Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2008-06-24


La Rioja, junio 24 de 2008.

El doctor José Nelson Luna Corzo dijo:

Resultando: 1. Que a fs. 121/123, el doctor M. P. P., apoderado de la querellante particular, señora Lorena Elizabeth Leguizamón, dedujo un recurso de casación en contra del auto de fecha trece de marzo de 2007, dictado por el Juez Unipersonal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, de esta Capital, Dr. Jorge Gamal Abdel Chamía, en Expte. Nº 15.127, caratulado "Narváez Laura Liliana - Usurpación". La resolución, rechazó el recurso de apelación, que interpuso la denunciante contra el sobreseimiento dictado en beneficio de la señora Laura Liliana Narváez, de fecha cuatro de diciembre de 2006. Para ello, se tuvo en cuenta que el delito imputado -usurpación en los términos del artículo 181, inciso 1º del Código Penal- no es compatible con el hecho investigado.

2. Concedido y mantenido el recurso -fs. 125 y vta. y 130, respectivamente-, se dio intervención al señor Fiscal General, quien a fs. 133/134 dictaminó que el intento era formalmente procedente. Se celebró la audiencia que prescribe el artículo 498 del CPP, la que se tuvo por realizada, no obstante la falta de comparencia de las partes -fs. 139-.

En tales condiciones, la causa quedó en estado de ser resuelta.

Considerando: 1. Los antecedentes del caso: los antecedentes que importan para decidir este recurso de casación y que surgen del Expte. Nº 43.334-N-2005, caratulado: "Narváez Laura Liliana - Usurpación", en adelante el expediente principal, son los siguientes:

a) el 17 de octubre de 2005, por ante la Comisaría 3º de esta ciudad, Lorena Elizabeth Leguizamón, formuló una denuncia en contra de Laura Liliana Narváez. Sostuvo que el 15 de agosto de 2001 compró mediante boleto de compraventa, el inmueble cuya usurpación imputó a su hermano señor Mario Augusto Leguizamón. Que le permitió a éste y su grupo familiar -constituido por la señora Narváez y las hijas de la pareja- seguirlo ocupando como lo venía haciendo hasta entonces. Agregó que en la parte posterior del predio, construyó un departamento -dos habitaciones, cocina y baño- el que posteriormente alquiló a la señorita Patricia Oviedo, durante un año hasta el 14 de octubre de 2005, fecha en que la inquilina desocupó el departamento. Que al intentar la denunciante ocuparlo por no tener donde vivir, la señora Narváez le impidió el acceso al inmueble cerrándole el portón de entrada, situación que se extiende hasta el presente, aduciendo que el 4 de noviembre de 2002, una decisión judicial -en expediente que cita-, excluyó del hogar a Mario Augusto Leguizamón y desde esa fecha se encontraba en posesión de todo el inmueble -casa habitación y departamento-.

La denunciante, sostuvo que en reiteradas oportunidades le requirió la propiedad verbalmente y por carta documento a la señora Narváez, sin obtener respuesta, razón por la cual en el año 2004, por ante la Cámara de Paz Letrada, le inició un juicio de desalojo, en el que la señora Narváez reconoció que no ocupaba el departamento en cuestión. El tribunal, falló el caso en contra de las pretensiones de la demandante, por considerar que debía reclamarle el inmueble a su hermano a quien se lo había prestado, y no demandar a la señora Narváez. Finalmente, dejó constancia de que la casa era ocupada por la misma, a quien demandaría por reivindicación por ser ella la legítima propietaria; y solicitó al magistrado que tomara las medidas necesarias, a efectos de lograr su acceso al departamento. Posteriormente, amplió la denuncia solicitando el desalojo total del inmueble, por ser la denunciante la legítima propietaria a cuyo efecto acompañará la documentación pertinente en su anterior presentación (ver fs. 1 y vta. y 20 del expediente principal).

b) En oportunidad de receptarse la segunda indagatoria -ya que en la primera citación se abstuvo de declarar-, la señora Laura Liliana Narváez dijo que era la propietaria del inmueble; que cuando comenzó la relación con Mario Leguizamón, éste ya había comprado el terreno; que no sabía que éste le vendió el terreno a la hermana, que el departamento del fondo lo construyeron Mario Leguizamón y ella junto con la casa; que la ocupación de tal departamento fue autorizada por Mario Leguizamón sin su conocimiento, pero que luego ella autorizó para que una señorita viviera en el mismo. Afirmó que vivía en el inmueble, que tenía todos los servicios, pero que la supuesta dueña le hizo cortar el agua y la luz, que el inmueble tenía un boleto de compraventa otorgado por el señor Coutsiers, pero que (ahora) tenía una escritura que le hicieron en el Centro Vecinal del Bº Juan Melis, que la denunciante nunca tuvo la posesión del inmueble y que tampoco se lo prestó a Mario Leguizamón y a ella, que no reconocía la posesión en Mario y Lorena Leguizamón, ya que era la única poseedora y que no lo había usurpado.

Con estas dos posiciones antagónicas quedó planteada la disputa por la posesión del inmueble.

2. La resolución del señor Juez de Instrucción: al dictar el sobreseimiento de la imputada -artículos 181, inciso 1º del CP y 356, 358, inciso 2º y 359 del CPP-, el Juez de Instrucción consideró que del análisis y merituación de la prueba surgía que Lorena Elizabeth Lequizamón denunció a Laura Liliana Narváez, por usurpación de un inmueble que adquirió a su hermano Mario Augusto Leguizamón, permitiendo que en él viviera éste y su grupo familiar en el que se encontraba la denunciada. Que con el transcurso del tiempo la denunciante Leguizamón, construyó un departamento que alquiló a la señora Patricia Oviedo. Que al retirarse la inquilina Oviedo, intentó ocupar dicho departamento por no tener donde vivir, lo que fue impedido por la señora Narváez, cerrándole el portón de acceso. Luego, el Juez transcribió el artículo 181, inciso 1º del CP, estableció que la acción típica era la de despojar, es decir quitar, sacar de la ocupación e impedir la ocupación por parte del sujeto pasivo. Citó doctrina que decía que la acción típica del despojo debía perpetrarse por alguno de los medios taxativamente enunciados por la ley, ya que si se la realizaba por algún otro, no había tipicidad. Seguidamente, expresó que del testimonio de las señoras Villacorta y Guardia de Bravo, vecinas de la imputada Narváez, surgía que ésta poseía el inmueble desde hacía aproximadamente quince años, en forma pública y pacífica y que había realizado actos posesorios, tales como la construcción de la vivienda, junto a su concubino Mario Augusto Lequizamón. Que la denunciante mal podía considerarse víctima del delito, cuando nunca tuvo la posesión del inmueble.

Con base en estas consideraciones, concluyó: a) que de las probanzas arrimadas al sumario se evidenciaba la existencia de una controversia que eventualmente debía dilucidarse en sede civil; b) que en el caso no surgía que la acusada hubiese efectuado despojo del inmueble mediante el empleo de alguno de los medios establecidos taxativamente por la ley para llevar a cabo tal acción, por lo que su conducta no resultaba penalmente típica (ver fs. 100/102).

2. El recurso de apelación planteado por la querellante: luego de transcribir los antecedentes del caso, la señora Leguizamón cuestionó: a) la valoración de la prueba testifical, especialmente la parcialidad de la testigo Villacorta que afirmó haberse personalmente ofrecido para ser testigo de la acusada Narváez. Controvirtió especialmente la aseveración de la testigo de que la imputada poseía pública y pacíficamente el inmueble desde hacía quince años y la confrontó con una resolución de la Cámara de Paz Letrada -en un expediente que citó y que tuvo como protagonistas a las mismas partes- donde se acreditó que la señora Narváez ostentaba como título de ocupación su calidad de concubina del comodatario Mario A. Leguizamón; b) la omisión en valorar en el expediente citado, el acta de fs. 10, donde la imputada afirmó que no ocupaba el departamento en cuestión y que era concubina del dueño; concluyendo al respecto que mal podía ser poseedora si reconocía en otro la propiedad. Hizo notar que cuando Mario Leguizamón compró el terreno en el año 1978, no conocía aún a la señora Narváez; c) que para fundar el sobreseimiento, el Juez de Instrucción consideró que la denunciante Leguizamón no era poseedora, premisa falsa con la que arribó a una conclusión -también falsa-, de que no era víctima del delito. Por el contrario, dijo que el comodatario Mario A. Lequizamón reconoció que vendió el inmueble a su hermana y por lo tanto debía aplicarse el artículo 2352 del Código Civil, que define la tenencia; d) que existía prueba documental -boleto de compraventa y escritura- que acreditaba la propiedad de la señora Leguizamón; e) que si la denunciante no era poseedora, mal podía haber alquilado a la señora Oviedo el departamento existente en el inmueble; f) que el Juez de Instrucción dijo que no existía delito porque no se daba la acción típica; mientras -previa cita doctrinaria- dijo que la usurpación por abuso de confianza prevista por el artículo 181 del CP, sí se dio cuando la señora Narváez no quiso desocupar el inmueble pretendiendo intervertir el título en la declaración indagatoria al negarle posesión a Mario y Lorena Leguizamón y afirmar que ella era la única poseedora. Por todo lo expuesto, pidió se dejara sin efecto el auto de sobreseimiento y se restituyera el inmueble a su legítima propietaria (ver fs. 107/109 de los principales).

3. El auto emanado de la Cámara: El trece de marzo de 2007, el Juez Unipersonal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, rechazó el recurso de apelación confirmando la resolución de sobreseimiento. Para decidir de este modo, consideró que el hecho objeto del proceso no tenía características penales, por cuya razón la denunciante debía hacer valer su pretensión en el fuero civil contra quien le vendió la propiedad. Agregó que los elementos del tipo penal del delito de usurpación, no aparecían en la conducta atribuida en la denuncia, porque la imputada ocupaba la propiedad por un título derivado de la convivencia familiar con quien la denunciante dice que le vendió. Por lo tanto, no existía violencia, clandestinidad, ni interversión del título en la posesión del inmueble (ver 117 y vta. de los principales).

4. El recurso de casación: el querellante particular anunció e interpuso casación en contra del resolutorio que denegó su apelación, por el motivo previsto por el inciso 4º del artículo 495 del CPP, que refiere al error de derecho o de hecho en la apreciación de las pruebas (ver fs. 121/123).

Repitiendo los argumentos vertidos en la apelación, denunció que el juez que resolvió este recurso, sostuvo que el hecho no tiene características penales, y que la denunciante pretendió hacer valer una pretensión de naturaleza civil en contra de la imputada Laura Narváez, cuando la pretensión de la denunciante debe ser hecha valer ante el fuero civil contra quien la vendió. En definitiva sostuvo que la resolución que cuestiona omitió analizar los hechos que configuraron, a su entender la usurpación del departamento y de la casa habitación.

4.1. La necesidad constitucional de la motivación de las sentencias: Lo del título, resulta una exigencia constitucional para la validez de las decisiones judiciales, que surge de los artículos 18 de la Constitución Nacional y 22 de la Ley Fundamental de la Provincia. Constituye, por su parte la lógica derivación de la vigencia de la garantía del debido proceso, porque permite justificar la razonabilidad del mandato judicial y controlar la actuación judicial y la correcta administración de justicia (cfr. Néstor Pedro Sagüés, Recurso Extraordinario, Tomo 2, Astrea, 4º edición, Ciudad de Buenos Aires, 2002, pág. 147 y sgtes. y CSJN, F: 240:160, entre muchos otros).

La motivación aparece cuando la sentencia enuncia de manera clara y expresa el por qué de la decisión (Núñez, Ricardo, El contralor de las sentencias por vía de la casación, Marcos Lerner Editora Córdoba, pág. 32; y artículos 433, inciso 8 y 436, inciso 2 del CPP); la cual debe ser derivada de pruebas colectadas en manera legítima, incorporadas debidamente al proceso y valoradas de conformidad a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común, constitutivas de la sana crítica racional (artículos 276, 2º párrafo y 432, 3º párrafo CPP).

Es por ello, que el Código Procesal Penal de la provincia, prevé la sanción de nulidad absoluta y declarable de oficio, en cualquier grado y estado del proceso, para las sentencias huérfanas de motivación (CPP, artículo 176).

5. La aplicación a la solución del caso: La decisión de la Cámara del Crimen de confirmar el sobreseimiento de la imputada, se basó únicamente en que el hecho objeto del proceso "no tiene características penales, la denunciante pretende hacer valer una pretensión civil en contra de la imputada Narváez Laura. La pretensión de la denunciante debe ser hecha valer en el fuero civil contra quien le vendió" y que en el caso no existe "violencia, clandestinidad, ni interversión de título en el acto de posesión".

Como se advierte, nada dijo el juzgador sobre los expresos agravios que llevó a su dilucidación el recurrente, referidos a: las contradicciones en la fundamentación expuesta por el magistrado instructor, la errónea valoración de elementos probatorios, y la acusación de ilogicidad, conforme los argumentos que expuso.

Al decir, que se trata de una controversia que debió ser decidida en sede civil, dado que no existió despojo; la sentencia no cumplió de manera alguna, con el requisito exigido sobre la necesidad constitucional de la motivación. Porque el Tribunal, no brindó razón alguna, que justifique la decisión de declarar que el hecho imputado, debió resolverse en ése ámbito.

La grave falencia apuntada, me lleva a sostener que la sentencia es inválida, por adolecer de motivación, recaudo exigido como garantía constitucional de justicia, con la que, se resguarda a los particulares de las decisiones arbitrarias de los jueces y de la posibilidad de que estos se dejen seducir por impresiones puramente subjetivas, o que decidan las causas a capricho (Ernesto R. Gavier, citado por Fernando De La Rúa en El recurso de casación en el derecho positivo argentino, Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1968, pág. 151).

7. Por lo expuesto, si bien el impugnante denunció la existencia de errores de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba y, en ese cometido fundó su recurso en el inciso 4º del artículo 495 del CPP, a mi juicio, al no haber una sentencia válida en el sentido que exige la Constitución, corresponde declarar de oficio su nulidad absoluta, de conformidad a las prescripciones de los artículos 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 22 y 140 de la Constitución de la Provincia y 125 y 176 del ordenamiento procesal penal, debiendo remitirse las actuaciones al Tribunal de origen, para que, con distinta integración y previa celebración de nueva audiencia de debate, dicte un pronunciamiento ajustado a derecho. Atento los fundamentos que sustentan la solución que propicio, entiendo que las costas del proceso deben imponerse en el orden causado (artículo 570 del CPP).

Es mi voto.

El doctor Luis Marino Pertile dijo:

Adhiero a las motivaciones y conclusión a que arriba el voto precedente.

Es mi voto.

El doctor Angel Roberto Avila dijo:

Adhiero a las conclusiones que arriba el magistrado de primera voz, debiendo bajar los presentes para que se resuelva nuevamente el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Laboral y Penal, RESUELVE: 1º- Declarar de oficio la nulidad absoluta, de conformidad a las prescripciones de los artículos 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; 22 y 132 de la Constitución de la Provincia y 125 y 176 del ordenamiento procesal penal. 2º- Remitirse las actuaciones al Tribunal de origen, para que, con distinta integración y previa celebración de nueva audiencia de debate, dicte un pronunciamiento ajustado a derecho. 3º- Imponer las costas del proceso en el orden causado (artículo 570 del CPP). 4º- Diferir la regulación de honorarios. - José Nelson Luna Corzo. -Luis Marino Pertile. -Angel Roberto Avila.