Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2010-03-02


Ushuaia, marzo 2 de 2011.

Voto del doctor Muchnik:

1. A fs. 37/39, el Juez de Ejecución confirmó la resolución nº 22/10 U.Nº 1 R.G. "I" obrante a fs. 29 y vta., por la cual se impuso al interno Luis Miguel López Villarroel la sanción de siete (7) días ininterrumpidos de "permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención".

Ello, en virtud de incautarse en la celda del nombrado un trozo metálico (tipo planchuela de color negro y bordó) de aproximadamente 23 cm de largo por 1,8 cm de ancho. Conforme surge del informe de fs. 3/4, esa planchuela correspondería al borde del banco metálico situado en ese lugar, y fue desprendido, involuntariamente y sin esfuerzo, por el Cabo Julio Oporto, quien intervino en la requisa. Con posterioridad a ese registro, frente al personal de seguridad, López Villarroel tomó un elemento cortante con la mano derecha y se cortó la muñeca del brazo izquierdo, retirándose inmediatamente después a su celda (conf. "Visto" de la resolución de fs. 29 y vta., dictada por el Subdirector a cargo de la Dirección de la Unidad Carcelaria).

La resolución de fs. 29, confirmada por el a quo, remite a las siguientes normas:

Artículo 79 de la ley 24.660:"El interno está obligado a acatar las normas de conducta que, para posibilitar una ordenada convivencia, en su propio beneficio y para promover su reinserción social, determinen esta ley y los reglamentos que se dicten".

Artículo 85, inc. "j":"El incumplimiento de las normas de conducta a que alude el artículo 79, constituye infracción disciplinaria.

Las infracciones disciplinarias se clasifican en leves, medias y graves.

Los reglamentos especificarán las leves y las medias.

Son faltas graves: ...j) Cometer un hecho previsto como delito doloso, sin perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal".

Artículos 87, inc. "e":"Sólo se podrá aplicar como sanción, de acuerdo a la importancia de la infracción cometida y a la individualización del caso, alguna de las siguientes correcciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89; ...e) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta quince (15) días ininterrumpidos" Artículo 17, incs. "d", "e" y "f", del decreto nacional nº 18/97:"Son infracciones medias: ...d) Destruir, inutilizar, ocultar o hacer desaparecer, total o parcialmente, instalaciones, mobiliario y todo objeto o elemento provisto por la administración o perteneciente a terceros;

e) Resistir pasivamente al cumplimiento de órdenes legalmente impartidas por funcionario competente o no acatarlas;

f) Autoagredirse o intentarlo".

Artículo 18, inc. "j":"Son infracciones graves: ... j) Cometer un hecho previsto como delito doloso, sin perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal".

Artículo 19, inc. "e":"Las sanciones legalmente aplicables son: ... e) Permanencia en su alojamiento individual o en celda cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta quince días ininterrumpidos".

Artículo 20, inc. "c":"Las infracciones disciplinarias, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 21, serán sancionadas conforme lo establecido en el art. 19 de la siguiente forma: ...c) Infracciones graves: con las previstas en los incisos e), f), g) y h)".

2. El Sr. Defensor Público, Dr. Aníbal Gerardo Acosta, interpuso recurso de casación a fs. 43/46, en representación de Luis Miguel López Villarroel.

Tras destacar el cumplimiento formal de los requisitos formales de la vía intentada y reseñar los antecedentes del caso (fs. 43/44), expresa los agravios sobre los que estructura su impugnación.

Rememora que el fin del tratamiento penitenciario es promover la readaptación social del interno, y manifiesta que la imposición de una sanción disciplinaria sin la ponderación de este fin es injusta y contraria a derecho (fs. 44vta./45).

Denuncia la arbitrariedad del fallo al considerar que no se realizó una ponderación de atenuantes y agravantes, ni se fundó debidamente la resolución administrativa del sumario (fs. 45).

Dice que no existe comprobación alguna relativa a la presunta resistencia al cumplimiento de ordenes impartidas (art. 17, inc. "e") ni, menos aún, a la comisión de un hecho previsto como delito doloso (art. 18, inc. "j"). Respecto de la imputación vinculada a la afectación de las instalaciones y el mobiliario (art. 17, inc. "d"), entiende que la prueba considerada resulta parcial e insuficiente, y que -además- se dejó de lado la prueba de descargo pertinente (fs. 45). De este modo, estima que sólo se encuentran probadas las autolesiones (art. 17, inc. "f"), las que fueron una reacción ante la arbitrariedad de la autoridad (fs. 45vta.).

Por otro lado, critica que la fijación de la sanción no contiene consideración alguna con relación al modo en que se ha procedido a la acumulación de las distintas penalidades, siendo que se trata de varios hechos que fueron objeto de la investigación sumaria. A su juicio, hubo una unificación de la sanción sin proporcionar los fundamentos adecuados (fs. 45vta.).

En definitiva, estima que el procedimiento sancionatorio resulta nulo, de nulidad absoluta; que la graduación de la sanción se aparta del art. 25 del dec. 18/97; que la sanción impuesta resulta excesiva, siendo suficiente -a los fines preventivos- los cuatro días de aislamiento cumplidos por López Villarroel como medida cautelar (fs. 45vta.).

Por último, señala que lo actuado avasalla las garantías constitucionales de su pupilo; hace reserva de acudir a la vía federal y formula su petitorio (fs. 46 y vta.).

3. He de adelantar mi opinión indicando que en este caso he de disentir parcialmente con la calificada opinión expresada por el Sr. Fiscal Mayor.

Al interno López Villarroel se le imputan la comisión de faltas graves y medias. Sobre el punto, se advierte que la resolución de fs. 29 y vta vuelca al papel estas normas de un modo poco claro.

En efecto, si bien se consigna expresamente que la sanción al interno responde a "poseer elementos no autorizados" -con evidente relación al trozo de hierro incautado en su celda- y a la autoagresión infringida (punto 1º de la parte dispositiva), las normas que dan sustento a esa resolución no aprehenden acabadamente estas conductas.

En primer lugar, cabe destacar que la mencionada "posesión de elementos no autorizados" no fue encuadrada en el inciso "c" del art. 18 del decreto nacional nº 18/97 (similar al art.85, inc. "d", de la ley 24.660): "El incumplimiento de las normas de conducta a que alude el artículo 79, constituye infracción disciplinaria. / Las infracciones disciplinarias se clasifican en leves, medias y graves. / Los reglamentos especificarán las leves y las medias. / Son faltas graves: ...c) Tener dinero u otros valores que lo reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia o de terceros".

Por el contrario, se cita el inciso "d" del art. 17 del decreto (similar al inc. "d" del art. 85 de la ley), que califica como infracción media a la acción de "Destruir, inutilizar, ocultar o hacer desaparecer, total o parcialmente, instalaciones, mobiliario y todo objeto o elemento provisto por la administración o perteneciente a terceros". En nuestro caso, estimo que esta norma se vincularía con la rotura del borde del banco situado en la celda del encartado. Y digo "estimo", porque la autoridad administrativa no lo dice, ni el juez aclara el punto.

4. De allí que si bien este inciso se consigna como base normativa de lo resuelto, no guarda relación con "poseer elementos no autorizados" y/o infringirse lesiones en el cuerpo.

Esta cuestión no es menor. Ni la autoridad penitenciaria, ni el magistrado, aclaran cuál es la conducta que da sustento a la configuración de la falta grave, fundada en la presunta comisión de "...un hecho previsto como delito doloso, sin perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal" (conf. arts. 18, inc. "j", del decreto y 85, inc. "j", de la ley). Ante dicha omisión, aparece relacionada exclusivamente con la pretendida rotura parcial del banco (v.gr.: delito de daño calificado). Ello así, toda vez que las restantes conductas reprochadas, calificadas como faltas "medias" por el art. 17 del decreto, no son alcanzados por los incisos "j" de las normas citadas: ni la resistencia pasiva del cumplimiento de órdenes legalmente impartidas (inciso "e"), ni la autoagresión (inciso "f"), se vinculan linealmente con figuras contenidas en el Código Penal, como sí lo hace el daño producido dolosamente contra las instalaciones de la Unidad.

En suma: la resolución de fs. 29 y vta. describe las conductas como "poseer elementos no autorizados" y "autoagresión", pero cita normas que van más allá de éstas, con el agravante de que incorporan al caso el concepto de "falta grave".

En este sentido, yerra el a quo al confirmar in totum la sanción impuesta a López Villarroel. En el recurso de apelación deducido contra la decisión de fs. 29, la defensa cuestionó que no había sido acreditado pericialmente la correspondencia de los trozos metálicos hallados en el sector externo del edificio y del incautado dentro de la celda de López Villarroel con el borde faltante del banco de su celda (fs. 34 y vta.). Ello, con el objeto de demostrar que el encartado no había roto (v.gr.: destruido parcialmente) ese banco. Más allá del acierto o no de este planteo, lo relevante es que el magistrado no trató la cuestión, pues siguiendo lo resuelto a fs. 29, entendió que el extremo descripto no cobraba relevancia alguna, "...ya que lo que se castiga en esta ocasión es la tenencia de la pieza metálica y haberse producido cortes en el cuerpo" (fs. 39).

En consecuencia, si lo que se castigaba era -exclusivamente- la tenencia de la pieza metálica y el haberse infringido lesiones, debe excluirse del reproche la conducta descripta por el inciso "d" del art. 17 (destrucción parcial del banco situado en la celda). Y con ella, queda de lado -también- la pretendida comisión de un hecho previsto como delito doloso en el Código Penal, circunstancia que los incisos "j" de los arts. 18 del decreto y 85 de la ley, califican como infracción "grave".

En este punto, la resolución del a quo no se autosustenta, y debe ser revocada.

5. Quizás podría decirse que este Superior Tribunal se encuentra en condiciones de corregir el fallo, pues se trata de una cuestión de derecho que, en principio, no modifica la base fáctica examinada a lo largo de las instancias administrativa y judicial del proceso.

Estimo que no corresponde proceder en tal sentido, toda vez que constituye una cuestión que fue materia de agravio por parte de la defensa en el recurso de apelación y tratada -deficientemente, como se analizó- por el a quo.

En tales condiciones, este Estrado se ve imposibilitado a mutar la subsunción legal, corrigiendo el encuadre jurídico de acuerdo a la normativa aplicable, y supliendo las omisiones incurridas en las instancias anteriores (v.gr.: dar debida respuesta -favorable o desfavorable- al agravio expresado por la parte).

6. En su escrito casatorio, la defensa también cuestiona la imputación de la infracción de resistir pasivamente al cumplimiento de órdenes legalmente impartidas por funcionario competente o no acatarlas (art. 17, inc. "e" del decreto 18/97), al entender que dicho extremo no se encuentra acreditado (arg. de fs. 45).

No comparto esa conclusión. De la lectura de la prueba incorporada la proceso se advierte que una vez incautada la pieza metálica encontrada en la celda de López Villarroel, éste tomó un elemento cortante y se cortó la muñeca del brazo izquierda, retirándose inmediatamente hacia su celda (ver informe de fs. 3/4). El interno hizo caso omiso a los llamados de los agentes penitenciarios para requerir asistencia médica, "Por cuanto se debió intervenir para la reducción y sustracción del interior de la celda y pabellón, siendo esta tarea llevada adelante por los Cabos 1º Silver Sebastián, Ferreyra Ualdo (sic), Hernán Rodrigo Scipioni y Cabo Carlos Roberto Giménez, los cuales con gran profesionalismo reducen al interno López, y aplican sobre el mismo, como medida de sujeción la esposa reglamentaria, retirándose al interno del pabellón siendo las 14:00hs" (primer párrafo de fs. 4 del informe).

Ello fue ratificado por los funcionarios intervinientes a fs. 15 (Sebastián Ubaldo Ferreyra Silver), 17 (Carlos Roberto Giménez) y 19 (Rodrigo Hernán Scipioni).

En consecuencia, no puede decirse válidamente que la resistencia pasiva imputada a López Villarroel no se encuentra probada.

Con relación a las lesiones producidas por el interno en su brazo, el casacionista sostiene que ello fue la respuesta que su pupilo encontró ante lo que, a su juicio, constituía un accionar abusivo por parte de la autoridad.

Al respecto, cabe señalar que aún de estarse a la hipótesis propuesta por la parte, la situación relatada no justificaría ni disculparía la reacción de López Villarroel, la que indudablemente da sustento a la sanción impuesta (art. 17, inc. "f", del decreto).

7. De acuerdo a lo expuesto, la decisión de fs. 37/39, que mantuvo in totum la sanción impuesta a fs. 29 y vta. debe ser parcialmente revocada, toda vez que la imputación vinculada a la destrucción parcial del banco (art. 17, inc. "d", del decreto 18/97) de su celda no se encuentra debidamente formulada. Ello vacía de contenido la atribuida comisión de una falta grave, basada en los incisos "j" de los arts. 85 de la ley 24.660 y 18 del decreto 18/97.

La justificación ensayada por el a quo en este punto carece de fundamento suficiente, abriendo la puerta a la descalificación parcial del fallo bajo el prisma de la denominada doctrina de la arbitrariedad, que hace su aparición cuando se ponderan en forma voluntarista los elementos aportados, o se aplican erróneamente las normas legales o reglamentarias: si la base de la imputación consiste en la tenencia de una pieza metálica (independientemente del origen de este elemento) y en que el interno se produjo cortes en el cuerpo, la sanción no puede sustentarse en las normas citadas en el párrafo que antecede.

Resta señalar que la solución propuesta torna inoficioso tratar los agravios vinculados a la errónea cuantificación de la sanción única, impuesta por los distintos hechos investigados (ver recurso, fs. 45vta./46).

8. Atento a las consideraciones efectuadas, propongo hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 43/46 por la defensa de Luis Miguel López Villarroel y, en su mérito, casar parcialmente la decisión de fs. 37/39.

De allí que resulta pertinente confirmar parcialmente la decisión de fs. 37/39, sólo en cuanto mantuvo la sanción impuesta al interno Luis Miguel López Villarroel en orden a la comisión de las infracciones previstas en los incisos "e" y "f" del art. 17 decreto nacional nº 18/97: "e) Resistir pasivamente al cumplimiento de órdenes legalmente impartidas por funcionario competente o no acatarlas"; y "f) Autoagredirse o intentarlo".

En virtud de ello, cabe remitir la causa al Juzgado de Ejecución para que proceda a fijar -si correspondiere, de acuerdo a lo indicado más adelante- la sanción (conf. art. 87 de la ley 24.660 y art. 19 y ss. del decreto nacional 18/97) de acuerdo al encuadre jurídico brindado en el párrafo que antecede, y teniendo presente -obviamente- el tiempo de duración de la medida cautelar oportunamente ordenada.

Sin costas, atento a que el recurso prosperó parcialmente (art. 492, segundo párrafo, del C.P.P.).

No escapa a mi conocimiento que la aplicación de la sanción fue dejada en suspenso por el a quo (decreto de fs. 33). Corresponde, entonces, que el magistrado evalúe, a través de las herramientas que considere pertinentes, la conveniencia de hacerla efectiva en este momento, atento a la evolución del interno en el desarrollo del régimen de ejecución de su pena y a la luz de los principios que emanan de los arts. 18 de la Constitución Nacional, 38 de la Constitución Provincial, y 1º de la ley 24.660.

Los doctores Sagastume y Battaini comparten y hacen suya la propuesta formulada por el Juez Muchnik, votando en igual sentido.

Por las consideraciones efectuadas en el Acuerdo que antecede el Superior Tribunal de Justicia resuelve: 1º) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 43/46 por la defensa de Luis Miguel López Villarroel y, en su mérito, casar parcialmente la decisión de fs. 37/39. Sin costas (art. 492, segundo párrafo, del C.P.P.). 2º) Confirmar la decisión de fs. 37/39 en cuanto mantuvo la sanción impuesta al interno Luis Miguel López Villarroel a fs. 29 y vta., exclusivamente en orden a la comisión de las infracciones previstas en los incisos "e" y "f" del art. 17 del decreto nacional nº 18/97. 3º) Remitir la causa al Juzgado de Ejecución a los fines señalados en el consid. 8º. 4º) Mandar se registre, notifique y cumpla.- María del C. Battaini.- Javier D. Muchnik.- Carlos G. Sagastume.