marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia, fundamentos suficientes, Derecho laboral, indemnización, reparación integral, daño físico, daño moral, daño psíquico
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ORELLANA, MARIO O. c/ METCON S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-22

Es inadmisible la queja interpuesta, en tanto con sus alegaciones la compareciente no alcanza a acreditar que las indemnizaciones y rubros concedidos por los Magistrados, y que juzgaron suficientemente acreditados con las pruebas producidas, excedan de los parámetros de reparación integral habidos en la materia y sustentados por la propia C.S.J.N. Así, conforme expuso el Sentenciante, se acreditaron mediante sendas periciales que el trabajador sufre tantos daños y discapacidades físicos (permanentes, del 31%) como asimismo morales y psíquicos (del 20%), destacando , en punto a estos últimos perjuicios, que padece no sólo "angustias, incertidumbres y temores" sino también otras "perturbaciones" tales como "limitaciones importantes afectando su vida cotidiana, su vida de relación y su posición subjetiva en tanto que operan produciendo una desvalorización de sí mismo", todo lo cual -concluyó- era digno de ser indemnizado.

Y tal solución se enmarca en una causa en donde, conforme la Sala expuso con sustento en las constancias de la litis, todas aquellas dolencias (físicas, morales y psíquicas), como "integrante(s) de un todo", son actualmente -y serán en el futuro- sufridas por el dependiente como consecuencia de las tareas "riesgosas" que debió realizar por orden de la empleadora y en beneficio de ésta, cargando y descargando "enormes pesos" durante décadas y en condiciones precarias al no haberse adoptado medidas -siquiera mínimas- de seguridad.( De la ampliación de fundamentos de la Dra.

Gastaldi)
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D., R. c/ G. de D., J. E. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-05

Puede calificarse como injuria grave, los denuestos que la esposa infería a su cónyuge, del más grueso calibre y en presencia de extraños (art. 202 inc. 4º, C. Civil).
Quiebra, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: Carbometal S.A.I.C. c/  s/ quiebra s/ concurso preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-14

Si el acreedor no retira el pago en el tiempo que marca la ley, se produce la caducidad de su derecho en los términos del art. 224 de la ley 24.522, en el entendimiento de que ha operado un abandono suyo a la propiedad de fondos que le pertenecen a título de dividendo concursal, sin que dicho abandono revierta al fallido o a los acreedores.
Valor probatorio, instrumentos públicos, constancias administrativas
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Tinnirello, Alberto J.L. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-09

Es jurisprudencia aceptada que "la fuerza probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los instrumentos públicos". "Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no sean argüidas de falsedad, y para apartarse de constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus fallas, suministrando pruebas de ellas".
Sociedad entre cónyuges, socio gerente, sujetos del contrato de trabajo, derechos del socio, relación de dependencia
Materia: COMERCIAL - LABORAL
Carátula: CONFECCIONES JEAN JAURES S.R.L. c/ D.N.R.P. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-07

El art. 27 del R.C.T. busca subordinar el encuadre jurídico a la realidad social, ya que hace depender la calificación de la mayor o menor autoridad investida por el socio en cuestión, o mejor dicho, de su mayor o menor autonomía fundada en el poder real dentro de la sociedad (cfr. Guibourg, "Los sujetos del contrato de trabajo", L.T.

T1 XXIV-1090). En consecuencia, para aceptar que los integrantes de un matrimonio revistieron el carácter de dependientes de la sociedad tendría que acreditarse que recibieron órdenes e instrucciones de un organismo superior, lo que resulta imposible si son los únicos componentes del ente societario, tienen a su cargo -en forma conjunta- la administración y gerencia y, por lo tanto, su gestión personal no resulta subordinada.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPLEJO AGROINDUSTRIAL SAN JUAN s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-26

Si bien la sentencia recurrida en casación no es definitiva, considera este Tribunal que el recurso se presenta, prima facie, con fundamentación suficiente en tanto se invocan errores y vicios concretos que, de existir otorgarían razones suficientes para tener por configurada, en la especie, la existencia de gravedad institucional, toda vez que se alega que, mediante la errónea e inadecuada interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en los arts. 166, 170, 759, 761 y ccdtes del CPCCT se quebrantan expresas normas y garantías constitucionales:

del debido proceso legal, defensa en juicio y de propiedad (arts. 17, 18 CN y art. 8 del PSJCR); incurriéndose, además en la doctrina del exceso ritual manifiesto; que todo ello afecta la recta administración de justicia, cercenándose arbitrariamente las vías y el ejercicio de facultades defensivas establecidas expresamente por la ley.

