marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Protección de consumidores y usuarios, relación de consumo, responsabilidad contractual, responsabilidad directa
Materia: INFORMATICO-CIVIL
Carátula: Babich Daniel Efraín  c/ Sanatorio 9 De Julio S.A. s/ Sumarísimo (Residual)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-06-21

La relación existente entre los establecimientos asistenciales y los pacientes es una relación de consumo, en virtud de la cual aquéllos responden contractualmente, de modo directo, por el incumplimiento de las obligaciones que asumieron, obligación que consiste en prestar al enfermo el servicio médico en su totalidad, desarrollando un plan de conducta diligente a fin de obtener el resultado perseguido por el paciente, que es el acreedor.
Pensiones del personal policial, conviviente, prueba del concubinato
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ESCUDERO DE DACHARRY, MARIA c/ EN  -  CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  POLICIA  FEDERAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Cuando entre el causante y la codemandada únicamente mediaron encuentros esporádicos en un lugar distinto al denunciado por el primero como domicilio conyugal, ellos obstan a tener por acreditada una relación concubinaria que implica la convivencia bajo un techo en común y requiere estabilidad y permanencia en el tiempo, extremos que no se configuran cuando sólo han existido vínculos íntimos momentáneos y circunstanciales que no generan las pretendidas consecuencias previsionales contempladas en la ley 23570.
Medidas cautelares, embargo, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "GOMEZ MEDINA; Daniel E. s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-10

Es nulo lo decidido respecto de un embargo si los fundamentos para su imposición resultan contradictorios, desde que expresamente se mencionó que el delito por el que se procesó al encausado no tiene pena de multa ni se ha acreditado un perjuicio a terceros que pudiera implicar una futura indemnización civil, no obstante lo cual se le estipuló un monto elevado ($15.000)que no se condice con esos fundamentos.
Derechos de autor, plagio, responsabilidad extracontractual, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Fioravanti, Roberto c/ Techint Cía. Técnica Internacional SAC e I. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-05

Cuando se penetra en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, por el hecho del plagio o reproducción indebida, para evitar el enriquecimiento del violador, emerge el derecho del resarcimiento en la esfera material, por cuanto la existencia del daño resulta del sólo hecho de la reproducción o impresión ilícita, pues el perjuicio surge de la sustracción y uso de la obra intelectual ajena. Es decir, que el damnificado no tiene que probar que se le ha ocasionado un perjuicio, porque nadie tiene el derecho de enriquecerse con el trabajo intelectual ajeno.
Constitución Nacional, principio de legalidad, formalidades procesales, liquidación de la sociedad conyugal, debido proceso, defensa en juicio, inadmisibilidad del recurso, interposición en subsidio, apelación en subsidio, aclaratoria (procesal), derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: T.,H.P. c/ S.,M. del C. s/ Liquidación de Sociedad Conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-07-02

No resulta aplicable al caso el principio constitucional de que todo lo no prohibido está permitido -artículo 19 de la Carta Magna-, siendo inadmisible la pretensión del actor que, en el marco de un pedido de disolución de sociedad conyugal, planteó recurso de aclaratoria con apelación en subsidio, pues el procedimiento debe ajustarse a las formas previstas para cada instituto regulado en los códigos de procedimiento, lo que en modo alguno pone en riesgo las garantías del debido proceso ni defensa en juicio consagradas en el artículo 18 de la Norma Suprema.
Divorcio, matrimonio, disolución del matrimonio, declaración de culpabilidad posterior a la sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: JUAN BAUTISTA SEJEAN c/ ANA MARIA ZAKS DE SEJEAN s/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 64 DE LA LEY 2393
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-27

El divorcio no es sino una institución civil correlativa del matrimonio civil. La reglamentación del matrimonio, según surge de la ley 2393, impone al divorciado citado un régimen de su comportamiento sexual y de su conducta moral que, de no ser aceptado, lo priva de los derechos matrimoniales que aún conserva.

Se somete así a todos a la posibilidad de una calificación de su conducta, ulterior a la separación, en nombre de un vínculo ya extinguido en lo afectivo, en lo espiritual y en todas las dimensiones no jurídicas.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión abstracta, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: B, J A s/ ROBO  CALIFICADO,  PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD Y TENENCIA DE ARMA  DE GUERRA -  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 13-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-18

El fundamento de la exigencia del perjuicio concreto, efectivo, actual e irreparable por otras vías jurídicas, descansa en la noción de que no corresponde a la Corte emitir pronunciamientos inoficiosos, inútiles, abstractos, o innecesarios por ser sustituibles por otros.
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZANNI CLAUDIO ERNESTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-08-05

El acto firme es insusceptible de recursos administrativos y judiciales por haber sido consentido expresa o tácitamente por el administrado. Esto último se da cuando, notificado el acto, se deja transcurrir el término legal sin interponer recurso alguno contra el mismo. Como consecuencia el administrado no puede demandar válidamente, si previamente no ha interpuesto el recurso administrativo correspondiente, si pese a ello acciona, procede la excepción de caducidad prevista en el artículo 36 inciso a) de la ley 2.297. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Falso testimonio, pena de inhabilitación, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: ESTEBERENA, Carlos Aníbal s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-02

Toda vez que la conducta imputada -falso testimonio- no constituye una actividad reglamentada, la pena de inhabilitación no puede constituir un obstáculo para la concesión de la suspensión de juicio a prueba (voto del juez Días)
Recurso contencioso administrativo, ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS DE SANTA FE, estructura orgánica, empleados públicos, estabilidad del empleado público, reescalafonamiento, derechos adquiridos, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Duarte, Eduardo Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 462 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-05

La Corte local ya expuso que "no existen derechos adquiridos si pugnan con los principios de la ley 10.813 (artículo 1), implementados luego, en el marco de la amplitud de facultades conferidas al Poder Ejecutivo por la ley 10792, a nivel de los decretos 4447 y 4448, de los que resultó a la postre el nuevo encasillamiento". Pero aun al margen de ello, no puede soslayarse que, aunque hubiese existido alguna modificación en las tareas confiadas al actor, no pueden olvidarse consolidados criterios jurisprudenciales del Tribunal que han establecido que el derecho a la estabilidad, que se proyecta sobre diversos aspectos de la relación de empleo público, no se hace -sin ningún límite- extensivo a la función que desempeña el agente; y que -siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- la estabilidad del empleado público no importa un derecho absoluto a permanecer en la función, sino un derecho al cargo presupuestario, y que la garantía constitucional de la estabilidad en el empleo queda debidamente considerada si se modifica la función del empleado, pero se respeta su retribución presupuestaria, con excepción del supuesto extremo que tal modificación resulte groseramente vejatoria o merezca el calificativo de cesantía encubierta, lo cual debe ser invocado y probado en cada caso. Por lo que -en el caso- no puede prosperar el recurso interpuesto, por no consta que la Administración hubiera incurrido en alguno de los excepcionales supuestos mencionados desde que no se advierten elementos que revelen la existencia de un trato abusivo ni mucho menos vejatorio a su respecto; y si bien consta que en la A.P.I. el actor no cuenta con personal a cargo, no se halla acreditado que éste le sea necesario para desempeñar las funciones que se le asignaron en la nueva estructura.
Migraciones, sanciones aduaneras, multa aduanera, pasaporte, falta de documentación, graduación de la pena
Materia: ADUANERO
Carátula: Líneas Aéreas Paraguayas S.A. c/ Dir.Nac. de Migraciones -Disp. DNM. 5709/97
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-21

La infracción que dió origen a la multa cuyo monto se cuestiona consistió en el arribo de un pasajero de origen paraguayo sin pasaporte, encuadrando tal conducta en el art. 62 de la ley 22.439, modificado por la ley 23.349, que establece que el incumplimiento de sus disposiciones es sancionado con multa cuyo monto ascenderá al triple de la tarifa en el medio de transporte utilizado desde el punto de partida al de destino en territorio nacional, al valor vigente en el momento de su efectivo pago, no pudiendo ser inferior a $ 1.000.
Deberes procesales, temeridad o malicia, garantías procesales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Paz, Paula Andrea c/ Macro Comunicaciones SRL s/ Cobro de Haberes y Diferencia de Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-14

La sanción por temeridad o malicia ha de aplicarse con suma cautela, para no afectar el derecho de defensa de las partes; de no ser así, se abriría una brecha peligrosa en la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio, que debe ser cuidadosamente preservada.
Eficacia del acto administrativo, notificación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sosa, Jorge Aníbal c/ E.N. s/ Empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-10

El art. 44 del Decreto 1.759/72, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, sanciona el incumplimiento de los requisitos previstos para las notificaciones de los actos administrativos estableciendo que no producirá efectos legales, a menos que surja que la parte interesada haya tenido conocimiento del acto. Esta Sala, en su anterior integración, el 28 de mayo de 1985, en la causa "Visaggio", dijo que "...sin perjuicio del incumplimiento de las formalidades exigidas para la notificación...

si del expediente surge que la parte ha tenido conocimiento del acto que la motivó, dicha notificación no tendrá efecto".
Recurso de queja (procesal), recurso extraordinario, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ROMERO, CARLOS R. Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DAÑOS  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 481 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-22

Debe desestimarse la queja desde que el recurso de apelación extraordinaria fue concedido exclusivamente en mérito a la causal prevista por el inciso 2) del artículo 42 de la ley 10.160 y, este punto no fue motivo de cuestionamiento alguno por parte de la recurrente.

De tal modo, el thema decidendum al cual se encontraba ceñido el análisis de la Sala era el vicio de autocontradicción de la sentencia del Tribunal Colegiado, y, en este aspecto -más allá del grado de acierto o error en lo decidido en las instancias ordinarias en orden a la cuestión de fondo- lo cierto es que no se advierte que la respuesta brindada por los sentenciantes luzca conculcatoria de los derechos y garantías que invoca.
Usurpación, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Merlo, Horacio-Lucero Acosta, Adriana M. s/ Usurpación-Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-02-05

No tiene trascndencia típica alguna la limpieza -que efectuaron los encartados- del terreno cuya posesión ostentaba el denunciante porque el plazo de prescripción comienza a correr desde el momento en que se produjo el desapoderamiento del bien mediante clandestinidad. Es que, conforme lo establece el artículo 62, inciso 2 del Código Penal, no transcurrió el máximo de tiempo de la pena señalada para el hecho delictivo y, por ende, no existió ni existe impedimento alguno para la continuación del ejercicio de los poderes de acción y de jurisdicción en procura de un pronunciamiento de fondo.
Derecho procesal, recursos, recurso de queja (procesal), procedencia del recurso, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Porcel, Ismael Horacio c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros SA s/ ordinario s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-20

Corresponde admitir la queja contra la decisión que desestimó el recurso de apelación incoado subsidiariamente, contra la resolución que imprimió a las actuaciones trámite ordinario; y concederlo en relación (arg. CPR 248). Es que la irrecurribilidad que dispone el 319 in fine, más allá de que la misma no fue citada en el caso por el a quo, quien sustentó su postura en lo dispuesto por el CPR 36-4°, se refiere exclusivamente a las decisiones que determinan el tipo de proceso cuando el código autoriza al juez a hacerlo, v.gr. en los casos del CPR 208 ó 322, ó "cuando la controversia versare sobre los derechos que no sean apreciables en dinero, o existan dudas sobre el valor reclamado y no correspondiere juicio sumarísimo, o un proceso especial", y no fuera de esos casos (Kielmanovich Jorge, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación t. II, pág. 492, ed. Abeledo Perrot, 2003; en sentido análogo CNCom, Sala B, 26/5/06, "Damnificados Financieros Asoc. Civil para su Defensa c/ Siembra AFJP s/ sumarísimo s/ queja"; Sala D, 11/11/02, "Corrillo Raúl c/ Punta Mogotes SCA s/ medida precautoria s/ queja"; esta Sala en "Baldomero Jhonatan Leonel c / Nación Seguros SA s/ Sumarísimo s/ queja del 24 de octubre de 2013"). Así, dado que la inapelabilidad debe ponderarse con prudencia y estrictez, pues por ser norma de excepción no cabe extenderla a casos que no cuadran exactamente en los fines tenidos al establecerla, pudiendo ser éste un caso dudoso cabe abogar en favor de la apelabilidad (Highton Elena I. - Arean Beatriz A, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Concordado con los Códigos Provinciales, t. 6, p. 28, ed. Hammurabi, 2006).
Competencia federal, servicio telefónico, facturación excesiva
Materia: PENAL
Carátula: Medina, Marta s/ Denuncia infr. art. 197  C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-28

Si la investigación consiste exclusivamente en la sobrefacturación del servicio telefónico y no afecta de modo concreto la prestación del servicio público interjurisdiccional de telecomunicaciones del que es usuario el denunciante, no cabe la intervención de fuero federal.
Constitución Nacional, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hussar, Otto c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Si bien el art. 18 de la Constitución Nacional no requiere multiplicidad de instancias, impone al menos una instancia judicial.
Violencia familiar, mediación familiar
Materia: PENAL
Carátula: Benavídez, Sebastián. c/  s/ Inf. art. 183, CP.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-06

No es ocioso recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe "Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas", se pronunció respecto de la mediación en estos casos.

Dice enfáticamente que [e]s de reconocimiento internacional que la conciliación en casos de violencia intrafamiliar no es recomendable como método para resolver estos delitos.

Un gran número de expertas y organismos internacionales han identificado los peligros del uso de la conciliación como método para resolver casos de violencia, sobre todo la violencia doméstica.

Han manifestado que al hacer este delito conciliable, el delito se vuelve sujeto de negociación y transacción entre la víctima y el victimario. La conciliación asume que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, lo cual generalmente no es el caso en el ámbito de la violencia intrafamiliar.

En varios países ha quedado claro que los acuerdos realizados en el marco de mediación aumentan el riesgo físico y emocional de las mujeres por la desigualdad en las relaciones de poder entre la víctima y el agresor.
Concursos, liquidación y distribución, bienes inmuebles, tercero ocupante, lanzamiento, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Choi Sung Tak c/  s/ quiebra s/ incidente de concurso especial de lee, kei young y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-04

Cabe añadir, que de las constancias adjuntadas surge que en el inmueble en cuestión se encuentran residiendo menores. En ese contexto, hasta tanto no se encuentren establecidas las garantías suficientes para evitar el desamparo de esos menores de edad, el desalojo no podría realizarse (cfr. CN 14 bis y 75-22° y cfr. ley 26061; artículos 3 y 27, Convención sobre los Derechos del Niño). Dicho extremo también resulta óbice en autos para ordenar el desahucio sin recurrir a la vía de un juicio autónomo.
Jubilación por invalidez, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bianchi, Susana Beatriz c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

La opción efectuada por la actora (que poseía menor cantidad de años de servicios como docente en el orden provincial que en el nacional), de obtener el beneficio de jubilación por invalidez en el Instituto de Previsión Social de la Provincia prescindiendo así de los servicios cumplidos en el orden nacional, no implica necesariamente que deban desestimarse estos últimos a los efectos de abonar la bonificación por antigüedad aunque sean inoperantes a otros efectos, ya que computándose la antigüedad en actividad la misma debe incorporarse a los haberes de pasividad (arts. 36 y 37, dec. ley 9650).
Expropiación, indemnización expropiatoria, valor real
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE BUENOS AIRES. c/ SAICO S.A. s/ EXPORPIACION- MONTO INDEMNIZATORIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

Si la expropiante no se muestra como indubitada responsable de las causas que provocaron la paralización de las obras, no corresponde admitir el reclamo por los gastos originados por los servicios profesionales.
Caducidad de instancia, prueba, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Alvarez Rodolfo Rubén c/ Asociart ART y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-10-20

No puede dudarse entonces, que el proceso transita la etapa probatoria, proveyendo el sentenciante la indicada por la parte quien, consiente el decreto de producción de prueba pendiente.- Por las razones expuestas considero que, no habiendo el a quo dispuesto que el actuario confeccione el certificado de las pruebas producidas, ordenando el traslado correspondiente para que las partes presenten el escrito alegando sobre el mérito de las mismas, conforme lo dispone el art. 446 del C.P.C.; el proceso se encontraba, al tiempo de deducir la citada perención de instancia (fs. 400), en la etapa probatoria.

Ello así en tanto no se decretaron en autos, los actos procesales previstos en los arts. 448 y ss del C.P.C.
Honorarios, rechazo de la demanda, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: Correa, Elba Teresa c/ Ministerio de Educación y Cultura s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-08-22

Rechazada la demanda, se debe tomar como monto del juicio, el importe reclamado en la demanda.
Daños y perjuicios, responsabilidad de la Municipalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VALENTINUZZI LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-11-17

La responsabilidad de la Municipalidad está justificada en el deber de conservación de las calles y caminos que le compete dentro de la jurisdicción del municipio, deber que configura un servicio público a cuyo sostenimiento contribuye directa o indirectamente toda la comunidad. Si la Municipalidad no tuviese este deber de mantener el estado de las calles y de reparar los daños causados en ellas sea por la acción de terceros o por hechos fortuitos, la razón misma de su existencia quedaría comprometida.

De este deber de conservación deriva su responsabilidad -"in vigilando"-por los perjuicios que el mal estado de las calles pueda causar a los usuarios. Tal responsabilidad, fundada en principios de derecho público más que civil, no puede excusarse en el hecho ajeno, atribuyendo a terceros el origen de los deterioros de los caminos, porque la obligación de repararlos y mantenerlos en condiciones tales que no puedan provocar daños, es independiente de las causas que producen su mal estado. Si la comuna pudiese rehusar esta obligación y aquella responsabilidad alegando que los deterioros son fruto de la culpa de terceros, virtualmente no habría servicio público.

La Empresa de Obras Sanitarias, que abre zanjas todos los días, no es un tercero por quien la Municipalidad no deba responder. Lo sería, en términos de derecho privado, si las zanjas se abrieran sin conocimiento de la comuna y contra su voluntad (C. Civil, art. 1113 in fine). Pero la Municipalidad consiente, tolera y autoriza las roturas del pavimento necesarias para reparar la cañerías de agua Es evidente, pues, que la empresa de Obras Sanitarias realiza estas actividades con el consentimiento expreso o tácito de la demandada.

Obviamente, no puede ésta alegar su falta de responsabilidad por tales actos que se realizan con su aprobación.-
Recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Moya, Martha Nora c/ Instituto Médico de la Comunidad S.R.L. y/o Q.R.R. s/ Beneficios Laborales s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-12

El agravio del recurrente en cuanto a la omisión de tratamiento en el fallo que impugna de algunos elementos probatorios no es de recibo, ya que los jueces no se encuentran obligados a valorar exhaustivamente todas las constancias de la causa sino solo aquellas que estimen conducentes para fundar sus decisiones.

Por otra parte, las discrepancias del recurrente con el criterio seguido por los jueces en la selección y valoración de las pruebas no sustentan la arbitrariedad denunciada y carecen de entidad para habilitar una vía que no tiene por objeto sustituir a los magistrados naturales en la decisión de las cuestiones que les son privativas, ni abrir una nueva instancia ordinaria para debatir la cuestión, que es lo que al parecer pretende la recurrente. En efecto, no es tarea de la Corte decir o explicar por qué no hay arbitrariedad o absurdo en un fallo, sino una carga para el recurrente demostrarlo sin dejar lugar a dudas.
Libertad condicional, sanciones penitenciarias carcelarias
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: QUIROGA MOREIRA, Basilio s/ INCIDENTE DE LIBERTAD CONDICIONADA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-24

La imposición de una sanción disciplinaria dentro de un período de más de dos años de encierro, no resulta razón suficiente para denegar el beneficio del art. 13 del C.P. en calidad de transgresor de las reglamentaciones carcelarias.