marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, sobreseimiento, abuso sexual de menores, violencia de género
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa B., A. O. c/  s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-15

Es arbitraria la sentencia que sobreseyó al imputado en orden al delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por un ascendiente y contra una menor de dieciocho años de edad, pues si bien la menor describió a su madre y a los profesionales que la trataron, conductas típicas de abuso sexual, que habrían sido cometidas por su padre; relato que fue sostenido en el tiempo, y calificado como espontáneo, que no impresionaba como fabulado o inducido y se correspondía además con indicadores de abuso sexual infantil advertidos por aquellos profesionales, pese a ello, la cámara al confirmar el sobreseimiento estimó que su versión era huérfana de prueba, afirmación que no sólo resulta contrapuesta a las constancias de la causa sino que implica la inobservancia de las normas de la Convención de Belém do Pará, ley 26.485, de Protección Integral de las Mujeres y Convención sobre los Derechos del Niño, y de la doctrina sobre la materia. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. -El juez Rosenkrantz, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Alarcón Caro, Yolanda del Carmen y otros c/ Fainco S.A. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-26

La "crítica concreta y razonada" que reclama el art. 265 del C.P.C.C.

constituye una exigencia ritual de carácter estrictamente técnico, en virtud de la cual se debe mostrar al tribunal de Alzada la supuesta equivocación de la que adolecería el fallo impugnado. Se aguardan, pues, argumentaciones estrictamente basadas en la lógica y en la ciencia jurídica enderezadas a mostrar las hipotéticas fallas verificadas, sea en el proceso intelectual seguido por el juzgador o en la formulación de su conclusión final. Ello ha de lograrse a través de la exposición de un razonamiento que en derecho supere al apelado según las reglas de la sana crítica, mas no en la descalificación personal de quien circunstancialmente encarna la magistratura.
Empleados públicos, remuneración, adicional por subrogancia, Estado Provincial, emergencia económica, leyes, interpretación de la ley, decretos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cervera, Manuel Alberto Candido c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 698-93) Portugal, Marta Haydee Vigil de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 59-93) Mollerach, Edgardo Darío; Beltramino, José María Ignacio; Bucca, Nilda Viviana y Krieg, Alberto Emilio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 499-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-08|2001-05-08|2001-05-08

Como consecuencia de la sanción de la ley provincial 10472 -de "emergencia económica y reforma del Estado-" el 20-3-1990 se dictó el decreto nº 877/90, "en ejercicio del poder de policía del Estado, a fin de mantener el equilibrio de las finanzas públicas", y teniendo en mira -entre otros aspectos- la necesidad de "realizar un nuevo ajuste económico, basado en criterios de reordenamiento financiero y de racionalización en la afectación de los recursos reales disponibles", de "centralización de las autorizaciones de utilización de las partidas presupuestarias", y de "flexibilizar normas de aplicación al régimen laboral y salarial". El artículo 18 segundo párrafo, de dicho decreto, prohibía "efectuar todo tipo de promociones, revalorizaciones funcionales u otorgamiento de subrogancias". Seguidamente, la norma disponía: "como consecuencia de la prohibición precedente, cuando por razones operativas resulte necesario, garantizar ciertas tareas, se asignarán las responsabilidades de un cargo superior vacante al agente..." a que refería (tercer párrafo).
Estado Nacional, derecho internacional público, interpretación de tratados internacionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: París Video Home S.A. c/ Societa Per Azioni Commerciale Iniziative Spettacolo (SACIS). s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

Tratándose de la actuación del Estado Nacional en el orden internacional, se debe efectuar una interpretación integral de las normas aplicables al caso, adoptando soluciones congruentes con los instrumentos internacionales que protegen la suficiente y adecuada tutela de la defensa en juicio (Disidencia del Dr.

Antonio Boggiano).
Recurso extraordinario, cuestiones procesales, recurso de inaplicabilidad de ley, tribunal plenario
Materia: PROCESAL
Carátula: MENEGATTI, LUIS MARIO. c/ ESTADO NACIONAL (COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO). s/ DEMANDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-26

Lo referente a la posibilidad del tribunal plenario de decidir acerca de la contradicción planteada, aún cuando la sala que concedió el recurso de inaplicabilidad de ley se hubiera pronunciado respecto de aquélla en sentido favorable, por su carácter procesal, es irrevisable en la instancia extraordinaria.
Transformación de la demanda, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: G., R.S. c/ G., N. y Otra s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-06-18

Admitir la alteración llevada a cabo por el actor significaría, además de condescender con el desorden en la tramitación del proceso, aceptar se trastoque la posición de los contrarios con grave menoscabo de su derecho de defensa en juicio, pues se los privaría de la oportunidad de alegar y probar en contra de ese carácter de deudores solidarios. Importaría al propio tiempo mudar el "thema decidendum" y, de sentenciarse la causa sobre esas nuevas bases diferentes a las plantadas con la demanda, incurrir en violación del principio de congruencia por "extra petita".

En ello no tendría rol a cumplir la reconocida potestad del magistrado de calificar la relación jurídica y seleccionar la normativa aplicable a ella, expresada en el tradicional brocardo "iuria novit curia", en tanto ésta se encuentra acotada por un límite infranqueable: no alterar los hechos configurativos de la "causa petendi", no modificar la pretensión convirtiéndola en otra distinta.
Relaciones de familia, alimentos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: M. G. J. c/ S. M. Á. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-17

Una recta interpretación del art. 372 del Código Civil indica que, tratándose en la especie del abuelo paterno del menor alimentado, el alcance de su prestación en principio está limitada a lo establecido en dicha norma, esto es, "comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe, y también lo necesario para la asistencia en las enfermedades." Cierto es también que esta norma debe compatibilizarse con el art. 27, inc. 1° Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto dispone que los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño/a a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Si los jueces, abstrayéndonos de esta severa realidad, nos abroqueláramos en una interpretación rigurosa de la norma convencional para exigir a un trabajador que afronta, además, otras cargas de familia, un esfuerzo económico superior a sus reales posibilidades, privilegiando así el loable -pero no siempre realizable- propósito tuitivo del citado art. 27, inc. 1°, caeríamos sin duda en el dictado de un fallo de improbable cumplimiento.
Contrato de trabajo, multa, regularización del trabajador, empleo registrado, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Kabakeris Silvia Beatriz c/ Raz y Cía S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

Si bien con relación a la multa del art. 8 de la ley 24.013 debe ponderarse que el art. 47 de la ley 25.345 incorporó al art. 11 de la Ley Nacional de Empleo como requisito para la procedencia de dicha indemnización que el trabajador o la asociación sindical que lo represente envíe dentro de las 24 hs. siguientes a efectuar el requerimiento al empleador para que regularice su relación laboral, copia a la AFIP de dicho requerimiento, el hecho de que la trabajadora hubiera dejado transcurrir tres días, no obsta a la procedencia de la multa. Es que el fin perseguido por el legislador es promover la regularización de las relaciones laborales no registradas, desalentando las prácticas evasoras, por lo que la finalidad legal de la norma en cuestión ha quedado cumplimentada aunque hayan transcurrido unos pocos días entre la comunicación remitida por la actora intimando a la accionada para que regularice su relación laboral y la enviada a la AFIP. Constituiría un exceso ritual privar a la trabajadora que sufrió la situación prevista por la ley 24.013 por una demora menor en una comunicación accesoria, a la par que resultaría una contradicción con el deber de interpretar la ley con justicia beneficiar al que violó los deberes registrales por la mera circunstancia de que la participación a la AFIP haya sido ejecutada cuatro días después. (Del voto del Dr. Maza, en mayoría). Toq. 1236.
Impuesto a las ganancias, desgravación impositiva, actividad agropecuaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Eurotur SRL. s/ recurso de apelación - ganancias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Procede la desgravación por inversión en la recuperación de tierras áridas (art. 111 de la ley 20.628 modificada por el art. 68 de la ley 20.954) si en el acuerdo celebrado por la actora se estableció aplicar el capital por ella invertido a realizar trabajos para la incorporación de tierra árida a la explotación agropecuaria, suma que le sería reintegrada actualizada y con sus intereses.
Poder Legislativo, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: M., E. J. s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

El concepto de las prerrogativas parlamentarias representa un racional sistema de protección y defensa (en definitiva una garantía) a fin de neutralizar las interferencias y desbordes de los otros poderes.
Concursos, efectos de la apertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gibaut, Néstor A. c/ Nicolisi y CIA SRL s/ Hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-17

Si la compensación fue pedida por el acreedor hipotecario, que resultara comprador en la subasta (ocho meses antes del auto de quiebra). Ello tiene significación por el efecto temporal de la sentencia de mérito que admita o rechace la compensación, porque ella es una sentencia declarativa que retrotrae sus efectos hacia el momento en que tuvieron lugar los hechos sobre los cuales versa la declaración de certeza.
Títulos de crédito, depósito de títulos valores, impugnación del depósito, plazo, caja de valores
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAJA DE VALORES  SA c/ LIENDO, MONICA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-10

