Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-10


SENT Nro. 134 San Miguel de Tucumán, 10 de MARZO de 2004.- Y VISTO: El recurso de queja deducido por el apoderado del perito CPN Juan Carlos García en autos: "Colegio Médico de Tucumán vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/Cobro de pesos. Expte. 8039/95"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- A fs. 74/86 se presenta el apoderado del perito CPN Juan Carlos García e interpone queja directa contra la sentencia de fecha 8/7/2003, que declarara inadmisible el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 6/12/2002 dictada por la Sala IIIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

El pronunciamiento recurrido en casación (fs. 49/50) revocó la sentencia que oportunamente regulara de los honorarios de los profesionales intervinientes en la causa (los letrados Andreozzi, Orrego de Morales y Roldán Vázquez y el perito García) y modificó los montos de las regulaciones pertinentes.

El auto denegatorio de la casación (fs. 70) funda la inadmisibilidad del recurso interpuesto en el carácter extemporáneo de la presentación pertinente. Expresa que la sentencia del tribunal de alzada fue notificada al perito en el domicilio constituido a fs. 210, el día 24/2/2003, y que el recurso de casación fue interpuesto el día 24/3/2003, cuando el plazo del art. 816 procesal se encontraba vencido.

II.- Se agravia el quejoso de que la Sala a quo haya considerado extemporánea la interposición del recurso extraordinario local.

En primer lugar, señala que la cédula cursada al domicilio oportunamente constituido por su parte, no resulta válida a los fines de notificar la resolución que se impugna. Expresa que tal como consta al dorso de las numerosas cédulas de notificación agregadas a la causa, tales diligencias se cumplieron quedando constancia de que en el domicilio de calle Diego de Rojas 91 (domicilio constituido en oportunidad de apersonarse en autos) se encontraba desocupado. Afirma que hace más de tres años que no reside en dicho inmueble y que dicha circunstancia era conocida por las partes y el tribunal. En respaldo de su posición, acompaña una constancia expedida por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas (fs. 72) del que resulta que desde el 31/8/82, registra como domicilio especial (a los fines de desempeñarse como perito en la Justicia) el sito en calle Balcarce 573, 3º piso, dpto. 5 de esta ciudad.

Agrega que la carga de denunciar el cambio de domicilio prevista por el art. 77 del CPCC, constituye un deber impuesto a las partes pero no a los auxiliares de la justicia.

En segundo lugar, y aun cuando se entendiera que dicha notificación era válida y eficaz, entiende que ningún plazo podía empezar a correr en su contra pues se encontraba a despacho para resolver, la aclaratoria planteada por la apoderada del IPSST contra la sentencia del tribunal de alzada.

En tercer lugar, señala que si bien los autos fueron puestos a la oficina con fecha 31/12/2002 (luego del dictado del pronunciamiento que se recurre en casación), su parte no estaba obligada a comparecer al efecto.

A mayor abundamiento, sostiene que el trámite de la causa estuvo signado por irregularidades que impidieron a su parte el control de las actuaciones.

Considera que es deber del órgano jurisdiccional velar por la búsqueda de la verdad real sin sujeción a rigorismos formales que desnaturalicen la verdadera función de la justicia.

Alega que su parte es víctima de una serie de insólitas arbitrariedades. Explica que el tribunal de alzada desinterpretó las directivas impartidas por esta Corte y modificó una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Sostiene que la sentencia que regulara oportunamente los honorarios profesionales fue impugnada sólo en relación a los estipendios de los letrados intervinientes pero no respecto de los correspondientes a su parte, que se encontraban firmes. Expresa que la Sala a quo se excedió en sus atribuciones, pronunciándose sobre cuestiones ajenas al ámbito competencial del recurso. Destaca que los recursos de revocatoria y de casación oportunamente planteados, se dirigían a impugnar los honorarios de los abogados y que lo resuelto por esta Corte (hacer lugar parcialmente al recurso de casación y disponer el reenvío para un nuevo pronunciamiento) imponía aquella limitación. Entiende que la Sala a quo prescindió de aquellas directivas y modificó la totalidad de los honorarios regulados, en clara afectación de los derechos de su parte.

III.- Tal como surge del pronunciamiento de fs. 70, la sentencia recurrida en casación fue notificada al perito Juan Carlos García en el domicilio constituido a fs. 210, el día 24/2/2003 (cfr. fs. 57), y que el recurso fue interpuesto el día 24/3/2003, cuando el plazo del art. 816 procesal se encontraba vencido.

Desde la perspectiva del tribunal a quo, habiéndose practicado una notificación válida y eficaz de la sentencia dictada en autos, el plazo para impugnarla había comenzado a correr desde la fecha en que la misma se practicó (24/2/2003). Siendo así, la interposición del recurso de casación en fecha 24/3/2003 debía ser considerada extemporánea.

Pese al esfuerzo argumental desplegado por el recurrente, la queja resulta insuficiente para revertir el criterio adoptado por la Sala a quo.

De las disposiciones pertinentes contenidas en la ley adjetiva (art. 71, 72, 73, 75, 76 y 77 del CPCC) surge como deber de las partes -y por carácter extensivo, a todos aquellos que deben apersonarse y actuar como auxiliares de la justicia), el de constituir domicilio dentro del radio de la sede del órgano judicial. Dicho domicilio -constituido a los efectos del proceso en el cual se desenvuelve la actuación de los sujetos involucrados- subsiste mantiene mientras dure el juicio, y el interesado no se constituya otro diferente (arts. 73 y 75 CPCC).

Esta Corte tiene dicho que el domicilio procesal (arts. 71 y ss. CPCC), constituye una institución con efectos exclusivamente procesales, y circunscriptos al proceso para el cual se constituye (CSJTuc., sent. 785 del 14/10/99, "Santillán, Atilio Rosario s/Sucesión"). Y desde este enfoque, no logra demostrar el quejoso la arbitrariedad de considerar que la notificación practicada en el domicilio constituido por el perito en su escrito de apersonamiento (fs. 4/7) no deba ser considerada válida y eficaz.

La notificación se formalizó en el domicilio denunciado por el propio perito, constituido en la oportunidad procesal pertinente y a los fines propios de su actuación profesional (notificación de su designación luego del sorteo, notificación de las providencias vinculadas su labor -pedido de aclaraciones, impugnaciones, etc.-, regulación de sus honorarios profesionales, etc.). El domicilio procesal implica la elección de un domicilio especial para un proceso judicial determinado; toda vez que en él se practicarán como principio general, las notificaciones referidas a las cargas, deberes y derechos derivados de su actuación en juicio.

El argumento según el cual, al perito no le estaba impuesto el deber de denunciar el cambio de su domicilio, resulta ineficaz para rebatir la posición asumida por la Sala a quo. La preceptiva del art. 77 del CPCC impone a las partes el deber de comunicar los cambios en el domicilio real y en caso de infracción a tal carga procesal, el código de rito expresa que será tenido por tal, el domicilio procesal o constituido; que es donde se practicó la notificación en cuestión.

De otro lado, y en relación a la existencia de un planteo de aclaratoria formulado por la apoderada de la demandada -que suspendería el cómputo del plazo para impugnar la sentencia del tribunal de alzada- el agravio debe ser igualmente desestimado.

Esta Corte tiene dicho que el plazo establecido para interponer el recurso de casación (art. 816 del CPCT) no es susceptible de suspenderse por el recurso de aclaratoria intentado. La casación de nuestro ordenamiento procesal, no constituye una tercera instancia, sino un control de legalidad, que tiene una naturaleza extraordinaria, y por lo tanto, no resulta extensible lo dispuesto por el art. 278 del CPCT, por ser de interpretación restrictiva (cfr. CSJTuc., sent. 984 del 4/11/2002, "La Invernada vs. Ikagro S.A. s/Cobro de pesos"; sent. 706 del 10/9/98, "Fridman de Kaplan, Elena vs. Reyes Antonio Vargas s/Desalojo"; entre otros).

IV.- El memorial introductorio de la casación no satisface el requisito de autosuficiencia exigido por el art. 816 del CPCC ya que la fundamentación recursiva prescinde de las concretas razones expuestas por la Sala a quo; con lo que permanece indemostrado el error sentencial atribuido al fallo impugnado. Es doctrina de esta Corte que siendo el recurso de casación un medio impugnativo extraordinario, de estricto rigor formal, debe bastarse a sí mismo pues no basta sostener una determinada solución jurídica, contraria al decisorio impugnado, sino que es menester una crítica razonada del fallo, para lo cual se deben rebatir todos y cada uno de sus fundamentos (cfr. doctrina sent. 268 del 18/4/2000, "Coop. de Trabajo Agropecuario La Merced Ltdo. vs. Cañeros Obreros y Empleados S.A. COESA y otro s/Rescisión de contrato"; sent. 125 del 2/3/98, "Gómez Quinteros de Alberti, Blanca M. vs. Radiodifusora Independencia S.R.L. s/Daños y perjuicios").

La insuficiencia recursiva obsta a la demostración de los vicios que se imputan al decisorio y es precisamente el déficit señalado el que sella en forma adversa, la suerte del recurso intentado.

Por ello, y compartiendo lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal a fs. 88, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto por el apoderado del perito CPN Juan Carlos García contra la sentencia de fecha 8/7/2003 dictada por la Sala IIIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA