Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-08


Causa N° 402-01-CC/2005, Caratulada "Incidente de nulidad en autos: MARTINEZ, Osvaldo s/ inf. Art. 83 ley 1472-Apelación".

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de febrero de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Fernando Bosch y Marcela De Langhe, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Los autos se inician como consecuencia del labrado de acta contravencional el día 9 de agosto de 2005 por personal policial al Sr. Osvaldo Martínez por presunta infracción al art. 83 de la ley 1472, procediéndose en consecuencia al secuestro de ciento cuarenta y seis (146) panes chipa, un canasto y un caballete de madera (acta de fs. 2/vta.).

Mantenida la cautelar el día 19 de agosto de 2005 por el Sergio Martín Lapadú, de la Fiscalía Nº 9, es confirmada posteriormente por la "a-quo" con fecha 22 de agosto del mismo año (fs. 3 y 4/vta.).

Posteriormente, la Magistrado de grado decretó la rebeldía de Osvaldo Martínez (fs. 5/vta.).

El co-titular de la Defensoría Oficial N° 4, Mariano Luis Bertelotti, se presenta y solicita en su escrito de fs. 6/9 que se declare la nulidad del procedimiento efectuado en autos "debido a que medió una tardía intervención fiscal y (...) del órgano jurisdiccional al momento de convalidar el secuestro", ya que el plazo de trece días transcurridos entre la adopción de la medida cautelar y su convalidación por parte del "a-quo" vulnera el requisito de inmediatez exigido por el art. 21 LPC, conculcándose, de ese modo, "la garantía constitucional del debido proceso adjetivo y el derecho de defensa en juicio". Como consecuencia de ello, solicitó que se revoque la declaración de rebeldía, se proceda a la devolución de los efectos secuestrados y se adopte un temperamento desincriminante respecto a su asistido.

La a-quo, previo correr vista a la fiscalía, rechaza la nulidad por entender que el plazo de siete días hábiles que transcurrió hasta que ese Tribunal tomó intervención "bajo ningún punto de vista puede ser tomado como irrazonable", máxime cuando existió una primera revisión positiva por parte del Fiscal. Entiende que interpretar lo contrario sería "teñir los procesos de un excesivo rigorismo formal que ni el propio legislador ha querido imponer, excediendo de esta manera, la protección que la misma ley otorga" (fs. 13/14).

Contra dicha resolución la defensa interpone recurso de apelación (fs. 15/19vta.) por lo que llegan los autos a estudio de esta Alzada.

Escuchada en esta sede la Sra. Fiscal de Cámara, en su dictamen glosado a fs. 25/vta. solicita se declare inadmisible el recurso intentado "por falta de legitimación procesal del recurrente". Asimismo, entiende que el imputado "deberá presentarse a estar a derecho, designar a su defensor (...) y a partir de allí ejercer todos los recursos que hagan a su defensa".

A fs. 29/30 el Bertelotti se expidió en los términos del art. 51 de la LPC, manteniendo los agravios expuestos en la anterior presentación y agregando que el estado contumaz de Martínez "deviene irrelevante a los fines de dar tratamiento y resolución final a la incidencia aquí planteada" toda vez que el recurso deducido se centra en el "incumplimiento de las reglas procesales que rigen la tramitación del proceso lo cual traería aparejado en la declaración de nulidad de todo lo actuado"; por ende, de anularse el acto que diera inicio a esta causa, caería también el decreto que convocó al nombrado a la audiencia en los términos del art. 41 de la LPC y, en consecuencia, "perdería todo fundamento la declaración de rebeldía dispuesta a fs. 28". Asimismo formula reservas de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y de caso federal.

Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, se encuentran los autos en condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

I.- Corresponde verificar si se encuentran reunidos los requisitos de procedencia del remedio impugnaticio, ya que resulta objetada por la Sra. Fiscal de Cámara la legitimación subjetiva. En principio se advierte que fue interpuesto en tiempo oportuno y ante el juez que dictó el pronunciamiento recurrido.

En cuanto a la primer exigencia, la Guagnino sostiene que el recurso "ha sido planteado por quien no tiene legitimación procesal", no Causa N° 402-01-CC/2005. Sala II.

verificándose en autos "voluntad recursiva desde el momento en el cual el imputado no se ha presentado en ningún momento al proceso y ni se ha interesado siquiera en intentar recuperar los bienes secuestrados", razón por la cual entiende que "primeramente el imputado deberá presentarse a estar a derecho, designar a su su defensor, ya sea particular u oficial, y a partir de allí ejercer todos los recursos que hagan a su defensa" (fs. 25/vta.).

Sin embargo, si se coincidiera con esta postura podrían verse conculcados los derechos y garantías que rigen tanto en el orden nacional como en el local, referidos a la protección del imputado sometido a proceso (art.18 CN y art.13 inc.3 CCABA).

Es que el ejercicio de defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, al extremo de suplir su negligencia con la provisión de defensor, asegurando, de este modo, la realidad sustancial de la defensa en juicio, requisito éste que no puede considerarse satisfecho con la intervención meramente formal del defensor oficial, puesto que ello no garantiza un verdadero juicio contradictorio (311:2502). Ello es así, pues la garantía de la defensa en juicio -en materia penal- no se reduce al otorgamiento de facultades para el ejercicio del poder de defensa, sino que se extiende, según los casos, a la provisión por el Estado de los medios necesarios para que el juicio a que se refiere el art. 18 de la Constitución Nacional se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y quien debe soportar la imputación, mediante la efectiva intervención de la defensa (308:1386).

En consecuencia, el recurrente cuenta con legitimación procesal para articular la vía en trato, criterio que se condice también con el adoptado en la Resolución N° 7/02 de la Defensoría General de la Ciudad en cuanto establece que corresponde la intervención de la Defensa Oficial desde el origen de la imputación (vgr. labrado del acta contravencional), para asistir y representar al imputado en todos los actos a realizarse hasta tanto manifieste su voluntad de ser asistido por un abogado de confianza y éste acepte el cargo conferido.

En segundo término, si bien hemos sostenido antes que el imputado que voluntariamente se sustrae de la acción de los jueces carece de facultad de deducir peticiones al tribunal, por sí o por intermedio de su defensor o apoderado -a excepción de limitadísimos supuestos, vgr. exención de prisión y prescripción-, y hemos descartado en consecuencia la existencia de un interés jurídico susceptible de respaldar la admisibilidad de sus recursos, cabe estudiar el supuesto aquí planteado para determinar si el mismo puede constituir uno de esos casos excepcionales que habilitarían la jurisdicción de la Alzada para entender en la impugnación.

Desde este enfoque entendemos que se dan en la emergencia tales extremos, ya que si bien en general los planteos de nulidad formulados por la defensa mientras el imputado se encuentra prófugo no resultan susceptibles de encuadrar en las hipótesis extraordinarias referidas, este principio sólo cede en el caso de que exista con toda evidencia un vicio en la génesis del proceso de tal magnitud que constituya una nulidad absoluta, de orden general, de aquellas declarables de oficio en cualquier estado del proceso y que, además, resulte decisiva y determinante de la suerte del proceso en sentido desincriminante y definitivo, lo cual de alguna manera la equipara -mutatis mutandi- a un supuesto de extinción de la acción que pone fin irremediablemente a la situación de enjuiciamiento, y torna irrazonable entonces la subsistencia de una orden restrictiva de la libertad, que siempre presupone la existencia de un proceso llevado a cabo conforme a derecho.

II. Sentado lo anterior, se analizará el embate del accionante, centrado en el tardío control por parte del Ministerio Público Fiscal y por el Juez interviniente respecto del secuestro de efectos realizado por el personal policial (art. 21 LPC); lo que impone revisar lo decidido por el Magistrado de grado en torno a la validez de la medida cautelar.

Aduce el Sr. Defensor que entre la incautación de los efectos y la intervención del Juez transcurrió un plazo excesivo -trece días-, violentándose así la garantía constitucional del debido proceso al no haber mediado en la especie la "inmediatez" legalmente exigida en materia de medidas precautorias.

De la compulsa del expediente principal, surge que el labrado del acta contravencional obrante a fs. 3/vta. data del 9 de agosto de 2005, oportunidad en que se concretó la incautación de los efectos allí descriptos de acuerdo a lo Causa N° 402-01-CC/2005. Sala II.

dispuesto por el Unrein ante la consulta que le efectuara el personal policial (fs. 3vta.).

Se desprende de lo expuesto que el procedimiento se ha realizado conforme la directiva impartida por el Fiscal a través de la comunicación previa, por lo que el inmediato control primigenio que corresponde al representante del Ministerio Público se encuentra cumplido.

Sin embargo, según consta, la medida fue confirmada por el "a-quo" recién el 22 de agosto de 2005 (fs. 8/vta.). Por lo tanto, el plazo transcurrido entre el secuestro y la intervención del Magistrado, en concordancia con la manda del art. 21 LPC (control jurisdiccional respectivo), excede el margen de inmediatez requerido para el caso de medidas coercitivas adoptadas por la prevención sin orden judicial previa -como la del art. 18, inc. c. LPC- y confirmadas por el acusador.

De lo anterior emana el efectivo incumplimiento de la manda del art. 21 de la LPC en tiempo oportuno, lo que habrá de fulminar lo actuado, mediante la declaración de nulidad pertinente.

Esta nulidad es de aquellas de orden general y absoluto, de conformidad con lo previsto en el art. 167 inc. 2° y ss. del CPPN -de aplicación supletoria conforme lo establecido en el art. 6 de la LPC-, por haberse violado disposiciones concernientes a la intervención del juez en los actos en que ella sea obligatoria. Se trata de una nulidad genérica, al afectarse las reglas atinentes, en el caso, a la actuación del Magistrado en el proceso, viciando su desarrollo (PESSOA, Nelson R., "La nulidad en el proceso penal", Ed. Mave, 2ª. Edición, Buenos Aires, 1999, pág. 26).

Es que, como ya hemos expresado en numerosos antecedentes, el juez tiene el riguroso deber de realizar dicho control en un lapso que no puede superar la razonabilidad porque ello vaciaría de contenido al análisis, ya que, de lo contrario, implicaría otorgar de hecho virtualidad propia a actos que restringen derechos básicos, adoptados por autoridades incompetentes desde el punto de vista constitucional para hacerlo. Esas son las premisas de un secuestro válido, cuya inobservancia lo viciará "in totum".

En efecto, al respecto reiteradamente sostuvimos que la norma sub examine dispone que luego de la consulta inmediata al acusador, éste debe, de considerar que es procedente la medida - porque en caso contrario, puede directamente dejarla sin efecto-, dar intervención al Juez. Si bien el art. 21 LPC no aclara su función específica, es importante destacar que, por razones constitucionales, su poder decisorio no puede quedar restringido al mantenimiento o no de la medida, sino que el juzgador deberá revisar (reexaminar) la actividad cumplida a través de un test de legalidad y razonabilidad - control jurisdiccional -. Al volver sobre el desempeño de los preventores, puede, en caso de no verificar los presupuestos que legalmente los habilitan a practicar medidas de este tipo, declarar su nulidad. En caso contrario, tras expresar fundadamente las razones por las cuales considera que dicha actividad es legal y razonable, recién podrá expedirse acerca de si corresponde mantenerla o no.

Por todo lo expuesto y habiendo concluido el presente Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR LA NULIDAD del secuestro practicado en autos el día 9 de agosto de 2005 y confirmado a fs. 8/vta. del principal y de todo lo actuado en consecuencia, y disponer la inmediata devolución de los efectos incautados que por sus condiciones pudieran ser devueltos (arts. 167, inc. 2º, 168, 172 y cc. del C.P.P.N.).

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y devuélvase a la primera instancia, la que deberá practicar las notificaciones restantes. Sirva lo proveído de muy atenta nota de remisión.

Ante mí:

NOTA: Para dejar constancia de que el Pablo Bacigalupo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. CONSTE.------------------------------------------ Conf. Causas Nº 381-00-CC/2005, rta. 09/12/05; Nº 385-00-CC/2005, rta. 12/12/05; Nº 387-00-CC/2005, rta. 12/12/05; Nº 368-00-CC/2005, rta. 13/12/05; entre otras.

Conf. causas 403-01-CC/04 rta. 30/03/05, 174-01-CC/05 rta. 11/08/05, 336-00CC/05, rta. 23/11/05..

Citado en causa 403-01-CC/05 rta. 30/03/04.

En idéntico sentido causas Nº 085-01-CC/04, rta. 11/06/04, Nº 172-01-CC/05 rta. 26/07/05, 205-00-CC/05, rta. 11/08/05, 336-00-CC/05, rta. 23/11/05, entre otras.

Causa N° 061-01-CC/04 rta. 26/04/04, entre muchas otras.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas