marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aportes y contribuciones previsionales, afiliación sindical, falta de afiliación, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FEDERACION OBRERA CERAMISTA DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ Cerámica San Lorenzo I.C.S.A. s/ Cobro de aportes o contribuciones
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-23

Está legitimada la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina para exigir de los empleadores incluidos en el ámbito de la C.C.T. 150/75 la retención y depósito de las contribuciones previstas por el artículo 63, incisos a) y b), respecto de los trabajadores sin afiliación sindical.
Evasión, sujeto activo, detenido, menor internado, establecimiento para menores, patronato de menores
Materia: PENAL
Carátula: LOMBARDO, S. Y OTRO s/ EVASION - ESTABLECIMIENTO CORRECCIONAL - MENOR INTERNADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-11-18

El menor internado en un establecimiento correccional por aplicación de la ley 10.903 no puede ser considerado "detenido" en los términos del art. 280 del cód. Penal, ley 11.179. Abona tal criterio la circunstancia de que, con motivo de las modificaciones introducidas por la ley 17.567 (derogada), se consideró necesario dar un nuevo texto al artículo mencionado, para abarcar otras situaciones, al mencionar a los legalmente "privados de su libertad" para referirse a los sujetos activos del delito de evasión.
Accidentes de trabajo, irretroactividad
Materia: LABORAL
Carátula: Rivarola, Isabelino c/ Asseph y Von Zander Empresa de Construcciones S.A. y/o La Construcción Cía. de Seguros s/ Demanda por accidente de trabajo Construcciones S.A. y/o La Construcción Cía. de Seguros s/ Demanda por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-18

La simple lectura del texto de la ley 23643 (ADLA, XLVIII-D-4250), da la idea de que el legislador implanto una reforma integral del regimen especifico de reparación de los infortunios laborales, pero no dijo expresamente si esas modificaciones tendrían un tiempo determinado para entrar en vigencia. En estas condiciones parece claro que el tema quedo referido a las proscripciones de la ley común, esto es, los artículos 2º y 3º del C.C. De modo tal que la nueva ley entro a regir el día 16-11-88. Por ende, no existe conflicto intemporal, habida cuenta de que no dispuso su eficacia retroactiva ni se mantuvieron dos normas simultaneas en vigor.
Contratos administrativos, plazo, prórroga del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Camtral  S.A. c/ Ferrocarriles Argentinos  S.A. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

La prórroga de los plazos pactados en los contratos administrativos, admite dos categorías a) exculpatoria de la mora de la contratista y b) simplemente excluyente del derecho rescisorio que le cabe al contratante cumplidor, pero sin exculpar de las restantes consecuencias de la mora incurrida.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garaycochea, Esteban c/ Instituto Almirante Brown s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

El perito, auxiliar de la justicia, es un tercero ajeno a la relación procesal, cuya actividad no puede influir para considerar impulsada en lo que a las partes se refiere, ni interrumpe, por ello, la perención.-
Convenios colectivos de trabajo, Ministerio de Trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rickert, Hugo Néstor y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

La ley 23.126 constituye una fuente autónoma de suspensión de cláusulas de las convenciones colectivas, no sólo en razón de haber sido dictada por el Congreso de la Nación y derogar expresamente a la ley 21.476, sino también porque fijó el plazo de un a$o para que aquéllas recobraran su vigor, dejando a salvo -para el sector público- las posibles postergaciones o modificaciones que las partes pudieran acordar en el marco de la negociación colectiva y con la intervención del Ministerio de Trabajo.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, autonomía del recurso, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Barría Cárdenas, Pedro Germán Abelardo c/ SEMPET S.A. y-o ABAD y SPAGNOLI s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-03-01

En orden a los recaudos de autonomía y suficiencia técnicas, se exige que el recurso sea motivado, "motivación que debe ser suministrada por la parte recurrente en el mismo escrito de interposición, determinando concretamente el agravio, tanto en lo relativo al vicio que se denuncia como 'al derecho que lo sustenta'. Esto se justifica, por la necesidad de individualización concreta y precisa del agravio, por lo que su inobservancia ocasiona la inadmisibilidad del recurso.
Derecho procesal, juicio ejecutivo, embargo ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: CATTORINI S.A. c/ SANTA RITA S.R.L. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-06

El embargo ejecutivo constituye la medida que el juez debe acordar en la primera providencia que dicta a raíz de la iniciación de un proceso de ejecución fundado en un título judicial o extrajudicial.

