Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-14


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Arriban las actuaciones nuevamente a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de inconstitucionalidad promovido a fs. 324/338vta. por el Javier E. de la Fuente -defensor del imputado Martín Ricardo Ottamendi- contra la resolución obrante a fs. 315/320, confirmatoria de la decisión de fs. 279/281 del expediente en cuanto rechaza la prescripción de la acción penal oportunamente propuesta.

Luego de discurrir acerca de los requisitos que tornarían admisible la vía ensayada -Capítulo II del escrito de interposición- el presentante estructura dos líneas de impugnación. De conformidad con la primera de ellas -relacionada con el rebatimiento sustancial del planteo prescriptivo- resultarían vulnerados los principios constitucionales de legalidad y duración razonable de los procesos; en virtud de la segunda -vinculada con el sendero deductivo adoptado a fin de concluir del modo expuesto- encuentra afectados en perjuicio de su ahijado procesal el derecho de defensa y la sustanciación de la acusación de acuerdo con las notas esenciales del sistema acusatorio -fs. 329-.

En referencia a la mella del principio de legalidad, manifiesta el recurrente que el Tribunal ha extendido por analogía los alcances del art. 67 del Código Penal -fs. 332/334vta.- otorgando virtualidad interruptiva de la prescripción de la acción penal al primer llamado a prestar declaración indagatoria y a la presentación del requerimiento de elevación a juicio. Funda tal aserto en la consideración de resultar aplicable al caso la redacción que la norma presentaba con anterioridad al dictado de la Ley 25.990 -que asignaba el efecto en disputa a los actos que importaran "secuela de juicio"- y en tal sentido entiende, con sustento en profusa doctrina y jurisprudencia, que la expresión antedicha sólo puede ser interpretada o bien meritando a la sentencia definitiva como hito de inicio del cómputo, o bien en relación a ciertos actos del "juicio" propiamente dicho, pero no de la instrucción -fs. 329vta./332-, por lo que la acción, habida cuenta de que no se ha celebrado aun la audiencia de debate, se encontraría ya extinguida. La afectación del derecho de su pupilo se constataría al haber adscripto el Tribunal a la "tesis amplia", que la mentada disposición nacional consagra definitivamente y que otorga el carácter descripto a algunos actos de la etapa instructiva -los que en la especie cobrarían, por ello, indebida relevancia-.

Aduna a este razonamiento la hipótesis que se configuraría de meritarse válida la decisión de fs. 315/320, toda vez que de ella surgiría suficiente fundamento para, "en la práctica", impedir -mediante el dictado de "ciertos actos procesales"- la prescripción de la acción penal -fs. 334-.

La interpretación cuestionada implicaría, desde otro perfil de análisis, una distorsión del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, informante del bloque constitucional -conf. arts. 8.1 CADH y 14.3.c PIDCyP, citados a fs. 326vta.-. Estima el de la Fuente que tal tutela alcanza, en virtud del principio de inocencia, aun a quienes -como el encausado- enfrentan en libertad el proceso seguido en su contra; la resolución que dispone la continuación de la tramitación vendría por ello a afectarla -fs. 335-.

Arguye asimismo que, aun si se considerara de aplicación la mencionada Ley 25.990, la acción penal respecto del delito endilgado se hallaría igualmente prescripta. Funda tal aserto en el aparente error que se evidenciaría en la decisión impugnada, toda vez que el hecho por el que se requirió juicio a fs. 139/141 -haber disparado el arma de fuego en el interior de la vivienda de Zapiola 3625 de esta Ciudad y amenazado luego con ella a Jorge Luis Lacava- es diferente del que motivó el labrado de estas actuaciones -el episodio ocurrido en la vereda con posterioridad-. Sostiene el presentante que, en virtud de la "tesis del paralelismo" normativamente cristalizada en la reforma del art. 67 del código de fondo, el instrumento acusatorio construido en torno a aquella hipótesis fáctica -por primera vez en el legajo- fue llevado a consideración de la Magistrada vencido ya el plazo extintivo -fs. 336-. La Cámara, al solo efecto de impedir la prescripción de la causa, habría alterado en su decisión el sustrato de hecho sobre el que versan las actuaciones -fs. 337-.

La verificación de tales alegadas anomalías se traduciría en una vulneración del derecho de defensa en juicio del Sr. Ottamendi -fs. 337- como así Causa Nº 354-00-CC/2005. Sala II.

también del sistema acusatorio -toda vez que no se habría observado el principio de congruencia ni el de "igualdad de armas", al haber suplido el Tribunal las aparentes falencias de la actividad fiscal que le imponían satisfacer el objeto de su pretensión, conf. fs. 337 y vta.-.

El Sr. Fiscal de Cámara se expide a fs. 342/345, oportunidad en la cual propugna la declaración de inadmisibilidad del remedio intentado. Sostiene que el resolutorio impugnado no constituye sentencia definitiva ni auto que pone fin al proceso, aunque sí entiende que causa gravamen irreparable al recurrente, pues "le impide obtener el sobreseimiento definitivo" -fs. 343-. Es por ello que merita cumplidos los requisitos formales de interposición.

Sin embargo, luego de rebatir cada una de las posiciones preconizadas por el de la Fuente, concluye que no ha logrado construir un verdadero caso constitucional, pues se limita a exponer una mera discrepancia respecto de los argumentos vertidos en la sentencia recurrida, actividad que no basta para habilitar la vía ensayada. Entiende, finalmente, que el letrado ha centrado su presentación en la invocación genérica de principios constitucionales, sin vincular esta argumentación en forma directa con el caso, por lo que, de hacerse lugar al remedio, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se vería convertido en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por los tribunales inferiores.

Cumplidos los plazos y pasos procesales, corresponde resolver la cuestión planteada.

Y CONSIDERANDO:

En cuanto a los parámetros de admisibilidad formal -art. 28 de la Ley 402- el recurso ha sido interpuesto por escrito fundamentado y dentro del plazo de diez días desde que fue notificada a la defensa la resolución de esta Sala, por quien tenía derecho a hacerlo.

Es necesario considerar, como punto de partida del presente desarrollo, que el recurso de inconstitucionalidad sólo puede ser interpuesto contra sentencias definitivas -art. 27 de la Ley 402- o equiparables a ellas en tanto ocasionen un gravamen de imposible reparación ulterior al agotar las oportunidades procesales útiles para obtener la protección del derecho que se trate.

Ahora bien, cabe desde ya advertir que, en oportunidad de meritar las demandas de procedencia de la vía de apelación incoada contra el interlocutorio de fs. 279/281, su admisibilidad fue decidida en la inteligencia de que, desde una perspectiva abstracta, la denegatoria del pedido de declaración de prescripción de la acción detenta potencialidad de producir una afectación insusceptible de ser reparada durante el proceso, arista que hacía a la apertura de aquel remedio. No obstante ello, el punto crítico encontró definitiva dilucidación con lo decidido en esta sede a fs. 315/320, quedando de ese modo asegurada al justiciable la efectiva cristalización de la garantía del doble conforme en lo que al concreto planteamiento se refiere. Tal afirmación impone, por inferencia, desechar la posibilidad de que aquella eventual virtud agraviante, una vez discurrida al influjo de las exigencias de tutela del debido proceso y evidenciada inocua -por inexistencia de las causales alegadas por la defensa, producto de su errónea exégesis normativa- merezca ser nuevamente considerada bajo la forma de una excitación de competencia de naturaleza diferente y que constituye un extremo recursivo justificado en la imperiosa necesidad de evitar, como ultima ratio procesal, la consolidación de graves vulneraciones al orden constitucional.

En efecto, la pieza ahora impugnada no sólo no pone fin al proceso -pues precisamente se traduce en la continuación del trámite- sino que, además, reconoce la vigencia en la presente causa del instituto objeto de la petición rechazada en caso de que se constaten sus presupuestos de operatividad, condición que favorecerá, eventualmente, la articulación posterior de esta misma causal extintiva. Con ello queda despejado todo perfil gravoso actual y ocluida su imposibilidad de ulterior subsanación, lo que obsta, consecuentemente, a la equiparación de la decisión embestida al rango de "sentencia definitiva", como propugna el recurrente.

Estas aseveraciones armonizan con la conocida doctrina de nuestro más alto Tribunal nacional, para quien las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso no reúnen, por regla aquella calidad a los efectos del recurso extraordinario -conf. Fallos 249:530; 274:440; 276:130; 288:159; 298:408; 307:1030; 310:195, entre muchos otros-. Con mayor especificidad, ha decidido también que el mentado imperativo negativo se verifica Causa Nº 354-00-CC/2005. Sala II.

en el caso de las decisiones que repelen la prescripción de la acción penal -Fallos 295:704 y 303:740-, criterio también adoptado por el Tribunal Superior de Justicia la Ciudad in re "Carrara, Alejo Juan Martín s/ art. 41 - apelación- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" -rta. el 21/05/2002- y "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 3- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Ábalos, Oscar Adrián s/ art. 71, CC -Apelación-" -rta. el 29/04/2003-.

Es preciso concluir, en suma, que el resolutorio cuestionado no es susceptible de ser atacado por la vía del recurso de inconstitucionalidad, pues no constituye "sentencia definitiva" en los términos del art. 27 de la Ley 402 ni resulta equiparable a ella.

Si bien lo hasta aquí sentado aparece suficiente a efectos de declarar inadmisible la vía ensayada, es útil señalar que, aun si se obviara el insalvable escollo antes advertido, tampoco se detecta en el particular la estructuración de un verdadero caso constitucional por parte del Sr. Defensor -perfil sustancial de la evaluación-.

En virtud de la clara disposición art. 27 de la Ley 402, el remedio en tratamiento procede cuando se haya cuestionado la interpretación o aplicación de normas contenidas en las constituciones nacional o de la Ciudad, o la validez de una norma o acto, bajo la pretensión de ser contrarios a aquéllas, siempre que la decisión recaiga sobre esos temas. Es por ello que la labor del Superior en relación a la verificación de los requisitos de admisibilidad no se limita al examen de las demandas formales de procedencia, sino que exige también la constatación de la concurrencia de agravios constitucionales reales y no aparentes -lo que no importa, por cierto, que se emita pronunciamiento sobre ellos-. Para esta tarea, es necesario discriminar la mera invocación genérica de preceptos, principios, derechos y garantías o la reiteración de argumentos ya tratados, de una concreta impugnación constitucional del fallo -conf. TSJ, expte 2212, "Ministerio Público - Defensoría en lo Contravencional Nº 1 - s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Feng, Chen Chih s/ art. 40 - Apelación"-.

A la luz de estas premisas surge nítidamente que los desmedros de carácter constitucional argüidos traslucen en verdad no sólo una repetición de las líneas de fundamentación ya intentadas, rechazadas y fenecidas; sino, además, herramientas discursivas que resaltan la disconformidad del presentante con las decisiones adoptadas en ambas instancias, discrepancia que se sustenta en aquella unilateral interpretación de la normativa aplicable elaborada por el quejoso, de por sí insuficiente para conducir al Tribunal a decretar la procedencia del remedio extraordinario -conf. causas penales del registro de esta Sala números 0025-01-CC/2004, rta. el 16/04/2004; 52-01-CC/2005, rta. el 18/08/2005; 433-00-CC/2004, rta. el 30/09/2005; 415-03.CC/2005, rta. el 27/03/2006, entre otras, y doctrina del TSJ in re "Ministerio Público - Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 2 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Sama, Javier Fernando s/ inf. art. 56 CC - Apelación", rta. el 05/08/2005-.

Obsérvese, en concreto abono de esta señalada deficiencia que, además, las argumentaciones con que intenta conmover la postura adoptada en el decisorio recurrido no difieren de las propuestas en oportunidad de apelar la pieza de fs. 279/281. En efecto, su exégesis de la locución "secuela de juicio" de fs. 329vta./332 es idéntica a la ya vertida a fs. 284/286 y rechazada en la resolución de fs. 315/320. Lo mismo ocurre respecto de la versión relativa a la "independencia de los hechos imputados" -fs. 288/289-, a la que, en virtud de aquel ya rebatido perfil de intelección, vincula esta vez no sólo con sus pretensiones extintivas, sino con una inexistente alteración del sustrato fáctico de imputación atentatoria del principio de congruencia y del derecho de defensa en juicio -fs. 337 y vta.-. Reitera, asimismo, su posición relativa a la inmutabilidad de las consecuencias propugnadas aun si se tomase en cuenta la actual redacción del art. 67 del Código Penal, en virtud de la "tesis del paralelismo" consagrada en el último párrafo de la disposición -conf. fs. 288 vta. y 336-, postura cuyo rechazo fuera también confirmado en la decisión recurrida.

Claro resulta entonces que las implicaciones constitucionales construidas por la defensa -entre las que también cuenta la eventual afectación del principio de duración razonable del proceso- encuentran último basamento en un desacuerdo con el criterio interpretativo de la norma considerada aplicable -por lo demás, de derecho común y ajena al ámbito extraordinario de discusión-. Tal disenso, como se dijo, resulta ineficaz a efectos de la apertura de la vía extraordinaria; lo contrario implicaría convertir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en una tercera instancia obligada de todas las causas que se sustancian en el fuero, naturaleza que en modo alguno adopta la tramitación ante aquel Alto Estrado -conf. TSJ en "Rébora, Horacio V. c/ GCBA s/ recurso de queja", rta. el 19/04/2000 Causa Nº 354-00-CC/2005. Sala II.

y "Lagomarsino de Fernández, Norma Rosa s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado", rta. el 18/05/2005, entre muchas otras-.

En consecuencia de lo hasta aquí sentado, y habida cuenta de que, además de no constituir la resolución en crisis una sentencia definitiva en términos del art. 27 de la Ley 402, tampoco se verifica una verdadera mella de las mandas constitucionales que el recurrente pretende conmovidas, el remedio en análisis no alcanza a superar el test de admisibilidad, lo que así se declarará.

Por ello, oído el Sr. Fiscal y concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

I.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 324/338vta. por el Javier E. de la Fuente contra la resolución de a fs. 315/320.

2.- TENER PRESENTE la reserva del caso federal introducida a fs. 338.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá efectuar las notificaciones restantes.

Sirva lo aquí proveído de muy atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: Se deja constancia de que el Pablo Bacigalupo no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia.

Fdo: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.