marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Audiencia, comparecencia del procesado
Materia: PENAL
Carátula: Holstei, Lidia Ester; Deimichei, Marcelo Arnaldo s/ Robo Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

Recogiendo el recurso deducido por la Sra. Agte Fiscal de la instancia originaria, la Fiscalía de Cámaras, peticiona que se declare la nulidad de la sentencia en tratamiento, en virtud que no se habría dado cumplimiento por parte del Sr. Juez a quo, de la obligación que le imponía el art. 8° del C.P.P. en tanto los procesados se encontraban detenidos. Advierte que a pesar de lo sostenido por el Sr. Juez a quo en los "resultados" del resolutorio, no obra en el expediente constancia de la efectiva realización de la entrevista. La defensa al contestar agravios se opone a lo peticionado, por entender que la audiencia a que se refiere el art. 8° del C.P.P. se ha realizado, por lo que declarar la nulidad de la sentencia en razón que no se dejó "nota" de tal circunstancia, aparece la consecuencia de un criterio cerradamente formalista. Le asiste razón a la defensa. No aparece siquiera dudoso que la audiencia se ha realizado. También resulta evidente que no se ha dejado "nota" de su realización tal cual lo prevé el art. 8° C.P.P.

Tal cual lo sostenido este tribunal en un reciente pronunciamiento, la "nota" de referencia, es de naturaleza "ad probationem", es decir, no tiene otro alcance y sentido, que dejar constancia que se ha cumplimentado una exigencia legal. Y cuando tal circunstancia -como en este caso- aparece sobradamente acreditada por otros medios, declarar la nulidad en razón de esa omisión ya suplida, resulta un acto de neto contenido ritualista en cuanto, nulifica en el solo interés de la ley, en tanto no se señala ni se advierte agravio a los derechos de los encausados ni a las garantías previstas en el cuerpo constitucional. El tema de las nulidades procesales, debe de enfocarse desde el interés social, ya que un criterio formalista no favorece en absoluto ninguna garantía, a la que en realidad entorpece. Así las nulidades procesales, además de ser declaración restrictiva y constituir un remedio extremo, sólo proceden cuando la violación de las formalidades que lo conforman, devienen en un prejuicio real y concreto para la parte que la invoca, pero no cuando se la postula en el solo interés de la ley o para satisfacer pruritos formales desprovistos de todo interés práctico.
Sociedades comerciales, títulos de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: Forner Martínez, José Ignacio c/ ENERCOM S.R.L. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-05-11

...es responsable la sociedad por la firma de los cheques por dos de sus gerentes, aunque por el contrato social debieron llevar la firma de los cuatro, pues esa circunstancia no incide sobre su eficacia como papeles de comercio ni afecta su validez extrínseca por tratarse de una estipulación destinada a reglar la vida interna de la sociedad, no resultando oponible a los terceros de buena fe que necesariamente deben ser protegidos en aras de la seguridad y legitimidad de que están investidos los títulos cambiarios desde el momento mismo en que son lanzados a la circulación.
Sucesiones, impuesto a la transmisión gratuita de bienes, intereses moratorios
Materia: CIVIL
Carátula: DAMONTE DOMINGO Y BRIASCO MARIA ANTONIA s/ SUCESION  -  INCIDENTE DE REPETICION - INTERESES MORATORIOS - AVALUOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-08-04

Cuando se incurriere en los intereses moratorios previstos en el art. 16 de la ley 11.287 (t.o.1956), por falta de pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes a partir del año del fallecimiento del causante, y ante la enajenación de uno o más bienes sucesorios, dichos intereses deben liquidarse sobre los avalúos especiales que tenían esos bienes conforme al inc. b) del art. 10 hasta la fecha en que fueron vendidos, y sobre el valor de venta desde la fecha de ésta hasta el momento de satisfacerse el impuesto.
Seguro de responsabilidad civil, culpa grave, asegurado, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez de Pavón, Ana S. c/ Pergamino Coop. de Seguros Ltda. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

En el supuesto de culpa grave (art. 70, ley 17418) se está en presencia de un contrato vigente y no suspendido por lo que la obligación del art. 56 rige con toda su amplitud.

El silencio juega su rol porque hay obligación legal de expedirse (art. 919, Cód. Civ.) y se traduce en la aceptación del derecho del asegurado. Si a juicio de la aseguradora en ocasión del siniestro hubo culpa grave del asegurado, así debió denunciarlo dentro del plazo legal y, en su caso, probarlo debidamente.
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berstein, Herzel c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa González, Oscar Rodolfo c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13|1995-12-19

El derecho a la prestación jubilatoria móvil, adquirido conforme a la categoría alcanzada en actividad, queda ligado a las variaciones que experimenta la remuneración del propio cargo otrora desempeñado, pero, si eventualmente la remuneración acordada al cargo de la categoría en que revistaba el accionante y sobre cuya base se otorgó el beneficio resultó mayor en un período en razón de un exceso horario cumplido por el personal en actividad, ello no implica reconocer la movilidad del haber de pasividad en relación a la mayor retribución.
Bienes del Estado, dominio privado del Estado, derecho de propiedad, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-09

La constitucionalidad de la Ley Nro. 17.091, verdadero + antecedente del artículo 463 del Código Contencioso Administrativo y + Tributario, ha sido pacíficamente reconocida por la jurisprudencia: así, la + Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que ella no contraría la + garantía de defensa en juicio (Fallos; 271:11; 271:229; 277:245; 277:304; + 293:231; 294:470; 301:1028; 302:997; 302:280) no vulnera el derecho de + propiedad de los permisionarios y concesionarios, toda vez que cuentan con el + derecho de reclamar la indemnización de los daños sufridos (Fallos; 204:626). + Tal es así que, en el caso "EFA c/Marenca SA y otros" (Fallos; 307:1172), la + más alta instancia judicial declaró que los agravios atinentes a la + constitucionalidad de las normas contenidas en la Ley Nro. 17.091 deben ser + considerados como un planteo insustancial frente a la tradicional + jurisprudencia de aquél favorable a la constitucionalidad de tales preceptos, + criterio que fue reiterado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso + Administrativo Federal. La Ley Nro. 17.091 no distinguía entre inmuebles del + dominio público y privado del Estado, lo que no fue óbice para la declaración + de su constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la + Nación. Por otra parte, aún en el supuesto de inmuebles del dominio privado del+ Estado se encuentran presentes los motivos de interés público que caracterizan+ a la actividad estatal, e impiden homologar sin más su situación a la que se + presenta en las relaciones de los particulares entre sí. Ello se aprecia + especialmente en el sub lite, donde el contrato de compraventa de un bien del + dominio privado del Estado que constituye la vivienda familiar de la demandada,+ es consecuencia directa de la aplicación por la Ciudad de políticas tendientes+ a facilitar el acceso a viviendas económicas por parte de familias de escasos + recursos, lo que pone al descubierto la finalidad de interés público que ha + inspirado en el caso la actividad estatal, dándose en este caso como en + cualquier otro del ordenamiento jurídico la circunstancia de que quien más + derechos tiene, más deberes le impone la ley. (Del voto en disidencia del Dr. + Esteban Centanaro).
Menores, guarda del menor, bien jurídico protegido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: E. M. s/ Guarda Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-11-20

La concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas (artículo 70 del Código Civil), y a partir de ese momento nacen las obligaciones de los padres; la madre en un comienzo cumplió con lo suyo que no es poco, conservó el embarazo y seguramente cuidó de la niña que estaba en su vientre, y lo hizo hasta el parto; el padre estuvo al tanto de ese embarazo, tanto es así que con posterioridad a la entrega de la menor a sus guardadores, la reconoce en el registro civil. El padre, indirectamente tuvo que ver con la entrega de la menor,pues ante había tenido una actividad pasiva lo que seguramente contribuyó con ladecisión tomada por la madre, quién reiteradamente manifestó que no se encontraba en condiciones de asumir las obligaciones y responsabilidades de una nueva maternidad.-
Medidas cautelares, medida de no innovar, paralización del expediente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DE LA RUA, Fernando y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-01-04

No corresponde la paralización de un juicio que tramita en sede extraña, mediante medida de no innovar decretada por órgano ajeno al juicio (*).

Por tanto, debe confirmarse el auto que no hizo lugar a la medida de no innovar solicitada por la querella.
Empleador, beneficios previsionales, declaración jurada
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz Vda. de Silva Amalia Yolanda c/ Empresa Constructora Martin Ferreyra S.R.L. y/o resp. s/ indemnización por accidente de trabajo in itinere y daño moral, etc.-casación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2016-05-04

A los efectos de verificar que no se violen las leyes de incompatibilidad, es el empleador quién debería exigirle al trabajador al comienzo de la relación una declaración jurada en la que conste si el mismo es beneficiario de una prestación jubilatoria o pensión, con indicación del organismo otorgante y demás indicaciones del beneficio.
Apertura de la instancia, mediación, notificación personal, falta de notificación, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Guzmán, Rodrigo Darío y otro c/ Leiva, Nélida Margarita y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-16

Cabe confirmar la decisión que denegó la apertura de la instancia judicial porque no se había llevado a cabo la notificación personal de la mediación a las demandadas, dado que el objetivo de la ley de mediación (Ley 26.589) es promover la comunicación directa entre las partes para lograr la solución extrajudicial de la controversia (art. 1) y que la intención del legislador es que las partes se encuentren cara a cara, que puedan exponer sus reales intereses y asuman la responsabilidad del conflicto que las involucra, sin delegar la solución en un tercero. En consecuencia, la falta de citación de todas las partes al procedimiento trae como consecuencia que no pueda considerarse habilitada la instancia, correspondiendo disponer la reapertura del trámite de mediación a fin de integrarlo debidamente con quienes no comparecieron.
Convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: IMOBERDOFF, MIGUEL AMADOR Y OTROS c/ PINDAPOY S.A. s/ DIF DE HABERES, S.A.C. Y OT.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-07-01

El ámbito de validez personal de los convenios colectivos está dado por la representatividad de los respectivos firmantes y así, ningún empleador no afiliado queda obligado por el convenio si no intervino en éste, por el sector patronal, una asociación profesional o al menos un grupo de empleadores de la actividad.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, imputado, falta de mérito, leyes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: XX s/ Primera cuestión: ¿Es constitucional la disposición del artículo 28   De la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en   "Defecto de caso concreto"? Segunda cuestión: ¿Es aplicable el   artículo 308 del Código Procesal Penal (libertad por falta de   mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el  procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del   plenario? La presente causa, a raíz de un empate en las votaciones,   se integra nuevamente con un vocal de Rosario, Dr. Bernardini en   fecha 10-12-1992, en fallo registrado en el L.A. Nro. 2, Res. 6, F.   321 -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

A partir de la constatación de la génesis del artículo 308 se ha conformado una razón de corte histórico, pretendiendo ligar su comportamiento actual a lo que fuera en sus orígenes. Reconociendo que la norma nació para solucionar situaciones procesales indefinibles a la luz de viejos ordenamientos procesales que no contemplaban un auto declarativo de falta de mérito para procesar o sobreseer, es obvio que luego se desarrolló y apartó de su primigenia finalidad, constituyéndose como un supuesto exclusivamente liberatorio sin penetrar en el análisis de la situación sustancial dentro del proceso. Si alguna duda quedara, la sola verificación de las múltiples modificaciones introducidas al citado precepto legal sin abrogarlo pese a la coexistencia del auto declarativo de falta de mérito para procesar o sobreseer, debería ser suficiente para rechazar el argumento histórico considerado. (Del Voto del Dr. De Olazábal -Tesis Positiva-). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad del artículo 308 del Código Procesal Penal (Libertad por falta de mérito), en cualquier estado del proceso incluso luego de dictado el procesamiento con prisión preventiva y aún en la etapa del plenario.
Procedimiento administrativo, suspensión del procedimiento administrativo, falta de pronunciamiento, deber de juzgar, derechos subjetivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JARA, CECILIA B. c/ HOSPITAL "EL SAUCE" s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2001-07-02

El derecho de petición está reconocido implícitamente por el art.22 C.N. y en forma expresa por el art.10 C.Pcial.. El Estado Provincial, en sus diversas manifestaciones en las diferentes personas jurídicas, en los diversos entes centralizados o descentralizados tiene la obligación de expedirse, sea favorable o negativamente. No puede por sí suspender tramitaciones administrativas iniciadas como consecuencia del ejercicio de un derecho, ni negarse a dictar la resolución pertinente. Debe emitirse necesariamente el acto administrativo fundado en derecho reconociendo la situación jurídica o negando la pretensión o inexistencia de norma que lo reconozca.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, empleados públicos
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GALAN, MARIA CRISTINA GUADALUPE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-03-11

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el decisorio que declaró improcedente el recurso contencioso administrativo tendente a la reubicación en la categoría 22 por aplicación del Acta Paritaria nro. 32/89, toda vez que el pronunciamiento se funda, de manera decisiva, en que "los actos administrativos de asignación de las funciones invocadas no refieren ... a funciones a las que corresponda un nivel escalafonario superior al de revista", mas dicha conclusión no aparece con sustento suficiente, si se tiene en cuenta que mediante los actos administrativos citados se asignan a la actora las funciones de "supervisión y control de las acciones educativas en todas las dependencias afectadas al Programa de Rehidratación Oral" y "planificación, ejecución y evaluación de las tareas educativas en todas las dependencias afectadas al Programa de Rehidratación Oral de la Provincia" , y se juzgan dichas tareas a la luz del criterio vertido por la misma Cámara en el caso "Villetti", respecto del cual la falta de concurrencia de similitudes fácticas sólo se afirma en éste dogmáticamente, mas sin fundarla -tampoco- de modo bastante.
Derecho administrativo, facultades de la administración, suspensión de la ejecución
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMUSSI, MARTA SUSANA c/ MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-17

En la segunda parte del art. 12 de la ley 3784 se agrega que "sin embargo, la administración podrá, de oficio o a petición de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta."
Recurso de casación, cuestiones procesales, levantamiento del embargo, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL
Carátula: CONCHA PEDRO PABLO c/ COMISION MUNICIPAL DE BELTRAN Y/O GOBIERNO DE LA PCIA. Y/O RESPONSABLE s/ ACCIDENTE DE TRABAJO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-11

Si bien el tema sobre el levantamiento de embargo sobre costas y honorarios regulados, por referirse a una cuestión procesal resulta ajeno -en principio- a la instancia del recurso extraordinario de casación, ello no resulta óbice para que el Superior Tribunal pueda conocer en un planteo de esa naturaleza cuando, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad, el a-quo ha dado un defectuoso tratamiento a la cuestión planteada, afectando la correcta decisión del caso.
Ordenanzas municipales, ley posterior, ley especial, derogación del reglamento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Promenade  S.R.L. c/ Municipalidad de San Isidro s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-24

El principio de la "inderogabilidad singular de los reglamentos" no se aplica a los actos legislativos de sustancia normativa, como son las ordenanzas municipales, respecto de las cuales cobran plena vigencia las reglas generales de "lex posterior derogat prior y lex sepcialis derogat generalis".
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, inexistencia de deuda, daño psíquico, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Pilepich, Jorge Pablo Esteban c/ Banco Macro SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-13

En el marco de un contrato de tarjeta de crédito, corresponde hacer lugar a la indemnización del daño moral contra el banco demandado. Ello por cuanto, en el caso, si bien el actor había cancelado su deuda, el banco continuó informándolo como moroso al Banco Central de la República Argentina durante años por una deuda inexistente derivada del incumplimiento en el pago de los resúmenes de su tarjeta, lo que deriva en un obrar abusivo y negligente. En este contexto, resulta improcedente que el banco pretenda eximir su responsabilidad alegando que no existieron pruebas que demostraran el daño moral, toda vez que haber colocado al actor en situación de morosidad mediante la publicación de datos erróneos, es de por sí grave y suficiente de generar sentimientos de impotencia y angustia que por esta vía se deben resarcir. Ahora bien, no resulta prudente que la mora sea establecida el día en que se dio traslado a la demanda, toda vez que el actor comunicó al banco con anterioridad acerca de su obrar antijurídico. Es por lo que el cómputo de los intereses han de correr desde la fecha en que se produjo el primer reclamo acreditado en el expediente y que coincide con el mes en que el actor comenzó a ser informado como deudor irrecuperable.
Medidas cautelares, depósito judicial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Torre Eddie Julio c/ Vezio Tiezzi s/ Acción de Depósito Judicial. Torre Eddie Julio c/ Vezio Tiezzi s/ Acción de Depósito Judicial.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-11-21|1996-11-21

En diversas oportunidades existe una imposibilidad práctica de lograr de un modo inmediato la decisión de los procesos, lo que significa que la declaración del derecho que se reclama no obra de manera instantánea. Esta instantaneidad también es humanamente, imposible desde que el curso de las actividades indispensables para llegar a la declaración de certeza y a la ejecución posterior, requiere casi siempre el consumo de un lapso no breve, en muchas oportunidades resulta menester acudir a medidas de índole cautelar y como tales provisorias) a fin de lograr que la situación de hecho no se altere durante ese lapso, tornando ineficaz la decisión a dictarse. Similares motivos justifican la admisión de lo peticionado por el recurrente, máxime tratándose de obras artísticas en gran cantidad y de relevante importancia, cuya individualización y resguardo resulta procedente, interín se sustancie el litigio mantenido entre las partes. Conforme a ello deviene admisible proceder a la designación y que recaiga en la persona del autor de las mismas, atento la imposibilidad de una adecuada custodia en sede tribunalicia, pues es de público y notorio la insuficiente e inadecuada estructura edilicia del Poder Judicial de la Provincia.
Emoción violenta, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: Reynoso, Juan Alberto s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-20

Si los insultos de contenido vejatorio detalladamente expuestos por el procesado en su indagatoria dirigidos por la occisa y su hermana en una calle totalmente desierta y de noche, en presencia sólo de una niña de 3 años de edad y sin posibilidad de ser oídos por terceros pudieren considerarse originantes de excusabilidad de emoción violenta, habría de concluirse que toda reyerta conyugal llevada a efecto en la intimidad del hogar en la que se profirieran fuertes epítetos, produciría la aplicación de la figura privilegiada en tratamiento, lo cual es inicuo e inadmisible.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, tasas de interés, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Vivian Hnos. S.A.C.I.F. c/ GCBA s/ repetición (art. 457 ccayt)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-22

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia impugnada y ordenar que los importes que deben restituirse, devenguen intereses en los términos de la resolución n° 4151-SHyF-2003. En el caso, se advierte que la parte actora no cuestionó ni incorporó al debate la normativa aplicable vinculada con la tasa de interés, ni su cómputo para los supuestos de repetición, reintegro o compensación de los saldos a favor de importes abonados por contribuyentes. En ese escenario, la sentencia impugnada representa un exceso en el límite de la potestad jurisdiccional actuando con menoscabo de garantías consagradas en la Constitución Nacional. Tal afirmación, vale aclarar, no conlleva a emitir opinión acerca de la constitucionalidad de la resolución 4151-SHyF-2003. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Declaración indagatoria, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: MORENO JUAN CARLOS Y SANCHEZ JORGE s/ LESIONES LEVES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-23

La autoridad prevencional sin facultades para ello, ha tomado la declaración indagatoria del procesado recurrente, que fuera posteriormente ratificada en el acto de defensa material que se plasmó en el acta donde el órgano jurisdiccional debió tomar la declaración que prevé el art. 236 primera parte del ordenamiento instrumental. Lamentablemente, en esa oportunidad, se procedió a la ratificación de aquel acto llevado a cabo en sede policial, "per se" nulo, que por esa circunstancia también fulmina con dicho vicio la declaración indagatoria prestada. Ya en sede jurisdiccional, si a ello sumamos que estos han sido valorados como elementos incriminantes en la resolución apelada, se infiere sin esfuerzo que por aplicación del principio contenido en el art. 512 del C.P.M.P.

corresponde decretar la nulidad de la declaración y de la prisión preventiva.