marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cobro de sumas de dinero, entrega del certificado de trabajo, traba del embargo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Samaniego, Carlos Alberto c/ Burruchaga, José Miguel s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral (se recaratuló en fecha 27/04/2018)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-02-20

El demandado argumenta a los fines de la sustitución del depósito previsto por el art. 125 del CPL, que se encuentra trabado embargo sobre un automotor de su propiedad como medida cautelar, lo que efectivamente es así conforme surge de las actuaciones apioladas. Ahora bien, lejos se está de cumplir con los requisitos respectivos a tales fines. Pues el bien objeto del embargo trabado durante el proceso, y ofrecido por el demando recurrente, no cumple con los recaudos legales y jurisprudenciales a tales efectos, pues aún interpretando ampliamente la cuestión, el hoy condenado no ha cumplido con las exigencias de renovar el informe de las condiciones de dominio y gravámenes del bien y actualizar la tasación del mismo. Es decir, no hay dato actual del real valor del bien y/o de la afectación de los mismos a otras medidas cautelares o restricciones al dominio (Voto Romero. Adhesión Welp)
Suspensión del juicio a prueba, facultades del querellante, derecho al recurso
Materia: PENAL
Carátula: Calori, Silvia Cristina s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-17

El derecho a recurrir en casación, reconocido al querellante por el art. 460 del CPPN, no abarca las decisiones que conceden la suspensión del juicio a prueba. La opinión vertida por el Ministerio Público Fiscal en oportunidad de analizarse la viabilidad de la suspensión del juicio a prueba debe ser ejercida con estricto apego a lo exigido por el art. 69 del CPPN, por lo que la oposición ensayada por la fiscal quien avaló su postura calificando como "grave" a la conducta imputada al encartado, no puede considerarse fundada. La disidencia parcial expresó que el querellante está legitimado para recurrir en casación la resolución que concede la suspensión del juicio a prueba. (Dres. Diez Ojeda, González Palazzo, Hornos -en disidencia parcial-).
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, condena anterior
Materia: PENAL
Carátula: Hofner, Julio Oscar s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

La consideración tanto del "poco recomendable historial delictivo" como de "las condenas anteriores" como agravantes para la determinación de la pena constituye una repetición conceptual violatoria de los arts. 40 y 41 del Código Penal desde que la primera consiste, necesariamente, en la segunda.
Ejecución hipotecaria, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Capellini Arturo Pablo y otra c/ Pousa Hugo Rodolfo y otra s/ Ejecución hipotecaria Nosiglia Juan Carlos Guillermo c/ Boguslawski y Davini María Noemí y otro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02|1996-11-14

Siendo los mutuantes los que tienen verdadero interés en regular a conformidad todo lo que tenga relación con lo que sea consecuencia del incumplimiento de los mutuarios, ha de entenderse que a partir del concreto gesto de accionar ante los estrados del Juzgado de Paz Letrado de intervención -Baradero-, la intención ha sido aludir en el acto escriturario en consideración a los órganos judiciales competentes del Departamento Judicial de San Nicolás. A lo cual se aduna la circunstancia concreta de que todos se domicilian en la citada localidad.
Municipalidad, tribunal de faltas, Derecho contravencional y de faltas, proceso contravencional, recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo, multa, acto administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., A. L. s/ Recurso de inconstitucionalidad (Expte. CSJ N.  666-1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

La limitación a que se encuentra supeditada la Administración en el art. 22 del Código de Faltas Municipal refiere a que la misma no podrá exigir materialmente el pago de la multa sino a través de un juicio de apremio regulado por la ley 5066 -lo que algunos autores denominan ejecutoriedad impropia-, pero no esperar a que la resolución condenatoria dictada por el Tribunal de Faltas Municipal adquiera firmeza en sede judicial, por cuanto ello, además de ir contra la satisfacción del interés público general hacia el cual debe dirigirse toda la actividad de la Administración pública, torna ilusoria cualquier pretensión de cobro, y por ende priva de liquide z al Fisco con el solo hecho de mantener latente la instancia judicial. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco a la que adhiere el Dr. Alvarez).
Despido por maternidad, denuncia del embarazo
Materia: LABORAL
Carátula: Blanco, Stella Maris c/ Elicabe, Ricardo Luis s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

Es acreedora a la indemnización especial del art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo la trabajadora que notificó al principal su estado de embarazo antes que la comunicación del despido dispuesto por éste llegara a su esfera de conocimiento
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, demanda, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL
Carátula: AIMARE, JUAN CARLOS c/ SANCHEZ CASANOVAS, EDUARDO R. s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

Quien resulta damnificado por un choque de automotores no tiene porqué investigar la mecánica del hecho, pudiendo demandar el resarcimiento a cualquiera de los partícipes o autores del mismo, sin que sea óbice a ello que éstos puedan ventilar su respectiva responsabilidad.

Por virtud de la solidaridad de los actos cuasidelictuales prevista en el art. 1109 del Código Civil, quien fuere demandado a elección de la víctima, responde frente a ésta por la totalidad de los menoscabos ocasionados, sin perjuicio de que en las relaciones entre el demandado y el tercero citado pueda distribuirse proporcionalmente la culpa que hubiere, que sólo ha de constituir un antecedente favorable a la fundabilidad de la pretensión de regreso, pero no puede ejecutarse en el proceso promovido por la víctima.
Facultades del juez, calumnias, injurias
Materia: PENAL
Carátula: Martina, Gloria Anahí c/ Serventi, Ennio s/ Querella por Calumnia e Injuria por Calumnia e Injuria
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-03-28

No puede desconocerse que es a los Jueces a quienes corresponde la calificación legal de los hechos y la subsunción jurídica formulada por las partes respecto de los hechos probados, no obliga al juzgador, ni siquiera en caso de acciones penales privadas, porque en todo juicio penal, aún cuando se haya entregado la acción exclusivamente al interesado, no desaparece la noción de orden público ni el interés social de la represión del delito efectivamente cometido. Como señala asimismo la doctrina no existen inconvenientes en que se condene por injurias, cuando el querellante acusa por Calumnias, dado que constituyendo en los delitos contra el honor, la injuria el género y la calumnia la especie agravada, nada impide que mediando acusación por la figura mas grave se condene por la mas leve. Fundamento del Dr. Ariel G. Coll.
Beneficio de litigar sin gastos, oportunidad procesal, planteo oportuno
Materia: PROCESAL
Carátula: LEIVA  AMALIA c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y Otros s/ Beneficio de Litigar sin Gastos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-30

La previsión de que el beneficio pueda ser solicitado "en cualquier estado del proceso" debe ser interpretada en armonía con la disposición del párrafo tercero del artículo 84, esto es, que ello es así hasta el límite máximo de la fecha de la audiencia preliminar o la declaración de puro derecho, salvo que se alegue y acredite circunstancias sobrevinientes (conf. Alejandro R. Goytia, "El beneficio de litigar sin gastos ante la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" (ley 25.488), ED. t. 200, págs. 840/851" y esta Cámara, esta Sala, causa Nº 6426/09 del 22/4/2010 y Sala 3, causa 13.428/04 del 10/3/05).
Desobediencia a un funcionario público, nulidad de sentencia, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Santín, Claudio Sebastián s/ resistencia o desobediencia a funcionario público c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

Para que se configure el tipo objetivo del delito de desobediencia, debe verificarse una clara conminación al cumplimiento de una orden dada por la autoridad, que genere un deber positivo de acatamiento; es decir, debe darse una relación inmediata entre un funcionario que emite una orden y un destinatario que debe cumplirla. No debe ser considerada una orden en los términos del art. 239 CP, la resolución judicial -cualquiera fuere la forma, esto es auto, decreto o sentencia- que tiene previsto una sanción especial, pues las diferentes normas del Código Penal y el Código Procesal Penal demuestran que el no cumplimiento de diversas órdenes judiciales tiene ya previstas consecuencias jurídicas en esos cuerpos de leyes (voto del juez Jantus)
Accidentes de trabajo, accidente in itinere
Materia: PROCESAL
Carátula: Ortiz de Guitart, Victoria c/ Provincia del Chubut s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1989-05-15

"Si bien la ley 9.688 cuando habla del accidente 'in itinere' se refiere en términos generales al ocurrido mientras el trabajador está en tránsito de su casa al empleo cabe precisar qué se entiende por el espacio comprendido en ese tramo: la puerta de la casa es el 'principio del itinere' y 'término' del mismo. Cuando una persona vive en una casa de departamentos, la puerta es la del lugar de residencia principal, sede de la vida privada de la persona y de su grupo familiar que separa ese ámbito del de otros, por lo que en el caso lo es la puerta del departamento".
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, doctrina de la arbitrariedad, sentencia arbitraria, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAMPAGNA, SANDRA PATRICIA c/ VIJOD, ABRAHAM Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-19

Los acotados fundamentos del voto mayoritario en tren de justificar el rechazo de la excepción de prescripción, en modo alguno pueden considerarse suficientes en orden a tener por satisfechos los márgenes de razonabilidad y logicidad requeridos para la validez de la sentencia como acto jurisdiccional, pues si bien conforme lo ha sostenido la Corte nacional y este Cuerpo, si en una sentencia, el alcance que el Juzgador asigna a una temática discutible, forma parte de una de las corrientes de opinión que pueden surgir del texto legal, ello no autoriza la descalificación del decisorio mediante la doctrina de la arbitrariedad; en rigor de verdad, la regla de lo opinable que se inserta en una zona de pacífica tolerancia en los recursos de arbitrariedad de sentencia, encuentra su límite en que la interpretación de la ley no derive en irrazonable en el proceso de subsunción con los hechos comprobados de la causa (Del voto del Dr. Falistocco, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJN: Fallos:306: 262 y 1054; CSJStaFe: AyS, T 122, p 333.
Acción de amparo, control de constitucionalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Deledda, Francisco y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo-medida cautelar innovativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-04

La demanda de amparo no constituye como principio, la vía adecuada para discutir la validez o constitucionalidad de las leyes y reglamentos, a menos que la violación de los derechos o garantías sea palmaria, caso en el cual pueden los tribunales declarar la inconstitucionalidad en procedimiento sumario.
Sentencia, fundamentación de sentencias, prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: DIAZ, JORGE OSCAR s/ RECURSO DE CASACION PENAL - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1962-09-21

Es improcedente el recurso de casación fundado en que la sentencia es nula, por carecer de motivación, porque afirma la existencia del hecho delictuoso luego de una "mención global de la prueba", si por el contrario fueron enumerados los elementos probatorios aunque sin enunciarse las manifestaciones de cada testigo ni dejarse constancia detallada del acta de secuestro.-
Proceso contravencional, costas, tasa de justicia, acuerdo de partes, tribunal plenario
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S y O s/ Artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-31

La Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas en Acuerdo Plenario resolvió:

1- La Tasa de Justicia es parte integrante de las costas.

2-La Tasa de Justicia es una renta pública 3-Las costas son disponibles por las partes en el marco del juicio abreviado (artículo 43. de la Ley de Procedimiento Contravencional) por lo que el acuerdo arribado por ellas vincula al judicante. (Del voto de los Dres. Dessanti, Lucangioli, Robledo (en disidencia respecto de la tercera cuestión) y Ventureira (en disidencia respecto de la tercera cuestión)
Fallo plenario, caducidad de instancia, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferretería Industrial Bottero SA c/ Construcciones Térmicas SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-18

Habiendo perdido vigencia la doctrina plenaria anterior "Berardoni, Héctor C. c/ Giangiacomo Juan y otro" del 29/08/90, por los fundamentos dados en el nuevo plenario, y por aplicación del CPR 313-3°, que excluye la caducidad de instancia cuando la prosecución del trámite depende de una actividad del secretario o prosecretario administrativo, cabe rechazar el acuse de caducidad de segunda instancia opuesta por el actor. En ese marco, las costas por la tramitación del incidente de caducidad de segunda instancia serán impuestas en el orden causado, atento el cambio de la jurisprudencia plenaria de este fuero (CPR 68 segundo párrafo y 69).
Fideicomiso, pacto comisorio expreso
Materia: CIVIL
Carátula: Socmer SA c/ Fideicomiso Lumiere Puerto Madero s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-02

La "resolución extrajudicial por pacto comisorio expreso" se produce de acuerdo a las condiciones en que las partes lo establezcan por cuanto en la materia rige el principio de libertad de formas (CCIV 974) -generalmente se acuerda la resolución de pleno derecho- y surte efectos desde que la parte interesada comunica a la incumplidora en forma fehaciente, su voluntad de resolver. Es decir, no requiere el otorgamiento de un plazo de gracia para cumplir con las prestaciones adeudadas como sucede en el caso del pacto comisorio tácito (cfr. Ibañez, C., "Resolución por incumplimiento", Bs. As., 2006, pág. 278, n° 129 "c").
Contratos comerciales, servicios de custodia, prueba del contrato, factura, compraventa mercantil, aplicación analógica de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: I.S.E. INVESTIGACIONES SEGURIDAD EMPRESARIA c/ LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-21

Toda vez que los servicios de vigilancia y custodia se desarrollaban a través de una organización empresarial, dando carácter mercantil al acto (Código de Comercio, artículo 8, inciso 5) deben aplicarse las normas del derecho comercial que resultan de aplicación analógica, pues las del derecho civil sólo son de aplicación a falta de ellas; y en tanto tal actividad no constituye locación de servicios, ya que carece de los elementos característicos de ese contrato, se trataría de la provisión de un servicio de seguridad, al que se deben aplicar analógicamente las normas de la compraventa mercantil, por lo que las facturas no observadas en término se presumen cuentas líquidas (Cód. Com., art.474).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, ley previsional, interpretación de la ley, pensiones, deuda previsional
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FERNANDEZ, MIRTHA OLGA c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-23

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que la recurrente no demuestra la entidad constitucional de sus planteos en tanto no consigue desacreditar el alcance interpretativo de las disposiciones legales involucradas a la luz del artículo 14 bis de la Constitución nacional efectuada por el Sentenciante, conformándose con invocar que corresponde recurrir a la interpretación literal y mecánica de las disposiciones que cita en apoyo de su postura (art. 39 bis de la ley 10727 en su redacción conforme a la ley 12310).

Máxime cuando mantener el beneficio de pensión a los beneficiarios no implica desechar la posibilidad de la Caja de acordar un mecanismo prudente que permita satisfacer los recaudos pendientes de cumplimiento -cancelación de la deuda de aportes del causante- de modo tal de compatibilizar los derechos individuales del beneficiario con los del sistema en su integralidad.
Recurso de casación, sentencia arbitraria, sentencia condenatoria, falta de fundamentación, individualización de la pena, monto de la pena, condena condicional, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: C. Z., M. A. y Otros s/ Homicidio en agresión s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-05-28

"Las cuestiones en tratamiento fueron motivo de reciente pronunciamiento por parte de la Corte Suprema en el precedente "SQUILARIO", que reseñaré en buena parte de su extensión - considerandos 5 a 9 - dada su pertinencia respecto de la materia en estudio.

"Así, el Alto Tribunal sostuvo que '... si bien las decisiones relacionadas con la aplicación del monto de la pena resultan privativas de los jueces de mérito, cabe hacer excepción cuando, como en el caso, no se advierte una adecuada fundamentación respecto de tan trascendentes cuestiones, lo cual descalifica al fallo como acto jurisdiccional válido.

En efecto, más allá de que los dos años de condena impuestos a Squilario por el tribunal de juicio se compadecen formalmente con la escala autorizada por la figura que reprime la conducta ilícita que se reprocha, la mera enunciación genérica de las pautas objetivas y subjetivas que prescriben los arts. 40 y 41 del Código Penal para graduarla, desprovistas de toda relación y ponderación conjunta con los elementos que a tales fines fueron incorporados al juicio, sólo evidencia un fundamento aparente y colocan al pronunciamiento dentro de los estándares de la arbitrariedad de sentencia. Que idéntico vicio se constata cuando alude a su cumplimiento efectivo.

Es que si bien los jueces de la mayoría del fallo de casación argumentaron que sólo la aplicación de la condenación condicional debía ser fundada por ser la excepción a la pena de encierro (art. 26 del Código Penal), no es menos cierto que la opción inversa, en casos en donde aquella hipótesis podría ser aplicada, también debe serlo, puesto que de otro modo estaría privando a quien la sufre la posibilidad de conocer los pronósticos negativos que impiden otorgarle un trato más favorable.

En tales circunstancias, los condenados se verían imposibilitados de ejercer una adecuada defensa en juicio ante la imposibilidad de refutar decisiones basadas en criterios discrecionales de los magistrados que la disponen.

Que, justamente, el instituto de la condenación condicional previsto en el art. 26 del Código Penal tiene por finalidad evitar la imposición de condenas de efectivo cumplimiento en casos de delincuentes primarios u ocasionales imputados de la comisión de conductas ilícitas que permitan la aplicación de penas de hasta tres años de prisión. Tal aserto encuentra explicación en la demostrada imposibilidad de alcanzar en tan breve lapso de prisión el fin de prevención especial positiva que informa el artículo 18 de la Constitución Nacional'".
Juicio de alimentos, recurso de inaplicabilidad de ley, monto del juicio
Materia: CIVIL
Carátula: P. A. A. c/ Z.E.A. s/ Incidente de aumento de cuota alimentaria y beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

El juicio de alimentos, a los efectos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, debe ser considerado de monto indeterminado y no debe exigirse depósito alguno como recaudo de la admisibilidad de aquél. (del voto del doctor HITTERS).
Recurso contencioso administrativo, caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, incidentes, impulso procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: CARDOZO, JACINTA INES VILLA LARROUDET DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION PEDIDO DE DECLARACION DE CADUCIDAD DE LA INSTANCIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 245 AÑO 1986)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03

La prerrogativa del artículo 63 in fine de la ley 4.106 permite incluir en ella diversos supuestos en que la inactividad y omisión sea justificada por motivos que aunque no constituyen fuerza mayor, tornen inocua cualquier expresión de voluntad de la parte. Para que esta causal opere con efectos suspensivos del cómputo del plazo de caducidad, tiene que ser de una entidad tal que -aunque no alcance a configurar un supuesto de fuerza mayor- cualquier manifestación de la parte resulte inoficiosa.- En el caso, la incidentista no ha acreditado objetivamente la existencia de la causal invocada por cuanto no surge de autos que haya ocurrido evento alguno ajeno a su voluntad, sea jurídico o fáctico, que hubiere impedido la continuación de la instancia, por cuanto a ella correspondía instar el trámite de la incidencia y colocarla en estado de resolución.
Apreciación de la prueba, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CORIA, FABIO RAMON s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

Las reglas del código civil atinentes a la valoración de la prueba se aplican solo cuando el objeto del proceso sea la institución, acto, derecho, etc. que esas normas protejan.
Despido, contrato de trabajo, cumplimiento de órdenes e instrucciones, médico anestesista
Materia: LABORAL
Carátula: Cairone, Mirta Griselda y otros c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-19

Cabe dejar sin efecto la sentencia que admitió la demanda entablada por los herederos de un médico anestesiólogo, contra la accionada en tanto entendió que existió un contrato de trabajo entre ambos, pues califica como jurídicamente subordinada una relación que no es dependiente en ese sentido, confundiéndola con el control de la prestación existente en una serie de contratos de colaboración, porque quien no puede hacer algo por sí mismo, lo delega en otro y lo controla, y en los vínculos de colaboración autónomos hay una intromisión o injerencia del titular del interés sobre quien realiza la colaboración y está destinada a precisar el objeto del encargo, injerencia que difiere de la dependencia laboral, ya que esta última no se limita al objeto del encargo pues alcanza al elemento personal, al trabajador, que está jurídicamente subordinado. -Voto del juez Lorenzetti-.