marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: SANTILLAN, Rubén Alberto s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-17

Los contenidos emotivos de un hecho como el que motiva esta causa podrían tentar para forzar la salida hacia un homicidio doloso (art.

79 C.P.), o aún para el abandono seguido de muerte que propicia el Fiscal, sin embargo es más fuerte la formación en el cumplimiento de la ley procesal y el respeto al derecho penal liberal, todo lo que nos aparta de la célebre sentencia del Tasso: "Perezca el inocente con tal que no se salve el reo", que en otros términos no es otra cosa que pagar tributo a una arbitrariedad que recusamos.
Contrato de trabajo, interpretación de la ley, aplicación de la ley previsional, aplicación de la ley laboral
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Héctor Juan FERREYRA c/ Y.P.F. s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  CUESTION NO FEDERAL -  INTERPRETACION DE NORMAS Y ACTOS COMUNES - ACCIDENTES  DEL  TRABAJO -  PRUEBA DE TESTIGOS - PERITOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

Es ilícito extender a los litigios laborales la pauta interpretativa, definida en materia de previsión social, según la cual debe actuarse con cautela para llegar a la denegatoria de beneficios reconocidos por las leyes de la materia.
Despido, injuria laboral, despido por imputación de delito, sentencia absolutoria, culpa civil, culpa penal
Materia: LABORAL
Carátula: MICELI, SANDRA FABIANA c/ VICTOR BRAVO Y COMPAÑIA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-27

La absolución del trabajador en el juicio penal no impide apreciar en sede laboral si el mismo acto configura injuria al empleador y es motivo legítimo de resolución del contrato, habida cuenta que la culpa laboral se informa de principios diferentes a los que constituyen la penal, y por lo que no tiene por que guardar siempre y necesariamente obligada correspondencia.
Hurto, prueba, presunciones, cuerpo del delito, hurto simple
Materia: PENAL
Carátula: Altamiranda, D.O. y otro s/ Hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

En el delito de hurto, para la acreditación del cuerpo del delito, no es necesaria la individualización del sujeto pasivo del delito contra la propiedad.

Para tener por acreditada la ajenidad de la cosa hallada en poder de los encausados, debe tenerse presente la calidad del bien secuestrado - aparato reproductor de música para automóviles -, que era llevado junto con otro similar que acababan de sustraer, las condiciones personales de los nombrados con signos de habitualidad en delitos contra la propiedad y la ausencia de explicaciones suficientes de su comportamiento, lo que permite inferir que el referido bien también fue producto de un hecho similar.
Concursos, resoluciones inapelables, medidas para mejor proveer
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACEROS BRAGADO  SACIF s/ QUIEBRA S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-18

Si bien el principio general de inapelabilidad de las resoluciones prescripto por la LC: 296-3, no exhibe un carácter inmutable y absoluto, debiendo ceder cuando concurran circunstancias procesales extrañas a la secuencia ordinaria y regular del trámite, las medidas para mejor proveer ordenadas por el juez del concurso, en uso de atribuciones como director del proceso (LC: 297), no son en principio- susceptibles de apelación (en el caso, la medida consistió en el requerimiento de informes al síndico, insusceptible de causar gravamen irreparable).
Régimen penitenciario, personas privadas de la libertad, salud mental, asistencia psicológica, facultades del juez, plazo, Estado Provincial, responsabilidad del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Inc. de ejecución de pena S., C. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-20

La doctrina legal mencionada y la legislación nacional y provincial sobre ejecución de pena obligan a los magistrados, en los supuestos de personas con sufrimiento mental - que puedan o no comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones -, a utilizar la totalidad de las herramientas del Estado provincial, que debe responder a los requerimientos judiciales en plazos perentorios necesariamente impuestos.
Incumplimiento del contrato, pago de tributos, obligaciones accesorias, escrituración
Materia: CIVIL
Carátula: Moreno, Lucio Marcelo c/ Cooperativa Falucho De Vivienda Limitada s/ Escrituracion
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-07

El incumplimiento en el pago del impuesto inmobiliario correspondiente al inmueble que el actor ha adquirido del demandado, si bien constituye una obligación accesoria del vínculo jurídico, debe ser evaluado en el marco de la escrituración y no en relación a todo el negocio que unió a las partes, toda vez que ambos cumplieron con las obligaciones esenciales, atendiendo asimismo a los debes de lealtad y buena fe contractual.
Prescripción, cargo deudor
Materia: CIVIL
Carátula: Volpi, Sara y Otro c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-17

La prescripción liberatoria no extingue el crédito sino que priva al acreedor de la facultad de exigir compulsivamente el cumplimiento de la deuda (art. 3949 Código Civil). Sólo opera a instancias del deudor y no es declarable de oficio por el juez (art. 3964 Código citado).(doctor Genoud, mayoría)
Encubrimiento, prueba, hurto
Materia: PENAL
Carátula: D., J.C. s/ Robo Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-15

"La calificación legal del hecho debe ser de encubrimiento, si la prueba de autos sólo acredita la tenencia por parte del procesado de las cosas sustraídas, y no es suficiente para declarar que intervino en la ejecución del hurto".
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título, improcedencia del recurso, contrato de garantía recíproca, fianza, principal pagador liso y llano
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARANTIZAR SGR c/ ELHAIEK, MARIA ELSA Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-08

Ello así, toda vez que el contrato de garantía recíproca y las fianzas que se pretenden ejecutar fueron integrados con el recibo de pago emitido por la entidad bancaria, correspondientes a ciertas cuotas del préstamo otorgado. Frente a ello, es claro que se encuentra acreditada la existencia de deuda liquida y exigible, y por lo tanto, reunidos los recaudos previstos por el CPR 520 y 523 (conf. CNCom, Sala D, in re "Garantizar SGR c/ Rodríguez Olga s/ ejecutivo", del 12/10/07, entre muchos otros).
Cláusula penal, principio de inmutabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Carnevale, Nicolás c/ Giancaspro, Norberto Pantaleón y otro s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-20

La cláusula penal es una predeterminación convencional del daño que persigue, como una de sus finalidades, la presión psicológica sobre los deudores para inducirlos a cumplir para evitarse un mayor detrimento patrimonial. El principio de la inmutabilidad, aunque relativa, de la cláusula penal excusa al acreedor de la prueba del daño y su cuantía (art. 656 del Código Civil). Y es esta relatividad la que permite su control jurisdiccional, con la facultad de reducirlas, cuando concurren los extremos previstos en el párrafo agregado por la ley 17.711 al art. 656 del Código Civil.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio, incapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Casas, Rubén c/ ANSeS s/ restitución de beneficio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-03

No corresponde hacer lugar al agravio fundado en la improcedencia de reconocer el derecho al beneficio con un porcentaje de incapacidad menor al 66% requerido por la ley, pues los planteos, efectuados en forma genérica, no se adecuan a las circunstancias de la causa ya que no se hacen cargo de que la alzada fundó su decisión en los dictámenes del perito oficial y del Cuerpo Médico Forense que adjudicaron al titular un 70% de minusvalía con sustento en la prueba médica incorporada al expediente.
Defensa del consumidor, bancos, litisconsorcio, cuestión de derecho público local, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ c/ BBVA Banco Francés SA s/ s/ Ordinario s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-02

Al momento de delimitar la competencia, el legislador local ha adoptado un criterio subjetivo y no material, estableciendo expresamente que la justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario entiende en todas aquellas cuestiones en que la Ciudad sea parte cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi, al que adhiere la jueza Marcela De Langhe; y del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Derecho contravencional y de faltas, competencia
Materia: PENAL
Carátula: La Gioconda S.R.L. s/ Apela sanciones administrativas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

Ante el carácter contravencional de la actividad administrativa y la falta de norma específica que disponga otra cosa, resulta competente la Justicia en lo Criminal y Correccional de la Provincia para entender respecto de sanciones por infracciones que no constituyan delitos, aplicadas por las autoridades administrativas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, efectos de la apertura, fuero de atracción, jueces, competencia, medidas cautelares, bienes inmuebles, escrituración, medidas urgentes, domicilio inscripto
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Di Donato, Roberto Fabio (Síndica Comba Martha) c/ Scrugli de Di Donato, Antonia (Síndica Taboada Susana) s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-03

Corresponde confirmar la resolución del juez de grado que denegó el embargo preventivo solicitado por la sindicatura de la quiebra demandada, respecto de un inmueble sito en la provincia de Misiones que habría sido adquirido por el actor fallido mediante boleto de compraventa. Sin embargo, corresponde revocar la resolución en cuanto dispuso que el juicio de escrituración debe ser promovido ante el juez del domicilio del inmueble (en el caso la provincia de Misiones). Ello así, pues no cabe emitir juicio de mérito en punto a la competencia del magistrado que entenderá en ese procedimiento, pues la cuestión resulta ajena a la órbita de decisión del juez concursal.
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CERUTTI, MARTA ELENA GERBAUDO DE c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 437 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-15

El derecho a la estabilidad, que se proyecta sobre diversos aspectos de la relación de empleo público, no se hace -sin ningún límite- extensivo a la función que desempeña el agente, y así lo prevén expresamente algunas normas reglamentarias -por ejemplo, la reglamentación de la ley 22.140, decreto 1.797/80
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Verna, María c/ El Condor E.F.S. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29

Cuando el resultado del pleito o incidente es parcialmente favorable a ambos litigantes o de la sentencia resultan vencimientos parciales y mutuos, las costas deben compensarse o distribuirse prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos (art.71 C.P.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Moneda, obligaciones de dar sumas de dinero, desagio
Materia: CIVIL
Carátula: NICAVE S.A. c/ ZEIGUER MARIO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-22

No corresponde aplicar la escala de conversión a que se refiere el art. 4to. del decreto ley 1096-85 a las obligaciones nominales en pesos argentinos en caso de mora del deudor, ante la necesidad de asegurar el debido resarcimiento frente al incumplimiento imputable La morosidad de aquél abre las acciones de responsabilidad a favor del acreedor (arts. 508,509,622 del Código Civil), lo que supone el derecho a obtener un adecuado resarcimiento por aquél incumplimiento . Si se juzga culpable la conducta, no podría beneficiarse con la aplicación de la escala de reducción, para lo cual debería paradójicamente- invocar su propia torpeza (conf. López Cabaña, "Las deudas dinerarias y de valor en el régimen del austral, L.L. del 23 8-85, Fleitas Ortiz de Rosas, "Improcedencia del desagio en deudas vencidas..."L.L. del 9-10-85, nota fallo nro. 84.297 . conf. C.N Civ. Sala D, R. 18.174 del 25-10-85; íd. Sala C, R. 18.509 del 4-12 85; íd. R. 19.532 del 10-2-85).

Los daños y perjuicios que la morosidad provoca al acreedor, configuran una deuda de valor y comprenden el deterioro del poder adquisitivo de la moneda (conf. C.N.Civ. Sala C, 21-2-979,L.L. 1979 B-298). De ello se deriva la procedencia de la actualización de las deudas dinerarias en caso de mora (conf. C.N.Civ. en pleno in re "La Amistad S.R.L. c-Iriarte, R. del 9-9-77, J.A. 1977-IV, p.3).

La cuestión se vincula entonces con la inflación en sí misma y no inmediatamente con los remedios enderezados a combatir dicho fenómeno.

No puede aplicarse sin más una tabla de paridades monetarias decrecientes, nominalmente tarifadas si no se demuestra el correlativo aumento del poder adquisitivo de la cantidad despreciada de moneda fuerte, con la que se pretende saldar la obligación proveniente de la condena recaída en sede judicial.

Por lo demás, si se "desagia" la deuda morosa, el acreedor recibe lo que se le debe, en abierta violación a lo dispuesto por el art.

740 del Código Civil, ni el pago puede refutarse íntegro, con olvido del art. 742 del citado código (conf. López Cabaña, op. cit.).
Pago, acción de reembolso, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: BINSTEIN, ABRAHAN c/ BOVINO, JUAN JOSE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

Sólo se halla legitimado para reclamar el reintegro de los gastos de entierro, quien efectuó el desembolso según el recibo correspondiente.
Sindicatos, responsabilidad del sindicato, afiliación a obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: CAMINOS DEL VALLE CONCES. S.A. c/ ASOC. DE TRABAJ. EDUCACIÓN NQN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-04

Resulta importante separar la personalidad del sindicato de la de sus afiliados, ya que el sindicato no responderá por las acciones individuales de sus afiliados, salvo que aquellas se produzcan en el ejercicio regular de las funciones representativas, o se pruebe que dichos afiliados actuaban por cuenta del sindicato o en cumplimiento de acuerdos o resoluciones adoptadas por sus órganos estatutarios.
Tribunal de cuentas, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Percario, Alberto V. c/ Provincia de Bs.As. (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-26

La ley 10.869 y su modificatoria 10.867 -derogatorias de la ley 4373 - preveen una nueva forma de ejercicio de la acción judicial impugnatoria de los fallos dictados por el Tribunal de Cuentas (art.

31 ley 10.867), que regirá conforme a las disposiciones de derecho transitorio que consagran "a partir del ejercicio 1990 (art. 46 ley 10.869, texto según ley 10.876, puesto que la frase "... se observará al procedimiento y los plazos previstos en la presente ley" (art. citado última parte), debe interpretarse como comprendiendo no sólo el trámite que se lleva a cabo ante el Tribunal de Cuentas, sino también a la subsiguiente acción judicial;

razón por la cual la ley 10.876, al modificar a la ley 10.869 dispone que las normas derogadas seguirán rigiendo para los supuestos comprendidos en el art. 46 (art. 47, ley 10.869, texto según ley 10.876). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alberini, Constante Pablo c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-24

La Corte Suprema no debe permanecer ajena a su indeclinable misión de velar por una correcta administración de justicia (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Accidentes de trabajo, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Ayala, Mónica Cristina c/ Federación Patronal Seguros ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-09

No puede postularse, sin desconocer la esencia del tema, que los trabajadores accidentados o enfermos deben aportar a los gastos de justicia del mismo modo que "todos" los que se encuentra en situaciones idénticas o similares, el trabajador accidentado no es como todos, ni se encuentra en situación similar, ve afectado su único patrimonio, su cuerpo como fuerza de trabajo, único recurso, es por ello un sujeto de preferente tutela constitucional (Voto Welp. Adhesión Romero)
Legalidad objetiva, defensa en juicio, vicios del acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Abalos, Jorge Ernesto c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-06-13

Es probable que, considerados aisladamente, éstos vicios pudieran haber determinado la no invalidación del acto, pero la sumatoria de todos ellos, unido a que se producen en un procedimiento sancionatorio, hacen que se haya afectado en forma grave los principios de legalidad administrativa y de defensa en juicio lo que me lleva a proponer la nulidad de la resolución 210/95 .(del voto del Dr. Hutchinson).
Empleo público, remuneración, prescripción, agotamiento de la instancia administrativa, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PALACIO DE FERREYRA BLANCA YOLANDA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-05-28

Es pacíficamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia que el art. 4027 inc. 3ro. del Código Civil (prescripción de cinco años) es la disposición aplicable en materia salarial a los empleados públicos.

La prescripción es una institución de orden público que tiene el propósito de resguardar la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones jurídicas por tiempo indeterminado, poner fin a la decisión de los derechos y consolidar las situaciones creadas por el transcurso del tiempo disipando las incertidumbres.

Así las actuaciones administrativas necesarias para agotar la vía administrativa mediante los recursos pertinentes como paso previo a la demanda contencioso administrativa, interrumpen la prescripción en forma análoga a lo que sucede con la demanda tal como lo prevé el art. 3989 del Código Civil.

Es indudable que si el orden jurídico establece como presupuesto procesal de inexorable acatamiento el previo agotamiento de la vía administrativa, constituiría un excesivo rigor formal interpretar que dicha reglamentación o recurso administrativo carezca de la virtualidad jurídica suficiente para tener efecto interruptivo.-
Apoderamiento, disposición de la cosa
Materia: PENAL
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTES DE CAUDALES JUNCADEELLA c/ LEDESMA, MARCELO, MARCOS CARLO E., DIAZ FRANCISCO, FIGUEROA, HECTOR AUGUSTO s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS DE FUEGO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-10-21

Identificar el término disponibilidad con el disfrute del objeto, encerraría graves problemas de difícil solución que nos llevaría a excesos insospechados y dilataría el proceso ejecutivo del delito sin apoyo alguno en la estructura típica de la conducta.
Mala praxis, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Romano De Figueroa, Karina Anabel Del Rosario c/ Carabajal, Octavio Eduardo y otros s/ daños y perjuicios - casación civil Carabajal, Octavio Eduardo y otros s/ daños y perjuicios - casación civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2016-12-21

En materia de prueba de la mala praxis, donde se trata de situaciones complejas que no resultan ser de fácil comprobación, cobra fundamental importancia el concepto de la carga dinámica de la prueba o prueba compartida, que hace recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo.
Competencia contencioso administrativa, sumario administrativo, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Córdoba, Juan Carlos c/ Municipalidad de Ancasti s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-05-21

El actor deduce acción de amparo en contra de la Intendencia de la Municipalidad de Ancasti, persiguiendo el cese de medidas que considera arbitrarias e ilegales adoptadas en su contra y que se ordene el restablecimiento inmediato en su funciones. Señala que es empleado de la Municipalidad desde hace catorce años, y que el 23 de diciembre de 2009 fue suspendido por treinta días en sus labores como Jefe de Personal, ante un sumario administrativo iniciado en su contra.

Al cumplirse el plazo de la suspensión -25 de enero de 2010-, se presentó a su lugar de trabajo, firmando la planilla de asistencia, pese a lo cual más tarde se le dijo que debía retirarse de las instalaciones por orden de la Sra. Intendente, por lo que efectuó exposición policial dejando constancia de lo ocurrido; que con fecha 26, 28 y 29 de enero y 1 de febrero, intentó nuevamente reintegrarse a su trabajo, obteniendo idéntica respuesta que en la primera oportunidad, lo que motivó el envío de cartas documento de su parte y del Municipio, sin que a la fecha obtenga respuesta alguna.

Por todo ello considera que la conducta desplegada en su contra afecta derechos y garantías fundamentales, mediante un mecanismo basado en una resolución que jamás se le ha exhibido y un sumario al que se le ha negado por completo el acceso. Atento a la materia traída a resolver, este Tribunal resulta competente en virtud de lo establecido en el Art.204 de la Constitución Provincial y el Art.1 de la Ley 4998, modificatoria del Art.4 de la Ley 4642 y, asimismo, conforme a jurisprudencia reiterada de esta Corte de Justicia.

Avocados al examen de esta acción de carácter excepcional planteada, cabe recordar que se impone como correlato de la actividad jurisdiccional, en mérito a la admisibilidad formal de la acción, que el amparista, en tiempo hábil, demuestre sin mayor esfuerzo el cercenamiento de sus derechos fundamentales, asimismo que de modo claro y manifiesto ponga en evidencia, sin necesidad de mayor amplitud de debate y prueba, en dónde reside la ilegitimidad del acto que cuestiona y el daño grave e irreparable que pretende subsanar.

Conforme a las constancias obrantes en la causa, cabe señalar que se encuentran acreditados los requisitos procesales extrínsecos para declarar la admisibilidad formal de la acción de amparo deducida, en razón de que, prima facie, el acto de autoridad pública restringiría garantías y derechos reconocidos explícitamente por nuestro ordenamiento constitucional.

Este preliminar juicio de admisibilidad se resuelve sin perjuicio de que los recaudos de procedibilidad de la acción sean merituados en la etapa procesal oportuna, donde el Tribunal hace pleno uso de sus facultades jurisdiccionales.

Por ello, oído el Ministerio Público y lo prescripto por los Arts.1, 5 y 6 de la Ley 4642, corresponde declarar formalmente procedente la acción de amparo interpuesta en autos.