Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-04-21


- Trelew, 21 de abril de 2.009.- - VISTO:-------------------------------------------------------------------------- -------------------- - El recurso de apelación interpuesto a fs. 156, contra la sentencia de fs. 153/154, concedido que fuera el mismo a fs. 157, fundado mediante el memorial de agravios de fs. 158/162, corrido traslado a la contraria a fs. 163, contestado el traslado conferido mediante la presentación de fs. 164/171.------------------------------------------------------------ - Y CONSIDERANDO:------------------------------------------------------------------- --------- - I.- A fs. 153/154 el Sentenciante de Grado resolvió rechazar las excepciones interpuestas por el Banco del Chubut S.A. y mandar llevar adelante la ejecución hasta que el acreedor se haga del íntegro pago de la suma de $ 37.089,86 con más intereses desde la fecha de la mora y hasta el efectivo pago. Impuso las costas a la ejecutada y reguló honorarios. Fundó lo resuelto en que el supuesto bajo examen trata de honorarios regulados en un juicio ejecutivo y fuera de los contratos de locación de obra, contratos éstos que referían a la tarea del Dr. C. en representación del Banco como querellante en las causas penales y eventualmente a la acción civil tanto en sede penal como en sede civil (cláusulas primera y quinta).-------------------------------------------------------------------<#LIN E> - II.- A fs. 156 apelan lo resuelto los Dres. M. L. G. y F. E. D. P., letrados apoderados del Banco del Chubut S.A., invocando tal carácter. Concedido a fs. 157 el recurso interpuesto, expresan agravios mediante el memorial de fs. 158/162. Individualizan tres agravios. Primer agravio: falta de motivación suficiente de la sentencia que determina el rechazo de las excepciones opuestas, lesión al principio de congruencia y sentencia citra petita. Con cita de jurisprudencia del STJ Provincial analizan el requisito de fundamentación de la sentencia. Afirman que el Juzgador más allá de exponer una síntesis muy acotada de las cuestiones planteadas por las partes, en nada funda su resolutivo, no expone razones de derecho o de hecho y la sentencia no presenta el carácter de coherente, congruente, no contradictoria, derivada y suficiente. Analizan los supuestos en que se produce la falta de congruencia, entre ellos, cuando no se resuelven todos los petitorios realizados como pretensiones que las partes han sometido al juzgador (citra petita). Afirman que el Sentenciante no se expide en relación a cuestiones sobre las que se trabó la litis, en consideración a los hechos manifestados y la configuración del supuesto previsto por el art. 2 de la ley 2.200. Segundo agravio: falta de apreciación de argumentos esenciales sobre lo que fue el vínculo contractual entre el Banco del Chubut S.A. y el Dr. C., vertidos por su parte, falta de valoración de la prueba aportada por ambas partes. Sucintamente relatan el planteo efectuado en autos por su representada (Relación contractual entre el Dr. C. y el Banco del Chubut. Acta de Directorio N° 212, a partir de la cual destacan que el Dr. C. comenzó a percibir a partir del 01/01/03 por la atención de las causas penales y la totalidad de las civiles, derivadas o no de las penales, la suma fija y mensual de $ 4000. Contrato de enero de 2003, en especial su cláusula séptima). Invocan que por la realidad de los hechos y por las propias manifestaciones del profesional, la asignación fija, mensual y global que el Banco le abonaba, comprendía la atención de la totalidad de las causas civiles en las que el Banco era actor. Señalan que prueba de ello es su participación letrada en numerosos procesos judiciales de carácter civil y comercial en representación del Banco del Chubut S.A., como es de público y notorio. Argumentan que queda absolutamente claro que el Dr. C. percibía de su cliente, Banco del Chubut S.A., una asignación fija, periódica y global, por los servicios profesionales que prestaba, observándose así, que en el caso particular de esta relación contractual, se cumplimentan todos y cada unos de los requisitos previstos en el art. 2 de la ley 2.200, para hacer efectiva la imposibilidad de cobro de honorarios a quien fuera su cliente, no condenado en costas. Invocan que la frase asesoramiento legal inserta en la cláusula séptima del contrato de enero de 2003 tiene un sentido amplio, comprensivo no solo del asesoramiento en sentido estricto de recomendación o sugerencia en cuestiones jurídicas, sino que abarca también la atención de las causas ya iniciadas tanto como la promoción