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Recurso de inconstitucionalidad, Impuesto sobre los ingresos brutos, sujeto pasivo, contribuyentes, establecimientos minoristas, supermercado, hipermercado, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Cámara Argentina de Supermercados s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en: "Cámara Argentina de Supermercados c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA) de Inconstitucionalidad denegado en: "Cámara Argentina de Supermercados c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-27

La lesión al principio de igualdad del impuesto, sostenido tanto por la Constitución nacional como por la Constitución de la Ciudad, es el núcleo del recurso interpuesto: la ley común y local fija diferentes alícuotas de contribución para el impuesto a los ingresos brutos, según la magnitud de la actividad del responsable que recurre, con base en presunciones acerca de parámetros relativos al nivel de sus ventas y al tamaño de su establecimiento comercial, determinación que el recurre considera repugnante a la Constitución. (Del voto del Dr. Maier).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gritti, Luis A. c/ Ozafrán s/ Ejecución de honorarios s/ Inc. nulidad de subasta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-13

El beneficio provisional sólo exime del pago de "impuestos y sellados de actuación" (art. 83 CPC), no participando de ellos la carga procesal impuesta por el art. 280 CPC, razón por la cual no se halla alcanzada por él, no bastando entonces la mera iniciación del beneficio para liberar al recurrente de efectuar el debido depósito.

- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Nulidad procesal, incidente de nulidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gamarra de Alucin, Felicita c/ Zamudio, Raúl y/o Empresa San Martín y/o Quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios Empresa San Martín y/o Quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-25

Cuando la cuestión se ubica en el ámbito de la nulidad procesal - materia incidente y no del recurso de nulidad-, no puede el justiciable en la alzada requerir extemporáneamente la declaración de nulidad de un procedimiento de instancia anterior.
Delitos, desobediencia, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, interpretación de la ley, competencia ordinaria, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: González, José Luis c/  s/ Resistencia o desobediencia a funcionario público s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

Corresponde declarar competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional para continuar con la investigación del hecho denunciado, toda vez que la orden restrictiva supuestamente desobedecida provino de un juzgado nacional. Ello así porque, de conformidad con el tercer Convenio de transferencia de competencias penales a la justicia de la Ciudad (ratificado por las leyes n° 26702 y n° 5935), el factor determinante para que el delito de desobediencia (art. 239 del CP) y otros delitos sean investigados y juzgados por el Poder Judicial de la Ciudad radica, según su punto "SEGUNDO", en que los hechos sean cometidos por o contra "sus funcionarios públicos" o "atenten contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco de un proceso judicial que tramite ante los tribunales locales"; y de los precedentes emitidos por la CSJN en la materia (cf. "Corrales", Fallos: 338:1517, "Nisman", Fallos: 339:1342 y "Bazán", Fallos: 342:509) no es posible derivar que los jueces nacionales resulten "funcionarios públicos" locales, que integren alguno de "sus poderes públicos" o que deban ser considerados "tribunales locales". (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz). "Incidente de incompetencia en autos "García, María Laura s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad" s/ conflicto de competencia I en/ García, María Laura s/ infr. Art(s). 239 del cp", expte. SAPCYF n° 16329/19, sentencia del 1/7/2020. En igual sentido se resolvió en "Incidente de competencia en autos Chávez, Héctor Fabián s/ resistencia o desobediencia a funcionario público s/ conflicto de competencia I", expte. SAPCyF n° 16686/19; "Incidente de competencia en autos Mori López, Julio César s/ resistencia o desobediencia a funcionario público s/ conflicto de competencia I"; expte. SAPCyF n° 16693/19,
Seguros, sucursal, competencia, competencia por el territorio, domicilio
Materia: CIVIL
Carátula: PUGLIESE,  Patricia y otros c/ LOMBARDI, Sergio Manuel y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-12

1- La existencia de una sede de la aseguradora en esta ciudad no alcanza para asignar competencia a los tribunales de esta jurisdicción para entender en el reclamo derivado de un accidente de tránsito ocurrido en una distinta denominación territorial, en donde a su vez se domicilian las partes y fue celebrado el contrato de seguro. 2- Es que, aun cuando el  art. 118 de la ley de seguros no distingue en cuanto a los diversos domicilios que pudiere tener la aseguradora, el art. 90, inc. 4 del Código Civil establece que las compañías que tengan muchos establecimientos tienen su domicilio especial en el lugar de aquéllos para la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales. En consecuencia, para que resulte admisible el desplazamiento de la competencia autorizado por la ley de seguros, no basta que la casa central se encuentre en la jurisdicción en que se interpone la demanda, sino que es indispensable que el contrato respectivo se hubiera celebrado en ese lugar. (Sumario N°20323 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, delitos, pena, graduación de la pena, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: BLANCO, MARIANO JOSUE
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-03-11

La impugnación no ha de prosperar, pues si bien la compareciente estima que la hermenéutica de la normativa aplicable que efectuara el Tribunal resulta arbitraria a la vez que vulnera garantías constitucionales al rechazar los planteos de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua impuesta , no logra con sus argumentaciones demostrar la concurrencia de una cuestión constitucional que habilite la apertura de esta instancia de excepción. Es que, en rigor, la prisión perpetua no implica en el caso una pena a perpetuidad; aseveración que encuentra sustento no sólo en la concreta posibilidad de obtener los beneficios penitenciarios previstos en la legislación aplicable (libertad condicional, salidas transitorias, por ejemplo), sino también en que las postulaciones de la defensa vinculadas con lo excesivo del plazo legal para solicitar la libertad condicional, así como con la posibilidad de que llegado el momento se le deniegue por el incumplimiento de otros recaudos legales exigidos, carecen de actualidad y podrán ser traídas a conocimiento a los estrados jurisdiccionales oportunamente. En definitiva, se está ante expectativas futuras que son mutables y por ende, podría ocurrir que oportunamente y ante una concreta solicitud se disipe el agravio que hoy se invoca, todo lo cual torna inadmisible -por prematuro- su tratamiento.
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Calabrese, Concepción s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

El acto notarial de intimación de pago de un pagaré tiene la virtualidad jurídica de imbrincar ejecutividad al título base del pleito comprobando que quienes fueron requeridos de pago no lo efectuaron y, por ende, de modo fehaciente quedaron expeditas las acciones cambiarias contra los obligados.
Ejecución fiscal, resoluciones inapelables, sentencia de trance y remate, interpretación de la constitución, recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO - CONSTITUCIONAL
Carátula: " R.Q.  en autos "F.N."  D.G.I. c/ Perkins  S.A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-25

Es jurisprudencia de esta Sala que las sentencias de trance y remate dictadas en primera instancia, en el marco de ejecuciones fiscales reguladas en la Ley 22.683, son apelables ante la alzada, en el caso que la parte ejecutada hubiese planteado oportunamente en el apremio cuestiones constitucionales que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, habilitan el recurso extraordinario.
Injuria laboral, apreciación del juez, remuneración, mora
Materia: LABORAL
Carátula: Tacchino, Liliana Esther c/ Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora s/ Despido y diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

El mero hecho de la mora en el pago de los salarios no autoriza en principio por sí a rescindir el vínculo con justa causa sino que en verdad lo que puede configurar una actitud injuriosa son ciertas circunstancias de hecho que evidencien la negativa patronal a cumplir con esa obligación.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, daño moral, daño psíquico
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA, MIGUEL FRANCISCO c/ SUGAR-GLAY SA. Y OTRO s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-15

Las secuelas psíquicas derivadas de un accidente de trabajo constituyen parte integrante de la incapacidad laborativa y no daño moral, pues éste se configura por las angustias, padecimientos e inconvenientes provocados por el infortunio, que en cambio, no se erigen en factores incapacitantes (conforme Sala II, sentencia número 44990, 16 de marzo de 1978 en autos 'Stalli, Juan c/ Inta Industrial Textil Argentino'; sentencia número 47334, 31 de octubre de 1980 en autos 'Silva, Evaristo c/ SA. Talleres Metalúrgicos San Martín s/ artículo 1113 Código Civil').
Emergencia económica, ley de emergencia económica, constitucionalidad, remuneración, empleados públicos
Materia: CONSTITUCIONAL-ECONOMIA-LABORAL
Carátula: Tobar,  Leónidas c/ Estado  Nacional  -Ministerio  de  DefensaContaduría  General  del  Ejército  -  Ley  25.453 s/ amparo ley16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

El art. 10 de la ley 25.453 no cumple con los estándares aceptados para la constitucionalidad de las leyes de emergencia que restringieron derechos patrimoniales, en especial, en lo atinente a la razonabilidad del medio empleado, ya que al sujetar la retribución del agente -de modo absoluto y sin limitación alguna- a la existencia de recursos fiscales, crea tal y tan grande estado de incertidumbre que desnaturaliza la sustancia misma de la relación de empleo público (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Recurso extraordinario, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Milla, Juan Angel s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

No corresponde a esta Corte abordar cuestiones abstractas, estándole vedado hacer declaraciones en los fallos (art. 368, C.P.P.).
Juicio político, defensa en juicio, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Torres, Humberto c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Esperanza s/ Acción de Inconstitucionalidad-Medida cautelar innovativa  (L.A. Nº 44, F1 30/33, Nº 17) Municipalidad de La Esperanza s/ Acción de Inconstitucionalidad-Medida cautelar innovativa  (L.A. Nº 44, F1 30/33, Nº 17)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-02-21

El juicio político no es una causa penal. El órgano competente debe pronunciarse apreciando las pruebas según las reglas de la sana crítica, satisfaciendo plenamente las exigencias del buen juicio a través de la atinada valoración de los elementos probatorios que conduzcan a la certeza por la via de un proceso lógico adecuado.- Con el juicio político no se busca una condena civil o penal, sino la destitución del funcionario cuyo desempeño no resulta compatible con la naturaleza y responsabilidades del cargo de que se trate. Tal naturaleza no puede ir en desmedro de expresas garantías constitucionales, como las de defensa en juicio y el debido proceso legal.- Como el juicio político no es un proceso judicial, la garantía de la defensa en juicio consiste en que se le dé a la parte una razonable oportunidad de comparecer a efectuar su descargo y de controlar el trámite respectivo, pero sin sujetarse a otras exigencias formales -propias de los procesos judiciales- que desnaturalizan la esencia política y el carácter sumarísimo del procedimiento.-
Robo calificado, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: POGONZA, DARIO HERNAN S.D. ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO E.P.D. ALVAREZ DE VERON s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-12

El uso de un arma de fuego se puede acreditar no solo con el secuestro del arma sino también por otros elementos probatorios, tales como indicios, testimonios y derivaciones lógicas de pura sana crítica, tal es el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, escribanos públicos, beneficios previsionales, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL
Carátula: CELESTINO JUAN HOURLADE s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-06

La sentencia que desestimó la acción de inconstitucionalidad de los arts. 15 y 18 de la ley 5574 de la Provincia de Entre Ríos, que establecen la jubilación obligatoria de los escribanos que hubieran cumplido setenta años de edad, carece de carácter de definitiva requerido por el art. 14 de la ley 48, pues lo decidido en ella no impide que frente al agravio concreto - y no meramente hipotético- el interesado haga uso de las acciones judiciales pertinentes para hacer prevalecer los derechos que entiende amparados por la Constitución Nacional. Ello es así, toda vez que la vía procesal elegida por el actor fue entablada sin que se le hubiese impuesto el retiro ni siquiera amenazado con él, y en la cual -pese a los términos genéricos de las normas correspondientes- es dudoso que pueda plantearse más cuestión que la divergencia entre la Constitución provincial y las normas locales de inferior jerarquía.
Liquidación de la sociedad conyugal, tasa de justicia, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: D.V., R.A. c/ P., M. s/ INCIDENTE - FAMILIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

La suma de dinero comprometida por uno de los cónyuges a favor del otro, aún cuando constituya una liberalidad, integra el valor económico del acuerdo de liquidación de la sociedad conyugal, por lo tanto la tasa de justicia correspondiente a tales actuaciones, conforme lo preceptuado por el art. 2º de la ley 23.898, debe comprender aquella suma.
Derecho a la privacidad, derecho a la imagen
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gutheim, Federico c/ Alemann, Juan. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

El derecho a la privacidad comprende no sólo a la esfera domestica y al círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen, nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen.
Tarifa de servicios eléctricos, cooperativas eléctricas
Materia: CIVIL
Carátula: López, Rodolfo Osvaldo c/ Cooperativa Eléctrica de Pehuajó s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-03-26

Si bien el particular régimen jurídico de las concesiones de servicios públicos prestadas por cooperativas hace que los preceptos de derecho administrativo deban ser interpretados y aplicados en armonía con los del dec. ley 20.337 y las normas estatutarias de la entidad, ello no puede comportar la primacía absoluta del régimen cooperativo y privado en ámbitos que hacen a la esencia de la concesión, como ocurre en el caso, en el cual se debate si la cooperativa prestadora del servicio de electricidad puede cobrar, sin autorización del ente regulador, aranceles diferenciados a los usuarios que no son socios de la cooperativa.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: Bulascio Malmierca, Juan Carlos y otros c/ Banco de la Nación Argentina. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

La viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora.
Daños y perjuicios, daño moral, ejecución de sentencia, responsabilidad del banco
Materia: CIVIL
Carátula: GONZÁLEZ,  Pablo  Adrián c/ BANCO SANTANDER RÍO S.A. s/ DAÑOS YPERJUICIOS   y   su  acumulado  GONZÁLEZ,  Jorge  Omar  c/  BANCOSANTANDER RÍO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-11

La injustificada falta de acatamiento de una medida judicial dictada en la ejecución de sentencia de un amparo y el maltrato recibido por los beneficiarios por parte de una entidad financiera genera daños materiales y morales que le corresponden resarcir. Es que, un banco no puede incumplir una orden judicial -entrega de fondos- por el hecho de no estar de acuerdo o alegar tardíamente el canje de deuda, máxime si se encuentra dictada dentro de un proceso que contó con su debida intervención. Además, la responsabilidad de la entidad financiera resulta agravada por tratarse de un comerciante profesional con alto grado de especialización. (Sumario N°19940 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Jurisdicción y competencia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Banco Nación, Estado Provincial, Corrientes, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL
Carátula: Corrientes,  Provincia  de c/ Banco de la Nación Argentina yEstado de la Provincia de Corrientes. s/ inhibitoria - causa: "Intendente dela  Municipalidad de Corrientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

La competencia originaria de la Corte Suprema es la única forma de conciliar las prerrogativas al fuero federal del Banco de la Nación Argentina -parte en las actuaciones-, y de la Provincia de Corrientes de no ser juzgada por los tribunales inferiores de la Nación en virtud de la garantía de rango constitucional que al respecto le reconoce el art. 117 de la Constitución Nacional
Mala praxis, responsabilidad médica, obligaciones del médico
Materia: CIVIL
Carátula: C., R.P. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios (Resp. Prof. Médicos y Aux.)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-06

La responsabilidad por mala praxis médica, es de naturaleza contractual, aún cuando la atención fuera brindada por un hospital público, por cuanto la gratuidad del servicio no obsta a la configuración de la relación contractual que une al paciente con el médico y el nosocomio.
Superior Tribunal de Justicia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, juicio político, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ATE. San Juan, Secretario General Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad. juicio político - inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

Corresponde hacer lugar al planteo relacionado con la falta de fundamentación del pronunciamiento, si la conclusión de la corte provincial deriva en una interpretación inaceptable de las leyes locales que reglamentan el juicio político, a punto que desvirtúa y torna inoperante lo prescripto por el art. 17 de la ley 5496 de San Juan.
Impuesto a las ganancias, cuestiones de hecho y prueba, revisión judicial
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Oleaginosa Oeste S.A.  c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-04

En relación al impuesto a la ganancias la determinación de si las operaciones son comparables o no a los fines de la aplicación del método del precio comparable no controlado, es una cuestión típica de hecho y prueba que corresponde a los jueces de la causa, salvo los supuestos de desaciertos y omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional.
Sentencia, nulidad de oficio, autoría, prueba, prueba compuesta, integración de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Rubén Ricardo s/ Promoción de la prostitución calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-01

No corresponde anular de oficio el pronunciamiento si la autoría responsable del procesado se acreditó mediante prueba compuesta integrada por confesión extrajudicial y otros seis elementos (art.

256 "in fine" -núm.ant.- C.P.P.) pues si bien se omitió determinar la naturaleza probatoria de alguno de ellos, la ineficacia del recurso respecto de los otros es suficiente para el mantenimiento de la sentencia (doc. art. 350 -n.a.-, C.P.P.).
Excarcelación, caución real, estafa, falsificación de instrumento privado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SANTELIA, Diego A.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-19

Debe concederse la excarcelación bajo caución real dado que en la especie, se trata de la comisión de delitos de estafa mediante falsificación de instrumento privado, cometidos en ocho oportunidades y tenencia de material destinado a cometer falsificaciones, los que conllevan una penalidad mínima de seis meses de prisión. Que la investigación sea incipiente, no es fundamento que permita denegar el derecho a la libertad, sino que impone agilizar la pesquisa.
Indemnización por despido, despido sin causa, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Vilte de Otríz, María del Carmen c/ Edesa S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-04-21

Surgiendo del convenio colectivo nº35/76, artículo 79 B, apartado 3º, el imperativo del pago habitual y anual del rubro 091 bonificación anual por Eficiencia (BAE), el que si bien si es una bonificación y además no se efectiviza en forma mensual, no por ello pierde las características de habitualidad y normalidad que lo tornan integrante de la retribución del trabajador. Por lo que corresponde incluirlo entre los rubros que integran la base de cálculo de las indemnizaciones correspondientes a la actora.-
Nulidad del acto jurídico, declaración de oficio, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: PALOMINO MIGUEL ANGEL c/ LOPETEGUI LUIS BERNARDO s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-07-01

Si bien la Cámara de Apelaciones ejerce sus facultades en la medida de los recursos interpuestos, ello no impide la revisión de los presupuestos procesales como la "legitimatio ad processum", o capacidad necesaria para entablar un proceso regular, la que puede llevar a la nulidad del juicio y de la sentencia dictada. Es por tanto, que ante la falta de presupuestos procesales, el Juez debe declarar de oficio la nulidad a que los mismos dieron lugar.