Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-25


SENT Nro. 627 San Miguel de Tucumán, 25 DE AGOSTO de 2003.- Y VISTO: El planteo de inconstitucionalidad deducido por la parte actora en los autos caratulados: "Quiroga, Jorge Roberto vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Medida preparatoria cobro de alquileres y daños y perjuicios- Expte: 9081/98"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el planteo de inconstitucionalidad formulado por el actor contra las leyes 6987, 6995 y subsiguientes.

El accionante funda la impugnación en que desde el año 1991, en el que la intervención federal dictó la ley 6071, -en la que se declaró la emergencia económica y financiera de la Provincia-, se sucedieron numerosas leyes que fueron prorrogando esa declaración de emergencia, sin que se le diera solución pese al tiempo transcurrido, en el que fue incrementándose la deuda pública. Sostiene que las leyes de emergencia son impuestas por graves circunstancias, y que tienen como nota distintiva la transitoriedad. Manifiesta que ello favoreció la irresponsabilidad de la administración pública, y que lo extraordinario y transitorio se convirtió en común y permanente.

Tacha la constitucionalidad de las leyes por infringir los arts. 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, porque privan a su parte de sus derechos de propiedad, y porque otorgan al Estado Provincial prerrogativas que lo colocan en un plano de supralegalidad. Se agravia diciendo que su parte adquirió con la sentencia dictada en autos un derecho de propiedad del que se lo priva, y cita jurisprudencia de los tribunales locales sobre la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley 6271.

Denuncia que en su caso a la Provincia no le importó la situación de emergencia que invoca y provocó un perjuicio al erario público al alquilar un inmueble que no ocupaba dejándolo deteriorar, lo que motivó que la Corte dispusiera que se remitan las actuaciones al Ministro Fiscal para iniciar las acciones correspondientes. Por ello considera que la Provincia actúa contra sus actos propios al invocar ahora una situación de emergencia económica y financiera para no pagar lo que debe.

Al corrérsele traslado del planteo el apoderado de la Provincia sostuvo que el crédito en cuestión está aprehendido por las leyes 6987 y 6995. Manifestó que esas leyes fueron dictadas en ejercicio de facultades constitucionales de poder de policía de emergencia económica, para superar la situación de peligro colectivo creado por las graves circunstancias que son de público conocimiento, y citó jurisprudencia de la Corte de la Nación y de la Provincia.

2.- Analizando el planteo formulado, se advierte que el crédito reconocido al actor por sentencia dictada por esta Corte en fecha 8/5/2003, se devengó entre el 1/01/1998 y el 7/5/1998.

En noviembre de 1999 la Provincia de Tucumán promulgó la ley 6987 (B.O. 15-11-99), por la cual se consolidaron las obligaciones vencidas de causa o títulos operados al 31 de octubre de 1999 (art. 1). Por ley 6.991 (B.O. 1-12-99) se facultó al Poder Ejecutivo a pagar la deuda consolidada al 31-10-99 con la entrega de bonos Independencia Argentina (ley 6692 y sus modificatorias), autorizándolo a emitir bonos y reprogramar la fecha de emisión de los títulos.

En Boletín Oficial del 21-11-2000 la Nación publicó la ley 25.344, en cuyo artículo 13 se dispuso la consolidación en el Estado Nacional, con los alcances y en la forma dispuesta por la ley 23.982, de las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991, y anterior al 1 de enero de 2000, estableciendo fechas diferentes para las obligaciones previsionales.

La ley nacional fijó el plazo para hacer frente al pasivo (16 años para las obligaciones generales y 10 años para las previsionales del régimen general), y autorizó la emisión de bonos para cancelación de deudas. Como en la anterior ley 23.982, se previó la adhesión de las provincias (art. 24 ley 25.344).

Por ley 7132 (B.O. 11-5-01) la Provincia de Tucumán se adhirió a la ley 25.344, "en todo aquello que resulte de aplicación local en concordancia con el ordenamiento jurídico provincial vigente". Tal ley opera de pleno derecho, dada su naturaleza de orden público, con los alcances previstos en el art. 16 de la ley 23.982, que aclara que la norma fue dictada en ejercicio de poderes de emergencia, según lo establece el art. 13 de la ley 25.344.

La adhesión provincial a la ley 25.344 tuvo el efecto de sanear la objeción que la Corte Suprema de la Nación había declarado contra las leyes 6987 y 6995 en sentencia dictada el 27-3-2001 "por cuanto esa legislación ha abarcado un período superior al previsto en la ley nacional 23.982, al establecer como fecha de corte el 31 de octubre de 1999, por lo que su aplicación en el caso importa limitar el derecho del acreedor, extremo expresamente prohibido" (Fallos: 324: 861 en juicio "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente vs. Provincia de Tucumán"). Ese fue el criterio sostenido por la Corte Nacional respecto de las leyes provinciales que infringían el artículo 19 de la ley 23.982 por introducir mayores restricciones a los derechos de los acreedores (cfr. sentencia Nro. 17-11-94 en "Pescasur S.A. s. Provincia de Santa Cruz", Fallo: 317: 1621; sentencia del 1996-02-06 en "Obra Social Aceros Paraná S.A. y Empresa Antecesora c. La Rioja, Provincia de y otro s/ejecutivo"; sentencia Nro. del 27-5-99 en "Kasdorf S.A. c. Jujuy, Provincia de s/daños y perjuicios"; sentencia Nro. del 16-3-99 en "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c. San Luis, Provincia de s/cobro de australes"; entre otras).

Al no contener las leyes locales restricciones superiores para los acreedores que las previstas por la ley nacional, quedó superado el conflicto entre las mismas y el régimen de consolidación federal.

En consecuencia con lo expresado, la deuda que se condena a la Provincia a pagar en el presente juicio está aprehendida en el régimen instituido por la ley 6987 modificado por la ley 6995, y ley 7132 fundada en la ley 25.344.

3.- Corresponde desestimar la tacha de inconstitucionalidad formulada contra las leyes 6987 y 6995, por cuanto las mismas respetan los requisitos de cumplimiento necesario para justificar su dictado, que la Corte Suprema de la Nación expresó de la siguiente manera: "a) Que exista una situación de emergencia definida por el Congreso; b) Persecución de un fin público que consulte los superiores y generales intereses del país; c) Transitoriedad de la regulación excepcional impuesta a los derechos individuales y sociales; y d) Razonabilidad del medio elegido por el legislador, o sea adecuación de ese medio al fin público perseguido y respeto del límite infranqueable trazado por el art. 28 de la Constitución Nacional" (Fallos: 243:467, considerando 7 del voto de los doctores Aráoz de Lamadrid y Julio Oyhanarte; Fallos: 321: 449 considerando 6).

El agravio que pretende la descalificación del estado de emergencia y la inexistencia de transitoriedad del régimen legal debe desestimarse, en tanto, -en palabras de la Corte Suprema de la Nación-, "se trata de un juicio de constatación donde la verificación de los extremos propios de la situación excepcional se recoge de las definiciones emanadas de los poderes políticos, a quienes constitucionalmente compete la evaluación de la crisis y la formulación de las políticas destinadas a su superación. Es pues el Congreso, como depositario de la soberanía popular y único órgano de gobierno habilitado para reglamentar en primer grado los derechos constitucionales, el que debe declarar el estado de emergencia, y cuyo juicio cabe en principio aceptar, salvo supuestos de un claro desconocimiento de circunstancias públicas y notorias, en grado tal que dispense en su análisis de mayores consideraciones según la común valoración de la sociedad" (cfr. Fallos: 321:449 considerando 7).

