marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Letra de cambio, pagaré, cláusula de actualización
Materia: COMERCIAL
Carátula: NOE DRUCHER  S.A. c/ CINENS  S.A.C.I.F. s/ LETRA DE CAMBIO Y PAGARE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-09

Es cierto que no existe una norma expresa que autorice la inserción en el título de cláusulas de reajuste. Pero también lo es que no hay norma positiva alguna que prohíba establecer cláusulas integrativas del derecho cartular. El propio legislador admite que se determinen en la letra los intereses moratorios (dec. Ley 5965/63: 52-1), y ello, por supuesto, no puede interpretarse como lesivo del derecho cambiario.

También contempla la posibilidad de fijar en ésta el curso del cambio (dec. Ley 5965/63: 44), y se ha considerado en tal caso que se trata de cláusulas que integran el derecho contenido en el título. La ejecución, por lo tanto, debe prosperar por el monto del documento repotenciado de acuerdo con lo establecido en el mismo.
Empleados públicos, cesantía, recurso contencioso administrativo, resoluciones irrecurribles, sentencia consentida
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nieva, Elsa Francisca c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 415-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-28

No es idónea la sola invocación de que las autoridades administrativas eran "de facto", sin que al menos la actora intente ofrecer prueba demostrativa de que -con relación a su persona- concurrieron circunstancias que le permitieran presumir un riesgo cierto y concreto explicativo de su inactividad, máxime cuando persistió durante largo tiempo. No alcanza con sólo mencionar que se estaba ante un gobierno de facto, sino que es menester demostrar la relación de causalidad entre éste y la imposibilidad de recurrir, presupuesto básico para que el Tribunal considere la excepcional posibilidad de contemplar la incidencia de tal circunstancia en el caso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Ruben Oscar s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que formula consideraciones generales sin relacionarlas con las constancias de autos, lo que no le permite demostrar las violaciones denunciadas.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, honorarios, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Realmac S.A.C.I.F.I.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

Es arbitrario el pronunciamiento que -al regular los honorarios de los letrados de la demandada en un proceso que concluyó por caducidad de la instancia- prescindió absolutamente de tratar el agravio esgrimido por la ejecutante vencida en torno a la aplicación al caso del art. 13 de la ley 24.432, norma que le hubiera permitido arribar a una solución diferente (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Juan Carlos Maqueda, E. Raúl Zaffaroni y Elena I. Highton de Nolasco).
Licitación pública, Ferrocarriles Argentinos, contrato de publicidad, contratos civiles, contratos comerciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CLAN  S.A.C.I.F.I. c/ FERROCARRILES ARGENTINOS. s/ E.F.A.    CONTRATOS  -  PERMISO  DE  USO  Y EXPLOTACION COMERCIAL DE  ESPACIOS EN JURISDICCION FERROVIARIA - REGIMEN  LEGAL - CAMBIO DE LEY  - DAÑO MORAL - IMPROCEDENCIA -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-10

El objeto de la licitación era el siguiente: espacios destinados a explotación publicitaria, que abarcan obligatoriamente toda la jurisdicción de Ferrocarriles Argentinos.

Se trataba de un contrato de "permiso de uso y explotación comercial de espacios". Resulta difícil encuadrarlo dentro de alguno de los contratos típicos que regulan los Códigos Civil y de Comercio, aunque en sentido estricto no se lo puede calificar de atípico, por cuanto aparece disciplinado (aún en forma incompleta) en los artículos 175, inciso d) y 182 del Reglamento General de Contrataciones. Pero lo importante no es aquí la calificación, sino determinar si se trata de un contrato regido sustancialmente por el derecho privado o por el derecho administrativo. Creo que deben aplicarse las normas del derecho privado, por cuanto la publicidad comercial es para el ferrocarril una "explotación colateral"; esas explotaciones se rigen por los pliegos, por los contratos y -en todo lo allí no previsto- por los Códigos Civil o de Comercio.-
Monto de la indemnización, daño moral, absurdo
Materia: CIVIL
Carátula: P. , M. G. y otros c/ Cardozo, Martiniano Bernardino y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-11

La determinación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión, y ello constituye una cuestión circunstancial propia de los jueces de las instancias ordinarias y detraida, por ende, del ámbito de la extraordinaria si su ejercicio no resulta irrazonable o absurdo.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Desindexación, depósito previo
Materia: LABORAL
Carátula: AGUERA, ARICEL ADRIANA c/ TAVERNA GLADYS NELIDA s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-10-12

La ley 24283 no establece como condición de procedibilidad el pago previo de la deuda, debiendo los tribunales de mérito evaluar las distintas alternativas procesales que surjan de la aplicación de la ley a las circunstancias que en cada caso acontezcan (Voto de la mayoría).-
Enfermedad accidente, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Altamira, Elba c/ Clínica San Jorge S.A. s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-22

Días hábiles -en el concepto del art. 11 de la ley 9688, modificada por ley 23.643- son aquéllos en los que el trabajador prestó servicios o en los que debió prestarlos y eximido de hacerlo devengó remuneración. Por ello, es desacertado el fallo que toma como hábiles trescientos sesenta días al año por ser mensualizada la trabajadora.
Relación de dependencia, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta Osmar c/ Catalina Aguirre de Buyatti,Dora E.Buyatti y Sonia E. Buyatti s/ Diferencia de sueldos,etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-04-14

La falta del libro legal aportado por la demandada donde las fechas de inicio y fin de la relación deberían constar,autoriza a tener por exacto lo afirmado por el actor respecto a tales extremos y si bien es una presunción que admite prueba en contra,la aportada por el demandado conforme lo señalado,no alcanza a desvirtuarla.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la materia, defraudación, obras literarias y artísticas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Rossi, Luis Daniel s/ INFR.ART. 72 INC. A. LEY 11.723.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Las disposiciones de la ley 11723 son de derecho común, y su aplicación corresponde a la justicia común.
Certificado de trabajo, plazo necesario, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: PUGA, MARÍA GABRIELA c/ S.B. MANDATARIA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

El nuevo texto del art. 80 de la LCT (modificado por la ley 25345) establece un plazo de dos días hábiles a fin de que el empleador entregue las certificaciones correspondientes, computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento fehaciente del trabajador. Por su parte, el art. 3 del decreto 146/01, reglamentario de la norma invocada, expresa que dicha entrega debe efectivizarse dentro de los treinta días corridos, a partir de extinguido el contrato, por cualquier causa. La norma inferior debe ser leída con los límites de la norma superior. Por ello, la intimación fehaciente a que hacen referencia ambas normas sólo puede surtir sus efectos ( el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo éste último que constituye - desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa.
Procedimiento laboral, donación, acción revocatoria, competencia por conexidad
Materia: PROCESAL
Carátula: CABRERA, MARIA SUSANA c/ PALDINI, MARIA MABEL Y OTROS s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-10

Teniendo presente que la actora reclamó un crédito laboral contra la demandada ante un Juzgado Laboral, y que en este expediente se pretende una acción revocatoria de la donación que realizara la demandada en favor de sus hijos de la mitad indivisa de un bien inmueble, atento a que la misma habría sido efectuada luego de iniciada la causa laboral principal, con el sólo propósito de evitar una eventual ejecución del mismo para satisfacer el crédito reclamado en aquélla, cabe concluir que lo que se decida en estas actuaciones tiene directa injerencia en la ejecución de lo resuelto en sede laboral y para su solución es necesario el análisis del crédito allí reconocido, toda vez que la acción revocatoria intentada tiene requisitos propios cuya acreditación depende del estudio de lo resuelto en la causa principal, tramitada en sede laboral, a tal punto, que los expedientes radicados ante dicho fuero han sido ofrecidos por la actora como prueba en esta causa. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial, artículo 339
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CALVERAS RODOLFO c/ SPERONI GUSTAVO ADOLFO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Terragno Carlos H. c/ Peña Nelson S. s/ Daños y Perjuicios Previsión y Ayuda Mutua Sos.Coop.de Seguros Ltda. c/ Arredondo Raúl A. s/ Daños y Perjuicios Lagostena Jorge R. c/ Gordo Diego N. s/ Daños y Perjuicios Salafia Miguel A. c/ Cala Justino s/ Daños y Perjuicios Artola Miguel Gerardo y otros c/ Piancatelli Walter y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-17|1990-05-29|1987-04-28|1992-02-06|1987-06-23|1994-09-08

Es inacogible el planteo que pretende obstar al reconocimiento de intereses por no haberse demostrado el pago por el actor. Sea que se los considere como resarcitorios en razón de la indemnización que se manda a pagar, o como secuela moratoria, evaluando el hecho ilícito como el incumplimiento de una obligación de no hacer que se traduce en la necesidad de respetar indemne el patrimonio de los demás (nota del art. 509, 2º párrafo y art. 634 del Código Civil), su procedencia es indudable y por lo tanto corren los intereses desde el momento del hecho.
Cámara de Apelaciones, reenvío, improcedencia del recurso, deber de juzgar, fallos del Superior Tribunal
Materia: CIVIL
Carátula: FIORAVANTI MARCOS GABRIEL Y OTRA C/ SALAZAR NALA SUYAI Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) (S/ COMPETENCIA) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-08-13

De conformidad entonces a la doctrina legal vigente, es la Cámara de Apelaciones -y no el Juzgado de Primera Instancia- quien debe resolver respecto de los distintos rubros indemnizatorios reclamados, su procedencia, cuantificación y también las costas del proceso. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Compensación, obligación tributaria, juicio de apremio
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia del Neuquén c/ Helmerich & Payne (Argentina) Drilling Co. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-16

La excepción que procura justificar la compensación del crédito reclamado deviene improcedente porque su fundamento importa adentrarse en el origen de la obligación en tanto se sustenta en una suerte de compensación de los montos reclamados por ingresos brutos. Y, tal cuestión desborda las posibilidades técnicas del juicio de apremio, de ahí que todo tipo de controversia que haga a la relación sustancial debe ventilarse en el proceso de conocimiento posterior, pues sabido es que no es propio de este tipo de procesos discutir la causa de la obligación.
Sentencia condenatoria, resoluciones recurribles, recurso de casación penal, exceso ritual manifiesto, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PENAL
Carátula: MERA, MARIO RUBEN Y JUAN HECTOR FIGUEROA c/ MIGUEL ROBERTO MUKDISE s/ QUERELLA CRIMINAL POR CALUMNIAS E INJURIAS CON REPARACION DE DAÑOS Y  PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-30

La garantía judicial de recurrir el fallo, a la que alude el Pacto de San José de Costa Rica, no puede ser desnaturalizada por una interpretación virtualista o excesivamente rigurosa del recurso de casación, de tal suerte que un condenado pueda verse en la práctica privado de un efectivo control sobre el proceso que concluyó con su condena, por lo que se entiende que la Cámara de Casación debe de analizar con flexibilidad la admisibilidad del recurso homónimo, en especial respecto a la doctrina de la arbitrariedad, o del absurdo, evitando así caer en un excesivo rigor formal que conlleve a la inaplicabilidad del art. 8 2H, del Pacto, (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, indemnización, automotores, privación del uso del automotor, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Barreiro, Luciano Hernán c/ Orbis Compañía Argentina de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-19

1. La mera indisponibilidad material y jurídica del automotor provocada por una conducta ilegítima, constituye un perjuicio indemnizable (CNCom, Sala B, in re "Sobrero, Julio c/ Boston Compañía Argentina de Seguros SA" del 18/10/06; id. Sala E, in re "Verly, Marcos Alejandro c/ Ernesto P.Amendola SA" del 14/4/09; entre muchos otros) que produce una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria, no requiriendo ser cabalmente probada (CSJN, Fallos 319:1975; 320:1567; 323:4065). 2. Tal es el temperamento del CCCN 1744 que admite que el daño se considere probado cuando surja notorio de los propios hechos (CNCom, Sala, in re "Andrioli, Sergio Gustavo c/ Volkswagen SA" del 19/3/18 y sus citas). Pues como resume el brocardo "notoria non egent probatione", nuestro proceso se abstiene de introducir fórmulas rígidas en el delicado mecanismo que supone la interacción entre los contendientes y el juzgador a partir del cual se configura la litis con miras a la composición del diferendo (Calamandrei, Piero "Per la definizione del fatto notorio", publicado en Rivista di Diritto Processuale Civile, Padova, Italia, 1925, v. 2, n°. 1, págs. 273-304, traducción de Sentis Melendo, Santiago en Revista de Derecho Procesal, págs. 95/196).
Homologación judicial, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: EDIFICIO LA BELGA S.A. c/ LOPEZ, Mónica Patricia y otros s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-23

El proceso homologatorio no reviste carácter contencioso, y, por lo tanto, no pueden plantearse en él defensas que pretendan atacar la validez del convenio, puesto que, para ello, debe promoverse el correspondiente juicio por nulidad de acto jurídico.-
Derechos y garantías constitucionales, pena accesoria
Materia: PENAL
Carátula: Kruger, Roberto Orlando c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-12

Corresponde rechazar la tacha de inconstitucionalidad del art. 12 CP si la parte no ha logrado demostrar -ni se advierte- que la pena accesoria que impugna le acarree un perjuicio concreto que afecte garantías constitucionales a los efectos de demostrar el interés actual que sustenta su agravio.
Libertad de cultos, Estado Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rueda, Alba c/ Arzobispado de Salta s/ habeas data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-20

Es inadmisible que se pretenda canalizar todo disenso individual planteado por algún fiel sobre ciertos aspectos del dogma, doctrina, culto o disciplina -por respetables que pudieran ser- a través del accionar de órganos estatales, en tanto ello implicaría una interferencia inaceptable en la autonomía interna reconocida a la iglesia demandada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Chaparro, Adolfo José; Goycochea, Guillermo Marcelo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-15

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la defensa denuncia el incumplimiento del art. 167 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- alegando que encontrándose detenido uno de los coprocesados al momento de realizarse la pericia "a nadie le puede ser oponible una pieza en ese estado" si no se advierte, ni el recurrente intenta demostrar por qué razón ello así sería.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, prueba, prueba pericial, copias, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Acyma Asociación Civil c/ Elementa SRL s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Procede confirmar la resolución que intimó a la accionada a poner a disposición de los peritos -contable e informático- las copias y extracciones que fueran indispensables a los fines de llevar a cabo la labor pericial encomendada. Ello por cuanto, entre las facultades que tiene un perito dentro de un proceso judicial, se encuentran las de solicitar a las partes, toda la información, archivos o elementos que sean necesarios para efectuar el dictamen pericial. Y, en caso de que éstas sean renuentes a dichas entregas, solicitar al juez que los intime bajo apercibimiento, explicando los motivos por los cuales necesita dicha información (Tomasi Susana N: Actuación del perito: puntos a tener en cuenta, Publicado en Enfoques 2009, Cita online AR/DOC/268/2009). Ello así, en la especie, la prueba pericial que debe producirse en autos resulta compleja. En ese marco, a fin de que los peritos puedan llevar adelante su tarea de la mejor manera posible, relevando y adquiriendo por sus propios medios la información necesaria para contestar los puntos de pericia ofrecidos, y la actora fiscalizar la producción de dicho medio probatorio de modo satisfactorio, la Sala juzga procedente que la demandada suministre a los peritos las copias que los mismos estimen pertinentes.
Títulos de crédito, pagaré
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sucesión Francisco Toulon c/ Assef, Feisal s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-03

La presentación al pago del pagaré constituye la expresión de la voluntad del beneficiario o tenedor de que el suscriptor cumpla con la obligación contenida en el pagaré, voluntad que puede, eventualmente, no existir; pero para el caso de que así no sea, la ley le confiere a aquel el plazo de un año a partir de la emisión del instrumento para formalizar la presentación. Esa presentación tiene, como se dijera, el efecto de hacer conocer al obligado la intención del acreedor de ser satisfecho en su acreencia, y, al mismo tiempo, establece con exactitud cuándo deberá el deudor cumplir.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Pimentel, W.R.; Rosados, L.A. s/ Tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05

Si la alzada resolvió con cita del art. 235 del C.P.P. que la imputabilidad y la responsabilidad de los procesados se acredita por vía confesoria, resultan inatingentes las impugnaciones que la defensa dirige sobre la prueba pericial incorporada para mejor proveer, a la que ataca respecto de su modo de adquisición, de la extensión de su contenido y de su valoración supuestamente absurda.
Concursos, efectos entre partes, homologación del acuerdo, medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares, inhibición general de bienes, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Hostería del Cerro SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-14

Procede confirmar la resolución en la cual el magistrado de grado ordenó la reinscripción de la inhibición general de bienes de la sociedad concursada -LCQ 59-. Ello por cuanto, en el caso, si bien el plazo en el cual la concursada prometió cumplir el acuerdo se encuentra holgadamente vencido, y que según lo manifestado por la apelante, los acreedores pendientes no habrían reclamado el pago de las cuotas desde la homologación del acuerdo; sin embargo, el cumplimiento del acuerdo supone que se encuentre ejecutada íntegramente la propuesta homologada, y una vez comprobado ese hecho, recién ahí corresponde disponer el cese de la inhibición general de bienes ordenada en la sentencia de apertura y mantenida en la resolución homologatoria. Esa es la interpretación que corresponde asignar a lo establecido por el art. 59, segundo párrafo, pues de lo contrario aquellos acreedores a quienes no se les abonó sus créditos, no contarían con ninguna medida cautelar que les garantice, frente a un eventual reclamo, el cumplimiento por parte de la deudora.
Elementos del acto administrativo, motivación del acto administrativo, Administración Pública, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: E., C.A. y Otros c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-01-26

La actuación en la esfera de lo discrecional no exime a la Administración Pública de cumplir los recaudos que para el dictado de un acto administrativo exige la ley, entre ellos el de la motivación del mismo (art. 26 inc. 1 apdos. "b" y "c" de la ley 920).

Por lo contrario, en el ejercicio de facultades discrecionales se impone que los órganos administrativos satisfagan, con mayor razón aún que al ejercitar las predominantemente regladas, el imperativo de una motivación suficiente y adecuada de sus decisiones.
Simulación, vicios del acto jurídico, compraventa, bienes inmuebles
Materia: CIVIL
Carátula: MARCOS LAURA LILIANA c/ BERENGUER FRANCISCO SANTOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-07-15

La actora ha probado que en el contrato privado celebrado entre los vendedores y el comprador (hoy demandado) no se hace alusión alguna a la donación que luego se invoca en la escritura publica que existen recibos otorgados a nombre del hoy demandado suscriptos por la escribana y por un precio superior al que consta en el instrumento público. Que los vendedores no conocían a la actora y que esta estuvo en tratamiento médico y debió ser internada en razón de su enfermedad derivada de una crisis de alcoholismo.

Esta probado que en el contrato privado que genero la obligación de perfeccionar la venta en la escritura publica (que contiene la afirmación del demandado que aquí se ataca) no se hizo alusión alguna a que el precio fuera producto de la donación del padre.

Lo que lleva a concluir que la actora fue inducida a error por el demandado, al ratificar su manifestación en cuanto al origen de los fondos para la adquisición del bien. Se ha configurado por el demandado la acción dolosa que contempla el art. 931 del código civil, dándose los requisitos contemplados en el art. 932 del código civil para la procedencia de la nulidad pedida. Aquí el dolo es grave ya que la víctima (actora) no pudo advertir el verdadero estado de las cosas.

En la relación entre la actora y el demandado, si bien el dolo no es la causa determinante del acto de la compra del bien, si lo es en cuanto a su naturaleza como propio y no ganancial y de ello deriva un perjuicio importante para la actora, lo que conlleva a su anulabilidad.