Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-30


VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 30/9/09, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar en forma parcial a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial; y rechazó el reclamo por las indemnizaciones previstas en los arts. 9, 10, y 15 de la LNE y arts. 43 y 45 de la ley 25.345. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte actora, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios (fs. 43/43 vta.). Al fundamentar el recurso, la recurrente se agravia porque el a quo, concluyó que, de los términos de la demanda, no surge que el actor hubiera cumplido con el requisito previsto en el art. 11 inc. "b" de la LNE (comunicación a la AFIP) y a raíz de ello desestimó la pretensión deducida con fundamento en los arts. 9, 10 y 15 de esa normativa. Asimismo, cuestiona que se haya omitido incluir en la condena el agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25.561.

Con relación al primero de los agravios vertidos, cabe memorar que, en el escrito inicial, el accionante invocó haber cursado el mismo día en que requirió a su ex empleadora la correcta registración de la fecha de ingreso y monto del salario (es decir, el 7/2/08), la comunicación a la AFIP que prescribe el art. 11 inc "b" de la LNE; e indicó el número de la carta documento (ver fs. 7 vta.).

Sentado lo expuesto, entiendo que asiste razón a la actora en su pretensión, pues la presunción de veracidad que genera la situación de rebeldía prevista en el art. 71 de la LO -en la que se encuentran incursos los accionados (ver fs 36)-, alcanza también a la circunstancia fáctica precedentemente descripta, que fue claramente explicada en el escrito constitutivo.

En efecto, la norma en cuestión dispone claramente que "si el demandado debidamente citado no contestare la demanda en el plazo previsto en el art. 68 será declarado rebelde, presumiéndose como ciertos los hechos expuestos en ella, salvo prueba en contrario". Siguiendo a Miguel Angel Maza ("Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, Comentada, Anotada y Concordada", dirigida por Amadeo Allocati, T.II págs. 127 y 128, Ed. Astrea, 1999) cabe puntualizar que la solución que prevé dicha normativa "es imperativa y terminante y constituye una directiva ineludible para el juez, a diferencia del proceso civil y comercial, en cuyo marco el art. 60 del CPCCN establece que sólo en caso de duda la rebeldía declarada firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración". Ahora bien, tal directriz reconoce como límite el análisis de verosimilitud de los hechos alegados que debe realizar el sentenciante, pues sólo debe considerarse su veracidad, en tanto éstos sean posibles y verosímiles.

El extremo relativo a la comunicación al organismo impositivo no resulta inverosímil y, en la especie, no se ha producido prueba en contrario, por lo que la directriz establecida en el art. 71 de la L.O. me lleva a tener por acreditado que la trabajadora cumplió con el recaudo previsto en el art. 11 inc "b" LNE.

Desde tal perspectiva, quedaron reconocidos por vía de la rebeldía en que se encuentran incursos los codemandados (art. 71 L.O.) y en tanto no fueron desvirtuados por prueba en contrario, los hechos invocados en la demanda relativos a que los demandados registraron la relación en noviembre del 2005 cuando en realidad la verdadera fecha de inicio del vínculo fue en noviembre del 2002. También quedó reconocido que el monto del salario abonado era de $ 1.900 y que, a pesar de que los demandados inscribieron al actor en noviembre del 2005, continuaron abonándole la mitad del salario en forma marginal.

En tales condiciones, corresponde verificar si se encuentran cumplidos los requisitos que exíge el art. 11 L.N.E. como presupuesto de viabilidad de las indemnizaciones previstas en los arts. 9 y 10 de la citada norma. Si bien entre la fecha de intimación -7/2/08 (ver fs 5 vta.)-, tenida por reconocida por vía del art. 71 L.O. efectuada en los términos del art. 11 Ley 24.013 y la del despido -13/2/08 (ver fs 5 vta.), -también reconocida en virtud de la rebeldía decretada (fs 36)-, no transcurrió el plazo de 30 días al que hace referencia el art. 11 de dicha ley, se debe tener por cierto que ambos demandados guardaron silencio a dicha intimación. No cabe duda que los demandados tenían la obligación legal de expedirse al respecto dentro del plazo acordado por el actor; y, a la luz de lo establecido en el art. 57 LCT, es evidente que su silencio tornó operativa la presunción prevista en la norma, sin que se haya producido prueba que la desvirtúe. En consecuencia, quedó patentizada la voluntad de no registrar la real fecha de inicio de la relación y la verdadera remuneración. A su vez, como lo he señalado, cabe tener por cierto que Flores cumplimentó con las exigencias del art. 11 de la Ley 24.013, porque el 7/2/08 intimó fehacientemente a los demandados para que registren la relación laboral de acuerdo a su real fecha de ingreso y remuneración y remitió la respectiva comunicación a la AFIP (ver 5vta,) sin que los accionados se avinieran a regularizar la anómala situación que implicaba el incorrecto registro de la real fecha de ingreso y remuneración, por lo que es evidente que resultan procedentes las indemnizaciones establecidas en los art. 9 y 10 de la LNE. En consecuencia corresponde hacer lugar a la suma de $ 17.100 ($ 1.900 x 36 meses entre 1/11/02-1/11/05 = $ 68.400. 25%) en concepto de indemnización art. 9 L.N.E. y a la suma de $ 6.515,39 ($950 x 27 meses = $ 25.650 + $ 411,58 (13 días de febrero/05) = $ 26.061,58 . 25%).

