Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-27


SENT Nro. 945 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 27 de noviembre de de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato, con más la integración de los señores vocales doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana -por no existir votos suficientes para dictar sentencia válida- y Alberto José Brito -por subsistir la falta de votos necesarios para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Walther, Jorge Horacio vs. Provincia de Tucumán s/Nulidad-Revocación".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato, Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs 650/655, la parte demandada plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 26 de julio de 2002, obrante a fs. 640/646 de autos, el que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 29 de noviembre de 2002 (cfr. fs. 661 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto por el artículo 816, in fine, del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

El recurso resulta admisible, pues: a) ha sido interpuesto en término; b) el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; c) se dio cumplimiento con el depósito que marca la ley del rito (cfr. fs. 649); d) el escrito de presentación se basta a sí mismo; e) la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho.

III.- Sostiene la parte accionada, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, al hacer lugar a la demanda del actor declarando la nulidad del Decreto Nº 605/420 de fecha 27-12-99 y condenado a la Provincia a reajustar los haberes previsionales del actor con el cargo de Secretario de Estado de Obras Públicas, la ha agraviado en primer lugar, porque erróneamente aplica la normativa provincial, siendo que al delegar en la Nación la potestad legislativa en materia previsional mediante el convenio de transferencia, aprobado por Ley Nro. 6772 (cláusulas 1º), se han convertido en plenamente aplicables al caso las disposiciones nacionales sobre la materia. Considera que si la Ley Nro. 6639, remite exclusivamente al artículo 51, inciso a) de la Ley Nro. 6446, pretender aplicar otras disposiciones de la misma, cuando la 6446 ya ha sido expresamente derogada o acceder al reajuste que se peticiona, implica organizar un nuevo sistema previsional, contraviniendo las cláusulas 1º y 2º del convenio de transferencia. Cita jurisprudencia. Estima que estos regímenes privilegiados (jubilación con 20 años de servic ios, sin límite de edad y con 10 años de prestación de servicios en el régimen de la Ley Nro. 6446), excluidos expresamente de la transferencia, ya que la Nación no se haría cargo de los mismos, son atendidos con rentas de la Provincia y por lo tanto, sólo quedaron vigentes las Leyes números 6622 y 6639 y en ésta última, el artículo 51, inciso a) de la Ley Nro. 6446, en cuanto determina el procedimiento del haber y el 70% del porcentual.

De otra parte, la sentencia hace referencia al principio de movilidad sin advertir que ello es materia extraña al objeto de la pretensión deducida por el actor, la cual se encuentra referida al reajuste del beneficio por haber vuelto el accionante a la actividad, cuestión distinta jurídicamente. Entiende que lo que pretende el actor va más allá de la movilidad, pues el reajuste implica un cambio de opción que originariamente era inalterable (artículo 51, inciso a), de la Ley Nro. 6446, aplicable por remisión del artículo 2º de la Ley Nro. 6639), siendo el otorgamiento del beneficio un hecho consumado, inmutable y definitivo, que integra con carácter de derecho de propiedad, el llamado "status jubilatorio" y el reajuste del haber, una consecuencia del otorgamiento del beneficio, por el contrario es susceptible de recibir los efectos de una ley posterior.

También se agravia en cuanto la sentencia, al hacer lugar al reajuste y condenar a abonar las diferencias que resulten desde el mes de junio de 1999, a las que deben deducírseles lo que percibió el actor mientras subsistió la incompatibilidad que fija el artículo 54, de la Ley Nro. 6446, no tuvo en cuenta que el actor, al haber percibido jubilación conjuntamente con el sueldo de Secretario de Estado, lo hizo ajustándose a la normativa nacional vigente sobre la inexistencia de incompatibilidad y, en consecuencia, no puede ahora reclamar reajuste fundado en una norma provincial.

Afirma que la sentencia es de cumplimiento imposible en cuanto sugiere la posibilidad que la Provincia repita los aportes realizados por el actor al volver a la actividad, puesto que los mismos fueron remitidos al Fondo Nacional de Empleo, artículo 34 de la Ley Nro. 24.241, donde ya fueron gastados.

Sostiene que igualmente yerra el fallo cuando ordena deducir del monto reajustado, los importes correspondientes a la jubilación percibida en incompatibilidad, pues omite aplicar la multa del 50 % de dichos importes, establecido en el artículo 68 de la Ley Nro. 6446, para el caso de que el jubilado volviera a la actividad y percibiera la doble asignación.

Por todo ello considera que la sentencia es arbitraria y violatoria de los artículos 33, 34 y concordantes del CPCC. Formula reserva del caso federal.

IV.- A su turno, la sentencia en recurso, hace lugar a la demanda interpuesta por el actor declarando la nulidad del Decreto Nº 605/420 del 27-12-99, condenando a la Provincia a reajustar sus haberes previsionales con el cargo de Secretario de Estado de Obras Públicas y a abonar las diferencias que resulten desde el mes de junio de 1999, a las que deberán deducírseles lo que percibió mientras subsistió la incompatibilidad que fija el artículo 54 de la Ley Nro. 6446.

Para ello, luego de reseñar las constancias obrantes en el expediente administrativo previsional, señala que el actor obtuvo la jubilación anticipada voluntaria conforme la Ley Nro. 6639 y que el sistema previsional provincial fue transferido a la Nación por convenio de fecha 15-7-96, ratificado por Ley Nro. 6772 (BO 10-9-96), en cuya cláusula 1º, se consignó como excepción a dicha transferencia, los sistemas previsionales regulados por las Leyes números 6622, 6639 y Decreto Nº 1288/95, disponiéndose que sus prestaciones estarán a cargo de la Provincia, con recursos de carácter fiscal, comprometiéndose a crear al efecto un fondo residual para atender la administración de los beneficios excluidos de la transferencia (cláusula 2º, apartado "g"), lo que se concretara por Decreto Nº 97/1-96 (BO 13-09-96).

Entiende que la transferencia del sistema previsional implicó la delegación de la Provincia a la Nación de la facultad de legislar en la materia y el compromiso de abstenerse de dictar normativas de cualquier rango que admitan directa o indirectamente la organización de nuevos sistemas previsionales.

Contrariamente a la interpretación efectuada por la demandada, en el sentido que a partir de lo dispuesto en el último párrafo de la cláusula 1º del convenio de transferencia que expresa: "En todos los supuestos serán aplicables a partir de la entrada en vigencia de este convenio, las Leyes nacionales 24.241 y sus modificatorias 24.463, o los textos legales que pudieran sustituirlos", a las jubilaciones regidas por la Ley Nro. 6639 le son aplicables las disposiciones nacionales, por lo que resulta improcedente el reajuste solicitado, el fallo considera que al excluirse de la transferencia dichas jubilaciones, el dispositivo transcripto debe interpretarse que las disposiciones nacionales sólo resultan de aplicación a los transferidos. En suma, a los beneficiarios del sistema no transferido les resulta aplicable in totum el régimen vigente al momento de su cese ya que la Provincia delegó toda facultad en materia previsional, vale decir la Ley Nro. 6446.

Destaca que en el régimen de la Ley Nro. 6446, el jubilado que volviere a la actividad y gozare de una jubilación que no fuere ordinaria como la del actor, tiene derecho a reajustar o transformar su haber jubilatorio mediante el cómputo de los nuevos servicios y remuneraciones, siempre que acredite los requisitos exigidos para la obtención de otro. En caso contrario solo podrá mejorar el haber jubilatorio si las remuneraciones percibidas en los nuevos servicios le resultaren más favorables (artículo 67, inciso a). Para ello se requiere además, un mínimo de dos años de aportes en su posterior actividad y cesar en ésta última.

De otro lado, por remisión que efectúa el artículo 68, inciso b) al artículo 54 de la Ley Nro. 6446, es incompatible el goce de la jubilación con la percepción de haberes en cualquier función o actividad en relación de dependencia.

Luego de transcribir parcialmente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, con cita de la disidencia del doctor Fayt en la causa "Chocobar", concluye que por imperio de la Carta Magna Nacional, el sistema previsional se articula sobre la base de protección estatal, movilidad de las prestaciones y la tutela de los derechos adquiridos; luego transcribe considerandos de la disidencia de los ministros Belluscio, Petracchi y Bossert, en la misma causa, referidos a la naturaleza de los beneficios previsionales, los alcances del derecho constitucional de movilidad, destacando a continuación, jurisprudencia respecto al carácter tuitivo de los derechos de la previsión social y a la naturaleza sustitutiva y la proporcionalidad que deben observar las prestaciones, esto es conservando, el jubilado, una situación equivalente a la que le habría correspondido en caso de continuar en actividad.

Pone de relieve que si bien el mandato constitucional del artículo 14 bis, consagra el principio de movilidad, dejando a la prudencia del legislador la elección del sistema más adecuado, éste se reputará legítimo en la medida en que no hiera la garantía de la propiedad y desvirtúe el principio de movilidad.

Al respecto señala que Bidart Campos, en un intento de sistematizar la doctrina judicial, sintetiza los principios que de ella se extrae, los que transcribe, indicando que apuntan a que "las jubilaciones deben ser móviles, lo que supone la actualización y el ajuste de sus montos para adecuarlos al costo de vida".

En virtud de ello, destaca que la doctrina se ha preocupado por imponer soluciones legales que garanticen los lineamientos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Así Fernández Madrid explica que en Argentina la protección de los pasivos se haya asentada en cuatro pilares: la protección total generalizada, la relación entre el sueldo en actividad y el haber de pasividad, la movilidad de las prestaciones y el respeto a los derechos adquiridos.

En conclusión sostiene que las leyes vigentes al momento del cese garantizaban la movilidad y proporcionalidad del haber jubilatorio, tal garantía queda incorporada como derecho adquirido en el patrimonio del actor y cualquier conculcación de ella violenta los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.

Considera que al haber comunicado el actor que ha sido designado en otro cargo y solicitar la suspensión del beneficio previsional de conformidad con la Ley Nro. 6446, no obstante que la Administradora no lo haya así dispuesto, tiene derecho a que su haber previsional se reajuste de conformidad con ese nuevo cargo. No obsta a ello la circunstancia de haber seguido percibiendo sus haberes jubilatorios ya que al momento de hacerse la liquidación definitiva que deberá practicar la Administradora, deberá deducirse los importes percibidos en pasividad durante el tiempo en que cumplió las nuevas funciones y estuvo en incompatibilidad.

En su mérito hace lugar a la demanda.

V.- De la reseña realizada, se advierte que la cuestión de derecho presupuestada gira fundamentalmente en torno al régimen jurídico previsional aplicable a quienes han obtenido la jubilación voluntaria anticipada, establecida para el personal de DIPOS mediante Ley Nro. 6639 (BO del 05-7-95) y a partir de allí, discernir la procedencia del reajuste del haber jubilatorio reclamado por el actor.

Consta en autos que al accionante se le concedió el beneficio de jubilación provisoria, a partir del 01-02-96, bajo el régimen de la Ley Nro. 6639, habiéndose desempeñado hasta esa fecha en la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias (DIPOS), contando con una antigüedad total superior a los 20 años de servicios con aportes, de los cuales 10 eran provinciales.

Poco después de obtener la jubilación, volvió a la actividad al ser designado titular de la Dirección Provincial del Agua (Decreto Nº 2062 del 16-10-96) lo que motivó que solicitara al IPSS que le suspendiera el pago del haber jubilatorio (16-4-97), pedido que no se concretó por razones ajenas a su voluntad (el servicio jurídico dictaminó que por tratarse de beneficiario transferido a la Nación, que incluye a los no transferidos, se le aplica la Ley Nro. 24.241, habiendo desaparecido la incompatibilidad, cfr. fs. 98, 103 y 104 de expediente administrativo). Luego fue designado Secretario de Estado de Obras Públicas de la Provincia, por el período comprendido entre el 07-5-97 y el 26-5-99, fecha esta última en que se le acepta la renuncia.

Por Resolución Nº 152 del 17-12-98, la Administradora de Pensiones No Contributivas y Beneficio de Leyes números 6639/95 y 6622/6.624, le concede el beneficio de jubilación anticipada voluntaria a partir del 01-02-92, en la proporción del 70% móvil, por haber cumplido con los requisitos de la Ley Nro. 6639 y tiene por definitivos los cargos fijados en el punto I (clase 22, s/360 días de DIPOS), por aplicación del artículo 51 de la Ley Nro. 6446. Esta resolución fue aprobada por Decreto Nº 797 del 15-4-99.

En fecha 04-8-99 el actor solicita se le compute el cargo de Secretario de Estado de Obras Públicas en su haber jubilatorio y obra en autos certificación de los nuevos servicios donde consta que se hicieron descuentos por aportes jubilatorios (cfr. fs. 110 y 113 de expediente administrativo).

El Poder Ejecutivo, por Decreto Nº 605/420-SEDH del 27-12-99, deniega el pedido de reajuste con fundamento básicamente en: a) al sancionarse la Ley Nro. 6772 se ha derogado la Ley Nro. 6446, la que no se aplica ni a los beneficiarios que quedaron a cargo de la Provincia atento a lo dispuesto por la cláusula 1º, del convenio de transferencia; b) la vigencia de las leyes previsionales nacionales a partir del 21-9-96 en el territorio provincial; c) que las prestaciones de los beneficios de la Ley Nro. 6639 no son fondos de naturaleza previsional porque se atienden con recursos de rentas generales y, ni siquiera los descuentos efectuados en concepto de aportes acrecentaron esos montos; d) no es de aplicación el principio de movilidad. Interpuesto el recurso de reconsideración, se opera el silencio.

Por Ley provincial Nº 6639 (BO del 05-7-95), se establece un régimen de jubilación anticipada voluntaria al que pueden acceder únicamente los afiliados al IPSS, que tuvieren relación de dependencia con DIPOS, cualquiera sea su condición de revista, sin límites de edad, siempre que acrediten: a) 20 años como mínimo de servicios con aportes y b) 10 años como mínimo de servicios prestados dentro del régimen de la Ley Nro. 6446. Cuando se trate de servicios prestados en Obras Sanitarias de la Nación, a los efectos de esta ley, en el cómputo de la antigüedad total se incluyen los años de servicios prestados en dicho organismo nacional. Dispone que el haber jubilatorio se calculará conforme al procedimiento que establece el artículo 51, inciso a) de la Ley Nro. 6446 y su porcentual será del 70% (setenta por ciento).

Con fecha 15-7-96, la Provincia y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, suscriben el convenio de transferencia del sistema previsional provincial y municipal a la Nación, el que es aprobado mediante Ley Nro. 6772 (BO del 10-9-96), y en cuyo artículo 2º dispone la derogación de las Leyes números 3886, 5699, 6446, 6447, 6708, sus modificatorias y complementarias.

La cláusula 1º, párrafos primero, cuarto, sexto y último, del citado convenio de transferencia, expresa: "La Provincia y la Municipalidad transfieren al Estado Nacional, y éste acepta, sus Sistemas de Previsión Social regulados por Normas Provinciales y Municipales vigentes, con excepción de las Leyes Provinciales números 6622/95 y 6639/95 y el Decreto 1288/95.(....) La transmisión de los Sistemas de Previsión Social comporta y conlleva la delegación de la Provincia y la Municipalidad a favor de la Nación de la facultad de legislar en materia previsional y el compromiso irrestricto de abstenerse de dictar normativas de cualquier rango que admitan directa o indirectamente la organización de nuevos sistemas previsionales, generales o especiales en el territorio provincial que afecten el objeto y contenido del presente convenio"....."El Régimen de Pensiones no contributivas seguirá a cargo de la Provincia así como las prestaciones regidas por las Leyes provinciales números 6622/95 y 6639/95 y el Decreto Nro. 1288/95". "En todos los supuesto serán aplicables a partir de la entrada en vigencia de este Convenio, las Leyes Nacionales números 24.241 y sus modificatorias y 24.463 o los textos legales que pudieran sustituirlos".

A su vez, la cláusula 2º, inciso g) del referido convenio, estipula como condición esencial de validez del Convenio de Transferencia que la Provincia y la Municipalidad sancionen una ley y una ordenanza que, entre otros recaudos, "Establezca la creación de un fondo residual con recursos de carácter fiscal provincial para atender la administración de los beneficios excluidos del presente Convenio. La ley tendrá vigencia a partir de la fecha de su sanción." Como claramente se advierte de las normas transcriptas, los jubilados de la Ley Nro. 6639 no fueron transferidos a la Nación y sus prestaciones son atendidas con fondos provinciales.

Partiendo de esta premisa, considero que las normas convencionales referidas a la delegación de la potestad de legislar en materia previsional, de los poderes locales a la Nación, deben ser interpretadas en dos sentidos: a) que la citada delegación lo es para el futuro y b) sólo con relación a los sistemas previsionales transferidos conforme convenio.

Asimismo la prohibición de dictar normativas de cualquier rango que admitan directa o indirectamente la organización de nuevos sistemas previsionales, generales o especiales en el territorio provincial que afecten el objeto y contenido del convenio de transferencia, implica un doble condicionamiento: abstención de establecer nuevos sistemas previsionales con posterioridad a la vigencia del convenio de transferencia y sólo en la medida que puedan afectar su objeto o contenido; vale decir, veda el dictado de nuevas normativas que puedan incidir sobre los sistemas transferidos a la Nación y sometidos a la regulación de los regímenes previsionales nacionales a partir de la entrada en vigencia del convenio.

Dentro de este contexto debe interpretarse igualmente el último párrafo de la cláusula 1º del convenio de transferencia, cuando expresa que en todos los supuesto serán aplicables a partir de la entrada en vigencia de este convenio, las leyes nacionales números 24.241 y sus modificatorias y 24.463 o lo textos legales que pudieran sustituirlos. Esto es que a partir de la vigencia del convenio las disposiciones nacionales serán de aplicación a los sistemas previsionales transferido. Lógicamente no pueden aplicarse disposiciones nacionales, a sistemas que han sido excluidos de la transferencia y que por lo tanto continúan en órbita provincial, atendidos igualmente con recursos locales.

Sin embargo, el texto del artículo 2º de la Ley Nro. 6772 (BO del 10-9-96), en cuanto deroga las normas previsionales provinciales (entre ellas el régimen general de la Ley Nro. 6446, modificada por Ley Nro. 6447) sin hacer salvedad alguna, habida cuenta su carácter de norma supletoria de los regímenes especiales, particularmente los que quedan en ámbito provincial, como ocurre en el caso de autos exige de un esfuerzo interpretativo tendiente a superar el inconveniente señalado.

Descartada la posibilidad de que se apliquen las normas nacionales a los sistemas previsionales provinciales no transferidos, la situación suscitada en autos debe ser resuelta a la luz de la disposiciones locales.

Desde esta perspectiva y sin perjuicio de los reparos que pudiera merecer el modo en que ha sido regulado el dispositivo, entiendo que habiéndose derogado para el futuro el régimen previsional general de la Ley Nro. 6446, modificada por Ley Nro. 6447, tratándose el sub examine de un beneficiario de un sistema previsional no transferido a la Nación, resulta necesario acudir a las normas locales, incluidas las de aplicación supletoria, vigentes al momento del cese de servicios del actor y consecuentemente también, anteriores a la transferencia de los sistemas previsionales que motivaron su posterior derogación.

Ello así, cobra nuevamente operatividad como norma general de la Ley Nro. 6446, modificada por Ley Nro. 6447, vigente al momento del cese del accionante (aceptación de renuncia a partir del 01-02-96, cfr. fs. 51 de expediente administrativo), cuyo carácter supletorio surge de sus artículos 6 y 8.

Así, el artículo 6º, inciso a) considera que son afiliados forzosos y quedan comprendidos en las disposiciones de esta ley, entre otros "...los funcionarios y agentes civiles, ya sean titulares, reemplazantes, supernumerarios, técnicos profesionales contratados y no contratados, los en comisión o a término que en forma permanente o transitoria desempeñen cargos, aunque fuere de carácter electivo en cualquiera de los poderes de la Provincia, sus reparticiones u organismos centralizados, descentralizados o autárquicos, de las comuna rurales... " A su turno, el artículo 8º dispone: "Quedan igualmente comprendidos como afiliados del Instituto de Previsión y Seguridad Social los jubilados y pensionados del ex Instituto de Previsión Social de la Provincia de Tucumán y ex Instituto de Seguridad Social de la Provincia de Tucumán y lo que en adelante se jubilaren o pensionaren," el actor es afiliado al IPSS, situación que mantiene en la actualidad.

Ello así, el régimen general establecido en dicho cuerpo normativo, de aplicación supletoria a todos los regímenes previsionales especiales por imperio de los dispositivos antes transcriptos, es el que corresponde aplicar en éste supuesto.

A mayor abundamiento, abona esta solución, la circunstancia que la Ley Nro. 6639 (BO del 05-7-95), al que se acogiera el actor, tuvo un período de vigencia limitado, conforme surge de su artículo 4º que expresamente dispone: "La presente ley tendrá vigencia por el término de un año, contado a partir de su publicación en el Boletín Oficial".

Coincido con la demandada en que el presente caso es ajeno a la cuestión de movilidad, sino que se trata de un pedido de reajuste del haber jubilatorio por haber reingresado el beneficiario al servicio activo, cuestión jurídicamente distinta.

Consecuentemente resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 67, inciso a) del régimen previsional general, en cuanto dispone que el jubilado que volviere a la actividad o cesare con posterioridad a la vigencia de la presente ley, si gozare de una jubilación que no fuera la ordinaria, podrá transformar dicho beneficio y/o reajustar el haber jubilatorio mediante el cómputo de nuevos servicios y remuneraciones, siempre que acreditare los requisitos exigidos para la obtención de otro previsto por esta ley; caso contrario no se computará el tiempo y sólo podrá mejorar el haber jubilatorio si las remuneraciones percibidas en los nuevos servicios le resultaren más favorables. La transformación o reajuste se hará aplicando las disposiciones de la Ley Nro. 6446, modificada por Ley Nro. 6447, siempre que el jubilado hubiera realizado aportes por el término de dos (2) años por lo menos en su posterior actividad.

A su turno, el artículo 68 del mismo cuerpo legal, establece que el jubilado para entrar a gozar del beneficio debe cesar en toda actividad en relación de dependencia y si reingresa a cualquier actividad en dichas condiciones, remite al artículo 54, que establece la incompatibilidad entre el goce de jubilación y la percepción de haberes en un cargo en actividad en relación de dependencia Por otro lado, el artículo 72 establece la obligación del jubilado que reingrese al servicio de denunciar esa circunstancia al Instituto a partir de la fecha de su reingreso a la actividad y en caso de omitir la denuncia, el Instituto le suspende el beneficio desde que toma conocimiento y disponiendo que el jubilado restituya los haberes indebidamente percibidos, actualizados, con más una multa del 50 % de aquellas sumas.

Consta en autos, que el actor jubilado comunicó al Instituto su designación y vuelta a la actividad, en un cargo de la Administración Pública Provincial, sin que el Instituto dispusiera la suspensión del pago del haber previsional. En mérito a ello, el actor no puede ser sancionado con multa pues cumplió con su obligación de comunicar al ente previsional su reingreso a la actividad pública en relación de dependencia, independientemente del resultado obtenido, por lo que no es reprochable que el fallo guarde silencio al respecto. No puede cargarse al actor, las consecuencias de una interpretación legal del ente previsional, que el propio fallo descalifica.

Consecuentemente, participo del criterio sentencial de que solo corresponde deducir del haber reajustado, las sumas percibidas en forma indebida.

Igualmente coincido con la sentencia en recurso en que estando probado que al actor se le hicieron descuentos por aportes previsionales en las funciones a las que reingresó con posterioridad a la jubilación, la situación de que tales aportes no reingresaran a la Provincia, no pueden oponerse al actor como impedimento para que prospere el reajuste solicitado, por ser el mismo totalmente ajeno a esta cuestión.

En mérito a lo expresado precedentemente, los agravios de la recurrente resultan improcedentes y en consecuencia corresponde desestimar el recurso casatorio intentado.

VI.- Atento al resultado al que se arriba y por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia casatoria deben imponerse a la vencida, parte demandada en autos.

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Con respecto a los antecedentes del caso y la admisibilidad del recurso intentado me remito a la exposición del doctor René Mario Goane, o sea respecto a los puntos I, II, III y IV.

Con respecto a los puntos V y VI como también la resolutiva, expreso mi disidencia en los términos que siguen.- En primer lugar se debe señalar que el actor se ha acogido a un régimen de excepción optativo de jubilación anticipada al que podían acceder únicamente los afiliados del Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia que estuvieran ligados en relación de dependencia con la Dirección de Obras Sanitarias ( DIPOS ). En efecto el articulo 1 de la Ley 6639 publicada el día 5 de julio de 1995 nos dice: "Establécese un régimen de jubilación anticipada voluntaria al que podrán acceder únicamente los afiliados al Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia, que tuvieren relación de dependencia laboral con la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, cualquiera sea su condición de revista. El acogimiento, sin limite de edad, se concretara acreditando los siguientes requisitos:

a) Veinte ( 20 ) años como mínimo de servicios con aportes.

b) Diez ( 10 ) años como mínimo de servicios prestados dentro del régimen de la Ley 6446.

Cuando se trate de personal proveniente de Obras Sanitarias de la Nación, a los efectos de esta ley, en el computo de la antigüedad total se le incluirá los años de servicios prestados en el referido organismo nacional.

El art. 2 del ordenamiento legal mencionado establece que el haber jubilatorio se calculará conforme al procedimiento que establece el art. 51 inc. a ) de la Ley 6446 y su porcentual será del 70% ( setenta por ciento ).

Mientras el art. 3 expresa que quienes opten por el beneficio no tienen derecho al cobro de indemnización; el art. 4 nos enseña que la ley tendrá una vigencia de un año.

Por su parte el art. 6 de la ley 6639 nos expresa que el gasto que demande el cumplimiento de la ley será atendido exclusivamente con el procedimiento de compensación de partidas presupuestarias.

Por su parte el Decreto Reglamentario de la misma Nro. 1288 de fecha 30 de Junio de 1995 al referirse al articulo 6 de la Ley 6639 expresa que la Dirección General de Presupuesto determinará el modo, forma y proporción de las partidas presupuestarias que se transferirán al Instituto de Previsión y Seguridad de Tucumán a los efectos de afrontar las mayores erogaciones que resultaren de la aplicación de la ley.

Ello nos convence de que se trata de un régimen de excepción o sea de privilegio ya que por una parte no se exige el mínimo de años de servicios con aportes y por otra parte tampoco se requiere un mínimo de edad y finalmente el haber jubilatorio asciende al 70% que supera todos los topes que se exigía para obtener la jubilación ordinaria, menos aún para acceder a la jubilación ordinaria reducida que contemplaban los arts. 31, 32 40 y 46 de la Ley 6446, por lo que cualquier similitud que se pretenda encontrar con un régimen expresamente derogado deviene arbitrario.

Ello es así por cuanto en la interpretación de las normas previsionales cuando se trata de prestaciones excepcionales concedidas a grupos singulares de personas corresponde dilucidar la cuestión con criterio riguroso y estricto. Por lo tanto la correcta inteligencia que cabe asignar a normas que consagran beneficios previsionales de excepción no se aviene con las reglas amplias de interpretación establecidas respecto de sistemas jubilatorios ordinarios por cuanto median trascendentes razones de justicia que impiden evaluar ambos regímenes bajo las mismas pautas.- Me remito a la doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando expresa: "Toda vez que el régimen jubilatorio instituido por la Ordenanza Municipal Nro. 30.062 y sus complementarias Nro. 31.432 y Nro. 32.444 comporta un beneficio excepcional, para determinados funcionarios y agentes municipales, el caso debe ser juzgado con el criterio estricto y riguroso que se compadece con la índole del beneficio perseguido, dándose la máxima amplitud a la voluntad de la autoridad competente que derogó tales normas mediante decreto Nro. 733/76. "Niglio, Domingo s/jubilación; 8 de mayo de 1980.- Fallos Tomo 302-1 pág. 393/400.- Desde otro ángulo, se debe destacar que por Ley 6772 publicada el día 10 de setiembre de 1996 se derogaron las Leyes 3886; 5699; 6446; 6447; 6708, sus modificatorias y complementarias, derogación ésta que impide sean consideradas en el mundo jurídico.- La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en sentencia de fecha 24 de abril de 1997 recaída en autos García, M. vs. Provincia de Buenos Aires ha dicho: "Las situaciones jurídicas ocurridas con posterioridad a la vigencia de la nueva ley deben ser reguladas por ella en todos sus aspectos. Los hechos "in fieri" o en curso de desarrollo son alcanzados por el nuevo régimen, por no tratarse de hechos cumplidos bajo la legislación anterior y por tanto, cuando se aplica la nueva ley no se incurre en retroactividad. De lo contrario, es decir, si se pretendiera aplicar la ley derogada para regir la subsistencia del beneficio pensionario ya concedido, se estaría consagrando la ultraactividad de la ley previsional, principio éste que no tiene sustento en disposición alguna de nuestro régimen positivo. "Acuerdos y Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Tomo 1997-II-pág. 367 Juicio: García, María M. vs. Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) Demanda contencioso administrativa.

Asimismo adquiere relevancia lo sostenido por la doctrina y la jurisprudencia cuando afirma que: "cada Poder tiene por misión indeclinable ejercer sus competencias y con igual convicción debe autorrestringir su gravitación sobre las decisiones de las otras ramas del gobierno en sus esferas privativas. Lo contrario desequilibraría el sistema constitucional vigente, que no admite la posibilidad de que cada poder del Estado actúe destruyendo la función de los otros, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley ("Piossek Prebisch, Teresa y otros vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Amparo -Recurso de inconstitucionalidad. Sentencia Nro. 450 de fecha 19 de junio de 2003). Y nadie puede desconocer que la facultad de derogar las leyes es facultad exclusiva del Poder Legislativo.

Se debe concluir en consecuencia que en el supuesto que las personas acogidas a este beneficio de jubilación anticipado y de excepción no contaren con un régimen legal específico,(supuesto que se rechaza), se debe recurrir a lo preceptuado por el art. 16 de Código Civil en cuanto obliga a los señores jueces cuando una cuestión no pueda resolverse ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley a remitirse a los principios de las leyes análogas y la única ley análoga vigente es la Ley 24.241 que establece el Régimen Previsional Argentino, sin perjuicio de señalar que esta ley por el Convenio de Transferencia del Sistema Provincial de Previsión Social debe ser aplicada en todos los supuestos sea tanto para los transferidos como para los no transferidos, conforme lo consagra el último párrafo de la cláusula primera del Convenio de Transferencia de Previsión Social de la Provincia de Tucumán al Estado Nacional ratificado por Ley 6772.

Por último la sentencia recurrida al expresar que la causa debe ser resuelta a la luz de la Ley 6446, (fs. 643) desconoce violentamente la cláusula primera del Convenio ratificado por Ley 6772 que compromete a la Provincia a abstenerse de dictar normativas de cualquier rango que admitan directa o indirectamente la organización de nuevos sistemas previsionales, generales o especiales en el territorio provincial que afecten al objeto y contenido de este convenio.

Y se dice que afecta al convenio toda vez que provoca una discriminación repugnante en perjuicio del personal transferido quienes en atención a lo dispuesto por el art. 34 de la Ley 24.241 en el supuesto de reingreso a la actividad en relación de dependencia cuando cesan no cuentan con el derecho a reajuste de las prestaciones.

De lo expresado resulta que la sentencia recurrida al conceder reajustes al haber jubilatorio a una persona jubilada en forma anticipada y no transferida al Estado Nacional fundado en la Ley 6446 -expresamente derogada- infringe el orden jurídico, por lo que corresponde dejar sin efecto los puntos I° y II° de la dispositiva de la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Contencioso Administrativo de fecha julio 26 de 2002 (fs. 640/646) en mérito a la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que declara la nulidad de un decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia y condena a reajustar los haberes previsionales a favor de una persona jubilada con un régimen excepcional, fundado en una ley expresamente derogada".

Como consecuencia de la doctrina legal fijada se debe dictar sentencia sustitutiva en los términos siguientes: "I.- Rechazar la demanda interpuesta por Jorge Horacio Walther en contra de la Provincia de Tucumán por la que reclama se declare la nulidad del Decreto 605/420 SEDH de fecha 27 de diciembre de 1999 y el reajuste del haber previsional, absolviendo en consecuencia a la accionada de toda obligación conforme a lo expuesto en los considerandos. II.- Costas al actor vencido en autos por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 106 del CPCC)".

Atento al resultado arribado corresponde imponer las costas de la instancia casatoria al actor, por resultar vencido en el juicio (art. 106 CPCC).

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en el mismo sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR, con devolución del depósito, al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 26/7/2002, obrante a fs. 640/646 de autos, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos. Dictar como sustitutiva: "I.- RECHAZAR la demanda promovida por Jorge Horacio Walther contra la Provincia de Tucumán por la que se reclama se declare la nulidad del Decreto 605/420 SEDH de fecha 27 de diciembre de 1999 y el reajuste del haber previsional, absolviendo en consecuencia a la accionada de toda obligación, conforme a lo expuesto en los considerandos. II.- Costas al actor vencido por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 106 del CPCC)".

II.- COSTAS de la instancia casatoria, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO (en disidencia) (en disidencia) HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO