Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2006-02-28


2º Instancia. - Resistencia, febrero 28 de 2006.

¿La sentencia de 1º Instancia debe confirmarse, modificarse o revocarse?¿Los honorarios? La doctora Llugdar dijo:

1. Contra la sentencia de Primera Instancia que hace lugar a la demanda de cobro de pesos promovida por el Sr. Juan Ayala contra el Sr. Jorge Oscar Gómez, se alza la parte demandada. Se agravia atento que la sentencia atacada es totalmente equivocada en el análisis de los hechos, las pruebas rendidas y el derecho aplicable. Luego de sintetizar los antecedentes de la causa y argumentos de la decisión arribada por la sentenciante de grado, sostiene que en la sentencia se introducen cuestiones no argumentadas por el actor en la demanda y no debatidas en el curso del proceso. Respecto de ello, señala que sostener que el demandado"convino un precio e importe de entrega, distinto a lo estipulado con el actor, de ahí que quedó directamente obligado hacia la persona con quien contrató, sin que ésta tenga acción contra el comitente, ni éste contra aquélla", no sólo constituye un argumento introducido por la sentencia sin que lo argumentara la actora, sino implica desconocer los usos y costumbres de este tipo de operaciones, ya que la mayor diferencia en el precio es la ganancia del negocio que contiene el valor del servicio del comisionista. Resalta que la A quo omite observar que el art. 233 del Código de Comercio continúa diciendo "a no ser que el comisionista hiciere cesión de sus derechos a favor de una de las partes"; circunstancia que es trascendental, atento que el Sr. Gómez entregó todos los pagarés que documentaban las cuotas pactadas con el comprador; lo que implica -a su entender- cedió los documentos y determinaría que no está obligado al pago de las cuotas documentadas. Observa que el negocio funciona de forma distinta a lo que lo entendió la juez, diciendo que el propietario entrega el vehículo al comisionista"autorizando a venderlo" a percibir el precio y rendir cuentas. Manifiesta que al aceptar la venta el propietario asume las obligaciones del vendedor, otorga el "consentimiento" que cierra la operación y por lo tanto se obliga como principal. Que ello ocurre cuando acepta el pago de alguna de las cuotas, la entrega inicial y al recibir los pagarés en blanco que documentaban las 11 cuotas, aceptó la cesión de las mismas; y el comisionista Gómez rindió cuentas pagando lo prometido, debiendo verificar el cumplimiento, pero no pagar o reclamar el pago judicialmente, pues -entiende- carece de facultades. Cataloga como una afirmación dogmática la expuesta por la Sra. Juez de primera instancia cuando se sostiene que Gómez actuó en nombre propio, porque la venta de una cosa ajena con autorización escrita del dueño no es proceder de tal manera. No obstante ello, observa que el actor aprobó y aceptó la conducta del comisionista. Expone que de conformidad con lo dispuesto por el art. 258 del Código de Comercio el comisionista no responde en caso de insolvencia de las personas con quienes contratare en cumplimiento de su comisión. Después de sostener que el fallo recurrido es violatorio de su derecho de defensa, propiedad e igualdad, considera errónea la decisión arribada por la a quo, en la que omitió considerar cada uno de los argumentos que demostraban con claridad la improcedencia de la demanda, estando el mismo inadecuadamente fundado, basado en afirmaciones dogmáticas y no en pruebas rendidas. Funda en derecho, hace reserva de interponer los recursos extraordinarios y formula petitorio de rigor. Por su parte, la actora apelada contesta la expresión de agravios señalando que la demandada expresa afirmaciones contrarias a los hechos probados en el curso del proceso, no señala los errores principales en que se funda la sentencia, no observa crítica razonada en la valoración de las pruebas que destruyan una sola de las afirmaciones de hecho y de derecho de la fundada sentencia de grado. Observa además que no ha dado explicación aceptable, ni acreditado sus dichos sobre la existencia en su poder de los documentos pagarés suscriptos por Bejarano; y señala que el demandado descalifica la sentencia con consideraciones meramente conjeturales, con hechos que no se encuentran acreditados en autos. Tampoco se han producido pruebas que desvirtúen el acogimiento favorable de la demanda. 2. A los efectos de ponderar adecuadamente los agravios relatados precedentemente, cabe acudir a las constancias de la causa, en la cual surge acreditado que entre el Sr. Juan Ayala y el Sr. Jorge Oscar Gómez suscribieron un contrato denominado "boleto de consignación" el día 20/02/1999, en el cual el primero autorizó al segundo a vender un bien automotor de su propiedad, dejándolo en consignación por un término de 30 días. Se convino el precio de la operación por la suma de $/U$S 6.450,00 en concepto de pago de la unidad, siendo beneficio del consignatario cualquier cantidad mayor a la suma indicada. Asimismo, se estipuló como forma de pago: Efectivo $ 1.000; el día 15/03/99 $ 500; más once (11) cuotas mensuales de $ 450 cada una, siendo el primer vencimiento el día 15/04/99. Que, de la prueba documental aportada por la parte demandada, se colige que el Sr. Gómez el mismo día 20/02/1999, en calidad de vendedor y/o consignatario autorizado, suscribió con el Sr. Oscar Enrique Bejarano un contrato de compraventa del automotor dejado en consignación por el Sr. Juan Ayala, pactando el precio de la operación en la suma de $/U$S 6.950,00, pagaderos en dicho acto $ 1.500 en efectivo, más $ 500,00 el día 15/03/99 y 11 cuotas de $ 450,00 mensuales, siendo el primer vencimiento el día 15/04/99;comprometiéndose a gestionar la transferencia en oportunidad en que se efectivizaran todos los pagos de la financiación. Que, el incumplimiento de las cuotas pactadas a partir del mes de junio/1999 desencadenó la intimación formulada el día 28/07/1999 por el Sr. Juan Ayala al Sr. Jorge O. Gómez para que devuelva el vehículo recibido por éste último en consignación y/o bien en su defecto cumpla con las cuotas pactadas. El titular de "Jog Automotores" nombrado rechazó la intimación cursada y expuso el día 02/08/99 que la unidad reclamada fue vendida al Sr. Oscar Enrique Bejarano, indicó su domicilio y el precio que se pactó en $ 6.450 con entrega de $ 1.000 y 12 pagarés firmados para los días quince de cada mes (precio final que no se compadece con el contrato agregado a fs. 31); señalando que dichos títulos los había recibido el Sr. Ayala el día 21/02/99 de plena conformidad. El accionante Ayala insistió mediante carta documento Nº 29.798.265 3 AR el día 20/10/99 sobre el pago de las cuotas pendientes y descartó cualquier vínculo con terceros que el Sr. Gómez pretendiera hacer entender con la misiva del día 02/08/99. Seguidamente este último rechazó la intimación y descartó su obligación en el pago del precio por la venta del aludido automotor (ver CD Nº 29.963.551 5 AR). El intercambio epistolar continuó con el reclamo de Ayala el día 26/01/2000 por las cuotas vencidas; rechazada por el aquí demandado el01/02/2000, conforme los términos de las comunicaciones anteriores; todo ello según documentaciones reservadas en Caja Fuerte, sobre letra "A" que tengo a la vista. De la documental traída al proceso (recibos) y que la parte actora no impugnara, se colige que el Sr. Jorge Oscar Gómez abonó la suma de $ 1.000,00 el día 20/02/99 en concepto de "pago a cuenta de mayor cantidad por compra de Peugeot 505 SR/87 dominio RIV-140". El día 15/03/99 el aquí demandado abonó la suma de $ 500,00 "en concepto de pago a cuenta de Acuerdo a Boleto de Consignación de fecha 20/02/99". Seguidamente el día 17/04/99 abonó la suma de $ 450,00 "Según convenio de Boleto de Consignación" y el día 17/05/99 abonó la suma de $ 450,00 "en concepto de pago de cuota de vencimiento 15/05/99 por compra de Peugeot 505 Dominio RIV-140". Analizado el material documental descripto precedentemente a la luz del negocio jurídico objeto en cuestión, no existe duda en mi opinión que la relación jurídica que existió entre las partes debe interpretarse como "contrato de comisión" (arts. 232 y sigtes. Código de Comercio), tal como lo encuadró la sentenciante de grado; y no contrato de "compraventa" del bien automotor, como lo entendió a fs. 38/39 la parte actora y lo sostuvo al contestar la expresión de agravios. Dentro del contexto de los arts. 217 y siguientes al Código de Comercio, son las palabras utilizadas por los contrayentes aquello que prima en la interpretación del contrato. Si las cláusulas de un contrato son claras, expresas e inequívocas, debe entenderse que traducen la voluntad de las partes y los jueces no pueden, en principio, rechazar su aplicación. La parte que pretenda dar a los términos empleados un significado distinto del que se desprende de su acepción común y general, debe producir la prueba pertinente. Remarca la jurisprudencia que "Cuando las palabras en el contrato son claras y la inteligencia que se les da no conduce a conclusiones absurdas, se la debe entender en el sentido que les asigna el uso general" (CCiv., D, ED, 56-311, cit. por Fernández-Gómez Leo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Comercial", t. III-A, p. 139).Que en el sub-examinis, de los términos del boleto de consignación se desprende inequívocamente que el comitente entrega el automóvil de su propiedad para que en el término de 30 días el Sr. Gómez, cuya actividad versa en la intermediación en este tipo de operaciones, venda a un tercero el referido bien. La forma de pago convenida a favor del "comitente" no cambia el negocio jurídico en cuestión; sino por el contrario, surge que ante la venta al Sr. Bejarano que realizara el comisionista y compromiso del primero (tercero comprador) de pagaren cuotas, el comisionista entregaría su cobro al comitente en las mismas fechas, cumpliendo así su obligación de rendir cuentas de su gestión, conforme lo establecido por el art. 270 y concordantes del Código de Comercio. De esta forma se estipuló el plazo para el pago en ambos contratos de la misma fecha (20/02/1999): entre comitente y comisionista y comisionista y tercero comprador. También la casuística jurisprudencial ha considerado configurado el contrato de comisión "cuando una de las partes entrega un automóvil a otro, quien se compromete a venderlo por su cuenta" (CCom., sala B, ED,77-300). 3.Siguiendo el análisis de la relación jurídica existente, es dable observar que en el caso puesto en estudio se presentan todos los presupuestos necesarios para que exista contrato de comisión o consignación, a saber: a) que el comisionista actúe en nombre propio; b) que tenga por objeto actos de comercio y c) que tales actos -uno o varios- sean individualmente determinados. Ello, conforme lo establece el art. 222 del Código de Comercio. Así, se colige en tanto el Sr. Juan Ayala entregó por el término de 30 días un bien automotor de su propiedad para que el Sr. Jorge Gómez lo venda a un tercero. El comisionista -según lo hemos visto precedentemente- actuó en nombre propio o en el de la razón social que representa y de la cual es titular; creándose de esta manera un doble orden de relaciones: internas: entre comitente y comisionista; y externas: entre comisionista y tercero (partes en el negocio encomendado). Corresponde precisar, atento la afirmación del apelante en el sentido que "la venta de una cosa ajena con autorización escrita del dueño no es actuar en nombre propio", que en el contrato de "comisión" expresamente pactado, toda la doctrina es conteste en sostener que el comisionista actúa en nombre propio y por cuenta de un tercero (ver Etcheverry, Raúl Aníbal, "Derecho Comercial y Económico, Contratos, Parte Especial 1", p. 286 y sigtes. y ob. ya citada); siendo por ende errónea su apreciación. Avanzando con el tratamiento de la situación controvertida, en lo que interesa establecer para dilucidar la cuestión que agravia a la demandada apelante, cabe puntualizar que según lo regula el art. 233 del Código de Comercio, en la comisión el negocio concluido origina una relación jurídica entre el tercero contratante y el comisionista, sin que quede vinculado el comitente; y ello es así en virtud de que no ha habido ejercicio de una actividad representativa por parte del comisionista, quien, reiteramos, si bien actúa por cuenta del comitente, lo hace a nombre propio, y tal situación no se modifica aún cuando el tercero entre en conocimiento -coetánea o posteriormente- de que se trata de un comisionista o que éste le haga saber el nombre del comitente (Delamarre y Poitvin, III, Nº 125; Zavala Rodríguez, I, Nº 514, entre otros, cit. Por Fernández-Gómez Leo, ob. cit., p. 257). Así lo ha destacado la más calificada jurisprudencia al decir que: "Quien actúa asumiendo el carácter de comisionista queda directamente obligado con quienes contrata (art. 233, CCom., CCom., sala A, ED, 66, 129), y aunque la persona del "principal" que es en última instancia "titular" del interés comprometido en el negocio, no puede inquietar, ni desplazar a la del comisionista, y sea o no conocida su identidad -que poco importa-, el vínculo obligacional concertado-incluso bajo su invocación- nace, se desarrolla y muere, en principio, con la persona del comisionista" (Cám. 1º CC Bahía Blanca, voto del Dr. Cervini, LA LEY, 1981-C, 387 con nota de J. Mosset Iturraspe). De tal manera que el comisionista debe actuar en el cumplimiento de las directivas dadas por el comitente hasta la finalización del negocio encomendado, bajo una serie de derechos y obligaciones. Una de las excepciones a este principio que vengo enunciando, se presenta cuando el comisionista le hiciera cesión de sus derechos al comitente (art. 233 C. Ccio. última parte). Es decir que la ley exige, que el comitente se haga ceder los derechos del comisionista para poder accionar contra el tercero contratante, y si esa cesión no existe, aquél carece de acción frente a este último (voto del Dr. Plíner en fallo citado supra). Es preciso destacar que en la relación jurídica analizada, el comisionista Gómez"al principio" cumplió sus obligaciones al vender el vehículo y procurar el cobro de las cuotas pactadas con el tercero y rendir sus cuentas al comitente, dándole en pago las mismas según recibos descriptos en el punto anterior. Ahora bien, manifiesta el agraviado haber cedido los derechos al cobro de las cuotas pendientes cuando entregó los pagarés que firmara el tercero comprador del vehículo. Pero de las constancias de autos, sólo surge de sus dichos haber entregado los títulos (pagarés firmados por Bejarano) para que el Sr. Juan Ayala procure su cobro. No existe reconocimiento de tal manifestación por parte del comitente, ni existe elemento o medio de prueba pertinente que demuestre tal circunstancia, inclusive, negada expresamente por el actor ya en los reclamos extrajudiciales, como se relató más arriba al describir el intercambio epistolar. El propio demandado comisionista es quien acompaña los pagarés que tenía en su poder y siquiera existe endoso y demás requisitos en los mismos para tenerlos por cedidos en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1456 y conc. del Código Civil. Tampoco ningún documento que demuestre la cesión de los mismos; razón por la cual la manifestación de la parte demandada agraviante que entiende cedió el crédito para que sea cobrado por el comitente, no está demostrada; cuando pesaba sobre el mismo, conforme lo establece el art. 355 del Código Procesal Civil y Comercial de nuestra Provincia. Ante tal situación, como lo vengo remarcando, carece de acción el comitente -aquí actor- para reclamar el cobro al tercero comprador de su vehículo. Ahora bien, sostiene el demandado en su expresión de agravios que a la luz de lo dispuesto por el art. 258 del Cód. de Comercio no responde en caso de insolvencia de las personas con quienes contratare en cumplimiento de su comisión. Que, si bien es cierta esta afirmación, se aclara que tal norma (art. 258) establece como excepción a dicha liberación, cuando el comisionista obrare con culpa o dolo, entre otras circunstancias. Al respecto ha precisado la doctrina que: "La idoneidad o solvencia de las personas con las que el comisionista contrata es cuestión que cobra relevancia en las operaciones en las que quedan prestaciones pendientes de cumplimiento a cargo del tercero contratante; pues, en tal caso, si el tercero no cumple y el recaudo legal faltare, aunque el comisionista se hallare facultado para acordar crédito, facilidades o plazos (v. gr., arts. 257 y 261), surgirá su responsabilidad, desde que en definitiva obró como mínimo con culpa; máxime sise tiene en cuenta que fue elegido por el conocimiento que se presume posee en la plaza y de quienes en ella operan" (Raúl A. Etcheverry, ob. cit., p. 305).No obstante lo expuesto por la doctrina citada en el párrafo que antecede respecto de la presunción de culpa que pueda endilgarse al comisionista que contrató con el tercero incumplidor para no eximirlo de responsabilidad, considero que en el sub-examinis la negligencia del comisionista se debe centrar en la creencia que sus obligaciones finalizaron con la venta del bien. Que, ante la falta de cesión de los documentos (razón por la cual el comitente carecía de acción contra el tercero), el comisionista debió perseguir el cobro(extrajudicial o judicial) de los mismos y rendir cuenta a su comitente de ello. El propio art. 260 del Código de Comercio aplicado por la a quo establece: "El comisionista que no verifica la cobranza de los capitales de su comitente a la época en que son exigibles según las condiciones y pactos de cada negociación, responde de las consecuencias de su omisión"; y en comentario de ello la doctrina precisa que: "El comisionista responde, a tenor del art. 260 cuando no verifica la cobranza de los capitales de su comitente a la época en que son exigibles según las condiciones y pactos de cada negociación, y responde de las consecuencias de su omisión (art. 577 y 587)" (Luis Muñoz, "Derecho Comercial-Contratos", Tipografía Ed. Arg., p. 148). El art. 577 del Código de Comercio prescribe que: "Consistiendo el depósito en documentos de crédito que devengan intereses, estarán a cargo del depositario su cobranza y todas las demás diligencias necesarias para la conservación de su valor y efectos legales, so pena de daños y perjuicios". Debo reiterar, a la luz de las normas aplicables, que del estudio de las pruebas existentes y valoradas no existen elementos que demuestren ni la cesión de los títulos de créditos, ni las diligencias necesarias pertinentes para procurar el cobro del precio del auto vendido por el comisionista, que correspondía realizar a este comerciante, para luego rendir cuentas a su comitente. Que, si bien la comisión debe entenderse concluida cuando se ha cerrado el negocio encomendado; subsistieron pasos posteriores -cobranza de las cuotas pendientes- a los cuales se extiende el deber de cumplimiento del comisionista por aplicación del principio de indivisibilidad de la aceptación (Rivarola, "Tratado", t. III, Nº 903). En este sentido se ha precisado que: "La omisión de su deber puede originar perjuicios, al entender de Siburu (Comentario, t. IV, Nº 994), no necesariamente limitados a los intereses dejados de percibir sino extensibles ala pérdida total o parcial del capital, en caso de que el deudor se tornare insolvente (Etcheverry, ob. cit. p. 316). Asimismo, se interpreta que no bastará la gestión extrajudicial de cobro que pueda desarrollar el comisionista, para demostrar su diligencia, sino que será menester que entable la demanda y llegue incluso a la ejecución de la sentencia (Segovia, "Explicación y crítica", t. I, nota 933; Fernández, "Código de Comercio", t. I, p. 364). El incumplimiento de las obligaciones a cargo del Sr. Jorge Oscar Gómez según se expone precedentemente, impone responsabilizarlo por la falta de cobro de tales créditos, confirmando con estos fundamentos la decisión arribada por el a quo y rechazando los agravios inferidos en el libelo pertinente por la parte demandada.4. Las costas en la Alzada se imponen a la parte demandada apelante vencida (art. 68 del CPCC). Los honorarios de los profesionales intervinientes se regulan siguiendo los lineamientos de los arts., 3º, 5º, 6º, 7º de la ley 2011 y modif., con más la reducción prevista por el art. 11 de la Ley de Aranceles de Abogados y Procuradores, resultando los montos que se indican en la parte dispositiva de la presente. Se aclara que se toma el mismo porcentaje reconocido en primera instancia (15,55%) y se calcula sobre el capital con más los intereses condenados (tasa pasiva) calculados al 31/12/2005 (último índice con que cuenta este Tribunal) atento lo expresamente dispuesto por el art. 5º, ley 2011 reformado por ley 5532; ascendiendo el monto total a la suma de $ 8.947,10. Así voto.

La doctora Jajam dijo:

Que coincide con el análisis y consideraciones de hecho y derecho efectuadas precedentemente por el Sr. Juez preopinante, por lo que me adhiero a sus conclusiones y voto en idéntico sentido.

No siendo para más, se da por terminado el presente Acuerdo.

Resistencia, febrero 28 de 2006.

Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, la sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial; resuelve: I. Confirmar la Sentencia de Primera Instancia obrante a fs. 137/143, de conformidad a los argumentos expuestos en los considerandos de la presente. II. Imponer costas en esta Alzada a la demandada apelante vencida (art. 68, CPCC). Los honorarios de los profesionales intervinientes se regulan de la siguiente manera: para los Dres. F. R. B. y O. J. B., a cada uno, como patrocinantes en la suma de pesos trescientos cuarenta y ocho ($ 348,00) y al Dr. R. B., como apoderado, en la suma de pesos doscientos setenta y ocho ($278,00); y los del Dr. R. A. F., como patrocinante, en la suma de pesos cuatrocientos ochenta y siete ($487,00) y como apoderado, en la suma de pesos ciento noventa y cinco ($ 195,00), todos con más I.V.A. si correspondiere.- María G. Lludgar.- Raquel E. Jajam.