Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-07-29


[[p]]///MA, 29 de julio de 2015.[[/p]][[p]]VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "BERNARDI JUAN ANTONIO S/ QUEJA: "IGOLDI, M. FAVIO S/ COMUNICACIÓN (ART. 26 LEY K 2434), DEL REGISTRO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. CMD/17/0017" (Expte. N° 27819/15-STJ-), puestas a despacho para resolver, y CONSIDERANDO:[[/p]][[p]]El señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo:[[/p]][[p]]ANTECEDENTES DE LA CAUSA Llegan los presentes actuados a este Superior Tribunal de Justicia con motivo de la queja interpuesta por Juan Antonio Bernardi, a fs. 20/33, como consecuencia de la denegatoria de fecha 26 de mayo de 2015 -Acta Nº 05/15-CM- del recurso de casación contra la resolución del día 4 de mayo de 2015 -Acta Nº 03/15-CM-, del Consejo de la Magistratura de la Ia. Circunscripción Judicial, que hizo lugar a la solicitud de desafuero.[[/p]][[p]]Para así resolver, el Consejo de la Magistratura consideró que el recurso de casación intentado debía declararse inadmisible en tanto no se encuentra previsto en la ley K Nº 2434 y no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 45 de dicha norma.[[/p]][[p]]Además, a todo evento, consideró que no se está frente a una sentencia definitiva que eventualmente habilite aquel recurso, ya que la decisión del Consejo de hacer lugar a la solicitud de desafuero no tiene carácter sancionatorio y su único efecto es habilitar la instancia judicial a los fines de poner al magistrado a disposición plena del imperium de las decisiones.[[/p]][[p]]Ante lo así resuelto el recurrente sostiene -en general- que se ha denegado erróneamente su recurso de casación con fundamento en que la resolución del Consejo de la Magistratura es dogmática e importa una denegación de justicia al rechazar el recurso sin fundamentos, en tanto no se expidió sobre la alegada violación del derecho de defensa, del debido proceso y del principio de juez imparcial. Considera que el desafuero otorgado inaudita parte transgrede el régimen de la Ley K N° 2434.[[/p]][[p]]Respecto a la admisibilidad formal del recurso considera que se trata de una sentencia equiparable a definitiva.[[/p]][[p]]En particular señala la violación al debido proceso legal por no garantizar el derecho de defensa al resolverse inaudita parte. En sustento de ello cita el precedente "Graffigna Latino" (y concordantes) donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la intervención judicial en la medida que se aduzca y demuestre violación al artículo 18 de la Constitución Nacional.[[/p]][[p]]Expresa también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la vigencia de las garantías penales del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos para las sanciones administrativas ("Baena", entre otros).[[/p]][[p]]Finalmente, peticiona nulidad de la decisión del Consejo por la participación del Dr. Chironi en tanto previamente ha sido designado instructor sumariante en autos y ello provoca -a su entender- la pérdida de la necesaria imparcialidad de todo juzgador.[[/p]][[p]]ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DEL CASO Al ingresar al análisis de la queja intentada en autos, se advierte que la misma no tiene chances de prosperar.[[/p]][[p]]El fundamento de la denegatoria del recurso extraordinario se centró en que el intento recursivo no se encuentra previsto en la ley K N° 2434 que reglamenta los procedimientos llevados a cabo por el Consejo de la Magistratura.[[/p]][[p]]Luego y sólo ante la eventualidad de considerar que podría existir una instancia recursiva extraordinaria, los Consejeros por mayoría, consideraron que la resolución recurrida no es la definitiva que habilite tal vía de excepción.[[/p]][[p]]Adviértase que el recurso de casación intentado se encuentra previsto en el Código Procesal Penal, Capítulo IV, definiendo en el Artículo 430 cuáles son las resoluciones recurribles: "Además de los casos especialmente previstos por la ley y con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes, podrá deducirse este recurso contra las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena\". Se observa con claridad del texto que cuando refiere a \"sentencias definitivas\" y \"autos\", alude a pronunciamientos de tribunales jurisdiccionales.