marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución prendaria, fundamentación del recurso, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: AUTOMOTORES CASAS S.A.C.I.F.I c/ FIGUEROA, ALBERTO ENEAS s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-05-13

De conformidad con lo establecido por el art. 30 de la ley de prenda, el término para apelar la sentencia definitiva dictada en dicha ejecución es de dos días, dicho término, debe ser aplicable en todo tipo de recurso interpuesto en esa clase de proceso, como así también y teniendo en cuenta la naturaleza punitoria de este proceso, el término de fundamentación del recurso, será el mismo que al acordado para proponerlos (dos días).
Verificación de créditos, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Taglialatela, Rosa s/ Incidente de verificación de crédito en autos:"Peri, Osvaldo Carmelo  s/Concurso preventivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-14

Si al tiempo de formular su petición de concurso preventivo, el demandado, en franca violación a lo dispuesto en el inc. 5 del art. ll de la ley concursal, silenció injustificadamente a su acreedora hipotecaria, así como la existencia de la ejecución que esta le había iniciado lo cual impidió que la Sindicatura enviara a la ejecutante la comunicación prevista en el artículo 29 de la citada norma y el deudor tampoco hizo saber la existencia del proceso universal limitándose a oponer excepciones con evidente ocultamiento de su condición de concursado, todo lo cual, revela una conducta antifuncional y contraria a los "standards" de buena fe y lealtad procesal que tanto las partes como sus letrados están obligados a observar, no sólo por respeto al ocasional contrincante, sino al propio órgano jurisdiccional (art. 34 inc. 5, ap. d), quedando ciertamente relativizada la presunción emergente de la publicación edictal prevista en los artículos 27 y 28 de la ley 24.522, resultando prudente y razonable a la vez distribuir por su orden las costas del presente incidente de verificación.
Concurso preventivo, homologación del acuerdo preventivo, acreedor privilegiado
Materia: COMERCIAL
Carátula: RAEDLER Y CIA. SA s/ CONCURSO   S/  EFECTO  DEVOLUTIVO  -  PIEZAS  SEPARADAS  -  CPR  250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-23

Los acreedores privilegiados no quedan incluidos en el concurso una vez que se homologa el acuerdo y recobran el ejercicio de sus acciones individuales por sus créditos no pagados. Estos acreedores deben ser satisfechos íntegramente, sin que tengan que someterse al plazo que se haya convenido en el concordato, pudiendo ejercer las acciones legales necesarias para obtener su cobro; inclusive tienen el derecho de pedir la quiebra de su deudor.
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: PROCESAL
Carátula: Settembrini  Elvira  Angela c/ Instituto Nac. de Serv. Soc. paraJubilados y Pensionados s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

El amparo está reservado para aquellas situaciones extremas en las que la carencia de otras vías legales aptas para zanjarlas pueda afectar derechos constitucionales, que se caracterizan, entre otros aspectos, por la existencia de un daño concreto y grave que sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo (cfr. esta Sala, causas 3676/97 del 14-10-97, 892/2001 del 1-3-2001 y 797/2001 del 27-3-2001). Es factible no obstante que existan otras vías legales para obtener la tutela perseguida, si éstas no son idóneas para evitar daños graves que se convertirían en irreparables de tener que aguardar la protección brindada por dichas vías (cfr. CNCiv., Sala C, del 6-6-95, ED 170-592); es decir, no es la existencia de otra vía la que cierra indefectiblemente el amparo, sino la ineptitud de ella la que lo abre (cfr. CNCiv., Sala F, del 17-12-96, DJ 1197-2-230; Sala III, causa 11.515/01 del 5/9/02). Habida cuenta de la naturaleza del derecho cuya protección se reclama, la vía del amparo intentada resulta idónea para requerir el cumplimiento de las obligaciones que se atribuyen a la accionada (cfr. esta Sala, causa 11.469/02 del 21-5-02).
Leyes, interpretación de la ley, divorcio, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R.C.A. c/ O.M.S. s/ Divorcio vincular y tenencia de menores
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-29

Lo previsto por el art. 232 de la Ley 23515 en cuanto que en los juicios de separación personal o divorcio vincular "no será suficiente la prueba confesional ni el reconocimiento de los hechos" está señalando que tales presupuestos si bien insuficientes por sí solos son plenamente computables si es del caso fueran corroborados por otros elementos de convicción, correspondiendo señalar que de todas maneras tales medios probatorios tienen de suyo la significación que por sí mismo le es propia, bastando para denotarlo el cambio de valoración que al respecto sufrieran, ya que la Ley 2393 en su art.70 preveía directamente su improcedencia.
Beneficio de litigar sin gastos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Díaz de González Nélida Rosa y otro s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-03

Habiéndose limitado la demandada a peticionar que se "analice cuidadosamente su admisibilidad", y a tal fin, el libramiento de oficio al Registro de la Propiedad Inmueble y Automotor a efectos de que se estableciese si había bienes inscriptos a nombre de los solicitantes del beneficio, no pueden serle impuestas las costas del proceso. Es que tal trámite no provocó dilación ni incidencia alguna y producida la prueba llamóse a autos para sentencia, sin que la Fiscalía de Estado expresare oposición al respecto.
Cheque, cesión de créditos, firma
Materia: COMERCIAL
Carátula: HECTOR NOSOVISKY c/ DAVID JOAB s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-31

No es necesario que la firma del cedente en una cesión de crédito que consta en un cheque sea autenticada por escribano público. Ello no es propio de un instrumento privado, y no existe motivo que justifique exigir más, en tanto no se trata de una cesión de acciones litigiosas (CCIV 1455, 1 párr.). Ni de otro supuesto en que la cesión no pueda concertarse por instrumento privado (CCIV 1184-6 y 9).

A esos efectos no es litigioso un derecho cuando no lo era al tiempo de la cesión, anterior a la iniciación del pleito, siendo indiferente que la cesión se hubiere producido antes o después del rechazo bancario, pues no depende de ello su carácter litigioso: un derecho, aún dudoso, no puede considerarse litigioso mientras no haya acción iniciada pues no hay litigio.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, agravio concreto, sujetos de derecho, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: MAMANI, Cristian c/ VITTAR DE DIAZ, Azizi; DIAZ, Santiago Alejandro; DIAZ, Luis Fernando; DIAZ, Gabriel Sebastián; DIAZ, Claudia Marcela s/ Ordinario: Simulación - Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-19

El principio general de la imposición de costas que consagra el art. 67 Cód. Procesal es el hecho objetivo de la derrota, no importando que las circunstancias subjetivas, la conducta de las partes, su buena o mala fe, tengan trascendencia o influencia para determinar su imposición. Lo que importa es el derecho del ganancioso a salir incólume del proceso ( Conf. C. Apel. C C. Salta, Sala IV, T XIII, fl. 75 21-03-91).- No debe olvidarse que las costas obedecen, en el sentido moderno, al criterio objetivo de la derrota, a un concepto indemnizatorio por los gastos ocasionados para obtener la tutela de sus derechos, no se trata de un castigo o pena impuesta al litigante por el solo hecho de haberse considerado con derecho a litigar o en la creencia de que el mismo le asiste el planteamiento de su pretensión.- El hecho objetivo de la derrota implica una justa compensación de los gastos efectuados para la obtención del reconocimiento del derecho que el vencedor se ha visto obligado a realizar.- Señala acertadamente Couture (conf. Estudios de Derecho Procesal Civil -T. III, pag. 338) que "El principio de que el que pierde paga constituye un precepto de responsabilidad análogo al de la responsabilidad civil, según el cual el que rompe paga.

El proceso es un precioso instrumento de justicia, pero de manejo peligroso. El que acude a él, debe hacerlo asistido de razón. El daño que cause en caso de litigar sin derecho, debe estar preceptivamente a su cargo...".

Continúa precisando que "El costo del proceso, se dice, no debe gravitar, ni directa ni indirectamente, sobre aquel que tiene razón....".-
Prueba confesional, valor probatorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Trincado, Alejandro Daniel c/ Ares, Gustavo Marcelo s/ Diferencias Remuneratorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-27

No constituyen probanza las aclaraciones vertidas por el absolvente contrarias al hecho puesto por el ponente, meras afirmaciones en beneficio propio, desprovistas por ende de "animus conffidendi", y que como alegaciones que son sólo pueden tenerse por ciertas si reciben sustento probatorio.
Suicidio, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Guevara, Rosa Miriam c/ Rastros SA s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-11-04

La prueba del suicidio, por tratarse de un acto que escapa a la normalidad, debe ser categóricamente, convincente y que no deje margen para dudas.
Control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Di Mascio, Juan Roque s/ Interpone recurso de revisión en expediente Nx 40.779
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

La eficacia y uniformidad del control de constitucionalidad ejercido por los jueces también requiere la existencia de un tribunal supremo especialmente encargado de revisar las decisiones dictadas al respecto; en el régimen de la Constitución, tal órgano no es otro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Legítima defensa, homicidio culposo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Sanchez, Antonio Eduardo s/ HOMICIDIO S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-04-29

No puede haber duda alguna de que ha mediado exceso en la legítima defensa, cuando -como en el caso- ha quedado probado: a) la agresión de la víctima; b) la inexistencia de lo que en derecho penal se entiende como provocación legitimante del ataque; c) que se inició una violenta pelea y en medio de ella el occiso realizó un ademán de "mano en la cintura" al que el procesado atribuyó la significación propia de buscar un arma, por lo que este último acudió a un destornillador que llevaba en el bolsillo, y a causa de unos puntazos que le dio le ocasionó la muerte; d) que el encartado a menudo trabajaba como herrero, que esa misma mañana estuvo abocado a tales tareas, y que era frecuente que llevara herramientas de mano consigo. Así, la conclusión jurídica consecuentemente derivada de los hechos no puede ser otra que la respuesta penal que contemplan los arts. 35 y 84 del CP (homicidio con exceso en la legítima defensa) y de ninguna manera la figura del art. 79 (homicidio simple).
Enjuiciamiento de magistrados, facultades del Poder Judicial, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Minond, Luis s/ acusa al señor titular del Juzgado Correccional n. 2 del   Departamento  Judicial de Morón doctor Syder Alberto César Guiscardo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Los enjuiciamientos de magistrados no constituyen, en principio, ámbitos vedados al conocimiento del Poder Judicial, en la medida en que se acredite lesión a la garantía del debido proceso.
Requisa personal, derecho a la intimidad
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: BUSTAMANTE, Pablo Daniel s/ Nulidad, Causa nro. 29.440
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-14

En numerosos precedentes se ha señalado que "la búsqueda de cosas relacionadas con un delito en el cuerpo o ropas de una persona se halla sujeta a limitaciones en virtud de hallarse en juego el ámbito personal de la intimidad de sustento constitucional..." (art. 18 de la Constitución Nacional), y que "sólo puede ceder frente a otros derechos cuando concurran determinadas circunstancias que lo justifiquen..."
Portación de armas, delito de peligro abstracto, recurso de casación penal, ampliación del fundamento del recurso, audiencia
Materia: PENAL
Carátula: Martínez Caballero, Osvaldo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-12

Para que exista "portación", el arma de fuego debe estar cargada y en condiciones de uso inmediato.

No corresponde el tratamiento de nuevos agravios introducidos en la oportunidad prevista en el art. 465 primera parte del C.P.P.N., pauta que expresamente vuelve a contener la nueva reforma introducida por la ley 26.734 que en su art. 6° referente al art. 454 del citado código prescribe que en la audiencia los recurrentes podrán ampliar la fundamentación o desistir de algunos motivos, pero no podrán introducir nuevos ni realizar peticiones distintas a las formuladas al interponer el recurso. (Dres. Catucci, Madueño -en disidencia parcial- y Rodríguez Basavilbaso).
Emergencia económica, mora, pesificación
Materia: ECONOMIA
Carátula: SPUCHES ANTONIO MANUEL c/ ZAPATA BEATRIZ SUSANA s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-10-01

No es atendible el argumento del recurrente de que las normas de pesificación afectan el principio de la irretroactividad de la ley (art. 3 del CC) por aplicarse a una deuda en mora al 6 de enero de 2002 (ley 25.561), así como a la cosa juzgada. Es improcedente ese planteo porque según el art. 3 del Cód. Civil, "las leyes se aplican aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes".

Consecuencia de la aplicación de tal principio es la pesificación de las obligaciones en mora, y por eso existentes, sin que ello signifique que se la aplique retroactivamente. Mientras las obligaciones no se extingan, las mismas existen, y por ello son alcanzadas por las leyes posteriores en sus consecuencias o efectos.

Consecuencia de ello es que las situaciones en curso, y los efectos futuros quedan regidos por la nueva ley. En el caso de obligaciones en mora, y aún con sentencia, como es el caso de autos, se trata de obligaciones existentes, vigentes hasta que se extingan por pago u otros medios legales.

La mora sólo coloca al deudor en un estado de mayor gravamen, pues además de la prestación aún no cumplida, adeuda los daños y perjuicios que resultaren de su mora (art. 508, Cód. Civil). Pero no extingue la obligación, que sigue en curso, y por eso se le aplican las nuevas leyes que la rigieran.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTADO  NACIONAL  - Mrio. DE ECONOMIA - Sec. DE INTERESES MARITIMOS Y BUQUE "FORTUNA" c/ ARENERA "EL LIBERTADOR SRL." s/ COBRO DE PESOS Segovia, Miguel Angel y otros s/ Causa instruida en virtud del Dec. PEN 2540/90 por los hechos ocurridos  el 3 de diciembre de 1990.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29|1993-12-02

La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL
Carátula: V., J. R. c/ V., S. L. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-05-21

La causal de divorcio por injurias graves -inc. 4º del art. 202 del Código Civil- se configura cuando existe disfuncionalidad en el matrimonio con violencia en la intimidad de la pareja, que provoca una convivencia hostil, con ofensas o ultrajes de un cónyuge al otro, ya sea en forma verbal o con solo actitudes descorteces que de hecho importan un menoscabo en la dignidad y resultan violatorias de los deberes matrimoniales, debiendo apreciarse la gravedad de las mismas atendiendo a la educación, posición social y demás circunstancias que puedan presentarse.
Prescripción, plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ramírez, Ismael c/ Hospital San Martin y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-03-01

El plazo de prescripción comienza cuando el interesado tuvo la posibilidad jurídica de ejercer su potestad y encuadrada extracontractualmente la responsbilidad civil de la demandada, el plazo de dos años con que contaba el actor para efectuar su reclamo comenzó a correr a partir de la producción del hecho ilícito -muerte del hijo de la actora-, que es cuando se produce efectivamente el daño, es decir, la causa-fuente de la obligación de resarcir.
Universidades, concursos docentes, nombramiento, docentes titulares, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lascano, Marcelo Ramón c/ U.B.A. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

Conforme al artículo 26 de la resolución CS 20/82 la falta de prueba de oposición no vicia de nulidad la designación de un profesor titular, cuando el seleccionado ya era con anterioridad profesor adjunto ordinario.
Apelación concedida libremente, expresión de agravios, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: C., M.G.T. c/ C., R.B. s/ Demanda Laboral (Indemnización por Despido)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-25

El Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia sostuvo "...el orden procesal exige que la expresión de agravios deba contener una crítica razonada y concreta del fallo (Art. 265 CPCCCh), y la no satisfacción de ello, conduce a su deserción (Art. 266 CPCCCh).

De ello se infiere que el contenido de la impugnación se determina en esa expresión, y su límite externo lo precisa el recurrente, se trata por lo tanto, del acatamiento de normas expresas que rigen tanto para el órgano jurisdiccional como para las partes. El incumplimiento de los requisitos que debe contener el memorial lo convierte en deficiente o incompleto, y entonces no puede evitarse la declaración de la deserción del recurso, pues la norma contiene un mandato imperativo que no requiere petición de parte ni admite excepciones, todo ello acorde con la perentoriedad de los plazos procesales.
Acumulación de procesos, sentencias contradictorias
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: GIMNASIO AQUARIUM SRL c/ PROVINCIA LEASING SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-29

Aún cuando no se dan cabalmente la clásica identidad de sujeto, objeto y causa, la acumulación de procesos procede, por cuanto estan ligados por la causa que les ha dado origen, y con base en ello, existiría riesgo de decisiones contradictorias (conf. Palacio, L., "Derecho Procesal Civil", t. I, pag. 459).
Prisión domiciliaria, delitos contra la humanidad, salud del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-07

A los fines de determinar lo atinente a la prisión domiciliaria, resulta menester conjugar prudentemente la obligación internacional de juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad, con el respeto al derecho a la salud de los imputados.
Tentativa, tentativa inidónea, delito imposible, hurto
Materia: PENAL
Carátula: Aldao, Ofelia E. s/ Delito Imposible
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-12

La imposibilidad de un ilícito deviene cuando la mecánica puesta en marcha por el agente resulta por su propia naturaleza inidónea para la perpetración del delito, condición que no se da cuando personal de vigilancia del comercio advirtió el desapoderamiento que pretendía realizar el sujeto activo, impidiendo su consumación, circunstancia que hace a la frustración y no a la imposibilidad del delito, al no advertirse en la modalidad comisiva emprendida que el fracaso obedeciera a una causal propia de la conducta del causante.
Leyes, jerarquía de las leyes
Materia: LABORAL
Carátula: Abbiatti, Alejandro c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Despido Wilches, Alejandro y otros c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ Diferencia de salarios, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22|1988-03-22

Según el art. 31 de la Constitución Nacional no se confiere y reconoce a la legislación nacional una mayor jerarquía que a la provincial: lo esencialmente prioritario son las normas contenidas en la propia Constitución. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Auditor municipal, concurso de antecedentes y oposición, matrícula profesional
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sacabas, Carlos Adalberto c/ Comisión Examinadora para el cargo de Auditor Municipal de la Municipalidad de Tinogasta s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-02-15

En el marco de un concurso de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de auditor municipal, el amparista cuestiona la matrícula de martillera judicial de quien resultara primera en el orden de mérito elaborado por la Comisión Examinadora.

En el caso, la persona que obtiene el primer lugar en el orden de méritos ya era Martillera Pública, pues había obtenido, conforme a la legislación vigente en ese momento, el título expedido por el Colegio Nacional de Monserrat.

En consecuencia, la matrícula como Martillera Judicial era innecesaria a esos efectos, sencillamente porque la persona en cuestión ya había demostrado su preparación en la materia con la obtención del título, y porque en todo caso la matrícula apunta -estando la organización y gobierno en jurisdicción local- a posibilitar el efectivo ejercicio de la profesión.

Del voto del Dr. Cáceres.
Concursos, privilegios (comercial), declaración de quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALCAZAR  S.A.  POR FELISA  R.  WEINBERG Y OTROS s/ QUIEBRA - INCIDENTE DE APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-25

La LC 264 se basa en el principio de la unidad concursal, y bajo tal tópico, preserva el carácter de los acreedores de esa categoría, en la quiebra que se decrete posteriormente por la parte no satisfecha de sus acreencias.