Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-10-14


ACUERDO NRO. 40: En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, a los catorce (14) días de octubre de dos mil quince se reúne en Acuerdo la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, integrada con los señores vocales doctores RICARDO T. KOHON y EVALDO D. MOYA, con la intervención de la secretaria Civil de Recursos Extraordinarios doctora MARÍA T. GIMÉNEZ de CAILLET-BOIS, para dictar sentencia en los autos caratulados: "DOMÍNGUEZ OSCAR ALBERTO Y OTRO C/ GANADERA DEL SUD S.A. S/ PRESCRIPCIÓN" (Expte. N° 65 - año 2013) del Registro de la mencionada Secretaría de la Actuaria.

ANTECEDENTES:

A fs. 322/326 obra sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones del Fuero con asiento en la ciudad de San Martín de los Andes, que revoca el fallo de Primera Instancia y, en consecuencia, acoge la demanda por usucapion veinteañal interpuesta por OSCAR ALBERTO DOMÍNGUEZ y MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ respecto del Lote 3 de la Manzana 35, sección XXXIV, Zona A, del paraje Lago Huechulafquen, del Departamento Huiliches de la Provincia del Neuquén.

Contra este decisorio, la demandada -GANADERA DEL SUD S.A.- deduce recurso por Inaplicabilidad de Ley a fs. 333/345 vta.

A fs. 348/353 vta. la contraria responde la pieza recursiva.

A fs. 358 vta. se notifica del recurso interpuesto al Sr. Fiscal General.

Mediante Resolución Interlocutoria Nro. 155/2014, glosada a fs. 360/361 vta., se declara admisible el remedio impetrado.

Firme la providencia de autos, efectuado el pertinente sorteo, se encuentra la presente causa en estado de dictar sentencia, por lo que esta Sala Civil resuelve plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES: 1) ¿Resulta procedente el recurso de casación por Inaplicabilidad de Ley impetrado? 2) En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? 3) Costas.

VOTACIÓN: Conforme al orden del sorteo realizado, a la primera cuestión planteada el Dr. EVALDO D. MOYA, dice:

I. En primer término realizaré una síntesis de lo acontecido en autos.

1. A fs. 112/115 vta. OSCAR ALBERTO DOMÍNGUEZ y MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ promueven demanda por usucapión veinteñal contra GANADERA DEL SUD S.A., en los términos del Art. 4015 del Código de Vélez.

Manifiestan que son poseedores en calidad de cesionarios de los señores Oscar Montero y Renee de Montero, quienes fueron los originales adquirentes del Lote 3 de la Manzana 35 de Lago de Plata, Huechulafquen, Provincia del Neuquén.

Refieren que, mediante boleto de compraventa del 7 de febrero de 1974 el matrimonio Montero adquirió el lote objeto de autos así como también detalles de la operatoria y posesión de sus antecesores. Apuntan que, el 2 de enero de 1984 los originales compradores transfirieron a su favor los derechos que ostentaban sobre el mencionado lote y que GANADERA DEL SUD S.A. INDUSTRIAL y AGROPECUARIA prestó su conformidad a la cesión, previo reajuste del saldo del precio.

Sostienen que pagaron las cuotas acordadas, las facturas vinculadas al mantenimiento de los servicios eléctricos y de agua corriente que se habían implementado en la urbanización, al igual que los gastos correspondientes a expensas comunes e impuestos. Además, que han realizado diversos actos posesorios que enumeran.

Encuadran el caso en una accesión de posesiones, producto de la cual, desde antes de 1977 han ejercido en forma pública, pacífica e ininterrumpida la posesión sobre el mencionado lote, a título de dueños. Por ello, consideran cumplido el plazo legal para tener por adquirida la propiedad de la mencionada parcela, por prescripción adquisitiva en los términos reglados por el artículo 4015 ya citado.

2. Por su parte, la demandada contesta a fs. 139/140. Solicita el rechazo de la demanda, con expresa imposición de costas.

Niega en forma expresa los hechos aducidos por la parte actora. Relata que según surge de la escritura N° 81, pasada ante la Escribana Ana Jordán, del 3 de marzo de 1999, a esa fecha sólo había efectiva posesión de 7 lotes, los que fueron debidamente individualizados en dicha acta de constatación, y entre los que no se encuentra el pretendido por la actora. Afirma que de tal documento surge claramente que GANANDERA DEL SUD. S.A. tenía efectiva posesión de los lotes de su propiedad y que el señor Pedro César Barria es el poseedor de los lotes que no son propiedad de la accionada. Impugna la documental acompañada por los accionantes.

3. A fs. 296/300 vta. obra sentencia de Primera Instancia que rechaza la demanda interpuesta por la parte actora, con costas a su cargo. Al efecto juzga que la prueba producida por los accionantes no alcanza para acreditar los extremos que exige el referido artículo 4015 para usucapir.

Considera que con las declaraciones testimoniales no se prueban los actos posesorios requeridos al efecto, además, que el conocimiento del desmalezamiento, alambrado, contratación de agrimensor, lo saben por comentarios de los propios actores.

Agrega que, el boleto de compraventa de los adquirente originarios no cuenta con fecha cierta en los términos del artículo 1035 del Código de Vélez, y sobre el cual los accionantes pretenden fundar el origen de su posesión. Adiciona que, la cesión del mentado boleto sólo otorga la tenencia precaria del inmueble, acordando las partes que la posesión se entregaría con la escritura traslativa de dominio, lo que nunca ocurrió.

Al mismo tiempo, analiza que el único impuesto acreditado a nombre de la parte actora es el inmobiliario, que fue abonado por los accionantes a partir de 2005. Colige que el hecho de abonar en una sola oportunidad los impuestos atrasados no expresa el animus domini por el tiempo anterior al pago, pues lo que acredita tal extremo es cada uno de los pagos durante todo el tiempo de la posesión.

Idéntico valor probatorio confiere al plano de mensura para prescribir en atención a que éste fue realizado en 2007 y la verificación de límites y amojonamiento a nombre de María Fernández es del 19 de julio de 2006. De allí concluye que su actualidad no es compatible con la antigüedad legalmente requerida.

De igual manera, tiene en cuenta la falta de cancelación total del precio del lote; que no se encuentra acreditado que los actores empezaron a poseer sino que tenían una tenencia precaria que la parte no invocó ni probó haber intervertido. Destaca el acta de constatación acompañada, en copia certificada, por la parte demandada.

Concluye, de acuerdo a lo pactado y probado en esta causa, que los actores nunca tuvieron la posesión real y efectiva del lote; que no se acreditó el abandono de la cosa por su propietario máxime -dice- cuando se trata de un terreno que es parte de un loteo en ejecución, lo que hace presumir lo contrario.

Aunque refiere que si bien puede interpretarse de los actos realizados y que constan en el acta de reconocimiento de fs. 282 que los accionantes tuvieron en algún momento contacto material con el lote en cuestión y la intención de someterlo al ejercicio de la propiedad de acuerdo a lo prescripto en el artículo 2351 del Código antes referido, no es posible a partir de ello determinar el comienzo y tiempo de la posesión.

4. Contra dicho pronunciamiento se alzan los accionantes a fs. 303 y expresan agravios a fs. 311/316. La accionada los contesta a fs. 318/319 vta.

5. A fs. 322/326, la Cámara de Apelaciones del Fuero con sede en la ciudad de San Martín de los Andes revoca el fallo de Primera Instancia y, en consecuencia, acoge la demanda por usucapión veinteañal.

Para así resolver, argumenta que las aseveraciones vertidas en las declaraciones testimoniales rendidas en esta causa dan cuenta de los actos posesorios ejecutados por los actores. Tales: desmalezamiento periódico, cerco de alambre y postes, además de la contratación de un agrimensor que lo delimitó. Considera que dichas aseveraciones han sido corroboradas por el propio magistrado de la instancia de grado al momento de efectuar al reconocimiento judicial obrante a fs. 282.

También considera ratificado por testigos el relato actoral respecto de la fecha y modo por el cual fue adquirido el inmueble.

Juzga que las citadas pruebas testimoniales dan cuenta de la existencia de posesión por parte de los accionantes desde 1984, en tanto no advierte motivo alguno para restar seriedad y veracidad a tales declaraciones. Ello, sin perjuicio -aclara- de la carencia de fecha cierta que -reconoce- tiene el instrumento glosado a fs. 58/59.

A su vez, que de la documental adjuntada por los accionantes surge que la Dirección Provincial de Rentas ha recibido el pago del impuesto inmobiliario efectuado por dicha parte reconociendo su carácter de responsables del pago desde el 1/1/1987, invocando como motivo del alta el boleto de compraventa del inmueble -refiere a los comprobantes de fs. 202/204- Además, que los actores han acreditado el pago del período 2002/2006 de la tasa ambiental -fs. 96-.

Entiende que el pago de impuestos durante 2005 y 2006 no fue realizado en fecha próxima a la promoción de esta demanda (2008), razón por la cual no puede ser considerado al solo efecto de dar inicio a estos autos. Consecuentemente, que la asunción de las referidas cargas tributarias, son una prueba más del animus domini de los actores.

Finalmente resta relevancia probatoria para la dilucidación de los presentes al acta de constatación notarial acompañada por la demandada, por falta de participación de la actora en dicho acto. Además de considerar que no surgen de ella precisiones suficientes que autoricen a incluir en el mencionado relevamiento al lote objeto de autos.

6. La accionada obtiene la apertura de la instancia extraordinaria que se transita, por vía de Inaplicabilidad de Ley -Art. 15, inc. c), de la Ley N°1.406-.

En sustento de su impugnación, la recurrente alega que la sentencia en crisis valora en forma absurda la prueba producida en autos.

Concretamente, se queja porque la magistratura sostiene que los testigos Nora Hidalgo, Antonia Fernández y Oscar Alfredo Montero tenían conocimiento de la realización de actos posesorios por parte de los actores. Empero, se soslaya que lo declarado lo saben en virtud de la relación de vecindad y amistad que mantienen con aquellos.

Asimismo, cuestiona la actividad de la Alzada en cuanto a la valoración de la prueba instrumental tendiente a acreditar la cesión de derechos a favor de los actores.

También disiente con el valor probatorio que la Judicatura otorga a los comprobantes de pago del impuesto inmobiliario y la tasa ambiental.

II. Que la cuestión a tratar en los presentes involucra aspectos atinentes a la valoración de la prueba de cara a tener por adquirida la propiedad sobre un inmueble en los términos exigidos por el artículo 4015 del Código de Vélez.

1. Liminarmente cabe señalar que esta etapa revisora resulta habilitada por absurda valoración de la prueba -Art. 15, inc. c), de la Ley Casatoria-.

Esta causal consiste en el error grave y ostensible que se comete en la conceptualización, juicio o raciocinio, al analizar, interpretar o valorar pruebas o hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica, en violación de las normas jurídicas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal o insostenible en la discriminación axiológica (cfr. Acuerdos Nros. 53/07, "RODRÍGUEZ", 31/11 "CAMINATTA", entre otros, del Registro de la Secretaría a cargo de la Actuaria).

Además, conforme ha sostenido esta Sala Civil, la judicatura debe apreciar la prueba con sujeción a principios que eviten la arbitrariedad. Por esa razón, esa actividad se tiene que realizar de acuerdo a las reglas de la sana crítica y no hay dudas de que valorar según dicho sistema implica que el juez debe llegar a la conclusión, sobre el caso, respetando el material con que cuenta en el expediente, sobre la base de las reglas de la lógica y de acuerdo con las máximas de la experiencia, dejando expresamente reseñado en la sentencia los hitos principales de este razonamiento, para que las partes puedan controlar la manera en que se formó la convicción que sirvió de base al fallo que habrá de afectar sus derechos (cfr. Acuerdo N° 16/11, "B.M.I.", de idéntico Registro).

Al respecto, sostiene HITTERS que hay errores de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba. Estos últimos implican un defecto en el resultado de la apreciación probatoria y se configura el vicio cuando hay un defecto lógico o cuando existe un déficit de tipo material, es decir, cuando se llega a una conclusión sustancialmente errada por una incorrecta interpretación de las pruebas producidas (HITTERS, Juan Carlos, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, 2° Edic., Librería Editora Platense, Buenos Aires 2002, p. 446).

Dentro de este marco de ideas debe llevarse adelante el análisis de la crítica formulada por la parte recurrente, en cuanto sostiene que la Judicatura de Alzada no valoró que los testigos Hidalgo y Montero manifestaron que lo declarado lo saben en razón de la relación de vecindad que tienen hasta la actualidad con el señor Domínguez y su esposa; y que el testigo Fernández lo sabe en razón de su amistad con el señor Domínguez y su esposa, justamente lo contrario a lo manifestado por la Alzada.

Claramente se advierte de los testimonios rendidos, y de que dan cuentan las actas incorporadas, son coincidentes en que saben lo dicho por referencia de los actores y no por su conocimiento personal.

En efecto, repárese que no resultan testigos que por su intervención o por residir en el lugar o presenciar las actividades nos pueden dar cuenta de lo acontecido, sino que lo saben porque ello les fue relatado por los propios accionantes.

De allí concluye la impugnante, en razonamiento que se comparte, que mal pudo considerarse acreditada la realización de actos posesorios con fundamento en las declaraciones testimoniales rendidas en autos.

Los propios sentenciantes comenzaron su examen de los agravios refiriendo que tal como lo dispone el artículo 24 de la Ley 14.159 en su inciso c), en la usucapión larga se admite toda clase de prueba pero que el fallo no puede basarse exclusivamente en la testimonial. Tal lo acontecido en autos.

Así, por un lado, cita que no puede probarse sólo por testigos para luego basar la decisión precisamente en la prueba testimonial que es la única producida que daría cuenta de actos posesorios de vieja data. Ello, en tanto el contrato que daría cuenta de tal extremo no tiene fecha cierta y, en consecuencia no resulta oponible a terceros. Y en punto al pago de impuestos y tasas, si bien debe ser especialmente considerado su pago, a partir de tales erogaciones tampoco es posible determinar el comienzo y tiempo de la posesión durante 20 años. Por lo demás, lo que demuestra el animus posesorio es cada uno de los pagos durante todo el tiempo de la posesión. Es cada uno de esos hechos (cfr. COMPAGNUCCI DE CASO, FERRER, KEMELMAJER DE CARLUCCI, KIPER, LORENZETTI, MEDINA, MÉNDEZ COSTA, MOSSET ITURRASPE, PIEDECASAS, RIVERA, TRIGO REPRESAS, Código Civil de la República Argentina Explicado, Tomo VIII, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, pág. 972 y s.s.).

La quejosa cuestiona que se pretenda corroborar la prueba testimonial rendida en autos -a la que resta valor- con el acta de reconocimiento judicial que -explica- sólo constata el estado actual del lote mas no se acredita con ella la realización por parte de los actores de los pretendidos actos posesorios durante el período exigido legalmente para la prescripción adquisitiva.

También se coincide en este aspecto, pues la mentada acta da cuenta de la existencia del referido alambrado y cerco, mas no de quién lo realizó y cuál es su data. Extremos indispensables que debían acreditarse en el marco de la presente acción.

Al mismo tiempo, se ignora la regla procesal establecida en el artículo 377 del C.P.C. y C. "Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tenga el deber de conocer.

Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción" Esta regla, plenamente vigente y no cuestionada por las partes indica que los hechos controvertidos y relevantes para la dilucidación de los presentes debían ser comprobados. El relato de la actora fue negado categóricamente por la demandada. En consecuencia resultaba imprescindible a su parte acompañar prueba concluyente respecto al comienzo de la posesión con ánimo de dueña y su continuación en forma pacífica e ininterrumpida durante los veinte años que exige la norma en la cual pretende amparar su derecho.

No podemos perder de vista aquí que mediante la presente acción los actores controvierten el derecho de propiedad de la accionada debidamente inscripto en el Registro Público respectivo. De allí, la cautela que debe imperar en el examen del caudal probatorio acompañado.

El examen efectuado con más la certera impugnación formulada por la accionada reflejan que la Alzada realizó un análisis parcial y fragmentado de la prueba, por el cual arribó a conclusiones que son contrarias a un examen integral del material probatorio arrimado a esta causa a fin de tener por acreditados los extremos exigidos para adquirir el derecho de propiedad por intermedio de la prescripción -20 años continuos, pacíficos e ininterrumpidos de ejercicio de la posesión con ánimo de dueño-.

En definitiva lo que comenzó señalando que no se podía, esto es, tener por acreditada la posesión sólo mediante la prueba testimonial, es lo que se concluyó consagrando.

En suma, el déficit radica en acoger la pretensión actoral sin encontrarse acreditados los expresos requisitos exigidos por la normativa civil. Pues, corresponde reiterar que, mediante el presente se pretende desvirtuar el derecho de propiedad que consta en el Registro respectivo.

De conformidad con el examen expuesto, corresponde declarar procedente el recurso por Inaplicabilidad de Ley deducido por la demandada por la causal prevista en el inc. c), del Art. 15, de la Ley 1.406 y casar la sentencia de Cámara.

2. De conformidad con lo prescripto por el artículo 17, inc. c) de la Ley 1.406, corresponde recomponer el litigio, dentro del marco de los agravios vertidos por la actora al apelar la decisión de Primera Instancia.

Sobre el punto, debemos referir que el artículo 3947 del Código de Vélez estipula que los derechos reales y personales se adquieren y se pierden por la prescripción. A su vez, que la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo.

Ya en forma específica, el artículo 3948 sostiene que la prescripción para adquirir, es un derecho por el cual el poseedor de una cosa inmueble, adquiere la propiedad de ella por la continuación de la posesión, durante el tiempo fijado por la ley.

Podemos colegir entonces que la usucapión supone el apoderamiento de la cosa con ánimo de dueño durante un período de tiempo. En tanto que quien ocupa un inmueble puede hacerlo en calidad de mero detentador, dicho ánimo debe ser exteriorizado mediante actos concretos. Recuérdese que no todos los ocupantes y aun los tenedores a título precario estarán en situación jurídica idéntica a la de los verdaderos poseedores (Arts. 2351, 2373, 2384, 4015 del citado ordenamiento).

De allí que, a los fines de usucapir, debe probarse cómo y cuándo se tomó la posesión, que debe ser continua y con ánimo de tener la cosa para sí.

Es de la esencia de la posesión, tener la cosa con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad (artículo 2351 del citado Código).

En los presentes, tal como acertadamente examina el sentenciante de grado, los accionantes invocan la usucapión larga. Es decir, la regida por los Arts. 4015 y 4016, mas no acreditan los extremos exigidos por ellos.

Para poder adquirir el dominio de un inmueble, por intermedio de esa posesión animus domini es necesario acreditar una posesión continua e ininterrumpida durante un lapso no menor de veinte años, sin necesidad de título y buena fe.

En suma, la prueba aportada para acreditar la posesión veinteañal debe reunir condiciones sustanciales de exactitud, claridad y precisión.

El fundamento de la prescripción adquisitiva es consolidar situaciones fácticas, como medio de favorecer la seguridad jurídica, dando certeza a los derechos y poniendo en claro la composición del patrimonio, con lo cual se propende a la paz y al orden social (cfr. MARIANI de VIDAL, Marina, Curso de Derechos Reales, Tomo 3, Zavalía Editor, Buenos Aires, 2000, pág. 288 y s.s.).

Por ello, constituyen requisitos de la prescripción adquisitiva que se encontraba regulada en nuestro ordenamiento civil en el artículo 4015: la posesión continua por 20 años con más el ánimo de tener la cosa para sí (cfr. Acuerdo Nº 56/2013, "A.D.O.S." y 57/2013 "VERGARA ROMANQUIZ" del Registro de la Secretaría Civil). Por lo demás, ello no ha sido reformado en el actual ordenamiento Civil y Comercial (cfr. Arts. 1897, 1898, 1899, 1900 y concordantes del Código aprobado mediante Ley N°26.994).

A su vez, para que la posesión sea útil debe ser pública, pacífica y continua.

Y si ella duró así por todo el tiempo de la prescripción sin haberse interrumpido, el usucapiente no tiene ya cosa alguna que probar pues -reiterase- resulta fundamental acreditar la posesión durante todo el tiempo legalmente establecido. Esto es, durante veinte años. Y los actos que la prueban deben interpretarse restrictivamente (AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI-CLAUDIO KIPER-FELIX A. TRIGO REPRESAS, Código Civil Comentado. Privilegios. Prescripción. Aplicación de las leyes civiles, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2006, pág. 445 y s.s).

Desde la plataforma jurídica señalada se advierte que el error en el juicio formulado por los apelantes parte de considerar acreditada la posesión y su comienzo.

En este proceso no se encuentra acreditada la fecha de inicio de la posesión ni, en consecuencia, que se extendió durante 20 años y que continúe actualmente en forma pacífica e ininterrumpida (Arts. 2351 y 4015 del Código de Vélez).

Y si bien los accionantes han abonado impuestos y tasas que pesaban sobre el inmueble, ello no ha sido durante el plazo que se requiere para prescribir.

En cuanto a la existencia de actos posesorios, la prueba no da cuenta directa de la realización de ellos por los actores.

En consecuencia, a la luz del Art. 17°, inc. c), del ritual, corresponde recomponer el litigio mediante el rechazo de la apelación deducida por la parte actora, toda vez que, de conformidad con los fundamentos expuestos y tal como analizó debidamente el sentenciante de grado, la actora no ha logrado acreditar en autos, en los términos exigidos por el Art. 4015 del Código de Vélez, la posesión del bien objeto de la presente acción con ánimo de dueña por el tiempo legalmente exigido. Asimismo, disponer la devolución del depósito efectuado a fs. 332 de conformidad con lo establecido por el Art. 11° L.C.

III. Imponer las costas de Alzada y de esta etapa a la parte actora en su condición de vencida (Arts. 12º, Ley 1.406 y 68 y 279 del C.P.C. y C.). MI VOTO.

El señor vocal doctor RICARDO T. KOHON, dice: Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor EVALDO D. MOYA y la solución a la que arriba en su voto, por lo que expreso el mío en igual sentido. MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, por unanimidad, SE RESUELVE I. Declarar PROCEDENTE el recurso por Inaplicabilidad de Ley incoado por la demandada GANADERA DEL SUD S.A. a fs. 333/345vta., por haber incurrido la decisión de Alzada en la causal prevista en el Art. 15º, inciso c) de la Ley 1.406. En consecuencia, CASAR, la sentencia de Cámara obrante a fs. 322/326. II. A la luz del Art. 17°, inc. c), de la Ley 1.406, recomponer el litigio mediante el rechazo de la apelación deducida a fs. 303 y fundada a fs. 311/316, por la parte actora, toda vez que de conformidad con los fundamentos expuestos y tal como analizó debidamente el sentenciante de grado, la actora no ha logrado acreditar en autos, en los términos exigidos por el Art. 4015 del ordenamiento Civil -Ley 340-; y, por ende, CONFIRMAR lo resuelto en Primera Instancia a fs. 296/300 vta. III. Imponer las costas de Alzada y de esta etapa a la actora en su condición de vencida (Arts. 12, Ley 1.406; 68 y 279 del C.P.C. y C.). IV. Regular los honorarios de los letrados intervinientes doctor ... -en el doble carácter por la demandada- y ... -en el doble carácter por la parte actora- ante la Alzada y en la etapa Casatoria en un 30% y un 25%, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en idéntico carácter en primera instancia (Art. 15° de la Ley Arancelaria). V. Disponer la devolución del depósito efectuado a fs. 332 (Art. 11° L.C.). VI. Regístrese, notifíquese y remítanse las actuaciones a origen.

Con lo que se da por finalizado el acto, que previa lectura y ratificación firman los señores Magistrados por ante la Actuaria, que certifica.

Dr. RICARDO T. KOHON - Dr. EVALDO D. MOYA Dra. María T. GIMENEZ de CAILLET-BOIS - Secretaria.