Denegatoria del recurso, denuncia anónima, requisitoria fiscal, prevención del delito, secuestro extorsivo, arrepentido, apremios ilegales
Materia: PENAL
Carátula: CASTILLO CORONEL, Fidel Francisco y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-16

Corresponde rechazar el planteo de nulidad de la denuncia anónima toda vez que la noticia recibida a través de llamadas telefónicas anónimas no debe reunir los mismos requisitos que la ley procesal impone para las denuncias, resultando aquélla un mero anoticiamiento. Es que el Código procesal Penal de la Nación, en su artículo 195, prevé como actos promotores de la acción penal a la requisitoria fiscal o a la prevención o información policial, siendo éstas las dos formas en que puede ser iniciada la instrucción. Así, el avance pesquisitivo sobre la base de una denuncia anónima, que alertaba sobre la existencia de una banda que se dedicaba a los delitos de secuestro extorsivo y robo y en la que se proporcionaban detalles sobre su accionar -entre ellos la intervención activa de uno de los encausados-, no puede válidamente ser objetado al resultar una base legítima a los efectos de motivar el accionar de la prevención. El planteo de nulidad de la detención de uno de los imputados y su posterior declaración en carácter de arrepentido generado a partir de la denuncia en cuestión, debe ser rechazado pues el tribunal aclaró que prestó declaración como arrepentido, sin que se advirtiera ".que tal aporte hubiera sido efectuado bajo los apremios ilegales invocados por la defensa. Ellos fueron categóricamente negados por el nombrado ante el tribunal durante el debate, negativa coincidente con lo manifestado ya al inicio de la investigación en aquel legajo, a lo que debe añadirse que tanto en aquella ocasión como ante el tribunal Di Lello dio verosímiles motivos del mismo". El tribunal descartó además que esta declaración hubiese sido clandestina como sostuvo la defensa, concluyendo que fue ajustada a los cánones legales. En relación a la problemática que plantea la cuestión, esto es, la exclusión de prueba de cargo cuando su obtención e incorporación al proceso resulta de un procedimiento que se inmiscuye en ámbitos personales protegidos de la coerción estatal, ha sido desarrollada bajo el presupuesto de la consideración de la relación existente en la hipótesis entre el Estado, como responsable de la investigación penal, y el sujeto infractor, como destinatario de esa investigación. Y asimismo en el entendimiento de que la protección constitucional de esos ámbitos personales es absoluta, y consecuentemente ningún fundamento puede haber para incursiones estatales en esos ámbitos personales, tanto así que ni siquiera podría admitirse esa intervención, cuando la finalidad que la motiva es el esclarecimiento y la punición de los hechos ilícitos. En la sociedad, además del infractor y el Estado, existen las víctimas y los no infractores, y ellos también tienen derechos. Y los derechos de las víctimas y los no infractores, constituyen deberes del Estado, que deben ser conjugados con los derechos de los infractores, de lo que resulta que ningún derecho constitucional es absoluto, sino en todo caso, siempre, relativo, máxime ante este caso en el que los imputados no han tenido la mínima contemplación para con las víctimas. El regulativo más importante de contraposición entre los derechos fundamentales y la intervención estatal coactiva en los mismos es la prohibición de exceso, expresada en los elementos de la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. La intervención en un derecho fundamental es admisible en la medida en que resulte adecuada, necesaria y razonable para el fin de protección de los derechos fundamentales (Cfr. Isensee, Josef. Obra citada, pág. 79).