Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-06-11


2º Instancia - Dolores, Junio 11 del 2009.

A la cuestión planteada la Doctora Canale dijo:

I- Contra el decisorio de fs. 50/54 que hace lugar a la acción de amparo promovida, deduce la demandada recurso de apelación concedido a fs. 74, fundado con la pieza de fs. 59/70 y que mereciera réplica de la contraria a fs. 76/80.

II- En forma liminar, debo analizar el planteo respecto de la competencia contencioso administrativa que hiciera el apelante en el punto IV de su fundamentación, y que mereciera oposición de la contraria en el punto III de su contestación al pretender, por tratarse a su criterio de materia laboral, la intervención del Superior Tribunal provincial.

a- Cabe destacar que el nuevo régimen de amparo -ley 13.928, publicada en el B.O. el día 11-2-2009- no ha contemplado expresamente el órgano de alzada competente para resolver el recurso de apelación en los casos en que la acción tiene por objeto la impugnación de un acto administrativo particular o general, una omisión administrativa o una vía de hecho, tal como lo hacía el art. 19 de la ley 7.166 -texto según ley 13.301-. Ello, no obstante, teniendo en consideración que la norma del citado art. 19 de la ley 7.166 no luce incompatible con el régimen instaurado por la ley 13.928 y que aquella, dados los términos en los que ésta fue promulgada, continua vigente en todo cuanto no se oponga al nuevo sistema, corresponde dejar sentado que el conflicto de competencia aquí planteado debe ser resuelto teniendo en cuenta la disposición que a la ley 7.166 introdujera la ley 13.101. (SCBA B-70026 I 25-3-2009).

b- A su vez, la competencia del órgano de alzada se halla circunscripta por la norma del actual art. 16 de la ley 13.928, que prevé -como antes lo hacia el art. 18 de la ley 7.166-, que el recurso de apelación en el amparo sólo procede contra la sentencia definitiva, la que rechaza in limine la acción o la que dispone o deniega una medida cautelar c- En el caso sub examine, corresponde señalar que el proceso fue iniciado como de "conocimiento sumarisimo" (fs. 13) y enmarcado en la materia laboral por el actor y así lo presentó ante la Receptoría Gral. de Expedientes. Fue en virtud de ello que dicho organismo lo asignó al fuero laboral, obviando el sorteo que para los amparos prevén las Resoluciones nº 1358/06 y 1794/06, ratificadas por la nº 957/09 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

En igual sentido, en el libelo de inicio funda su reclamo en normas de derecho laboral y luego incluye las del amparo (fs.15 vta.,18 vta., 19 vta.).Guiado tal vez por tal variedad normativa el Tribunal a quo le dio el trámite del amparo, que la contraria (Banco Provincia) consiente en el momento de la audiencia (fs. 42) que coincide de acuerdo a la actual legislación con la oportunidad para presentar el informe circunstanciado (art. 10 ley 13.938).

Sentado como ha quedado que estamos en presencia de una acción de amparo, solo cabe analizar la materia del mismo en orden a lo dispuesto por el art. 19 de la ley 7166. Y en ese marco legal, es inevitable la intervención de esta alzada: dado que el objeto de la acción de amparo en estudio, no comprende la impugnación de un acto administrativo, particular o general, o una omisión administrativa o de una vía de hecho en cuyo caso resultaría competente la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo. En efecto, el presente amparo tiene como objeto cuestionar la retención efectuada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires de la caja de ahorro de la actora, en su relación como cliente de la institución, persiguiendo el reintegro de la suma que a su juicio fue indebidamente descontada.

Dicha institución, no pertenece a la Administración Pública Provincial, y por ende sus decisiones no revisten el carácter de "acto administrativo" a que alude la normativa legal citada. Es evidente que la actuación que ha tenido la entidad Bancaria, está dentro de la actividad comercial que la misma realiza con particulares, en un marco de derecho privado, ajeno al ámbito público administrativo y por ende excluido del fuero especializado, como lo es el Contencioso Administrativo.

d) En cuanto a los dichos de la actora, sobre la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por ser el órgano de Alzada del Tribunal Laboral, resulta necesario señalar que la actuación del fuero laboral en la resolución de estos obrados, lo ha sido por cuanto en este tipo de procesos resulta competente cualquier juez y fue la actora quien fundó su pretensión en las normas de la ley de Amparo.

Vale decir que la actuación del Tribunal de origen no lo es dentro del marco de su especialidad -Laboral- donde resultaría ser competente en materia recursiva el Máximo Tribunal Provincial, sino que lo es virtud de lo normado por la ley que rige el procedimiento del amparo (art. 19 de la ley 7.166 y sus mod); por ello sumado a lo expuesto precedentemente corresponde la intervención de éste órgano jurisdiccional.

III- Entrando al fondo de la cuestión me permito recordar que se promovió esta acción con el objeto de cuestionar y revertir la retención que la entidad financiera demandada hiciera de la caja de ahorros destinada a la cuenta sueldo de la accionante, presumiblemente por el indebido retiro de dinero al carecer de fondos (ver fs. 35/41).

La particular vía sumarísima elegida requiere para su procedencia que la impertinencia y el exceso del acto que se impugna sean manifiestos y constituyan ilegitima restricción de derechos constitucionales (art. 20 C.Pcial, 43 CN).

Sabido es para el andamiento de la acción de amparo, además de la interposición en término (arts. 2º y 6º, Ley 7166), es sustancial que se funde en el ilegítimo o arbitrario accionar de la parte demandada; entendiendo por lo primero lo ilegal, lo ilícito, lo contrario a la ley, y por arbitrario la actuación caprichosa y sin principios jurídicos que la sustenten (arts. 1º ley cit.; 43 C.N. y 20 C.Pr.) y asimismo la existencia de un daño grave, irreparable y concreto que impida someter la decisión del tema a procesos judiciales ordinarios, o la inexistencia de otras vías para lograrlo.

Esencialmente, el amparo constituye un remedio excepcional, reservado sólo para casos en los que no existan procedimientos legales aptos para proteger los derechos que se dicen afectados (art. 2 ley 7166), es decir que la situación no se pueda recomponer a través de procedimientos administrativos o judiciales que permitan obtener el mismo resultado.

En ese orden advierto que en la especie no aparecen reunidos los requisitos esenciales para su procedencia; no basta que el hecho pueda resultar arbitrario o ilegal, si la reparación puede obtenerse por otro procedimiento, Y ello ocurre en autos, por cuanto la determinación acerca de si el descuento referido correspondía o no, surgirá de la prueba que se produzca al respecto en un proceso de más amplio debate.

Sin dudas la actora deberá acudir a un proceso de conocimiento amplio que permita discutir los argumentos de ambas partes y resolver de acuerdo a las pruebas que se produzcan. Y ello obviamente excede las posibilidades de este.

Es mi sincera convicción, que la mera posibilidad de obtener la efectiva tutela del derecho que se dice vulnerado a través de otros procesos, resulta suficiente para rechazar esta acción. Maxime cuando la naturaleza de la cuestión requiere de un debate más amplio y de prueba suficiente para determinar si el descuento o retención era o no procedente.

Es por lo expuesto que si este voto es compartido corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia apelada y en consecuencia rechazar la acción de amparo intentada (arts. 1, 2 y cc de la ley 7166 mod. por las leyes 13.101 y 13.298, 43 C.N. y 20 Const. Provincial).

Las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida (art. 68 CPCC).

Así lo voto. Maria R. Dabadie - Silvana Regina Canale - Francisco Agustin Hankovits.

Dolores, Junio ¿11 de 2009.

Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, se hace lugar al recurso de apelación interpuesto, se revoca la sentencia apelada y en consecuencia se rechaza la acción de amparo intentada (arts. 1, 2 y cc de la ley 7166 mod. por las leyes 13.101 y 13.298, 43 C.N. y 20 Const. Provincial).

Las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida (art. 68 CPCC). -María R. Dabadie - Silvana Regina Canale - Francisco Agustín Hankovits.