Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-02-17


Santa Fe, febrero 17 de 2010.

Considerando: 1. Por decisorio de fecha 21 de mayo de 2009, la Sala Tercera -integrada-de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Santa Fe resuelve -en lo que aquí es de interés-confirmar el auto de primera instancia por el cual se dispuso procesar a H. J. T. o T. A. por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya idoneidad no ha podido ser comprobada (Art. 166 inc. 2º, último párrafo del Código Penal) y convertir en prisión preventiva la detención que venía sufriendo (fs. 9/13).

Contra dicha resolución, los abogados defensores del procesado interponen recurso de inconstitucionalidad (fs. 17/35).

Relatan que en el auto de procesamiento, el juez de instrucción calificó el hecho como robo con armas cuya aptitud para el disparo no se pudo demostrar, sin mencionar los elementos que respaldaban tal selección típica -seguramente, alegan, debido a que la falta de secuestro de arma alguna, pese a la inmediatez de las aprehensiones, revelaba que la agravante no había existido-. Manifiestan que en la misma resolución, se dispuso la prisión preventiva del procesado, atento a que en caso de condena, éste sería declarado reincidente y no sería posible una condena condicional, además de que el hecho investigado no se encontraba controvertido.

Exponen que al apelar, cuestionaron la calificación legal por infundada, invocaron expresamente el artículo 414 del Código Procesal Penal -que limita la competencia funcional del Tribunal de Alzada a los agravios-, plantearon que de las palabras de los testigos no surgía el uso de arma alguna, y propiciaron que la calificación provisoria mutara a la de robo simple. Con relación a la prisión preventiva, dicen haber postulado que los fundamentos del auto colisionaban con los actuados y el Derecho, pues si bien T. registraba una condena anterior, el hecho databa de octubre de 1997, la condena había sido por tres años y ocho meses y la sentencia que la dispuso era de agosto de 1999, con lo que no habría reincidencia posible según lo normado en el artículo 50 párrafo 4 del Código Penal. Agregan que también hicieron hincapié en que no había riesgo para la prueba y que se había propuesto el establecimiento de reglas de conducta y una caución prudente.

Sostienen que la Alzada no trató sus agravios dentro de los límites de la jurisdicción, pues el decisorio fue más allá de la materia del recurso. Entienden que el A quo obvió hacerse cargo de que el auto de procesamiento lucía inmotivado en cuanto al uso de armas, y lejos de decidir por apelación, se enfrascó en el análisis de los dichos parciales de algunos testigos y opiniones doctrinarias, asumiendo el rol de instructor y tomando en sus manos la mejora del resolutorio apelado.

Apuntan que la Alzada adjetivó de inequívocos los reconocimientos producidos sobre los reos, lo que implica el abandono de la calidad probabilística del auto.

Con relación a la prisión preventiva, señalan que el decisorio adelantó, antes de su tratamiento, que la libertad no era viable ni siquiera bajo las pautas propuestas por la defensa -fianza o medidas de restricción-, y consideran que de ello se deriva el criterio -contrario a la garantía vigente- de que ante un delito, primero va la prisión y luego la libertad a modo de residuo.

Postulan que el Tribunal se pronunció sobre la magnitud y efectividad de la pena, así como sobre el entorpecimiento probatorio, de manera dogmática, con argumentos que colisionan con la copiosa prueba ya producida y sin decir nada respecto de que la fuga era evitable con medidas de conducta y cauciones.

Plantean que el defecto que existe sobre la cuestión principal se traslada a la prisión preventiva respaldada, en razón de que la apreciación y el pronóstico de pena efectuados se apoyan en la calificación legal del hecho contenida en el auto de mérito viciado por infundado.

2. La Sala Tercera -integrada-de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Santa Fe, por auto de fecha 5 de agosto de 2009, resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad, considerando que el pronunciamiento atacado no reúne el recaudo de definitividad exigido por el artículo 1 de la ley 7055 (fs. 37/40 vta.).

Tal denegatoria motiva la presentación directa de los recurrentes ante esta Corte (fs. 41/48).

3. Posteriormente, los abogados defensores del justiciable acompañan un escrito manifestando que han alcanzado un acuerdo con el fiscal mediante el procedimiento abreviado, cuyo resultado ha sido el de imponer al imputado la pena de 3 años de prisión efectiva. Asimismo, hacen saber que ha devenido abstracto el planteo relativo a la prisión preventiva de T., toda vez que ésta se ha transformado en cumplimiento efectivo de pena (f. 56). Atento lo expuesto, se solicita un informe al Juzgado competente que comunica, en síntesis, que la causa principal aún se encuentra en trámite, no habiéndose dictado sentencia definitiva (fs. 61/61 vta.).

Siendo ello así, es claro que la materia traída a conocimiento de esta Corte no ha devenido abstracta, por lo que corresponde pronunciarse sobre la queja.

4. En ese orden, cabe señalar -en primer lugar-que si bien la resolución impugnada no es -atento su naturaleza-sentencia definitiva ni auto que ponga término al pleito o impida su continuación, en la medida que restringe la libertad ambulatoria del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, es susceptible de provocar un perjuicio de imposible reparación ulterior sobre uno de los bienes de mayor trascendencia para el Derecho.

Por ello, de conformidad con el reiterado criterio de esta Corte -así como del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en la valoración de la admisibilidad del recurso de la ley 48-, el auto atacado puede constituirse excepcionalmente en objeto procesal de la impugnación extraordinaria y, por ende, cabe tener por superada la exigencia formal reputada ausente por el A quo (Cfr. A. y S. T. 92, pág. 290; T. 163, pág. 120; T. 218, pág. 189, etc. Fallos: 314:791; 329:679, entre otros).

Sentado lo que antecede, corresponde advertir que, conforme al régimen de la ley 7055, el control de los recaudos que hacen a la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad compete tanto al A quo -al decidir acerca de su concesión-como a este Cuerpo -ya sea al considerar la queja por recurso denegado o, en su caso, al analizar la viabilidad del que se conceda-. Siendo ello así, no es razonable entender que, al pronunciarse sobre la queja, la Corte se vea limitada por los argumentos expuestos en el auto denegatorio o por el quejoso; por el contrario, su examen ha de ser integral (Cfr. A. y S. T. 60, pág. 140; T. 66, pág. 122; T. 72, pág. 329; T. 92, pág. 396; T. 145, pág. 65; T. 216, pág. 491).

Y en esa tarea, el análisis del escrito introductorio del recurso de inconstitucionalidad revela que los impugnantes no han logrado plantear de manera idónea un caso que comprometa el ordenamiento jurídico fundamental, por lo que la vía intentada no puede prosperar En efecto, los agravios defensivos -pese al matiz constitucional que se pretende otorgarles-constituyen una mera discrepancia con el tratamiento y la solución arribada en torno a cuestiones de índole procesal y de aplicación de la ley penal sustantiva a las circunstancias comprobadas de la causa, sin que al respecto se advierta la configuración de una hipótesis de arbitrariedad.

Así, si bien los recurrentes tachan la decisión de la Alzada por haber ido más allá de sus agravios, lo cierto es que del examen de las constancias obrantes en autos en modo alguno surge que el A quo haya desbordado su competencia funcional.

Para así concluir, debe tenerse en cuenta que en el auto de procesamiento, el juez de primera instancia efectuó un prolijo análisis de los elementos de prueba reunidos en la investigación y, entre los hechos relevantes de la causa, expuso que R. G. P. -gerente de la Sucursal de la Mutual asaltada- manifestó que dos personas irrumpieron en el local, y que "una de ellas, la que ingresó primero portando un maletín, lo hace luego en su oficina y, con arma en mano, le dice æesto es un asalto, abrí la caja fuerteÆ mientras que el otro individuo reducía a los demás empleados y ocasionales clientes". Cabe agregar que el juez de instrucción también formuló extensas consideraciones en torno del descargo efectuado por T. sobre el hallazgo de una abultada suma dinero en su camioneta -explicación que se juzgó "infantil"- y su relación con el coimputado M. A la hora de calificar la conducta, el juez la subsumió en las previsiones del artículo 166 inciso 2º último párrafo del Código Penal -robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser comprobada-Luego, frente a apelación del auto de procesamiento, la Sala brindó una respuesta a los planteos defensivos relacionados con la calificación legal. En ese orden, la Alzada -tras advertir acerca del carácter provisorio y no vinculante del auto impugnado mencionó que los testigos B., V. y P. habían coincidido en afirmar que los encartados, o al menos uno de ellos, llevaban consigo armas de fuego al momento de cometer el atraco; y que concretamente el gerente de la institución, P., había manifestado que uno de ellos le exigió la entrega del dinero mediante la portación de un arma en la mano, bajo amenazas de dispararle en caso de que desobedeciera sus órdenes. En función de ello, el A quo especificó -respecto del empleo de armas- que "efectivamente existió una exhibición y uso intimidatorio con capacidad de incremento del riesgo", con lo que confirmó el criterio seguido en el auto de procesamiento, en lo atinente al tipo penal seleccionado.

De lo expuesto surge claro entonces, que la Alzada se limitó a responder el planteo defensivo, incluso, haciendo referencia a los mismos elementos de convicción que habían sido mencionados por el juez de instrucción y que justificaban la subsunción del hecho en la figura agravada del último párrafo del inciso 2º del artículo 166 del Código Penal.

Ciertamente, la lectura de la resolución de segunda instancia permite comprobar que el A quo acompañó sus consideraciones con citas doctrinarias y analizó los dichos de los testigos -siempre en vinculación con la cuestión debatida, esto es, la calificación legal del hecho-, pero los recurrentes no logran persuadir de que, por esa razón, aquél se hubiera apartado de los temas introducidos con la apelación.

Y es que tanto del relato que hizo la Alzada de los agravios contenidos en el escrito de apelación como del propio recurso de inconstitucionalidad, surge que las articulaciones defensivas no se limitaron a cuestionar el auto de procesamiento por inmotivado, sino que también incluían argumentos en torno de lo que -los impugnantes entendían-debía ser la correcta subsunción típica del hecho. Así, se advierte que la defensa postuló que la calificación legal debía limitarse al supuesto del artículo 164 del Código Penal, planteó que los testigos P., L., C., A. y B. insinuaron la posible, pero no probable, existencia de armas de fuego, y argumentó respecto del carácter de delito de peligro concreto o abstracto del robo con armas, luego de la reforma de la ley 25.882, afirmando que el uso de un arma no agrava el hecho si no es utilizada como si pudiera vulnerar a la víctima Siendo ello así, los recurrentes fracasan en la tarea de demostrar que la resolución de la Alzada no se haya limitado a responder los distintos tramos del discurso impugnativo referido a la calificación legal del hecho.

A lo expuesto, cabe añadir que el razonamiento que exponen los recurrentes en su impugnación extraordinaria, consistente en que la falta de secuestro al imputado de arma alguna, pese a la "inmediatez" de su aprehensión, descarta el uso de las mismas, supone introducir un cuestionamiento acerca de la valoración de los hechos y la prueba y, por ende, sobre una materia ajena a la vía intentada, salvo de que se incurra en una arbitrariedad. Y esto último en modo alguno aparece mínimamente acreditado, pues la postulación defensiva -además de que parece basarse en la extraña premisa de que dos personas, sin emplear armas, redujeron a una cantidad muy superior de personas: el gerente, nueve empleados y un número regular de clientes de la Mutual; y les sustrajeron fuertes sumas de dinero y efectos-soslaya computar que -según lo que surge de autos-el delito ocurrió en la localidad de Humboldt, mientras que la intercepción del vehículo en el que se conducía T. -tras diversas maniobras elusivas-se produjo en la ruta nacional 19. Esto dicho, sin perjuicio de observarse que la argumentación defensiva parecería confundir lo que es la prueba del uso de un arma de fuego con la acreditación de su aptitud para efectuar disparos.

En otro orden, con respecto al agravio deducido contra el dictado de la prisión preventiva, cabe señalar -en primer término-que el planteo de que la Alzada sostiene un criterio general contrario al principio de la libertad del imputado durante el proceso, constituye una interpretación antojadiza, pues tal conclusión no puede derivarse razonablemente de los considerandos del A quo. También insustancial resulta la crítica por un supuesto "adelanto" de criterio por parte de la Sala antes de decidir sobre el tópico, pues es claro que la cuestión se reduce a un mero cuestionamiento al modo y el orden en que el Tribunal expuso sus razonamientos en la resolución.

Finalmente, tampoco se aprecia la tacha relativa al supuesto carácter dogmático de la respuesta de la Alzada.

La Sala fundamentó la confirmación de la decisión del A quo articulando una serie de razonamientos, respaldando su criterio en la legislación procesal (Art. 329 del Código Procesal Penal, ley 12.912), y atento a que se verificaban las condiciones requeridas por la normativa para la procedencia de la prisión preventiva, como había analizado el juez de instrucción. Así, se explicó que existían elementos de convicción suficientes para sostener la probable autoría del ilícito atribuido; que en caso de condena, la pena sería de ejecución efectiva dado el antecedente que registraba el justiciable -las críticas recursivas al respecto carecen de respaldo-, y que las circunstancias del hecho revelaban también el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, aludiéndose concretamente a la magnitud de la sanción en expectativa y también, al comportamiento del imputado en el procedimiento inicial.

Con esta última referencia, es evidente que el Tribunal apuntó a las maniobras elusivas que T. realizó con su vehículo, en el marco del operativo montado por la policía a los fines de la aprehensión de los autores del hecho -aspecto sobre el que los recurrentes no logran articular una crítica idónea-.

Ya el juez de instrucción había fundamentado la prisión preventiva -resuelta a pedido del Ministerio Público Fiscal- en el hecho de que la pena en expectativa, agravada por la imposibilidad de gozar una condena de ejecución condicional, autorizaba a pronosticar que el justiciable no se iba a someter a las consecuencias gravosas que traía aparejado un pronunciamiento en tal sentido. Además, se hizo referencia a las diligencias investigativas que a la brevedad iban a realizarse para dilucidar si, conforme el informe de reincidencias, H. J. T. o T. A. también respondía al nombre de S. I. M. o M. A., el cual había sido condenado a pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo, todo lo cual revelaba su manifiesta peligrosidad procesal.

Echa de verse así, entonces, que la defensa no obtuvo de las instancias jurisdiccionales una respuesta dogmática al pedido de libertad del imputado, sino que -por el contrario-, los tribunales apoyaron la medida cautelar sobre una serie de fundamentos que, más allá de su acierto o error, en modo alguno lucen insuficientes, absurdos o irracionales a punto tal de que quepa descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

En realidad, son las postulaciones recursivas las que no dejan de incurrir en cierto dogmatismo, cuando sin hacerse referencia a las consideraciones vinculadas con la conducta del imputado en el procedimiento inicial o la existencia de otra condena, se alude genéricamente a que la peligrosidad procesal podía aventarse con medidas alternativas, sin explayarse concreta y circunstanciadamente acerca las mismas, ni de qué modo podían neutralizar las razones esgrimidas por el A quo para apoyar el dictado de la prisión preventiva y, en consecuencia, revelar una eventual violación del derecho a la jurisdicción.

En suma, los recurrentes no alcanzan a convencer de que el Tribunal, con su respuesta a los agravios relacionados con la figura penal seleccionada y la prisión preventiva ordenada, hubiese desbordado el thema decidendum o incurrido en un juicio que pueda ser adjetivado de arbitrario, toda vez que fueron esgrimidas razones suficientes, que lucen acordes con la exigencia del artículo 95 de la Constitución provincial.

Sobre el particular, además, no es ocioso recordar que la misión de esta Corte es verificar la conformidad de los pronunciamientos judiciales al ordenamiento jurídico fundamental pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en la dilucidación de cuestiones procesales, la interpretación y aplicación del derecho sustantivo o ponderación del material fáctico de la causa (cfr. A. y S. T. 95, pág. 341; T. 100, pág. 251; T. 137, pág. 341; T. 208, pág. 438; entre otros).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia resuelve: Rechazar la queja interpuesta. - Rafael F. Gutiérrez. - Mario L. Netri - Eduardo G. Spuler. - Daniel Aníbal Erbetta.