Acción de inconstitucionalidad, acción meramente declarativa, Municipalidad, poder de policía, facultades reglamentarias, delegación de facultades a la Administración, razonabilidad del acto administrativo, actos de conservación, conservación de la cosa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: IMBERTI, Alberto Bruno y otros c/ Municipalidad de Río Cuarto s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-11-07

1- El poder de policía en el concepto del más Alto Tribunal consiste ya no sólo en asegurar o defender el bienestar general, sino que agrega en su órbita el de promover los intereses económicos de la colectividad, estableciendo como límite de la potestad reglamentaria el principio de razonabilidad receptado en el art. 28 de la C. N. se advierte así, que la C.S.J.N. ha reconocido la facultad del Estado de intervenir, por vía de reglamentación, en el ejercicio de ciertas industrias y actividades a efectos de restringirlo o encauzarlo en la medida que lo exijan la defensa y el afianzamiento de la salud, la moral y el orden público, como así también, cuando estén en juego intereses económicos vitales. Tal criterio ha sido receptado, a su vez, por la Constitución Provincial de mil novecientos ochenta y siete, la cual ha previsto las funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia municipal en su art. 186.

2- La actividad de conservación de máquinas de elevación está plenamente comprendida dentro de las materias que debe atender el municipio en ejercicio de su poder de policía, desde que la Carta Orgánica respectiva, contempla aspectos urbanísticos y edilicios y fundamentalmente, de seguridad.

3- La potestad reglamentaria de la administración tiene su fundamento en la lógica y en el derecho. Se justifica, en la práctica, por cuanto los órganos administrativos se encuentran mejor capacitados para reglamentar cuestiones que requieren una preparación técnica y jurídica de la que el Poder Legislativo en general carece por tratarse de un poder político. En este marco, los Reglamentos Ejecutivos son los que dicta la Administración, en ejercicio de facultades normativas propias, para asegurar o facilitar la aplicación o ejecución de las leyes, llevando o regulando detalles necesarios para su mejor cumplimiento y de las finalidades que se propuso el legislador. Se trata de una actividad subordinada a la ley y limitada, en tanto los reglamentos no pueden alterar el espíritu de aquella.

4- Las facultades conferidas al Colegio Profesional por el bloque normativo impugnado no implican una delegación, ni siquiera parcial, de las potestades públicas que hacen al poder de policía comunal. Se trata, de un auxilio o cooperación que la Municipalidad demandada requiere a un ente público no estatal como es el Colegio de Ingenieros Especialistas, para el mejor desarrollo de aquella potestad. Los colegios o consejos profesionales "...han pasado a ocupar un lugar preponderante dentro de las denominadas "personas jurídico públicas no estatales" o entes "intermedios" o "parafiscales" o "vicarios de la Administración Pública" (...) Estos entes, aún cuando estructurados a partir de una conceptualización "corporativa" y con fines primariamente representativos, visualizan en su cometido "la ordenación, gestión o defensa de un sector de los intereses generales (de toda la sociedad) que se ve afectada por los servicios de tal clase profesional..." 5- El poder de policía ha sido definido como la potestad reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales de individuo, la que para asumir validez constitucional debe reconocer un principio de razonabilidad que disipe toda iniquidad y que relacione los medios elegidos con los propósitos perseguidos. Para saber si hay proporción razonable entre una medida y una finalidad, no basta examinar si la elegida es conducente a ese fin, porque resulta indispensable añadir que, entre varias medida igualmente idóneas, no se haya optado por la que resulta más gravosa para los derechos. En la materia específica de que se trata, la razonabilidad se refiere a la forma, modo, manera y oportunidad de cómo debe realizarse la función policial.- 6- Los actos sobre los cuales habrá de verificarse la razonabilidad o irrazonabilidad de las medidas reglamentarias impuestas a la actividad de los conservadores de máquinas de elevación, requieren el análisis de ciertas cuestiones, como determinar - entre otros aspectos- si es razonable la relación que se establece entre los objetivos de seguridad en materia edilicia y los requisitos exigidos a los conservadores y, consecuente con ello, si tales restricciones son fruto de un desborde de autoridad o se ajustan a los límites impuestos por la Constitución al ejercicio de los derechos individuales, en resguardo de interés general de la comunidad (arts. 14, 28 y cc. de C.N.).

7- La exigencia de que los conservadores cuenten con la asistencia de representantes técnicos habilitados por el Colegio Profesional, no puede considerarse como una restricción irrazonable, desde que la misma encuentra justificación en la finalidad que mediante el bloque normativo impugnado se pretende satisfacer, esto es, garantizar la seguridad de los habitantes, puesta de manifiesto a raíz de un importante número de accidentes producidos por las máquinas de elevación de que se trata.

8- Así, la normativa cuestionada, no consagra un monopolio o privilegio corporativo susceptible de afectar el derecho de igualdad de los presentantes, desde que pueden obtener la habilitación para actuar como conservadores. El control de constitucionalidad, legalidad y legitimidad encuentra como límite las razones de mérito, oportunidad y conveniencia que han guiado a los órganos políticos legislativo y ejecutivo, para su dictado.

9- No es del resorte de Poder Judicial decidir del acierto de las decisiones políticas de los otros poderes públicos en el uso de facultades que le son propias, en tanto no medie arbitrariedad o inequidad manifiestas. Una de las misiones más delicadas del Poder Judicial es saber mantenerse en la esfera de sus funciones, no invadiendo las atribuidas a los otros departamentos de gobierno.