Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-18


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 73613 SALA V. AUTOS: "P.A.M.I. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PEN-SIONADOS C/ SOSA LUIS ALBERTO S/ JUICIO SUMARISIMO" (JUZGADO Nº 77).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 18 días del mes de noviembre de 2011, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

1) A fs. 130 (memorial fs. 156/165) apela la parte actora la sentencia de fs. 127/129 que rechazó la demanda con costas. Los abogados de la parte demandada apelan por esta y por sí, los estipendios que les fueron regulados por considerarlos bajos (fs. 132); lo propio hace la perito contadora a fs. 134. Los recursos se concedieron a fs. 138. En el recurso principal se cuestiona que la sentencia apelada haya decidido que el modo de extinción previsto por el art. 242 L.C.T. no puede ser interpretado como un despido sin justa causa; se sostiene que la estabilidad en el puesto de trabajo no es un derecho absoluto y que no se han considerado las circunstancias objetivas probadas en autos. No fueron contestados los agravios.

Se dio intervención al Ministerio Público (fs. 170).

2) En mi opinión el caso debe resolverse a favor de la solución adoptada por el juez de 1ª instancia, pues es claro a partir de los propios términos de la demanda, que el instituto accionante el 4 de mayo de 2007 (o sea mucho antes de interponerse la acción) ordenó la intimación en los términos del art. 252 L.C.T. respecto de varios agentes (incluído el demandado) que reunían los requisitos para obtener una de las prestaciones de la ley 24.241 (ver fs. 14/vta., Disposición 381-GRH/07 y listado de fs. 15/16, en especial fs. 16); no viene cuestionada la existencia en sí de la tutela gremial.

Por ende, y tal como he propuesto resolver en casos similares, la parte empleadora no tiene facultades para proceder per se a cursar una interpelación en los términos del art. 252 L.C.T. y que la iniciativa empresaria (en el presente caso se trata del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) requiere transitar por el proceso de exclusión en forma previa (entre otros "Asociación Civil Hospital Británico de Buenos Aires c/ Bais, Alicia Lucía s/ juicio sumarísimo", sentencia definitiva nº 70.198 de esta Sala de fecha 6-11-2007). En tales condiciones, lo resuelto debería confirmarse.

La parte recurrente sostiene que se le causa un perjuicio actual y concreto a partir de una creación jurisprudencial y que no pueden torcerse las leyes de la naturaleza llegándose al absurdo de decretar la inmortalidad de un delegado (fs. 156 vta./157); hace mérito de precedentes de esta Cámara (fs. 160/161) entre los que figura un caso fallado por esta Sala (ver fs. 160 vta./161). Sin embargo, cabe hacer notar que en el caso "P.A.M.I. c/ Mantero, José s/ Juicio sumarísimo", sentencia definitiva nº 72.824 del 14-12-2010, esta Sala -sin perjuicio de los distintos fundamentos que surgen de los votos de los jueces allí intervinientes- confirmó la sentencia de 1ª instancia que había en ese caso determinado que primeramente corresponde obtener la exclusión de tutela y luego se habilita la intimación del art. 252 L.C.T.

No hallo acreditado que se cause perjuicio real a la parte actora ya que no estando aquí en discusión la situación digna de protección según la ley (reitero que no se cuestiona específicamente la condición gremial del accionado) lo que propongo no implica ni que deba mantenerse indefinidamente en su puesto al Sr. Sosa ni que se decrete su inmortalidad (ver lo expresado a fs. 157); solamente que no veo por qué habría de negarse al representante gremial en condiciones de jubilarse un procedi-miento especial de protección -previo a su desvinculación efectiva- que se le concede, por ejemplo, a otro que aunque no ha llegado todavía a la edad jubilatoria, está acusado de haber incurrido en una injuria de gravedad (arg. arts. 52 L.A.S. y 242 L.C.T.).

Ni la existencia de una representación gremial implica la deroga-ción del art. 252 L.C.T. tal como expresa el Sr. Fiscal Gral. a fs. 171, ni el cumplimiento de los requisitos para ingresar al estado jubilatorio deroga la salvaguarda sindical.

3) En cuanto a las apelaciones por honorarios (fs. 132, 134 y 164 vta.) en base al mérito e importancia de los trabajos cumplidos, índole de la cuestión y lo dispuesto por los arts. 36 y conc. de la ley arancelaria, los emolumentos cuestionados no me parecen altos. Tampoco juzgo reducidos los de los letrados de la parte demandada y de la perito.

4) Las costas de alzada deberían imponerse a la parte actora apelante (art. 68 C.P.C.C.N.) y regularse los estipendios del Dr. Federico H. Di Giorgio y Dra. Carla Constanza María del Rosario Bottino (en conjunto) en la suma de $ 1.000 (arts. 14 y conc. L.A.).

EL DOCTOR OSCAR ZAS manifestó:

I) Como he sostenido al votar, tanto en calidad de integrante de esta Sala V como de subrogante de la Sala IV, considero que la situación descripta en el art. 252 de la L.C.T. (t.o.) no constituye "justa causa" en los términos del art. 48 de la ley 23.551 (conf. C.N.A.T., Sala V, sent. nº 70.198, 6/11/2007, "Asociación Civil Hospital Británico de Buenos Aires", sent. nº 70.647, 12/05/2008, "P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/Molle, José Antonio", sent. nº 72.801, 30/11/2010, "Investi Farma S.A. c/Passaniti, Ruben Pablo"; Sala IV, sent. nº 93.561, 5/09/2008, "Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/García Díaz, Antonio", entre otros) En tal sentido, me permito reproducir la parte pertinente de un artículo de doctrina que sustenta esta posición:

".Si realizamos una exégesis literal del concepto de "justa causa", en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo, podemos concluir que el mismo solamente es utilizado en este ordenamiento jurídico al regular la injuria como causa del despido directo o indirecto (art. 243), y al enunciar los requisitos de validez de las suspensiones dispuestas por el empleador (arts. 218 y 219)." "Sin embargo, la Ley de Contrato de Trabajo reconoce al em-pleador el poder de denunciar motivadamente la relación de trabajo en otros supuestos, con el correlativo derecho a la exención total o parcial de toda contraprestación dineraria." "La duda que se plantea es si estos motivos legales de denun-cia de la relación de trabajo encuadran estrictamente en el concepto de "justa causa" exigido por la ley 23.551 como presupuesto de fundabilidad del despido del representan-te sindical propuesto por el empleador." ".Lo que no me parece tan claro es que constituya una "justa causa" fundante de la exclusión de tutela la prevista en el artículo 252 de la LCT (t.o.)." ".Rodríguez Mancini ("Despido en caso de estabilidad gre-mial", en Revista de Derecho Laboral, Nº 2000-I, p. 203) y Scotti ("La protección de la actividad gremial", en Alvarez, Bermúdez, Fernández Madrid, López, G., López, J., Rial, Rodríguez Mancini, Scotti, Simon, Valdovinos y Von Potobsky, "Derecho Colectivo de Trabajo", 1ª ed., La Ley, Buenos Aires, 1998, p. 338) consideran que esta situación configura una "justa causa" de despido fundante de la pretensión de exclusión de la estabilidad sindical." "Discrepo respetuosamente con el criterio sustentado por los mencionados autores".

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de resolver un conflicto similar en el año 1968." "Las normas en juego eran, por un lado, el artículo 81 del de-creto-ley 19.937/46, y, por el otro, los artículos 40 y 41 de la ley 14.455." "Me parece importante su transcripción para una mejor com-prensión de la cuestión resuelta por nuestro más Alto Tribunal." "El decreto-ley 13.937/46 había creado el régimen de previ-sión para el personal de la industria y afines. Su artículo 81 disponía:" "Este decreto-ley no excluye ni suspende ninguna de las pres-taciones y beneficios establecidos por las leyes 9688 y 11.729, los estatutos profesionales complementarios y demás disposiciones legales que rigen los contratos de trabajo".

"Únicamente en los casos de cesantía o despido de obreros en condiciones de obtener jubilación ordinaria íntegra, una vez vencidos los plazos fijados en los artículos 103 y 104, según sea el caso, el principal quedará eximido de la indemnización por antigüedad que prevén las leyes y estatutos referidos, pero deberá cumplir con las obligaciones de preaviso o de indemnización por falta del mismo, de conformidad con dichas disposiciones legales." "El artículo 40 de la ley 14.455 establecía en la parte pertinen-te:" "Los trabajadores que por razón de ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones legalmente reconocidas o en organismos que requieran representación gremial, dejaran de prestar servicios en sus empleos, tendrán derecho a la reserva del mismo por parte del empleador, y a ser reincorporados al finalizar el ejercicio de sus funciones sindicales, no pudiendo ser despedidos durante el término de un año a partir de la cesación de sus funciones.".