Toda vez que, mediante el sistema vigente en materia de depósito de títulos valores, se tornan fungibles los objetos (títulos) que se depositan, conformándose entre los comitentes una copropiedad indivisa sobre la totalidad de tales títulos de la misma especie, clase y emisión depositados; la ley 20643, en función de brindar seguridad a quienes operan con ellos -a través de agentes autorizados-, creo un sistema, cual es establecer un plazo de caducidad que solo depende del hecho objetivo de la falta de ejercicio de un derecho concreto: revisar dentro de las 48 hs. De efectuada la recepción provisoria y reclamar en su caso. Por tal motivo, el ejercicio diligente del citado derecho -en el caso por la caja de valores sa- deviene conveniente para salvaguardar un interés superior: lograr certidumbre tendiente a proteger la confiabilidad del sistema otorgando seguridad al público que opera como tercero.
Asignación por maternidad, madre no gestante, licencia por maternidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: B. V. J. c/ Anses  s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-21

Corresponde ordenar el otorgamiento de la asignación por maternidad contemplada en los artículos 177 de la Ley 20.744, y 11 de la Ley 24.714 -que le fuera denegada por el organismo previsional por no encontrarse embarazada- a una madre no gestante, desde la fecha de inicio de la licencia concedida por el empleador, puesto que no otorgarle la asignación la privaría de ingresos durante el periodo que dure su licencia, produciéndose un claro y relevante perjuicio en la pareja y por ende a la niña por nacer, afectando el derecho superior del niño a contar con una protección social y económica debida.
Honorarios, abogados
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUASCH, Víctor c/ ESTADO NACIONAL s/ COSTAS. HONORARIOS, ABOGADO: PEDIDO DE REGULACION. PLAZO,   PRESCRIPCION.  PROCESO ARBITRAL. TRABAJOS POSTERIORES A LA SENTENCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-28

El plazo de dos años para que el abogado pida la regulación de sus honorarios comienza a correr -entre otras hipótesis- a partir de la fecha en que el letrado cesó en su patrocinio.-
Autarquía judicial, remuneración, funcionarios judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Bidau, Sara Margarita y otros c/ ANSeS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

No existe norma alguna que establezca como regla general que los suplementos creados por la Corte Suprema en ejercicio de la atribución conferida por el art. 7° de la ley 23.853 deban ser considerados bonificables, carácter que tampoco surge de manera inequívoca del texto de las acordadas 75/93 y 37/94 - que diispusieron equipar la remuneración de los presecretarios administrativos con 10 años de antigüedad en el cargo y carencia de sanciones que lo inhabilite para ascender, a la prevista para el prosecretario jefe-.
Intervención de línea telefónica, prueba
Materia: PENAL
Carátula: González, Federico Rolando c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-27

Aún suprimiéndose mentalmente el informe anulado por el "a quo", las intervenciones telefónicas ejecutadas con anterioridad y de forma independiente a la presentación de Gendarmería, tienen la entidad para otorgar -cuanto menos- un mínimo de verosimilitud a la hipótesis investigativa en virtud de la cual se dirigió la pesquisa en torno a los imputados. (Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos).
Amparo por mora, título universitario, Universidad de Buenos Aires, mora de la administración, vencimiento del plazo, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S., D. c/ Universidad de Buenos Aires s/ amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-09

Corresponde hacer lugar al amparo por mora interpuesto por una alumna de la Universidad de Buenos Aires, a efectos que la institución de altos estudios le haga entrega del título de Licenciada en Ciencias Políticas con su correspondiente diploma y sus certificados analítico y de promedio, y ordena a la Universidad que se expida en el plazo de 30 días hábiles, respecto del trámite iniciado por la actora el 6 de marzo de 2020, dado que se encuentra configurada la situación de mora, porque la accionada incumplió el plazo de 120 días corridos para la expedición del título, establecido en el art. 40 de la Ley de Educación Superior (Ley 24.521). Asimismo, cabe destacar que en el caso existe un plazo para la expedición del título y que vencido aquél, puede considerarse que la Administración se encuentra en mora, sin necesidad de presentar un pedido de pronto despacho.
Nulidad de matrimonio, dolo
Materia: CIVIL
Carátula: D.P.R. c/ V.L. s/ Nulidad matrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-11-03

Corresponde declarar la nulidad del matrimonio dado que el consentimiento otorgado por la cónyuge al momento de contraer nupcias se encontraba viciado por dolo, ya que desconocía características personales del demandado que hubieran modificado su decisión de contraer matrimonio de haberlas conocido, tales como el consumo y venta de drogas, sumado al posterior procesamiento por tentativa de homicidio, todo lo cual acarrea como sanción legal la nulidad del acto por defectos graves originarios que existían con anterioridad y al momento de celebración del matrimonio.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, sentencia de trance y remate, Unidad de valor adquisitivo, pago, conversión de moneda, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco de la Ciudad de Buenos Aires  c/ Guzman Llamas, Adriana Carolina  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-21

En el marco de un proceso ejecutivo fundado en un contrato de mutuo bancario expresado en unidades de valor adquisitivo (UVA) actualizable por el CER (coeficiente de estabilización de referencia), a los fines de cuantificar la condena de trance y remate corresponderá definir el momento en que debe efectuarse la conversión pertinente.

En ese marco, se observa que el contrato previó el modo de calcular el valor para el caso de reembolso en condiciones normales, pero nada estableció en caso de mora en el pago de las cuotas. Tal silencio no puede interpretarse como pretende el banco, a fines de efectuar la conversión al momento del efectivo pago.

Consecuentemente, ante la ausencia de una norma convencional, deberá aplicarse el CCCN 772, que establece para el caso de deudas de valor que éste debe cuantificarse al "...momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda...". Por lo tanto, la cuantificación debe hacerse en la oportunidad de la última sentencia; que en el caso es la presente resolución de este Tribunal de Alzada, que resulta modificatoria del pronunciamiento de grado.

De tal suerte, no deberán aplicarse los intereses pactados pues estos contemplaban la pérdida del valor adquisitivo, que en el sub lite se encuentra cubierto por tratarse de una deuda de valor y en razón de la fecha de conversión de la deuda. De tal manera, el saldo deudor liquidado devengará un interés puro o real, equivalente a la tasa del 7,5% anual, no capitalizable, entre moratorios y punitorios (según lo pactado en las cláusulas del mutuo; cfr. CSJN, doctrina de Fallos 332:363), desde la fecha de mora hasta la del presente pronunciamiento. Y a partir del día de la fecha, la sumatoria del capital y el interés precedentemente indicado (CCCN 770-c), devengará un interés a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días (conf. CNCom, en pleno "SA La Razón", del 27/10/94), sin capitalización alguna (conf. CNCom, en pleno "Calle Guevara", del 25/08/03; CSJN, in re "Okretich, Raúl A. c/ Editorial Atlántida SA", del 15/07/97, publicado en JA 1999-IV, p. 602).
Recurso extraordinario federal, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, competencia, archivo del expediente, defensa en juicio, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Iraizoz, Juan Fermín c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Si bien las cuestiones de hecho, prueba y derecho público local son ajenas, como regla y por su naturaleza, a la instancia del art. 14 de la ley 48, en virtud del debido respeto a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas, cabe hacer excepción a tales principios cuando las decisiones judiciales afectan el derecho de defensa de las partes, por falta de adecuada fundamentación como ocurre en el caso que al declarar la incompetencia del tribunal para entender en la causa sometida a su conocimiento y ordenar el archivo de las actuaciones, importó privar al recurrente de su derecho constitucional a la jurisdicción.
Acto administrativo, procedimiento administrativo, pensiones, pensiones militares, derechos subjetivos, Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, suplementos del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Podestá, Eulogio Alberto y otros c/ Caja  de  Retiros,  Jubilaciones  y  Pensiones  de la Policía Federal s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-25

La determinación del monto del haber jubilatorio, por parte de la Caja de Retiros, Jubilaciones y pensiones de la Policía Federal, se limita a una operación aritmética, corrigiendo el haber que dispensa cada vez que se altera el sueldo del activo, mediante una liquidación que no importa acto o declaración de voluntad de la que surgen derechos subjetivos.
Procedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cobro de sumas de dinero, resoluciones equiparables a definitiva, defensa en juicio, debido proceso, facultades jurisdiccionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Kelly Enrique Carlos contra GCBA sobre cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-21

Corresponde hacer lugar a la queja porque contiene una crítica suficiente de la resolución denegatoria de su recurso de inconstitucionalidad. La sentencia contra la que se alza este último recurso es asimilable a definitiva pues la deserción parcial de su recurso de apelación declarada por el a quo le genera un agravio de imposible reparación ulterior al cerrar definitivamente la discusión sobre el fondo de la cuestión debatida y frustra toda posibilidad de acceder a la jurisdicción extraordinaria de este Tribunal Superior. Los agravios planteados se sustentan en la correcta aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, y su análisis habilita la instancia recursiva intentada. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe, por remisión a su voto in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Pascuzzi Stella Maris y otros contra GCBA sobre cobro de pesos", expte. SACATyRC n° 3688/16-1, sentencia del 23-03-2022).
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), medida de no innovar
Materia: CIVIL
Carátula: ABATE, RAUL c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO DE AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-10-25

El presupuesto de verosimilitud del derecho que se protege, exigido para hacer lugar a la medida de no innovar, debe ser entendido como la probabilidad de que el derecho exista, y no como una incontestable realidad que sólo se lograra al agotarse el trámite.-
Administración Pública, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAR, RICARDO ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-03

El ámbito que ambiguamente se llama de discrecionalidad administrativa, de "poder" discrecional, o de discrecionalidad técnica, está limitado, no únicamente por reglas y principios jurídicos, sino por reglas de razonabilidad, esto es, por pautas lógicas que no constituyen patrimonio exclusivo del jurista.