Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-09-20


Salta, 20 de septiembre de 2012.	Y VISTOS: Estos autos caratulados "ATGE S.A. - HOY AGROPECUARIA LAS GARZAS S.A. VS. PROVINCIA DE SALTA - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. Nº CJS 33.727/10), y	___________________________CONSIDERANDO:	Los Dres. Guillermo Alberto Catalano, Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz, Gustavo Adolfo Ferraris y Guillermo Alberto Posadas, dijeron:	1º) Que contra el auto interlocutorio de fs. 256/257 vta. que determinó, en cuanto hubiere lugar por derecho, la suma de $ 1.107.983,34 en concepto de intereses calculados desde el 12/07 /05 al 30/12/09, interpuso recurso de apelación la Provincia de Salta a fs. 258.	Para así decidir, la juez en grado inferior estimó como fecha para el cálculo de los intereses del monto indemnizatorio fijado por el Tribunal de Tasaciones, la de la publicación de la ley 7349, que declaró la utilidad pública del inmueble en cuestión; esto es el 12/07/05. Consideró que a través de aquélla la Provincia exteriorizó su voluntad sobre el bien expropiado, además de verse impedidos los actores desde ese momento de toda posibilidad de uso y goce de la propiedad, como de todo remedio legal posible respecto del comportamiento de la administración anterior a la norma.	Al expresar los agravios (fs. 261/266), el Estado Provincial afirma, en lo esencial, que no resulta procedente la aplicación de intereses desde la publicación de la ley que declaró la utilidad pública, sino desde el momento de la desposesión judicial, máxime, señala, cuando no existió ocupación por parte del Estado ya que los asentamientos poblacionales de los que dan cuenta las actuaciones constituyen una ocupación de facto, donde los actos turbatorios generados con anterioridad a la promulgación de la ley no pueden ser atribuidos a aquél.	Por su parte, la actora (fs. 269/272) solicita el rechazo del recurso por entender que los intereses le son debidos en virtud de haber perdido toda oportunidad de uso y goce del inmueble desde la sanción de la ley expropiatoria 7349, tal como lo dispone la sentencia apelada. Entiende que al respecto ya operó la cosa juzgada por cuanto el fallo, al hacer lugar a la demanda, consideró la ocupación del predio objeto de la expropiación como sustento del derecho a la justa indemnización. Afirma que en el caso no existió desposesión por parte del Fisco porque el expropiado ya había sido despojado, con independencia -dice- a que el Estado haya convalidado o no la ocupación por parte de particulares.	El Sr. Fiscal ante la Corte N° 2 (fs. 279/280 vta.) se pronuncia por la confirmación del fallo en mérito a los argumentos que allí explicita.	2º) Que la determinación efectuada en el fallo del precio a pagar por el bien expropiado con más, sus intereses calculados a la tasa pasiva promedio de uso judicial del Banco Central de la República Argentina, incorporó los intereses moratorios derivados de la falta de cumplimiento en tiempo propio de la obligación de pago de la Provincia y se encuentra causalmente disociada de lo relativo al valor de la cosa; pues viene a indemnizar los perjuicios que se presumen derivados del retardo, lo que coloca el debate fuera del marco de aplicación de los intereses compensatorios.	En efecto, cabe reconocer los mentados intereses en juicios de expropiación indirecta, cuando existe efectivo desapoderamiento y en consecuencia, retardo en el pago en concepto de indemnización previa a aquél (cfr. "contrario sensu", CSJN, Fallos, 293:161; 315:3016).	Al respecto, como lo recordó este Tribunal en el precedente registrado en Tomo 83:55, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la mera existencia de una ley calificando de utilidad pública al bien o de un acto administrativo que hace saber esa circunstancia a solicitud de parte, no traducen un supuesto equiparable a desposesión material que prive al propietario de las prerrogativas de uso y goce del inmueble emergente del dominio, ni ponen de manifiesto por si solas una restricción que obste a su explotación económica (Fallos, 304:471). En igual sentido, reiteró que no corresponde reconocer los intereses desde la anotación de la indisponibilidad del bien, sino desde el momento de la desposesión, oportunidad en que el expropiado pierde toda posibilidad de uso y goce. La solución contraria implicaría una desigualdad jurídica -sin justificación- entre los expropiados, pues resulta lesiva de la garantía consagrada por el art. 16 de la Constitución Nacional (Fallos, 313:1446).	Por ello, entonces, deberá mantenerse el 02/07/09 como fecha de la ocupación, en relación a la cual se fija el precio de la expropiación (art. 11 de la ley 1336), época a la cual se otorgó la posesión del inmueble expropiado, una vez notificado el propietario de la consignación efectuada por el expropiante (art. 17 de la ley citada), máxime cuando en el caso no ha existido ocupación por parte del Estado ya que de las constancias de autos surge que los asentamientos poblacionales denunciados constituyen una posesión de facto (cfr. argumentos del fallo citado, Tomo 83:55, "in re" "Yariguarenda").	Cabe destacar, en consecuencia, que el presente caso difiere de los antecedentes fácticos relatados en autos "Hinojo de López, Maria Ester y Otros vs. Provincia de Salta - Expropiación Irregular - Recurso de Apelación" Expte. N° 33.603/10, donde la desposesión material del inmueble expropiado, para el funcionamiento de un establecimiento escolar, estuvo en manos del propio Estado. Circunstancias particulares éstas, que impidieron a sus titulares regístrales el ejercicio de actos que posibilitaran el uso y goce de la propiedad. En consecuencia, en ese supuesto se acreditó que el derecho de uso y goce del propietario se encontró menoscabado o cercenado sustancialmente por actos del Estado.	Por el contrario, en autos, durante el lapso que transcurrió entre el dictado de la ley y la desposesión judicial, los aquí actores no demostraron una efectiva restricción de sus prorrogativas de uso y goce del predio sujeto a expropiación.	De tal suerte, corresponderá hacer lugar al recurso de apelación de fs. 258 y dejar establecido que los intereses determinados en la sentencia de fs. 256/257 vta. son debidos desde el 02/07/09, fecha de la toma de la posesión judicial (fs. 209).	Finalmente, corresponderá que por el juzgado de origen se calculen los intereses moratorios de acuerdo a las pautas antes indicadas. Costas por su orden (art. 15 del C.P.C.A.).	Los Dres. Susana Graciela Kauffman de Martinelli y Sergio Fabián Vittar, dijeron:	1º) Que nos permitimos formular una solución diferente a la propuesta en el voto precedente en base a los argumentos que a continuación exponemos compartiendo el relato de la causa efectuado en el punto 1º.	2º) Que para dilucidar la cuestión debatida resulta imprescindible tener en cuenta que en los presentes autos se interpuso, el 17/11/06 (fs. 68/72) una demanda por expropiación inversa sobre el inmueble objeto de la ley expropiatoria 7349, y cuyo propósito fue su subdivisión en lotes a adjudicar a quienes acreditaran su ocupación por un plazo no menor a un año (B.O. N° 17.170, 12/07 /05, pág. 3737), encontrándose cuestionada la decisión que a fs. 256/257 vta. ordenó el pago de intereses a la tasa pasiva promedio para uso judicial del Banco Central de la República Argentina desde el 12/07/05 (fecha de vigencia de la ley) hasta el 30/12/09 (fecha de cancelación del capital correspondiente a la indemnización expropiatoria, v. fs. 238 y vta.).	En efecto, la ley 7349 especifica que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble "con destino a la adjudicación en venta a sus actuales ocupantes" (art. 1º), y que finalizados los trámites determinados en el art. 2°, "los inmuebles se escriturarán a favor de los adjudicatarios, referidos en el artículo 1º, a través de Escribanía de gobierno" (art. 4º), como también que "los adjudicatarios de las parcelas que resulten de la aplicación de la presente, no podrán enajenarlas durante los diez (10) años posteriores a la adjudicación" (art. 5º).	3º) Que habiendo basado su crítica la apelante en el argumento de que el desapoderamiento recién se habría efectivizado el 02/07/09, fecha de la toma de posesión del inmueble por la Provincia de Salta (fs. 261 vta.), resulta insoslayable tener en cuenta que la Sra. Juez "a quo", al acoger la demanda a fs. 120/125, hizo mérito de los fundamentos de la ley expropiatoria y del informe de Supervisión Técnica Cartografía Rural de la Dirección General de Inmuebles (fs. 53), según el cual las fracciones se encontraban ocupadas por varios asentamientos en una superficie de entre 25 y 35 has., circunstancia ésta que en su criterio evidenciaba la sumamente sensible cuestión social que originó la ley expropiatoria. Asimismo, la magistrada puso de manifiesto la inactividad del Estado Provincial que, en el marco de la situación que había dado lugar al dictado de la ley 7349, habría dado lugar a la promoción de la acción a los fines de obtener una justa satisfacción del derecho de propiedad de la actora.	4º) Que como lo señaló la Provincia de Salta al contestar la demanda (fs. 92 vta.), la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene dicho que la sola declaración de utilidad pública, mientras no importe la desposesión del bien o la imposibilidad de su explotación económica, no da derecho al expropiado para demandar la expropiación irregular, lo que se encuentra reiteradamente reconocido en doctrina y jurisprudencia (cfr. Fallos, 304:471; Germán Bidart Campos, "Régimen constitucional de la expropiación", LL 144, 953 - Derecho Constitucional - Doctrinas Esenciales, Tomo III, 785; Santiago, Alicia Noemí, "Expropiación: la desposesión jurídica es equiparable a la desposesión material. Los intereses ¿desde cuándo se computan?"; LLLitoral 2006 (febrero), 42).	5º) Que por otra parte, y tal como lo advierte la apelante, no existe en la ley una determinación para fijar la fecha de inicio del cómputo de intereses, debiendo tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso (fs. 262 vta.) y, para ello, es menester determinar la existencia de desposesión o desapoderamiento, según cuál fuera la hipótesis analizada, lo que dio lugar a distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales (Juan Alberto Casas y Horacio Romero Villanueva, "Expropiación - ley 21499", ed. Astrea, Bs. As., 2005, págs. 199 y sgtes., y citas; Santiago, Alicia Noemí, "Expropiación: la desposesión jurídica es equiparable a la desposesión material. Los intereses ¿desde cuándo se computan?"; LLLitoral 2006 (febrero), 42 y citas).	6º) Que en ese contexto, la juez "a quo" consideró que, precisamente por las particulares características del presente caso, la desposesión operó al momento mismo de la publicación de la ley (fs. 257).	La recurrente no logró desvirtuar este razonamiento, limitándose a argumentar que los asentamientos poblacionales constituyen una posesión "ipso facto", hecho por el cual el Estado Provincial no debería responder y que no fue convalidado con la ley 7349 pues la ocupación se venía realizando en nombre de los propios ocupantes y no de la Provincia (fs. 265).	Sabido es que la expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada del fallo en grado. Debe ser precisa, expresando con claridad y corrección, de manera ordenada, por qué la sentencia no es justa, los motivos de la disconformidad. Debe el litigante expresar, poner de manifiesto, mostrar lo más objetiva y sencillamente posible los agravios. No puede menos que exigirse que, quien intenta la revisión de un fallo diga por qué esa decisión judicial no lo conforma, poniendo de manifiesto lo que considere errores de hecho o de derecho, omisiones, defectos, vicios o excesos, pues al proceder así cumple con los deberes de colaboración y de respeto a la justicia y al adversario, facilitando al tribunal de alzada el examen de la sentencia sometida a recurso y al adversario su contestación, y sobre todo limita el ámbito de su reclamo (cfr. esta Corte, Tomo 55:207; 59:825; 84:919; 157: 491).___	Al omitir atacar concretamente los verdaderos fundamentos del fallo, es decir, al no llegar a demostrar los motivos por los cuales considera erradas las conclusiones atacadas -en el caso sustentadas en la razonable interpretación de los hechos de la causa y de las cláusulas constitucionales involucradas-, los argumentos del apelante sólo revelan una simple divergencia que, al carecer de otro sustento que el criterio subjetivo de la parte, resulta ineficaz para modificar las conclusiones de la jueza "a quo"._____________________________________________________________	7º) Que por lo demás, cabe afirmar que si bien como principio la indisponibilidad del bien habilita la acción de expropiación irregular pero no alcanza a configurar la desposesión del inmueble que se requiere para computar los intereses aquí discutidos, y que sólo cuando ésta se configura es posible aseverar que el expropiado pierde toda posibilidad de uso y goce (cfr. CSJN, 315:3016), resultaría ilógico en el escenario aquí analizado que, para tener configurada la desposesión, se exija el efectivo desapoderamiento por parte de la Provincia, cuando ésta al dictar la ley lo hizo sobre la base fáctica de la ocupación que ya se venía desarrollando y con la concreta intención de legalizar la situación de los ocupantes (v. acta fs. 209). Por el contrario, tal decisión resulta equivalente, como lo interpretó la Sra. Juez, a la desposesión material que justifica el cómputo de intereses desde la fecha de publicación de la ley, resultando imposible no ver en ella un serio y definitivo menoscabo al derecho de propiedad.	8º) Que por las razones expuestas, cabe concluir que el pronunciamiento atacado permite equilibrar los intereses en juego, relativos a las prerrogativas con las que la Provincia cuenta a los fines de lograr el bien público -particularmente a través del instituto de la expropiación y atendiendo a la función social de la propiedad- y al derecho de los particulares consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, por lo que estimo que el mismo debe ser confirmado, con costas por el orden causado.	9º) Que todo lo señalado no obsta al cálculo de intereses moratorios según las pautas establecidas por la juez de la causa.	10) Que en definitiva, corresponderá rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 258 y, en su mérito, confirmar el auto de fs. 256/257 vta. Con costas por el orden causado (art. 15 del C.P.C.A.).	Por lo que resulta de la votación que antecede,	________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	_____________________________RESUELVE:	I. HACER LUGAR al recurso de apelación de fs. 258 y, en su mérito, revocar la determinación de intereses efectuada en el auto interlocutorio de fs. 256/257 y vta. y ordenar que el juzgado de origen practique una nueva liquidación tomando como fecha de inicio del cómputo el 02/07/09. Costas por su orden.	II. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, Guillermo A. Cata-lano, Guillermo Félix Díaz, Abel Cornejo, Gustavo A. Ferraris, Susana Graciela Kauffman de Martinelli y Sergio Fabián Vittar -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).