Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-12


SENT Nro. 115 San Miguel de Tucumán, 12 DE MARZO de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada deducido por la querellante en autos: "González, Lilian Fátima s/Injurias"; y C O N S I D E R A N D O:

1.- A fs. 12/13 la querellante Marta Ofelia Valoy de Merino plantea queja directa ante esta Corte Suprema de Justicia, por haberle sido denegado el recurso de casación que intentara contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IIIa. del 12/8/2002.

Impugna el auto del 04/9/2002, que desestimó la concesión de la vía extraordinaria local por ausencia de definitividad del pronunciamiento cuestionado, cuya copia corre agregada a fs. 1/3. De sus términos surge que el Tribunal a quo receptó el incidente de nulidad e inexistencia deducido por la imputada, y declaró la invalidez de una serie de actos procesales -entre ellos, el escrito de interposición de la querella-, por no corresponder las firmas insertas al puño y letra de la querellante. Los jueces de mérito valoraron el resultado de la pericia caligráfica practicada en autos; estimando que la ratificación posterior de los actos procesales atacados es ineficaz para convalidarlos, por carecer tales escritos de un elemento esencial para su validez, según jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia mencionada por la Sala a quo.

Alega la recurrente que lo resuelto ocasiona a su parte un agravio de imposible reparación ulterior; con cita de precedentes emanados de este Tribunal, que habilitaron la instancia casatoria en supuestos de gravedad institucional. Según afirma, la nulidad de los actos más importantes del proceso no sólo impide la prosecución de la querella, sino que trae aparejado un eventual sobreseimiento de la acusada. A su entender, el fallo recurrido contradice numerosas normas procesales y sustantivas, al crear por vía pretoriana una figura jurídica no prevista en la ley adjetiva; que sólo contempla la declaración de nulidad de los actos jurídicos procesales, en los casos expresamente previstos.

A fs. 5/9 corre agregada copia del escrito introductorio del recurso de casación. Del mismo resulta que la quejosa impugnó la recepción del incidente de nulidad e inexistencia, por considerar que la solución es contraria a derecho, y violatoria de normas adjetivas. Calificó de arbitrario el pronunciamiento, por fundarse en afirmaciones dogmáticas y carentes de sustento objetivo; toda vez que no existiría regulación legal de los denominados actos inexistentes, como categoría distinta de la nulidad que sí está prevista en la ley procesal. En relación al caso, expresó que tal declaración es improcedente cuando se trata de una irregularidad del trámite incidental, referida al incumplimiento de las formalidades previstas en el art. 41 del C.P.A.; y no ha sido expresada la trascendencia que la alegada irregularidad representa para la garantía del debido proceso. Que según doctrina del Alto Tribunal de la Nación, el principio de instrumentalidad de las formas requiere un perjuicio concreto para las partes, ya que cuando se adoptan en el solo interés del formal cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia. Añadió que en el caso, quien pide la nulidad no indicó cuáles son las defensas o pruebas de las que se habría visto privado; con lo que la invalidez carecería de finalidad práctica. Puso de relieve que el sistema adoptado es el de las nulidades legales, expresamente prescriptas y con carácter restrictivo; debiendo demostrarse el interés y daño efectivo que provoca, ya que no hay nulidad por la nulidad misma.

Sostuvo que la sentencia ha violado los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, defensa en juicio, debido proceso, derecho de propiedad, jerarquía de las leyes, con cita de los arts. 16, 17 y 18 de la CN y art. 22 de la Constitución de la Provincia. Concluyó proponiendo doctrina legal acorde a los agravios así expuestos.

2.- Corresponde a esta Corte Suprema de Justicia, en la presente instancia procesal, establecer si la impugnación casatoria cuya concesión ha sido denegada por el Tribunal a quo reúne los requisitos que la ley adjetiva establece para su admisibilidad.

Como principio, las resoluciones que declaran nulidades procesales no constituyen sentencia definitiva. Aún de admitirse la posición de la recurrente, en el sentido de que el pronunciamiento de autos sería equiparable a tal, por haberse declarado la nulidad del escrito introductorio de la querella; lo que impediría la prosecución de la causa (arg. art. 469, CPP), se verifica que el memorial casatorio no se basta a sí mismo, por ausencia de cita de las concretas disposiciones legales que se consideran violadas, e insuficiencia en su fundamentación; déficit que por otra parte, impide advertir la pretensa gravedad institucional, también alegada para la habilitación de la vía extraordinaria local.

En la posición de la impugnante, la resolución atacada excedería el sistema de nulidades previsto por la ley adjetiva, con lo que el fallo devendría arbitrario y con sustento meramente dogmático. Mas soslaya los argumentos centrales del decisorio, fundado en la ausencia de un requisito esencial para la proposición de la querella (arg. art. 91, inc. 4º del CPP); y que asume especial trascendencia en el sublite, por tratarse de una acción de instancia privada. Cabe señalar que en lo sustancial, y más allá de la terminología empleada, la decisión de los jueces de mérito ha sido invalidar determinadas actuaciones procesales, al tener por demostrado en autos que las firmas insertas son apócrifas y no pertenecen a la recurrente. Este fundamento fáctico de la sentencia constituye una cuestión de hecho ajena a la instancia extraordinaria de la casación; a menos que se demuestre arbitrariedad y violación de las reglas de la sana crítica, lo que no acontece en la especie.

El fallo cuestionado da cuenta de la ausencia de un requisito esencial para la interposición de la querella, y de todo acto procesal; al constatar que las firmas obrantes en las presentaciones declaradas inválidas no pertenecen a la querellante. Sus argumentos recursivos se centran en la terminología empleada por el Tribunal a quo, mas no se dirigen contra lo sustancial de la decisión y las razones que la sustentan, con apoyo normativo en la exigencia contenida en la ley procesal para la formulación de la instancia (art. 91, inc. 4º y cc., CPP). Ello así, el recurso no se basta a sí mismo, y resulta insuficiente para lograr la apertura de la vía impugnaticia denegada por el Tribunal a quo.

El planteo casatorio en examen es insuficiente para advertir la pretensa arbitrariedad atribuida a la resolución en recurso. La querella discurre en argumentos genéricos sobre la procedencia de la declaración de nulidad de los actos procesales, sin atender a los concretos fundamentos fácticos y jurídicos del decisorio que ataca. Ello priva de suficiencia a la impugnación, que no se basta a sí misma, al no proponer elementos de convicción demostrativos de la alegada arbitrariedad. Las genéricas afirmaciones relativas a la violación de garantías constitucionales, no bastan para tener por configurada tal hipótesis de excepción; debiendo señalarse que la Cámara ha proporcionado razones para admitir el planteo de invalidez articulado, y las mismas no han sido suficientemente rebatidas en el memorial casatorio, con el alcance de evidenciar el déficit invocado. En tal sentido, el excesivo rigor formal invocado no se corresponde con los antecedentes de la causa; pues en definitiva la pretensión incidental deducida por la querellada importó la denuncia de un vicio que afecta un acto, consistente en la omisión de una forma o de un requisito legalmente necesario para su validez. Por ende, las alegaciones en torno a la necesidad de determinar el in terés comprometido en autos carecen de sustento, habida cuenta de que la pretensión de invalidez por ausencia de firma involucró actos esenciales para la constitución de la instancia pretendida por la querella.

En el caso, los actos cuestionados fueron dejados sin efecto por el Tribunal a quo, sin que la impugnante logre poner en evidencia que el excesivo rigor formal invocado. Cabe señalar que la necesidad de un procedimiento ágil donde cobren vigencia los principios de inmediatez, celeridad y economía procesal, para alcanzar la verdad real, no permite soslayar que el ejercicio de una acción privada requiere esencialmente, una expresión de voluntad idónea para promover el proceso por quien se considera agraviado; resultando de ello que las afirmaciones genéricas en torno a los fundamentos de las nulidades procesales, no se vinculan con los antecedentes concretos de la causa, y con el contenido de la sentencia recurrida.

Así como el órgano judicial debe fundar su resolución para dar los argumentos que luego servirán a las partes para recurrir, ante la presunta existencia de un error o desviación del íter lógico cumplido por el juzgador, del mismo modo el impugnante debe motivar su queja, pues el recurso apunta a destruir la motivación del dispositivo sentencial atacado. La casación requiere de un motivo legal, y el Tribunal se limita a controlar su existencia, puesto que por regla general le incumbe por vía de este remedio excepcional el examen de la legalidad exclusivamente. Es decir, que no resulta suficiente el simple interés o agravio, sino que se precisa que el defecto o error que se imputa al decisorio recurrido esté expresamente objetivado por la ley.

Es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, que quien intenta el remedio extraordinario de la casación debe rebatir puntualmente los argumentos de la sentencia impugnada, y no limitarse a pronunciar una tesis diferente de la de ésta. Para cumplir el recaudo de suficiencia del recurso tampoco basta aseverar una determinada solución jurídica, sino que es menester exponer claramente en qué consiste la violación de las normas cuya correcta aplicación se reclama, con referencia a las circunstancias específicas y particulares del caso y a los términos del fallo que lo resuelve, de modo que la presentación contenga una crítica puntual de la sentencia impugnada.

A mérito de lo considerado, se concluye que la resolución cuestionada exhibe motivación suficiente, que no ha sido debidamente refutada por la quejosa, lo que impide la apertura de la instancia reclamada. En consecuencia, el recurso de casación intentado es inadmisible, por lo que procede desestimar la queja en examen.

Por ello, y oído el señor Ministro Fiscal a fs. 15/16, se R E S U E L V E :

DESESTIMAR el recurso de queja por casación denegada interpuesto a fs. 12/13 por Marta Ofelia Valoy de Merino, contra resolución denegatoria dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala IIIa. del 04/9/2002.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR