Defensa del consumidor, daños y perjuicios, operaciones bursátiles, comisiones, falta de notificación, representación colectiva, acción de reembolso, multa, daño punitivo
Materia: COMERCIAL-CIVIL-LABORAL-PENAL
Carátula: Acyma Asoc. Civil c/ Portfolio Personal SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-17

1 - Corresponde imponer una multa en concepto de daño punitivo a un agente bursátil y su productor, con motivo del aumento de las comisiones a sus inversores sin formular el pertinente preaviso, conducta que no constituye un simple incumplimiento obligacional sino que supuso la transgresión de estipulaciones contractuales redactadas por esas mismas personas jurídicas que las predispusieron en contratos de adhesión. Teniendo en cuenta que además, se intentó justificar tal proceder invocándose la facultad que les conferían las cláusulas de las solicitudes de apertura de cuenta que también, fueron señaladas como predispuestas y declaradas abusivas en los términos de la LDC por el juez de grado. 2 - Asimismo, el temperamento adoptado por las sociedades demandadas es reprochado por transgredir la expresa normativa de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción (SCT) N° 9-2004, declarada aplicable a supuestos que involucran a consumidores financieros y que justamente fulmina por abusiva cualquier norma que faculte al proveedor a modificar unilateralmente el contrato y alterar las tarifas cuando no se respetan sus condiciones -preaviso mínimo de 60 días, en el caso- en tanto importan ampliar los derechos del proveedor a la par que implican restricción o renuncia de los derechos del consumidor (ley 24240: 37 inc. b; hoy CCCN 968 inc. b. 3 - Quienes han actuado transgrediendo tanto esas expresas estipulaciones contractuales afectando a un relevante número de inversores cuanto una concreta normativa sancionada para amparo del derecho de los consumidores -ahorristas, en general- se ha tratado de empresas de significativa actuación en el mercado de capitales y, precisamente, su profesionalidad es lo que impone un mayor rigor al tiempo de analizar los hechos cuestionados y sus consecuencias, a los efectos de establecer su responsabilidad (CCIV 902, hoy CCCN 1725). 4 - En ese marco de máxima estrictez en el examen de la responsabilidad cabe subsumir el comportamiento atribuido a las demandadas en la disposición sancionatoria por dos razones principales. La primera, la configura el demostrado menosprecio en el trato a sus clientes, vulnerándose no solo el derecho de información (LDC 4) sino, además, su credibilidad y confianza en el sistema bursátil, contrariando así el fin protectorio previsto en beneficio de los inversores en la normativa aplicable. La segunda, es la que refiere a la afectación en particular al mercado de capitales que trasunta semejante proceder, en tanto opaca la transparencia desalentando la participación de posibles inversores con repercusión en el sistema y consecuentemente en la economía en general. En ese sentido acabe remitir al punto 2 de la Exposición de Motivos de la ley 17811; considerandos del Decreto 677/2001 (Régimen de Transparencia de la Oferta Pública) y actualmente ley 26831:1, incisos a y b. 5 - En una objetiva apreciación no puede sino atribuirse a un desmedido afán de lucro (o la "codicia", entendida ésta como "apetito desordenado de riqueza" - RAE-), lo que ha primado en el comportamiento de los agentes bursátiles, actuación que, además, comprometió la confianza de varios miles de inversores con el claro fin de obtener ilegítimos beneficios económicos.

Disidencia parcial de la Dra. Díaz Cordero: A partir de las pruebas producidas no resulta probada la existencia de dolo o culpa grave en la conducta de las codemandadas, elementos necesarios para la imposición del daño punitivo.