Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-02-29


SENT Nº 67	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintinueve (29) de Febrero	de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y por la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por encontrarse excusado el doctor Daniel Oscar Posse-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la parte demandada y por la Caja de Previsión de Médicos e Ingenieros de Tucumán -tercero interviniente- en autos: "De Rosa José Francisco y otros vs. Colegio Médico de Tucumán s/ Amparo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Vienen a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, los recursos de casación interpuestos por la parte demandada (fs. 587/611) y por la Caja de Previsión de Médicos e Ingenieros de Tucumán -tercero interviniente- (fs. 613/626), en contra de la sentencia nº 110 de fecha 4 de mayo de 2010 (fs. 572/575), dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, y el recurso de casación de la parte actora (fs. 647/659) en contra de la sentencia del mismo tribunal dictada en fecha 27 de mayo de 2010 (fs. 628). Los mencionados recursos fueron concedidos por sentencia de fecha 23 de febrero de 2011 (fs. 751) del referido Tribunal de Alzada.

II.- En autos, los actores inician el presente proceso de amparo contra el Colegio Médico de Tucumán, reclamando la nulidad de la resolución de fecha 08/7/2008 y de todos los actos que fueran su consecuencia, además peticionan -como derivación de lo anterior- que se ordenen las medidas tendientes a reponerlos en sus cargos como autoridades regulares de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Médicos e Ingenieros de Tucumán.

El pronunciamiento de primera instancia (fs. 511/512), rechaza el amparo en fecha 30 de octubre de 2009. Apelada la sentencia por los actores (fs. 517) y expresados los agravios a fs. 520/534, la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común resuelve el recurso de apelación por sentencia nº 110 de fecha 4 de mayo de 2010. El referido pronunciamiento de Cámara, señala en primer lugar que el amparo fue deducido por la representación letrada de los actores (Dres. De Rosa, Arquez, Ortiz Mayor y Venecia, actualmente desplazados de sus funciones). Que como el mentado mandato otorgado por la Caja fue revocado, precisa que sólo queda vigente la acción promovida por los mencionados integrantes del Consejo Directivo que fueron desplazados de sus funciones a través del acto emanado de la actual comisión directiva del Colegio Médico, acto que se cuestiona por vía de amparo. Que la segunda cuestión, vinculada a lo expuesto precedentemente, reside en establecer que no está en duda la legitimidad de la designación de los miembros desplazados. Que la propia parte demandada adjuntó entre la prueba documental instrumentos en los que se reconocía plena representatividad al Dr. De Rosa en calidad de presidente del ente provisional. Que así lo reflejan las actas acompañadas -que tiene a la vista- y las notas dirigidas al nombrado en calidad de Presidente. Que además, de ser ilegítimas las designaciones de los actores, como lo pretende la parte demandada, no hubiera cabido la revocación de mandatos inexistentes desde esa perspectiva. Que en efecto, la decisión de la Comisión Directiva del Colegio Médico de revocar los mandatos, implicó reconocer la existencia de los mismos.

En punto a la primera cuestión (admisibilidad de la vía empleada) luego de destacar que la naturaleza del amparo es de excepción, señala que contrariamente a la conclusión de la sentencia de primera instancia, concurren en el caso los requisitos de admisibilidad y procedencia de aquél. Que la decisión de la nueva conducción del Colegio Médico (de desplazar a los directivos del consejo de administración de otra entidad), siendo la Caja una persona jurídica distinta, hace excepcional la situación, por lo que ameritaba la vía del amparo por la gravedad de la decisión adoptada y con las características que emergen del acta notarial de fs. 16/17 de autos. Que no hacía falta un marco de mayor debate y prueba toda vez que la cuestión controvertida es esencialmente una cuestión de derecho. Recepta esta queja y pasa a la segunda cuestión. Al respecto señala que del contenido de un precedente de esta Corte (en estos mismos autos) y del art. 2 de la Ley 7025 emerge con claridad que la decisión que se impugna emanó de una persona jurídica distinta a la Caja, de una asociación civil como lo es el Colegio Médico. Redunda en el tema de las razones por las cuales ambas instituciones son distintas, tanto en sus orígenes como en sus características y concluye en la independencia de las mismas.

Expresa como tercera cuestión que, como punto de partida, la modificación del órgano directivo de la Caja constituye una decisión que incide en la vida de la institución; que está fuera de duda que nunca tuvo participación en dicha decisión el Colegio de Ingenieros y cree que en ello no reside arbitrariedad e ilegitimidad de lo resuelto. Que no debe soslayarse que el órgano de gobierno de la Caja -Directorio- es designado por el Colegio Médico y por el COPIT respectivamente según la ley de creación del ente, art. 13 Ley 7025 que cita. Que cada entidad es independiente en la forma de elegir a sus representantes y por ende también tienen facultades para suplir a los miembros titulares cuando concurran cualquiera de las causales allí establecidas -las que cita-, sin que para ello deba existir una consulta previa entre ambas instituciones. Que, en síntesis, pueden disponer el reemplazo de un miembro que los represente en el Directorio de la Caja. Destaca que la norma mencionada es de carácter transitorio y corresponde con la etapa fundacional del ente previsional, pero no debe obviarse que, hacia el futuro, el art. 83 de la ley citada establece que se organice un régimen electoral, es decir, se deje atrás el mecanismo de selección de los representantes en el Directorio de la Caja por vía de la designación directa por parte de la Comisión Directiva de cada entidad. Precisa que el art. 14 inc. f) del Estatuto del Colegio Médico no autoriza a su Comisión Directiva para remover a los representantes de dicha entidad en el Directorio de la Caja pues los miembros titulares y suplentes designados a ese fin, no son empleados del Colegio Médico. Que tampoco en virtud del inciso j) de dicha norma, pues la Caja no es una asociación de segundo o tercer grado de la que forme parte el Colegio, ni una prestadora de medicina prepaga o red de prestadores de la que forme parte. Que en opinión de la Cámara, la facultad para remover a sus representantes en la Caja, emerge de la propia ley citada. Que es la télesis del art. 13 mentado que permite establecer que no es ilegal que el Colegio Médico elija sus delegados o representantes a través de la designación directa por parte de su Comisión Directiva. Queda claro, dice, que los representantes, así designados, son mandatarios de las entidades que los designan y por ende el mandato es revocable con justa causa. Cita precedente Cabocota.

Como cuarta cuestión, y respecto a la cuestión central a decidir (¿puede el mandato conferido a los representantes del Colegio Médico en la Caja ser revocado sin justa causa?) descarta que pueda hablarse de irrevocabilidad absoluta por las razones que expone. Sin embargo, sostiene que asiste razón a los apelantes porque no puede revocarse sin causa fundada, el mandato conferido al miembro del Directorio de la Caja, dada la índole institucional y orgánica de la representación (art. 1977 CC); por la incidencia que ello tiene en la vida de una institución de derecho público no estatal que goza de autonomía y autarquía, y por aplicación supletoria al caso de lo establecido en el art. 1681 del Código Civil. Reprocha el obrar de la Comisión Directiva del Colegio Médico en cuanto a que, colocándose en la postura más favorable a la demandada -que la revocación de los mandatos fuera legítima- lo que correspondía era que estos últimos sean sustituidos por los miembros suplentes (arg. art. 13 Ley 7025) mas no cambiar todo el Directorio incluidos los titulares y los suplentes, dado que a estos últimos no les podía caber ninguna imputación de mal desempeño u otra causal afin que los excluya de asumir como titulares en reemplazo de los Directores desplazados.

Además, la Cámara afirma que no eran los Directores los responsables de regularizar el organismo previsional. Que los Directores desplazados, como la propia demandada se encarga de enfatizar, eran delegados del Colegio Médico, por ende, era la Comisión Directiva de esta última entidad la encargada de impartir las instrucciones para organizar el régimen electoral contemplado en la norma que debía ser propuesto por el Directorio de la Caja a la Asamblea. Ello presuponía, dice el fallo, un previo acuerdo institucional entre el Colegio Médico y el COPIT dado que la Asamblea se conforma con asociados afiliados de ambas entidades. Que por tanto, parece haberse trasladado una responsabilidad mediata a los Directores desplazados, que esencialmente correspondía impulsar a las entidades antes mencionadas. Que distinto sería el caso en que, habiéndose instruido a los Directores para que proyecten el régimen electoral, incumplan el mandato.

Declara, por lo tanto, procedente la acción de amparo, revoca el fallo e impone las costas a la demandada vencida (art. 26 del CPCT). Establece consiguientemente que los nombrados deben ser repuestos en sus cargos en el Directorio de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Médicos e Ingenieros de Tucumán en el plazo de cinco días computados desde la fecha en que quede ejecutoriado el presente fallo.

A su vez, por sentencia de fecha 27 de mayo de 2010, el tribunal resuelve la aclaratoria deducida por la parte actora en relación a la sentencia de fecha 04/5/2010. Entiende la Cámara, que atento a lo decidido en el punto segundo de la resolutoria del fallo de fecha 04/05/2010, que transcribe, la actora peticiona se aclare que: ". al efecto del cómputo de los dos años deberá necesariamente descontarse todo el plazo transcurrido y que transcurra desde que fueron suspendidos de hecho en el ejercicio de sus funciones el día 24-8-2009, que se dio cumplimiento de la sentencia de fecha 14-8-2009 que ordenó el levantamiento de la cautelar dispuesta el 22-7-2008 (fs. 34/35), hasta que quede ejecutoriado vuestro pronunciamiento del 4-5-2010". Sostiene la Cámara que, del análisis del objeto de la demanda, esto es que se ordene restituir a los actores ". como autoridades regulares de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Médicos e Ingenieros.", no surge con claridad prístina el alcance de lo solicitado por vía de aclaratoria. Que el fallo es claro en el sentido de ordenar la restitución de los nombrados a sus cargos -y fue lo pedido en la demanda-, pero no fue debatido en primera instancia que el tiempo durante el cual fueron desplazados de sus cargos deba ser compensado, prorrogando el mandato por un período equivalente. Que la cuestión vinculada a la proximidad de la fecha de vencimiento del mandato, podría dar lugar a otro tipo de cuestiones o responsabilidades entre las partes, pero estas eventualidades son ajenas a lo debatido en la presente causa. A su vez, señala que analizado el texto del memorial de quejas que motivó el dictado del fallo de fecha 04/05/2010, tampoco se advierte que exista una pretensión concreta en el sentido del objetivo que se persigue con la aclaratoria, ergo, concluye el tribunal que ella no es procedente y, en consecuencia, rechaza el recurso de aclaratoria.

III.- A partir de la reseña realizada sobre los antecedentes del caso, corresponde analizar por un lado el recurso de casación deducido por la parte actora y, por otro lado, -en forma conjunta- los recursos interpuestos por la demandada (Colegio Médico de Tucumán) y la Caja de Previsión (esencialmente idénticos en los agravios), en el orden propuesto aquí.

III. 1.- Recurso de casación deducido por la parte actora.

El recurso se interpone contra la sentencia aclaratoria del 27/5/2010. La parte recurrente señala expresamente que el fallo que le ocasiona un gravamen de imposible reparación ulterior y, pese a que la decisión anterior -dictada el 4 de mayo de 2010- hizo lugar al amparo, al denegar la aclaratoria, se frustró el cumplimiento de aquélla. Que en atención a que el período por el que los actores fueron designados venció -teóricamente, si no se descuenta el lapso en que estuvieron ilegítimamente desplazados- el 31 de mayo de 2010, de quedar firme la denegación, será de imposible cumplimiento. Que al desestimarse la aclaratoria peticionada se impide el eficaz cumplimiento del primer fallo -4 de mayo de 2010- y, en los hechos, borra sus efectos salvo habilitar a los actores a un largo y no equivalente juicio por daños y perjuicios. Aclara que no iniciaron la acción de amparo para habilitar otra pretensión distinta, sino para obtener la reposición in natura en sus cargos, por el lapso de dos años que fueron designados.

Sostiene que el fallo viola los arts. 269 del CPCCT, 62 del CPC, 18, 43 de la CN y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que suponen que todos los fallos, pero especialmente los de amparo, se cumplan.

Le agravia a la parte actora, que en el fallo de la aclaratoria se diga que no fue debatido en primera instancia lo relativo a que el tiempo durante el cual fueron desplazados de sus cargos deba ser compensado prorrogando el mandato por un período equivalente. Que ello sí se pidió. Cita párrafos del libelo de inicio a tales efectos. Que al solicitar aclaratoria no se pidió algo distinto al objeto del amparo sino que se quiso evitar la futilidad de la sentencia y la frustración de la acción solicitando que no se computara el período en que estuvieron privados de desempeñar sus cargos. Que la duración de litigio no puede conspirar contra los derechos de los accionantes que son nominalmente reconocidos; que las demoras de trámite no pueden privar a su parte de la reposición en los cargos. Relata que la sentencia que dejó sin efecto la cautelar fue apelada y se concedió sin efecto suspensivo en clara infracción a lo normado por los arts 28, in fine, del CPC y 770 del CPCCT. Que ello motivó una queja por atentado la que no fue resuelta por el tribunal de alzada. Que esta omisión permitió que su parte fuera segregada de sus funciones al no reconocerse el efecto suspensivo aludido. Que sí fue debatido si los actores debían permanecer o no en sus cargos mientras el levantamiento de la cautelar no estuviese firme. Que si se hubiera procedido conforme a derecho en primera instancia o resuelto prontamente la queja no se hallaría ante la situación actual en que la denegación de la aclaratoria priva de efectos a lo resuelto en la sentencia de fecha 4 de mayo. Sostiene que el rechazo de la aclaratoria por entender que lo peticionado no integraba la pretensión exhibe un disvalioso formalismo.

Se explaya sobre la retroactividad del fallo que priva de todas sus consecuencias a la revocación de los cargos de sus defendidos debiendo restituirse la situación de ellos al statu quo ex ante. Cita doctrina y jurisprudencia. Alega que el art. 62 CPC es aplicable en la especie y que cuando éste hace la salvedad "en cuanto fuera posible" no significa que el juez deba adoptar una actitud resignada frente a la futura e inevitable imposibilidad. Que el órgano judicial debe procurar que sus resoluciones se cumplan y que su cumplimiento resulte posible. Menciona que se viola igualmente el derecho a la tutela judicial efectiva con cita del art. 25 de la Convención antes citada y que un juicio de daños y perjuicios no constituye una solución alternativa no sólo por su extrema duración sino porque significa la inanidad de los pronunciamientos de Cámara así como que demandar o no es una opción para los actores que no sustituye su innegable derecho a exigir se haga efectivo el fallo.

Propone doctrina legal, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso tentado.

III. 2.- Recursos de casación interpuestos por la demandada y la Caja de Previsión.

Los referidos recurrentes interponen nulidad del fallo y subsidiariamente casación. Les agravia que la sentencia declare la procedencia de la demanda de los actores. Aducen, que la nulidad radicaría en que se ha planteado por la actora la recusación del Dr. Ávila para entender en la presente causa a raíz de que fue un Vocal que dictó el fallo "Cabocota" y sin embargo éste falló de todas formas. Afirman que no se dio ningún trámite al pedido de inhibición y algo debió decir la Cámara a pesar de que el planteo fuera extemporáneo, superficial, desajustado o lo que fuere. Cita los arts. 37, 24 y 22 del CPCCT.

Les agravia, esencialmente, que se haya dado curso a la vía del amparo ya que no advierte arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Sostiene que la supuesta designación de los actores como directores de la Caja viene viciada y no tiene validez. Que la nota por la que fueron designados es firmada por dos personas a contrario de lo que exigen los Estatutos Sociales del Colegio Médico en su art. 13, que cita. Que la actora nunca invocó que hubo una resolución y siempre sostuvo que fueron designados mediante nota. Que en realidad la ilegalidad y arbitrariedad es la del fallo que toma como válido y cierto un acto inválido e ilegal. Que tampoco existe derecho claro y cierto de los peticionantes por esta vía ya que, como se dijo, su designación es arbitraria; que los directores de la Caja de Previsión en más de 5 años no dictaron el régimen eleccionario que por propia ley de dicha creación de la Caja le impelía hacer, lo cual jamás pusieron en dudas por lo que está totalmente cierto, no siendo materia controvertida en autos sino que la hace nacer el auto impugnado.

En cuanto a la teoría de los actos propios aplicada por la Cámara, sostienen que hubo error que vició el discernimiento, intención y libertad del Colegio Médico de Tucumán y que al haber asumido sólo días antes y estar vigente aún el mandato de los directores de la Caja Previsional, es que se dirigió la nota al presidente, de donde la Cámara deduce el reconocimiento de la representatividad. Que además, no hay identidad de partes ya que los actores son cuatro y la nota sólo se dirigió al Presidente por lo que el fallo hace una extensión por analogía impropia.

