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Compraventa inmobiliaria, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: MANINI NACUSI Oscar Alfredo c/ Di Luciano Víctor Esteban s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-04-25

Cabe analizar el segundo agravio de la actora, quien cuestiona el rechazo de la indemnización por daño moral reclamada por los accionantes.

En materia de daño contractual, la responsabilidad consiste en la obligación de reparar los daños causados al acreedor, que la ley impone al deudor en virtud del incumplimiento de las obligaciones pactadas (art. 505 inc.3° CC), siendo presupuestos para su procedencia el incumplimiento (art. 511 CC) o su cumplimiento defectuoso, o tardío (art.508); el daño, o sea la afectación "cierta" de un interés patrimonial, en las cosas, la persona, sus derechos o facultades, o por la pérdida de una ganancia (arts. 1068 y 519 CC), y excepcionalmente, extrapatrimonial, como el daño moral (art. 522 CC) y la relación de causalidad, o sea que debe existir un nexo entre el incumplimiento y el menoscabo real y efectivo del interés del acreedor (doctrina art. 906 y siguientes CC).

El art. 522 del Código Civil, admite en el ámbito contractual el daño moral, pero su procedencia queda librada en cada caso a la apreciación judicial de acuerdo a la índole del hecho generador de la responsabilidad y a las demás circunstancias que ofrece la causa. En este sentido sostiene el sentenciante como elemento determinante para el rechazo de la pretensión indemnizatoria, la supuesta calidad de deudores del precio de venta por parte de los accionantes, afirmación que no se compadece con la realidad, habiéndose por el contrario demostrado y acreditado el pleno cumplimiento de la obligación de pago del precio del inmueble adquirido por parte de los accionantes.

En la especie ha sido acreditado a través de prueba instrumental, la posibilidad frustrada de los accionantes de disponer del inmueble adquirido, ante la demora injustificada de casi tres años en que incurrió el demandado en entregar el mismo, viéndose impedidos de obtener una renta o darle la utilidad que fuere. Situación ésta de angustia e inseguridad que resulta descripta en la pericia psicológica agregada.

Elementos que me llevan a admitir el agravio analizado, haciendo lugar a la pretensión de resarcimiento por daño moral pretendido por los accionantes, el que prudentemente, atento las circunstancias acreditadas en la causa se fija en la suma de $15.000 en forma conjunta para ambos accionantes, calculada a la fecha de entrega del inmueble (18 de Julio de 2009) pactada en el contrato de compraventa inmobiliaria, con más los intereses de la tasa activa hasta el día del efectivo pago.
Beneficios previsionales, reglamentación de la ley, abogados
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Arnus, Daniela Alejandra c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-20

Aun cuando pueda coincidirse en afirmar que las prestaciones previsionales son contribuciones que, en una clasificación extensiva, pueden ingresar a la materia tributaria (impuestos, tasas y contribuciones), lo cierto es que la reglamentación de la ley nro. 1.181 no implica, necesariamente, que el fruto económico del trabajo de un abogado en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires y en los tribunales allí ubicados quede exento de aquellas contribuciones que no están basadas en servicios o beneficios concretos para el contribuyente, sino, por lo contrario, en aquellas fundadas en los principios de universalidad y solidaridad, esto es, en toda prestación previsional o social, cualquiera que sea el sistema que se adopte. (Voto del Dr. Julio B. J. Maier).
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, semáforo
Materia: CIVIL
Carátula: FEDERICO MANUEL c/ ACATTATI HECTOR s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23

Que el conductor de un rodado tenga la luz del semáforo a su favor no constituye un título de inmunidad que permita el abandono de toda norma de seguridad, pues es sabido que la garantía de la seguridad de los participantes en el tránsito exige a quien circula en el centro urbano a mantener el pleno dominio de su máquina en forma tal de evitar los infortunios que no son sino consecuencia de las alternativas del desplazamiento.
Contratos comerciales, teoría de la imprevisión, hiperinflación
Materia: COMERCIAL
Carátula: IBM ARGENTINA  SA c/ CERRO DEL SOL  SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-29

El instituto de la teoría de la imprevisión solo puede servir como remedio obstativo de la grosera vulneración de la justicia, pero no significa aceptar una degradación del principio de conservación de los contratos ni la autorización ilimitada al juzgador para cambiar lo concertado por los contratantes.
Despido, sanción extemporánea
Materia: LABORAL
Carátula: Fleischmann, Ernesto Ramón c/ Banco BICA C.L. Hoy Del Suquía s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-10-19

Si bien la ley no establece ningún plazo de caducidad, el mismo debe inferirse razonablemente de las circunstancias concretas del caso, de tal manera que puede advertirse claramente la contemporaneidad entre el hecho de la denuncia y la injuria que le sirve de antecedente, para que temporalmente uno sea consecuencia del otro.
Daños y perjuicios, indemnización, filiación, posesión de estado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GRIGGIO, IVANNA DANIELA c/ RUIZ, OSVALDO C. s/ FILIACION EXTRAMATRIMONIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-07-30

La indemnización por falta de emplazamiento en el estado de hijo se funda en una responsabilidad subjetiva, ante la negativa del reconocimiento, y se intenta contra el progenitor biológico que conoce el hecho y niega su paternidad o el sometimiento a las pruebas científicas para su determinación. No es punitiva, sino resarcitoria, desde que debe atenerse a la relación de causalidad más que a la culpabilidad.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, prescripción
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: REYES MERCADO, Ramón c/ PUCARA S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-05-04

Planteada la prescripción de la acción intentada por el trabajador afectado por accidente de trabajo, se determina como ley aplicable la 9688 por considerarse la fecha del infortunio y no la de toma de conocimiento de la incapacidad, atento fallo de la Corte de Justicia local que llevó a la modificación de criterio de ésta Sala.

Determinado con el certificado médico la fecha de la incapacidad no conformado por la autoridad administrativa, la incapacidad temporal, quedó consolidada como permanente el vencer el plazo establecido por el inc. D del art. 8 ley 9688 y por ello, determinada la incapacidad en ese momento en virtud de la ley, comenzó el plazo prescriptivo, vencido al iniciar las presentes actuaciones.-
Jubilación por invalidez, denegatoria del beneficio, aplicación de la ley, porcentaje de incapacidad, sentencia arbitraria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Ciancaglini, Antonio Hipólito c/ ANSeS s/ jubilación y retiro por invalidez
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-03

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó el beneficio de jubilación por invalidez toda vez que la alzada ha pasado por alto que al momento en que se produjo el hecho generador del beneficio el actor se encontraba en actividad, aportaba al sistema de la ley 18.037 y como consecuencia del accidente sufrido, la autoridad competente le había determinado más del 66% de incapacidad.
Empleador, obligación de seguridad, accidentes de trabajo, responsabilidad extracontractual
Materia: LABORAL
Carátula: Pinilla Mella, Carlos Segundo c/ Mc. Kee del Plata S.A. s/ Indemnización accidente de trabajo Ibarra, Carlos A. c/ Fábrica de Chacinados San Martín S.A. y otra s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26|1989-07-04

El deber de seguridad no regula una obligación nacida o creada en el contrato de trabajo, sino que reitera un deber general de conducta constituyendo su violación el sustrato de la responsabilidad civil extracontractual en los términos del art. 1109 del C.C.
Pago, efecto extintivo del pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tirabasso, Carmen Lucrecia c/ Mirafiori S.R.L. y otros s/ Liquidacion de sociedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-02

Resulta ineficaz el pago realizado al acreedor si el deudor conocía que el crédito se encontraba embargado (art. 736, C.C.).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, quiebra, liquidación, honorarios, regulación de honorarios, LEY DE CONCURSOS
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ En la quiebra liquidativa, si los tres sueldos de secretario de   primera instancia de la jurisdicción en que tramita el concurso  preventivo como mínimo a los fines de regular honorarios implican un  monto superior al 12% del activo realizado ¿Cuál de las dos partes   se aplica? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-05

No obstante que el artículo 267 de la Ley de Concursos expresa que el total de los honorarios de los funcionarios y profesionales no puede ser superior al 12% del activo realizado, en aquellos casos en que el monto de tres sueldos de Secretario establecido como mínimo, supere el 12% del activo realizado, por tratarse de una quiebra con activo de escaso valor, el criterio sustentado por la propia vocal opinante en autos "Quattordio s- Concurso" y "Grazziotto s- Quiebra" no parece el que más condice con la razón de ser de la introducción del sueldo de Secretario como pauta arancelaria en numerosas normas de la Ley 24522 (artículos 262, 266, 267), como tampoco el criterio más equitativo a la hora de justipreciar la labor de los funcionarios y profesionales intervinientes en el proceso concursal.

(Del Voto de la Dra. Carbone).
Acción de amparo, tutela sindical, medidas cautelares
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Nicolás Perrota c/ Servicios Públicos Sociedad del Estado s/ Amparo - Laboral  Ley 23.551 art. 47
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-05-12

El principio general de la interpretación no puede sino ser el de admisibilidad de la medida cautelar que nos ocupa, pues sólo de tal modo ha de encontrar adecuado amparo el principio rector de incolumnidad de la tutela sindical. Por lo que ante el solo hecho de haberse marginado, al menos a primera vista, el obstáculo constituido por las garantías pronunciadas, inclina a inferirse en la misma medida presumible la situación de daño inminente e irreparable cuyo conjuro sólo puede concretarse mediante la restitución inmediata que se ordenara en primera instancia.

Procediendo asimismo aun ante el abreviado procedimiento judicial iniciado por el afectado para detener su reinstalación al puesto, art. 52, 2do. párrafo de la Ley 23.551 lo cual podría razonablemente insumir cierto lapso incompatibles con la finalidad y los bienes jurídicos en juego.
Juicio de apremio, inhabilidad de título, jueces, facultades del juez, liquidación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SURKIN, ADELFINA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE APREMIO     RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-22

La falta de articulación de excepciones en un juicio de apremio no determina que la demanda sea inexorablemente estimada, atento que el Tribunal debe revisar de oficio la existencia de título válido En el caso, el Tribunal debió resolver si es título válido una liquidación que no se ajusta a lo que legalmente corresponde y que sólo fue aprobada por Presidencia, y no por la Corte, única competente para decidir, en caso de que la providencia no sea meramente de trámite, (artículo 17, inciso 10, Ley Orgánica de Tribunales).
Honorarios del contador, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García Plaza, Remedios c/ Villareal, Néstor A. s/ Remoción socio administrador e intervención cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-27

Tratándose de honorarios provisorios, y por remisión que a la ley 8904 hace el artº 183 de la ley 10620, los mismos sólo pueden regularse en el mínimo legal, y es responsable por ellos el beneficiario del trabajo, hasta tanto, y en la oportunidad que corresponda, el juez se expida sobre las costas y la regulación definitiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, empleo público, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Lorena c/ Servicios Auxiliares S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-23

El Estado Nacional no puede ser considerado empleador en los términos previstos por la Ley de Contrato de Trabajo, salvo que por acto expreso se incluya a sus dependientes dentro de ese ámbito o en el régimen de convenciones colectivas de trabajo, por lo que mal puede ser alcanzado entonces por una responsabilidad solidaria (art. 30 LCT) que sólo es inherente a esta clase de sujetos del contrato de trabajo. (En el caso, una de las codemandadas era el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, docentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KESSLER, ELISABET c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-14

Los reproches de la recurrente habilitan la revisión constitucional en cuanto endilgan a la Sala apoyar su decisión en la arbitrariedad (de la resolución ministerial impugnada) sostenida por la amparista (por considerar de manera diferencial la antigüedad docente para el concurso como suplente en escuela pública y en escuela privada, otorgándole a esta última la décima parte de la puntuación y no considerar la antigüedad como titular), omitiendo ponderar que el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, atento a la existencia de un fin público y en ejercicio de facultades que les son propias en el marco de la ley 8927 y sus modificatorias, dictó la resolución 1211/09 regulando lo relativo al llamado a concurso para cubrir cargos vacantes en establecimientos comprendidos en la Junta de Escalafonamiento Docente de Educación Primaria y, en ese marco, se instalan las disposiciones ahora cuestionadas, soslayando cuestiones de fundamental importancia como el análisis de las diferencias entre los sistemas de ingreso de docentes del sector público y privado, dado que los primeros ingresan conforme pautas basadas en complejos y exigentes sistemas de prueba de la idoneidad, en tanto los segundos se rigen por la libre elección del propietario del establecimiento, por lo que el Ministerio de Educación le haría un flaco favor al derecho a la igualdad si no tendiera a reparar las diferencias propias del sistema (De la disidencia de los Dres. Erbetta, Gastaldi y Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Leyes 8927 y 6427. - Jurisprudencia Concordante con Cavallol, AyS T 261, p 495/506, sumario
Competencia de la Corte Suprema, competencia derivada
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Galassi, Antonio s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

Debido al excesivo tiempo transcurrido corresponde que la Corte Suprema haga uso de la facultad que le confiere el art. 16, segunda parte, de la ley 48 para evitar un mayor e inútil dispendio de actividad jurisdiccional.
Doctrina de la arbitrariedad, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Santos del Campo, Mario Alberto s/ homicidio culposo - Causa N. 25.774 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

Por vía de la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Compraventa, pacto comisorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alonso de Alvarez, Delia Cándida c/ Humazo S.A. y otro s/ Resolución de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-31

Existiendo pacto comisorio expreso, la redención de la mora del deudor sólo se operaría si el contratante cumplidor consintiera recibir la prestación fuera de término o se allanase a la consignación que pueda intentar el moroso, pues estas actitudes evidenciarían una renuncia tácita a su derecho de resolver el contrato.
Despido discriminatorio, sentencia arbitraria, derecho a la intimidad, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Caminos, Graciela Edith c/ Colegio e Instituto Nuestra Señora de Loreto s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-10

Es arbitraria la sentencia que consideró que el despido de quien se desempeñaba como preceptora en un colegio no era discriminatorio, pues el tribunal a quo supone que el hecho de que el colegio hiciera una oferta de cambio de modalidad de tareas bajo apercibimiento de rescindir el vínculo descarta la existencia de un proceder discriminatorio; suposición que es dogmática y deja sin tratar el agravio de la recurrente, quien precisamente afirma que su aparición en un programa televisivo en el que se hizo pública su relación sentimental con un ex alumno, a la sazón mayor de edad, no puede conducir -ni directamente ni previa oferta de cambio de modalidad de tareas- a la rescisión de la relación laboral, por lo que el a quo debía examinar en consecuencia si, de acuerdo con las constancias de autos, el despido pudo haberse producido como resultado de dicha circunstancia prima facie discriminatoria y si, en tal caso, la empleadora demostró que el móvil fue ajeno a toda discriminación (Voto del juez Rosenkrantz).
Quiebra, competencia, persona humana
Materia: COMERCIAL
Carátula: RIENZO, CLEMENTE DONATO c/ OCHOA, EDITH NANCY. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-23

Corresponde confirmar la declaración de incompetencia del a quo, toda vez que se denunció nuevo domicilio del presunto deudor en distinta jurisdicción, y en tanto ese domicilio es válido para notificar el emplazamiento de la Ley 24522: 84, también lo es para fijar la radicación de solicitud de quiebra, debiendo, en consecuencia, intervenir en ella el juez con competencia ordinaria en aquella jurisdicción -LC: 3-1.

Disidencia dr. Arecha:

Habiéndose denunciado que el presunto deudor es comerciante y que su domicilio mercantil se encuentra en esta jurisdicción, no corresponde la declaración de incompetencia.
Jueces, Poder Judicial, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ABEL BONORINO PERO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL s/ SUELDO DE  LOS  MAGISTRADOS- INTANGIBILIDAD- DEPRECIACION MONETARIA-  DERECHOS   Y GARANTIAS-  CONSTITUCIONALES-  INDEPENDENCIA  DEL  PODER  JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-15

La intangibilidad de los sueldos de los jueces es garantía de independencia del Poder Judicial, de forma que cabe considerarla, juntamente con la inamovilidad, como garantía de funcionamiento de un poder del Estado, de modo similar a las que preservan a las Cámaras del Congreso, a sus miembros, y a los funcionarios incluidos en el art. 45 de la Constitución.
Control de constitucionalidad, inconstitucionalidad, conflicto de leyes, jerarquía de las leyes, jerarquía constitucional, autonomía provincial, servicio público, prestación del servicio público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Edelar S.A. s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

No se advierte que la ley 6907 de La Rioja vulnere el principio de jerarquía constitucional previsto en el art. 31 de la Constitución Nacional, toda vez que dicha norma fue dictada dentro del marco de atribuciones propias de la legislatura local en tanto involucra cuestiones vinculadas al procedimiento que deben seguir las empresas prestadoras de servicios públicos provinciales en el momento de emitir las facturas, y se trata de una modalidad de prestación de un servicio público sujeto a regulación provincial, prevista por las autoridades locales en el marco de sus competencias constitucionales (art. 121 de la Ley Fundamental). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, plazo, recurso de queja (procesal), copias
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: B., C. A. s/ EXCEPCION  DE  ARRAIGO  EN:  BESSONE...  S -  LESIONES CULPOSAS.   QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 643-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-03-11

Si quien se queja alude a que la interposición del recurso de inconstitucionalidad debe juzgarse tempestiva, atento que la presentación fuera de término en que incurriera, obedeció a que no le fueran entregadas las copias necesarias para la presentación directa ante el Alto Cuerpo, tal argumento no resulta atendible, ya que la ley contempla expresamente esa situación, exigiendo en tal hipótesis al recurrente la presentación del escrito dando cuenta a la Corte de la circunstancia obstativa del cumplimiento de ese recaudo.
Hurto de mercaderías, apropiación de cosa perdida, estaciones ferroviarias, prueba
Materia: PENAL
Carátula: BARRETA, D.G. s/ HURTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-12

Constituye el delito de hurto de mercadería transportada, (art.

163 inc. 5 C.P. ley 23.468) la acción de los procesados que en una estación ferroviaria, sustrajeron paquetes con mercaderías, de un contenedor; excluyéndose la figura del art. 175 inc. 1 C.P., dado que fueron observados por testigos y desempeñaban tareas en ese lugar, a lo que se añade que la mercadería se hallaba empaquetada y dentro del radio de acción de la estación del ferrocarril.
Personal de planta permanente, acto administrativo inexistente
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Lagos, Norma Edith c/ Municipalidad de Chos Malal s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-02-14

Resulta improcedente la acción de amparo tendiente declarar la nulidad del decreto que dispuso la baja de la administración pública de una trabajadora incorporada por decreto a la planta permanente del municipio de Chos Malal, toda vez que el Art. 64 de la Carta Orgánica Municipal, al recurrir a la fórmula "es nula y sin efecto alguno" para establecer la sanción para aquella disposición que permita el ingreso a la planta permanente del personal sin concurso previo, no tuvo como referencia el sistema de nulidades de la Ley de Procedimiento Administrativo, sino el sentido ordinario y común que implica restarle toda entidad, es decir que deviene inexistente, por su falta de compatibilidad constitucional, de manera que no se configuran los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, extremos indispensables para que proceda el remedio intentado.
Sentencia, falta de firma, actos nulos, inexistencia del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Huentecoy, Carlos c/ Dendulk, Martín y-o Quien Resulte Responsable de Playa deEstacionamiento del Supermercado La Anónima S.A. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-03

Una decisión que carece de la firma, por inadvertencia u olvido del sentenciador, no constituye un acto nulo, sino una no- sentencia, es decir una sentencia inexistente, que nunca ha tenido eficacia alguna en el ámbito jurídico. Se trata de una inexistencia jurídica y no física del acto y su diferencia con el acto nulo radica en que el acto inexistente no puede adquirir nunca validez. Así, dicho acto no engendra ninguna relación procesal.