Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 2da NOMINACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-01


2º Instancia. - Santiago del Estero, marzo 1 de 2007.

1º ¿Es justa la sentencia apelada? 2º ¿Qué decidir sobre las costas? 1º cuestión. - La doctora Neirot de Jarma dijo:

La sentencia de fecha 31 de Mayo de 2005 que luce a fs. 88/90 rechaza la demanda entablada por la Sra. Ana María T. Del N. J. Carlsson de Rodríguez Areal, Ana María Rodríguez, Marcia Analía Rodríguez de Pernigotti, Angelina Rodríguez de Darchuk y Alberto José Rodríguez Carlsson en contra del Banco Francés S.A., con costas. Contra dicho pronunciamiento, elevan sus criticas los actores, en memorial de fs. 97/99, que fue contestado a fs. 101/103. Los agravios, sintéticamente expuestos, giran en torno a la errónea apreciación de la prueba por el sentenciante de grado, que considera asegurada a la Sra. Ana M. T. del N. J. Carlsson de Rodríguez Areal, que no tuviera en cuenta que la solicitud de seguro carece de firma del tomador y que el demandado ha incumplido las intimaciones para que presentara la solicitud original, sin justificar tal omisión. En las diligencias preliminares glosadas por cuerda y en el expediente principal se agrega la fotocopia de la solicitud de incorporación al seguro y del certificado individual de cobertura, en los que se consigna como tomador: Banco Francés del Río de la Plata; como asegurado: Carlsson Ana María Teresita del Niño Jesús; beneficiarios: Rodríguez Areal Carlos Alberto -cónyuge-, Rodríguez Marcia Analía, Rodríguez Ana María y Rodríguez Angelina -hijas-; la firma del empleado del Banco como suscriptor del seguro y la autorización de débito de la caja de ahorro de la Sra. Carlsson de Rodríguez, con expresa referencia a la Cuenta Nº 3268/7. De la constancia de fs. 29 y registro de firmas de fs. 76/78, se desprende que la cuenta Caja de Ahorro Nº 071.3268.7 fue abierta el 15/09/1994, que sus titulares eran: Carlos Alberto Rodríguez Areal -L.E. 7.161.323, orden indistinta Carlsson Ana María Teresita, D.N.I... y en los resúmenes de operaciones de dicha cuenta -fs. 30/32- se consigna solamente el nombre de Carlos Alberto Rodríguez Areal -hechos reconocidos por ambas partes en los escritos constitutivos de la litis-. Tal como fuera planteada la litis, la pretensión resarcitoria incoada no se funda en el contrato de seguro colectivo, sino en la responsabilidad de la entidad bancaria, por no consignar correctamente el nombre del asegurado en la solicitud de incorporación al seguro, que derivó en el rechazo del siniestro al producirse el fallecimiento de aquél. Cabe desentrañar las circunstancias que rodearon a la incorporación -como asegurado- de Carlos Alberto Rodríguez Areal a la Póliza Colectiva de Seguro de Vida contratada por el Banco Francés del Río de la Plata en Generali Argentina Compañía de Seguros de Vida, frente a la negativa expresa de la entidad bancaria mencionada, pues la contratación del seguro y el débito de las primas no fueron discutidos. Y así, indagar si la conducta desplegada por la entidad bancaria en esa oportunidad ha tenido virtualidad suficiente para causar un daño resarcible a los accionantes. Los antecedentes de la causa reflejan que el Seguro de Vida Colectivo estuvo precedido de otro negocio básico celebrado entre el banco demandado y quien fuera titular de la cuenta a la orden indistinta Nº ... y que la entidad bancaria concertó el contrato como tomador, en fecha coetánea al registro de firmas -fs. 9 y 77- bajo la modalidad característica del contrato de adhesión del cliente -ver declaración testimonial del empleado que confeccionó la solicitud de incorporación al registro. De modo que, si bien el Banco puso a disposición del público y de sus clientes esa operatoria en forma masiva, realizando una actividad de la que obtiene beneficio económico, no puso la diligencia necesaria -sea en la etapa precontractual como en el proceso- a fin de aportar la documentación original -requerida en ambas instancias- que hubiera permitido verificar las firmas de los suscriptores de la solicitud de incorporación al seguro, pese a contar con medios probatorios a su alcance, lo que impide considerar el desplazamiento dinámico de la carga de la prueba y configura una presunción adversa a la postura esgrimida en el proceso. Es que, desde la perspectiva de la carga probatoria, la objeción del banco pierde virtualidad, pues es quien se hallaba en mejores condiciones de probar la celebración -o ausencia- del contrato de seguro sobre la vida de su cliente -Carlos Alberto Rodríguez Areal-. "Si el banco ofrecía masivamente como servicio adicional a su actividad propia la de intermediar en la contratación de seguros y cobro de primas, atrayendo clientela con el recurso de facilitar los trámites, mediante la posibilidad de concertar operaciones, mal podría atribuirse al actor la carga de probar un hecho que, en virtud del sistema operativo adoptado debió quedar registrado en el ámbito interno del banco a los efectos de dilucidar cualquier eventual controversia. La incidencia de la posibilidad efectuada en la relación con su cliente (arts. 7º, 8º y 37, ley 24.240 de Defensa del Consumidor), la profesionalidad que caracteriza su proceder, los sistemas que implementa, -art. 902 del C. Civil-, e incluso, el criterio dinámico que debe gobernar la carga probatoria, conducen a tal conclusión" (CNCom., sala C, 11/04/2003 - Denevi, Sergio c. Banco Francés del Río de la Plata, LA LEY, 12/11/2003, p. 13 y ss, RC.yC, 2003-IV-113). Por tanto, el art. 40 de la ley 24.240 resulta de indudable aplicación a la actividad bancaria, por cuanto las entidades financieras se hallan comprendidas en el art. 2º de la Ley de Defensa del Consumidor, al ser personas jurídicas que prestan servicios en forma profesional, más aún cuando el segundo párrafo del art. 36 de la L.D.C. prevé que cuando realicen operaciones de crédito para el consumo las deberán efectuar de conformidad con lo establecido en la L.D.C. (cfe. Stiglitz, "Defensa del consumidor - Los servicios bancarios y financieros" en LA LEY, 1998-C, 1035; Moeremans, "Contratación bancaria y ley de defensa de los consumidores" en La Ley, 1997-E, 1267; Vázquez Ferreyra en "Ley de defensa del consumidor en los contratos bancarios, a la luz de un valioso precedente judicial", en La Ley, 1996-C, 1004). Considero que la conducta asumida por la entidad bancaria en el sub lite constituye un elemento de convicción corroborante de las pruebas relacionadas, máxime, frente a elementos de juicio de los que resulta manifiestamente verosímil la existencia y contenido de los instrumentos requeridos (doctrina del art. 380 del CPCC). Y es que a partir de la concepción publicística del proceso civil, y como consecuencia de los principios liminares de probidad, buena fe e igualdad de los litigantes, surge inexorablemente el deber de colaboración de las partes para el debido esclarecimiento de los hechos objeto de la litis, y del pronunciamiento de una sentencia justa o la más justa posible. Por ser eso así, la conducta exteriorizada por las partes, tanto la extraprocesal como la llevada a cabo en cualquier estadio del proceso, opera como argumento o fundamento de prueba o como regla de valoración de las demás pruebas. No puede soslayarse además, la omisión incurrida por la entidad bancaria en la confección de la solicitud individual de incorporación al seguro y designación de beneficiarios -art. 146 L.S. (fs. 9) de requerir la firma del asegurado- signo de manifestación de voluntad según el art. 1012 del C.C. pues sólo existe una autorización del cobro del seguro a debitarse de la cuenta abierta en la institución, incumplimiento que, en mi opinión, presenta un nexo de causalidad adecuado con la obligación principal asumida -en este caso, intermediar en la contratación del seguro por cuenta ajena en el carácter de tomador-, que con asiento en el principio de buena fe, se orienta a preservar el equilibrio de las prestaciones asumidas por los contratantes y a evitar futuros perjuicios al asegurador. Se ha sostenido: "Poniendo el acento en los deberes de corrección, a fin de integrar el contenido del régimen contractual a la luz de la aplicación del principio de buena fe, la obligación de seguridad surge de los deberes accesorios que aquél impone, y que exige "hacer algo más" de lo explicitado o dispuesto expresamente. Apunta a enriquecer los efectos o consecuencias negociables, integrando el contrato con "obligaciones virtuales" que pueden ser tanto de mera prudencia y diligencia, denominada "de medios" (CNCom., sala A, Corso, Felipe c. BBVA. Banco Francés y otra, JA, 2003-III-784). Las razones ensayadas me llevan a responder Negativamente al interrogante formulado inicialmente y propicio la revocación de la resolución apelada, admitiendo la demanda intentada y condenando al demandado a abonar a los actores la suma de $30.000 con más los intereses de tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a partir del 20/02/1999 -requerimiento extrajudicial- hasta el efectivo pago, dentro del plazo de diez días de consentida la sentencia.

El doctor Lima dijo:

Me permito disentir con el voto de la Vocal preopinante.

Ello en virtud de lo siguiente. No está discutido en Autos que la actora señora Ana María T. del N. J. Carlsson de Rodríguez Areal, y su señor esposo Carlos Alberto Rodríguez Areal, tuvieron una cuenta en la modalidad "Caja de Ahorro-Indistinta" en la institución demandada (Banco Francés del Río de la Plata). Y que la existencia de esta Cuenta autorizaba a cualquiera de los cónyuges a acceder a la Póliza Colectiva de Seguro de Vida contratada por dicho Banco en "Generali Argentina Compañía de Seguros de Vida". Sin perder de vista que lo demandado en Autos no es el pago por parte de la aseguradora de la indemnización por acaecimiento del siniestro, sino que se trata de un juicio por Daños y Perjuicios iniciado contra el Banco de marras por la conducta asumida por el mismo frente a sus obligaciones como intermediario en la contratación del seguro de vida, y a fin de lograr una perspectiva adecuada al tema a decidir, creo conveniente distinguir las cuatro situaciones posibles que pudieron darse en el presente caso, teniendo en cuanta la relación "titulares de Cuenta de Ahorro-Indistinta" del matrimonio Rodríguez Areal-Carlsson, y la posibilidad que -en ese carácter- les ofrecía el Banco para acceder a un Seguro de Vida Colectivo. De este modo, podrá arribarse -de acuerdo a las constancias obrantes en Autos- a la conclusión de cuál de ellas ha sido la relación habida en realidad. Primera alternativa: El Sr. Rodríguez Areal, titular de la Cuenta de Ahorro-Indistinta, tomador de un seguro de vida del cual sería el beneficiario, en caso de fallecer su cónyuge. Esta alternativa, ante cuya posibilidad protesta la actora (párrafo 2do. de fs. 5 vta. del Expte. sobre Prueba Anticipada agregada por cuerda floja; fs. 2, primer párrafo entero del expediente principal), no se sostiene por constancia alguna del expediente. Tampoco lo sostiene la demandada. Queda pues, descartada.

Segunda alternativa: La Sra. Ana María Carlsson de Rodríguez Areal, titular también también de la Cuenta de Ahorro-Indistinta, tomadora de un seguro de vida del cual sería beneficiaria la misma, en caso de fallecer su cónyuge. Esta alternativa carece también de asidero alguno, y ni actora, ni demandada pretenden su existencia, por lo que debe ser, sin más, descartada. Como denominador común a estas dos primeras alternativas que desechamos, cabe agregar que además no se habría cumplido con lo dispuesto por el art. 128 de la ley 17.418, en cuanto exige la conformidad de aquél sobre cuya vida se contrata. Quedan así en pie sólo dos alternativas posibles, las que -éstas sí- son pretendidas, la tercera por la actora y la cuarta por la demandada. Veamos cuáles son éstas.

Tercera alternativa: El Sr. Rodríguez Areal, titular de la Cuenta de Ahorro-Indistinta, tomador de un seguro de vida del cual serían beneficiarios su cónyuge e hijos. (Es la pretendida por la actora).

Cuarta alternativa: La Sra. Ana María Carlsson de Rodríguez Areal, titular también de la Cuenta de Ahorro-Indistinta, tomadora de un seguro de vida del cual serían beneficiarios su cónyuge e hijos. (Es lo pretendido por la demandada). Ahora sí, es menester decidir cuál de las dos alternativas -Tercera y Cuarta- resulta avalada por las constancias obrantes en el expte. principal y en el agregado por cuerda floja (Prueba anticipada). La que he llamado Tercera alternativa (El Sr. Rodríguez Areal, titular de la Cuenta de Ahorro-Indistinta, tomador de un seguro de vida del cual serían beneficiarios su cónyuge e hijos), no resulta acreditada en Autos. Sólo está "avalada" por dos declaraciones testimoniales, medio éste no idóneo para suplir la falta de una firma del supuesto contratante del seguro (art. 1.017 C.C.). Declaraciones éstas que -por otra parte- fueron correctamente evaluadas por el a quo en la sentencia objeto del presente recurso. Y nada más. No existe elemento alguno -fuera de la lábil e ineficaz testimonial-, que acredite la existencia de esta Tercera alternativa pretendida por la parte actora. En lo que respecta a una pretendida conducta omisiva, por parte de la demandada, en la falta de informe sobre dicho supuesto contrato, cabe preguntarse si exigir que la demandada informe sobre la existencia de un contrato que todo hace aparecer como inexistente, no es pretender lo que se ha dado en llamar "prueba diabólica". Y aquí cabe acotar que esta Tercer alternativa es incompatible con la Cuarta, ya que, si por vía de hipótesis de laboratorio, imagináramos un seguro "recíproco" habrían existido dos pagos de primas mensuales de $ 21, circunstancia ésta no pretendida ni planteada por la actora. En cambio, la que he denominado Cuarta alternativa, a mi entender resulta acreditada en Autos. En efecto, la prueba documental obrante a fs. 3 y 4 del Expte. sobre Prueba anticipada agregado por cuerda floja, que se repite a fs. 8 y 9 del expte. principal, reforzada por la testimonial de fs. 57 y vta., y demás elementos obrantes en Autos, permiten arribar a la conclusión de que la llamada Cuarta alternativa es la realmente existente. Es decir, que la Sra. Ana María Carlsson de Rodríguez Areal fue tomadora de un Seguro de Vida, del cual eran beneficiarios su señor esposo y sus hijos, cuyo datos personales obran en el casillero "Datos de los beneficiarios" (fs. 4 del expte. sobre Prueba anticipada agregado por cuerda y fs. 9 del principal), datos éstos que normalmente sólo puede aportar un familiar directo, en el presente caso, cónyuge y madre de los beneficiarios. Cierto es, que la firma de la tomadora fue desconocida por ésta, pero no es menos cierto que pesaba sobre la actora la carga de activar la pericial caligráfica ofrecida a fs. 6 y 6 vta. del expte. sobre Prueba anticipada agregado por cuerda, y para cuya realización se otorgaron facultades desacostumbradas, en pro de facilitar la misma (fs. 68 vta. del principal). Pese a lo cual no llegó a tomarse el cuerpo de escritura pertinente, ante lo cual la propia actora solicita se clausure el período probatorio, circunstancia ésta que motiva el decreto de fs. 75. Todo lo cual me lleva a la conclusión de que los daños y perjuicios reclamados -inescindibles del contrato de seguro que le darían origen- no se han producido. Sin perjuicio de compartir el autorizado voto de la Señora Vocal preopinante, en lo que a la aplicación en general de la Ley de Protección al Consumidor a la contratación de seguros respecta, no advierto en el caso a estudio que dicha ley, tuitiva de los derechos de los consumidores, hubiera sido violada. La presunta conducta renuente de la demandada en cuanto a la presentación del contrato de seguro cuyo tomador habría sido el Sr. Rodríguez Areal y beneficiarios los actores, tiene una explicación muy sencilla: tal contrato jamás existió. Es evidente que, si estuvo en la intención del mismo contratarlo, no llegó a concretarse. Finalmente cabe poner de resalto que de las copias de oficio obrantes a fs. 113 y 119, dirigidos a la compañía aseguradora y a los que hace mención el escrito de la actora de fs. 120/ y vta., no surge que los mismos hayan sido debidamente diligenciados, no bastando para acreditar dicho diligenciamiento la impresión de un simple sello, sin firma alguna, sin datos de la persona que los recibe, hora, etc. Máxime que se trata de "Oficio Ley 22.172" y existiendo un profesional autorizado para correr con su diligenciamiento, designado por la propia actora, quien debió controlar que éste se llevara a cabo en forma correcta. Aunque -de cualquier modo- su falta de contestación no podría hacer presunción en su contra, atento a que no son oficios dirigidos a la demandada. En cuanto a ésta, entiendo que ha cumplido con su aporte de prueba documental con la ya arrimada a Autos y a la que se ha hecho referencia más arriba.

Por todo lo cual, voto a la primera cuestión: por que sea confirmada en todas sus partes la sentencia de fs. 88/89 vta.

El doctor Santillán dijo:

Me adhiero al voto de la Dra. Neirot de Jarma.

2º cuestión. - La doctora Neirot de Jarma dijo:

Las costas de ambas instancias al demandado (art. 68 del CPCC).

El doctor Lima dijo:

Costas a la actora que resultara vencida (art. 68, C.P.C. y C.).

El doctor Santillán dijo:

Comparto el voto de la Dra. Neirot de Jarma.

Por el Acuerdo que antecede, el Tribunal por Mayoría resuelve: 1) Hacer lugar al Recurso de apelación articulado y, en consecuencia admitir la demanda promovida por Ana María T. del N. J. Carlsson de Rodríguez Areal, Ana María Rodríguez, Marcia Analía Rodríguez de Pernogotti, Angelina Rodríguez de Darchuk y Alberto José Rodríguez Carlsson en contra del Banco Francés del Río de la Plata, condenando a este último a abonar a los actores la suma de Pesos Treinta mil ($30.000), con más los intereses de tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina a partir del 20/2/1999 hasta el efectivo pago, dentro del plazo de diez días de consentida la sentencia. 2) Costas en ambas instancias al demandado. - Graciela Neirot de Jarma. - Raúl Jorge Lima. - Raúl Fernando Santillán.