Tribunal: Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-02-27


2º Instancia. - San Isidro, febrero 27 de 2009 Y Considerando:

El doctor Herbel dijo:

I. Que, a fs. 10/11 la Sra. Titular del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 dispuso no hacer lugar al pedido de allanamiento y secuestro incoado por la Sra. Agente Fiscal a fs. 9. Para así resolver, la Juez "a quo" entendió que, al corresponder el domicilio objeto de la medida peticionada al coimputado mayor de edad (quien fuera reconocido por el personal policial interviniente como Leónidas Ortiz y quien fuera visto -tanto por los preventores como por la víctima- ingresar a la finca ubicada en Nicaragua y Alemania -vid. fs. 1/2 y 4/6-), la petición debe ser interpuesta "...ante el Juez de Garantías en lo Criminal y Correccional en turno al momento de la comisión del hecho...".

Contra dicha resolución interpone recurso de apelación la Sra. Agente Fiscal a fs. 12/14. En síntesis, la impugnante se agravia por entender que la resolución en crisis genera "...la imposibilidad de obtener probanzas dirigidas a la acreditación de la materialidad ilícita del suceso..." (frustración de la posibilidad de investigar).

II. Entiendo que el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Agente Fiscal debe ser declarado inadmisible. Ello, a tenor de las consideraciones que vierto a continuación.

Nuestro ordenamiento procesal ha establecido que las resoluciones judiciales serán impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente previstos en el código (art. 421 del C.P.P.). Y ha sido criterio invariable de esta Sala que, respecto de las resoluciones no expresamente apelables, sólo es admisible el recurso de apelación cuando, entre otros requisitos, el recurrente ha fundado el gravamen irreparable que a su juicio causa la decisión impugnada (causas 18.970/III, 19.372/III, 20.071/III, 21.624/III, 22.987/III, 24.046/III, 24.291/III, entre otras).

Dentro de ese marco, se observa que nuestro ritual no contempla expresamente la posibilidad de recurrir rechazos a pedidos de allanamiento y secuestro. Por lo tanto, el recurso sólo podría ser admisible en caso de que la resolución atacada causara un gravamen irreparable, conforme lo dispone el art. 439 del C.P.P.

Sentado ello, se observa que el art. 442 del C.P.P, en su parte pertinente, reza que "el recurso se interpondrá ante el órgano jurisdiccional que dictó la medida impugnada, mediante escrito que contendrá, bajo sanción de inadmisibilidad, la indicación específica de los motivos de agravio y sus fundamentos".

Si la apelación debe ser fundada, resulta indiscutible que el primer punto que debe fundamentarse cuando el recurso no sea de evidente procedencia (por no estar expresamente contemplado el supuesto) es la existencia de un gravamen irreparable. La primera alegación del recurrente, pues, debe consistir en una explicación de por qué la resolución le causa un perjuicio de esas características.

Y no debe confundirse la fundamentación del fondo del recurso con la ya descripta acerca de los motivos que tornan recurrible a la resolución. Una cosa es la demostración del error y otra distinta, la demostración de que el auto causa un gravamen irreparable. Los parámetros de la corrección o no de la decisión no deben confundirse con los del gravamen irreparable, pues de lo contrario, si toda resolución de la cual pudiera predicarse agravio, por esa misma razón causara gravamen irreparable, el principio de taxatividad de los recursos sería impracticable y la redacción del artículo 439, superflua La Sra. Agente Fiscal ha sostenido que la resolución objeto del presente incidente implica una "frustración" a su facultad de investigar. Y agrega que el fundamento de la decisión atacada (el carácter de mayor de edad de la persona que ingresó al domicilio donde se pretendía llevar a cabo la medida solicitada) constituye una "...circunstancia que de manera alguna es corroborada a la fecha por elementos distintos que la presunción realizada por la policía".

Al respecto, cabe considerar, en primer término, que la Jueza "a quo" se limitó a señalar que era incompetente para tratar el pedido efectuado a fs. 9, y a consignar que la solicitud debía ser interpuesta ante el Juzgado de Garantías de turno; a partir de ello, entiendo difícil hablar de gravamen irreparable en los términos vertidos por la recurrente: en efecto, el rechazo se funda en una inhabilidad para decidir sobre lo peticionado, y no en la invocada insuficiencia de los medios probatorios reunidos para justificar el pedido de allanamiento, o en la consideración de dicha medida como innecesaria para el devenir de la investigación (esto es, no se decidió sobre el fondo de la cuestión).

Por otra parte, también entiendo necesario señalar que no comparto la aludida debilidad de la fuente de conocimiento de la condición de mayor de edad del Sr. Ortiz (la "...presunción realizada por la policía..."). En efecto, la propia víctima describe al individuo que conducía el ciclomotor como "...una persona de aproximadamente 23 años de edad..." (vid. fs. 5/6), y son los propios preventores quienes lo reconocen (fs. 5/6); y dichas constancias probatorias son invocadas, incluso, por la Titular de la acción pública como sustento de la petición incoada a fs. 9.

En fin, el recurso debe ser declarado inadmisible. Cuando la ley no contempla expresamente el recurso de apelación, es requisito de procedencia formal de los recursos -insisto- la expresión y la fundamentación del supuesto gravamen irreparable (además de verificarse su verdadera existencia). Así entonces, como el Ministerio Público Fiscal no ha intentado demostrar que la decisión impugnada le cause un perjuicio de esas características, no se verifica el requisito de admisibilidad previsto en el art. 439 del C.P.P. (arts. 21 inc. 1º, 421, 422, 433 "in fine", 439, 442 y concordantes del C.P.P.).

Así voto.

La doctora Vázquez dijo:

Que adhiero al voto emitido por la doctora Vázquez, por los mismos fundamentos.

Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Agente Fiscal a fs. 12/14 contra la resolución de fs. 10/11 que deniega el pedido de allanamiento, por los fundamentos expuestos en los considerandos (arts. 21 inc. 1º, 421, 422, 433 "in fine", 439, 442 y concordantes del C.P.P.). - Gustavo A. Herbel. - Celia M. Vázquez