Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-19


TELL, Ernesto Guillermo contra PAUTASSO, Ermete y/u Otros Reg.: A y S t 213 p 39-46.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "TELL, Ernesto Guillermo contra PAUTASSO, Ermete y/u Otros -Acción Real Negatoria- Ordinario- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte.

C.S.J. n 529, año 2004). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores: Netri, Gastaldi, Vigo y Spuler. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Mediante resolución registrada en A. y S., T. 202, pág 216, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora contra la resolución 75 de fecha 8 de octubre de 2002 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de esta ciudad -integrada por los doctores Saux, Echarte y Aletti de Tarchini, actuando como tribunal subrogante de la misma Sala cuyo pronunciamiento fuera anulado por este Cuerpo (R. A. y S., T. 180, pág. 120)-, por entender que la postulación del apelante contaba "prima facie" con asidero en las constancias de autos y resultaba idónea para franquear esta instancia de excepción. En el nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar la conclusión arribada por el Cuerpo.

Voto pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1. Sucintamente, el caso.

Mediante resolución del 30 de mayo de 1997 la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad revocó la sentencia inferior y, en consecuencia, rechazó la acción negatoria intentada por la parte actora, en el entendimiento de que, no habiéndose atribuido los co-demandados la existencia a su favor de una servidumbre respecto del campo del accionante, no correspondía en el caso aplicar la disposición del artículo 2805 del Código Civil; asimismo, desestimó la reparación pretendida por considerar que no existía prueba de la autoría por parte de los demandados de las obras de canalización.

Contra esa sentencia interpuso la accionante recurso de inconstitucionalidad, que denegado por el A quo motivó la presentación directa de la impugnante ante esta Corte, quien abrió la instancia de excepción por resolución registrada en A. y S., T. 144, pág.

418.

Este Cuerpo descalificó constitucionalmente el pronunciamiento recurrido en el entendimiento, básicamente, de que la tesis interpretativa otorgada por la Alzada a la acción negatoria -según la cual para que la acción proceda resulta indispensable que los accionados se atribuyan una servidumbre real a su favor-, aparecía en la especie teñida de dogmatismo, ya que era resultado de la aplicación de la ley con indiferencia de los hechos, estableciendo una suerte de divorcio entre el ordenamiento legal y las circunstancias comprobadas de la causa. Esta Corte sostuvo que el hecho de que en el "sub lite" no hubiera prueba acabada acerca de quien había sido el autor o los autores de la canalización, o quienes destruyeron las obras de cerramiento practicadas por la Comuna de María Susana, no impedía al Sentenciante analizar la circunstancia de que frente a la materialidad de los hechos - judicialmente comprobados- se configurara en la especie una turbación al pleno ejercicio del dominio del accionante, subsanable, por ende, con la acción negatoria. Señaló, además, que aunque el accionado no hubiera expresado literalmente su pretensión de arrogarse una servidumbre, utilizando en beneficio propio el fundo de propiedad del actor como si tuviera en realidad derecho a hacerlo, era su conducta la que revelaba, en los hechos, la real voluntad de obtener un beneficio, tal como si fuera titular de un derecho sobre el fundo perjudicado, siendo las pruebas producidas en el juicio y no las expresiones utilizadas, las que permitirían concluir si el comportamiento del turbador revestía, o no, la pretensión de ejercer un derecho real sobre el fundo ajeno. De ello concluyó este Tribunal que la simple manifestación de la Sala, desentendiéndose sin desarrollo argumental alguno de los cuestionamientos vertidos en torno a la ponderación que efectuara el Judicante de baja instancia de las pruebas rendidas y de los hechos reconocidos en la causa, no alcanzaba a satisfacer la exigencia de una consideración objetiva de los puntos trascendentales de la litis para llegar a una solución justa, resultando de tal suerte reprochable constitucionalmente el fallo.

Remitidos los autos a la misma Sala -pero con diferente integración- para que fallara nuevamente la causa, ésta: a) confirmó el pronunciamiento de baja instancia en cuanto al rechazo de la demanda contra la Comuna de María Susana; b) confirmó también el decisorio inferior en cuanto a la procedencia de la acción negatoria contra los co-demandados Pautasso, admitiendo los lineamientos trazados por esta Corte en la materia; y c) modificó el monto indemnizatorio en lo atinente a la cuantificación del daño resarcible a la actora, entendiendo que le asistía razón a la recurrente en cuanto a que el mismo no se encontraba asentado en bases objetivables sustentadas en prueba regularmente traída a la causa.

Respecto a este último punto, el Sentenciante indicó que: en la demanda no se había postulado una determinación cuantitativa concreta -ni por el reclamo del daño material ni por el moral-, dejando librada ésta al resultado de la prueba; la admisión de la pretensión contra los co-demandados Pautasso justificaba que los gastos derivados de las tomas fotográficas y constatación notarial integraran el rubro costas y no el daño resarcible.

Por otra parte, la Sala consideró que la sentencia echó mano a las facultades estimatorias del daño que dimanan del artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial, fijando un monto en tal concepto de $24.500 a la fecha del dictado de la sentencia, pero sin explicitar cómo llegó a esa estimación, déficit que también incurrió al justipreciar el reclamo por daño moral.

Argumentó el Tribunal que no hubo (y debió haberlo) prueba específica sobre la magnitud dineraria del perjuicio sufrido por el campo del actor con relación a la derivación indebida de las aguas; pero -dijo- ello no justificaba que su estimación pudiera hacerse con criterios que más que discrecionales lucían casi arbitrarios por su carencia total a referencias objetivables.

Para concluir -el Judicante- que de las pruebas arrimadas a la causa, concretamente, constatación notarial, testimonial de Clive Tell y pericial, ésta última resultaba ser la referencia mas objetiva y precisa técnicamente para ser tomada como pauta de base para considerar la extensión afectada por la invasión de las aguas; y asumiendo como plausible que la invasión de las aguas precedió a la demanda y subsistió a la clausura, consideró que un plazo razonable para el drenaje natural del líquido hasta que las pasturas recobraran su crecimiento no debía ser inferior a seis meses, reputando, así, que el resarcimiento por el daño material causado surgiría de la estimación del valor locativo de cuatro hectáreas durante dicho lapso de tiempo, cifra que debía ser estimada por árbitros a designarse por el Juez de la causa.

En lo tocante al daño moral, la Sala sostuvo que más allá de que previsiblemente el actor en vida pudo haber sufrido un componente disvalioso en su estado anímico como resultado de los hechos determinantes de la demanda, a su entender dicha circunstancia no implicaba la justificación de una reparación específica que fuera mas allá del daño patrimonial.

2. Este pronunciamiento es ahora objeto de impugnación por la vía prevista por la ley 7055.

La actora circunscribe sus agravios a imputar al decisorio dos grandes vicios descalificantes, cuales son: el apartamiento inmotivado de las constancias fehacientes de la causa y el desconocimiento o interpretación irrazonable de la prueba.

Bajo el primero de los acápites dice que de las propias expresiones de la Sala en el fallo que impugna surge evidente que se registraron varios errores y omisiones de pruebas sustanciales, concretamente: a) sobre la fecha de comienzo y extensión del daño, ya que considera sólo tangencialmente la constatación notarial producida sobre los hechos, acompañada de fotografías de la situación, restándole mérito acreditante; y b) sobre la innecesaria referencia a la "orden de clausura", dado que de las constancias de la causa surgía que nunca se procedió al cumplimiento de dicha orden, manteniéndose la situación de hecho inalterada hasta la fecha.

Respecto del segundo reparo vertido, le imputa al Sentenciante haber efectuado una evaluación parcializada de los elementos concretos de prueba que resultaban trascendentales para la evaluación de los hechos en particular y para la determinación del parámetro temporal perseguido por el A quo, esto es: como punto de inicio, la constatación notarial y la demanda (ambas del mes de octubre de 1990); y como segunda referencia, la fecha de la pericial que la sentencia distingue como base para la cuantificación del daño indemnizable (julio de 1992).

En tal sentido, se queja de que ambos elementos fueran arbitrariamente fraccionados en su valor acreditante. La constatación notarial en tanto es considerada en cuanto a su fecha, para simultánea e inmotivadamente desconocerla en lo que hace a la comprobación -en ese momento- de la superficie afectada por las aguas; y la pericial ya que, si bien es admitida como la referencia más objetiva para considerar la extensión de las tierras anegadas, luego la desconoce en su valor probatorio en lo que refiere a la fecha de realización y constatación.

Sobre la base de dichos argumentos, concluye diciendo que la apreciación fraccionada e irrazonable que efectuara la Sala sobre los mencionados elementos de prueba, tuvo una incidencia fundamental en la solución del conflicto, ya que se evaluó un hecho constatado en un tiempo determinado (julio de 1992) como ocurrido casi dos años antes (octubre de 1990), con el consecuente apartamiento de una prueba sustancial (la constatación notarial) y de las circunstancias relatadas en la demanda y en su contestación. 3. La impugnación, se adelanta, debe prosperar dado que el planteo recursivo, no obstante transitar sobre un terreno residual del remedio extraordinario, cobra en el "sub júdice" resonancia para insertarse en un supuesto de excepción por cuanto las constancias de la causa revelan que el A quo ha incurrido en una deficitaria ponderación probatoria que importa un menoscabo a la garantía de defensa en juicio.

Sabido es que lo relativo a la selección y valoración de la prueba, o el reparto de la carga de aportarla queda normalmente detraído del ámbito del recurso de inconstitucionalidad, dado que es una tarea que se reserva a los jueces ordinarios en tanto ellos son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en el análisis de los medios de confirmación.

Pero también es cierto que dicha regla admite excepción cuando se demuestra que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de sentencia carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la ponderación de las probanzas.

En esta línea de pensamiento, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que las pruebas que, de haber sido debidamente valoradas, pudieron tener trascendencia en la suerte final de la causa, deben merecer una concreta referencia del juzgador, aunque solo sea para explicar por qué decidió no meritarlas, pues, si bien no cabe tachar de arbitraria una sentencia por no ponderar prolijamente todas y cada una de las pruebas o por no extraer de éstas todas sus consecuencias razonables, importa violar el derecho a la jurisdicción el omitir considerar expresamente aquéllas que, a menos de ser descalificadas fundadamente, aparezcan, en principio, como idóneas para determinar el resultado del pleito (cfr. R. A.

y S., T. 85, pág. 264; T. 150, pág. 352).

Esto último es lo que ha acontecido en la especie. En efecto: De los fundamentos brindados por el Tribunal al tratar la temática relativa a la cuantificación del daño resarcible, se advierte que no existió, en verdad, una comprensión global y entrecruzada de los aspectos fácticos ventilados en la causa tendente a desentrañar la real existencia del perjuicio en orden a los elementos probatorios que fueron arrimados al proceso.

Ello así, por cuanto una debida fundamentación del decisorio exigía que determinadas probanzas que podían resultar trascendentales para recrear las circunstancias fácticas acaecidas (como lo eran, la constatación notarial y la prueba pericial), fueran evaluadas en su totalidad, es decir no sólo en lo atinente al daño efectivamente producido sino también respecto al momento en que dichas comprobaciones fueron realizadas. O bien, en caso contrario, que se brindara una motivación debidamente fundada del por qué esas pruebas de las que podría surgir un resultado distinto al arribado merecían ser descartadas.

Para así considerarlo, cabe recordar que la Sala reprochó al Inferior haber estimado el perjuicio sufrido en el campo del accionante -por la derivación indebida de aguas provenientes del fundo de los demandados- en base a criterios discrecionales. Seguidamente -el Tribunal- en la tarea de búsqueda de datos objetivos en cuanto a la acreditación del menoscabo patrimonial ocasionado, mencionó cada uno de los medios de confirmación producidos al efecto:

a) la constatación notarial de foja 6, en donde el escribano actuante refirió que la superficie anegada -dentro del lote de campo de 66 Ha.- abarcaba estimativamente unas 8 Ha.; b) el testimonio de Clive Tell, aludiendo a que las hectáreas inundadas eran unas 15 y que el lote llevaba dos años sin poder tener pastura por la saturación del suelo con el líquido; y c) la pericial del ingeniero Destéfanis, que constató la existencia de unos 40 m2 de superficie totalmente anegados y unas 4 Ha. de barro a su alrededor.

Para luego sostener -el A quo- que "...la prueba pericial era la referencia más objetiva y mas precisa técnicamente para ser tomada como pauta de base para considerar la extensión afectada por las aguas..." (f. 406).

Esta conclusión arribada por los Jueces solo en apariencia exhibe fundamentación, habida cuenta que, ante otro elemento de confirmación -constatación notarial- que signaba un daño mayor al estimado por el perito actuante en autos, se requería de los Sentenciantes el aporte de consideraciones que explicaran el porqué de esa elección probatoria -prueba pericial- y, especialmente, de las razones tenidas en cuentas para desechar la restante. Y dicha exigencia se evidencia con mayor rigor en tanto la Sala admitió como plausible el hecho que la invasión de las aguas había precedido a la fecha de interposición de la demanda, por lo cual la constatación notarial al haberse practicado contemporáneamente a la promoción del presente proceso podía erigirse, siguiendo a pie juntillas el razonamiento del Tribunal, en un medio eficaz para mensurar la superficie de campo afectada.

En consecuencia, la ausencia de toda consideración por el A quo de esa prueba, más allá de su alusión, conlleva a la descalificación constitucional del fallo atacado.

Asimismo, la elaboración realizada por la Sala respecto del parámetro temporal a tener en cuenta para mensurar el perjuicio infringido al accionante no exhibe un nivel de motivación con arreglo al artículo 95 de la Constitución provincial.

Sobre el particular, cabe hacer notar que el Tribunal estimó el alcance del gravamen ocasionado en el tiempo al lapso de seis meses, plazo en que -a su juicio- el depósito de líquido estacionado en el campo actor llevaría en drenar hacia las napas inferiores y permitir un uso normal del suelo comprometido.

Empero, este alcance temporal del perjuicio no responde a bases que inexorablemente debían estar presentes a la hora de apreciar el efectivo y concreto daño sufrido, como por ejemplo, todo el tiempo en que el campo estuvo invadido por las aguas, si la orden judicial de clausura del zanjeo fue cumplida, en su caso en qué fecha o ante el incumplimiento en que momento se produjo el desagote del inmueble.

Y es que si bien no es reprochable que el A quo entendiera como razonable un plazo de seis meses para el restablecimiento de la operatividad del campo, si lo es que no tomara como parámetro a los fines de la reparación todo el lapso de tiempo en que aquél estuvo anegado. A esos efectos cobraban especial relevancia una apreciación equilibrada e integral de los medios probatorios incorporados al "sub lite", pues sólo así podía arribarse al dictado de una sentencia ajustada a los hechos y al derecho aplicable.

Al respecto, es dable destacar que la fecha de la promoción de la demanda, o de la constatación notarial, o de la pericia rendida, o las comprobaciones efectuadas por el perito actuante o el escribano interviniente, consideradas en sí mismas sólo podían aportar datos aislados, pero, en cambio, una visión en conjunto con la necesaria correlación de los distintos elementos obrantes en la causa, hubiese permitido apreciar la verdadera extensión física de superficie anegada a la fecha de la demanda y constatación notarial (octubre de 1990) y la que aún quedaba inundada al tiempo en que se realizara el dictamen pericial (julio de 1992).

Sabido es que el Juzgador goza de un margen de discrecionalidad para decidir acerca de las pruebas que consideraba decisivas, pero ello de modo alguno lo autoriza a descartar o fraccionar irrazonablemente elementos sustanciales que tengan incidencia directa sobre la solución del conflicto. Y esto fue lo acontecido en el "sub júdice" en que los datos preteridos tenían una gravitación cierta y singular en la determinación del daño efectivamente sufrido por los actores y el período por el cual dicha situación dañosa se mantuvo vigente.

Lo expuesto no implica señalar a los jueces de la causa el mérito concreto que tienen las probanzas de autos, ya que dicha tarea no resulta misión de la Corte, pero si lo es -por imperio constitucional y legal- controlar que éstos en dicha tarea no hayan incurrido en arbitrariedad.

En suma, debe declararse procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ya que -como consecuencia de la deficitaria ponderación probatoria- ha quedado configurado en autos una causal de descalificación de la sentencia, porque lo resuelto sólo en forma aparente puede satisfacer la exigencia de ser derivación razonada del derecho aplicable con adecuado nexo con los hechos comprobados de la causa, los cuales no han podido ser cabalmente verificados.

Ello importa, sin duda alguna, menoscabo a la garantía de defensa en juicio en tanto ella salvaguarda no solo el ofrecimiento y producción de los medios de confirmación, sino la posibilidad de obtener un pronunciamiento que los valore debidamente a fin de obtener su convalidación como acto judicial ajustado a los preceptos constitucionales (cfr. A. y S., T. 153, pág. 481).

Por las razones expuestas, voto pues, por la afirmativa A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Coincido con el señor Ministro preopinante respecto de que el Tribunal valora arbitrariamente la pericial producida en autos a los efectos de establecer la cuantía de los daños pretendidos por el accionante. En efecto: No resulta reprochable que el A quo seleccionara ese medio de confirmación para mensurar la cuantía económica del perjuicio por considerarla como la referencia más objetiva y precisa técnicamente. En cambio, si lo es que esa prueba haya sido valorada de manera fraccionada y, por tanto, arbitraria.

Adviértase, en tal sentido, que la Sala arriba a la conclusión de que la zona comprometida eran 4 Ha. soslayando que el perito Ingeniero Déstefanis verificó la existencia -alrededor de las zonas abnegadas- de "4 Ha. más de barro", superficie que también el actor estuvo impedido de un uso normal.

A ello se agrega que el Tribunal limita el alcance temporal del daño al plazo seis meses mas prescindiendo no sólo de su propia argumentación, en el sentido de que la invasión de las aguas había precedido a la interposición de la demanda y a la orden de clausura del zanjeo, sino fundamentalmente de la mencionada pericial, en tanto éste medio probatorio se practicó dos años después de haberse deducido la presente acción, constatándose -como ya se puso de manifiesto- líquido estacionado en el campo del actor. En consecuencia, la arbitraria valoración de la prueba pericial rendida en autos -decisiva a la hora de mensurar los perjuicios causados- conduce a la descalificación de la sentencia impugnada como acto jurisdiccional válido, por no resultar derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa.

Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance que se deriva de los considerandos. Disponer la remisión de los autos principales al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas al vencido (artículo 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance que se deriva de los considerandos. Disponer la remisión de los autos principales al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas al vencido (artículo 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mi, doy fe.

FDO.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)