marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho administrativo, derechos de incidencia colectiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SUMARIO LEY 10000- - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 176-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

Los intereses difusos se diferencian de los colectivos porque éstos son intereses de categoría que, precisamente, por eso, se imputan a los grupos o asociaciones portadoras de los mismos. La diferenciación, entonces, no surge de la organización de los intereses que, incluso, puede estar presente, aunque no necesariamente, en la persecución de los primeros, como surge indubitablemente de las disposiciones del artículo 5 de la Ley 10000. En definitiva, el criterio distintivo está dado por el carácter "corporativo" de los intereses colectivos que no aparece en los difusos toda vez que éstos pertenecen a una pluralidad indeterminada de sujetos, razón por la cual no tienen titulares concretos individualizados por las normas, razón por la que, algún sector doctrinario, los considere anónimos o sin titular (adéspoti, de los italianos). De allí que no constituyan una categoría o grupo homogéneo dado que prescinden de la titularidad, en los sujetos portadores, de relaciones jurídicas comunes a una pluralidad de consocios o que tengan de algún modo elementos de vinculación en la identidad del interés perseguido.
Locación de inmuebles, ejecución de alquileres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MONTENEGRO DE GODOY PAULINA c/ MEDINA TRINITARIO s/ DESALOJO Y COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-11

Resulta ajustado a derecho no hacer lugar al cobro de alquileres cuyo valor convencional no ha sido acreditado, ni se ha determinado judicialmente.
Interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, acusación fiscal, declaración de rebeldía, ampliación de la declaración indagatoria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ASSAD, J.A. s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION    SECUELA DE JUICIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-09

I. No pueden dejarse a un lado los actos netamente interruptivos de la prescripción por estar directamente dirigidos contra el acusado. En este sentido, la acusación Fiscal ocurrida el mismo día en que la acción pudo haber prescripto, interrumpió su curso al producirse en el horario judicial, o sea, antes de que terminara ese día.

II. No puede considerarse secuela de juicio la declaración de rebeldía de la acusada, ni tampoco las ampliaciones de su indagatoria, posteriores a su comparecencia, puesto que, tales actos no constituyen actuaciones de persecución en juicio. Los actos de secuela de juicio deben ser de estructura y de dinámica procesal y, por tanto, actos fundamentales de apertura e impulso de la instancia contradictoria, o sea, actos que exterioricen la potestad jurisdiccional de juzgar, incluyéndose entre estos el auto de apertura a prueba, aunque el Fiscal no produzca ninguna y el llamado de autos para sentencia.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ranieri, Salvador y otros s/ cuestión de competencia por inhibitoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-13

Las cuestiones de competencia entre tribunales de distinta jurisdicción deben ser resueltas por aplicación de las normas nacionales de procedimientos.
Inconstitucionalidad, regímenes jubilatorios especiales, ingenieros, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Boese, Irene c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Prov. de Bs. As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-17

La declaración de inconstitucionalidad del art. 48 de la 5920 tiene el claro sentido de que se remueva el obstáculo legal que impedía el otorgamiento del beneficio de pensión en el caso concreto.
Juicio, partes, legitimación procesal, interés legítimo, martillero, matrícula profesional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: TRONCOSO, CLAUDIO R s/ INSCRIPCION INDEBIDA.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 284-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-17

El actor, martillero público, es titular de un verdadero interés jurídico que lo legitima como parte para actuar en una causa donde se impugna jurisdiccionalmente una resolución dictada por el colegio de martilleros, por la cual se suspende en la matrícula a otro martillero, atento que con la exclusión de ese profesional de la matrícula respectiva, aumentarían las posibilidades de aquél en orden a la asignación de remates y otras tareas propias de la profesión.
Delitos contra la humanidad, principio de legalidad, ius cogens, derecho de gentes
Materia: PENAL
Carátula: Estrella, Luis Fernando; Menéndez, Luciano Benjamín; Vera, Domingo Benito s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

