Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-23


//dad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de agosto de dos mil seis, se reúnen en acuerdo los Sres Jueces integrantes de la Sala III, a fin de tratar la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad deducido por el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 621/640.

Y VISTOS:

El Walter Fernandez, titular de la Fiscalía de Cámara nro. 1, dedujo recurso de inconstitucionalidad (art. 26 inc. 4 de la Ley 7, 53 de la Ley 12, 26, 27 y sgtes.. de la Ley 402) contra el fallo de esta Sala de fs. 582/604, en el que se revocó lo decidido por el Sr. Juez de la primera instancia en cuanto condenó al recurrente a la pena de dos años de prisión por encontrarlo responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil.

El Sr. Defensor co-titular de la Defensoría nro. 4, Emilio Capuccio, al contestar el traslado conferido a fs. 641, sostiene que corresponde declarar inadmisible el recurso, conforme a los fundamentos contenidos en su dictamen de fs. 642/658 vta. y hace reserva del caso federal.

Y CONSIDERANDO:

A los fines de analizar la admisibilidad del recurso, corresponde circunscribirnos a los requisitos formales y sustanciales previstos en la Ley 402, que habilitan la intervención del Superior Tribunal.

I. REQUISITOS FORMALES:

De conformidad con lo previsto en los arts. 27 y 28 de la Ley 402 el recurso deberá interponerse en un plazo de diez días, contra la sentencia definitiva y ante el Tribunal que dictó la resolución, mediante escrito fundamentado.

El recuso en análisis fue interpuesto el 21 de julio de 2006, es decir en plazo hábil, conforme se desprende de la notificación de fs. 604, por lo que corresponde considerarlo interpuesto dentro del plazo legal.

Asimismo, la presentación en análisis fue deducida contra la sentencia dictada por este Tribunal (fs. 582/604) y toda vez que se trata de una resolución que pone fin al proceso, debe considerarse como sentencia definitiva.

No obstante ello, la parte que interpone el recurso no se encuentra legitimada a tal fin y, en consecuencia, corresponde realizar el examen de los planteos efectuados por el Ministerio Público al respecto, a fin de conservar un orden lógico de análisis.

El Sr. Fiscal plantea que: a) la legitimación para interponer el recurso surge del art. 120 de la Constitución Nacional, del art. 125 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y del art. 1 y 22 de la Ley 21 ya que el Ministerio Público Fiscal es el custodio de la legalidad del sistema y de la constitucionalidad de las decisiones judiciales; b) el Tribunal Superior de Justicia ha dictado precedentes en materia contravencional, por lo que no son aplicables al caso de autos, pero ha flexibilizado el criterio restrictivo en el caso "Pariasca" advirtiendo que el derecho al recurso del condenado previsto en las convenciones no ha cancelado el recurso a su favor, presentado por el Fiscal; c) Que el recurso de inconstitucionalidad ha sufrido una evolución legislativa que amplió la legitimación para su presentación ya que se refiere a las partes y no prescribe límite subjetivo alguno; d) que la tesis restrictiva implica hacer reposar el ejercicio de la función de control de legalidad en la voluntad del imputado ya que deviene en el único sujeto procesal legitimado para recurrir; e) que los tratados se deben interpretar de buena fe, con el sentido corriente que ha de atribuirse a los términos y, por lo tanto, no deben limitarse ni restringirse los derechos atribuidos, en virtud de las pautas hermenéuticas del art. 29 de la CADH y el art. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; f) el recurso del Ministerio Público Fiscal estuvo siempre autorizado por el ordenamiento positivo y no corresponde limitar el recurso acusatorio fiscal por la incorporación de los Pactos de Derechos Humanos, ya que implicaría la negación de facultades legales en el proceso; g) se trata de un recurso extraordinario de casación constitucional, que debe diferenciarse del derecho a juzgamiento ordinario de doble instancia, por lo que no puede inhibirse las facultades recursivas de los sujetos procesales en estos casos; h) la sala III entiende aplicable el art. 53 pese a tratarse de un tema penal y no explica porque rechaza el recurso en los términos del art. 474 del CPPN; i) la legitimación del Ministerio Público Fiscal deviene de la inconstitucionalidad del art. 61 inc. 3. de la Ley 12; J) Existe un conflicto normativo suscitado entre las disposiciones de los arts. 53 y 61 inc. 3 de la Ley 12 y los arts. 113 inc. 3, art. 125 inc. 1 y 2 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los arts. 1 y 27 de la Ley 402 que debe ser resuelto otorgando supremacía a las normas constitucionales y las normas especiales del sistema; k) el menoscabo en la legitimación del Fiscal para presentar el recurso de inconstitucionalidad implica la violación a la igualdad ante y en la aplicación de la ley (art. 16 de la Constitución Nacional) y un menoscabo a una de las funciones esenciales del Estado democrático de derecho; m) resulta contradictorio que ningún órgano del mismo Estado que produce una ley que pueda ser inaplicada por estimársela inconstitucional, pueda acceder a un tribunal superior que controle la legalidad de esa exclusión del mundo jurídico; n) el Tribunal Superior de Justicia reconoció que la ausencia de algún requisito formal no veda su intervención cuando media una cuestión de interés institucional; ñ) el recurso suscita un caso federal que se vería frustrado por negarse el acceso al Tribunal Superior de la causa; o) se trata, asimismo, de un recurso innominado, es decir un llamado recurso indiferente, que debe ser resuelto según el principio de mayor favor, es decir, sería admisible tanto si corresponde a la resolución que por él se induce que hubiera deseado el recurrente (teoría subjetiva) como si es el adecuado a la que se ha dictado (teoría objetiva).

En concreto, podemos circunscribir sus argumentos a tres aspectos esenciales: a) la función del Ministerio Público Fiscal, b) el análisis de las distintas normas aplicables, c) la naturaleza del recurso interpuesto y, al respecto, señalamos que la consideración de sus fundamentos no permite afirmar que el Sr. Fiscal posea la legitimación que invoca.

a) Función del Ministerio Público Fiscal:

La ley Orgánica del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires afirma que tiene por misión primordial promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de acuerdo con los intereses generales de la sociedad, velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social. Asimismo, deben velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos y lugares de detención de personas, dirigir la policía judicial, poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura las acciones y omisiones de los integrantes de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria. Dichas funciones son atribuidas a tres organismos diferentes, la Fiscalía General y demás integrantes, la Defensoría General y sus integrantes y la Asesoría General Tutelar y sus integrantes. (arts. 1, 2 y 16 de la Ley 21) Por su parte, el art. 22 de la Ley 21 instrumenta los medios por los cuales corresponde cumplir su función a los Fiscales ante las Cámaras de Apelaciones, estableciendo, como no podía ser de otra manera, la sujeción a las funciones que la ley o los reglamentos le confieran, incluso, a los Fiscales de Primera Instancia (art. 22 inc. 6 y 7).

La enumeración contenida en el art. 1 y 16 de la Ley 21 no son mas que una reiteración de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 125 ) y sigue los lineamientos del art. 120 de la Constitución Nacional.

Por lo expuesto, resulta paradójico concebir que la legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad deviene de las normas expuestas, toda vez que se limitan a describir funciones en abstracto marcando la sujeción a las leyes que instrumenten la actuación concreta del Ministerio Público Fiscal en cada oportunidad, en resguardo al principio de legalidad.

El art. 61 inc. 3 de la Ley 12 señala al imputado como único facultado para interponer el recurso de inconstitucionalidad y marca un límite legal para el ejercicio de la actividad de la Fiscalía, de conformidad a lo previsto en los incs. 6 y 7 del art. 22 de la Ley 21 y, en especial, respetando lo ordenado en el art. 18 de la Constitución Nacional en cuanto garantiza el debido proceso legal.

Asimismo, la naturaleza de sujeto procesal reclamada por el Sr. Fiscal no depende de la cantidad o calidad de facultades legales que ejerce durante el proceso y, por lo tanto, la limitación que estas puedan sufrir no se traducen en un menoscabo a su rol sino mas bien, refleja un reconocimiento a la función acusatoria que anima la Fiscalía.

Repárese en que el Sr. Fiscal plantea su legitimación en base a lo previsto en el art. 16 de la Constitución Nacional pero la igualdad ante la ley parte de la premisa de analizar situaciones iguales y, por lo tanto, no puede equipararse al Defensor para solicitar el mismo trato, ya que la distinción realizada por la ley no se basa en aspectos adjetivos (como sujetos procesales) sino en los diferentes roles institucionales (persecución estatal y tutela jurídica del imputado) que representa uno y otro, lo que deviene sustancial.

En efecto, más allá de que ambos actores son, en esencia "custodios de la ley" (cfr. Julio Maier "Derecho Procesal Penal" Edición del Puerto, pág. 301) y velan por ese mismo interés, es claro que se les reconoce distinta actuación a fin de cumplir con su función, en coherencia con un procedimiento bilateral que condice con el principio de derecho a debido proceso.

Los órganos encargados de la persecusión penal, en especial en nuestro sistema acusatorio regulado por el art. 13 inc. 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, deben soportar, por lo tanto, el freno al poder estatal impuesto por el respeto a las garantias individuales que coloca en una mejor situación al ciudadano sujeto a proceso para resistir la imputación, en base al principio de inocencia.

Es cierto lo afirmado por el Sr. Fiscal en torno al caso "Pariasca", que no hace más que profundizar lo sostenido por este Tribunal, ya que en aquellos excepcionales supuestos en los que se subordina la actividad acusatoria al logro de los intereses del Ministerio Público en beneficio del imputado, no cabe reparar en el rol institucional.

La lectura atenta del caso de autos permite afirmar que no estamos en presencia de un caso similar al citado, ya que no se solicita el acceso al máximo Tribunal de la Ciudad en beneficio del imputado, sino para debatir la constitucionalidad del art. 61 inc. 1 de la ley 12 y a fin de que se analice "...un pronunciamiento arbitrario y carente de fundamentación, que en violación de la ley aplicable pronuncia la Cámara de Apelaciones ..." (ver fs. 18 bajo fiscal).

A fin de dar cabal cumplimiento a los intereses fundamentales del Ministerio Público corresponde al Sr. Defensor esbozar la crítica que estime oportuna a la sentencia recaída en autos, ya que si bien el recurso se encuentra vedado al Sr. Fiscal, no por ello esta exento del control de legalidad que emana de la Ley 21.

Por eso llama la atención la queja del Sr. Fiscal acerca de que la tesis restrictiva hace reposar el ejercicio de la función de control de legalidad en la voluntad del imputado y que resulta contradictorio que ningún órgano del mismo Estado que produce la ley pueda acceder a un tribunal superior que controle la legalidad de esa exclusión del mundo jurídico de la ley, ya que el control de legalidad no es una atribución específica del Sr. Fiscal sino que los tres organismos del Ministerio Público están comprometidos a su persecución.

Por último, recordemos que los titulares de cada uno de los tres organismos que componen el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran legitimados para interponer la acción declarativa de inconstitucionalidad (art. 17 ley 402) a fin de que el Tribunal Superior de Justicia analice la validez de las normas que considere limitativas de su capacidad recursiva y, por lo expuesto, se encuentra debidamente tuteladas las funciones esenciales del Ministerio Público en un estado democrático de derecho.

b)Análisis de las distintas normas aplicables:

El Sr. Fiscal sostiene: que existió una evolución legislativa mediante la Ley 402 que amplio la legitimación procesal, que los Tratados Internacionales no deben interpretarse en perjuicio del Ministerio Público Fiscal, que se ha aplicado el art. 53 de la Ley 12 en vez del art. 474 del CPPN, que el art. 61 inc. 3 de la Ley 12 resulta inconstitucional y, finalmente, que existe un conflicto normativo suscitado entre las disposiciones de los arts. 53 y 61 inc. 3 de la Ley 12 y los arts. 113 inc. 3, art. 125 inc. 1 y 2 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los arts. 1 y 27 de la Ley 402 que debe ser resuelto otorgando supremacía a las normas constitucionales y las normas especiales del sistema.

A fin de circunscribir las normas aplicable al caso de autos, sostuvimos que el recurso de inconstitucionalidad esta expresamente legislado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de lo dispuesto por el art. 113 inc. 3ero de la Constitución de la Ciudad, el art. 27 de la Ley 402 y en materia penal por el art. 61 inc. 3ero de la Ley 12 (ver fs. 602), estableciendo con precisión los supuestos, los requisitos adjetivos y la legitimación para interponer el recurso de referencia.

Lo manifestado implica que el art. 474 del CPPN luce ajeno a nuestro ordenamiento local, ya que no se requiere aplicación supletoria por encontrase el recurso de inconstitucionalidad expresamente reglado.

Asimismo, resulta extraño lo sostenido por el Sr. Fiscal acerca de un supuesto conflicto normativo entre ciertas leyes y la Constitución de la Ciudad, ya que si así fuera no podría analizarse en esos términos, sino en torno a la validez misma de la norma. Repárese en que los conflictos normativos se presentan ante un caso concreto en el que, accidentalmente, dos normas que conducen a soluciones distintas, podrían ser aplicadas para resolverlo y, por lo tanto, el Magistrado debe elegir, en base a los conocidos criterios de ley especial, superior o posterior, en cual de ellas subsumirá el caso en cuestión.

Al respecto, señalamos que "...dos normas que se refieran a la misma conducta, una para prohibirla y otra para declararla obligatoria, son contrarias. Son, en cambio, contradictorias si una prohíbe y la otra permite, o si una obliga y la otra permite omitir.." (cfr Ricardo A. Guibourg, Echave y Urquijo "Lógica, Proposición y Norma", pág. 127. Ed. Astrea) Por el contrario, la contradicción entre una ley y la Constitución, si bien puede advertirse en un caso particular, resulta permanente y abstracta y, en nuestro sistema, puede conducir a la eliminación de la ley del sistema (art. 17 y ccs. de la Ley 402). En consecuencia, se intenta introducir a través de una aparente contradicción normativa un control de constitucionalidad de las normas citadas.

No obstante, en el caso de autos, el recurrente plantea un supuesto conflicto normativo en torno a la legitimación que sustenta el Fiscal para presentar el recurso de inconstitucionalidad y, al respecto, debemos señalar que toda vez que los artículos. 113 inc. 3 y 125 inc. 1 y 2 de la Constitución de la Ciudad no se refieren al tema señalado, nunca podría existir colisión entre lo normado por esas leyes y lo sostenido por el texto constitucional.

Asimismo, es cierto que la Ley 402, en su art. 27 y ccs. no hace referencia a los legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, pero el silencio no implica sustentar una tesis de legitimación concreta (amplia o restrictiva) ya que, para ser tal, debería estar expuesta de forma expresa en la norma, como sucede con el plazo de interposición del recurso.

Por lo tanto, la limitación impuesta en los arts. 53 y 61 inc. 3 de la Ley 12 no sólo no colisiona con norma alguna, sino que constituye una ley especial que establece los sujetos legitimados para interponer un recurso contenido en una ley general.

Lo expuesto exime de mayores fundamentos, ya que no se trata de resolver un conflicto normativo sino de interpretar la ley de forma sistemática y no como un conjunto de normas inconexas.

Adelantamos, asimismo que la inconstitucionalidad del art. 61 de la Ley 12 sostenida por el Sr. Fiscal, no puede ser tratada por este Tribunal, toda vez que excede a la competencia formal y material del órgano, como ha sido sostenido en el caso "Lemes" en los votos del Julio Maier y la Alicia Ruiz pero, no obstante, señalamos que resultaría una contradicción en el sistema sostener que la Alzada puede declarar inconstitucional el art. 61 inc. 3 de la Ley 12 para habilitar la legitimación del Sr. Fiscal a fin de que plantee, ante el Tribunal Superior de Justicia, la inconstitucionalidad del citado artículo.

Coincidimos con el Sr. Fiscal que lo dispuesto por los Tratados Internacionales tienen como centro de imputación a la persona estableciendo garantías a fin de resguardar sus derechos fundamentales, pero este aspecto no resulta ajeno al control del ejercicio del poder punitivo. Asi, el Julio Maier ha dicho que "...las convenciones internacionales sobre derechos humanos, regionales o universales, han venido, a mi juicio, a enfatizar el significado de garantía que debe tener el sistema de recursos..." en oposición a considerarlos un control burocrático de poderes sólo delegados y reasumidos con la finalidad de consolidar una organización judicial verticalizada. (cfr. Maier Julio "Derecho Procesal Penal" Ediciones del Puerto, pág 253 y 254).

Por lo tanto, la finalidad misma de la actividad recursiva ha tenido un giro fundamental, como garantía del debido proceso legal y control de la actividad persecutoria del Estado, sin que resulte posible que este Tribunal cercene derechos del Sr. Fiscal que nunca le han sido adjudicados.

Por último, y más allá de la eficacia que podría adjudicársele, cabe señalar que el Sr. Fiscal no logra acreditar la flexibilización del criterio sostenido por el Tribunal Superior de Justicia en torno a la legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad, ya que solo cita el precedente "Pariasca", al que ya nos hemos referido con anterioridad y que constituye un caso disímil al analizado en autos.

c) Naturaleza del recurso:

El planteo respecto a la cuestión federal que, según la tesis de la Fiscalía, haría viable la aplicación del art. 474 del CPPN o, en su defecto, excepcionar la restricción contenida en el art. 61 inc. 3 de la Ley 12, tampoco obtendrá favorable acogida y decimos esto, en primer lugar, porque de la lectura del memorial no se desprende el agravio constitucional esencial para sustentar un "recurso extraordinario de casación constitucional".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado la doctrina según la cual la interpretación de normas de procedimiento no habilita un recurso extraordinario, aún cuando sean federales, "porque se refieren al ordenamiento de los juicios que no afecta el fondo de las instituciones fundamentales que ese recurso extraordiario se propone salvaguardar (Fallos: 95:133 y 134; 99:158; 10'4:284; 105:183; 115:11; 177:9899, citado en el voto del Juez Lozano en "Lemes, Mauro Ismael s/inf. art. 189 bis CP- apelación- s/recurso de inconstitucionalidad concedido" del 19/7/06) Pero aún tratándose de un caso que amerite la avocación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es claro que no le compete a este Tribunal arbitrar medios que eviten la aplicación de los preceptos legales, suplantando la voluntad del legislador, a fin de asentar un criterio propio acerca del agotamiento de los recursos locales y de tribunal superior del caso.

No es tarea de este órgano establecer los canales jurídicos por los cuales podría arribar el acusador a efectuar el planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que no se trata de establecer opciones distintas a las delimitadas por la Ley 12 sino de respetar el principio de legalidad, del debido proceso y de la forma republicana de gobierno informados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Constitución Nacional.

Asimismo, en un caso de inconstitucionalidad, materia que ha sido legislado con un perfil nítido y propio en la Ciudad de Buenos Aires, recurrir al concepto de recurso innominado aparece como un esfuerzo desesperado para eludir la ley, más aún si reparamos en que no se esta denegando el acceso al Tribunal Superior de Justicia por una omisión de un requisito formal subsanable (falta de copia del escrito ect), sino por aplicación de una norma expresa al respecto.

Por lo expuesto, consideramos que los arts. 61 inc. 3 de la Ley 12 y 27 de la Ley 402 son claros en cuanto no le otorgan legitimidad al Sr. Fiscal a fin de presentar el recurso de inconstitucionalidad planteado y que si bien, a la luz de ciertos criterios, ello podría impedir que sea escuchado en el mas Alto Tribunal, lo cierto es que se trata de una decisión sustentada en el debido proceso legal y en el respeto de las garantías del imputado.

II. REQUISITOS SUSTANCIALES:

Sin perjuicio de que se encuentra sellada la suerte del recurso a mérito de las consideraciones efectuadas ut-supra, lo cierto es que la inconstitucionalidad planteada del art. 61 inc. 3 ley 12 tiene como fin poder acceder al Tribunal Superior de Justicia para plantear la arbitrariedad de sentencia, en perjuicio del imputado.

No obstante, no relaciona la supuesta violación del debido proceso con el caso concreto planteado en autos, ni acredita el daño directo emergente de la, supuestamente, viciada sentencia.

En efecto, si bien afirma que se han afectado los derechos de debido proceso y oralidad, lo cierto es que no explica de qué manera podría la absolución dictada en los plazos procesales razonales, conforme lo expuesto por el Tribunal, interferir con las garantías contenidas en el art. 13 de la Constitución de la Ciudad.

Asimismo, no señala las deficiencias lógicas del razonamiento o la ausencia de fundamento normativo que según doctrina del Superior Tribunal de Justicia, amerita la jurisdicción de ese Tribunal (ver expte. 3973 "Ministerio Público-Defensoría Oficial en lo contravencional y de Faltas nro. 2-s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Torancio Tomás del Valle s/inf. art. 74 CC.-apelación", 5/10/05) En concreto, el agravio constitucional planteado no es más que un simple desacuerdo con la interpretación que esta Sala ha hecho y no ha logrado demostrar alguna relación entre los derechos constitucionales que menciona y los fundamentos del fallo recurrido.

Por lo tanto, se impone la doctrina jurisprudencial del máximo Tribunal local en cuanto a que la arbitrariedad de la sentencia recurrida "debe ser apreciada estricta y restrictivamente, como excepción, pues, según lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación "La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados...sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional" (Fallos: 312:246; 389, 608, entre otros)" (Cfr. TSJ in re "Codenga, Christian y Fiorentini Rosalino, Jaime s/art- 71 CC s/recurso de queja", expte. nro. 897; y expte. 900, resolución del 11/7/01 en constitución y Justicia (Fallos del TSJ) T. III, PS.. 428 y sgtes. y expte. nro. 3996/05 "Ronchetti, Leonardo s/art- 47 CC - apelación" del 14 de septiembre de 2005).

Por todo lo expuesto, de conformidad con el acuerdo señalado el Tribunal RESUELVE:

I. DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD presentado a fs. 621/640 por el Sr. Fiscal de Cámara (art. 27 Ley 402 y 61 inc. 3 de la Ley 12) II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por el Sr. Defensor.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente remítase al Juzgado de origen a sus efectos..

Ante mí:

La Marta Paz no vota por hallarse en uso de licencia. Conste Endede 2006 libré una cédula.

En de agosto de 2006 notifico al Sr. Fiscal de Cámara. Conste.

En deAgosto de 2006 notifico a la Secretaría General la remisión de las actuaciones al juzgado de origen. Conste.

En de Agosto de 2006 remiti los autos al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 18. Conste.