Tribunal: CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nro 2
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-08-22


Rosario, 22 de agosto de 2.014, "ARCE, MARIO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO S/ MEDIDA CAUTELAR" VISTOS: Estos autos caratulados "ARCE, MARIO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO S/ MEDIDA CAUTELAR", (Expte. Nº 157/14); y, CONSIDERANDO:

I. 1. Mario V. Arce, Juan C. Poeta y Alfonso A. Susto, por apoderada, interponen demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Rosario tendiente a que se dejen sin efecto los Decretos N° 1.605, 1.606 y 1.608 dictados por la Sra. Intendenta el 25.07.14 y, consecuentemente, su antecesora la Resolución N° 395 del 30.05.14 del Subsecretario de Servicios Públicos, y todo acto administrativo dictado por la Dirección General de Fiscalización del Transporte.

En lo que aquí interesa, solicitan medida cautelar mediante la que se ordene a la Municipalidad de Rosario la suspensión de la aplicación de lo dispuesto en la Resolución N° 395 confirmada por los Decretos N° 1.605, 1.606 y 1.608, y de la ejecución de los actos administrativos dictados el 25.07.14 por la Dirección General de Fiscalización del Transporte.

Señalan que la Resolución N° 395 rechazó el Recurso de Reconsideración y demás presentaciones interpuestas por aquellos titulares de licencias de taxi que aún no se adecuaron a los preceptos normativos de las Ordenanzas Nros. 8.295, 8.949, modif. y concd. (art. 1) y dispuso que, todos aquellos titulares de licencias de taxi que a la fecha no han adecuado sus unidades incorporando el Servicio de Monitoreo, de conformidad con lo previsto por las aludidas Ordenanzas y modif., deberán comparecer en un plazo perentorio e improrrogable de 5 días hábiles ante la Dirección General de Fiscalización de Transporte y acreditar el cumplimiento de las mismas. Caso contrario, deberán caucionar las chapas identificatorias en la misma dependencia, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas por la normativa vigente (art.2).

Indican que los Decretos N° 1.605, 1.606 y 1.608 rechazaron los recursos de apelación interpuestos contra la Resolución N° 395, respectivamente, por Arce, Mario Vicente; Susto, Alfonso Américo y Poeta, Juan Carlos, aseverando que mediante los mismos se ha agotado la vía administrativa a su respecto.

Seguidamente expresan que dichos Decretos les han sido notificados a todos en fecha 25.07.14 y en la misma nota la Dirección General de Fiscalización del Transporte, en consecuencia les hace saber que "considerando que al día de la fecha no se registra la adecuación al Servicio de Monitoreo previsto por las Ordenanzas Nros. 8.295/08, 8.949/12 y cc., deberán comparecer en el plazo perentorio e improrrogable de 48 hs. ante el Departamento de Atención y Gestión de Trámites dependiente de ésa Dirección General de Transporte. a los efectos de caucionar las chapas identificatorias de la licencia de referencia, todo ello bajo apercibimiento de decretarse la inmediata caducidad de dicho permiso.", señalando que contra esas notas han postulado Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio.

Sostienen que los Decretos no han sido notificados conforme las previsiones del Decreto 1.290/81, sino que, apresuradamente y contraviniendo el derecho al debido proceso y el de defensa, la Administración dictó un nuevo acto a través de la Dirección General de Fiscalización del Transporte, que vino a querer hacer de acto notificatorio y a la vez fundante de un nuevo acto.

Destacan que la ausencia de notificación de los Decretos, previo a los actos dispuestos en la nota del 25.07.14, conduce a la nulidad de los últimos, explayándose sobre el particular.

En "Cronología de los procedimientos administrativos", expresan que el acto administrativo que originó las instancias recursivas, data del 13.11.13 en que la Dirección de Fiscalización del Tranporte dispuso que "cumple en informarle que, atento la plena vigencia de las disposiciones establecidas por las Ordenanzas Nros.8.295/08, 8.949/12 y concordantes, deberán en el plazo perentorio e improrrogable de 3 (tres) días hábiles, comparecer y acreditar ante esa repartición la adecuación a las citadas normas. Caso contrario, y atento haberse cursado dos intimaciones previas de igual tenor, se hace saber que deberán caucionar inmediatamente las chapas identificatorias de la licencia, sin perjuicio de proceder a la aplicación de sanciones previstas por la reglamentación vigente".

Señalan que interpuestos Recursos de Reconsideración y prontos despachos, se dictó la Resolución N° 395 referida, exponiendo luego los antecedentes posteriores ya relatados.

Indican que en el Recurso de Reconsideración Susto planteó la nulidad del procedimiento por ausencia de las notificaciones a las que aludía el acto, lo que no mereció tratamiento en la Resolución N° 395; y que al fundar el recuso de apelación contra la Resolución N° 395 postuló su nulidad por el no tratamiento de la cuestión, pero no hubo pronunciamiento sobre ello en el Decreto N° 1.606 que rechazó la apelación.

Destacan que la caución de chapas importa tornar ilusoria la sentencia definitiva, dejando trunco el derecho de trabajar, de contar con el sustento diario, el derecho-deber de prestar el servicio y el derecho de arribar a una sentencia útil.

Tras formular otras consideraciones, alegan contradicción entre lo dispuesto en la Resolución N° 395/14, lo ordenado en los Decretos impugnados y en la disposición de la Dirección de Fiscalización del Transporte, preguntándose, cuál habrán de cumplir los actores, en qué plazo (en el de 5 días o en el de 48 hs.), cuáles serían las consecuencias a las que se exponen ("las sanciones" en sentido lato, o la "inmediata caducidad"), cuál es el objeto de la obligación (acreditar el cumplimiento de las Ordenanzas indicadas o "caucionar" las chapas identificatorias).

Hacen notar que el art.65 de la Ordenanza 2.649/80 con el texto introducido por la Ordenanza 8.949/12 regula la caducidad de la "licencia", mas los actos del 25.07.14 disponen la caducidad del "permiso", añadiendo que, por ello también, los actos del 25.07.14 entran en contradicción con los Decretos, explayándose al respecto. Sostienen que, teniendo en cuenta el texto del art. 65 mencionado, la acreditación de la adecuación al Servicio de Monitoreo no es una conducta típica.

Explican las razones por las cuales alegan la ausencia de proporcionalidad entre la sanción de caducidad y el supuesto incumplimiento de acreditar la incorporación al Servicio de Monitoreo.

En "Derecho a la información: Incumplimiento de la Administración: Nulidad del actuar administrativo", expresan que siguen sin debida y acabada respuesta los postulados solicitados en las presentaciones en sede administrativos el 14.11.13 y que reproducen, extendiéndose en consideraciones.

Esgrimen que el Ente de Movilidad de Rosario no tiene competencia en materia de licencias de taxis.

Precisan que la pretensa implementación del SGD presenta dificultades técnicas, económicas y jurídicas, que la tarifa no contempla costos; y se explayan sobre la falencias jurídicas que advierten en la Ordenanza 8.949/12.En "Del régimen de sanciones", luego de formular diversas consideraciones, subrayan que el apercibimiento de "decretarse la inmediata caducidad de dicho permiso" está ya consumando el arbitrario disponer de la Administración para condenarlos al desempleo, atacando su derecho alimentario y el de sus familias.

En cuanto a la "verosimilitud del derecho" sostienen que está acreditada, vinculándose al obrar de la administración que se presentaría como arbitrario, colocándolos en estado de indefensión, y privándolos de una razonable oportunidad para hacer valer sus derechos, extendiéndose en consideraciones.

Sobre el "peligro en la demora", señalan que deriva de la posibilidad de la ilusoriedad e ineficacia de un eventual pronunciamiento jurisdiccional favorable en el proceso principal, teniendo en consideración que de no dictarse la medida incoada la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que aguarda de la sentencia a pronunciarse no podría en los hechos realizarse.

Exponen las razones por las cuales sostienen que la inmediatez del perjuicio y su magnitud son evidentes.

Finalmente señalan que no advierten que pueda producirse una inmediata lesión al interés público cuando la cautelar refiere a sólo tres unidades; y exponen otras consideraciones.

Solicitan, en fin, se despache la cautelar peticionada.

2. Corrida vista a la contraria (fs. 25), la misma la contesta a fs. 31/37, solictando su rechazo, con costas.

Después de precisar el objeto de la pretensión, afirma que serias objeciones militan en contra de su otorgamiento; algunas que hacen a la naturaleza propia de este tipo de medidas y otras por las particulares circunstancias de la causa.

Como advertencia preliminar, observa que el 05.08.14 Poeta ha dado cumplimiento a la obligación de instalar el sistema de seguimiento satelital GPS, deviniendo abstracta la acción iniciada a su respecto; constituyendo un desistimiento. Advierte también que se está ante una resistencia de un grupo minoritario de titulares de licencias de taxis respecto de la instalación del sistema de seguimiento satelital dispuesto por una Ordenanza sancionada en 2.012 (8.949), conocida y cumplimentada por la amplísima mayoría de las unidades, aludiendo a las dudas que genera tan férrea resistencia.

En "El fumus bonis juris; marco conceptual", con cita de jurisprudencia y doctrina, asegura que no queda acreditado que resulte arbitrario o ilegítimo intimar a los titulares de taxis a cumplir una Ordenanza que los alcanza, dictada hace dos años.

Formula un "Breve análisis de la situación fáctica", recordando que la exigencia de instalación del GPS, a consecuencia del dictado de la Ordenanza 8.949/12, modificatoria de la 2.649/80, motivó que durante 2.013 el Concejo Municipal advirtiendo que existía un grupo de unidades que no adhirieron al sistema, dictó el Decreto 40.405/13 "intimando al D.E.M. a la instrumentación de todas las acciones pertinente para que en un plazo no mayor de 90 días, todas las unidades del servicio público de taxis tengan incorporado el GPS, en un todo de acuerdo al art. 65 de la Ordenanza 2.649/80".

Relata que no obstante las intimaciones cursadas a los reticentes, no pudo incorporar a este pequeño grupo, por su inusitada resistencia.

Precisando que, frente a la última intimación cursada el 13.11.13 para hacer cumplir las Ordenanzas 9.295/08 y 8.949/12, los actores interponen recurso de reconsideración absolutamente improcedente en sustancia, en tanto dicha intimación no era otra cosa que exigirles el cumplimiento de la norma de su pleno conocimiento y notificación. Acota -seguidamente- que, los actores estaban notificados y anoticiados desde la Ordenanza 8.949/12 de la obligación de incorporarse al sistema, como lo hicieron la gran mayoría de los otros taxis, desde que promovieron en su momento recurso de amparo contra la misma, con resultado negativo, como expresan en sede administrativa, puntualizando que dice ello a pesar de que no traen los actores el argumento de la ausencia de notificación de la Ordenanza.

Expresa que, a resultas del recurso de reconsideración se dicta la Resolución N° 395/14 que lo declara inadmisible, en tanto la intimación recurrida no era más que la exigencia de un deber de cuyo cumplimiento estaban largamente en mora, aseverando que es absolutamente mendaz la cuestión de los amparos, en tanto jamás se dictó medida cautelar alguna en dichos procedimientos.

Destaca que por el art. 2 de la Resolución 395/14, se les otorgó a los actores todavía cinco días hábiles más, excediendo el plazo primigenio de intimación, para que se adecuen al sistema, considerando a dicho plazo harto suficiente, señalando que este artículo es la materia de esta insólita cautelar.

