marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alteración de la tranquilidad pública, bien jurídico protegido, paseos públicos
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ S, V. A. s/ artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-26

El concepto de tranquilidad pública no debe reducirse solamente a la salvaguarda de aquellos que transitan por la vía pública, peatones o automovilistas, también afecta a los vecinos que se encuentran en los domicilios cercanos al lugar en la medida que el ejercicio de la conducta prohibida les perturba o impida practicar con normalidad sus labores cotidianas, inclusive los mínimos actos de recreación que las veredas de la ciudad permiten, fundamentalmente, a los menores de edad. (Del voto del Dr.

Ventureira con adhesión del Dr. Dessanti)
Honorarios del abogado, regulación provisoria
Materia: PENAL
Carátula: x s/ Incidente de regulación de honorarios doctor Ungaro, Albor c.  Martínez, Enrique L. y Martínez Michelet S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

La regulación de honorarios provisoria es tan "definitiva" como la definitva (valga la redundancia) salvo en cuanto sólo se refiere a una parte del proceso y no lo abarca en su totalidad. Eso y no otra cosa es lo que resulta del art. 17 de la denominada ley del arancel (dec. ley 8904/1977 y sus modif.) que precisamente en su parte final aclara que la regulación debe efectuarse en el mínimo del honorario sin perjuicio que al dictarse la sentencia el juez se pronuncie determinando la regulación definitiva por toda la actuación del profesional. Es decir que éste ya tiene un derecho adquirido a lo regulado y un derecho en expectativa a lo que en más se regule al momento de dictarse la sentencia definitiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Remuneración, horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MORENO LILIANA TERESA c/ EILEEN MARGARET MALLOI DE LICCIARDI s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-22

Si bien es cierto que existe jurisprudencia y doctrina mayoritaria, que entiende que las horas extras deben ser probadas en forma fehaciente y exhaustiva; ello no es óbice, para que tales características se deduzcan presuncionalmente de la falta de contestación de demanda y ficta confesio de la accionada y por aplicación de los arts. 75 y 110 del C.P.L.

Y como circunstancia corroborante de las afirmaciones del actor, no debe perderse de vista que el negocio donde se desempeñaba, era un video, que como es público funciona con mayor intensidad los días sábados y domingos.
Sentencia, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: CEBALLOS GUILLERMO ALBERTO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-08-17

La cosa juzgada en materia contencioso-administrativa aparece con características propias, toda vez que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia -base del caso-, hace cosa juzgada formal y material por resultar irrecurrible en el ámbito provincial, esto es, contra ella no procede ningún recurso susceptible de modificarla, ni existen remedios impugnaticios que puedan modificar el contenido de la misma. La irrecurribilidad e inimpugnabilidad reconocen un origen constitucional en el artículo 130, inciso 2 de la Constitución Provincial, y concordantemente legal ya que la Ley 22 que regula el procedimiento contencioso-administrativo no contempla recursos contra el fallo definitivo dictado por el Tribunal Superior de Justicia Provincial. El acto sentencial pasa en autoridad de cosa juzgada y consecuentemente produce sus efectos a partir de su notificación.
Juicio ejecutivo, embargo, remuneración, inembargabilidad del salario, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA DE CREDITO SANTA ELENA LTDA. c/ MINDORI, OSCAR s/ EJECUTIVO S/ INC. ART. 250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

Procede decretar el embargo sobre las sumas que perciba el ejecutado como empleado de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en la proporción de ley, toda vez que el accionado no se encuentra comprendido en la norma del decreto-ley 6754/43, art. 1. En tal sentido es de ponderar, que no parece acertado realizar una interpretación analógica de una regla que establece una excepción, pues resulta sano el criterio que indica que la interpretación de la existencia de una excepción debe ser efectuada restrictivamente. A más, según la Constitución Nacional el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad (art. 120), más no es poder administrador, que desempeña el poder ejecutivo, de modo directo o a través de sus distintas dependencias.
Juicio, honorarios, regulación de honorarios, recurso contencioso administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: DICHINO, CARLOS ANTONIO BLAS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REGULACION DE HONORARIOS     REVOCATORIA (CSJ EXPTE Nº 33-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-09

En los recursos contencioso administrativos de plena jurisdicción, es competencia de la Corte Suprema la determinación de la cuantía económica del juicio independientemente de la propuesta por las partes.
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Vera, Juan s/ Privación ilegal de la libertad, asociación ilícita, robo, robo automotor y lesiones Maini, Ovidio Miguel s/ Robo aut.tor agravado y privación ilegal de la libertad agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25|1992-10-13

El art. 38 del dec. ley 6582/58 no resulta violatorio de la Constitución Nacional.
Cuestiones de competencia, tribunal de alzada, defecto legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Droguería Rosfar c/ Municipalidad de Rosario s/ Demanda ordinaria (Expte. Nro.316-99, Resolución Nro.181, tomo 57, FOLI  O 285)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-07-05

Es procedente a tenor de lo dispuesto en el art. 246 "in fine" C.P.C.C. que el tribunal de Alzada resuelva la excepción de defecto legal que fuera interpuesta en primera instancia, y no resuelta por el inferior.
Ejecución de sentencia, confirmación de sentencia, improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, homologación del acuerdo
Materia: PROCESAL
Carátula: M., W. M. c/ C., M. I. s/ ejecución de sentencia (familia)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-10-26

Procede confirmar la sentencia apelada, dado que el a quo al establecer que la escrituración, entrega de posesión, daños y perjuicios y multa deben tramitar por otra vía -lo que no ha sido objetado actoralmente- y que son cuestiones secuencialmente posteriores a lo ordenado, no causa perjuicio alguno a la parte recurrente. Y ninguna incidencia tiene en relación lo que ha sido aquí materia de decisión cuya tramitación se ajustó a lo que ordenase el propio juez en la sentencia homologatoria del acuerdo. Mal puede sostenerse que tratándose de un requisito indispensable para concretar la división y consecuente adjudicación, la ejecución de la mensura quedara excluida del débito contractual y cuyo cumplimiento exacto no pueda ser exigido judicialmente -arts. 730 inc. 1 CCyCN y 511 CPCC-.
Caducidad de instancia, reconvención
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BLANCO DE NIMO c/ FERNANDEZ s/ Daños Perjuicios (LIBRO: A064 - 352)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-11-30

Cuando la caducidad la plantea el actor de la instancia reconvencional, la declaracion favorable acogiendo la peticion, no alcanza a la instancia principal. Cuando es el demandado quien plantea el incidente de caducidad de la instancia principal, si el mismo es admitido, cae también la instancia reconvencional.
Derecho penal, prescripción, cómputo del plazo, suspensión de la ejecución
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ozan, Hector Ruben s/ Homicidio Culposo en concurso ideal con lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2004-06-23

Si la ejecución de la pena se suspende, no debe considerase ese término, para el cómputo del plazo de prescrpción. La prescripción comienza a computarse desde que se ordena el efectivo cumplimiento de la condena por desaparecer las causas que motivaron la suspensión.
Falso testimonio, fuerzas de seguridad, personal policial, obediencia debida, eximentes de responsabilidad penal, exceso en el cumplimiento de órdenes
Materia: PENAL
Carátula: IBARRA, Raúl E. y otros s/ procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-26

No excepciona el delito de falso testimonio, en el que incurre personal policial al deponer sobre las circunstancias que rodearon la detención de una persona, el hecho alegado de haber recibido órdenes expresas para obrar de esa determinada manera. Ello así en tanto, si bien la orden fue impartida por un superior jerárquico, ésta era manifiestamente antijurídica, circunstancia que los imputados, por su condición de policías, tanto en lo que hace a su ilicitud cuanto a las consecuencias de su accionar, no desconocían.

Es que, en el ámbito militar o policial, donde no cabe aceptar un derecho de examen por parte del inferior, el subordinado "...no resulta exculpado si la antijuridicidad penal del cumplimiento de la orden es, a tenor de las circunstancias por él conocidas, palmaria, o sea, si aquella puede ser advertida por cualquier persona sin mayores reflexiones. También hoy el derecho a examen por parte del inferior resultaría incompatible con la esencia del servicio militar, pero la falta de conciencia y la ceguera jurídica tampoco pueden ser exculpadas en el ámbito militar: El contenido de culpabilidad del hecho consiste en que, siendo evidente la antijuridicidad penal, incluso si el hecho se realiza en cumplimiento de una orden, cabe constatar un imperdonable fracaso de la actitud inferior frente al derecho..." (Conf. Jescheck, Hans H. Tratado de derecho Penal. Parte General. Ed. Comares, 1993, 4ta. ed., p. 450/3).
Despido, trabajo de mujeres, período de prueba, protección de la maternidad
Materia: LABORAL
Carátula: Rouco, Carol Débora c/ La Gota Farmacéutica S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-02

Durante el período de prueba rige plenamente la protección de las normas nacionales e internacionales de protección de la maternidad, cuya intención y espíritu no es otro que proteger del despido y/o de cualquier acto discriminatorio a la mujer que va a ser madre y, por ende, al niño y a la familia, especialmente durante el período pre parto.
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Capurro, Cristian J s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-05-28

No corresponde revisar en casación los criterios de los jueces de grado atinentes a la valoración probatoria, salvo que medie absurdo, que en el caso se ha denunciado pero no demostrado; ya que ninguno de los desarrollos de la recurrente contiene siquiera la descripción de un vicio lógico, sino que sólo trasuntan sus particulares opiniones, incapaces de conmover el fallo dictado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Molinas, Víctor c/ Resigum S.A. s/ Despido y cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

Las cuestiones de índole fáctica y probatoria atento su naturaleza se encuentran reservadas a la instancia ordinaria y exentas de revisión en casación, salvo el vicio de absurdo.
Transacción, nulidad del acto jurídico, accidentes de trabajo, derecho de opción
Materia: LABORAL
Carátula: Varino, Hilda Cesarea c/ Lavadero Lopettegui s/ Daños y perjuicio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-15

Es nula y sin valor la transacción efectuada con anterioridad a efectivizarse la opción por la acción de derecho común, en transgresión de las prescripciones de la ley 9688 (art.17 ley citada arts. 14 y 15 L.C.T.).
Empleados públicos, reincorporación, sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDARTE EDUARDO DANIEL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-07-31

La sentencia de fondo que dispone la reincorporación del actor tiene naturaleza condenatoria, en tanto además de declarar el derecho en el caso concreto, impone al obligado el cumplimiento de una prestación o le ordena la abstención de realizar determinados actos. Si el tribunal admite la pretensión del actor, porque considera que su derecho material fue violado o desconocido por el demandado, lo condena a dar, hacer o no hacer.
Pacto de San José de Costa Rica, censura previa, deberes del juez, derechos y garantías constitucionales, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La prohibición de la censura previa tiene rasgos más categóricos en nuestra Constitución y en el Pacto de San José de Costa Rica que los que presenta en el régimen constitucional norteamericano (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Recurso de casación penal, denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Delgado, Ramón Ernesto s/ Recurso de Inconstitucionalidad deducido por el Dr. Roberto Díaz a favor de Ramón Ernesto Delgado s.a. Abuso Sexual con acceso carnal, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-02-29

Contra la sentencia que resolvió rechazar el Recurso de Casación comparece el defensor del condenado e interpone recurso de inconstitucionalidad (art. 470 del C.P.P.), persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad del párrafo primero del art. 403 del C.P.P., por entender que viola los arts. 208 y 210 de la Constitución Provincial.

Corresponde, entonces, analizar si el citado art. 403 realmente menoscaba la garantía constitucional del debido proceso, violentando lo prescripto por la Constitución Provincial y la Nacional.

Esta Corte, con distintas integraciones, ya se ha expedido sobre la cuestión en diferentes precedentes, en donde se expuso que "Los tribunales colegiados tienen la obligación legal de preservar la individualidad de los votos constitutivos de la sentencia, pero ello no implica que los magistrados que hubieran sido desinsaculados en segundo y tercer término y coincidiendo con la opinión del magistrado precedente, tanto en la descripción y valoración de las cuestiones fácticas que fijan la litis, cuanto en los fundamentos jurídicos y normas legales aplicables para la solución de las cuestiones traídas a su decisión, deban repetir en sus respectivos votos las consideraciones a las que adhieran, bastando la expresión de voluntad concreta de cada uno de ellos de remitirse a los motivos expuestos por el otro juez miembro del tribunal." (Nuñez, Tomasa Enriqueta González de c/ Saragusti, David s/ Daños y perjuicios - Casación, Sent. del 18/05/93).- En idéntica dirección, ha sostenido que: "la obligación impuesta por el texto constitucional de resolver todas las cuestiones mediante el voto individual de los jueces, procura otorgar a los litigantes la garantía indispensable para el oportuno conocimiento de las acciones o el rechazo o aceptación de sus pretensiones.

En ese orden de ideas no vulnera el principio constitucional y por lo tanto el voto puede ser formulado válidamente mediante adhesión a los fundamentos expuestos por otros miembros del tribunal cuya finalidad es no incurrir en repeticiones sobreabundantes, evitando demoras inútiles en la tramitación del proceso por cuanto, cuando se comparten los fundamentos, ninguna ventaja importa el repetir lo ya dicho" (Ocampos, Enrique Humberto c/ Calvimonte, Carlos s/ Restitución de la cosa dada en comodato - Casación Sent. del 1/12/05).

En razón de lo expuesto, cabe concluir que la aplicación de la regla cuestionada no violenta la garantía del debido proceso que el quejoso invoca avasallada, por lo que no cabe hacer lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto
Beneficios previsionales, inembargabilidad del haber previsional, aplicación de la ley, porcentaje del haber jubilatorio, Administración Nacional de la Seguridad Social, derechos y garantías constitucionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GIL, EZEQUIEL c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-30

La reducción de los haberes previsionales encuentra sustento en lo dispuesto por el art. 46, inc. d) de la ley 18.037, precepto que encuentra su correlato en el art. 34, inc. d), segunda parte, de la ley 18.038. Frente al imperativo legal, la resolución que se dicte en la órbita de la administración no puede exceder la limitación o margen de descuento (20% del haber mensual de la prestación), so pena de ser violatoria de los preceptos constitucionales que hacen a la seguridad social y al fin perseguido; máxime si no se ha demostrado dolo o intencionalidad del particular que percibió en forma incorrecta haberes provenientes del régimen autónomo y dependiente.
Tratados internacionales, interpretación de tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, garantías procesales, debido proceso, organismos internacionales, jurisdicción internacional, Corte Europea de Derechos Humanos, jurisprudencia
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Nardelli, Pietro Antonio s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

Procede acudir a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para determinar la inteligencia de la garantía contenida en el art. 8.1. del Pacto de San José de Costa Rica (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, beneficios previsionales, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BENITO VASQUEZ s/ PENSION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-29

Es improcedente el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia, confirmatoria del decreto municipal Nro. 2646/82 que, a su vez, mantuvo la resolución del instituto previsional que denegó el pedido de reajuste de la prestación de acuerdo con la Ordenanza 31.382 y de actualizar por depreciación monetaria las sumas oportunamente percibidas en concepto de retroactividad. Ello así, pues los fundamentos que sustentan el fallo con respecto a la inaplicabilidad de la referida ordenanza, atento a su índole de derecho local, no son susceptibles de revisión en la instancia federal.
Embargo, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: POMPEI JORGE LUIS c/ SANCOCHIA JOSE PLACIDO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

La necesidad de expresar la suma por la que se traba el embargo, cuando se trata del reclamo de una deuda líquida, en el auto que la ordena, obedece a que de esa forma se permite hacer conocer en el registro inmobiliario sobre la cuantía a la que ascendía la pretensión del demandante a la fecha de trabarse aquella y nunca puede constituir un requisito de "especialidad en cuanto al crédito" como en los derechos reales, ya que no existe norma alguna que lo imponga en materia de medidas precautorias.-
Honorarios del contador, base regulatoria, honorarios del perito, exhortos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Teknoffod S.A. c/ Provincia de Córdoba. Oficio s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-12-30

. El artículo 12 de la Ley Convenio 22.172 sobre comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción territorial expresamente señala que es el juez oficiado quien practicará la regulación de los honorarios del perito contador, tomando como base regulatoria el monto del juicio. Si la pericia contable se realizó en la provincia de Buenos Aires (oficiada), el régimen legal pertinente para su regulación es la ley arancelaria 10.620 de esta provincia.(doctora Kogan, sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: B, S s/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA     INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-03

No cabe declarar la nulidad del auto de concesión del recurso de inconstitucionalidad por ausencia de fundamentación si, pese a su muy censurable laconismo, alcanza mínimamente el nivel de fundamentación que exige el artículo 6 de la ley 7055, desde que en él se afirma, si bien despojado de argumentación explícita, que el recurrente "...describe una hipótesis que a su juicio constituye una privación de la garantía mínima a la jurisdicción". Desde que este Tribunal ha sostenido que el a quo debe limitarse a estimar si el planteo del impugnante, tal como éste lo formula, encuadra en un supuesto abstracto de arbitrariedad que no resulte manifiestamente ajeno a la litis.
Prenda comercial, prenda con registro, plan de ahorro previo, ejecución prendaria, juicio ordinario posterior
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIRCULO  DE  INVERSORES    SA    DE  AHORRO  PARA  FINES DETERMINADOS c/ PRIANO DE PRAELI, STELLA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-13

Si la empresa dedicada a círculos de ahorros promovió una ejecución prendaria, concluyendo este proceso por la manifestación de la misma por la que indicaba que había quedado cancelada la totalidad de la deuda, no puede posteriormente promover un juicio de conocimiento pleno alegando como fundamento de su pretensión haber incurrido en un error al liberar a los ejecutados quienes solo habrían cancelado las cuotas atrasadas.
Falsificación de cheque, fabricación o emisión ilegal de moneda u otros valores, cheque público, cheque privado, fallo plenario, obligatoriedad del fallo plenario, reforma legislativa, ley derogada, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: MILETO, ALBERTO s/ FALSIFICACION.  CHEQUE:  LIBRADOS  POR  PARTICULARES.  ENCUADRA EN LA  FIGURA  DEL  292  Y NO EN LA DEL 285. (DOCUMENTOS PRIVADOS).  CHEQUE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-23

"...Aunque en mi opinión la equiparación a la moneda contenida en el art. 287 Del código sustantivo de los cheques atañe a los públicos u oficiales emitidos por los funcionarios de estado y no a los particulares, lo cierto es que no puede soslayarse la aplicación del plenario mauad. En ese sentido el voto del dr. Millán en éste es suficientemente ilustrativo. Sin embargo la doctrina de ese fallo receptó el criterio inverso indicado que "los cheques a que se refiere el art. 285 Del código penal son tanto los públicos u oficiales como los privados". (Conf. Fallos plenarios, i, pag 314 y 55) el tema en crisis se vincula con la posibilidad o no de que los plenarios pierden eficacia vinculante cuando la norma interpretada ha sido derogada, aunque posteriormente recobre vigencia. A pesar de los medulosos votos emitidos por los dres, madueño y almeyra "in re arbelain j.R. " Del 4-6-76 del registro de esta sala y de mi criterio interpretativo adverso a la conclusión del mencionado plenario, por respeto al orden jurídico y específicamente a lo normado en el artículo 27 inciso c) del decreto ley 1285-58, ratificado por la ley 14.467 Aplicable a la materia (artículo 2 de la ley 17.812) Que establece que la interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria es de aplicación obligatoria y sólo podrá modificarse por medio de una nueva sentencia plenaria; es que me veo obligada a aplicar el citado plenario mauad. En consecuencia el quehacer desplegado por el acusado constituye los delitos de hurto simple en concurso real con estafa en concurso ideal con falsificación de cheque, reiterada, en dos oportunidades que prevén los artículos 54,55,172, y 285 en funcion del 282 del código penal.