marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cobro de sumas de dinero, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Cortona S.A c/ Bareta, Daniel Alberto s/ abreviado - cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-03-29

Corresponde condenar al accionado al pago del saldo de precio por la compraventa de un automotor celebrada con el actor, toda vez que dicho monto se encuentra impago producto de la negativa del banco a abonar, fundada en la orden de no pagar, y porque el pago debió demostrarlo el demandado, pues era su carga, lo que no hizo.
Robo, robo calamitoso
Materia: PENAL
Carátula: FRANCHINI IRAÑETA S.- s/ ROBO CALAMITOSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-09

Por cuanto el infortunio personal a que se refiere el art. 167 inc. 4to. C.P. en función del art. 163 inc. 2do., en el caso, no se halla relacionado con el individuo, sino con las cosas, para las cuales dicha norma exige que la calamidad debe constituir un estrago o conmoción pública, lo que no se ha dado en autos, la calificación que procede es la de robo excluyéndose la figura calificada de referencia, por cuanto tratábase de un departamento deshabitado, cuya puerta podía haber estado ya fracturada.
Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, recurso de reposición (procesal), mandato, firma
Materia: ELECTORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Bergenfeld, Sergio Fabián y otros s/ pedido de revocatoria de mandato revocatoria de mandato
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-09

En el criterio de quien tiene a su cargo la función cuyo ejercicio ha sido cuestionado, la mejor salvaguarda para ella resultaría de una convocatoria electoral inmediata prescindiendo del requisito de las firmas, que exige el trámite de la revocatoria de mandato.

Ello no sería ya en resguardo de un derecho del funcionario sino en bien de la función cuyo adecuado ejercicio es del máximo interés público. Empero, la CCBA no deja librado a este Tribunal la posibilidad de soslayar ese requisito sobre la base de apreciaciones acerca del mejor cumplimiento de su finalidad que podría derivar de su omisión. El texto es categórico.
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Suárez, José Domingo c/ Esteras, Marcelo s/ Daños y perjuicios Iazzetta, Alfonso c/ Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Agis, Raúl Alberto y otra c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Virgili, Ricardo A. y otra c/ Grobocopatel Hnos. S.A. y otro s/ Nulidad de acto jurídico. Daños y perjuicios Casas, Delia Esther y otro c/ Moris, Fermín s/ Daños y perjuicios derivado de cuasidelito
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16|1997-09-16|2001-12-05|2002-07-03|2004-03-01

La presentación del particular damnificado en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 87 del código procesal penal, debe equipararse en cuanto a sus efectos a la querella criminal mencionada en el artículo 3982 bis, ya que la víctima pone de manifiesto su voluntad de cooperar en la comprobación del delito y su autoría, defendiendo activamente sus derechos, y por ende, tal actividad se erige en causal de suspensión del plazo de prescripción de la acción civil, aunque no haya solicitado en sede penal la indemnización de los daños. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Actos jurídicos, nulidad relativa
Materia: PROCESAL
Carátula: González, José Maximiliano c/ Gómez, Osvaldo Fabián s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-06-26

Cuando un acto es nulo, de nulidad relativa, no procede que ésta sea declarada de oficio, sin petición de parte.
Antecedentes penales, servicios de vigilancia, información sensible
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el expte. N° C-027.797/14 (Sala III - Cámara Civil y Comercial) Amparo: B., J. M. c/ Estado Provincial - Policía de la Provincia
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2015-11-04

Resuelve confirmar la sentencia que ordenó a la Policía de la Provincia de Jujuy que expida un nuevo informe de antecedentes personales del actor en el que no podrá constar ninguna causa o antecedente penal sin condena firme, pues resulta evidente que la información brindada afecta el derecho al trabajo del peticionante -quien se desempeña en la seguridad privada-, que requiere que la persona no posea antecedente alguno, máxime cuando se trata de un "dato sensible" y, sin perjuicio del consentimiento del interesado, debe existir cautela en su difusión (del voto en disidencia del Dr.

Jenefes).
Concursos, pedido de quiebra, resoluciones judiciales, rechazo del reclamo, improcedencia del recurso, reconocimiento de los hechos, deudas del fallido, crédito líquido
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Moonshot SAS le pide la quiebra Teckdes SRL c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-26

Procede revocar la resolución que rechazó in limine el pedido de quiebra. Ello por cuanto, el estado de cesación de pagos atribuido a la accionada se funda en el alegado incumplimiento de las obligaciones emergentes de un convenio de reconocimiento de deuda y prórroga de plazos, cuya firma se atribuye al representante legal de la sociedad demandada. De dicho documento, aun cuando carezca de firmas certificadas, se desprende la existencia de un crédito líquido y prima facie exigible, resultando improcedente denegar liminarmente una petición falencial. En efecto, tiene dicho esta Sala, que para promover un pedido de quiebra no es menester contar con título ejecutivo o sentencia a favor, siempre que se satisfaga la exigencia prevista por la LCQ 83, que se circunscribe a la demostración sumaria del crédito. En tal contexto, cupo proveer el emplazamiento previsto por la LCQ 84, sin perjuicio de cuanto pueda decidirse en la oportunidad pertinente. Como el magistrado emitió opinión sobre la cuestión, corresponde que el expediente sea asignado a otro Juzgado para que siga conociendo en la causa.
Concursos, incidente de verificación, apreciación de la prueba, prueba pericial, valor probatorio, dictamen de calificación, peritos
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Sintermetal SAIC c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación por obra social de la union obrera metalúrgica de la república argentina (osuomra)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-24

Para forzar un apartamiento del dictamen pericial contable, deben concurrir otros elementos en la causa que permitan concluir por el error o el inadecuado uso de los conocimientos técnicos aplicados por el experto, circunstancias aquí ausentes. Ello así, los magistrados no pueden -ni deben- desechar el asesoramiento pericial cuando éste carece de deficiencias, no siendo razonable descartar la idoneidad probatoria del informe (cfr. mutatis mutandi, esta Sala, 2/9/10, "Vecor Internacional SA c/ Shell Compañía Argentina de Petróleo SA s/ ordinario" Expte. C0M13777/2006").
Recurso de casación penal, prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ALVAREZ CASIANO HIPOLITO Y OTROS s/ CASACION  PENAL  -  LIBERTAD  PROBATORIA  - SISTEMA DE PRUEBA LEGAL -  POLICIA JUDICIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-02-24

Las facultades de selección y valoración de las pruebas son exclusivas del tribunal de juicio y no pueden ser controladas a traves de la casación, si no se trata de un supuesto de arbitrariedad.
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ordenanzas municipales, querellante, facultades del ombudsman, responsabilidad del funcionario público
Materia: PROCESAL
Carátula: Cartaña, A. s/ Parte querellante. Causa 10383
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-23

Si bien la Ordenanza 40831 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires consagra como función del Contralor General Comunal, la protección de los derechos e intereses legítimos y difusos de lo habitantes de la Ciudad de Buenos Aires (art. 2), en modo alguno lo faculta para asumir el rol de querellante (art. 13 a contrario sensu), ni aún dando por sentada la hipótesis acerca de la presunta responsabilidad de funcionarios municipales, si tales circunstancias solo determinarían un perjuicio indirecto, sin virtualidad para los fines perseguidos.
Rechazo de la demanda, titularización de docentes
Materia: LABORAL
Carátula: Gataffoni, Néstor Eduardo c/ Consejo Provincial de Educación de Neuquén s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-11-30

Corresponde rechazar la demanda en la que el actor solicita que se cumpla con lo dispuesto en la Ley Nacional de Educación 26.206, la Ley 26.075 y el Anexo II del Acuerdo alcanzado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la C.T.E.R.A el 2 de Julio de 2008 y, en consecuencia, se lo titularice en los cargos que ocupa para gozar de los derechos y deberes inherentes a quienes poseen tal revista. Desde el esquema constitucional y normativo planteados, se advierte que los acuerdos celebrados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina, el Consejo Federal de Educación y distintas asociaciones sindicales con personería gremial, con competencia nacional y las leyes nacionales relacionadas, no tienen el alcance que el actor pretende asignarle para resolver, de forma particularizada, la titularización requerida.
Derecho constitucional, Ministerio Público Fiscal, integración del tribunal, excepción de incompetencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barros, Luis Alberto y otros s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-11-18

La Función Judicial Penal del Estado no constituye un capítulo del derecho Procesal, sino que, metodológicamente se ubica como un antecedente del mismo; y así, todo lo referido al concepto, naturaleza y caracteres la función judicial penal del Estado se presenta como un presupuesto del derecho procesal y su elaboración pertenece realmente al Derecho Constitucional. La función judicial en lo penal es el género, es la actividad estática que exige la actuación concreta de la ley penal para asegurar su imperio y restablecer el ordenamiento jurídico alterado, imponiendo el estado de equilibrio anterior. El Estado cumple con dicha función, a través de sus diversos órganos, que realizaron el aspecto dinámico y que en nuestro sistema son: la Policía Judicial, el Ministerio Público, y la Magistratura Judicial.- Cada uno de estos órganos son especies del género, así la función jurisdiccional es únicamente ejercida por los jueces.

De acuerdo al Art. 128 de la Constitución solo el Tribunal Superior y demás jueces ejercen la función jurisdiccional; indica que los demás órganos que integran la función judicial, están impedidos de su ejercicio. Por ello en ningún momento el Ministerio Fiscal puede asumir potestades jurisdiccionales; como ahora expresan o lo dispone la ley provincial Nº5825 (art.14).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, desobediencia
Materia: CIVIL
Carátula: SERRANO ANA Y ZAVALIA DE MENEGHINI MARIA ISABEL c/ MUNICICPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-04-10

La desobediencia al mandato imperativo de la Corte posibilita que se admita la acción de amparo interpuesta, y que se revoque la sentencia impugnada, toda vez que se imposibilitó a las amparistas, continuar en sus funciones de concejales de la Municipalidad de la Capital, a las que ya estaban incorporadas por mandato popular, conculcándose claramente el derecho que provisoriamente la Corte Suprema les había reconocido a través una medida cautelar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lespary S.R.L. c/ Municipalidad de Hipólito Yrigoyen s/ Daños y perjuicios Lespary S.R.L. c/ Municipalidad de Hipólito Yrigoyen s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-29|1991-08-29

A fin de proceder a la fijación de los estipendios de los profesionales actuantes en autos, es imprescindible contar con base regulatoria firme (arts. 23 párr.1ero. dec.ley 8904/77 y 16 del título uno, decreto 6964/65), y regulación efectuada a favor de todos los profesionales intervinientes en el proceso, a fin de conjurar cualquier desproporción en su cálculo.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Bono federal, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Paupie, Patricia Liliana y otros c/ Estado Provincial s/ Acción de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-19

Es labor necesaria del juzgador mensurar las consecuencias sociales que derivarán de su decisión pues, de lo contrario, volvemos al concepto de la justicia con los ojos tapados que puede llegar a una sentencia injusta con apariencia de legalidad. La Ley Nro. 9359 fue sancionada en virtud de la emergencia que es pública y notoria y, en tal circunstancia, no cabe duda que se ajusta a las condiciones establecidas en el inciso 26 del art. 81 de la Constitución Provincial, extremo que no admite discusión. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Peralta" del 27-12-90, destacó que "en tiempo de graves trastornos económicos-sociales, el mayor peligro que se cierne sobre la seguridad jurídica, no es el comparativamente pequeño que deriva en una transitoria postergación de las más estrictas formas legales, sino el que sobrevendría si se los mantuviera con absoluta rigidez, por cuanto ellos, que han sido fecundos para épocas de normalidad y sosiego, suelen adolecer de política eficiente frente a la crisis, en un estado de emergencia, cuya prolongación representa en sí misma el mayor atentado contra la seguridad jurídica". Por ello la Ley de Emergencia Nro. 9359 no puede ser tachada de inconstitucionalidad toda vez que tiene por finalidad atenuar un estado de necesidad y fuerza mayor para asegurar la vida del estado, el derecho de terceros, la moral y el orden público. La solución contraria importaría un grave fraude a los tenedores actuales de los bonos creados y un agravamiento en la situación de los empleados públicos y de la economía en general que, frente a la manifiesta insolvencia del Estado Provincial, no van a tener posibilidad de atender las necesidades primarias que hoy encuentran mediana solución con la circulación de los bonos. Debe hacerse lugar al recurso deducido, revocarse en todas sus partes el fallo recurrido, rechazándose la acción de amparo articulada.
Municipalidad, representación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Pinamar c/ Moltedo, Eduardo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-18

Cuando el mandato es otorgado por la autoridad pública (Intendente) que por razones políticas cesa en su función, debe privar la doctrina de la continuidad de la función pública, salvo, claro está, el supuesto de una revocación expresa. En situaciones similares, debe tenerse presente que el funcionario no es la función. En suma, tratándose de funciones públicas esa necesaria continuidad impide la aplicación del art. 1962 del Código Civil. Entender lo contrario, implicaría a la vez admitir una forma atípica de expiración de los mandatos aparte de los casos previstos expresamente en las normas de aplicación (arts. 53 CPCC.; 1963 Cód. Civil).
Sucesiones, acervo sucesorio
Materia: CIVIL
Carátula: CASTRO RAMONA, ANACLETA s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-18

De la inspección ocular surge que el inmueble esta en condiciones de habitabilidad, y con todos los servicios. La coheredera está haciendo uso de su derecho, y en tal caso, si bien el derecho de uso y goce de la cosa común pertenece por igual a todos los herederos, por aplicación del principio general contenido en el art. 2684 C.C., naturalmente que no todos ellos pueden instalarse en la vivienda para usarla, prefiriéndose generalmente a quien desde hace años vive en la casa.
Acuerdo de juicio abreviado, pena, reincidencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: CORIA, RUBEN VICTOR c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-20

Si bien el Tribunal no ha modificado la calificación legal, ni el monto de la pena, ni la modalidad de cumplimiento acordada, sino que habría adicionado a lo acordado la declaración de reincidencia; independientemente de la postura que se siga sobre el instituto de la reincidencia, y sin perjuicio de haber aceptado y sostenido su constitucionalidad como obstáculo para impedir el otorgamiento de la libertad condicional, es de destacar que su aplicación en el sub examine se dio en el marco de un trámite procesal especial, como lo es el procedimiento abreviado, advirtiéndose que sobre esta cuestión no habría existido acuerdo alguno de partes, por lo que podría asistir razón a la defensa cuando afirma que el A quo luego de introducir de oficio la discusión sobre la aplicación o no de la declaración de reincidencia, dictó sentencia vulnerando los términos de tal convenio. (Del voto del Dr. Netri).
Proceso penal, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, competencia de la Corte Suprema
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz, Roque y otro  c/  s/ impugnación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-28

Un fundamento relevante para la armonización de las legislaciones vigentes en todo el país en torno al acceso a la Corte Suprema se vincula con la necesidad de preservar al cimero Tribunal de una sobrecarga que redunde en una merma generalizada del derecho de las personas a ver resueltos sus pleitos dentro de un plazo razonable, máxime si se trata de causas penales
Daños y perjuicios, daño moral, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: NEHME, RAUL B. Y OT. EN J° 79.286/ 8.258 MAYA, ANA MARIA Y OTS. (EXPTE. N° 86.901 ) s/ D. Y P. S/ CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-08-23

En materia de imposición de costas por daño moral, no debe distinguirse entre primera y segunda instancia, ya que los rubros no cambian de naturaleza según las instancias en las que el juicio se tramita; si el monto se fijó por los tribunales de grado con fundamento en la equidad y no en cálculos matemáticos, es ilógico que los honorarios se regulen numéricamente, calculándose de ese modo la parte por la que la demanda no prosperó, sea en primera o en segunda instancia.
Ejecución hipotecaria, notificación en el domicilio, domicilio contractual
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: KEDDFORD CORPORATION S.A. c/ MALADESKY, Félix Fernando y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

Si bien el domicilio convencional establecido por las partes al celebrar un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, en principio, es inmutable mientras sobrevivan las consecuencias del negocio en el que se lo estipuló y servirá siempre que se lo utilice para actos que deben notificarse o cumplirse en el domicilio real, no reemplaza al domicilio procesal. De ahí que, si el ejecutado aún no ha constituido domicilio por no haber comparecido aún al proceso, en la cédula debe consignarse el domicilio convencional como denunciado y no como "constituido".
Resoluciones anteriores a la sentencia, proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Administración Nacional de Aduanas s/ denuncia contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso penal no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva a que se refiere el artículo 14 de la ley 48.
Marcas, marcas confundibles, cotejo de marcas, marcas evocativas, idioma extranjero, oposición al registro de marca, medicamentos
Materia: COMERCIAL
Carátula: SYNCRO ARGENTINA SAQICIF c/ BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY s/ CESE DE OPOS. AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

Las seis letras comunes de ambos signos están ubicadas en el mismo orden: Sumaxime - Maxipime. En la clase 5 son comunes los fonemas "Maxi" e "Ime", pero lo singular es que la marca que la actora solicita incorpora a ambos, ya presentes en la marca de la demandada.

Por otro lado, las respectivas raíces "Suma" y "Maxi", tienen cierto parentesco en la evocación, sin dato diferenciador que gravite en el cotejo. Por tratarse de marcas que habrán de ser utilizadas en la clase 5, para cubrir especialidades medicinales aplicables a la salud humana, el cotejo no se debe realizar con un criterio amplio, sobre todo si se tiene en cuenta que no está demostrado que, tanto el producto que protege el registro de la demandada, o bien el que intentaría identificar la actora, se encuentren sujetos a un control particular para su venta en las farmacias.
Sucesiones, competencia, indemnización por accidente de tránsito, acreedores de la sucesión
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Tello, Silvia Lorena c/ herederos de  Kuttler, Marcelo Juan y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

Es competente para conocer en la demanda que reclama los daños y perjuicios ocasionados por el accidente automovilístico protagonizado por el padre - hoy fallecido - de los herederos codemandados, el juez donde tramita el juicio sucesorio del codemandado principal, toda vez que no se observa que los demás puedan ver disminuidos sus derechos por la mera circunstancia de que el juicio universal atraiga al suyo, derechos que, con toda amplitud y sin menoscabo de la garantía constitucional de la defensa, pueden hacer valer ante el juez de la sucesión.
Derechos humanos, tratados internacionales, Constitución Nacional
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Simón,  Julio  Héctor  y  otros s/ privación  ilegítima de  la libertad, etc. (Poblete) -causa Nº 17.768-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-14

El art. 75, inc. 22 de la Ley Fundamental, al otorgar jerarquía constitucional a los tratados, indica que los constituyentes han efectuado un juicio de comprobación, en virtud del cual han cotejado los tratados y los artículos constitucionales y han verificado que no se produce derogación alguna, juicio que no pueden los poderes constituidos desconocer o contradecir (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Derecho procesal, partes del proceso, beneficio de litigar sin gastos, procedencia del recurso, abogados, patrocinante, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Linieri, Marisol Daniela  c/ Espinoza, María Elena  s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-30

Corresponde conceder el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la ex letrada patrocinante de la parte actora, quien invoca el aseguramiento al libre acceso a la instancia judicial, pues debió promover la ejecución de sus emolumentos ante la falta de pago. Ello así, en tanto no existe norma expresa que imponga, como recaudo de admisibilidad del beneficio, que sea exclusivamente el actor quien lo solicite. En tal virtud, no se advierte óbice para que la franquicia no pueda ser otorgada a cualquiera de las partes o peticionarios, cuando éstos demuestran la imposibilidad de afrontar los impuestos y tasas que graven la actuación en el proceso principal para el cual se pide. Voto de la Dra. Tevez:

Toda vez que la letrada peticionante promueve el presente beneficio de litigar sin gastos a fin de eximirse de los costos que provocaría el iniciado trámite de ejecución de sus honorarios, ostenta legitimación para deducir el pedido de franquicia ante la alegada falta de recursos para afrontar los costos que dicha ejecución insumiría.

Disidencia de Dra. Ballerini:

EL recurso resulta inaudible en tanto el valor económico involucrado en el proceso - proporcionado por el monto de los honorarios -, no supera el monto mínimo de apelabilidad previsto en el CPR 242 -texto según Acordada nro. 14/22 publicada en el BO el 27/05/22-, que asciende, a la fecha de inicio del incidente (02/02/23).