Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06


MOORE, Carlos Norberto contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 206 p 83-87.

Santa Fe, 6 de abril del año 2005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia nro. 151 del 5.5.2003 dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 2, en autos "MOORE, Carlos Norberto contra PROVINCIA DE SANTA FE -Aseguramiento de pruebas y/o Medida Cautelar- (Expte. 24/03)" (Expte. C.S.J. nro.

18, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Contra la resolución pronunciada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 2 (Rosario), la que -por mayoría- "no hizo lugar al pedido de despacho de medidas de aseguramiento de pruebas y/o medidas cautelares necesarias, conforme fueran solicitadas, con costas a la recurrente"; deduce la compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, incisos 1 y 3 de la ley 7055.

En primer lugar, aduce que el fallo equivale a sentencia definitiva y que al no reunir los requisitos de coherencia y razonabilidad le irroga un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Con sustento en el primer supuesto invocado, tras señalar las normas legales y constitucionales que, a su entender, resultan vulneradas por el decisorio impugnado, expresa que dicha causal se configura al haber desaparecido el motivo de la litis al momento de dictarse la resolución, en razón que la demandada cumplió con el objeto de las medidas al contestar la vista conferida, acompañando copia certificada del expediente cuyo acceso se había denegado.

Y en relación a la tacha de arbitrariedad, manifiesta que la vista irrestricta del expediente administrativo es la prueba tangible de si el administrado gozó de los derechos de defensa, tutela judicial e información, los que deben ser garantidos por la Administración. En nuestro país, dice, toda persona tiene derecho a defenderse con amplitud en sede administrativa, derecho que comprende como primer elemento insustituible el conocimiento de las actuaciones que la afectan: la vista de las actuaciones.

Luego de referir a la legislación nacional vigente en la materia, señala que el acuerdo 10.204/58 no contempla ninguna declaración principista de derechos aplicables al procedimiento administrativo, solo constituye una "reglamentación para el trámite de las actuaciones administrativas", estrictamente técnico, reseñando a tal fin la normativa que juzga aplicable, acompañándola con innumerables citas doctrinarias.

No existe diferencia, dice, entre la vista de oficio o a pedido de parte, a fin de obtener copias de las actuaciones, considerando incomprensible que se prive al particular de la vista porque el expediente está a resolución o porque exista un derecho o resolución ministerial sobre el tema por el cual se solicita.

Considera que si bien el término traslado no es común en el derecho administrativo, si lo es en el decreto acuerdo 10.204/58 (artículo 33), el que implica una notificación del acto sobre el cual el interesado debe manifestar algo.

Puntualiza que en el orden nacional la vista es automática, no hay discrecionalidad a favor de la Administración, siendo un deber concederla, mientras que en el orden provincial "tanto la norma como la práctica indican que a pesar de ser ello decididamente irrazonable, injusto y por ende inconstitucional, sigue prevaleciendo el régimen de secreto o reserva".

Insiste en que en autos se ha sustraído la materia, por lo que se debe declarar extinguida la litis.

Y bajo la causal de exceso ritual manifiesto, aduce que las normas que contienen los recaudos formales para acceder a la justicia han de aplicarse teniendo siempre presente el fin perseguido al establecer dichos requisitos, evitando cualquier exceso formalista que los convierta en obstáculos procesales y en fuente de incertidumbre e imprevisibilidad para la suerte de las pretensiones en juego.

Siempre, afirma, los requisitos legales de acceso a la justicia -cualquiera sea la competencia material específica- deben interpretarse del modo en el que mejor se resguarde el derecho fundamental invocado. Cita doctrina y jurisprudencia en torno a dicha causal de arbitrariedad.

2. La Cámara -por mayoría-, mediante auto del 4.11.2003 denegó la concesión del remedio intentado por considerar que "...la resolución atacada que no hace lugar al pedido de medidas de aseguramiento de prueba y/o medidas cautelares necesarias no resulta ser un pronunciamiento equiparable a sentencia definitiva conforme las previsiones del artículo 1 de la ley 7055", ni provoca un gravamen irreparable. Apoyó su decisión en precedentes del Alto Tribunal provincial y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asimismo, el Tribunal a quo desestimó la tacha sustentada en el inciso 1 del artículo 1 de la ley 7055, con fundamento en que más allá de que su presentación a foja 154 no importó un pedido formal al Tribunal, sino una manifestación condicionada cuando los autos ya estaban a resolución, la impugnante no se hizo cargo de los fundamentos exhaustivamente desarrollados por el voto de la mayoría, en el que se interpretó armónica y congruentemente el plexo normativo que invoca, tomando en consideración el interés de la recurrente exteriorizado en su accionar, adecuando su ejercicio a las leyes que reglamentan con total respeto al interés individual y al público general, al principio republicano de gobierno que hace a la división de poderes.

Y a tal fin, el órgano jurisdicente citó algunos de los argumentos que esgrimiera, en especial que "la verosimilitud del derecho, como exigencia imprescindible, requiere de la acreditación de la ilegitimidad del accionar de la administración, situación que no se ha probado en el sub lite"; que "De las constancias agregadas en copia a la presente incidencia, tanto por la parte actora como por la accionada, no consta que en sede administrativa se haya impedido al incidentista el conocimiento de las actuaciones, o que el recurrente haya desplegado en su caso la diligencia necesaria o los medios que el ordenamiento administrativo le otorga con tal objeto, o haya pedido copia de las actuaciones, o que se le haya impedido ofrecer prueba alguna en defensa de sus derechos".

Reseña que también expresó que "es en sede administrativa, pendiente la tramitación del debido proceso legal adjetivo, donde previamente el recurrente debe hacer valer sus derechos y ofrecer las pruebas que estime pertinentes, conforme garantías y derechos consagrados en el ordenamiento jurídico local, sin perjuicio, de entenderlo necesario, de acudir posteriormente al control de legalidad en sede judicial" y que "en cuanto al escrito presentado con cargo nro. 1068 el 25.4.03, cuando los autos se encuentran a resolución, poniendo en conocimiento del Tribunal haber tomado conocimiento del traslado contestado por la demandada y solicitado copia de las fotocopias acompañadas al mismo para verificar su correspondencia y en su caso peticionar se declare la sustracción de materia; no constituyendo mas que un pedido de copia pero sin petición concreta que habilite a suspender el plazo de dictado de la presente presentada por las partes, deberá tenerse presente para su oportunidad".

Y en cuanto a la tacha esgrimida con sustento en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055, expresó la Cámara que de los dichos de la incidentista atribuyendo al Tribunal una intencionalidad que no sustenta ni es admisible endilgársele, pretendiendo ocultar la inacción de su parte en sede administrativa y la omisión de usar los remedios legales que el ordenamiento jurídico le otorga, surge con palmaria claridad la inexistencia del vicio de arbitrariedad invocado, por lo que la misma se limita a exteriorizar una mera discrepancia de criterios, lo que en modo alguno habilita el remedio intentado. Tal disparidad de criterios en el seno del mismo Tribunal, votos de la mayoría y de la minoría, importó en el caso que la situación planteada permita por lo menos dos interpretaciones, y dicha opción efectivamente ejercitada jamás puede teñir de arbitrariedad una sentencia.

Agregó la Cámara que la incidentista incurrió en incongruencia, dado que a f.

154 cuando solicitó copias de las actuaciones administrativas se reservó en forma expresa su derecho a peticionar, llegado el caso, se declare en autos la sustracción de materia y posteriormente, f. 171, en oportunidad de articular el presente remedio cambió de criterio y sostuvo que es claro que aún sin haberlo planteado su parte, correspondía al Tribunal disponer el archivo de las actuaciones por sustracción de materia.

En definitiva, sostuvo la Alzada que el planteo de la quejosa evidencia la mera disconformidad con la conclusión a la que arribó el Tribunal luego de analizar acabadamente las cuestiones sometidas a su consideración y aplicar los principios y normas que rigen en el ordenamiento local, disconformidad interpretativa o valorativa que no resulta apta para obtener la concesión del recurso.

3. Es carga del quejoso fundar la queja en relación a los argumentos del auto denegatorio, mas lo cierto es que aquellas aseveraciones no han sido desvirtuadas por la recurrente en su presentación directa, pues no logra refutar adecuadamente tales conclusiones, desde que tan sólo reitera únicamente los planteos ya esgrimidos en oportunidad de enderezar el recurso de inconstitucionalidad, quedando de tal suerte incumplido el cometido que impone el artículo 8 de la ley 7055. Si bien lo expuesto resulta suficiente para sellar la suerte adversa de la presente impugnación, por lo demás, cabe agregar que ciertamente, tal como lo afirma el A quo, la resolución impugnada carece del recaudo de definitividad exigido por el artículo 1ro. de la citada norma.

En efecto, el referido canon limita la apertura del recurso extraordinario local a los casos en que se impugnan "...sentencias definitivas dictadas en juicio que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación ...".

Dable es recordar que resulta ser posición pacíficamente aceptada, tanto por esta Corte como por el más Alto Tribunal de la Nación, que corresponde atribuir tal carácter a las decisiones que si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (en tal sentido, CSJN Fallos, 308:1832, entre otros, C.S.J. de Santa Fe A. y S. T. 70, pág.

136; T. 92, pág. 416; T. 97, pág. 197, entre muchos otros).

Conforme a lo expresado, la resolución cuestionada no puede constituirse en objeto procesal de la presente impugnación extraordinaria, por no ser una sentencia definitiva ni auto interlocutorio con las características prescriptas en el aludido artículo 1ro. de la ley pertinente, desde que la decisión versa sobre medidas cautelares, concretamente aseguramiento de pruebas, hipótesis que de modo alguno se subsume en la previsión del mencionado artículo ("Monserrat" del 22.4.87; Fallos 187:534; 195:221; 214:224, entre otros). En consecuencia la decisión que, acertada o no, dispuso no hacer lugar al pedido de despacho de medidas de aseguramiento de pruebas y o medidas cautelares necesarias no ostenta la definitividad exigida por ley. La quejosa tampoco demuestra la irreparabilidad del gravamen (A. y S. T. 51, pág. 307, T. 60, pág. 192) que pudiera depararle lo decidido, para que se torne inexcusable la vigencia de las excepciones que esta Corte ya tiene admitidas.

Y por lo demás, las tachas fundadas en los incisos 1 y 3 del artículo 1 de la ley 7055, tal como lo sostuviera la Cámara en la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, no se encuentran configuradas en autos.

Las razones expuestas determinan la inadmisibilidad del presente recurso.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR MARIO LUIS NETRI: Si bien, conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Provincia, las resoluciones que versan sobre medidas cautelares no constituyen, en principio, sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario, lo cierto es que, tal principio admite excepciones y en el presente caso, el quejoso logra rebatir satisfactoriamente los argumentos esgrimidos por el A quo para fundar su denegatoria en relación a la acusada falta del requisito de definitividad. Ello así, en virtud de que no podrá reeditarse lo decidido respecto de la solicitud del actor ni lo atinente a la imposición causídica en el pronunciamiento atacado, dando así cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 8 de la ley 7055.

Verificada, pues, esa condición de admisibilidad, el planteo del recurrente tiene en un análisis mínimo y provisorio, propio de esta instancia, entidad constitucional para operar la apertura de esta instancia extraordinaria.

Atento a ello, entiendo que la presente queja debe ser admitida.

Fdo.:NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)