marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción contencioso administrativa, inadmisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Sosa, Edgardo Rubén c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Recreo s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-10-21

Comparece el actor, invocando el carácter de "1) electo Concejal Suplente en la lista del Partido Justicialista,...2) de actual Congresal del mismo partido por el Departamento La Paz", con patrocinio letrado, interponiendo acción contencioso administrativa en contra del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Recreo, persiguiendo se declare la nulidad del Acta Nº 140/2010, mediante la cual se eligieron las autoridades del Cuerpo Deliberativo, con fundamento en la violación del Art.16 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Recreo. Corresponde que esta Corte de Justicia emita pronunciamiento en orden a lo normado por el Art.3 del CCA, referido a si la cuestión traída a su conocimiento corresponde prima facie a su jurisdicción, de conformidad al Art.204 de la CP.

Del escrito de inicio surge que el accionante esgrime como objeto de su pretensión que esta Corte de Justicia declare la nulidad del Acta Nº140, de fecha 24 de febrero del corriente año, labrada por el Concejo Deliberante de Recreo, mediante la cual se procedió a la elección de las autoridades a regir por el período 2010/2011.

De la reseña efectuada se desprende que el acto impugnado no encuadra dentro de las previsiones contenidas para la acción deducida, conforme al ordenamiento jurídico aplicable, Artículos 204 de la Constitución Provincial, 1 del CCA y 25 del CPA.

En efecto, las acciones contencioso administrativas se encuentran dirigidas a la impugnación de un "acto administrativo" que revista las características previstas en el rito, es decir, que cause estado y vulnere un derecho de carácter administrativo establecido a favor del reclamante por un acto de idéntica naturaleza jurídica. De ello se desprende que la cuestión traída a resolver respecto a la designación del "concejal que reviste la función de relevar en el ejecutivo municipal, la función del Intendente",efectuada por Concejo Deliberante de Recreo, configura un acto que, por su notable trascendencia, se encuentra tipificado entre los denominados "políticos o institucionales", y que en el supuesto de que el mismo hubiese sido emitido "contra legem" tiene expedita otra vía paralela legislada específicamente en el ordenamiento procesal. En consecuencia, se impone el rechazo de la acción contencioso administrativa planteada por su manifiesta improcedencia formal, con costas.
Universidades, trabajador, obras sociales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sargenti, Amalia  y  otros c/ Instituto Nacional de Obras Sociales(INOS) s/ amparo - ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

El art. 1°, tercera parte, de la ley 24.741, abre el universo de los beneficiarios de las obras sociales universitarias a la actuación de las demás obras sociales administradas bajo el régimen de la ley 23.660.
Medidas cautelares, derecho a la libertad, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "GARRIDO, Manuel s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-19

La aplicación de la fuerza pública en el marco de un proceso penal sobre una persona a la que se le debe trato de inocente -y la consecuente restricción de libertades que le reconoce el orden jurídico sólo está justificada cuando existe peligro de que el imputado fugue, cuando se encuentre en riesgo la averiguación de la verdad o bien cuando se pretende evitar que un delito se consume o genere mayores daños. El tribunal ya se expidió en reiteradas ocasiones sobre el alcance que corresponde otorgarle a los dos primeros aspectos mencionados -riesgo de fuga y de entorpecimiento de la instrucción- para que su aplicación no distorsione el principio de inocencia ("GAMEN, Héctor" del 11.8.2005 entre muchos otros). La obligación de evitar la consumación de un hecho delictivo en curso o sus consecuencias perniciosas, por su parte, representa el fundamento de la actuación preventiva tanto de las fuerzas de seguridad como, cuando corresponde, de jueces y fiscales. El ejercicio de esta actuación preventiva circunscripta al hecho concreto que centra el procedimiento, claro está, es excepcional y se encuentra fuertemente limitado, de modo de no convertir en letra muerta los derechos y garantías que se tensan con la aplicación de las medidas de coerción procesal.Tanto esta actividad procesal preventiva como los requisitos que la limitan se encuentran contemplados en el art. 518 del C.P.P.N., especialmente, su último párrafo. Así, la pertinencia de una medida cautelar de esta naturaleza emergen del hecho de que existan elementos de convicción que, además de dar cuenta con la suficiente probabilidad de que los hechos denunciados constituyen ilícito penal, permitan inferir de que sólo un obrar urgente y expedito del juez pueda impedir que ese eventual delito continúe arrojando consecuencias perniciosas. Tal es lo que ocurre ante el caso de un pago indebido.
Crédito fiscal, aplicación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Estado Provincial, facultades no delegadas, títulos ejecutivos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Nidera S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ recurso de inconstitucionalidad (queja parcialmente admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-07-11

La Corte nacional afirmó que la prescripción no es un instituto de derecho público local, sino general del derecho, por lo cual es el Congreso de la Nación quien -en ejercicio de las potestades delegadas por las Provincias- ha establecido un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía y, como consecuencia, las legislaturas locales no se hallan habilitadas para dictar leyes incompatibles con las previsiones que al respecto contienen los códigos de fondo; es por ello, según este criterio, que las acciones judiciales para el cobro de las deudas tributarias ejecutables se rigen por las reglas que en materia de prescripción dicte la mencionada legislación de fondo (tanto el plazo como el modo de computarlo), pero de ninguna manera puede entenderse que dicha interpretación sea extensible válidamente a aquello que no refiere al ejercicio de una acción judicial de ejecución, sino al procedimiento mismo de formación de dicho título que constituye potestad privativa del Estado local. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 75, inciso 12.
Extorsión, vicios de la voluntad, firma
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Landsmanas, J. y otro c/  s/ extorsión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-19

Extorsión. Desestimación por inexistencia de delito. Agravio de la querella: Hecho denunciado que encuentra adecuación típica en la figura de extorsión toda vez que la voluntad se encontraba viciada al suscribir el documento por encontrarse el firmante en situación de vulnerabilidad -privado de su libertad-, sin su familia y en un país que no era el propio.

Vocal Lucini: Necesidad de determinar si el contexto en que se firmó obedeció o no a alguna de las modalidades de coacción con consecuencias penales en nuestro territorio.

Vocal Rodríguez Varela: Investigación que debe ser profundizada para establecer si lo exigido sobrepasó los límites de lo que razonablemente correspondía.

Resolución prematura. Sumario que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 193 del CPPN, debe formarse. Revocación.
Legítima defensa, racionalidad del medio empleado
Materia: PENAL
Carátula: B., A. s/ Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-20

"Establecer si una agresión a golpes de puño justifica o no una defensa con armas depende de las múltiples y variadas circunstancias de cada caso".
Concurso preventivo, actos perjudiciales a los acreedores, plazos procesales, Ley de Concursos, aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRIGORIFICO MORENO SA s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE REALIZACION DE BIENES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11

Toda vez que nuestro sistema normativo consagra expresamente la irretroactividad de las leyes, aunque sean de orden publico, salvo que la propia ley lo determine, y en tanto el art. 124 de la 24522 -que modifica las previsiones del art. 128 la ley 19551, respecto a que el plazo de tres años para el ejercicio de la acción no se computa ya desde la fecha en que adquiera firmeza el auto de quiebra, sino desde la fecha misma de su declaración-, no contiene previsión expresa de aplicación a los procesos en tramite, no procede su aplicación retroactiva a situaciones cumplidas en vigencia de la ley 19551, por lo que, en tanto el acto objetado se llevo a cabo en plena vigencia de esta ultima, dicha ley es la que rige todas las cuestiones.
Robo calificado, robo con perforación o fractura
Materia: PENAL
Carátula: Fonseca, Eduardo Daniel y otro s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

El hecho que quien vive en un inmueble haya tomado un corto período de vacaciones dejando la vivienda bajo la vigilancia de un cuidador no implica un eventual abandono que haga cesar la habitación y no quita al lugar su carácter de habitado (art. 167 inc. 3, C.P.).
Auditor municipal, título profesional
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sacabas, Carlos Adalberto c/ Comisión Examinadora para el cargo de Auditor Municipal de la Municipalidad de Tinogasta s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-02-15

La ley 25.028, con la exigencia de título universitario para ser martillero público, viene a suplantar al título que en la regulación anterior expedían determinadas instituciones.

