Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-18


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 18 de 2008.

Y Vistos: I. Apeló Consolidar ART S.A. la resolución de fs. 113/117, que le impuso una multa de 430 MOPRES por haber transgredido los incisos c) y e) del art. 19 del decreto 170/96 con relación al empleador Aceros Alfa SA. Sostuvo su recurso a fs. 127/135.

La sanción se impuso a la recurrente por haber omitido realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones del medio ambiente de trabajo toda vez que no brindó capacitación a los trabajadores, sobre el sistema de prevención establecido en la Ley sobre Riesgos del Trabajo.

En sus agravios el apelante sostuvo: a) la nulidad de la resolución y la inexistencia de incumplimientos que dieron origen a la sanción pues la aseguradora brindó la capacitación pertinente; b) que la capacitación a los trabajadores no se encuentra a su cargo sino que es responsabilidad del empleador; c) debió aplicarse el decreto 552/01. Por último critica el monto de la multa por considerarlo irrazonable y desmedido, y solicita su reducción, en forma subsidiaria.

II. Los agravios de la recurrente no son audibles.

a) La solicitud de nulidad de la resolución recurrida, no tendrá favorable acogida.

Una interpretación en otro sentido resultaría contradictoria con las facultades de control y de corrección que la ley le atribuye al organismo superintendencial, que resultarían absolutamente desvirtuadas si careciera de poder coactivo. Normas como, por ejemplo, el artículo 118, inc. "rr" de la ley 24.241 respaldan tal interpretación, en cuanto establece, entre los deberes del organismo superintendencial, el de imponer a las administradoras las sanciones previstas ante los incumplimientos de disposiciones legales y reglamentarias.

Las constancias obrantes en estas actuaciones -como se verá- dan cuenta de la infracción de las disposiciones del decreto 170/96; extremo que funda la sanción impuesta de conformidad con las atribuciones otorgadas por el art. 32 inc. 1º de la ley 24.557.

b) Sentado ello, se señala que el art. 19 del Decreto 170/96 establece que "... las aseguradoras deberán realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo. A tal fin deberán:... c) Brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos... e) informar al empleador y a los trabajadores sobre el sistema establecido en la Ley sobre Riesgos de Trabajo y el presente decreto, en particular sobre los derechos y deberes de cada una de las partes...".

Sobre tal base, los restantes argumentos desplegados por la recurrente no son audibles.

En primer lugar porque el espíritu de la resolución 552/01 -complementaria del decreto 170/96 y del programa "Trabajo seguro para todos" de la resolución 700/00- es idéntico al de las normas aquí aplicadas: proteger a los trabajadores.

Y en segundo término, porque a la luz de lo normado por dicha resolución -ver art. 6º- la aseguradora recurrente también ha sido incumplidora.

De las constancias de autos (ver fs. 3, 4, 13/56) surge que las prescripciones legales debidas por la ART no se encuentran cumplidas por ésta -que realizó visitas más sin efectuar capacitación o en algunos casos sólo recomendó "capacitar"-, lo que da cuenta de la infracción tanto de las disposiciones de la aludida resolución, así como del decreto 170/96, correspondiendo desestimar los aludidos planteos.

En punto a la alegación de que la obligación de capacitar no le incumbe, cabe aclarar que el art. 19 y el art. 21 del referido Decreto 170/96 establece lo contrario conforme el texto supra transcripto.

Adviértase que con las constancias de estas actuaciones quedaron acreditadas de manera adecuada las infracciones que se imputan a la aseguradora, en tanto la recurrente no aportó prueba con la que se refuten las faltas que se documentaron, ni que desvirtúen los términos del Dictamen de fs. 100/104.

Así, y teniendo en cuenta que los argumentos vertidos en el memorial no desvirtúan los fundamentos de la pena impuesta, que de las constancias de autos y de los dichos del apelante surge el incumplimiento imputado, la infracción ha quedado objetivamente evidenciada, por lo que la sanción aplicada es procedente.

Las omisiones en que incurriera la aseguradora constituyen una conducta reprochable, con mayor razón si se tiene en cuenta el tipo de actividad que realizan las ART se vincula a la existencia de un interés público en juego, que no puede afectarse en manera alguna. Tales actitudes omisivas, como las incurridas por la aseguradora demandada, no pueden dejar de calificarse como faltas graves, puesto que afectan al trabajador y no resultan acordes con las finalidades del sistema de riesgos del trabajo, en el que prevalece la necesidad de preservar el interés general. En tal sentido, no debe quedar impune el incumplimiento de las normas a las que debe sujetarse una entidad de la naturaleza de la demandada.

Esta afirmación tiene apoyatura en que es la A.R.T. la persona jurídica legalmente obligada frente al organismo de control. En tal sentido, es quien debe tomar los recaudos necesarios y procurar un mecanismo en el que resulte posible el fiel cumplimiento de las obligaciones que imponen las normas que conforman el sistema: este es el único modo de garantizar el debido control por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

No debe olvidarse que la relevante función social que cumple una aseguradora de riesgos del trabajo, justifica la rigidez en la reglamentación de su actividad y la correlativa exigencia de acatar estrictamente los requerimientos legales.

III. Respecto a la multa y teniendo en cuenta los antecedentes del caso, la proporcionalidad que siempre debe mediar entre la falta reprochada y la sanción (C.N.Com., esta Sala, in re, "Superintendencia de Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones el Orígenes AFJP s/recurso de apelación", del 2/3/99), y la gradualidad y progresividad que rige en materia de sanciones, corresponde estimar el recurso interpuesto y modificar el importe de la multa impuesta, reduciéndola a 330 MOPRES.

IV. Confirmase el decisorio apelado, con el alcance establecido supra III. Notifíquese por cédula a las partes y a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho. El Señor juez Miguel F. Bargalló actúa de conformidad con lo dispuesto por la Resoluciones 261/06 y 261/07 del Consejo de la Magistratura y Acuerdos del 15/6/06 y 01/06/07 de esta Cámara. La Señora Juez Dra. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN). - Ana I. Piaggi. - Miguel F. Bargalló.