Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-14


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 14 de 2007 Y VISTOS:

Vienen estos autos a la Alzada para resolver el recurso previsto en el artículo 62 de la ley 23.551, interpuesto por el SINDICATO REGIONAL DE LUZ Y FUERZA de Villa María PROVINCIA DE CORDOBA a fs. 242/246 contra la resolución M.T.E y S.S. Nº 143 de fecha 20 de febrero de 2006 obrante a fs. 230/233 que rechaza el recurso jerárquico implícito en el de reconsideración que fuera interpuesto por la entidad sindical a fs. 200/205 con ampliación de fundamentos (fs. 212/213), contra la providencia resolutiva de la D.N.A.S. de fecha 8 de noviembre de 2004 (fs. 190) que declaró la ineficacia jurídica de la expulsión de los afiliados Cirvini Oscar Walter; Noguera Héctor Sergio; De La Orden Máximo; Romero José Ángel y Roberto Marcelo Cirvini, dispuesta en la Asamblea Extraordinaria del Cuerpo General de Delegados realizada por esa asociación sindical el 18 de diciembre de 2003.

CONSIDERANDO:

Que la autoridad administrativa, conforme a las constancias obrantes en el expediente, consideró al rechazar el recurso Jerárquico implícito en el de reconsideración (fs. 230/232), que la entidad sindical "no ha cumplido con el debido procedimiento al adoptar la medida de expulsión de los Sres. Cirvini Oscar Walter; Noguera Héctor; De La Orden Máximo; Romero José Ángel y Cirvini Roberto Marcelo, dado que no se ha dado a los mencionados la posibilidad de ejercer su derecho de defensa frente a la medida adoptada".

Ello en razón de "que de las pruebas obrantes en autos surge que no se notificó a los expulsados en forma personal y fehaciente de la celebración de la Asamblea Extraordinaria del Cuerpo General de Delegados en la cual se adoptó la decisión de expulsión.-Ello trae aparejado que los mismos no hayan podido ejercer su derecho de defensa, dado que no pudieron participar del debate en el cual se adoptó dicha medida, no pudiendo ejercer su derecho a rebatir o cuestionar cualquier prueba que se hubiese presentado en dicho acto respecto de las causales de expulsión, ni pudieron ejercer su derecho a producir prueba en contrario".-(sic).

Con esta medida, la autoridad de aplicación agotó la instancia administrativa, conforme lo dispuesto por el artículo 40 de reglamento Nacional de Procedimientos Administrativos, decreto Nº 1759/ (t.o. 1991), lo que motivó que la asociación gremial demandada planteara contra ella un recurso de apelación, conf. Arts. 61 y 62 de la ley 23.551 (fs. 242/ 246).

En dicho recurso, el SINDICATO REGIONAL DE LUZ Y FUERZA de Villa María, Provincia de Córdoba pide que se anule la resolución del MTSS Nº 143/2006 pues considera:

a) Que el funcionario que dicta el proveído impugnado carece de competencia para ello, en tanto la autoridad de aplicación carece de facultades para declarar nulidades de lo actuado por las entidades sindicales.-Ello a tenor de lo dispuesto por el art. 9 del Dto. 467/88 en tanto reglamenta el artículo 16 inc. de la ley 23.551 que expresamente establece que "...La resolución que imponga la expulsión podrá ser revisada por la justicia laboral a instancia del afectado..." (sic).

b) Que "...a contrario sensu de lo dispuesto por el art. 56 de la ley 23.551 ... no encuadra dentro de las facultades otorgadas a la autoridad de aplicación la de declarar nulidades de los actos dictados por las autoridades de los Sindicatos....la Autoridad de Aplicación, a lo sumo podría "requerir" a la entidad gremial que deje sin efecto las medidas que importen violación de las disposiciones legales o estatutarias o incumplimiento de disposiciones dictadas por la autoridad competente...pero no puede dejarlo sin efecto.

c) Que"...permitir semejante ingerencia de la Autoridad Administrativa, sería contrario a toda normativa prevista a los fines de impedir que la patronal y el estado interfieran en el actuar de las asociaciones de trabajadores y permitir la organización independiente de los mismos..." d) "Que las expulsiones dictadas lo han sido de acuerdo a la ley y a las disposiciones estatutarias...que los expulsados han ejercido su derecho de defensa, han tenido acceso a las actuaciones, han formulado su descargo, ofrecido prueba, etc....".

e) Que "...no existe dispositivo legal ni estatutario alguno que exija la notificación personal, tal como pretende el proveído impugnado, por lo que no corresponde tal exigencia". "...En el proveído en cuestión no existe una sola referencia a norma alguna que haya sido violada. Ello así porque no existe tal violación".

f) Agrega que "la notificación fehaciente existió (si bien no en forma personal) y se realizó habiéndose convocado oportunamente a la asamblea con el orden del día (en la que figuraba el punto referido a los expulsados) y en la forma prevista por los estatutos. Es decir que si los expulsados no participaron fue porque no quisieron hacerlo". (sic).

g) Manifiesta que la resolución 143 dictada por el MTSS es nula por ser confirmatoria de un acto nulo (disposición de la D.N.A.S. de fecha 8 de noviembre de 2004 que declaró la ineficacia jurídica de la expulsión resuelta por la Asamblea Extraordinaria del Cuerpo General de Delegados, realizada el 18-12-2003, ver fs. 190).

Requerida la opinión del Ministerio Público, se expide el Fiscal General por ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Dr. Eduardo Álvarez, mediante Dictamen Nº 44.534 cuya copia certificada se agrega e integra la presente decisión.

Respecto del cuestionamiento referido a las potestades del Ministerio de Trabajo de la Nación para expedirse en lo relativo a la expulsión de los afiliados, comparto lo manifestado por el Dr. Álvarez en cuanto sostiene "con criterio que la jurisprudencia ha compartido, que las controversias análogas que hacen al poder disciplinario interno de las asociaciones sindicales, podrían considerarse comprendidas en el art. 60 de la ley 23.551, ya que se tratan de diferendos entre los integrantes de una entidad y el sindicato mismo como manifestación de contienda intersindical, que cabría encauzar a elección del afiliado por la vía de los artículos 59 y 61, que confluyen en la aptitud jurisdiccional de esta Cámara (ver, entre muchos otros, Dictamen Nº 42.406 del 09-06-06 en autos "Strat Grisela c. Asociación Argentina de Actores s/Ley de Asoc. Sindicales" que la Sala III compartiera).

"Desde esta perspectiva de análisis, no es reprochable lo acontecido y los trabajadores que han sido expulsados de los sindicatos cuentan con diversas vías posibles y una de ellas ha sido la instalada en estas actuaciones, sin que pueda inferirse la existencia de un agravio para la apelante en particular si, como ya lo señalara, el conflicto culmina en la intervención plena del órgano jurisdiccional de Alzada".

Respecto de las manifestaciones del agraviado acerca de que los expulsados han ejercido con plenitud su derecho de defensa también convengo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General cuando dice "que la argumentación referida a la notificación que se esboza a fs. 245 vta., no puede ser admitida porque la gravedad de la sanción impone la notificación personal del afiliado a fin de que pueda ejercer el derecho de defensa, que no puede suplirse sobre la base de una genérica convocatoria como se pretende, sin demasiando fundamento, en el memorial recursivo"... "las exigencias adjetivas son trascendentes cuando se trata de analizar la permanencia de un afiliado en el seno de una entidad sindical, y que es condición esencial para la validez de lo decidido por el cuerpo colectivo, el acatamiento de todos los requisitos que conciernen al derecho de defensa en juicio (ver, entre muchos otros, Dictamen Nro. 31.433 del 18/4/01 en autos "Ruiz Rubén José y otros c/Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural Derivados y Afines s/acción de amparo", etc.)".

Si bien de acuerdo a lo dispuesto por el art. 9 del Dto. reglamentario de la ley 23.551 la resolución que imponga la expulsión podrá ser revisada por la justicia laboral a instancias del afectado, cabe tener en cuenta que, por otro lado es facultad de la Autoridad de Aplicación ejercer el control de legalidad sobre los actos asamblearios llevados adelante por la entidad sindical.

Y si bien el Dto. Reglamentario 467/88 articulo 9 determina que "La expulsión de un afiliado es facultad privativa de la asamblea o congreso extraordinario", ello solo significa que ningún otro órgano de la entidad sindical tiene esa potestad, pero no autoriza de ninguna manera a suponer que todas las decisiones asamblearias gocen de legitimidad.

En ese sentido, en los considerandos de la Resolución 143/2006 suscripta por el Ministro de Trabajo, Dr. Carlos A. Tomada se transcribe parte de una sentencia dictada por el Tribunal de Trabajo de Quilmes Nº 1 en la causa Leiva Pedro A. y otro c. Unión Personal Panaderías Quilmes del 06-08-1987 publicado en la DT, 1987-B, 2095 que dice: "La ley (...) de asociaciones gremiales consagra el derecho disciplinario asociacional, o sea la posibilidad de aplicar a sus integrantes sanciones que, proporcionales a la entidad de la violación de deberes y obligaciones, conduzcan al apartamiento temporario o definitivo de sus afiliados, pero exige también una serie de formalidades que garanticen el derecho de defensa, en especial las que provoquen la expulsión (...) resultando exigible también un procedimiento que posibilite el conocimiento de la imputación, hacer descargos, ofrecer y producir pruebas e incluso recurrir, todo ello con plazos adecuados...".

Por ello corresponde rechazar los agravios que cuestionan la competencia de la autoridad administrativa para decidir como lo hizo, y confirmar la resolución M.T.E.y S.S. Nº 143/2006.

Por todo, el Tribunal RESUELVE: 1.-) Rechazar los agravios que cuestionan la competencia de la autoridad de aplicación para considerar ilegal el acto asambleario sindical por el cual se aplicó la medida de expulsión y confirmar lo decidido en la resolución M.T.E y S.S. Nº 143/2006.- 2) Imponer las costas de esta Alzada a la entidad sindical recurrente.-3) Regular los honorarios de los letrados apoderados de los afiliados en conjunto en la suma de $1500.- y los del letrado patrocinante de la entidad sindical en la suma de $ 1000.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. -Héctor César Guisado. -Diana María Guthmann.