Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-27


CORIA FRANZA, Gabriel Ceferino contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA Reg.: A y S t 206 p 378-381 Santa Fe, 27 de abril del año 2005.

VISTOS: los autos "CORIA FRANZA, Gabriel Ceferino c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - Demanda Sumarísima- sobre AVOCACIÓN (Art. 2, Ley 11.330)" (Expte. C.S.J. Nro. 138, año 2004), venidos para resolver lo solicitado por la demandada a fojas 53/57; y, CONSIDERANDO: I.1. La Municipalidad de Rafaela comparece ante esta sede solicitando que este Tribunal proceda a determinar la atribución de competencia para el conocimiento de los autos caratulados "Coria Franza, Gabriel Ceferino c. Municipalidad de Rafaela s. Demanda Sumarísima", que tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Segunda Nominación de la ciudad de Rafaela, ante "el conflicto surgido entre la Justicia de Primera Instancia de Distrito, Civil, Comercial y Laboral de Rafaela y la Cámara Contencioso Administrativa de Santa Fe". Relata que el 1.7.2002 la Subsecretaría de Control Público, mediante resolución interna N 7/02 le aplicó al agente municipal Gabriel Ceferino Coria, la sanción disciplinaria de cinco días de suspensión, considerando que había incurrido en incumplimiento de las disposiciones del art. 13, incisos "a" y "d" de la ley provincial 9286 -Anexo I-. Contra dicha resolución -continúa- el agente interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, solicitando su anulación, el levantamiento de la suspensión aplicada y el pago de los haberes descontados.

Explica que el recurso se fundaba en que la sanción devenía arbitraria por haber violado expresas normas legales y constitucionales que amparan las funciones de representación gremial de los trabajadores, por cuanto el recurrente había cumplido funciones como Presidente de la Junta Electoral del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales que fiscalizó los comicios que habían sido llevados a cabo para elegir autoridades del citado Sindicato en fecha 26 de junio de 2002. Postulaba el agente que se encontraba tutelado por la normativa sindical desde la fecha de su designación y comunicación de la misma a las autoridades municipales en fecha 22.3.2002, hasta el 27.7.2002, por ser ésta la fecha de toma de posesión de quienes resultaron electos en el acto comicial.

Dicho recurso fue desestimado por la Subsecretaría de Control Público mediante el dictado de la resolución interna 14/02, del 20.8.2002, con base en que no se verificaba ninguna violación a la Ley de Asociaciones Sindicales. Respecto de la sanción en sí misma -agrega- entendió que tampoco aparecía como arbitraria, ya que se había garantizado en todo momento el derecho de defensa previa, y se fundaba en elementos que hacían viable la suspensión aplicada.

Indica que, agotada la vía administrativa, el agente Coria, el 17.9.2003, interpuso demanda sumarísima con el objeto de obtener el levantamiento de la sanción disciplinaria y el pago de los salarios caídos.

Corrido el respectivo traslado -dice- planteó excepción de incompetencia, por entender que la materia en debate debía considerarse como de naturaleza administrativa, y, por ende, de competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo, esgrimiendo el carácter de orden público e improrrogabilidad. La actora, al contestar el traslado corrido, sostuvo que resultaba formalmente improcedente la excepción, y esgrimió argumentos en favor de sus postulaciones desde el punto de vista sustancial.

Señala que el juez interviniente dictó sentencia mediante la cual rechazó la incompetencia deducida, revocándose además el decreto recurrido y dando por decaído el derecho a contestar la demanda. Agrega que interpuso la respectiva apelación.

2. Considera que la materia sobre la que versa la causa descripta es contencioso administrativa.

Explica que el actor pretende, por medio de una acción sumarísima, iniciada por la vía de un procedimiento laboral y por ante un juzgado de primera instancia de distrito, que se deje sin efecto una sanción disciplinaria que le fue impuesta como dependiente de la administración municipal. "Evidentemente -razona- la acción se orienta al cuestionamiento de un acto de la Administración Pública regido por el ordenamiento jurídico administrativo, en este caso, supuestamente lesivo de un derecho subjetivo, en los términos del artículo 3 de la ley provincial 11.330, utilizándose los fundamentos y persiguiendo la finalidad también contemplada en el art. 4 de la misma norma legal".

