marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Control de la Administración Pública, facultades de la administración, control de razonabilidad, facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos, razones de oportunidad, mérito o conveniencia, servicio público, principio de juridicidad, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autobuses Santa Fe S.R.L. y Otro c/ Municipalidad de Carlos Paz s/ Plena jurisdicción. Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-08-04

El control judicial implica fiscalizar una ponderación y una elección ya realizada por lo que debe respetar el poder exclusivo de valoración otorgado a la Administración y sólo controlar cuando se sobrepasen sus límites. Aun cuando existan varias soluciones aceptables o razonables, no corresponde al Juez sustituir una por otra, sino sólo controlar que el criterio adoptado por la Administración tenga su propio consenso y sustentabilidad en el marco de la juridicidad. Ello quiere decir que quien controla no puede imponer su propio punto de vista acerca de lo que es más razonable, sino sólo verificar si el íter lógico y la ponderación ya efectuada se ajusta a pautas objetivas aceptables, aun cuando fueren opinables. De manera tal que, en principio, no es dable sustituir a la Administración en aspectos de su accionar no reglados expresamente, incluso en la discrecionalidad en el cuándo o la vinculada con las genéricas habilitaciones de creación de servicios o realización de actividades, pues no pueden ser convertidos en mandatos concretos, ya que podría afectarse la zona de reserva de aquella.
Convalidación de la medida cautelar, medidas cautelares, Ley de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, hostigamiento o maltrato, intimidación, violencia de género, situación de peligro, control de razonabilidad, redes sociales
Materia: CIVIL-CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: Incidente de Apelación en R., C. D. c/  s/ 52. Hostigar. Intimidar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-26

Cabe rechazar la apelación contra la decisión del a quo manteniendo las medidas preventivas y urgentes impuestas al encartado en los términos de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el contexto de violencia de género en el cual se encuentran enmarcadas consistentes en la prohibición de contacto y mención por cualquier medio de comunicación o redes sociales como así también el cese de todo acto de perturbación o intimidación respecto de la denunciante, pues cumplen con los requisitos de razonabilidad, necesidad e idoneidad presentándose asimismo como una de las restricciones de menor intensidad que puedan disponerse.
Protección de marcas y patentes, registro de marca, oposición al registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: Coto CICSA  c/ Vila Santander, Alfredo Luis s/ apelación de resolución administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-26

La marca no puede registrarse para proteger, indiscriminadamente, cualquier mercadería, sino que sólo protege los artículos para los que fue registrada. Es decir, que los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que fue registrada, y el titular no puede, en principio, oponerse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos.
Procedencia del recurso, sentencia arbitraria, plan para la vivienda
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en avra contra gcba sobre amparo - vivienda
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-14

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad, y revocar, por arbitraria, la sentencia de la Cámara que ordenó al GCBA garantizar a la parte actora una solución habitacional adecuada en términos de suficiencia y de temporalidad mientras durara la situación de vulnerabilidad social -cuya definición se establece en el art. 6 de la ley n° 4036- y a buscar soluciones estables y permanentes desde un abordaje multidisciplinario de la problemática social particular. Ello así, en la medida en que la Cámara no encuadró la situación fáctica de la parte actora dentro de los grupos a quienes la ley n° 4036 reconoce el derecho a un alojamiento, de conformidad con el marco normativo, la condena dispuesta no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las constancias de la causa, al haberse apartado injustificadamente de la letra de la ley. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Juicio por jurados, apreciación de la prueba, deberes del juez, valor probatorio, instrucciones al jurado, medios de prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cufre Alejandro Fabián c/  s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2025-06-12

El juez técnico no debe dejar que ningún sesgo, prejuicio o lástima influencie la convicción del jurado y por ello en ocasiones, debe excluir prueba pertinente cuando el riesgo de causar un perjuicio indebido sea mayor que su valor probatorio.
Cuestiones de competencia, competencia laboral, personal de casas particulares, tribunal de trabajo para el personal de casas particulares, lugar de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ferreira Vera, Wilma c/ Nobile, Franca y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-22

Debe dejarse sin efecto la decisión que había declarado la incompetencia del fuero laboral para entender en el reclamo de la actora, que se desempeñaba como personal de casas particulares, realizando tareas de enfermera acompañante, labores domésticas de limpieza, atención de una persona mayor y trámites bancarios como también administrativos, en el domicilio de la demandada, inicialmente en la Ciudad de Buenos Aires, y durante el último año de la relación laboral, en una localidad de la provincia de Buenos Aires, porque la Ley 26844 sólo atribuye competencia al tribunal administrativo para entender en los conflictos que se deriven de las relaciones que se hayan desenvuelto totalmente en el ámbito de la Capital Federal (art. 51), razón por la cual no surtiría la aptitud del tribunal doméstico.
Derechos de las personas privadas de libertad, sentencia condenatoria, ex presidente de la Nación, derecho de voto, fallos de la Corte Suprema, caso concreto, actuación de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Fernández, Cristina Elisabet c/  s/ inhabilitación (art. 3 CEN)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-09-15

Cabe revocar la resolución que había considerado que la sentencia condenatoria que pesa sobre la ex Presidenta de la Nación no anulaba su derecho al voto, porque si bien la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las normas que establecían la imposición de restricciones genéricas y de carácter automático, requirió al Congreso de la Nación revisar la reglamentación vigente sobre el derecho de sufragio de las personas con condena penal y, en consecuencia descartó una habilitación genérica de oficio y dejó establecidas las condiciones mínimas que los magistrados deben considerar para incluir en el registro de electores a los ciudadanos cuya situación encuadre en la inconstitucionalidad declarada, indicando que la cuestión debía tratarse en un caso concreto, instado por petición del interesado o del Ministerio Público, atendiendo al tipo y la naturaleza del delito que motiva la inhabilitación, y las referidas condiciones no fueron consideradas en la sentencia apelada, que fue dictada de oficio.
Plan para la vivienda, políticas públicas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en avra contra gcba sobre amparo - vivienda
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-14

La ley n° 3706 no establece cuáles son las políticas públicas concretas del GCBA en materia de vivienda, más allá de disponer su obligación de formularlas e implementarlas. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Homicidio, exceso en la legítima defensa, personal policial, falta de mérito
Materia: PENAL
Carátula: Espeche, D. R.  c/  s/ homicidio con exceso en la legitima defensa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-25

Cabe revocar el procesamiento y decretar la falta de mérito, en orden al delito de exceso de la legítima defensa, del agente policial que mató a una persona que lo asaltó mientras conducía un vehículo particular, habida cuenta que no debe concluirse que la acción defensiva haya sido desmedida, dado que las que las circunstancias en que tuvieron lugar los disparos efectuados por el policía -en el marco de la agresión de tres asaltantes con un arma de fuego con la que fue herido de gravedad en el abdomen, en horas de la madrugada, en una zona peligrosa y en el interior de un automóvil, con escaso espacio entre el imputado y sus agresores- justifican profundizar la investigación a efectos de esclarecer lo sucedido.
División de poderes, deberes del juez, control de la Administración Pública, facultades de la administración, facultades discrecionales, razones de oportunidad, mérito o conveniencia, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autobuses Santa Fe S.R.L. y Otro c/ Municipalidad de Carlos Paz s/ Plena jurisdicción. Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-08-04

En base al principio de división de poderes, al controlar el juez el ejercicio de la discrecionalidad no reproduce en forma exacta el proceso lógico desarrollado por la Administración. El control judicial recae sobre una decisión administrativa ya dictada. Consecuentemente, si existe un margen discrecional de libre apreciación a cargo de la Administración no incumbe al juez revalorar y ponderar una elección ya realizada por la Administración, pues ello implicaría administrar, sustituir al órgano administrativo competente y vulnerar la división de poderes.
Protección de marcas y patentes, registro de marca, oposición al registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: Coto CICSA  c/ Vila Santander, Alfredo Luis s/ apelación de resolución administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-26

En virtud del principio de especialidad marcaria, el derecho de propiedad de una marca se extiende al universo comprendido en la clase solicitada, o al conjunto de bienes y servicios de la clase a la que el peticionario voluntariamente delimitó el registro. La especialidad propiamente dicha es la que quiere que la marca otorgue derechos sólo con relación a los bienes designados en la solicitud de registro.
Adhesión provincial, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, competencia, ley nacional, violencia de género, convalidación de la medida cautelar, medidas cautelares, Ley de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de Apelación en R., C. D. c/  s/ 52. Hostigar. Intimidar
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-08-26

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires al adherir a la Ley nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres mediante la local 4203, atribuyó en forma expresa jurisdicción a los jueces en lo Penal, Contravencional y de Faltas para disponer medidas de protección con arreglo al régimen previsto en la norma nacional durante cualquier etapa del proceso, sin que sea óbice para ello cuestiones vinculadas a la verosimilitud sobre la autoría y las medidas que en el marco de denuncias por violencia de género pudieren adoptarse.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en troncoso, lorena mariel contra gcba sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-07

Corresponde rechazar la queja que se dirige a cuestionar, en último término, la decisión de la Cámara en cuanto impuso las costas de ambas instancias en el orden causado con sustento en que, si bien la sentencia de grado rechazó la pretensión actora de equiparación salarial y abono de diferencias salariales resultantes, bien pudo considerarse con legítimo derecho a reclamar (cf. art. 64, segunda parte del CCAyT), en virtud de la jurisprudencia vigente al momento de interponerse la presente demanda, el favorable dictamen emitido por la Comisión Permanente de Aplicación de la Carrera, en el marco del reclamo administrativo previo y de las declaraciones testimoniales. Los planteos de la recurrente no logran conmover los fundamentos de la sentencia de la Cámara que denegó su recurso de inconstitucionalidad, por considerar que la imposición de las costas constituye una cuestión de índole procesal ajena, por regla, al remedio intentado, en tanto resulta propia de los jueces de la causa. (Del voto de las juezas Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Competencia, recurso de casación, apreciación de la prueba, descripción de los hechos, competencia del Superior Tribunal de Justicia, denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, educación secundaria, profesores
Materia: PROCESAL
Carátula: Contreras Ana Cecilia c/  s/ recurso de casación presentado por el fiscal en legajo contravencional
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2025-09-03

El Tribunal de grado es libre de valorar y seleccionar las pruebas en las que funda su convicción y en la determinación de los hechos que con aquellas se demuestran de allí entonces que el recurso de casación no admite un nuevo examen de los medios probatorios que dan base a la sentencia que se recurre quedando fuera de su ámbito todo lo referido a la valoración de los elementos de prueba y a la determinación de los hechos.
Interés público, control de la Administración Pública, facultades de la administración, control de razonabilidad, facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos, razones de oportunidad, mérito o conveniencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autobuses Santa Fe S.R.L. y Otro c/ Municipalidad de Carlos Paz s/ Plena jurisdicción. Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-08-04

La discrecionalidad comporta una zona de reserva de la Administración para determinar lo que es más conveniente y oportuno al interés público. Si es a la Administración a quien normativamente el Legislador autorizó la realización de la interpretación y la propia realidad presenta varias alternativas igualmente razonables y válidas, es indudable que ese margen de discrecionalidad en su elección corresponde a la Administración. En otras palabras, si existen dos o más soluciones razonablemente tolerables, atento su intrínseca dubitabilidad, parece prudente que la elección se deje en manos del órgano competente. El orden jurídico explícita o implícitamente así lo quiere, porque le encomendó a la Administración la concreción de la subsunción ante la particular realidad de los hechos, como autoridad de aplicación nata del ejercicio de la función legislativa. La Administración, cuando tiene que elegir una solución entre varias igualmente válidas, integra creativamente el ordenamiento agregando un nuevo elemento, se convierte entonces en un complemento necesario de la función normativa.
Derecho a la intimidad, responsabilidad periodística, interés público, libertad de prensa
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: M., M. E. y otros c/ América TV y otros  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-09-08

Toda trasgresión a la intimidad de las personas por los medios masivos de comunicación debe ser reputada de antijurídica, salvo que exista un interés público prevaleciente que justifique la difusión de la noticia y valide la intromisión en el ámbito privado de los ciudadanos. Sólo cuando exista un interés público predominante, cuya ponderación debe ser restrictiva, podrá considerarse justificada la intrusión en la intimidad por los medios de prensa y, por lo tanto, regular el ejercicio del derecho a informar.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, descripción de los hechos, educación secundaria, profesores, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Contreras Ana Cecilia c/  s/ recurso de casación presentado por el fiscal en legajo contravencional
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2025-09-03

La finalidad del recurso de casación es controlar la legalidad y logicidad de la sentencia recurrida, resultando solo procedente cuando se trata de corregir errores de derecho procesal o de fondo, por ello pasa a ser el guardián del derecho sustantivo y procesal tanto para evitar la inobservancia o errónea aplicación del primero como la inobservancia de las formas impuestas por el segundo bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, pues si el control excede su juridicidad e invade el ámbito fáctico incurre en exceso de poder.
Medidas cautelares, Ley de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, protección de la mujer, ley procesal, violencia de género, situación de peligro
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Incidente de Apelación en R., C. D. c/  s/ 52. Hostigar. Intimidar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-26

Las medidas preventivas urgentes contempladas en la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 26.485, no pueden equipararse a las precautorias reguladas en la ley procesal, pues no poseen la finalidad de asegurar el avance del proceso y la ejecución de la sentencia sino que su objeto es la protección inmediata y urgente de la víctima.
Responsabilidad internacional del Estado, obligaciones internacionales, protección internacional de los derechos humanos, violencia de género, Ley de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, REPÚBLICA ARGENTINA, convalidación de la medida cautelar, intimidación, situación de peligro, redes sociales, violencia digital, PÁGINA WEB, plataformas electrónicas
Materia: DERECHOS HUMANOS-CONTRAVENCIONAL-INTERNACIONAL PUBLICO-PENAL
Carátula: Incidente de Apelación en R., C. D. c/  s/ 52. Hostigar. Intimidar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-26

Atendiendo a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino y el deber y responsabilidad que le cabe en cuanto a actuar diligentemente en la investigación y sanción de los hechos de violencia contra la mujer que fueren denunciados, corresponde encomendar al juzgado interviniente en el caso en el que decretó medidas urgentes de protección en amparo de la actora consistentes en la prohibición de contacto y mención por cualquier medio de comunicación o redes sociales como así también el cese de todo acto de perturbación o intimidación de parte del denunciado, evalúe adoptar otras medidas vinculadas a la prevención de actos que constituyan violencia digital en orden a lo contemplado en los arts. 26 y 28 de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ordenando a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia digital o telemática definida en la mencionada norma.
Boleta única papel, elecciones nacionales
Materia: ELECTORAL
Carátula: Recurso de apelación de en autos Junta Electoral Nacional distrito prov. de Buenos Aires  c/  s/ elecciones generales elección nacional 26 de octubre 2025
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-09-11

En la boleta única de papel, mediante las regulaciones acerca de asignación de colores a las agrupaciones políticas, se procura evitar la confusión en el electorado y asegurar que entre las distintas agrupaciones haya una nítida diferenciación que permita a los sufragantes distinguir claramente entre las diferentes opciones.
Medidas cautelares, Ley de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, protección de la mujer, ley procesal, violencia de género, situación de peligro, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Incidente de Apelación en R., C. D. c/  s/ 52. Hostigar. Intimidar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-08-26

La diversa naturaleza existente entre las medidas urgentes contempladas en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las cautelares propias del ámbito procesal implica que los requisitos para su dictado sean diferentes bastando para el dictado de una medida preventiva urgente encontrar plausible la hipótesis de peligro alegada y advertir que las acciones del involucrado configuran un riesgo cierto e inminente para la seguridad personal de la mujer quien tiene derecho a recibir tutela judicial urgente y preventiva (art. 16 de la Ley 26.485), sin que se requiera corroborar la ocurrencia de los hechos denunciados.
Denegatoria del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en pereira martínez, marcelo sebastián contra gcba sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-07

Corresponde rechazar la queja que se dirige a cuestionar, en último término, la interpretación que el a quo hizo del texto de la ley n° 5835 y contabilizó el plazo previsto en el art. 1° de la ley n° 5835 en días hábiles. Ello así, en tanto los agravios que pretende traer a conocimiento de este Tribunal, no trasuntan la existencia de una cuestión constitucional (art. 27 de la ley n° 402), sino que versan sobre la interpretación de cuestiones fácticas y de derecho infraconstitucional que, por regla, son privativas de los jueces de mérito. Y es que el principal debate propuesto en la presente vía recursiva se centra en determinar si el plazo de sesenta días previsto en el art. 1° citado -previo a considerar abandonado un motovehículo retenido- debe contarse en días corridos o hábiles administrativos, lo que requiere ponderar lo contemplado en la Ley de Procedimientos Administrativos (art. 22, inc. e) 1° y 2°), y en el Código de Tránsito de la CABA (art. 2.1.5.2). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).