Asimismo, como se ha visto, la intimación del art. 11 fue cursada al empleador de modo justificado y habida cuenta que el despido se produjo con motivo -entre otros aspectos- del silencio de los demandados a regularizar los términos de la relación en cuanto a fecha de ingreso y salario, concluyo que, de acuerdo con lo establecido en el 2do. párrafo del art. 15 L.N.E., resulta procedente la duplicación contemplada en la norma. En consecuencia, propicio hacer lugar al rubro por la suma de $ 17.515,27 ($ 12.350 + $ 1.048,27 + $ 4.117).

El segmento recursivo que gira en torno del agravamiento indemnizatorio dispuesto en el art. 4 ley 25.972 no puede tener favorable acogida.

La convocatoria a tribunal plenario a fin de fijar criterio acerca del momento a partir del cual se considera cumplida la condición prevista en el artículo 4 de la ley 25.972, en lo referente a la derogación de los incrementos indemnizatorios derivados del art. 16 de la ley 25.561 (in re "Lawson, Pedro José c/ Swiss Medical S.A. s/ despido" -Resolución de Cámara Nro. 21 del 26/8/09), no obsta al dictado del presente pronunciamiento por cuanto la mayoría de las Salas que integran esta Cámara ha sentado doctrina coincidente sobre la cuestión de derecho objeto del plenario -conf. arts. 301 CPCCN y 155 último párrafo de la L.O- .(Sala I: "Romero c/Olecsen", SD 85119 del 30/4/08; Sala II: "Reschini c/Massuh S.A.", SD 95760 del 20/5/08; Sala V: "Bojorge c/Cámara Ind. Arrt. Librería" SD 71468 del 31/3/09; Sala VI: "Sfoggia c/Puig Argentina S.A.", SI 30931; Sala IX: "Ciufia c/Coto CICSA", SD14969 del 13/6/08 y Sala X: "Gasparri c/Nestlé Argentina S.A." SD 16382 del 20/11/08).

Ahora bien, como lo señalara mi distinguida colega, Dra. Graciela A. González, al votar en primer término en los autos "Reschini Sebastian Alejandro C/Masshu S.A.s/Despido" SD 95.760 del 20/05/08" -a cuyo voto adherí oportunamente-, en resguardo de la seguridad jurídica y por aplicación de la pautas interpretativas reseñadas en el mencionado fallo -a las que me remito en honor a la brevedad-, este Tribunal consideró que el cese del agravamiento indemnizatorio dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561 se operó al darse a publicidad el decreto 1224/07 es decir, el 11/9/07. En el caso de autos, al momento del distracto aquí examinado (13/2/08) no estaba vigente la suspensión de los despidos previsto en la ley 25.972, por lo que no corresponde hacer lugar al agravamiento previsto en el art. 4 de la citada norma (conf. art. 499 Código Civil).

De acuerdo con lo que llevo dicho, habida cuenta de los rubros viabilizados en la instancia anterior cuya procedencia llega firme a esta Alzada y los que propicio admitir en este voto, corresponde adicionar a la suma de $ 34.096, las siguientes sumas y conceptos: $ 17.100 en concepto de indemnización art. 9 L.N.E; $ 6.515,39 en concepto de indemnización art. 10 L.N.E y $ 17.515,27 en concepto de duplicación art. 15 L.N.E. Todo ello, hace un total de $ 75.226,66 al que se debe elevar el monto de condena con más los intereses que -en la oportunidad prevista en el art. 132 LO- se calculen desde la exigibilidad de cada crédito y hasta su cancelación definitiva, a cuyo efecto se aplicará la tasa de interés dispuesta en el pronunciamiento de grado anterior que llega firme a la Alzada.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación del actor.

