marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, Derecho administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: Los Cipreses  SA c/ Minist.  de  Econ.  y  Obras Públicas - (Secretaría de Transportes) - s/ Juicio contra La Nación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-20

Se promueve este juicio sumarísimo a fin de que se revoque y deje sin efecto el art. 17 de la Resol. nro. 817-92, en tanto impone el uso de prácticos para el ingreso de buques de transportes de pasajeros de bandera uruguaya al puerto de Buenos Aires, emanada de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Obras Públicas. La resolución atacada constituye un acto administrativo, acto que se halla reglado por el Derecho Público. Las facultades que dieron origen al acto cuestionado trasuntan el ejercicio de prerrogativas públicas, que traspasan el ámbito del derecho privado y aún el relativo al Derecho de la Navegación, y se vinculan con el poder de policía atribuido al Estado respecto de las actividades portuarias nacionales, a través de la Prefectura Naval Argentina, autoridad de aplicación. Por lo demás, la potestad reglamentaria es inherente a la función administrativa y, en consecuencia, propia de la misma administración. El poder reglamentario, entonces, sería una consecuencia del carácter institucional de la administración pública. En las causas se discute un punto relacionado con las facultades propias de la Administración y regido por las normas específicas que regulan su actividad, por consiguiente tratándose de la impugnación de un acto administrativo que se ventila mediante acciones contencioso-administrativas, debe tramitar ante el Juez con Jurisdicción en lo Contencioso administrativo.
Delitos contra la humanidad, Corte Penal Internacional, Derecho internacional, justicia, violencia estatal, jurisprudencia internacional, ius cogens
Materia: PENAL
Carátula: Barcos, Horacio Américo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-23

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, ha precisado a través de sus decisiones el origen y evolución de la noción de crímenes contra la humanidad, reafirmando el carácter consuetudinario de la prohibición de tales crímenes, así como también la presunción de ataque masivo o sistemático a partir de su caracterización como ataque dirigido contra una población civil, siendo uno de los elementos que transforman el ataque en sistemático, la existencia de una política de Estado es decir, la existencia de un plan conforme al cual es perpetrado el ataque.
Leyes, aplicación de la ley, ultraactividad de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Innecco, Miguel s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-02

El artículo 3 de la ley 12.059 consagra la ultraactividad del Código derogado, determinando que ella debe alcanzar hasta la finalización de las causas pendientes al tiempo de entrada en vigencia del nuevo sistema, vale decir, hasta que racaiga sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en dichos procesos. (Minoría u opinión personal)
Denegatoria del recurso, acción de amparo, inexistencia de cuestión federal suficiente, regulación de honorarios, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruscio Víctor Domingo c/ Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la CABA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

Corresponde denegar, por ausencia de cuestión federal, el recurso extraordinario federal articulado contra la decisión de este Tribunal que, por mayoría, reguló los honorarios de uno de los abogados intervinientes, por su actuación en el doble carácter de letrado patrocinante y apoderado, al contestar el traslado del recurso extraordinario federal. Esta circunstancia constituye un óbice a la concesión del referido recurso, en virtud de la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta sostiene que lo atinente al monto de los honorarios regulados en las instancias ordinarias, son cuestiones procesales y de hecho, ajenas a la vía que prevé el art. 14 de la ley n° 48 (Fallos: 329:206, entre muchos otros). (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe, al que adhiere la juez Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández Alonso, Rosendo c/ Granja Perito Moreno S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-06

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el interesado omite controvertir idóneamente el análisis y fundamentos desarrollados en el pronunciamiento, limitándose -en cambio- a evidenciar su criterio discrepante y criticar posibles fisuras en la evaluación realizada por los sentenciantes, sin demostrar que tales aspectos secundarios del fallo logren conmover la estructura que lo dota de sustento.
Cuestiones de competencia, Ferrocarriles Argentinos, concesión de uso
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Ferrocarriles Argentinos c/ Vinícola Argentina  S.A.I.C.y A. s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Resulta competente la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal para entender en la causa en que Ferrocarriles Argentinos demanda a una S.A. por el cobro de cánones correspondientes a una concesión de uso sobre un predio sito en la estación Palermo de la línea ferroviaria General San Martín, sujeta al régimen previsto en la Tarifa Especial Y.55/2, y al procedimiento previsto en la Ley 17.091 ya que para resolver el caso es necesario analizar un instituto de carácter administrativo, regido por un conjunto de disposiciones y principios de índole iuspublicística.
Honorarios del abogado, cobro de sumas de dinero, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moroni O.P. c/ Muñoz H. y E. y otro s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

En un proceso de cobro de alquileres, la base regulatoria ha de estar dada por el importe nominal de los arriendos adeudados -en el caso desde abril de 1991 a marzo de 1992- sin actualización ni intereses. Ello, no solo por la prohibición contenida en la ley de convertibilidad respecto de aquellas obligaciones posteriores al primero de abril de 1991, sino también porque en las sucesivas ampliaciones de demanda la actora no solicitó actualización alguna de tales montos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: SPINEDI, ADRIANA c/ ELECTRODOMESTICOS PLAN CENTER SA s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-20

Cuando una empresa dedicada a la fabricación de electrodomésticos, contrata con otra la administración de los planes de ahorro para la adquisición de productos que ella comercializa, quien a su vez subcontrata con un tercero vendedor-agente que venderá los planes al público consumidor, puede concluirse que existe solidaridad a la que hace referencia el art 30 LCT entre tales empresas por las obligaciones emergentes de la relación laboral que vincula al empleado de la empresa vendedora.Para más, no estamos en presencia de contrataciones que tengan por fin último la "inversión con miras al desarrollo y expansión económica y comercial", sino a la ingeniosa implementación de un modo de adquisición de un pequeño producto útil de uso doméstico mediante un complejo sistema de pago de numerosas cuotas que persiguió en definitiva el aprovechamiento de una especial circunstancia económica local.
AFIP, pronunciamiento inoficioso, medidas cautelares, suspensión del acto administrativo, sistema integral de monitoreo de importaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BM IMPORT SA C/ EN -M DESARROLLO PRODUCTIVO- SECRETARIA INDUSTRIA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO Y GESTION COMERCIAL EXTERNA-SIMI 30850E Y OTRO S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-25

A raíz del dictado de la resolución conjunta general de la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Secretaría de Comercio nro. 5271/2022 - B.O. 12/10/2022-, (en especial arts. 1 y 11) la Sala declara inoficioso emitir pronunciamiento respecto de la medida cautelar que había sido rechazada en primera instancia con el objeto que se disponga la suspensión de los efectos de la Resolución General AFIP N° 4185-E y de la Resolución N° 523- E/2017 y que se ordene a la AFIP-DGA y al Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Productivo- que se abstengan de exigir el estado autorizado de la Licencia No Automática, tramitada en el SIMI, y que permitan la oficialización de los despachos de importación, su tramitación, liberación a plaza y comercialización de la mercadería que ampara. El estado de la SIMI en cuestión era "OBSERVADO" y por conducto del art. 11 "Las presentaciones efectuadas en el marco del 'Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones' (SIMI), que a la fecha de publicación de la presente, se encuentren en estado OFICIALIZADO u OBSERVADO pasarán al estado ANULADA, debiendo registrarse nuevamente mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA)".
Corte Suprema de Justicia de la Nación, superintendencia, acto administrativo, control de legalidad, estado de derecho
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ Estado  Nacional  (Poder  Ejecutivo  Nacional  y Poder Judicial de la Nación). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-22

Es valioso, para que se transparente el Estado de Derecho, que la actividad administrativa de la Corte pueda ser sometida a juicio de revisión de legitimidad.
Hurto simple, hurto de automotor, automotor en vía pública
Materia: PENAL
Carátula: R.M. s/ HURTO AGRAVADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-10-10

La acción del prevenido, que sustrajo un camión que se hallaba estacionado en la vía pública con el motor encendido, pues había sido dejado momentáneamente por su conductor para visitar unos clientes, configura el delito de hurto simple, y no el de hurto calificado.

Ello así porque si esta agravante descansa, en la necesidad impuesta a su propietario de dejar el vehículo "en determinadas situaciones que llevan consigo un riesgo" cual es su estacionamiento en la vía pública o en lugares de acceso público, lo que naturalmente supone el abandono de su custodia y el consecuente estado de indefensión del titular del rodado -resulta claro que no concurren los presupuestos que informan la mayor tutela penal cuando en una calle de pleno centro de la ciudad se deja un rodado por un instante y por pura comodidad con su motor en marcha.

El riesgo innecesariamente generado por un comportamiento negligente del damnificado no es captado por el dispositivo de agravación.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, responsabilidad del empresario
Materia: CIVIL
Carátula: ARROYO, Ricardo Arturo c/ IRSA Inversiones y Representaciones s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-10

El artículo 1113 del Código Civil, no sólo hace responsable por lo daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, al propietario sino también al guardián, resultando de ello una duplicidad de legitimados pasivos, los que tienen la dirección del hecho y los que sacan provecho económico de él. En consecuencia, quien con su actividad crea riesgos y recibe beneficios, debe en esa medida soportar los daños que ocasione, pues quien crea para los demás un riesgo está creando para sí una fuente de riqueza, y por ende deberá afrontar las reparaciones.(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Abordaje aéreo, tratados internacionales, Derecho de la navegación, jurisdicción y competencia, Estados extranjeros
Materia: PROCESAL - NAVEGACION
Carátula: Compañía Arenera del Río Luján  SA c/ De Castro, Francisco y otros s/ Indemnización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

La norma del art. 5 del Tratado de Derecho de Navegación Comercia l Internacional de Montevideo de 1940, que fija la ley y la jurisdicción aplicables en materia de abordajes, no se aplica al caso en el que no ha existido "Choque entre dos navíos en el curso de lstado extranjero, que mal podría calificarse como un "abordaje".
Divorcio contradictorio, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: R. DE A.G. c/ A.M.A. s/ DIVORCIO - ALIMENTOS Y TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-25

Las declaraciones de los testigos en juicio de divorcio deben ser desechadas, cuando son sospechosas de parcialidad y cuando se refieren a hechos que de ningún modo fueron introducidos en la contestación de la demanda, por lo tanto es de aplicación el plenario "L., E.J.P. de C./L.S." del 28/12/53, pues ya no se trata de haber omitido mención legal de la causal, sino los hechos o relaciones fácticas concretas que sustentan dicha causal.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: Partido del Trabajo y del Pueblo s/ reconocimiento    de  personería  jurídico  política  de  distrito  -  Córdoba.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

La intención del legislador no debe ser obviada por posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal.
Nulidad de sentencia, obligación tributaria, ley vigente
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Sposto, Alejandro Andrés c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-29

Corresponde anular el decisorio impugnado en cuanto confirmó el rechazo del planteo de suspensión de la acción penal (cfr. art. 10, Ley 27.541), por acogimiento al régimen de regularización de obligaciones tributarias previsto por la ley 27.541 -modificada por ley 27.562-.y remitir las actuaciones a su origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento, toda vez que del análisis de la normativa en juego se advierte que no hay disposición alguna que excluya expresamente al delito investigado en autos -simulación dolosa de cancelación de obligaciones- de la aplicación del régimen de regularización y, claro está, de la suspensión de las acciones penales que se prevé como consecuencia de su acogimiento. Pero no solo el texto legal refuta la posición de los magistrados de las instancias anteriores, sino que la propia reglamentación de la ley es clara al respecto. En efecto, el artículo 55 de la RG 4816/2020 de la AFIP, que fija los requisitos para la adhesión a dicho régimen de regularización, específicamente establece que "[l]os funcionarios competentes de esta Administración Federal estarán dispensados de formular denuncia penal contra aquellos responsables que regularicen las obligaciones comprendidas en la Ley N° 27.541 y sus modificaciones a través del régimen reglamentado por la presente, respecto de los delitos previstos en las Leyes N° 23.771 y N° 24.769 y sus respectivas modificaciones, en el Título IX de la Ley N° 27.430 -Régimen Penal Tributario- y en el Código Aduanero, relacionados con los conceptos y montos incluidos en la regularización". Así pues, la reglamentación citada evidencia que el legislador no introdujo distingos entre los supuestos previstos por la ley penal tributaria a los que les es aplicable el régimen de regularización y sus consecuencias.
Intereses, tasa activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DE NAPOLI, VICTOR ENRIQUE c/ ALEGRE, DANIEL ADAN Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-18

En el caso de accionarse por el cobro de un pagaré, y al no haberse pactado los intereses, la normativa que lo regula es el art. 565 del Código de Comercio y sus disposiciones concordantes. En consecuencia, corresponde establecer que los intereses legales son los que cobran los bancos públicos conforme a la tasa activa (Banco Nación).
Procedimiento administrativo, juicio
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: LENO, GERARDO OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 545-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-21

En el procedimiento administrativo no es exigible el cumplimiento sacramental que tiene que observarse durante el desarrollo de un proceso judicial.
Accidente de tránsito, indemnización, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: LEIVA, CORNELIO LEONOR c/ LUND, ERNESTO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-08-24

La privación de un vehículo no constituye un lucro sino un daño emergente que, aunque no se acredite concretamente, debe ser indemnizado, ya que se presume en principio que el que posee y utiliza un vehículo no lo hace por mera satisfacción, sino que llena una necesidad y contribuye al desarrollo de todas sus actividades, no sólo económicas, sino de la vida en general. También se ha dicho que, si bien la imposibilidad de disponer del vehículo origina un perjuicio indemnizable como daño emergente, que no requiere pruebas concretas, para su fijación debe atenderse tanto a la falta de comodidad, como a las erogaciones efectuadas por la utilización de otros medios de transporte, mas debe fijarse en forma prudencial, teniendo también en cuenta que dicha privación implica necesariamente que no se efectuaron gastos de combustible ni mantenimiento. Tiene dicho en forma reiterada este Tribunal que la privación de uso de un vehículo, importa siempre un perjuicio económico para su dueño, lo que debe ser indemnizado, no siendo impedimento para ello la falta de elementos probatorios, pues se presume que quien tiene y usa un vehículo lo hace para llenar una necesidad. Ante la falta de prueba sobre el monto del perjuicio la determinación queda librada al prudente arbitrio judicial.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: OTRANTO Rafael Nicodemo s/ ROBOS REITERADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-21

La sentencia no se puede apartar -porque su misión es precisamente, decidir sobre él- del acontecimiento histórico imputado, como situación de vida ya sucedida (acción u omisión) que se pone a cargo de alguien como protagonista.
Fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte, Superior Tribunal de la Causa, telecomunicaciones, Mendoza, inconstitucionalidad, facultades tributarias municipales, tributos, servicio telefónico, servicio público, empresa de servicios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Mendoza s/ acción procesal administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

El precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del que expresamente se ha apartado el Superior Tribunal de la Provincia de Mendoza - Telefónica de Argentina c/ Municipalidad de General Pico, Fallos: 320:162-, al rechazar el planteo de inconstitucionalidad de ciertas ordenanzas tributarias efectuado por una empresa de telecomunicaciones, evidencia una confusión de conceptos que exige a la Corte destacar que en modo alguno se trata de negar la potestad municipal de imponer gravámenes en forma genérica, sino de la imposibilidad de hacerlo sobre un aspecto de la actividad de la actora, cual es la ocupación o uso del espacio público de jurisdicción municipal a los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Valdez, Rúben Domingo; Selinger, Atilio Omar s/ Defraudación reiterada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

Es ineficaz el recurso de inaplicabilidad de ley que denuncia violación del art. 256 inc. 1 -n.a.- del C.P.P. si las normas en que se funda la sentencia para la prueba del cuerpo del delito se corresponden con las que en la doctrina reciben el nombre de pruebas directas e inmediatas.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, reparación integral
Materia: CIVIL
Carátula: POSLEMAN, ANTONIO c/ DESACI, ELITESA (UTE) Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-23

Por el principio de la reparación integral de los daños ocasionados por un accidente de tránsito, el responsable esta obligado a dejar las cosas en el estado que se encontraban; por lo que, probado los daños y su monto corresponde su procedencia (arts. 1109 y 1110 del Código Civil).
Administración Pública, acción contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Capdevilla Empresa Constructora S.A. c/ Municipalidad de Andalgalá s/ Acción   Contencioso  Administrativa  de  Ilegitimidad  o  Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-11-08

Comparto en un todo las consideraciones formuladas por los Ministros que preceden el Acuerdo por lo que me pronuncio en idéntico sentido.

Ello no obsta a que formule la siguiente aclaración pues en autos Corte Nº 50/98 "Minera Andina S.A. y Víctor M. Contreras y Cía. S.A.

c/Provincia de Catamarca s/Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad o Nulidad", compartiendo la opinión de un sector de la doctrina, hice referencia a la posibilidad que existe ante ciertas y determinadas circunstancias que la Administración esté facultada para revocar "per se" por razones de ilegitimidad actos administrativos firmes y consentidos, que han generado derechos subjetivos, ello en procura de defender aquel interés público comprometido directamente en la vigencia plena del orden jurídico.

Ahora bien, en la presente causa, se discute precisamente si asiste a la Administración Municipal demandada la potestad de revocar por sí y ante sí actos administrativos que habrían generado derechos subjetivos a favor del recurrente. Que del análisis de las constancias de autos surge, que el supuesto invocado por la Administración para justificar la revocación de oficio, ha sido la cuestionada recepción provisoria de la obra pública que no se habría producido, a juicio de la Administración, entre otras cuestiones por el hecho de no ser el inspector de la obra representante del Municipio, siendo que éste es el único facultado para tal acto. Que como bien sostiene el voto que inaugura el Acuerdo, ello no empece a que se considere producida la recepción provisoria en forma automática por el solo transcurso del plazo legalmente establecido, estando ello en un todo de acuerdo con el plexo normativo aplicable, por lo que no se advierte cuál es el vicio grave y manifiesto que padece el acto anulado que imponga en el caso el restablecimiento de la legalidad y que justifique la potestad anulatoria de la Administración. En consecuencia, no dándose los supuestos previstos en la causa referenciada supra, corresponde hacer lugar a la acción contencioso administrativa articulada. (Del voto del Dr. Cáceres -Según su fundamento).
Acción de amparo, existencia de otras vías, empleo público, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARZANO, JUAN CARLOS Y OTROS c/ ESTADO  NACIONAL  (MINISTERIO DE ECONOMIA -SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA) s/ AMPARO -INEXISTENCIA DE OTRAS VIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-20

No procede el amparo ante la posibilidad de utilizar vías legales ordinarias. Su improcedencia debe decretarse aún cuando se invoquen eventuales dilaciones inherentes a esos procedimientos.

La omisión por parte del Poder Administrador de dictar las normas pertinentes -a partir de junio de 1985- con el fin de corregir el desnivel salarial existente entre distintos funcionarios de igual jerarquía no puede ser corregida por la acción de amparo; puesto que ésta no incluye someter a la vigilancia judicial al desempeño de los funcionarios y organismos administrativos para juzgar de su acierto o desacierto, sobre todo en la delicada materia salarial que -como regla- no puede sustraerse a una prudente discrecionalidad.