Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-07


En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de marzo de dos mil seis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos "American Express Argentina S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones" (Expte. Nº: RDC-670/0), el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la disposición apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Esteban Centanaro, Eduardo Ángel Russo y Nélida Mabel Daniele. A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: RESULTA: Las presentes actuaciones se inician con motivo de la denuncia realizada por Antonio Reynoso contra American Express Argentina S.A. ante la Dirección de Defensa al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El denunciante manifiesta que la firma denunciada procedió a debitarle en la tarjeta de crédito de la que es titular, un retiro en efectivo realizado con fecha 26 de noviembre de 2001, reclamándole el pago del mismo en dólares estadounidenses al tipo de cambio libre. Asimismo, señaló que el débito se efectuó cincuenta y seis días después de haber efectuado la operación, es decir el día 21 de enero de 2002. 2. Abierta la etapa conciliatoria, las partes llegaron a un acuerdo en el marco de la audiencia celebrada con fecha 18 de marzo de 2002. Conforme surge del texto del acta labrada en esa oportunidad y obrante a fs. 11, la denunciada se comprometió a respetar la paridad uno a uno del cargo denominado counter check por la suma de dólares estadounidenses un mil diez (U$S 1.010.-) que fuera facturado en el estado de cuenta al veinte de febrero de 2002 y como consecuencia, el cargo podría ser abonado a la relación cambiaria antes aludida. El acuerdo reseñado fue elevado para su homo logación, la que se materializó a través de la disposición Nº 1191-DGDyPC-2002, conforme lo dispuesto por el artículo 45 de la ley 24.240 (ver fs. 12). 3. Sin embargo, con fecha 18 de julio de 2002, el consumidor se presentó nuevamente ante la Dirección de Defensa al Consumidor y denunció el incumplimiento -por parte de la empresa- del acuerdo homologado (ver escrito de fs. 13). Afirmó que, a la fecha, la denunciada no había cumplido con el acuerdo conciliatorio arribado con fecha 18 de marzo de 2002 y que, según los resúmenes que en copia se acompañan a fs. 18/23 la denunciada no solo desconoció los términos del acuerdo sino que intentó duplicar la deuda. Frente a ello, la autoridad de aplicación intimó a la denunciada para que, dentro de los cinco (5) días de notificada, acreditara el cumplimiento del acuerdo conciliatorio oportunamente celebrado (providencia de fs. 35 y cédula de fs. 36). 4. Verificadas tales actuaciones, previo dictamen emitido por la Procuración General (ver fs. 42/3) y ante el silencio guardado por la recurrente a la intimación dispuesta, la autoridad de aplicación resolvió, mediante la disposición Nº 2345-DGDyPC-03, imponer a la firma emplazada una multa de pesos cinco mil ($ 5.000) por infracción al art. 46 de la ley 24.240 y ordenar la publicación del acto condenatorio en el diario Clarín (conf. arts. 1º y 3º de fs. 42/43). 5. A fs. 50/2 la sancionada interpuso y fundó recurso de apelación contra la decisión mencionada. Sintéticamente, expuso la apelante que: a) había cumplido con los términos del acuerdo labrado según acta de fs. 11, toda vez que a fs. 17 obra una carta de fecha 31 de mayo de 2002 enviada al denunciante por la firma en la que se reconoce que el valor de U$S 1.010.-, ingresado en el estado de cuenta en el mes de febrero de 2002, deberá ser abonado al tipo de cambio $ 1.- = U$S 1.- (fs. 52vta.); b) con fecha 20 de octubre de 2002, habiendo transcurrido aproximadamente siete meses desde la audiencia de conciliación, se acreditó en el resumen de cuenta de la tarjeta del soc io el pago de la deuda por la suma de pesos novecientos noventa y dos ($992); c) la Dirección como pauta de valoración para fijar la multa impuesta toma en cuenta el carácter de reincidente de otra persona jurídica -Banco Ciudad de Buenos Aires- que no tuvo ninguna intervención en estos actuados; d) al no haber incumplido con disposición alguna de la Ley de Defensa del Consumidor se agravia de la multa impuesta por resultar improcedente. 6. Recibidas las actuaciones en sede judicial, la recurrente amplió los fundamentos del recurso oportunamente interpuesto limitándose a ratificar los agravios, ofreciendo prueba testimonial a los fines de acreditar los extremos por ella expuestos (fs. 60/2). Por su parte, y frente al traslado conferido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contesto los agravios con la presentación de fs. 69/71, a cuyos términos me remito por razones de brevedad.. A fs. 97/vta. obra el acta de audiencia en la que obra la declaración testimonial de Verónica René Schilachta. 7. Finalmente, m ediante la providencia que antecede, se dispuso ordenar el pase de los autos al presente acuerdo. CONSIDERANDO: 8. Llegado este punto, deviene oportuno señalar las normas que resultan de aplicación al caso debatido en autos. La ley 24.240 tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios, es decir, de las personas físicas o jurídicas que contraten a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otros supuestos, la adquisición o locación de cosas muebles, la prestación de servicios y la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda (conf. art. 1º ley 24.240). A su vez, la Constitución nacional prevé que "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. (Art. 42 CN, 1º y 2º párrafo). Y, por su parte, la Constitución local dispone en el capítulo decimoquinto dedicado a los consumidores y usuarios que "[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas" (art. 46 CCABA, 1º y 2º párrafo). 9. Sentado lo anterior, a los fines de un a mejor exposición, encuentro oportuno describir, someramente, las características del procedimiento a seguir ante la administración para los casos como el que nos ocupa. El procedimiento sumarial por infracciones a la ley 24.240 se encuentra reglado, en cuanto a lo que aquí interesa, del modo que se explicará a continuación. Las actuaciones se inician por la denuncia de un particular que invoque un interés propio o general. Luego de presentada la denuncia, la autoridad administrativa llamará a las partes a una audiencia a efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio. Ahora bien, en el supuesto de que las partes no alcancen acuerdo alguno, la Administración debe examinar los hechos denunciados y, si las circunstancias del caso sugieren prima facie la existencia de una infracción a la ley 24.240, realizará una imputación al supuesto infractor. Si, en cambio, las partes logran llegar a un acuerdo, se debe labrar un acta donde queden asentadas las condiciones convenidas. Dado el último supuesto explicado y ante el hipotético incumplimiento de lo convenido, el art. 46 de la ley 24.240 establece que "[e]l incumplimiento de los acuerdos conciliatorios se considerará violación a esta ley. En tal caso, el infractor será pasible de las sanciones establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieran acordado" (conf. Sala I in re "Panedile Argentina S.A.I.C.F. e I. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones" (Expte. Nº: RDC-559), sentencia de fecha 21 de octubre de 2004). 10. Asimismo, cabe advertir que, coincidentemente con lo dispuesto por la norma transcripta, el artículo 14 de la ley local 757, que regula el procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor y el usuario, prevé que "[e]l incumplimiento de los acuerdos conciliatorios celebrados ante la autoridad de aplicación o de las resoluciones emitidas por ésta, se consideran violación a esta ley. En tal caso, el infrac tor es pasible de las sanciones establecidas en el artículo 15º sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hayan acordado". Por su parte, el decreto Nº 17/03, reglamentario de la ley 757, establece que "[e]n caso de incumplimiento de los acuerdos conciliatorios, lo acordado podrá ejecutarse mediante el procedimiento de ejecución de sentencia regulado por el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". A su vez, de acuerdo con el art. 1º del decreto Nº 1510/97 de procedimientos administrativos de la Ciudad, "[l]as disposiciones de esta ley se aplicarán a la Administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, y a los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de función administrativa; también a los entes públicos no estatales en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires". A partir de las normas transcriptas dable es concluir que las actuacio nes administrativas que se inicien dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por presuntas infracciones a la ley 24.240 y sus normas complementarias se regirán -además de por la mencionada ley de Defensa del Consumidor- por el decreto 1510-GCBA-1997 y por la ley 757 (y su decreto reglamentario); en tanto que, una vez remitidos los expedientes a sede judicial, serán de aplicación, en primer lugar, la ley 24.240 y la ley 757 -con su decreto reglamentario- y, supletoriamente, el CCAyT. 11. Así delimitado el marco normativo aplicable, corresponde ingresar en el análisis del recurso interpuesto. A tales efectos, debe recordarse el tenor del acuerdo obrante a fs. 11. Allí, la recurrente se comprometió a respetar la paridad uno a uno del cargo denominado counter check por la suma de U$S 1.010.- (dólares estadounidenses un mil diez) que fuera facturado en el estado de cuenta al 20/02/02. Así las cosas, la firma sancionada funda su primer agravio en sostener que, efectivamente, cumplió con los términos d el acuerdo alcanzado, remitiendo, en prueba de ello, a los términos expuestos en la carta obrante a fs. 17 que fuera acompañada en autos por el propio denunciante. Sentado lo expuesto, considero que el punto central del debate queda circunscripto a determinar si la denunciada dio cumplimiento con lo acordado a fs. 11; esto es, si la firma emplazada permitió al denunciante cancelar el cargo cuestionado en pesos. Caso contrario habrá de imponerse la confirmación de la multa. 12. En ese sentido, he de señalar que a los efectos de dar tratamiento al presente agravio resulta conveniente transcribir el contenido de la carta enviada por American Express S.A. a Reynoso con fecha 31 de mayo de 2002. Allí expuso "Me dirijo a usted en relación a las conversaciones mantenidas con representantes de nuestro Centro de Atención Telefónica. Al respecto le informamos que el cargo ingresado en el Estado de Cuenta del mes de febrero de 2002 por valor de u$s 1.010.- en concepto de "Counter Check" deberá ser abonado al tipo de cam bio $1=u$s.1" (el resaltado me pertenece). Sin perjuicio de lo que se desprende de los términos recién transcriptos, el denunciante expuso en la misma presentación de fs. 13 (junto con la que acompañó la carta reseñada ut supra), que de los resúmenes que la encartada le remitió luego de la audiencia conciliatoria, el cargo discutido seguía siendo consignado en dólares estadounidenses y que ello había motivado su oportuna impugnación. Asimismo, sostuvo que la carta mediante la cual la firma recurrente se comprometió a cumplir con lo acordado fue rápidamente desmentida por un llamado telefónico mediante el cual le reclamaron nuevamente la deuda extinguida. Ahora bien, aún cuando no es posible desconocer la exactitud de las manifestaciones vertidas por el denunciante en lo atinente a las sumas expresadas en los resúmenes, lo cierto es que el contenido de la nota acompañada por él mismo en idéntica oportunidad da cuenta expresa del compromiso asumido por American Express Argentina S.A. en cuanto a permitir la can celación del cargo counter check en moneda nacional. Y, con ello, el acabado cumplimiento de los términos del acuerdo obrante a fs. 11. 13. A mayor abundamiento, no puede desconocerse lo que expresa el artículo 1036 del Código Civil: "[l]as cartas misivas dirigidas a terceros, aunque en ellas se mencione alguna obligación, no serán admitidas para su reconocimiento", por lo que, contrario sensu, se entiende que la carta en cuestión, enviada al propio denunciante, pone de manifiesto el reconocimiento de la obligación asumida por American Express Argentina S.A. en el acuerdo obrante a fs. 11 A su vez, la ley mercantil, a los efectos de justificar la existencia de los contratos comerciales, reconoce como medio probatorio idóneo la correspondencia epistolar y telegráfica (art. 208 Cód. Comercio). En atención a que el mentado acuerdo ha sido suscrípto por la recurrente y el denunciante, en orden a lo estatuido por el artículo 1197 del Código Civil, ha de tenerse a lo allí estipulado como la ley a la que las partes han de someterse. Por todo lo expuesto, siendo que la denunciada se obligó a respetar la paridad uno a uno y que la carta remitida a Reynoso por aquella le informaba que el cargo impugnado "[debía] ser abonado al tipo de cambio $1 = u$s 1" (ver fs. 17), atento las normas legales citadas, forzoso resulta concluir que la recurrente no incurrió en incumplimiento alguno que ameritase la imposición de la sanción apelada. 14. Sin perjuicio de todo lo expuesto y que, como se ha visto, la infracción no puede tenerse por configurada, cabe agregar que la quejosa manifestó que en el mes de octubre de 2002 (antes del dictado de la disposición sancionatoria) se había acreditado en el resumen de cuenta de la tarjeta del denunciante la cancelación de esa deuda por la suma de pesos novecientos noventa y dos ($992.-). Ese extremo -que, insístese, no guarda estricta relación con la materia debatida- aparecería confirmado a partir de la versión brindada por la testigo ofrecida por la recurrente y que fue citada por este Tribuna l. En esa oportunidad, confirmó la deponente que " ... se acordó que un cargo de Counter Check de U$S 1.010 que se facturó en febrero de 2002 iba ser cobrado con la paridad un peso un dólar..." (ver fs. 97vta.). Atento lo que surge de la declaración testimonial, no puede desconocerse lo manifestado por la recurrente en cuanto a la cancelación de la deuda. Es decir que, a partir de la carta recibida por el denunciante (ver fs. 17) que es de fecha 31 de mayo de 2002 y lo dicho por la testigo en respuesta a la quinta pregunta, debe presumirse que, no sólo se dio cumplimiento a lo acordado, sino que la deuda en cuestión se habría cancelado en octubre de ese año. Respecto a la cuestión que se analiza, si se puede admitir prueba de testigos contra lo que conste en un acto escrito, Velez Sarsfield se manifestó en la cita al artículo 992 del Código Civil al incluir la opinión de Justiniano. Allí había resuelto en dos leyes terminantes si se puede admitir prueba de testigos "Testes, cum de fide tabularum nihil dicitur aversus scripturam, interrogari non possunt" (Lib. 5, Tít. 15). Asimismo, en la misma cita resalta la Ley 1, cód. De Thestibus, que enuncia la misma idea "contra testimonium scriptum, non scriptum testimonium non fertur". 15. En virtud de tales consideraciones, deviene innecesario pronunciarse respecto de los restantes agravios esgrimidos por la recurrente. Por todo ello, y si mi voto fuera compartido, propongo al acuerdo, se disponga la revocación de la disposición 2345-DGDYPC-2003. Finalmente, en atención al modo en que propicio que se resuelva el presente, las costas deberán imponerse a la vencida (art. 62 del CCAyT). El Dr. Eduardo Ángel Russo y la Dra. Nélida Mabel Daniele, por las razones expuestas por el Dr. Esteban Centanaro, adhieren a su voto En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal, por unanimidad, RESUELVE: Revocar la disposición recurrida en cuanto impone una multa de pesos cinco mil ($5.000) a American Express Argentina S.A.. Con costas a la vencida (art. 62, CCAyT). Regí strese en el libro de recurso directos, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-