Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-07


BATTAGLIA, Vilma Norma contra CHEVROCOR S.A.

Reg.: A y S t 211 p 133-139.

Santa Fe, 7 de diciembre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 8.9.2004 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, en autos "BATTAGLIA, Vilma Norma contra CHEVROCOR S.A. -C.P.L.- (Expte. 8/04)" (Expte.C.S.J.nro. 554, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral resolvió: "1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación intentado por la demandada en exclusiva relación a la remuneración mensual base a considerar para la liquidación de los rubros acogidos, que se fija en la suma de $ 3.000; 2) rechazarlo en las demás cuestiones que hubieren sido materia de agravios; 3) costas de alzada a cargo de la recurrente, en tanto se arriba a la "reducción de la pretensión" que consagra este fallo 'por arbitrio judicial' (arts. 101 y 102 C.P.L.)...".

Contra este decisorio interpone la quejosa el recurso de inconstitucionalidad que prevé la ley 7055, sosteniendo que el mismo le ocasiona un grave perjuicio patrimonial (artículo 17, Constitución nacional), en tanto vulnera los límites legales establecidos para el caso de autos (artículos 3485, 3486 y ss. del Código Civil) y lesiona expresamente los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso -artículos 16 y 18, Carta Magna nacional y 6,7, 8 y 9, Constitución provincial- "al no considerarse elementos que por su valor prominente resultan imprescindibles para emitir un juicio definitivo al problema, tal como lo constituye la existencia de otros herederos no reclamantes y sin que se haya ejercitado o invocado su representación".

Le imputa al fallo incurrir en "Arbitrariedad normativa. Inobservancia de las normas legales aplicables al caso. Sistema de divisibilidad de los créditos hereditarios.

Apartamiento injustificado de un precedente de la Corte".

Bajo dicha causal, tras referir al análisis que efectuó la Cámara en relación a los artículos 3410, 3412, 3414, 3417 y 3486 del Código Civil, meritación que la condujo a sostener: "... si el poseedor de herencia puede demandar el todo debido en interés común de la sucesión, o en cambio, limitar su reclamo a la porción que le corresponde como heredero siempre que la obligación fuera divisible...", se agravia en cuanto los sentenciantes hicieron suya la primer postura, esto es, la posibilidad de que 'el heredero pueda reclamar el todo en su carácter de mandatario de los demás coherederos', no obstante reconocer que se trata de un tema controvertido doctrinariamente.

Afirma que dicha postura -la que a su entender, es una mera crítica al sistema de división- vulnera las disposiciones del Código Civil (Capítulo 4, División de Créditos Activos y Pasivos del Título I de las Sucesiones) por cuanto su artículo 3485 establece que 'los créditos divisibles que hacen parte del activo hereditario se dividen entre los herederos en proporción de la parte por la cual cada uno es llamado a la herencia', disposición que se complementa con lo normado por el artículo 3486, el que sostiene: "...desde la muerte del autor de la sucesión cada heredero está autorizado para exigir la concurrencia de su parte hereditaria, el pago de los créditos a favor de ella".

Con apoyo en doctrina, aduce que el fallo impugnado ha omitido considerar el principio de indivisibilidad relativo, puesto que no alcanza a los créditos y deudas divisibles de la herencia.

Alega que la Sala ha desconocido jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe, Tribunal Pleno (STJ Santa Fe RSF 6-46), el que expresó "...ante lo dispuesto por el artículo 3485 y siguientes del Código Civil los herederos sólo pueden reclamar hasta la concurrencia de su parte hereditaria el pago de los créditos de la sucesión... El límite de su crédito está determinado necesariamente por el interés patrimonial que su demanda señala... y también por el régimen del Código Civil sobre los créditos divisibles que hacen parte del activo hereditario (arts. 3483 y 3486)...".

Sostiene, en definitiva, que se la ha condenado indebidamente, puesto que la actora reclamó únicamente por derecho propio y ante la existencia de otros herederos declarados debía mínima y necesariamente limitarse el pago de su crédito al límite de su cuota parte.

Bajo el subtítulo "...legitimación cuestionada. Inexistencia de invocación de la representación de los menores...", reprocha al decisorio el haber concluido que "...esta circunstancia nada tiene que ver con la legitimación activa y en nada perjudica según lo hasta aquí tramitado a la demandada, como fuente de eventual nulidad, máxime cuando al momento de postularse la acción laboral los herederos eran menores de edad (art. 274 C.C.)", conclusión que se aparta de las constancias de autos.

En ese orden ideas, sostiene que la actora no contó con legitimación para reclamar rubros laborales "iure succesionis", puesto que no acreditó su condición de heredera universal mediante la correspondiente declaratoria de herederos, la que acompañó luego de la traba de litis, lesionando así su derecho de defensa e insiste en que el pago del crédito de la accionante debió limitarse a su cuota parte.

Tras referir al instituto de la representación (artículos 274, Código Civil y 12, Código Procesal Laboral), afirma que la actora jamás invocó la representación de sus hijos menores. De tal afirmación, dice, da cuenta el poder otorgado por la actora en el que en modo alguno consta su "carácter de representante legal de los menores", no habiendo la misma, por lo demás, denunciado la existencia de hijos menores u otros herederos.

Manifiesta que el Ministerio Público no participó en ninguna de las dos instancias ni convalidó lo actuado en el proceso. La actora demandó por derecho propio, no en representación de sus hijos menores, por lo que la remisión de la Cámara a la condición de 'menores' no suple la necesariedad de que quien pretende actuar a nombre de otro invoque su representación, puesto que a los 'incapaces se los protege pero no se les otorga ningún privilegio' (artículo 58, Código Civil), caso contrario, dice, debe declararse la nulidad de lo obrado sin la intervención del Ministerio de Menores (artículo 59, código citado).

Aduce que la invocada falta de representación en el modo de proponer la demanda no fue ponderada por los sentenciantes, pues de así haber acontecido, se hubiera arribado a una solución distinta en cuanto a la extensión de la condena.

Y bajo el subtítulo "El monto de las remuneraciones. Su determinación arbitraria.

Falta de elementos probatorios objetivos. La sola voluntad del juzgador", juzga improcedente la aplicación que del artículo 57 de la L.C.T. efectúa la Alzada, en razón que su parte no guardó silencio, desde que remitió carta documento en la que contestó: 'la condición del fallecido era la de vendedor garantido y no la de gerente de venta'.

Aclara que el telegrama obrero data del 9 de marzo de 2001 y que su parte cursó respuesta en fecha 12 del mismo mes y año.

Sostiene la orfandad normativa de la sentencia, pues la misma sin citar los artículos 56, 57 y 114 de la Ley de Contrato de Trabajo, los aplica. En similar vicio incurre el fallo al expresar que ante la falta de exhibición de los recibos por su parte "... corresponde así la inversión del 'onus probandi' que impone el artículo 55 de la L.C.T.'", otorgándole a esta norma un alcance y extensión que, en realidad, no posee.

Entiende que la inversión probatoria se produce ante la mencionada falta de exhibición de libros obligatorios y otros elementos de contralor, pero siempre hasta el límite de los salarios establecidos por la Convención Colectiva de Trabajo, es decir, legalmente, pero no para las remuneraciones extralegales o convencionales. Cita doctrina referida a la carga probatoria del actor.

Aduce que los sentenciantes han recurrido a consideraciones genéricas al fundar su decisión de fijar el salario en la suma de $ 3.000 ante la notable desproporción existente para la fijada en dicha actividad (en este caso, vendedor C.C.T. 20/88 de $ 476), vulnerando así el principio de razonabilidad. Insiste en la ausencia de elementos objetivos de prueba a fin de establecer la suma indicada, desde que el testigo Carreras tan sólo ha depuesto acerca de que el fallecido revestía la calidad de 'trabajador extramuros'.

Finaliza expresando que los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2000, aguinaldo 2do. semestre 2000, vacaciones año 2000, indemnización artículo 80 L.C.T. (Ley 25.345) y seguro de vida obligatorio deben pagarse a la esposa del fallecido Mangoldt en la proporción legal que prevé el Código Civil y; que en la condena debió tomarse en consideración el monto de $ 476,05, el que resulta acorde a la tarea desarrollada por el difunto.

La Sala a quo, mediante auto del 14.12.2004 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa de la quejosa ante esta sede.

2. Aún cuando se juzgaren cumplidos los recaudos tenidos por insatisfechos (artículos 1 in fine y 3 de la ley 7055), de la confrontación de la sentencia con los agravios mencionados surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que la impugnante aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que el Tribunal a quo analizó los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos, con el que valoró las pruebas y, en función de ellos interpretó y aplicó las normas comunes pertinentes, ámbito éste reservado a los jueces de la causa y ajeno, por ende, a esta instancia extraordinaria.

En efecto, la compareciente tacha de arbitraria la hermenéusis que de los artículos 3410, 3412, 3414, 3417, 3483, 3485 y 3486 del Código Civil efectúa la Alzada, interpretación que la condujo a concluir en que "el poseedor de la herencia puede demandar el todo debido en interés común de la sucesión".

Y al criterio seguido por el Tribunal opone la impugnante su propio enfoque del caso, sosteniendo que la Cámara ha incurrido en inobservancia de la normativa aplicable y ha desconocido jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe, el que al interpretar las mencionadas disposiciones legales sostuvo que "...los herederos sólo pueden reclamar hasta la concurrencia de su parte hereditaria el pago de los créditos a favor de la sucesión...".

Surge claro que lo que la recurrente cuestiona es la interpretación de la normativa en juego, efectuada por los juzgadores en ejercicio de funciones propias. Tal disconformidad se sustentó en el distinto alcance que otorga al precepto, por lo que así visto, sólo cabe concluir en la inidoneidad del planteo.

Lo señalado deja sin sustento el alegado desconocimiento de un antecedente jurisprudencial emanado del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe por cuanto la Alzada, tal como se señalara ut supra, al interpretar la normativa en juego, fundamentalmente los artículos 3485 y 3486 del Código Civil, adoptó con fundamentos suficientes una determinada posición doctrinaria para avalar su decisión.

En consecuencia, la materia traída a control de legalidad constitucional, por referir a la interpretación de normas de derecho común y constituir una cuestión opinable y discutible, con tendencias jurisprudenciales contrapuestas -tal lo expresado por la Sala en la denegatoria del recurso de inconstitucional, en la que sostuvo: 'la quejosa presenta las interpretaciones doctrinarias escogidas como meras opiniones "de lege ferenda"...' (vid foja 28 vta.)-, carece de contenido constitucional, puesto que para que ello ocurra, es necesario que medie una grosera desinterpretación de las mismas, circunstancia que no se configura en el presente caso.

Carecen también de idoneidad para lograr la apertura de la instancia extraordinaria los cuestionamientos atinentes a la falta legitimación de la parte actora, pues tal como lo sostuvo acertadamente la Sala, la recurrente omitió deducir recurso de nulidad contra la sentencia, no obstante la claridad del artículo 113 in fine del C.P.L.

respecto a que en este contexto ritual no rige la regla de que una vía recursiva lleva implícita la otra, situación que perjudica el tratamiento del referido agravio, en la medida que dicho vicio, de existir, conduce a la invalidez del fallo dictado y no a su revisión de mérito. No obstante ello, los sentenciantes al considerar que la cuestión podría afectar el orden público procedieron al tratamiento del planteo y concluyeron que "...nada perjudica según lo hasta aquí tramitado a la demandada, como fuente de una eventual nulidad, máxime cuando al momento de postularse la acción laboral los demás herederos luego declarados eran menores de edad (artículo 274, C.C.)".

Lo expuesto fue sostenido nuevamente por la Cámara en la denegatoria del recurso, en tanto expresó que la impugnante "...omite mencionar que no trajo a la alzada el recurso de nulidad (siquiera interpuesto) al que obviamente están conectadas las cuestiones relativas a la legitimación procesal activa, por cuanto los argumentos del fallo que intenta refutar en tal sentido pertenecen a la órbita del "control de oficio" (y la discrecionalidad que le es propia en ausencia de agravios) enderezado a la tutela de la defensa en juicio..." (f. 28 vta.), argumentación que no ha logrado ser rebatida por la compareciente en el recurso de hecho, quedando así incumplida la carga que impone el artículo 8 de la ley 7055.

Tampoco han de prosperar los planteos relacionados con el monto de la remuneración fijada para liquidar los rubros de condena, pues los mismos denotan el mero disenso de la compareciente para con lo resuelto por los jueces de la causa, quienes consideraron prudente y ajustado a las circunstancias comprobadas ejercer la facultad que les confiere el artículo 114 de la L.C.T., justipreciando aquel monto en la suma de $ 3.000.

Para así decidirlo, juzgaron necesario analizar si las tareas de "gerente" se encontraban o no comprobadas a fin de justificar un salario superior a los $ 4.000 Este ha sido el criterio adoptado por la Alzada, frente al cual la quejosa insiste en oponer su particular enfoque de la causa, mas sin lograr demostrar que la sentencia efectuara consideraciones genéricas, alejadas de toda razonabilidad, se sustentara en apreciaciones subjetivas y desconociera elementos objetivos comprobados de la causa, por lo que los reproches así formulados -como ya se expresara ut supra- evidencian mera disconformidad, situación que sabido es, en modo alguno autoriza la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

Por lo demás, similares consideraciones han sido puestas de manifiesto por la Sala en el auto denegatorio, al expresar que "en lo que respecta al monto debido y las bases para calcularlo el recurso no refleja sino la mera disconformidad con el criterio de la Cámara que, una vez más, no hizo sino acoger en parte su agravio ordinario por sobre la circunstancia de venir fictamente reconocido que el actor era gerente de ventas (art.

57 L.C.T.). Sobre el punto, aunque se niegue, no media más que la pretensión de obtener una "tercera instancia" a mérito del desacuerdo sobre el modo en que se ejerció la facultad de justiprecio judicial conferida por el artículo 114 L.C.T." (conf. f. 29).

Se concluye, pues, que corresponde rechazar la queja interpuesta si los planteos de la recurrente carecen de sustancia constitucional al no alcanzar a demostrar la configuración de los vicios que imputa al decisorio, denotando tan sólo su disconformidad con lo resuelto -más allá de su grado de acierto o error- por los juzgadores en ejercicio de su función jurisdiccional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la quejosa el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO (ampliación de fundamentos)-NETRI-SPULER- Fernández Riestra (Secretaria) AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ROBERTO FALISTOCCO Por lo demás, cabe señalar que este Cuerpo -con integración parcialmente distinta- al juzgar la causa "Guzmán" (A. y S. T. 155, pág. 421) en la que si bien la plataforma fáctica no es idéntica a la acaecida en el sub examine, recordó nociones fundamentales en relación a la temática aquí debatida expresando que "Sabido es que los incapaces procesales absolutos carecen de toda aptitud para actuar por sí mismos y válidamente en un proceso, debiendo hacerlo en su lugar los representantes necesarios a que refiere el artículo 57 del Código Civil. Así, los padres en ejercicio de la patria potestad son los representantes legales de sus hijos menores (art. 57, inc. 2, C.C.).

Consecuentemente con ese princ Asimismo, vía jurisprudencial se ha sostenido que 'aún cuando el progenitor accionara sin invocar la representación del hijo, se ha entendido que existe legitimación de obrar en representación del mismo...' (cfr. "Laitano", CC0201 LP, B 85632 RSI-152-97 I 9-4-97; "Arena de Prado", Sent.: C. J079940-Civil- Sala J- 17/12/1998).

Fdo.: FALISTOCCO-Fernández Riestra (Secretaria)