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Recursos, admisibilidad del recurso, Cámara de Apelaciones, doble instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: C., N.G. s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-04

El juez del recurso es en definitiva el tribunal de apelación; es la cámara quien decide si fue bien o mal concedido. En ello está comprometido el orden público procesal, y toda vez que la cuestión se refiere a la jurisdicción y competencia funcional, el orden de las apelaciones corresponde al sistema de la ley. Como lo enseñaba Couture, la pluralidad de instancias podría desnaturalizarse si se subordina a la voluntad del primer juez la admisibilidad de los recursos o la forma y efectos de concederlos.
Robo calificado, homicidio criminis causa, recurso in forma pauperis, nulidad de sentencia, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Seco, Rafael Ramón y Seco, Luis Eduardo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en causa Expte. 202/01 - GALVAN, Sergio Daniel y otros s/ Homicidio Triplemente Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-12

La Cámara en lo Criminal, por mayoría, declaró culpable al imputado R. S. y L. S. como coautores penalmente responsables de los delitos de robo agravado por el uso de armas, en lugar despoblado y en banda y homicidio triplemente calificado por alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa, en concurso real, condenándolos, en consecuencia a sufrir la pena de reclusión perpetua con más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado.

Deducido recurso de casación in pauperis por uno de los condenados contra esa decisión, lo fundó la Defensora Oficial.

En cuanto al pedido de nulidad formulado estimo pertinente recordar que ninguna nulidad procesal cabe declarar por la nulidad misma o por mero prurito formal, ni por la mera disconformidad del recurrente con el pronunciamiento condenatorio dictado después de la regular sustanciación del juicio, y sin que haya sido denunciada infracción alguna que por su gravedad impida considerar el celebrado en esta causa como el debido proceso legal, previsto y reglamentado como garantía del ejercicio pleno de los derechos individuales, especialmente el de defensa, de cara a la persecución penal estatal.

En autos, ninguna razón constato, ni es invocada en el recurso, para invalidar la sentencia condenatoria. Tampoco informa el recurso de la existencia de vicio alguno que por haber recaído en las formas sustanciales, vinculadas con la acusación, la defensa, la prueba o la sentencia, haya afectado el debido proceso.

De modo que, en tanto el proceso ha tramitado con arreglo a las normas legales que lo disciplinan, no encuentra justificación razonable la invalidación solicitada ni el pretendido reenvío de las actuaciones para la realización de otro juicio el que, en las condiciones señaladas, importaría un dispendio jurisdiccional repugnante a los principios del debido proceso legal: non bis in idem, preclusión, progresividad, plazo razonable; por lo que, en tanto carece de fundamento, no corresponde hacer lugar al planteo efectuado con ese propósito.
Banco central, control de entidades financieras, responsabilidad del síndico de la sociedad, sindicatura colegiada, negligencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco Regional del Norte c/ B.C.R.A. -Resol. 287/94 (Ex. 100182/81)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17

Ha de inferirse que los miembros de la Comisión Fiscalizadora actuaron en forma negligente cuando, conociendo la situación por la que atravesaba el banco, incluyendo la comisión de algunas infracciones y no obstante haber sugerido -en algunos casos- la ejecución de ciertas medidas para revertirla, no efectuaron un exhaustivo seguimiento del cumplimiento de ésta por parte del directorio, ni pusieron especial celo para detectar las otras infracciones que fueron imputadas por el B.C.R.A.
Elecciones, elecciones provinciales, elecciones municipales, boletas de sufragio, impugnación de la elección
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: General   San   Martín  -  Ferrari E. y Achad E -Política Abierta para  la  Integridad  Social- s/ solicitan escrutinio definitivo del departamento urna por urna.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-04

El hecho de que el juzgado electoral hubiera autorizado la utilización de boletas unidas o separadas en sus tramos provincial y municipal no conduce sin más al rechazo de los cuestionamientos de los recurrentes ya que no es lo mismo validar boletas separadas que otras unidas a un elemento extraño al comicio como sería una nómina de candidatos no oficializada (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Daños y perjuicios, bancos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GOTTIG JOSE MARIA c/ BANCO DE ENTRE RIOS S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-06

El concluido cumplimiento defectuoso del deber impuesto al banco, agotó sus efectos y potencia dañadora cuanto procedió al correcto cierre o clausura de la figurada cuenta corriente. Este no es el caso de quien recibe un cheque, aunque fuera postdatado, durante la vigencia del contrato de cuenta corriente bancaria en cuyo interin sea dable presumir que su titular satisface los requisitos de solvencia material y moral exigidos por la ley. Al contrario, las propias alegaciones del actor al demandar -tanto en este pleito como los apiolados-, indican que hubo de recibir los cheques en las fechas rezadas en cada título, todas ellas posteriores al cierre definitivo de la cuenta. Por tanto, sólo se encuentra como relevante la torpeza y exceso de confianza incurridos por el propio damnificado. Desde esta óptica, el actor no puede exigir del demandado aquello que él, precisamente, dejó de hacer en forma notoria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BUNADER JOSE LUIS JORDAN c/ BANCO DE MENDOZA S.A. s/ Acción Amparo (LIBRO: A130 - 187)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-12-23

Se entiende que una correcta hermenéutica de los art. 52 y 54 del cuerpo legal de marras, especialmente teleológica -proteger al consumidor o usuario, personas físicas o jurídicas, que contratan a título oneroso bienes o servicios en el mercado, para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social. Lleva ineludiblemente a pensar que el legislador ha querido dotar al consumidor de un mecanismo procesal.- Las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rija en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, que le asegure la aplicación eficaz de las normas de protección, o sea y entre nosotros, las propias del juicio sumario (art. 210 C.P.C.), sin perjuicio de las de la acción de amparo si en el caso concreto de que se trate plasman los presupuestos que la fornan viable, en consecuencia, en modo alguno es admisible la aplicación genérica y común de la normativa reguladora de la garantía constitucional del amparo a través del artículo 53 de la Ley 24.240. Se comparte en principio, lo expuesto sobre el punto por el señor Juez "a quo": en nuestro código procesal, el proceso de conocimiento más abreviado es el previsto en los art. 210 a 213 del C.P.C.

En consecuencia estimo que estas disposiciones procesales deben aplicarse a las acciones que autoriza el art. 52 de la ley 22240, y no las del dec. ley 2589/75 que regulan la acción de amparo.

Cabe agregar que si la intención del legislador hubiese sido declarar aplicable el régimen procesal del amparo, lo habría enunciado expresamente así. La naturaleza del amparo es tan específica que resulta muy dudoso que si el legislador pretendió referirse a ella, haya empleado la redacción que contiene el art. 52 de la ley 22240. Pero las conclusiones precedentes no obstan a que algunos hechos que resulten prohibidos por la ley, puedan ser atacados por la vía del amparo, cuando se encuentren reunidos los presupuestos de esta acción.-
Prescripción, denegatoria del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DESTEFANO, Virginio Luis c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-30

El rechazo de la defensa de prescripción no importa aceptar la denegación del beneficio cuya concesión sería procedente al compatibilizar las prescripciones del art. 31 de la ley 18.038 con el art. 34 del referido cuerpo legal que autoriza a deducir de los haberes a pagar el 20% a fin de cancelar la deuda que el titular mantiene con los organismos de previsión (cfr. C.S.J.N., "Rei Rosa, Alfredo F.", sent. del 20.2.85).
Cuestiones de competencia, competencia por el territorio, lugar del hecho, escrituración, compraventa inmobiliaria, desbaratamiento de derechos acordados
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLAGRA, LUIS ALBERTO. s/ DEFRAUDACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-28

Corresponde a la justicia local entender en la causa en la que se investiga la maniobra que se habría cometido en perjuicio de los compradores de tres terrenos ubicados en la Provincia de Buenos Aires, los cuales fueron escriturados a través del imputado -a quien el vendedor le habría otorgado poder ante una escribanía de la Capital Federal- a favor de terceras personas, concretándose la transferencia de dominio en la localidad de Carmen de Areco, sin que los denunciantes hubieran autorizado la sustitución de los compradores. Ello así, pues el hecho denunciado resulta adecuado a las previsiones del art. 173, inc. 11, in fine, del Código Penal desbaratamiento de derechos acordados- y la escritura de compraventa se instrumentó en una escribanía en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, careciendo de relevancia la circunstancia de que el escribano posea oficinas en la Capital Federal, mientras no se incorporen elementos que demuestren la falsedad de la escritura en cuanto a su lugar de celebración.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, caución juratoria, contaminación ambiental, EDENOR, riesgo empresarial
Materia: PROCESAL
Carátula: PAEZ DE TAZANOS PINTO JULIO Y OTROS c/ EDENOR SA s/ INCIDENTE DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

La actividad que desarrolla Edenor no puede ser desenvuelta a costa de la salud física y psíquica de los vecinos, pues nadie tiene derecho a dañar a otro y el juez tiene facultades para enervar ese daño. Por ello, habida cuenta de los costos de Edenor, se trata de un riesgo empresario y la caución juratoria aparece, en el caso, suficiente, frente a la verosimilitud del derecho que invoca el peticionario de la medida (cfr. art. 199 del CPCC).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, ley federal, impuesto a las ganancias
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Fundación Enrique Navarro Viola c/ DGI. s/ repetición DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Procede el recurso extraordinario si se encuentra controvertida la inteligencia de una norma de carácter federal - art. 20, inc. f), de la ley del impuesto a las ganancias - y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que el recurrente sustenta en ella.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, menores
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: L. de R., D. A. c/ R., P. E. s/ Alimentos y litis expensas. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Es doctrina reiterada de esta Suprema Corte que, en principio, los pronunciamientos que versan sobre régimen de visitas no revisten carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, no observándose en el caso de autos en que se deniega por el momento que la menor pernocte en el domicilio paterno, motivos que permitan apartarse de dicho criterio. (Minoría u opinión personal)
Fallos de la Corte Suprema, interpretación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Lindow de Anguio, Isabel c/ Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/ recurso contencioso administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-03

Cualquiera que sea la generalidad de los conceptos empleados por el tribunal en sus fallos, ellos no pueden entenderse sino con relación a las circunstancias del caso que las motivó, siendo, como es, una máxima de derecho, que las expresiones generales empleadas en las decisiones judiciales, deben tomarse siempre en conexión con el caso en el cual se usan.
Impedimento de contacto del menor con el padre no conviviente, concubinato, cuestiones de competencia
Materia: PENAL
Carátula: M., S. A. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-30

Relataron que el denunciante precisó que, habiendo finalizado tiempo atrás la relación de concubinato que mantuviera con quien tuvo dos hijos menores de edad, la imputada y su nueva pareja se mudaron a un domicilio de la provincia de Buenos Aires que conoce. Que en determinado momento, le impidió ver a los niños y por ello concurrió a un Centro de Acceso a la Justicia de la CABA en donde se fijaron audiencias de mediación a las cuales la imputada no se presentó. Al respecto los vocales señalaron que el impedimento de contacto es un delito doloso y que no se encuentra acreditado en las actuaciones que la imputada haya actuado con voluntad de impedir ilegítimamente la vinculación de los menores con su padre, sino más bien que se está en presencia de un conflicto familiar que, en su caso, merece ser canalizado, al menos en principio, en la sede civil correspondiente. Agregaron que más allá de las infructuosas audiencias de mediación, el denunciante aún no ha ejercido sus derechos ante la justicia civil para acordar un régimen de visitas, por lo que no puede sostenerse que la madre haya impedido u obstruido el contacto de sus hijos con su progenitor en los términos de la ley 24270, más aún cuando de sus propios dichos surge que conoce el lugar en donde viven, razón por la cual, como lo expresara durante la audiencia oral ante esta la Cámara la representante de los derechos de los niños, el conflicto no se encuentra judicializado en la sede civil pertinente que es el ámbito adecuado para las cuestiones de familia, siendo el fuero penal la última ratio.
Notificación electrónica, notificación de la sentencia, nulidad de la notificación, resolución denegatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Marlenheim S.A. c/  s/ concurso preventivo s/ inc. de verificación por Fritz Rodolfo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-04

