Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-22


Buenos Aires, agosto 22 de 2000.

Considerando: I. Que a fs. 40/85 el director nacional de Comercio Interior mediante disposición 1025/99 declaró abusivas en las partes, y por los motivos señalados en sus considerandos, determinadas cláusulas de contratos tipo utilizados por la entidad bancaria Lloyds Bank (BLSA) Ltd. con sus clientes, a saber: a) las cláusulas 7 y 9 de la "Reglamentación de Caja de Ahorros"; b) cláusula d) -condiciones generales- de la "Solicitud de Adhesión al Sistema de Débito Automático"; c) art. 10 del "Reglamento y Condiciones de Locación de las Cajas de Seguridad"; d) cláusula 4 -límite de compra / límite de crédito-, cláusula 6 -propiedad de la tarjeta-, cláusula 11 -cargos administrativos y de transferencia-, cláusula 16 -débitos sobre cuenta corriente / caja de ahorros-, cláusula 18 -ejecución por falta de pago-, cláusula 23 -modificación de las condiciones-, cláusula 24 -constitución de domicilio- y cláusula 25 de la "Solicitud de Apertura de Tarjetas de Crédito Mastercard", por infringir el art. 37 de la ley 24.240.

Emplazó al Banco para que en el plazo de treinta (30) días acreditara la modificación y/o supresión de las cláusulas declaradas abusivas, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones contenidas en el art. 47 de la ley de defensa del consumidor. Ordenó, además, que la firma sancionada comunicara a los usuarios de los servicios las modificaciones y/o supresiones de conformidad con lo exigido por el art. 38 del dec. 1798/94.

II. Que a fs. 133/144 vta. el representante de la entidad bancaria interpuso y fundó el recurso de apelación en los términos del art. 45 de la ley 24.240, cuyo traslado fue contestado a fs. 181/189 y vta.

A fs. 204/205 y vta. se expidió el fiscal general sobre la admisibilidad formal del recurso interpuesto en los términos del art. 45 de la ley 24.240.

III. Que los contratos de adhesión son producto de un fenómeno que se produjo a partir del proceso de estandarización industrial, que trajo aparejado paralelamente el de estandarización contractual (confr. Ghindini, "Consumer legislation in Italy", p. 76 y sigtes., New York, Cincinatti, London, Melbourne, 1980, citado por Moeremans, Daniel E. en "Interpretación de los contactos sujetos a condiciones generales de contratación", LA LEY, 1992-B, 234 y sigtes."). A través de éstos, las empresas prerredactan las cláusulas contractuales que formarán el contenido de los contratos que celebren, eliminando el período de las tratativas previas. Así se logra optimizar los recursos evitando los costos de negociación y se beneficia indirectamente a los consumidores, pues éstos obtienen el producto o servicio a menor costo. Sin embargo, en ellos al co-contratante, denominado por la doctrina y la jurisprudencia como "la parte más débil del contrato", sólo le queda la posibilidad de aceptar las condiciones fijadas o no celebrar el contrato. El consumidor o usuario tiene, en principio, libertad de conclusión mas no libertad de configuración.

Por ello, la ley de defensa del consumidor ha previsto, en lo que aquí interesa, los parámetros de interpretación de los llamados contratos de adhesión al advertir en el Capítulo IX -"De los términos abusivos y cláusulas ineficaces"-, artículo 37, que "sin perjuicio de la validez del contrato se tendrán por no convenidas : a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños. b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte, etcétera.

IV. Que la cláusula 7 de la "Reglamentación de la Caja de Ahorros" fue considerada abusiva por la autoridad de aplicación de la ley 24.420, en la parte que estipula "... Dichas tasas, período y fechas de capitalización, así como también el importe mínimo que fije el Banco para cada imposición, y el saldo mínimo a partir del cual el Banco pagará intereses, se dará a conocer mediante avisos al público en los salones del Banco y podrán ser modificados sin aviso previo al titular de la cuenta", por constituir un supuesto de abuso de poder contractual toda vez que la entidad se reserva el derecho de modificar las condiciones de pago de intereses, sin establecer contractualmente el parámetro a utilizar ni la notificación previa al titular, encuadrándolo en el inc. b) del art. 37 de la ley 24.240.

Al respecto, el recurrente sostiene que: a) la operativa de las cajas de ahorro se dirige a favorecer el ahorro de los particulares y no a la obtención de una rentabilidad económica, b) los fondos existentes en ellas reciben un interés que es variable, ya que refleja el precio que el mercado determina para cada tipo de operación cambiaria, c) las fluctuaciones y el carácter cambiante del sistema financiero imposibilitan prever los parámetros en base a los cuales han de realizarse dichos cambios, d) el modo de notificación prevista -avisos en los salones del Banco- resulta el medio más eficiente pues de otra manera sería extremadamente oneroso para la entidad y para el usuario, e) pese a tratarse de un contrato de adhesión el particular tiene pleno conocimiento de las condiciones pactadas y es libre para contratar con otra entidad financiera.

V. Son cláusulas abusivas las que se imponen unilateralmente por una de las partes, perjudicando la manera inequitativa a la otra, o determinando una posición de desequilibrio entre los derechos y obligaciones de los contratantes, en perjuicio, por lo común, de los consumidores o usuarios.

En el caso, las alegadas fluctuaciones y el carácter cambiante del sistema financiero no justifican ni legitiman la facultad contractual de modificar el período y fecha de capitalización y el importe mínimo a partir del cual el Banco pagará intereses por el dinero depositado en una caja de ahorros sin parámetros precisos en base a los cuales pueden cambiarse. Tampoco es justificativo válido la alegada onerosidad de la utilización de otros medios de notificación distintos al previsto -anuncios en las carteleras de las sucursales-, teniendo en cuenta el deber de información que pesa sobre el predisponente (confr. arts. 4º de la ley de defensa del consumidor y 42, de la Constitución Nacional.

Cabe señalar que el usuario o consumidor tiene en estos casos "libertad de conclusión", careciendo de la facultad de modificar las cláusulas del contrato, por lo que el deber de buena fe -propio de todo contratante- pesa con mayor rigor sobre el predisponente. Por otra parte, la gran oferta de entidades financieras que supone la libertad de mercado no avala el comportamiento abusivo de alguna de ellas, por el contrario, ello supone en cada entidad un mejor servicio y atención a sus "clientes". Lo expuesto resulta suficiente para rechazar los agravios del recurrente al respecto.

VI. Que la cláusula 9 fue considerada abusiva en la parte que dice "... En caso de cierre por decisión del Banco, los cargos seguirán aplicándose y serán debitados mensualmente del saldo que se mantiene a disposición del titular...", por desnaturalizar las obligaciones contraídas y resultar una ampliación injustificada de derechos, encuadrado en los incs. a) y b) del artículo 37 mencionado.

El apelante argumenta que: a) los "cargos" a que se refiere la cláusula no son generados por el mantenimiento de un servicio sino por cuanto una vez cerrada la cuenta, el saldo remanente se transfiere a una cuenta a la vista a disposición del particular y ello genera gastos, b) el Código de Comercio establece en el art. 796 el derecho y la libertad de las partes para disponer convencionalmente la regulación de comisiones y gastos que tengan origen en la prestación del servicio de cuenta corriente, c) la com. "A" 1427, punto 5.6.2 del Banco Central de la República Argentina dispone que las entidades pueden percibir las comisiones por cierre de cuenta o suspensión del servicio, d) el "quantum" de tales cargos dependerá de la diligencia del propio titular de la cuenta en retirar sus fondos, resultando injusto que el Banco tenga que asumir su inoperancia.

VII. La normativa citada resulta aplicable a las cuentas corrientes y no a las cajas de ahorros. Sin perjuicio de ello, la ley de defensa del consumidor prevé la revisión de los contratos de consumo, y la posibilidad de tener por no convenidas las cláusulas pactadas en términos abusivos.

Por otra parte, cabe advertir que en caso de cierre de una caja de ahorros por decisión unilateral del Banco, los "gastos" que genere tal decisión no pueden caer sobre el usuario pues ello constituiría una evidente ampliación de derechos, lesionando de esa manera la buena fe que debe existir en la ejecución contractual. Tampoco se advierte qué perjuicio puede acarrear para la entidad financiera el hecho de que el cliente no retire los fondos a su disposición, si tal como se señala en la contestación de agravios, ello pasa a formar parte del fondo de reserva bancario. Por lo expuesto deben rechazarse los argumentos del recurrente en este sentido.

VIII. Que la Solicitud de Adhesión al sistema de débito automático -condiciones generales- cláusula D, fue considerada abusiva por encuadrar en los incs. a) y b) del art. 37 de la ley 24.240 en cuanto dispone: "El Banco o la tarjeta de crédito y/o la/s empresa/s de servicios podrán dejar de prestar servicio por las siguientes circunstancias: ... por voluntad del Banco o la tarjeta de crédito y/o la/s empresas de servicios, sin expresión de causa, lo que no me dará derecho a reclamo alguno", en tanto la entidad emisora se reserva la facultad de resolver la relación contractual en forma incausada y arbitraria ampliando los derechos del predisponente y limitando la responsabilidad por daños.

La firma manifiesta que: a) el usuario posee la misma facultad resolutoria y bajo los mismos términos que se le otorgan al banco, por lo que ante la simetría de derechos éstos no pueden resultar abusivos, b) la entidad no recibe contraprestación adicional alguna por el servicio, c) la decisión de las empresas prestatarias de servicios de autorizar el pago a través del sistema de débito automático, dejarlo sin efecto o cortar el servicio, es ajena al Banco.

IX. Los agravios son inadmisibles. En efecto, debe señalarse que el sistema de débito automático es un servicio que ofrece el Banco, por lo que la alegada falta de rentabilidad para la institución no constituye argumento suficiente para justificar la facultad resolutoria sin expresión de causa, prevista en el contrato, sin posibilidad de reclamo alguno por parte del cliente. Por otra parte, resulta evidente que en caso de rescisión unilateral del servicio de débito automático no se derivan las mismas consecuencias para el Banco y para el usuario. Este puede verse perjudicado si no se efectúa el pago en término de los servicios, mientras que la entidad no denuncia ni acredita el perjuicio que sufriría en caso de que el cliente concluyera con el servicio de débito automático que le fuera prestado sin contraprestación alguna.

X. Que el artículo 10 del Reglamento y Condiciones de la Locación de Cajas de Seguridad fue declarado abusivo en la parte que establece "... no asume responsabilidad alguna, así como tampoco la asume si la Caja fuera abierta y retirado o destruido el contenido por orden judicial, caso fortuito o fuerza mayor, entre los cuales debe comprenderse todo acto de violencia, incluyendo robo, hurto, ya fuera por persona física o fuerza armada o cualquier otro medio..." por desnaturalizar las obligaciones contraídas e implicar una limitación de responsabilidad.

El Banco sostiene que el artículo no resulta abusivo per se, sino a partir de su indebida invocación y/o aplicación. Argumenta que siendo los elementos esenciales del contrato de caja de seguridad el deber de custodia, y el desconocimiento del Banco de los elementos depositados en aquélla, la cláusula impugnada cobra virtualidad si en el caso concreto queda acreditado el debido cumplimiento por parte del Banco del deber de seguridad. Si se verifica un caso fortuito o fuerza mayor o existe orden judicial de abrir y entregar el contenido de la caja, no existiría responsabilidad de la entidad bancaria.

Cabe advertir, que la cláusula va más allá de los hechos planteados en el recurso por cuanto contempla toda clase de actos de violencia sobre las cajas de seguridad -robo, hurto, etc.- que excluyen el deber de custodia y seguridad, obligación principal de este tipo de contratos. En tales condiciones, los argumentos del apelante para justificar dicha cláusula que no se hacen cargo del alcance otorgado a la exención de responsabilidad, carecen de entidad significativa porque no abarcan la totalidad de los hechos eximentes.

XI. Que en cuanto a la Solicitud de tarjetas de crédito Mastercard: condiciones generales, cláusula 4 -límite de compra-límite de crédito- en la parte que señala: "El Banco quedará facultado a cobrar intereses punitorios sobre los excesos al límite de compra, produciéndose la mora del usuario por el simple incumplimiento de la presente cláusula", el organismo sancionador entendió que resultaba abusiva la facultad de fijar la cuantía de los intereses sin establecer contractualmente el parámetro (inc. b) del art. 37) por verificarse un claro incumplimiento al deber de informar.

El apelante sostiene que al momento de firmar la solicitud, el Banco establece un límite de compra, teniendo en cuenta los antecedentes financieros y económicos del usuario, quien acepta y se compromete a respetarlo y a no sobrepasarlo con sus compras. Cualquier exceso del límite compromete la exposición financiera del Banco, por lo que éste prevé la compensación con un interés punitorio, cuya validez y parámetros se encuentran contemplados en la ley de tarjetas de crédito. Todo aumento o disminución de los límites de compra es notificado al usuario, quien tiene la opción de aceptar o rechazar la modificación rescindiendo el contrato.

XII. Tal como lo señalara el organismo sancionador, la ley de tarjetas de crédito 25.065, dispone que los intereses punitorios "procederán cuando no se abone el pago mínimo del resumen y sobre el monto exigible", y la cláusula impugnada los prevé sobre los excesos en los límites de compras. Al respecto, nada dice el apelante. Más bien, intenta justificar los intereses alegando el aumento de la "exposición financiera del Banco" cuando el consumidor excede su límite de compra que tiene relación con sus antecedentes económicos y financieros. Pero es claro que la norma legal excluye la previsión contractual -"contra legem"-.

Cabe advertir que en el contrato de tarjeta de crédito el usuario del servicio se encuentra en una situación de desigualdad estructural en la relación con el emisor. Por ello, la entidad tiene la obligación de alertar al adherente y ponerlo al tanto de las características del servicio que se obliga a brindarle, pues la información es un bien apreciado que tiene valor jurídico y consecuentemente, protección jurídica.

XIII. Según la disposición por la cual "El Banco se reserva el derecho de aumentar o disminuir, a su exclusivo criterio, los límites de compra y de crédito durante la vigencia de la tarjeta, los que serán válidos desde su notificación al usuario en la liquidación mensual o en otro medio", cabe destacar que de esa manera se establece una restricción al derecho del consumidor que se encuentra obligado a aceptar como válidas todas las modificaciones contractuales sin información de los motivos que las sustentan.

Teniendo en cuenta que la ley de tarjetas de crédito establece la nulidad de las cláusulas que "... faculten al emisor a modificar unilateralmente las condiciones del contrato" (art. 13 inc. b), ley 25.065), los agravios del recurrente en este punto carecen de sustento legal.

XIV. Se calificó abusiva la cláusula 6 -propiedad de la tarjeta-, que establece: "El usuario reconoce al Banco, el derecho de recuperar la/s tarjeta/s por resolución unilateral del mismo, pudiendo proceder a su retención, si el usuario no la restituyera dentro de las 24 horas de notificado. El usuario renuncia a toda acción contra el Banco y/o establecimiento adherido al sistema que efectúe la retención en el supuesto de la presente cláusula", por cuanto implica una renuncia o restricción de un derecho del consumidor, dado que solamente un incumplimiento reprochable debería acarrear la anulación de la tarjeta.

El recurrente niega que exista una renuncia o restricción a los derechos del usuario toda vez que la cláusula autoriza al Banco a rescindir en forma unilateral el contrato previa notificación al usuario quien posee el mismo derecho. En cuanto a la renuncia del usuario a toda acción contra el Banco, argumenta que la cláusula se refiere únicamente al supuesto de reclamos ocasionados con la retención de la tarjeta con posterioridad a su notificación, no pudiéndose interpretar como renuncia a ejercer acciones contra la entidad. Insiste en alegar un supuesto equilibrio entre las partes por cuanto ambas poseen la facultad de rescindir.

Las razones expresadas no justifican la renuncia anticipada del usuario "a toda acción contra el Banco", cuando no se especifica claramente en qué casos concretos sería viable la retención y/o recuperación del plástico dejando abierta la posibilidad de que ante errores injustificados el usuario perjudicado no pueda reclamar. Por tanto, deben rechazarse los agravios del recurrente en este punto.

XV. Que la cláusula 11 -cargos administrativos y de transferencia- prevé: "El Banco cargará sobre las compras realizadas en el exterior, un porcentaje en concepto de gastos administrativos y de transferencia. El usuario declara conocer y aceptar la tasa a aplicar y reconocer el derecho del Banco de proceder a su modificación en forma unilateral estando sólo facultado a aplicarla a partir de la comunicación que se le cursa a tales efectos". Se consideró un abuso de poder contractual la reserva de fijar y modificar la cuantía de las comisiones a cobrar sin establecer contractualmente ni el parámetro ni el plazo para la notificación (art. 37, inc. b).

El Banco alega que no cobra gastos administrativos por compras en el exterior desde el año 1995, debido a la paridad cambiaria, lo que resulta demostrativo de su buena fe. Dice que debe tenerse en cuenta que las compras en el exterior están sujetas a una tasa de conversión de moneda que es variable, por lo que resulta imposible prever los parámetros para calcular el momento de los gastos en cuestión. Lo mismo sostiene para defender la legitimidad de la cláusula 25 -gastos por operaciones en moneda extranjera-.

Si la entidad no cobra los gastos administrativos previstos en la cláusula, no se advierte agravio al respecto. Sin embargo, corresponde señalar que la ley de tarjetas de crédito establece en el art. 6º los requisitos que debe contener el contrato de emisión de la tarjeta de crédito, entre los que especifica: "tipo y monto de los cargos administrativos...", lo cual no se ha previsto en el presente. Tampoco surge de la solicitud lo afirmado por el recurrente en cuanto al específico conocimiento del usuario del porcentaje a cobrar en concepto de compras realizadas en el exterior. Por ello, no pueden prosperar los argumentos del recurrente para rebatir lo decidido en este aspecto.

XVI. Que la cláusula 16 -débitos sobre cuenta corriente/caja de ahorros-, en la parte que señala: "El Banco queda facultado a debitar de las cuentas corrientes/caja de ahorros (actuales y/o futuras) abiertas a nombre del usuario o cualesquiera de los autorizados, el importe total o parcial de las obligaciones que a su vencimiento se encontrasen impagas y/o fueren exigibles por cualquier circunstancia, con más los intereses, comisiones, costas, gastos y demás acrecidos que se hubiesen devengado", fue declarada abusiva por implicar una ampliación de los derechos del predisponente al trasladar al saldo deudor de la tarjeta a la cuenta corriente que tiene características de ejecutividad diferentes a la primera, y por aplicar cargos financieros por saldo deudor en cuenta corriente, a deudas con origen distinto.

La entidad destaca que no se obliga al usuario a realizar la apertura de una cuenta corriente, lo cual acredita que no se trata de una cuenta corriente "no operativa", sino de una autorización libre y válida del titular de la tarjeta de crédito para que el Banco debite los saldos impagos de aquélla. Advierte que no existe inconveniente en que se emita certificación de deuda sobre la cuenta corriente, debitándole los cargos derivados del uso de la tarjeta de crédito.

XVII. La ley 25.065 en su art. 42 establece que no serán susceptibles de cobro ejecutivo directo "los saldos de tarjetas de crédito existentes en cuentas corrientes abiertas a ese fin exclusivo", evitando de esa manera determinados abusos de las entidades emisoras que creaban cuentas corrientes al solo efecto de debitar saldos producto de esa operatoria, a los fines de ejecutarlos de conformidad con el art. 793 del Cód. de Comercio. La recurrente sostiene que la cláusula no se refiere a cuentas corrientes "no operativas". Aunque así fuera, la aplicación del principio "favor debilis" tornaría aplicable al caso la prohibición de la norma. A lo que cabe agregar, la nulidad de las cláusulas "que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito" prevista en el art. 14 inc. h) de la ley.

Por otra parte, el débito por saldo de tarjetas de crédito no puede generar intereses propios del régimen de cuenta corriente, pues de lo contrario se violentaría -por vía indirecta- el régimen de tutela y orden público que genera la normativa prevista en la ley 25.065 (confr. Murillo, Roberto, "Régimen de las tarjetas de crédito - ley 25.065", p. 145, Ed. Astrea, 1999). También corresponde rechazar lo alegado por el apelante .

XVIII. Que en cuanto a la cláusula 18 -ejecución por falta de pago- que establece: "El importe de los saldos deudores impagos con más sus intereses normales y punitorios y todos los gastos, comisiones o impuestos devengados por cualquier concepto podrán ser perseguidos por el Banco por vía judicial y mediante el proceso ejecutivo, a cuyo efecto el usuario titular, sus usuarios adicionales y codeudores convienen otorgar a la presente carácter suficiente de título ejecutivo. A tal efecto, servirá la legítima constancia de la deuda el certificado que a tales fines otorgue debidamente suscriptos por las firmas de gerente y responsable del Area Contable", fue declarada abusiva por existir una supuesta ampliación de derechos y desnaturalizar las obligaciones al darle el carácter ejecutivo a la tarjeta de crédito. También, la cláusula 24 -constitución de domicilio- fue declarada abusiva por infringir el art. 37 inc. b) en la parte que señala: "A todos los efectos judiciales y extrajudiciales el titular, los adicionales y el codeudor constituyen domicilio en las direcciones que al pie del formulario se indican, aceptando la jurisdicción de los tribunales de la Capital Federal con renuncia expresa a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que le pudiera corresponder".

La firma reconoce que mediante la sanción de la ley de tarjetas de crédito (art. 14 inc. h) resultan nulas las cláusulas que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas originadas en el sistema de tarjetas de crédito. Lo mismo aduce respecto de la cláusula 24 -constitución de domicilio- (arts.14 inc.i), 52 inc.a), ley de tarjetas de crédito), por lo que no se advierte cuáles son sus agravios concretos.

XIX. La cláusula 23 -modificaciones de las condiciones- dispone: "El Banco tiene derecho a modificar en cualquier momento las presentes condiciones ... se considerará que las modificaciones han sido aceptadas cuando el usuario conserve y/o utilice la tarjeta después de la notificación. En caso de no aceptar las modificaciones, podrá rescindir la presente, sin derecho a indemnización alguna". La cláusula que otorga al Banco la facultad de modificar, restringir o suprimir las condiciones contractuales fue declarada abusiva en tanto prevé que la omisión de impugnación del usuario implica consentimiento, y en caso de no aceptar las modificaciones el usuario renuncia a recibir indemnización.

Señala, el apelante que las relaciones contractuales son dinámicas por lo que las partes pueden modificar los contratos. Así el Banco como predisponente, puede realizar modificaciones, las que se notifican al usuario quien tiene la posibilidad de rescindir y cuyo silencio se entiende como aceptación, lo cual ha sido reputado válido por la jurisprudencia. En cuanto a la renuncia al resarcimiento, dice que también resulta aplicable al Banco.

Los contratos se hacen para cumplirlos y la posibilidad de rescindir no es argumento válido para justificar la facultad de modificar las condiciones contractuales prevista a favor de la entidad, con carácter absolutamente discrecional, máxime teniendo en cuenta la posición predominante del Banco.

Además el art. 46 de la ley 25.065 establece la invalidez de las cláusulas que "impliquen exoneración de responsabilidad" lo que torna ilegal la renuncia anticipada de indemnización prevista en la cláusula.

Por todo lo expuesto, deben rechazarse los agravios del apelante y confirmarse la disposición 1025/99, con costas al vencido (art. 68, Cód. Procesal Civil de la Nación).- Jorge H. Damarco.- Marta Herrera.- María I. Garzón de Conte Grand.