Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-17


SENT Nº 575 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecisiete (17) de Agosto de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, y los señores vocales doctores Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse -por encontrarse excusados los doctores Antonio Daniel Estofan y René Mario Goane-, bajo la Presidencia de la doctora Claudia Beatriz Sbdar, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: ?Horbet S.A. vs. Provincia de Tucumán s/ Especiales (Residual)?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la parte actora contra la sentencia de la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 25/6/10 (fs. 661/666).

Corrido el traslado previsto por el art. 751 del CPCyC y contestado el mismo a fs. 703/707, el recurso fue declarado admisible por resolución del 26/10/10 (fs. 712).

2. Tras reseñar el contenido de la demanda, de la prueba, de su alegato y de la sentencia impugnada, sostiene el recurrente ?que, frente a la intergiversable existencia de la Resolución n° 1524 del 07/10/91 del Presidente del IPVDU, en la que se aprobó (artículo 1°) 'el reconocimiento de la distorsión por hiperinflación en el período comprendido por los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del año 1989 para la obra 158 viviendas e infraestructura en COPIAAT I' ejecutada por la empresa Horbet SA, el único fundamento denegatorio (de la Cámara) es que la misma habría sido dictada ad referéndum de la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental de la Nación, y esta parte no habría acreditado el extremo básico de la acción deducida, cual sería la existencia de un 'referendum' de parte de dicho organismo la resolución que reconocía el crédito de mi instituyente?.

Afirma que ?tal criterio es erróneo? y que ?una lectura completa de la resolución agregada en autos -y no solamente un párrafo de su parte resolutiva- demuestra a las claras que el Instituto Provincial de Vivienda reconoció clara y concretamente que se habían producido distorsiones en los índices de precios y que ellos habían generado créditos a favor de los contratistas, en el caso concreto, a favor de mi mandante?.

Expresa que ?lo que se llama 'referendum' era en realidad el envío de fondos por parte de las autoridades nacionales. Siendo así, la falta de tal envío puede tener como efecto que la deuda reconocida no sea pagada o inclusive que lo que exista sea un crédito ilíquido reconocido, pero no que no exista ningún reconocimiento del crédito?.

Hace referencia a un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de consolidación, manifestando que ?la falta de cumplimiento de los trámites para la remisión de los fondos -aún si tales trámites hubieran faltado, lo que veremos es falso- no obstaría a que los créditos se considerasen reconocidos por el organismo provincial y por ende consolidados en la Provincia?.

Sostiene que ?pocos días después de dictada la resolución en beneficio de mi mandante, el 22 de octubre de 1991, la entonces Intervención Federal de la Provincia dictó la ley n° 6296, la cual dispuso en su artículo 6° que las resoluciones incorporadas en los artículos 2°, 3° y 4° entre las que figura la Resolución n° 1524/1991 dictada por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, regirán a partir de la vigencia de la ley, agregando que en los casos que dichas resoluciones se encuentren pendientes de recursos cuya interposición suspenda su ejecución o se encuentren sujetas a la aprobación de la Subsecretaría de Vivienda y Calidad Ambiental de la Nación, regirán a partir de la resolución de dichos recursos o, en su caso, a partir del otorgamiento de la autorización del respectivo financiamiento por parte de la Subsecretaría de Vivienda y Calidad Ambiental de la Nación?.

Explica que ?la autoridad máxima provincial, y por la norma más alta existente en la Provincia -salvo la Constitución- había aclarado que la Resolución a favor de mi mandante regía a partir de la vigencia de la ley. Esto resulta totalmente incongruente con el concepto mismo de actos dictados 'ad referendum', que por definición no rigen con anterioridad al referéndum mismo?.

Continúa en que ?si se entendiera que faltara algún trámite ante la Subsecretaría de Vivienda y Calidad Ambiental de la Nación, el mismo no sería el otorgar el referéndum, sino la autorización del respectivo financiamiento? y que ?lo que se pedía del organismo nacional era simplemente el financiamiento y no el contralor o referéndum de lo resuelto?.

Señala ?como pauta de interpretación jurídica del actuar de los organismos provinciales?que los funcionarios públicos son meros representantes del pueblo y no pueden delegar sus propias facultades en terceras personas salvo que la delegación esté expresamente permitida por ley?; y que ?en el caso concreto el IPVDU no necesitaba de ninguna voluntad externa para validar sus propias disposiciones -más aún, poco después y como consecuencia del Pacto Fiscal Federal, inclusive la disposición de fondos provenientes del FONAVI era de su exclusiva competencia, según se reseñará- analizamos con algún detenimiento qué es lo que quiso decir dicho organismo al decir que supuestamente sometía el reconocimiento del crédito de mi mandante al referéndum de un organismo nacional?.

Expone que ?no puede entenderse -salvo que no exista otra interpretación posible- que se haya violado tan flagrantemente el art. 5° de la ley 4537. Y máxime cuando supuestamente se defirió el tema, de competencia eminentemente provincial, no a otro organismo provincial diferente, sino lisa y llanamente a la voluntad de una repartición nacional, en violación a la Constitución Nacional entonces vigente, igual en ese sentido a la actual?.

Reseña las funciones reconocidas al IPVDU por la normativa local vigente, como así también el régimen del Fondo Nacional de Vivienda y la modificación sobre este régimen a partir de la sanción del Pacto Fiscal Federal, y expone que ?en el sistema por entonces imperante los fondos pertenecientes al Fondo Nacional de Vivienda eran administrados por el Gobierno Nacional a través de la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, quien distribuía los recursos recaudados a los organismos provinciales que tenían a su cargo la ejecución y administración de los distintos programas mediante un sistema de cupo de aplicación. A su vez, las provincias tenían a su cargo la responsabilidad operativa en la realización y ejecución de las obras descriptas en la ley nacional, al punto que la propia ley establecía en su artículo 9° que la financiación a través del Fondo Nacional de la Vivienda sólo procedía en obras aprobadas por las provincias?.

Prosigue en que ?en el caso de nuestra provincia, el ente con responsabilidad operativa en los términos del entonces vigente sistema implementado por la ley 21.581 era el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (ley 3.619), quien tenía a su cargo aprobar las obras a realizarse en la provincia con la financiación del Fondo Nacional de la Vivienda y controlar la realización y ejecución de las mismas en un todo de acuerdo con las normas contenidas en el derecho público local (artículo 4° y 5° ley 3.619), destacándose entre ellas las contenidas en las ley de Obras Públicas n° 5854?.

Afirma que ?resultando entonces que el IPVDU aprobó el reconocimiento de la distorsión por hiperinflación reclamada por la empresa Horbet SA pero indicando que lo hacía ad referéndum de la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental de la Nación como autoridad de aplicación de la ley 21.581, corresponde pues determinar tanto su sentido y alcances como también los efectos que la alegación 'ad referendum' produjo respecto al reconocimiento aprobado por el Instituto Provincial en su condición de ente con responsabilidad operativa en los términos del entonces vigente sistema implementado por la ley 21.581?.

Transcribe doctrina sobre acto ad referéndum y sostiene que ?la Resolución n° 1524/1991?fue emitida por un ente competente, lo cual no es materia de discusión en la presente litis, circunstancia que descarta toda posibilidad que la utilización del ad referéndum en la resolución antes citada, lo haya sido en el sentido de su significación jurídica expresada, es decir, como acto preparatorio carente de efecto jurídico alguno hasta tanto la autoridad competente adopte alguna decisión al respecto?.

Insiste en que ?la utilización de la frase 'ad referendum' no lo fue a los fines de condicionar la validez jurídica del reconocimiento del derecho expresado en la Resolución n° 1524/1991 a la ulterior aprobación por parte de la SSVOA sino que lo fue con el fin de diferir el pago del derecho reconocido para una vez que se reciban los fondos de la SSVOA, todo ello en mérito al sistema por entonces vigente -ley 21.581- que, como se dijo, centralizaba la recaudación de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para luego distribuirlos a través de la autoridad de aplicación a los entes provinciales con competencia operativa?.

Sostiene que del informe de la Sindicatura General de Empresas Públicas ?debe tenerse por acreditado que la autoridad de aplicación del sistema implementado por ley n° 21.581 giró al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano los fondos necesarios para que atendiera el pago, entre otros, del crédito reconocido a favor de la empresa Horbet SA mediante Resolución n° 1524/1991, los que fueron recibidos mediante orden de pago n° 2.736, como así también que el Instituto Provincial no aplicó los fondos al pago de los conceptos que los originaron, incumpliendo de ese modo la resolución bajo análisis?.

