Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-04


En la ciudad de Puerto Madryn, a los días del mes de junio del año 2012, se reúne la Excma. Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi y la asistencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "H. U. J. C/ A. G. y/u otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. N° 263 - Año 2011), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de esta Circunscripción (Expte.41- año 2007), en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada?; SEGUNDA: ¿Se ajustan a derecho los honorarios regulados a los letrados actuantes en autos? y TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse conforme al sorteo de fs. 481.

A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi dijo:

1) Antecedentes y la Sentencia.

Llegan los autos a esta Alzada en virtud de los recursos de apelación oportunamente interpuestos por la parte demandada (fs. 579) y por la actora (fs. 581), los cuales fueron oportunamente concedidos (fs. 583). Asimismo, se han interpuesto recursos de apelación contra las regulaciones de honorarios de los letrados intervinientes en el proceso, los que fueron también concedidos. Fundó su recurso la demandada (fs. 630/632), haciéndolo la actora a fs. 633/637 vta. El traslado de los fundamentos de la parte actora fue contestado por la citada en garantía (fs. 639/641).

La sentencia dictada a fs. 561/568, hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por los Sres. U. J. H. y G. N. H. contra los Sres. G. A. y M. S. K. y su aseguradora H. L. B. A. S. S.A., condenando a estos últimos y a la citada en garantía en el límite del seguro, a abonar dentro del plazo de diez días de quedar firme el pronunciamiento la suma de $ 17.860,79.- (Diecisiete mil ochocientos sesenta pesos con 79/100) con más los intereses a la tasa activa que fija el Banco del Chubut S.A. desde la fecha del siniestro al efectivo pago. Las costas fueron impuestas en un 50% a los codemandados vencidos y su aseguradora y en un 50% a los actores, regulándose los honorarios a los profesionales intervinientes.

Para arribar a la resolución final, consideró la Magistrada a quo que corresponde aplicar al caso la norma del ant. 1113, párrafo 2° del Cód. Civil, dejando en claro que admitida por ambas partes la existencia de la colisión y verificada su consecuencia sobre el rodado del actor, se presume la relación causal del daño con el riesgo creado por el dueño o guardián demandado, quedando a cargo de éste destruir dicha presunción mediante la acreditación de la existencia de alguna eximente de las señaladas por la ley. En el caso de autos, los demandados y la citada en garantía ha invocado como eximente la culpa de un tercero por quien no deben responder, del conductor del vehículo Fiat Siena, sosteniendo que el accidente se produjo pura y exclusivamente por el accionar del conductor del taxi quien conducía a excesiva velocidad sin frenar en las bocacalles.

Para resolver el caso, la sentenciante tuvo en cuenta las conclusiones de la pericia accidentológica dado que ninguno de los testigos que declararon en el juicio presenciaron el accidente. Si bien el dictamen pericial fue impugnado por la citada en garantía, la misma -a criterio de la jueza a quo- no aportó elementos de entidad suficiente como para sustentar una interpretación divergente a la del experto y de allí que desestimó la misma.

Tiene en cuenta la Magistrada del inferior que el experto accidentológico ha dicho que ambos automotores se van aproximando a la encrucijada sin percibir ninguno de los conductores la aproximación del otro automotor (motivo por el cual no realizaron maniobras evasivas para evitar el accidente, como ser frenar, virar, etc.), que el conductor del Chrysler cruza el carril Norte de la calle V. y al ingresar al carril Sur de dicha calle es embestido en su lateral derecho, altura del guardabarros, por el frente lado izquierdo del Fiat Siena. Determinó la velocidad del Fiat en 53,36 km/hs y la del Chrysler en 48,10 km/hs y que si ambos hubiesen transitado a velocidad reglamentaria (30 km/hs) el accidente era físicamente evitable; asignó al automotor Fiat el carácter de "embistente" y al Chrysler el de "embestido". Indicó también el experto, dice la sentencia, que ambos vehículos ingresaron a la intersección en forma simultánea, que la prioridad de paso la tenía el vehículo Fiat Siena y que el conductor del Chrysler Caravan no respetó dicha prioridad de paso establecida en el art. 41 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Continúa el dictamen determinando como causa primaria del evento dañoso la falta de atención, prevención y conocimiento de la reglamentación por parte del conductor del Chrysler Caravan que no respetó la prioridad de paso que tenía el vehículo Fiat Siena que transitaba por una arteria de mayor jerarquía y ubicada a la derecha de la intersección. A su vez, dijo el experto que la causa secundaria del siniestro radica en la falta de atención y prevención por parte de ambos conductores quienes no perciben el cruce del otro rodado, no realizando ninguno de ellos maniobras evasivas previas al impacto para evitar el mismo. Asimismo, remarcó que las velocidades de ambos vehículos son superiores a las permitidas para las encrucijadas (30 km/hs).

Tuvo en cuenta la Magistrada a quo la norma del art. 41 de la L.N.T. que dispone que todo conductor debe ceder el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha y que esa prioridad es absoluta, perdiéndose sólo en los casos que la misma normativa contempla.

Luego de este análisis la sentencia dice que así como no puede negarse la responsabilidad que ostenta la demandada en la producción del siniestro al trasponer el cruce sin respetar al vehículo que circula por la derecha, tampoco puede dejarse de lado la contribución en el acaecimiento del accidente del conductor del vehículo de los actores y de allí que haya concluido sosteniendo que la conducta desplegada por el conductor del automotor de los actores contribuyó a la producción del evento dañoso, pero no ha sido su única causa, concurriendo ésta con la situación riesgosa generada por la demandada A. al no respectar la prioridad de paso que ostentaba automotor de los actores, como así tampoco ha obrado con la debida prudencia y atención al circular ya que transpuso el cruce sin aminorar la marcha conforme lo exige la ley y sin tomar los recaudos necesarios para asegurarse que tendría el paso libre. En base a estos razonamientos le atribuyó un 50% de responsabilidad en el evento al conductor del vehículo Fiat Siena (de los actores), siendo responsables los demandados por las consecuencias del hecho en el otro 50%.

Con respecto a los Daños reclamados, trató en primer lugar el "Daño Emergente" (reparación del automotor) y en base al dictamen pericial y documental aportada al proceso, hizo lugar al mismo por la suma de $ 17.362,58.- con más los intereses a la tasa activa que determina el Banco del Chubut S.A. desde la fecha del siniestro al efectivo pago.

En lo que hace a la "Privación de uso del automóvil" y teniendo en cuenta que conforme informes agregados a la causa el automóvil estaba afectado al servicio de taxi las 24 horas durante los 7 días de la semana, sin acreditarse el uso familiar, desestimó el mismo.

Con respecto al "Lucro Cesante" y conforme prueba informativa, testimonial y pericial producida en autos, admitió el rubro por la suma de $ 13.200. Habiendo la parte actora reclamado por la "Pérdida del valor venal", teniendo en cuenta lo dictaminado por el perito mecánico e informe incorporado al proceso, admitió el mismo por la suma de $ 5.000.- Por último consideró el rubro "Gastos" haciendo lugar al mismo por la suma de $ 159.- En conclusión, la demanda prosperó por la suma de $ 35.721,58.- siendo a cargo de los codemandados el pago de la suma de $ 17.860,79.- con más los intereses ya referidos.

Las costas fueron impuestas a los condenados y a la citada en garantía H. L. B. A. S., en la misma proporción que se ha admitido la concurrencia del daño producido a los actores, distribuyéndose las mismas en un 50% a cargo de la actora y en un 50% a cargo de los demandados y su aseguradora en forma concurrente y en la medida del seguro.

2) Los agravios de la parte actora.

Se agravia la parte actora por la atribución de responsabilidad que ha establecido la sentencia recurrida. Esgrime que la sentencia tuvo en cuenta el dictamen pericial y que de allí surge que los rodados ingresaron casi simultáneamente a la bocacalle y que quien primero ingresó fue el Fiat Siena quien contaba con prioridad de paso. Sostiene en su queja que el automotor del los demandados circulaba a excesiva velocidad y se lanzó a cruzar la arteria V., la cual revista la jerarquía de semiautopista y que nada hizo la conductora del rodado Chrysler Caravan para evitar el siniestro. Remarca, una vez más, que el Fiat Siena tenía prioridad de paso y que la norma de la LNT establece que esa prioridad es absoluta. Insiste en el dictamen pericial en cuanto ha dicho que la causa primaria del siniestro se debió a la falta de atención, prevención y conocimiento de la reglamentación por parte del conductor del Chrysler Caravan que no respetó la prioridad de paso que tenía el Fiat Siena y que nada de esto ha sido considerado en la sentencia. Luego de una serie de reiteraciones sobre los mismos puntos, sostiene que de haber respetado la demandada la prioridad de paso, el accidente no habría ocurrido, que la conducta ilícita de la demandada fue la causante exclusiva del siniestro y que es injusta la atribución de responsabilidad resuelta por la sentencia de la a quo.

3) Los agravios de la co-demandada G. A.

Se agravia la co-demandada G. A. por la imposición de costas que contiene la sentencia en crisis. Sostiene que lo resuelto en este punto por la sentenciante no recepta la solidaridad legal entre la asegurada (A.) y la aseguradora H. L. B. A. S.A. y ello la perjudica.

Menciona la norma del art. 110, inc. a) de la Ley de Seguros en cuanto refiere que la garantía del asegurador comprende el pago de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero. Cita jurisprudencia en su favor, remarcando que ante un evento dañoso no puede la aseguradora citada en garantía soslayar el pago de los emolumentos que el ejercicio del derecho de defensa de su asegurado la insumió, u obligarle a ser asistido por determinado profesional, sin acreditar mínimamente las razones de tal imposición. En base a lo expuesto entiende que debe ser revocada esta parte de la sentencia y disponer que hay solidaridad entre G. A. y H. L. B. A. S.A. en materia de costas procesales.

4) Tratamiento de los agravios de la parte actora.

La Responsabilidad.

En síntesis la queja de la actora está centrada en que el automotor Fiat Siena tenía prioridad de paso en el cruce, que dicho vehículo circulaba por una semiautopista y que la demandada circulaba a excesiva velocidad sin respetar la prioridad de paso, la cual es absoluta.

Antes de entrar de lleno en el análisis y tratamiento de las cuestiones que constituyen la queja, quiero referirme a que no surge de autos ni de ninguna probanza que la calle V. en esta ciudad sea una "semiautopista". Por lo que debe tomarse esta afirmación como un criterio exclusivo del recurrente sin aval probatorio que lo sustente. Y, en segundo lugar, es necesario dejar en claro que el quejoso hace referencia a la "causa primaria" del siniestro según el dictamen pericial, pero omite deliberadamente -a mi juicio- que el mismo experto ha hecho referencia a que la "causa secundaria" del mismo diciendo: ".Coadyuvaron en la producción del accidente la falta de atención y prevención por parte de ambos conductores de los vehículos involucrados, quienes no perciben el cruce del otro rodado, no realizando ninguno de ellos maniobras evasivas previas al impacto, para evitar el mismo. Asimismo, las velocidades de ambos vehículos (Chrysler Caravan a 48,10 km/hs., y Fiat Siena a 53,36 km./hs) son superiores a las permitidas para encrucijadas de 30 km/hs. (Ley Nac. de Tránsito N° 24.449 y reglamentación Art. 39 y 51 inciso "e" apartado "1").". Tengo para mí que esta "causa secundaria" no es un dato menor para la solución de la litis. La cuestión relativa al hecho de que el Fiat Siena ingresó primero a la bocacalle es una circunstancia resuelta por el dictamen pericial practicado en autos. El experto ha dicho que ".mediante un cálculo físico matemático que establece que un segundo (1' sg) antes el vehículo Fiat Siena se encontraba a 14,82 mts. del presunto lugar del impacto; y a 0,5 sg. se hallaba a 7,41 mts. de dicho lugar.En tanto que el Chrysler Caravan, a los 0,5 se encontraba a una distancia de 6,68 mts.; y en 1 sg, se hallaba a 13,36 mts. del presunto lugar de impacto.Se establece con el croquis que el vehículo Fiat Siena a los 0,5 sg. se hallaba a 2,76 mts. de la encrucijada. El Chrysler Caravan para el mismo tiempo se encontraba a 3,32 mts. de la intersección." (fs. 257 vta./258).

