marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Embargo, solicitud de suspensión
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BENGURIA - INTERVENTOR DE LA CRUZADA DE SOLIDARIDAD c/ CELESTINO RODRIGO s/ INCIDENTE DE EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

La circunstancia de que el embargo sea un requisito no sólo del cumplimiento de la sentencia de remate, sino también de todo el procedimiento de la ejecución de sentencias no descarta que el propio ejecutante, así como debe instar a que se lo trabe para poder efectivizar la condena, pueda solicitar se lo deje sin efecto.
Sentencia condenatoria, lavado de activos, almacenamiento de estupefacientes, concurso real, prisión, multa, accesorias legales, costas
Materia: PENAL
Carátula: Miranda Rosales, David Javier y otros  c/  s/ Infr. Ley 23.737 e Infr. Art. 303 C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2016-06-02

Corresponde condenar a Bibiana Raquel REYES GUAJARDO a la pena de CINCO AÑOS y SEIS MESES DE PRISIÓN y MULTA de DOS VECES EL MONTO TOTAL DE LA OPERACIONES, con accesorias legales y costas, por considerarla penalmente responsable del delito de almacenamiento de estupefacientes previsto en el art. 5 inc. "c" de la Ley 23.737, y del delito de lavado de activos de rigen delictivo previsto en el art. 303 inc. 1° del CP en concurso real -art. 55 del CP- en calidad de coautora -art. 45 del CP-. La acusación en la materialidad de los hechos ha quedado demostrada con el grado de certeza que requiere esta etapa procesal, y como no existe elemento alguno que refute o contradiga lo afirmado, el conjunto de los elementos valorados aparecen como un sólido plexo probatorio que no deja lugar a dudas respecto de los hechos. Máxime que luce acreditado que los imputados -estrechamente vinculados por grado de parentesco- adquirieron bienes muebles e inmuebles con el producido de las actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, incurriendo así en lavado de activos de origen delictivo; cada uno tuvo el dominio de los hechos en su esfera de actuación. Estos bienes en ocasiones a nombre de los mismos y en otras a nombre de terceras personas, todo ello con la evidente finalidad de darles apariencia de origen lícito dificultando la actividad preventiva de las autoridades y los organismos de fiscalización y control.
Recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Doce, Eduardo Adolfo y Otra c/ Gubiani, Maria Graciela Beatriz s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-06-24

La arbitrariedad y la absurdidad son razones suficientes para la apertura de la inaplicabilidad de ley, pero la sola invocación de tales supuestos no pueden ser considerados idóneos para la concesión del recurso, porque se requiere, de la Cámara- aquo un ponderado análisis del escrito recursivo a tal fín.
Gastos del proceso, costas al vencido, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: INDUSTRIAS METALURGICAS FERRONI c/ D.G.I. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-29

Si bien el art. 14 de la ley 16.986 establece como regla que las costas se deben imponer al vencido, como modo de estímulo al cese de la "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta"-cuya existencia es requisito del amparo-exime de las mismas si se salva el acto u omisión en que se fundó la presentación antes del plazo fijado para la contestación del informe previsto por el art. 8 de la ley citada. En consecuencia, si no ha existido por parte del ente administrativo un acto u omisión susceptible de amparo, cabe revocar la sentencia que lo condenó en costas, e imponérselas al actor perdidoso.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fugazza María Alejandra c/ Odus S.R.L. s/ Cobro Ordinario de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-15

En cuanto a la insuficiencia en la fundamentación del recurso de apelación, cabe señalar que la expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas (art. 260 del C.P.C.)
Ejecución de sentencias contra el Estado, suspensión de la ejecución, seguros, indemnización, pago
Materia: CIVIL
Carátula: RALLO Y CIA. S.A. c/ CAP. Y/O PROP. Y/O ARM. BUQUE "ATILIO MALVAGNI" s/ COBRO A27.355,55
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-29

La circunstancia de que la indemnización a cargo de la demandada eventualmente pudiera ser soportada por una aseguradora o por un grupo de aseguradoras, nacionales o extranjeras, en virtud de la específica cobertura de los seguros de que se trate, de ninguna manera autoriza a excluirla del régimen previsto por el art. 50 de la Ley 23.696. Ello es así pues aparte de que tal hipótesis no se encuentra prevista entre los supuestos de excepción consagrados por la misma normativa, lo que se pretende con la moratoria en cuestión es que, durante el plazo que ella se prolonga, al Estado Nacional o alguno de los entes beneficiarios, como la transportista aquí demandada, no pueda serles exigido el cumplimiento de obligaciones patrimoniales impuestas en sentencias judiciales.
Denuncia del accidente de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Monzón Julio César c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-03

Resulta inconstitucional sustraer de la competencia de los jueces naturales para atribuirlas a un tribunal médico, el determinar la existencia y características de un hecho para calificarlo como accidente de trabajo (lo cual implica ponderar nexos de causalidad, entre otros extremos); catalogarlo como in itinere u ocurrido en ocasión del trabajo; y advertir si existió dolo en el trabajador o un casus extraño al trabajo a fin de eximir de responsabilidad a la aseguradora (arg. art. 6 LRT). O, respecto de las enfermedades profesionales, verificar las particularidades del empleo, las tareas o el establecimiento para determinar la calificación del agente nocivo en los términos del Dec. 658/96; por poner solo algunos ejemplos (Voto Ronconi)
Impuesto de sellos, actos jurídicos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: BANCO DE QUILMES  S.A. c/ PAZ, ALFREDO Y OTROS s/ INCIDENTE DE COBRO DE LEY DE SELLOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

Los actos están gravados con el impuesto de sellos por la virtualidad jurídica y económica que surge de su instrumentación, en tanto ésta revista los caracteres exteriores de un título jurídico.
Concurso preventivo, deberes y facultades del síndico del concurso, regulación de honorarios, representación procesal, patrocinio letrado
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ortega Mato, Florencio s/ concurso preventivo - incidente de revisión (AFIP - DGI) Ortega Mato, Florencio s/ concurso preventivo - incidente de revisión (AFIP - DGI)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-10-15|2012-10-15

Es nula la resolución que concedió el recurso de apelación al síndico del concurso, en el incidente de regulación de sus honorarios, si el escrito carece de patrocinio letrado, pues al recurrir la regulación de los emolumentos, el síndico actúa por derecho propio como acreedor del concursado, y no ya como funcionario o representante del juez en el concurso, por lo cual se encuentra alcanzado por las previsiones del artículo 56 del C.P.C.C. de Formosa
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALEJANDRO C. VARELA c/ ROBERTO SISTERNA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1991-12-20

Determinar si un instrumento es o no pagaré, es una cuestión de hecho y prueba, y por ello propia de los tribunales de mérito, ajena en consecuencia a la instancia extraordinaria.
Acción de amparo, sentencia, resoluciones apelables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VELEZ R. Y OT. c/ D.G.E. s/ Amparo (LIBRO: S083 - 208)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-13

El art. 31 del DLE 2589/75 dispone la apelabilidad de la sentencia recaida en la acción de amparo tanto cuando la misma prospera como cuando se rechaza. La diferencia que señala la ley radica en la forma en que dicho recurso se concede cuando la acción ha prosperado o cuando se ha rechazado. El recurso, señala el mencionado artículo 31, se concederá al solo efecto devolutivo, cuando se acoja el amparo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cavarreta, Ramón Osvaldo y otros c/ Empresa General San Martín S.A.T. s/ Nulidad en recurso de queja por denegatoria de recurso de  inaplicabilidad de ley contra camara de san martin
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

No resulta descalificable por absurdo el criterio de la Alzada que, a los fines regulatorios, entiende que no debe escindirse la calidad de patrimonial o no patrimonial del pleito del contenido del acto cuya anulación se pretendió y su significado económico.
Abstención de declarar, presunción juris tantum
Materia: PROCESAL
Carátula: B., E.I. c/ G., H.A. s/ Reclamo de filiación extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-12-14

No cabe confundir la obligación de hacer proscripta por nuestra Carta Magna -la de formular declaraciones contra sí mismo- con la interpretación que corresponda darle a una determinada actitud procesal.
Acción de amparo, bien jurídico protegido, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Dura, Armando c/ Municipalidad de Rosario s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Amparo   (Expte. CSJ Nº 1537-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-11-04

La Corte ha delineado el criterio orientador a aplicarse en materia de amparos, y de el se desprende que el amparo no será descartado sin más por pertenecer a determinada competencia - contencioso administrativa- sino que debe analizarse siempre la concurrencia de los requisitos exigidos por la Carta Magna para su viabilidad.
Marcas, marcas confundibles, similitud fonética, similitud gráfica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LA  FARMACO ARGENTINA IYCSA c/ LABORATORIOS EXCELENTIA SA s/ cesede uso de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Discrepo del a quo en cuanto a que "FARMACO" está comprendida en "FARMACOLOR". Sucede que el elemento predominante en la segunda, "COLOR", deja intacto sólo una parte de aquél vocablo, es decir, "FARMA"; si fuera tal como se postula en la sentencia, la composición arrojaría como resultado "FARMACOCOLOR". En cuanto a "FARMA", la prueba informativa dirigida al INPI ilustra que se trata de un elemento compartido por otros signos dentro de la clase 3 que no fueron objeto de protesta por parte de la firma demandante; me refiero a "FARMASTAR", "FARMATINT", "FARMALINK", "FARMADERN", "FARMATICKET", "FARMAHAIR", "FARMOCARD", "FARMATRICON", "EFARMA" y "FARMA-COSMETICA". Por lo demás, la demandante no controvirtió el carácter común de esa partícula en las clases 1, 3 y 5 de la nomenclatura. Se trata de una circunstancia que favorece la posición de la recurrente, porque no se puede pretender -me refiero aquí a la actora- exclusividad sobre una voz de generalizada utilización en el rubro (esta Sala causa nº 16.898/95 del 7/7/98; Sala I, causa nº 4643/00 del 15/3/05, entre otras).
Superior Tribunal de Justicia, reenvío, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C., F. c/ P., D. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-09-07

Correspondiendo delimitar el ámbito cognoscitivo del presente recurso, cabe rememorar la doctrina fijada por esta Corte "in re" "Gázquez" (A. y S., T. 101, pág. 315) respecto de las particularidades que exhibe el reenvío dispuesto como consecuencia de la revocación y/o nulidad de sentencia por el carril del recurso de inconstitucionalidad, ámbito de decisión limitado por la circunstancia de que se trata de eliminar en el nuevo decisorio a dictarse la posibilidad de incurrir en la misma violación del derecho a la jurisdicción en que incurriera el órgano recurrido. De modo tal que si, por ejemplo, este Cuerpo entiende que en la sentencia impugnada se ha valorado arbitrariamente una prueba, el tribunal subrogante no puede mantener al respecto el mismo criterio sustentado por el órgano de origen, y que sirvió de soporte para descalificar el primer pronunciamiento, porque ello atentaría de modo flagrante con la cosa juzgada emanada del fallo de la Corte y conduciría de seguro a una segunda anulación. Así podría acontecer también, si, en otra hipótesis, este Tribunal, estimando que ha mediado apartamiento del texto expreso de la ley, efectúa una declaración explícita o implícita de que el nuevo fallo a dictarse debe atender a esa normativa:

esa declaración, naturalmente, vincula al tribunal subrogante ("..."). (Del Voto de la Mayoría) (Citas: CSJStaFe AyS T 101 p 315)
Procedencia del recurso, declaración de incompetencia, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruiz Díaz, Maria Del Carmen y otros c/ Enciso, Sergio Enrique y/u otro s/ juicio ordinario (daños y perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-07-04

Cabe hacer lugar al recurso de apelación incoado por la parte actora, revocando la declaración de incompetencia, pues al tratarse de competencia territorial rigen las reglas de competencia relativa, en la cual las partes tienen la facultad de someter el conocimiento de un proceso a un juez -que por aplicación estricta de las disposiciones generales que determinan la competencia- carecería de ella. La declaración de incompetencia de oficio sólo puede decretarse en los supuestos de incompetencia absoluta y no en los casos de incompetencia relativa, en los cuales es menester que quien está legitimado para alegarla articule la cuestión. Consecuente con lo dicho, la facultad para declinar de oficio la competencia por parte del magistrado interviniente solamente es posible en cuestiones que se vinculan a la competencia por razón de la materia o del grado, y excepcionalmente por razón de las personas.
Daños y perjuicios, delito penal, acción, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: BORTOLOTTI FEDERICO s/ LESIONES CULPOSAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-15

Ha destacado esta Sala Civil y Penal que el sistema vigente autoriza a la víctima a demandar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por un delito, en sede penal o por acción independiente ejercida en el fuero civil.

Esta opción surge de lo dispuesto por el art. 29 del Cód. Penal, al disponer que la sentencia condenatoria podrá ordenar la indemnización del daño material y moral que corresponda; es decir, de acuerdo a las previsiones que contenga la ley procesal aplicable en cada jurisdicción para el ejercicio de la acción civil en el proceso penal. Por tratarse de derechos patrimoniales, es necesaria la instancia de la parte afectada.

Cuando la acción civil ha sido incoada en el proceso penal, el magistrado debe aplicar las normas y principios que correspondan a su naturaleza, sin perjuicio de atender a la influencia que la ley sustantiva asigna al pronunciamiento criminal (arg. arts. 1102, 1103 y cc., Cód. Civil), y a las disposiciones procesales que regulan su interposición en sede penal.

Por ende, la concurrencia de los presupuestos del daño resarcible -mencionados en el fallo de esta Corte-, y su evaluación en el caso concreto, se examinan de acuerdo a las normas pertinentes de la ley civil; cualquiera sea el fuero ante el que se ejercite la acción resarcitoria.
Procesado, prisión preventiva, aplicación analógica de la ley, libertad provisional, prisión domiciliaria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BEROZUK, Yésica V. s/ arresto domiciliario Causa 14.997
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-30

La aplicación analógica de la normativa contenida en el Art. 495 del Código Procesal Penal de la Nación o la del art. 33 de la Ley 24.660 no puede excluirse "ab-initio", de modo de excluir de sus previsiones a los detenidos procesados.

Será entonces ponderando las concretas circunstancias del caso en que deberá considerarse si procede o no efectuar tal aplicación, que llevará a distintas consecuencias según las norma escogida, siendo la libertad provisional derivación del art. 495 del C.P.P. y el arresto domiciliario consecuencia de la aplicación del art. 33 de la Ley 24.660.
Locación, lugar de pago, mora
Materia: CIVIL
Carátula: García, Feliciano y Otros c/ Rafael, Nicolás s/ Cumplimiento de Contrato  Indemnización por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-10-11

El deudor no cae en mora cuando el acreedor deja de prestar la cooperación requerida para el pago, de modo que si se ha pactado que el segundo de ellos debe designar el lugar donde debe efectuarse dicho pago, la mora no se produce en defecto de tal designación
Jurisdicción eclesiástica, revisión judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rybar, Antonio c/ García, Rómulo y/u Obispado de Mar del Plata y/o quien corresponda s/ Juicio sumarísimo (art.321, C.P.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Si la conducta del actor ha sido juzgada por la autoridad eclesiástica como contraria a las normas del Derecho Canónico llevándolo a adoptar sanciones en ejercicio de su jurisdicción y en el ámbito de su competencia, resulta claro que el procedimiento seguido para adoptarlas -regulado por el Código de Derecho Canónico- no podría ser revisado por la justicia civil para establecer si se ha respetado el derecho de defensa, ya que ello implicaría quebrantar la garantía del libre ejercicio de tal jurisdicción cuando éste lo es en el ámbito de su competencia, acordada por el Estado Nacional con la Santa Sede en el Tratado, aprobado por ley 17032 (art.31, C.N.).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, juicio, tasa de justicia, sellado judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Oliva, Claudio M. c/ Sucesores de Pablo Acerbi y/u otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Laboral   (Expte. CSJ Nº 587-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-14

La postergación en el pago del impuesto a las actuaciones y tasas de justicia hasta que haya decisión respecto de la imposición de costas, consagrada por el Código Procesal laboral en favor de la empleadora (artículos 19 y 20 de la ley 7945), no es extensible a la carga de depositar que la ley que regla el recurso de inconstitucionalidad establece como condición de admisibilidad de la queja por denegación de éste y que no constituye un impuesto, tasa ni otro tipo de contribución provincial o municipal a que hacen referencia aquellas normas.
Impuesto a la transmisión gratuita de bienes, partes del proceso, Ministerio Público Fiscal
Materia: CIVIL
Carátula: CATTANEO FRANCISCO s/ SUCESION - AGENTE FISCAL - INTERVENCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1932-06-09

En todas las actuaciones relativas el cobro, contralor y aplicación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, debe darse intervención al Agente Fiscal.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, abogados, sanciones disciplinarias, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., C. H. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Recurso de  Apelación interpuesto ante el Tribunal de Etica del Colegio de   Abogados de Rosario (Expte. CSJ Nro.  273-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

Corresponde juzgar inadmisible la impugnación extraordinaria instaurada cuando, más allá de que al recurrente no lo satisfaga, el A quo al sostener, en definitiva, que el letrado se había "prestado a la divulgación periodística llevada a cabo en su estudio ante diferentes medios de comunicación, sin la más mínima verificación técnica acerca de lo que afirmaba su clienta, exhibiendo radiografías trucadas que comprometían directamente a profesionales del arte de curar, atribuyéndoseles en dicha entrevista la comisión de un delito y mala praxis en el ejercicio de su profesión" efectuó una evaluación razonada de los elementos de prueba aportados a la causa brindando las razones acerca de por qué el letrado merecía sanción por la falta a la ética profesional en la que había incurrido. En suma, no logra acreditar que hubiese brindado una respuesta jurisdiccional sin suficientes fundamentos que avalen la solución adoptada, incumpliendo de tal modo el mandato constitucional, habida cuenta que aquéllos aparecen acordes con la exigencia del artículo 95 de la Constitución Provincial y en un todo de conformidad con lo sustentado por la Corte en diversas oportunidades.
Libertad sindical, interpretación de la constitución
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Rearte, Adriana Sandra y otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

La cláusula de la Constitución Nacional que establece el derecho de toda persona a crear o participar en una organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial (art. 14 bis, primer párrafo), consagra un modelo sindical libre, democrático y desburocratizado (Disidencia del juez Rosatti)
Contratos, vicios de la voluntad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ojunian, Daniel c/ La Nueva Calle SA s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

Conforme enseña destacada doctrina, por necesidad se entiende la falta o carencia de las cosas, principalmente de lo que es preciso para la vida; estado carencial o de angustia que puede ser económico o espiritual, y afecta o disminuye la libertad de elección e induce al sujeto a concluir el negocio pese a sus condiciones no muy favorables. En cuanto a ligereza, se la interpreta como un estado psíquico y patológico en que se encuentra el sujeto que no midió el alcance de las obligaciones que contrae, no porque no quiera verlas, sino porque no puede hacerlo en razón de su situación de inferioridad mental. La inexperiencia, por último, contempla un estado de la víctima del acto lesivo, que puede definirse como falta de conocimientos que se adquieren con el uso y la práctica. Siendo así, dichas carencias son prácticamente imposibles de aplicar en relación a una persona jurídica (sociedad anónima, para el caso), única legitimada pasiva en este proceso. O al menos, constituyen supuestos harto extremos y excepcionales, que no acuerdan normalmente con la condición jurídico-legal de ellas, resultan conformes con su accionar corriente en la vida económica, y que -por tanto y conforme al criterio señalado- exigencias ambas que se hallan ausentes en el caso.
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Verón, Félix Bernardino c/ Unilever de Argentina S.A. s/ Despido y Daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-08-24

No puede considerarse que el hecho de ayudar solidaria y espontáneamente a un compañero de trabajo puede implicar, aún cuando no se hayan cumplimentado estrictamente las directivas de la patronal en la materia y aunque el trabajador, luego de socorrer a quien se encontraba descompuesto en el baño, no regresaría ese día a trabajar, la conducta injuriosa de la prescripta por la norma del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. De este modo, aún cuando la actitud del actor implique algún reproche disciplinario, no puede constituir la injuria y el Juez no debe interpretar que se ha tratado de pérdida de confianza, cuando tal circunstancia implica una categoría particular de la injuria, no invocada en la comunicación del despido.