En orden a ello y en función de dicho resultado, no encuentro razones que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota procesal y de la consecuente regla del art. 68 CPCCN, por lo que estimo que las costas de ambas instancias, deben imponerse a cargo de los demandados, en forma solidaria.

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que intervinieron durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O., ley 20.243, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 11%, porcentaje éste que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la LO, debe aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses-. A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la recurrente, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25 % de lo que le corresponde por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: adhiero a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, con la siguiente aclaración:

Con relación a la cuestión planteada con respecto al art. 4º de la ley 25.972, no puedo dejar de señalar que en la causa "Reschini, Sebastián Alejandro c/ Massuh S.A. s/Despido", S.D. 95.760 del 20-5-08, he sostenido que la norma apuntada previó una condición derogatoria que se verificó bastante antes de la publicación del decreto 1224/07.

Asimismo, he memorado que dicha norma legal dispuso la prórroga de la suspensión de los despidos sin causa justificada establecida por el artículo 16 de la ley Nº 25.561 y sus modificatorias, "hasta que la tasa de desocupación elaborada por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)".

A mi modo de ver, de ese texto legal resulta claro que el Congreso Nacional subordinó la vigencia de ese régimen excepcional al cumplimiento de tal hecho, configurado como una condición de vigencia de la norma, instituto jurídico parecido al de la condición resolutoria pero diferente. Al respecto, conviene recordar que la "conditio iuris" o condición de aplicación de las normas es un elemento constitutivo de la ley, no dependiente de las partes (conf. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas, Sociales y de Economía, dirigido por Víctor De Santo; Editorial Universidad, Buenos Aires, 1999, pág. 254); mientras que la condición regulada en los arts. 527 y stes. del Código Civil constituye una modalidad de los actos jurídicos o de las obligaciones, modalidad, por otra parte, accidental (Ver Pizarro, Ramón Daniel y Vallespinos, Carlos Gustavo, Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones, Editorial Hammurabi-José Luis Depalma Editor, Buenos Aires, 1999, T. 1, pág. 236).

En ese entendimiento considero que dicha conditio iuris derogatoria ha implicado que la extinción o finalización de la prórroga legal quedó únicamente sujeta al acaecimiento del hecho o evento futuro e incierto mencionado en la ley y una vez cumplido éste, se produjo la auto derogación comprometida en la propia norma. Como consecuencia directa de ello, la previsión legal debe considerarse autosuficiente y no requirente para su operatividad de una reglamentación, norma ni sentencia administrativa ni judicial meramente declarativa que, en este caso, pondría meramente de manifiesto una condición material y temporalmente ya acontecida.

Subrayo que, a desde mi enfoque, de acuerdo al texto del art. 4 de la ley 25.972, no se necesitaba el dictado de una norma pues no se supeditó la derogación del régimen de suspensiones y recargo a una decisión estatal, es decir que la ley no prometió que cuando la tasa de desocupación fuese menor al 10% se dictaría una norma derogatoria, ni comprometió a autoridad alguna a elaborar tal norma; criterio que hubiese ahorrado dudas, incerteza y problemas jurídicos. Por el contrario, estableció una cláusula derogatoria auto suficiente y automática.

En concreto, pues, opino que el legislador dispuso que el régimen de suspensión de los despidos perdería vigencia al producirse el hecho mencionado en el art. 4 de la ley 25.972 y, una vez verificado éste, la conditio legis debe juzgarse verificada de pleno derecho.

Sin embargo, en atención a que en la causa citada mi voto resultó en minoría, por razones de economía procesal, adhiero a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125, segunda parte, ley 18345), el Tribunal RESUELVE: 1º) Modificar la sentencia de la. Instancia y elevar el monto de condena a la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 75.226,66) con más los intereses devengados desde la exigibilidad de cada crédito hasta su efectivo pago, a calcularse en la oportunidad prevista en el art. 132 LO a la tasa fijada en el pronunciamiento de la instancia anterior. 2º) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de los demandados, en forma solidaria. 3º) Por lo actuado en primera instancia, regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 11%, porcentaje que, en la oportunidad prevista en el art. 132 de la L.O. debe aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses-. 5º) Por lo actuado ante esta Alzada, regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 25 % de la suma que le corresponde por la representación y patrocinio letrado, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara Juez de Cámara