marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Transacción, regulación de honorarios, base regulatoria, monto de la transacción, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Cano, José Guillermo c/ Iate S.A., EDECAT S.A. y Poliservicios S.A. s/ Beneficios Laborales - Recurso de Casación Nieva, Roger Eduardo c/ IATE S.A., Edecat y Poliservicios S.A. s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación Arévalo, Sergio Marcelo c/ IATE S.A., Edecat S.A. y Poliservicios S.A. s/ Beneficios Laborales - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-08-04|2009-08-04|2009-08-04

Sobre el monto base de la regulación, en los casos de transacción, para los abogados que no intervinieron en el acuerdo, la CSJN mantiene la jurisprudencia fijada en el caso "Murguía, Elena J.c. Green, Ernesto B.- 2006, y otros", como lo amplía el dictamen de la Sra. Procuradora General Subrogante, en sus citas jurisprudenciales de dicha Corte Federal, a las que me remito y doy por reproducidas, y en las que se establece que el monto base es el de la transacción, salvo denuncia de fraude.

En este caso se plantean cuestiones similares a las resueltas en la misma. Y si bien es cierto que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son jurídicamente obligatorias para los tribunales inferiores, poseen suma autoridad institucional, y los pronunciamientos que se apartan de ellas adolecen de vicios que el Alto Tribunal definió en fallos: 307-1094, con citas de 250-653, 256- 414 y 292.

También es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por principio, sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y su fallo no es obligatorio para casos análogos. No obstante ello, los tribunales inferiores tiene el deber de conformar sus decisiones a aquellas a fin de honrar los principios de economía y celeridad procesal que resultan un resguardo para los justiciables. Por eso, el distanciamiento de sus pronunciamientos, en una causa sometida a la decisión de esta Corte, sólo cabe cuando se exponen fundamentos que no fueron considerados, que justifiquen su apartamiento.
Agente fiscal, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FERNANDEZ TRINIDAD ADRIANA DEL VALLE Y OTROS s/ CASACION PENAL - SENTENCIA - ACUSACION - ARIAS ALDO ISAAC s/ CASACION  PENAL  -  REQUERIMIENTO  FISCAL  -  IMPUTADO - INTERVENCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-07-10|1986-09-22

El juicio penal que tiende a establecer si el imputado es responsable de la única o de las varias conductas delictuosas investigadas en la instrucción, tiene su base y su límite en el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio formulado por el agente fiscal. Empero, solo puede valer como base del juicio si además de requerir a determinada o determinadas personas lo hace por hecho individualizados con sus circunstancias agravantes en la medida exigida por la figura delictiva correspondiente a la calificación penal que se considere conveniente.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: Roca, Inés del Carmen y otros c/ Castro López, Sergio Daniel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-02-12

La Jurisprudencia tiene establecido, la obligación de anunciar el propósito de adelantarse a otro vehículo que marcha en la misma dirección, mediante toque de bocina o señal luminosa, juega en cualquier lugar del tránsito.

Debe establecerse que existió culpa del conductor del vehículo si incurrió en infracción grave a la Ley de Tránsito adelantándose a otro vehículo en la bocacalle conforme art. 47 ley 13893. Dicho conductor debe, pues, soportar la presunción de responsabilidad que establece el art. 49 de la misma ley.
Depreciación monetaria, honorarios, honorarios del abogado, moneda
Materia: PROCESAL
Carátula: Alejandro Rómulo IACCARINO y otros s/ REGULACION  DE  HONORARIOS  DEL  ABOGADO  -  MONTO  - ACTUALIZACION -  DEPRECIACION MONETARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-13

La interpretación y aplicación de normas vinculadas a la protección de los honorarios de los abogados no puede conducir a una situación contraria, esto es, una reducción notoria de los valores constantes fijados al regularlos, situación que resulta manifiesta si se cristaliza el monto de los honorarios regulados en primera instancia con abstracción del deterioro experimentado por el signo monetario en el tiempo transcurrido desde el dictado del auto regulatorio hasta que éste adquiere firmeza por pronunciamiento confirmatorio, como ocurre en el caso en que -regulados los honorarios- por razones ajenas a la voluntad de dicho profesional, transcurrieron aproximadamente seis años hasta tanto se pudiera individualizar en autos el domicilio real de los deudores, dato éste indispensable a los fines de la notificación prevista por el art. 62 de la ley 21 839, y el a quo, luego de transcurrido el lapso de referencia se expidió confirmando el auto regulatorio sin salvedad alguna vinculada a la actualización eventual de aquellos montos.
Actos y diligencias procesales, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PROFIN CIA. FIN. S.A. c/ GOMEZ MARIA s/ ej - Cambiaria (LIBRO: A072 - 423)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-10-21

Es cierto que la resolución que debe notificarse por cédula en principio no puede ser suplida por la ficta, pero sí por la notificación en el expediente o bien por el conocimiento que tomó la persona a quien debía notificarse de la actuación respectiva siempre que tal conocimiento resulte del expediente.

El conocimiento tiene que ser auténtico y si se trata de una presentación en el expediente, debe mediar referencia concreta o vinculación lógica entre aquella y la providencia a notificar, y ser posterior a la misma. Por tanto nuestro régimen adjetivo exige que tal notificación presunta surja de los elementos constantes en el expediente, excepcionando expresamente el caso de su retiro.
Personas con discapacidad, personas con discapacidad auditiva, aplicación de la ley, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: V., R. C. c/ P., S. F. Y OTROS s/ COBRO DE HABERES. Y DESPIDO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-11-10

Según las definiciones de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, la expresión "incapaz" es comprensiva del concepto de "discapacitado" (a su vez, definido por el art 1 de la Ley provincial 2055), aunque esta última situación, para quien sufre de sordera congénita o pérdida auditiva profunda a partir del plexo normativo específico antes referenciado, no necesariamente requiere de la formalidad, ni del encuadramiento, ni de la declaración en las figuras de los arts. 153 a 158, o 140 ss y cc del C.C., sino dotar al caso de una hermenéutica apropiada a sus capacidades diferentes en orden a la igualdad de oportunidades y la solidaridad que las imbuyen, por medio de lo que en el texto constitucional del inc. 23 del art. 75 de la Carta Magna Nacional y la doctrina se conoce como "acciones positivas" a cargo del Estado a través del legislador, o de quien administra o ejecuta, o del juez.
Medidas cautelares, embargo, sustitución del bien
Materia: CIVIL
Carátula: V. DE N.S.O. c/ N.G. s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-18

Si bien es cierto que toda medida cautelar es esencialmente sustituible, para que esto ocurra se hace necesario que se reúnan algunos requisitos para su admisibilidad. Entre ellos debe destacarse el referido a la existencia de una igualdad o semejanza entre el valor del bien embargado y el que corresponde a aquel que se ofrece en sustitución. El valor debe ser acreditado en forma concreta y especificado satisfactoriamente, no siendo admisible a estos efectos la mera indicación genérica o indiscriminada, máxime si el embargante no ha prestado su conformidad, sino que por el contrario ha expresado su negativa.-
Honorarios del perito, perito tasador, regulación de honorarios, desregulación económica, facultades del juez, escala arancelaria, facultades discrecionales del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: FIGUEROA ALCORTA, G. s/ Reg. de honorarios - Causa 30.449
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-21

Tratándose de peritos tasadores, la norma arancelaria específica es la prevista en el Decreto-Ley 7887 del 30 de diciembre de 1955, con sus leyes modificatorias, sin perjuicio de que en virtud del decreto 2284/91, ratificado por Ley 24.307 y el reciente decreto 240/99, se hayan derogado virtualmente las declaraciones de orden público de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios. Sus previsiones pueden ser evaluadas como partes orientativas para la determinación de los emolumentos correspondientes.

Además han de traerse a colación las disposiciones contenidas en los arts. 10 y 13 de la Ley 24.437 que otorgan a los jueces la facultad de fijar estipendios profesionales a peritos, síndicos, liquidadores y demás auxiliares de la justicia, apartándose de la aplicación estricta, lisa y llana de sus respectivos aranceles, cuando ésta pudiese ocasionar una solución desproporcionada.
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia, Superior Tribunal de Justicia, indemnización por accidente de trabajo, competencia laboral
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Quiroga, Pablo Daniel c/ Asociart S.A. s/ Accidente o enfermedad laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-05-15

Cabe declarar la incompetencia del Superior Tribunal de Justicia para entender en el proceso, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General y atento a la doctrina sentada por este Tribunal en los autos: "HERRERA HUGO OSMAR C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES Y OTROS- ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL" Expte. Nº 1-H-2011, IURIX Nº 214982/11 (STJSL-S.J. Nº 184/12, de fecha 26/4/12), por no ser el caso de naturaleza contencioso administrativo, que en efecto, la competencia se determina por los términos de la demanda y de la ella resulta claro que se reclama reparación integral de los daños derivados de un accidente de trabajo, no resultando de aplicación el precedente "Moran de Valcheff", siendo competencia de los jueces ordinario en lo laboral que deberán continuar entendiendo en la causa según su estado.
Automotores, adulteración de la numeración de bienes registrables, falta de prueba, acción reivindicatoria
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Vivarse  S.A. c/ Direc.  Nac.  de  los  Reg.  Nac.  de  la Prop. del Automotor y Créd. Prend. y otro s/ Orden de Grabado de Chasis
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-09

La información sumaria peticionada tiene por objeto obtener la regrabación de un nuevo número de chasis.

A este fin, la peticionaria debería acreditar, en primer término, que se trata de un mismo chasis y, en segundo lugar, la titularidad del acto respecto de ese chasis.

El primero de aquellos requisitos no podrá ser acreditado habida cuenta de que, según lo expone la propia peticionaria del resultado de la pericia practicada resulta la imposibilidad de la prueba del revenido químico por el avanzado estado de oxidación.

En consecuencia, como no es posible determinar que se trata del mismo chasis, la accionante deberá reivindicar frente a terceros inciertos la propiedad de aquél cuya posesión detente actualmente. Y sólo en el supuesto de que triunfe en dicha acción será pertinente ordenar a las autoridades correspondientes la grabación de un nuevo número de chasis cuya titularidad ostentaría entonces la demandante.
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones La Plata S.A. c/ Pcia.de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

La amplia potestad revisora atribuida a esta Corte por vía del proceso reglado en el Código Contencioso Administrativo, si bien delimita al conocimiento de aquellos temas que fueron objeto de previo reclamo, excede la concepción procesal de la alzada o apelación ceñida al reexamen del enjuiciamiento administrativo constituyéndose como tribunal originario y de juicio pleno. Este carácter coadyuva a perfilar una atribución no constreñida al mero análisis de los fundamentos del acto administrativo reclamado sino extendida al examen de todas aquellas circunstancias incorporadas al procedimiento de formación del acto cuya nulidad se pretende.
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: ROITMAN, JUAN DOMINGO B. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA -LEY Nº 6.266 DEL 7/2/96 s/ ACCION DE AMPARO -LEY N° 6.266 DEL 7/2/96 s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-26

Con el juramento del Sr. Vicegobernador de la Provincia de Santiago del Estero, ha quedado agotado y terminado el acto sobre el cual estaba enderezada la finalidad u objeto de la medida cautelar peticionada, tendiente a impedir la ejecucion de la Ley que lo designó por mandato legislativo. Por consiguiente la suspensión de los efectos del acto carece de razón de ser, ya que aquel ha cumplido con su objeto, tornando improcedente la cautelar.-
Astreintes, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: ELMA c/ ASTILLEROS NEPTUNO  S.A. s/ COBRO - ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

Las sanciones conminatorias previstas en el art. 37 del Código Procesal constituyen verdaderas "astreintes", procediendo su aplicación con el fin de presionar la voluntad del deudor para constreñirlo al cumplimiento de un mandato judicial al que se resiste deliberadamente, pudiendo ser dejadas sin efecto o reajustadas -incluso por el mismo magistrado que las impuso-, en la hipótesis de que el sujeto pasivo desistiera de su resistencia o justificare total o parcialmente su proceder.
Bienes del Estado, dominio privado del Estado, lanzamiento, declaración de inconstitucionalidad, afectación al servicio público, permiso precario, interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-09

La inconstitucionalidad del artículo 463 del Código Contencioso Administrativo y Tributario no puede desvirtuarse mediante su equiparación con la Ley Nro. 17.091, considerada constitucional por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La mentada ley nacional, que efectivamente es sustancialmente análoga a la presente en su aspecto procedimental, sin embargo no abarca los mismos supuestos fácticos.

La doctrina elaborada por el Alto Tribunal, en torno de esa ley enfatiza el presupuesto de que aquélla se aplica a la concesión de uso de bienes del estado que estuvieran directamente afectados a un servicio público, y que en consecuencia, reviste el carácter de precario. Se justifica así la existencia del régimen de excepción regulado y que, como tal, ha de ser de aplicación restrictiva. (Fallos; 305:932; 301:1028, entre otros).

El régimen jurídico especial del dominio público, por tratarse de un régimen de excepción y de interpretación estricta, sólo es aplicable a las causas dominicales y de ningún modo a las cosas del dominio privado del Estado.
OSEP, aumento del aporte, igualdad ante la ley, inflación, falta de prueba
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Medina, María Belén (carácter Curadora de Bracamonte Medina, Pablo E.) c/ Poder Ejecutivo de la Pcia. de Catamarca y Obra Social de los Empleados Públicos s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-09-16

A través de la presente acción de amparo la recurrente, en su carácter de curadora de su hijo insano, solicita se deje sin efecto el Decreto S Nº 185/14 emitido por la Sra. Titular del Ejecutivo Provincial, que dispuso en el mes de febrero del corriente año, actualizar el valor de los aportes establecidos para afiliados particulares y adheridos por convenio a dicho régimen. Que el aporte se incrementó de $50 pesos a $500, monto que resulta imposible de abonar si se considera que el único sustento que percibe su hijo por la incapacidad que padece es una pensión no graciable de $1500. Que a ello debe agregarse, el alto costo que insume el tratamiento diario que realiza a fin de mantener su estabilidad psicofísica basada en medicación específica.

La igualdad constitucional no impide que la ley contemple en forma distinta situaciones que son diferentes, siempre que la discriminación consecuente tenga un fundamento razonable y no resulte manifiestamente arbitraria.

Así, la igualdad supone la distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición.

En efecto cabe preguntarse, si la relación de equidad a la que se aspira alcanzar entre todos los beneficiarios del sistema, se logra cuando a un grupo de afiliados se les impone sin ningún justificativo, un sacrificio mayor que al resto, pues el porcentaje flexible que dicen aplicar con el valor de las 30 órdenes de consulta, y que en el caso se traduce en el 36% sobre el ingreso de $1.500, no guarda relación con el 4,5% que aportan los afiliados obligatorios sobre la totalidad de sus haberes.

De ese modo, y en base a esa distinción la Administración trató de justificar también su decisión, aduciendo que los valores que aportaban este grupo de afiliados no se modificaban desde el año 2008, y que a la fecha esos valores han quedado desfasados con relación a altísimos costos que los medicamentos, como las prestaciones médico asistenciales tienen debido al proceso inflacionario que registra nuestro país.

Sobre el punto solo he de decir, que por tratarse el índice de inflación de un cálculo que presenta especial complejidad técnica, debería ser objeto de adecuada ponderación, pues en principio, entiendo que para calcular su incidencia en el valor de las contraprestaciones, es necesario al menos, establecer el incremento individual de cada uno de los rubros que integran los costos de las prestaciones.

La orfandad informativa -en cuanto a estudios técnicos y completos-, que se observa en la causa respecto a estos elementos, no permite establecer si la medida implementada guarda relación con aquellos hechos que determinaron "prima facie" su implementación.
Recurso de reposición (procesal), fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Rubinstein, Marcos Gregorio c/ Cía. Financiera Central para la América del Sud.  S.A. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-24

Si bien las sentencias de la Corte no son susceptibles del recurso de reposición, ese principio reconoce excepciones cuando se trata de situaciones serias e inequívocas que ofrezcan nitidez manifiesta.
Procedimiento administrativo, vista de las actuaciones, falta de vista previa, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Insaurralde Miguel c/ Director de Personal de la Dirección Nac. de Gendarmería s/ Amparo Ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-27

Al negarse la vista completa de las actuaciones que dieron lugar a la calificación de "inepto para las funciones de su grado" cercenan el derecho de defensa del actor, dentro del cual se encuentra el derecho a ser informado de la naturaleza y causa de la calificación, ya que como bien lo sostiene la a quo, la reserva o confidencialidad no puede ser usada en contra del propio interesado, sino para, precisamente, preservar su intimidad frente a terceros, por lo cual la interpretación efectuada en el acto impugnado del Reglamento resulta arbitraria y contraria a derecho. (Del voto del juez Coviello, cons. 9).
Actos jurídicos, instrumentos públicos, redargución de falsedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: CENTRAL PARK SA c/ GALERIAS LARRETA SA s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

En un contrato perfeccionado por instrumento público, conforme lo dispuesto por el cciv 993, los hechos pasados ante el oficial público hacen plena fe, solo desvirtuable por la querella de falsedad en la forma que opte el interesado. Por ello, las cláusulas dispositivas del instrumento contempladas por el cciv 994 hacen plena fe, lo que significa que tienen el valor de prueba completa, solo desvirtuables con medios de prueba que contradigan el instrumento.
Recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: Palermo, Alfredo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-11-29

Para recurrir en casación por la causal de arbitrariedad, se deben mencionar los principios de la lógica que a su criterio fueron infringidos por el a quo, como así también el desenvolvimiento correlativo.
Contratos administrativos, interpretación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIALCO S.A.C.I.C.I. y OTRO c/ D.N.V. s/ CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-05

Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, principios aplicables a la relación contractual administrativa, imponiendo el principio de buena fe a los contratantes un comportamiento oportuno, diligente y activo.
Incidentes, costas, liquidación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Galvan de Ferrai, Beatriz Jacinta c/ Bonaventura, Juan Aníbal s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

"Las costas", instituto de neto corte procesal, constituyen el reintegro de los gastos que el vencedor ha debido efectuar para obtener el reconocimiento de su derecho, derivando su imposición del principio objetivo de la derrota (art. 68 Código Procesal), el cual, se manifiesta con mayor severidad en materia incidental, donde la facultad judicial de eximir al vencido es excepcional y de interpretación restrictiva (art. 69 del Código Procesal y su doct.).

Siendo ello así, deviene forzoso admitir que si el impugnante resultó vencido en la incidencia que promoviera, toda vez que la "iudex a quo" desatendió sus observaciones ratificando las pautas liquidatorias utilizadas, por el actor, que fueron objeto de reproche, y de allí, la necesidad de imponer la carga en costas al demandado (arts. 68 y 69 Código Procesal). (Minoría u opinión personal)
Bancos, responsabilidad del banco, depósito a plazo fijo, certificado de depósito a plazo fijo, prenda comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES  S.A. c/ BANCO ESPA%OL DEL RIO DE LA PLATA  S.A. s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11

Si un banco antes de recibir en prenda los certificados a plazo fijo confeccionados en formularios de otra entidad bancaria -los que contaban con el sello de una de las sucursales de éste último-, solicitó que se certificara la validez de los instrumentos, no puede pretenderse que advierta adulteración alguna en las firmas, pues debe entenderse suficiente la certificación efectuada.
Procedimiento administrativo, silencio de la administración, amparo por mora, proceso judicial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SCELLATO, MIGUEL c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-15

Ante el silencio de la administración Pública existe una vía legal que es el recursos por mora de la administración a que hace referencia el art. 8, inc. f), de la ley 23.473, tendiente a obtener el dictado de un pronunciamiento administrativo favorable o desfavorable a su derecho sobre cuya base se pueda interponer recurso de revisión en sede judicial, o sea el remedio previsto por el art.

8, inc. a) de la ley de procedimiento citada. En consecuencia, no puede prosperar la solicitud de apertura de la vía judicial si el interesado no agotó previamente la vía administrativa. (Disidencia del Dr. Fernández).