marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revocación de sentencia, daño moral, indemnización, abuso sexual, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Juarez, Elizabet c/ Los Soles Internacional S. A. y otro s/ accidente acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-24

La actora reclama la indemnización correspondiente al daño moral que el abuso sexual por parte del encargado, le ocasionó. En grado no se hizo lugar al reclamo. Más allá del 10% de incapacidad psíquica que detenta la actora a tenor de la pericia psicológica producida, la indemnización por daño moral tiende a reparar no la incapacidad resultante, sino los sufrimientos que demanda la curación y los inconvenientes que se producen en la víctima, tanto en el plano laboral como en el social. Se ha generado un daño en el proyecto de vida de la trabajadora, y se ha comprometido su libertad para ser "ella misma", lo cual debe ser reparado. El daño moral es pertinente por haber afectado a la actora en su normal dinámica de vida, generándole problemas, padecimientos y sufrimientos que el sentido común indica que deben ser resarcidos. Cabe revocar entonces la sentencia de primera instancia. (Del voto de la Dra. Cañal).
Intereses, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Spinassi Hector Francisco c/ Martinez Norberto Pedro s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

La doctrina legal de la SCJBA establecida en el Ac.43.858, respecto de la tasa de interés, no resulta aplicable a las acciones en las que se persigue el cobro ejecutivo de deudas instrumentadas en pagarés, porque las circunstancias relevantes de la causa, difieren sustancialmente de aquellos precedentes. Los decretos reglamentarios Nº529/91 y 941/91 de la Ley 23.928, nada dicen respecto de la tasa de interés que los jueces "pueden" aplicar en las operaciones comerciales, ya que los mismos expresamente se refieren "a la tasa pasiva promedio, que los jueces podrán disponer que se aplique a los fines previstos en el art. 622 del Código Civil. Esta deliberada omisión del Poder Legislativo, mantiene la diferenciación entre las obligaciones civiles y comerciales, facultando a los jueces a aplicar distintas tasas de interés según la naturaleza de las obligaciones.
Actos y diligencias procesales, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Y., H. y Otro c/ O., J.R. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-14

Las formas, tienen en las notificaciones, una finalidad precisa y si bien no valen ni son exigibles por si mismas, constituyen una garantía de eficacia.
Facultades del juez, astreintes
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO MALABIA 2561 c/ RODRIGUEZ LIA s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-06

El juzgador tiene facultades discrecionales en lo que se refiere a la aplicación y monto de las "astreintes".
Inadmisibilidad del recurso, extinción de la acción penal, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: López Cuitiño, Alfredo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto contra la resolución que revocó la extinción por prescripción la acción penal respecto de los hechos enmarcados en las previsiones de los arts. 119, primer párrafo y 248 del CP toda vez que no se encuentra entre las resoluciones enumeradas en el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación. Por lo demás, del análisis de la presentación efectuada por el recurrente, cabe señalar que el recurso en análisis carece de los fundamentos mínimos y necesarios tendientes a demostrar su procedencia, en la medida que la crítica efectuada ha implicado tan sólo una exposición genérica de causales de arbitrariedad sin contar con una formulación centrada en una confrontación razonada y concreta de los argumentos de la resolución atacada.
Personas jurídicas, domicilio legal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Francés S.A. c/ Servi S.A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

El art. 11 de la ley 19.550, a través de su inc. 2, prescribe que se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. (Minoría u opinión personal)
Representación procesal, menores, ejercicio de la patria potestad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: SANTANGELO FAGUNDEZ c/ CARRIZO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-02

1- El art. 274 del Código Civil acuerda a los padres el derecho de representar a los hijos y estar en juicio por ellos, y tal actuación procesal, en principio, es una actividad conservatoria de los bienes del menor, por lo tanto, forzoso es admitir que puede ser cumplida en forma indistinta por cualquiera de los progenitores de éste.- 2- La demanda resarcirtoria por los perjuicios que se habían ocasionado a un menor por un hecho ilícito y su secuela regular podrá ser procesalmente continuada por la madre del menor únicamente, salvo que medien actos procesales de disposición, para lo cual resultará menester contar con la conformidad del padre, o, en su caso, la supletoria del juez competente.-
Cuestiones prejudiciales, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: VILLARROEL EXEQUIEL ALBERTO c/ DIAZ EDUARDO HERMINIO Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-12-06

Lo que actúa con efectos prejudiciales y condicionantes de la sentencia civil es la existencia del hecho principal (aspecto objetivo), pero ninguna otra situación del proceso penal o de la sentencia en él recaída se proyecta con efecto de incolumidad sobre el proceso civil (aspecto subjetivo), sin perjuicio del valor probatorio que pudiera tener ese expediente penal.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad objetiva, responsabilidad del Estado, indemnización por muerte, muerte de un hijo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TOLEDO LUQUEZ ROBERTO SEGUNDO c/ ESTADO    NACIONAL.    MINISTERIO  DE  DEFENSA.  EJERCITO  ARGENTINO. s/ DAÑOS  Y  PERJUICIOS.  COSTAS. DAÑO MORAL "CHANCE" RIESGO DE LA COSA.  RESPONSABILIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-27

Es difícil concebir un padecimiento moral más hondo que el ocasionado a los padres por la muerte de un hijo. Es apropiado recordar también que esta Sala le ha asignado al daño moral una función principalmente indemnizatoria y que, por consiguiente procede tanto en los supuestos de responsabilidad objetiva, como de responsabilidad refleja del Estado, mientras que su monto no tiene por qué guardar proporción con el resarcimiento del daño material, dado que responde a fines distintos.-
Impuestos, bloqueo fiscal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Palenque  Bullrich  Daniel c/ EN -AFIP-DGI-Dtos 455/02 y 977/02 s/ Proceso de Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-17

Si la AFIP demandada no ha invocado haber denunciado al actor contribuyente por la posible comisión de los ilícitos que mencionó no corresponde considerarlo excluido del régimen del bloqueo fiscal con ese argumento (Cons. X).
Empleados de agencias de informes, productor de informes, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: ROSATI, OSCAR JUAN c/ COMPAÑIA DE DEFENSA COMERCIAL MAP S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-25

Las retribuciones de los productores o colocadores de informes deben estar necesariamente integradas por comisiones a las que podrá agregarse el sueldo mensual y demás conceptos enunciados en el artículo 28 inciso 22) de la C.C.T. 19/75, pudiendo también el principal convenir con el trabajador "un mínimo garantizado" de retribución, conforme a sus usos y costumbres.
Nulidad procesal, nulidad de oficio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Luque, Guillermo Daniel y Tula, Luis Raúl s/ pp.ss.aa. de Homicidio Preterintencional
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-06-26

Habiéndose frustrado el debate realizado con anterioridad por la desintegración del Tribunal, es innecesario declarar su nulidad, puesto que los actos del debate frustrado constituyen un acto procesal inexistente y, en ese sentido, la Presidencia orientó los distintos actos procesales posteriores.

Aunque se trata de una simple disidencia formal que apunta a la misma conclusión -la invalidez de los actos producidos durante ese debate- cabe señalar que el art. 361 del C.P.P., al hablar de la continuidad y suspensión del debate, conmina con la sanción de nulidad la prosecución de éste después de los diez días, pero no dice que deba aplicarse la misma sanción a los actos producidos, ya que manda que se realicen "completamente de nuevo". Por ello, la inexistencia no necesita ser declarada. (Voto en disidencia del Dr.

Santiago Olmedo).
Cuestiones de competencia, recurso de apelación (procesal), tenencia de armas
Materia: PROCESAL
Carátula: Monge Heredia, Ángello Yampier y otro s/ infr. art. 189 bis, apartado (2), 2° párrafo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-09

En el marco de una contienda de competencia, resulta necesario que con carácter previo a su determinación, se decida acerca del recurso de apelación interpuesto y cuya decisión se encuentre pendiente. Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.
Recurso contencioso administrativo, Poder Legislativo, empleados públicos, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Barnetche, Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 816 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-07-30

No corresponde hacer lugar al reclamo de reajuste de los haberes previsionales en base a la categoría 23 sustentado por el recurrente en una constancia, extendida por el Director General de Contabilidad y Administración (subrog.) de la Cámara de Diputados, según la cual el Subdirector de Estadística y Archivo de esa Cámara, categoría 23-Escalafón 2695/83, cumple las mismas funciones del anterior Jefe de Estadística y Archivo. Sin embargo, de la prueba producida no surge que las funciones del cargo de "Jefe de Estadística y Archivo-categoría E" que ostentaba el recurrente, fueron luego del cese, retribuidas con la categoría puntualizada y la constancia invocada no ilustra acerca de las funciones y tareas inherentes a alguno de los cargos que menciona; careciendo - además - de documentación sobre la similitud de funciones y de algún otro elemento que la respalde. En consecuencia ella resulta insuficiente para tener por demostrados los extremos que justifiquen reconocer el derecho pretendido.
Ley reglamentaria, decreto reglamentario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras, facultades del gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MALVICINO S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 784 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-08

Según explica Manuel María Diez el reglamento de ejecución "aún estando subordinado a la ley, tiene un campo de acción relativamente amplio y puede desarrollar el texto legal en cierta medida, especialmente cuando la ley sólo consagra las normas fundamentales.

Por ello se admite que, por vía reglamentaria, puedan establecerse formalidades o requisitos no previstos en la ley, pero necesarios para asegurar su cumplimiento, o definirse palabras usadas por el legislador y cuyo alcance conviene precisar, con objeto de evitar dudas".