Sin dejar de tener en cuenta que el lugar donde se produjo el impacto es "presunto" ya que no hay probanza del lugar exacto donde se produjo el mismo, advierto que de los cálculos realizados por el perito la diferencia que existe entre ambos vehículos al arribar al cruce es de tan sólo 0,56 cmts. No tengo ninguna duda que esa diferencia en dos vehículos de cierto porte como los que participaron en el evento en tratamiento, es realmente inexistente y no corresponde profundizar en cuanto a que en modo alguno ello puede constituir una base sólida para afirmar que un vehículo arribó al cruce antes que el otro. Avala mi razonamiento el mismo dictamen del experto cuando dice a fs. 258: "se concluye que ambos vehículos ingresan casi simultáneamente a la intersección.". Por lo tanto, queda descartado que el automotor del actor haya ingresado antes al cruce de calles.

Es procedente entonces analizar el tema de la "prioridad de paso" invocada en su agravio por la parte actora. En reiteradas ocasiones se ha sostenido que la regla de prioridad de paso en las esquinas, aquélla que concede preferencia para surcar la bocacalle al vehículo que se presenta por la derecha frente a aquel otro que avanza por la otra arteria situada a la izquierda, es una norma de prevención destinada a guiar la conducta de los automovilistas en concretas situaciones en que tal prevalencia pudiera estar objetivamente en duda o, dicho de otra manera, cuando el avance normal del rodado que arriba al cruce pudiera "estar en entredicho" frente a otro vehículo que de modo similar se asoma al escenario del mismo cruce. Es para tales situaciones que está diseñado este sistema legal de preferencias, cuyo buen funcionamiento descansa en el respeto al juego de expectativas mutuas que el mismo mandato legal despierta e induce en la interacción social de los conductores que se acercan a la encrucijada de arterias (el que goza de preferencia prevé el detenerse de quien no lo goza y éste ha de inferir que aquél, en el cruce, ha de continuar su marcha para pasar primero) (conf. SCBA, Ac. 75.528, 30/10/2002, voto del Dr. Roncoroni).

El art. 41 de la Ley 24.449 expresamente reza: "Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta.". Pero este principio fue relativizado por la praxis judicial, la que ha recurrido a las leyes de la lógica. Así, si el vehículo que avanzaba por la arteria transversal situada a la izquierda, había superado la mitad de la encrucijada, pues el rodado que circulaba por la derecha se hallaba aun distante de la intersección o se encontraba detenido, se consideró responsable total o parcialmente al conductor de este último, por no ejercer el "pleno dominio" de su vehículo y resultar ser el embistente.

Tal criterio jurisprudencial dio paso a otra regla: el principio "derecha antes que izquierda" no acuerda ningún "bill de indemnidad" a favor del conductor del vehículo que aparece a la derecha de otro, ni habilita para "arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda". En resumen, el derecho de paso preferente entre vehículos ha sido reconocido, cuando ambos aparecen en forma simultánea en la encrucijada. Sin embargo, el decreto reglamentario 779/95, sobre el art. 41 de la Ley 24.449, dispone que: "La prioridad de paso en una encrucijada rige independientemente de quien ingrese primero al mismo" (debió decir a la misma).

Esta aclaración por vía reglamentaria -dicen Conde-Suárez-, es discutible, pues no se encuentra así legislada. En efecto, si analizamos el texto legal, veremos que la obligación de ceder siempre el paso en las encrucijadas es "al que cruza desde su derecha", lo que implica la acción de cruzar que significa: "atravesar una cosa sobre otra en forma de cruz" (Nuevo diccionario de la lengua española, ed. 1935, p. 407). Ello denota la intención del legislador de asignar la preferencia a quien ha comenzado a dinamizar su paso, pero no cuando el vehículo que aparece a la izquierda estuviere trasponiendo con antelación la encrucijada, pues ello representa un obstáculo en la línea de circulación del primero. Lo contrario llevaría al absurdo de otorgar vía libre y patente legítima de embestidor, a quien aparece por una transversal derecha o exigir la detención en cada cruce de arterias de todo rodado, para ceder el paso a otros vehículos cuyo avance se registra media cuadra antes de la bocacalle (conf. CONDE-SUAREZ, ob. cit., pág. 274 y sigs.). La jurisprudencia ha venido haciendo aplicación de la regla, aunque relativizando su rigorismo. Como acertadamente afirman Félix A. TRIGO REPRESAS y Rubén COMPAGNUCCI de CASSO: "Sin embargo nuestra jurisprudencia resuelve de manera casi uniforme, y en general correctamente (Brebbia, Problemática jurídica de los automotores, T. 1, p. 180, parág. 11), que la prioridad del que circula por la derecha sólo juega cuando ambos vehículos se han presentado en el cruce en forma simultánea, mas no si el que venía por la izquierda estaba considerablemente adelantado" (Trigo Represas-Compagnucci de Caso, "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", T. 1, pág. 161). Como principio se ha sostenido que el conductor que llegue a una bocacalle o encrucijada, debe en todos los casos reducir sensiblemente la velocidad y tiene la obligación de ceder espontáneamente el paso a todo vehículo que se presente por una vía pública situada a su derecha, agregando que la violación de estas disposiciones constituye una contravención grave contra la seguridad del tránsito y crea para su autor, en caso de accidente, la responsabilidad inherente a los daños que éste ocasione (CNEsp.Civ.Com., Sala V, 26/11/84, LL, 1985-B-94). Sin embargo, como dijera la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón (Bs.As.), Sala II, la regla derecha antes que izquierda, no representa ningún "bill de indemnidad" que autorice al que aparece a la derecha de otro vehículo, a arrasar con todo lo que se encuentre a su izquierda. Esta prioridad forma parte de un ordenamiento lógico del tránsito, pero no exime a quien la tiene, del necesario deber de prudencia al cruzar la bocacalle, ni constituye un derecho absoluto, porque la preferencia debe conjugarse con el deber de reducir la velocidad al llegar a las esquinas y con la obligación de conservar en todo momento el más absoluto dominio del vehículo (conf. Cám.Civ.Com. Morón, Sala II, 29/03/88, C. 20.715, RS 49/88; ídem, 02/08/88, 21.346, RS 122/88, inéditos; cit. por CONDE-SUAREZ, ob. cit., pág. 276). Transitando por estas mismas ideas se ha sostenido que la circulación por la derecha en una bocacalle, solo acuerda en abstracto una prioridad de paso que no habilita para desentenderse en concreto de las obligaciones generales y especiales que la ley prescribe, ya que no exime al conductor de proceder con el máximo de prudencia y pleno dominio del vehículo, en tanto es un derecho que debe ser ejercido apropiadamente y en función de las circunstancias, pero que no autoriza a barrer con todo lo que se encuentra en el trayecto, o a transitar a velocidad excesiva confiando en que esa prioridad habrá de ser respetada prudentemente por los demás (conf. CNEsp.Civ.Com., Sala III, 18/04/80, BCECyC, 683, su. 10.029). Se ha dicho también que cuando el vehículo que debería ceder el paso al otro por su derecha, se ha adelantado en el cruce de la bocacalle, la prioridad de este último deja de tener sentido, puesto que entonces el ordenamiento del cruce se logró por la gravitación inherente al hecho físico del adelantamiento (CNCiv., Sala A, 29/05/89, LL, 1990-E-306). En general, en la Provincia de Buenos Aires, también la jurisprudencia mayoritaria reconoce que el derecho de prioridad de paso no es absoluto ni puede exigirse sino en condiciones razonables, cuando ambos vehículos arriban a la encrucijada en forma simultánea o casi simultánea (conf. Cám. 2ª Civ.Com. La Plata, Sala III, C. 70.181, RS 243/90, Juba, B 350.778). Relativizando la regla, se ha declarado que la expresión de "absoluta" que utiliza la ley específica y a la cual ya he hecho referencia aquí, se relaciona con el que aparece o circula desde la derecha, y requiere de la necesaria demostración de los presupuestos fácticos que hagan a la razonabilidad de la aplicabilidad de la norma, ya que la violación de las normas del Código de Tránsito, no son determinantes por sí mismas de la atribución de responsabilidad (conf. Cám. 1ª Civ.Com. La Plata, Sala II, 03/03/94, C. 216.121, RS 19/94, Juba, B 151.062). Con mucha razón y práctico criterio se ha afirmado que la aplicación "a ultranza" de la regla de prioridad de paso por la derecha, se desentiende en su cómoda rigidez, de las complejidades del tránsito actual, agregando que en ese orden de ideas, en el tránsito vehicular actual, no es de exigir que quien aparece por la izquierda quede en inmovilidad total a la espera -más o menos inmediata, más o menos tardía- del vehículo que viene por la derecho, aunque éste esté alejado; se trata de lograr un ensamble armónico y flexible (conf. Cám. 1ª Civ.Com. La Plata, Sala II, 26/12/89, C. 205.488, RS 232/89, Juba, B 150.152). Cabe puntualizar, además, que la violación de esta regla, no importa eximir en todos los casos de responsabilidad y en forma total, a quien poseía el derecho de paso preferente, que es lo que pretende la parte actora en el caso en tratamiento. Y tomando como base los antecedentes y criterios hasta aquí expuestos, corresponde encuadrar el caso que debe resolver esta Alzada ante el agravio en análisis. Y para la solución de la problemática planteada no debo dejar de considerar que lo dicho en el punto anterior tiene una muy estrecha vinculación con la solución que daré en éste. En efecto, ha quedado demostrado aquí: que el siniestro ocurrió en zona urbana y poblada; que ambos automotores arribaron casi simultáneamente al cruce de calles (dictamen pericial); que ambos vehículos se van aproximando al cruce sin percibir ninguno de los conductores la aproximación del otro automotor, motivo por el cual no realizaron maniobras evasivas para evitar el accidente, como ser frenar, virar, etc. (dictamen pericial); que el conductor del Chrysler cruza el carril Norte de la calle V. y al ingresar al carril Sur de la misma calle es embestido en su lateral derecho, altura del guardabarros, por el frente lado izquierdo del Fiat Siena (dictamen pericial); que el automotor Fiat Siena fue el vehículo embistente y el Chrysler Caravan el embestido (dictamen pericial); que el Fiat Siena circulaba a la derecha del Chrysler Caravan (dictamen pericial) con lo que conforme la LNT tenía prioridad de paso (dictamen pericial); que existieron causas "primarias" y "secundarias" en la producción del evento dañoso (dictamen pericial); que el Chrysler Caravan circulaba a una velocidad "mínima" aproximada de 48,10 km. por hora y el Fiat Siena a una velocidad "mínima" aproximada de 53,36 km. por hora en el momento de ocurrir el siniestro (dictamen pericial). Por otra parte, del croquis pericial surge que el choque se produjo sobre la calle V. sobre la mano en que venía circulando el automotor del actor y fue éste quien embistiera al automotor de la demandada. Por otra parte, no dejo de considerar que ambos vehículos se impactaron con sus partes delanteras, conforme el dictamen pericial y daños experimentados por los mismos.

Si nos atenemos a lo hasta aquí detallado y a que el hecho de que un conductor circule por la derecha no lo exime de tomar todos los recaudos necesarios e impuestos por la ley para quien se aproxima a una bocacalle en zona urbana (reducir considerablemente la velocidad y tener el pleno dominio del automotor a fin de evitar daños a terceros y a sí mismo), forzoso es concluir que el reclamante no puede quedar eximido de responsabilidad en el evento. Y el sólo hecho de haber quedado demostrado aquí que su velocidad era excesiva en el momento de ocurrido el evento, es motivo relevante para endilgarle un grado de responsabilidad por las consecuencias del mismo, acompañando en esto a lo resuelto por la Magistrada a quo.

Es por lo que aquí afirmo que se ha decidido que si la regla que obliga a ceder el paso al vehículo que aparece por la derecha no se aplica indiscriminadamente, de manera absoluta, y si quien pretende desvirtuarla produce prueba, que aunque no es suficiente para soslayarla, demuestra al menos que la velocidad del otro vehículo ha actuado como concausa en la producción del accidente, resulta justo distribuir la responsabilidad entre quien violó la regla y quien realizó el cruce a velocidad excesiva (conf. Cám. 2ª Civ.Com. La Plata, Sala III, 31/03/92, C. 72.900, RS 60/92, Juba, B 351.469).

En lo que hace a la conducta de la demandada y de conformidad con lo que surge de las probanzas de autos es evidente que, sin perjuicio de lo hasta aquí dicho sobre cómo juega la "prioridad de paso" por parte de quien circula por la derecha, juegan aquí también las normas que ella debió respetar en lo que hace a la obligación de efectuar el cruce de la Avenida con precaución, a la velocidad máxima de 30 km. para cruzar una calle en zona urbana sin semáforos que determina el art. 51 del mismo cuerpo legal y a la obligación que tiene todo conductor de circular siempre a una velocidad tal que le permita tener el total dominio de su vehículo y no entorpecer la circulación (conf. art. 50 Ley 24.449).

De acuerdo con los hechos considerados probados resulta que la demandada debía detener la marcha antes de ingresar a la calle V. y debió esta conductora extremar los recaudos para ingresar a la misma sin provocar riesgos de ninguna especie (reitero que hay que tener en cuenta que el art. 51 de la Ley 24.449 fija una velocidad máxima de 30 km. para las encrucijadas urbanas sin semáforos) y respetar la prioridad de paso de los vehículos que circulaban por su derecha, esto último con los alcances que ha he desarrollado supra. Teniendo en cuenta la forma y el lugar donde el siniestro se produjo, es de una total evidencia que incumplió por su parte las obligaciones que acabo de remarcar y que omitió realizar las diligencias y/o maniobras necesarias para evitar la producción del choque (doct. arts. 512 y 509 C.Civ.). Ello hace que haya tenido responsabilidad en el evento. Si bien he concluido en el presente que ha existido excesiva velocidad por parte de ambas partes, la jurisprudencia mayoritaria ha atribuido incidencia causal compartida a la velocidad excesiva, cuando ésta no ha podido convertirse en la única causa del daño, tal como aquí ha sucedido (conf. CONDE-SUAREZ, ob. cit., pág. 368).

Dado la forma como ocurriera el accidente que es motivo de este proceso, considero que debe verse en un cincuenta por ciento (50%) culpable la conducta de quien -al llegar a la esquina- aun teniendo prioridad de paso, no disminuyó su velocidad ni tuvo el pleno dominio de su automotor dado que no logró frenar a tiempo y embistió al móvil de la demandada en la bocacalle.

Tengo en claro, por lo dicho, que no constituyendo la circulación por la derecha un bill de indemnidad que permita hacer caso omiso de toda actitud prudente, la conducta del actor contribuyó proporcionalmente con la demandada a la concurrencia del evento por omisión, al no realizar las diligencias necesarias para evitar la colisión de su parte (arts. 512 y 902, Cód. Civil); de manera que considero ajustado a derecho la concurrencia de responsabilidad en un cincuenta por ciento (50%) a cada conductor de los vehículos que le ha sido atribuido por la sentencia en crisis.

Debo dejar aclarado que la condición de embistente del Fiat Siena tampoco alcanza para excluir totalmente la responsabilidad de la conductora del Chrysler Caravan, sino sólo parcialmente, la que -reitero- estimo, en coincidencia con la sentenciante, en un 50 %. Es decir, atribuyo en este porcentaje la ruptura del nexo causal entre la cosa riesgosa y el daño producido, causado por la culpa del conductor del Fiat Siena, tercero por quien no debe responder la demandada (art. 1113, 2° párr. Cód.Civil).

Es claro que cuando la víctima vulnera la regla de la prioridad de paso, se presume que ha interrumpido el nexo de causalidad y que el evento dañoso proviene de ese hecho. En otras palabras, se infiere que el embestimiento se originó porque aquélla interfirió en la libre circulación correspondiente a quien gozaba de la prioridad. De tal modo, y por aplicación de las normas que rigen la responsabilidad, se excluye la que recae sobre el dueño o guardián (art. 1113 C.Civ.). Pero es cierto también que la presunción aludida es iuris tantum y que deben verificarse en cada caso las circunstancias integrales del accidente, en particular, la incidencia de otras reglas del tránsito y de los principios generales de la responsabilidad (conf. SCBA, Ac. 81.747, 17/12/2003, entre otros).

Reitero que en base a los elementos de prueba reunidos en la causa, tengo la convicción de que el actor no obró como debía y que de ese modo contribuyó a la ocurrencia del accidente (art. 390 CPCC; art. 1113 C.Civ.). En efecto, el accionante no probó que la velocidad desarrollada por la demandada impidiera advertirla antes de continuar su marcha, o en otras palabras, que la misma apareciera de modo sorpresivo (art. 381 CPCC), sin perjuicio de circular a una velocidad excesiva en zona urbana, emprender el cruce de la bocacalle sin disminuir previamente la marcha, perder el dominio de su móvil y embestir al de la demandada.

De todos modos y en base a una evaluación integral del accidente, no puedo dejar de considerar que la velocidad a la que circulaban ambos vehículos contribuyó a la agravación de los daños. En efecto, si hubieran circulado a la velocidad permitida, o si alguno de los dos lo hubiese hecho, podría haber frenado con mayor facilidad o el grado del impacto hubiese sido menor, provocando daños de menor intensidad. Por ello estimo que a los fines de una justa reparación, la responsabilidad debe distribuirse por partes iguales entre ambos protagonistas, conforme lo resolviera la Magistrada a quo.

Atento los fundamentos expuestos, propongo al Acuerdo rechazar el agravio en análisis, confirmando la sentencia en crisis en cuanto a la responsabilidad atribuida por las consecuencias del evento dañoso. Así lo voto.

5) Tratamiento de los agravios de la codemandada G. A.

La imposición de costas.

Ya he referido supra el objeto del agravio de la codemandada A. referido a la imposición de costas decidido por la sentencia en crisis. Argumenta la quejosa que debió disponerse la solidaridad en la imposición de las costas entre su parte y su aseguradora citada en garantía H. L. B. A. S. S.A. y ello, entre otros argumentos, por la obligación del asegurador de mantener indemne a su asegurado.

Advierto que el planteo que se formula en la expresión de agravios no fue materia incorporada en tiempo y forma en el proceso y, por ende, no estuvo considerada por la sentencia dictada por el inferior.

En atención a lo expuesto, es de una total evidencia que esta Alzada está impedida de tratar por vía del recurso de apelación una cuestión que recién se incorpora al proceso al expresar agravios (arg. art. 280 CPCC). Hacerlo implicaría violar el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio amparado constitucionalmente.

La Cámara no está obligada a considerar una cuestión que, por no haber sido articulada en oportunidad de contestarse la demanda, resulta ajena a la relación procesal. Y si llegara a resolver un tema que no integró la litis, y que fue recién introducido en la expresión de agravios, incurre en violación del principio de congruencia (conf. SCBA, Ac. y Sent., 1977, II, p. 274; DJBA, 117, p. 142).

En atención a los fundamentos expuestos, he de proponer al Acuerdo el rechazo de los agravios en tratamiento. Así lo voto.

6) Las costas de la Alzada.

Conforme surge de mi propuesta al tratamiento de los agravios de los recurrentes, tanto la parte actora como la co-demandada resultan vencidas en sus respectivos recursos. Por lo tanto, corresponde imponerles las costas de la Alzada a cada una de ellas por los respectivos recursos en los que han resultado perdidosas (arg. art. 69 CPCC).

En consecuencia, por el recurso interpuesto por la parte actora, entiendo corresponde regular los honorarios de su letrado apoderado, Dr. D. A. T., en el 25% de los que les correspondan por su intervención en la inferior Instancia y los del letrado apoderado de la citada en garantía, Dr. L. A. N., en el 30% de los que les correspondieren por su intervención en primera Instancia (conf. arts. 3, 5, 7, 13 y concs. Ley XIII N° 4 y su modificat.). Regulaciones éstas que, conforme lo dicho supra, quedan a cargo de la parte actora (art. 69 CPCC).

A su vez, por el recurso interpuesto por la co-demandada G. A., considero que deben ser regulados los honorarios de su letrado apoderado, Dr. D. G. L., en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la inferior Instancia (conf. arts. 3, 5, 7, 13 y concs. Ley XIII N° 4 y su modificat.), quedando los mismos a cargo exclusivo de la citada co-demandada (art. 69 CPCC).

A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi vota por la AFIRMATIVA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

1.

Que las cuestiones fácticas han sido ampliamente referidas por mi colega de primer voto, motivo por el cual no redundaré en ellas, dando por transcriptos aquí los desarrollos efectuados al respecto por el Dr. Fiordelisi.

Centraré mi atención, para el sustento individual de mi voto, en el análisis de los aspectos traídos a revisión de esta Cámara.

Y en orden al análisis de esta primera cuestión, adelanto que mi voto será en sentido coincidente con el del Sr. Juez preopinante, y daré razones de ello.

2.

Siguiendo el mismo orden lógico que el Sr. Juez preopinante, trataré en primer lugar los agravios de la parte actora, fundados a fs. 633/637.

Y en esa línea argumental, tal como lo realiza el Sr. Juez Dr. Fiordelisi, debe señalarse que la queja de la actora radica en que el Fiat Siena tenía prioridad en el cruce de ambas calles, al tiempo que la accionada circulaba a excesiva velocidad.

Señala la pericia accidentológica de fs. 252/264 que, en las circunstancias de tiempo y lugar expuestas en autos, ambos conductores se van aproximando a la encrucijada de V. y XX de m., donde el Chrysler del demandado cruza el carril norte de V., y al ingresar al carril sur de dicha arteria, es embestido en el lateral derecho, altura del guardabarros por el frente lado izquierdo del Fiat Siena. Del croquis realizado por el experto a fs. 242, surge con palmaria claridad que ambos rodados arribaron a la encrucijada simultáneamente, hecho revelado además por la localización de los daños de ambos automotores: el Fiat, en el frente lado izquierdo con orientación de plegamiento de adelante hacia atrás, "típicos de compresión antero posterior" (según lo expuesto a fs. 257); y el Chrysler Caravan, en su guardabarros y neumático delantero derecho con orientación de plegamientos de derecha a izquierda, resultando el primero de los nombrados el vehículo embistente, y el segundo, el rodado embestido ( fs. 257).

Los daños producidos en ambos vehículos surgen además del acta policial que en copia certificada acompañó la actora a fs. 6/8, y particularmente los del Fiat Siena, de las fotografías anejadas a fs. 12/15 ( reconocidas por los testimonios de fs. 295, 340, 452 y 455) , 101 y de la pericial mecánica de fs. 269/270.

De modo tal que, la prueba de los daños y su ubicación es la más elocuente acerca de cómo ocurrieron los hechos en la colisión de automotores (cfr. Cám. Nac. Civil, Sala K, 12.05.97, "Bellandi, Héctor c/ Bellizan, Marcelo", LL, 1997-E-451 y DJ 1998-2-715). Es decir, a través de la ubicación de los daños se establecen presunciones acerca de la intervención de los rodados en el evento dañoso, no siendo lógicamente, lo mismo que los daños se encuentren en la parte trasera del rodado que en su parte delantera, que a primera vista permite tener por cierto el carácter de embistente de uno de los vehículos, y que en el caso de autos, en el encontronazo, resultó ser el del actor, conforme las conclusiones periciales ya mencionadas.

Si bien es cierto que la prioridad de paso la detentaba el actor, soy de la opinión que dicha prioridad (a la que se ha referido largamente el Dr. Fiordelisi, lo que me exime de redundar en ella) no constituye un bill de indemnidad que autoriza a llevar por delante todo aquello que se cruza en su camino.

Cabe señalar en este sentido que la arteria V. (avenida de doble mano de circulación, con un ancho de 11,60 mts.) y la calle XX de m. (arteria de una mano de circulación con un ancho de 7,60 mts, conforme con el croquis de fs. 8), contaban con medidas generosas que permitieron a los conductores de ambos vehículos advertir sus mutuas presencias con anticipación suficiente y evitar, de haber obrado con prudencia, la colisión que se analiza en estos actuados.

Lo cierto es que, de dichas apreciaciones y aquellas realizadas en el trabajo pericial accidentológico, se infiere que ninguno de los dos conductores de los rodados adoptaron medida alguna de prevención y arribaron a la encrucijada con absoluta negligencia, conducta lamentable y bastante común en una importante cantidad de automovilistas que circulan por la Ciudad.

Por otra parte, dicha pericial da cuenta que la velocidad mínima aproximada del Chrysler al momento del impacto era de 48,10 k/h, en tanto la del Siena, era de 53,36 k/h. Desde esta perspectiva, la norma del art. 51, ap. a) inc. 2 señala que en las encrucijadas urbanas sin semáforo la velocidad precautoria nunca será superior a 30 km/h, de lo que se colige fácilmente que ambos rodados encararon el cruce violando, respectivamente, las velocidades autorizadas para el cruce de esquinas.

Es decir, ambos protagonistas incurrieron en una conducta culposa al no disminuir la velocidad en la esquina, tal como lo establecen las reglas de tránsito (cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, sala I, "Alvarado, José Luis c. Segura, Oscar y otros s/daños y perjuicios", 22/11/2011, LLGran Cuyo 2012 (abril) con nota de Graciela B. Ritto LLGran Cuyo 2012 (abril) , 277, AR/JUR/90242/20119).

Ello, permite concluir en que no poseyeron el pleno dominio de su conducido. De allí que, que su obrar desatento a las contingencias del tránsito, contribuyeron en la misma medida a la causación del evento, pues ante el cruce de calles, independientemente de la prioridad de paso que el Siena tenía respecto del rodado Chrysler, estaban sus respectivos conductores obligados a reducir la velocidad y mantener en todo momento el control de su unidad.

Es que el conductor de un rodado debe tener siempre presente que la velocidad máxima impuesta a su vehículo no debe significar un peligro para sí y los demás, conservando el más absoluto dominio sobre dicho rodado y si el accidente se produjera por la interferencia en el itinerario del conductor, de otro vehículo, la culpa consiste en conducir a una velocidad con la cual cualquier posible contingencia en el tránsito pueda redundar en un hecho dañoso para un tercero ante la imposibilidad de detenerlo a tiempo para evitar el accidente (cfr. Cámara de Apelaciones de Concordia, sala Civil y Comercial III, "Solda de Khun, Blanca A. c. Malaise, José A. y otra", 08/04/1994, LA LEY 1994-C LA LEY 1994-C , 507, AR/JUR/650/1994).

Por otra parte, cabe señalar que ambos conductores son responsables del acaecimiento del ilícito, en orden a lo normado en el art. 1066, Cód. Civil, ambos conductores incurrieron en un obrar antijurídico al violentar la velocidad autorizada en encrucijadas: de allí que, mal podría pretender la actora endilgar responsabilidad exclusiva al otro rodado protagonista del evento, procurando que la ley premie -con tal condena- su propia conducta contraria al ordenamiento.

En síntesis, la prioridad a que se refiere la norma de tránsito no es absoluta ni faculta a arrasar con cuanto se encuentre en el paso, ya que también impera un deber de reducir la velocidad al llegar a las esquinas. Existe cierto consenso jurisprudencial, en cuanto a que la presunción de culpa de quien viola la obligación de ceder el paso, cede ante la velocidad excesiva del vehículo con vía preferente ( cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral Gualeguaychú, "Polanco, Luis María c. Fiorotto, Marcelo Javier y otros", 21/04/2009, La Ley Online, AR/JUR/75938/2009). Y en se marco, considero como el Dr. Fiordelisi, que la sentencia en crisis debe ser confirmada en este aspecto ( arg. art. 1113, 2ª parte, 2° párr., Cód. Civil).

3.

La codemandada A. se queja por entender que, visto el modo en que el pronunciamiento fijó las costas, ello implicó la violación al deber legal de indemnidad que pesa sobre su aseguradora. Señala que conforme con lo resuelto en el decisorio, la asegurada debería abonar la cuota parte de los gastos causídicos y los honorarios de los letrados que la asistieron en el pleito, lo que la perjudica. Ello así, pues debería hacer frente a las obligaciones accesorias del riesgo cubierto; y los abogados, tampoco tendrían la posibilidad de percibir sus honorarios de la aseguradora en la medida que su cliente no honrara la deuda. Funda lo expuesto en el art. 110, inc. a), L.S.

Introduce además como cuestión, que su mandante no pudo acudir al letrado de la aseguradora, pues al tiempo de la contestación de la demanda se encontraba en conflicto extrajudicial con H. L. B. A. S.A., a causa de la falta de pago de la destrucción total del vehículo.

Debo señalar -en el mismo sentido que el Dr. Fiordelisi- que la demandada incorpora en autos un planteo que en modo alguno formuló al contestar la demanda, donde bien pudo invocar tales hechos, permitiendo de tal modo que la aseguradora, por su parte, ejerciera su derecho de defensa.

Es decir, la Sra. Jueza de la Instancia anterior dictó el decisorio que hoy se ataca, en el marco de las cuestiones introducidas en el proceso por las partes, y que constituyó el thema decidendum. Pretender que se analice en esta Instancia una cuestión como la reseñada, implicaría transgredir el derecho de defensa en juicio consagrado constitucionalmente (art. 18, CN).

El régimen del art. 277 del Cód. Procesal (art. 280, de nuestro ordenamiento adjetivo local) sólo atribuye al Tribunal de segunda instancia la jurisdicción que resulta de los recursos deducidos por ante ella, limitados a su vez en el contenido del "thema decidendum". Tal prescripción normativa, torna improcedente el examen de las cuestiones que no fueron objeto de sustanciación en la instancia anterior.( cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, "Ciucci, Luis S. y otro c. Garage Coronel Brandsen de Saigon S. R. L. y otros", 08/09/1993, AR/JUR/2178/1993).

Por tales razones, soy de la opinión que deberá desestimarse la queja de la co-demandada A.

4.

En cuanto a las costas de esta Instancia, compartiré con el Dr. Fiordelisi que, en atención al modo en que se resuelve y lo dispuesto por el art. 69 del CPCC, corresponde que sean impuestas a los apelantes vencidos, con las especificaciones que su voto expresa.

En tal inteligencia, atento la labor desarrollada, mérito y resultado obtenido en esta Alzada, corresponde se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes en el modo en que lo hace el Dr. Fiordelisi.

Por los motivos expuestos, voto por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo:

Han interpuesto recurso de apelación los Dres. D. G. L. por considerar "bajos" los honorarios que les fueran regulados en primera Instancia. A su vez, el Dr. D. A. T., por su derecho, ha apelado también por "baja" la regulación de sus honorarios y como apoderado de los actores apeló por "altos" los honorarios del Dr. N. O. M., fundando ambos recursos y, por último, el Dr. L. A. N. interpuso recurso de apelación por considerar "bajos" los honorarios que le fueran regulados en la sentencia de la inferior Instancia.

Atento la naturaleza del proceso, el resultado obtenido y el mérito de la labor profesional desarrollada en el proceso, considero que deben dejarse sin efecto las regulaciones que han sido objeto de apelación y, en su lugar y por la labor desarrollada en primera Instancia, regular los honorarios del Dr. D. G. L., apoderado de la co-demandada G. A., en el 13% del monto del proceso, los del Dr. D. A. T., apoderado de los actores, en el 13% del monto del proceso, los del Dr. N. O. M., patrocinante de la parte actora, en el 5% del monto del proceso y los del Dr. L. A. N., apoderado de la citada en garantía, en el 13% del monto del proceso (conf. arts. 3, 5, 6, 7, 9, 38 y concs. Ley XIII N° 4 y su modificat.).

A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi vota por la NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

Atento las apelaciones interpuestas por los Dres. G. L. ( por considerar bajos sus honorarios), T. (por considerar bajos sus honorarios y altos los regulados a favor de del Dr. M.) y N. (por considerar bajos los honorarios regulados a su favor), en atención al mérito, calidad y extensión de las tareas de los Sres. letrados apelantes, corresponde que la regulación de honorarios por su actuación en la Instancia anterior, sea la practicada por el Dr. Fiordelisi (arts. 5,6,7,9, y cc . de la ley arancelaria).

Consecuentemente, voto por la NEGATIVA.

A LA TERCERA CUESTION, el Sr. Juez de Cámara Dr. Heraldo Enrique Fiordelisi, dijo:

De compartir mi colega de esta Excma. Cámara lo propuesto en mi voto, el pronunciamiento que correspondería dictar es el siguiente:

1) CONFIRMAR la sentencia dictada a fs. 561/568 en lo que ha sido materia de agravios.

2) IMPONER las costas de la Alzada a la parte actora por el recurso por ella interpuesto y a la co-demandada G. A. por el recurso por ella interpuesto, ya que ambas resultaron perdidosas en cada uno de ellos (conf. art. 69 CPCC). 3) REGULAR, por la actuación en la Alzada, los honorarios del Dr. D. A. T., en el 25% de los que les correspondan por su intervención en la inferior Instancia; los del Dr. L. A. N., en el 30% de los que les correspondieren por su intervención en primera Instancia y los del Dr. D. G. L. en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la inferior Instancia (conf. arts. 3, 5, 7, 13 y concs. Ley XIII N° 4 y su modificat.).

4) DEJAR SIN EFECTO los honorarios regulados en primera Instancia a favor de los Dres. D. A. T., N. O. M., D. G. L. y L. A. N.

5) REGULAR, por su actuación en primera Instancia, los honorarios del Dr. D. G. L., apoderado de la co-demandada G. A., en el 13% del monto del proceso, los del Dr. D. A. T., apoderado de los actores, en el 13% del monto del proceso, los del Dr. N. O. M., patrocinante de la parte actora, en el 5% del monto del proceso y los del Dr. L. A. N., apoderado de la citada en garantía, en el 13% del monto del proceso (conf. arts. 3, 5, 6, 7, 9, 38 y concs. Ley XIII N° 4 y su modificat.).

6) REGISTRESE, NOTIFIQUESE y DEVUELVASE.

A LA TERCERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis VIVAS, dijo:

Que en orden a lo expuesto precedentemente, corresponde que el pronunciamiento a dictarse sea el propuesto por mi colega de Cámara.

Así lo voto Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos jueces de Cámara por haber alcanzado mayoría, pasándose a dictar sentencia.

Puerto Madryn, de junio de 2012.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A 1) CONFIRMAR la sentencia dictada a fs. 561/568 en lo que ha sido materia de agravios.

2) IMPONER las costas de la Alzada a la parte actora por el recurso por ella interpuesto y a la co-demandada G. A. por el recurso por ella interpuesto, ya que ambas resultaron perdidosas en cada uno de ellos (conf. art. 69 CPCC). 3) REGULAR, por la actuación en la Alzada, los honorarios del Dr. D. A. T., en el 25% de los que les correspondan por su intervención en la inferior Instancia; los del Dr. L. A. N., en el 30% de los que les correspondieren por su intervención en primera Instancia y los del Dr. D. G. L. en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la inferior Instancia (conf. arts. 3, 5, 7, 13 y concs. Ley XIII N° 4 y su modificat.).

4) DEJAR SIN EFECTO los honorarios regulados en primera Instancia a favor de los Dres. D. A. T., N. O. M., D. G. L. y L. A. N.

5) REGULAR, por su actuación en primera Instancia, los honorarios del Dr. D. G. L., apoderado de la co-demandada G. A., en el 13% del monto del proceso, los del Dr. D. A. T., apoderado de los actores, en el 13% del monto del proceso, los del Dr. N. O. M., patrocinante de la parte actora, en el 5% del monto del proceso y los del Dr. L. A. N., apoderado de la citada en garantía, en el 13% del monto del proceso (conf. arts. 3, 5, 6, 7, 9, 38 y concs. Ley XIII N° 4 y su modificat.).

6) REGISTRESE, NOTIFIQUESE y DEVUELVASE.

REGISTRADA BAJO EL N° /12. SDC. CONSTE.