En virtud de la certeza o de la presunción de certeza del derecho que esos títulos respectivamente exhiben, el otorgamiento del embargo ejecutivo no se halla supeditado a la prestación de contracautela. "Cuando en virtud de un título que trae aparejado ejecución se decreta un embargo de carácter ejecutivo, no preventivo no es exigible contracautela alguna".
Quiebra, pedido de quiebra, cuota alimentaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: GISMERO ESTELA c/ MIZRHI SAMUEL s/ PEDIDO DE CONCURSO LIQUIDATORIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-21

No corresponde hacer lugar a un pedido de quiebra formulado en base a un derecho creditorio -cuota alimentaria- en favor del hijo del demandado con la peticionante, ya sea que actúe en representación de su hijo (ley de concursos, 88) o por derecho propio como cesionaria de dicho crédito (ley de concursos , 88 y Código Civil, 3270).
Pago sin causa, posesión de mala fe
Materia: CIVIL
Carátula: MUTUALIDAD INDUSTRIAL TEXTIL  ARG. c/ PAVAZZA, MARIO EDUARDO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

La buena fe en la recepción del pago (art. 786 del Cód. Civ.), que consiste en la creencia razonable de ser acreedor de quien abonó, cesa desde el momento en que el accipiens sabe que el pago dejó de tener causa y retuvo en su poder lo pagado, convirtiéndose desde ese momento en poseedor de mala fe, de acuerdo a lo que dispone el art. 788 al final del Código Civil, en consonancia con lo previsto en el art. 2434. De acuerdo a lo que establecen aquel art.

788 y el art. 2438, se produce una hipótesis de moral legal, que opera de pleno derecho sin necesidad de interpelación debiéndose los intereses desde esa fecha.
Sentencia, cosa juzgada, regulación de honorarios, error numérico, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: CALEDONIA ARG. CIA. DE SEGS. S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-21

No obstante no haber un recurso concreto de los obligados al pago de honorarios que someta a la consideración de la Cámara su reducción, existiendo un indudable error numérico, el Tribunal se encuentra legitimado para enmendarlo en esta etapa del proceso, por virtud de lo dispuesto en el art. 166, inc. 1, in fine del Código Procesal, normativa acorde con una antigua jurisprudencia de la Corte Suprema que tiene establecido que los errores aritméticos padecidos en una sentencia se pueden rectificar en cualquier tiempo, no comportando el ejercicio de tal facultad en esas condiciones violación alguna al derecho de propiedad, pues en ese supuesto no se puede sostener la existencia de un derecho adquirido. Es más, exigir que la Cámara se vea impedida de corregir semejante error importaría tanto como desconocer la unidad de las sentencias judiciales así como amparar el predominio de una solución formal, que contradiría sustancialmente el claro resultado al que se arribó en la sentencia.
Prueba, carga
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Del Bueno, Roberto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-17

El principio de la carga de la prueba contiene una regla de conducta para el juzgador e implica este principio la autorresponsabilidad de las partes por su conducta en el proceso, al disponer de libertad para llevar o no la prueba de los hechos que la benefician y la contraprueba de los que, comprobados por el contrario, pueden perjudicarlas. Se trata de un principio fundamental en el proceso no sólo aplicable en el proceso civil sino también en el contencioso administrativo.
Sujeto pasivo, acción de repetición
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CALDAS VDA. DE SELIONI c/ E.M.S.E. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S081 - 358)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-08-10

