Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-09-30


Expte. Nº 4384 "c/ CUELLAR, Cristian David y Agüero Carina del Valle por Homicidio críminis causa en perjuicio de Santiago Ramón Navarro - Casación" En la Ciudad de San Juan, a treinta(30) días del mes de septiembre del año dos mil ocho, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Carlos Eduardo Balaguer y Adolfo Caballero, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos?. En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?.

--- EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO: -- --- Contra la sentencia de fecha siete de Diciembre de dos mil siete, dictada por la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional, interponen recurso de casación las defensas de Cristian David Cuellar y Carina del Valle Agüero. --- El auto aludido resolvió condenar a los nombrados como coautores responsables de la comisión de los delitos de "Robo Simple" y "Homicidio doblemente agravado (con el concurso premeditado de dos o más personas y críminis causa), conjugados entre sí por las reglas del concurso material (arts. 45/164; 80 incisos 6º y 7º 55/56 del Código Penal) en perjuicio de Santiago Ramón Navarro, a sufrir la pena de Reclusión Perpetua con más las accesorias legales (art. 12 ibíd.), pena privativa de libertad a cumplirse en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial. ---- --- El recurso interpuesto por el doctor Faustino Ángel Gélvez, en su carácter de defensor de Cristian David Cuellar ha sido motivado en los dos supuestos previstos por el artículo 574 del C.P.P. al considerar que ha existido en el fallo inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, e inobservancia de las normas procesales establecidas bajo pena de nulidad, al igual que efectúa expresa reserva de la cuestión federal en tanto la sentencia atacada ha cercenado derechos y garantías de orden constitucional. --- --- Al momento de reseñar los agravios que el fallo le ocasiona expresa que el a quo aplicó erróneamente las normas sustantivas referidas al encuadramiento de la conducta delictiva descripta por los arts. 80 incisos 6º y 7º del C.P. interpretando equívocamente las pautas básicas de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, toda vez que en el caso, debió aplicar el tipo penal receptado por el artículo 165 de la ley penal de fondo.--- --- En orden a la inobservancia de las normas procesales impuestas bajo pena de nulidad expresa que se han violado las normas referidas a los requisitos esenciales de la sentencia (arts. 155 y 480 inciso 3º del C.P.P.), siendo éstos de tal magnitud que invalidan el fallo dictado al haber afectado los principios del debido proceso y la defensa en juicio. ---- --- Por su parte, la defensa técnica de Carina del Valle Agüero, ejercida por el doctor Mario Oscar Vega, subrogando a la titular de la Defensoría Oficial nº 2, fundamenta el recurso en los supuestos previstos por el artículo 574 del C.P.P., expresando que se aplicó erróneamente la agravante contenida en el inciso 6º del artículo 80 del C.P., al no haberse acreditado el concurso de tres personas, circunstancia que requiere la existencia del tipo legal, y con relación a la aplicación de la agravante contenida en el inciso 7º, expresa que el fallo conjetura la existencia del dolo específico requerido por el tipo, no existiendo elemento alguno que permita suponer la preordenación del homicidio para cometer el robo, sino que, por el contrario, tal tesitura queda descartada teniendo en cuenta testimonios como el de Francisco Martín, añadiendo que el resultado fatal no puede atribuirse a su defendida, y que el desenlace fatal sólo fue un resultado incidental ocasionado por la violencia ejercida en la persona de la víctima.

--- En otro orden de ideas expresa que su pretensión se centra en el respeto irrestricto del principio de inocencia (art. 18 de la C.N.), impetrando que se erija en un principio rector al momento de evaluar las pruebas rendidas en la causa, acordando igual importancia, respeto y tratamiento a los dichos de la defensa y de los defendidos en situación de igualdad a los vertidos por el órgano acusador, que las conclusiones a las que se arribe sean una conclusión razonada y crítica de las pruebas aportadas.

