marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Retiro del expediente, alegato, devolución del expediente, vencimiento del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: SUPER RIFLE SPA c/ SAID MARCOS Y OTRO s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Señala el apelante que la prerrogativa de devolver el expediente dentro de las dos primeras horas siguientes al sexto día contando desde la fecha del retiro de las actuaciones, respondió a que no pudo retirarlo sino hasta después de las dos primeras horas del día en que la providencia quedó firme. El art. 482, Código Procesal establece que, a los fines de alegar, se entregara el expediente a los letrados por su orden y por el plazo de seis días a cada uno. Transcurrido dicho plazo sin que el expediente haya sido devuelto, la parte que lo retuviere perderá el derecho de alegar. Sobre esta base, se debe concluir que fueron devueltos una vez fenecido el plazo señalado en el párrafo anterior, ya que el beneficio otorgado para los escritos por el art. 124, Código Procesal no es extensivo al supuesto bajo examen (cfr. Esta sala, causa 21.214 del 24.9.97; Cnciv., Sala "e", in re, "Raiter de Roitman, Reina J.C. Raiter Guillermo s/colación", del 6.9.88 CNCom., sala "e", in re, "Scarso Japace, José c/LLoyd Aéreo Boliviano s.a.m.", del 23.2.89; palacio, l.e., "derecho procesal civil, t. IV, pág. 207 y jurisprudencia citada en nota 21; Falcon, Enrique M., "código procesal civil y comercial de la nación", t. III, pág. 435; Colombo, Carlos j., "código procesal civil y comercial de la nación", t. I, pág. 729).
Cheque sin fondos, extravío del cheque, cuerpo del delito, falta de acreditación del cuerpo del delito, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, revocación del requerimiento de instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: NABI YASIN S.A. s/ Cheque sin fondos, incidente de  apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02

1 - Corresponde revocar la resolución por la cual se rechazó el requerimiento fiscal de instrucción en la estimación que la falta de los originales de los cheques no permitiría contar con el cuerpo del delito, lo cual constituiría un elemento indispensable para continuar con la investigación por la posible comisión del delito previsto por el Art.

302 inc. 2 del CP, pues "por el hecho que no se haya podido incorporar el original del cheque no se puede descartar, sin más, la posibilidad de investigar en la causa si ese documento existió y si fue llevada a cabo la conducta imputada" (Reg. 843/2001), de donde la ausencia de los originales de los cheques no obsta a que se continúe con la investigación en atención a las constancias de la causa.- 2 - El actual Código Procesal Penal adoptó para el proceso penal el sistema probatorio de la "libre convicción" o "sana crítica" por el que no se limita la facultad judicial para establecer la forma de probar los hechos investigados, ni se predetermina el valor de los elementos de prueba reunidos, valor que, como principio general, sólo debe ajustarse a las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia común.
Requerimiento de instrucción, falta de requerimiento de instrucción, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: VARGAS, Juan A. s/ procesamiento Causa nro. 28.579
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22

El Tribunal ha sostenido que el requerimiento es la base ineludible de la iniciación de la instrucción y constituye la frontera objetiva al conocimiento por parte del instructor. La omisión del mencionado dictamen, afecta la garantía del debido proceso y en consecuencia acarrea la nulidad de todo lo actuado, de conformidad con lo normado por los artículos 167,inc. 2do, 168, segundo párrafo y 172 del Código Procesal Penal de la Nación .
Recurso de apelación (procesal), sujetos del proceso penal, actos y diligencias procesales, juicio de desalojo, posesión, animus domini, prueba testimonial, legitimación procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Héctor Jorge c/ Ojeda, Andrea s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-03-14

Respecto de la prueba testimonial para acreditar la posesión animus domini se ha dicho que: "La testimonial por sí sola resulta insuficiente por expresa disposición de la ley, la que, además de ser complementaria debe ser fidedigna, completa, concluyente, sin dejar ninguna duda en el ánimo del juzgador sobre los hechos enunciados o relatados, apreciados por el testigo y que, sopesados por el juez, convenzan a éste de que sí se ha cumplido la usucapión" (J.A. 1975-694; Fallos Sala I año 1993 fs.92/96; 1995 fs.236/238; 2007 fs.200/202; 2009 fs.511/513; 2011 fs.784/786).

En lo que concierne a la legitimación pasiva se ha sostenido que: "Procede la acción de desalojo contra quien precariamente ocupa un bien y no demuestra título alguno válido para que se le deba respetar tal tenencia" (Fallos Sala I año 1988 fs. 327/329; 1990 fs. 138/141; 1991 fs. 477/479; 1993 fs. 650/652; 2005 fs.369/371; 2011 fs.13/17).

"La acción de desalojo persigue asegurar la libre disponibilidad de los inmuebles al que tiene derecho a ellos cuando son detentados contra su voluntad por personas que entraron en posesión precaria (tenencia) mediante actos o contratos que por cualquier causa no pueden ya considerarse existentes o, en su caso, cuando se encuentran sin derecho y contra la ley en el uso y goce de la cosa ajena (conf. Alsina - Tratado - T. III - 1° ed. Pág. 402- ap. 2) . Vale decir que, la acción de desalojo puede intentarse sin necesidad de que las partes estén ligadas por un vínculo contractual determinado (SCBA 1961- T.III - pág. 512 según cita de Morello - Juicios Sumarios - T. II - pag.87- ap. 3; Fallos 2001 fs. 720/ 721).
Actualización monetaria, desindexación
Materia: CIVIL
Carátula: Traico, Miguel en autos "Cabane, Marcelo c-Traico, Miguel s-Ejecución de Sentencia" s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-05-23

"La aplicación de la ley 24.283 exige la coincidente presencia de cuatro circunstancias: que exista una liquidación, que el objeto de la misma sea un valor a actualizar al momento del pago, que esa actualización deba ser calculada mediante la aplicación de mecanismos indexatorios y que se trate de una situación jurídica no consolidada".
Recurso extraordinario, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Proveedora Zelaya S.R.L. c/ P.E.N. ley 25.561 dtos. 1570/01 214/02 s/ amparo sobre ley 25.561
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-30

Corresponde revocar el pronunciamiento que declaró la inconstitucionalidad del decreto 471/02 y ordenó al Estado Nacional que le pague a la actora las sumas adeudadas y las que se devenguen en el futuro, si su subsistencia podría ocasionar un gravamen injustificado al Banco Central recurrente, ya que la conducta adoptada por el actor al haberse acogido a la oferta de canje (decreto 1735/04) importó la renuncia a la pretensión que constituyó el objeto del amparo (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Jubilación por edad avanzada, cesación de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DIACOLO, ANTONIO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-06

El art. 31 de la ley 18.037 no impone como condición de acceso al beneficio de jubilación por edad avanzada que el "cese" en las tareas sea definitivo. Por ello, no distinguiendo la ley entre cese definitivo o temporario, no está permitido al juzgador hacerlo, ya que de ello derivarían consecuencias no previstas por la citada norma. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Fasciolo. El Dr.

Laclau votó en disidencia).
Desaparecidos, estado de sitio, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Oharriz, Martín Javier c/ M. J. y DD. HH. s/ Ley 24.411 (resol. 111/90)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-26

La ley 24.411 se integra a un plexo normativo constituido por las leyes 24.043, 24.321, 24.436, 24.499 y 24.823, que tuvieron por fin materializar la decisión política adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de propiciar la sanción de una ley especial que contemple y dé satisfacción, por razones de equidad, a quienes habían sufrido privaciones de libertad arbitrarias, durante el último estado de sitio y la muerte o desaparición forzada, evitando el riesgo de que nuestro país fuera sancionado internacionalmente por violación al art. 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada mediante la ley 24.054. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Sentencia arbitraria, prescripción adquisitiva, acción reivindicatoria, bienes del Estado, zonas de seguridad, zonas de frontera, excesos u omisiones en el pronunciamiento, imprescriptibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Estado Nacional c/ Rivas, Osvaldo y otros s/ varios c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

La sentencia que admitió la defensa de prescripción adquisitiva opuesta por los demandados y desestimó la acción reivindicatoria planteada por el Estado Nacional respecto de un inmueble de su propiedad ubicado en zona de seguridad de frontera es arbitraria, si se ha omitido todo pronunciamiento sobre la incidencia que podrían tener en la causa las disposiciones del decreto-ley 15.385/41 -que crea zonas de seguridad en el territorio nacional- y la ley 22.153 -que declara la imprescriptibilidad para aquellos bienes inmuebles urbanos o rurales del Estado Nacional situados en dichas zonas, expresando que serían ponderados en la oportunidad en que los demandados, eventualmente, iniciaran una acción de usucapión. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Enfermedad accidente, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Pasutti, Italo César c/ Cristalux S.A. s/ Enfermedad accidente (Reagravación)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

El art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial cobra virtualidad en cuanto a la determinación judicial del monto de condena, siempre que la existencia del crédito o de los perjuicios reclamados esté legalmente comprobada.
Contrabando, contrabando de pieles, falta de ardid, transgresión al régimen de equipaje o pacotilla
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: OBILETS, TATYANA-TITOVITCH, OLGA. s/ Contrabando, incidente de apelación del auto de procesamiento sin prisión preventiva.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-08

Corresponde revocar el procesamiento de las imputadas por considerarlas coautoras del delito de contrabando al haber intentado sacar del país prendas de piel animal sin la correspondiente autorización, toda vez que esa mercadería estaba dentro del equipaje (despachado y de mano) y no se habría deplegado ningún ardid o engaño con la entidad del requerido por el Art. 863 del CA, cupiendo concluir que no se configuraría el delito previsto por dicha norma, sino que podría constituir una infracción al régimen de equipaje (Art. 979 CA). (Del voto de los Dres. Hornos y Pizzatelli).-
Prescripción, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: LLUGDAR ALDO FELIPE; HACHE JOSÉ ALDO S. D. DEFRAUDACIÓN CALIFICADA REITERADA, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ETC. E. P. ENTE RESIDUAL BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ CASACIÓN CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-07-03

La prescripción de la acción corre y se opera con relación a cada delito, aun cuando exista concurso de ellos. De ahí se deriva que no se acumulen las penas a los efectos del cómputo del plazo pertinente y que éste sea independiente para cada hecho criminal, en tanto también así lo sean ellos. Asimismo, entre sí no tienen carácter interruptivo, de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado.
Costas, alimentos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Wasser Teresa Edith c/ Amaro Enrique González Gold s/ Modificación Cuota Alimentaria. Wasser Teresa Edith c/ Amaro Enrique González Gold s/ Modificación Cuota Alimentaria.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-08-25|1994-08-25

En este tipo de proceso es principio general que las costas del juicio sean soportadas por el alimentante, con prescindencia del resultado del litigio, ya que por su especial naturaleza trasciende en sus efectos a la circunstancia objetiva de la derrota. Admitir un criterio contrario significaría hacer caer los gastos sobre las cuotas, lo que se encuentra en pugna con la naturaleza y finalidad del instituto.
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: D. S., R. M. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS (EXPTE.:C.S.J. NRO. 30 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-27

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario cuando el escrito deducido no cumple con los recaudos establecidos en los artículos 2 y 3 incisos d y e del reglamento aprobado por la acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Daños y perjuicios, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Battistuzzi, Guido Enrique c/ Torrant, Juan Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

Dada la naturaleza de la acción, no es necesaria interpelación alguna para lograr la constitución en mora al deudor, ya que en los supuestos de haberse producido un hecho ilícito, la obligación de reparar los daños nace para el autor desde el instante mismo de producido el hecho y desde ese momento está incurso en mora.
Recurso de casación penal, procedencia del recurso, individualización de la pena, nulidad de sentencia, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Grieco, Guillermo P. s/ Recurso de casación Causa n. : 2140.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-03

El recurso de casación es formalmente procedente en materia de individualización de la pena cuando se hubiese alegado, en las demás condiciones exigidas por el art. 463 del C.P.P.N., inobservancia de las formas previstas por dicho Código bajo sanción de nulidad, consistente en la falta de fundamentación o fundamentación contradictoria en la sentencia en ese aspecto (arts. 123, 404, inc. 2? y 456, inc. 2? del C.P.P.N.).
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, daños y perjuicios, responsabilidad civil, culpa concurrente, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Frutillas del Litoral S.A. c/ Pagani, Fabio Idilio y otros s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-11-07

Asiste razón a la recurrente cuando tacha de arbitraria a la conclusión de la Sala por la cual limitó la obligación resarcitoria del poseedor del inmueble frente a aquélla, toda vez que al condenar a dicho codemandado a responder solo por la proporción atribuida a su aporte causal, los Magistrados se han apartado del derecho aplicable, desde que uno de los puntos debatidos ante la Alzada giraba en torno a la responsabilidad que correspondía atribuirle a aquél y, en su caso, si la misma era o no exclusiva y excluyente de la que pudiera caberle a otras personas sobre el mismo hecho dañoso; y en ese contexto, la Sala consideró que el daño había sido concausado, al existir interferencia o conexión de dos cadenas causales distintas, una proveniente del riesgo de los fardos almacenados por el codemandado y otra constituida por el accionar vandálico de terceros no demandados en autos, para finalmente concluir que correspondía revocar parcialmente el pronunciamiento de baja instancia en esos términos, estableciendo en su lugar que la obligación resarcitoria del mencionado se extendería solo al cincuenta por ciento de la indemnización establecida por el Juez de grado -a la que juzgó firme y consentida-, y distribuyendo por mitades las costas de ambas instancias correspondientes a la relación procesal surgida de la demanda entablada contra aquél; mas tal limitación de la condena en función del aporte causal atribuido importa un claro apartamiento del régimen de las llamadas obligaciones de solidaridad imperfecta, concurrentes o in solidum, caracterizadas por la presencia de un acreedor frente a varios deudores que deben el mismo objeto en razón de causas diferentes, y cuyo efecto -en lo que es de interés al caso- no es otro que permitir a la víctima reclamar la reparación in totum a cualquiera de los deudores, sin perjuicio de las posteriores acciones de contribución entre ellos. (Del voto del Dr. Netri, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJN: Fallos 307:1507; 329:1881; 321:1124; CSJStaFe: AyS T 276, p 347.
Jurisdicción y competencia, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Sarmiento c/ B.M. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-09

Sin perjuicio del carácter de orden público de las normas que reglan la competencia, la misma condición tienen los preceptos que tienden a lograr la pronta terminación de los procesos, mientras no se opongan a ello principios fundamentales que puedan impedirlo.
Defraudación, funcionarios públicos, administración fraudulenta, concurso de delitos, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: "POLEMAN, Eduardo M. y otros s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-07

La administración desempeñada por un funcionario se encuentra integrada por una numerosa cantidad de actos propios de la función los cuales no revisten en su totalidad la calidad de ilícitos, aún cuando correspondan a una única administración. Por el contrario, el ejercicio de una administración de carácter público implica la ejecución de diversos actos, muchos de los cuales necesariamente deben ser válidos. Sostener lo contrario constituiría una afirmación absolutamente ajena a la realidad. En consecuencia, la necesaria existencia de determinados actos legítimos ejecutados durante una misma administración no alcanza de ningún modo para descartar la ilicitud de otros actos que merecen el impulso de la correspondiente investigación penal. Por ello, si diversos hechos denunciados e investigados en otras causas resultaron ser atípicos, no parece acertado que ello se extienda a los actos cuya tipicidad a esta altura del proceso se encuentra a priori comprobada. Por ello se colige: dentro de una administración considerada fraudulenta, no todos los actos realizados son ilícitos, razón por la cual la presencia de un acto ilícito no implica sostener la ilicitud de todos. Es que para sostener que se esta violando la garantía del non bis in idem, no solo tiene que existir coincidencia en el sujeto sino también que el hecho imputado debe resultar el mismo por el cual se lo esta sometiendo a proceso, circunstancia que no se verifica si existen diferencias sustanciales entre las hipótesis delictivas confrontadas.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Kinvox  S.R.L. c/ Nicolas Fabrittis s/ querella por inf. al art. 21 de la ley 16.478
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-12

Basta para descartar la violación a la garantía de la defensa en juicio, la circunstancia de que el abogado de confianza del procesado, a raíz del recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de primera instancia, tuvo ocasión de alegar ante la alzada y no lo hizo eficazmente por haber presentado fuera de término el respectivo memorial.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte, daños y perjuicios, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: ENRIQUE GARDA ORTIZ c/ ESTADO NACIONAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-04

El recurso del art. 24, inc. 6) ap. a), del decreto 1285/58 resulta formalmente procedente, pues el fallo que no hizo lugar a la demanda tendiente a obtener la indemnización por el Estado Nacional de los daños y perjuicios causados a raíz del auto de prisión preventiva dictado en un proceso penal instruido al actor-fiscal ante el Juzgado Federal de General Roca, que omitió esa decisión-, constituye una sentencia definitiva, recaída en una causa en que la nación es parte, y el valor cuestionado, actualizado a la fecha de interposición de la apelación respectiva, supera el monto mínimo establecido por la norma citada con las modificaciones establecidas por la ley 21.708 y la resolución de la Corte Nro. 60/86.
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hansen y Asoc. Soc. de Ingeniería S.R.L. c/ Casagrande de Manetti Cusa Valeriana s/ Ejecutivo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

Resulta materia ajena a la vía recursiva establecida en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y propia del de inaplicabilidad de ley, el debate referido a la validez de la Ordenanza General 165 frente a la ley nacional 23928. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Declaración inexacta de mercaderías, control aduanero
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Sociedad del Estado) c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02

El art. 954 del Código Aduanero da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante - salvo los supuestos previstos por la propia ley - o del control que pueda efectuar el servicio aduanero.
Menores, medidas tutelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VERDALA JORGE LUIS Y OTROS c/ HEREDEROS Y/O SUCESORES DE ROBERTO ELOY GIRARD Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-11-06

En el pago y destino de los fondos indemnizatorios que corresponden a los menores deberán observarse recaudos tutelares. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Culpabilidad, responsabilidad penal, prueba, defensa en juicio, garantías procesales, in dubio pro reo, presunción de inocencia
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Antiñir,  Omar  Manuel  - Antiñir, Néstor Isidro - Parra Sánchez,Miguel  Alex s/ homicidio en riña y lesiones leves en riña y enconc. real.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

El hecho de que el art. 95 del Código Penal sujete su aplicación a la circunstancia de que no conste quién causó la muerte o las lesiones no puede ser entendido como una autorización a los jueces para solucionar las dificultades probatorias para la imputación del resultado a uno o varios autores en concreto, por medio de la atribución de responsabilidad a todos los intervinientes en el hecho, pero con una pena menor, pues ello significaría consagrar una "pena de sospecha", vedada por el art. 18 de la Constitución Nacional.
Sucesiones, inventario y avalúo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez de Barletta, Marta Elsa y Barletta, Enrique Alberto s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-03-27

La disconformidad con el avalúo fiscal que los recurrentes formulan es extemporánea procesalmente porque debió presentarse antes del dictado de la resolución -cfr. artículo 39 de la Ley de Aranceles-, en la cual se aprobaron las operaciones de inventario y avalúo; esa resolución tiene fuerza de sentencia definitiva y sólo puede ser complementada para incluir algún bien omitido en el inventario y consiguiente avalúo; cabe agregar que en el proceso sucesorio existen actos procesales que revisten la naturaleza de una "sentencia" tales como la declaratoria de herederos, la decisión que aprueba el inventario y avalúo y la adjudicación de bienes a los herederos.