Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-01


SENT Nro. 96 San Miguel de Tucumán, 01 DE MARZO de 2004.

Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la Ley Nº 48 ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación interpuesto por la parte actora en autos: "Castagnaro, Atilio y otros vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (Junta Electoral Provincial) s/Amparo electoral"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- La parte actora, a fs. 430/496 vta. de autos, plantea recurso extraordinario federal en contra de la sentencia Nº 528, de fecha 11 de julio de 2003, obrante a fs. 420/425, dictada por esta Corte, por la que se resolvió hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Antonio Domingo Bussi y el partido Fuerza Republicana en contra del fallo Nº 197 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, del 5-6-2003, y se declaró inadmisible la demanda de amparo incoada por Atilio Castagnaro, Gabriel Pereira, Viviana Vicente y Marta Rondoletto. Corrido traslado del recurso, el mismo es respondido por el partido político Fuerza Republicana y la Provincia de Tucumán a fs. 502/506 y 508/515, respectivamente, solicitando su rechazo por los motivos que allí se invocan.

II.- Sostienen los recurrentes que la sentencia les irroga un agravio propio, concreto, actual y jurídicamente protegido, atento a que el interés en impugnar a un postulante que no reúne los requisitos necesarios para acceder a un cargo público y el interés en acceder a la justicia frente a un acto administrativo perjudicial, constituyen derechos propios de cualquier ciudadano en calidad de elector y también de las asociaciones de derechos humanos, a quienes se les ha negado legitimación; a que se lesionan los derechos de peticionar a las autori dades, de acceder a la jurisdicción competente, de defensa en juicio y a obtener una sentencia judicial fundada, respetuosa de la supremacía constitucional; y a que al impedirse la resolución de la cuestión principal puesta a consideración de la Junta Electoral, se habilita la repetición del fondo histórico del asunto en cada proceso eleccionario por venir.

Aducen que se efectuó una lectura parcializada de los antecedentes de la causa, omitiéndose considerar la segunda impugnación deducida ante la Junta Electoral Provincial, cual es la presentada por las asociaciones civiles ANDHES, APDH. y CELS, la que se apersonaron a través de sus respectivos representantes legales, objetándose la legitimación de los actores sobre la base de la otra impugnación, en la cual los suscriptores se apersonaron invocando su calidad de ciudadanos electores.

Postulan que la legitimación procesal supone una cuestión constitucional; que se desconoció otras categorías de situaciones jurídicas como la del interés simple, difuso, derechos de incidencia colectiva, y la de algún sector de los derechos políticos; que se incurre en la inconstitucionalidad de equiparar el interés general o generalizado con las ausencia de derecho subjetivo, y que esta Corte sólo receptó como accionantes solamente a las agrupaciones Hijos y Familiares de Desaparecidos, ignorando a ANDHES, APDH. y CELS, las que acreditan legitimación activa derivada del interés colectivo que ostentan, lo que habría sido negado en el fallo. Agregan que, en el sub examine, este Tribunal adoptó una concepción vetusta y estrecha del derecho subjetivo, y restrictiva de la legitimación procesal activa, lo que obstruyó su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva consagrada en la Constitución Nacional y en la legislación internacional que citan.

Señalan que, en el sub iudice, la legitimación activa para impugnar candidatos y la consecuente legitimación para presentar una acción judicial de amparo, radica en la concurrencia de dos derechos, cuya titularidad invisten, a saber: derecho político electoral a impugnar candidatos a cargos públicos, que surge de los artículos 14 y 33 de la Carta Magna, y derecho colectivo de velar por la defensa de la legalidad constitucional, que se manifiesta, en el caso concreto, en la revisión, por parte del órgano competente, del cumplimiento de todo candidato del requisito sustancial de idoneidad ética previsto en el artículo 16 de la Ley Fundamental, a la luz de lo preceptuado en sus artículos 36 y 75, inciso 22. En su criterio, en un estado democrático que se configura por medio de la supremacía constitucional, la fuerza normativa y la práctica constitucional expanden la vigencia de la legalidad constitucional mediante el presupuesto básico que consiste en reconocer legitimación a todo habitante del estado, por el sólo hecho de serlo, para acceder a los procesos constitucionales existentes, con el objeto y fin de preservar la supremacía constitucional, aunque no se vea lesionado en ningún otro derecho. Añaden que, según vasta jur isprudencia, no cabe duda que cualquier ciudadano tiene legitimación para alegar derechos colectivos, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 43 de la Constitución Nacional.

Asimismo, consideran que el Tribunal se apartó de lo que había resuelto en la causa "Defensa Provincial Bandera Blanca vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Acción de amparo", en el entendimiento que el único derecho subjetivo habilitante de un reclamo administrativo o judicial es el derecho de sufragio.

Controvierten la interpretación efectuada en el fallo respecto de los alcances de la normativa provincial y nacional que se analiza, por las razones que desarrollan a fs. 456/462. Desde su perspectiva, se ha llegado a una solución sustentada en la aplicación desnuda, literal, con excesivo rigor formal y distante de normas legales, sin la necesaria valoración conforme a la totalidad del ordenamiento jurídico, y de acuerdo al contexto histórico y social existente al momento de su aplicación, específicamente, el vigente luego de la reforma constitucional de 1994.

Puntualizan que se ha incurrido en dos supuestos de arbitrariedad normativa: a) en el análisis y apreciación de la prueba, al haberse analizado el tópico de la legitimación procesal refiriéndose únicamente a la ausencia de legitimación de los ciudadanos electores, en detrimento de la legitimación acordada por el artículo 43 de la Constitución Nacional a las asociaciones con fines determinados en defensa de los derechos humanos, que también impugnaron y cuyos representantes promovieron también la acción de amparo; y b) en la evaluación de las normas aplicables y en la interpretación literal injusta de las normas consideradas aplicables.

Destacan que la sentencia en embate es además arbitraria por invalidez formal, en tanto evidencia un grave quebrantamiento de las normas legales que determinan el modo en que debe emitirse el fallo (artículo 98 del Código Procesal Constitucional) y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia.

Enfatizan que existe arbitrariedad sorpresiva, puesto que la legitimación procesal de los actores no fue objetada por las partes ni por el a quo, ni fue introducida por el recurrente al plantear el recurso de inconstitucionalidad de la sentencia de la Cámara ni por el Ministerio Público, de lo que resulta que la sentencia atacada introduce una nueva cuestión, modificando sustancialmente el asunto en discusión, resolviendo la anulación de todo lo actuado mediante argumentos insostenibles y arbitrarios.

Por los motivos que exponen a fs. 471 vta./474, adjudican trascendencia institucional al caso.

Tachan de arbitraria la imposición de costas, en la inteligencia que las mismas le fueron impuestas sin solicitud expresa en tal sentido de la parte recurrente; en el carácter novedoso del asunto sometido a debate por los accionantes, y en la violación el artículo 26 del CPC, el que establece que la distribución de las costas en un caso como el de autos debe efectuarse por el orden causado.

Finalmente, concluyen solicitando de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación pronunciamiento sobre el fondo del asunto, y reiteran los argumentos en que fundan la falta de idoneidad moral de Antonio Domingo Bussi.

III.- Este tribunal, ante el cual se ha articulado el recurso extraordinario federal, debe decidir acerca de su admisibilidad, cuyo juzgamiento alude a la presencia, o no, de los requisitos de la vía tentada necesarios a tal fin, que surgen de los artículos pertinentes de la Ley Nº 48.

Al respecto, cabe destacar que ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 429 y vta. y del cargo inserto a fs. 497, por parte legitimada al efecto, y se impugna la sentencia emanada del Superior Tribunal de Provincia, que resulta equiparable a definitiva.

Sin embargo, las cuestiones implicadas inciden fundamentalmente en aspectos de hecho de la causa y en cuestiones de carácter procesal y electoral local, que resultan en principio ajenas al recurso extraordinario federal sin que, en el marco reducido de la vía intentada, prima facie, se advierta configurado el vicio de arbitrariedad, al no exhibirse fundamentos suficientes que autoricen a descalificar el fallo.

Ello así, por cuanto los recurrentes se agravian de la sentencia en recurso imputándole haber prescindido en el análisis de la impugnación presentada por los organismos de Derechos Humanos ANDHES, APDH. y CELS ante la Junta Electoral provincial, y desconocida su legitimación para formular dicha impugnación, siendo que tales apreciaciones resultan notoriamente incorrectas, en la medida que no se corresponden con las constancias de la causa, no bien se repara en lo siguiente: que tanto Gabriel Pereira como Atilio Castagnaro impugnaron la candidatura en cuestión, en la condición de representantes de ANDHES y APDH Central Bs. As., respectivamente, y también por derecho propio en el carácter de ciudadanos habilitados para participar en las próximas elecciones para Intendente de San Miguel de Tucumán (cfr. fs. 2); que en este último carácter, invocando también su condición de electores, Viviana Vicente y Marta Rondoletto formularon la segunda impugnación ante la Junta Electoral (cfr. fs. 30); y que la demanda de amparo, según se desprende claramente de fs. 37 de autos y de los considerandos del pronunciamiento atacado (cfr. fs. 421 vta.), fue interpuesta por Viviana Vicente, Marta Rondoletto, Gabriel Pereira y Atilio Castagnaro en el carácter de ciudadanos y electores.

De lo dicho se sigue que, conforme fuera puesto de manifiesto en el pronunciamiento atacado y contrariamente a lo afirmado equívocamente por los impugnantes, la acción de amparo nunca fue incoada por organismo de Derechos Humanos alguno, ya que tanto Gabriel Pereira como Atilio Castagnaro no se presentaron en sede judicial en el carácter de representantes de las mencionadas organizaciones sino en su condición de ciudadanos y electores (al igual que Viviana Vicente y Marta Rondoletto) -según se vio-, por lo que en ningún momento esta Corte se pronunció acerca de la legitimación de dichos organismos habiendo, por lo tanto, circunscrito su decisión a resolver si las personas anteriormente mencionadas, en su alegada condición de ciudadanos y electores pretendidamente afectados, se encontraban legitimados para impugnar al candidato Antonio Domingo Bussi y, consecuentemente, agraviarse en sede jurisdiccional con motivo de lo actuado y resuelto por la Junta Electoral de la Provincia (cfr. fs. 421 vta./422). Y tanto ello es así, que la propia sentencia de la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo que les resultó favorable, hizo lugar a la pretensión principal del proceso de amparo deducido por Gabriel Pereira, Atilio Castagnaro, Viviana Vicente y Marta Rondoletto, y no a la demanda incoada por ninguna organización de derechos humanos (cfr. fs. 152).

Del mismo modo, también luce apartada de las constancias de la causa, la aseveración de que la ausencia de legitimación de los actores no fue planteada por ninguna de las partes ni por el a quo (cfr. fs. 439), ya que tal cuestión fue introducida en el recurso de inconstitucionalidad incoado por Antonio Bussi y el partido Fuerza Republicana (cfr. fs. 327/334), y fue objeto de consideración en la sentencia de la Cámara (voto mayoritario -cfr. fs. 142 vta.-), y con mayor detenimiento en el voto en disidencia (cfr. fs. 148/149 vta.); sin perjuicio de que, en definitiva, conforme se lo sostuviera en el fallo en crisis, la falta de legitimación constituya una típica cuestión de derecho que puede ser declarada de oficio por aplicación del principio "iura novit curia" (cfr. fs. 421 vta.), y sin que esta conclusión mereciera, por lo demás, la menor reflexión o cuestionamiento por parte de los agraviados.

De otra parte, tampoco se advierte irrazonabilidad o arbitrariedad en el análisis e interpretación del marco normativo que se tuvo presente a la hora de resolver la ausencia de legitimación de los actores, al igual que en lo que se refiere a la falta de similitud del caso de marras con relación a lo resuelto oportunamente en los autos "Defensa Provincial Bandera Blanca vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/Acción de amparo", de tal suerte que las consideraciones de los recurrentes al respecto traducen una mera discrepancia subjetiva con el criterio del Tribunal, sin entidad, a primera vista, para evidenciar la irracionalidad que se pretende, atento a que lo declarado por la sentencia sobre el punto resulta razonable y se encuentra debidamente fundado. Lo mismo cabe predicar con relación a los cuestionamientos en torno a lo señalado por este Tribunal, en el sentido que los demandantes exhibían solamente un interés simple, carente de tutela, y a la noción "estrecha" del derecho subjetivo que se le adjudica.

Lo propio acontece también con el desacuerdo con la imposición de costas realizada, toda vez que lo concerniente a este tema constituye una cuestión de hecho de naturaleza procesal local que deviene, como tal, extraña al recurso extraordinario federal (Fallos: 230:483; 233:106; 240:301; 271:116; 279:140), sin que se aprecie que exista irrazonabilidad en lo resuelto, teniendo en cuenta la declarada inadmisibilidad de la demanda con fundamento en la falta de legitimación de los actores.

En cuanto a la pretendida violación a las prescripciones de los artículos 98 del CPC y 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interesa poner de resalto que cuando el artículo 98 del CPC refiere a que la decisión debe ser adoptada por el "Tribunal íntegro", está aludiendo a que la resolución debe emanar de la Corte y no de una de sus Salas. En consecuencia, no corresponde asimilar necesariamente las expresiones "Tribunal íntegro" a Tribunal de 5 miembros, más allá de que en el caso, a toda evento, resultaba inoficiosa cualquier integración, al contarse ya con la mayoría requerida de tres votos en el mismo sentido.

Finalmente, desde la perspectiva de la conculcación a garantías constitucionales vinculadas al derecho de acceder a la jurisdicción y al debido proceso legal y sustancial, o a la frustración de derechos de naturaleza federal, al igual que desde contingencias posteriores relativas a la detención del candidato impugnado (hoy intendente electo) que son extrañas a lo resuelto por el fallo impugnado, cabe descartar la gravedad institucional que se aduce por las razones expuestas precedentemente, sin perjuicio que la misma en la sentencia impugnada encontrara sustento en otras consideraciones que hacían al estado de incertidumbre existente. Por consiguiente, en el caso de autos, se advierte que el pronunciamiento exhibe apoyatura en conceptos jurídicos y en la ponderación de la legislación aplicable al caso. Es así que de la confrontación del fallo con el recurso que lo impugna, no se alcanza a vislumbrar la arbitrariedad manifiesta que se pregona, pues en definitiva los agravios expresan la mera discrepancia de los impugnantes con las razones de derecho que sustentan la decisión.

La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sentado que el recurso extraordinario fundado en la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera o cuarta instancia sentencias equivocadas, ni se propone rectificar toda injusticia que pueda existir en el fallo apelado, sino mantener la supremacía de la Constitución Nacional. Tampoco procede respecto a la valoración de los hechos o argumentaciones del Tribunal que no sean manifiestamente irrazonables (Fallos: 297:173; 302:1574; 275:251; 303:2091). También ha expresado que dicha doctrina reviste carácter excepcional y se requiere un apartamento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o una decisiva carencia de fundamentos, sin que autoricen a descalificar el fallo los agravios del recurrente que sólo trasuntan su desacuerdo con el criterio expuesto por los jueces en materia no federal (Fallos: 276:132; 299:121; 302: 1191; 306:262 y 391; 306: 765; 307:74; 307:514; 307:1837; 308: 1041; 308: 1762; 310: 2277; etc.).

De allí, entonces, que los cuestionamientos efectuados no exhiban aptitud para evidenciar la arbitrariedad de la sentencia en tanto la misma, al margen de su acierto o su error, cuenta con suficientes fundamentos que autorizan, a primera vista, a considerarla válida.

En suma, el análisis circunstanciado de la apelación federal incoada en autos revela, prima facie, que la misma no cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional ni de cuestión federal bastante (cfr. CSJN M.93. XXXVI Magi, Francisco José c/Zuccardi, Marcelo s/acción de amparo, 23-5-2000).

Por lo expuesto, habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 517/519, corresponde denegar con costas a los recurrentes, la concesión del recurso extraordinario federal incoado.

Por ello y encontrándose excusados los doctores Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se R E S U E L V E :

I.- DENEGAR la concesión del recurso extraordinario federal planteado por la parte actora en contra de la sentencia Nº 528, del 11-7-2003, de esta Corte, glosada a fs. 420/425 de autos, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS, como están consideradas.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.- RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO