marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, indemnización, cierre de cuenta corriente, concurso preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARTIRI SA c/ BCO. SUDAMERIS ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

Cabe rechazar el agravio de los actores y confirmar la resolución de grado en cuanto estableció como montos indemnizatorios la suma de $ 300.000 para reparar los costos de concursamiento de las sociedades actoras, y de $ 50.000 para las personas físicas accionantes en concepto de daño moral, por los daños y perjuicios causados por el obrar negligente del banco accionado, cuyos funcionarios incorrectamente dispusieron el cierre de la cuenta corriente de la que eran titulares -a causa de un informe erróneo al banco central-, lo que derivó en el concurso preventivo de las demandantes. Ello así, pues no puede obviarse que aquel concurso tuvo propuesta de pago homologada y esta resultó muy favorable para las sociedades accionantes, dado que esta consistió en el pago del 20% del capital verificado en 20 cuotas semestrales sin interés, iguales y consecutivas. De tal modo, se habría producido una suerte de compensatio lucri cum damno. Es que, si bien la cesación de pagos habría tenido su origen en la falta del banco accionado, lo cierto es que los beneficios y los daños a compensar provienen de ese mismo acto -el informe remitido al banco central-, que provoco serios problemas de índole económica a los accionantes, pero, a su vez, les permitió concursarse y beneficiarse con el acuerdo allí alcanzado, al punto que es factible afirmar que el incumplimiento del banco ha sido la causa tanto de los daños como de los lucros a compensar.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, recursos, improcedencia del recurso, agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA D/SALTA c/ PARANA SEGUROS S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-31

Si bien el recurso planteado requiere de una concreta y fundada crítica del fallo dictado, que no se traduzca en meras discrepanacias con el razonamiento del Sr. Juez de 1° Instancia, en su estudio debe adoptarse un criterio amplio, a fin de que se respete cabalmente el derecho de defensa en juicio y de la doble instancia ordinaria.

En este sentido se han pronunciado las Salas de esta cámara que "al efectuarse la consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, debe seguirse un criterio amplio en cuanto a su admisibilidad, ya que este es el que mejor armoniza con el respeto del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional... y en caso de dudas debe estarse a favor de su idoneidad" (conf. Sala III, t. 2002, fs. 269/70, 2003, fs. 232/34), se debe analizar el recurso "Si existen elementos suficientes" (Sala IV t. XXI, año 1999, fs. 576).-
Cédula de notificación, instrumentos públicos, redargución de falsedad
Materia: CIVIL
Carátula: RIZZUTI CARLOS c/ MALDONADO CARLOS ANTONIO s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-27

La cédula diligenciada por el oficial notificador constituye, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica sustancial, un instrumento público y, en tal virtud, debe ser argüido de falso por acción civil o criminal de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia.
Contratos administrativos, concesión comercial, servicio público, deberes de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G. M. c/  s/ Dcia. Abuso Sexual en rep. hija menor G.M.P. s/impugnación A. O. & G. I. I. S.A. y otro c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-18|2018-12-11

Es aceptado ya sea en la doctrina como en la Jurisprudencia que el modo más típico de gestión para la prestación de los servicios públicos es la concesión, por la que se otorga a una empresa privada el derecho de explotar un determinado servicio público, con o sin exclusividad.
Derecho penal, lesiones culposas, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ley vigente, cuestiones de competencia, debido proceso, competencia nacional, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Chaves, Daniel Marcelo c/  s/ Art. 94 - lesiones culposas s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

De conformidad con lo dispuesto -a contrario sensu- en la cláusula transitoria de la ley n° 26702, corresponde declarar la competencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas para intervenir en la causa en la que se originó el presente incidente, porque ante el Juzgado Nacional no existía ninguna causa pendiente a la fecha en que se efectivizó la transferencia de competencia respectiva. En efecto, la investigación se inició luego de que la competencia para juzgar esa conducta ya había sido asumida por la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, trámites judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESSO Sapa c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330. Medida cautelar.   Suspensión de medida administrativa (Expte. CSJ Nº 384-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-21

Si bien es cierto que en los juicios de apremio iniciados por la Municipalidad de San Lorenzo contra la ahora actora ya ha recaído sentencia, encontrándose a estudio ante la Corte provincial los recursos de queja por denegación de los de inconstitucionalidad y que en las respectivas piezas recursivas se invoca que la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria, a cuyo cargo está la aplicación del Convenio Multilateral, se han expedido sobre las cuestiones a que refieren estas actuaciones, cabe aclarar que cualquiera sea la trascendencia que corresponda otorgarle a esos pronunciamientos en orden a la procedencia de la pretensión anulatoria substancial, resulta claro que pueden llegar a incidir en la verosimilitud del derecho postulado por la recurrente y, en consecuencia, en la procedencia del pedido cautelar. Sin embargo, y siendo que el proceso cautelar de la ley 11330 se asienta sobre la base de un contradictorio, no podría el Tribunal examinar esos extremos sin antes escuchar a la demandada, por lo que en tales condiciones corresponde ordenar que se corra vista a la Municipalidad de San Lorenzo, sin que dicha decisión implique pronunciamiento sobre la efectiva idoneidad de las resoluciones de las Comisiones Arbitral y Plenaria para decidir favorablemente el despacho cautelar; ni, desde luego, sobre la admisibilidad del recurso contencioso administrativo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Constructora Lihue SACIF c/ Bogady Zvonimir y ots. s/ Rec. de queja c/ Cámara de Lomas de Zamora Banco Patagónico en liquidación por el B.C.R.A. c/ Frigorífico Denegri s/ Ejecución. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22|1997-02-25

El valor del litigio a los efectos de los arts.278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial, es de monto determinado el que está constituido por los honorarios regulados en la decisión recurrida.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Arraigo, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: JUNCOS, ADRIAN EDUARDO c/ CORNEJO, MANUEL s/ ORDINARIO     EXPTE NRO 4-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-24

Los agravios vertidos en la Alzada tienden a impugnar solamente el auto que deniega la caducidad como también la imposición de costas, pero como contra dicha resolución no se recurrió, a su respecto no se abrió la segunda instancia ni por ende tampoco corresponde pronunciarse.
Nulidad procesal, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caputo, Elsa c/ Pinto, Angel s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-25

La declaración de oficio de la nulidad por el propio órgano jurisdiccional está condicionada a que el desvió de actividad no estuviere consentido expresa o tácitamente por los interesados (art.

172, Cód. Procesal), por lo que deviene improcedente sostener que la nulidad debió decretarse de oficio si se verificó una convalidación del acto viciado, aunque el vicio pueda reputarse manifiesto, pues la facultad acordada a los jueces funciona en forma paralela y concurrente con la carga de impugnación que incumbe a la parte interesada en la declaración de nulidad, no pudiendo ejercerse cuando ha tenido lugar la preclusión o renuncia de aquella carga, que es precisamente lo que ha acontecido en el "sub lite".
Universidades, docentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pagani, Atilio Ebar c/ Universidad Nacional de Rosario. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

Aún cuando los profesores universitarios perdieron su estabilidad al ser puestos en comisión en virtud del art. 58 de la ley 20.654, esa medida tenía por objeto -según resulta del explícito texto de la mencionada norma- posibilitar la provisión de las cátedras mediante concursos organizados según las disposiciones de la misma ley. Por lo tanto, si bien podían y debían ser sustituidos por quienes fueron designados para ocuparlos mediante el procedimiento legal, ello no justificaba que se los separase sin causa antes que dicho procedimiento se cumpliera.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, culpa de la víctima, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL
Carátula: MAZZOLA DE SAPIENZA MARIA LUISA c/ CARDENAS  S.A.  DE TRANSPORTES Y OTRO s/ SUMARIO (ACCIDENTE DE TRANSITO)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-17

Es intrascendente para intentar disminuir la culpabilidad del conductor que la pasajera pudiera haber empezado su descenso cuando la detención del ómnibus no era absoluta, si se tiene en cuenta que en todo caso el chofer no debió abrir la puerta respectiva antes de detenerse por completo y tampoco hacerlo a "dos metros y medio de la acera" y menos aún reiniciar la marcha cuando la persona todavía no había concluido su descenso, máxime si era de edad avanzada.
Extinción por quiebra o concurso del empleador, indemnización sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO CASTOR Y OTRO c/ PROCAR SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-13

Si luego de la declaración de quiebra la empresa no desarrolló ninguna actividad, es decir que luego de los 60 días durante los cuales se suspendió el contrato de trabajo el Juez en lo comercial decidió no continuar con la empresa , los contratos e trabajo se extinguieron en forma automática por disposición legal y no por despido (art. 186 ley 19.551), suprimiéndose en consecuencia el derecho al cobro de la indemnización sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido.
Cobro de sumas de dinero, intereses, honorarios, costas al demandado
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Aglasc S.A.  c/ O.S.DO.P.  s/ Cobro de Sumas de Dinero
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-05

En ese mismo orden ideas, y habida cuenta de que -en efecto- la liquidación aprobada fue practicada hace casi dos años y medio (por lo que se deben computar los intereses devengados desde entonces y hasta el efectivo pago), corresponde dejar sin efecto los honorarios regulados, los que deberán ser determinados nuevamente en la anterior instancia una vez finalizada la etapa de ejecución de la sentencia (es decir, con liquidación actualizada y aprobada). En análogo sentido, se ha resuelto que no corresponde efectuar regulaciones parciales relativas a los trabajos de ejecución (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 312:2214 y A.165.XXXV. Originario "Asociación de Trabajadores del Estado A.T.E. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ cobro de pesos" del 23.9.03; esta Sala, causa 11.062/95 del 29.3.05, entre otras). Posteriormente se fijarán los honorarios relativos a este pronunciamiento, en el que las costas de Alzada se imponen a la demandada (arts. 68 y 69 del Código Procesal).
Impuestos, régimen penal tributario, medidas cautelares, embargo preventivo
Materia: PENAL
Carátula: CESTAÑOS S.R.L. s/ ImpuestosRégimen Penal Tributario Causa 31119
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-06

1- Debe hacerse lugar al pedido de la Dirección General Impositiva (D.G.I.) en su calidad de parte querellante, de embargo preventivo sobre bienes de una sociedad a la que se atribuye responsabilidad por infracción a la ley penal tributaria pues la ley de procedimiento tributario establece que los jueces deben decretar embargos con el solo pedido de aquel.- 2- La ley de procedimiento civil aplicable al caso autoriza la adopción de medidas precautorias aun antes de demandarse el cumplimiento de la obligación y sin audiencia previa del destinatario de la medida, y también contempla la plena responsabilidad del solicitante de la medida cautelar en caso de abuso excesivo para la que no es necesaria la contra-cautela por tratarse de una repartición de la Nación.- 3- La ley procesal penal determina la pertinencia del embargo a terceros responsables por el delito.
Prueba documental, agregación de la prueba documental, apertura a prueba, planteo en segunda instancia, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: LA BUENOS AIRES CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA. c/ CAP. Y/ ARM. Y/O PROP. BQ. LINERA s/ AVERIA GRUESA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

La pretensión de requerir expedientes en este estadio procesal importa en realidad la introducción por vía elíptica de la apertura a prueba en esta instancia, lo cual resulta manifiestamente inadmisible ya que de este modo se estaría permitiendo a una de las partes la producción de pruebas fuera del momento procesal oportuno, alterando así el carácter preclusivo que deben revestir las diversas etapas del debate procesal a fin de garantizar la igualdad de las partes (cfr. Sala III, Causa 8275 del 31.3.92).
Inimputabilidad, facultades del fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S., M., S.; O., J.C. s/ Lesiones Leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-07

La condición de inimputabilidad de un individuo sólo puede invocarse -salvo la hipótesis extrema del artículo 320 del C.P.P.- tanto por la Procuración como por la Defensa, en el marco propio de la investigación del hecho delictivo, partiendo de él y señalando de qué manera determinadas circunstancias la ponen de manifiesto, y no en un plano abstracto, cual si fuera requisito de prejudicialidad.
Procedimiento laboral, etapas del proceso, demanda, contenido de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: SALAS, NAHUEL FEDERICO c/ SEGOVIA, MIRTA MEREYRA s/ ORDINARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-20

Al llegar inatacado a esta instancia el criterio expuesto en el considerando del fallo recurrido, que manifiesta que el vínculo laboral denunciado por el actor y que le sirve de presupuesto fáctico primigenio a la acción incoada se encuentra acreditado con testimoniales, debe revocarse el pronunciamiento que rechaza la acción y, en consecuencia, proceder a analizar el contenido de la pretensión.

Ello a la luz del reciente precedente de la Corte de Justicia de Salta (CJS Tomo 220: 47/54) en el cual se dijo que "si bien el art. 32 inc. c del C.P.L. establece que la demanda debe contener la designación de lo que se reclama y los hechos. .el proceso no requiere fórmulas sacramentales en los medios de expresión, y que las exigencias de la ley, como otras formalidades procesales, no tienen otra finalidad que la de asegurar la defensa en juicio de los derechos y mantener la igualdad de los litigantes (esta Corte, Tomo 105:495; 129:1069; 168:353).. se advierte que el tribunal omitió analizar el contenido de las planillas acompañadas como parte integrante de la demanda en las que se detallan los datos personales de los actores, cargo, categoría, función y jerarquía, haberes percibidos y diferencias salariales por aplicación del C.C.T. Siendo ello así, no se verifican en el caso las omisiones sostenidas.. sin que se pueda advertir que se conculque con esta conclusión el derecho de defensa en juicio de los demandados, porque en definitiva se encontraba delimitado el motivo del reclamo y su monto." (Del voto de la Minoría: Dra. María Mercedes Domecq)
Participación criminal, coautoría, robo en poblado y en banda
Materia: PENAL
Carátula: AGUILAR, Gustavo s/ DELITO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

La actividad desplegada por el procesado al frustrar la persecución de los demás partícipes del hecho, intentando detener al damnificado en su carrera mediante un puntapié, se corresponde con la de coautor, ya que trasluce un previo reparto de las tareas respectivas con el fin de cometer el ilícito y procurar la impunidad.
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SILBERMAN ROSARIO DEL CARMEN c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-13

Si bien las sanciones disciplinarias ostentan en algunos casos, una sustancia represiva, no se aplican a ellas, estrictamente, algunos de los principios del derecho penal, por ejemplo "el non bis in idem".
Sentencia condenatoria, pago, intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Larrea, José Antonio c/ Estado Nacional (Comando en Jefe de la Fuerza Aérea) s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-28

En todos los casos el capital de las condenas se deberá reajustar en la forma indicada en las sentencias dictadas con sus intereses a la tasa del 6% anual, sólo hasta el día 1 de abril pasado (artículo 1, Ley 23.928; B.O. 28/3/91. A partir de allí y hasta el día del paro cancelatorio, dicho capital reajustado devengará el interés que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones comunes de descuento a treinta días.
Reconvención, daños y perjuicios, costas en el orden causado, falta de prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Despido: Villagra Justo Alberto c/ Clínica Mayo S.A. y Colegio Médico de Jujuy s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2023-05-23

Corresponde rechazar la reconvención de demanda deducida por la empleadora, por daños y perjuicios en contra del actor -fundados en un supuesto obrar perjudicial para el patrimonio de la misma-, con costas por su orden, pues a pesar de haber presentado un detalle de las diferentes deudas y juicios que se han generado durante la gestión del actor, no hay prueba que el mismo hubiese procedido con deslealtad o no hubiese sido diligente en su gestión; es decir, no luce probado que actuó con dolo o que fue negligente en el cumplimiento de su cargo.
Juicios contra el Estado, personal policial, tercero demandado, responsabilidad concurrente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Landau, Carlos Luis s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-08

En función de una correcta interpretación de las previsiones contenidas en el art. 1081 del Código Civil -en juego armónico con lo preceptuado por los arts. 1112 y 1113 del mismo código- la obligación de indemnizar los daños que pesan sobre el gobierno provincial no queda comprendida en la hipótesis del primero de los preceptos, toda vez que esa parte no reviste la calidad de partícipe del hecho -como autor, cómplice o consejero- requisito ineludible para que resulte procedente la relación de solidaridad entre su obligación y la del condenado. Las obligaciones concurrentes o "in olidum" consisten en obligaciones que tienen el mismo acreedor e identidad de objeto. Entre la obligación que pesa sobre el gobierno de la provincia -citada como tercero civilmente responsable- y la que pesa sobre quien fuera condenado como autor del hecho investigado, no media una relación de solidaridad sino de concurrencia. (Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Fégoli y David).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, empleados públicos, cesantía, defensa en juicio, prueba, sentencia absolutoria, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SILVA, ANDRES SEBASTIAN c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-09-26

El Tribunal consideró que en el caso bajo análisis, las causales argumentadas por la Municipalidad a los efectos de disponer la cesantía del recurrente eran suficientemente claras y fundadas; se había respetado el debido proceso y con ello el derecho de defensa, mediante el cumplimiento de las formas sustanciales en el procedimiento sumarial y como consecuencia, la pretensión de anulación de la sanción debía ser rechazada, trasuntando los agravios deducidos la mera disconformidad del quejoso con el resultado al que arribó la Cámara al rechazar el recurso contencioso administrativo interpuesto, presentando su propio enfoque acerca de la solución que a su juicio habría debido darle el A quo al pleito, e insistiendo con planteos ya sostenidos en dicha sede -violación del derecho de defensa, falta de valoración del dictado de la sentencia absolutoria en sede penal y falta de valoración del material probatorio-, mas sin lograr persuadir de que en esa tarea el Tribunal hubiese incurrido en arbitrariedad.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defensa en juicio, recurso de apelación (procesal), denegatoria del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Cooperativa Patronal Ltda. de Seguros c/ Jorge Noe Iarcho y otro s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Es descalificable el pronunciamiento que, sin fundamentación idónea suficiente y con lesión de la garantía constitucional de la defensa en juicio, vedo el acceso a la segunda instancia previsto en el art. 242 del Código Procesal Civil y Comercial.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: KORN, MARIO RUBEN s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-06

El replanteo de argumentaciones desvirtuadas por el pronunciamiento en recurso, no puede cumplir la exigencia de constituir una crítica concreta y razonada del fallo. (Del voto del Dr. Oyuela).
Prueba testimonial, declaración testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: L.N., A. c/ G., C.J. s/ Diferencia de Haberes e Indemnizaci3/4n de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-18

Las declaraciones positivas de testigos que afirman conocer un hecho dado no pueden ser enervadas por los testimonios de quienes sostienen que ese hecho nunca ha ocurrido, pues la circunstancia de que estos últimos lo ignoren no significa que el hecho no se haya producido.
Tentativa, delito imposible
Materia: PENAL
Carátula: S., A. y Otro s/ Tentativa de Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-09-24

El delito imposible es una tentativa con todos sus caracteres típicos, punible por la impresión en la comunidad y la perturbación del bien jurídico que produce, en la cual, apreciado "ex ante", el accionar del autor -medios- tiene nula o mínima posibilidad de realización del fin propuesto, por presentar un error vencible acerca de la idoneidad del comportamiento.