Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-06-12


Fojas: 51 En Mendoza, a doce días del mes de junio de dos mil seis, reunida la Sala Prime-ra de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva, la causa n° 85.117, caratulada: "FORNIES RAUL ALBERTO EN J° 112.029 AUTERM S.A. P/ AC. DECLARATIVA S/ INC." De conformidad con lo decretado a fs. 50 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. FERNANDO ROMANO; segundo: DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE; tercera: DRA. AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI.- ANTECEDENTES:

El profesional agrimensor actuante Sr. Raúl Alberto Fornies, por intermedio de apoderado, deduce recurso de Inconstitucionalidad contra la resolución dictada a fs. 293/294 por la Tercera Cámara de Apelaciones de esta Circunscripción Judicial en los autos N° 112.029, caratulados: "AUTERM S.A p/ ACC. DECLARATIVA" A fs. 24 se admite formalmente el recurso, ordenándose correr traslado a la con-traria, el que fue contestado a fs. 31/34 y vta., solicitando su rechazo.

A fs. 47/48 obra el dictamen del Sr. Procurador General, por el que se aconseja el rechazo del recurso deducido.

Llamados los autos al acuerdo para sentencia, se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provin-cia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto? SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. FERNANDO ROMANO, DIJO:

Los hechos relevantes para la solución del presente caso, nos informan que la firma "Auterm S.A." interpuso acción declarativa, pretendiendo que se declare de su dominio, la diferencia de hectáreas en la fracción B-1 del terreno, entre el título y el pla-no del inmueble que describe.

A efectos de realizar un nuevo plano de mensura del inmueble, las partes pro-pusieron como agrimensor al recurrente Sr. Raúl Alberto Fornies, quien efectuó la tarea encomendada a fs. 182/190 y 267/268 de esta causa.

A fs. 268, en oportunidad de acompañar el plano con su visación por parte de la autoridad administrativa, el perito solicitó la regulación de sus honorarios profesionales. En primera instancia se procedió a efectuar la regulación en la suma de $ 357. Apeló el profesional alegando razones a fs. 288/291. En su decisión la Cámara admitió parcial-mente el recurso y procedió a efectuar la regulación en la suma de $ 9.000, incluyendo los gastos, conforme los siguientes fundamentos:

Que las pautas a tener en cuenta en la regulación de honorarios de perito son: a) proporción con la regulación de los demás profesionales intervinientes; b) complejidad del trabajo realizado y c) valor otorgado por el Juzgador en la sentencia.

Que en esta causa sólo puede merituarse la segunda de estas pautas, por cuanto la acción fue rechazada por no ser la acción declarativa la vía adecuada para obtener lo solicitado y por ello, no merituó la pericia presentada.

Que tampoco pueden servir de punto de referencia los honorarios regulados a los letrados, porque en su monto la Juzgadora ha evaluado el rechazo de la demanda como un factor negativo en el resultado del proceso y, además, porque al imponer las costas en el orden causado, los profesionales de la actora no se han preocupado por corregir los montos.

Que el mérito de la labor, emerge de los planos acompañados a fs. 114 e infor-me de fs. 115/185 y, fundamentalmente el de fs. 267, que obtuvo el visado de la Direc-ción Provincial de Catastro.

Que los planos e informes presentados, no fueron observados. Además la propia actora en su alegato, admitió el valor de dicha prueba y no impugnó los comprobantes de gastos presentados por el perito, por lo que corresponde admitir la cuenta de gastos de $ 3.744,46, según los comprobantes de fs. 186/187.

Que como conclusión, el resultado obtenido fue satisfactorio, porque indepen-dientemente del valor probatorio en este juicio, el plano fue visado por la Dirección de Catastro, por lo que labor encomendada por el Tribunal fue realizada.

Por ello se estima que deberá fijarse en la suma de $ 9.000 la retribución total del perito, incluyendo la suma de gastos por $ 3.744,46 y los otros no acreditados. To-do ello sin perjuicio del informe de fs. 230, el que es meramente indicativo y no obliga-torio para el Juzgador, atento a que en esta clase de juicios, es decir una acción declara-tiva, el Tribunal ha sentado que es de aplicación a los letrados el art. 10 de la ley arance-laria.

Contra esta resolución el perito agrimensor interpone el presente recurso extra-ordinario de inconstitucionalidad, con fundamento en los incisos 3 y 4 del art. 150 del CPC.

Afirma al respecto, que la regulación practicada es injusta, errónea ilegal y arbi-traria, en razón de haber sido dictada sin apoyo legal y prescindiendo de elementos pro-batorios, los que si bien se sabe, no obligan al sentenciante, le permiten alcanzar una decisión justa, racional y proporcionada cuando existe armonía entre los principios abs-tractos que enuncia y la solución concreta que decide.

Que si se hubiesen respetado estos principios, nunca se habría llegado al dictado de una sentencia como la atacada, que consiste en la regulación de los honorarios de-vengados por la labor desplegada por mensurar 44.000 has., lo que conduce a la conclu-sión que en el caso se ha regulado su labor profesional a razón de $ 0,12 la hectárea. Esta simple ecuación permite advertir el despojo del que ha sido víctima, que luego de invertir horas de trabajo, conocimientos, dedicación y responsabilidad profesional, el inferior ha considerado "justo y correcto", regularle esos honorarios.

Que si bien la sentencia reconoce que el resultado obtenido ha sido satisfactorio, a continuación olvida ese concepto y equivocadamente aplica al perito principios del arancel para los letrados forenses, en manifiesta contradicción con lo resuelto por este Tribunal.

Que no se han tenido en cuenta los esfuerzos que demandó la confección y apro-bación del plano.

Que resulta contrario a derecho el argumento sustentado en cuanto a que, la re-gulación la ha efectuado, por considerar justo y equitativo el monto que determina, sin tener en cuenta el dictamen del Consejo Profesional de Agrimensores, respecto de cuyo importe aconsejado hace lugar nada más que al 14%.

Que con tal proceder, se viola su derecho de propiedad, al despojárselo de sus honorarios.

SOLUCION AL CASO:

El tema en tratamiento no resulta novedoso para el Tribunal. En pronunciamien-tos anteriores (vg. expte. Nº 81.175 "YERGA, JOSE ANDRES EN J...." registrado en L.S.358-195, y autos 81.781 " CUNIETTI EDUARDO.." L.S. 359-81) tuve oportunidad de reseñar las distintas pautas que esta Sala sigue en materia de regulación de honorarios de peritos, tanto en la vía recursiva extraordinaria, como en la instancia única de cono-cimiento, las que me permito reiterar:

1. Los honorarios profesionales se establecen, en principio, siguiendo las leyes arancelarias locales (L.S. 215-345;244-114;293-401; 297-097; 316-038).- 2. Los jueces conservan las facultades de reducción de los montos que resultan de la aplicación de las leyes locales tarifarias (L.S.299-229).- 3. Los peritos deben soportar el prorrateo previsto en la primera parte de la ley 24.432 en razón que sus honorarios no están incluidos en la última frase de art. 505 C.C. agregado por la precitada ley (L.S. 293-401; 305-154).

4. Los dictámenes de los Consejos Profesionales, no obligan al Juez a tomar co-mo monto mínimo el informado ni lo vincula (LA 70-134; 69-435; 83-326; 107-244).- 5. Los honorarios de los peritos deben guardar proporción con los de los profe-sionales en derecho (L.S.98-200; 170-68; 171-375; 215-345, 244-114;268-001; 316-038), teniéndose en cuenta el monto, los valores en juego, la importancia del proceso para las partes, principio que también rige para los profesionales en derecho.

6. El cómputo de los intereses en la base regulatoria que contempla la ley arance-laria de los abogados no puede aplicarse por analogía a otros profesionales (L.S.315-203).

7. En cuanto a la pericia en sí misma, debe tenerse en cuenta:

- Extensión, complejidad, completividad y claridad informativa.

- Cantidades pecuniarias contenidas en la pericia, cuando las hubiere.

- En el trámite de la pericia, debe ponderarse si la labor del perito ha concluido o no.

- Utilidad de la pericia: debe apreciarse su valor e incidencia probatoria en el proceso, teniendo presente que se devengan honorarios, aún en caso de escasa o nula incidencia de la pericia (L.A. 94-145; 195-243).

8. El honorario máximo de la labor pericial se traduce en el tercio de lo que co-rrespondería al patrocinante de la parte ganadora en todo el proceso (L.A.94-145; 195-243).

En el caso Yerga, se aclaró que ese tercio, se aplica a toda la labor pericial y no a cada perito individualmente, sosteniéndose que: "Como en autos nos encontramos frente a un supuesto de concurrencia de peritos, una interpretación correcta de los criterios expuestos, nos lleva a concluir que el tope se aplica a toda la labor pericial y no a cada perito individualmente. La interpretación contraria, llevaría a desvirtuar el principio de la proporcionalidad, con el honorario por patrocinio, cuando en tal caso rige el Art.13 de la Ley 3641, que expresamente establece que "...Si intervienen varios abogados por una misma parte, el conjunto de los honorarios que se regulen no podrá exceder la cantidad que correspondería en caso de patrocinio único..." Conforme las pautas señaladas precedentemente, analizaré si en el ocurrente, la suma regulada por la Cámara resulta arbitraria, como lo entiende el recurrente.

Al respecto coincido con el dictamen del Sr. Procurador General, en cuanto afirma que el recurrente no logra acreditar la arbitrariedad denunciada.

En efecto, tal como lo entendió la sentenciante, la presente se trató de una ac-ción sin monto. En razón de ello los honorarios de los profesionales del derecho que actuaron en la presente causa, se regularon conforme al art. 10 de la ley arancelaria, lo que no ha sido objetado.

Para proceder a determinar los honorarios del perito, el Tribunal de Alzada, tuvo en cuenta la importancia de la labor desarrollada por el perito, poniendo de resalto que, si bien la pericia no fue valorada por haberse rechazado la acción, fue concluida y efec-tuada la presentación de los planos para su visación por la Dirección de Catastro, la que finalmente se obtuvo, como la misma Cámara se encarga de señalarlo.

La recurrente pretende que se tome en cuenta el informe del Consejo Profesio-nal obrante a fs. 230, en el que se dictamina en función de las hectáreas mensuradas. Como se dijo, la Cámara se apartó expresamente de tal dictamen, dejando sentado que el mismo no resultaba obligatorio, siendo meramente indicativo. Aspecto este que, además de seguir la doctrina sentada por este Tribunal, no es rebatido por el quejoso, por lo que deberá desestimarse.

Por la misma razón, las alegaciones efectuadas en torno a la cantidad de hectá-reas mensuradas, no resultan procedentes.

Tampoco es cierto el argumento relativo a que la Cámara aplicó al perito, los principios de la ley arancelaria para los profesionales del derecho, desde que si así fuera la regulación efectuada debió guardar alguna relación con la efectuada a los abogados intervinientes, lo que no sucede en autos, desde que al patrocinante de la actora se le reguló la suma de $ 500, es decir, poco menos del 10% de lo que en definitiva se reguló al perito $ 5.255,54.

Por las razones expuestas, no habiéndose acreditado la existencia de arbitrarie-dad en el pronunciamiento, corresponde para el caso que mi voto resulte compartido por mis Colegas de Sala, el rechazo del recurso articulado.

Así Voto por la primera cuestión.

Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y KEMELMAJER DE CARLUCCI adhieren al voto que antecede.- A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. FERNANDO ROMANO, DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido plan-teado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.- Así voto.- Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y KEMELMAJER DE CARLUCCI, adhieren al voto que antecede.- A LA TERCERA CUESTION EL DR. FERNANDO ROMANO, DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de la cuestión anterior, co-rresponde imponer las costas a la parte recurrente que resulta vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.).- Así voto.- Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y KEMELMAJER DE CARLUCCI, adhieren al voto que antecede.- Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 12 de junio de 2.006.- Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, R E S U E L V E :

I. Rechazar el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad deducido a fs. 13/18 de autos.- II. Imponer las costas a la parte recurrente vencida.

III. Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: Dres.: Ricardo Humberto LAUZON, en la suma de pesos CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 432); Jorge A. GAMBI, en la suma de pesos CIENTO TREINTA ($ 130); Matías G. LUJAN, en la suma de pesos TRESCIENTOS DOS ($ 302); Hugo R. LUJAN, en la suma de pesos NOVENTA Y UNO ($ 91) (arts. 15 y 31 de la Ley 3641).- IV. Dar a la suma de pesos CIENTO SETENTA ($ 170), de la que da cuenta la boleta de depósito obrante a fs. 2, el destino previsto por el artículo 47 inc. IV del C.P.C.

Notifíquese. Ofíciese.

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