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Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, sentencia, sentencia no firme, tributos, falta de agravio concreto, concurso preventivo, verificación tardía
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CURTIDORA DEL OESTE SANTAFESINO S.A.I. Y C. -C. P. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO-.-INCIDENTE DE REVISION PROMOVIDO POR LA  A.F.I.P.-D.G.I. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 601 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-05

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario desde que el organismo fiscal impugnante insiste en que se habría omitido la aplicación de las normas concursales que prevén la verificación condicional y/o eventual de créditos, lo que le ha provocado perjuicios concretos e irreparables, como lo son la carga en costas en el incidente de revisión y la necesidad de someterse a una verificación tardía.

Sin embargo, no logra poner en tela de juicio el argumento central de este Tribunal al rechazar la queja local en torno a la falta de definitividad del decisorio impugnado, toda vez que la acreedora podrá -en caso de obtener resolución favorable ante los órganos pertinentes- reeditar su planteo en el proceso colectivo y obtener la admisión en el pasivo concursal de la parte de su acreencia impugnada en sede administrativa(..), a lo que agregó: "...en rigor de verdad, aun partiendo de la hipótesis que propicia la propia recurrente -admisión como crédito condicional- no se vislumbra que ello pueda operar un cambio sustancial en la posición del insinuante toda vez que, en definitiva, a los efectos concursales, su acreencia seguirá sujeta a lo que determine el Tribunal Fiscal de la Nación...";

"...No puede soslayarse, por lo demás, que tanto el Juez en primer de grado de conocimiento, como la Alzada, han señalado que en la eventual verificación tardía no se cargarán costas al pretensor ni resultará aplicable el artículo 56 de la ley 24522 -régimen de prescripción en el concurso preventivo-, argumentos que, más allá de su mayor o menor acierto, no han merecido críticas concretas de parte de la impugnante....";

"...Y sabido es que, en la instancia extraordinaria, constituye requisito inexcusable acreditar la existencia de un perjuicio concreto, efectivo, actual e irreparable por otras vías jurídicas, postulado que, vale recordarlo, descansa en la noción de que no corresponde al Tribunal emitir pronunciamientos inoficiosos, inútiles , abstractos, o innecesarios por ser sustituibles por otros.
Caducidad de instancia, impulso procesal, carga de la notificación, notificación personal, recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: C., R. c/ BANCO HIPOTECARIO S.A. s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-11-03

Si por acto útil entendemos con el maestro Podetti que es "aquel que sirve para que el proceso dé un paso adelante, para que lo urja o inste; aquél que produce un movimiento de avance del proceso en su desarrollo gradual y progresivo de acuerdo a las normas que los instrumentan" y que la utilidad de un acto debe medirse en concreto pues algunos actos que en principio, como regla, no instan el proceso, pueden tener ese efecto, debe correlacionarse el acto realizado con el estado del proceso, en orden a ello podemos concluir que la notificación personal (del recurrente) instó el proceso por encontrarse en curso el plazo para expresar agravios.

Dicho lo anterior tenemos que en el proceso en cuestión se encontraba corriendo el plazo del artículo 259 del CPCyC., luego de la notificación personal, a este momento había transcurrido el tiempo necesario para declarar la caducidad pero ella no se había declarado, por lo que notificada la providencia comienza a correr el plazo procesal mencionado, es decir se pone en movimiento nuevamente el proceso detenido, por lo que la notificación personal, en este caso concreto en los términos del Dr. Podetti, es un acto procesal útil, necesario y eficaz para provocar o permitir, de inmediato, la prosecución del expediente; máxime si se tiene en cuenta que el trámite se encontraba paralizado por falta de una notificación que actualmente la realiza el propio Tribunal. (Ac. Nro. 2/04 C. A. Viedma)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, accidente de tránsito, responsabilidad del concesionario vial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ONEGLIA, GRACIELA CRISTINA Y OTROS c/ GUERCHETTI, RUBEN DARIO Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

La actora se opone a los fundamentos determinantes para la solución jurisdiccional brindada por la Cámara -que la excesiva velocidad del vehículo embistente operó en conjunción con la circulación del camión sin luces traseras cuando aún era de noche y que en tales circunstancias fácticas no se advertía nexo causal jurídicamente relevante por parte de la concesionaria, teniendo en cuenta la inevitabilidad del resultado-, y centra sus reproches en una particular interpretación de los hechos y del derecho común aplicable, e insiste en su propio enfoque respecto de las implicancias del carácter de autoridad supletoria de que goza el Ente Concesionario; mas no demuestra que la solución que propone fuese claramente aplicable y hubiese debido prevalecer en la especie, debiendo recordar que el recurso de inconstitucionalidad no constituye una tercera instancia en la que pueden revisarse todas las cuestiones que plantean las pretensiones de las partes, relacionadas con sus derechos, sino, y solamente, la oportunidad de lograr el respeto por la Constitución, en cuanto se invoca la lesión de alguno de los derechos que de ella emergen; y asimismo, la doctrina de la arbitrariedad sólo encuadra en aquellos casos en que media absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución prevista para los mismos, ya que lo contrario importaría exceder la jurisdicción de esta Corte habilitándola a revisar todos los pronunciamientos con menoscabo de los límites funcionales e institucionales impuestos por la Constitución y las leyes.
Divorcio, injurias graves, prueba pericial, dictamen pericial, pericia psicológica
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: G. F. de L., A. c/ L., V. E. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-02

Un dictamen pericial psicológico no es el medio idóneo para acreditar conductas injuriosas, pues se trata de comprobar hechos posteriores al matrimonio y no las condiciones psíquicas de la personalidad de las partes.
Indemnización por muerte, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Basilio C. P. c/ Bargiela González, J. s/ Accidente de tránsito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-03

La indemnización a fijarse en concepto de valor vida debe colocar a los damnificados en una situación patrimonial, similar a la que ostentaban con anterioridad al fallecimiento del occiso. No se les puede otorgar una que sea muy elevada en relación a esos antecedentes porque se estaría configurando a favor de los mismos un enriquecimiento a costa del culpable, ni tampoco puede ser tan baja, que pierda el carácter de integral que debe tener.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, concesión comercial, rescisión del contrato, abuso del derecho
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Automóviles Saavedra  S.A.C.I.F c/ Fiat Argentina  S.A.C.I.F. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-04

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que se limitó al examen individual de cada una de las causales invocadas por la demandada como justificantes de la rescisión del contrato, sin ponderar si ellas en su conjunto, aun cuando no hubiesen sido debidamente acreditadas, incidieron en la pérdida de confianza del concedente al concesionario; ello porque una respuesta afirmativa a este interrogante permite también descartar la existencia de arbitrariedad o de abuso en el ejercicio de la facultad rescisoria.
Sentencia arbitraria, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Kurtin, Angel Juan s/ Recurso de inaplicabilidad de ley por arbitrariedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-06-26

La tacha de arbitrariedad es de aplicación estrictamente excepcional y no puede pretenderse por su intermedio el examen de cuestiones de hecho y prueba cuyo análisis es privativo de los jueces naturales de la causa, salvo que adolezcan de falta total de fundamentación o un manifiesto desvío de los principios legales aplicables o de los principios que gobiernan el razonamiento lógico jurídico.
Trabajadores temporarios, empleo público
Materia: PROCESAL
Carátula: Darhanpe, Victoria y otros c/ Municipalidad de La Plata s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-19

Las designaciones del personal de planta temporaria deben responder, necesariamente, a las pautas fijadas en las normas respectivas. Es decir, resulta menester consignar en tales actos cuáles son los servicios, obras o tareas a las que se destinará al agente, en tanto, el plantel temporario (personal mensualizado y jornalizado) se compone con aquellos empleados necesarios para la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional, que no pueden ser realizados con personal permanente de la Administración.(doctor Negri, minoría)
Personas jurídicas, retiro de la personería, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, facultades del juez, medida de no innovar
Materia: CIVIL
Carátula: ASOC.  PROGRESO  EST.  FARMACOL  APEFA s/ RESOLUCION INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

Dado que las resoluciones administrativas en materia de retiro de personería operan de pleno derecho, produciendo la extinción de la personalidad jurídica de la entidad afectada, el art. 48 "in fine" del Código Civil faculta al juez a disponer una medida de no innovar, que suspende el cumplimiento de la decisión administrativa que ha sido recurrida ante él. Se trata de una medida que tiende a impedir los perjuicios que ocasionaría la inmediata ejecución de la decisión administrativa, la cual deniega la personería jurídica, puesto que dicha decisión no se paraliza con la interpretación del recurso y produce sus efectos de inmediato y hasta la sentencia que la revoque.

El juez sólo debe disponer la supresión provisional de los efectos de la decisión que retira la personería jurídica, cuando la ilegitimidad o arbitrariedad de la decisión administrativa aparezca "prima facie" como notoria o cuando el retiro de la personería pueda producir daños irreparables.
Juicio ejecutivo, locación de inmuebles, deudas derivadas de la locación
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Ruano de Godoy, G. c/ Samuel, L. s/ Ejecución de alquileres.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Procede el juicio ejecutivo no sólo para el cobro de alquileres o rentas, sino para también otra deuda derivada de la locación (art.

1581 del Código Civil). Se encuentran amparadas por este procedimiento las deudas por reparación de deterioros, pago de las mejoras a las que el locatario se obligó contractualmente y que pago el locador a costas de aquél, cláusula penal por retraso en el pago del alquiler, repetición de impuestos, de suministro de luz eléctrica y servicio de teléfono, etc., que quedaron a cargo del inquilino.
Caducidad del procedimiento administrativo, prescripción, cómputo del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sosa Nestor Marcel c/ Estado Nacional (Gendarmería Nacional) s/ Retiro Militar y Fuerzas de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

Si bien el texto del art. 1, inc. e), ap. 9) de la ley 19.549 sólo prevé el reinicio del curso de la prescripción a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de caducidad, por extensión corresponde acordar el mismo efecto -cuanto menos- al acto denegatorio expreso que pone fin al reclamo (Mairal, Héctor A.:

"Control Judicial de la Administración Pública", ed. Depalma, Buenos Aires, 1984, t. I, pág. 363, nº 222).
ECUADOR, derecho de los beneficios de la seguridad social, aportes previsionales, denegatoria del beneficio, derecho a la información, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Marcia Cecilia Trujillo Calero Vs. Ecuador - Derecho a la seguridad  social - obligaciones de los Estados de garantizar el acceso a una  jubilación c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2018-03-26

Una mujer que aportó durante 29 años al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, solicitó acceder al régimen de jubilación pertinente. Informada sobre su viabilidad por cumplir con los requisitos de más de 45 años y 300 aportes mensuales, se le comunicó la necesidad de renunciar a su trabajo para efectivizar el beneficio. Cumplimentado tal requisito y solicitada la prestación en diciembre de 2001, dos años después el organismo resolvió negársela y declarar inválidas algunas de las contribuciones -un período adeudado de 1989-, a pesar de haber continuado recibiendo los aportes de la afectada. Notificada de lo así resuelto en mayo de 2007, demandó al Ecuador por violación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en perjuicio de sus derechos a la seguridad social, falta de información oportuna y adecuada e imposibilidad de acceder a una pensión mínima por vejez.
Proceso penal, prueba, apreciación de la prueba, presunciones
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., E. s/ Robo automotor (Expte Nº 17-99, Resolución Nº 27, Tomo 5, Folio 486)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-06

Para poder utilizar con carácter indiciario o indicador una declaración prestada ante la prevención y luego negada en su autenticidad ante la Justicia, deberían cumplirse dos pasos: primero acreditarse que se trata de una prueba obtenida por medios legítimos a efectos de no permitir la introducción de alguna obtenida ilegítimamente (verbigracia, con apremios) y, segundo, de algún modo demostrarse procesalmente que el contenido de aquella declaración posteriormente negada responde fielmente a lo que en esa oportunidad expresara el declarante, para lo cual habrá de evaluarse la fe que merece la intervención en ese acto de funcionarios policiales, la imparcialidad de los mismos, lo que ellos -eventualmente otras personas- puedan decir sobre el mismo (nuestro Código Procesal Penal permite llamarlos a testimonios respecto a los actos de investigación que hubieran practicado -art. 259-) y, la posibilidad o imposibilidad de que indebidamente se introdujeran en ella datos no expuestos por el tenido como declarante. Sólo si la supuesta declaración prevencional supera airosamente los dos pasos anteriores, estaríamos en condiciones de decir que contamos con un dato "indiciario y podremos unirlo a otros (absolutamente extraordinaria sería la posibilidad de encontrarnos con un indicio inequívoco) para ver si llegan a formar convicción de certeza sobre el extremo que nos preocupe.
Instigación, privación ilegal de la libertad calificada
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ríos, Gregorio; Braga, Horacio A.; Auge, José L.; González, Sergio G.; Cammaratta, Sergio R.; Luna, Aníbal N. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-11-13

Cabe confirmar el carácter de instigador del delito de sustracción de persona agravada por la muerte de la víctima de quien investía el cargo de jefe de seguridad de un empresario con reconocida capacidad económica, pues surge acreditado que el imputado tenía sus propios contactos, medios operativos y personal especializado a cargo, para desempeñar fielmente la labor encomendada, máxime cuando la víctima - un fotógrafo de una revista de gran tirada- habría fotografiado a su patrono, lo que puso en tela de juicio su propia capacidad operativa, y su fuente de trabajo (del voto en disidencia del Dr. Natiello).
Cuestiones de competencia, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, perpetuatio jurisdictionis
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G.C.B.A. c/ 2220 DEL PINO VIRREY s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-22

En tanto la Ciudad de Buenos Aires ha instalado formalmente sus tribunales de primera y segunda instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario (Resoluciones 337 y 406 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), tal cambio institucional torna inaplicable el criterio que admite la "perpetuatio iurisdictionis" en el supuesto de la subsistencia de la competencia de alzada una vez concedido el recurso y radicada la causa.
Reconocimiento en rueda de personas, debate
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MONZON, JUAN CARLOS s/ RECONOCIMIENTO  DE  PERSONAS  - SENTENCIA - RECURSO DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1974-11-08

La exigencia de un acta circuntanciada se refiere sobre todo al reconocimiento practicado en la etapa preparatoria, pues éste podrá incorporarse al debate por medio de la lectura de aquélla y servir así de base a la sentencia. Los atestados deberán ser claros y precisos, sin omitirse ningún detalle, de manera tal que el tribunal de juicio obtenga por la lectura del documento una reproducción palpable y completa del acto que no presenció y sobre el cual podrá fundar su pronunciamiento.

De no conseguirse su observancia, sea porque en los hechos tales formalidades no se respetaron, ya sea por omisión del actuario, el acta no podrá ser leída en el debate, lo que impedirá al tribunal de juicio tener en cuenta, al sentenciar, el reconocimiento así documentado.-
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, daños y perjuicios, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, hospitales públicos, falta de prestación de servicios, responsabilidad extracontractual del Estado, derechos y garantías constitucionales, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: LOPEZ, LIDIA c/ H.E.C.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 344 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-23

La Corte Suprema nacional, al declarar su incompetencia para resolver en forma originaria, en la causa "Ledesma, Luis c/ Provincia de Santiago del Estero s/ daños y perjuicios" (del 11.07.2006), en la cual la pretensión del actor consistía en obtener el pago de un resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de la presunta falta de servicio en que habría incurrido el personal médico del Hospital Regional, por mala praxis, atribuyendo responsabilidad a la Provincia de Santiago del Estero por el cumplimiento irregular de las obligaciones a su cargo, dijo que en asuntos de esta naturaleza lo que se pretende someter a juzgamiento y decisión es la preparación de los daños que se invocan como injustamente sufridos por el peticionante como consecuencia del funcionamiento irregular de la actividad de la administración pública, que se caracteriza para situaciones como la ventilada en autos, por brindar un servicio, una prestación concreta al administrado o a la colectividad para la satisfacción de una necesidad pública, consistente en el caso en la asistencia hospitalaria.

Esta actividad de los centros de salud pública "ha de verse una proyección de los principios de la seguridad social, a la que el artículo 14 nuevo de la Constitución Nacional confiere un carácter integral, que obliga a apreciar los conflictos originados por su funcionamiento con un criterio que no desatienda sus fines propios" (fallos 306:178); y que el hospital público es, pues, una consecuencia directa del imperativo constitucional que pone a cargo del Estado la función trascendental de la prestación de los servicios de salud en condiciones tales de garantizar la protección integral del ser humano.
Remuneración, falta de pago, responsabilidad contractual, indemnización, daño moral
Materia: CIVIL LABORAL
Carátula: López, Rosaria c/ Barri, Osvaldo y-o Quien Resulte Propietario s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-06-24

Si enfocamos la falta de pago de remuneraciones como simple incumplimiento contractual y al recaer el mismo sobre una obligación dineraria, tenemos que en nuestro derecho sólo es resarcible el perjuicio patrimonial con los intereses moratorios, pero no el daño moral por resultar inaplicable a tal supuesto la norma del art. 522 del Código Civil, que rige únicamente "en las obligaciones que no tienen por objeto sumas de dinero", cual lo indica el epígrafe del Título 3, Libro 2º de nuestra Ley Civil.
Derechos políticos, sufragio
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Libres del Sur y otros s/ amparo electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

Más allá de las formas y opciones que el ordenamiento otorga a los Estados -locales y nacional-, no cabe duda que el derecho a sufragio de los electores debe prevalecer siempre (v. doctrina de la CSJ en los precedentes "Alianza Unen", -Fallos 338:628- y "Apoderados de la Alianza Frente Patriota Bandera Vecinal Distrito Buenos Aires", -cortes 343:42-). Incluso, en el marco de acciones como la que nos ocupa, cuyos límites, en modo alguno se presentan ni adecuados ni claros. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benencia, Raúl Diómedes c/ Martinez de Fiol, Elsa Martha s/ Cobro ejecutivo Borrego, Eliseo Héctor c/ Ceola, Juan Carlos s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03|1987-02-05

Anulada la sentencia de Primera Instancia, debe volver el expediente a primera instancia en los términos del art.73 del dec.ley 5827 (texto según la ley 9229) -aplicable en virtud a lo preceptuado en los arts. 17 inc.7 y 30 del cód. procesal- para resolver sobre la materia en que la resolución atacada es objeto de anulación, ya que de lo contrario se privaría a las partes de la garantía de la doble instancia.-
Medicina prepaga, daño punitivo
Materia: CIVIL
Carátula: B. M. O. y Otros c/ OMINT ARGENTINA S.A. DE SERVICIOS s/ Incumplim. de Prest. de Obra Soc./ Med. Prepaga
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-11

Respecto de esa novedosa categoría jurídica que en tanto no tiende a resarcir un daño sino a causar un mal al responsable del ilícito con fines de sanción y de prevención general, tiene la naturaleza de pena (PICASSO, Sebastián "Sobre los denominados "Daños Punitivos" LL 2007-F, 1154). Por ello, resulta conveniente el análisis del rubro reclamado a la luz de los principios que rigen no sólo en materia de derecho civil, sino también desde una perspectiva penal. Con motivo de ello, cuando de daño punitivo se trata el juzgador no puede desatender la posición del autor del daño, pues será en este incumplimiento donde finque la verdadera causa de la procedencia del rubro.