de las que debían ser iniciada y en las que el Banco fuera parte como actor. Puntualizan el paralelismo que tiene la nota de fecha 17/12/02 y la cláusula en análisis. Analizan que la nota del 17/12/02 del Dr. C. motiva la nueva contratación y es puesta a consideración del Directorio originando el Acta N° 212 - Punto 5. Aluden a lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender actuando de buena fe. Citan como antecedente de la contratación de enero de 2003 la Resolución N° 307. Señalan que las carteras judiciales de Puerto Madryn, Trelew y Rawson se encontraban tercerizadas. Destacan que el Dr. C. no acompañó, por no tener existencia, dictamen legal alguno suscripto por él o por el Dr. V. P. o por la Dra. G., atinente a lo que es materia diaria a dictaminar en una asesoría legal y específicamente asesoría legal bancaria. Citan lo dispuesto por el art. 8 de la Resolución N° 307. Concluyen que el término asesoramiento legal posee un alcance amplio, comprendiendo "atención de causas judiciales" y por tanto la representación legal de la institución. Invocan lo dispuesto por el art. 1198 del C.C. y las reglas interpretativas del art. 218 del C. Com.. Tercer agravio: errónea interpretación al entender la imposibilidad de discutir, con base en las excepciones legales dispuestas para el procedimiento de ejecución de honorarios en juicio ejecutivo, sobre lo que se ventila en el presente. Señalan que no se desconocen las limitadas posibilidades de discusión en el juicio ejecutivo, pero que no es menos cierto que las excepciones planteadas son de las admitidas en el proceso, motivo por el cual entienden que deben ser analizadas. Como corolario concluyen que entienden configurados todos los requisitos previstos por el art. 2 de la ley 2200 para hacer efectiva la imposibilidad de cobro de honorarios a quien fuera cliente no condenado en costas. Peticionan se haga lugar a la apelación y a las excepciones de inhabilidad de título, falta de legitimación pasiva, rechazándose la ejecución intentada.---------------------------------------------------------------------- -------------- - III.- Mediante la presentación de fs. 164/171 contesta el Dr. C. el traslado que le fuera conferido a fs. 163. Contesta uno a uno los argumentos expuestos por la parte apelante. Afirma que el memorial de agravios no contiene una crítica concreta y razonada de la sentencia dictada. Destaca que la excepción opuesta debía ser rechazada liminarmente porque la documental presentada como prueba no cumplimenta los requisitos exigidos por el art. 507 del rito. Señala la actitud asumida por el Banco con anterioridad en este proceso y en otros procesos. Reitera su negativa expresa a que en alguna oportunidad hubiera incluido o aceptado su negativa a percibir honorarios profesionales al Banco del Chubut por la intervención que le correspondiera en las causas civiles, comerciales y laborales que le encomendara la entidad bancaria (arts. 50 y 51, ley 2200) o que se considerara excluido de dicha norma en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la ley 2200, salvo las que fueran incluidas en los contratos de locación de obra celebrados. Analiza los sucesivos contratos celebrados. Califica de extemporáneo al agravio referido a la cláusula séptima del segundo de los contratos celebrados. Señala que en la nota que presentara con fecha 17/12/02 no hace mención alguna a renunciar al derecho a percibir honorarios de la entidad bancaria cuando la condenada en costas es la demandada, y que el incremento que se solicitara era porque se obligaba a los Dres. G. y V. P. a prestar asesoramiento a las sucursales, obligación que no se había estipulado con anterioridad (ver en especial párrafo cuarto). Argumenta que el punto 5 del Acta de Directorio N° 212 se relaciona con el asesoramiento legal al Banco y nada manifiesta sobre las causas judiciales que no se incluían en los contratos de locación de obra celebrados. Invoca que nunca se incluyó ni en un Acta de Directorio ni en los contratos de locación de obra firmados, cláusula alguna que le impidiera percibir honorarios al Banco del Chubut S.A. cuando la condenada en costas era la demandada, salvo en las causas judiciales indicadas expresamente en los contratos de locación de obra, por lo que entiende no se encontraba impedido en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la ley 2200. Refiere a cuestiones no introducidas por ante la instancia antecedente. Analiza la situación planteada a la luz de la doctrina de los actos propios. Destaca que el Banco del Chubut S.A., plantea ahora una excepción, respecto de actos