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Pesificación, contratos civiles, falta de pago, ejecución forzada
Materia: COMERCIAL
Carátula: LURASCHI  ALBERTO GABRIEL c/ Estado Nacional Direc. de Adm. de laDeuda Pública s/ Cobro de Sumas de Dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

La jurisprudencia sentada por la mayoría en el caso "Galli" (C.S.J.N. del 5/4/2005, es decir, posterior a la doctrina "Civit" del 11.3.2004, de esta Sala, señalada por el actor) ha decidido la constitucionalidad de la "pesificación" de los títulos emitidos en dólares. Ello no significa que el Estado Nacional se encuentre autorizado a diferir "sine die" el pago de los préstamos garantizados que, como el del "sub lite", se encuentra excluido del canje del decreto 1735/04, a cuyo respecto el titular no suscribió la carta de aceptación prevista en el decreto 644/02 (renuncia de los derechos originales del contrato de préstamo), y no puede hacerlo por imperio de la Resolución M.E. 129/03. En efecto, encontrándose verificado el evento de la falta de pago de los préstamos por el Estado Nacional, debe considerarse legítima y eficaz el ejercicio de la opción de ejecutar forzadamente su cumplimiento (cláusulas 10ª. y 17ª. del contrato), estipulaciones que no pueden ser jurídicamente desconocidas por el tomador de los préstamos.
Competencia contencioso administrativa, excepción de incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Hoffman de Cherby, Elvira I. c/ Estado Provincial s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-09-21

La actora -agente de la ex D.E.Ca. y actualmente jubilada- interpone acción contencioso administrativa de ilegitimidad y plena jurisdicción en contra del Estado Provincial, peticionando la nulidad del Decreto Nº 1687/06 que no hiciera lugar al recurso de reconsideración en contra del Decreto Nº 1978/05 que rechazara oportunamente la solicitud de la ocurrente de incorporar en el cálculo de su haber jubilatorio el adicional designado como "bonificación anual por eficiencia" y el pago de la diferencia de haberes.

Contesta demanda el Estado Provincial interponiendo excepción de incompetencia, en tanto a su criterio la actora pretende el reconocimiento de un derecho -el pago de una diferencia previsional- que tiene su origen en fecha posterior a la transferencia de la Caja de Jubilaciones a la ANSES.

Ello así, corresponde en primer término analizar la viabilidad de la excepción de incompetencia interpuesta por la demandada al progreso de la acción.

En tal sentido, se argumenta que el límite temporal del reclamo de la actora -01/08/94 y el 31/05/95- es posterior al fijado en el acta complementaria del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional de la Provincia a la Nación (01/07/94).

Sin embargo, asiste razón al Sr. Procurador General cuando analiza que la transferencia del sistema previsional se acordó mediante Convenio celebrado el 14/07/94, pero tal instrumento recién fue aprobado por decreto del PEN Nº 328 publicado en el Boletín Oficial con fecha 17/03/95, siendo ésta la fecha de entrada en vigencia del citado Convenio, de acuerdo a lo expuesto por el Art. 2 de la Ley 4785, debiendo agregarse que, por la cláusula Nº 12 del Convenio de Transferencia, la Provincia asume "las deudas previsionales que se hubieran contraído o devengado al momento de la transferencia".

De ello resulta que la Provincia era competente para entender en los reajustes jubilatorios que hubieran sido reconocidos con anterioridad a la entrada en vigencia del Convenio de mención (vigencia desde el 17/03/95) y, teniendo en cuenta que el reconocimiento del derecho a la redeterminación del haber jubilatorio es de fecha 01/08/94 (Decreto Nº 1398), la excepción de incompetencia bajo análisis debe rechazarse.
Embargo, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Iriarte, Jorde Eduardo c/ Martínez, Luis Alberto s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-18

La demanda donde se reclama el cobro de una suma de dinero en virtud de lo establecido en el art. 736 del Código Civil es de competetencia del Juez Civil y no del Tribunal del Trabajo que había dispuesto el embargo de las sumas inválidamente abonadas. (Minoría u opinión personal)
Medidas cautelares, peligro en la demora, prueba, carácter alimentario
Materia: CIVIL
Carátula: Currais, Fernando Álvaro c/ Policía de Seguridad Aeroportuaria s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-10

En lo que refiere al resto de los requisitos establecidos por el Código Procesal y el artículo 13 de la ley 26.584, cabe destacar que: a) el peligro en la demora se encuentra comprobado con el grave perjuicio que generaría la imposibilidad de ingresar al lugar de trabajo, que constituye la fuente de sustento propio y familiar (reiterando el grado de verosimilitud; art. 3, inc. 2 de la ley 26.854); b) la demandada no ha acreditado que la renovación del permiso pudiera comprometer o poner en riesgo prima facie el interés público o la seguridad aeroportuaria (produciendo efectos irreversibles); y c) el carácter alimentario del derecho en juego amerita que se establezca como contracautela una caución juratoria (conf. art. 10 y art. 2, inciso 2, de la ley 26.854).
Recurso extraordinario, fundamentos insuficientes, recurso de queja (procesal), depósito previo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BOTAR S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO-RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- RECURSO DE QUEJA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 438 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-13

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario desde que el recurrente no se hace cargo de aspectos decisivos del pronunciamiento objetado, girando sus planteos sobre aspectos ya resueltos por la Cámara y examinados desde el plano constitucional por esta Corte al rechazar la queja. En esa oportunidad, se tuvo en cuenta que la Cámara había puesto "especial énfasis en que el contribuyente no había pagado el tributo en cuestión desde la habilitación misma del negocio , razón por la cual el reclamo de la Administración involucra todos los períodos no prescriptos y consideró que la conducta del contribuyente no había pasado desapercibida para los jueces de la causa, extremo que, junto a los otros que explicaron los Juzgadores (no se atacó la existencia misma del tributo sino su determinación; posibilidad de realizar convenios de pago; pago del capital únicamente) constituyeron el marco desde el cual se examinó el pedido de dispensa. Esos aspectos, decisivos por cierto, no han sido motivo de crítica concreta alguna en este estadio sino que, por el contrario, todo el discurso recursivo traduce -exclusivamente- el empeño de la recurrente por demostrar que se encuentra imposibilitada de hacer frente al depósito previo exigido por el Tribunal, tratando de subsumir su caso en alguna de las excepciones que la jurisprudencia ha elaborado sobre el tópico e insistiendo en que había acreditado, con los elementos aportados, los extremos de marras.
Fiscalización de sociedades, sociedad de ahorro para fines determinados, plan de ahorro previo, Inspección General de Justicia, responsabilidad de la sociedad, sanciones administrativas
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. ASUNTO PRO-PLAN SA s/ DENUNCIA MARTIN JUAN DOMINGO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

Resulta procedente la aplicación de multa a una sociedad administradora de planes de ahorro, a raíz de su proceder engañoso, consistente en ofrecer a los suscriptores modalidades ajenas a las autorizadas a través de una empresa promotora a quien -en el caso- pretende atribuir el proceder irregular, sin responder por ello, debiéndose tomar en consideración lo normado por la Resolución de la Inspección General de Justicia 8/82 que establece la obligación de las administradoras de cuidar la debida promoción y celebración de los contratos que constituyen su objeto, extendiendo su responsabilidad a las consecuencias de los actos de los concesionarios, agentes y/o promotores en cuanto se refieran al sistema en cualquiera de sus aspectos. Por todo ello, la administradora no debe quedar inmune a la atribución de responsabilidad que se le formula; las maniobras ilegales, o violatorias del régimen contractual y legal de ahorro previo, realizado por los colocadores y agentes de los planes, no puede escapar al menos diligente de los administradores, correspondiéndole el reproche de haber actuado con inexcusable negligencia en la selección y control de quienes colocan sus planes.
Confirmación de sentencia, eximición de prisión, abuso sexual calificado por acceso carnal, restricción de acercamiento, declaración de rebeldía, reincidencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L, C. A. c/  s/ exención de prisión (Causa Nº 51.754/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

Exención de prisión concedida.

Fiscal que sostuvo que, de acuerdo al relato de la denuncia, los hechos serían constitutivos del delito de abuso sexual agravado por haber sido perpetrado con acceso carnal y por su condición de encargado de la guarda (art. 119 primer, tercer y cuarto párrafo, inc. "b", del CP). Eventual calificación asignada que no corresponde de momento evaluar debido al estado procesal en el que se encuentran las actuaciones en donde el imputado ni siquiera ha recibido una imputación formal. Encausado que brindó el mismo domicilio en cada oportunidad y fue notificado de la prohibición de acercamiento sin inconvenientes. Ausencia de antecedentes condenatorios, causas en trámite o declaraciones de rebeldía más identificación correcta desde el inicio de las actuaciones sin registro de otros nombres en el Registro Nacional de Reincidencia. Investigación en donde aún se encuentra pendiente el informe de la Cámara Gesell y las pericias sobre los teléfonos secuestrados. Peligro de entorpecimiento que ha sido contrarrestado mediante la prohibición de acercamiento y contacto desde el inicio de las actuaciones.

