marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, costas al vencido
Materia: CIVIL
Carátula: Gastaldi, Amalia c/ Swiss Medical - Qualitas s/ Ley de Discapacidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-07

Corresponde confirmar el resolutorio que ordena otorgar a la amparista de autos la cobertura integral en un 100 % a su cargo de la prestación de enfermería las 24 hs., imponiendo las costas del proceso según el principio general que impera en materia de costas en los procesos de amparo, art. 14 de la ley 16.986, toda vez que no se ha dado la hipótesis de la referida norma que habilita la exención en costas, ni tampoco se han sucedido circunstancias especiales que harían aplicable la dispensa dispuesta por la segunda parte del artículo 68 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación
Competencia contencioso administrativa, acción de amparo, aplicación de la ley, Cámara Federal de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SAN SEBASTIAN S.A. c/ D.G.I. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-06

Los juzgados federales en lo contencioso administrativo resultan competentes para entender en una acción de amparo (en el caso, deducida con el objeto de lograr la revocatoria de una decisión de la D.G.I.) ya que la ley 24.463 sólo atribuye a la C.F.S.S. competencia para entender en los recursos interpuestos contra resoluciones administrativas que dicte la D.G.I. y que denieguen total o parcialmente impugnaciones de deuda (cfr. art. 26, inc. b del referido ordenamiento), y esa es la vía procesal que el peticionante pretende soslayar mediante el ejercicio de una acción de amparo. En consecuencia, corresponde declarar la incompetencia de la C.F.S.S. por razón del grado y remitir las actuaciones a la Mesa General de Entradas de la Cámara a fin de que, previo sorteo, designe el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo federal que deberá conocer en la acción deducida.
Empleados públicos, docentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Piano, María Alba c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 526-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-10

No puede admitirse la tesis de la actora en cuanto entiende aplicable la ley 8525 a su situación personal -personal suplente-, por cuanto ese Estatuto expresamente excluye de su seno al personal comprendido en normas especiales (artículo 2 , inciso f). En el caso, el decreto 4762/82 regula justamente la situación de las suplencias del personal de supervisión, directivo, docente y auxiliar docente, por lo que resulta la normativa específicamente aplicable. Y, aunque -con error- la actora considerara aplicable al caso la ley 8525, de ningún modo podría admitirse un paralelismo entre los docentes interinos y los agentes permanentes de dicha ley -quienes sí cuentan con el derecho a la estabilidad-; antes bien, la situación de aquéllos habría de ser asimilada a la de los agentes no permanentes, los que no resultan amparados por el derecho a la estabilidad (artículo 15, in fine, ley 8525).
Regulación de honorarios, responsabilidad del deudor, costas
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: D. N. N. M. c/ G., M. A. s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-12

El art. 505 CC -actual art. 730 CCC, última parte- no significa que en la sentencia de mérito no deban regularse los honorarios correspondientes a cada letrado interviniente, conforme sea su actuación en la causa y de acuerdo a lo que tenga derecho a percibir, por haberlo devengado con su trabajo; el art. 505 CC o el actual art. 730 CCC no levantan una barrera entre el letrado y los honorarios a que tiene derecho, si así fuera sería inconstitucional, porque implicaría un factor de cercenamiento de derechos ya devengados. Por ende, es del todo desatinada la pretensión postrera de la aseguradora recurrente. Lo que el art. 505 CC y su correlativa norma del nuevo código -730 CCC- hacen es declarar que la responsabilidad por el pago de las costas tiene el límite del 25% que allí se establece. Es decir, los honorarios se regulan en la sentencia, como deban ser regulados en función de los trabajos hechos y de las pautas arancelarias en juego y se imponen las costas, de acuerdo al éxito o derrota de una o varias partes. Luego, al momento en que esos honorarios queden firmes y pretendan ser ejecutados, podrá plantear el legitimado pasivo al pago el exceso del tope y allí, en su caso, se prorratearán los honorarios que habrá de afrontar su parte, lo que no implica que el eventual remanente no pueda serle cobrado por el profesional a otro obligado
Administrador de la herencia, facultades y obligaciones del administrador de la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: González, Andrés y Elgorriaga, Viviana s/ Sucesión Ab Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-07

