marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, legitimación procesal, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: CALDERON, JUAN CARLOS c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-08

Se entiende por legitimación la competencia del sujeto para soportar los efectos jurídicos de la reglamentación de intereses a que se ha aspirado, competencia que a su vez resulta de la posición especifica de tal sujeto, respecto de los intereses que se trata de regular.

Constituye un presupuesto preliminar y necesario para la declaración del derecho en favor del actor.
Pensiones, conviviente, cónyuge supérstite, beneficios previsionales, concurrencia de beneficiarios, derecho a la protección integral de la familia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Echegaray, Marta de c/ Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ pensión policial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

La inclusión de la concubina del causante, que no desplaza a la viuda a quien el beneficio le había sido acordado con anterioridad sino en el porcentaje legal, resulta justa y coherente con el principio de seguridad social y la finalidad de protección integral de la familia que establece el art. 14 bis de la Constitución Nacional, sin que pueda considerarse lesionado el derecho reconocido a la cónyuge supérstite (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Proceso penal, duración del proceso, morosidad del proceso, garantías procesales, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Amadeo  de  Roth,  Angélica  Lía s/ lesiones culposas -Causa N°1395/81-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

La garantía a obtener un pronunciamiento judicial que defina de una vez y para siempre la situación ante la ley y la sociedad, se basa en que el Estado con todos sus recursos y poder no tiene derecho a llevar a cabo esfuerzos repetidos para condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a las molestias, gastos y sufrimientos, y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad, y a aumentar también la posibilidad de que, aun siendo inocente, sea hallado culpable (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Proceso penal, acción civil, damnificado directo, demanda, daño moral, indemnización
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SOLIS RAMON OSCAR s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-08-23

El tribunal de juicio destinatario de la pretensión civil, que tiene el deber de satisfacerla, ya sea acogiéndola o rechazándola, carece de facultades para fijar de oficio la indemnización por el agravio moral, ya que se trata de una acción de "jure propio" que debe ser reclamada por quien ha sido lesionado en sus afecciones legítimas y esto es cosa enteramente personal. Asimismo no podría imponerse de oficio el monto indemnizatorio porque ello desnaturalizaría el carácter privado de la reparación asignado por la ley de fondo -código civil-. Procesalmente el actor civil debe designar en su demanda la cosa que se demanda, es decir, cuanto es el monto del daño a indemnizar y ello es importante hacerlo por cuanto tiende a garantizar la observancia del principio de congruencia, ya que el juez no puede negar lo que es debido o conceder cosa distinta de lo pedido, y menos aún conceder lo que no se pidió. En esas condiciones, ante la falta de monto reclamado no podría el demandado contestar con certeza, y se violaría la defensa en juicio que consiste en dar a los litigantes la oportunidad de ser o idos y de encontrarse en condiciones de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales.-
Recurso extraordinario, interposición del recurso, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Consoli, Próspero Víctor s/ administración fraudulenta -Causa nx 37.141-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

Resulta insuficiente la fundamentación del recurso que carece de una relación concreta que permita demostrar que la cámara ha excedido arbitrariamente el campo de libertad que tiene en la construcción de la decisión final de la causa.
Honorarios, regulación de honorarios, perito contador, derecho de opción
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: U.T.G.R.A. c/ Establecimiento Gastronómico Motel "El Colonial" y/o propietarios y /o quien resulte responsable s/ Medida de Prueba Anticipada
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-03-25

No procede el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra los honorarios regulados al Perito contador, ya que siendo que la opción prevista por el art.32 de la Ley 2011 sólo comprende a las regulaciones de los letrados de las partes y no a los de los peritos, a las que resulta de aplicación las normas sobre los recursos previstos en el Código de forma, de allí que ante la falta de fundamentación del recurso deducido de conformidad a lo dispuesto por el art. 246 del Código Procesal Civil y Comercial, de aplicación supletoria, corresponde declarar su deserción.
Jueces, Constitución Nacional, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Santillán, Francisco Agustín s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-13

Es misión de los jueces contribuir al eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines del modo más beneficioso para la comunidad y los individuos que la forman, y en el logro de este propósito de asegurar la administración de justicia no deben estar cegados al principio de supremacía constitucional para que esa función sea plena y cabalmente eficaz.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: SALINAS PEDRO DAVID c/ CODI S.R.L. Y OTRA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO Y DECLARAC. INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-11-19

En el caso, la incapacidad que afecta al actor debe considerarse derivada de las lesiones producidas por la caída del actor en su lugar de trabajo y comprendida en el concepto legal de art. 6 inc. 1 de la Ley 24.557 máxime teniendo en cuenta que la demandada no ha demostrado que la afección era preexistente a la relación laboral con los exámenes preocupacionales y periódicos que debieron realizarse conforme a las pautas establecidas por la autoridad de aplicación art. 3 inc. b. de la citada ley.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, delito culposo, tipo penal, violación al deber de cuidado, imprudencia
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: P., R. F. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - HOMICIDIO  Y LESIONES CULPOSAS (EXPTE.: NRO. 540 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-11

No puede tomarse el tránsito vehicular como algo estático sino dinámico y además fluido (lo cual es algo buscado o fomentado por las mismas reglas legales de la materia), donde siempre hay varios protagonistas influyéndose mutuamente e interfiriendo las infracciones de uno con las de otros.

Porque, además, no existe la persona que reúna la síntesis del conductor modelo, que reacciona a las alternativas cambiantes (veloces, casi instintivas) que ofrece ese ámbito de actividad siempre adecuándose a todas y cada una de las reglas conocidas.

Es por ello, y otras tantas razones que las reglas individuales tales como la de "prioridad de paso" solo constituyen prohibiciones de puestas en peligro abstractas que no definen por sí el núcleo de la tipicidad imprudente sino que, además , deben concretarse al acontecimiento histórico preciso donde influyen otros factores como la previsibilidad, evitabilidad, o el comportamiento adecuado a la norma de la víctima, entre otros.

De aquí es que resulta correcto sostener que "Para el concepto jurídico de imprudencia...no es únicamente decisivo si se han observado los preceptos de policía de tráfico o no...Ni tal infracción fundamenta por ´si sola y necesariamente el reproche de imprudencia, no este reproche se excluye forzosamente mediante el respeto de los preceptos sobre circulación..." (Ampliación de Fundamentos del Dr. Creus)
Contrato de obra pública, aplicación de la ley, irretroactividad de la ley, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL - CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: León Spaciuk e hijos Sociedad en Comandita por Acciones c/ Dirección  Provincial  de  Vialidad  y  Estado  de  la  Provincia  de Corrientes s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08

La aplicación inmediata de la ley no significa su aplicación retroactiva, por lo que no incurre en arbitrariedad la sentencia que aplica la ley 3675 de Corrientes a contratos celebrados con anterioridad al nuevo régimen de la ley 4469 y cuyo cumplimiento fue reclamado mientras se encontraba en vigor aquella ley.
Empleados públicos, reescalafonamiento, remuneración, diferencias salariales, actualización monetaria, Estado Provincial, emergencia económica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villarreal Iturraspe, Nélida; Gómez, Rodolfo; Fanjul, Angela Elba; Andrijasevich, María Otilia; Sánchez, Gaspar; Frabotta, Adriana Guadalupe y Ferreras, Jorge Raúl c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 645-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-17

No puede prosperar la pretensión de la Provincia demandada que afirma que a la fecha de emisión del decreto que reubicó funcionalmente a los actores tenía plena vigencia la ley 10472 y el decreto reglamentario 877/90 -por los que se declaró el estado de emergencia económica y se suspendieron las condiciones de trabajo y el régimen salarial de los empleados de la Administración Pública en razón de dicho estado- alcanzando tal suspensión al acta paritaria 32/89 y, de consiguiente, a la forma de actualización allí convenida. Ello así, por cuanto la propia Administración al dictar el decreto de reencasillamiento invocó expresamente la normativa que, ahora, entiende suspendida en lo atinente al sistema de actualización, lo que evidencia una clara contradicción en su accionar.
Fuero de atracción, concurso preventivo, pago de la remuneración, salario de asistencia y salvamento
Materia: COMERCIAL
Carátula: GIOACCHINI, CARLOS ALBERTO Y OTROS c/ PESQUERA SANTA ELENA SA s/ COBRO DE ASISTENCIA Y SALVAMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-23

Toda vez que la naturaleza de la pretensión deducida (cobro de salario de asistencia y salvamento), encuadra en el art. 21, Ley 24.522 y no se dan los supuestos de exclusión que preve, corresponde hacer lugar a la remisión de esta causa al juez del concurso.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Calderón, Rosario Esther c/ Toscano, Myriam Susana s/ Cobro de Pesos - Laboral - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-04-03

El recurso de casación debe ser rechazado pues de la lectura del fallo atacado no se advierte una errónea aplicación e interpretación del art. 80 de la LCT capaz de configurar alguna causal prevista en los términos del art. 287 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que, los fundamentos de la casación se refieren más bien, a la disconformidad del recurrente con lo decidido por la Cámara y a cuestiones referidas a la apreciación de las pruebas, cuestión ajena a la casación.
Escribanos públicos, responsabilidad del escribano, fe de conocimiento, falsificación de documentos, falsedad ideológica
Materia: PENAL
Carátula: LASCALA, Jorge H. s/ procesamiento  Causa nro. 12410
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-21

