marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficios previsionales, divorcio, exceso ritual manifiesto
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Parets, Adriana Hilda c/ ANSeS s/ pensiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

La negativa de un derecho de naturaleza previsional, fundada en que no puede llamarse viuda a la sobreviviente de un matrimonio que se hallaba disuelto por un divorcio vincular al morir su ex esposo, estaría revestida de un excesivo rigor formal.
Recurso extraordinario de nulidad, integración del tribunal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivero y Hornos, Miguel y otra c/ Echaide, Norberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

Resulta ajeno al recurso extraordinario de nulidad el cuestionamiento a la forma en que se constituyó el tribunal.
Excusación, excusación por interés en el pleito, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCHEZ, HECTOR Y OTROS s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-06

Cuando se invoca un interés potencial en el resultado del pleito la excusación no puede aceptarse en los términos del art. 17 Inc. 2 del ordenamiento procesal que requiere la existencia actual y no meramente potencial de un pleito semejante a aquel en que la excusación se manifiesta.
Declaración testimonial, juramento y promesa de decir verdad, declaración informativa, relevo del juramento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Riesgo, Mario E. s/ Prueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-15

No puede ser objeto de tachas, quien habiendo declarado en primer término como testigo fue luego convocado a prestar declaración como imputado - 236, 2da. parte, del C.P.M.P.-, relevándoselo del juramento prestado, pues ha perdido de esa forma tal calidad.
Actualización monetaria, impuestos, crédito fiscal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: S. y F. Trachter e Hijos  S.R.L. c/ Fisco Nacional (D.G.I.) s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

Los "ajustes" aludidos en el segundo párrafo del art. 1. de la resolución 1800 de la Dirección General Impositiva no se vinculan con la depreciación del poder adquisitivo de la moneda, sino con la posibilidad de que el crédito pudiera ser autorizado por una suma superior a la que realmente correspondiera.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Dominguez, Sandalio Oscar c/ Acevedo,  Raul;  Empresa  Pujol e Hijos y/o quien resulte propietario s/ Daños y Perjuicios Pujol e Hijos y/o quien resulte propietario s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1986-03-03

Las normas de la sana crítica a que alude la ley objetiva, y que en ninguna ley escrita se definen, constituyen en definitiva simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciante.
Carga probatoria dinámica, prueba, carga de la prueba, relación de consumo, proveedor, leyes, ley especial
Materia: PROCESAL
Carátula: Coliñir, Anahí Flavia c/ La Campagnola SACI-Grupo Arcor s/ ordinario s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-12-09

La empresa demandada, atento a su profesionalidad, es quien estaba en mejores condiciones para acreditar dichos extremos. Como señala la Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires, la preeminencia del régimen tuitivo es manifiesto: de allí que ante cualquier colisión entre una norma o criterio de derecho común y otra que proteja a los consumidores, prevalecerá esta última, se trate de aspectos sustanciales o procesales, entre estos últimos lo relativo a la distribución de las cargas probatorias y las presunciones emergentes de la ley especial (arts. 3 y 65, Ley 24.240). (Voto de la Dra. Piccinini por la mayoría)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, abogados, sanciones procesales, apercibimiento, escritos judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: C., M. R. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - USURPACIO N (EXPTE.: C.S.J. NRO. 36 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-15

Debe rechazarse la queja interpuesta por los letrados intervinientes -a quienes la Sala les aplicó una sanción disciplinaria de apercibimiento-, desde que de manera alguna puede entenderse que haya existido por parte de la Cámara un ejercicio arbitrario de la potestad disciplinaria, toda vez que los impugnantes no logran persuadir que el razonamiento del a quo, mas allá del agrado de acierto o error, sea irrazonable en grado de merecer descalificación como acto jurisdiccional. Así es de destacar que los jueces confirmaron la sanción considerando que poco importaba si los dichos descalificatorios se dirigieron contra la persona del funcionario o a su actuación (con abstracción de la persona) desde que en uno u otro caso, a tenor del alcance de las expresiones, aquéllas han de tenerse por igualmente lesivas del respeto por el que el Tribunal debe velar. Y en el caso, las argumentaciones vertidas por los recurrentes solo reiteran la incoducencia de la medida disciplinaria, más sin hacerse cargo de las motivaciones en que la Sala a quo se sustentó y menos aun persuaden de que se hubiera vulnerado y limitado su derecho a peticionar y criticar los actos de un funcionario con un uso desmesurado de sus facultades.
Divorcio contradictorio, injurias graves, exposición de los hechos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: S., R. c/ B. de S., A. M. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-22

En un juicio de divorcio en materia de injurias graves dada la gran variedad de hechos que pueden dar lugar a su configuración, es necesario, al menos, invocarlos genéricamente.
Jueces, control de constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Cardelli, Hugo c/ Ente Administrador del Astillero Río Santiago s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06

A fin de evitar la ruptura del equilibrio de poderes es necesario que el judicial tenga amplios controles de constitucionalidad, para que los órganos jurisdiccionales aparezcan como la barrera de contención contra el sobredimensionamiento de los cuerpos ejecutivos y deliberativos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, Estado Provincial, impuestos provinciales
Materia: PROCESAL
Carátula: T.S.R. Time Sharing Resorts S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-18

No corresponde hacer lugar a la medida cautelar por medio de la cual se ordene a la provincia que, por un lado, suspenda la intimación de pago cursada por la autoridad fiscal y, además, que se abstenga de promover acciones ejecutivas por cobro de los tributos en cuestión hasta tanto se haya dictado sentencia, pues que la interesada no demostró el grado de afectación patrimonial que le ocasionaría, en su particular situación económica, hacer frente a los importes que concretamente le están siendo reclamados por el organismo recaudador (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y E. Raúl Zaffaroni).
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, fraude a la Administración Pública, revocación del sobreseimiento, imputado
Materia: PROCESAL
Carátula: BUSSI ANTONIO DOMINGO s/ FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-30

En orden al juicio de admisibilidad del recurso interpuesto, cabe observar, de modo liminar, que la sentencia del 4 de abril de 2003 que revoca el sobreseimiento y eleva la causa a juicio, no es impugnable por los imputados, a tenor de lo dispuesto por los artículos 469 y 472 CPP.

Al mismo tiempo, la resolución mencionada no satisface los requisitos del artículo 469 CPP, pues no se cumple, a su respecto, el recaudo de definitividad del pronunciamiento impugnado, ya que no es definitiva, ni pone fin a la acción, ni hace imposible que continúe, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena.

La nota característica de las resoluciones recurribles en casación es el efecto de poner término al proceso, por lo que las decisiones cuya consecuencia es la supervivencia de la acción penal resultan ajenas a dicho concepto.

Consecuente con ello, el artículo 472 CPP autoriza al imputado a recurrir las sentencias condenatorias, la de sobreseimiento o absolutorias que le impongan una medida de seguridad, y las que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, supuestos que no se configuran en el sublite, donde lo que se cuestiona es la revocatoria del sobreseimiento del imputado, lo que conlleva la continuidad del proceso en su faz plenaria.

Por otra parte no se advierte la configuración en el caso del supuesto excepcional de gravedad institucional que permitiría superar el valladar constituido por la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado. La cuestión que se pretende ingresar no presenta tales caracteres, siendo insuficiente la mera invocación de la lesión a garantías constitucionales para que se admita la configuración de la gravedad institucional.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, funcionarios judiciales, sanciones disciplinarias, multa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Dr. Roberto DELLAMONICA c/ Ref. situación agente judicial Alejandro RODRÍGUEZ s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - (Expte. C.S.J. nro. 533, año 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-04-19

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la resolución que rechazó el recurso de reconsideración que confirmó la aplicación de una sanción disciplinaria de un jus de multa al recurrente, desde que éste invoca meramente la inobservancia de diversos recaudos o diligencias -ninguno de ellos impuesto legalmente- más sin alegar en qué aspecto se hubiese modificado en su favor la situación si tales hipotéticas deficiencias no se hubieran configurado;

habiendo tenido además el agente una razonable oportunidad de ser oído y exponer sus argumentos durante el curso del procedimiento investigativo sustanciado en esta sede.
Vista de las actuaciones, declaración indagatoria, defensor, aceptación del cargo, imputado, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: D'AGOSTINO, César A. s/ Causa 2.405
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

No causa gravamen al imputado ni a su defensor la decisión del juez de permitirles examinar las piezas del sumario, recién luego de la indagatoria, ni colisiona dicha disposición, fundada en el art. 204 del C.P.P., con la norma prevista en el art. 106 del mismo cuerpo, toda vez que esta última se dirige a consagrar la garantía de defensa en juicio impidiendo que el abogado pueda considerar afectado el servicio que debe emprender, si es que en el caso en que va a intervenir observara algún impedimento de conciencia que lo obstaculizara para cumplir bien y fielmente el cargo conferido.
Medios de prueba, confirmación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: G. R., M. F. s/medidas de prueba c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-23

El fallo de la Sala de Feria A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "G. R., M. F. s/medidas de prueba" (Causa N° 11.728/2019) resuelta el 23/7/19 donde Magdalena Laíño y Pablo Guillermo Lucero confirmaron el auto del juez de la instancia de origen que ordenó la obtención de vistas fotográficas de la imputada en la División Reconocimiento Antropométrico de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, para su posterior cotejo con aquellas que ilustran el desarrollo del hecho materia de investigación.
Contrato de obra, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Helguero, Gabino c/ Edecat S.A. y SOINCO S.A.C.I. s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-19

En autos ha quedado firme la condena a la empresa SOINCO por el hecho de sus dependientes, que dejando tranqueras abiertas en el campo de la actora, sometido a servidumbre administrativa y en el que se realizaban obras de conducción eléctrica, permitieron el ingreso de animales que destruyeron el sembradío de la actora. También resulta fuera de discusión la relación contractual (locación de obra) que ligaba a las codemandadas y por la cual EDECAT investía el carácter de locatario o dueño de la obra y SOINCO la calidad de locador o empresario contratado para la realización de la misma.

Se discute en esta etapa, como única cuestión, si resulta legítima la extensión de responsabilidad contemplada en la primera parte del Art. 1113, ya establecida para la contratista, al comitente o dueño de la obra. En la ley 19.552 -Servidumbre Administrativa de Electroducto-, de aplicación al caso, en tanto se trata de legislación específica frente a toda otra normativa general y de aplicación supletoria, en la segunda parte de su Art. 18 se expresa que: "Asimismo será a cargo del titular de la servidumbre el pago de toda indemnización que pudiere corresponder por daños causados por sus instalaciones", esto es, en relación directa con la infraestructura física del electroducto, pero de aquí no se puede derivar que la responsabilidad que se atribuye pueda ser extendida a todo evento dañoso que, aunque ajeno a las instalaciones, se produzca con motivo o en oportunidad de su construcción, porque si ésta hubiera sido la voluntad legislativa, la norma lo hubiera establecido expresamente. Tal interpretación es conteste también con la regla hermenéutica de que toda norma de atribución de responsabilidad es de interpretación restrictiva, la que no puede ceder ni aún ante la loable intención de asegurar la reparación de la víctima del daño, si con ello se hace caso omiso a la ineludible y acabada demostración de la responsabilidad del demandado, más aún cuando no aparece diluida en autos la capacidad patrimonial de la empresa SOINCO para reparar el perjuicio, teniendo en cuenta su dimensión técnico-económica, que le permite ser contratista de obras públicas, obviamente de ponderable envergadura.

Por todo lo expuesto, considero se debe hacer lugar al Recurso de Casación intentado por la codemandada en autos. Del voto de la Dra.Sesto de Leiva, en disidencia
Obligaciones de dar sumas de dinero, desagio
Materia: CIVIL
Carátula: MAQUIVIAL  S.A. c/ O.S.N. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-23

La aplicación de la escala del art. 4 del decreto 1096/85 sólo rige para las obligaciones contraidas antes del 15 de junio de 1985 y cuyo vencimiento se produzca con posterioridad a esa fecha, no así respecto de las que hubieran vencido anteriormente.

Las deudas que ya estuvieren vencidas y en mora con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto deben convertirse con arreglo a la paridad prevista por el art. 1, sin desagio alguno, cualquiera sea la oportunidad en que se realice el pago. De no ser así, se favorecería injustamente al deudor moroso quien, por el simple arbitrio de dilatar el cumplimiento de la obligación a su voluntad, vería sensiblemente reducido el monto de la deuda.

Si se desagia la deuda morosa, el acreedor no recibe lo que se le debe, en abierta contradicción a lo dispuesto por el art. 740 del Código Civil, ni el pago puede reputarse íntegro con olvido del art.

742 del mismo cuerpo legal.

La circunstancia que el precio pactado pudiera incluir un adicional previendo los mayores costos y el desfasaje del signo monetario que habría de producirse entre la fecha de la contratación y la del pago, no obstan a esta solución si la obligación debía ser cancelada durante el período inflacionario previo al dictado del decreto.
Daños y perjuicios, automotores, obligaciones del fabricante, certificado de garantía, compraventa, reparación de la cosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carballo, Miguel Angel c/ Francisco Osvaldo Diaz SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-01

Corresponde rechazar la demanda incoada por el adquirente de un automóvil cero kilómetro contra una concesionaria y un fabricante automotriz, en reclamo de reparación por los daños y perjuicios supuestamente derivados de los desperfectos mecánicos respecto de la unidad adquirida. Ello así, toda vez que el fabricante cumplió con la garantía legal por defectos o vicios de cualquier índole manifiestos u ocultos que de conformidad al LDC 11 gozan los consumidores. La terminal codemandada al tomar conocimiento del desperfecto reparó la unidad, asumió a su coste el traslado (desde Villa Gesell a Mar del Plata ida y vuelta), y proporcionó un vehículo sustituto durante el tiempo que se extendieron los arreglos. Siendo así, no se ha configurado en autos el presupuesto de hecho que sustenta una reparación por daños (CNCom, Sala B, in re "García, Amelio Héctor c/ General Motors Argentina SRL", del 30/06/17).
Revocación del sobreseimiento, robo, tentativa, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: C., R. D. y otro c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-02

Señalaron que, "(...) Podría sostenerse que mediante el accionar atribuido -llevar sobre los hombros y en la vía pública dos monopatines eléctricos ajenos-, los imputados no lograron quitar los objetos de la esfera de custodia del propietario. No obstante, ello lo fue con motivo de la interceptación por parte del personal policial que dio inicio a la presente causa y permitió el recupero de los bienes, sobre los cuales la empresa "Grin" (Adecco Argentina SA) mantiene una especial relación de dominio que implica dejarlos a disposición en la vía pública para su uso previo alquiler "on line". La defensa no controvirtió que fueran ajenos a sus asistidos como tampoco que estuvieran en condiciones tales de poder ser considerados abandonados. De hecho, se trata de objetos que cuentan con avanzada tecnología de posicionamiento satelital. Tampoco se negó que R. D. C. y W. J. P. carecían de teléfonos celulares que hubieran permitido acceder a la aplicación "Grin" para contratar el alquiler temporal de las cosas. Todo lo expuesto demuestra que no estaban habilitados para su uso. El desplazamiento concretado en esas condiciones por los nombrados (es decir, con la modalidad expuesta y sin haber alquilado los objetos) no puede sino ser considerado el intento de apoderamiento ilegítimo y doloso que contempla el artículo 162 del Código Penal, de modo que por entender típica la conducta, corresponde revocar el sobreseimiento dictado. (...)".
Seguros, responsabilidad del asegurador, eximentes de responsabilidad, culpa grave
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Contreras vda. de Calo, Rosario c/ Puglisi, Héctor Eduardo y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

La cláusula que libera al asegurador por siniestro provocado por culpa grave del conductor que no se halle en relación de dependencia laboral, es ilegítima y abusiva, porque la culpa grave es una hipótesis de delimitación causal subjetiva y por tal, referida sólo al asegurado, lo que determina que en esos supuestos la ilicitud se encuentre referida a una exclusión no admitida por el art. 158 de la ley de seguros, pues empeora las condiciones de contratación del asegurado. En esos términos la póliza se aparta de una regla de orden público, en razón de que el art. 114, que es el que atañe al seguro de responsabilidad civil, sólo es factible de ser modificado en favor del asegurado.
Competencia civil, contrato de servicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Costa, Mario Sebastián c/ MMS Comunicaciones SRL y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-17

Y en tanto el nuevo Código Civil y Comercial no contempla la figura del "comerciante matriculado", habiéndola reemplazado por la categoría de "persona humana que realiza una actividad económica organizada", quien no tiene obligación de inscribirse en el registro público (CCCN 320) y la parte actora no realizaría ninguna una actividad económica organizada en los términos del art. citado, ni se adujo que fuese titular de una empresa comercial, resulta la Justicia Civil competente para entender en el pleito.
Sentencia absolutoria, procedencia del recurso, centro clandestino de detención, responsabilidad internacional del Estado, prueba, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: ORTUVIA SALINAS, Enrique Manuel y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-24

Una de las disidencias parciales -Dr. Borinsky- consideró que corresponde casar la absolución -fundada en la falta de verificación fáctica de la presencia de los encartados en alguno de los centros clandestinos de detención con posterioridad al secuestro de la víctima, pues el a quo omitió confrontar, en forma amplia y crítica, los distintos aspectos corroborados en el debate como elementos de prueba, por cuanto la tarea principal desarrollada por uno de los encartados consistió en los prolongados seguimientos y vigilancias previas de la víctima, mientras que el coimputado simuló una visita laboral, utilizando al efecto información que se había recabado sobre gestiones previas de la víctima buscando trabajo, todo ello en claras tareas de inteligencia; la otra disidencia parcial postuló declarar la nulidad de diversos planteos de nulidad -Dr. Gemignani-, por entender que la ampliación del procesamiento sólo se notificó a los representantes de la parte querellante, conculcando el derecho al recurso del imputado, que existen irregularidades en la incorporación y producción de la prueba, y también en cuanto a la inmediatez de ella con quienes deben percibirla, vivirla y valorarla, que el a quo no solo cometió arbitrariedades e irregularidades groseramente advertibles (y, por lo tanto, oportunamente evitables o subsanables), sino que, además, las avaló a través de la concatenación de decisiones contrarias al pleno ejercicio del derecho de defensa, rozando, incluso, la confusión entre la persona y su rol/función, asimismo, destacó que debo enfáticamente desechar todo intento de cumplir con los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado nacional enlo que a este tipo de investigaciones concierne, por cualquier manera que no sea la que respete las formas sustanciales del proceso penal, pues aquel objetivo jurisdiccional no puede alcanzarse a costa de las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, menos aún, pasándose por alto los principios emergentes de la forma republicana de gobierno, del orden constitucional y de un Estado de Derecho. (Dres. Borinsky -disidencia parcial-, Catucci, Gemignani -disidencia parcial-).
Liquidación, actualización monetaria, certificado de saldo deudor
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ALKA S.R.L. c/ Horacio Maidana s/ Ejecución de Sentencia y Planilla. ALKA S.R.L. c/ Horacio Maidana s/ Ejecución de Sentencia y Planilla.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-12-19|1988-12-19

En el caso de mora en el cumplimiento de una obligación admitida en sentencia dictada en juicio ordinario, consentida por las partes y por ende firme, la actualización de la misma resulta procedente desde el momento en que se estableció realmente la existencia del saldo deudor en la planilla de capital, intereses y costas y no desde que la planilla quedó firme, ya que el deudor no deja de ser moroso por el hecho de que la liquidación no se encuentre ejecutoriada.
Prueba testimonial, facultades del juez
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SECCIONAL SEGUNDA s/ REMITE ACTUACIONES POR INCENDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-06-30

La facultad de la prueba testimonial constituye una facultad propia de los jueces quienes pueden inclinarse hacia aquellas declaraciones que les merecen mayor fe, procediendo así en aplicación de lo dispuesto por los arts. 305 y 306 del C.P.M.P. y conforme a las reglas de la sana crítica.