marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, nombramiento, prescindibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Borgonovo, Féli Juan c/ Estado  Nacional  (Ministerio  de  Economía-  Secretaría  de  Est. de Hacienda). s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

La alusión en el art. 3 de la ley 21.274 a "la necesidad de producir un concreto y real proceso depurativo de la Administración Pública" no puede ser entendida sino en función del propósito más amplio de quitar las imperfecciones o defectos de la organización administrativa, sin connotaciones de otra índole .
Costas en el orden causado, verificación tardía, acreedor laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Ledesma, Raúl s/ Incidente de Verificación tardía de Crédito en autos "Jure de Molina  SACI s/ Concurso Preventivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1998-04-29

El actor inicio el incidente de pronto pago, el que le fuera denegado porque el concursado carecía de fondos provenientes del giro normal de sus negocios. Por tal motivo la verificacion fuera de termino que debió realizar no le resulta atribuible y la imposición de las costas deberán serlo en el orden causado.
Empleo público, cesantía, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M., M.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-10

Quien sufrió una baja que considera ilegítima- cuya nulidad generalmente solicita sea declarada por el Poder Judicial, ya que la revocación administrativa en tales casos es verdaderamente excepcional- puede pedir, amparado en sus efectos ex tunc, salarios caídos.- O puede requerir reparación por el daño material que aquél le provoca que suele fincar en el monto de salarios dejados de percibir.- Y hasta puede solicitar daño moral.
Cronograma electoral, acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad, pronunciamiento inoficioso
Materia: PROCESAL
Carátula: Cirnigliaro, Francisco Pablo y otros. c/ Provincia de Tucumán. s/ Amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-08

Tal lo que acontece en el presente expediente, en el que las pretensiones de amparo y declarativa de inconstitucionalidad, esgrimidas en base a la alegada inconstitucionalidad del decreto 3.555/14 (MGyJ), en la actualidad han perdido su objeto.

Examinadas las constancias del expediente se observa que la única actividad intentada a fin de impedir o evitar que se realice el acto comicial de candidatos a Convencionales Constituyentes por el sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias, objetado de inconstitucional en la demanda, fue el pedido de una medida cautelar de suspensión del cronograma electoral del día 28 de Octubre del 2005 (escrito de interposición de la demanda) y que, desestimado el mismo por prematuro, la solicitud de cautelar no fue reiterada por los presuntamente afectados en una fecha posterior y próxima a la prevista para el mencionado comicio, el que tuvo lugar el 18 de diciembre último. Esta situación no puede ser soslayada por el tribunal.

Consecuentemente el presuntamente afectado por el acto denunciado como inconstitucional debe conservar su interés al momento de la sentencia; de otro modo, la pretendida declaración de inconstitucionalidad habría perdido su objeto actual y devendría de inoficioso pronunciamiento. Los actores no mantuvieron interés en la pretendida declaración de inconstitucionalidad desde que ni intentaron que el acto comicial de candidatos a Convencionales Constituyentes ni el de los propios Convencionales no tuviera lugar ni, tampoco, formularon algún cuestionamiento a los actos comiciales celebrados.

Dicha situación existente, derivada de la falta de interés demostrada, debe ser atendida por el tribunal, toda vez que un pronunciamiento en abstracto sobre la constitucionalidad de las normas cuestionadas vulneraría el principio que reclama para el ejercicio de la jurisdicción, la existencia de una controversia actual.
Usurpación de inmueble, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

El art. 335 in fine del CPPCABA debe ser puesto en el contexto del art. 23 del CP y de allí, la competencia que esas normas le acuerdan al juez penal es la de hacer cesar una conducta que entiende susceptible de constituir, prima facie, el delito de usurpación, o sus efectos (es decir, las secuelas que ha tenido la usurpación) -hasta aquí el 23 del CP- restituyendo el inmueble a quien invoque un derecho verosímil -cf. el art. 335 del CPP-, y si bien no sería lo habitual podría ocurrir que el titular del derecho fuera desconocido y ello, en rigor, no eximiría al juez del deber de hacer cesar el delito o sus efectos o su aprovechamiento. (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento, emergencia económica, inconstitucionalidad, contrato de transporte
Materia: PROCESAL
Carátula: Transportes Jac de Andrés José Capararo c/ Y.P.F. S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-24

No corresponde expedirse respecto del planteo de inconstitucionalidad de las normas sobre emergencia económica en tanto el a quo- al considerar los aspectos del contrato de transporte que ligaba a las partes y condenar a la demandada al pago de diversas facturas por fletes en la moneda de origen-dólares estadounidenses-,no se pronunció al respecto.
Jurisprudencia aplicable, derechos y garantías constitucionales, prueba prohibida, regla de exclusión, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Daniel Marcelino  c/  s/ causa con imputados
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2017-02-10

Conforme ha sostenido la jurisprudencia, cabe aplicar el supuesto de excepción a la regla de exclusión probatoria -por considerarla prueba ilícita-, cuando opera lo que se denomina descubrimiento inevitable, constatándose que el dato probatorio hubiera sido igualmente obtenido en base a prueba independiente de la cuestionada, de donde no mediando aquélla, indefectiblemente se arriba a idéntica conclusión y con certeza.
Crédito laboral, actualización monetaria, inflación, código civil y comercial, índices de actualización, RIPTE
Materia: ECONOMIA-LABORAL
Carátula: Marain, Luisa Beatriz c/ Orellana, Mirtha Raquel s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-15

La actualización de los créditos laborales puede inferirse del art. 772 del CCCN, que dispone que si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda, en la medida que exista un fenómeno inflacionario excesivo, corresponde disponer la actualización de los créditos. En consecuencia cabe proponer que para dicha actualización se emplee el índice RIPTE del mes en que se apruebe la liquidación y, en caso de que no se encontrara publicado dicho índice, o que el mismo fuera inferior al índice elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción, deberá emplearse este último a los fines de realizar el cálculo.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título, preparación de la vía ejecutiva, transporte aéreo, transporte de carga postal, guía aérea
Materia: PROCESAL - AERONAUTICO
Carátula: DHL  Internacional  S.A. c/ Henel  S.A. s/ Procesos de ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-11

Las deficiencias en orden a la liquidez de la deuda no se pueden considerar superadas mediante el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva observado por la ejecutante. Por una parte, porque el trámite previsto en el art. 525 del Cód. Procesal no tiene por objeto subsanar este concreto tipo de inobservancias de los títulos que se pretenden ejecutivos, a lo que cabe añadir que ninguna de las facturas en cuestión (únicos documentos entre los acompañados de los que resultarían sumas líquidas) comporta en verdad un instrumento que la ejecutada hubiere podido estar obligada a reconocer - en los términos del inc. 1 de la norma citada -, dado que ella no participó en su emisión. Y, por otra, puesto que con relación a las guías aéreas el reconocimiento del demandado carece de sentido en tanto dichos títulos no documentan una obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables.
Daños y perjuicios, indemnización, derechos personalísimos, derecho a la intimidad, derecho a la imagen, publicación de fotografía
Materia: CIVIL
Carátula: Seen, Gabriela Rosana c/ Chami, Ramón s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-02

Corresponde el resarcimiento de los daños material y moral ocasionados por la publicación en una revista de la fotografía de una modelo profesional, como propaganda de un negocio dedicado a venta de prendas de vestir de mujer sin que aquella hubiera dado consentimiento para la publicación, máxime cuando la apropiación de la imagen para su difusión no enaltece a la retratada ni le da fama honorífica, porque la revista tiene características propias del género ligero y superficial, un tanto procaz y exhibicionista.

En este caso no existe intromisión en la vida íntima de la persona, violación de algún aspecto de su privacidad, ni perturbación que hiera los sentimientos, sino aprovechamiento de una imagen ya pública para un fin no consentido, por lo que la cuestión no debe examinarse a la luz del art. 1071 bis del Código Civil, ley 21.173, sino de la ley 11.723, arts. 31 y concordantes, en razón de la independencia conceptual que desvincula por principio a la imagen del derecho al honor y del derecho a la intimidad, puesto que no hay en la toma fotográfica ni en la exhibición en sí misma, elementos que importen daños a la estima personal o a la fama de la modelo, ni captación y consiguiente difusión de su vida retirada, de su esfera íntima o de su reserva personal.
Procedimiento administrativo, regulación de honorarios, competencia por la materia, competencia civil
Materia: PROCESAL
Carátula: CASILLAS, AMBROSIO EDUARDO c/ SCAVUZZO, JOSE ANTONIO s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-16

La demanda iniciada con el objeto de que se regulen los honorarios profesionales originados en una gestión ante el organismo previsional tendiente a tramitar un beneficio jubilatorio, está regida por normas de derecho común y no de derecho laboral o de la seguridad social, toda vez la jurisprudencia ha calificado a la relación entre un profesional del derecho y su cliente como una locación de obra (cfr. Fallos 307:2366 y C.N.A.Civ., Sala D, sent. del 18.10.94, "L. de B., N. y B., I."). En consecuencia, corresponde a la Justicia Nacional en lo Civil entender en la cuestión referida.
Daños y perjuicios, derecho a la integridad física
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torrejon, Marcela c/ Leone, Leonardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

La lesión a la integridad psico-física del individuo, debe resarcirse, pues se trata de una lesión al debido uso del propio cuerpo, a su salud considerada en su plenitud física y estética, merituando la implicancia de ellas en el desenvolvimiento del sujeto y su proyección de vida, acorde con las circunstancias propias del damnificado (art. 1068, 1069, 1083 del Código Civil y 165 del Código Procesal).
Posesión, bienes muebles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CORGHI PATRIZZI LESLIE EDITH DEL VALLE s/ TERCERIA de DOMINIO en AUTOS: CASSARINO BADESICH c/ e.p. de MARIO DIEGO CIPOLETTI s/ LESIONES e.p  de MARIO DIEGO CIPOLETTI
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-12-05

Dado que la propiedad de bienes muebles no registrables se prueba con la posesión, se presume propietario a la persona en cuyo poder se encuentran.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina de la arbitrariedad, errónea apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gallego María Adelia y otro c/ Adur Nora Violeta y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-04-23

La arbitrariedad se vincula a la no aplicación de la ley, a la aplicación de normativa inexistente, a la total falta de fundamentación, al capricho del juez, la absurdidad como fundamento del recurso casatorio de inaplicabilidad de ley se vincula a la prueba, a su absurda valoración.
Responsabilidad civil, accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. E. c/ P. G. A. y S., L. E. y/o contra quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-02

Bien se ha dicho que la prioridad de paso no significa en sí misma una atribución in abstracto desvinculada de las circunstancias imperantes. No aniquila el deber de prudencia de quien tiene la prioridad. El tránsito constituye un complejo accionar, donde cada uno debe actuar con la debida cautela. La prioridad de paso no es un pasaporte de legitimidad para andar totalmente autónomo, sin conexión con las naturales contingencias creadas por la compleja circulación.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, indemnización, pago, depósito, intereses, ingreso base mensual, ley vigente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BAICICH, NORA VIVIANA c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

Con independencia de la escasa fundamentación brindada para la elección de la tasa -cuestión no recurrida en esta instancia por la demandada-, lo cierto es que lo abonado en sede administrativa se trata de un capital desactualizado, fijado a valores históricos, y al cual no le resultan aplicables las sucesivas mejoras que se suscitaron en el ámbito de la Ley de Riesgos del Trabajo; al respecto, cabe recordar que en aquel entonces el contexto legislativo era distinto al actual y no existía un mecanismo que actualizara el valor del ingreso mensual base (IBM) hasta el momento de la liquidación de la indemnización, por eso cobraba sentido que al determinar las prestaciones dinerarias a valores históricos, los intereses se devengaran a partir de la primera manifestación invalidante reconociendo al trabajador -mediante la fijación de dichos intereses- un mecanismo de ajuste, cumpliendo de tal modo la función de restablecer el valor original de la deuda contribuyendo así a mantener la entidad de los créditos laborales evitando el deterioro de los mismos frente a los acontecimientos económicos; por lo que no cabe duda de que la decisión de Alzada -en cuanto a la correspondencia de los intereses desde el evento dañoso hasta el pago en sede extrajudicial- teniendo en cuenta las particularidades del caso y lo antedicho, se inserta en el marco de razonabilidad y justicia que se espera de toda sentencia judicial. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhiere el Dr. Spuler)
Fotocopia autenticada, instrumentos públicos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ruíz, Silvia Susana s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-05

Un documento es tal, desde el punto de vista jurídico penal, con independencia del medio técnico utilizado para ponerlo de manifiesto. En tales condiciones la fotocopia es apta para ser considerada documento, siendo lo decisivo para su significación jurídica la aptitud que tiene para afectar el bien jurídico protegido. En tales condiciones, el documento con una atestación funcional original tiene visos de autenticidad con aptitud para brindar aquella confianza general que está protegida en la ley penal. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en mayoría-).
Cuestiones de competencia, juez de distrito, juez de circuito, concesión comercial, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO RECREATIVO SANTA FE CAMBIOS c/ SALDAÑA, ANDREA VERONICA Y OTRO s/ COMPETENCIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 137 AÑO 2009)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-05-27

Corresponde dirimir el conflicto negativo de competencia a favor de la postura del Juzgado de Circuito ordenando que entienda en la causa el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial desde que, de acuerdo al relato de los hechos efectuados por el actor en el escrito de demanda y demás constancias de la causa, la pretensión incoada tendría su génesis en un contrato de concesión, por lo que la misma rebasaría la competencia material asignada a los Jueces de Primera Instancia de Circuito, específicamente la que consagra el artículo 111, inciso 1) de la ley 10.160 ("todo asunto referente a la locación de muebles e inmuebles rurales o urbanos")
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, competencia originaria, bienes inmuebles, Estado Nacional, pueblos originarios, derecho de propiedad, derechos y garantías constitucionales, Estado Provincial, Constitución Nacional, ley federal, decreto reglamentario
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: COMPAÑíA DE TIERRAS DEL SUD ARGENTINO S.A. c/ PROVINCIA DE CHUBUT Y OTROS s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-14

Si la actora impugna la resolución 587/07 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el convenio celebrado por esa institución y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que le habrían dado sustento a la inclusión de sus inmuebles en el "Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas-Ejecución de la Ley 26.160" y que se identifican como violatorios de los arts. 14 y 17 de la Constitución, de la ley 26.160 y de su decreto reglamentario 1122/07, los actos federales cuestionados emanaron del poder público del Estado Nacional, circunstancia que revela que los sujetos pasivos legitimados son las autoridades nacionales que los ejecutaron, las que por otra parte son las únicas que resultarían obligadas y con posibilidad de cumplir con el mandato restitutorio del derecho que se denuncia como violado, por lo que al no estar sustancialmente demandada la provincia, el proceso resulta ajeno a la competencia originaria de la Corte.
Competencia penal, recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, Ministerio Público Fiscal, gravedad institucional
Materia: PENAL
Carátula: Azar, Martin c/  s/ asociación ilícita
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-23

Corresponde hacer lugar a la queja interpuesta por el Ministerio Publico Fiscal, y declarar mal denegado el respectivo recurso de casación contra la confirmatoria de la declaración de nulidad de lo actuado por el titular de la Fiscalía Federal Nº 2 de Córdoba a partir de la aceptación de su renuncia, toda vez que la decisión que se pretende cuestionar comportaría, según el impugnante, una limitación a la actuación del Ministerio Público Fiscal quien, como órgano independiente tiene a su cargo la promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad mediante el ejercicio de la acción penal pública en causas criminales velando por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal (art. 120 de la C.N). Asimismo, a partir de los agravios invocados por el recurrente el caso traído a revisión podría constituir un caso de gravedad institucional que habilita la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dres. Borinsky, Carbajo y Hornos.
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Choix S.A.C.I.F.I.C.A. c/ Provincia de Buenos Aires (M.O.S.P.) s/ Demanda contencioso administrativa Choix S.A.C.I.F.I.C.A. c/ Provincia de Buenos Aires (M.O.S.P.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21|2000-06-21

Resulta innecesaria la reserva en oportunidad de liquidarse los certificados de vairaciones de costos ordinarios, ya que deben aplicarse las normas vigentes en materia de pagos tardíos, las cuales excluyen expresamente el instituto de la reserva.
Banco central, facultades del banco, régimen de garantía de los depósitos, declaración jurada
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONTIN ANTONIO Y OTRO c/ B.C.R.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-20

No ejercida por el Banco Central oportunamente la facultad de imponer a los depositantes presentar una declaración jurada (ley 22 051; punto 7.1.4.3., cir. OPASI-1, com. A-59 modif. por com. A-145), su ausencia no puede perjudicar a los actores que pretenden efectivizar la garantía.
Demanda, monto de la demanda, falta de monto
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Dicugno Nicolás Francisco y otros c/ E.N. -Mº de E. y O.S.P.- D Gral. Fabricaciones Militares s/ daños y perjuicios José Cartellone Construcciones Civiles S.A. c/ Fisco Nacional - DGI s/ Dirección General Impositiva. Navarro Alicia Teresa y otros c/ E.N. - Mº E. Y O.S.P. - D.G.F.M. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-25|1998-05-26|1998-05-26

Conforme lo dispone el art. 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, "la demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla, por las circunstancias del caso, o porque la estimación dependiera de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuere imprescindible para evitar la prescripción de la acción...", circunstancias éstas últimas que no se verifican en el caso, pues los actores no han acreditado aunque sea "prima facie" la imposibilidad que alegan ni han especificado, siquiera, en forma aproximada, el monto de lo reclamado para que el demandado pueda efectuar la refutación pertinente (conf. esta Sala in re "Distribuidora Huilen SRL c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social s/ Juicio de conocimientos", del 11 de octubre de 1995, entre otros). (Cons. I). refutación pertinente (conf. esta Sala in re "Distribuidora Huilen SRL c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social s/ Juicio de conocimientos", del 11 de octubre de 1995, entre otros). (Cons. I).
Concursos, categorización de acreedores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SUCESION DE RODRIGUEZ JUAN CARLOS s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-18

No corresponde admitir la categorización de acreedores quirografarios "no concurrentes y/o eventuales", al alterarse la par condicio creditorum. En efecto, no puede formarse una categoría con créditos que en el futuro se admitan pues semejante pauta (reconocimiento posterior) no predica que estos créditos guarden entre sí semejanza: ellos pueden ser completamente heterogéneos, de lo que deriva la inexistencia de toda nota que razonablemente pueda formar dicho agrupamiento.

Además, sería una categoría sin acreedores habilitados para votar, dado que, casi por definición, los créditos reconocidos tardíamente carecen de esa facultad, con esta consecuencia: su formación obstaría al logro del acuerdo, dado que el deudor no podría obtener las mayorías en "todas" las categorías (conf.

Villanueva, J., "Concurso preventivo", Santa Fe, p. 373).