Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-27


///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de noviembre de dos mil ocho, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Angela E. Ledesma, Guillermo J. Tragant y Eduardo R. Riggi, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° 9802 del registro de esta Sala, caratulada "Márquez Martín, Walter Fernando s/ recurso de casación". Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé, y ejerce la defensa del imputado el doctor Eduardo Ismael Escudero.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctor Eduardo Rafael Riggi, doctor Guillermo José Tragant y la doctora Angela Ester Ledesma.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:	PRIMERO:

1.- Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto por el doctor Eduardo Ismael Escudero a fs. 134/141vta., contra la resolución de fs. 126/127, dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal Federal de esta ciudad en cuanto resolvió confirmar la resolución de fs. 102/104 y vta. por la que se deniega el beneficio de la excarcelación solicitado a favor de Walter Fernando Márquez Martín.

2.- El Tribunal de mérito concedió el remedio impetrado a fs. 148 y vta., el que fue mantenido en esta instancia a fs. 158.

3.- En su recurso de casación, encarrilado en los motivos que prevé el artículo 456 inciso 1°del Código Procesal Penal de la Nación, el impugnante sostiene que "... la resolución atacada adolece de vicios de arbitrariedad. En efecto, la supuesta existencia de riesgos procesales no ha sido debidamente fundada por el superior, y aún más para hacerlo se recurre a elementos inexistentes en la causa.".

Señala que "... resulta arbitraria la resolución, en tanto los fundamentos dados para resolver ya existían al momento en que la Sala decretó la nulidad de la resolución de fecha 11 de abril de 2008, por lo que no se entiende que a posteriori, con los mismos elementos su decisión sea confirmatoria de la resolución apelada.".

Indica que "Agrega el Superior, como elemento de cargo, la existencia de indagatoria respecto de mi asistido por distintos delitos, pero olvida que dicha circunstancia existía en autos desde el día 8 de abril del año en curso, no obstante en su primer decisorio estimó que la resolución del Sr. Juez de Primera Instancia adolecía de nulidad. No se entiende, pues, como dicha circunstancia sea la base sobre la cual se rechaza el beneficio solicitado. Es decir, que de ser efectivamente dicha circunstancia relevante para decidir como se hizo, lo hubiera resuelto en el fallo que me fuera notificado con fecha 21 de mayo de 2008 .".

Refiere que "... el fallo es francamente arbitrario y toma como antecedentes procesos abiertos, que en el peor de los casos poseen una falta de mérito dictada hace ya más de cuatro años. La falta de antecedentes de mi asistido es notoria, sin embargo se recurre a mencionar procesos en los cuales jamás fue llamado a prestar declaración indagatoria, y en otros casos llevan ya más de siete años de trámite, por delitos cuya pena máxima es de seis años, siendo evidente que dichos procesos se encuentran prescriptos...".

Manifiesta que "... los fundamentos sobre los que se asienta el fallo de la excelentísima Cámara, resultan inexistentes e infundados, lo que transforma al mismo en arbitrario y debe descalificarse como acto jurisdiccional válido.".

Sostiene que "El peligro de fuga de mi asistido debe descartarse de plano, en atención a la conducta procesal mantenida por el mismo, con anterioridad a producirse su detención y en virtud del arraigo que el mismo posee en el país. Así, tal como surge de la propia causa principal, mi asistido al comienzo de la presente investigación fue beneficiado con la exención de prisión, estando siempre a disposición del Juzgado interventor, aún con los continuos secretos de sumario impuestos en su oportunidad, lo que constituye una prueba clara de sujeción al proceso, que no había sido rebatida ni puesta en duda por la resolución apelada, argumento que tampoco ha sido tratado por la Excma. Cámara...".

Agrega que su asistido "... posee su familia en el país, y son argentinos, a saber, su esposa y dos hijos menores de edad, uno de ellos nació estando (...) en prisión. Uno de los niños está en edad escolar y concurre a un establecimiento educativo en la ciudad de Buenos Aires.".

Señala que "De la lectura del decisorio impugnado se advierte que el mismo adolece de los siguientes vicios, por un lado incurre en afirmaciones dogmáticas, desprovistas de un análisis de los hechos de la causa y, por el otro viola la garantía constitucional de todo ciudadano a permanecer en libertad durante la sustanciación de un proceso llevado en su contra, cuando no existan pruebas que hagan presumir que eludirá la acción de la justicia o profugarse. Si bien el fallo posee en su lectura fundamentos, es necesario que los mismos a su vez estén fundados, puesto que si no lo están, solo existe apariencia de fundamentación, tal es el caso de autos...".

Indica que "... la resolución en crisis es violatoria de principios constitucionales y omite aplicar el principio rector en la materia 'permanencia en libertad' durante el proceso, que el Código Procesal Penal de la Nación fija en el art. 280 ...".

Advierte que "... la misma Sala ha concedido la excarcelación a otro consorte de causa -Raúl Enz-, cuya situación procesal es idéntica a la de mi asistido. Así los delitos sobre los que fue indagado poseen la misma escala penal, tampoco existen antecedentes condenatorios, y en dicho caso la Sala ha resuelto conceder el beneficio, lo que trasunta en una desigualdad ante la ley que surge palmaria...".

Manifiesta que "... la Sala no ha tomado en cuenta los serios fundamentos dados respecto del irrazonable plazo de duración del presente proceso, que se ha visto desvirtuado por demoras imputables a los Sres. Jueces. Dicha irrazonabilidad también afecta al tiempo de prisión preventiva que viene sufriendo..."; señalando que "... prueba palmaria de ello es que fue detenido con fecha 5 de septiembre de 2006, fecha en la que también fue indagado. En el mes de diciembre de 2006, la Sala resuelve anular parte del auto de procesamiento y manda a ampliar indagatoria respecto de las supuestas estafas...".

Agrega que "Dicha ampliación indagatoria, se lleva a cabo 16 meses después del pronunciamiento citado, lo que denota un irregular tratamiento del presente proceso en violación a los derechos fundamentales de mi defendido, habiéndose provocado dilaciones indebidas, no justificadas e irreglamentarias."; y que "Desde la fecha de su ampliación -8 de abril de 2008- hasta la fecha del presente han pasado más de noventa días sin que se resuelva su situación procesal, lo que pone aún más de manifiesto que el tiempo de trámite del presente proceso es irrazonable, tornando a la prisión preventiva sufrida por mi asistido en ilegal.".

Por ello, promueve se case la sentencia recurrida y se conceda el beneficio de la excarcelación; hace reserva del caso federal y de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y/o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4.- Durante el término de oficina previsto por los artículos 465 primera parte y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, las partes no hicieron uso del derecho allí conferido.

5.- Habiéndose celebrado la audiencia de informes prevista por el artículo 468 del ritual -conforme constancia actuarial de fs. 166 -, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

1.- Debemos puntualizar que resulta de aplicación al caso cuanto resolviera esta Cámara Nacional de Casación Penal en el Acuerdo 1/08 Plenario N 13 "Díaz Bessone, Ramón Genaro s/recurso de inaplicabilidad de ley", del 30 de octubre de 2008, ocasión en la que se estableció como doctrina plenaria que "no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal".

Expusimos en ocasión de expedir nuestro voto en ese pronunciamiento plenario -con cita de numerosos precedentes, entre ellos las causas n° 6135 caratulada "Castells, Raúl Aníbal s/ rec. de casación" (Reg. N° 636/05, del 11/08/2005) y n° 5996 caratulada "Chabán, Omar Emir s/ rec. de casación" (Reg. N° 1047/05, del 24/11/05)- que la regla contenida en el artículo 316 del rito penal debe ser tenida como una presunción iuris tantum (es decir, que debe aplicarse, con excepción en aquellos supuestos en que dicha presunción legal resulte conmovida por los constatables elementos de juicio obrantes en el sumario y que demuestren su manifiesto desacierto); pero tal conceptualización, no autoriza en modo alguno a desconocer su existencia y operatividad -cuando no median las circunstancias de excepción-, dado que en la medida en que se trata de derecho positivo vigente, su aplicación a los casos que se encuentran abarcados por sus disposiciones resulta ineludible. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido también que por amplias que sean las facultades judiciales en orden a la aplicación e interpretación del derecho, el principio de separación de los poderes, fundamental en el sistema republicano de gobierno adoptado por la Constitución Nacional, no consiente a los jueces el poder de prescindir de lo dispuesto expresamente por la ley respecto del caso, so color de su posible injusticia o desacierto (Fallos 249:425; 250:17; 263:460).

De esta manera, la presunción legal que indica que en aquellos casos en que los imputados se enfrenten a la posibilidad de una severa pena privativa de la libertad habrán de intentar profugarse debe ser tenida en cuenta al momento de decidir sobre su excarcelación; y sólo corresponderá apartarse de la referida disposición legal cuando concurran elementos de juicio objetivos y comprobables que demuestren el desacierto en la coyuntura justiciable bajo análisis de lo que la ley presume. Justamente por ello -porque admite prueba en contrario-, es que la referida presunción es iuris tantum. Y no está de más señalar que tal prueba (la que confronte con la solución legal) debe existir y ser constatable, pues de lo contrario la presunción mantiene todo su valor y efecto.

Concluimos afirmando en el antes referido fallo plenario recaído in re "Díaz Bessone", que "las medidas cautelares de coerción personal deben ser dictadas con el máximo de prudencia, procurando evitar caer en extremos en los que la ligereza en el dictado de la prisión preventiva del imputado se convierta en una verdadera pena anticipada, o en los que la laxitud al resolver en sentido contrario termine por constituir una verdadera frustración de las justas exigencias que la sociedad formula a los órganos estatales encargados de la prevención y represión del delito.".

"En ese orden, la Constitución Nacional, las disposiciones legales respectivas y, obviamente, los criterios apuntados, así como los que razonablemente pudieran ser esbozados frente a las particularidades de cada caso, deben ser aplicados con la mayor racionalidad, ejerciendo el más prudente sentido común y teniendo en consideración los hechos concretos que informan las actuaciones.".

"Así, conceptuamos que el análisis sobre la posible intención del imputado de evadir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación puede según el caso ser realizado valorando la severidad de la pena conminada en abstracto; la gravedad de los hechos concretos del proceso; la naturaleza del delito reprochado; el grado de presunción de culpabilidad del imputado; la peligrosidad evidenciada en su accionar y su actitud frente al daño causado; las circunstancias personales del encartado (individuales, morales, familiares y patrimoniales, si tiene arraigo, familia constituida, medios de vida lícitos, antecedentes penales o contravencionales, rebeldías o violaciones a la libertad condicional anteriores, procesos paralelos en trámite, entre otros) que pudieran influir u orientar su vida, el cumplimiento de futuras obligaciones procesales y aumentar o disminuir el riesgo de fuga; la posibilidad de reiteración de la conducta delictual; la complejidad de la causa y la necesidad de producir pruebas que requieran su comparecencia, así como la posibilidad de que obstaculice la investigación impidiendo o demorando la acumulación de prueba o conspirando con otros que estén investigados en el curso normal del proceso judicial; el riesgo de que los testigos u otros sospechosos pudieran ser amenazados; el estado de la investigación al momento de resolverse la cuestión; las consecuencias que sobre la normal marcha del proceso habrá de tener la eventual libertad del acusado; la necesidad de proceder a la extradición del justiciable; la conducta observada luego del delito; su voluntario sometimiento al proceso, y en definitiva, todos los demás criterios que pudieran racionalmente ser de utilidad para tal fin, como los que antes desarrolláramos. Corresponde destacar, que el detalle transcripto es meramente enunciativo obviamente no descarta otros que pudieran presentar cada caso, habida cuenta la pluralidad de factores de riesgo procesal que a nuestro entender deben ser analizados en forma armónica para verificar si la presunción legal establecida en el artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación resulta desvirtuada.".

"Y deberá en tal coyuntura, asimismo, observarse siempre como propósito principal, el de conciliar el interés social en castigar el delito con el individual de permanecer en libertad hasta tanto no medie declaración de culpabilidad, de manera que las restricciones que pudieran ser impuestas en el segundo lo sean únicamente en la medida de lo indispensable para asegurar la realización del primero.".

2.- Aplicando los preceptos expuestos al supuesto de autos, corresponde apuntar en primer lugar que los delitos que se imputan en la presente causa a Walter Fernando Márquez Martín (asociación ilícita en calidad de jefe, estafas reiteradas -ciento siete hechos, treinta y tres consumados y setenta y cuatro tentados-, falsificación de instrumentos equiparados a moneda reiterada -ciento siete hechos- y encubrimiento agravado -ciento siete hechos-, todo ello en concurso real, y de conformidad con lo previsto en los artículos 42, 55, 172, 210 segundo párrafo, 277, 282 y 285 del Código Penal) , se encuentran conminados con una pena que oscila entre los 5 y los 50 años de prisión, ello sin perjuicio de la provisionalidad de la calificación jurídica adoptada.

La sanción prevista para los ilícitos mencionados que se investigan en las presentes actuaciones, entonces, excede con creces las previsiones del artículo 316 del rito penal, razón por la cual resulta en principio legítimo presumir que el acusado podría intentar eludir la acción de la justicia, en caso de recuperar su libertad, presunción que no ha sido conmovida por elementos de juicio suficientes que -en forma objetiva y razonable- permitan concluir en un criterio contrario. En tal sentido, advertimos que los parámetros que invoca el señor defensor -la existencia de un domicilio estable por parte del acusado, en el que reside junto a su mujer y sus dos hijos menores de edad, y el arraigo que este tendría en Argentina- no resultan determinantes para controvertir la presunción de fuga que nos ocupa.

Por el contrario, otros elementos abonan la presunción que -en caso de recuperar su libertad- el imputado podría intentar eludir la acción de la justicia. En ese sentido, advertimos que según las certificaciones obrantes a fs. 124 y la que se encuentra agregada en el legajo de fotocopias que corre por cuerda, Walter Fernando Marquéz Martín posee numerosos procesos en trámite.

La circunstancia referida precedentemente permite concluir que se trata de una persona de escasa capacidad para ajustar sus procederes a las reglas sociales de convivencia, extremo que nos lleva razonablemente a presumir que su libertad podría conducir a frustrar la acción de la justicia, habida cuenta que no es dable esperar que acate tampoco las obligaciones derivadas de su situación procesal.

A ello debe añadirse que conforme surge de la causa se encuentran co-imputados su padre Walter Raúl Márquez Tejera, y sus hermanos Edgardo Raúl y Rony Alejandro Márquez Martín, este último con antecedentes penales según se desprende de la certificación de antecedentes que luce en fotocopias en el legajo que corre por cuerda, lo que demuestra que el encausado integra un grupo familiar conformado por personas con una habitualidad delictual, extremo que conduce a descartar de plano que pueda encontrarse rodeado por un núcleo que lo contenga y oriente hacia un camino de realización personal adecuado a las expectativas sociales que las leyes reflejan (conf. causa n° 6129, caratulada "Mazucca, Lucas Alejandro s/recurso de casación". Reg. 1032/05 del 21/11/05).

En el caso de autos,debemos tener en cuenta que recientemente con fecha 5 de septiembre del corriente año el juez instructor decidió prorrogar la prisión preventiva del imputado, lo que fue homologado por la Cámara de Apelaciones -el 10 de octubre pasado- por lo que asimismo advertimos que el tiempo de detención que viene sufriendo el imputado no rebasa los límites legales admisibles (conf. ley 24.390, modificada por ley 25.430).

Por lo demás, el análisis precedente, demuestra también que no resultan acertadas la alegaciones de la defensa en punto a la violación al principio de igualdad ante la ley, pues en todo caso, la denegatoria del beneficio que impetra el acusado se basa en las particularidades que ofrece su situación.

Conceptuamos en consecuencia de todo lo expuesto, que la solución acordada por el a quo no se aparta de las previsiones legales que rigen la materia, encontrando la resolución en crisis adecuado y suficiente sustento en todo cuanto se desarrollara precedentemente.

Por todas las razones señaladas, en definitiva, propiciamos al acuerdo y votamos por rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por el doctor Eduardo Ismael Escudero a fs. 134/141vta., contra la resolución de fs. 126/127, dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal Federal de esta ciudad en cuanto resolvió confirmar la resolución de fs. 102/104 y vta (artículo 456 inciso 2°, 471 a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

El señor juez doctor Guillermo José Tragant dijo:

1°) Que a los fines de resolver la cuestión sometida a inspección jurisdiccional es conveniente reseñar brevemente los lineamientos que fijara al votar en los autos "Minervini, José Horacio s/rec. de casación (Reg. 856/05 del 11/10/05) y "Chabán, Omar Emir s/rec. de casación" (Reg. 1047/05 del 24/11/05), y a la doctrina establecida en el reciente fallo plenario de esta Cámara "Diaz Bessone, Ramón Genaro s/rec. de inaplicabilidad de ley" (Ac. 1/08 Plenario 13 del 30/10/08), a cuyos fundamentos in totum me remito.- 2°) Ahora bien, examinada la resolución recurrida de acuerdo a los parámetros antes establecidos estimo que la misma se ajusta a las prescripciones contenidas en los artículos 123 y 404 inciso 2° del ordenamiento ritual (cfr. causas "Vitale, Rubén D. s/rec. de casación" reg. 41 del 18/10/93; "Zelikson, Silvia E. s/rec. de casación" reg. 67 del 15/12/93"; "Risso de Onajansky Nelly s/rec. de casación" reg. 142/94 del 18/10/94; "Ruisanchez Laures, Ángel s/rec. de casación" reg. 152/94 del 21/10/94; entre muchas otras).? Los magistrados han merituado adecuadamente en la resolución puesta en crisis las particularidades del asunto y las condiciones personales del imputado, señalado de manera clara y concreta los motivos por los cuales confirman el encarcelamiento preventivo dispuesto en autos.

De los fundamentos brindados en el resolutorio atacado se extrae que en el caso concreto el mismo resulta necesario, indispensable y proporcionado, y que su duración aparece como razonable en atención al tiempo de detención que lleva cumpliendo el imputado, en relación al delito por el cual se halla procesado (autor penalmente responsable del delito previsto en el art. 210 2° párrafo del C.P: en calidad de jefe, art. 172 del C.P. -107 estafas [33 consumadas y 74 tentadas]- en concurso real con el delito previsto en el art. 285 en función del art. 282 del C.P. -107 oportunidades-, en concurso real con el art. 277 inc. 1 punto c agravado por el inc. 3 puntos b y c del C.P.). Por lo demás, teniendo en consideración el estadio procesal que transita expediente principal no puede descartarse de manera absoluta que de recuperar su libertad Márquez Martín pueda entorpecer la investigación, obstruyendo la recolección de pruebas o el normal desarrollo de los procedimientos, con miras a la realización del futuro y eventual debate.-	A ello cabe adunar que la pertinencia de la medida fue nuevamente analizada y corroborada por la reciente prórroga de la prisión preventiva dictada en primera instancia y que fuera homologada por la Cámara a quo el pasado 10 de octubre .- Sin embargo, no puedo dejar de señalar que si bien según informara el Registro Nacional de Reincidencia, Márquez Martín no posee antecedentes (cfr. fotocopia de legajo que corre por cuerda), no es menos cierto que el nombrado registra numerosos procesos en trámite, tal como lo documentan las certificaciones de fs. 124 y del Legajo de fotocopias.- Por lo que estimo que en autos existen suficientes razones para justificar la presunción contraria al principio de permanencia en libertad del imputado durante la sustanciación del proceso (art. 280 del C.P.P.N.), pues la valoración de cuestiones fácticas, me inclinan a presumir que, de concederse la excarcelación, el encartado intentará eludir la acción de la justicia.- Por ello, propicio al acuerdo rechazar el recurso de casación, con costas.- La señora juez Angela Ester Ledesma dijo:

Si bien la cuestión viene definida, no comparto la solución de los colegas preopinantes, pues considero que no puede presumirse la existencia de riesgo de elusión respecto de Walter Fernando Márquez Martín. Cabe mencionar, que el imputado aportó correctamente su domicilio cuando fue aprehendido (ver fs. 9 del legajo que corre por cuerda), como así también al momento de prestar declaración indagatoria (ver fs. 34/35).	Sobre el particular, he de subrayar que la demostración de los factores vinculados con dicho peligro, se encuentran en cabeza del Ministerio Público Fiscal, extremo que en este caso no se ha cumplido adecuadamente.

Finalmente, he de resaltar que, en virtud de los lineamientos sentados en la causa nro. 6721 caratulada "García Velazco, Pablo Eduardo s/ rec. de casación", resuelta el 14 de septiembre de 2006, registro 1019, interpreto que la existencia de otras causas en trámite no es óbice para emitir un pronunciamiento en favor de la libertad del imputado, ello, a riesgo de violentar el principio ne bis in idem que rige nuestra materia.

Así es mi voto.

En mérito a la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

RECHAZAR, CON COSTAS, el recurso de casación interpuesto por el doctor Eduardo Ismael Escudero a fs. 134/141vta., contra la resolución de fs. 126/127, dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal Federal de esta ciudad (artículo 456 inciso 2°, 471 a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Fdo: Angela E. Ledesma - Eduardo R. Riggi - Guillermo J. Tragant.

Ante mí: María de las Mercedes López Alduncin. Secretaria de Cámara.