Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-12


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87.469 CAUSA NRO. 5.542/09 AUTOS: "C. G. C/ SERVI FE S.R.L. S/ DESPIDO" JUZGADO NRO. 65 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Marzo de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I.- El señor Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda orientada al cobro de indemnizaciones por despido y otros créditos de naturaleza laboral. Para así decidir, luego de valorar las pruebas producidas y los antecedentes del caso, concluyó que la situación de despido indirecto en que se colocó la actora fue ajustada a derecho en atención al resultado negativo a las intimaciones que ésta cursó a su empleadora a efectos de obtener el correcto registro de la relación laboral.

II.- Tal decisión es apelada por ambas partes a tenor de las manifestaciones vertidas en las memorias de fs.431/437 y fs. 442/444.

Trataré en primer término el recurso interpuesto por la demandada quien se queja, en concreto, por la valoración que el "a quo" efectuó respecto del intercambio telegráfico, por la fecha de ingreso determinada en origen, por la procedencia de determinados rubros en la condena; y por considerar altos los honorarios asignados a los restantes profesionales intervinientes.

El recurso no prosperará. La pieza bajo examen carece de la crítica concreta y razonada de los aspectos del fallo que a entender del quejoso resultan equivocados. De su simple lectura sólo se extraen meras manifestaciones de disconformidad con la solución arribada que no acceden a la calidad de agravios en sentido técnico jurídico. En este sentido, el apelante se limita a expresar de manera genérica cuáles son los puntos de la sentencia con los que está disconforme sin fundamentar ni explayarse sobre cada uno de ellos. Tampoco se hace cargo ni rebate los fundamentos por los cuales el "a quo" determinó válido el intercambio telegráfico y la fecha de ingreso denunciada en el inicio, esto es: que, por un lado, la apelante no acompañó prueba alguna a efectos de verificar ni la autenticidad ni la fecha de recepción de su comunicación rescisoria cobrando eficacia las misivas de la actora; y, por el otro, que la prueba testimonial aportada por la actora resultó clara precisa y contundente en cuanto a que la sra. C. se encontraba trabajando allí con anterioridad a la fecha en que fue registrada. El quejoso nada argumenta para rebatir tales fundamentos. Lo dicho sella la suerte adversa del planteo en los términos del art. 116 L.O.. III.- La parte actora se queja concretamente por el rechazo del reclamo en concepto de daño moral. Sostiene, como fundamento de su petición, que el encargado o jefe inmediato sr. Juán José Ricardi, quien en realidad revestía también el cargo de gerente- la perseguía pretendiendo obtener favores sexuales, y que ante su negativa y resistencia, comenzó a ejecutar una persecución diaria, insistente y hostigante, devenida en malos tratos, continuos planteos inconsistentes con respecto a sus tareas y hasta descalificativos hacia la condición de mujer y persona (fs. 7 de la demanda). Dijo que esta situación se fue intensificando y le generó un daño psíquico y físico por lo que tuvo que comunicar tal situación al resto del personal jerárquico de la empresa -sr. Calua-. No obstantes las respuestas tranquilizadoras recibidas, dijo que a los pocos días volvió a sufrir nuevas arremetidas y amedrentaciones personales, lo que le generó un cuadro de stress y angustia, por lo que decidió consultar con un terapeuta, quien le diagnosticó, según refiere, "stress psicofísico", con tratamiento urgente y sugirió separación del ámbito laboral. Finalmente decidió intimar con fecha 20.06.2007 a su empleador a efectos que regularice su situación laboral. En dicha misiva detalla todos los incumplimientos endilgados a la patronal en relación al salario y fecha de ingreso, y también intimó al cese de la actitud persecutoria de parte del señor Ricardi, situación generadora de su dolencia psíquica (fs. 110). Ante la negativa expresa de la empleadora de reconocer tales incumplimientos, la trabajadora puso fin al vínculo.

Analizadas las constancias de la causa, considero que se han reunido los presupuestos para que se configure una situación de acoso y/o hostigamiento de parte de un superior que pudiera dar lugar a la pretensión reclamada.

