Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-06-11


2º Instancia.- Mar del Plata, junio 11 de 2014.

Antecedentes:

El señor Juez de Primera Instancia dictó sentencia a fs. 291/299, haciendo lugar a la demanda promovida por L. A. A. contra la firma AMX Argentina S.A.

Condenó a la demandada a: 1) Efectivizar la baja de la línea nro. ... cuyo titular es el Sr. A. y se abstenga de continuar facturando por esa línea; 2) Restituir las sumas facturadas y debitadas de la cuenta del accionante por los servicios de dicha línea desde el 19 de octubre del 2009 hasta la efectiva baja de la misma; 3) Abonar al actor la suma de $5.000.-en concepto de multa civil o daño punitorio.

Contra ese pronunciamiento, interpuso recurso de apelación la parte demandada a fs. 306.

Al fundar su embate a fs. 316/318 -presentación que fuera contestada por la actora a fs. 320/321-, la parte demandada solicita se revoque la sentencia dictada decretando su nulidad, argumentando en primer lugar que el a quo ha omitido la sustanciación entre partes del planteo de inconstitucionalidad del art. 52 bis de la ley 24.240 que ella realizara.

Luego, sostiene que el sentenciante no ha tratado ninguno de los argumentos formulados para fundar la afrenta constitucional alegada.

En este sentido, recuerda que ha sostenido que el daño punitivo tiene la naturaleza propia de una pena, con lo cual, deberían aplicársele las disposiciones constitucionales relativas a las penas. En caso de no hacerlo, se violarían principios dimanados de nuestra Constitución Nacional, como Tratados Internaciones que enumera. Explica asimismo que su parte ha también impugnado la constitucionalidad "de la determinación del quantum de la pena, que lejos de quedar al arbitrio judicial debería determinarse en parámetros mínimos y máximos para cada tipo de sanción".

En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones 1º ¿Corresponde anular la sentencia de fs. 291/299? 2º En su caso, ¿es justa la misma? 3º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión planteada el doctor Méndez, dijo:

En primer lugar, y para delimitar los alcances del recurso interpuesto, memoro que el recurrente ha fundado su apelación en la nulidad de la sentencia de Primera Instancia, entendiendo que no se ha tratado debidamente el planteo de inconstitucionalidad articulado. Así, apontoca su embate en la falta de sustanciación de dicho planteo y en la omisión de tratamiento de cuestiones propuestas y que considera esenciales para la resolución del mismo.

Anticipo que la declaración de nulidad no es de recibo. El recurso de apelación comprende al de nulidad por defectos intrínsecos de la sentencia, quedando excluidas las pretensas irregularidades procesales anteriores al dictado de la misma.

Éste es el caso de la argüida falta de sustanciación del planteo de inconstitucionalidad, pues más allá de que dicha situación no le puede causar agravio a la demandada (y, además, verificamos que el mismo fue evacuado oportunamente por la actora - ver fs. 129 vta.), debió la quejosa plantearla en su congruo momento, que no es ahora.

Por otro lado, la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, puede ser abordada mediante el recurso de apelación, ya que si la parte lo solicitare, el Tribunal podrá decidir sobre los puntos omitidos (art. 253, 273 y concdts. CPC) Por lo expuesto, a la primera cuestión, voto por la negativa.

El doctor Rosales Cuello votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A la primera cuestión planteada el doctor Valle manifiesta que no vota atento existir mayoría de opiniones entre los doctores Méndez y Rosales Cuello.

A la segunda cuestión planteada el doctor Méndez, dijo:

En cuanto a las supuestas omisiones del sentenciante, vale memorar que Azpelicueta y Tessone explican que en el tránsito de primera a segunda instancia, el espectro de omisiones es amplio, pudiendo recaer la preterición sobre meros argumentos de hecho, de prueba o de derecho, que en la medida en que resultan conducentes y serios, deben ser atendidos por el Juez de primer grado. Agregan que el poder de la Cámara de examinar puntos preteridos cuando la causa arriba a la segunda instancia debe extenderse a los simples argumentos que propenden a lograr la adhesión del órgano judicial. (Azpelicueta, Juan José - Tessone, Alberto, en "La Alzada. Poderes y deberes", págs. 215 y sgtes., Ed. Platense, 1993).

Trasladando dichos conceptos al caso en estudio, se observa que si bien el a quo dio tratamiento al planteo de inconstitucionalidad propuesto por el demandado (por cierto, escuetamente), no abordó en forma específica los argumentos esbozados por aquél, relativos a la necesidad de poseer garantías de naturaleza penal y graduación normativa específica en la imposición del daño punitivo.

Así las cosas, entiendo que resulta procedente expedirme al respecto. Si bien advierto que el recurso intentado se presenta endeble, rayano a la deserción, el hecho de que apunte concretamente a dicho déficit amerita suficientemente el ingreso a su estudio.

A modo de introducción, y sin ánimo de efectuar un análisis exhaustivo de la temática -sino atenernos al marco conceptual delimitado por los agravios de la demandada-podemos señalar como notas distintivas de los daños punitivos, las siguientes:

1) Resultan condenas extraordinarias, ya que son otorgadas en forma independiente de la indemnización, y asimismo, accesorias, ya que siempre se determinan en un proceso principal. Dicho en otras palabras, no existe acción autónoma para reclamar daños punitivos.

2) Su finalidad, justamente, no es mantener la indemnidad de la víctima ni restablecer las cosas al estado anterior. Por el contrario, tienden a prevenir y desalentar la reiteración de conductas dañosas similares.

3) Son verdaderas penas privadas con características propias que delimitan sus contornos de especialidad.

Siguiendo a Stiglitz y Bru, podemos definir a los daños punitivos en nuestro sistema, como una institución jurídica vigente en el marco del derecho del consumidor, destinada a sancionar graves inconductas en que incurren los proveedores de servicios o cosas en la relación de consumo, a través de la imposición de una sanción pecuniaria adicional, a favor del damnificado, y que excede la cuantificación de la indemnización compensatoria correspondiente (Jorge Bru y Gabriel Stiglitz, en "Manual de Derecho del Consumidor", pág. 389 y sgtes. Abeledo Perrot, 2009).

Ahora bien, en lo que se refiere estrictamente a la naturaleza del daño punitivo, el argumento sostenido por la demandada es que dado su carácter penal, la imposición de dicha condena debe estar rodeada de las garantías propias del derecho represivo.

A fin de analizar ello, he de efectuar una breve reseña de las opiniones reinantes sobre el punto, que (por cierto), son variadas y disímiles.

Veamos:

Conforme cierta postura, el Derecho de la Responsabilidad Civil tiene una función exclusivamente reparadora o indemnizatoria, quedando de lado entonces las preventivas y/o punitivas.

En esta opinión se enrolan, entre otros, Bueres y Picasso, quienes explican que la distinción entre las sanciones de naturaleza penal y las que no lo son, no pasa necesariamente por su materialidad (que en ambos casos se concreta en el pago de una suma de dinero), sino en la finalidad de su imposición. Cuando el objetivo es el de castigar al responsable e impedir la reiteración de hechos similares en el futuro, estamos ante una pena, mientras que nos encontramos ante una indemnización cuando de lo que se trata es de resarcir el daño causado. (Bueres, Alberto y Picasso Sebastián, "La función de la responsabilidad civil y los daños punitivos", en Revista de Derecho de Daños, 2011-2, págs. 21, 52, 59 y sgtes.) Dentro de este marco conceptual, el profesor Bueres afirma que la compensación es la única función de la responsabilidad civil y la prevención "sólo resulta un deseable, aunque poco frecuente en la realidad, subproducto fáctico de la compensación", llegando incluso a calificar a los daños punitivos como una moda que carece de futuro.

Para el autor referido, la tutela inhibitoria como instrumento preventivo válido se encuentra separada de la responsabilidad civil, y por ende, no caben las superposiciones. En todo caso, la tutela inhibitoria y la seguridad social, junto con la responsabilidad civil, pueden formar parte del socorrido Derecho de Daños, sin entremezclarse y sin que se confundan las funciones propias de cada uno de esos institutos. (Bueres, Alberto, El futuro de la responsabilidad civil: ¿hacia dónde vamos? en Herrador Guardia, Mariano (coord.), Derecho de Daños, Asociación Justicia y Opinión-Sepin, Madrid, 2011, pág. 813).

Bustamante Alsina, por su parte, sostiene que no son de aplicación en nuestro sistema de responsabilidad civil ni puede propiciarse que ninguno de los principios jurídicos que en legislaciones foráneas pueden dar sustento a penas civiles o sanciones represivas, retributivas o ejemplares, ingresen en el ámbito del Derecho Privado (Bustamante Alsina, Jorge, "Los llamados "daños punitivos" son extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil", en LA LEY 1994-B, 860).

Surge evidente de lo hasta aquí expuesto que aun dentro de esta postura -que asigna carácter penal a la figura en análisis-, existen diferencias de criterios que superan los simples matices, ya que -por ejemplo- Bustamante Alsina resulta terminante al no admitir directamente la posibilidad de que los daños punitivos incursionen en el Derecho de Daños, en tanto Bueres y Picasso afirman que no obstante la inexistencia de una función punitiva de la responsabilidad civil, los daños punitivos tienen indudablemente una naturaleza penal, razón por la cual - aun cuando se pretenda emplazarlos dentro del Derecho Privado como tutelas inhibitorias -su imposición debe necesariamente respetar las garantías propias de las sanciones de esa índole.

Ahora bien, en contraposición a estas posturas y según otra corriente de opinión, el Derecho de Daños -y dentro de él, la responsabilidad civil-, puede sin lugar a dudas comprender una finalidad no solo resarcitoria, sino asimismo -según los casos y dentro de los límites y con las garantías previstas en el ordenamiento jurídico- una finalidad punitoria y preventiva.

Siguiendo este orden de ideas, puede decirse que no obstante el carácter sancionatorio y preventivo de los daños punitivos, los mismos no resultan un instituto privativo del derecho penal, desde que -evidentemente- tienden a castigar a aquéllos que violan una norma civil. En todo caso, constituyen sanciones civiles que deben imponerse -dada su naturaleza punitiva- observando las garantías que rodean el Derecho Penal.

Esta transpolación de las garantías penales al ámbito civil, de ninguna manera se encuentra prohibida por nuestro ordenamiento jurídico, sino que -por el contrario- tiende a respetar principios y normas constitucionales.

Algunos autores pretenden asimismo reconocer y fundar el carácter penal del instituto en la propia exposición de motivos del proyecto que se convertiría en la ley 26.361, en donde la Cámara de Diputados de la Nación, sostuvo que la inclusión de un tope para esta multa, atiende "al principio de reserva de la ley penal, atento el carácter punitivo del instituto". Como ya se analizó supra, la finalidad punitiva del instituto no le otorga sin más carácter penal, ya que el Derecho de Daños puede y debe cumplir una finalidad punitiva, la que no es excluyente del Derecho Penal.

En apoyo de esta postura, Llamas Pombo explica que no hay razón alguna que impida al Derecho Privado en general, y al Civil en particular, cumplir con la misión preventiva, a los fines de impedir las conductas dañosas y promover los comportamientos minoradores de los efectos del daño, agregando que "esa vía no puede ser otra que la llamada tutela civil inhibitoria..." (Llamas Pombo, Eugenio, "Prevención y reparación, las dos caras del Derecho de Daños", en Moreno Martínez, Juan, "La responsabilidad civil y su problemática actual", p. 445).

Según esta posición, entonces, inhibitoria y resarcimiento representan dos remedios o mecanismos de tutela distintos y autónomos en el marco del Derecho Privado.

Vázquez Ferreyra, por su parte, sostiene que la naturaleza de los daños punitivos es netamente sancionatoria, pero no comparte la misma naturaleza que una sanción del Derecho Penal. Se trata de sanciones civiles que se aplican como castigo a un infractor de una norma civil. En el caso concreto es una sanción al autor de un daño que resulta aplicable en los casos de una conducta gravemente dolosa, que demuestre un desprecio absoluto por los derechos del consumidor víctima. Tiene una finalidad ejemplificadora a los efectos de prevenir futuras conductas semejantes (ver, en este sentido, fallo de la C.Nac.Com, Sala F, in re "Iglesias, Lucas" del 02/07/2013) El referido jurista explica con claridad que el Derecho de Daños ya no se conforma con la reparación de los daños injustamente causados, sino que va más allá, y donde le es factible, busca la propia evitación del perjuicio. En este sentido, sostiene que la responsabilidad civil ha sido ampliada por el Derecho de Daños, jugando un rol fundamental la prevención de los daños, visión que da cabida a instituciones que exceden la mera reparación de los perjuicios (Vázquez Ferreyra, Roberto, "La naturaleza jurídica de los daños punitivos" en Revista de Derecho de Daños, pág. 101 y sgtes.).

Respecto a la aplicación de las garantías propias del sistema represivo a los daños punitivos, nos permitimos citar a Zaffaroni cuando enseña que "no puede afirmarse que el Derecho Penal se individualice por la forma que el legislador quiera darle a la ley, porque si así fuere, le sería muy fácil al legislador burlar todas las garantías: podría darle forma no penal a una ley penal, y consecuentemente, prescindir de atenerse a todas las garantías que rigen la ley penal conforme a la Constitución Nacional, a la DU y a la CA de Derechos Humanos" (Zaffaroni, Eugenio; Manual de Derecho Penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 1998. p. 56, citado por Vázquez Ferreyra, Roberto, en "La naturaleza jurídica de los daños punitivos", ob. cit.) En definitiva, comparto la postura que sostiene que la materia sancionatoria no es propiedad exclusiva del Derecho Criminal, sino que existen otros sistemas de castigo que exceden aquel marco, y que no obstante, deben ser objeto de observancia en su imposición de las garantías que rodean el Derecho Penal.

Esta situación -función punitiva ajena al Derecho Penal- no se presenta únicamente en el instituto de los daños punitivos que analizamos, sino que existen otros supuestos de penas privadas aplicables en materia civil, que, si bien tienden obviamente a sancionar otro tipo de conductas, exceden ampliamente el fin resarcitorio o indemnizatorio del Derecho de Daños clásico.

En este sentido, el profesor Félix Trigo Represas advierte que las penas privadas no resultan ajenas a nuestro ordenamiento, en el cual pueden apreciarse institutos jurídicos de similares características, entre los que cita las astreintes del art. 666 bis. Cód. Civil, los intereses punitorios o sancionatorios que resultan aplicables en materia contractual, y los castigos pecuniarios previstos por el CPCBA Y CPCN para los casos de temeridad y malicia procesal, puntualizando que en este último caso, la Ley expresamente prevé que la multa impuesta será fijada a favor de la contraparte.

Incluso Bueres y Picasso, siguiendo la jurisprudencia de la CSJN, precisan supuestos de penas que se aplican en otras materias, reconociendo que la potestad punitiva debe estar rodeada siempre de ciertas garantías, "aun cuando ellas no tengan en todos los casos la estrictez que revisten en el Derecho Penal". (Ob. Cit. Pág. 61).

En definitiva, aun los autores enrolados en la tesis que niega finalidad punitiva al Derecho de Daños y otorgan carácter penal a los daños punitivos, reconocen supuestos de excepción, en los que emplazados dentro del Derecho Privado, su imposición debe respetar necesariamente las garantías propias de las sanciones de índole penal.

Desde este punto de vista, se evidencia incluso que la disquisición entre el carácter penal o civil de la figura de los daños punitivos, se diluye y pierde interés, en tanto ambas posturas son contestes en exigir la observancia de garantías constitucionales en la imposición de estas sanciones.

Ahora bien, llegados a este punto, y en atención al fundamento específico propuesto por la parte demandada al plantear la inconstitucionalidad del art. 52 bis de la ley 24.240, corresponde preguntarnos si aquellas garantías se ven receptadas en la norma cuestionada. No se me escapa (como describiera más arriba) la impropia formulación legal de la que ha sido objeto el instituto.

No obstante, y dado el loable propósito que (sin lugar a dudas) ha perseguido el legislador a partir de la sanción del artículo cuestionado (que, no está de más recordar, no es otro que prevenir y evitar graves inconductas en que incurren los proveedores de cosas o servicios en la relación de consumo), se han multiplicado los esfuerzos doctrinarios y jurisprudenciales a fin de lograr una interpretación funcional y armónica de la norma, que, respetando los principios y garantías constitucionales, logre el objeto tenido en mira por el Congreso Nacional al incorporar esta figura a nuestro Derecho positivo.

Una enumeración íntegra de los recaudos y/o requisitos que debe respetar y observar el Juez a la hora de aplicar y graduar el daño punitivo, excedería ampliamente el objeto del presente pronunciamiento, mas, permítaseme indicar (a modo de ejemplo si se quiere), algunas de las formulaciones que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria han ido delineando acerca de la imposición de la sanción en estudio:

1) Los daños punitivos deben quedar reservados para situaciones que demuestren una inconducta grave o absoluto desprecio hacia los derechos del consumidor, patentizado mediante un incumplimiento de obligaciones legales o convencionales, debiéndose articular las referidas ilicitudes con la gravedad y las circunstancias del caso. Queda claro entonces, que un mero incumplimiento no autorizará su aplicación.

2) Derivado de lo anterior, podemos afirmar que la imposición del daño punitivo debe ser restrictiva.

3) En su aplicación el Juez debe atender más al autor del daño que a la víctima, y merituar, entre otras circunstancias, la situación patrimonial del infractor, su participación en el mercado, las repercusiones del hecho, etc.

4) En referencia a su graduación, si bien el Juez goza de discrecionalidad a la hora de establecer el importe de la condenación punitiva -la que, por otra parte, no necesariamente debe guardar relación o concordancia con la sanción reparatoria- deberá recurrir a la prudencia y equilibrio a los fines de cuantificar el importe de esta sanción.

Vinculado a esto último, la demandada sostiene que una de las cuestiones que no mereció tratamiento por parte del a quo resulta ser justamente la determinación del quantum de la pena, argumentando que la misma debería respetar parámetros mínimos y máximos para cada tipo de sanción.

Sin perjuicio de que la norma efectivamente prevé un tope o límite máximo, entiendo que en este supuesto la tarifación o determinación de baremos, no sólo no respetaría las garantías constitucionales, sino que -por el contrario- implicaría la imposibilidad del Juez de evaluar cada caso concreto según sus particulares circunstancias.

Se ha dicho acerca de la inexistencia de límites o topes de origen legal, que la norma traduce confianza en los Jueces y en su labor. Los baremos o topes, en cambio, son muestras de positivismo puro, de desconfianza en los jueces y confianza en las leyes. Por lo demás, resultan, en muchos casos, injustos, por no atender a las circunstancias propias del caso. (Mosset Iturraspe, Jorge, El daño punitivo y la interpretación económica del Derecho en Revista de Derecho de Daños, pág. 151 y sgtes.).

En definitiva, al igual que a efectos de la imposición de esta multa, al momento de graduarla, la propia Ley impone merituar la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. Entre las pautas a tener en cuenta, se han recomendado, entre otras, las siguientes: a) la índole de la conducta del dañador; b) el beneficio obtenido por éste; c) su caudal económico; d) la repercusión social de la inconducta o daño ocasionado; e) la existencia de otros damnificados con derecho a reclamación; f) actitud del dañador con posterioridad al hecho que motivara la pena (XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, 1999).

Por todo lo hasta aquí expuesto, y para concluir, podemos señalar, siguiendo a Stiglitz y Bru, que pese a la impropia formulación legal, el instituto no se presenta como incompatible con la Constitución Nacional, ni tampoco con el sistema represivo, sino que por el contrario, resulta una herramienta complementaria y hasta superadora en algunos de sus aspectos, alcanzando (con la aplicación prudente y responsable de los magistrados), el castigo y la prevención de conductas dañosas, que generalmente escapan a la mano de la Justicia Penal (Stiglitz, Gabriel y Bru, Jorge; "Régimen de la Responsabilidad Civil por daños al consumidor", en Manual de Derecho del Consumidor, Dante Rusconi (Coord.), pág. 389 y sgtes., Abeledo Perrot, 2009).

Por todo lo aquí expuesto, entiendo que, aun merituando y analizando los fundamentos que el demandado opuso para sustentar su planteo de inconstitucionalidad, el mismo debe ser desestimado, y por ende, también el recurso de apelación por aquél interpuesto.

Así lo voto.

El doctor Rosales Cuello dijo:

Aunque basándose en la omisión de cuestiones esenciales, el recurrente solicita la revocación de la sentencia mediante el recurso de apelación deducido, no su anulación (art. 241 y 251 del Cód. Proc. Civ. y Comercial).

El recurso no puede ser atendido.

La sentencia no omite el planteo de inconstitucionalidad formulado, sino que lo rechaza expresamente en los considerandos, mediante un razonamiento donde los argumentos sostenidos por el recurrente son desplazados a través de la consideración de algunos que se presuponen fundamentales, o mediante el tratamiento de otros que descartan la procedencia de aquéllos.

Debe recordarse que los Jueces no están obligados a seguir al pie de la letra las argumentaciones de las partes, resultando suficiente que se pronuncien sobre las cuestiones fundamentales (Doct. art. 384 Cód. Proc. Civ. y Comercial; Ac. 22330 del 13/10/1976; Ac. 33589 del 02/11/1984; Ac. 33693 del 25/09/1984; Ac. 41085 S 07/07/1989; Ac. 82248 S 23/04/2003, entre otros).

Clara muestra de tal proceder es la afirmación de que para la recepción de la multa civil no resulta necesario acudir a principios, normas y garantías del Derecho Penal; que su previsión es compatible con la finalidad de las normas de consumo; como así también que la jurisprudencia ha limitado la postulada amplitud legal mediante la exigencia jurisprudencial de particular gravedad caracterizada por el dolo o culpa requerida, enriquecimientos indebidos o abuso de posición dominante con evidente menosprecio de derechos individuales o colectivos (fs. 298).

Frente a ese estado de cosas, correspondía que el apelante exponga por qué debe entenderse que el razonamiento judicial repasado omite la consideración de los argumentos defensivos por él esgrimidos, y cómo su tratamiento conduciría a una solución distinta a la dada al caso. Esto aquí no se advierte.

Similar parecer me merece la supuesta omisión de tratamiento de los argumentos enderezados a cuestionar la validez de la norma por la indeterminación de la sanción que la caracteriza.

Ocurre que en el caso que nos convoca el magistrado explicitó las pautas que tuvo en cuenta para llegar al importe finalmente condenado, lo que exige una crítica de esos parámetros que no se verifica en la fundamentación ensayada.

Las circunstancias repasadas sellan la deserción del recurso por falta de cumplimiento acabado de la carga impuesta por el artículo 260 del Cód. Proc. Civ. y Comercial (art. 261 del Cód. Proc. Civ. y Comercial).

Así lo voto.

El doctor Valle dijo:

Adelanto mi decisión al decir que en esta oportunidad, adhiero al voto del doctor Méndez.

Si bien encuentro algunas razones que me permitirían acompañar al voto del doctor Rosales Cuello, debo decir que cuanto se trata de declarar la deserción del recurso, mi criterio es restrictivo.

Comparto la postura que sostiene que si de la lectura del memorial, se advierte un mínimo de agravio, en caso de duda, debe estarse por la apertura de la instancia, pues la sanción de la deserción, por su gravedad, debe aplicarse con criterio favorable al apelante (Conf. CC0001 LM 439 RSI-152-I 16/10/2003).

En el mismo sentido, esta Cámara ha resuelto que ante la duda sobre la suficiencia o no del desarrollo de los argumentos fundantes, corresponde -adhiriendo a la teoría amplia- abrir la instancia, pues la sanción de deserción posee una gravedad tal que su aplicación debe hacerse excepcionalmente (CC0002 MP, RSD 144-S Fº 745/9 Causa 150075, 05/06/2012).

Considero que en el caso, existe agravio suficiente que permite la apertura del ejercicio revisionista en la Alzada.

Dicho esto, en virtud del exhaustivo estudio realizado por el doctor Méndez, el meduloso tratamiento abarcativo de un análisis detenido y preciso del daño punitivo, exponiendo la visión de doctrina y jurisprudencia imperante, por todos sus fundamentos, adhiero al voto del colega que abre el acuerdo.

Así lo voto.

A la tercera cuestión planteada el doctor Méndez dijo:

Corresponde -por mayoría-: I. Confirmar la sentencia de fs. 291/299. II. Imponer las costas de Alzada al apelante.

Así lo voto.

Los doctores Rosales Cuello y Valle votaron en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Por ello, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y sus fundamentos, se dicta -por mayoría- la siguiente sentencia: I. Se confirma la sentencia de fs. 291/299. II. Se imponen las costas de Alzada al apelante. III. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 decr. ley 8904/1977). - Ramiro Rosales Cuello. - Alfredo E. Méndez. - Pedro D. Valle.