marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Principio dispositivo, iura novit curia, recurso de apelación (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Helguero, Gabino c/ Edecat S.A. y SOINCO S.A.C.I. s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-19

Contra la sentencia de primera instancia que condenó solidariamente al dueño y al contratista de la obra a indemnizar los daños causados en la finca de propiedad de la actora, apela el primero, agraviándose sólo por un tema de puro derecho, al sostener como de aplicación al caso el art. 1631 del Código Civil, dejando expresa constancia de que la norma no fue invocada por su parte en su contestación de la demanda.

El Tribunal de Alzada se plantea, en primer lugar, si puede ingresar al tratamiento de la cuestión, ya que por imperio del art. 277 del C.P.C. está vedado a la Segunda Instancia tratar capítulos no propuestos en la Primera. Sobre la cuestión, la vocal preopinante del Tribunal de Alzada, en su meduloso voto, recuerda que el principio dispositivo que rige nuestro ordenamiento procesal, conforme al cual la tutela jurisdiccional se ejerce de acuerdo a la voluntad de los justiciables, no es un principio absoluto, y existen restricciones al mismo que alcanzan tanto a los hechos de la causa como al derecho invocado. En cuanto al derecho, por aplicación del principio iura novit curia, el Tribunal de Alzada no se halla restringido por los fundamentos invocados por los justiciables o por el A-quo en la sentencia sometida a revisión mediante el recurso de apelación.

En el sub lite, si bien la apelante no invocó el artículo del Código Civil por el cual fundamentó en aquella instancia su recurso, el Tribunal de Alzada,- según el criterio aludido supra- no se halla constreñido al principio dispositivo, ni limitado al derecho invocado por las partes, pudiendo aplicar en su sentencia la norma jurídica que crea que corresponda a la resolución del caso, pudiendo, como lo hizo, estimar admisible el recurso y tratar la argumentación jurídica de la apelante (opinión que comparto plenamente), ingresando al estudio de la cuestión bajo la óptica del artículo citado por el recurrente en sus agravios. Del voto del Dr. Cáceres
Comisiones médicas, instancia administrativa, accidentes de trabajo, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Churruarín Pedro Oscar c/ Asociart ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-06

Al disponer el art. 1 de la Ley 27.348 que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales, creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241, constituirá una instancia administrativa previa a la que el trabajador víctima de un infortunio laboral deberá recurrir solicitando la determinación de: "la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad"; el carácter y grado de la incapacidad si la hubiere; y el contenido y alcance de las prestaciones, en especie (art. 22 Ley 24.557) y "dinerarias" (art. 1 Ley 27.348) las transforma en verdaderos tribunales administrativos erigidos como un valladar prejudicial obligatorio e ineludible para la víctima de un infortunio laboral. Y estas competencias, otorgadas a profesionales de la medicina, resultan absurdas (Voto Ronconi)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Segura, Bernardo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no intenta demostrar de qué manera resultarían transgredidos los arts. 40 y 41 del Código Penal cuya consideración nada tiene que ver con la supuesta valoración equivocada de la prueba que alega a renglón seguido.
Excusación, fiscales, partes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ Valles, Jaime s/ Falso testimonio - Competencia (Libro: A021-111)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1953-05-22

Inhibido el Juez de Instrucción para entender y consentida por el Fiscal la inhibición, aunque esta no haya sido notificada al procesado, tal circunstancia no modifica la situación y debe aceptarse la inhibición, ya que la facultad de pedir al Juez que siga entendiendo, no obstante su inhibición, se la acuerda a las partes, el art. 52 de la Ley 1908.
Recurso contencioso administrativo, recurso de reposición (procesal), regulación de honorarios, base regulatoria, juicio, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: CARMELE, JORGE JAVIER Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- RECURSO DE  REVOCATORIA CONTRA AUTO REGULATORIO DE HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 692 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30

Corresponde rechazar la revocatoria interpuesta por la actora contra el auto regulatorio de los honorarios profesionales desde que no puede admitirse el argumento sustentado en la falta de traslado de la base económica estimada en razón de que, si bien es cierto que el justiprecio de los honorarios fue realizado sobre esa cuantía, es la propia ley de aranceles profesionales (nro. 6767) la que autoriza ese proceder, lo que implica un análisis de la cuantía (artículo 4 -inciso a- y 27).

