marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, inoponibilidad a terceros, franquicia de transporte, fallo plenario
Materia: CIVIL
Carátula: Cimato, Antonio y otro c/ Morales, Omar y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-05

De conformidad con la doctrina del fallo plenario dictado el 13 de diciembre de 2006 en los autos "Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. s/ daños y perjuicios" y "Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/ daños y perjuicios" debe responsabilizarse a la aseguradora por el todo, respecto de los daños y perjuicios causados a la víctima del accidente de tránsito en el que intervino el transporte público de pasajeros, en virtud a lo previsto por el art. 303 del Código Procesal. (Del voto del Dr. Galmarini)
Derecho contravencional y de faltas, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: R., P. H. s/ infracción arts. 72 y 77 dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-03

En materia criminal, la garantía del art. 18 de la C.N. consiste en la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictadas por los jueces naturales. La nulidad fundada en haberse violado las reglas esenciales del procedimiento y la garantía de la defensa en juicio es de carácter absoluto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Juan José c/ Frigorífico Siracusa s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-07-14

Si bien los tribunales de grado son soberanos en la fijación de los hechos de la causa, la queja que se orienta al reexamen de la calificación e interpretación que hizo el adquem, ya que tales actividades intelectivas son cuestiones netamente jurídicas o de derecho, que pueden y deben ser conocidas por el Máximo Tribunal si se funda en la posible concurrencia de un error en la subsunción de las cuestiones de hecho en los preceptos legales aplicables, porque de ese modo el punto se relaciona con la causal de violación de la ley por arbitrariedad.
Quiebra, pedido de quiebra, pagaré
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONSTRUCTORA  PERFOMAR  SA s/ QUIEBRA  -PEDIDO  DE  QUIEBRA PORS.A.C.E. LOUIS DREYFUS Y CIA. LTDA.-.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-30

La circunstancia de que los pagarés cumplan con los recaudos del decreto 5965/63 no resulta suficiente para juzgar la procedencia del pedido de quiebra, cuando se han planteado en forma oportuna defensas que vuelcan un atendible margen de duda en torno de la existencia del crédito.
Confirmación de sentencia, improcedencia del recurso, dictamen pericial, fraude procesal, asegurador, prueba
Materia: PROCESAL-PENAL-COMERCIAL
Carátula: Doldán Santiago Aníbal c/ Sánchez Carlos Marcelo y otro  s/ Daños y perjuicios - Expediente Nº 652/18
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-03-29

Cabe rechazar el agravio de la aseguradora respecto de la decisión del a quo, quien resolvió prescindir del informe pericial ofrecido, descartando asimismo el argumento de aquélla acerca de qué actor y demandado intentarían un fraude procesal por coincidir ambos en el modo en que el accidente de tránsito sucedió -al querer salir dando marcha atrás con su camioneta, embistió el auto del demandante que se encontraba estacionado detrás suyo-, pues no sólo ha quedado suficientemente acreditado el siniestro del modo en que relató el actor en su demanda y luego ratificó el accionado, sino que además el perito nunca se presentó a realizar la pericia, ni respondió el traslado de la impugnación, resultando en consecuencia el informe presentado una falacia.
Estado Provincial, poder de policía, Constitución Nacional, facultades del Poder Legislativo, facultades del gobierno provincial, facultades concurrentes, promoción industrial
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Disco Sociedad Anónima c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

El poder de policía, dejando a salvo el ámbito de la legislación común y el debido respeto a las garantías constitucionales, corresponde a las provincias. Ello no obsta a que, de acuerdo con lo preceptuado por los arts. 67, inc. 16 y 107 de la Constitución Nacional, tanto el Congreso como las provincias tengan el poder de dictar leyes sobre promoción de la industria; esto es, funciones concurrentes que, manteniéndose en sus propias esferas jurisdiccionales, permitan su coexistencia legislativa.
Ley sobre riesgos del trabajo, competencia, Programa Jefes de Hogar
Materia: LABORAL
Carátula: Velázquez, Anastacio c/ Ministerio de Trabajo y otro s/ Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-13

