marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicios contra el Estado, tasa de justicia, base imponible, bonos de consolidación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gabriel y Cía. S.R.L. c/ E.N. -Mº de Salúd y Acc. Social- s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-09

Corresponde que la parte actora practique liquidación del crédito reclamado y sobre dicho monto tribute el 3% del monto nominal pues, aunque se entendiera que el objeto litigioso está compuesto por la entrega de bonos en dólares a 10 años, como reiteradamente la Sala lo ha resuelto, en casos similares recientes (in re "Cía. Ind. y Com. San Juanina S.A. -Incidente- c/ D.G.I. s/ D.G.I.", causa Nº 8.489/96, del 29/4/96, y "José Cartellone Construcciones Civiles S.A. c/ D.N.V. s/ beneficio de litigar sin gastos" causa Nº 29.110/95, entre otros), la base imponible del tributo la constituye el monto nominal del crédito reclamado y/o el valor nominal de los títulos y no el valor de cotización en el mercado de los bonos que se percibirán de prosperan la demanda, por resultar dicho valor en el actual estado del proceso un contingencia extraña a las circunstancias adjetivas concretas de la causa.
Actuaciones administrativas, conflictos colectivos de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ruca S.A. s/ Demanda de inconstitucionalidad art. 17 ley 10149
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

El art. 17 de la ley 10149 no configura la hipótesis que contempla el art. 15 de la Constitución local, en virtud de la expresa regulación de la revisión judicial posterior de la resolución final del Subsecretario de Trabajo.
Daños y perjuicios, culpa de la víctima, contrato de juego mecánico
Materia: CIVIL
Carátula: Ford, Elva L. c/ Italk Park y otros s/ Sumarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-28

No obstante lo impresionante y aparentemente peligrosos que resultan los juegos mecánicos, la empresa propietaria garantiza implícitamente que se trata de una mera apariencia que encubre una realidad absolutamente inofensiva. Esa es la creencia de los usuarios y con esa confianza acuden al lugar, pagando su entrada, lo que sin duda, no lo harían si supieran que la empresa no garantiza la seguridad de las personas. En base a este criterio y por tratarse de máquinas extraordinarias y comúnmente inusitadas, en cuyo gobierno ninguna pericia práctica debe esperarse del usuario, se sostiene que su propietario responde aunque se probara que su funcionamiento era normal y que el daño sobrevino a causa de la impericia de la víctima, porque ésta debe ser prevista en la naturaleza del entretenimiento.

La culpa de la víctima requiere considerar las singularidades que presentan los daños producidos a través de estas máquinas de diversión del público, donde hay ciertas imprudencias que son comunes a los participantes, por lo cual el empresario que se favorece con dicha instalación tiene que preverlas y tratar de evitarlas por medio de mecanismos de seguridad; si no lo hace, debe absorber los daños derivados de esas faltas leves.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARDOZO DE KJAR MABEL GRACIELA c/ ERNESTO LEOBATO PUTIGNANO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-08-16

El daño causado por el riesgo de la cosa se funda en la creación de un riesgo particular de daños en razón de la naturaleza peligrosa de la actividad desarrollada o de los medios utilizados. Esto comprende la responsabilidad objetiva o sin culpa; es una responsabilidad por actividades lícitas o por el empleo lícito de cosas, pero que entraña peligro para las personas.-
Superintendencia, deberes y facultades del síndico del concurso, sanciones procesales, procedencia del recurso, multa, deber de información
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-PENAL
Carátula: Meridian Maritime SA c/ Madero Amarres SA s/ ordinario s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-18

Corresponde confirmar la sanción de multa impuesta a una aseguradora de riesgos del trabajo por la SRT, en orden a las inconsistencias observadas, en relación a la información declarada respecto de diversos casos de accidentes laborales y de enfermedades profesionales-, y el respaldo documental (punto 4 del Anexo I de la Resolución SRT n° 3326/14, punto 4 Anexo I de la Resolución SRT n° 3327/16, y art. 36, inciso 1, apartados b) y d) de la ley 24557). En ese marco, corresponde rechazar la defensa intentada, en cuanto invoca la inviabilidad de sanciones por tratarse de un ente de naturaleza pública. Tal argumentación carece de toda seriedad, las defensas opuestas en relación al alcance obligacional y al carácter de persona pública de la recurrente -relaciones interadministrativas- en virtud de las cuales no serían susceptibles de multa, no eximen de responsabilidad, ya que al actuar en el ámbito del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo 24557, tiene idénticas obligaciones que el resto de los afectados, quedando sujeta a la supervisión y fiscalización de la SRT.
Ejecución de la pena, ejecución de sentencia penal, juez de ejecución
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gallo, Mariana Sandra s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-23

Corresponde anular lo dispuesto por el juez correccional en cuanto a la modalidad de la ejecución de la pena pues, una vez practicado y aprobado el cómputo de la pena impuesta según lo prevé el art. 493 párrafos primero y segundo C.P.P.N., debió comunicar la sentencia al juez de ejecución, que es quien fue instituido por el art. 493 tercer párrafo, inc. 3°, C.P.P.N., para asumir la función jurisdiccional en cuanto a la forma de ejecución de las penas efectivas. La disidencia consideró que en el particular caso, el estricto cumplimiento de tal premisa, y la anulación de la decisión adoptada, implica una dilación indebida del proceso en contra de la imputada, atentando a su vez contra el principio resocializador de la pena, máxime ante la insignificante lesión al bien jurídico tutelado por la norma -arts. 42 y 162 C.P.- y el tiempo transcurrido desde la ocurrencia del hecho. (Dres. Riggi, Catucci y Ledesma -en disidencia-).
Cuestiones de competencia, competencia penal, apropiación indebida de recursos de la seguridad social, reembolsos impositivos, derechos de exportación, impuesto a las ganancias, AFIP DGI
Materia: PROCESAL-PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Torres, Daniel s/ defraudación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-03

Ante el conflicto de competencia planteado entre la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, procede declarar la competencia de la primera para continuar la investigación respecto de los supuestos ilícitos - apropiación de sumas correspondientes a reembolsos de gravámenes de exportación y devolución de impuesto a las ganancias - en detrimento de la Dirección General Impositiva, sin perjuicio de que, una vez orientada adecuadamente la investigación, nuevos elementos permitan determinar los hechos que deban ser investigados por el fuero de excepción.
Cheque, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galindez, Gustavo c/ Cuerdo, Ricardo H. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-13

En la ejecución de un cheque la competencia está dada en principio, por el domicilio del banco contra el cual fue girado y, subsidiariamente -a opción del tenedor- por el domicilio que el titular de la cuenta tiene registrado en dicha institución bancaria.

Es decir que no se excluye en términos absolutos la posibilidad de demandar en el domicilio real del librador, ello conforme la doctrina sobre la inexistencia de agravios en los supuesto en que el deudor sea demandado ante el Juez de su propio domicilio. (Ley 24452, art. 3 y Cód. Civ. arts. 101 y 102)
Jubilaciones, haber jubilatorio, rubros no remunerativos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Michelini, Mirta Gladis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 684-95) Ettolitre, Enzo Juan Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 751-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-08|2000-11-22

Tanto los "premio estímulo" cuanto las "gratificaciones" están excluidos del concepto de remuneración del artículo 71 de la ley 6915.
Colegio electoral, electores del colegio electoral, incomparecencia de electores, intimación a comparecer
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Apoderados   y  electores  de  la  Alianza  Frente  de  la  Esperanza s/ acción constitutiva de tipo cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

Conforme a lo preceptuado por la ley 4592 de Corrientes, el Colegio Electoral actuó excediendo sus facultades al formular la intimación a electores a comparecer bajo apercibimiento de destitución, pues aplicó una prevención establecida para compeler a quienes debían asistir a la sesión preparatoria, a aquellos que revestían ya el carácter de electores para integrar la sesión definitiva.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giménez, María del Pilar c/ Toledo, Mario Horacio s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-15

La verosimilitud del derecho que se invoca al pedir la medida precautoria debe emerger mediante la comprobación sumaria del hecho génesis de la pretensión accionada.-
Temeridad o malicia, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lallana, Elsa Ramona c/ Municipalidad de Magdalena s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

Queda configurado el supuesto contemplado en el art. 17 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo a los fines de imponer las costas a la demandada vencida en el juicio si el acto que dispuso la cesantía se basó en un hecho que no se corresponde con las constancias del expediente, error no rectificado por la comuna empleadora, la que tampoco dio trámite al recurso de revocatoria, obligando a la actora a pedir pronto despacho de las actuaciones en dos oportunidades sin que se registrara ninguna actividad de la Administración, y al contestar la demanda insiste en su postura, sin tan siquiera intentar demostrar el hecho que invoca, obligando a sustanciar todo el proceso.
Derecho a la salud, SIDA, interpretación de la ley, responsabilidad de la provincia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Los responsables directos y primarios en la adopción de las medidas dispuestas en los arts. 3°, 4° y 20 de la ley 23.798 (indispensables para que los enfermos de SIDA puedan recibir una atención digna, lo cual implica la provisión oportuna de las drogas que necesitan), son los gobiernos locales (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Daños y perjuicios, obligación de seguridad, relación de consumo, carga probatoria dinámica
Materia: COMERCIAL
Carátula: G., A. C. contra 'Pasema S.A.' y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-04-01

Corresponde revocar la sentencia que rechazó una demanda por los daños y perjuicios derivados de una intoxicación padecida por dos menores de edad por el supuesto consumo de bocados de pollo adquiridos en un local de comidas rápidas, pues si bien no se logró demostrar la existencia de una bacteria contaminante en el producto alimenticio, la Ley de Defensa del Consumidor prevé una carga probatoria dinámica, por lo que es el prestador quien debe probar que el servicio fue utilizado por el consumidor en condiciones no previsibles y anormales para desligarse de la responsabilidad objetiva. En ese sentido, si bien no se pudieron periciar los productos de pollo del tipo que consumieron los menores, ello se debe a razones exclusivamente imputables a la demandada, quien retiró tales productos del mercado, lo que resulta violatorio de su deber de colaborar con la sustanciación de la prueba vital para la obtención de la verdad del caso.
Contratos de adhesión, interpretación del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Parras, Oscar A. c/ Viviendas LOS ANGELES s/Nulidad de contrato s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Para invalidar las condiciones negociales generales sin recurrir a las nociones de violencia, fraude, dolo o lesión subjetiva, etc., se debe estar ante situaciones de agarrotamiento del adherente que le quiten libertad de operatividad y discusión, con abrogación de lo normado en materia de obligaciones contractuales, lo que no se da en el caso de autos de venta de "casas prefabricadas", ya que existen en la plaza mercados de competidores varios que evidencian la inexistencia de un "pull" o monopolio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Delitos, responsabilidad civil
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: QUEVEDO AIDA DEL VALLE Y OTRO s/ DELITO - RESPONSABILIDAD CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-16

La obligación de reparar el daño pesa solidariamente sobre todos los responsables del delito (C.P., art. 31) por haber participado en él como autores, consejeros (instigadores), o cómplices (C. Civil art. 1081; C.P., arts. 45 y 46); el damnificado tiene el derecho de demandar la totalidad del daño contra uno o todos los responsables (C. Civil arts. 699 y 705), sean en delitos dolosos o culposos, pues la solidaridad legal no distingue al respecto (C.P., art. 31).-
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, personal de casas particulares
Materia: LABORAL
Carátula: CENTURION, CONDADO ELIODORA c/ DIAZ, MARTA TERESA Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-28

El hecho de utilizar los servicios de una persona presuntamente enmarcada en el ámbito doméstico para múltiples tareas fuera de esa esfera -en el caso una oficina jurídico contable, que tiene una finalidad comercial- sin lugar a dudas importa un beneficio económico para quien las utiliza, ello así en tanto la demandada "ahorró" en contratar a otras personas para efectuar las tareas de mantenimiento o limpieza de la oficina -ámbito que no es de índole doméstico, sino comercial- utilizando a una persona indistintamente en su casa y en la oficina para todo, por lo que sin lugar a dudas, se favorecía económicamente con ello. Probado que la actora prestó tareas de limpieza no únicamente en el domicilio particular de la demandada, sino también en la oficina donde desarrollaba su actividad profesional, resulta de aplicación la L.C.T. y no el dec. 326/56. (Del voto de la Dra. Ferreirós, en mayoría).
Acción de inconstitucionalidad, aportes previsionales, ejercicio profesional, colegio profesional, matrícula profesional
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Palópoli,  Hugo  Daniel c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-03

La demanda tendiente a obtener una declaración de certeza sobre el alcance, límites y modalidad del decreto 2293/93, ante la negativa de la Provincia de Buenos Aires a aplicarlo en su ámbito y exigirle matricularse en el colegio local, a pesar de estar inscripto en la Capital Federal, encuadra en el supuesto contemplado en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, toda vez que implica un estado de incertidumbre sobre el alcance de la relación jurídica entre el demandante y la Caja de Seguridad Social para Veterinarios de dicha provincia.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, destino del inmueble
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AMENABAR 1935 c/ AYALA, Fernando Gabriel y otro s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-21

La actividad desarrollada por el copropietario que ejerce el comercio en forma contínua con el consiguiente movimiento de equipo y material ortopédico en el edificio, excede el marco de las actividades permitidas, si de la interpretación del reglamento surge que sólo se contempla el ejercicio de profesiones liberales.
Cuestiones de hecho y prueba, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Cejas, José Luis c/GCBA (Hospital Oftalmológico Santa Lucía- Hospital Carlos Durand) s/daños y perjuicios denegado en Cejas, José Luis c/GCBA (Hospital Oftalmológico Santa Lucía- Hospital Carlos Durand) s/daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

La presentación está únicamente orientada a que el Tribunal examine la valoración de los hechos y las pruebas y la aplicación de normas infraconstitucionales efectuada por los jueces de mérito, pero no consigue acreditar la lesión de ningún precepto constitucional. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Seguros, responsabilidad del asegurador, traba de la litis
Materia: CIVIL
Carátula: CASARES DE GENE c/ RODRIGUEZ, ORLANDO s/ CONTRATO DE SEGURO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-31

Del plenario del fuero "Irago, Armando Ramón c/Cabrera, Antonio" se desprende que, para condenar a la aseguradora en los términos de la ley 17.418, no es menester integrar la "litis con quien ha contratado el seguro, pues basta haberlo hecho con quien conducía el rodado con autorización".
Daños y perjuicios, determinación del monto, valor vida, muerte de un hijo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Van Loo Juan José c/ Woll Enrique s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

La crítica que enfatiza el condenado acerca de la humildad de la familia no puede obrar en pos de la reducción de la indemnización, ya que es precisamente esa situación la que potencialmente da más relevancia a la ausencia de posible sostén futuro que se trata de resarcir.
Asociaciones sindicales, federación gremial, representación colectiva, encuadramiento sindical, sindicatos, personería gremial
Materia: LABORAL
Carátula: ASOCIACION ESPAOLA DE SOCORROS MUTUOS PERGAMINO c/ MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL s/ LEY DE ASOCIACIONES SINDICALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30

El art. 35 de la ley 23551 acuerda la representación al organismo gremial de segundo grado cuando no existe uno de primero que tenga personería gremial. Esto significa que no se puede otorgar la representación a cualquier otro sindicato que la pretenda con alguna clase de verosimilitud, de manera automática y eludiendo la discusión sobre la material representatividad de los dos gremios en disputa. El art. 35 mencionado, al acordar a una federación la representación de un universo de trabajadores, aunque la ejerza a través de una filial, la habilitada para sostener un conflicto de encuadramiento.
Docentes, nacionalidad, ciudadanía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bistue de Montilla Nilda Teresa c/ Dirección General de Escuelas s/ Acción de Amparo (LIBRO: S132 - 414)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-16

Se estima es razonable (art. 28, Const. Nac.) la exigencia de la nacionalidad o de la ciudadanía para el ejercicio de funciones políticas, e inclusive esencialmente administrativas estatales, como requisito de idoneidad (art. 16, Const. Nac., aunque "En nuestra historia administrativa y política hay ejemplos de extranjeros que han servido a la Nación con una lealtad, honradez y eficacia no superada por los mejores ciudadanos.

Y no son pocos, desgraciadamente, los casos de ciudadanos que han envilecido la función pública, y la han degradado con la deshonestidad, la indisciplina y la adulación repugnante por bajeza o por hipocresía": Bielsa, Rafael, "Derecho Constitucional", Bs. As., 1959, p. 262, nota 24), pero no para un servicio social como lo es el de enseñanza, que incuestionablemente puede ser prestado por los habitantes, extranjeros o no, no entrando en la esfera de acción propia del Estado (aunque éste preste el servicio en concurrencia con los particulares), tratándose de actividades que aquéllos ejercen por derecho subjetivo constitucionalizado propio (arts. 14 y 20, Const. Nac.) y no por delegación estatal (ver Sarmiento García, Jorge H. y otros "Ley Federal de Educación", Bs. As., 1995, ps 12 / 15).
Medidas cautelares, contracautela, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL
Carátula: PILDAIN MARIA ALICIA c/ VILLEGAS ANGEL FERNANDO s/ DERECHO PROCESAL. INCIDENTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-29

Si el beneficio de litigar sin gastos aun no fue concedido y se desconoce si ese será su resultado, tal situación no puede ser incluida en la exención de contracautela prevista por el último inciso del art. 200 De la ley procesal.
REPÚBLICA ARGENTINA, medidas de seguridad y protección, detenido, establecimientos penitenciarios, Pacto de San José de Costa Rica, MENDOZA, derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la integridad psíquica y moral
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de las Penitenciarías de Mendoza. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República Argentina c/  s/ Corte Interamericana de Derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República Argentina #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ Corte Interamericana de Derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República Argentina #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ Corte Interamericana de derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas provisionales respecto de la República Argentina. c/  s/ Mendoza y en la unidad Gustavo André, de Lavalle, al igual que todas las personas que ingresan a tales centros carcelarios, entre ellos los empleados y funcionarios que prestan servicio en dichos lugares. c/ Rep. Argentina s/ Solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República Argentina.
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-11-22

Conforme las atribuciones otorgadas a la Corte Interamericana por los artículos 63.2 de la Convención Americana y 25 y 29 de su Reglamento, debe el Estado Argentino adoptar en forma inmediata las medidas que sean necesarias a los fines de proteger la vida e integridad personal de todas de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la unidad Gustavo André, como así también la de los empleados y funcionarios que se encuentren en su interior.
Recurso directo, expresión de agravios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alegret Reinaldo en J: 23675 Alegret Reinaldo c/ Roberto Francisco Videla s/ Ejecución Cambiaria - Recurso Directo (LIBRO: A004 - 122)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-04-24

El recurso directo tiene por objeto el control de la procedencia formal del recurso de apelación, debiendo en consecuencia la partee afectada por la denegatoria de primera instancia, concentrar sus esfuerzos en demostrar la admisibilidad adjetiva de la via recursiva y no en argumentaciones que hacen al fondo del asunto, sea éste sustancial o procesal, las que de admitirse en la alzada, deberá volcarse en la expresión de agravios o fundamentación del recurso.