Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-27


Buenos Aires, 27	de agosto de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La firma Hipódromo Argentino de Palermo SA (HAPSA) fue condenada por la Unidad Administrativa de Control de Faltas (UACF) a la pena de $ 10.000 de multa en razón de que -según lo entendió el controlador administrativo- el 23/03/2007 había cometido la infracción prevista en el art. 9.1.1 de la ley local n° 451 (obstrucción de inspección). El condenado sometió esa decisión a control judicial, en los términos del art. 24 de la ley local n° 1.217. Cuando el legajo fue asignado al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas n° 30, HAPSA planteó -en lo que aquí interesa- una excepción por falta de jurisdicción del fuero local y, asimismo, por ausencia de legitimación pasiva de la firma para intervenir en la causa y discutir la validez del ejercicio del poder de policía por parte del GCBA. Dichos planteos fueron rechazados tanto por el magistrado asignado a este proceso, como por la Cámara de Apelaciones, que resolvió el recurso del condenado administrativamente.

2. El representante de HAPSA interpuso, entonces, un recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala II cuya copia obra a fs. 7/12. En esa presentación, expresó que los jueces de la causa habían desconocido normas federales que asignarían a las autoridades nacionales el ejercicio del poder de policía respecto del predio del Hipódromo de Palermo. Sostuvo, en pocas palabras, que el Poder Judicial local no resulta competente para sancionar la supuesta infracción que originó el proceso, ni tampoco para resolver el conflicto de intereses entre el Estado Nacional y el GCBA vinculado a quién es el titular del poder de policía dentro del Hipódromo de Palermo (predio de propiedad nacional que se encuentra dentro del ámbito geográfico de la Ciudad, concesionado a HAPSA antes de que se consagrara la autonomía local). A su vez, y vinculado al planteo de falta de legitimación pasiva, señaló que la concesionaria no resulta habilitada para discutir este conflicto entre el Estado federal y el local.

Según lo entendió, la sentencia de Cámara resultó arbitraria -porque los magistrados omitieron la consideración de sus argumentos- y, además, violatoria del derecho a ejercer industria lícita (CN, art. 14), de propiedad (CN, art. 17), de defensa en juicio y debido proceso legal (CN, art.18), de las disposiciones federales que protegen los intereses del Estado Nacional (CN, arts. 3, 75, incs. 15 y 30, 116 y 129; leyes n° 24.588 y 24.620) y de aquellas vinculadas a la concesión otorgada a HAPSA para la explotación del Hipódromo de Palermo. A su vez, mencionó que la sentencia atacada tenía entidad suficiente para configurar un caso de gravedad institucional.

3. La Cámara denegó el recurso de inconstitucionalidad al considerar que la decisión atacada no constituye la sentencia definitiva del proceso (ni resulta equiparable a aquella) y que, por otra parte, tampoco se había logrado exponer un caso constitucional.

4. El Fiscal General (fs. 99/105) propició el rechazo de la presente queja. Para fundar esa conclusión, expresó que la firma recurrente no había atacado una sentencia definitiva ni equiparable a tal, en tanto los argumentos planteados no alcanzaban a demostrar la existencia de un agravio de imposible o insuficiente reparación posterior, en los términos delineados por la CSJN. Asimismo, señaló que el recurrente no presenta un conflicto de intereses entre el Estado Nacional y el GCBA (que, en todo caso, debería estar acompañado de un pedido de remisión del legajo al fuero federal) sino que sólo intenta el archivo de las actuaciones.

Sobre el fondo de los planteos, consideró que la invocada falta de legitimación pasiva no resulta tal porque, como se mencionó, en este proceso no existe un conflicto de intereses, sino "la clara intención [de HAPSA] de sustraerse de toda potestad jurisdiccional" (fs. 103). Respecto de la incompetencia del fuero local, defendió -con apoyo en jurisprudencia de la CSJN y del Tribunal y en el criterio general de actuación aprobado por ese mismo Ministerio Público Fiscal en la resolución n° 92/07- la potestad de la Ciudad para ejercer el poder de policía en el caso. Por último, descartó que se hubiera configurado un supuesto de arbitrariedad de sentencia.

Fundamentos:

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El recurso de queja cumple con los requisitos extrínsecos básicos que establece la ley local n° 402 para el remedio interpuesto. Sin embargo, él debe ser rechazado porque defiende un recurso de inconstitucionalidad que no impugna la sentencia definitiva del proceso (art. 27, ley n° 402).

2. La decisión atacada por recurso de inconstitucionalidad no es una de aquellas que puede ser cuestionada ante el Tribunal porque, sencillamente, ordena la continuación del proceso hacia la decisión que, precisamente, tendrá el carácter de definitiva. Es más, como ya expuse en múltiples sentencias (ver, por ejemplo, "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ponzoni, Manuel Eduardo s/ inf. art. 189 bis tercer párrafo del CP'", expte. n° 4170, sentencia del 05/06/06), ni siquiera considero que existan decisiones que pueden ser asimilables a una sentencia definitiva a los fines del recurso previsto en el art. 113, inc. 3, de la Constitución local. El art. 27 de la ley local nº 402 sólo permite el recurso de inconstitucionalidad una vez lograda la sentencia que finaliza el juicio de mérito. Y, a decir verdad, esa regulación resulta absolutamente racional para un tribunal extraordinario -que no es el tribunal de mérito-, pues el defecto puede subsanarse durante el procedimiento, incluso por un resultado final favorable al perjudicado por el vicio.

3. Ni siquiera una supuesta denegatoria del fuero federal sería un argumento plausible para la admisión del recurso de inconstitucionalidad local.

Tal como sostuve recientemente -al fallar en "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.'", expte. n° 5568, resolución del 10/06/08- aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que la sentencia que deniega el fuero federal o nacional es equiparable a sentencia definitiva para la procedencia del recurso extraordinario federal, las decisiones de la CSJN que amplían el significado de sentencia definitiva a decisiones interlocutorias iniciales de un procedimiento judicial, no son, a mi juicio, correlato de una interpretación correcta tanto del art. 14 de la ley n° 48, como del art. 27 de la ley local n° 402, que regula el recurso de inconstitucionalidad, que sólo permite dirigir este último recurso contra las sentencias definitivas. En ese sentido, ya he expuesto múltiplemente que la sentencia que resuelve un problema de competencia, ya por incidente, ya de oficio, cuando quien lo decide tiene facultad para ello, no es, en caso alguno o, cuando menos, por regla, una sentencia definitiva. Y no lo es tampoco, cuando el problema de competencia consiste en el entrecruzamiento de dos jurisdicciones distintas, por ejemplo, la de los tribunales de la CABA frente a los tribunales nacionales, de una provincia frente a los de otra o de una provincia frente a tribunales nacionales o federales (ver mis votos en las causas "GCBA c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. nº 726/00, resolución del 21/03/01; "GCBA s/ queja por recurso de apelación denegado en 'GCBA c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos [ENCOTESA] s/ ejecución fiscal", expte. n° 1892, sentencia del 12/02/03; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'GCBA c/ Osvaldo Buzzetti SA s/ otras causas donde la autoridad administrativa es actora'", expte. nº 2270, resolución del 11/06/03; "GCBA c/ Ledesma Miguel Ángel s/ medida cautelar s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 2314, sentencia del 5/11/03; "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Laguna, Guillermo Mario c/ GCBA y otro s/ daños y perjuicios [excepto resp. médica]'", expte. n° 2330, 11/12/03; "OSCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Herrero, José Javier c/ GCBA s/ cobro de pesos'", expte. n° 3195, resolución del 30/03/05; expte. nº 4591/06 "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Rodas, María Antonia c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios [excepto resp. médica]'", a los que remito por razón de brevedad). La única posibilidad de decidir por anticipado sobre el particular está constituida por el conflicto de competencia, a decidir por el superior común -la CSJN cuando se trata de un conflicto interjurisdiccional-, una vez que, como resultado de un incidente o de oficio, él sea planteado correctamente.

4. Si no se trata de una sentencia definitiva (sentencia que resuelve sobre la responsabilidad de HAPSA en los hechos sucedidos el 23/03/07), el recurso de inconstitucionalidad previsto por el art. 113, inc. 3º, CCBA y por el art. 27, LPTSJ (ley local nº 402) resulta improcedente. Como consecuencia de lo expuesto, corresponde rechazar la queja y dar por perdido el depósito cuya constancia de integración está agregada a fs. 95.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Coincido con la solución propuesta por el Sr. Juez de trámite. Si bien el recurso de queja fue interpuesto ante este tribunal dentro del plazo que fija el art. 33, ley n° 402 y contiene una descripción de los hechos principales de la causa, no puede prosperar.

El recurso de hecho tiene por finalidad controvertir el rechazo de un recurso de inconstitucionalidad que fuera interpuesto contra una resolución que no posee el carácter de definitiva. Dado que por regla tales resoluciones no son pasibles de recurso de inconstitucionalidad (conf. art. 27, ley nº 402), la defensa debía desarrollar en su escrito de queja argumentos sólidos que lograran demostrar que este caso constituye una excepción a la regla. Al respecto la defensa sólo se limita a afirmar aquello que debía fundamentar, vg. "respecto a la equiparación de la sentencia atacada con una sentencia definitiva, más allá de ser ello patente, debe tenerse en cuenta el perjuicio que la misma causa a mi representada y su imposible reparación ulterior" (fs. 47).

2. Voto en consecuencia por el rechazo de la queja.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La queja articulada por HAPSA cuestiona la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad que esa parte planteó contra el rechazo de las excepciones de incompetencia y falta de legitimación pasiva oportunamente opuestas en autos. La decisión cuya revisión aspira lograr la recurrente no constituye una sentencia definitiva en los términos del art. 27 de la ley 402 por cuanto no pone fin al proceso sino que, por el contrario, permite su continuidad.

2. Tampoco hay razones para equiparar el pronunciamiento apelado a uno definitivo, en tanto no sustrae la causa de la jurisdicción local ni supone denegatoria del fuero federal (cf. TSJ in re "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. n° 726/00, resolución del 21/3/2001 y "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Metrovías S.A. c/ GCBA y otros s/ otros rec. Judiciales c/ res. pers. públicas no est.'", expte. n° 5428/07, sentencia del 9/4/08 entre otras). En relación con esto último, tal como afirma el Sr. Fiscal General en su dictamen, "(...) no ha mediado denegatoria del fuero federal (...) pues (...) no se ha reclamado la intervención de la justicia de excepción" sino que "(...) lejos de propiciar el recurrente la competencia de la justicia federal para conocer respecto del accionar del Gobierno de la CABA, lo que HAPSA solicitó fue que se proceda al inmediato archivo de las actuaciones" (fs. 102 vuelta).

La incompetencia del Poder Judicial de la CABA para intervenir en estas actuaciones obedece, según la recurrente, a que la multa resistida alcanza a un establecimiento de propiedad del Estado Nacional afectado al uso del sector público nacional que, por su condición de tal, resultaría inmune a cualquier pretensión de ejercer potestades locales a su respecto y, consecuentemente, también excluiría la posibilidad de quedar sometido a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad para dirimir la disputa de autos (fs. 24 y ss.). A criterio de HAPSA, por aplicación directa de las normas federales que cita (vgr. art. 75 inc. 15, 116, 129 CN y art. 3 de la ley 24.588), el fuero Contravencional y de Faltas no resulta competente "(...) pues se encuentra[n] en juego derechos y atribuciones concernientes al Estado Nacional". Además en el pleito postula que el acta de infracción "contiene vicios que la tornan nula de conformidad con lo dispuesto por el propio art. 3º del código de procedimiento administrativo de faltas" (fs. 40 vuelta, 41 vuelta y 65 vuelta).

Ante todo, cabe recordar que, a los efectos de dilucidar cuestiones de competencia, "corresponde atender en primer término, a los hechos que se relatan en la [causa] y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de su pedido" (Fallos 324:2031 entre muchos otros). En autos se discute la validez de una multa mediante la cual se sancionó a HAPSA como responsable de la infracción prevista en el art. 9.1.1 del Código de Faltas de la CABA (obstrucción de procedimiento, ley 451).

Ello así, y aun cuando se entendiera que el planteo de la recurrente pudo incluir la pretensión de que el pleito se sustancie en sede federal, la postulada incompetencia del fuero local, o la consecuente del fuero federal, debe ser rechazada. Esa solución se impone por la diversidad de ordenamientos legales involucrados (de orden local y nacional) y por la inexistencia de materia exclusiva o aun predominantemente federal en el supuesto que nos ocupa.

2.1 En efecto, la recurrente cuestiona un acto emitido por autoridades locales y la decisión en torno a su validez involucra, de modo necesario, el análisis de normas locales (vgr. CCBA y ley 1217), sin perjuicio de que las defensas articuladas por HAPSA también incorporan al pleito la consideración de leyes federales y preceptos de la Constitución Nacional (vgr. art. 75 inc. 15, 116, 129 CN y art. 3 de la ley 24.588). Frente a situaciones de esta especie, la CSJN tiene dicho que la jurisdicción federal procede cuando la acción se basa directa y exclusivamente en normas federales y, en cambio, ella resultará improcedente si el pleito, además, incluye cuestiones de índole local propias de los jueces locales (Fallos 330:4055 entre muchos otros) como son las concernientes al ejercicio del poder de policía en materia de seguridad de acuerdo a las normas que rigen el punto (art. 129 CN, CCBA y leyes 451 y 1217).

Para determinar la legitimidad de la multa impugnada habrá que interpretar la normativa local que regula el poder de policía que viene resistido por la recurrente, tarea que se encuentra reservada a los jueces de la jurisdicción en la que fue emitido el acto impugnado, y que escapa a la competencia prevista en el art. 116 de la CN. Asignar la revisión de los actos de los gobiernos locales, que aplican el derecho público respectivo, a la justicia de esas jurisdicciones responde a un principio elemental de nuestro sistema federal, y también encuentra apoyo en la válida presunción de que, como resultado del examen referido, la demandante podría encontrar satisfacción a su pretensión en la jurisdicción local, sin necesidad de instar -aunque sí, por supuesto, con la potestad de hacerlo- el recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48 (doctrina CSJN in re "Edenor S.A c/ Corrientes, provincia de s/ acción declarativa", sentencia del 9/10/2007). Sólo bajo la estricta observancia de estas condiciones se respetan los legítimos fueros de las entidades que integran el gobierno federal dentro de su normal jerarquía (Fallos 315:448 y 323:3279).

Todo lo anterior justifica que las defensas orientadas a mostrar la contradicción que existiría entre la normativa local que involucra la sanción impugnada y la ley 24.588, carezcan de entidad para calificar al objeto del juicio como una cuestión de naturaleza exclusiva o predominante federal, con la consecuencia de excluir la intervención de los jueces locales. En el sistema federal el resguardo de la preeminencia de la Constitución y las leyes nacionales es inherente a la función judicial cualquiera sea el sujeto que la ejerce (CABA, provincia o Nación), sin perjuicio de que las cuestiones federales que comprometan las sentencias locales deben poder suscitar la intervención de la CSJN en ocasión de revisar el pronunciamiento definitivo por vía del recurso extraordinario federal (Fallos 311:2478). En otras palabras, el interés federal que pudiera involucrar esta causa no confiere a la recurrente tutela inmediata por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En línea con lo anterior, parece evidente que quien suspende los efectos de un acto local utilizando los remedios procesales previstos en el ordenamiento propio de la jurisdicción en la que fue emitido, suscita necesariamente la intervención del Poder Judicial local, a quien también corresponde resolver las cuestiones federales involucradas, las que luego, en su caso, podrán justificar el control previsto por el art. 14 de la ley 48. 2.2 Por su parte, la pretendida jurisdicción federal exclusiva que se reclama en relación con el predio que ocupa el Hipódromo tampoco encuentra respaldo en las cláusulas de la Constitución Nacional ni en las leyes federales invocadas.

El argumento de la sociedad recurrente no desconoce, en verdad, la competencia de ninguno de los poderes del GCBA para intervenir, cada uno desde la perspectiva que la CCBA le confía, en el ejercicio del poder de policía (fs. 40/41). La auténtica postulación consiste en sostener la inmunidad del inmueble respecto del GCBA.

Dentro del esquema federal diseñado por la Constitución Nacional los poderes de la Nación y los de las entidades políticas locales con facultades propias de legislación y jurisdiccionales conviven sobre el mismo territorio , aun el de la Capital Federal cuya legislatura es la de la Ciudad y no el Congreso (cláusula transitoria séptima de la CN), con excepción de aquellas ocasiones en que un poder está previsto como privativo (imposición aduanera, para la Nación, u organización judicial local, para los gobiernos locales, por ej.) o cuando, por razones de hecho, el ejercicio superpuesto es imposible, en cuyo caso prevalece el de la Nación (doctrina sentada in re Mc Culloch v. Maryland [17 U.S. 316, 1819], y recogida por la CSJN en Fallos 240:311; 305:1381; 306:1883; 308:403 y 647; 314:1425; 315:751, entre otros).

La tesis de la jurisdicción compartida, como contra-cara de la postura exclusivista que invoca la recurrente, además de coincidir con lo establecido por el art. 75, inc. 30, de la CN, encuentra amplio respaldo en los fundamentos desarrollados por la jurisprudencia de la CSJN que brindó al tópico un profundo estudio a raíz de las posturas contradictorias asumidas en la materia. El mandato constitucional encuentra en la doctrina judicial aludida la más adecuada explicación y justifica rechazar el planteo de incompetencia del Poder Judicial de la CABA para intervenir en autos. Las razones dadas para fijar el alcance que corresponde otorgar a las potestades del gobierno nacional sobre los establecimientos de utilidad nacional, quedan sintetizadas en las premisas establecidas por la CSJN -votos de mayoría cuando triunfaba la postura de los poderes compartidos y disidencias cuando prevalecía la tesis exclusivista- aun antes de que un texto expreso como el del art. 75, inc. 30, CN fuere incorporado para despejar la polémica, según ellas: "todo lo que encierra el riesgo de cercenar las autonomías provinciales debe ser manejado con suma cautela a fin de no evadirse del contexto de los arts. 104 a 107 de la Constitución que trasuntan, en esencia, el sentido histórico que preside nuestra organización política"; el ejercicio de poderes locales en los enclaves de jurisdicción federal incide siempre en estos, la pauta no es la incidencia sino su compatibilidad con lo inherente a esa utilidad nacional; si la actividad local no condiciona, menoscaba o impide el interés nacional, es compatible con él; no cabe una interpretación extensiva del 75, inc. 30, CN (ex art. 67, inc. 27, CN) no autorizada claramente por su texto ni exigida por la naturaleza misma de la facultad en él otorgada al Congreso nacional; en cada caso debe determinarse la compatibilidad o incompatibilidad del ejercicio de poderes locales pues si el gravamen que emana de él no constituye un obstáculo, real y efectivo, que condiciona, menoscaba o impida la consecución de los fines propios del establecimiento de utilidad nacional resulta ilegítimo su desconocimiento; el obstáculo debe ser probado y no constituir una mera hipótesis (Fallos 301:1122); la existencia de un establecimiento de utilidad nacional en jurisdicciones locales no importa una federalización al extremo de que la Nación atraiga, por ello, toda potestad legislativa, administrativa y judicial, de manera exclusiva y excluyente (Fallos 293:287); es también de interés nacional que la provincias desenvuelvan con plenitud los servicios territorialmente divisibles que constituyen su normal competencia (Fallos 299:442, voto en disidencia del juez Frías).

En tal contexto, el art. 3 de la ley 24.588 no puede entenderse en el sentido de reservar exclusivamente para el orden federal todos los poderes sobre los bienes propiedad del Estado Nacional que se encuentre en la CABA, incluidos los propios de las esferas locales. La regla constitucional que impide interpretar extensivamente las potestades del gobierno central en los enclaves federales prohíbe ampliar las facultades de la autoridad nacional sin demostrar que su ensanchamiento resulta imprescindible para el logro del fin que tiene a su cargo. También es ella la que obstaría a admitir leyes nacionales que, al margen del interés federal involucrado, cercenaran sin motivo potestades locales porque debe prevalecer la interpretación que permite armonizar las normas que integran el ordenamiento y no aquella que las pone en pugna neutralizando unas con otras (Fallos 255:192; 263:63; 267:478; 285:60; 296:22; 297:142; 299:93; 301:460, 302:1600; 312:111 entre otros). Aplicar la tesis exclusivista a partir del precepto invocado, además de quebrar el régimen federal previsto en la Constitución Nacional, conduciría a soluciones absurdas. Es que como el art. 3 de la ley 24.588 postula que existe jurisdicción federal respecto de los bienes, es decir, tanto en relación con los inmuebles como respecto de los bienes de propiedad de la Nación que se encuentren en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tesis de la parte quejosa llevaría a que cualquier vehículo cuyo titular de dominio fuera el EN resultaría inmune aún respecto de competencias locales primarias, porque en realidad se pretende una inmunidad absoluta -vgr. policía de tránsito para el ejemplo- (en sentido concordante con lo dicho en este punto ver mi voto in re "Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ inf. falta de habilitación y otros'", expte. n° 4808/06, sentencia del 20/12/06).

A su vez, la recurrente no acreditó que un control que suplante el ejercido por la Ciudad haya sido o pueda ser ejecutado por autoridades nacionales de modo que garanticen las condiciones de seguridad en el inmueble alcanzado por la sanción resistida.

3. En cuanto a la defensa de falta de legitimación pasiva, corresponde señalar, tal como lo hace el Sr. Fiscal General en su dictamen a cuyos argumentos me remito en honor a la brevedad, que el pronunciamiento que rechazó esa excepción no es una sentencia definitiva ni equiparable.

Por las razones expuestas, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, voto por rechazar la queja planteada por HAPSA y dar por perdido el depósito de fs. 95.

El juez José Osvaldo Casás dijo:	Tal como lo afirman mis colegas en los votos que anteceden, la queja presentada por la defensa de Hipódromo Argentino de Palermo S.A. debe ser rechazada.

Coincido en destacar la falta de fundamentación del recurso de hecho a la hora de demostrar que la decisión atacada constituye una sentencia definitiva o equiparable a tal por los efectos que genera en cabeza de la recurrente.

En primer lugar, el pronunciamiento impugnado a través del recurso de inconstitucionalidad declarado inadmisible por la Cámara no posee carácter de sentencia definitiva pues, en pocas palabras, al rechazar las excepciones formuladas, sólo provoca la continuidad del proceso.

Tampoco la decisión que se cuestiona podría ser equiparada a una sentencia definitiva por sus efectos, toda vez que, si bien la defensa ha alegado la incompetencia del fuero penal, contravencional y de faltas local para intervenir en el juicio, esa expresión no se ha traducido correctamente en una afirmación de la competencia de la justicia federal. En efecto, el núcleo de los planteos del recurso mediante el cual, en definitiva, se solicita el archivo de las actuaciones, se orienta a remarcar una cuestión distinta, como es la necesidad de determinar cuál es la autoridad administrativa competente para ejercer el poder de policía en materia de seguridad edilicia dentro del predio en el cual despliega su actividad el Hipódromo Argentino de Palermo, ubicado en el territorio de la Ciudad. A los mismos fines, también resultan insuficientes los argumentos vinculados a la excepción de falta de legitimación pasiva desestimada por los jueces de la causa (cf. punto VI del dictamen del Sr. Fiscal General).

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dictaminado en sentido concordante por el Sr. Fiscal General a fs. 99/105, corresponde rechazar el recurso de queja deducido y dar por perdido el depósito de ley.

Así lo voto.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1.	Rechazar el recurso de queja agregado a fs. 35/52.

2. Dar por perdido el depósito, cuya constancia de integración obra a fs. 95.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita esta queja a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas.

La jueza Ana María Conde no suscribe esta resolución por estar en uso de licencia.