marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Reajuste jubilatorio, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, solidaridad previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ZAGARI, JOSÉ MARÍA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-22

Las disposiciones del art. 10 de la ley 23.928 y ley 25.561 -que en lo sustancial lo reproduce- no resultan de aplicación a las pautas que, en materia de actualización salarial, consignan los arts. 24, 30 inc. b) y concordantes de la ley 24.241. Por lo tanto el índice de salarios básicos de la industria y la construcción -personal no calificado- seleccionado por A.N.Se.S.

por considerarlo el más adecuado, debe aplicarse sin limitación temporal alguna para llevar a cabo la "actualización" de marras.

En consecuencia, el haber inicial del titular deberá ser recalculado aplicando la actualización de sus remuneraciones hasta la fecha de cese, en base a los valores consignados en el índice señalado.
Intereses, subsidio por incapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: "Giménez  Carlos  Martín c/ EN  -M° de Defensa- EMGE s/ PersonaMilitar y Civil de las FFAA y de Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-14

Corresponde reconocer al actor el subsidio extraordinario previsto por la ley 22.674, con retroactividad al 2 de abril de 1982 ya que conforme se desprende del art. 5 de la ley 22.674, las disposiciones de ésta se aplican retroactivamente al 2 de abril de 1982. La letra de la norma en armonía con el fin tuitivo que persigue la ley, lleva a entender que el subsidio que en ella se establece debe considerarse a esa fecha. Por lo tanto, es razonable ordenar el cálculo de intereses desde entonces y hasta su efectivo pago (Sala IV "Cabral, Gladys Catalina y Otros c/ EN -M° Defensa- s/ retiro militar", 30/4/99) (Del voto del juez Argento, cons. 4).
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, omisión de considerar cuestión propuesta, sentencias de segunda instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GREGORET, MARCELO GABRIEL c/ LOS CORRALITOS S.C.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-11-30

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que los escasos párrafos que dedican los Camaristas para fundar su decisión de revocar el fallo dictado en la anterior instancia y condenar a la demandada, revelan no sólo una lectura parcializada del mismo, sino además una visión incompleta de la litis.

Es que, ni aun partiendo del razonamiento efectuado por la Alzada- podría admitirse totalmente el reclamo de la parte actora, incluyendo trabajos que no se tuvieron específicamente por reconocidos en el fallo apelado, resistidos invariablemente por la demandada, y cuyo reclamo se sustentó en una factura firmada por un asesor técnico, quien carecía de poder para vincular a la sociedad demandada, lo que corroboraba la absoluta falta de autorización para el negocio. En suma, un caso complejo como el presente, rico en debate y prueba, al arribar a la Segunda Instancia debió ser abordado por los sentenciantes con amplia actitud cognoscitiva, a efectos de arribar a una respuesta fundada que contemple la totalidad de las cuestiones controvertidas que se llevaron a su conocimiento. Nada de esto se tuvo en cuenta en la sentencia cuestionada, lo que tiñe de arbitrario el pronunciamiento por carencia de fundamentación que sustente lo resuelto finalmente
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C, M c/ S, de C N s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Quien propone una pretensión en juicio, debe probar los hechos que la sustenta y quien opone, por su parte una excepción, debe probar los hechos de que resulta.-
Funcionarios públicos, ENCOTESA, responsabilidad penal, contrato de suministros
Materia: PENAL
Carátula: Testimonio de la apelación del dictado de falta de mérito en relación a Félix Alberto NICOLINI y otros en Expte. Nro. 495". Causa nro. 12.180
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-29

El imputado de marras se encuentra designado por autoridad competente en el cargo que desempeñaba y toda vez que le habría sido delegado el rol de elegir a posibles cocontratantes con E.N.Co.Te.

S.A., es dable atribuirle cierta participación en la voluntad estatal para perfeccionar contratos de suministros.
Responsabilidad civil, indemnización, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARLE HECTOR MATEO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-12

Es inapropiado vincular el curso de los intereses a la magnitud del daño moral o a la gravedad del hecho generador del mismo. Estos elementos inciden o pueden incidir en el valor de la indemnización, pero no tienen relevancia para determinar el "dies a quo" de la cuenta de intereses. Estos son debidos no por razón del hecho generador de la responsabilidad sino por el retardo en el pago de la indemnización, de manera que su objeto no es resarcir el agravio moral sino el daño moratorio causado a la víctima por la falta de reparación oportuna de aquel ( Código Civil art. 508 ).

Consiguientemente, la obligación de pagar los intereses esta ligada exclusivamente a la mora del deudor y no a la entidad del daño o a la gravedad del hecho que lo hubiese causado.
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SOENGAS, NORBERTO JOSE c/ NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-10-13

El pronunciamiento de la Cámara incurre en defectos en la valoración de las constancias de la causa, no dando razones acabadas para considerar que existió entre las partes una verdadera negociación y acuerdo de voluntades -en confrontación con lo que surge de las testimoniales y documentales agregadas a los autos-; y si la situación planteada encubrió un despido sin justa causa, el régimen de estabilidad impropia para las relaciones laborales del ámbito privado habilita al empleador a disponer el despido de sus dependientes sin dar causa o razón de la decisión, pero le impone el pago de una indemnización tarifada en respuesta al incumplimiento de la obligación de mantenimiento del vínculo, obligación legal que no puede ser soslayada bajo la apariencia de un mutuo acuerdo, si éste vulnera la indisponibilidad consagrada en el artículo 12 de la ley 20744, aun cuando se trate de derechos provenientes de la extinción de la relación; por lo que la sentencia anida arbitrariedad fáctica y probatoria y debe ser anulada como acto jurisdiccional válido. (Del voto de Falistocco, al que adhirieron los Dres.

Netri y Erbetta. En disidencia: Dres. Spuler y Gutiérrez).
Concurso preventivo, escala arancelaria, honorarios, incidentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONSULTORES ASOCIADOS ECOTRANS S.A. c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO s/INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITO POR DELOITTE & CO S.A
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-18

En cuanto a las pautas que deben regir la cuantificación de la retribución profesional, corresponde precisar que la observación efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto 1077/2017 respecto de la norma arancelaria relativa a los incidentes (ley 27423: 47) implica que, en los hechos, no existe actualmente un precepto que contemple cómo remunerar las labores desarrolladas en estos trámites. Por ello la regulación se realizará teniendo en miras que el monto resultante exhiba una razonable relación con la remuneración que correspondiere por el pleito dentro del cual se inscribe el trámite incidental, con una reducción proporcional estimada de manera prudencial (conf. CNCom, Sala D, 25.9.18, "Carboclor SA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito por Sulvy II SRL").
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Villalba, Jonathan Fidel. c/  s/ Infr. art. 189 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-19

En la medida en que un fiscal exprese fundamentos suficientes (o incluso opinables), corresponde dar virtualidad a su negativa a otorgar la suspensión del juicio a prueba en el caso concreto, toda vez que la manera como debe impulsarse la acción o dejar de hacerlo es una atribución exclusiva del órgano requirente y el control que efectúan los jueces sobre los fundamentos del Ministerio Público Fiscal, no debiera importar tanto como desplazarlo en ese ejercicio ya que de lo contrario, bastaría con que un magistrado no compartiera tales argumentos, o directamente prescindiera de estos para desnaturalizar el contenido del instituto y el alcance de su función dentro del proceso penal (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Concubinato, sociedad de hecho, prueba del concubinato
Materia: CIVIL
Carátula: F.C.I. c/ C.C. s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-13

A los fines de la valoración de la prueba debe partirse de la premisa que el mero hecho del concubinato es ineficaz para presumir la real existencia de una comunidad de bienes. Quien pretenda demostrar que, a raíz de la convivencia, ha formado una sociedad de hecho, de la cual devino un patrimonio común, debe cargar con la prueba fehaciente de la efectividad de los aportes, pues para establecer la existencia de la comunidad de bienes entre los concubinos -cuestión librada a la prudente apreciación judicial, de acuerdo a las reglas de la sana crítica- no bastarían meros indicios sugestivos, sino la existencia de probanzas directas, combinadas con elementos de comprobación que posean suficiente fuerza, como para crear presunciones o un cúmulo de las mismas, que sean graves, precisas y concordantes. La prueba a rendirse debe versar sobre los aportes o trabajos comunes y el propósito de obtener alguna utilidad apreciable en dinero o bien sobre la existencia de un estado o comunidad de bienes o intereses, con total prescindencia de las relaciones concubinarias.

Resulta sumamente atinado el criterio sostenido en algún precedente jurisprudencial, cuando afirma que la relación entre los concubinos, antes de presumir la existencia de una sociedad de hecho entre ellos, induce a suponer lo contrario. Una presunción de tal índole no deriva, en definitiva, sino de la presencia como fundamento de la unión irregular, de finalidades distintas de las que la ley exige como elemento esencial de la sociedad. Podrán -tal vez- concebirse diversos motivos que lleven a dos personas a unirse en concubinato, pero es poco menos que inverosímil, que lo hagan en virtud de haberse "mutuamente obligado" cada una con una prestación, con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero, que dividirán entre si, "del empleo que hicieran de lo que cada uno hubiere aportado". Y es, precisamente, esta formula, con la que el art. 1648 del Código Civil define el contrato de sociedad, lo que pone claramente de manifiesto, no solamente la ausencia total de analogía entre una y otra situación, sino lo poco compatible de sus finalidades, lo cual justifica la presunción adversa.-
INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL, prestación de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ponce de Cicchino, Ibes Helena c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-12

Si lo efectivamente investigado por la Administración fueron las prestaciones médicas facturadas por la actora y la investigación de su conducta y la de los médicos firmantes fue encaminada a comprobar la efectiva prestación de los servicios - más allá de que paralelamente se analizara la responsabilidad que a ellos cabía en las irregularidades detectadas- las actuaciones llevadas a cabo por la Administración constituyen actos interruptivos de la prescripción de la potestad disciplinaria en relación a la demandante.
Medidas cautelares, medida de no innovar, peligro en la demora, Estado Provincial, gobierno provincial, Tucumán, aportes previsionales, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Caja  Complementaria  de  Previsión  para la Actividad Docente c/ Tucumán,  Provincia  de  -Ministerio  de  Economía s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

Corresponde hacer lugar a la medida de no innovar y ordenar al gobierno de la Provincia de Tucumán que continúe efectuando las retenciones como lo hacía con anterioridad al decreto 482/3 si el peligro en la demora se configura en forma objetiva y la superposición de jurisdicciones y su ejercicio puede traer aparejadas para la actora consecuencias económicas que aconsejan mantener el statu quo erat ante del dictado de la legislación cuya constitucionalidad se pone en duda.
Sentencia, fundamentación de sentencias, principio de no contradicción
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ JUAN PEDRO c/ GONZALEZ DANIEL VICENTE Y OTROS s/ RECURSO DIRECTO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-09-14

La sentencia, para ser eficaz, debe estar fundada (art. 147 C.P.C.) lógica y legalmente (art. 155 Const. Pcial.). No ostenta ese requisito la resolución que tiene un quebrantamiento de magnitud tal, que compromete la fundamentación y ordenación interna.

Si el vocal opinante hace suyo, en forma expresa y sin reserva, que es motivo descalificante para la valoración testimonial la circunstancia de no tener conocimiento personal y directo de los hechos a comprobar y que, por ende, lo que se conoce sólo a través de terceras personas carece de valor; se aparte inexplicablemente de aquella pauta cuando otorga eficacia y veracidad a una testimonial que reunía aquella aptitud descalificante, dejando en consecuencia carente de sustentación lógica las conclusiones que resultan en definitiva.

Así, la contradicción se evidencia cuando el vocal opinante inhabilita las declaraciones prestadas por testigos a base del conocimiento indirecto que éstos ostentaban de los hechos base de la acción, para luego asignarle un valor pleno a la testimonial de otro testigo sobre el que pesaba idéntica situación impeditiva.

No empece a la existencia de tal contradicción la circunstancia de que la valoración positiva de este último testimonio se ha sustentado en un elemento objetivo de convicción: las fotografías arrimadas al proceso. Esto porque cuando se utilizó el argumento obstaculizante de evaluación testimonial para los testigos se lo hizo sin ninguna reserva ni limitación.

La sentencia deviene así infundada. No emerge de ella misma cuál ha sido la razón suficiente para lo que se ha dispuesto. El Tribunal Superior de Justicia, guardián de las formas procesales debe apreciar el cumplimiento del requisito de que la fundamentación no se en sí misma contradictoria. Lo será si asentada una premisa mayor la conclusión es disímil frente a idéntica circunstancia de hecho.

Se resiente, de tal suerte, el encadenamiento lógico de la serie de razonamientos en que consiste la fundamentación de la sentencia con lo que el vicio se instala en la conclusión definitiva.
Recurso de queja (procesal), denegatoria del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Jáuregui, Hugo René Mario y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Debe desestimarse la queja si no refuta los motivos de la resolución denegatoria del recurso extraordinario.
Competencia por la materia, competencia laboral, procedimiento laboral, accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: CHAUQUE FAUSTINON c/ LEDESMA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-29

Cuando una demanda es dirigida contra la empleadora y fundada en el Derecho Civil, más allá de su admisibilidad o del acierto o error del planteo, encuadra, claramente, en el diseño amplio del art. 20 de la ley 18.345, que no ha sido derogada. Ello pues la citada norma adjetiva establece la aptitud jurisdiccional de la Justicia Nacional del Trabajo en las causas entre trabajadores y empleadores "...aunque se funden en disposiciones del derecho común aplicables a aquél...".

En el caso, la actora fundó su reclamo en el derecho civil y planteó la inconstitucionalidad de la ley 24.557. (La sala cambió el criterio sustentado en anterior sentencia int. 36.934 del 30.9.99 "Zolorzano, Ubaldo Pascual c/Insituto Colegio Hogar del Pino Asoc.Civil s/accidente").
Derecho procesal, prescripción, presupuesto
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Automotores Leone SA s/ quiebra c/ Ford Argentina SCA y otros s/ ordinario - Automotores Leone SA s/ quiebra c/ Volkswagen Argentina SA y otros s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-12

Cuando, como en el caso, el contrato de concesión que unió a las partes implicaba el desarrollo de diferentes operaciones que se extendieron por varios años, a los fines de establecer el dies a quo del plazo de prescripción, cabe tener en cuenta que: (i) el plazo de la prescripción en las acciones personales comienza a correr desde la fecha del título de la obligación (CCIV 3956); (ii) a ese efecto debe considerarse el tiempo de la producción del hecho generador del daño; (iii) en particular, el momento en que el damnificado toma efectivo conocimiento del perjuicio; (iv) ello se produce cuando la causa del hecho generador, su existencia o su responsable, llegan a conocimiento del damnificado o cuando este tuvo razonables posibilidades de información; y (v) no obsta a lo anterior que los perjuicios pudieren extenderse en el tiempo mientras no conformen una nueva causa generadora de responsabilidad (CNCom, Sala E, 31.5.17, "Mercante Hermanos SACIA c/ YPF SA"). En tal sentido, pacífica doctrina judicial ha sostenido que el plazo de prescripción de la acción, en principio, se computa desde la producción del hecho generador del reclamo, pero su comienzo está subordinado al conocimiento de éste por la accionante, que debe ser real y efectivo, ya que desde ese momento y no antes el perjuicio asume carácter de cierto y susceptible de apreciación por la víctima. Es decir, que el plazo principia desde que el damnificado tiene conocimiento del hecho generador. Así las cosas, teniendo en cuenta que la demanda fue promovida en determinado día, cabe afirmar -en forma liminar- que todo reclamo documentado por cuentas liquidadas con anterioridad, se encontraría prescripto.
Venta de bebidas alcohólicas, prohibición de venta a menores, conflicto de leyes, aplicación de la ley, competencia contravencional, interpretación sistemática
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S, S, J. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 51 Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-26

La Ley 24.788 diferencia conductas de distinta gravedad y el artículo 1º de la norma citada configura una contravención, no un delito.

El Legislador ha fijado para los casos de los artículos 1; 4; 5 y 6 penas de multa y clausura a diferencia del artículo 7 donde se agrava la facultad sancionatoria al considerar que al autor le podría corresponder hasta 5 años de prisión.

Para reprimir a quienes incurrieran en la conducta descripta por ese artículo es ineludible la intervención de la Justicia Criminal Ordinaria, mientras que los otros casos son de competencia Contravencional y, una vez sancionado el Código Contravencional que nos rige y determinada la figura del artículo 51 de la Ley 10, también es de competencia indiscutible la Justicia Contravencional creada por la Ley Orgánica del Poder Judicial y basada en disposiciones constitucionales dictada dentro de las facultades del artículo 81 inciso 2 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, especialmente, teniendo en cuenta el texto de la cláusula transitoria séptima de la Constitución Nacional.
Recurso de casación penal, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: V., R. s/ Daños JARA, Camilo Atilio s/ Lesiones Colil, Héctor s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-12-21|1990-12-05|1990-12-19

Conforme lo dispone el art. 403 in fine CPP, corresponde en este estadio procesal examinar si el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal ha sido bien o mal concedido a la luz de los arts. 392, 397, 415, 416, 421, correlativos y concordantes del mismo ordenamiento legal citado.

En este marco se comprueba que el memorial introductorio no cumple con el recaudo de autosuficiencia, es decir, no se basta a sí mismo. En efecto: no contiene una exposición clara y autónoma de los hechos de la causa, lo que le quita al libelo recursivo aptitud técnica para sortear el preliminar examen de admisión. En tal sentido este Tribunal tiene dicho desde antiguo que: "El escrito de interposición del recurso debe bastarse a sí mismo, dado el carácter autónomo que posee, su sola lectura tiene que ser suficiente para la comprensión del caso, para lo cual es preciso que contenga un relato claro y concreto de los hechos relevantes de la causa. Ello así a fin de que sea posible advertir el vínculo que guardan con las cuestiones que se quieren someter al Tribunal como de índole excepcional", cabiendo acotar todavía que este Superior Tribunal de Justicia ha sostenido reiteradamente: "Que el control de las formas impuestas -...- es riguroso porque la casación es un remedio extraordinario y el Tribunal debe evitar que en la práctica se lo desvirtúe".
Apreciación de la prueba, declaración testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

El testimonio incorporado por lectura resulta válido aún cuando las defensas no puedan examinar al deponente ya fallecido, siempre que dicha declaración sea valorada en el contexto probatorio que la rodea. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Obras sociales, responsabilidad de la obra social, responsabilidad médica, prestaciones de la obra social, planes de cobertura médica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: García de Jusim, Adriana y otro c/ Ronchi, Alejandro y otro s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

La elección de un sistema abierto trae aparejada la imposibilidad de supervisar la calidad y eficacia de un servicio potencialmente a cargo de una opción no acotada sino por el libre arbitrio del usuario (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Carlos S. Fayt).
Medicina prepaga, aumento de cuota, afiliación a obras sociales, adultos mayores, derecho a la salud, defensa del consumidor, medida cautelar innovativa
Materia: COMERCIAL
Carátula: Mibashan, David Isaac y otro c/ Swiss Medical S.A. s/ ordinario s/ incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-31

Debe confirmarse la resolución que admitió la medida cautelar innovativa solicitada por un afiliado de una empresa de medicina prepaga y ordenó suspender el aumento de la cuota basado en la edad del actor, dado que el aumento aplicado por la demandada claramente involucra el derecho constitucional a la salud (art. 42, CN), habida cuenta que aunque los incrementos estuvieran previstos contractualmente, podrían resultar abusivos en los términos del art. 37 inc. a y b de la Ley de Defensa del Consumidor, ya que desnaturalizarían las obligaciones e importaría una renuncia o restricción de los derechos del consumidor con su consecuente ampliación de los derechos de la otra parte.