Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30


FECCIA, Ana María y Peralta, Luis Alberto Reg.: A y S t 206 p 14-18.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes marzo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "FECCIA, Ana María y Peralta, Luis Alberto - Divorcio por presentación Conjunta y Acuerdo Disolución Sociedad Conyugal- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 133, año 2003). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Falistoco, Vigo y Spuler.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 187, pág. 295 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el apoderado de Ana María Feccia contra la sentencia 278 del 18 de mayo de 1998, dictada por el Tribunal Colegiado de Familia N 5 de Rosario, por entender que la postulación de la recurrente contaba "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de autos y suponía articular con seriedad un planteo que exigía examinar, si la sentencia reunía o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

En el nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055 me conduce a ratificar dicho criterio de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 203/204.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: El caso: 1. Ante el Tribunal Colegiado de Familia N 5 de Rosario, Ana María Feccia y Luis Alberto Peralta, con el patrocinio del doctor Jorge Luis F. Costa, incoaron demanda pretendiendo la declaración de divorcio por mutuo consentimiento, tenencia, régimen de visitas y división de la sociedad conjugal (fs. 8/9).

Posteriormente el letrado actuante solicitó regulación de honorarios por el trabajo profesional desplegado en autos, acusando el desistimiento de la pretensión por parte de los cónyuges (f. 12).

La petición de fijación de estipendios profesionales fue reiterada a fojas 16 y 19 hasta que finalmente se establecieron por auto n 638 en la suma de $ 13.400 con fundamento normativo en los artículos 8, inciso h) y 7, inciso 2) de la ley 6767 (f. 23).

El doctor Costa notificó el auto regulatorio a sus patrocinados con la transcripción de lo dispuesto por el artículo 24 de la ley 6767 (fs. 25/26); uno de ellos -Feccia- interpuso contra aquel recurso de revocatoria sosteniendo, en breve, que: respecto a la pretensión de divorcio no correspondía regulación alguna atento a su desistimiento, mientras que con relación a las demás adujo incompetencia y prescripción (fs. 29/32).

El Juez de trámite rechazó la impugnación por considerarla extemporánea (f. 34), circunstancia que motivó a la recurrente a deducir revocatoria ante el Tribunal pleno (art.

64, L.O.P.J.).

Dicho remedio también fue desestimado por aquel Magistrado en el entendimiento de que: a) la resolución atacada había sido dictada sin sustanciación, por lo que correspondía interponer primero recurso de reposición ante el propio juez de trámite; b) el remedio también debía rechazarse atento a que el procedimiento previsto en el artículo 24 de la ley de aranceles profesionales rige para honorarios derivados de gestiones administrativas (art. 23, ley 6767) siendo el régimen recursivo a seguir por regulaciones practicadas por un Tribunal Colegiado el signado por los artículos 28 y 29 de dicho ordenamiento legal (f.

36).

Esta nueva denegatoria de revisión -itero, suscripta por el Juez de trámite- de los honorarios regulados determinó que la apelante interpusiera recurso directo (art. 356, C.P.C. y C.) para ante el Tribunal pleno a fin de abrir la instancia contemplada en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (fs. 21/25, expte. 210/95). La queja fue rechazada por el Tribunal Colegiado con fundamento en que el remedio no encontraba recepción alguna en las normas rituales ni orgánicas, lo que obstaba a la declaración de ineficacia pretendida por la recurrente (f. 46, expte. idem).

2. Contra ese pronunciamiento interpone la perdidosa su recurso de inconstitucionalidad, que gira en torno al apartamiento de la ley y en el exceso ritual manifiesto en que incurrió el A quo al denegar los recursos deducidos con la consecuente afectación de derechos y garantías de alto rango superior.

3. Le asiste razón a la recurrente.

Ante todo, se impone afirmar que causa verdaderamente perplejidad examinar un proceso en donde por distintas vías se ha privado a la ahora recurrente sistemáticamente de la revisión que legalmente otorgan las normas arancelarias y orgánicas de una regulación de honorarios dictada por el Juez de trámite del Tribunal Colegiado, alongando injustificadamente el procedimiento (ya lleva quince largos años), todo ello en mengua del debido proceso y del derecho a la jurisdicción.

En efecto: El doctor Costa notificó los honorarios regulados a su favor a la ahora recurrente, quien -por medio de apoderado- compareció al proceso e interpuso revocatoria conforme al procedimiento contemplado en el artículo 24 de la ley de aranceles profesionales, adecuándose, así, al trámite propuesto por el propio solicitante de los emolumentos (vid.

acto de comunicación obrante a fojas 25/26). Esa reposición fue rechazada por extemporánea por el Juez de trámite a través de un claro supuesto de arbitrariedad normativa.

Repárese, en tal sentido, que la declaración de extemporaneidad del recurso se fundamentó en que debía deducirse dentro del plazo de 10 días de acuerdo al inciso a) del artículo 24 de la ley de aranceles -que establece el término de emplazamiento contra quien se hubiere solicitado la regulación-, mas soslayando lo dispuesto por el inciso c) que reza: "...el plazo para interponer los recursos correrá desde el siguiente día de vencer el del inciso a)...".

