Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-26


SENT Nro. 1058 San Miguel de Tucumán, 26 de Diciembre de 2003.- Y VISTO: El presente juicio caratulado: "Agüero, Víctor Hugo y otros vs. E.D.E.T. S.A. y otro s/Cobros (ordinario)", en el que resulta necesario determinar el órgano jurisdiccional competente para entender en la presente causa; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene la presente causa a fin de examinar la competencia de esta Corte Suprema de Justicia para intervenir en la misma.

A fs. 6 la parte actora inicia demanda en contra de EDET S.A., el Sindicato de Luz y Fuerza de Tucumán y la Pcia. de Tucumán, reclamando el cobro del monto correspondiente a las acciones con más las utilidades desde el año 1993 a la fecha del distracto laboral con la primera nombrada, más el importe correspondiente a los bonos de participación en las ganancias; con más sus intereses desde que fueron devengados hasta su efectivo pago, gastos y costas, todo según el programa de propiedad participada instituido por ley 23.696. Funda su derecho en esta norma y en la ley 23.697, decretos reglamentarios, LSC, leyes provinciales nro. 6401, 6423, sus decretos reglamentarios y Estatutos Sociales de EDET S.A.. La demanda queda radicada en el Juzgado CCC de la Ia. Nom..

A fs. 28 se desiste de la acción contra el Sindicato de Luz y Fuerza de Tucumán. A fs. 94 se amplía demanda en los términos allí expuestos.

La Fiscal se expide por la competencia de esta Corte Suprema de Justicia (fs. 96) y el magistrado así lo declara, según resolución que glosa a fs. 98.

Corrida vista al Ministerio Fiscal, éste se expide por la competencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, según precedentes de este Tribunal que cita (fs. 102/103).

II.- Es principio en la materia que la competencia jurisdiccional de los órganos judiciales deben determinarse con arreglo a los hechos expuestos en el escrito de la demanda, alegados como constitutivos de la acción que se promueve. Ahora bien, de los términos de la pretensión esgrimida se desprende que la parte actora no sólo reclama el cobro del monto correspondiente a las acciones, utilidades y bonos de participación en las ganancias a que sería acreedora conforme el Programa de Propiedad Participada, dispuesto por la Ley nro. 23.696, sino que también cuestiona directamente el decreto del Poder Ejecutivo Provincial nº 240/3, que implementa el programa antes referenciado de una manera que implica la violación lisa y llana de los derechos legítimamente adquiridos por los trabajadores despedidos o desvinculados por cualquier causa de la empresa privatizada. Dicho decreto se encontraría -a criterio de los accionantes- en colisión con todas las normas jurídicas que sostienen la presente acción, con la consecuencia de la exclusión de aquellos del Programa de Propiedad Participada. Denuncian la inconstitucional de es te decreto en tanto repugna a la ley nacional 23.696 y a los derechos y garantías constitucionales previstos en los arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la CN.

A la demanda contra el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán subyacen, entonces, circunstancias atinentes al derecho a percibir el monto correspondiente a las acciones, con más las utilidades y bonos de participación en las ganancias según el Programa de Propiedad Participada instituido por ley 23.696, cuya letra y espíritu se entienden violados por el decreto provincial antes mentado.

En la especie, no cabe duda, sin que esto signifique tener por acreditados los hechos invocados ni, a fortiori, pronunciamiento alguno sobre la fundabilidad de las pretensiones articuladas, que las circunstancias invocadas atañen al Estado Provincial dentro de su actuación en la esfera del derecho público provincial, en tanto se plantea la inconstitucionalidad y se ataca específicamente lo dispuesto en el decreto 240/3 del PE Provincial. Los hechos constitutivos de la acción, y por los cuales se demanda a la Provincia, son entonces de clara naturaleza administrativa (conf. art. 57 LOPJ) siendo doctrina de esta Corte que, en toda causa que tenga por objeto la actuación de un órgano estatal provincial, en la esfera del derecho público, corresponde, en principio -salvo mandato legal expreso en contrario- entender al órgano judicial con competencia en lo Contencioso-Administrativo (sent. nro. 831 del 20/10/97; 936 del 15/12/98, entre otros).

Por las razones expresadas, lo normado por los arts. 4, 6 y 13 del CPCC y art. 57 de la L.O.P.J., corresponde declarar la incompetencia de esta Corte Suprema para entender en la presente causa y determinar que ello compete a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Por ello, y conforme a lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, se R E S U E L V E :

I.- DECLARAR LA INCOMPETENCIA de la Corte Suprema de Justicia para intervenir en la presente causa.

II.- DECLARAR LA COMPETENCIA de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, para continuar entendiendo en la presente causa III.-DISPONER que por Secretaría Actuaria se remitan estos obrados, con intervención de Mesa General de Entradas, a los efectos de la pertinente registración, al Tribunal referido en el punto II de esta resolutiva.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO (en disidencia) ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA Voto en disidencia del doctor René Mario Goane:

Tengo expresado en mi voto en disidencia, en autos D'Auria, José julio y otros vs. EDET S.A. y otros s/ Cobro de pesos" (sentencia nro. 970 del 20-11-2001) que "En sentencia nro. 1045, del 29 de noviembre de 2000, en autos "Pombo, Juan Carlos y otros vs. Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. -E.D.E.T. s/ Cobro ordinario" sostuve que la pretensión que persigue el pago por la parte proporcional en las utilidades por el programa de propiedad participada, '...no tiene su causa en la relación de dependencia con la Empresa concesionaria, sino en la titularidad de las acciones que integran el 10% del paquete accionario que fuera adjudicado a la ex Dirección de Energía de la Provincia (hoy Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán-EPRET) por el artículo 14, última parte, de la Ley Nro. 6423 (B.O. del 21-12-92), acciones todas ellas sujetas '...al régimen de propiedad participada que podrá ser adquirido exclusivamente por el personal en relación de dependencia de dicha sociedad' (Ley Nro. 6608, artículo 17). Venta que fue dispuesta y reglamentada por el Decreto Nro. 240/3-(MP) del 2.3.98 (B.O. del 11-3-98). Todo lo atinente, pues al reclamo de 'utilidades producidas por acciones de una sociedad, es materia propia de la competencia del fuero civil y comercial común.' La circunstancia que en este proceso se demande, además, a la Provincia de Tucumán reclamando precisamente la nulidad del Decreto Nro. 240/33-(MP) del 02-3-98, que reglamenta algunos aspectos relaciona dos con el régimen de propiedad participada de marras, (...) no muta la naturaleza de su contenido, que no es otro que de derecho privado y, en consecuencia, compete a esta Corte conocer del proceso de autos por tratarse del supuesto previsto en el artículo 50, ap. I, inciso a) de la LOPJ." Este criterio, que fuera reiteración del sostenido en mi voto en disidencia en sentencia nro. 952 del 08-11-2001, lo mantengo al presente.

HAGASE SABER.

RENE MARIO GOANE