Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-05


lia.MDEL.739071.

CAM 29466/12 ________Salta, 5 de febrero de 2013.	_______ Vistos: estos autos caratulados "FINNING ARGENTINA S.A. c. SECRETARÍA de TRABAJO y PREVISIÓN SOCIAL - APELACIONES CONTRA LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA", expte. de Sala nº CAM 29466/121, originario del ente administrativo nombrado, para resolver sobre la admisibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 206/10, y	___________________C O N S I D E R A N D O	_______ Dijo el Dr. Figueroa: contra la sentencia de Sala, que rechazó la apelación planteada y confirmó la sanción aplicada oportunamente, interpone la firma Finningt Argentina S.A. recurso de inconstitucionalidad, en los términos del art. 153, ap. III, inc. a) de la Constitución Provincial y 297 del CPCC. Luego de referir a los antecedes de la multa, a la apelación deducida en su contra, a los términos de la resolución recurrida y a la admisibilidad formal del recurso, plantea, en lo que da en llamar agravios constitucionales, que la resolución recurrida constituye un típico caso de discrecionalidad del juzgador, sin correlación con las constancias procesales y menos aún fundamento jurídico; que ello la invalida como acto jurisdiccional, resultando aplicable la doctrina de la arbitrariedad, que atiende sólo a supuestos de extrema gravedad, en los que se evidencie que las resoluciones recurridas prescinden inequívocamente de la solución prevista en la ley, o adolecen de manifiesta falta de fundamentación, como en el caso que nos ocupa y que resulta descalificable como acto judicial, la sentencia que carece de un análisis razonado de problemas conducentes a la correcta dilucidación del pleito, sin considerar la prueba rendida, lesionando gravemente su derecho de defensa, por lo que corresponde revocar la multa interpuesta, dejándola sin efecto.	_______ Agrega, que sorprende que los juzgadores entendieran que es poco lo que puede rescatarse de la apelación, en orden a constituir la crítica concreta y razonada del fallo, cuando la resolución resistida, que impuso la multa, resulta sumamente escueta y sin fundamento alguno omitió considerar la documentación incorporada y procedió a la sanción; que fueron varios, los fundamentos esgrimidos en la expresión de agravios, los que al menos no se consideraron adecuadamente; que la autoridad de aplicación se basó en la ley 25212, que no tiene finalidad recaudatoria ni persigue evitar el fraude laboral y, el inciso "g" en que se funda la sanción, es una norma poco clara y un tipo penal abierto que coloca al administrado ante un poder discrecional y excesivo de la autoridad de aplicación; que la conducta de su parte no fue abusiva, no menoscabó el ejercicio del poder de policía, ni incurrió en competencia desleal, tanto es así, que comparecieron a acompañar toda la documentación hallada en la sucursal Salta, la que luego fue completada, acreditándose además la autorización para centralizar la rúbrica del LRU; que ante la evidencia documental que acredita el cumplimiento absoluto, en tiempo y forma, de las obligaciones laborales a cargo del empleador, resulta cuanto menos mal fundada la sanción, dado que estamos en presencia de un mero incumplimiento formal leve, tipificado en el inciso "d" del art. 2 de la ley 25212; que al fallar, se pasó por alto que en las actuaciones ya se encuentra acreditado el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte de la sancionada, cuestión de fondo que consistía en determinarlo, con los recibos y comprobantes que en más de 300 fojas se acompañaron; que el fallo incurre en exceso ritual y los jueces no pueden prescindir del uso de los medios a su alcance, para determinar la verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos; que el fallo, fue crítico con su parte y con su memorial de agravios, pero omitió expedirse sobre el fondo de la cuestión, habiendo quedado demostrado con la voluminosa documentación acompañada, que se cumple con las obligaciones laborales y previsionales a cargo; que también corresponde considerar que la firma carece de antecedentes, elemento ignorado en la resolución apelada, pero especialmente considerado en la ley 25212, a la hora de establecer la procedencia del apercibimiento como sanción administrativa; que pacífica y reiterada jurisprudencia de la SCJN, señala que es condición de validez de los pronunciamientos judiciales, la de ser fundados; que tal exigencia, además de orientarse a mantener el prestigio de la magistratura, procura la exclusión de decisiones irregulares, lo que no se satisface en circunstancias en que lo resuelto no provee un análisis razonado de la conclusión a que se arriba y menos, cuando la afirmación simple y llana que se efectúa, contradice en forma expresa una clara constancia obrante en la causa, cuya evaluación fue preterida por completo, como en el caso del pago de sueldos, aportes, cobertura de riesgos del trabajo y sistema de centralización de documentación laboral; que la garantía del art. 18 C.N., requiere por sobre todas las cosas, que no se prive a nadie arbitrariamente de adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieran eventualmente asistirle, sino a través de un juicio llevado en legal forma, que concluya con el dictado de una sentencia fundada; que la prescindencia de elementos de juicio conducentes para la solución del caso, priva al fallo de la debida sustentación, porque este no es así la aplicación razonada del derecho vigente a los hechos de la causa, apreciados objetivamente por los jueces de la misma y considerados fundamentales para la decisión del pleito y que la revisión de la Corte de tales pronunciamientos sólo procede cuando existe un agravio a la garantía constitucional de la defensa en juicio. Pide se conceda el recurso interpuesto, se eleven los autos, se acoja la inconstitucionalidad planteada, se revoque la resolución impugnada y se mande dictar nuevo pronunciamiento.	_______ Entiendo que el recurso no debe concederse, en vista de que no se plantea una cuestión constitucional sino, en todo caso, una enumeración de diferentes puntos de vista del recurrente, que no configura un terreno propicio a la aplicación de un remedio de carácter excepcional, como el buscado. La vía del art. 297 CPCC, no está dirigida a constituir a la Excma. Corte de Justicia en una tercera instancia ordinaria, en la que puedan seguir debatiéndose cuestiones ya resueltas que, no por haber sido decididas desfavorablemente a las aspiraciones de la parte, habilitarían su aplicación. Una solución contraria, podría llevar a que en el seno del más alto tribunal de la provincia, se siguiera debatiendo la finalidad de la ley 25212, la validez de unos recibos, la factibilidad de la producción de prueba en segunda instancia o la naturaleza que la sancionada atribuye al inciso "g" del art. 3 del Pacto Federal del Trabajo, temas procesales y de derecho común, visiblemente ajenos al recurso interpuesto.	_______ Esta Sala, dijo que "ni las cuestiones procesales, ni las de hecho, prueba o derecho común, son aptas para abrir la instancia extraordinaria. Asimismo, lo atinente a la interpretación y aplicación de normas de carácter procesal local, es materia privativa de los jueces de la causa e irrevisable por esta vía de excepción. salvo supuestos de arbitrariedad" (autos Flores c. Cremer, 26/8/03). A su vez, la Corte local, sostuvo que "es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que resuelve cuestiones de derecho procesal y común, con argumentos suficientes que, más allá de su acierto o error, le confieren validez como acto judicial" (2/6/04, T.92, 181/188), que "La aplicación de reglas jurídicas no inconstitucionales no es un exceso rituario, como tampoco aquéllas acciones u omisiones judiciales que el interesado pudo haber impedido, de haber actuado diligentemente. Las cuestiones de índole procesal resultan, como regla, materia propia de los jueces de la causa y ajenas al recurso extraordinario (21/8/07, T. 118: 61/68), que "El rol de la corte de Justicia, está centrado en el control de vigencia de las garantías constitucionales, pero bajo ningún concepto, abre una nueva instancia ordinaria, donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas" (23/12/05, T. 101:283/290) y que "la circunstancia de acordar preferencia a determinados elementos probatorios, no configura un supuesto de arbitrariedad, pues los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquéllas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones" (22/10/08, T. 127:715/722).	_______ Por lo expuesto, voto por denegar el recurso interpuesto.	_______ El Dr. Cabrera vota en el mismo sentido.	____Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, RESUELVE: I) Denegar el recurso de fs. 206/10. II) Mandar registrar y notificar.