marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Estado de sitio, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, revisión judicial de actos administrativos, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VIDELA,  JORGE  -  HARGUINDEGUI,  ALBANO  -  MARTINEZ  DE  HOZ,  JOSE s/ PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-14

La detención de personas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante la vigencia del estado de sitio, si bien es una atribución propia de aquél, no puede escapar al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial, no resultando extraña a la tarea de éste último la comprobación de la correlación que dió origen a la declaración del estado de sitio. El arresto previsto por el art. 23 de la Constitución Nacional es una simple medida de seguridad política cuyo alcance debe interpretarse restrictivamente y en sentido favorable a la seguridad personal.

La valoración concreta de la existencia de los presupuestos objetivos que autorizan a declarar el estado de sitio, (art. 67 inc.

26 de la Constitución Nacional), es exclusivo resorte del Poder Ejecutivo Nacional y sólo controlable por el Congreso nacional, por lo que no puede vedarse la investigación judicial de los injustos penales que puedan cometerse mediante tales arrestos, con independencia de la arbitrariedad de la detención.
Sucesiones, posesión hereditaria
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ ALONSO, MARIA DOLORES c/ MAZZA, SALVADOR Y OTROS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

La posesión hereditaria no importa la aprehensión material de los bienes que la componen, sino que es el reconocimiento ministerio legis, o la declaración que hacen los jueces, del carácter de heredero del de cujus que tiene el interesado, es una suerte de investidura independiente de cualquier hecho concreto de toma de posesión de los bienes del causante. Y ello se muestra con mayor nitidez, si se advierte que el art. 418 del C.Civil faculta al heredero a ejercer las acciones posesorias del difunto, aún antes de haber tomado de hecho posesión de los objetos hereditarios.
Daños y perjuicios, inundación, lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Otto, Erl c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

No hay inconveniente para indemnizar el lucro cesante, tanto el correspondiente a los años 1981/1985, cuanto el futuro toda vez que este último aparece como un efecto aún no sucedido pero que se producirá con certeza objetiva dentro del curso natural de la inundación, ya que las superficies inundadas se tornen permanentemente ineptas para la explotación o se opere su rehabilitación productiva, transcurrirá un lapso en que el perjuicio será evidente y por lo tanto indemnizable.
Recibo, empleo no registrado, Régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico
Materia: LABORAL
Carátula: Ayo Ku Marlene Elizabet c/ Duret Julio Alberto Y Otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-06-21

También en dicha demanda la actora sostiene haber trabajado normalmente hasta mediados del mes de junio, cuando ya se ha referido que ello no se compadece con las constancias de la causa. Señala que la parte actora en su alegato expresa que los recibos son falsos y que ello deriva del hecho de que la relación no se encontraba registrada. Conforme régimen de la ley 25.239, que en su título XVIII creara el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, de ese hecho no se desprende la conclusión que pretende, ya que a los fines del régimen especial lo que es necesario es que el empleador realice el pago de los aportes y contribuciones a la obra social y a los fines jubilatorios en un instrumento que puede ir en cuerpo separado al recibo de haberes. Por otra parte en la audiencia por ante la autoridad de aplicación laboral, ninguna mención se hace respecto de dichos recibos de haberes.- En atención a ello, no teniendo otros elementos que desvirtúe los recibos de haberes asigna valor a los mismos por las cifras allí consignadas, de conformidad a lo prescripto por los arts. 1026 y 1028 del Código Civil.
Presunción de contrato de trabajo, choferes, fletero, remisero
Materia: LABORAL
Carátula: Franqueira Héctor Miguel c/ Lamaripa SRL y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-30

El actor laboró como remisero de la agencia demandada y ello otorga operatividad a la presunción contenida en el art. 23 L.C.T.. Dicha norma supone que a partir de la verificación del hecho del cumplimiento de actividades para otro, dato fáctico que la relación laboral comparte con relaciones de carácter no laboral que comprometen trabajo humano personal, debe partirse de la idea de que se trata de una relación laboral dependiente sin necesidad de acreditar las notas típicas de la subordinación, las que se presumen en la decisión legislativa de facilitar la prueba de tan dificultosa situación, en la que las notas típicas de la dependencia, fundamentalmente su expresión técnica o la jurídica, pueden no hacerse fácilmente visibles. La circunstancia que el actor haya constituido una sociedad de hecho para la prestación de servicios de remise, no obsta a esta conclusión, pues la exclusividad no es una nota determinante de la relación de trabajo subordinada. La presunción emanada de la norma respecto de la subordinación se ve corroborada por los testimonios aportados por el demandante, quienes en forma coincidente declararon que el actor prestaba servicios para la demandada en calidad de chofer de remise, laborando de lunes a lunes con un franco semanal y percibiendo a cambio un porcentaje de la recaudación.
Juicios en que la Nación es parte, exenciones impositivas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas c/ Ingenio La Esperanza S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Expte. Nº 3414/96  (L.A. Nº 39, Fº 787/791, Nº 301).- S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Expte. Nº 3414/96  (L.A. Nº 39, Fº 787/791, Nº 301).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-09-05

Del inc. c) del art. 23 de la ley 4764, resulta que el Estado Provincial y sus representantes en juicio, están exentos de pagar la contribución establecida en el inc. b) de su art. 22, el 0,3% del monto del pleito.

Además como reza el último párrafo del inc. c) del art. 23 citado, por excepción, en las causas en las que interviene el Estado Provincial, ese aporte del art. 22 inc. b), tiene que abonarse cuando los particulares sean condenados a pagar las costas del juicio, es decir, luego que la sentencia definitiva ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

El aporte del inc. b) del art. 22, no es un aporte personal a cargo del profesional, sino todo lo contrario, es una contribución a cargo exclusivamente de la parte, lo cual se comprueba repasando el resto de los aportes contemplados en esa norma, desde que cada vez que se lo pone en cabeza del abogado o procurador, esto se especifica concretamente.

Por último en cuanto al art. 75 de la ley 4764, es evidente que la norma considera aquellos aportes con los que son exclusivamente a cargo de los profesionales y, en cuanto a los que deben concretar las partes, se establece una suerte de responsabilidad solidaria con aquellos, fundamentalmente para lograr su efectivización.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Frieboes de Bencich, E.I. s/ incidente de determinación de crédito de O.S.N. y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Aguas Argentinas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

La arbitrariedad no puede resultar de la sola disconformidad con la solución adoptada, sino que requiere la constatación de un apartamiento de los criterios mínimos de la argumentación jurídica, la que exige que la decisión contenga una precisa descripción de los hechos con relevancia normativa, y si no se aplica la regla, deben darse las razones por las cuales resulta inaplicable, inválida o es corregida por razones de principios coherentes y consistentes, que resulten constitucionalmente fundados (Disidencia del Dr. Ricardo L. Lorenzetti).
Recurso de casación penal, facultades del juez, defensa en juicio, imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: HERRERA LUIS ADOLFO s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-08

En el caso particular del escrito casatorio, debemos remarcar que el recurrente omite hacer referencia alguna a la los fundamentos referidos a las facultades de los tribunales que surgen de los arts. 388 y 400 del CPPT y que, en tales circunstancias no se vería afectado el derecho de defensa del imputado. Otra vez se debe reiterar que no se encuentra en el caso en autos una violación a las garantías del imputado. La doctrina, coincidentemente, ha indicado que La indicación de las probanzas que sustentan el requerimiento de elevación a juicio -"los motivos"- se exige para posibilitar su refutación a través del ofrecimiento de prueba para el debate (art. 354 párrafo primero). Tal facultad -producir pruebas- integra una cabal defensa (art. 18 CN).
Delito de acción privada, sentencia, llamamiento de autos
Materia: PENAL
Carátula: SCHOKLENDER, SERGIO. s/ CALUMNIAS E INJURIAS. ACCION PRIVADA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-11

El llamamiento de autos para sentencia significa el acto mismo de avocación jurisdiccional por excelencia, que debe efectuarlo el juez oficiosamente, aún en los delitos de acción privada, sin que deba ser reclamado por la parte, siendo correcta la decisión del juzgador quien, ante el pedido del querellante de fijar audiencia para alegar sobre el mérito de la prueba, de oficio llama "autos para sentencia" y designa la audiencia pedida.
Queja por casación penal denegada, inadmisibilidad del recurso, sentencia, competencia correccional, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Barraca H. S.A. y otro s/ Infracción al art. 58-Ley 92 de marcas y señales.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-02-20

En primer término y analizando el agravio expresado en el punto c- del líbelo recursivo, ha de decirse que, contrariamente a lo sostenido por el apelante, la ley procesal penal vigente - Nº 3155- prevé la hipótesis casatoria que nos ocupa, denegándola, situación que torna improcedente cualquier auxilio de fuente ritual extraña que desnaturalice tal principio.
Aclaratoria (procesal), falta de imposición de costas, costas al demandado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dirección General de Rentas (D.G.R.) - Expte. N° 408-STJ-2.009 c/  s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en autos: "Expte. Nº 7.727/2.006 - D.G.R. de Misiones c/Motta, Blanca Berminia y/o Q.R.R. s/Via de apremio"
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-12-03

Le asiste razón al recurrente toda vez que la sentencia atacada en su parte resolutiva ha omitido expedirse sobre las costas del proceso, por lo que, corresponde hacer lugar al recurso de aclaratoria planteado por la parte actora, imponiendo las costas del proceso a la parte demandada -art. 68 del C.P.C. y C. de Misiones-, y debiendo integrarse la presente a la Sentencia, recaída en autos. (del voto por su fundamento de la Dra. Velázquez).
Empleados públicos, incapacidad, indemnización, enfermedad accidente, relación de causalidad, enfermedad profesional
Materia: LABORAL
Carátula: DELGADO, VICTOR DE LA CRUZ c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-01

La enfermedad denominada "espondilo artrosis severa", considerada enfermedad accidente por la jurisprudencia cuando se encuentra acreditado el nexo causal con el trabajo realizado, médicamente consiste en procesos degenerativos que van conformándose en forma lenta y que infinidad de veces son desconocidos o llegan a conocerse mucho después de haberlos adquirido. Es frecuente encontrarla en trabajadores que se desempeñan inclinados hacia adelante y que mantienen durante sus jornadas de labor la espalda arqueada. También puede ser el resultado de una tarea que exige esfuerzos constantes por cargas o transportes de materiales u objetos pesados.
Incumplimiento de los deberes procesales, abogado apoderado, declaración testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: PICCOLO, O. s/ NEGATIVA A DECLARAR COMO TESTIGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-17

Constituye infracción al art. 243 C.P., la acción de un letrado que citado como testigo en un expediente comercial, se negó a declarar, dando explicaciones que fueron rechazadas en su momento por el Juez interviniente; decisión que no impidió que el abogado mantuviera su negativa a prestar testimonio.
Accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, peatón distraído
Materia: CIVIL
Carátula: T., J.P. c/ M., E.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-11

La imprevisibilidad, porque el peatón imprudente es figura común e inherente al tránsito, en el que periódicamente se presenta. De allí su previsibilidad y que el conductor de un automotor, que guía una cosa generadora de riesgo, haya de estar atento a las evoluciones de la circulación y prevenir esa contingencia como de probable acaecimiento, extremando su atención y conservando el pleno dominio del rodado. La inevitabilidad del suceso, porque ella sólo cabe predicarla respecto de aquellos supuestos en que la aparición del peatón ante la línea de marcha del automotor tiene todas las características del hecho súbito, que no deja el menor margen de tiempo al conductor para realizar maniobra elusiva alguna o intentar el frenaje de su máquina en tiempo adecuado como para evitar la colisión.
Acción de amparo, cuestión abstracta, costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: "Eom Min Seop/ EM-DNM (Expte. 7483/05) s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-21

Si la pretensión del particular actor quedó satisfecha -si bien con posterioridad al inicio de la causa- con anterioridad a la contestación del informe por parte de la administración demandada, de conformidad con lo previsto en art. 14, ap. 2° de la ley 16.986 corresponde confirmar la sentencia en cuanto distribuyó las costas en el orden causado.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, facultades disciplinarias, incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lizondo, Lázaro c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 516-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-01

Los actos que importan el ejercicio de facultades disciplinarias son excluidos del control de este tribunal; pero tal exclusión no alcanza -al menos a los efectos de decidir la admisibilidad de la impugnación- a los supuestos en los que se invoque la existencia de vicios de ilegitimidad por incompetencia o violación de las formas sustanciales.
Justicia militar, improcedencia del recurso, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FAUNDE, JOSE LUIS -SARGENTO CONDUCTOR MOTORISTA- s/ REC. DEL ART. 445 BIS DEL C.J.M.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-17

La inobservancia o errónea aplicación de la ley, debe serlo del derecho sustantivo, siendo incensurables en esta instancia las conclusiones derivadas de la valoración de prueba por el tribunal sentenciante.
Excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, graduación de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "URQUIA, Gustavo s/ excarcelación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-26

La naturaleza cautelar de la restricción de la libertad durante el proceso, a las luz de las disposiciones constitucionales que consagran el principio de inocencia, solo puede tener por objeto el resguardo de los fines del procedimiento, los que en ningún caso deben confundirse con los fines preventivos que persigue el derecho material pero que presuponen la existencia de una condena pasada en autoridad de cosa juzgada.Por ello esta bien denegada la excarcelación de quien se le ha dictado auto de procesamiento por un delito cuya penalidad prevista supera los topes enunciados en el art. 316 del Código Procesal Penal de la Nación.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, fundamentación de sentencias, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreno  de  Pizarro,  Francisca  Antonia  y otro c/ Consorcio dePropietarios Avenida Santa Fe 2602 y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

El fallo que carece de precisión en cuanto a extremos que se le le requerían, no resuelve, sino en forma aparente, la necesidad de que la sentencia sea una derivación razonada del derecho aplicable, con adecuada referencia a los hechos de la causa.
Poder Judicial, jueces, nombramiento, acuerdo legislativo, tribunal de enjuiciamiento, juez de circuito, justicia de paz letrada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

La remoción de los jueces mediante jury de enjuiciamiento depende en nuestro ordenamiento provincial de su forma de designación. El "acuerdo" legislativo constituye de este modo el presupuesto necesario para que sea viable la remoción mediante jury de enjuiciamiento según lo prevé el artículo 91 de la Constitución provincial y el artículo 1 de la ley 7050. Si bien en la situación que se analiza el actor, como consecuencia de la entrada en vigencia de la ley 10160 pasó de ser Juez de Paz Letrado a Juez de Primera Instancia de Circuito, esa modificación, trascendente por cierto, no permite sostener que haya quedado configurado el requisito que permitiría concluir que su remoción debió efectuarse mediante jury de enjuiciamiento, que no es otro que el "acuerdo" legislativo. (De los Fundamentos del Dr. Falistocco a los que Adhiere el Dr.Iribarren)
Acción de amparo, derecho a la salud, cobertura médica, obras sociales, legitimación pasiva, Estado Nacional, responsabilidad del Estado, equidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RUIZ, ROSA ELSA c/ OBRA SOCIAL UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN s/ AMPARO (Reg. 13.060)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-05-14

No es al Estado Nacional -Ministerio de Salud de la Nación- sino a la Obra Social a quien le compete la obligación primaria de proveer a la cobertura de las prestaciones requeridas en el litigio.

No obstante, el Estado tiene una responsabilidad subsidiaria en la cuestión, como garante del sistema de salud; responsabilidad que nace del compromiso internacional que asumió de asegurar a todos los habitantes el derecho a la salud dentro del nivel que permitan los recursos públicos y de crear las condiciones necesarias para que puedan acceder en caso de enfermedad a un efectivo servicio médico, social y/o asistencial (C.N., art. 75 inc. 22).

En ese orden de ideas, el análisis de las circunstancias de cada caso en concreto son esenciales para determinar si el Estado debe subsidiariamente asumir obligaciones en principio en cabeza de una obra social.

En el caso, es necesario considerar el cuadro de incontinencia urinaria permanente, con más de cuatro años de evolución que ocasiona lesiones en la piel perineal, que motiva la prescripción de una intervención quirúrgica de corrección, que presenta una técnica específica. También que el costo de las prestaciones que el estado de salud del amparista demanda supera holgadamente los ingresos denunciados por ella al iniciar esta acción -circunstancia ésta no desvirtuada por las codemandadas. En este marco, si la Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación no brindara adecuado cumplimiento a la obligación puesta primariamente a su cargo, el Estado Nacional no podría desentenderse de su deber de suplir tal déficit con acciones positivas encaminadas a brindar la prestación retaceada.

La responsabilidad del Estado Nacional - Ministerio de Salud de la Nación es, pues, subsidiaria en el caso, no quedando liberada la obra social codemandada del cumplimiento de las referidas prestaciones, como obligado primario o principal. (del voto del Dr. Tazza, en coincidencia con el del Dr. Ferro)
Pesificación, emergencia económica
Materia: ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: P., R.O. c/ A. SA s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-28

Al derogarse la convertibilidad por la ley 25.561, el peso sin la paridad del dólar, pierde valor o poder de compra en el mercado interno en relación con el que tenía cuando estaban las dos monedas a la paridad. Es ésa la pérdida de poder adquisitivo del peso en el mercado interno, y por ende, tal es el daño que sufre el acreedor que cobra pesos en lugar de los dólares que le eran debidos. No puede admitirse que el daño que resulte de la pesificación equivalga a la suba del valor del dólar con relación al peso.
Acción meramente declarativa, ofensas cometidas por medio de la prensa, programa de televisión, estado de incertidumbre, existencia de otras vías
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Echegaray, Ricardo Daniel c/ Carrió, Elisa s/ acción declarativa (art. 322 Código Procesal)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-08

Corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que denegó la acción meramente declarativa impulsada por el ex titular de la AFIP, con el objeto de que se determinara que las expresiones formuladas por una ex diputada nacional en un programa televisivo eran inexactas y falsas y, en consecuencia, se difundiera y publicara en diversos medios periodísticos la sentencia que se dictara en tal sentido, dado que la admisibilidad de la acción meramente declarativa se halla supeditada a la inexistencia de otra vía legal para hacer cesar la incertidumbre, estando a cargo de quien insta la pretensión la acreditación de tal extremo, y la circunstancia de que no se haya cuestionado el fallo en cuanto a la ausencia de uno de los recaudos para el ejercicio de la acción, unido a que tampoco ha demostrado de manera irrefutable la inexistencia de otra vía idónea para satisfacer su pretensión, ello determina el incumplimiento de los requisitos para la procedencia de la acción intentada.
Principio de congruencia, facultades del juez, sentencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Patagonia Argentina SRL en autos "Transportes Comodoro S.A. c-Municipalidad de Comodoro Rivadavia s-Acción de Amparo" s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-07

"Si bien por principio la decisión de la causa debe versar sobre hechos y cuestiones planteados en los escritos constitutivos, es por consideraciones de economía procesal que se posibilita merituar en la sentencia los que se hubiesen producido durante el trámite de la causa y se hallen debidamente probados. Potestad judicial que no se encuentra supeditada a la circunstancia de que la partes los alegaren como hechos nuevos".