Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-04


Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009 Visto: el expediente indicado en el epígrafe, resulta:

1. Marcelo Roberto Ayuso y Marisa Liguori interpusieron recurso extraordinario federal (fs. 416/436) contra la sentencia de este Tribunal de fecha 26 de agosto de 2006 (fs. 385/412).

2. El recurso fue contestado por la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, ObSBA), que solicitó su rechazo (fs. 439/445 vuelta).

Fundamentos:

Los jueces Ana María Conde, Luis Francisco Lozano y José Osvaldo Casás dijeron:

1.	El recurso extraordinario federal articulado por la parte actora a fs. 416/436 no puede prosperar.

2.	En primer lugar, debido a que la sentencia del Tribunal que dicha parte recurre no puede ser considerada definitiva.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en forma reiterada, ha sostenido que "es requisito de procedencia del recurso extraordinario que el pronunciamiento apelado revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tales aquellas que ponen fin al pleito o hacen imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio" (Fallos: 303:1040, entre otros).

Ahora bien, la sentencia dictada con fecha 26 de agosto de 2009 por este Tribunal resolvió, por mayoría, luego de hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por la ObSBA, ". 2. Revocar las sentencias de fs. 304/311 vuelta y fs. 252/265 vuelta, con excepción del punto 2 del dispositivo del fallo de primera instancia en cuanto concedió la medida cautelar solicitada por los actores./ 3. Devolver los autos a la Cámara de Apelaciones para que se asigne la cusa a otro magistrado de primera instancia, quien deberá reconducir el trámite de la demanda interpuesta por los Sres. Marcelo Roberto Ayuso y Marisa Liguori por la vía ordinaria del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires./ 4. Imponer las costas de todo el proceso por su orden." (el resaltado pertenece al texto original). Es decir, tan solo decidió que otro juez se pronuncie en torno al fondo de la cuestión planteada por los actores, en el marco de un juicio ordinario, ya que éste prevé un conocimiento más amplio que el acordado a la acción de amparo por la ley nº 2145.

En suma: la suerte del proceso no ha sido aún definida en la jurisdicción local con un pronunciamiento definitivo. La decisión cuestionada, entonces, no encuadra en el carácter de "sentencia definitiva" que exige el art. 14 de la ley n° 48 (Fallos: 308:1271, 312:262, entre otros).

3.	En segundo lugar, porque no se ha demostrado que la sentencia impugnada pueda ser equiparada a una de tales características por los efectos que produce en cabeza de los recurrentes.

En efecto, no puede tenerse por cumplido dicho recaudo con solo manifestar que ".la resolución de V.E., en voto dividido, ha resuelto dilatar y posponer arbitrariamente la decisión final en el presente expediente sin causa justificada que lo amerite, modificando arbitrariamente el tipo de proceso, ordinarizando al mismo, circunstancia que afecta en forma directa los derechos sustanciales y procesales de los suscriptos y su derecho de acceso a la justicia y al debido proceso de fondo y adjetivo.".

En este punto, los recurrentes omiten indicar cuáles serían concretamente los perjuicios, o el gravamen irreparable, que -a su criterio- les provocaría la solución adoptada por este Tribunal. Extremo que se imponía acreditar frente al mantenimiento de la medida cautelar decretada en autos -dispuesto por la sentencia de fs. 385/412-, que ordena a la ObSBA ". brindar a los demandantes cobertura económica del tratamiento de fertilización in vitro por técnica ICSI en la institución que aquellos elijan realizarlo." (fs. 265).

Ello, impide equiparar lo decidido a una sentencia definitiva.

4.	Tampoco la invocación de diversos preceptos constitucionales que se estiman vulnerados y de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia permite dar andamiento al recurso extraordinario deducido, pues, el carácter de sentencia definitiva como requisito para su procedencia no puede ser soslayado ni aún bajo la invocación de tales cuestiones. En palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "(l)a invocación de arbitrariedad o de desconocimiento de garantías constitucionales no autoriza a prescindir de la existencia de pronunciamiento definitivo" (Fallos: 276:366; 304:749; 304:1717; 306:1679; 321:311, entre muchos otros).	En cuanto a la mención de la doctrina de la gravedad institucional, sólo cabe añadir que las aseveraciones que se formulan en este sentido en el recurso no resultan suficientes para tenerla por configurada, desde que no se advierte concretamente de qué manera la decisión recaída en estas actuaciones podría llegar a comprometer gravemente el interés general o las instituciones básicas de la República (Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240).

5. Por los motivos expuestos, el recurso extraordinario intentado no puede prosperar. Las costas se imponen en el orden causado, en atención a lo novedoso de la cuestión debatida y la naturaleza de los derechos involucrados en el juicio (art. 68, segundo párrafo, CPCCN).

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Denegar el recurso extraordinario federal planteado por Marcelo Roberto Ayuso y Marisa Liguori, con costas en el orden causado.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita como está ordenado a fs. 411, punto 3.

La jueza Alicia E. C. Ruiz no vota por estar en uso de licencia.