Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05


2º Instancia. - Junín, junio 5 de 2007.

1º ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Guardiola dijo:

I. A fs.160/162 se resuelve como de previo y especial pronunciamiento la excepción de prescripción opuesta por la codemandada Noelia Olga Nasta de Zalga, rechazándola con costas.

Entendió el sentenciante de grado que el curso de la prescripción bienal se ha visto interrumpido con el inicio de la acción y que ese efecto se mantiene no obstante que hayan transcurrido cinco años sin que la actora llevare a cabo actos procesales impulsorios mientras se encuentre vigente la instancia.

Apeló la demandada excepcionante a fs. 168/9, fundando su recurso con el memorial de fs.

171/172. Critica el decisorio señalando que desde la interposición de la demanda hasta su ampliación transcurrió un plazo superior a los dos años de total pasividad, es decir no existió por parte del actor una intención manifiesta de mantener vivo el derecho reclamado en la demanda, por lo que la acción está prescripta conforme lo dispuesto por el art. 4037 del C. Civil.

Con la réplica actoral de fs. 176/178 resistiendo la impugnación, llegan las actuaciones en condiciones de ser resueltas (arts. 246 y 270 del CPCC).

II. He tenido oportunidad de pronunciarme sobre una situación similar en Expte. Nº 41790 Fitipaldi César Horacio y otros c. Pire Héctor y otro s/ Daños y Perjuicios LS 47 nº 441 sent. del 26/12/2006 en el cual dije: "... Ninguna duda cabe que la sola interposición de la demanda basta para interrumpir la prescripción, sin que sea necesaria su notificación ya que tal exigencia no se encuentra ni expresa ni tácitamente incluida en el artículo 3986 del Código Civil. Es el acto interruptivo por excelencia ya que al ser el ejercicio en sí mismo de la acción ante la justicia exterioriza de la forma más acabada la voluntad del titular del derecho de no dejar que prescriba (SCBA, Ac. 43394, S, 28-12-1990 y números precedentes de tribunales inferiores CC0102 MP, 129206, RSD-403-4, S, 24-6-2004 JUBA B1404101; CC0203 LP, 102705, RSD-143-4, S, 20-5-2004 JUBAB353764; CC0202 LP, 93818, RSD-261-00, S, 3-10-2000 JUBAB300788; CC0001 SM, 27591, RSD-19611-, S, 26-4-1990 JUBAB1950024; CC0100 SN, 960741, RSD-282-96, S, 22-10-1996 JUBAB854675). Este efecto se mantiene durante todo el trámite del juicio, cualquiera sea el tiempo que insuma el mismo ya que la acción sigue en pie ("Prescripción liberatoria y caducidad" Marcelo Urbano Salerno, La Ley, p. 54 y 56) cualquiera sea la rapidez o continuidad del trámite, en toda la duración del proceso, salvo, desde luego, lo proveído en el art. 3987 (SCBA, Ac 74035, S, 3-7-2002). En otras palabras, la doctrina y la jurisprudencia a partir de estos dos preceptos han extendido el alcance de la "causa" de la interrupción a los demás actos del proceso posteriores a la demanda, en tanto no se produjere el desistimiento o la deserción de la instancia según las disposiciones de los códigos de procedimientos, que borran tal efecto.

Ahora bien, en la insita relación entre prescripción y la caducidad de instancia, con el régimen legal provincial anterior a la reforma de la ley 12.357, este modo de terminación del proceso era procedente con el solo planteo "antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo legal" que según la instancia y clase de proceso correspondiere. En cambio después de las modificaciones a los arts. 315 y 316 del CPCC (que en la práctica han venido ha significar la muerte del instituto pero sin acta de defunción según valoración en la que coincido de Jorge E. Aldazabal -ver ED, T. 188 Año 2000 p.1113 a 1116-), al ser necesario una previa intimación para que manifieste su intención de continuar con la acción y produzca actividad procesal útil, que quien no ha sido anoticiado de su interposición (lo que se cumple en la mayoría de los casos con la notificación de la demanda) no está en condiciones de efectuar y que cuando puede ya no puede, valga la redundancia, porque ha sido impulsado, viene a darse una situación que mal puede reputarse como querida por el codificador o por el legislador provincial: "se habrá convertido a las acciones que han sido objeto de demanda judicial en sometidas al plazo de prescripción que quiera otorgarles la voluntad de su titular o para decirlo sin eufemismos, en imprescriptibles" (Calatrava Daniel - García Pulles Fernando "Una reforma inconstitucional al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. El fin del instituto de la caducidad de la instancia", ED, T. 186 Año 2000, p. 1308 a 1310).

Si con arreglo al "orden de jerarquía de las leyes consagrado por la Constitución y teniendo presente que las normas procesales deben limitarse a crear las vías para actuar y hacer efectivos los derechos e instituciones establecidos por las leyes sustanciales, es preciso que los jueces interpreten el sentido de aquellas en forma que estas últimas no resulten desvirtuadas", "corresponde interpretar el art. 3986 en el sentido que la demanda judicial acarrea la interrupción de la prescripción en cuanto implica ejercitar judicialmente el derecho con el propósito de obtener una sentencia y conseguir la satisfacción del mismo merced a la fuerza pública. A la inversa, la presentación de una demanda con el solo propósito de interrumpir la prescripción que se cierne sobre la acción y sin que sea continuada con los trámites necesarios para arribar a una sentencia, comporta un ejercicio irregular de los derechos que el intérprete no puede cohonestar" (del voto de la Dra. Kaller de Orchansky en fallo del TS Córdoba sala civil y com 2002/08/14 La Ley Córdoba 2002 p. 1166).

Ese ejercicio antifuncional del derecho de acción, verdadero abuso procesal en tanto mantiene sine die en situación de pendencia al órgano jurisdiccional -e incluso a la contraria con factibles detrimentos en su situación jurídica en lo referido a esta relación (vgr. pérdida de prueba de la que podría valerse) o a otras (vgr. informes crediticios)- vinculada con una instancia abierta y una litis sin trabar, es todo lo contrario a la intención inequívoca de hacer valer un derecho, a una manifestación de voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho (acepción no técnica con que debe ser interpretado el término demanda del art. 3986 tal como ha puntualizado el Dr. de Lázzari en numerosos votos; ver asimismo Llambias-Mendez Costa" Código Civil anotado", T. V-C, p. 794). Cierto es que el desistimiento no se presume y que la caducidad de instancia no opera de pleno derecho sino merced a declaración judicial, pero ello no autoriza a considerar "proceso" -a los fines de prorrogar la interrupción de la demanda, de forma tal que impida volver a dar inicio al cómputo de los plazos de prescripción- lo que no se mueve, tramita o continua y que se preserva ya para su vida o muerte en forma solo latente.

Ello ha dado lugar a la opinión, que en aval de la postura de la apelante, sostiene: "En la economía que entendemos del Código Civil, que no podría ser tergiversada por los Códigos de Procedimiento, la causa de la interrupción de la prescripción cesa a partir de la inactividad procesal, dando inicio al nuevo cómputo de la totalidad del plazo prescriptivo y se interrumpe nuevamente con cada acto de impulso. De modo que si el acreedor no activara el proceso durante el plazo previsto para la ocurrencia de la prescripción, debería decretarse la extinción de su acción por esta causa" (ver autores Calatrava y García Pulles en trabajo citado).

Discrepo sólo parcialmente con esa tesis, y esto ha de ser exclusivamente lo que me lleva a propiciar el rechazo del recurso. Teniendo especial consideración en que la interpretación de la prescripción ha de ser restrictiva debiendo estarse siempre por la solución más favorable a la subsistencia del derecho y procurando el ensamble armónico de las previsiones sustanciales y procesales, es que interpreto que en el supuesto de litis no trabada que nos ocupa, el cómputo prescriptivo comienza a correr nuevamente a partir del vencimiento de los plazos establecidos por el art. 310 del ritual desde la última actuación útil, período legal del que gozaba el actor para instar - hábilmente y sin riesgo o deserción alguna la prosecución de su reclamo y durante el cual puede considerarse vivo o activo el proceso. Es decir tratándose de una demanda por responsabilidad civil - extracontractual a la que se dio trámite sumario, - debió haber transcurrido dos años y tres meses de inactividad para que pudiera tenerse por operada la prescripción, circunstancia temporal que en el caso no se verifica hasta la ampliación de la demanda".

Reeditándose en el presente la cuestión, un nuevo análisis me ha confirmado en la tesis que allí adopté sobre la base de argumentos expuestos por una eximia doctrina nacional que estimo ilustrativo transcribir.

Leemos en De Gasperi-Morello (Derecho Civil III, p. 447): "Una demanda, sin otro agregado que el 'cargo' del actuario traspapelada en su despacho, es jurídicamente tan ineficaz como una interpelación hecha por carta que no ha sido confiada al correo" y en Cazeaux - Trigo Represas ("Obligaciones III", p. 723): "... sería ineficiente a los fines interruptivos del curso de una prescripción, una demanda que persiguiere un objetivo distinto al de poner en movimiento la acción..", como sería "la demanda iniciada con la única finalidad de mantener viva la acción y que luego se abandona para iniciar una nueva demanda" (C. Fed. La Plata Doctrina Jurídica rev. del 17/9/71).

Por su parte Machado (Exposición y Comentario del Código Civil Argentino, T. XI, p. 142) comentando el art. 3986 expresa "El tiempo se debe contar desde la última diligencia judicial, porque la interrupción no continúa, no marcha, por decirlo así, necesita de actos sucesivos para aniquilar el tiempo corrido. Podría ser cierta la expresión de que dura la interrupción mientras el juicio sigue su curso; porque no se cuenta el tiempo que ha durado en la tramitación; pero es porque cada diligencia ha borrado el tiempo transcurrido, de modo que cuando se concluye, no habría prescripción que contar, desde que ha sido interrumpida sucesivamente".

