Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-04-03


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Seis.

En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los tres días del mes de abril del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y NORA SILVIA VELARDE DE CHAYEP; bajo la presidencia del Dr. Cáceres; Secretaria Dra. CRISTINA DEL VALLE SALAS MARTÍNEZ, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 08/06 "CANCHI, Domingo Abersio c/ CHAZARRETA, Saúl Leandro y Otros - s/ Beneficios Laborales - s/ RECURSO DE CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver 1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto?.

En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

2) Costas.

Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 28 vlta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y NORA SILVIA VELARDE DE CHAYEP.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo A fs. 1/11 vlta. la parte actora deduce recurso de casación en contra de la Sentencia emitida por la Cámara de Apelaciones de Primera Nominación invocando las causales previstas en los Incs. "a" y "c" del Art. 298 del C.P.C.C..

Comienza el relato de los hechos señalando, que con motivo de la diferencias suscitadas en la relación de empleo inicia reclamo laboral a su antiguo empleador.

Aduce haber desempeñado en el año 1997 tareas como parrillero, luego y por disposición de la patronal se ordena su traslado a la carnicería de propiedad de los demandados, para retomar en el año 2000 nuevamente las funciones de parrillero.

Afirma que el contrato de trabajo jamás fue registrado, que nunca se le otorgó recibo de haberes, que el salario percibido era inferior al de convenio, y que el día 22/12/00 la patronal le niega tareas.

Que ante ello se dirige a la patronal mediante carta documento solicitándole le aclare su situación bajo apercibimiento de considerarse despedido, y la intima a que proceda a la registración en SURL en los términos de la LNE, asimismo se realiza la comunicación a la AFIP.

Aduce que la patronal responde negando la relación de trabajo, lo que lo obligó a colocarse en situación de despido indirecto por culpa exclusiva de aquélla.

Es así que inicia demanda judicial en procura de lograr el pago de los haberes del mes de diciembre/00, 2º S.A.C./00, indemnización por antigüedad, omisión de preaviso y las establecidas en los Arts. 8 y 15 de la ley 24.013, integración del mes de despido, 1º y 2º S.A.C./99 y 1º S.A.C./00.

Señala que en Primera Instancia se hace lugar a la demanda, condenando al empleador a pagar la suma de $ 12.903,91 y a la entrega del certificado de trabajo.

Apelada la sentencia por la parte demandada en Cámara al hacerse lugar parcialmente al recurso promovido por aquélla, se determina como fecha de inicio de la relación laboral el día 01/01/98 y el registro de la misma en aquel año, dejándose sin efecto las condenas establecidas en los Arts. 8 y 15 de la L.N.E.

Así, a fin de fundar los agravios que le causa la sentencia, aduce en primer lugar la errónea aplicación e interpretación que se hace de la ley Nº 24.013 en particular de los Arts. 11 y 15, los que condicionan la percepción de diversas indemnizaciones a condiciones diferentes y autónomas, en tanto que por el primero se establece el cumplimiento de la intimación al empleador y la comunicación a la AFIP en el plazo de las 24 horas siguientes sólo a los fines de sancionar el trabajo irregular o en negro; y por el segundo se consignan los casos de despidos directo o indirecto acaecidos en el transcurso de los dos años posteriores a la intimación del Art. 11.

Por ello transgrede la disposición legal la interpretación que realiza el voto que conforma la mayoría al requerir a los efectos de la procedencia de la doble indemnización la comunicación en el plazo de 24 horas a la AFIP, cuando la jurisprudencia es conteste en afirmar que la falta de cumplimiento de dicha exigencia solo trae aparejado la pérdida del derecho a obtener cualquiera de las multas previstas en los Arts. 8, 9 o 10 de la L.N.P., no condicionando en modo alguno la procedencia de la duplicación a que alude el Art. 15 de dicha norma.

En suma, se afirma que dicho modo de razonar al apartarse del texto legal conduce a un fallo arbitrario, que se sustenta sólo en apreciaciones subjetivas. Por último formula reserva del caso federal y peticiona, en definitiva, la recepción del recurso promovido, con costas.

A fs. 14/16 la contraria contesta el recurso, quien solicita en base a las razones que allí expone el rechazo del mismo, con costas.

A fs. 24 la Corte de Justicia declara formalmente admisible el recurso de casación.

Obrando a fs. 25/27 dictamen de la Sra. Procurador General Subrogante con lo que la causa, previo llamamiento de autos, queda en estado de ser resuelta.

Siendo ello así, he de recordar que el actor, quien se relacionara con el demandado mediante contrato de trabajo, promueve demanda laboral reclamando el pago de la suma de $ 12.903,91 en concepto de haberes adeudados, S.A.C., vacaciones impagas, indemnización por antigüedad y sustitutiva de preaviso; indemnizaciones emergentes de la Ley Nacional de Empleo, Arts. 8 y 15 y la entrega de certificado de trabajo.

En Primera Instancia se hace lugar al reclamo formulado, condenando al empleador al pago de los conceptos consignados. Apelada la sentencia por la parte demandada en Cámara al hacerse lugar parcialmente al recurso promovido se dejan sin efecto las condenas previstas en la Ley Nacional de Empleo.

Así y con el fin de fundar los agravios que le causa el acto impugnado, la parte actora invoca los vicios de arbitrariedad y de errónea aplicación de la ley.

En tal sentido aduce que la errónea interpretación se configura al requerir el voto que conforma mayoría a los fines de acordar la doble indemnización prevista en el Art. 15 de la LNE, la comunicación al AFIP del requerimiento formulado al empleador en el plazo de las 24 horas hábiles siguientes.

Que de ese modo se confunden los presupuestos de la norma cuya aplicación pretende, dado que el Art. 15 solo prevé a fin de acordar la doble indemnización que el despido indirecto se produzca en el transcurso de los dos años a partir del momento en que el empleador fuera intimado a regularizar la relación laboral.

Que el error de juicio materializado en la interpretación del recaudo de comunicación a la AFIP provoca también el vicio de arbitrariedad.

Expuesto los agravios de ese modo, estimo pertinente comenzar el estudio del caso, no sin antes recordar que la temática propuesta conforma materia que, en principio, se encuentra reservada al análisis y juicio de los jueces de grado los que conforme se señalara en innumerables causas éstos son soberanos en la fijación y apreciación de los hechos de la causa.

Empero ello, dable ser consignar que alegándose en el caso el vicio de errónea aplicación e interpretación de la ley, la interpretación y calificación jurídica dada a la situación fáctica fijada por los jueces de grado puede y debe controlarse en casación.

En lo que a la cuestión concierne la ley Nacional de Empleo en su Art. 15 prevé "... la duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuere el trabajador el que hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en los Arts. 8, 9 y 10, y que el empleador acreditare de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido".

Aduce el recurrente que la indemnización prevista en la norma referida requiere el despido acaecido con posterioridad a la intimación del Art. 11, siendo la indemnización una sanción al distracto motivado en el requerimiento a regularizar la registración.

He de recordar que el Art. 11 estatuye sobre los supuestos en que el trabajador solicita al empleador que regularice su relación laboral, sea porque ésta no se encuentra inscripta -Art. 8- o no se consigna la fecha real de ingreso -Art. 9- o bien se denuncia una remuneración menor a la percibida -Art. 10 de la L.N.E.. A su vez se impone que se remita a la AFIP en el plazo de 24 horas siguientes, la copia de la intimación que fuera cursada al empleador.

A esta altura cabe señalar, que han quedado firmes las conclusiones de la sentencia que no han sido oportunas y debidamente rebatidas, en especial he de consignar que en la sentencia se determina como fecha de inicio de la relación laboral -enero de 1998-, que el registro de la misma se produce en aquel año, ello según lo informado por -ANSES y AFIP-.

A su vez se verifica que la causa de la ruptura fue el desconocimiento por parte del empleador del vínculo laboral que existía entre ambos. Pues del relato de los hechos surge que el trabajador, ante impedimento patronal a prestar tareas, intima al empleador a fin que le aclare su situación laboral bajo apercibimiento de considerarse despedido.

Asimismo a través de dicho documento intima a que se registre la relación laboral. Luego la negación de la relación provoca la injuria y la injuria grave el despido indirecto.

Del an lisis del contexto objetivo, se infiere entonces que la intimación, respecto de la cual sostiene el recurrente cumple con los recaudos previstos por el Art. 11 de la ley 24013, se dirigió en realidad y fundamentalmente a que su empleador reconociera la existencia de una continuidad en la relación laboral.

