marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aplicación de la ley penal, delito continuo, delito instantáneo
Materia: PENAL
Carátula: Defraudación Militar. s/ Art. 844, inc. 3, 4 y 8 en concurso con otras causas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

Frente al proceso de sucesión de leyes penales, los hechos pueden caer bajo la vigencia de más de una en virtud de la prolongación de la conducta, según es propio de los delitos permanentes y continuados y sucede en los delitos instantáneos cuando el autor utiliza un medio consumativo que se prolonga en el tiempo.
Pena de inhabilitación, inhabilitación especial, inconstitucionalidad, inhabilitación para conducir, sentencia firme, auto de procesamiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CASTRO, Maximiliano s/ INHABILITACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-11

La inhabilitación prevista en el art. 311 bis, C.P.P. viola el principio de estado de inocencia protegido por la Constitución Nacional en su art. 18, al imponer una pena, la de inhabilitación para conducir vehículos, sin sentencia firme. El solo auto de procesamiento no es suficiente, para imponer una sanción como la prevista en el art. 5, C.P.
Libertad condicional, observancia de los reglamentos carcelarios, readaptación del condenado
Materia: PENAL
Carátula: ESPINDOLA, RAMON s/ LIBERTAD CONDICIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-03

La calificación de concepto constituye la base para la concesión de la libertad condicional, según lo señala el Art. 53 del Decreto-Ley 412/58, lo cual significa, desde luego, un juicio sobre el grado de recuperación alcanzado por el interno, ello sin perjuicio de la necesidad de que haya observado con regularidad los reglamentos carcelarios.

Y dado que en la escala a la que debe ajustarse dicha calificación, la nota regular, que es la aplicada al condenado, implica un grado no satisfactorio de recuperación por parte de éste, que es lo mismo que decir que todavía falta para que se lo considere readaptado socialmente, objeto éste de la ejecución de las penas, no es procedente, entonces, el otorgamiento del beneficio solicitado.
Remuneración, propinas, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: MOREIRA, ALVARO c/ VODANOVICH, CLAUDIO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

El art. 44 de la CCT 125/90 establece expresamente que las propinas percibidas por el dependiente durante el curso de la relación de trabajo no deben ser computadas como valor retributivo en los términos del art. 113 de la LCT, pero no lo hace gratuitamente ya que, como contrapartida, dispone que el empleador debe abonar a los dependientes un adicional que compense la hipotética merma sufrida.

Este adicional (un 12% del sueldo básico) que se designa bajo el nombre de "complemento de servicio" tiende a reparar al hipotético perjuicio generado por la prohibición referida.
Derechos y garantías constitucionales, procedimiento administrativo, debido proceso
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Banco Integrado Departamental -quiebra- s/ queja por denegación del recurso de  inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02

Todo procedimiento, tanto administrativo como judicial, debe responder al imperativo del debido proceso, conforme a su naturaleza particular.
Honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: "Autopistas Urbanas SA c/ DGI s/ DGI".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-19

La validez constitucional de los honorarios regulados no depende exclusivamente de la magnitud del juicio ni del interés del litigante a quien incumbe su pago, pues asimismo, interesa a la justicia de la regulación el mérito de la labor desarrollada, ya sea por su jerarquía intrínseca o por su complejidad, según los casos, o la responsabilidad profesional que comprometen (Fallos: 253:456 y 262:86) y también se valoró -a los fines de una retribución justa- que el monto de la causa no es el único elemento a considerar (Fallos: 241:202) (Cons. II).
Daños y perjuicios, ley de radiodifusión, emisoras de radio, emisoras de televisión, publicidad televisiva
Materia: CIVIL
Carátula: Dimensión Integral de Radiodifusión SRL. c/ San Luis, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Corresponde hacer lugar al reclamo de daños y perjuicios ocasionados a la adjudicatoria de un emisora de la ciudad de San Luis a raíz de continuar la teledifusora estatal efectuando publicidad pese a la prohibición del art. 107 de la ley 22.285, si de la postura de la provincia demandada surge el reconocimiento implícito de la titularidad del canal cuya conducta se cuestiona y de la actitud reprochada, ya que sólo así se justifica el cuestionamiento de la prohibición de la norma citada.
Regímenes jubilatorios especiales, jubilación de magistrados, derechos adquiridos, irretroactividad de la ley, ley de orden público
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Santillán Zenon José y Otros c/ E.N. -Mº de Just. y/o de Trab. y Seg. Soc.- A.N.S.E.S. s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-18

Si los actores -jueces jubilados de la Justicia Municipal de Faltas de la Ciudad de Bs.As.- han optado por un régimen jubilatorio imperante a la fecha de su acogimiento (Ordenanza 29.214, art. 2), que les otorgaba el derecho a percibir un haber equivalente al 82% de la remuneración total mensual que percibían al momento de la cesación del servicio, con movilidad efectuable de oficio, en cada oportunidad en que sufra variaciones la remuneración asignada al cargo que se tuvo en consideración para determinar la jubilación (art. 4), el mismo ha pasado a constituir un derecho adquirido el cual no puede ser vulnerado por leyes posteriores aun cuando las mismas puedan ostentar el rótulo de "orden público", puesto que no hay ley de orden público que pueda arrasar derechos adquiridos cuya estabilidad garantiza la C.N.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Fábrica Uanes, Roberto Alberto s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-01

Cuando la privación de libertad no conforme a derecho proviene de un tribunal judicial, corresponde equiparar lo decidido a una sentencia definitiva a los efectos del recurso de casación. (Minoría u opinión personal)
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio, haber de retiro
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Muller, Modesto Lucilo y otros c/ Estado Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-17

La regla de la debida proporcionalidad que debe existir entre el sueldo de actividad y el haber de retiro de pasividad, conforme lo ha sostenido la C.S.J.N. (cf. Fallos 328:4050; 327:3226), está referida, como es lógico, al agente o empleado llamado "en actividad" o "activo". Por lo tanto la proporcionalidad con la situación de pasividad es tomada en relación con éste y no al revés, y de existir desproporción a favor del pasivo, se trataría de una situación individual y violatoria de la regla indicada. Así, los precedentes del Alto Tribunal "Franco", "Torres", "Aubert" y "Argüello Varela" no son hábiles para enervar dicha tesitura, puesto que se trataba de la percepción por parte de los retirados o pasivos de lo cobrado en el sector, pero percibido en actividad, que no es el caso de autos. Una conclusión diferente llevaría a la incongruencia de que para un mismo grado y en iguales circunstancias escalafonarias, el personal en situación de retiro percibiese un haber mensual superior al que, en similares condiciones, cobra el personal en actividad (Fallos 326:2037).
Defensa en juicio, administrador de la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: Pereira, Ricardo Arturo c/ Glogger, María Inés y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-12-10

Resulta improcedente el agravio relativo a la vulneración del derecho de defensa en juicio del heredero de una sucesión, que fue representado por la administradora provisoria en el marco de un interdicto de recobrar de un inmueble perteneciente al acervo, pues la falta de intervención del recurrente fue suplida por la que en aquel entonces actuó como administradora, en el marco de sus funciones, siendo lógico y coherente que habiendo sido vencida en el juicio cargue con las costas, y que éstas se materialicen sobre algún bien del acervo hereditario, y no sobre su patrimonio personal.
Relación de dependencia, fondo de desempleo
Materia: LABORAL
Carátula: Padeón, Aníbal c/ S.A.M.E.E.P. y/o responsable s/ Incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-10-27

Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, ya que el Estatuto especial para el personal de la industria de la construcción instituido originariamente por la ley 17258 y en la actualidad por la ley 22250, tiene por finalidad sustituir el régimen de estabilidad, con el "fondo de desempleo". De modo tal, que las instituciones del preaviso y de la indemnización por antigüedad son incompatibles jurídicamente con el precedentemente aludido "fondo de desempleo", y siendo que la relación estuvo regida por el estatuto especial para el personal de la industria de la construcción desde su inicio hasta el 1 de marzo de 1985.
Competencia civil, locación de cosas, destino de la locación, local comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA, José Ricardo c/ LUVELO Y CIA. S.A. s/ EJECUCION DE ALQUILERES - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-24

