Empleo público, policía, Administración Pública, potestad disciplinaria, cesantía
Materia: LABORAL
Carátula: COY MIGUEL ANGEL c/ ESTADO PROVINCIAL s/ -PLENA JURISDICCIÓN- RECURSOP DE CASACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-02-26

La sanción penal e incluso contravencional, no excluye a la disciplinaria, ni esta a las otras, pudiéndose imponer las mismas o bien una de ellas por quien jurídicamente corresponda, pues tutelan ordenes jurídicos distintos y persiguen finalidades diferentes.

Las Sanciones administrativas se instituyen como jurisdicción local porque sancionar antijuridicidades que se refieren a bienes jurídicos de contenido distinto al que custodian las figuras del código Penal o las faltas de índole contravencional. Esto impone que son siempre los contenidos de los bienes jurídicos amparados los que establecen las diferencias entre las figuras directivas del derecho penal, las infracciones contravencionales y las faltas del derecho disciplinario.

Conceptuamos a éste último ordenamiento como la disciplina del poder represivo de la Administración pública ante la antijuridicidad que afecta los deberes impuestos hacia ella. La sanción disciplinaria se distingue como actividad de la custodia y buen orden de la función y organización de la Administración sobre sus agentes.

El derecho procesal disciplinario tiende a comprobar, verificar, e investigar el incumplimiento que ha provocado la falta del agente. Como principio general, la sanción disciplinaria puede aplicarse en cualquier momento sin esperar la decisión penal o en su caso contravencional, cuando hubiesen suficientes elementos de juicio para la determinación de la responsabilidad disciplinaria.

Incluso la absolución judicial, la prescripción del delito o del perdón del particular damnificado, no eximen la aplicación de la sanción disciplinaria (conf.Art.360 y 636 Decreto 1061/62 Serie"A" cc, con los art. 3 y 4 del Decreto 3727/90, salvo el supuesto excepcional, cual así que no puede la Administración en su ejercicio de su función disciplinaria imponer una sanción basada en la existencia de unos hechos que la sentencia penal consideró "inexistentes".

Esto quiere decir que sólo cuando el juez o contravencional, afirme que le mismo hecho sobre el cual recae la sanción disciplinaria, no se cometió o no fue realizado por el imputado, es obligación de la Administración, dejar sin efecto la medida aplicada.

El fundamento de la perjudicialidad penal radica en que la verdad real siempre debe ser sola, razón por la cual lo resuelto asdministrativamete como pasoble sanción discipliaria debe sr coherente con lo resuelto en sede criminal, en resguardo de elementales principios de lógica jurídica.

La circunstancia de que el actor estuvo sometido a un proceso penal que culminó con el sobreseimiento al amparo de la causal prevista en el art. 344 del C.P.P., entonses vigente, no neutraliza su falta de "decoro" por una conducta que, aunque no generó responsabilidad penal, resulta impropia e incompatible con la dignidad y el deber de ejemplaridad en el cumplimiento en la función policial, exigiendo al agente por la normativa del ordenamiento jurídicoadministrativo yque generó una objetiva desconfianza de sus suèriores, en la observancia de las obligaciones etatuarias.