marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procesos de ejecución, juicio ejecutivo, nulidad de la ejecución, cédula de notificación, diligenciamiento de cédulas
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO QUILMES SA c/ MACEDA, COSME s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-27

Cabe revocar la decisión que desestimó el planteo de nulidad de una ejecución deducido por el demandado y mandó llevar adelante la ejecución, y declarar su nulidad, toda vez que al decidir en tal sentido el juez de grado omitió considerar las irregularidades cometidas al cumplirse ciertas diligencias cuestionadas por el nulidicente -la primera se dirigió a un domicilio denunciado y cumplido pese a que el oficial notificador informara que el requerido no vivía allí, y la segunda, se diligenció bajo responsabilidad de la parte actora pese a lo informado al oficial, sin que aquella acreditara que el deudor se domiciliara efectivamente allí.
Policía, pautas, competencia, ascenso laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAR, RICARDO ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-03

La aplicación de las pautas para el funcionamiento de las "Juntas de Calificaciones" dictadas por el Jefe de Policía sin tener competencia para ello, en la calificación numérica otorgada al actor y mediante las que el Jefe de Policía impuso ilegítimamente la matemática valoración del curso realizado por el recurrente, en desmedro de la libre apreciación que en ejercicio de sus facultades debía la Junta efectuar, no pudiendo otorgar al rubro, en consecuencia, una relevancia distinta de la asignada por el Jefe de Policía a través de la pauta en cuestión; torna en consecuencia viciada la valuación de la Junta.
Sentencia, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Quiróz, Julio Alcibíades s/ Robo simple en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

No conculca el derecho de defensa la sentencia que considera como base de la prueba compuesta de autoría un testimonio que se produjera como resultado de una medida para mejor proveer ordenada por el Juez de Primera Instancia, si al ordenarse tal testimonio la defensa fue debidamente notificada, por lo que no se vio privada de vigilar su producción u objetarla oportunamente.
Impuestos, régimen penal tributario, dolo
Materia: PENAL
Carátula: TABACOS NORTE s/ Régimen Penal Tributario, Inc. de Apelación Causa 34364
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-15

Corresponde revocar la resolución apelada que dispuso el procesamiento del imputado por la omisión de ingreso en término de los importes retenidos con motivo de diversas adquisiciones efectuadas por la sociedad anónima que preside correspondientes al impuesto al valor agregado (I.V.A.) adeudado por los respectivos vendedores, pues si bien la omisión que castiga la ley penal tributaria 23771, Art. 8, basta que se mantenga después de vencidos los plazos en que deben ingresarse los importes retenidos, eso no significa que se trate de una responsabilidad objetiva o que pueda prescindirse del elemento subjetivo doloso requerido para la configuración del delito. Cuando sólo se trata de escasos días de demora (como ocurre en el caso de autos) y se invoca una muy atendible cuestión de interpretación sobre el modo de computar los plazos, no cabe entender que haya un comportamiento doloso.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Defeis, Jorge c/ Raffo Rosiello, Heber s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-05

Debe distinguirse entre la ganancia líquida dejada de percibir (lucro cesante) y la privación de uso, aunque la primera se hubiese generado por la existencia de la segunda. Evaluando la sola privación de satisfacer con el vehículo las necesidades, resulta rubro indemnizable.
Acciones de filiación, reclamación de la filiación, allanamiento, prueba, costas
Materia: CIVIL
Carátula: M., V.H. c/ Sucesión de don L.G. s/ Filiación y Petición de Herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-10

"Si el demandado tomó conocimiento de la existencia del hijo con la promoción de la demanda de filiación, no habiendo tenido oportunidad de reconocerlo con anterioridad y no rehusándose en ningún momento a hacerse las pruebas genéticas para tener certeza de la paternidad que se le imputaba, llegando, incluso, a peticionar que se le hicieran los exámenes correspondientes, parece lógico que el allanamiento del presunto padre esté supeditado al resultado de aquéllos. En ese contexto, no puede considerarse tal allanamiento como "condicionado", en los términos previstos por el artículo 70 del Código Procesal, por lo que corresponde imponer las costas en el orden causado".
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, David Eladio s/ Incidente de excarcelación Caballero, Victor s/ Incidente de libertad condicional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01|1989-08-01

Es tema ajeno al recurso de inconstitucionalidad (art 349 inc. 2 C.P.P.) y propio del recurso de inaplicabilidad de ley la supuesta contradicción entre dos normas legales, así como los agravios sustentados en violaciones de la Constitución Nacional.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, incongruencia, delito de omisión, responsabilidad penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: ALI, WALTER ALFREDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-12-15

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que el razonamiento de la Cámara para revocar la absolución, además de resultar autocontradictorio al atribuir responsabilidad penal por omisión impropia, vulnera la necesaria congruencia fáctica que debe respetarse en todo proceso, al haberse soslayado la oportuna intimación de tal modalidad en el acto inicial de imputación para que el encartado pudiera ejercer su defensa material.

De un lado, no se atribuyó una omisión determinante del resultado, ni se precisó la eventual posición de garantía o el deber de protección que lo obligaba a actuar, ni la fuente de tal deber y, peor aún, se imputó haber "participado" sin indicar en qué consistió el aporte participativo, el rol desempeñado y el eventual grado y entidad de esa participación.(De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Netri)
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, acción meramente declarativa, Provincia de Buenos Aires, Instituto Provincial de Lotería y Casinos, impuesto a los premios de juegos de sorteo, quiniela
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Buenos Aires, Provincia de c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ acción declarativa de certeza (incidente de medida cautelar)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-08

No corresponde a la competencia originaria de la Corte entender en la acción declarativa de certeza iniciada por la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) contra la AFIP a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre en que dicen hallarse frente al criterio interpretativo adoptado por la AFIP respecto de la exención establecida en el art. 10, segunda parte de la ley 20.630, modificada por la ley 23.760, en el Impuesto de Emergencia sobre los Premios Ganados en Premios de Sorteo en relación al juego de quiniela, pues según se desprende de los términos de la demanda, es el citado Instituto quien resulta titular de la relación jurídica sustancial que da base a la pretensión, tiene un interés directo en el pleito y será el alcanzado por la sentencia que recaiga en autos. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Honorarios, regulación de honorarios, IVA, costas, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: PAREDES SOSA GABRIEL c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

Con relación al IVA, la Sala ha venido diciendo -en decisiones no unánimes y por mayoría -que la misión del Tribunal se reduce a la regulación de honorarios, siendo ajena a las contingencias impositivas posteriores que los afecten (cfr. Causas 0352 del 8.11.91, 2539 del 12.6.92, 2222 del 27.10.92 y 9250 del 16.4.93, entre otras). Pero de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/Recurso de Apelación" del 16.6.93, debe entenderse que el gravamen al valor agregado ha sido concebido por el legislador como un impuesto indirecto al consumo, esencialmente trasladable. El Alto Tribunal sostiene que se previó el funcionamiento del tributo de manera tal que su carga se traslade hacia quien ha de pagar por el bien o el servicio gravado, sin que existan elementos que autoricen a suponer que los honorarios regulados judicialmente constituyan una excepción a ese principio. El no admitir que el I.V.A.

integre las costas del juicio, adicionándose a los honorarios regulados, implica desnaturalizar su aplicación -dijo la Corte -pues incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto.

Con lo que la cuestión queda así decidida, en el mismo sentido en que la había resuelto antes la Sala II del Tribunal y en la forma que en la Sala había propuesto el Dr. Pérez Delgado (cfr. esta Sala causa 8469 del 11.3.94).
Acción, denuncia, facultades disciplinarias, hecho administrativo, prescripción liberatoria administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: CLAVIJO Martín Ernesto Daniel c/ Foro de Abogados de la Provincia de San Juan s/ Nulidad - Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2022-08-19

El artículo 45 de la LP 127-A, contempla la prescripción de la acción disciplinaria; no del trámite administrativo subsiguiente, ni del jurisdiccional en caso de que el profesional opte por interponer recurso de apelación, es decir que, el dies a quo está configurado por el momento en que acaece el hecho irregular, que apareja necesariamente que el denunciante haya podido tomar conocimiento del mismo, y el dies ad quem lo constituye la denuncia, que concreta el ejercicio de la acción.
Competencia, competencia federal, acción penal, Derecho ambiental, desechos peligrosos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Luna, Maximiliano s/ infr. ley 25.086.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-31

Corresponde a la justicia federal en virtud del art. 58 de la ley 24.051, investigar en la supuesta contaminación por talio pues tal sustancia es considerada "residuo peligroso" de conformidad con lo dispuesto en el art. 2 de dicha normativa.
Estado Provincial, autonomía provincial, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Caja Complementaria de  Previsión para la Actividad Docente c/ SanLuis, Provincia de (Poder Ejecutivo) s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Los estados federales no sufren menoscabo alguno de su autonomía al comparecer ante la Corte Suprema, por cuanto no lo hay en la práctica de la Constitución y las leyes que así lo disponen en salvaguardia del sistema armónico de las instituciones.
Depósito aduanero, daños y perjuicios, prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: PALAZZO DE DELGADO, PROSPERA J. c/ FN  A.N.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-09

Si aquello que se quiere alegar es que los daños se produjeron antes del ingreso al depósito aduanero debió probarse fehacientemente el estado del vehículo al ser recibido por la administración, art. 377 CPCCN
Recurso de casación, nulidad absoluta
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cevasco, Luis Jorge s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-03

La resolución impugnada está viciada de nulidad absoluta, pues el "a quo" ha omitido pronunciarse sobre una cuestión esencial, cual es la razón de la acción (art. 67 del C.P.). El instituto de la prescripción de la acción penal es por su naturaleza, de orden público y excede por lo tanto, el interés de las partes, ya que involucra la existencia de la pretensión punitiva del Estado. Si bien la prescripción es la extinción de la acción por el transcurso del tiempo en las condiciones determinadas por la ley, para apreciar si se ha operado o no, no es suficiente que se verifique si ha transcurrido el plazo previsto por la ley (art. 62 del C.P.) sino que es esencial que se observe si no existen causas de suspensión y a su vez, que no haya sido interrumpida (art. 67 del C.P.). La resolución recurrida solamente ha apreciado la primer cuestión recurrida solamente ha apreciado la primer cuestión al indicar "cualquiera de las fechas de consumación del delito propuesta en autos y a partir de las cuales debe computarse el término del art. 62 del C.P., la conclusión será la misma pues se ha operado la extinción de la acción por prescripción, de acuerdo a las constancias de la causa". Nada ha dicho respecto de la segunda cuestión, normada en el art. 67 del C.P. Los jueces deben pronunciarse sobre todos los puntos propuestos que sean pertinentes a la adecuada solución del pleito, más aún cuando se invocan normas de orden público, ya que, de no ser así se afectaría la garantía de la defensa en juicio y debido proceso (art. 18 de la C.N.). Al respecto el nuevo C.P.P.N. establece que "los tribunales deben resolver todas las cuestiones que se susciten en el proceso salvo las prejudiciales" (art. 9 del C.P.P.N.).
Concursos, efectos de la apertura, contratos, compraventa, obligaciones del vendedor, resoluciones judiciales, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Trident Southern Explorations de Argentina SRL c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-11

Procede confirmar la resolución que rechazó la solicitud formulada por el apelante respecto a que se disponga la resolución del contrato de compraventa de cierta maquinaria celebrado con la concursada en los términos de la LCQ 20-3°. Siendo que, en el caso, en tanto la quejosa en el contrato de compraventa al que se alude, cumplió con todas las obligaciones a su cargo, la cuestión no enmarca en los supuestos previstos por la LCQ 20. Ello por cuanto, la vendedora formuló la dación de la cosa, con lo cual no resulta posible concebir a su respecto la existencia de obligación recíproca pendiente alguna. No cambia las cosas, lo manifestado respecto que el equipo comprensor resulta antieconómico para la concursada por su escasa producción. Tampoco que la manutención acarrea gastos, habida cuenta que el bien en cuestión ingresó al patrimonio de la concursada para hacer frente en su caso, a las deudas. Recuérdese que el patrimonio es la garantía común de los acreedores (CCCN 743). Por fin, la normativa concursal no autoriza al deudor a solicitar la resolución de un contrato con causa en la apertura de su concurso preventivo como finalmente se pretende (Cfr. "Ley de Concursos y Quiebras" Rivera - Roitman - Vítolo, Tomo I, pág. 437/38, Editorial Rubinzal Culzoni).
Regulación de honorarios, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MAIORANO QUIROGA, Carlos s/ Causa 43.187
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-20

No existe previsión expresa sobre la forma en que se deben regular los honorarios correspondientes a los trabajos tendientes a provocar o no la apertura de la instancia extraordinaria, siendo dicha regulación autónoma del eventual monto que deba fijarse en la instancia anterior.
Libertad de expresión, derecho a la intimidad, derechos y garantías constitucionales, razonabilidad tributaria, interés superior del niño, deber de prevención del daño
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Para conciliar los derechos de libertad de expresión y derecho de intimidad de un menor, el control preventivo tiene que adoptarse con cautela limitando sus alcances a lo estrictamente necesario e indispensable para satisfacer su finalidad tuitiva (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Juicio ejecutivo, abuso de firma en blanco, títulos ejecutivos, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ORCO CARLOS c/ LISA ROBERTO JOSE s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

La denuncia del abuso de la firma en blanco del documento al completárselo por fuera de lo pertinente, al igual que la aspiración de demostrar la inexistencia del crédito por vía del juzgamiento de lo habido en torno del contrato básico, configuran aspectos extraños al debate ceñido y propio del procedimiento habilitado, habida cuenta del carácter formal de la cosa juzgada que le atañe. Los mismos motivos valen en cuanto a la posibilidad de discutir la causa entre el beneficiario y obligado cambiario por las relaciones personales existentes entre ellos, porque esa actividad prevista en la legislación de fondo se supedita a las reglas de la ley adjetiva que remiten el diferendo a otro marco y lo vedan en el de la ejecución.
Suspensión de despidos, indemnización agravada, decretos, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Alvarez, Jorge M. c/ Corp.Gral.  de  Alimentos  S.a. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-25

El  Decreto 883/2002 (mediante el cual se prorrogó por ciento ochenta días la suspensión de los despidos sin causa justificada), ha sido dictado durante el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, que como lo establece el artículo 63  de la Constitución Nacional, se extiende anualmente desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre, sin que existieran en esa época situaciones de fuerza mayor que impidieran a alguna de las Cámaras sesionar normalmente. No se observó una urgencia tal que justificara una solución legislativa para ser resuelta en un plazo que hubiera resultado incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Todo ello torna viable la declaración de inconstitucionalidad del referido decreto.
Concursos, concurso preventivo, hechos y actos jurídicos, interpretación de la ley, explicación satisfactoria, situaciones jurídicas subjetivas, patrimonio
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Sudamet Automotriz SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

Corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto rechazó la solicitud de apertura de concurso preventivo presentada por una sociedad anónima, que según sus propios dichos, se dedica a la intermediación entre clientes y concesionarias automotrices, a través de toma de reservas y gestión de créditos. Ello así, pues las explicaciones brindadas sobre el desarrollo de sus negocios y las razones que la habrían llevado a pedir su concursamiento, se aprecian incompletas, impiden conocer la situación real en la que se encuentra y dificultan verificar el estado de cesación de pagos invocado. Especialmente, en relación al destino de cierta cantidad de dinero ($119.000.000 -ciento diecinueve millones-), sumado a que está siendo investigada penalmente por la posible comisión del delito de estafa. Situaciones que crean un marco de duda sobre la verdadera finalidad perseguida mediante la presentación del concursamiento.
Evasión fiscal, tipo penal, delito doloso, pago de tributos, falta de pago, responsabilidad penal
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Reynoso, Pedro Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-13

El tipo penal acuñado en el art. 6° de la ley 24.769 -Régimen Penal Tributario-, es doloso y requiere la acreditación fehaciente del conocimiento y voluntad de acto del sujeto activo, como así también que se demuestre, además de la falta de depósito total o parcial en término del tributo pertinente, que éste previamente debió ser retenido o percibido, de acuerdo a los términos en que fue legislada la propia norma. En la resolución en crisis, de lo único que se da cuenta es de la falta de pago de tributos, ésta solitaria comprobación no basta para atribuirle responsabilidad penal al encausado por el delito de marras. (Voto de la Dra. Ledesma, adhieren los Dres. Riggi y Tragant).
Principio de contradicción, objeto del proceso, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

Los presupuestos del juicio determinan que el debate contradictorio deba recaer sobre los hechos considerados punibles que se perfilan y la calificación jurídica de los mismos, de manera que el acusado tenga la oportunidad de defenderse, pronunciándose no solo sobre la realidad de los hechos aducidos por la acusación sino también sobre su ilicitud y punibilidad.
Excepciones procesales, falta de personería, representación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: M., M. G. c/ Concejo Deliberante de Río Pico s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-12-03

Es causal susceptible de condicionar la admisibilidad de la excepción de falta de personería, la falta, el defecto o insuficiencia de la representación de quienes comparecen al proceso en nombre de alguna de las partes. La representación se tiene por defectuosa, en términos generales, cuando quien la otorga lo hace en una calidad inadecuada a la finalidad de aquella, el mandatario carece de poderes suficientes para actuar en el carácter que invoca o el documento acompañado para acreditar la personería aparece desprovisto de los correspondientes requisitos legales.
Compraventa mercantil, valor probatorio, nota de débito, factura de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIRIGLIANO, JOSE LUIS c/ CARREFOUR SA VELEZ SARFIELD s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-21

Tanto las facturas, como las notas de débito y las de crédito, son documentos relacionados con la compraventa mercantil y si bien emanan de una de las partes, adquieren fuerza probatoria cuando no son observados en tiempo útil.

Para las primeras, el código de comercio, establece el plazo para su impugnación (art. 474) operado el cual se presumen cuentas liquidadas y siendo dicho régimen, de conformidad con lo previsto por el cciv: 16, aplicable supletoriamente a las segundas, no siendo estas reclamadas por su destinatario dentro de los diez días siguientes a su recibo, se presumen también cuentas liquidadas, y la presunción que acarrean es necesario desvirtuarlas con prueba que debe aportar quien les niega eficacia (cpr: 377).

Disidencia del dr. Arecha: tratándose de una compraventa, las notas de débito no tienen los mismos efectos que la ley confiere a las facturas conforme al ccom: 474, última parte. No existe asimilación posible entre facturas y notas de débito, pues estas ultimas ilustran sobre la existencia de una presunta deuda, y resulta ser el medio adecuado para dar noticia al destinatario de un estado contable que le resulta desfavorable, a lo cual debe agregarse que esas notas no tienen la presunción de ser cuentas liquidadas como lo establece el ccom: 474 para las facturas, y no hay norma que imponga a quien las recibe objetarlas o rechazarlas en algún tiempo especifico.