Ejecución de la pena, libertad asistida, admisibilidad del recurso, remisión del expediente, progresividad del régimen penitenciario, readaptación del condenado, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Acosta, Ezequiel Adalberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-09

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa y, en consecuencia, casar la resolución recurrida, y remitirla causa al tribunal de origen a fin de que tome todos los recaudos que permitan descartar -por el momento la presencia de COVID-19 en el causante, así como es su círculo familiar con el objeto de mejor coadyuvar a las medidas de prevención adoptadas por el Poder Ejecutivo y con la urgencia que el caso requiere fijar las pautas y condiciones para conceder la libertad asistida a Ezequiel Adalberto Acosta. Ello así, pues, en las particulares circunstancias del caso, los elementos valorados por la jueza a quo no se ajustan a lo previsto en el artículo 54 de la ley de ejecución de la pena (conforme redacción 24.660), para denegar la solicitud efectuada, pues de ningún modo puede inferirse de la lectura de la resolución recurrida que el nombrado constituya un grave peligro para sí o para terceros, único supuesto que permitiría a la jueza adoptar una decisión en aquél sentido. Al respecto, cabe señalar que la intención del legislador al incorporar el instituto de la libertad asistida, ha sido la de evitar que un condenado obtenga la libertad por agotamiento de la condena sin haber pasado previamente por un periodo de libertad bajo ciertas condiciones. Para ello, la ley de ejecución de la pena, en su artículo 6°, consagra el principio de la progresividad (que es una de las formas en que se materializa el mandato constitucional de "readaptación social"). En este contexto resultaría contrario al principio de resocialización (ley 24.660, arts. 1° y 6°) interpretar que en la ley de ejecución se estableció un supuesto en el cual el egreso definitivo de la persona privada de la libertad no se produzca hasta el vencimiento de la pena. En efecto, por tratarse de un instituto necesario para lograr el objetivo de reinserción social, la libertad asistida sólo puede ser denegada cuando constituya "...un grave riesgo para el condenado o para la sociedad.". Ahora bien, en la normativa de referencia se establece sólo un requisito positivo para la concesión de la libertad asistida, cual es el cumplimiento de la pena mediante encierro carcelario hasta seis meses antes de la fecha de vencimiento fijada. Y la regla para concesión de dicho beneficio tiene una excepción negativa vinculada a la peligrosidad para sí o para terceros que puede traer aparejada la libertad del interno. En lo que respecta a los informes emanados de la autoridad penitenciaria he sostenido reiteradamente que actúan simplemente como asesores del tribunal, no son vinculantes para el juez y que a él le corresponde controlar su razonabilidad en virtud del principio de judicialización de la etapa ejecutiva de la pena, el cual implica que la ejecución de la pena privativa de libertad, y consecuentemente, las decisiones que al respecto tomara la autoridad penitenciaria deben quedar sometidas al control judicial permanente. En este sentido, le asiste razón a la defensa en cuanto afirma que la resolución recurrida se basa en cuestiones vinculadas a la personalidad del nombrado a partir de una interpretación segmentada de los informes penitenciarios, omitiendo valorar los progresos que evidenció Acosta desde que se encuentra privado de su libertad en otras áreas. El voto concurrente destacó que, conforme surge de la decisión a estudio, la pena de Ezequiel Adalberto Acosta se agotará el próximo 15 de diciembre de 2020 y por ello, en las particulares circunstancias del caso, pierde virtualidad rechazar la pretensión de la defensa. Dres. Hornos y Borinsky -voto concurrente-.