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Funcionarios públicos, intendente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AVILA, Oscar Omar, en causa nº 361/03 (reg. C.C. nº 1 - Sta. Rosa ) s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-05-07

De ello se infiere que Ávila ocupaba una "función pública", definida como: "Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos." (LAJE ANAYA, Justo. Estudios de Derecho Penal. Ed. Marcos Lerner, p. 302). Así también lo entiende la Convención contra la Corrupción, ratificada por Ley Nacional 24759, en su artículo 1. "La ley penal no pone su acento en el status que pueda tener un agente público (funcionario público), sino que mira hacia el ejercicio de una actividad representativa de la voluntad del Estado.

El concepto de funcionario público resulta por ello, en materia penal, ampliado con relación al que resulte válido en otro orden jurídico" (CARRERA, Daniel P.. Peculado. Buenos Aires. Ed. Depalma, 1968, p. 65).- Esta calidad que inviste el acusado, debe además relacionarse con el hecho delictual por el cual se lo incrimina, pues el autor, al abusar de la función, lo efectúa en razón del ejercicio de la misma.

Así, la referida Convención interamericana expresa que "se entiende como Funcionario Público, Oficial gubernamental o Servidor público: Cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o Funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos".

En el caso bajo estudio, no existe duda de que la calidad de funcionario público que revestía ÁVILA, surge a partir de su participación o ejercicio en la actividad estatal o de la que hubiere realizado en su nombre.

Debe resaltarse que a cargo de Ávila se encontraba la administración de la Municipalidad de General Acha, ello conforme lo prescripto por el art. 65 de ley de Municipalidades y Comisiones de Fomento de la Provincia de La Pampa, ley nro. 1597, el que prescribe: "La Administración General del Municipio y la ejecución de las ordenanzas, corresponden exclusivamente al Departamento Ejecutivo".

Lo expuesto nos permite decir que Ávila, en su carácter de titular de la intendencia de la ciudad, reunía la calidad de funcionario público que prevé la figura del peculado, por lo que este argumento defensivo debe ser desestimado.-
Pago, certificado de deuda líquida y exigible, liquidación
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Martínez Aranda, Jorge Ramón  c/ Plan Ovalo SA de Ahorro p/f determinados y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-08

Cabe confirmar la resolución que rechazó las impugnaciones formuladas por la demandada a la liquidación presentada por la actora. Ello por cuanto se ajusta a las pautas de la sentencia fijada en la causa y lo dispuesto posterior a ello por este Tribunal respecto del daño punitivo y comienzo de los intereses. Sentado ello cabe apuntar que la mención de realizar una dación en pago, aún frente a rubros consentidos no lo libera suficientemente de la obligación reclamada, en tanto el pago no fue íntegro respecto de todos los rubros de la sentencia. Y en tanto el acreedor no está obligado a aceptar pagos parciales cuando el acto de la obligación no lo autorice expresamente; y el pago parcial en juicio no es asimilable a pago cancelatorio ya que debe ser íntegro de capital, intereses y accesorios por cuanto conforman una deuda única (CCCN 870), la postura del quejoso no puede prosperar. En tal contexto, tratándose de un pago parcial, no puede trasladarse al acreedor la responsabilidad de arbitrar los mecanismos para percibir las sumas de dinero depositadas y pretender que no sean susceptibles de producir intereses (CCCN 867/869). Es que sobre cualquier consideración, en función de lo dispuesto por el CCCN 900 y 903, si el deudor debe capital con intereses, no puede sin el consentimiento del acreedor, imputar el pago al principal. Por su parte, la segunda de las normas citadas, dispone que "el pago hecho por cuenta de capital e intereses, se imputará primero a intereses a no ser que el acreedor diese recibo por capital". En tal contexto, los intereses en principio deben computarse hasta la cancelación del crédito en orden a satisfacer la integridad y producir el efecto liberatorio del pago para el deudor (CCIV 744 y actual CCCN 870).
Procedimiento administrativo, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Suárez, Mario César c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción e  ilegitimidad o anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-12-13

A los fines del correcto agotamiento de la vía administrativa previa al proceso judicial, se requiere de un acto administrativo definitivo, ello es, la decisión final de un procedimiento.

Ello así, un acto intermedio y previo que represente un acto de procedimiento no será definitivo porque aún éste necesita de otros medios procesales para decidir definitivamente el resultado del proceso.Será acto final de una parte del procedimiento, pero no resultado final de un proceso.Lo mismo resultará de cualquier clase de actos preparatorios, iniciación de un reclamo, vista, dictamen etc.

En el caso, el actor pretende introducir como materia contencioso administrativa, una resolución preparatoria en un juicio de responsabilidad que de ningún modo reúne las condiciones que la ley de rito exige, es decir una resolución denegatoria definitiva, que cause estado cerrando la instancia administrativa, habiéndose realizado la reclamación previa por parte del interesado de manera formal, directa y concreta, pues no resulta suficiente la contestación de una vista o participación incidental en el expediente,anterior al acto.

En consecuencia, la demanda resulta extemporánea por haberse deducido prematuramente sin habilitarse, por ello, la competencia de este Tribunal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Opath de Dabrowsky María c/ Cía. Swift S.A. s/ Reagravación de enfermedad-accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-06

Para que sea suficiente la impugnación dirigida contra la apreciación de las circunstancias fácticas definidas en el fallo, debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada por el Tribunal del Trabajo carece de bases aceptables con arreglo a las normas legales que gobiernan la valoración del material probatorio.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Pcia. de Bs. As. c/ López Leyton de Agriello, Marta s/ Cobro ejecutivo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-23

El pronunciamiento dictado en un juicio ejecutivo, en cuanto establece la mora del ejecutado reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del C.P.C.C., toda vez que el tema tratado no podrá ser controvertido en juicio ordinario posterior (art. 551, Cód. cit.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Techint Cía. Técnica Internacional SACI. Blanco Manuel s/ Acción declaratoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La decisión del Tribunal del Trabajo que desestimó por improcedente la acción declarativa prevista en el art. 30 del dec. 467/88, al no darse los presupuestos que justifiquen liberar al empleador de las obligaciones emergentes del art. 78 de la Ley de Contrato de Trabajo, reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Falta de acción, legitimación procesal, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: OPCION S.A. c/ ORELLANA DE LEAL, JOSEFINA s/ COBRO DE PESOS-SUMARIO GIOVANINI, VITO c/ CABAÑA SANTA LUCIA Y/U OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-18|2002-04-22

En la excepción de Falta de Legitimación Pasiva, la carga de la prueba pesa sobre el excepcionante, es decir, quien plantea la defensa debe probar la verdad de sus dichos y consecuentemente, la procedencia de su planteo.
Competencia, competencia laboral, acción meramente declarativa, comisión de concertación, pauta negociadora, pago de la remuneración
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires y otros  c/ En - M. Transporte - Secretaría de Gestión del Transporte (Resol. Conj. 4) y otro  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-05

Cinco accionantes -cuatro cámaras empresarias del transporte y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA)- promovieron una acción declarativa de certeza con el propósito de hacer cesar el estado de incertidumbre que les había generado el dictado de la resolución conjunta 4/23 de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Gestión de Transporte. En este sentido, requirieron que el Poder Judicial se pronunciase sobre la falta de competencia de la Administración Pública nacional para concluir negociaciones paritarias, en tanto -según su apreciación- las cámaras empresarias y la asociación sindical constituían las únicas partes legitimadas para suscribir un acuerdo de tal envergadura. Ante este escenario, la magistrada de grado declaró la incompetencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal en la especie, juzgando que debía entender en ella la Justicia Nacional del Trabajo, en razón de la materia involucrada. Apelada la decisión, la sala confirmó el criterio adoptado por la señora juez a quo. Al respecto, puso de relieve que los términos de la presentación de inicio habían quedado circunscriptos a las condiciones de celebración de una negociación colectiva y a la potestad de fijación de salarios; cuestiones ambas que se hallaban regladas en ordenamientos de índole estrictamente laboral. Máxime cuando los recurrentes habían insistido en descartar de plano la impugnación de la resolución conjunta en crisis como un elemento integrante de su petición.
Denegatoria del recurso, postulación como candidato, electores del colegio electoral, elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias
Materia: PROCESAL-LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sobre Incidente de Apelación - Causas Electorales - Reconocimiento de Alianza/Oficialización de Candidatos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-21

Corresponde rechazar el recurso de apelación con sustento en la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia, in re "Unión PRO s/ reconocimiento de alianza - oficialización de candidatos", expte. 11.938, sentencia del 27/03/2015 según la cual -frente a la interpretación de los artículos 20, 22 y 24 del anexo I de la ley N° 4894, cuyos textos coinciden con los artículos 83, 84 y 86 del CE- la participación de los electores en esta etapa del proceso electoral -selección por las agrupaciones políticas de sus candidatos a Jefe de Gobierno, Diputados y miembros de Juntas Comunales a través de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias- está limitada a la posibilidad de impugnar las postulaciones de los/as precandidatos/as ante las Juntas Electorales de las agrupaciones políticas. En igual sentido lo establece hoy el artículo 83 y concordantes del Código Electoral vigente. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg. Voto en igual sentido del juez Santiago Otamendi).
Tasa de justicia, gastos del proceso, Entidad Binacional Yacyretá
Materia: LABORAL
Carátula: BACCEGA, ERNESTO c/ ENTE BINACIONAL YACIRETA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

El art. XII del Tratado de Yaciretá, aprobado por ley nacional 20646, como así también el protocolo adicional Fiscal Aduanero, si bien contiene ciertas exenciones, estas son de carácter genérico y no se aplican a la tasa de justicia que requiere, por su naturaleza, un tratamiento especifico, toda vez que no constituye un impuesto o carga, sino el pago de un servicio de carácter directo, cuyos fondos tienen como destino el sostenimiento del Poder Judicial.
Secuestro de bienes, nulidad procesal, allanamiento sin orden
Materia: PENAL
Carátula: Ramos Beltrán, Yesenia P. s/ Secuestro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

Es inválido lo actuado en las diligencias de secuestro si fueron realizados en violación del derecho fundamental de la incolumidad del domicilio, al ser realizados por personal policial sin las órdenes respectivas del juez de la causa, y aún cuando haya mediado en uno de ellos el consentimiento de la dueña, ya que éste "resta tipicidad a la violación de domicilio pero nunca al allanamiento ilegal, y comete este delito, el funcionario público o agente de la autoridad de allanar un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina".
Adopción, adopción simple, adopción por el cónyuge, diferencia de edad entre adoptante y adoptado
Materia: CIVIL
Carátula: C., G.V. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

Cuando la diferencia de edad exigida por la ley 19.134 existe entre el menor sujeto de la adopción y su madre biológica, cónyuge del solicitante, ello contribuye a considerar satisfechos los recaudos necesarios para la constitución válida del vínculo pretendido. Es que, en la adopción por marido y mujer, basta que respecto a uno solo de ellos se verifique la diferencia de edad que la ley exige respecto al menor que se pretende adoptar, mientras que, con relación al otro, es suficiente que esté en posesión plena de obrar.
Restricciones a la capacidad, inhabilitación (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: D.L.M.F. c/  s/ Declaración de incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-06-03

El art. 152 ter del Código Civil, introducido por el art. 42 de la Ley de Salud Mental (N° 26.657), supone un nuevo enfoque del sistema de protección de personas, mediante la adopción de un régimen gradual de la capacidad, donde se parte siempre de la capacidad plena de la persona y cualquier afectación a la misma debe ser evaluada con un criterio estricto, siendo el juez quien especifique las restricciones a la capacidad, lo cual indicaría que la incapacidad no será ya de la persona en sí, sino de ésta con relación a determinados actos jurídicos.
Delitos contra el honor, injurias, pautas, animus injuriandi
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CARABAJAL DE GALLARDO, DORA c/ RICARDO LACIAL s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-09

Para que se configure la injuria debe tomarse en cuenta los antecedentes del caso, el motivo, la ocasión en que el hecho se realice, la calidad y cultura de los ofensores y agraviados, relaciones que tengan entre si, etc., Pues siendo este delito de gran relatividad, palabras o hechos que realizados por determinadas personas y en ciertas ocasiones pueden manifestar un deliberado propósito de injurias, tratándose de otras personas y ocasiones distintas son reveladores de propósitos ajenos a la difamación y a la injuria.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, GUSTAVO s/ ESTUPEFACIENTES. TENENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-10

Constituye el delito de tenencia de estupefacientes, la incautación en poder del procesado de 41 grs. de marihuana con fines de proceder a su venta, pues no se trata de una tenencia para el mero consumo personal, sino de la que ostenta un sujeto proclive a que el estupefaciente pueda llegar a poder de terceros; hecho que trasciende la esfera puramente individual, al afectar de modo potencial a la salud pública.
Excepciones procesales, impuestos municipales
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.B.A. c/ BEVILACQUA JOSE PASCUAL. s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-16

Las constancias de deudas expedidas por la MCBA constituyen un título que trae aparejada ejecución y la excepción de inhabilidad de título no puede prosperar.

Esta excepción tampoco puede servir de sustento para discutir la causa de la obligación porque ello está expresamente vedado por el art. 544, inc. 4 , del Código Procesal.
Recurso de nulidad, deserción del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Montenegro, German Nicolas c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes s/ Medida Autosatisfactiva (Conocimiento)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-08-23

El recurso de nulidad deviene desierto, pues no ha sido interpuesto en forma expresa y tampoco ha sido fundada la nulidad implícita comprendida en la apelación -art. 254 del Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes-.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), monto de la pena, cuestión constitucional, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., L. A. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO VICTIMA MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD APROVECHANDO SITUACION CONVIVENCIA PREEXISTENTE CON EL MISMO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-20

Las postulaciones defensivas dirigidas al monto de la pena confirmada por la Alzada y aquéllas efectuadas en el recurso directo sobre las costas impuestas en el auto denegatorio, si bien en principio tratan cuestiones propias de los jueces de la causa y ajenas, por tanto, a esta instancia de excepción, cuentan -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de autos e importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.
Obras sociales, gastos de prótesis, principio de congruencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Tello, María Luisa c/ Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-30

Vulnera el principio de congruencia que, mientras la única cuestión que la demandada había planteado en su memorial hacía pie en la ausencia de obligatoriedad de la cobertura de la prótesis de origen importado reclamada -al existir similares de fabricación nacional que eran viables, a su entender, para el padecimiento de la actora-, la alzada haya sostenido su decisión abordando otras cuestiones que no fueron llevadas ante la instancia por ninguna de las partes, ya que mientras sólo correspondía decidir la sustancia probatoria y normativa de la pretensión, la cámara formuló un nuevo juicio sobre la admisibilidad formal del remedio al que había acudido la actora para encauzar la reclamación. -Las juezas Highton de Nolasco y Argibay, en disidencia, consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 CPCCN)-
Derecho penal, desobediencia, interpretación de la ley, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, improcedencia del recurso, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Sur de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Rivero, Alan Alejandro s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-16

Corresponde rechazar la queja dado que no rebate adecuadamente los fundamentos brindados para rechazar el recurso de inconstitucionalidad, sino que se limita a reiterar los mismos argumentos allí expuestos, propios del fondo de la cuestión debatida, que no reemplazan las exigencias críticas del recurso de queja. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Prueba confesional, absolución de posiciones, citación judicial
Materia: CIVIL
Carátula: CASTAÑO, JOSE ADOLFO c/ TESTA FIORE, FILOMENA s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-18

El art. 409 del Código Procesal prescribe la forma de la citación a los efectos de que la parte comparezca a absolver posiciones. El que deba declarar será citado por cédula, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa será tenido por confeso en los términos del art. 417 del ritual. Si no se ha dado cumplimiento al requisito establecido por el art. mencionado en cuanto a transcribir en las cédulas de citación el apercibimiento pertinente, ningún efecto tiene el pedido de confesión ficta, debiendo tenerse por no producida la prueba confesional.-
Competencia por conexidad, modus operandi
Materia: PENAL
Carátula: Lentinello, Carlos Alberto s/ Conexidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-29

El similar "modus operandi" se revela como un significativo elemento que demanda a fin de lograr una eficaz dilucidación de lo ocurrido, que sea un único Juez el que entienda en la pesquisa.
Recurso de apelación (procesal), cosa juzgada, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: AROLFO V. Y OTRO c/ AYSA  S.R.L. s/ RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-02-08

Si la Cámara de Apelación afirmó que la alegación de errónea concesión del recurso de apelación había sido articulada extemporáneamente (arts. 1255 y 1268 C.P.C.), desestimándola, por ello no puede volverse sobre la cosa juzgada que emana del primer interlocutorio, para revalorizar la procedibilidad de la apelación, como pretende el quejoso. La estabilidad de las decisiones judiciales se vería afectada de accederse a esta solicitud.-
Delito penal, lesiones, incapacidad laboral, prueba
Materia: PENAL
Carátula: F., C. s/ Lesiones culposas (Expte Nº 18-99, Resolución Nº  20, Tomo 5, Folio  450)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-04-13

Nadie mejor que la víctima puede estar en condiciones para señalar cuanto tiempo estuvo verdaderamente imposibilitado, dado que sus precisiones se basarán en experiencia ya sufrida, en tanto las que en su momento formulara el médico policial constituían un mero pronóstico sujeto a múltiples contingencias. Es que atendiendo la fórmula del artículo 90 de nuestro Código Penal a una inutilización "para el trabajo" por más de un mes, la expresión que entrecomillara ha sido entendida en el sentido de que la incapacidad puede referir tanto a la concreta actividad laboral desempeñada por la víctima cuanto a su aptitud general para trabajar ("...el trabajo en general, incluso el de la víctima, si es que alguno tenía...", Soler, "Derecho Penal Argentino, T. III, pg. 133, Ed. Tea, Bs. As.-, 1988), y claro es conforme a lo ya dicho, que la víctima estuvo incapacitado para su concreta actividad laboral por menos de un mes.

Va de suyo que la circunstancia de que la curación de las lesiones haya requerido más de un mes carece de toda relevancia penal, toda vez que no atiende a eso sino a la inutilización laboral el tipo penal de que se trata.