marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Discriminación salarial, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ESPECHE ORTIZ, ALFREDO GUSTAVO c/ TELAM S.E. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-19

La disposición contenida en el art. 81 de la LCT habilita a la empleadora a dispensar un trato salarial diferente en la medida en que no sea ni arbitrario ni discriminatorio, sino que tal conducta debe tener una motivación racional y objetiva justificada, pero además impone que, en tales supuestos, corresponde a esa parte demostrar dicha causa objetiva, pues es quien se encuentra en mejores condiciones para hacerlo.
Asociaciones sindicales, aportes sindicales, representación procesal, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Federación Única de Viajantes de la República Argentina y otra c/ Yell Argentina S.A. y otro s/ cobro de salarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-07

Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia que rechazó la demanda promovida por las entidades sindicales actoras con el objeto de que se condene a la empresa demandada a pagar el aporte correspondiente al Fondo de Investigación y Perfeccionamiento Gremial y Profesional, previsto en el artículo 30 del CCT 308/75, pues el fallo apelado impuso a la actuación de las asociaciones gremiales peticionarias una condición que no está establecida en la norma aplicable, exigiéndoles contar con el consentimiento de los trabajadores cuando la reglamentación solo impone tal requisito a los sindicatos cuando asumen la defensa de los intereses individuales de sus representados pero no cuando procuran salvaguardar intereses colectivos (art. 22 del decreto 467/88, reglamentario de la ley 23.551).
Juicio ejecutivo, procesos de ejecución, títulos ejecutivos, preparación de la vía ejecutiva
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO COOPESUR COOPERATIVO LIMITADO c/ BONOTTI MARINO CLAUDIO Y OTRO s/ PREPARA VIA EJECUTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-02-25

Se adjunten o no los cupones, no son documentos ejecutivos sino elementos para una demanda de conocimiento (CNCOM. Sala b,ll-142-426) dado que no resulta la existencia de un crédito liquido y exigible en los términos del art. 520 del CPCC y porque la complejidad de la operación no autoriza a preparar la vía ejecutiva por el trámite del art. 525, puesto que para requerir la confesión de deuda debe esta presentar las características de ejecutoriedad (CNCOM.Sala b, 7-5-83, ed-105-206). Además no puede fundarse la ejecutividad del título en el inciso 7 del art. 523 dado que el mismo no es la formula mágica para que las partes puedan crear los titulos que quieran. No hay fuerza ejecutiva por ley y, entonces, no puede asignarse, en base a este inciso, el procedimiento ejecutivo (Rodríguez tratado de la ejecución II-a-451). Es cierto que el inciso 2 permite la creación contractual o convencional de los titulos ejecutivos, pero debe tenerse en cuenta que la acción ejecutiva es un privilegio que la ley otorga a cierto tipo de documentos, siempre y cuando encuadren en las disposiciones por ella señalada, es decir, que no basta que se pacte la vía ejecutiva, sino que es necesario que el instrumento reúna los requisitos del art.520 del CPCC (PI-93-I-26727, gb-vc).
Médicos, muerte, daño, indemnización, mensura, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: Mansilla, Susana Raquel y otro c/ Estado Provincial y/u otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-13

La mensuración del daño, debió realizarse contemplando que en el caso, consistió en una 'chance' de supervivencia perdida, por lo que la condena no puede equipararse a la que se debería si los médicos aquí demandados hubiesen realmente "matado" al enfermo con lo cual, las indemnizaciones deben tener en cuenta que la muerte, igual podía haber ocurrido si la infección no era atacable por su tipo, o el estado avanzado de la misma, aspectos que no se investigaron en este litigio.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, banco central, entidades financieras
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: CAJA DE CREDITO MARTINEZ SOC COOP LTDA. c/ RESOL NRO. 160 DEL BANCO CENTRAL s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO-  BANCO  CENTRAL- ENTIDAD  FINANCIERA-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-26

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que -fundada en que, con posterioridad a la medida por la que se intervino precautoriamente a una entidad financiera, se revocó a la recurrente la autorización para funcionar con el carácter de caja de crédito, y que ello no fue objeto de impugnación- declaró la falta de interés actual de la actora para obtener el pronunciamiento que se demandó en cuanto a revocar la mencionada resolución. Ello es así, pues los agravios remiten a la interpretación del art. 32 de la ley 22.529, cuya naturaleza procesal no habilita el remedio que prevé el art. 14 de la ley 48
Recurso de inconstitucionalidad, derecho a la salud, obras sociales, cobertura médica, fertilización asistida, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia vinculante, jurisprudencia internacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTINEZ, ALEJANDRA NOEMI. c/ INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL (IAPOS) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-11-26

La cuestión debatida exhibe sustancial similitud con la que fuera materia de conocimiento y decisión por este Tribunal en "Muiño c.

IAPOS y otros", posición que se refuerza -aún más- con la reciente sanción de la ley nacional de fertilización humana asistida y su decreto reglamentario; a lo que cabe agregar que, atento los valores en juego y la pronta tutela que se reclama en la cobertura de una enfermedad que el paso del tiempo tornará irreversible (infertilidad), el perjuicio que se invoca como ciertamente de imposible reparación ulterior conduce a que futuras dilaciones en la resolución de la cuestión sometida a juzgamiento tornen irreversible la situación de afectación constitucional alegada. Y no menos significación tiene para la solución del caso la interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos , tribunal que ha insistido en la responsabilidad de los Estados de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos esenciales; y en que la salud constituye un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (Del voto de la Dra.

Gastaldi).
Recurso extraordinario, resoluciones equiparables a definitiva, régimen de consolidación de deudas, Estado Nacional, pago, bonos de consolidación
Materia: PROCESAL
Carátula: Cores Ponte, Jorge Manuel c/ Municipalidad de La Matanza. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

El pronunciamiento es equiparable a sentencia definitiva, si la pretensión de la recurrente de que no sea ella sino el Estado Nacional quien cancele la deuda mediante la entrega de bonos de conformidad con la ley 23.982, no es susceptible de ulterior tutela en el curso del proceso.
Contratos, locación, extinción del contrato, cláusulas del contrato, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Neuhel SRL c/ Servicios Vertua SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-16

Corresponde rechazar el reclamo promovido por una empresa constructora contra dos sociedades comitentes, integrantes de una UTE, en cuanto sostiene que resultó injustificada la resolución del contrato que las uniera, para la construcción de un ramal de gasoducto. Ello así, pues la resolución se fundamentó en una cláusula contractual que establecía la facultad rescisoria con base en la decisión del ente regulador de energía (ENARSA), circunstancia que se configuró en los hechos. En ese marco, toda vez que nos encontramos ante justiciables que son empresas de importante trascendencia, con sobrados conocimientos técnicos y especializadas en la materia, y en tanto la actora ni siquiera cuestionó la validez de esa facultad reconocida por ambas partes a favor del ente en el marco del contrato celebrado con la UTE, no cupo declarar en forma oficiosa que esa cláusula resulta abusiva, debiendo por ende ser reputada plenamente válida y aplicable para la solución de la controversia sometida a juzgamiento.
Asociaciones sindicales, tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: E., M.A. c/ D. SRL s/ Cobro de Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-10-15

La Ley nro. 23.551 en su artículo 49 exige para que se configuren las prerrogativas de la tutela sindical, que "la designación se haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales", siendo "tales requisitos de cumplimiento inexorable por el carácter de orden público de las disposiciones contenidas en la Ley de Asociaciones Profesionales.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Banco Credicoop Coop. Ltdo. c/ Geremia, Elvio O. y otro s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Ejecución  hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-29

Resulta inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el fallo de Alzada que rechazó la demanda de ejecución hipotecaria promovida por el Banco actor- en su carácter de cesionario del crédito hipotecario en virtud de la cesión de crédito realizada por el Banco Argencooop. Coop. Ltdo. en favor del primero de acuerdo a las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la declaración de quiebra del banco cedente, desde que el quejoso no ha conseguido desmerecer las consideraciones efectuadas por el A quo al no reputar definitiva la decisión impugnada. Concretamente, el quejoso afirma que no existe la posibilidad de debatir en un juicio ordinario posterior lo decidido por la Sala -que con fuerza de cosa juzgada material le negó al Banco cesionario el derecho mismo que le compete sobre el crédito- ya que las partes no podrán aportar nuevos elementos de juicio más de los ya arrimados y merituados a la hora de resolver. Sin embargo, las apuntadas afirmaciones carecen de idoneidad para demostrar que ello efectivamente ocurra, máxime cuando la Sala en el auto denegatorio sostuvo que "disipado que fuera procesalmente- por la vía correspondiente- la incertidumbre sobre la legitimación activa para discernir con la cedente fallida, nada impediría al actual actor promover un nuevo juicio. Dicho bajo otra óptica, la defensa articulada se ciñe al estricto marco ejecutivo y su definición no importa prejuzgamiento ni tiene relevancia probatoria la omisión de notificación al cedido para intentar una ulterior acción ordinaria conforme lo dispuesto por el art. 483 del C.P.C.C."
Compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, cesión de boleto
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA SALVADOR D. c/ AMADO FEDERICO s/ ESCRITURACION GARCIA SALVADOR D. c/ RAIMUNDI JOSE s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-18|1987-12-18

El cesionario de los derechos y obligaciones emergentes de un boleto de compraventa se encuentra en el mismo lugar que el cedente y la transmisión no mejora o perjudica al deudor cedido, quien puede oponer al cesionario todas las defensas y excepciones que tuviera contra el cedente.

Por lo tanto, la mora en que se encontraba incurso el cedente, le es oponible también a él y esa mora la impide solicitar la resolución invocando la imprevisión.
Recurso de inconstitucionalidad, resoluciones apelables, alternativas a la prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL-RECURSOS NATURALES
Carátula: Scataglini, Marcelo Dario c/  s/ delitos contra la administración pública
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-09-05

Asiste razón a la recurrente en cuanto endilga arbitrariedad normativa en el fallo de Cámara, por concluir el A quo que la resolución impugnada no era apelable al no encuadrar dentro de uno de los supuestos de impugnabilidad objetiva, dado que -en su estima- no se trataba de un caso especialmente previsto como apelable, no era idóneo para causar gravamen irreparable, ni tampoco resultaba un elemento para el análisis de una medida cautelar; toda vez que del estudio de las constancias de la causa, surge que la defensa del imputado de inicio formuló planteos cuestionando la legalidad de las evidencias y la tipicidad de las conductas endilgadas al nombrado, las que no sólo sustentaron la imputación y el pedido de audiencia imputativa y de medida cautelar, sino que fundamentalmente -y aquí se evidencia la impugnabilidad objetiva exigida- motivaron la medida de coerción personal alternativa a la prisión preventiva ordenada por la Jueza de grado; por lo que, en las concretas circunstancias del caso, la apelabilidad de lo resuelto surge patente del artículo 226 del Código Procesal Penal, al decir que la resolución que imponga, modifique o rechace medidas coercitivas personales, será apelable. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 226
Desindexación, cláusula dólar, obligaciones de dar sumas de dinero, convertibilidad
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: COLO, JUAN c/ OSN s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-13

El "valor dolar" no debe generalizarse para todas las deudas dinerarias ajustables por índices, porque la ley 24283 no lo establece, cuando bien pudo hacerlo si lo hubiera juzgado como parámetro de validez general a esa comparación. Por otra parte, en cuanto a la ley 23928 la dolarización que mencionan algunas de sus normas está limitada a ciertas relaciones jurídicas, esto es, a las prestaciones dinerarias reajustables, nacidas antes del 1.4.91 de ejecución diferida o de duración, en los casos en que la contraprestación no dineraria estuviere pendiente para esa fecha (cfr. Alterini, A. "Desindexación de las deudas" Ed. Abeledo Perrot dic. 1984). (Del voto del Dr. Morell, en mayoría).
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Paniagua, Benito c/ Paredes, Alejandro s/ Interdicto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

En ese tipo de proceso, por su excepcional naturaleza, dominada por la urgencia, el principio de inaplicabilidad, se erige en regla imperativa e inexcusable para los jueces (art. 496, inc. 4 CPCC).

(Minoría u opinión personal)
Acción de revisión, deportación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: López Mosquera, Andersson c/  s/ revisión penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-04

Conforme las constancias obrantes surge que la persona condenada contaba no sólo con una resolución firme de deportación, sino también de prohibición de reingreso permanente a nuestro país con notificación que se cursara a las autoridades y que en incumplimiento de dicha resolución se cometió un hecho (tres años después) en nuestra Provincia, por lo que, en vinculación con las constancias de autos, se dispuso también la notificación a la Dirección Nacional de Migraciones y al señor juez nacional de Ejecución Penal de la ciudad de Buenos Aires, que ordenara la deportación y prohibición de reingreso permanente, a los efectos que pudieran corresponder; en consecuencia, teniendo en cuenta que la revisión penal no constituye una tercera instancia, sino que sólo encuentra andamiaje en las causales específicamente tipificadas en la ley que no se advierten configuradas en el sub judice, y no vislumbrándose tampoco la concurrencia de uno de los especialísimos supuestos en los que este Tribunal ha excepcionado la regla de taxatividad de las causales de admisibilidad de la vía intentada, el remedio deviene inadmisible.
Derecho laboral, despido, discriminación laboral, cuestiones procesales, reinstalación en el puesto de trabajo, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: González Mario Ramón c/ Obra Social de los Trabajadores de la carne y afines de la República Argentina s/ Cuadernillo Apelación ART. 247 C.P.C.C. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-09

Es evidente la existencia de una situación de alta conflictividad entre las partes, uno de los motivos que prima facie podrían justificar la medida rescisoria tomada por la empleadora y que bien podría, habrá que verlo al momento de la sentencia, descartar la discriminación como móvil (todo está sujeto a prueba). Pero que, sin dudas, en esta etapa de conocimiento restringido, conspiran contra la existencia de una verosimilitud del derecho atendible. No estamos frente a un despido sorpresivo, con una causa aislada de todo contexto, estamos frente a un despido en un marco de conflicto entre las partes y que merece una profundidad de análisis ajena a los límites de debate de esta pretensión cautelar previa. Al coincidir parcialmente la tutela innovativa planteada con la pretensión de fondo de la acción el criterio de admisión debe ser restrictivo (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Rechazo de la demanda, certificado de depósito a plazo fijo, entidades financieras
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Caprecom c/ BCRA. y otro s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

Corresponde rechazar la demanda interpuesta a efectos de obtener el pago del certificado de depósito a plazo fijo, nominativo, intransferible ajustable por cláusula dólar emitido por una compaÑía financiera , ya que dicho documento no indica en forma expresa y clara la identidad del titular y el nombre de la entidad financiera representante (conf. dec. 2076/93) no observando así la normativa vigente al momento de la operación.
Prescripción adquisitiva, pago de tributos, plazo, facultades del juez, prueba compuesta
Materia: CIVIL
Carátula: JARA, FELIX MARTIN s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-11-21

En el proceso de prescripción adquisitiva el pago de impuestos no tiene porque abarcar el lapso veinteañal, quedando sujeto al prudente arbitrio judicial la consideración acerca de la antigüedad necesaria para conformar la requerida prueba compuesta, siendo aquélla la que diversos medios probatorios de pauta cierta de una posesión durante ese lapso y que supone la acreditación del "corpus" y del "ánimus domini" en forma cabal e indubitable.
Recurso de casación laboral, fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: FIGUEROA, MARIO JOAQUIN c/ CHACHARA BAR-JOSE B. CORIA Y/O RESPONSABLE s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-20

El recurso de casación debe bastarse a sí mismo, haciendo referencias precisas a la sentencia y demostrando que la solución jurídica no es derivación razonable del derecho vigente de conformidad a los hechos declarados.-
Audiencia de debate, hechos nuevos
Materia: PENAL
Carátula: FERRAVANTE, FERDINANDO A.; PERONI, EDUARDO HEBER; TOLOSA JULIO ROBERTO s/ ADULTERACION DE DOC. PRIVADO EQUIP. A PUBLICO Y COAUTOR DE ESTAFA  MEDIANTE USO DE DOC...S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-03-09

Conforme con el art. 359 del CPP el tribunal puede ordenar la recepción de pruebas nuevas. El nuevo medio de prueba debe manifestarse indispensable o conocerse durante el curso del debate.

La indispensabilidad resulta de la circunstancia de no poderse prescindir del elemento probatorio que el nuevo medio puede adoptar para el descubrimiento de la verdad, la valoración de ese posible aporte es atribución discrecional del tribunal.
Medicina prepaga, acción de amparo, reintegro de gastos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: V., A. B. c/ Swiss Medical S.A. s/ Sumarísimo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-06

Este Tribunal ha resuelto en amparos por cuestiones alimenticias, que el tratamiento que efectúa la actora en la clínica del Dr. Cormillot constituye solo un acto voluntario cuyas consecuencias debe asumir personalmente. De otra manera, cualquier afiliado podría por sí y ante sí concurrir a cualquier institución asistencial y reclamar luego el reintegro de los gastos a su obra social sin limitaciones, premisa cuyo mero enunciado convence sobre su desacierto, pues se desbarataría así el sistema de funcionamiento de las obras sociales (conf. Esta Cámara, esta Sala causas n° 10.960/07 del 16-09-08 y n° 3823/11 del 25-10-11; Sala II, doctrina de las causas 1101/2000 del 6.06.2002 y 7700/2002 del 16.12.2003). Y si bien es cierto que en supuestos particulares se han admitido excepciones al principio general en el que se asienta el régimen, disponiéndose la cobertura con prestadores ajenos a las entidades de salud, ello ha sido cuando se acreditaron en forma suficiente las especiales circunstancias que así lo justificaban (cfr. esta Sala, causas 5450/06 del 20-7-2006 y 2179/07 del 17-5-2007) o cuando el agente de salud no tenía entre sus prestadores profesionales idóneos o instituciones adecuadas para la atención del beneficiario o cuando existía riesgo en la vida del paciente por cambio del prestador (cfr. esta Sala, causas 473/13 del 3-7-13 y 68/10 del 29-6-10).
Prestación de servicios, aplicación de la ley, cuestión de derecho común, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Rogers, Adriana Elizabeth c/ Asociación de Obras Sociales de Trelew s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-12

La prestación de servicios da lugar a una vinculación que une a las partes y que puede ser regida por el derecho común o por la legislación laboral, según sea el caso.
Acceso a la justicia, tratados internacionales, víctima del delito, derechos de la víctima, querellante, querellante particular
Materia: PROCESAL
Carátula: M., E. J. s/ Homicidio culposo s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-14

El razonamiento expuesto es conteste con la interpretación amplia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene realizando de los arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos - derecho a una tutela judicial efectiva -, entre cuyas garantías cabe incluir el derecho a la verdad, el deber de investigación (caso "Hermanas Serrano Cruz") y el derecho a un recurso efectivo, como protección "... de los derechos de los individuos (que) no supone sólo el resguardo directo a la persona presuntamente vulnerada sino además a los familiares, 'quienes por los acontecimientos y circunstancias particulares del caso, son quienes ejercen la reclamación en el orden interno'" (caso "Tibi").