Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-13


2a Instancia.- Buenos Aires,ánoviembre 13áde 2009.á El Doctor Vilela dijo:

I - La parte demandada apela la sentencia definitiva de fs. 425/436, que acoge favorablemente las pretensiones deducidas en el inicio, en los términos del memorial de fs. 441/450, con réplica a fs. 455/457 vta.. La perito contadora apela los honorarios regulados a su favor por estimarlos reducidos (ver fs. 438/vta.).

Esta parte se queja por el magistrado considera justificada la decisión rescisoria del trabajador, pues - a su entender - la correcta valoración de los elementos probatorios y demás circunstancias que obran en la causa llevan a la solución contraria. También cuestiona el acogimiento de los reclamos en concepto de entrega de los certificados de trabajo y aportes previsionales previstos en el art. 80 LCT y fundado en la pérdida del subsidio por desempleo.

II - Trataré, en primer lugar, los agravios de la accionada relativos a la extinción de la relación de empleo.

Ante todo, señalo que la empleadora se considera agraviada, en concreto, porque el sentenciante concluye que se hallan probadas las tareas desempeñadas, el horario de labor y el salario alegados por el accionante en el inicio.

Ahora bien, observo - en este aspecto - que los testimonios de Bonfiglio (fs. 248/250) y Rojas (fs. 261/263) - empleados de la demandada - son esclarecedores de las circunstancias en que se desenvolvió la prestación de servicios del accionante. Los declarantes dicen haber visto al actor prestar labores como conductor del autoelevador o clark, en la carga y descarga de mercaderías, en el área de depósito, de lunes a viernes, en jornadas que superaron las seis horas diarias de trabajo (el primero relata que el horario fue de 7:30 a 18 hasta terminar y Rojas de 6 a 18). Los testimonios de referencia resultan concordantes entre sí y provienen de personas que han tomado conocimiento directo de los hechos que relatan (ya que lo concerniente a la organización del trabajo involucra una operatoria que afecta a todo el personal de la demandada), por lo que - contrariamente a lo pretendido por la apelante - corresponde reconocerles pleno valor probatorio (arts. 90 de la L.O. y 386 del C.P.C.C.N.).

En punto a las tareas desempeñadas, no observo que los testimonios de Ortiz (180/182), Leiva (fs. 270/271) y Gude (fs. 287/289) aportados por la empleadora contradigan los dichos Bonfiglio y Rojas aludidos precedentemente. El primero afirma haber visto al actor conducir el autoelevador en forma esporádica. Por su parte, Leiva dice que el actor fue el único empleado que manejó la unidad y que a partir del año 2000 compartió dicha labor con Oviedo y Barbosa. Finalmente, Gude aduce que Cano, Oviedo, Barbosa y el accionante conducían el autoelevador. Descarto el testimonio de Carballal Canitrot pues no aporta mayores datos para la dilucidación del tema en debate.

Finalmente, destaco que la circunstancia de que el trabajador haya cumplido efectivamente una jornada de labor mayor a la inscripta permite presumir que la empleadora le abonó sumas en concepto de salarios, sin respaldo documental, por esta prestación. No puede soslayarse que Bonfiglio y Rojas refieren que la demandada pagaba mensualmente las remuneraciones consignadas en los libros y demás documentación laboral a través de depósito bancario y sumas en negro, al finalizar la jornada, en las oficinas administrativas ubicadas en el primer piso, lugar al que ingresaban los empleados de a uno para cobrar.

Resulta evidente que los incumplimientos que el actor atribuyó a su empleadora (incorrecta inscripción de la jornada de trabajo, la categoría profesional y el salario), debidamente probados, constituyeron suficiente y grave injuria que impidieron la prosecución del vínculo laboral y por ende, he de concluir que el primero se encontraba asistido en derecho al decidir la cesantía (arts. 242, 243 y 246 de la LCT). Corresponde, pues, mantener lo decidido en grado en el punto en consideración.

III - Tampoco prosperará la queja relativa al acogimiento del reclamo en concepto de entrega de los certificados de trabajo y aportes previsionales previstos en el art. 80 LCT, pues en la lectura del instrumento que obra a fs. 76/77 vta. se advierte claramente que la demandada consignó erróneamente el salario, la jornada de trabajo y la categoría profesional que revistió el dependiente en el transcurso de la relación de empleo.

IV - Idéntico temperamento adoptaré respecto a los agravios relativo al reclamo salarial de los meses de julio y agosto de 2.004, pues no obran en la causa constancias de su cancelación (artículo 138 de la ley de contrato de trabajo).

V - Por lo demás, corresponde mantener lo decidido en grado respecto de la multa establecida por el art. 15 de la ley 24.013. Nótese que en el presente se hallan configurados los presupuestos fácticos que la ley nacional de empleo establece para acceder a dicha reparación, por cuanto se encuentra demostrado que la empleadora inscribió incorrectamente el contrato de trabajo.

VI - En relación con el agravio en torno del acogimiento de la reparación fundada en la pérdida del subsidio por desempleo, cabe señalar que el artículo 115 de la ley 24.013 dispone "La solicitud de la prestación deberá presentarse dentro del plazo de noventa días a partir del cese de la relación laboral. Si se presentare fuera del plazo, los días que excedan de aquél, serán descontados del total del período de prestación que le correspondiere." En ese contexto, no cabe otra solución que concluir que la presentación tardía de las DDJJ rectificatorias correspondientes al período 9/12 del año 2004, siete meses después de la extinción de la relación del empleo, provocó un serio perjuicio al actor, al verse imposibilitado de obtener las prestaciones por desempleo en modo integral y la asignación por nacimiento de hijo.

Resulta inatendible la defensa de la demandada al alegar que nada la impedía al trabajador reiniciar el trámite, por cuanto la norma legal citada es clara al establecer que el requerimiento presentado con posterioridad a los noventa días de la ruptura del contrato de trabajo, los días que excedan de ese plazo, serán descontados del total del período de prestación que correspondiere.

También son objetables los argumentos con referencia a que los certificados de trabajo y aportes previsionales estuvieron a disposición del trabajador y éste no se presentó a retirarlos, hecho que obstó a la tramitación del subsidio. El cumplimiento de esta obligación no depende de que el dependiente concurra a la sede del establecimiento a retirar las certificaciones, sino que, en caso de que así no ocurra, el empleador debe - previa intimación - consignarlos judicialmente. Por otra parte el certificado extendido no se ajusta a la realidad de la relación (ver considerando III). Propongo, pues, confirmar este segmento de la decisión impugnada.

VII - Por último, me expediré sobre la queja concerniente al quantum de la indemnización por daños y perjuicios derivados de la pérdida del subsidio por desempleo.

Ahora bien, destaco que los artículos 111 y siguientes de la ley 24.013 establece que la cobertura está conformada por una prestación básica que se calcula sobre la base del mejor salario mensual, normal y habitual de los últimos seis meses trabajados ($ 810,37) y cuyo importe no debe ser inferior a $ 250 ni superior a $ 400 (artículo 1 del decreto 267/2.006). El artículo 117 de la norma legal citada establece que el tiempo total de la prestación estará en relación con el período de cotización dentro de los tres años anteriores al cese del contrato de trabajo que dio origen a la situación legal de desempleo (en el caso, 36 meses = 12 meses de prestación). Por su parte, el artículo 118 dispone que la cuantía de la prestación se determinará en 50% del salario durante los primeros cuatro meses, 85% de los primeros cuatro meses entre el quinto y octavo mes, y 70% de los primeros cuatro meses entre el noveno y duodécimo mes.

Tampoco puede soslayarse que el decreto 1.691/2.004 establece los montos de las asignaciones familiares por hijo en $ 60 y por nacimiento en $ 200.

Sentado lo expuesto y en virtud de los parámetros precedentemente indicados, considero que el quantum de $ 4.920 admitido en grado en concepto de reparación por daño patrimonial - ante la falta de percepción de las prestaciones por desempleo - es razonable y equitativo, por lo que propongo mantener este segmento de la decisión impugnada.

VIII - En orden a las costas, auspicio mantener lo decidido en grado e imponerlas a cargo de la demandada vencida (art. 68 CPCCN). En atención al valor económico discutido en autos, al mérito y extensión de las labores desarrolladas, considero que los honorarios regulados a las representaciones letradas de las partes actora, demandada y de la perito contadora, por su actuación en la instancia previa, son adecuados, por lo que propongo su confirmación (art. 38 de la ley 18.345; leyes 21.839 y 24.432; decreto - ley 16.638/57).

IX - En definitiva y en virtud de las consideraciones aquí vertidas, propongo confirmar el pronunciamiento de grado.

X - El resultado de la apelación deducida lleva a declarar las costas en la alzada a cargo de la parte demandada vencida (art. 68 inciso 2 del C.P.C.C.N. Sugiero regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, por su actuación en la alzada, en 25% de lo que - en definitiva - le corresponda percibir por su actuación en la instancia previa (art. 38 de la ley 18.345; leyes 21.839 y 24.432).

XI - Voto, en consecuencia, por: a) Confirmar el pronunciamiento de grado; b) Costas en la alzada a cargo de la demandada vencida; c) Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, por su actuación en la alzada, en 25% de lo que - en definitiva - le corresponda percibir por su actuación en la instancia previa.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto que antecede por análogos fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a) Confirmar el pronunciamiento de grado; b) Costas en la alzada a cargo de la demandada vencida; c) Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada, por su actuación en la alzada, en 25% de lo que - en definitiva - le corresponda percibir por su actuación en la instancia previa.- Julio Vilela.-á Miguel Angel Pirolo