Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-02


NEUQUEN, 2 de Diciembre de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "SERNA JUAN CARLOS C/ BENAVIDEZ NEIRA CARLOS ALFONSO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (EXP Nº 236719/2000) venidos en apelación del JUZGADO CIVIL Nº 2 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y CONSIDERANDO:

I.- Vienen los presentes a estudio del Cuerpo para el tratamiento del recurso de apelación, articulado -en subsidio- por los letrados de la parte actora a fs. 860/862 contra el auto de fs. 850 vta. que dispone el cumplimiento del art. 155 de la Constitución Provincial, previo a la ejecución de sus honorarios que pretende en contra de la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén.

Indican que con fecha 18/06/2008 se dicta sentencia de primera instancia y el 06/12/2011 sentencia de Cámara, siendo notificada la Dirección de Vialidad Provincial el 20/12/2011. Habiendo quedado firme vuelven los autos a origen el 15/02/2012 y el 12/05/2014 se establece la base regulatoria y se regulan honorarios.

Manifiesta en sus agravios que no procede el trámite del art. 155 de la Constitución Provincial ya que tal procedimiento debió ser implementado por la demandada a partir de la fecha en que quedó firme el pronunciamiento de segunda instancia.

Ello así por cuanto las diligencias de práctica de planilla que determinan las sumas debidas no resultan un obstáculo para que la Dirección de Vialidad de Neuquén hubiera hecho uso de su privilegio de previsionar en el periodo en que devino firme el fallo condenatorio.

Cita jurisprudencia aplicable al caso y peticiona se resuelva el presente sin sustanciación y se ordene proveer la ejecución de honorarios.

Corrido el pertinente traslado, la contraria la contesta a fs 866/869, quien manifiesta que su parte realizó oportunamente la reserva presupuestaria para afrontar el pago de capital e intereses de la sentencia pero que los honorarios se regularon en fecha 23/05/2014, por lo que le fue imposible realizar una reserva presupuestaria incierta.

Agrega que los honorarios regulados, mediante informe de la Subsecretaría de Hacienda, se contemplan para el presupuesto del año 2015, por todo lo cual este Organismo ha cumplido, no siendo aplicables los fallos citados por el apelante.

II. El recurso habrá de prosperar.

Conforme a doctrina del Tribunal Superior de Justicia "el artículo 155 de la Constitución Provincial le da al Estado la posibilidad de previsionar el pago de sus deudas, otorgándole la ventaja de la inejecutabilidad directa por parte de los particulares.

La obligación de previsionar es exigible a partir del momento en que la sentencia adquiere firmeza.

Es decir, que a partir de la firmeza del fallo condenatorio a pagar una suma de dinero por parte del Estado, nace su obligación de previsionar, de manera que la Legislatura incluya en el presupuesto que debe aprobarse en el período de sesiones ordinarias inmediato, la deuda originada por aquella condena.

Se ha señalado que este plazo debe interpretarse como la última frontera, el último límite de la obligación de pagar, cumplido: cae el privilegio" (RI 1822/97, RI 2526/00, RI 6425/08, del Registro de D.O., entre otras).

Bajo tales premisas tenemos que en el presente caso, se cumplió con el requisito constitucional. Adviértase que se encuentra dada en pago la deuda por capital e intereses (cfr. fs. 842) por lo cual la D.P.V. tuvo tiempo de previsionar también los honorarios y, al no hacerlo, cesó su privilegio (ver RI 115/10, del mismo Registro).

En idéntico sentido, se ha resuelto:

"...a partir de la firmeza del fallo condenatorio a pagar una suma de dinero por parte del Estado, nace su obligación de previsionar, de manera que la Legislatura incluya en el presupuesto que debe aprobarse en el período de sesiones ordinarias inmediato, la deuda originada por aquella condena.

...Las diligencias posteriores, práctica de planilla y aprobación, que determinaron las sumas debidas, no resultaron obstáculo para que el I.S.S.N., hiciera uso de su privilegio.

Es cierto que, de acuerdo a las particularidades del caso, la determinación de la suma debida, puede exigir de tramitaciones más complejas, lo cual podría justificar en algunas hipótesis concretas que la exigibilidad y previsión presupuestaria pudieran diferirse.

Pero, en este caso, en forma similar a lo que aconteciera en la causa "Núñez Nervo" (R.I. 4735/05) no puede soslayarse el tiempo transcurrido desde el dictado del fallo condenatorio (y su consiguiente firmeza) y la determinación del quantum adeudado (17/6/05)" (R.I. 6425/08, citada mas arriba y por el recurrente).

En los presentes, ese lapso temporal es evidente: la sentencia de Cámara fue notificada el 20/12/11 a la DPV y el 16/12/11 a la Fiscalía de Estado, mientras que la planilla (adicionando intereses al capital de condena) se aprueba el 12/05/14. Y si bien los honorarios cuyo pago se requiere fueron regulados mediante la resolución de fs. 807 y vta., obedecen a la condena dispuesta en la sentencia dictada en autos, resolutorio que quedó firme mas de dos años atrás.

En fecha reciente, también se ha entendido:

"Una vez establecido el monto de la condena, no existen justificativos para dilatar la previsión presupuestaria de dicho crédito y de los honorarios que puedan fijarse en consecuencia.

Ello así porque los emolumentos se pueden estimar al aplicar sobre el monto de condena los parámetros establecidos en la ley arancelaria y, por lo tanto, puede efectuarse la reserva presupuestaria de los mismos. En definitiva, más allá de la fecha en que fueron regulados los honorarios, debe tenerse presente desde cuándo el Estado estaba en condiciones de efectuar la reserva presupuestaria, este aspecto es el que, en definitiva, será determinante para establecer la ejecutabilidad del crédito reclamado" (R.I. 521/14).

En este caso, los emolumentos se podían estimar al aplicar sobre el monto de condena la tasa de interés dispuesta en el decisorio y las pautas arancelarias de la ley 1594.

Reiteramos, si la accionada pudo presupuestar y hacer la reserva del monto correspondiente al capital e intereses -incluso depositando tales sumas en el expediente-, estaba en condiciones de hacer lo propio con los honorarios profesionales.

En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación y revocar el auto de fs. 850 vta.

Sin costas, atento suscitarse la cuestión con el Juzgado.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1. Revocar el proveído de fs. 850 vta. en todo lo que fue materia de recurso y agravios, disponiendo se de curso a la ejecución de honorarios pretendida.

2. Sin costas atento haberse suscitado la cuestión con el juzgado.

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge Pascuarelli - Dra. Cecilia Pamphile Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.