Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-29


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Noventa y Ocho San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de Junio de 2.009.- Y VISTOS:

Estos autos Corte N°23/09: "GODOY, Juan Gerardo y Otros c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA - s/Acción de Amparo", y CONSIDERANDO:

1- Que por la presente causa, el Sr. Juan Gerardo Godoy con patrocinio letrado, inicia acción de amparo fundada en el Art. 43 de la C.N., Art. 40 de la Constitución de la Provincia de Catamarca, 1° y sgtes. de la Ley 4642, en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Catamarca, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los Arts. 1, 3 y cctes. del Decreto Acuerdo N° 255/09 publicado en el B.O. N° 27 de fecha 03/04/09, por resultar violatorios de derechos y garantías del compareciente.

Justifica la procedencia formal de la acción, y en cuanto a los antecedentes fácticos de la cuestión, argumenta que por el Decreto impugnado se dispuso que el personal del Poder Ejecutivo Provincial comprendido en la Ley 3198, Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial, Ley 3122 Estatuto del Docente, Ley N° 5161 Carrera Personal Sanitario, Ley N° 3935 Escalafón de los Agentes Viales Provinciales y Ley N° 4181 Escalafón Gráfico que reúna los requisitos exigidos por las Leyes Nacionales N° 24241 y N° 24061, para obtener alguno de los beneficios previsionales que las mismas determinan deberá dentro de los noventa (90) días hábiles de entrada en vigencia del decreto, iniciar los trámites requeridos por el otorgamiento de la jubilación, agregándose además que el incumplimiento en el inicio de los trámites jubilatorios, dentro del plazo establecido, imputables al agente, autorizará a decretar su cese en el cargo. Lo cual violenta el derecho de propiedad, el derecho al trabajo (Arts. 14, 14 bis, 17 C.N. y Art. 8 últ. parte C.P.) y el derecho a la estabilidad del empleo público, tal como se desprende de la Ley 3276 que en su Art.18 último párrafo establece que sólo se pierde la estabilidad por haber alcanzado el agente una edad superior en dos (2) años a la mínima establecida para la jubilación ordinaria y el derecho al cumplimiento de una prestación de la que es acreedor, cuya modificación unilateral por parte del Estado Provincial altera e invade materia que se encuentra fuera de su alcance legislar (Arts. 31, 75 inc. 12 y ccts. C.N.). Solicita medida de no innovar, suspendiéndose en lo pertinente la vigencia de la norma cuestionada hasta tanto recaiga resolución definitiva en la presente causa. 2- Que interpuesta la acción por ante el Juzgado de Control de Garantías de Tercera Nominación, a fs. 12 el Sr. Juez declara su incompetencia para entender en la causa, ordenando su remisión a esta Corte de Justicia. Que recibidos los autos en este Superior Tribunal, a fs. 16 se corre vista de la jurisdicción y competencia, y en su caso de la medida cautelar solicitada al Ministerio Público, el que emite Dictamen incorporado a fs. 23 y vta., donde propicia que se declare la inadmisibilidad formal de la pretensión intentada. Obrando a fs. 24 proveído que ordena autos para resolver, con lo que la cuestión queda en estado de emitir pronunciamiento.- 3- Que la presente acción de amparo tiene como objeto la declaración de inconstitucionalidad de los Arts. 1, 3 y cctes. del Decreto Acuerdo N°255/09, por lo que cabe determinar si corresponde a la competencia de esta Corte de Justicia entender en la presente causa. Conforme a la jurisprudencia de la causa "Altamirano", la Corte de Justicia tiene competencia originaria y exclusiva en los procesos de amparo con materia contenciosoadministrativa, de conformidad al Art. 204 de la Constitución Provincial y Art. 4 párrafo 2° de la Ley 4642, reformada por la Ley 4998. Que se ha expresado:".que es sabido que en todo amparo subyace siempre un problema constitucional que en algunos casos puede desplazar la competencia originaria y exclusiva de la Corte según la más calificada doctrina sobre el particular, y se podrá cuando esta materia constitucional subyacente deja de serlo, cuando el supuesto acto ilegítimo arbitrario proviene de una violación en forma directa a la Constitución que se debe expresar en forma clara y precisa esta violación"(autos Corte N° 135/99 "Altamirano, Mirtha M. y otros c/Dirección de Educación General y Ministerio de Educación s/A. de Amparo"). Que conforme a lo puntualizado, si bien el amparista cuestiona el Decreto Acuerdo 255/09, no lo hace porque el mismo adolezca de algún vicio que lo invalide y afecte sus derechos administrativos que lo habilite para recurrir en sede administrativa, ni la revisora en lo contencioso administrativo persiguiendo su anulación; porque se cuestiona los efectos del Decreto, enmarcado en una política de gobierno que involucra a los intereses de los agentes incluidos en la normativa impugnada. Conforme a lo reseñado en la presente cuestión la materia administrativa es subyacente y lo principal es la cuestión constitucional. En efecto si lo central de las pretensiones remite directa o indirectamente a desentrañar la constitucionalidad del Decreto Acuerdo en relación a las normas constitucionales que se aluden comprometidas cuyo tratamiento resultaría esencial para la solución del planteo, estamos en presencia de una cuestión que involucra sustancialmente materia constitucional y por lo tanto el amparo debe tramitarse por ante los jueces de grado. Al respecto este Tribunal se ha pronunciado reiteradamente en ese sentido, en autos Corte N° 63/00 Sent. 105/00, Int. del 14/04/00, Int. 163/01 autos Corte N° 113/01, Int. 148/03 autos Corte N° 236/03, Int. 153/06 autos Corte N° 55/06, entre otros. Ello implica que el Decreto Acuerdo debe ser analizado por el juez natural de la instancia de grado, y la Corte eventualmente en la etapa procesal oportuna a través de la vía recursiva pertinente. Por todo ello concluimos que esta Corte de Justicia resulta incompetente para entender en la acción de amparo interpuesta, debiendo regir el Art. 4 -1° parte- de la Ley 4642 que establece: "la competencia del Juez de Primera Instancia, con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice, o tuviera o pudiere tener efecto, cualquiera fuera su competencia por materia y que esté de turno." Que habiendo incurrido en error el Juzgado de Control de Garantías de Tercera Nominación al recibir la presentación de la acción de amparo, contrariando lo dispuesto por Acordada N° 3548 que prevé que las causas que por ejercicio de la acción de amparo se inicien en esta Primera Circunscripción Judicial, deberán ser presentadas por Mesa de Entradas Única, a fin de que se practique el pertinente sorteo entre todos los Juzgados de Primera Instancia. Por lo que corresponde, ante la presente declaración de incompetencia remitir la causa a Mesa de Entradas Única a los fines de los trámites de rigor, con notificación del presente resolutorio al Sr. Juez de Control de Garantías de Tercera Nominación a los fines del estricto cumplimiento de la Acordada citada. Por ello y oído el Ministerio Público Fiscal, Dictamen N° 43/09, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Declarar la incompetencia del Tribunal para entender en autos. 2) Remitir la presente causa a Mesa de Entradas Única a los fines del trámite de rigor. 3) Notifíquese la presente al Sr. Juez de Control de Garantías de Tercera Nominación a los fines del estricto cumplimiento de la Acordada N° 3548. 4) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense. Fdo: Dres. Luis Raúl Cippitelli (Presidente), Amelia del Valle Sesto de Leiva (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).