Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-24


En la ciudad de Trelew, a los 24 días de julio del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Edgar María de la Fuente, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C, M N c/ E T S.A. y otros s/ dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. N° 22.168 año 2007) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 197.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Lucero dijo:

Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 179) en contra del fallo definitivo dictado en autos (fs. 176/178 vta.), por el cual se desestima la demanda entablada por la Sra. M N C, en contra de la sociedad que gira bajo la denominación de "E T S.A.", con costas.

El informe previsto por el art. 62 de la Ley 69, luce agregado a fs. 183/185 vta..Corrido traslado de la expresión de agravios a la parte actora a fs. 186, el mismo es evacuado por escrito que luce agregado a fs. 187/188.

I.- La parte actora recurrente formula los siguientes agravios: 1) valoración probatoria: cuestiona que el Sr. Juez a quo hubiera tenido por cierto que vinculó a las partes un contrato eventual, a partir de la valoración de la prueba testimonial que pasa a particularizar.

Indica que la testigo P O S de J (fs. 70), manifestó conocer a su parte por haber trabajado en el mismo lugar "el p", que dejó de trabajar en dicho lugar antes que la actora, que posteriormente la demandada en autos despidió a su esposo J y que la pasaban a buscar a la actora a su casa y la llevaba al p cuando la necesitaban.

Efectúa comentario respecto a dicha testimonial señalando que nada dijo el juzgador de que dicha testigo también expresó que el Sr. J se fue de "el p" en diciembre de 2002 o 2003 después que su parte, que ingresó a trabajar un año después de haber ingresado J, de lo cual deduce que lo hizo en el año 2000 o 2001.

Que hacía de todo, esto es, de mucama, cocinera, desde las 05 hs. a las 12 de la noche. Destaca la afirmación de la testigo de que iba todos los fines de semana o cada 15 días. Asimismo, destaca que afirmó que su parte, Sra. C, dejó de trabajar en el pedral porque cuando comenzaba a realizar las reformas del chalet cerraron transitoriamente el mismo y no la fueron a buscar más.

De la testigo D N, refiere que dijo que trabajó en el pedral como empleada doméstica, que cuando S G B, anterior dueña del pedral, visitaba la zona la llevaba a trabajar a ella por 15 días, que lo mismo sucedía cuando estaba en la zona H V T, esposo de la premencionada y que ella recomendó a C para que ingresara a trabajar en el pedral razón por la cual sabe que la actora trabajó en dicho lugar.

Comenta respecto a dicho testimonio que omitió valorar que dicha testigo afirmó conocer a la actora porque iban a la misma iglesia y que afirmó haber trabajado mucho tiempo con todos ellos en el pedral durante 2003, indicando que la realidad es que dicha testigo no era eventual sino que se desempeñaba por tiempo indeterminado.

Del testimonio de la Sra. V C, alude a que dijo que trabajó en dos oportunidades en el pedral una vez por 10 días y otra por 7 días repartiendo labores durante ese tiempo con su parte. De ello, indica, el a quo expresó que resulta probable que C haya trabajado de manera eventual tanto antes de octubre de 2004 como después de esa fecha.

Comenta al respecto que de tal modo reconoció el juzgador que C trabajó en el pedral antes de octubre de 2004 afirmación que comparte. También advierte que la demandada en su contestación ocultó maliciosamente que la relación laboral ya existía antes de octubre de 2004 consignando en los recibos de haberes que acompañó como fecha de ingreso el 11/02/05 siendo que en los certificados de aportes y servicios del art. 80 de la L.C.T. la misma demandada indicó como fecha de ingreso la del 12/10/04. Concluye que de tal modo, para la demandada hay tres fechas de ingreso de su parte: antes de octubre de 2004 sin precisar día, mes o el año; el 12/10/04 y el 11/02/05.

Refiere que en la contestación de demanda afirmó "E T S.A." adquirió el pedral en septiembre de 2004 y que su parte fue contratada recién el 12/10/04 como trabajadora eventual pagándosele $ 30 por día.

Califica de absurdo que también afirmara que el establecimiento el pedral era de categoría 1 estrella, por cuanto es un establecimiento de turismo internacional que cobraba cuando solo tenía 4 o 5 habitaciones U$a 110 por persona y luego de terminadas las instalaciones nuevas (5 habitaciones más, pileta cubierta y abierta, quincho, salón de pool, etc) cobra U$a 150 por persona, tal como surge -dice- de la prueba acompañada en autos, indicando especialmente la de los avisos publicados en la revista de A A y las testimoniales.

Sostiene que es imposible aceptar que un establecimiento turístico de las características del pedral sea administrado y atendido solamente con trabajadores eventuales.

Advierte que la misma demandada manifestó que en el mes de octubre de 2004 se incorporaron al pedral más empleados (un cocinero y C) y se incluyó a todos los trabajadores dentro del convenio colectivo de los gastronómicos.

Postula que su parte a partir del mes de enero de 2005 trabajó mucho menos días que los habituales y ello debido no a su carácter eventual sino a que el establecimiento turístico "e p" estaba siendo reformado y había allí varios obreros de la construcción y no turistas.

Por otra parte, destaca, que su parte en octubre de 2004 trabajó 12 días, en noviembre del mismo año 19 días y en diciembre 12 días no lo fue por el presunto carácter eventual de la relación laboral o por no haber turistas utilizando las instalaciones.

Ese régimen de trabajo, explica, se debió a que es habitual en este tipo de tareas que se trabaje 10, 12 y 15 días corridos, 10 a 15 horas seguidas, sin descanso semanal alguno en establecimientos hoteleros sumamente alejados del radio de la ciudad (en el caso a unos 80 km de la ciudad de Trelew y por caminos rurales poco transitados y más aún en el tipo de instalación de la demandada en las que se realizan actividades conocidas como de "T C", por lo cual terminado el período de tareas gozaba también de francos compensatorios prolongados de 10 a 15 días. Sostiene que ello no quiere decir que sean trabajadora eventual sino que es el régimen de trabajo habitual en un establecimiento turístico como el pedral.

Termina postulando que su parte siempre fue en realidad una trabajadora de temporada y no una trabajadora eventual. Indica que las características del trabajo por temporada son muy distinta al trabajo eventual y es por eso que cuando la demandada termina de realizar las importantes reformas en el pedral y pasan los meses y no la van a buscar para que vuelva a trabajar reaccionó e intima a que le asignen tareas de temporada y que le paguen las diferencias que la adeudan registrándola con la fecha de ingreso correcta. 2) Transferencia de fondo de comercio:

Alude a la importancia del establecimiento turístico denominado "E P" actividad a la cual sus dueños lo dedicaron desde el año 1984 a 1991 y desde el 2003 en adelante, lo cual queda demostrado -asegura- de la prueba y por los precios en dólares que se cobraba por persona.

Asevera que es inaceptable la afirmación del a quo respecto a que manifiesta no advertir que haya existido continuidad en la explotación comercial del "El P" como para suponer que la transferencia debía ser realizada conforme a la ley 11.867.

Por el contrario, afirma que quedó demostrado que en dicho establecimiento había 4/5 habitaciones dedicadas al turismo rural para extranjeros, que allí prestaban servicios 4/5 personas a lo largo del año, que "El " se registró a nivel provincial como establecimiento turístico rural y paga impuestos y aportes jubilatorios, que a partir de julio de 2005 "E T" inauguró importantes ampliaciones en el establecimiento; que desde 1984 se comenzó a explotar turísticamente el lugar, que desde dicha fecha el lugar es un establecimiento comercial turístico dedicado al turismo extranjero.

Concluye que por todo ello la venta del casco y del sector turístico de "El P" de las hermanas G B a la firma "E T S.A." concretado en julio de 2004, debió haberse realizado dentro del marco de la ley 11.867 y en consecuencia las obligaciones de los vendedores deben ser soportadas solidariamente por los compradores. 3) Inexistencia de contrato eventual:

Expresa que la doctrina y la jurisprudencia son pacíficas en afirmar que lo normal es que celebre un contrato por tiempo indeterminado y que lo excepcional es que se celebre un contrato por temporada o eventual o de jornada reducida, y que por ello la empleadora que afirma que existe una relación laboral de esas características debe acreditarlo con un contrato escrito de lo contrario se presume que hay fraude laboral.

4) Diferencias salariales adeudadas: Pese a que el a quo, dice, ni siquiera analizó el tema, quedó demostrado que trabajó desde el año 2001 a febrero de 2005 y que no hubo ni hay inconveniente para no pronunciarse sobre este rubro desde el mes de octubre de 2004 al 28/02/05.

Finalmente, enumera como agravio quinto y sexto, la mención de que quedó demostrado que mando dos intimaciones telegráficas reclamando las sumas que se le adeudan y por el cual se tuvo por despedida, como también la indicación de que habiendo ofrecido el expediente que individualiza como prueba documental el mismo ni siquiera fue mencionado por el juzgador a pesar de haber allí importante prueba para acreditar y fundar los derechos de su parte.

II.- En los límites demarcados por los agravios precedentemente reseñados ingresaré a su tratamiento haciéndolo en conjunto dada la conexidad o continencia que surge de los distintos cuestionamientos.1); 2); 3) y 4) Valoración probatoria-transferencia de fondo de comercio-inexistencia de contrato eventual-diferencias salariales adeudadas:

Los ataques se encuentran íntimamente conectados entre sí toda vez que unos y otros se proyectan inescindiblemente en la consideración que merecen todos y cada uno.

Así la valoración probatoria tiene relevancia en la determinación de la modalidad contractual sujeta a elucidación y este tópico, a su vez, trasciende a la aplicación o no de las normas de transferencia de fondo de comercio en cuanto se determine que el alta laboral data de fecha anterior a la adquisición por la demandada de "E p", como asimismo, todo ello tendrá efectos en la procedencia o improcedencia de las diferencias salariales reclamadas. - Efectivamente el juzgador de grado tuvo por probado con la testimonial aportada al proceso que el contrato que vinculara a las partes de autos fue de carácter eventual, citando para ello los testimonios de los Sres. R S (fs. 70), N (fs. 71), C (fs. 72), expresando que "...conforme surge de las declaraciones de los testigos la deman-dante se desempeñó sólo cuando la necesitaban, atendiendo a los miembros de la familia que por aquel entonces era propietaria del lugar -G B-"(sic)(fs. 177 vta. "in fine" y 178).

Pues bien, ante tal ponderación global de la prueba testimonial efectuada por el sentenciante solo se opone en sustento de la pretensa impugnación un cúmulo de trascripciones de los dichos vertidos por los mencionados testigos sin que se aporte dato alguno que permita individualizar cuál sería la crítica de la valoración que merecieran.

Esto es, básicamente no se indica cuál habría sido el yerro u omisión que pudiera dar pié a un real y concreto agravio, el que se ensaya aunque sin puntualizar, en definitiva, una particular y razonada crítica que atender.

Y, en este punto, pues, el modo por el que se intenta sostener el recurso, en esta porción al menos, no es más que la expresión del mero disenso o desacuerdo con el mérito efectuado por el Sr. Juez a quo. Lo dicho, por cuanto en el dicente agravio bajo análisis se compendian los dichos de los testigos con breves afirmaciones realizadas bajo el titulo de "comentario" aunque sin precisar cual sería el supuesto desacierto en que pudiera haber incurrido el sentenciador para arribar a su veredicto.

Y, en tal dirección, es pertinente advertir que el objeto de la impugnación lo constituye la crítica precisa y relacionada de cuáles son los errores que contiene el resolutorio; sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho.

Y en ello es que se inserta ineludiblemente la dicente crítica razonada, que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implica el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando al tribunal revisor las supuestas equivocadas deducciones, inducciones y/o conjeturas en las que supuestamente habría incurrido en la consideración que realizara el juzgador a quo sobre las distintas cuestiones resueltas.

En tal marco, y a título ejemplificativo del déficit de fundamentación del recurso antes apuntado me pregunto, por caso, del comentario que efectúa del testimonio de la testigo R S, en qué consistiría la crítica en señalar que Jara ingresó a trabajar en el establecimiento "E P" en 1999 o 2000, o que se fue de dicho establecimiento en diciembre de 2002 o 2003 después de la actora Sra. C, o que la referencia que efectuara sobre las tareas desempeñadas por la actora o la afirmación de que concurría todos los fines de semana o cada quince días (dato éste último -apunto- que no fue ni siquiera afirmado de tal modo en la demanda).

O bien, no se explicita cómo ni en qué se habría equivocado o mal interpretado lo dicho por tal testigo y que se destaca en la impugnación deducida en cuanto indicó que cuando comenzaron a realizar las reformas del predio la trajeron a C a Trelew y no la volvieron a buscar más.

A todo evento, de los dichos de los testigos que depusieran en autos surge que todos ellos prestaron tareas esporádicamente en "El P" allende que la calificación jurídica de tal circunstancia pudiera ser o no compartida, lo cual merecerá tratamiento particularizado "infra". Así surge de las respuestas dadas por N (resp. a la 4ta. pret. -fs. 71-) y C (resp. a la 4ta. y 5ta. pret. -fs. 72-).

En lo que si compartiré con la recurrente es en que el argumento sentencial deviene insuficiente y, en alguna medida, inconexo en cuando a que alude a una "probabilidad" que la Sra. C hubiera trabajado de manera esporádica o eventual antes del mes de octubre de 2004 como después de esa fecha, para inducir de ello que no existió continuidad en la explotación del establecimiento comercial turístico para, de tal andamio, concluir que no debió seguirse el procedimiento previsto por la ley 11.867 al transferirse el mismo de los anteriores dueños a la sociedad demandada en autos "E T S.A.".

Digo de tal manera, por un lado, por cuanto la caracterización como eventual de la relación que uniera a las partes resulta jurídicamente irrelevante a los efectos de determinar si la transferencia del fondo de comercio debía realizarse bajo el procedimiento regulado por la mencionada norma legal o no.

Y, por el otro, toda vez que discernir la procedencia de tal encuadramiento legal, el que fue pensado por el legislador como un medio de propiciar el debido anoticiamiento de terceros acreedores interesados (Conf. "Código de Comercio, comentado y anotado", Rouillon, Adolfo -director- y Alonso Daniel F.

coordinador-, Ed. La Ley, ed. año 2005, T. I, págs. 853/854, n° 5, y cita doctrinal de nota n° 1), no es dirimente a los fines de elucidar la existencia de solidaridad que se pregona existe entre la demandada y los anteriores propietarios del establecimiento comercial "E P".

Ello así, desde que existen normas laborales específicas que contemplan tal consecuencia jurídica ante la transferencia del establecimiento en relación a la obligaciones emergente de los contratos de trabajo existentes al tiempo de operar el cambio de empleador con motivo de la misma (Conf. arts. 6, 225 y conc. de la L.C.T.).

Asimismo, tengo dicho antes que ahora, que la caracterización del contrato de trabajo eventual requiere, como presupuesto normativo, que se trate de servicios extraordinarios, entendiéndose por tales a las tareas ajenas a las normales del establecimiento, o bien, que se traten de exigencias extraordinarias y transitorias de la actividad propia y normal de la empresa que no puedan ser satisfechas con el personal permanente.

Descartado el primer supuesto y refiriéndonos a ésta última situación corresponde advertir que la exigencia extraordinaria es connatural a la "eventualidad", en tanto nos acerca a la idea de algo "sujeto a evento o contingencia", esto es, que se trata de un hecho incierto.

En esta última inteligencia, no encuentro que pueda asimilarse la circunstancia de que haya mucha o poca actividad turística a contingencias extraordinarias de un establecimiento como la estancia "E P" dedicada al turismo rural.

Esto es, no resulta la ocasionalidad a la cual refiere por ejemplo el testigo E W V T (ver respuesta a la 2da. repregunta -fs. 148-) una exigencia extraordinaria y transitoria de la actividad propia y normal de la empresa, por cuanto aludir a la existencia de turistas que se encuentra ligado a picos estacionales no configura ni importa propiamente el contenido o significado de la imprescindible eventualidad, en la cual es ínsita la concurrencia de un hecho anormal e incierto ausente en la especie.

Respecto a esto último es dable establecer que puede haber anormalidad con previsibilidad o imprevisibilidad.

En la primer hipótesis se estará dentro de la ordinariedad; en la segunda se pasará a la extraordinariedad que, a su vez, junto con la anormalidad que genera el pico de trabajo hará que las necesidades empresariales sean transitorias, lo cual da paso a la vía de la temporalidad contractual que es propia del trabajo eventual.

En tal hermenéutica, entonces, la aducida estacionalidad es incompatible con la imprevisibilidad de las exigencias anormales que son insinuada en la contestación y reiteradas al fundar la impugnación deducida puesto que estacional es aquello que se repite año a año en un momento dado alejándose de tal modo de lo imprevisible.

Nótese al respecto que el convenio que rige la actividad (C.C.T. Nro. 389/004) y el cual fue explícitamente reconocido por la demandada en autos fue en el que encuadrara a su personal dependiente (ver: escrito contestatario -fs. 28 "in fine" y 29-), contempla las distintas modalidades de contratación laboral habilitadas por la Ley de contrato de trabajo precisamente atendiendo a las peculiaridades del desarrollo de las actividades que comprende y que, entre otras, se encuentra las cumplidas por la empresa demandada en "El P" -alojamiento u hotelería turística-.

Así, específicamente en el art. 7.5 referido a la modalidad de contratación eventual, expresa la norma convencional que "En el marco de las características y particularidades de la actividad las partes identifican diferentes hipótesis que podrían tornar viable recurrir a esta modalidad contractual temporaria.

El inicio de un nuevo emprendimiento o servicio que pudiera requerir de una determinada cantidad adicional de personal, sea por una nueva relación comercial entre el empleador y un tercero, la apertura de una nueva sucursal, la ampliación de las instalaciones existentes, la variación sustancial de las modalidades de servicios habituales, o bien la demanda de servicios puntuales o extraordinarios y transitorios, podrá ser considerado un supuesto de exigencia extraordinaria y transitoria en los términos previstos en el art. 68 de la ley 24.013..."(sic).

Pues bien, si bien la demandada alude a que la actora recién fue contratada por la empresa el 12 de octubre del año 2004 y que el campo fue comprado por la sociedad "E T S.A." en septiembre, comenzando a realizar las reformas en diciembre de ese mismo año, no configura el supuesto planteado en el caso el posible requerimiento extra de personal por la reforma edilicia que se emprendiera a partir de diciembre.

Ello toda vez que precisamente en la especie se alude a que la ampliación que se ejecutara en el casco del emprendimiento turístico rural derivó a que la actora dejara de prestar tareas en el mismo durante el mes de enero de 2005.

Tampoco se invocó ni menos aún, se probó que concurriera alguno de los demás supuestos que particularmente contempla la norma convencional para la actividad que regula.

Es a partir de lo que vengo diciendo que estimo que le asiste razón a la parte actora impugnante en cuanto que la relación que la vinculara a la demandada, por la naturaleza de las tareas cumplidas, enmarcadas en la actividad propia del establecimiento hotelero en el que las ejecutara, parece propia de un contrato de temporada en los términos que en que éste es caracterizado por el art. 7.4 del C.C.T. N° 389/04 en concordancia con el art. 96 de la L.C.T.

De tal modo, el contrato de trabajo de temporada se caracteriza como un contrato por tiempo indeterminado, aun cuando la prestación del servicio sea discontinua, en tanto el trabajador constituye un elemento normal de la empresa, aspecto éste último que aparece, a mi juicio, indudable en el presente caso, en el que se trata de una trabajadora que, según la demandada, prestó servicios como mucama en el alojamiento turístico rural que ésta explota.

En tal dirección la jurisprudencia señala que la normativa vinculada a la configuración de la modalidad de trabajo por temporada exige tres requisitos, a saber: a) necesidad permanente de la empresa o explotación -y el servicio de limpieza e incluso el de cocina lo sería en el supuesto-; b) que la tarea se cumpla en determinadas épocas del año -lo cual no es cíclico y repetido en la especie aún cuando ello no evade totalmente la naturaleza estacional de la explotación-; y c) que la tarea esté sujeta a repetirse por un lapso dado en cada ciclo, en razón de la naturaleza de la actividad (Conf. CNAT, Sala IV, 16/10/85, T. y S.S., 1986-653; CNAT, Sala VIII, 8/8/96, D.T. 1996-B-2273; CNTrab., Sala III, , 13/02/78, J.A. 1979-II-694).

En relación a dicha actividad empresaria, debo indicar que tal vez en ella se den los extremos que inducen a la doctrina laboral a contemplar la sub-clasificación de contratos de temporada distinguiendo los típicos de los atípicos.

En el último caso el contrato de temporada es atípico por cuanto la actividad de la empresa se halla condicionada por circunstancias objetivas ajenas pero sujetas a repetición, aunque no cuenta ello con límites precisos de duración ni fecha cierta de iniciación y terminación (Vide: Fernández Madrid, Juan Carlos, en "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", Ed. La Ley, 3ra. edición actualizada y ampliada, ed. año 2007, T. 1, págs. 898/899, n° 7.8.2.; ver también a Livellara, Carlos Alberto, "Contrato de Temporada", en Revista de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal Culzoni, "Contratación Laboral", año 2005-2, págs. 141 y sgtes, en especial capítulo III -págs. 145/146; Vazquez Vialard, Antonio y otros, "Tratado de Derecho del Trabajo", ed. Astrea, ed. año 1982, T. 3, págs. 559/560).

En tal marco de entendimiento, tengo para mi que no se probó mínimamente que la actora hubiera prestado servicios en el establecimiento "E P" desde la fecha que denuncia como de alta en su demanda.

De las testimoniales prestadas en autos, encuentro como única data puntual a efectos de inducir la época probable de comienzo de la relación aquella que puede inferirse de los dichos de la testigo N (fs. 71 y vta.), quien refirió haber recomendado a la actora para que cumpliera las tareas que ella desempeñó hasta el mes de diciembre de 2003 (ver resp. a las preguntas n° 13 y 14 -fs. 71 "in fine" y vta.-).

Y tal data se vería corroborada con los dichos de la testigo V E C, quien manifestó haber acompañado a fines de diciembre de 2003 a la actora al establecimiento de la demandada cumpliendo tareas de limpieza y cocina junto con ella (ver resp. a las generales de la ley, 4ta. y al exponer sobre la razón de sus dichos -fs. 72 y vta-), aunque evidentemente no alcanza para tener por acreditada la fecha de ingreso denunciada por la actora en su escrito de demanda (01/01/01 -fs. 4-).

Esto es, nada impide considerar la hipótesis de una contratación iniciada en fecha anterior a la postulada por la demandada en autos, en los períodos que dice esta última testigo trabajaron en "E P" en el año 2003, para recién concretar la inscripción del contrato el 12 de octubre del año siguiente 2004 tal como se consigna en el certificado acompañado y reservado a fs. 35, que tengo a la vista.

Empero tal circunstancia podrá ser considerada para evaluar los efectos jurídicos vinculados a la procedencia de las indemnizaciones agravadas que por irregular inscripción puedan corresponder y, quizás, tendrá también incidencia en relación a la fijación de las personas obligadas en tanto que incidirá en la clarificación de existencia de solidaridad pasiva respecto a los débitos laborales que se reconozcan.

Ahora bien, para el reclamo que por diferencias salariales cuyo reconocimiento se pretende habrá que determinar, antes, en qué lapso prestó la actora tareas en el citado año 2003.

En cuanto al año 2004, las partes, en cambio, son contestes en indicar los meses y la cantidad de días en que prestó servicios la Sra. C.

Esto último, toda vez que tratándose de un contrato de temporada genera un vínculo de tiempo indeterminado con prestaciones discontinuas en el que mientras subsiste se pasa sucesivamente de un período de actividad laboral (ciclo de trabajo) a otro de receso, durante el cual las principales prestaciones a cargo de las partes quedan suspendidas (la dependiente no prestará sus servicios y la patronal no deberá abonar remuneración alguna durante dicho período de receso).

Tales aludidos períodos de actividad y receso, por la índole de la explotación -turismo rural-, es dificultoso establecerlos de antemano de modo cierto, en lo que refiere al inicio y a la terminación de la "temporada" o ciclo de trabajo (lo cual hace a la atipicidad referida "supra"), lo cual no impide, como ya dijera, englobar en tal categoría contractual al vinculo laboral habido entre las partes.

Abro un paréntesis para realizar un breve señalamiento de carácter procesal en lo concerniente a la solidaridad pretendida por vía de postular la aplicación de las normas relativas a transferencia de fondo de comercio.

Al tiempo de demandar la actora indicó que dirigía su acción en contra de la sociedad "E T S.A." y/o quienes resulten propietarios y/o responsables y/o explotador comercial del establecimiento "E P" (ver: punto II.- "objeto" -fs. 4-).

Ahora bien, al tiempo de ordenar el tribunal del anterior grado el traslado de la demanda lo hizo únicamente respecto a la sociedad pre-individualizada sin que mereciera de parte de la peticionante ninguna objeción.

Pues, la sociedad demandada contestó la acción (fs. 27//31 vta.) trabándose la litis sin que se hubiera requerido ampliar la sustanciación con otros sujetos procesales integrantes del polo pasivo antes enunciado en demanda.

Ante ello, entonces, corresponde delimitar subjetivamente lo que se decida en la presente litis a las partes que intervinieran en el presente proceso.

No habiendo sido indicada la cantidad de días ni los meses del año 2003 en los que prestara tareas la actora en el establecimiento adquirido por la demandada en el mes de septiembre de 2004 (hecho este admitido en autos), no procede admitir reclamo alguno por tal período.

Asimismo, admitiendo la demandada en que sí prestó tareas por 12 días en octubre, 19 en noviembre y 12 en diciembre en el año 2004 y 4 en enero de 2005, lo cual no solo es compatible con el relato efectuado en demanda en relación al modo en que ejecutaba su prestación sino que es un dato que fue luego expresamente reconocido por la actora al fundar el recurso de apelación bajo análisis (fs. 184 vta.), corresponderá establecer primero la base económica de cálculo de las posibles diferencias de haberes que pudieran existir, por cuanto habrá que computar, a la par, que la actora denunció haber percibido por cada período trabajado la suma de $ 300.

A tal efecto, se tendrá por ciertas las tareas que denuncia desempeñaba la Sra. C, esto es: cocinera, planchadoray lavadora.

Por ello el nivel profesional de convenio en el que sería encuadrable la actora es la categoría 3 de establecimiento de alojamiento integrales, correspondiendo enmarcar, por inexistencia de información alguna que pudiere dar lugar a que se determine una categoría de establecimiento distinta, la correspondiente a la clase I.

