Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2009-12-23


Córdoba, diciembre 23 de 2009.

1º ¿Es procedente el recurso de la parte demandada? 2º ¿Qué se debe decidir respecto del interpuesto por la actora? 3º ¿En definitiva, qué resolución corresponde dictar? 1º cuestión.- La doctora Blanc de Arabel dijo:

1. Por ambas causales de casación se cuestiona el rechazo del art. 247 LCT como causa del despido, que se hizo lugar al agravamiento del art. 2 de la ley 25.323 y a diferencias en la indemnización por vacaciones no gozadas.

1.1. El recurrente denuncia que el Tribunal tergiversó los términos de la litis porque se basó en aspectos que no integraron la demanda ni su contestación. Dice que el procedimiento preventivo de crisis iniciado por la empresa no fue controvertido, ni se solicitó la aplicación de la sanción del art. 275 LCT. Tampoco sostuvieron los reclamantes que Ciucor haya omitido la explotación de otras actividades contempladas en su objeto social. Precisa que esta conclusión envuelve una lectura errónea de la cláusula del contrato que cita, pues el verdadero fin de la empresa consistía en desarrollar todas las actividades necesarias para atender la concesión del servicio público pactado con la Municipalidad. Por eso le impuso a la accionada una carga probatoria que no le era exigible y se ignoró que el Municipio es el que desencadenó la caída de las fuentes de trabajo al no dar trámite a la prórroga de la concesión.

1.2. El Tribunal rechazó la posibilidad de encuadrar los despidos de los reclamantes en la indemnización del art. 247 LCT. Negó también que la empleadora hubiera denunciado y luego demostrado razones de fuerza mayor y agregó que la causal invocada en las actuaciones notariales mediante las que comunicó la medida no podía ser cambiada con posterioridad. Resaltó que el procedimiento preventivo de crisis alegado no se ajustó a los arts. 98 a 105 de la ley 24.013 y Dctos. 2072/94 y 265/02. Además, la empresa conocía con precisión el plazo del vencimiento de la concesión por lo que la prórroga sólo era una posibilidad acordada a opción del Ente Público.

1.3. Lo reseñado revela que frente a la decisión, el recurrente únicamente expresa su disconformidad con parte de los argumentos sostenidos pero sin rebatirlos. Ello así, porque en su intento manipula distintas expresiones de la sentencia, tampoco consigue fundar el apartamiento de la litis que alega. La mera lectura de la demanda y su contestación indican la falta de sustento de su crítica, porque los actores objetaron expresamente el modo y las condiciones del desahucio. Adujeron que las razones de fuerza mayor no existieron, no se invocaron en la comunicación del cese ni se ajustaron a derecho, todo lo cual resultó avalado por el Tribunal de Mérito. Luego, en lo dirimente, la solución se ajustó a las cuestiones de hecho y derecho según fueron discutidas por las partes.

2.1. El mismo vicio acusa respecto a las diferencias en el rubro vacaciones no gozadas porque es falso que no fueron controvertidas. La demandada sostuvo que los actores eran mensualizados y negó que sus remuneraciones fueran variables, por lo que era de aplicación el inciso a) del art. 155 y no el b).

2.2. El planteo tampoco puede ser recibido. No compara el tratamiento dado por el Sentenciante a los distintos capítulos de la controversia con los términos que quedaron efectivamente confrontados por las partes. Sólo niega que en el escrito de contestación de la demanda se hubieran omitido las diferencias, lo que es irrelevante para modificar el sentido de la condena. Por otra parte, alude a los distintos incisos del art. 155 LCT, que regulan el cálculo de la retribución de las vacaciones, mientras que la decisión en el punto versa sobre la indemnización de las vacaciones no gozadas por la extinción del contrato laboral -art. 156 ib-. Resta añadir que nada aporta para neutralizar que se deben las diferencias reclamadas porque quedaron probadas, en la medida en que la patronal omitió la incidencia de las horas suplementarias indicadas en los recibos. En consecuencia, el embate deja en pie lo resuelto porque no se dirige contra los hechos y normas que le sirven de base.

3.1. Por la causal del art. 99 inc. 1ro. CPT dice que los demandantes se limitaron a cuestionar que la empleadora no adujó expresamente "fuerza mayor" en la comunicación del despido. Media una aplicación errónea del art. 243 LCT y un rigorismo excesivo. La legislación no exige una fórmula sacramental, sino el detalle expreso de los motivos de la ruptura, lo que fue cumplido. Pero el Tribunal fue más allá que los accionantes, quienes nunca se quejaron de la invalidez de la notificación por ambigua o cambiada. Tampoco era relevante el orden de prelación ya que la disolución afectó a la totalidad del personal. Insiste en que no era previsible para la empresa la decisión del Municipio de reasumir el servicio concesionado. Esa reestatización es un caso de fuerza mayor, por lo que el Juzgador se equivocó al definirlo como parte del riesgo empresario. Lo mismo, al entender que Ciucor no "agotó" el procedimiento preventivo de crisis. No surge de la normativa que debiera abstenerse de despedir hasta la conclusión del procedimiento. De todos modos, al momento de instrumentar el cese ya se habían cumplido largamente los pasos de la ley 24.013.

3.2. El recurrente no demuestra el error jurídico alegado. La sentencia declaró sin causa la medida extintiva por la falta de prueba de la plataforma fáctica necesaria para el art. 247 LCT, con lo que simplemente se discrepa, reiterando, en definitiva, la disconformidad expresada por una causal de recurso diferente. El énfasis puesto en que las instancias administrativas fueron debidamente cumplidas para respaldar la decisión patronal desconoce los hechos de la causa en función de los cuales el a quo resolvió lo contrario. La revisión de esa materia no concuerda con la causal de casación, más allá de que es vano el intento del presentante cuando justifica el motivo rescisorio en la terminación del contrato de concesión (ver Sent. Nº 148/01 de esta Sala). En resumen, para el a quo las condiciones de la concesión del servicio público fueron concertadas por la empresa. Por ende, su finalización estaba programada, era previsible y no puede considerarse como un acontecimiento de fuerza mayor.

4.1 Por último, el impugnante cuestiona la procedencia del recargo dispuesto en el art. 2 de la ley 25.323. Afirma que los despidos se debieron a la frustración de las gestiones para mantener la concesión, por lo que se trató de una causa objetiva.

4.2. El planteo debe admitirse. Esta Sala tiene dicho (Sent. Nº 87/07, entre otras) que es necesario examinar las circunstancias del despido para determinar la aplicabilidad del art. 2 de la ley Nº 25.323. En el caso, la ruptura fue el colofón de un dilatado periplo que incluyó negociaciones y actuaciones ante el Estado Municipal y la Secretaría de Trabajo con participación de los empleados y del sindicato. Por ello, sin perjuicio de que no se trata de un supuesto de fuerza mayor, es razonable y ajustado al principio de justicia hacer uso de la facultad que otorga la última parte del mencionado artículo y eliminar la indemnización a que se refiere.

Voto por la afirmativa en este último aspecto y por la negativa en lo demás.

El doctor Rubio dijo:

Coincido con la opinión expuesta por la señora vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.

El doctor García Allocco dijo:

A mi juicio es adecuada la respuesta que da la señora vocal doctora Blanc a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.

2º cuestión.- La doctora Blanc de Arabel dijo:

1. El recurrente con base en el art. 99 inc. 2do. CPT, en función del art. 65 inc. 2do. ib. alude también al principio de igualdad y afirma que la tasa de interés que se aplicó, del 0,5% mensual más el promedio de la tasa pasiva hasta el 1º de junio de 2006, es exigua y se aparta de la establecida por esta Sala a partir de "Hernández....".

2. El motivo de agravio es inadmisible pues el impugnante se basa particularmente en la jurisprudencia que mencionan pero no demuestra que las razones que esta Sala esgrimió en "Hernández..." sean pertinentes para avalar la modificación que persigue.

Voto pues por la negativa.

El doctor Rubio dijo:

Adhiero a las consideraciones expresadas en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo.

El doctor García Allocco dijo:

Comparto la postura que propone la señora vocal doctora Blanc a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera.

3º cuestión.- La doctora Blanc de Arabel dijo:

A mérito de la votación que antecede debe admitirse parcialmente el recurso de la parte demandada y casar el pronunciamiento en cuanto condenó al pago de la indemnización del art. 2 de la ley Nº 25.323. Rechazarlo en lo demás. Desestimar el remedio de la parte actora. Con costas por su orden atento al resultado al que se arriba. Los honorarios de los Dres. G. T. A. y P. J. J. P., en conjunto, y H. F., serán regulados en un treinta por ciento para cada representación de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 34, ley 8226, sobre lo que constituyó materia de impugnación (arts. 37, 38, y 104 íb.; 125 de la ley 9459), debiendo considerarse el art. 27 del CA.

El doctor Rubio dijo:

Estimo adecuada la solución a la que arriba la señora vocal preopinante. Por tanto, me expido en igual sentido.

El doctor García Allocco dijo:

Concuerdo con la decisión expuesta por la Sra. Vocal Dra. Blanc. En consecuencia, me pronuncio en la misma forma.

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral, resuelve: I. Admitir parcialmente el recurso de la parte demandada y casar el pronunciamiento con el alcance señalado. II. No hacer a la demanda en cuanto perseguía el pago de la indemnización del art. 2 de la ley Nº 25.323. III. Rechazarlo en lo demás. IV. Desestimar el remedio de la actora. V. Con costas por su orden. VI. Disponer que los honorarios de los Dres. G. T. A. y P. J. J. P., en conjunto, y H. F., sean regulados por la Sala a quo en un treinta por ciento para cada representación de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 34, ley 8226, sobre lo que constituyó materia de discusión. Deberá considerarse el art. 27 del CA VII. Protocolícese y bajen.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el señor Presidente y los señores Vocales, todo por ante mí, de lo que doy fe.- Luis E. Rubio.- Carlos F. García Allocco.- Mercedes Blanc de Arabel.