Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-10-10


SENT Nº 886	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diez (10) de Octubre de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Bankboston N.A. vs. Sanna María Marta s/ Ejecución hipotecaria".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada (fs. 123/125) contra la sentencia Nº 144 de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones -Sala III-, dictada en fecha 9 de mayo de 2011 (fs. 119 y vta.). La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 26 de julio de 2011 (fs. 134) del referido Tribunal de Alzada.

II.- En autos, la parte actora promueve juicio de ejecución hipotecaria en contra de María Marta Sanna, por la suma de $ 41.320,49 e invocando como base de su derecho la escritura pública nº 486 (mutuo con garantía hipotecaria y compra de inmueble). Señala que la compra y la hipoteca se inscriben correctamente en el Registro Inmobiliario. Intimada de pago la demandada, la misma opone, al progreso de la ejecución, excepción de "Inhabilidad de Título y/o Falta de Acción", sobre la base de afirmar que el crédito que se reclama (que surge del contrato de mutuo con garantía hipotecaria) no constituye un título ejecutivo, en tanto que la sola circunstancia de que se encuentre instrumentado mediante escritura pública y con garantía real de hipoteca no transforma al título en ejecutivo, además destaca que no contiene deuda exigible líquida o fácilmente liquidable.

Por sentencia de primera instancia de fecha 21 de mayo de 2009 (fs. 89/90) se resuelve rechazar la excepción de inhabilidad de título y se ordena llevar adelante la ejecución hipotecaria en contra de la demandada. Para alcanzar la mencionada solución, dicho pronunciamiento señala que "del título que sirve de base a la presente ejecución surge una deuda líquida, cual es la reclamada por el banco ejecutante. Así, sostiene el actor que la suma reclamada proviene del préstamo de dinero en efectivo, por una suma mayor, de la cual se descontó los pagos parciales efectuados". A partir de allí, interpreta que se encuentra cumplidos todos presupuestos de un título ejecutivo.

Apelada la sentencia de primera instancia por la demandada (fs. 93) y expresados los agravios a fs. 96/98, la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones -Sala III-, resuelve el recurso de apelación en fecha 9 de mayo de 2011 (fs. 119). Dicho pronunciamiento de Cámara interpreta que el recurso de apelación de la demandada no contiene una crítica concreta, puntual y razonada de los fundamentos sobre los que se asienta la sentencia de primera instancia, y que sólo trasunta su disconformidad con la decisión apelada. Sin embargo, también destaca la Cámara que a diferencia de lo pretendido por la demandada, de la escritura base de la ejecución surge claramente la existencia de un mutuo por la suma de U$S 50.000, las modalidades de reembolso y tasa de interés a aplicar por el préstamo, como también la fecha de la mora, por lo que -considera la Cámara- las sumas reclamadas resultan fácilmente liquidables, "puesto que las bases para la liquidación constan en el título y la fecha de la mora no ha sido desvirtuada por la excepcionante".

En atención a ello, el pronunciamiento de Cámara -como dijimos- rechaza el recurso de apelación y confirma la decisión de llevar adelante la ejecución.

III.- Frente a la sentencia de Cámara, la demandada deduce recurso de casación (fs. 123/125), invocando que la sentencia de fecha 9 de mayo de 2011 incurre en infracción a normas de derecho, arbitrariedad, violación a diversas garantías del debido proceso y señala que el pronunciamiento impugnado asume gravedad institucional.

En cuanto al contenido de los agravios, se observa que la recurrente cuestiona el pronunciamiento de Cámara por haber interpretado que la escritura hipotecaria constituye un título ejecutivo, considera que se pretende condenarlo a pagar una suma determinada de manera absolutamente arbitraria.

También afirma la recurrente, que la sentencia impugnada no dice nada sobre la ley o decreto de emergencia que se aplicó para pesificar la deuda, si aplicó C.E.R. y/o C.V.S., sobre como descontó los pagos realizados y señala supuestas omisiones de la sentencia de Cámara. Por su parte, insiste en que el título no contiene deuda exigible o fácilmente liquidable, y que el título base contiene cláusulas y elementos que exceden el marco del proceso ejecutivo.

La recurrente cita jurisprudencia que entiende que avala su posición, expresa que no es procedente en autos la vía ejecutiva y propone doctrina legal. De conformidad a las consideraciones reseñadas, solicita se haga lugar al recurso tentado, y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, realiza reserva del caso federal.

IV.- Corrido el traslado de ley, la parte actora solicita el rechazo del recurso de casación interpuesto, por las razones expuestas en su presentación de fs. 129/130. Por auto interlocutorio de fecha 26 de julio de 2011 la Sala III de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones concede el recurso de casación (fs. 134), correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de depósito (fs. 122), presentación tempestiva, invoca infracción a normas de derecho y tacha de arbitrario al pronunciamiento impugnado. A su vez, el recurso resulta admisible, toda vez que se encuentra en debate la procedencia de una excepción de inhabilidad de título, en donde se cuestionan consideraciones jurídicas que poseen carácter definitivo en relación al tema resuelto (conf., CSJT, sentencias Nº 92 de fecha 2 de marzo de 2010; Nº 971 de fecha 2 de diciembre de 2003; Nº 291 de fecha 12 de mayo de 2004; Nº 620 de fecha 29 de julio de 2005, entre otras), por lo que corresponde declarar admisible la vía extraordinaria local y examinar su procedencia.

VI.- Del análisis de la sentencia impugnada a la luz de los agravios contenidos en el recurso de casación deducido por la recurrente, se advierte que el mencionado recurso no puede prosperar, en atención a los fundamentos que se exponen a continuación.

Conforme surge del pronunciamiento impugnado, el título ejecutado en autos (escritura pública donde consta contrato de mutuo con garantía hipotecaria), cumple con los presupuestos necesarios para canalizar su reclamo mediante la vía del proceso ejecutivo, es que claramente el actor demanda el cobro ejecutivo de un crédito instrumentado, de conformidad a lo contemplado por el inciso 1º del artículo 485 del CPCCT, en "instrumento público presentado en forma", del cual surge una indiscutible obligación de pagar -en cuotas- una suma de dinero fácilmente liquidable, en tanto que se encuentran consagradas las pautas de su liquidación y también figura allí la modalidad de reembolso y la tasa de interés a aplicar. Por su parte, se encuentra contemplada en la escritura hipotecaria ejecutada, la mora automática del deudor y la caducidad de todos los plazos ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por la deudora, asimismo, la fecha de la mora señalada por la parte actora no fue desvirtuada por la demandada, resultando en consecuencia, una obligación exigible y de fácil liquidación.

A partir de allí, se advierte la presencia de los elementos que justifican la solución adoptada en las instancias anteriores, es decir, la ejecución de un título hábil "toda vez que en el mismo se expresa con precisión el monto del crédito originario, conteniendo, asimismo, la tasa de interés pactada. Y es que, derivándose del título mismo, pautas claras y suficientes para que la deuda pueda ser liquidada, para que el ejecutado pueda derivar el monto de lo adeudado en concepto de capital, se vuelve innecesario recurrir a otros elementos o instrumentos extraños a aquél que, por sí solo, posee fuerza ejecutiva al estar también cumplimentados los demás presupuestos a tal fin" (CSJT, sentencia Nº 469, de fecha 12 de junio de 2001, in re "Banco de la Nación Argentina vs. Seleme, José Nicolás y otro s/ Ejecución hipotecaria"). Asimismo, cabe recordar en esta instancia, que numerosos tribunales se han pronunciado en el sentido de que "la escritura pública en la cual se celebraron una compraventa, un contrato de mutuo y una hipoteca con garantías, es título suficiente para la procedencia de la acción ejecutiva desde que documenta la existencia de una deuda líquida y exigible a cargo de la ejecutada" (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la Iª Nominación de Río Cuarto, de fecha 14/8/1998, in re "Banco de Galicia y Buenos Aires c. Wittouck de Rigos, Beatriz y otro", LA LEY 2000-B, 865, AR/JUR/2248/1998).

En igual sentido, se dijo que "para habilitar la vía ejecutiva es suficiente la circunstancia de que en la escritura de mutuo con garantía hipotecaria se haya estimado, a los efectos del art. 3109 del Cód. Civil, una cantidad cierta de deuda, lo cual cobra relevancia ante el reconocimiento de deuda establecido en una cláusula especial que integra el acuerdo, en virtud de la cual se efectuó una expresa determinación del monto total por el que aquél operó, los montos de las cuotas debidas y las fechas de pago de cada una de ellas" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F, 20/11/1997, in re "El Pehuenche S. A. c. Schvartzman, Hugo J.", cita Ley online AR/JUR/1678/1997).

Sobre esta plataforma, se observa que los cuestionamientos de la recurrente no logran enervar las conclusiones alcanzadas en el pronunciamiento impugnado, en tanto que no resultan idóneos para rebatir los fundamentos que sostiene a aquél, ni exponen claramente en qué consiste la violación de las normas cuya correcta aplicación reclama, con referencia a las circunstancias específicas y particulares del caso y a los términos del fallo que lo resuelve (conf. CSJT, sentencia N° 295 del 06/6/1995). Lo expuesto anteriormente, se patentiza claramente cuando la recurrente insiste -en esta instancia y sin agregar nuevos argumentos-, en que el título ejecutado no constituye título que goce de fuerza ejecutiva.

Por su parte, su pretensión de que se declare inhábil al título ejecutado por no contener una deuda fácilmente liquidable, debe ser rechazada, toda vez que -como fuera analizado anteriormente- en el instrumento ejecutado (mutuo con garantía hipotecaria) constan el capital prestado, la tasa aplicable, mecanismo de reembolso y el plazo, siendo perfectamente posible con estos elementos establecer el monto de cada cuota y en cada una de ellas, la porción destinada a amortizar el capital y la parte correspondiente a intereses, y todo ello, mediante operaciones matemáticas. Es por ello, que "ninguna duda puede albergarse sobre la aptitud ejecutiva del título en un mutuo hipotecario en moneda extranjera, ni tampoco del resguardo del derecho de defensa del ejecutado, pues está absolutamente aventada la posibilidad de reclamación de un monto indeterminado en tanto la simple operación aritmética que permite establecer el total adeudado, hace innecesario el certificado contable requerido por el art. 4 de la Ley Nº 21.309 (Adla, XXXVI-B, 1093), no siendo preciso efectuar operación de matemática financiera para determinar su 'quantum'." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G, 22/5/1990, in re "Izcovich, L. S. c. Miñones, H. C.", publicado en LA LEY 1990-D, 513-DJ 1991-1, 216, Cita Online: AR/JUR/507/1990).

A su vez, con relación a los cuestionamientos referidos a como fueron descontados los pagos realizados, y demás omisiones denunciadas en el recurso casatorio, los mismos no logran demostrar la existencia de la invocada arbitrariedad, ni son idóneos para enervar los fundamentos brindados por el pronunciamiento impugnado con relación a la aptitud del título ejecutado, máxime cuando los pagos realizados por la demandada ni siquiera fueron acreditados. Debe recordarse también, que en el juicio ejecutivo "el deudor no puede fundar la excepción en circunstancias que se vinculan con la celebración del contrato de mutuo hipotecario" (CSJT, sentencia Nº 621 de fecha 30 de agosto de 2004), resultando las temáticas referidas a la perfección del instrumento en su exterioridad, el único aspecto que puede ser objeto de examen a través de la excepción articulada, en tanto que "la finalidad del juicio ejecutivo no consiste en lograr un pronunciamiento judicial que declare la existencia o inexistencia de un derecho sustancial incierto, sino en obtener la satisfacción de un crédito que la ley presume existente en virtud de la peculiar modalidad que reviste el documento que lo comprueba (conf. Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, T. VII, pág. 331 y sigtes)" (CSJT, sentencia Nº 621 de fecha 30 de agosto de 2004).

Por lo expuesto, "no se observa la falta de determinación de las pautas estipulativas de intereses en el contenido del instrumento base de la ejecución, como afirma la recurrente. Por otra parte, es conteste la jurisprudencia en afirmar que las cuestiones relativas a los intereses convenidos y a sus tasas, no son hábiles para fundar excepciones en los juicios ejecutivos" (CSJT, sentencia Nº 469 de fecha 12 de junio de 2001). En efecto, la sentencia de Cámara que, a su vez, confirma la sentencia de primera instancia (la que condena a la demandada a pagar la suma de $ 41.320,40 con más los intereses allí contemplados, sin consignar la inclusión de otros accesorios), resulta ajustada a derecho en cuanto al reconocimiento de la habilidad ejecutiva del título ejecutado. Y es que, derivándose del título mismo, pautas claras y suficientes para que la deuda pueda ser liquidada, se torna improcedente la defensa de inhabilidad de título por la supuesta ausencia de liquidez del crédito reclamado.

Por lo expresado, voto por el rechazo íntegro del recurso de casación interpuesto por la ejecutada, de conformidad a los fundamentos anteriormente expuestos.

VII.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, en atención al resultado a que se arriba, corresponde imponerlas a la parte recurrente vencida.

Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia Nº 144 de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones -Sala III-, dictada en fecha 9 de mayo de 2011 (fs. 119 y vta.), conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00032336-02