En otras palabras, el Juez de trámite al examinar la temporaneidad de la revocatoria omitió considerar el plazo de tres días consagrado en este último inciso, por lo cual la solución arribada en el decisorio conlleva a prescindir lisa y llanamente de la aplicación de un texto legal vigente. Pero también el Juez de trámite actuó defectuosamente por medio de una equivocada interpretación de la norma al desestimar la revocatoria deducida ante el Tribunal pleno contra esta última resolución. En efecto: a) El argumento de que la quejosa debía interponer una nueva revocatoria contra una anterior rechazada carece de todo sustento en el ordenamiento procesal (vid., al respecto, CSJSta. Fe, A. y S., T. 136, pág. 474; T. 143, pág. 446; cfr., CS, Fallos: 297:542, 206:372. Doctrina: Zeus, T. 22, R/39, J/103; T 23, R/19; Ibañez Frocham, Manuel M., "Tratado de los recursos en el proceso civil ", pág. 169; Podetti, Ramiro J., "Tratado de los recursos", pág. 96).

b) La restante razón brindada refiere a que el procedimiento estipulado por el artículo 24 de la ley 6767 solo rige para regular honorarios derivados de gestiones administrativas, concluyendo, de esa manera, que la impugnación de los emolumentos debía efectuarse por la mecánica establecida en el artículo 29.

En primer lugar, se impone señalar que este último dispositivo no resulta aplicable en la especie habida cuenta que la regulación de honorarios del doctor Costa fue practicada por el Juez de trámite y no por el Tribunal Colegiado, quedando, así, excluida del espectro normativo previsto en aquel precepto.

Por otro lado, la hermenéutica propuesta por el Magistrado pugna sin más con el artículo 31 de la ley de aranceles en tanto reza que: "...Las regulaciones no se notificarán a domicilio real, salvo si el profesional pretendiere cobrar costas al propio cliente. En ese caso se observará lo preceptuado en el artículo 24..." (el subrayado me pertenece)- y con la conducta del propio solicitante de los honorarios que encauzó el trámite de la regulación por la mecánica prevista en este último precepto citado.

Es a partir de estos desenfoques normativos en que incurrió del Juez de trámite que llevaron a la apelante a interponer recurso de queja (art. 356, C.P.C. y C.) contra la denegatoria de reposición ante el Tribunal pleno.

Y es aquí donde se erige una nueva causal de arbitrariedad pero ahora por parte del Tribunal Colegiado: el sobredimensionamiento de las formas, habida cuenta que rechazar el recurso de queja por denegación de revocatoria ante el tribunal pleno por la sola razón de carecer de apoyatura legal implica caer en un excesivo rigor formal incompatible con un adecuado servicio de justicia.

Pues, ante las sucesivas denegatorias del Juez de trámite de acudir al régimen horizontal de impugnabilidad previsto en el artículo 64 de la ley 10160, el recurso directo aparecía -en las especiales circunstancias del caso- un remedio idóneo para lograr la revisión pretendida.

En tal sentido, se impone afirmar que es cierto que este último precepto le atribuye competencia funcional al Tribunal Colegiado para la emisión del juicio de fundabilidad en el recurso de revocatoria ante el tribunal pleno, quedando a resorte del juez de trámite el examen de admisibilidad atento a que la competencia que se le asigna al pleno alude únicamente a la fundabilidad.

También lo es que el recurso de queja (art. 356, C.P.C. y C.) solo procede directamente ante la alzada para obtener un juicio de admisibilidad positivo luego de que un juez inferior denegara la concesión de un "recurso de doble instancia" (apelación, nulidad o cualquier extraordinario).

Mas esto último no implica que la interposición de este medio impugnativo contraríe o desvirtúe su finalidad por el solo hecho de hacer efectiva la intervención y conocimiento del Tribunal pleno, cuando el Juez de trámite ha denegado -como ya se dijo, arbitrariamente- la revocatoria contemplada en el artículo 64 de la ley 10160 contra una decisión susceptible de esa impugnación.

Máxime si se tiene en cuenta la especial naturaleza jurídica de este remedio (art.

64, ley 10160), que equivale a una suerte de "apelación interna" que, aun sin cambiar la instancia de grado, lleva la cuestión a otro órgano jurisdiccional distinto (que integra también el juez que unipersonalmente dictara el decisorio en crisis); y todo ello dentro de un matiz de singularidad que Alvarado Velloso ha calificado como "un recurso nuevo e intermedio entre la apelación y la reposición" (autor cit., "El juicio oral en la Pcia.

de Santa Fe", Rev. Jus, n 7, La Plata, 1966, pág. 7).

Estas características propias del recurso de revocatoria ante el tribunal pleno, más que una reposición (art. 344, C.P.C. y C.) aunque sin llegar a ser una apelación y/o nulidad (arts. 346 y 360, C.P.C. y C.), justificaba aun más la procedencia del recurso directo interpuesto en estos autos ante la denegatoria de la revocatoria ante el tribunal pleno. Para ser más claro. En el caso, sin el recurso directo, el juicio del Juez de trámite sobre la admisibilidad del recurso para ante el tribunal pleno, se constituyó en definitivo y de él dependió la existencia misma del régimen recursivo interno (art. 64, LOPJ) que, al ser arbitrariamente denegado, culminó en una indudable restricción al derecho de defensa en juicio de la impugnante y que se traduce en la frustración del control de legalidad y logicidad de los honorarios regulados a favor del doctor Costa.

En tales condiciones, el decisorio impugnado no resulta derivación razonada del derecho vigente y, por ende, debe ser anulado como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, consecuencia, anular la resolución impugnada.

Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055). Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido. En mérito a los fundamentos del acuerdo antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)