4.- Esta Corte se expidió sobre la constitucionalidad de la ley 6987 en sentencia de fecha 12/4/2000 dictada en juicio "Petracca M. E. vs. Provincia de Tucumán s/escrituración y fijación de plazo", en el que declaró que se encuentran cumplidos los recaudos necesarios para garantizar la sumisión constitucional de la ley. En esa oportunidad este Tribunal declaró que "existe un estado de emergencia económica provincial que produjo el dictado de estas leyes. Tal cual rezan los primeros artículos de la ley 6987, ellas fueron dictadas en atención a la situación económico-financiera en que se encuentra la Provincia de Tucumán, a fin de superar el peligro colectivo creado por las graves circunstancias económicas y sociales que ella está padeciendo". Expresó que "igualmente ocurre con el carácter transitorio de estas normas. Las medidas que las mismas establecen, esto es: consolidación de obligaciones vencidas, suspensión de ejecuciones judiciales e inembargabilidad de los recursos estatales, reconocen un límite temporal (31 de diciembre de 2001 para la situación de emergencia económica y 31 de diciembre de 2003 para la inembargabilidad), lo que reviste a las mismas del carácter de circunstanciales, a la vez que pone de manifiesto que, acotar en el tiempo la vigencia del contenido de la norma -eminentemente restrictivo de derechos y garantías constitucionales-, ha sido la voluntad explícita del legislador. De otro lado, y soslayando -en aras del respeto al principio de división de poderes- cualquier pronunciamiento sobre la eficacia o conveniencia de las medidas adoptadas, éstas aparecen como razonables en tanto se presentan como medios adecuados y proporcionados al fin que se proponen.

Lo expuesto se ve reforzado tan pronto se considera que, de modo alguno pueden tenerse a estas leyes como atentatorias y frustratorias de derechos constitucionales, sino que importan tan sólo la suspensión provisoria sin menoscabo del respeto por los mismos; aserto éste que se corrobora no bien se advierte que: a) esta suspensión en modo alguno implica desconocer la cosa juzgada de la sentencia en trámite de ejecución o la virtualidad de su eficacia en tanto no desconoce el derecho sino que otorga al titular de los que están reconocidos la posibilidad de cobrar por el procedimiento especial previsto por la ley 6987; se trata -desde la perspectiva de los carriles normales-, de una modalidad atípica de pago, previo cumplimiento de los recaudos y condiciones estipuladas en la norma y b) la suspensión dispuesta, atento las razones que se invocan para el dictado de las normas que regulan la emergencia económica, no se presenta como irrazonable, ya que está restringida a un lapso determinado de tiempo, como ya se e xplicitara".

En la referida sentencia esta Corte expresó que "la emergencia, conforme lo expresó la Corte Nacional, abarca un hecho cuyo ámbito temporal difiere según circunstancias modales de época y de sitios. Se trata de una situación extraordinaria que gravita sobre el orden económico social, con su carga de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza, penuria e indigencia, origina un estado de necesidad al que hay que poner fin. Se trata, en esencia de hacer posible el ejercicio de facultades indispensables para armonizar los derechos y garantías individuales con las conveniencias generales, de manera de impedir que los derechos amparados por esas garantías, además de correr el riesgo de convertirse en ilusorias por un proceso de desarticulación de la economía estatal, puedan alcanzar un grado de perturbación social acumulada, con capacidad suficiente para dañar a la comunidad nacional (cfr. sentencia Nro. 137 del 22/3/99). También se expresó que "la emergencia económica, tal cual fue conceptualizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se vincula con el contenido de la regulación legislativa sancionada por el Congreso (en nuestro caso la Legislatura), caracterizado por una intensa restricción a los derechos individuales, que no altera el principio de división de poderes. Ello significa atender a la conservación del sistema político y del orden económico, sin los cuales no podría subsistir la organización jurídica sobre la que reposan los derechos y garantías individuales. Para que éstas tengan concreta realidad, es esencial la subsistencia del Estado, de su estructura jurídica y su ordenamiento jurídico y político (cfr. sentencia Nro. 25 del 16/02/99)". (Cfr. sentencia Nro. 244 del 12/4/2000 dictada en "Petracca, Miguel E. vs. Provincia de Tucumán s/escrituración y fijación de plazo").

5.- Debe recordarse que el principio de separación de poderes y el necesario autorrespeto por parte de los tribunales de los límites constitucionales y legales de su competencia impone que, en las causas en las que se impugnan actos que otros poderes han cumplido en el ámbito de las facultades que les son privativas con arreglo a lo prescripto en la Constitución Nacional, la función jurisdiccional de los jueces no debe interferir en el ejercicio de tales atribuciones, puesto que si así fuera se haría manifiesta la invasión del campo de las potestades propias de las demás autoridades del Estado.

En ese orden de ideas, lo atinente al gobierno, administración de la hacienda y patrimonios públicos, y las políticas respectivas, son materia propia de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Compete al Poder Judicial decidir -en casos judiciales- acerca de su legalidad, especialmente en cuanto concierne a su confrontación con la Constitución Nacional, pero no de su acierto, oportunidad o conveniencia. Ha expresado el supremo Tribunal Nacional que "tan correcto es afirmar que en la esfera que le es exclusiva, la competencia del Poder Judicial debe ser ejercida con la profundidad y energía que mejor respondan a los mandatos de la Constitución Nacional y las leyes, como que una de sus misiones más delicadas "es saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabo de las facultades que incumben a otros poderes o jurisdicciones" (Fallos: 313: 228 y 863; 315:2217), de modo de preservar el prestigio y la eficacia del control judicial, evitando así enfrentamientos estériles (Fallos: 317:126)". (Cfr. Fallos 321: 449 en "Lavandera de Rizzi c. IPV").

6.- Por lo expuesto, el cuestionamiento referido a la falta de transitoriedad del régimen legal de emergencia debe desestimarse, en tanto la merituación de la longitud de los plazos, -en tanto no se manifiesten como irrazonables-, constituye una determinación privativa de los poderes del Estado que fijan las políticas atinentes al gobierno, administración de la hacienda y patrimonios públicos.

Tales políticas que se traducen en regímenes legales como el cuestionado, no pueden descalificarse ni dejarse de aplicar a causa de un acto de irresponsabilidad de algún funcionario, -pasible de otro tipo de sanciones y responsabilidades-, por lo que debe desestimarse el agravio en el que el impugnante pretende que se aplique la doctrina de los actos propios para impedir la aplicación del régimen de emergencia.

Cabe señalar que la jurisprudencia citada por el impugnante no resulta aplicable al caso, pues se refiere a casos de expropiación, supuesto que tiene una garantía constitucional específica (cfr. fs. 186 vta. y ss: "Carletto", Almandino", "Poligar S.A." y otros contra Municipalidad de S. M. de Tucumán", todos sobre expropiación). En cuanto a la invocación de lo resuelto por la Corte Suprema de la Provincia en sentencia Nro. 104 del 5 de marzo de 2003 dictada en "Alfaro, J. C. vs. Sup. Gobierno de la Provincia s/Cobro ejecutivo", resulta también improcedente, por cuanto en aquél se resolvió una pretensión que no tiene analogía con la presente.

7.- De conformidad con lo expuesto, este Tribunal considera que debe desestimarse el planteo de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar consolidada la deuda del Estado Provincial que se ejecuta en autos, suspendiéndose, por tanto, el proceso a tenor de lo dispuesto por el art. 5 de la ley 6987.

8.- Atento a la naturaleza de la cuestión, la decisión adoptada y la normativa vigente, distribúyanse las costas por su orden (art. 106 inc. 1 CPCC).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el planteo de inconstitucionalidad formulado contra las leyes 6987, 6995 y 7132.

II.- SUSPENDASE el curso de la presente causa, conforme se considera.

III.- COSTAS como se consideran.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA