marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Facultades de la administración, empleados públicos, ius variandi
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SALVATIERRA RAMONA HAYDEE c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RÍO HONDO s/ RECURSO DE AMPARO - APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-27

El Estado, en su carácter de empleador, goza de facultades y atribuciones que, aunque pudieran lucir exorbitantes respecto de los empleadores privados, pueden todavía mantenerse dentro del marco de la ley si fuesen ejercidas razonablemente, respetando los derechos de los trabajadores, lo cual ha sido invariablemente reconocido por la doctrina y jurisprudencia nacional, a la vez que, como empleador, puede modificar la modalidad de la prestación de la relación laboral, en tanto no se ejerza arbitrariamente ni se desnaturalice la esencia originaria de la misma.

Así, el ius variandi encuentra estrecha relación con la prerrogativa de la que goza la Administración Pública de "modificar" los contratos administrativos.

Al respecto, la doctrina ha establecido que: la posibilidad de modificar estos contratos incide sobre el principio de "inmutabilidad", pero la posibilidad de "modificar" el contrato no es consecuencia de la "mutabilidad" de los mismos, sino que la mutabilidad es consecuencia del carácter administrativo del contrato, carácter del que derivan una serie de cláusulas exorbitantes del derecho común "virtuales" o "implícitas", que son las que convierten en "mutable" dichas relaciones contractuales.

De modo que el fundamento del poder de la Administración Pública para modificar los Contratos Administrativos, no es otro que el de atender o satisfacer en la mejor forma las pertinentes necesidades públicas.
Improcedencia del recurso, excarcelación, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Crespi, Juan Pablo recurso de casación- reg. 1023/17 c/ s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-22

Corresponde rechazar el recurso de casación contra la denegatoria de excarcelación si la resolución recurrida resulta fundada y conforme a derecho, en tanto ponderó la elevada amenaza de pena que enfrenta el encartado, de ser declarado culpable, la gravedad de los hechos-organización y financiación del comercio de sustancias estupefacientes y contrabando de sustancias estupefacientes- y el rol protagónico que se le endilga, la solvencia económica del encartado -en comparación con la de sus consortes de causa- todo ello entendido en su totalidad como los elementos que permiten presumir la presunción de fuga o el posible entorpecimiento en la investigación, asimismo, el tiempo transcurrido desde la detención no resulta irrazonable y no alcanza, aún, el límite establecido por la ley 24.390, habiéndose fijado nueva fecha de celebración para la audiencia de debate. (Dres. Mahiques, Ledesma, Slokar).
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, contratos bancarios, cuenta corriente bancaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MOLINA  FIGUEROA,  RICARDO  BERNABE c/ LLOYDS  TSB  BANK PLC s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-02

Corresponde hacer lugar a un reclamo de daño moral y psíquico formulado por quien, pese haber dado de baja la tarjeta de crédito que poseía con el banco demandado, sin que quedara ningún saldo, fue ejecutado por éste y obligado a depositar cierta suma para detener dicha ejecución. Ello así en tanto el actor probó con documentación suficiente el cierre de la cuenta -copia del acta de destrucción de la tarjeta, solicitud del cierre de la cuenta, etc.- más allá de que la entidad bancaria dejó de existir, lo cual le impedía demostrar la efectiva no existencia del saldo reclamado. Por tanto, si el banco no pudo exhibir sus libros ni sus registros ni documentación alguna vinculada con la operatoria cuestionada, no se advierte cómo podría haber hecho el demandante para acreditar la autenticidad de sellos con nombre de la entidad en nota presentada solicitando el cierre de la cuenta y demás elementos. En tal marco, y siendo que los arbitrios adoptados por el actor para instrumentar la baja de sus cuentas son los que habitualmente se utilizan en el devenir bancario, forzoso es concluir que, por lo menos, la documentación aludida sirve de fuerte indicio a favor de sus dichos.

El certificado de saldo deudor -que fue el instrumento que fundó la acción en el juicio ejecutivo iniciado por el banco-, presenta la particularidad de que en su confección no interviene el cliente, lo cual fuerza a la conclusión de que, cuestionada la deuda en el marco de un juicio como el presente, debe el banco -emisor unilateral de tal certificado- aportar los elementos destinados a demostrar la existencia de la deuda que mediante tal mecanismo decidió certificar. Ese certificado, en sí mismo, no crea ninguna obligación, sino que da cuenta de la preexistencia de ésta, de modo que mal puede una deuda ser así documentada si el banco no cuenta con los elementos necesarios para tenerla por acreditada.
Querellante, rechazo del querellante, recurso de apelación (procesal), derecho al recurso, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Zichy Thyssen, Federico y otro s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-17

Entiendo que es necesario otorgar a quien se presenta en la escena del proceso solicitando ser tenido como querellante y no obtiene tal condición, la posibilidad efectiva de que un tribunal superior revise aquellas resoluciones contrarias a sus intereses, en atención a la importancia de la decisión. En otras palabras, deberá concedérsele un recurso al pretenso querellante ante aquellas decisiones adversas, en virtud de lo normado por el artículo 8.2.h de la C.A.D.H. (artículo 75 inciso 22 C.N.) En nuestro ordenamiento procesal, el artículo 180 le otorga la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la decisión que desestima su denuncia u ordena la remisión a otra jurisdicción. De esta manera, puede afirmarse que, con esta oportunidad que se le brinda, se ve satisfecho el requisito de doble conforme, pues un órgano superior realizará un segundo análisis de su reclamo. Habrá que analizar si, en el caso concreto, esta posibilidad otorgada a quien invoca la calidad de víctima, se ha visto efectivamente resguardada o si es necesario concederle otro recurso para satisfacer la garantía. (Dra. Ledesma, según su voto).
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, admisibilidad formal, pedido de informes
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Zapata Cárdenas, Percy Antonio c/ GCBA s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-13

La interposición de la acción de amparo requiere, en principio, un análisis de doble orden: en primer término, corresponde analizar la procedencia formal de la acción (entre otros, inexistencia de otro medio judicial más idóneo conforme artículo 2 inciso a Ley Nro. 16.986 a la luz del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad).

Sólo una vez admitida la procedencia formal de la acción el Juez requerirá a la autoridad que corresponda los antecedentes y fundamento de la medida impugnada, evacuado el cual se dictará sentencia (arts. 8, 11 y 12 de Ley Nro. 16.986).
Daño moral, publicación periodística, funcionarios públicos, interés público
Materia: CIVIL
Carátula: Larroquette, Oscar Danilo c/ Editorial Chaco S.A. s/ Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-10-31

El excesivo rigor con que se pretende deducir o inferir la real malicia (dolo directo de las expresiones empleadas por el medio, no se compadecen con la tesis de la defensa atenuada que la Suprema Corte ha elaborado para los funcionarios públicos, sino que más bien sería propia de la estrictez de miras con que el derecho protege el honor y la fama de los particulares.

Es que la especial protección que el legislador ha conferido al honor, no impide que en los casos en que la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público o alentar la búsqueda de la verdad, ésta debe prevalecer por sobre aquel bien jurídico; ello debido a que es necesario resguardar, la crítica y el debate sobre cuestiones que afectan a funcionarios públicos o a particulares vinculados a asuntos de interés público, como garantía y medio de preservación del sistema republicano. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tipo penal, robo calificado, ley vigente
Materia: PENAL
Carátula: Quispe Díaz, Marcelo c/ Quispe Díaz, Marcelo s/ robo de automotor o vehículo dejado en la vía pública
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-19

No cabe excluir a una bicicleta como objeto de protección del tipo penal previsto en el art. 167 inciso 4º, en función del art. 163, inc. 6º, del Código Penal, pues aquella debe ser considerada como "vehículo". Si bien la interpretación de este último término no resulta sencilla y, cuando menos, puede prestarse a extensiones de su alcance sobre la base de su exclusiva inteligencia literal, del contexto de la decisión legislativa, que fundó la reforma introducida por la ley 24.721 al art. 163 del Código Penal, en cuanto significó volver a la regulación legal vigente conforme a la ley 17.567, permite concluir válidamente en que existió un claro propósito por parte del legislador de extender la protección penal de los automotores, a las bicicletas (voto del juez Huarte Petite).
Sentencia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Andrada, Nicolás del Valle s/ Homicidio calificado por el vínculo y número de intervinientes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

Corresponde declarar de oficio la nulidad de la sentencia de Cámara que da por acreditada la autoría y responsabilidad mediante remisiones a la sentencia de primera instancia y a la respuesta a los agravios de la defensa del Fiscal de Cámaras, dándolas por reproducidas, no bastándose así a sí misma al no consignar expresamente las conclusiones de hecho ni mencionar las pruebas en que las sustenta, lo que impide a esta Corte examinar como ha sido aplicada la ley a esas conclusiones de hecho.
Expropiación irregular, indemnización expropiatoria, convertibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jaime, Bernardo Coll  S.A. c/ M.C.B.A. s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-19

Tratándose el pago de la indemnización debida al expropiado, de una materia que tiene raigambre constitucional, en el sentido de que está normada directamente por el artículo 17 de la Constitución Nacional, no puede aceptarse la existencia de ley formal alguna que de manera explícita o implícita, atente contra la letra o el espíritu de la constitución. Si ello ocurriera, resulta misión insoslayable del pretorio declarar su constitucionalidad. La Ley 23 982, que declara el alcance declarativo de las sentencias dictadas contra el Estado artículo 3) que dispone el pago de las deudas estatales en un plazo de 16 años (artículo 9) o una forma de pago alternativa en bonos de consolidación (artículos 10 y 11) a 16 años y que comienzan a ser amortizados a partir del inicio del séptimo año en la forma y condiciones que determine la reglamentación, resulta francamente inconstitucional si se la refiere al instituto expropiatorio, por vulnerar el texto expresan de la Carta Fundamental (artículo 17) y la doctrina y jurisprudencia pacífica y reiterada de la Excma. Corte Suprema de la Nación, sobre el tema.

Por ende, es inaplicable a los casos de expropiación el texto de la Ley 23.982, por vulnerar abiertamente el texto y el espíritu de la Constitución Nacional.
Demanda, contenido de la demanda
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: VALVERDI, Marta Isabel c/ BIBLIOTECA POPULAR Domingo F. Sarmiento s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-08-14

Siendo obligación del demandante señalar con precisión aquello que pretende, si se trata de diferencias salariales, cuál es la suma pretendida, la cobrada y la diferencia pretendida, no le cabía realizar un reclamo global. Ni las facultades de investigación del art. 9 del Código Procesal Laboral pueden servir para subsanar las deficiencias procesales de las partes, ni los jueces están obligados a conjeturar acerca de la intención de los litigantes.
Dirigente gremial, duración del mandato
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, DOMINGO ALBERTO c/ UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR CENTRAL Y/U OTROS s/ RECOCACION DE MANDATO, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-05-09

La condición de desocupado del trabajador que integra el órgano directivo de una asociación sindical no importa necesariamente la finalización o revocación del mandato, el cual continúa mientras no concurran algunas de las causales legales (cumplimiento del período para el que fue electo o revocación del mandato por justa causa). De modo que la continuidad del trabajador en el sindicato, prestando servicios para dicha organización, no puede ser enmarcada en el art. 23 y cc de la LCT, atento que lo hizo en ejercicio de las funciones del cargo gremial que detentaba.
Proceso penal, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Hafez, José Ernesto s/ homicidio calificado y robo calificado-causa Nx 23.326.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-06

La aceptación de los agravios del representante del Ministerio Público Fiscal ante la alzada, que el apelante tuvo a la vista para expresar los suyos, era una circunstancia previsible, que lo obligaba al planteo de los temas de pretendida naturaleza federal en la oportunidad prevista por el art. 538 del Código de Procedimientos en Materia Penal.
Incapacidad, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SUAREZ, ERNESTO B. c/ RUIZ, CARLOS J. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-04

La incapacidad vital abarca más ampliamente las proyecciones de la persona en lo individual y en lo social (vida de relación) que la incapacidad laborativa. La incapacidad laborativa tiene como límite resarcitorio la "vida útil"; en cambio la vital no ofrece más dique temporal que la existencia del propio sujeto, de tal suerte que el dies ad-quem será el de la "vida probable" que aún le resta ya que lo que aquí se aprecia es la aminoración del damnificado en cualquier ámbito de su existencia.
Sociedad de responsabilidad limitada, socio gerente, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Vázquez Jiménez Gervasio c/ La Bizantina SRL y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-20

Las transgresiones a las normas de la Ley Nacional de Empleo son imputables a los socios gerentes de la sociedad demandada, al menos a título de culpa, valorada desde el standard de conducta del buen hombre de negocios, como lo fija el ordenamiento societario en los arts. 59, 157 y 274. De haber cumplido sus funciones con apego a este standard y desde una noción de buena fe activa, los socios gerentes del caso no pudieron ignorar la irregularidad que caracterizaba al contrato de trabajo, debidamente constatada. Se advierte claramente que incurrieron en una omisión de la diligencia debida en el desempeño de su cargo que le es imputable y, en consecuencia, deben responder por el total del monto diferido a condena. (Del voto de la Dra. González, en mayoría).

Fuente del sumario: OFICIAL
Contratos, compraventa de automotores, concesionario (comercial), derechos de las partes, obligaciones de las partes, entrega del bien, mora, responsabilidad del fabricante, responsabilidad del concesionario (comercial), condena a entregar cosas, concursado
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Spodo, Pablo Gustavo c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-18

Corresponde admitir la demanda incoada contra una concesionaria y el fabricante automotriz por el adquirente de un automotor 0 Km, y condenar a las demandadas a entregar el vehículo acordado, o el modelo que lo reemplace de igual o superior valor. Ello así, toda vez que el actor y el concesionario celebraron un contrato de compraventa, en cuyo marco el comprador pagó el precio pactado, pero el vendedor incumplió en forma injustificada su obligación de entregar el auto, pues resultó inoponible la cláusula -que no fue suscripta ni debidamente informada-, según la cual el precio podía ser válidamente modificado por el vendedor sin notificación previa hasta el momento de la entrega.
Banco central, facultades del banco, control de entidades financieras, capital social
Materia: COMERCIAL
Carátula: GIMENEZ  ZAPIOLA  VIVIENDAS    S.A.    DE  AHORRO  Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA s/ RES. DEL BCRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18

La pérdida del capital social supone la imposibilidad de la sociedad de cumplir con los objetivos para los cuales fue creada, y se encuentra dentro de las atribuciones del Banco Central verificar la existencia de tales requisitos con el objeto de preservar la integridad del régimen e impedir alteraciones en el sistema económico del país.
Derecho procesal, Derecho penal, auto de procesamiento, falta de motivación, recurso de apelación (procesal), denegatoria del recurso
Materia: PENAL
Carátula: MANSILLA, Álvaro Raúl y ARANCIBIA, José  Armando
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2009-05-05

El recurrente entiende que existe de motivación ya que existen una carencia de razones suficientes que acrediten lo afirmado por la A-quo al fundar la misma la denegatoria del pedido de eximición de detención de su defendido, tooda vez que se apoya en temores sin constatar ninguno.

Se aprecian fundamentos contradictorios e incoherentes con la conclusión resolutiva del auto que se impugna para la denegatoria de la libertad de mi defendido.
Legitimación pasiva, aumento de cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: M.K.V. c/ L.C.R. s/ Incidente aumento cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-11

Corresponde desestimar las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de acción por improcedencia de la ley opuestas por la abuela del alimentado en el incidente de aumento de cuota alimentaria, toda vez que no se advierte que se le haya dado a la abuela el carácter de demandado solidario.
Juicio ejecutivo, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ALEGRE DE AYALA, MIRTHA c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-03-26

En nuestro sistema procesal, la ejecución de sentencia puede no estar restringida a la simple liquidación o realización de la condena, ya que comprende muchas hipótesis de cognición complementaria (por ejemplo: arts. 355, 364 "in fine", 959 y otros C.P.C.).

Aunque la excepción de la inconstitucionalidad no está enunciada dentro de las taxativamente previstas por la ley procesal (art. 856 C.P.C.), procede como regla general el examen de planteos al respecto, con tal que se preserve el derecho de defensa de la otra parte. Ello debe ser así por la supremacía de la Constitución Nacional (art. 31), que no puede ser soslayada, ni siquiera en procedimientos abreviados.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, daños y perjuicios, insuficiencia del agravio, costas
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Paleco SA contra GCBA sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica) - genérico c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-19

Toda vez que el recurrente no ha logrado acreditar que la imposición de las costas es irrazonable, ello transforma al recurso en una mera discrepancia con una resolución que se expide fundadamente sobre una cuestión claramente infraconstitucional. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Sentencia, pena, fundamentación de sentencias, graduación de la pena, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Lupetti, Salvador Rafael y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-17

Si bien lo relativo a la aplicación de las reglas de los arts. 40 y 41 del C.P. es materia propia de los jueces de mérito, quienes se encuentran investidos de facultades discrecionales para fijar la sanción, dicha potestad no los exime de fundar debidamente los motivos que los llevaron a arribar a una pena determinada, pues si así fuera nos encontraríamos frente a un supuesto de arbitrariedad, subsanable en esta instancia. Conforme ello, y examinada la resolución puesta en crisis, advertimos que la misma cuenta con una adecuada fundamentación acerca del monto de la pena inflicta, con motivos suficientes que obstan a su descalificación como acto judicial válido, ajustándose a las prescripciones contenidas en los arts. 123 y 404 inc. 2° del ordenamiento ritual. (Voto de los Dres. Tragant y Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial).
Pagaré, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado (su quiebra) c/ LLusa Evaristo y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

Si al articular la excepción el ejecutado afirmó que la prescripción esgrimida operó en determinada fecha, posterior a la del inicio de la demanda, el juez no puede apartarse de ese argumento y hacer lugar a la misma partiendo de fecha distinta de la denunciada, pues se afecta el principio de congruencia al hacer mérito de circunstancias no alegadas en defensa.
Marcas, registro de marca, oposición al registro de marca, legitimación activa, interés legítimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: CREDENTIAL CARD  I.C. c/ FANO, FRANCISCO SILVESTRE s/ OPOSICION REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-31

En punto a la calidad necesaria para registrar marcas y/o formular oposiciones -reservada en la ley 3.975 a los comerciantes, industriales o agricultores- el requisito del "interés legítimo" tomado de la jurisprudencia- que menciona el artículo 4 de la ley 22 362, tuvo por finalidad ampliar el espectro de los legitimados, y no limitar el derecho de los que ya poseían tal legitimación.
Representación procesal, mandato
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: SIPROSALUD s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-04-15

Tratándose el incidente de revisión de un juicio conexo o accesorio de la causa principal -concurso preventivo- juicio en el cual se tuvo por acreditada la personería invocada, el mandato otorgado para intervenir en el concurso alcanza al incidente, ya que este no puede entenderse como la iniciación de un nuevo proceso a los efectos del poder otorgado.
Administración fraudulenta, operaciones bancarias
Materia: PENAL
Carátula: ODDONE, Luis A. s/ inf. Art. 173 del C.P Causa 8386/8886/8889  inf. Art. 163 inc. 7 Causa 8886  inf. Art. 173 del C.P. inc. 7 Causa 8886
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-05

La realización de operaciones crediticias irregulares en perjuicio de los accionistas, ahorristas y del Banco Central de la República Argentina, merced a los cuales se remesaba dinero a empresas vinculadas al imputado sin el fraccionamiento del riesgo, a sola firma ni en relación con el capital de las destinatarias, alguna de las cuales nunca llegaron a su destinataria, constituyen el delito de defraudación por administración fraudulenta.