marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Rechazo de la demanda, nulidad absoluta, nulidad del acto jurídico, compraventa internacional, daños y perjuicios, ley vigente, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Virumbrales, Rosa Margarita c/ Wm Page & Associates Inc y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-12

Procede rechazar la demanda por nulidad absoluta de siete actos jurídicos, "Acuerdos de compraventa internacional", celebrados con la accionada (cfr. CCIV 1058 bis) de acuerdo al CCIV 14, 21, 502, 953 y 1207, y reclamo de los daños y perjuicios que la inducción a error al contratar (fraudulent missrepresentation) provocó, esto último de acuerdo con el derecho aplicable del Estado de La Florida.

El CCIV 13, norma vigente al momento en que tuvieron lugar los hechos de la causa, establecía que la aplicación de las leyes extranjeras, en los casos en que este código la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes. Por otra parte, también en esa época se encontraba aprobada por la ley 22921 la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado - CIDIP II, Montevideo 1979. Respecto de esta última norma si bien se impone allí a los jueces y autoridades de los Estados partes usar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho resultare aplicable, interpretamos que esta disposición no marca la aplicación de oficio, obligatoria, del derecho extranjero sino que prescribe cuál es la interpretación que obligatoriamente debe dispensarse a ese derecho extranjero, cuando sea aplicable (Conf. Uzal, María Elsa, "Derecho Internacional Privado", La Ley, Buenos Aires, 2016, págs. 122/123). Desde ya, la aplicación del derecho extranjero quedaría desplazada por las normas de orden público local. Dado que, este caso no está regido por las normas del derecho del consumidor, norma de orden público, y que no se ha probado que al contratar las partes hayan quebrantado normas de policía administrativas. Basta señalar, entre otras, que como base fáctica para emitir la opinión, los abogados matriculados en el exterior tuvieron por cierto que la accionante realizó las inversiones en Argentina, y negoció con los representantes locales de la demandada en Argentina y que los mismos brindaron información insuficiente a la actora sobre los riesgos financieros asociados con las referidas inversiones. Lo cierto es que, como requisito para la procedencia de cada uno de los potenciales reclamos que podría efectuar la actora, que fueron motivo de análisis por los letrados extranjeros, se requiere una acción por parte de la accionante que no ha sido demostrada en estos obrados.
Cuenta corriente bancaria, resumen de cuentas, redargución de falsedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROMERO FORTEA, ANDRES c/ BANCO DEL BUEN AYRE  SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-17

Resulta improcedente pretender que un resumen de cuenta emitido por una entidad bancaria, sea atacado mediante el procedimiento de redargución de falsedad, ya que tal instrumento no reviste el carácter de "público" al no tratarse de alguna de las hipótesis del cciv 979, ni puede resultar comprendido por extensión, ya que en su confección no interviene oficial público que le otorgue autenticidad, ni hay ley que le otorgue tal característica.
Acción, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Batillana, Jorge Adolfo y otros c/ Municipalidad del Partido de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Si al presentarse la demanda se había configurado el supuesto de retardación previsto por la última parte del artículo 7 del CCA (vía sobre cuya base se confirió traslado de la demanda), resulta infundada la excepción de incompetencia fundada en la falta de impugnación del acto expreso dictado con posterioridad, pues una exigencia de tal índole importaría admitir la ineficiencia de una acción procesal idónea y resultaría, por ende, contraria a la seguridad jurídica (conc. doctrina sentencia recaída en causa "Bitonte"). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Representación procesal, gestor
Materia: PROCESAL
Carátula: Dorado Orlando c/ CNAS s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

Si bien en determinadas circunstancias, cuando el puntual cumplimiento de la exigencia legal de acreditar la personería resulta imposible, es dable admitir que la misma ley procesal contempla la solución a través de la interrupción y suspensión de los plazos. Ello, obviamente, solo es posible bajo la condición de que las causas impedientes sean puestas a la consideración del juez cuando todavía se halla pendiente el plazo legal y no cuando aquel ya se encontraba vencido, y por ende, producidos sus efectos preclusivos.
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL
Carátula: Hierrezuela Mauricio José c/ Gobierno de la Provincia s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-09-21

El vencimiento parcial y mutuo de las costas se configura cuando el resultado de la litis no consagra un vencedor absoluto, ambas partes han triunfado y fracasado parcialmente en sus pretensiones. Esta situación se presenta particularmente en el caso que se acumulan acciones, o cuando el demandado reconvenga u oponga excepciones.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, indemnización por muerte, choque frontal, valor vida, daño moral, falta de legitimación para obrar, parentesco
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROSSI,  ENRIQUE c/ VEDOYA,  JUAN s/ ORDINARIO  Y SU ACUMULADO CLAVERO, MANUEL C/ EMPRESA LINIERS SA S/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-25

Procede el reclamo deducido en concepto de valor vida, pues cuando los familiares más cercanos o personas particularmente allegadas a la víctima reclaman el resarcimiento del daño que les causa la muerte del ser querido, no cabe exigirles una prueba específica de aportes pecuniarios recibidos de aquel como requisito para acceder a la reparación que pretenden. Tampoco es necesario que el causante estuviera capacitado para desarrollar una actividad creadora o productora de bienes, ni que hubiese habitado en el mismo lugar que los accionantes. Esos datos pueden incidir, y de hecho inciden, para determinar la cuantía del resarcimiento en cada caso, pero en modo alguno pueden condicionar su procedencia. La vida de cada ser humano tiene per se un valor que se proyecta sobre sus allegados mas próximos, al punto que su perdida constituye un daño resarcible para éstos en los términos del CCIV art. 1068 in fine, con prescindencia de cualquier beneficio pecuniario que aquel les hubiese podido o no proporcionar. A más, la multiplicidad de formas en que una persona puede prodigar su ayuda o su cooperación respecto de otras, no puede reducirse únicamente al aporte de sumas de dinero y otras cosas económicamente equivalentes, aunque en la instancia final de reparar su pérdida se vea el juez en la necesidad de traducir su valor a dinero a fin de hacer factible su reparación (CCCIV art. 1083). Los consejos, el apoyo moral, la comprensión, el goce de la compañía, el placer de disfrutar juntos un paseo o una comida, el refugio espiritual que se puede encontrar en el otro en los momentos difíciles, son evidentemente bienes que no pueden ignorarse por la sola razón de su inmaterialidad. Aún cuando la víctima no prestase auxilio económico actual a los pretensores no cabe descartar de plano la posibilidad futura de tal ayuda, en tanto responde a una expectativa que es conforme con el estado actual de nuestras costumbres. Y menos todavía cabe conjeturar lo contrario ni erigir una suerte de presunción opuesta a la chance de que tal ayuda pudiera concretarse, cuando la propia ley establece la obligación alimentaria entre los parientes por afinidad en 1° grado (CCIV art.368). Pero, aún si la persona fallecida no hubiese estado en condiciones de efectuar aportes económicos ni desarrollar alguna tarea con directa o aparente significación pecuniaria, su sola presencia importaría -para los padres políticos- un valor apreciable en cuanto memoria actual de vivencias pasadas, compañía en la soledad, seguro consuelo en la ancianidad. Disidencia del Dr. Monti.
Depósito bancario, prueba, carga de la prueba, defensa en juicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: De Seta, Juan Carlos c/ Banco Central de la República Argentina s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Teniendo en cuenta las modalidades de las operaciones bancarias, sería un exceso riguroso exigir al depositante el control de extremos cuyo cumplimiento incumbe al depositario, distorsionando así el principio distributivo de las cargas probatorias, que tiene raíz constitucional en el principio de defensa en juicio.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 de Código Penal -causa N° 3221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-17

La imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de prejuicios o intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia.
Pago, intereses, reservas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASA PATERNO SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 44-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-12-27

La reserva de derechos que refiere el artículo 624 del civil, debe ser formulada en el acto de recibirse el capital, como parte integrante y elemento constitutivo de dicho acto, por lo que el acreedor debió efectivizarla entonces, en el momento de suscribir el recibo pertinente.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: GEREZ RAUL NEMECIO c/ GRAFA S.A. Y/O PROP. Y/O RESP. s/ DIFERENCIA DE INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-07

La ley 24.028 a fin de garantizar la percepción de las indemnizaciones correspondientes, establece una serie de normas tendientes a lograr ese objetivo y evitar que mediante determinadas cláusulas, se reduzcan los montos de las indemnizaciones otorgadas.

Tales disposiciones, en la medida que traten de reducir dichos importes, son ilícitas y, por lo tanto, carecen de validez.

Constituyen lo que se denomina fraude: hecho, acto o aspecto realizado para disimular ilícitamente lo real. En tanto, para combatir este tipo de comportamiento o acto, la LCT recurre a ciertos procedimientos; unos con carácter de prevención general mediante la declaración de la nulidad del acto (art. 14), y otros, de carácter especial, fulminando como simuladas o fraudulentas ciertas situaciones, por lo que la ley, con prescindencia y por encima de la intención de las partes, les otorga un efecto determinado (p. ej., sustitución de la cláusula nula por la que corresponda art. 13 LCT).
Honorarios del abogado, convenio de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pelorosso, Nuncio A. s/ Sucesión testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

La regulación de honorarios -en carácter de comunes- efectuada con relación al letrado cuyo convenio de honorarios con el cedente se declaró inoponible al cesionario, no influye en el crédito del letrado respecto del heredero a quien patrocinó por la diferencia entre lo regulado y lo pactado en tal convenio (arts. 3, 4 y concs., dec. ley 8904; 1197, 1198 y concs., C.C.).
Juicio ejecutivo, oposición de defensas, multa procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: LAVAQUE EDUARDO WADI c/ UNION DE TRABAJADORES GASTRONOMICOS DE LA REP. ARGENTINA s/ INCIDENTE EJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

La sola oposición de defensas improcedentes no autoriza la aplicación de la sanción prevista por el art. 551 del Código Procesal, invocado por la accionante (cfr. Fassi-Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial, comentando, anotado y concordado", T. I, pág. 330;

CNCiv., Sala A, 2.12.80, LL 1983-A-565, 36.240-S, id., Sala B, 20.10.81, LL 1982-A-267; id. Sala C, 7.5.91, LL, 1991-D-416; CNCom., Sala B, 14.9.81, LL 1902-A-223, id., Sala E, 23.2.82, LL 1982-C-390).
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: PROCESAL
Carátula: Obra  Social  de Empleados del Tabaco de la República Argentina yotro c/ Estado  Nacional  -  Ministerio  de  Economía,  Obras yServicios   Públicos  -  Secretaría  de  Agricultura s/ Amparo ysumarísimos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

La arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiere que la lesión de los derechos o garantías reconocidos resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, ni de un amplio debate y prueba.
Compraventa inmobiliaria, corretaje inmobiliario, corredor
Materia: CIVIL
Carátula: MURREDA JOSE Y OTRO c/ TOVOROVSKY SAUL Y OTRO s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

El corredor intermediario no solamente no es responsable de la solvencia de las partes (art. 97 del Código de Comercio), sino que so pena de exceder el ámbito de su competencia e incurrir en ejercicio ilegal de la profesión de abogado, no puede estudiar títulos antecedentes, ni resolver problemas jurídicos atinentes a la posibilidad de ejecución del contrato, ni efectuar predicciones en materia de economía, fuera de su función específica de acercamiento de las partes, sólo puede limitadamente como garante en los términos del art. 97 del Código de Comercio.

La comisión se le debe aunque el contrato no se haya realizado por culpa de alguno de los contratantes.
Medidas de fuerza, conciliación obligatoria, competencia, facultades de la administración, poder de policía, costas
Materia: LABORAL
Carátula: S.O.E.M.C. c/ PROVINCIA DEL NEUQUEN. s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2010-08-24

Cabe revocar la sentencia por la que se hizo lugar a la pretensión de la actora y se declaró la nulidad de la resolución de la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia del Neuquén que establecía la conciliación obligatoria -por considerar que adolecía del vicio grave de falta de motivación-, toda vez que la intervención del Estado Provincial, a través de su organismo competente, estaba contemplada como facultad incuestionable -cfr.

antecedentes fácticos, vigencia de la Ley 1.625, así como por el consentimiento dado por las partes, cuando por un lado una requiere su intervención y la otra la consiente-. (Del voto del Dr. Marcelo Medori, en mayoría).
Recurso extraordinario, cuestiones de competencia, sentencia definitiva, competencia federal, resolución denegatoria, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco   Río   de  la  Plata S.A. c/ Agroservicio Solá y Compañía S.R.L.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

Las resoluciones en materia de competencia no habilitan la instancia extraordinaria si no media denegatoria del fuero federal (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Enrique Santiago Petracchi).
Sentencia, nulidad de sentencia, apreciación del juez
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Sánchez Felix c/ Alviloma S.A. y/o quien Res. Resp. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-02-24

Corresponde analizar las nulidades desde un aspecto de suma relevancia para la correcta solución de la causa, el de la trascendencia. En este marco no resulta ocioso señalar que las nulidades no se decretan en aras de la nulidad misma, ni en el interés de la ley; las resoluciones únicamente deben ser anuladas cuando existe un interés legítimo lesionado que no puede repararse por otra vía. En consecuencia el interés jurídico concreto en obtener la anulación, o bien, la demostración de cuál es el interés que se pretende subsanar con la declaración, o cuáles fueron las pruebas o defensas de que se habría visto privado de oponer el recurrente, son extremos que de no concurrir, obstan a la declaración de la nulidad de la sentencia.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, obligatoriedad del precedente, seguridad jurídica, facultades jurisdiccionales, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MEDICOS FORENSES s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - DECLARACION JURADA DE INCOMPATIBILIDAD  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 785 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-26

El Máximo Tribunal de la Nación ha establecido la necesidad de que los litigantes conozcan de antemano las "reglas claras de juego" a que atenerse en aras de la seguridad jurídica, destacando la "especial prudencia" que debe presidir la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios, a fin de impedir situaciones frustratorias de derechos constitucionales. Y, concretamente, en el cometido de no impedir a los recurrentes el acceso a la instancia judicial, es decir, de garantizar su ejercicio efectivo, recientemente los Poderes Judiciales, especialmente latinoamericanos, han expresado que "lo que sin duda da mayor seguridad jurídica y mejor posibilidad de protección nos proporciona es el poder acudir ante un tribunal del Poder Judicial cada vez que creemos que está afectado, violado, amenazado o negado algo que pretendemos razonablemente como un derecho personal". En similar sentido, el Tribunal Constitucional español también ha sostenido que la tutela judicial efectiva ha de ser, por imperativo constitucional, "efectiva", y la medida en que lo sea o no ha de hallarse en la suficiente protección de las potestades atribuidas por ley a los órganos del poder judicial para, efectivamente, salvaguardar los intereses o derechos cuya protección se demande. En fin, recordando al maestro Couture, "si el tiempo es oro en términos de procedimiento es justicia".
Impuestos, impuesto a la ganancia mínima presunta
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CERVECERIA  ARGENTINA SA ISENBECK c/ EN-M° E-Ley 25063 s/ procesode conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-24

Según las conclusiones del peritaje contable producido en autos, la actora registró pérdidas en los ejercicios de los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 que obstarían a descontar el impuesto aquí considerado; conclusión que no puede hacerse extensiva a otros períodos, respecto de los cuales no se cuenta con prueba concluyente, sino meras proyecciones del perito actuante. Por lo expuesto, respecto de los períodos señalados, se tiene por acreditada la inexistencia de una "ganancia presunta" y -por ende- la ausencia de capacidad contributiva como presupuesto legitimante del impuesto, en los términos exigidos por el Máximo Tribunal (en igual sentido, confr. esta Sala -en su actual composición- in re "Molisur SA (TF 24100-I) c/ DGI", causa nº 10.517/2008, sentencia del 30/09/10).
Compraventa inmobiliaria, venta de inmuebles fraccionados en lotes, pacto comisorio
Materia: CIVIL
Carátula: Compañía Inmoboliaria Constructora S.A. Comercial e Ind. c/ Chiroque, Edilberto y Otro s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-23

La intimación a resolver el contrato de compraventa solicitada por el vendedor resulta improcedente pues ante el incumplimiento del pago corresponde la condena a cancelar el precio total y no el empleo del pacto comisorio, prohibido por la Ley 14.005 -art. 8- que busca evitar los abusos y lesiones que padecen los compradores de los lotes fraccionados en mensualidades impidiendo el empleo de dicho pacto luego que el adquirente haya abonado el 25% del precio o haya realizado construcciones equivalentes al 50% del precio de compra, debiendo considerarse que en el caso los adquirentes no se han comportado de forma abusiva pues han abonado más del 70 % de las cuotas y han realizado una construcción en el terreno.
Revocación del sobreseimiento, amenazas, pueblos originarios
Materia: PENAL
Carátula: CHIARELLO, Dante Vicente c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-21

Corresponde anular el sobreseimiento si no se ha realizado un estudio exhaustivo de los hechos denunciados -intento de amedrentar a los miembros de una comunidad indígena para conseguir la firma de documentos que habilitaran la transferencia de derechos sobre su territorio, por parte de la administradora de la comuna y un grupo de personas dependientes- y su contraste con la voluminosa prueba recabada a lo largo de la investigación, advirtiéndose que el magistrado instructor no dio curso a diferentes denuncias efectuadas por miembros de la comunidad indígena, ni citado a quienes presenciaron las visitas ni a quienes transmitían las amenazas.
Recurso extraordinario federal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ PEDRO c/ GOMEZ LUISA Y/O GALVAN S/NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO CORIA JOSE BENJAMIN c/ YUNES ALDO Y OTROS S/ DISOLUCION DE SOCIEDAD, ETC. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-05-04|2007-08-13

Cuando el supuesto invocado a los fines de acceder a la Suprema Instancia Judicial es la doctrina de la arbitrariedad, la admisibilidad del recurso extraordinario se encuentra condicionada a su procedencia sustancial es decir, si el remedio federal cuenta, respecto de los agravios que lo originan, con fundamentación o entidad suficiente, para dar sustento a la tacha de arbitrariedad que se alega.
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, medidas provisionales, reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, muerte, establecimientos penitenciarios, HONDURAS, hijos, obligaciones del Estado miembro, responsabilidad internacional del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Pacheco Teruel y otros c/ Honduras s/ resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - medidas provisionales
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-21

Atento lo establecido en los artículos 63.2 de la Convención Americana y 27 y 31 del Reglamento del Tribunal, corresponde que la Corte disponga el levantamiento de las medidas de protección ordenadas -Sentencia del 13 de febrero de 2013-, en favor de la viuda e hijas menores de uno de los 107 internos privados de libertad, que resultó muerto a raíz de las deficiencias habidas en el centro penitenciario donde se encontraba -motivando la alegada responsabilidad internacional de Honduras-, en tanto lo ha pedido la propia beneficiaria, lo que en modo alguno implica considerar que el Estado haya cumplido con las mismas, ni tampoco relevarlo de sus obligaciones convencionales de proteger a las personas que se encuentran en su territorio.