Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-11


///nos Aires, 11 de abril de 2012.Reg. nº 19.393	AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Raúl R. Madueño dijo:

1º) Que la Sala VII de la Cámara Nacional de Apela-ciones en lo Criminal y Correccional resolvió confirmar la resolución en la cual el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 47 desestimó la causa número 10.516/11 de su registro por inexistencia de delito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 180 in fine del Código Procesal Pe-nal de la Nación.

Contra esa decisión interpuso recurso de casación la querellante María Magdalena Piseghelli, representada por los doctores Ramiro Salaber y Alejandro Becerra, alegando que el Tribunal realizó una errónea aplicación de la ley sustan-tiva al considerar que los hechos denunciados no encuadran en el delito de defraudación por administración fraudulenta pre-visto en el artículo 173, inciso 7º del Código Penal.

Sostuvo que la resolución resulta arbitraria y no se encuentra debidamente motivada como lo impone el artículo 123 del Código Procesal, lo que deriva en su nulidad absolu-ta.

En tal sentido, afirmó que los jueces se han limi-tado a afirmar que los hechos no configuran delito alguno, pues se reducen a una controversia en torno a la eventual distribución de bienes de la sociedad conyugal.

2º) Que el recurso de casación fue denegado, origi-nándose así la presentación directa cuya admisibilidad ahora se analiza.

3º) Que las presentes actuaciones tuvieron inicio a raíz de la denuncia radicada por la querella con fecha 29 de marzo de 2011, en la cual imputó a su esposo, Juan Carlos Ca-bañas los hechos que consideró prima facie constitutivos del delito de defraudación por administración fraudulenta en el manejo operativo y financiero de los distintos negocios fami-liares a su cargo.

Al momento de expedirse sobre la cuestión aquí a estudio, el señor representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito, conforme lo dispuesto por el artículo 180 in fine del Código Procesal Penal de la Nación, sin requerir en ningún momento la apertura formal de la investigación (cfr. fs. 55/60).

4º) Que en anteriores oportunidades he señalado que, si bien todo querellante tiene el derecho de interponer los recursos reconocidos por el Código Procesal -cfr. la doc-trina del Plenario nº 11 "Zichy Thyssen"-, este derecho lo tiene, siempre y cuando se trate de una causa en la que en-contrándose investigada la posible comisión de delitos de ac-ción pública, el representante del Ministerio Público Fiscal hubiese instado debidamente la acción penal, lo que no ocu-rrió en el caso de autos.

Ello así, ya que el querellante en un delito de acción pública no se encuentra habilitado para impulsar la ac-ción penal en forma exclusiva durante la etapa instructoria (cfr. mis votos in re: "Bernstein, Jorge Héctor y otros s/ recurso de casación", causa nº 7300, reg. nº 9791, rta. el 16/11/2006; "Sotomayor, Oscar Alberto s/ recurso de casa-ción", reg. nº 7210; y "Borcosque, Carlos Alberto y otra s/ recurso de casación" y "Borcosque, Carlos Alberto y otra s/ recurso de queja" -registros nº 9.768 y 10.580-; entre otros).

Por otra parte, en el remedio procesal intentado la querella se ha limitado a insistir en su postura respecto de los hechos que imputa a su cónyuge, omitiendo rebatir de ma-nera fundada las razones en las que se sustentó el sobresei-miento, debatiendo únicamente cuestiones de prueba ya anali-zadas por la Cámara a quo.

Finalmente, en lo que hace al principio de la doble instancia, tal extremo se halla debidamente garantizado por cuanto han recaído pronunciamientos concordantes del juez instructor y de la cámara respectiva, y toda vez que no se observa la existencia de cuestión federal o la verificación de un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento criti-cado, no amerita la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio, tal como lo estableciera el Alto Tribunal en el fallo "Di Nunzio".

5º) En consecuencia, y toda vez que como señalé precedentemente, el señor representante del Ministerio Públi-co Fiscal propició el sobreseimiento en la causa, debe recha-zarse el recurso de queja objeto del presente análisis.

El señor juez doctor Luis María Cabral dijo:

Que adhiero al voto que antecede según los argumen-tos que he sustentado en la causa nº 14.337 "Zucchi, Vanesa Roxana y otros s/recurso de casación", Reg. nº 19.055 de esta Sala, rta. el 05/12/11.

El señor juez doctor Mariano H. Borinsky dijo:

Sellada que está la suerte del recurso, sólo he de agregar que efectivamente, el acusador particular se ha limi-tado a insistir en su particular interpretación de los hechos sometidos a juzgamiento, evidenciando así su entendible dis-crepancia con los argumentos en los cuales se sustentó el temperamento liberatorio aquí examinado, pero omitiendo reba-tirlos de manera fundada, lo cual impide que prospere la vía intentada, siendo que por lo demás, el principio de la doble instancia se encuentra debidamente garantizado con los pro-nunciamientos concordantes del juez de grado y de la Alzada, no advirtiéndose la existencia de cuestión federal o la veri-ficación de un supuesto de arbitrariedad en el decisorio puesto en crisis que amerite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio en los términos del fallo "Di Nun-zio" del más alto Alto Tribunal.

Por las consideraciones expuestas, el recurso de queja a estudio debe ser rechazado, con costas.

Tal es mi voto.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: Rechazar la presen-te queja, con costas.

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítase a la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Crimi- nal y Correccional, sirviendo la presente de atenta nota de envío.	Fdo. Raúl Madueño, Luis M. Cabral y Mariano H. Borinsky Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretario de Cámara.