Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 173/177.

Santa Fe, 19 de junio del año 2018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la resolución 405 de fecha 30 de junio de 2017, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, en autos "TIBALDI, Diego Fabián contra U.P.C.N. SANTA FE -Reintegro Laboral- (CUIJ nro. 21-04659412-3)" (Expte. C.S.J. CUIJ Nro. 21-00511742-6); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante resolución 405 de fecha 30 de junio de 2017, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad confirmó la sentencia de anterior instancia que, a su turno, desestimó la pretensión de reinstalación del actor, en el entendimiento de que "...en la especie la extinción del contrato de trabajo '...se ha producido por mutuo acuerdo disolutivo tácito (art. 241 LCT)' en razón de la falta de prestación de servicios entre diciembre de 2009 y el 30 de abril de 2010, fecha esta última en que el actor intima a su reintegro al trabajo sin que en dicho lapso haya mediado conducta ni manifestación alguna entre las partes que revelare interés en continuar el vínculo laboral." (fs. 2/4).

Contra tal pronunciamiento interpone el accionante recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario y carente de las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción en abierta contradicción a los principios del derecho laboral (fs. 15/19v.).

Sostiene que lo decidido por los jueces de la causa en ambas instancias ha considerado solamente una interpretación "...ajustada más que nada a la propia y endeble apreciación de lo que habría manifestado el suscripto en cuanto a la voluntad de no presentarme a trabajar en UPCN... disolviendo el vínculo laboral por voluntad táctica de las partes, nada más desacertado y alejado de la realidad." (f. 15v.).

Afirma que el fallo ha prescindido de prueba documental esencial y decisiva que obra en autos: una nota firmada por el Secretario Administrativo de UPCN donde éste reconoce que el actor en septiembre de 2000 fue electo miembro de comisión directiva de UTEDYC y comenzó a hacer uso de su licencia gremial y que mantenía a la fecha de esa nota (31.05.2006), dando cuenta en razón de ello que la demandada UPCN había sido notificada y conocía su situación de licencia gremial.

Refiere también que la Sala ha estimado un plazo trimestral como de razonable espera. Pero considera que ese plazo debió contarse desde que UTEDYC efectuó la comunicación a UPCN -en febrero de 2010- en cuanto a que él había cesado en sus funciones gremiales a partir de diciembre de 2009, puesto que de ser así -entiende- se estaría dentro del plazo trimestral considerado por la Sala, máxime cuando -agrega- ha habido un fraude laboral, un claro acuerdo entre los gremios para perjudicarlo, pues -afirma- el no tuvo concreto conocimiento de la comunicación entre UTEDYC y UPCN.

Agrega que "...la interpretación del A quo se traduce en haber concluido en virtud de no haber solicitado mi incorporación de inmediato o dentro de los plazos dispuestos en el artículo 217 LCT... en un comportamiento inequívoco de la voluntad de renunciar...", siendo que -según argumenta- la renuncia debe ser interpretada restrictivamente y que existe jurisprudencia que establece que el trabajador tiene doce o hasta quince meses para manifestar su interés de continuar la relación laboral (f. 17).	Por otra parte, argumenta que -según la expresión del artículo 48 de la ley 23551- subsiste la tutela después de un año de la cesación de la actividad gremial del trabajador, con lo cual entiende que se impone su reinstalación. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso.

2. Por resolución del 29 de noviembre de 2017 (fs. 29/31), la Alzada denegó la concesión del remedio extraordinario interpuesto, al hallar insatisfecho el requisito de planteo oportuno de la cuestión constitucional, aparte de considerar que los cuestionamientos expuestos por el recurrente reflejaban su mera disconformidad con lo decidido, sin entidad constitucional.

Tal denegación motiva la presentación directa del interesado ante esta Corte (fs. 32/35v.).

3. La presente queja, se adelanta, debe ser rechazada.

Ello así por cuanto en una aproximación liminar a lo sustancial es dable advertir que los reparos del recurrente, pese a invocar vicios de arbitrariedad, revelan tan sólo su descontento con lo resuelto por la Alzada sobre cuestiones de hecho y de derecho común y en base a fundamentos suficientes del mismo orden, materias que -dentro de un margen de razonabilidad que no se entrevé transgredido en la especie- están reservadas a los jueces ordinarios de la causa y son ajenas, en principio, a esta instancia extraordinaria.

A saber, la Sala juzgó -al igual que el juez de primer grado de conocimiento- que en el caso la relación laboral se había extinguido por mutuo acuerdo disolutivo tácito (art. 241 L.C.T.) en razón de la falta de prestación de servicios por parte de Tibaldi entre diciembre de 2009 y el 30 de abril de 2010, fecha en que éste solicita su reintegro al trabajo.

Para arribar a tal conclusión, en primer lugar señaló que -en lo referente a la vigencia de la relación laboral y del estatus sindical del actor a la época de los hechos en controversia- la situación quedaba despejada a través de la comunicación efectuada por UTEDYC a UPCN, agregada en autos, haciéndole saber que Tibaldi había cesado en sus funciones y el uso de la licencia gremial a partir del 23.12.2009. Y al respecto, en el estricto contexto temporal relevante a la cuestión litigiosa -tal como señalara la Sala-, el recurrente no demuestra la pertinencia de la documental que entiende omitida de ponderar; concretamente, la nota del Secretario Administrativo de UPCN de fecha 31.02.2006, pues la accionada no negó su desempeño como dirigente sindical del actor por ese entonces.

Tampoco convencen sus alegaciones en cuanto a una supuesta connivencia y fraude de los gremios en su perjuicio, pues más allá de sólo invocarlo mas no haber intentado acreditar esa supuesta situación, lo cierto es que el actor no podría alegar válidamente que desconocía que al finalizar su mandato sindical en UTEDYC, su obligación era reintegrarse a sus tareas en UPCN.

En segundo lugar, puntualizó la Sala que el actor apelante confundía institutos en su pieza de agravios al argumentar desde la óptica del artículo 244 L.C.T. (abandono de trabajo) pues su crítica se enderezaba a señalar que "...si su parte tuvo una actitud omisiva... un comportamiento inequívoco de renuncia y/o abandono de trabajo, debió haberme intimado y constituido en mora... debió de modo fehaciente notificarme mi reintegro a mis tareas."	En esta instancia de excepción, insiste con esa lógica argumentativa, siendo que -en el caso- ambas instancias determinaron que la extinción de la relación laboral -como ya se dijo- se produjo por mutuo acuerdo tácito de ambas partes, en el marco de lo normado por el artículo 241 L.C.T.

Con cita en jurisprudencia de la Cámara Nacional del Trabajo, precisó el A quo que -en lo concerniente al tiempo en que debe mantenerse el silencio e inacción de las partes para que pueda ser tomado como manifestación inequívoca de la voluntad común de abandonar el contrato- se ha considerado que un lapso trimestral es una referencia razonable a tomar como exigencia de mínima, sujeta a las variantes que la casuística puede suministrar atento a que el legislador ha dejado librado a la axiología del intérprete examinar cada supuesto en particular y determinar si los comportamientos o actitudes de las partes refieren a una tipología extintiva (f. 3). Y añadió que, en el caso, el demandante no había brindado una explicación contundente derivada del silencio mantenido por más de cuatro meses, por lo que estimó el Sentenciante que ese tiempo transcurrido (4 meses) fue suficiente para considerar configurada una extinción tácita por voluntad concurrente de las partes.

Echa de verse, según surge de la reseña precedente, que las cuestiones propuestas fueron resueltas por la Alzada con fundamentos suficientes, conformando un decisorio que no aparece "prima facie" disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida.

Frente a ello, el quejoso tacha al fallo de arbitrario, endilgándole los vicios de prescindencia de la ley aplicable y de prueba documental contundente obrante en autos. Mas -conforme se señaló- con los argumentos que expone, el compareciente no demuestra mínimamente que el Sentenciante, al confirmar lo decidido en primera instancia, hubiese desbordado los términos de la litis o incurrido en un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso.

En efecto, sus postulaciones no logran desvirtuar la razonabilidad de lo expuesto por la Sala en el sentido de que, en el caso, se operó una extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo disolutivo tácito en el marco de lo previsto por el artículo 241 LCT.

Y por otra parte, cabe advertir que la Sala ha considerado un plazo trimestral de razonable espera que es superior al previsto por la norma que regula estos supuestos (artículo 217 LCT) que establece para los trabajadores que ocupen cargos electivos "...el derecho a la reserva de su empleo por parte del empleador y a su reincorporación, hasta treinta días después de concluido el ejercicio de sus funciones...". Y con relación a ello, lo cierto es que -pese a la pretensión del recurrente de que el cómputo del trimestre que fijo la Cámara se efectúe desde que UPCN recibió la comunicación de UTEDYC sobre la cesación en sus funciones sindicales-, como ya se dijo, el actor no podría alegar válidamente que desconocía que al finalizar su mandato sindical en UTEDYC, su obligación era reintegrarse a sus tareas en UPCN. Ello, acorde con un comportamiento esperable de su parte en el marco de los principios que rigen la materia.

De ese modo, el compareciente se empeña en hacer prevalecer su propia visión del caso, asentada en su particular apreciación de los hechos y del derecho aplicable, mas sin lograr perfilar la configuración de algún vicio de índole constitucional que autorice la apertura de la instancia excepcional.

En suma, no se vislumbra en el "sub lite" la existencia de una cuestión constitucional aprehensible que habilite el franqueamiento de la instancia excepcional ante esta Corte. Ello, en razón de que no son suficientes las meras afirmaciones acerca de la existencia de arbitrariedad o afectación de garantías fundamentales, sino que es necesaria la demostración liminar de su conexión con las constancias de la causa y de su incidencia sobre el pronunciamiento que se impugna, lo que -como se vio- no ocurre en la especie.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe -Sala Primera-.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 4 de Santa Fe.