Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2008-12-16


Córdoba, diciembre 16 de 2008.

1º ¿Ha inobservado el fallo en crisis lo dispuesto por el art. 302 del C.P.P.? 2º ¿Qué resolución corresponde dictar? 1º cuestión. - La doctora Aída Tarditti dijo:

I.1. Mediante Suplicatoria librada el 6 de julio de 2007, el Fiscal de Instrucción del Distrito 1, Turno 2, de la ciudad de Córdoba, haciendo lugar a un pedido formulado por el querellante particular Eligio Aybar Burela, solicitó a la Sra. Jueza de Control en lo Penal Económico que procediera a remitir oficio al Registro General de la Provincia de Córdoba, haciéndole saber: 1) Que en las presentes actuaciones se declaró oportunamente a la operación inmobiliaria de fecha 29 de enero de 2003, como acto inexistente respecto a su propietario Eligio Aybar Burela y su esposa Celia Elsa Fernández, por lo cual debían dejarse sin efecto sobre la matrícula nº 11.956 (11) las anotaciones registrales que se hicieran a nombre de Rosa María Irazusta, D.N.I. nº... y Mary Teresita Castellano, D.N.I. nº... y 2) Que dejara sin efecto las medidas cautelares de anotación como bien litigioso, prohibición de innovar e indisponibilidad que pesan sobre el inmueble relacionado (lote de terreno ubicado en calle Newton 5890, designado como lote 5, de la manzana 120, de la ciudad de Córdoba, con nominación catastral 12-16-016-19) (ver fs. 493 a 496 vta.).

2. Por Auto nº 55, de fecha 13 de agosto de 2007, el Juzgado de Control Uno, de la ciudad de Córdoba resolvió no hacer lugar al aludido pedido del Sr. Fiscal de Instrucción (ver fs. 498 a 499 vta.).

3. Contra la anterior resolución, el Dr. R. N., en su carácter de apoderado del querellante particular Eligio Aybar Burela, interpuso un recurso de apelación (ver fs. 501 a 502 vta., y 522 a 523 vta.), el cual fue rechazado, en mayoría, por la Cámara de Acusación de esta ciudad, mediante Auto nº 134, de fecha 5 de mayo de 2008 (ver fs. 539 a 546).

II. El citado letrado, en el carácter ya aludido, bajo el amparo del motivo sustancial de casación (art. 468 inc. 1ro. C.P.P.), se agravia del decisorio de marras, por entender que el voto de la mayoría, al no hacer lugar a la restitución del inmueble del que fuera despojado su representado, ha inobservado lo dispuesto por el art. 302 del C.P.P., resolviendo así una cuestión de fondo, esto es, no permitiendo el pleno ejercicio del derecho de dominio con respecto al inmueble sito en calle Newton nº 5890, de la ciudad de Córdoba -Lote 5, Manzana 120, Matrícula nº 11.956 (11), Nominación Catastral 12-16-016-19, por parte de su real propietario, como lo es el único ofendido penalmente en autos y constituido en querellante Eligio Aybar Burela.

Concretamente, estima que las medidas cautelares dispuestas en autos (anotación del citado bien como litigioso, y prohibición de innovar e indisponibilidad), a diferencia de lo sostenido por el voto de la mayoría, no satisfacen lo dispuesto por el citado art. 302 del C.P.P., en cuanto dispone que el Fiscal de Instrucción hará cesar los efectos del delito.

Lo anterior se debe, señala, a que las citadas medidas cautelares sólo permitieron parar y/o frenar el intento de subdivisión del inmueble en cuestión (llevado a cabo por Mary Teresita Castellano, quien, falazmente, dijo ser una subadquirente de buena fe, ante la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba), como así también evitar que, así como se llevaron a cabo hipotéticas ventas con fechas 29 de enero de 2003 y 13 de octubre de 2003, se sigan llevando a cabo supuestas transferencias a otras personas en forma indefinida, con las consiguientes invocaciones de derechos en el presente proceso, sin sustento alguno.

Agrega que las referidas medidas cautelares, empero, no impiden la libre disponibilidad ni la ejecución judicial del bien en cuestión. Cita doctrina que avala su posición.

A su vez, remarca que la propia doctrina citada por el voto de la mayoría admite que el art. 302 del C.P.P. ha sido utilizado para disponer la restitución del inmueble a quien soportó el despojo, como ocurre en autos con su poderdante.

Manifiesta que estamos ante un caso particular en el cual el único ofendido penalmente (Eligio Aybar Burela) se ve sometido desde hace más de cuatro años y cinco meses, a graves perjuicios, producto del despojo ardidoso por demás constatado respecto de su inmueble, sito en calle Newton nº 5890, Bº Villa Belgrano, de esta ciudad de Córdoba. Por este motivo, sin duda alguna, debe entenderse que a través de la aplicación del art. 302 del C.P.P. se tiene que inevitablemente restituir formalmente el inmueble en cuestión, posibilitando el pleno ejercicio de su derecho de dominio.

Agrega que no resulta de recibo el argumento del voto de la mayoría, consistente en que las medidas definitivas peticionadas en autos (restitución del inmueble al querellante particular) son de competencia exclusiva del juez civil en la acción reivindicatoria ya iniciada. Es que de las propias constancia de autos surge que el trámite de dicho juicio civil se encuentra suspendido, por prejudicialidad penal (art. 1101 -1er. párr.- C.Civ.), hasta tanto se dicte resolución en la presente causa.

Alega que, si a juicio del voto mayoritario la restitución deberá ser ordenada por el tribunal de juicio mediante una sentencia, el matrimonio Burela (el Sr. Eligio Aybar, de 84 años de edad, y la Sra. Celia Elsa Fernández de Burela, de 81 años de edad), que espera desde el 27 de marzo de 2003 (día del inicio de las presentes actuaciones, con vulneración de los plazos procesales establecidos en la ley de rito), a pesar que ya se encuentra claramente acreditado el despojo fraudulento que sufrieron, tendrá que seguir esperando alrededor de tres años más (según los tiempos que habitualmente se manejan para esta clase de casos), hasta que, habiendo quedado firme la elevación de la presente causa a juicio (aún no dispuesta al momento de la interposición del presente recurso), éste se lleve a cabo, y se dicte la mentada sentencia.

Por lo anterior, afirma que el auto impugnado contribuye a las dilaciones de tiempo irrazonablemente prolongadas que ha tenido que soportar su poderdante, en busca de ejercer plenamente su derecho de propiedad sobre el citado inmueble. Ello implica una denegación de justicia, y una vulneración del derecho de defensa en juicio de su asistido.

Cuestiona, además, que las escrituras labradas por las escribanas Moyano y Bolatti hagan plena fe de su contenido, como lo entiende el voto de la mayoría. Ello así, porque, con respecto a la primera escritura (labrada el 29 de enero de 2003), según la pericia caligráfica llevada a cabo en autos, la firma atribuida al querellante particular no corresponde a su patrimonio escritural caligráfico (se remite a fs. 141 y 438/452).

A lo anterior, agrega lo sostenido en el voto de la minoría, en cuanto a que la compraventa atribuida a Burela en favor de Irazusta resulta palmariamente nula, porque las firmas atribuidas al vendedor y a su esposa son falsas. Y en tal caso, no es necesario que dicha nulidad haya sido juzgada (arts. 973, 974, 977, 1038, y 1184 C.Civ.).

A su vez, agrega que las anotaciones registrales realizadas en favor de Rosa María Irazusta y de Mary Teresita Castellano no hacen plena fe de su contenido, como asevera el voto de la mayoría. Es que, tal como lo señala el voto de la minoría, la presunción de legitimidad de dichas anotaciones registrales rige hasta que se demuestre que ellos no coinciden con la realidad jurídica, en cuyo caso puede ser dejada sin efecto. Además, la inscripción registral, al ser meramente declarativa de un derecho real frente a terceros, no tiene aptitud para subsanar los vicios del título.

Añade que el voto de la mayoría ha obviado los argumentos relativos a que las operaciones practicadas el 29 de enero de 2003 y el 13 de octubre de ese mismo año sobre el inmueble de Eligio Aybar Burela fueron llevadas a cabo por precios absolutamente irrisorios; y que la Sra. Jueza de Control, al momento de denegar lo solicitado por el Fiscal de Instrucción, se extralimitó en sus funciones, ya que la misma, al no tratarse de un control jurisdiccional o de una oposición instada por las partes (arts. 333 y 338 C.P.P.), sólo debió en tales circunstancias efectuar un análisis de requisitos formales de la suplicatoria correspondiente, tal como lo señala el voto de la minoría.

A su vez, con respecto a lo primero, sostiene que existe prueba en autos (tasaciones inmobiliarias y testimonios) que dan cuenta del verdadero precio de plaza del citado inmueble: entre u$s 60.000 y u$s 70.000; y que demuestran lo irrisorio de lo pagado en las ficticias operaciones ($10.500, en la primera; y $30.000 o $60.000, en la segunda).

