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Proceso penal, apreciación de la prueba, sana crítica racional
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Paez, Manuel Oscar s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Juan Carlos Augusto Véliz en causa Nº 37/08, caratulada "Paez, Manuel Oscar p.s.a. Homicidio Agravado - Capital"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-08-18

La obligación constitucional y legal de fundar la sentencia consiste en el deber de consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ella contiene, con base en la prueba reunida y de acuerdo al sistema de valoración admitido por la ley procesal, porque éste es el modo de posibilitar el contralor de las partes y del Tribunal de Casación.

El ordenamiento ritual (art. 403 C.P.P.), reglamentando expresas normas constitucionales (art. 18 C.N. y 210 Const. Prov.) y como garantía de justicia, exige la motivación adecuada de las resoluciones conforme a las reglas de la sana crítica racional, esto es, de la lógica, de la psicología y de la experiencia común en la valoración de la prueba (art. 408 inc. 3 C.P.P.).

De tal modo, la fundamentación configura una operación lógica fundada en la certeza, ya que la libre convicción debe apoyarse en un convencimiento sometido a dichas pautas y estructurado sobre la base de elementos probatorios legalmente admisibles (Cfr. Núñez, Ricardo, "Código Procesal Penal, Anotado", nota 1, al art. 130, 2 ed. Marcos Lerner, 1986, p. 123).
Daño moral, negación de la paternidad
Materia: CIVIL
Carátula: S.J.S. c/ J.C.E. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-10-24

La progenitora carece de legitimación para solicitar indemnización en concepto de daño moral ante la falta de reconocimiento de la paternidad de su hijo por parte del demandado, pues el único legitimado para solicitar la reparación en ese concepto es el hijo que ha sufrido la omisión del reconocimiento oportuno, es decir, que el deber de resarcir surge del no cumplimiento de esa obligación, solo respecto de quien existe la obligación y no respecto de otro.
Daños y perjuicios, delitos contra el honor, ofensas cometidas por medio de la prensa, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: RAMOS, Juan J. c/ LANATA, Jorge y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-15

El derecho de informar no escapa al sistema general de responsabilidad por los daños que su ejercicio pueda causar a terceros. Por tanto, si la información es lesiva al honor, el órgano de difusión debe responder por el perjuicio moral causado; en tal caso, quien pretenda el resarcimiento deberá demostrar la culpa o negligencia en que incurrió el informador conforme el régimen general de responsabilidad por el hecho propio que contiene la norma del art. 1109 del Código Civil.-
Regulación de honorarios, gastos del proceso
Materia: LABORAL
Carátula: Villca, Silvia Ines c/ Schurmann, Daniel Ricardo s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-02

Toda vez que el letrado de la parte actora debió intimar a la demandada para que cumpliera, en tiempo y forma, con la última cuota pactada en la conciliación homologada oportunamente, tales tareas se presumen onerosas en la medida de su oficiosidad y corresponde que se le regulen honorarios por ellas.
Procedimiento administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo, dominio público, facultades de la administración, interpretación de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Elvira Luisa Mateo c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09

La generalización de la potestad de ejecución forzosa de un acto administrativo por parte de la administración no surge de la ley, que sólo menciona la posibilidad en supuestos particulares, verbigracia, "la protección del dominio público".

Aun en ese supuesto, el principio general en materia de tutela del dominio público, en cuyo mérito la Administración Pública puede actuar por sí misma, sin recurrir a la autoridad judicial, constituye una verdadera excepción en el orden jurídico.

Para que esta posibilidad excepcional sea procedente, el carácter público del bien debe resultar indubitable, no debiendo existir respecto de dicho bien ningún derecho patrimonial de quien motive la actividad administrativa. (ver Migue, S. Marienhoff, Dominio Público, TEA, 1960, p. 275).
Régimen de visitas, asistentes sociales
Materia: CIVIL
Carátula: A.V.R. c/ S.A.G. s/ REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-11

La designación de un tercero como lo es una asistente social, a efectos de controlar el desarrollo de las visitas, sólo se justificaría en resguardo del interés de los menores y siempre que medien fundados motivos que justifiquen el arbitrio.

Si no surge que el interés de la menor se encuentre comprometido, sino por el contrario, el interés en la designación manifestado por la madre, parece más inspirado en imponer un demérito a su contraparte debe dejarse sin efecto dicho nombramiento.
Auditor municipal, concurso de antecedentes y oposición, defectos del procedimiento, orden de mérito, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sacabas, Carlos Adalberto c/ Comisión Examinadora para el cargo de Auditor Municipal de la Municipalidad de Tinogasta s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-02-15

La Ordenanza Municipal, reglamentaria del concurso para cubrir el cargo de auditor municipal, establece que el aspirante deberá contar con el título de contador, licenciado en economía, administrador de empresas, abogado, escribano o martillero público expedido por institución reconocida por el Estado.

Ahora bien, dicho régimen, al equiparar el título de Martillero Público con otras profesiones, no pudo considerar legítimamente posible igualar títulos terciarios con títulos universitarios, más aún ya estando en vigencia la Ley Nro. 25028 que establece como regla para el ejercicio profesional de martillero la posesión de título universitario y sólo como excepción lo prescripto en su Art. 3 : "A partir de establecimiento de los títulos universitarios y por única vez, se equipararán los corredores y martilleros habilitados para el ejercicio de sus funciones a esa fecha, con los egresados universitarios".

Esta excepción, que fue prevista al solo efecto de proteger en su ejercicio profesional específico a los martilleros ya habilitados, equiparándolos con los egresados universitarios, debe ser de interpretación restringida, no pudiéndosela extender a cargos o funciones que requieran otras calificaciones laborales o profesionales, porque una interpretación distinta sería contraria a la letra y al espíritu de la Ley Nacional que rige la profesión; pero además tornaría a la Ordenanza Nro. 706/07 francamente inconstitucional por oponerse a la Ley Nacional, jerárquicamente superior y anterior en el tiempo, creando una situación de franca desigualdad entre postulantes con calidades profesionales jerárquicamente diferentes.

En consecuencia, resulta arbitraria la actuación de la Comisión Examinadora al permitir la participación en el concurso de un postulante que no cumplía los requisitos establecidos, que vicia el trámite del concurso, cuestión que por su naturaleza y su forma es esencialmente reglada y sujeta a control de esta jurisdicción judicial, por lo que, cumplidas las condiciones estipuladas por el Art.1 de la Ley de Amparo, corresponde hacer lugar a la acción intentada.

Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, en Disidencia.
Sucesiones, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: DURAN Gerardo Mercedes s/ Actuaciones para Elevar a la Camara de Apelaciones - Sucesorio - Recurso de Apelacion S/ Efecto Suspensivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-09-28

El juicio sucesorio tiene por objeto establecer los herederos del causante y determinar los bienes y el valor de los mismos dejados por aquél (art. 3279, sgs. y concs. del Cgo. Civil).

Quien solicita la apertura de dicho proceso y continuar en él, deberá justificar su carácter de parte legítima (art. 674 del C.P.C. ley 3738 y actual art. 682 ley 8037). Revisten tal carácter: a) Los herederos o sucesores del causante; b) El cónyuge sobreviviente; c) Los acreedores; d) Los albaceas; e) Los legatarios; y f) Todos los demás que tengan algún derecho declarado por las leyes.

En el caso de los acreedores debe estarse a lo dispuesto por el 679 de la ley ritual (actual art.687 del C.P.C. ley 8037).

"No puede admitirse la presentación y peticiones, en el proceso sucesorio, de personas que no son directa, inmediata e incuestionablemente interesadas en el mismo, es decir, los herederos, toda vez que lo contrario importaría transformar en contradictorio un asunto de tramitación unilateral, vale decir un proceso judicial voluntario.

"El marco natural del proceso sucesorio no puede ir mas allá de la determinación de los bienes relictos y la verificación de las personas llamadas a recoger la herencia que hayan comparecido y probado el vínculo, en las condiciones que señalan las leyes de forma y fondo.

"Por consiguiente y en razón de ser un proceso de jurisdicción voluntaria resulta ajena a su naturaleza las controversias relativas a los juicios de conocimiento. Es decir, que interesa puntualizar que el sucesorio, como especie del género de juicios universales, más que un proceso es un procedimiento y en él no caben controversias extrañas a su específica finalidad.
Accidente culposo, accidente ferroviario, negligencia, responsabilidad del maquinista, responsabilidad del guarda
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FERROCARRILES ARGENTINOS c/ LUCIANO JOSE COSTARELLI HUGO ROBERTO BRAVO s/ ACCIDENTE FERROVIARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-20

"Resulta inadmisible que quien cumple funciones en un tren, tal como acontece con el guarda de figuración de autos, alegue desconocimiento acerca del sistema de frenado manual, máxime cuando en los vagones que conforman los convoyes eléctricos de procedencia japonesa existen manivelas o volantes que permiten su inmovilización total.

Tampoco, se puede justificar la negligente conducta del motorista de la formación ferroviaria siniestrada, que no actuó, con la diligencia que el caso y la reglamentación vigente imponían, ya que, el inc. c), del apartado segundo, del art. 304 del Reglamento Interno Técnico Operativo de la Empresa Ferrocarriles Argentinos, establece en estas circunstancias, la obligación de aplicar los frenos de mano" para asegurar que el tren no se corra..."
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ Raúl MUSTAFA s/ PRESCRIPCION - INTERRUPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-29

La demanda interpuesta aniquiló la eventual trascendencia del lapso transcurrido hasta entonces, por lo que sólo desde la declaración de falta de aptitud del juzgado para conocer en el pleito, debe computarse un nuevo período válido, a los efectos de la extinción del derecho.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ, Andrés Ismael c/ HEREDIA CHAMBI, Lino s/ EMBARGO PREVENTIVO - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-05-06

Si bien es admisible la suspensión del procedimiento por acuerdo de las partes, el ejercicio de esta facultad halla un límite temporal dentro del plazo señalado por la ley para que se opere la perención.

El acuerdo sobre suspensión del procedimiento debe ser expreso y contener una estipulación clara. Por otra parte para que la actividad extrajudicial tenga virtualidad y suspenda el curso de la perención, es necesario que sea acreditada, y además, que trasunte el resultado de un acuerdo de los litigantes, tendiente a convenir la paralización de los trámites del juicio. Lo contrario equivaldría a dejar en manos de cualquiera de las partes la posibilidad de proponer unilateralmente arreglos y de ese modo lograr la paralización de los plazos de caducidad.El curso de la caducidad no se suspende durante los días de huelga. Corre también en los días inhábiles, así como los feriados extraordinarios, ya que durante los días de huelga los funcionarios y magistrados se encuentran cumpliendo con su deber, por lo que no hay causa que impida a la parte activar el proceso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inembargabilidad del salario, límite del embargo
Materia: LABORAL
Carátula: DIARTE, JUAN R. c/ FEDERAL MOGUL DISTRIBUIDORA SAC. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-31

Si bien el artículo 147 LCT. no ha sido reglamentado, si la proporción del embargo decretado es coincidente con el tope máximo que fijaba la ley 14443, resulta procedente su aplicación.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calcagni, Nélida Ester y otro c/ Del Giovanino, Juan Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-21

A la concubina no le comprende la presunción legal de que la muerte de su compañero, por sí sola, le ha provocado un perjuicio, como es el caso de la viuda, hijos menores o herederos necesarios del muerto (arts. 1084 y 1085 del C. Civil). Sino que deberá acreditar en concreto en qué ha consistido su perjuicio (doctr.art. 1079 del C.Civil).-
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Alfonso Enrique c/ Delicia H. Carvallo s/ Pago por consignación - Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-12

Constituye un presupuesto subjetivo de admisibilidad del recurso de apelación, que el legitimado que lo interponga sufra un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario les faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, cuál es el interés. Y por agravio debe entenderse la insatisfacción total o parcial, de cualquiera de las pretensiones, oposiciones o simples peticiones formuladas en el proceso. Es menester que la resolución contra la cual se alza, haya sido contraria al interés que ha defendido.
Libertad de prensa, derecho a la información, responsabilidad del editor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Caracotche, Juan Ignacio c/ Diario El Chubut y-o Impresora Chubutense S.R.L. y-o Quienresulte propietario s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-11-08

Si la mera inserción en un diario o periódico de un artículo o de una noticia, sin tomar partido y sin agregarle la fuerza de convicción que pudiera emanar de la propia opinión y responsabilidad, sometiera a la persona que publica o dirige un diario al riesgo de una condena, conspiraría contra la libertad de prensa con parecido alcance que si mediara restricción anticipada de una publicación, con la consiguiente frustración del sustancial principio de la libertad de prensa que consagran expresamente los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional y al que también se refieren los arts. 1, 6 y 33 de la Constitución.

Si bien es cierto que la protección constitucional no debe cubrir la conducta injuriosa de los diarios, ella sí debe imponer con manejo especialmente cuidadoso de las normas y circunstancias relevantes para impedir la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y sus funciones.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, gravamen irreparable
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos Abate, Carlos s/infr. art. 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil -CP- Inconstitucionalidad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos Abate, Carlos s/infr. art. 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil -CP- Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

El hecho de que no se haya dado entidad a su pretensión para que este proceso fuera archivado no permite determinar per se que aquí se encuentra involucrada la garantía a ser juzgado en un plazo razonable y tampoco autoriza a presumir que, hasta que en autos se dicte una sentencia definitiva, vaya a transcurrir un lapso tan prolongado que en sí mismo sea capaz de provocarle al imputado un perjuicio que no admita reparación ulterior. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces José O. Casás y Luis F. Lozano).
Concursos, notificación, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: López, Héctor Marcelo y otros s/ Impugnación  informe  individual en "Banco Comercial Finanzas   S.A.   Quiebra (entidad financiera  intervenida  y  liquidada  por  el Banco  Central de la República Argentina).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

La notificación automática establecida en el art. 296, inc. 5. de la Ley de Concursos está condicionada a que no implique quebrantamiento de la garantía de la defensa en juicio.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos lícitos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Delta Plata S.A. e Iezzi Ottonello y Cia S.A. c/ Municipio de Vicente López s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

Si con motivo del cambio de regulación legal de la autorización para construir concedida con anterioridad la autoridad administrativa ha reconocido su eventual responsabilidad limitada al daño emergente con fundamento en consideraciones que no han sido materia de debate en autos -por lo que no cabe pronunciarse sobre su acierto o error- no debe hacerse lugar al pedido de indemnización de la pérdida del mayor valor del terreno como consecuencia de la reducción de los metros que podían construirse cuando se obtuvo la autorización, ni la pérdida de mayor valor adquirido por los materiales incorporados a la edificación, ni los gastos y honorarios que debería abonar la actora a los peritos y abogados actuantes, ya que tales rubros no encuandran en el concepto de daño emergente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Simple damnificado, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: Garcia Camio, Victor Juan s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

El pedido de prueba informativa denegado por el a quo configura claramente el supuesto que prevé el art. 88 del C.P.P. por lo que resulta expresamente apelable y debió formarse el incidente al que alude la norma citada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recusación con causa, parentesco, cónyuge
Materia: PROCESAL
Carátula: Murugarren, Francisco Ignacio c/ Picone, José Américo s/Quiebra s/Pieza separada Recurso de Apelación interpuesto por el síndico s/ Incidente de recusación de la Dra. Laura Patricia Ballester
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-09-17

La disposición estatuida en el inc. 1 del art. 17 del C.P.C.C. para nada alude al cónyuge y esta gravísima distracción del legislador no se puede suplir con una heurística interpretación extensiva, máxime si concertamos que las causales de recusación, amén de taxativas, son de hermenéutica estricta. Por ello, ante esta hipótesis del cónyuge
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Comas, Juan Angel y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que pretende cuestionar la aplicación de los arts. 167 inc. 4 y 163 inc. 4 del C.P. sosteniendo que no se acreditaron ni el escalamiento ni la fuerza del robo calificado, pues procura demostrar dichas transgresiones desde el punto de vista probatorio sin relacionar sus desarrollos en materia de prueba con las normas procesales correspondientes de modo que así se mantienen firmes las decisiones que sobre los mismos produjo la alzada y, en consecuencia, no resulta evidenciado que a esos hechos no debieran aplicárseles las normas penales en cuestión.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, facultades jurisdiccionales, Poder Judicial, personal subrogante, leyes, interpretación de la ley, Superior Tribunal de Justicia, Estado, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: F, O. V. E. s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal (Expte. Nro. 9- 87)  -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-30

Dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial encontramos dos formas de reemplazo: la suplencia automática y temporaria-entre Jueces Letrados- previsto en el sistema de la Ley 3611 y el de subrogación, creado y perfeccionado a partir de la Ley 8502, para Fiscales, Defensores, Asesores de Menores y Secretarios, donde la Corte tiene facultades para designar reemplazantes temporarios o funcionarios que no tienen la calidad funcional propia del reemplazo (artículo 191, Ley Orgánica de Tribunales). En el caso la Corte aplicó por analogía la subrogación, que en la Ley es exclusiva para funcionarios y empleados, para investir al actuante, que era funcionario, como Juez. Como creemos que la facultad de designación de los Jueces debe surgir de la Constitución o de la Ley en forma explícita, para preservar el sistema constitucional de división de los poderes la Corte no puede arrogarse esa facultad por analogía y el nombramiento no reúne los requisitos necesarios para investir al así designado de potestad jurisdiccional. (De los Fundamentos del Dr. Saus -En Disidencia-). En la causa, la cuestión a resolver es:

¿Es válido el ejercicio de la jurisdicción por quien ha sido investido como Juez por disposición de la Excma. Corte Suprema de Justicia, aplicando las reglas sobre subrogación previstas por la Ley Orgánica de los Tribunales?
Educación superior, estatutos universitarios, gobierno de la universidad
Materia: EDUCACION
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación) s/ impugnación- estatuto -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-31

El art. 52 de la ley 24.521 establece que los estatutos de las instituciones universitarias deberán prever sus órganos de gobierno, tanto colegiados como unipersonales, así como su composición y atribuciones (Disidencia parcial de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert).
Sucesiones, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: NICOSIA VICTORIO s/ SUCESION AB-INTESTATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

La aplicación de la ley 23.264 no alcanza a las consecuencias o efectos de las situaciones jurídicas que se hayan agotado bajo la vigencia de la legislación anterior. Es así que la atribución de derechos sucesorios, su cuantía, extensión, etc., quedan fijados por la ley vigente al día de la muerte del causante, momento en el que se produce la apertura de la sucesión y la consecuente transmisión de la herencia (conf. artículo 3282 y su nota), de manera que seguirán rigiéndose por dicha normativa (conf. Bossert-Zannoni, "Régimen legal de filiación y patria potestad", p. 403, nro. 33)
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Suárez Fiat, Abelardo Francisco y Polezzelli, Elsa Haydee s/ Robo calificado por el empleo de armas de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

La reincidencia es una circunstancia demostrativa de mayor peligrosidad -art. 41 inc. 2 C.P.-.