que siempre consintió expresamente y cumplimentó, pagando los honorarios correspondientes, fueran a su cargo por ser condenado en costas o como obligado por no cancelar su obligación el demandado condenado en costas, ofreciendo como prueba documental que obra en su poder desde el año 2002 en adelante, agregando a ello una actitud de mala fe al no completar dicha prueba con la ya ofrecida en las otras dos causas judiciales -ampliaciones de contratos- y en contra de las impugnaciones de liquidaciones efectuadas, en las que el mismo Banco manifiesta que previo al pago de los honorarios, por no estar condenado en costas, debe ser intimado para ser constituido en mora, sin efectuar ninguna reserva respecto al pago de honorarios por considerar que la situación se enmarcaba en lo dispuesto por el art. 2 de la ley 2200. Puntualiza que si el criterio hubiera sido el que ahora afirma la entidad bancaria fundamentándose en la nota del 17/12/02, en las prórrogas de dichos contratos, que son posteriores a la Resolución N° 307/02, se hubiera incluido, dentro de las obligaciones contractuales, las causas civiles que no estuvieran vinculadas a las causas penales, cuestión que en ningún momento se planteó. Analiza que si la idea de las autoridades bancarias era la aplicación estricta de la Resolución N° 307/02, se hubieran adecuado los poderes que se le habían otorgado al sistema de cobro que decía dicho decisorio, lo que nunca se realizó, incumpliéndose también con lo dispuesto por su art. 3°, ap. c). Destaca que ante la oposición planteada por su parte la Resolución N° 307/02 no fue cumplida ni aplicada por el Banco y, consecuente con ese criterio, se renovaron los contratos de locación de obra hasta febrero de 2004 en las mismas condiciones que el celebrado hasta el 31/12/02, incrementándose exclusivamente el monto en razón del asesoramiento que debían prestar los abogados a su cargo en razón del agregado de la cláusula séptima. Puntualiza que en la cláusula primera de los contratos mencionados se establecen con precisión los trabajos comprendidos en la locación suscripta, apartados que en ningún momento hacen referencia a causas judiciales que no sean de carácter penal que se le encomienden. Resalta que en ningún momento se incluyen otras acciones civiles que las que deriven de causas penales, porque esas eran por las que el Banco pagaba una remuneración fija mensual, amén de las otras tareas ya mencionadas. Analiza el contenido de los sucesivos contratos celebrados. Sostiene que el Banco le encomendó una serie de causas civiles, no derivadas y totalmente independientes de las causas penales, que no se encontraban incluidas en el contrato firmado por las partes, tales como causas laborales o de cobranzas de créditos otorgados o de verificación de créditos, por lo que nade impide ni impidió que perciba los honorarios de dichos juicios al Banco en caso de resultar insolventes los terceros demandado y a cuyo cargo se encontrasen las costas del juicio, o cuando resultare el Banco quien tenía a cargo las mismas. Cita jurisprudencia. Invoca lo dispuesto por el art. 3 de la ley 2212 y los arts. 1627 y 1139 del C.C. Señala que las cláusulas contractuales que establezcan una limitación a la aplicación del art. 2 de la ley 2200 deben ser expresas (art. 874, CC). Individualiza antecedentes locales que avalan su posición. Peticiona se dicte sentencia rechazándose el recurso de apelación impetrado pro el Banco del Chubut S.A., con costas.------------------------------------------------------------------------- --------------------------- - IV.- El Sentenciante de Grado dio un fundamento expreso, claro y lógico que permite inferir sin esfuerzo el camino intelectual seguido. Dicho fundamento fue precisamente que los honorarios cuya ejecución se persigue en el expediente en trámite exceden el marco de los contratos de locación de obra en los que la parte apelante funda su defensa, marco éste, y no otro, en el que resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 2 del ordenamiento arancelario.-------------------------------------------------------------------- --------- - Asimismo, en el análisis del primero de los agravios vertidos, resulta pertinente destacar -tal como reiteradamente se ha sostenido- que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan sólo aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (conf. arg. art. 386 del Código Procesal y véase C.S. en RED 18-780, sum. 29;CNCiv .Sala "D" en RED 20-B-1040, sum. 74; CNCiv. y Com. Fed. , sala I, E.D. 115-677; CNCom., Sala "C" en RED 20-B-1040, sum. 73; SC, Bs.As. en E.D. 105-173, entre otras), y el argumento dado por el a quo, acertado o no, por sí solo resultaba suficiente.