Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31


Causa Nº 6691-00-CC/2007, caratulada "ORELLANO, Juan s/ inf. art. 83, usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas)".

En la Ciudad de Buenos Aires a los 31 días del mes de Mayo de 2007 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de la Justicia en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

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Y VISTOS:

Llega el legajo a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación incoado a fs. 24/27 por la Sra. Defensora Oficial, Marcela María Paz, contra el pronunciamiento de fs. 22/23 que declina la competencia del fuero en razón de la materia, en favor de la justicia federal y, en consecuencia, ordena la remisión de los autos a la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, a fin de que se desinsacule el juzgado que deberá proseguir con la tramitación de la presente.

Escuchado en esta sede el Sr. Fiscal de Cámara dictamina a fs. 32/34 que corresponde declarar mal concedida la impugnación deducida, conforme a los argumentos que expone en la presentación referida.

A fs. 37 se presenta la Paz en los términos del art. 51 de la LPC y sostiene que la opinión del Ministerio Público ante esta instancia "en nada enerva los fundamentos de la apelación impetrada".

Cumplidos los pasos procesales pertinentes, se encuentran las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

Primigeniamente, cabe consignar que la impugnación en examen fue interpuesta por quien tiene derecho a hacerlo, por escrito y dentro del término de ley, contra una resolución judicial cuya apelabilidad se encuentra expresamente prevista (art. 6 LPC y arts. 345, 449 y ccdtes., CPPN), y se observa debidamente fundado.

Superado el examen de admisibilidad, concierne abocarse a la crítica formulada por la recurrente El Juez Bartumeu Romero entendió que la conducta que se enrostra encuadraría, en principio, en el art. 31 inc. d) de la ley 22.362, cuya competencia ha sido asignada por disposición del art. 33 de la referida normativa a la justicia federal.

En efecto el art. 31, inc. d) de la Ley de Marcas , reprime al que "ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada".

De las constancias obrantes en el legajo, se colige que el objeto de este proceso lo constituye un único comportamiento susceptible de ser subsumido en dos tipos legales. Se trata prima facie de la presunta comisión de un ilícito contra la propiedad de marcas, relativa a la venta de un producto con marca registrada o fraudulentamente imitada, y la comisión del acto constitutivo de tal posible delito se llevó a cabo mediante un comportamiento que implicó a la vez el uso indebido del espacio público al que se refiere el art. 83 del Cód. Contravencional.

Sobre el particular la doctrina señala que el concurso ideal "significa que a través de una acción se realizan varios tipos penales", para lo cual "es suficiente con que cada uno de los distintos aspectos parciales de la acción que se considera unitaria [...] cumpla, respectivamente, con un tipo penal" (Jescheck/ Weigend, Tratado de Derecho Penal, Parte General, 5ª ed. , trad. de Miguel Olmedo Cardenete, Ed. Comares, Granada, 2002, p. 775); es decir, Causa Nº 6691-00-CC/2007. Sala II.

para la configuración de un concurso de esta índole basta "con que se produzca una intersección de los diversos tipos penales en un tramo parcial de esa acción" (G. Stratenwerth, Derecho Penal, Parte General I, El hecho punible, 4ª ed., trad. de Manuel Cancio Meliá y Marcelo A. Sancinetti, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 549; bastardillas en el original).

En el caso sometido a conocimiento de esta Sala es claro que la actividad lucrativa cuyo desarrollo implicó el uso indebido del espacio público precisamente consistió en la venta o exhibición para ese fin de la "remera con inscripción COLD PLAY", configurándose sin lugar a dudas un supuesto de concurso ideal, pues un mismo comportamiento resulta susceptible de dos calificaciones que no se desplazan, sino que reclaman aplicación conjunta para que la subsunción legal refleje en toda su magnitud la gravedad del injusto.

No obstante ello, el supuesto particular de concurrencia ideal entre delito y contravención halla expresa regulación en el art. 15 CC, que impone necesariamente el desplazamiento de la acción contravencional.

Por último y a poco que se repare en las alegaciones defensistas en relación a la "omisión de realizar el análisis típico sin tener en cuenta los principios de legalidad y lesividad, los han tornado virtuales, toda vez que la puesta en marcha de la potestad punitiva estatal por la comercialización de una remera, es realmente excesiva, analizada desde los principios enunciados" -v. fs. 25 vta.- se advierte que en realidad la recurrente expresa su desacuerdo con el análisis preliminar del derecho realizado por el Magistrado, pretendiendo que se ingrese al fondo del asunto a fin de que se declare, en este estado del procedimiento, la atipicidad de la conducta enrostrada a Juan Orellano. Por lo demás y conforme a los argumentos desarrollados ut supra habrá de ser la sede judicial correspondiente la que determinará su escrutinio.

Por todo lo expuesto y habiendo concluído el Acuerdo, el Tribunal;

RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la resolución de fs. 22/23 suscripta por el juez Bartumeu Romero en cuanto declina la competencia del juzgado a su cargo,en razón de la materia, en favor del fuero federal y ordena la remisión de las actuaciones a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, a fin de que desinsacule el juzgado que habrá de intervenir.

II.- TENER PRESENTE las reservas formuladas por la defensa en el punto III del escrito impugnaticio de fs. 24/27.

Tómese razón, notifíquese mediante cédula al Sr. Fiscal de Cámara y, oportunamente, devuélvase al juzgado de primera instancia interviniente, el que deberá practicar las notificaciones restantes.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Déjase constancia de que la Marcela De Langhe no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia. Conste.