Aún cuando la locación haya tenido lugar siendo la locataria comerciante, su naturaleza eminentemente civil determina la jurisdicción competente para entender en la cuestión suscitada, sin que al respecto tenga relevancia tanto el destino del ámbito arrendado, como la vinculación con el giro habitual de los negocios de la locataria.-
Empleados públicos, nombramiento, personal de planta permanente, aptitud psicofísica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA, EULALIO ORLANDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 87-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-10-29

No puede admitirse el argumento de la actora de que los decretos impugnados importan una violación a la ley 6936 artículo 12 al par que una aplicación retroactiva de la ley 8525 y el decreto nro 1120 80, si a la fecha de entrada en vigencia de esta última ley aún no había transcurrido el plazo que exigía la anterior nro 6936 para que el nombramiento hubiese devenido definitivo, por lo que resultando aún provisional, le fue aplicable el régimen establecido por la nueva ley que a más de extender el régimen de provisoriedad a doce meses, impuso la obligatoriedad del examen de aptitud física en lo últimos seis.
Bancos, mutuo hipotecario, seguro colectivo, seguro de vida
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOMEZ  RICARDO  EZEQUIEL c/ ABN  AMRO  BANK  N.V.  SUC. ARG. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-24

1- El seguro colectivo de vida de deudores consiste en un tipo de contratación en la que el banco, para asegurar el cobro de su crédito con miras al eventual fallecimiento del deudor, incorpora la posibilidad de contratar un seguro de vida anexo al mutuo hipotecario, en el que el banco actúa como tomador y beneficiario, siendo el deudor un tercero ajeno al contrato (v.

el voto del, Dr. Monti, en los autos "Hofmann de Grisolia Rosa y otro c/ Banco Bansud S.A. s/ sumario"; del 23.8.07). Este seguro es contratado por el banco mutuante en su exclusivo interés, con el fin de proteger el recupero de su crédito ante la eventualidad del fallecimiento -o invalidez total o permanente- del deudor, cuyo flujo de ingresos posibilita la regular amortización del préstamo concedido (CNCom, Sala D, "Skiljan Liliana Mirta y otro c/ Galicia Seguros S.A. s/ ordinario", del 11.9.09).

2- En efecto, el banco mutuante no contrata a nombre del deudor sino que lo hace "sobre la vida del deudor", quien consiguientemente permanece ajeno al contrato de seguro. Y tal condición de "tercero" del deudor mutuario en nada cambia por el hecho de que el banco traslade al deudor hipotecario el costo del seguro como una parte más de la cuota que éste debe abonar.

Por el contrario, en el contexto de la situación en examen ese extremo demuestra que dicho costo recae en definitiva sobre el propio deudor, lo que justifica que él, o en el caso sus causahabientes, obtuviesen un beneficio en la ecuación económica final en caso de consumarse el riesgo asegurado (fallecimiento de la deudora), consistente en la liberación de la deuda pendiente.

3- Se trata en estos casos de una modalidad peculiar del contrato de seguro, pues aunque el evento previsto es el fallecimiento del deudor, de modo que el riesgo asegurado concierne a la "vida" de éste -que es un "tercero" en esta relación contractual (conf. art. 128 LS)-, lo cierto es que el verdadero objeto del seguro recae sobre el crédito pendiente que el banco tenga respecto del deudor (cuotas adeudadas). En ello radica propiamente el "interés asegurable", cuyo titular es la entidad bancaria, tomadora y beneficiaria del seguro, conforme aparece concebido este contrato en la especie.
Improcedencia del recurso, inconstitucionalidad, prisión perpetua, individualización de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia, Carlos Ignacio c/  s/ homicidio agravado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-28

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua basado en que se trata de la única pena posible estandarizada que veda al juez la posibilidad de conocer en la resolución de un pleito en cuanto a la individualización de la pena aplicable, arrogándose el legislador el conocimiento de las causas pendientes, en clara transgresión a la división de poderes. El planteo encierra cierta tautología en tanto la defensa afirma -sin desarrollar- que es inherente a la función jurisdiccional el conocimiento de las causas pendientes pero no demuestra que la individualización de la pena sea inherente a tal función. Se pretende que el Congreso no podría sancionar leyes con penas fijas porque infiere del art. 116 de la Constitución Nacional que la medición de la pena es inherente a la función jurisdiccional de conocer y decidir casos, pero la decisión de los casos no está sujeta a la prudencia y libre discreción de los jueces, sino que el ejercicio de su poder jurisdiccional debe ser conforme a la ley, ley que en la especie conmina una pena fija de prisión perpetua. En rigor, la recurrente debería demostrar por qué el legislador no podría limitar a los jueces en la elección de la pena (voto del juez García al que adhirió el juez Bruzzone).
Intereses moratorios, cómputo de intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Azzolina Antonio c/ Cayetano A. Azulino y Ots. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S141 - 131)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-03-13

Los intereses moratorios se originan precisamente en la mora del deudor y por lo tanto corren a partir de ese momento. Lo que está en juego es la sanción que el retardo merece, el cumplimiento tardío genera la obligación accesoria de satisfacer los daños moratorios, entre los que se encuentran estos intereses, por ello los intereses moratorios no son una indemnización sustitutiva del incumplimiento total, sino la reparación integrativa en razón de la demora, y si bien los créditos que devengan estos intereses son los de dinero, también las obligaciones de valor que finalmente se satisface en dinero
Abogados, honorarios, remuneración
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de la Capital c/ Miguel Sarquiz s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-07-31

Cuando el cliente que abona un sueldo al abogado resultare condenado en costas, lo que los profesionales no podrán invocar para sí es el derecho al cobro contra aquél de los honorarios regulados en juicio, pero sí todas las demás disposiciones de la ley ajenas a la regulación.
Contratos civiles, locación de inmuebles, locador, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FOURNIER HECTOR c/ CARLOS GALLARDO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S084 - 159)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-23

Aún cuando el locador no resulte ser el propietario del inmueble locado, sino un mero comodatario de la cosa, ello no le impide reclamar del inquilino el pago de los alquileres, poseyendo incluso, en tanto que locador, legitimación sustancial activa para demandar al locatario el mal uso de la cosa y los daños producidos al inmueble.
Juicio oral, acusación fiscal
Materia: PENAL
Carátula: CERDA CERDA Robinson s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-23

Si en el juicio oral el Fiscal de Cámaras no mantiene la acusación formulada por el Agente Fiscal ante el Juzgado instructor, y pide el sobreseimiento del procesado, no corresponde pronunciarse sobre las cuestiones previstas por el art.284 del Código de Procedimiento Penal.-
Concurso de delitos, principio de especialidad (penal), robo en poblado y en banda
Materia: PENAL
Carátula: SALTO, Carlos A. y otro s/ CONCURSO DE AGRAVANTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-21

Disidencia parcial del Dr. Filozof: La concurrencia de tipos agravados y oriundos de un tipo básico encuentra solución en la relación de especialidad, por lo que los encausados deben responder por el delito previsto en el art. 166, inc. 2º del C.P.
Procedimiento policial, requisa personal
Materia: PENAL
Carátula: Pereyra, Cristian Darío s/ Resistencia a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-07-01

Toda medida que suponga una injerencia en derechos de las personas, tales como su libertad de circulación y su intimidad, debe estar sujeta a limitaciones o restricciones para tornarse válida y legítima desde esa óptica constitucional; y tratándose de un operativo público de prevención de delitos sobre vehículos o transportes de carga o pasajeros (Art. 294 inciso 5 segundo y tercer párrafo del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires), estas limitaciones se plasman en las exigencias de legalidad y motivación (CN 1, 18 y 28), e importan la habilitación de prácticas mínimamente intromisivas en las libertades públicas (CN 19), a excepción de que en su contexto los funcionarios intervinientes aprecien circunstancias objetivas que permitan inferir la comisión de un hecho delictivo, caso en el cual si la actuación no puede posponerse en el tiempo (urgencia), se habilitan en forma excepcional medidas coercitivas más severas, tales como la requisa personal (art. 294 inciso 5to 1er párrafo en función del 225 del Código citado).-
Simulación, falta de contradocumento, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: BOERO, Andrés Juan c/ SANTOS, Ricardo Luis y otro s/ SIMULACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

Si se ha demandado la simulación entre las partes intervinientes en el acto, la falta de contradocumento exige la demostración de circunstancias que hagan inequívoca la existencia del negocio simulado, porque, en tal caso las presunciones deben ser muy fuertes y reveladoras, no solamente de la apariencia negocial y de la realidad oculta, sino de la imposibilidad de obtener el contradocumento, por su inexistencia lógica o desaparición ulterior
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, ejecución de sentencia, plazo, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: De  la  Torre,  Felipa C. c/ Municipalidad de la Ciudad de BuenosAires s/ accidente ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

Aún cuando el pronunciamiento que modificó el plazo establecido para la ejecución del monto de la condena, al ordenar que se ajustara a lo establecido por el art. 22 de la ley 23.982, decide cuestiones suscitadas en el marco del trámite de ejecución de sentencia, es equiparable a sentencia definitiva, pues la apelante se encuentra impedida en el futuro de replantear sus quejas, lo que le ocasiona un agravio de imposible reparación ulterior.
Competencia contencioso administrativa, acción contencioso administrativa, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Vega, Juan Raquel c/ Estado Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-12-29

En el caso, se interpone acción contencioso administrativa de ilegitimidad y plena jurisdicción en contra del Estado Provincial, con el objeto de que se ordene el pago de las diferencias salariales, descontadas arbitrariamente por un período de más de dos años, en haberes jubilatorios.

Conforme al estado procesal de la causa, corresponde que esta Corte de Justicia emita pronunciamiento en orden a lo normado por el Art.3 del CCA, referido a si la cuestión traída a su conocimiento corresponde prima facie a su jurisdicción.

Ello implica la verificación de que en el escrito postulatorio se satisfagan las condiciones de admisibilidad de la demanda previstas en el CPPC de aplicación supletoria por imperio del Art.74 del CCA, además de los requisitos específicos de las acciones ordinarias contencioso administrativas contempladas en la ley adjetiva.

En consecuencia, en el escrito de inicio deben tenerse por satisfechas las exigencias procesales extrínsecas de la demanda, además, la causa implica materia contencioso administrativa en los términos del Art.204 de la Constitución Provincial, ya que es iniciada por un particular, reclamando contra una resolución definitiva emanada del Ministerio de Hacienda y Finanzas, con facultades legales para decidir en última instancia y que hipotéticamente vulneraría derechos de carácter administrativo establecidos a favor del reclamante por disposiciones preexistentes.

El accionante justifica haber agotado la vía administrativa previa con el pronunciamiento de la autoridad competente de última instancia, representado por la Resolución Ministerial H. y F. Nº613 que resuelve rechazar el recurso jerárquico interpuesto contra la Disposición OPAP Nº17/08, por lo que, habiéndose interpuesto la acción en tiempo hábil, resulta prima facie admisible.
Separación de hecho, vocación hereditaria, exclusión hereditaria
Materia: CIVIL
Carátula: VIDELA JULIO Y OTS c/ GODOY AMALIA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-06-01

La carga de la prueba en los juicios por exclusión hereditaria, cuando los cónyuges se encuentren separados de hecho y fallece uno de ellos, incumbe al viudo o viuda probar la inocencia en la separación, conforme al artículo 3574 del Código Civil. En el caso que el cónyuge supérstite logre razonablemente acreditar su inocencia conserva su vocación sucesoria, por lo que debe desestimarse la pretensión de los herederos del causante en la que solicitan la exclusión de la sucesión al cónyuge sobreviviente.
Acción de amparo, empleo público, estabilidad en la función, docentes
Materia: PROCESAL
Carátula: "Lagomarsino, Alicia Susana c/ E.N. M.E. s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-17

En el limitado marco de cognición de un amparo no puede, en principio, advertir la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta alegada de la disposición que dispone la separación de una docente del cargo de directora técnica de un instituto siendo que el cargo lo ejercía en forma interina, lo cual descartaría -en principio- la existencia del derecho a la estabilidad en sus funciones.