Y Llerena (Código Civil argentino, T. 10, p.477) ante la situación previa a la recepción procesal del instituto de la perención o caducidad a la que en la práctica o derecho vivo nos hemos retrotraído decía: "La Cámara de la Capital, por el contrario, si bien no ha declarado que en los Tribunales de la Capital se pueda invocar la perención de la instación, se ha declarado como no sucedida la interrupción cuando el juicio ha estado paralizado por más del tiempo que dura la acción, cuya prescripción se interrumpió con la demanda (CC tomo 86 pág. 28 y t. 116 pág. 5) "Cuando la prescripción se cumple, decía el camarista Dr. Giménez en esos dos fallos, la instancia queda extinguida, no por efecto de la perención, sino por la extinción del derecho que le servía de fundamento y como consecuencia, la extinción de la instancia, que entonces carece de objeto".

Recordemos también que el artículo 1010, último párrafo, del antiguo Código de comercio, establecía que en el caso de interrupción por emplazamiento judicial, la prescripción corría de nuevo desde la fecha de la última diligencia judicial que se practicare en consecuencia del emplazamiento (Salvat Obligaciones en general t. III nº 2141 p. 498).

Aún más categórico es Alberto Spota ("Tratado de Derecho Civil t. 1 Vol 3-8 (10) Depalma 1959) cuando en nota 762 p. 370 opina "Aún esa demanda cesa en su efecto interruptivo cuando desde que se abandona la instancia (medie o no declaración de perención de instancia) hasta que se reanuda el procedimiento transcurrió el plazo de prescripción".

Desde otra perspectiva así como el término "demanda" del art. 3986 tiene una acepción más amplia que su significación procesal, el desistimiento que borra los efectos de aquella según dispone el art. 3987 1º cláusula (a diferencia de la deserción de la instancia para la cual el precepto remite a "las disposiciones del Código de Procedimientos"), como acto de renuncia de parte de aquel que lo formula, entiendo admite sin forzar la hermenéutica, su comprensión como manifestación de voluntad de abandonar la acción, aunque ella sea en forma tácita, en tanto resulte de un comportamiento categórico e indubitable (doctr. arts. 873 y 874 del CPCC). Y ello ocurre cuando la inactividad se prolonga más allá del plazo de perención cubriendo completamente el de prescripción. "...Sin perjuicio de que el desistimiento debe consistir en un acto procesal expreso, alguna jurisprudencia ha asimilado la institución a la pasividad del actor, considerando un desistimiento tácito cuando se inicia una demanda y luego se la abandona para proseguir con otra" (Llambias-Mendez Costa "Código Civil Anotado" t. V-C p. 812).

En razón de ello, y habiendo transcurrido desde la providencia de fs. 18 de fecha 17 de septiembre de 2002 hasta que se amplía la demanda el 17 de junio de 2005 (ver cargo de fs. 85) con exceso el plazo bienal del art. 4037 C. Civil para la acción por responsabilidad civil extracontractual deducida según el reclamo efectuado con más el plazo que fija el art. 310 inc. 3 CPCC, es que entiendo la excepción debe prosperar.

De compartirse mi opinión, la acción debe reputarse extinguida únicamente en relación a la excepcionante ya que "A las llamadas obligaciones concurrentes, por provenir de fuentes distintas, les resulta aplicable el principio de relatividad de la interrupción de la prescripción" (Llambias- Mendez Costa idemp. 825)." Mientras en las obligaciones solidarias los efectos de la prescripción operada a favor de un deudor se propagan y extienden a todos los demás coobligados (arts. 713 y 3994 C. C.), no sucede lo mismo con las obligaciones conexas, concurrentes o in solidum, en las que, al ser distintas, los efectos de la prescripción (y los de su interrupción) actúan independientemente para cada obligado." (voto del Dr. Roncoroni SCBA, Ac 77960 S 14-6-2006).

Tal es mi voto.

El doctor Rosas, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.

2º cuestión. - El doctor Guardiola dijo:

Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde: I. Revocar la sentencia apelada, haciendo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la codemandada Nasta de Zalga, declarando a su respecto extinguida la acción entablada. Con costas de ambas instancias al actor vencido (arts 68 y 274 del CPCC).

Difiérese la regulación de honorarios profesionales para cuando se hayan determinado los correspondientes a la instancia de grado (art. 31 de la ley 8904).

Así lo voto.

El doctor Rosas, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.

Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, se resuelve:

I.- Revocar la sentencia apelada, haciendo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la codemandada Nasta de Zalga, declarando a su respecto extinguida la acción entablada. Con costas de ambas instancias al actor vencido (arts 68 y 274 del CPCC).

Difiérese la regulación de honorarios profesionales para cuando se hayan determinado los correspondientes a la instancia de grado (art. 31 de la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen. - Juan Jose Guardiola. - Patricio Gustavo Rosas.