Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-07-30


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Once San Fernando del Valle de Catamarca, 30 de julio de 2012.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N° 050/2007: "ORIOLI - DASER UTE c/ ESTADO PROVINCIAL - s/ Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción", en los que a fs.158 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art.39 del Código Contencioso Administrativo, obrando a fs.160/166 Dictamen N°81/2011, llamándose autos para Sentencia a fs.166 vta.- En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1) ¿Es procedente la Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde.- - 2) Costas.- Practicado el sorteo conforme al acta obrante a fs.167vta. dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, LUIS RAÚL CIPPITELLI y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs.41/57 vta. la empresa Orioli Daser UTE, por intermedio de apoderado promueve demanda contenciosa administrativa de nulidad y plena jurisdicción en contra del Estado Provincial, persiguiendo se declare la nulidad del Decreto Nº1273/06 que adjudica la obra a la empresa Ing. Carlos A. Monti- Unión Transitoria de Empresas y se conceda una reparación económica que asciende a la suma de $755.248,66 representativa del 10% del monto de la oferta presentada en la licitación pública.- Justifica la competencia del Tribunal, y argumenta en lo que hace al agotamiento de la vía, que contra el Decreto Nº1273/06 que fuera dictado el 05/09/06 y notificado el día 22/11/06, se interpuso recurso de reconsideración el 28/11/06. Que al no resolverse éste, promovió pronto despacho el día 23/05/07, que vencido el plazo para resolver durante el transcurso de la feria judicial, entiende agotada la vía administrativa por lo que la demanda contencioso administrativa interpuesta el día 28/8/2007 es planteada en tiempo oportuno.- En cuanto al relato de los hechos, señala que el Estado Provincial inició a través del Expte. Letra "D" 14.808/05 y agregado "S" 21.302/05 el procedimiento de licitación pública para la construcción de la Estación Transformadora La Paz, en el Dpto. La Paz, de nuestra Provincia. Que como consecuencia de ello el Poder Ejecutivo adjudicó a través del Decreto Nº1273/06 la construcción de la obra a favor del oferente Ing. Carlos A. Monti- Unión Transitoria de Empresas. Que habiéndose presentado como oferente, efectúa en el transcurso del procedimiento una serie de observaciones sustentadas básicamente en errores e incumplimientos esenciales por parte de quien resultó adjudicatario, pues se referían a requisitos y presupuestos exigidos por el pliego particular de condiciones, que establecía en su Art.13.16 para dichos supuestos causales de rechazo automático de las propuestas. Aduce que el Titular del Ejecutivo Provincial rechazó sin fundamento aquellas impugnaciones, por las que cuestionaba concretamente que el Sr. Sub-Secretario de Servicios Públicos dictara la Circular Nº1 dejando sin efecto la sanción de rechazo para los supuestos en que las propuestas no cumplieran con determinadas circunstancias o requisitos. Alega que dicha modificación a las normas esenciales de la contratación pública no podía ser realizada por tal funcionario, pues la aprobación de la documentación estaba a cargo del funcionario de la Dirección u organismos que propició la contratación, correspondiendo en el caso al Ministerio de Obras y Servicios Públicos o en su defecto al Poder Ejecutivo, por lo que carecen de validez tales circulares. En orden a detallar los incumplimientos que vician el procedimiento licitatorio y ocasionan la nulidad del acto administrativo, esgrime que el oferente que termina siendo adjudicatario de la obra ha incumplido la garantía de oferta del 1% del presupuesto oficial prevista en el Art.15 de la Ley de Obras Públicas, Art.5 inc. A) del Pliego General de Condiciones, y el Art.13.1 del Pliego Particular de Condiciones. Alega que ante el faltante detectado la Comisión de Preadjudicación procedió a requerirle la subsanación del mismo, posibilidad que estaba vedada pues las normas que rigen la contratación determinan para dicho supuesto el rechazo automático de la propuesta.- De igual modo afirma, que la empresa adjudicataria omite presentar la declaración jurada de no encontrarse inhibida para disponer y gravar sus bienes, requisito que no debe considerarse cumplido con las declaraciones juradas de los integrantes de la proponente (UTE), pues son sujetos distintos. Que también es causal de rechazo la oferta de la empresa adjudicataria, que resulta presentada en forma incompleta al faltarle el análisis de precios de los ítems 11, 12 y 20. Que así, al no cotizar la totalidad de los ítems requeridos por el comitente, se genera un precio mas bajo violándose de ese modo el principio de igualdad. Agrega que estos incumplimientos fueron advertidos por su representada en la oportunidad de la apertura de las ofertas, pero que con posterioridad en forma fraudulenta se sustituyó aquella oferta por otra, maniobra que no resultó suficiente pues en procura de corregir aquellas omisiones, se dejaron sin salvar otras, generando ello que la oferta siga siendo nula por ser incompleta. Asimismo afirma que la empresa adjudicataria no cuenta con los antecedentes de obras de características similares a la licitada, que fueran exigidos por el pliego y que la Comisión de Preadjudicación primero y luego el Poder Ejecutivo dejaron de lado violando la legalidad que rige el procedimiento de contratación.-	Señala que todos estos incumplimientos vician el acto administrativo en sus elementos esenciales, pues el Estado debió adjudicar la obra a aquella oferta que sea la más conveniente y se ajuste a las bases y condiciones de la licitación.- Concluye así su presentación, ofreciendo prueba instrumental, informativa, pericial, testimonial y de absolución de posiciones, haciendo reserva del caso federal, y peticionando en definitiva la declaración de nulidad del acto impugnando como la indemnización reclamada, con costas.- A fs.63 la Corte de Justicia de Catamarca, resuelve declarar "prima facie" la jurisdicción y competencia de este Tribunal para entender en la presente causa.- A fs.68/81vta. el Sr. Fiscal de Estado en representación del Estado Provincial, plantea excepción de incompetencia argumentando que el administrado no ha respetado los plazos legales, puesto que desde la presentación de su recurso de reconsideración el día 28/11/2006 debió dejar transcurrir dos meses y a partir de allí contar los veinte días hábiles para interponer la acción judicial. Alega que en el presente caso al tratarse de un acto de última instancia no resulta de aplicación el Art.118 del C.P.A, sino las normas del C.C.A. que determinan en este caso la extemporaneidad de la demanda. Subsidiariamente contesta demanda, señalando que luego del procedimiento de selección del contratante la Administración Pública adjudicó la obra -Estación Transformadora La Paz- Dpto. La Paz- Provincia de Catamarca, a la empresa Carlos Monti-Ducanor-UTE-. Que a la licitación se presentaron varios oferentes entre ellos el actor, quien ante la presentación de su oferta aceptó sin reservas las condiciones establecidas en los pliegos generales y particulares, consintiendo de ese modo la normativa que regía el procedimiento, y que del acta de apertura de sobres no surge ninguna impugnación u observación a las circulares que tanto cuestiona por este medio. Que a más de este consentimiento, afirma que el dictado de la Circular Nº01/05 resulta válida toda vez que ha sido emitida por el responsable de la Dirección que autorizó el llamado a licitación. Alega también, que el recurrente parcializa la versión de los hechos pues en relación a los incumplimientos que le endilga a la empresa adjudicataria, y en particular sobre la garantía de oferta, no dice que el procedimiento admitía la posterior subsanación cuando haya habido una razón atendible para ello, como ha sucedido en el presente caso. De igual modo, no asiste razón al recurrente, respecto al requisito de la presentación de las declaraciones juradas por parte de la empresa adjudicataria, cuando la Comisión de Preadjudicación y el Tribunal de Cuentas han dado las razones para considerar que la empresa cumplía con tal presupuesto y los demás recaudos establecidos en el pliego. A mayor abundamiento, expresa que tanto el recurrente como la empresa adjudicataria de la obra, acompañan solo un antecedente de obra, y que sin perjuicio de ello se resuelve adjudicar la obra a la empresa adjudicataria, dado que dicho supuesto no determina el rechazo automático de la propuesta al tener la documentación exigida el carácter de complementaria. Que por ello es irrazonable hacer lugar a la reparación económica pretendida, dado que no existen irregularidades en el procedimiento licitatorio ni en su adjudicación, que en todo caso debe considerarse que la oferta del recurrente fue desestimada por representar un monto muy superior al presupuesto oficial de la obra y al de la menor oferta. Por esta y otras consideraciones a las que me remito en honor a la brevedad solicita el rechazo de la demanda con costas.- A fs. 87/88vta. la parte actora contesta el traslado de la excepción de incompetencia deducida por el Estado Provincial. A fs.93 vta. se abre la presente causa a prueba, producida la misma, a fs.138 vta. se tiene por clausurada dicha etapa, presentando a fs.143/157 ambas partes los alegatos sobre el mérito de la prueba. Luego a fs.160/166 se agrega el dictamen del Sr. Procurador General de la Corte, con lo que la causa previo llamamiento de autos se encuentra en estado de ser resuelta.- Siendo ello así, del resumen de causa se extrae que el cuestionamiento del actor apunta a la decisión que toma el Titular del Ejecutivo Provincial de adjudicar la construcción de la obra a la empresa Ing. Carlos Monti UTE.- En procura de lograr la declaración de nulidad del Decreto Nº 1273/06 afirma que el mismo es nulo de nulidad absoluta dado que ha sido el resultado de un procedimiento licitatorio viciado en el que se han violado los principios de juridicidad, igualdad y de libre concurrencia. De ese modo, cuestiona que se haya elegido la propuesta de una empresa que no cumplía con los requisitos exigidos por el pliego de condiciones y que hubiera determinado el rechazo automático de la propuesta. En tal sentido aduce, que a contrapelo de la normativa contractual un funcionario incompetente el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos dicta una circular que modificando aquella normativa, deja de lado la sanción del rechazo automático de las propuestas, para de esa forma considerar la propuesta de la empresa adjudicataria como la más conveniente a los intereses del Estado soslayando el incumplimiento de determinados requisitos. En orden a puntualizar tales incumplimientos, afirma que la adjudicataria no presenta íntegramente la garantía de oferta conforme a lo requerido en los pliegos -la que no podía ser inferior al 1% del monto del presupuesto oficial-. Expresa, que al detectarse el faltante la Comisión de Preadjudicación le requirió que subsane tal defecto, posibilidad que no estaba prevista en la normativa. Que de igual modo, la empresa adjudicataria no acompañó la declaración jurada en el sentido de no encontrarse inhibida para disponer y gravar sus bienes, y que la oferta que aquella presenta resultó ser incompleta al faltarle presupuestar todos los ítems requeridos por el comitente, por lo que todos estos incumplimientos sumado a que tampoco contaba con dos antecedentes de obra de características similares a la obra licitada, determinan la nulidad del procedimiento y del acto de adjudicación. A su turno contesta demanda el Estado Provincial deduciendo como excepción de fondo la incompetencia del Tribunal, fundada en la extemporaneidad de la demanda, pues a su juicio luego de la interposición del recurso de reconsideración el día 28/11/06, debió el actor ante la denegatoria tácita producida a los dos meses de aquella fecha, contar los plazos para promover la acción judicial, por lo que en el caso no resulta efectivo el pronto despacho deducido el 24/05/07 ello ante la firmeza del acto impugnado, interpretación que se efectúa conforme al Art.6 del C.C.A.- En lo que a la cuestión de fondo interesa, defiende la legalidad del procedimiento licitatorio como el acto de adjudicación de la obra, rebatiendo uno a uno los supuestos incumplimientos en que habría incurrido la empresa adjudicataria de la obra y que el actor califica como determinantes para rechazar la propuesta.- Expuestas así las cuestiones, he de empezar mi voto adhiriendo in totum al exhaustivo y fundado dictamen del Sr. Procurador quien comienza su razonamiento citando precedentes donde se establecieron los principios interpretativos que deben recobrar vigencia en esta causa por que aluden a los presupuestos que deben cumplir quienes pretendan traer a revisión la conducta de la Administración. De modo que, compartiendo el examen sobre la admisibilidad de la demanda, he de señalar que resulta a mi juicio correcto los pasos seguidos por el administrado en sede administrativa ya que luego de tomar conocimiento del Decreto Nº1273/06 el día 22/11/06 interpuso el 28/11/2006 ante el Gobernador de la Provincia, recurso de reconsideración. Luego ante la falta de respuesta, consideró que la denegatoria tácita se produjo el día 26/02/07 esto es, a los 90 días, conforme lo prevé el Art.118 del C.P.A., planteando con posterioridad en tiempo oportuno pronto despacho el día 24/05/07. Nuevamente y ante la falta de resolución, transcurridos los dos meses que tenía desde aquel, consideró denegada su pretensión por lo que la demanda presentada el día 28/08/07 resulta oportuna.-	Conforme entonces fuera analizado, deberá rechazarse la excepción de incompetencia planteada, por lo que estando habilitado el Tribunal corresponde comenzar el tratamiento de la cuestión de fondo la que se dirige básicamente a cuestionar la legalidad de las Circulares Nº1 y Nº2, mediante la cual se modificaron las causales de rechazo automático de las propuestas, importando tal modificación a juicio del recurrente, la supresión de presupuestos o requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. De esa manera esgrime, que se ha elegido la propuesta de una empresa que no cumplía con aquellos requisitos, pero que no obstante ello, fueron subsanados por efecto de la circular.- En relación a este punto debo decir, siguiendo el razonamiento del Sr. Procurador, que luce evidente el consentimiento prestado por el recurrente a todo el plexo normativo que rigió la licitación pública, carácter que asumen desde luego las Circulares referidas.- Así conforme surge de las actuaciones administrativas que se acompañan como prueba, el actor el día 20/12/05 se notifica antes del acto de apertura de la licitación del contenido de las circulares manifestando que lo hace con reserva. Que realizada la apertura del acto, limita su planteo impugnaticio a la falta de presentación de las declaraciones juradas por parte de la UTE adjudicataria, como a la falta de cotización de distintos elementos de la obra; sin nada aducir respecto a las Circulares que por este medio cuestiona.- Que tal como afirma el Sr. Procurador en diversas oportunidades del trámite, la conducta del administrado ha reflejado consentimiento, pues habiéndose anoticiado del contenido de las circulares, omitió impugnarla con carácter previo a la apertura de la licitación, como al momento de abierta ésta ante la Comisión de Preadjudicación. Es de hacer notar que recién presenta sus quejas ante la Contaduría Gral. de la Provincia, dos meses después que la Comisión de Preadjudicación se expidiera, analizando todas las propuestas y rechazando la impugnación que el recurrente dirigió en contra de la empresa adjudicataria.- Esta consecuencia no puede relativizarse argumentando que el funcionario que emitió las circulares carecía de competencia para ello, pues tal como fue expuesto por la Comisión de Preadjudicación, la competencia de la Subsecretaría de Servicios Públicos para dictar las circulares surge por expresa delegación del Poder Ejecutivo a través del Art. 3 del Dcto.1357/04, posición que fue compartida por el Órgano de asesoramiento legal.- Empero ello, y sin perjuicio de lo observado, agregaré con carácter "obiter dicta" que la cuestión de la naturaleza jurídica de los pliegos ha sido analizada ampliamente por la doctrina a la hora tanto de interpretar el poder de modificación o derogación que posee la Administración hasta el régimen que regula su posible impugnación. En tal sentido, se ha sostenido que existen dos concepciones opuestas ya que mientras, por una parte, un sector de la doctrina les atribuye naturaleza contractual, otro postula su carácter normativo o reglamentario, en cuanto a los pliegos de condiciones generales. No se puede desconocer que en ambas concepciones anida una razón parcial aunque, en el fondo, no rescatan la peculiar condición jurídica variable y progresiva que revisten los pliegos de condiciones. (Los procedimientos de selección del contratista estatal- Cassagne, Juan Carlos- Publicado en: LA LEY 1997-E, 1485).- Por lo que suponiendo que hipotéticamente aquella circular haya importado como dice el recurrente la modificación y supresión de determinados presupuestos esenciales, he de analizar si con tal proceder se ha violado el principio de igualdad que como se sabe implica que todos los oferentes se encuentren en la misma situación durante todo el procedimiento de selección del contratista, de modo que tengan igualdad de posibilidades.- En el caso, se infiere sin mayor dificultad que el criterio de evaluación respecto al cumplimiento de los requisitos impuestos en todo el plexo normativo, ha sido homogéneo para todos los oferentes, de allí que no resulten atendibles los cuestionamientos que se formulan si no se apoyan en elementos fehacientes que dejen entrever el comportamiento o la práctica dispuesta en beneficio concreto de un determinado oferente. Ello podría suceder por ejemplo, si la Administración dispensara a un oferente del cumplimiento de determinado requisito, que es exigido a los otros. Situación que no se configura en el sub-examine, dado que, ante el contenido igualitario de los pliegos y la normativa aplicable todos los oferentes han sido colocados en el mismo plano.- De ello dan cuenta el dictamen y luego los informes que en mas de una oportunidad elaboró -la Comisión de Preadjudicación-, como respuestas a las impugnaciones formuladas por el recurrente, y en las que se exponen suficientes fundamentos fácticos y normativos para considerar por ejemplo que las declaraciones juradas presentadas por la adjudicataria satisfacían el cumplimiento del recaudo impuesto -siendo del caso observar en este punto, que cuando el recurrente presenta sus quejas ante la Contaduría General de Provincia, alega que la comisión de preadjudicación no se pronuncia sobre el punto, cuando del dictamen que elabora el Órgano surge claramente el pronunciamiento al respecto.- Seguidamente, respecto al cuestionamiento que formula el recurrente de que la oferta presentada por la adjudicataria resultó incompleta al faltarle la cotización de determinados ítems, cabe señalar que del dictamen de preadjudicación como de las respuestas que da la Comisión a las impugnaciones formulas por aquél, se desbrozan cada una de las razones por las que se considera que en la oferta impugnada se encontraban incluidos e individualizados con los precios respectivos cada uno de los elementos que abarcaron la cotización global, dejando por sentado que aquélla ha complementado la documentación requerida. Igual y última consideración cabe hacer respecto a los otros cuestionamientos que se formulan y que solo dejan entrever la disconformidad del recurrente con la selección del contratista cuya oferta ha resultado la mas conveniente a los intereses del Estado, luego de la tramitación de un procedimiento donde se ha cumplido rigurosamente los pasos legales y se han respetado los principios generales del derecho.- En ese contexto y encontrándose cumplidos los requisitos legales, no resulta viciada la decisión de la Administración si se decide por la empresa que resulta técnica y económicamente mas ventajosa para los intereses del Estado, pues es del caso puntualizar que la oferta del accionante se rechaza por representar un monto muy superior al presupuesto oficial de la obra (60,8%) y al de la menor oferta (48,46%).- En base a lo expuesto, y de compartir mis colegas el presente análisis, propongo rechazar la acción contenciosa administrativa. Así voto.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que adhiero al fundamento y solución propiciada por el Sr. Ministro que inaugura el Acuerdo, Dr. Cáceres, por lo que voto en el mismo sentido.-	A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que analizadas las constancias de autos, las alegaciones de parte y el voto precedente, me permitiré disentir con el mismo, en tanto en causa Autos Corte Nº05/07 "Orioli Hugo del Rosario c/ Estado Provincial s/ Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción" expuse que "por la materia que constituye el marco regulatorio y valorativo de la controversia, esto es el Derecho Administrativo, la conducta del Estado observada en el trámite de la licitación pública y en la confección de diversos instrumentos en los que pretende plasmar su voluntad, no puede ser juzgada con laxitud sino que por el contrario, corresponde aplicársele criterios mas rigurosos que limiten la discrecionalidad de la administración en favor de una estricta sujeción a la ley. Tales imperativos encuentran su razón en el orden público implicado en la cuestión de que se trata; en el imperio del principio general que expresa que en la actuación del Estado todo lo que no le está expresamente permitido, le está prohibido; principio inverso, como es obvio, a la conocida regla de libertad que otorga fundamento a la autonomía de la voluntad, carácter esencial del derecho privado, y por último, en la especificidad del caso, una licitación pública, donde está en juego el patrimonio del Estado, el principio de legalidad que debe ordenar y guiar la actuación administrativa, cobra singular rigor y así debe ser interpretado y aplicado por la jurisdicción judicial a la hora de evaluar la actuación de administración y administrado".-	Bajo estos parámetros, se observan acusadas falencias en la explicitación concreta de la motivación que debería otorgar fundamentos indubitables a dos actos administrativos centrales del proceso licitatorio bajo análisis: el primero, el dictamen de la comisión de preadjudicación, y el segundo, el decreto de adjudicación Nº1273/06, cuya nulidad en esta causa se persigue.- "Que en relación al dictamen de preadjudicación, de su atenta lectura se infiere que se limita a realizar una compulsa esencialmente enumerativa de la documentación aportada por los distintos oferentes; sin establecer expresamente criterios objetivos y claros que establezcan un orden de precedencia entre las distintas propuestas, para establecer la adecuación o no de aquéllas a los requisitos técnicos-legales estipulados en el pliego de condiciones; de allí que se torna imposible para el ocurrente y para la propia jurisdicción someter a análisis la decisión administrativa, al resultar inviable la compulsa del criterio de la Administración en el caso concreto en relación al principio de legalidad, pretendiendo la demandada que se infiera cuasi por arte adivinatoria, que aún pasando por alto el no cumplimiento de requisitos técnicos ineludibles por los oferentes, terminó fundando su decisión aparentemente solo en el parámetro monetario".- Y así apelando a un nebuloso interés general omitió evaluar pormenorizadamente requisitos técnicos jurídicos, o hizo caso omiso a incumplimientos del pliego de condiciones que la Administración misma había establecido, escudándose en la emisión posterior de circulares, que so pretexto de interpretación de norma superior, en realidad la modificaron y mas aún cuando el propio pliego particular de condiciones establece en su Art.10, un orden de prelación para la evaluación de la documentación contractual en el que se omite a las circulares; además de ser notificadas éstas a las partes un día antes de la apertura de la licitación, actuación de la Administración que aparece como poco transparente; circunstancia de la que hace mérito la propia Contaduría General de la Provincia, cuando en su dictamen de fs.18 expresa que: "no es procedente que mediante circulares se modifique el contenido del Pliego Particular de Condiciones, el que fuera aprobado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial. Mas aún, si se considera que el contenido de las aludidas circulares, modifican aspectos sustanciales relacionados con la aceptación o rechazo de las propuestas".- Bajo esta misma lógica entonces, si se analiza atentamente el decreto impugnado, fundándose el mismo en el dictamen de preadjudicación, se le debe atribuir al decreto de adjudicación los mismos vicios que se explicitaron precedentemente y que tornan al dictamen en un acto administrativo irregular por falta de motivación suficiente y al decreto impugnado como su consecuencia intelectual y jurídica.- Que en relación al acto administrativo como elemento esencial del mismo, autorizada doctrina ha dicho que: "La motivación del acto, contenida dentro de lo que usualmente se denominan los considerandos del acto, es una declaración de cuales son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a su emanación, o sea los motivos o presupuestos del acto, constituye por lo tanto la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad", agregándose que: " . la falta de motivación implica no sólo un vicio de forma sino también y principalmente, vicio de arbitrariedad que como tal determina normalmente la nulidad del acto" (en tanto) "La explicitación de las razones por las cuales se hace algo es un elemento mínimo a exigirse de una conducta racional en un Estado de derecho." (Gordillo, Agustín A. - el Acto Administrativo, Pág. 316- Edit. Abeledo Perrot - 1969). También ha dicho la jurisprudencia que: "La motivación de los actos administrativos tiende a cumplir tres finalidades, que la Administración, sometida al derecho en un régimen republicano de cuenta de sus decisiones, que éstas puedan ser examinadas en su legitimidad por la justicia en caso de ser impugnadas y que el particular afectado pueda ejercer suficientemente su defensa (SC Buenos Aires, 2008/02/13 "M. A c/ Municipalidad de la Matanza demanda Contencioso Administrativo" - La Ley 2009 Tomo A Pág. 395) Así lo entiende también el Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia cuando incorpora la motivación entre los requisitos esenciales del acto, por lo que su constitución defectuosa o su inexistencia deben ser fulminados con la sanción de nulidad, a tenor de lo dispuesto por los Art. 27 y 29 inc. b) de la ley de cita.- Por todo lo expuesto, considero que se debe hacer lugar a la acción intentada, declarando la nulidad del Decreto Nº1273/06 y diferir el cálculo del quantum indemnizatorio para la etapa de ejecución de sentencia. Es mi voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Conforme se resuelve la primera cuestión planteada, las costas deben imponerse a la parte actora que resulta vencida. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que una vez mas adhiero al voto de quien inaugura el Acuerdo, votando en el mismo sentido.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Con costas a la parte demandada que resulta vencida.- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe.- Fdo: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva (Presidente), José Ricardo Cáceres (Ministro), Luis Raúl Cippitelli (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).-