Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-07-04


SENT Nº 468 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (04) de Julio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por los codemandados Pablo Diego Bernal y María Dolores Alicia Bustos en autos: ?Silva Sergio Javier vs. Bernal Pablo Diego y otros s/ Ejecución hipotecaria?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1).- Vienen a conocimiento y resolución del Tribunal los recursos de casación interpuestos por los codemandados Pablo Diego Bernal (fs. 916/925) y María Dolores Alicia Bustos (fs. 927/945) contra la sentencia de fecha 30-6-10 dictada por la Sala II de la Cámara en Documentos y Locaciones (fs. 908/912), que fueron concedidos por resolución de fecha 14-10-2010 (fs. 972).

Los recursos fueron presentados en término, con beneficio para litigar sin gastos. La admisibilidad de los recursos se analizará al tratar cada uno de ellos.

2).- Recurso de casación de Pablo D. Bernal.

El demandado relata los antecedentes del caso, exponiendo que por escritura 415 de fecha 4 de mayo de 2000, confirió poder especial a favor del Dr. Jorge Lucio Ruiz Posse para que en su nombre y representación suscriba hipoteca a favor de Delfy Express S.R.L. hasta la suma de cincuenta mil dólares estadounidenses. Señala que su cónyuge también firmó ese instrumento.

Manifiesta que mediante escritura 555 de fecha 8 de junio de 2001 el mandatario Ruiz Posse suscribió en nombre y representación de su parte y de su cónyuge, un contrato de mutuo con garantía hipotecaria a favor de Delfy Express S.R.L., por el cual tomó un préstamo de U$S50.000 en nombre de sus mandantes, y constituyó una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad en garantía del pago.

Observa que si bien en el inicio de esa escritura se identifica como ?la deudora? a ambos cónyuges, en las cláusulas posteriores se alude solamente a Bernal como deudor, al indicarse que fue quien recibió el dinero.

Señala que en la cláusula primera de la escritura 555 se estipuló que la acreedora daba en préstamo ?en este acto? la cantidad de U$S50.000, y se precisó que el dinero había sido recibido antes a su entera conformidad mediante cheques varios de cuentas corrientes contra el Banco Suquía números 016 ? 161449/1 de Delfy Express S.R.L., y 016-16840/9 de Rodolfo Martín Paz Posse, cuenta corriente número 8000197/3 de Banco Macro, y valores y dinero en efectivo, que fueron entregados por la compra de mercadería y herramientas para el negocio Lee Tools Ferretería, por lo que otorgaba recibo.

En la cláusula tercera se estipuló que en garantía del cumplimiento de la obligación, la deudora gravaba con hipoteca el inmueble de su propiedad cuya identificación detalla (fs. 918).

Expresa que por escritura de fecha 30 de octubre de 2001, Delfy Express S.R.L. cedió a Sergio Javier Silva el crédito con garantía hipotecaria concertado en escritura pública 555 de fecha 8 de junio de 2001.

Relata que al ser intimado de pago en la ejecución hipotecaria, su parte dedujo excepción de inhabilidad de título, en la que negó haber recibido el dinero dado en préstamo con anterioridad a la suscripción de la escritura n° 555.

Argumentó que el mutuo se constituyó con una obligación condicional; explica que su parte efectivamente percibió los valores entregados por la firma Delfy Express S.R.L., pero que éstos no fueron abonados al vencimiento, ni por las entidades bancarias giradas ni por quien le entregó tales documentos, razón por la cual, al no haberse cumplido la condición a la que se encontraba sujeto el mutuo, la garantía hipotecaria no podía ser ejecutada ni exigida.

Señala que también sostuvo la inobservancia del principio de especialidad de la hipoteca en cuanto al crédito. Por todo ello, destaca que su parte no cuestionó la causa de la obligación, sino que su defensa se fundó en la inexistencia manifiesta del crédito.

Expone que en la sentencia de primera instancia de fecha 18 de marzo de 2009 se rechazó la excepción, por haber considerado la Juzgadora que los principios de accesoriedad y especialidad estaban cumplidos, pues la suma de dinero estaba determinada y no sujeta a condición, y que las objeciones no se referían a la especialidad de derecho real, sino a su accesoriedad respecto del derecho personal garantizado.

