marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, plazo, suspensión del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PALERO EN J: PALERO s/ Concurso Preventivo (LIBRO: A068 - 332)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-04-24

El pedido de autos para resolver, no es idoneo si el tribunal se encuentra desintegrado hecho publico y notorio ya que debio solicitarse la integracion del mismo. Recae primordialmente la carga de instar el desarrollo del proceso, en quien promovio la instancia, incidente, por lo que integrado el tribunal debio pedir autos para resolver.-
Boleto de compraventa, posesión, escritura pública, tradición
Materia: CIVIL
Carátula: LARRAN, Marcelo c/ SUMBLAD, Manuel; SARAVIA Emilio A. y otro s/ ORDINARIO: Escrituración y Nulidad de Contrato de Compraventa y  Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1989-04-28

En caso de concurrencia de boleto de compraventa con escritura pública de compraventa, si se hizo tradición posesoria otorgándose a uno solo la posesión (sea el beneficiario del boleto o de la escritura), será el poseedor quien triunfará, salvo que sea de mala fe. En consecuencia, al requerirse la inscripción registral para perfeccionamiento del título de propiedad y otorgarle oponibilidad frente a terceros, no podrá alegar su buena fe el poseedor que tiene boleto si antes de su fecha cierta se había inscripto la escritura de compraventa, o por lo menos expedido el certificado a que se refiere el art. 22 de la Ley 17801.
Incidente de caducidad, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAREZ, Zoilo y Romero, Alfredo Aurelio s/ Adquisición de Dominio por Usucapión Abreviado - Legajo de Copias -Sin Efecto Suspensivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-03-27

La perención puede plantearse incluso cuando la demanda no se haya notificado.
Nulidad de sentencia, sentencia absolutoria, delitos contra la humanidad, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Alfonso, Eduardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-05

Corresponde anular la absolución del imputado si no se evidencia en la sentencia el iter lógico que permite tener por acreditados los actos materiales ejecutivos en el primer tramo de este procedimiento, para luego descartar su aporte en la concreción del plan criminal común, de conformidad con lo descrito por los acusadores respecto de la muerte de una de las víctimas y los hechos perpetrados en perjuicio de su esposa -privación ilegal de la libertad, tormentos y desaparición de personas- y su hija luego de su captura, así, el análisis y la conclusión de los judicantes resulta ajeno al contexto de la época que el propio tribunal se ocupa de describir minuciosamente al inicio de la sentencia, en base -especialmente- a la prueba documental e informativa incorporada al debate.
Demanda, registro de marca, allanamiento, costas
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: SODIMAC  S.A. c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ DENEGATORIA DE REGISTRO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-13

El allanamiento es una de las excepciones al principio objetivo de derrota, pero sólo cuando reúne los requisitos exigidos por el art. 70, incisos 1° y 2° del Código Procesal, norma que no debe ser interpretada automáticamente sino en el contexto de las circunstancias fácticas y procesales de la causa, las que incluyen, en este tipo de conflicto, las actuaciones administrativas que precedieron a la promoción de la demanda. Ello es así pues, en razón de su excepcionalidad, toda exención en costas debe ser interpretada en sentido estricto, sin soslayar la posición del adversario que "por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación" (art. 70, inciso 1°, in fine). La distribución de costas en el orden causado sólo procede cuando la denegatoria del INPI ha sido razonable (doctrina de esta Cámara, causas 1136 del 28/5/82 y 4217 del 7/10/86, entre muchas). Pero si la denegatoria excede el marco de la razonabilidad, entonces corresponde imponer las costas al INPI (causas 1121 del 24/8/90 y causa 3826 "Syngenta Participations AG c/Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de registro", del 14/12/04, voto del Dr. Farrell al que adherimos los restantes vocales de la Sala). Creo aplicable, pues, el principio según el cual no corresponde la exoneración de las costas en supuestos de allanamiento cuando, quien se allana hubiere, por su culpa, dado lugar a la acción. Es decir, la exención supone que no haya existido necesidad de litigar, supuesto diferente a la relación ventilada en estos autos, en donde el solicitante de la marca tuvo obstáculo para registrar su signo durante más de un lustro y se vio obligado a iniciar el trámite judicial con los consiguientes gastos, que deben ser soportados por el INPI.
Libertad de expresión, Internet
Materia: DERECHOS HUMANOS-INFORMATICO
Carátula: Rodríguez, María Belén  c/ Google Inc. y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-28

La libertad de expresión comprende el derecho a transmitir ideas, hechos y opiniones difundidos a través de Internet tal como ha sido reconocido por el legislador nacional en el art. 1° de la ley 26.032, ya que a través de Internet se puede concretizar el derecho personal que tiene todo individuo a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar -o no hacerlo- sus ideas, opiniones, creencias, críticas, etc y desde el aspecto colectivo, constituye un instrumento para garantizar la libertad de información y la formación de la opinión pública.
Medidas cautelares, recusación con causa, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cinquemani, Rubén Alberto s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad  denegado en/ Incidente de recusación en autos: "Cinquemani, Rubén Alberto  s /infr. art. 9.1.1., obstrucción de inspección -L 451-'", y sus acumulados  expte. nº 8220 "Cinquemani, Rubén Alberto s/ queja por recurso de  inconstitucionalidad denegado en: 'Cinquemani, Rubén s/ infr. art. 9.1.1.,  obstrucción de inspección -L 451-'" y expte. nº 8239 "Cinquemani, Rubén  Alberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:  'Cinquemani, Rubén s/ infr. art. 9.1.1., obstrucción de inspección -L 451-'". "Cinquemani, Rubén Alberto  s /infr. art. 9.1.1., obstrucción de inspección -L 451-'", y sus acumulados  expte. nº 8220 "Cinquemani, Rubén Alberto s/ queja por recurso de  inconstitucionalidad denegado en: 'Cinquemani, Rubén s/ infr. art. 9.1.1.,  obstrucción de inspección -L 451-'" y expte. nº 8239 "Cinquemani, Rubén  Alberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:  'Cinquemani, Rubén s/ infr. art. 9.1.1., obstrucción de inspección -L 451-'".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-12

El actor sostuvo de manera dogmática que el interlocutorio que resolvió mantener una medida cautelar o precautoria debía ser considerado concluyente, por sus efectos, pero no ha intentado dar una explicación consistente acerca de por qué el gravamen que alega no podría obtener una reparación ulterior en el marco del proceso administrativo que aún se encuentra en pleno trámite; y que, eventualmente, en caso de que se llegue a un resultado desfavorable al administrado, podrá provocar la intervención de la Justicia de la Ciudad.
Nulidad procesal, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: MENDEZ, HORACIO ALBERTO s/ Cheque sin fondos, Incidente de apelación. CAUSA: 37326.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-20

1 - La decisión sobre la competencia para juzgar el hecho es presupuesto para el dictado de la que recaiga sobre la cuestión de fondo debatida en el pleito (Cf. CSJN "Postilloni", Set.27.83, en FALLOS 305:1502 y "Voigt", Nov.20.84, en FALLOS 306:168).- 2 - La resolución por la que no se hizo lugar al sobreseimiento del imputado es una inobservancia al principio enunciado y constituye una hipótesis de nulidad de orden general (art. 167, inc. 1° del C.P.P.N.), por la que se afectan las reglas del debido proceso (art.

18 de la C.N.), máxime cuando por la incompetencia mencionada, se dispuso que debía continuar entendiendo en la presente causa el fuero en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.- 3 - La nulidad es susceptible de declararse de oficio, en cualquier grado y estado del proceso (art. 168 2do.párr. C.P.P.N.) y se proyecta a los actos procesales posteriores que dependan de la resolución írrita (art. 172 1er.párr.cód.cit.).
Recurso de inconstitucionalidad, Estado Nacional, Estado Provincial, Constitución Nacional, igualdad ante la ley, educación pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KESSLER, ELISABET c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-18

Los reproches de la recurrente también habilitan la revisión constitucional en cuanto endilgan a la A quo omitir considerar que la amparista no explicó bajo qué régimen normativo ingresó al sistema educativo neuquino ni el modo en que sería idéntico al que consagra el decreto 4762/84 que establece el régimen de suplencias en la Provincia de Santa Fe, desde que tales diferencias fundacionales en el ingreso al sistema educativo de una y otra provincia tienen basamento constitucional y le haría un flaco favor al derecho a la igualdad si no tendiera a reparar las diferencias propias del sistema; pues entender lo contrario -como sostiene la Provincia- importaría ir en contra de los principios fundantes de un estado federal, lo que lejos de ser ponderado por la A quo, fue dejado de lado considerándose en cambio, cuestiones que no estaban ventiladas en la causa por tratarse de supuestos fácticos y normativos diferentes. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi, a la que adhieren los Dres. Erbetta y Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional: artículo 75 inciso 23; Decreto Provincial 4762/84. - Jurisprudencia vinculada: Ordoqui, AyS T 286, p 147/157, sumario J00 4554.
Audiencia de debate, sentencia, clasificación de delitos, delitos contra la integridad sexual, víctima del delito, garantías procesales, situación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: LORENA ISABEL GUZMAN c/ VACA, NINO NORBERTO s/ AUDIENCIA DE DEBATE - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-21

Cuando del informe médico se revela de un análisis mas detallado, que quedó demostrada la conducta de los agresores que prepararon todas las circunstancias para la comisión de este hecho ilícito, y que no dudaron en usar la fuerza para satisfacer sus bajos instintos, realizando una privación de libertad de cerca de 12 horas a la victima, lo que no fue advertida, ni investigada por la Instrucción, por la que no podemos desarrollar esta situación.
Jubilaciones, pensiones, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bianchi, María Elena c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

La movilidad de haberes y la mentada correlación de cargos reciben sustento del principio de proporcionalidad entre la situación patrimonial del jubilado y la que le correspondería de continuar en el desempeño del cargo tenido en cuenta para la determinación del haber, de forma tal que el derecho a una jubilación móvil, adquirido conforme a la categoría jerárquica alcanzada en actividad y sobre cuya base se otorgó el beneficio, queda ligado a las variaciones del propio cargo otrora desempeñado, principios éstos recogidos en los arts. 41 de la ley 8587 y 36 del dec. ley 9650/80.
Honorarios del síndico del concurso, compraventa inmobiliaria, acreedor hipotecario, privilegios (comercial)
Materia: COMERCIAL
Carátula: MELLER,   RAQUEL   DIANA c/ LORENZO,   ALBERTO s/ EJECUCION HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-14

Procede establecer en el tres por ciento del precio de venta de un inmueble, la contribución del acreedor hipotecario en orden a solventar los honorarios del síndico concursal en consonancia con las previsiones de la L.C. art. 244, ello pues la referida reserva se atiende a la remuneración de trabajos vinculados a la realización del inmueble, a su conservación y custodia; de modo que el honorario por determinar a favor del funcionario concursal debe adecuarse a dichos conceptos; además no se trata de una regulación definitiva sino solamente una estimación provisoria para atender ese rubro en los términos de la norma citada.
Fundamentación de sentencias, reglas de la sana crítica, medios de prueba, abuso sexual
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Marquard, Ildemar c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-20

Lo resuelto por los jueces del tribunal de mérito resiste la tacha de arbitrariedad, pues en la sentencia se detalló de forma razonada y concreta cuáles fueron los distintos elementos de prueba que llevaron a la confirmación del hecho imputado y la participación del encausado en él, con ajuste a las reglas de la lógica, la experiencia general y el recto entendimiento, como base de la sana crítica racional. Es que, en particular, para tener por acreditado el hecho y la responsabilidad que le cupo al nombrado, los jueces del tribunal oral apreciaron como elementos probatorios, en primer término, los dichos de la licenciada en trabajo social quien tomó contacto con la víctima y su hijo, y luego de sucesivas entrevistas con ella concluyó que podría estar siendo explotada sexualmente, en tanto ésta le manifestó en una oportunidad que vivía con el encartado por necesidad y en otra ocasión una mujer (que también vivía en ese domicilio) le indicó que se quería ir de donde residían con 'el señor' porque las maltrataba y que la víctima seguía teniendo relaciones sexuales con él por necesidad. Ello, motivó la denuncia efectuada. Tuvieron en cuenta que a raíz de la denuncia se ordenaron tareas investigativas a la División Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el domicilio del encausado, en el cual se constató que residían éste, la víctima, y dos mujeres.

Así, dieron entidad a los dichos de los preventores comisionados a las tareas aludidas, cuyas declaraciones fueron incorporadas al debate con la conformidad de las partes, en cuanto verificaron que en esa residencia convivían varias mujeres jóvenes de nacionalidad paraguaya, precisando que el dueño era eI encausado, quien trabajaba en una carbonería cerca de allí. Por otra parte, evaluaron el informe de la licenciada de donde surge que la joven entrevistada le dijo que en ese lugar el encausado abusó sexualmente de ella en forma reiterada, a raíz de lo cual quedó embarazada, haciendo hincapié que en su caso se observaban indicadores de alta vulnerabilidad. Por otra parte, ponderaron los informes realizados por el Centro de Atención a la Víctima (CENAVID) y al Programa de Rescate y Acompañamiento de Personas Víctimas del Delito de Trata de donde surge que "consideramos que la joven ha sido víctima de abuso sexual en reiteradas oportunidades, aun cuando la misma expresara que fue su intención (.)"
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, abastecimiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ERNESTO FELIPE SHORT c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ CUESTION  FEDERAL - ABASTECIMIENTO - INTERPRETACION DE LA LEY - DAÑOS  Y  PERJUICIOS   -  PRESCRIPCION  -  RECURSO  DE  REVISION  -  RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

Existe cuestión federal, si se halla en tela de juicio la interpretación de normas de aquella naturaleza -las contenidas en la ley de abastecimiento nro. 20.680- y la decisión impugnada ha sido adversa a las pretensiones que el recurrente fundó en su disposiciones.
Concursos, actos ineficaces, efectos entre partes, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Marchegiani Roberto Pablo Séptimo c/  s/ quiebra c/ Catrich Eduardo Nicolás y otros y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-29

Corresponde rechazar el pedido de nulidad incoado contra la resolución que declaró la ineficacia de pleno derecho de la venta de ciertos inmuebles de la fallida, que fueron vendidos sin autorización judicial mientras la deudora se encontraba tramitando su concurso preventivo. Ello así, en tanto no se advierte prima facie que la declaración de ineficacia de pleno derecho dispuesta por el Juez a quo sea contraria al ordenamiento falencial.

Es que corresponde disponer la ineficacia si se verifica un hecho que excedió la administración ordinaria de los negocios del concursado pero no obtuvo la autorización previa de la Juez; en tanto dicho proceder encuadra directamente en la infracción prevista por la ley 24522: 16 y 17 (CNCom, Sala B, "Gandolfo Omar Esteban s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito de Emcoviar SA", del 13-7-16; ídem, "Lerner Horacio Colman s/ quiebra", del 16-5-12).

En igual sentido, se sostuvo que si el acto atacado requería la pertinente autorización judicial para su otorgamiento ya que se alteraba el statu quo del patrimonio de la deudora de modo significativo y por ello, excedía las limitaciones dispuestas por la inhibición general de bienes (cfr. LCQ 59, párr. 3°), la omisión de recurrir al órgano jurisdiccional torna aplicables las consecuencias previstas por la LCQ 17 y 118 que lo sancionan con la ineficacia de pleno derecho (CNCom, Sala A, "Boeing SA s/ quiebra s/ inc. por separado inmueble de Florida 728/30/32", del 23-6-11).

En consecuencia, y sin perjuicio de lo que pudiera decidirse si alguno de los codemandados formula algún planteo, no cabe en esta instancia acoger el pedido nulificatorio.
Recurso de queja (procesal), cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cohen Alvarez, Edgardo A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-20

Cabe rechazar el recurso de queja si no se acredita un agravio constitucional, ya que el remedio intentado remite al examen de cuestiones de hecho y prueba, ajenas a los límites del recurso de inconstitucionalidad, y, por ende, irrevisables por el TJS. (Voto en disidencia del Dr. Julio B. J. Maier).
Remuneración, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Asselborn, Héctor c/ Huck, Hugo s/ Diferencias salariales y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-05-31

Cualquier presunción que se intente ante la falta de planilla de kilometraje -item 4.2.15. del Convenio Colectivo 40/89- requiere la previa acreditación de haber realizado los viajes de larga distancia invocados, es decir, que superaron los 100 km. del lugar habitual de trabajo como exige el item 4.2.1. del referido convenio.
Actos y diligencias procesales, notificación, domicilio, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PORCEL VICENTE c/ ARRABAL M. DEL C. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A069 - 228)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-11-12

El objetar una notificación practicada en un lugar distinto de su domicilio real, sin demostrar tampoco que el actual era verdaderamente el domicilio real también, a la época de concretarse el auto impugnado, no autoriza a presumir error en la medida atacada.
Prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: QUINTANA, Ismael - QUINTANA, Luis Gustavo s/ Hurto agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-20

Los antecedentes penales, no son elementos de prueba en el sentido del art. 256 última parte del CPP, porque para serlo es preciso que constituyan algún medio probatorio legal aunque sea imperfecto o incompleto y no son indicios porque no reúnen los requisitos del art. 256 incs. 3, 4, 5 y 6 del CPP. La presencia del prevenido en el lugar del hecho al tiempo de su comisión, no puede ser considerado indicio, porque es fácil advertir que de esta circunstancia no se sigue directamente la comisión del hecho, porque no fue la única persona presente en ese lugar y en ese momento, ni la única que poseía acceso a los objetos sustraídos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trabajadores rurales, libertad sindical, bolsas de trabajo, designación de veedor
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (1) c/ Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

La presencia de veedores del sector empresario prevista por el artículo 71 de la ley 26.727 es acorde con la naturaleza de la bolsa de trabajo que busca precisamente acercar la oferta y la demanda de empleo, y, al carecer estos veedores de funciones directivas o de gestión, no se advierte de qué modo su mera observación podría entenderse corno una injerencia dirigida a limitar o entorpecer la tarea llevada a cabo por el sindicato. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso de casación, recurso de inaplicabilidad de ley, doctrina de la arbitrariedad
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA DE JARAMILLI, A c/ ARABARCO, MAURICIO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1985-04-30

LA ARBITRARIEDAD ES UN REMEDIO ULTIMO Y EXTREMO QUE SE CONFIGURA ANTE EL DESVIO NOTORIO Y PALMARIO DE LAS LEYES DE LA LOGICA,QUE LLEVAN AL JUZGADOR A CONCLUSIONES CLARAMENTE INSOSTENIBLES. COMO TAL DEBE FUNDARSE DE MANERA AUTONOMA Y SUFICIENTE, ATACANDO RAZONADAMENTE CADA UNO DE LOS EXTREMOS EN DONDE SE EXTERIORICE LA ARBITRARIEDAD O ABSURDO QUE LA DENUNCIE.
Duración del proceso, morosidad del proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sosa, Eduardo Emilio s/ acción de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-11

La dilación injustificada de la solución de los litigios implica que los derechos puedan quedar indefinidamente sin su debida aplicación, con grave e injustificado perjuicio de quienes los invocan.
Leyes, retroactividad de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: GAGGIAMO, HECTOR JOSE CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO      EXPTE NRO 280-89 GIACOMINO, ROBERTO DANTE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CAPELLA, HUGO VICTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO BUSANICHE, DORA ESTHER TEJERINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CARDOZO, JACINTA INES VILLA LARROUDET DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO D'AGOSTINO, JOSE ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION LUCENA, ENRIQUE ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-30|1990-09-19|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1990-12-12

La regla que niega fuerza retroactiva a las leyes, que no está escrita en la Constitución sino en los Códigos comunes, es una advertencia hecha a los jueces para la interpretación y aplicación de las leyes y no una limitación al poder de las Legislaturas ni una causa de nulidad para sus disposiciones.