Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-11-28


L. DE S. Tº 99, Fº 1/7 En la ciudad de San Juan, a 28 días del mes de Noviembre del año dos mil siete, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y el señor Vocal DR. PASCUAL E. ALFERILLO, con ausencia por licencia del DR. GILBERTO A. RIVEROS (art. 40 Ley 5854), a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 19.209 (77.935 - 8º CIVIL) caratulados "IRANZO, MARÍA PURIFICACIÓN C/ MUÑOZ, RAFAEL ANTONIO Y OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada en fecha siete del mes de febrero del año dos mil siete, obrante a fs. 129-134, de estos autos originarios del Octavo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

1. Vienen estos autos en apelación por recurso que interpone la aseguradora de la demandada, Bernardino Rivadavia Cooperativa de Seguros Limitada, en contra de la sentencia de fecha siete de febrero de dos mil siete, por la cual quedó resuelto: 1. declarar que el accidente de tránsito ocurrido el quince de diciembre de 2002, motivo de esta litis se produjo por la participación concurrente de los involucrados atribuyendo la culpa y por ende la responsabilidad civil emergente en un grado del ochenta por ciento (80%) al demandado Sr. Rafael Antonio Muñoz y del veinte por ciento (20%) al conductor de la motocicleta, Sr. Javier Antonio Millán. 2. Hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar al Sr. Rafael Antonio Muñoz y a la Cía. Aseguradora Bernardino Rivadavia in solidum a pagar a la parte actora la suma correspondiente a los rubros indemnizatorios que prosperan en la proporción de la atribución de culpa precedentemente determinada y en el término de diez días de quedar firme la presente, con más los intereses legal (ley 4119 de la Provincia de San Juan) que correspondan desde la fecha de siniestro y a la de su efectivo pago. 3. Imponer las costas del proceso a la parte demandada vencida.

2. La expresión de agravios puede ser compendiada en los siguientes puntos:

2.1. Plantea la nulidad de la sentencia por considerarla arbitraria. Los argumentos estriban en la incongruencia del fallo que no acierta a unir los elementos de hecho con la prueba, dándole un valor antojadizo o caprichoso, fruto de la sola voluntad del juez.

2.2. El juez de grado inferior al basar su sentencia en el giro intempestivo hacia la izquierda que hizo el demandado Rafael Antonio Muñoz en el momento que el motorista, Javier Antonio Millán, intentaba sobrepasarlo, no advierte ni hace mérito de la ubicación de los daños del rodado en la puerta y parante del costado izquierdo, por lo que surge claro que Muñoz "ya se encontraba efectuando el giro". Ello sumado a la excesiva velocidad impulsada por el motociclista, situación ésta no evaluada correctamente por el juez.

2.3. Se trata de una moto HONDA XR 250 Enduro, cuyo tránsito está vedado en las calles de pavimento o asfalto, "siendo únicamente aptas para circular o competir por calles de tierra o ripio", pues no pueden adherirse a las superficies duras, lo cual se traduce en una pérdida de dominio y una casi nula efectividad del accionar de los frenos. Por ello su circulación está prohibida por Resolución N° 168/68 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Provincia de San Juan.

2.4. Le agravia la condena a responder por los intereses legales de la ley 4119 desde la fecha del siniestro y hasta el efectivo pago, pues en la demanda jamás hizo alusión a este reclamo. Toda sentencia debe respetar el derecho de congruencia, es decir que el pronunciamiento debe guardar estricta adecuación a las cuestiones articuladas por las partes en sus respectivos escritos. La sentencia resulta así, pronunciada extra petita.

2.5. No ha valorado los alcances y efectos de la confesión ficta del actor, prueba que lo dejaría en una posición desfavorable a su pretensión.

2.6. En autos no existe prueba alguna que avale la existencia de desvalorización venal de la motocicleta del actor fijado en un veinte por ciento de su valor de venta que se obtendrá en la etapa de ejecución de la sentencia.

2.7. El quantum indemnizatorio es excesivo y arbitrario por cuanto el daño no está debidamente demostrado.

2.8. También configura agravio la imposición de costas, atento a que la responsabilidad civil emergente el accidente se distribuye en una 80 % al demandado y en un 20 % al actor.

3. Analizo junto a los agravios formulados por la aseguradora, los alcances de la sentencia apelada que también es atacada de nulidad por arbitrariedad. Destaco que la parte actora no hizo uso de su facultad de contestar el gravamen procesal. El recurso fue concedido libremente y con efecto suspensivo, por lo que la sentencia no tiene eficacia inmediata, a su vez, implica continuidad de la acción ante la segunda instancia, lo que ha de quedar presente, aunque no haya actividad procesal de la parte actora en esta etapa de revisión .

3.1. El recurrente interpone recurso de nulidad por sentencia arbitraria diciendo que el fallo agravia a su parte, porque el juez, "tras una defectuosa e imparcial meditación de los hechos, prueba, errónea interpretación y aplicación del derecho declara la admisión de los rubros pretendidos, siendo además excesivos, los que no se encuentran probados, a más que existen probanzas por esta parte que no fueron merituadas por el a quo".

Dejando de lado el error de tipeo, el recurrente bien dice que el juez juzgó "imparcial (quiso decir parcial). El planteo de arbitrariedad carece de todo sustento pues no pasa de ser una formulación meramente dogmática, fuera del contexto lógico del pronunciamiento. El apelante no concreta con señalamiento preciso en qué consisten las contradicciones del fallo que a su criterio muestran abiertamente una desinterpretación de los hechos fundantes de la pretensión y una errónea valoración de prueba decisiva para la solución del pleito.

Morello-Sosa-Berizonce, comentando que toda valoración jurídica ha de respetar una elemental pauta de razonabilidad, dicen: "Si en el Estado de derecho se impone que todos los actos de las funciones de gobierno se adecuen a un mínimo de racionalidad, como explica inteligentemente Vanossi, forzoso resulta recalcar que precisamente los órganos jurisdiccionales, que tienen la responsabilidad de ese contralor, con relación a las funciones ejecutivas y legislativas, deben inexcusablemente respetar esa garantía innominada a la "no arbitrariedad", que fluye del artículo 33 de la Constitución Nacional, y que constituye para los ciudadanos un derecho a la exigencia de razonabilidad" (cita que hacen de la Ponencia del Dr. Jorge Vanossi, presentada en la IV Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina, Mar del Plata 1980; Códigos Procesales. T° I-121; Abeledo Perrot, ed. 1996).

La doctrina de la arbitrariedad, como recurso extremo para invalidar las sentencias judiciales, debe aplicarse con la máxima restricción y cautela ya que solo procede frente contradicciones manifiestas o fundamentaciones absurdas que justifiquen la descalificación del fallo como pieza jurisdiccional acorde a derecho. El vicio de arbitrariedad invalidante del decisorio, no puede estar fundado en meras discrepancias con los criterios que abonan la valoración de la prueba judicial. Podrá hacer mella si el motor de esta actividad arranca con la voluntariedad intolerable y caprichosa de los jueces, o cuando no respetan las mínimas reglas de la sana crítica para desembocar en conclusiones absurdas o fuera de toda lógica. No es el caso que tratamos en esta revisión, obviamente. La motivación de la sentencia se adecua a las exigencias constitucionales.

3.2. El recurrente pone en tela de juicio la referencia que hace el juzgador a la deficiencia probatoria, e incursiona en un sofisma que no es más que una refutación aparente de esta circunstancia comprobada, a la cual el mismo recurrente contribuyó formar al obligar a la declaración de negligencia de su prueba informativa (ver interlocutoria de fs. 118/119). La aportación de elementos probatorios es realmente pobre, siendo carga de las partes cumplirla en su propio beneficio (art. 361, CPC). Esto no quiere decir ausencia completa de datos concretos y decisivos que permiten la certeza de que el demandado hizo un giro abrupto a la izquierda obstruyendo el paso del motociclista. Lo que el apelante considera contradicción en el razonamiento seguido por el juez aludiendo a la ubicación de los daños en el automóvil, verificados en su puerta trasera y parante del lado izquierdo, no hace sino confirmar la hipótesis de giro imprevisto como se infiere del croquis y perimetría realizada por la Policía de Pocito. Este croquis policial fue agregado al texto de la sentencia para ofrecer mayor claridad a las motivaciones del juez, quien no dejó de recalcar la inexistencia de prueba accidentológica en la presente causa. El hecho de que el demandado ya se encontraba efectuando el giro al momento del impacto, es una prueba negativa para él, pues lo correcto hubiera sido esperar que la motocicleta pasara, especialmente, si los motoristas, tal como está demostrado, iban a gran velocidad. La inadvertencia del automovilista tiene por consecuencia el impacto, con solo mirar por su espejo retrovisor lo que estaba ocurriendo, habría evitado seguramente el choque.

3.3. Barrunta sobre la no aplicación de la Resolución N° 168/94 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Provincia de San Juan, pero a poca profundidad de análisis se aprecia que no enhebra en el nexo de causalidad adecuado. Al menos no ha logrado la demandada demostrar las circunstancias del hecho con esos aditamentos. La infracción de tránsito, en sí misma, merece tal vez una sanción administrativa (multa) pero no configura factor subjetivo (culpa) que pudiere actuar como eximente legal en los términos del art. 1113, 2da. parte del Cód. Civil. Por ende, sin otras probanzas que demuestren acabadamente la inoperancia de los frenos o la poca adherencia de este tipo de motocicletas en el asfalto o pavimento, es imposible liberar totalmente de responsabilidad civil al demandado; aunque debe mantenerse, eso sí, la distribución de la responsabilidad en los porcentajes fijados en primera instancia, puesto que también hubo un comportamiento negativo de la víctima que colaboró a originar el perjuicio. Entonces, la culpa concurrente del motociclista, no encuentra asiento en la infracción que prohíbe circular en zona urbana con este tipo de motocicleta, sino en la excesiva velocidad conque era conducida. Situación que fue bien ponderada por el juez a quo a la luz de las normas reguladoras del tránsito de la ley 24.449.

3.4. Acusa la parte recurrente un pronunciamiento ultra petita porque el juez se habría extralimitado al expedirse, sin respeto al principio de congruencia, sobre los intereses no reclamados en la pretensión. La improcedencia de este agravio salta a la vista, desde el momento que en la demanda están expresamente peticionados, no solo los intereses, sino también las costas y los gastos a la fecha del efectivo pago. Por otro lado, los intereses legales (ley 4119) que integran la condena, comprenden la indemnización por imperio de lo dispuesto en la primera parte del art. 1078 del Código Civil y responden al concepto que da el art. 622. Corren desde la fecha del accidente porque desde entonces nace la obligación de resarcir. Es doctrina que viene aplicando invariablemente este tribunal en los casos de accidentes de tránsito.

3.5. El mérito probatorio de la confesión ficta (art. 401, CPC), no obedece a las mismas reglas de apreciación que la confesión expresa que constituye plena prueba y acarrea el efectos vinculantes para el juez (art. 407, CPC). De cualquier manera, la confesión ficta no siempre resulta decisiva, debiendo ser apreciada en correlato con las demás pruebas y atendiendo las circunstancias particulares del caso. No obstante, la vía de valoración de la confesión ficta que hará el juez, depende de la petición concreta de que se tenga al absolvente renuente por confeso. Algo que no ha ocurrido en autos. El certificado del actuario obrante a fs. 106, dando cuenta que hay pliego reservado y la presencia de la Dra. E. Aguilar, no suple la carga procesal de la parte interesada en obtener provecho de la prueba ofrecida. Además perjudica la eficacia de la prueba el hecho de que ni siquiera figura en autos el pliego de posiciones que debió agregarse antes de dictar sentencia y ser firmado por el juez. Indudablemente cada parte posee facultad para controlar la prueba. En el sub iudice, es evidente que la recurrente no ejerció tal derecho respecto a la confesión ficta. Debió en todo caso solicitar la agregación del pliego de posiciones antes del llamamiento de autos. La etapa de prueba precluyó, obviamente, con la clausura del período probatorio y el llamamiento de autos para dictar sentencia, lo que hace doblemente improcedente el agravio formulado.

3.6. Refiriéndose el apelante al quantum indemnizatorio, vuelva al ataque con el argumento de la "arbitrariedad", considerándolo así porque el juez adopta un criterio de valoración aplicando la norma del art. 171 del CPC. ¿Donde encuentra arbitrariedad? Si el daño material en la motocicleta está perfectamente comprobado, sirven las reglas de la sana crítica para determinar la disminución del valor venal, lo cual necesariamente integrará el resarcimiento (conf. arts. 1067 y 1083, C.C.), y resulta prudente hacerlo en la etapa de cumplimiento de sentencia, habiendo establecido el juez las bases de la liquidación. Conseguir los valores definitivos consultando el mercado, no puede de ninguna manera afectar el derecho de propiedad como sostiene la parte apelante.

Tampoco conmueve los fundamentos de la sentencia que el apelante manifieste su disconformidad con la valoración de la prueba documental que acredita el daño médico, asimismo el daño material en la motocicleta, por el hecho que los testigos ofrecidos no concurrieran a reconocer la firma de estos instrumentos. Valen igual como prueba de presunciones porque están fundados en hechos reales y probados en la causa (conf. art. 461, CPC). De modo que estos elementos probatorios no deben desecharse, especialmente si, tal lo estimó el juez, no fueron objeto de redargución de falsedad.

4. Después de este examen, demás está decir que el recurso de nulidad de la sentencia en virtud de lo que establece el art. 258 del CPC, debe quedar desestimado de plano.

Por ello propicio:	No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, confirmando el fallo impugnado en todas sus partes. Costas a cargo de la parte vencida (art. 74, CPC).

ASÍ VOTO.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, confirmando el fallo impugnado en todas sus partes. II) Costas a cargo de la parte vencida (art. 74, CPC).

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, SE RESUELVE:

I) No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, confirmando el fallo impugnado en todas sus partes.

II) Costas a cargo de la parte vencida (art. 74, CPC).

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas por encontrarse el Dr. GILBERTO RIVEROS en uso de licencia (art. 40 Ley 5854).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.