marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves, incumplimiento de la obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: B. C. A. c/ V. DE B. M. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-27

La notoria desproporción en lo que desembolsaba el marido a través de la tarjeta de crédito para él sólo y lo que destinaba a alimentos para su mujer y su hija, puede calificarse como el incumplimiento deliberado del deber de asistencia que marca la ley.

Dicho proceder constituye una injuria grave. El retacear los alimentos en la forma indicada encuadra acabadamente en el concepto de ofensa, -apreciado según las directivas que imponen el inc. 4 del art. 202 del Cód. Civil.
Pacto de San José de Costa Rica, violación de derechos humanos, libertad de expresión, accionista mayoritario, accionista minoritario, PERÚ, derecho a la nacionalidad, ciudadanía por naturalización, privación de la ciudadanía, canales de televisión, derecho a la información, responsabilidad internacional del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Ivcher Bronstein c/ Perú s/ Sentencia de Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2001-02-06

La República del Perú vulneró la libertad de expresión -artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos- restringiendo los derechos humanos del presidente de un canal televisivo y sus colaboradores al acusarlo de conducir una campaña difamatoria contra las Fuerzas Armadas a través de ciertos reportajes, privándolo luego de su ciudadanía por naturalización, de su participación como accionista mayoritario, de la presidencia de la empresa y de su actividad periodística, pues ha limitado la libertad de circulación de noticias, ideas y opiniones y el derecho de la colectividad a recibir información.
Concurso preventivo, recusación, recusación con causa, juez del concurso, deber de imparcialidad, acreedores del concurso, juicios universales
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Actuación de oficio del Tribunal de Conducta c/  s/ La Clementina SA c/ Vicentín SAIC s/ incidentes de recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-28|2020-06-29

Debe confirmarse el fallo que rechazó la recusación por la causal de pérdida de imparcialidad del magistrado a cargo del concurso preventivo con fundamento en el vínculo profesional de más de veinte años que tendría el juez con el acreedor más importante dentro del proceso, dado que el art. 17 inc. 5 del CPCC de la Provincia de Santa Fe, establece que en los concursos civiles y comerciales, los jueces sólo son recusables cuando medie causa legítima con el síndico o el deudor y agrega que la existencia de causa de recusación o excusación con relación a algunos acreedores y atendiendo, además, al número de éstos, no puede provocar el desplazamiento del juez y dicho criterio es de toda razonabilidad, porque tratándose de un proceso universal en el cual participan gran cantidad de personas interesadas, el criterio para la recusación debe ser estricto, siendo acertada su limitación a cuando exista causal con alguno de los síndicos o con el deudor por la relevancia y necesariedad que tienen éstos en el proceso.
Concesión para la venta de automotores, sociedad anónima, restitución de sumas de dinero, seña, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: BG BPO SA y otro c/ Ford Argentina SCA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Ciertamente, concluir de otro modo (cual sería aplicando lo dispuesto por el CCCN 1059, que ordena la devolución doblada de la seña) equivaldría a ampliar por una disposición legal que entró en vigor con posterioridad al contrato, otorgando un derecho más amplio que el que le correspondía a la compradora de acuerdo a la normativa vigente en esa fecha (que fue la de perfeccionamiento del negocio), esto es, que le correspondía de acuerdo al citado CCOM 475, consagrándose una aplicación retroactiva de la ley nueva claramente inadmisible (CCCN 7, segundo párrafo). A la luz de lo expuesto, corresponde ordenar la devolución pero solamente de la suma entregada por la actora, como consecuencia del efecto restitutorio propio de la resolución contractual operada luego de la entrada en vigor del nuevo CCCN 1080
Juez de circuito, juez de distrito, competencia en razón del monto, leyes
Materia: PROCESAL
Carátula: MONTENEGRO, CARLOS MARIA LUIS c/ CONTE, HECTOR NICOLAS s/ CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA - SUMARIA (CSJ EXPTE N. 749-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-10

A diferencia de lo dispuesto en materia laboral (que solo la asigna por debajo de los quince jus a los circuitos numeros 15 a 34), el articulo 109 de la ley provincial nro 10160 (Ley Orgánica del Poder Judicial) ninguna distinción formula en relación a la competencia civil y comercial de los Juzgados de Circuito asentados en la sede de los respectivos Distritos Judiciales (1 a 14); con lo que toma relevancia la amplitud ("...toda causa civil y comercial..

") con que esta debe entenderse por debajo del justiprecio fijado.
Recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso, honorarios, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Pomiró, Jorge Miguel c/ Madanes, Miguel y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que elevó el monto de los honorarios y dispuso que los intereses correrían a partir de la recepción de la intimación cursada y su rechazo por los demandados.
Caducidad de instancia, segunda instancia, elevación en apelación, asesor de menores, garantías procesales, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: SCHEJTMAN MARCOS c/ GLAZ JOSE JACOBO S-SUC. Y OTRO s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-25

El Sr. Asesor de Menores asume, como todo apelante, la carga de instar la elevación del expediente al Tribunal de Alzada y si no cumple, dejando transcurrir el plazo procede la declaración de caducidad de la segunda instancia abierta con relación a su apelación.

La solución contraria importaría en la práctica suprimir el instituto de la caducidad cuando el recurrente es el Ministerio Público, sin fundamento normativo ni axiológico que lo justifique y, por el contrario, ello atenta contra la igualdad de las partes que el Juez debe mantener en el proceso (art. 34, inc. 5 a) del Código Procesal).
Aportes a obras sociales, depósito bancario, aceptación sin reserva
Materia: LABORAL
Carátula: UNION OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS c/ LABORATORIOS BOREAL SRL. s/ LEY 18610
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-31

La percepción y registro contable del pago realizado por medio de la institución bancaria, sin realizar ningún reclamo de los intereses hasta la interposición de la demanda, no hace aplicable el artículo 624 del Código Civil pues la norma al referirse al 'recibo del capital' no está aludiendo a la inactividad del deudor que puede ser interpretada como la simple presunción derivada del silencio en los términos del artículo 919, sino a un acto jurídico que constituye una expresión positiva de la voluntad. El recibo que prevé el artículo 624 debe ser por lo menos, una expresión tácita en los términos del artículo 918, debe permitir 'conocer con certidumbre' la existencia de la voluntad.
Competencia, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodriguez, Eduardo c/ Empresa Genaro y Fernández S.A s/ Laboral - Opción art. 17 Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-06-23

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado reiteradamente el criterio jurisprudencial, que a los efectos de determinar la aplicabilidad de una ley atributiva de una competencia, corresponde establecer primero si la causa ha tenido o no radicación ante el órgano judicial de que se trata; precisando además que dicha radicación tiene lugar tan solo cuando el litigio se ha trabado por demanda y contestación o ha recaído una decisión judicial expresa sobre la competencia.
Notificación, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: CERAMICA ZANON  S.A. c/ SANITARIOS SAN CAYETANO, DE OSVALDO NOVELO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-08

Si la defensora oficial que venía representando al demandado deja constancia en un acta agregada a la causa de haberlo encontrado e impuesto de la existencia del juicio, el plazo del CPR 170 debe computarse a partir de la referida constancia.
Desistimiento de la instancia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE RIO NEGRO c/ OCUPANTES s/ DESALOJO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-06

"La sanción de la deserción de la instancia por su gravedad debe aplicarse con criterio favorable al apelante, a condición de que el agraviado individualice, aunque sea en mínima medida, los motivos de su disconformidad," ya que: "los agravios ... , no necesitan ajustarse a formalidades sacramentales e inclusive su cumplimiento a los efectos del recurso ha de ser apreciado con tolerancia, según una interpretación que se estima adecuada a una mejor aplicación de la garantía de defensa en juicio".
Objeto de la demanda, gravamen actual
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Lapatovski, Susana y otros c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-06

La lábil correlación entre los pretensores y el objeto de la demanda, por un lado, y el alcance material y subjetivo de la sentencia, por el otro, son consecuencia natural de no haber planteado los amparistas -o al menos de no haber logrado demostrar con la rigurosidad exigible en este tipo de situaciones- cómo el decreto impugnado, en forma actual o inminente, lesiona, restringe altera o amenaza concretamente sus derechos y les permite acudir a la justicia para articular un caso. (Voto del Dr. José O. Casás).
Actos y diligencias procesales, notificación, falta de traslado
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: BORDEU, JUAN MANUEL s/ RECURSO DE APELACION - GANANCIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

El traslado previsto en el segundo párrafo del art. 257 del C.

Procesal resulta insoslayable, en tanto su omisión compromete irremediablemente el derecho de defensa del representante del fisco, que tiene asignada expresa intervención en el incidente sobre el pago de la tasa de justicia: art. 11 de la ley 23898.
Representación legal, poder especial, aceptación de la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: GIORGETTI JOSEFINA MARIA s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-09-11

El recurso de apelación interpuesto contra la providencia que requirió al letrado de la actora que acredite en legal forma la representación invocada, debe ser admitida, pues si bien el art. 1881 del Código Civil determina la necesidad de poder especial "para aceptar herencias", la presentación efectuada por el abogado, en nombre y representación de la actora, acompañando poder general, lo es con posterioridad a la aceptación de la herencia, por lo que no se requiere el requisito aludido en la norma en cita.
Acusación fiscal, requerimiento de pena, falta de requerimiento de pena, tentativa, delito imposible
Materia: PENAL
Carátula: BELLIA ROSETA s/ ACUSACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-06-29

Es idónea la pieza acusatoria que se ajustó a derecho por cuanto el Fiscal individualizó el hecho motivo de la misma y solicitó la condena de la acriminada, aunque no haya recabado pena, en concordancia con el criterio de ese funcionario respecto a la aplicabilidad en la especie de lo dispuesto por el art. 44, último párrafo, del Cód.Penal, a cuya solución correspondería llegar en la sentencia definitiva tras cumplidas todas las etapas del juicio.
Costas, incidentes, exención de costas
Materia: CIVIL
Carátula: BERMUDEZ DE PALACIO MANUELA Y OTROS c/ M.C.B.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

El arbitrio judicial para disponer la eximición de costas en los incidentes, se encuentra limitado, en principio, al supuesto de que la materia jurídica sobre la que versa se preste a complejidades en su solución, sea por su complejidad natural, o por la divergente interpretación que la haya dispensado la doctrina y la jurisprudencia (conf. Palacio "Derecho Procesal Civil" t. III. p.

385; CNCiv., Sala G, R. 265.568 del 4-7-80 y R. 262.423 del 7-7-80).
Libertad sindical, servicio penitenciario provincial, Organización Internacional del Trabajo, fuerzas de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Rearte, Adriana Sandra y otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

El distingo conceptual formulado por los organismos de la OIT respecto de la caracterización del personal de la policía y las fuerzas armadas y el de establecimientos penitenciarios se ha debido a la existencia de diferencias en el "cometido" encomendado a los integrantes de una y otra categoría de trabajadores, circunstancias que no se configuran en Argentina y, especialmente en la Provincia de Córdoba donde los servicios penitenciarios son parte integrante, sin duda, de las fuerzas de seguridad estatales y su "cometido" es coincidente con el de la policía.
Sentencia arbitraria, costas, costas en el orden causado, declaración de inconstitucionalidad, tributos, ingreso tardío del gravamen, liquidación de impuestos, determinación de impuestos, actualización monetaria, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Parque Automotores S.A. c/ Fisco Nacional - Dirección General Impositiva. s/ Recurso de Hecho General Impositiva. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