Expresa que ?mediante Decreto n° 1471/21 MAS del 08/08/92 el Poder Ejecutivo aprobó la Programación Físico Financiera presentada por el IPVDU para los años 1992 a 1998 en los términos que dan cuenta las planillas anexas al referido decreto? y que, al respecto, la sentencia solamente dice que ?tampoco tiene la virtualidad de lograr acreditar el extremo sostenido por la actora, más aún cuando fue derogado dos meses y medio después?.

Afirma que ?no es así. Se puede derogar una programación físico/financiera, pero no se puede derogar un reconocimiento de deuda, ya que al existir deuda reconocida, pasa a integrar el derecho de propiedad del beneficiario de aquel?, y expresa que ?la sentencia omite entonces que tal reconocimiento constituía un derecho adquirido de sus beneficiarios, y como tal no podía derogarse retroactivamente.

Se podía derogar la programación físico financiera del IPVDU por el lapso 1992/1998, pero no dejar sin efecto los derechos nacidos al amparo de un reconocimiento estatal?.

Alega que ?la propia sentencia reconoce que a partir del dictado de la ley nacional 24.130 publicada el 22 de septiembre de 1992, ratificatoria del Pacto Federal suscripto entre el Gobierno Federal y los Gobiernos Provinciales el día 12 de agosto de 1992 se dispuso la suspensión a partir del 1 de septiembre de 1992, entre otras, de la ley 21.581, con lo cual el Fondo Nacional de la Vivienda pasó a ser responsabilidad del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano en su condición de órgano ejecutor, dependiendo de este ente y en forma exclusiva el otorgamiento de aptitudes técnicas y financieras de cada proyecto como toda otra facultad de orden reglamentario, a quien también y además se transfirieron los recursos financieros del Fondo Nacional de la Vivienda?.

Prosigue en que ?al implementarse un nuevo sistema de administración y ejecución de obras con los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda en el cual ya no interviene como agente financiero o administrador la Secretaría de la Vivienda y Calidad Ambiental de la Nación, cuyas funciones son absorbidas por el ente provincial, correspondía al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, a favor de quien se había transferido la titularidad de los recursos financieros del Fondo Nacional de la Vivienda, atender directamente el pago del crédito que había reconocido a favor de la empresa Horbet SA?.

Agrega que ?la modificación del sistema del Fondo Nacional de la Vivienda con los alcances antes aludidos, no pudo imponer que en los hechos la cuestión resuelta mediante la Resolución n° 1524/1991 debiera reeditarse a la luz de la nueva normativa, toda vez que lo que el novedoso sistema únicamente pudo modificar fue la oportunidad de pago del derecho reconocido, el cual ya no podía depender del envío de fondos por parte de la Secretaría de la Vivienda y Calidad Ambiental sino tan solo del libramiento de la orden de pago por parte del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de la Provincia?.

Finalmente, propone las doctrinas legales que estima aplicables al caso y efectúa un resumen de los requisitos de admisibilidad del recurso.

3. La sentencia impugnada señaló que ?la actora promueve en autos una acción por cumplimiento de acto administrativo consolidado, solicitando previo los trámites de ley se condene a la demandada a pagarle las sumas que sostiene se le adeudan en concepto de diferencias de liquidación de certificaciones en períodos de hiperinflación?.

Luego de reseñar el trámite administrativo que precedió a la interposición de la demanda, la Cámara plantea ?dilucidar si efectivamente, como lo sostiene la actora, ha resultado acreditado en autos que se verifica el extremo en que se sustenta su acción o sea si existe en el caso un acto administrativo consolidado firme cuyo pago reclama en este proceso?.

Sostuvo que ?por la Resolución n° 1524 del 07/10/91 del IPVDU se aprobó (artículo 1°) ad referéndum de la SSVOA el reconocimiento a la empresa accionante de la distorsión por hiperinflación en el período comprendido por los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del año 1989, por la ejecución de la obra 158 viviendas e infraestructura en COPIAAT I?.

Recordó que ?sabido es que la acepción 'ad referendum' es una expresión latina que generalmente se usa para expresar que un acto, una decisión de la autoridad, un proyecto de ley, un contrato, quedan subordinados, en cuanto a su validez y ejecutoriedad, a la aprobación de otra autoridad superior?, señalando que ?se trata por tanto de actos dictados bajo una condición suspensiva, cual es la aprobación (o referéndum) de otro órgano o funcionario con competencia para ello, por lo que su sujeción está condicionada a que efectivamente sea aprobado por la autoridad competente?.

Citó jurisprudencia y doctrina referida al acto sujeto a referéndum y expresó que ?en el caso de autos debe considerarse asimismo que el artículo 46 de la ley 4537 de procedimiento administrativo establece 'la administración se abstendrá de poner en ejecución actos administrativos no notificados o pendientes de recursos cuya interposición suspenda, por norma expresa, su ejecutoriedad o que hubieren sido dictados ad referéndum de otra autoridad, sin que la aprobación hubiere aún sido dictada'. Estamos así ante una prohibición expresa de la norma para poner en ejecución actos administrativos pendientes de aprobación por parte de otra autoridad o funcionario. Nótese que la citada normativa exige una aprobación formal y expresa: dictada?.

Seguidamente se interrogó el Tribunal acerca de ?si en el subexamine resultó acreditado que la Subsecretaría de Vivienda de la Nación ha aprobado formalmente la Resolución n° 1524/91 (o dictado el correspondiente referéndum al que en el artículo 1° se sujetó la validez y ejecución, según lo arriba señalado)?.

Consideró que ?debe concluirse que del examen del plexo probatorio rendido en autos surge que no se probó en la causa que efectivamente se haya cumplido la condición que se insertó en el referido acto, o sea la aprobación formal por parte de la SSVOA.

Así lo consigna en el informe del 02/10/91 del Jefe de Planificación Económica Financiera del IPVDU, manifestando que no tiene conocimiento de la aprobación por resolución FONAVI, del dictamen de la Comisión Especial?.

Destacó el tribunal que ?pretende la actora que dicha aprobación habría tenido lugar tácitamente porque surgiría de una auditoría que la Sindicatura General de Empresas Públicas (copia simple a fs. 92/97 de autos) que habría existido una orden de pago n° 2736 -de la que no se precisa fecha ni año presupuestario alguno- mediante la cual se habrían remitido los fondos al IPVDU y no fueron aplicados al pago de los conceptos que lo originaron.

Tales fondos habrían sido girados, se dice, al IPVDU, organismo autárquico provincial que aquí no está demandado?. Añadió que ?suponiendo además que resultara legalmente válida la afirmación de la actora en el sentido de que el acto ad referéndum puede resultar aprobado indirecta o tácitamente por conductas asumidas por la autoridad con competencia para dictar tal aprobación, tenemos que tampoco resultó acreditado en forma indubitable en autos tal extremo?.

En cuanto a la ley n° 6.296, señaló que ?incrementó el presupuesto de la provincia correspondiente al año 1991, vemos que en su artículo 3° aumentó el crédito presupuestario de las Unidades de Inversión -obras- correspondientes a los fines de la 'aplicación de las resoluciones del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano números 1520 a 1525 del 7 de octubre de 1991?de lo que surge que allí se ha hecho referencia una vez más a las que en su consecuencia autorice la SSVCOA, lo que fue reafirmado en el artículo 6°, por el que se dispuso que las resoluciones incorporadas a los artículos 2°, 3° y 4° de la ley regirán a partir de su vigencia, y que en los casos que dichas resoluciones se encuentren pendientes de recursos cuya interposición suspendan su ejecución o se encuentren sujetas a la aprobación de la Subsecretaría de Vivienda y Calidad Ambiental de la Nación, regirán a partir de la resolución de dichos recursos o, en su caso, a partir del otorgamiento de la autorización del respectivo financiamiento por parte de la Subsecretaría de Vivienda y Calidad Ambiental de la Nación?.

El Tribunal transcribió las normas relativas a la emergencia pública y a la consolidación de deudas del Estado Provincial y manifestó que ?esta normativa contiene una exigencia o requisito a cumplir para que se verifique el supuesto de consolidación de 'obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 31/03/91' que la deuda haya sido objeto de reconocimiento firme en sede administrativa o judicial, extremo éste que, como se viene analizando, no quedó acreditado en autos?.

Concluyó que ?en la causa no resultó fehacientemente probado que se haya cumplimentado el supuesto en que basa su demanda la parte actora, o sea que en el caso exista un acto administrativo firme en el que se ha reconocido una deuda consolidada cuyo pago reclama la accionante a la demandada en el presente proceso? y ?en virtud de ello, entonces es procedente rechazar la demanda promovida en autos?.

4. El recurso ha sido interpuesto en término, contra una sentencia definitiva, invoca infracción a normas de derecho, se basta a sí mismo y se ha dado cumplimiento a la exigencia del depósito con la boleta de fs. 669, por lo que corresponde abordar su procedencia.

5. Confrontados los argumentos del recurso con los fundamentos del fallo impugnado, se advierte que el recurso no puede prosperar.

Tal como señaló el Tribunal sentenciante, la Resolución n° 1524 no efectuó un reconocimiento liso y llano del crédito que reclama en autos la parte actora, sino que aprobó ?ad referéndum? de la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental de la Nación el reconocimiento de la distorsión por hiperinflación en el período comprendido por los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 1989 para la obra ?158 viviendas e infraestructura en COPIAAT I?, ejecutada por la empresa Horbet SA.

De acuerdo a sus términos expresos, el acto administrativo invocado en sustento de la demanda sujetó su eficacia al ?referéndum? de otro organismo, resultando fundadas y acertadas las consideraciones efectuadas por el tribunal sentenciante respecto de la necesidad de contar con prueba fehaciente de la aprobación de la autoridad a la que remite el ?referéndum?.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la celebración de un convenio ad referéndum ?importa someter su eficacia -es decir, la posibilidad de producir efectos jurídicos- a un hecho futuro e incierto, con lo cual el acuerdo, por sí mismo, no puede traer aparejada consecuencia alguna para las partes en tanto no medie el acto de refrendo? (CSJN, Fallos 314:391 y 326:3649).

Sostiene Marienhoff que ?la aprobación es el acto administrativo que acepta como bueno un acto de otro órgano administrativo, o de una persona particular, otorgándole así eficacia jurídica? y que ?el efecto esencial de la aprobación es otorgarle 'eficacia' (ejecutoriedad) al acto aprobado? (cfr. Miguel S. Marienhoff, ?Tratado de Derecho Administrativo?, tomo I, p. 647 y 651).

En el mismo sentido, Linares expresa que ?es el acto administrativo o de administración que acepta como legítimo ?es decir como legal y oportuno? otro acto jurídico anterior, de un órgano competente, o de otro sujeto particular sometido al órgano aprobante mediante una solicitud? como también que ?la aprobación no es un requisito de validez del acto aprobado, sino de efectividad o vigencia? (Juan Francisco Linares, ?Derecho administrativo?, p. 326).

En el caso que nos ocupa, la exigencia de obtener la aprobación o ?referéndum? surge nítida de la Resolución n° 1524 invocada por el actor, ya que el acto administrativo en cuestión hace expresa mención a que el reconocimiento del crédito por distorsión por hiperinflación se encontraba sujeto al ?referéndum? de la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, lo que constituye referencia clara e inequívoca a la subordinación de la eficacia del acto a su aprobación por parte del referido organismo.

De allí que el argumento del recurrente referido a que ?lo que se llama referéndum era en realidad el envío de fondos por parte de las autoridades nacionales? contradice los términos literales de la Resolución n° 1524; se tratan de expresiones de contenidos diversos que aluden a hechos o circunstancias diferentes.

Dicho de otro modo, no existe motivo alguno que autorice a inferir que el empleo de un determinado término en la Resolución n° 1524 del IPVDU, que implica la subordinación de su eficacia a la aprobación por parte de otra autoridad, en realidad refiere al envío de fondos por parte de las autoridades nacionales para el financiamiento de una determinada obra pública.

La Resolución n° 1524 del 07/10/91 del Presidente del IPVDU que aprobó ad referéndum de la SSVOA el reconocimiento de la distorsión por hiperinflación en el período comprendido por los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 1989 para la obra 158 viviendas e infraestructura en COPIAAT I, obtuvo firmeza al no interponerse en su contra ningún recurso que planteara su improcedencia o innecesariedad, o que cuestionara la validez de la delegación de las facultades de organismos provinciales a organismos nacionales; consecuentemente, deviene inviable la pretendida violación del art. 5° de la ley n° 4.537 alegada por el actor en el recurso de casación (fs. 687).

Se advierte así que la desestimación de la demanda, basada en que el referéndum contemplado en la Resolución n° 1524 no fue probado, expresa una interpretación integral y fiel, por ende, fundada, de los términos del referido acto administrativo.

Cabe señalar que la documental agregada con el escrito de fs. 721/726 tampoco exhibe aptitud para rebatir la conclusión sentencial, en orden a la ausencia de prueba fehaciente con relación al referéndum, ya que el tribunal señaló correctamente la necesidad de que dicha aprobación fuera expresa, en base a que el art. 46 de la LPA impone a la Administración el deber de abstenerse de poner en ejecución actos administrativos ?dictados ad referéndum de otra autoridad, sin que la aprobación hubiere aun sido dictada?. En lo pertinente destacó la Cámara que ?la citada normativa exige una aprobación formal y expresa: dictada?.

En cuanto a la posibilidad de admitir la existencia de un referéndum indirecto o tácito ?por conductas asumidas por la autoridad con competencia para dictar tal aprobación? señaló el tribunal que ?tampoco resultó acreditado en forma indubitable en autos tal extremo?.

No cabe perder de vista que la instrumental referida (fs. 721) no alcanza para desvirtuar la afirmación relativa a la ausencia de prueba indubitable para acreditar el alegado referéndum tácito, ya que no se menciona ni identifica allí la obra 158 viviendas en COPIAAT I, cuya ejecución motivó el reclamo de variación de costos por hiperinflación reconocido, ad referéndum, en la Resolución n° 1524.

El recurrente sostiene también que la condición a la que se subordinó el reconocimiento incluido en la Resolución n° 1524 quedó sin efecto con la sanción de la ley n° 6.296, ?la cual dispuso en su artículo 6° que las resoluciones incorporadas en los artículos 2°, 3° y 4° entre las que figura la Resolución n° 1524/1991 dictada por el IPVDU regirán a partir de la vigencia de la ley?.

Alega que ?la Resolución a favor de mi mandante regía a partir de la vigencia de la ley? lo que ?resulta totalmente incongruente con el concepto mismo de actos dictados ad referéndum, que por definición no rigen con anterioridad al referéndum mismo?.

Corresponde señalar que el segundo párrafo del artículo 6 mencionado por el actor, dispone que ?en los casos que dichas resoluciones se encuentren pendientes de recursos cuya interposición suspenda su ejecución o se encuentren sujetas a la aprobación de la Subsecretaría de Vivienda y Calidad Ambiental de la Nación, regirán a partir de la resolución de dichos recursos o, en su caso, a partir del otorgamiento de la autorización del respectivo financiamiento por parte de la Subsecretaría de Vivienda y Calidad Ambiental de la Nación?.

Como puede verse, la sola lectura de la norma en cuestión revela que no es cierto que el referéndum previsto en la Resolución n° 1524 haya desaparecido ni que el mismo haya quedado sin efecto por la sanción de la ley n° 6.529, puesto que la norma mencionada subordinó la vigencia de la Resolución n° 1524 a su aprobación por parte de la Subsecretaría de Vivienda y Calidad Ambiental.

Consecuentemente, ningún reproche cabe a la Cámara cuando señala, ?de lo que surge que allí se ha hecho referencia a la aplicación de las mentadas resoluciones del IPVDU, pero condicionado una vez más a las que en su consecuencia autorice la SSVOA, lo que fue reafirmado en el artículo 6° por el que se dispuso que las resoluciones incorporadas en los artículos 2°, 3° y 4° de la ley regirán a partir de su vigencia y que en los casos que dichas resoluciones se encuentren pendientes de recursos cuya interposición suspendan su ejecución o se encuentren sujetas a la aprobación de la Subsecretaría de Vivienda y Calidad Ambiental de la Nación regirán a partir de la resolución de dichos recursos o, en su caso, a partir del otorgamiento de la autorización del respectivo financiamiento por parte de la Subsecretaría de Vivienda y Calidad Ambiental de la Nación?.

Por todo, lo antes expresado, la conclusión a la que arriba la Cámara cuenta con apoyatura suficiente en las constancias de la causa y en una interpretación razonable de las disposiciones legales que impiden su descalificación como pretende el actor, por lo que el recurso interpuesto debe ser rechazado, con costas (cfr. arts. 89 CPA y 105, CPCyC).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 25/06/10 (fs. 661/666).

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTONIO GANDURDANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.