De tal manera, se adoptará como base de cálculo el salario correspondiente al nivel profesional 3 de un establecimiento categoría I, cuyo salario básico fijado es de $ 531, más los adicionales del convenio de aplicación N° 389/04, a saber: por antigüedad (punto 11.3.1 -1% por año-); adicional por asistencia perfecta (punto 11.5 -10%-); adicional por complemento de servicio (punto 11.6 -12%-) y adicional por zona fría (punto 11.7 -22% según lo informa U a fs. 143/144).

De todo ello arroja la suma total a devengar por mes de $ 769,95 (resulta de la sumatoria de los siguientes parciales: $ 531+$ 5,31+$ 51,10+$ 63,72+$ 116,82= $ 769,95).

De dicha base de cálculo corresponde ahora determinar los montos remunerativos devengados en cada uno de los meses en los que efectivamente la actora prestó tareas.

Efectuados de tal manera los cálculos arrojan los siguientes parciales: por 12 días de octubre/04 la suma de $ 307,98; por los 19 días del mes de noviembre/04 la suma de $ 487,63; por los 12 días del mes de diciembre /04 la suma de $ 307,98; y, por los 4 días de enero/05 la suma de $ 102,66.

También corresponderá calcular las vacaciones proporcionales devengadas por el período trabajado, esto es, por 2 días ($ 769,95x2/25= $ 61,59).

Y el sueldo anual complementario proporcional correspondiente al segundo semestre del año 2004 y primero del 2005 ($ 384,97x43/180= $ 91,96 y $ 384,97x4/180= $ 8,55, respectivamente), lo cual arroja la suma total por tal concepto de $ 100,51.A dicha cuenta liquidatoria corresponde añadirle el importe respectivo a la sustitutiva del preaviso por la suma de $ 769,95 (conf. art. 231 de la L.C.T.); y el S.A.C. sobre el preaviso omitido que asciende a la suma de $ 64,16; y la correspondiente a la integración del mes de despido (10 días), por la suma de $ 256,65.

Es de observar también que no es estrictamente cierto que no fuera acreditado en autos que la actora remitió a la demandada la intimación por despacho telegráfico de fecha 15 de febrero de 2005, toda vez que luce agregada a fs. 14/15, la informativa producida por el Correo Argentino, en la cual se informa que la C.D. 012541309 AR, que en copia certificada se acompaña, fue impuesta el día 15/02/05 y recibida por una persona que se identificó como "G A.", el 18/02/05.

Habida cuenta de ello, corresponde tener por satisfecho el presupuesto sobre el cual se tuviera la actora por injuriada, cual fue el silencio de la patronal ante su intimación cursada por dicho despacho y por válida la subsiguiente intimación a que se le abonen las indemnizaciones de ley.

De allí que también corresponde liquidar la indemnización por el despido indirecto causado (arts. 245 y 246 de la L.C.T.), que en la especie es el mínimo legal dispuesto para el supuesto en que el cálculo respectivo no supere los dos meses de sueldo, de lo cual surge la suma de $ 1.539,90.

De tales parciales se arriba a un subtotal de Pesos Tres Mil Novecientos Noventa y Nueve con Una Décima de Centavos ($ 3.999,01).

Merced a que tal como se expresara antes, se acreditó con las testimoniales prestadas en autos de las Sras. N y C, que C comenzó a prestar tareas antes de que la empresa demandada en autos adquiriera el predio rural "E P" (septiembre de 2004 según lo indica en el escrito de responde fs. 28 "in fine"-), aún cuando solo se puede ubicar el año de comienzo y no así ni los meses y días en que lo hiciera.

Esta falta de precisión en los datos obstó a que se pudiera computar los servicios prestados en tal período anual pero no impide que se tenga en consideración a los fines de tener por mal registrada a la actora a tenor de la fecha de alta consignada según el certificado de servicios y en los recibos de haberes acompañados (12/10/04).

Es por tal circunstancia que procederá admitir también la indemnización agravada contemplada en el art. 1° de la ley 25323, por la suma de $ 1.539,90.

Asimismo, procederá la indemnización contemplada en el art. 2° de la citada ley 25.323, toda vez que intimada la patronal a que abone las indemnizaciones de Ley omitió hacerlo obligando a la actora a iniciar el presente proceso para obtener su reconocimiento para viabilizar su cobro. Por tal concepto corresponde admitir la suma de $ 1.187.

Finalmente, también corresponderá admitir la indemnización agravada prevista por el art. 16 de la Ley 25.561, según Ley 25.972 y Dcto. 2014/04. Dicho marco legal citado establece la prórroga de la duplicación indemnizatoria prevista en el art. 16 de la Ley de emergencia 25.561 y sus modificatoria hasta que la tasa de desocupación elaborada por el INDEC resulte inferior al 10%.

Pues, a la fecha del distracto (fue dispuesto al 28/02/05 -ver T.C.L. 62688196 del 05/07/05 de fs. 3-) la tasa informada por dicho organismo para el primer trimestre del año 2005 ascendió al 13%.

Así también, corresponde contemplar que por el Dcto. 2014/04, dispuso que a partir del 01 de enero de 2005, los trabajadores que, en contravención a lo dispuesto por el art. 16 de la Ley 25.561 fueran despedidos sin causa (entiéndase que abarca también al despido indirecto con causa), serán acreedores a un adicional del 80% del monto indemnizatorio que le corresponda.

Bajo tales pautas, entonces, corresponderá establecer por este concepto la suma de $ 1.899,20.

Las indemnizaciones agravadas antes mencionadas suman un total de $ 4.626,10.

Ahora bien, merced a que por un lado la actora denuncia en su escrito de demanda haber percibido en todos los meses que prestara servicios la suma de $ 300, no coincidiendo dicho monto denunciado como percibido con las sumas parciales consignadas en el certificado de servicios adjunto ni con las que lucen en los recibos de haberes presentados por las partes (nov y dic/04 y enero/05), no contando con dato alguno que me permita discernir con certeza cuales fueron los montos efectivamente percibidos por la dependiente, computaré la suma única total por tal período efectivamente laborado de $ 1.500 (a razón de $ 300 por cada uno de los meses e independientemente de la imputación que comprendiera tales pagos). De todo ello surge la siguiente liquidación final, a saber:

A) diferencias de haberes y liquidación final:

devengado percibido oct/04$ 307,98$ 300 nov/04 $ 487,63$ 300 dic/04$ 307,98$ 300 ene/05 $ 102,66$ 300 feb/05$ 256,65 $ 300 S.A.C. prop$ 100,51- Vac/prop $61,59- Preaviso $ 769,95- S.A.C. s/preav. $64,16- Ind. Antig. $ 1.539,90- Sub-Total $ 3.999,01 $ 1.500 B) incrementos indemnizatorios:

Art. 1 Ley 25.323 $ 1.539,90 Art. 2 Ley 25.323 $ 1.187,00 Art. 16 Ley 25561 $ 1.899,20 Sub-Total $ 4.626,10 Total devengado ($ 8.625,11) - lo percibido ($ 1.500) = $ 7.125,11.

En síntesis, pues, prosperando los agravios analizados en los términos antedichos y de los cálculos realizados, se arriba a la suma debida de Pesos Siete Mil Ciento Veinticinco con Once Centavos ($ 7.125,11), importe éste que, con más la tasa de interés que fija y cobra el Banco del C para sus operaciones comunes de descuento de documentos comerciales, a calcular desde que cada suma parcial fue debida, es por el que corresponde admitir la demanda instaurada por la Sra. M N C. Así lo voto.

III.- Conclusión:

Por lo antes expuesto corresponderá revocar el fallo venido en apelación para hacer lugar parcialmente a la demanda incoada; y, en consecuencia, condenando a la sociedad que gira en el comercio bajo la denominación "E T S.A.", a que abone a la actora Sra. C, en el plazo de diez días de firme la presente, la suma de $ 7.125,11, con más la tasa de interés activa que fija y cobra el Banco del C S.A.

para sus operaciones comunes de descuento de documentos comerciales, desde que cada suma es debida y hasta el día de su efectivo pago.

Triunfante finalmente la actora, las costas de ambas instancias deberán imponerse a la demandada vencida en ellas (Arts. 59 de la Ley 69 y 279 del C.P.C.C.).

Por aplicación de la última norma citada, corresponderá asimismo adecuar a esta nueva decisión los honorarios regulados en el anterior grado.

Atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado arrojado por las labores profesionales de primera instancia, opino que deben fijarse los emolumentos de los profesionales intervinientes de la siguiente manera, a saber: a los Dres. E M C y R J C, letrados apoderados de la parte actora, en conjunto, en la suma equivalentes al 19,6%; y, a los Dres. A A, A I y C C, letrados apoderados los dos primero y patrocinante la última, de la parte demandada, en conjunto, en la suma equivalente al 14%.

Ambos porcentuales a aplicar sobre el monto final del proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia y con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37, 39 y 47 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).

Por aplicación de idénticas pautas apreciativas y de lo preceptuado por el art. 14 de la Ley del arancel, entiendo que los honorarios del Dr. R J. C, corresponde fijarlos en la suma equivalente al 6,86%; y a los Dres. A I, A A y C C, en conjunto, en la equivalente al 3,5%, del aludido monto del pleito, con más el I.V.A. pertinente.

Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella por la NEGATIVA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo:

I.- Llegan a esta instancia las presentes actuaciones en razón del recurso de apelación que a fs. 179 dedujera la parte actora contra la sentencia del anterior grado que corre a fs. 176/178 vta., que rechazara la acción promovida por la actora, Sra. M N C, contra la empresa E T S.A., con costas a la demandante.

A fs. 183/185 se halla incorporado el informe que prevé el artículo 62 de la Ley 69, y concedido a fs. 186 el traslado pertinente, es contestado por la demandada mediante el escrito de fs. 187/188.

La descripción de los agravios vertidos por la quejosa, ya ha sido adecuada y suficientemente desarrollada por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, razón por la cual, y en homenaje al principio de economía procesal, omitiré su repetición, siguiendo en aquellas cuestiones que considere pertinentes el mismo orden de análisis ya pergeñado por mi colega preopinante, a fin de dotar al pronunciamiento a dictar de una mejor coherencia expositiva.

II.- Como muy bien ya lo manifiesta el voto precedente al adentrarse al examen concreto de los agravios vertidos, si bien la recurrente expresa cuatro agravios a los efectos de sostener su recurso apelatorio, es indudable que existe entre todos ellos una concatenación de cuestiones que se eslabonan entre sí, y que aconsejan su tratamiento conjunto.

Desde este ángulo de enfoque resulta evidente que la valoración probatoria atacada por la recurrente, se encuentra estrechamente vinculada a la invocada transferencia del fondo de comercio, como así también a la aludida inexistencia de contrato de trabajo eventual sobre las que se apoya el reclamo de diferencias salariales pretensas.

II.a) Así, como se viene de decir, el embate impugnatorio de la quejosa comienza por una prolija reproducción de declaraciones testimoniales habidas en la causa, con la finalidad de intentar desarticular el fundamento desestimatorio vertido por el Sr. Juez a- quo a fs. 177/178 del decisorio en crisis, que tiene por acreditadas la calidad de esporádicas de la tareas que desempeñaba la actora para la demandada, para dar por sentado que la relación laboral que uniera a las partes en litigio era un contrato de trabajo eventual, y no de temporada como lo reclamó la demandante (v. fs. 177/ vta., tercer párrafo).

De la lectura de los párrafos de las declaraciones testimoniales que la apelante transcribe, con el objeto de apuntalar este tramo del recurso, no advierto que las mismas constituyan la crítica razonada y concreta que como requisito ineludible de viabilidad prevé el artículo 265 del código adjetivo.

En este sentido, luego de transcribir párrafos de las declaraciones testimoniales, formula una serie de escuetos comentarios a los mismos, pero que tal como lo expresa el Sr. Magistrado prevotante, no aportan criterios que puedan inscribirse dentro de los parámetros de crítica razonada y concreta que postula la aludida norma formal.

Y esto así, por cuanto la mencionada crítica a que hacemos referencia y que debe contener el memorial de agravios, ha de consistir consistir en la indicación, punto por punto, de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen a la sentencia, mediante el desarrollo analítico de las cuestiones en debate, con los argumentos jurídicos y fácticos que fueren pertinentes para desvirtuar los que sustentan el fallo (De Santo, V., "Tratado de los Recursos", Ed. Universidad, año 1999, T. I, p. 335 y sgts.; idem, ED, t. 98, p. 577, entre otros).

Y resulta evidente que el indicado objetivo impugnatorio en las condiciones legalmente estipuladas por la ley procesal, no ha sido alcanzado por el apelante en esta porción de su libelo recursivo.

Empero, por otro lado, diferente resulta la situación planteada por la quejosa cuando cuestiona como escaso y desunido el razonamiento del juzgador al hacer referencia al probable ingreso laboral de la actora en fecha anterior a octubre de 2004.

En esta dirección el Sr. Juez a-quo admite la posibilidad que la Sra. C haya trabajado de mane-ra eventual antes del mes de octubre de 2004, y asevera que no advierte que haya existido una continuidad en la explotación comercial del casco de E P como para suponer que la transferencia debía ser realizada conforme las disposiciones contenidas en la Ley 11.687, en apariencia antes de octubre de 2004, oportunidad en que E T S.A. se hace cargo de E P (v. fs. 177 vta., último párrafo).

Estoy de acuerdo en que el argumento invocado en este sentido no resulta trascendente para la calificación de carácter de eventual o no del vínculo de trabajo que uniera a las partes.

Sin perjuicio de reconocer que la inscripción de la transferencia del fondo de comercio es determinar la solidaridad de las partes y del intermediario frente a los acreedores del establecimiento transferido a partir de dicha inscripción (arts. 11° y 7° de la Ley 11.867); en el caso de autos no puede dejarse de lado el régimen propio de solidaridad que contiene la legislación laboral, en especial el contemplado en la Ley 20.744.

Asimismo, y con relación a este punto, cabe tener presente que si bien la acción inicial estuvo dirigida contra la firma "E T S.A." y Otros, incluyendo entre los potenciales demandados a los propietarios, responsables y/o explotadores del establecimiento "E P", también es cierto que al responder la demanda lo hizo sólo E T S.A. (v. fs. 27/31), sin que la actora haya peticionado extender la demanda a los restantes sujetos pasivos.

II.b) Y dicho lo anterior, es necesario adentrarnos al tratamiento de una cuestión esencial a los efectos de confirmar o modificar el pronunciamiento apelado, cual es el adecuado encuadre jurídico que ha de darse a relación laboral que unió a las partes, que la actora califica de contrato por temporada, y tanto la demandada como la sentencia recurrida la ubican dentro de los contratos eventuales.

Entiendo que para ello deben ponderarse los requisitos imprescindibles que distinguen a cada una de ambas modalidades de trabajo, con la finalidad de determinar las diferencias que los separan, y ello sin dejar de reconocer que hay oportunidades en que se presentan similitudes que pueden plantearse situaciones que se prestan a confusión.

Así el contrato de trabajo eventual contemplado en el artículo 99 de la L.C.T., se configura cuando la actividad dependiente del trabajador se desarrolla para satisfacer resultados concretos tenidos a la vista por el empleador en relación a dos situaciones:

a) servicios extraordinarios determinados de antemano, y b) exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no puede preverse un plazo para la finalización del contrato, tal como surge de la parte primera de dicha norma legal (conf. Rodríguez Manzini, J., "Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", Ed. Astrea, año 1999, p. 174 y sgts.).

Por servicios extraordinarios se entiende las tareas no habituales al giro empresario, y por exigencias extraordinarias y transitorias, las que sin ser ajenas a la tareas normal de la empresa, la superan cualitativa o cuantitavimente.

Por su lado la norma laboral de fondo, en su artículo 96 define al contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por las actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumpla solamente en determinadas épocas del año y esté sujeta a repetirse en cada ciclo, en razón de la naturaleza de la actividad.

En este supuesto, la ley requiere que las prestaciones se cumplan en forma discontinua, es decir que subsistiendo un vínculo permanente, se pase de un período de actividad sujeto a repetirse en cada temporada, a otro de receso, en el cual se suspenden las prestaciones de los servicios y el pago de la remuneración.

Pero además la contratación del trabajador debe hacerse para atender actividades propias de la empresa, que se prestan en forma cíclica y responden al giro normal, otorgando al vínculo laboral una vocación de permanencia.

Ello, sin perjuicio que el aludido ciclo de trabajo se cumpla en tiempos completos de temporada, o alternados, y que puedan enmarcar la modalidad como típica o atípica.

Para mí, queda entonces en claro que uno de los elementos distintivos entre ambos tipos contractuales, estriba en la realización de tareas "no habituales" efectuadas por razones especiales, para el caso de la relación eventual, que resultan diferentes a las "actividades propias" y al "giro normal de la empresa", que constituyen uno de los sellos determinantes de los contratos de tem-porada.

Y así, en el caso de autos, de las mismas declaraciones testimoniales producidas en la causa, como por ejemplo, las de fs. 71y 72, sin desmedro de considerar la posibilidad de que la actora fuera contratada con anterioridad al 12 de octubre de 2004, fecha con que es registrado el contrato laboral, del análisis conjunto de las probanzas arrimadas, se advierte que la Sra. C cumplió, precisamente, tareas propias y habituales en la empresa de la demandada, que respondían al giro normal de sus actividades, y atendiendo, precisamente, a la clase de turismo ocasional y espaciado que desarrollaba la accionada.

II.c) Partiendo desde estos posicionamientos, debe ponderarse que los días reconocidos por la demandada como trabajados por la actora en el año 2004, corresponden a doce días del mes de octubre, diecinueve días del mes de noviembre, doce días del mes de diciembre y cuatro días del mes de Enero de 2005, coincidentes ellos con los mismos datos que reproduce en su libelo apelatorio.

En cambio, no ha sido señalado en el proceso el número días que la Sra. C pudo haber trabajado durante el año 2003.

Por ello, se ha de tomar en cuenta que la demandante expresó haber percibido un remuneración de $ 300,00 por cada período trabajado, conforme las tareas de planchadora, lavadora y cocinera que denunciara oportunamente, y encuadrando sus funciones dentro de la categoría 3 del C.C.T. 389/04, que es el que rige para el gremio de los G, H y R, y dentro de la clase I como categoría de establecimiento, por carecerse de datos que ameriten ubicarlo en una categoría diferente.

Adoptando tales parámetros de referencia, ha de fijarse entonces una sueldo básico de $ 531,00 a los que han de añadirse los adicionales de convenio, como lo son antigüedad, asistencia perfecta, complemento por servicio y adicional por zona, lo que arroja un monto total mensual de $ 769,95.

A contar de dicha suma base, corresponde pues, establecer las cifras remunerativas de acuerdo a los períodos efectivamente laborados por la actora, y practicado el cálculo respectivo, ello nos da los siguientes guarismos: $ 307, 98 para los doce días de octubre de 2004; $ 487,63 para los diecinueve días del mes de noviembre de 2004; $ 307,98 para los doce días del mes de diciembre de 2004; y $ 102,66 para los cuatro días del mes de enero de 2005.

A los montos mencionados deberán agregarse los correspondientes a las vacaciones proporcionales, sueldo anual complementario proporcional de los años 2004 y 2005; la indemnización sustitutiva de preaviso; sueldo anual complementario sobre el preaviso omitido; como así la que corresponde a la integración del mes de despido; lo que hace un total por estos últimos conceptos de $ 1.252,86.

Pese a las afirmaciones en contrario, tengo por cierto que la accionante remitió a la demandada la intimación fehaciente de tenerse por injuriada como fundamento de su extinción laboral, según constancias de fs. 14/15, lo que habilita a la procedencia de la indemnización por despido indirecto contenida en los artículos 245 y 246 de la Ley 20.744, que de acuerdo a la norma invocada y el caso bajo examen, corresponde se abone por dos meses de remuneraciones, lo que hace por tal concepto, la suma de $ 1.539,90.

Asimismo, conforme las declaraciones testimoniales (fs. 71 y 72), he de tener por acreditado que la actora comenzó su relación laboral vinculada a E P, y con anterioridad al inicio de actividades de la aquí demandada, aunque no pudiera precisarse en autos el período real de trabajo computable, empero ello no es obstáculo para considerar la defectuosa registración de la accionante, que data del mes de Octubre de 2004, según surge de los recibos de sueldo que en original tengo a la vista.

Tal circunstancia da pie para hacer lugar a la indemnización agravada que contie-ne al artículo 1° de la Ley 25.323, que conforme las pautas legales allí fijadas corresponde establecer en la suma de $ 1.539,90.

También entiendo que corresponde la aplicación de los agravamientos que contempla el artículo 2° del mismo ordenamiento normativo citado en el párrafo precedente, en razón que la accionante se vio obligada a interponer la demanda judicial a los efectos de obtener la satisfacción de sus derechos creditorios, por lo que en tal concepto corresponde la suma de $ 1.187,00.

Dentro de este contexto, estimo adecuado el pago del incremento indemnizatorio previsto por el artículo 16° de la Ley 25.561, conforme la pautas dadas en tal sentido por la Ley 25.972 y el Decreto N° 2014/04, y que determina la prórroga de la duplicación indemnizatoria mientras la tasa de desocupación supere el 10%, de acuerdo a los índices expresados por el INDEC.

Y en tal sentido al momento de la extinción del vínculo laboral el índice informado por dicho organismo era del 13%, por lo que según los términos del aludido Decreto 2014/04, corresponde una indemnización en tal concepto del 80% del monto indemnizatorio respectivo, y que por tanto será de $ 1.899,20.

La sumatoria de todos los conceptos precedentemente establecidos asciende a un total de $ 8.625,11, pero ha de considerarse que en su escrito promocional la parte actora expresó haber percibido una remuneración mensual de $ 300,00 (v. fs. 5, Punto 1.6.-), importe que no resulta coincidente con los montos declarados en la respectiva certificación de servicios, como tampoco con los recibos de sueldos que lucen en la documentación reservada que en este acto examino, y estoy de acuerdo que en la especie, ante la circunstancia apuntada, ha de computarse una suma única total por el tiempo efectivo de trabajo cumplido, lo que arroja la cifra de $ 1.500 ($ 300,00 por cinco meses), que deben ser deducidos de los $ 8.625,11 obtenido como monto indemnizatorio, lo que da como resultado final del monto indemnizatorio a abonar a la actora la suma de $ 7.125,11, con más los intereses que en el párrafo siguiente se determinarán.

II.d) Por los fundamentos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, he de proponer al Acuerdo hacer lugar parcialmente a la demanda incoada, revocando la sentencia recurrida y, condenando a la demandada E T S.A. a abonar a la actora, Sra. M L C, en el plazo de diez días, la suma de $ 7.125,11, monto al que ha de aplicarse la tasa de interés respectiva que para las operaciones de descuento a treinta días utiliza el B del C S.A., desde que cada suma es debida y hasta el momento de su efectivo pago.

Como consecuencia de las previsiones contenidas en los artículos 59 de la Ley 69 y 279 del código adjetivo, las costas de ambas instancias han de imponerse en el orden causado.

Por aplicación de tal normativa, han de adecuarse los honorarios regulados en primera instancia, los que ponderados en su calidad, extensión, eficacia y resultado obtenido, y conforme las pautas de valoración perfiladas por los artículos 6, 7, 9, 10, 19, 39 y 47 de la ley arancelaria, estimo prudente fijarlos en un 19,6%, en conjunto, para los Dres. E M C y R J C apoderados de la actora; y en un 14%, en conjunto, para los Dres. A A, A I y C C, apoderados de la demandada.

Dichos porcentuales han de aplicarse sobre el monto final de proceso a determinar en la etapa de ejecución de sentencia, con el agregado del IVA que pudiera corresponder.

En razón de los mismos parámetros de aplicación y de acuerdo a las directrices que emanan del artículo 14 de la Ley 2.200, con relación a los honorarios del Alzada, entiendo adecuados fijarlos en el 6,86% para el Dr. R J C, y en un 3,85%, en conjunto, para los Dres. A I, A A y C C, añadiéndose a ambos guarismos el IVA pertinente.

Doy por concluida mi intervención y a esta primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber:

1) REVOCAR la sentencia apelada; y, en consecuencia, haciendo lugar a la demanda instaurada por la Sra. M N C condenando a la sociedad denominada "E T S.A.", a que en el plazo de diez días de firme la presente, abone a la actora la suma de Pesos Siete Mil Ciento Veinticinco con Once Centavos ($ 7.125,11), con más la tasa de interés que fija y cobra el Banco del C para sus operaciones ordinarias de documentos comerciales desde que cada uno de sus guarismo parciales fue adeudado hasta la fecha de su efectivo pago.

2) IMPONER las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida en ellas. 3) FIJAR por adecuación a la presente, los honorarios de los profesionales intervinientes en primera instancia del siguiente modo, a saber: a los Dres. E M C y R J C, en conjunto, en la suma equivalentes al 19,6%; y, a los Dres. A A, A I y C C, en conjunto, en la suma equivalente al 14%, del monto del proceso que se determine en la liquidación a realizar en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente.

4) REGULAR los honorarios por las tareas de alzada, de la siguiente manera, a saber: al Dr. R J. C, en la suma equivalente al 6,86%; y a los Dres. A I, A A y C C, en conjunto, en la equivalente al 3,5%, del aludido monto del pleito, con más el I.V.A. pertinente.- ASI LO VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Lucero, en razón de configurar el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en todas las cuestiones venidas a su decisión.

ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelacio-nes de la ciudad de Trelew; RESUELVE:

REVOCAR la sentencia apelada; y, en consecuencia, haciendo lugar a la demanda instaurada por la Sra. M N C condenando a la sociedad denominada "E T S.A.", a que en el plazo de diez días de firme la presente, abone a la actora la suma de Pesos Siete Mil Ciento Veinticinco con Once Centavos ($ 7.125,11), con más la tasa de interés que fija y cobra el Banco del C para sus operaciones ordinarias de documentos comerciales desde que cada uno de sus guarismo parciales fue adeudado hasta la fecha de su efectivo pago.

IMPONER las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida en ellas.

FIJAR por adecuación a la presente, los honorarios de los profesionales intervinientes en primera instancia del siguiente modo, a saber: a los Dres. E M C y R J C, en conjunto, en la suma equivalentes al 19,6%; y, a los Dres. A A, A I y C C, en conjunto, en la suma equivalente al 14%, del monto del proceso que se determine en la liquidación a realizar en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente.- REGULAR los honorarios por las tareas de alzada, de la siguiente manera, a saber: al Dr. R J. C, en la suma equivalente al 6,86%; y a los Dres. A I, A A y C C, en conjunto, en la equivalente al 3,5%, del aludido monto del pleito, con más el I.V.A. pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL Nº 42 DEL AÑO 2007 - SDL.- CONSTE.

Rawson, dede 2007.

NOTA n°/07 S.I.J.