Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-17


2º Instancia.- Buenos Aires, marzo 17 de 2014.

Resulta:

1º) Que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó la resolución del señor juez titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 12 (cfr. fs. 51/59) que había denegado la prisión domiciliaria a L. F. S. R. (cfr. fs. 91/93vta.).

Contra ese pronunciamiento la defensa particular del nombrado dedujo recurso de casación a fs. 99/118vta., el que fue concedido a fs. 125/125vta.

2º) Que el recurrente sostuvo en primer término que la intervención de esta Cámara se encuentra habilitada, dado que a tenor de los derechos que resultarían conculcados en el planteo traído a consideración, la sentencia impugnada es equiparable a definitiva (cfr. fs. 99/99vta. y ss.).

Consideró a su vez que la decisión impugnada es arbitraria, pues mediante una motivación aparente ha hecho prevalecer una norma de derecho común, la ley 24.660, respecto de otra de carácter constitucional, como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño (cfr. fs. 104 y 110), cuando en autos se verifica una situación de "desamparo moral y material" de la niña S. M. S. A., hija de L. F. S. R. (cfr. fs. 113).

Explicó que la menor tiene 15 años de edad y que padece de una severa discapacidad que le impide valerse por sí misma, exigiéndole la realización de un tratamiento médico de rehabilitación, que se ha visto interrumpido por la privación de la libertad de su padre (cfr. fs. 114vta.).

Señaló que en autos se vulneró el interés superior de la niña, pretendiéndosele asignar su cuidado al abuelo materno -F. A. R.-, cuando en realidad éste no se encuentra en el país desde junio de 2013 (cfr. fs. 107vta.). Argumentó que actualmente y de manera provisoria, S. M. está al cuidado de G. I. M. M., cónyuge de S. R., quien no puede continuar haciéndose cargo material ni moralmente de la asistencia que necesita (cfr. fs. 100).

En función de ello concluyó que "...no existe un familiar directo que esté en condiciones fácticas de hacerse cargo de la manutención y el bienestar de la menor, y es este cumplimiento de la prisión en su forma domiciliaria la única forma de garantizar ese derecho y deber de tutela y que permite preservar al mismo tiempo el vínculo padre e hija (menor y discapacitada), indispensable para la psiquis del primero y para el soporte mínimo (material y moral) y el desarrollo normal de la menor..." (fs. 111).

Recordó que al corrérsele vista sobre la solicitud de la prisión domiciliaria de su asistido, el representante de la Unidad Funcional de Personas Menores de 16 años, dictaminó a favor de la concesión del beneficio en virtud de la condición de la niña, que es discapacitada y que carece de familiar directo que pueda hacerse cargo (cfr. fs. 100vta.); y que el Licenciado G. C. había concluido en su informe que el hogar en el que vive S. M. S. A. "...se encuentra afectado por la actual detención del causante..." (fs. 106), informes que a su criterio el a quo no tuvo en cuenta al momento de resolver (cfr. fs. 106/106vta.).

Consideró que el argumento de la Cámara referido a que aún en prisión domiciliaria S. R. "...-no podría encargarse de llevar personalmente a la joven para continuar su tratamiento-, es inaceptable y arbitrario, [pues] el apoyo y la manutención material no se limitan al traslado de la menor a un establecimiento médico para realizar un tratamiento concreto... Sucede que implica el cuidado cotidiano de la menor en todas sus fases... Me refiero al aseo, al suministro material de alimentos, a la aplicación de medicación, a la asistencia para evacuar fisiológicamente... La niña demanda un cuidado especial en lo que hace al a comunicación para expresar sus necesidades..." (fs. 107).

Entendió que el tribunal de mérito omitió analizar elementos de relevancia llevados a consideración por esa defensa, lo que además de tornar arbitraria la resolución, dado que generó que ésta se sustentara en la discrecionalidad judicial, violó flagrantemente la garantía de defensa en juicio de su asistido (cfr. fs. 109).

Señaló que el a quo tampoco explicó de qué manera el cambio pretendido en la situación de detención del imputado frustraría la conclusión o el debido trámite del proceso, toda vez que en estas actuaciones se encuentra asegurado el sometimiento de su defendido a la jurisdicción y la imposibilidad de su fuga, pues en caso de concedérsele la prisión domiciliaria, S. R. cumplirá la detención en la finca sita en la calle... de esta Ciudad, permaneciendo al cuidado de su hija (cfr. fs. 118).

Agregó que el beneficio peticionado se ajusta al espíritu del artículo 32, inciso f), de la ley 24.660 y que la prisión domiciliaria del imputado es la solución que no solamente mejor se acerca al respeto de la garantía del interés superior del niño que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que mitigaría los efectos de la grave situación que padece el núcleo familiar del encausado (cfr. fs. 113/113vta.).

Sostuvo que a los fines de la concesión del beneficio que se impetra, no puede realizarse una interpretación restringida del inciso f) del art. 32 de la ley 24.660 y denegar la prisión domiciliaria a su ahijado procesal por el hecho de no ser la "madre", sino el "padre" de la menor, pues en la situación traída a consideración confluyen principios constitucionales e internacionales que no pueden soslayarse (cfr. fs. 115).

En definitiva, solicitó que se haga lugar al recurso de casación deducido y que se anule la resolución criticada disponiéndose la prisión domiciliaria de su asistido. Hizo reserva del caso federal (fs. 118/118vta.).

3º) Que a fs. 134/141vta. se presentó L. F., Subdirector General de Protección de los Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación solicitando que la Procuración Penitenciaria sea tenida en este incidente en carácter de "Amigo del Tribunal".

Con relación al sub examine refirió que "...al rechazar el pedido... [el a quo] pudo haber desatendido el interés superior del niño y su derecho al vínculo familiar, afectando los artículos 14 bis, tercer párrafo y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional [...], y diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos..." (fs. 137vta.), toda vez que no resulta razonable negarle la posibilidad del arresto domiciliario al progenitor varón que se encuentre en una situación equivalente a la prevista en el artículo 10, inciso f), del Código Penal y en el artículo 32, inciso f) de la ley 24.660 (cfr. fs. 137/137vta.).

"...Circunscribir la posibilidad de que se conceda arresto domiciliario a un padre sólo en caso de que se verifique una situación de "desamparo" o -inseguridad material- de su hija restringe exageradamente el ámbito de aplicación de esta medida alternativa al encarcelamiento y diluye en la práctica toda su efectividad como instrumento de tutela de los derechos de la persona menor de edad y que de esa forma se vea limitada su protección..." (fs. 140).

Agregó que "...en el caso aquí analizado, el Sr. L. S. R. ha sido, desde el abandono de la madre biológica al nacer de la niña S. M. S. A. de 15 años de edad discapacitada, el principal cuidador y único progenitor presente durante el transcurso de su vida. El encarcelamiento del Sr. L. S. R. sumado al hecho de la falta de presencia materna, tiene efectos devastadores en la vida de la niña..." (fs. 140vta.).

Finalmente aconsejó que en las presentes actuaciones "...se adopten medidas como la prisión domiciliaria, por cuanto permite compatibilizar los derechos comprometidos del imputado y los derechos del interés superior del niño de su hija menor..." (fs. 141).

4º) Que a fs. 144, L. F. S. R. reiteró in pauperis el pedido de detención domiciliaria oportunamente articulado, en virtud del estado de salud que presenta su hija S. M. S. R.

5º) Que el Defensor Ad Hoc a cargo de la Unidad Funcional de Personas Menores de 16 años presentó el escrito glosado a fs. 149/152vta., en el que solicitó que en resguardo del interés superior de la niña S. M. S. A., se le conceda la detención domiciliaria al imputado.

6º) Celebrada la audiencia fijada en las presentes actuaciones (fs. 143), la defensa particular de S. R. reiteró los agravios invocados en el recurso de casación y explicó, a preguntas del tribunal, que S. M. S. A. siempre vivió con S. R. y que si en la causa existe alguna referencia diversa, ello se debió a una interpretación particular del Licenciado C. que confeccionó los informes socioambientales. Señaló que la niña no está concurriendo a ninguna institución para rehabilitarse y que la presencia de su asistido en el hogar, contribuiría a mantener la relación filial y a que S. R. pudiera brindarle a su hija contención afectiva y colaboración en los menesteres propios de la discapacidad que padece.

Por su parte, L. F., Subdirector General de Protección de los Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, reeditó los argumentos vertidos en la presentación de fs. 134/141vta.

62) Cumplidas las previsiones del art. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455 del Cód. Proc. Penal de la Nación, de lo que se dejó debida constancia en estos autos (fs. 156), las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Figueroa, Gemignani y Cabral.

La doctora Figueroa dijo:

1º) Que el señor juez de Instrucción al momento de expedirse acerca del pedido de arresto domiciliario articulado por la defensa de L. F. S. R., destacó que el nombrado no se encontraba antes de su detención, responsabilizado de manera directa en los cuidados que exigía el cuadro de discapacidad que su hija padece desde el año 2010 (cfr. fs. 55vta.).

Cabe recordar que conforme surge de las constancias glosadas a este expediente, S. M. S. A. tiene 15 años de edad y sufre de una hemiparesia izquierda derivada de un traumatismo encéfalo craneano, una discapacidad motora consistente en la disminución de fuerza en el hemicuerpo izquierdo, con dificultades para la marcha, falta de equilibrio y la necesidad del uso de un andador para desplazarse. En el área del lenguaje presenta incoordinación fono respiratoria, dificultad en el tono de voz, en la articulación y en ritmo de su discurso. Desde el punto de vista cognitivo, se encuentra orientada en tiempo y espacio, presentando trastornos en la memoria verbal y visual, con dificultades en la atención sostenida y enlentecimiento de la velocidad de procesamiento de la información y memoria de trabajo simple. Respecto a las funciones ejecutivas presenta adecuado razonamiento y capacidad de planificación (cfr. fs. 30 y 41/42).

El requerimiento de asistencia de la menor finca en la realización de un tratamiento en las áreas de kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología, que desarrollaba en un instituto privado de rehabilitación ("...") al que concurría acompañada por su abuelo materno con quien también convivía, el señor F. A. R., y desde el mes de abril de 2013, por la esposa de su padre, la señora G. I. M. M. (cfr. fs. 30 y 41/42).

Destacó el magistrado que la asistencia de S. M. al centro de rehabilitación comenzó a verse interrumpida desde que la señora M. M. asumió el cuidado y el rol de acompañante terapéutico de la niña (cfr. fs. 30 y 56).

Señaló que "...corresponde tener en cuenta que la niña... convivía con sus abuelos y presentó una respuesta favorable en su tratamiento de rehabilitación. Circunstancia que se modificó notoriamente, en ocasión de presentarse la pareja del encausado en autos ante la institución a poner en conocimiento que ella se haría cargo de acompañar a la menor, con quien además iniciaría su convivencia -coincidentemente con la fecha de la detención de S. R.-..." (fs. 56).

"...En el caso en estudio y a través de las consideraciones profesionales vertidas por el delegado judicial, no puede reconocerse al encausado en autos, como alguien que pudiera cumplir esta función contenedora -sobre todo en su tratamiento- y que de algún modo justifique que la presencia del encausado -en su hogar- resultaría ser la única alternativa para que la niña continúe con su abordaje clínico-terapéutico. Destáquese al respecto que al momento de ser entrevistado y evaluado, le resultó imposible -por desconocimiento- dar cualquier tipo de información en relación a la discapacidad que presenta su hija y el tratamiento que la misma llevaba a cabo, siendo su contestación -mi mujer es quien sabe esto" (sic)..." (fs. 57vta.).

Sobre la base de ello concluyó que la participación y compromiso de S. R. en la rehabilitación de su hija era inactiva observando que, en lo que a la resolución de la presente incidencia respecta, el nombrado desplegaba su actividad ilícita en el domicilio propuesto para cumplir la medida peticionada, por lo que denegó al imputado el arresto domiciliario solicitado (cfr. fs. 58/58vta.).

A su vez dispuso una serie de medidas conducentes a fortalecer el vínculo de la niña con sus abuelos maternos y a la continuación del tratamiento de rehabilitación en el Instituto "..." (cfr. fs. 58vta.).

2º) Que esta decisión motivó la apelación de la defensa, habiendo la Cámara a quo confirmado el pronunciamiento impugnado (cfr. fs. 91/93vta.).

Para así resolver el tribunal de mérito sostuvo que "...en las circunstancias alegadas en el caso, una adecuada hermenéutica bajo los lineamientos de derechos humanos fundamentales recogidos en nuestra Carga Magna y que se vinculan con el interés superior del niño y el reconocimiento expreso de que están a cargo de sus padres... podría llevar a adecuar la pretensión del reclamante a las previsiones del inciso f citado, pero las particularidades del caso..., impiden acceder a lo solicitado..." (fs. 92).

Explicó que en la actualidad la niña vive junto a sus medio hermanos y a la esposa de su padre, en el domicilio de la calle ..., lugar donde fue detenido el encausado, y que más allá de que S. R. se encargaba de la manutención económica de la menor, aspecto que de conformidad a lo informado a fs. 26/31 por el Licenciado G. M. C., no tiene por qué verse modificado por la permanencia en detención del nombrado, "...ha podido verificarse que la joven ha seguido manteniendo vínculos con su familia materna, inclusive con su madre biológica. Al respecto cobra relevancia cuanto informara el Director Médico del Instituto... a fs. 41/42 y cuanto refirieran al delegado judicial G. C., S. C. S. y su hija B. -la madre de la niña... la visita eventualmente- (vide fs. 64/5vta.)..." (fs. 92vta.).

Relevaron también los señores magistrados una serie de constancias relativas a la actual calidad de vida de la niña S. M., resaltando que desde el año 2011 deambula sin necesidad de utilizar silla de ruedas y que en oportunidad de efectuarse el informe socioambiental de autos, fue vista por el delegado judicial movilizándose "...con paso aletargado, sólo del brazo de la Sra. M..., caminando desde la esquina...", y que se constató que en su actual residencia la menor tiene un habitación propia, habiéndose acondicionado el hogar a sus particulares necesidades, instalándose por ejemplo un pasamanos especial en las escaleras (fs. 93).

Frente a estas constancias, el a quo concluyó que "...no se configura el extremo que en la eventualidad determinaría la viabilidad de la detención domiciliaria solicitada por el imputado, pues no surge que sea él quien esté exclusivamente a cargo de la menor discapacitada. De todos modos, en la eventualidad, tampoco el encartado podría encargarse de llevar personalmente a la joven para continuar con su tratamiento, ya que dicha variable, por las condiciones propias que implica el arresto domiciliario, tampoco resulta una posibilidad viable... Es que además de mantenerse incólumes los riesgos procesales otrora advertidos por el tribunal que -de hacerse lugar a su detención domiciliaria, incluso podrían verse aumentados-, tampoco se avizora que el mantenimiento de la restricción ambulatoria dispuesta configure una violación a los intereses consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, máxime cuando existen otros vínculos afectivos de contención para la menor que no pueden ni deben quedar sujetos a expensas de cuanto pueda resultar del presente reclamo..." (fs. 93).

3º) Que analizadas las constancias del incidente traído a conocimiento de esta Alzada y examinada la resolución puesta en crisis, considero que corresponde rechazar el recurso incoado toda vez que el recurrente no pudo demostrar de modo efectivo que la resolución que le es adversa lo haya sido por la interpretación restrictiva o arbitraria de la norma involucrada.

En primer lugar cabe señalar que no se ha vulnerado el principio de igualdad alegado por la defensa presuntamente fundado en una cuestión de género, toda vez que el tribunal rechazó el beneficio solicitado sobre la base de las probanzas incorporadas al expediente y en un análisis conjunto de éstas, aplicando el artículo 10 del Código Penal y el artículo 32 de la ley 24.660 en el marco de las particularidades verificadas en el caso traído a estudio.

Obsérvese que el a quo si bien resaltó que desde una óptica estrictamente gramatical, "...llevaría a concluir que el supuesto de autos no encuadra en las previsiones del artículo 32 inciso "f", ello en la medida que se reserva la posibilidad de acceder a la detención domiciliaria solo a la madre de una persona con discapacidad cuando la tiene a su cargo..., cierto es que en las circunstancias alegadas en el caso, una adecuada hermenéutica bajo los lineamientos de derechos humanos fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna y que se vinculan con el interés superior del niño y el reconocimiento expreso de que están a cargo de sus padres -art. 75 inc. 22 C.N.-; art. 18 de la Convención de los Derechos del Niño; art. 25 inciso 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 7 de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes-podría llevar a adecuar la pretensión del reclamante a las previsiones del inciso -f- citado, pero las particularidades del caso..., impiden acceder a lo solicitado..." (fs. 92).

En ese orden de ideas recalcó que S. M. S. A. vive en el domicilio de la calle... de esta Ciudad, junto a sus medio hermanos y la esposa de su padre, la señora G. I. M. M., en un hogar con todas las comodidades y acondicionamientos propios para la patología neurológica que padece (el inmueble cuenta incluso con pasamanos para facilitar su desplazamiento).

De la misma manera, tanto el juez de Instrucción como la Cámara han resaltado que a diferencia de lo sostenido por la defensa, la menor mantiene contacto con su madre biológica, la señora S. J. A. C. ("Ringuie Ames"). Han dado cuenta de ello el Licenciado G. M. C. en su informe de fs. 26/31, la abuela de S. M., S. C. S., y su tía B. A. C. (cfr. fs. 30vta., 64/65vta. y 92vta.).

Cabe mencionar también que la niña ha vivido con sus abuelos maternos, quienes asumieron su cuidado hasta la fecha en que se produce la detención de L. F. S. R., lo que surge no solamente de los informes elaborados por el Licenciado C., sino también de las constancias de autos, tal como de la copia del Documento Nacional de Identidad de la menor -aportada por la propia defensa-, en la que se observa el domicilio de la calle ..., ..., lugar donde viven los señores F. A. R. y S. C. S. (cfr. fs. 3 y fs. 64).

Si bien el encausado de acuerdo a las constancias en autos, se habría hecho cargo del sostén económico y del pago de la cuota de la institución en que realizaba la rehabilitación, lo cierto es que desconocía las necesidades propias de su hija tal como lo manifestó al ser entrevistado por el Licenciado C.: "...mi mujer es quien sabe de esto..." (cfr. fs. 29vta.), lo que demuestra el total desentendimiento de S. R. sobre las dificultades diarias por las que atraviesa la niña, las que distan ampliamente de las erogaciones que su patología amerita.

Conforme surge de los informes socioambientales de fs. 26/31 y fs. 83/85, hasta antes de su detención S. R. mantenía un holgado pasar económico (con un ingreso mensual de $100.000 libres de gastos, más $40.000 producto del alquiler de tres viviendas propias), siendo su hijo mayor y su esposa quienes en la actualidad continúan con sus negocios, lo que no impediría -tal como lo señalan tanto el juez de Instrucción como el Fiscal ante esa instancia- que S. M. pudiera contar con una persona que se encargue de los traslados a un centro de rehabilitación o que continúe el tratamiento, sea en la entidad en la que venía haciéndolo, como en cualquier otra a la que podría acceder a partir del Certificado de Discapacidad que le fue expedido por el Ministerio de Salud conforme la ley 22.431 (y que se encuentra vigente) y que aportó la defensa a fs. 1 de la presente incidencia. A ello cabe agregar que de acuerdo a lo informado a fs. 84vta., personal del instituto "..." habría orientado a la señora M. M. en la tramitación de una pensión por discapacidad en favor de la menor, cuestión en la que también consideró conveniente insistir el Licenciado C. (cfr. fs. 85).

En cuanto a la circunstancia de que el abuelo de la menor se habría ausentado del país para visitar a sus familiares en Perú, ello no puede conducir a la aislada conclusión de que la niña no cuenta con referentes que pudieran afrontar su cuidado. Si bien esa ausencia luce como temporaria (conforme surge de fs. 65, la señora C. S. informó en agosto de 2013 que su esposo retornaría a Buenos Aires en diez días), recuérdese que S. M. siempre estuvo a cargo de su familia materna -no exclusivamente de su abuelo- y que desde abril del año 2013, la responsabilidad fue asumida por la esposa de S. R., quien a su vez es la madre de los medio hermanos de la niña.

En suma, no advierto que el tribunal haya rechazado la solicitud de arresto domiciliario en base a una interpretación literal del art. 32 inc. f) de la ley 24.660 que reza "...el juez de ejecución... podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria... f) a la madre de un niño menor de cinco años o de una persona con discapacidad a su cargo...". Ello así por cuanto como se ha señalado, la circunstancia que el solicitante sea el padre, no fue motivo del rechazo del instituto bajo examen.

En efecto, de la lectura de la resolución recurrida no se advierte que se haya efectuado una interpretación arbitraria de la prueba o una omisión de los informes producidos, como así tampoco el incumplimiento de los preceptos constitucionales referidos a la violación del principio de igualdad por su condición de varón, dado que de las constancias de autos no surge que esa haya sido la argumentación para la denegación del arresto domiciliario, sino exclusivamente porque el "interés superior de la niña" se encuentra salvaguardado (art. 75, inciso 22, C.N.).

Por el contrario, el tribunal a quo efectuando un análisis pormenorizado de la situación que se presenta en autos, ha rechazado fundamente la petición del imputado, haciendo especial hincapié en que la menor no se encuentra en estado de desprotección.

La denegatoria de la prisión domiciliaria no va en perjuicio de la menor, ni del estándar internacional de resguardo del "interés superior del niño", toda vez que la misma se encuentra contenida material, moral y afectivamente por sus abuelos maternos, sus medio hermanos, la esposa de su padre y su madre, con quien tiene un contacto esporádico.

Asimismo debe recalcarse que la menor tampoco se encuentra en una situación de abandono, ni de extrema vulnerabilidad que justifique el otorgamiento del arresto domiciliario peticionado, por lo que propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación deducido por la defensa, con costas.Tal es mi voto.

Los doctores Gemignani y Cabral dijeron:

Que por compartir sus fundamentos, adhieren al voto de la distinguida colega que lidera el Acuerdo y emiten el suyo en idéntico sentido.

Por ello, el Tribunal resuelve: rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de L. F. S. R., con costas (arts. 470 y 471 -a contrario sensu-, 530, 531 y cdtes. del Código Procesal Penal de la Nación). - Ana M. Figueroa. - Luis M. Cabral. - Juan C. Gemignani.