Juicio de menores, readaptación del condenado, proporcionalidad de la pena, homicidio, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, escala penal, prisión
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: P., S. M. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-14

En el caso de los menores, el significativo plazo transcurrido entre la comisión del delito y la conclusión de las actuaciones adquiere aún mayor importancia, exigiéndose que éstas sean de la mayor brevedad posible, pues se reconoce que mientras más largo sea el periodo de proceso, más probable es que la respuesta punitiva pierda el resultado buscado (cfr. Observación General n° 24 del Comité de Derechos del Niño, punto 54). Como ya se ha dicho, en los procesos penales seguidos a menores de edad, la decisión debe estar orientada preponderantemente a una finalidad de prevención especial positiva, que permita la reinserción del sujeto como miembro útil de la sociedad. Sin embargo, ello no puede conducir a una respuesta que desatienda, por falta de proporcionalidad, la situación de la víctima y la gravedad del hecho, tal como se señala en la Regla N° 5 de las "Reglas de Beijing". En el caso, el encartado. ha cometido, siendo menor de edad, un hecho de homicidio en perjuicio de la víctima, privándolo de su bien individual más valioso y generando en la familia del difunto daños permanentes, difíciles de plasmar en esta mensura de pena, la que, en base a lo expuesto, no solo merecida sino también necesaria, por no existir otro medio eficaz menos lesivo. Es por ello que, por el elevado grado de injusto que este hecho delictivo importa y por el daño ocasionado, deviene necesaria la aplicación de un criterio que reafirme y estabilice la vigencia de la norma que el accionar del encausado puso en crisis, reflejando la confianza en el ordenamiento legal que nos rige como sociedad libre y democrática.

Sin embargo, a pesar de la existencia de la necesidad de pena, en atención a la situación actual del autor y al tiempo transcurrido desde que sucedió el hecho ilícito, la reacción punitiva antes fijada por mis colegas de Cámara y que ahora se revisa, debe ser individualizada siguiendo los criterios antes mencionados.

Asimismo, en esta línea, en relación a la dilatada extensión del proceso vinculada con la garantía constitucional y convencional a ser juzgado en un plazo razonable y a su gravitación en el marco de la determinación judicial de la pena, corresponde destacar que esa pauta constituye un parámetro válido para la interpretación de los derechos constitucionales que se hallan biselados por disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Fallos: 340:549 y 344:2559). De otra parte, el imputado ha adquirido en todo este tiempo hábitos positivos y, como se demuestra de la documental aportada y de lo que se pudo percibir en la audiencia de conocimiento celebrada, realiza esfuerzos tendientes a asumir una función constructiva en la sociedad.

De modo que, tomando la escala penal en la forma reducida para la tentativa, tal como lo dispusieron los magistrados que conformaron esta Sala IV en la decisión ahora recurrida -extremo que no se encuentra controvertido-, por la responsabilidad material que le cabe al encausado por ser autor del homicidio, resulta ajustado a derecho que se le imponga, en definitiva, una pena de pena de cinco (5) años de prisión (art. 79 del Código Penal, en función del art. 4, inc. 3, segundo párrafo de la ley 22.278), por lo que corresponde casar la resolución recurrida.