Agrega que la Resolución fue apelada, habiendo sido rechazada por el D. E. Municipal y que, conjuntamente, con la notificación de los respectivos Decretos de rechazo de los recursos de apelación, se los intimó por 48 horas a caucionar las chapas. Seguidamente expone las razones por las cuales rebate el planteo que formulan los actores, sosteniendo que los Decretos que rechazaron los recursos de apelación se hicieron conjuntamente con "un nuevo acto", cual fue el de intimarlos (intimación por 48 horas), añadiendo que los actores hacen un verdadero intríngulis sobre el punto, con defensas formales e improcedentes.

Resalta que el recurso de reconsideración contra la intimación del 13.11.13 era inadmisible, como se expresó en la Resolución 395 ya que sólo se trataba de la ejecución de una Ordenanza vigente y no cuestionada en su constitucionalidad, explayándose al respecto.

Agrega que, interín, los recurrentes, no cumplen con la norma ni tampoco ofrecen cumplirla en algún plazo.

Explica que el art. 2 de la Resolución 395 es legítimo y es el ejercicio natural del poder de fiscalización del Transporte Público por la Secretaría respectiva, con competencia al efecto.

Arguye que no se demuestra que tal intimación, de sustancia de Policía, pueda ser tachada de "manifiesta ilegitimidad".

Añade que el recurso de apelación concedido es demostrativo de una inmensa paciencia, y que bien podría no haberse concedido procediendo a la directa ejecución, es respondido mediante argumentos pueriles, demostrativo de una voluntad de no cumplir.

Señala que la segunda intimación por 48 horas emitida el mismo día que la notificación de los Decretos impugnados es legítima, no contradice disposiciones anteriores y es el ejercicio natural y propio de la Policía de Servicios Públicos.

Explica que la intimación por 5 días de la Resolución 395 era plenamente ejecutable y que no podría interpretarse que la apelación concedida lo hubiera sido con efecto suspensivo, ni existe disposición que así deba procederse. Y -afirma- es por ello que al dictado de los Decretos que rechazan la apelación, les siguió la disposición de otras 48 horas más para el cumplimiento, ya que el plazo se encontraba vencido. Aduce que no es exacto lo que expresan los actores respecto a que no esté prevista la sanción de caducidad por incumplimiento de instalar el GPS.

Asevera que la exigencia del GPS derivó de la Ord. 8.949/12, modificatoria del Dec.-Ord. 2.649/80, imponiéndose la obligación de transmitir los datos generados por el SGD al Ente de Movilidad, y que el taxi que teniendo GPS incorporado al SGD, no transmitiera los datos, sería pasible de multa.

Agrega que el art. 65 inc. 5 del Dec.-Ord. 2649 dispone la caducidad de la licencia a quienes no tengan instalado el SGD, pero que, siendo el objeto de la modificación la introducción de la exigencia de que el SGD incorpore el GPS, la ausencia de éste último no puede sino asimilarse al incumplimiento del SGD.

Afirma que el sistema tiene que ser completo; caso contrario resulta un incumplimiento a la base misma de la reforma de la Ord. 8.949, y que una interpretación contraria deja vacía el contenido de la reforma.

Sostiene que toda la línea argumental del escrito de inicio no pasa de meras defensas formales.

Sobre los intereses en juego, entre otras consideraciones, señala que el monitoreo del funcionamiento que deriva del sistema hace a cuestiones esenciales de contralor por parte del órgano de fiscalización y, especialmente, a la seguridad.

Solicita se rechace la cautelar pretendida, con costas.

II.- Corresponde, pues, analizar la petición articulada a la luz del artículo 14 de la ley 11.330.

I. Como surge del relato precedente, los actores solicitan medida cautelar mediante la que se ordene a la Municipalidad la suspensión de la aplicación de lo dispuesto en la Resolución N° 395/14, confirmada por los Decretos N° 1.605/14, 1.606/14 y 1.608/14, y de la ejecución de los actos administrativos dictados el 25.07.14 por la Dirección General de Fiscalización del Transporte.En casos como el presente esta Cámara ha sostenido reiteradamente que, en el régimen de la ley reglamentaria del recurso contencioso administrativo, para el despacho de una medida cautelar como la solicitada es inoslayable la ocurrencia de expresos requisitos de procedencia, exigidos imperativamente por el legislador y que condicionen su viabilidad: a) que la posición sustancial sea en principio jurídicamente aceptable en virtud de que prima facie aparezca verosímil la ilegitimidad de la resolución cuestionada; b) que su cumplimiento hubiere de ocasionar perjuicios graves o de reparación difícil o imposible si llegare a prosperar el recurso; y c) la ponderación de los intereses en juego en el caso concreto (in re "Ing. Augusto Spinazola ScA c/MUnicipalidad de Rosrio, 12.07.01, entre muchos otros).

Por lo demás, nuestro Alto Tribunal local ha dicho que, el requisito, verosimilitud del derecho, como exigencia ineludible ante la presunción de legitimidad de los actos administrativos, requiere de la acreditación de la ilegitimidad del acto de la Administración, si bien no con los alcances exigidos para la procedencia de la demanda, sí de tal manera que en pricipio deba prescindirse de análisis que por su complejidad resultan ser propios de las sentencias de mérito (A. y S. T. 131, pág. 167, entre otros).

En el caso, el "fumus boni iuris" no aparece manifiestamente configurado.

En efecto, los propios incidentistas dan cuenta que el acto administrativo que originó las instancias recursivas data de la intimación que les cursara la Dirección de Fiscalización del Transporte el 13.11.13 informándoles que, atento la plena vigencia de las disposiciones establecidas por las Ordenanzas Nros.8.295/08, 8.949/12 y concordantes, deberán en el plazo perentorio e improrrogable de 3 (tres) días, comparecer y acreditar ante esa repartición la adecuación a las citadas normas, o de lo contrario, habiéndoseles cursado ya dos intimaciones previas de igual tenor, deberán caucionar inmediatamente las chapas identificatorias de la licencia, sin perjuicio de proceder a la aplicación de sanciones previstas por la reglamentación vigente.

Expresan que interpuestos los recursos de reconsideración contra esa intimación, por Resolución N° 395/14 se los rechaza, disponiéndose que los "titulares de licencias de taxi que al día de la fecha no han adecuado sus unidades incorporando el Sevicio de Monitoreo de conformidad con lo previsto por las Ordenanzas Municipales Nros. 8.295/08, 8.949/12, modificatorias y cc.", deberán comparecer en un plazo perentorio e imporrogable de 5 días hábiles ante la Dirección General de Fiscalización de Transporte y acreditar el cumplimiento de las mismas; o, en caso contrario, caucionar las chapas en la misma dependencia, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas por la normativa vigente.

Manifiestan que, por los Decretos Nros. 1.605, 1.606 y 1.608 se rechazaron los respectivos recursos de apelación por ellos interpuestos contra la Resolución N° 395/14, quedando con los mismos agotada la vía administrativa.

Indican que los referidos Decretos les fueron notificados a todos el 25.07.14 y en la misma nota la Dirección General de Fiscalización del Transporte les hizo saber que "considerando que al día de la fecha no se registra la adecuación al Servicio de Monitoreo previsto por las Ordenanzas Nros. 8.295/08, 8.949/12 y cc." deberán comparecer en 48 hs. a los efectos de caucionar las chapas, bajo apercibimiento de decretarse la caducidad del permiso, señalando que contra esas notas han postulado Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio.

Ergo, verificándose que la Resolución 395/14 y los Decretos Nros.1.606/14, 1.607/14 y 1.608/14, cuya suspensión se solicita, se encuentran sustentados en las Ordenanzas Municipales vigentes Nros. 8.295/08 y 8.949/12, modif. y cc., puede señalarse, al menos en este juicio rápido y superficial dirigido a comprobar los presupuestos sustanciales de la medida, que el requisito de la manifiesta ilegitimidad de los actos administrativos cuestionados no se encuentra cumplimentado.

Más aún, los propios incidentistas afirman que el procedimiento administrativo se inició con la intimación del 13.11.13 y según la propia transcripción se comprueba jurídicamente sustentada en las Ordenanzas 8.295/08 y 8.949/12.

2. En ese entendimiento, teniendo en cuenta la materia de que se trata, esto es, prestación del Servicio Público de automóviles de alquiler con taxímetro, que se denomina "taxi", corresponde tener presente que en oportunidad de pronunciarse esta Cámara respecto a un pedido cautelar tendente a la inmediata suspensión del procedimiento previsto en la Ordenanza Nº 8.295/08 y su decreto reglamentario N° 2.243/08 en cuanto disponía la colocación obligatoria de los sistemas de GPS o GPRS (criterio "Laglaive", A. y S. T. 21, pág. 580 y su queja rechazada por la C.S.J.S.F. el 31.08.10, A. y S. T. 237, pág. 130) expuso consideraciones que, obviamente, resultan ser aplicables al caso, habida cuenta que los presentantes, que se reconocen titulares de licencias de taxi aun no se adecuaron a las disposiciones normativas de las Ordenanzas Nros. 8.295/08 y 8.949/12, modif. y cc.por no haber incoporado a sus unidades el Servicio de Monitoreo de conformidad a las aludidas Ordenanzas, esto es, al SGD.

En dicho resolutorio se señaló que necesariamente se imponía considerar si el ejercicio de la competencia municipal en materia legislativa y reglamentaria ha sido manifiestamente ilegítima y, habiéndose tenido en cuenta que el incidentista era titular de un permiso o licencia municipal que lo habilitaba a prestar el servicio público de taxi concedido y reglamentado por el Municipio y que poseía un vehículo afectado al servicio, se sostuvo que, no resulta en principio manifiestamente ilegítimo que, tanto el recurrente, como el rodado y, el personal afectado a su conducción se encuentren sometidos al cumplimiento de las disposiciones normativas y reglamentarias establecidas por la Municipalidad de Rosario para prestar el servicio público de que se trata.

Precisamente -se dijo- por revestir el status jurídico administrativo de prestador del servicio público municipal, se encuentra sometido al control de la autoridad de aplicación, pues, es una actividad que, como dice Marienhoff, "el estado no ha tomado a su cargo", y "consiente en que la realicen los administrados" (en la expresión 'consiente', o se 'permite' o 'admite' se encuentra la raíz del 'permiso') si bien de acuerdo a la reglamentación (Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", Edit. Abeledo Perrot, Bs. As. 1.993, T. II, pág.184).

Luego, en el marco descripto dirigido a comprobar la existencia de los presupuestos sustanciales de la medida, se reitera, la manifiesta ilegitimidad de los actos administrativos impugnados no se advierte acreditada con el grado de probabilidad cierta en este estadio del proceso, resultando una cuestión que deviene compleja, opinable, que exige la valoración de pruebas e interpretación de un sistema normativo complejo, que es materia a considerar en la sentencia de mérito, por exorbitar el limitado ámbito de conocimiento propio de las cautelares, y en definitiva, cuestiones tales no tornan verosímil, ni jurídicamente aceptable la posición sustancial de los peticionantes, conforme reiteradamente lo señalara el Alto Tribunal local y ésta Cámara (A. y S. T. 115, pág.497; A. y S. T. 119, pág. 225, entre otros; A. T. 1, págs. 1/3, por todos).