Debe rechazarse el planteo de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva efectuado por la concursada, que adujo que cuando intentó visualizar la cédula electrónica desde la ventana Entrada de Notificaciones del portal del PJN correspondiente al expediente, dicha notificación se encontraba en blanco, y que además no había recibido el e-mail de cortesía, dado que la falta de la notificación paralela o aviso de cortesía que el sistema envía automáticamente al destinatario de la cédula electrónica no afecta la validez de esta última, en la medida que ella haya sido cursada a la dirección registrada por su destinatario.
Honorarios del abogado, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Federación Agraria Argentina Sociedad Cooperativa de Seguros Limitada s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1991-06-12

Que la Ley 607 en el artículo 18 sienta como principio general, el de considerar como monto del proceso a los fines del artículo 13 de la ley citada "El mayor valor". Igual criterio se aplica si la demanda es rechazada en su totalidad, los honorarios son regulados considerando como base arancelaria el monto reclamado en la misma, si estuviese indicado.
Sanciones disciplinarias, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alonso, Andrés Nicanor c/ Municipalidad de San Fernando s/ Demanda contencioso administrativa Romero, Carlos Alberto c/ Municipalidad de Lobos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24|1997-05-13

Constituyen atribuciones privativas de la Administración en materia disciplinaria establecer tanto la naturaleza y entidad de la falta del agente como la dosificación de la sanción, siendo el órgano administrativo el único juez de ella, ya que tanto su adecuación a la falta cometida como la caracterización de ésta entran en la esfera de su exclusiva competencia, escapando sus conclusiones a la censura judicial mientras no se rebasen los límites impuestos por la reglamentación respectiva o se incurra en patentes desvíos lógicos.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido sin causa, doctrina de la arbitrariedad
Materia: LABORAL
Carátula: Asociación Mutual del Círculo de Suboficiales y Agentes de la Policía del Chaco c/ Rosa Carmen Figueroa de Barrientos s/ Consignación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-03-22

No es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del a-quo, que considera al despido sin justa causa. Ello así, ya que entiendo correcta sanción a su conducta, pero no encuentro marco probatorio adecuado el fenecimiento de la relación, ponderando detalles como la antigüedad y antecedentes del trabajador, extremos que si bien es cierto importan una mayor severidad en su apreciación no lo es menos que no surgiendo con fehaciencia la gravedad de su actuación atendiendo a su falta de antecedentes, debió aplicarse una medida que permitiera enmendar su conducta para el futuro.
Contrato de trabajo, cargos vacantes, personal transitorio, nombramiento
Materia: LABORAL
Carátula: GÓMEZ CARLOS A. c/ E.P.E.C. s/ DEMANDA REC. DE DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-04-07

Los arts. 18 y 19 del Estatuto del personal de E.P.E.C. establecen los requisitos y el procedimiento a seguir para el cubrimiento de las vacantes y el art. 8 C.C.T. EPEC APSE dispone que luego de cubrir transitoriamente un cargo vacante por dos años ininterrumpidos el trabajador quedará efectivo en el cargo, previa necesaria designación con carácter transitorio, resorte exclusivo del directorio de la empresa. En definitiva, carece de motivación el juicio del a quo que dedujo que el mero desempeño en tareas inherentes a un cargo superior vacante genera de por sí en el inferior el derecho a percibir la diferencia de sueldos entre uno y otro cargo y su nombramiento definitivo.
Contratos, efectos del contrato, autonomía de la voluntad
Materia: COMERCIAL
Carátula: STANDARD   BANK   LONDON   LTD. c/ ADMINISTRACION  NACIONAL  DECOMBUSTIBLES ALCOHOL Y POR. S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

Por medio de la autonomía material resulta la posibilidad de que las partes excluyan mediante la incorporación de una cláusula contractual en sentido contrario, las normas de policía de la "lex contractus" elegidas. Ello es así en tanto si fueron las propias partes quienes han traído ese sistema legal al contrato, nada obsta a que ellas mismas lo puedan desplazar en la medida o en los aspectos que así lo decidan, con la salvedad de que el derecho elegido y parcialmente desplazado, no sea uno de aquellos ordenamientos jurídicos que guardan con el caso, una relación económica preponderante. Si las partes pueden elegir un derecho distinto del que corresponde aplicar, también pueden excluir parcialmente, el derecho elegido por el legislador o por ellas mismas, a través de la autonomía material (uzal, Maria Elsa, "algunas reflexiones sobre la autonomía de la voluntad en la contratación internacional...", ED 179-1185, nota 13).
Medidas cautelares, contracautela
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, LUIS ARMANDO c/ EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L. s/ Medidas precautorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-08

La contracautela constituye el medio que la ley procesal utiliza para tratar de asegurar la efectividad de la eventual responsabilidad cuya fuente está dada por el art. 1071 del Código Civil.

Ante la imposibilidad de contar con una regla fija objetiva que predetermine se especie y monto, el art. 199 del Código Procesal encomienda al Juez la misión de graduar la contracautela que ha de ser proporcionada al contenido de la eventual responsabilidad. La entidad de ésta, daños y perjuicios, guarda relación con el valor de los intereses en juego que se intenta proteger con la medida cautelar.

La caución meramente juratoria poco o nada agrega a la fuente de responsabilidad, lo cual no implica descalificar a quien ofrece aquélla, sino garantizar eventuales perjuicios a la contraria (conf.

Colombo, "Código Procesal Civil...", 4a. ed. act. T. I, p. 337 y doctrina y jurisprudencia allí citada).
Medidas cautelares, embargo, contracautela
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COMP. EN J: BUSQUETS ISIDORO Y OTS. c/ AUNAR S.R.L. Y OTS. s/ emb - Prev (LIBRO: A075 - 179)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-12-14

En el sub-judice la ampliación del embargo preventivo se ordenó no solo sobre los inmuebles embargados, sino también sobre otros bienes de los deudores. Es decir, al posible perjuicio en la indisponibilidad de los inmuebles se sumó el posible perjuicio por el embargo de las acciones de los demandados en diversas sociedades. Es evidente, entonces, que la ampliación del embargo sobre los bienes denunciados, implicó la necesidad de una mayor garantía por la eventual sin razón de las medidas solicitadas, más allá de la mayor o menor verosimilitud del derecho invocado
Responsabilidad del socio, responsabilidad de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: AMARFIL, DOMINGO c/ CLASIFICADORA SAN JUAN S.R.L. s/ APELACIÓN DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-06-04

No debe perderse de vista, que la ley ha limitado los supuestos de inoponibilidad de la personalidad jurídica, reduciéndolos a la consecución de fines extrasocietarios y a mero recurso para violar la ley etc., es decir, no el simple incumplimiento de obligaciones legales que no entrañen la intención de valerse de la sociedad para dichos cometidos.

Interpretar lo contrario, nos llevarían a una conclusión sin sentido, adversa del espíritu de la L.S.C. y a la razón tenida en cuenta por el legislador para admitir la existencia de las personas jurídicas y la limitación de la responsabilidad de los socios en ciertos tipos societarios, pues bastaría, por ejemplo, que la sociedad no pudiera cumplir con los aportes previsionales o de obra social, para que resultara procedente la aplicación de la norma del art. 54 antes referido, en tanto se habría violado la ley, el orden público y se habría causado perjuicio a los derechos del trabajador, del Estado, de la Obra Social y de los jubilados.
Despido con causa, despido por riña
Materia: LABORAL
Carátula: Salvo, Jorge Eliseo c/ Sedamil S.A.C.I. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-21

La riña por sí misma no justifica el despido, sino que debe ser responsabilizado quien la provoca y no resulta -la riña- "per se" causa suficiente para provocar un distracto justificado si no se demuestra quién fue su provocador.