Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-07-02


NEUQUEN, 2 de julio de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "TURRA NUÑEZ DOMINGO DEL CARMEN C/ LANDETE GILBERTO NARCISO S/ DESPIDO POR FALTA DE PAGO HABERES" (EXP Nº 347366/7) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL NRO. 4 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

I. A fs. 350/353 el demandado apeló la sentencia de fs. 333/339, que hizo lugar a la demanda y lo condenó a abonar la suma de $48.370,16, más intereses y costas.

En primer lugar se queja porque el A-quo entendió que el actor se consideró correctamente despedido en virtud de la intimación de fecha 14 de Julio de 2005, cuando fue él quien se negó a recibir dicho pago.

Dice que el Juez señaló que su parte no acreditó que nadie de la empresa acudiera a efectuar el pago, pero que en toda relación laboral el lugar del mismo es donde se presta el servicio en carácter de relación de dependencia conforme el art. 129 de la L.C.T.

Manifiesta que jamás negó el pago de los haberes y que, por el contrario, los puso a disposición del trabajador. Que no existió injuria que diera lugar al despido porque su parte siempre tuvo intenciones de cumplir. Se agravia por la valoración de las misivas agregadas.

También se queja por la condena en costas en su totalidad a su parte, cuando la demanda no prosperó con relación a las horas extras y diferencias salariales reclamadas.

Además, critica la tasa de interés aplicada porque la deuda no es comercial sino laboral y la tasa resulta abusiva ya que implica un enriquecimiento sin causa para el actor.

La contraria contesta los agravios a fs. 361/361 vta. solicitando el rechazo del recurso con costas.

II. Entrando al examen de los planteos de la apelante corresponde tratar, en primer lugar, los que hacen al distracto.

Al respecto, como se sostuvo en la sentencia recurrida, el aspecto decisivo del debate es considerar si el despido indirecto del accionante resulta ajustado a derecho, para lo cual debe considerarse el intercambio epistolar entre las partes. Ello, teniendo en cuenta el rechazo por las diferencias salariales y horas extras, lo cual no se encuentra recurrido, por lo que la cuestión se circunscribe a determinar si el empleador no cumplió con la obligación de pago de los salarios en tiempo y forma, como para justificar el despido indirecto.

Entonces, corresponde considerar que por telegrama de fs. 12, de fecha 4 de Julio de 2005, el actor intimó al demandado a abonar el pago de los haberes correspondientes a los meses de mayo y junio de 2005, bajo apercibimiento de considerarse despedido. La contraria, mediante la misiva de fs. 13, de fecha 08 de Julio de 2005, le hizo saber que viajaría personal de la firma a los fines de efectivizarle el pago de los haberes, haciéndole saber que en el futuro se realizarían en el lugar de trabajo.

Luego, el 25 de julio, antes de que personal de la demandada concurriera, el trabajador, por telegrama de fs. 7, rechazó la carta documento de la demandada, se consideró gravemente injuriado y, en consecuencia, dio por terminada la relación laboral, considerándose despedido por exclusiva culpa del empleador.

Recién posteriormente, conforme surge del acta notarial agregada a fs. 131, el 3 de agosto, personal de la empresa le abonó los salarios correspondientes a mayo, junio, sueldo anual complementario del primer semestre y liquidación final.

De lo expuesto surge que el distracto operó por el telegrama de fs. 7. Es decir, que la causa de despido alegada es la falta de pago de las remuneraciones correspondientes a los meses de mayo y junio de 2005, lo que ha quedado debidamente acreditada con el acta notarial de fs. 131/131 vta., que es posterior, en la cual consta el ofrecimiento de pago, aceptado por el empleado, de los haberes por los periodos reclamados.

Así, al momento del distracto denunciado por el Sr. Turra Nuñez, el empleador se encontraba en mora en el pago de los haberes, lo que justificó el despido indirecto del trabajador.

Al respecto se ha sostenido: "La mora del empleador en el pago del salario, pese a las intimaciones fehacientes realizadas por los trabajadores, justifica la denuncia del contrato de trabajo por parte de éstos, pues el pago de la retribución constituye la principal obligación a cargo de aquél. La circunstancia de que con anterioridad los demandantes hubieran tolerado cierta demora en el pago no legitima la actitud de la demandada, pues la falta de pago del salario en tiempo oportuno constituye un grave incumplimiento contractual (Arts. 62, 63, 74 y 242 de la LCT)", (CNLab., Sala III, "TATO CIMARELLI, Elena y otro c/ HENDYCOR SA s/ despido", 15/09/97).

Luego, en relación con la crítica referida a la valoración de las cartas documento donde se ponían a disposición los salarios, cabe señalar que, más allá de que el lugar de pago sea el de trabajo, ante la falta de colaboración del acreedor para recibir el pago, debió el empleador consignar los haberes adeudados para evitar cargar con las consecuencias de la mora.

En este sentido, tiene dicho esta Alzada que: "En punto al deber de diligencia del acreedor y la mora del deudor, enseña Borda, refiriéndose al cumplimiento de las obligaciones civiles y laborales, que resulta altamente peligroso exigir para poner en mora al deudor además del vencimiento del plazo, la colaboración del acreedor, demostrada por la concurrencia al domicilio del deudor a recibir el pago, lo que no tiene apoyatura legal y sólo puede justificarse en casos excepcionales determinados por una conducta desleal del beneficiario (Borda Guillermo A., Tratado de derecho civil argentino, Obligaciones, p. 66)".

"En definitiva, sostiene Fernández Madrid que "la diligencia del acreedor para cobrar es exigida por excepción si el acreedor no quiere cobrar. La vía legal es la de consignar judicialmente el monto de los salarios debidos, con actualización e intereses (arts. 756 y sgts.). Y, en principio sólo por esta vía puede eximirse el empleador de las consecuencias de la mora." (Fernandez Madrid Juan C., Tratado práctico de derecho del trabajo, t.II, p.1.304)".

"La jurisprudencia ha dicho en tal sentido que: "Considero ajustado a derecho el despido indirecto dispuesto por el trabajador (art. 242 de la L.C.T.) por cuanto la falta de pago de los salarios en término, mediando intimación previa para su regularización, constituye injuria suficiente que impide la prosecución de la relación laboral. Ello es así debido al carácter alimentario que tienen los mismos, agravada la situación por la dolencia incapacitante que padecía el trabajador. La jurisprudencia es pacífica en exigir que, en primer lugar, exista mora del empleador. En segundo término que se lo intime en forma previa por un medio fehaciente, para que en un plazo prudencial lo abone y, finalmente, en tercer lugar debe haber una extinción formal por parte del trabajador, a través de un medio fehaciente de la ruptura de la relación laboral (C.N.A.T. Sala V. Mayo 23 de 1.990 T. y S.S. 1.990 pag. 530 Sala VI 30/04/87 in re "Campi M.A. -vs- Gomez Ferran Interamericana S.A.C." D.T. 1.987 A.894; Sala I 25/03/86 in re "Rios H. -vs- Cia. Elaborada de Productos Animales S.A." D.T. 1.986 B. 1.129. Estos tres requisitos están acreditados en autos. Cabe puntualizar al respecto que no es la mora en el pago de haberes lo que constituye la injuria sino la negativa del empleador a cumplir con su obligación una vez intimado su pago (arts. 62, 63 y 74 de la L.C.T.). Por lo tanto el actor se hace acreedor a las indemnizaciones previstas en el art. 246 de la L.C.T.." (DRES: SAN JUAN - DIAZ RICCI.- N. C. M. C/ G. G. Y. G. A. s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE (SALA IIIA.), 18/12/1996, Sentencia Nº 286, Cámara Laboral Sala 3 - LDT)" (Sala III, en autos "MARISCURRENA VANINA C/ ALBUS SRL S/ DESPIDO", Expte. Nº 340647/6)".

En consecuencia, corresponde rechazar los agravios referidos a la valoración de la prueba.

En cuanto a la queja por la imposición de costas, corresponde considerar las pretensiones que prosperaron y las que fueron rechazadas, teniendo en cuenta que fueron acogidos los rubros indemnización por despido, vacaciones proporcionales y S.A.C sobre vacaciones, indemnización conforme art. 16 de la Ley 25.561, incrementos del art. 2 de la Ley 25.323, e intereses, por los que se había reclamado la suma de $30.395.80; pero no las horas extras al 100% y al 50%, diferencias de haberes desde 2003 a 2005, indemnizaciones provenientes de los arts. 8 y 15 de la ley 24013, 2° SAC proporcional 2005, por los que se peticionó en la demanda $24.941,92; entonces, al haber prosperado solo parcialmente, en la forma que se señaló, las pretensiones del actor, corresponde imponer las costas por su orden (arts. 17 de la Ley 921 y 71 del C.P.C. y C.).

Al respecto, tiene dicho esta Alzada que: "Las normas procesales sobre costas deben ser interpretadas conforme a los principios esenciales del Derecho del Trabajo (D.T. 1993-B-1626) y ello torna conveniente morigerar en algunos casos, lo dispuesto por el artículo 71 del C.P.C.C.. Ello no significa que en todo reclamo laboral el actor se vea liberado de las consecuencias del rechazo integral de la demanda o de su inacogibilidad mayoritaria, pues ello implicaría favorecer indebidamente la promoción de demandas temerarias o aventuradas". (P.S. 1996 -I- 21/23, Sala I)".

"Por ello disiento con el criterio de la a-quo, al imponerlas en su totalidad a la demandada, ya que en el caso se pretendían el cobro de varios rubros, distintos, por parte de la actora y cabe entonces la doctrina que establece que: "El progreso solamente parcial de las pretensiones de los litigantes justifica que las costas corran en el orden causado. Y así si bien este Cuerpo ya ha resuelto la aplicabilidad de las costas al demandado vencido, aún cuando la pretensión de la accionante no prospere íntegramente en cuanto al monto reclamado, dicha solución no resulta válida en los supuestos en que la acción entablada comprende diversas pretensiones, ya que a través de esta acción, la actora ha reclamado indemnización del art. 178 de la LCT, diferencias salariales, horas extras e indemnizaciones (arts. 1 y 2 ley 25.323, art. 16 Ley 25561, además de la acción contra Mauricio Acosta".

"Por lo tanto, se colige que la actora efectuó una acumulación de acciones, es decir varios reclamos independientes, algunos de los cuales fueron favorables a su pretensión y otros fueron desestimados, tal como surge de lo hasta aquí señalado y lo considerado infra".

"En consecuencia se impone la aplicación del art. 71 del C.P.C.C., sin perjuicio del principio general del art. 68 del mismo Cuerpo legal".

"Ya hemos dicho que: "Ello es así porque en la imposición de costas debe emplearse un criterio de distribución en concordancia con tal acumulación. De tal manera que teniendo en cuenta, además, que el beneficio acordado al actor en virtud del art. 20° de la L.C.T., no impide la imposición de costas a su parte, por cuanto los efectos del mismo se proyectan de pleno derecho, sólo como una eximente de pago hasta que mejore de fortuna, corresponde receptar favorablemente el agravio formulado por la demandada y en consecuencia imponer las costas del juicio en el orden causado". (PS 2001 -TºV- Fº842/843 - Nº239, Sala II, 14/11/ 2001)", (Sala II, "ARMENDANO MARIA ALEJANDRA C/ A.V. GROUP S.A. Y OTROS S/ DESPIDO DIRECTO X OTRAS CAUSALES", Expte. Nº 347415/7)".

Por ello, corresponde hacer lugar al agravio de la demandada e imponer las costas por su orden.

Luego, en relación con el agravio referido a la tasa de interés, no resulta procedente, toda vez que esta Cámara, por intermedio de sus tres Salas, ha fijado reiteradamente la tasa de interés en la forma dispuesta en la sentencia, conforme el precedente "Alocilla" del T.S.J., sin que se adviertan razones suficientes que permitan apartarse del criterio fijado (cfr. Sala II, "ALTAMIRANO ADRIANA ELIZABETH Y OTROS C/ BANCO PROV. DEL NEUQUEN S.A. S/ COBRO DE HABERES", Expte. Nº 369404/8, P° 29, Tº I, Fº 140/145).

III. Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 350/353 y modificar la sentencia de fs. 333/339 en cuanto a las costas, las que se imponen por su orden, confirmándola en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios.

En cuanto a las costas de esta instancia, habrán de imponerse por su orden debido a que el recurso del demandado prospera parcialmente (art. 17 ley 921, arts. 68 y 71 del C.P.C. y C.), regulándose los honorarios respectivos de conformidad con el art. 15 de la Ley 1594.

Tal mi voto.

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

Comparto la solución propiciada por el Dr. Pascuarelli. Sólo he de disentir en punto a las costas de la instancia de grado.

En efecto: en materia laboral debe tenerse presente que los créditos del trabajador tienen naturaleza alimentaria, por lo que corresponde ser más cuidadosos al momento de apreciar el vencimiento parcial y su incidencia en la imposición de las costas procesales (cfr. Sala II, "MORAND", Expte. Nº 378320/8).

Por ello, toda vez que no cabe atenerse forzosamente en esta materia a un criterio exclusivamente aritmético, sino apreciar las posturas asumidas por las partes en sus respectivos escritos de constitución del proceso, entiendo que las costas de la primera instancia deben imponerse en un 30% a cargo del actor y en un 70% a cargo de la demandada. MI VOTO.

Existiendo disidencia en los votos emitidos precedentemente, se integra Sala con el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, quien manifiesta:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto del Dr.Jorge PASCUARELLI adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto, POR MAYORIA SE RESUELVE:

1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 350/353, en consecuencia modificar la sentencia de fs. 333/339 y 340, en relación con la imposición de costas, que se establecen por su orden, y confirmarla en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios.

2. Imponer las costas de Alzada por su orden (art. 17 Ley Nº 921).

3. Dejar sin efecto los honorarios regulados en la anterior instancia a los letrados de la demandada los que, adecuados al nuevo pronunciamiento, se fijan en las siguientes sumas: ....

4.- Regular los honorarios profesionales de esta Instancia en las siguientes sumas: ..., (art. 15, LA).

5. Regístrese, notifíquese electrónicamente, al no haber constituido domicilio electrónico ni actor ni demandado, y atento la disposición transitoria 11.3 del Acuerdo 4955, en la casilla asignada por el Poder Judicial a los Dres. ... y .... Oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.