En el caso, el demandante alegó haber realizado tareas en el marco del programa "Jefes de Hogar", implementado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y sostiene haber sufrido un infortunio laboral cuyo resarcimiento pretende con fundamento en el derecho civil, peticionando la inconstitucionalidad de la ley 24.557. Si bien es cierto que se alega en el caso la existencia de un programa asistencial, donde podrían estar en duda los alcances del vínculo y la interpretación de la ley de riesgos, resulta coherente otorgar aptitud jurisdiccional a esta Justicia Nacional del Trabajo en razón del amplio diseño de su competencia y lo expresamente establecido en el art. 21 inc. a) de la ley 18345
Contrato de servicios, presunción de onerosidad
Materia: CIVIL
Carátula: Manzo, Néstor c/ Andrés, Claudio s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-24

De ningún modo creo que por la mera circunstancia de no haber conseguido acreditar el accionante el precio que alegó haber ajustado quede automáticamente abrogada la regla establecida en el art. 1627 del Código Civil. Por el contrario, dicha ausencia de certeza -al no existir acuerdo de las partes sobre el tópico ni prueba que lo respalde- es lo que precisamente torna operativa aquella norma para dejar así expedita la determinación del precio en esta sede. Por el principio de onerosidad, si no hubo precio ajustado, "entiéndese que ajustaron el precio de costumbre..." sin que en tal caso siquiera resulte menester acudir al mecanismo arbitral, pues habiéndose demandado el mismo, procede su fijación directa por el juez.
Recurso de casación, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: BENTEVENGA, NESTOR C. Y OTROS c/ MURCHINSON SA. ESTIBAJES Y CARGAS Y OTROS s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-02-05

La regulación de los honorarios judiciales de los profesionales es irrevisible en casación, ya sea en lo que atañe a su monto como respecto a las bases adoptadas para fijarlos, salvo violación de las normas legales pertinentes
Compraventa internacional, transporte terrestre, obligaciones del vendedor
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANSUNION  ARGENTINA SA c/ Papelera Tucumán SA s/ incumplimientode contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29

El temperamento adoptado por Papelera Tucumán SA en negar la autorización de la carga hasta tanto obtuviera la modificación del crédito documentario encuentra sustento en la ausencia de garantía de pago de la mercadería a exportar. Si bien en toda compraventa la obligación del vendedor consiste en la entrega de la mercadería, la condición sine qua non para que ella opere reside en el pago del precio por parte del comprador, pues es él quien debe realizar todos los actos para que el vendedor pueda efectuarla. En el caso de autos contar con el crédito documentario autorizado por el banco y vigente al momento de efectuar el traspaso de la mercadería. Toda vez que la venta fue realizada bajo la cláusula FCA de los Incoterms debo concluir que Papelera Tucumán SA resulta exenta de responsabilidad.
Recusación, recusación con causa
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCHEZ  GUSTAVO Y OTRO c/ OSPERYH s/ INCIDENTE DE RECUSACION CONCAUSA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-21

La indicación del Juez de primera instancia para que la actora presente un escrito acompañando la copia omitida a los efectos de sustanciar y resolver la cuestión, no constituye la decisión anticipada de la causa ni una recomendación que mejore su situación procesal, en perjuicio de la contraria. Por todo lo expuesto, la recusación con causa resulta improcedente, todo ello, sin perjuicio de lo que oportunamente resuelva el magistrado al decidir la incidencia.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, dominio, Municipalidad, área industrial, planeamiento urbano, interés público, actividad industrial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COMPAÑIA CONTINENTAL SACIMF Y A c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 314-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-07-24

La mención del derecho de propiedad y los derechos posesorios que se invocan sobre parte del inmueble donde se pretende instalar una futura industria, no puede constituir por sí sola, y en abstracto, un argumento válido para impedir a la Administración, dentro del marco legal, ejercer una potestad ordenatoria de los usos del territorio urbano. Así, la decisión denegatoria de la reclasificación, vista a la luz de la libertad consagrada en el artículo 14 de la Constitución Nacional, no admite flancos de críticas, ya que su alcance -en el sub judice- no fue el de prohibir en forma absoluta la instalación de la futura industria sino el de no autorizar la "reclasificación", y consecuentemente la instalación- únicamente en ese inmueble. Por otra parte, y aún cuando se entendiese que la medida ha constituido una "restricción" del derecho administrativo al dominio privado o que con otro fundamento ha constituido una severa limitación del uso del dominio basada en facultades de policía urbanística y ambiental, tales repercusiones en la esfera patrimonial del sujeto deberían ventilarse por la vía pertinente a fin de poner a resguardo al particular de los perjuicios que el accionar estatal pueda irrogar.
Contratos, compraventa, perfeccionamiento del contrato, consentimiento, venta de pasajes, pasaje aéreo, incidente de retractación, devolución de saldos, error de tipo, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Castagna, Eric Martin  c/ United Airlines INC  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

Corresponde condenar a una aerolínea a pagar la suma de dinero necesaria para adquirir dos pasajes de similares características a los que el actor adquirió a través de una agencia de viajes, detrayéndose el valor de la "reserva original", toda vez que al día siguiente de la compra la demandada canceló injustificadamente las reservas y reembolsó lo abonado informando un error evidente en la tarifa.

Ello así, pues de conformidad con el CCCN 979, la operación se perfeccionó con la aceptación del comprador a la oferta publicada manifestada al picar en la opción "comprar" que otorga la plataforma (CNCom, Sala E in re "Vergara Graciela Rosa C/ Energroup SA y otro", del 20/12/19). Además, la demandada procedió a emitir los tickets de vuelo pertinentes que fueron recibidos por el actor con posterioridad a la conclusión de la operación de compraventa (arg. CCCN 971).

Consecuentemente, resulta aplicable el CCCN 975 que impide al ofertante a retractar la oferta dirigida a personas indeterminadas si no es efectuada de manera simultánea. Por lo tanto, una vez expedita la aceptación por parte del destinatario de la oferta, el contrato quedó perfeccionado (en los términos del art. 978 del mismo cuerpo legal) y la retractación enviada con posterioridad resultó inidónea (Stiglitz, Rubén S., "Contratos en el nuevo Código Civil y Comercial", Ed. La Ley, 1° ed., Bs. As., 2015, pág. 58).
Prefectura Naval, sereno de buque
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barreiro, José Antonio c/ Prefectura Naval Argentina - DISP. DISJ. JS1 108 A/97.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-06

El art. 202.0203 del REGISEPORT establece que "Las personas habilitadas como serenos tienen en el ejercicio de sus funciones carácter de auxiliar de la autoridad naval. En tal sentido son fiscalizadas por ella y están a sus órdenes para el cumplimiento de esta reglamentación". Entre dichos deberes, el art. 202.0202, inc.

h) dispone que los serenos están obligados a "permanecer en su puesto manteniendo una constante vigilancia del buque, aún cuando éste se encontrare de salida". (Cons. 6).
Honorarios, agente fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Derendinger, Ernesto Arturo c/ Administración Federal de Ingresos Públicos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-09

Corresponde revocar la sentencia que al declarar desierto el recurso destacó que los honorarios profesionales que se regulaban judicialmente al actor en su condición de agente fiscal, cuando no se imponían a su comitente, no debían considerarse emolumentos a cargo de autoridad pública ni le pertenecían a ésta, ya que la opción ejercida por el actor en los términos del art. 2°, inc. a, del decreto 894/01 obsta la percepción de los honorarios profesionales que le hubieran sido regulados en ejercicio de sus funciones.
Proceso penal, acción civil, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: S., A. s/ Defraudación (Resolución Nro. 313, Tomo 57, Folio 325)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-12

En el proceso penal no cabe la suspensión o paralización de la acción civil toda vez que ésta es accesoria y debe necesariamente seguir el impulso de la principal (en el caso, la acción penal).

Frente a la inexistencia de la hipótesis de paralización de la acción civil, la ubicación temporal de la instancia de la pobreza no tiene ninguna relevancia paralizadora sobre aquélla tramitación civil.
Competencia, oportunidad procesal, economía procesal, rechazo de la demanda, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Vera, Patricia Judith c/ Pineda, Sergio Omar y Zurich Argentina Cia. Seguros S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-07-13

Ya lo ha advertido este Superior Tribunal de Justicia -con distinta integración- cuando ha expresado, siguiendo a PALACIO, que: "...el ámbito de conocimiento de los tribunales de Alzada se encuentra, en primer lugar, limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del Juez inferior, y no por lo resuelto por éste en su sentencia. El régimen de la doble instancia, sólo requiere que existan dos sentencias que examinen las cuestiones propuestas en las oportunidades procesales correspondientes, pero no exige que tales cuestiones sean sometidas a un doble examen. Así, existen algunos casos en los cuales, por razones de economía procesal, los Tribunales de Alzada se hallan habilitados para resolver cuestiones que no han sido objeto de pronunciamiento en la instancia inferior. Uno de ello, y el que aquí interesa, se presenta cuando el Tribunal de Alzada emite decisión respecto de cuestiones involucradas en la demanda que no fueron objeto de examen en Primera Instancia a raíz de haber prosperado una defensa previa, deducida por el demandado. Revocada por la Cámara, v.gr., la sentencia que rechaza una demanda por indemnización de daños y perjuicios en virtud de haberse admitido una defensa previa; aquélla debe proceder a fijar la indemnización sin más trámite, no siendo necesario, por lo tanto, que el expediente sea devuelto al Juez de Primera Instancia para que se pronuncie sobre el punto (cf. PALACIO - ALVARADO VELLOSO, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Rubinzal Culzoni, T. 6, ps. 441, 444";

STJRNS1 - Se. N° 160/07, in re: "DIRECCION GENERAL DE RENTAS). (Voto de la Dra. Piccinini por la mayoría)
Pensión por invalidez, pensiones graciables, Seguridad social, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Silva Leal, Alicia c/ Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

El beneficio de la pensión por invalidez no deriva de la atribución del Poder Legislativo de "dar pensiones" (tradicionalmente llamadas pensiones graciables) contenida en el art. 75, inc. 20, de la Constitución Nacional -cuyo reconocimiento pertenece a la órbita de discrecionalidad del órgano legislativo-, sino que, por el contrario, se encuentra encuadrada en el ámbito de la legislación relativa a la seguridad social, conforme el art. 75, inc. 12, de la Norma Fundamental argentina (Disidencia de los jueces Maqueda y Rosatti).
Destinaciones de importación, solicitud de destinación de importación, falta de solicitud de destinación, caducidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: SYLGI  S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ ADUANA    -  IMPORTACION  -  CADUCIDAD  DE  DERECHOS  -  ABANDONO  DE  MERCADERIA - SUBASTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-06

Cuando el interesado no solicite en el plazo correspondiente alguna "destinación aduanera" definitiva o suspensiva para la mercadería, el servicio aduanero debe anunciar su existencia y situación jurídica indicando las características suficientes para su individualización (art. 417, inc. b), del Código Aduanero), para proceder luego a su venta, previa verificación, clasificación y valoración de oficio de la respectiva mercadería (art. 419), siempre que transcurrido el plazo previsto al efecto no se hubiere solicitado alguna de las destinaciones autorizadas. Dichos preceptos establecen en forma expresa la "caducidad" de los derechos que el interesado hubiera dejado de ejercer con respecto a los actos ya cumplidos, determinándose que una vez dispuesta la venta de la mercadería, no se admitirá otra destinación que la definitiva fijada en dicho acto (art. 420).
Divorcio, injurias graves, adulterio, deber de fidelidad, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: S., C.A. c/ V., A.M. s/ DIVORCIO - ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-22

