marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Transportes EDAR SA c/ GCBA s/ repetición
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

La reforma al último párrafo del artículo 219 del Código Contencioso Administrativo y Tributario por el artículo 1° de la ley n° 5.931 ha determinado que las juezas y los jueces de primera instancia del fuero contencioso administrativo y tributario no puedan ser -en casos cuyo valor cuestionado no supere la suma de diez mil unidades fijas y mientras no se discutan cuestiones alimentarias- el "tribunal superior de la causa" respecto de ninguna cuestión constitucional. (Del voto del juez José Osvaldo Casás, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Honorarios del abogado, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Michelini, Horacio Roberto c/ Rodriguez, Juan Carlos s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Mientras el pago o afianzamiento de los honorarios regulados no ocurra, aunque la condena en costas haya sido impuesta a la demandada y con abstracción de las acciones conferidas para obtener su cobro, no puede librarse el mandamiento de desahucio, porque es una medida que beneficia, sin duda alguna, a la parte actora y el art. 20 de la citada ley, norma de carácter imperativo, es categórico al respecto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Secuela de juicio, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MARTINEZ, Damián José s/ INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-21

Los actos que preceden a la declaración indagatoria son meramente preparatorias de la relación jurídico procesal que con ella se establece y, por su naturaleza informativa, no configuran secuela de juicio y carecen, consecuentemente, de virtualidad interruptora del curso de la prescripción de la acción penal.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, cruce peligroso
Materia: CIVIL
Carátula: MAQUEZ, Marta c/ GABRIELLI, Carlos s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

Es responsable el conductor de un vehículo que, en una intersección de calles en la cual existe un cartel indicador que dice "pare", sin detener totalmente la marcha, emprende el cruce sin cerciorarse de la posibilidad de realizarlo sin peligro para él ni para terceros.-
Denuncia anónima, prevención del delito, Ministerio Público Fiscal, ley vigente, intervención de línea telefónica, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: TRIPODI, Roberto Ismael c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

En torno a la denuncia anónima con que se inicia la investigación se debe recordar que información de esta índole se debe tomar como una notitia criminis perfectamente válida para dar curso a una actuación prevencional. Al respecto se lleva dicho que "... la circunstancia de que la primera noticia del delito que se investiga en autos haya provenido de una persona que efectuó un llamado anónimo a una dependencia policial a fin de dar cuenta de hechos delictivos de su conocimiento, no puede ser desconocida como fuente legítima de información promotora de la función prevencional propia de las fuerzas de seguridad. En definitiva, de lo expuesto surge que en la presente, ante el anoticiamiento de una posible actividad delictual se realizaron las diligencias tendientes a corroborar la verosimilitud de la misma, con sucesiva e inmediata intervención al representante del Ministerio Público Fiscal y al Juez, debiendo concluirse de todo lo señalado que la secuencia de diligencias realizadas se ajusta a la normativa legal vigente, sin que se advierta conculcado ningún derecho de la parte. En lo específicamente concerniente a la validez de la intervención telefónica ordenada conceptuamos que el juez federal que la decretó lo hizo mediante auto fundado en virtud de la facultad que le confiere una norma procesal -artículo 236 del CPPN-, y que fue dictada atendiendo a la previa existencia de elementos objetivos idóneos para sustentar una sospecha razonable, obtenida en el marco de una investigación. En el caso, la simple lectura del decisorio aludido deja sin sustento la pretendida falta de fundamentación de las medidas de injerencia ordenadas en la ocasión. En cuanto a los cuestionamientos a la fundamentación de la sentencia y a la significación jurídica en cada caso escogida; advertimos que más allá de las argumentaciones utilizadas, lo cierto es que las objeciones que se efectúan se relacionan con el disenso de los recurrentes en la valoración de los hechos y las pruebas que efectúa el Tribunal de mérito. El a quo ha satisfecho suficientemente el mandato de motivación contenido en el artículo 398 del Código Procesal Penal de la Nación, cuya inobservancia se conmina con nulidad, conforme lo establecen los artículos 123 y 404 inciso 2° del mismo cuerpo legal. En tal sentido, de la lectura de la sentencia impugnada es posible tomar conocimiento de los hechos y razones que llevaron al Tribunal a resolver del modo en que lo hizo, de forma tal que las críticas que se formulan, no pasan de ser una mera discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de grado.
Recusación, juicio político
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: TACCARI, Carlos A. s/ recusación. Causa nro. 14.315
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Si bien el artículo 55 inciso noveno del C.P.P.N. contempla como causal de recusación la promoción de juicio político contra el Magistrado actuante, dicha norma exige como requisito insoslayable que el juicio se hubiere promovido antes de comenzar el proceso.
Convertibilidad, indemnización, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: Vilte Vda. de Vázquez Cachambi, Faustina c/ Ledesma S.A.A.I. s/ Recursos de Casación e Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 406/409, Nº 164) S.A.A.I. s/ Recursos de Casación e Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 36, Fº 406/409, Nº 164)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1993-05-12

La tasa de interés que debe aplicarse a las causas susceptibles de liquidación a partir del 1º de abril del 1991 y en adelante, con motivo de la puesta en vigencia de la ley de convertibilidad en la tasa promedio pasiva que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina.-
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, banco central
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Papelera Paysandú SAI. y C. c/ Caja de Crédito Versailles Cooperativa Limitada y Banco Central de la República Argentina. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

El cumplimiento de la garantía de los depósitos no implica que el Banco Central sustituya a la entidad depositaria en el vínculo que ésta mantenía con el depositante ya que, si bien no corresponde imputar a los ahorristas las consecuencias del obrar irregular de los depositarios, el sistema de reparación que la ley instauró no funciona de manera automática.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, detenido
Materia: PROCESAL
Carátula: Nasso, José Agustín Cayetano (int. U-7) s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-05

No corresponde la intervención de la Corte en casos en que se hallan en juego las condiciones de detención de quienes cumplen una pena privativa de libertad pues tiene trascendente gravitación, para lograr una adecuada solución de la controversia, el cumplimiento del requisito de inmediación que sólo puede verse debidamente satisfecho en las instancias ordinarias.
Recurso de casación, sentencia interlocutoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Pérez Villalba, Silvina Cleofé c/ Barros, Aldo o Ideas Publicidad y Diseños de Aldo Barros y/o LV 91 Canal 9 La Rioja, Radio y TV Riojana s/ Beneficios Laborales s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-02-07

La parte actora promueve recurso de casación en contra de la Sentencia Interlocutoria dictada por la Cámara de Apelaciones.

Aduce que solicitó la pérdida de jurisdicción de la jueza de primera instancia, elevándose la causa a la Cámara para que ésta determine cuál sería el juez que deba intervenir. Ante ello, el tribunal Ad- Quem resolvió no hacer lugar al pedido, en el entendimiento que la norma citada no opera automáticamente, y que en el caso si bien se configuró el retardo de justicia, era necesario que la parte planteara primero pronto despacho. En base a ello, se otorgó un plazo de 5 días desde la recepción de la causa para que la Sra. Jueza resuelva.

Justifica los requisitos de admisibilidad del recurso deducido, puntualizando que la sentencia interlocutoria debe equipararse a sentencia definitiva toda vez que impide la tutela de los derechos del justiciable, al encontrarse en juego la figura del juez natural. De allí que el agravio consista en designar a un juez que ha perdido la jurisdicción para resolver el caso, resultando en consecuencia que todo lo que decida sea nulo, cuestión que no podrá repararse por otra vía.

Estando la causa en estado de ser resuelta, deviene necesario determinar si la resolución interlocutoria que se impugna puede ser equiparada a sentencia definitiva, pues se sabe que el recurso de casación sólo procederá contra una resolución que ponga fin al pleito.

Entendiéndose por tal a la que definen el litigio en el fondo, en las cuestiones principales, las que dirimen el pleito, declaran la voluntad de la ley y termina la controversia sin que sea posible renovarla (M. Ibáñez Frochman, "Tratado de los recursos", p. 341).

De modo que, en el caso de autos, habrá que constatar si la cuestión acerca de la procedencia de la pérdida de jurisdicción del Juez- puede o no replantearse en otra oportunidad, ya que en este último supuesto es posible equiparla a sentencia definitiva.

Sobre esta cuestión procesal y considerando el efecto de la sentencia con relación al proceso, advierto que el recurrente carece de otra instancia jurídica para solucionar su agravio, razón que me hace pensar que la resolución impugnada es susceptible del recurso interpuesto.
Jueces, interpretación de la constitución, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Damnif.: INV Y  D.G.I. s/ Denuncia por presunto hecho delictuoso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

Todos los jueces de cualquier jerarquía y fuero pueden interpretar y aplicar la Constitución y las leyes de la Nación en las causas cuyo conocimiento les corresponde.
Sobreseimiento, abuso sexual calificado por parentesco, víctima menor de edad, derecho del menor a ser oído
Materia: PENAL
Carátula: Gonzalez, Daniel Antonio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-31

Debe anularse el sobreseimiento dispuesto respecto del delito de abuso sexual agravado por el vínculo si el a quo no dio razón alguna por la cual la investigación debe ser considerada como concluida, cuando de los escritos de ambas partes bien puede colegirse que es posible proponer otras medidas de pesquisa que permitan echar luz sobre el hecho denunciado y, asimismo, desoyó el relato del niño -que dijo haber sido abusado sexualmente, sentir miedo de su padre y no querer verlo-, sobre el que ningún profesional había encontrado signos de algún tipo de fabulación. El valor de la palabra del menor que se expresa por sí mismo no puede ser soslayado ni minimizado, pues ello es un correlato necesario de la protección internacional y constitucional del derecho de todo niño a ser oído en los procesos judiciales que versan sobre sus derechos e intereses. No se evidencia válido descartar que la conflictividad entre los progenitores y las reiteradas denuncias de la madre del niño contra su ex pareja respondan a una efectiva situación de violencia, ni que haya ocurrido el hecho que es objeto del proceso. La impugnación de la capacidad de la perito -y de cualquier mujer- para efectuar diagnósticos sobre abuso sexual infantil, en razón de su natural instinto maternal, a más de ser infundada y agraviante, evoca estereotipos discriminatorios que el estado argentino se comprometió a combatir y eliminar.
Juicio ejecutivo, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Dep. Coop. Ltdo. s/ quiebra c/ Piñero Cristina B. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Si bien en el marco del proceso ejecutivo no es dable adentrarse en cuestiones directamente vinculadas a la causa de la obligación, ello no puede ser entendido de manera absoluta, pues en tanto se trate de una cuestión que pueda ser encuadrada dentro de una de las excepciones previstas por la ley procesal y los hechos en los cuales se sustenta la defensa se encuentran debidamente documentados o admitidos por las partes, la misma debe ser tratada aún dentro del marco de conocimiento limitado que admite esta clase de juicios (arts. 330, 354, 542 del C. Procesal).
Contrato de trabajo, empleo público, ius variandi, abuso del derecho
Materia: LABORAL
Carátula: BONFIGLIO   GUILLERMO   ENRIQUE c/ ADMINISTRACION  FEDERAL  DEINGRESOS PUBLICOS s/ JUICIO SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-29

El ius variandi debe ser ejercido con un criterio funcional, tal como lo establece el art. 65 L.C.T. para el ejercicio del poder de dirección (del que es una derivación), El art. 66 de la misma ley lo formula implícitamente al proscribir el ejercicio "irrazonable" de esa facultad. En la actividad que desarrolla la AFIP, dirigida estrictamente a la administración de los recursos de la Nación, la asignación de alguno de sus agentes a otra sección (en el caso, el actor fue trasladado de la Dirección de Personal-Sección Administrativa- a la Subdirección General de Fiscalización) no puede constituir ejercicio abusivo del ius variandi (sobre todo cuando no se prueba cambio en las condiciones laborales); antes bien, se trata de una contingencia derivada de la modalidades propia de aquella actividad. Si bien, en el caso, la disminución de haberes planteada nunca se materializó, es necesario tener en cuenta que el empleador está legitimado para establecer una politica de remuneraciones y el trabajador, si decide ingresar, debe ajutarse a esos parámetros.

Una vez perfeccionado el acuerdo con la aceptación, nos hallamos frente a una estipulación contractual que sólo puede ser modificada por un nuevo acuerdo.
Recurso extraordinario, simple damnificado, interposición del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Kakazu, Alberto; Desocio, Horacio s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-10

El particular damnificado, salvo supuestos excepcionales que no se dan en el caso en examen, carece de facultades para interponer recursos extraordinarios contra los pronunciamientos de las Cámaras de Apelación y Garantías (art. 87 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y modif.-). La limitación que impide acceder a esta Suprema Corte deriva de lo dispuesto por el citado art. 87 que enumera taxativamente las facultades del particular damnificado para intervenir en juicio penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficio de litigar sin gastos, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SERVIN, OLGA BEATRIZ c/ ISAURRALDE, JUAN DOMINGO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑOS MORAL - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-12-09

La promoción del beneficio de litigar sin gastos no enerva la procedencia del embargo tendiente a asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia de condena, aunque ésta se encuentre apelada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramírez, Graciela Teresa c/ Comuna de Margarita s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nro. 822-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-11

Corresponde revocar el auto por el que se regularon honorarios mínimos a los profesionales intervinientes, si no se advirtió que en la demanda se habían precisado pretensiones que daban contenido económico al pleito.
Procedimiento contencioso administrativo, derecho tributario, Derecho constitucional, derecho a la vivienda digna, situación de vulnerabilidad, mayor de edad
Materia: PROCESAL
Carátula: C. D. U. y otra c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ C. D. U. y otros c/ GCBA s/ amparo - genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-28

El GCBA, que reconoció -al otorgarle un subsidio habitacional a la madre- la situación de emergencia en que se encontraba su grupo familiar, adopta, al suspender tal subsidio, una conducta que conduce a la regresividad en el ejercicio del derecho involucrado, sin acreditar haber llevado a cabo acciones tendientes a cumplir su obligación constitucional de resolver progresivamente una inaplazable situación de pobreza, para la que no intentó proporcionar soluciones permanentes ni coyunturales hasta el máximo de los recursos disponibles.
Cuestiones de competencia, estafa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Rodríguez, Claudia Edith sobre 172 - estafa s/ conflicto de competencia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional en razón de que la secuencia de hechos relatada por el damnificado encuadra en el delito de estafa del art. 172 del Código Penal, el que no ha sido incluido en los convenios de traspaso de competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso, la víctima, movida a error en base a un engaño, transfirió dinero para una compra que había concertado mediante una red social, sin recibir los bienes. Se configura sí el despliegue de un ardid, que mueve a error a la víctima, en virtud del cual fue posible la disposición patrimonial perjudicial, requisitos exigidos para la configuración del delito de estafa. De los hechos no se desprende, en principio, una técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos exigida por el inciso 16 del art. 173 del Código Penal, circunstancia que impide sostener, en el caso, su posible configuración. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg, por remisión al dictamen fiscal. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Demanda, principio de eventualidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernandez, Romelio Ernesto y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-07-23

No resulta justo hacer cargar a un litigante con las consecuencias que pueden traer palabras o frases que deben proponerse acumulativamente de manera casi obligada en cumplimiento del "principio de eventualidad".
Daños y perjuicios, indemnización, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Campagña Ana María c/ Camacho Orlando Sebastián s/ Idemnización de Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

No debe verse en la falta de contratación de un seguro una conducta de gravedad suficiente para obtener una reparación sin cortapisas si se conecta ello con los magros recursos de quien debe abonar la indemnización -tema no cuestionado por la actora- y la reducción establecida por el juez a-quo es insignificante (art.11069 Código Civil).
Transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Edivel A. c/ Acosta, Jorge Ramón y otro s/ Daños y perjuicios Daños y perjuicios Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-27

La regulación de honorarios que prescindiera del valor de la transacción, ateniéndose al de la demanda, tendría seguramente como resultado la violación del límite legal (art. 505 del Código Civil apartado agregado por la ley 24.432)). Tanto más si hay una substancial diferencia entre lo demandado y lo finalmente transado.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ROBLEDO DE BUCHEMEAN HILDA MARIA c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO GALERIA CENTRAL Y/U OTROS s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-26

El art. 20 de la Ley de Honorarios, tiene como fuente el art. 8, párrafo segundo del Decreto Ley Nro. 30.439/44, que dice que cuando el honorario deba regularse sin que se haya dictado sentencia ni sobrevenido transacción, se considerará a tal efecto, como monto del juicio, la mitad de la suma reclamada en la acción. Vale decir, no podrá ser en ningún caso superior a la mitad de la suma reclamada.
Caducidad de instancia, legitimación activa, asegurador
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Flores, Marcelino c/ Perciante, Fabiana Andrea y-o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-14

La declaración de caducidad puede ser solicitada por la compañía de seguros citada en garantía del accionado, en tanto fue consentida su intervención por las partes y el juzgado admitió su presentación por providencia firme, en virtud de que, eventualmente, la sentencia a dictarse podrá producir efectos a su respecto. Teniendo en cuenta que los terceros que son parte en el proceso, pueden peticionar lo mismo que la parte con la cual coadyuvan, se hallan habilitados para acusar la caducidad de la instancia.
Recurso extraordinario, cuestión federal, fallos de la Corte Suprema, libertad de prensa, daños y perjuicios, reputación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Burlando, Fernando Andrés c/ Diario El Sol de Quilmes. s/ libertad de prensa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-18

Existe cuestión federal si está en juego el alcance de la doctrina constitucional establecida por la Corte Suprema respecto de la exención de responsabilidad respecto de la difusión de noticias que pueden afectar la reputación de las personas.
Sentencia, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, doctrina, revistas, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Salomoni,  Jorge Luis y otros s/ defraudación - causa Nº 22.241Carlos Alfredo Grosso-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

La falta de fundamentación de la sentencia no se ve superada con la cita de doctrina o de artículos de revistas jurídicas -más cuando se extraen supuestos principios de una sentencia de la Corte Suprema que en modo alguno surgen de ella-, motivo por el cual la decisión aparece sustentada en la exclusiva voluntad de los magistrados intervinientes, con un claro y manifiesto agravio a la garantía establecida en el art. 18 de la Constitución Nacional