Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-05-07


Comodoro Rivadavia, de mayo de 2013.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "M., C. del V. en autos: "V., M. E. c/ M., C. del V. s/ DEMANDA LABORAL" Expte. Nro. 4768/08 s/ INCIDENTE DE NULIDAD", Expte. Nro. 10/2013, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral Nro. 1 (Expte. Nro. 577/2012).

Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada, por haber interpuesto la incidentista recurso de apelación a fs. 31 contra la resolu-ción del Sr. Juez A-quo de fs. 20/27vta. que rechazó la nulidad de la notificación de la sentencia que articulara.

A fs. 33/40 expresa agravios. Reseña los antecedentes de la cau-sa. Señala que se omitió considerar la norma procesal aplicable al caso que a su entender, es el art. 16 de la ley XIV-1 DJ afirmando de manera equivocada que los magistrados del fuero laboral están facultados para no aplicar la norma procesal vigente y disponer actos procesales sustitutivos que impriman celeridad al proceso en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 18 y 73 de la ley de procedi-miento laboral.

Indica que el error del juez radica en entender que la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Civil y Comercial en el procedimiento laboral se extiende a actos expresamente regulados por el Código de Procedi-miento laboral hasta el punto de derogar normas procesales vigentes y entender que dentro de las atribuciones ordenatorias del magistrado laboral se encuentra la de derogar una norma que regula la notificación a las partes de un acto de la tras-cendencia de la sentencia definitiva.

Dice, que tal razonamiento, implica una extralimitación de la función del órgano jurisdiccional, ya que tal modificación solo puede efectuarse por via legislativa.

Destaca que la finalidad del acto procesal impugnado era notifi-car a esta parte de la sentencia definitiva, la cual nunca se practicó mediante cédula de notificación, por correo o por telegrama únicos medios de notificación previstos por la ley.

Aclara que la forma de notificación automática por medio elec-trónico dispuesta por los Acuerdos Plenarios NRo. 3940/11; 3981/2011 del STJCh para el proceso laboral, conculca el derecho que le asiste a su parte a ser notificada de la sentencia de acuerdo a la ley procesal vigente, impidiéndole recurrir la misma, ya que no fue practicado por medio previsto por la ley ni cumplió con su finalidad, ni fue subsanado por otro acto que cumpliera los mismos fines.

En segundo término le causa agravio el rechazo del pedido de in-constitucionalidad de los Acuerdos Plenarios Nro. 3981 y 4011 del 2011 del STJCh en cuanto disponen la derogación de la norma prevista en el art. 16 inc. b) de la Ley XIV-1 sobre la forma de notificación de la sentencia definitiva en el pro-ceso laboral, legislando en la materia en violación a lo previsto por la Constitución Provincial que impone exclusivamente al Poder Legislativo el dictado de códigos procesales y sus modificaciones.

Insiste en que la aplicación supletoria de las normas del Cod. de Procedimiento en materia civil y comercial establecida en la ley XIV-1, no esta-blece que tal aplicación supletoria deroga una disposición expresa y vigente como la establecida en el art. 16 que prevé la notificación por cédula o telegrama.

Entiende que el órgano jurisdiccional ha excedido su atribución reglamentaria al ordenar la implementación de un sistema de notificación digital instaurada en el Código Procesal Civil y Comercial del Chubut en el procedimiento laboral incluyendo aquellos supuestos que tienen una regulación especifica. En virtud de ello deviene inconstitucional tal implementación, pues la norma del Có-digo de Procedimientos del Trabajo solo puede ser derogado por vía legislativa. Postula que ello solo ocurrió con el Código Procesal Civil y Comercial por efecto de la Ley XIII-14 DJPCh que modificó los arts. 40 a 42 y 136 a 140 del CPr. Ley XIII-5 del DJPCh. Afirma que no existió actividad de esa parte que implique con-sentir el acto procesal viciado de nulidad, señalando que el 12 de junio de 2012 se notificó por cédula la resolución por la que se aprueba la liquidación y se la intima a abonar la suma de $54.384,04 y que el 13 de junio de 2012 se notificó personal-mente de las actuaciones tomando conocimiento recién en esa fecha del acto pro-cesal que se impugna.

Concreta el interés de su parte en la declaración de la inconstitu-cionalidad que peticiona: mediante el mentado sistema de notificación digital, se vio impedida de tomar conocimiento de la sentencia definitiva y por ende impedi-da de recurrir la misma para instar su revisión por un tribunal superior.

II.- Sabido es que a los efectos de la procedencia de una nulidad, interesa que exista un vicio, o la violación de una forma procesal o la omisión de acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión.

Tal indefensión constituye el perjuicio para la parte. Esto es, no basta para que la nulidad sea procedente la existencia de un vicio formal y la inefi-cacia del acto, si tal omisión o el acto defectuoso o ineficaz no perjudican a los litigantes.

No basta con que se alegue, para solicitar que se decrete la nuli-dad de lo actuado, que el interesado se ha visto privado de ejercer algún acto pro-cesal que hace a su derecho de defensa, sin señalar cuales serán factibles.

Tal como lo ha venido sosteniendo este Tribunal, las nulidades procesales deben interpretarse restrictivamente, reservándoselas como última "ra-tio" frente a la existencia de una efectiva indefensión. Ello por cuanto, el derecho procesal está dominado por ciertas exigencias de firmeza y efectividad en los ac-tos, superiores a las de las otras ramas del orden jurídico, de donde se sigue que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho (Cám. Nac. Civ., Sala A, 31-7-79, La Ley, 1979 v.D, p. 502; 21-3-80, La Ley, 1980, v. C, p. 435; ídem, Sala B, 26-10-83, la ley, 1984, v. B, p. 254).

Y que quien alega la nulidad procesal debe mencionar expresa-mente las defensas que se ha visto privado de oponer, o que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, pues toda sanción nulificatoria debe tener un fin práctico y no meramente teórico, no bastando una invocación genérica, sino que el interesado debe indicar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido, es decir debe acreditar la existencia de un perjuicio cierto e irreparable, debiendo asimismo el impugnante individualizar y probar cuál es el interés jurídico que se pretende satisfacer con la invalidez que propugna.

En tal sentido la jurisprudencia y la doctrina coinciden unifor-memente (Maurino, "Nulidades Procesales", Ed. Astrea 1982, pág. 45/47; Rodrí-guez "Nulidades Procesales", pág. 113/117).

En este contexto, se advierte que el incidentista, insiste enfática-mente en la consideración acerca de la extralimitación de las facultades del juez de primera instancia y las reglamentarias del Superior Tribunal de Justicia al extender a la notificación de la sentencia en el ámbito laboral, el procedimiento de noti-ficación digital previsto por la ley XIII-14 y los Acuerdos Extraordinarios dictados en ejercicio de las facultades para reglamentar la utilización de las nuevas herra-mientas y disponer su gradual implementación.

Nada argumenta en torno a los concretos agravios que efectiva-mente le causa la sentencia cuya notificación ataca.

Incumple así con la carga del art. 172 del CPr. obstando que este Tribunal pueda estimar la nulidad que articula.

La circunstancia en que se plantee la nulidad de la notificación de la sentencia no justifica la excepción de la regla procesal, mucho menos cuando la modalidad no hace mas que cumplir con el mandato legal de otorgar mayor celeridad procesal.

Asimismo, y ante tal déficit, la dogmática alegación de inconsti-tucionalidad de las acordadas 3940/11, 3981/11 y 4011/2012 del Superior Tribunal Provincial no basta para ejercer la atribución reiteradamente calificada como la más delicada de las funciones que pueden encomendarse a un tribunal de justicia, por ser la declaración de inconstitucionalidad un acto de suma gravedad que debe considerarse como ultima ratio del orden jurídico.

Por ello corresponde rechazar el recurso articulado.

III. Las costas de esta instancia, no existiendo razones para apar-tarse del principio objetivo de la derrota, se imponen a la perdidosa (arts. 68 y 69 del C.P.C.Ch.). A los fines de la regulación de honorarios del incidente se tendrá en cuenta el resultado obtenido, la trascendencia y eficacia de la labor profesional desarrollada en función de los porcentuales y mínimos previstos por el art. 32 ult. parte y pautas del art. 13 de la Ley XIII-4.

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circuns-cripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 31, y en su consecuencia rechazar el incidente de nulidad impetrado por la demandada en la causa principal Sra. C. del V. M.

2) Costas de esta instancia al recurrente perdidoso. Por sus traba-jos regúlense honorarios profesionales a favor de la Dr. F. R. C. en el veinticinco por ciento (25%) de los que le fueron regulados en la instancia de grado por el presente incidente.

3) Regístrese, notifíquese, devuélvase.- REGISTRADA BAJO EL Nro. DEL AÑO 2013 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTEROLOCUTORIAS.