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Sucesión ab intestato, herederos, inventario, transmisión del dominio, inscripción registral, titularidad del dominio
Materia: CIVIL
Carátula: Fazzio, Juan Antonio s/ Sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-26

Es lógico y razonable que se haya inventariado la máquina agrícola denunciada como un bien del causante, aunque la circunstancia de la muerte le hubiera impedido formalizar la inscripción registral pues ello también se compadece con el sistema registral aplicable, que vía presentación simultánea, se ordene cumplir con el paso de anotación de la titularidad de quien figura como comprador de la maquinaria, para luego inscribir la transferencia a favor del nuevo comprador, todo autorizado por el juez ante quien pasa la sucesión y transmisión de los bienes que compone la herencia del causante.
Prisión domiciliaria, resolución denegatoria, emergencia sanitaria, transmisión de enfermedades, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: Jaime, Ricardo Raúl c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-21

Corresponde confirmar la resolución que no hizo lugar a la solicitud de arresto domiciliario efectuada por la defensa del condenado, fundamentada en el riesgo de contagio de coronavirus por parte del detenido en razón de su estado de salud, dado que la situación del nombrado no encuadra en ninguno de los supuestos legalmente establecidos como para acceder a la prisión domiciliaria (art. 10 del C.P. y art. 32 de la ley 24.660), a la par que su estado de salud en general como, asimismo, las novedosas situaciones que han generado la aparición del COVID-19 se encuentran controladas, compensadas y debidamente supervisadas por las autoridades competentes del SPF y, desde dicha perspectiva, no se alcanza a comprender cuáles serían los derechos que se le estarían conculcando al solicitante y que podrían acarrear responsabilidad internacional del Estado Argentino.
Contrato de trabajo, temeridad o malicia
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez      Fernando      Daniel c/ P.T.      SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-28

La conducta de ambas demandadas consistente en disfrazar la real identidad del empleador mediante la simulación de una contratación eventual legítima, implica desnaturalizar el vínculo y, consecuentemente, al ser ambas cómplices en una simulación ilícita que tenía por objeto realizar un fraude a la ley desfigurando al empleador mediante la utilización de una norma de cobertura, constituye un supuesto de defensa maliciosa o temeraria.
Jubilación por invalidez, jubilaciones, caja otorgante
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PEREZ, DOLORES OTILIA LUQUE DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24

Si bien debe respetarse el sistema de reciprocidad, cuando el agente pide la jubilación por invalidez en los términos del artículo 16 y siguientes de la ley 6915 no está obligado a denunciar y computar todos los servicios prestados bajo el régimen de reciprocidad -puesto que no se vale de ellos para acceder al beneficio- ni, por ende, a someterse a él para determinar la Caja otorgante del beneficio.
Costas, tasa de justicia, procedimiento de impugnación de deuda previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: SIDERCA S.A.I.C. c/ D.G.I. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-05

Si bien la tasa de justicia integra las costas del juicio y debe ser soportada en la misma proporción en que dichas costas deberán ser satisfechas, como la impone el art. 10 de la ley 23.898, ello no significa que cuando el fallo ha sido dictado sin costas, la parte actora no deba abonar la tasa de justicia que generó su recurso de apelación. Sin costas significa para la parte actora que no debe pagar las costas del vencedor pero sí debe afrontar las propias como, por ejemplo, los honorarios de quienes la hayan asistido y las comunes por mitades. En consecuencia, tratándose de una impugnación de deuda, la actora deberá abonar el 0,75% del monto apelado -conf. arts. 3 inc. 9) y 4 inc. j) de la ley citada-.
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: SULIGOY,  NANCY  ROSA  FERUGLIO DE; SULIGOY, MARCELO JAVIER; SULIGOY, MARIA GABRIELA Y SULIGOY, PABLO LUIS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 352-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-29

El valor que se puede reconocer a la vida tiene una naturaleza irrepetible y desborda ampliamente lo económico y lo jurídico. En esa perspectiva antropológica-ética la vida tiene un valor primario, absoluto e inconmensurable, a punto que es el presupuesto de todo otro bien. Max Scheler -con elocuencia filosófica- escribe: "La persona no es en sí misma una cosa ni lleva la esencia de la cosidad como es propio de todas las cosas valiosas".
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lugones, Rosa Carmen.Incidente de peticion de legado en autos Cipolletta Nazareno s/ Sucesion
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-02

No puede cuestionarse en el recurso extraordinario de nulidad la corrección de la fundamentación del fallo.
División de la herencia, cargas de la sucesión, acreedores de la sucesión, acreedores del heredero, fallido, juez del concurso, bienes del fallido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ODDONE, Luis A. s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

Para una adecuada interpretación del segundo párrafo del art. 111 de la ley 24.522 no puede hacerse un análisis meramente gramatical, sino que debe valorarse junto con las normas del Código Civil, referidas al tema sucesorio y asimismo, privilegios. Ante la existencia de dos categorías de acreedores, por un lado los que efectúan reclamos contra el causante y por el otro los que se dirigen contra el coheredero fallido, los acreedores del causante perciben primero sus créditos sobre los bienes de la sucesión y luego de satisfechas sus obligaciones y cargas, el saldo se transfiere al tribunal de la quiebra. Lo que se ha querido es que no haya confusión entre el patrimonio desapoderado del heredero y el del causante, y que los acreedores del último, en caso de no cubrirse, sean pospuestos frente a los acreedores de la quiebra sobre los bienes del fallido.- (conf. Cámara, Héctor "El concurso preventivo y la quiebra", T.IOI, p.2093).-
Representación procesal, personas jurídicas
Materia: LABORAL
Carátula: GUOUMAN Pablo Andrés c/ O.S.P.E.S. (Obra Social para el personal de EStac.de Serv., Garages, Playas de Estac., Lavaderos Automáticos y Gomerías de la Rca.Argentina) s/ C. de P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-06-26

Los representantes de las sociedades o asociaciones deben justificar tal carácter mediante presentación del testimonio del contrato social o del acta de la asamblea de reunión de socios o asociados que los hayan designado, además como si eso fuera poco se omitió consignar la naturaleza de la representación invocada o, para decirlo mejor, el carácter jurídico en virtud del cual se ejerce esa supuesta representación, por lo que deviene claro que pretender postularse procesalmente en dicha forma, además de inadmisible, configura una grave omisión que resulta aún más reprochable, si se atiende a que el acto se cumplió con patrocinio letrado.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, medidas cautelares
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Universal Carga  S.A. c/ A.N.A. s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-08

Las decisiones relativas a la procedencia, levantamiento y modificación de las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas, por lo que resultan ajenas al remedio excepcional previsto en la Ley 48.
Reincidencia, régimen penitenciario, progresividad del régimen penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: Gola, Adan s/ Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-02-03

El régimen de progresividad en la ejecución penal es un mandato de la ley 24.660. Pero ello no excluye que, para la declaración de reincidencia, otra ley (art. 50 del Cód. Penal) remita exclusivamente a parámetros objetivos: a) el cumplimiento efectivo de al menos una parte de la condena anterior; y b) que el nuevo delito -punible también con pena privativa de la libertad- se cometa antes de transcurrido el término indicado en el último párrafo del art. 50 del C.P.
Estado Provincial, obras públicas, transferencia del contrato de trabajo, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Q.,J.A. c/ Sergio Alfaro Construcciones y Otros s/ Ind. por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-04

La hipotética circunstancia de que el estado provincial desconociera que la empresa contratista a la que le adjudicó la obra en la que se accidentó el trabajador había efectuado una subcontratación, cuanto el hecho de que el contrato suscripto con aquélla estableciese la imposibilidad de transferir el contrato sin anuencia del comitente, en modo alguno tienen virtualidad para desactivar la condena dispuesta por el tribunal de grado con base en la responsabilidad civil extracontractual por culpa del fisco (art. 1109 del Código Civil), razón por la cual las circunstancias aludidas -y, en particular, las cláusulas limitativas de responsabilidad que pudieran haberse pactado en el acuerdo suscripto entre el estado y el contratista, res inter alios acta respecto del operario accidentado- son por completo inoponibles a la víctima del acto ilícito y, por tanto, estériles para enervar el sistema de responsabilidad que establece la legislación de fondo, que por otra parte no constituye sino una de las reglamentaciones legales del principio constitucional que prohíbe dañar los derechos de un tercero (art. 19, C.N.).(del voto del doctor Pettigiani)
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, falta de agravio concreto
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Klimovsky, Silvio Rafael c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-16

El Ministerio Público se ha ceñido a cuestionar el apartamento del régimen estatuido por la Ley Nro. 16986, impugnando in totum lo dispuesto con relación al punto, sin precisar el concreto agravio que ello ocasiona a los intereses generales de la sociedad que representa, ni detenerse a explicar el modo en que el mismo sufre perjuicio a consecuencia de la reglas instrumentadas. Al encontrarse ausente el presupuesto legitimante de la apelación que consiste en el agravio sufrido por el recurrente, corresponde declarar el recurso de apelación mal concedido (arg. artículo 246 CCABA). (Del voto de los Dres. Carlos Francisco Balbín y Esteban Centanaro).
Empleados públicos, suspensión preventiva, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lascano, Jorge Héctor c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

La suspensión preventiva no implica prejuzgamiento y está destinada a mantener al agente en inactividad mientras dura la sospecha, siendo su esencia la de un alejamiento temporario. A diferencia de la sanción disciplinaria de suspensión que tiene un plazo fijo y es terminante en sí misma ya que una vez dictada no puede variar, la suspensión preventiva no tiene sino un plazo máximo de duración, ésto es, puede decretarse hasta que culmine el sumario administrativo o, en su caso, el proceso penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Lanzamiento preventivo, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

La redacción del art. 335, in fine, CPPCABA, su ubicación en el CPPCABA en el acápite del Libro V sobre ejecución de sentencia y las consecuencias derivadas de su aplicación, evidencian que el artículo es contrario al derecho de defensa y al debido proceso (arts. 8 y 10, Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 8, Convención Americana de Derechos Humanos, art. 14, PIDCyP, art. 18, CN y art. 13, CCBA), lo que lo torna inconstitucional. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zabeo, Renato c/ Acociación Mutual Personal de Radiotelegrafistas y afines s/ Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

No corresponde tomar como base regulatoria la base de la subasta fracasada si en el proceso se arribó a una transacción por un monto mucho menor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, incidentes
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: SIMEONI, IRENE c/ CONTIGLI PUBLICIDAD s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-31

Cuando un incidente posee una cuantía propia que puede independizarse del principal, es de aplicación a los fines regulatorios la escala prevista en el art. 7 de la ley 21839 sin disminuirse el horario de acuerdo al art. 33 de la mencionada ley.
Testamentos, nulidad de testamento, captación de la voluntad del testador
Materia: CIVIL
Carátula: V.J.G. y otro c/ V.M.G. S/Suc. s/ NULIDAD DE TESTAMENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-24

La captación no constituye causal autónoma de anulación de un testamento, sino forma especial que adquiere el dolo en esta materia. Para que se la configure, no basta la influencia de una voluntad extraña en tanto los medios empleados no reúnan los requisitos de los arts. 931 y 932 del Código Civil. La adulación, el cariño - aunque fuese falso -, los cuidados excesivos con el ánimo de atraerse la voluntad del testador, no bastan para concluir que hay captación o su gestión; es necesario probar que las maniobras se hayan presentado bajo la forma del engaño, la intriga, el artificio;

que sean graves y que esa gama de acciones haya sido la causa determinante del acto de disposición que se impugna, sin cuya concurrencia la persona víctima del artificio hubiera procedido con otro criterio, porque lo decisivo no es tanto la finalidad perseguida por el captador sino los procedimientos a que recurrió para alcanzarla (conf. Josserand "Derecho Civil", revisado y completado por André Brun, trad. de Santiago Cunchillos y Manterola, Bs. As., E.J.E.A. Bosch y Cía. Editores, t.III, publicado en 1951, p. 88).
Revisión judicial de actos administrativos, recurso directo, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública
Materia: PROCESAL
Carátula: CERVERA, Héctor José y otro c/ A.N.A. (Resolución 1203/93)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

Esta Sala ha tenido oportunidad de señalar que el administrado de acuerdo al caso concreto que se presente, cuenta con diversos mecanismos tendientes a obtener la revisión judicial de las decisiones emanadas de la Administración Pública que lesionen sus derechos y pretensiones: impugnación judicial de actos administrativos de alcance individual y general (arts. 23 y 24 de la ley 19.549), y los recursos judiciales contra las decisiones de los órganos administrativos sobre diversas materias a los que en doctrina suele llamárselos excepcionales o directos como por ejemplo art. 40 ley 22.140, arts. 42 y 46 ley 21.526, art. 81 ley 22.285, entre muchos otros. Ello permite destacar la diferencia sustancial existente entre la demanda o acción contencioso administrativa, y el recurso directo previsto en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, etapas del proceso, instrucción, fallo plenario, suspensión del juicio a prueba, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Pieckenstainer, Dieter Walter s/ Lesiones - Recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal -   (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es la posibilidad de considerar   Como "secuela de juicio" (artículo 67 del Código Penal) con entidad   Interruptiva de la prescripción de la acción penal a determinados   actos de la instrucción previos a la requisitoria de elevación a   juicio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-12

La utilización del vocablo juicio se relacionaba, antes del dictado de la ley 24316, como sinónimo de causa o proceso y comprensivo tanto en las etapas de instrucción como del plenario, sirviendo con singular fundamento que la ley en ninguna de sus partes había fijado una distinción expresa entre la etapa instructoria y la del juicio.

Pero tal postura se encuentra enervada en la actualidad con la sanción de la aludida ley, que al incorporar la suspensión del juicio a prueba, reconoció en el art. 76 bis del Cód. Penal, la existencia del juicio como etapa distinta de la instrucción, en tanto que la modificación del art. 64 refirió -para conferir al pago del mínimo de la multa y de la reparación del daño el efecto extintivo de la acción penal- "a cualquier estado de la instrucción y mientras no se haya iniciado el juicio...". (De la Disidencia del Dr. Pangia)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad, sanciones disciplinarias, apercibimiento, abogados, jueces, superintendencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BILLORDO, ROBERTO ERNESTO c/ CARIGNANO, MARIA DEL CARMEN Y OTROS s/ ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS     ASEGURAMIENTO DE BIENES     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 23-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-03-15

Las sanciones disciplinarias que apliquen los Tribunales inferiores a los abogados, constituyen en principio, materia excluida del control de la Corte Suprema de Justicia por vía del recurso extraordinario regulado en la ley 7055; pero dicho principio no excluye la habilitación de esa vía cuando la sanción puede importar violación a derechos constitucionales, supuesto susceptible de configurarse, entre otros, en caso de que al aplicarla se haya incurrido en "arbitrariedad". Desde luego no bastará que esa circunstancia sea invocada por la parte, sino que ésta deberá demostrar, a través de sus argumentaciones, que lo resuelto supera el ámbito de lo opinable, del razonable ejercicio de la potestad disciplinaria, para constituir un caso constitucional.

En el caso, la recurrente no ha logrado convencer de que la confirmación por la Cámara del apercibimiento aplicado por el Juez, implique incurrir en el vicio que le achaca. Las expresiones con que imputa al Juez: ignorar "los almanaques" y el derecho vigente "cuando expresamente... se lo decíamos como para que no se le olvidara", pueden no ser considerados como ofensa a la investidura de aquél. Mas para lograr la apertura de esta instancia era preciso evidenciar que la interpretación contraria, efectuada por la Sala, carece de razonabilidad en tal grado, que importa arbitrariedad.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, causas civiles, distinta vecindad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Frida A. Gómez Orue de Gaete y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-16

La jurisdicción originaria de la Corte es exclusiva e insusceptible de extenderse y procede en razón de las personas cuando a la condición de vecino de otra provincia se une el requisito de que el litigio asume el carácter de causa civil.
Sucesiones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rosello, José Leonel s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-09

El art. 35 del dec.ley 8904 consagra, en el marco del proceso sucesorio, un régimen para la determinación -con fines regulatorios- del valor de los inmuebles integrantes del acervo hereditario que se aparta del establecido en el mismo ordenamiento por el art. 27 (inc. a) para los demás juicios en general. Por ello, hace lugar al pedido de tasación judicial que tiene por único fin establecer la base económica para regular honorarios significaría ignorar esa distinción legal.-
Proceso penal, acción civil, demanda
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: CORCOLES MARIA ARACELI s/ COSTAS - PROCESO PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-09-29

La reclamación por un monto cierto que se específica, con el agregado "a lo que en más o menos disponga el Tribunal", no es admisible cuando se ejerce la acción civil en el proceso penal. Ello así, porque si la razón que justifica tal modo de peticionar al Tribunal, esto es, estimativamente, radica en las dificultades que razonablemente pueden plantearse en orden a la apreciación de la magnitud del daño y, consecuentemente, de la cuantificación del monto a resarcir, al momento de la demanda, pues tales cálculos suelen estar subordinados a lo que resulte de la prueba, debe concluirse que cuando se ejerce la acción civil en el proceso penal, en donde la demanda (que necesariamente debe contener el monto reclamado), se plantea luego de producida la prueba, ningún justificativo existe para no efectuarse una estimación definitiva y precisa sobre la base de las constancias de la causa. Es que conociendo la parte actora la prueba producida, su pedido de reparación en los términos analizados sólo puede tener por virtud la de morigerar prudentemente lo que por poco ha pedido más o menos, mas no encubrir o subsanar un cálculo defectuosamente realizado o un pedido excesivo (Ley 7269).-
Prueba pericial, reproducción de la pericia, prueba de informes, consulta técnica, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: S., H. J. s/ Prueba Pericial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

La reproducibilidad de una pericia torna innecesaria su notificación previa y en igual sentido cuando sea extremadamente sencillo el informe técnico requerido.
Derechos adquiridos, interpretación de la ley, ley vigente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOZANO, NELIDA c/ A.N.S.E.S. s/ LEYES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-30

El principio de que no existe derecho adquirido frente a la mutación d e la legislación previsional alcanza sólo a las personas que aún se encuentran en actividad, pero no a los que ya han cesado en la prestación de sus servicios al momento de entrar en vigencia una nueva ley.