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Confirmación de sentencia, despido, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Benítez, Gustavo Alejandro  c/ Agrolinks S.A. y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-06

Aduce la accionada, Agrolinks SA, propietaria de unidades funcionales de un consorcio de propietarios que cede una unidad funcional para su explotación, que el actor nunca fue empleado de la firma y no tuvo vinculación con la misma por lo que no corresponde su condena solidaria. La juez de grado la condenó en los términos el art. 30 LCT. La norma prevé como presupuesto fáctico para atribuir responsabilidad solidaria a "...quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que les de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento...". La accionada Agrolinks S.A. resultó titular de la propiedad de las unidades funcionales del consorcio de propietarios donde otra accionada, la Asociación Civil Pacheco Golf Club explota una unidad funcional, lo cual resulta una clara cesión de Agrolinks S.A. de una de las explotaciones de la empresa, pues tal accionar se encuentra vinculado con sus fines económicos. Asimismo y conforme surge del estatuto de Agrolinks S.A., su actividad tiene como objeto la organización, explotación, comercialización, construcción, compra venta, arrendamiento de complejos deportivos, de inmuebles urbanos y rurales, clubes de campo y bienes en general vinculados con las urbanizaciones, los deportes, el esparcimiento, el turismo y todo lo que se refiera a la organización y explotación de medios tendientes al mejoramiento de la calidad de vida, tanto lo relacionado con aspectos físicos como culturales o ecológicos. Así entonces, si ésta no decidió explotarlo por cuentas propia y consideró más conveniente cederle dicho uso a un tercero cabe responsabilizarla en los términos del art. 30. Por ello, cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Empleo registrado, responsabilidad solidaria, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Molina, Iván Ricardo c/ Telefónica Móviles Argentina S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-13

El actor, registrado correctamente por su empleadora Distribuidora Electrototal SRL bajo el Estatuto de la construcción (ley 22.250), sostiene que resulta aplicable a la que fuera su situación laboral, el art. 29 1er. párrafo LCT, toda vez que prestó servicios para la demandada Telefónica Móviles Argentina S.A. por lo cual ésta sería su empleadora, debiendo Distribuidora Electrototal SRL ser condenada solidariamente, como consecuencia de su despido, como empresa intermediaria, en su carácter de colocador de personal ya que lo destinó a prestar servicios para "Telefónica". No cabe hacer lugar al planteo del actor toda vez que Distribuidora Electrototal SRL contrató al accionante para realizar tareas propias de la construcción, entre ellas, para colocar y mantener el cableado de la red telefónica de la codemandada "Telefónica". De la prueba testimonial surge que Distribuidora Electrototal SRL era una empresa que contaba con instrumentos materiales, inmateriales y humanos para prestar los servicios de colocación y mantenimiento de redes telefónicas, sin que se vislumbre maniobras fraudulentas como para concluir que la verdadera titular de la relación del actor fue Telefónica Móviles Argentina S.A. Si, en cambio, ésta última debe ser condenada solidariamente en los términos del art. 30 LCT ya que la actividad que realizaba el actor resultó imprescindible para el cumplimiento de su objeto social.
Confirmación de sentencia, despido sin causa, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Luchetti, María Delia  c/ AE Editora S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-12

La accionada cuestiona la decisión de la sentenciante a quo, que juzgó incumplido lo previsto en el art. 243 de la LCT e injustificado el despido. La demandada notificó el distracto a la actora mediante acta notarial. La accionante manifiesta que dicha actuación no fue efectuada en su presencia, como así tampoco le entregó copia para su defensa. En el acta la escribana interviniente dejo constancia de que se encontraba presente la actora sin corroborar su identidad mediante documento. Por ello, el acta notarial no puede ser utilizada como instrumento de notificación de la cesantía. Los términos de la comunicación permiten vislumbrar que no fueron expresados en forma suficientemente clara los motivos en que se funda la ruptura del contrato conforme lo previsto en el art. 243 de la LCT. La inobservancia de estos extremos en la comunicación de la causal de despido, la invalida en los términos de la norma citada. Las exigencias no resultan arbitrarias sino que responden a la tutela de la debida defensa del trabajador despedido, quien en caso contrario, quedaría desguarnecido toda vez que la empleadora podría ampliar y hasta adecuar a su gusto las supuestas causas que invoque. Además la valoración de la causal de despido resulta imposible si no se individualizan, concretamente, las circunstancias que rodearon los hechos invocados como injurioso de modo que al momento de trabarse la litis, resulten de imposible modificación. Cabe confirmar lo resuelto en grado.
Confirmación de sentencia, despido, producción de la prueba, regularización del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Flores, Haydee del Valle c/ Fideicomiso de Administración Maipú 850  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-28

La actora intimó a la accionada a que regularice el contrato ya que laboraba todos los días. Ante la negativa se dio por despedida. La sentencia de grado hizo lugar a la demanda. Las pruebas producidas dan cuenta que el contrato que unió a las partes fue de carácter permanente y con prestación continua, no eventual como aduce la accionada. Asimismo, la modalidad y forma de pago de las remuneraciones -realizada por la demandada- ilustran acerca de la clandestinidad en que mantuvo el vínculo durante los días en que la trabajadora prestó servicios y no fueron registrados por la empleadora, no obstante abonarlos. Así entonces la intimación realizada por la actora tendiente a regularizar el contrato de trabajo, resultó temporánea y, la negativa de la empleadora a proceder en tal sentido, justificó la denuncia del contrato llevada a cabo por la trabajadora. La demandada incurrió en irregularidad registral al no registrar el contrato de trabajo que la unió a la trabajadora, y fragmentar la prestación debida mediante un formalismo que no se compadeció con la realidad evidenciada toda vez que no se trató de un contrato eventual con prestación discontinua, sino de carácter permanente con prestación continua. Asimismo, ello ilustra acerca de la clandestinidad en que mantuvo el vínculo durante los días en que la trabajadora prestó servicios, por lo cual resulta operativa la presunción contenida en el art. 55 de la LCT, pues la accionada no exhibió los registros a fin de verificar los días y horarios cumplidos por la actora. Finalmente, el monto abonado a la accionante de acuerdo al tiempo trabajado y a su categoría, resulta coincidente y acorde con las labores por ella cumplidas sin que la quejosa opusiera escalas salariales vigentes que acreditasen un salario menor. En consecuencia cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia.
Confirmación de sentencia, indemnización por despido, contrato de trabajo de temporada
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Carballo, Pablo Alfredo  c/ Parque de la Costa S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-14

Las partes se encontraban vinculadas por un contrato de temporada, y si bien es cierto que la decisión rupturista fue comunicada con anterioridad al inicio de la temporada, y por tanto en principio no devengaría la indemnización por ruptura "ante tempus" que se prevé en el art 95 de la LCT, resulta insoslayable que previo a la desvinculación del actor, su empleadora había manifestado su voluntad concluyente de reiterar la relación y el contrato en los términos de los ciclos anteriores, generando -en consecuencia-, la válida perspectiva del trabajo hasta la finalización de la temporada, cuya frustración generada por la decisión apresurada e injustificada de la principal convalidó en el caso del vínculo que unió a las partes -considerando la situación análoga prevista en el art. 95 de la LCT, que trata sobre el contrato a plazo fijo al que remite la regulación del trabajo por temporada -la procedencia de la indemnización del derecho común, adicional a la del art. 245 LCT que abonó la demandada. Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Indemnización por accidente de trabajo, comisiones médicas
Materia: LABORAL
Carátula: Altamirano, Vanesa Itatí  c/ Ferpano SA y otro  s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-13

El legislador ha dispuesto en la ley 26773 y el art. 15 de la ley 27348 que en aquellas acciones en que la parte actora fundamente la reparación por un accidente laboral en normas de derecho común, debe transitar por las comisiones médicas. Por ello, cabe hacer lugar a la excepción de inhabilidad de instancia planteada por la demandada y declarar la falta de aptitud jurisdiccional para entender en las actuaciones. (Del voto del Dr. Pose, en minoría).
Indemnización por despido, cesación de pagos
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: Bossini, Ángel Eduardo  c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-23

La parte actora cuestiona en su segundo agravio, el rechazo de la indemnización por antigüedad prevista por el art. 245 LCT. Sostiene que el juez a quo invirtió la carga de la prueba en forma improcedente, toda vez que era la accionada empleadora quien debía acreditar que la quiebra no obedeció a causas imputables a ella. El concepto de imputabilidad no es equivalente, ni debe confundirse, con la noción de culpabilidad. En el contexto del art. 251 LCT, la imputabilidad refiere a la relación de hecho por la cual el estado de cesación de pagos es atribuible al titular o responsable del patrimonio que lo padece. En consecuencia, la imputabilidad es un requisito previo de la culpabilidad, por lo que es perfectamente posible que la cesación de pagos sea imputable al fallido o sus administradores, aunque no hubiera culpabilidad en el actuar de estos. La imputabilidad de la quiebra se presume. La inimputabilidad es la que debe probarse para desvirtuar esa presunción iuris tantum. En la causa la accionada no alegó ni menos aún demostró que no hubiese hechos que puedan ser imputados en la administración de su negocio, y por ende, que desvirtuara la imputabilidad del estado falencial previamente aludido, lo que torna operativa la indemnización prevista por el art. 245 LCT.
Relación de causalidad, mobbing, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Terenzi, María Elisa c/ Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro  s/ accidente- ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-14

La accionante se agravia puesto que el Juez de grado sostuvo la falta de acreditación del nexo de causalidad entre la incapacidad determinada por el perito médico y el daño moral por "mobbing" invocado. Cabe confirmar lo resuelto en origen toda vez que el dictamen médico sólo prueba que la actora es portadora de la dolencia y que le ocasiona un determinado porcentaje de incapacidad, pero no que obedece a las condiciones laborales en las que se desempeñó ni a los maltratos verbales y psicológicos de su empleador tal como denunció. Una situación de "mobbing" con consecuencias jurídicas requiere la verificación de un reiterado y regular proceder perverso y además que tenga la finalidad de segregar o eliminar al acosado de la comunidad de trabajo, y éste último requisito no se acreditó en el caso.
Confirmación de sentencia, apreciación del juez, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Alcobre, Mariana  c/ Fundación Centro de Estudios Brasileiros y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-15

La Embajada de la República Federativa de Brasil cuestiona la valoración fáctica jurídica efectuada por la Juez de grado en cuanto condenó a su parte a satisfacer los créditos reclamados en la actora. Señala que no fue su empleadora ya que fue ajena a su contrato de trabajo. De la propia demanda y de la expresión de agravios surge que la demandada, Fundación Centro de Estudios Brasileiros, fue creada y financiada por la propia apelante y que a partir de que dejó de hacerlo, y aquélla no siguió funcionando, provocando la disolución del contrato de trabajo de la actora con invocación de la causal prevista en el artículo 247 de la LCT. Los informes de la Inspección General de Justicia, del escribano y del Registro de la Propiedad Inmueble ratifican que el edificio donde funcionó la fundación que empleó a la actora era de la embajada, sin perjuicio que los integrantes de la misma conformaba la voluntad social y dirigían a la fundación. Desde tal perspectiva, corresponde mantener la condena de la accionada porque de los propios hechos reconocidos y acreditados en la causa, surge que la actora mediante la fundación codemandada prestaba servicios para la embajada demandada. Surge de las circunstancias aludidas que la embajada demandada no solo creó la fundación que empleó a la actora sino que además la financió, conformó su voluntad social y le entregó el espacio físico para que funcionara y cumpliera con su objeto social, siendo determinante su falta de financiación para la disolución de la misma. Todo ello erige a la demandada en coempleadora de la actora (cfr. art. 23, 26 y concordantes de la LCT), ya que las facultades de organización y dirección son propias de un empleador y nuestro ordenamiento legal se las reserva exclusivamente para que administre y dirija la actividad de la empresa, disponiendo de los elementos materiales, inmateriales y personales. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Monto del juicio, indemnización tarifada, capitalización de intereses
Materia: PROCESAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Ruiz, Ramón Aldano  c/ Asociart SA ART  s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-23

El trabajador, vencedor del litigio, solicita la elevación del monto de condena y la aplicación del acta 2764. El evento dañoso acaeció en mayo de 2015 y, en consecuencia, la compensación tarifada fue fijada en valores vigentes a dicha fecha pero aplicándose el mínimo legal -esto es $ 248.289,64 en lugar de $ 137.249,42- por lo que no puede predicarse que la compensación sea exigua y, a su vez, en materia de intereses sugeridos por actas 2601/14, 2630/16 y 2658/17 que al establecer una tasa efectiva compensan razonablemente el no usufructo del capital adeudado ya que, inclusive, son superiores a las impuestas por el art. 11 de la ley 27.348. Por ende, sólo corresponde aplicar el acta 2764 en cuanto dispone una capitalización de los intereses al momento de la notificación del traslado de la demanda de conformidad con lo establecido por el art. 770, inc. b, del CCCN sin que sea posible una capitalización posterior salvo la que, eventualmente pueda ser impuesto en un futuro próximo por imperio del inc. c, de la manda civil citada ya que toda otra posibilidad ha sido desautorizada por el Superior (CSJN, 29/01/2024, "Oliva c/Coma SA", Fallos: 347:100). (Del voto del Dr. Pose, en minoría).
Revocación de sentencia, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ybañez, Pablo Sebastián  c/ Eagle Global Logistics de Argentina SRL y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-15

La accionada, Eagle Global Logistics de Argentina SRL, contrató el servicio de mensajería que prestaba la codemandada Service Empresarial en cuyo marco se desempeñó el actor, quien coordinaba la labor de los cadetes en moto y/ o en bicicleta y gestionaba que los envíos y la documentación fueran presentados. Se agravia porque el juez de grado no asignó responsabilidad solidaria a la demandada Eagle Global. La prueba testimonial da cuenta que el actor cumplía funciones principalmente en la sede de Eagle, distribuyendo los trámites de esta última entre los mensajeros y, en ocasiones, haciéndolos él mismo. La integración del actor en la organización empresaria de la demandada, proveyendo al cumplimiento de su actividad, indica que con su participación coadyuvaba a la realización de los fines tenidos en cuenta por Eagle Global para su gestión, excediendo la mera ejecución del nexo comercial articulado entre las demandadas. Cabe destacar que la solidaridad emergente del art. 30 de la LCT corresponde determinarla en cada caso concreto y particular en función de las circunstancias fácticas que circunscribieron la relación entre las empresas, interpretando la exigencia de la norma legal referente a "trabajos o servicios correspondientes a la activad normal y específica propia" en armonía con el concepto de "establecimiento" que prevé el art. 6° del citado ordenamiento en cuanto lo define como "la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones". Así, el legislador en el art. 30 LCT ha establecido que un empresario debe responder por los contratos de trabajo que celebre con otras empresas con quienes establece contratos comerciales. Es decir, está indicando una interpretación por la cual quedan comprendidas tareas que a primera vista parecen accesorias, pero, en realidad, se tornan imprescindibles para la obtención del objetivo empresario. En virtud del grado de intensidad que evidencian las tareas desarrolladas por el actor en el diseño del giro empresario de la demandada Eagle Global, cabe extenderle la condena en forma solidaria y revocar la sentencia de la anterior instancia en dicho segmento.
Confirmación de sentencia, despido indirecto, falta de prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Cuccionetti, Leonardo Marcos  c/ Frigorífico Central SRL y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-23

El actor se colocó en situación de despido indirecto como consecuencia de la ausencia de registro de la relación laboral que alega fue de dependencia. Los codemandados esgrimen que dicho vínculo fue estrictamente societario. El a quo rechazó la demanda y por ello se agravia el actor. Desde el inicio de la relación laboral el accionante fue socio gerente de la SRL codemandada con el 20% de su capital social conforme la prueba informativa de la Inspección General de Justicia. Lo cierto es que las diferencias entre un contrato de sociedad y la relación de dependencia resultan claras, pues la comunidad de gestión presente en un contrato societario, cuyas partes firmantes persiguen un interés común, comparten beneficios y asumen riesgos -participando de pérdidas y ganancias- no se encuentra presente en el contrato de trabajo, que genera una relación de dependencia, no mediando una comunidad de gestión sino una relación jerárquica o de subordinación, en la que normalmente el trabajador presta labores dirigido por el empleador y es ajeno a los frutos de la actividad. La prueba testimonial producida da cuenta que el actor no se encontraba sujeto a instrucciones ni órdenes de nadie, que inclusive decidía todo y que, asimismo, en su carácter de socio retiraba dinero de una cuenta contable. El dictamen pericial contable refleja la participación del accionante en las ganancias y pérdidas de la SRL codemandada. Así entonces, y desde esta perspectiva, surge claramente acreditado que la prestación del actor en su condición de socio gerente fue en el marco del art. 157 de la ley 19.550, como consecuencia de su ejercicio de administración de la sociedad demandada. Su fuerza de trabajo fue ejercida como consecuencia de sus funciones de administración por lo que no medió sumisión a un proceso organizacional extraño como sería el de la sociedad demandada (art. 5 LCT). En consecuencia, tal prestación no constituyó uno de los medios personales que aquella organizó y dirigió para llevar a cabo su actividad. Por ello, y toda vez que no se encuentra acreditada la relación laboral invocada por el accionante, cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Revocación de sentencia, indemnización por despido, falta de prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Leyton, Victor Adrián  c/ Federación Regional de Básquetbol de Capital Federal -Asociación Civil-  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-14

La demanda incoada por indemnizaciones derivadas del despido fue rechazada en la instancia de origen, con fundamento en que el actor no logró probar la relación de trabajo dependiente que lo vinculó a la accionada, y por ello se agravia. La prueba testimonial producida, que no mereció impugnación de la accionada, da cuenta que el actor laboraba arbitrando encuentros de básquet entre 4 y 5 días semanales y a veces más, llegando hasta 8 veces a la semana, y que la remuneración al final del partido era abonada por el club accionado. La prueba informática da cuenta que los correos electrónicos recibidos por el actor fueron remitidos desde el dominio de la accionada, no obstante que la misma no pusiera a disposición del perito la documentación necesaria para la elaboración del trabajo pericial. Asimismo, la prueba documental corrobora lo declarado por los testigos toda vez que era la accionada Federación Regional de Basquetbol de la Capital Federal a través de su Comisión Técnica- quien convocaba a los árbitros a las pretemporadas y comunicaba las actualizaciones de los reglamentos a la par que controlaba su rendimiento. La accionada era quien asignaba la categoría, los partidos y los horarios en los que el accionante debía arbitrar, los requisitos que el actor debía reunir, las capacitaciones a las que debía asistir y la vestimenta que debía utilizar a efectos de cumplir sus funciones, las que, además controlaba y evaluaba a través del Tribunal de Disciplina Así entonces, ha quedado demostrada la prestación de servicios por parte del trabajador en beneficio de la federación accionada, para el cumplimiento en forma personal de tareas que hacen a los fines propios de la actividad, organizada bajo la supervisión de dicha entidad y con sujeción a sus facultades de organización y dirección, a lo cual se agrega, que el accionante para el desarrollo de su actividad no tomaba a cargo ningún riesgo sino que únicamente aportaba su trabajo a cambio de una retribución fijada de antemano, todo lo cual lo coloca dentro del régimen regulado por los arts. 21 y 22 de la LCT. Cabe revocar la sentencia de la anterior instancia.
Empleo no registrado, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: Flores, Haydee del Valle c/ Fideicomiso de Administración Maipú 850  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-28

Resultan justificadas las multas de los arts.10 y 15 de la ley 24.013, atento la irregularidad registral verificada y que resulta sancionada por esas normas, además del hecho de que no existió comunicación expresa de la ruptura del vínculo con anterioridad a la intimación de debida registración efectuada por la actora, conforme lo exige el art. 243 de la LCT, verificándose en consecuencia el recaudo exigido por el art. 11 de la citada ley 24.013 para acoger el progreso de esas multas.