Delitos contra la humanidad, protección internacional de los derechos humanos, educación superior, Universidad de Buenos Aires
Materia: PENAL
Carátula: Ricchiuti, José Luis c/  s/ Habeas Corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-16

La disidencia expresó que el modo en que el condenado se encuentre cumpliendo la pena impuesta o aún su agotamiento, no extingue la condición que funda el rechazo a la admisión a la UBA (Res. 5079/12 del Consejo Superior) y por ende, el agravio que motivó la impugnación deducida, que lo resuelto se ha alejado de la correcta aplicación del derecho sustantivo en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, que un nuevo paradigma en materia de autonomía universitaria fue instaurado con la reforma constitucional de 1994, que los contenidos básicos del concepto se encuentran ligados con los fines de las universidades en el marco de un Estado Constitucional de Derecho que interviene en la formación de los ciudadanos, que la autonomía universitaria se vincula esencialmente con la función crítica de las universidades nacionales y a su total independencia del poder administrador de turno, todo lo cual asegura la libertad académica de los docentes y la construcción y deconstrucción de saberes, que la autonomía universitaria está ligada a los objetivos y fines que la institución cumple en el desarrollo de la sociedad, cuyo nivel máximo se encuentra en el ejercicio de la libertad académica en el proceso de enseñar y aprender, que el Poder Judicial en su competencia no puede invadir la autonomía universitaria, porque dentro de esta atribución constitucional cada universidad nacional puede establecer pautas jurídicas y éticas acordes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por las cuales no admita dentro de su comunidad a condenados por crímenes de lesa humanidad, que la resolución impugnada ha sido dictada en el pleno ejercicio de la autonomía universitaria que reconoce constitucionalmente nuestro ordenamiento jurídico y encuentra razón de ser en el compromiso de la UBA con la formación de las nuevas generaciones en apego al absoluto respeto por el Estado Constitucional de Derecho, la reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia por sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas de manera sistemática y generalizada por el terrorismo de Estado y la condena a quienes formaron parte de un aparato organizado de poder que violó normas de ius cogens, la UBA, en el ejercicio de la autonomía que le reconoce la CN, se encuentra legitimada a no admitir como estudiante a quien ha formado parte de un aparato organizado de poder que desconoció y avasalló el orden constitucional y violó elementales derechos perpetrando graves violaciones a los Derechos Humanos, que constituyen crímenes contra el derecho de gentes, que la implementación de la educación superior en los contextos de encierro importó democratizar el saber en esferas en las que antes estaban vedadas, afianzar el orden constitucional y crear conciencia ciudadana democrática en un momento de la historia nacional recientemente herida por el terrorismo de Estado, que los argumentos de la UBA para rechazar el ingreso de procesados o condenados por delitos de lesa humanidad a su comunidad, son varios y de diversos tenores, y se desarrollan tanto desde el ámbito de la autonomía universitaria como desde la conservación de la comunidad a partir del respeto a sus víctimas, que -en tanto el acceso a la educación superior no es un derecho absoluto, ya que la enseñanza superior no debe ser "generalizada", sino sólo "disponible"- la negativa al acceso a la educación superior no es discriminatoria, que corresponde rechazar los planteos analizados toda vez que dada la especial calidad de delitos de lesa humanidad, las garantías en cuestión no sólo ceden frente a la obligación del Estado de investigar y dar una respuesta jurídico-penal en los casos concretos de graves violaciones a los derechos humanos, sino también ante el derecho que tienen las víctimas, la sociedad y la comunidad internacional de que estos hechos no queden impunes, que resulta razonable que la UBA, recuperada la democracia, en ejercicio constitucional de la autonomía, pretenda y organice sus claustros compuestos sólo por mujeres y hombres que no actuaron en contra del orden constitucional y el sistema democrático (art. 36 CN), que cuando se sanciona el delito, y se procede a reparar simbólicamente a la víctima, el efecto del reconocimiento social y público del daño producido, además de ser un acto de justicia, atenúa considerablemente su sufrimiento, y que la no admisión a individuos que portan un discurso negacionista, para acceder a una comunidad educativa, que en el particular caso de autos cuenta con una frondosa historia ceñida por la defensa de los valores de una sociedad democrática y de los derechos humanos, se presenta como un límite constitucional a la afectación de la existencia de instituciones basamentales para la continuidad y fortalecimiento del Estado de Derecho. (Dres. Hornos, Figueroa -disidencia-)