Dicha situación es extraña a la tutela de los Arts. 7/15 de la ley 24013, ya que a los fines de poner en marcha el mecanismo previsto en el Art. 15 debe acreditarse de modo inexorable relación causal habida entre el despido y alguna de las irregularidades sancionadas por los Arts. 8, 9 y 10.

Es decir, en el caso examinado se ha comprobado que el actor se encontraba registrado desde su fecha de ingreso, de ahí que el despido indirecto no se encuentre motivado en el incumplimiento patronal a dicha intimación, sino que exclusivamente reconoce su causa en la injuria que le provocara la negación de la relación laboral.

Que así las cosas y no dándose en autos el supuesto previsto en el Art. 8 de la L.N.E., resulta improcedente la pretensión esgrimida, dado que, como bien lo expresa el voto que conforma la mayoría, es requisito de procedencia de la duplicación prevista en la norma, que la causa invocada para denunciar el contrato de trabajo tuviera vinculación con las circunstancias previstas en los Arts. 8, 9, 10.

En el sub-examine se ha invocado la violación o error en la aplicación de la ley, como se sabe los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.

Esa función no es cumplida por el recurrente quien se limita a la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa en determinadas normas legales, desentendiéndose justamente de la réplica adecuada a las motivaciones esenciales en que el pronunciamiento judicial impugnado se apoya.

Es decir, nada se aduce respecto al nexo de causalidad que debió acreditarse entre el distracto y las infracciones sancionadas por la ley de empleo, por ello y no configurándose en el sub-judice el presupuesto enunciado, debe rechazarse el recurso, pues la interpretación efectuada luce como una derivación razonada del derecho vigente y de las circunstancias objetivas de la causa. Así Voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que analizadas las constancias obrantes, los planteos de parte y la sentencia en recurso, adhiero a la solución propiciada en el voto precedente, en tanto no se configuran en la decisión del Tribunal de grado los vicios que se le endilgan, resultando ésta, por el contrario, de una razonable interpretación de las normas en juego y de las circunstancias de hecho que conforman la controversia, por lo que corresponde rechazar el recurso intentado. Es mi voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Velarde de Chayep dijo Adhiero a la conclusión a la que arriban los Sres. Ministros que me preceden, por cuanto al no guardar relación el despido indirecto con los Arts. 8, 9 y 10 de la L.N.E. no adquiere aplicabilidad el Art. 15 del mismo ordenamiento.

Sin embargo, aunque muy brevemente, debo dejar a salvo mi criterio respecto a que considero innecesaria la comunicación a la AFIP, cuando se trata del Art. 15 de la L.N.E.

En efecto, como lo tengo dicho en reiteradas ocasiones la procedencia del Art. 15 solamente se halla condicionada a que se haya practicado la intimación al empleador fijada por el Art. 11 de la L.N.E. dentro de los dos años anteriores al despido. Mi criterio encuentra aval en distinguida doctrina.

"La modificación introducida por la Ley 25.345 a la Ley 24.013 no se proyecta al reclamo fundado en el Art. 15 de la L.N.E. en tanto expresamente el recaudo establecido como Inc. b) al Art. 11, solo condiciona la procedencia de los Art. 8, 9 y 10 de dicho cuerpo normativo." (Grisolía "Régimen indemnizatorio en el Contrato de Trabajo 3 edición, Ed. Nova Tesis). Con esta sola aclaración adhiero a lo resuelto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo Conforme al resultado arribado, estimo que las costas corresponden al actor que resulta vencido. Es mi voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo Que consecuentemente con lo expresado en la primera de las cuestiones, y atento al criterio objetivo de la derrota, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte actora que resulta vencida. Así Voto. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Velarde de Chayep dijo Que, una vez más, adhiero a la conclusión expuesta por los Sres. Ministros preopinantes, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido.

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y oída la Sra. Procurador General Subrogante en su Dictamen Nº 80/06 y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE 1) Rechazar el Recurso de Casación interpuesto por la parte actora a fs. 1/11 y vlta. de autos, por improcedente.

2) Costas a la parte actora que resulta vencida.

3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique en las instancias pertinentes.

4) Protocolícese, Hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.