marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad civil, seguros, oponibilidad a terceros
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ Mariela del Carmen y Otros c/ Zarate Mario Luis y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-09-27

Esta Cámara ha sostenido que la relación entre el asegurado y el productor de seguros resulta valida a los fines de su cobertura y cualquier diferencia que exista entre el productor y la aseguradora no es oponible a la victima del siniestro.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, soldadora
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, PEDRO c/ MARIÑELARENA, ALBERTO s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-24

Debe reputarse como cosa riesgosa o viciosa el soplete que manipula un soldador. Por ello, la chispa que de él se desprende y provoca la ceguera de un ojo, hace responsable al dueño o al guardián de aquélla por el daño causado en los términos del artículo 1113 del Código Civil, apartado segundo.
Retención indebida, estafa, delito continuo, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Mizawak, Sergio Oscar - Mizawak, Jorge Abraham - Mizawak, Jorge Luis s/ Estafa procesal
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-03-22

Tanto el delito de "retención indebida" como el de "estafa", son delitos instantáneos, no permanentes. Esto trae como consecuencia que el momento consumativo en la retención indebida se configura cuando se omite restituir la cosa. La lesión al bien jurídico se produce en ese momento aún cuando el perjuicio persista; esta situación por sí sola no lo convierte en un delito continuado.

En el caso de la estafa el delito se perfecciona con la disposición patrimonial perjudicial (la entrega del dinero y los documentos). Tampoco se trata de un delito permanente, por más que los efectos -como en la retención indebida- sean permanetes.

En consecuencia, atento a que la prescripción del delito tipificado en el artículo 173 inciso 2º de Código Penal comenzó a correr desde la medianoche del día en que se omitió la devolución de los pagarés retenidos y que resulta aplicable el artículo 67 de dicha norma vigente al momento del hecho, debemos concluir que la acción se encuentra prescripta por el transcurso del tiempo.
Estafa, silencio, ardid, bienes inmuebles, compraventa, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, Marcial G. y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

El silencio es válido como parte del ardid configurativo del delito de estafa, si formó parte de la conducta engañosa, que llevó al error y posteriormente al pago del dinero, e hizo creer a la víctima que el inmueble adquirido estaba libre de gravámenes (*).

La obligación del vendedor es la de avisar que el inmueble se encuentra afectado a una hipoteca y en consecuencia evitar el error y la disposición patrimonial.

Por tanto, debe confirmarse el procesamiento de los imputados (del voto del Dr. Donna al cual adhirieron los Dres. Bruzzone y Elbert).
Demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado (su quiebra) c/ Bertorello Alberto Rubén y otras s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-13

Los efectos de la admisión ficta prevista en el art. 354 del Código Procesal Civil y Comercial son diferentes según verse sobre los hechos o la prueba documental. En el primer supuesto el silencio, las evasivas o la negativa general "podrán" estimarse como reconocimiento de la verdad, en cambio, tratándose de documentos, esa misma posición reticente del demandado conlleva a la solución legal consistente en que "se los tendrá por reconocidos o recibidos"
Libertad condicional, aplicación de la ley, menores, ejecución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: T., B. N. c/  s/ Legajo de Ejecución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-15

Para abordar la impugnación del art. 14, segunda frase, del Código Penal, que excluye la posibilidad de concesión de la libertad condicional a personas que han cometido alguno de los delitos enunciados en ella cuando aún no han alcanzado la mayoría de edad, corresponde examinar el marco y alcance de los arts. 37 y 40, incs. 1 y 4, de la Convención de los Derechos del Niño, puesto que en el caso de niños que han sido declarados culpables de haber cometido una infracción penal, el art. 37, inc. b, CDN no regula solamente el momento de decisión sobre la imposición de una pena privativa de libertad, sino también el momento de ejecución toda vez que el poder punitivo no se agota con la imposición de la pena, dado que éste se ejerce también en su ejecución, y en su modo de ejecución. A su vez, el art. 40.1 CDN establece como programa a seguir respecto de niños que han sido declarados culpables de haber infringido las leyes penales, entre otros fines, el de promover la "reintegración" del niño lo que indica que la finalidad que persiga cualquier medida que se aplique a estos supuestos es la de integración o reintegración a la vida social. Ahora bien, puesto que es inherente a la ejecución de toda pena privativa de libertad la exclusión de la vida social, esa exclusión debe ser por el período más breve que proceda en conexión con lo que prescribe el art. 37, inc. b, habida cuenta de la naturaleza dinámica del tratamiento de las acciones para procurar en el niño el fomento de su sentido de la dignidad y el valor y el fortalecimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros (art. 40.1 CDN). Una pena temporal fija, que no admita consideraciones sobre la posibilidad de una libertad anticipada es inconciliable con el art. 37, inc. b). No cambia tal conclusión señalar que la enunciación del art. 14, segunda frase, CP, comprende delitos muy graves, ni su alusión a la soberanía del legislador para evaluar cuáles son los más graves, y cómo deben ser tratados en el ejercicio de su discreción político criminal, puesto que también en el campo de la política criminal la autoridad del Poder Legislativo encuentra su límite en la Constitución Nacional y en los instrumentos de derechos humanos enunciados en el art. 75, inc. 22, al que ésta le reconoce igual jerarquía y declara complementarios de su primera parte (voto del juez García).
Excarcelación, cauciones, auto de prisión preventiva, falta de auto de prisión preventiva, voto en disidencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RETAMOZO, Magali Jaime. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02

No corresponde caucionar la libertad del imputado ante la falta del dictado de la prisión preventiva (*).

Por ello, debe revocarse la excarcelación concedida bajo caución real.

Disidencia del Dr. Cicciaro: El dictado de la prisión preventiva implica que el órgano jurisdiccional considera improcedente la soltura anticipada, y su ausencia, que dicho órgano esté facultado para elegir una de las cauciones que se admite en el instituto de la excarcelación.

Si se comprueban las pautas que impiden aplicar el instituto de la excarcelación, el dictado de la prisión preventiva aparece como obligatorio (art. 312 del C.P.P.N.) (**).

Si se otorgó el derecho a la libertad provisoria con una condición que por no cumplida impide ejecutar la orden, no aparece indispensable dictar una medida de cautela personal que no habrá de cumplirse en la realidad.

No obstante el art. 310 prevé que en casos como el presente, que el encartado recuperará la libertad, no existe impedimento alguno para que la situación sea condicionada a la satisfacción de alguna de las cauciones previstas en los arts. 322 y 324 ya que en su defecto sería inconducente que, para sortear el aparente escollo del artículo 310, se disponga la prisión preventiva del imputado por el sólo hecho de que la garantía discernida en el incidente de excarcelación exceda la sola palabra del encausado, hipótesis que sería justamente violatoria a lo estatuido por el mencionado artículo 312 de la ley de rito.

Las únicas normas que tornan automática la soltura del imputado se refieren a los artículos 309, 338 y, la instrucción sumaria del art. 353 bis incorporado por la ley 24.826 (***).

La penalidad máxima prevista para el concurso de delitos que se le atribuyen a la imputada, que excede el tope previsto en el art. 317, inc. 1°, en función del 316, 2° párrafo, del C.P., sumado a los numerosos procesos por delitos contra la propiedad, y rebeldías con las que cuenta, resultan pautas objetivas que enmarcan su situación en la hipótesis restrictiva del art. 319 del C.P.P.N. Por ello, corresponde revocar el auto por el cual se concedió la excarcelación a la imputada.
Non bis in ídem, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Almonacid Arellano y otros c/ Chile s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas s/ #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ Chile s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas s/ #TIPO_TRIBUNAL: DH c/ Chile s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-09-26

El principio "ne bis in idem" -reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana-, no es absoluto y por ende, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia, por lo que se concluye que una sentencia pronunciada bajo tales circunstancias produce cosa juzgada "aparente" o "fraudulenta".
Indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: D., O. c/ Instituto de Asistencia Social s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-17

Jurisprudencia constante ha declarado que la indemnización por daño moral tiende a reparar la privación o disminución de bienes que en la vida del hombre tienen un valor principal, como la paz, la tranquilidad, la integridad física, el honor y los demás sagrados afectos.
Defraudación, tentativa, fraude a la Administración Pública, falsificación de instrumento público, concurso de delitos, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: GRACIANI, César s/ procesamiento Causa nro. 27.076
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

La presunta falsificación del instrumento privado, no concursa idealmente con la figura de la estafa, sino que forma parte del ardid requerido. Por ello la calificación que debe asignarse al hecho, es la de defraudación a la administración pública, en grado de tentativa.-
Ejecución fiscal, responsabilidad de la Municipalidad, temeridad o malicia
Materia: CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ PRUNOTTS s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-17

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires debe tener los antecedentes de los deudores morosos en regla. Lo contrario importaría obligar a los contribuyentes a asumir gastos derivados de su defensa en juicio provocados por la irregular dirección de dicha Municipalidad. La institución judicial, por otra parte, no debe usarse dependiendo de que el pretendido deudor presente o no el comprobante de pago. Un uso de tal naturaleza, instrumentado mediante el ejercicio abusivo de la facultad de emitir certificados de deuda sustancialmente inexistentes, vale como admitir por el demandante que la demanda puede padecer sin razón absoluta, según la contingencia de la presentación del recibo.

Pretender cobrar una deuda inexistente configura la temeridad que el art. 45 del Código Procesal sanciona, menos justificable cuando es la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires quien, no obstante la condición ética que debe lucirle, incurre en esta arbitrariedad inexcusable y notoria.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, ley provincial, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Centro Unión de Empleados de Comercio (CUEC) de San Carlos Centro c/ Municipalidad de San Carlos Centro s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-04-16

Mediante la promoción del presente juicio de amparo colectivo, la asociación sindical ahora recurrente viene planteando la manifiesta ilegitimidad de ciertas omisiones endilgadas a la Provincia y al Municipio demandados en materia de poder de policía local, por la alegada inejecución de sus deberes de fiscalización y vigilancia en orden a la observancia las regulaciones establecidas mediante ley provincial 13441 y ordenanza de adhesión municipal 787/15 -sobre cierre dominical de determinados establecimientos comerciales-, con supuesta afectación a derechos de raigambre constitucional en cabeza del grupo de trabajadores cuya representación la actora dice asumir; y luego de sustanciada la causa, dictada la sentencia de primera instancia, y apelada la misma, la Alzada -al conocer en grado de apelación- repelió los planteos actorales, en el entendimiento de que, frente al peso institucional de pronunciamientos anteriores de esta Corte acerca de la inconstitucionalidad de la ley provincial 13441 y de las ordenanzas de adhesión a la misma dictadas por diversos municipios, no cabía la exigente calificación de ilegalidad o ilegitimidad manifiesta respecto de las conductas omisivas atribuidas en el caso a las codemandadas, lo cual -a juicio de los Sentenciantes- conducía a descartar la procedencia del amparo promovido, amén de tornar insustanciales las demás cuestiones planteadas; en consecuencia, no se percibe que la respuesta judicial atacada carezca de motivación suficiente o que resulte irrazonable o desmarcada del análisis que exigía la controversia en función de las normas y principios aplicables. (De la disidencia del Dr. Netri) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 132, p 67; Castets y Tanino S.R.L., Foschiatti, M. R. y Supermercado Reconquista S.R.L., T 279, p 142; Coto C.I.C.S.A., T 279, p 237; e Inc S.A., T 279, p 319. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 43; Constitución provincial, artículo 17; Leyes 10456 y 13441; Ordenanza de la Municipalidad de San Carlos Centro 787/15.
Delito culposo, responsabilidad concurrente
Materia: PENAL
Carátula: Moroni, Luis Alexis s/ Lesiones culposas Arricau, Juan José s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23|1994-08-09

La culpa concurrente de la víctima no desplaza la del autor.
Concursos, apertura del concurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Supermercados Lagostena S.A. s/ Concurso Preventivo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-13

La certificación contable comprensiva de las acreencias, acompañada con el escrito de solicitud de apertura de un concurso preventivo, en la medida que se adecua a los recaudos impuestos por el art. 11 de la Ley 24522 resulta idónea aún cuando no haya sido repetida en cada uno de los legajos de los acreedores. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, competencia federal, delitos contra el orden público, delitos contra la seguridad de la Nación, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, usurpación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Ríos,  Carlos  Pedro  -en  representación  Bco.  Hipotecario Nacional s/ denuncia usurpación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Es competente el juez provincial para conocer en la causa iniciada a raíz de la ocupación de viviendas correspondientes a un complejo habitacional, en tanto el delito investigado no ha sido afectado directamente a alguno de los poderes nacionales constituidos, circunstancia que debe ocurrir para habilitar la intervención del fuero federal.
Requisa personal, facultades de la autoridad de prevención, estado de sospecha, transporte de estupefacientes, requerimiento fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Cuello, Víctor Hugo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-29

Concurren razones de urgencia que legitimaron el accionar de la policía que efectuó la requisa personal sin orden judicial, dada la actitud evasiva del imputado y su acompañante, así como el nerviosismo que evidenciaron ante la presencia del personal policial y finalmente las respuestas incoherentes dadas a los uniformados, que motivaron el procedimiento de identificación, detención y requisa que culminó con el secuestro del estupefaciente en poder del encausado de conformidad con lo establecido por los arts. 184 inc. 5° y 230 bis C.P.P.N. El traslado de estupefacientes hasta un sitio distinto del punto inicial de salida, con independencia de que este lugar se trate del destino final al que el imputado pretendió hacer llegar el tóxico encuadra en la figura legal establecida en el art. 5 inc. "c" ley 23.737, en su modalidad de transporte de estupefacientes. Debe rechazarse la alegación de inimputabilidad en los términos del art. 34 inc. 1° C.P. si el Cuerpo Médico Forense concluyó que el encausado sólo presenta una personalidad emocionalmente inmadura, que no le impide comprender y dirigir sus acciones. La disidencia señaló que se imponía la declaración de nulidad de todo lo actuado ante la ausencia del requerimiento fiscal de instrucción, en los términos del art. 188 C.P.P.N. (Dres. Riggi, Ledesma -en disidencia- y Catucci).
Impuesto a los activos financieros, bonos externos, exenciones impositivas, aplicación de la ley, retroactividad de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: KUPCHIK, Luisa Spak de y KUPCHIK, Roberto M. c/ B.C.R.A. y E.N. (M.E.) s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-18

Al momento en que se gravaron los activos financieros -9 de julio de 1989-, la situación fiscal de la actora respecto de los BONEX 1987 estaba regulada por la ley 19.686, cuyo artículo sexto establecía que los "Bonos de la presente emisión, así como su renta estarán exentos de todo gravamen impositivo". Dicha norma resultaba de aplicación, en virtud de lo dispuesto por el art. 2, inc. f) del decreto 1119/87, de emisión de los Bonex 1987.
Recurso de queja (procesal), acto administrativo, régimen tributario, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Nación AFJP S.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Nación AFJP S.A. s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisión DGR (Art. 114 Código Fiscal) Inconstitucionalidad denegado en "Nación AFJP S.A. s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisión DGR (Art. 114 Código Fiscal)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-04

El hecho de que tanto la ley nro. 541, como la nro. 745, contemplaran el recurso jerárquico como una vía utilizable por el contribuyente, como lo señala el tribunal a quo, no permiten sortear el gravamen que invoca y demuestra el contribuyente, ya que los efectos asignados al mismo en uno y otro régimen eran totalmente diversos. Adviértase que, mientras que en la ley nro. 541, era optativo, pero excluyente de la revisión judicial; en la ley nro. 745 es indispensable para agotar la vía. El proceder cuestionado ha permitido, en esta oportunidad, llevar confusión al contribuyente, convirtiendo en sorpresivo el posterior obrar estatal, afectándose, por tanto, diversos principios. Ellos son los de: lealtad informativa del Estado; previsibilidad del Derecho y de las consecuencias jurídicas que se derivan del obrar de los particulares; protección de la confianza legítima; e interdicción de la arbitrariedad; todas las nombradas reglas, comunes a los más variados ordenamientos que han plasmado el ideario de fines del siglo XVIII, gestado al impulso de las revoluciones francesa y norteamericana. (Del voto del Dr. Casás).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: ROMANO, MIGUEL SANTIAGO c/ ROSIL  S.C.A.  Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

Para que proceda la aplicación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo no es necesario que exista fraude por interposición de personas, o que el contratista sea insolvente o un mero 'hombre de paja'; si así fuera, el contratante será considerado lisa y llanamente empleador y deudor directo de la obligación por aplicación del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, Estado Nacional, juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SITRATEL ROSARIO c/ TELECOM ARGENTINA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-03

La sentencia recurrida merece ser descalificada como acto jurisdiccional válido, desde que sólo en apariencia aparece fundada la desestimación del fuero federal, toda vez que los sentenciantes omiten dar respuesta a un punto trascendente que debió ser abordado expresamente para satisfacer adecuadamente la exigencia constitucional de motivación suficiente, y es el relativo a que conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se estableció como regla que cuando el Estado Nacional -o una de sus entidades- es citado y comparece a juicio, aunque sea como tercero, corresponde intervenir al fuero de excepción, aunque intervengan otras personas no aforadas, sin que quepa distinción respecto del grado y carácter de tal participación federal; máxime si se tiene en cuenta lo claramente manifestado por la demandada al pedir la citación del Estado como tercero en el proceso, respecto a que si alguna responsabilidad se le atribuyera por los hechos en que se funda la demanda ello derivaría en la existencia de responsabilidad del Estado pretendiendo que los efectos de la sentencia puedan serle opuestos. - CITAS: CSJN: Ramos, del 3/5/2016.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, juzgamiento de civiles, asociación ilícita calificada, actividades subversivas, estado de derecho, jueces naturales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GAUNA, ROBERTO ANTENOR s/ ASOCIACION ILICITA, ETC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-01-09

Corresponde dejar sin efecto la sentencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que condenó al recurrente por el delito de asociación ilícita calificada. Ello así, pues la justificación jurídica que pudiese haber encontrado el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar mientras dura el episodio subversivo, desaparece como tal con la superación de éste y se convierte en una formulación aberrante luego de restaurado el Estado de Derecho que supone el imperio de la ley, indudablemente condicionado a que los jueces de la Constitución sean los únicos facultados para juzgar y dictar sentencia final en las causas criminales.
Prescripción, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moreno, Ramón Toribio c/ Sucesores de Romano, Plácido s/ Rescisión de boleto de compraventa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

La acción por rescisión del contrato de compraventa inmobiliaria prescribe a los diez años computados a partir del momento en que la rescisión puede exigirse.-