Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-16


BANCO SUQUIA S.A. contra GALLINA, Rubén Angel y otra Reg.: A y S t 198 p 46-47. Santa Fe, 16 de junio del año 2.004.

VISTOS: los autos "BANCO SUQUIA S.A. contra GALLINA, Rubén Ángel y otra - Homologación Judicial de convenio y Ejecución por Incumplimiento- (Expte. 3/03) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 67, año 2.004); para resolver el recurso de revocatoria interpuesto a fojas 31/32;

y, CONSIDERANDO:

1. Intimada la recurrente a fin de que cumplimente el depósito previsto en el artículo 8 de la ley 7055 interpuso recurso de revocatoria procurando se la exima de ese requisito.

Expresó que la norma citada debe interpretarse de manera armónica con el resto de las previsiones legales y especialmente con la Sección 3ra. del Título VII del Código Procesal Civil y Comercial provincial (art. 335 y concordantes).

Aclaró que inició por ante el Juzgado de Circuito donde tramita el proceso principal la acción de pobreza y solicitó que mientras dure su tramitación se la dispense de efectuar el depósito exigido.

Acreditó esa circunstancia con copia de foja cero y solicitó se oficie al mencionado Juzgado a fin de ratificar lo expuesto.

Manifestó que aguardar la finalización de ese proceso no significa ninguna omisión ni incumplimiento de las leyes.

Dijo que la decisión atacada le causa un gravamen y perjuicio irreparable y una interpretación contraria a lo solicitado evidenciaría un excesivo rigor formal.

2. La súplica no puede prosperar. La Corte Suprema Nacional ha sostenido reiteradamente (por todos, Fallos 285:235) que "La obligación de cumplir el depósito no reconoce otras excepciones que las expresamente comprendidas en la legislación pertinente".

Asimismo, tal como lo sostuviera esta Corte, aunque con distinta integración, en la causa "Vázquez" (A. y S., T. 102, pág. 495), la ley regulatoria en el ámbito provincial del recurso de inconstitucionalidad, dispone en su artículo 8, segundo párrafo, que "... estarán eximidos del depósito los que gozaren de exención del impuesto a las actuaciones y tasas de justicia".

Por su parte, el inciso e) del artículo 233 del Código Fiscal exceptúa de dicha tasa a las actuaciones y diligencias para obtener carta de pobreza y, a su vez, el artículo 334 del Código Procesal Civil y Comercial impone considerar pobre al peticionario al sólo efecto de solicitar medidas urgentes o de seguridad o formular pedidos que deban interrumpir la prescripción o la perención de la instancia, sólo cuando la declaratoria de pobreza hubiera paralizado el procedimiento del principal (Cfr. "Chiozzi", A. y S., T. 132, págs. 465/466).

De lo expuesto, del carácter restrictivo que merece la interpretación de toda excepción y de la falta de copia certificada de la resolución de la declaratoria de pobreza, surge que el recurrente no se encuentra exento de efectuar el depósito requerido (Cfr. "Nuevo Banco de Santa Fe", A. y S., T. 195, pág. 114).

Por lo demás, la pretensión del diferimiento del depósito deviene incompatible con su propia esencia, pues debe recordarse que la exigencia del mismo, como requisito de admisibilidad de la queja, es carga económica que, según expresa Elías P. Guastavino ("Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", tomo II, pág. 1.017) -refiriéndose a la similar en el trámite de queja por denegación del recurso extraordinario federal- '... tiene como propósito restringir el uso indebido de la presentación directa ante la Corte Suprema, corrigiendo la experiencia que demostraba que las quejas eran frecuentemente utilizadas con fines dilatorios' y de la que no cabe soslayarse su destino (devolución) en caso de ser admitida aquélla" (ver A. y S., T. 122, págs. 149/150).

Por último, debe recordarse que de por sí, la exigencia del depósito previo como requisito para la viabilidad de un recurso no contradice garantías constitucionales (Corte Suprema de la Nación, causas "Golpe" 23.3.93 y "Bielli" 22.9.92).

Por todo lo expuesto, lo dispuesto en la ley 10.924 y Acta-Acuerdo Nro. 2 del año 1.993-punto 13-, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la revocatoria interpuesta.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)