"Es decir, se trataba del conflicto entre una norma que otorga-ba al empleador la facultad de despedir a los trabajadores en condiciones de jubilarse, sin responsabilidad indemnizatoria, con la única obligación de preavisar, y otro sistema normativo que consagraba la tutela de los representantes sindicales." "Más allá de las diferencias de regulación, es un conflicto si-milar al planteado entre la facultad conferida al empleador por el artículo 252 de la LCT en su actual redacción y el régimen de garantía de estabilidad consagrado por la ley 23.551." "La Corte Suprema, en aquél precedente, señaló:" ".que la exención que a favor de los patrones consagra el se-gundo apartado del artículo 81 del decreto-ley 13.937/46, comporta una excepción a la regla general contenida en la primera parte de dicha norma, por lo que debiendo aquélla interpretarse de forma restrictiva, según doctrina de esta Corte, no se compadece con ella la amplia que propugna la apelante, máxime ante textos legales expresos que contemplan específicamente el caso materia de controversia, como lo son los artículos 40 y 41 de la ley 14.455".

".7) Que las finalidades perseguidas por ambas disposicio-nes legales son diferentes. La primera (art. 81 del decreto-ley 13.937/46) contempla por igual los derechos del principal y del obrero. Respecto de éste, porque estando en condiciones de jubilarse, la cesantía o despido no le perjudica; en lo que atañe al patrón lo libera de mantener vigente el contrato de trabajo y, por ende, de seguir obligado al pago de jornales, en razón, precisamente, de que su actitud no causa perjuicio al obrero. La segunda (art. 41 de la ley 14.455) reconoce estabilidad transitoria al delegado gremial por la naturaleza de la representación sindical que ejerce, a fin de no comprometer su gestión, la que desde luego se vería impedida si pudiera ser dejado cesante por haber llegado al límite de edad y servicios requeridos para la jubilación. Militan pues, en este caso, razones de política laboral protegidas por el ordenamiento jurídico vigente (art. 14 de la Const. Nac.), que explican y justifican la permanencia y estabilidad en el empleo del delegado durante el plazo fijado en la citada disposición. De ahí que, en el primer caso, el despido sea legal; en cambio, en el segundo, el empleador no puede prescindir por cierto lapso de los servicios del dependiente mientras ejerza una función gremial, salvo en las situaciones de excepción contempladas en el último párrafo del artículo 41, que no se dan en la especie.". (CSJN,4/9/68 "Gonzalez, Avelino c/Frigorífico La Blanca SA", LT XVI-937)".

"Cabe aclarar que el último párrafo del artículo 41 de la ley 14.455 disponía:" ".La estabilidad en el empleo no podrá ser invocada frente a la cesación de las actividades del establecimiento o la suspensión general de las mismas".

"Los tramos destacados en cursiva revelan que la Corte Su-prema resolvió un conflicto normativo, otorgando preferencia al interés jurídico tutelado por la garantía de estabilidad sindical, frente a la facultad del empleador de despedir al trabajador en condiciones de jubilarse".

"Específicamente, nuestro más alto tribunal aludió al artículo 14 bis de la Constitución Nacional y valoró las "razones de política laboral", que "explican y justifican la permanencia y estabilidad en el empleo del delegado".

"Años más tarde, y bajo la vigencia de otras normas, Justo López plantea la cuestión en similares términos:" "Si se intima al trabajador durante el lapso de estabilidad gremial y éste termina después del plazo del artículo 252 (o de la fecha del otorgamiento de la jubilación), se plantea un conflicto de normas entre la LCT y la Ley de Asociacio-nes Profesionales. ¿Qué normas deben predominar? Sin duda, las que rigen la estabilidad gremial, puesto que reglamentan una protección de fundamento constitucional ("artículo nuevo" o art. 14 bis de la Const. Nac., segundo párrafo)".

"Es decir, estamos en presencia de un conflicto entre dos de-rechos: por una parte, el derecho del representante sindical a no ser despedido arbitra-riamente, y por la otra, el derecho del empleador a extinguir la relación laboral en caso de que aquél reuniere los requisitos para obtener una de las prestaciones del sistema provisional." "A mi modo de ver, siguiendo el criterio de la Corte Suprema y de Justo López, la solución del conflicto debe resolverse a favor del derecho cuyo reconocimiento emana de la norma de jerarquía superior." "Desde esta perspectiva, la garantía de estabilidad sindical, aunque reglamentada por la ley 23.551, emana del artículo 14 bis de la Constitución. En cambio, la facultad atribuida al empleador emana de la ley y no tiene fundamento constitucional".

"El artículo 91 de la LCT (t.o.) establece:" "El contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el tra-bajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por límites de edad y años de servicios, salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en la presente ley"." "Sin embargo, la configuración objetiva de la situación des-cripta por la norma no constituye una causal automática de extinción de la relación, sino que la ley, a través del mencionado artículo 252, sólo confiere al empleador el poder de invocar esa circunstancia para rescindir el contrato sin responsabilidad indemnizatoria." "Teniendo en cuenta la fuente constitucional de la protec-ción, y siguiendo el criterio de la preferencia de los valores y de las normas en juego, cabe concluir que el acceso a un cargo amparado por la estabilidad sindical implica una prórroga del plazo establecido en el artículo 91 de la LCT (t.o.), y pospone el ejercicio de la facultad conferida al empleador por el artículo 252 de la ley citada hasta el vencimiento del período de tutela".

"La solución propuesta no implica, a mi modo de ver, un privilegio arbitra-rio para el representante sindical, pues -como ya fue señalado- la garantía le es recono-cida, fundamentalmente, para la defensa del interés de los trabajadores representados".

"El caso analizado revela, según mi parecer, que el concepto de "justa cau-sa" contemplado en la Ley de Asociaciones Sindicales no comprende todos los motivos legales de despidos que reconoce al empleador la Ley de Contrato de Trabajo." (conf. Zas, Oscar, "El despido indirecto y la estabilidad sindical", Revista de Derecho Laboral, 2000-2, Rubinzal-Culzoni Editores, p. 312/8).

Por las razones expuestas coincido con el parecer expuesto por el magistrado de la instancia anterior, y adhiero a la solución propuesta por la Dra. García Margalejo, incluso en materia de costas y honorarios.

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT manifestó:

Por compartir todos los términos del fundado fallo adhiero al voto del Dr. Oscar Zas, a lo que me permito agregar que:

La primera hipótesis del artículo 48 de la Ley 23.551 determina expresamen-te: "Los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial o en cargos políticos en los poderes públicos, (.) no pudiendo ser despedidos durante el término de un (1) año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa causa de despido".

Y la segunda hipótesis prevista por la ley es la siguiente: "Los representan-tes sindicales en la empresa elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la presente ley continuarán prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modifi-cadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de sus mandatos y hasta un año más, salvo que mediare justa causa".

En ambas hipótesis, la norma del artículo 48 hace referencia a la justa causa. En el supuesto de miembros integrantes de comisiones o consejos directivos con uso de licencia, la norma exige la justa causa de despido. En la medida, que respecto del Delegado de Personal, es posible la suspensión, la norma alude a justa causa en general. Pero está claro, que el único hecho al que refiere la norma en el caso de un miembro de comisión directiva es la justa causa de despido.

Es decir, el empleador sólo puede iniciar la acción sumarísima con el fin de extinguir el vínculo si invoca la existencia de una "justa causa de despido". Pero en el caso de autos, la empleadora no ha invocado ninguna justa causa de despido.

Debe ser especialmente considerado que resulta "justa causa de despido", aquella regulada en la Ley de Contrato de Trabajo por el Título XII, Capítulo IV: De la extinción del contrato por justa causa. La justa causa de despido es aquella definida como categoría general por el artículo 242: Justa Causa.- "Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circuns-tancias personales en cada caso.

Como puede apreciarse, para que medie justa causa de despido, es menester que se invoque una inobservancia de las obligaciones resultantes del contrato de trabajo que configure injuria de suficiente gravedad. Nada de esto ha sido alegado en la demanda.

La hipótesis del artículo 252, no integra el Capítulo IV del título XII de la Ley de Contrato de Trabajo, sino que, por el contrario, integra el Capítulo X referido a la extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador. En el cuerpo legal, ni siquiera es un supuesto de despido (causado o incausado), sino sólo un supuesto de extinción de la relación laboral.

En consecuencia, si el artículo 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales sólo admite la acción de exclusión de tutela para despedir cuando se invoca justa causa de despido, la acción de exclusión que omite invocar justa causa carece de acción en términos sustanciales, pues se omite una carga necesaria para poner en marcha la acción.

A mayor abundamiento podría tratarse de un supuesto de Práctica Desleal, La norma ha excluido expresamente la posibilidad de que el empleador pueda invocar supuestos de extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador. Esto, precisamente porque lo que es tenido en cuenta no es la tutela de un trabajador indivi-dual que porte la condición de delegado o de miembro de la comisión directiva.

Lo que se tutela es el interés colectivo y los dos principios señeros de la propia Ley de Asociaciones Sindicales, son la Libertad Sindical y la Democracia Sindical.

Con relación al primero, y como clave de interpretación de las distintas normas, el artículo 1º ha dado cuenta que: "La libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindica-les".

Y en particular, el artículo 6º de la Ley 23.551 establece: "Los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa del trabajo, los empleadores y sus asociaciones y toda persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, más allá de lo establecido en la legislación vigente".

Por tanto, la decisión respecto de quién es le sujeto que va a representar el interés colectivo, es el resultado de la voluntad democrática de los afiliados, en el caso de los miembros de comisión o consejo directivo (artículo 17), y de los trabajadores del establecimiento (artículo 40), en el supuesto de los delegados de personal.

Esta soberanía de las bases es lo que legitima el segundo pilar sobre el que se construye la Ley de Asociaciones Sindicales y que no es sino la Democracia Sindical.

Por consiguiente, por vía de esta demanda lo que pretende la empleadora es realizar una intromisión respecto de los sujetos elegibles, pues a ella no le incumbe la elección del sujeto que ha de representar el interés colectivo.

De este modo, y bajo la aparente excusa de la jubilación, las empresas pueden intervenir directamente en la constitución de las autoridades de una organización sindical. Se contradice de este modo, la historia misma del movimiento obrero que ha buscado siempre mantener en el cargo a aquellos dirigentes más honestos y capaces para que hagan jugar la experiencia a favor del interés del sujeto protegido: los trabajadores.

La acción de la demandada, que no puede cohonestarse en justicia, implica la violación de las hipótesis del artículo 53 inciso b), en cuanto considera práctica desleal y contraria a la ética de las relaciones profesionales del trabajo por parte de esta empleadora por "Intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administra-ción de un ente de este tipo" (asociación sindical).

Configura asimismo el supuesto previsto por el inciso g), por "Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal, con el fin de impedir o dificultar el ejercicio de los derechos a que se refiere esta ley".

Y también, el supuesto previsto por el inciso h) por "Negarse a reservar el empleo o no permitir que el trabajador reanude la prestación de los servicios cuando hubieses terminado de estar en uso de la licencia por desempeño de funciones gremia-les".

Y, finalmente, su conducta demostrada afecta también la previsión del inciso i) "Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los representan-tes sindicales que gocen de estabilidad de acuerdo con los términos establecidos por este régimen, cuando las causas del despido, suspensión o modificación no sean de aplicación general o simultánea a todo el personal".

La única excepción al principio de este inciso es la necesidad de aplicación general o simultánea a todo el personal. Pero este supuesto no es el de la invocación de una causa no admitida por el artículo 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales, sino que existe una referencia a los supuestos de modificación general de condiciones de trabajo como, por ejemplo, el cambio de domicilio del establecimiento o la aplicación general de suspensiones, o el cierre del establecimiento por razones económicas.

No se trata de la sola defensa contra la discriminación -para lo que bastaría analizar el supuesto del inciso j)-, sino que lo que se exige es la aplicación general o simultánea a todo el personal. No reviste este carácter, la sola afirmación de que se usa este criterio en todos los supuestos. Lo que la ley requiere es que puedan ser objeto de esa medida, en forma general o simultánea, todos los trabajadores del establecimiento. Esto, en correlación con lo establecido expresamente para el supuesto del artículo 51.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RE-SUELVE: 1º) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de recursos y agravios. 2º) Costas de alzada a cargo de la parte apelante. 3º) Regúlanse los honorarios de los letrados intervinientes en 2ª instancia como se indica en el punto 4 del primer voto de este acuerdo. 4º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

MMV María C. García Margalejo Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara Enrique Néstor Arias Gibert Juez de Cámara