Juicio correccional, doctrina de la arbitrariedad, fundamentación de sentencias, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Carlos Ariel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro J. Vélez en contra de la Sentencia Nº 20/11 dictada en Expte. Nº 21/08 - Rodríguez, Carlos Ariel - Homicidio Culposo - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-12-22

El Juzgado Correccional de Segunda Nominación declaró culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo calificado, por el que viene incriminado, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de dos años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, y a la inhabilitación especial de ocho años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores ordenando, una vez firme esta sentencia, el retiro del carnet de conductor habilitante del encausado y el libramiento de los oficios de rigor y en la forma de estilo a las Autoridades Administrativos otorgantes y fiscalizantes a esos efectos, con remisión de copia de la presente Sentencia.

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

Subsidiariamente, el recurrente esgrime como segundo motivo casatorio el previsto en el inciso 3º del art. 454 del C.P.P. Se agravia al sostener que la sentencia viola de manera flagrante lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del C.P. porque el juez analizó parcializadamente la supuesta peligrosidad del imputado, sin tener en cuenta las demás pautas de valoración establecidas en la normativa señalada.

Critica la aplicación de pena de dos años y tres meses de prisión efectiva.

Como puede apreciarse, el núcleo central de la cuestión a dilucidar, radica en analizar si los vicios de razonamiento apuntados han incidido o no en la correcta motivación del fallo en orden a la individualización judicial de la pena impuesta al imputado.

Conforme lo sostenido por esta Corte en distintos precedentes (S. 16, 06/06/11; S. nº 14, 31/03/10; S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09; S. 8, 30/04/08 entre muchos otros), la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

El primero de los agravios radica en denunciar que el tribunal ha omitido ponderar circunstancias que resultarían favorables al imputado.

Puntualmente cuestiona la falta de consideración relativa a la ausencia de antecedentes penales y al informe socio ambiental favorable y que se haya considerado -negativamente- la existencia de causas penales abiertas, las que a criterio de aquél debieron ser ponderadas en sentido afirmativo, debido a la ausencia de antecedentes penales computables, conforme lo enfatizado.

Con respecto al cuestionamiento aludido, estimo que en modo alguno resulta atentatorio de los principios de inocencia e igualdad el hecho de valorar como agravante que el acusado registre causas penales abiertas, en razón de que dicha pauta no va dirigida a demostrar una mayor peligrosidad cuya afirmación afectaría garantías constitucionales, sino que lo relevante es la mayor advertencia e indiferencia -y así lo entendió el tribunal- en cuanto capacidad psicológica de motivarse en la norma, que sobre el alcance del poder punitivo tiene un individuo que ha experimentado personalmente las consecuencias de ser imputado como responsable de la comisión de un delito respecto de otro que jamás se ha visto vinculado a un proceso penal.

Es decir, que configura un hecho que permite al autor actualizar el grado de conciencia sobre los alcances de la norma y las consecuencias de su violación, por lo que importa un mayor grado de culpabilidad cuantificable en el marco del art. 41 C.P. al tiempo de la individualización de la pena.

En razón de ello, considero que no ha existido omisión por parte del a quo en su fundamentación, sino que ello ha sido en sentido contrario a las pretensiones del recurrente, en lo que a este tópico se refiere.

Advierto que de las circunstancias que surgen del informe socio ambiental, el tribunal también atorgó un grado de disvalor a la diferencia de edad entre víctima y el conductor del rodado, quien debió asumir una actitud responsable mientras la conducía en su rodado.

A la crítica de que el tribunal, al imponer la pena de cumplimiento efectivo, violó lo normado en el art. 41 del C.P. y la garantía de igualdad contenida en el art. 16 del C.P. porque en anteriores conductas similares se aplicó pena cuyo cumplimiento se deja en suspenso, cabe reiterar lo sostenido por esta Corte en distintos precedentes, en donde se dijo que la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla, establecidos en el art. 41 del C.P. no es un concepto abstracto, sino que se refiere a la manera en que se desarrolla el hecho constitutivo del delito. Este modo de ejecución es particular de cada ilícito y revela múltiples aspectos que pueden y deben ser valorados -ya sea como atenuante o agravante- al momento de cuantificar en la pena la intensidad del reproche penal dirigido contra el agente.

Desde esta perspectiva, el tribunal ponderó que el imputado utilizó un vehículo que no se encontraba en condiciones mínimas de funcionamiento para circular, la excesiva ingesta de bebidas alcohólicas como conducta precedente, y que se conducía a una velocidad inadecuada y antirreglamentaria.

Además, frente a la advertencia de los carteles que referían "TRABAJAMOS PARA UD. MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL" y "TRANSITO PESADO, PELIGRO ZANJA"; es decir, que señalaban, de alguna manera, el obstáculo sobre la calzada, el imputado continuó su marcha sin extremar las precauciones necesarias, embistiendo con la parte frontal derecha del rodado, a la altura del paragolpe, al montículo de tierra y piedras, a lo que se le suma que continuó su marcha hacia su derecha, hacia el cordón sur de la Avenida México, impactando en un pilar de madera, despidiendo allí el cuerpo de la víctima.

En idéntica dirección, el a quo puso de resalto la gran diferencia de edad existente entre víctima (15 años) y victimario (31 años). De este modo, consideró que reviste especial relevancia la edad de la víctima y su presumida inexperiencia e inocencia, infiriendo una suerte de manipulación de la misma por parte del acusado, una persona mayor de 31 años, primero en la ingesta de bebidas alcohólicas por el lapso de varias horas, y luego ubicándola en su vehículo en una situación de alto riesgo, que desencadenó en el resultado fatal.

Sumado a ello, el a quo también ponderó en contra del acusado la conducta posterior al delito, lo que se desprende de lo manifestado por un testigo, quien puntualmente manifestó que cuando el auto frenó, el imputado se quedó dentro del rodado, omitiendo así asistir o auxiliar a la víctima.

En este orden de ideas, contrariamente a lo sostenido por la defensa, valoro que el tribunal fundamentó debidamente por qué estimaba justo imponer la pena de prisión efectiva. Justificó su postura en que si bien no se puede ignorar que en materia de Homicidio Culposo la condena en suspenso constituye la regla y la pena de cumplimiento efectivo sólo debe aplicarse en casos excepcionales, excepcionalidad que atañe a casos de culpa grave, concepto este abstracto y de dificultosa justipreciación.

No obstante ello, destacó que la misma puede estimarse ante una inequívoca confluencia de múltiples circunstancias agravantes -como en este caso- y a la ausencia total de reproche alguno sobre la conducta asumida por la víctima en el evento, lo que también ha quedado descartado en el caso bajo examen.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.