Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-07


Esquel, 7 de diciembre de 2005.- -----------------VISTO:--------------------------------------------------------- ---------------- -----------------El recurso de apelación interpuesto a fs. 9/18 y vta. por el Dr.

Javier Angel Allende, Abogado Adjunto de la Defensa Pública, contra la resolución obrante a fs. 6/8, que deniega el beneficio de excarcelación de J..

A. J.; y --------------------------------------------------------------------------<#LINE > -----------------CONSIDERANDO:------------------------------------------------- - ------ -----------------1- Que se agravia de la resolución en crisis por cuanto entiende que conforme a la regulación legal de la prisión preventiva de nuestro país y de la provincia del Chubut, los imputados deberán ser puestos en libertad, sin perjuicio de la prosecución de la causa. Expresa que la Convención Americana de los Derechos Humanos contiene en su articulado la naturaleza jurídica, extensión y télesis de las normas sobre el instituto de la prisión preventiva; y que son ellas las que establecen los criterios de aplicación, sin perjuicio de otras normas en particular , todas las cuales deben subordinarse a la finalidad de las mencionadas para su interpretación armónica con el resto del ordenamiento jurídico; so pena de error en su aplicación -vía violación o inobservancia- lo cual al criterio de la Defensa, ha ocurrido en la resolución atacada.-------------------------------------------- -----------------Asimismo señala que nuestra Constitución Provincial estableció un sistema de amplia tutela de la libertad personal expresada fundamentalmente a través de sus arts. 22, 44 y 49 entre otros. De tal forma que la ratio legis de su sanción es que nadie pueda ser sometido a una pena privativa de la libertad sin haber sido previamente condenado por una sentencia firme.-------------------------- -----------------Para apoyar la restricción a la libertad se exige un fundamento razonado y objetivo que demuestre la necesidad y provecho para la actividad persecutoria estatal de esta ingerencia en la libertad personal de los ciudadanos, los que mientras no sean condenados gozan del estado de inocencia.---------------- -----------------Admite la defensa que, en rigor, la privación de libertad de un encausado, vía prisión preventiva, es uno de los supuestos contemplados de antemano por la ley procesal penal. Sin embargo, la prisión preventiva lleva ínsita en su naturaleza un carácter excepcional y cautelar. En relación a ésta última circunstancia, es la posibilidad concreta de peligro de entorpecimiento o frustración de la investigación o de fuga o incomparencia del imputado, con fundamento colectado en la causa. Que esta medida restrictiva es de una temporalidad acotada, pues una vez desaparecida, cualquier forma en que se la propague es arbitraria---------------------------------------------------------------------- ---- --------------------En el caso concreto, del análisis de estos actuados, señala el apelante que surge claramente que no existió peligro de fuga por parte del encartado, el cual, además, no es merituado ni considerado por la Juez a-quo.----- --------------------En lo referido a "los fines del pronóstico peligrosista" señalado por el a quo, debió contarse con los recaudos previos de evolución personal y carácter del acusado, para evitar un pronóstico abstracto y por ende arbitrario, y en consecuencia, esta afirmación utilizada para mantener encarcelado al imputado viola el principio de inocencia que prevalece siempre a falta de condena firme.

Asimismo, la afirmación efectuada por el Juez en cuanto a la presunta gravedad de los hechos imputados por su modo de comisión, no es suficiente para sostener la denegatoria, y a criterio de la defensa es objetivamente infundada, expresando las razones y citando jurisprudencia en tal sentido.------------------------ --------------------Peticiona finalmente que al concederse la excarcelación que se solicita, se sustituya la prisión preventiva actual por la prohibición al imputado de prohibición de acercamiento a los familiares de las víctimas y/o cualquiera de los testigos de cargo por sí o por terceros y cualquier otra que se considere un suficiente sustituto menos lesivo para el caso.-------------------------------------------- --------------------2. Resumidos en lo fundamental los agravios de la parte recurrente, este Cuerpo encuentra pertinente remitirse al criterio sentado a partir de autos: "C., M.Á.- M., J. s/. Esquel" (Expte. Nº 146/04, A.I.P. Nº 62/04 CANO), según el cual la cuestión de la procedencia o no del instituto de la excarcelación ha sido resuelta según lo que reza en los párrafos que siguen.------------------------------------------------------------------------- --- --------------------Así, se ha dicho: "Por otro lado, analizadas las normas sobre excarcelación, se advierte que la situación del imputado no puede ser encuadrada en el inc.1º del art. 284 del C.P.P., por cuanto el máximo de la escala penal atribuida supera los cuatro años [actualmente tres años; Ley Provincial 5.403] de prisión. Es así que debe entonces acudirse al inciso 2º del citado art. 284, el cual prevé que, aún cuando se supere el máximo de cuatro años, la excarcelación resulta procedente si prima facie procede condena de ejecución condicional".------- -------------------Tal como se ha dicho, en caso de recaer condena, la misma prima facie no sería de ejecución condicional, por aplicación del art. 26 del Código Penal, lo que lleva a concluir que la excarcelación de J. no procede tampoco por aplicación del inciso 2do. del art.284 (ni por aplicación de los inc.

3ro. a 8vo).--------------------------------------------------------------------------- ----------- ------------------Asimismo, en los autos referenciados, se dijo: "En cuanto a las objeciones de índole constitucional por parte de la defensa del recurrente, debe recordarse que: 'La finalidad que inspira a la Constitución Argentina al organizar un gobierno constitucional, como lo proclama enfática y categóricamente su preámbulo: asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino'. Y ese propósito aparece trasuntado a través de todas y cada una de sus disposiciones .Claro está que se trata de la libertad jurídico-constitucional, vale decir, de la libertad reconocida y garantizada por la Constitución, a la que ésta también limita para hacer posible su efectivo goce por todos los habitantes y el cumplimiento de los demás fines del Estado. O sea, que dentro del gobierno constitucional no se concibe la libertad absoluta o ilimitada, que, paradójicamente, implicaría libertad para unos y esclavitud para otros, ya que quienes gozaran de derechos sin restricción lo harían a costa de los derechos de sus semejantes" (LINARES QUINTANA, Segundo V., La Constitución interpretada, p.187, Depalma, Bs.

As., 1960).-------------------------------------------------------------------------- ------------- ------------------"Si bien es cierto que el destacado constitucionalista se refiere a la liberad desde un punto de vista 'jurídicoconstitucional', debe tenerse en cuenta que las libertades en tal sentido no son otra cosa que los derechos constitucionales mismos, dentro de los cuales sin dudas se encuentra la 'libertad física', garantizada efectivamente por las constituciones, tratados y pactos de jerarquía constitucional invocados por el apelante, cuya ponderación adquiere fundamental relevancia para la resolución de la cuestión traída a consideración de esta Alzada por vía de apelación".----------------------------------------------------------- ------------------"En este orden de ideas, en el proceso penal entran en colisión los derechos del imputado, con los de la víctima y con los de la sociedad, los cuales de acuerdo a su jerarquía deben ser respetados de igual modo. En otras palabras, estamos ante un conflicto de intereses en el cual el derecho de uno encuentra su límite en el concurrente derecho del otro, individual o colectivamente (sociedad) considerado, pues como es sabido nadie goza de derechos absolutos, sino que el ejercicio de los mismos está regulado por leyes que norman las conductas humanas en su interferencia intersubjetiva (art. 14, Constitución Nacional).

Desde esta perspectiva, por no serle ajena, debe ponderarse la 'Libertad física' al aplicarse la ley procesal penal".-------------------------------------------------------------- -------------------"En la dirección apuntada un viejo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no ha perdido actualidad y cuya filosofía comparte este Tribunal, expresa: Que corresponde, por último, puntualizar que si es dable reconocer raigambre constitucional al instituto de la excarcelación durante el proceso, no es menos cierto que también reviste ese origen su necesario presupuesto, o sea el instituto de la prisión preventiva, desde que el Art. 18 de la Carta Fundamental, autoriza el arresto en virtud de orden escrita de autoridad competente. El respeto debido a la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad a adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación sino también para garantizar, en casos graves, que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de la eventual condena por la incomparecencia del reo. Se trata, en definitiva, de conciliar el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente- 'La idea de justicia -dijo esta Corte en fallos: 272:188 - impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro' ("Todres, Isaac" -CSJN -Ortiz Basualdo, Chute, Risolía, Cabral, Argúas - 18/08/1971 -El Dial -AAF53)"------------------------------------------------------------ ----------------------"Dentro de este contexto, a criterio de este Tribunal, los arts.

279, 284 y 286 del C.P.P., armoniosamente reglamentan el derecho constitucional a la libertad física del imputado frente a los concurrentes derechos de igual jerarquía normativa de los demás integrantes de la sociedad, entendiendo el legislador que el primero debe excepcionalmente ceder en las circunstancias descriptas por las referidas normas. Así, el art. 279 establece los presupuestos para la procedencia de la prisión preventiva, como medida cautelar y no como sanción; el art. 284 regula la excarcelación como un beneficio para el imputado ante la medida excepcional de la prisión preventiva; y, por último, el art. 286 prevé restricciones al beneficio excarcelatorio".------------------------------------------ ------------------"Imperativo de la lógica normativa descripta es que, cuando no procede el beneficio excarcelatorio a tenor del art. 284, no cabe la valoración de las restricciones al mismo establecidas por los arts. 286 y siguientes, por la sencilla razón de que no existe qué restringir. Adviértase que, en el sistema procesal penal provincial, el 'peligro de fuga' o el 'peligro de entorpecimiento' de la investigación no son presupuestos de la prisión preventiva, sino restricciones a la excarcelación".----------------------------------------------------------------- ------------- ------------------"La interpretación propuesta, que estimamos coincidente con la del legislador -a quien no sería prudente atribuirle un despropósito-, en nada se contradice con las previsiones del art. 49 de la Constitución Provincial -ni con otras de la Constitución Nacional, incluidos los tratados y pactos a ella incorporados- en razón de que encuadra dentro de la amplísima fórmula 'actuación de la ley' empleada por la norma".-------------------------------------------- ------------------Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut,-------------------------------R E S U E L V E:------------------------------ ---------------------1º) CONFIRMAR, en cuanto fue materia de recurso, la resolución de fs. 6/8, por las consideraciones vertidas precedentemente.----------- ----------------------2º) PROTOCOLÍCESE, notifíquese y devuélvase.---------------- ----------------------La presente resolución es dictada por dos Jueces de Cámara por encontrarse vacante una vocalía y haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la ley 1.130).------------------------------------------------------------------------- --------------- BENJAMÍN MOISÁ CARLOS MARGARA Ante mí:

Norma Marrero Secretaria AUTO PROTOCOLIZADO BAJO EL Nº 56 /05 CANO.-CONSTE Norma Marrero Secretaria Página 4 de 1 Página 2 de 1 AUTOS: "J., J. A. s/ Excarcelación" (Expte. Nro.: 187/05 CANO).--------------------