marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, cobertura, responsabilidad del conductor, culpa grave
Materia: COMERCIAL
Carátula: CUQUEJO, Walter Hugo Luis y otro c/ SEVILLANO, Marcelo Fabián s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

La culpa grave que autoriza la exclusión prevista en el art. 114 de la ley 17.418, es la personal del tomador del seguro y no resulta invocable la defensa cuando aquélla es la del conductor (pariente, empleado) por quien el tomador del seguro ha de responder civilmente.-
Ius variandi, cambio de horario
Materia: LABORAL
Carátula: AGUERO, JORGE ALBERTO c/ HIPERMERCADO JUMBO SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-17

En base al deber de buena fe que impone el artículo 63 de la LCT , ante un cambio de horario que pudo resultar razonable (en el caso dispuesto por Ordenanza Municipal 35925 que modificó los horarios de atención al Público), el trabajador, antes de efectuar el acto de denuncia, debe proceder a intimar al empleador, ejerciendo en su caso la facultad de retener su prestación consagrada en los artículos 510 y 1201 del Código Civil.
Libertad de expresión, control de razonabilidad, sistema republicano, democracia, censura previa, funcionarios públicos
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recursos de hecho deducidos por la demandada y por Julia Nelly Acher Mizraji (codemandada), en las causas Cancela, Omar Jesús c/ Artear S.A.I. y otros s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

En una república democrática lo decisivo es que - tratándose de determinados temas y personas - todas las expresiones se difundan, lo que no sucedería si debiera atenderse prioritariamente a las exigencias de quienes - con exacerbada susceptibilidad y, a veces, con falta de sentido del humor (Disidencia del Dr. Enrique S. Petracchi).
Títulos ejecutivos, intereses compensatorios, intereses punitorios, anatocismo, tasa activa
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Banco de Catamarca c/ Abratte, Daniel Alberto y otro s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-04-13

Es doctrina legal obligatoria de la Corte de Justicia para los Tribunales inferiores que, tratándose de obligaciones comerciales, es de aplicación el art. 365 del Código de Comercio y la tasa a aplicar es la activa; dado que la entidad financiera percibe durante todo el término de la percepción del crédito la tasa activa, se debe reconocer a posteriori el derecho a igual tasa después de la mora del deudor, caso contrario el incumplimiento de la obligación favorecería al deudor moroso. Razón por la que corresponde receptar la apelación del demandado, revocando parcialmente la sentencia del A-quo, debiendo llevarse adelante la ejecución hasta hacer al acreedor íntegro pago del capital reclamado con interés igual a la tasa activa que utiliza el Banco ejecutante para las operaciones habituales de descuento de documentos comerciales desde la fecha de mora -intimación de pago y embargo- hasta su efectivo pago y costas del juicio.
Procesos de ejecución, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Carrió, Jorge Carlos -Titular de Farmacia Sánchez- c/ Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco y/o Provincia del Chaco s/ Ejecutivo. Carrió, Jorge Carlos -Titular de Farmacia Sánchez- c/ Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco y/o Provincia del Chaco s/ Ejecutivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-06-06|1988-06-06

El art. 501 del Código Procesal Civil y Comercial, de facto, confiere calidad de título ejecutivo a los instrumentos públicos presentados en forma, con lo que para su determinación nos remite al art. 979 del Código Civil, en el que se hace un listado que no se agota allí, habida cuenta lo expresado en el inc.2 que refiere a cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado. Es que como los instrumentos públicos son de diferentes clases, no es posible enunciar una forma que sea común a todos ellos, salvo la actuación del oficial Público que, es el elemento esencial que comunica a estos elementos su carácter propio. El instrumento goza de la presunción de autenticidad que surge como consecuencia de la actuación del oficial Público, es decir que el instrumento público se prueba por sí mismo. Por ello la ley les atribuye autenticidad, ya que entre las partes o con relación a terceros poseen fuerza ejecutiva; su fecha es considerada cierta y la copia de ellos legalmente extraída, tiene el mismo valor que los originales. La doctrina le asigna el carácter de instrumento público a los decretos, resoluciones etc., del residente, Ministros, Jefe de Repartición dentro de una enumeración más extensa. Podría decirse que el carácter de instrumento público corresponde a todo instrumento otorgado por un funcionario público, ya sea del orden legislativo, ejecutivo-administrativo o judicial. La única condición es que haya sido extendido, como dice expresamente el inc.2 en la forma que las leyes hubieren determinado.
Estado Provincial, división de poderes, Administración Pública, competencia, competencia contencioso administrativa, prórroga del plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.I. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Ejecutivo (Expte.: C.S.J. Nro. 35   Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

La distribución de competencia contencioso administrativa entre los distintos órganos jurisdiccionales es tema de alta política constitucional y legislativa, por lo que el sometimiento de la Administración Pública a un juez incompetente en razón de la materia puede implicar la violación al principio fundamental de la división de poderes. En efecto, la jurisdicción contenciosa administrativa es de orden público e improrrogable. En este sentido la Corte local ha sostenido la absoluta inoperancia de los pactos sobre prórroga de esa competencia, cualquiera sean las razones que se aduzcan para concertarlos o admitirlos en sede jurisdiccional, agregando que tampoco puede ser consentida la que puedan asumir otros jueces.

Asimismo, ha considerado que el control de esa competencia constituye una potestad cuyo ejercicio puede ser realizado aun de oficio. (Del Voto del Dr. Netri)
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, ley vigente
Materia: LABORAL
Carátula: Machuca, Estanislao c/ M.A.A.R.N. y/o Gobierno de la Provincia de Formosa s/ Indemnización  de  daños  y  perjuicios  derivados  de  accidente de  trabajo Provincia de Formosa s/ Indemnización  de  daños  y  perjuicios  derivados  de accidente de  trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-24

Este tribunal ya tiene resuelto in re "Maciel, Angel c/Unitan S.A.I.C.A. S/indemnización por enfermedad-accidente" (expte. Nº13 Fº Nº 144 año 1992) que en los casos como el suscitado en autos, rige la ley vigente a la fecha de determinación de la incapacidad, esto es la de conocimiento por parte del operario de la disminución de su capacidad de trabajo.
Escrituración, inhabilidad de título
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: RIMOLI, PAOLA MARGARITA c/ SAN ALBERTO S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-05

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ya que el estudio de la causa acredita la preterición de prueba invocada, toda vez que -a los fines del reconocimiento de documental consistente en un boleto de compraventa y sucesivas cesiones de derechos respecto de un lote de terreno, a efectos de su escrituración- no se ha tenido en consideración las certificaciones de firmas de las cesiones de los derechos de acciones del boleto de compraventa como así tampoco el informe del Registro General, haciéndose lugar a la excepción de inhabilidad de título planteada por la defensora de oficio y rechazando la demanda incoada.
Recurso de casación, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Paredes Ravena, Juan Francisco s/ Querella, Expte. nro. 156/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-06-12

Por ello concluía en la citada causa ("Alvarado Cárdenas" del 11.10.95) -al analizar los agravios materia del recurso casatorio- que tenían fundamentos legales atendibles ya que no se circunscribían a impugnar los hechos probados en la instancia de grado, sino que entrañaban el ataque a la subsunción de los mismos en la escala penal establecida para el delito con desconocimiento de las pautas legales reguladoras contenidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, cuestiones que suscitaban el análisis de la aplicación de los preceptos mencionados, de la logicidad de las conclusiones del sentenciador y de su adecuación a las reglas de la sana crítica (art. 373, inc. 2°, C.P.P.) (del voto del Dr. González Godoy).
Daños y perjuicios, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ, Elisena c/ ARGENGAS SACIF s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

Aún cuando la causa del incendio en sentido material o fáctico fuera la existencia de una estufa encendida, no lo es en sentido jurídico si el incendio resulta una consecuencia mediata de dicha circunstancia -existencia de la estufa encendida- que al conectarse con un hecho imprevisible para el sujeto actuante como lo es la pérdida de gas a resultas del estado deficiente de la garrafa, determina que el siniestro se erija en consecuencia casual de la conducta de la víctima. De ello se sigue, sin más, la inimputabilidad del resultado dañoso a la parte damnificada.
Recurso de casación, suspensión del trabajador, aplicación de la ley, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Avellaneda, David Edgardo c/ Paya, Ernesto Carlos s/ Beneficios Laborales - s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-03-23

Corresponde rechazar el recurso de casación en contra de la sentencia de Cámara que admite el recurso de apelación deducido por el actor, haciendo lugar al reclamo relativo a los haberes caídos durante el lapso de tiempo en que duró la suspensión de la relación laboral, más los intereses correspondientes, ordenando la entrega en forma, del certificado de trabajo, constancias de aportes previsionales previsto en el art. 80 de la L.C.T., y el pago de la indemnización que establece dicha norma, pues respecto a si corresponde el pago de los haberes caídos durante el tiempo en que el trabajador estuvo suspendido toda vez que el empleador no fue el denunciante del trabajador en la causa penal, éste Tribunal tiene dicho que en principio no corresponde el pago de haberes caídos por funciones no desempeñadas, salvo que una norma expresa así lo establezca, y en el caso, tratándose de un conflicto suscitado en el ámbito del derecho privado, la norma aplicable es el segundo párrafo del art. 224 de la L.C.T., ya que más allá del reproche del recurrente referido a la calificación que efectúa el Tribunal de grado sobre su participación en el proceso penal, lo cierto es que el hecho denunciado por terceros tuvo relación directa con el trabajo que cumplía el actor en la empresa, tal como se describe al contestar demanda, por tanto el empleador aunque no haya realizado la denuncia está obligado a pagar los salarios caídos durante el periodo en que dure la suspensión, siendo ése el motivo por el cual debe confirmarse la sentencia impugnada. Del voto del Dr. Cáceres (en disidencia).
Rebeldía, prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL
Carátula: ENRIQUEZ, JOSE c/ VERCHER, VICENTE s/ PRUEBA DE POSICIONES-REBELDIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1937-09-24

La rebeldía en la prueba de posiciones es suficiente por sí sola para tener por ciertos los hechos aducidos y no desvirtuados aunque hayan sido negados en la demanda o contestación.
Jubilación de magistrados, adicional por dedicación exclusiva, carácter remunerativo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GARROS DE MUZIO, MARIA I. c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA s/ REAJUSTE DE HABER
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-16

La asignación surgida del dec. 2474/85 en vigencia hasta el 31.5 89 fecha de su derogación por el similar 297/89 para el personal de magistrados y funcionarios del poder judicial de la nación, reviste el sustancial carácter de un concepto remunerativo al constituir un ingreso en dinero recibido en retribución o compensación o con motivo de su actividad personal que reviste el carácter de habitual y regular, cualquiera fuera la denominación que se le asigne, percibido por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en el ejercicio de sus funciones.
Acción de amparo, medidas cautelares, decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, medicina prepaga, aumento de cuota, derecho a la salud, personas con discapacidad, menores, Convención sobre los derechos del niño, interés superior del niño, responsabilidad internacional del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: R., E. F.  c/ Omint S.A.  s/ amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-01-15

La Convención Internacional de los Derechos del Niño -norma con rango constitucional a tenor de lo dispuesto en el art. 75, inc. 22 de la CN- declara que el interés superior de los menores es el criterio primordial para resolver cualquier cuestión que los afecte. En particular, la convención reconoce que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de la vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan bastarse a sí mismo y faciliten su participación en la sociedad. Por ello, la situación en la que se encuentra el hijo menor del actor, que solicita una medida cautelar con el objeto de que de dejen sin efecto los aumentos efectuados en el plan asistencial de medicina prepaga aplicados a partir del DNU 70/2023, implica una urgencia que no admite demoras en su respuesta, pues se conjugan compromisos internacionales asumidos por la República en materia de Derechos Humanos y especialmente los relacionados con la discapacidad.
Tercería de mejor derecho, boleto de compraventa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aiello Miguel c/ Gráfica S.A. y otro. s/ Tercería
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Habida cuenta de la restricción jurisprudencial que afecta a este tipo de acción cuando se invoca como en el presente un boleto de compraventa, el Tribunal considera que no puede darse por acreditada "ab-initio" la verosimilitud del derecho que impone el art. 98 C.P.C., 1er. párrafo, haciéndose exigible la prestación de la fianza que para subsanar tal falencia admite dicha norma, sin perjuicio de accederse a la suspensión de la subasta del bien peticionada.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Querellante, querellante particular, víctima del delito, derechos de la víctima, defensa en juicio, representación procesal, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: M., E. J. s/ Homicidio culposo s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-14

Cuando se trata del derecho de defensa del imputado o condenado, la cuestión de su representación o sustitución aparece clara y expresamente reglada en el Código Procesal.

No ocurre lo mismo con idéntico derecho de la víctima o de quienes están legitimados para recurrir. Conforme he venido sosteniendo en numerosos precedentes, entre los que destaco el caso "DIAZ", en el Derecho Penal la víctima tiene asegurados los mismos derechos que el imputado o el condenado, y es obligación del Tribunal proveer tanto a su defensa como a su representación, sin más trámite, para evitar que la causa prescriba y se frustren los derechos en juego.

En este orden de ideas, someter la decisión a un tercero o cualquier otro mecanismo de consulta implica un exceso ritual manifiesto, que el tribunal debe evitar arbitrando directamente la provisión de la defensa. Destaco que su correlato es el exceso de jurisdicción, según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pacto de San José de Costa Rica, defensa en juicio, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: RAMOS JOSE LUIS S.D. HOMICIDIO AGRAVADO POR ENSAÑAMIENTO E.P DE AVILA ELIANA YANETT s/ QUEJA P/ CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-07-03

El sentido que debe asignarse a una norma que regula el ejercicio del derecho constitucional que tienen los justiciables a la revisión por un tribunal superior (Art. 75, Inc. 22, C.N.; Art. 8.2.h, C.A.D.H.), derecho que debe ser garantizado independientemente de la organización judicial que se adopte (multiplicidad de instancias o sólo dos), el tipo de recursos que se diseñen (apelación, casación, extraordinario federal, etc.) y de las exigencias formales que exijan las leyes que lo ponen en vigencia.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Emiliana c/ Empresa Puerto Tirol S.R.L. s/ Daños y perjuicios Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-02

La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Deben así, precisarse punto por punto las omisiones, los errores y las demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las impugnaciones de orden general, los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación.
Extinción del contrato de trabajo, indemnización por despido, enfermedades inculpables, notificación al empleador, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Antilef, Segundo c/ Cooperativa Forestal Andino Patagónica Limitada s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-26

Para que el trabajador tenga derecho a percibir indemnización por despido realizado durante el plazo de la interrupción por enfermedad inculpable debe probar en forma concreta y categórica la misma, dando aviso oportuno; la omisión de este requisito constituye falta grave que justifica el despido porque su ausencia puede considerarse injuriosa o abandono de servicio.
Trabajadores telefónicos, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: ICHES, ROBERTO Y OTRO c/ ENTEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-30

Si bien quedó a criterio de ENTel determinar la forma como cumpliría lo normado por la ley 22420, en cuanto al mantenimiento del nivel remuneratorio del personal transferido de ENCOTel, de ninguna manera puede admitirse como justa la creación de un adicional fijo e invariable, ya que con ello se le da a la ley una corta vigencia y un sentido y alcance que ésta, evidentemente, no quiso ni debió tener.
Contrato de obra pública, obligaciones de las partes
Materia: PENAL
Carátula: Electromecánicos Asociados S.R.L. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-11-11

El contrato de obra pública importa el cumplimiento de obligaciones recíprocas de la partes. Las prestaciones deben ser equivalentes, con lo cual los sacrificios y ventajas de cada contratante deben presentar una adecuada proporción. El contratista particular se encuentra obligado a adoptar precauciones ordinarias y asumir el riesgo empresario derivado de acontecimientos normales, pero el conflicto interpretativo se suscita cuando el evento dañoso supera la aptitud normal de previsión.(doctora Kogan, sin disidencia)
Contrato de tiempo parcial, ampliación de la jornada de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nini   Mariela   Silvia c/ Grupo  Soluciones  SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

En el contrato a tiempo parcial el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día a la semana inferiores a las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad que es de 48 horas semanales. La propia demandada reconoce un horario de 8.30 a 14 hs. de lunes a viernes y sábados de 9 a 13 hs., lo que indica que nos encontramos con una violación del mínimo de horas que la ley establece para tener por configurado un contrato a tiempo parcial, lo que lleva a concluir que éste se convirtió en uno de tiempo completo tal como dispone dicho art. 92 ter. L.C.T.. BN 323
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, expresión de agravios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Blanco, Juan Ramón y otra c/ Gramajo, Guillermo y otros s/ Daños y perjuicios Oliva de Ramallo, E. y otro c/ Mulleri de Vallone, Concepción y otra s/ Daños y perjuicios Gonzalez, Carlos Enrique y otro c/ Noell, Alberto José Miguel y otro s/ Cumplimiento de contrato y escrituración Laura, Salvador c/ Bunzel, Carlos s/ Disolución sociedad de hecho Cotos, Olga María c/ Bulacio, Luis M. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-12|1985-10-11|1986-04-08|1988-03-29|1991-06-18

Constituye una cuestión de hecho analizar la suficiencia técnica de una expresión de agravios.
Imputado, defensor, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SALOMON, ERNESTO s/ NULIDAD - AUTOPSIA - IMPUTADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-11-12

Para determinar el alcance de la norma relativa a la intervención del imputado en el proceso y fijar correctamente (sin ciegas exageraciones) cuándo la falta de intervención del imputado priva de valor al acto, es preciso tener en cuenta las formas que la misma ley prescribe en que aquél se debe ejecutar.

Si se nombra de oficio y sin haberse invitado al prevenido a designar defensor de entre los abogados de la matrícula, pero el propio imputado lo hace voluntariamente y antes de su indagatoria, recayendo la designación en la misma persona que fue designada por el juez, aquella designación es válida y en nada se afecta a la intervención del imputado en el proceso, por lo que no puede sostenerse que faltara, ni que en virtud privara de validez a los actos posteriores.-
Inconstitucionalidad, indemnización expropiatoria, régimen de consolidación de deudas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Jaime Bernardo Coll  S.A. c/ M.C.B.A. s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-19

Es inconstitucional la Ley 23.982 de consolidación de deuda pública en los supuestos en que la Comuna pretenda abonar la indemnización fijada en un juicio de expropiación, haciendo uso de las pautas establecidas por dicha ley, la que dispone el pago de las deudas estatales en un plazo de 16 años (artículo 9) o una forma de pago alternativa en bonos de consolidación (artículos 10 y 11) a 16 años, por cuanto ello vulneraría el texto expreso del artículo 17 de la Constitución Nacional.