marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, industria metalúrgica, convenios colectivos de trabajo, laudo arbitral, leyes
Materia: LABORAL
Carátula: Gigena, Raul y otros c/ Cametal SA s/ ¿Son aplicables las disposiciones del laudo 29-75 a los  establecimientos metalúrgicos que como actividad de la industria  metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros  en general? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

La convención colectiva Nro. 260-75 y laudo arbitral constituyen dos normas de distinto origen o fuente, la primera de carácter autónomo, por coincidencia de voluntades de las partes y la segunda de naturaleza parautónoma por reducirse tal coincidencia a la delegación en el árbitro de los puntos carentes de consenso y a la aceptación de su decisión. Así, la convención colectiva en su Capítulo IV, artículo 1 establece que "las conclusiones a que arriben en la presente "Rama" serán incorporadas a la presente convención colectiva de trabajo, con todos los alcances legales en la forma, las condiciones y modalidades que surjan de dichas actuaciones. Se trata entonces de un caso típico de determinación de normas donde los autores convencionales dejaron en blanco un tramo normativo para ser completado o integrado por otra norma de origen parautónomo, logrando así completividad el cuerpo normativo de la convención, que quedara inicialmente "abierta" o incompleta. Esto no constituye una novedad, por cuanto no deja de ser frecuente la remisión a la regla estatal de normas contenidas en una convención colectiva. Tampoco debe perderse de vista que se trata de un arbitraje obligatorio, que cuenta con un procedimiento preestablecido legalmente, en el que la autoridad del árbitro excede tal marco para-autónomo para inscribirse francamente en el marco heterónomo representado por el régimen legal establecido por la ley 16936, a punto que tal normativa es aplicada en todo el proceso de formulación del laudo, observándose que suple la voluntad de las partes aún en la determinación de los puntos del litigio primero y de los puntos a laudar después, atento la falta de coincidencia de los interesados, sobre los mismos. (Del Voto de la Dra. Bellotti de Podesta). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad de las disposiciones del Laudo 29-75 a los Establecimientos Metalúrgicos que como actividad de la industria metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros en general.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, Constitución Nacional
Materia: PENAL
Carátula: De la Serna, Cristian Gabriel s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

El recurrente solicitó a la Cámara con apoyo exclusivamente en normas de la Constitución nacional, se declarara la inconstitucionalidad del art. 3° de la ley 10.484, como consecuencia de lo cual se dictó el pronunciamiento contrario a las pretensiones del interesado, y que impugna ahora mediante el recurso de inconstitucionalidad provincial previsto en el art. 349 inc. 2° del Código de Procedimiento Penal, el que no resulta admisible por dicha vía en atención a que, de acuerdo a los términos en que le fue planteado, el a quo no ha emitido el necesario pronunciamiento sobre la validez de la norma local con relación a disposiciones de la Constitución provincial (art. 161 inc. 1° de la misma), para provocar la apertura de la competencia que por apelación se acuerda a este Tribunal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, comuna, personal contratado, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALIENDRO, JUAN CARLOS c/ COMUNA DE EMPALME VILLA CONSTITUCION s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 419 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

No cabe hacer lugar a la pretensión de incorporación a la planta permanente de la demandada formulada por el recurrente con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la ley 9286, por el cual habría adquirido "en forma automática" la calidad pretendida, desde que dicha norma dispone: "Aquellos agentes que ingresen a la Administración municipal y/o comunal por los artículos números 8 y 9 del presente Estatuto al cumplir los tres (3) meses de antigüedad y cumplan funciones determinadas por el presente, automáticamente pasarán a revistar en la planta permanente, encasillándose dentro de la función que desempeñe. Quedan exceptuados los casos a que refiere la última parte del artículo precedente". Por su parte, el artículo 133, última parte, prevé que "quedan exceptuados de esta disposición los contratos que tengan por objeto una obra determinada o tareas de carácter accidental". Y de las constancias de autos, no surge que el vínculo haya tenido por objeto una obra determinada o tareas de carácter accidental, y el automatismo al que refiere la norma mencionada debe entenderse limitado al derecho de los agentes a ser considerados por la Administración para el eventual ingreso a la planta permanente, a la que sólo se los podría incorporar si, además de reunir las condiciones a que refiere el artículo 134, cumplimentasen los recaudos de ingreso previstos en la ley 9286.
Quiebra, competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Pérez Raul c/ Sociedad Los Vascos s/ Acción ejecutiva - Competencia (Libro: A029A-029)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-12-13

Debiendo ser practicada la regulación de los honorarios por el juez que actúa en la causa en que han sido devengados, no cabe admitir que lo haga el juez que ha perdido competencia para seguir entendiendo en el proceso en virtud del fuero de atracción de la quiebra del demandado.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cámara Económica de Tres Arroyos c/ López Barbeito, M. y otros s/ Cobro de pesos Terrón, Sergio Manuel s/ Incidente de determinación de honorarios en "Monterrubianesi, Oscar  P. c/Provincia de Buenos Aires. Amparo" y demás incidencias  vinculadas y acumuladas Quagliaroli, Eugenia E. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-29|2001-12-20|2004-08-31

Si la apelación contra la regulación efectuada lo era sólo por "baja", la alzada extralimita su competencia al revisar la base regulatoria, aspecto sobre el que no se formuló agravio (art.272, C.P.C.).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, recurso de nulidad, ley procesal, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ ¿Es apelable el auto que rechaza la pretensión de caducidad del   proceso? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-26

El recurso de nulidad en el ámbito procesal santafesino es concebido como el recurso ordinario -de procedencia excepcional- por medio del cual se peticiona de un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior al autor de la resolución recurrida, la invalidación de ésta por adolecer de vicios graves y dañosos, sea en sí misma (defectos de forma o en la construcción de la decisión) o en el procedimiento anterior a su dictado, o por haber sido pronunciada inoportunamente o en el sentido contrario de una prohibición legal.

(Del Voto del Dr. Elena -En Disidencia-)
Compraventa, factura, factura conformada
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUCESION DE FERNANDO JACINTO AVILA c/ EMPRESA BERBELUIK S.R.L. s/ COBROS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-03-16

La factura no es un instrumento del contrato de compraventa, sino una de las prueba de él, y que no constituye un título de crédito, sino sólo "una prueba del contrato de compraventa respectivo". La eficacia de la factura, en tanto se trata de un documento unilateralmente autónomo, será tanto mayor cuando la misma se encuentre conformada por el adquirente en forma expresa o tácita.

Al respecto se ha expresado que "la firma al pie de la factura da a ese documento carácter bilateral y ya no puede el comprador discutir que recibió los efectos si no reclama en los plazos que establece la ley". También se ha señalado que "no se exige la conformidad expresa: el silencio produce las mismas consecuencias".

Sin embargo, "el problema será demostrar -cuando no exista firma del comprador o de un dependiente hábil, al pie de la factura, que la factura fue recibida por el adquirente en su oportunidad".

Vale decir, que la factura puede estar o no conformada, en el primer caso existe una conformidad expresa del comprador, pero en el segundo caso no significa que carezca de virtualidad por cuanto "efectuada la prueba de la recepción de la factura el comprador no puede discutirla".

En la especie, frente a la expresa negativa y desconocimiento de la demandada, y al no existir firma del comprador o de su dependiente hábil al pie de las facturas, correspondía a la actora la prueba de que las facturas fueron recibidas por la compradora en su oportunidad, es decir, probar el contrato de compraventa o negocio causal.
Alimentante con recursos económicos, carga de la prueba, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: C.,V.S. c/ R.,G.D. s/ Medidas Urgentes (Art. 21 Inc. 4 Ley 7676) - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-04-10

Ante la prueba irrefutable de las necesidades del alimentado, la carga de la incidentista de demostrar las mayores posibilidades económicas del alimentante se flexibiliza, produciéndose su desplazamiento hacia la parte que se encuentra en mejores condiciones de probar empleando la diligencia y responsabilidad del litigante medio. Tal conclusión se asienta en la corriente procesal conocida como "carga dinámica de la prueba", aplicable en materia que compromete los intereses de familia, especialmente a la relación jurídica alimentaria. Si esto es así, mal puede alegar el quejoso que la contraria no probó la pudencia del alimentante pues la acreditación de dicho extremo no puede recaer exclusivamente sobre ella, sino también sobre el impugnante, quien se encuentra en mejores condiciones para producirla.
Excarcelación, cauciones, pautas
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Doris Norla Paredes Silva s/ Excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-09-30

En la excarcelación "si solamente puede presumirse que el encartado intentara burlar la acción de la justicia sin poder fundarlo, deberá elegir la caución real y si ni siquiera puede hacerlo deberá seleccionar la juratoria. La presunción debe ser invocada cuando el incuso carece de arraigo y domicilio en el país, cuando estuvo prófugo, cuando fuera reincidente o estuviera para serlo, cuando fuera al menos reiterante o cuando tuviere procesos paralelos. No resulta adecuado tampoco echar mano a la antigua fórmula de la "Repercusión Social del hecho" sabidamente desplazada por la reforma introducida por la Ley 1.638 pues se trataba de una condición abierta para denegar arbitrariamente el beneficio.
Pago, prueba, pago con subrogación, presunciones
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: BOSTON CIA. ARG. DE SEGS.  S.A. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. "GREAT CONCERT" s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-24

El pago, como acto jurídico, es susceptible de ser acreditado por todos los medios de prueba, inclusive por las presunciones. Y constituye un medio eficaz de prueba del pago subrogatorio el reconocimiento expreso, dado en juicio, por quien lo recibió.
Recurso de queja (administrativo), empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Carracedo, Hugo Luis s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-20

El recurso de inconstitucionalidad no resulta admisible. El único agravio que la Ciudad introduce es la caracterización de la sentencia como autocontradictoria, porque aunque no otorgó el reencasillamiento bajo el régimen del decreto 922/94, hizo lugar a diferencias salariales. Esta postura, como se verá, carece de sustento y no configura cuestión constitucional.
Ejecución fiscal, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: 3 M Argentina S.A.C.I.F.I.A. -Incidente Med.- c/ D.G.I. s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-30

Corresponde desestimar el recurso de apelación de la demandada contra el decisorio, que hizo lugar a la cautelar solicitada por la actora, tendiente a que se ordene a la D.G.I. se abstenga de continuar con la ejecución fiscal (que tramita ante el Juzgado Fed.

nº 2 de San Martín) y/o cualquier otra acción tendiente al cobro de la suma presuntamente adeudada por la actora con sustento en la resolución administrativa de la D.G.I., anulada por sentencia dictada en autos principales.
Beneficios previsionales, servicios simultáneos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez, Edith Clara c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

Para proceder al cómputo de los servicios simultáneos se requiere el desempeño de los cargos en tal carácter durante un mínimo de tres años, desde que, cumplido ese presupuesto, son esos cargos ocupados o para liquidar la prestación, pues si bien no interesa que la continuidad se configure con el desempeño de distintos cargos o tareas en forma sucesiva, resulta innegable que dicha continuidad debe existir a fin de no interrumpir la simultaneidad.
Procedimiento laboral, notificación por nota, recursos, interrupción del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: PALACIO, REGINO c/ TIGER SRL. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-26

La constancia dejada en el libro de asistencia, tiene como efecto el de tener por no notificada la resolución que debiera quedarlo por Ministerio de Ley (artículo 48 de la LO.) y no interrumpir un plazo procesal (en el caso, el de apelación y expresión de agravios) cuyo curso se inició por notificación fehaciente.

Si el interesado necesita compulsar las actuaciones tiene la facultad de pedir al Juez la suspensión del plazo mientras no estén las actuaciones a su disposición (Conforme Sala IV, sentencia número 51405, 21 de diciembre de 1983, "Naftilsan c/ Los Cinco Hermanos SRL ").
Derecho de la navegación, responsabilidad por abordaje de buque
Materia: CIVIL
Carátula: Vazquez Daiana Natali c/ Roldan Jose Maria s/ Abordaje
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-05

Conforme con los principios generales del derecho y con su adecuación prudencial al ámbito del derecho de la navegación por agua (art. 1º, Ley N° 20.094), para que nazca la responsabilidad por daños basta que el hecho generador sea imputable al buque a título de dolo o culpa. Debe ponderarse que en los casos de abordaje, nos encontramos frente a una institución muy particularista del derecho de la navegación porque se trata de un hecho ilícito por antonomasia que puede ser encuadrado en los términos del art. 1109 del Código Civil (conf. CHAMI, Esteban D. "Manual de Derecho de la Navegación", p. 871). El régimen de responsabilidad derivada de este tipo de infortunios marítimos es de índole puramente subjetivo. Es decir, el legislador optó por centrar la atención en la conducta náutica de los partícipes calificada por la concurrencia o no de dolo o culpa, con prescindencia de la cosa generadora del daño (confr. arg. arts. 359, 360, 362 y cctes. de la Ley N° 20.094). Por ello, acreditada la culpa del conductor de la embarcación y su incidencia causal en el resultado, nace como correlato el deber de reparar los perjuicios irrogados.
Malos tratos a animales, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Juárez, Evangelina del Valle s/ amenazas calificadas calificadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2015-07-13

Resuelve hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por la defensa de la imputada en orden al delito de amenazas calificadas y daños en infracción a la ley del maltrato animal, quien acuchilló y mató al perro de una vecina que había atacado al suyo, y ordena su inmediata libertad, a quien le impone la pena de restricción de acercamiento a la dueña del can asesinado, así como la realización de trabajo comunitario en una sociedad protectora de animales, por el término de tres meses.
Costas en el orden causado, falta de pronunciamiento expreso
Materia: PROCESAL
Carátula: PEÑA, Luis María s/ ape. costas  Causa nro. 27.844
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-16

Ante la falta de un pronunciamiento expreso respecto a las costas procesales, y en ausencia de recursos deducidos por las partes, se entiende pacíficamente que cada uno debe hacerse cargo de los ocasionados.
Prescripción adquisitiva, sucesores
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gerth, Walter A. F. y otros c/ Deker, Pablo Norberto y otros s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-03

La posesión de parte de una cosa indivisible importa la del todo y que cuando dos o más personas toman en común la posesión de una cosa indivisible, cada una de ellas adquiere la coposesión de toda la cosa, pero esto es así como confirmación de la regla según la cual dos posesiones iguales y de la misma naturaleza no pueden coincidir sobre el mismo objeto; y en realidad, cada uno no posee sino su parte pro indiviso y no la parte de los otros (arts. 2408, 2409 y nota al art. 2407, Cód. Civil). También es cierto que el condómino, aunque no tenga la cosa, mantiene la posesión (art. 2445, Cód. Civil). Pero esa conservación sólo ánimo es incompatible con otra posesión idéntica y de la misma naturaleza que se ejerce efectivamente y la desplaza; así ocurre, por ejemplo, cuando el hecho de un tercero o de otro condómino es idóneo para desposeer, produciendo ese efecto (arts. 2353, 2354, 2445, 2446, 2455, 2456, 2458, Cód. Civil)
Recurso de queja (administrativo), empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Carracedo, Hugo Luis s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-20

En cuanto al segundo agravio -decisión de fijar la tasa pasiva para el cálculo de intereses-, le asiste razón al Sr. Fiscal General Adjunto en que la cuestión no se ha fundado adecuadamente, pues no se ha intentado, siquiera, efectuar una operación matemática que dé cuenta de la trascendencia del agravio a la propiedad que se denuncia.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, acción penal, Ministerio Público, fiscales, jueces, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. de inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver: ¿la falta de mantenimiento de la  acusación en la alzada por parte del Ministerio Público Fiscal,   coincidiendo con la instancia absolutoria solicitada por la Defensa,  impone al Tribunal la aceptación de las pretensiones de los sujetos   procesales, impidiendo fallar distinto a dichas peticiones?.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

Giovanni Leone ha definido la acción penal, en sentido amplio, como "el poder de pedir al Juez penal la decisión sobre una notitia criminis, o bien sobre la subsistencia de las condiciones requeridas por ciertos proveídos dirigidos a la represión de un delito o de la modificación de relaciones jurídico-penales preexistentes".

Paralelamente, frente a tal anoticiamiento o comprobación, aparece como contrapartida la obligación, para todos los órganos públicos, de actuar en procura de su represión, tal como surge clara y concretamente de la norma prevista por el art. 274 del Código Penal;

en tanto los Fiscales, tienen más allá de ello, la obligación de ejercer la acción penal pública siempre que aparezca cometido un hecho delictuoso; por la suya, los Jueces o Tribunales cuentan con el deber de juzgarlos, sin que criterios de oportunidad los autorice a prescindir de la persecución penal o del "ius puniendi" por razones políticas, económicas, o motivos de conveniencia o utilidad social (Art. 71 C. Penal). (Del Voto del Dr. Crippa García)
Recurso de apelación (procesal), deserción, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: U.O.C.R.A c/ A.D.O.S. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1992-12-21

Si el apelante individualiza, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad, procede declarar la deserción del recurso, por cuanto la gravedad de los efectos conque la ley sanciona la insuficiencia de la expresión de agravios hace aconsejable aplicarla con criterio amplio, favorable al recurrente.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BANCO PROVINCIA DE FORMOSA c/ VEGA MARIO LUIS Y BURYAILE, ALEJANDRO s/ EJECUTIVO BURYAILE, ALEJANDRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-03-09

Los fallos plenarios no son obligatorios para nuestros tribunales. En el caso, el recurrente fundó su agravio en un fallo plenario de la Cámara Nacional Comercial que se hizo necesario en razón precisamente de existir sobre el particular fallos contradictorios de las distintas salas en la Cámara y con sólidos y fundados argumentos tanto de la mayoría como de la disidencia.

Además, la pretendida inobservancia de la legislación por parte de los jueces, no existe desde que las distintas posturas del plenario se fundamentan precisamente en las interpretaciones de las disposiciones legales en vigor y que rigen el caso. Por ello deviene improcedente la tacha de arbitrariedad alegada.
Traslado de la demanda, domicilio especial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: O., R.S. c/ V.D., W. s/ Cobro de Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-21

En el mismo sentido y en base a lo enunciado en el artículo 90, inc. 4º, del Código Civil no cabe excluir como válida la notificación de la demanda en las sucursales -domicilio especial-, cuando se trata de demandar con causa en obligaciones allí contraídas.