Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-09


///lew, 09 de febrero de 2007.- Y VISTOS: los autos caratulados ""P C s/lesiones graves a G A- Trelew" (Expte. 130/06), y - -CONSIDERANDO:

- I ) Que en la audiencia Pública la Defensora Tecnica del imputado postuló el sobreseimiento del mismo, basado en que el Proceso Penal habría sobrepasado el lapso de tres años estipulado en el Art. 146 del nuevo C.P.P. del Chubut (ley 5478), peticionando se aplique la nueva formativa Procesal en virtud de lo dispuesto en el Art. 44 de la Constitución Provincial y 9 de la CADH.

- II) Que por su parte el Ministerio Público Fiscal rechaza el planteo defensivo argumentando que no resulta de aplicación al caso en nuevo C.P.P., toda vez que el mismo en su art. 421 dispone que solamente se aplicaran la nueva normativa en aquellas causas en que aún no se ha tomado declaración al imputado. Agrega asimismo que a la misma conclusión llega el Superior Tribunal del Justicia del Chubut en la reciente resolución de la Sala Penal en los autos "R S A, C C R s/ hurto agravado por abigeato en grado de tentativa" (expte. 20.588 -233/06).. - II) Que, puesto a decidir la cuestión entendemos que debe darse razón a la defensa pues se trata en el caso de aplicar la ley procesal penal más benigna que los jueces debemos hacer operativa por mandato expreso del artículo 44 de nuestra Constitución Provincial. En tren de exponer las razones de lo dicho hay que argumentar por separado sobre dos extremos: (a) uno que nos lleve a concluir que en la sucesión de leyes procesales penales en el tiempo también se aplica el principio sustancial de retroactividad de la ley más benigna o favorable al imputado y (b) demostrar que en este caso concreto el nuevo Código Procesal Penal de la Pcia. es más favorable para el imputado, lo que pasamos a desarrollar.

-a) Si bien pueden encontrarse en doctrina y jurisprudencia posiciones encontradas en cuanto a aplicar en el proceso penal el principio sustancial de irretroactividad de la ley - y su contracara, la retroactividad de la ley penal más benigna-, nuestra constitución provincial clausura definitivamente tal debate al disponer en forma expresa y categórica que "siempre se aplica la ley procesal penal más favorable al imputado", expresión clara que utiliza nuestra ley fundamental en el artículo 44 regulativo del debido proceso constitucional. La decisión política del constituyente del año 1994 se pliega así a aquellos que sostienen la vigencia y aplicación del principio de legalidad material también a las leyes procesales, lo que implica afirmar que el debido proceso o juicio previo aplicable al caso es aquel regulado por la ley vigente al momento del hecho. Y esto último acarrea, lógicamente, la aplicación de todas las consecuencias derivables del principio de legalidad material o sustancial a las leyes procesales, tales como la taxatividad, prohibición de analogía, irretroactividad de la ley- salvo precepto más favorable al imputado- etc. - -En suma, frente al claro mandato de la Constitución Provincial no cabe discutir que siempre deberá aplicarse la ley procesal penal mas favorable al imputado, norma que, por lo demás, es directamente operativa y obligatoria sin màs para los jueces.( Cfr., con sumo provecho para el tema, entre otros, a : ZAFFARONI / ALAGIA /SLOKAR; Derecho Penal, Parte General, Ed. Ediar, Bs As, año 2000, Pgs.115/16/17; BINDER, Alberto M; Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad- Hoc, Bs As,1999, Pgs.133/139 y PASTOR, Daniel; Prohibición de la aplicación retroactiva de normas penales sustantivas, adjetivas y ambivalentes, LL- 2002- 682/88.

-b) La razón del porqué en este caso el nuevo código procesal penal es más favorable al imputado que el código anterior, reside en la circunstancia de que su aplicación lleva inexorablemente a resolver definitivamente su situación en sentido desincriminador, al tener que dictarse a su respecto auto de sobreseimiento. En efecto, si aplicáramos el código anterior no existe ninguna posibilidad de dictar el sobreseimiento por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, pues en aquél código el único plazo perentorio que existe con consecuencias definitivas y desvinculantes es el del articulo 183 que presupone, además del plazo, un estado de duda en el Tribunal para elevar a juicio. Pues bien, tal estado no se presenta en este caso, pues la causa está en etapa de plenario y ello implica probabilidad de autoría, por lo que debe descartarse cualquier resolución jurisdiccional desincriminatoria por vencimiento de los plazos en base al viejo código. En cambio, si estamos a la nueva normativa que se deduce de los artículos 146 y 147, su aplicación es más benigna para el imputado, puesto que el presente proceso se inició el día 5 de diciembre del año 2001 y el plazo de tres años se cumplió en el mismo día del año 2004. Es decir que, tal como lo establece el Art. 146 del C.P.P. transcurrió la duración máxima de tres años, sin que aún haya sentencia condenatoria y que tal plazo se haya interrumpido por la fuga del imputado, por lo que la benignidad del trato procesal hacia el imputado surge en forma prístina. - - Que establecido la vigencia irrestricta en la normativa procesal chubutense del principio de que siempre se aplica la ley procesal penal más favorable - sin excepción alguna- y que el nuevo código procesal penal del Chubut es, sin duda, más favorable o benigno para el imputado en este caso, corresponde ahora atender con más detalles argumentativos lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, pues, a nuestro juicio, incurre en interpretaciones erróneas sobre el tema en discusión. En primer término el dictamen del procurador general de la Nación Dr. Righi que el fiscal trae a colación, no resulta aplicable a la presente causa, pues en el expediente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que se debate es si se debe aplicar o no la anterior "secuela de juicio " del viejo artículo 67 del Código Penal o el nuevo con la redacción establecida por las leyes 25188 y 25990, ambas del año 2001, estando en juego la irretroactividad o retroactividad de los plazos de prescripción de la acción penal y no el instituto del plazo razonable, lo que son dos cuestiones diferentes. Es decir, hay que distinguir los institutos de la prescripción y del plazo razonable, pues si bien ambos tienen de común la limitación temporal de la persecución penal, la prescripción funciona y corre sin necesidad de proceso alguno, mientras el plazo razonable sólo existe si hay proceso y, en tal caso, los términos de persecución penal máxima se reducen si se los compara con los de prescripción. En fin, no podemos entrar aquí a explicar los distintos fundamentos y diferencias de ambos institutos, pero sí llamar la atención sobre la necesidad de distinguir nítidamente los dos instrumentos que el Estado Constitucional de Derecho proporciona para ponerle un límite máximo a la persecución penal y así poner un tope al sufrimiento y carga que implica el trámite de un proceso penal para un ciudadano. En segundo termino, también corresponde rechazar la apreciación del fiscal en cuanto a que los parámetros para resolver si hay o no plazo razonable en un determinado proceso debe juzgarse con la doctrina y jurisprudencia que estima que ello dependerá de la complejidad del asunto, conducta del interesado, comportamiento de las autoridades judiciales, etc. pues tal perspectiva se elaboró en base a sistemas normativos- internacionales o nacionales- que no tenían un plazo legal expreso de terminación del proceso -o que lo tenían pero eran simplemente ordenatorio-, lo que no ocurre con la nueva normativa procesal penal del Chubut que es muy clara en cuanto al plazo de duración máxima de los procesos y a la consecuencia desincriminatoria definitiva si se cumple el mismo sin que se haya dictado aún sentencia. Con esto queda claro que la apreciación de lo que es un plazo razonable no puede efectuarse en base a la jurisprudencia traída por el fiscal, pues ella está construida sobre ordenamientos normativos que no prevén un plazo legal expreso de terminación de los procesos, o que sólo lo prevén como ordenatorio, pero que es de aplicación imposible en ordenamientos procesales como el nuevo código procesal penal del Chubut que establece expresamente los plazos máximos y la consecuencia que acarrea su vencimiento. Agréguese que tal normativa no hace más que regular el mandato de que todos los procesos penales deben terminarse en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, tal como se desprende claramente de la Constitución Nacional ( Art. 75 inc. 22, 8.1 Convención Americana de los Derechos Humanos y 14.3 del Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos) y de la Constitución Provincial ( Art. 44, párrafos tercero y cuarto). Por último cabe expresar que no desconocemos lo expresado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chubut en los autos citados por el Fiscal en cuanto establece una interpretación distinta del mandato Constitucional, lo que por razones de economía procesal sería prudente y razonable acatar. Sin embargo, tal acatamiento se efectivizará -y siempre dejando constancia de la opinión diferente- una vez que se encuentre firme la resolución del Máximo Tribunal de Justicia del Chubut.

Por todo ello, - -RESUELVO:

-I)SOBRESEER a C E P, DNI: **** , nacido en Trelew, Chubut, argentino, en fecha ****, hijo de E M y de M T N D S, soltero instruido, empleado, domiciliado en calle B A nro. *** de Trelew, por vencimiento del plazo de duración máxima de este Proceso, por el hecho acaecido el día 2 de diciembre del año 2001 a las 05:00 horas aproximadamente, sito en calle S M y pasaje T de esta ciudad, en perjuicio de G A O A, que fuera calificado legalmente como Lesiones Graves (art. 90 del C.P.), cerrando definitiva e irrevocablemente este proceso a su respecto. (Art. 44, parrafo. 3º de la Constitución Provincial y Arts. 146, 147 C.P.P. Ley 5478) .

-II) Regístrese y Notifíquese.

OMAR FLORENCIO MINATTA Ante mi: SERGIO CÉSAR PIÑEDA SECRETARIO REGISTRADA BAJO EL Nº 01 DEL AÑO 2.007. CONSTE.- SERGIO CÉSAR PIÑEDA SECRETARIO