Solicita que este Tribunal haga cesar la decisión recurrida, y declare aplicable el art. 302 del C.P.P., para así permitir el pleno ejercicio del derecho de dominio, con respecto al inmueble sito en calle Newton nº 5890, de Bº Villa Belgrano, de esta ciudad de Córdoba, a su real y único propietario, el Sr. Eligio Aybar Burela (ver fs. 1 a 13 vta., del Cpo. del Rec. de casación).

III. Corrida vista del presente recurso, el Fiscal General, Dr. Darío Vezzaro, mediante Dictamen P-Nº 473, opina que el mismo debe mantenerse.

Al respecto, manifiesta que el impugnante ha procurado proporcionar argumentos en orden a rebatir la decisión recurrida.

Además, si bien la resolución en crisis no consiste en una sentencia definitiva en sentido estricto (art. 469 C.P.P.), debe equipararse a tal, en virtud de que provoca un gravamen irreparable. Así, si bien todas las resoluciones judiciales se han pronunciado en el sentido de que el Sr. Burela aparece como titular del derecho real de dominio sobre el bien objeto del delito, ninguna de ellas permite avizorar la pronta conclusión del presente proceso, el cual ha excedido el lapso razonable para obtener un pronunciamiento, con la consiguiente afectación del derecho de propiedad del querellante. Es más, las contingencias procesales pueden tornar ilusoria la restitución del dominio efectivo sobre el inmueble a su propietario, sobre todo teniendo en cuenta la avanzada edad del querellante, y que el proceso civil se encuentra suspendido en virtud de haberse decretado la prejudicialidad penal en el mismo.

Por ello, mantiene el recurso intentado, a fin de garantizar el derecho a acceder a la justicia por parte de la víctima, el cual no se agota con la sola presentación de la denuncia, sino que debe asegurársele su efectiva participación y la resolución del caso en un lapso prudencial. De ese modo, se está velando por su oportuna intervención en el proceso penal y por el cumplimento de las garantías que lo amparan (acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y derecho de defensa, en su aspecto bilateral (arts. 8.1 y 25 C.A.DD.HH.; y 14.1 P.I.DD.CC.PP.) (ver fs. 31 a 36 vta. del cpo. del Rec. de casación).

IV. Esta Sala, siguiendo los lineamientos trazados por el Máximo Tribunal de la República, ha sostenido que las resoluciones que decretan, levantan, modifican o deniegan medidas cautelares, como así también las que se pronuncian por la subsistencia de medidas precautorias firmes, como lo atinente a la oportunidad de ofrecimiento de la contracautela y a la suficiencia de la misma, en principio, no son recurribles en casación, por no resultar equiparables a "sentencia definitiva".

Y, específicamente, se asevera que la posibilidad de que exista algún agravio económico proveniente de una resolución precautoria no obsta la aplicación de esta regla (Fallos 218:180; 313:279; 317/363; Fallos 217:48; 224:531; 225:685, citados por Alberto Bianchi, La Sentencia definitiva ante el recurso extraordinario, Abaco, Buenos Aires, 1998, nota 187, págs. 86/87. T.S.J. de Córdoba, Sala Penal, A. nº 52 del 10/3/03, "Cesaretti").

Sin embargo, comparto los argumentos esgrimidos por el Sr. Fiscal General, a fin de sostener la impugnabilidad objetiva del resolutorio en crisis en el presente caso, en virtud del probable gravamen irreparable que se podría generar al patrimonio del querellante particular Eligio Aybar Burela, a raíz de la excesiva duración del presente proceso, y de su edad avanzada (ochenta y cuatro años). Por ello, brevitatis causa, me remito a las razones allí esgrimidas en este sentido (ver supra, III).

A continuación, paso a tratar el fondo del asunto traído a estudio de esta Sala.

V. Por razones de orden, cabe consignar, en primer término, el hecho intimado en autos, a fin de lograr una adecuada contextualización de dichas objeciones.

El suceso bajo examen habría consistido en que personas aún no individualizadas, en connivencia con las imputadas Rosa María Irazusta y Josefina Teresa Moyano de Pesci (escribana), se habrían hecho pasar por Eligio Aybar Burela y su esposa (Celia Fernández de Burela), y, en perjuicio de ellos, habrían vendido a Rosa María Irazusta, mediante escritura de fecha 29 de enero de 2003, labrada por ante la escribana Moyano de Pesci, el terreno ya aludido (de 1.250 metros cuadrados, sito en Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba), del cual era propietario Eligio Aybar Burela, desapoderando del mismo a los nombrados. Luego, la aludida escribana inscribió la referida operación en el registro general de la propiedad. Y, tiempo después, la imputada Rosa María Irazusta, mediante escritura de fecha 13 de octubre de 2003, vendió dicho terreno a Mary Teresita Castellano, lo cual también fue asentado en el Registro General de la Propiedad, quedando así anotado dicho inmueble a nombre de esta última adquirente (ver fs. 348 a 349 vta.).

VI. Ahora bien, el querellante particular Eligio Aybar Burela entiende que la Cámara de Acusación ha inobservado lo prescripto por el art. 302 del C.P.P. (en cuanto establece que la investigación penal preparatoria tendrá por finalidad hacer cesar los efectos del delito), al haber confirmado la resolución emanada del Juzgado de Control interviniente en autos.

En este orden de ideas, ya se ha consignado que la última resolución no había dado curso a la suplicatoria del fiscal de instrucción actuante, en sintonía con un pedido del referido querellante particular, consistente en que se dejaran sin efecto las anotaciones registrales que se habían efectuado sobre la matrícula del inmueble de propiedad de Burela (motivo de las presentes actuaciones), a nombre de Rosa María Irazusta (co-imputada) y Mary Teresita Castellano (otra querellante particular admitida en autos - ver fs. 361 a 364 vta., y 416 y vta.); y que dejara sin efecto las medidas cautelares de anotación como bien litigioso, prohibición de innovar e indisponibilidad que pesan sobre el inmueble relacionado.

Al respecto, soy de opinión que el presente planteo debe prosperar parcialmente.

1. Concretamente, el querellante particular Burela (y el Fiscal de Instrucción actuante, en consonancia con su pedido), solicita -en rigor- la restitución definitiva del inmueble que figura ahora registrado a nombre de la otra querellante particular (Mary Teresita Castellano), a fin de poder ejercer en plenitud su derecho de dominio sobre el mismo, vulnerado en virtud de la maniobra delictiva investigada en la presente causa.

Es cierto que, tal como lo señalan el voto de la mayoría en el fallo impugnado y el decisorio de la Jueza de Control actuante (ver fs. 498 a 499 vta., y 545 a 546), las medidas solicitadas por el aludido querellante particular (que implican la restitución definitiva del inmueble en cuestión) únicamente podrán ser dispuestas a partir del dictado de una sentencia condenatoria (arts. 412 in fine, 546, 547 y 548 C.P.P.).

2. Ahora bien, también advierto que las medidas cautelares vigentes (anotación de la litis, prohibición de innovar, e indisponibilidad) tutelan por igual a las partes implicadas (esto es, a Eligio Aybar Burela, el propietario despojado a raíz de la maniobra estafatoria aquí investigada; y a Mary Teresa Castellano, la tercera adquirente del mismo).

Sin embargo, atento al grado de conocimiento en el que hoy se encuentra el presente proceso, el derecho invocado por el querellante particular Eligio Aybar Burela cuenta con una "verosimilitud calificada".

En efecto, según constancias obrantes en autos, ya se ha dictado el requerimiento de la elevación de la causa a juicio (ver fs. 557 a 568). Y dicha pieza acusatoria hace hincapié en la existencia material del hecho -entre otras razones- en base a lo informado por el perito papiloscópico, Pablo Javier Patiño, así como también en lo aseverado por los peritos calígrafos oficiales, Ernesto Sergio Fernández, y María Eugenia Guillén, y por la perito calígrafa de control, Marina Daniela Mugica. Los primeros desempeñaron sus labores en la presente causa penal; y las últimas informaron en sede civil, con relación a la demanda deducida por Eligio Aybar Burela en contra de Mary Teresita Castellano, a raíz del despojo sufrido en virtud del hecho sub iudicio.

A partir de lo anterior, el órgano requirente determina, en grado de certeza, que ni la firma que figura en el supuesto asentimiento conyugal prestado por la Sra. Celia Elsa Fernández de Burela (art. 1277 del C.Civ.) en fecha 27 de enero de 2003 por ante la escribanía Mugaburu, ni la impresión dactilar que obra en la copia del D.N.I. utilizado por quien estampara dicha firma en el mencionado asentimiento, se corresponden con las de la mencionada persona.

A su vez, también se tiene por acreditado que la escritura traslativa del dominio del inmueble en cuestión, confeccionada con fecha 29 de enero de idéntico año, en favor de la imputada Rosa María Irazusta (quien luego lo transfirió a favor de Mary Teresita Castellano), no fue firmada por el dueño de dicho inmueble: Eligio Aybar Burela (ver fs. 158 y 458 a 469, 562 a 563, y 565 vta.).

Por otra parte, también resulta relevante subrayar que, si bien los letrados defensores de las imputadas Irazusta y Moyano de Pesci han impugnado el referido requerimiento fiscal, ambos oponentes aceptan las conclusiones técnicas arriba apuntadas, esto es, que ni Eligio Aybar Burela firmó la escritura de venta de su terreno, ni su esposa Celia Elsa Fernández firmó el asentimiento conyugal, necesario para llevar a cabo la mentada operación inmobiliaria (ver fs. 541 vta., 572, y 576).

3. Entonces, al resultar actualmente más verosímil el derecho invocado por el querellante particular Eligio Aybar Burela, no corresponde mantener incólumes las medidas cautelares que han sido dispuestas al comienzo de la investigación, gravando por igual a las partes implicadas (ver fs. 25 y 128).

Concretamente, considero que dichas medidas cautelares deben mutar en favor del recurrente, al invocar un derecho que ahora resulta más verosímil. Ello así, máxime cuando el "peligro en la demora" se ha acrecentado, en virtud de la avanzada edad del solicitante, quien -como se consigna arriba- cuenta a la fecha con ochenta y cuatro años de edad (arts. 463 y 484 C.P.C.C.; en función de los arts. 534 y 535 C.P.P.).

En este sentido, entiendo que debe mantenerse la anotación de la litis previamente ordenada en autos (ver fs. 25). A su vez, la prohibición de innovar e indisponibilidad con relación al inmueble en cuestión sólo debe conservarse con relación a Mary Teresita Castellano (quien figura registralmente como su propietaria).

A su vez, corresponde otorgarle a Eligio Aybar Burela la restitución provisoria del inmueble en cuestión, a fin de que pueda realizar actos de disposición con relación al mismo, manteniéndose -como dije- la anotación del carácter litigioso del derecho por él invocado con respecto al referido inmueble.

En otras palabras, el terreno objeto de las presentes actuaciones seguirá anotado como bien litigioso, y sólo el querellante particular podrá disponer del mismo, por contar con una mayor verosimilitud en su derecho.

Por último, el aludido incremento de verosimilitud autoriza también a mantener la misma contracautela dispuesta en autos con respecto a las medidas cautelares ya dictadas (ver fs. 128).

VII. Por todo ello, a la presente cuestión, voto en forma afirmativa.

La doctora María Esther Cafure de Battistelli dijo:

I. Comparto la relación de causa efectuada por la señora Vocal preopinante, así como también las consideraciones allí efectuadas a fin de sostener la impugnabilidad objetiva del resolutorio en crisis en el presente caso (ptos. I a V).

II. Sin embargo, en cuanto al fondo del asunto, soy de opinión que el presente planteo no resulta de recibo.

1. Así, el querellante particular Burela (y el Fiscal de Instrucción actuante, en consonancia con su pedido), solicita -en rigor- la restitución definitiva del inmueble que figura ahora registrado a nombre de la otra querellante particular (Mary Teresita Castellano), a fin de poder ejercer en plenitud su derecho de dominio sobre el mismo, supuestamente vulnerado en virtud de la maniobra delictiva investigada en la presente causa.

Sin embargo, tal como lo señalan el voto de la mayoría en el fallo impugnado y el decisorio de la Jueza de Control actuante (ver fs. 498 a 499 vta., y 545 a 546), por más verosímil que aparezca actualmente el derecho de Eligio Aybar Burela sobre el inmueble en cuestión, las medidas solicitadas por el aludido querellante particular únicamente podrán ser dispuestas a partir del dictado de una sentencia condenatoria (arts. 412 in fine, 546, 547 y 548 C.P.P.). Pero no podrá arribarse a lo pretendido, mediante el dictado de las medidas cautelares a las cuales alude el art. 302 del C.P.P.

Al respecto, frente a hechos similares (despojos de inmuebles, pero mediante un supuesto delito de usurpación - art. 181 C.P.), esta Sala, al igual que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya ha puntualizado que las atribuciones de carácter coercitivo cautelar personal o real que se otorgan a los órganos judiciales de la investigación deben adoptarse con la mayor mesura que el caso exija, respetándose fundamentalmente el carácter provisional de la medida, y observando que su imposición sea indispensable y necesaria para satisfacer -con sacrificio provisorio del interés individual- el interés público impuesto para evitar -en ciertos casos- que el presunto delito siga produciendo sus efectos dañosos (Cfr. C.S.J.N., "Fiscal C. Vila", LA LEY, 1998-D, 878. T.S.J. de Córdoba, Sala Penal, "Callegher", A. nº 112, 30/5/2006; "Sánchez", A. nº 228, 13/12/2007; y "Aranguren", A nº 50, 10/04/2008).

Específicamente, y a diferencia de lo insinuado por el impugnante, la restitución de un inmueble sustentada en lo dispuesto por el art. 302 del C.P.P., al tratarse de una medida cautelar, será siempre de índole "provisoria", y estará sujeta a lo que se resuelva en definitiva (Cfr., por todos, D'Albora, Francisco J., Código Procesal Penal de la Nación, anotado, comentado y concordado, LexisNexis-Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2005 -7ma. edición-, T. I, págs. 532 a 534, quien comenta el actual art. 238 bis del C.P.P.Nac., que alude en forma expresa a una "restitución provisoria" frente a estos supuestos).

2. Además, la restitución, como medida cautelar, implica la entrega material de la cosa, pero no la modificación del status jurídico de la misma, que debe disponerse en la sentencia definitiva.

3. De otro costado, el quejoso se limita a señalar que las medidas cautelares hasta ahora dispuestas en autos no satisfacen la manda del art. 302 del C.P.P., en cuanto no impiden la disponibilidad de dicho bien, ni su ejecución judicial.

Sobre el particular, cabe admitir que la anotación de la litis, adoptada en la presente causa, no impide la libre disponibilidad ni la ejecución judicial del bien en cuestión, sino que sólo persigue asegurar la publicidad de un proceso, para que terceros eventualmente interesados conozcan el carácter de litigioso del bien en cuestión (Ferreyra de De La Rúa, Angelina - González De La Vega de Opl, Cristina, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba (Ley 8465). Comentado y Concordado con los Códigos de la Nación y Provinciales, La Ley, Buenos Aires, 2002, T. III, pág. 874). Ello sujeta a los adquirentes tal situación a las resultas del juicio en el que se anotó la medida.

Sin embargo, la disponibilidad del inmueble objeto del presente litigio está explícitamente vedada con la restante medida cautelar adoptada en autos, esto es, la prohibición de innovar, e indisponibilidad, del bien inmueble en cuestión (ver fs. 128).

Es que esta medida cautelar tiende a impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho existente en un momento determinado, a los fines de mantener la igualdad de las partes con intereses contrapuestos (Ferreyra de De La Rúa - González De La Vega de Opl, op. cit., pág. 876).

Ello ocurre en el caso, entre la ya consignada pretensión del querellante particular Eligio Aybar Burela, y el pedido del levantamiento de las medidas cautelares hasta ahora adoptadas, formulado por la querellante particular Mary Teresita Castellano (ver fs. 320).

Por otra parte, Eligio Aybar Burela puede exigir la protección de su derecho de propiedad supuestamente conculcado, ejerciendo la acción civil reivindicatoria en contra de la actual adquirente, tal como lo ha efectuado en sede civil. Allí puede pedir medidas cautelares en contra de la misma.

Será, entonces, el tribunal de juicio, al dictar sentencia en la presente causa, o -en su defecto- el referido tribunal civil que resuelva la aludida acción reivindicatoria, los encargados de brindarle a Eligio Aybar Burela la tutela por él solicitada, más no los órganos actuantes durante la investigación penal preparatoria.

Por todo ello, a la presente cuestión, voto en forma negativa.

La doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. María Esther Cafure de Battistelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

2º cuestión. - La doctora Aída Tarditti dijo:

En virtud del resultado de la votación que antecede corresponde, por mayoría, rechazar el recurso de casación deducido por el Dr. R. N., en representación del querellante particular Eligio Aybar Burela, con costas (CPP, arts. 550/551).

Así voto.

La doctora María Esther Cafure de Battistelli dijo:

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal preopinante, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal RESUELVE: Rechazar, por mayoría, el recurso de casación deducido por el Dr. R. N., en representación del querellante particular Eligio Aybar Burela. Con costas (CPP, arts. 550/551).- Aída Tarditti. - María E. Cafure de Battistelli. - María de las Mercedes Blanc G. de Arabel.