Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-13


2º Instancia.-Buenos Aires, abril 13 de 2009.

Considerando: 1. Apeló la demandada a fs. 54/55 la sentencia de fs. 47/50, en cuanto desestimó las excepciones y planteos por ella opuestos y mandó a llevar adelante la ejecución en su contra.

Los fundamentos que obran en fs. 54/55 vta. fueron respondidos por su contraria a fs. 57/60.

2. Aún cuando esta Sala adhiere a un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el cpr 265, lo cierto es que exige un mínimo por debajo del cual las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como agravios en el sentido que exige la ley de forma.

Ello ocurre en el sub lite, ya que la apelante no plantea otra cosa que una disconformidad con lo decidido en la anterior instancia; y es sabido que no resulta legalmente viable discutir el criterio judicial sin apoyar la oposición en basamento idóneo o sin dar razones jurídicas a un distinto punto de vista.

En la especie la queja traída no cumplimenta la exigencia impuesta, pues el memorial se limita a exteriorizar una opinión discrepante, sin hacerse cargo del fundamento medular tenido en cuenta para desestimar cada uno de los planteos opuestos.

Así, respecto de la redargución de falsedad que la ejecutada no indicó cuál es la prueba de la que pretende valerse para demostrar su posición (cpr 395), y que -en cualquier caso- el certificado en cuestión (v. copia, fs. 11) se ajusta a las formalidades extrínsecas requeridas por el ordenamiento legal (Cód. Com.: 793), esto es, firma conjunta de gerente y contador del banco y la determinación del saldo en ocasión de la clausura de la cuenta corriente, razón por la cual constituye título hábil para promover la presente ejecución.

En relación a la excepción de falta de personería (en rigor se trataría de la legitimación para obrar) no cuestionó eficazmente que la actuación notarial (fs. 9/10) da cuenta de que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. cedió y transfirió a Equity Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Financiero Renova, el crédito en cuestión; por lo que, en función de la normativa que rige la materia (ley 24.441:18), el ejecutante se encuentra legitimado para promover esta ejecución.

En lo relativo a la excepción de litispendencia, dejó de controvertir que básicamente dicha defensa no resulta procedente por cuanto se basó en la existencia de un proceso de conocimiento.

En relación a la excepción de prescripción omitió replicar que, aplicando el término quinquenal previsto en el Cód. Com.: 790 y considerando que entre el cierre de la cuenta (2/12/02) y la promoción de la presente ejecución (30/11/07) no transcurrió dicho plazo, por lo que también corresponde su desestimación.

Finalmente, y en lo relativo a la nulidad de la ejecución, encaminada a cuestionar la falsedad del documento que se ejecuta, no cuestionó lo señalado en relación a que su habilidad es suficiente para rechazar dicho planteo.

3. Por otra parte, cabe recordar que la apertura a prueba de las excepciones constituye facultad privativa del juez de la causa, quien válidamente puede prescindir de esa indagación si los elementos aportados revisten entidad suficiente para dirimirlas (esta Sala, 31.8.95, "Banco de Crédito Argentino c/ Carollo Miguel A."; íd. Sala A, 31.5.94, "Citibank N.A. c/ Esses Carlos Isaac s/ ejecutivo"; íd., 6.4.06, "Caballero Silvia Delia María c/ De Pietro María Nélida s/ ejecutivo"; Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", Tº VII, pág. 490, nº 1103; Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado", Tº 2, comentario al art. 549 y sus citas de la nota nº 11, pág. 749).

Sobre esos lineamientos juzga la Sala que no existe reproche alguno que formular a la señora Juez a quo, quien en ejercicio de la facultad conferida prescindió de la apertura a prueba por estimar que los elementos obrantes en la causa resultaban suficientes para decidir la materia propuesta.

4. En síntesis, dado que la apelante no controvirtió eficazmente los argumentos de la magistrada de la anterior instancia, corresponde -en tales condiciones y sin más- declarar desierto el recurso de apelación de que se trata (cpr 266), y desestimar los agravios relativos a la caducidad de instancia por ser materia inapelable (art. 317 cpcc).

5. Por todo ello, se resuelve: (i) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 47/50.(ii) Imponer los gastos causídicos a cargo de la recurrente en su calidad de vencida (cpr 68).Devuélvase sin más trámite, confiándose a la magistrada de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las notificaciones pertinentes. Es copia fiel de fs. 66/67.- Pablo D. Heredia.- Juan José Dieuzeide.- Gerardo G. Vassallo.