Es arbitraria la sentencia que, sin dar razones que lo justifiquen, se apartó del principio general que en materia de costas consagra el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y las impuso por su orden, pese a que había revocado el fallo de primera instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la ley 23.256 y lo había confirmado en lo referente a la nulidad de la determinación de actualización e intereses por el tardío ingreso del tributo allí establecido y las costas impuestas a la demandada.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, pautas, acervo sucesorio, monto del juicio
Materia: CIVIL
Carátula: GALINDEZ DE PEREZ DEL CERRO ANGELA s/ S-SUC. S-INC. REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-04

El acervo hereditario a los fines regulatorios, es líquido o neto, o sea con deducción del pasivo, por aplicación de la regla de que lo que debe tenerse presente es la verdadera significación económica del patrimonio, y porque así lo dispone el art. 24 de la ley 21.839 al establecer como monto del juicio, el valor del patrimonio que se trasmitiere (conf. C.N.Civ. Sala G, R. 1469 del 4 10-83 y R. 7587 del 30-8-84 y sus citas).
Recurso de apelación (administrativo), admisibilidad del recurso, resoluciones apelables, contestación de la demanda, gravamen irreparable, presentación extemporánea
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: GCBA c/ ALEXANDER MARIA CRISTINA s/ EJ.FISC.-ING.BRUTOS CONVENIO MULTILATERAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-05

La resolución del juez que mandó a devolver -por resultar extemporánea- la contestación de la demanda, no podrá ser revisada posteriormente, por lo que produce un gravamen de imposible reparación ulterior y, en consecuencia, es susceptible del recurso de apelación interpuesto.
Juicio ejecutivo, nulidad de la ejecución
Materia: PROCESAL
Carátula: ROJAS Orlando Dante c/ Gonzalez Salvador Santiago y Otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-08-13

Conforme al principio genérico que sienta el art. 530 de C.P.C., dicha nulidad procede sólo ante la violación de las formas procesales. Solamente puede fundarse en no haberse hecho legalmente la intimación de pago, o en el incumplimiento de las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva, estando referida al procedimiento y no al título que sirve de base a la acción.

La nulidad de la ejecución, interpuesta como excepción o como incidente, persigue fines análogos a la defensa de defecto legal en los procesos de conocimiento; es decir que aseguran las formas imprescindibles para la defensa de los derechos. Sólo es procedente si se alega un perjuicio evidente, que no se hubiera sufrido sin la presunta violación de la ley.

Se requiere un interés legítimo y no procede si no se ha privado al ejecutado del derecho de defensa, ni se le ha ocasionado ningún perjuicio.

Tenindo en cuenta que la finalidad a que tienden los requisitos de los actos procesales es la de salvaguardar el adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio, resulta improcedente articular su nulidad cuando el mismo no afecta el mencionado derecho. Por ello, no basta para declarar la nulidad que se haya omitido algún requisito del acto, si no resulta que tal omisión ha impedido al interesado ejercer sus facultades.
Acción contencioso administrativa, recurso contencioso administrativo, Municipalidad, personal municipal, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FONTANA, PABLO ANGEL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  ILEGITIMIDAD (CSJ EXPTE NRO  363-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-23

El recurso contencioso administrativo de ilegitimidad debe desestimarse, si la situación que invoca el recurrente es la de ser titular de un derecho subjetivo y no de un interés legítimo, lo que surge de los propios términos del escrito de demanda, en la que desarrolla su argumentación tendiente a demostrar su derecho a la indemnización prevista en el artículo 23 inciso g) de la ley 9286, a cuyo fin solicita la anulación de los actos impugnados y se condene a la Administración a su pago. Ello es así, pues si los actos impugnados adolecieran de los vicios que se les imputan, lesionarían no un interés legítimo de la actora, sino un verdadero derecho subjetivo, cual sería el derecho a cobrar la indemnización solicitada, cuya percepción se encuentra garantizada de manera directa e inmediata en la referida ley.
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piedrabuena Angel Luis c/ Keller Ricardo Daniel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

