Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-10-13


NEUQUEN, 13 de octubre de 2011.- Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "GUGLIELMI GUILLERMO JOSE CONTA GAUNA ANTONIO OCTAVIO S/DESPIDO POR OTRAS CAUSALES" (EXP Nº 390900/9) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL Nº1 a esta Sala I integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Federico GIGENA BASOMBRIO, en subrogancia legal -Acuerdo N° 4689 del TSJ- con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra.

Patricia Clérici dijo:

I.- Ambas partes apelan contra la sentencia de fs. 166/168 vta., que hace lugar parcialmente a la demanda, con costas en un 50% para cada uno de los litigantes.

La demandada se agravia por cuanto entiende que la actora nada acreditó respecto de las diferencias salariales acogidas en la sentencia de grado, no existiendo constancias en autos de la escala salarial, ni se produjo prueba pericial contable o informativa al sindicato de la actividad. Agrega que el demandado acompañó los recibos de haberes, por lo que el actor tenía la carga de probar que el salario abonado era insuficiente.

Se agravia también porque se hizo lugar al SAC por los períodos 2007/2008 y vacaciones no gozadas, cuando estos rubros fueron abonados por la empleadora, conforme surge de los recibos de haberes acompañados a autos.

Señala que tampoco se encuentran acreditadas las causales por las cuales el demandante se colocó en situación de despido indirecto.

Finalmente formula agravio respecto de la distribución de las costas procesales, señalando que la demanda solamente prosperó en un 20%. Cita jurisprudencia.

La actora, por su parte, se agravia por el rechazo de las diferencias salariales por el período mayo/2007 a enero/2009, ya que no se encuentra acreditado que el trabajador haya laborado bajo la modalidad de media jornada. Señala que el principio establecido por la LCT es que el contrato de trabajo es por tiempo indeterminado con una jornada laboral de ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales, siendo a cargo de quien alega una modalidad distinta, probarla. Agrega que el relevamiento realizado por el Ministerio de Trabajo informa que el actor, junto con otros compañeros de trabajo, laboraba seis días con una jornada superior a la denunciada.

Se agravia también por el rechazo de la multa prevista en el art. 8 de la Ley 24.013, toda vez que el demandado no registró debidamente al actor Formula queja por la distribución de las costas, entendiendo que existieron razones fundadas para demandar.

La demandada rebate los agravios de su contraria a fs. 182/188.

Primeramente señala que la expresión de agravios no reúne los requisitos del art. 265 del CPCyC.

Sostiene que no existe prueba en autos de que el trabajador haya laborado jornada completa por el período reclamado, no pudiendo sacarse ninguna conclusión de la inspección realizada por el Ministerio de Trabajo.

Transcribe partes del fallo y de las declaraciones testimoniales.

Con relación al segundo agravio, sostiene que el accionante fue debidamente registrado y que, en todo caso, el actor no cursó en término la comunicación a la AFIP.

Con relación a las costas del proceso, señala que la queja no se encuentra fundada ya que el demandante alude a razones para demandar sin especificar cuales son estas razones. Sin perjuicio de ello invoca el principio objetivo de la derrota.

II.- Ingresando al tratamiento de los agravios de las partes, he de comenzar por la cuestión referida a las diferencias salariales.

La sentencia de grado rechaza el reclamo de diferencias salariales formulado por el actor, que se derivarían del pago de la remuneración correspondiente a media jornada de trabajo cuando, conforme los dichos del demandante, laboró tiempo completo.

Analizada la prueba aportada a la causa, concluyo en que no asiste razón al actor apelante. Los testigos ofrecidos por el accionante no trabajaron con él, sino que son clientes del negocio del demandado o conocidos del trabajador, siendo sus declaraciones sumamente imprecisas, ya que si bien refieren haber visto al actor trabajando al mediodía y a la noche, no pueden determinar en que lapso temporal sucedió esto. Teniendo en cuenta que la demandada ha reconocido que durante un breve lapso, inmediatamente anterior a la finalización del contrato de trabajo, el actor trabajó al mediodía y a la noche, resultaba fundamental poder demostrar que la jornada completa se cumplió durante toda la relación laboral, no teniendo los testimonios referidos fuerza convictiva sobre este extremo.

Por el contrario, y conforme lo ha puesto de manifiesto la a quo, los testigos que fueron compañeros de trabajo del demandante son contestes en que el trabajador se desempeñó siempre con media jornada (20,00 horas a 24,00 horas), y solamente en algún período de 2009 realizó doble turno. Frente a estos testimonios, las constancias de la inspección realizada por el Ministerio de Trabajo no son relevantes ya que dicha inspección se realizó en horario nocturno (21,00 horas), siendo contestes las partes en que en ese horario trabajaba el demandante y, luego, las constancias sobre las condiciones laborales de cada uno de los trabajadores responden a las propias declaraciones de éstos, no surgiendo de la prueba informativa del Ministerio de Trabajo que se hayan constatado irregularidades o se haya sancionado al empleador.

Con relación a las diferencias salariales acogidas (febrero y marzo de 2009), las mismas son consecuencia de no haber liquidado la remuneración de acuerdo con la escala salarial del convenio colectivo de la actividad. Si bien es cierto que no se ha acompañado a autos la escala salarial respectiva, tal información puede ser cotejada directamente por el juez al momento de sentenciar, ya que se trata del derecho aplicable (el convenio colectivo de trabajo rige con fuerza de ley para el ámbito de aplicación) y eso fue lo que hizo la a quo, conforme lo indica en su sentencia.

Con relación al pago de los SAC correspondientes a los años 2007 y 2008 y vacaciones, la documentación de fs. 25/29 no es conducente a efectos de la acreditación del pago de remuneraciones, desde el momento que la LCT determina que el pago de la remuneración se prueba con los recibos extendidos en legal forma (art. 138) o con las constancias bancarias (art. 125), no reuniendo la documental referida esta calidad. Consecuentemente, al desconocerse por el actor dichos recibos (fs. 47) y no habiéndose diligenciado prueba alguna tendiente a acreditar la efectiva realización del pago invocado, el agravio no puede prosperar.

Respecto de las causales del despido indirecto, la a quo es clara en orden a que, si bien no todas han sido acreditadas, si se han probado algunas (pago sin respetar la escala convencional y omisión de pago de SAC), las que tienen entidad suficiente como para ser consideradas injurias graves que impiden la prosecución de la relación laboral, causales cuya configuración ha quedado confirmada en los párrafos precedentes.

Habiendo informado la AFIP que el trabajador fue registrado, y no invocándose falseamiento de los datos inscriptos, no puede prosperar la multa del art. 8 de la Ley 24.013, desde el momento que la finalidad de la ley referida es lograr la registración de los trabajadores; para ello le da la oportunidad al empleador incumplidor de proceder a la registración del trabajador y sólo ante la persistencia del incumplimiento habilita la aplicación de la multa, no siendo este último el supuesto de autos.

Resta por analizar la distribución de las costas procesales, aspecto con el cual ambas partes manifiestan disconformidad.

Con relación a la imposición de las costas nuestra legislación procesal ha adoptado como base el principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCyC). Sin perjuicio de ello, en procesos de naturaleza laboral, en atención a que se trata de créditos de carácter alimentario, no se mira la cantidad de rubros acogidos y rechazados, y no se comparan los montos por los que se demanda y por los que progresa la acción a efectos de determinar la calidad de vencido, sino que hay que estar a lo sustancial del reclamo (cfr. Sala II, "Broca c/ De Mori", P.S. 2001-II, f° 263/264). Si la demanda progresa en lo sustancial, aunque el monto de condena sea inferior al de demanda, se debe considerar que la parte vencida es la demandada.

Ahora bien, en autos el actor ha impetrado la acción reclamando diferencias salariales derivadas de la realización de una jornada de trabajo mayor a la computada salarialmente y por no respetarse la escala convencional, y, por otro lado, por indemnizaciones derivadas del despido indirecto.

Los dos reclamos han progresado, aunque el primero -diferencias salariales- en una mínima parte. Consecuentemente, entiendo que es el demandado quien asume el rol de vencido, debiendo, por ende, cargar con los gastos del proceso. Por ello, corresponde modificar el resolutorio de grado estableciendo que las costas son a cargo de la demandada vencida.

Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo modificar parcialmente la sentencia apelada, estableciendo que las costas son a cargo de la demandada vencida, y confirmándola en lo demás que ha sido materia de agravios.

Las costas de la presente instancia, en atención al éxito obtenido, se imponen en el orden causado (art. 71, CPCyC), correspondiendo regular los honorarios profesionales de acuerdo con la pauta del art. 15 de la ley arancelaria.

El DR. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos por mi colega preopinante, adhiero al mismo expidiéndome en igual sentido.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fojas 166/168 en lo principal, modificándola respecto de las costas que se imponen, en la instancia de grado, a la demandada vencida.

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado (art. 71, CPCyC), en atención al éxito obtenido.

3.- Regular los honorarios de Alzada en las siguientes sumas: para los DRES.

...; ... y ..., letrados apoderados del actor, de pesos ... en conjunto y para los DRES. ... y ..., de pesos ... en conjunto (art. 15, LA).- 4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.- Dr.Federico GIGENA BASOMBRÍO - Dra. Patricia M. CLERICI Dra.Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 189 - Tº V - Fº 939/942 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2011.