Añade que la Sra. Jueza, en relación a la inexistencia del mutuo, sostuvo que ?tampoco ha demostrado el demandado que el crédito al que accede la hipoteca no exista, porque ello no surge del título, sin que enerven esta conclusión los cheques y pagarés que acompaña, porque ellos no han sido transcriptos en la cláusula citada, resultando improcedente la excepción de incumplimiento que plantea, o la restitución del objeto del mutuo que pretende (estimando vencidos los plazos de la carta documento que remitiera con fecha 18 de noviembre de 2003 agregada en copia a fs. 89).

La especialidad de la hipoteca en cuanto al crédito al cual accede requiere la expresa mención en el acto constitutivo de la causa fuente de la obligación garantizada, y que ésta se exprese en una suma cierta y determinada de dinero, tal como se hizo en el título motivo de esta acción?, a lo que agregó que ?al sólo fin ilustrativo y sin que corresponda adentrarnos al análisis de la causa de la obligación, los cheques que acompaña pertenecen a cuentas libradoras distintas de las que se mencionan en la escritura hipotecaria, y las fechas de libramiento son posteriores a su celebración, los pagarés carecen de sellado y no están ejecutados? (cfr. fs. 918 v.). Señala que la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia.

Expone su interpretación del artículo 527 CPCC, de lo que concluye que la sentencia es definitiva respecto de la cuestión que lo agravia, y que no lo afecta la limitación del art. 749 CPCC para la admisibilidad del recurso de casación.

En tal sentido, considera que no podrá discutirse nuevamente que no se perfeccionó la tradición de la cosa objeto del mutuo, pues la Cámara afirmó que el contrato de mutuo se perfeccionó con la suscripción de la escritura pública.

Argumenta que el mutuo es un contrato real, en el que la dación implica la traslación de la propiedad. Considera que en el caso, en el que se entregaron cheques o valores, el pago se entiende efectivizado cuando tales instrumentos se abonan.

Por ello, interpreta que quien alega la cancelación de la obligación, habiendo entregado cheques o valores, debe acreditar que los instrumentos de pago fueron abonados a quien le fueron dados. Sostiene que para invocar la existencia del mutuo, primero se debían abonar los importes expresados, o al menos la suma de U$S50.000.

Resalta que la ausencia de pago demuestra que no hubo tradición, y que ello determina la inexistencia del mutuo y por ende la imposibilidad de ejecutar la garantía accesoria. Enfatiza que no hubo tradición del dinero dado en préstamo, y que el ejecutante debía acreditar que se había perfeccionado la tradición de la cosa dada en préstamo. Manifiesta que ante la ausencia de tal acreditación, la obligación es inexigible porque el mutuo jamás nació. Por último, propone doctrina legal.

3).- Ingresando en el análisis del recurso, se observa que se promovió una ejecución hipotecaria con un título constituido por la escritura n° 555 de fecha 8/6/01 en la que se instrumentó la contratación de un mutuo y se constituyó una hipoteca en garantía de su pago (fs. 7/11).

Esa escritura 555 fue suscrita por una de las partes (Bustos y Bernal) que actuó mediante mandatario, según poder especial a favor del letrado Ruiz Posse, otorgado por la escritura 415 de fecha 04/5/2001 (fs. 44), referenciada en la escritura 555 (fs. 7/10).

El otro instrumento constitutivo del título ejecutivo es la escritura n° 1059 de fecha 30/10//2001, mediante la cual se cedió al aquí actor, Sergio Javier Silva, tanto el crédito como la garantía hipotecaria (fs. 12/14). En esa escritura n° 1059 de cesión a favor del actor de fecha 30 de octubre de 2001 (casi cinco meses después de la escritura del mutuo y la hipoteca), compareció Pablo Diego Bernal y manifestó ?expresa aceptación con la presente cesión, notificándose de la misma en su carácter de deudor cedido, y ratifica en un todo el contrato de mutuo con garantía hipotecaria constituida por escritura número 555 de fecha 8 de junio de 2001? (cfr. textual fs. 13 vta.).

El codemandado Pablo Bernal opuso inhabilidad de título fundada en los motivos antes expresados, que en lo sustancial sostienen que el mutuo nunca llegó a perfeccionarse por el incumplimiento de la prestación a cargo del dador del préstamo, y por falta de especialidad en la hipoteca en cuanto al crédito.

Como lo expusieron tanto la sentencia de primera como la de segunda instancia, los planteos del recurrente conducen a examinar el conflicto contractual, para analizar si el dador del mutuo cumplió con su obligación, si el contrato se perfeccionó, y en qué medida, o cuáles serían las obligaciones emergentes de las prestaciones incumplidas.

Tales planteos no pueden formularse en el juicio ejecutivo, pues la inhabilidad de título debe limitarse a las formas extrínsecas del título, dado el reducido ámbito cognoscitivo del juicio ejecutivo.

En los procesos de ejecución, el conocimiento es muy limitado o superficial, ya que se reduce al examen de las formas extrínsecas del título, sin que sea posible investigar el origen del crédito o la causa de la obligación, pues debido a la naturaleza del procedimiento, esas cuestiones resultan improponibles, y son propias del juicio de conocimiento posterior.

Nada impide que el planteo en el que el codemandado funda la inhabilidad de título sea objeto de un proceso ordinario, en el que la amplitud de debate permite conocer exhaustivamente los cuestionamientos formulados, remedio previsto para resarcir el eventual perjuicio que la ejecución pudiera causar.

Se advierte correcto el criterio del Tribunal al establecer los límites y cuestiones que pueden ventilarse en la excepción de inhabilidad de título. Por ese motivo, la sentencia impugnada, -en relación a los agravios planteados-, carece de definitividad, como lo exige el art. 748 CPCC.

Por las razones expresadas, el recurso de casación es inadmisible, y corresponde declararlo mal concedido, con costas (art. 105 CPCC).

4).- Recurso de casación de María Dolores Alicia Bustos.

La recurrente manifiesta que su parte dedujo excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva, pues no contrató el mutuo ejecutado. Alegó que no confirió mandato para que se contraiga un mutuo, ni tampoco para hipotecar el inmueble matrícula T-23755, y argumentó que su parte no prestó asentimiento conyugal en los términos del artículo 1277 C.C.

En definitiva, sostiene que no es deudora, lo que implica cuestionar la existencia de la obligación. Se agravia de que la sentencia de primera instancia estableció que su parte dio poder para contraer el mutuo, que por ello resultó deudora del mutuo, y que compareció para dar el asentimiento conyugal para la constitución de la hipoteca.

Considera errada la interpretación del Tribunal acerca de que el poder para constituir hipoteca tenía implícita la facultad para contratar un mutuo, como así también la de prestar en su nombre y representación el asentimiento conyugal.

Sostiene que el Código Civil regula de manera conjunta el mandato y la representación, que en realidad son figuras autónomas e independientes entre sí. Cita al artículo 1884, que sienta el principio de interpretación restrictiva al alcance del mandato especial.

Señala que tal principio es reforzado por el art. 1881, que dispone que son necesarios poderes especiales para prestar o tomar prestado (inciso 9), y para constituir o ceder derechos reales sobre inmuebles (inciso 15).

De ello infiere que el poder especial para constituir hipoteca no puede interpretarse como comprensivo de la facultad de contratar un mutuo. Afirma que el mandatario incurrió en un exceso de representación en la escritura 555 de fecha 8 de junio de 2001, lo cual significa que ese contrato no fue contraído por su parte, y que le es inoponible. Señala que para constituir hipoteca se requiere ser propietario del inmueble, y que por ende no pudo otorgar poder para que se hipotequen bienes que no le pertenecen. Citando los artículos 1276 y 1277, sostiene que su parte no otorgó poder para que en su nombre y representación se hipoteque un bien que pertenece a su cónyuge, sea propio o ganancial. De ello concluye que el Dr. Ruiz Posse, en nombre de la señora Bustos, sólo podía hipotecar bienes de ésta.

Considera que de ninguna manera el Tribunal pudo afirmar -como lo hizo- que el Dr. Ruiz Posse tenía poder para constituir la hipoteca, y tomar un préstamo en su nombre. Analiza los términos de la escritura 555, de lo que deduce que quien constituyó la hipoteca sólo fue Diego Pablo Bernal.

Añade que si éste no otorgó poder para que se contraiga el mutuo, mucho menos podía considerarse deudora de ese mutuo a su parte, que ni siquiera dio poder para que se constituya la hipoteca sobre el inmueble de su cónyuge. Por ello señala que el mandatario se excedió al ejecutar el mandato, perjudicándola y con pleno conocimiento del cocontratante (art.1931 C.C.).

Resalta que la escritura expresamente indica que Pablo Diego Bernal recibió el dinero del préstamo. Por ello, si en relación a su parte no hubo dación de la cosa sobre la que versa el contrato, no puede afirmarse que sea deudora de un mutuo. Añade que en la escritura de cesión, se expresó que la cedente, Delfy Express S.R.L. otorgó al señor Pablo Diego Bernal un préstamo de U$S50.000.

Manifiesta que el poder que otorgó fue al único fin de que el Sr. Ruiz Posse suscriba hipoteca a favor de Delfy Express S.R.L. respecto de bienes de su propiedad. Advierte que de ningún modo puede entenderse que además de ello, también se facultó para prestar asentimiento conyugal en la hipótesis de que lo gravado fuera un bien ganancial de titularidad del Sr. Pablo Diego Bernal.

Considera que el mandatario necesitaba un poder especial para prestar asentimiento conyugal en su nombre y representación. Destaca que su cónyuge adquirió el inmueble con posterioridad a la escritura del poder, y por ello interpreta que no puede inferirse que su parte dio poder especial para que el mandatario preste asentimiento conyugal para hipotecar un bien inmueble ganancial que aún no existía en el patrimonio de su esposo.

Califica de equivocadas las afirmaciones del Tribunal acerca de que el poder para hipotecar comprende el de contraer el mutuo, y el de prestar asentimiento conyugal para hipotecar los bienes gananciales de los que es titular el cónyuge. De todo ello concluye que su parte no asumió obligación alguna respecto a los actores, ni reviste legitimación pasiva en esta causa.

5).- Abordando el tratamiento del recurso, se señala que la codemandada María Dolores Alicia Bustos opuso excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva, fundada en que no es deudora del mutuo porque no otorgó poder especial para que el mandatario contraiga tal obligación en su nombre. Por ese motivo sostuvo que el mutuo y la cesión le son inoponibles (cfr. 58 a 62).

En esa oportunidad, la ahora recurrente expresó que no había prestado asentimiento conyugal en forma expresa o tácita para la constitución de la hipoteca, y manifestó que lo señalaba para hacer ?expresa reserva de solicitar su nulidad? (cfr. fs. 59).

No habiendo sido la ausencia de asentimiento conyugal el motivo en el que se fundó la excepción de inhabilidad de título, no se ingresa en el tratamiento de los agravios referidos a ese tema, que si bien fue mencionado por la Cámara, resulta ajeno a la controversia y está fuera de la litis (cfr. fs. 59).

Por lo demás, atento a la postura procesal asumida por la codemandada, y al marco litigioso del presente proceso, lo expresado por el Tribunal en relación a tal cuestión no resulta definitivo (art. 748 CPCC), siendo pertinente destacar que la sentencia impugnada mencionó la existencia de un juicio de daños entre la Sra. Bustos y el Sr. Silva y otros, relativo a los vínculos jurídicos entre las partes.

6).- Como se expresó en relación al recurso del codemandado Bernal, la excepción de inhabilidad de título está limitada a las formas extrínsecas del título. Sin embargo, tal principio encuentra su límite y debe ceder cuando surge evidente y manifiesta la ausencia de legitimación sustancial, sin cuya concurrencia no existe título ejecutivo, o no es tal en relación a determinada persona. Tal supuesto se configura en el caso, por las razones que a continuación se exponen.

Reiterando lo antes señalado, la presente ejecución hipotecaria se fundó en un título constituido por la escritura n° 555 de fecha 08/6/01, en la que se instrumentó un contrato de mutuo y se constituyó una hipoteca en garantía de su pago, y la escritura n° 1059 de fecha 30/10//2001, mediante la cual se cedió a un tercero tanto el crédito como la garantía hipotecaria.

A su vez, la escritura 555 se remitió a la escritura 415 de fecha 04/5/2001 -del mismo registro notarial-, en la cual los demandados Bustos y Bernal otorgaron poder especial a favor del letrado Ruiz Posse (fs. 44).

En la escritura n° 555 se formalizaron dos actos jurídicos: la contratación de un mutuo en la que el apoderado Ruiz Posse constituyó a sus mandantes en tomadores y deudores de un préstamo por U$S50.000, y la constitución de hipoteca en garantía del pago, sobre un inmueble de propiedad de Pablo Diego Bernal. Ambos actos fueron realizados por el apoderado Ruiz Posse en nombre y representación de los cónyuges Bernal y Bustos.

En relación al segundo acto (constitución de hipoteca), se observa que el inmueble hipotecado es de propiedad del cónyuge de la recurrente, Pablo Diego Bernal, quien actuó mediante el apoderado Ruiz Posse en la escritura 555, en la que se constituyó la hipoteca. Como el inmueble sólo puede ser hipotecado por su titular registral (art. 3119 C.C.), ese acto no puede atribuírsele a la Sra. Bustos, y no la obliga aún si hubiese prestado asentimiento para constituir la hipoteca en los términos del art. 1277 del Código Civil.

En consecuencia, la actuación del apoderado Ruiz Posse constituyendo la hipoteca sobre el inmueble del Sr. Bernal no fue ejercida como mandatario de la señora Bustos, y por ende, no puede atribuírsela a ésta.

El único que constituyó la hipoteca mediante el apoderado fue el cónyuge de la recurrente, Sr. Bernal, titular dominial. La hipoteca no es atribuible a la demandada, por lo que no puede considerarse a ésta como garante hipotecaria, pues no es titular del inmueble ni constituyó la hipoteca.

7).- Resta examinar el otro negocio jurídico formalizado en la escritura 555, cual fue la contratación del mutuo, para establecer si la recurrente tiene legitimación pasiva en esta ejecución, por las deudas contraídas en su nombre por el apoderado Ruiz Posse con Delfy Express S.R.L.

Como ya se señaló, en la escritura 555 se formalizaron dos negocios jurídicos: un contrato de mutuo, y una hipoteca sobre un inmueble del señor Bernal. Quien contrató el préstamo fue el Dr. Jorge Lucio Ruiz Posse actuando en representación de Bernal y Bustos conforme a un poder especial otorgado mediante escritura 415 de fecha 4 de mayo de 2001, mencionada en la escritura 555.

El poder especial conferido por la señora Bustos al mandatario Ruiz Posse, expresa su objeto consiste en que ?en su nombre y representación suscriba hipoteca a favor de Delfy Express SRL, hasta la suma de dólares estadounidenses cincuenta mil (U$S 50.000)?.

Analizando el alcance del poder especial a favor de Ruiz Posse, no hay, como se observa, autorización para contratar un mutuo, sino para suscribir la garantía hipotecaria hasta un determinado valor. Del poder especial que otorgó la señora Bustos a favor del abogado Ruiz Posse, no surge que el objeto del mandato hubiera sido la contratación de un mutuo. La escritura no lo dice, ni de su texto puede inferirse tal sentido. El poder sólo indica el límite del valor que garantiza la hipoteca.

La actuación del mandatario al contratar un mutuo obligando a la señora Bustos no puede justificarse en el principio de la extensión del mandato especial que establece el art. 1884 del Código Civil.

Este precepto establece el principio de la extensión del mandato especial que se otorga para un acto preciso y determinado.

Sin embargo, no puede admitirse una aplicación analógica, y por ello, un mandato concebido para ciertos actos de naturaleza determinada, debe limitarse a dichos actos, y no puede extenderse a otros semejantes, aunque se los considere una consecuencia de los que el mandante ha encargado (cfr. Código Civil Comentado y Anotado, dirigido por Santos Cifuentes, tomo IV, edición 2011, página 27).

La autorización para que el mandante suscriba hipoteca a favor de Delfy Express S.R.L. hasta la suma de U$S50.000, no puede interpretarse como comprensiva, tácitamente, de la facultad para contratar un mutuo.

Tal interpretación no resulta posible, porque para tomar dinero prestado, el art. 1881 C.C. exige un poder especial (inciso 9 del art. 1881), como así también para reconocer o confesar obligaciones anteriores al mandato (inciso 17 del art. 1881).

Si el poder no expresó que la señora Bustos facultaba al mandatario para contraer el préstamo, no puede inferirse que hubo de su parte una voluntad explícita o implícita en tal sentido. El art. 1884 C.C. impone una interpretación restrictiva respecto del alcance del objeto del mandato especial, al prescribir que ?el mandato especial para ciertos actos de una naturaleza determinada debe limitarse a los actos para los cuales ha sido dado, y no puede extenderse a otros actos análogos, aunque éstos pudieran considerarse como consecuencia natural de los que el mandante ha encargado hacer?.

En consecuencia, el objeto del mandato únicamente se circunscribió a la constitución de una hipoteca. Y si bien es cierto que no puede haber hipoteca si no existe el crédito que garantiza, lo cierto es que las facultades del apoderado para obligar a sus mandantes contratando un mutuo, debieron expresarse explícita e inequívocamente en el poder. El déficit que se observa en el mandato con el cual el apoderado Ruiz Posse actuó, no puede suplirse por vía de una interpretación amplia -vedada por el art. 1884-, para perjudicar a quien no facultó ni autorizó a contraer un préstamo en su nombre.

La extralimitación del mandatario surge evidente pues no pudo contraer obligaciones contratando un mutuo en nombre de su mandante. Ello es así pues como dispone el art. 1905 del Código Civil, el mandatario ?debe circunscribirse en los límites de su poder, no haciendo menos de lo que se le ha encargado?.

La segunda parte de este precepto no justifica la actuación del apoderado (?La naturaleza del negocio determina la extensión de los poderes para conseguir el objeto del mandato?), pues la facultad para tomar dinero prestado, requiere de un poder especial, como lo exige el art. 1881 inciso 9 del Código Civil, y de ninguna manera puede suponérsela otorgada en forma tácita.

La deficiencia del poder debió ser conocida por quien contrató con el apoderado, por lo que los actos formalizados de esa manera no resultan oponibles a quien no facultó a ejercer los actos que se instrumentaron en la escritura 555.

Debe agregarse que si bien la parte actora sostiene que la codemandada Bustos es deudora, nunca expresó ni acreditó que fuera ésta quien recibió el dinero y valores entregados en préstamo. Ello surge de la cláusula primera de la escritura 555, en la que se indicó que quien recibió el objeto del préstamo fue Pablo Diego Bernal (fs. 7 vta.).

En la escritura de cesión que también integra el título ejecutivo, se precisó que Delfy Express S.R.L. otorgó un préstamo por U$S50.000 a Pablo Diego Bernal, casado en primeras nupcias con la señora María Dolores Bustos (fs. 12 vta.). En esa escritura de cesión compareció el señor Bernal notificándose y dando conformidad con el acto (fs. 13 vta.).

Si la señora Bustos no ratificó lo actuado por el mandante ni recibió el dinero del préstamo, puede afirmarse que el mandatario traspasó los límites del mandato en cuanto contrató en su nombre un préstamo de U$S50.000 (art. 1931 C.C.). La codemandada Bernal no dio poder especial para tomar dinero prestado, ni expresa ni tácitamente, ni puede inferirse tal autorización del poder para constituir hipoteca.

Si bien, como afirmó el Tribunal, no puede haber hipoteca sin crédito, la escritura del poder debió prever expresamente la autorización para los dos actos: para contratar el mutuo, (o en su defecto reconocer obligaciones), y para constituir la hipoteca que lo garantice.

El déficit del poder surge evidente, y no puede ser soslayado ni suplido con un criterio amplio que acepte facultades tácitas, en razón de que ello está vedado pues se requiere de un poder especial para tomar dinero prestado (art. 1881 inciso 9 C.C.).

8).- Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la codemandada María Dolores Bustos en mérito a la siguiente doctrina legal: ?Resulta contraria a derecho la sentencia que desestima la excepción de inhabilidad de título fundada en falta de legitimación sustancial de la ejecutada, en un caso en el que manifiesta e inequívocamente surge de las constancias de la causa, que la deuda que se ejecuta fue contraída por un apoderado que infringió los preceptos de los artículos. 1881 incisos 9 y 17, 1884 y 1905 del Código Civil, con conocimiento del cocontratante?.

Por lo expresado, debe casarse la sentencia, y dictarse sustitutiva, haciéndose lugar a la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada María Dolores Alicia Bustos.

9).- Atento al resultado, en lo que concierne a la demandada María Dolores Bustos, las costas del recurso y de las instancias anteriores deben imponerse al ejecutante (art. 105 CPCC).

Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 983/984, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la codemandada María Dolores Bustos contra la sentencia de fecha 30-6-10 dictada por la Sala II de la Cámara en Documentos y Locaciones (fs. 908/912), la que se casa en mérito a la doctrina legal expuesta en los considerandos, y se sustituye por la siguiente: ?HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la codemandada María Dolores Alicia Bustos contra la sentencia de fecha 18-3-10, y en consecuencia HACER LUGAR a la excepción de inhabilidad de título opuesta por María Dolores Bustos y en consecuencia rechazar la ejecución promovida en su contra. COSTAS de primera y de segunda instancia a la parte actora?.

II.- COSTAS del recurso de casación de la codemandada María Dolores Bustos como se considera.

III.- DECLARAR INADMISIBLE y en consecuencia mal concedido al recurso de casación interpuesto por el codemandado Pablo Diego Bernal contra la sentencia de fecha 30-6-10 dictada por la Sala II de la Cámara en Documentos y Locaciones (fs. 908/912), con costas.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDURDANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.