Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-19


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 97.904 SALA II Expediente Nro.: 7.314/2006 (Juzg. Nº 51) AUTOS: "FEDERACION DE OBREROS ESP. Y EMP. DE SERV. E IND. DE SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA RE-PUBLICA ARGENTINA F.O.E.E.S.I.T.R.A. C/ TELECOM ARGENTINA S.A. s/ COBRO DE APOR. O CONTRIB." VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 19 de abril de 2010, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia de-finitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continua-ción.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Contra la sentencia dictada en la instancia ante-rior a fs. 327/30 que admitió -parcialmente- los reclamos por aportes del escrito ini-cial, se alzan las partes actora y demandada a tenor de los memoriales que lucen a fs. 331/5 y 337/54, respectivamente, que merecieron réplica según presentaciones de fs. 371/5 y 360/5.

La parte actora esencialmente se queja del plazo de prescripción quinquenal determinado en la sentencia apelada con fundamento en el art. 4027 inc. 3) del Código Civil, a cuyo efecto argumenta que debió considerarse el decenal que prevé el art. 4023 del mismo cuerpo normativo. Asimismo apela lo re-suelto en materia de costas y honorarios.

La parte demandada también se agravia del plazo prescriptivo determinado en la sede de origen, pero asevera la aplicación del previsto por el art. 256 de la LCT. Asimismo se queja de la desestimación de la excepción de cosa juzgada administrativa que opusiera oportunamente, y cuestiona la solución adoptada acerca de la procedencia de los aportes reclamados en la demanda, al soste-ner que el adicional previsto en el art. 15 del CCT 201/92 sobre el cual la parte actora pretende el cobro de aportes, era de carácter no remunerativo por lo que se encontraba excluido de la base pactada en el referido convenio colectivo. Para el caso que no se aceptase dicha defensa, en forma subsidiaria se queja del monto de condena fijado en la sentencia apelada, y sostiene que los aportes únicamente deberían liquidarse res-pecto del personal al que efectivamente le haya sido abonado el rubro en cuestión por el período en que se admita la procedencia del reclamo. Por último apela los honora-rios regulados en la sentencia en crisis.

II.	En primer término corresponde abordar los agra-vios que ambas partes formulan contra el plazo de prescripción quinquenal que fue determinado en la sede de origen, al considerar aplicable el Dr. Mario Ernesto Zuretti (h) lo establecido por el art. 4027 inc. 3) del Código Civil. Considero acertado lo de-cidido en la instancia anterior, pues comparto los fundamentos expuestos por el Fiscal General ante esta CNAT en el dictamen que antecede (fs. 379), cuyos términos doy por aquí reproducidos en homenaje a la brevedad.

En efecto, es preciso destacar que el objeto pre-tendido en las presentes actuaciones consiste en el aporte pactado en el art. 100 del CCT 201/92 con destino al fondo de asistencia social, capacitación, formación y en-trenamiento de F.O.E.T.R.A. Consecuentemente no resulta aplicable el plazo de pres-cripción bianual establecido en el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues di-cha disposición está dirigida a los contratos individuales de trabajo regulados en di-cho plexo normativo (arts. 1, 2 y 3 ley cit.), razón por la que debe descartarse lo ar-gumentado por la parte demandada en dicho sentido.

Tampoco resulta viable el plazo decenal invoca-do por la parte actora con fundamento en el art. 4023 del Código Civil, con apoyo en la doctrina sentada en los plenarios 189 y 319 de esta Cámara. Ello así pues, tal como destaca el Dr. Eduardo O. Álvarez en el dictamen de fs. 379, el objeto pretendido en estas actuaciones no es el de contribuciones a la Seguridad Social, por lo que no pue-de aplicarse la doctrina invocada.

En consecuencia, y al tratarse la obligación exi-gida en la demanda de un pago periódico mensual, es de aplicación el plazo prescrip-tivo de cinco años previsto en el art. 4027, inc. 3°, del Código Civil, por lo que pro-pongo confirmar lo decidido en la sede de origen.

III.	En cuanto a la defensa de cosa juzgada adminis-trativa que fuera intentada por la demandada, también coincido con la solución -confirmatoria de la desestimación decidida en la instancia anterior- propiciada por el Sr. Representante del Ministerio Público. Ello así por cuanto no existe pronuncia-miento alguno que dirima la específica cuestión litigiosa debatida en autos, que posi-bilite, en consecuencia, dar por satisfecho el recaudo de identidad que es insoslayable para viabilizar la excepción bajo examen. En otras palabras, la "cosa" pretendida en estas actuaciones no ha tenido juzgamiento alguno (administrativo ni judicial), a poco que se repare en que los convenios y acuerdos colectivos, y sus respectiva homologa-ciones de la autoridad de aplicación, que fueron invocados por el recurrente a tales fines (ver fs. 341) no constituyen litigios entre las partes acerca de la cuestión ventila-da en estas actuaciones, sino que se trata de acuerdos cuyos términos invoca la excep-cionante en abono de su postura, al considerar que de éstos subyace en forma palma-ria la ausencia de derecho de la parte actora en su reclamo. Consecuentemente, se im-poner confirmar la desestimación de la excepción analizada.

IV.	Corresponde ahora analizar los agravios de la parte demandada contra lo decidido en la sentencia apelada por la cuestión sustancial de la contienda. Anticipo que -a mi entender- la queja es viable, por las razones que expondré a continuación.

Liminarmente corresponde remarcar nuevamente que la obligación requerida por la parte actora consiste en el cobro del aporte pactado entre ambas partes en el art. 100 del CCT 201/92 con destino al fondo de asistencia social, capacitación, formación y entrenamiento de F.O.E.T.R.A., en el razonamiento de que "La demandada ha pagado el 2% sobre los salarios sujetos a retenciones jubi-latorias de los empleados convencionados por F.O.E.E.S.I.T.R.A., pero en la base de cálculo no ha incluido el pago del adicional del art. 15 del mismo convenio, porque tampoco lo pagaba a sus trabajadores". Y sobre dicha base seguidamente se expuso en la demanda que "Muchos fueron los reclamos que los trabajadores y F.O.E.E.S.I.T.R.A. hicieron para que se abonara correctamente el referido adicional, pero la demandada se ha negado a hacerlo hasta que, con fecha 28 de diciembre de 2004 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó su fallo plenario n° 306 por el que se dio razón al reclamo y mandó a la demandada a efectuar el pago en la forma requerida por F.O.E.E.S.I.T.R.A y los trabajadores" (ver fs. 7 vta., 2do. y 3er. párr.).

Ahora bien, no existe controversia en cuanto a que la contribución empresarial reclamada consiste en el "equivalente al 2 % mensual sobre los salarios sujetos a retenciones jubilatorias" (art. 100 ya cit.), con lo cual es evidente que, para que resulte factible la pretensión, debe existir previamente un "sa-lario sujeto a retenciones jubilatorias". Sin embargo, la propia parte actora denuncia que los valores sobre los que se pretende aplicar la contribución no han sido abonados como "salario" hasta que fue dictado el citado fallo plenario, ante lo cual resulta in-evitable señalar que este último de manera alguna ha obligado a la demandada a cum-plir con el pago de dicho tópico con respecto a todos sus dependientes, como parece inferirse de lo expuesto por la demandante, sino que ha fijado una doctrina de inter-pretación legal que resulta obligatoria en esta jurisdicción, y que por lo tanto debe ser aplicada en los juicios por reclamos individuales que versen sobre dicha cuestión, en la medida, lógicamente, que ésta resulta factible y del período que sea admisible. Al punto quiero dejar sentado que no comparto la doctrina del citado Plenario, aún cuan-do la acato con la lealtad y actitud democrática que corresponde a quienes integran un cuerpo colegiado, amén de la obligación que al respecto impone el CPCCN.

Sobre dicha base, resultaba menester que la parte actora precise o argumente por qué razón es que el aporte debía aplicarse en base a la totalidad de la masa salarial como se reclamó en la demanda, puesto que al haber ad-mitido que la accionada no abonaba el mentado adicional del art. 15 del CCT 201/92, y que el fallo plenario 306 de esta CNAT no emitió una condena en el sentido antes expuesto, se desconoce cuáles fueron -en definitiva- los salarios que la demandada se encontraba obligada a pagar por el rubro en cuestión. En otras palabras, debió expli-car por qué razón es que la demandada se encontraba obligada a pagar al universo de sus dependientes el adicional en cuestión (ya que -repito- el fallo plenario no genera tal obligación), o -a todo evento- por qué razón es que aún cuando tales pagos no hayan existido, de todos modos la accionada se encontraba obligada al aporte sobre un salario no abonado, o que se encontraba obligada a pagar.

Tales omisiones implican un incumplimiento a los recaudos de la demanda que exige el art. 65 de la LO de explicar con precisión los hechos en que ésta se funda, conjugado con el derecho en el que se funda la preten-sión, lo cual imposibilita un juzgamiento válido por aplicación del principio procesal de congruencia (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6° y 164 CPCCN), de indudable raigambre constitucional.

Sin perjuicio de lo expuesto, y aun soslayando tal deficiencia de la demanda, considero de todos modos que la parte actora carece de derecho en su reclamo. Ello así por cuanto el art. 100 del CCT 201/92, en el que éste se funda, consiste en una norma obligacional para las partes mediante la cual se con-vino que "La empresa se compromete a aportar mensualmente a F.O.E.T.R.A. el equivalente al 2 % mensual sobre los salarios sujetos a retenciones jubilatorias, con destino al fondo de asistencia social, capacitación, formación y entrenamiento de F.O.E.T.R.A.". Se trata pues de una obligación de dar sumas de dinero en base a pa-rámetros convenidos por las partes colectivas, razón por la que corresponde estar a los estrictos términos del acuerdo contractual celebrado entre éstas, y por vía del princi-pio general de buena fe que debe observarse tanto en la celebración como en la ejecu-ción y extinción de los contratos, a lo que las partes entendieron, o debieron haber entendido de los términos que ellas mismas establecieron.

Consecuentemente, y más allá del alcance que pueda otorgarse a la doctrina fijada por esta Cámara en el fallo plenario n° 306, es decir, si teniendo presente la forma en que ha quedado redactada ésta, también deci-dió -o no- el carácter remuneratorio del adicional previsto por el art. 15 del CCT 201/92, de lo que no cabe ninguna duda es que las partes colectivas -en el caso, la actora- atribuyeron naturaleza no remuneratoria a dicho adicional, y por ende estaba claro que este último no debía integrar la base de cálculo de la contribución que ahora exige la demandante. Ello así por cuanto aun cuando pudiera plantearse alguna duda acerca del carácter no remunerativo que las partes asignaron al instituirse el "Módulo Jornada Discontinua" en el art. 14 del CCT 163/91 (que precedió al CCT 201/92 que mantuvo dicho tópico) como consecuencia del dictado del varias veces citado fallo plenario n° 306 de esta Cámara, lo cierto es que las partes con posterioridad a éste ratificaron el carácter no remunerativo que otorgaron a dicho tópico, al celebrar el Ac-ta Acuerdo del 29 de diciembre de 2005 (ver fs. 61 últ. párr.).

En tal ilación, se aprecia con suma nitidez que la posición adoptada al respecto por la accionante en el sub lite entra en contradicción con su conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz -amén de reiterada-, lo cual permite aplicar la llamada teoría de los actos propios que ha sido sostenida en diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver, entre otros, Fallos 294:220; 305:1304), en tanto es la propia Federación gremial quien en los hechos ha atribuido carácter no remunerativo a la "asignación del art. 15 CCT 201/92", incluso con posterioridad al dictado del fallo plenario que invoca en abono de sus pretensiones	Si bien en mi opinión resulta visible la naturale-za salarial del adicional en cuestión, tal punto carece de trascendencia a los fines que aquí se debaten, pues lo jurídicamente relevante no es la naturaleza remuneratoria ni la obligatoriedad del pago de dicho adicional a los trabajadores -ajenos en su derecho individual a los intereses que aquí se discuten-, aspectos que a mi entender sí han quedado zanjados por el mentado fallo plenario. Lo decisivo resulta si éste debía computarse -o no- en la base dineraria sobre la que debía aplicarse el porcentual para determinar el importe de la contribución reclamada. Y desde dicha perspectiva de análisis, resulta indiscutible la negativa a dicho interrogante, pues -reitero- fueron las mismas partes quienes decidieron no otorgar naturaleza remunerativa al tópico, y con-secuentemente excluirlo de la masa salarial sobre la cual convinieron aplicar el por-centual para el aporte empresarial, en el marco de una cláusula obligacional.

En este punto debe recordarse que las partes co-lectivas no pueden válidamente quitar carácter salarial a conceptos que llenan los re-quisitos del art. 103 LCT pues ello les está vedado por el orden público laboral que les hace intangibles tales conceptualizaciones.

Empero, en el ámbito de los acuerdos generado-res de cláusulas obligacionales reina la autonomía de la voluntad (colectiva en estos casos) y no opera aquella garantía.

En suma de las consideraciones expuestas, y co-mo anticipara, voto por revocar lo decidido en la sentencia apelada, y rechazar la de-manda interpuesta.

V.	En atención a la revocatoria propuesta, corres-ponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios, adecuándolos al actual resultado del litigio, deviniendo por ende abstracto el tratamiento de los recur-sos interpuestos al respecto (conf. art. 279 cód. procesal). Con respecto a las primeras, en atención a las particulares aristas que presenta la cuestión planteada en la demanda, en especial debido a la naturaleza remuneratoria que puede ser atribuida a la "asigna-ción del art. 15 CCT 201/92" en el plano laboral, considero que existen elementos que -objetivamente analizados- pudieron justificar razonablemente llevar a la parte actora a litigar, razón por la que entiendo adecuado imponer las costas por ambas instancias del proceso en el orden causado, y las comunes por mitades (art. 68, 2do. párr., CPCCN).

En cuanto a los honorarios, cabe considerar que el monto reclamado por la parte actora a fs. 8 es meramente estimativo, en tanto es facultad del juez valorar y establecer -en su caso- los importes efectivamente adeuda-dos. Sobre dicha base, considero que el presente se trata de un supuesto en los que el Tribunal debe efectuar una prudencial valoración del monto del litigio verosímilmen-te involucrado en la acción que se rechaza (ver en este sentido CSJN, 31-10-2006 "Romero S.A. s/ Quiebra" R.528.XXXVII). Ello sin perjuicio de recordar que la ley de aranceles exige considerar no sólo parámetros numéricos (como un porcentual y el valor del litigio) sino, además, la valoración del mérito y extensión de la labor des-arrollada en pos del resultado del litigio finalmente obtenido por la parte representa-da; valoración que este Tribunal ha efectuado al momento de realizar la regulación de honorarios de la representación y patrocinio letrada de cada una de las partes intervi-nientes.

Sobre dicha base, conforme resultado del pleito en relación con cada parte, etapas cumplidas, valor económico del pleito, y mérito e importancia de las labores, sugiero regular los honorarios de la representación letrada de las parte actoras actora y demandada y de la perito contadora, en las sumas actuales de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000), PESOS OCHENTA MIL ($80.000) y PESOS VEINTISIETE MIL ($27.000) (arts. 38 L.O., y 1, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839; decr. ley 16.638/57).

VI.	Por las tareas de Alzada, sugiero regular los honorarios de los letrados intervinientes por las partes actora y demandada en el 27% y 32% de lo que respectivamente les corresponda percibir por igual concepto por las tareas desarrolladas en la instancia anterior a los abogados actuantes por cada una di-chas partes (art. 14 ley arancelaria).

La Dra. Graciela A. González dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza, por análogos fundamentos.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar lo resuelto en la sentencia apelada en relación a las excepciones de cosa juzgada administrativa y de prescripción; 2) Revocar la sentencia apelada en lo principal que decide, y rechazar la demanda interpuesta por la FEDERACION DE OBREROS ESP. Y EMP. DE SERV. E IND. DE SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECO-MUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA F.O.E.E.S.I.T.R.A. co-ntra TELECOM ARGENTINA S.A.; 3) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios; 4) Imponer las costas de ambas instancias del proceso en el orden causado y las comunes por mitades; 5) Regular los honorarios de la re-presentación letrada de las partes actora y demandada y de la perito contadora, en las sumas actuales de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000), PE-SOS OCHENTA MIL ($80.000) y PESOS VEINTISIETE MIL ($27.000); 6) Re-gular honorarios por las tareas efectuadas en esta instancia por los letrados in-tervinientes por las partes actora y demandada en el 27% y 32% de lo que res-pectivamente les corresponda percibir por igual concepto por las tareas desarro-lladas en la instancia anterior a los abogados actuantes por cada una dichas par-tes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González Miguel Ángel Maza Juez de Cámara Juez de Cámara