La tarea del escribano público es dar fe de los actos que se realizan ante sí. Ello no importa la concesión del estado a un particular de la grave facultad de tornar verdadero -hasta que un engorroso trámite judicial demuestre lo contrario-, todo aquello que él afirma como cierto. Es parte esencial de tal capacidad su personal intervención en el acto y en el conocimiento de las partes, no supliéndose ella por la exhibición de un documento de identidad, teniendo en cuenta que en estos últimos tiempos se han dado muchos casos de documentos fraguados. En esta situación se hace inexcusable que el profesional lleve adelante su cometido con mayor prudencia e idoneidad, tomando todos los elementos con los cuales pueda formar un acabado juicio de certeza.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caserta de Nievas, Margarita I. y otro c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-01

La adecuación de los cálculos de la indemnización deben ajustarse en función con su vinculación específica con el rubro cuyo resarcimiento se dispone.
Pago por error, acción de repetición, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: SANATORIO OTAMENDI Y MIROL  S.A. c/ FOUQUET  S.A . s/ REPETICION  -  PAGO INDEBIDO - RESTITUCION PRESCRIPCION LIBERATORIA -  PRUEBA -
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-17

En materia de pago indebido el Código Civil no exige que el error sea excusable. No debe aplicarse lo preceptuado por el art. 929 para el error en los actos jurídicos, porque en este tema se encuentra comprometida la seguridad de las transacciones, mientras que en el pago indebido no se ataca el acto constitutivo y el acreedor cuenta con todas las acciones pertinentes contra su deudor.

Resulta contrario a los principios de equidad y de justicia utilizar la exigencia que la ley establece para un caso distinto y consagrar, de esa forma, un enriquecimiento sin causa, a raíz de un error del "solvens". Resulta así una solución disvaliosa y contraria al principio sentado en el art. 2589 del código citado al reconocer, a quien construye de mala fe, el valor de la obra levantada en terreno ajeno. La excusabilidad del error no es una calidad condicionante de la repetición del pago indebido. El art. 784 del mismo código concede el derecho a repetir lo pagado cuando existe este vicio, sea el error de hecho o de derecho.

La disposición del art. 786 del Código Civil, que dispone para el "accipiens" de buena fe la obligación de restituir igual cantidad que la recibida, debe ser interpretada como una suma de idéntico valor adquisitivo, puesto que de lo contrario se produciría un enriquecimiento sin causa del accionado, a expensas de un proporcional empobrecimiento de la contraria, por el hecho de haber abonado el importe indebidamente percibido por aquél. Al no ser el dinero un fin ni un valor en sí mismo, sino un medio que como denominador común permite medir cosas y acciones muy dispares, debe tenerse en cuenta el reajuste del crédito para la restitución, puesto que habiéndose alterado el poder adquisitivo de la moneda, la falta de reajuste integral provocaría una notoria afectación del derecho de propiedad que reconoce la Constitución.
Declaración indagatoria, nulidad procesal, calificación legal, falta de calificación legal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MALLO BIBILONI, DANIEL s/ INDAGATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-15

La circunstancia de no habérsele hecho conocer al prestar declaración indagatoria el hecho imputado y su calificación legal provisoria (art. 255 C.P.M.P.) acarrea la nulidad del acto procesal, porque ello hace al debido proceso y al derecho de defensa del procesado.
Comité de Derechos Humanos, REPÚBLICA ARGENTINA, acuerdo de solución amistosa, responsabilidad internacional del Estado, deber de información, publicación de la sentencia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Humanos - L. N. P. Vs. República Argentina -  Derecho de protección especial a la vida privada, honra y reputación por ser menor - Derecho de acceso a la jurisdicción en igualdad de condiciones c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2011-07-18

Considerando que en el marco del acuerdo amistoso resuelto entre el Gobierno de la Provincia donde sucedieron los hechos que motivaron la declaración de responsabilidad internacional del Estado Argentino por violación al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en perjuicio de la niña que habiendo sufrido violencia sexual, se le impidió el acceso a la jurisdicción en igualdad de condiciones y padeció revictimización de parte de las autoridades intervinientes, el Comité de Derechos Humanos solicita el cumplimiento íntegro de los compromisos acordados mediante aquél, debiendo el Estado Argentino informar acerca de las medidas adoptadas a tal fin y publicar el dictamen del Comité.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), jueces, derivación razonada del derecho vigente, tipo penal, calificación legal, comunicación telefónica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LEZCANO, EDUARDO FABIAN c/  s/ AMENAZAS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-06

No puede dejar de considerarse que la Alzada, más allá de los yerros en la formulación de las valoraciones que realiza sobre determinadas contradicciones fácticas y que aquí son objetadas por la interesada con referencia a pronunciamientos de esta Corte, lo cierto es que en el decisorio recurrido se abocó a analizar la conducta endilgada al justiciable y, en definitiva, tras efectuar un análisis doctrinario y jurisprudencial, determinó que en las concretas circunstancias del caso no se encontraba configurado el delito de coacciones, en tanto del contenido de la terminología utilizada por el imputado en la comunicación telefónica, no se advertía claramente expuesto el propósito concreto exigido en el concepto típico de esta figura legal, postulando así la absolución del nombrado; y este marco argumental ni siquiera tangencialmente es refutado por la recurrente en su libelo recursivo, circunstancia que evidencia su mera insistencia en oponer su propia postura en cuanto a la solución que considera acertada -condena del encartado por resultar inválido lo resuelto-, mas sin llegar a persuadir con la mera invocación de afectación de garantías constitucionales y de gravedad institucional de que en esa tarea el A quo hubiera arribado a una resolución que no resulte derivación razonada del derecho vigente. - Jurisprudencia concordante con Lezcano, AyS T 320, p 195, sumario J00474.
Trabajadores de la industria de la carne, régimen jubilatorio, jornada de trabajo, trabajo insalubre, aplicación errónea de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Gianini, Alberto Domingo c/ Fricader Patagonia S.A. s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley Rebolledo Arriagada, Juan Héctor y otros c/ Fricader Patagonia S.A. s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-04-09|1997-12-05

Los términos y antecedentes del decreto 3555/72 no pueden exorbitarse más allá de lo que el mismo pretendió regular, ni pueden constituir un fundamento valedero para extraer de ellos una declaración reglamentaria de insalubridad extensiva al régimen jurídico de la jornada de trabajo. El citado decreto, y más bien la declaración de la Comisión que asesoró en su dictado (creada por el decreto 5006/71) no resultan en principio aplicables al caso de autos, pues no adquiere entidad para constituir la declaración que exige la ley.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: FAZIOLI, NICOLAS c/ AMARO, ELIAS A. s/ EJECUTIVO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-12-12

Calificar la conducta procesal de la ejecutada y en su consecuencia aplicarle una multa, constituye una cuestión de hecho que no puede ser revisada en casación si no se demuestra que el juzgador ha incurrido en un razonamiento viciado.
Daño moral, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: G., F. A. c/ A. A. SA s/ SUMARISIMO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-29

Si bien es cierto que el daño moral es una alteración emocional profundamente subjetiva e inescrutable, la apreciación por el juez para aplicar en dinero su compensación debe ser necesariamente objetiva y abstracta. Para ello debe tomarse en consideración cuál pudo ser hipotéticamente el estado de una persona común, colocada en las mismas condiciones concretas en que se halla la víctima del acto lesivo. Se llegará así a la determinación equitativa de la cuantía de este daño.
Emergencia sanitaria, coronavirus, educación, educación presencial, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, decreto de necesidad y urgencia, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

El último párrafo del art. 10 del DNU 235/2021, a partir de la modificación dispuesta por el art. 2° del DNU 241/2021, no constituye el ejercicio de potestades constitucionales que le competen a las autoridades federales, sino que vulnera atribuciones y potestades propias de la autonomía política reconocida por la Constitución Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual torna innecesario ponderar la validez constitucional del instrumento jurídico en que se ha plasmado la norma (es decir, su carácter de decreto de necesidad y urgencia).
Derecho procesal, medidas cautelares, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-22

El juez competente en el proceso principal, es quien decidirá las otras derivaciones de las medidas cautelares, tales como su sustitución levantamiento, responsabilidades consecuentes etc., respondiendo así al objeto de preservar al mismo tiempo -que el peligro en la demora- la virtualidad de la causa petendi y las atribuciones propias del magistrado que ha de conocer en el proceso.
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: MINISTERIO DE EDUCACION c/ TENEDORES INTRUSOS Y/U OCUPANTES s/ LOCACION-DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-10

La acción de desalojo se concede a todos aquellos que, como titulares de derechos, tengan facultades de excluir a terceros del uso y goce de la cosa, siempre que estos no tuvieren derechos oponibles.
Medidas cautelares, gravamen irreparable, insuficiencia del agravio, póliza
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: A. A. A.  c/ A. S. S. I. s/ Medidas Precautorias (Art. 232 del CPCC)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-12

Y si la medida de secuestro fue solicitada con el fin de garantizar la integridad del bien para evitar que con el accionar del demandado o de terceros se pueda producir un daño irreparable, no se aprecia el agravio que causa la sustitución del secuestro por la presentación de la póliza del seguro contra todo riesgo o que la misma no cumpla esa función; en todo caso, no lo especifica (arg. art. 260 cód. proc.).