Empero, no prevé una necesaria incidencia previa con participación de las partes, estando suficientemente tutelado el derecho constitucional de defensa con la posibilidad -y carga- de estimar el monto reclamado y de ser oída y producir pruebas sobre el particular al interponer revocatoria, observándose que el impugnante no desarrolló actividad alguna en función del estado de la incidencia, limitándose sólo a pedir la nulidad de la estimación y del auto regulatorio sin efectuar cálculo alguno en sustento de su postura.
Ejecución de sentencia, mora, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: TECNOFORMA - SOCIEDAD ANONIMA c/ CANO, Rubén s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-11

El pago efectuado casi un año después de confeccionada la liquidación, no configura cumplimiento de la sentencia. En consecuencia, corresponde su actualización.
Ciclista, muerte, accidente en espectáculo deportivo, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Julia Irene Y Otros c/ Agrupación Ciclista Azuleña y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-02-27

No resulta responsable la municipalidad por la muerte de un participante de una competencia ciclística si no autorizó tal evento, carecía de facultades de control y supervisión de la competencia en el lugar en el que se produjo el hecho, toda vez que acecido en una ruta nacional la autoridad de aplicación -en el caso- era el concesionario vial.
Injuria laboral, procedimiento de crisis de empresas, pago de la remuneración, deducciones salariales
Materia: LABORAL
Carátula: Tchukran  Enrique c/ Obra Social para el Persomnal del Ministerode Economía Obras y Sercicios Publicos OSME s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-15

La rebaja salarial dispuesta por la empleadora no aparece como derivada de una real negociación de las partes de las que puedan considerarse ambas beneficiarias, sino una imposición unilateral de aquella en función de una conveniencia propia, si no existe evidencia alguna de que el actor haya prestado conformidad expresa con la decisión patronal de reducir su remuneración. En este sentido, el mantenimiento de la fuente de trabajo no puede considerarse un "beneficio" emergente del convenio celebrado por la empleadora porque se trata de un derecho con que el actor ya contaba en virtud de disposiciones de orden público y del sistema de estabilidad relativa impropia adoptado por la ley general (conf. arts. 10, 62, 63 y 90, primera parte, de la LCT). El derecho del trabajador a percibir su remuneración de acuerdo con el nivel alcanzado antes de esa imposición patronal se encuentra expresamente protegido por el Convenio sobre Protección del Salario de la OIT Ntion 95, aplicable a todas las personas a quienes se pague o deba pagarse un salario (art. 2, ap. 1). Dicho convenio, de acuerdo con lo previsto por el art. 75 inc. 22 (1 er. Párrafo) de la CN, tiene jerarquía supralegal. A su vez, el art. 131 de la L.C.T., en consonancia con esa norma internacional, establece que no podrá deducirse o retenerse suma alguna "que rebaje el monto de las remuneraciones".
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, fundamentación del recurso, remisión a otro fallo, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LOPEZ, SILVINA GUADALUPE c/ CENTRO DE SUB OFICIALES RETIRADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS GENERAL SAN MARTIN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-22

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto conforme lo resuelto por esta Corte en autos "Olivera", donde se expusieron los motivos por los cuales la respuesta jurídica adoptada por los sentenciantes al remitir -en relación a los intereses- al criterio sustentado por un fallo de esa Sala, no exhibe suficiente razonabilidad que satisfaga adecuadamente el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, empleados públicos, remuneración, diferencias salariales
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUIRRE, FRANCISCO c/ MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BERMUDEZ s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-07-30

El presente recurso no puede prosperar, desde que los argumentos traídos a consideración de este Cuerpo revelan la mera discrepancia de la compareciente con los fundamentos expuestos por la Cámara, pretendiendo imponer su propia postura alegando -en sustancia- que de su parte no hubo culpa grave en el incumplimiento de sus obligaciones, sino que ello se debió a una "razonable imposibilidad" de cumplir y que, por lo demás, la inejecución tampoco resultaba suficientemente grave en relación a la obligación principal (pago en término de los salarios adeudados); mas sin hacerse fundadamente cargo de las circunstancias especialmente valoradas por el Tribunal a quo, de que la Municipalidad demandada pretendía justificar los incumplimientos de deudas alimentarias alegando causas que fueron reconocidas como reprobables e imputables a su propia parte -una "mala administración de las gestiones anteriores"-. (Del voto de la mayoría - En disidencia: Dres. Netri y Gutiérrez)
Aplicación temporal de la ley, accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: C., N. C. c/ Q. A. ART s/ sumario-Accidente de Trabajo (Sistémico)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-07-31

El Máximo Tribunal, expresó en el considerando 5°) "Que en octubre de 2012 la ley 26773 introdujo nuevas modificaciones sustanciales en el régimen de reparación de los daños derivados de los riesgos de trabajo. Entre dichas modificaciones, interesa destacar que el art. 3°[...] Por otra parte, el art. 8° estableció, para el futuro, que "...los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia". Además el 17.6 complementó tal disposición estableciendo que "las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la ley 24557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE...desde el 1° de enero del año 2010". Además, estableció su postura en relación a qué siniestros laborales se aplican las normas de la ley 26.773; y señaló las razones por las que los precedentes "Luccade Hoz", "Calderón" (Considerando 7°) y la doctrina del caso "Arcuri Rojas" y "Camusso" (Considerandos 10 y 11) no resultaban de aplicación.
Intervención de terceros, Derechos humanos, derecho de voto, discriminación arbitraria, discriminación por discapacidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - Zsolt Bujdosó, Jánosné Ildikó Márkus, Viktória Márton, Sándor Mészáros, Gergely Polk y János Szabó Vs. Hungría - Discapacidad intelectual y derechos políticos - Derecho de voto y participación en la vida pública c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2013-09-09

El derecho de voto, en tanto derecho humano fundamental, no puede ser objeto de evaluación y menos aún si tiene como fin justificar su privación, ello en base a tres razones fundamentales, a saber: a) las evaluaciones de la capacidad constituyen una discriminación por motivos de discapacidad; b) provocan inevitablemente que se prive de derechos a personas capaces; y c) su aplicación conlleva la privación del derecho de voto de un gran número de personas con discapacidad (De la intervención de terceros de la Facultad de Derecho de Harvard, en apoyo de los actores, autorizada por ellos y por el Comité).
Juicio de apremio, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Vives, Américo Jaime s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

Como la finalidad de los procesos ejecutivos es la realización del derecho que emerge del título que vale como presupuesto de coercibilidad, el documento debe ser suficiente, bastando su mero examen para comprender sus alcances, debiendo contener una pulcra individualización de los distintos rubros que conforman el crédito reclamado, a fin de ilustrar claramente sobre su origen y para no entorpecer la tarea evaluatoria y ponderación de la incoada.
Recurso extraordinario, autosuficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BIANCHI IRMA CATALINA c/ LEONCIO MIO Y/O QUIEN RESULTE OCUPANTE s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-08-05

El escrito de interposición del Recurso Extraordinario debe bastarse a si mismo y, por lo tanto, solo estar correctamente fundado cuando su lectura haga innecesaria la del expediente, a los efectos de pronunciarse sobre la suerte del medio de gravamen.
Club de campo, energía eléctrica, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, servicios eléctricos, empresa de servicios eléctricos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cazarre, Juan Francisco c/ Golf Club Argentino s/ da!os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

El club de campo no tiene la guarda de la red de cables de media tension que lo atraviesa pues no puede ejercer su vigilancia, la que corresponde a la empresa concesionaria del servicio.
Medidas cautelares, medida de no innovar, medida cautelar innovativa, cambio de calificación legal, iura novit curia, facultades del juez, energía eléctrica, tarifa de servicios eléctricos
Materia: PROCESAL
Carátula: INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS: EDERSA c/ TURBINE POWER CO. S.A. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Exp. 004/SCA) s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-08-18

En el caso de autos, a contrario de la medida dispuesta por el "a quo" (medida de no innovar), el propósito perseguido por quien solicita la medida cautelar es innovar, esto es modificar el precio del servicio de generación de energía pactado en el C. A. E. E. entre las partes. En tal sentido, entiendo que debe cambiarse la calificación jurídica de la medida cautelar dispuesta por el Tribunal con competencia en lo Contencioso Administrativo de las presentes actuaciones.

Ello, en la consideración de que a la luz del principio "iura novit curia" los jueces deben analizar la pretensión que la parte deduce, y adecuar la misma a los requisitos y exigencias que le son propios, en tanto el principio aludido le confiere al oficio la posibilidad de calificar libremente la relación jurídica o la pretensión sub lite, sin perjuicio del encuadre hecho por las partes, ya que el mismo tiene la obligación de conocer la ley, aún cuando las partes lo ignoren o no lo entiendan.

La búsqueda del conocimiento legal es un verdadero deber para el sentenciante, si se repara en su carácter de órgano técnico encargado de la tarea de aplicar rectamente el Derecho. Máxime, considerando que al solicitar la medida cautelar no la encuadró como medida de no innovar.
Derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S.A.  La Nación s/ infr. ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Entre las libertades que la Constitución Nacional, consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, contratos comerciales, transferencia del contrato comercial, traspaso de deudas
Materia: COMERCIAL
Carátula: YPF S.A. c/ KINKA S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-13

Las deudas son personales. Los derechos son individuales. Si no hay asunción o transmisión, no se adeudan ni se adquieren (confr.

Bibiloni, Anteproyecto de Reformas al Cód. Civ. Argentino, Velerio Abeledo Editor, Bs. As., 1931, T IV, pág. 17). Por su índole, la exclusividad y la "autorización" contratada por YPF con los señores Fraga, Vásquez y Gómez, no constituye una de esas obligaciones que "pasen del autor a su sucesor" o "deban ser considerados como un accesorio del objeto transmitido". Por lo tanto, KINKA no se pudo prevaler del contrato hecho por su autor, ni YPF la pudo obligar a que cumpla obligaciones que no asumió. (Del voto del Dr. Pérez Delgado)
Recurso contencioso administrativo, personal policial, juntas de calificación, licencia por enfermedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Orihuela, Daniel Abel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-08

Es improcedente el recurso contencioso administrativo intentado desde que no puede prosperar el reclamo del recurrente quien impugna el acto administrativo que lo calificara como "apto para el ascenso-no propuesto por falta de vacantes" por entender que varios de los ascendidos se encontraban en condiciones menos ventajosas para el ascenso y, sin embargo, fueron promovidos, desde que debe señalarse, en primer lugar, que al efectuarse las promociones por rigurosa selección y orden de méritos, no puede en principio resultar determinante del ascenso la ubicación en el Padrón para promociones, ni tampoco puede configurar agravio la circunstancia de que un agente con el tiempo mínimo para el ascenso haya sido promovido ya que esa posibilidad, tratándose de ascensos al grado de Comisario Inspector, al que se promueve a los agentes por los sistemas de "Selección" y "antigüedad calificada", es admitida por ley, conforme lo señalada al este Cuerpo in re "Mendoza". Y en cuanto a los ascensos de agentes que contaban con licencia por enfermedad, cabe consignar que el decreto 4460/89 citado por el recurrente , no contiene normas que le impusieran a la Junta practicar descuentos al puntaje de los considerados con base en esa causal, por lo que mal puede sostenerse que en dichos casos exista ilegitimidad alguna.
Accidente ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: ROLDAN DE IGOLDI, Sandra c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

La prueba de los extremos que prescribe el art. 184 del Código de Comercio, para que el transportista sea exonerado de responder, reviste en el caso de empresas ferroviarias características especiales adquiriendo trascendencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produzca el accidente.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, despido sin causa, prueba, indemnización por despido, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: GEREZ, ERNESTO RAUL c/ ALTO MOLINO S.R.L. s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-23

Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en el sentido que, al haberse producido el distracto a través del despido dispuesto por el empleador, corría a su cargo la demostración de las causales invocadas, prueba que no se rindió. Y ello surge del análisis de las piezas postales intercambiadas por las partes, lo dispuesto por el art. 243 de la L.C.T. y la necesidad de preservar el principio de buena fe (art. 63).

Surge con claridad de las comunicaciones intercambiadas, que la demandada incurrió en un error que hace al principio de defensa en juicio, error reconocido por la misma al intentar rectificar el nombre del inspector que dijo que advirtió la irregularidad imputada al accionante.

Cabe recordar que el art. 243 de la L.C.T., común para ambas partes del contrato y, con la finalidad de suministrar información y certeza acerca del motivo en que la parte interesada funda su decisión rescisoria, impone determinada formalidad a la declaración extintiva con justa causa (injuria).

Como se expresa en "Ley de Contrato de Trabajo Comentada" Altamira Gigena, Capón Filas y otros Tomo 2 Págs. 446/7.
Contrato de trabajo, despido discriminatorio, despido por maternidad, denuncia del embarazo
Materia: LABORAL
Carátula: GOROSO   BRENDA  IVANA c/ OCEAN  VILLAGE  ESCRITURAL  S.A.  Y  OTROS/ s/ SPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-18

No se desprende de la normativa que regula la protección de la maternidad exigencia alguna de notificar por telegrama dicha situación. El hecho de haber comunicado la trabajadora verbalmente el embarazo y haber presentado el certificado pertinente, es suficiente para considerar que el empleador estaba en conocimiento del embarazo.
Concursos, quiebra a pedido del acreedor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vinuesa Guillermo Daniel s/ Pedido de quiebra por Tutelar Compania Financiera S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-15

La condición de acreedor legítimo hay que demostrarla para poder promover la sustanciación de un juicio de quiebra y ello le compete únicamente al peticionario adjuntando los elementos idóneos y sin que sea posible que el juez, de oficio, ordene medidas tendientes a comprobarlo, pues la ley 24522 no tolera una etapa o proceso de antiquiebra.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, telecomunicaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Gambetta, Martín c/ Telefónica Móviles Argentina S.A. y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-30

Corresponde extender una condena en forma solidaria a una empresa de telecomunicaciones por el despido con causa no acreditado de un empleado de un establecimiento tercerizado, toda vez que el actor realizaba tareas en beneficio de la empresa principal para una campaña comercial, y más allá de la existencia de otros clientes del empleador directo, no se acreditó que el demandante hubiese prestado tareas relacionados con alguno de ellos. La actividad desplegada por la empresa tercerizada resulta integrativa de la desarrollada por el establecimiento principal -telecomunicaciones-, pues complementa el servicio ofrecido por esta última, en tanto las tareas desempeñadas por el actor se encontraron destinadas a la satisfacción de los fines empresarios tenidos en miras por la principal.