Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-19


Expte. Nº 4040/06 "PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Aubone, Carlos Eberto - Ejecutivo - Casación e Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a diecinueve días del mes de octubre del año dos mil nueve, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Cámara de Paz Letrada, en fecha once de diciembre del año dos mil seis, en autos Nº 2900 - 23231/04 caratulados: "Provincia de San Juan c/ Aubone, Carlos Eberto - Ejecutivo"; procedieron a considerar como única cuestión, la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos?. En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?. -- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO: -- --- La sentencia impugnada admite parcialmente el recurso de apelación de la parte actora, rechazando los agravios referidos al cómputo de la prescripción, confirmando así en lo pertinente la resolución de primera instancia en cuanto declara la prescripción de períodos cuyo pago se reclama. Para así decidir consideró el tribunal de alzada que tratándose del impuesto de radicación de automotores, la prescripción corre independientemente para cada cuota desde su exigibilidad, siendo así el del caso, una excepción al principio general sentado en el art. 47 del Código Tributario según el cual la prescripción para determinar y exigir el pago se traslada al primero de enero del año en que se produce el vencimiento; que, por tanto, habiéndose interpuesto la demanda el 30 de diciembre de 2004, se encuentran prescriptos los períodos anteriores al 30 de diciembre de 1999.

--- También se considera en el fallo impugnado que la intimación agregada a la causa podría ostentar virtualidad suspensiva pero no interruptiva de la prescripción liberatoria y además que con ella se emplazaba al pago de los períodos 02; 03; 04; 05 y 06/1996 como así también 01 al 06/1996 de modo que no podría atribuírsele efectos suspensivos respecto de los restantes períodos en relación a los cuales pretende hacer valer la demandada. Que, de otra parte, a la interpelación no cabe asignarle efectos suspensivos en relación a los períodos 02; 03 y 04/1996, pues se la efectuó el 24 de diciembre de 2001, cuando la prescripción liberatoria ya había acaecido. ------- --- Se agrega en el fallo que los períodos 05 y 06/1996, y los 01; 02; 03; 04; 05 y 06/1997 han prescripto por cuanto, aún descontando un año correspondiente a la suspensión prescriptiva en orden a lo dispuesto en el art. 3986 del C.C., al momento de articularse la demanda (30 de diciembre de 2004) ya habían transcurrido los plazos de prescripción liberatoria. Que también están prescriptos los seis períodos correspondientes al ejercicio 1998 ya que el vencimiento del último de tales períodos, fue fijado para el 10 de noviembre de 1998, operándose por tanto la prescripción el día 10 de noviembre de 2003. -- --- El recurso de casación es encuadrado en ambos supuestos del art. 15 de la ley 2.275 motivándosela en que en el caso ha mediado una errónea interpretación y se han omitido aplicar los artículos 47 y 48 de la ley 3.908. - --- Fundando el recurso, sostiene que por imperio del art. 47 del Código Tributario, tratándose de un tributo anual, el plazo de prescripción debe computarse a partir del 1 de enero del año siguiente al período en cuestión, y ello aunque a los fines del cobro el tributo anual sea fraccionado en anticipos. -- --- Agrega que cuando considera los efectos de la interpelación efectuada por la actora, omite aplicar el art. 48 del Código Tributario y en especial su inciso 2º, según el cual la prescripción se interrumpe "Por cualquier acto judicial o administrativo tendiente a obtener el pago", lo que ha sido reconocido incluso en un fallo de la Corte de Justicia (P.R.E. 2006-I-154).------ --- Concluye la quejosa agraviándose de que se hayan impuesto las costas en un 70% a la actora apelante, solicitando que se impongan a la demandada en todas las instancias. -- Entrando a examinar la procedencia sustancial del recurso de casación, cabe señalar que esta Corte, en un reciente pronunciamiento en que se han desestimado los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación deducidos por el Estado Provincial (P.R.E. S.1ª 2009-II-303) ha decidido seguir el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Casa Casmma S.R.L." del 26/3/2009 (Fallos, 332:616) que remite al precedente del mismo Tribunal Federal que se registra en Fallos, 326:3899, en el sentido de la invalidez de las normas provinciales que reglamentan la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil, incluso cuando se trate de regulaciones concernientes a materias de derecho público local.

--- En este último precedente (Filcrosa S.A.) el Alto Tribunal Nacional, examinando las facultades provinciales en lo que hace a la prescripción de tributos, desarrolló consideraciones que en lo pertinente a continuación transcribo: ----- --- "5°) Que esa cuestión ya ha sido resuelta por esta Corte en varias oportunidades, en las que declaró que las legislaciones provinciales que reglamentaban la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil eran inválidas, pues las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local (Fallos 175:300; 176:115; 193:157; 203:274; 284:319; 285:209 y 320:1344).

--- 6°) Que esa doctrina debe ser ratificada, puesto que la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el citado art. 75, inc. 12, éste no sólo fijará los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino que, dentro de ese marco, estableciera también un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esta vía. -------- --- 17) Que finalmente, cabe señalar que, esta Corte ha admitido la aplicación de la legislación civil al ámbito del derecho administrativo (Fallos 190:98 y 321:174), proceder que ha justificado, en lo específicamente referente al derecho tributario, en la circunstancia de que esta disciplina no está al margen de la unidad general del derecho, ni es incompatible con los principios del derecho civil (Fallos 313:1366)." --- --- Aplicando los criterios que se exponen en los párrafos transcriptos al caso del sub lite, corresponde rechazar el recurso de casación deducido. En efecto, siguiendo las directivas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como último interprete de la Constitución Nacional, corresponde convalidar la interpretación adoptada por el tribunal a quo en relación a las disposiciones del Código Civil que aplica para resolver el litigio en lo que hace a los efectos de la interpelación al deudor. --- --- Por otro lado, y en función de las mismas consideraciones, resulta improcedente la pretensión de que por imperio de lo dispuesto en el artículo 47 del Código Tributario, se postergue el inicio del cómputo de la prescripción al 1 de enero del año siguiente al del tributo cuyo pago se reclama, rigiendo también en lo pertinente las disposiciones contenidas en el Código Civil, vale decir, computándose el plazo de prescripción conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y ss. del mismo cuerpo normativo. - --- Cabe señalar que si bien es cierto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anteriormente sustentó el criterio según el cual correspondía aplicar las normas de derecho público local cuando éstas disponían que el cómputo comienza a correr el 1° de enero del año siguiente al año en que se produjo el vencimiento de la obligación tributaria (v.gr., Fallos 315:49), tal posición es abandonada cuando al dictar el fallo en el caso "Filcrosa", sentó criterios que, en tanto surgen de su función de último intérprete de la Constitución Nacional, implican directivas a las cuales todos los tribunales de la Nación -incluso éste- deben lealmente acatar.---- --- Entre esos criterios a los que me he referido, además de los ya arriba transcriptos, destaco el expuesto en el considerando 9° del fallo, en el cual aludiendo a la delegación de facultades de las Provincias a favor de las autoridades nacionales se expresa:

--- "Que como consecuencia de tal delegación, la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias -ni a los municipios- dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen al respecto, ya que, al haber atribuido a la Nación la facultad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan (doctrina de Fallos 176:115; 226:727; 235:571; 275:254; 311:1795; 320:1344)."-------- --- Resultan también pertinentes para la resolución del caso bajo examen, atender otras consideraciones del mismo fallo de la Corte Nacional al que vengo haciendo referencia. Así, en el considerando 12° se afirma que "Que en ese marco, debe tenerse presente que del texto expreso del citado art. 75, inc. 12, de la Constitución deriva la implícita pero inequívoca limitación provincial de regular la prescripción y los demás aspectos que se vinculan con la extinción de las acciones destinadas a hacer efectivos los derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza. Y ello pues, aun cuando los poderes de las provincias son originarios e indefinidos y los delegados a la Nación definidos y expresos (Fallos 320:619, entre otros), es claro que la facultad del Congreso Nacional de dictar los códigos de fondo, comprende la de establecer las formalidades que sean necesarias para concretar los derechos que reglamenta, y, entre ellas, la de legislar de manera uniforme sobre los aludidos modos de extinción (Fallos 320:1344)." y en el considerando 15°, se expresa que con la interpretación que se hace en este pronunciamiento de la Corte Suprema Nacional "..se logra, sin mengua de la potestad legislativa nacional en materia expresamente delegada, resguardar la plenitud normativa de las provincias, que no sufre desmedro por la circunstancia de que, como todas las obligaciones, también las derivadas de sus tributos deban ajustarse al régimen general de prescripción establecido en los códigos de fondo, evitándose de este modo una atomización de pautas rectoras en esta importante cuestión." ------ --- Con posterioridad al caso "Filcrosa", la Corte Federal ha tenido ocasión de aplicar la doctrina en aquél sentada, por ejemplo en Fallos, 327:2631, donde declaró inválida una disposición local de la Provincia de Misiones en cuanto desplazaba la aplicación del art. 3964 del Cód. Civil, que prohíbe a los magistrados suplir de oficio la prescripción. Consideró en este último caso el Alto Tribunal que la prohibición que impone el susodicho artículo 3964 constituye una formalidad propia del régimen del instituto, comprendida dentro de las facultades del Congreso Nacional para legislar de manera uniforme sobre los modos de extinción de las obligaciones, por lo que el Superior Tribunal Provincial no debió anteponer su ley local a dicho precepto de fondo.-------- --- Pues bien, yendo a la casuística que presenta el sub lite, siendo que las cuotas de impuesto a la radicación de automotores cuyo pago reclama la actora resultan ser obligaciones independientes, con individualidad y fecha de vencimiento propias, cuya falta de pago en término da lugar a la aplicación de intereses calculados en función del vencimiento de cada una de las cuotas, no se advierte por qué razón a los fines del cómputo de la prescripción de cada una de esas obligaciones fiscales se ha de estar a un régimen distinto al previsto en los artículos 23 y ss. del Código Civil, que deben prevalecer, resultando por ende en el presente caso, inaplicable el art. 47 del Código Tributario. -- --- En cuanto al agravio referido a la imposición de costas, resulta inadmisible como motivo de este recurso, pues todo lo referido a esa materia, es decir imposición o distribución de costas, se hace en base a consideraciones de hecho, irrevisibles por la via casatoria atento lo dispuesto en el art. 17 in fine de la ley 2275 (P.R.E. S.1ª. 2008-I-14 y sus citas).- --- Por lo que va dicho he de propiciar con mi voto el rechazo del recurso de casación deducido. En cuanto a las costas de esta instancia, en razón de ser reciente la adopción del criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e implicar ello un cambio de la jurisprudencia de esta Corte sobre los tópicos que se deciden, he de propiciar se impongan en el orden causado. ---- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON: - --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto. II) Imponer las costas en el orden causado. III) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales que deberán bajar al Tribunal de origen. Notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.- Ef-4040 E.B.T.

P.R.E. S.1ª.- 2009-III-424