marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Jorge Daniel s/ Violación calificada. Rapto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-24

Resulta ineficaz el agravio en el que se denuncia la violación del art. 139 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- alegando la nulidad de los reconocimientos en rueda de personas por no haberse notificado al defensor, ni haberse brindado los motivos por los cuales no se cumplió con el requisito de tomar fotografías, o de haberlo hecho, no fueron agregados a la causa, si la Cámara consideró ajustadas a lo requerido por dichas normas las comunicaciones - de las fechas y horas de realización de las diligencias- efectuadas al señor Defensor Oficial en turno, y el recurrente no demuestra que, dichas comunicaciones no basten para cumplir con las exigencias legales; y en cuanto a la ausencia de las fotografías que alega tal omisión no acarrea la nulidad que pretende.
Leyes, jerarquía administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GAYA, ANDRES c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA.     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.      CSJ EXPTE NRO 624-87 SCANER SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA POR COBRO DE PESOS    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 623-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-07|1988-09-14

Las normas legislativas denominadas de inferior jerarquía, son normas "de organización". Tales son "los preceptos que determinan quiénes y con qué procedimientos deciden lo que es derecho en lo fundamental y en el caso particular, es decir, qué normas de conducta y en qué condiciones deben valer, aplicarse y ejecutarse.

De los fundamentos del Dr Iturraspe.
Personal municipal, empleo público, retiro voluntario, buena fe, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio
Materia: CIVIL
Carátula: ROCA, Norma c/ M.C.B.A. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO - SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-19

1- Si la actora se acogió al régimen de retiro voluntario ofrecido por la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por decreto Nº558/93, no resulta de aplicación el art. 1198 del Código Civil a los fines de la interpretación de la buena fe de las partes, pues no existe relación entre el retiro mencionado y un contrato.

Ello es así, ya que en el ámbito del derecho administrativo todo contrato celebrado por el Estado en ejercicio de sus funciones administrativas, constituye esencialmente un acto jurídico administrativo, siendo la voluntad un requisito presupuesto antes que uno de sus elementos.

2- No es posible fijar unilateralmente el carácter remunerativo, o no, de un suplemento para no tener en cuenta los descuentos jubilatorios, sino que, a los fines de su determinación, ha de tenerse en cuenta la naturaleza del pago y su modalidad; es por ello que el suplemento por función ejecutiva, calificado como "no remunerativo", no puede legalmente existir como tal, habida cuenta que reúne los requisitos para ser remunerativo, ya que es liquidado en forma mensual y regular, por lo que se lo debe considerar como parte integrante del sueldo y, en consecuencia, obligatoriamente sujeto a aportes jubilatorios.
Competencia de la Corte Suprema, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, acatamiento por la administración pública, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Dimensión   Integral   de   Radiodifusión  S.R.L. c/ San  Luis,Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

Las autoridades de una provincia, entre las que se encuentran los jueces locales, no pueden trabar o turbar en forma alguna la acción del Poder Judicial de la Nación, y el deber de acatamiento que sobre ellas pesa adquiere mayor significación cuando se trata de pronunciamientos de la Corte, que es suprema en el ejercicio de su competencia y cuyas decisiones son de cumplimiento inexcusable, sin que a ninguna autoridad provincial le esté permitido desconocerlas.
Denegatoria del recurso, hechos nuevos, hecho pertinente
Materia: PROCESAL
Carátula: OTAMENDI Y CIA S.R.L. c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ -MINISTERIO DE LA PRODUCCION- DIRECCION PROVINCIAL DE TRANSPORTE s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2012-11-21

Corresponde rechazar por improcedente la alegación de hecho nuevo incoado por la actora, recordándose que para que exista hecho nuevo la prueba que se aporte debe ser pertinente, entendido por ello que debe adecuarse a los datos que ésta tiende a proporcionar, y los hechos sobre que versa el objeto probatorio.

No sólo deben tener relación con la cuestión controvertida y ser conducentes, sino que, además, deben hallarse encuadrados dentro de los términos de la causa y del objeto de la pretensión, ya que, de lo contrario, ésta no resultaría integrada sino transformada.

En el caso, la pretensión del actor debe ser rechazada, ya que la resolución que menciona en su pretensión, no tiene exacta vinculación con el objeto y la causa de su demanda, siendo las infracciones endilgadas a la actora en las distintas resoluciones similares, pero con importantes diferencias.-
Derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, divorcio, retroactividad de la ley
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Villacampa, Ignacio c/ Almos de Villacampa, María Angélica. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

El régimen de la ley 23.515 no resulta retroactivo ni afecta el derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional, en especial pues la ley actual no disuelve "ipso iure" los matrimonios con divorcio decretado por sentencia firme, sino que requiere una nueva petición y pronunciamiento judicial sobre el particular.
Contrato de trabajo, despido, período de prueba, fraude laboral, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Fizzano, Magali Iris c/ Nakar S.R.L. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-01

Corresponde que en el marco de una relación de trabajo que fue registrada con posterioridad a la fecha real de ingreso, no se aplique la doctrina plenaria "Sawady" según la cual "...El trabajador con antigüedad no mayor de tres meses, despedido sin causa, no tiene derecho a la indemnización prevista en el art. 266 de la LCT (texto originario)..." sino el numeral 3 del art. 92 bis de la LCT, motivo por el cual a la otrora empleadora por renunciada al período de prueba, dentro del cual "Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción", razón por la cual no se está dentro del período de prueba, ergo no aplica tal exención y -por ende- se debe la tarifa del art. 245 LCT
Fundamentación de sentencias, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, fundamentación insuficiente, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: MELLER, Sergio E. y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-24

Está debidamente fundado el rechazo del planteo atinente a la violación del plazo razonable si el a quo ponderó, entre otras razones, la complejidad de los hechos investigados y de las conductas investigadas, el número de encartados, la voluminosidad de las actuaciones y el análisis de la profusa documentación y de los numerosos expedientes administrativos y judiciales y las impugnantes no han logrado conmover los argumentos brindados para no hacer lugar a su reclamo, ya que se encuentra acreditado que los hechos que se le imputan a la encartada fueron cometidos mientras desempeñaba sus funciones en el Ministerio de Economía de la Nación y valiéndose de ellas y la jerarquía de sus cargos públicos tanto en el TAOP como en el MECON (Directora de Asuntos Jurídicos).
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor, prueba, daños al automotor
Materia: CIVIL
Carátula: BOGGIANO, EMILIO C c/ PARK, JAE WAN s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-04

Todo automotor es una estructura. Es decir, está formado por componentes cuyos valores dependen de sí mismos y de su conexión con los demás. A los efectos de la desvalorización del vehículo, interesa establecer si esas partes de la estructura son vitales o no. Se debe analizar si su afectación conmueve partes estructurales o esenciales.
Nulidad procesal, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Truncellitti, Antonio Carmelo s/ Inexistencia actos procesales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-22

Si bien puede aceptarse que existen supuestos de actos aislados y separables dentro de un mismo proceso, cuya inexistencia debe ser analizada en orden al posible consentimiento de las partes o de la preclusión que se pudo haber operado respecto de algunas de sus etapas, (arts. 170, 172, 174 y concs. del Cód. de Proc., comprobada la inexistencia que afecta a todos los escritos del proceso, incluso los de promoción y trámite posterior, la nulidad debe ser declarada respecto de la totalidad del mismo y más aún cuando no se trata de una falsedad alegada por la contraparte, sino por la propia víctima que invoca no haber suscripto ni otorgado acto alguno.
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moiso, Nivar Pastor c/ Grobly, Sergio Augusto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

Para el ordenamiento jurídico, el titular de dominio de un automotor es quién resulta propietario mientras que quienes revisten la calidad de compradores en instrumentos privados no pasan de ser más que titulares de promesas de venta, posesores a nombre propio de las cosas prometidas en venta.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, excarcelación, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL PENAL - CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: B, A A s/ LIBERTAD PROVISIONAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 474-91 P, D R s/ LIBERTAD PROVISIONAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 465-91 M, C A s/ LIBERTAD PROVISIONAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 472-91 V, P R s/ LIBERTAD PROVISIONAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 471-91 M., J. D. s/ QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     EXPTE NRO 470-91 S, M A s/ LIBERTAD PROVISIONAL     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 473-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-24|1992-03-24|1992-03-24|1992-03-24|1992-03-24|1992-03-24

La denegación de la excarcelación, en tanto restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, ocasionando un perjuicio de imposible reparación ulterior, debe equiparse a una sentencia definitiva en los términos del artículo 14 de la ley 48.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Mezzavilla, Bruno Aldo c/ Municipalidad de Necochea s/ Indemnización por incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

Los arts 8 inc 'b' y 11 de la ley 9688 no autorizan la reducción de la indemnización que establece dicho régimen por la circunstancia que el trabajador se desempeñara para el principal solo unos meses cada año, porque ello conduciría a desvirtuar el sistema indemnizatorio que con rigor tarifario impone la ley y que exige solo la prestación de tareas bajo dependencia de un patrono sin requerirse la modalidad de la permanencia de la relación ni la medida de la extensión de la misma.
Competencia, antecedentes penales, REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL
Materia: PROCESAL
Carátula: Causa contra LEDESMA, René Reinerio s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-08-18

Las cuestiones que exigen ponderar los antecedentes penales del encartado, como lo es en el caso la determinación de la competencia, deben imperativamente resolverse únicamente con los informes del Registro Nacional de Reincidencia, que hacen plena fe, sin que juegue ni a favor ni en contra la planilla prontuarial, por ser de nungún valor a aquellos efectos.
Prácticas desleales, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación del Personal de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Práctica desleal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-21

Las acciones por eventuales prácticas desleales del empleador, cuyo ejercicio por las asociaciones sindicales es regida actualmente por el título IX de la ley 22.105, no son de competencia del tribunal contencioso-administrativo, ya que no se fundan en una relación de derecho público desde que están plenamente sujetas al derecho laboral y la decisión que se dicte no afecta la vigencia del acto administrativo que las motiva (art. 57, ley 22105), ni produce efecto de cosa juzgada respecto del proceso contencioso administrativo que se promueva como consecuencia del ejercicio de la acción de tal naturaleza emergente de la relación de empleo público (art. 60, ley cit.).
Cuestión federal, gas natural, tarifa de servicios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alliance One Tobacco Argentina S.A. c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-11

Media cuestión federal suficiente para la apertura de la instancia extraordinaria pues en el recurso deducido contra la sentencia que confirmó el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora en relación al decreto 2067/08, resolución ministerial 1451/08 y la resolución del Enargas 563/08 en cuanto reglamentaron el cargo tarifario previsto en ese decreto -cargo que la sentencia apelada consideró era en realidad un tributo creado sin sustento legal en vulneración del principio de legalidad que rige en la materia-, se ha puesto en tela de juicio el alcance y la validez de normas de índole federal -en particular la ley 24.076 y el decreto 2067/08-, y la decisión ha sido adversa al derecho que en ellas fundó el apelante (art. 14, incs. l° y 3° de la ley 48).
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lisse, Juan Gotardo c/ Polichella, Mónica s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

Es impropio que la Alzada ejercite potestades instructorias, pues las mismas sólo caben decretarse a los fines de esclarecer los hechos que probados son susceptibles de originar dudas, mas no para suplir la carga procesal que no se satisfizo, pues se afectaría el principio de igualdad procesal, máxime en actuaciones producidas con manifiesto apartamiento de las formas procesales, y que pareciera estar ante planteos de orates (arts. 34 inc. 5 "c", 36 inc. 2, 163 inc. 6, 164, 375, 384 Cód. Proc.).
Acto administrativo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CURTIDOS SANTIAGO DEL ESTERO S.A. c/ ESTADO PROVINCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-08-08

La materia sustancial del debate está constituida por la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo dictado en el ejercicio del poder de policía de fomento del estado y el deber de reparación del patrimonio de un particular que se agravia de las secuelas de la actuación pública. Se trata, indudablemente, de una materia administrativa cuya reclamación, no obstante las precisas normas constitucionales y legales que rigen en la materia se ha intentado ante la jurisdicción civil sin que ninguno de los operadores legales involucrados en el proceso estatutario, de base subjetiva, lo es porque se dirige a la regulación de las singulares especies de sujetos que se agrupan bajo el nombre de Administraciones Públicas, sustrayendo a estos sujetos singulares del Derecho común.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, choque frontal, culpa concurrente, indemnización por muerte, valor vida, daño moral
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROSSI,  ENRIQUE c/ VEDOYA,  JUAN s/ ORDINARIO  Y SU ACUMULADO CLAVERO, MANUEL C/ EMPRESA LINIERS SA S/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-25

Si a causa de una colisión frontal entre un ómnibus y una pick-up que circulaban por una ruta (en la que fallecieron todos los ocupantes de la camioneta), se estableció la culpa concurrente del 50% en la influencia causal del siniestro a cada uno de los conductores de los rodados intervinientes, procede -como en el caso-, el reclamo indemnizatorio deducido por los padres de tres de las victimas fatales (de veintiún años, y mellizos de diecisiete) contra el conductor del ómnibus, la empresa de transportes que era su empleadora y la citada en garantía; en concepto de valor vida, daño moral y repetición de los gastos de servicios fúnebres sufragados.
Aborto, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Ibarra de Charra, Alicia s/ Aborto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

Según la sistemática del Código Penal, el de aborto es un delito "contra las personas" (título I del libro segundo) y, en particular, "contra la vida" de las mismas (capítulo I); de modo que la expresión "muerte de una persona" contenida en el art. 224 del C.P.P., lo incluye, siendo por ello obligatorio el juicio oral, en los casos del delito de aborto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Democracia, funcionarios públicos, debate, derecho a la privacidad, libertad de prensa, responsabilidad del funcionario público, acceso a la información
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Fontevecchia y D'Amico c/ Argentina s/ Fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-11-29

En una sociedad democrática, los funcionarios públicos están más expuestos a la crítica del público en tanto han resuelto exponerse, voluntariamente, a un escrutinio más exigente, pues sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la del debate público, lo que no se sustenta esencialmente en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que, en tanto funcionarios, realizan.
Derechos reales, adquisición del dominio, bienes inmuebles, título y modo, terceros no interesados
Materia: CIVIL
Carátula: Ferrocarriles Argentinos c/ Acosta, Rubén Eduardo s/ Reivindicación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-24

Prestigiosa doctrina sostiene que, en materia de adquisición de derechos reales sobre inmuebles y en orden a lo que disponen los arts. 2505, Cód. Civil y 2 de la ley 17.801, es pertinente desechar la exigencia de la inscripción registral para tornar oponible el derecho real por el que reúne en cabeza propia los requisitos de título y modo suficiente, respecto de los terceros llamados desinteresados o no legitimados, es decir, frente a las personas que no pueden invocar derecho subjetivo alguno vinculado a la cosa; ya que no resulta adecuado que en la confrontación entre quien aduce el interés legítimo de un titular no diligente (porque no inscribió su título) y quien carece de ese interés sea posible optar por el segundo (arg. arts. 3135, Cód. Civil y art. 20, ley 17.801).
Banco central, entidades financieras, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Herrero,  Jorge  Raimundo   otros c/ BCRA-resol 414/02 (expte.100966/82 sum fin 566)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-20

La valoración de la conducta puede resultar de toda la prueba producida en la causa y de los hechos que el organismo sumariante pueda haber reconocido como relevantes, al examinar la violación de las disposiciones que rigen el sistema financiero, a la luz de un sistema de responsabilidad delineado por su propias directrices, y puesto en marcha por el BCRA, órgano legalmente designado para cumplir la actividad represiva y sancionar -como en este caso- a las personas que representan a las entidades financieras que hubieran incurrido en infracciones a la ley o a sus normas reglamentarias, sin perjuicio de las sanciones que pueda aplicar la justicia por delitos comunes (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons. VII).
Recurso de inconstitucionalidad, apartamiento de las constancias de la causa, debido proceso, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CORONA, ANTONIO c/ ENTRETENIMIENTOS Y JUEGOS DE AZAR S.A. (E.N.J.A.S.A.) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2007-10-11

Se incorporan al catálogo de sentencias arbitrarias aquellas que se fundan en una apreciación insuficiente o incorrecta de las circunstancias del caso, cuando ello gravita en el resultado de la causa.

Es descalificable la sentencia que, con la injustificada consideración de que la cuestión devino abstracta, soslayó que el pronunciamiento de primera instancia, que rechazó la duplicación de la indemnización, fue apelado y, en consecuencia, que correspondía resolver la cuestión. Ello es así porque lo decidido se aparta de las constancias del expediente, de los principios que sustentan el debido proceso adjetivo, e importa una cancelación de la instancia revisora sin fundamentos que la avale.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público, fiscales, jueces, facultades del juez, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

La redacción del texto legal (artículo 76 bis del Código Penal) al establecer que cuando hubiese consentimiento del Fiscal el tribunal podrá suspender la relación del juicio, fija -con ello- tres presupuestos: 1) la intervención del fiscal; 2) el consentimiento con la pretensión defensiva; y 3) el reconocimiento que la "jurisdictio" pertenece única y exclusivamente al tribunal. De este modo, se puede interpretar con absoluta razonabilidad y respaldo, que para el supuesto de no prestar consentimiento el fiscal, el tribunal mantiene su aptitud decisoria. Sostener lo contrario no sólo alteraría la potestad jurisdiccional, sino que permitiría que el fiscal tomara el carácter de parte y Juez al tener su opinión condición vinculante. (Del Voto del Dr. Vecchioli). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?; y, ¨es exigible para todos los casos de concesión de tal beneficio el consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal?