. 252 LCT. El Sr. Juez de primera instancia consideró prematura la medida ya que la fecha de extinción de la garantía aún no había operado, pues ello ocurriría recién el 29/12/2013 y desestimó la demanda.

El "a quo" fundamenta su decisión en la circunstancia de que a su entender, las directivas contenidas en la norma laboral -el art. 252 de la LCT- resultan enervadas por el mandato constitucional que emana del art. 14 bis de la Constitución Nacional que otorga a los representantes legales estabilidad en el empleo.

A mi juicio, lo decidido debe confirmarse. En efecto, discrepo con la opinión del Sr. Fiscal General del Trabajo y me aparto de lo dictaminado a fs. 177, porque coincido con lo decidido por el Dr. Pose y lo resuelto por la mayoría del Tribunal , con una integración distinta a la actual,en un caso de aristas similares al presente, S.D. 93561 del 05/09/2008 del registro de esta Sala IV, en autos " Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Garcia Diaz Antonio s/ sumarísimo",en cuanto se sostuvo que "específicamente, nuestro más alto tribunal aludió al artículo 14 bis de la Constitución Nacional y valoró las "razones de política laboral", que "explican y justifican la permanencia y estabilidad en el empleo del delegado".

"Años más tarde, y bajo la vigencia de otras normas, Justo López plantea la cuestión en similares términos:" "Si se intima al trabajador durante el lapso de estabilidad gremial y éste termina después del plazo del artículo 252 (o de la fecha de la LCT y la Ley de Asociaciones Profesionales. ¿Qué normas deben predominar? Sin duda, las que rigen la estabilidad gremial, puesto que reglamentan una protección de fundamento constitucional ("artículo nuevo" o art. 14 bis de la Const. Nac., segundo párrafo)" "Es decir, estamos en presencia de un conflicto entre dos derechos: por una parte, el derecho del representante sindical a no ser despedido arbitrariamente, y por la otra, el derecho del empleador a extinguir la relación laboral en caso de que aquél reuniere los requisitos para obtener una de las prestaciones del sistema previsional." "A mi modo de ver, siguiendo el criterio de la Corte Suprema y de Justo López, la solución del conflicto debe resolverse a favor del derecho cuyo reconocimiento emana de la norma de jerarquía superior." "Desde esta perspectiva, la garantía de estabilidad sindical, aunque reglamentada por la ley 23.551, emana del artículo 14 bis de la Constitución. En cambio, la facultad atribuida al empleador emana de la ley y no tiene fundamento constitucional".

"El artículo 91 de la LCT (t.o.) establece:" "El contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por límites de edad y años de servicios, salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en la presente ley"." "Sin embargo, la configuración objetiva de la situación descripta por la norma no constituye una causal automática de extinción de la relación, sino que la ley, a través del mencionado artículo 252, sólo confiere al empleador el poder de invocar esa circunstancia para rescindir el contrato sin responsabilidad indemnizatoria." "Teniendo en cuenta la fuente constitucional de la protección, y siguiendo el criterio de la preferencia de los valores y de las normas en juego, cabe concluir que el acceso a un cargo amparado por la estabilidad sindical implica una prórroga del plazo establecido en el artículo 91 de la LCT (t.o.), y pospone el ejercicio de la facultad conferida al empleador por el artículo 252 de la ley citada hasta el vencimiento del período de tutela".

"La solución propuesta no implica, a mi modo de ver, un privilegio arbitrario para el representante sindical, pues -como ya fue señalado- la garantía le es reconocida, fundamentalmente, para la defensa del interés de los trabajadores representados" (del voto del Dr. Zas).

Por ello estimo que este aspecto del decisorio debe confirmarse.

II. En cuanto a la apelación que plantea la recurrente por la imposición de costas estimo que no se advierten fundados motivos que me permitan apartar de la regla general que rige la materia por lo que propicio su confirmatoria.

También apela las regulaciones de honorarios por considerar elevados los fijados al perito contador y al letrado de la demandada. Teniendo en cuenta el mérito y extensión de las tareas realizadas y lo dispuesto por el art.38 L.O. y demás normas arancelarias vigentes, los honorarios regulados son equitativos y resultan ajustados a derecho, por lo que corresponde confirmarlos.

En definitiva, por todo lo expuesto voto por confirmar el decisorio apelado con costas a cargo de la vencida (art. 68 CPCCN).

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Respetuosamente, disiento.

Esta Sala, en anteriores integración, ha sostenido -en términos que comparto plenamente- que la condición de delegado impone a la empleadora la carga de requerir la exclusión de tutela, con carácter previo a la intimación del art. 252 de la LCT (esta Sala, 29/9/03, "García Terán, Juan G. c/ Argentina Televisora Color SA y otro", JA 2004-I, 323; en similar sentido: CNAT, Sala II, 85.478, 19/3/99, SD 85.478, "Laser Kalman c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de amparo"; íd., Sala II, 3/8/04, "Doherty, Diego c/ American Inc. Sucursal Argentina"; íd., Sala II, 26/4/00, SD 87.804, "Tejo, Roberto C. c/ Red Celeste y Blanca SA"; íd., Sala II, 24/11/04, "Oviedo Aguade, Carmen Leonor c/ Estado Nacional Ministerio de Salud de la Nación; íd., Sala III, 30/4/01, "Canal, Pedro c/ Finadiet SA").

Asimismo, en otros casos similares al presente ("PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/ Casanova, Juan Carlos s/ juicio sumarísimo", S.D. 92.409 del 5/7/07 y "PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/ Chervenir, Humberto s/ juicio sumarísimo", S.D. 92.670 del 24/10/07), esta Sala sostuvo -en coincidencia con la opinión del Sr. Fiscal General- que la exigencia de recurrir al juicio sumarísimo de exclusión de tutela para el empleador que pretende extinguir el contrato de trabajo del representante gremial fundado en el art. 252 LCT, lo es con el objeto de acreditar que el ejercicio de la facultad que el ordenamiento le acuerda no conlleva una finalidad antisindical (cfr. FGT, dictamen del 4/4/00 en la citada causa "Tejo, Roberto C. c/ Red Celeste y Blanca SA"; en igual sentido: Etala, Carlos A., "El despido del representante gremial en condiciones de jubilarse", LNL 2003-07-466).

En ese orden de ideas, cabe recordar que el citado art. 252 establece una forma de extinción con causa objetiva, en tanto se corresponde con la directriz consagrada para la conclusión del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, de acuerdo con el art. 91 de la misma ley (CNAT, Sala II, causa "Tejo", citada; íd., Sala VII, 23/8/05, "Terminal 4 SA c/ Romero, Luis A., RDLS 2005-22-1849; íd., Sala V, 28/8/03, "Finadiet SA c/ Oviedo, Alcides O.", LNL 2003-15-1010; íd., Sala III, 20/3/02, SD 83.840, "Finadiet SA c/ Canal, Pedro"; esta Sala, causas "PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/ Casanova, Juan Carlos" y "PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/ Chervenir, Humberto" citadas).

En el caso, el demandado no aportó ningún elemento de juicio que demuestre que la iniciativa adoptada a su respecto tuviera carácter discriminatorio. Por el contrario, ella quedó enmarcada en una decisión que abarcó a 31 agentes de PAMI, de los cuales la gran mayoría (28) no ostentaban cargos gremiales (cfr. fs. 123/125).

Por todo lo hasta aquí expresado, y lo dictaminado en sentido concordante por el Sr. Fiscal General en el dictamen que antecede -cuyos términos comparto y doy aquí por reproducidos en razón de brevedad- propongo revocar la sentencia apelada, y hacer lugar a la demanda, autorizando a la actora a extinguir el contrato de trabajo con la demandada, en los términos del art. 252 de la LCT a cuyo efecto, deberá cursar nuevamente la intimación allí presente; con costas en ambas instancias en el orden causado, dado que la demandada pudo, en atención a la índole de la cuestión litigiosa, considerarse con mejor derecho a oponerse a la pretensión (art. 68, 2da. parte, del Código Procesal y doctrina de los precedentes "PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/ Casanova, Juan Carlos s/ juicio sumarísimo" y "PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/ Chervenir, Humberto", antes citados).

En síntesis, voto por: 1) Revocar la sentencia apelada, y hacer lugar a la demanda, autorizando a la actora a extinguir el contrato de trabajo con la agente ELSA SAVIA en los términos del art. 252 de la LCT a cuyo efecto deberá cursar nuevamente la intimación allí prevista. 2) Dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios. 3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. 4) Regular los honorarios de primera instancia de la representación y patrocinio de la actora y de la demandada, y los del perito contador, en las respectivas sumas de $ 5.000, $ 4.000 y $ 1.000 (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57). 5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero al voto del Dr. Guisado	Por ello, por mayoría, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada, y hacer lugar a la demanda, autorizando a la actora a extinguir el contrato de trabajo con la agente ELSA SAVIA en los términos del art. 252 de la LCT a cuyo efecto deberá cursar nuevamente la intimación allí prevista. 2) Dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios. 3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. 4) Regular los honorarios de primera instancia de la representación y patrocinio de la actora y de la demandada, y los del perito contador, en las respectivas sumas de $ 5.000, $ 4.000 y $ 1.000 (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57). 5) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. HÉCTOR C. GUISADO GRACIELA ELENA MARINO	Juez de Cámara	Juez de Cámara SILVIA E. PINTO VARELA	Juez de Cámara	ANTE MI: