marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Robo en poblado y en banda, concepto de banda
Materia: PENAL
Carátula: L. J. C. s/ ROBO - CONCURSO - MAS TRES PERSONAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-17

La acción delictiva llevada a cabo por cuatro individuos configura el delito de robo calificado por su comisión con la intervención de tres o más personas, sin que tal reunión llegue a conformar la llamada "banda".

Es que desde la sanción de la ley 21.338, que introduce la mencionada calificante y la hace regir independientemente de la "banda", ha quedado sin sustento la doctrina emanada del plenario "Coronel" del 7/6/63, que no hacía coincidir ésta última con el concepto de asociación ilícita, como hasta ese momento estaba establecido por otro precedente.
Juicio ejecutivo, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino S.A. c/ Giramonti Juan Carlos s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-15

En el juicio ejecutivo por remisión expresa de la parte final del art.547 del CPCC, le son aplicables las normas que rigen el sumario, entre las cuales cabe contar aquella que establece que la apelación sólo corresponde ante la declaración como puro derecho (art.494 del CPCC), lo que implica la inapelabilidad del auto que dispone la apertura a prueba de las actuaciones, solución que coincide con la que rige en el propio juicio ordinario (art.359 del CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación penal, sentencia, principio de congruencia, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: HERRERA LUIS ADOLFO s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-08

En relación a los planteos realizados en contra de la sentencia respecto a la falta de congruencia del requerimiento de elevación a juicio, considero que deben rechazarse en tanto que no se rebaten todos los fundamentos en que se sostiene la resolución de la Cámara. Sobre tal cuestión debemos recordar que la doctrina indicó que la correlación entre acusación y sentencia debe versar sobre el hecho y debe exigirse respecto de los elementos materiales del delito coincidiendo la acción u omisión y el resultado imputado, las condiciones de lugar y tiempo al igual que el elemento subjetivo. De la correlación que debe verificarse entre los términos en que quedó sustanciada la acusación y el contenido de la sentencia, surge la formulación del principio de congruencia. Sin embargo queda excluido de dicha exigencia el aspecto jurídico, toda vez que la congruidad no alcanza al título o calificación legal del hecho imputado, pues el tribunal de mérito tiene plena libertad para elegir la norma que considera aplicable al caso en virtud el principio iura novit curia.
Chofer de colectivos, enfermedad accidente, várices, enfermedad profesional, concausa
Materia: LABORAL
Carátula: ROMANO, SIMON SERGIO c/ MODO  S.A.  TRANSPORTE AUTOMOTOR s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Aunque las várices no constituyen una enfermedad profesional propia de quienes conducen colectivos, la posición que debe adoptar el chofer para cumplir su tarea (en el caso durante más de 20 años) le privan de los elementos que ayudan al retorno de la sangre de sus miembros inferiores (la comprensión de la esponja venosa de la planta de los pies o la contracción de la bomba muscular de las pantorrillas que se producen al cambiar), actuando como factor concausal de la afección.
Recurso extraordinario, gravedad institucional, Ministerio Público de la Defensa
Materia: PROCESAL
Carátula: M., M.R. c/ C., A.M. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-18

El fallo en crisis ha afectado la política institucional de la Defensa Pública, al imponerle cumplir una manda -presentación en juicio de la declaración jurada- que conlleva a la vulneración de los principios legales que rigen su propio ámbito de competencia. Entiendo aquí, que no sólo se está afectando el derecho de la accionada a acceder a la jurisdicción con la asistencia gratuita que presta el Estado a través de la Defensa Pública, conforme lo explicitara; sino que, obstruye "la buena marcha de la institución", al exigir el mismo Órgano Jurisdiccional una conducta procesal en franca contradicción con la letra y el espíritu que anima a la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa; que a la postre se traduciría en un ejercicio irregular -por no cumplir el deber confidencialidad- de la función encomendada a los Sres. Defensores. En otros términos, la manda judicial de la presentación de la declaración jurada implica sin más, obligar a los Defensores intervinientes a quebrantar un deber de confidencialidad que les viene impuesto legalmente (art. 3, inciso 4, Ley N° 4.920); y con ello ingresar en un campo de actuación que es de resorte exclusivo de la Defensa con base de raigambre constitucional (arts. 194 y 196 de la Const. Prov.). Al respecto es muy clara la Ley Orgánica del Ministerio al dejar explicitado en su artículo 2 que: "... En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio de Pobres, Ausentes, Menores e Incapaces no puede ser impedido ni coartado por ninguna autoridad. Cada uno de sus funcionarios desempeña su cargo con independencia, autonomía y responsabilidad, con sujeción a las normas constitucionales y en el marco de la presente ley ...".
Beneficio de litigar sin gastos, honorarios del perito
Materia: CIVIL
Carátula: FRYC, Elena B. c/ HACK DE CORREA LUQUE, María s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-21

Los honorarios de los peritos indudablemente integran los gastos y costas del juicio (conf.Podetti, Tratado de los actos procesales, pág. 111/112, n° 30 y pág. 119/122, n° 33; idem Palacio, Derecho Procesal Civil, T. III, pág. 386, n° 311), por lo que no corresponde la pretensión de cobro respecto de quien se encuentra amparado por lo dispuesto en el art. 84 del CPCC.
Jornada de trabajo, horas extra, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MACEDO, LIBERTO Y OTRA c/ COMPAÑIA GENERAL FABRIL FINANCIERA  S.A. s/ COBRO DE PESOS OLIVETTI, MARIO ERNESTO Y OTROS c/ ADMINISTRACION GENERAL DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30|1988-05-20

La ley 21297 no excluye la posibilidad de que las Convenciones Colectivas establezcan la jornada de trabajo, por lo cual si en ellos se pacta una menor a la legal y en base a ello se establece la remuneración, todo el trabajo prestado en exceso de la misma corresponde se retribuya como extraordinario.
Recurso contencioso administrativo, derechos subjetivos, interés legítimo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Los recursos contenciosos administrativos proceden siempre que no exista otra acción o recurso ante distinta jurisdicción por el cual encuentre protección la situación jurídica subjetiva (derecho subjetivo o interés legítimo) regida por el Derecho Administrativo.

Este carácter de "subsidiariedad", es otro de los que caracteriza la jurisdicción contencioso administrativa santafesina.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, imputado, tipo penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: VARELA, AGUSTIN GUSTAVO c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR INTERVENCION DE UN MENOR DE EDAD EN GRADO DE TENTATIVA Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-09

La Cámara valoró la credibilidad del relato de la víctima por su claridad y concordancia con lo dicho por los otros testigos del hecho, quienes -a su vez- señalaron la participación activa del imputado junto al tercero en la agresión, incluso impidiendo que uno de ellos pueda salir del lugar a pedir ayuda, y en ese marco, precisó por qué su acción daba cuenta de un arreglo o plan entre ambos y argumentó que a partir de las pruebas recolectadas se contaba con elementos para elaborar razones sobre la capacidad de discernimiento y voluntad del encartado que se vinculaban con su comportamiento concreto en la génesis, motivación y desarrollo del ataque, desestimando la postura defensista en torno a que el acusado no dirigió sus actos, con motivación que la interesada no alcanza a rebatir con sus alegaciones; y en base a lo expuesto, el A quo descartó -también- las críticas sobre la efectiva participación del imputado en las lesiones en base a la acreditada concurrencia funcional en el acometimiento armado y el dolo homicida en virtud del despliegue altamente lesivo -remarcando que quienes atendieron a la víctima coincidieron en que las heridas fueron de tal gravedad que no le provocaron la muerte como resultado de la inmediata intervención; motivando asimismo por qué -en base a una corriente jurisprudencial- correspondía aplicar el agravante previsto en el artículo 41 quater del Código Penal por la edad y participación que tuvo el menor en los sucesos. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 41 quater.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, autosuficiencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GIACHE, WALTER DANIEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-11

El requisito legal de autosuficiencia no consiste en un ocioso y vacío formulismo, sino que responde a la necesidad de que la Corte pueda comprender con la mera lectura del memorial cuál es la temática del juicio, los asuntos debatidos, el desarrollo del pleito y la conexión de todos los elementos (de hecho y de derecho) con los principios y cláusulas constitucionales que se estiman comprometidas. El escrito recursivo no da satisfacción a tal recaudo, toda vez que en él se revelan carencias en la exposición de la base fáctica y probatoria, así como deficiencias en la fundamentación, omitiendo la impugnante exponer en forma clara y precisa sobre los argumentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional que dice configurada; resultando ello suficiente para desestimar el remedio intentado por incumplimiento del artículo 3 de la ley 7055. - Citas: CSJStaFe: AyS T 72, p 111; T 100, p 449; T 105, p 422; T 122, p 439; T 171, p 139).
Remuneración, pago de la remuneración, prescripción, intangibilidad de la remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: CACERES, CELIA c/ LABORATORIOS ROUX OCEFA s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-26

El principio de la intangibilidad del salario, contenido en el art. 260 LCT, no resulta violado cuando, extinguida por prescripción la causa fuente de la obligación cuyo dies a quo se sitúa mucho tiempo atrás, resultan extinguidas las consecuencias que de ella se derivaban
Malversación de caudales públicos, peculado, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Nicéforo ALMADA s/ JURISDICCION   Y  COMPETENCIA  -  COMPETENCIA  MILITAR  -  CODIGO  DE  JUSTICIA MILITAR  -  DEFRAUDACION - MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

El art. 261 del Código Penal persigue ante todo la tutela de los bienes y rentas de la Nación.
Causas civiles, gobierno provincial, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Radiodifusora Buenos Aires  S.A. c/ Formosa,    Provincia   de  (Subsecretaría  de  Comunicación  Social) s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

No es "causa civil" aquélla en que a pesar de demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones de carácter civil, se tienda al examen y revisión de los actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias en que éstas procedieron dentro de las facultades propias reconocidas por los arts. 104 y siguientes de la Constitución Nacional, no bastando, para ello, con indagar la naturaleza de la acción a fin de determinar su carácter civil, siendo necesario, además examinar su origen así como también las relaciones de derecho existentes entre las partes. DAS.
Daños y perjuicios, responsabilidad del conductor, indemnización por muerte, relación de causalidad, concausa
Materia: CIVIL
Carátula: SIMONA  RIOS  LEON  DE  VELAZQUEZ  POR  SI  Y SUS HIJOS CARLOS OMAR E ISMAEL REINALDO VELAZQUEZ c/ EMPRESA ULLOA  S.A. s/ INDEMNIZACION POR MUERTE CARLOS OMAR E ISMAEL REINALDO VELAZQUEZ c/ EMPRESA ULLOA  S.A. s/ INDEMNIZACION POR MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1988-04-21

Al circular por la calle un camión conducido por el dependiente de una empresa constructora llevaba la caja (volquete) levantada, razón por la cual enganchó y corto un cable de baja tensión que cayó sobre la vía pública, siguiendo su marcha. Al salir de su casa un vecino vio el cable e intentó retirarlo con la mano, recibiendo una descarga eléctrica que le provocó la muerte.

No se puede decir que el "hecho" de la víctima que pretendió retirar el cable, esté desvinculado del hecho de que el cable se encontraba en el acceso a su domicilio.

La circunstancia de que el "hecho" de la víctima no hubiere acaecido si antes el camión no hubiera cortado el cable, es suficiente para negar que el "hecho" de la víctima haya sido autónomo. Ambos "hechos" deben ser considerados con causas. Desde el punto de vista de la culpabilidad (latu sensu) apreciada ésta como factor de atribución de responsabilidad - también resulta evidente que existió en el conductor del camión y en la víctima. Pero es mucho mayor la culpa del conductor, por el peligro ajeno que presentó su descuido o negligencia.
Remuneración, bono federal, acción de amparo, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Velázquez, María del Rosario c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-11

Con relación a la pretensión de pago del sueldo anual complementario, corresponde su recepción. La vía procesal elegida es una acción de ejecución que exige, como presupuesto, que una ley u ordenanza imponga a un funcionario o corporación pública de carácter administrativo un deber expresamente determinado y se verifique la consecuente falta de cumplimiento de ese deber por parte del obligado, pudiendo demandar su ejecución quien tuviere interés o sufriere perjuicio por tal omisión (cfme. art. 25, Ley 8369).

Además son requisitos de admisibilidad que la violación de la norma aparezca evidente, que el acto del funcionario o corporación no dependa de su apreciación o arbitrio, que no existan procedimientos o recursos ordinarios que permitan proteger el derecho y que no se haya promovido otra acción o recurso sobre el mismo hecho, verificándose los mismos en las presentes actuaciones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aduanas, tributos aduaneros, derechos de importación, importación temporaria, inconstitucionalidad
Materia: ADUANERO
Carátula: "Papelera Tucumán SA (TF 14120-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-08

El planteo de inconstitucionalidad del derecho adicional que fija el art. 15 de la resolución (M.E.) 72/92 debe ser desestimado ya que la actora en el despacho de importación temporaria incluyó en la liquidación de los tributos a garantizar el mencionado adicional otorgando la correspondiente garantía y de tal manera se ajustó a la operatoria del régimen que aquella resolución establecía sin formular cuestinamiento alguno. Su sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigido por el régimen de importación temporaria reglado por la mentada resolución al que se acogió, obsta a su impugnación ulterior (Sala I "Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA", 13/09/05) (Cons. V).
Despido, fuerza mayor, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Nogues Fernando A. c/ Alcovide S.R.L. s/ Ordinario (LIBRO: S071 - 099)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-02

La prueba de la fuerza mayor como eximente de responsabilidad del empleador, debe ser inequívoca por lo excepcional, ya que deja sin efecto la inmutabilidad contractual, la protección y la tutela que la legislación laboral establece en favor de los trabajadores y la responsabilidad del empleador por el riesgo empresario.-
Demanda, ampliación de la demanda, circunstancias sobrevinientes
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: INDICE SA c/ AGUERO JUAN s/ EJECUTIVO - DEUDA DINERARIA - CLAUSULA PENAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-03-06

La prohibición de cambiar la demanda durante el curso del pleito y por lo mismo de cambiar la causa petendi, no excluye que pueda hacerse valer la causa superveniens cuando esta sea el mismo hecho jurídico que fue afirmado existente en la demanda y que en aquel momento todavía no existía. La situación aparecería contemplada aunque desde otro ángulo en el art. 851 del c. Procesal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ríos, Juan Carlos y otros s/ Robo; privación ilegal de la libertad; violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Es insuficiente el agravio relativo a los indicios que complementan la prueba compuesta, si sólo se aduce que se trata de un conjunto probatorio "equívoco e inconducente", sin indicar de qué modo habría la Cámara incurrido en esos supuestos vicios.
Contratos agrarios, principios laborales
Materia: LABORAL
Carátula: Benedetti, Hector Raul Vicente c/ La Idesea SH y/o Benedetti Fabian Celestino y/o Quien Resulte Responsable s/ laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-02-28

El encuadramiento de un caso en el Régimen Nacional del Trabajo Agrario (Ley 22.248) y consecuente exclusión del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo no impide la aplicación de los principios del derecho laboral pacíficamente reconocidos por la doctrina y jurisprudencia como una ineludible y necesaria derivación del principio protectorio preceptuado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Silva, Ricardo José c/ Regner, Héctor Ramón s/ Sumario por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-10-20

Para el caso, se exige al actor que pruebe la existencia concreta, real y efectiva del alegado perjuicio en adecuado nexo causal con el ilícito investigado; sea por la pérdida de un enriquecimiento patrimonial previsto, sea por la frustración de aquellas ganancias esperadas de no haber sucedido el siniestro.
Suspensión del juicio a prueba, audiencia de conciliación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Galarza, Rodrigo Orlando s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-26

La falta de celebración de la audiencia del art. 293 del C.P.P.N. -en el caso-, no ha privado a la parte de derecho alguno y su realización sólo hubiera importado un trámite más en desmedro de la celeridad procesal, dicho acto está concebido para el supuesto en que se admita formalmente la suspensión del juicio a prueba. (Voto de la Dra. Catucci, adhieren los Dres. Tragant y Riggi).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, servicios de vigilancia, Policía Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Velasco Angulo, Isaac c/ Buenos Aires, Provincia de. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-15

Es responsable la provincia por los daños y perjuicios padecidos por quien fuera lesionado por un disparo de arma de fuego efectuado por un cabo de la policía provincial al resistir un atraco.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, cheque
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mazza, Teodoro c/ Bustamante Carlos s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-21

El art. 14 de la ley 24.452, si bien establece precisos recaudos de identificación del endosante, no impone sanción alguna en casos de inobservancia y según el último párrafo de esta norma, tal omisión sólo podrá operar dentro del derecho interno, teniendo consecuencias obstativas a la regularidad del cheque, como orden de pago destinada a hacer funcionar el servicio de caja que atiende el Banco, pero no podrá afectar las reglas legales que rigen el ámbito del derecho externo del cheque, ni restarle efectividad como título de crédito cambiario, Máxime con el mantenimiento del texto del art. 17 de la Nueva Ley de Cheques, que alude a los endosos en blanco, sin otro aditamento. (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, monto de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Capiaqui, Axel Nahuel c/  s/ robo agravado por escalamiento y por la participación de un menor de edad en grado de tentativa-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-07

Los Jueces desestimaron los achaques dirigidos contra la pena impuesta puesto que, amén de haber sido ya planteados y resueltos dichos reproches en la anterior instancia, es doctrina del Máximo Tribunal nacional que la facultad para graduar las sanciones dentro de los límites legales remiten a materia ajena a la vía extraordinaria, salvo casos de arbitrariedad, cuya concurrencia en la especie la interesada no lograba persuadir; y ante este panorama, destacó el A quo que la aducida inobservancia al estandar de revisión integral carecía de asidero en la realidad, toda vez que del texto de la sentencia atacada surgía que sí se había efectuado un nuevo examen de los tópicos propuestos por la defensa, compartiendo argumentos brindados por el tribunal anterior, pero también ampliando otros, sin que la defensa hubiera logrado evidenciar con sus postulaciones los vicios de arbitrariedad que le endilgaba al acuerdo confirmatorio, pretendiendo una nueva evaluación de lo que ya había sido fundadamente decidido en las apelaciones incoadas, lo que era completamente ajeno a la instancia intentada. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Astreintes, sentencia, sentencia condenatoria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Torrico, José c/ Orígenes A.F.J.P. y otro s/ Amparo por mora de la Administración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-29

Las astreintes, según la doctrina, constituyen un medio de compulsión consistente en la imposición de una condena pecuniaria al sujeto que no cumple con un mandato dispuesto por resolución judicial, y cu-ya vigencia perdura mientras no cese la inejecución, pudiendo aumentar indefinidamente o, en su caso, ser dejadas sin efecto cuando el sujeto afectado desiste de su resistencia y justifica, total o parcialmente, su proceder -art. 666 bis Código Civil- (cfr. Belluscio y Zannoni, "Código Civil y Leyes Complementarias", Tº III, pág. 242; Garrone, "Diccionario Jurídico", pág. 207; Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº I, pág. 311; "Fassi y Yánez, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº I, pág. 289, entre otros). El fundamento de tal medida está dado por el "imperium" que tiene el Poder Judicial para hacer efectivos sus mandatos y lograr que sus fallos sean acatados. Ello sin recurrir a normas jurídicas que tipifican penalmente la desobediencia judicial a través de figuras como el desacato. (Disidencia de la Dra. Dorado).