marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, siniestro, denuncia del siniestro, carga de la prueba, efectos entre partes
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Concesionario Pichetti SA c/ Mapfre Argentina Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

Procede confirmar la sentencia apelada en cuanto responsabilizó a la aseguradora accionada por los daños y perjuicios irrogados a la actora a raíz del incumplimiento del contrato de seguro. Ello por cuanto, en el caso, encontrándose aceptada la existencia del hurto del vehículo asegurado que fuera denunciado por la concesionaria asegurada, recaía en la demandada -y no en aquélla- la carga de acreditar las causales que invocara al momento de comunicar su decisión de rechazar la cobertura del siniestro, esto es, que la asegurada había incumplido las medidas de seguridad exigidas en el "Anexo A" de la póliza, relativas a que la unidad debía encontrarse cerrada y su llave guardada dentro del concesionario, empero, evidenció una absoluta orfandad probatoria en ese sentido. En efecto, adviértase que afirmó en forma vaga e imprecisa que, tras recibir la denuncia del hurto del rodado y a partir de la investigación que encomendara al liquidador de siniestros, la verificación del lugar en el que habría ocurrido el hecho y la declaración brindada por un testigo, había decidido declinar la cobertura por haber incumplido la asegurada su obligación de adoptar las medidas de seguridad previstas en la póliza sin especificar qué elementos de la investigación o de la inspección del lugar o del testimonio del entrevistado, darían cuenta del invocado incumplimiento de la asegurada. Por último, no puede dejar de advertirse que la emplazada no invocó, ni -mucho menos- acreditó, que la asegurada hubiera incumplido el deber de brindar información complementaria que le fuera requerida, de lo que se desprende que aquélla no tuvo impedimento alguno para llevar a cabo las indagaciones que considerara pertinente para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo en los términos de la LS 46
Seguros, seguro de responsabilidad civil, obligaciones del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: MALUCCIO, Francisco c/ LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-06

La dirección del proceso queda reservada en principio, al asegurador.

Así se desprende, por ejemplo, de la ley 17.418: 110, como un derecho suyo de ejercitar eficazmente los derechos que pudieran corresponder al asegurado, toda vez que es él quien soportará en última instancia las consecuencias del litigio, siendo suyo el interés en su resultado y por ende, en la conducción del proceso que lo origina para resistir adecuadamente la pretensión del tercero.

La dirección del proceso es una obligación del asegurador cualquiera sea la redacción de la póliza (ley 17.418: 110) excepto que se halle liberado (Ley 17.418: 114) eximiendo el cumplimiento del asegurador, al asegurado, de todas las restricciones contractuales.

Respecto del asegurado, la dirección del proceso funciona como una carga, a consecuencia de la cual el asegurado renuncia a la gestión del litigio con el tercero, ya se trate de las tratativas extrajudiciales como de aquellas otras vinculadas al proceso civil, entendiéndose que si incumple la misma, viola el deber que le impone la ley o la póliza, con las consecuencias que de ello se derivan por aplicación de la ley 17.418: 72. Por lo tanto, considerada como modalidad del salvamento, el incumplimiento traerá como consecuencia la pérdida del derecho del asegurado a ser amparado por el seguro, aunque tal consecuencia tendrá sólo lugar en la medida del perjuicio sufrido por el asegurador a raíz de la inobservancia de ese deber.
Acción de inconstitucionalidad, declaración de oficio, fallos del Superior Tribunal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Arce, Martha Edith y Cabezas de Barrera Iris c/ Tribunal de Cuentas y Municipalidad de Valle Viejo s/ Acción de Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-18

Las ordenanzas no son actos administrativos de alcance general sino leyes en sentido formal y material.

Resulta indudable que la vía para cuestionar una ordenanza municipal es la acción de inconstitucionalidad y no la acción de ilegitimidad o anulación.

Únicamente es posible obtener la declaración de inconstitucionalidad de una norma, en un contencioso administrativo, cuando el planteo se formule en forma coadyuvante o secundaria a la cuestión de ilegitimidad del asunto en cuestión.

Solo así es factible, porque de otro modo se transformaría en una acción originaria de inconstitucionalidad cuya procedencia se encuentra sujeta a un procedimiento diferente y a requisitos propios de ineludible acatamiento como es su denuncia y demostración, pues vale recordar, no es criterio de esta Corte la declaración de inconstitucionalidad de oficio.
Amenazas, prueba, incidentes, denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría Gral. de la CABA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Farias Clavijo, Patricio Sebastián s/ 149 bis - Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-16

Si para confirmar la prórroga del encarcelamiento preventivo del imputado, los jueces explicaron las razones por las cuales la duración de la prisión preventiva no era irrazonable ni desproporcionada y, para ello, tuvieron en consideración las particulares circunstancias de esta causa -entre ellas, el tiempo transcurrido desde el inicio de la detención y el monto y la modalidad de la pena en expectativa-, corresponde rechazar la queja si la defensa no ha logrado demostrar que esas consideraciones resulten arbitrarias o que la duración de la detención, al menos por el momento, se haya extendido más allá de lo razonable. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Tribunal de Cuentas de la Nación, convenios colectivos de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: Asociación Empleados de la Dirección General Impositiva c/ Dirección General Impositiva. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

Si bien la Ley de Contabilidad no atribuye facultades al organismo de contralor para observar genéricamente un convenio colectivo, de ello no se sigue sin más que no pueda pronunciarse respecto de aquellos actos que comprometan los fondos del Estado, máxime cuando se trata de su disposición a favor de un tercero sin contraprestacion que lo justifique.
Inmunidades diplomáticas, principios del derecho internacional público
Materia: CONSTITUCIONAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Gómez, Samuel c/ Embajada Británica
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-06-24

El art. 24, inc. 1°, del decreto ­ ley 1285/58, que regula la forma de hacer efectivo el principio de derecho internacional relativo a la inmunidad de los estados, pone de manifiesto que, para dar curso a la demanda contra un Estado extranjero, es menester recabar por vía diplomática la conformidad del país demandado. De modo que si del expediente surge que la embajada extranjera se ha negado en forma expresa a someterse a la jurisdicción nacional, corresponde admitir la inmunidad invocada y dejar sin efecto lo actuado por el juez, que declaró su competencia en razón de no considerar comprendido el caso dentro de la norma citada.
Injurias, aviso de deuda
Materia: PENAL
Carátula: Fabregas, E. s/ Injurias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

Configura el delito previsto en el art. 110 del C.P. la colocación en la vidriera de un local comercial de un cartel indicando una deuda impaga, resultando dicho recurso un exceso de los acreedores para lograr el cobro, desacreditando la reputación del deudor, existiendo otros medios legales para solucionar dicho asunto.
Despido, gravedad de la falta, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: RIVERA, JULIAN EUSEBIO c/ TEJEDURIA FLORES S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-14

La confianza es un elemento preponderante en el debido cumplimiento de la relación y su pérdida por los hechos imputables al trabajador justifica el despido, no obstando a tales condiciones la antiguedad del trabajador, la falta de antecedentes disciplinarios, ni que no se hubiera acreditado un daño concreto.
Indemnización por muerte del trabajador, aplicación de la ley previsional
Materia: LABORAL
Carátula: RAVICHE VDA. DE CARRIZO, Stella Maris c/ GARCÍA, Angel s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-12-12

La legislación que corresponde aplicar no puede ser otra que la previsional, en tanto:

1) no existe ninguna duda que el legislador ha querido "asimilar" el derecho a la indemnización del art. 248 de la LCT., al de la pensión, remitiéndose por ello, a la ley correspondiente y no al Cód. Civil, o a principios de otra naturaleza;

2) carecería de sentido pensar que para determinar el orden de prelación y concurrencia, la ley se remita a una regulación legal y para el porcentaje a otra; circunstancia ésta que no resulta de la letra de la norma legal;

3) la aplicación de legislación ajena al sistema previsional, por lo dicho, importaría resolver en contra de las palabras de la ley y también en contra de su espíritu, violando el art. 17 del Cód. Civil;

4) el derecho sucesorio de este último ordenamiento resulta inaplicable al caso, pues no se trata de bienes gananciales ni propios del cónyuge fallecido, sino como todas las partes lo admiten, de una reparación percibida "iure propio".-
Contrato de trabajo, cuidador de enfermos, personal de casas particulares, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Colombo,  María  Yolanda c/ De Paola de Odorisio, Liliana Alicia s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-24

La situación de la trabajadora que desarrollaba tareas de cuidado de enfermos, como actividad principal, pero no exclusiva, ya que realizaba también labores que podrían calificarse de doméstica, de sábados a lunes, se trata de un contrato atípico, al cual se aplican básicamente, pero no exclusivamente, las normas del derecho civil que rigen la locación de servicios, con adecuaciones a los principios del derecho del trabajo. La trabajadora prestó servicios dependientes a favor de quien tiene la facultad de dirigirlos y a cambio de una remuneración, es sujeto del Derecho del Trabajo aunque la modalidad carezca de una regulación específica, y por ello, está alcanzada por la tutela del art. 14 bis de la C.N. que impone proteger el trabajo "...en sus diversas formas...".
Sanciones disciplinarias administrativas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Castaño, Juan Carlos c/ E.N. -Mº del Interior- Policía Federal s/ retiro militar y fuerzas de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-18

La existencia de una evidente desproporción entre la sanción aplicada y las conductas incriminadas implica un acto irrazonable que constituye una grave ilegalidad, ya que es un agravio a los arts. 28 y 33 de la C.N.
Socios, rendición de cuentas, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sioro SRL c/ Froimovici Jorge Daniel s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-16

El carácter social de la acción de rendición de cuentas contra un administrador surge del hecho de que, mediante la misma no solo se busca información sobre un negocio determinado, sino establecer su resultado y la liquidación de los correspondientes saldos; el cual, de resultar acreedor para la sociedad, obligará a su reintegro a la caja social y no al bolsillo de cada socio, pues como principio general, las utilidades no pueden ser distribuidas entre los socios si no provienen de ganancias líquidas y realizadas, resultantes de estados contables legalmente confeccionados y aprobados por los socios u accionistas (LSC 68 y 224, cfr. Nissen, Ricardo A. la rendición de cuentas en las sociedades comerciales, ED, T. 201, pág. cit., pág. 861; CNCom, Sala C, 11/3/08, "Rosales María Celina c/ Cangemi Patricia del Valle s/ ord.").
Principio de dignidad humana, igualdad ante la ley
Materia: CIVIL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

La persona, es un fin y no un medio para objetivos extraños o ajenos a los que le son privativos. Es por eso que los múltiples grupos sociales -incluso el mismo Estado- espontáneamente formados o coactivamente creados por el hombre no deben tener otra misión que la de funcionar en interés de los que los componen, limitándose, por lo tanto, a secundar las respectivas voluntades individuales y a facilitar su libre y natural desarrollo, en tanto sean compatibles con los derechos iguales a sus semejantes. Esto no importa negar que en la colectividad puedan y deban encarnarse valores, siempre que estos valores constituyan instrumentos o condiciones para la realización de los valores del ser humano. (Del Voto del Dr. Ulla)
Honorarios, actualización monetaria, mora
Materia: PROCESAL
Carátula: De la Arena de Ricciardi c/ Ricciardi s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Al existir mora en el pago de los honorarios regulados a partir de la fecha de la regulación corresponde calcular el reajuste. Si el auto regulatorio se efectuó el 14/2/91 se justifica el reajuste desde el día de la regulación, según el siguiente método: aplicar como base el índice promedio entre los índices de enero y febrero de 1991. Así han de sumarse ambos y dividir el resultado por dos. A su vez debe dividirse el índice de marzo de 1991 por la cifra obtenida, resultando el coeficiente de actualización correspondiente.
Buques, armador, responsabilidad del armador, capitán
Materia: COMERCIAL-AGUAS
Carátula: Fratelli, Piaggio y Repetto, Francisco. s/ cobro ejecutivo de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1865-11-23

De la combinación de los artículos 1037 y 1107 del antiguo Código de Comercio, se deduce que, para que los armadores de un buque sean responsables de las obligaciones que contraiga su capitán, durante el viaje, para su habilitación y aprovisionamiento, basta que el documento que otorgue exprese la causa de la deuda.
Cesantía, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ibarra, Abel Delerino c/ Municipalidad de Escobar s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

Si las circunstancias del caso debidamente demostradas coinciden con la motivación del decreto que dispuso la baja del actor por abandono de cargo, no puede ponderarse a su favor la ausencia de un procedimiento previo de emanación por la relatividad que la documentación de antecedentes causales tiene con respecto a una falta disciplinaria de este tipo, aplicable sin sumario previo (Ord.Gral. 207).
Uber, transporte de pasajeros, habilitación del vehículo
Materia: COMERCIAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Aranguren Ortega, Joel Rafael s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Aranguren Ortega, Joel Rafael sobre 6.1.47 - requisitos de los vehículos de transporte de pasajeros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-29

esempeñaba el recurrente a través de la aplicación "UBER" al momento del labrado del acta de comprobación, era constitutiva de la infracción tipificada en el art. 6.1.49, segundo párrafo, de la ley n° 451 y dieron razones para justificar su punto de vista; el planteo del recurrente relacionado con que dicha actividad, por no estar prevista expresamente, quedaría exenta de la prohibición legal aunque se realizara sin habilitación, resulta insustancial para cuestionar, y sobre todo con base constitucional, las reflexiones de los jueces. Ello así, en tanto puede desprenderse del razonamiento del a quo que cualquier actividad relativa a transporte de pasajeros -esto es, aquella contemplada en la prohibición del Régimen de Faltas- requiere de habilitación o permiso de la Ciudad para ejercerla. (Del voto de los jueces Marcela de Langhe y Santiago Otamendi por remisión a los fundamentos brindados in re "Rivero, Eduardo Raúl s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Rivero, Eduardo Raúl s/ 6.1.49 -requisitos de los vehículos de transporte de carga y de pasajeros", expte. n° 16481/19, sentencia del 14/05/2020).
Procedencia del recurso, lesiones leves, sentencia absolutoria, perspectiva de género, violencia de género, tratamiento de las adicciones, dictamen fiscal, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: B., G. E. c/  s/ lesiones leves calificadas por la relación de pareja con la víctima y por mediar violencia de género - Goya
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2021-06-15

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Señor Fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores, casando el fallo absolutorio dictado a favor del imputado -art. 430 inc. 4 del CPP- en orden a la comisión del delito de lesiones leves calificadas por la relación de pareja con la víctima y por mediar violencia de género -art. 92 en relación con los arts. 80 inc. 1°, 89 y 11 del CP-; asimismo establecer en la sentencia reglas de conducta que deberán contemplar -como mínimo- la obligación al encartado de someterse a un tratamiento médico a fin de tratar la adicción que padece. De conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, le asiste razón al recurrente en cuanto a que en la sentencia en crisis ha existido una errónea aplicación de la ley sustantiva y valoración arbitraria de las pruebas conforme los fundamentos objeto de agravios. Es decir, el a quo ha incurrido en un razonamiento arbitrario que fulmina la validez de aquél, ya que aparece como una decisión caprichosa con fundamento aparente, incumpliendo con la doctrina de la CSJN que establece que las sentencias deben constituir una derivación razonada del Derecho vigente en relación a los hechos demostrado en el proceso, y con la manda de la Constitución Provincial que en su art. 185 establece que las sentencias que pronuncien los jueces deben tener motivación autosuficiente y constituir derivación razonada del ordenamiento jurídico aplicable a los hechos comprobados de la causa. Concluyendo que para absolver al imputado, se invocó únicamente el principio "in dubio pro reo" previsto en el art. 4° del CPP.

Es importante señalar que el caso traído a consideración se enmarca en el contexto de una situación de género, por lo que resulta indispensable juzgar en base a principios de perspectiva de género. El Estado es depositario del compromiso de hacer cumplir con la obligación de tutela real y efectiva de las pautas establecidas en el art. 16 de la Ley 26485 de "Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales".
Impuestos, régimen penal tributario, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: CANDLE S.A. s/ Régimen Penal Tributario Causa Nro. 36196.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-17

El monto a tener en cuenta para determinar la condición objetiva de punibilidad que fijó el Art. 8 de la Ley 24587 (de aplicación retroactiva por ser más benigna que la vigente al momento de los hechos) se refiere exclusivamente al monto del impuesto evadido, sin comprender en su formulación ningún tipo de actualización o intereses.
Proceso judicial, integración de la litis
Materia: LABORAL
Carátula: ZASSO, Pedro Antonio c/ ORGANIZACION CLEARING ARGENTINO S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-12-17

Los términos de la litis delimitan el marco de discusión entre las partes, la producción de pruebas y la decisión del sentenciante, de ahí que no se pueda modificar la manera como quedó integrada, sin grave menoscabo de los deberes de lealtad y buena fe procesal. Las cuestiones ajenas a la demanda son temas no propuestos al conocimiento del sentenciante, por lo que está vedada por vía de apelación su decisión.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, concursos docentes, igualdad de oportunidades
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Zdanevicius, Luisa Laimute c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-25

Cabe hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad si los planteos del recurrente sobre la constitucionalidad de la imposibilidad de participar en concursos con sustento en la garantía de la igualdad no han sido adecuadamente tratados por el a quo. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Quiebra, cesación de pagos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Santa Elena Bursatil Sociedad de Bolsa SA  c/  s/ quiebra c/ banco provincia del neuquen sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

En lo que respecta a la prueba del conocimiento del estado de cesación de pagos que exige la LCQ 119, la ley no requiere una prueba directa del presupuesto subjetivo relativo al conocimiento del estado de cesación de pagos, acaso de muy difícil rendición en la generalidad de los casos. Quizás únicamente asequible por confesión del tercero cocontratante.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, imputado, responsabilidad penal, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., A. P. Y A., L. N. c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-13

En cuanto a la supuesta arbitrariedad en la que habrían incurrido los Sentenciantes al confirmar la responsabilidad penal de los imputados, no alcanza la Defensa a perfilar un supuesto que descalifique al fallo cuestionado desde la óptica constitucional, toda vez que la Alzada entendió que si bien el caso había ocurrido en un contexto de violencia preexistente, no estaba probado -ni siquiera con un margen de duda- que haya existido el enfrentamiento que se intentaba presentar como hipótesis defensiva y concluyó en que mas allá de la teoría intentada del supuesto enfrentamiento o el supuesto carácter de miembro de una de las bandas que se intentó sin éxito probar respecto de algunos de los que acompañaban al menor asesinado, eso no limita ni reduce la responsabilidad acreditada de los imputados en el hecho. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Acto administrativo, jurisdicción administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Reyes, Marciano de la Cruz c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-10-13

Es costumbre de este cuerpo, dar a la defensa un tratamiento previo de excepción, aún cuando el ordenamiento -que no es contencioso-administrativo por carencia de legislación ritual sino el ordinario del procedimiento civil- no la contemple expresamente. Así se procede, con base en la jurisprudencia imperante en la materia, con fundamento en el principio de ahorro procesal, a fin de evitar que se trámite la causa para arribar a su conclusión, a la postre, de que no existe jurisdicción con el consiguiente dispendio. Mas en este caso, no advirtió el Tribunal en tiempo oportuno esta circunstancia, y ambas partes omitieron instar decisión sobre el particular antes del auto de apertura a prueba, consintiendo éste y efectuando los respectivos ofrecimientos. Ello no es óbice para que, desde que de jurisdicción se trata, este cuerpo deba pronunciarse al momento de la sentencia. Si es así con la competencia material, e incluso con la falta de legitimación, cómo no ha de serlo con la jurisdicción, que es la capacidad misma para ejercer el poder inherente a la cognición.