a) La prueba testimonial arrojó lo siguiente: Acosta (fs. 247) -ex compañera- dijo que la actora se desempeñaba como playera, despachaba combustible, gas, medición del aceite, limpieza de los vidrios de los autos, etc, que las órdenes de trabajo las daba Juan Ricardi, que el trato de este último con los empleados era autoritario que, específicamente con la actora, ésta hacía las cosas bien y él siempre le buscaba un problema a lo que hacía, muchas veces le gritaba desde arriba, donde tiene la oficina, delante de la gente. Asimismo dijo que se notaba que Ricardi tenía malas intenciones en el sentido que demostraba que tenía interés sexual con las empleadas, que con la dicente también tuvo malos tratos, que sabe de las malas intenciones de Ricardi para con la actora porque cuando a ésta se la veía mal, la dicente le preguntaba y que el comentario entre todos los empleados en la playa era que Ricardi se le insinuaba a todas las chicas. Martinez (fs 250) -ex compañero- dijo que siempre se subía de a uno a la oficina de Ricardi a dejar la plata, y que siempre que lo hacía la actora, ésta bajaba mal porque le gritaba que ahí se escuchaba todo porque no era una estación de servicio muy grande, que el dicente veía eso y los clientes también, que Ricardi le decía "tarada", "estúpida" , que la actora se había enfermado, que siempre estaba mal, que siempre lloraba por los malos tratos, que Ricardi siempre estaba buscando una excusa para molestarla, que siempre le echaba la culpa a ella de todo lo que pasaba ahí, que el mismo Ricardi le preguntaba al dicente si había visto algo o si G. (la actora) había hecho tal cosa. Que el dicente cuando estaba en el turno de la mañana con la actora veía que cuando ella llegaba, tenía que cruzar toda la playa y Ricardi salía especialmente de su oficina y la miraba alevosamente, cuando subía la escalera le miraba la cola sin disimular. Miño (fs. 252) - ex compañero- describió las tareas que la actora realizaba como playera, las que además incluían el manejo de dinero, que Juan era el encargado, el que daba las órdenes, que la relación que tenía la actora con Juan (Ricardi) al principio era buena, pero después empezó a ser otra, que a la actora se la veía mal, que un día escuchó que Juan le decía "te espero para cenar en tal lugar?" y allí la actora rompió en llanto, que ahí se dio cuenta que ese era el problema, que Ricardi la acosaba, que la invitaba a salir, que cuando la actora subia a la oficina a dejar el dinero, luego bajaba llorando porque éste la invitaba a tener relaciones sexuales, que eso lo ha escuchado y que pasaba en la oficina y también en los surtidores, que también le ofrecía llevarla en auto y ella se iba al vestuario a llorar.

Tales testimonios, aportados por la actora, provienen de personas que tuvieron un conocimiento directo de los hechos por tratarse de compañeros de trabajo de C., quienes pudieron brindar precisiones acerca del ambiente de trabajo en el que se desempeñaba la accionante, y por ello, no habiendo otros testimonios que desvirtúen sus dichos, les otorgo pleno valor convictivo (art 386 CPCCN).

b) El perito psicólogo informó a fs. 351/367 que la actora, de 28 años de edad, casada, madre de dos hijos, a raíz de la situación padecida en su trabajo sufre de "neurosis de angustia, de tipo severa" y que presenta una incapacidad del 26% t.o. Agregó que se encuentra emocionalmente bloqueada lo que le impide su crecimiento personal y psíquico. Que posee un daño psicológico con la consecuente alteración patológica de su personalidad, que lo único que puede ver es agresividad y malas intenciones sobre todo de las figuras masculinas. Por todo ello, sugiere continuar con un tratamiento psicológico que pueda hacer desaparecer los trastornos psicológicos derivados de la situación padecida y evitar también que éstos progresen.

Dicho informe fue observado por la demandada, pero lo cierto es que los fundamentos expresados no alcanzan a rebatir los expresados por el experto.

c) Los certificados médicos obrantes a fs. 190/212 dan cuenta de todas las atenciones médicas de la actora en distintos centros de salud a partir del mes de junio de 2007 y hasta agosto de ese mismo año por un cuadro de stress psicofísico, temblor ocular, crisis de ansiedad, contractura cervical, vómitos y epigastrigia, dolor abdominal, patologías estas que conforman un cuadro de stress como lo expresó el galeno en su informe.

d) La prueba informativa obrante a fs. 188/192 y la de fs. 330/333 correspondiente a distintos centros asistenciales verificó la autenticidad de los certificados médicos citados y a través de la historia clínica acompañada por la entidad, del tratamiento al que se sometió la actora. Con todos estos elementos probatorios colectados, considero que la actora ha logrado probar que por un lado, sufrió situaciones de hostigamiento, acoso moral, acoso sexual y malos tratos en el ambiente laboral de parte del encargado y gerente de la empresa demandada sr. Juan Ricardi y que tal situación habría comenzado en el año 2007 culminando con el despido indirecto en que se colocó C. en julio de 2007, y por el otro, que tal circunstancia afectó su salud tanto física como psíquica provocándole distintos padecimientos en su salud. La demandada en cambio no aportó prueba alguna a efectos de poder rebatir alguna de las alegaciones efectuadas por la actora, sino que sólo se limitó a efectuar las negativas de rigor tanto en el intercambio telegráfico como en el responde. Cabe señalar que el acoso sexual se expresa de un modo diverso a través de chistes, piropos, conversaciones de contenido sexual, miradas, gestos lascivos, muecas, llamadas telefónicas, presiones para salir o invitaciones con intenciones sexuales, manoseos, acorralamientos, presiones físicas o psíquicas para tener relaciones sexuales, etc. Asimismo, éste se concreta cuando una trabajadora o un trabajador es perseguido contra su voluntad por otro sujeto que también pertenece a la comunidad laboral, ya sea un superior jerárquico que se aprovecha de su cargo, otro trabajador o un tercero ajeno al lugar de trabajo pero que lo frecuenta regularmente (por ejemplo un proveedor). En el caso, quedó demostrado, especialmente con la prueba testimonial, la situación de hostigamiento que sufrió la sra. C. de parte del encargado y gerente de la estación de servicio demandada sr.Juan Ricardi. A mi modo de ver, si bien la relación entre ambas personas al principio fue buena, luego, debido a las distintas conductas de carácter acosador de parte de Ricardi, el ambiente laboral se tornó enrarecido y hostil, provocándole a la actora las distintas dolencias en su salud. Es así que la actora debió soportar situaciones de acoso sexual en la cual Ricardi la invitaba a salir, y lo hacía de manera insistente y con presiones, también le efectuaba largas miradas delante de todos y luego, ante las evidentes negativas de la trabajadora, éste comenzó a propinarle malos tratos, espetándole ciertos calificativos humillantes para su persona, con gritos, situación que ocurría tanto delante de clientes como del resto de los empleados, también la retaba delante de todos por alguna cosa que tal vez a otro empleador se la dejaba pasar, y preguntando a otro compañero qué hacía la actora demostrando de esta manera su intención de hostigamiento y persecución. Todas estas conductas fueron relatadas por todos los testigos que declararon en la causa, quienes además fueron contestes y coincidentes en manifestar que a la actora se la vió muchas veces llorando en el lugar de trabajo, especialmente al salir de la oficina de Ricardi.

