marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos, teoría de la imprevisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COVIPROCOM VIEJO TONEL LTDA c/ DEPOSITO CUYO S.A.C. s/ Restitución Ordinario (LIBRO: S081 - 499)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-09-21

El instituto de la imprevisión exige la existencia de un perjudicado, pero también de un beneficiario, pues en definitiva, lo que se pretende, es impedir el enriquecimiento de uno a costa de otro. Y en la especie, terminantemente, esas circunstancias no se dan, pues la accionante compradora al pagar íntegramente el precio por adelantado, se desprendió del valor total de la mercadería vendida. Consecuentemente el vendedor debe cargar con las consecuencias adversas que su posterior conducta pudieran acarrearle.-
Acción de inconstitucionalidad, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: HARDOY HECTOR HUGO c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-14

El planteo de inconstitucionalidad del art. 25 de la ley 24.241 que excluye el cómputo del S.A.C. en la base de cálculo de la PC y de la PAP, no ha de prosperar si no se demuestra el perjuicio que ello produce siendo que, por otra parte, el beneficiario también percibe la P.A.C.
Recusación, recusación sin causa, Administración Nacional de la Seguridad Social
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Aguilera Grueso, Emilio c/ Anses y otro s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-04

Corresponde confirmar la decisión que desestimó la recusación sin expresión de causa deducida por la Administración Nacional de la Seguridad Social contra un juez de la cámara ya que recusarlo en la totalidad de las causas sorteadas a la sala a la que pertenece, traería aparejado el vaciamiento de su jurisdicción, para cuyo ejercicio fue regularmente designado y que debe desempeñar en tanto dure su buena conducta (art. 110, Constitución Nacional), consecuencia que va mucho más allá de asegurar la imparcialidad de los jueces intervinientes, para transformarse en una suerte de sanción que carece de sustento fáctico y marco normativo.
Ley de empleo, concurso preventivo, apertura del concurso, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Avilez, Hugo y otros c/ Pecci S.R.L. s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 131-99, Resol. Nro. 101, Tomo 26, Folio  147)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-11

La naturaleza del procedimiento de crisis reglado en la ley 24.013 es típicamente preventiva: se tiende a evitar medidas de acción directa entre empleador y trabajadores afectados por la situación descripta en el art. 98 del mismo. Ahora bien, la apertura del concurso preventivo produce efectos importantes en los contratos de trabajo y en los derechos de los acreedores laborales, llegando incluso a producirse la suspensión de los convenios colectivos y la obligación de que las partes negocien el llamado "convenio de crisis". Estas consecuencias son totalmente diferentes a las generadas por la apertura del procedimiento regulado en la Ley de empleo, que aparecen como más severas, de cumplimiento obligatorio y de una mayor importancia. De igual forma, los presupuestos para la apertura de ambos institutos son diametralmente diferentes. El estado de cesación de pagos es de carácter general y permanente y resulta indiferente, a los fines de la apertura del concurso preventivo, cuáles son las causas que lo originaron; mientras que los presupuestos de procedencia fijados en el art. 98 de la ley 24.013 son meramente matemáticos y sólo limitados a determinadas causas de producción (la fuerza mayor y las causas económicas o tecnológicas) siendo, por ende, de mayor estrictez y, en consecuencia, de menor posibilidad de configuración. Y en cuanto a la interposición del concurso preventivo, la ley 24.522 en su art. 20 regla que durante dicho plazo las relaciones laborales se rigen por los contratos individuales y la L.C.T.. Es por todo ello que si bien la accionada pudo haber iniciado el procedimiento de crisis, ello no la eximía de continuar observando las normas de la L.C.T. en relación a los contratos celebrados con sus dependientes.
Solicitud de libertad condicional, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: ANONI, CARLOS ALBERTO s/ LIBERTAD   CONDICIONAL.  (ART. 14  C.P.).  RECHAZO  DEL  PLANTEO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

corresponde rechazar el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 14 C.P. Y denegar la solicitud de libertad condicional, por cuanto: a) la facultad de legislar en materia penal corresponde al congreso de la nación; cuando el legislador fulmina cada uno de los delitos con determinada sanción lo hace en el ejercicio de atribuciones que le son propias y que el pueblo le ha conferido, al par que efectúa esas incriminaciones y ajusta sus penas de acuerdo con la política criminal que se propone y para la que tiene facultades soberanas, con los únicos límites que le impone la c.N.; B) además de describir las conductas que castiga y de imponerle penas, el legislador, en el contexto de la ley penal, establece beneficios que morigeran, en algunos supuestos, el rigor de aquéllas.

El cumplimiento de cada una de las condiciones que establece el art. 14 C.P. Es ineludible para la concesión del beneficio, cuya denegatoria no es agravamiento de la pena impuesta, de acuerdo con el o los delitos por los que hubiera sido condenado.
Juicio de desalojo, causales de desalojo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Esteban de Barrau, Aída c/ Jordán Cruz e Hijos S.A. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-09-22

Si la acción fue intentada en virtud de no tener la inquilina el uso ni la ocupación del bien, la locataria no pudo luego ser desalojada por habitarlo en forma discontinua, desde que uno y otro supuesto configuran dos causales distintas e independientes.
Honorarios, regulación de honorarios, procuradores, apoderado, etapas del proceso, divorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: G. M. N. c/ H. M. O. s/ DIVORCIO VINCULAR POR CAUSAL SUBJETIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-08

Surge del análisis de la causa que el letrado cumplió solo dos de las tres etapas del proceso en su calidad de letrado apoderado (artículo 38 de la ley 1594). Por lo tanto, habiendo iniciado la demanda -1º etapa- en su carácter de letrado patrocinante, cumpliendo las etapas de producción de la prueba y de alegatos, como apoderado de la actora, el 40% previsto por el artículo 10 de la ley de arancel debe ser aplicado exclusivamente por su participación como apoderado en la segunda y tercer etapa del proceso, esto es sobre CUARENTA (40) JUS (20 por cada una de las etapas cumplidas como apoderado).
Prueba, explotación sexual, situación de vulnerabilidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Lema Pérez, Hugo Jaime c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-28

Surge en forma indubitada que la sentencia recurrida, en lo relativo a la ponderación de las pruebas, a la acreditación de la ocurrencia de los hechos juzgados, a la participación que en ellos le cupo al encausado, a la subsunción legal atribuida - explotación sexual agravada por encontrarse la víctima en situación de vulnerabilidad- y la completa respuesta a los planteos de la defensa -que en esta instancia reedita sin demostrar los vicios de arbitrariedad denunciados-, se encuentra correctamente fundada y motivada y no presenta fisuras de logicidad en su razonamiento.
Sistema electoral, lista de candidatos, partidos políticos, Código Electoral Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: U.C.R.  -  C.F.I.  Partido Federal y  FREJUPO s/ presentaciones    sobre  la  forma  de  computar  los  votos  de  las  elecciones del 14-5-89
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16

En el sistema electoral argentino, nada impide la suma de las listas de candidatos oficializadas, presentadas por dos partidos políticos, teniendo en cuenta que ambas contienen una misma nómina de candidatos, debiendo el total de los votos obtenidos por esa lista, utilizarse a los fines previstos por los arts. 152 y 153 del Código Electoral Nacional.
Competencia, competencia por la materia, competencia comercial, ejecución de alquileres, locación, locación de inmuebles, destino de la locación, local comercial
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ALTO PALERMO SA c/ ALL BAG'S SRL s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-26

Es competente la justicia comercial para entender en una acción por incumplimiento -cobro de alquileres- de un denominado contrato de locación de un local; pues, pese a la denominación dada por las partes, el contrato base de la acción, instrumenta un acuerdo orientado al desarrollo de una explotación mercantil organizado en la forma de "centro comercial" o "shopping center" que por su complejidad y modalidades -sometimiento por parte de la locataria a un sistema que regula la forma de integración del canon con base en un porcentaje de facturación, sometimiento a un control por parte de la locadora, determinación de promociones especiales, seguridad, vigilancia, publicidad, asunción de riesgo empresarial, renuncia a lucro cesante-, no es subsumible estrictamente en la tipica locación inmobiliaria de competencia de la justicia civil.
Contrato de trabajo, despido discriminatorio, reinserción laboral
Materia: LABORAL
Carátula: "Diez   Pablo   Sebastián c/ Fate  S.A. s/ Juicio  Sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

El acto discriminatorio prohibido por la Constitución Nacional (art. 14 bis y 16), por diversas cláusulas de tratados internacionales con jerarquía constitucional y por la ley 23.592, además de ser nulo produce los efectos de un acto ilícito, motivo por el cual el prejuicio debe ser reparado, reponiendo las cosas al estado anterior al del acto lesivo. Es decir, que nos encontramos ante un despido incausado y discriminatorio porque tiene por claro fundamento la actividad sindical del demandante, se encuentra comprendido en las disposiciones de la mencionada ley. De modo que el damnificado tiene derecho a que se deje sin efecto el acto discriminatorio y a que se reparen los daños materiales y morales ocasionados.
Obras sociales, cobertura médica, fertilización asistida, vacío legal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LAGGER, GABRIEL ANDRES. c/ ASOCIACION MUTUAL SANCOR DELEGACION RAFAELA. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-11-26

Con relación al problema central que se discute en esta causa -si los operadores de salud están obligados o no a solventar la práctica de reproducción asistida de alta complejidad no obstante la falta de previsión estatutaria, contractual y legal, constituye un hecho de público y notorio que sobreviniente a la interposición del presente remedio, el vacío normativo o la falta de previsión en la materia resulta hoy inexistente atento a que en la actualidad se encuentra vigente la ley 26862, que tiene por objeto garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, y establece que todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida; siendo tal ley de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhirió el Dr. Netri).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Machuca, Ismael Ramón y otros c/ Santa Cruz, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ amparo ley 16.986 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-06

La facultad de los particulares para acudir ante los jueces en tutela de los derechos que les asisten no autoriza a prescindir de las vías que determinan los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias para el ejercicio de la competencia que aquélla otorga a la Corte. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Policía, remuneración, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fabiano, Julio Esteban c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/ Incidente de determinación de indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-15

En virtud de las normas que reglan los haberes de los agentes policiales en relación a los cuales se ha dictado la disponibilidad preventiva sin que se les abone el cincuenta por ciento de los mismos, corresponde que, en caso de que hubiesen sido dejados cesantes, la cesantía haya sido anulada judicialmente y, finalmente, se culmine el procedimiento con una sanción correctiva superior a los treinta días de arresto, se les pague ese cincuenta por ciento, pues las normas modificatorias del dec. ley 9550 que dispusieron que sólo podía retenerse la mitad del sueldo a los agentes en esa situación de revista son inmediatamente aplicables.
Menores, pena, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Brandan, Marcelo Alejandro y otros s/ Hurto - Robo de aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

La sentencia que aplica pena al menor violando el art. 50 del dec. ley 10.067 es nula, no sólo por estatuirlo expresamente ese artículo, sino porque la pena impuesta lo ha sido sin atender al elemento primordial que permite aseverar o negar la existencia de las condiciones de punibilidad. Se ha impuesto pena sin tener en cuenta la pauta exigida por la ley al determinar la necesidad de aplicarla (art. 4, ley 22.803) y si la sanción aplicada por el Juez de Menores se ajusta a la personalidad de un menor a quien ni siquiera conoce personalmente.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Ostheguy, Fernando; Cordal, Jorge Osvaldo s/ Tentativa de hurto calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30

Es cuestión ajena al recurso extraordinario de nulidad la denuncia de transgresión del art. 314 del Código de Procedimiento Penal.
Caducidad de instancia, declaración de oficio, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO  ISRAELITA  DE  CORDOBA EN: ADALBERTO DUARTE E HIJOS - SOCIEDAD DE HECHO Y OTROS - QUIEBRA PROPIA - s/ INCIDENTE DE NULIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-03-01

El art. 296, Inc. 1, declaración que todos los términos son perentorios, de lo cual se deduce que el término de caducidad de instancia previsto por el art. 300 de la L.C., se opera ministerio legis, sin necesidad de declaración judicial o pedido de partes; por todo ello, habiendo transcurrido el plazo legal el tribunal de oficio debe decretar la caducidad.
Caducidad de instancia, cómputo del plazo, notificación automática
Materia: CIVIL
Carátula: PERSICO RICARDO c/ BELLO OSCAR CESAR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-02

Es irrelevante a los efectos de computar el plazo de caducidad de la instancia en la forma dispuesta por la primera parte del artículo 311 del Código Procesal, el momento en que la respectiva providencia quedó notificada "ministerio legis" a las partes (conf. Morello, "códigos Procesales...", t. IV, p. 80; Fassi, "Código Procesal...", t.I, p. 522, nro. 1032). El plazo se rige por las disposiciones de los artículos 24 y 25 del Código Civil, de modo que se computa desde la medianoche del día en que tuvo lugar el último acto impulsorio (conf. C.N.Civ. Sala A., L.L. 1981-D-158; Fenochietto-Arazi, "Código Procesal..." t. II,p. 34).
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bossio, Emma Esther c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-12-15

Debe declararse la inaplicabilidad de los arts. 6, 7, 8 y 9 de la Ley 9504 en cuanto reducen el haber de pasividad del accionante en un porcentaje inferior al 82% móvil del haber líquido del cargo del afiliado en actividad, el cual debe tomarse para el cálculo de la pensión.
Proceso penal, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por María Azucena Márquez en la causa Iñigo, David Gustavo y otros s/ privación ilegítima de la libertad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-26

En materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, corporaciones municipales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S.E. y O.M. Puerto Madryn c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-25

En casos recientes -venidos en queja por Apelación denegada- este Superior Tribunal interpretó que en el artículo 133 de la Ley Nro. 3098 no se manda seguir ninguna forma para la Apelación ante el Cuerpo.

A la par que se advirtió que se ha admitido siempre -con un criterio amplio- la opugnación de las decisiones tomadas por las Cámaras de Apelaciones en Primera instancia en el contexto de Ley Nro. 3098, fueren de índole interlocutoria o definitiva, y cualquiera fuese el objeto del alzamiento: sustantivo, adjetivo, y aún en materia de costas y honorarios.

Asimismo se estableció, que si bien es cierto que por el artículo 133 -primer párrafo, última parte- de la Ley Nro. 3098, en esta sede se le imprime el "trámite" de la Apelación Ordinaria, de ello no debe seguirse que los principios para su admisión formal fueren los mismos.

Por el contrario, el Cuerpo ha sido proclive a superar ritualismos en este aspecto, de lo que dan cuenta esos fallos y otros anteriores.
Bien de familia, desafectación del inmueble (civil), interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: DE OLIVA PAZ CARLOS E. s/ NULIDAD DE INSCRIPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-13

La desafectación de un inmueble del régimen del bien de familia debe analizarse en concordancia con el propio espíritu que movió al legislador a crearlo, con el fin de no desvirtuarlo. Los presupuestos contemplados por la ley 14.394 corresponden que sean considerados en su justa medida; ni con una amplitud tal que lo aleje de su específico carácter tuitivo ni en términos tan estrictos de los que pueda resultar el soslayamiento de los intereses precisos que debe garantizar (conf. C.N.Civ. Sala G, R.24.802 del 8/10/86).- Procede la desafectación si a través de ella los derechos hereditarios se ven conculcados por la mera disposición del causante de pretender beneficiar a una hija en desmedro de los otros dos herederos, uno de los cuales también es hijo, ya que dicha situación no puede entenderse comprendida dentro del espíritu de la ley y, por lo tanto, considerarse amparada con el instituto de excepción que ella crea.
Jubilación por invalidez, incapacidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: IZURIETA, RICARDO OSVALDO c/ MOLINOS SANTIAGO DEL ESTERO S.A. Y/O RESPONSABLE s/ DIFERENCIA DE INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO (LEY 9688 Y SU  MOD. 23.643) E INDEMNIZACION PREVISTA POR EL ART. 212 Y 245 DE LA  L.C.T. L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-10

No corresponde el otorgamiento de la indemnización prevista en el art. 212 de la L.C.T. por cuanto la simple concreción del beneficio de jubilación por invalidez es insuficiente por sí sola para demostrar el cumplimiento de los extremos exigidos por el citado texto normativo en su ap. 4º, esto es, la imposibilidad de reintegrarse a las tareas livianas.
Competencia, competencia por la persona
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Oporto Galarza de Zamaniego, Margarita Fabiana Beatríz c/ García Jorge Rubén s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-05

Los juicios en que la Provincia sea parte demandada, deberán promoverse y tramitarse ante los jueces o tribunales letrados del Departamento Judicial de La Plata, cualquiera fuera su monto o naturaleza. La télesis de la norma es brindar a la Provincia, que tiene centralizada su administración en la ciudad de La Plata, una mayor facilidad frente a la complejidad de sus asuntos, para su defensa en juicio. De ello se deriva la atribución excluyente al Departamento Judicial de La Plata para entender entuertos en que es parte.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: TROTTA, Francisco s/ Falsa denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-14

La descripción de los hechos tratados en la sentencia recurrida no se adecua a lo dispuesto por el art. 263 regla 4ta. ap. a) C.P.P.

Esta norma supone necesariamente una enunciación de los aspectos esenciales cuya prueba se requiere. En el caso, el procesado es condenado como partícipe primario por dos hechos que se califican como robo de automotor los que no están descriptos de la manera requerida, pues se halla ausente la descripción de la circunstancia que determina su calificación como robo -fuerza en las cosas o violencia física en las personas- y su prueba.-
Indemnización por accidente de trabajo, prescripción, incapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ISSLER, LEOPOLDO JOSE MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-20

Corresponde rechazar la queja interpuesta por el recurrente, ya que ni sus reproches de apartamiento tanto de la normativa como de la doctrina aplicable al caso y de resolución infundada, persuaden que los juzgadores hubiesen marginado los parámetros fácticos y jurídicos con que contaban para concluir que en el caso había operado la prescripción de la acción intentada, toda vez que el plazo de dos años previsto por la ley de riesgos del trabajo comienza a correr desde que cada prestación debió ser abonada y el actor recién intentó encaminar la acción seis años después que la demandada definiera expresamente la ausencia de secuelas incapacitantes del accidente ocurrido; entendiendo los Sentenciantes que en autos no operaba la doctrina que asigna a la empleadora autoasegurada la carga de diligente iniciativa en establecer la incapacidad, desde que se determinó la inexistencia de la misma y tal impulso inoficioso del trámite presupone que el reconocimiento de la incapacidad sea imputable al servicio.
Código aduanero, interpretación de la ley, infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, control de cambio
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Free Port Importación S.R.L. - TFN. 7607 - A c/ ANA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

No cabe limitar el sentido del inc. c) del art. 954 del Código Aduanero, a la exclusiva protección del régimen de control de cambios que regía con anterioridad a la liberación del mercado cambiario por el decreto 530/91.