Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-10


SENT Nº 311 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diez (10) de Mayo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el doctor Antonio Gandur -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Zurita Elba Antonia y otros vs. Sociedad Aguas del Tucumán -SAPEM- s/ Diferencias".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

En contra de la sentencia emitida por la Excma. Cámara del Trabajo Sala IV, de fecha 14 de octubre de 2010 glosada a fs. 323/325, la parte actora interpone recurso de casación que fuera concedido por Resolución del referido Tribunal de fecha 17 de mayo de 2011 (fs. 344 y vta.).

1.- La sentencia en crisis declaró, "la incompetencia, en razón de la materia, de ese Tribunal Laboral para seguir entendiendo en la presente litis, lo que en consecuencia debe remitirse -vía Mesa de Entradas- a la Sala de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo...".

El Tribunal de grado, fundó tal conclusión según sus dichos. "...en el meduloso dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara obrante a fs. 308/309".

2.- El recurrente, al analizar la viabilidad del recurso interpuesto, "considera que nos encontramos ante una sentencia definitiva que pone fin a la cuestión debatida y no existe otro remedio; agraviándose al considerar que la sentencia incurre en arbitrariedad manifiesta, al apartarse de la jurisprudencia, y adquiere gravedad institucional al afectar derechos que trascienden el marco individual de las partes en litigio". Cita jurisprudencia que considera abona su derecho.

Considera: "...tal como surge de la sentencia en recurso, el sentenciante no realizó una interpretación acorde respecto de la jurisprudencia existente, ya que es principio en la materia, que la competencia jurisdiccional de los órganos judiciales debe determinarse con arreglo a la naturaleza de la pretensión y sus elementos. Radicando la cuestión central en determinar la naturaleza de la relación jurídica que vincula a los actores con la Sociedad Aguas del Tucumán -SAPEM-".

Aduce, "estamos frente a una sociedad constituida bajo la forma de sociedad anónima con participación mayoritaria estatal, en los términos de la ley 19.550,...y el Decreto nº 846/3-02, modificatorio del Decreto nº 3330/3-02, en su artículo 4º determina que el personal absorbido por la concesionaria o subconcesionaria estará regido por normas del derecho privado. Tal determinación legislativa,...implica la sujeción a una regulación específica, esto es de derecho privado".

También se agravia, "por resultar manifiestamente improcedente plantear la incompetencia por quien fuera citado como tercero... Quedando por lo tanto sus efectos determinados por las normas referentes a un tercero, pero jamás tendrá el rol de demandado, ya que la parte actora no promovió acción alguna contra el Estado Provincial...". Cita doctrina y jurisprudencia.

Sostiene, "me agravia también el hecho de que se afirme la aplicación de normas del derecho público basándose en que los actores son empleados públicos, lo cual no es así al ser empleados de una sociedad anónima como la misma demandada lo reconoce a fs. 251...". Propone doctrina legal.

3.- Siendo inherente a la competencia funcional de ésta Corte, por su Sala en lo Laboral y Conrencioso Administrativo como Tribunal de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto dentro del plazo que consagra el artículo 132 del CPL (fs. 329/339 vta.); el afianzamiento previsto por el artículo 133 CPL, no resulta exigido al no haber sido condenada la recurrente -parte actora en autos- (cfr. artículo 133 CPL, a contrario sensu); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos; y la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho.

Respecto a la exigencia establecida por el artículo 130 CPL en cuanto a que el recurso de casación sólo podrá deducirse contra las sentencias definitivas dictadas por las salas de las Cámaras del Trabajo y contra las demás sentencias de dicho Tribunal que tengan la virtualidad de poner fin al pleito o hacer imposible su continuación, cabe expresar que esta Corte tiene dicho que las cuestiones de competencia, por regla general, no constituyen sentencias defintivas ni asimilables, a tales, salvo supuesto de gravedad institucional. Se está ante una evidente "cuestión de competencia" en razón de la materia, se está ante el principio de improrrogabilidad de la competencia por la materia; y, por otra parte, el caso que nos ocupa, compromete seriamente los principios de celeridad y economía procesal, de preeminente consideración dentro del proceso laboral. Estas circunstancias me llevan a interpretar que la sentencia interlocutoria recurrida "compromete el orden público y por ello asume caracteres de gravedad institucional" (cfr. CSJT, "Arancibia, María Italia vs. Provincia de Tucumán", sentencia N° 1224 del 22/12/2006). De tal modo, se está ante un supuesto de excepción que habilita a tener por superada la ausencia de definitividad que en principio reviste la sentencia impugnada.

Por lo señalado el recurso en examen resulta admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia jurisdiccional de este Tribunal Cimero local para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

4.- En la presente causa, los actores demandan a la Sociedad "Aguas del Tucumán SAPEM", el cobro en concepto de diferencias de haberes. Sostienen que iniciaron su relación laboral en la ex-DIPOS, siendo luego transferidos a la "Compañía. Aguas del Aconquija S.A.", concesionaria del servicio de aguas en la provincia, y tras la rescisión del contrato que ligaba a la Provincia con la concesionaria; el estado retomó la explotación, creando para ello la empresa "Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM".

La demanda se interpuso por ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo -Sala I-, la que, por sentencia de fecha 29 de marzo de 2006 (fs. 169), se declaró incompetente por entender que la demandada era una sociedad anónima y que su personal se encuentra regido por normas del derecho privado (arts. 1, 2 y 8 del Decreto nº 3330/3- 2002).

A su turno el Juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la IIIª Nominación, resolviendo la incompetencia planteada por el letrado apoderado del Superior Gobierno de la Provincia (citado como tercero) se declara competente (fs. 258). Ante ello, el apoderado de la Provincia plantea apelación y la Excma. Cámara del Trabajo -Sala IV-, sentencia de fecha 14/10/2010 (fs. 323/325) declaró la incompetencia, en razón de la materia, del Tribunal laboral para entender en el presente caso quedando, así, configurado el conflicto negativo de competencia.

5.- La cuestión central a debatir radica en determinar la naturaleza de la relación jurídica que vincula a los actores con la Sociedad Aguas del Tucumán, demandada en autos.

Desde ya, y como lo ha venido sosteniendo esta Corte en numerosos precedentes, adelanto que la competencia en razón de la materia en el caso de autos le corresponde a los juzgados laborales de la Provincia (sentencia Nº 576 del 29/6/2006, in re: "Quipildor Hector Raúl y otros vs. Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM s/ Cumplimiento de contrato).

Ello es así por cuanto se trata de una sociedad constituida bajo la forma jurídica de sociedad anónima, con participación mayoritaria estatal, en los términos de la Ley Nº 19.550 conforme surge del artículo 2º del Decreto nº 3330/3-02, emitido en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley Nº 7151 y su modificatoria Ley Nº 7157. Por otra parte el artículo 8º del citado Decreto, señala que el personal absorbido por la sociedad concesionaria o la subconcesionaria estará regido por normas del derecho privado. Tal determinación legislativa implica, al margen de toda consideración doctrinaria acerca de la naturaleza jurídica societaria, la sujeción a una regulación específica, esto es, de derecho privado.

Por otra parte, la citación de la Provincia como tercero no modifica la competencia material, ya que el caso no contiene cuestión de naturaleza administrativa o tributaria, ni la relación que vincula a las partes y al tercero tienen sustrato en una relación de empleo público.

Por ello, corresponde casar íntegramente la sentencia impugnada, conforme a la siguiente doctrina legal: "Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia que desinterpretando las normas de derecho privado que regulan una relación laboral, se declara incompetente para entender en el litigio" y disponer sustitutivamente lo siguiente: "I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación deducido por el Superior Gobierno de la Provincia en contra de la sentencia de fecha 28 de junio de 2008. II.- COSTAS a cargo del Superior Gobierno de la Provincia -tercero vencido- (art. 49 CPL y 105 del CPCC) a. III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad", debiéndose remitir los autos a la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo a fin de que prosiga con el trámite de la causa según su estado".

6.- Las costas del recurso deberán ser soportadas por la Provincia -tercero vencido- (arts. 49 CPL y 105 del CPCC).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, oido el señor Ministro Fiscal a fs. 354 y vta., la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo -Sala IV-, de fecha 14 de octubre de 2010 (fs. 323/325), en base a la doctrina legal enunciada en el considerando y disponer, sustitutivamente, lo siguiente: "I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación deducido por la Provincia en contra de la sentencia de fecha 28 de junio de 2008. II.- COSTAS a cargo del Superior Gobierno de la Provincia -tercero vencido- (arts. 49 CPL y 105 del CPCC). III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad", debiéndose remitir los autos a la Sala IV de la Excma. Cámara del Trabajo a fin de que prosiga con el trámite de la causa según su estado".

II.- COSTAS como se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.