Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-12


Reg.: A y S t 283 p 1/6.

Santa Fe, 12 de junio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia 578 de fecha 31 de octubre de 2016 dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Rosario -integrada- en autos "BENTOLILA, MARIO DAVID contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- (EXPTE. 162/12)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511285-8); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que, por sentencia 578 de fecha 31.10.2016, la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número 2 -integrada- declaró -por mayoría- procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto, con costas (fs. 2/34v.).

Contra aquel pronunciamiento, interpone la demandada recurso de inconstitucionalidad afirmando, con fundamento en el artículo 1, inciso 3) de la ley 7055, que el mismo no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jusridicción que le acuerda la Constitución provincial (fs. 36/40).

En su escrito recursivo impugna la conformación de la mayoría del Tribunal en tanto considera que la opinión aislada de un único integrante de la Cámara Contencioso Administrativa con la adhesión sin fundamentos de dos vocales de otra Cámara Civil y Comercial no alcanza para tener por fundado el pronunciamiento, vulnerando garantías constitucionales.

Se agravia de que la mayoría de la Cámara -al declarar procedente el recurso contencioso administrativo- fundó la procedencia en el solo hecho de considerar probado el incumplimiento del reglamento de edificación, incurriendo en arbitrariedad fáctica y normativa al analizar de manera parcial, ilógica e inequitativa el contenido de la pretensión y el material probatorio, adolecer de fundamento normativo adecuado y desinterpretar la normativa aplicable, apoyando la decisión adoptada en la sola voluntad de los Jueces, todo lo cual hace imposible la consideración del pronunciamiento como derivación razonada del derecho vigente.

Puntualmente le achaca al A quo haber ignorado las circunstancias obrantes en las actuaciones administrativas que justificaban el accionar de la Administración y el otorgamiento del "final de obra"; haber desconocido las disposiciones de la ordenanza 8993 que fundaban el accionar municipal y los dictámenes profesionales; haber ignorado los recaudos de admisibilidad propios de esta instancia sin brindar suficientes explicaciones; y haber soslayado la naturaleza de la pretensión -interés legítimo- y sus implicancias, sin demostración de un "interés actual".

Se queja además, de que la Cámara omite pronunciarse respecto del hecho de que el "final de obra" otorgado por la Administración no ha sido objetado por el recurrente, lo que considera decisivo para el cierre del procedimiento de inspección y control, aspecto en el cual resalta las consideraciones vertidas en uno de los votos minoritarios.

Reprocha también la declaración de nulidad de los actos administrativos impugnados con fundamento en los vicios de falta de causa y motivación, afirmando que dichos actos no pueden resultar ilegítimos ya que tuvieron en miras la adecuación a la norma mediante informes técnicos fundados de lo que debía realizar el constructor, por lo que habría que determinar si éste cumplió o no con lo ordenado por la Administración.

Finalmente, considera que la cuestión en debate refiere -en todo caso- a un tema de responsabilidad extracontractual por ejercicio irregular del poder de policía, en caso que se demuestre el perjuicio, ajeno a la competencia de este Tribunal, y que el fallo del Tribunal de Responsabilidad Extracontractual fue insólitamente traido a colación por el voto mayoritario ya que no guarda relación con el cumplimiento del reglamento de edificación y, haciendo reserva de la cuestión constitucional, solicita se declare admisible el recurso.

2. La Cámara de lo Contencioso Administrativo Número 2 -integrada-, por auto del 31.5.2017, denegó -por mayoría- la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada, por entender que las alegaciones no constituían más que la expresión de su disconformidad con la solución dada al "sub lite" y que las causales de arbitrariedad articuladas en abstracto no guardaban conexión alguna con la realidad del caso (fs. 46/51v.).

Dicha denegatoria motiva la presentación directa de la impugnante ante esta Corte (fs. 53/58).

3. Se adelanta que el presente remedio extraordinario no puede tener acogida en esta instancia en tanto, la lectura de los argumentos traídos a consideración de este Tribunal en el memorial del recurso de inconstitucionalidad, en confrontación con la resolución atacada, revela la mera discrepancia de la compareciente con los fundamentos expuestos por la Cámara -integrada- al emitir el pronunciamiento, advirtiéndose que toda la argumentación desarrollada, pese al matiz constitucional que pretende otorgarle, remite a razones de interpretación de hechos, pruebas y normas de derecho que fundan el fallo impugnado, cuya evaluación es materia privativa de los jueces de la causa y, por ende, ajena, en principio, a su revisión por esta Corte.

Es que, tal como el A quo expuso al denegar -también por mayoría- la concesión del recurso, toda la argumentación de la compareciente se centra en insistir en su propia interpretación acerca de la valoración de la prueba rendida en la causa y de la interpretación de los hechos y de la normativa legal aplicable, sin hacerse suficientemente cargo de los fundamentos brindados respecto de las circunstancias que no permiten arribar a la conclusión por ella postulada.

Así, de la sentencia impugnada surge que la Cámara, para declarar procedente el recurso del actor, entendió que se encontraban "...verificados los esgrimidos vicios en la causa y en la motivación" del acto administrativo impugnado y que, "...Comoquiera que sea, las normas del Reglamento de Edificación, tal como afirma el recurrente, no lucen cumplimentadas. Y los actos impugnados carecen de causa y fundamento válido" (fs. 27v./28).

Agregó además, que "...preguntado el perito ingeniero civil 'Si la medianera que comparte con el edificio lindero sito en la medianera sur de su propiedad, está construida de conformidad al Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario' responde: '...NO CUMPLE con el Reglamento de Edificación de la ciudad de Rosario' (f. 105)"; y que "...no existen constancias de haber sido subsanadas" las irregularidades técnicas que constaban en el acta de comprobación n° 4368 del 10.9.2009" (f. 29). Frente a tales fundamentos, -como lo expresara el voto mayoritario del auto denegatorio- la recurrente no logra esgrimir planteos atendibles desde el plano constitucional, ni hacerse cargo de que la Cámara "...tras haber efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de los expedientes administrativos y judicial -fs. 193/196-, pudo, en concreto, verificar que: '...más de un año después de la primer denuncia del recurrente', la propia administración admitía que no se había realizado ninguna actividad en el sector de la pared medianera para ajustarse al Reglamento de Edificación (f. 115), e incluso luego, desprendimientos mediantes, la Dirección de Obras Particulares reconocía que debía adecuarse el muro divisorio mediante cualesquiera de las alternativas expuestas a fojas 146 y 147 para cumplimentar 'los aspectos técnicos previstos por la reglamentación vigente' (f. 152)', lo que le permitió tener por acreditado que evidentemente '...hasta esas fechas, la administración admitía que las disposiciones reglamentarias no se hallaban cumplimentadas" (f. 48v.).

Y estas conclusiones no han sido en modo alguno rebatidas ni confrontadas con suficiente entidad en el escrito de queja, dejando incólumes las bases sobre las que el pronunciamiento atacado asentó la respuesta jurisdiccional dada; sólo argumenta que el auto denegatorio yerra, al igual que el fallo impugnado, al "...basarse solo en que el fallo originario es correcto porque la Pericia dice que 'se hubo violado el Reglamento de Edificación'. Pero precisamente éste era el punto en que se hubo cuestionado el decisorio, por la mediatización de circunstancias porobatorias decisivas que desnaturalizaban aquel argumento, de tal manera, que convertían al fallo en una deficiente derivación razonada del derecho vigente conforme las circunstancias de la causa" (f. 56v.), sin que pueda advertirse cómo tales expresiones podrían llegar a configurar tacha constitucional atendible.

Es que del razonamiento seguido por el A quo, surge que lo resuelto no excede, tal como pretende genéricamente hacerlo ver la impugnante, los límites propios de los jueces de la causa al valorar las circunstancias particulares de la misma, la normativa que la rige y los hechos y pruebas del caso; y, sobre tales bases, con argumentos suficientes que colocan a su sentencia a resguardo de la tacha de arbitrariedad, consideró que la solución ajustada al caso pasaba por declarar procedente el recurso interpuesto.

Estos fueron -principalmente- los argumentos que fundaron la resolución cuestionada, frente a lo cual, ni la crítica por la mención impropia que el voto mayoritario hiciera de la sentencia del Tribunal de Responsabilidad Extracontractual que la condenara a resarcir los daños ocasionados en el inmueble del actor, ni los reproches en punto a la falta de consideración de la naturaleza de la pretensión (afirmando que se trataba de un interés legítimo sin demostración de actualidad) y a la falta de objeción del actor del "final de obra" otorgado a los fines de considerar inadmisible el recurso contencioso, alcanzan a persuadir que se configure un supuesto de arbitrariedad idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte provincial, cuya misión es efectuar el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo substituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional.

Por lo demás, también carece de sustancia constitucional el reproche relacionado con el modo en que emitieron su voto los señores Vocales doctores Muñoz y Puccinelli. Y ello es así por cuanto este Tribunal -en sus sucesivas integraciones- ha resuelto reiteradamente que no viola el artículo 95 de la Constitución provincial, la sentencia en que los vocales adhieren de manera explícita e inequívoca a la motivación expuesta por el preopinante, desde que esa norma no exige fundamentación autónoma (A. y S., T. 38, pág. 376; T. 41, pág. 252; T. 47, pág. 400; T. 52, pág. 421; T. 54, pág. 443; T. 64, pág. 364; T. 65, pág. 45; T. 66, pág. 89; T. 78, pág. 282; T. 85, pág. 203; T. 90, pág. 416; T. 96, pág. 3; T. 100, pág. 457; T. 167, pág. 106; T. 270, pág. 235; entre muchos otros), interpretación que fue consagrada de modo expreso en el artículo 26 de la ley 10160, cuando refiriéndose a las resoluciones emanadas de una Cámara o Sala establece que "la opinión de la mayoría puede ser llevada por uno de los jueces, la de la minoría del mismo modo".

Por consiguiente, la pretensión última de la impugnante, tal como ésta la trae a revisión, es renovar un debate ya agotado en la instancia ordinaria y ajeno a la vía extraordinaria intentada, sin lograr demostrar de la manera que el caso lo requería los vicios que le imputa a la sentencia impugnada. La Cámara -integrada- efectuó valoraciones que podrán no conformar a la recurrente, pero en la medida que no se demuestre un apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional, ya que, si bien es cierto que el excepcionalísimo supuesto de arbitrariedad de sentencia autoriza a que el Tribunal revise decisiones de los jueces de la causa en materia como la de autos, la intervención en dichos casos no tiene como objeto sustituir a aquéllos en temas que son privativos, ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que se circunscribe a descalificar los pronunciamientos que, por la extrema gravedad de sus desaciertos u omisiones, no pueden adquirir validez jurisdiccional (Crit. Fallos:332:2815).

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ (en disidencia) - ERBETTA - FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - SPULER (en disidencia) - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

DISIDENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUTIÉRREZ Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR SPULER:

Se advierte que la postulación de la recurrente cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad un planteo que podría configurar una hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Siendo ello así, los agravios formulados en el escrito de queja nos convencen proponer la admisibilidad de la vía intentada.

FDO.: GUTIÉRREZ - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de Rosario -integrada-.