[[/p]][[p]]Al respecto, es dable señalar que este Cuerpo ha dicho en "COCA COLA" (STJRNS4 Se. 60/02 que la competencia del Superior Tribunal de Justicia, tanto cuando es originaria y exclusiva, como cuando es en grado de apelación y/o casación, está reglada por la Constitución de la Provincia (cf. art. 207, aps. 2 y 3 y art. 14 Disposiciones Transitorias y Complementarias de la Constitución Provincial), por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por las leyes de procedimiento sancionadas por la Legislatura Provincial.[[/p]][[p]]Este criterio restrictivo en materia de competencia del Superior Tribunal de Justicia ha sido sostenido asimismo en \"RECURSO JUDICIAL DIRECTO" (STJRNS4 Se. 49/06), y a él cabe estar.[[/p]][[p]]Por otro lado en lo que es materia específica de autos, el carácter extraordinario del recurso impone su interpretación restrictiva, y la referencia contenida en el artículo del CPP citado respecto la recurribilidad por la vía casatoria extensible a "los casos especialmente previstos por la ley" colisiona, además, con la irrecurribilidad expresa del art. 45 de la ley K N° 2434.[[/p]][[p]]Repárese que este Superior Tribunal por vía extraordinaria ha expresado que sólo sería procedente tal recurso en aquellos casos de sanción -destitución o suspensión- y ante la violación del debido proceso legal, situación en la que no se encuadra el presente. En autos no estamos frente a alguno de los procedimientos constitucionalmente previstos en el artículo 222 de la Constitución Provincial; esto es de selección o de destitución.[[/p]][[p]]Ya en referencia a tales procedimientos se ha expresado que no se observa una contradicción de dicho artículo con el art. 8.2 de la CADH, si se efectúa una interpretación armónica de ambas prescripciones con la debida prelación constitucional de la última.[[/p]][[p]]En efecto, en el precedente "LESKOVAR" (STJRNS4 Se. 21/06), ya se aludió al principio de la irrecurribilidad y se siguió el criterio de la CSJN al interpretar el art. 115 de la Constitución Nacional, en "Brusa". Este último tiene significativa importancia porque fue la primera ocasión, después de la reforma constitucional de 1994, que el Alto Tribunal examinó el alcance del art. 115 de la Constitución Nacional, en cuanto establece que el fallo del Jurado del Enjuiciamiento de magistrados inferiores de la Nación es "irrecurrible".[[/p]][[p]]Expresado ello, entiendo que le asiste razón al Consejo de la Magistratura cuando menciona en primer término la inexistencia de recursos ante este Superior Tribunal.[[/p]][[p]]Este Cuerpo en \"CARIATORE" (STJRNS4 Se. 119/07) expresó que la Provincia de Río Negro al darse sus instituciones dentro de la autonomía federal de los arts. 5, 121, ss. y cc. de la Constitución Nacional, instituyó un sistema de juzgamiento de la nominación, la disciplina y la remoción de los Magistrados y Funcionarios Judiciales a cargo de un órgano extrapoder, cual es el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (arts. 220 a 222 de la Constitución Provincial), que por cierto no es tribunal inferior en los términos del art. 207 de la Constitución Provincial.[[/p]][[p]]Allí se sostuvo que "..el artículo 45 de la Ley K Nº 2434 dispone que el Consejo de la Magistratura deliberará en sesión secreta y apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Si la sentencia fuese condenatoria no tendrá otro efecto que disponer la suspensión o remoción del enjuiciado e inhabilitarlo para ocupar en adelante otro cargo judicial. Si la destitución se fundare en hechos que pudieran constituir delitos de acción pública se dará intervención a la justicia en lo Criminal. Si la sentencia fuera absolutoria, el imputado sin otro trámite se reintegrará a sus funciones. Contra el fallo no cabe recurso alguno, salvo el de aclaratoria que podrá interponerse dentro de las veinticuatro horas (art. 45, Ley K N° 2434)". Luego de definir al Consejo de la Magistratura y su rol de naturaleza institucional extrapoder con funciones no esencialmente jurisdiccionales ni ordinariamente administrativas, sino de carácter político, se indicó que salvo grosera violación de las reglas de funcionamiento por arbitrariedad o incongruencia, el Consejo es soberano y único juez de sus actos; y que sus resoluciones son irrecurribles.[[/p]][[p]]Adviértase que lo expuesto refiere a la decisión del Consejo de la Magistratura en un juicio político que resuelve una cuestión en definitiva, situación -que reitero- no es la de autos.[[/p]][[p]]Expresado ello, la decisión adoptada por el Consejo de la Magistratura en el trámite otorgado a la solicitud de desafuero con sustento en la prisión preventiva dictada en autos "Bernardi Juan Antonio y otros s/ corrupción de menores 1VI-14037-P2015", proceso donde se investiga la comisión de un delito común, no resulta recurrible ante este Superior Tribunal de Justicia.