El administrador de la herencia no tiene ni debe tener más facultades que las que los herederos en el momento de la propuesta de su designación o posteriormente le confieran. Ninguno de los herederos tiene el poder de administrar los intereses de la sucesión; tampoco lo tendrá el administrador si los actos de gestión de la comunidad hereditaria no le han sido encomendados, autorizados o consentidos por todos los herederos.
Impuestos, igualdad ante la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rocco, Lucrecia c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Economía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-03-30

La garantía de igualdad en las cargas públicas no impide que la legislación considere de manera diferente situaciones que estima diversas, de modo tal que de no mediar discriminaciones arbitrarias, se creen categorías de contribuyentes sujetos a tasas diferentes. Y más aún teniendo en cuenta que el poder impositivo constituye un valioso instrumento de regulación, complemento necesario del principio constitucional que prevé atender al bien general, al que conduce la finalidad ciertamente extrafiscal de impulsar la expansión de las fuerzas económicas. Resulta claro entonces que no se lesiona el postulado en estudio por la circunstancia de que el legislador haya excluido de la base imponible la parte ganancial del bien del cónyuge supértite, para el caso de la tasa por servicios judiciales y no para el supuesto de la tasa retributiva de servicios administrativos, toda vez que constituyen tributos por servicios de naturaleza completamente disímil. Y constituye jurisprudencia reiterada que es atribución del legislador reglar de manera diferente situaciones que estime distintas con tal de que el acto no trasunte propósitos de persecución, contra determinadas categorías de personas o de indebido privilegio a favor de otras, aunque el fundamento de la distinción sea opinable.
Asociaciones sindicales, encuadramiento sindical, acción de nulidad, homologación del acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad social s/ nulidad de resolución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21

No resulta procedente resolver una contienda intersindical de representación en el marco de una acción de nulidad de un acto homologatorio de un convenio colectivo, puesto que implicaría alterar el diseño legal preestablecido por los arts. 59 y concs. de la ley 23.551 para la composición de este tipo de controversias, sustentados en principios que hacen a la autonomía y libertad sindical.
Responsabilidad objetiva, daño por vicio o riesgo de la cosa, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Acuña, Beatriz del Carmen c/ Transportes Malvinas S.R.L. y-o Quien Resulte Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-29

En los casos de responsabilidad por el riesgo de la cosa, lo que interesa indagar es si la conducta de la víctima es la que ha concurrido causalmente a la provocación del daño. En otros términos: se debe analizar la "idoneidad de la actuación de la víctima para el evento dañoso, con independencia de que configure o no culpa, actuación que debe ser valorada como factor de interrupción, total o parcial del nexo causal. Por ello se admite, inclusive el obrar no culposo de la víctima ponderando si mediante su comportamiento se ha causado su propio daño.
Recursos, recurso de reposición (procesal), recurso de queja (procesal), depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Altare, Nélida y otra c/ Poder Ejecutivo  Nacional. s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

Corresponde desestimar la reposición de la sentencia del Tribunal en cuanto declaró perdido el depósito constituido en la queja en los términos del art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación si lo resuelto es la consecuencia que prevé el art. 287 del mencionado código para los supuestos en que el recurso de hecho es desestimado.
Daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Soler Ponce, Jorge M. y otros c/ Caballero, Hugo C. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-26

Probada fehacientemente la existencia real del daño, ante la falta de precisa justificación del monto, el art. 165 de la legislación posibilita la fijación judicial de los mismos.-
Honorarios del abogado, mora, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: LEAL  S.A.  AGRICOLA GANADERA c/ MANUFACTURA EL CUERO S.A.I.C.A. e I. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-02

La actualización de los honorarios sólo procede a partir de la fecha de la mora, pues de lo que se trata es de colocar al acreedor en la misma situación en que habría estado de haber percibido el crédito en tiempo oportuno. Si el deudor abona el importe de los honorarios dentro del plazo que se le otorga en la resolución judicial, la actualización no procede, por lo que sólo es admisible vencido dicho plazo, y desde ese momento, pues los efectos de esa mora no pueden, en ningún caso, retrotraerse a una fecha anterior.