Por otro lado, la patronal, entre la que se encuentra el mismo Ricardi, no hizo nada para revertir tal situación. Si bien la actora dijo que puso en conocimiento del otro socio de manera verbal (sr. Calua), lo cierto es que lo hizo también telegráficamente en el emplazamiento por el que solicitaba la regularización de su situación laboral, en donde además solicitó el cese de tales conductas por parte de Ricardi, mereciendo únicamente respuestas negativas y ningún cambio en la situación.

La conducta ilícita que generó el daño constituye una violencia contra las mujeres o violencia de género y fue contraria a lo establecido por el art. 1º de la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimanción contra la mujer" (CEDAW) que integra el bloque de constitucionalidad federal (Art. 75 inc. 22, CN) y a lo dispuesto por los Arts. 1º, 2º inc. b; 4º inciso b; 6º y concordantes de la Convención Interamericana de Belem do Para, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ratificada por la Argentina por Ley 24.632 (1996). Por todo ello, considero que corresponde hacer lugar al rubro indemnizatorio "daño moral" requerido por la actora. En este sentido, considero que la patronal debe resarcir a C. por los agravios morales que padeció durante el último tramo de la relación laboral como consecuencia del trato que recibió de parte del encargado de la estación de servicio demandada -Juan Ricardi- quien asimismo revestía el carácter de gerente de dicha empresa. y ello independientemente de la tarifa del art. 245 LCT que en su estimación carece de un contenido que tenga relación con los malos tratos reiterados y las situaciones de acoso que afectaron la salud de la actora. (ver mi voto como vocal de la Sala VIII en autos "Diciano A. c/ El Parlamento s/ despido", 12.08.2008, LLonline ). Por otro lado, el art. 35 de la ley 26.485 sobre Protección Integral de las mujeres contra la Violencia establece que la mujer damnificada por violencia de género tiene derecho a una reparación integral. De esta manera fijo dicha partida en la suma de $20.000.- que, con ajuste al Art. 165 CPCCN, es razonable y duplica lo estimado en la demanda.

De esta manera, el capital de condena asciende a $43.620,85.- suma a la que accederán los intereses establecidos en origen. IV.- A influjo de lo normado por el art. 279 CPCCN, corresponde emitir un nuevo pronunciamiento en materia de costas y honorarios, tornándose abstracto el tratamiento de los agravios vertidos en su relación.

V.- Por lo expuesto, propongo en este voto: 1) confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fijar el capital de condena en $43.620, 85, al que accederán los intereses establecidos en origen; 2) dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art. 279 CPCCN); 3) imponer las costas del proceso a la demandada vencida (art. 68 CPCCN); 4) regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada, perito contador y perito psicólogo en el 17%, 14%, 7% y 7% respectivamente, calculados sobre el nuevo monto de condena; 5) regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% y 25% de lo que le fue asignado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6º y 14 Ley 21839 y Decreto 16638/57). La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fijar el capital de condena en $43.620, 85, al que accederán los intereses establecidos en origen; 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art. 279 CPCCN); 3) Imponer las costas del proceso a la demandada vencida (art. 68 CPCCN); 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada, perito contador y perito psicólogo en el 17%, 14%, 7% y 7% respectivamente, calculados sobre el nuevo monto de condena; 5) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% y 25% de lo que le fue asignado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6º y 14 Ley 21839 y Decreto 16638/57). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gabriela A. Vázquez Gloria M. Pasten de Ishihara Jueza de Cámara Jueza de Cámara mig. Ante mi:

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

Elsa I. Rodriguez