marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia contencioso administrativa, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Etulain, Viviana c/ Municipalidad de Mar Chiquita  s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-13

Sin desconocer lo establecido en los arts. 34 y 35 de la ley 11.723 -que otorga competencia al fuero contencioso administrativo para impugnar la decisión administrativa definitiva y contraria a lo peticionado, en los casos en los que previamente se haya acudido ante la dependencia pública que hubiere actuado u omitido actuar, a efectos de que determine sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada-, es posible entablar una acción expedita de amparo cuando se vea afectada en forma directa o tangencial el ambiente y que ella sea atendida por cualquier juez que tenga competencia territorial.
Excepciones procesales, consorcio de propietarios, cumplimiento de la obligación
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Consorcio de Propietarios del Edificio Dock 5 Puerto Madero c/ Federacion Argentina de Trabajadores de Edificio de Rentas y Horizontal Fateryh s/ Reint. P/ Sumas de Dinero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-27

Corresponde rechazar la excepción previa de "falta de cumplimiento de la condena impuesta" (art. 553 del Cód. Procesal), ya que surge con nitidez que la suma depositada por el consorcio deudor, se encontraba a disposición de la demandada, de manera que la condena se encontraba satisfecha.
Extradición, tratados internacionales, Constitución Nacional, crímenes de guerra, Estados contratantes, tipo penal
Materia: CONSTITUCIONAL - INTERNACIONAL PUBLICO - PENAL
Carátula: Priebke, Erich c/  s/ solicitud de extradición - causa n° 16.063/94. 16.063/94.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

A los efectos de la "doble subsunción" o "doble criminalidad" exigida por el art. 2° de la Convención de Extradición entre la República Argentina y la República Italiana (ley 23.719) corresponde considerar que el "crimen de guerra" se encuentra reconocido por el ordenamiento jurídico argentino en la medida en que reconoce los delitos contra el derecho de gentes: art. 118 de la Constitución Nacional (Voto del Dr.

Gustavo A. Bossert).
Acción de amparo, regulación de honorarios, aplicación de la ley, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: T. V. R. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. s/ Acción de Amparo Aires. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

No existen en nuestro ordenamiento procesal vigente normas relativas a la regulación de honorarios, excepto en materia de costas (art. 14 de la Ley 12), siendo oportuno recordar que el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 533, dispone que dentro del contenido de las costas se encuentran los honorarios.

La aplicación supletoria establecida en el art. 6 de la ley ritual nos permite inferir que aquel resulta el procedimiento más adecuado para resolver esta cuestión.

Establecida esta cuestión y teniendo en cuenta la Ley de Aranceles de Abogados y Procuradores (Nro. 21839 y modificatoria 24.432), corresponde decidir si la regulación es conforme a derecho, debiendo tenerse en cuenta, entonces, el resultado obtenido y el mérito de la labor desarrollada por los letrados apelantes.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Machain, Héctor J. c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Colombo, Hugo Héctor c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29|2000-05-17

El viudo que ha sido excluido con motivo de haber contraído nuevo matrimonio tiene derecho al otorgamiento de la pensión si la causa que constituía un obstáculo a su percepción -un nuevo matrimonio- ha sido cesado por imperio de la ley 11.104.
Prueba, planteo en segunda instancia, declaración de negligencia
Materia: PROCESAL
Carátula: MINICUCCI, MARIA CRISTINA DE ORMELLA c/ ESTADO NACIONAL - EJERCITO ARGENTINO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-10

En virtud de la correlación de los arts. 379 y 385, segundo parágrafo, del Código Procesal a que se remite la norma del art.

260, inc. 2 del ordenamiento citado, sólo es admisible el replanteo de pruebas en la Alzada y la consiguiente apertura a prueba en caso de negligencias mal decretadas o no ajustadas a derecho, siempre y cuando el peticionario justifique adecuadamente que de su parte no medió desidia o desinterés en la producción de las probanzas pertinentes.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, Derecho laboral, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Enrique Tomás Maffei. s/ Recurso Judicial (art. 40, ley 22.140)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

El propósito del art. 40 de la ley 22.140 fue establecer un medio específico de control judicial, asignándolo al tribunal especializado en la materia de tal modo que, cualquiera sea el domicilio o lugar de desempeño del apelante, el cuestionamiento permita la intervención de la máxima autoridad jerárquica que es, de acuerdo con la norma, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal.
Competencia, competencia civil, unificación de fueros, fallos de la Corte Suprema, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL
Carátula: GALLEGO, RAMON c/ FERROCARRILES ARGENTINOS  E.F.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-16

La sola derogación del art. 46 del decreto-ley 1285/58 prescripta por el art. 14 de la ley 23.637, no conduce a detraer de la nueva justicia en lo Civil el conocimiento de las acciones por reparación de perjuicios originados en accidentes de tránsito.

La asignación de las aludidas acciones a la competencia de la nueva Justicia en lo Civil surge de un modo implícito pero inequívoco de lo dispuesto en el inicial parágrafo del modificado art.43 del decreto ley 1285/58 (art.10 de la ley 23.637) desde que la amplitud de sus términos brinda suficiente cabida a dichos reclamos atenta le naturaleza de las leyes que los rigen.

La subsistencia del inc.b) del art.43 del decreto ley 1285/58 (texto seg.ley 23.637) no es óbice a tal interpretación pues,más allá de los posibles reproches que en materia de técnica legislativa puedan formularse,la coexistencia de ambas prescripciones (una implícita según lo dicho y la otra expresa) no resulta inaceptable.

No corresponde apartarse de los principios sentados por la Corte Suprema de Justicia in re:" Villca Mora de Coria Sandi,Emeteria c/Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios",desde que la doctrina fijada por el alto Tribunal en relación a los alcances de la norma que fija la competencia de las ya mentadas acciones (actualmente para el fuero civil en virtud de la ley 23.637) se mantiene por completo inalterada.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: PENAL
Carátula: Castro, Williams s/ Defraudación y estafa Marano, Rogelio Pedro s/ Infracción art.302, Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28|1997-04-01

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia la omisión de tratamiento de lo que se considera una cuestión esencial, si lo resuelto por el tribunal desplazó debidamente dicho planteo.
Concursos, concurso preventivo, acuerdo preventivo, juez del concurso, homologación judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARCANGEL  MAGGIO s/ INC.  DE  IMPUGNACION  AL ACUERDO PREV. (LL31.8.04, F 107992).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-03

El juez, al momento de valorar la propuesta presentada por el deudor, debe hacer prevalecer siempre el interés general del comercio, del crédito y de la comunidad en general por sobre el individual de los acreedores o del deudor; aun con las modificaciones introducidas a la ley 24522 por las leyes posteriores, la propuesta de acuerdo debe ser valorada para su homologación, atendiendo fundamentalmente a su compatibilidad con los principios de orden publico, la finalidad de los concursos y el interés general, principios que determinan que el juez no deba limitarse al mero análisis formal de la propuesta, sino que debe considerar si dicha propuesta resulta conciliable con las finalidades del concurso preventivo y los principios superiores que lo inspiran.
Costas, reparación integral
Materia: CIVIL
Carátula: Reynoso, Luis Arturo c/ Mastellone San Luis S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2007-11-29

Las costas de segunda instancia se imponen a cargo de la demandada, conforme art. 68 CPCC, y por el principio de la integralidad de la reparación, atento que el económicamente más débil ha demostrado su necesidad de recurrir a la actividad jurisdiccional defendiendo su posición, para la que resulto adverso el fallo solo parcialmente y en uno de los agravios.
Control de cambio, prueba, aplicación de la ley penal, proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: INDUSTRIAS DELTA S.A.I.C. Y OTROS. s/ LEY 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

En los casos de hechos ilícitos contemplados en la ley 19.359 está a cargo de los imputados la demostración de las razones exculpatorias que aleguen. Tal doctrina no importa en modo alguno dejar a un lado el principio de presunción de inocencia que tiene vigencia en materia penal. Por el contrario, el alcance que a ella corresponde dar es el de entender que quien, frente a una conducta que se tiene por cierta, invoca la concurrencia de circunstancias o causales de excepción merced a las cuales se sustraería a la sanción penal, debe demostrarlas, lo que es muy distinto a que el sospechado pruebe su inocencia, o la falsedad de la imputación. (Voto del Dr.

Carlos S. Fayt).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Argañaraz, Luis A. s/ Atentado y resistencia a la autoridad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-08

Si bien la sentencia de la Cámara que declara reincidente al procesado reviste carácter de definitiva en los términos del art.

357 del Código de Procedimiento Penal, ello por sí solo no habilita al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, si -como ocurre en el caso- no concurren también las otras condiciones establecidas para su admisibilidad en el art. 350 del Código citado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Nulidad de sentencia, sentencia condenatoria, calificación legal, debido proceso, non bis in ídem, objeto del proceso
Materia: PENAL
Carátula: Fariña, Jorge Leonardo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-06

La errónea deriva que adquirió este proceso, en el que se hizo caso omiso a la evidente identidad parcial de objetos procesales e incompatibilidad de las hipótesis delictivas investigadas, acarrea necesariamente la nulidad de del debate y de la sentencia. En efecto, la decisión de llevar a cabo el juicio oral y dictar la sentencia de condena en estas actuaciones, estrechamente vinculadas con otra causa iniciada con anterioridad, donde se investigaban maniobras de mayor complejidad y envergadura, bajo una calificación legal más grave e incompatible con la aquí investigada, vulneró el debido proceso legal, afectó la buena administración de justicia y el principio de investigación integral, condujo ciertamente a la posibilidad de que recaigan sentencias contradictorias y puso en serio peligro de afectación al principio del ne bis in ídem (arts. 8, apartado 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti cos y 1 in fine del Código Procesal Penal).
Prueba confesional, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R.de S.L. c/ S.O. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-05

No es de aplicación a las posiciones la apreciación que en conjunto debe hacerse de las respuestas a las mismas. No puede negarse los reconocimientos que aquellas contienen (art.409 del CPCC) sin declinar una elemental responsabilidad del justiciable.
Competencia federal, competencia contencioso administrativa, juicios contra el Estado, registro de la propiedad inmueble
Materia: PROCESAL
Carátula: ERLIJMAN,  Laura  Silvina  Judith c/ REGISTRO  DE  LA PROPIEDADINMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL s/ AMPARO s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-16

1- La competencia de la Justicia Federal en lo contencioso administrativo se determina cuando: a)la relación jurídica en la que se funda la demanda fue celebrada en el marco de normas federales; b)se cuestionan actos de naturaleza administrativa y c)intervienen en el litigio entidades nacionales. Por lo tanto, es competente la Justicia del fuero Contencioso Administrativo Federal para intervenir en una acción de amparo entablada contra la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, a fin que se declare la inconstitucionalidad de una resolución administrativa de carácter normativo.
Accidente de tránsito, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Seijas de Torres, Marta c/ Maggio, Juan José s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-14

Aún cuando sea onerosa la reparación si el costo de ésta se compara con el valor de reventa, lo cierto es que los repuestos como la mano de obra tienen un único valor de cotización sin que cuadre formular distinciones según el año de fabricación del vehículo. Ni la antigüedad ni lo significativo de los daños pueden obrar en desmedro del derecho de la víctima a ser resarcido ni se configura un enriquecimiento injustificado o ilegal(arts. 1068 y 1083 Código Civil).-
Recurso extraordinario, autosuficiencia
Materia: PROCESAL
Carátula: F.A.V.Y.S. S.A.I.C. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-03-22

No satisface el requisito de fundamentación autónoma que exige la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la procedencia del Remedio Federal, el escrito cuya argumentaciones no logran desvirtuar los motivos por los cuales el tribunal rechazó oportunamente las pretensiones del apelante.-
Robo calificado, robo con perforación o fractura
Materia: PENAL
Carátula: Quinteros, Horacio David y otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20

Desde el punto de vista objetivo del tipo, resulta inadmisible establecer que el concepto de fractura previsto en el art. 167 inc. 3 del Código Penal se halla integrado por la calidad o cantidad de la fuerza ejercida para configurarla, ya que no sólo sería imposible cuantificarla, sino introducir un requisito que la ley misma no contempla. (Minoría u opinión personal)
Denegatoria del recurso, recurso de casación, intervención de línea telefónica, non bis in ídem
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Montoya, Pedro Eduardo y otros  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-10

Cabe rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de la imputada, puesto que los cuestionamientos vinculados a la nulidad de las escuchas telefónicas y transcripciones de mensajes, y a la violación de principio de ne bis in idem ya han sido oportunamente abordados y resueltos en la instancia casatoria. El principio ne bis in idem se sustenta en la prohibición de un nuevo juicio sobre los mismos hechos que han sido materia de la sentencia dotada con autoridad de cosa juzgada, lo que cual no resulta aplicable al caso.
Extinción de la acción penal, multa
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: ROMERO, OSCAR JESUS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-09-23

El pronunciamiento impugnado -por el cual se rechaza la queja por apelación denegada interpuesta contra la resolución que, oportunamente, rechazó la petición de extinción de la acción penal por pago voluntario de la multa respecto del delito tipificado en el artículo 249 del Código Penal- no reúne la calidad de ser sentencia definitiva ni auto interlocutorio equiparable, no suministrando el impugnante un supuesto de arbitrariedad en la apreciación del alcance de las normas en juego cuando el Juez tuvo por bien denegado el recurso de apelación, dando acabado fundamento y convalidando de tal modo lo actuado por el Juez de grado.

(Del voto de la Dra. Gastaldi).
Derecho laboral, daño moral, acoso sexual, indemnización, reparación integral
Materia: LABORAL
Carátula: De la Torre Lastra, Eugenia María c/ Tezanos Pinto, Salerno, Caride Fitte y Asociados s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-08

La actora fue despedida sin causa. Alega haber sufrido acoso sexual por parte de un tercero quien era un asesor externo de la compañía demandada. Y si bien no puede calificarse en el caso al despido como discriminatorio (hay una diferencia de 1 año y medio entre el acoso sexual y el despido), no obsta el tramo de la acción que progresó en virtud de la reparación civil (material y moral) por el daño psíquico sufrido y probado. La juez de grado tuvo por probado el acoso sexual denunciado no solo por la vía indiciaria sino también partiendo de la premisa de que la pretensión de la actora se sustentó en la amplitud probatoria que surge de los art. 16 y 31 de la ley 26.485 (Ley de Protección Integral de las Mujeres), habida cuenta de las circunstancias especiales en las que se suelen desarrollar los actos de violencia, es decir, sin presencia de testigos. Cierto es que en situaciones de acoso sexual y consecuente daño moral, la única prueba posible de valorar es la indiciaria, ya que resulta imposible que puedan existir constancias testimoniales directas del acoso. Cabe destacar que la evaluación clínica de la actora señaló la existencia de un trastorno mental con síntomas depresivos y ansiosos de intensidad mediana y severa, como secuela de la situación de estrés psicosocial padecida en el lugar de su trabajo, lo cual le ocasionó un daño psíquico del 11,7% de la t.o. En este marco, demostrados los hechos desencadenantes de la minusvalía que sufre la accionante, repudiados por el régimen de contrato de trabajo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (Cedaw), la Convención de Belem do Pará, el Convenio N° 190 de la OIT, ratificado por la ley 27.580 que integra el núcleo de los Convenios sobre derechos humanos, en el cual se vincula la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, con el abuso del derecho y con la violación a los principios de trabajo decente o digno y de igualdad de trato, que abarca situaciones de violencia que se vislumbren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo, incluso en los espacios públicos o privados. El decisorio de grado determinó la reparación del caso en virtud de lo normado por los art. 1737, 1738, 1741, 1749, y 1753 y ccdts del C.C.C., en la medida que existió un hecho desencadenante del daño acreditado, debiendo la indemnización correspondiente incluir la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances, incluyendo especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. En consecuencia se confirma lo decidido en la anterior instancia.
Improcedencia del recurso, suspensión de la prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Ferreyra, Antonio por defraudación contra la Administración Pública c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-14

La disidencia expresó que correspondía rechazar el recurso del fiscal ya que no se advierte que por el cargo de menor jerarquía dentro de la Municipalidad que desempeñaba el imputado como "sereno" o "albañil", tuviera, de algún forma, capacidad para influir o utilizar su autoridad para alterar el proceso, por lo que consideró que no correspondía la causal de suspensión de la acción penal prevista en el art. 67 segundo párrafo del CP. (Dres. Gemignani, Borinsky -según su voto- y Hornos -en disidencia-).
Ejecuciones especiales, prisión domiciliaria, recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, prevención de enfermedades, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: Dimattia, Claudio Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-17

OFICIAL
Deberes del juez, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: RIVAS, JUAN ROGELIO s/ HOMICIDIO EN PERJUICIO DE FRANCISCO RAMIREZ
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-07-24

El Juez es soberano en materia de selección de prueba, con la limitación de que no debe omitir considerar aquella de valor decisivo para resolver de modo contrario al que realizó, o sea que su inclusión hipotética pueda llevar a una solución distinta a la adoptada y aparezca su omisión como un mero producto del voluntarismo del Juez, actividad no acorde al sistema de valoración de pruebas establecido por nuestro régimen procesal.
Accidentes de trabajo, accidente in itinere, carga de la prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Baigorrea, Américo c/ Balbín,  Aldo;  Hotelería  Río  Negro  SA. y CIA de Seguros Excelsior s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-04-13

Es sumamente peligroso extender el concepto del art. 1 de la ley 9688 -in itinere- al caso de un trabajador que sufre un accidente de tránsito mientras goza de licencia por enfermedad inculpable. En consencuencia cabe exigir al actor -en estos casos- una prueba contundente e irrefutable.
Representación procesal, gestor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Guaminí c/ Laxalde, Edgardo y otros s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-20

El plazo de sesenta días que le concede al gestor el art. 48 del cód. procesal para que presente los instrumentos que acrediten su personería, o, en su defecto, se ratifique su gestión por la parte, es de carácter perentorio, sin que se requiera para iniciar su transcurso decreto judicial, petición de parte o notificación alguna (arts. 155, cód. cit.). Y por su carácter procesal, se computa con exclusión de los días inhábiles (art. 156 cód.proc.).-