Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-15


Causa Nº 450-00-CC/2005 "Supermercados Norte S.A. s/alimentos contaminados y otras- Apelación" En n la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de febrero del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Mariel V. Rolón apoderada de Supermercados Norte S.A., a fs. 164/172 de la presente, de la que:

RESULTA:

I. Que se inician las presentes actuaciones a raíz de los hechos consignados en las siguientes actas de comprobación: a) 2-0721795 labrada el 26/7/2004, por contravenir las Res. GMC 21/2002, Res. Conjunta 41/2003 y 345/2003 punto 3.1 g) al aconsejar el envase de la sal modificada su consumo por razones de orden preventivo o enfermedades de acción curativa; b) 2-0766027 labrada el 15/7/2004, por contravenir el art. 6 inc. a) del CAA al presentar el sándwich de miga blanco simple alto recuento de coliformes resultando un alimento contaminado; c) 2-0721719 labrada 14/7/2004, por contravenir el punto 6.4.1 de la Res. GMC 21/2002 incorporada al CAA por Res. Conjunta 41/2003 y 345/2003 al consignar el arroz integral caracol un número de R.N.E. que no habilita al establecimiento como fraccionador sino para la elaboración de producto de panadería, casa de comidas, rotisería. Por tratarse del producto vencido se considera no apto para el consumo; d) 2-0721718 labrada 14/7/2004, por contravenir el punto 6.4.1 de la Res. GMC 21/2002 incorporada al CAA por Res. Conjunta 41/2003 y 345/2003 al consignar las arvejas partidas analizadas un número de R.N.E. que no habilita al establecimiento como fraccionador, y el punto 6.6 de la misma resolución por no consignar fecha de vencimiento; e) 2-0721789 labrada el 13/7/2004, por contravenir la Res. GMC 21/2002 Res. Conj. 41 y 345/2003, punto 3.1 a) por utilizar los palitos salados denominaciones que pueden inducir a equívoco, error, confusión o engaño al consumidor en relac ión con la verdadera duración del alimento y punto 6.4.1 por consignar un número de registro del establecimiento elaborador que no corresponde a los vigentes. Y el art. 3 del CAA y el 3 del Anexo II, Reglamentación de la ley 18284 por tratarse de un producto no aprobado.

II. Que a fs. 53/56 la Controladora Administrativa Nº 22, Macarena García de Leonardo, luego de considerar el descargo presentado por la apoderada de la encartada resuelve, el 20/4/2005, condenarla al pago de catorce mil ochocientos pesos ($ 14.800) de multa en virtud de los arts. 1.1.1, 1.1.3 y 1.1.4 Ley Nº 451, por infringir las siguientes normas: punto 3.1 a) y g), 6.4.1, punto 3.1 a) y 6.6 de la Res. Conj. 41 y 345/03 y art. 5, 6 y 6 bis de la Ley 18284 (CAA).

III.- Que a fs. 59 consta la solicitud de pase de las actuaciones a la Justicia Contravencional efectuada por la apoderada de Supermercados Norte S.A.

IV.- Que el 14/6/2005 la Juez Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado Nº 20, Luisa María Escrich, resuelve notificar a la encartada y al titular del Ministerio Público Fiscal -a fin de que se expida acerca de su intervención-, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 1217 (fs. 92).

V.- Que a fs. 93, el Sr. Fiscal de Grado, Norberto A. Brotto, decide no intervenir en la presente.

VI.- Que a fs. 96/108 vta. los representantes legales de Supermercados Norte S.A., efectúan su descargo respecto de las actas por las que fue condenada su mandante, realizan un planteo de nulidad y de excepción de falta de legitimación, y ofrecen la prueba pertinente.

VIII.- Que a fs. 109/vta. el Buján, interinamente a cargo del Juzgado Nº 20 proveé la prueba y resuelve tener presente para el momento de la audiencia de juicio el planteo nulificante.

IX.- Que a fs. 112/127 y a fs. 133/136 obran las pruebas que fueron diligenciadas por la representante legal de la encartada.

X.- Que según consta a fs. 152/155 vta., luego de celebrarse la audiencia, con presencia del Fiscal de Grado, la Magistrada resuelve absolver a Supermercados Norte S.A. por la infracción documentada en el acta 2-0721795 y condenar a dicha firma a la pena de multa de quince mil cuatrocientos pesos ($ 15.400) por las infracciones consignadas en las actas de comprobación Nº 2-0766027, 2-0721719, 2-0721718 y 2-0721789, con costas. Los fundamentos de la sentencia obran a fs. 157/163 vta.

XI.- Que a fs. 164/172 consta el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de Supermercados Norte S.A., por considerar que la sentencia de Primera Instancia resulta arbitraria y aplica en forma errónea la ley. Al respecto afirma: 1) Con relación al acta Nº 2-0766027, el producto allí analizado (sándwich de miga simple) no puede encuadrarse en la definición de alimento contaminado establecida en el art. 6 inc. 6 a) del CAA. 2) Se equivoca la Magistrada al aplicar el art. 31 de la Ley Nº 451, respecto del acta Nº 2-0766027, puesto que para elevar el monto de la multa se valoran antecedentes acaecidos con anterioridad a la vigencia de dicha norma, de fecha 23/9/2003 y 16/10/2003. 3) La Judicante encuadra erróneamente la infracción endilgada a la encartada en el acta 2-0721789, y no se ha valorado correctamente la prueba aportada que demuestra que el número de registro del establecimiento elaborador obrante en el rótulo del producto era el vigente. 4) La Sra. Jueza de Grado se equivoca al condenar a la encartada por las actas 2-0721719 y 2-0721718, puesto que los productos allí consignados no se fraccionan ni elaboran en el local sino que dicha tarea se terceriza. Por lo tanto, el hecho de que el rubro de fraccionador no esté incluido en el rótulo de los productos no implica que la condenada se encuentre en infracción. 5) La sanción impuesta por la Judicante resulta excesiva vulnerando los principios de racionalidad y proporcionalidad de la pena consagrados constitucionalmente. 6) Hace reserva de caso federal.

XII.- Que a fs. 177/vta., en su Dictamen Nº 279-FC/05, el Sr. Fiscal de Cámara solicita se declare mal concedido el recurso de apelación interpuesto por no cumplir los requisitos formales exigidos por la Ley Nº 1217, puesto que de los fundamentos expresados en el mismo únicamente se desprende una mera discrepancia de criterios.

XIII.- Que a fs. 181/vta., Supermercados Norte S.A., a través de su apoderada, contesta la vista conferida, y afirma que del remedio procesal intentado se desprende que sus agravios se refieren claramente a los supuestos de violación de la ley y arbitrariedad previstos en el art. 56 de la Ley Nº 1217, lo que torna formalmente procedente el recurso.

XIV.- Que a fs. 182, pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a tratar: ¿Resulta admisible el recurso de apelación impetrado En su caso, ¿Resulta conforme a derecho la resolución recurrida PRIMERA CUESTIÓN:

En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación ha sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma establecidos por el artículo 57 de la Ley Nº 1217, y por quien posee legitimación para hacerlo.

Sin perjuicio de ello, y con relación al juicio de admisibilidad del recurso es menester recordar que este Tribunal ha expresado en numerosos precedentes que es "(e)l Juzgado ante el cual se interpone el recurso quien debe efectuar una primera revisión de aquél a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales de tiempo y forma que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe al recuento de esas exigencias, pues debe avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía intentada. Ello no significa que se convierta en Juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior en la medida en que la ley 1217 lo establece" (conf. causas Nº 168-00-CC/2004 "Brunero, Jacinto s/ Estacionar en lugar prohibido" del 27/05/2004; 164-00-CC/2004 "Guglielmone, Alberto Edmundo s/ exceso de velocidad - Apelación" del 17/6/2004; 271-00-CC/2004 "Chalela, Osvaldo Antonio s/ Infracción violar luz roja y otras - Apelación", del 1/9/2004). Ello, por cuanto el art. 56 de la ley 1217 prevé específicos supuestos de viabilidad: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley y c) arbitrariedad, fuera de los cuales no puede concederse la vía intentada (conf. este Tribunal en causa 229-00-CC/2004 "Posadas, Daniel s/ Estacionar en lugar prohibido - Apelación", del 5/8/2004).

En el caso examinado la concesión del recurso por parte de la Sra. Juez de Grado si bien alude a la previsión legal en virtud de la cual decide, no efectúa un debido análisis de los fundamentos esgrimidos en el remedio procesal intentado en forma previa a su concesión. Pese a lo expuesto, por razones de economía procesal y a fin de no dilatar la tramitación de la causa, corresponde que este Tribunal supla tal omisión y realice un motivado juicio de admisibilidad a fin de dilucidar si los fundamentos expuestos en el recurso configuran alguna de las causales que tornarían admisible el remedio procesal intentado a partir de lo dispuesto por el art. 56 de la Ley 1217 o, como afirma el Sr. Fiscal de Cámara, constituyen una mera discrepancia de criterios.

Al respecto, cabe destacar que del remedio procesal intentado se desprende que la recurrente ha sustentado en forma correcta su planteo al alegar supuestos de violación de la ley, cuestionando la errónea aplicación al caso de la normativa que señala en su escrito, razón por la cual corresponde, por ese motivo, declarar admisible el recurso interpuesto.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Admitido el recurso en cuestión, corresponde abocarse al estudio de los agravios allí esgrimidos.

I.- Violación de la ley respecto del acta 2-0766027 por erróneo encuadre jurídico de la conducta.

En este punto refiere la impugnante que no resultan aplicables las disposiciones del art. 6 inc. 6 a) del CAA atento que las bacterias (coliformes) halladas en el producto analizado (sándwich de miga blanco simple) no resultan extrañas a su composición normal, ni se encuentra establecido normativamente que la cantidad (105) de coliformes existentes en la muestra implique que se trate de un alimento contaminado, puesto que los mismos no constituyen un grupo de patógenos para el hombre.

Al respecto, es importante mencionar que la recurrente recién ha introducido dichos planteos en esta instancia, lo que claramente implica un caso de reflexión tardía puesto que la misma tuvo la posibilidad de cuestionar tanto el encuadre jurídico de la conducta como las normas utilizadas para la medición de las bacterias durante el procedimiento llevado a cabo en primera instancia, y no lo hizo. Ello, no sólo impidió que la Judicante diera debido tratamiento a dichas cuestiones, como así también que se desarrollara una mayor producción tendiente a demostrar sus argumentaciones.

Por el contrario, es posible advertir una evidente contradicción entre la defensa desarrollada ante la instancia administrativa y judicial de primera instancia, en la que sostuviera la nulidad de los procedimientos por una presunta inexistencia de acciones tendientes a preservar el alimento analizado, atribuyendo a dicha omisión la alteración microbiológica constatada; con la afirmación precedente que las bacterias halladas son propias del producto.

Lo cierto es que del protocolo de análisis efectuado por la Dirección Protección de Alimentos dependiente de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del GCBA se desprende que los productos examinados (sándwich de miga de pan blanco simples) contravendrían el art. 6 inc. 6 a) del CAA "por presentar alto recuento de coliformes" (fs. 75), resultando alimentos contaminados.

Ningún elemento de juicio abona la nueva estrategia de la Defensa, salvo algunos pasajes de los testimonios rendidos en la audiencia (ver acta de fs 152/155 vta.), que tampoco motivaron al recurrente al momento de alegar, quizás por ser una cuestión controvertida entre los especialistas convocados.

Por otra parte, en cuanto al encuadre legal de la conducta cabe recordar que la disposición en cuestión define como alimento contaminado "(a)l que contenga: a) agentes vivos (virus, microorganismos o parásitos riesgosos para la salud), sustancias químicas, minerales u orgánicas extrañas a su composición normal, sean o no repulsivas o tóxicas b) Componentes naturales tóxicos en concentración mayor a las permitidas por exigencias reglamentarias" (art. 6 inc. 6 CAA).

Asimismo, dicha norma se complementa con la Resolución Nº 59/93 del GMC que establece en el punto 8 de su Anexo I que para las determinaciones "Se tomará como referencia los criterios establecidos por CODEX ALIMENTARIUS, I.C.M.S.F. y otros organismos internacionalmente reconocidos". En atención a ello, y considerando además que tampoco la aplicación de la normativa mencionada fue cuestionada oportunamente por la impugnante, debe rechazarse el presente agravio.

A mayor abundamiento, es dable recordar la postura asumida por nuestro Máximo Tribunal Local respecto a la introducción de cuestiones en forma tardía, así ha afirmado "(e)n principio, tal agravio, cuanto menos, debió denunciarse en el recurso de apelación (fs. 30/33) pues aquella violación, ciertamente, se habría producido con la segunda sentencia dictada en primera instancia (fs. 39/59) luego de sustanciado el reenvío ordenado por la Alzada. No obstante, sin entrar a considerar la procedencia material de su planteo -si se recurre con razón o sin ella-, adviértase que, en rigor, el agravamiento señalado se habría presentado como 'probable' en un estadio anterior: con la resolución inicial de la Sala (fs. 35/37) en la cual, expresamente (ver 3º párr. de fs. 37), se indicó que la decisión que se mandaba dictar resultaría más gravosa que la impuesta inicialmente respecto del quantum de la sanción (disposición ésta, que no fue impugnada). De manera que, su -doble- omisión en este caso, impide ahora al Tribunal expedirse sobre el punto, pues la propia idea del re-exam en (base del recurso) impone que la cuestión constitucional deba ser propuesta en tiempo y modo oportuno ... Por lo tanto, formalmente, este agravio es el resultado de una reflexión tardía y ello determina su invariable rechazo ..." (del voto de la Conde, Expte. nº 4080/05 "Gral. Tomás Guido S.A. s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: "Gral. Tomás Guido S.A. s/infr. violar luz roja y otras- apelación", entre otras).

Por lo hasta aquí expresado corresponde rechazar los agravios antes analizados.

II.- Violación de la ley por aplicación del art. 31 de la Ley Nº 451.

En este punto afirma la recurrente que no corresponde la aplicación del art. 31 de la Ley Nº 451, por aplicación del principio de ley más benigna, puesto que los antecedentes a los que hace referencia la Judicante para elevar en un tercio la sanción impuesta a Supermercados Norte S.A., por el presunto expendio de alimentos contaminados son anteriores a la entrada en vigencia de la norma mencionada, encontrándose a la fecha vigente la OM 39874 y sus modificatorias.

Ahora bien, la infracción por la que ha sido condenada la encartada fue labrada el día 13/7/2004 en virtud de lo normado por el art. 1.1.4 de la Ley Nº 451 en del art. 6.6 inc. a) del CAA. Asimismo, de acuerdo a lo que surge de las constancias de la causa la Sentenciante ha resuelto elevar la sanción impuesta por aplicación de lo dispuesto en el art. 31 de la Ley Nº 451, atento a que la firma mencionada registraba dos antecedentes por la comisión de la misma falta, de fechas 16/10/2003 y 23/9/2003 imponiéndole, en definitiva, la multa de siete mil pesos ($ 7.000).

En primer lugar cabe destacar que al momento de constatada la infracción, objeto de estos actuados, se encontraba vigente la Ley Nº 451, que no ha sido modificada por otra ley posterior, razón por la cual ninguna duda cabe acerca de su aplicación al caso.

Siendo así, la pretensión de la impugnante, no solo resulta carente de sustento jurídico, puesto que pretende, sin fundamento alguno, que no se apliquen las disposiciones legales vigentes en materia de sanciones por infracciones al Código de Faltas, sino que además omite mencionar cuál es la ley cuya aplicación requiere por considerarla mas benigna; circunstancia que siempre debe ser valorada a partir del momento de la comisión del hecho.

Si bien los antecedentes registrados por la firma imputada son de fecha anterior a la vigencia de la Ley Nº 451, lo cierto es que dicha circunstancia tampoco resulta óbice para aplicar al caso lo normado por el art. 31 de la citada ley que establece "Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro de término de trescientos sesenta y cinco días a contar desde la condena, la sanción prevista se eleva en un tercio". En efecto, la ley vigente al momento de los antecedentes -que refiere la recurrente- y que es la OM 39.874 y modif. también agravaba el monto de la pena por la comisión de nuevas infracciones, así disponía que "En caso de primera reincidencia la pena de multa se graduará entre el doble del mínimo y el máximo establecidos para la falta de que se trate, pudiéndose aplicar, además, las otras penalidades previstas guardando la debida proporcionalidad con la pena aplicada anteriormente. En caso de segunda o mas reincidencia se podrán aplicar todas o cada una de las penas previstas para la falta de que se trate hasta el máximo fijado por las disposiciones vigentes para cada pena ... La sanción de multa se graduará aumentando los mínimos de conformidad con la siguiente escala 1. Para la primera en un cuarto, 2. Para la segunda en un medio, 3. Para la tercera en tres cuartos, 4. Para las siguientes, se multiplicará el valor del mínimo, por la cantidad de sanciones anteriores menos dos" (art. 4 OM 39.874 y modif. "Régimen de Penalidades de Faltas") De lo expuesto se desprende que la norma vigente al momento de la comisión de los antecedentes registrados por la encartada no solo establecía el agravamiento de la sanción por la reiteración de infracciones, sino que disponía -teniendo en cuenta que la encartada posee dos sanciones anteriores- un agravamiento superior al establecido por la Ley 451.

En virtud de ello, y toda vez que la imputada no podía desconocer el agravamiento de una eventual condena ante la comisión de una nueva infracción por la misma falta, corresponde rechazar el agravio analizado.

III.- Violación de la ley respecto del acta 2-0721789.

En primer término la recurrente refiere que la Judicante calificó erróneamente la conducta endilgada a la encartada en el punto 3.1 a) de las Res. Nº 41 y 345, puesto que dicha norma no dispone la sanción para el que consigne un número de establecimiento elaborador que no corresponda a los vigentes; conducta por la que se consideró responsable a su parte. Asimismo, expresa que la Sra. Juez de Grado ha valorado erróneamente las pruebas puesto que de las mismas surge claramente que el número del establecimiento elaborador del producto analizado se encontraba consignado debidamente.

En primer término, y como bien afirma la impugnante, el acta 2-0721789 y el protocolo de análisis de los palitos salados (L-t 195) dan cuenta de la presunta comisión de dos infracciones: una generada por la utilización de denominaciones que pueden inducir a error respecto a la duración del producto (punto 3.1 a) de las Res. Conj. 41 y 345/2003) y otra la consignación en el envase de un establecimiento elaborador que no correspondería a los vigentes (art. 6.4.1 de la Res. mencionada). Dicha circunstancia, se desprende claramente de la conclusión del protocolo de análisis (fs. 96/vta.) en el cual la Dirección de Protección de Alimentos dependiente de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del GCBA ha consignado que el producto vulneraría las dos normas antes citadas. En este punto, es dable recordar que el encuadre de la conducta efectuado por dicho organismo no resulta vinculante para el Juez de Grado quien de acuerdo a las constancias obrantes en la causa y las pruebas rendidas en la audiencia de juicio puede imp onerle una calificación legal diferente.

Aclarado ello, cabe hacer referencia a la sentencia impugnada, puesto que de la misma se desprende que la Magistrada, teniendo en cuenta los certificados remitidos por Sunny Food S.A. (fs. 143/145 de la presente) concluyó que el número de R.N.E (establecimiento elaborador) consignado en el producto era el correcto y por tanto la encartada no vulneró el punto 6.4.1 de las Res. antes mencionadas.

Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta que en el envase de los palitos salados marca "Norte" existían dos rótulos: uno impreso directamente en el envase y otro adhesivo, ambos con números diferentes de R.N.E y R.N.P.A., podían inducir a equívoco, error, confusión o engaño al consumidor, consideró que la conducta encuadraba en lo dispuesto por el punto 3.1 a) de las Resol. citadas.

Así, la Sra. Juez de Grado ha expresado en la sentencia recurrida "Asimismo la información que contienen los mismos en cuanto a los números de R.N.P.A. y de R.N.E son disímiles por lo que también viola lo dispuesto por el art. 3.1 a) del citado reglamento ... Sin perjuicio de que, tal como surge del oficio obrante a fs. 170, el producto se encuentre aprobado, y que el número de R.N.E. colocado en el rótulo impreso (conf. oficio de fs. 160) era el correcto; nada cambia la situación de la encartada en orden a lo previsto por el art. 3.1 a) ..." (fs. 162/162 vta.).

En síntesis, del párrafo citado se desprende que la Judicante consideró que a partir de lo que surge del informe obrante a fs. 143/145 de la presente la encartada no había consignado un número de registro de establecimiento elaborador que no correspondía a los vigentes (conf. art. 6.1 de las Resoluciones 41/2003 y 345/2003 GMC), sino que la colocación de dos números diferentes de RNPA y RNE en el producto -sin la correspondiente aclaración- inducían al error respecto del establecimiento elaborador del mismo en los términos del art. 3.1 a) de las resoluciones antes citadas.

Por lo todo lo hasta aquí expresado corresponde rechazar el agravio referido a la errónea aplicación de la ley por parte de la Magistrada, toda vez que construye sobre una errónea interpretación de los hechos que la que tuviera en cuenta para sentenciar.

IV.- Agravio vinculado con las actas 2-0721719 y 2-0721718.

Al respecto, la recurrente se agravia por considerar que la Judicante no ha valorado que el hecho que los productos analizados se encuentren identificados con la marca "Norte" no significa que el producto se elabore y fraccione en el local puesto que su parte terceriza en proveedores la elaboración de dichos productos.

En este punto, los fundamentos solo dejan vislumbrar una mera discrepancia con la valoración probatoria efectuada por la Magistrada de Grado, limitándose a reiterar los argumentos expuestos al respecto en la audiencia juicio. Ello se desprende de la sentencia impugnada cuando la Judicante refiere que "(e)l descargo efectuado por la encartada respecto a que terceriza el fraccionamiento, no logra conmover la prueba que obra en su contra toda vez que el número de R.N.E. que consta en el producto es el número de establecimiento de Supermercados Norte S.A. que lo habilita para casa de comidas, panadería y rotisería, y no el del establecimiento que supuestamente lo fracciona ..." (fs. 161 vta.) Por lo expresado corresponde rechazar el agravio analizado.

V.- Violación a los principios de racionalidad y proporcionalidad de la pena:

En este punto, la apoderada de Supermercados Norte S.A. afirma que la sanción impuesta resulta desmedida puesto que no guarda proporción con las infracciones imputadas ni con la potencial afectación -a su entender inexistente- del bien jurídico protegido por la norma. Asimismo, refiere que la Magistrada no ha efectuado una valoración razonable de los hechos, lo que tornaría la sentencia violatoria al principio de razonabilidad de los actos públicos.

Ahora bien, ninguna duda cabe acerca de que la tarea de individualización de la pena no es una cuestión que se encuentra sujeta a la exclusiva discrecionalidad del Juez, sino que debe fundarse en criterios racionales explícitos.

De este modo el art. 28 de la Ley Nº 451 establece que el juez deberá tener en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad para la graduación de la sanción considerando especialmente la extensión del daño causado o el peligro creado, la intensidad de la violación al deber de vigilancia o de elección adecuada, la situación social y económica del infractor y la existencia de sanciones impuestas por infracciones a normas contempladas en una misma Sección en el transcurso de los últimos dos años.

A partir de ello, de la lectura de la sentencia bajo examen se desprende que la Sra. Juez de Grado ha realizado un análisis de las circunstancias y los factores tenidos en cuenta para la graduación de la pena que se ajustan en un todo a lo normado por el citado art. 28, no resultando suficientes la discrepancia de la impugnante para tener por configurada una violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, máxime cuando en el caso examinado se limita a efectuar afirmaciones dogmáticas sin relacionar sus argumentos con las circunstancias de la causa.

Por último resta mencionar, en cuanto a la pretendida naturaleza penal de las faltas, alegada por la recurrente, que nuestro Máximo Tribunal Local ha sostenido que "(a)ún cuando la jurisprudencia reconozca entidad penal, punitiva o represiva a las multas impuestas por la Administración con el objeto de prevenir o castigar las violaciones a leyes o reglamentos, ello no implica, sin más, que el régimen de faltas sea derecho penal material, y menos aún, que deban acogerse principios que rigen materias diametralmente opuestas en cuanto a sus fines y contenidos ..." (del voto Conde, Expte. Nº 3966 "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: "GCBA c/Impsat SA s/ejecución de multa", rta. del 19/10/2005).

Sin perjuicio de ello, y en cuanto a la insignificancia de la conducta que alega la encartada cabe destacar que una empresa proveedora de productos alimenticios de renombre como Supermercados Norte S.A., la que no sólo posee numerosas bocas de expendio, sino además una gran afluencia de público, no puede alegar la falta de lesividad de su conducta sin menospreciar su influencia y prestigio.

En razón de lo expresado, corresponde confirmar la sentencia recurrida.

Por lo expuesto este Tribunal, RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la sentencia impugnada, obrante a fs. 157/163, en cuanto condena a Supermercados Norte S.A. a la pena de multa de quince mil cuatrocientos pesos ($ 15.400) en razón de las infracciones consignadas en las actas de comprobación 2-0766027, 2-0721719, 2-0721718 y 2-0721789, con costas. (arts. 1.1.1 y 1.1.4 Ley Nº 451, art. 33, 56 y 57 Ley Nº 1217).

II.- Tener presente la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí RI Se deja constancia que la Elizabeth A. Marum no firma por encontrarse en uso de licencia.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y deFaltas