marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Felici, Romina Soledad c/ Actionline de Argentina S.A. y Otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

En el caso del art. 30 de la L.C.T existe una limitación temporal: la responsabilidad del empresario principal comprende las obligaciones contraídas durante el plazo de duración de los contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto haya concertado. En cambio, en los casos de fraude esa limitación no existe, porque el empresario es responsable directo como empleador, respondiendo por todas las obligaciones contraídas en todo momento. (en igual sentido, "Fariello Blanca c/ Asoc. Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/ Despido", S.D. 41.643 del 26/03/2009)
Hipoteca, inmueble hipotecado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: TESTIMONIO AUTOS:BUCHANAN TOMAS Y OTROS c/ CONSORCIO CITRICOLA CONCORDIA S.A. s/ EJECUCION DE GARANTIAS REALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-08-21

Pueden prendarse todos los bienes muebles y también las cosas inmuebles por su destino incorporadas a una finca hipotecada bajo la condición - obviamente, que aquí debe darse por cumplida, de contarse con la conformidad del acreedor hipotecario.- Sentado ello y por vía de generalidad, más allá del pacto singular de las partes, es evidente que cualquier conflicto a suscitarse entre el acreedor hipotecario del inmueble y el acreedor prendario -para la especie inexistente por tratarse del mismo acreedor- debería solucionarse recurriéndose a la aplicación práctica del principio que reza primero en el tiempo primero en el derecho.-
Medidas cautelares, fianza
Materia: PROCESAL -CIVIL
Carátula: FERRER DEHEZA, M. I. c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL DIQUE s/ FIANZA: ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-10-29

La resolución impugnada no es definitiva, cuando sólo prevee al cuestionamiento de las fianzas requeridas para despachar una cautelar, sin prejuzgar sobre la admisibilidad de la medida precautoria.
Seguros, seguro de daños patrimoniales, prenda, siniestro, asegurador, incumplimiento del contrato, mora, intereses
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Ghidini, Verónica Alejandra  c/ Provincia Seguros SA s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-06

Corresponde confirmar la sentencia que admitió la demanda por cumplimiento de un contrato de seguro más la reparación de los daños y perjuicios sufridos por la deuda generada con el acreedor prendario. Ello en tanto la indemnización prevista en la póliza estaba destinada a cancelar la deuda que la asegurada mantenía con el acreedor prendario, y los intereses y accesorios que devengó dicho crédito son consecuencia inmediata derivada de la mora de la aseguradora en el pago de la indemnización. Sin perjuicio de ello, quien debe cobrar esos intereses moratorios no es la actora, sino la compañía acreedora.
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, separación de hecho, deber de fidelidad
Materia: CIVIL
Carátula: A., A.E. c/ A., N.N. s/ ART. 214, INC. 2º DEL CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-06

1- La ley establece un término, que tiene por objeto que los cónyuges analicen las razones o motivos de su fracaso para mantener la vida en común e intenten, superando aquéllos, una reanudación de las relaciones matrimoniales, o sea, la reconciliación de los esposos, y por ello determina un plazo más que prudente para lograr que éstos intenten reformular el proyecto de vida que los llevara al matrimonio o, ante la imposibilidad de ello, en razón de las graves causas que impiden la vida en común, otorgarle la acción de divorcio, y es lógico que, durente dicho lapso, se mantengan las obligaciones conyugales.

2- Si han transcurrido quince años desde la separación de hecho de los cónyuges sin iniciar los trámites de divorcio, es evidente que aquéllos se consideraron liberados de toda obligación mutua, de donde sostener la guarda de la fidelidad resulta ser una pretensión abusiva y carente de sentido. No se trata ya del cumplimiento del deber de fidelidad por un plazo razonable, sino de sostener que es factible incumplir todas las obligaciones nacidas del vínculo, entre ellas la de convivencia y débito conyugal, a la vez que se pretende un cercenamiento de la faz emotiva de una persona durante un período prácticamente indefinido. Tal pretensión contradice los sentidos común y social, yendo en contra del sentir de la comunidad, implicando un resultado no querido por el propio legislador, como intérprete de aquella voluntad social.

Ampliación de fundamentos del Dr. Sansó: 1- La ilicitud en el régimen matrimonial nacional, por medio de la previsión del art. 198 del Código Civil, y concordantes, que en la práctica le vedan a los ciudadanos la concreción y satisfacción de sus naturales inclinaciones, postergando sus humanos anhelos de felicidad, de construir un grupo familiar y de procrear, estaría colisionando con los principios universalmente aceptados y consagrados en los tratados internacionales de raigambre constitucional.

2- La exégesis según la cual corresponde mantener el deber de fidelidad hasta el cumplimiento del lapso de separación de hecho contemplado por la ley para decretar la separación de hecho o el divorcio vincular, luce adecuada solamente en ausencia de elementos de prueba que demuestren dos extremos: que existe un distanciamiento concertado, y que éste sea tan irremisible, que no resulte armonizable con la reanudación del vínculo matrimonial.
Queja por denegación del recurso extraordinario, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Bonavia,  Pedro  Gustavo  y  otros c/ Administración General deObras Sanitarias de la Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

Cuando el recurso extraordinario, cuya denegación origina la queja, no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada, la misma debe desestimarse (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, abuso de armas, suspensión del juicio a prueba, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Silva Trejo, Diego Emiliano Sobre 104 - abuso de armas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-01

La confirmación del rechazo de la suspensión del juicio a prueba resuelto por el juzgado de primera instancia, es equiparable a la sentencia definitiva ya que ocasiona un agravio de imposible reparación ulterior, en tanto cancela la posibilidad de acceder a la suspensión del proceso como alternativa al juicio. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Asistencia y salvamento, responsabilidad del capitán, responsabilidad extracontractual
Materia: NAVEGACION
Carátula: Pesquera San Carlos c/ Frumar Frutos Marítimos  S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

El instituto de la Asistencia y Salvamento, propio principalmente por su origen histórico del Derecho de la Navegación luego más recientemente del Derecho Aeronáutico y que seguramente se proyectará al Derecho Extraterrestre, tiene una doble naturaleza obligacional. La carga de una obligación legal de auxiliar a las vidas humanas en peligro, y en determinadas condiciones a ciertos bienes, cuyo incumplimiento genera una responsabilidad aquiliana personal del Capitán que la omite, e incluso la eventual responsabilidad penal como la de cualquier otra persona (tripulante o no) que omitiera prestar auxilio necesario pudiendo hacerlo, o no diere aviso a la autoridad. Ambos tipos de responsabilidad generadas en el hecho negativo u omisión en el cumplimiento de tal obligación legal, están legisladas en el artículo 131 inciso k) de la Ley 20 094; artículos 1073, 1074 y conc. del Código Civil; artículo 108 del Código Penal, entre otras disposiciones, y especialmente los referidos a los Tratados Internacionales.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORTI OSCAR ENRIQUE c/ GUZZINI ALBERTO OSCAR s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

El instrumento según el cual el demandado abonará al actor una suma de dólares determinada por reintegro por la disolución de la sociedad que integraba en un porcentaje del 27 por ciento el día 30 (treinta) de noviembre, del corriente año, tiene aptitud ejecutiva.

Es que de todo ello surge el reconocimiento por el deudor de un crédito líquido, sin modalidad que torne compleja su exigibilidad, la que emerge de la fecha de vencimiento pactada.
Estupefacientes, falta de prueba, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: González, Federico Rolando c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-27

Corresponde convalidar la denegatoria del pedido de aplicación del art. 29 ter de ley 23.737, en tanto no se corroboran en el supuesto de autos, hasta el momento, datos suficientes o que permitan un progreso significativo en la investigación en los términos requeridos por la norma, ni que hayan permitido secuestrar algún tipo de elemento proveniente de delitos previstos por la ley de drogas.
Pericia médica, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Maricoy, Ignacio c/ Iglis y Consur S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-02-02

A la pericia médica no puede dársele un alcance mayor que el que surge de sus claros términos: decir que el trabajo "posiblemente" actuó como causa o concausa, no equivale a sostener que el mismo "fue" factor causal o concausal.
Administración Pública, obligación tributaria, juicio ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS (API) c/ REALE, PAULA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-07-05

Esta Corte ha tenido oportunidad de expedirse respecto de cuestiones que hacen al necesario equilibrio entre las potestades públicas asignadas al Fisco y las garantías que los particulares tienen frente a ellas.

Así, por ejemplo, como limitación a la autotutela de la Administración y el necesario respeto al procedimiento administrativo de conformación del acto en aras a su ejecutividad, se ha dicho que para que quede expedita la vía ejecutiva para el cobro de la obligación fiscal, deben transcurrir los plazos legales establecidos en favor del administrado; y que mientras se están resolviendo los recursos administrativos interpuestos, el Estado está impedido de iniciar la acción legal correspondiente a los efectos de ejecutar la deuda.

En esa línea, se sostuvo que, si la acción de cobro judicial no nació para el Estado (por cuanto estaba dando trámite a los recursos en el procedimiento administrativo) no puede prescribir, y que ésta nacería cuando la vía judicial se hallara expedita. Se remarcó que no sería razonable entender que el respeto a los derechos del contribuyente por parte de la Administración y la garantía legal del primero en cuanto a que mientras el acto no adquiera firmeza no se puede ejecutar, le haga perder los derechos al segundo por haberle prescripto la acción.

Esos criterios rectores expuestos por este Tribunal -si bien lo fueron en el ámbito municipal y aplicando normas del Código Tributario Municipal- permiten concluir en la necesidad de interpretar razonablemente las normas del derecho público y aplicarlas a los casos concretos evitando consagrar injusticias para los administrados pero preservando las potestades públicas establecidas como instrumento de realización del interés general.

Y no parece que, dejar en manos del obligado al pago del tributo la posibilidad de hacer desaparecer la acción del Estado para perseguir su cobro, sea una solución interpretativa que consagre equilibradamente la preservación el bien común y el interés de los particulares.
Daño moral, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fariña, Juana De La Cruz c/ Rojas, Juan Andrés Eduardo y Otra s/ Ds. y Ps.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-17

El daño moral implica la reparación de los sufrimientos padecidos por la víctima con nexo causal en el evento dañoso -art. 1078 del CCA- y aquí, más que nunca, juega aquella facultad discrecional que establece el art. 165 de la ley de forma; ocurre que el mensuramiento económico del dolor es de imposible concreción matemática, el monto fijado en concepto de daño material puede ser o no una referencia para el daño moral, y digo puede ser o no porque aquí se deben tener particularmente en cuenta las especiales circunstancias de cada caso que poniéndonos ante el individuo concreto nos guíen para reparar su dolor moral.
Libertad de expresión, censura previa, interés superior del niño, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La única limitación al principio de libertad de expresión se relaciona con los espectáculos públicos, los que pueden ser sometidos por la ley a la censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inc. 2 del art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Voto de los Dres. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Roberto Mario GIANNATTASIO s/ CORTE  SUPREMA  -  SENTENCIA - RECURSO EXTRAORDINARIO - PROCEDENCIA -  EXCEPCION DE PRESCRIPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que tuvo por opuesta la defensa de prescripción, sin aducir, para ello, la fundamentación de hecho y de prueba que hubiera sido menester para preservar la validez del acto jurisdiccional.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, concesión administrativa, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: RAYNOLDI, CARLOS EDUARDO Y OTROS c/ CAÑOGAL SRL. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-28

El contrato de concesión celebrado entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y una empresa privada, previa licitación, para la explotación de playas de estacionamiento en la vía pública, es un típico contrato administrativo; y el organismo estatal no es solidariamente responsable en los términos del artículo 30 LCT. por el despido de los empleados que se desempeñaban como encargados de las playas porque se halla fuera del ámbito de validez de la LCT.

(conforme artículo 2 inciso a) LCT.).
Transporte de carga, transporte por agua, mercadería de despacho directo forzoso, vacío legal, aplicación analógica de la ley
Materia: NAVEGACION
Carátula: EL SON DE BS. AS. CIA DE SEGUROS  S.A. c/ ARMADORES Y/O PROPIETARIOS DEL BQ. RIO CARCARAÑA s/ RECUPERO - RESPONSABILIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-12

Frente a la ausencia de previsión específica sobre el régimen del despacho directo forzoso en la Convención de Bruselas de 1924, se torna aplicable -a tenor de cuanto establece el art. 1 de la ley 20 094 (que se ajusta al particularísmo del Derecho de la Navegación e impone colmar los silencios de aquella regulación mediante la analogía, derivando las soluciones de otras normas integrantes de la misma rama)- lo dispuesto en su art. 264, en tanto impone la notificación al consignatario para liberar al buque de la responsabilidad que le incumbe en virtud del contrato de transporte.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González, Carolina c/ Palacios y Microómnibus General San Martín S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

La responsabilidad del conductor del vehículo, en casos en que no es titular de dominio ni detenta la guarda jurídica de la cosa riesgosa debe derivar en forma exclusiva de su propia actividad, es decir, debe ser analizada a la luz de la norma del art. 1109 del Código Civil.
Actuaciones administrativas, prueba documental
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA, MARIA ANGELICA c/ ENCOTEL s/ ORDINARIO- PROCEDIMIENTO JUDICIAL-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

La prueba documental es de trascendental importancia dentro del proceso contencioso-administrativo, por ser la forma documental la que predomina en la esfera administrativa. En la Administración se desenvuelve una actividad que genera, como dice Bielsa, una documentación propia, ya que ella es casi siempre formal, escrita o actuada. Dicha documentación está ínsita en la actividad administrativa. De allí que no se refiera siempre a los actos administrativos ni a los distintos pasos previos que deberán cumplirse para su expedición, sino también a todas las gestiones que cumple la Administración en el ejercicio de su actividad.
Empleo público, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transportes Sur-Nor C.F.S.A. (línea 15) c/ Comisión Nac. de Transp. Aut. s/ Resol. C.N.T.A. n° 554/94
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-14

En la relación jurídica entre el Estado y su agente público, el derecho a la percepción del sueldo "...nace desde que el agente toma posesión de su empleo y comienza a ejercer las respectivas funciones" (conf. Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", pág. 514).
Remuneración, pago
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Agabiti, Norma Susana c/ C.G.E. s/ Acción de ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-12-02

No surge de la documental acompañada que medie acto administrativo alguno. Sólo medió un errático y confuso obrar de parte del Consejo General de Educación sin que exista justificación alguna de las razones que determinaron el no pago del sueldo. Sobre la Administración Pública pesa una genérica obligación legal de pagar, en tiempo y forma, los haberes remuneratorios de sus empleados, salvo que una causa justificada lo impida, la que debe ser señalada por quien resulta ser empleadora mediante el correspondiente acto administrativo, con todos los requisitos que debe reunir para ser considerado tal, disponiendo que no se verifique el abono respectivo. En el caso esto no sucedió, de ahí que al no mediar decisorio alguno que lo disponga, se advierte el incumplimiento de un deber expresamente determinado impuesto a una corporación pública de carácter administrativo que en el sub caso aparecen insolutos sin decisión alguna que cimente la omisión y tal falta de justificación del no cumplimiento de un deber de naturaleza alimentaria evidencia la ilegitimidad del proceder de la demandada y la consecuente procedencia de esta acción, lo que lleva a hacer lugar al recurso articulado, revocar el pronunciamiento en crisis, receptar la acción deducida y condenar a la demandada a abonarle a la actora dentro del término de tres días de notificado los haberes adeudados.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ, NANCY c/ COOPERATIVA LA UNION LTDA. Y EMPRESA ANELLI TURISMO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-11

Si el sobreseimiento del imputado en causa penal se alega por el apelante en causa civil como hecho nuevo no corresponde pronunciamiento alguno por parte de la Cámara, si no se formaliza su planteo en la forma que prevé el art. 255 inc. 5 del código de rito (apertura a prueba). (Minoría u opinión personal)
Coacción, delito formal
Materia: PENAL
Carátula: GIL, J. c/ SUCESORES DE A MARTINI s/ COBRO DE PESOS-RECURSO DE REVISION-PRUEBA-VALORACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-07-08

Durante la vigencia de la ley 17.567, se sostuvo con razón, que el delito de coacción previsto en el art. 149 bis, 1 párrafo, C.P , era material o de resultado, porque utilizaba el vocablo compeliere.

Pero luego de la abrogación de aquella norma al tipificarse nuevamente el delito de coacción, mediante la ley 20.642 (art. 149 bis, 2 párrafo) vigente a la fecha por imperio de la ley 23.077 y suprimir el término "compeliere" dejó de ser un delito material o de resultado para pasar a ser formal o de peligro. Esto quiere decir que en la actualidad el tipo de coacción no requiere, para su consumación, que la víctima se comporte como se le exige, sino que basta que aquella conozca la amenaza del autor.
Jubilaciones, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ECKELL CARLOS ALBERTO c/ PROVINCIA  DE  ENTRE  RIOS  Y  CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA s/ DEMANDA   CONTRA  DECRETO  2665  M.A.S.  (MINISTERIO  ACCION  SOCIAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1988-12-23

Una necesaria y razonable proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad no puede entenderse de otro modo que estableciendo para el agente pasivo un tratamiento económico correlativo al que gozaba cuando entró en pasividad

En consecuencia, transformado el cargo que el recurrente ocupaba al jubilarse , corresponde liquidar sus haberes conforme a la última recategorización, debiendo efectivizar ante la Caja los aportes correspondientes desde la fecha de transformación del cargo hasta la fecha en que se efectiviza el pago, con más su actualización por depreciación monetaria y el interés del 6% anual hasta igual fecha
Telefonía celular, responsabilidad civil, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Petrizzi Ramiro s/ Ordinario por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-02-26

La empresa de telefonía no resulta responsable por los daños que habría sufrido un usuario en la explotación de su negocio o empresa, por la falta de señal de la telefonía móvil contratada, ya que no se ha demostrado el efectivo incumplimiento contractual denunciado, ni que la falta de señal en la zona donde el actor tenía sus negocios le hubiese impedido recibir reservas de alojamiento o tuviera causalidad adecuada con los daños que se reclaman, máxime si tampoco existe prueba relevante en cuanto a la entidad de los rubros reclamados.
Jornada de trabajo, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Díaz, Ramón Ernesto c/ Epicuro S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-06-05

Corresponde concluir que la verdadera jornada laboral trabajada por el actor es la completa, tal como alegó en la demanda, -en el caso, como mozo de restaurante- pues la firma demandada ostenta la carga de la prueba de la jornada de trabajo que aquél cumplía en virtud de la inversión legal prevista por el art. 55 CPL y la Teoría de las pruebas Dinámicas; máxime, cuando se ampara en la excepcional forma contractual que dice haber adoptado en relación al actor y al no lograrlo, resulta aplicable la presunción legal que se origina por el hecho de que no acompañó junto a la contestación de demanda, la documentación pertinente para probar la media jornada -principalmente planillas de control horario, ni puso a disposición la documentación requerida por el perito contador para su compulsa (Art. 9 LCT y 55 C.P.L.)