Confirmar.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Civit, Juan c/ Progress  S.A.  y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-25

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que declaró mal concedido un recurso de inaplicabilidad de ley sobre la base de que con posterioridad al precedente contradictorio invocado, esa sala había dictado una sentencia cuya síntesis conceptual coincidía con el fallo recurrido, pues habiéndose invocado también oportunamente otro precedente de otra sala, se mantenía la necesidad de unificación de criterios.
Derechos humanos, delitos contra la humanidad, tratados internacionales, obediencia debida, Ley de Punto Final
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Simón,  Julio  Héctor  y  otros s/ privación  ilegítima de  la libertad, etc. (Poblete) -causa Nº 17.768-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-14

A fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la supresión de las leyes de punto final y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de ellas obstáculo normativo alguno para la persecución de crímenes contra la humanidad.
Juicio abreviado, acuerdo de juicio abreviado, atenuantes de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gordillo Rojas, Silvia c/ Gordillo Rojas, Silvia s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-23

Al ajustarse estrictamente la resolución impugnada al acuerdo de juicio abreviado, son inaceptables las posteriores objeciones puestas de manifiesto por la defensa, relativas a la omisión de considerar las circunstancias atenuantes, ya que ello implicaría vulnerar las garantías del debido proceso y la defensa en juicio de la contraparte, que prestó su consentimiento respecto de la totalidad de los puntos motivo de conciliación. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso, Fégoli).
Contrato de trabajo, empleados públicos, AFIP DGI, incapacidad laboral, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: MEDRANO, HILDA SUSANA c/ ESTADO NACIONAL (DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-13

El trabajador de la Dirección General Impositiva desvinculado con posterioridad a la derogación dispuesta por la ley 21418, del CCT.

46/75 E no tiene derecho a percibir la indemnización contemplada en el artículo 212, cuarto párrafo de la LCT. (to.), en virtud de lo dispuesto por el artículo 2, inciso a) de esta última ley.
Beneficios previsionales, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Herce, Enrique c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

La base para computar un período de tiempo de servicios sin aporte a los fines jubilatorios constituye la efectiva prestación del servicio, siempre que se hubiese cumplido de modo de permitir la liquidación de las retribuciones correspondientes,elemento básico y sustancial para la efectivización del aporte consecuente mediante la formalización del cargo deudor.
Liquidación de entidades financieras, depósito bancario, régimen de garantía de los depósitos, depósito genuino, carga de la prueba, responsabilidad del banco
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Krupin c/ Banco Central de la República Argentina s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

Si bien la pericia caligráfica confirma que las firmas estampadas en los certificados pertenecen efectivamente a los directivos de la financiera liquidada, de ahí no se sigue que es el Banco Central el que tiene que producir la prueba de que los depósitos no sean genuinos. Cuando existen importantes irregularidades que den lugar a una fuerte sospecha respecto de la legitimidad de las imposiciones, incumbe al depositario probar que éstas sean genuinas y que hubo efectivo ingreso de dinero. Ya que el examen de las normas que integran el régimen de garantía que establece la ley de entidades financieras, "ampara los depósitos genuinos y no aquellos que sólo contablemente aparecen como tales".
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ARSINOE AVELLANEDA. s/ PROCEDENCIA  DEL  FUERO  FEDERAL- CORTE SUPREMA- COMPETENCIA MILITAR-  ACTOS DE SERVICIO- PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-24

En la tarea de establecer la inteligencia de las normas federales a las que se refiere el art. 14 de la ley 48, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado y del recurrente. Antes bien, incumbe al Tribunal realizar "una declaratoria sobre el punto disputado" (art. 16 de la ley citada) según la interpretación que él rectamente le otorga.
Reclamación de la filiación, improcedencia del recurso, nulidad de la notificación, traslado de la demanda
Materia: DERECHOS HUMANOS-CIVIL
Carátula: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DE CUTRAL-CÓ c/ M. C. L. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-25

Corresponde rechazar el planteo de nulidad de la notificación del traslado de demanda, por cuanto pese a las irregularidades cometidas por la oficial notificadora quien no ha cumplido con los requisitos que impone el artículo 339 del CPC y C para la notificación del traslado de demanda, es decir la doble concurrencia, de la peculiar diligencia [...] surge que la misma ha procedido a fijar un duplicado "previa constatación de que el requerido vive allí". Por lo cual, el simple incidente de nulidad es insuficiente para rebatir los dichos de la funcionaria los que hacen plena fe y sólo podrán ser refutados mediante el correspondiente incidente de redargución de falsedad.
Ejecución hipotecaria, cláusula de actualización, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Galicia y Buenos Aires c/ Flavio R. Fioravanti s/ Ejecución Hipotecaria. Banco Galicia y Buenos Aires c/ Flavio R. Fioravanti s/ Ejecución Hipotecaria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-12-14|1988-12-14

La ley 21309 instituyó un régimen para garantizar obligaciones de dinero sometidas a cláusulas de estabilización o reajuste, tratándose de la constitución de una hipoteca, su ejecución por el acreedor difiere el trámite que prevé el Código de forma. Se considera título que trae aparejada ejecución la escritura hipotecaria y la certificación del saldo adicional expedida con las condiciones que fija la ley (art.4). Esa ley es posterior a la vigencia del Código Procesal, por lo cual el mismo no puede prever ese tipo de ejecución, de allí que las excepciones de Inhabilidad de título puedan oponerse en éstas. Además por las características del título base de la ejecución, en que el certificado integrativo debe confeccionarse con sujeción de los recaudos que establece la ley, ello conlleva a que en caso de desconocimiento de su aptitud como título ejecutable, la excepción sea admitida no obstante la limitación del art. 575 del Código Procesal Civil y Comercial, ello porque constituye la única vía idónea para lograr una adecuada composición del litigio, ante la posibilidad de no haberse esgrimido un documento total o parcialmente hábil en su faz extrínseca.
Políticas públicas, derecho a la vivienda digna, obligaciones del Estado miembro, protección de la vivienda, criterio de razonabilidad, principio de eficacia, medidas urgentes
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales - Mohamed Ben Djazia y Naouel Bellili Vs. España  - Desalojo de locatario - Efectividad del derecho a una vivienda adecuada - Responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2017-06-20

La obligación a cargo de los Estados Parte de proveer una vivienda alternativa a quienes sufran desalojos, implica conforme los términos del artículo 2 del Pacto, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y hasta el máximo de sus recursos disponibles, a fin de satisfacer aquél derecho, teniendo en su poder la posibilidad de optar por políticas diversas para lograr tal propósito, las mismas siempre deberán ser deliberadas, coherentes, coordinadas, concretas y claramente orientadas a la satisfacción del derecho, de la forma más expedita y eficaz posible, con especial atención a las personas afectadas y a la urgencia de la situación.
Insuficiencia del agravio, estado de necesidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: R., B. A. c/  s/ audiencia de sustanciación de impugnación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-05

Vale precisar que el agravio de la defensa vinculado al rechazo del pedido de absolución con cita en el art 34. inc. 3 del CP no es de recibo, puesto que la a quo analizó adecuadamente los aspectos dogmáticos del estado de necesidad justificante por lo que consideró que la actuación de la imputada no obedeció a evitar un mal mayor, en los términos y con el alcance que requiere la norma citada.
Competencia, espionaje, intervención de línea telefónica
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Mónica Elizabeth s/ plantea inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-22

Si en la causa iniciada en Capital en la que se investiga intervenciones telefónicas dispuestas por magistrados de una provincia, quienes las habrían ordenado en un proceso en trámite en jurisdicción local, el magistrado local no cuestiona que se hubiere efectuado el normal funcionamiento de organismo nacional- Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia de la Nación- sino que se limita a plantear que esa circunstancia no resulta suficiente para asignar competencia material al fuero de excepción, corresponde a la justicia federal de la ciudad- donde además se consumaron las intromisiones ilegales y se habría pergeñado el espionaje- continuar con el trámite de la causa cuya investigación aparece como necesariamente inescindible y debe quedar en cabeza de un único juez, ello, más allá de la presunta participación delictuosa en los hechos, de funcionarios o magistrados provinciales. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Incapacidad laboral, determinación de la incapacidad, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Radziunas, Hernando J. c/ Carrocerías Ottaviano S.A. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-06-25

Si no se verifica que las secuelas derivadas del infortunio laboral incapaciten al empleado para continuar desempeñando su profesión habitual, se debe establecer el grado de disminución laborativa del sujeto que deviene de su capacidad total de trabajo.
Prueba, caducidad de la prueba, incidente de nulidad, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: OVIEDO, JUAN CARLOS c/ GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

Es improcedente la vía incidental intentada para invalidar la resolución que desestimó la caducidad de la prueba testimonial, ya que aquel remedio únicamente podría ser obtenido mediante el correspondiente recurso de nulidad, que en nuestro ordenamiento procesal carece de autonomía y está subsumido en el de apelación. Ello así, la pretensión de la actora lleva por una vía oblicua a soslayar la preliminar inapelabilidad que, como regla general, el Código Procesal establece respecto de las resoluciones relativas a la producción, denegación y sustanciación de las pruebas, lo cual es inadmisible.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Araoz, Silvana Andrea y otros c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-25

Una sentencia cuenta con mayoría aparente si en realidad se sustenta en votos que no guardan entre sí la mínima concordancia lógica y argumental requerida a los fallos judiciales (Fallos: 316:1991) o si se basa en fundamentos normativos discordantes que, además, carecen de un análisis razonado y acorde de los problemas conducentes para la correcta dilucidación del pleito (Fallos: 312:1500; 343:506). (Del voto del juez Santiago Otamendi, al que adhieren las juezas Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).