Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2010-04-05


San Miguel de Tucumán, abril 5 de 2010.

El doctor Goane dijo:

I. La demandada en autos plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 22 de mayo de 2009, obrante a fs. 240/248 vta., por el cual se hace lugar a la acción de amparo deducida por los actores contra la Provincia de Tucumán. El recurso extraordinario local fue concedido por resolución del citado tribunal, el 26 de agosto de 2009 (cfr. fs. 270 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto por el artículo 751 (816) in fine del CPCC, aplicable, en esta instancia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 79 (89) del CPA.

II. Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, como tribunal para conocer y decidir del recurso extraordinario local, examinar su admisibilidad no obstante haber sido concedido, corresponde entonces considerar esta primera cuestión.

El recurso ha sido planteado tempestivamente; el pronunciamiento recurrido constituye sentencia definitiva ya que haciendo mérito de los fundamentos de la pretensión demandada la juzga procedente haciendo lugar al amparo; no corresponde efectuar depósito alguno (cfr. Código Procesal Constitucional, artículos 24 y 31); el escrito se basta a sí mismo y se motiva en la alegada infracción de normas de derecho. En consecuencia resulta admisible; voto porque así se declare.

III. La parte demandada, para fundar su recurso de casación, sostiene que la sentencia en crisis cuyo considerando transcribe en forma parcial al hacer lugar a la acción de amparo declarando la inconstitucionalidad del artículo 13 inciso c) de la Ley 3470 modificada por la Ley 5665 que establece el tope máximo de edad para ingresar a la docencia, hace consideraciones teóricas con cita de doctrina, jurisprudencia y normas de Tratados Internacionales, sin abordar en concreto la cuestión debatida. Sobre el particular desarrolla los argumentos que, en lo pertinente y debidamente confrontados con los fundamentos que expone el Tribunal al respecto en el considerando de la sentencia en crisis y con las constancias obrantes en el proceso, paso de inmediato a ponderar al adentrarme en el examen de la procedencia del recurso en análisis.

IV. ¿Asiste razón a la recurrente? El tema central respecto del cual controvierten las partes es la constitucionalidad del artículo 13 inciso c) de la Ley 3470, modificada por Ley 5665, que establece la edad de 35 años como límite para el ingreso a la docencia.

Se trata de una reglamentación legal provincial del principio constitucional de igualdad ante la ley instituida como un requisito de idoneidad, ambos previstos en el artículo 16 de la Constitución Nacional (en adelante CN) como presupuesto esencial de admisión en los empleos públicos.

Resulta del caso destacar que la proposición normativa contenida en el artículo 16 de la CN se limita a la formulación genérica de los principios de igualdad ante la ley y de la idoneidad respecto a la admisión en los empleos públicos de todos los habitantes de la Nación. Serán las normativas infraconstitucionales las que, conforme a los peculiares caracteres que configuren los diversos "empleos públicos", determinan en qué consiste respectivamente aquella igualdad y los requisitos de idoneidad, distinguiendo situaciones y categorías que, objetivamente, resulten diferentes. Si tal distinción se realiza en base a datos o elementos inadecuados, surge inevitablemente la discriminación reprochable, lo que implica en los hechos hostilidad contra grupos de personas o individuos de esos grupos.

Sostiene Susana G. Cayuso (Constitución de la Nación Argentina, Comentada, La Ley, pág. 94), que a partir de la reforma constitucional de 1994 el diseño de la igualdad se ha complementado con la incorporación de una serie de normas que apuntan a garantizar ya no el derecho general a la igualdad, sino la igualdad fáctica mediante las denominadas acciones positivas a cargo del Estado. Se ha ampliado el alcance del derecho-garantía y lo explícito del mandato constituyente descalifica aquella pretensión de interpretación estrecha e insuficiente, según la cual la norma del artículo 16 de la CN no era otra cosa que la mera protección de la igualdad formal. Siendo ello así, el principio constitucional de la igualdad sólo puede ser satisfecho si se lo entiende necesariamente referido a la garantía de igualdad material.

Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con rango constitucional, que deben entenderse complementarios de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, diseñan el perfil de la igualdad, en los términos en que ha sido incorporada a los tratados al que se refiere el artículo 75 inciso 22). El principio general de igualdad se ve así definido en disposiciones que califican de discriminatorias y, por lo tanto, arbitrarias, actos o normas que establezcan diferencias por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional o social, económico o de nacimiento.

Tal especificación importa un condicionamiento expreso a los criterios de reglamentación de los derechos y acota la discrecionalidad de la decisión y su posterior control. El artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional contiene un mandato, configurado por un concepto jurídico indeterminado de igualdad, que compele al Estado como sujeto obligado a implementar una real igualdad de oportunidades, para alcanzar la igualdad fáctica, como un fin constitucionalmente legítimo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en forma reiterada que la ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias. Con ello evalúa si alguno de los integrantes de una determinada categoría normativa, se los excluye del goce de los derechos que se reconocen a otros.

Desde esta perspectiva, en el caso de autos, y en una primera aproximación parecería en principio, que el límite de edad constituye una pauta común y general de los regímenes docentes, lo que aventaría la sospecha de arbitrariedad pues no evidencia, aparentemente, ánimo persecutorio.

Sin embargo, las apariencias quedan desvirtuadas a partir de la salvedad contenida en el mismo artículo en la segunda parte del inciso que se analiza, en cuanto dispone que sin perjuicio del principio sentado, "podrán ingresar como titulares, interinos o suplentes aquellas personas que no obstante haber superado dicha edad, acrediten como mínimo cinco años de servicios docentes continuos o discontinuos en cualquier carácter y jurisdicción, siempre que la diferencia entre los años de edad y de servicios computados del aspirante no exceda los cuarenta años", lo que pone en evidencia la conculcación del principio de igualdad, habida cuenta el distinto tratamiento dado por la ley a la posibilidad de ingreso de los aspirantes mayores de 35 años, según tengan o no antigüedad en la docencia.

Se trata entonces de una discriminación jurídicamente reprochable desde el momento que prescinde del fundamento objetivo de la edad máxima para ser admitido al ingreso a la docencia, como requisito general de idoneidad, estableciendo una distinción irrazonable huérfana de una finalidad que la legitime, al instituir meramente un privilegio injustificado e indebido a favor de quienes acreditan antigüedad en la docencia.

Por otro lado, esto se vincula igualmente con la idoneidad para el desempeño de los empleos, exigido por el artículo 16 de la CN.

La jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Gottschau" (CSJN, 8/8/06, "Gottschau, Evelyn Patrizia c. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/Amparo", JA, 2006-IV-596, voto de la Dra. Highton de Nolasco y del Dr. Maqueda), ha determinado que la idoneidad supone un conjunto de requisitos de distinta naturaleza que pueden ser estatuido por ley o reglamento; no se trata de una cualidad abstracta sino concreta, que ha de ser juzgada con relación a la diversidad de las funciones y empleos, pauta cuya aplicación se impone bajo el principio rector del artículo 16 de la CN a favor del reconocimiento pleno de los derechos de todos los habitantes, incluido el ejercicio de su profesión.

Surge, pues, de manera evidente, la necesidad de reglamentar la idoneidad en función de las características propias de la índole de cada empleo. Adecuación que la normativa legal provincial en análisis no exhibe manifiestamente desde el momento que excluye, sin fundamento objetivo vinculado con la idoneidad para ser admitido a ingresar a la docencia estatal a quien, por la mera circunstancia de haber desempeñado con anterioridad a este ingreso cargos docentes por un período mínimo, no obstante que a tal momento ya supera la edad máxima que la misma normativa determinó ser un requisito general de idoneidad.

La disposición legal local, cuya constitucionalidad ha sido puesta en entredicho, queda aprehendida en la censura prevista en el artículo 28 de la CN cuando dispone que so pretexto de reglamentación se altere derechos, principios y garantías reconocidos por la CN, creando un privilegio írrito en favor de un sector allanando el óbice de un requisito general de idoneidad. En efecto, tras establecer una edad máxima para incorporase a la docencia -35 años- como un requisito de idoneidad relacionado con las aptitudes personales de los aspirantes para atender a los educandos, a renglón seguido establece distintos límites de edad cuando se acredite antigüedad en la docencia, dispensas estas últimas que no guarda relación alguna con la exigencia constitucional de igualdad ante la ley y de idoneidad, poniendo en luz que el exceso en el límite de edad, necesaria e ineludiblemente, suponga ineptitud física o sicológica. Por lo que, en consecuencia, el límite en cuestión vulnera el principio de igualdad y constituye una irrazonable reglamentación de dicho instituto jurídico que, conculca el artículo 16 de la CN.

Por las razones explanadas precedentemente, considero que el recurso de casación incoado por la parte demandada, es improcedente. Voto porque así se declare.

V. Atento a la decisión que propicio, por el principio objetivo de la derrota (cfr. artículos 31 del CPC y 106 (105) primera parte, del CPCC), las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen a la parte vencida, demandada en autos.

El doctor Estofán dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La doctora Sbdar dijo:

Por el resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 278/279, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, resuelve: I. No hacer lugar al recurso de casación incoado en autos por la parte demandada contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I de fecha 22 de mayo de 2009 obrante a fs. 240/248 vta., de autos. II. Costas de esta instancia, como están consideradas. III. Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.- Antonio D. Estofán.- René M. Goane.- Claudia B. Sbdar.