Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-28


WAGNER, Néstor Omar contra ACINDAR S.A.

Reg.: A y S t 210 p 62-69.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "WAGNER, Néstor Omar contra ACINDAR S.A. (Ind. Arg. Acero S.A.) -Cobro de Pesos- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 113, año 2003).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Falistocco, Spuler, Vigo y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

1. Sucintamente, el caso.

1.1. Ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Villa Constitución, Nestor Omar Wagner promovió demanda contra Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. pretendiendo indemnización por incapacidad proveniente de enfermedad laboral.

Sostuvo que durante la relación laboral habida con la demandada desempeñó varias tareas -entre ellas, operario en las máquinas de pretrenzado de alambres y laminación- que exigían un serio esfuerzo en forma continua en posiciones antiergonómicas con altas temperaturas; y que como consecuencia de esa condiciones laborales se originó la patología reclamada: cervicobraquialgia con clínica y RX positiva, lumbosiatalgia con clínica RX y EMG positiva y várices a predominio miembro inferior derecho, determinándose una incapacidad de un 40% de la total obrera (fs. 3/6).

1.2. La demandada resistió la pretensión -en lo que aquí concierne- oponiendo defensa de compensación.

En tal sentido, afirmó que el accionante se había retirado de la empresa por mutuo acuerdo, recibiendo un importe superior al que le pudiera haber correspondido en caso de despido; que en el convenio se estableció que "...este importe graciable deberá eventualmente compensar con cualquier suma, que por cualquier concepto, se me pueda reconocer por remuneraciones, diferencias, recargos, indemnizaciones o por pronunciamientos judiciales, como consecuencia de la relación habida que concluyó definitivamente por la desvinculación..."; y que éste daba cuenta, entonces, que las partes habían considerado que ya no habrían más requerimientos judiciales y extrajudiciales por parte del ex- empleado, máxime teniendo en cuenta que el reclamo de autos refería a incapacidades que se habrían originado como consecuencia de tareas efectuadas durante la relación laboral (fs. 21/24).

1.3. Sustanciada la causa, la Juez inferior hizo lugar a la demanda en el entendimiento de que, estando acreditados en el "sub examine" los presupuestos de la minusvalía pretendida, por aplicación del principio de irrenunciabilidad, no podía imputarse lo abonado en concepto de gratificación otorgada en oportunidad del egreso del actor, al crédito surgido de la incapacidad laboral de éste, en tanto obedecía a causas jurídicas distintas.

Siguió diciendo la Sentenciante -con cita de jurisprudencia- que el pago de una gratificación tenía como fundamento la existencia de un vínculo laboral, se presumía que tenía causa en el contrato de trabajo y era compensatoria de la labor cumplimentada; asimismo -concluyó-, que conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la ley 24028, la renuncia anticipada de derechos indemnizatorios, sin que se haya determinado el grado de incapacidad, estaba expresamente vedada (fs. 120/124).

Apelado ese decisorio, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario -en lo que aquí es de interés- lo confirmó (fs. 174/178).

2. Contra dicha resolución interpone la demandada su recurso de inconstitucionalidad, tachándola de arbitraria por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial, reputándola lesiva de las garantías constitucionales de propiedad, igualdad ante la ley, defensa en juicio y debido proceso.

En resumidas cuentas, el planteo impugnativo refiere a que el Tribunal incurre en falta de motivación al apartarse de la jurisprudencia de la Corte federal en "Gatarri" (sentencia del 23.8.1988, D.T. 1989, A-585/590), adoptando una solución contraria a la consagrada por aquel Tribunal mediante la formulación de diferencias genéricas que en nada impedían su aplicación al "sub examine".

3. El Tribunal a quo concedió el remedio extraordinario apoyándose en que esta Corte había abierto la instancia excepcional en casos similares (vid. "Vera", A. y S., T. 157, pág. 182).

4. En el examen que prescribe el artículo 11 de la ley 7055 -efectuado con los principales a la vista- no encuentro razones para apartarme de las consideraciones brindadas por el A quo para conceder el recurso de inconstitucionalidad de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 211/212.

Voto, pues por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:Genéricamente, la temática de autos concierne en analizar si la posibilidad de compensar las denominadas gratificaciones o pagos graciables efectuadas por la demandada al trabajador con motivo del cese de la relación, con imputación a posibles acreencias por cualquier concepto vinculadas con el contrato de trabajo, comprende -o no- las indemnizaciones contempladas en el marco de la ley 9688, reconocida por sentencia judicial.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que resulta válido el pago gratificatorio realizado al trabajador, compensable, en forma genérica, con cualquier otro crédito que tuviese con motivo de la disolución del vínculo o derivado de las disposiciones de la ley 9688, no resultando, tales acuerdos, violatorios al principio de irrenunciabilidad (art. 12, L.C.T.) aun en el supuesto de carecer de homologación judicial.

Cierto es que la regla jurídica "ut supra" mencionada es común y válida para todos los casos en que se presente dicha materia atento a la obligatoriedad de los pronunciamientos del Alto Cuerpo nacional para los jueces inferiores.

Pero también lo es que estos supuestos de pretendidas compensaciones de gratificaciones por infortunios laborales se manifiestan sobre una diversidad de cuestiones fácticas a evaluar según el caso concreto que impiden trasladar las pautas interpretativas enunciadas sin examinar concienzudamente los presupuestos de hecho de cada causa sometida a juzgamiento, como serían, por ejemplo, la vía elegida, la forma de instrumentación, su validez, alcance, concreto contenido, etcétera.

Es a partir de esta somera reflexión, que no es otra que la cuestión siempre estará impregnada de un fuerte tinte casuístico, donde la crítica de la impugnante comienza a desvanecerse.

En efecto:La sustancia recursiva estriba en que la Cámara -como ya se dijo- se aparta lisa y llanamente de la jurisprudencia de la Corte federal in re "Gatarri" (ant. cit.) sin aportar argumentos sustanciales que permitan justificar una decisión distinta a la asumida por aquel Órgano.

Sin embargo, las argumentaciones que sustentan la causal de arbitrariedad enunciada no convencen que el Tribunal haya incurrido en el pretendido apartamiento jurisprudencial con la consecuente falta de motivación que ello acarrearía, pues -en rigor- aquél se hizo cargo expresamente del antecedente mencionado, juzgando su no aplicación por reconocer aristas distintas con el caso sometido a decisión.

En tal sentido, conviene recordar que esta solución arribada por la Alzada estuvo precedida de otros conceptos tendentes a desentrañar la compensación alegada por la demandada.

Así, los Magistrados entendieron que la llamada "gratificación" había sido abonada con motivo de la extinción del vínculo laboral, aspecto que surgía sin lugar a dudas de la misma escritura pública de extinción del contrato de trabajo, donde se afirmaba que ésta se efectuaba "atendiendo a la reestructuración general de la empresa y al plan de retiros voluntarios oportunamente establecido".

Continuaron diciendo los Sentenciantes que indicaba inequívocamente la experiencia y los precedentes, no sólo en el ámbito privado sino también en el público, que cuando se implementaba un plan de "retiros voluntarios" se lo hacía en base a un ofrecimiento económico del empleador al trabajador, para que éste aceptase "retirarse", percibiendo a cambio una compensación económica.

Para luego concluir -los Judicantes- que el pago se había efectuado por la previa aceptación por parte del trabajador de recibir una suma de dinero a cambio del "retiro voluntario" ofrecido, esto es una "renuncia negociada" donde el dinero se entrega por el cese de una relación en la cual el trabajador goza de estabilidad relativa.

Luego de haber formulado estas argumentaciones, orientadas a interpretar el real alcance del acuerdo arribado entre las partes, la Alzada comienza a trazar las diferencias fácticas de autos con "Gatarri" para así extraer una de carácter esencial: en este último el monto abonado por el empleador se imputaría a cualquier reclamo indemnizatorio y especialmente a los basados en la ley 9688, mientras que en el presente no se aludía de forma alguna a indemnizaciones derivadas de la ley de accidentes de trabajo.

De consiguiente no se advierte, entonces, que los Jueces de la causa hayan desconocido la doctrina judicial emanada del más Alto Cuerpo nacional.

Por el contrario, esas pautas jurisprudenciales aparecen inconmovibles en el "sub lite", no resultan preteridas y, menos aún, menoscabadas en su sustancia.

Pues, debe quedar en claro que su inaplicación al caso se fundó estrictamente en la disimilitud de situaciones con el precedente de alto nivel orgánico de donde emanaban y no por juzgar que ellas contrariaban el derecho vigente o no podían compartirse en mérito a las propias consideraciones de los jueces o directamente carecían de fuerza vinculante, valoraciones, todas, que hubiesen importado un alzamiento intolerable desde punto de vista constitucional a la paladina doctrina de la Corte nacional acerca de la obligatoriedad de sus fallos (vid., Fallos:307:1094; en idéntico sentido, 311:1644 y 2004; "Lloyds Bank Limited c. Okecki, Juan J.", del 19 de octubre de 1995, en DJ, 1996 - I, 609; criterio receptado por esta Corte en numerosos antecedentes, por ej., in re "Gutiérrez", "Vallejos", "Parón", "Dutto", A. y S., T. 119, pág. 119 y 483; T. 120, pág. 374; T. 123, pág. 272, entre otros).

Además, es necesario poner de relieve que la posición adoptada por el Tribunal cuenta con suficiente respaldo jurisprudencial.

En tal sentido, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario rechazó la compensación por entender que "...no es posible consentir que el acuerdo incluyó los créditos que surgieran de obligaciones de reparar incapacidades surgidas de infortunios que amparadas en las normas de derecho común, no fueron ni siquiera previstas en el momento del acuerdo o del pago de la gratificación..." ("Speranza, Reynaldo c. Metcón S.A. s. Demanda Laboral", del 15.4.1996 (Ac. N 33, T. 38 del protocolo de sentencias, fol. 264).

Asimismo, esa misma Sala ha sostenido que "...no puede el juzgador aferrarse a cartabones y pese al vuelco jurisprudencial realizado por la Corte Suprema Nacional en el caso 'Gatarri' ... debe atenerse a las circunstancias del caso y el parámetro ineludible ha de ser la existencia de una expresión de libre voluntad del trabajador al aceptar el pago 'gratificatorio' ofrecido por la empleadora..." ("González, Evaristo c. Establecimientos Fabriles Guereño s. Cobro de Pesos", en Ac. N 79, T. 51 del protocolo de sentencias, fol. 289).

En un mismo orden de ideas, la doctrina ha sostenido la necesidad de una clara especificación y formalización del condicionamiento de la gratificación y su imputación a algún rubro indemnizatorio que resulte adeudado (desconocido en el momento de la entrega de la gratificación).

Así, Fernández Madrid considera que el empleador que ha expresado su voluntad en un sentido: el de gratificar, no puede a su voluntad dar otra imputación al pago, por ejemplo atribuirle título indemnizatorio (igual criterio ha adoptado la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo en autos "Barrios, Juan Martín c. Eternit Argentina S.A.", sentencia del 23.6.1993).

Repárese, además, que el contenido casuístico que depara el tema en discusión conduce inexorablemente a que la materia involucrada se encuentra reservada a los jueces propios de la causa, pues -al fin y al cabo- se trata de la interpretación que éstos le puedan asignar a los términos utilizados por las partes al instrumentar este tipo de acuerdos de conformidad con las constancias de la causa.

Se trata, pues, de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, aspectos que ingresan en la esfera de las facultades de los magistrados del proceso al decidir las causas sometidas a su decisión y, por ende, a menos que se demuestra arbitrariedad, supuesto que no se logra acreditar en la especie, no resultan susceptibles de ser revisadas por la vía de excepción intentada, desde que no compete a esta Corte al ejercer su jurisdicción extraordinaria, erigirse en una tercera y ordinaria instancia.

Algo más.

Las llamadas gratificaciones o pagos graciables al trabajador han concitado variadas opiniones doctrinarias como jurisprudenciales (ver por todos, Pose Carlos, "Sobre la validez de las reservas efectuadas por el empleador al abonar gratificaciones con motivo de la extinción del contrato de trabajo", en D.T., XLIX - A, pág. 585).

Ello es una muestra más de que lo medular de la materia ingresa "prima facie" dentro de aquellas zonas de interpretaciones discutibles u opinables que escapan, en principio, a la órbita del recurso de inconstitucionalidad, siempre y cuando no se conculquen, en este caso concreto y frente a sus particulares circunstancias, expresos lineamientos de la Corte federal sobre el punto, aspecto que -como ya se vio- no aparece configurado en la especie.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:La temática de autos consiste en la posibilidad de compensar las denominadas gratificaciones o pagos graciables efectuados al trabajador por la empleadora con motivo del cese de la relación, con imputación a posibles acreencias vinculadas con el contrato de trabajo y, más específicamente, con la indemnización prevista en el artículo 8 de la ley 24028.

Conforme surge del relato que antecede, ante el planteo de la demandada de que se compensara la suma abonada, el Juez de primer grado lo rechazó con fundamento en que implicaría la desnaturalización de la gratificación efectuada.

Apelado el decisorio, la Sala a quo ratificó dicha conclusión luego de señalar que el presente difería del fallado por el más Alto Tribunal en los autos "Gatarri", en virtud de que en el "sub examine" no se daban algunas de las circunstancias consideradas por la Corte Nacional en el precedente de mención.

En el escrito introductorio del presente recurso extraordinario, la demandada se agravia -en síntesis- de que el fallo de la Alzada carece de fundamentación adecuada al apartarse de la doctrina del señalado antecedente de la Corte federal.

En tal sentido, invoca la eficacia vinculante de los fallos del más Alto Tribunal, a la par que alude a que las diferencias consideradas por la Sala para apartarse de dicho precedente son secundarias, en tanto los acuerdos evaluados en ambos son esencialmente análogos en su contenido.

Creo menester adelantar que, en virtud de las razones que a continuación desarrollaré, asiste razón a la impugnante.

Para así concluir, cabe destacar en primer término que en el ámbito del derecho laboral la autonomía de la voluntad halla su límite en el orden público, el cual podría entenderse "lato sensu" como la prohibición de conculcar los mínimos que el legislador - tanto el común como el constituyente- protege en modo irrestricto.

Sentado ello, puede señalarse que si del acuerdo de voluntades extintivo de la relación de trabajo surge la posibilidad de compensar lo abonado en el futuro, es razonable suponer que ha sido tenida en miras la posibilidad cierta de que reclamos derivados de circunstancias hipotéticas o eventuales se produzcan.

Ahora bien: el posterior reclamo podría originarse en una incapacidad derivada de algún accidente o una enfermedad, lo cual no dependerá necesariamente de que se hubiera previsto específicamente la compensación futura de un reclamo derivado de tales rubros, dicho esto último a la luz de la interpretación de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Gatarri", ya que en este antecedente además de validarse la posibilidad de compensar, el Alto Cuerpo no se detuvo en el razonamiento opuesto que parte de la imposibilidad de compensar lo que podría ser consecuencia de una enfermedad o un accidente que no fuera conocido al momento de la celebración del acuerdo.

No puedo dejar de señalar que uno de los razonamientos del A quo para apartarse del precedente nacional es que en el instrumento evaluado por la Corte federal expresamente se habían incluido los posibles reclamos derivados de la ley 9688, lo cual no habría acontecido en el caso.

Pero no evalúa por qué particular razón un convenio que incluya una cláusula de compensación "...con cualquier suma, que por cualquier concepto, se pueda reconocer por remuneraciones, diferencias, recargos indemnizaciones o por pronunciamientos judiciales, como consecuencia de la relación habida..." no resulta comprensivo de los rubros en cuestión.

Más bien, de tales expresiones cabría suponer que se incluía cualquier crédito que se pudiera tener con motivo del vínculo laboral.

Además, de la lectura de lo resuelto en "Gatarri", no se advierte que hubiese sido un elemento íntimamente vinculado a la voluntad decisoria del más Alto Cuerpo la inclusión en el acuerdo de los reclamos indemnizatorios basados en la ley 9688, dado que si bien hizo mención de tal circunstancia, en párrafo posterior aludió a que el pago realizado era genéricamente compensable "con todo crédito" que tuviese el actor con motivo de la disolución del vínculo contractual.

No es ocioso señalar que la línea de razonamiento atinente a la aplicación de "Gatarri" a casos como el "sub examine" ha sido seguida por la Suprema Corte de Buenos Aires en pronunciamiento dictado en la causa "Meneses" (TySS, marzo de 2005, Nro. 3), fallada en 22 de diciembre de 2004.

De lo antes expuesto, concluyo que no sería derivación razonada del derecho aplicable al caso pensar en términos absolutos, tal como implicaría afirmar que todos los eventuales rubros estarían íntegramente cubiertos por lo acordado o, por el contrario, ningún efecto jurídico podría tener el pago efectuado.

No quiero obviar el razonamiento del A quo en cuanto pretende marcar otra diferencia entre el caso y lo resuelto en "Gatarri" a partir de que en este último el acuerdo se habría celebrado ante una Delegación del Ministerio de Trabajo y no así en el caso que nos avoca.

Es que, en las concretas circunstancias del "sub lite", estimo que no pudo dejar de considerarse el acuerdo celebrado por las partes como pago a cuenta de lo adeudado con motivo de la relación habida, aunque no hubiera reunido las formalidades consideradas por el más Alto Tribunal, en tanto ha sido reconocido por las partes, no ha sido atacado por algún vicio que pudiera haberlo afectado, y porque además a tenor de lo dicho en "Gatarri" atinente a que si bien el acuerdo se había celebrado ante la autoridad de aplicación, no contaba con la homologación pertinente, es razonable considerar que se debilita la relevancia de la intervención de la referida autoridad.

Por lo demás, siempre queda el resguardo de la labor jurisdiccional para que en última instancia sea el juez quien decida si lo acordado conculca o no, como dije más arriba, principios o enunciados legales y constitucionales imposibles de soslayar.

Además, no se advierte que se hubiese en modo alguno limitado la potestad del agente de reclamar lo que creyera pertinente, con lo cual quedarían a resguardo tanto el orden público laboral como la irrenunciabilidad consagrada.

Por lo expuesto, entiendo que la decisión del Tribunal de Alzada, que omite considerar lo acordado como pago a cuenta del total adeudado, implica apartarse de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin brindar razones suficientes que pudiesen justificar la ausencia de acatamiento.

Debe recordarse la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que, no obstante que ella "...solo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos..." (Fallos: 25:364; 212:51 y 160), toda vez que "...por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (arts. 100, C.N. hoy 116 y 14,ley 48; Fallos: 212:51).

Este deber La ausencia de motivación reprochada al Sentenciante se proyecta con claridad en el "sub judice" al haber distinguido el caso del fallado por el más Alto Tribunal sobre la base de parámetros que, conforme se expresara anteriormente, no permitían tal diferenciación.

Es consecuencia ineludible de lo expresado que el pronunciamiento impugnado merece reproche constitucional por cuanto se incurre en un ostensible incumplimiento del mandato consagrado por el artículo 95 de la Carta Magna provincial.

Recuérdese, finalmente, que la exigencia constitucional de que los fallos se motiven, no impone el juzgador desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga por sí misma, no aparezca como pura afirmación caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial (A. y S., T. 65, pág. 424).

La motivación suficiente exigida por la Ley Suprema no impone un cartabón de "quantum" sino de calidad de las argumentaciones que le sirven de sustento, lo cual supone correlación entre aquéllas y lo resuelto (A. y S., T. 64, pág. 53).

Es decir, no existe una medida en la fundamentación de sentencia judicial, sino que bastará con que la misma contenga fundamentos mínimos suficientes, debida fundamentación o sustento necesario como condición de su validez.

Esta exigencia enunciada, en suma, no se encuentra cumplida en la especie.

Por las razones expuestas, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada.

Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde para que juzgue nuevamente la causa.

Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco, Spuler y Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada.

Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde para que juzgue nuevamente la causa.

Con costas a la vencida.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)