Para poder exigir al deudor los daños y perjuicios irrogados al acreedor, es necesario comenzar por establecer el estado de mora de aquél, pues la mora configura el primer presupuesto de su responsabilidad.

Si bien en su origen la deuda por honorarios es de valor, al haberse determinado judicialmente la cantidad de moneda de curso legal que el deudor debe entregar al acreedor en pago de aquéllas, ha pasado a ser una deuda de dinero.
Sentencia absolutoria, daños y perjuicios, indemnización, proceso penal, acción civil, leyes, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: R, R A s/ HOMICIDIO CULPOSO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-10-18

Es ajustada a derecho la decisión de la Alzada que ante el desistimiento del Fiscal de Cámara del recurso de apelación en la materia penal y el rechazo del pedido de nulidad, entendió aplicable al caso las disposiciones del artículo 1103 del Código Civil. Esta norma de fondo tiene trascendencia en el sub judice porque su concreta aplicación es determinante para examinar la procedencia o no de los agravios constitucionales en la presentación ante la Corte.
Nombre comercial, oposición al registro de nombre comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cámara de Empresarios Madereros y Afines c/ Baravechia, Santos José y otros s/ Cese de uso indebido del nombre CEMA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-12

El titular de un nombre comercial puede oponerse al registro de ese nombre como marca, pero su derecho queda circunscrito al ramo que efectivamente explota, pues son distintos los derechos que acuerda la marca y el nombre, el primero hace con el registro con independencia de su uso, en cambio el segundo con el solo uso.
Contrato de trabajo, objeto prohibido
Materia: LABORAL
Carátula: ROCHON, NESTOR R. c/ ORPI SA. s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-12-09

La particular circunstancia de que el vigilador contratado no haya sido autorizado por la autoridad competente, no exime al empleador del reconocimiento y pago de todos los rubros indemnizatorios reclamados en la demanda y originados en el despido dispuesto por aquél. Tratándose de un contrato de objeto prohibido -art 40 de la LCT-, ello no acarrea la pérdida de los derechos que pudo haber adquirido el trabajador en el transcurso o como consecuencia de la vinculación habida con el empleador, ya que la prohibición del objeto del contrato está siempre dirigida al empleador.-
Tributos, Impuesto sobre los ingresos brutos, período fiscal de liquidación
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-10

Si bien el sistema tributario liga base reducida y tarifa agravada de manera tal que es habitual que el contribuyente no pueda liquidar el ISIB con base especial y tasa general, de ello no se desprende, sin más, que el legislador no pueda decidir gravar con una alícuota agravada a un contribuyente que debe conformar su base imponible mediante el principio general, esto es, aquella que se determina sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada, y menos aún, que esa decisión resulte, per se, inconstitucional. (Voto del Dr. Luis F. Lozano. En sentido concordante ver votos de los Dres. José O. Casás y Ana María Conde).
Gobierno de facto, Poder Judicial, actos del gobierno de facto, remoción de jueces, ratificación de actos de gobierno
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO
Carátula: Gonzalez Ruso, Eduardo A. c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Ac. Contencioso Ad. plena jurisdic. Ileg. o Anul.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-09

La restitución del orden constitucional en el país requiere que los poderes del Estado Nacional o de las provincias, en su caso, ratifiquen o desechen explícita o implícitamente los actos del gobierno de facto, inclusive los de remoción de magistrados integrantes del Poder Judicial.
Excarcelación, facultades del juez
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LORENZO, Ernesto s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-10

La expresión "podrá", con la que comienza el art. 379 del C.P.M.P.

denota una naturaleza facultativa merced a la cual el juez puede otorgar o denegar la libertad provisoria que se solicita, pero no se encuentra obligado a conceder el beneficio por la sola comprobación del lapso indicado en el inciso 6to.
Unificación de penas, condena anterior
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Segovia, José Hugo s/ Recurso de casación  Causa n. :1599.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-04

La unificación de penas prevista en el art 58 del Código Penal debe realizarse teniendo en cuenta la totalidad de la pena anterior (que el individuo está cumpliendo) con la pena impuesta en la sentencia posterior dictada por el hecho distinto. (Voto del Dr. Tragant).
Seguros, seguro de responsabilidad civil, citación en garantía, efectos entre partes
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Guillan, María del Carmen c/ Guardería Puerto Deseado SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-18

En nuestra ley 17418 no está establecida como carga para el asegurado la obligación de demandar directamente a su asegurador de modo exclusivo. En efecto, es sabido que en el derecho del seguro las cargas legales generalmente se estableen a favor del asegurador para liberarlo de responsabilidad, sin embargo, no media en el caso la imposición legal de una conducta de esta índole que pueda acarrear un decaimiento del derecho del actor (Stiglitz "Derecho de Seguros" T.II. págs. 428). Ello así, en el caso, el accionante citó a su asegurador como tercero -aunque refiriendo erróneamente la LS 118- mas tampoco, puede obviarse que por su rol, el asegurador siempre admite ser traído al proceso bajo la figura de un tercero adhesivo litisconsorcial. Señálase que la característica esencial de ese tipo de intervención (que la diferencia de la intervención simple), está dada por la circunstancia de que el tercero goza de legitimación procesal propia para demandar o ser demandado originariamente en el proceso al cual ingresa, sea a título individual o conjuntamente, así lo recoge el CPR cuando establece que el interviniente "actuará como litisconsorte de la parte principal y tendrá sus mismas facultades procesales" -CPR 90-2°- (Palacio "Derecho Procesal Civil" T.III, pág. 243). En este marco, más allá de las circunstancias anotadas en el trámite de la causa lo cierto es que la aseguradora obró en el rol de un tercero adhesivo litisconsorcial descripto, cuando a fin de no encontrarse en estado de indefensión, contestó la citación y además, ofreció prueba. Es claro pues, que esas presentaciones deben ser contempladas para asegurar el derecho de defensa de la apelante que debe ser considerada como, un tercero adherente autónomo o litisconsorcial en este proceso (CPR 90-2° y 91), visto que la propia actora reconoció que la misma compañía de seguros admitió su vinculación con el caso y ésta ejerció luego plenamente los derechos que le correspondían. Es decir, la forma en que la aseguradora fue incorporada como parte -más allá del error inicial de la actora al intentar citarla en garantía- no ha vulnerado los derechos de igualdad entre las partes, de defensa en juicio y del debido proceso e impone dejar debidamente establecido su rol procesal como ha sido reconocido.
Solidaridad previsional, costas en el orden causado, determinación de deuda previsional, omisión de retener o percibir aportes, costas al vencido
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Club Amistad Marina c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - D.G.I. s/ Recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

Corresponde descalificar la imposición de costas en el orden causado, dispuesta por la sentencia revocatoria de la resolución de la DGI que había rechazado la impugnación de la cooperativa a la determinación de deuda por omisión de aportes previsionales pues, al no mediar circunstancias de mérito que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota, las costas deben ser impuestas al vencido. -Del precedente "Cooperativa Eléctrica Azul Ltda.", al que remitió la Corte Suprema-.
Adicionales de remuneración, salario bruto, asignaciones no remunerativas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vogt, Alejandro URS y otros c/ Estado Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-29

El adicional transitorio no remunerativo y no bonificable creado por el art. 5 del Dec. 1104/05, sólo se le abona al personal en actividad que, al duplicarse los coeficientes de los suplementos particulares previs-tos en el Dec. 2769/73 (conf. arts 2 a 4 del Dec. 1104/05), no alcanzare un incremento que exceda el 23% del salario bruto mensual. Es decir, que ha sido previsto exclusivamente para el personal calificado como beneficiario de alguna de las asignaciones instituidas por el referido Dec. 2769/73. Ello así, y atento que la C.S.J.N. en las causas "Bovari de Díaz, Aída y otros" y "Villegas, Osiris G." (ambas sentencias del 04.05.00) estableció el carácter particular de las asignaciones instituidas por el Dec. 2769/73, no corres-ponde conceder a los titulares el aumento dispuesto por las normas en base a las cuales reclaman, pues no se ha acreditado en autos la generalidad de la percepción de los adicionales, ni tampoco que los ac-tores sean beneficiarios de alguno de los suplementos particulares reconocidos en el citado Dec. 2769/73. (Disidencia de la Dra. Pérez Tognola).
Sucesiones, obligaciones del heredero
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CLINICA YUNES S.A. c/ SANTILLAN SILVIA L. Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-08

Los herederos aún cuando no se haya dictado declaratoria de herederos -pues ésta es simplemente declarativa- pueden ser demandados y están obligados a comparecer.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz, Alejandro Silvano y otro s/ Robo agravado por el uso de armas, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

A los efectos de la agravante contenida en el art. 166 inc. 2º del Código Penal, lo relevante no es el poder ofensivo real del objeto, sino el efecto intimidatorio concreto que conlleva su utilización.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley vigente, beneficios previsionales
Materia: CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Yopolo, Miguel Angel c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-14

La exégesis y aplicación de las leyes de la seguridad social se rigen por el principio de la ley previsional más benigna, pues el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder para que no se desnaturalicen los fines superiores que informan las normas respectivas; y no cabe admitir que se aplique un criterio de valoración de los hechos e interpretación de las normas aplicables que equivalga a prescindir de sus términos. (Fallos: 316:3043 y 3229; 323:2054 y sus citas).
Infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, multa aduanera, Tribunal Fiscal de la Nación, manifiesto de carga, declaración de importación
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: AGENCIA NORDICA SOCIEDAD ANONIMA. s/ ADUANA.    IMPORTACION.    INTERPRETACION DE LA LEY.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-11

Corresponde confirmar la sentencia que al revocar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal aplicó una multa a la firma sumariada en los términos del artículo 954, apartado 1ro., inc. a), del Código Aduanero, por entender que, por imperio del artículo 956, la presentación del manifiesto general de la carga se encuentra equiparada con la declaración de importación cuya inexactitud constituye la infracción que el artículo 954 sanciona. Ello así, pues la presentación del manifiesto, como declaración de los efectos que se encuentran a bordo para su descarga constituye el antecedente necesario de esta operación que es un acto desprovisto en sí mismo de finalidad si se lo desvinculara de aquélla. Y dado que el Código considera importada a toda mercadería que haya traspasado la línea demarcatoria del territorio aduanero -artículo 9no.-, aspecto éste que la descarga presupone, no cabe sino atribuir al acto de que se trata la condición de haber sido efectuado para cumplir una operación de importación, sin que ello implique prejuzgar acerca de la destinación aduanera que ulteriormente pudiera corresponderle.
Beneficio de litigar sin gastos, titular del derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: MAZZINI c/ COMPAÑIA DE SEGUROS LA NUEVA s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

Aún cuando al resolverse el beneficio de litigar sin gastos, sólo se atendió a la situación del actor como exclusivo peticionante de la franquicia, hacer mérito de la omisión paterna de expresar en el escrito inicial la representación de sus hijos menores para sustentar en ella la improcedencia del recurso, configura un caso de excesivo apego a formalidades que desvirtúan la finalidad de un adecuado servicio de justicia, máxime cuando lo que se encuentra en juego es, precisamente, la presunta imposibilidad de acceder a la jurisdicción por falta de recursos.-
Costas, pluspetición inexcusable, monto del juicio, error material
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SCALISI, NESTOR c/ SCALISI, GABRIELA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-16

Cuando la pluspetición en que incurriera el acreedor obedece a un error material al consignar el monto pretendido, como lo corrobora el inmediato allanamiento a la postura del deudor, debe entenderse como excusable, no siendo de aplicación el CPR 72.