Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-20


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"L, C A c/ M, M R s/ DEMANDA LABORAL (Indemnización por despido)", expte. nro. 15.941/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (expte. nro. 2522/04), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 277), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 250/259? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada tanto por la parte actora como por la parte demandada fs. 261 y 262 la sentencia definitiva de fs. 250/259, habiéndose concedido los recursos de apelación a fs. 266, libremente y en ambos efectos.

El fallo cuestionado dispuso en la parte cuestionada: "2) Haciendo lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condenando al Sr. M R M S., a abonar a la Sra. C A L, en el termino de diez (10) días de quedar firme la presente, la suma de pesos trescientos noventa y siete con setenta y nueve ($397,79), la que se incrementará de conformidad con lo dispuesto en el Considerando III, debiendo tenerse presente lo dispuesto por el art. 277 de la LCT; 3) Costas a la parte demandada...".

I.A) A fs. 267/268 expresa agravios la parte demandada, mientras que a fs. 269/272 obran glosados los agravios de la parte actora. Es criterio reiteradamente expuesto por la suscripta que en la estructura de la sentencia los agravios tienen por finalidad la individualización de los sujetos de la pretensión y la relimitación del ámbito objetivo del litigio sobre el que recae el pronunciamiento, incluyéndose así entre los elementos que la sentencia deberá contener la relación sucinta de los agravios, siendo el estilo judicial agregar una breve relación de las vicisitudes del proceso, a cuyo efecto basta una mera remisión (conf. crit. Morello- Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.II-C, pág. 64; Cám.Nac.Com., Sala C, 03/11/80, entre otros) y advirtiendo que de las conclusiones en que las apelantes sintetizan los argumentos de sus agravios son claros y concisos y teniendo presente el principio procesal de concentración, he de realizar la transcripción de los mismos sin perjuicio de tener en cuenta cada línea de pensamiento expuesto en el desarrollo que en cada uno de sus agravios han realizado las apelantes.

I.A-a) La parte demandada se agravia por la imposición de costas a su cargo cuando la demanda en su contra prosperó mínimamente en un 28,18%, recurriendo, asimismo, a fs. 268 por altos los honorarios fijados a la parte actora.

I.A-b) La parte actora centra sus agravios por cuanto al resolver la a-quo hacer parcialmente lugar a la demanda rechazando la procedencia de las diferencias salariales originadas en los meses de septiembre y octubre del 2001, la misma:

1) Desconoció lo dictaminado en sede administrativa cuando fue la misma demandada quien solicitó el dictamen;

2) Otorgó al dictamen pericial el valor de plena prueba y 3) Desconoció el principio general que establece que en caso de duda debe adoptarse siempre la posición más favorable para el trabajador.

Efectúa reservas de planteamiento ante distintos organismos superiores a fs. 272. I.B-1) En cuanto al agravio que la a-quo desconoció lo dictaminado en sede administrativa cuando fue la misma demandada quien solicitó el dictamen, a efectos de decidir la presente cuestión he de establecer que es entendimiento de la suscripta que los actuaciones ante sede administrativa deben garantizarse no sólo con la intervención de dicha autoridad sino también con un pronunciamiento de la misma que indique concretamente que se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses en juego de las partes.

Ello es así, porque la sola intervención de la autoridad administrativa no es suficiente, ya que se requiere asimismo un pronunciamiento que controle la justa composición de los intereses en juego, y a su vez, responsabilice a la autoridad interviniente de una anuencia incorrecta, atento la posibilidad útil de impugnar la validez de esa decisión.

En las conciliaciones celebradas en sede administrativa la homologación conlleva la finalidad esencial de verificar que el acuerdo consagre una justa composición de los derechos e intereses de las partes, con lo cual debe mediar el contralor de la autoridad administrativa, ya que en el actual texto del art. 15 de la LCT sólo se admite como válida la actuación que se realice con intervención de la autoridad administrativa y que culmine en una resolución fundada que acredite que, mediante, tales actos, se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes.

A la luz de dichos entendimientos, se advierte que los mismos no se han dado en autos atento a que del análisis de las actuaciones administrativas obrantes en el expediente nro. 1-2082-2001 (fotocopias certificadas 191/234), fue dictaminado por la Asesoría letrada a fs. 218, que atento las cuestiones planteadas las mismas excedían a las funciones de la Subsecretaría de Trabajo Provincia; que sin perjuicio de la resolución del Delegado Regional de dicho organismo bajo el nro. 0777/02 del 28/06/02 (fs. 222/223), a la solicitud de la entidad gremial de homologación en representación de la actora a fs. 224, dicho delegado a fs. 226 vta. del 21/08/02, intima a la entidad gremial a aclarar lo solicitado, la cual en su contestación a fs. 228 expresamente reconoce que su solicitud fue erróneamente presentada.

Lo analizado en el párrafo anterior conlleva a la convicción que la merituación efectuada por la la-quo en el considerando 1ero. - párr. 11ero. (fs. 253 vta.) en cuanto a que las actuaciones efectuadas en sede administrativa no guardan relación con los recaudos establecidos por los arts. 9, 10 y 19 de la Ley Pcial. nro. 3270, no resultando vinculante la resolución que el Delegado de la Subsecretaría de Trabajo adoptó atento que, a mayor abundamiento, no reúne la calificación jurídica de homologación.

Son consideraciones todas ellas por los cuales arribo a la convicción de no hacer lugar a los agravios planteados por la apelante actora a fs. 270/vta., correspondiendo confirmar la sentencia en este sentido.

I.B-2) En lo atinente al agravio que la sentenciante otorgó al dictamen pericial el valor de plena prueba, del análisis de las actuaciones obrantes en el presente proceso, observo que la apelante actora ni ofreció ni cuestionó la prueba pericial contable ofrecida por la parte demandada en el pto. IV, ap. 4 de su contestación de demanda (fs. 43/vta.), ni el dictamen del perito presentado a fs. 187/vta. del cual se notificara a fs. 188 vta., siendo insuficiente los argumentos efectuados en su escrito de expresión de agravios a fs. 271 (pto. 12, párr. 2do) para descalificar la merituación que de la misma realiza la a-quo en el considerando 1ero., párrafos 9no. y 10mo. (fs. 253 vta.), ya que en base a dicho informe se acreditó que la demandada llevaba sus libros de sueldos y jornales en debida forma (art. 52 LCT); la actora se encontraba registrada de acuerdo a lo estipulado en el art. 92 bis. Inc. 2) de la LCT en los folios 45 y 54/55, correspondientes a los meses septiembre y octubre del año 2001 y la categoría que desempeñaba era la de empleada dependiente 1.2.3., según el Convenio Colectivo de Trabajo de los Empleados Panaderos, siendo la actividad correspondiente a la rama panadería, la que más incidencia ganancial detentaba el comercio del demandado.

Por las consideraciones precedentemente efectuadas, arribo a la concusión que deben desestimarse los agravios expuestos por la apelante actora a fs. 271 y confirmarse la sentencia en este sentido.

I-B-3) Respecto al agravio de la apelante actora en cuanto a que la a-quo desconoció el principio general que establece que en caso de duda debe adoptarse siempre la posición más favorable para el trabajador, si bien el art. 9 de la LCT dispone que el principio in dubio pro operario se aplica sólo en cuanto a la duda de que norma aplicar (conf. Meilij, "Contrato de Trabajo", T. I, pág 54), dicha circunstancia no se ha operado en los presentes autos atento a las merituaciones efectuadas en los considerandos precedentes del presente voto, situación por la cual el arribo a la convicción de no hacer lugar a los agravios planteados por la apelante actora a fs. 271/vta., correspondiendo confirmar la sentencia en este sentido.

I.B-4) Respecto al agravio de la parte apelante demandada por la imposición de costas a su cargo por entender que la demanda en su contra prosperó minímamente en un 28,18%.

Es criterio reiteradamente expuesto por la suscripta (sent. def. nro. 32 de esta Sala "B" del 16/05/01, entre otros) que en la distribución de costas el juez debe guiarse por un criterio jurídico y no aritmético, tomando en cuenta que en materia laboral las disposiciones procesales sobre la materia deben interpretarse conforme el principio protectorio (conf. crit. CNTrab, Sala III, 20/10/92, "Canal, Ana M. c/ Sanatorio Lavalle SRL", DT-1992-B-2295), más aún cuando la empleada necesitó accionar judicialmente para que se le reconocieran sus derechos, aunque no lo fueran en la extensión que peticionara en la demanda, razones todas estas por las cuales arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios planteados por el apelante demandado a fs. 267/268 y confirmarse la sentencia en este sentido.

I.B-5) El apelante demandado a fs. 268 se agravia por estimar altos los honorarios fijados a la parte actora.

Advirtiendo que la regulación efectuada por la a-quo en el considerando IV (fs. 238/vta.) se ajusta a las prescripciones dispuestas por la Ley Arancelaria Provincial (Dto.Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335, arts. 6 a 10, 19, 39, 47, 61 y 62), corresponde no hacer lugar a dichos agravios y confirmar en esta sentido la sentencia.

I.C) En virtud de lo decidido en el presente voto, no habiendo prosperado los agravios interpuestos por ambas partes las costas de esta instancia se imponen en el orden causado (art. 71 del CPCCh).

Se difiere la regulación de honorarios para el momento del acuerdo, donde serán fijados teniendo en cuenta complejidad de la materia puesta a decisión, la labor desarrollada y el éxito obtenido, en un todo de acuerdo con lo establecido por los art. 14, 22, 47 y ccdtes. de Dto. Ley Pcial nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial nro. 4335).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria, en caso de coincidir, para el momento del acuerdo la siguiente:

1) Desestimar tanto los agravios planteados por la apelante demandada a fs. 267/268, como rechazar los agravios planteados por la apelante actora a fs. 269/272, confirmando la sentencia de fs. 250/259.

2) Costas de la alzada por el orden causado y diferir la regulación de honorarios al momento del acuerdo.

3) Tener presente la reserva del caso federal planteado por la actora a fs. 272.

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Llegan las presentes actuaciones a la alzada en apelación (fs 261 y 262) de la sentencia de fs 250/259 que hace lugar parcialmente a la demanda y condena al Sr M R M S. a abonar a la Sra. C A L, en el término de diez días de firme la sentencia, la suma de trescientos noventa y siete pesos, con setenta y nueve centavos, más el incremento de acuerdo al considerando respectivo, impone las costas al demandado y regula los honorarios.

El demandado se agravia con relación a la imposición de costas que le impusiera la sentencia, ya que se reconoció a la actora únicamente la suma de $367,19 en concepto de horas extras y $30,60 en concepto de SAC, prosperando sólo el 28,18% del monto reclamado.

Cita jurisprudencia y solicita se condene en costas a la parte accionante o por el orden causado.

En el punto III de fs 268 apela por altos los honorarios regulados a la actora.

Por su parte la actora se agravia por haber rechazado la sentenciante las diferencias salariales originadas en los meses de septiembre y octubre, sin considerar el expte 1-2082/01 y que en el mismo, ambas partes ofrecieron pruebas y que fue la parte accionada quien requirió el dictamen administrativo.

Entiende la parte quejosa que se incurre en un exceso de rigor formal al otorgar al dictamen pericial contable carácter de plena prueba, cuando surge del informe que el rubro panadería fue el más vendido durante los meses de septiembre y octubre de 2005, sin embargo resalta que su mandante trabajó durante los meses de septiembre y octubre de 2001.

Menciona el principio protectorio del art.9 de la LCT, así como el art. 8 y, atento lo que disponen, debió aplicar el convenio más favorable al trabajador.

Hace reserva del caso federal.

Entrando a considerar los agravios de la actora, adelanto que no coincidiré con lo resuelto por la Sra Juez, en la valoración de las pruebas, pues sin perjuicio de sostener permanentemente que:

"La apreciación de la prueba en los juicios de trabajo queda librada a criterio del soberano juzgador, salvo el caso de ser manifiestamente absurda, entendiéndose por tal la que escapa a las leyes lógicas formales, transgrediéndolas, o lo que es impensable o inconcebible y no puede ser de ninguna manera por haber quedado al margen de las reglas del raciocinio", "Ley de Contrato de Trabajo y sus reformas", Sardegna, pág. 222, en autos entiendo que se ha hecho una equivocada aplicación de la ley 3270.

La norma citada en primer lugar integra el Capítulo II de dicha ley y lleva por título "Conflictos individuales y pluriindividuales", y está encabezada por el art. 7º que en su primer párrafo comienza con la siguiente redacción: "Cuando las partes voluntariamente se sometan a la instancia administrativa...", etc..

De ello se desprende que tal sometimiento voluntario es un requisito imprescindible para que sea de aplicación lo que la norma manda.

Asimismo, el art. 9 de la ley regula el procedimiento a seguir en el trámite, debiendo fijarse una audiencia de conciliación y, si la misma fracasare, "... se ofrecerá el arbitraje en la persona del funcionario al que se le haya delegado expresamente esa facultad, para lo cual las partes deberán precisar los puntos que someten al arbitraje...".

De la lectura del expediente administrativo 1-2082/01 del Ministerio de Gobierno de Trabajo, Subsecretaría de Trabajo, Delegación Regional de Comodoro Rivadavia, agregado a fs. 191/234 surge que si bien no se ha dado cumplimiento acabado al procedimiento no se ha vulnerado derecho alguno de las partes.

El artículo 5º de la ley 3270, dispone "que en todas las actuaciones que se promueven en la Subsecretaría de Trabajo, no regirán formas solemnes y de cumplimiento estricto, debiendo mantenerse la igualdad entre las partes y se garantizará la defensa de los derechos constitucionales".

Consta que ante la presentación de la actora en sede administrativa, y notificada la demandada para la audiencia de conciliación, es el Sr M mediante apoderado, quien solicita la intervención del órgano a fin de dilucidar la controversia acerca de la escala salarial que corresponde aplicar, de panaderos o pasteleros, en igualdad de funciones, atento que existen criterios de interpretación encontrados entre el sindicato y el empresario, lo que presenta como un hecho nuevo y dice textualmente "a fin que el Sr Delgado se expida mediante resolución fundada sobre cuál de los convenios en disputa se debe aplicar".

Lo que ratifica a fs. 204/ 205.

Se encuentra agregado informe del SROPPP, dando las razones por las que es de aplicación la escala salarial del convenio colectivo de pasteleros, y sólo ella, siendo de aplicación respecto del resto la convención de panaderos.

Ante ello la Secretaría de Trabajo resuelve conforme surge de fs. 322/323, se efectúa liquidación y se notifica al demandado.

Pero lo que sí deviene cierto es que la decisión de la Secretaría no resulta vinculante, tal como lo reconoce la apelante.

Pero ello no es óbice para no valerse de las pruebas agregadas en el expediente.

He de aclarar que ninguna duda cabe que la CCT 62/75 de "Panaderos" rige en todo el ámbito del país (art. 3 y acta inicial), para todos los obreros y empleados de la industria del pan y afines (art. 4), mientras que el CCT. 30/89 tiene como zona de aplicación solamente la Capital Federal y los partidos de la Provincia de Buenos Aires que establece su art. 3, siendo su ámbito de aplicación personal según el art. 4 el de obreros y empleados de los establecimientos de masas (fábricas), personal de confitería sin bar (rama pastelería), personal de fábricas de pastelería y fábricas de sandwiches (ERREPAR, "Informe de Convenios Colectivos" Nº 65), evidentemente y concluyo, ni por el ámbito territorial ni por el ámbito del personal comprendido, puede serle aplicado al contrato de trabajo del actor el convenio 30/89.

Y ello no fue negado por el sindicato, sino que se alegó que se ponía en vigencia para esta zona la escala salarial y no el convenio por no ser signatarios.

Ello no fue probado, no obstante la documentación de fs. 216/217, toda vez que del informe solicitado en principio a la Secretaría de Trabajo y posteriormente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (fs. 287), como medida de mejor proveer, surge que no obran registros de los expedientes 7349/71 y 8077/72.

Y ello es suficiente para desestimar los agravios, más allá de entender que la prueba pericial contable, se refiere como bien lo indica la quejosa a un período posterior al trabajado por la actora, y no es decisiva, ya que la mayor o menor cantidad de pan no resulta dirimente, pues como ya señalé para aplicar una u otra convención no se requiere ello, toda vez que la CC 30/89 no es de aplicación en la provincia.

En punto a la imposición de costas que es motivo de agravio por parte del demandado, observo que el actor solicitó diferencia de haberes conforme a la categoría y escala salarial aplicable, horas extras impagas, diferencia proporcional de vacaciones y SAC sobre vacaciones, prosperando sólo las horas extras y el SAC del segundo semestre sobre la horas extras reconocidas.

Y me he permitido detallar las pretensiones de la actora, así como la desestimación que hiciera la a-quo, pues entiendo que ello me permitirá el tratamiento de la queja, que adelanto será admitida, procediendo a la distribución de las costas en los términos del art. 71 del CPCCh.

Y he de seguir doctrina de nuestro Tribunal Cimero en el sentido de compatibilizar el principio del art. 59 de la ley 69 con la imposición de costas al vencido en caso de sentencia condenatoria, con los arts. 68 y en particular el aludido 71, ambos del CPCCh.

Nuestro Excmo. S.T.J. ha fijado tal doctrina en "C de R c/ Chubut Construcciones y otro" (S.D. 3/93), donde se reitera y reafirma lo en su momento decidido en autos "C L c/ Prov. del Chubut" (S.D. 7/91).

Al decir que el art. 59 de la ley ritual laboral establece un principio general, que no es de aplicación mecánica y automática, puesto que siempre remite a discernir la condición de derrotado o vencido, en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un análisis de suma prudencia particularizado a la cuestión.

Que es seguir el criterio del STJ ya adoptado en "Orozco c/ Op. Esp. Arg." (S.D. 40/88), también seguido en "C c/ Cooperativa... de Pto. Madryn" (S.D. 47/92), reiterado en "V Tr c/ Est. L B" (S.D. 71/92), aceptando como regla el art.59 de la Ley 69 pero no de un modo absoluto, sino admitiendo excepciones que lo relativizan, derivadas del análisis prudente de las circunstancias particulares del litigio, que puedan determinar con legalidad y razonabilidad la aplicación del 68 2da. parte y/o 71 CPCCh. de conformidad con el art. 76 de la ley 69.

En atención por lo tanto a las pretensiones deducidas por el actor, el progreso de algunas de ellas, pero sin olvidar que son los obligados al pago los que con su actitud obligaron al actor a recurrir a la justicia, para lograr lo debido, estimo que nos encontramos en el supuesto de distribuir las costas de la instancia de origen en proporción al resultado obtenido.

Así, entonces, opino que las costas de la primera instancia deben ser distribuidas, imponiendo el 70% de las mismas a la actora y el 30% restante al demandado.

Modificando el fallo apelado en este aspecto.

En punto a la apelación de la parte demandada por entender que los honorarios regulados a la actora son altos, entiendo, junto a mi colega, que se ajustan los mismos a las pautas arancelarias.

Y a tal aserto arribo luego de observar el trabajo profesional, el resultado obtenido, y demás pautas de los arts. 6 y 7 de la ley 2200 y su modificatoria.

Las costas de esta instancia, atento a cómo se resuelve, las impongo en un 80% a la actora y en un 20% a la parte demandada.

A fin de regular los honorarios de los profesionales, que los difiero para el momento del acuerdo, valoraré la actuación profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperaran y demás pautas de los arts 6 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Rechazar los agravios de la actora y, en consecuencia, confirmar el punto I de la sentencia de fs. 250/259.

2) Modificar parcialmente el punto 3 de la sentencia de fs. 250/259 respecto a las costas, que las impongo en un 70% al actor y 30% al demandado.

3) Confirmar los honorarios regulados a la actora, rechazando la apelación interpuesta.

4) Costas de la alzada en un 80% a la actora apelante vencido y 20% al demandado.

5) Diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo 6) Tener presente las reservas formuladas.

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento la presente causa por apelación deducida por las partes actora y demandada contra la sentencia definitiva nro. 76/2006 del Juzgado Letrado en lo laboral de la jurisdicción, que hizo lugar parcialmente a la demanda desestimando el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25561, y sus decretos reglamentarios, condenó a M R M Sepúlveda al pago de la suma de pesos trescientos noventa y siete con setenta y nueve centavos, con intereses, a la actora C A L, e impuso las costas a los accionados (fs. 267/8, fs. 269/72, fs. 250/9).

Toda vez que las Sras. Camaristas prevotantes dejaron sentados los motivos de queja y en la convicción que la manda constitucional no está destinada a repeticiones disvaliosas y que se encuentra cumplimentada la exigencia procesal, me siento eximida de tal labor y doy por reproducidos los agravios.

Atento que la ley 4550 modifica el art. 271 del CPCCCh (art.4), disponiendo que es suficiente a los efectos de adoptar decisión que el tribunal lo haga fundadamente, examinando las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubieran sido materia de agravios, y por mayoría, "bastando para conformarla los votos en sentido coincidente de quienes se expidan en primero y segundo término", dejando a salvo la facultad del tercero de emitir su opinión.

No obstante contar con dicha facultad y ser la tercera votante, no se limitará el pronunciamiento exclusivamente a la cuestión de la imposición de costas en la instancia de grado, sobre lo que se quejó la demandada, y que hubo discordia entre las prevotantes; sino que dejaré sentada mi posición respecto de la queja sobre la valoración de la intervención administrativa, de la pericia contable y la aplicación en la especie del art. 9 de la LCT que la actora se sintió agraviada, cuestiones sobre las que hay coincidencia en desestimar los planteos de la recurrente.

El instituto de la excepción de transacción, como el de la cosa juzgada, tienen una finalidad común, cual es la de evitar que se abra un nuevo proceso sobre una causa fenecida, evitándose con ello el escándalo e inseguridad jurídica sobreviniente.

A su vez, son asimilables sus efectos, pues mediante ambos institutos, se pone fin o se extingue el litigio iniciado nuevamente y por idéntica causa -la transacción tiene efecto de "cosa juzgada"- (conf. Acta C.N.A.T. Nº 393 del 26/6/53; Acuerdo Plenario nro. 137, art. 69 de la LO y art. 850 del Código Civil).

Estimo que al no existir acuerdo suscripto en sede administrativa, mucho menos homologado por la autoridad de aplicación con arreglo a lo dispuesto en el art. 15 de la LCT, no puede pretender que tenga plenos efectos a la luz de la doctrina que emana del Acta C.N.A. T. Nº 393 del 26/6/53 y del Acuerdo Plenario Nro. 137 "L, A c/ Casa Enrique Schuster SA" (Fallo publicado en elDial - AP8C), lo que es en cierta forma reconocido por la apelante, ciñéndose exclusivamente a una discrepancia sobre la valoración de la prueba dada por la Aquo respecto de dichas actuaciones.

Es más, resulta relevante el reconocimiento a fs. 228 de la errónea presentación, la falta de acreditación de las manifestaciones y reclamos de la parte actora que escapaban a las facultades de la administración (fs. 218).