----------------------------------------------------------------<#LIN E> - Es que, si bien en el sub examine quizás hubiera resultado deseable que el a quo efectuara un análisis más detallado de las defensas planteadas, tal circunstancia no obsta a que la sentencia se encuentre debidamente motivada. Asimismo lo limitado del análisis efectuado por el Juez de Grado determina también la suficiencia de los agravios vertidos, aún cuando en gran medida importan insistir en planteos formulados por ante el Sentenciante de Grado.-------------------------------------------------------------------------- -- - Ello así, ingresando al análisis de los agravios vertidos y la respuesta dada a los mismos, cabe señalar que no obstante la rigurosidad de lo dispuesto por el art. 507 del CPCC, cuando dicha norma menciona que las excepciones deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo, tiene por principal sustento preservar los efectos de la cosa juzgada, impidiendo que durante la ejecución de las sentencias alguna de las partes pretenda introducir defensas que debió oponer en la etapa pertinente o renovar cuestiones ya resueltas (Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial Prov. de Bs. As. y de La Nación", Comentados y Anotados, Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, T. VI-A, pág. 144). Tal es la regla básica, pero ella no puede ser considerada absoluta ni aplicada con criterio ritualista. La exigencia del art. 507 debe ser entendida en un contexto de razonabilidad y dentro del marco de la finalidad del precepto (Elena I. Highton, Beatriz A. Areán, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2008, t. 9, pág. 112 y ssgts.).--------------------- - Y, en el particularísimo supuesto bajo examen la parte apelante no se encontraba obligada a plantear la cuestión introducida en una etapa previa del proceso ni la misma fue objeto de alguna resolución anterior, lo que habilita a su actual tratamiento, aún cuando para así hacerlo deba este Tribunal analizar documentos anteriores a la sentencia que regulara honorarios.--------------------------------------------------------------------- ---------- - En tal sentido, la defensa opuesta por la parte ejecutada apelante se centra en la aplicación de lo dispuesto por el art. 2 de la ley arancelaria al vínculo que uniera el ejecutante con el Banco ejecutado y respecto de la regulación de honorarios que se pretende ejecutar.----------------------------------------------------------------------- ---------------- - Tal pretensión, a la luz de los agravios vertidos, exige delimitar en primer lugar lo exigido por el art. 2 de la ley 2200 para que el mismo resulte operativo.---------------------- - El propósito del art. 2° de la ley 2200 apunta inicialmente a vedar la aplicación del arancel, respecto de su cliente, para todos aquellos profesionales que se encuentran en relación de dependencia con él. La restricción se extiende a los letrados que, aun cuando se desempeñen de manera autónoma y carezcan de relación de dependencia, perciben un honorario fijo (en su monto) o periódico (en su liquidación), o gocen de una asignación global (éste es el caso de los abonos) para atender las causas de su cliente (C. E. Ure, Oscar G. Finkelberg, "Honorarios de los Profesionales del Derecho", LexisNexis, Buenos Aires, 2004, pág. 16).---------------------------------------------------------------------------- ------ - Por las especiales consecuencias de la regla plasmada en este artículo, que en definitiva veda a los abogados el cobro de cualquier suma contra su parte, el criterio de aplicación ha sido siempre de prudente cautela, debiendo estarse siempre, en caso de duda, a favor de que no se lo haga valer. El riesgo estriba en que en caso de que las costas del proceso sean distribuidas por su orden, o las deba soportar el propio cliente, el profesional que realizó una tarea tal vez enjundiosa y de varios años, pueda verse privado de toda recompensa. Es por ello que para arribar a una determinación de este tipo, se lo debe hacer siempre con un cien por cien de seguridad en cuanto al encuadre normativo y fáctico adoptado.----------------------------------------------------------------------- ---------------- - El temperamento interpretativo descripto se apoya no sólo en el principio genérico consagrado por el art. 9°, ley 20.744, que viene a establecer en síntesis que en situaciones de duda debe estarse siempre a favor de quien hizo la tarea, sino también en la cláusula del art. 14 bis, CN, que establece que "el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes" (C. E. Ure, Oscar G. Finkelberg, Op. Cit., pág. 16 y ssgts.). - La jurisprudencia ha entendido que la interpretación del art. 2 del ordenamiento arancelario debe ser restrictiva, pues podría llegar a constituir una renuncia de derechos, y verse afectado el derecho de propiedad si se negase el cobro de la justa retribución por el desarrollo de la labor profesional del abogado con asignación fija o en relación de dependencia. En igual sentido ha señalado que dicha norma debe ser interpretada restrictivamente, pues admitir lo contrario podría implicar una renuncia de derechos, por lo que la prueba tendiente a la exclusión del derecho a percibir honorarios debe ser concluyente (Digesto Práctico La Ley, "Honorarios", sums. 1401 y 1403).------------------- - Y, la prueba de esta causal de excepción corre por cuenta de quien la invoca.----------- - En tal sentido, el Banco ejecutado acompañó como prueba documental en sustento de su pretensión las constancias que en orden cronológico a continuación se detallan: 1) contrato de locación de obra de fs. 37, celebrado el 21/06/02, entre el Banco del Chubut S.A. y el Dr. C. Francisco C., con vigencia desde el 21/06/02 y hasta el 31/12/02, cuya cláusula primera textualmente indica: "... El BANCO contrata los servicios profesionales de abogado del LOCADOR para desarrollar las siguientes tareas: a) Representar al BANCO como querellante en las causas penales que se le indiquen y eventualmente ejercitar la acción civil tanto en sede penal como en sede civil. b) Producir informes legales, dictámenes y análisis sobre los temas que indique la Presidencia del Banco o su Directorio. c) Preparar y proponer programas de reorganización y contralor de todo el sistema de asistencia legal del Banco conjuntamente con el responsable de la Asesoría Legal de Casa Matriz. d) Participar en las investigaciones internas que se le indiquen. Dicho contrato en su cláusula segunda habilitaba a su prórroga por parte del Banco de acuerdo a las necesidades de concluir las tareas encomendadas y en su cláusula tercera convenía como retribución de la locación contratada una suma mensual de $ 2.500. Finalmente aclaraba que la vinculación no implicaba relación de dependencia, obligación de concurrencia, ni carga horaria. 2) Resolución de Directorio N° 307/02, de fecha 05/12/02 (fs. 48/53), que delimita las funciones de la Asesoría Letrada de la Casa Central del Banco, propone un procedimiento para el cobro de honorarios, dispone labores a cargo de los abogados apoderados ajenos a la entidad, establece que los letrados que actúen en representación del Banco no tendrán derecho alguno al cobro de honorarios contra la entidad financiera poderdante y obliga a los mismos a efectuar un examen previo de la documentación previo al inicio de las demandas judiciales. 3) Nota del 17/12/02 (fs. 26/27) mediante la cual el Dr. C. solicita que se analice que la renovación contractual a partir del mes de enero de 2003 se efectúe por la suma de $ 4.500 mensuales, funda su solicitud en que la Resolución de Directorio N° 307/02 obliga a los profesionales a concurrir diariamente a las sucursales y atender a las consultas verbales y escritas que se les planteen, ampliando las obligaciones previstas. 4) Acta de Directorio Número 212 (fs. 21/25), del 19/12/02, cuyo punto 5to. del orden del día textualmente resuelve: ". aprobar el monto de $ 1.500- de aumento con las siguientes condiciones: a) la firma de contratos propuestos por parte de todos los letrados que actúan junto al Dr. C.; b) Plazos por contrato, mínimo un (1) año c) Locación de obra .". 5) Acta de Directorio Número 213 (fs. 28/34), del 30/12/02, cuyo pto. 40 del orden del día textualmente reza: ". Se pone a consideración el punto cuarenta del Orden del Día relacionado a renovación del contrato con el Dr. C.. Se resuelve su renovación a partir del 01-01-03 en los términos definidos en el Acta 212.".------------------------------- - Hasta aquí la documentación acompañada por el Banco excepcionante y en la que fundó sus defensas.----------------------------------------------------------------------- -------------- - Corrido traslado al ejecutante de las excepciones opuestas, el Dr. C., al contestar las defensas introducidas, acompaña los contratos de locación de obra celebrados con posterioridad a las resoluciones previamente individualizadas. Y si bien asiste razón al presentante de fs. 164/171 en que esta última documentación no fue acompañada por la parte ejecutada al deducir sus defensas, incorporada la misma al proceso se encuentra plenamente habilitado su análisis tanto por la parte apelante como por este Tribunal.------- - El contrato de locación de obra celebrado con posterioridad a la Resolución de Directorio N° 307/02 y a las Actas de Directorio N° 212 y 213, con vigencia por doce meses a partir del 01/01/03 y en el que las partes convienen como retribución de la locación contratada una suma mensual de $ 4.000, es análogo al que en primer término vinculara al Dr. C. con la institución bancaria apelante. La cláusula primera es idéntica en su contenido y delimita su intervención, en sede judicial, a ". Representar al BANCO como querellante en las causas penales que se le indiquen y eventualmente ejercitar la acción civil tanto en sede penal como en sede civil .". La única diferencia con la anterior contratación radica en la incorporación de la cláusula séptima, la que establece: ". El locador en cumplimiento de la obra, prestará asesoramiento legal directamente a las sucursales: Rawson, Trelew, Puerto Madryn y Gaiman, pudiendo delegar tareas en los profesionales citados en su propuesta, aun cuando las mismas serán de su exclusiva responsabilidad y los mencionados profesionales no tendrán ninguna relación con el BANCO ." (ver fs. 79/80). Contrato éste último luego en idénticos términos prorrogado por 60 días a partir del 01/01/04 (ver fs. 81).------------------------------ - Esto es, allende que la voluntad expresada por el Directorio del Banco demandado fuera otra, lo cierto es que dicha entidad bancaria apelante en el "contrato de locación" de obra celebrado con posterioridad a la resolución y actas de directorio individualizadas y que luego fue prorrogado, pudiendo y debiendo hacerlo de conformidad con la decisión interna emitida por dicha institución, no incluyó como actividad profesional comprendida dentro de la retribución de la locación contratada, la representación judicial en causas diferentes a las penales -en las que se le encomendaba intervenir en el carácter de querellante- y las acciones civiles de ellas derivadas.--------------------------------------------- - Y, tal circunstancia resulta determinante a los fines de resolver el caso de marras.----- - Es que, el art. 2 en análisis prevé expresamente que el mismo no resultará de aplicación respecto de los asuntos cuya materia fuera ajena a aquella relación. No basta la demostración de que los profesionales que hayan actuado para su cliente con una asignación fija, periódica o por un monto global o, para tornar aplicable el art. 2 del ordenamiento arancelario, sino que se requiere inexcusablemente que aquélla haya comprendido, dentro del sueldo asignado, las tareas profesionales que, en la dirección letrada de procesos, pudiera realizar el empleado en beneficio de la empleadora (conf. Digesto Práctico La Ley, "Honorarios", sum. 1402).--------------------------------------------- - En tal sentido, analizada la totalidad de la prueba aportada a la luz de su criterio de aplicación, este Tribunal entiende que no resulta de aplicación la regla prohibitiva establecida por el art. 2 del ordenamiento arancelario, sino que los honorarios cuya ejecución se persigue deben ser encuadrados dentro de la excepción que la misma norma contempla a su aplicación -asuntos cuya materia fuera ajena a aquella relación-, por lo que ha de confirmarse la sentencia de fs. 153/154.------------------------------------------------ - En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew RESUELVE:----------------------------------------------------------------------- ------------ - CONFIRMAR la sentencia de fs. 153/154.---------------------------------------------------- - IMPONER las costas de Alzada a la parte apelante vencida (art. 558, CPCC), regulando los honorarios correspondientes al Dr. C. C., en mérito a la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida y al resultado obtenido, en un 30 % de los que a su favor fueran establecidos por su actuación en la instancia antecedente, sin regular honorarios a favor de los Dres. M. L. G. y F. E. D. P. en virtud de las razones dadas por el Juez de Grado, las que fueran consentidas por los representantes letrados de la parte apelante (arts. 2 y 14, ley 2.200 y modif).----------------- - La presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Aldo Luis De Cunto (art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550).----------------------------- - Regístrese, notifíquese y devuélvase.----------------------------------------------------------- REGISTRADA BAJO EL Nº 71 DE 2009 - SIC.- CONSTE.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA