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Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, prescripción, amenazas simples, lesiones leves, concurso real, violencia de género
Materia: PROCESAL-CIVIL-PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: "Ministerio Público - Defensoría General de la CABA S/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos De Souza Losa, Adriel Fabián Sobre 149 Bis - Amenazas", expte. SAPPJCyF n° 41564/19-5 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-07

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar, en último término, la sentencia que rechazó el planteo de prescripción de la acción y confirmó parcialmente la sentencia condenatoria impuesta, disminuyendo la sanción, por considerar al imputado autor penalmente responsable de los delitos de amenazas simples en concurso real con lesiones leves agravadas por mediar violencia de género. Ello así toda vez que el recurrente no logra plantear un caso constitucional (arts. 27 y 33 de la ley n° 402). En efecto, la quejosa justificó la concurrencia de un caso constitucional a partir del alegado agravio a recurrir la condena. En particular, consideró obturada su facultad de obtener una revisión integral del fallo condenatorio en tanto la Cámara habría reproducido los fundamentos del fallo de primera instancia apelado, sin tratar los descargos de la defensa. Sin embargo, la resolución en crisis valoró suficientemente los elementos de prueba producidos durante la audiencia de juicio y abordó los cuestionamientos de la defensa supuestamente no tratados, de modo tal que no se advierte el déficit sobre la revisión integral que busca oponer el recurrente. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, juicio ejecutivo, principio de congruencia, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ORGANIZACION SENDA SRL c/ GATTELET, SERGIO O. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- JUICIO    EJECUTIVO (EXPTE .: C.S.J. NRO. 573 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-02-11

Es inadmisible la queja ya que las motivaciones del judicante no traspasan los límites de logicidad y razonabilidad tolerados al destacar que "...la sentencia venida en recurso hace efectivos los apercibimientos del art. 474 del C.P.Civiles pues no se opuso excepción legítima dentro del plazo contenido en dicha norma legal Según lo establecido en el art. 246 del C.P.Civiles la sentencia dictada en segunda instancia no podrá recaer sobre puntos que no hubiesen sido sometidos a juicio en la instancia inferior.

La segunda instancia es de revisión y no de creación, razón por la cual se encuentra impedida de pronunciarse acerca de puntos que no fueron sometidos al conocimiento del Juez inferior (...) máxime cuando la Jueza a-quo (señaló) que el título de crédito fue oportunamente sometido al juicio de admisibilidad correspondiente, no resultando del mismo motivo sustentable alguno para su rechazo liminar..."
Acto administrativo, nulidad de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lacay de Durruty, María D c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-07-03

Si al otorgarse la prestación, no hubo ningún error acerca de los cargos desempeñados sino que el beneficio se correlacionó con uno de ellos debido a que siendo entonces el propio organismo el que efectuó la correlación para regular el beneficio, no se advierte ningún error grave y grosero que justifique la anulación oficiosa por parte de la Administración por la circunstancia alegada 19 años más tarde- de que en el cargo otorgado no hubiese cumplido un período de 12 meses puesto que en el que ahora pretende encuadrar el beneficio la Administración tampoco se acredita dicho mínimo. Y la invocada circunstancia de que no sería ello necesario por haber fallecido en ejercicio de ese último, no se fundamenta en apoyatura normativa alguna, vigente a la fecha en que el beneficio fue discernido.
Sucesiones, honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BRANDAN, FELIPA Y SILENIO OSORIO s/ SUCECION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-04-17

El art. 24 de la Ley N° 21.839 en vigencia según Ley Provincial N° 6.159 establece que en el proceso sucesorio el monto del juicio a los fines regulatorios de los honorarios será el valor del patrimonio que se transmitiere, que no es más que el de los bienes efectivamente incorporados al patrimonio de los herederos.
Sentencia, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: LANZILLOTTA, GLADYS NORA c/ LOS DOS CHINOS SCA s/ DEMANDA NULIDAD DECISION ASAMBLEA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (CSJ EXPTE Nº 703-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-03

Es insuficiente para invalidar como acto judicial la circunstancia de que una sentencia, con fundamentación adecuada para sustentarla, haya hecho mérito de una circunstancia no comprendida en los términos de la 'litis contestatio' tratándose de un argumento traído a mayor abundamiento. Así lo aconseja el principio de conservación de los actos procesales -doctrinaria y jurisprudencialmente aceptado- que indica la conveniencia de conservar la eficacia, la validez de los actos, e incluso, de las propias instituciones, frente a la posibilidad de su anulación o pérdida (lo que llevaría a un resultado disvalioso) y que, en relación al proceso, tiende a consagrar los valores de seguridad y firmeza. Se trata en consecuencia de un remedio excepcional, último, al que debe recurrirse solamente cuando el vicio no pueda subsanarse sino con el acogimiento de la sanción y es de interpretación restringida, estricta.
Calificación legal, robo con intimidación en las personas, extorsión
Materia: PENAL
Carátula: M., O. Y OTRO s/ Robo (Expte Nº 145-93, Resolución Nº 15, Tomo 2, Folio 112)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-29

Las amenazas supuestas con que obra el delincuente, el grave riesgo que suponen, el peligro que corre la víctima que la somete, denotan tanta peligrosidad en el delincuente que llevan a pensar si no encuadra toda esa "mise en scéne" en el contenido del término de violencia física del robo, reprimido con severidad por la ley penal.

Esta idea se reafirma cuando se piensa en que, para la extorsión no se han previsto las múltiples agravantes calificativas que elevan extraordinariamente la sanción del robo. Tales atentados, en caso contrario, sólo pueden ser reprimidos con la pena máxima de cuatro años, sanción a menudo harto benigna para tan temibles asaltantes.

Cuando se trata de decidir un caso de tanta gravedad como el planteado, el intérprete trepida porque valora una diferencia política patente entre los casos comunes de extorsión y el asalto a mano armada. (DE LA AMPLIACION DE FUNDAMENTOS DEL DR. OLAZABAL)
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, información errónea o desactualizada
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGUIAR, ROBERTO c/ CITIBANK NA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-28

Cabe acceder al reclamo de indemnización por daño moral, efectuado contra un banco por uno sus clientes, toda vez que haber sido víctima de las consecuencias de una calificación que por error dispusiera el accionado y haber permanecido en esa situación no obstante el reclamo realizado, importa por el mero hecho de su acaecimiento un sufrimiento o un estado de impotencia frente a la realidad que debe ser resarcido, mas aun, considerando que además debió transitar la vía judicial para que se quedara satisfecho su derecho y para obtener la reparación del error del que fue víctima, ya que tan injusta situación por si sola, genera consecuencias en la reputación y en el ánimo de quien las padece.
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PAZ ARISTOBULO VICTOR s/ HOMICIDIO CULPOSO e.p. de MARIA MARTA CARRIZO - RECURSO  EXTRAORDINARIO INTERPUESTO por el Dr. PAZ.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-12-19

La falta de culpa en el juicio penal no impide la condena civil a quien resulte responsable por los daños ocasionados, razón por la que se sostiene que la distinta finalidad del proceso penal y civil conduce necesariamente al juzgador a realizar una distinta apreciación de la culpa, de ahí que las conductas que pueden resultar insuficientes para el primero, pueden sin embargo ser suficientes para dar fundamento a la segunda.-
Riesgos del trabajo, competencia, conducta de las partes
Materia: LABORAL
Carátula: Ruíz, Jesus c/ Transporte Río Grande SA s/ Accidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

Es competente la justicia laboral si la conducta atribuida a la empleadora no encuadra "prima facie" en el supuesto del art. 1072 del C. Civil - que exige perjuicio provocado a sabiendas y con la intención de dañar-, ni surge de la demanda el reclamo de las prestaciones previstas por la ley de riesgos del trabajo.
Inhabilidad de instancia, resolución administrativa, reajuste jubilatorio, amparo por mora
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: FIGUEROA DE LA VEGA, FRANCISCO MARIA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-30

El hecho de que no haya recaído resolución administrativa ante el reclamo por reajuste del haber previsional, y que el interesado no haya instado la decisión mediante la deducción del amparo por mora al que se encontraba habilitado, impide que la justicia tome intervención en autos, pues de esa manera se estaría permitiendo obviar instancias regulares que han sido establecidas dentro de un modelo que no tolera alteración alguna sin comprometer el adecuado desenvolvimiento de la Administración de Justicia. Dicho principio no fue alterado por la entrada en vigencia de la ley 24.463, ya que las modificaciones por ella introducidas no hacen sino ratificar aquél por cuanto conforme su art. 15, la demanda a deducir ante la justicia federal presupone el dictado de una resolución expresa en sentido contrario a las pretensiones que se quieren hacer valer. En consecuencia corresponde declarar la inhabilidad de la instancia judicial y devolver las actuaciones al organismo de origen para su agregación al principal.
Pena, reincidencia, leyes, interpretación de la ley, proceso penal, imputado, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: P., E. J. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -LESIONES LEVES - 3 HECHOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 43 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-03

El sistema de reincidencia real adoptado con la reforma de la ley 23054 se apoya, según sus precedentes, en la teoría de Carrara, de la ineficacia de la pena cumplida, que excluye literal y teleológicamente el supuesto de prisión preventiva.

Por imperativo constitucional, la pena es algo sustancial y normativamente diverso a la prisión preventiva, por lo que independientemente de los serios problemas que este último tipo de encierro plantea, si algo no puede admitirse es su reconocimiento como pena, porque ello equivaldría tanto como a validar jurisdiccionalmente una pena ilícita.
Proceso penal, competencia, cuestiones de competencia, competencia contravencional, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Acosta, Cristian y otros s/ s/ Inf. Art. 189 bis C.P.-Incidente de apelación  en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-03

En el caso, el planteo efectuado por el Señor Defensor en virtud de la declaración de competencia efectuada por la juez a quo, -situación que se ha dado en la mayoría de las casos en que se investiga la figura delictiva del artículo 189 bis del Código Penal como consecuencia del traspaso de competencias penales a esta sede - se ha invocando un pronunciamiento de excepción al criterio sentado por el Máximo Tribunal de la Nación sobre este tipo de contiendas de competencia ("Lacour, Rosana Mabel y Vélez Vázquez, Marcelo s/infracción al artículo 189 bis del Código Penal" rto. 28-9-04").

En efecto, en dicho pronunciamiento, sin soslayar el antecedente que dirimiera la cuestión por la competencia local en la investigación de los delitos previstos en el artículo 189 bis del Código Penal en el fallo "Maizares" (CSJN, Rta. 02/12/2004) se dispuso la continuación de la competencia en el ámbito nacional para no obstaculizar la finalización del proceso. El cambio de criterio aquí adoptado se perfiló en razón de que en el caso se encontraba fijada fecha de audiencia de debate; disponer lo contrario redundaría justamente en un dispendio jurisdiccional.

Si bien la situación a resolver en el presente resulta casi similar -la etapa instructiva o preliminar se encuentra cumplimentada- se encuentra pendiente aún de disponer la celebración del debate y eventualmente la realización de diligencias propias, tales como remisión de efectos, actualización de antecedentes, etc..

Es decir, no estamos frente a un caso en que se ha puesto en funcionamiento la actividad necesaria para su realización -partes notificadas, testigos convocados, etc.- sino por el contrario, sólo resta la celebración de ese acto para terminar lo antes posible con el estado de incertidumbre que pesa hoy sobre los encausados.

Esta situación justamente impide adoptar este criterio de excepción como pretende el recurrente y además en consideración de que disponer la devolución del expediente implicaría justamente un nuevo obstáculo en la resolución del proceso que lleva pasados cuatro años de investigación.
Responsabilidad del Estado, faltas del servicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VILLEGAS SUSANA A. c/ FISCO DE LA PCIA. DE BS. AS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-15

El acto efectuado con motivo de la función de policía es abarcable en la preceptiva de la primera parte del art. 1113 Cód. Civil pues el principal es responsable por el hecho ilícito que cometió el dependiente. En tal sentido se ha interpretado que el asunto queda reducido más que a una cuestión jurídica, a un análisis de los antecedentes del caso, orientado a verificar si el acto ocurrió en ejercicio o con motivo de la incumbencia, es decir, si medió un vínculo de causalidad adecuada entre el hecho dañoso del agente y el prejuicio ocasionado, no extraña a la relación de dependencia, porque la responsabilidad resulta razonablemente vinculado a la función.
Entidades financieras, banco central, poder de policía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Avellaneda S.A. s/ Incidente de reposición
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

La peculiar naturaleza de la actividad cambiaria se caracteriza por la necesidad de sujeción a las disposiciones y control del Banco Central de la República Argentina que posee el llamado "poder de policía bancario o financiero" con las consiguientes atribuciones para aplicar un régimen legal específico, dictar normas reglamentarias que lo complementen, ejercer funciones de fiscalización de las entidades y aplicar sanciones por transgresiones a dicho régimen. Las razones de bien público y de necesario gobierno a que responde la legislación financiera y cambiaria, encuentran base normativa en las cláusulas de los arts. 67, incs. 5 y 16 y 28 de la Constitución Nacional.
Juicio ejecutivo, confirmación de sentencia, inhabilidad de título, sentencia de trance y remate, cheque, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAMPO AVAL SGR C/PLAZA MOTOS SA Y OTROS S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-31

Procede confirmar la resolución que rechazó la excepción de inhabilidad opuesta por los coejecutados, dictándose sentencia de trance y remate mandando llevar adelante la ejecución. Ello por cuanto, en el caso, se aprecia que el contrato de garantía recíproca que se pretende ejecutar se integra con los cheques que de conformidad con el contrato se encuentran avalados y con las planillas de valores negociados donde la Caja de Valores SA da cuenta de que el socio partícipe no afrontó el pago de acuerdo a lo pactado en la solicitud y contrato en cuestión, lo que conllevó a que la parte actora cancelara los cheques. Con tales instrumentos ha quedado demostrado que la accionante satisfizo las obligaciones que se encontraban a su cargo para proceder a la ejecución a través de la forma de instrumentación elegida. En tal inteligencia, cabe tener por debidamente integrado la solicitud y contrato de garantía recíproca con los tres (3) cheques antedichos conjuntamente con las planillas de valores negociados extendidas por la Caja. Pues, en el panorama descripto, está acreditado la existencia de deuda líquida y exigible por la cantidad adeudada en los términos del CPR 520 y de la ley 24467: 70 y 76. Por último, en ese marco, la fianza ejecutada constituye, también, título ejecutivo, conforme lo normado por el CPR 520 y CPR 523, párr. 2°.
Incapacidad laboral, indemnización por incapacidad, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ORQUERO, RAMON O. c/ FF. AA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-24

La indemnización del artículo 212, cuarto párrafo, corresponde cuando el trabajador cesa en sus actividades, ya que tiende a resarcir la extinción contractual y a compensar el daño producido por un contrato extinguido, toda vez que vigente el mismo, con su contenido de derechos y obligaciones recíprocas, ninguna indemnización podría reclamarse.
Acción, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Orazzi, Aldo B. c/ Municipalidad de Dolores s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-15

La circunstancia de que la autoridad administrativa resuelva abocarse al tratamiento de una cuestión que ha quedado firme por el transcurso de los plazos de impugnación, no puede de manera alguna generar el derecho a replantear aquélla por vía judicial, porque la necesidad del agotamiento normal del procedimiento de impugnación no se configuró y porque la resolución denegatoria, en definitiva, no tiene como objeto purgar el vicio de extemporaneidad.
Robo calificado, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: Ares, Claudio Marcelo;Astudillo Benjamin;Yancaqueo Silvio Omar s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1988-06-30

Hay diferencias entre la asociación ilícita y la banda. En tanto la banda admite una conformación esporádica y circunstancial, la asociación ilícita se orienta con sentido de perdurabilidad hacia la realización de actos no individualizados.En la asociación ilícita se sanciona el mero tomar parte en ella, aunque la ejecución se realice por una sola persona; no ocurre así en la banda ( art. 167, inc. 2°, CP) donde su única expresión delictiva se manifiesta por intermedio del grupo.
Remoción de jueces, juicio político, PERÚ, Pacto de San José de Costa Rica, responsabilidad internacional del Estado, debido proceso, violación al debido proceso, defensa en juicio, violación de derechos humanos
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de Tribunal Constitucional c/ Perú s/ Fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2001-01-31

Resulta una transgresión a las garantías establecidas por la Convención Americana, el procedimiento de destitución llevado a cabo contra tres magistrados del Tribunal Constitucional del Perú toda vez que los inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les hacían, se les limitó el acceso a la prueba, se les impidió contrainterrogar a los testigos en cuyos testimonios se habían basado los congresistas para iniciar el procedimiento de acusación constitucional y concluir con la consecuente destitución, el plazo otorgado para ejercer su defensa fue extremadamente corto, violentando las garantías del debido proceso legal e incumpliendo con las condiciones mínimas necesarias de independencia e imparcialidad que debe regir la realización de un juicio político.
Ejecución fiscal, monto mínimo, recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada, improcedencia del recurso, recurso de apelación (procesal), demanda, rechazo in límine, resoluciones equiparables a definitiva, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C.B.A. c/ Lesko Trabacar UTE s/ Ejecución fiscal fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-05

El legislador expresamente ha previsto para los procesos de ejecución fiscal en el artículo 456 del Código Contencioso Administrativo y Tributario que, en forma coincidente con el artículo 219 párrafo 2, remiten a la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura.

Dicho organismo, en virtud de la mentada habilitación legal, dictó el Reglamento Nro. 149/99, en el cual estableció "en mil pesos ($1.000) el monto mínimo en concepto de capital, a partir del cual será procedente el recurso de apelación contra las sentencias definitivas recaídas en procesos de ejecución".

En consecuencia, siendo la resolución que rechaza in limine la demanda, asimilable a las consideradas "definitivas" el Tribunal no puede apartarse, bajo ningún concepto, de las disposiciones mencionadas, razón por la cual, corresponde no admitir el recurso de queja intentado cuando el monto reclamado es menor a la citada suma.
Empleados públicos, personal transitorio, personal contratado, personal de planta permanente, escalafón, paritarias, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acevedo, Miguel Angel y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.   C.S.J. Nro. 623 año 1990) GAZZERA, DANIEL JOSE c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.   C.S.J. Nro. 579 Año 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02|2002-05-02

La ley nro. 10.201 -modificada por la nro. 10.211-, en su artículo 1, dispuso la incorporación a planta permanente del personal contratado o transitorio ingresado hasta el 31.12.1987 inclusive, que realizase tareas normales y habituales del personal escalafonado y se encontrara cumpliendo funciones a la fecha de su sanción, otorgando al Poder Ejecutivo un plazo para "implementar" el régimen;

y en el artículo 3, estableció que el personal alcanzado por sus disposiciones debía ser escalafonado en la categoría de ingreso correspondiente a cada agrupamiento y tramo, de acuerdo con las condiciones y requisitos exigidos por la ley nro. 8525 y el decreto 2695/83, previendo que "si como consecuencia de la aplicación de los precedentes (sic) se produjera una reducción de categorías, la Comisión Paritaria provincial, en el plazo perentorio de sesenta días, deberá expedirse acerca del nivel escalafonario que le corresponde al agente, atendiendo a las funciones que efectivamente se encuentre cumpliendo". Vale decir que, en el caso -en la hipótesis prevista por la norma-, debía intervenir la Comisión Paritaria provincial, y expedirse, necesariamente, acerca del "nivel escalafonario" que en definitiva correspondía asignar al agente, teniendo en cuenta las funciones que efectivamente se encontrase cumpliendo a ese momento.
Arma impropia, lesiones, agresión con arma
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ, Mariano Gastón y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-06

Por arma propia debe entenderse aquellos instrumentos que han sido fabricados ex profeso para ser empleados en la agresión o defensa de las personas y, por arma impropia, aquellos instrumentos que han sido fabricados con otro destino, pero que en el caso, tienen un poder ofensivo capaz, ex ante, de lesionar a una persona o de darle mayor poder ofensivo, como ser un pedazo de vidrio, un palo de ciertas dimensiones, etc.