Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25


Reg.: A y S t 285 p 373/377. Santa Fe, 25 de setiembre del año 2018. VISTA: La queja por denegación de los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por el actor contra la sentencia N° 12 de fecha 9 de febrero 2018, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario en autos "CENA, Norberto Jorge contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -Recurso Contencioso Administrativo- (Expte. 42/15 - CUIJ 21-17454845-2)" (Expte. C.S.J. CUIJ N° 21-00511788-4); y, CONSIDERANDO: I. Surge de las constancias de la causa que, por sentencia N° 490, del 4 de agosto de 2017, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 rechazó el recurso contencioso administrativo deducido por el señor Norberto Jorge Cena contra la Municipalidad de Rosario tendente a que se declare la nulidad de los decretos N° 353 (13.2.2015) y N° 74/14 (14.1.2014) -que a su turno lo declaró cesante por la comisión de grave infracción a los deberes y prohibiciones previstos en el art. 13, incisos a), b) y l) y artículo 14, inciso f) del Estatuto para el Personal Municipal-, y que se disponga, en definitiva, su reincorporación y el pago de salarios caídos (fs. 2/16v.). II. Contra dicha resolución dedujo el actor recursos de inconstitucionalidad y casación (fs. 19/39v.), solicitando, como primera medida, que se abra la vía como "apelación ordinaria por carecer el actor de doble instancia". Agraviándose, en lo demás, por entender que la potestad sancionatoria de la Administración se encontraba prescripta, como así también que se debió declarar la caducidad de los plazos para emitir el acto administrativo. Alega asimismo arbitrariedad de la sentencia impugnada por estar infundada, ser incongruente y violar principios fundamentales como ser los de celeridad, economía y eficacia del procedimiento. Por último, y como cuestión accesoria, se agravia de tener que cargar con las costas del proceso. Por decisorio del 9 de febrero de 2018 (fs. 51/56) la Cámara denegó los recursos articulados, por entender -en definitiva- que mediante los mismos el recurrente insiste en oponer su propio enfoque interpretativo del caso de autos, sin hacerse cargo de las consideraciones expresadas por el Tribunal. III. Dicha respuesta de la Cámara motivó la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs. 60/69). Funda el mencionado recurso manifestando que la resolución dictada por el Tribunal A quo soslaya toda consideración a la Constitución nacional y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos en la forma en que interpreta los fallos jurisprudenciales respecto a la doble instancia en materia sancionatoria. Recalcando que la Cámara se remite a un fallo que no se relaciona con el sistema sancionatorio administrativo y menos con una cesantía. En este sentido, entiende que la Corte Suprema Nacional sostiene que las garantías mínimas tuteladas por el Pacto de San José de Costa Rica se aplican también a las cuestiones civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro carácter, haciéndolo mucho más amplio que el campo del derecho sancionatorio administrativo, por lo que la falta de revisión incide claramente en un supuesto de "denegación de justicia". Arguye también, que se distorsiona el concepto sobre la prescripción de la potestad sancionatoria ya que la Administración lo sometió durante 12 años a un sumario administrativo que culminó con el dictado del respectivo acto de cesantía, encontrándose -según su parecer- "prescripta la potestad sancionatoria" por parte de la Administración, desconociendo, de esta forma, las normas que regulan los plazos sobre "prescripción" y "caducidad". Continúa diciendo que el fallo impugnado omite el necesario tratamiento sobre la cuestión de la "naturaleza penal" de la sanción administrativa a los fines de determinar la prescripción de la potestad sancionatoria. Por último refiere al resto de los agravios vertidos al momento de la interposición de los recursos de inconstitucionalidad y casación ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo N?2 -violación a los principios de celeridad, economía, eficacia y nulidad por inoportuna sanción-, entendiendo que la omisión en que incurrió el A quo al no analizarlos por "carecer de decisividad el análisis de los vicios endilgados al acto", no guarda conexión con la realidad del caso. IV. Antes de iniciar el tratamiento de la cuestión traída a resolver, corresponde realizar algunas precisiones respecto del alcance de la impugnación intentada. 