La causal injurias graves, por su amplitud comprende innumerables situaciones, de allí que se la haya caracterizado como causal residual. Si bien todas las otras causales reciben tratamiento autónomo, no cabe duda que podrían ser tratadas en la genérica calificación de injurias. Se define esta causal como toda especie de actos intencionales o no, ejecutados de palabra, por escrito o por hechos, que constituyan una ofensa para el cónyuge, ataquen el honor, su reputación o su dignidad, hiriendo sus justas susceptibilidades. Se trata de ofensas o menoscabo de un cónyuge al otro y esas ofensas o menoscabo pueden provenir de actitudes, palabras, conductas que, en general, importan agraviar a un esposo; pueden provenir del otro cónyuge o de un tercero, consintiéndolo aquél; pueden referirse a la persona de uno de los esposos o a su familia o a sus costumbres, a su forma de ser o de sentir. Asimismo, siguiendo el art 377 del Código Procesal, tratándose las causales de divorcio de hechos constitutivos alegados como fundamento o reconvención, su prueba incumbe a la parte que las alega. La prueba directa del adulterio resulta generalmente imposible, por lo que se ha admitido la posibilidad de acreditarlo mediante presunciones graves, precisas y concordantes. Si la relación con otra mujer, aparentemente sentimental, se hubiera producido durante la convivencia, aún cuando no se hubiera probado el adulterio, podría haber configurado una infidelidad que tipificaría la causal de injurias graves.
Sucesiones, tasa de justicia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giles de Hourcade, María B. y otro s/ sucesiones Flores, Ciriaco Eleuterio y otros s/ sus sucesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-06|2000-06-08

En una sucesión, donde no hay sentencia y la tasa se liquida por declaración jurada patrimonial realizada por los derecho - habientes, suscripta por los letrados intervinientes bajo su responsabilidad, no rige estrictamente éste articulado en su párrafo inicial. ( arts. 277 inc. f, 278 inc. c y cdts. ley 10.397 ) No obstante ello, existe una verdadera tutela sobre el crédito del Estado respecto de las tasas judiciales, en las prescripciones del art. 281, ya que ningún juez puede adjudicar los bienes sucesorios si no se ha abonado íntegramente la tasa de justicia, que no puede ser afianzada de manera alguna . (Minoría u opinión personal)
Derecho laboral, empleador, facultades disciplinarias, despido, trabajador, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ARIAS, ALFREDO AMERICO R. c/ EMPRESA BLAS PARERA SRL LINEA 3 s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. COBRO DE PESOS LABORAL (CSJ EXPTE   Nº 1775-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-17

En las relaciones laborales, aún la repetición de pequeñas faltas o actos de inconducta por parte del trabajador, la pereza y el constante descuido en el desempeño de las tareas pueden configurar una injuria, aun cuando ninguno de esos actos - aisladamente considerado- constituya una verdadera falta, porque no importa si los hechos pasados han sido o no sancionados, cuentan como antecedente y pueden ser invocados para mayor justificación del despido.
Excarcelación, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Baldassari, Luis Maximiliano s/ recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-09

La posibilidad de ser declarado reincidente, aunada a las características violentas del hecho imputado -robo agravado por su comisión con un arma de utilería- y a la indeterminación del domicilio del justiciable, avalan el riesgo de fuga. El voto recurrente adhirió a la solución propuesta en atención a la proximidad de la fecha en que se celebrará el debate. (Dres. González Palazzo, Hornos, Diez Ojeda).
Sociedades comerciales, elección de directores, remoción de directores
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ OCHOA, JOSE c/ PARRILLA EMILIA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-20

Aunque el término de designación expire antes de la celebración de la asamblea ordinaria (artículo 234 inciso 2, ley 19550), el director permanece en sus funciones hasta ser reemplazado (artículo 257 de la misma ley).