Por lo cual en nada conmueve el agravio, con su disenso, el análisis de la Aquo de esta prueba (fs. 253 vta.), motivando la desestimación del mismo.

La misma suerte adversa sigue la objeción sobre la prueba pericial contable, habida cuenta que en las instancias procesales oportunas no se opuso ni dejó sentada su postura, menos aun impugnó, guardando silencio en el momento de alegar fs. 243/5.

Para sintetizar e ilustrar el concepto cito: "La prueba de que aquí se trata está sometida a un régimen muy particular, establecido por la última parte del párrafo 3° del cpr 473, que prevé lo siguiente:

'La falta de impugnaciones o pedidos de explicaciones u observaciones a las explicaciones que diere el perito, no es óbice para que la eficacia probatoria del dictamen pueda ser cuestionada por los letrados hasta la oportunidad de alegar con arreglo a lo dispuesto por el artículo 477'".

Nótese que según esa norma procesal, la falta de impugnaciones, observaciones o pedidos de explicaciones, no obsta para que la eficacia probatoria del dictamen pericial pueda ser cuestionada en el alegato sobre el mérito de la prueba, pero ese cuestionamiento al valor probatorio del dictamen puede ser hecho hasta la oportunidad de alegar.

En la situación descripta, cabe aplicar la regla del cpr 277: "El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del señor juez de primera instancia".

Destaco que esa regla es aplicable al caso, por cuanto la eficacia del dictamen pericial -o, si se prefiere, la ineficacia del mismo- debió ser un capítulo propuesto al señor Juez a quo en el alegato, conforme con la carga procesal antes mencionada aquí ("CNCOM - SALA D - 13/02/2002 - "R Á O c/ La B A N Y L Seguros de Vida SA s/ ordinario" - Citar: elDial - AAE84).

Por lo que desestimo la queja de la apelante actora en este tema.

Las veces que la ley de contrato de trabajo trae normas de colisión entre fuentes, momento en el cual debe adaptarse el principio del régimen más favorable, basamento en el principio protectorio propio de la disciplina laboral, por lo que la aplicación del régimen más favorable se impone como función integradora de los principios generales de derecho del trabajo, aplicándose en la situación de normas contrapuestas, lo que no es el caso subexámine; resultando extraña a derecho la pretensión del recurrente, pues solo en caso de colisión de normas ha de prevalecer en la decisión tal criterio.

Por último, debo dejar aclarado que "el principio in dubio pro operario no resulta aplicable a la valoración de los hechos ni cuando hay duda en los juzgadores respecto de la aplicación e interpretación de la ley" (CSJ Bs.As. 1993-10-12,DJBA 145-7247).

En síntesis confirmo lo resuelto.

Con relación al agravio de la parte demandada, la imposición de las costas, con anterioridad, en diversas sentencias tuve oportunidad de dejar establecido mi criterio al respecto, remitiéndome a lo dicho en Sent. Nº 68/01, sent. 29/99 Sent. Nº 35/99, Nº 22/1998, 81/1988, 29/1999, que entre otras se encuentran en los registros del Tribunal.

En aquellas oportunidades se dejó sentado que compartiendo la doctrina del STJ de la provincia en Sent. Def. nro. 21/97, que refiriéndose a la aplicación del art. 20 de la LCT y 59 de la Ley 69, aplicó el criterio de costas proporcionales pues, "interpretó que no puede consagrarse la total irresponsabilidad de una litigiosidad artificial, que existen situaciones en que sin ser una plus petitio inexcusable hay pretensiones deducidas que no pueden admitirse por tratarse de rubros pagos", en aquel caso.

En el presente, ateniéndome no solo al resultado de la causa y quien ostenta en apariencia el carácter de vencido y en que no debo apartarme de la doctrina seguida, pues en el caso concreto reclamó rubros cuya demostración en el transcurso del proceso no alcanzó a producirse.

En tal sentido, observo y detallo en esta oportunidad que a fs. 24/33 demandó la diferencia por la aplicación de otra convención colectiva de trabajo que fuera desestimada, diferencia de 7 días no abonados en septiembre del 2001, se hizo lugar parcialmente al reclamo por horas extraordinarias, se desestimaron los francos compensatorios lo que llegó firme a esta Alzada, lo mismo que demás diferencias salariales, salvo la señalada (fs. 257 y vta.), la procedencia que estuvo lejos de corroborar las afirmaciones del escrito de la demanda, no existió por parte del actor un aporte a la convicción de factibilidad jurídica de la percepción de los importes demandados en el escrito de inicio y sin perjuicio de los conceptos que llegaron ya firmes a esta instancia.

No solo evaluó el monto obtenido, sino los conceptos reclamados que prosperaron y aquellos que fueran rechazados, estimo que deben imponerse las costas de la instancia de grado proporcionalmente en un 70% a la actora y 30% al demandado, receptando parcialmente los agravios del demandado.

Por último, y a los fines ilustrativos, cito: "Si bien no puede considerarse que haya existido una plus-petito inexcusable en los términos del art. 72 del CPCCCh, teniendo en cuenta que se demandó por rubros importantes cuantitativamente que fueron rechazados, se opina de que por aplicación del art. 71 del CPCCCh se impongan las costas proporcionales a la actora y a las demandadas" (citar: elDial - AY793).

Los honorarios de los profesionales actuantes, que fueran también cuestionados por el demandado, se ajustan a las pautas arancelarias, por lo que desestimo la queja.

Las costas de la Alzada merecen una consideración en atención también al carácter laboral del pleito.

Siendo el principio objetivo de la derrota el seguido por esta Sala, el mismo ha sido atemperado en circunstancias especiales cuya casuística si bien reducida es merituada por las peculiares de la situación y en la convicción que el mismo no es absoluto.

Existió una razón fundada para litigar, el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado en el litigio.

No se trató de una mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino la existencia de circunstancias objetivas que han demostrado la concurrencia de un justificativo suficiente como para dispensarlo de la aplicación del principio mencionado y no hacerlo sentir la preeminencia del criterio objetivo de la derrota en esta instancia.

Al contemplar el código de procedimientos emergen distintas excepciones, algunas impuestas por la ley y otras libradas al arbitrio judicial, tal como lo dispone el art. 68 en su párr. 2do., norma que importa una sensible atenuación al principio general al acordar a los jueces un marco de arbitrio, que debe ser ponderado en cada caso particular y siempre que resulte justificado el apartamiento.

En el caso de la actora, en demanda laboral con las reflexiones expuestas debe ser beneficiada por la regla de excepción contenida en el art. 68 del código adjetivo, por lo que entiendo que corresponde distribuir las costas del juicio por su orden (según antecedentes de criterios publicados en DJ rep. pág. 423 y 424, 109, 105, 80,84).

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por ello esta vocalía propone:

1.- Desestimar los agravios de la actora apelante, según los considerandos respectivos.

2.- Receptar parcialmente los agravios de la demandada modificando la sentencia venida en crisis, exclusivamente en la imposición de las costas, que corresponden en un 70% a la parte actora y un 30% a la demandada.

3.- Costas de la alzada por el orden causado.

4.- Tener presentes las reservas formuladas.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con las disidencias apuntadas, la siguiente SENTENCIA:

1) Desestimar los agravios de la actora apelante, según los considerandos respectivos.

2) Receptar parcialmente los agravios de la demandada, modificando la sentencia de fs. 250/259 venida en crisis, exclusivamente en la imposición de las costas, que corresponden en un SETENTA POR CIENTO (70%) a la parte actora y en un TREINTA POR CIENTO (30%) a la demandada.

3) Costas de la alzada por el orden causado, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. G J.M. R en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA ($150) y de los Dres. L F M y P J F T, conjuntamente, en la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO ($125).

4) Tener presentes las reservas formuladas.

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO -Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara NÉLIDA SUSANA MELERO - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 006 DEL AÑO 2007 DELLIBRO DE SENTENCIASDEFINITIVAS