Si bien recae sobre la Municipalidad el ejercicio del poder de policía y que cuando habilita una calle pavimentada para la circulación de automotores debe tomar todos los recaudos para asegurar a los peatones su zona normal y segura de circulación (las veredas) no basta ello para responsabilizarlo por accidentes acaecidos a peatones que circulan por la calzada, ante la intransitabilidad expuesta por algunas aceras. Es que no basta la "antijuridicidad" -no respecto de obligaciones legales- para responsabilizar a aquélla civilmente por un daño, debiendo existir una relación de causalidad, o sea que tal daño sea atribuible a ese incumplimiento legal.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, cuestión política, control de constitucionalidad, recurso de inconstitucionalidad, control de legalidad, Poder Judicial, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

Sostiene Bidart Campos, sin negar la distinción entre lo político, lo privativo, lo irrevisible y lo judiciable, que el primer sector queda sustraído a la judicatura mientras no hay conflicto de constitucionalidad; no bien éste surge, los jueces reasumen la plenitud de la competencia revisora. De esta manera, se enrola en la tendencia que procura la máxima contención de los órganos estatales; la penetración de la legalidad y la razonabilidad en todos los resquicios de su actividad obliga a no liberar de control constitucional toda infracción al Código escrito.
Derecho laboral, procedimiento laboral, derechos y garantías constitucionales, tercería de dominio, prueba, relación de dependencia, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: FLORES, Mónica Edith c/ GUMIEL, Candelaria y/o TURK, Juan Carlos y/o FLORES, Alicia Susana s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-02-26

Un boleto de compraventa como elemento de prueba para acreditar el dominio sobre un bien inmueble resulta manifiestamente irrelevante a los fines del éxito de una tercería de dominio, Palacio (Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, 1976, T. III, p.282) dice que "tal ocurriría......si el tercerista acompañara un documento que en modo alguno fuese susceptible de acreditar la titularidad del dominio, como sería un boleto de compraventa otorgado a su favor que "no confiere otros derechos que los previstos en el art. 1185 del Código Civil", no alterando "tal conclusión el hecho de que el boleto haya sido protocolizado para acordarle fecha cierta, ni la circunstancia de que se haya dado al tercerista la posesión del inmueble" ni que "se haya dictado una sentencia que condene a escriturar".
Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, competencia derivada, inconstitucionalidad, ley provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación de Maestros Provinciales c/ Estado provincial s/ Inconstitucionalidad y nulidad ley 4873-Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-12-04

Corresponde declarar la incompetencia del Tribunal para entender sobre la acción incoada que solicita la inconstitucionalidad y nulidad de una ley provincial, toda vez que dicho supuesto no se encuentra contemplado en la Constitución Provincial, en la cual se le atribuye competencia originaria y exclusiva a ésta Corte, decidiendo en juicio pleno y única instancia. En efecto, se mantiene la jurisprudencia de ésta en el sentido de que la intención del legislador no fue restringir el control de constitucionalidad a ella, sacando de sus facultades a la que puede llegarse por vía recursiva, a expedirse sobre la validez de una ley, decreto u ordenanza, sino que la Constitución quiso decir que la misma debe entender en forma imperativa en la medida que el fallo sea recurrido.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diaz Sur S.A. c/ Cugat, Juan Carlos s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-15

El medio por excelencia para acreditar el pago lo constituye el recibo, y cuando el mismo no existe, los otros elementos que se aportan con igual objeto deben ser apreciados de modo riguroso, no bastando meros indicios que no alcanzan a ser presunciones o que si lo fueran no son graves, precisos y concordantes o no resultan complementadas por otra probanzas directas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Actos de servicio, personal militar, delito penal
Materia: PENAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael. s/ Excepción  de Incompetencia promovida por el procesado en la causa N.  4852
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

La potestad de mandar no es una atribución formal desprovista de contenido, sino funcional, referida a un determinado campo o esfera de competencia en el ejercicio de la autoridad, y esa limitación proviene principalmente de la Constitución Nacional. Cuando un hecho delictivo aparece cometido en el ejercicio regular del mando dentro de la competencia atribuida, no es dudoso que caiga dentro del concepto de delito cometido en un acto de servicio.