Delitos contra la humanidad, desaparecidos, privación ilegal de la libertad, actividades subversivas, obediencia debida, imprescriptibilidad de la acción penal, deber de imparcialidad, testimonio incorporado por lectura
Materia: PENAL
Carátula: Pla, Carlos Esteban y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-02

Los delitos imputados pueden ser considerados crímenes contra la humanidad porque atentan contra el derecho de gentes tal como lo prescribe el art. 118 CN. No puede tener favorable acogida el argumento dirigido a la violación al principio de legalidad pues a la época de los hechos los delitos imputados se encontraban claramente prohibidos como crímenes de lesa humanidad y de ello deriva su imprescriptibilidad. En virtud de lo dispuesto en el fallo CS "Simón" son inaplicables las leyes de obediencia debida y punto final. Por su naturaleza de orden público, resultan aplicables las disposiciones del CPPN, y no la ley 2372 vigente a la época de los hechos. Si en la causa no se investiga el delito del art. 293 CP, respecto del cual se dictara sobreseimiento, no existe violación a la garantía del ne bis in idem o a la cosa juzgada. Aunque estuviera probado que uno de los imputados hubiera detenido al padre del magistrado, ese mero hecho no constituye de por sí una causal externa que permita dudar de su imparcialidad. La mera invocación de que el magistrado hubiera participado en la causa cumpliendo funciones como secretario de fiscalía, no basta para abrigar dudas de su imparcialidad, sino que debe explicarse de qué modo ello incidió en su objetividad. Debe rechazarse la recusación formulada contra quien, habiendo actuado como defensor público en juicios por la verdad, actuó como juez sustituto, sin haber participado de las deliberaciones ni firmado la sentencia. No corresponde hacer lugar a la nulidad de la incorporación de prueba testimonial si no se señala en qué medida se afectó el derecho de defensa del imputado. La incorporación por lectura de la declaración del testigo fallecido que pudo ser previamente interrogado por la defensa no transgrede el derecho constitucional a interrogar a los testigos. Una supuesta falta de notificación de la realización del sorteo del orden de votación no determina que el sorteo no se haya realizado ni tampoco la nulidad del fallo. Está debidamente acreditada la responsabilidad del Sub-Jefe Capitán de la Policía de San Luis, quien participaba íntimamente de los procedimientos relativos a la "lucha contra la subversión" si surge de plurales elementos probatorios que fueron sus subordinados quienes, cumpliendo sus órdenes, secuestraron a la víctima, quien se demostró que fuera ultimada por el imputado. Deben rechazarse los agravios de la defensa si el imputado, en su carácter de Comandante de CA 141, era el Jefe supremo, autoridad militar máxima en la provincia de San Luis en la denominada lucha contra la subversión, oficial entrenado en Inteligencia y que, según sus propios dichos, operaba como "desdoblador" de órdenes, es decir, las particularizaba en acciones concretas y sobre individuos precisos. Si bien la atribución de responsabilidad penal en los hechos bajo el título de autoría mediata exige cierto grado de jerarquía, no ocurre lo mismo con la atribución como coautor directo, pues toda persona, aunque no goce de jerarquía alguna, puede cometer de propia mano los delitos imputados. De ninguna manera la defensa basada en la obediencia a órdenes superiores puede exculpar la comisión de hechos atroces o aberrantes. El hecho de que no pueda afirmarse con certeza que el imputado haya sido seleccionado por alguna característica de su personalidad ni que no haya resistido al cambio de destino dentro de la fuerza, o la circunstancia de que el encartado no fuera sindicado por todos los testigos, no conmueve el contundente plexo probatorio sobre el que se basó la condena. No cabe avalar la hipótesis de desconocimiento por parte del imputado, pues la generalización y sistematización del ataque impedía que alguien que formara parte de la fuerza que lo impetraba, lo desconociera o que, al menos, se representara la posibilidad de su existencia. No se responsabiliza al autor mediato por la posesión de un cargo, sino que se le achaca haber participado en la cadena de mando que diera origen a una orden que sería indefectiblemente cumplida. El agravio del imputado, que gozaba del beneficio del arresto domiciliario, contra la condena que dispuso su cumplimiento en una cárcel común, debe ser resuelto por el juez de ejecución, quien es el competente para resolver las cuestiones relativas a la ejecución de la pena. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda).