marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, procedencia del recurso, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Forestal Grandis S.A. c/ Secretaría de Políticas Ambientales - Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Salta s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-08-16

Que el art. 87 de la Constitución Provincial determina que la Acción de Amparo procede frente a cualquier decisión, acto u omisión arbitraria o ilegal de autoridad... o de los particulares; restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos explícitos o implícitos de esta Constitución.

Correlativamente, la Constitución Nacional estatuye, que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades pública o de particulares, que en forma actual o inminente amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos o garantías reconocidos constitucionalmente (art. 43).

La doctrina ha sostenido el carácter excepcional del amparo, exigiendo los siguientes requisitos: a) lesión; b) ilegalidad del acto, c) arbitrariedad; d) inexistencia de vías normales para asegurar o restaurar el derecho lesionado.

Para tal determinación resulta necesario recordar que la acción de amparo elaborada e instituida para hacer efectivas las garantías constitucionales es sin embargo de carácter excepcional, en cuanto no basta que tales garantías se hallen amenazadas, restringidas o lesionadas, sino que en tales casos el acto ú omisión de la autoridad pública, o de los particulares, debe adolecer de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, además de no contar el afectado con medio alguno para atacar el acto ilegal o arbitrario o que habiéndolo, su utilización haga ilusoria la pretensión buscada con el amparo (C.J.S. Sala I abril 21/970).	También tiene dicho la doctrina que el derecho del demandante debe ser cierto y líquido, debe ser titular de un derecho incontestable, traslúcido, evidente, admisible de plano sin necesidad de mayor análisis ni de controversia.

"La función del Juez en el amparo es la de simplemente verificar conforme a los elementos de juicios aportados, la existencia y titularidad del derecho, no la de darle certidumbre, ni admite al afecto debates y probanzas que transformen la finalidad de la vía intentada, ya que establecer la "liquidez" del derecho invocado no es objetivo sino presupuesto de ese tipo de litigio" (Rivas, El Amparo Pág. 54).
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, Derecho laboral, trabajador, medidas de fuerza, recursos administrativos, informalismo a favor del administrado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bonfanti Di Biasio S.C. - Enrietto E.C. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 135-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

La Corte Suprema de Justicia local ha sostenido que la adhesión a un paro general dispuesta por la Unión del Personal Civil de la Nación Santa Fe puede hacer pensar al administrado que los términos no corren durante esos días, generando una razonable duda acerca de la tempestividad de los escritos presentados que debe resolverse en sentido favorable al recurrente.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, acción de amparo, docentes, escalafón
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BERTOLOTTI, ADRIANA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-11-06

Corresponde el rechazo de la queja interpuesta, desde que la argumentación impugnativa -tendente a persuadir sobre la ausencia de los presupuestos de viabilidad del amparo, la falta de motivación suficiente y la existencia en la resolución de afirmaciones dogmáticas- resulta inconsistente para franquear esta instancia extraordinaria, toda vez que la apelante no logra demostrar que, efectivamente, los Jueces de la causa hayan propiciado una hermenéutica del instituto en cuestión que desnaturalice los fines para los cuales fue consagrado, ni efectuado -más allá de su acierto o error- una valoración de los recaudos de aquél que conlleve al soslayo de las normas que lo regulan. En efecto, el A quo al fallar se circunscribió a la arbitrariedad manifiesta del límite de edad requerido a los aspirantes a un nivel superior exclusivamente respecto de la amparista, para lo cual analizó su situación particular de revista y sus posibilidades de acceso a la jubilación, sin que el razonamiento realizado adolezca de vicios que ameriten su descalificación.
Obligaciones, obligaciones de dar sumas de dinero, obligaciones en moneda extranjera, código civil y comercial, obligaciones de dar cantidades de cosas, tipo de cambio, esfuerzo compartido
Materia: CIVIL
Carátula: Darex SA c/  s/ quiebra s/incidente de Revisión de Crédito de Leto, Daniel Francisco
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-03

En segundo lugar, a los efectos de determinar, en los términos de los arts. 765 y 766, "el equivalente en moneda de curso legal", corresponde considerar la conversión de la divisa al cambio oficial, tipo vendedor que publica el Banco de la Nación Argentina. Sin embargo, la normativa vigente en materia cambiaria -ley 27541 (BO 23/12/19) y el Decreto 99/19- y las circunstancias imperantes requieren, en esta coyuntura, un reexamen de la cuestión a fin de arribar a una solución justa que pueda conciliar la totalidad de los intereses involucrados en esta causa.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, medidas cautelares, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, embargo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SILVA, CLARA MARTINA Y OTRO c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS ERIKA IV s/ INDEMNIZACION. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 329-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-30

El pronunciamiento que motiva la presente queja -mediante el cual el a quo hizo lugar parcialmente a la apelación interpuesta por la incidentista (demandada), disponiendo, respecto de una indemnización por accidente de trabajo reclamada por la acción de derecho común, el embargo por el rubro daño moral y la excedencia de la reparación tarifada, con los intereses pertinentes-, de acuerdo a su propia naturaleza, no resulta ser un decisorio definitivo ni equiparable.

Tampoco se advierte perfilado el gravamen irreparable que, de acuerdo a las constancias de autos y como consecuencia ineludible, pudiera deparar lo resuelto, para que se torne inexcusable la vigencia de las excepciones que esta Corte tiene admitidas.
Juicio por delitos de acción privada, delitos contra el honor, sobreseimiento definitivo, audiencia de conciliación, notificación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GOMEZ, JOSE C. s/ CALUMNIAS E INJURIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

1) El sobreseimiento definitivo en causas por calumnias e injurias, sólo procede en caso de conciliación, retractación, desistimiento, o muerte del querellado (art. 443 inc. 4, 5, 6, 7 y 8 del C.P.M.P.).

2) Si no se ha convocado a la audiencia de conciliación y se ha notificado en forma indebida al querellado, existe violación de formas sustanciales del procedimiento que tornan irrita la resolución.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo, Administración Pública, resoluciones, dictámenes
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Peimu S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 449-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-15

Debe darse por satisfecha la exigencia de motivación suficiente de un acto administrativo, si de la lectura de los fundamentos contenidos expresamente en el acto impugnado, surge inequívoca la intención de los órganos que los dictaron de asumir como propias las consideraciones de los órganos consultivos que precedieron su dictado.
Gestación por sustitución, técnicas de reproducción humana asistida, vacío legal
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: W., B. - C., L. E. - R. T., D. S. - Solicita homologación - Ley 10305 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-06-07

La gestación por sustitución, como técnica de reproducción humana asistida se trata de una figura "alegal"; pues, no se encuentra contemplada en el ordenamiento jurídico civil pero tampoco está prohibida. De esta forma, quienes solicitan la autorización a dicha técnica apelan al art. 19 de la Constitución nacional (CN) con fundamento en que todo lo que no está expresamente prohibido, se encuentra permitido.
Concurso aparente de leyes, rebelión, motín
Materia: PENAL
Carátula: CALZADA, OSCAR s/ DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-22

Existe concurso aparente de leyes entre el delito de rebelión y el delito militar de motín no obstante la coincidencia objetiva de los tipos, toda vez que alzarse en armas (art. 226 del C.P. ), equivale a cometer vías de hecho contra el superior (art. 683 del C J.M. ), en la terminología del ordenamiento castrense, coincidiendo asimismo en cuanto a la pluralidad de militares intervinientes.

Frente a ello es indudable que la distinción debe efectuarse a partir del tipo subjetivo de las figuras en cuestión, habida cuenta que coinciden los hechos constitutivos del principio de ejecución de los dos delitos. Sólo este análisis es el que nos permite realizar la subsunción adecuada que no es otra que la de rebelión, en razón de que la actividad grupal y organizada de los alzados en armas estuvo imbuida desde inicio de las finalidades típicas exigidas por el especial elemento subjetivo de la rebelión, que "prima facie", consistió en impedir al Poder Ejecutivo, aunque fuera temporalmente, el libre ejercicio de su facultad constitucional.
Lugares históricos, emplazamiento, traslado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bernardi, Eduardo P. c/ Provincia de Santa Fe y/u otra s/ Recurso contencioso administrativo sumario. Recurso de   Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nro. 108-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-10

No resulta adecuado sostener que la autorización para determinar el lugar en que se erigiría el monumento, llevaba implícita la autorización para su traslado, salvo que se pretenda sostener que "erigir" (fundar, instituir, levantar, Diccionario de la Real Academia Española, 21 a. edición, p 610) es lo mismo que "trasladar" ; esto último, se reitera, al menos en supuestos como el de autos, requiere en principio de valoraciones del órgano legislativo distintas a las formuladas en punto a la erección misma de la obra.

En consecuencia, la autorización conferida por la ley 2099 sólo pudo comprender la atribución de determinar el lugar en que debía erigirse el monumento, pero no la de trasladarlo una vez erigido.
Expropiación, prueba pericial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nudefe S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-07

El peritaje destinado a establecer el valor del bien sujeto a expropiación carece de adecuada fundamentación si solo dice haber cumplido con el art. 12 de la ley 5708, más luego no dice cuál fue la valuación fiscal que tuvo en cuenta, ni cuáles fueron los precios de las últimas transferencias que le informó el Banco Nación, sucursal local o los precios que le informaron las casas martilleras que consultó. Ello si además, tomó como antecedente los valores de indemnización que "propuso y le aceptaron en otros juicios", pero no dice cuáles fueron esos valores, y si en esos juicios la obra realizada afectaba una zona como la de autos.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Balbuena, Ramón c/ Topsa SA s/ Conflicto negativo de competencia (Expte. CSJ Nro. 380-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-04

No obstante que el Máximo Tribunal de la Nación sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos, toda vez que por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (artículos 100, Constitución Nacional y 14 de la ley 48). Este deber de los tribunales no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento.
Exceso en la legítima defensa, error de prohibición
Materia: PENAL
Carátula: S., S. s/ Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-18

Que el exceso es un problema de error de prohibición vencible.- Pero lo cierto es que el miedo, la perturbación del ánimo y el error pueden llevar, a partir del ataque del otro y ante circunstancias que permiten advertir acerca de un descontrol de la agresión, a una reacción que exceda objetivamente lo necesario, pero que, desde el punto de vista subjetivo, puede ser explicitado e incluso justificado.
Accidente de tránsito, acción subrogatoria, asegurador, autopistas, obligación de seguridad
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Rex Argentina SA c/ Aseguradora de Riesgos del Trabajo Liderar SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-11

Procede confirmar la resolución que hizo lugar a la demanda que inició la aseguradora, en subrogación de los derechos de su asegurado, por el siniestro que este último sufrió mientras circulaba en la autopista concesionada por la demandada (LS 80). Ello por cuanto el contenido de la obligación de seguridad en el marco de las relaciones de consumo, supone a manera de principio incorporar al mercado productos seguros conforme a las exigencias normativas y a las expectativas legítimas del consumidor (conf., "Hernández, Carlos, "Las exigencias de seguridad en las relación de consumo", La Ley, Suplemento especial, "Obligación de Seguridad", págs. 21 y ss., Buenos Aires, 2005). Así las cosas, resulta claro que, en el caso, la accionada asume una obligación de resultado respecto a quienes circulan por la autopista y que, en consecuencia, sólo podía liberarse de las consecuencias del hecho dañoso demostrando la existencia de caso fortuito o de culpa de la víctima o de un tercero por quien no debía responder.
Empresas del Estado, Entidad Binacional Yacyretá, retiro voluntario
Materia: LABORAL
Carátula: MASIN, HECTOR c/ ENTE BINACIONAL YACIRETA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-27

Si el actor se acogió al retiro voluntario en los términos que establecía la resolución 570/86 en su art. 2 inc.h) admitiendo que el cobro de la gratificación especial implicaba la renuncia a reclamar por cualquier concepto, tales términos constituyen un acto jurídico complejo que no puede modificarse por ninguna reserva que haya expresado el actor en el recibo de cobro, pues significaría modificar los términos en los cuales se concretó el negocio.
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, sentencia, subrogancia del juez, reenvío, ejecución fiscal, regulación de honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS c/ GIROLAMI, JOSE Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EJECUCION FISCAL (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 314 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-09

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que asiste razón a los recurrentes cuando se agravian de la injustificada prescindencia del artículo 19 de la ley 11.697, conforme al cual "cuando las deudas estén en proceso de ejecución fiscal, los contribuyentes que se adhieran al presente régimen deberán (...) pagar los honorarios profesionales que se reducirán al tres por ciento (3%) del monto determinado en la liquidación del acogimiento (...)".

A pesar de que dicha norma se encontraba vigente al momento de regularse los honorarios, los jueces de las instancias anteriores en grado excluyeron su aplicación en autos argumentando la firmeza del pronunciamiento y la vigencia del principio de irretroactividad de las normas, sin hacerse cargo de que -como lo revela la norma antes transcripta en la más elemental de sus interpretaciones- el legislador ha establecido expresamente que tratándose de deudas "en proceso de ejecución fiscal" (como es el caso de autos, más allá del estadio en que se encontrara dicho proceso al momento de la entrada en vigencia de la ley), los honorarios profesionales respectivos han de regularse sobre una base y conforme a un porcentaje determinados, que desplazan por su especialidad a los parámetros generales eventualmente aplicados en autos, extremo que determina la necesidad de dejar sin efecto lo decidido, debiendo reenviarse la causa al tribunal que corresponda a fin de que la misma sea nuevamente juzgada con arreglo al presente decisorio.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, titularidad del dominio, titular del automotor, legitimación pasiva
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: ORMILUGUE, Oscar L. c/ PALLAS, Carlos Alberto s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

Del voto de la mayoría (Dres. Fermé y Borda):La liberación del titular registral que ha demostrado la enajenación y entrega del vehículo con anterioridad al accidente, no es posible si no se acompaña la acreditación de haber efectuado al registro respectivo la comunicación prevista en el art. 27 del decreto-ley 6528/58, ratificado por la ley 14.467, t.o. ley 22.977.-
Derecho comercial, concursos, homologación del acuerdo preventivo, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: New Glam SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

En un concurso preventivo, resulta procedente tener por homologado un acuerdo consistente en el pago de los créditos que incluye la opción de tenerlo por cumplido mediante la sola entrega de pagarés; esto es, antes de que los pagos efectivos sean efectivamente atendidos, ya que esta es una de las opciones que permite la LCQ 43. En ese marco, el plazo de inhibición previsto en la LCQ 59 comenzará a transcurrir a partir de que el juez tuviera por cumplido el acuerdo en esos términos y lo propio debe hacerse con la inaplicabilidad de la LCQ 63.

No se soslaya que de este modo se admitiría la posibilidad de un nuevo concurso preventivo que tuviera como acreedores concurrentes a quienes ya lo habían sido en el concurso anterior, lo cual habilitaría la posibilidad de que un mismo crédito fuera doblemente sometido a eventuales quitas o mermas de otra especie.

No obstante, ese será un asunto que deberá ser juzgado por el juez del segundo concurso al evaluar si corresponde o no homologar la propuesta obtenida en su ámbito o si, en cambio, la señalada circunstancia genera un abuso.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, trámites judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Servicio Nefrología San Fernando SRL c/ I.O.M.A. s/ Cobro de pesos -cuestión de comp.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

La decisión dictada por este Tribunal en el marco del artículo 6° del C.P.C.A., por expresa disposición legal, causa ejecutoria y, por tanto, no es susceptible de ser impugnada por medio de alguno de los recursos previstos en los arts. 21 y 66 del mismo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, nulidad de sentencia, recurso de apelación (procesal), orden público
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Magneres, Vicente c/ Apolo, Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

Corresponde dejar sin efecto la sentencia de cámara que declaró la nulidad de la de primera instancia, pues si el recurso de apelación se limitó al rechazo de los "ítems" indemnizatorios, al estar incorporados al patrimonio del recurrente los aspectos de la cuestión admitidos en primera instancia y no encontrarse interesado el orden público la cámara no debió pronunciarse de oficio sobre la nulidad del fallo, y al hacerlo excedió los límites de su jurisdicción.
Demanda, contenido de la demanda, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ E.N. -D.G.I. s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

El juez se encuentra limitado a las pretensiones esgrimidas por ambas partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación y eventual reconvención, sin que puedan éstas incluir en medio del proceso, abierta o encubiertamente, otras cuestiones que no fueron consideradas en los escritos de inicio. Lo contrario supone una abierta violación al derecho de defensa de la otra parte que se encuentra impedida de desplegar sus defensas respecto a la cuestión irregularmente introducida.
Estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Hamm, José L. c/ Delorenzi, Luis A. y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-06-28

Del acta agregada surge claramente que el empleador se notificó del resultado de la elección de delegado titular, con lo cual se ha cumplimentado suficientemente con la exigencia del artículo 49 inciso b) de la ley 23.551. En efecto, tal como expresamente lo admite la norma, la comunicación en cuestión no sólo puede ser instrumentada mediante carta documento o telegrama, sino a través de otra forma escrita y la notificación del empleador de la elección del delegado es harto suficiente al respecto. Por ello, el actor se encuentra legitimado a hacerse acreedor al resarcimiento contenido en el artículo 52 de la ley 23.551.
Reglas de la sana crítica, menores, trata de personas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Rodríguez Vignatti, Julio Ricardo y Otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-15

Corresponde rechazar los agravios si el letrado se ha limitado a cuestionar las piezas vitales del pronunciamiento sin siquiera expresar las razones por las cuales disiente con la ponderación que el fallo aporta sin déficit lógico ni de las reglas de la sana crítica que preside esa valoración, de conformidad con lo exigido por el art. 398 CPPN. Está debidamente acreditado el funcionamiento de dos locales donde se ejercía la prostitución, si para arribar a esa conclusión se tuvo en cuenta en primer lugar los dichos de la menor, quien relató cómo fue "vendida" por su novio y cómo llegó al local en donde trabajaba y las amenazas a ella y a su familia, a ello se sumaron los testimonios de varias personas, quienes en forma conteste, dijeron que el burdel era conocido, asimismo se incorporaron por lectura los dichos de quien era cliente habitual del lugar y reconoció a las víctimas. La fuga de la menor y la forma en que lo hizo revela la retención involuntaria a la que fue sometida la menor, cuya efectiva edad quedó probada con la copia certificada de la partida. El caso es uno de aquellos que refleja una actividad aberrante, puesta en ejecución por un grupo de seres inescrupulosos que con el único afán de obtener un lucro, desprecian la esencia del ser humano, en el caso de la mujer, a punto de degradarla a nivel de objeto de mercancía, propia de tiempos pasados sobre cuya exterminación el Estado ha asumido un compromiso internacional, que quedó efectivizado con la suscripción a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) incorporada por ley 24.632. (Dres. Catucci, Riggi y Borinsky).