marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad de la administración portuaria, depósito de la carga, depósito aduanero, incendio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SUD ATLANTICA CIA. SEGS.  S.A. c/ ADMINISTRACION GRAL. DE PUERTOS s/ INTERESES  NO  RECLAMADOS.  INCENDIO  EN PLAZOLETA. MAQUINARIA DAÑADA  ASEGURADA. RESPONSABILIDAD POR CASO FORTUITO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-26

La apelante no cuestiona el principio de responsabilidad que rige en estos supuestos, abonado por nutrida jurisprudencia durante la vigencia de la ley 810, mas señala que las excepciones a esa regla no deben ser apreciadas con tal estrictez que la convierta en letra muerta, expresando que el incendio que es materia de análisis constituyó para ella "un hecho ajeno, imprevisible, inevitable y extraño".

Esta Cámara ya se ha pronunciado con respecto al incendio ocurrido el 24-01-80, señalando no sólo que aquél no configuró un "casus", sino inclusive que concurrieron circunstancias que autorizaban a afirmar la existencia de culpa de la demandada. Al efecto me limito a recordar que del informe técnico nro. 09/980 de la División Control de Averías de la Prefectura Naval Argentina resulta que el siniestro era "previsible" (calidad que excluye la hipótesis del caso fortuito); y que la plazoleta en que ocurrió -que se encontraba bajo la guarda y custodia de la demandada- "se encontraba cubierta por pastos de distintos tipos y estado de conservación, restos de maderas y otros elementos que de por sí son de fácil combustión...".

Tampoco mejora la situación de la A.G.P. la circunstancia de que el agente marítimo se hubiera hecho responsable "de la rotura y/o perjuicios que sufra la mercadería por su traslado por vagones, su manipuleo y por su permanencia a la intemperie", puesto que el daño acaecido no guarda relación de causalidad con los riesgos asumidos por aquél.-
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, empleo público, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SZG y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ B.I. y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo - empleo público - diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

La decisión cuestionada, que declaró desierta la apelación de la actora, no es, por regla, la sentencia definitiva a que se refiere el art. 26 de la ley n° 402. Sin embargo, la recurrente muestra que, para resolver como lo hizo, la Cámara desatendió planteos dirigidos, a su turno, a mostrar las omisiones en que había incurrido la sentencia definitiva (es decir, la de primera instancia) de cuestiones conducentes. En esas condiciones, la actora recurrente muestra que la decisión ahora objetada constituyó un medio para frustrar arbitrariamente la revisión de una cuestión cuyo conocimiento viene encomendado a este Tribunal (cfr. mutatis mutandis Fallos 35:302, doctrina receptada en mi voto en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Ocharan Marquez, Olimpia Zoila c/ GCBA s/ amparo (art.14 CCABA)", expte. n° 6024/08, sentencia del 17 de diciembre de 2008, entre otros). (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Contrato de servicios, precio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez, Pedro c/ Mancini, Juan Carlos s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

El prestador de un servicio puede reclamar el precio aunque ninguno se hubiera ajustado, cuanto tal servicio sea de su profesión o modo de vivir, pues la onerosidad de la tarea se presume, y aún cuando se prestare fuera de esa esfera propia de la actividad habitual del prestador, rige también idéntico principio a menos que por "las circunstancias no se presumiese la intención de beneficiar a aquél a quien el servicio se hacía" (art. 1628).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, tasa de justicia, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMAPE S.R.L. - incidente c/ Estado Nacional - Ministerio de Salud y Acción Social s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

El recurso extraordinario contra la sentencia que excluyó la obligación de pagar la tasa de justicia de las disposiciones de la ley 23.982 es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Obras sociales, prestación de servicios, actividad normal y específica propia del establecimiento
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Gómez, Liliana c/ Medicina Asistencial Solidaria SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-14

Sólo cabe condenar a una Obra Social a abonar sumas de dinero reclamadas por profesionales de la salud en los términos del art. 30 LCT, cuando dicha entidad es la propietaria del establecimiento asistencial, pues en ese caso existe una real cesión del establecimiento. Pero si la Obra Social demandada celebró un acuerdo con Medicina Asistencial Solidaria SA para que ésta en calidad de prestador brinde a los beneficiarios de la primera los servicios médicos, se configura una relación entre la Obra Social como agente del seguro de salud y la empresa dedicada a la prestación de tales servicios, que de ninguna manera constituye la tercerización o cesión del objeto concerniente a la finalidad propia en los términos del art. 30 LCT, porque para autorizar su suscripción interviene la Superintendencia del Servicio de Salud (decreto 1615/96), que controla la actividad de las Obras Sociales y sus contrataciones con prestadores idóneos. Es decir que al contratar de este modo la Obra Social no delega un segmento correspondiente a su actividad normal y específica, pues ésta consiste en facilitar los medios instrumentales para que se acceda a las prestaciones, ya sea por sí o a través de prestadores de la salud.
Derecho laboral, obligaciones solidarias, novación subjetiva
Materia: LABORAL
Carátula: PERALES JOSE ENRIQUE Y OTROS c/ ALARCON FELIPE ROBLEDO FERNANDO Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-06-25

El legislador laboral se ha preocupado por establecer diversos supuestos de solidaridad, siguiendo una regla tutelar, cual es la protección del sujeto bajo relación de dependencia, siguiendo otros específicos y concretos de solidaridad, no encontramos en los supuestos de novación subjetiva de la relación de trabajo por transferencia del establecimiento y/o unidad subjetiva de la relación de trabajo por transferencia del establecimiento y/o unidad productiva.

Recogiendo así la LCT. una importante corriente científica que ha delineado la teoría de la despersonalización de la empresa, ligando a esta última la relación laboral sin tener en consideración a sus posibles titulares en el tiempo, por cuanto el Contrato de Trabajo reviste el carácter intuito personae respecto del empleador.

El instituto de la novación subjetiva de la relación laboral se aplica cuando se produce la transferencia de un establecimiento o de varios de ellos que integran parte o la totalidad de una empresa, sin que importe al efecto el título y las condiciones en virtud de las cuales aquélla se realiza, ni lo que las partes hubieran pactado al efecto, la subrogación se produce ope legis, a consecuencia de la cesión de la titularidad que se hace.

La ley no requiere que haya algún negocio jurídico en particular para que se produzcan los efectos establecidos en el art.225 ya citado, resolviendo cuando menciona transferencia del establecimiento que se opera por cualquier título, de modo tal que habrá transferencia del establecimiento siempre que haya un cambio de empleador.La enunciación del art. 225 es ejemplificativa, por lo que no debe excluirse de su normativa las situaciones que no importen técnicamente la transferencia del establecimiento, pero pueden ser incluidos en el concepto amplio contenido en el artículo.
Tasa de justicia, Banco de la Provincia de Buenos Aires, interpretación de la ley, Pacto de San José de Flores
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Boullhensen, Pedro Armando s/ otros - ejecutivo s/ incidente de apelación (art. 250 C.P.C.C.)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

El Banco de la Provincia de Buenos Aires se encuentra obligado al pago de la tasa de justicia en una causa promovida ante la justicia nacional, toda vez que una interpretación extensiva como la que se pretende, tanto del Pacto de San José de Flores -por el cual la provincia se reservó el derecho de legislar y gobernar en forma exclusiva su banco- como de la doctrina de la inmunidad de los instrumentos de gobierno de un Estado -que los coloca fuera del poder impositivo de otro si con ello se frustra el desarrollo de su actividad-, lleva a desnaturalizar su sentido histórico y el alcance que corresponde darles (Voto del juez Lorenzetti).
Decomiso, juicio abreviado
Materia: PENAL
Carátula: Fonseca Becerra Maria Eugenia s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

Corresponde dejar sin efecto el decomiso de la suma secuestrada a la imputada pues, al no haber sido solicitado por el fiscal, excede el límite del juicio abreviado celebrado con acuerdo de la encartada. La disidencia sostuvo la facultad del tribunal para disponer en la sentencia el decomiso.
Competencia contravencional, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P., S. s/ incidente de prescripción
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-06

La aplicación supletoria de las normas consagradas en la Parte General del Código Penal de la Nación, no importan la aplicación analógica de la ley penal, cuestión que, repugna no sólo a nuestra Constitución Nacional, sino a todo ordenamiento jurídico que se base en la existencia de un estado de derecho. Tal aplicación supletoria, (que, cabe recordar, se encuentra expresamente prevista en el art. 10 del Código Contravencional), constituye la consecuencia natural de la naturaleza de las conductas reprimidas en el ordenamiento contravencional, puesto que ambos cuerpos legales (penal y contravencional) son la aplicación de la represión legítima estatal contra quien contraríe el orden social establecido, no existiendo ontológicamente diferencia alguna entre delito y contravención.
Caso fortuito, fuerza mayor, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Badala, Ricardo Daniel c/ Buceta, Juan Carlos y otro s/ Cobro sumas de dinero.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-24

Queda a cargo de quien alega el caso fortuito o de fuerza mayor la prueba de la existencia de tal eximente, pues la culpa se presume en el caso de que medie incumplimiento de la obligación.
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUIZ HECTOR Y OTROS c/ BUNGE Y BORN S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-04-04

Si la entidad que compró la semilla es una persona jurídica distinta de sus integrantes que demandan a la vendedora por mala calidad del producto, es insoslayable demostrar el nexo o vínculo jurídico entre los actores y la sociedad demandada, que los legitima como titulares del crédito por los daños y perjuicios que invocan haber padecido por el incumplimiento de la demandada.
Cuerpo del delito, semiplena prueba, delitos contra la propiedad
Materia: PENAL
Carátula: Galassi, Alfredo I. s/ Declaración indagatoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

La norma del artículo 229 del C.P.M.P. no se relaciona con la propiedad de la cosa, sino con la determinación, al menos por semiplena prueba en el acto de denuncia de la "existencia anterior y desaparición" de un objeto que se presume sustraído, vinculándose el requisito con la demostración de los "delicta factis transeuntis" a que se refiere el artículo 218, no siendo posible invocarlo en los casos en que el delito ha dejado huellas de su perpetración (delicta factis permanentis).
Fallos de la Corte Suprema, tratados internacionales, control de constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Aden Monferran, Eduardo (por ADRAS S.R.L.) c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-30

Resulta congruente precisar que desde el caso "Microómnibus Barrancas de Belgrano" en adelante , la C.S.J.N. ha dejado en claro que cabe otorgarle al Art.8º, inc.1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -llamada "Pacto de San José de Costa Rica"- a la que el Art.75, inc.22, de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional, un alcance equivalente al dado a la regla "solve et repete" en la jurisprudencia anterior a dicho tratado, elaborada con fundamento en el derecho de defensa en juicio garantizado por el Art.18 de la Constitución Nacional.

Asimismo, Bidart Campos ha sostenido que de la norma del Pacto de San José de Costa Rica no se infiere -siempre y en todos los casos- que se produzca su vulneración si se exige oblar una deuda para acudir a la justicia. El condicionamiento que implica el pago previo de sumas de dinero sólo resulta lesivo del derecho a la jurisdicción cuando, conforme a las circunstancias de cada caso concreto y singular, la suma sometida al pago es por su cuantía desproporcionada a la capacidad del obligado y configura un óbice a la justicia (ED. 137-315). Además, en ésta como en cualquier otra cuestión constitucional, es menester que el litigante precise su alegación y demuestre en el caso concreto el perjuicio que le causaría la aplicación de la norma cuya invalidez pretende (Conf.: Bianchi: "Control de Constitucionalidad", p.174).
Acción revocatoria, procedencia del recurso, insolvencia fraudulenta, redargución de falsedad
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Azpiazu, Enrique c/ Alvarez, Daniel Alberto y otros s/ ordinario Azpiazu, Enrique c/ Alvarez, Daniel Alberto y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-04|2019-07-04

La insolvencia constituye uno de los presupuestos de la acción revocatoria que enuncia el CCIV 962, que trasciende como presunción legal del ánimo de defraudar por parte del deudor. En otras palabras, el acreedor no se ve precisado a demostrar el elemento volitivo consciente del deudor, porque la ley presume que él tiene o ha debido tener conocimiento del estado patrimonial y del perjuicio que causa a sus acreedores (CCIV 969). La cuestión no es baladí porque invierte la carga de probar: no es el actor, es decir quien ejerce la acción revocatoria, quien debe probar el ánimo de defraudar -animus nocendi- del deudor, sino que es el demandado quien debería destruir la presunción legal (conf. CNCiv, Sala C, "Milski Mariana Elisabeth - Ricardo D. Mirco Milski - Dra. Viar c/ Lerido Mirco Ricardo Y Otros s/ redargución de falsedad", del 4.4.16).
Recurso extraordinario, plazos para resolver
Materia: PROCESAL
Carátula: Legajo N° 8 - Querellante: AFIP, DGA IMPUTADO: Sarlenga, Luis Eustaquio Agustin y otros s/legajo de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-22

Si desde las absoluciones dictadas por el Tribunal Oral hasta la concesión de los recursos extraordinarios han transcurrido casi seis años de trámite ante la Cámara Federal de Casación Penal, esa sola circunstancia determina disponer que, en esta nueva intervención, los magistrados hagan uso de sus facultades propias de ordenación del proceso y extremen todos los recaudos necesarios -inclusive el acortamiento de sus propios términos- para que con la mayor celeridad y teniendo en cuenta la trascendencia institucional que el caso reviste, se dé cumplimiento con lo dispuesto en el menor plazo posible.
Locación, mora, lugar de pago, domicilio del acreedor
Materia: CIVIL
Carátula: HOMOVI SELIM c/ TESORIERO VICENTE s/ CONTRATO DE LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-05

Si del contrato de locación surge que la mora se produce de pleno derecho y que el domicilio de pago es el del locador, la suscripción de dicho contrato importa el conocimiento de esa circunstancia y si el locatario argumenta que ignoraba el domicilio de aquél, ello no justifica su actitud morosa ya que nadie puede alegar su propia torpeza.
Jerarquía de las leyes, jerarquía constitucional, ley nacional, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aramouni, Antonio c/ Caja de Seguridad Social para Profesionales de Ciencias Económicas s/ inconstitucionalidad decreto - ley 9963.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

Cuando una aplicación de un poder diferido choque con una aplicación de un poder conservado, deberá prevalecer el ejercicio del poder diferido, por ser ley de la Nación dictada en consecuencia de la Constitución por el Congreso y tener entonces el carácter de ley suprema que le confiere el art. 31 de dicho estatuto, al que están obligadas a conformarse las autoridades locales, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes y constituciones respectivas (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Sobreseimiento, prueba, cuerpo del delito, prueba pericial, tenencia ilegítima de armas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ALBERTO LANCHE s/ PRESUNTA INFRACCION AL ART. 189 BIS CODIGO PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-02

Resulta prematuro el dictado de un sobreseimiento en aquellos casos que no se han practicado medidas necesarias de prueba, en el caso arma de guerra- el peritaje correspondiente sobre el cuerpo del delito.
Sentencia, plazo, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marquez, Nestor Jose c/ Lopez, Arturo s/ Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

El art. 167 del C.P.C.C. sanciona con la pérdida de jurisdicción al juez o tribunal que no hubiere dictado sentencia dentro del plazo pertinente y prescribe la nulidad de la sentencia dictada con posterioridad a ese vencimiento, por lo que corresponde anular de oficio el fallo dictado en tales condiciones, máxime si ello no ha sido consentido por la parte.
Acción de despojo, costas, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ROSELL HERMENEGILDO ANTONIO Y OTRO c/ ABEL DARIO ROSSI Y OTRO s/ ACCION DE DESPOJO - COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-12-29

Dentro de todo el elenco de resoluciones inapelables, entre las cuales está la sentencia dictada en la acción de despojo, el fundamento de inapelabilidad del art. 802 del C.P.C., está dado precisamente en que no produce un gravamen irreparable, ya que deja la resolución definitiva al posesorio o al petitorio y siendo ese el fundamento de inapelabilidad, el mismo no es trasladable a la imposición de las costas, cuestión insusceptible de revisarse con posterioridad, quedando comprendidas en consecuencia en la regla de la apelabilidad del inc. 1ro. del art. 1240 del C.P.C..

Por ello a pesar de ser irrecurrible la sentencia de despojo, al no existir posibilidad de enmienda respecto del gravamen ocasionado por la imposición en costas, la apelación debe concederse en razón de la interpretación sistemática que corresponde hacer del art. 1240 y los fundamentos que abonan el principio de la recurribilidad y de la doble instancia en los procedimientos civiles.
Cuestión constitucional, leyes, ruidos molestos, Derecho contravencional y de faltas
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CUCIARELLI, FRANCISCO s/ INFRACCION  ARTICULOS  62  INCISO  F)  Y  74  INCISO D) DEL CODIGO DE  FALTAS.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD  CSJ EXPTE NRO 293-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-27

Es admisible el recurso de inconstitucionalidad si la queja del justiciable, consistente en que el órgano jurisdiccional que lo condenó, incurrió en apartamiento del texto expreso de los art 62 inc f) y 74 inc d) del código de faltas, importa una cuestión constitucional con suficiente apoyo en las constancias de autos, y el agravio de falta de fundamentación del fallo es presentado como corolario del vicio precedentemente acusado.
Falta de legitimación para obrar, entes autárquicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HOLZER, ALICIA ESTELA Y SANCHEZ, HORACIO ANTONIO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-11

La absorción por parte del Poder Ejecutivo respecto del personal de la disuelta EGASER (Empresa de Gas de Entre Ríos) deriva de la falta de normas que atribuya a otro órgano la asunción de responsabilidades emergentes de la relación laboral de quienes fueron empleados del ente disuelto.
Prueba compuesta, confesión extrajudicial, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: GUTIERREZ, Juan Carlos s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1983-09-27

Para que la lógica de una suma de elementos de prueba, (art. 256 in fine del CPP) no se vea comprometida, es necesario confrontar rigurosamente el contenido de la confesión extrajudicial, base de la articulación en el dispositivo de condena, y las peculiaridades del hecho tenido como delito.-
Aplicación de la ley, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: LEZCANO MIGUEL ADÁN c/ LEZCANO VICENTE Y OTRAS s/ USUCAPIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-03-29

Cumplidas las condiciones sustanciales y formales bajo la vigencia del código derogado, las quejas de los recurrentes habrán de ponderarse en función de la normativa del Código Civil de Vélez Sársfield por tratarse de una situación consolidada bajo el régimen anterior (arg. art. 7 CCyC).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: LA MONUMENTAL  S.A.  DE CAPITALIZACION s/ SOCIEDADES  DE  CAPITALIZACION  Y  AHORRO  - RECURSO EXTRAORDINARIO -  PROCEDENCIA  -  CAPITAL  SOCIAL - INSPECCION GENERAL  DE  JUSTICIA  -  CAPITAL MINIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15

Si bien las cuestiones propuestas remiten al examen de cuestiones de derecho común, como son las atinentes a la interpretación de las normas que rigen el capital de las sociedades de capitalización y ahorro, tal circunstancia no constituye óbice decisivo para frustrar la vía federal cuando la inteligencia asignada a las normas prescinde de la finalidad misma de la ley, al no contemplar la realidad económica a la cual están destinadas y desconocer la necesidad de armonizar las disposiciones aplicadas que se vinculan con el patrimonio de la entidad. Así ocurre en el caso en que la necesidad de armonizar las disposiciones aplicadas que se vinculan con el patrimonio de la entidad. Así ocurre en el caso en que la necesidad de actualizar el capital social impuesta por la decisión del a quo, implica también la de efectuar nuevos aportes al desenvolvimiento social y el implícito reconocimiento de que los capitales nominales iniciales son insensibles a las oscilaciones del valor de la moneda; conclusión que desatiende la realidad económica del país y acentúa indebidamente el cumplimiento de recaudos formales que aparecen divorciados del desarrollo patrimonial de la sociedad.