marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Principio de legalidad, aplicación de la ley penal, aplicación temporal de la ley penal
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vigil, Constancio y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

En el derecho penal reviste singular trascendencia la regla cardinal de irretroactividad de la ley (tempus regit actum), emanación del principio de legalidad contenido en el art. 18 de la Constitución Nacional, el cual se expresa en el principio nullum crimen nulla poena sine lege, según el cual el juez penal debe aplicar la ley que se hallaba vigente al tiempo de producirse la conducta delictiva (Voto del Dr. Luis Rene Herrero).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Maria Cristina y otro c/ Doblores, Jose Luis y otros s/ Daños y perjuicios Lavallén, José c/ Paredes, Pedro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-21|1999-11-17

Cabe declarar de oficio la nulidad de la sentencia cuyos vicios impiden el conocimiento debido de los recursos extraordinarios.
Superior Tribunal de Justicia, declaración de incompetencia
Materia: Procesal Penal
Carátula: P., R. M. s/ Hurto en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-03-26

Si la controversia de autos, lejos de suscitar una cuestión de jurisdicción y competencia -ocurre cuando dos Tribunales declaran simultánea y contradictoriamente la competencia o incompetencia para juzgar un delito- ya que finca en la ilegal resistencia ejercida por la Señora Juez de Instrucción al defender y mantener su propio decisorio, ante las facultades contraloreadoras otorgadas al Juez del Plenario, en base a las cuales se lo fulmina de nulidad, tal asunto, extraño a los supuestos que autorizan la intervención del Superior Tribunal, hace inevitable la declaración de incompetencia y que proceda la remisión del caso a la Magistrada inferior para que, acatando obedientemente la sanción procesal recaída, obre conforme a derecho.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, doctrina legal, expediente, vocal del Tribunal, sufragio
Materia: PROCESAL
Carátula: Taborda, Silvia L. c/ Regunaschi, Francisco C. s/ Reclamación de filiación. El tema a decidir por el Tribunal pleno   consiste en determinar si al procederse al sorteo del estudio de una  causa en una sala de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial  de Rosario, un tercer vocal subrogante debe encontrarse en paridad de  condiciones con los otros dos vocales titulares del mismo cuerpo.  (Expte. Nro. 306-96 -Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-03

Corresponde ratificar formalmente la norma ya vigente por vía de derecho consuetudinario procesal local, esto es, que de haber dos vocales titulares de una Sala, el tercero subrogante estudia la causa en tercer lugar.
Daños y perjuicios, personas con discapacidad, menores, responsabilidad de los establecimientos educacionales
Materia: CIVIL
Carátula: BUSNELLI PABLO ARIEL Y OTROS c/ OSPEDYM s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-20

Resulta inadmisible la pretensión de la demandada de ampararse en una discutible obligación de que el colegio al cual concurre el menor se inscriba en un registro de prestadores, cuando ya he dicho que el cambio de colegio le produciría al discapacitado un serio perjuicio, como señaló el experto médico. La demandada ha olvidado la finalidad que debe orientar su proceder, pese a sostener que su actuación no deriva de su interés en obtener un reintegro. También se refiere la recurrente a la garantía para la salud del menor; debo señalar que ella -amén del control del Ministerio Público de la Defensa- está otorgada por los informes médicos acompañados en autos, que son -precisamente- los que invocan sus padres. Le asiste en cambio razón a la demandada en lo que se refiere al daño moral. El resarcimiento del daño moral es facultativo en los casos de responsabilidad contractual (artículo 522 del Código Civil) y en el sub examen no aprecio elementos especiales que muestren que el incumplimiento contractual generó un dolor o angustia diferentes a los de cualquier obstáculo en recibir lo pactado.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Muliero, Ricardo A. c/ Empresa Nueve de Julio SA s/ Daños y perjuicios. Beneficio litigar sin gastos Del Bono, Sergio c/ Goñi, Gustavo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-24|1995-03-23

Para la procedencia del beneficio de litigar sin gastos debe acreditarse, no solamente la carencia de recursos, sino, además la imposibilidad para obtenerlos (art. 79 inc. 2 del C. Procesal).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Lázaro, Ramón c/ Cejas Aguirre, Enrique Félix y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-15

Es a cargo del responsable del accidente, que cuestiona la procedencia o magnitud de las erogaciones que se reclaman, demostrar que las mismas no guardan relación con la realidad de los deterioros, se deben a otro hecho, o no se originaron en el evento. (CNEsp.Civ.y Com. Sala IV -actual CNCiv. Sala K "Carabelli, Enzo Basta, Gladis s/accidente de tránsito" 28/5/87).
Falta de fundamentación, sentencia, regulación de honorarios, monto del juicio, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Damonte, Ricardo y otro c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Gool SRL s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

Corresponde rechazar la queja toda vez que lo atinente a la regulación de honorarios devengados en las instancias ordinarias es, como regla, materia ajena al recurso de inconstitucionalidad -en tanto representan cuestiones de orden fáctico y procesal propio de los jueces de la causa-, y la recurrente se limita a exponer una mera discrepancia con el razonamiento efectuado por la Cámara, sin demostrar concretamente cómo la sentencia que en última instancia se busca impugnar se contrapone con principio constitucional alguno, ni acreditar arbitrariedad en dicha decisión. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho laboral, fletero, distribuidor de gaseosas, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: MERGEN, JOSE FRANCISCO c/ CAMPANA, ALBERTO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. N  245 AÑO   2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-21

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que los sentenciantes en su decisión- han omitido ponderar en debida forma concretas pautas concurrentes a la solución del litigio, cuya operatividad ha sido destacada por esta Corte en anteriores pronunciamientos.

Dicha conclusión deriva de comprobar que, para resolver como lo hizo, la Alzada partió de afirmar dogmáticamente que los servicios contratados por la recurrente integraban la específica actividad principal de la misma, sin efectuar el juicio de "comprobación rigurosa" o de "escrutinio estricto" sobre la concurrencia de los presupuestos fácticos establecidos en el artículo 30 L.C.T., que -sin descuido de la tutela del trabajador y la prevención del fraude laboral- oriente su aplicación "en base a la actividad normal y específica de la empresa, la actividad real del establecimiento, en vez del objeto social", teniendo presente que "para que nazca la solidaridad prevista en la norma debe tratarse de servicios contratados o subcontratados que complementen o que completen la actividad normal de la empresa, y existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratante" , pudiendo incluirse solamente aquellos servicios o trabajos que no sean escindibles de la actividad de la empresa sin alterar el proceso productivo, o sea, lo que en palabras del Tribunal Supremo español constituyen las "actividades inherentes", correspondientes "al ciclo productivo de la empresa principal" por contraposición a las tareas "no nucleares"- que se presentan cuando, de no haberse contratado a un tercero, "las obras y servicios debieran realizarse por el propio empresario comitente so pena de perjudicar sensiblemente su actividad empresarial".
Juicios en que la Nación es parte, depósito previo, fiscal de Estado, plazos procesales
Materia: LABORAL
Carátula: Provincia de Formosa s/ Queja en autos ...
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-10-13

Obsta a la aplicabilidad del artículo 76 de la ley ritual Laboral, la circunstancia de que el estado litigante no solo goza de prerrogativas propias del Poder Público sino que también se encuentra sometido a especiales limitaciones, como las que resultan de las disposiciones legales sobre contabilidad pública y administración financiera, que importan trámites de autorización, control y provisión de fondos cuyo cumplimiento torna prácticamente imposible a la Fiscalía de Estado disponer de las sumas a depositarse, en el perentorio plazo que la ley establece para recurrir.
Hidrocarburos, regalías hidrocarburíferas, decreto de necesidad y urgencia, constitucionalidad, emergencia económica, crisis económica
Materia: CONSTITUCIONAL-ECONOMIA
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

El contexto de grave riesgo social que era público y notorio a principios de 1990 permiten afirmar que debe tenerse por configurada la situación de hecho exigible al tiempo de su dictado para reconocer validez constitucional al decreto 1757/90
Recurso de casación, in dubio pro reo, apreciación de la prueba, aplicación de la ley, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Scaglia, Marcelo R. y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-22

El instituto "in dubio pro reo" funciona en el marco de la valoración de la prueba y, por ende, su aplicación resulta de incumbencia exclusiva del Tribunal de mérito, quedando por tal virtud su control excluido de la inspección casatoria. Sin embargo, cuando la cuestión no versa acerca de la efectiva configuración de un estado de duda en base a las pruebas reunidas, sino acerca de la procedencia de aplicar la garantía en un estadio procesal determinado, ésta resulta a todas luces comprendida en las previsiones del art. 456 inc. 2 del ordenamiento procesal. (Voto del Dr. Madueño).
Interés superior del niño, prisión domiciliaria, intención de eludir la acción de la justicia, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Medina, Sara Alicia c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-28

Si bien la encartada es madre de una menor de 4 años de edad, motivo por el cual, su situación encuadraría, en principio, en la causal prevista en el inc. f) del art. 32 ley 24.660, teniendo en cuenta que la modalidad domiciliaria de la prisión no debe ser concedida de manera automática, el pedido de arresto domiciliario fue correctamente denegado, pues se ha acreditado en el caso la existencia de un riesgo procesal -peligro de fuga-, atento que la imputada quebrantó la prisión domiciliaria que cumplía en el marco de otra condena y, con respecto al interés superior del niño no se presenta una situación de desamparo de la menor -quien reside junto a su hermana mayor y el grupo familiar de ésta, recibiendo contención afectiva y sustento económico-, ni circunstancias excepcionales que permitan exceptuar los requisitos establecidos en la normativa aplicable. Dres. Riggi, Catucci, Gemignani.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, José Oscar c/ Cooperativa Agropecuaria e Industrial de María Ignacia Vela y/u otro s/ Indemnización por antiguedad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Las circunstancias fácticas establecidas en sede criminal conforme a las cuales se declaró al actor penalmente responsable del delito de lesiones no pueden revisarse por el tribunal del trabajo ya que se refieren a la existencia del hecho y la calificación de la conducta de su autor, que por imperio de lo normado por los arts. 1102 y 1103 del Código Civil constituyen una cuestión esencialmente prejudicial a cuyo respecto la sentencia penal tiene el valor de cosa juzgada para los jueces de los otros fuero.
Daños y perjuicios, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scannavino c/ Gonzalez s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-23

La responsabilidad del guardián por el daño causado por un animal cesa igualmente en el caso de culpa imputable al que lo hubiere sufrido. La ley hace aquí una aplicación del principio general. El hecho que no causa daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella no impone responsabilidad alguna (art.1111 Cód.Civ.). A veces el daño se produce por la concurrencia de dos o más culpas. En ese caso, la indemnización a cargo del propietario debe ser disminuida en razón de la incidencia causal que tuvo la culpa del dañado.
Impuestos, régimen penal tributario, responsabilidad penal, personas jurídicas, sociedades comerciales
Materia: PENAL
Carátula: ACEROS BRAGADO S.A. s/ Régimen penal tributario, Incidente de apelaciones de prisión  preventiva y de sobreseimiento parcial y definitivo Causa 32604
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

1- La calidad de administrador mencionad a en el Art. 12 de la Ley 23771 no está circunscripta a quienes se encuentran investidos por designaciones hechas con ciertas solemnidades; basta con el hecho concreto de administrar los negocios de la entidad.- 2- La ley civil reconoce el mandato meramente tácito (Cód. Civil, Art. 1874 y designa como "gerentes" a quienes gestionan negocios ajenos sin mandato (Art. 2290 y 2296 cód. cit..- 3- Corresponde confirmar el auto de prisión preventiva del imputado si el comportamiento que se le atribuye resulta decisivo de la comisión del hecho a partir del momento de su adquisición del paquete accionario y la ley penal se aplica a quienes hubieran determinado a otros a cometer el delito o les hubieran prestado un auxilio imprescindible (Art. 45, Cód. Penal), bastando con que aquellos otros reúnan las calidades indicadas en el Art. 12 antes citado.
Locación, acreedor hipotecario
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Benjamín Sánchez y Cía. c/ Albacea de la Testamentaria Mallea y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1867-01-24

El derecho del acreedor hipotecario, se extiende sólo á las mejoras que sobre el fundo hipotecado pertenecen al deudor, y no á las hechas por un tercero poseedor de buena fe.
Derecho procesal, partes, intervención de terceros, improcedencia del recurso, rechazo del reclamo, resoluciones judiciales, apreciación de la prueba, incidentes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Wolos, Ana Anastasia c/ Natex SA y otro s/ nulidad de asamblea s/incidente art. 250 cpcc
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-18

Procede confirmar la resolución que rechazó el pedido de los accionados de citación de tercero. Ello por cuanto, en el caso, de la lectura de la demanda surge que el actor además de solicitar la nulidad de la asamblea impugnada, peticionó concretamente la remoción de la directora de la sociedad, de lo que se sigue que la actuación del ex director -dicho tercero- no es objeto de la presente acción. De otro lado, se observa que los hechos enunciados en el escrito de inicio se encuentran vinculados, en principio, con las deficiencias en la convocatoria de la asamblea impugnada, y las decisiones allí tomadas, todos hechos, éstos, ocurridos mientras que la accionada ejercía la presidencia de la sociedad. Aquel, ya no es director de la sociedad, por lo que una acción de remoción contra éste carecería actualmente de sustento. En ese marco, como lo señaló el juez de grado, no se aprecian configurados los presupuestos necesarios para acceder a la citación de tercero que se pretende, pues siendo que el objeto de la sentencia a dictarse en autos será la actuación que ha tenido la accionada como integrante del directorio de la demandada, no se aprecia claramente cuál sería la acción regresiva que tendría la sociedad y dicha directora, contra el tercero que se pretende citar. Recuérdese que la citación de tercero a pedido del demandado tiene el efecto de facilitarle su ulterior acción regresiva o de recupero contra ese tercero, quien podría ser demandado en ese otro proceso, en el cual quedará sometido a la autoridad de la cosa juzgada que haya adquirido la sentencia del proceso anterior. Con ello se pretende extender a otro eventual proceso la autoridad de cosa juzgada de una sentencia, de lo que se sigue que el instituto en análisis no tiene la consecuencia de "imponer al accionante" un accionado no querido por él (esta CNCom, esta Sala A, 26/04/07, "Saberian Carlos Maximiliano c/ Caja de Seguros SA s/ Ordinario s/ inc. de elevación a Cámara"; íd, 09/09/08, "Iacobaccio Alicia Luján c/ Estado Nacional y Otro s/ Sumario"; íd, íd, Sala D, 8/8/01, "Masso, Javier c/ Federación de Sociedades Españolas de Buenos Aires s/ Ordinario").
Violencia de género, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Reyes, Eduardo Ángel c/  s/ Delito de acción pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-30

La disidencia sostuvo que, en casos donde puedan encontrarse comprometidos los derechos de las mujeres, siempre debe privilegiarse el estudio de la causa desde una perspectiva de género, que un tipo de violencia contra la mujer -tanto en el orden internacional como en el ámbito nacional- es toda conducta destinada a defraudar los derechos patrimoniales y económicos de la mujer dentro de una relación familiar como es el matrimonio, que el descalificativo empleado para describir una falsa situación se corresponde con un estado estereotipado de la mujer con dolencias psiquiátricas y, por ende, de superioridad del sexo masculino, que es preciso erradicar de la sociedad, que resulta contrario a la CN el art. 185 CP en cuanto impide la debida sanción de hechos calificados como violencia contra la mujer y que es admisible el control de constitucionalidad de oficio. (Dr. Hornos -disidencia-).
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, excusación por prejuzgamiento, defectos del procedimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C.B.A. c/ Mezzotero, Francisco y Otros s/ Ejecución fiscal fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

No resulta suficiente para considerar que existió prejuzgamiento en la causa y corresponde rechazar la causal de excusación invocada, cuando se ha dictado una resolución que no se refiere al fondo de la cuestión, sino sólo a un mero defecto procesal, sin que el magistrado de grado halla considerado la situación de fondo planteada.
Daños y perjuicios, indemnización, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: T., C. A. c/ V., E. Á. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-30

Corresponde distinguir la estimación y liquidación de los valores (aestimatio y taxatio) y el momento en que la víctima adquiere el derecho de ser resarcida. Cuando el juez liquida en dinero el quantum de los daños debe partir de la base que "el dinero es el sustitutivo de la prestación dirigida a proporcionar bienes con valor intrínseco". Salta a la vista, entonces, que ese quantum, la suma de dinero, es la medida del valor a reparar. Como tal medida, debe responder a una estimación de valores al momento en que se hace su liquidación. No interesa el precio que tenía mi automóvil en el momento en que fue destruido, pues ese "precio" es un "valor histórico". Interesa -descartada obviamente la reparación en especie, in natura- cual es el precio actual, pues éste representa el valor patrimonial destruido.
Procedimiento judicial de la seguridad social, jubilación por invalidez, legitimación procesal, asegurador, tasa de justicia, costas al vencido
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PANBOUJIAN, PATRICIA CRISTINA c/ Siembra A.F.J.P
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

Las compañías de seguros son una de las posibles partes en la diversidad de relaciones jurídicas litigiosas que pueden suscitarse en el trámite necesario a seguir para obtener la prestación denominada retiro por invalidez (arts. 46, 48 y 49, ley 24.241).

Por ello, si la aseguradora pidió ser tenida por parte invocando no sólo el art. 49 de la referida ley 24.241, sino también el art. 90, inc. 2 del C.P.C.C., y que se le practicasen las notificaciones previstas en el apartado cuarto del artículo citado, y el Tribunal dio cumplimiento a lo por ella requerido, corresponde que abone la tasa de justicia; máxime teniendo en cuenta que el último párrafo del apartado 4to. del art. 49 de la ley 24.241 prescribe que los honorarios y gastos -entre los que se encuentra la tasa de justicia- que irrogue la apelación ante la C.F.S.S., serán soportados por el recurrente vencido.
Accidente de tránsito, responsabilidad concurrente
Materia: PENAL
Carátula: CORIA JOSE MARIANO s/ S.D. LESIONES EN ACCIDENTE DE TRANSITO E.P. DE MUNDO FORD CABRERA  -CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-12-30

La sola circunstancia de la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación del art. 1113, 2 párrafo del Código Civil, que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas y en los casos de accidentes protagonizados por dos o más automotores se crean presunciones concurrentes como las que pesan sobre el dueño o guardián quienes deben afrontar los daños causados a otros salvo que prueben la existencia de circunstancias eximentes.
Sentencia condenatoria, lavado de activos, coautoría, prisión, multa, accesorias legales, costas
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Pedro Norberto y otros  c/  s/ encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 del inc. l AP. A) y B) C.P
Jurisdicción: Federal — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-05-10

Corresponde condenar a Selva Beatriz SÁNCHEZ a la pena de seis (06) años de prisión por ser considerada coautora penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo previsto y reprimido por el art. 278 inc.1, ap. "a" y "b", de la Ley 25.246; multa de tres (03) veces el monto de la operación la que será determinada en el incidente respectivo y que deberá hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar firme la misma; más accesorias legales y costas -arts. 2, 12, 40 y 41, 530, 531 y 533 del CP-. La imputada ha convertido (transformado), transferido (cedido o trasladado), vendido (transmitido a título oneroso) o aplicado de cualquier otro modo, los bienes establecidos provenientes de los delitos de transporte de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -art. 5 inc. "d", ley 23.737-, con relación a los hechos que tuvieron como protagonistas a diversos sujetos con la consecuencia posible de que los bienes originarios o por subrogación adquirieron un origen lícito, superando los $50.000 establecidos como elemento del tipo objetivo en el mencionado art. 278. A mayor abundamiento, se verifica que intervino en los hechos de forma habitual y organizada, integrando una banda o asociación formada para la comisión de hechos de lavado de activos.