La cuestión debatida y traída a esta instancia consistente en la posibilidad o no de interponer incidente de nulidad y revocatoria con apelación en subsidio en forma conjunta o simultánea, en el caso y a la luz de los precedentes locales invocados, trasciende el interés meramente personal de las partes por integrar un sistema que se relaciona y compromete con principios constitucionales que configuran instituciones fundamentales de nuestra convivencia política.
Acciones de clase, vacío legal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.783 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-24

La procedencia de la acción de clase no puede ser objetada so pretexto de que la acción colectiva no encuentre, en el plano normativo infraconstitucional, un carril procesal apto para hacerla efectiva. Ese presunto vacío legal no es óbice para que los jueces arbitren las medidas apropiadas y oportunas para una tutela efectiva de derechos constitucionales vulnerados. Ha expresado el Tribunal al respecto que basta la comprobación inmediata de un gravamen para que una garantía constitucional deba ser restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vicente, Alfredo c/ Gradin, Santiago s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Si bien el carácter provincial de los reglamentos de tránsito hace que no puedan prevalecer sobre normas de jerarquía superior como las del Código Civil (art. 31 de la Const. Nacional), razón por la cual la infracción a las leyes de tránsito no implica necesariamente la culpa del infractor desde el punto de vista civil , ese principio de todos modos no puede por si solo desvirtuar la evidente culpa del infractor cuando el reglamento violado es de aquellos que, como los límites de la velocidad, prioridad de paso, respeto de los indicadores luminosos, de estacionamiento y otros análogos, está destinado a regular de modo general un tránsito ordenado y seguro. Cuando la violación de alguna de dichas reglas aparece relacionada causalmente con el resultado dañoso -como en la especie- hubo culpa del transgresor, por producirse un daño que no habría acaecido si no hubiese omitido las diligencias exigidas por las circunstancias de las personas, tiempo y lugar (doc. arts. 512, 902 del Cód. Civ).
Facultades del Poder Legislativo, tipo penal, escala penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Tejerina, Romina Anahí s/ homicidio calificado -causa N° 29/05-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-08

Todo aquello vinculado con los tipos penales, y las escalas consecuentes previstas para cada figura delictual, es una materia propia del Poder Legislativo Nacional y, en consecuencia, cualquier posibilidad de modificarlas en el caso concreto escapa a la acción directa de la magistratura (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
Daños y perjuicios, libertad de prensa, responsabilidad del editor, noticia falsa
Materia: CIVIL
Carátula: MILESI GABRIEL E. c/ DIARIO CLARIN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-04

Aunque se admita la imposibilidad práctica de verificar la exactitud de los informes oficiales, para eximirse de responsabilidad, el medio periodístico debe atribuir el dato contenido en su publicación a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial, o guardando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito. La responsabilidad de la editora se produce cuando se insertan en la publicación las conclusiones dadas oficialmente por las autoridades, pero dándolas como propias y teniéndolas como inexcusablemente ciertas por lo que si el diario ajustó el texto de las publicaciones relativas a los hechos que afectaron al accionante a lo antes expresado, resulta exenta de responsabilidad.
Acción reivindicatoria, concubinato, conviviente, bienes muebles
Materia: CIVIL
Carátula: P., G.  L. c/ C.  L.  A. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-10-26

La acción de reivindicación de cosas muebles deducida por el actor contra su ex concubina, resulta parcialmente procedente, dado que la accionada en ningún momento negó que los bienes hubiesen sido adquiridos por el actor, y si bien alegó que le fueron donados, no ha demostrado la existencia de tal liberalidad, carga que no pude suplirse acudiendo a la presunción que establece el art. 2412 del Código Civil a favor del poseedor de buena fe.
Cosa juzgada, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Muller, Pablo c/ Tinacris SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-26

Cuando se está frente a un crédito laboral proveniente de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, alcanzado por el principio de irrenunciabilidad (arg. Art. 12 LCT), no debe perderse de vista que el derecho al cobro de lo reconocido por tal sentencia firme ya se incorporó definitivamente al patrimonio del accionante, por lo que el acuerdo de pago suscripto por las partes sólo debe tenerse presente sin que proceda la homologación el mismo.
Accidentes de trabajo, comisiones médicas, instancia administrativa previa
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Pabon Rafael Lucas  c/ Prevención ART S.A.  s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-03-13

La revisión de lo decidido por las Comisiones Médicas queda en manos en definitiva del Poder Judicial de la Pcia. de Entre Ríos, y solo se obliga al trabajador siniestrado a que previamente transite su reclamo ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales en base a un procedimiento administrativo reglado y con las debidas garantías, (patrocinio letrado entre otros), sujeto a un plazo limitado, perentorio y fatal de solo 60 días, pudiéndose prorrogar en forma excepcional y fundada por 30 días más. (art. 7 in fine res.298 SRT) (Voto Romero, en disidencia. Minoría)
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: González, Ricardo s/ Querella por injurias contra Poblete, Roberto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

No existe omisión de tratamiento del cuerpo del delito, si el fallo expresa que ese extremo de la imputación no se halla acreditado.
Reelección, LEY ORGÁNICA DE COMUNAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Constantino, Marcelo Fabián s/ Electoral - otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-24

Quien ocupó funciones como miembro de Junta Comunal en dos períodos inmediatamente sucesivos -sin distinguir según que el ejercicio efectivo de la función hubiere consumido el período completo- no puede ser elegido para un tercero también inmediatamente sucesivo. Ello, por aplicación del artículo 22 de la ley n° 1777 que determina a) que el impedimento que establece parte de asumir que una inmediata reelección es válida, ya que lo aplica a "quienes fueron reelectos", b) que ese impedimento alcanza a quienes estuvieron en funciones, pues la condición de "reelecto" está aplicada a quienes ocuparon la función, no a quienes fueron proclamados como posibles sucesores en supuestos de vacancia, c) el mandato dura cuatro años, pero, como la Junta es renovada en su totalidad, el del miembro debe acortarse para compatibilizar una disposición con la otra y d) en cuanto al impedimento, a quien ocupa la función, para ser elegido por un nuevo período, no distingue según la duración en funciones. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de queja (procesal), escritos judiciales, plazos procesales, seguridad jurídica, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ s/ JUBILACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-24

Habida cuenta de los motivos expresados por la parte y la persuación del Tribunal de no lesionar el principio de seguridad jurídica, dada la ausencia de contraparte en el sentido propio del término, cabe admitir que el escrito en que se dedujo la queja ha sido presentado en término; máxime cuando con ello se favorece un más amplio debate de cuestiones que ponen en juego bienes amparados por garantías constitucionales.
Obras sociales, responsabilidad de la obra social, prestadores médicos, establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL
Carátula: RIKKIN DE BALTIMAN ROSA c/ CLINICA COLEGIALES S.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-09

Entre el acto voluntario de la Obra Social de tener convenida la prestación de servicios con las clínicas, en cumplimiento de imposición legal (ley 22.269), y las consecuencias del hecho de una enfermera de la clínica, no existe relación que le origine responsabilidad a la Obra Social. (Arts. 901/906 Cód. Civ.).
Delitos contra el orden público
Materia: PENAL
Carátula: Sanzoni, Emilio Oscar s/ asociación ilícita -causa nº 4653-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

Si bien la comisión de cualquier delito perturba la tranquilidad, la seguridad y la paz pública de manera mediata, los incluidos en el título de los "delitos contra el orden público" la afectan de manera inmediata, ya que el orden público al que se alude es sinónimo de tranquilidad pública o paz social, es decir, de la sensación de sosiego de las personas integrantes de una sociedad nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social, por lo que tales delitos producen alarma colectiva al enfrentarlos con hechos marginados de la regular convivencia que los pueden afectar indiscriminadamente (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes, femicidio, liquidación, aplicación temporal de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G., G. A. y otro c/ Estado Nacional (SENNAF) s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-15

El art. 3 de la Ley 27.452 establece con toda claridad, al definir lo relativo al monto de la reparación, que esta última será retroactiva al momento de cometerse el delito, aunque el mismo se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la ley, mientras que el decreto reglamentario se aparta de dicha previsión y la contradice, al disponer que en los supuestos en donde la comisión del delito que origina la reparación económica se haya producido con anterioridad a la sanción de la ley mencionada, su aplicación será retroactiva a la fecha de la promulgación. En tales condiciones, cabe advertir que la aplicación de la norma reglamentaria lleva, en el caso de autos, a restringir y limitar el alcance que la propia norma acuerda a la reparación que otorga.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRANCESCHETTI, GUSTAVO DANIEL c/  s/ ALLANAMIENTOS-APELACION-NULIDAD/INVALIDEZ-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

Aún en la posición más favorable para los interesados, ante la comprobación del yerro del iter recursivo, cabe señalar -como también lo entiende el Magistrado al declarar inadmisible el remedio intentado- que lo impugnado no constituye una sentencia definitiva, dictada en juicio que no admita otro ulterior sobre el mismo objeto, o que se trate de autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación; y si bien hacen referencia a la existencia de un perjuicio de imposible reparación posterior por haberse secuestrado objetos personales en virtud de los allanamientos cuestionados y la consecuente afectación del derecho a la intimidad y propiedad, lo cierto es que no logran persuadir acerca de la irreparabilidad esgrimida.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, citación en garantía, responsabilidad del asegurador, falta de registro de las operaciones
Materia: CIVIL
Carátula: VILLA, RAUL OSCAR c/ GIRADO, JORGE s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-13

Si de los libros de la citada en garantía no surge el hecho que ésta invocó para eximirse de responsabilidad porque no cumplió con su deber de asentar las operaciones en forma, debe ella cargar con la consecuencia que de ello se deriva y no un tercero ajeno que ve disminuida la posibilidad de cobro por daños sufridos en un accidente de tránsito, pudiendo la compañía de seguros ventilar sus derechos respecto del asegurado en otro juicio.
Derecho comercial, Inspección General de Justicia, auditor de fiscalización, facultades de control, transmisión de acciones, declaración de ineficacia, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Inspeccion General de Justicia c/ KMB SA  s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-03

Corresponde dejar sin efecto la resolución de la IGJ que declaró la ineficacia e irregularidad a los efectos administrativos de cierta transferencia accionaria, en los términos de la ley 22315: 6-f).

Ello así, pues si bien la ley 22315 no contiene una norma explícita que defina conceptualmente tanto la declaración como los efectos de la "irregularidad e ineficacia administrativa" de un acto sujeto a la fiscalización de la IGJ, sin embargo cabe considerar que esto no constituye una declaración de nulidad o invalidez en sede administrativa del acto así tachado; menos aún revela el ejercicio de actividad jurisdiccional (cfr. CNCom, Sala C in re "Inspección General de Justicia c/ Boswil SA s/ organismos externos", del 15/07/21).

La ley 22315 no ha reconocido ni podría reconocer a la IGJ semejante atribución ajena sus cometidos bajo la ley de sociedades comerciales (Fernández, Leonardo F., "Declaración de la IGJ de "irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos" de actos societarios, La Ley 2014-F, pág. 38). Y es claro que sólo los jueces pueden suspender o anular lo actuado en la órbita societaria, lo cual implica que estos actos mantienen eficacia hasta tanto una decisión judicial disponga lo contrario (CSJN, fallos 247:646 y 328:651, entre otros).
Recurso de apelación (procesal), providencia simple
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Cooperativo Limitado de Caseros c/ Emar S.A. y otro s/ Ejecución y embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Cuando se está frente a una potestad ordenatoria o instructoria, cuyo ejercicio depende del prudente arbitrio judicial, no se advierte que la providencia sea susceptible de engendrar un gravamen irreparable, presupuesto liminar de todo recurso. Así ocurre con la providencia simple que dispone correr un traslado o vista. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, régimen disciplinario administrativo, sobreseimiento provisional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LANDI, STELLA MARIS s/ APELACION- EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

El sobreseimiento provisional en sede penal (independientemente de que de ello no surge una asertiva conclusión de inocencia) no vincula necesariamente para lo que deba resolverse en sede administrativa, más aún cuando la medida exonerativa tiene como fundamento una falta grave contra la Administración.
Jueces, remuneración, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bruno, Raúl Osvaldo s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Nada impide a la Corte Suprema, como intérprete final de la constitución, decidir que la pérdida no compensada del valor monetario real configura un supuesto de disminución de aquellas retribuciones, que transgrede el art. 96, lo que impone la obligación constitucional de mantener su significado económico y recuperar su perdida cada vez que ésta se produce con intensidad deteriorante.
Costas al vencido, principio objetivo del vencimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: VILA, ALBERTO DOMINGO c/ S.A. FRUTICOLA DE SAN JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-09

En cuanto a las costas del proceso tiene establecido nuestra ley ritual, como fundamento y principio general del instituto de las costas el hecho objetivo de la derrota. Al amparo de tal pauta legal y habiendo sido vencido el demandado corresponde le sean impuestas las costas.
Prueba, proceso penal, defensa en juicio, control de cambio, importaciones, facturación excesiva, inversión de la carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: INDUSTRIAS DELTA S.A.I.C. Y OTROS. s/ LEY 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

Si bien el a quo -al condenar a una empresa por entender configurado un caso de "sobrefacturación"- sostuvo que en la especie regía el principio de inversión de la carga de la prueba, el pronunciamiento recurrido analiza pormenorizadamente las diversas constancias incorporadas al proceso al diligenciarse la prueba ofrecida por la empresa sumariada, concluyendo que si bien la empresa pudo tener razones que justificaron su política empresaria, tal situación debe ser acreditada debidamente por quien la aduce como justificativo de un accionar en forma contraria a las previsiones del Estado, que debe velar por el correcto uso de las divisas disponibles (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).