marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Abogados, jubilaciones, cancelación de la matrícula
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bejar, Moises c/ Caja de Prevision Social para Abogados s/ Demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-05-22

El argumento de la Caja demandada, cuando afirma que no son computables a los efectos del otorgamiento del beneficio, aquellas actividades profesionales que se efectúan a través de una matrícula distinta a la reglada por la ley 5177, formulado en un intento de descalificar la doctrina del Tribunal que entendió que la exigencia del art. 39 de la ley 6716 se refiere a las distintas jurisdicciones existentes en la provincia, tal como la federal y la administrativa no logra su objetivo, sino que por el contrario la confirma, al poner de relieve que si solamente ' a los fines previsionales tiene relevancia el desempeño profesional realizado en mérito a la matriculación de la ley 5177', no parece lógico que la ley quiera la cancelación de matrículas en extraña jurisdicción que son ajenas a dicha expresa regulación legal.
Fuerzas Armadas, ascenso militar, retiro militar, haber de retiro, determinación del haber de retiro
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Smith, María Silvia c/ Estado  Nacional  (Ministerio de Defensa - Estado Mayor General de la Fuerza Aérea). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Si el causante había reunido las exigencias legales para su ascenso antes del fallecimiento, incluida la antiguedad en el grado (ver Anexo 3, de la ley 19.101), la limitación impuesta por los escasos veinticinco días que restaban para acceder en forma efectiva al cargo al cual se lo había promovido pocos días antes de su muerte, responde a circunstancias de mera conveniencia administrativa de la fuerza, tan solo previstas para efectivizar en la misma fecha los destinos de los militares en actividad, que no puede oponerse válidamente a los familiares de la víctima como sustento para retacearles la percepción de un beneficio de naturaleza alimentaria.
Relación de causalidad, tipo penal, lesiones graves, muerte de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: G., P. S. s/ Homicidio simple; C., H. s/Abuso de arma de fuego y portación de arma de fuego s/la debida autorización; C., D. O. (mp) s/Lesiones graves agrav. por el uso...  s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-09-14

Enrique Bacigalupo, en "Derecho Penal. Parte General", sostiene que, según la teoría de la relevancia típica, "... una vez comprobada la causalidad natural es preciso verificar la relevancia típica de dicho nexo causal a partir de 'una correcta interpretación del tipo penal'. 'Solo cuando la causalidad y la relevancia están comprobadas, es decir, cuando consta la tipicidad de la acción, puede plantearse la cuestión de la culpabilidad por el resultado'". Más adelante, el mismo autor señala que esto dio lugar a la teoría de la imputación objetiva, para la cual la verificación de la causalidad natural es un límite mínimo pero no suficiente para la atribución del resultado. "Por lo tanto: comprobada ya la causalidad natural, la imputación del resultado requiere además verificar: 1. Si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado; 2. Si el resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro -jurídicamente desaprobado - creado por la acción. "La ordenación de estas esferas de responsabilidad se efectúa siguiendo 'principios generales de la distribución valorativa tales como el principio de la autonomía, el de la distribución de tareas y el del riesgo, como lo son, por ejemplo, la prohibición del daño, el principio del aumento del riesgo, el principio del reforzamiento y el principio de la adaptación necesaria, entre otros'"
Accidentes de trabajo, fondo de garantía de la ley sobre riesgos del trabajo, indemnización por accidente de trabajo, régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: ENRIQUEZ, JOSE c/ CAFRIAR SA s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-09

La CSJN en autos "Coronel, Elba c/El Indígena SA" del 23.2.95 estableció: "que la causa de la obligación de pagar indemnizaciones garantizadas por el Fondo, es la incapacidad laboral del accidentado, en consecuencia, resulta irrelevante la fecha de la sentencia interlocutoria que declaró la insolvencia o el allanamiento del Estado, pues a tales hechos o actos sólo se subordinó su exigibilidad. Estas circunstancias pueden permitir incluir en el régimen de consolidación deudas reconocidas con anterioridad, pero no resultan aptas para excluir aquellas cuyo reconocimiento se hubiera operado después, en la medida en que reconozcan su causa en hechos anteriores a la fecha de corte...". A pesar de no compartirse tal tesis, las sentencias de la Corte deben ser lealmente acatadas y no cabe apartarse de las disposiciones sustentadas por ese Alto Tribunal que reviste el carácter de intérprete final de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, a fin de evitar un dispendio jurisdiccional (Fallos 311:1644).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pena, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: S., N. H. c/  s/ homicidio-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-16

No ha de prosperar la postulada inconstitucionalidad de la prisión perpetua, pues sin perjuicio de que la pena privativa de libertad si fuera realmente perpetua podría entenderse lesiva de la intangibilidad de la persona humana -en razón de que generaría graves trastornos de la personalidad y resultaría incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrada en el artículo 18 de la Constitución nacional- la afectación que aduce la defensa no es actual, puesto que ésta sólo se configuraría si los condenados, habiendo cumplido los requisitos legales exigidos para acceder a los beneficios penitenciarios del período de prueba o de la libertad condicional -al cumplirse el plazo previsto en el artículo 13 del Código Penal antes de la reforma introducida por la ley 25892, es decir 20 años- los peticionare y éstos fueran denegados; lo que constituyen expectativas futuras que no son inmutables, tornándose por ende, inadmisible -por prematuro- su tratamiento; sin que la interesada aporte motivos que impongan la revisión de la solución propiciada. (Del voto del Dr. Erbetta). - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículo 18; Código Penal, artículo 13; Ley 25892. - Jurisprudencia concordante con Cresta, T 2024, Sentencia Nro. 31, sumario J0052420. - Jurisprudencia vinculada: Pucheta, AyS T 331, p 291/295, sumario J0052155; M., D. J., AyS T 327, p 271/278, sumario J0051535; Aquino, AyS T 320, p 269/275, sumario J0050437; L., Y. J., AyS T 319, p 192/196, sumario J0050301; Cosenza, AyS T 317, p 412/419, sumario J0059812.
Impuestos, régimen penal tributario, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: DAN, LAZARO s/ Sucesión, Régimen Penal Tributario Causa Nro. 36068.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

Corresponde revocar la resolución que dispone el sobreseimiento de los imputados ya que, si bien quedaron desincriminados por los delitos previstos en la ley Penal Tributaria por no alcanzar el monto que determina la condición objetiva de punibilidad (ley 24587), los hechos denunciados se refieren a la adulteración del sello estampado en un documento, lo que encuadraría dentro de los delitos contra la fe pública.
Convertibilidad, crédito laboral, tasas de interés, tasa pasiva
Materia: LABORAL
Carátula: Britez Victor c/ Vicente H. Mozo y/o quien resulte responsable s/ Laboral Primón, Julio Oscár e Insaurralde Agustín c/ Papel Misionero S.A.I.F.C.I. y/o Instituto Provincial del Seguro s/ Laboral, por accidente de trabajo Monllor, Marcelo Alejandro c/ Mario Cardozo s/ Laboral Olivera de Rodríguez Alicia por sí y por sus hijos menores c/ Cooperativa Tabacalera de Misiones Limitada y/u otro s/ Laboral Rodríguez Paiva Antonio c/ Industrias Congeladas S.A. y/o quien resulte responsable s/ Laboral Ramires Ramón c/ Consorcio Urugua-i Sideco-Gade Iecsa Grupo Constructor Ute e Instituto Provincial del Seguro s/ Laboral por Accidente de Trabajo Armua Marta Angélica c/ TIA S.A s/ Laboral por preaviso -Integración mes de despido- Indemnización por  despido Gauto, Rodolfo Oscar c/ Galeteria La"Rueda" s/ Laboral Engler, Edelmiro Herberto c/ Transporte Sauer S.R.L s/ Laboral por diferencia de indemnizaciones, preaviso, vac.  proporcionales, haberes, etc Machado Ramón Oscar c/ G.Y.F.S.A. S.A s/ Laboral Gonzales Hugo Orlando c/ Ortigoza Carlino y Otros s/ Laboral Santa Cruz de Insfrán c/ Federación de Cooperativas Agrícolas de Mnes. Ltda. y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-04-26|1994-04-28|1994-09-14|1994-06-09|1994-07-14|1994-08-05|1994-06-30|1994-10-20|1994-09-09|1994-11-18|1994-11-25|1994-11-30

Para medir el daño real que sufre ese trabajador por la mora en el pago de sus acreencias alimentarias, el parámetro más adecuado es el de los índices de inflación del período con más un interés puro; pues con el incumplimiento, el real daño que sufrió el trabajador se tradujo en la insatisfacción o postergamiento de necesidades esenciales de alimentación, vestimenta, vivienda, salud y educación que quedaron así relegadas y en ellas será prioritariamente invertido el crédito cuando le sea abonado. Pero como la ley 23.928 prohibe de manera expresa - arts. 7, 8, ley 23.928 - recurrir a índices de inflación para medir ese daño, deberá atender entonces a las tasas pasivas efectivas abonadas por el Banco Provincia de Misiones para operaciones en plazo fijo. (Dra. Avelli de Lojko: en disidencia parcial).
Defraudación, desbaratamiento de derechos acordados, dolo
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO, JUAN PABLO s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-03-13

Si bien se acepta que se reputa necesaria una dirección especifica de la voluntad, un propósito explícito de desbaratar (con lo cual se elimina el dolo eventual como posible forma comisiva) quien vende un bien que había prometido en venta recibiendo parte del precio no habiendo efectivizado la tradición y menos la escrituración, cumple acabadamente el elemento subjetivo del tipo del delito reprochado. No se trata de una omisión en el cumplimiento de una obligación contractual -salvo cláusula convencional de rescisión o resolución en favor del agente- la situación fáctica se concreta al hacerse imposible el cumplimiento de la obligación primigenia por haber vendido y escriturado el bien en cuestión, acción que ha sido cumplida ulteriormente a la obligación pactada, y por un acto voluntario del agente, lo que implica responsabilidad ya que existía, al momento de vender el bien y escriturarlo, conciencia del acuerdo previo, de la recepción del dinero y de no haberlo devuelto. Los actos frustrantes están referidos "a los que sean relativos al bien respecto del cual se constituyo el derecho o se debían cumplir las obligaciones" por lo que los actos materiales concomitantes y aun anteriores como el anoticiamiento mediante carteles de ofrecimiento no rezan la existencia de la conciencia del dolo especifico. En ultimo caso importara que el agente asumió un riesgo adicional en cuanto a que se expuso innecesariamente pero en modo alguno la publicidad de su voluntad frustradora presupone la falta de intencionalidad dirigida finalísticamente al desbaratamiento de los derechos del primer contratante.
Exenciones impositivas, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Parke Davis y Cía. de Argentina, S.A.I.C. s/ impuesto a los réditos, de emergencia y sustitutivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1973-07-31

El principio de la igualdad ante la ley consiste en que no se establezcan exenciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en igualdad de circunstancias.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Celayetta, Juan Carlos c/ Roux Ocefa S.A. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

La violación de la estabilidad sindical del trabajador amparado por los arts. 40, 48 y 50 de la Ley de Asociaciones Sindicales se produce objetivamente, por la conducta patronal de adoptar las medidas vedadas por el legislador; legitimando, de suyo, su derecho al cobro de la indemnización legal, sin que obste a ello la comprobación de la justa causa de su cesantía.
Sanciones del Colegio Profesional, sanciones disciplinarias administrativas, debido proceso
Materia: CIVIL
Carátula: Grondona, Marta  Noemí c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-23

La facultad disciplinaria del Colegio Público de Abogados, atribuida por la ley 23.187, persigue el objetivo de asegurar el correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional y, a tal efecto, le permite juzgar a los abogados inscriptos en la matrícula y aplicar las sanciones correspondientes, previa tramitación de un procedimiento determinado, que debe desarrolarse con absoluto respeto de los principios inherentes al debido proceso legal para preservar los derechos de los citados profesionales.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: IRABEDRA, JORGE E. c/ FERNANDEZ, SENEN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-27

Corresponde rechazar el reclamo solicitado en concepto de desvalorización del valor venal del vehículo, si el demandante a través de un instrumento privado pretende demostrar su posición de comprador del rodado dañado, pero la persona que aparece en dicho instrumento como vendedor no es el titular del dominio en el registro, apareciendo dicha titularidad en cabeza de una tercera persona, pues la posibilidad de enajenar y en consecuencia aspirar legítimamente a este rubro, no consta.
Cosa riesgosa, transporte de contenedores
Materia: CIVIL
Carátula: Acuña, Beatriz del Carmen c/ Transportes Malvinas S.R.L. y-o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-29

Por su mecanismo y funciones o por su propia naturaleza hay cosas que podrían considerarse riesgosas en si mismas, por cuanto es factible que por su dinámica escapen al dominio del hombre.

Existen otras -tal el contenedor- que por su sencillez o su estado inerte, carecen naturalmente de esa virtualidad como el mismo bote de basura, pero que en conjunción con otras circunstancias, tales como sus condiciones de conservación y situación, resulta apta para el daño. La calificación de riesgosa del objeto en cuestión, no es resultado de una afirmación apriorística de una peligrosidad intrínseca, sino de su aptitud suficiente, potencial para producir un daño, en función de un deficiente estado de mantenimiento, ubicación productora de su propia inestabilidad y desplazamiento, relevado mediante un historial de episodios.
Actualización monetaria, hiperinflación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Blejer M. c/ Libman J. L. s/ Incidente de ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

En épocas de gran inflación debe admitirse aún la actualización diaria para evitar serios perjuicios económicos al acreedor.
Derecho administrativo, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PASTRAN DE PAEZ JULIA ELENA c/ UNIDAD DE CONTROL PREVISIONAL s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-06

El convenio de transferencia aprobado por ley 6696, establece en la cláusula cuarta, que los beneficios previsionales en trámite cualquiera sea su fecha de inicio y los que se soliciten hasta el día hábil anterior a la fecha en que comience a regir el presente "convenio de transferencia", serán considerados como pasivo eventual y objeto de una auditoría específica que deberá realizar el ANSES.

Aquellos afiliados que al día 31 de diciembre de 1995 hubieran cumplido íntegramente los requisitos para obtener el beneficio jubilatorio según el régimen que corresponda, deberán iniciar obligatoriamente el trámite respectivo antes del 01 de abril de 1996. Caso contrario caducara su derecho. Dichos beneficios serán analizados y resueltos, conforme la legislación provincial, previo visado expreso de la ANSES, por la unidad de control previsional que se instituye mediante esta cláusula.
Tasa de justicia, monto del juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bankboston N.A. c/ Industria Plástica Aplicada S.A. s/ Secuestro prendario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-04

Aun cuando en el trámite previsto en el artículo 39 del Dto. Ley 15.348/46 la medida esté destinada a posibilitar la posterior venta del respectivo bien, al no ser su ejecución objeto de este trámite jurisdiccional, a diferencia del supuesto contemplado en el artículo 28 y siguientes de la normativa citada, no es admisible equiparar ambos procedimientos a los efectos de la tributación de la tasa de justicia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cuestión de derecho común, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Relañez Passini, Miguel Angel c/ Consejo de Ingenieros s/ Recurso de inconstitucionalidad - Juicio ordinario - Indemnización de  daños materiales y morales (Expte.: C.S.J. Nro. 52 año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

No puede prosperar el presente recurso por cuanto, más allá de la opinión del recurrente, la realidad es que nuestro Código Civil conserva la diferenciación entre los ámbitos de responsabilidad que caracteriza a los código decimonónicos (sin perjuicio de la regla del artículo 1107, ultima parte), diferenciación que funciona en cada caso sobre la base de la existencia o inexistencia de un contrato y que es de forzosa observancia -por ejemplo, a la hora de decidir sobre la prescripción de la acción- si no se quiere incurrir en defecto de fundamentación por prescindencia de los "textos legales". Y si bien recientemente se han manifestado opiniones contrarias a la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual señalándose que la misma se basa en condicionantes puramente históricas, lo cierto es que por muy atendibles que sean estas razones en pura teoría, la ley atribuye un trato diferente al hecho de incumplir un pacto y al de ocasionar un daño al margen de una relación jurídica previa, por lo que cuando median incumplimientos que no encuentran en el contrato "una base suficiente, necesaria y única", esto es, cuando no existe un apartamiento de reglas de conducta acordadas por las partes en ejercicio de su autonomía de voluntad, no se encuentra comprometido el principio que prescribe "pacta sunt servanda" y parece consecuentemente indudable que la cuestión excede la órbita de la responsabilidad contractual, la cual requiere que previamente a su determinación preexista aquella obligación que se dejó incumplida, en base a cuyo incumplimiento se pueden reclamar los correspondientes perjuicios.
Alimentos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.J.C. c/ O.F. s/ Alimentos M.de M., S. M. c/ M., J. R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17|1996-04-23

En los juicios de alimentos, la condenación en costas al alimentante está impuesta por la índole especial de la prestación debida, ya que admitir la tesis contraria, significaría gravar la pensión fijada, al tener los alimentarios que soportar los gastos causídicos, quedando así desvirtuada la finalidad de la obligación alimentaria.-
Daño moral, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MERCADO BORDA DE ALVAREZ MARIA ELIDA Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2007-11-06

La evaluación del daño moral es tarea delicada pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al artículo 1083 Código Civil. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia.

La dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, dolor físico, padecimientos propios de las curaciones y actuales malestares subsistentes.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: V., E.A. c/ Q., M.G. y Otros s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-20

Si el primer requisito que debe tenerse en consideración -verosimilitud del derecho- no se cumple, ya no es necesario analizar la existencia del peligro en la demora, porque más allá que se demuestre el riesgo inmediato de perder el derecho que se intenta cautelar, la medida precautoria no puede ordenarse si previamente no se acredita al menos en grado de apariencia, que se ha vulnerado el derecho del peticionante.
Daños y perjuicios, daño moral, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: N. N. c/ N. N. s/ Filiación Extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-17

En cuanto a la suma por daño moral, el menoscabo a la persona no necesita ser acreditado con prueba fehaciente, sino que el mismo se debe inferir de la clase de hecho dañino para la personalidad del perjudicado.
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL
Carátula: TAMESIS S.A. c/ UNZAGA RAMON MARTIN s/ COBRO DE PESOS-CASACION PESOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-02

La valoración de la prueba realizada en las instancias de grado, es propia de los jueces de la causa y ajena a la instancia extraordinaria del Recurso de Casación.-
Menores, pornografía, depósito previo, economía procesal, certificado de deuda
Materia: PENAL
Carátula: L., L. A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en otros procesos incidentales en autos NN, L. L. A. sobre 128 1 párr. - delitos atinentes a la pornografía (producir/publicar imágenes pornogr. c menores 18) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-07

Corresponde tener por cumplida la obligación de integrar el depósito que reclama la queja vencida y comunicar esta circunstancia a la Procuración General. Si bien en el caso, dicha obligación fue cumplida tardíamente (la defensa presentó el comprobante de su integración luego de la emisión del certificado de deuda -que el art. 33 de la ley n° 402 les autoriza a los Secretarios Judiciales del Tribunal a expedir-; y luego, también, de que fuera comunicado a la Procuración General de la Ciudad, conforme al procedimiento establecido en la Acordada n° 32/2010), razones de economía procesal justifican informar a la Procuración General que la deuda ya ha sido satisfecha. En efecto, la promoción de una ejecución compulsiva con arreglo a la ley n° 189, como le ha sido encomendado muy recientemente a dicho organismo, implicaría en las circunstancias actuales un dispendio jurisdiccional innecesario porque, más allá del tardío cumplimiento, la suma adeudada se encuentra a la orden de este estrado y podrá ser dispuesta según su destino legal. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).