En el caso, el título de martillera pública emitido por el Colegio Nacional de Monserrat que presenta quien obtiene el primer lugar en el orden de méritos en un concurso para cubrir el cargo de auditor municipal, acredita los conocimientos en la materia, y la habilita para tal concurso.

Pues "la certificación obtenida conforme la reglamentación previa, testimonia el conocimiento exigido por las Normas al momento de expedirse. Si la Ley posterior cambia el sistema de demostración de la preparación, no puede modificar situaciones pasadas que quedaron agotadas con la Ley anterior (Art. 3 del Código Civil)". (SCBuenos Aires, "Toro, Sandra K c. Colegio de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires).

Del voto del Dr. Cáceres. Por la Mayoría
Concursos, verificación de créditos, proceso de verificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDITORES s/ CONCURSO S/ INC. DE VERIFICACION POR OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE  PRENSA DE BUENOS AIRES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-13

Si por dec. 2609/93, Se dispuso disminuir los tributos sobre la nomina salarial correspondiente a ciertos sectores, entre ellos la industria, toda vez que la actividad de la concursada es la industria editorial, queda comprendida en el mentado beneficio, por lo que a los efectos de la verificación del crédito por aportes patronales a la obra social, deberá estarse a dicha reducción, no pudiendo esta, pretender la aplicación de la exclusión prevista por la resolución general de la dgi 3797/94: 3, referida al personal afectado a comercialización y servicios vinculados, dentro de los que pueden subsumirse los empleados de la concursada, afiliados a la incidentista.
Defraudación, retención indebida
Materia: PENAL
Carátula: Cesario, Franco Leonardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-17

La disidencia consideró que si el encartado sabía que el objeto que se le reclamaba -la bicicleta- pertenecían al Gobierno de CABA y que debió haberlo restituido al finalizar el plazo establecido para su uso, el hecho de negar voluntariamente la devolución a su legítimo propietario conforme el deber previamente asumido, generó la desestabilización del sistema social y el consecuente desenlace típico previsto por el art. 173, inc. 2º, CP, también, como resultado directo de este, el perjuicio al erario público, requisito típico de la figura agravada de defraudación plasmada en el inc. 5º del art. 174 CP, también achacada al justiciable. (Dres. Hornos, Borinsky y Gemignani -disidencia-).
Superior Tribunal de Justicia, competencia, superintendencia, cámara de apelación en lo civil y comercial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marchetti, Oscar Rubén y otros s/ Recurso de revocatoria al acuerdo Nro. 5 de fecha 07-09-1992. Recurso  de inconstitucionalidad (EXPTE CSJ Nº 408-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-01

La imposibilidad de ampliar por vía legislativa o interpretativa la competencia jurisdiccional de esta Corte regulada en "numerus clausus" por el artículo 93 de la Carta Magna provincial, como que tampoco puede lograrse un "control judicial suficiente" por medio de su competencia de Superintendencia (artículo 92 de la Constitución Provincial) y la imposibilidad de reemplazar dicho control judicial, directamente , por el control constitucional propio de esta Corte, el recurso interpuesto contra lo resuelto por la Cámara de Apelación en lo Civil en funciones de Superintendencia, que no hizo lugar a la solicitud de los recurrentes en la lista de postulantes de síndicos, resulta inviable.
Cheque sin fondos, interpelación
Materia: PENAL
Carátula: ROSITO, JORGE ALBERTO s/ Cheque sin fondos Causa 29121
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-04

1- La diferente numeración del local no sería en sí misma trascendente ya que la entrega de piezas postales en una galería comercial supone que estas sean derivadas al destinatario a cuyo nombre van dirigidas aunque exista alguna diferencia en el número del local ocupado dentro de la galería. (Del voto del Dr. Hendler).- 2- La existencia de la comunicación del rechazo es un recaudo objetivo sin cuya concurrencia no puede configurarse el delito. (Del voto del Dr. Hendler).
Inconstitucionalidad, ley sobre riesgos del trabajo, enfermedad profesional
Materia: CIVIL
Carátula: Vilches Amelia Maria c/ Cristobal Seguro de Retiro S.A. s/ Medidas Cautelares - Medida Autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-08-23

La exclusión contenida en el art. 17.1 de la ley 26.773 referente al pago único de las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica, no supera la "razonabilidad cualitativa" que impone el proceso constitucional de reglamentación de derechos, ya que no guarda coherencia entre la finalidad perseguida, esto es, el nuevo sistema de reparación de los infortunios labores, y los medios ideados para la consecución de esos fines respecto a alguno de sus beneficiarios, es decir, aquellos que aun no han percibido la totalidad de su crédito.
Simulación, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Lloveras Luis Alfredo c/ Videla Aida Estela s/ Acción de Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-10-01

La carga de la prueba de la simulación pesa sobre el impugnante del acto pero la actitud pasiva de la contraparte de interpretarse en su contra, ya que también debe colaborar en el esclarecimiento de la verdad, máxime cuando se trata de hechos en los que intervino personalmente; es decir, quien sostiene la realidad del acto impugnado tal cual aparece instrumentado, no debe escatimar medios para adoptar elementos de juicio que corroboren la verdad de lo que se hizo constar y no escudarse en la fácil defensa de remitirse a los terminos escritos del mismo.

Tratándose de una acción de simulación el emplazado no puede limitarse a formular una simple negativa de la existencia de la simulación que se le imputa, sino que debe concretar su propia resistencia, produciendo la prueba de su descargo, tratando de convencer al Tribunal de que su accionar en el acto en que intervino fue serio y honesto.
Inadmisibilidad del recurso, prórroga de la prisión preventiva, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Mazzoni, Roberto Domingo y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-13

Es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra el pronunciamiento que -considerando la naturaleza de los delitos imputados y la complejidad de las actuaciones- confirmó la resolución mediante la cual se prorrogó la prisión preventiva, ya que la pretensión de deducida no logró rebatir lo dispuesto por el a quo, cuya valoración de los riesgos procesales a partir de la comisión de los hechos que se investigan se encuentra en armonía con la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Carga de la prueba, relación con el paciente, médicos, obligaciones de las partes
Materia: CIVIL
Carátula: Mansilla, Susana Raquel y otro c/ Estado Provincial y/u otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-13

La teoría de las cargas probatorias dinámicas implica que a la hora de apreciar el juez la conducta debida de las partes en la etapa postulatoria y probatoria del juicio, atienda que determinados hechos son más fáciles de explicitar y probar para el paciente (que cumplió con las instrucciones del médico, que lo visitó regularmente, que tomó la medicación, etc.) y otros serán más fáciles de alegar y probar por el médico (cómo hizo el diagnóstico, que empleó conocimientos y técnicas aceptables, que suministró o recetó la medicación correcta, realizado la operación que correspondía, haber controlado debidamente al paciente, etc.).
Adopción, menores en situación de desamparo, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CIVIL
Carátula: A.A.E. s/ Prevención
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-05-16

La circunstancia de que la madre del menor tenga un problema psiquiátrico que le dificulta la asunción de su rol, no configura el supuesto de desamparo que la ley exige sea voluntario para otorgar al niño en guarda con fines preadoptivos sin su consentimiento, pues se trata de una enfermedad que requiere un tratamiento continuo y no cuenta con la necesaria contención familiar como para enfrentarlo, razón por la cual su pronóstico es incierto, de allí que no puede hablarse razonablemente de dolo o culpa de la madre en no proteger a su hijo.
Accidente de tránsito, bocacalle
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Wyskiel Leonardo c/ Botindari Carmelo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

Es imposible soslayar que el demandado violó la norma que imponía, en forma absoluta, cederle el paso al motociclista que circulaba por la calle transversal, acercándose a la bocacalle por la derecha y tal circunstancia, resulta decisiva al momento de atribuir responsabilidad.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, procedencia del recurso, funcionarios públicos, plazos procesales, suspensión del plazo, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: SÁNCHEZ, Cristina Lourdes y PLAZA, Estela María s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-18

La cuestión que nos convoca es, pues, la calidad (o no) de funcionario público de los Escribanos de registro y la aplicabilidad en su caso de la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal prevista en el segundo párrafo del art.67 de la ley penal sustantiva.- La cuestión no es novedosa y ha sido tratada en profundidad en las causas Nos.27.248/10 y 27.268/10, en Fallos del 12 de Octubre de 2010.

La Corte de Justicia local ha seguido la doctrina del máximo Tribunal de la Nación sobre el punto. Si bien en "Vadell" citado por la apelante la Corte Federal se manifestó en contra de asignar a los escribanos el carácter de funcionarios públicos, en pronunciamientos posteriores mudó de opinión (Fallos, 321:2.086; 311:506; 315:1.370, entre otros).

Esos antecedentes fueron la fuente que inspiró a la Corte de Justicia de Salta.

Habiéndose entonces expedido sobre el punto los máximos Tribunales de Justicia local y Nacional como intérpretes finales de la Constitución y las leyes dictadas en consecuencia, los Tribunales inferiores deben adecuar sus decisiones a esos precedentes.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho constitucional, acción de amparo, legitimación procesal, asociaciones sindicales, objeto social, derechos de incidencia colectiva, derecho a la salud
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación Gremial Interdisciplinaria Hospital Moyano c/ GCBA s/ amparo - salud - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Corresponde admitir la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia y desestimar la demanda con respecto a la pretensión objeto de la cautelar aquí tratada, pues no se verifica un presupuesto indispensable para la validez del proceso, esto es, la legitimación procesal de la parte actora. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Derechos de incidencia colectiva, reforma de la constitución, ejecución de sentencia, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires en la causa Verbitsky, Horacio c/  s/ hábeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

La reforma constitucional de 1994 reconoció una legitimación activa ampliada para la representación judicial de los derechos de incidencia colectiva y si bien la naturaleza de estos litigios puede conllevar cierta complejidad en la ejecución de sus sentencias, su adecuado cumplimiento entraña un efecto multiplicador en la tutela efectiva de derechos constitucionales (Voto del juez Rosatti).
Accidentes de trabajo, derecho de opción, acción civil
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Instituto Provincial del Seguro y Koop Arturo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad y nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-04-28

La opción de acción civil en caso de accidente de trabajo, importa declinación de los derechos que eventualmente resulten del ejercicio de la acción especial indemnizatoria, y el abandono del régimen de las normas de derecho laboral.
Derechos y garantías constitucionales, doble instancia, debido proceso, procedimiento en tiempo de paz de la justicia militar, competencia federal, Cámara de Apelaciones, avocación jurisdiccional
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Jáuregui, Luciano Adolfo s/ plantea excepciones previas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

La doble instancia judicial no constituye, por sí misma, requisito de naturaleza constitucional, por lo que no constituye infracción al principio del debido proceso la norma de la ley 23.049 en cuanto prevé la supresión de la instancia militar al permitir el avocamiento de la justicia civil.
Prueba testimonial, testigo único, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ZUGIEVICH ORLANDO c/ CASTRO N.O s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

Si bien es cierto que la regla "testis unus testis nullus" no tiene acogida en nuestro derecho, al menos con el rigor que emana de los términos de dicha máxima, el testigo único debe valorarse con la mayor a severidad y rigor crítico tratando de desentrañarse el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa que corroboren o disminuyan su fuerza y examinado cuidadosamente las calidades del testigo.
Transporte benévolo, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Eduardo Oscar y otro  c/ Ciurca, Gonzalo Mario y otro s/ daños y perjuicios (acc.tran. c/les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-11

En estos casos la responsabilidad debe enmarcarse en la esfera extracontractual.