Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


TS07D42339 2a instancia. Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2009.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs. 4/24 se presenta el actor e inicia demanda contra "NOVAFLOR S.R.L.", contra TEN HOEVE, GUILLERMO ALEJANDRO y contra SANTA MARIA, MARIA ALEJANDRA, en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedor con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.- Aduce que se desempeñó en relación de dependencia con la sociedad demandada, realizando tareas de viajante de comercio en las condiciones y con las características que explica.- Detalla las irregularidades e incumplimientos en que incurriera su empleadora así como también los reclamos que efectuara en consecuencia.- Reproduce el intercambio telegráfico posterior, el que concluye con su desvinculación por despido indirecto.- Pretende la responsabilidad solidaria de las personas físicas demandadas, en aplicación de las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales.- A fs. 44/55vta. responde GUILLERMO ALEJANDRO TEN HOEVE, en representación de la demandada "NOVAFLOR S.R.L." y a fs. 56/68vta. lo hacen GUILLERMO ALEJANDRO TEN HOEVE y MARIA ALEJANDRA SANTA MARIA por derecho propio, y oponen excepción de falta de legitimación pasiva.- La sentencia de primera instancia obra a fs. 200/212, en la que el "a-quo", luego de analizar los elementos de juicio obrantes en la causa, decide en sentido favorable a las pretensiones del actor, pero sólo condena a "NOVAFLOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".- El recurso que analizaré llega interpuesto por la parte actora (fs. 217/221vta.) cuyo letrado cuestiona sus honorarios por reducidos.- II.- La parte actora cuestiona la conclusión a la que ha arribado la sentenciante de eximir de responsabilidad a las personas físicas demandadas, y a mi juicio tiene razón en su planteo.

En efecto, sobre la base de las declaraciones de los testigos -analizados en detalle en el fallo- el "a-quo" ha considerado acreditado el vínculo laboral del actor con "NOVAFLOR..." y con motivo del desconocimiento de ésta última, concluyó que el despido indirecto decidido resultó legítimo.- Luego, estimo que no hay razón para eximir de responsabilidad a las personas físicas demandadas.- Recuerdo que el armónico juego de los arts. 59 y 274 de la LS es muy claro en cuanto contempla la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de los administradores, representantes y directores que a través de sus conductas u omisiones, al margen de su comportamiento en relación a la normativa interna del ente societario, violen la legislación vigente.- He señalado antes de ahora que la forma societaria es una suerte de cobertura otorgada como técnica jurídica a la empresa y que la misma la torna a esta última, un sujeto de derechos condicionado al cumplimiento de sus fines y respeto de su objetivo social. En los últimos tiempos se ha podido observar un alto índice de incumplimientos y, en algunos casos, se puede advertir claramente el uso de las sociedades comerciales, no orientadas a la realización de su objeto sino como medio de incumplimiento de obligaciones laborales derivadas de leyes imperativas, con un cierto desdén por el orden público. - El tercer párrafo del art. 54 de la ley de sociedades hace mención expresa a la inoponibilidad de la persona jurídica y se refiere concretamente a las actuaciones de la sociedad que encubran la consecución de fines extrasocietarios, constituyan un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, y determina que, en el caso se imputará directamente a los socios o a las controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Algunas veces no será fácil demostrar que la sociedad fue utilizada con el fin de no cumplir o de violar la ley. En rigor de verdad no sería necesaria la prueba de la intencionalidad de utilizar la sociedad como escudo de incumplimiento, sino que es suficiente por ejemplo, con la demostración de la violación de las normas de orden público por parte de la sociedad. No es una transformación de la obligación ni tampoco su novación sino una privación parcial de efectos frente a terceros. La sociedad siempre seguirá siendo el sujeto obligado sólo que se extiende la relación pasiva por un accionar abusivo que hace caer su cobertura técnica condicionada que le proporciona esa personalidad limitada (ver trabajo publicado en Doctrina Laboral-Errepar, septiembre de 1999, pág. 700).- En el presente caso existió la conducta antijurídica: el actor se desempeñó en relación de dependencia para la sociedad demandada y sin embargo no fue registrado. Lo que no pudo ser válidamente ignorado por los socios fundadores de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (v fs. 34/37).- Agrego, finalmente, que nos encontramos ante una categoría de dolo cuando, en una de sus tres acepciones aceptadas en el Derecho Común se acepta que el dolo como causa del incumplimiento contractual, compromete la responsabilidad del deudor moroso, habida cuenta de que posee la intención deliberada de no cumplir, sin que sea necesario acreditar la intención de producir el daño. En igual sentido el art. 521 del Código Civil reformado en 1968, habla de "inejecución maliciosa" que ha sido interpretada mayoritariamente por la doctrina como la inejecución configurativa del dolo en el incumplimiento contractual. La figura excluye la necesidad de la prueba de intención de daño a los efectos de configuración del dolo.- En razón de lo que he dejado expresado, propongo se revoque parcialmente el fallo y se haga extensiva la condena allí dispuesta a GUILLERMO ALEJANDRO TEN HOEVE y a MARIA ALEJANDRA SANTA MARÍA, con costas.- III.- Los honorarios regulados a favor de la representación letrada del actor, me parecen un tanto reducidos, teniendo en cuenta el mérito y extensión de los trabajos cumplidos, por lo que propongo sean elevados al 17% de la base indicada en el fallo (arts. 38 de la ley 18.345 y demás normas arancelarias).- IV.- De compartirse mi tesitura, propicio que las costas de alzada se declaren a cargo de las demandadas (art. 68 del Código Procesal) y se regulen honorarios a su representación letrada y a la de la actora en el 25% y 35%, respectivamente, de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).- EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.- EL DOCTOR JUAN CARLOS EUGENIO MORANDO: No vota (art. 125 de la Ley 18.345).- A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo apelado y hacer extensiva la condena allí dispuesta a GUILLERMO ALEJANDRO TEN HOEVE y a MARIA ALEJANDRA SANTA MARÍA, con costas. 2) Elevar los honorarios de la representaci‗n letrada de la actora al 17% (diecisiete por ciento) de la base allí indicada. 3) Declarar las costas de alzada a cargo de las demandadas. 4) Regular honorarios a la representación letrada de la actora y de las demandadas en conjunto, en el 35% (treinta y cinco por ciento) y 25% (veinticinco por ciento), respectivamente, de los determinados para la primera instancia. ESTELA MILAGROS FERREIRÓS. NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO.

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