Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-03


VASALLO, Gerardo Raúl y VASALLO, Edgardo Juan contra MARZIONI, Alberto Raúl y otros Reg.: A y S t 195 p 135-138. Santa Fe, 3 de marzo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los apoderados de la actora contra la sentencia 105 del 4 de mayo de 2000, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "VASALLO, Gerardo Raúl y VASALLO, Edgardo Juan contra MARZIONI, Alberto Raúl y otros -Juicio Ordinario- (Expte. 291/99)" (Expte. C.S.J. nro. 689, año 2000); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso de inconstitucionalidad local, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad confirmó la decisión de baja instancia -en cuya virtud se declarara la caducidad del proceso por estimar que se encontraban reunidos los supuestos de hecho contemplados a tal fin para la caducidad breve prevista en el artículo 331 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (fs. 1/3). En el libelo introductor del remedio previsto en la ley 7055 (fs. 8/12), la actora -por medio de sus apoderados- reprochó arbitrariedad a la decisión de la Cámara en virtud de haber incurrido en excesivo rigor formal.

Sostuvo que el A quo, siguiendo el criterio erróneo del juzgador de baja instancia, consideró que carecía de entidad jurídica lo dictaminado por el representante del Ministerio Público, quien analizara de modo integral la figura de la caducidad y llegara a la conclusión de que en autos aquélla no se verificaba.

Asimismo, señaló que se ignoraron las presentaciones efectuadas por la incidentista antes del pedido de caducidad de instancia, en la inteligencia de que aquéllas carecían de efecto jurídico, cuando -dijo- ello no es así. En tal sentido, refirió que se notificó a la doctora Martín del decreto del 15.04.1998 -que tuvo por recibidos los autos por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Número Cinco- en diligencia el 21.04.1998; que la propia incidentista intimó la devolución de los autos en fecha 18.05.1998, haciendo recién el planteo el 4 de junio de 1998. Afirmó así, que como lo tiene claramente expresado su parte, en autos se había producido el saneamiento de la caducidad por consentimiento del acto impulsorio.

Aludió a que no tuvieron en cuenta ni el juez a quo ni el Tribunal de Alzada el grave perjuicio que se le ocasionaba declarando la caducidad de una instancia originada lisa y llanamente, en el crédito de los actores no satisfecho por los accionados.

La referida impugnación fue denegada por el A quo (fs. 37/38); motivo por el cual el interesado acudió por vía de queja ante esta Sede (fs. 44/50).

2. En tren de verificar la presencia de las exigencias formales previstas en la ley 7055, surge que el auto impugnado no puede constituirse en objeto procesal de la impugnación extraordinaria.

Ello así puesto que la resolución que tiene por operada la caducidad de la instancia -y su ulterior confirmación- no es ninguna de las que el artículo 1 de la ley 7055 admite como susceptibles de ser atacadas por este remedio extraordinario, ya que no se trata, obviamente, de sentencia definitiva; y si bien es un auto interlocutorio que pone término al pleito, resulta que el presente juicio perimido admitirá "otro ulterior" sobre el mismo objeto (art. 1, ley 7055, ver art. 236 CPC).

Por otra parte, el compareciente no logra demostrar que el auto de referencia le provoque un gravamen irreparable, que autorice excepcionalmente la apertura del remedio intentado, atento a que no invoca siquiera la configuración de una causal extintiva de la acción, ni se está ante un supuesto de una perención en segunda instancia.

De todos modos, aún de entenderse superado el óbice formal aludido, la queja tampoco podría tener favorable acogida. Es que, si bien el recurrente acusa la invalidez de la sentencia por presunta arbitrariedad y por ser violatoria de cláusulas de rango constitucional, de su confrontación con los agravios esgrimidos surge tan sólo la mera disconformidad de aquél con la solución dada por los jueces de la causa, en ejercicio de funciones propias, mas sin lograr demostrar que aquellos se hubiesen excedido en tal cometido, del marco propio de sus facultades jurisdiccionales, lo cual -más allá del mayor o menor grado de acierto- no incumbe a esta Corte revisar por medio del recurso reglado en la ley 7055.

Ello habida cuenta que de la lectura del material impugnativo se desprende que el reproche principal del quejoso conduce al examen de cuestiones procesales, materia que -en principio- resulta ajena a esta instancia extraordinaria, y que el apelante con su formulación no consigue persuadir de que en el sub lite, en la inteligencia de las normas instrumentales en juego, hubiese mediado arbitrariedad o lesión a garantías constitucionales.

En efecto, puede observarse que la resolución de la Alzada consideró -reafirmando el criterio delineado por el Juez de grado- que en autos había operado la caducidad abreviada del proceso habida cuenta que desde la fecha de la notificación del pronunciamiento que ordenaba arraigar de fecha 10.07.1997 hasta el pedido de caducidad formulado por la codemandada "PECOM AGRA S.A." de foja 278, habían transcurrido los noventa días que contempla el Código de rito para que opere la caducidad breve prevista en el artículo 331 del Código Procesal Civil y Comercial.

Frente a tal aseveración, el recurrente se empeña en insistir, ahora ante estos estrados, en que la Cámara con excesivo rigor formal, no receptó su planteo, relativo a que la caducidad había sido saneada por la accionada al haber efectuado actos impulsorios la parte demandada luego de regresado el expediente al Juzgado de origen; mas sin lograr rebatir los argumentos del A quo sobre la inexistencia de tal mentado saneamiento, habida cuenta que, atento los propios términos de la decisión cuestionada, "más allá de haber sido acusada originariamente la perención estando el expediente en esta Sala -al contestar agravios-, se la reitera en la primera intervención que se tiene luego de vuelto el expediente a la instancia de origen (foja 278), ya que no puede asignarse tal rango al escrito de foja 275 en el cual el incidentista solicita el reintegro de la causa al Juzgado por haber sido retirado por la parte actora" (f. 2).

De lo expuesto, puede concluirse que la recurrente con su impugnación no alcanza a perfilar que, en tal cometido, la Alzada al concluir enfáticamente de lo expuesto que "no hay purga alguna" (f. 2) y que por ende había operado la mentada caducidad abreviada, se hubiese excedido del marco de sus atribuciones jurisdiccionales, ni que tal interpretación ostente fundamentos que la configuren como grosera, absurda o irracional, o que puedan rebasar los criterios de razonabilidad y logicidad tolerados a punto de descalificarla como acto jurisdiccional válido.

De ahí que, pretender invadir ese ámbito hermenéutico significaría que este Cuerpo sustituyera a los jueces ordinarios de la causa, distorsionando de tal suerte el restringido ámbito previsto normativamente sobre el control de constitucionalidad de los pronunciamientos judiciales.

En otro orden, debe señalarse que tampoco puede merecer recepción positiva el agravio referente a que tanto el Inferior como la Sala a quo se pronunciaron desconociendo lo dictaminado por el Fiscal de primera instancia.

Ello así puesto que, frente a la contundente respuesta que brindara la Sala -tras hacer notar que la Fiscalía de Cámara se había pronunciado a foja 343 por el rechazo de la apelación y la confirmación de la declaración de perención- en el sentido de que el dictamen del Fiscal de grado "es obvio que el mismo no es vinculante para el órgano jurisdiccional, teniendo el representante de la rama fiscal del Ministerio Público el rol de parte en lo que concierne a la materia" (f. 2), el recurrente insiste en proponer su propio enfoque de la cuestión, empero, sin llegar a desmerecer los sólidos argumentos en que se fundara -en lo que a este reproche concierne- el decisorio que se impugna.

En suma, si la crítica se reduce a una mera disconformidad con la interpretación y aplicación de normas procesales, como de cuestiones fácticas, materias éstas que -como ya se señalara- resultan privativas de los jueces de la causa en tanto no se vulneren garantías constitucionales, el recurso de inconstitucionalidad resulta inadmisible (CSJN Fallos: 311:104; 314:725; CSJSF A. y S. T. 139, p. 403; T. 174, p. 351).

Es que no debe perderse de vista que mediante el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad se tiende a reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción y conviertan al pronunciamiento en una no sentencia, pero que aquél no permite sustituir a las instancias ordinarias en la interpretación del derecho sustantivo o procesal o en la ponderación del material fáctico de la causa.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)