Salvo las excepciones de los supuestos contemplados en los art. 1121 y 1135 del C.C., la solidaridad entre los co-responsables de un cuasidelito es la regla general en materia de responsabilidad aquiliana, quedando también regladas las relaciones de contribución entre los co-obligados, de conformidad con los principios generales: se acuerda al deudor que pagó el todo de la deuda una acción de reintegro contra los demás.-
Improcedencia del recurso, suspensión de la caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Chaile Vicenta del Carmen c/ Hernández Juan Pedro s/ acciones posesorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-05-12

Resulta improcedente el recurso de apelación deducido por la parte demandada contra la sentencia que no hizo lugar al planteo de caducidad de instancia, dado que debe adoptarse el criterio restrictivo al respecto, pues las actuaciones cuestionadas evidencian que no existe abandono del proceso. Una interpretación contraria implica ir en contra de la finalidad de la normativa -arts. 2, 1064 y 1065 del CCyCN- y por ende, estando suspendida la segunda audiencia por decreto, no operó la caducidad toda vez que requería un decreto expreso de reapertura. A mayor abundamiento, no transcurrió el plazo previsto por el art. 203 inc. 1º del CPCCT al haberse configurado el supuesto de suspensión del plazo conforme lo normado por el art. 204 del mismo cuerpo legal.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Obra Social de Aceiteros y Otros c/ ADOS s/ Cobro de Pesos-Incidente de ejecución de convenio-Incidente de  ejecución  de honorarios Dr. López Mengual-Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-04-21

Son inadmisibles formalmente los recursos extraordinarios, cuando no se dedujo aclaratoria, conforme prevé el art. 4°, 2° apartado de la ley 2275.
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa
Materia: PROCESAL
Carátula: M., C. B. y otros c/ Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-11-23

El cableado eléctrico es una cosa riesgosa en sí misma (art. 1113, Código Civil). Si el contacto accidental (no deliberado) del trabajador le provocó la muerte, y éste tuvo libre acceso al lugar donde se encontraba aquél, sin que existiera advertencia sobre su peligrosidad, quedando librada a la percepción de la persona que fuera al lugar, no se encuentra probada la culpa de la víctima, dada la ausencia de constancias que demostrarían un actuar precautorio para evitar tal desenlace por parte del generador del riesgo.(doctora Kogan, mayoría)
Ley de empleo, indemnización, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: Esquivel Javier Alejandro c/ Roberto Bohdanowicz y/o quien resulte responsable s/ Cobro diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-05-19

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, quien se agravia por la procedencia de la indemnización del art.15 de la Ley 24013 por considerar que el actor no ha operado en el marco legal que la ley establece, dado que debió cursar la intimación del art.11 de la citada ley y respecto de ella exclusivamente a la registración del empleo, sin ningún tipo de aditivo de emplazamiento del pago de horas extras y diferencias de haberes. Ello así, ya que el actor remite a la demandada carta documento intimando inscriba la relación laboral. Hasta aquí es correcta la intimación ajustada a la previsión del art.11 de la ley 24013, en tanto refiere al "término de ley" y enuncia fecha de ingreso y categoría laboral detentada. Luego, la segunda parte de la carta documento alude a diferencias de haberes y horas intimando su pago en el término de 5 días, asimismo y dentro de los cinco días de recepcionada la presente deberá sufragar las diferencias de haberes al igual que las horas extras devengadas a la fecha. Todo ello bajo apercibimiento de lo que por derecho corresponda.
Derecho procesal, partes, tercerías, tercería de dominio, embargo, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Los Grobo SGR c/ Goixart, Cristian José y otro  s/ ejecutivo s/ incidente de tercería de dominio por agropana sociedad colectiva
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-01

Procede revocar la decisión que desestimó la tercería de dominio opuesto por el ente accionado. Ello por cuanto, en el caso, los productos embargados integran el patrimonio social de la sociedad apelante y no el del presunto socio. Es que dicho ente, como persona jurídica que es, posee una personalidad distinta de la de sus miembros (conf. CCCN 143). Su patrimonio es garantía común de sus acreedores (CCCN 242), y no de la de sus socios. En ese marco, el actor es acreedor por la emisión de dos pagarés de quien, al menos, gozó de la condición de socio y no tiene un crédito directamente exigible contra la sociedad. De modo que no cupo embargar bienes del patrimonio social porque así se estaría ejecutando una obligación cartular contra quien no es el legitimado pasivo de la acción cambiaria y ni siquiera fue constituido como parte del proceso ejecutivo. Ahora bien, ello no implica que se libere sin más la medida. Pues, el ejecutado como integrante de la sociedad tiene un derecho económico afectable que se traduce en la liquidación de la venta de esos productos logrando, en última instancia, la obtención de dividendos. Por ello la tercería de dominio será admitida pero en el sentido de disponer, no el levantamiento sin más del embargo, sino su modificación en los términos del CPR 204. Es decir que el embargo habrá de recaer sobre la tercera parte (proporción de la parte de interés correspondiente al ejecutado) del producido de la venta de esos productos, que posee en acopio la accionante, de propiedad de la tercerista y sobre los dividendos que el demandado tenga a percibir de la sociedad colectiva.
Declaración indagatoria, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: López, Juan P. s/ Declaración indagatoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-22

Corresponde rechazar el planteo de nulidad del acta de la declaración indagatoria por no existir constancia de su lectura por parte del actuario y la imposibilidad de que el imputado la haya leído por sí, si durante el debate pudo apreciarse que éste conocía su declaración en sede instructoria, pues al escucharla no formuló observación alguna a su contenido, máxime cuando de la misma acta impugnada surge la realidad de su lectura; aunque sin aclararse quien la haya efectuado.
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: P.P., A. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1973-09-07

El ataque o acometimiento sin arma alguna, sólo con las manos, sin causar lesiones ni poner en peligro a la persona así atacada, no constituye la agresión ilegítima que requiere el artículo 34 inc. "a" del Código Penal para justificar la repulsa letal, y que es la condición básica, inomisible, para la viabilidad tanto de la causal de justificación como del exceso en la misma.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAREZ, MARIO ANTONIO c/ MONTAR SA s/ COBRO RUBROS LABORALES     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-18

No habilita la instancia recursoria por carecer de sustento constitucional, la impugnación relativa a la imposición de los honorarios devengados por la actuación profesional de la apoderada del actor, por cuanto, tal como lo considera el a quo para denegar el recurso intentado, es materia propia de los jueces ordinarios de la causa y ajeno a la instancia extraordinaria.
Trabajadores de Luz y Fuerza, jornada de trabajo, trabajo por equipos
Materia: LABORAL
Carátula: BOCANERA, OSVALDO Y OTROS c/ SEGBA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-10

'1) El diagrama de jornada de trabajo por equipo implementado por SEGBA en base al artículo 36 del decreto 1933/80 que fija como ciclo un período de 24 semanas, no se adecua a la prescripción del artículo 3 inciso b de la ley 11544. 2)En el caso de trabajo por equipo, la compensación de la octava hora mediante el otorgamiento de un franco semanal, es compatible con el régimen legal vigente sobre jornada nocturna'.
Privilegios (civil), legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Demaestri, Néstor Reneé c/ Musicarelli, Claudio s/ Cobro Ejecutivo (Recurso de queja)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-27

Si los privilegios no son otra cosa que el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro (art. 3875, C.

Civil), obligada conclusión es la de establecer que el único autorizado para hacer valer ese privilegio es el titular del derecho, en el caso, el letrado beneficiario de la regulación de honorarios (art. 3879 inc. 1º, C. Civil; arts. 1, 10, 51, 58 y cc., decreto ley 8904/77).
Obligaciones, aceptación tácita, factura, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: OESTE  SALUD  SOCIEDAD ANONIMA Y OTROS c/ INSTITUTO NAC. DE SERV.SOC.   PARA   JUBILADOS   Y   PENSIONADOS s/ incumplimiento  deprestación de obra social.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-05

Habida cuenta de que la tácita aceptación proviene de exigencias del comercio en virtud de las cuales el silencio del interesado en un negocio jurídico debe interpretarse como aprobación, toda observación o cuestionamiento posterior se torna improcedente por extemporáneo (conf. esta Sala 3752/03 del 18.10.05; Sala II, causas 5918 del 29.07.1988; 7164 del 13.03.1990; 7494 del 29.06.1990; 25564 del 23.06.1995, entre otras). Acreditada la existencia de la obligación, la prueba del pago correspondía a la demandada, por cuanto cada parte debe soportar la carga de la prueba respecto de los hechos que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende (conf. Sala 1, causas 1246/93 del 21.5.93, 3521/93 del 24.8.93 y sus citas, 26649/95 del 20.8.98, 4314/98 del 19.12.00, 8674/94 del 27.6.00, entre otras). La obra social no invocó haber objetado en su oportunidad las facturas, por lo que se impone concluir entonces que las cuentas están liquidadas (conf. arts. y cód. cits., aplicables a las relaciones como la de autos (conf. esta Sala, causa 1930/00 del 10.3.05).
Trabajadores de la construcción, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: CABAÑA, SATURNINO c/ ANCOR SACI. Y OTRO s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-11

El hecho de que el artículo 32 de la ley 22250 establezca la solidaridad del empresario principal en relación a las obligaciones del contratista no inscripto, no excluye la solidaridad que le impone la LCT. (artículo 30 y 80) en relación a aquellos en quienes delegue la contratación o subcontratación de trabajos parciales de la misma obra o cometido empresarial, según se trate.
Cuestión abstracta, costas al demandante
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C.G. c/ B.A.C.G.M. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS P/ FAMILIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-04-13

No resulta aplicable el principio en virtud del cual las costas, mediando "moot case", deben ser soportadas por su orden, cuando la sustracción de materia jurisdiccional ha sido provocada por un acto de una de las partes, que por acción u omisión, pueda imputársele. En el caso en estudio corresponde que las mismas se impongan al actor, quien al desistir del juicio principal (divorcio), provocó la abstracción del pronunciamiento sobre las medidas precautorias.
Privación ilegal de la libertad, robo, concurso real, concurso aparente de leyes, subsidiaridad
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ, JOSE L. s/ PRIVACION ILEGAL LIBERTAD. ROBO. CONCURSO REAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-01

Si bien la figura de privación ilegal de la libertad puede ser subsumida en el robo cuando funciona como una circunstancia necesaria para la consumación de aquél o para posibilitar la impunidad del delito, ello no ocurre en el caso de autos en que tuvo lugar sin necesidad para el logro de tales objetivos, dado que constituye un exceso transportar a la víctima maniatada y amordazada en el piso del coche por distintos barrios de la Capital, para finalmente dejarla en libertad en provincia.

El exceso en la privación da lugar a la perfección del ilícito como figura independiente de la sustracción, constituyendo la innecesariedad de la retención de la persona de la víctima, una decisión distinta a la del apoderamiento que se dilata en el tiempo con las características del delito permanente hasta la liberación del damnificado.
Representación procesal, falta de personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE DE OJO DE AGUA c/ ROBERTO SAUL VILLALBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-09-09

Cuando media incumplimiento de lo normado en el art. 46 del Código Procesal y resulta procedente la falta de personería, la única consecuencia jurídica establecida por el inc. 4 del art. 346 del ordenamiento procesal provincial, es la fijación de un plazo dentro del cual debe subsanarse la deficiencia,bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, proceso penal, acción civil, menores, representación legal, padres, Ministerio Público
Materia: PENAL - CIVIL - COMERCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: S DE S, A M s/ CORRUPCION Y CORRUPCION CALIFICADA EN CONCURSO IDEAL.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 187-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-05

Si lo referente a la titularidad de la acción resarcitoria civil en juicio penal, y la representación en el caso de que la titular fuere menor, ya había sido objeto de discusión en el transcurso de la causa, desde que no sólo se lo esgrimió al deducir la "excepción de falta de acción", sino que también fue objeto de la expresión de agravios, y si el actor civil ni siquiera esbozó en esas oportunidades cuestión constitucional alguna, resulta extemporánea su introducción recién al deducir el recurso de inconstitucionalidad.