Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-15


Expte. nº 13572/16 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denega-do en: Aspiro, Norma Beatriz c/ GCBA s/ amparo" Buenos Aires 15 de agosto de 2018 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

1. Llegan las presentes actuaciones al Tribunal para decidir el recurso de queja deducido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) contra la denegatoria de su recurso de inconstitucionalidad (fs. 118/131 vuelta).

2. En el caso, Norma Beatriz Aspiro (en adelante, la parte actora) promovió acción de amparo contra el GCBA a efectos de que se le ordene otorgarle con carácter urgente el pase a otro establecimiento educativo, por entender afectados sus derechos a trabajar y a la salud (fs. 2/7). Relató que trabajaba en el GCBA desde el 30 de marzo de 1994 desempeñándose, desde esa fecha y durante once (11) años, como "modelo vivo" en la Escuela de Bellas Artes "Lola Mora", y que pertenecía a la planta permanente. Explicó que, luego de finalizado su horario de trabajo, realizaba tareas administrativas en las áreas de secretaría, biblioteca, receptoría, comedor y donde se lo solicitaran, hasta que, a partir de 2005, dejó de trabajar como "modelo vivo" para desempeñarse "full time" en la secretaría, de común acuerdo con la Directora, Adriana Gloria González. Señaló que, con ese cambio, trabajaba hasta aproximadamente las 12 horas pues, luego de ese horario, salía a entregar correspondencia hasta las 15 horas, y que no volvía a la escuela porque su jornada laboral terminaba a las 14:30 horas. Expuso que fue en este contexto en el que se iniciaron los problemas con la Directora, que se agudizaron cuando la amparista le manifestó en 2008 su voluntad de terminar sus estudios secundarios, y que la situación empeoró cuando se inscribió en el CBC para estudiar abogacía. Continuó explicando que hacia fines de 2011 la Directora ordenó quitarle las tareas de correo, hecho que la accionante interpretó como un castigo y represalia por haberle solicitado su reencasillamiento por la obtención del título secundario. Manifestó que la situación laboral le provocó una crisis nerviosa que la llevó a ser atendida en el Centro de Atención Psicopatológica (CAP), donde el Director de la Clínica le otorgó licencia médica y la derivó a un psiquiatra. Indicó que en varias órdenes de licencias los especialistas solicitaban un urgente cambio de ámbito laboral, que continuó durante el año 2012 en tratamiento psiquiátrico con diferentes médicos del CAP y con licencia por enfermedad de largo tratamiento. Por otra parte, indicó que obtuvo un certificado del director de la "Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas S.E.B.D.E. Espangenber" en el que solicitaba su traslado a esa institución. Afirmó haber entregado dicho certificado junto a los certificados médicos a la Dirección de Escuelas de Bellas Artes "Lola Mora", a la Supervisión del Distrito Escolar correspondiente y a la Dirección de Educación Artística, sin haber recibido ninguna respuesta favorable a sus presentaciones. En febrero de 2013 recibió el alta médica en el Hospital Rawson, circunstancia que la habría llevado a presentar un recurso jerárquico para que se reviera su situación y se le renovara la licencia. Por último, hizo uso de sus vacaciones por el término de 41 días hábiles. En lo que aquí interesa destacar, contestada la demanda por el GCBA (fs. 74 bis/81 vuelta), la jueza de primera instancia rechazó la acción de amparo (fs. 83/85 vuelta). Para arribar a esa solución la magistrada consideró, entre otros argumentos que la concesión del alta médica (cuestionada en sede administrativa) o no haber ordenado el traslado de la agente, no evidenciaban que el GCBA hubiera obrado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y que su accionar fuera el que lesionaba en forma clara e inequívoca derechos o garantías constitucionales de la accionante que justificara la procedencia de su pretensión, pues ello no guardaba relación alguna con la causal invocada en justificación del pedido.

La amparista apeló y fundó sus agravios (fs. 86/89 vuelta), que fueron contestados por el GCBA (fs. 90/92 vuelta).

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación; revocó la resolución de la jueza de grado y ordenó al demandado disponer, por el órgano competente, en el plazo de diez (10) días hábiles, el traslado de la actora a una vacante de igual jerarquía escalafonaria, denominación y especialidad que la que ocupaba (fs. 95/100 vuelta).

3. Contra esa decisión el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 101/112), cuyo traslado fue contestado por la amparista (fs. 113/113 vuelta). La Sala III lo denegó (fs. 115/116 vuelta), y ello motivó la queja referida en el punto 1.

4. Requerido su dictamen, el Fiscal General Adjunto propició declarar admisible la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad del GCBA, revocar la sentencia y reenviar las actuaciones a la Cámara de Apelaciones para que otros jueces dicten una nueva sentencia (fs. 137/139 vuelta).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El recurso de queja articulado por la parte actora a fs. 118/131 vuelta ha sido interpuesto en tiempo y forma (art. 32 de la ley 402). En particular, los agravios destinados a controvertir la procedencia de la acción de amparo interpuesta por no verificarse la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta por parte del GCBA ?conforme lo establecido por el artículo 14 de la CCABA? así como la alegada invasión por parte del Poder Judicial sobre las facultades propias del Poder Ejecutivo contenidas en los artículos 102 y 104 de la CCABA, suscitan una cuestión constitucional.

2. La parte actora solicitó su traslado desde la Dirección de la Escuela de Bellas Artes "Lola Mora" en la que se encontraba prestando servicios hacia la "Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas S.E.B.D.E. Espangenber", mediante dos notas dirigidas a la señora supervisora del distrito escolar n° 21 y a la Dirección de Educación Artística (v. fs. 3 vuelta/4, 33 y 34 de la queja). La petición se fundó en problemas de salud mental que, según refiere la señora Norma Beatriz Aspiro, serían consecuencia del maltrato laboral ejercido por la directora Adriana Gloria González.

En las actuaciones administrativas obrantes en la causa se produjeron informes en diferentes organismos del Ministerio de Educación del GCBA. A saber, en el informe n° 799-SUP1-DEA-2012 se señaló que ".no habiendo antecedentes, ni actas que informen de esta situación planteada [maltrato laboral] y ante la necesidad de contar con personal auxiliar en la institución de acuerdo a la cantidad de tareas a realizar, y dado que corresponde a dicha planta debería continuar en la institución" (fs. 362, del expte. n° A2498-2013/0). El informe n° 1021490-DGEGE-2013 destacó que ".en ningún momento la Dirección Operativa de Medicina del Trabajo aconseja un traslado de lugar de trabajo" (fs. 363, del expte. n° A2498-2013/0). Por su parte, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional emitió el informe n° 01144241/DGCLEI/2013, en el que sostuvo que ".el caso de la interesada no se encuentra encuadrado en ninguno de los supuestos normativamente previstos, a criterio de esta instancia no correspondería acceder a lo solicitado" (fs. 364, del expte. n° A2498-2013/0). Asimismo, el informe de la Dirección general Administración Medicina del Trabajo indicó que ".se le ha otorgado Alta médica (.), con fecha 04/02/2013 (.) los profesionales psicólogos y psiquiatras, mediante psicodiagnóstico y entrevista individual han determinado que la Dra. Aspiro se encuentra en condiciones para desempeñar sus funciones laborales" (fs. 373, del expte. n° A2498-2013/0). En diversas oportunidades, se citó a la señora Aspiro para que proceda a notificarse de los informes producidos en sede administrativa. Por su parte, la parte actora realizó diversas presentaciones, solicitó nuevas licencias, alegó nuevos problemas de salud y dijo haber recurrido el acto administrativo que le otorgó el alta médica (v. fs. 430 y 438/439, del expte. n° A2498-2013/0).

Frente a la falta de respuesta favorable a su reclamo en sede administrativa, la parte actora promovió la presente acción de amparo para que se disponga su traslado mediante una orden emanada por una sentencia del Poder Judicial, invocando que sus derechos al trabajo y a la salud se encontraban afectados (1/6 vuelta, del expte. n° A2498-2013/0).

3. A continuación, corresponde señalar que el Poder Ejecutivo "[t]iene a su cargo la administración de la Ciudad, la planificación general de la gestión (.) dirige la administración pública y procura su mayor eficacia y los mejores resultados en la inversión de los recursos." (artículo 102 CCABA). Asimismo, entre las facultades del Jefe de Gobierno se encuentra las de "[e]stablece[r] la estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia (.) nombra[r] a los funcionarios y agentes de la administración y ejerce[r] la supervisión de su gestión" (artículo 104, párrafo 9 de la CABA).

En este contexto, el artículo 31 del estatuto docente estableció que: "El personal docente titular podrá solicitar traslado: a) por razones de salud propia o del grupo familiar; b) por necesidad de integración del grupo familiar, surgida con posterioridad a la toma de posesión del cargo u horas de clase o razones de distancia; c) para concentrar áreas; d) por otras razones.	Las solicitudes serán evaluadas por la COREAP teniendo en cuenta los antecedentes del peticionante y las causales invocadas, fijando como orden de prioridad para el tratamiento de las solicitudes el establecido en los incisos a), b), c) y d) del presente artículo.

La resolución definitiva correrá por cuenta del Ministro de Educación. El personal que se encuentre en condición pasiva por disminución o pérdida de sus aptitudes podrá solicitar traslado invocando las causales incluidas en el inciso a) al solo efecto de volver a la condición activa. A este fin acompaña a su solicitud de traslado un informe de la Dirección Medicina del Trabajo en el que se recomienden las características de una	nueva	vacante de destino que permita el cambio de condición mencionado.

La causal d) se atenderá sólo cuando hubieran transcurrido DOS (2) años de real prestación de servicios en el	cargo u horas de clase, desde la toma de posesión. Los traslados se efectuarán en vacantes de igual jerarquía escalafonaria, denominación y especialidad, salvo que los interesados acepten rebajar de jerarquía." A su vez, el decreto n° 516/13 que reglamentó la norma citada dispuso que: "[l]a solicitud se acompañará con las constancias que certifiquen la causal invocada en el pedido de traslado..." y que "[l]as certificaciones extendidas por autoridades privadas solamente serán aceptadas en el caso que, por su índole no pudieran ser extendidas por autoridad oficial." 4. De este modo, el marco normativo citado ha reglamentado un mecanismo para gestionar las solicitudes de traslado de los docentes confiriendo cierta discrecionalidad en el ejercicio de sus facultades al Poder Ejecutivo. Es decir, la normativa reseñada no impone que todos los requerimientos sean acogidos favorablemente.

En este sentido, resultaría dificultoso o impracticable, para las autoridades administrativas, hacer lugar a todos los traslados que fueran solicitados por los docentes, en atención a la necesidad de organización y planificación que precisa la prestación del servicio de educación pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

De hecho, las normas brindan algunas pautas tendientes a gestionar las solicitudes. Por ejemplo, se ha fijado un orden de prioridad para resolver los reclamos, han sido establecidas ciertas limitaciones para efectuarlas ?en la causal d) se exige que hubieran transcurrido DOS (2) años de real prestación de servicios en el cargo u horas de clase, desde la toma de posesión, entre otros? y han sido fijadas exigencias de tipo formal para acreditar la verificación de algunas causales ?las certificaciones extendidas por autoridades privadas solamente serán aceptadas en el caso que, por su índole no pudieran ser extendidas por autoridad oficial?.

5. El pronunciamiento de la Cámara CAyT comenzó por reconocer que, al resolver las solicitudes de traslado, el GCBA gozaba de facultades discrecionales orientadas a atender el interés público comprometido, pero omitió justificar adecuadamente que aquéllas habían sido ejercidas arbitrariamente.

Así pues, el voto que conformó la mayoría de la Sala III de la Cámara CAyT ?que hizo lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, a la acción de amparo? sostuvo que "[u]na interpretación razonable de la norma -que tenga en miras un equilibrio entre una mejor prestación de los servicios educativos y los intereses del requirente- conduce a incluir en la causal residual 'otras razones' cualquier situación en que, a criterio de las autoridades competentes, resulte conveniente el traslado del peticionario, a fin de optimizar la actividad de la administración" (fs. 553, del expte. n° A2498-2013/0).

A continuación, entendió que por aplicación del inciso d) del artículo 31 del estatuto docente, "estarían comprendidas en este supuesto los conflictos entre un agente y sus pares o superiores (.) que no necesariamente llegan a traducirse en menoscabos en su salud para los involucrados o en faltas disciplinarias, o no son alcanzados por las previsiones de la ley 1225" (fs. 553, del expte. n° A2498-2013/0).

Finalmente, concluyó que "[l]a interpretación de la normativa aplicable señalada precedentemente (.) lleva a subsumir el pedido de traslado de la actora dentro de la causal 'otras razones' prevista en el inciso d) del artículo 31 del Estatuto del Docente (fs. 554, del expte. n° A2498-2013/0), e hizo lugar a la acción de amparo interpuesta.

Sin embargo, en este punto, la Cámara CAyT no tuvo en cuenta que el GCBA, en ejercicio de la competencia discrecional que tiene asignada, es el organismo habilitado para valorar las necesidades del servicio de educación pública y el encargado de gestionar los recursos humanos.

En efecto, tal como fue expuesto en el punto 5 precedente, cabe reiterar que el artículo 31 del estatuto docente no garantiza que las solicitudes de traslado serán resueltas favorablemente.

Antes bien, reconoce al GCBA facultades discrecionales tendientes a planificar y organizar el servicio de educación pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

6. Llegados a este punto, es preciso destacar que la señora Aspiro no acompañó certificados médicos emitidos por autoridades públicas en sede administrativa, conforme lo exigido por la normativa aplicable (decreto n° 516/13), y no ha logrado acreditar ningún impedimento para su obtención. Además, el informe de la Dirección general Administración Medicina del Trabajo indicó que ".se le ha otorgado Alta médica (.), con fecha 04/02/2013 (.) los profesionales psicólogos y psiquiatras, mediante psicodiagnóstico y entrevista individual han determinado que la Dra. Aspiro se encuentra en condiciones para desempeñar sus funciones laborales" (fs. 373, del expte. n° A2498-2013/0).

En cuanto al maltrato laboral alegado, si bien los testimonios brindados por sus compañeros de trabajo (v. fs. 75/77, del expte. n° A2498-2013/0) aluden a la existencia de problemas laborales generados por la directora de la escuela, lo cierto es que no hay constancias o denuncias que avalen el conflicto laboral alegado (v. fs. 362, del expte. n° A2498-2013/0). Además, no parece justificado que cualquier situación de conflicto laboral autorice al Poder Judicial a disponer el traslado de los docentes, en desmedro de la organización y planificación del servicio de educación pública dispuesta por el Poder Ejecutivo.

En consecuencia, la interpretación realizada por la Sala III, implicó avanzar sobre la competencia amplia que tenía asignada el Poder Ejecutivo para decidir las solicitudes de traslado y reemplazar su criterio, sin que haya quedado probada la arbitrariedad del procedimiento llevado a cabo en sede administrativa.

7. En este contexto, es necesario recordar que la CSJN ha sostenido que la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance de este poder en desmedro de las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos: 155:248; 311:2580; 321:1252).

El control judicial de las decisiones discrecionales se limita a corregir una actuación administrativa ilógica, abusiva o arbitraria, pero no implica que el juez sustituya a la administración en su facultad de decidir. La competencia jurisdiccional, es revisora, no sustitutiva (Fallos: 304:721; 327:548).

Ello no obsta a que, planteado un caso concreto ?una "causa" en los términos del art. 116 de la Constitución Nacional? se despliegue con todo vigor el ejercicio del control constitucional de la razonabilidad de las leyes y de los actos administrativos (Fallos: 112:63; 150:89; 181:264; 261:409; 264:416; 318:445); por ende, una vez constatada la iniquidad manifiesta de una norma (Fallos: 171:348; 199:483; 247:121; 312:826) o de un acto de la Administración (Fallos: 292:456; 305:102; 306:126 y 400), corresponde declarar su inconstitucionalidad (ver por todo, Fallos: 321:1252).

Es que, tal como lo sostiene el académico doctor Juan Carlos Cassagne, "al estar la Administración sujeta a la ley y al derecho, [los artículos 19 CN y 13 CCABA] contiene[n] la regla de la prohibición de arbitrariedad que se configura así como un principio general de derecho público que, como se verá seguidamente, tiene fundamento en otras normas constitucionales que completan la regla [.] Si se proyecta el principio del art. 28 de la CN [y el artículo 10 CCABA] a la actividad del Ejecutivo, la cláusula opera, preceptivamente, sobre el conjunto de la actividad administrativa o reglamentaria, ya se trate de actos reglados o discrecionales, en cualquiera de sus elementos constitutivos, sin que puedan alterarse los principios derechos y garantías consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 18, entre otros [.] El reconocimiento de los principios constitucionales antedichos (razonabilidad y prohibición de arbitrariedad) en conexión con el postulado de la división de poderes (.) conduce a que en el derecho argentino no existan actos discrecionales inmunes al control de los jueces. Ello es una obligada consecuencia del principio de la tutela judicial efectiva, establecido en los pactos internacionales [artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) incorporada en el artículo 75 inc. 22 CN] (.) que ha venido a ampliar el ámbito tradicional de la garantía de la defensa establecida en el artículo 18 de la CN (cfr. Cassagne, Juan Carlos, "La Prohibición de arbitrariedad y el control de la discrecionalidad administrativa por el Poder Judicial". La Ley, 2008-E, 1274). Ahora bien, "al suponer la discrecionalidad un espacio de valoración y elección entre distintas soluciones todas ellas válidas para el derecho, que el ordenamiento confía a la autoridad administrativa, los órganos jurisdiccionales no pueden determinar el contenido de la decisión discrecional y sustituir el criterio de conveniencia o eficacia de la Administración por el suyo, porque de lo contrario (.) se afectaría el principio de división de poderes, inherente a todo estado de derecho, en tanto se produciría una inadmisible intromisión de los jueces en un ámbito reservado por la Constitución a la Administración" (Perrino, Pablo Esteban, "La inactividad administrativa y su control judicial". RAP n° 269/2001, Buenos Aires, páginas 9 a 22).

En virtud de lo expuesto, en concordancia con lo dictaminado por el señor Fiscal General Adjunto, voto por hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad del GCBA; revocar la sentencia impugnada y, en consecuencia, rechazar la presente acción de amparo.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Coincido con mi colega preopinante, el juez José O. Casás, en que corresponde revocar la sentencia de fs. 95/100, en cuanto condenó al GCBA a que ".por el órgano competente, en el plazo de diez días hábiles, [dispusiera] el traslado de la actora a una vacante de igual jerarquía escalafonaria, denominación y especialidad que la que actualmente ocupa, según lo dispuesto por el art. 31 del Estatuto del Docente y su reglamentación" (fs. 99 y 100vuelta). Ello, pues la recurrente muestra que la decisión cuestionada avanzó sobre el ejercicio de una función administrativa que la Constitución, y la ley pusieron en su cabeza (cf. arts. 102, 104 y 106 CCBA y 31 del Estatuto Docente), al margen de los límites que a la función jurisdiccional impone el art. 106 CCBA.

2. Cabe señalar que, para resolver del modo relatado, los jueces de mérito entendieron que el pedido de traslado formulado por la amparista asentado en su relación problemática con su superior en la escuela de Bellas Artes "Lola Mora", donde presta servicios, encuadraba en la previsión contenida en el inciso d del artículo 31 del Estatuto Docente. Entendieron acreditados los extremos invocados por la actora (esto es, que mediaba una relación conflictiva); y que se había configurado el supuesto de denegación tácita del pedido, a raíz del silencio de la administración. Asimismo, tras señalar que en el informe n° IF-0114241-2013-DGCLEI (suscripto por el subgerente operativo de sumarios y empleo público) se propiciaba el rechazo del pedido con asiento en que las razones invocadas por la promotora no encuadraban en ninguna de las causales contempladas en el art. 31 del Estatuto Docente, concluyó que ".la demandada ha ejercido con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta su facultad de denegar el traslado peticionado, por lo que el amparo resulta procedente" (fs. 99).

3. En lo que ahora importa, el art. 102 CCBA establece que "[e]l Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad, la planificación general de la Ciudad, la planificación general de la gestión y la aplicación de las normas. Dirige la administración pública y procura su mayor eficacia y los mejores resultados en la inversión de los recursos".

Es el Ejecutivo quien tiene competencia para establecer cuáles son las necesidades funcionales de los distintos órganos, o reparticiones, de que se vale para cumplir las misiones que tiene encomendadas, ella es una de las maneras que tiene de procurar la mayor eficacia y los mejores resultados en la inversión de los recursos, y es una herramienta necesaria de quien dirige la administración. Sobre esa base, también, es que "[e]stablece la estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia[; n]ombra a los funcionarios y agentes de la administración y ejerce la supervisión de su gestión".

4. He señalado en otra ocasión (en la que se cuestionaba una orden judicial que había mandado al GCBA a reincorporar a la demandante, pese a que no era empleada de planta permanente, con asiento en que había sido comprobado el fraude laboral que habría privado a la actora de gozar de estabilidad propia) que, como regla, en función del margen de actuación que libra el art. 106 CCBA, los jueces no pueden dictar actos administrativos cuya emisión el sistema jurídico confió al Poder Ejecutivo, desplazándolo en el ejercicio de sus atribuciones; entre ellos, no pueden designar los empleados a los que se refiere el art. 104.9 CCBA y el art. 6 de la ley n° 471, reglamentándolo. La CCBA programa un sistema de división de poderes dentro de cuyos contornos no compete a los jueces sino la resolución de causas, esto es, controversias relativas a la existencia y alcance de derechos subjetivos, entre partes adversarias, mediante decisiones que operen sobre esos derechos. De ahí que, cuando la controversia tiene al Gobierno como uno de sus protagonistas, puede el juez anular uno de sus actos y ordenar la reparación patrimonial del daño ocasionado; no puede, en cambio, ejercer la función administrativa que se encuentre involucrada.

La emisión de un acto administrativo -carácter que reviste el acto mediante el cual se designa a empleados, cf. art. 6 de la ley n° 471- es una facultad de la que los jueces carecen por tratarse de una función Administrativa, la que aun cuando dependa, en primer término, de una creación legislativa, la Constitución local obliga a que sea atribuida a la rama ejecutiva. Excepcionalmente, el legislador puede investir a los jueces con la facultad de emitir decisiones que reconozcan derechos que podrían también ser reconocidos por la Administración en ejercicio de la función administrativa. Ahora bien, para que ello ocurra, esa facultad debe: (i) provenir de la ley; (ii) ser una facultad suficientemente reglada como para eliminar cualquier discrecionalidad que pudiera ser propia de la Administración y no del juez; y, (iii) ser una cuestión que soporte gozar de la estabilidad propia de la cosa juzgada judicial [cf. mi voto in re: "Toloza, Estela Carmen c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", Expte n° 4568/06, sentencia del 09/08/2006, especialmente punto 6; y "Polakis, Anastasio c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", Expte. n° 7086/10, sentencia del 20 de mayo de 2010]. Ninguno de estos elementos se presentaba en el caso. Primeramente, la ley no le acuerda esa potestad. En este orden de ideas, el acto de designación de un empleado de la administración es uno investido de un fuerte componente discrecional; no lo es enteramente, pues si es la conclusión de un concurso público no podría apartarse de las pautas que de él se derivan; más, como contrapartida, la sustanciación de concurso no obliga, en principio, a la designación (V. mi voto in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Rudmisky, Germán c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA), expte. n° 11107/14, sentencia del 08 de octubre de 2015).

Ello, entre otras cosas, impide que sean los jueces los que acuerden una designación al margen de lo que resulta propio de la jurisdicción para revisar decisiones de la administración.

5. Lo dicho resulta, mutatis mutandi, trasladable al sub examine. No es dable a los jueces disponer el traslado de agentes, por análogas razones a las que hacen que no les sea dable designarlos.

6. Tampoco el temperamento adoptado encuentra respaldo en la ley.

El art. 31 del Estatuto docente, que los jueces de la causa entendieron aplicable, y sobre cuya base dispusieron el traslado, dice que:

"ARTÍCULO 31: El personal docente titular podrá solicitar traslado: a) por razones de salud propia o del grupo familiar; b) por necesidad de integración del grupo familiar, surgida con posterioridad a la toma de posesión del cargo u horas de clase o razones de distancia; c) para concentrar áreas; d) por otras razones. Las solicitudes serán evaluadas por la COREAP teniendo en cuenta los antecedentes del peticionante y las causales invocadas, fijando como orden de prioridad para el tratamiento de las solicitudes el establecido en los incisos a), b), c) y d) del presente artículo. La resolución definitiva correrá por cuenta del Ministro de Educación. El personal que se encuentre en condición pasiva por disminución o pérdida de sus aptitudes podrá solicitar traslado invocando las causales incluidas en el inciso a) al solo efecto de volver a la condición activa. A este fin acompaña a su solicitud de traslado un informe de la Dirección Medicina del Trabajo en el que se recomienden las características de una nueva vacante de destino que permita el cambio de condición mencionado. La causal d) se atenderá sólo cuando hubieran transcurrido DOS (2) años de real prestación de servicios en el cargo u horas de clase, desde la toma de posesión. Los traslados se efectuarán en vacantes de igual jerarquía escalafonaria, denominación y especialidad, salvo que los interesados acepten rebajar de jerarquía." La norma transcripta enuncia una serie de causales que habilitan a los docentes a requerir su traslado. Seguidamente, establece que las solicitudes son evaluadas por la COREAP, quien, además, fija un orden de prioridades. En cuanto a la causal enunciada en el inciso d, la sujeta a la condición de que hubieran mediado dos años de prestación efectiva de servicios en el cargo u horas de clase. Finalmente, agrega, como condición de procedencia de los traslados, que hubiera una vacante (salvo que el interesado acepte rebajar su jerarquía). A su turno, la resolución definitiva, dice el art. 31, correrá por cuenta del Ministerio de Educación.

En estas condiciones, la disposición en comentario no crea un derecho subjetivo a obtener el traslado de quien lo peticione. Reserva en el Ministerio de Educación la decisión, cuya procedencia, además, condiciona a que se verifiquen una serie de presupuestos, uno de ellos, que hubiera una vacante, es decir, una necesidad funcional que justifique el traslado.

7. En suma, por lo dicho, corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad del GCBA, revocar la sentencia de fs. 95/100, y rechazar la demanda. Costas por su orden (cf. art. 14 CCBA).

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Coincido con la solución propuesta por mis colegas preopinantes, los jueces Casás y Lozano, en tanto sostienen que la sentencia del a quo invadió esferas propias de la Administración.

2. Luego de analizar el artículo 31 del Estatuto Docente, que establece las causales por las cuales un agente puede solicitar un traslado, la sentencia de la Cámara consideró que correspondía incluir en la causal residual del inciso d (otras razones) "cualquier situación en que, a criterio de las autoridades competentes, resulte conveniente el traslado del peticionario, a fin de optimizar la actividad de la administración. Conforme a esta inteligencia, estarían comprendidas en este supuesto los conflictos entre un agente y sus pares o superiores" (fs. 97). Esta interpretación, a juicio del voto mayoritario, "lleva a subsumir el pedido de traslado de la actora" dentro de dicha causal (fs. 98).

3. Ahora bien, aun en el caso de considerar la solicitud de la actora en estos términos, el referido artículo 31 establece que las solicitudes de traslado deberán ser evaluadas por la COREAP, y el Ministerio de Educación dictará la resolución definitiva.

Por un lado, el fallo cuestionado reconoce que las autoridades competentes deben considerar la conveniencia o no a los efectos de disponer el traslado. Sin embargo, luego va más allá y, ante el silencio de la Administración (que considera configurado) la Cámara reemplaza a los órganos competentes y toma una decisión que configura una clara intromisión del Poder Judicial en el ejercicio de facultades discrecionales propias de los órganos administrativos. Ello así, pues los criterios de "conveniencia" exceden el control de legalidad que corresponde ejercer a los jueces en el marco de una causa o controversia.

Por otra parte, cabe resaltar que tampoco la ley 1225 establece entre sus disposiciones la obligación de trasladar a un agente por causales de violencia laboral.

4. En definitiva, en casos como el de autos, corresponde a las autoridades competentes evaluar la conveniencia del traslado solicitado, teniendo en cuenta no solamente los derechos de los agentes, sino también la organización del servicio. Asimismo, si se comprobara un caso de violencia laboral, también corresponde a los órganos administrativos evaluar la mejor solución (además de aplicar las correspondientes sanciones), pues no surge de la norma que el traslado del agente sea la única alternativa. Y finalmente, la solicitud de traslado del Director de la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas, podrá constituir un elemento más a tener en cuenta por la COREAP, pero en ningún modo resulta suficiente para disponer el traslado de la accionante, pues dicho Director -más allá de su preferencia- no cuenta con competencia para generar y/o cubrir una vacante.

De seguirse la solución de la Cámara, cualquier conflicto laboral generaría la posibilidad de requerir judicialmente traslados hacia una u otra dependencia, por encima de las necesidades del servicio.

5. En virtud de lo anteriormente expuesto, no existía un derecho subjetivo de la actora a ser trasladada automáticamente, luego de su petición.

Por estos motivos, y las razones expuestas por el Sr. Juez de trámite en su voto, que comparto, corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad interpuestos por el GCBA; revocar la sentencia de la Cámara; y rechazar la demanda de amparo promovida por la señora Norma Beatriz Aspiro.

Costas por su orden (art. 14 CCABA).

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja del GCBA ha sido interpuesta en tiempo y forma por parte legitimada -art. 33 de la ley 402-. Sin embargo, no puede prosperar ya que no contiene una crítica suficiente de las razones por las que el recurso de inconstitucionalidad que aquélla viene a defender fue denegado.

2. La Sala del fuero consideró que la demandada no articuló un caso constitucional de manera precisa, clara y bien fundamentada. Agregó que "los agravios de la recurrente remiten exclusivamente al análisis de cuestiones sobre valoración de la prueba y a la intepretación de normativa infraconstitucional, como la contenida en el Estatuto Docente" (fs. 115 vuelta). Por último, rechazaron la arbitrariedad denunciada. 3. En su presentación directa, el GCBA no rebate con suficiencia los argumentos en los que los/as magistrados/as apoyaron su decisión denegatoria. Es que allí, la recurrente reedita cuestiones ya ventiladas en su recurso de inconstitucionalidad y que tuvieron tratamiento en su oportunidad procesal. Así, insiste en señalar que la pretensión esgrimida por la accionante no era pasible de ser tramitada por el cauce procesal previsto en el art. 14 de la Constitución local, pero sus argumentaciones no logran poner en evidencia el perjuicio concreto que le habría causado el trámite del presente proceso por la vía del amparo. El demandado no acredita concretamente qué defensas se habría visto privado de ejercer ni las pruebas que se habría visto impedido de producir en desmedro de la posición que sustenta.

Luego, el recurrente no puede soslayar que la Cámara fundó su decisión en la apreciación de las constancias de la causa y la interpretación que efectuó de las normas locales infraconstitucionales, mencionadas en las "resulta", lo que priva a los preceptos constitucionales que invoca (arts. 1 y 18 de la CN y 13, 14, 80 y 102 de la CCABA) de relación directa con lo resuelto.

Más allá del acierto o error de la resolución cuestionada, la simple discrepancia con la interpretación elaborada por los/as magistrados/as intervinientes, no alcanza para hacer lugar al recurso directo si no se logra demostrar una afectación constitucional.

4. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de queja del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Así lo voto.

Por ello, emitido el dictamen por el Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Revocar la sentencia de fs. 95/100 vuelta y rechazar la demanda.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita a la Sala interviniente para que sea agregada a los autos principales. La jueza Inés M. Weinberg no suscribe la resolución por estar en uso de licencia.