Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-30


Causa Nº 032-00-CC/2006 caratulada "Ovejero, Carlos Manuel s/ inf. art. 189 bis CP - Apelación" En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Junio de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver en las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

En su presentación de fs. 184/196, el Sr. Defensor Oficial, Mariano Luis Bertelotti, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de fs. 169/180, mediante la cual el titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 19, Carlos Horacio Aostri, resolvió condenar a Carlos Manuel Ovejero a la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis, inc. 2º, párr. 3, CP) e impuso al nombrado el deber de observar por el término de dos años las reglas de conducta previstas en el art. 27 bis, incs. 1º, 3º y 7º del Código Penal y el de pagar las costas procesales (puntos dispositivos I, II y III, respectivamente).

El letrado cuestionó, en primer término, la decisión que el a quo adoptó durante la realización del debate consistente en haber ordenado, conforme a lo solicitado por el Sr. Fiscal, una nueva pericia balística respecto del arma y las municiones secuestradas en el proceso, en virtud de haber rechazado la incorporación al juicio del informe efectuado durante la etapa de investigación preliminar.

A ese respecto señaló, centralmente, que al haberse dispuesto la realización de prueba de cargo luego de superada la etapa procesal oportuna, se habría afectado el principio de "igualdad de armas" como aspecto integrante del derecho de defensa en juicio, así como también la garantía de imparcialidad del tribunal.

Solicitó en consecuencia que se anule el debate en cuyo transcurso se ordenó el peritaje aludido y la sentencia dictada en consecuencia, absolviéndose al imputado por aplicación del principio ne bis in idem.

En segundo lugar, el Bertelotti criticó la decisión relativa al rechazo del pedido de suspensión del proceso a prueba planteado por la defensa como cuestión preliminar, es decir, inmediatamente después de iniciado el debate.

Se agravió en particular del hecho de que el Magistrado, pese a compartir el criterio denominado "amplio" en cuanto a la interpretación de los alcances del instituto, considerara vinculante la falta de conformidad del Sr. Fiscal, la cual, según afirmó el letrado, no se hallaba debidamente fundada.

Sobre esa base requirió que se revoque la resolución impugnada, suspendiéndose el proceso conforme a su solicitud, o bien que se anule lo actuado y se remita a la instancia inferior para que se sustancie nuevamente su petición.

En tercer lugar, el letrado consideró arbitraria la valoración efectuada por el a quo para alcanzar certeza acerca del hecho que fue materia de imputación y, subsidiariamente, respecto de la circunstancia de que se hallara cargada el arma cuya portación se atribuyó a Ovejero. Solicitó pues, en ese orden, la absolución de su asistido o que se califiquen los hechos que le fueron atribuidos como constitutivos del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

En cuarto lugar, impugnó la determinación de la pena realizada en la sentencia, y requirió como corolario de su argumentación que la sanción por la que recayó condena sea reducida al mínimo legal.

Como último punto, cuestionó la decisión del Aostri en cuanto impuso al condenado el deber de cumplir ciertas reglas de conducta en los términos del art. 27 bis del Código Penal.

El Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, por su parte, sobre la base de los argumentos que expuso en su dictamen de fs. 202/205, estimó que correspondía confirmar la decisión recurrida.

El Bertelotti, finalmente, mantuvo ante esta Alzada la totalidad de los agravios oportunamente expresados y se pronunció además respecto de las consideraciones efectuadas por el Sr. Fiscal (fs. 209/211).

De este modo, cumplidos los pasos procesales pertinentes, se encuentran las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I. En torno al examen de admisibilidad del recurso corresponde señalar que se encuentran cumplidas las exigencias formales de admisibilidad, tanto objetivas como subjetivas, necesarias para habilitar la vía intentada, en tanto ha sido interpuesto por quien tiene derecho a hacerlo, se dirige contra una sentencia definitiva y fundamentadas sus quejas de conformidad con lo previsto por el art. 61 de la Ley 12 (Ley 1287 y modificatorias).

II. En relación al análisis de los agravios individualizados por el recurrente, ha de evaluarse en primer término aquél que se dice generado por la decisión mediante la cual el Aostri no hace lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba formulado por la defensa. Al respecto, y con caracter previo a cualquier otra mención que pudiere realizarse, se advierte que la aplicación del instituto ha sido presentada en forma extemporánea.

En efecto, según surge del acta de debate obrante a fs. 155/66, la defensa articuló su requerimiento a tenor del art. 76 bis del CP, con posterioridad a que el Magistrado declarara formalmente abierto el debate (art. 374 del CPPN) y como cuestión preliminar, carácter que evidentemente no reviste por no encontrarse enumerada como una de aquellas (art. 376 del CPPN).

Sobre el punto, ante la inexistencia de regulación específica que determine la oportunidad hasta la cual puede efectuarse dicha solicitud, se impone realizar una interpretación a la luz del sentido de la norma en confrontación con la sistemática del ordenamiento jurídico procesal, tendiente a indagar el verdadero significado y alcance de la ley mediante el examen profundo de sus términos atendiendo tanto a la redacción del precepto cuanto a la voluntad del legislador.

Es que, el requerimiento en trato no puede ser formulado en cualquier etapa del proceso pues ello podría atentar contra la finalidad del instituto y generar consecuencias incompatibles con su naturaleza. Frente al vacío normativo se han plasmado diversas corrientes que intentan solucionar la cuestión, pero más allá del menor o mayor acierto de tales opiniones, lo cierto es que predominantemente se entiende extemporáneo el pedido articulado una vez iniciado el debate (art. 374 del CPPN).

Cabe destacar que de extenderse más allá de esa instancia la posibilidad de requerir la "probation", se contradiría el texto y el espíritu legal puesto que la normativa ha diseñado un sistema de suspensión del juicio y no uno de suspensión de la sentencia. Por otra parte, tal postura violentaría finalidades específicas tenidas en miras por el legislador, tales como la descongestión de los órganos judiciales, la celeridad en la resolución de los casos, y la evitación del desgaste jurisdiccional que conllevaría la realización de una audiencia de debate oral que a la postre culminara con un pronunciamiento favorable o no a la procedencia de la probation.

Adviértase por último, que la contradicción apuntada cobra relevancia en el presente, toda vez que el rechazo de la suspensión del proceso a prueba fue introducido como agravio en el recurso de apelación dirigido contra la sentencia condenatoria, sometiendo a estudio de esta Alzada dos cuestiones incompatibles: 1) la viabilidad del instituto y 2) la sentencia condenatoria, cuando en verdad la primera de ellas había sido resuelta el día 3/2/06, esto es, un mes antes de la deducción del remedio en trato. Prueba de ello es que tal rechazo no se traduce en la parte dispositiva del fallo lo que pone de manifiesto que la oportunidad para formular la solicitud correspondiente había fenecido, pues la propia denominación "suspensión del juicio" indica que lo que se suspende es el juicio y no la sentencia, tal como sostuviéramos precedentemente.

Finalmente, con referencia a este primer orden de agravios, la manera en que se decidirá la cuestión torna abstracto el tratamiento de la queja esbozada por la defensa relativa al caracter vinculante de la falta de conformidad del Sr. Fiscal, decisión que estimó carente de suficiente fundamentación.

Por las razones invocadas, la impugnación en tal sentido no puede prosperar.

III. Los restantes agravios se dirigen propiamente a poner en crisis la sentencia dictada en el proceso, correspondiendo ahora pasar a analizar cada uno de los cuestionamientos introducidos por el letrado y admitidos en esta instancia.

A) Tal como lo advirtió el Sr. Fiscal al dictaminar ante la Alzada, la impugnación relativa a la decisión del a quo consistente en ordenar la realización durante el debate de una nueva pericia balística con el objeto de examinar la idoneidad del arma y las municiones secuestradas en el proceso, presenta el defecto de no demostrar de qué modo una resolución distinta sobre el punto habría determinado una modificación sustancial de la sentencia recurrida. Es decir, el letrado formula una crítica y expresa los argumentos jurídicos que respaldan su pretensión, pero de ninguna manera pone de manifiesto la existencia de un perjuicio para la parte que él representa.

En efecto, a este respecto el Bertelotti se limita a señalar lo siguiente: "El agravio para la defensa se torna palpable pues el juez valoró en la sentencia el nuevo peritaje en sentido incriminante (fs. 178 vta.)". Es manifiesto que el mero hecho de que el estudio efectuado sobre el arma haya tenido un "sentido incriminante" no lo convierte per se en un elemento definitorio -en algún grado- de la suerte del juicio, en la medida en que, en términos generales, otras pruebas habrían podido dar cuenta de las mismas circunstancias a las que refiere el examen pericial practicado (tal como ocurriría, por ej., si diversos testigos afirmaran que el arma fue disparada durante la comisión del hecho).

La existencia o inexistencia de tales medios de convicción en el juicio no ha de ser examinada por la Alzada oficiosamente, sino sólo en tanto el impugnante pretenda que en virtud de la falta de dichos elementos el fallo adoptado en el proceso dependa de la prueba cuya validez se ha atacado; es decir, sólo en cuanto se fundamente la presencia de un verdadero agravio, de una decisión que haya provocado un perjuicio -al menos a criterio de la defensa-, lo cual como se afirmó no ha ocurrido en el caso.

El incumplimiento por parte del recurrente de este requisito insoslayable determina pues el rechazo de la impugnación formulada en lo que a este aspecto concierne.

B) Tampoco puede prosperar la crítica dirigida contra el modo en que el Aostri valoró las pruebas incorporadas al juicio y reconstruyó a partir de ellas los hechos por los que condenó al imputado, pues a este respecto el letrado defensor no pone de manifiesto error alguno en el razonamiento seguido por el juzgador, sino que se limita a expresar su desacuerdo con los argumentos brindados por el a quo y a reiterar consideraciones ya efectuadas por la defensa al pronunciar su alegato final, todas las cuales fueron correctamente descartadas al pronunciarse el fallo.

Cabe destacar en este sentido que el Sr. Juez no sólo realizó un relato pormenorizado de los testimonios prestados durante la audiencia y de los restantes elementos de juicio, sino que además expuso de manera adecuada la reconstrucción de los hechos realizada y la forma en que ésta se corresponde con aquellas probanzas, describiendo claramente el modo en que, al menos en aspectos parciales, se corroboran unas a otras y refirman cada uno de los extremos del episodio que tuvo por acreditado, expresando también las razones por las cuales confiaba en la sinceridad de los testigos que declararon en la audiencia.

Más allá de ello, se impone señalar también, respecto del agravio que en este ámbito fue planteado de modo subsidiario -esto es, aquel por el cual la defensa pretende cuestionar el hecho de que se haya tenido por probado que el arma secuestrada poseía las municiones en su tambor-, que lejos de lo pretendido por el Bertelotti, no es posible extraer de allí la consecuencia de que la conducta atribuida habría debido ser calificada de modo más leve, es decir, como tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Ello es así en la medida en que el delito de portación de arma de fuego, conforme reiterada jurisprudencia de esta Sala, se configura tanto cuando el arma está efectivamente cargada como cuando no obstante no hallarse en tal situación es posible afirmar que se encontraba en condiciones de uso inmediato, lo que no fue descartado por el recurrente. En consecuencia, es necesario concluir que en lo que a este punto específico atañe, el letrado ni siquiera ha justificado la existencia de un verdadero agravio.

Por estar razones, habrá de rechazarse también el tercer motivo de impugnación identificado por el accionante.

C) Idéntica suerte habrá de correr el cuestionamiento vinculado al modo en que el Aostri determinó la pena a imponer al condenado, pues la crítica formulada no encuentra sustento en vistas a las consideraciones efectuadas en la sentencia.

En efecto, el a quo ha identificado con claridad las circunstancias por las cuales estimaba que la gravedad del hecho atribuido a Ovejero debía conducir a una pena superior a la fijada por el mínimo de la escala legal correspondiente. Entre ellas, cabe mencionar en particular el hecho de que el comportamiento reprochado haya tenido lugar en un ámbito caracterizado, según se afirma en el fallo, por una "altísima concurrencia" de personas, las cuales fueron puestas en riesgo no sólo ya por la mera conducta de portar el arma, sino también por la acción consistente en haberla arrojado al ser perseguido por el personal policial, generando así un peligro más concreto de que se hubiera producido un disparo.

El Sr. Juez de grado tuvo en cuenta también los rasgos que caracterizan la situación personal del condenado, y así, no obstante parecer que ellos habrían sido soslayados ante la verificación de un injusto "altamente reprochable" -según se expresa en la sentencia-, lo cierto es que la pena en definitiva impuesta se eleva en escasa medida por sobre el mínimo legal.

Por otra parte, resulta infundada la crítica vinculada al hecho de que el sentenciante haya valorado de modo agravante dos extremos que no fueron considerados por el Sr. Fiscal al pronunciar su alegato. Tales circunstancias -afirma el letrado- serían las siguientes: 1. "que Ovejero había portado el arma para solucionar un problema laboral"; 2. "que podía haber generado un daño si disparaba el arma intencionalmente".

A este respecto ha de señalarse, en primer lugar, que contrariamente a lo afirmado por la defensa, tanto el conflicto laboral aludido como la eventual potencialidad lesiva referida por el a quo, fueron sin lugar a dudas materia de debate y objeto de la acusación -nótese que el Sr. Fiscal al pronunciar su alegato alude expresamente al problema y discusión previa mantenidos entre Ovejero y Antonelli, mientras que la restante circunstancia referida no es más que una reflexión del sentenciante pronunciada sobre la base de los hechos acreditados en el juicio-. En consecuencia, no se ha verificado en el caso afectación alguna al derecho de defensa.

Por lo demás, es necesario mencionar también que en el marco de la totalidad de las características del hecho meritadas para determinar la pena a imponer, las particularidades señaladas han de ser correctamente interpretadas como menciones tangenciales efectuadas por el a quo en el contexto de su argumentación, pero sin que a ellas pueda asignarse una específica incidencia sobre la sanción escogida.

Por todas estas razones, habrá de rechazarse el agravio que ha sido tratado en este considerando.

D) Corresponde evaluar ahora la impugnación dirigida por el Bertelotti contra el punto dispositivo segundo de la sentencia de fs. 169/180, en cuanto impone al condenado el cumplimiento de las reglas de conducta mencionadas en el art. 27 bis, incs. 1º, 3º y 7º, CP.

Sobre este aspecto, aduce el impugnante que se ha verificado una inobservancia tanto de la ley sustantiva cuanto de la adjetiva. Señaló básicamente que el Magistrado de grado: 1. no identificó aquellas en forma adecuada limitándose a indicar el inciso correspondiente; 2. no fundó la selección; 3. que no fueron solicitadas por el Sr. Fiscal y 4. que al fijarlas se excedió lo resuelto al concluir el debate, pues el veredicto dictado en tal ocasión no las incluía. Por tales razones impetró se revoque el punto dispositivo segundo del auto apelado (ver fs. 195vta./196).

Las tres primeras quejas no resisten el menor análisis. Es que resulta absurdo argumentar que al haberse mencionado sólo el inciso se desconozca, por ejemplo, en el caso del 3º a cuál de las dos abstenciones se alude si a la de "usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas" como invoca el apelante (ver fs. 195vta. "in fine") ya que hasta parece obvio advertir que indudablemente se trata de ambas conductas. Otro tanto sucede en lo concerniente a la del inc. 7º a cuyo respecto alega el defensor que aquella falencia impide conocer "a cuál de las cuatro variantes se obliga a adoptar al imputado", esto es "oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad" (fs. cit.) ya que constituyen -sabido es- alternativas respecto de un único objetivo, cual es evitar el ocio mediante el desarrollo de alguna actividad.

Tampoco parece atendible que se pretenda deba fundarse, por caso, la necesidad de "fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato" (inc. 1º) -aún tratándose de una persona que esté detenida, pero a disposición de otro Tribunal como ocurre con Ovejero- y mucho menos que la reglas de conducta hayan sido establecidas oficiosamente al no haber sido peticionadas por el Fiscal de momento que, como el propio accionante lo indica (ver fs. 196), la acusación había solicitado pena de prisión de cumplimiento efectivo con lo que mal podía haber requerido la aplicación de aquellas. No menos inaudita es la queja sustentada en que "no explica el juez el porqué de su adopción" (de las reglas) vertida a fs. 196 ya que su imposición nace por mandato legal (conf. art. 27bis. C.Penal).

Distinto es el caso en lo concerniente al reclamo vinculado a que su inclusión no fue mencionada "al momento de leer la parte dispositiva de la sentencia, sino que apareció...por sorpresa en ocasión de la lectura de sus fundamentos" (fs. 196) lo que efectivamente así ocurrió, mas no con el alcance apuntado en el sentido "de que la parte dispositiva pueda modificarse alegremente", como con ligereza achaca el recurrente.

Sucede que la condenación condicional, como se dijo, lleva ínsita la imposición y posterior cumplimiento de ciertas pautas cuya observancia constituye, precisamente, "la condición" para su viabilidad y eventual otorgamiento del beneficio consagrado por el art. 27 del C. Penal de no cometerse nuevo delito en el plazo de cuatro años computados a partir de que la sentencia haya adquirido firmeza.

Es por demás clara la letra de la ley al estipular que al suspenderse condicionalmente la ejecución de la pena, el juez o "el tribunal deberá disponer que...el condenado cumpla todas o alguna de las ...reglas de conducta...adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos (Conf. art. 27bis. C.Penal). Justamente por ello no se trata de una facultad sino de una obligación. No se concibe condenación condicional sin reglas de conducta.

Sobre el particular se tiene dicho que "la imposición de las reglas de conducta a las cuales refiere el art. 27 bis. del C.Penal, conforme la modificación efectuada por la ley 24.316, opera como un complemento de la condena de ejecución condicional impuesta y su fijación es imperativa para el juzgador, conforme surge del texto de la citada normativa " (Conf. STJMisiones, "Noguera, Roberto", rta. 13-11-98, Pub. LLLitoral 2000, 113).

De esta manera si al fundar su sentencia el Juez Aostri advirtió que al tiempo del veredicto omitió estipular aquellas es perfectamente válido y legítimo que subsanara la falencia, máxime si se tiene en cuenta que "la fijación de la pena, la resolución de suspensión condicional de la misma, y la imposición de reglas de conducta integran un mismo acto judicial..." (Conf. Baigún-Zaffaroni-Terragni, "Código Penal", t. 1, Pte. Gral., Hammurabi, 1997, pág. 403).

No debe perderse de vista que el veredicto del fallo data del 16 de febrero de 2006 (ver fs. 167) y que los fundamentos de la sentencia con la inclusión de las reglas de conducta llevan fecha del 21 de febrero con lo que, más allá de que el Juez Aostri no lo haya consignado expresamente, se está en presencia de la aclaratoria prevista por el art. 126 del C.P.P.N. -de aplicación supletoria- que aparece decretada dentro del término de tres (3) días de dictada la resolución; herramienta procesal ésta que permite al judicante "rectificar de oficio o a pedido de parte, cualquier error u omisión material ...siempre que ello no importe una modificación esencial" (Conf. norma cit.) tal como sucede, por lo que se expresó, en el caso traído a decisión.

Al respecto se sostiene que constituye el "remedio previsto para lograr que el mismo órgano judicial que dictó una resolución subsane las deficiencias de orden material o conceptual que la afecten, o bien la integre de conformidad con las cuestiones involucradas en el proceso, supliendo las omisiones de que adolece el pronunciamiento siempre que, en cualquiera de esas hipótesis, no se altere lo esencial de aquél", lo que en manera alguna ha ocurrido en el legajo (Conf. "Palacio, Lino", Los Recursos en el Proceso Penal, Abeledo Perrot, 1998, Lexis nº 2503/000631).

Y a propósito de esto último, jurisprudencialmente se ha señalado que "el Juez o Tribunal, por vía de aclaratoria, podrá suplir cualquier omisión relativa a puntos accesorios y como consecuencia de los discutidos, pero en manera alguna alterar el sentido primitivo de la sentencia, como sería el de reconsiderar puntos principales para confirmar la decisión o modificarla con respecto a ellos" (Magistrados: Falistocco, Alvarez, Ulla, Vigo. Tribunales de Santa F, Lexis nº 18/18719).

Por todo lo expuesto, tratándose claramente de una omisión involuntaria de una cuestión que debió ser materia de pronunciamiento al tiempo del veredicto y que en manera alguna altera la esencia del fallo, corresponde homologar la decisión del Sr. Juez de grado también en este punto.

Habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal:

RESUELVE:

I.- CONFIRMAR los puntos dispositivos I, II y III de la sentencia de fs. 169/180 por los que se resuelve condenar a Carlos Manuel Ovejero a la pena de un año y seis meses de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis, inc. 2º, párr. 3, CP), disponer que observe, dentro de los dos años, las reglas de conducta previstas en los incisos primero, tercero y séptimo del art. 27 bis del Código Penal, e imponer al nombrado el pago de las costas procesales (art. 29 inc. 3, CP).

II.- TENER PRESENTE las reservas formuladas por la defensa a fs. 184/196 del legajo.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y, oportunamente, devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.