Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-04-14


ACUERDO En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 14 días del mes de abril de 2003, se reúnen en Acuerdo ordinario los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Doctores Mario Arturo Robbio, Ricardo J. Klass y María del Carmen Battaini, para dictar pronunciamiento en el recurso interpuesto en los autos caratulados ASANTANA, Enrique Luis s/ Incidente pedido de suspensión del juicio a prueba@, expte. n1 596/03 STJ-SR.

ANTECEDENTES 1.-	A fs. 10/11, el magistrado a cargo del Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte -en su carácter de Juez de Ejecución, conf. art. 253, segundo párrafo, del C.P.P.- rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba formulado por Enrique Luis Santana a fs. 1.

Ello en virtud de que, pese a que la pena máxima prevista para el delito atribuido es menor de tres (3) años de prisión, en atención a que del comportamiento denotado por el imputado, con relación a su personalidad moral, Ano se puede afirmar que necesariamente la pena que eventualmente pueda recaer respecto del mismo, vaya a ser dejada en suspenso@ (fs. 10vta.).

2.-	Contra dicho pronunciamiento, el Sr. Defensor Público, Dr. Eugenio C. Sarrabayrouse, interpuso recurso de casación a fs. 17/20. Expresa un único agravio fundado en que Ael análisis que exige el art. 76bis vinculado con el 26 C.P., en los supuestos como el de autos, se limita a considerar que existencia o no de la escala penal menor a tres años, sin tener habilitada el Juez la posibilidad de realizar un examen de la >personalidad moral= del imputado, como el que aquí se ha efectuado@ (fs. 18vta.).

A fs. 21, el a quo concedió el remedio procesal intentado.

3.-	Radicadas las actuaciones ante esta instancia, se corrió vista al Sr. Titular del Ministerio Público Fiscal quien, en su dictamen de fs. 32/35, propició el rechazo del recurso en trato.

Llamados que fueron los autos al Acuerdo (fs. 36), la causa se encuentra en estado de ser resuelta, disponiendo el Tribunal formular y votar las siguientes:

CUESTIONES Primera:	)Es admisible el recurso interpuesto? Segunda:	)Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Mario Arturo Robbio dijo:

1.-	Llegan los autos a conocimiento de esta instancia en virtud del recurso de casación interpuesto por la defensa de Enrique Luis Santana contra la decisión del Juez Correccional -en su carácter de Juez de Ejecución- que rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba interpuesto a fs. 1.

El trámite impreso en el presente incidente se encuentra establecido en el art. 266 del Código Procesal Penal ("Suspensión del proceso a prueba") que, con relación a la decisión que rechaza el pedido de suspensión, expresa en su tercer párrafo que es irrecurrible, fijando a continuación un único supuesto en que procede la apelación en favor de las partes: "La decisión es irrecurrible, salvo para el imputado y el Ministerio Público Fiscal, cuando sostengan que no han prestado su consentimiento para la suspensión del juicio, en cuyo caso podrán interponer recurso de apelación".

2.-	La interpretación y el alcance de la citada norma no resultan sencillos.

La "irrecurribilidad" pregonada como regla general no puede ser válidamente sostenida.

En efecto, la posibilidad de recurrir lo resuelto por el juez se impone a la luz de cláusulas constitucionales que garantizan la doble instancia en el proceso penal. Tal fue el criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en que la definitividad de lo resuelto surge de que "La finalidad de quien requiere la suspensión del juicio a prueba no es la de obtener una sentencia absolutoria, sino la de no seguir sometido a proceso mediante la extinción de la acción penal" (C.S., "P.,O.R. y otros s/ Defraudación" del 11.11.97, P. 184. XXXIII. R.H., con voto conjunto de los Dres. Nazareno, O'Connor, Fayt, Belluscio, Boggiano, López, Bossert y Vázquez; publ. en El Derecho del 07.04.98). En igual sentido se pronunció la mayoría de este Tribunal en APérez, Pablo Javier s/ Lesiones graves@ -expte. n1 260/98 SR del 16.02.99, registrado en el Libro V, f1 16/27-, entre otros.

No es ésta la única crítica que debe formularse a la redacción de dicho párrafo. Como excepción a tal "irrecurribilidad", la norma prevé un único supuesto en que el imputado y el representante del Ministerio Público Fiscal pueden apelar lo resuelto: "...cuando sostengan que no han prestado su consentimiento para la suspensión del juicio...".

Respecto del imputado y su defensa, esta excepción deviene sencillamente incomprensible. Como el incidente se inicia con el pedido de suspensión del juicio formulado por dicha parte, el supuesto de apelación no podría darse jamás, ya que es precisamente la manifestación de conformidad del imputado la que da origen al incidente. En consecuencia, difícilmente éste pueda fundar su agravio de apelación en la ausencia de este elemento.

La cuestión no surge con mayor claridad con relación a la participación del Ministerio Público Fiscal. Recordemos que para alguna posición doctrinaria y jurisprudencial no menor, en ciertos supuestos del art. 76bis del Cód. Penal (delitos cuya pena máxima prevista no excede de tres años de prisión) el consentimiento fiscal no constituye un elemento esencial para la procedencia de la denominada probation. Ergo, si no resulta un requisito sine qua non, mal puede servir como único fundamento para apelar lo decidido por el juez.

3.-	Estas observaciones ya fueron advertidas por el Estrado en distintos precedentes. Finalmente, a partir de los autos "Muñoz Muñoz, Juan Ramón s/ Pedido de suspensión del juicio a prueba s/ Recurso de queja" -expte. n1 1346/01 SDO del 11.10.2001, Libro XXIX, f1 51/56- se estableció que la resolución del juez correccional que rechaza el pedido de suspensión del juicio a prueba es recurrible a través de la vía casatoria.

No se comparte tal criterio; antes bien, entiendo adecuada la revisión de lo resuelto por el magistrado por parte de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones a través del recurso de apelación. Esta posición no resulta novedosa: ya el Dr. Félix A. González Godoy al votar en los autos "Schnitman, Clara Sonia s/ Pedido de suspensión del juicio a prueba" -expte. n1 212/98 SR del 28.07.98, Libro IV, f1 393/401- arribó a similar conclusión.

Siguiendo a grandes rasgos el desarrollo presentado en ese voto, nuestro examen parte de dos extremos incontrastables:

a) la decisión en crisis es equiparable a sentencia definitiva; y b) a la luz de las normas constitucionales, no puede existir una sentencia definitiva -o decisión equiparable a ésta- que sea irrecurrible.

Así pues, he de tener presente los siguientes puntos:

a) el art. 20 del C.P.P. establece que la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones conocerá de los recursos interpuestos contra los autos dictados por el juez de ejecución;

b) el propio art. 266, último párrafo, prevé que "En los recursos que trata el presente artículo, conocerá la Cámara de Apelaciones", es decir, la alzada no es ajena al conocimiento de los incidentes tramitados en virtud del pedido de aplicación de este instituto;

c) el art. 419 dispone que el recurso de apelación procederá contra los autos que causen gravamen irreparable; y d) finalmente, el alcance del recurso de apelación resguarda en mayor medida la garantía de la doble instancia en el proceso penal, ya que presenta un marco que permite la discusión sobre cuestiones de valoración y prueba que se encuentran vedadas a la instancia casatoria.

Es que, en realidad, la Cámara de Apelaciones se yergue como un tribunal intermedio entre los jueces de grado y este Superior Tribunal de Justicia y posee un ámbito de revisión amplio del cual carece este Estrado.

4.-	No escapa a mi conocimiento que en el voto citado, el Dr. González Godoy propuso la declaración de inconstitucionalidad del art. 266 del C.P.P. en cuanto establecía la "irrecurribilidad" del rechazo del pedido de suspensión del juicio a prueba por parte del imputado.

Francamente entiendo que tal determinación puede ser obviada a partir de la necesaria reintrepretación que merece el art. 266 del código de rito a raíz de la deficiente redacción que presenta. Téngase presente que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes debe considerarse la "última ratio" del orden jurídico (Fallos, 311:394) por cuanto "...constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, sólo practicable como razón ineludible del pronunciamiento a dictarse" (Fallos, 264:364).

Por todo lo expuesto, el recurso de casación de fs. 17/20 deviene inadmisible, toda vez que lo resuelto por el Juez Correccional a fs. 10/11 era impugnable a través del recurso de apelación.

En consecuencia, a la primera cuestión voto por la negativa.

A la primera cuestión el Dr. Ricardo J. Klass dijo:

1.-	Coincido con la opinión expuesta por el Dr. Robbio por estimar que dirime correctamente la cuestión formulada. Adhiero a su voto, y me permito agregar algunas consideraciones que respaldarán la solución del caso sin tachar la validez constitucional de los preceptos del Código Procesal Penal que, desde su desnuda literalidad, parecerían vedar la aplicación de un recurso amplio contra lo decidido por el magistrado que trata el pedido de suspensión de juicio a prueba formulado por el imputado.

La cuestión no es menor, y ningún esfuerzo en tal sentido resulta superfluo. Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes constituye "un acto de suma gravedad institucional" (C.S., Fallos, 264:365). En este sentido, se ha dicho que "...la Corte presupone lo tantas veces expresado en su jurisprudencia: la declaración de inconstitucionalidad es la 'última ratio' del orden jurídico, a la que sólo se ha de llegar cuando el esfuerzo interpretativo no logra coordinar la norma aparente o presuntamente opuesta a la Constitución. Hasta arribar a ese extremo, el itinerario deja margen a la interpretación conciliadora, y busca el sentido que permita entender a la norma infraconstitucional con un alcance 'no inconstitucional', o sea, a la inversa, con un alcance que engarce congruente y satisfactoriamente en y con la Constitución" (Germán Bidart Campos, "La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional", Ediar, 1988, pág. 210).

2.-	El art. 266 del Código Procesal Penal establece como regla general que lo resuelto por el juez de ejecución con relación a la solicitud de la suspensión del juicio a prueba es "irrecurrible". Coincido con la opinión del ponente en cuanto sostiene que los únicos supuestos de apelación que la norma prevé devienen ininteligibles: "...salvo para el imputado y el Ministerio Público Fiscal, cuando sostengan que no han prestado su consentimiento para la suspensión del juicio...". De ambos casos, llama especialmente la atención la facultad acordada al imputado, ya que su consentimiento constituye una condición sine qua non para el inicio de la tramitación del incidente (ver, así, la presentación de fs. 1).

Concluir que la ausencia de consentimiento referida se circunscribe a la aplicación de la denominada probation sin mediar acuerdo del imputado, significa reconocer y aceptar una incongruencia en el legislador, obstáculo que llevaría a letra muerta la posibilidad de revisión enunciada.

De allí que corresponde examinar el verdadero alcance de los supuestos de apelación indicados ut supra. En palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "...no se trata de desconocer las palabras de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios de hermenéutica" (Fallos: 312:118 y sus citas).

Recordemos que la inconsecuencia no se supone en el legislador, ya que es reconocido como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que oponga sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; por lo que es criterio adecuado para la interpretación de las normas seguir aquel que las concilie y deje a todas con valor y efecto (doctr. Fallos, 305:538, 657).

"La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, pero, además, la misión judicial no se agota en ello, ya que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma; todo esto, a su vez, de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional" (Fallos, 305:538).

De limitarse la tarea jurisdiccional a una labor sujeta únicamente a la literalidad de la norma, "...aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de uno y otros no se compadece con la misión de administrar justicia" (Fallos, 312:118 y sus citas).

3.-	Se trata, entonces, de buscar una interpretación que otorgue a las leyes un alcance que sea compatible con la Constitución. Esta labor es denominada "interpretación constructiva" por Juan Francisco Linares, quien aclara que para invalidar una norma infraconstitucional, la contradicción respecto de la Carta Magna debe ser absoluta y palmaria, de forma que su tacha no exceda las potestades propias del Poder Judicial (Juan Francisco Linares, "Razonabilidad de las leyes", Ed. Astrea, 1989, pág. 137 y sus citas). Para el autor, la tesis encuentra fundamento en la presunción de constitucionalidad que ampara todo acto del Poder Legislativo y Ejecutivo, situación que conduce -asimismo- a establecer su presunción de racionalidad.

La relevancia de una visión sistemática en la interpretación de las normas también es reconocido por autores que podríamos denominar "clásicos".

"La interpretación es una operación lógico-jurídico consistente en verificar el sentido que cobra el precepto interpretado, al ser confrontado con todo el ordenamiento jurídico concebido como unidad, y especialmente ante ciertas normas que le son superiores o que sencillamente limitan su alcance, con relación a una hipótesis dada: interpretación sistemática" (el resaltado me pertenece; Sebastián Soler, "Derecho Penal Argentino", tomo I, TEA, 1994, pág. 170).

Siguiendo esta línea argumental, el maestro Jiménez de Asúa enseña que la forma más moderna de interpretación legal sigue un método lógico-sistemático, que adquiere su mejor forma con la interpretación teleológica. "Ésta es la que mejor descubre la íntima significación de los preceptos, la verdadera voluntad de la ley, deduciéndola no sólo de las palabras, sino de los múltiples elementos que contribuyen a formar las disposiciones legislativas", destacando el autor como un extremo esencial a tener en cuenta "el conjunto sistemático" (Luis Jiménez de Asúa, "Tratado de Derecho Penal", tomo II., Ed. Losada, 1977, pág. 448 y ss.).

4.-	Desde esta óptica, tengo para mí que cuando la norma refiere a la ausencia de consentimiento, este consentimiento no debe limitarse exclusivamente a la concesión de la llamada probation; antes bien, comprende toda decisión tomada por el juez de ejecución, ya sea haciendo lugar al beneficio o, como el caso de autos, rechazándolo. Caso contrario, como se explicó, el texto deviene oscuro e ininteligible, se opone a normas de jerarquía superior y resulta contrario al sistema normativo al que se incorpora.

Rescato la claridad con que el art. 266 del código de rito determina a la Cámara de Apelaciones como tribunal de alzada del juez de ejecución en los incidentes de suspensión del juicio a prueba. Ello también encuentra apoyatura en el art. 20, que regula la competencia de la Sala Penal de la Cámara, y deja en claro que las resoluciones que se dicten en el marco de estos incidentes se encuentran sujetas a un recurso de carácter ordinario, situación que otorga a las partes un marco de revisión de mayor amplitud que el acordado a la instancia casatoria.

No corresponde por vía interpretativa limitar o cercenar este derecho.

Esta conclusión se ve respaldada por las normas constitucionales que garantizan la doble instancia (art. 75, inc. 221, de la Carta Magna Nacional y los pactos a los que remite) y, por ende, permiten un mejor resguardo del principio del debido proceso (art. 18).

Estos principios no pueden ser desoídos y también confluyen en toda tarea interpretativa. "La determinación del alcance de la ley, de manera concordante con los principios y garantías constitucionales, constituye correcto ejercicio de la facultad interpretativa" (Fallos, 250:427, con cita de Fallos, 247:387; 248:398); y también: "Es principio jurisprudencial que debe preferirse la interpretación de los preceptos legales que mejor concuerde con los derechos y garantías constitucionales, en tanto ella sea posible sin manifiesta violencia a su texto -Fallos 250:427 y sus citas" (Fallos, 253:205).

Por ello, a la cuestión propuesta, voto por la negativa.

A la primera cuestión la Dra. María del Carmen Battaini dijo:

Comparto plenamente el criterio brindado y la decisión expuesta por mis colegas, en tanto considero que el recurso de casación en vista resulta inadmisible. Así las cosas, adhiero a los votos que preceden.

A la segunda cuestión el Dr. Mario Arturo Robbio dijo:

Atento a la forma en que fue resuelta la cuestión que antecede, propongo declarar inadmisible, y por ello mal concedido, el recurso de casación interpuesto a fs. 17/20 por la defensa de Enrique Luis Santana contra la decisión de fs. 10/11.

Obviamente, el defecto procesal denotado no puede ser atribuido a la actividad de la defensa, que sujetó su accionar al criterio fijado por este Estrado en los autos "Muñoz Muñoz", que son citados a fs. 17vta. de su escrito. Tampoco puede, sin más, remitirse las actuaciones a la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones para que trate y resuelva el recurso de fs. 17/20, ya que la naturaleza extraordinaria de la casación hace imposible su simple y llana conversión en un recurso ordinario. Por otra parte, el marco más amplio de revisión de la Alzada posibilitaría a las partes la expresión de nuevos planteos vinculados a cuestiones de valoración y prueba, extraños al ámbito de estudio de este Superior Tribunal.

Por ello, corresponde devolver las actuaciones al Juzgado Correccional para que haga saber a las partes que a partir de la notificación de la radicación de los obrados ante ese Estrado, podrán interponer recurso de apelación contra el auto de fs. 10/11, de conformidad al trámite y los plazos previstos por los arts. 419 y ss. del C.P.P..

Sin costas, ya que atento a los precedentes de este Tribunal la parte pudo razonablemente considerarse con derecho a recurrir en casación la decisión del Juez Correccional (art. 492, segundo párrafo, del C.P.P.). Así voto.

A la segunda cuestión el Dr. Ricardo J. Klass dijo:

Por las razones ya expresadas, adhiero la opinión formulada por el preopinante. Así voto.

A la segunda cuestión la Dra. María del Carmen dijo:

Compartiendo los fundamentos brindados, hago mía la propuesta del ponente. Así voto.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente	SENTENCIA Ushuaia, 14 de abril de 2003.

VISTAS: las consideraciones efectuadas en el Acuerdo que antecede EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

11.-	DECLARAR INADMISIBLE, y por ende mal concedido, el recurso de casación interpuesto a fs. 17/20 por la defensa de Enrique Luis Santana contra la decisión de fs. 10/11. Sin costas (art. 492, segundo párrafo, del C.P.P.).

21.-	REMITIR las actuaciones al Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte a fin de que haga saber a las partes que a partir de la notificación de la radicación de los obrados ante ese Estrado, podrán interponer recurso de apelación contra el auto de fs. 10/11, de acuerdo al trámite y los plazos previstos por los arts. 419 y ss. del C.P.P..

31.-	MANDAR se registre, notifique y cumpla.

Fdo.: María del Carmen Battaini - Ricardo J. Klass - Mario Arturo Robbio Secretario: Jorge P. Tenaillon T1 IX, F1 161/167