Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-07


En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 7/11/02, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Guibourg dijo:

Contra la sentencia de primera instancia se alzan las partes actora, codemandada Cellular Talk S.R.L. y codemandada Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. en los términos de sus respectivas presentaciones de fs. 297/vta., 298 y 302/306.

La codemandada Cellular Talk S.R.L. apela porque de la prueba de libros surge que el período de trabajo de la actora es anterior al denunciado en el inicio (10/3/97 al 27/11/98), lo que - según sostiene - lleva a entender que la actora no trabajaba para ella a la fecha de ingreso que invoca en la demanda (3/7/00).

También se queja porque "(...) de la prueba testimonial, todos de la propia actora, no surge el sueldo y/o en forma clara la forma de retribución por la prestación de sus servicios. Muestra de ello es que el sentenciante fija la retribución de $500 pesos aplicando su sana crítica al sentenciar".

El primer agravio no reúne los recaudos exigidos por el art. 116, segundo párrafo, de la ley 18.345, ya que la recurrente no vierte argumento alguno destinado a desvirtuar el valor probatorio de las declaraciones testimoniales en que se funda la Juez de grado para tener por cierta la extensión del vínculo que se denuncia en la demanda (ver fs. 289, considerando cuarto). En consecuencia, corresponde declarar desierto el recurso en este punto.

Por otro lado, corresponde desestimar la segunda supuesta crítica, ya que no se advierte cuál sería el agravio que producirían a la recurrente las circunstancias en ella invocadas.

La parte actora apela porque a) se imponen las costas en el orden causado cuando - según sostiene - deben ser soportadas íntegramente por las accionadas; b) no se hace lugar a las comisiones reclamadas a pesar de que - según la recurrente - las declaraciones testimoniales acreditan su devengamiento y c) no se admite la procedencia de la sanción prevista en el art. 132 bis de la L.C.T..

Por su parte, la codemandada Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. se queja, en lo central, por que se la condena solidariamente con fundamento en el art. 30 L.C.T., que no considera aplicable al caso. También se agravia de que - según sostiene - no se tiene en cuenta que su vinculación con la codemandada Cellular Talk S.R.L. finalizó el 27/11/98.

Corresponde confirmar la condena solidaria fundada en el art. 30 L.C.T., ya que no es posible entender que la venta de líneas telefónicas de la codemandada Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. y de equipos de comunicación móviles por ella provistos no constituya parte de la actividad normal y específica que le es propia en tanto está directamente relacionada con la "operación del sistema de radiocumunicaciones móviles celular", que la accionada denuncia como su objeto principal (ver fs. 37 vta.), y se persiguen la obtención de lucro, que es el fin último de toda empresa comercial y cuyo cumplimiento no podría alcanzarse sin operaciones comerciales que impliquen ingresos para la empresa (venta, locación, etc.).

En consecuencia, lo sostenido por la quejosa en el sentido de que su objeto social está constituido exclusivamente por la "operación" de un sistema de comunicaciones no resulta eficaz para evitar la solidaridad establecida por el art. 30 L.C.T., ya que es evidente que tal actividad es parte de un proceso más amplio que necesariamente debe incluir, como actividad normal y específica propia del establecimiento, la comercialización de los servicios (en el caso, venta de líneas);

una postura como la propiciada por la empresa implicaría convalidar una artificiosa segmentación de su actividad comercial cuyas consecuencias, si bien pueden ser satisfactorias desde el punto de vista comercial u operativo, no pueden ser opuestas a los trabajadores en ella involucrados.

Este razonamiento puede considerarse corroborado por los términos del contrato de agencia que la propia recurrente acompaña a fs. 213/228, del que resulta que ella otorga al agente "(...) el derecho de promocionar y vender por cuenta y orden de (...)" Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. el servicio de radiocomunicación móvil celular que ésta brinda, con teléfonos móviles celulares por ella provistos, y que "(...) retiene el derecho de contratar otros agentes dentro del territorio anteriormente mencionado, o de vender directamente en dicho territorio mediante personal de ventas propio".

El agravio referido a la supuesta finalización de la vinculación comercial con la codemandada Cellular Talk S.R.L. al momento del inicio de la relación laboral de autos no reúne los requisitos formales previstos en el art. 116 de la L.O., ya que no están destinados a controvertir la conclusión que sobre el punto expone la sentenciante (ver fs. 289, in fine).

Corresponde, pues, declarar desierto el recurso en este punto, lo que a su vez determina la improcedencia de las manifestaciones referidas a la aplicación de la invocada "teoría de la solidaridad impropia".

También el agravio de la actora referido a las comisiones por ventas adolece del defecto formal citado en tanto no controvierte el razonamiento de la Juez de grado en virtud del que considera que no ha sido acreditado el sueldo invocado en el inicio, comprensivo de las comisiones (fs. 290/291). En consecuencia, también corresponde considerar desierta esta crítica.

Es correcto que la Juez de grado no haya incluido en la condena la sanción prevista en el art. 132 bis de la L.C.T., ya que ella no ha sido solicitada oportunamente por la actora (arg. art. 277 CPCCN).

Sin perjuicio de ello, no se ha probado que la accionada haya incurrido en la retención de aportes referida en la norma citada, lo que no se deduce - como pretende la quejosa - de la circunstancia de que las remuneraciones hayan sido abonadas en forma extraoficial.

Las costas deben ser distribuidas según el éxito obtenido por las partes en cada una de sus pretensiones (arg. art. 71 CPCCN) y teniendo en cuenta también el mérito jurídico de la controversia en que se funde la decisión. Por lo tanto, considerando tales pautas y el resultado del pleito, corresponde imponer las costas de la anterior instancia en 70% a las demandadas solidariamente y en 30% al actor.

Voto, en consecuencia, para que se modifique la sentencia de primera instancia y se impongan las costas en 70% a las demandadas en forma solidaria y en 30% a la parte actora. Propongo, también, confirmar el fallo de grado en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios.

Finalmente, propicio imponer las costas de la alzada en el orden causado en atención a la suerte de los agravios y regular los honorarios de los profesionales firmantes de las presentaciones de fs. 297/vta., 298 y 302/306 en las respectivas cantidades de $150, $80 y $100.

El doctor Eiras dijo:

Que adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I. Modificar la sentencia de primera instancia e imponer las costas en 70% a las demandadas en forma solidaria y en 30% a la parte actora.

II. Confirmar el fallo de grado en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios.

III. Imponer las costas de la alzada en el orden causado.

IV. Regular los honorarios de los profesionales firmantes de las presentaciones de fs. 297/vta., 298 y 302/306 en las respectivas cantidades de $150, $80 y $100.