La calificación de los delitos de privación de libertad y homicidios como crímenes de lesa humanidad no vulnera el principio de legalidad -requisito de ley previa- atento esta categoría de crímenes pertenecía a nuestro derecho al momento de comisión de tales hechos, considerando además que la Corte Suprema entendió que reconocer la existencia de los mismos con base en normas imperativas del derecho internacional no contractual no implicaba la violación a la ley escrita, sumado a que ellos se encontraban contemplados en numerosos instrumentos internacionales regionales y universales con carácter de derecho universalmente válido-ius cogens- y atentan contra el derecho de gentes -artículo 118 de la Constitución Nacional-.(del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Multa, sustitución de la multa, detención, Pacto Federal del Trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Min.Trabajo c/ Subell E.Peña y Cia. SA. s/ Sum.M.T.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-21

Habiendo desaparecido la sanción de conversión en arresto en los procesos sumarios de multas, a partir de la ley 25.212, y sumado a ello el criterio de la CSJN. en el caso "Ministerio de Trabajo c/Estés S.A." de fecha 14/6/01, en el sentido de que debe aplicarse el juego de la ley penal más benigna: entre la conversión de multa en arresto o la ejecución fiscal, resulta entonces inaplicable en lo sucesivo la primera de las sanciones.
Juicio de desalojo, falta de pago
Materia: CIVIL
Carátula: Sucesores de David Judchak y sucesores de Ida Resch de Judchak c/ Asociación de Trabajadores del Estado s/ Recupero de inmueble. Sucesores de David Judchak y sucesores de Ida Resch de Judchak c/ Asociación de Trabajadores del Estado s/ Recupero de inmueble.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-10-29|1996-10-29

Si bien la accionante con posterioridad a la fecha de incoar demanda de desalojo por la causal de falta de pago, denuncia el abandono del inmueble peticionando a la vez, la toma de posesión provisoria del mismo, lo que es admitido por el a-quo, ello no puede tener la virtualidad de obstar a que la acción de desalojo se tramite por la causal alegada por el actor.
Relación de dependencia, oportunidad procesal, trabajador, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Quirico, René Rolando c/ Transporte Chaco S.R.L. y/o quien resulte responsable s/ Haberes caídos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-11-14

Le corresponde al trabajador impugnar la documental cuando es presentada o cuando es exhibida por la empleadora, con el argumento de haberla suscrito en blanco, en cuyo caso le corresponde asumir la carga de probar la insinceridad del contenido. Valor entendido, que dicha impugnación debe ser efectuada en el momento oportuno, desde que su omisión técnicamente constituye un límite al ejercicio de un derecho subjetivo de carácter procesal, puesto que elementales principios derivados de la buena fe y, particularmente, de la exigencia de observar dentro del tráfico jurídico un comportamiento coherente, impiden hacerlo en lo sucesivo. La seguridad jurídica se resentiría gravemente si fuera posible que pudiera lograr tutela judicial la conducta de aquella parte que oportunamente no se expide impugnando la sinceridad del contenido de una documentación laboral que le es opuesta, pretende luego cancelar la consecuencia que de la aplicación de la misma deriva.
Delitos contra la integridad sexual, abuso sexual calificado por acceso carnal, delito penal, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: L., J. s/ Abuso sexual con acceso carnal (Expte Nº  98-02, Resolución Nº  52,  Tomo 8, Folio 410)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-27

Siendo palmario que la fórmula típica ha cambiado, y que lo que antes era "acceso carnal" ahora es "acceso carnal por cualquier vía", tal modificación de la fórmula legal exige encontrar algún sentido al cambio, puesto que sería realmente extraordinario y hasta insólito, que variando la formulación típica ello no tenga ninguna repercusión dogmática. Estoy de acuerdo con la inmensa mayoría de la doctrina cuando criticando a la reforma señala que pudo ser mucho más clara en sus enunciados, y que pudo decir con precisión cuáles debían ser las vías de penetración sexual consideradas, mas, porque no lo haya hecho no puedo coincidir en que nada ha cambiado. Me parece incluso que una conclusión de tal índole vulneraría hasta el propio principio de legalidad al dejar sin sentido palabras de la ley. Si antes se expresaba "acceso carnal" y ahora "acceso carnal por cualquier vía", es a mi juicio incontrovertible que se ha ampliado el espectro de posibilidades del aludido acceso, a lo que agrego que, teniendo en cuenta que tal ampliación no puede juzgarse encaminada a abarcar la penetración por vía rectal, puesto que ella ya estaba incluida -recuerdo la referencia al hombre como sujeto pasivo del acceso-, parece inevitable la conclusión de que las nuevas vías de penetración incluidas, solo pueden ser la boca y los otros orificios -naturales o no- del cuerpo humano.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Rivadavia Televisión  S.A. c/ Estado Nacional. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

A los efectos del recurso ordinario de apelación, lo referente a la aplicación y monto de las costas es cuestión autónoma en cada una de las instancias.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Fontecha, Alfredo Víctor y otros. c/ Círculo Médico de Morón s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-09

La imposición de costas es, como regla, facultad privativa de los jueces de grado, siendo inatendible en la instancia extraordinaria el planteamiento relativo a su distribución por la parte que indiscutiblemente resultó vencida, máxime que omite el interesado la necesaria denuncia de las normas aplicadas en el fallo.
Recurso de casación, providencia simple
Materia: PROCESAL
Carátula: BARBOSA CARLOS LUJAN c/ ARBUMASA S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-08-22

No revisten el carácter de definitivo aquellas resoluciones que, dictadas durante el transcurso del proceso en forma de providencias simples o de sentencias interlocutorias, no descartan la posibilidad de que un pronunciamiento posterior torne innecesaria la intervención de la Corte Suprema en la causa, aún cuando se invoque la garantía constitucional de al defensa en juicio por cuanto la posibilidad de que la sentencia final de la causa rechace la demanda incoada y por ende, disipe los agravios que el recurrente invoca, torna improcedente -por prematuro- su tratamiento, resultando clara entonces la hipótesis que los actuados puedan retornar a conocimiento de este Alto Cuerpo por vía del recurso extraordinario provincial de casación, contra la sentencia que cierre el caso.
Convertibilidad, intereses, tasas de interés, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garay, Juan Carlos c/ Micro Omnibus Sur Sociedad Anónima Comercial y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

La determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 del Código Civil como consecuencia del régimen establecido por la ley 23.928 queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión.
Medicina prepaga, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, deber de asistencia médica, hospitales públicos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Policlínica Privada de Medicina y Cirugía S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ ASISTENCIA MEDICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Si la demandada no ha mencionado ley o norma concreta alguna que imponga a los servicios de medicina prepaga el mantenimiento de enfermos en terapia intensiva por períodos superiores a los fijados en los contratos de adhesión suscriptos con sus clientes, no es posible - siquiera con una interpretación amplia del espíritu de la ley 24.754 - entender que corresponda denegar la prestación de terapia intensiva en un nosocomio público, tal como hizo la comuna.
Abuso sexual, testimonio, defensa en juicio, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M., L.A. s/ Medida Cautelar de no innovar y Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en causa Nº 152/12 - M.L.A. - Abuso Sexual gravemente ultrajante
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-12-26

La Cámara en lo Penal encontró culpable y penalmente responsable al imputado y lo condenó a sufrir tres años y dos meses de prisión como autor del delito de Abuso sexual simple, en los términos del art. 119 1º párrafo del C.P.

En contra de lo así resuelto asistente técnico del imputado interpone recurso de casación.

No tienen fundamento los argumentos recursivos vinculados con la valoración del testimonio de la damnificada (segundo motivo de agravio). Opino de tal modo puesto que, contrariamente a lo que dice el recurrente, en su declaración en el debate la persona menor de edad damnificada sí relató los tocamientos inverecundos que sufrió por obra del imputado M. y que son objeto de la condena dictada y así surge sin dejar lugar a duda alguna de la reseña efectuada en la sentencia.

Por ello, aunque el acta de debate no da cuenta de todo el relato de la damnificada -lo que no contradice norma legal alguna- y sólo contiene las constancias pedidas por las partes, no cabe razonablemente admitir o sospechar que un tribunal de justicia, y menos aún un tribunal colegiado, haya adoptado prácticas como las siguientes y que el recurrente le atribuye a los sumariantes: "escriben lo que se le ocurre de acuerdo a la interpretación que van efectuando de los pasajes que relata el deponente y no lo que éste realmente dice (.) ".

Por ello, y en tanto no ha sido redargüida de falsedad, corresponde atender a la referida reseña en la sentencia y, de conformidad con ella, concluir que el pronunciamiento condenatorio se encuentra debidamente fundado en el testimonio prestado por la damnificada en el debate, también con relación a la exhibición del pene.

Según opino, ello torna irrelevante la discusión que propone el recurrente con relación a la omisión en la sentencia de referencia a las constancias efectuadas en el acta de debate a pedido de las partes, vinculadas con rectificaciones o aclaraciones sobre el testimonio de la damnificada prestado en la etapa de investigación de la causa y efectuadas por ésta en el debate.

Por ende, en tanto más que con la prestada en la etapa de investigación, el fundamento de la sentencia se vincula con la declaración de la damnificada en el juicio, la crítica del recurrente con relación a la validez de la primera declaración de la damnificada carece de entidad a los fines de enervar la certeza afirmada en la sentencia como fundamento de la condena dictada y ello, en honor a la brevedad, exime del tratamiento de la cuestión. Por ello, en tanto el recurrente no demuestra la restricción que alega al derecho de audiencia y de prueba, ni pone de manifiesto vulneración alguna al derecho de defensa en juicio, sus agravios sobre el punto no son de recibo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba, ley procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRANCO, DANTE ALEJANDRO ISMAEL c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-22

La presente impugnación no ha de prosperar, por cuanto aun cuando la recurrente alega afectación a mandas constitucionales y endilga arbitrariedad al fallo de la Alzada que confirmó la decisión de primera instancia de rechazar el planteo de extemporaneidad de la prueba ofrecida por el Ministerio Público de la Acusación y la tuvo por admitida, de su desarrollo argumental en confrontación con el pronunciamiento atacado, surge tan sólo la mera disconformidad de aquélla con la solución dada por los Jueces de la causa que -en ejercicio de funciones propias y en el marco de sus facultades- expusieron las razones a partir de las cuales cabía sostener la no perentoriedad del plazo previsto por el artículo 299 del Código Procesal Penal, así como los motivos por los que debía admitirse la prueba ofrecida por la Fiscal y, en consecuencia, rechazar el sobreseimiento pretendido por la defensa. (De los fundamentos del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 299
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GRASSO DE BOETSCH, A. c/ MOYANO DE VOLANT s/ APELACION - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-06-06

En materia de actividad probatoria, rige el principio de la carga procesal, en virtud del cual el que alega un hecho desconocido por la contraria debe probarlo. La carga de probar, entendida procesalmente como una conducta impuesta a uno o ambos litigantes para acreditar la verdad de los hechos enunciados por ellos, no importa una obligación, sino un imperativo del propio interés del litigante, cuyo incumplimiento traer a aparejado el riesgo de perder el pleito al no ser estimadas sus afirmaciones. El litigante es libre de probar o no, sin otra consecuencia en caso de no hacerlo, que la de perder la ventaja que le podría haber aparejado el cumplimiento eficaz de tal carga. Si frente al comparendo se pretende sostener la invalidez del mismo, no le corresponde al firmante, que niega, probar el carácter de su firma sino por el contrario, es a cargo del impugnante el demostrarla.

