Derecho constitucional, acción de inconstitucionalidad, examen de admisibilidad, interpretación restrictiva, inadmisibilidad del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Paez, Alberto Alejandro (Intendente de la Municipalidad de Andalgalá) c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-08

Vienen a despacho las presentes actuaciones a los fines de resolver la admisibilidad formal de la demanda interpuesta por el actor, invocando el carácter de Intendente de la Municipalidad de Andalgalá, mediante letrados patrocinantes, que tiende a la declaración abstracta de inconstitucionalidad del Decreto Acuerdo Nº202/13, por mediar exceso al reglamentar el Art. 5 de la Ley 5128, (que establece la administración de los fondos de regalías mineras por parte de los Municipios), infringiendo -en consecuencia- el Art. 31 de la Constitución Nacional y los Arts. 244 y 252, inc.12, de la Constitución Provincial y 123 de la Constitución Nacional afectando la autonomía municipal.

La mentada colisión entre las normas legales y constitucionales citadas supra y el decreto impugnado, no logra ser puesta en evidencia por el pretensor, que ha centrado su desacuerdo efectuando enunciaciones genéricas, con transcripción de la norma reglamentaria y su supuesta contradicción con normas constitucionales que regulan el "Régimen Municipal".

Ello cobra singular relevancia al advertirse que constituye carga del accionante la demostración clara y precisa de que la actividad reglamentaria ejercida por el Poder Ejecutivo, mediante el ejercicio de las atribuciones conferidas por Art.149, inc.3, primera parte, de la Constitución Provincial, "altera el espíritu de la Ley".

En efecto, el sentenciante al momento de controlar la constitucionalidad de los decretos reglamentarios, debe analizar no sólo si el decreto altera el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias sino también si ante el silencio del legislador el Ejecutivo avanzó sobre el núcleo o esencia de la materia cuya regulación compete, en principio, exclusivamente al Poder Legislativo.

Así, el criterio establecido por la jurisprudencia de la CSJN, es más permisivo para el Ejecutivo, resaltando la importancia que asume su elemento fundamental que reside en la Finalidad de la Ley. En efecto, el reglamento de ejecución puede establecer limitaciones o distinciones, que no hayan sido contempladas por el legislador de manera expresa, siempre que sirvan razonablemente a la finalidad de la ley.

Asimismo, se ha destacado que la consecuencia de este criterio, es que el reglamento ejecutivo tiene un campo relativamente amplio y su autor un margen de arbitrio considerable. (Conf.: Lapierre, José Augusto, "Reglamentos Ejecutivos", Edic.RAP, 2002, p.568).

En consecuencia, estimo que el actor en su memorial de demanda no ha puesto de manifiesto en donde reside la violación a la finalidad, esencia o núcleo central de la ley que reputa superada por el decreto reglamentario. Lo que, en orden a los efectos que produce la hipotética declaración de inconstitucionalidad de una norma, resulta la cuestión medular ha justificar por la proyección que tal declaración trae aparejada dentro de nuestro derecho público provincial.

Por ende, configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico.

Por todo ello, corresponde declarar inadmisible la demanda por su improcedencia formal. Sin costas atento la naturaleza de la cuestión planteada.

(Del voto del Dr. Cippitelli, en disidencia)