Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-16


S., C. C.

Reg.: A y S t 205 p 42-45. Santa Fe, 16 de Febrero del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica del acusado C. C. S. contra la sentencia 253 del 20 de agosto de 2004, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario en autos "S., C. C. -Lesiones leves dolosas-(Expte. 1017/04)" (Expte. C.S.J. nro. 462, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso de inconstitucionalidad local, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario confirmó la decisión emanada del Juez en lo Penal Correccional Número Cuatro de esa ciudad -que, a su turno había denegado la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa de C. C. S. por haber precluido la oportunidad procesal de interponer la petición-, con costas (fs. 2/3).

En el libelo introductor del remedio previsto en la ley 7055 (fs. 8/19), la defensa de S. fundó su recurso en las causales previstas en los incisos 2 y 3 del artículo 1 de la ley 7055.

Adujo que la denegación de la suspensión bajo la excusa de la extemporaneidad no prevista expresamente en la ley importa privar al imputado de un derecho cuyo ejercicio no se encuentra prohibido, condicionado o limitado en modo alguno por la norma que consagra su creación, no obstante que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe y que toda restricción a la libertad corporal debe surgir de los casos y condiciones previstos por la ley y el principio de interpretación restrictiva que surge del digesto procesal penal santafesino.

Seguidamente, sostuvo que el fallo de la Alzada, al denegar la concesión del beneficio solicitado, incurrió en arbitrariedad en mérito de las siguientes razones: En primer lugar, afirmó que el A quo decidió cuestiones no planteadas, tal, la relación entre la "probation" y la condena de ejecución condicional, aspecto éste que fuera reiteradamente abordado por la Cámara sus considerandos, efectuando un extenso paralelo entre ambos institutos.

Asimismo, expresó que el Tribunal omitió decidir cuestiones planteadas, en el caso, la inexistencia de disposición legal expresa que provoque la preclusión del derecho a solicitar la "probation" debatida, sin proporcionar razón alguna para justificar dicha omisión.

A su vez, puso de resalto que se decidió interpretando irrazonable y restrictivamente la norma que consagra el derecho expreso del imputado a solicitar la aplicación de la "probation", violando el artículo 7 del Código Procesal Penal santafesino y contradice los expresos textos normativos aplicables al caso, en cuanto éstos no establecen limitación temporal alguna para postular la aplicación del beneficio en el caso concreto.

Por lo demás, remarcó que había incurrido la Sala en autocontradicción al invocar la norma aplicable al caso -arts. 76 bis, ter y quater del Código Penal y 8 II del Código de rito- admitiendo que "la ley nada establece expresamente sobre dicho plazo", y culminar denegando en beneficio con argumentos ajenos a un acto jurisdiccional válido.

Por último, manifestó que el pronunciamiento exhibía una fundamentación sólo aparente y carecía de motivación suficiente, que se evidenciaba por el paralelo -según su parecer, ininteligible- que efectuara entre la condenación condicional y la suspensión del juicio a prueba, por lo que la decisión constituye un acto de mera voluntad que se desentiende de la naturaleza y finalidad de la "probation" y se desconecta de la realidad del caso.

La Sala a quo, mediante auto 311 del 18.10.2004 denegó la concesión del medio impugnatorio deducido (fs. 24/25). Tal denegatoria, motivó la presentación directa del interesado ante esta sede (fs. 27/41).

2. Ante todo, correspon De allí que la totalidad de los planteos recursivos serán analizados bajo la óptica del supuesto previsto en el inciso 3) del citado artículo.

Sentado ello, es dable señalar que si bien el compareciente acusa la invalidez de la sentencia, invocando diversos vicios constitucionales en los que habría incurrido el Tribunal, el recurso no puede prosperar.

Es que los reproches esgrimidos en el recurso de inconstitucionalidad -enunciados como "decidir cuestiones no planteadas", "omitir resolver cuestiones planteadas", "contradecir el texto legal aplicable", "autocontradicción", "fundamentación aparente" y "falta de motivación suficiente"-convergen indudablemente desde diversos flancos al cuestionamiento del mérito asignado por los juzgadores de grado a las disposiciones legales de aplicación al caso, lo cual, como bien se sabe, escapa -por regla- al estrecho ámbito del recurso de inconstitucionalidad deducido.

En efecto, cabe consignar que el agravio de la defensa de S. centrado en la arbitrariedad en que habría incurrido supuestamente el A quo al denegar su solicitud del beneficio de la suspensión del juicio a prueba debe ser rechazado.

Ello así por cuanto que, más allá de que el planteo entraña indudablemente una cuestión de índole hermenéutica que por su propia naturaleza excede la órbita de la presente impugnación, lo cierto es que el discurso argumentativo expuesto por el compareciente -tendente a persuadir, en síntesis, acerca de que la Cámara omitió decidir cuestión planteada, tal, la inexistencia de disposición legal expresa que provoque la preclusión del derecho a solicitar la suspensión del juicio a prueba, y en definitiva, el A quo efectuó una interpretación irrazonable y restrictiva de la norma que consagra el derecho a peticionar dicho beneficio, al no establecerse limitación temporal alguna para ello-, no logra acreditar que los miembros del Tribunal hubiesen efectuado una exégesis irrazonable de las normas en juego.

Es que si se atiende a los propios términos de la decisión puesta en tela de juicio se desprende que la Cámara le dio debida respuesta al desechar el planteo del impugnante, considerando que "la naturaleza y finalidad del instituto permite sostener que la suspensión del juicio a prueba puede solicitarse mientras exista pendiente el juicio y ello no ocurre cuando se ha dictado sentencia que define el juicio, independientemente de su no firmeza por subsistencia del plazo o ejercicio de impugnaciones para recorrer las vías de revisión ordinaria o extraordinaria del fallo" (fs. 2/2vto.), apoyándose además en anteriores decisiones tanto de la propia Sala como de las restantes Salas de la Cámara que excluyen la aplicabilidad del instituto en caso de existencia de sentencia.

Frente a esta línea argumentativa de la Cámara, el impugnante pretende imponer la suya, pretendiendo que mientras no medie cosa juzgada material habrá proceso o juicio y resultará válida y temporánea la petición suspensiva del juicio a prueba, valiéndose para ello de argumentaciones genéricas -tal, que su postura se encontraría avalada por un fallo de esta Corte provincial, el cual, como bien afirma el A quo, no existe-, que no han sido Se advierte así, que los cuestionamientos de la impugnante tienen un neto corte interpretativo respecto de preceptos de derecho común, materia que por principio y, como reiteradamente lo tiene dicho esta Corte en consonancia con el criterio del más Alto Tribunal de la Nación, escapan a la órbita de los recursos extraordinarios, a menos que se demuestre arbitrariedad normativa, situación que, más allá de lo opinable, no acontece en la especie.

Vinculado a lo anterior, tampoco puede merecer favorable recepción la tacha de arbitrariedad enunciada bajo el rótulo "decidir cuestiones no planteadas", por cuanto según su parecer, lo afirmado por el Tribunal respecto de la complementariedad de la suspensión del juicio a prueba con la condenación condicional no había sido motivo de agravios. En relación a ello, cabe destacar que la Cámara le da respuesta a dicho reparo en la denegatoria diciendo que "El Tribunal no lo trata por ser una cuestión por sí misma planteada como motivo de agravios, sino como uno de los argumentos para la interpretación de la cuestión planteada" (fs. 24vto./25); poniendo énfasis en definitiva que "el recurrente desinterpreta la concreta fundamentación del Tribunal en la resolución recurrida..." (f. 25), fundamentos éstos que, por no haber recibido debida réplica por el quejoso en su presentación directa, quedan incólumes.

Colofón de todo lo expuesto, es dable recordar que las cuestiones interpretativas frente a la norma legal pertinente, pueden dar lugar a una deficiencia exegética que permite distinguir dos tipos de interpretaciones: arbitrarias y no arbitrarias, cada una con distintas manifestaciones. Evidentemente, sólo las primeras podrán habilitar el recurso de inconstitucionalidad. Y si bien es cierto que el deslinde entre una y otra no guarda la claridad y precisión que se pueden encontrar en otros temas vinculados a la doctrina de la arbitrariedad, un reencuadre del recurso extraordinario por interpretación arbitraria de la norma aconseja reservarlo, conforme con pautas señeras de la Corte, para desaciertos de gravedad extremas que descalifiquen a la sentencia como pronunciamiento judicial, precisamente para no abrir una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse todas las decisiones equivocadas (A. y S. T. 92, pág. 299; T.150, págs. 236/244; T. 151, págs. 248/251, etc.).

Siendo así, la tesis seguida por el Tribunal simplemente se inscribió en una de las posibles interpretaciones que, no obstante no conformar a los impugnantes, no aparece como grosera, absurda o irracional, por lo que el planteo queda reducido al desacuerdo de la recurrente para con el alcance atribuido al referido precepto, y sin que las alegaciones formuladas permitan tener por configurado un supuesto de excepción que autorice a apartarse del principio señalado y, como se anticipara, no puede dar cabida a la apertura de esta instancia excepcional.

En definitiva, no se advierte que el pronunciamiento impugnado hubiera incurrido en arbitrariedad alguna y así todo el planteo recursivo en estos aspectos se reduce al disenso del quejoso para con el razonamiento seguido por la Alzada, sin persuadir a este Cuerpo acerca de se haya configurado en el sub examine cuestión constitucional idónea que opere la apertura de la vía extraordinaria.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)