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Confirmación de sentencia, acción de amparo, despido discriminatorio, daño moral, indemnización, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Villella, Daniel Francisco c/ Administración de Infraestructuras Ferroviaria Sociedad del Estado s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-16

El vínculo laboral se extinguió por el despido directo dispuesto por la empleadora y el trabajador percibió la liquidación final por despido incausado. El actor sostiene que el distracto responde a un supuesto de discriminación peyorativa, en los términos de la ley 23.592 -por su estado de salud- toda vez que padecía fibrosis pulmonar idiopática, y reclama la indemnización por daño moral. La accionada cuestiona la sentencia de primera instancia que hizo lugar al reclamo por daño moral porque no se acreditó que el actor hubiera notificado su enfermedad. Cabe destacar que se encuentra acreditado en la causa el certificado médico presentado por el actor con fecha anterior al despido, en el que consta la enfermedad padecida y detalle del consumo de medicación adecuada con anterioridad al distracto. Asimismo, las declaraciones testimoniales que acreditan la consulta al gremio a raíz de su enfermedad, pues el actor quería acogerse a un retiro voluntario en el marco del decreto del Poder Ejecutivo donde se otorgaba dicha posibilidad, manteniendo los beneficios de la obra social, mientras se ejecutaba ese retiro hasta la jubilación, toda vez que la accionada no quería acceder a su incorporación en el aludido retiro. Así entonces recurrió al gremio, que da cuenta del traslado que este hiciera al área de RRHH de la accionada a fin de explicar la situación del trabajador, al que despidieron al día siguiente, un año y ocho meses antes de alcanzar la edad jubilatoria. Así entonces, resulta evidente la conducta discriminatoria de la demandada, un indicio concreto y cierto de ella, lo cual demostraría que el verdadero móvil del despido habría sido la condición del actor, en cuanto al padecimiento de fibrosis pulmonar idiopática, y como es de toda evidencia, las consecuentes dificultades para realizar las tareas que tal padecimiento le acarreaba, lo cual se acredita con la pericia médica presentada en autos. Por ello, cabe considerar que la demandada incurrió en un despido discriminatorio respecto del actor, en razón de que aquél se produjo por su precaria condición de salud, con sustento en lo normado por el art. 1° de la ley 23.592. Avalar un trato injusto y abusivo vulneraría la especial dignidad del trabajador. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia. (Del voto del Dr. Díez Selva, en mayoría)
Revocación de sentencia, despido, producción de la prueba, igual remuneración por igual tarea, igualdad de trato, aumento salarial
Materia: LABORAL
Carátula: González Martín, c/ Exxonmobil Business Support Center Argentina SRL  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-18

La prueba producida en autos da cuenta que el salario de los trabajadores en la compañía al ingresar, estaba basado en la experiencia y en la formación de cada empleado y luego los aumentos salariales se basaban en el desempeño que era calificado por los supervisores. Ello consistía en logros en el período evaluado, siempre de carácter anual, fortalezas debilidades, y objetivos a cumplir. Así entonces, no puede aceptarse que se haya violado el principio de igual remuneración por igual tarea en los términos del art. 81 de LCT, más aun si el propio actor admitió en el inicio del reclamo que la empresa decidió abonar a cada empleado un salario diferente a pesar de que todos realizaban las mismas tareas. En nuestro sistema positivo mientras se respeten los mínimos legales o convencionales la empresa es libre de adoptar criterios que recompensen patrimonialmente la mayor eficacia o laboriosidad de sus dependientes, puntualizado ello por nuestro más Alto Tribunal en autos "Ratto c/Stani" porque para que exista violación del principio de igualdad de trato debe existir una persona que sea discriminada con respecto a la generalidad del personal de la empresa y ello no sucede cuando se pagan créditos patrimoniales vinculados a una evaluación de los supervisores y según el resultado económico obtenido. La discriminación que contempla el art. 81 LCT es aquella arbitraria, fundada en razones de sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento se sustente en mayor eficacia, laboriosidad o contracción de tareas. Cabe revocar la sentencia de la anterior instancia en cuanto hizo lugar al reclamo del actor. (Del voto del Dr. Pose en minoría)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, pena, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Pagliero, Alberto José c/  s/ apelación defensa resolución de fecha 01.03.2023 (ejecución de pena)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

La quejosa no logra convencer acerca de la presencia de los vicios que achaca al pronunciamiento, toda vez que sus planteos fueron cabalmente examinados de conformidad a las constancias de la causa y a la normativa aplicable, resolviéndolos con argumentos que -se compartan o no- no logra la presentante descalificar desde la óptica constitucional, puesto que si bien la Alzada compartió la solución de rechazo dispuesta en torno al planteo de agotamiento de la prisión perpetua solicitado por la defensa del encartado, adoptó un razonamiento distinto al expuesto en baja instancia en cuanto a la forma de determinar la extensión temporal de la sanción impuesta; dando cuenta, en tal tarea, del mecanismo legal aplicable -de modo general- para estimar agotada una pena de prisión perpetua, y de las razones por las cuales en el caso concreto, a partir de los antecedentes de la causa, no podía ordenarse sin mas la libertad del condenado y considerarse extinguida la sanción impuesta, tal cual como había sido peticionado. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) Código Penal, artículos 13 y 16
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, derivación razonada del derecho vigente, enfermedad profesional, relación de causalidad, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Fernández, German Juan Ramón c/ Provincia de Santa Fe y otros s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

Se advierte que el actor en su escrito inicial reclamó las prestaciones de la Ley de Riesgos de Trabajo, en virtud de padecer de una hernia discal, producto de sus tareas de conducción, limpieza y acarreo de objetos pesados, chofer de patrullero y patrullaje a caballo; mas la Sala rechazó el recurso de apelación intentado contra la Sentencia de grado (que a su turno desestimara la demanda) en el entendimiento de que, los continuos esfuerzos indicados en la pericia como causa de la dolencia no surgirían del aporte de la prueba testimonial producida, que únicamente refirió a la existencia de tareas de patrullaje, y que tampoco se habrían aportado elementos complementarios que coadyuven a esclarecer, con grado de certeza suficiente, el origen causal de la dolencia; argumentos frente a los cuales el recurrente insiste en reeditar el debate, cuestionando la valoración efectuada por los Jueces de la causa en torno a la escasa prueba producida sobre los hechos afirmados y debatidos, sin lograr demostrar que la ponderación efectuada en las instancias ordinarias hubiese excedido el marco de razonabilidad y logicidad tolerados por el ordenamiento normativo vigente.
Daños y perjuicios, obligación de no dañar, relación de causalidad, factores atributivos de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: A., S. c/ F., G. M. M. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-28

Para la procedencia de la reparación fundada en la violación del deber de no dañar a otro (art. 1716, CCCN) se exige, en primer lugar, la constatación de un daño (en los términos de los arts. 1737 a 1739 CCCN). Probado ello, se presume que la acción u omisión que lo provoca es antijurídica, lo que persiste excepto que se acredite una causa de justificación (arts. 1717 a 1718 CCCN). Asimismo, se requiere que entre la conducta antijurídica antecedente y el daño consecuente exista una relación de causalidad, a modo de causa y efecto, la que también va a determinar, de corresponder, la medida de la reparación (art. 1726 y 1727 CCCN). Por último, en lo que respecta al factor de atribución, rige en la especie la responsabilidad por el obrar de una persona, el que podrá ser por dolo o culpa (arts. 1724, CCCN).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Basualdo, María del Carmen c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-06-25

El criterio que propone la recurrente en su queja y en su recurso de inconstitucionalidad resulta irrazonable e implica en los hechos la desnaturalización del instituto de la prescripción, desde que la demanda principal se promovió más de diez años después de que aconteciera el hecho dañoso, y se cumplieron más de veinte años de la ocurrencia de este último; de tal modo, un reenvío basado en la ausencia de ponderación por parte de los Camaristas de una actuación eventualmente interruptiva no justifica tampoco el análisis de mérito del recurso, ya que dados los argumentos expuestos por la Alzada, por aplicación del criterio mayoritario de esta Corte in re "Burella", ello carecería de todo efecto útil. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren el Dr. Erbetta y la Dra. Gastaldi. En disidencia: Dres. Spuler y Gutiérrez) CSJStaFe: Burella, AyS T 310, p 196.
Recurso de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, violación, proceso penal, prescripción de la acción penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Fratti, Ricardo Angel y otros c/  s/ estrago culposo agravado por el resultado muerte de 18 personas, reiterados-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

Sin pretender asimilar el instituto de la prescripción con la regulación de la garantía del plazo razonable, no puede dejar de considerarse a la primera como un apropiado baremo para determinar la eventual afectación a la garantía aludida, desde que la tramitación del proceso no sólo ha insumido un tiempo equivalente a cuatro veces el plazo de prescripción de la acción previsto para el delito atribuido -5 años- sino que superó al establecido aún para los delitos más graves conminados con pena temporal -12 años- y perpetua -15 años-; y si bien puede no operar la prescripción por mediar una causa suspensiva de la misma -como consideró el A quo en el caso- o por haberse sucedido en el tiempo diversos actos interruptivos, la circunstancia de que en los presentes se haya superado holgadamente el plazo de prescripción previsto para aquellos delitos conminados con pena perpetua, es un claro indicio que debía tenerse en cuenta y que fue soslayado por la Cámara. (De los fundamentos del Dr. Falistocco) Código Penal, artículo 62
Reposición in extremis, honorarios del abogado, regulación de honorarios, error judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: V., M. E. c/ Banco Central de la República Argentina y otros s/ habeas data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-04

Corresponde admitir el recurso de reposición in extremis interpuesto por el letrado a quien le redujeron los honorarios regulados en primera instancia, dado que considerando las pautas previstas en el art. 47 de la Ley 27.423, que la primera etapa del proceso fue cumplida en su carácter de patrocinante y, después como apoderado, debe adicionarse a los honorarios el porcentaje proporcional establecido en el art. 20 de la norma mencionada.
Concurso preventivo, homologación del acuerdo preventivo, prescripción decenal
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Muresco SA  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-22

Si bien es cierto que la citada norma no fija un plazo específico para cumplir esa exigencia, cabe considerar que ello debe ser satisfecho dentro de los cinco días de ocurrida la notificación, dado que la homologación del acuerdo conlleva implícitamente la orden de pago (ley 23898: 11, primer párrafo; Diez, C., "Tasas judiciales", Buenos Aires, 2006, p. 376; Segal, R., "Las tasas judiciales en materia concursal", LL 1991-C, p. 1010). Ello significa, en definitiva, que el dies a quo del plazo decenal de prescripción ha de fijarse a partir de la notificación de la resolución homologatoria del acuerdo.
Recurso de inconstitucionalidad, prescripción de la acción penal, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Fratti, Ricardo Angel y otros c/  s/ estrago culposo agravado por el resultado muerte de 18 personas, reiterados-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

La recurrente funda su planteo de prescripción de la acción penal en que si bien dos de los coimputados luego del hecho continuaron llevando a cabo actividades dentro de la esfera estatal, a su juicio, las posiciones que ocupaban carecían de determinación o injerencia directa, puesto que no poseían influencia y/o poder, que pudieran operar como causal interruptiva de la prescripción; sin embargo, del análisis de los agravios de la compareciente en confrontación con la fundamentación brindada por el A quo, no surge que la interpretación asignada a la norma con arreglo a las circunstancias comprobadas del caso merezca ser descalificada desde la óptica constitucional, por cuanto no se advierte que la aplicación que la Alzada hiciera del referido criterio sentado por esta Corte en relación a las características que debe reunir el cargo público ocupado por los encartados para hacer operativa la causal suspensiva del curso de la prescripción referida, exceda los límites de razonabilidad y logicidad tolerados, proporcionando la Cámara motivos suficientes en respaldo de su decisión de confirmar el razonamiento efectuado por el Tribunal de grado respecto a que los cargos que ocuparon los dos justiciables luego de ocurridos los hechos investigados y durante la tramitación de la presente causa -y hasta su jubilación uno y su fallecimiento el otro- resultaban abarcativos de aquellas facultades o influencias funcionales que pudieran obstaculizar o impedir el ejercicio de la acción penal. Por otro lado, más allá de la previsión del artículo 67 del Código Penal, no puede dejar de considerarse que el único condenado en la presente causa ocupaba al momento de los hechos investigados un cargo de jerarquía intermedia y que cesó en él por remoción, hace ya más de veinte años, sin que volviera a ocupar cargo alguno en la Administración Pública. (De los fundamentos del Dr. Erbetta).
Recurso de inconstitucionalidad, inundación, responsabilidad civil, responsabilidad del Estado, faltas del servicio, daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fratti, Ricardo Angel y otros c/  s/ estrago culposo agravado por el resultado de la muerte de 18 personas, reiterados-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

Los agravios vinculados a la atribución de la responsabilidad civil por hechos en relación a los cuales no existió responsabilidad penal, carecen de entidad constitucional a poco que se tenga en cuenta que ningún obstáculo legal tiene el juez penal en el antiguo sistema procesal de analizar la atribución objetiva de responsabilidad civil siendo el único límite el impuesto por los artículos 1101 y 1102 del Código Civil velezano; así, y en tanto se puntualizaron las omisiones y acciones tardías que sirvieron de sustento para establecer su responsabilidad en el caso con fundamento en la responsabilidad extracontractual del Estado por omisión de servicio, puede advertirse que la extralimitación pretendida no es tal y la subsunción legal dispuesta por el Tribunal se inserta en el abanico de posibilidades que brinda el ordenamiento jurídico sin lesión a mandas constitucionales. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhiere el Dr. Acosta).
Reposición in extremis, error judicial, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: V., M. E. c/ Banco Central de la República Argentina y otros s/ habeas data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-04

El recurso de reposición in extremis ha sido reconocido en la jurisprudencia en forma pretoriana y tiene por finalidad corregir errores de tipo sustancial o formal que contuviesen las providencias simples, resoluciones interlocutorias y aun las sentencias definitivas, cuando media posibilidad de consumación de una grave injusticia como derivación de un yerro judicial. También ha sido admitido cuando el error es evidente, aun existiendo otras vías recursivas, con fundamento en razones de economía procesal
Derecho laboral, daño resarcible, daño moral, violencia laboral, despido discriminatorio, aplicación de la ley, indemnización, responsabilidad civil
Materia: LABORAL
Carátula: C.,A.C  c/ Prevemed. S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-20

La parte actora se queja por la cuantía fijada en origen en concepto de indemnización derivada del art. 35 de la ley 26.485, pues considera que es insuficiente. A los fines e determinar la suma del resarcimiento previsto por el art. 35 de la ley 26.485 cabe tener en cuenta la magnitud del daño causado a la trabajadora, su antigüedad, ingresos, edad, enfermedad que padecía y demás perjuicios que se proyectaron en su vida, debe aproximarse el valor de la reparación a la magnitud del daño moral y material sufrido. Cabe modificar la sentencia de primera instancia y fijar el monto de la reparación por el daño moral y material en $ 1.500.000. (Del voto de la Dra. Craig, en mayoría. El Dr. Pose, en voto minoritario, considera que el resarcimiento del daño moral debe fijarse en el equivalente a un año de sueldo por ser que el legislador ha fijado ante figuras potencialmente discriminatorias como el despido por embarazo y matrimonio dicho criterio)
Competencia, contienda negativa de competencia, muerte, sucesiones, fuero de atracción, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: Deni, Julieta y otros c/ Fuster, Sergio Luis y otros s/ competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-06-04

Las circunstancias relevantes de la apelación deducida resultan sustancialmente análogas a las consideradas y decididas por esta Corte en la causa "Arenera Rivadavia S.R.L.", a cuyos fundamentos cabe remitir -mutatis mutandi- en honor a la brevedad y adoptar para la especie idéntica solución; y teniendo presente que la circunstancia de existir múltiples codemandados fallecidos y con procesos sucesorios iniciados en dos juzgados diferentes, torna inaplicable el fuero de atracción del sucesorio, corresponde que siga entendiendo en la presente causa el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral. - CSJStaFe: Arenera Rivadavia S.R.L., AyS T 330, p 285.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, trabajador, Derecho laboral, empleador, libros, presunciones
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Spretz, Rosa Nieves c/ Sánchez y Sánchez S.R.L. s/ recurso de inconstitucionalidad (quejas admitidas)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

El A quo entendió que no resultaba acreditada la fecha de ingreso anterior a la registrada y, coincidiendo con el análisis del Juez de primera instancia, entendió que las declaraciones de los dos testigos que referenció carecían de fuerza convictiva suficiente para desestimar lo asentado en la documental aportada y lo relatado por el resto de los deponentes en orden a acreditar la fecha de ingreso postulada por la actora; y en relación a la pretendida aplicación por la impugnante de presunciones legales relacionadas al postulado incumplimiento de los libros obligatorios, la referida no logra acreditar que sus planteos resulten decisivos frente a lo resuelto por la Sala en oportunidad de referirse a la imposibilidad de aplicación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, desde que la parte recurrente reiteradamente sostiene que la demandada no presentó la documentación legal (libro del artículo 52), lo cual no corresponde con las constancias de autos, y a pesar de lo sostenido por el recurrente, ello impide la aplicación de la presunción del artículo 55
Derecho laboral, violencia laboral, condiciones de trabajo, capacitación del personal, capacitación de dirigentes, orden público, denuncia, acoso sexual, perspectiva de género
Materia: LABORAL
Carátula: Denza, Adriano Ernesto c/ Círculo Argentino de Odontología Asoc. Civil s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

El trabajador fue denunciado por tener conductas indebidas con sus compañeras de trabajo y fue despedido sin sumario previo que le diera la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. En sede penal las conductas inadecuadas que le fueron endilgadas fueron consideradas "chistes subidos de tono". En este marco corresponde encomendar al Ministerio de Capital Humano (conf. Decreto 8/2023) a que lo capacite en materia de género y violencia contra las mujeres. Dicha capacitación deberá ser cumplimentada dentro del lapso de seis meses de notificada la presente decisión, debiéndose luego remitir al juzgado y al Tribunal las certificaciones correspondientes, con un informe de su contenido y de la actitud del reclamante en caso de mediar resistencia o negativa a las medias que en el marco pudieran resolverse. A tal fin debe librarse oficio el cual ha de quedar a cargo de la parte actora, al tiempo de hacerle saber que la capacitación indicada puede realizarla en forma particular, debiendo en tal caso acreditar en la causa su efectivo cumplimiento, acompañado ello de un informe equivalente al encomendado al Ministerio de Capital Humano, en idéntico plazo. Ello bajo apercibimiento de aplicar astreintes, o bien instar las acciones correspondientes en los términos del art. 239 del Código Penal de la Nación.
Despido, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Diosquez, Raúl Pascual (fallecido), Luisa Diosquez, Aurora Diosquez, Luis Diosquez y Graciela Abaca  c/ Edesur S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-19

Debe considerarse configurada la interposición prevista por el art. 29 LCT en tanto el trabajador fue contratado por un intermediario con la única finalidad de ponerlo a disposición de la sociedad accionada, quien dirigía y aprovechaba sus servicios.