Fundamentación de la resolución, falta de fundamentación, querella, nulidad procesal, víctima del delito, acceso a la justicia
Materia: PENAL
Carátula: " N.N. s/ desestimación de denuncia y archivo ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-03

"El decisorio recurrido reposa en una fundamentación tan solo aparente que determina su invalidez como acto jurisdiccional (CSJN Fallos 320:2937 y 325:2044, entre otros), ello así por cuanto la intervención en autos de los pretensos querellantes descarta que el juez esté actuando de oficio ante la falta de impulso de la acción penal por parte del Ministerio Público (ver de esta Sala causa n° 23.602, "Aerolíneas Argentinas s/ desestimación de denuncia", rta. el 19/04/06, reg. n° 24.992 y sus citas). En este sentido, cabe destacar que obran en el expediente pedidos de ser tenido como parte querellante, previos a la fecha de la resolución impugnada y que fueron resueltos, accediendo a la solicitud, con posterioridad al citado decisorio (ver fs.78/82 vta. y fs.147)"."Lejos de encontrarnos ante una mera cuestión procesal, se vinculan directamente a ella derechos y garantías personales que tienen su protección en la Constitución Nacional ante el Poder Judicial, de los que no pueden ser privados los lesionados por el delito mediante la atribución exclusiva al Ministerio Público del derecho de acusar, pues esto implicaría cercenar una garantía sin ningún motivo jurídico ni político que lo justifique (Cafferatta Nores, "La protección penal de la víctima del delito en la normativa supranacional de Derechos Humanos", en "Derechos Humanos, legalidad y jurisdicción supranacional", Juan Carlos Vega director, ed. Mediterránea, Córdoba, 2006, págs. 95/108, con cita de Rafael Bielsa)"."Esta postura, que ostenta máxima entidad cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, encuentra su fundamento en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional que consagran el derecho a la tutela judicial efectiva (ver art. 25, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional según lo normado en el art.75, inciso 22 de la Constitución Nacional) y en las opiniones relativas a este tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos constituyen una guía en la interpretación de las normas de los referidos pactos (conforme CSJN, "Ekmekdjian", Fallos 315:1492, "Giroldi", Fallos 318:314 y "Bramajo", Fallos 319:1840). Estos informes señalan la obligación del Estado de "adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso de las víctimas a recursos adecuados y efectivos tanto para denunciar la comisión de estos crímenes como para lograr la reparación del daño sufrido" (ver CIDH, informe 34/96, caso 11.228 e informe 5/96, caso 10.970)"." la doctrina señala que el acceso a la justicia existe respecto del querellante desde el momento que tiene a su disposición los órganos estatales encargados de la persecución penal y puede ante ellos exponer su pretensión formulando la denuncia o querella y obtener una respuesta razonada (ver Palacios, Juan Carlos, "Es la querella un medio legítimo de inicio por un delito de acción pública? A propósito de dos decisiones contradictorias", Revista de Derecho Procesal Penal, dirección Edgardo Donna, "La actividad procesal del Ministerio Público Fiscal- I", ed. Rubinzal -Culzoni, Santa Fe, 2007, págs. 523/84)"."En efecto, la tutela judicial efectiva tiene como contenido básico el de obtener de los órganos judiciales una respuesta seria, plena, y cabalmente motivada a las pretensiones, y no manifiestamente arbitraria ni irrazonable (ver Solimine, Marcelo, obra citada, con cita de Augusto Morello)".