--- Sostiene además que la pena escogida por el a quo, resulta desproporcionada, amén de vulnerar el derecho constitucional argentino, en tanto contraviene el único fin que válidamente cabe asignarle a la pena, cual es el de la resocialización, por lo que impetra se determine para su defendida un monto de pena que permita su reinserción social ulterior y el adecuado cumplimiento de sus roles sociales y familiares, y que resulte acorde con sus circunstancias personales y a una adecuada calificación legal que surja de las constancias probatorias del proceso. ---- --- Sostiene la inaplicabilidad del inciso 6º del artículo 80 del C.P. toda vez que en el caso no se da la existencia de la circunstancia agravante al no haberse acreditado el concurso de tres personas, ya que la intervención de dos individuos no satisface la exigencia del tipo legal, y en cuanto a la aplicación del inciso 7º considera que el fallo sólo ha conjeturado la existencia del dolo específico requerido por la figura, habiéndose efectuado una interpretación arbitraria que fuerza no sólo el tipo sino las pruebas obrantes en la causa. - --- En definitiva su pretensión es que se califique la conducta de su defendida en el marco de lo normado por el artículo 164 del C.P., en función de lo dispuesto por los arts. 46 y 47 ibíd, tipo penal que es el que acabadamente contiene los requisitos fácticos probados en la causa. - --- En último término se agravia por la inclusión de los honorarios del letrado representante de la parte querellante dentro de las costas impuestas a la condenada Agüero. --- Concedidos que fueron los recursos interpuestos, la causa quedó radicada ante la Sala, notificándose a las partes la recepción de los autos a los fines de los arts. 582 y 571 primera parte del C.P.P. dándose así inicio al plazo de presentación de informes, en cuyo transcurso comparecieron el doctor Faustino Gélvez y la titular de la Defensoría de Pobres nº 2, quienes ratificaron los términos de sus respectivas presentaciones, haciendo lo propio el señor Fiscal de Cámara nº 3, convocado por el señor Fiscal General de la Corte, a tenor de lo dispuesto por el artículo 11 inciso 21 de la Ley nº 7014. -------- --- El mencionado funcionario, en el dictamen agregado a fs. 591/594 peticionó la desestimación de los recursos interpuestos por considerar que el fallo relató los hechos, surgiendo en forma clara y abonado con suficiente material probatorio la conducta y responsabilidad de los imputados, la que fue calificada por el a quo dentro de las figuras del homicidio agravado, y toda vez que la calificación del delito es una actividad propia y exclusiva del tribunal de mérito en tanto encierra meritación de hechos y prueba, resulta ajena a la casación, considerando asimismo que luego del análisis de los hechos los imputados al matar se sirvieron de la muerte para otra finalidad, para preparar su impunidad, razones que ameritan que la agravante ha sido correctamente impuesta. ---- --- Considera que el dolo se encontró presente dado que los condenados actuaron con convergencia intencional, intelectiva, enderezada a poner fin a la muerte de Navarro; entre la conducta probada y el resultado mortal existió la necesaria relación causal requerida por la doctrina, la que se encuentra probada, habiéndose además acreditado la alevosía, toda vez que en el accionar de los acusados se advirtió la distinción entre el denominado homicidio proditorio, en donde hay un ocultamiento moral por parte del sujeto activo tendiente a ganarse la confianza de la víctima, lo que lleva a actuar sin riesgo y sobre seguro, tan es así que ambos acuitados sabían que la víctima estaba sola, que no iba a recibir visitas a esa hora y con la conducta desplegada eliminaron cualquier tipo de defensa, lo que determina que la muerte no fue incidental o aleatoria, sino consecuencia de una intención directa de provocar la muerte.

--- En último término expresa que el tema relativo a la imposición de las costas es una cuestión de hecho que los tribunales de mérito estiman y resuelven con criterio soberano, y por ello, devienen en cuestiones ajenas a los recursos extraordinarios. ----- --- Precisados así los agravios de los recurrentes y la posición del Ministerio Público, corresponde su análisis, debiendo anticipar que dada la identidad de las pretensiones de los quejosos, voy a abordar su tratamiento en forma conjunta. -- --- Esta Sala ha precisado en el Expte. nº 1916 (P.R.E. S.2ª.- 1999-II-355/360) caratulado "c/ Mirábile, Alberto Santos y otros - Robo agravado; Homicidio agravado. en perjuicio de Juan Carlos Iovanovich y otra" las diferencias existentes entre los tipos penales descriptos por los artículos 165 y 80 inciso 7º del Código Penal, estableciendo que "el robo con homicidio se caracteriza porque el resultado muerte no es querido ni buscado, sino ocasional, eventual, casual. En cambio en el homicidio criminis causae el autor se propone una conducta típica, pero quiere la muerte de un semejante, sea en forma premeditada o resuelta en el momento del hecho, para preparar, facilitar, consumar o asegurar la impunidad de dicho robo..." , con cita de lo sostenido en el Expte. nº 1169/94 caratulado "c/ Astorga Patricia del Carmen y otros - Homicidio agravado. en perjuicio de María Aída H. de Feldman (P.R.E. S.2ª. 1997-169/174).-------- --- De la lectura de los precedentes citados se desprende que en el Homicidio críminis causa el autor se propone una conducta típica, pero quiere la muerte de un semejante sea en forma premeditada o resuelta en el momento del hecho, para preparar, facilitar, consumar o asegurar la impunidad de dicho robo. --- --- En el caso en examen y teniendo en cuenta la plataforma fáctica establecida por el sentenciante, no cabe ninguna duda que la actividad desplegada por los acusados en forma previa al hecho, consistente en haber embalado sus bolsos y valijas, el haberse munido de tiras desgarrando una sábana, el haber concurrido al domicilio de la víctima instalándose en el frente con el pretexto de tomar mate para después ingresar a la vivienda y aprovechar la circunstancia de estar a espaldas de la víctima para tomarlo con su brazo por detrás, ejerciendo una presión tal en la zona del cuello al punto de casi estrangularlo lo que provoca en Navarro un estado de shock, que es aprovechado por los acusados para atarlo e inmovilizarlo, momento en que le introducen un trapo debajo de la lengua, sellando fuertemente la boca con el resto de las tiras de sábana que portaban, a consecuencia de lo cual fallece por la sofocación causada a raíz de la oclusión de sus orificios buconasales, encuadra dentro del tipo penal del artículo 80 inciso 7º del C.P..------ --- En efecto, los hechos relatados, y que no han sido cuestionados constituyen - a mi juicio - un homicidio críminis causa, toda vez que los acusados se propusieron una conducta típica - robar - pero a su vez, quisieron la muerte de la víctima, premeditada o resuelta en el momento del hecho, para asegurar la impunidad del robo.- --- Tal como lo sostuve en mi voto en P.R.E. S.2ª.- 1997-168, la característica del homicidio críminis causa es que el agente obra con dolo directo, encaminado a servir a otro delito, es decir se da una vinculación teleológica entre ambos delitos, conexión subjetiva que encuentro acreditada en el caso traído a estudio.-------- --- El agravio referido a que la muerte de Navarro fue causal y como consecuencia de la violencia ejercida por su persona, no puede a mi criterio prosperar, y ello en atención a que la colocación del paño absorbente debajo de la lengua, generó la oclusión del conducto buconasal, con la consiguiente obstrucción de la vía aérea superior, determinando la muerte por sofocación (declaración de la médica forense Dra. Vázquez), quien también expresara que estos mecanismos son conocidos por el común de la gente, y denotan una clara y evidente intención de ocasionar la muerte, máxime si se repara en que del informe del médico legista se desprende que el cadáver no presentaba signos de violencia externa, a lo que debe sumarse la actitud previa de los acusados, quienes no sólo trabaron relación con la víctima sino que tal circunstancia les permitió conocer que el día del hecho se encontraría solo como así ganarse su confianza como para permitirles el ingreso a su domicilio.

--- Esto me genera certeza en el sentido de la existencia del dolo específico requerido en este tipo delictual, en tanto considero que entre el homicidio calificado y el delito de robo, ha existido la conexión ideológica de causa final, toda que se ha probado, con los elementos citados supra la especial intención de los sujetos, del fin que los movió a matar, para luego apoderarse de los efectos que a posteriori fueran habidos.--- --- Las consideraciones efectuadas, me llevan, así, a concluir que la tipificación delictual efectuada por el a quo, resulta ajustada a las constancias probatorias de la causa, debiéndose descartar la aplicación del artículo 165 del C.P., y con ello la desestimación del primero de los agravios propuestos.

--- El referido a la errónea aplicación de la circunstancia agravante por el número de intervinientes, es un agravio que - a mi juicio - debe prosperar.---- --- En efecto, coincido con la posición doctrinaria de Ricardo Núñez cuando sostiene que la razón de ser de la agravante, está dada por el índice de mayor peligrosidad que la del que obra por sí solo, y porque al disminuir la posible defensa de la víctima, impone que la protección social sea más enérgica a través de la pena acentuada. - --- La circunstancia agravatoria de la pluralidad de agentes, según el tratadista citado, se caracteriza desde un punto de vista material por el hecho de que el autor principal actúe con el concurso de dos o más personas que deben intervenir en la ejecución del hecho y desde el punto de vista subjetivo que el concurso sea premeditado, esto es, que responda a una convergencia previa de voluntades, donde la acción de cada uno aparezca, subjetiva y objetivamente, vinculada con la de otros partícipes y no por simple reunión ocasional.----- --- Así las cosas, y de conformidad con las circunstancias fácticas relatadas en la sentencia, sólo se acreditó la participación de los dos acusados, lo que torna inaplicable la circunstancia agravante receptada por el inciso 6º del artículo 80, por lo que en este aspecto, considero que el agravio debe ser admitido.---- --- Los agravios de los recurrentes por falta de motivación de la sentencia, deben ser desestimados, toda vez que no se advierte la arbitrariedad que los quejosos aducen, surgiendo de lo expuesto tan sólo la discrepancia que existe entre la valoración de los hechos y merituación de la prueba efectuada por el sentenciante con el criterio o visión particular de los recurrentes.----- --- Esta Sala en numerosos precedentes ha sostenido que ". cuando la sentencia resulta fundada y contenga un razonamiento lógico y no surja un flagrante y grosero error, por más que el fundamento pueda no compartirse, ello no autoriza a anularla por arbitrariedad." (P.R.E S.2ª 1995-I-50; P.R.E S.2ª 2006-III-598, entre otros).- --- El agravio traído por la defensa de Agüero relativo a la inclusión e imposición de los honorarios del abogado de la parte querellante a cargo de los acusados, resulta un tema resuelto de conformidad al principio general de la derrota establecido por el artículo 651 del C.P.P., que encuentra su fundamento en que se debe impedir que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho, se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o defenderse para pedir justicia, y a mérito de lo expuesto, considero que no debe prosperar. --- --- El Código Procesal Penal de la Nación, el que ha sido seguido por nuestra ley ritual, sigue la regla de imposición de costas al vencido, siendo innecesario que en los casos en que se aplique esa norma general, el juez deba exponer las razones de su aplicación.----- --- Nuestra ley de forma ha legislado, al igual que los ordenamientos procesales modernos, la intervención del querellante particular advirtiendo que carece de la facultad de promoción de la acción penal que pertenece al Estado, pero una vez que ésta fue iniciada por el Ministerio Público, el querellante puede ejercerla en el curso del proceso, valiéndose para ello de las facultades que la ley procesal le acuerda, lo que le otorga el carácter de parte en el proceso. ------ --- Adquirida esta calidad, considero que no corresponde hacer excepción al principio general de la derrota receptado por el artículo 651 del C.P.P., máxime si se tiene en cuenta que el pronunciamiento recaído en la causa fue condenatorio, debiendo recalcar - además - que ". tal facultad es privativa del tribunal de juicio y por ende, en principio, irrevisable a través de la presente vía, salvo que fuera manifiesta la arbitrariedad de lo resuelto." (P.R.E. S.2ª.-2003-IV-795) lo que no acontece en autos, y que me lleva a proponer el rechazo del agravio respectivo. ---- --- Las consideraciones efectuadas me llevan a propiciar el rechazo de los agravios traídos a conocimiento del Tribunal, a excepción del relativo a la aplicación de la circunstancia agravante por el número de personas intervinientes, que debe prosperar en atención a que su imputación ha constituido una evidente aplicación errónea de la ley sustantiva, lo que no empece al mantenimiento de la pena impuesta, toda vez que la existencia de la circunstancia receptada por el inciso 7º del artículo 80 justifica ampliamente el quantum de la pena atribuida a los acusados, por lo que la sentencia atacada debe confirmarse.- Tal es mi voto. - --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. CARLOS EDUARDO BALAGUER Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON: -------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar los agravios traídos a conocimiento del Tribunal, a excepción del relativo a la aplicación de la circunstancia agravante por el número de personas intervinientes, que debe prosperar. II) Mantener la pena impuesta a los acusados, por lo que la sentencia recurrida debe confirmarse. Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos.- Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, Carlos Eduardo Balaguer y Adolfo Caballero. Ante mí: María Graciela Aguilar de Fornés-Secretaria Letrada.

NIL Cp-4384 P.R.E. S.2ª. 2008-III-469