Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 30 de 2009 EL doctor Néstor Miguel Rodríguez Brunengo dijo:

I.- Ambas codemandadas recurren el fallo de grado que hizo lugar a la demanda fundada en el derecho común, en la cual el trabajador solicitó ser resarcido por incapacidad frente a las consecuencias dañosas (incapacidad del 20% de la T.O.) que le generó el haber padecido un accidente acaecido en el hecho u ocasión del trabajo.

También recurren los Sres. peritos médico y contadora porque consideran insuficientes sus honorarios.

II.- En primer lugar, debo señalar con relación a la tacha de inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos de Trabajo que decretó el sentenciante de primera instancia, la cuál comparto plenamente, he de señalar también que me he pronunciado en el mismo sentido en razón de los términos que a continuación expongo.

En efecto, tuve el honor de contarme entre los primeros críticos adversos a la Ley nro. 24.557, denominada "DE RIESGOS DEL TRABAJO", desde la cátedra, en el ejercicio de la profesión de abogado impugnándola de inconstitucionalidad, así como el resto del abanico de leyes de orientación neoliberal inspiradas por el Consenso de Washington, en la señera compañía de prestigiosos juslaboralistas de la Asociación de Abogados Laboralistas y de la Fundación Altos Estudios Sociales, como Ricardo Jesús Cornaglia y Juan Carlos Fernández Madrid, por mencionar algunos de los más eminentes, desde que dicha ley era un proyecto, mucho antes de su sanción, que data del 13 de septiembre de 1995 por estar encaminado en sentido contrario a las claras disposiciones introducidas en la ley Suprema por la Reforma de 1994.

Sumé mi voto en ese sentido prácticamente en todos los Congresos y Jornadas de ambas instituciones donde se trató la materia de Infortunios Laborales y aporté argumentos.

Señalaré -a título de ejemplo- las Jornadas de Análisis y Debate sobre Accidentes y Enfermedades del Trabajo", convocadas por la Asociación de Abogados Laboralistas, llevadas a cabo en el Centro Cultural General San Martín, Buenos Aires, los días 29 y 30 de marzo de 1996, con una concurrencia superior a los 600 abogados acreditados, donde se ratificó la posición de denuncia por inconstitucionalidad del régimen creado por la L.R.T. También se sostuvo el rechazo del mismo y la suspensión de la entrada en vigencia del sistema.

Se destacó en la oportunidad la ponencia oficial del Doctor Isidoro H. Goldenberg de la que mencionaremos las conclusiones:

a) Como lo declara la Comisión nro.: 9 ("El derecho Frente a la Discriminación" de las XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (26, 27, 28 de octubre de 1995): "Es discriminatorio el art. 39 de la Ley 24.557 (L.R.T.) en cuanto priva a las víctimas de infortunios laborales de acceder a la tutela civil para la reparación de que gozan todos los habitantes, conforme al derecho común" (Conclusión nro.: 23).

b) La Ley sobre Riesgos del Trabajo contradice abiertamente el enunciado de "promover el bienestar general" contenido en el Preámbulo de la Constitución Nacional y vulnera sus artículos 14 Bis, 17, 18, 43, 75 inc. 22 y 23 y 121.

c) Resultan especialmente lesivas las disposiciones de los artículos 4º, inc. 3º; 6º, inc. 2º "in fine", y 39, normativa que quebranta el valor solidaridad social e importa un agravio a la dignidad del trabajador.

d) Se vacía en general de contenido al artículo 75 de la L.C.T., progresivamente mutilado a partir de la ley 24.557, artículo 49, eliminándose de este modo la operatividad de la acción autónoma de reparación basada en dicho precepto.

e) Los objetivos proclamados en la L.R.T.: prevención, reparación y rehabilitación (art. 1º) se tornan evanescentes a través del articulado de la ley.

f) Se afectan, en consecuencia, los pilares básicos que sustentan la disciplina laboral: el principio protectorio, el garantismo legal, el principio de indemnidad y el acceso a la jurisdicción.

g) Los verdaderos beneficiarios de esta ley son los titulares financieros de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), empresas de derecho privado con fines de lucro (art. 26), que recaudarán anualmente una suma millonaria, en su calidad de agentes del seguro privado obligatorio, teniendo en cuenta que actualmente cotizan por el régimen de la seguridad social más de tres millones y medio de trabajadores.

h) Las consecuencias dañosas que sufre el operario a raíz de la infracción a la obligación de seguridad pueden ser atribuidas al empleador a título de dolo eventual pues se reúnen sus notas configurativas: 1) indiferencia del incumplidor respecto a los efectos perniciosos de su falta de cuidado y diligencia; 2) previsibilidad del resultado; 3) antijuridicidad de la omisión.

i) No existe ahora impedimento legal que obstaculice acumular las pretensiones de la L.R.T. y de las originadas en el Código Civil.

j) Queda siempre a salvo la acción por incumplimiento de las normas que regulan la higiene y seguridad del trabajo, así como la aplicación de lo dispuesto en los artículos 510 y 1.201 del Código Civil.

La jurisprudencia reaccionó rápidamente, a partir del caso: "Quintans, Mario Héctor C/ Multisheep S.A." en el cual el Tribunal del Trabajo nro.: 2 de Lanús (Provincia de Buenos Aires), en Sentencia de fecha 19/11/96 decretó la inconstitucionalidad de los artículos 1º, 2º, 6º, 8º, 14, 15, 21, 22, 39, 40, 46, 49, cláusulas adicionales 1º, 3º Y 5º, como una cuestión previa y asumiendo la competencia. Cantidades de fallos se sucedieron en diversas jurisdicciones en el mismo sentido, hasta que finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación se definió ampliamente en el caso: "Aquino C/ Cargo Servicios Industriales" (A.2652 XXXVIII) del 21/09/2004 que hace hincapié en el art. 19 C.N. al referirse a la cuestión suscitada con el art. 39 inc. 1º L.R.T., vinculado ello con los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civil y que, con amplio criterio, sostuvo entre otras cosas, que la veda a las víctimas de infortunios laborales de percibir la reparación integral constituye una inconstitucionalidad absoluta de dicho artículo.

Cabe señalar asimismo que esta Sala VII, ya antes del mencionado fallo del Tribunal Supremo, se había expedido en casos como "Falcón Restituto C/ Armada Argentina", S.D. nro.: 33.734 (23/06/2.000) donde dijo "...la discriminación que emana del art. 39 de la L.R.T. no es coherente con el principio de igualdad ante la ley instituido por la C.N. en su art. 16 ni tampoco con otros principios adoptados y recogidos por nuestra C.N. por la vía de la incorporación -a esta norma fundamental- de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), por lo que debe considerarse inadmisible el régimen de la Ley 24.557, que lleva a una persona dañada por la culpa de otra a que no pueda ser indemnizada en plenitud por el sólo hecho de ser "trabajador"; criterio que se mantuvo luego en numerosos precedentes (v. en similar sentido esta Sala en: "Augustinas, Néstor C/ Estampados Rotativos S.A. y o.", sent. nro.: 38.420 del 19/04/2005; "Correa C/ Niro", sent. nro.: 40.869 del 30/04/2008, entre muchos otros).

III.- Tanto el acaecimiento del infortunio como sus circunstancias fácticas, ahora discutidas en cuanto a su ocurrencia por la empleadora en grado de apelación, quedaron de por sí acreditadas con la substanciación del trámite administrativo por ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; de la contestación del informe del Ministerio de Trabajo (v. fs. 111/2) surge tanto la acaecencia de un accidente de trabajo el día 03.10.06 puesto en evidencia por la principal como también la asunción de responsabilidad del evento dañoso por parte de la aseguradora demandada en autos.

Por dicho se le abonó el actor la suma de $2.598 en concepto de resarcimiento por incapacidad del 4,80% (porcentaje que el Sr. perito médico consideró actualmente en el 20% de la T.O.) de la total obrera por la fractura de astrágalo de su pie derecho con limitación funcional de tobillo (v. fs. 6 y 111 cit.).

Mas allá de la evidente insuficiencia del monto abonado (que, dicho sea de paso, por su escasez es impensable que satisfaga una reparación integral, lo que también corrobora y justifica la declaración de inconstitucionalidad decretada), se advierte que -Tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación- "Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (C.S.J. Fallos 294:220, considerando VI y sus citas).

Al respecto, destaco que la doctrina de los actos propios, de raigambre romanista (con antecedentes en el Corpus Juris Civilis, en un pasaje de Ulpiano referido al fragmento 25 del Digesto 1,7, y en el último título del mismo ordenamiento en el que Papiniano consigna la inadmisibilidad de cambiar de criterio en perjuicio de otro), acuñó el brocárdico: "venire contra factum proprium nulli conceditur", también expresado por Accurcio como: "adversus factum suum quis venire non potest", cuya finalidad consistía en impedir que un resultado permitido en el estricto derecho civil, pero contrario a la equidad y a la buena fe prevaleciera. Funcionaba "ope exceptionis" de manera similar a la "exceptio dolis", cuyas resonancias guardan relación con el caso a examen.

Nuestro Código Civil originario dio lugar a la aplicación de la denominada "Teoría de los Actos Propios" con fundamento en los Artículos 16 (que en algunas interpretaciones jurisprudenciales la recepta con la categoría de principio jurídico) y 953. Más aún a partir de la reforma de 1968, desde los artículos 1071 y 1198 (conf: Alejandro Borda: "La Teoría de los Actos Propios, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987).

Si alguna cavilación existiera acerca de quien debe soportar las consecuencias del un hecho ilícito que -como el presente, no dudo en calificarlo como tal- la Norma del Art. 9 LCT. debe marcar la solución (v. de esta Sala, los autos: "Giménez, Diego Gabriel C/ Open Sports S.A. S/ Despido"; S.D. 39.059 del 16.03.06).

IV.- De esta forma, se encuentra acreditada en forma satisfactoria el siniestro como la vinculación causal para atribuir responsabilidad a la empleadora y aseguradora conjuntamente, en los distintos supuestos normativos que determinan su reproche, pues el episodio traumático efectuado en la demanda (cuya acaecencia, reitero, no ha sido debidamente puesta en crisis) tiene relación con los daños en la salud verificados en el trámite por ante la S.R.T. y más actualmente, por el Sr. perito médico -v. fs. 210/214- (arts. 377 y 386 del Código Procesal).

Por ello, demostrada la mecánica del accidente y la intervención de la cosa riesgosa productora del daño (factor laboral), se torna responsable a la aseguradora del trabajo violatorio de las normas de seguridad e higiene que le son impuestas por el art. 75 de la LCT sin que se haya acreditado el accionar culposo del trabajador en la desarrollo de su actividad, que derivara en el accidente (art. 512 Cód. Civil).

Con relación a la crítica por el porcentaje de incapacidad otorgado por el Sr. perito médico, debo señalar que -conforme se ha sostenido en numerosos precedentes- cuando el agravio se destina a la apreciación de la incapacidad y no se cuestiona el monto resarcitorio fijado en la sentencia, se critica sólo un aspecto del fallo, en una de sus premisas, mientras se deja incólume la conclusión final del razonamiento que es la cuantía del resarcimiento (art. 386 del C.P.C.C.N.).

V.- En otro orden de ideas señalo que, contrariamente a lo que señala la recurrente, la teoría de los actos propios referida no resulta aplicable al trabajador que percibe las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo y persigue luego, el cobro de la reparación integral, por cuanto en el citado cuerpo legal los sistemas de responsabilidad no son excluyentes ya que el mismo art. 39 de la L.R.T. acuerda la posibilidad de reclamar conforme el derecho civil, es decir que la iniciación del trámite previsto en dicha ley no implica la renuncia al ejercicio del derecho de la acción civil. En consecuencia, no constituye una opción la percepción de las prestaciones contenidas en la ley 24.557 por parte del trabajador (arg. art. 39, inc. 3º L.R.T. y art. 260 de la L.C.T.; esta Sala en "Ibarra M A. c/ SADE Ingeniería y construcciones y otro", sent. 35.900 del 29.11.2001; y mas recientemente en "Díaz, Luis Alberto c/ Ford Argentina S.A. s/ Accidente - Acción Civil"; S.D. 38.275 del 25.02.05, criterio convalidado virtualmente en razón del dictado del fallo en los autos: "Llosco, Raúl c/ Imi S.A." L 334 XXXIX por parte de la C.S.J.N.).

VI.- Con relación a la condena de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, y al alcance de su responsabilidad, debo destacar que -en mi modo de ver- no resulta atendible el planteo defensivo en el cual se pide la exclusión por el hecho de circunscribirse la cobertura, pura y exclusivamente, a las contingencias cubiertas por la Ley de Riesgos de Trabajo.

En ese sentido, la aseguradora invoca el haber suscripto un contrato de seguro en el marco de la ley 24.557, mientras que el presente es reclamo que reconoce una fuente normativa distinta (sustentado en las normas del código civil).

En efecto, comparto la opinión de que tanto la empresa empleadora como la aseguradora de riesgos de trabajo son solidariamente responsables y deben quedar obligadas a resarcir al trabajador como consecuencia de la minusvalía señalada.

Digo esto, pues liberar a la aseguradora de las consecuencias desfavorables para la salud del dependiente por haber prestado servicios, implicaría necesariamente que el titular del contrato de trabajo abonase un seguro por accidentes y enfermedades, y -por una cuestión de forma (relativa a la elección del tipo de acción que el actor escogió para demandar)- quedase desprotegido con relación al reclamo de sus dependientes.

Así, se provocaría un beneficio económico injustificado por parte de la tomadora del seguro (y en consecuente daño al empleador) al cobrar una prima y luego no responder en carácter de aseguradora de la contingencia, mientras que en el marco que la ley le impone, la legislación le garantiza estar cubierto por cualquier infortunio que pudieran sufrir sus dependientes (en igual sentido; v. de esta Sala: "Aguirre, Miguel Angel c/ Piero S.A.I.C. y otro s/ Accidente - Acción Civil"; S.D. 41.309 24.10.08).

Nuestro Máximo Tribunal ha dicho que "...el hecho de ser constitucionalmente inválido que la mentada prestación de la L.R.T. origine la eximición de la responsabilidad civil del empleador (art. 39, inc. 1) no se sigue que las A.R.T. queden relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley, por lo que no existe razón alguna para ponerlas al margen del régimen de responsabilidad civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral (...)tampoco la hay para que la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos, encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a las empleadoras asegurados a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos. Esta postura(...)conduciría a una exención general y permanente(...)no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que le son ajenos, puedan evitarse. Por el otro, olvida que no es propio de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas..." (v. "Torrillo, Atilio Amadeo y o. C/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro", T.205, XLIV, del 31/03/2009, en similar sentido, esta Sala in re "Verón, Roberto Omar C/ Q.B.Andina S.A. y Otro S/ Accidente- Acción Especial"; S.D. nro.: 41.903 del 22/06/2009; y mas recientemente en: "Rivero, Carlos Alberto C/ Pequeña Marina S.R.L. Y Otro S/ Accidente-Acción Civil"; S.D. 42034 del 31.8.09).

De esta forma, sin entrar en el debate técnico de cuál hubiera sido el medio más idóneo de prevención del caso, tampoco es atendible la defensa argumental relativa a haber cumplido, supuestamente, con las previsiones estatuidas en materia de seguridad.

De hecho, la mejor muestra de que no fueron efectivas es la ocurrencia del siniestro mismo, y por ende, la decisiva influencia que tuvo el éste en la actual incapacidad del dependiente, lo que implica la falta de cumplimiento al deber impuesto legalmente de conformidad con lo normado en el art. 1.074 del Código Civil.

Así, es válido colegir que -a juzgar por el resultado- la aseguradora no cumplió eficazmente con su deber legal de prevención y contralor que le impone la normativa aplicable; lo que constituye una omisión culposa para el acaecimiento del infortunio, que conlleva la aplicación del art. 1.074 citado (en igual sentido, v. de esta Sala, en "Alcorta Olguín, Cristian José C/ Molinos San Martín S.A. Y Otro S/ Accidente"; S.D. 42.029 del 31.8.09).

Ello sin olvidar también que el art. 902 del Código Civil complementa, en cierto modo el art. 1074 del mismo cuerpo legal, e impone el deber de mayor diligencia cuando las circunstancias lo impongan (en igual sentido, esta Sala en Pérez, Elsa Edit c/ Sanatorio Güemes S.A. s/ despido"; SD: 30.030 del 5.11.97).

No puede soslayarse que el Estado ha delegado inconstitucionalmente en las aseguradoras de riesgos de trabajo todo lo relativo al control y sujección de los empleadores a las normas de higiene y seguridad, inponiéndoles a estos gestores privados del sistema diversas obligaciones de control y supervisión (art. 18 decreto 170/96). Se genera así, una ampliación de los sujetos responsables, de modo tal que deja de ser el empleador el único sujeto obligado en materia de prevención de riesgos laborales, por lo cual la omisión o cumplimiento deficiente de aquella función "cuasi-estatal" genera la responsabilidad de la A.R.T., cuando -como en el caso- se comprueba un nexo de causalidad adecuada con el daño sufrido por el trabajador (art. 901, 902 y 904 Cód. Civil).

Es por todo ello que -a mi juicio- la Aseguradora de Riesgos del Trabajo debe responder plena e integralmente, en forma solidaria e ilimitada con la empresa demandada, por las obligaciones pecuniarias reconocidas en este pleito (v. en igual sentido; esta Sala en autos: "Montiel Miñarro, Felix c/ Alto Paraná S.A. y otro s/ Accidente - civil"; S.D. 38612 del 06.07.05), con lo que así también dejo tratado los agravios de ambas recurrentes relativos respecto de la pretendida ausencia (en el caso de la queja de la aseguradora) y limitación (agravios de la empleadora) de la responsabilidad determinada en grado.

VII.- En cuanto a las restantes consideraciones, destaco que -tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado criterio- el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que -a su juicio- no sean decisivos (conf. CSJN, 29.4.70, La ley 139-617; 27.8.71, La Ley 144-611 y citas jursprudenciales en "Código Procesal..." Morello, Tº II-C, Pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo - Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal; y de esta Sala, ver autos: "Paz, Juan Carlos c/ Transportes Juan Ariel S.R.L. y otro s/ Despido"; S.D. 36.877 del 17.7.03).

Por todo lo expuesto, voto por la modificación parcial del fallo en el sentido que dejo explicitado.

VIII.- De tener adhesión mi voto, propongo que las costas de ambas instancias sean soportadas por la demandada y la aseguradora (cfme. art. 68 y 279 del C.P.C.C.N.), sin alterar la cuantía de los porcentajes regulados en la instancia anterior, por cuya aplicación, los emolumentos regulados son acordes a las tareas efectivamente realizadas (art. 38 de la ley 24.432). Con ello dejo así también tratados los recursos en este aspecto.

Asimismo, propicio que se regulen los honorarios de esta instancia en favor de los profesionales intervinientes por la parte actora en el 30% (treinta por ciento), por la demandada en el 25% (veinticinco por ciento) y aseguradora de riesgos de trabajo en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de lo regulado, para cada una de ellas, por su actuación en origen (art. 14 ley 21.839).

La doctora Estela Milagros Ferreirós dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede y -con relación al art. 39 de la Ley 24.557- agrego que ya en el año 1998 he tenido ocasión de expresarme en favor de su inconstitucionalidad, juntamente con otras normas que integran el citado cuerpo normativo.

En esa ocasión y en otras posteriores, tanto en el ejercicio de la magistratura como en la actividad académica, destaqué que dicha disposición crea un territorio de exclusión de los trabajadores por su condición de tales, a la vez que se alza contra la igualdad garantizada en la Constitución Nacional, olvidando además que el derecho del trabajo es una disciplina estructuradora de la sociedad y que la igualdad civil consiste en evitar discriminaciones arbitrarias debiendo importar razonabilidad y justicia.

Resulta importante tener en cuenta que la Constitución Nacional posee el principio del æalterum non laedere', en su artículo 19 (segunda regla de Ulpiano), cuya concreción se encuentra en los artículos 1.109 y 1.113 y conc. del Código Civil.

Estas normas aparecen vedadas dejando sólo abierto el camino que brinda el art. 1072 de dicho cuerpo, permitiendo al legislador imponer a los trabajadores lo que ha prohibido a los particulares: tal es; la dispensa de culpa estando en juego la integridad psicofísica o la vida de personas.

Así, lo prohibido contractualmente a los ciudadanos pretendió ser legal por obra del legislador (ver libro de mi autoría: "Es inconstitucional la ley sobre riesgos del Trabajo"; Estela Milagros Ferreirós, Ediciones La Rocca, 1998).

Lo expuesto no significa en modo alguno negar la legalidad de la tarifa, sino señalar la irrazonabilidad y consecuente inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T., que impide al trabajador acceder a una reparación integral.

A lo expuesto debe sumarse el dictado de recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, en æCastillo c/ Cerámica Alberdi', el Tribunal destaca que ya en 1917 dijo que la responsabilidad de los accidentes de trabajo es de derecho común y agrega que, la L.R.T. no dispone la federalización del régimen reparatorio en estas relaciones entre particulares.

Señala también que la competencia no es una cuestión librada al mero arbitrio del legislador.

En el fallo del Supremo Tribunal "Aquino c/ Cargo Servicios Industriales" (A. 2652 XXXVIII) al tratar la cuestión del art. 39 inc. 1º se hace hincapié en el art. 19 de la Constitución Nacional, entrañablemente vinculado a los artículos 1109 y 1113 del Código Civil.

Se añade a ello, la necesidad de valorar la vida humana sin atender a una concepción materialista y recordando, en ese andarivel, que el hombre no es esclavo sino señor de todas las cosas. La pluma de los Ministros ha recordado principios señeros que habían quedado en el desván de las cosas olvidadas.

Refiere así la posibilidad que debe tener el trabajador de obtener no sólo una reparación menguada que contenga una parte de la integridad, tal como le brinda la L.R.T., sino una que contemple el daño material, lucro cesante, daño moral y daño al proyecto de vida.

Así alude el Tribunal a la moderna doctrina del Derecho de Daños que habla del daño biológico y el daño a la salud, al bienestar de la persona.

Después de todo hay que tener en cuenta el derecho a la chance, dado que como se suele señalar, "la vida es una autobiografía que se escribe todos los días".

El fallo, recuerda, cuando reivindica los principios humanísticos, la dignificación de la persona humana y tal vez haya rememorado a Séneca, en su concepto de que æla persona es sagrada' lo demás es instrumental.

Surgen de esta manera el principio de cooperación, solidaridad y justicia.

Así, con invocación del art. 14 bis los imperativos de justicia, los tratados internacionales de derechos humanos, la necesidad de medidas positivas, el æalterum non laedere', la relatividad del porcentaje de incapacidad dado por los peritos, el principio de progresividad y la defensa de los derechos inherentes a la persona humana y la justicia social, se ha declarado por parte del más Alto Tribunal la inconstitucionalidad de la norma.

Ello, y viene al caso, sin perjuicio de las prestaciones que requieren automaticidad y celeridad.

En consecuencia considero que el art. 39 inc.1º resulta inconstitucional al eximir al empleador de responsabilidad civil y así lo declaro (en igual sentido he votado en "Vázquez Camacho, Angel c/ Coniper SA y otros s/ accidente - acción civil", sent. 38.083 del 25.11.04; "Figueredo, Alberto c/ COTO C.I.C.S.A. s/ accidente-acción civil", sent. 40.137 del 24.05.07; "Raneda, Adrían Franco A. c/ Esamar S.A. y Otro S/ accidente - acción civil", sent. 40.731 del 29.02.08, entre muchos otros).

El doctor Juan Carlos E. Morando: No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo recurrido y disponer que la condena de grado sea soportada, en forma solidaria e ilimitada, por la demandada y la aseguradora de riesgos del trabajo La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada y aseguradora de riesgos de trabajo en forma solidaria e ilimitada. 3) Confirmar lo demás que ha sido materia de recurso. 4) Mantener los honorarios fijados en grado en favor de los Sres. profesionales intervinientes en la instancia anterior. 5) Regular los emolumentos de esta instancia en favor de los profesionales intervinientes por la parte actora en el 30% (treinta por ciento), por la demandada en el 25% (veinticinco por ciento) y aseguradora de riesgos de trabajo en el 25% (veinticinco por ciento) de lo regulado, para cada una de ellas, por su actuación en origen. - Estela Milagros Ferreirós. - Néstor Miguel Rodríguez Brunengo á