marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Plazos procesales, plazo perentorio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: P, S R s/ DEFRAUDACION POR ABUSO DE FIRMA EN BLANCO     EXPTE NRO 116-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-13

Corresponde declarar la inadmisibilidad en los casos en que la ley prescribe la sanción expresamente para el acto (artículo 163 inciso 1) o cuando la parte que pretende introducirlo carece de facultad de actuar. Esta última situación se verifica tanto cuando originariamente la facultad no le ha sido otorgada al sujeto (ausencia de legitimación), como cuando la parte tuvo oportunamente la facultad pero agotó la posibilidad de actuar (sea por haberse operado la caducidad al extinguirse un plazo perentorio, sea por producirse la preclusión que impide la realización sucesiva de actos incompatibles en el proceso). Con este esquema, así como el vencimiento del término perentorio acarrea la caducidad o decadencia para practicar eficazmente un acto procesal; así también la consumación de la facultad mediante su oportuno ejercicio opera la preclusión, impidiendo complementar o mejorar las instancias con ulteriores presentaciones, aun cuando no hubiere vencido el plazo estipulado legalmente para el acto.
Procedimiento administrativo, recurso de apelación (administrativo), denegatoria del beneficio, silencio de la administración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LONETTO, HUGO c/ Caja Nacional de Previsión del Personal de Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-29

No resulta acertado admitir la procedencia formal de un recurso de apelación por una presunta denegatoria tácita por silencio de la administración. Ello es así por cuanto de ese modo el juez se subrogaría en las funciones del legislador, creando una vía recursiva no establecida por él. Por otra parte, la circunstancia de que el legislador contemple un supuesto de silencio de la administración como denegatoria tácita en lo que respecta a otro instituto de la seguridad social (cobertura del desempleo -art. 125 de la ley 24.013- ) no permite concluir fundadamente que haya sido su intención habilitar la misma vía para otras hipótesis. Además, desde el punto de vista práctico, la aplicación del art. 10 de la ley 19.549 sería igualmente perjudicial y redundaría en un peor servicio de justicia para la comunidad. (Del voto de la mayoría -argumento del Dr.

Fasciolo-. El Dr. Wassner votó en disidencia).
Honorarios del contador, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rivero Emilce A. c/ Latrónico Emilio H. y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-08-06

La Cámara explicita que la base económica para la regulación de honorarios es la capital condenado con más los intereses previamente estimados a la fecha de la sentencia se advierte con sólo considerar el primer rubro, que la regulación de los honorarios del perito contador que realiza la Cámara infringe el mínimo legal, 4 por ciento establecido en el artículo 17 de la Ley 4878, por lo que debe hacerse lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido, casándose en ese punto la sentencia de Cámara, debiendo bajar los autos paa que se practique nueva regulación dentro de los porcentajes máximos y mínimos que prevé la ley referenciada.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de los Arroyos cooperativo limitado c/ Fernandez, Mariano Victorio s/ Cobro ejecutivo Pombo, Ricardo c/ Manucar S.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-24|1991-10-22

Resulta definitiva la decisión recaída en un proceso ejecutivo que determinó la fecha en que se produjo la mora porque la cuestión no es susceptible de reeditarse en juicio ulterior (arts. 278 y 551 del C.P.C.C.).
Daños y perjuicios, prueba, accidente de tránsito, destrucción total del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Azzarita, Juan Carlos c/ Lupacchini, Rodolfo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

No existe inconveniente alguno derivado del hecho de que el monto del rubro represente un porcentaje importante del valor del automóvil, pues se ordena indemnizar el daño causado y eso es lo único que debe interesar (art. 1068, Código Civil).
Beneficios previsionales, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LAGOS JUAN MIGUEL c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S235 - 280)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-03-17

La ley aplicable para la determinación del régimen de incompatibilidades entre el goce del beneficio jubilatorio y el desempeño de actividades docentes, es el vigente a la época de baja del agente, no jugando la fecha de la interpretación a la que se arriba en las actuaciones administrativas, pues la vigencia de una ley no está supeditada a su exégesis.
Extradición, tratados internacionales, Italia
Materia: PROCESAL PENAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: EGITTO, ANTONIO s/ EXTRADICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-05

Cuando existe tratado de extradición, no se puede conceder ésta más que por los delitos que figuran en el tratado, no correspondiendo efectuar una interpretación extensiva de los mismos a ilícitos no incluidos en ellos.
Contrato de trabajo, fraude laboral, pasantías
Materia: LABORAL
Carátula: ALMIRON, CARLOS ALBERTO c/ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-29

La circunstancia de que el empleador diera pocas órdenes o ninguna a su dependiente no altera la obligación contractual de este de obedecer lo que surge del contrato y de las características del trabajo, ya que la libertad que tenga el dependiente para realizar sus tareas conforme a su competencia no le quita su condición de subordinado. (En el caso se concluyó que las tareas que desarrolló el actor durante años no era de capacitación ni podía encuadrarse dentro del sistema de pasantías.)
Inhabilidad de título, ejecución fiscal, deudas impositivas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Caja Complementaria de Previsión para la actividad docente c/ Asociación Educacionista Argentina s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-09

La excepción de inhabilidad de título no resulta procedente en la medida en que se encuentre acredita-do el agotamiento de la etapa administrativa de fiscalización, verificación y determinación de deuda, previa a la emisión del certificado que motivó el proceso de ejecución fiscal.
Defensa del consumidor, vicios, daños y perjuicios, plan de ahorro previo, vehículos, daños punitivos, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Pache, Pablo Martín c/ Plan Rombo SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-09

1. Corresponde admitir el pedido de aplicación de una multa civil, en los términos de la LDC 52 bis, a una concesionaria automotriz con motivo del incumplimiento en la entrega del vehículo adjudicado por licitación al actor en el marco de un plan de ahorro previo. Ello así, en tanto la concesionaria rechazó el pedido de entrega del vehículo al considerar que el actor no acreditaba los requisitos de solvencia estipulados contractualmente para acceder al cambio de modelo solicitado. Pero lo hizo sobre bases falsas, conclusión esta última que necesariamente se impone frente a la ausencia de una explicación satisfactoria de cómo llegó a tal conclusión, que tampoco explicó en momento alguno al actor en tanto consumidor. 2. Ello implicó, sin dudas, una omisión al deber de información y de trato digno al consumidor en los términos de la ley 24240: 8 bis, cuyo texto da expresa cabida a la aplicación de la multa civil establecida en el art. 52 bis. Por último, todavía intentó escudarse en la existencia de no probados llamados telefónicos al actor y en querer mostrarlo como desidioso, y sin embargo desatendió los reclamos fundados del actor, cuyos argumentos explicaban el derecho que le asistía por haber cumplido con las obligaciones que a él le eran exigibles hasta ese entonces y del incumplimiento contractual del que era víctima. 3. Por otro lado, puede juzgarse cumplimentado el elemento subjetivo que también requiere la norma de la ley 24240: 52 bis pues, precisamente, constituye un hecho grave susceptible de multa civil por trasgresión al citado art. 8 bis, colocar al consumidor en un derrotero de infructuosos reclamos (conf. CNCom, Sala F, 27/4/17, "Martínez Aranda, Jorge Ramón c/ Plan Ovalo SA de Ahorro P/F Determinados y otros s/ ordinario", y su cita de Falco, G., Cuantificación del daño punitivo, LL 23/11/11; en el mismo sentido: CNCom, Sala F, 26/12/17, "Schneider SA c/ AMX Argentina SA (Claro) s/ ordinario"). 4. Es palmario que las actitudes expuestas no pueden sino provenir de un obrar intencional o, como mínimo, de una grave desaprensión en el cumplimiento de las obligaciones en juego, que violentaron el derecho de información y la dignidad del consumidor protegida constitucionalmente (CN 42; CNCom, Sala F, in re "Vega, Gustavo Javier c/ Mastercard SA y otros s/ ordinario", del 29-8-17).
Enjuiciamiento de magistrados, destitución, fiscales, juicio político, recurso extraordinario, denegatoria del recurso, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, debido proceso, competencia de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Orozco, Anabel Matilde c/  s/ expediente n° 14/2016 Procurador General Suprema Corte solicita enjuiciamiento Ley 4970 Dra. Anabel Orozco p/ jury p/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

Corresponde desestimar el recurso interpuesto contra la sentencia que dispuso la remoción de la fiscal recurrente, si el escrito de presentación del remedio federal no constituye una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada, sino que se limita a cuestionarla mediante afirmaciones escuetas y absolutamente dogmáticas, que son claramente insuficientes para rebatir los fundamentos utilizados por el a quo para sostener su decisión; defectos de fundamentación que resultan especialmente graves cuando se presentan en una causa de revisión de un juicio político, pues no solo implican un incumplimiento de los recaudos exigidos para la admisibilidad de la apelación extraordinaria federal, sino que impiden tener por demostrada la lesión a las reglas estructurales del debido proceso, que constituye un requisito ineludible para habilitar la intervención de la Corte en asuntos de esta naturaleza.
Nulidad procesal, actos consentidos, nulidad absoluta, orden público
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ELITE SA s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-28

Constituye un principio suficientemente afianzado en nuestro derecho positivo el de que todo tipo de irregularidad procesal es susceptible de convalidarse mediante el consentimiento expreso o presunto de la parte a quien aquélla perjudique. Ello implica que no cabe hablar, en el ámbito procesal civil, de nulidades absolutas, aun en el caso de que el defecto de que se trate comprometa disposiciones de orden público como son las relativas a la organización y competencia de los órganos judiciales.
Transacción, homologación judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Scipioni, Augusto c/ Caja de Prev. y Seg. Médico s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15

Habiendo la Caja demandada mediante resolución de fecha posterior a la interposición de la demanda acordado la pensión al menor -cuya denegatoria anterior motivara el pleito- sin que el afectado sufra carga patrimonial alguna, corresponde homologar la transacción tal cual lo solicitaran las partes y comunicar al representante legal del menor que deberá practicar rendición de cuentas de los fondos del mismo (art. 293 Cód. Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Filiación, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R., J. A. s/ inscripción de nacimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-07

Una de las características esenciales del reconocimiento de filiación es que el mismo es de ejercicio personalísimo; nadie sino el propio padre o madre pueden hacerlo. El Código Brasileño dice, mas propiamente en lo jurídico, que la filiación podrá ser probada por confesión de los ascendientes ( incluyendo v.g. a los abuelos )
Facultades del juez, intereses moratorios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sosa Sanchez, Martín Raúl c/ Hipódromo Argentino de Palermo SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

Solución que es coincidente con la doctrina que específicamente reivindica la facultad de los jueces de fijar la tasa del interés moratorio tal cual lo permitía el CCIV 622 (conf. Pizarro, en "Clases de Obligaciones", en la obra colectiva dirigida por Rivera, y Medina, "Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012", Buenos Aires, 2012, pág. 529, espec. pág. 540 in fine).
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: Abraham, Juan José s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-06

Si el Agente Fiscal apeló sin fundar su recurso, ha reeditado sus planteos de la acusación y, entonces, infringe el art. 314 del Código de Procedimiento Penal el fallo de la Cámara que aplica una pena superior a la solicitada en la instancia originaria sin que medie expresión de agravios del Fiscal de Cámaras que ampliara el recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios, obras nuevas y modificaciones, consentimiento tácito, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: India 3135 c/ Sulam Dora y otra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

Para que pueda considerarse que el consorcio de propietarios ha consentido tácitamente la realización de una obra nueva, debe acreditarse necesariamente que su actitud fue pasiva ante el inicio y prosecución de la construcción.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, arraigo, fianza, caducidad, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: VAN DEURS, ESTELA ELAINE BELL DE c/ CASTAGNINI, HUMBERTO Y OTROS s/ SIMULACION ORDINARIA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD     EXPTE NRO 364-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-03-29

No obstante plantearse una cuestión procesal, es procedente el recurso extraordinario (ley 7055) dado que el fallo apelado restringe de modo sustancial el derecho de defensa constitucionalmente garantido, al privar al imputado de la única instancia judicial.

En el caso, dada la data de los hechos que motivan el juicio es muy posible que se haya operado la prescripción de la acción, de mantenerse lo decidido sobre caducidad de instancia del proceso por no haberse prestado la caución correspondiente en el incidente de arraigo, transcurridos noventa días de su fijación.
Plazo, caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Matos, Néstor Omar c/ Prov. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-23

La perentoriedad de los plazos procesales producen el efecto de que el mero vencimiento del plazo determina la caducidad del derecho no ejercido (art. 155 Cód. Proc.).
Sucesiones, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: ROJAS, RAMON OSCAR. s/ SUCESION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-03

Si bien es cierto que, formalmente, correspondía correr traslado del proyecto de inventario y avalúo de bienes y proyecto de partición a la recurrente y sus coherederas, no debe perderse de vista que estamos ante una denuncia, avalúo y proyecto de partición parciales, es decir, sólo referidos al bien determinado que fue objeto del contrato de cesión. Por tanto, queda a salvo el derecho de las herederas de realizar la pertinente denuncia de bienes, avaluación y modo de partición respecto de los restantes bienes que componen el acervo hereditario. Los cesionarios entendieron ceder aquel bien, en la oportunidad de celebrar el contrato. Así, por efecto de la cesión en favor del D., la apelante y las restantes cedentes carecen de todo interés respecto del inmueble cedido, conservando únicamente sus derechos respecto del resto de la herencia. Así las cosas, para que exista nulidad, se requiere, no sólo un error o vicio formal, sino un legítimo interés o un daño que no pueda repararse de otro modo. Este requisito no se presenta en autos pues, más allá de cualquier desprolijidad formal, lo cierto es que las apelantes carecen de legitimidad para realizar cuestionamientos válidos respecto de un inmueble sobre el cual, por efecto de la cesión, no tienen derecho alguno. En síntesis, de prosperar la pretendida nulidad y revocarse la sentencia, se correría traslado de la presentación del cesionario y no se advierte qué impugnación válida podría plantear quienes ningún derecho tienen sobre el inmueble lo que en consecuencia nos llevaría indefectiblemente a una nueva sentencia de adjudicación al Sr. D.. Se trataría, en conclusión de un inadimisible e injustificado dispendio procesal.
Unificación de penas, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bustos, Héctor Raúl s/ Recurso Extraordinario deducido por la Defensora Penal Nº 2, Dra. Mercedes G. de Morcos contra Sentencia Nº 40/13 de Expte. Corte Nº 60/13 - Recurso de Casación in pauperis (...) en representación de Bustos, Héctor Raúl
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-06-30

Por sentencia Nº 52/2005, la Cámara en lo Penal condenó al imputado B. a sufrir la pena de 21 años de prisión, por los siguientes delitos: robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo, en grado de tentativa, y portación de arma de guerra, agravado, en concurso real (Primer Hecho), y privación ilegítima de la libertad, agravado (Segundo Hecho), en concurso real, con más accesorias de ley, declarándolo reincidente por 3º vez.

Por sentencia Nº 11/2006, el mismo tribunal condenó al nombrado B. a sufrir la pena de 20 años de reclusión, por los siguientes delitos: robo doblemente calificado, por el uso de armas y por cometerse en lugar poblado y en banda, y privación ilegítima de la libertad, agravado, en concurso real.

En esta última oportunidad, el tribunal unificó las condenas referidas en una única pena de 25 años de reclusión, y mantuvo la declaración de triple reincidencia.

Contra esa respuesta punitiva, fue deducido recurso de casación, al que esta Corte no hizo lugar mediante Sentencia Nº 40/2013.

En contra de la referida Sentencia de esta Corte, es deducido el presente recurso extraordinario.

Si bien los agravios que postulan el desarreglo del régimen de la reincidencia previsto en el Código Penal con principios de rango constitucional, como el "non bis in idem" y el principio de igualdad, plantean una cuestión federal susceptible de ser revisada por la vía intentada, ellos carecen de fundamento suficiente.

La Corte trató la cuestión relativa al planteo de inconstitucionalidad del régimen de agravación de la pena por reincidencia y categóricamente señaló entonces que la consideración de la reincidencia en la cuantificación de la pena no vulnera el principio non bis in ídem puesto que no importa sumar otra pena a la impuesta en la condena anterior sino computar la relevancia de esa circunstancia en la pena por el nuevo delito. Además, el discurso recursivo no demuestra el error del criterio según el cual la conducta delictiva tiene un significado social de mayor disvalor si, como aconteció en estos autos, el autor ha sido sancionado antes con la misma especie de pena y la ha sufrido efectivamente -más aún si, como en las presentes, la condena anterior se refiere a delitos dolosos contra los mismos bienes jurídicos afectados por los hechos de la última condena- en tanto la repetición de agresiones penales traduce el desdén del condenado por el ordenamiento que disciplina la convivencia social y por las que conoce como las consecuencias legales de las infracciones penales.
INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mosquera, Daniel M. c/ Pcia. de Bs. As. s/ Inconstitucionalidad art. 39, dec. 7881/1984.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-28

El art. 39 del decreto 7881 es inconstitucional por ser contario a los arts. 15 y 31 de la Constitución provincial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acto administrativo, nulidad de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad Anónima de Obreros y Empleados Asociados a Venturino c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

El vicio que torna el acto irregular sometiéndolo a la anulación oficiosa, radica en la afectación grave de todos o algunos de sus elementos esenciales, entre los que se destaca el vicio grave en el objeto o contenido del acto o en la causa en tanto inexistencia de un presupuesto de hecho esencial para su validez.
Salud pública, personas con discapacidad, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Espósito  de  Ríos  Inés  P. c/ Obra Social del Poder Judicial s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-01-10

El Alto Tribunal ha sostenido que "...los discapacitados, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos" (cfr. Corte Suprema, in re "Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional", del 15-6-04; en igual sentido, doctrina de Fallos 322:2701 y 324:122). En este contexto normativo y jurisprudencial, toda vez que está comprobada la discapacidad de la actora, se debe tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocada y el peligro en la demora. Sobre este último requisito, es oportuno recordar que se ha reconocido -en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas- que resulta suficiente para tener por acreditado el peligro en la demora, la incertidumbre y la preocupación que ellas generan, de modo que la medida sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, acreditado prima facie o presunto (cfr. Sala I, causas 6655/98 del 7-5-99, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 4-11-99, 1830/99 del 2-12-99 y 1056/99 del 16-12-99; en ese sentido, ver Fassi-Yáñez, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota n° 13 y Podetti, Tratado de las medidas cautelares, pág. 77, n° 19).