marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia comercial, daños y perjuicios, compraventa inmobiliaria, corretaje
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: SUJOLUSKY,  Juan  Carlos c/ CAIRO,  Virgilio  Amadeo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-16

Si los vendedores le encomendaron al actor "que intermediara en la venta", aun cuando el pedido y autorización para ello no se haya documentado por razones de amistad y que su actuación se llevó a cabo a través de una empresa cuyo titular es él, "quien intermedia en el mercado inmobiliario con la denominación de esta última, es evidente que su actuación queda enmarcada en la figura del corredor y, en tal sentido, sujeta a la competencia mercantil (conf. fallo plenario dicatado por esta Cámara en autos "Tedesco, V. c/ Guanziroli, J.", del 26/5/1923; en igual sentido CNCiv. Sala C, R.170119 in re "Charo de V., L. c( Jiménez Zapiola SRL s/ cobro", del 2/3/1972 y sus citas; íd.

Sala G, in re "Ahmad, J. c/ Cooperativa de Vivienda Democracia Ltda. s/ daños y perjuicios", del 21/10/98; íd. Sala I in re "Colacilli, A. c/ suc. de Angel Massera s/ cumplimiento de contrato", del 24/10/95; íd. Sala L, in re "Toscano, O. c/ Hardy, J. s/ cobro de sumas de dinero", del 19/4/2001).
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO ALAS COOP. LTDO. c/ FERNANDEZ, HORACIO s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

Si el ejecutado niega ser titular de una cuenta corriente en el banco emisor del certificado, mal puede considerarse que no ha negado la deuda emergente del mismo, aún cuando no haya empleado para ello términos sacramentales. Por ello, la defensa en los términos del cpr 544-4 opuesta a la ejecución, debe ser sustanciada con el acreedor, y en su caso producir medios probatorios.
Recurso de queja (procesal), caducidad de instancia, recurso de reposición (procesal), denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Landen, Catalina c/ Laboratorios Bago Sociedad Anónima y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

Corresponde desestimar el recurso de reposición intentado contra la resolución del Tribunal que declaró operada la caducidad de la instancia en la queja si la recurrente no dio satisfacción a los requerimientos de la Corte en la primera presentación efectuada después de que dijo haber tomado conocimiento de ellos (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F.

López y Adolfo Roberto Vázquez).
Costas, fiscal de Estado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VILLARROEL LUIS ALEJANDRO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPTIAL s/ Beneficio Litigar sin Gastos (LIBRO: A130 - 448)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-01

Se participa de la doctrina a tenor de la cual "los actos realizados por el Fiscal de Estado (órgano constitucional extrapoderes), en los juicios en que interviene como parte legítima por hallarse afectados intereses fiscales, recaen en la esfera jurídica del ente administrativo cuyos intereses cuida en forma inmediata" de donde "si bien es cierto el principio en virtud del cual los actos y hechos de un órgano le son imputables al ente del que forma parte, de ello no se sigue que las costas por la actuación procesal del Fiscal de Estado, en todos los casos, deban estar a cargo de la Provincia. Será así cuando el interés fiscal en cuya defensa hubiere actuado aquél fuere, directamente, el del Estado central; o cuando hubiere obrado como Ministerio Público (v.gr. en los supuestos del art. 223 CPC). Pero también es posible que su actuación como Ministerio Fiscal sea en defensa del interés patrimonial de un ente con personalidad y recursos propios. En tal supuesto la actuación es un beneficio y, eventualmente, también en perjuicio de dicho patrimonio estatal ("ubi emolumentum ibi onus").
Daños y perjuicios, establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garate, Julián y otro c/ Di Paola Vicente y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-10

No es necesario que exista una relación de dependencia o subordinación entre el lugar de internación -hospital, sanatorios, etc. públicos o privados- ya que la responsabilidad no se rige por el hecho de los dependientes a los que se alude en el art.1113 del Código Civil, pues la dependencia en tal caso se configura por las órdenes o instrucciones que aquél imparte a éstos en la función que las delega o encomienda.
Contrato de trabajo, remuneraciones variables
Materia: LABORAL
Carátula: CORTESE EDUARDO MATEO C/ CLINICA BAZTERRICA S/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-31

Cuando se observa la percepción de remuneración variables, el criterio de la normalidad próxima rige respecto del preaviso, la integración del mes de despido y las vacaciones gozadas. Para el cálculo de dichos conceptos debe aplicarse el citado método de la "normalidad próxima", ya que esta noción supone e intenta poner al agente en situación remuneratoria lo más cercana posible a aquella en que se hubiera encontrado si la rescisión no hubiera operado y cuyo resarcimiento tiene como base la remuneración que el trabajador habría percibido durante dichos lapsos. En ese orden de ideas se ha resuelto que, "cuando el trabajador es retribuido con rubros variables, no hay modo de determinar exactamente cuánto habría ganado durante el preaviso no otorgado, por lo que resulta equitativo tomar el promedio del semestre. Si en ese lapso existe un mes de retribución mayor que los demás, no existen motivos para suponer que el dependiente ganaría la misma suma durante el preaviso, pero tampoco los hay para pensar que ganaría una inferior, lo que precisamente, torna procedente la aplicación del promedio mencionado (CNAT, Sala III, 6/12/96, exp. 73.020 "Ramos, Humberto c/ Murchinson SA Estibajes y Cargas y otros s/ despido")".
Lucro cesante, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ortega, Gualberto c/ Acuña, Rodolfo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

El elemento de juicio más trascendente a los fines de evaluar lo relativo al lucro cesante, está dado por la pericia de psicólogo, en cuanto acredita fehacientemente el estado depresivo del actor. Esa depresión es compatible con la situación de duelo que atraviesa el accionante, hallándose su capacidad laboral bastante disminuida debido a dicho estado depresivo, con el grado de una verdadera pérdida. Empero si bien dicha pérdida es innegable, las dificultades se ciernen en la estimación de la cuantía de ese desmedro patrimonial, para una persona que es profesor en arpa paraguaya, y tiene el oficio artesanal pertinente. Simplemente cabe hacer aplicación de lo que indican las máximas de experiencia universal sobre una actividad de ese tipo.
Intereses, cómputo de intereses
Materia: LABORAL
Carátula: ANDRADE RAFAEL DANTE c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-06

Cuando la sentencia condena a abonar los haberes dejados de percibir por el empleado público dejado cesante, con intereses al 6% anual, tales intereses deben calcularse sobre el monto de la condena y desde que cada suma es debida, sin incluírse el aporte previsional.-
Tercería de dominio, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Karpic, Daniel Guillermo s/ Tercería en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07

Quien promueve tercería de dominio de un inmueble, necesita acreditar su derecho mediante la presentación de la pertinente apertura pública traslativa de dominio, debidamente inscripta en el Registro de la Propiedad correspondiente. La tercería de dominio de inmueble se funda en un derecho de propiedad incompatible y excluyente del derecho que pretende ejercer el acreedor embargante, de modo que tal dominio debe probarse fehacientemente por la tercerista, y como nuestro derecho positivo exige el cumplimiento de los requisitos de escritura pública, tradición e inscripción del respectivo título en el registro inmobiliario de la jurisdicción que corresponda, si falta cualquiera de éstos, el tercerista no puede considerarse "domine".-
Fraude a la propiedad intelectual, software, protección del software
Materia: PENAL
Carátula: Ashton Tate Corp. s/ Propiedad Intelectual Mille, Antonio s/ Propiedad Intelectual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-30|1991-06-20

La reproducción, venta o edición sin autorización, de un programa de computación cuya titularidad demanda el querellante, puede encuadrar a primera vista en el art. 72 de la ley 11.723, partiendo de aceptar la condición de obra intelectual de un soporte lógico (software) cuando se trata de una obra original.
Fallos de la Corte Suprema, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: OMMCAR S.A. s/ competencia Causa nro. 13.210
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-03

Tal como reiteradamente ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es facultativo de sus funciones declarar la competencia del tribunal que realmente corresponda, aunque no haya intervenido en la contienda.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: M., F.C. c/ B., P.L. s/ Sumario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-26

"Si la contraparte no usó de su derecho de aportar a la causa probanza alguna en su favor, corresponde entonces, estar totalmente a la de su adversario, que satisface las exigencias procesales y se ve robustecida por la total ausencia de prueba en contra".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Di Leo, Carlos Alberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

Es insuficiente, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia absurda valoración de la prueba sin relacionar sus argumentaciones con el contenido de los arts. 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal que se estiman violados.
Contratos civiles, capacidad, nulidad del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Geoghan, Carlos c/ Del Pozo, José s/ escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-29

No puede quien contrata con un menor sostener a su favor la presunción de buena fe, puesto que un mínimo deber de prudencia debiera haberlo llevado a constatar las condiciones personales de la persona con quien contrataba.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público, debido proceso, sumario administrativo, indemnización por despido, estabilidad propia, estabilidad impropia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Casier, Miguel Angel c/ Corporación del Mercado Central de Buenos Aires s/ nulidad de acto administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Existe una estabilidad denominada "propia" que obliga al respeto de la permanencia del empleado en la relación de empleo salvo la existencia de causa justificada de cese que, por parte de la Administración, sólo puede ser declarada previa audiencia del interesado bajo el habitual procedimiento sumarial, y una estabilidad " impropia" que, en cambio, admite el cese de la relacion de empleo sin causa, mediando una adecuada indemnizacion siempre que no importe un acto discriminatorio o una sancion encubierta o un juicio de valor que comporte una real descalificacion del agente.
Facultades de la autoridad de prevención, requisa personal, estado de sospecha
Materia: PENAL
Carátula: Rucci, José Ignacio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-16

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el fiscal ya que la detención y requisa efectuadas sobre el imputado se llevó a cabo en el marco de las atribuciones que los propios artículos 184, inc. 5°; 230; 230 bis y 284, inc. 4° del Código Procesal Penal de la Nación; teniendo en cuenta que la requisa personal puede ser practicada de motu propio por las fuerzas se seguridad sólo excepcionalmente cuando haya motivos vehementes para presumir que el sujeto lleva sobre su persona cosas que puedan ser útiles para la investigación. Este requisito se refiere a la justificación del acto y a tal fin es importante saber sobre qué elementos de juicio la prevención determinó el "estado de sospecha" respecto del individuo sometido a requisa personal, siendo que éste debe existir en el momento mismo en que se produce la interceptación en la vía pública pues es allí cuando la policía debe tener ya razones suficientes para suponer que una persona está en posesión de elementos que demuestran la comisión de un delito; de lo contrario una aprehensión o requisa ilegal a su inicio no puede quedar validada por su resultado. La disidencia sostuvo que no existió al momento de la detención y requisa del imputado el estado de sospecha requerido por el art. 184 inc. 5° del C.P.P.N., para que la policía actúe sin la pertinente orden judicial. (Dres. Fégoli, Madueño en disidencia y Rodríguez Basavilbaso).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, fotocopia
Materia: LABORAL
Carátula: Cantero,  Gladis  Beatriz c/ Colegio  Público de Abogados de laCapital          Federal         y s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-14

El Colegio Público de Abogados contrató con el otro codemandado la explotación de fotocopiado para los abogados matriculados, en sus sedes y en las salas de profesionales ubicadas en distintos edificios donde funcionan juzgados de distintos fueros y en otras reparticiones públicas. Los únicos que podían usufructuar el servicio de fotocopias eran los abogados matriculados. Así, resulta aplicable el instituto previsto en el art. 30 L.C.T. en el supuesto de la trabajadora que se desempeñaba en el sector de forocopias en las salas de profesionales del Colegio y en la sede propiamente dicha de la institución, atento a que al haber cedido a quien explotaba el servicio de fotocopiado parte del establecimiento habilitado a su nombre evidencia que dichos servicios estaban integrados de modo permanente a su actividad propia y específica. Se configuraba en el supuesto la unidad técnica de ejecución destinada al logro de sus fines (art. 6 LCT) ya que la actividad brindada por el contratista del Colegio Público de Abogados se encontraba integraba al establecimiento.
Divorcio, separación de hecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M. M., L. c/ M., G. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-02

No obsta a obtener el divorcio la circunstancia de que la vida matrimonial se interrumpiera por la sola voluntad de uno de los justiciables.
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARNOLFI DE CHARADIA NILDA Y OTROS c/ EXCMO. SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS Y ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR CON RESTITUCION DE LOS DESCONTADO - RECURSO DE APELACION s/ RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR EL DR. RODOLFO V. ROJO -  GUALEGUAYCHU
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-02-14

La apelación interpuesta contra el auto interlocutorio que decide la revocatoria y no contra la resolución que diera lugar a ésta, es formalmente improcedente. No corresponde presentar nuevo escrito para sostener la apelación, porque el que fundamenta la revocatoria hace las veces de memorial de agravios. La invocada introducción de nuevos fundamentos no obsta tal principio, puesto que de ordinario ello siempre ocurriría cuando la resolución que trata la revocatoria no sea un facsimil de la primera, ni puede indentificarse a los casos en que resuelve, en forma originaria, cuestiones distintas a las que fueron materia de revocatoria y apelación, lo que si ha permitido a esta Sala admitir un nuevo recurso contra ella. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, jubilación de magistrados, adicional por dedicación exclusiva, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Brieba, Rodolfo Jorge c/ Estado Nacional. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-19

Por tratarse de cuestiones opinables que requieren amplio debate o prueba, es improcedente el amparo interpuesto por quien se encuentra retirado como magistrado del Poder Judicial para que se declare la existencia de lesión a su derecho de propiedad, manifiestamente ilegal y arbitraria, por la omisión de pago de la asignación especial del decreto 2474/86 concedida a los jueces y funcionarios en actividad con dedicación exclusiva.
Contratos, perfeccionamiento del contrato, oferta determinada, pago electrónico, aceptación, cuestiones procesales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Kochan, Hernán Alberto c/ Lepic SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-13

Como en la totalidad de los contratos, el realizado a través de medios electrónicos se perfecciona cuando la oferta es aceptada, por el encuentro coincidente de la oferta y la aceptación. Desde otro sesgo, constituye publicidad todo medio de información destinado a permitir a un cliente potencial formarse una opinión sobre los resultados que pueden ser esperados del bien o del servicio que le es propuesto, así como sobre las características de los bienes o servicios ofertados (Stiglitz Rubén S., "Contratos Civiles y Comerciales Parte General", T° I, p. 336).- Lo que interesa desde la perspectiva de la relación existente entre la publicidad y el contrato de consumo es que, el potencial consumidor de bienes o servicios, no vea insatisfecho injustamente su interés contractual o sus razonables expectativas por una publicidad carente de veracidad, o sea, por una publicidad engañosa. Se entiende por tal, la que induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar sus decisiones de modo positivo, lo que incluye la presentación misma de la publicidad, o de modo negativo por silenciar información fundamental relativa a los bienes o servicios objeto de la misma (Morales Moreno A. M., "Información publicitaria y protección del consumidor (Reflexiones sobre el art. 8° de la LGCU)" en "La modernización del Derecho de las Obligaciones", p. 227).
Pagaré a la vista, falta de pago, fianza comercial, fiador, acción cambiaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ TEXTIL HELUENI SA Y OTROS s/ PROCESO DE EJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

En el caso de constituirse una o más personas en fiadores de las obligaciones que otra asume con un tercero, resultando el pagaré acompañado la mera instrumentación de la deuda entre el afianzado y ese tercero en cuyo favor se dió la garantía, dichas personas responden ante la falta de cumplimiento en el pago del título, y, en consecuencia, pueden ser demandadas para obtener su cobro (cfr. CNCom. Sala A, in re "Banco Provincial de Santa Fe c/Creaciones London SA y otros" del 22.2.91, reg. en LL 1991-C, pág. 397), demanda que no tiene fundamento en el carácter de "obligados de regreso", pues los fiadores de una obligación cartular no son deudores cambiarios sino que son obligados extracambiarios en virtud de una caución extracartácea (cfr. Cámara, H.: "Letra de Cambio y Vale o Pagaré", T. II, pág. 254, Bs. As. 1970; Muñoz, L. "Títulos-Valores Crediticios", pág. 641, Bs. As. 1973; CNCom. Sala E, in re "Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/Paggi, R. E." del 27.2.90, ED del 11.7.91, Fallo N. 43.443).
Obligaciones solidarias, ley de contrato de trabajo, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: MUÑIZ, PATRICIA MABEL C/ SERVICIOS INTEGRADOS BAHIA BLANCA S.A. Y OTRO S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-04-30

No se desconoce que una actividad que revista característica de presupuesto fáctico o condición indispensable, sin la cual no pueda desplegarse el proceso de ejecución única tecnificada de un producto dado, resulta de importancia necesaria para el mismo, pero el criterio propio para abrir la esclusa de la responsabilidad objetiva, es el marcado por la CSJN con medida ajustada al instituto en tratamiento, esto es, la cesión de actividad propia a un tercero ajeno al empleador (art. 30, LCT), enlazada con el concepto legal de 'establecimiento' del art. 6 LCT: "unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa", resultando suficientemente claro que si la actividad de la empresa es prestar servicios financieros, no resulta la limpieza del local parte alguna de su unidad técnica de ejecución, y puede considerarse válidamente "escindible" de la misma. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)
Personal municipal, nombramiento, efecto retroactivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montero, Delia Beatriz c/ Municipalidad de Luján. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-24

El nombramiento del empleado realizado con efecto retroactivo es válido si los supuestos de hecho necesarios existieron ya en la fecha a que se retrotrajo la eficacia del acto (art. 111, ley 7647), circunstancia ésta que -no habiendo sido objeto de prueba contraria - debe tenerse por cierta, atento a la presunción de legitimidad de que goza aquel acto administrativo.
Jubilación por edad avanzada, aplicación de la ley, Constitución Nacional, abuso del derecho
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MISALOSKY, ANA c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-19

La finalidad perseguida por el legislador al conceder la franquicia del art. 12 de la ley 24.013 consistió en blanquear situaciones anómalas, y no en perjudicar a los eventuales derechos previsionales del trabajador. Por ello, incurre en un ejercicio abusivo del derecho (art. 1071 Cód. Civil), el empleador que se acoge a lo dispuesto en la normativa citada por un período que supera los diez años, y respecto de un trabajador de más de 70 años de edad. Dicha circunstancia lleva a concluir que, por encima de toda contingencia económica, ha de prevalecer el derecho de la seguridad social expresamente reconocido en la Constitución Nacional, y que para hacerlo operativo-en el caso-corresponde declarar que no es aplicable al peticionante la falta de años con aportes a que se refiere el art. 31 de la ley 18.037.
Procedimiento laboral, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, monto mínimo, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: BONAVENTURA  HECTOR  FERNANDO c/ NATIONALE  NEDERLANDEN CIA. DESEGUROS DE VIDA N.V. S/ s/ ESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-07

Conforme lo previsto por el art. 108 inc. ch) de la L.O. debe admitirse la viabilidad formal de la apelación deducida por la demanda, porque aunque el monto que se intenta cuestionar en la alzada no alcanza al mínimo de apelabilidad establecido en el art. 106 L.O., lo cierto es que la sentencia de primera instancia contradice un pronunciamiento anterior de esta Cámara que recepta la doctrina sentada por la C.S.J.N. in re "Gatarri, Alfredo c/Cometarsa S.A." (23.08.88, D.T. 1989-A, 585), por lo que con arreglo a la directiva que emana de la norma citada en primer término, cabe considerar que se trata de una sentencia apelable, con independencia del monto. Los agravios referidos a cuestiones de hecho y prueba y no de derecho resultan ajenas a la previsión contenida en el art. 108 ch) de la L.O., por lo cual no pueden considerarse como excepción a lo normado por el art. 106 de la L.O.