Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-02-22


EXP 25735 / 10 Salta, 22 de febrero de 2017.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "FORNARI, KATELL C/ ADOC ARGENTINA S.R.L. (PROCESAMIENTOS DE DATOS ELECTRONICOS); CNA ART S.A. Y OTROS S/ ORDINARIOS", EXP - 25735/10; originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 3, para resolver la apelación interpuesta a fs. 686/699, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Federico Gabriel Kosiner dijo:

Vienen los autos a la Alzada como consecuencia del recurso de la codemandada CNA ART SA. El primer agravio radica en la omisión de tratar la excepción de falta de acción que opusiera al contestar la demanda. Dice que a la época en que el actor tomó conocimiento de las patologías que adujo, se encontraba vigente la ley 24557 (LRT), y que el reclamo debió ser resuelto a luz de dicho ordenamiento. Afirma que la actora tenía que cumplir con lo prescripto por el artículo 21 LRT y el decreto 717/96. Considera que en el caso de autos no se advierte que exista una vulneración de derechos que amerite la no aplicación de la mencionada ley. Cita jurisprudencia. El segundo agravio se vincula a la arbitrariedad de la condena solidaria a su parte; la omisión de considerar alegaciones y pruebas esenciales, y en la falta de determinación del nexo causal entre los actuado por su parte y las secuelas sufridas por la actora. En igual sentido, por no haberse probado la mecánica del hecho y el daño moral. Entiende que el fallo la condena por el artículo 1074 del Código Civil (CC), sin contener los motivos de los supuestos incumplimientos en que habría incurrido la aseguradora en relación a la empleadora. En concreto, no indica la existencia de una relación causal entre el proceder de su parte y la producción del accidente. Dice que el fallo no se fundamenta en la prueba, y que la colectada demuestra el cumplimiento de todas las obligaciones que tenía. Refiere a la pericia técnica efectuada sobre los años 2007 al 2009, y a las visitas que se hicieron a la empresa para evaluar el cumplimiento con la normativa de higiene y seguridad. En cuanto a la labor de prevención, considera que su parte cumplió con las normas y con el deber de capacitación que tenía a su cargo. Califica a la sentencia de arbitraria por contener afirmaciones dogmáticas y realizar un erróneo análisis de la normativa aplicable. Analiza el alcance del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y dice que el empleador es el obligado directo y principal. Que su parte no puede imponer una modalidad de trabajo determinada a los trabajadores por cuanto carece de potestad para ello, y que las ART no tienen tal deber. Que solo pueden denunciar los incumplimientos ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, promover la prevención informando los planes exigidos a las empresas y asesorar en la materia. Analiza el artículo 31.3 inciso a) ley 24557 y el artículo 19 del decreto 170/96. Dice que la instrucción de los trabajadores está claramente en cabeza del empleador, y que las ART tienen un deber de colaboración. Se pregunta cuál sería la relación existente entre el supuesto accidente y la supuesta falta de capacitación al trabajador. Afirma que no existe relación de causalidad, y que el actor no probó los incumplimientos que le endilga a su parte. En ese aspecto la sentencia consagra una manifiesta arbitrariedad, afectando su derecho de propiedad y defensa. Desarrolla los presupuestos de la responsabilidad civil y concluye que no es posible una condena a su parte. Cita jurisprudencia. Respecto al daño moral, lo analiza desde la óptica contractual y extra contractual, concluyendo en su improcedencia. El tercer agravio se vincula al monto de condena y su falta de fundamento. Dice que es excesivo e irrazonable, y que constituye un enriquecimiento sin causa. Afirma que el fallo no da ninguna pauta de cómo se llegó a la suma de $ 423.692, 11 en concepto de daño material y moral. Que los jueces deben necesariamente considerar las variables matemáticas y económicas insertas en los sistemas de indemnizaciones, evitando todo desfasaje patrimonial. Dice que lo determinado en la sentencia no se compadece con ninguno de los elementos de juicio, y que no se alcanza a entender que, de haber sido valorados, incidieran en la fijación del importe de condena. Hace reserva del Caso Federal.

Los agravios son respondidos a fojas 704/708, solicitándose el rechazo del recurso con costas.

Sobre el primer agravio diré que la sentencia de primera instancia analiza en detalle la ley 24557, y en particular lo que fue materia de la demanda y su contestación, relativo a las cuestiones de competencia (art. 46, apartado 1º LRT) y responsabilidad extra sistémica (art. 39, inciso 1º LRT). En virtud de las conclusiones a las que arriba, siguiendo doctrina pacífica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que cita-, concluye en la inaplicabilidad de la referida ley al caso, y propicia su análisis bajo lo dispuesto por el artículo 1113 CC.

Lo sostenido por el recurrente en su primer agravio no tiene sustento, toda vez que su planteo fue resuelto en la instancia de grado al concluir en la inaplicabilidad de la ley 24557. La consideración de las cuestiones formuladas al contestar la demanda fueron atendidas, y con ello la sentencia satisface la exigencia del artículo 55 inciso c) CPL.

El fallo, con cita de precedentes jurisprudenciales de la CSJN y de normas de derecho internacional, resolvió la inaplicabilidad de la LRT y en consecuencia los alcances bajo los cuales sería considerada la intervención de la aseguradora en el proceso. Voto por el rechazo de este agravio.

La segunda cuestión que introduce el apelante está relacionada a la aplicación del artículo 1074 CC. La sentencia analiza que las tareas de la actora consistían en el uso repetido y constante de su mano derecha, contando con descansos breves y bajo un nivel estricto de control (cuarto párrafo de los considerandos de fojas 674). Evalúa la declaración de Faraldo, destacando que era cierto que la demandante no podía distraerse en su trabajo porque estaba controlada automáticamente (primer párrafo de los considerandos de fojas 674vta.). Hace lo propio con las declaraciones de Melfi y Díaz (fs. 674vta.), y pasa luego a analizar la aplicación del artículo 1113 CC.

A fojas 675vta., surge del fallo que ha existido un nexo de causalidad entre las tareas encomendadas a la actora y las lesiones padecidas, que se tiene por corroborado con los testimonios producidos. Concluye en la responsabilidad de la empleadora por ser la titular del emprendimiento comercial en el que se desempeñaba la actora (artículo 1113 CC), y extiende la condena a la aseguradora rechazando la falta de legitimación pasiva que fuera opuesta.

Vuelve luego la sentencia a fojas 677 -ya en forma expresa- a considerar la responsabilidad de CNA ART SA en base al artículo 1074 CC, y destaca como deber impuesto a ella el promover la prevención de los riesgos mediante la ejecución de acciones de contralor a las empresas empleadoras. Señala que están obligadas a denunciar ante la Superintendencia de Riesgo los incumplimientos, y a brindar capacitación en la materia.

A fojas 678 continúa el análisis diciendo que de la pericia de fojas 349/351 no surge que hayan existido recomendaciones de la ART a la empleadora, en cuanto a evaluaciones de la actividad manual desarrollada, a excepción de la realizada el 11 de mayo de 2007. En particular se refiere a la inexistencia de recomendaciones respecto a la actividad manual por movimiento repetitivo, y concluye en que en ello radica la omisión en el deber de control de la ART.

En definitiva, resulta claro que la sentencia apelada efectuó una adecuada valoración de la prueba (testimonial y pericial), y consideró los hechos que integran el sustrato fáctico de la causa. Contrariamente a lo que sostiene el apelante, el fallo luce fundado y producto de la sana crítica (art. 386 CPCC).

No comparto lo sostenido en la apelación en cuanto a que el fallo condena a la aseguradora con fundamento en el artículo 75 LCT. Ello no surge de sus fundamentos, por cuanto hace el distingo entre la responsabilidad de la empresa y la de la aseguradora. La norma de la LCT es tenida en cuenta en relación a la empleadora y como deber genérico de conducta, pero no así en relación a la apelante, a quien se hace extensiva la responsabilidad bajo el sistema del CC.

La conducta atribuible a la aseguradora radica en la concreta omisión de la obligación de control y denuncia que tenía, y que le es impuesto por los artículos 4º y 31 de la ley 24557 y el decreto 170/96, en concreto sobre este último, en lo relativo a la elaboración de planes de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad.

No resulta controvertido por la demandada el hecho de que la actora realizaba labores de carga de datos (reconocido a fojas 39vta.), y que ello representaba un importante volumen de tarea, conforme fuera enunciado en el escrito de inicio a fojas 4vta. Adviértase que, deliberadamente o no, la empleadora no describe con suficiente detalle las labores administrativas que reconoce realizadas por la trabajadora, mientras que la aseguradora se limita a negarlas de manera genérica.

La insuficiente descripción de los hechos que han realizado las accionadas sobre este tópico hacen aplicable el artículo 356 inciso 1º CPCC, y permite tener por cierto que la actora efectuaba una carga diaria de datos electrónicos correspondiente a treinta y seis mil cheques, labor que formalizaba bajo el control de un "timer" ubicado en la computadora.

Considero relevante detener el análisis en las condiciones de trabajo descriptas, dado que no cabe duda sobre lo necesario que hubiera resultado la oportuna elaboración del plan de mejoramiento que impone el decreto 170/96, y que la aseguradora omitió presentar conforme lo señala la pericia de fojas 349/351.

A los efectos de delimitar adecuadamente la responsabilidad civil de la aseguradora, es necesario precisar que el marco normativo está dado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el que el estándar nuclear es que las condiciones de trabajo deben resultar seguras y saludables, conforme surge del artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ordenamiento que goza de jerarquía constitucional (art. 75 inciso 22 CN).

A ello debe sumarse que la propia LRT -al especificar el rol de las aseguradoras de riesgo de trabajo-, definió que la protección de la integridad psicofísica de los trabajadores constituye el eje central de dicha normativa, pauta de interpretación que fue receptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en "Vizzoti" (327:3677, 3689 y 3690) y "Aquino" (327: 3753, 3770 y 3797).

Con posterioridad, la CSJN en "Torrillo" (332:709) destacó que ".la LRT, parar el logro del mentado objetivo de prevención.creó un sistema en el cual las ART tienen una activa participación.la incorporación de aquellas, agregó, en el rol fiscalizador representa un paso novedoso que potencia los controles de las empresas.".

También en dicho pronunciamiento fijó una clara línea de análisis e interpretación en la materia al sostener "Que, en suma, no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquel, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales. Tampoco las hay, dada la variedad de estos deberes, para que la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos, encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a las empleadoras aseguradas a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos. Esta postura, sin rebozos, conduciría a una exención general y permanente, por cuanto se funda en limitaciones no menos generales y permanentes. Asimismo, pasa por alto dos circunstancias. Por un lado, al hacer hincapié en lo que no les está permitido a las ART, soslaya aquello a lo que están obligadas: no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que le son ajenos, puedan evitarse. Por el otro, olvida, que no es propio de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas".

En el caso concreto -y en el marco referenciado-, corresponde analizar la existencia del nexo causal (excluyente o no, según los sostenido por la CSJN) entre los daños sufridos por la actora, y la omisión o deficiente cumplimiento por parte de la ART de los deberes legales a su cargo.

La conducta requerida a la aseguradora consiste en establecer si pudo "prevenir" el incumplimiento de la empleadora de las obligaciones de seguridad en el trabajo, y de esa manera procurar evitar o disminuir los riesgos. Sin perjuicio de ello, no puede obviarse la obligación de denunciar que tiene ante la SRT.

Tales obligaciones, según lo sostenido por la CSJN surge de los artículos 4.1; 4.2; 3.1.a de la LRT y del decreto 170/96. Para el cumplimiento de tales fines, habrá de requerirse entonces examinar si la aseguradora demandada ejerció funciones de control, asesoramiento, capacitación, asistencia; si propuso, desarrolló o implementó planes de mejoramiento, etc. Es decir si mantuvo -al decir del Alto Tribunal- un rol "activo" en la relación que tenía con su asegurada.

De las constancias de autos surge que nada de ello ocurrió. Por el contrario, la pericia de fojas 349/351 describe que la aseguradora realizó una visita a la empresa en el mes de junio de 2009, y que constató cumplidos los servicios que indica el formulario, sin que haya formulado observaciones de otro tipo.

La fecha en la cual la ART tomó conocimiento del accidente, como consecuencia de la denuncia de la empleadora, fue mayo de 2009, es decir que habiendo sido impuesta de la lesión que padecía la actora por "sobre uso" de la mano, conforme se desprende del certificado médico de fecha 16 de abril de ese año, ninguna medida concreta ejecutó, limitándose a brindar el tratamiento médico.El vínculo contractual entre la empresa demandada y la aseguradora tuvo inicio el 4 de julio de 2006, conforme surge de la documentación reservada, y tal como lo reconoce la accionada a fojas 356vta. Teniendo en cuenta ello, y de acuerdo al informe pericial, en los meses de mayo, diciembre de 2007; enero, marzo, mayo de 2008 la aseguradora realizó evaluación de la actividad manual, destacando la pericia que "no se efectuaron recomendaciones".

Es decir que, o la inspección realizada no detectó cuestiones relevantes; o habiéndolo hecho ninguna recomendación hizo, y menos aún denunció incumplimientos ante la SRT.

La función de las ART no puede limitarse al cumplimiento de deberes formales destinados a satisfacer cuestiones estadísticas o de otro tipo, que puedan acreditarse con visitas periódicas al domicilio de sus aseguradas; sino que -como lo sostuvo la CSJN-, debe materializarse en un rol activo que tienda a cumplir la finalidad que persigue el sistema creado por la LRT.

Resulta inadmisible, en la forma que lo pretende la ART, excluir su responsabilidad con el argumento de que no puede obligar a la empleadora a corregir su forma de trabajar. De aceptarse tal argumento exculpatorio, no existiría forma de analizar la responsabilidad de las aseguradoras, pasando a existir una causal genérica de limitación de responsabilidad.

Considero que el nexo causal es verificable, dado que desde el año 2006 en que la apelante inició el vínculo con la empresa, jamás formuló recomendaciones sobre la forma en que los trabajadores realizaban sus tareas, y que de haberlo hecho -y más aún denunciado ante la SRT-, se podría haber realizado las correcciones necesarias para evitar o disminuir los daños. Nótese además, como lo ilustra el informe pericial, que el indicador de fojas 347 pone en evidencia la existencia de un considerable número de siniestros en todos los años, atendiendo a la índole de los servicios que presta la empresa.

Como enseña la doctrina, el concepto de "causalidad adecuada" se funda en la previsibilidad objetiva de que una determinada conducta ocasione un determinado resultado, y tiene sustento normativo en los artículos 901 a 906 del Código Civil de Vélez, aplicable al caso.

La conducta de la ART resulta idónea para producir el resultado dañoso, más allá de la responsabilidad que lógicamente corresponde atribuirle a la empleadora. La omisión en su proceder puede considerarse idóneo -como concausa- en la producción del daño, toda vez que tuvo la posibilidad de formular las recomendaciones para que la empresa implemente las mejoras para el desarrollo de su actividad, y contó con indicadores concretos que exponía la necesidad de hacerlo. Por lo expresado, voto por el rechazo de este agravio, con costas.

En cuanto al monto de condena y el daño moral, el fallo explica que no se sujeta la apreciación a fórmulas matemáticas, criterio que por otra parte es el sostenido por la CSJN. El concepto de reparación integral trae aparejado la protección de la persona en forma plena, y no solo atendiendo a su capacidad productiva o laboral.

La pericia de fojas 650/652 determina la incapacidad de la actora en el 20.75%, de carácter parcial y permanente. Su edad (26 años) constituye un dato relevante, dado que la lesión sufrida la condiciona a lo largo de toda su vida laboral, que considerando la edad jubilatoria de 60 años representa un lapso de 36 años de trabajo que objetivamente están limitados severamente por la lesión sufrida.

Sostiene -y destaca el apelante a fojas 698-, que los jueces deben necesariamente considerar variables matemáticas y económicas, evitando un desfasaje patrimonial que afecte al deudor.

El moderno derecho de daños, y en particular aplicado a nuestra materia, coloca a la víctima en el centro de la cuestión. El bloque de decisiones de la CSJN consagra entre otros principios la reparación al proyecto de vida y la readmisión en el puesto de trabajo, en los que el concepto se asocia a la realización personal, que tiene que ver en definitiva con la posibilidad del sujeto de conducir su vida en libertad. El enfoque que propone el apelante no es el que se ajusta a los principios citados, exponiendo el recurso en este aspecto una mera disconformidad con el fallo apelado. No efectúa ni propone ningún otro mecanismo de cálculo de la indemnización que permita cotejar con el de la sentencia, y por ello el agravio es insuficiente.

Las manifestaciones expuestas en el recurso son dogmáticas y sin referencia ni análisis a las constancias de la causa, y por ello no satisface los requisitos del artículo 255 CPCC. Por lo expresado, voto por el rechazo de este agravio, con costas.

En los términos del art. 13 del decreto ley Nº 324/63, sus modificatorias, y la acordada Nº 12.062 de la Corte de Justicia de Salta, regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de los honorarios que correspondan por su intervención en la primera instancia en lo que fue motivo de agravios.

La Dra. Analía Villa de Moisés, adhiere al voto precedente.

Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I F A L L A I) RECHAZANDO el recurso de apelación de la parte codemandada, y en consecuencia confirmando la sentencia de primera instancia con costas (art. 67 CPCC).

II) DISPONIENDO que en la oportunidad procesal correspondiente, se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes, por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de lo que se regulare en la primera instancia en lo que fue motivo de agravios (Acordada 12.062 y art. 13 Decreto Ley 324/63).

III) ORDENANDO se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.- CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA. SALA I.