Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-05-17


SENTENCIA NUMERO: ONCE En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 56/10, caratulado: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto p/ Dr. Nolasco Contreras en Expte. 203/09 'BUY, Yésica Eliana s/ Homicidio Culposo Agravado - Capital'"; el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la sentencia por vulnerar el principio lógico de no contradicción? 2º) ¿Ha sido erróneamente aplicado el artículo 27 bis, inc. 8 del C. P.? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 25, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva, y en tercer término, el Dr. Luis Raúl Cippitelli.

El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº SESENTA Y CINCO/2010, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Sentencia Nº SESENTA Y CINCO/2010, dictada el 31/05/2010, el Juzgado Correccional de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "1) Declarar culpable a Yesica Eliana Buy de condiciones personales relacionadas en autos como autora penalmente responsable del delito de Homicidio Culposo Agravado, por el que venía incriminado condenándola en consecuencia a sufrir la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN en suspenso, toda vez que el Ministerio Público Fiscal limita al suscripto como titular de la acción y por tanto no puedo expedirme de una manera más gravosa en virtud del art. 26 del C.P. y 409 tercer párrafo del C.P.P. más Seis años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores de cualquier tipo ordenándose a partir de que quede firme la presente el retiro del carnet de conductor del condenado y su remisión a la repartición otorgante (Art. 84 Segundo Párrafo del C.P. Con Costas. Arts. 536 y 537 del C.P.P.). 2) Imponer a la condenada conforme a las previsiones del art. 27 bis del C.P., las siguientes reglas de conducta por el término de Cuatro años: a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados al que deberá presentarse del 01 al 05 de cada mes. --b) Prestar tareas de colaboración para lo que fuere requerido durante CIENTO CUARENTA Y CUATRO HORAS MENSUALES (distribuidas en treinta y seis horas semanales) en el Hogar de Ancianos "Fray Mamerto Esquiú" ubica-do en Avda. Belgrano Nº 750 de esta ciudad Capital. c) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas. d) No cambiar domicilio ni mudarlo sin autorización del tribunal. e) No podrá abandonar el territorio provincial sin la autorización del tribunal ordenándose a partir de que quede firme la presente el retiro del pasaporte si lo tuviere.".

II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Nolasco Contreras -en adelante el recurrente-, en su calidad de asistente técnico de la imputada, Yésica Eliana Buy, e interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en los incisos 1º, 2º y 3º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Concretamente, denuncia arbitrariedad en la resolución recurrida. Señala contradicciones, en las que a su entender, ha incurrido el a quo en la valoración efectuada al momento de individualizar la pena que finalmente impuso a Buy. Interpreta, que el término de la inhabilitación especial debe reducirse a cuatro años conforme surge del cuerpo de la sentencia (fs. 247 vta) y no a seis como se menciona en el punto II de la parte resolutiva de la misma. También se agravia porque el tribunal impuso a su asistida reglas de conducta excesivas (144 horas de trabajo mensuales) imposibles de cumplir y violatorias de los derechos consagrados en la C.N. (arts. 14 y 14 bis), denunciando la falta de fundamentación desde la óptica de la prevención especial, lo que lo torna en una afirmación abstracta. Cita doctrina y jurisprudencia. Solicita se deje sin efecto la imposición de referida regla de conducta prevista en el inc. 8 del art. 27 bis del C.P., o, en su caso, se adecue a modalidades acordes a derecho disminuyéndolas notablemente, como así, en lo que respecta a la pena de inhabilitación pide se modifique en menos el término establecido para el sometimiento y cuidado del Patronato de Liberados. Finalmente formula expresa reserva del caso federal.

III. Como punto de partida, estimo pertinente aclarar que si bien el recurrente invoca como motivos casatorios los previstos en los incs. 1º, 2º y 3º del C.P.P., la lectura de los argumentos brindados a los agravios expuestos, denota que en realidad, lo que puntualmente cuestiona, es la errónea aplicación del art. 27 bis inc. 8 del C. P. Denuncia arbitrariedad y ausencia de motivación en la imposición de la regla de conducta, la que considera excesiva e imposible de cumplir.

Así, advierto que la cuestión se reduce a la denunciada arbitrariedad incurrida por el a quo al imponer a Buy la pena de tres años de prisión en suspenso, y sin la debida fundamentación, la obligación de realizar trabajos no remunerados a favor del Estado, en una carga horaria que resulta excesiva e imposible de cumplir.

En definitiva, como puede observarse, el planteo central del presente recurso es de índole sustancial, pues estriba en la errónea aplicación al caso, de lo establecido por el art. 7 bis, inciso 8, del C.P., por lo que el trata-miento del mismo será encausado a través del adecuado motivo casatorio (art. 454 inc.1º C.P.P.).

Es sabido que el tribunal que dicta una pena de ejecución condicional, debe imponer las reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal que estime adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos.

Consecuentemente, cuando el art. 27 bis del C.P. dispone que el juez, en los casos de suspender condicionalmente la ejecución de la pena privativa de libertad, debe imponer temporalmente todas o algunas de las reglas de conducta que enumera, agrega una frase que explica claramente el sentido de la norma: "en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos". Es decir, que debe mediar una relación entre el hecho cometido y la regla de conducta que se elige, de modo tal que ésta sea idónea para contener al condenado, hacerlo reflexionar sobre el hecho cometido, ayudarlo a fin de evitar que reincida en el delito, bajo apercibimiento de revocarle la condicionalidad de la pena impuesta. La elección e imposición de las reglas de conducta del art. 27 bis del C. P. deben, en cada caso, coadyuvar a la función preventiva especial que persiguen, para lo cual, la correlación entre la regla y el delito que en particular se juzga, debe ser indiscutiblemente útil y adecuada a las circunstancias que impulsaron al autor a su comisión.

En este orden de ideas, y si bien es cierto que las pautas del art. 27 bis del C. P. implican facultades jurisdiccionales dadas al juez y libradas a su sana discrecionalidad, el órgano jurisdiccional debe ser cauteloso en su imposición, en tanto, aunque en sí mismas no constituyen penas, importan un indudable agravamiento de las condiciones de cumplimiento de la pena discernida.

En estas condiciones, por la clara restricción a la libertad individual que implica la regla de conducta cuestionada, por su entidad, en tanto no podrá ser discutida en otra oportunidad, y por la vinculación de su eventual incumplimiento con la revocación de la condicionalidad de la condena, la decisión que la impuso constituye sentencia definitiva, y el tema propuesto, materia revisable por la vía de la casación.

Ahora bien, aunque no son penas, al igual que éstas, su determinación no puede prescindir de las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal y, por ende, de consideración del caso concreto y de las condiciones personales del imputado condenado.

Sin embargo, ello no ha ocurrido en la sentencia atacada en la que, resulta infundada la imposición de tareas comunitarias por ciento cuarenta y cuatro horas mensuales, por el término de cuatro años, lo cual a todas luces resulta, además, excesivo e irracional.

Es que, por una parte, en esos términos, el cumplimiento de la carga impuesta, implica un severo grado de coerción, que no consulta las particulares y concretas circunstancias del caso y las posibilidades materiales ciertas de la condenada de cumplir lo ordenado, sin afectar de gravedad su situación personal desde el aspecto familiar, teniendo en cuenta que la condenada es madre de tres niños menores de edad, divorciada y desocupada. En esas circunstancias, estimo que, imponerle como obligación la de efectuar trabajos no remunerados en favor del Estado -Hogar de Ancianos-, con una carga horaria de ciento cuarenta y cuatro horas mensuales, de ninguna manera se corresponde con la finalidad de la ley, ni actuará a modo de prevención particular.

Por otra parte, lo decidido sobre el punto vulnera el principio de no contradicción, dado que difiere notablemente el modo en que la gravedad del hecho de la condena ha sido ponderado en la sentencia como fundamento del monto de las penas a las que fue condenada, con la imposición in-fundada de la elevada carga horaria del trabajo asignado. En efecto, resulta a todas luces irrazonable, inadecuado y arbitrario que, para prevenir la comisión de nuevos delitos, se imponga a la acusada la obligación de trasladarse, todos los días, desde el Barrio Bancario en el cual reside, hasta el Hogar de Ancianos "Fray Mamerto Esquiú" -sito en Avda. Belgrano Nº 750-, para trabajar, sin remuneración, diariamente durante seis horas -incluidos los sábados-, mas de siete -de lunes a viernes-, conforme lo impuso el resolutorio en crisis.

Siempre teniendo en cuenta que la arbitrariedad, por su carácter excepcional, sólo procede ante pronunciamientos que signifiquen un apartamiento inequívoco de la solución prevista para el caso, o una decisiva ausencia de fundamentación; falencias que, como lo sostiene el recurrente, se advierten en el caso, no existe un mínimo de fundamento para sustentar la excesiva regla de conducta impuesta. Consecuentemente, se advierte con claridad que la decisión bajo escrutinio denota un exceso de las facultades jurisdiccionales que, como tal, debe ser corregido en tanto, como toda actuación estatal, también el ejercicio de la jurisdicción tiene límites que deben ser respetados.

Finalmente entiendo que no corre igual suerte y por tanto no puede tener acogida, la crítica y pedido de reducción del término de la inhabilitación especial para conducir vehículos automotores de cualquier tipo. Con ella, el recurrente pretende se disminuya a un mínimo inexistente (4 años) dentro de la escala penal prevista para el delito en cuestión (art. 84 -primer párrafo- C.P.). Es que, no sólo que la normativa vigente prevé la pena conjunta de inhabilitación especial por el término de cinco años como mínimo y diez años como máximo, sino que además, de las constancias obrantes en el acta de debate, se advierte que el tribunal no ha hecho más que aplicar lo solicitado oportunamente por el titular del Ministerio Público Fiscal esto es, seis años de inhabilitación, conforme lo resuelto en el apartado 2) de la parte dispositiva de la sentencia, aunque hubiere incurrido en un evidente error material en el cuerpo de la misma, tal cual lo advierte la defensa. Por lo demás, y si bien no lo denuncia el recurrente, no se advierte que la extensión temporal decida resulte arbitraria en atención a la gravedad del delito atribuido.

Expuesto mi parecer, considero que la sentencia recurrida debe ser parcialmente casada, declarándose la nulidad sólo en cuanto al término de la regla de conducta contenida en el punto resolutivo 2) b del fallo y en relación a la excesiva carga horaria impuesta a la imputada Buy. Así voto.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Considero que la extensión temporal de la carga horaria para realizar trabajos no remunerados en el Hogar de Ancianos, merece la tacha de arbitrariedad que reclama la Defensa de Yésica Eliana Buy, por lo que, doy mi voto en el mismo sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/18 vta., por el Dr. Nolasco Contreras, en su carácter de asistente técnico de la imputada Yésica Eliana Buy. II) Hacer parcialmente lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de la acusada. Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). III) Casar parcialmente la sentencia de fs. 232/248 vta., sólo en cuanto al término de las reglas de conducta impuestas en el punto resolutivo 2) del fallo y en relación a la carga horaria impuesta a la imputada en el punto 2) b). En su lugar, imponer a la condenada conforme a las previsiones del art. 27 bis del C.P., las siguientes reglas de conducta por el término de Dos años: a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados al que deberá presentarse del 01 al 05 de cada mes. b) Prestar tareas de colaboración para lo que fuere requerido durante seis horas semanales en el Hogar de Ancianos "Fray Mamerto Esquiú" ubicado en Avda. Belgrano Nº 750 de esta Ciudad Capital. c) Abstenerse de consumir estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas. d) No cambiar de domicilio ni mudarlo sin autorización del tribunal. e) No podrá abandonar el territorio provincial sin autorización del tribunal, ordenándose a partir de que quede firme la presente, el retiro del pasaporte, si lo tuviere. IV) Téngase presente la reserva del caso federal. Así voto.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/18 vta., por el Dr. Nolasco Contreras, en su carácter de asistente técnico de la imputada Yésica Eliana Buy.

2º) Hacer parcialmente lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de la acusada. Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

3º) Casar parcialmente la sentencia de fs. 232/248 vta., sólo en cuanto al término de las reglas de conducta impuestas en el punto resolutivo 2) del fallo y en relación a la carga horaria impuesta a la imputada en el punto 2) b). En su lugar, imponer a la condenada conforme a las previsiones del art. 27 bis del C.P., las siguientes reglas de conducta por el término de Dos años: a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados al que deberá presentarse del 01 al 05 de cada mes. b) Prestar tareas de colaboración para lo que fuere requerido durante seis horas semanales en el Hogar de Ancianos "Fray Mamerto Esquiú" ubicado en Avda. Belgrano Nº 750 de esta Ciudad Capital. c) Abstenerse de consumir estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas. d) No cambiar de domicilio ni mudarlo sin autorización del tribunal. e) No podrá abandonar el territorio provincial sin autorización del tribunal, ordenándose a partir de que quede firme la presente, el retiro del pasaporte, si lo tuviere.

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria-. ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.