[[/p]][[p]]Tal como se resuelve resulta inoficioso expedirse sobre los demás agravios propuestos por el recurrente, toda vez que no existe una vía idónea para habilitar la competencia excepcional de este Cuerpo.[[/p]][[p]]DECISORIO Por lo antes dicho corresponde rechazar el recurso de queja por casación denegada articulado en autos. Con costas. MI VOTO.[[/p]][[p]]El señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO y la señora Jueza doctora Liliana L. PICCININI, dijeron:[[/p]][[p]]Adherimos al voto y solución propuesta por el señor Juez preopinante. ASI VOTAMOS.[[/p]][[p]]El señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo:[[/p]][[p]]Disiento respetuosamente con la solución propuesta por los Sres. Jueces que me preceden en el orden de votación. Doy razones.[[/p]][[p]]La fundamentación del Consejo de la Magistratura para denegar la casación intentada se centró en la irrecurribilidad de los pronunciamientos de dicho órgano, conforme el artículo 45 de la ley K N° 2434, y por entender que no es definitiva ni equiparable a tal la decisión cuestionada.[[/p]][[p]]Ante lo así resuelto el recurrente considera que se trata de una decisión equiparable a definitiva y que por ello se ha denegado erróneamente su recurso de casación. Además, alega violación al debido proceso legal y a su derecho de defensa al resolverse el desafuero sin haberle dado oportunidad a su parte de ser escuchado en forma previa.[[/p]][[p]]En sustento de su planteo de agravio inicial y queja posterior cita el precedente "Graffigna Latino" (y otros) donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la intervención judicial en la medida que se aduzca y demuestre violación al artículo 18 de la Constitución Nacional.[[/p]][[p]]Expresa también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la vigencia de las garantías penales del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos para las sanciones administrativas ("Baena", entre otros).[[/p]][[p]]Finalmente plantea la nulidad de la decisión del Consejo de la Magistratura por la participación del Dr. Marcelo Chironi, en tanto previamente fue designado instructor sumariante en autos y ello habría provocado -a su entender- la pérdida de la necesaria imparcialidad de todo juzgador.[[/p]][[p]]Analizando en primer lugar los aspectos formales que habilitan esta vía procesal (art. 446 y ccdtes del CPP) entiendo que el recurrente ha planteado la queja en forma temporánea y en su desarrollo ha realizado una crítica concreta, razonada y exhaustiva frente las razones por la que no se hizo lugar al recurso de casación, señalando la inexactitud o improcedencia de aquellas -a su entender- para sustentar el rechazo formal del remedio intentado.[[/p]][[p]]En ese sentido arrima argumentos suficientes para cuestionar con seriedad el resolutorio que declara inadmisible el recurso de casación, razón por la que corresponde -a mi criterio- habilitar la instancia revisora perseguida.[[/p]][[p]]Cabe recordar que la irrecurribilidad prescripta por la ley local (art. 45 ley K N° 2434) no es óbice para la revisión judicial en aquellos casos y con los alcances que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha habilitado.[[/p]][[p]]Ha dicho el Tribunal cimero que la impugnación judicial y su admisibilidad solo serán viables en aquellos supuestos donde se señale la violación del debido proceso y de la defensa en juicio y siempre que el recurrente muestre que la reparación del perjuicio será conducente para variar la suerte del proceso (Fallos: 276:264; 291:259; 292:157, entre varios; cf. STJRNS4 Se. 71/12 \"MEYNET, ALVARO JAVIER S/QUEJA EN: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA IIDA. CIRC. S/SOLICITUD LEY 3491 (DR. ALVARO J. MEYNET CAUSA KIELMASZ-); Se. 74/14 VILA LLANOS, CARLOS ERNESTO S/ QUEJA EN: VILA LLANOS, CARLOS ERNESTO-JUEZ DE CÁMARA S/ENJUICIAMIENTO).[[/p]][[p]]Entonces, asiste razón al quejoso al precisar que la inadmisibilidad recursiva sostenida por el Consejo de la Magistratura no es tal, en tanto se ha reconocido jurisprudencialmente la posibilidad de revisar las decisiones finales o equiparables a definitivas dictadas por el órgano juzgador, en cuyas manos la Constitución Provincial ha puesto la atribución de evaluar la conducta de los magistrados y funcionarios.[[/p]][[p]]En esa línea la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho recientemente que "no se está ante un supuesto infranqueable y que la revisión judicial puede extenderse, siempre a título excepcional, también a las decisiones del órgano juzgador que fuesen equiparables a definitiva, configuración que naturalmente dependerá de las circunstancias que singularicen cada asunto, como lo demuestra la importante casuística jurisprudencial elaborada por el Tribunal, con particular referencia a los enjuiciamientos públicos en punto al cumplimiento de este requisito propio del recurso extraordinario cuando se trata de decisiones anteriores al pronunciamiento final" (Fallos: 327:46 y 2205; 328:3537, entre otros, CSJN "Meynet, Alvaro Javier s/queja en: Consejo de la Magistratura IIda. Circ. s/ solicitud Ley 3491 (Dr. Alvaro J. Meynet causa Kielmasz-, del 7 de julio de 2015).[[/p]][[p]]Luego, la resolución adoptada por el Consejo de la Magistratura en el trámite del desafuero, haciendo lugar a la solicitud, es equiparable a definitiva respecto a esa incidencia referida a la garantía constitucional en juego, por sus consecuencias y eventual irreparabilidad.[[/p]][[p]]De tal modo que los agravios que viene exponiendo el recurrente exigen el examen de cuestiones con directa e inmediata relación a las circunstancias específicas que singularizan este asunto, de inocultable carácter constitucional, y deben ser consideradas y decididas para evitar la afectación de garantías superiores consagradas por la Ley Fundamental, que irreversiblemente se verificaría si la intervención y eventual revisión judicial no se llevara a cabo en esta oportunidad (CSJN Fallos: 300:75; 317:365).[[/p]][[p]]Por ello, a partir de la doctrina sentada por la Corte Suprema -profundizada recientemente en el caso "MEYNET"-, corresponde al máximo Tribunal local cotejar la correcta aplicación de los postulados convencionales y de las Constituciones Nacional y Provincial (arts. 18 y 22, respectivamente), cuya supremacía sobre el ordenamiento jurídico de la Provincia está llamada a resguardar cuando se alegue violación del derecho de defensa y del debido proceso en un juicio político, tal como se denuncia que sucede en el caso bajo examen.[[/p]][[p]]La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que "en lo que concierne al alcance de dicha garantía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales de orden internacional (Fallos: 321: 3555; 328: 1491) destacó con especial referencia a los procesos de enjuiciamiento político que \"de conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un \'juez o tribunal competente\' para la \'determinación de sus derechos\', esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana\" (caso \"Tribunal Constitucional vs. Perú\", sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 71).[[/p]][[p]]Por esa razón es que ese Tribunal consignó que si bien el art. 8 de la Convención Americana se titula \"Garantías Judiciales\" su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, \"sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales\" a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, en palabras de la mencionada Corte, que \"cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal\", pues \"Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas" (caso \"Baena Ricardo y otros vs. Panamá\", sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127; CSJN "Meynet, Alvaro Javier s/queja en: Consejo de la Magistratura IIda. Circ. s/ solicitud Ley 3491 (Dr. Alvaro J. Meynet causa Kielmasz-\", del 7 de julio de 2015).[[/p]][[p]]En función de lo expuesto y atento a los planteos constitucionales del recurrente, que asimila el pronunciamiento apelado a la categoría de sentencia definitiva por las consecuencias irreversibles que producen al impedir toda reparación efectiva ulterior, corresponde hacer lugar al recurso de queja deducido a fs. 20/34 de las presentes actuaciones, y en consecuencia declarar admisible el recurso de casación interpuesto y que fuera denegado por el Consejo de la Magistratura. MI VOTO.[[/p]][[p]]El señor Juez doctor Ariel GALLINGER, dijo:[[/p]][[p]]Atento la coincidencia de los señores jueces preopinantes, me abstengo de emitir opinión (art.39 L.O.). ASI VOTO.[[/p]][[p]]Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:[[/p]][[p]]Primero: Rechazar el recurso de queja por casación denegada articulado en autos, por los fundamentos dados en los considerandos. Con costas (art. 68 del C.P.C. y C.).[[/p]][[p]]Segundo: Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.[[/p]][[p]]fdo.:APCARIÁN JUEZ BAROTTO JUEZ PICCININI JUEZA MANSILLA JUEZ EN DISIDENCIA GALLINGER JUEZ EN ABSTENCIÓN ANTE MI: LOZADA SECRETARIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.[[/p]]
[[p]]///MA, 29 de julio de 2015.[[/p]][[p]]VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "BERNARDI JUAN ANTONIO S/ QUEJA: "IGOLDI, M. FAVIO S/ COMUNICACIÓN (ART. 26 LEY K 2434), DEL REGISTRO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. CMD/17/0017" (Expte. N° 27819/15-STJ-), puestas a despacho para resolver, y CONSIDERANDO:[[/p]][[p]]El señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo:[[/p]][[p]]ANTECEDENTES DE LA CAUSA Llegan los presentes actuados a este Superior Tribunal de Justicia con motivo de la queja interpuesta por Juan Antonio Bernardi, a fs. 20/33, como consecuencia de la denegatoria de fecha 26 de mayo de 2015 -Acta Nº 05/15-CM- del recurso de casación contra la resolución del día 4 de mayo de 2015 -Acta Nº 03/15-CM-, del Consejo de la Magistratura de la Ia. Circunscripción Judicial, que hizo lugar a la solicitud de desafuero.[[/p]][[p]]Para así resolver, el Consejo de la Magistratura consideró que el recurso de casación intentado debía declararse inadmisible en tanto no se encuentra previsto en la ley K Nº 2434 y no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 45 de dicha norma.[[/p]][[p]]Además, a todo evento, consideró que no se está frente a una sentencia definitiva que eventualmente habilite aquel recurso, ya que la decisión del Consejo de hacer lugar a la solicitud de desafuero no tiene carácter sancionatorio y su único efecto es habilitar la instancia judicial a los fines de poner al magistrado a disposición plena del imperium de las decisiones.[[/p]][[p]]Ante lo así resuelto el recurrente sostiene -en general- que se ha denegado erróneamente su recurso de casación con fundamento en que la resolución del Consejo de la Magistratura es dogmática e importa una denegación de justicia al rechazar el recurso sin fundamentos, en tanto no se expidió sobre la alegada violación del derecho de defensa, del debido proceso y del principio de juez imparcial. Considera que el desafuero otorgado inaudita parte transgrede el régimen de la Ley K N° 2434.[[/p]][[p]]Respecto a la admisibilidad formal del recurso considera que se trata de una sentencia equiparable a definitiva.[[/p]][[p]]En particular señala la violación al debido proceso legal por no garantizar el derecho de defensa al resolverse inaudita parte. En sustento de ello cita el precedente "Graffigna Latino" (y concordantes) donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la intervención judicial en la medida que se aduzca y demuestre violación al artículo 18 de la Constitución Nacional.[[/p]][[p]]Expresa también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la vigencia de las garantías penales del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos para las sanciones administrativas ("Baena", entre otros).[[/p]][[p]]Finalmente, peticiona nulidad de la decisión del Consejo por la participación del Dr. Chironi en tanto previamente ha sido designado instructor sumariante en autos y ello provoca -a su entender- la pérdida de la necesaria imparcialidad de todo juzgador.[[/p]][[p]]ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DEL CASO Al ingresar al análisis de la queja intentada en autos, se advierte que la misma no tiene chances de prosperar.[[/p]][[p]]El fundamento de la denegatoria del recurso extraordinario se centró en que el intento recursivo no se encuentra previsto en la ley K N° 2434 que reglamenta los procedimientos llevados a cabo por el Consejo de la Magistratura.[[/p]][[p]]Luego y sólo ante la eventualidad de considerar que podría existir una instancia recursiva extraordinaria, los Consejeros por mayoría, consideraron que la resolución recurrida no es la definitiva que habilite tal vía de excepción.[[/p]][[p]]Adviértase que el recurso de casación intentado se encuentra previsto en el Código Procesal Penal, Capítulo IV, definiendo en el Artículo 430 cuáles son las resoluciones recurribles: "Además de los casos especialmente previstos por la ley y con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes, podrá deducirse este recurso contra las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena\". Se observa con claridad del texto que cuando refiere a \"sentencias definitivas\" y \"autos\", alude a pronunciamientos de tribunales jurisdiccionales.[[/p]][[p]]Al respecto, es dable señalar que este Cuerpo ha dicho en "COCA COLA" (STJRNS4 Se. 60/02 que la competencia del Superior Tribunal de Justicia, tanto cuando es originaria y exclusiva, como cuando es en grado de apelación y/o casación, está reglada por la Constitución de la Provincia (cf. art. 207, aps. 2 y 3 y art. 14 Disposiciones Transitorias y Complementarias de la Constitución Provincial), por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por las leyes de procedimiento sancionadas por la Legislatura Provincial.[[/p]][[p]]Este criterio restrictivo en materia de competencia del Superior Tribunal de Justicia ha sido sostenido asimismo en \"RECURSO JUDICIAL DIRECTO" (STJRNS4 Se. 49/06), y a él cabe estar.[[/p]][[p]]Por otro lado en lo que es materia específica de autos, el carácter extraordinario del recurso impone su interpretación restrictiva, y la referencia contenida en el artículo del CPP citado respecto la recurribilidad por la vía casatoria extensible a "los casos especialmente previstos por la ley" colisiona, además, con la irrecurribilidad expresa del art. 45 de la ley K N° 2434.[[/p]][[p]]Repárese que este Superior Tribunal por vía extraordinaria ha expresado que sólo sería procedente tal recurso en aquellos casos de sanción -destitución o suspensión- y ante la violación del debido proceso legal, situación en la que no se encuadra el presente. En autos no estamos frente a alguno de los procedimientos constitucionalmente previstos en el artículo 222 de la Constitución Provincial; esto es de selección o de destitución.[[/p]][[p]]Ya en referencia a tales procedimientos se ha expresado que no se observa una contradicción de dicho artículo con el art. 8.2 de la CADH, si se efectúa una interpretación armónica de ambas prescripciones con la debida prelación constitucional de la última.[[/p]][[p]]En efecto, en el precedente "LESKOVAR" (STJRNS4 Se. 21/06), ya se aludió al principio de la irrecurribilidad y se siguió el criterio de la CSJN al interpretar el art. 115 de la Constitución Nacional, en "Brusa". Este último tiene significativa importancia porque fue la primera ocasión, después de la reforma constitucional de 1994, que el Alto Tribunal examinó el alcance del art. 115 de la Constitución Nacional, en cuanto establece que el fallo del Jurado del Enjuiciamiento de magistrados inferiores de la Nación es "irrecurrible".[[/p]][[p]]Expresado ello, entiendo que le asiste razón al Consejo de la Magistratura cuando menciona en primer término la inexistencia de recursos ante este Superior Tribunal.[[/p]][[p]]Este Cuerpo en \"CARIATORE" (STJRNS4 Se. 119/07) expresó que la Provincia de Río Negro al darse sus instituciones dentro de la autonomía federal de los arts. 5, 121, ss. y cc. de la Constitución Nacional, instituyó un sistema de juzgamiento de la nominación, la disciplina y la remoción de los Magistrados y Funcionarios Judiciales a cargo de un órgano extrapoder, cual es el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (arts. 220 a 222 de la Constitución Provincial), que por cierto no es tribunal inferior en los términos del art. 207 de la Constitución Provincial.[[/p]][[p]]Allí se sostuvo que "..el artículo 45 de la Ley K Nº 2434 dispone que el Consejo de la Magistratura deliberará en sesión secreta y apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Si la sentencia fuese condenatoria no tendrá otro efecto que disponer la suspensión o remoción del enjuiciado e inhabilitarlo para ocupar en adelante otro cargo judicial. Si la destitución se fundare en hechos que pudieran constituir delitos de acción pública se dará intervención a la justicia en lo Criminal. Si la sentencia fuera absolutoria, el imputado sin otro trámite se reintegrará a sus funciones. Contra el fallo no cabe recurso alguno, salvo el de aclaratoria que podrá interponerse dentro de las veinticuatro horas (art. 45, Ley K N° 2434)". Luego de definir al Consejo de la Magistratura y su rol de naturaleza institucional extrapoder con funciones no esencialmente jurisdiccionales ni ordinariamente administrativas, sino de carácter político, se indicó que salvo grosera violación de las reglas de funcionamiento por arbitrariedad o incongruencia, el Consejo es soberano y único juez de sus actos; y que sus resoluciones son irrecurribles.[[/p]][[p]]Adviértase que lo expuesto refiere a la decisión del Consejo de la Magistratura en un juicio político que resuelve una cuestión en definitiva, situación -que reitero- no es la de autos.[[/p]][[p]]Expresado ello, la decisión adoptada por el Consejo de la Magistratura en el trámite otorgado a la solicitud de desafuero con sustento en la prisión preventiva dictada en autos "Bernardi Juan Antonio y otros s/ corrupción de menores 1VI-14037-P2015", proceso donde se investiga la comisión de un delito común, no resulta recurrible ante este Superior Tribunal de Justicia.[[/p]][[p]]Tal como se resuelve resulta inoficioso expedirse sobre los demás agravios propuestos por el recurrente, toda vez que no existe una vía idónea para habilitar la competencia excepcional de este Cuerpo.[[/p]][[p]]DECISORIO Por lo antes dicho corresponde rechazar el recurso de queja por casación denegada articulado en autos. Con costas. MI VOTO.[[/p]][[p]]El señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO y la señora Jueza doctora Liliana L. PICCININI, dijeron:[[/p]][[p]]Adherimos al voto y solución propuesta por el señor Juez preopinante. ASI VOTAMOS.[[/p]][[p]]El señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA dijo:[[/p]][[p]]Disiento respetuosamente con la solución propuesta por los Sres. Jueces que me preceden en el orden de votación. Doy razones.[[/p]][[p]]La fundamentación del Consejo de la Magistratura para denegar la casación intentada se centró en la irrecurribilidad de los pronunciamientos de dicho órgano, conforme el artículo 45 de la ley K N° 2434, y por entender que no es definitiva ni equiparable a tal la decisión cuestionada.[[/p]][[p]]Ante lo así resuelto el recurrente considera que se trata de una decisión equiparable a definitiva y que por ello se ha denegado erróneamente su recurso de casación. Además, alega violación al debido proceso legal y a su derecho de defensa al resolverse el desafuero sin haberle dado oportunidad a su parte de ser escuchado en forma previa.[[/p]][[p]]En sustento de su planteo de agravio inicial y queja posterior cita el precedente "Graffigna Latino" (y otros) donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la intervención judicial en la medida que se aduzca y demuestre violación al artículo 18 de la Constitución Nacional.[[/p]][[p]]Expresa también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la vigencia de las garantías penales del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos para las sanciones administrativas ("Baena", entre otros).[[/p]][[p]]Finalmente plantea la nulidad de la decisión del Consejo de la Magistratura por la participación del Dr. Marcelo Chironi, en tanto previamente fue designado instructor sumariante en autos y ello habría provocado -a su entender- la pérdida de la necesaria imparcialidad de todo juzgador.[[/p]][[p]]Analizando en primer lugar los aspectos formales que habilitan esta vía procesal (art. 446 y ccdtes del CPP) entiendo que el recurrente ha planteado la queja en forma temporánea y en su desarrollo ha realizado una crítica concreta, razonada y exhaustiva frente las razones por la que no se hizo lugar al recurso de casación, señalando la inexactitud o improcedencia de aquellas -a su entender- para sustentar el rechazo formal del remedio intentado.[[/p]][[p]]En ese sentido arrima argumentos suficientes para cuestionar con seriedad el resolutorio que declara inadmisible el recurso de casación, razón por la que corresponde -a mi criterio- habilitar la instancia revisora perseguida.[[/p]][[p]]Cabe recordar que la irrecurribilidad prescripta por la ley local (art. 45 ley K N° 2434) no es óbice para la revisión judicial en aquellos casos y con los alcances que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha habilitado.[[/p]][[p]]Ha dicho el Tribunal cimero que la impugnación judicial y su admisibilidad solo serán viables en aquellos supuestos donde se señale la violación del debido proceso y de la defensa en juicio y siempre que el recurrente muestre que la reparación del perjuicio será conducente para variar la suerte del proceso (Fallos: 276:264; 291:259; 292:157, entre varios; cf. STJRNS4 Se. 71/12 \"MEYNET, ALVARO JAVIER S/QUEJA EN: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA IIDA. CIRC. S/SOLICITUD LEY 3491 (DR. ALVARO J. MEYNET CAUSA KIELMASZ-); Se. 74/14 VILA LLANOS, CARLOS ERNESTO S/ QUEJA EN: VILA LLANOS, CARLOS ERNESTO-JUEZ DE CÁMARA S/ENJUICIAMIENTO).[[/p]][[p]]Entonces, asiste razón al quejoso al precisar que la inadmisibilidad recursiva sostenida por el Consejo de la Magistratura no es tal, en tanto se ha reconocido jurisprudencialmente la posibilidad de revisar las decisiones finales o equiparables a definitivas dictadas por el órgano juzgador, en cuyas manos la Constitución Provincial ha puesto la atribución de evaluar la conducta de los magistrados y funcionarios.[[/p]][[p]]En esa línea la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho recientemente que "no se está ante un supuesto infranqueable y que la revisión judicial puede extenderse, siempre a título excepcional, también a las decisiones del órgano juzgador que fuesen equiparables a definitiva, configuración que naturalmente dependerá de las circunstancias que singularicen cada asunto, como lo demuestra la importante casuística jurisprudencial elaborada por el Tribunal, con particular referencia a los enjuiciamientos públicos en punto al cumplimiento de este requisito propio del recurso extraordinario cuando se trata de decisiones anteriores al pronunciamiento final" (Fallos: 327:46 y 2205; 328:3537, entre otros, CSJN "Meynet, Alvaro Javier s/queja en: Consejo de la Magistratura IIda. Circ. s/ solicitud Ley 3491 (Dr. Alvaro J. Meynet causa Kielmasz-, del 7 de julio de 2015).[[/p]][[p]]Luego, la resolución adoptada por el Consejo de la Magistratura en el trámite del desafuero, haciendo lugar a la solicitud, es equiparable a definitiva respecto a esa incidencia referida a la garantía constitucional en juego, por sus consecuencias y eventual irreparabilidad.[[/p]][[p]]De tal modo que los agravios que viene exponiendo el recurrente exigen el examen de cuestiones con directa e inmediata relación a las circunstancias específicas que singularizan este asunto, de inocultable carácter constitucional, y deben ser consideradas y decididas para evitar la afectación de garantías superiores consagradas por la Ley Fundamental, que irreversiblemente se verificaría si la intervención y eventual revisión judicial no se llevara a cabo en esta oportunidad (CSJN Fallos: 300:75; 317:365).[[/p]][[p]]Por ello, a partir de la doctrina sentada por la Corte Suprema -profundizada recientemente en el caso "MEYNET"-, corresponde al máximo Tribunal local cotejar la correcta aplicación de los postulados convencionales y de las Constituciones Nacional y Provincial (arts. 18 y 22, respectivamente), cuya supremacía sobre el ordenamiento jurídico de la Provincia está llamada a resguardar cuando se alegue violación del derecho de defensa y del debido proceso en un juicio político, tal como se denuncia que sucede en el caso bajo examen.[[/p]][[p]]La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que "en lo que concierne al alcance de dicha garantía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales de orden internacional (Fallos: 321: 3555; 328: 1491) destacó con especial referencia a los procesos de enjuiciamiento político que \"de conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un \'juez o tribunal competente\' para la \'determinación de sus derechos\', esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana\" (caso \"Tribunal Constitucional vs. Perú\", sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 71).[[/p]][[p]]Por esa razón es que ese Tribunal consignó que si bien el art. 8 de la Convención Americana se titula \"Garantías Judiciales\" su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, \"sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales\" a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, en palabras de la mencionada Corte, que \"cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal\", pues \"Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas" (caso \"Baena Ricardo y otros vs. Panamá\", sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127; CSJN "Meynet, Alvaro Javier s/queja en: Consejo de la Magistratura IIda. Circ. s/ solicitud Ley 3491 (Dr. Alvaro J. Meynet causa Kielmasz-\", del 7 de julio de 2015).[[/p]][[p]]En función de lo expuesto y atento a los planteos constitucionales del recurrente, que asimila el pronunciamiento apelado a la categoría de sentencia definitiva por las consecuencias irreversibles que producen al impedir toda reparación efectiva ulterior, corresponde hacer lugar al recurso de queja deducido a fs. 20/34 de las presentes actuaciones, y en consecuencia declarar admisible el recurso de casación interpuesto y que fuera denegado por el Consejo de la Magistratura. MI VOTO.[[/p]][[p]]El señor Juez doctor Ariel GALLINGER, dijo:[[/p]][[p]]Atento la coincidencia de los señores jueces preopinantes, me abstengo de emitir opinión (art.39 L.O.). ASI VOTO.[[/p]][[p]]Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:[[/p]][[p]]Primero: Rechazar el recurso de queja por casación denegada articulado en autos, por los fundamentos dados en los considerandos. Con costas (art. 68 del C.P.C. y C.).[[/p]][[p]]Segundo: Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.[[/p]][[p]]fdo.:APCARIÁN JUEZ BAROTTO JUEZ PICCININI JUEZA MANSILLA JUEZ EN DISIDENCIA GALLINGER JUEZ EN ABSTENCIÓN ANTE MI: LOZADA SECRETARIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.[[/p]]