En igual sentido, el Alto Tribunal provincial ha sostenido uniformemente que cuando se observa que el análisis de los vicios de ilegitimidad que el recurrente denuncia como sustento de su pretensión sustancial, remite básicamente a la interpretación de las normas que se dicen violadas, ello obliga a desechar que pueda estarse ante una eventual ilegitimidad manifiesta (criterio de A. y S. T. 91, pág. 120; T. 106, pág. 313; T. 107, pág. 5; T. 107, pág. 8; T. 107, pág. 437; T. 115, pág. 394; T. 11, pág. 20; T. 11, pág. 389; T. 125, págs. 185/194, entre otros).

3. Con relación la falta de previsión de la sanción de caducidad, no se advierte acreditada con grado de probabilidad cierta en este estadio del proceso, habida cuenta de la interpretación que brinda la Administración acerca de las disposiciones normativas aplicables al caso, lo que es propio de la sentencia de mérito.

4. También excede, el limitado ámbito de la discusión el planteo de los incidentistas vinculado a la ausencia de proporcionalidad de la sanción (C.S.J.S.F., A. S. T. 94, pág. 238; T.139, pág. 271; T. 160, pág. 85, etc.).

5. Siguiendo con igual línea de razonamiento, tampoco resulta liminarmente desechable lo sostenido por la accionada al contestar el traslado cuando advierte que se está ante una resistencia inusitada de un grupo de titulares de licencias de taxis respecto de la instalación del sistema de seguimiento satelital dispuesto por una Ordenanza sancionada en 2.012 (8.949) -fs. 32-, precisando que frente a la última intimación cursada el 13.11.13 para hacer cumplir las Ordenanzas 8.295/08 y 8.949/12, ya que sólo se trataba de la ejecución de una Ordenanza vigente y no cuestionada en su constitucionalidad, los actores interponen recurso de Reconsideración absolutamente improcedente (fs. 33 y 34 vta.).

6. Las consideraciones precedentemente expuestas con relación a la falta de acreditación del "fumus boni juris" tornan innecesario expedirse acerca del "periculum in mora" conforme lo ha explicado este Tribunal, ya que ambos presupuestos deben presentarse conjuntamente. La sola existencia del peligro en la demora no es bastante para el despacho favorable de la cautelar en el contencioso administrativo" (A. T. 2, págs.383/395).

No obstante ello, resulta oportuno recordar lo expuesto por este Tribunal en cuanto a que "no se advierte cómo una eventual sentencia favorable se tornaría inútil habida cuenta que las chapas caucionadas, en tal caso, podrían restituirse" ("Laglaive" 13.09.10).

Y también que, "Las genéricas referencias al derecho de trabajar y ejercer industria lícita no alcanzan para encuadrar el caso en el artículo 14 de la ley 11.330 ya que tampoco se demostraría que la adecuación a los términos de la Ordenanza aplicable -como bien lo hace notar la Administración- torne en deficitaria o antieconómica la prestación del servicio".

7.Finalmente, ponderando los intereses en juego, entre el alegado daño privado que la aplicación de la medida pudiera irrogarles a los incidentistas y el posible daño al interés público en la seguridad y eficiencia en la prestación del servicio público alegados por la accionada (fs. 36 vta.) se evalúa prudente, al menos en esta instancia incidental, priorizar el interés público comprometido (Criterio de esta Cámara en "Laglaive" del 02.09.09, cit.) En suma, pese al esfuerzo argumental de los recurrentes, lo cierto es que, no pueden considerarse cumplimentados los recaudos de procedencia de la cautelar propuesta.

Sólo resta señalar que lo aquí decidido no importa pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto, (A. y S. T. 168, pág. 467, entre otros).

Por ello, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2, RESOLVIÓ: Rechazar la medida cautelar solicitada, con costas a los peticionantes.

Regístrese y hágase saber.

ANDRADA RESCIA DE DE LA HORRA LÓPEZ MARULL TAMAÑO