Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-06-03


En la ciudad de La Plata, a 3 de junio de 2009, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Pettigiani, Soria, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 101.794, "G. , C.M. . Recurso de casación".

áA N T E C E D E N T E S La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar -por mayoría-, sin costas, al recurso de casación interpuesto por la defensa del procesado C. M. G. contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Dolores que lo condenara a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causae en concurso real con robo simple. En consecuencia, casó el fallo impugnado -modificando la calificación legal y el monto de la pena impuesta- y condenó en definitiva al procesado a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de homicidio simple en concurso real con hurto.

La señora Fiscal Adjunta ante dicho Tribunal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fuera concedido por esta Corte (fs. 264).

Oído el señor Fiscal del Tribunal de Casación (Res. 556/08), dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente C U E S T I O N ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto? áV O T A C I O N A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

1.- El 14 de junio de 2007 la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal -por mayoría- hizo lugar al recurso deducido por la defensa del procesado C. M. G. contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Dolores que lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por su comisión criminis causae en concurso real con robo simple. Así, casó el fallo impugnado -modificando la calificación legal y el monto de la pena impuesta- y condenó en definitiva al mencionado a la de quince años de prisión, accesorias legales y costas, en orden al delito de homicidio simple en concurso real con hurto (fs. 206/228 vta.).

2.- Para así resolverlo expuso que "... nada hay en la prueba que permita predicar que G. se armó para hacer valer una exigencia dineraria, ni tampoco que a raíz de la negativa de S. lo mató para robarle, y menos aún que esto sea recogido en el veredicto y sentencia, donde a contramano de tal conclusión se dice que el delito contra la propiedad constituye un robo simple..." (del voto del doctor Borinsky con la adhesión simple del doctor Violini; fs. 223 vta.).

Concluyó argumentando: "... no puedo descartar más allá de una duda razonable que aprovechara el transporte para pedir dinero, otra vez, al amigo que lo venía haciendo, y que decidió no hacerlo más; ni tampoco que ello provocara su ira homicida, que llevó a la práctica mediante el arma que algún testigo le viera portar en otro tiempo, y después, como refiere el veredicto, tomara el efectivo del ya cadáver, desdeñando otros efectos de valor..." (fs. 224).

3.- La Fiscal Adjunta se alza contra lo decidido denunciando la errónea aplicación de los arts. 79, 55 y 162 del Código Penal y la inobservancia de los arts. 80 inc. 7º y 164 del mismo cuerpo legal como consecuencia de haber incurrido en arbitrariedad, conculcando así las reglas del debido proceso (arts. 18 y 33 de la Constitución nacional).

En tal inteligencia expresa que el sentenciante formuló una "nueva descripción de la materialidad ilícita", mutando el encuadre legal acordado al hecho por el tribunal de origen sin un fundamento concreto y razonable que así lo autorice. De tal modo, en la nueva descripción de la materialidad ilícita que en la segunda instancia se formula, se excluyen referencias contenidas en el pronunciamiento originario tales como "el hecho de que el sujeto activo æse hizo conducir' por la víctima hasta el lugar en el que finalmente fuera ultimado y que en ese lugar y previamente al desenlace fatal, el primero æexigió' a S. la entrega de una suma de dinero, efectuándole ante la negativa de éste último los disparos de arma de fuego que acabaran con su vida, para así apoderarse del dinero que el repartidor de gas llevaba consigo" (fs. 253 vta.).

Asimismo adujo que "las constancias probatorias de la causa valoradas en el veredicto y sometidas a un nuevo examen en casación,..., permiten a los jueces que formaran mayoría en el fallo atacado intercambiar, invocando la existencia de una duda razonable al respecto, la exigencia dineraria por una amistosa solicitud y la clara vinculación que puede establecerse entre la necesidad imperiosa de procurarse dinero, aquella exigencia, la negativa del pasivo, los disparos efectuados y el apoderamiento del dinero que la víctima llevaba consigo, por una absurda desconexión e independencia entre un homicidio en un rapto de ira y un hurto inmediato posterior..." (fs. 253 vta./254).

De tal modo, añade la recurrente "... el órgano revisor prescindió de la clara conexión ideológica que aquellas permiten establecer entre el homicidio y el atentado contra la propiedad que operara en el caso como delito fin y que, habiéndose también consumado, debe concurrir realmente con el delito calificado contra la vida..." (fs. cit.).

Concluye en que, probadas la existencia del homicidio y del desapoderamiento ilegítimo ejecutados sin solución de continuidad por un mismo sujeto activo, sumado a otros elementos objetivos reunidos en la causa, permiten inferir la existencia de la conexión ideológica exigida por el art. 80 inc. 7º del Código Penal; lo que no deja lugar para la duda razonable alegada por el sentenciante.

4.- La Procuración General en su dictamen de fs. 267/269 propició acoger favorablemente el remedio deducido.

5.- En mi opinión, el recurso no puede prosperar.

Como se adelantara, el juzgador mutó la calificación legal impuesta al procesado G. originariamente por el Tribunal en lo Criminal. En ese sentido, la recurrente estructura su discurso impugnativo invocando un presunto error de razonamiento, pero al expresar solo un criterio discrepante con lo resuelto, desentendido de la duda específicamente planteada por el Tribunal de Casación a fs. 224 y reseñada en el punto 2, no logra desvirtuar los motivos esgrimidos para justificar la no aplicación del art. 80 inc. 7º del Código Penal.

Así las cosas, y en el acotado marco de la competencia revisora de esta Suprema Corte en la fijación de los hechos (doctr. art. 494, C.P.P.), el recurso fiscal deviene insuficiente en tanto no logra demostrar absurdo o arbitrariedad en lo argumentado por el órgano casatorio en relación con el único aspecto controvertido, la configuración en el caso, del elemento subjetivo del tipo penal en cuestión (doctr. art. 495, C.P.P.). De modo tal que, en consecuencia, queda también sin poder acreditarse la invocada incorrección de la subsunción jurídica establecida.

Por ello, voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Pettigiani y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

áA diferencia de mis distinguidos colegas preopinantes y coincidiendo con el dictamen de la Procuración General glosado a fs. 267/269 entiendo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora Fiscal Adjunta resulta procedente.

áEn efecto, considero que más allá de la extensa argumentación desarrollada por el tribunal casatorio al tratar la admisibilidad del recurso, la misma no conmueve la solidez del principio de inmediación que debe ser respetado en la valoración probatoria del hecho y sus circunstancias así como respecto de la intervención del sujeto activo en el mismo. Con tal premisa advierto que, contemplando la forma en que llegaron acreditados los hechos, no se verificaban extremos que justificaran apartarse en la instancia intermedia de la valoración sintética efectuada en la instancia de mérito.

áAdviértase que si todo elemento de prueba al ser incorporado formalmente al proceso tiende a producir en el juzgador un estado mental de creencia o de duda, la conclusión sobre su incidencia en la totalidad del proceso a los fines de probar las circunstancias del hecho sólo puede ser válidamente formada luego de haberlos considerado a todos ellos en una totalidad hermenéutica probatoria. Esto implica fundamentalmente no omitir ningún aspecto parcial, no estimarlos con exceso, ni juzgarlos despreciables, a fin que las conclusiones extraídas de ellos resulten confiables y portadoras de la convicción imprescindible para acreditar la verdad material sobre la ocurrencia del suceso.

áSin embargo, tal proceder no surge del sub lite, toda vez que elementos integrantes de la materialidad ilícita que fue debida y sintéticamente probada en el proceso, fueron indebidamente excluidos en la descripción adoptada por el Tribunal de Casación -lo cual determinó el cambio efectuado en la calificación legal del suceso- alegando la concurrencia de un estado de duda que no se manifiesta ante los hechos probados en la instancia.

áPor el contrario, de estos últimos surge claramente la perpetración del homicidio como medio para consumar el robo, lo que subsume al hecho en las previsiones del art. 80 inc. 7 del Código Penal que concurre idealmente con la figura del art. 164 del mismo texto legal.

áNo cabe duda en el caso que el imputado no tuvo reparos en rebajar la vida de su conocido al punto de servirse de ella para apoderarse del dinero que requería. Los elementos exigidos por la citada figura concurren en el sub examine sin que las circunstancias referidas por el tribunal intermedio en punto al trato que aquel mantenía con la víctima al haberle solicitado préstamos dinerarios con anterioridad y demás circunstancias carentes de relevancia, afecten en modo alguno dicha calificación.

áPor otra parte, además de lo expresado sobre la errónea aplicación por parte del Tribunal de Casación Penal de las figuras establecidas en los arts. 79 y 162 del Código sustantivo e inaplicabilidad en el caso del art. 80 inc. 7 en concurso ideal con el art. 164 del mismo texto legal, se evidencia cierta contradicción en el voto del ponente del tribunal intermedio en cuanto señala -fs. 224- que el desapoderamiento que califica como hurto fue cometido luego del homicidio descartando que el imputado haya matado a raíz de la negativa de la víctima, y sin embargo al valorar las agravantes y atenuantes expresa -fs. 225 vta.- "... en las antípodas considero que debe permanecer el motivo fútil que llevara al imputado a dar muerte al amigo...".

áTodo ello conduce a hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por la señora Fiscal Adjunta, dejando sin efecto la calificación propiciada por el Tribunal de Casación Penal, a fin de aplicar la figura prevista en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, que concursa idealmente con la figura del art. 164 del mismo texto legal, reenviando en consecuencia las actuaciones a la instancia para adecuar la pena (art. 496 del C.P.P.).

áVoto así por la afirmativa.

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud votó también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente áS E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída la Procuración General se resuelve -por mayoría- rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la señora Fiscal Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal (art. 496, C.P.P.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.