Que el hecho de ser personas distintas el Colegio y la Caja no hace al thema decidendum; que de haberse establecido ya el sistema eleccionario como lo mandaba la norma, la situación jurídica cambiaría completamente y podría hablarse de independencia absoluta entre ambas instituciones. Que había que fijar el mecanismo para que se independizara completamente y el Directorio saliente no lo hizo por su propia voluntad, quedando ligado de este modo la Caja al Colegio.

Les agravia que la Cámara considere que se revocó el mandato sin justa causa, ya que para revocar se invocó como justa causa la falta de elaboración y aprobación del régimen electoral y ello no fue tratado en absoluto por el fallo recurrido, lo que lo hace arbitrario. Que además la Caja continúa lamentablemente en su etapa fundacional ya que para ser un órgano completamente independiente del Colegio debe contar con la potestad de elegir sus propias autoridades, mientras tanto su parte no sólo puede nombrarlos sino también removerlos.

Les causa gravamen la interpretación antojadiza que hace el fallo del art. 83 de la Ley 7025 pues de ninguna parte surge que serán las Comisiones Directivas de los Colegios respectivos quienes han de impartir las instrucciones para organizar el régimen electoral. La ley es clara y no deja espacio para una propuesta diferente. Cita el art. 20 de la ley citada. Asimismo, les causa gravamen la frase sentencial "se cambió todo para que no se cambie nada" ya que desconoce lo que en todo este tiempo se vino haciendo por los Directivos actuales que han sido legal y judicialmente restablecidos en sus cargos. Que es opinión subjetiva y no consta en ninguna parte de estos actuados. Cita doctrina, jurisprudencia, solicita imposición de costas al revocarse la sentencia y subsidiariamente por el orden causado dada la naturaleza de la acción que se debate.

Propone doctrina legal y solicita se haga lugar al recurso.

IV.- Corrido el traslado de ley del recurso de casación de la parte actora, la parte demandada y la Caja de Previsión solicitan el rechazo del referido recurso, por las razones expuestas en sus presentaciones de fs. 736/741 y 743/749 respectivamente. A su vez, corrido el traslado de ley de los recursos de la demandada y de la Caja de Previsión (esencialmente idénticos en sus agravios), la parte actora contesta los mismos y solicita su rechazo, por las razones expuestas en su presentación de fs. 666/675. Por auto interlocutorio de fecha 23 de febrero de 2011, la Sala Iª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común concede los recursos referenciados (fs. 751), correspondiendo en ésta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- Análisis del recurso de casación de la parte actora.

Al respecto, cabe considerar que luego de dictada (fs. 572/75) y notificada (fs. 579) la sentencia de fondo de fecha 04/5/2010, la parte accionante solicita aclaratoria del punto II de su resolutiva en el sentido que al efecto del cómputo de los dos años deberá necesariamente descontarse todo el plazo transcurrido y que transcurra desde que fueron suspendidos de hecho en el ejercicio de sus funciones el día 24/8/2009 (que se dio cumplimiento de la sentencia que ordenó el levantamiento de la cautelar dispuesta el 22/7/2008) hasta que quede ejecutoriado el pronunciamiento del 04/5/2010. Ello así habida cuenta que la restitución sólo podrá hacerse efectiva una vez firme el acto jurisdiccional que así lo dispuso, lo que -con certeza- acontecerá cuando ya hayan vencido sus mandatos. La Cámara resuelve con fecha 27/5/2010 denegando la aclaratoria. La recurrente interpone contra ésta, recurso de casación con fecha 08/7/2010 habiendo sido previamente notificada.

En su recurso extraordinario, la recurrente señala que el medio impugnativo es interpuesto contra la sentencia de fecha 27/5/2010 (aclaratoria de la de fondo del 04/5/2010), expresa que "el pronunciamiento del 4 de mayo de 2010 -que acoge la acción de amparo- no es el que ocasiona los agravios de mis mandantes, sino el de fecha 27 de mayo de 2010" (sic, fs. 653 vta.).

En éste marco, y aún en la hipótesis más favorable para la parte actora, en la que se interprete que deducido el recurso de casación contra la sentencia que rechaza la aclaratoria, se entienda extendido también contra la sentencia de fecha 04-5-2010, el recurso -de igual forma- resulta inadmisible, por los fundamentos que se exponen a continuación.

Es que, debe destacarse que el agravio que plantea el recurrente no nace de la sentencia que rechazó la aclaratoria sino que se originaría en la decisión de la sentencia de fondo. En efecto, la actora expresa en su libelo recursivo que al solicitar aclaratoria no se pidió algo distinto al objeto del amparo sino que se quiso evitar la futilidad de la sentencia y la frustración de la acción solicitando que no se computara el período en que estuvieron privados de desempeñar sus cargos. Aunque la actora no lo manifieste ni lo relacione expresamente con alguno de los supuestos de la procedencia de la aclaratoria, se trataría de suplir la omisión en que -a su criterio- habría incurrido la sentencia de fondo (recordemos que alega que la cuestión sí debió ser objeto de pronunciamiento) o, en todo caso, de aclarar la pretensa oscuridad de los alcances de su resolutiva. Así entonces, de haberse tratado de aclarar una oscuridad o suplir la omisión de la cuestión que propone la recurrente en su solicitud de aclaratoria, lo cierto es que tal agravio o vicio habría nacido con la sentencia de fondo del 4 de mayo de 2010 y no con la que deniega la aclaratoria, razón por la cual el recurso de casación debió ser interpuesto contra la sentencia de fecha 04/5/2010, sin que el planteo de aclaratoria haya gozado de virtualidad para suspender el plazo a los fines de la interposición del recurso de casación.

Si la Cámara rechazó el pedido de aclaratoria planteada por la propia recurrente, no puede sostenerse válidamente que recién en ese momento haya nacido el agravio que legitima su interés, puesto que ello ha acontecido ante la notificación de la sentencia definitiva (de fondo), en tanto la misma se ha visto inalterada por el resultado adverso de la aclaratoria formulada. De haber procedido la parte recurrente según el juego de las normas procesales vigentes y aplicables al caso, debió incoar temporáneamente el recurso de casación contra la sentencia de fondo y no recién después de rechazado el planteo de aclaratoria que, por lo demás, no es suspensiva del plazo de interposición de aquél. De allí que aún cuando el presente recurso de casación pudiera hacerse valer contra ambas sentencias, el mismo resultaría extemporáneo, pues el plazo para su interposición debió contarse, en autos, a partir de la notificación de la sentencia del 4 de mayo de 2010 (es decir, ese mismo día conforme cédula obrante a fs. 579), mientras que el recurso de casación de la parte actora fue interpuesto recién en fecha 8 de julio de 2010 (conf. fs. 659), es decir, vencido el plazo de ley.

Por su parte, cabe expresar que la recurrente manifiesta que ha solicitado ya desde su demanda lo que expone en su aclaratoria y que pretende sea parte de la sentencia. A tales efectos, reproduce párrafos del libelo de inicio de los que, a su entender, surgiría que tal cuestión estuvo planteada. Ahora bien, más allá de notar que para demostrar esto, la recurrente tuvo que acudir, en su recurso extraordinario, a notas a pie de página aclarativas de las citas textuales de lo expuesto en su libelo de inicio (fs. 654), lo cierto es que la Cámara, al resolver la aclaratoria ha señalado que la petición de la actora por esa vía no sólo no ha sido objeto de la demanda sino que tampoco ha sido propuesta en el memorial de agravios de la apelación y, sobre esto último, nada dice en casación la actora, dejando incólume el argumento.

Manifiesta la recurrente que sí fue debatido si los actores debían permanecer o no en sus cargos mientras el levantamiento de la cautelar no estuviese firme, y que si se hubiera procedido conforme a derecho en primera instancia o resuelto prontamente la queja (de atentado por ella interpuesta) no se hallaría ante la situación actual en que la denegación de la aclaratoria priva de efectos a lo resuelto en la sentencia de fecha 4 de mayo de 2010. Justamente estas cuestiones procesales firmes (la misma actora menciona que la sentencia de fecha 30/10/2009 ha tornado inactual e insubsistente la queja que interpuso como modo de concesión del recurso -fs. 525-) que permitieron el desplazamiento de los actores no pueden ser revisadas en esta instancia, y tanto menos por un recurso inidóneo para ello, pues las mismas no caen dentro del objeto de la aclaratoria.

En definitiva, la actora erró en el trámite procesal que ha seguido en la causa, pues el recurso extraordinario local debió ser incoado en el término de ley contra la sentencia de fondo, aun ante el planteo de aclaratoria que no suspende el curso de interposición de aquél. No habiéndolo efectuado así, el recurso debe ser declarado mal concedido.

Sólo a mayor abundamiento, cabe agregar que la pretensión de la parte actora de que se deduzca el tiempo en que los actores desplazados no ocuparon su cargo y se lo recupere a partir de que resulten repuestos en funciones, no parece razonable, dado que -más allá de su derecho al cumplimiento de la sentencia- tal pretensión importaría enervar los lapsos de un mandato fenecido temporalmente, produciendo una situación caótica en una institución que, a la fecha, presenta rasgos de regularidad. En especial, cuando algunos de los actores participaron en los comicios que iniciaron tal regularización. Por lo expuesto, se declara inadmisible y, por ende, mal concedido el recurso de casación deducido por la parte actora. Todo esto, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponderles a los actores, por los perjuicios que la mentada situación les pudo haber ocasionado. VI.- Análisis de los recursos de casación de la parte demandada y de la Caja de Previsión.

Con relación a los recursos bajo análisis, ante todo, cabe recordar que las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevivientes, lo cual resulta aplicable también a las decisiones en los procesos de amparo (art. 40, segundo párrafo, del CPCCT). Reiterada doctrina del Tribunal ha declarado que si lo demandado carece de objeto actual la decisión es inoficiosa, siendo tal circunstancia comprobable aún de oficio. En consecuencia, le está vedado al Tribunal expedirse sobre planteos que devienen abstractos, porque el pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual (CSJT en sentencias Nº 20 del 24/02/1994; Nº 543 del 31/8/1994; Nº 679 del 01/11/1994; Nº 876 del 05/11/1997; Nº 961 del 23/12/1998; Nº 483 del 05/6/1999; Nº 373 del 22/5/2001; Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 216:147; 231:288; 243:146; 244:298; 253:346; 259:76; 267:499; 307:2061; 308:1087; 310:670; 312:995; 313:701; 313:1497; 315:46, 1185, 2074, 2092; 316:664; 318:550; 320:2603; 322:1436, entre muchos otros).

En virtud de tales principios, resulta inoficioso emitir pronunciamiento respecto de los recursos de casación impetrados por los cuales la parte demandada y tercera interviniente cuestionan la sentencia que hizo lugar a la procedencia del amparo, toda vez que la cuestión devino abstracta, en atención a que los mandatos de los actores han culminado temporalmente y, en consecuencia, no se puede dar cumplimiento a la ordenada restitución de los actores en sus antiguas funciones, conforme lo ordenado por la sentencia impugnada.

Así, con idéntica lógica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que era "inoficioso un pronunciamiento porque se había tornado abstracta la cuestión en causas en las que se impugnaban decisiones de los máximos órganos jurisdiccionales locales en procesos de destitución de funcionarios pasibles de juicio político, cuando había expirado el mandato para el cual aquéllos fueron elegidos y ya se encontraban en posesión del cargo los nuevos mandatarios (Fallos: 327:2656)" (CSJN, in re "Maza, Angel E.", 06/10/2009, cita fallos 332:2208). En efecto, ésta es la situación que se configura en la causa, pues de las constancias de autos, surge que a la fecha ha expirado el mandato de los actores. Ello trae como consecuencia que, al haber devenido abstracto el objeto del recurso extraordinario de casación articulado bajo análisis, resulte inoficioso un pronunciamiento sobre los agravios contenido en los referidos recursos.

VII.- Atento a las dificultades interpretativas que ofrece el conflicto, la complejidad de la cuestión aquí debatida, las peculiares circunstancias de la causa y la declaración de abstracción, corresponde imponer las costas de ésta instancia extraordinaria por el orden causado.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en mérito a lo considerado.

II.- DECLARAR ABSTRACTA la cuestión propuesta en los recursos de casación de la demandada y tercera interviniente, en mérito a lo considerado. Devuélvase el depósito efectuado por ellos.

III.- COSTAS como se consideran.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00031051-01.