Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-05


Salta, de abril de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "EXENI DE SAFAR, Heluy vs. COLLADO, Víctor Manuel - DESALOJO"; Expte. Nº 215900/08 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 9ª Nominación; Expte. Nº 297195/10 de Sala, y ___________________C O N S I D E R A N D O I) Vienen los autos a la alzada a los fines del recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 306 en contra de la resolución de fs. 301/302, que rechazó los planteos formulados por su parte a fs. 169/170, con costas y le aplicó una multa del 10% del valor del juicio, a favor de la actora.

Al fundar el recurso (fs. 308/309) manifiesta que a fs. 168 se llamó autos para sentencia bajo la exclusiva responsabilidad de la actora, y que el sentenciante ya tenía claro la endeble audiencia de fs. 167. Agrega que se encuentran configurados los requisitos a los fines del planteo de nulidad formulado por su parte. Destaca que ni el decreto de fs. 166 ni la audiencia fueron consentidos, ya que no han sido notificados. Manifiesta que se ha privado a su parte de ejercitar su derecho de defensa para interrogar al testigo y que éste configura el interés de su parte, ya que pretende que se respete la igualdad en el juicio, la bilateralidad y el equilibrio procesal. Sostiene que de las constancias de autos surge que el testigo ha sido traído a declarar por la apoderada de la actora. En cuanto a la multa aplicada dice que no entiende el fundamento expuesto por el sentenciante, y en relación a las costas, que las mismas deben ser soportadas por la contraria, ya que debe declararse la nulidad de la audiencia y de los actos que fueron su consecuencia. Solicita se deje sin efecto la multa, se declare la nulidad peticionada y se impongan las costas a la actora.

A fs. 311/313 la actora contesta el traslado corrido, destacando la improcedencia formal del recurso, dada la naturaleza sumarísima del presente proceso. En subsidio, contesta los agravios, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por los motivos que allí expone a los que cabe remitirse por razones de brevedad.

II) Reiteradamente se ha sostenido que el tribunal de alzada se encuentra facultado para examinar la admisibilidad del recurso, pues sobre el punto no está ligado ni por la conformidad de las partes ni por la resolución del juez de primera instancia, aún cuando ésta se encontrare consentida. Este examen puede efectuarse de oficio (Falcón, Enrique, "El juez del recurso", LL, 1987-D-492; CApelCCSalta, sala III, fallos año 1994, fº 132; íd. sala IV, t. XX, fº 442, t, XXIV, fº 523; 793, íd. t. XXXI, fº 686, entre otros; CNCiv, sala G, La Ley, 1999-C, 775). Es que, como juez del recurso, el tribunal de alzada está facultado para revisarlo, aún de oficio, tanto en cuanto a su procedencia como a su trámite y formas, a los fines de verificar, entre otros aspectos, la validez y regularidad de los actos procesales cumplidos a su respecto en la anterior instancia (CNFed, Civ. y Com., sala I, La Ley, 2000-A, 208; íd. íd., 2000-B, 445; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXII, fº 219).

En tal sentido, cabe destacar que tratándose estos autos de un proceso de desalojo el que tramita a través de las normas del juicio sumarísimo (art. 692 del CPCC), resulta de aplicación el principio de inapelabilidad consagrado en el art. 508 del ordenamiento procesal, el cual establece que en este tipo de procesos la única resolución apelable es la sentencia definitiva.

Al respecto, se ha sostenido que la inapelabilidad consagrada por la ley adjetiva en el artículo 508 del Código Procesal Civil y Comercial, reside en la esencia jurídica del juicio sumarísimo, criterio congruente con toda la sistemática del ordenamiento procesal que ha restringido la apelabilidad en el juicio sumario, y con mayor razón en el sumarísimo, en el que, en grado superlativo se ha buscado la rapidez (cf. Loutayf Ranea-Montalbetti-Solá, "Código Procesal Civil y Comercial", anotado con jurisprudencia local, t. XIII, p. 303; CApelCCSalta, sala IV, t. XXX, fº 1089; íd. t. XXXII, fº 262).

En el caso, el recurso se concedió respecto de los apartados III, IV y V de la resolución de fs. 301/302 (cfr. fs. 307). En los mismos la señora Juez de grado desestimó el incidente de nulidad deducido por el demandado (apartado IIIl) y le impuso las costas (apartado IV), por lo que dicho pronunciamiento no reviste el carácter de sentencia definitiva referenciado en la norma señalada, resultando en consecuencia, inapelable.

Establecida entonces la inapelabilidad de la cuestión principal, ello determina que lo resuelto respecto de las costas también resulta inapelable. Así, se ha sostenido que si el pronunciamiento de primera instancia no es apelable en lo principal tampoco puede serlo en punto a la condena en costas, pues lo accesorio sigue a lo principal (CApelCCSalta, sala IV, t. XXV, fº 473; íd. t. XXX, fº 839; íd. sala I, fallos año 1993, fº 334; íd. sala V, t. XII, fº 1147; íd. íd., XIII, fº 353, entre muchos otros).

III) Por el contrario, en relación al recurso interpuesto en contra del apartado V de la resolución de fs. 301/302, cabe decir que tratándose la multa impuesta al recurrente de una sanción procesal, dicha cuestión resulta apelable.

Adentrando, en consecuencia, al análisis del los agravios formulados al respecto, cabe decir que el principio general en materia de interpretación y aplicación de la norma del art. 45 del CPCC, es de que la sanción se ha de imponer con suma cautela para no afectar el legítimo derecho de defensa de las partes. Por ello, para aplicar una multa por los propósitos obstruccionistas o dilatorios, éstos han de ser evidentes, manifiestos, de manera que no todo desconocimiento del derecho de la contraria ha de reputarse malicioso (JA 1971, 12-25; CApelCCSalta, sala IV, fallos año 1982, fº 39).

En tal orden de ideas, cabe destacar que para que una conducta sea calificada de temeraria es menester que la parte haya formulado pretensiones o defensas cuya falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo a las pautas mínimas de razonabilidad. Es temeraria, por lo tanto, la actuación procesal cumplida con la conciencia de la propia sin razón, debiendo entenderse por maliciosa la utilización de facultades procesales con el propósito de obstruir el desenvolvimiento del proceso o de retardar su decisión (CApelCCSalta, sala III, fallos año 1984, fº 731). La malicia o temeridad de la conducta del apelante perdedor debe tener directa relación con una actividad obstruccionista, demostrativa de una marcada inclinación dilatoria y entorpecedora del proceso (CApelCCSalta, sala IV, t. XIX, fº 174). La norma del art. 45 del Código Procesal, al igual que la prevista en el último párrafo del art. 561 de aquél, debe ser aplicada "cautissimo modo", vigilando la normalidad del proceso y salvaguardando su buen orden, pero sin afán de convertir al juez en un aplicador mecánico de penalidades de todo aquello que no concuerde con la estrictez de lo que una de las partes pueda entender por buena fe y lealtad procesal (Morello y otros: "Códigos.", t. II, pág. 267). De allí que el juez debe hacer cabal aplicación de los preceptos sancionatorios, pero sin traspasar los límites fijados por el libre ejercicio de la defensa de los derechos de los contendientes y de la profesión, cuya amplitud ha de estar siempre asegurada como lo manda la Constitución (CApelCCSalta, sala IV, t. XXVIII, fº 541).

______En el caso, la señora Juez de grado impuso al demandado una multa equivalente al 10% del valor del juicio, a favor de la actora, con fundamento en que el planteo efectuado por el mismo ya había sido resuelto a fs. 62, destacando que no cumplimentó con los recaudos indispensables para la procedencia de la nulidad articulada.

De la compulsa de autos surge que a fs. 62 se desestimó el recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto por el demandado a fs. 61, en contra del proveído de fs. 52 -que rechazó las pruebas ofrecidas por su parte a fs. 51-; mientras que a fs. 301/302 se rechazó el recurso de reposición con apelación en subsidio y el planteo de nulidad formulado a fs. 169/170 -en relación a la audiencia celebrada a fs. 167 y la providencia de fs. 168. Esto implica que lo resuelto en oportunidad de imponerse la multa no había sido resuelto a fs. 62, como se indica en el decisorio recurrido, por lo que el fundamento para aplicar la sanción queda sin sustento.

Consecuentemente, cabe acoger el recurso interpuesto en lo que a dicha cuestión respecta, y revocar la multa impuesta a fs. 301/302.

IV) En relación a las costas de esta instancia, habiéndose desestimado en lo sustancial el recurso, se imponen al apelante vencido (art. 67, CPCC).

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) HACE LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 306, en su mérito REVOCA el apartado V de la resolución de fs. 301/302 y la CONFIRMA en lo demás que decide. Costas al demandado vencido.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.