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Fraude a la propiedad intelectual, venta ilegal de obra intelectual, reproducción ilegal de obra intelectual, apuntes estudiantiles, depósito legal de la obra, admisibilidad de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: ROSENBLAT, RUBEN s/ PROPIEDAD INTELECTUAL - FOTOCOPIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-20

La venta en una librería de fascículos mimeografiados, sin indicación de autor ni pie de imprenta, cuyo contenido reproduce literalmente partes sustanciales de obras publicadas e inscriptas por otras editoriales, configura infracción al art. 72 inc. c) en función del 71 de la Ley 11.723 y del 172 del Cód. Penal, notándose que se trata de los tradicionales "apuntes" que se venden a los estudiantes compendiando obras de terceros mas extensas y costosas.

No procede rechazar los certificados del depósito legal de las obras plagiadas por la circunstancia que se trate de fotocopias y no de originales, cuestión de relativa gravitación, pues la falta de inscripción no desprotege en el campo penal a la obra artística, literaria o científica.
Jubilación por invalidez, incapacidad laboral, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Martín Ruiz, Marcelino c/ Conarpesa Continental Armadores de Pesca s/ Enfermedad Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-11

Mientras que en la jubilación por invalidez se atiende a la imposibilidad de realizar el oficio u ocupación del jubilado, la incapacidad absoluta del artículo 212-4 de la LCT, es aquélla que no le permite no ya realizar su oficio o profesión, sino aquella que no le permite realizar ninguna tarea de ninguna clase; por eso cuando se presenta, el contrato se extingue por imposibilidad de cumplimiento y no por otro motivo.
Procedimiento contencioso administrativo, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, agotamiento de la instancia administrativa, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: ING.AUGUSTO H SPINAZZOLA SA c/ GCBA Y OTROS s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-21

El artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y Tributario destaca claramente el carácter básicamente instrumental de las medidas cautelares. En términos generales las medidas cautelares son un accesorio, un instrumento o elemento de otro proceso -eventual o hipotético- por cuanto se otorgan en consideración al derecho que ha de esclarecerse mediante las formas regulares donde se actuará ese derecho, o para asegurar la posibilidad o la integridad de ese proceso.

Por su parte, la suspensión de los efectos de un acto administrativo, dispuesta en sede judicial en respuesta a un pedido autónomo efectuado por el interesado, requiere generalmente tener como antecedente necesario que la cuestión se encuentre pendiente de resolución en sede administrativa. Suele considerarse como el medio de contrarrestar la fuerza ejecutoria propia de los actos administrativos y el efecto no suspensivo que revisten los recursos que el administrado tiene a su alcance en el marco del procedimiento (art. 12 del Decreto Nro. 1510/97).

Se trata, en consecuencia, de una protección preventiva para quien todavía no ha agotado la vía administrativa y en consecuencia, no puede acceder a la jurisdicción para debatir la cuestión (arts. 3, 273 y cctes., CCAyT).

El supuesto ha sido expresamente contemplado por la ley procesal local.

En efecto, el artículo 189 del Código Contencioso Administrativo y Tributario regula la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de hechos, actos o contratos administrativos, y el artículo 178 del mismo cuerpo normativo establece que -salvo disposición legal en contrario- las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de interpuesta la demanda.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, principio de congruencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: M., M.; B., S.I. s/ Administración Fraudulenta en Perjuicio de una AdministraciónPública
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-01

Si la defensa arguye la falta de congruencia entre la acusación y la sentencia, basándose en la diferente calificación legal -la Fiscalía de Cámara acusó por abuso de autoridad, y hubo condena por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública, en grado de tentativa-, pero omite demostrar la mutación del objeto procesal -desde la única óptica que es trascendente, la del acontecimiento histórico- la queja es inadmisible.
Despido, período de prueba, obligaciones del empleador, preaviso, rescisión unilateral, rubros indemnizatorios
Materia: LABORAL
Carátula: CORRADINI SEGALA HECTOR HUGO c/ WALDORF HOTEL s/ ORDINARIO DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-02-13

En contestación a la demanda incoada, sostiene el compareciente que el despido tuvo lugar dentro del período de prueba. Afirma que el 16/8/2007 el reclamante ingresó a trabajar y el 16/11/2007 efectúa el preaviso, fecha en la que se da por concluida la relación laboral. Planteada la litis, el Tribunal luego de analizar las actuaciones considera en lo atinente al período de prueba, los requisitos previstos para su configuración. Fundamenta que el art. 92 bis, RCT exige, entre las obligaciones del empleador, registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el período de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho período. Y precisamente, la relación laboral que vinculara a las partes de este juicio, no ha sido registrada, en los términos del artículo 7, Ley 24.013. No obstante, aun cuando se considerara que el distracto dispuesto, llegó a conocimiento del empleado, con fecha 16/11/2007 entiende que ya se encontraba vencido el período de prueba, al haber transcurrido más de tres meses desde el inicio de la relación laboral, cuya fecha de ingreso data del día 04/04/2006, según consigna el escrito de demanda y tenida por cierta, en virtud del artículo 55, RCT, no desvirtuada en la causa y ratificada en cuanto al año de ingreso por la testimonial rendida. Concluye que la extinción unilateral dispuesta por el accionado es incausada y no rige a su respecto la exclusión de responsabilidad que ampara el período de prueba, al no ocurrir, por las razones dadas, el tipo legal que regla el citado art. 92 bis, RCT. Declara procedentes las indemnizaciones por antigüedad, omisión de preaviso e integración del mes de despido (arts. 231, 232, 233 y 245 RCT).
Competencia, cuestiones de competencia, competencia de instrucción, defraudación, falsificación de cheque, ENTEL
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: AURONORTE  S.A. s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-29

Corresponde intervenir a la Justicia de Instrucción de la Capital cuando no se ha establecido hasta el momento que hayan intervenido agentes de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en la posible defraudación a una empresa particular como consecuencia de la falsificación del endoso y cobro de cuatro cheques, teniendo en cuenta que aparece sólo como perjudicada la empresa particular.
Sucesiones, competencia, fuero de atracción, escrituración
Materia: CIVIL
Carátula: FONTANILLAS, María Ofelia c/ GHIORSI DE MARANGONI, Azucena Iris y Otros s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-10

Si bien es cierto que cuando la acción es intentada contra los coherederos que han contratado "in iure propio" no subsiste el fuero de atracción, toda vez que no se trata de obligaciones asumidas por el causante que sean carga de la sucesión. Si se invocó una promesa de venta celebrada por la cónyuge supérstite, por sí y sus hijos menores, respecto de un bien que compone el acervo hereditario, la demanda de escrituración debe ser atraída por el sucesorio, por la eventualidad de encontrarse comprometida la porción del inmueble cuya titularidad está en cabeza de un menor, sometido a la decisión del Juez del sucesorio, que reviste el carácter de orden público.
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, trabajador autónomo, determinación del haber jubilatorio, prestación básica universal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BRUZZO ROMILIO AMARIO c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-28

El principio sentado por el art. 9 de la ley 24.463 respecto del tope se ajusta a derecho, toda vez que los beneficios más altos son reducidos con la finalidad de lograr una adecuada cobertura para los sectores de más bajos recursos, todo ello dentro de un sistema redistributivo de la renta que se halla implícito en las bases mismas de la moderna previsión social. Al respecto ha de advertirse que no nos hallamos frene a un contrato individual y voluntario de seguro, en el cual ha de darse una exacta correlación entre la prima abonada por el interesado y la suma que éste recibe como contraprestación y que se encuentra estipulado de antemano. Muy por el contrario, en el caso de la seguridad social el aporte es obligatorio y juegan otros principios diversos a los que presiden una relación contractual de derecho privado, fundamentalmente aquellos que derivan de una concepción solidaria de la realidad social.
Falta de mérito, recurso de apelación (procesal), proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: R.M. s/ Sistema integrado de jubilaciones y pensiones, incidente de  apelación, Causa: 37782.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-09

Si bien la resolución recurrida que decretó la falta de mérito para procesar o sobreseer es de aquéllas expresamente declaradas apelables (Cf. art. 311 del C.P.P.), lo cierto es que la misma no puede causar gravamen al recurrente dado que la determinación adoptada por el Juez no implica un sobreseimiento y las distintas constancias existentes en autos dan fundamento por ahora a lo resuelto sin perjuicio de que, conforme lo establecido por el art.

309 del C.P.P., se prosiga con la investigación.
Transporte por agua, transporte marítimo, verificación de la protesta de mar
Materia: NAVEGACION - PROCESAL
Carátula: IGUAZU CIA. DE SEGS.  S.A. c/ CAP.  Y/O  ARM.  Y/O PROP. REMOLCADOR 313 PARANA BRAVO Y BARCAZA 1174 s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

Si bien es exacto que los arts. 578 y 596 de la Ley de Navegación facultan a los interesados a tomar parte en los sumarios administrativos, resulta oportuno destacar que en los casos de las investigaciones por protesta de mar expresamente la ley dispone:

"las conclusiones de la investigación quedan sujetas a prueba en contrario de los interesados". Y es claro que esa prueba ha sido rendida en autos, desde que la peritación -que luce suficiente fundamentación técnica y es concorde en buena medida con el estudio practicado por el consultor técnico- da por tierra con la conclusión alcanzada en la investigación administrativa.
Reforma de la constitución, necesidad de reforma legislativa, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PADILLA, Miguel M. c/ E.N. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

Debe rechazarse la acción de amparo deducida por el actor con el objeto que se declare la nulidad de la ley que dispuso la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional y del decreto de promulgación respectivo, por considerar que carecía de interés para actuar y la inexistencia de causa que habilite el control judicial.

(Confr., más recientemente, Sala III, Gurioli , del 28 de abril de 1994, causa N. 31.303/93).
Domicilio legal, honorarios, regulación de honorarios, abogados, notificación, actuación por derecho propio
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: MARTINEZ PRADO, CARLOS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA INTERPUESTA  POR  EL PATROCINANTE DE LA ACTORA CONTRA EL  AUTO  QUE  REGULO LOS HONORARIOS DEL PROFESIONAL  INTERVINIENTE.    CSJ EXPTE NRO 68-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-07-08

Si el recurrente no constituyó domicilio especial, ni siquiera en la presentación en la que solicitó "por su propio derecho" regulación de honorarios, debe tenerse en cuenta por tal el domicilio legal de su cliente.
Recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: U., E.M. c/ B. y Cía. SA s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-23

Este Superior Tribunal de Justicia resuelve sobre la procedencia de los recursos procurando en esa acción que, sin violentar la misión institucional y el carácter extraordinario de la vía, se sirva consolidar a la justicia, cuidando que la solución a la que se arribe no importe una solución distinta pero igualmente opinable en base a los hechos de la causa, subrayando la indispensable condición de que la arbitrariedad que se le reprocha aparezca claramente evidenciada, vinculada con la valoración absurda de los hechos por el juzgador que conviertan a su sentencia en un acto de mera voluntad. Se ha dicho en este orden de ideas que la tacha de arbitrariedad requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o en una carencia absoluta de fundamentación".
Directorio, sociedades comerciales, responsabilidad solidaria, presunción legal, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rivero Segura, Cecilia c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-21

La responsabilidad ilimitada y solidaria que establece el art. 8 de la ley 11.683 no ha de aplicarse a las personas que demuestren fehacientemente la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales por causas ajenas, es decir, que no fue su voluntad o actuar negligente el que soslayó -deliberadamente- el debido cumplimiento fiscal. Así lo entendió el Tribunal al sostener que el art. 8 de la ley 11.683 deriva en la responsabilidad solidaria del Director o Presidente de una sociedad anónima "cuando se demostrase que el mismo, pudiendo realizar los aportes previsionales y cumplir con las cargas fiscales, no lo hizo, dando lugar al nacimiento de una responsabilidad de tipo subjetivo. Este proceso probatorio debe desarrollarse en sede administrativa, situación fáctica ésta ausente en los presentes obrados, de donde surge, en consecuencia, que el organismo fiscal justifica su resolución desde la dogmática, más no desde los hechos compro-bados, correspondiendo en consecuencia producir la prueba ofrecida y oportunamente dictar nueva resolución" (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 08.05.06, "Peña, Emilio"). Por ello, habiendo sido acreditada en autos la insuficiencia de fondos que colocaron a la empresa en situación de imposibilidad material para hacer frente regularmente a sus obligaciones -circunstancia tenida en cuenta por el Juz. Nac. en lo Penal Económico para disponer el sobreseimiento de aquella en la causa promovida por la demandada de autos- como así también que aún dentro de ese contexto, algunos de los períodos inicialmente reclamados fueron cancelados -pruebas éstas no desconocidas por el organismo-, cabe concluir que la empresa presentaba signos de insolvencia o iliquidez sin que existiese en ello una actitud dolosa de sus directores o presidente, que de modo negligente o interesa-do desviaran fondos correspondientes a aportes y contribuciones a cargo de la sociedad. En consecuencia, el cargo formulado por aplicación de responsabilidad solidaria a quien fuera presidente de la sociedad sin la debida ponderación de elementos de prueba ofrecidos -entre los que no cabe prescindir del pronunciamiento aludido-, configura la aplicación de la norma como si se tratara de una presunción legal que no admite prueba en contrario, en abierta violación del derecho de defensa. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, competencia laboral, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, empleo público, impugnación del acto administrativo, intimación a jubilarse
Materia: PROCESAL
Carátula: Mastrandrea, Lucio Alberto c/  s/ Impugnación de actos administrativos s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

El argumento en el que se funda la pretensión -la sentencia que dispuso la exclusión de la tutela sindical del actor, dictada en una causa que tramitó ante la Justicia Nacional del Trabajo, no le es oponible dado que, con posterioridad, aquél fue elegido Consejero Titular ante el Consejo Federal de la Federación Médica Gremial de la Capital Federal- cede ante la circunstancia de que la exclusión devino firme respecto de los hechos allí probados que motivaron la petición, por lo que la hipótesis de conexidad planteada por el juez del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, en cuanto encuentra una relación de continencia y accesoriedad entre esta acción y la de exclusión de tutela, no resulta operativa puesto que no existe el peligro de sentencias contradictorias. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Contratos, interpretación del contrato, duda
Materia: CIVIL
Carátula: Barrios, Pedro Patricio c/ Rolando Daniel, Masuelli s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-07-08

Interpretar un contrato es reconstruir la intención de las partes en su celebración, significa colocarse en un punto de vista que esté por encima del interés de cada una de ellas y efectuar la investigación definitiva, la única apta para reconstruir, en sus términos el contenido del contrato. Pero sólo es permitido poner en juego ese conjunto de reglas que constituyen la teoría de la interpretación contractual, cuando la expresión de la voluntad de los contratantes ofrece alguna duda; si esto no ocurre habrá que atenerse a los términos empleados.
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, círculo cerrado, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROCCA, DANIEL c/ PLAN ROMBO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

El dinero tradido a una empresa de ahorro previo para la adquisición de un rodado, no puede "pertenecer al grupo", porque lo llamado de este modo no es un sujeto de derecho habilitado para constituir un patrimonio propio.
Deserción del recurso, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: FUNDACION NUESTRA SEÑORA DEL HOGAR c/ INSTITUTO NAC DE SERV SOC PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ Incumplim. de prest. de obra soc./ med. prepaga.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-26

Debe declararse desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que hizo lugar al reclamo por pago de facturas relacionadas con la locación de servicios de asistencia odontológica ambulatoria, ya que la demandada tiene contabilizadas las facturas reclamadas por la actora omitiendo observarlas en tiempo propio, y no produjo la prueba necesaria para hacer caer las posteriores conclusiones del magistrado a quo sustentadas en la valoración de los hechos y el derecho a partir de su propio análisis y de los dictámenes del perito de oficio y las testimoniales coincidentes en cuanto a la pretensión de fondo respecto del cobro de las facturas reclamadas, y su alcance (del voto en disidencia del Dr. De las Carreras).
Personal municipal, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Abrahamovich, Silvia Teresa y ots. c/ Municipalidad de Ensenada s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Si la vigencia de la norma invocada por los actores quedó diferida en el tiempo (1 de enero de 1987, art. 63 de la ord. 1077/89) y, luego, las ordenanzas que fijaron las remuneraciones del personal y los presupuestos de gastos correspondientes a los períodos posteriores a aquella fecha no habilitaron al Departamento Ejecutivo a abonar los salarios considerando la pauta allí establecida (diferencia del quince por ciento entre categorías), no ha quedado acreditado que la comuna demandada haya violado las normas que regulaban su actuación.
Gastos del proceso, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: Eduardo Miguel Paz c/ Luis Gabriel García s/ Recurso de Casación int. en Expte. Nº B - 62.039/00 Incidente de Ejecución de Honorarios en el Expte. Nº B - 30.553/94.L.A.N 44 F 550/553 N 225 Casación int. en Expte. Nº B - 62.039/00 Incidente de Ejecución de Honorarios en el Expte. Nº B - 30.553/94.L.A.N 44 F 550/553 N 225
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-06-05

Conforme doctrina que resulta plenamente aplicable, sentada in re "Gordillo, Blanca c/ Sanatorio Jujuy S.R.L.", el Superior Tribunal dijo: "Una vez que el órgano jurisdiccional establece un plazo para cumplir con una intimación bajo un determinado apercibimiento, no cabe dudas de que si la parte no cumple en ese plazo, debe hacerse efectivo el apercibimiento aunque con posterioridad pretenda sanear ese incumplimiento, lo contrario implicaría echar por tierra el principio de preclusión procesal consagrado expresamente por nuestra legislación adjetiva, sembrando la incertidumbre e inseguridad jurídica". Siendo así, el beneficio concedido en forma provisoria, para que en el término de diez días se acrediten los extremos necesarios para su concesión definitiva, ha caducado al vencimiento de ese término, pues de las constancias de esos autos no surge que el peticionante haya cumplido con la intimación. Entonces, los informes agregados dos años después, luego que el demandado fuera intimado al pago de los honorarios del perito médico, resulta evidentemente extemporáneo y en modo alguno puede el a-quo, como lo hizo, extender el beneficio provisorio concedido en la medida cautelar, pues, por un lado había caducado y por otro, tampoco fue pedida su extensión, ni se acompañó la declaración jurada que exige para esos casos el artículo 117 del Código Procesal Civil.
Reglas de la sana crítica, apreciación de la prueba, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Bejarano, Alexis Ezequiel s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-04

El voto concurrente agregó que debe descartarse la duda o falta de certeza alegada por la defensa toda vez que los elementos de juicio introducidos al debate, valorados según las reglas de la sana crítica racional, permiten arribar a un estado de certeza respecto de la efectiva responsabilidad del encausado por el hecho que le fue endilgado. (Dr. Hornos, -según su voto-).
Recurso de casación, absurdo
Materia: CIVIL
Carátula: FARIZ DE SORIA LUCIA Y OTROS c/ EXCLUSIVA S.R.L. s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD-CASACION BRAVO ESPERANZA c/ RAED ANUAR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION ZERDA, FRANCISCO FELIX c/ GRAFA S.A. s/ INDEMNIZACION POR ESTABILIDAD GREMIAL, ETC.- CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-06|1997-04-23|2003-03-03

Sólo el desvío de la lógica o error patente y notorio en la valoración de la prueba con quebrantamiento de las reglas que la gobiernan hacen factible la revisión de estas cuestiones por medio de la vía extraordinaria de la casación.
Acción dependiente de instancia privada, delitos contra la integridad sexual, bien jurídico protegido, víctima menor de edad, representante legal, falta de representante legal, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: DEMICHELI, Adelfio s/ DELITOS    DEPENDIENTES   DE  INSTANCIA  PRIVADA.  NULIDAD.  MENORES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-02

Es nulo todo lo actuado de oficio por vicio 'in procedendo' (art.

509 CPC), porque los delitos que se le imputan al encausado afectarían el bien jurídico honestidad en las especies dependientes de instancia privada y no se presentó en autos el representante legal de la víctima menor de edad, a los fines de promover la acción.