Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22


SENTENCIA Nº 38839 JUZGADO Nº 54 AUTOS:"VISALLI, Juan Domingo c. SQUADRA REPRESENTACIONES S.A. y otros s. Despido" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de mayo de 2012, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- Las partes vienen en apelación contra la sentencia de fs. 492/505 que hizo lugar a las pretensiones de cobro de diversos créditos de naturaleza laboral.

II.- La sentenciante de grado, con remisión a las pruebas que citó, tuvo por cierto que los servicios prestados por el actor fueron en el marco de un contrato de trabajo, que lo habilitó para considerarse despedido ante la negativa de la demandada de la existencia de la relación laboral (artículos 242 y 246 L.C.T.).	En lo que atañe al artículo 23 de la LCT, he sostenido invariablemente que el mismo, manda presumir, en principio, que la prestación de servicios personales en una estructura empresaria ajena reconoce como fuente un contrato de trabajo. Pero ello es sólo una presunción iuris tantum que puede ser desvirtuada por prueba en contrario. Y la teoría del contrato realidad fue elaborada por la doctrina para hacer frente a situaciones en las que mediaba prestación efectiva de servicios remunerados pero no contrato válido; su versión elaborada es la de la relación de trabajo, recogida por el artículo 22 LCT, según la cual la ejecución de las prestaciones laboral y remuneratoria, que configura esa relación, determina la aplicación de la normativa regulatoria, legal o convencional, aunque no exista como antecedente, es un contrato de trabajo válido. La norma, como la generalidad de las que establecen presunciones, parte de la observación de lo que pleorumque accidi en su sector de la realidad social, esto es, de los compartimentos típicos de los operadores jurídicos en situaciones determinadas y les atribuye como consecuencias las previstas en el ordenamiento para este tipo legal en particular.

El tipo que el artículo 23 LCT contempla es el del trabajo prestado para empresas industriales, comerciales o de servicios, en las que, como resulta de la observación de la realidad, los sujetos recurren, regularmente, al contrato de trabajo para, respectivamente, obtener el derecho a la utilización de su fuerza de trabajo a la apropiación originaria de los frutos del trabajo a cambio de la remuneración que le permita proveer a su subsistencia y la de su familia el trabajador que, por carecer de instrumentos de producción sólo puede insertarse en el proceso económico a través de una empresa ajena.

Es a través de este razonamiento que se llega a presumir, frente a la prestación de servicios en las condiciones anotadas, que las partes se han vinculado típicamente, mediante un contrato de trabajo, "salvo que por las circunstancias, las relaciones o las causas que lo motiven, se demostrase lo contrario".

En la especie, la demandada, que se dedica a la representación de jugadores de futbol profesional y amateur, reconoció que el actor prestó servicios concurriendo a los partidos de fútbol con el fin de observar entre las divisiones inferiores nuevos jugadores para que sean contratados por Squadra Representaciones S.A. Rige plenamente la presunción del artículo 23 L.C.T. Esto es, la prestación de servicios personales, en el marco de una organización empresaria ajena, elemento conocido de la presunción que permite inferir, juris tantum, que ella reconoce como fuente un contrato de trabajo. Era carga de la parte acreditar su versión, si pretendía desvirtuar los efectos de la presunción. No resulta de los argumentos del recurso ni del examen de la prueba rendida que lo haya logrado. Los testimonios a los que la Jueza a quo remitió, fueron analizados convenientemente con ajuste a las reglas de la sana crítica y, la demandada no sometió a evaluación las conclusiones que de ellos extrajo la sentenciante. La constelación de los declarantes poseen plena eficacia convictiva, pues, revelan el hecho mismo de la prestación de servicios, la incorporación del actor en una empresa ajena y la presencia de las notas de subordinación económica, técnica y jurídica (aún cuando en el caso y por la actividad del actor la segunda se encuentre un tanto diluida). A ello debe sumarse que la memoria en examen no exhibe la crítica razonada y concreta de los restantes fundamentos del decisorio de grado; ellos son: a)". el perito ingeniero en sistemas de información, quien acompañó comunicación vía e.mail entre el actor y el co-demandado Savich, correo que conforme informa el perito se extrajo de la computadora portátil de Alejandro Savich. En dichas comunicaciones se observan los informes que el actor le daba a este co-demandado (quien conforme informó AFA, se encuentra inscripto en los registros como agente de jugadores) acerca de determinados jugadores. Se desprende en las mismas la presencia del actor dentro de los lugares de entrenamiento (menciona incluso conversaciones mantenidas por él o sus colaboradores con el buffetero de uno de los clubes) y las indicaciones o directivas que le impartía el demandado mencionado en las respuestas que vía e.mail le enviaba; b) ".el contrato de trabajo prescinde de las formas frente a la evidencia incontrastable de los hechos, por lo que ninguna relevancia tienen las manifestaciones que pudieren haber realizado las partes de buena o mala fe para calificar sus relaciones, o incluso, el silencio que el dependiente pudiera haber observado , durante el curso de la relación. Así, ni el lugar donde desempeñaba sus tareas, ni el cumplimiento de horarios, ni la falta de exclusividad u otra serie de elementos netamente formales, resultan determinantes de la inexistencia de una relación laboral, cuando, como en el caso se trata de la prestación de servicios personales e infungibles a favor de otro, según sus órdenes e instrucciones y bajo su dependencia jurídico-personal y económica"; c) ".tampoco el hecho de que el actor percibiera montos en concepto de honorarios logran acreditar siquiera mínimamente, el carácter de empresario o profesional liberal de quien prestara el servicio, por cuanto. resulta de aplicación el denominado principio de primacía de la realidad que implica que lo determinante son los hechos tal como se dan y no lo que las partes quieren decir de su relación o las denominaciones que hayan adoptado"; d) ".también la entidad bancaria acompañó copia de los cheques librados contra la cuenta corriente antes mencionada, la que como se dijo se encuentra a nombre de Squadra Representaciones S.A., los que fueron percibidos por el actor. En este sentido el testigo González dijo que los pagos los realizaba a través del Banco Galicia y que cuando eran en efectivo los entregaban Savich o Manzanares y la testigo propuesta por la demandada Sabore afirmó que el contador Manzanares (codemandado en autos) le dejaba a ella el cheque mediante el cual se le abonaba al actor"; e) ".surge debidamente acreditado que tanto el accionante como su hijo.se encontraban afiliados al Centro Médico Pueyrredón y que sus credenciales resultan auténticas y que la prestación de cobertura a ambos era a través de un canje publicitario con la sociedad demandada"; d) ". el accionante realizaba su actividad todos los fines de semana concurriendo a los partidos de fútbol con el fin de observar entre las divisiones inferiores nuevos jugadores con determinadas habilidades para que sean contratados por la empresa demandada, quien actuaba como representante de estos deportistas, beneficiándose con esta representación más aún cuando se concretaban los pases o ventas de estos jugadores. También surge que si bien el actor no concurría a la sede de la empresa demandada todos los días, puesto que su trabajo fundamental se desarrollaba en los estadios o canchas de fútbol, lo hacía con asiduidad, llevando los informes lo menos una vez cada quince días. la declaración del testigo Nofal quien, si bien declaró a propuesta de la parte actora, dijo ser amigo personal y pariente de dos de las personas físicas demandadas ( Savich y Rainelli), sostuvo que lo veía al actor en la empresa, incluso participando en reuniones y que el testigo González agregó que el actor no tenía horario fijo, sino que era rotativo". En definitiva, en la especie, el pretensor ejecutaba prestaciones relacionadas con la selección de jugadores en una organización cuyo objeto consiste en la representación de jugadores de fútbol y ello implica el "hecho conocido" de la presunción del artículo 23 L.C.T., que resulta el método adecuado para resolver la situación materia de juzgamiento. Este aspecto del decisorio se encuentra al abrigo de revisión. (artículos 90, 116 Ley 18.345, 265, 377, 386 C.P.C.C.N.).

III.- Savich, Manzanares y Squadra Representaciones S.A. y el actor se quejan de la base remuneratoria escogida en la sentencia de grado para el cálculo de los rubros indemnizatorios y salariales admitidos.

El agravio de los demandados es insuficiente, porque omiten ilustrar a cuánto debería haber ascendido la remuneración, que no luce exagerada, según las modalidades de contratación y las tareas desarrolladas por el actor (artículo 116 Ley 18345).

El actor cuestiona el ejercicio de la facultad estimatoria prevista en los artículos 56 Ley 18.345, 56 y 114 L.C.T. considerada por la sentenciante de grado, quien fijó en $ 3.500 la remuneración percibida, teniendo en cuenta la índole de la actividad desarrollada y que de las constancias de la causa no surge la percepción de una suma mayor o el cobro de montos en concepto de porcentajes, tal como se expuso al demandar.

El artículo 55 de la L.C.T. establece una presunción simple, sujeta a la apreciación judicial de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Desde esta perspectiva, el juez no está obligado a aceptar cualquier estimación libre, por irrazonable que sea. A mi juicio, la a quo hizo bien en descalificar la declaración González con la que el pretensor intentó acreditar que percibía una remuneración mensual de $ 7000. En lo que interesa, el testigo dijo saber que ".el actor cobró en negro, que lo sabe porque al dicente le daban muchas veces la plata en un sobre para que se la entregue al actor ya que lo veía en la cancha muchas veces y que por eso mismo sabe cuanto cobraba el actor, porque lo contaba al dinero delante del dicente. Que no sabe el importe de los cheques, que eran dos de mil, uno entre 7000 y 10.000 pesos pero que no recuerda cuántos cheques eran ni el monto exacto. Que no sabe cada cuanto cobraba, que sabe que cobraba mensualmente pero que no siempre se lo daba el dicente al sueldo.". Las inferencias del testigo, por razonables que sean no constituyen aserciones sobre hechos percibidos, por lo que no son materia de prueba testimonial. Además, relató una suerte de auditoría respecto de las sumas de dinero percibidas por el actor, lo que revela un grado de inverosimilitud que requiere, en el destinatario, uno equivalente de credulidad. En definitiva, la prueba es inidónea para acreditar el nivel salarial, extremo cuya prueba era carga del pretensor (artículos 377, 386 C.P.C.C.N.).-	IV.- La demandada cuestiona la condena al pago de la multa del artículo 8 de la Ley 24.013. El agravio es inadmisible El requerimiento de regularización registral previsto por el artículo 11 de la Ley 24.013 se realizó durante la vigencia de la relación de trabajo que finalizó por despido indirecto el 06.06.2007 ante la negativa de la relación de trabajo por la demandada (ver cartas documentos del anexo 688 reconocidas a fs. 125) por lo cuál no resulta exigible al trabajador que aguarde el plazo de 30 días para que resulte acreedor a las multas de la citada normativa. Ello así, atento que no es posible inferir que el empleador, fehacientemente intimado, tenga la intención de regularizar la relación de trabajo. Además, se ha acreditado la remisión del telegrama a la AFIP, de acuerdo a lo previsto en el art. 47 de la Ley 25345, frente a lo cual la parte demandada, soslaya que ha sido acreditada su recepción a través de la correspondiente prueba de oficio ( ver fs. 181 e informe del Correo Argentino de fs. 189). Considero menester señalar que la esencia del art. 11 de la Ley de Empleo no es solo la de remitir copia del requerimiento a la AFIP sino también la de asegurar su recepción, de modo tal de activar los mecanismos tendientes a salvaguardar la razón de ser de la norma: evitar y combatir la evasión de aportes.

La demandada cuestiona el monto de la multa, pues, argumenta que no se tomó en cuenta el plazo establecido en el artículo 256 LCT. El agravio es insuficiente porque no se hace cargo de los fundamentos por los cuales la sentenciante rechazó el pedido de prescripción. Al respecto, con remisión a los precedentes que citó concluyó que: ".el término de prescripción de las obligaciones derivadas de los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 24.013 comienza a correr al vencimiento del plazo establecido en el artículo 11 del citado cuerpo legal y no desde la exigibilidad de cada una de las remuneraciones que sirven de base para su cálculo." (artículo ll6 ley l8345). Lo expuesto conduce a confirmar lo resuelto en la instancia anterior, y no existen motivos, por lo anotado ut supra, que habiliten la aplicación del artículo 16 in fine de la LNE y la eximición de condena a entregar los certificados que establece el artículo 80 LCT. La imposición de astreintes, se hará efectiva en caso de incumplimiento de la obligación. Ante la inexistencia de perjuicio actual, no hay agravio que reparar. No obstante, cabe aclarar que, esas sanciones conminatorias fueron impuestas por la falta de entrega del certificado de trabajo y aportes previsionales. En este contexto no debieron ser cuantificadas hasta tanto se verificara dicho incumplimiento. Obviamente el Tribunal no modificará la pauta fijada, máxime cuando, como es sabido las astreintes son provisionales y revocables.

V.- El agravio dirigido a cuestionar la extensión de la condena a las personas físicas demandadas deberá ser desestimado. Reiterando la postura establecida en casos anteriores ( sentencia definitiva nº 38.333 del 15.07.2011, autos "VERA Romina Valeria c. MOTO XXI S.R.L. y otros s. Despido" ) cabe mencionar que esta Sala en "Díaz, Jorge v. Mc. Meat S.A."; (sentencia del 31.08.2007), recordó "que, en el precedente "Palomeque, Aldo René v. Benemeth S.A.", la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la operatividad del artículo 54 de la Ley 19550, en cuanto no se acredite la existencia de una sociedad ficticia y fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley, que, prevaliéndose de dicha personalidad afecte el orden público laboral o evada normas legales, aspectos no observados en el caso. No debe confundirse la personalidad de los socios y administradores con la de la sociedad, pues ésta es un sujeto de derecho con el alcance fijado en la ley. Los actos realizados por aquéllos, en representación del ente, no les son imputables, en principio, a título personal, dada la diferenciación de personalidad que emerge de la Ley 19550 y de los artículos 33 y siguientes del Código Civil. Su eventual responsabilidad por actos de la sociedad, nace cuando se acredita que la figura societaria ha sido utilizada como mero instrumento para la consecución de finalidades extrasocietarias o como mero recurso para violar la ley o el orden público o frustrar los derechos de terceros (artículo 54, tercer párrafo de la Ley 19550)." En la especie, al demandar el pretensor fundó su reproche, básicamente en la omisión de registro de la relación laboral, lo que determinaría la pertinencia del artículo 274 de la Ley 19550. El dispositivo responsabiliza a los directores de las sociedades anónimas, como en el caso. En el marco de esta norma la responsabilidad se extiende a la totalidad de los créditos de cada trabajador. El armónico juego de los arts. 59 y 274 de la LS es muy claro en cuanto contempla la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de los administradores, representantes y directores que a través de sus conductas u omisiones, al margen de su comportamiento en relación a la normativa interna del ente societario, violen la legislación vigente.

El artículo 54, último párrafo, de la ley de sociedades (según ley 22.903) consagra la inoponibilidad de la personalidad jurídica, cuando la actuación de la sociedad encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituyendo un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o frustrar derechos de terceros. En estos casos se imputará directamente a los socios que lo hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. En el caso que nos ocupa ha quedado acreditado a través de las pruebas colectadas que la sociedad no tenía registrado al actor. Si bien como se sostuvo en el fallo dictado por la Sala III en autos "Delgadillo Linares, Adela c. Shatell S.A. y otros s.Despido" (Sentencia nº 73.685 del 11/4/97), no podría decirse que la incorrecta registración encubra la consecución de fines extrasocietarios, puesto que el principal fin de la sociedad comercial es el lucro, sí constituye un recurso para violar la ley y el orden público laboral a que aluden los arts. 7, 12, 13 y 14 de la L.C.T. y para frustrar derechos de terceros, es decir la trabajadora y el sistema previsional, integrante del sector pasivo.

Por ello y conforme, asimismo, lo previsto por los artículos 59 y 274 de la Ley 19.550 corresponde confirmar lo decidido en grado sobre la materia.

VI.- Las regulaciones de honorarios se ajustan razonablemente a las reglas respectivas y no deben ser objeto de corrección.

VII.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, propongo se la confirme en todo lo que fue materia de agravios; se impongan las costas de alzada por el orden causado, y se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en origen (artículos 68 in fine C.P.C.C.N.; 14 de la Ley 21839).- EL DOCTOR VICTOR A. PESINO dijo: Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: 1)	Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios;

2)	Imponer por el orden causado las costas de alzada;

3)	Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

ls LUIS ALBERTO CATARDO VICTOR A. PESINO JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA Ante mí:

ALICIA E. MESERI SECRETARIA