1. En primer lugar, cabe aclarar liminarmente, que tal como fueron deducidos los agravios en el recurso de casación, éstos pueden ser encuadrados como hipótesis de arbitrariedad normativa, por lo que se enfocará la totalidad de los planteos formulados por el actor bajo el régimen del recurso de inconstitucionalidad. En segundo lugar, también debe dejarse aclarado que han llegado firme a esta instancia, por no haber sido cuestionadas mediante la vía extraordinaria, las circunstancias de hechos y las faltas imputadas al actor y tenidas en cuenta por la Administración para disponer la cesantía de éste. Esto es, que Cena en ocasión de desempeñarse como agente municipal dependiente de la Dirección General de Política Ambiental, obró de manera indecorosa y no acorde a la confianza que su estado oficial exige, al apoderarse y adulterar el informe técnico sobre el estudio de suelo elaborado por la Auditoría Técnica S.A. para la Estación de Servicios de calle Mendoza n° 5090 y posteriormente entregarlo para ser presentado en los trámites correspondientes a la habilitación de la Estación de Servicios de calle Ovidio Lagos n° 1902, percibiendo sumas de dinero por un trabajo que no realizó y que además resulta incompatible con su función oficial. Ello es así, ya que los agravios expresados por el recurrente tienden a descalificar la sentencia que rechazó el recurso contencioso administrativo, principalmente, por no haber brindado una respuesta válida a la violación de la doble instancia en el procedimiento contencioso administrativo por carecer el actor de apelación ordinaria, a la prescripción del ejercicio de la potestad sancionatoria y a la excesiva duración el sumario administrativo. 2. Con las aclaraciones establecidas y entrando a analizar el remedio planteado, debe adelantarse que el mismo no puede prosperar habida cuenta que, conforme a la ley que regula el recurso de inconstitucionalidad en el ámbito local, es carga el quejoso rebatir los fundamentos del auto denegatorio (art. 8, ley 7055) y se observa que el recurrente se hace cargo de ellos en su presentación directa, pero sin lograr desvirtuarlos, a pesar del esfuerzo desplegado. Como así también, que de la lectura de los argumentos traídos a consideración de este Cuerpo, en confrontación con la sentencia atacada, queda manifiesta la sola disconformidad del compareciente con los fundamentos expuestos por la Cámara al emitir dicho pronunciamiento. Así, surge del fallo impugnado que los Sentenciantes, analizando la cuestión vinculada con la violación al derecho de defensa por afectar el principio de la "doble instancia" por carecer el actor de apelación ordinaria, entendió que ella, salvo materia criminal, "no es por sí misma, requisito de naturaleza constitucional ni exigencia del debido proceso, integrando tal garantía sólo 'cuando está instituida por ley'" y sólo con los alcances que ella señala. Frente a dicha afirmación, el impugnante trae sobre el tema argumentos en los cuales funda su particular y propia posición, pero, sin aportar nuevos elementos que conmuevan a este Tribunal a franquear el acceso a esta instancia de excepción. En efecto, sostiene en su recurso interpuesto ante esta sede, que el tribunal elude aplicar la jurisprudencia delineada sobre la cuestión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo hace olvidándose que la respuesta dada por la Cámara, con apoyo en jurisprudencia de esta propia Corte Suprema, es coincidente -a pesar de lo sostenido por el actor- con lo resuelto por el Máximo Tribunal Federal, en precedentes que -mutatis mutanti- son aplicables al caso, ya que en ellos se sostuvo que "la doble instancia judicial, no es por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio...en tanto la sanción impuesta no tiene sustancia penal, sino disciplinaria" (crit. Fallos: 330:1036). A lo que debe agregarse -y a mayor abundamiento- que la aplicación de las normas provinciales que organizan el funcionamiento de la justicia son de derecho público local y se encuentran reservadas en principio, a los jueces de la causa, máxime cuando la decisión en recurso cuenta con fundamentos suficientes que bastan para descartar la tacha de arbitrariedad (conf. doctrina de Fallos: 338:556 entre otros). Respecto a la alegada prescripción de la potestad sancionatoria de la Administración la impugnante no hace sino insistir con su particular enfoque acerca de la interpretación que la Cámara efectuó sobre el artículo 115 de la ley 9286 y lo razonable del plazo del sumario administrativo que concluyó con el dictado del acto de cesantía; más sin hacerse cargo, como ya lo señaló la Cámara al rechazar el recurso, que "procede en el caso la interpretación estricta del art. 115 del Estatuto...interpretando que a partir de la apertura del sumario, por imperativo legal quedó interrumpida la prescripción de la acción disciplinaria administrativa" (ver f. 13v.); en el mismo sentido, tampoco rebate el fundamento sostenido en la sentencia en cuanto a que "es el propio actor quien puntualiza que la Administración dio inicio al sumario en el año 2006, 'interrumpiendo el plazo de caducidad o de prescripción' (fs. 138 vta. foliatura de cámara)". En relación a lo excesivo del tiempo del sumario la Cámara manifiesta que "las complejidades de la investigación e incluso, la primigenia incomparecencia del actor y demás conductas del recurrente, no resultaron ajenas a la extensión del sumario, la cual luce consentida por el actor". En esa línea, entre otras cuestiones, consideró el Tribunal, a los efectos de dar respuesta al vicio endilgado, que Cena fue declarado en rebeldía en el procedimiento sumarial de acuerdo al artículo 85 del Estatuto para el Personal Municipal; como así también, que al notificarse el traslado para que formule su defensa en el domicilio denunciado en la Municipalidad -el cual es obligación de todo agente mantenerlo actualizado-, dicha notificación volvió informada en virtud que el "destinatario se mudó", lo que suscitó - y a los fines de garantizar el derecho de defensa del agente inculpado- que se lo notifique a través de otra dependencia municipal. Frente a dichas consideraciones el recurrente sigue insistiendo con la irrazonabilidad del plazo de duración del procedimiento sumarial, argumentando que desde el mes de septiembre de 2009 no existieron actos de investigación, pero sin hacerse cargo de la actitud de sumariado que colaboró en dilatar dicho procedimiento, lo que era aún más necesario, si se tiene en cuenta que el sumario iniciado terminó con una sanción expulsiva y sin cuestionamientos a los hechos que la motivaron. En cuanto al alegado vicio por "no resolver los puntos sometidos a litigio", violación a los principios de celeridad, economía y eficacia, nulidad por inoportuna sanción y por contradicción con fallos de este Tribunal, el recurrente no logra demostrar, con las características requeridas en el caso, cómo se habrían configurado las arbitrariedades ni la decisividad de sus planteos, lo que se tornaba necesario a los efectos de abrir esta instancia extraordinaria de excepción, si se tiene en cuenta, principalmente, la relación entre las omisiones que se achacan con las respuestas dadas a las otras cuestiones por el Tribunal en la sentencia impugnada. Por último, el planteo vinculado a la imposición de la totalidad de las costas a su parte introducido en el recurso de inconstitucionalidad, y sin perjuicio que no fue mantenido en la impugnación directa ante esta Sede -lo que es suficiente para su rechazo-, tiene carácter fáctico y procesal, propio de los jueces de la causa y, en consecuencia, extraño como principio a ser considerado en esta vía excepcional. En conclusión, el asunto, tal como ha sido traído ante estos Estrados, no aparece idóneo para franquear la vía extraordinaria intentada, por quedar comprendido dentro del marco de la ponderación que efectuó la Cámara en torno a cuestiones de hecho y normas de derecho público local referidas al procedimiento sumarial, propias de los jueces de la causa, y por ende, insusceptibles de ser revisadas por la vía de excepción intentada. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese y hágase saber, oportunamente remítanse copias al Tribunal de Origen. FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de Origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo N°2 de la ciudad de Rosario.