marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Régimen penal tributario, sociedades comerciales, responsabilidad penal de los directivos de empresas, apropiación indebida de recursos de la seguridad social, legítima defensa, sobreseimiento
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: MAROTTA, CARLOS W.; MAROTTA FAAG, ALEJANDRO s/ Régimen  Penal Tributario, incidente de apelación de sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-30

Debe ser revocada la resolución que dispuso el sobreseimiento de los imputados de haber sido responsables en su calidad de Presidente y Vicepresidente de una sociedad anónima de la omisión de depositar los aportes de seguridad social retenidos de los haberes del personal de la empresa que pretendieran excusarse en el desequilibrio económico financiero de la firma, pues la exención que contempla la ley penal cuando el hecho fue incurrido para evitar un mal mayor e inminente (art. 34, inc.

3, del CP) sólo puede llegar a ser admisible, excepcionalmente, en caso de desviarse el destino de fondos retenidos por una entidad comercial que procura evitar una bancarrota inminente, comportamiento que se entiende justificado cuando tiene lugar en un contexto dilemático e imprevisto, no cuando se trata, como en este caso, de una conducta permanente y reiterada. Una cosa es una acción de salvataje frente a una emergencia y otra cosa es una política empresarial para enfrentar dificultades financieras.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, honorarios del abogado, cuerpo de abogados del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zuleta, Hugo R. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios -cuestión de competencia art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Es propio de la competencia contencioso administrativa que, transitoriamente, corresponde a esta Corte (art. 215 Const. Prov.) la pretensión fundamentada en la lesión de una situación jurídica administrativa que ocupara el actor en su condición de profesional estable de la Fiscalía de Estado y en el régimen de distribución de honorarios emergente del art. 17 de la ley 7.543. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sucesiones, testamentos, dementes, declaración de insania, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CATALDO, MARCOS RUBEN s/ SUCESORIO (TESTAMENTARIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-02

La insania puede probarse por cualquier medio, incluso testigos, tiene dicho, siguiendo en esta materia A. Borda (Tratado de Derecho Civil Argentino, T. II, sucesiones, pág. 164 y ss.), dice que desde el punto de vista jurídico, demente es la persona, que a consecuencia de una perturbación de sus facultades mentales, carece de aptitud para dirigirse a sí misma, y en sus relaciones de familia y para administrar sus bienes. Este concepto, aplicado al testamento, exige un reajuste. En esta materia la ley es más exigente para convalidar el acto. Requiere que el otorgante se encuentre en su completa razón (art. 3615 y 3616 del C. Civil), lo cuál significa que los semialienados, los débiles de espíritu, los seniles simples, aunque no puedan ser calificados propiamente como dementes, son inhábiles para testar.
Sociedades comerciales, sociedad cooperativa, capital social, cuota social, cooperativa de trabajo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Balkbrug SA c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por borelli javier matias y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-22

Las cooperativas son personas jurídicas que se encuentran reguladas por la ley 20337 -denominada Ley de Cooperativas-. Las sociedades cooperativas se clasifican o agrupan conforme a caracteres comunes, que las distinguen entre sí. Una de esas clasificaciones las divide en cooperativas profesionales -vgr., agropecuarias, mineras, de trabajo, artesanales- y no profesionales -vgr., de consumo o de consumidores propiamente dichas, de crédito, de seguros, de vivienda, de servicios-. Las cooperativas de trabajo -como la que aquí nos ocupa- han sido definidas como aquellas en las que los trabajadores se asocian y organizan en una empresa, para ejercer en común sus profesiones u oficios (conf. Del Río, Jorge, "Cooperativas de trabajo", Intercoop Editora, Buenos Aires, 1962, págs. 29/30). En la cooperativa de trabajo, son los propios asociados quienes organizan su actividad, distribuyen las tareas, establecen los horarios y los turnos de trabajo, fijan los anticipos que percibirán, etcétera, ello con el objeto de posibilitar el correcto funcionamiento de la empresa para que pueda cumplir su cometido, quedando todo ello establecido en el estatuto y en el reglamento interno, los cuales deben ser aprobados por la autoridad de aplicación de la ley de cooperativas, es decir, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) (conf. Tévez, Alejandra Noemí, "Empresas recuperadas y cooperativas de trabajo", Ed. Astrea, Buenos Aires, 2011, págs. 111/112).
Declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL
Carátula: Braga, Rafael Mariano y Otros s/ Recurso de casación Herrero, Carlos Omar y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-03|2015-07-17

El agravio relativo a la inconstitucionalidad de la Ley 25.779 resulta improcedente pues se limita a reeditar cuestionamientos que no logran conmover el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la constitucionalidad de dicha norma -Simón y Mazzeo-, que ha reconocido el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad y declarado la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida, y punto final. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Filiación, reclamación de la filiación, legitimación pasiva, herederos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: S., E. E. y otro c/ B., A. H. s/ Filiación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-26

La circunstancia de haberse promovido demanda de filiación cuando el menor tenía dieciseis años y ya había fallecido el presunto padre no obsta a que se reconozcan sus derechos, desde que la demanda en tal caso debe dirigirse "contra sus sucesores universales" y "en todo tiempo", tal cosa lo establece el art. 254 del Código Civil.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Yalour de Furlong, Angela E. c/ Egaña, Horacio R. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-17

Es definitiva (art.278 C.P.C.) la sentencia que rechaza una demanda entendiendo que el accionado no es deudor de la obligación reclamada, aunque deje abierta la posibilidad de demandar -a raíz del mismo hecho- a otros eventuales deudores.
Prehorizontalidad, escritura de afectación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOSA c/ SOCIEDAD ITALIANA DE VILLA MARIA s/ RECURSO  DE REVISION  -  COMPRAVENTA - PROPIEDAD HORIZONTAL - PAGO -  RECIBOS - CONSORCIO DE PROPIETARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-04-21

Si no hay afectación al régimen de prehorizontalidad no hay consorcio de propietarios por mas testigos que digan lo contrario.

Tampoco hay lugar a la teoría del acto propio, ni presuntas renuncias o aquiescencias del actor. Esto no es dogmatismo ni arbitrariedad; todas esas figuras constituyen supuestos de declaración tácita de la voluntad que tienen relevancia en un régimen de libertad contractual, pero no en un sistema donde la disciplina del contrato esta preventivamente fijada por el legislador bajo formas escritas o inscripciones registrales, que hacen necesarias las declaraciones expresas de voluntad.
Transporte aéreo, aplicación de la ley, responsabilidad subjetiva
Materia: PENAL
Carátula: Díaz , Jorge Horacio c/ Línea aérea Nacional Chile SA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-02

El contrato de transporte aéreo internacional que vinculó a las partes está regulado por el Convenio de Varsovia-La Haya -ley 14.111 y decreto-ley 17.386/67- (el "Convenio"-), con las modificaciones introducidas por el Protocolo nº 4 Adicional -firmado el 25 de septiembre de 1975 en la Ciudad de Montreal, Canadá- (el "Protocolo"), ratificado por nuestro país el 14 de marzo de 1990, aprobado por la ley 23.556 (B.O. del 12/7/1988) y en vigor desde el 14 de junio de 1988. En él se adopta el principio de la responsabilidad subjetiva del transportista incumbiéndole a éste acreditar su falta de culpa (arts. 19 y 20 del cuerpo normativo cit. y esta Sala, causa nº 6002/05 del 19/2/08). A ese fin debe demostrar que adoptó las denominadas medidas necesarias para evitar el daño (art. 20 del Convenio; Videla Escalada, F., "Derecho aeronáutico"; Zavalía editor, 1969, tomo I, págs. 143 y 149). Tales medidas deben ser ponderadas de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar que rodearon al evento dañoso.
Juicio ejecutivo, multa administrativa, recurso de apelación (administrativo), efecto devolutivo, banco central, facultades del banco
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B.C.R.A. c/ SILLY S.A. s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

La circunstancia que la ejecutada apelara la multa impuesta por el B.C.R.A., encontrándose aún pendiente de decisión judicial, no impide el avance de la ejecución, por el hecho que al establecer el art. 42, 2° párrafo de la ley 21.526, que la apelación deducida se concede al solo efecto devolutivo, precisamente consagra la no suspensión de la medida, quedando habilitado el B.C.R.A. a ejecutarla, ya que el acto administrativo que sustenta aquella multa posee fuerza obligatoria desde el momento que los requisitos condicionantes para su ejecución confirmen su eficacia, comportando una cuestión totalmente independiente la resolución final que recaiga en el recurso de apelación interpuesto por la ejecutada, puesto que de no ser así no tendría entidad legal alguna, tanto lo estipulado en el 2° párrafo como en el 5° del art. 42 anteriormente aludido.
Acción de amparo, plazos procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pergolani, Mario Luis c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-28

La resonancia institucional que conlleva la pretensión del actor no nos debe llevar a forzar o desconocer el plazo de caducidad previsto por el instituto procesal que el propio interesado ha elegido para viabilizar sus derechos. Si se trata de dar remedio rápido, para que sea eficiente, a un derecho conculcado de rango constitucional, se presume que con la misma premura ha de recurrir ante los jueces por una solución el afectado, y si así no lo hace -como ha ocurrido en autos- es porque la lesión no existió o no fue advertida en su magnitud, o lisa y llanamente renunció al ejercicio de sus derechos.

- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Sicorello, Esteban y otros s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se funda en un criterio interpretativo diferente al empleado por el juzgador, pero sin demostrar la forma en que la Cámara habría transgredido la norma que cita como violada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, proceso penal, imputado, libertad condicional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T., J. F. c/  s/ ABUSO SEXUAL (SU ACUMULADO CUIJ N° 21-08701360-7)-APELACION FISCAL; APELACION PARCIAL QUERELLANTE Y DEFENSA AUDIENCIA PRELIMINAR-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-25

El pronunciamiento sometido a control de constitucionalidad -que decide sobre la admisión de las pruebas solicitadas por la Defensa y la libertad provisional del justiciable- no es, en principio, sentencia definitiva, ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, ya que si bien los interesados, para superar el requisito legal exigido postularon, por un lado, que al confirmarse la libertad del justiciable se generaría un perjuicio irreparable por el peligro de entorpecimiento en la investigación que de ello se derivaría, lo cierto es que ante la eventualidad de tales alegaciones no alcanzan a convencer de que se verifique la concurrencia de un concreto gravamen de imposible reparación ulterior que excepcionalmente permita sortear el recaudo en la especie; y respecto a la admisión de las pruebas ofrecidas por la Defensa, si bien la quejosa insiste genéricamente en que se produciría una alongación que afectaría el debate oral, no alcanzan a evidenciar la irreparabilidad del gravamen invocado. - CITAS: CSJN: Fallos:308:1832; CSJStaFe: AyS, T 92, p 416; T 107, p 149; T 120, p 309 y 320. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mateo, Ricardo A. y otra c/ Grimaldia, Néstor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-07-31

El costo de las diversas piezas que componen un automóvil llega a quintuplicar el precio de éste recién salido de fábrica, de manera que no es extraño que cuando el rodado tiene cierta antigüedad y los daños son significativos, la reparación de éste pueda llegar a ser sumamente onerosa. Por ello no puede obrar en detrimento del derecho de la víctima a ser resarcida del perjuicio que ha experimentado, ni la configura un enriquecimiento sin causa.-
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, mal desempeño de funciones
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Tarnopolsky, Daniel c/ Estado  Nacional  y  otros s/ proceso  deconocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

La obligación de indemnizar de quien ha actuado como órgano del Estado surge de la prueba del desempeño irregular de la función.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, inadmisibilidad formal
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Soberón, Patricia Alejandra c/ Humberto Basso e Hijos S.R.L. s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-03-01

Se interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones que resolvió no hacer lugar al recurso deducido por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el fallo de primera instancia, el cual desestima la demanda en todas sus partes.

El recurrente se agravia expresando que la sentencia contiene el vicio de arbitrariedad, pues a su entender no realiza una valoración adecuada de los testimonios rendidos en autos, efectuando una interpretación errónea de los mismos, que no considera elementos probatorios del proceso e invierte la carga de la prueba, como tampoco ordena la corrección del certificado de trabajo ni aplica las sanciones de la Ley 24013.

Aquello que se quiere proponer a revisión es una cuestión de hecho y prueba, siendo que esta materia solo compete a los jueces de grado y es ajena por completo a la instancia extraordinaria de casación, salvo el supuesto del absurdo.

Como ha sido reiterado en numerosas ocasiones por esta Corte de Justicia, tal extremo de excepción sobre cuestiones de hecho y prueba por absurdo no es una equivocación cualquiera, sino aquella que contiene un desacierto de gravedad suma, que lo descarta como acto judicial.

Asimismo, la justicia nacional se ha pronunciado en igual sentido respecto a que la instancia extraordinaria de la casación se abre para examinar cuestiones de derecho, ya que los hechos son de competencia exclusiva de la justicia común, no bastando la mera alegación de la absurdidad para cambiar el régimen legal de la instancia extraordinaria (CS Bs. As. 15/6,76 Edt.68 p.468); en tal caso debe demostrar la existencia del vicio endilgado a través de una crítica que permita determinar la seriedad de sus cargos y que los mismos tienen la entidad que se aduce.

En el caso, el agraviado expone que la sentencia es arbitraria pues considera que realizó una valoración errónea de la prueba y de las circunstancias fácticas del litigio, sin demostrar en qué consisten tales extremos, pues no concreta cuál es la arbitrariedad.

En tales condiciones, el recurso debe ser rechazado por ausencia de requisitos formales básicos necesarios para su admisibilidad, con costas al recurrente.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, prueba testimonial
Materia: PROCESAL CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: AYMAR, LUIS ROBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE CAÑADA DE GOMEZ s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO EXTRAORDINARIO ANTE  LA  CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA  DE LA  NACION.     CSJ EXPTE NRO 174-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-22

No torna viable el recurso extraordinario federal, la disconformidad del recurrente con las conclusiones a las que arribara el tribunal en torno a la apreciación de los hechos y de los elementos probatorios; toda vez que el impugnante no explica como puede constituir un abuso de la forma en desmedro de la verdad sustancial, la apreciación de los dichos de los testigos respecto de lo ocurrido, si en suma se trata de cuestiones procesales y también de pruebas propias de los jueces de la causa -en este caso de la Corte local- sin que pueda juzgar el máximo tribunal sobre su acierto o error.
Excarcelación, cauciones
Materia: PENAL
Carátula: López, Justo s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-25

El privado de su libertad antes del vencimiento de los tres años mencionados por la ley (Art. 169 inc. 11 del C.P.P.) como plazo máximo de duración de la prisión preventiva, se encuentra en una situación procesal afectada por una medida de coerción personal de naturaleza caucionable que tiene adecuada respuesta, en lo que hace a su modificación bajo la forma de los procedimientos excarcelatorios. (Minoría u opinión personal)
Acción de amparo, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Misiones. s/ Recurso    Extraordinario   de  Nulidad,  Inaplicabilidad  de  Ley e  Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-10-03

Enmarcan en el supuesto de excepción sentado por la Corte Suprema, la declaración de inconstitucionalidad sin previo traslado de los artículos 2 (incs. b, e, g y h) y 3 de la Ley Provincial 368, por cuanto vedan la competencia del juez en la acción de amparo, competencia que le es constitucionalmente atribuida en el orden provincial y a efectos de hacer efectiva la supremacía constitucional y garantizar este remedio procesal, regulado tanto en la Constitución Provincial como en la Nacional y en la Convención Americana de Derecho Humanos, en los casos contra actos de la autoridad pública.(Dra. Catella:en disidencia).
Honorarios, abogados, sentencia, nulidad de sentencia, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Gigena, Marcos c/ Carlos Carusso y Cía. S.A.C.I. s/ Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-08-28

Si en la resolución por la cual se concede parcialmente el recurso de casación deducido por la parte actora, la a quo admite que al revisarse la operación matemática de actualización del capital que debió efectuarse a los fines de la regulación de honorarios, se advierte que se deslizó un error que llevó a elevar indebidamente la base regulatoria, dando como resultado un importe incorrecto en el monto de la regulación de los honorarios que el casacionista cuestiona, ello permite advertir que se trata de un error material que debe enmendarse. Corresponde, por lo tanto, anular el pronunciamiento en lo que constituyó motivo de agravio, atento el carácter del error asumido.

En atención a que el parámetro económico sobre el que se deben calcular las respectivas bases de regulación de las partes actora y accionada en caso de rechazo de demanda, es igual, sólo que en distintos porcentajes (art. 29 incs. 1ro. y 2do. Ley 8226) y estando firme una de dichas determinaciones arancelarias, no corresponde entrar al fondo del asunto sino reenviarse la causa al tribunal a quo a fin de que se pronuncie sobre la cuestión, de acuerdo al criterio citado en la sentencia.
Acción de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad, interposición del recurso, plazo, Constitución Nacional, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Intendente Municipal de San José de los Cerrillos c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-05-15

La acción de inconstitucionalidad ha sido instituida para cuestionar ordenamientos jurídicos con naturaleza de ley, decreto, reglamento u ordenanza, que tienen en común, con abstracción de la denominación que se les haya dado, el hecho de constituir mandatos generales, abstractos e impersonales; y es precisamente cuando tal mandato entra en colisión con las normas constitucionales donde cobra vida la mentada acción.

El control de constitucionalidad que esta Corte de Justicia de Salta realiza es reparador, de ahí que la acción no puede ser interpuesta con anterioridad a la promulgación o puesta en vigencia del precepto impugnado. Así pues, sólo es factible declarar la inconstitucionalidad de las leyes y demás disposiciones de carácter normativo una vez que ellas existen como tales.

Los instrumentos "per se" no son normas, ello no obstante, y por aplicación del primer párrafo del art. 159 de la Carta Orgánica Municipal, el proyecto parcialmente vetado por el Decreto del Ejecutivo Municipal. y posteriormente insistido por el Concejo Deliberante -más allá de la denominación que las partes le hayan asignado- quedó aprobado tácitamente luego de transcurridos diez días sin haber sido promulgado, por lo que a la fecha se trata de una norma susceptible de ser impugnada por inconstitucional.

De ese modo, el plazo de caducidad previsto por el art. 704 del Código Procesal Civil para la interposición de la acción de inconstitucionalidad debe ser computado a partir del inicio de la vigencia de la ordenanza presupuestaria, por lo que cabe concluir en el caso que la acción resulta temporánea.
Daños y perjuicios, bancos, responsabilidad civil, robo
Materia: COMERCIAL
Carátula: DE LUCA SANDRA ELENA c/ HSBC BANK ARGENTINA S.A. Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-08

La entidad financiera es responsable por los daños padecidos por una mujer clienta de aquella que le negó la posibilidad de cambiar divisas luego de requerirle la exhibición de las mismas e indicarle que se dirija a realizar la mencionada operación a otra sucursal, tras lo cual padeció un robo en la vía pública, toda vez que dicho requerimiento sumado a la derivación de sucursal, importó un claro incumplimiento a las medidas de seguridad, que se contraponen a la reserva y secreto propios de toda transacción bancaria.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Landini, Adrián Eduardo s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa cuyo agravio relacionado con un supuesto "intento defraudatorio" por parte del padre del damnificado en el hecho no ha sido relacionado con norma legal alguna (art. 355, C.P.P. -texto según ley 3589 y sus modif.- y su doct.).