Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-20


Causa Nº 23445 caratulada "DUARTE GERMANA S/ FALTA DE HABILITACION Y OTRAS".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de abril de 2007, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo y Marcela De Langhe, para resolver la presente causa.

Y VISTOS A fs. 65/69 la Sra. Germana Duarte, con el patrocinio letrado del Juan Andrés González Bayón, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de fs. 63vta./64 del Norberto Luis Circo -titular del Juzgado nº 23-, que la condena a la pena de multa de cuatro mil doscientos pesos ($ 4.200), cuyo cumplimiento se deja en suspenso, con costas; todo ello en virtud de encontrarla responsable de la comisión de las infracciones documentadas en las actas de comprobación números 20967937, 20967938 y 20970267 obrantes a fs. 5/7, a razón de tres mil pesos ($ 3.000) por la primera de ellas, quinientos pesos ($500) por la segunda y quinientos pesos ($ 500), más doscientos pesos ($ 200) por la tercera.

El Magistrado arribó a la conclusión sancionatoria una vez "valorados que fueran los elementos probatorios acumulados en autos conforme las reglas de la sana crítica a la luz de la lógica y la experiencia" -fs. 63vta., segundo párrafo-. Declaró que los documentos sobre los que se construyó la imputación cumplen los requisitos formales legalmente exigidos y constituyen, por ello, prueba suficiente de la comisión de las infracciones enrostradas. Ante la ausencia de descargos, y habiendo considerado insuficientes al efecto las manifestaciones de la incusa durante la audiencia de juzgamiento, tuvo por acreditada la materialidad infraccionaria.

Finalmente, fundó la individualización de las sanciones impuestas en los principios normados en el art. 28 de la Ley 451 y dispuso que los planteos relativos a la clausura que pesaba sobre la actividad prevenida deberán sustanciarse ante la autoridad administrativa -fs. 63vta., tercero y cuarto párrafos-.

La recurrente impetra, en primer lugar, la nulidad de las actas de fs. 5/6, en razón de consignarse en ellas un domicilio diferente de aquel en el cual se efectuó la prevención, que ninguna relación guardaría con su vivienda. En este sentido, entiende que, en virtud de lo normado por los artículos 1 a 6 del Régimen de Faltas, no se encuentra obligada a responder por las infracciones labradas en el inmueble allí registrado. Sostiene, además, que el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva oportunamente opuesta -y de la prueba tendiente a acreditar su ajenidad respecto del domicilio consignado- configuró en la especie, a su criterio, una injusta oclusión del derecho a demostrar su inocencia -conf. argumentos de fs. 65vta./66vta.-. A ello, por su parte, se adunaría la ausencia de elementos brindados por los inspectores actuantes, quienes negaron recordar toda circunstancia en relación al hecho enrostrado. En suma, la fiscalía no habría logrado revertir aquel estado de que gozaba la imputada -punto 4 de fs. 66vta./67-.

En virtud del señalado conjunto de anomalías, solicita que esta Alzada disponga la producción de las pruebas oportunamente rechazadas -acápite 6 de fs. 67-.

Afirma luego que el acta serie 2 nº 970267 -única en estos autos en la que figuraría correctamente consignado el domicilio en que se efectuó el procedimiento- le endilga hechos por los que no debe responder. Ello así pues, al no constatarse en tal inmueble la presencia de materias primas, máquinas para producir y personal que preste su fuerza de trabajo -además de no haberse evacuado convenientemente el ordenado informe acerca de las definiciones jurídicas en juego y del régimen legal aplicable- no habría quedado probada la existencia en el lugar de un taller de costura, sino sólo de "las tres máquinas que una modista como yo requiere para cumplir sus tareas" -punto 8 de fs. 67vta./68-.

A continuación -capítulo 9, fs. 68-, propicia la revocación de la sentencia por arbitraria, habida cuenta de la inactividad probatoria evidenciada por el órgano acusador en relación a los extremos que conformaban su propia imputación, como así también del mencionado rechazo de los elementos de convicción por ella ofrecidos.

La misma solución propone respecto de la condena recaída en el punto dispositivo III del resolutorio en crisis, esta vez por "falta total de causa y motivación", pues no existiría acusación respecto del hecho que la motivó, ni luciría fundada -acápite 10 de fs. 68vta.-.

Causa nº 23445. Sala II.

El Sr. Fiscal de Cámara se expide a fs. 105/107, una vez concedida la vía por esta Alzada a fs. 101/103. Considera allí que corresponde revocar parcialmente la sentencia recurrida, absolviendo a la encartada por las infracciones obrantes en las actas nº 2 0967937 y 2 0967938 y manteniendo parcialmente la condena impuesta respecto del acta nº 2 0970267. Propicia, además, la extemporaneidad de los planteos atinentes a la excepción de falta de legitimación interpuestos -fs. 105vta.-.

Funda su propuesta liberatoria en la dispar consigna del domicilio inspeccionado verificable en las distintas actas, lo que, a su entender, genera dudas acerca del lugar de comisión del hecho. En este orden, los documentos erróneamente labrados carecerían de validez -fs. 106-.

Estima también el acusador que la prueba oportunamente ofrecida por la Sra. Duarte ha sido infundadamente rechazada por el Circo. Sin perjuicio de entender que la cuestión debió haber sido replanteada como preliminar durante la audiencia de juzgamiento, critica no sólo la decisión del a quo de ordenar informes sobre el derecho aplicable -que no resulta objeto de actividad probatoria- sino, además, la posterior omisión de incorporarlos por lectura al acto de fs. 62/63vta. Estas notas de irregularidad conllevarían a meritar arbitrario el resolutorio, pues tornarían imposible advertir cuál ha sido el criterio que llevó al Magistrado a concluir que en el domicilio particular de la encartada existía un taller de costura -fs. 106 y vta.-.

Cumplidos los plazos y pasos procesales pertinentes, corresponde resolver la apelación incoada.

Y CONSIDERANDO Ya superado el examen de admisibilidad de la presente vía en oportunidad de hacerse lugar a la queja planteada contra su denegatoria -ver fs. 102 vta.-, corresponde el tratamiento de los agravios esgrimidos contra la sentencia definitiva recaída en estos obrados.

Cabe primeramente discutir, en razón de las implicancias que importa la cuestión para la suerte de las restantes pretensiones en estudio, las impugnaciones relativas a la excepción de falta de legitimación pasiva promovida con anterioridad a la celebración de la audiencia de fs. 62/64.

El origen de la controversia se ubica en el deficiente labrado de las actas de fs. 5 y 6, las cuales dan cuenta de que los hechos inspeccionados tuvieron lugar en "Gregorio de Laferrere 2973, PB", inmueble con el que la accionada no guardaría vínculo alguno. Interpuesto el remedio perentorio, el Magistrado lo rechazó, con basamento en que las argumentaciones esgrimidas por la presunta infractora no se correspondían con la defensa opuesta, y que, por tratarse de una cuestión de hecho y prueba, su momento oportuno de análisis era precisamente el del debate -conf. fs. 35 y vta.-.

Sin perjuicio de que, a despecho de la exigüidad evidenciada en aquellas escasas líneas argumentales, emerge de ellas cierta contradicción -consistente en declarar la cuestión incidental como de hecho y prueba y expedirse sólo parcialmente acerca del ofrecimiento de ésta-, como así también de la cercana aproximación al prejuzgamiento allí evidenciada -pues adelanta en el punto II de fs. 35 "que la excepción planteada no tendrá acogida favorable" y luego, a fs. 35vta. segundo párrafo, parece diferir la discusión al momento de celebración de la audiencia- lo cierto es que la conducta observada por la propia infractora, como así también sus manifestaciones de descargo, son las que tornan dispendioso el tratamiento de la vía defensiva esgrimida.

En efecto; adviértase en primer lugar que en el acta de fs. 6 erróneamente estructurada -en lo que hace a la consigna del domicilio de Germana Duarte-, se imputa "falta de seguridad consistente en no tener disyuntor diferencial instalado". Más allá de que existe constancia de entrega de copia del documento, y de la inscripción de un número de Documento Nacional de Identidad que luce idéntico al de las restantes actas, es la misma imputada quien -presentándose espontáneamente ante la U.A.C.F.- el día 24 de julio de 2006 "exhibe factura de disyuntor diferencial" -fs. 19 y su transcripción mecánica de fs. 20-, lo que evidencia su claro conocimiento de la imputación y su inequívoca decisión de reparar la falta registrada. Por otra parte, al momento de ofrecer prueba testimonial -fs. 30vta.-, luego de solicitar diversas medidas para reforzar su aparente ignorancia respecto de los ocupantes y de la actividad desempeñada por ellos en el domicilio cuestionado, así como de manifestar que "desconozco a Causa nº 23445. Sala II.

quienes puedan habitar el inmueble de Gregorio de Laferrere 2973, planta baja", cita a "la persona que aparece identificada en las actas", María Teresa Duarte, con domicilio también en "Gregorio de Laferrere 2973, planta baja". Todo ello torna aun más dificultoso el conocimiento de los verdaderos extremos que la encausada intentaba demostrar. Estas circunstancias, sumadas a la efectiva recepción de todas las actas en copia por parte de la Sra. Duarte en el momento de su confección; a la coincidente acotación temporal del labrado y a la ya mencionada igualdad de identificación de la imputada, conducen a esta Alzada -a falta de más precisiones en el resolutorio del Circo, y ante su omisión de tratamiento durante la audiencia- a la convicción de que obra un evidente error material en los referidos documentos, y que la inspección fue llevada a cabo en el inmueble de Gregorio de Laferrere 2793, planta baja -domicilio constituido por la incusa a fs. 25-.

En función de tales premisas, fulminar las actas impugnadas a la luz de las especiales circunstancias reseñadas implicaría caer en el rigorismo absurdo de declarar la nulidad por la nulidad misma, consagrando injustamente una solución desincriminante fundada en el solo beneficio de las formas. Esta percepción ha guiado, asimismo, la adopción de otras decisiones relativas a similares planteos nulificantes -v.g., causas nº 336-01-CC/2004, rta. el 01/12/2005; nº 182-02-CC/2004, rta. el 26/04/2005; nº 1425-00-CC/2003, rta. el 06/12/2004; nº 094-01-CC/2005, rta. el 31/05/2005; nº 106-00-CC/2005, rta. 07/06/2005; nº 016-01-CC/2006, rta. el 21/04/2006; nº 428-00-CC/2005, rta. el 10/05/2006 y nº 15782-00-CC/2006, rta. el 16/08/2006, entre muchas otras-.

En consecuencia, si bien por los motivos antes expuestos, habrá de meritarse que en autos correspondía rechazar la excepción así opuesta y el ofrecimiento de las pruebas tendientes a sustentarla. No obstante ello, asiste razón al Sr. Fiscal de Cámara en cuanto a la extemporaneidad del planteo, habida cuenta de la explícita negativa a introducir cuestiones preliminares en la audiencia, obrante a fs. 62 in fine.

La ventilación de los restantes agravios encontrará su eje de discusión, una vez más, en las peculiares características de la materia en tratamiento, a la cual, aunque le son aplicables en principio las mismas garantías rectoras del derecho penal y contravencional, reconoce ciertas notas distintivas que hacen a su autonomía y que lo posicionan en un espacio de proyección diferente respecto de aquéllos. Entre ellas se encuentran, por un lado, la dispar gravitación del principio de inocencia; y por otro, las singulares manifestaciones que reviste la acusación y la intervención del Ministerio Público Fiscal en las actuaciones relativas al proceso de Faltas.

En cuanto al primero de estos tópicos, hemos tenido ya oportunidad de sentar que, en virtud de lo normado en el artículo 5º de la Ley 1.217 -que regula el procedimiento en la materia- la "prueba suficiente de la comisión" de las infracciones viene dada con la debida estructuración del documento labrado por el inspector, de modo que, declarada su validez por el Controlador administrativo -art. 14 inc. b)- o por el Magistrado durante la etapa judicial, es el presunto comitente quien debe asumir el rol de revertir la falta a él atribuida. Ello así, en cuanto el ordenamiento infraccional constituye una manifestación del orden punitivo local tendiente a resguardar el orden social comunitario, con respecto tanto a aquellas actividades no prohibidas y reglamentadas por el gobierno autónomo como a todas las concreciones del poder de policía destinadas a amparar bienes jurídicos que en razón de su dimensión axiológica no pueden ser objeto de contravenciones. Tal ejercicio es entendido como manifestación de la facultad de la autoridad de controlar y verificar la comisión de quebrantamientos de dicho orden, a la que se adiciona el consecuente poder coactivo manifestado en la posibilidad de imponer una sanción a quien lo quiebra -conf. causa nº 283-00-CC/2005, rta. el 16/09/2005-. En virtud de la naturaleza propia de esta rama del derecho represivo es que la materialidad de los hechos enrostrados queda en principio verificada por la sola constatación de las formas actuariales, y es la actividad del encausado la que deberá proyectarse sobre ella a efectos de desvirtuar el registro imputativo, recreando los hechos tal cual él los aduce con suficiente vigor de convicción o, eventualmente, alegar y probar la existencia de una causa de justificación o de una circunstancia exculpante -conf. causa nº 379-00/CC/2005, rta. el 17/11/2005-. Ha sido éste, por lo demás, el criterio aplicado en anteriores decisiones, en consonancia con la nítida prescripción legal -v.g., causas nº 165-00-CC/2004, rta. el 07/07/2004; 141-00-CC/2005, rta. el 05/07/2005; 411-00/CC/2005, rta. el 16/12/2005; 050-00/CC/2005, rta. el 23/05/2006, entre muchas otras-.

Esta característica diferencial -que influye decisivamente en el resto de los principios que gobiernan el proceso represivo- afecta, asimismo a la actuación del Causa nº 23445. Sala II.

órgano acusador, que también adquiere ribetes independientes de los observables en el ámbito penal y contravencional. En este sentido, y habida cuenta de la mayor robustez que adquiere la imputación en materia de faltas es que la intervención del titular de la acción pública fue diseñada a título facultativo, sujeta a los criterios de actuación que el mismo cuerpo establezca -art. 41, último párrafo, L.P.F. y Resolución 7/2004 del M.P.F.-. Algo similar ocurre con el Ministerio Público de la Defensa, también facultado para legislar en torno a las oportunidades de actuación del cuerpo, sin que ello comprometa técnicamente la garantía de defensa en juicio -conf. lo sentado respecto de la Resolución 04/04 de aquel órgano en causa nº 324-00-CC/2004, rta. el 15/11/2004- Es que "... en materia de faltas no rigen las mismas normas que caracterizan el sistema acusatorio previsto para la materia contravencional, al ser facultativa la intervención tanto del fiscal como del defensor, de acuerdo con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico de la Ciudad que estableció un régimen específico, donde integró la instancia administrativa regulando la intervención de una serie de funcionarios en salvaguarda del interés del Estado" -causa nº 165-00-CC/2004, rta. el 07/07/2004; doctrina adoptada, asimismo, en las causas nº 231-00-CC/2004, rta el 14/09/2004 y 270-00-CC/2004, rta. el 11/05/2005-.

Afirmado lo anterior, aparecen claramente ajenas al marco válido de discusión las manifestaciones atinentes al carácter que la quejosa asigna a la conducta del fiscal durante el proceso -quien, a su criterio, se encontraría compelido a construir el estado de culpabilidad a partir de la aportación de elementos de convicción que den inequívoca cuenta acerca de la comisión de las infracciones imputadas-. Así es que, por aplicación de aquellos principios, devienen estériles las alegaciones de arbitrariedad de la pieza decisoria, encolumnadas sobre la base de meritar jurídicamente inviable la solución punitiva en virtud de la "inactividad probatoria" del acusador -fs. 68- o de la ineficacia de los elementos de cargo a fin de aportar extremos deductivos que lleven a concluir del modo en que el a quo lo hizo -fs. 66vta/67vta-.

Tal solución alcanza, asimismo, a las pretensiones revocatorias dirigidas al punto dispositivo III de la sentencia en crisis, toda vez que la acusación que la apelante estima omitida viene dada en la especie por el acta de fs. 7 y exime al Sr. Fiscal de toda otra precisión imputativa. Finalmente, la respectiva condena se fundó en la inexistencia de elementos probatorios en contrario -motivación general de fs. 63vta.-.

A la luz de los mismos fundamentos, y toda vez que las restantes argumentaciones remiten a problemas que tienen en la audiencia de juzgamiento su ámbito natural de dilucidación -por pretenderse el reconocimiento de una versión fáctica sólo susceptible de alcanzar virtualidad luego de producida la prueba respectiva- es que aquéllas no alcanzarán el éxito propiciado por la recurrente. En este sentido, no se ha logrado acreditar en autos que las "tres máquinas" que una modista requiere para cumplir sus tareas no se hallaban en el ámbito de un taller de costura normado en el A.D. 630.91, máxime cuando dos de ellas son del tipo "overlock" -según manifestaciones de la Sra. Duarte ante el Controlador, ver fs. 8 y transcripción de fs. 9- y que las tareas eran allí desempeñadas junto con su hermana, lo que refuerza las consignas vertidas durante el acto de inspección -conf. el alegato del Sr. Defensor a fs. 63vta.-.

En consecuencia, y en orden a que no se verifica un caso de inobservancia de las formas sustanciales para el trámite o decisión de la causa, violación de la ley o arbitrariedad -conf. art. 56 L.P.F.- la sentencia recurrida habrá de ser confirmada.

Por todo lo expuesto, oído el Sr. Fiscal de Cámara y en virtud de haber concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE CONFIRMAR el resolutorio impugnado, en cuanto condena en definitiva a la Sra. Germana Duarte a la pena de multa de cuatro mil doscientos pesos ($ 4.200), cuyo cumplimiento se deja en suspenso (art. 32 de la Ley 451), con costas (art. 33 de la Ley 1.217), en virtud de las infracciones detalladas en los puntos I a III del dispositivo de fs.64; no haciendo lugar en consecuencia a la solicitud de ordenar la producción de prueba impetrada a fs. 67, punto 6 del escrito recursivo.

Tómese razón, notifíquese por cédula al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen, debiendo el Sr. Magistrado a quo practicar las notificaciones correspondientes.

Causa nº 23445. Sala II.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: El Fernando Bosch no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.