Las reglas distributivas del onus probandi sólo funcionan en ausencia de pruebas, pues su finalidad no es determinar quien debe probar sino quien debe sufrir las consecuencias de la falta de pruebas. Cuando estas existan, aquellas reglas se vuelven irrelevantes, porque el Juez utilizar a las pruebas si le son útiles con total abstracción de la parte que las haya aportado. El onus probandi corresponde a quien afirma y no a quien niega.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G.G.J. c/ T. DE G.P. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-18

El Juez no está habilitado para crear apercibimientos que no están en el ordenamiento legal vigente, pues de lo contrario se podría entrar en un muy peligroso campo de sanciones que no reconocerían su fuente en norma anterior al hecho que sanciona y consecuentemente en muy clara violación del art. 18 de la Constitución Nacional.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, partida de nacimiento, filiación matrimonial, patria potestad, personería, falta de acción, falta de personería, prueba del nacimiento, verdad jurídica objetiva, mayoría de edad, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: GOMEZ, Angel por su hijo menor Santiago GOMEZ c/ Celestino    Rogelio   PUCHETA  y/o  quien  mas  resulte  propietario s/ FALTA  DE ACCION - FALTA DE PERSONERIA - PATRIA POTESTAD - PARTIDA DE  NACIMIENTO - VERDAD JURIDICA OBJETIVA - MAYORIA DE EDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-19

Es descalificable la sentencia que rechazó la demanda por no haber acreditado oportunamente el representante necesario del actor su calidad de padre del menor, si de las constancias de autos surge que aquél acompaÑó la partida de nacimiento que acreditaba a ese momento su mayoría de edad y el vínculo familiar cuestionado por la contraparte. Ello es así, pues la Cámara -que consideró que la cuestión planteada se vinculaba con la falta de acción del padre y no con su ausencia de personería, e hizo lugar a la defensa por entender que dicho documento había sido agregado extemporáneamente- prescindió por razones formales del instrumento que constituye la prueba de aquel vínculo, configurándose un supuesto de aplicación mecánica de las normas adjetivas y una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva, lo cual implica un exceso ritual manifiesto, que resulta incompatible con el adecuado servicio de justicia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional, máxime en el caso en el que la representación necesaria había dejado de ser tal en virtud de haber alcanzado el menor su mayoría de edad.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, responsabilidad indirecta
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Blanca Rosa ARIAS s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  SENTENCIA  ARBITRARIA -  DEFECTOS  EN LA FUNDAMENTACION NORMATIVA - RESPONSABILIDAD  INDIRECTA  - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-11

Los agravios relativos a la interpretación y aplicación del art.

1113 del Código Civil conducen al examen de temas de hecho, prueba y derecho común, ajenos al recurso extraordinario.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ARTUSSO NORMANDO NELO JESUS s/ SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-10

Carece de motivación la sentencia que no proporciona los elementos de juicio para el control de la fundamentación de la misma.

La remisión a otra causa sin expresar aunque fuera escuetamente, las razones que la sustentan no satisface el requisito de la fundamentación exigido por la ley (C.P.P., art. 417 inc. 4to.).

A lo expuesto no es óbice el hecho de que se señale que la desproporción entre lo pedido y lo mandado a pagar obliga a distribuir las costas en la proporción efectuada con arreglo a las pautas de los arts. 572 y 573 C.P.P. pues este elemento de juicio, en lugar de corroborar la proporción de la distribución correspondiente al porcentaje de culpas (en el caso 70% y 30%) permitiría concluir que esos porcentajes deben ser respetado en todo caso, disminuidos en favor del demandado civil.-
SOCIEDADES COMERCIALES, sociedad anónima, PARTICIPACION SOCIETARIA, distribución de dividendos, pago, intereses, acción de repetición, principios generales del Derecho
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Administración Nacional de la Seguridad Social c/ Grupo Clarin SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

Es decir, deben estar fundamentadas en medidas que guarden un aceptable grado de justificación, que pueden resultar de consideraciones económicas, financieras o patrimoniales, cuando no de principios técnicos que aconsejen la constitución de estas reservas (ver Verón, Alberto Víctor: "Sociedades Comerciales" T. 1, pág. 615, ed. Astrea, Bs. As., 1998).