Daños y perjuicios, transporte de pasajeros, seguros, Transporte, decreto de necesidad y urgencia, constitucionalidad, igualdad ante la ley, derecho a la vida, derecho a la integridad física
Materia: PENAL
Carátula: Rubotti, Fabricio Daniel y Otro  p.ss.a. s/ Lesiones Culposas - Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-03-30

1- La excepcionalidad de las circunstancias que habilitan la competencia legislativa del Poder Ejecutivo, tiene aptitud habilitante no sólo por la calidad de extraordinaria o anormal que fundamenta la necesidad del decreto, sino también porque en tanto torna imposible seguir los trámites ordinarios, esto es la actuación del Poder Legislativo a quien la Constitución le confiere la competencia de sancionar las leyes, motiva la urgencia.

2- La potestad de legislar en materia de emergencia, corresponde preeminentemente al Poder Legislativo conforme a la distribución de competencias efectuada en la Constitución, mientras que la del Poder Ejecutivo resulta más limitada en virtud de los condicionamientos que surgen ya no sólo de la necesidad, sino de la urgencia, como también de la posibilidad que aquél pueda abrogarlo.

Si existiese plena identidad entre las competencias, considerándolas concurrentes la posibilidad de delegación del Poder Legislativo (C.N. 76) resultaría una regla redundante ante el texto de la disposición que viabiliza legislar en ese ámbito al Poder Ejecutivo (C.N. 99, 3 ) Ello así por cuanto no se explica que se prevea la delegación de una potestad con la que ya se cuenta.

La coexistencia de las citadas disposiciones, unida al criterio restrictivo de interpretación acentúa la excepcionalidad de la facultad legislativa del Poder Ejecutivo en materia de emergencia, circunscribiendola a la que se presenta de modo subito, por cuanto es esta la particularidad que legitima su actuación, ya que demanda la adopción de una medida urgente, ante la cual es aquél órgano y no el Poder Legislativo, quien se encuentra en mejores condiciones de normar con mayor celeridad.

Cuando la emergencia no se suscita de modo súbito, la potestad de legislar, corresponderá al Poder Legislativo, quien podrá sin embargo delegarla, en los límites establecidos en la Constitución.

Si bien el art. 99 inc. 3 C.N. alude a la facultad del Ejecutivo de dictar disposiciones de carácter legislativo, que están destinadas a convertirse en ley, deberán seguir el trámite expresamente fijado en la Carta Magna, que incluye la intervención del Poder Legislativo, cuando se haya cumplido parcialmente el citado decreto no puede ser invalidado porque no haya dictado la ley especial, ni constituido la Comisión Bicameral.

A los efectos de la vigencia, basta entonces con que el Poder Ejecutivo haya cumplido con el tramo del trámite que la Constitución le encomienda para posibilitar la intervención del Poder Legislativo, esto es la remisión, y que el decreto no haya sido derogado expresa o tácitamente por una ley.

4- Resulta materia revisable por el Poder Judicial, examinar si el órgano que ejerce la facultad privativa ha actuado dentro del marco de las disposiciones constitucionales y sí se aparta en forma evidente de aquéllas y las leyes que reglamentan su ejercicio. Y la decisión debe estar vinculada con los derechos subjetivos de los particulares e introducida por parte de quien demuestre la existencia de un interés directo. El control judicial termina al comprobar que se ha elegido una alternativa entre varias igualmente válidas para el derecho, no pudiendo revisar ni sustituir el núcleo político discrecional interno, esto es el porque de un remedio en lugar de otro, aspectos que integran la zona de reserva de otro poder.

El uso de la discrecionalidad se inserta en un marco de juridicidad, debiéndose distinguir los elementos estrictamente reservados a la libre valoración y elección, de aquellos elementos fuertemente reglados por el ordenamiento. Estos últimos son los que pueden ser objeto del control judicial, ya que éste no se restringe a los límites externos relacionados con las reglas formales sino que también fiscaliza algunas de las fases del decisorio interno, como la logicidad, razonabilidad, coherencia, concordancia, paridad de tratamiento, buena fe.

5- Del análisis de los fundamentos expuestos en el decreto surge la falta de congruencia, con toda claridad. Ello así porque situado el interés público exclusivamente en la preservación de la continuidad de la actividad cumplida pro las empresas de transporte público, la situación de emergencia que se expone la vincula únicamente con las de las empresas aseguradoras (alta siniestralidad y nivel de litigiosidad, escasa cantidad de empresas de seguros que actúan en el mercado, falta de liquidez, por las correcciones en el mercado del reaseguro para afrontar la deuda extrajudicial y judicial.) sin que se explicite el razonamiento por el cual ambos grupos de empresas se incluyen dentro de la situación de emergencia, máxime cuando las dirimentes (escasa cantidad de empresas de seguros que actúan en el mercado y su falta de liquidez) no se avizoran como comunes. La apuntada falta de logicidad o coherencia deja sin sustento el interés público argüido, cuestión fundamental en la legislación de emergencia toda vez que representa el interés general legitimador de las restricciones a los derechos constitucionales de los afectados.

6- Aún cuando se considerase que la situación de las aseguradoras es trasladable a las empresas de transporte público, corresponde verificar si se encuentra reunida la situación fáctica de urgencia, que habilita el ejercicio de la excepcional competencia de legislar al Poder Ejecutivo.- De los mismos argumentos expuestos en los considerandos del decreto, surge también con toda claridad que la situación que se considera de emergencia no se configuró de modo súbito. Así se alude a un aumento de indice de siniestralidad sin que se exponga que éste haya experimentado un incremento anormal o extraordinario. Se menciona el aumento de la actividad litigiosa, pero se menciona una tasa anual (20 %) sin exponer que ella se hubiera incrementado, a la época del decreto, superando el guarismo mencionado como constante. Se hace referencia a la escasa cantidad de empresas aseguradoras en el mercado, pero no se indica que dicha disminución se hubiese operado abruptamente a la época de dictarse el instrumento normativo.- Se menciona la falta de liquidez de las aseguradoras para la negociación de acuerdos extrajudiciales, pero se remonta la causa a 1991 en la que se corrigieron los aspectos distorsivos del mercado de reaseguro.- Resultando de lo expuesto que en todo caso la que se califica como situación de emergencia no se suscitó de modo súbito, el Poder Ejecutivo carecía de competencia para legislar en el marco del art. 99 3, toda vez que se invocan para sustentarla.

7- La falta de razonabilidad del decreto en cuestión surge en forma palmaria, toda vez que lesiona expresas garantías constitucionales que se mencionan a continuación:

El derecho a la igualdad consagrado en el art. 16 de la C.N.

La vulneración del principio de igualdad se produce también por cuanto los beneficiarios son destinatarios de un tratamiento privilegiado.- Es de destacar que la situación de privilegio en que son colocadas las empresas de transporte y aseguradoras, queda con claridad evidenciada en cuanto se la compara con la situación del Estado como deudor en la ley 23.982 de consolidación de pasivos.

El derecho a la vida y a la integridad personal C.N. art. 75 inc. 22 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 3, Convención Americana de Derechos Humanos arts. 4 y 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles Art. 6.-