Sostiene que, dado que el juez de primera instancia se ha considerado competente, ya que así lo expresa su sentencia, resulta claro que se encuentra planteada una cuestión de competencia entre un tribunal ordinario de la provincia y la Cámara de lo Contencioso Administrativo; y que esta Corte se encuentra habilitada para pronunciarse sobre cuestiones tales. Cita al respecto jurisprudencia de este Cuerpo.

Solicita, en suma, se haga lugar al pedido efectuado.

3. El señor Procurador General, en contestación de la vista corrida a foja 58, aconsejó se requiera del Tribunal respectivo la remisión de las actuaciones correspondientes y se oficie al Ministerio de Trabajo -delegación Santa Fe- a efectos de que informe si el Sindicato de Obreros Municipales de Rafaela cuenta con la correspondiente personería gremial, y, en su caso, se indique el número y fecha de reconocimiento, acompañándose copia de la resolución respectiva (v. f. 59).

4. Una vez recibidas en esta sede las actuaciones y el informe requeridos, se corrió nueva vista al señor Procurador General, quien, por dictamen nro. 12/04 (fs. 77/78), concluyó que el caso reviste materia laboral en virtud de la índole de las normas invocadas, aun cuando ello se efectúe en el marco de una relación de empleo público.

5. A foja 79 se corre traslado al actor, quien lo contesta a fojas 81/82.

Comparte los términos del dictamen emitido por el señor Procurador General, sin perjuicio de efectuar otras consideraciones adicionales.

Entiende que la Municipalidad no debió aplicar la medida disciplinaria de suspensión, atento la protección gremial específica -"tutela sindical de que gozaba, en virtud de su condición de Presidente de la Junta Electoral"- lo que le impide a la patronal adoptar la misma. Cita las normas de los artículos 40, 48, 49 y 51 de la Ley de Asociaciones Sindicales de Trabajadores, según las cuales, los agentes que se encuentren en esas condiciones no podrán ser despedidos ni suspendidos si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme el procedimiento del art. 47 de la ley citada.

Sobre dicha base arguye que el acto administrativo que impugna "carece de un elemento esencial -causa o motivo- cuya inobservancia acarrea su nulidad absoluta..."; que "se encuentra viciado ab initio"; y que "se han violado expresas normas constitucionales, como los mencionados arts. 14 bis y 17 de la C.N.".

II. Habrá de rechazarse el pedido de la Municipalidad.

Es que, si bien es cierto que el demandante ostenta en principio el carácter de empleado público -aspecto que las partes no discuten-, también lo es que la pretensión por él ejercida contra la Municipalidad en el caso reconoce como único fundamento la violación de derechos que no emergen "del ordenamiento jurídico administrativo".

Dicha circunstancia, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la ley 11.330, obsta a considerar que el caso corresponde a la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo (criterio de A. y S. T. 110, pág. 368).

Su conocimiento, pues, le corresponde a "los jueces o tribunales con competencia en lo laboral" (art. 63, ley 23.551), quienes, de modo excepcional, son los competentes para controlar la legitimidad de hechos y actos de la Administración Pública provincial y municipal que se reputen contrarios, con exclusividad, a las garantías de la tutela sindical. Dicha tarea, desde luego, deberá ser abordada sin soslayar las naturales prevenciones que se siguen del carácter público de la Administración en cuanto "empleadora" -en los términos de la ley 23.551-; y en particular, de las que se derivan del hecho de que sus actos se presumen legítimos aun ante la jurisdicción que no es la que el ordenamiento específicamente dispone para su control (criterio de Fallos 319:539; 322:1442; y 326:4309).

Debe señalarse que la solución que se propicia no resulta del todo ajena al ordenamiento jurídico local, en el que, también con carácter de excepcionalidad, se establece que no corresponden a la jurisdicción contencioso administrativa "los actos que resuelven sobre reclamos de agentes estatales, en materia de accidentes de trabajo" (artículo 6, inciso "d", de la ley 11.330). Y, en fin, que es adoptada teniendo especialmente en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires v. Alberto Sabino Soto" (Fallos 325:1520).

Conclusión de lo hasta aquí expuesto es que debe rechazarse el pedido de la Municipalidad.

Así decidirlo no implica emitir pronunciamiento acerca del cumplimiento de los recaudos de admisibilidad del recurso sumarísimo intentado, ni mucho menos -se reitera- sobre si efectivamente el actor ostenta la calidad de sujeto amparado por los mecanismos de tutela sindical establecidos por la ley 23.551.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar el pedido de avocación formulado.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)