Agrega el autor citado que "la materia a que refieren los reglamentos de ejecución está disciplinada, en primer término, por la ley, que contiene las normas primarias relativas a esa materia, y en parte por el reglamento que contiene normas que, respecto a las legislativas, pueden llamarse secundarias".

Sobre este particular el Máximo Tribunal nacional tiene dicho que el Poder Ejecutivo puede apartarse de la estructura literal de la ley y establecer condiciones, requisitos, limitaciones o distinciones que, aunque no contemplados en la ley expresamente, se ajusten a su espíritu o sirvan razonablemente a su finalidad, es decir "siempre que mantenga su acepción substancial". (Del Voto del Dr. Netri)
Derecho al olvido, interés público, derecho a la información
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: V., A. A. c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-16

El derecho al olvido no otorga al individuo un derecho absoluto a reinscribir su biografía sino que es necesario fijar límites, fundamentalmente referidos al interés público, que surgen de los derechos de libertad de expresión y de libertad de información. Alguna información que puede resultar a su titular perjudicial, antigua, irrelevante, innecesaria, obsoleta, sin ningún tipo de importancia informativa y periodística, indeseable, puede por otra parte ser para el colectivo parte de su patrimonio informativo histórico, periodístico, cultural, tener interés público y colectivo, y por lo tanto superior al interés del que lo invoca. En otras palabras: las cuestiones de interés público constituyen el límite del derecho al olvido.
Control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ricci, Oscar Francisco Augusto c/ Autolatina Argentina S.A. y otro s/ accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

La declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico y, en caso de duda debe estarse por su constitucionalidad (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Contratos de servicios, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A. de M., N. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-16

"La aceptación de un contrato de servicio presidido por un régimen permanente de inestabilidad, veda a quien lo ha consentido reclamar en su transcurso los derechos emergentes de la estabilidad del empleo público, dado que, de otro modo, se violenta el principio que impide venir contra los propios actos.- El sometimiento voluntario, sin reservas expresas a un régimen jurídico comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior...".
Expropiación, declaración de inconstitucionalidad, bienes públicos del Estado, declaración de utilidad pública, parques nacionales
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Administración de Parques Nacionales c/ San Luis, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-03

Es inconstitucional ley V-0721-2010 de San Luis que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los derechos previamente cedidos por la provincia al Estado Nacional sobre los inmuebles afectados al funcionamiento del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, pues al haberse cumplido las condiciones a las que se encontraba sujeta la creación de dicho Parque y frente a la cesión del territorio efectuada por el Estado provincial, ese predio pasó a formar parte del dominio público nacional en los términos del artículo 2° de la ley 22.351 y quedó afectado al régimen de la Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, es decir la provincia demandada no podía arrogarse sin más la propiedad de un establecimiento de utilidad nacional que no había sido desafectado de su destino al uso público por una ley del Congreso Nacional.
Sentencia condenatoria, moneda extranjera, regulación de honorarios, base regulatoria, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: CORTESFILMS ARGENTINA S.A. c/ ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS Y OTRO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05

Tratándose de condena en moneda relativamente estable, sobre la que no incide el fenómeno económico-financiero que suele ser denominado "riesgo-país", el Tribunal no encuentra razón suficiente para -apartándose de su jurisprudencia tradicional, concorde con la de la Corte Suprema-tomar como base arancelaria capital e intereses (por la exclusión de estos últimos, ver Fallos: 280:416; 295:72;

301:384; 302:782; 303:1170; 304:673, etc.; esta Sala, Causas: 4088 del 8.7.86; 4766 del 18.11.86; 4522 del 9.12.86; 5532 del 20.11.87, entre muchas otras). Los honorarios serán considerados, pues, a la luz de la Ley 21.839, con las modificaciones de la 24.432, cuya validez constitucional no ha sido puesta en tela de juicio.
Despido, intimación previa
Materia: LABORAL
Carátula: Sánchez, Leopoldo Bartolomé y otra c/ Moreyra, Omar Ramón s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-20

La actora, al estar supuestamente "en negro", debía intimar se le aclare la situación laboral, reclamando las supuestas diferencias salariales y para el caso de no reconocerse la alegada relación de dependencia, recién en ese momento considerarse indirectamente despedida por injuria a sus intereses laborales, pero no reclamar indemnización y demás rubros como hizo por la Carta Documento, ya que no existía constancia alguna que prestara servicios en favor del demandado y menos aún que hubiera sido despedida de alguna forma.
Obras sociales, cobertura médica, vicio de irrazonabilidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Obra Social del Personal de Control Externo en la causa C., M.I. c/ Obra Social del Personal de Control Externo (OSPOCE) y otro s/ prestaciones farmacológicas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-08

La decisión del a quo de obligar a la entidad social a afrontar el 100% de la cobertura del remedio prescripto no resulta razonable en tanto desconoce la Resolución n° 310/04 de la Superintendencia de Servicios de Salud, cuya constitucionalidad no fue objetada, que dispone, respecto de los medicamentos que se prescriben para el tratamiento de enfermedades en los huesos, que deberá otorgarse una cobertura del 40% y cuando la enfermedad es crónica y prevalente el referido porcentual tendrá una cobertura del 70%.
Sentencia absolutoria, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Lorenzo, Pablo Daniel c/ Varela, Roberto Antonio y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-27

La autoridad de cosa juzgada reconocida por el artículo 1103 del Código Civil a la sentencia penal absolutoria queda limitada a la materialidad de los hechos y a la autoría, sin comprender las valoraciones subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa.
Competencia, competencia por el territorio, prórroga de la competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA. FINANCIERA MUNRO SA c/ IMPORT MUSIC SA s/ EJEC. HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

En el caso que las partes prorroguen la competencia territorial en asuntos patrimoniales, no puede posteriormente dejarse sin efecto, sin más, dicha cláusula voluntariamente inserta por los contratantes.
Indemnización por accidente de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, iura novit curia
Materia: LABORAL
Carátula: FLAMMIA, CRESENCIO c/ TEXTIL LUGANO  S.A. s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-11

Habiéndose elegido la acción fundada en el derecho común en ejercicio de la opción excluyente contemplada en el art. 17 de la ley 9688, el principio iura novit curia carece de virtualidad en el caso para habilitar al juez a encuadrar el reclamo en la ley especial.
Recurso extraordinario de nulidad, fiscal de Cámara, deberes y facultades del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Moreyra, Antonio E. s/ Homicidio. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

El recurso extraordinario de nulidad - interpuesto por el señor Fiscal de Cámaras- resulta inadmisible desde que, de conformidad con lo establecido por el art. 15 inc. 1 de la ley 12.061, dicha presentación debe ser realizada por los funcionarios del Ministerio Público que la citada norma menciona. Sin perjuicio de lo expuesto, habiendo sido en el caso ratificado el mismo por el señor Fiscal de Juicio, y hallándose reunidos los requisitos formales previstos por los arts. 483, 484 y 489 del Código Procesal Penal, se concede el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 486, Código citado). (Minoría u opinión personal)
Sistema federal, facultades del gobierno nacional, facultades del gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

Los arts. 5 y 31 de la Constitución Nacional pueden resultar violados tanto cuando el desborde competencial provenga del ejercicio de la autoridad local como cuando provenga del ejercicio de la autoridad nacional (inconstitucionalidad ascendente o descendente).
Contrato de trabajo, horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MOYANO EDGARDO SAUL c/ GARELLO DANIEL AURELIO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-12

El art. 6, inc. c) de la ley 11.544 sólo exige el registro de las horas extra que efectivamente se hubieran realizado, por lo que su ausencia no prueba en modo alguno que tales horas extra se hayan trabajado en forma efectiva (ya que la falta del registro también puede obedecer a la inexistencia de trabajo en tiempo suplementario). A mayor abundamiento, creo pertinente señalar aquí que, si bien entiendo que la indicación de la jornada normal y habitual de trabajo podría considerarse comprendida en la exigencia del art. 52 inc. g) de la L.C.T. y que, por consiguiente, cuando estuviere fehacientemente acreditado el desempeño del trabajador en tiempo suplementario, la falta de exhibición del libro especial que requiere la norma podría generar una presunción favorable a la posible extensión del tiempo extra de trabajo, estimo que dicha presunción no puede considerarse operativa cuando no está efectivamente acreditado que la labor haya excedido los límites fijados por la ley 11.544 porque es obvio que, si no hubo trabajo en tiempo extra, no puede considerarse que haya tenido que registrarse en el libro previsto en el art. 52 LCT un exceso inexistente al límite de jornada. En otras palabras, sólo cuando se compruebe el trabajo en tiempo extra puede considerarse que el empleador tenía obligación de asentar el exceso en el libro del art. 52 de la L.C.T. y, la eventual falta de exhibición de éste, podría generar una presunción acerca de la extensión del ya comprobado trabajo en tiempo suplementario (art. 55 L.C.T.). Pero, cuando no se prueba el trabajo en tiempo extra, no puede considerarse que el empleador hubiera debido registrar aquello que no ha existido por lo que, en este último supuesto, la ausencia del registro no puede llevar -por vía de presunción- a tener por acreditado aquello de cuya demostración previa dependía la operatividad de la referida presunción (en igual sentido, esta Sala, SD 95267 del 02.10.07 en autos "Valleta, Claudio Fabián c/Droguería Progen S.A. s/despido"). (Sumario confeccionado por el SAIJ).