Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 238/241.

Santa Fe, 8 de mayo del año 2018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra las sentencias nros. 113 y 114, ambas de fecha 27 de abril de 2017, dictadas por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela, en autos "MAHLE METAL LEVE S.A. y MAHLE METAL LEVE G.M.B.H. contra DE WINNE, Marcelo Horacio -Prescripción- (Expte. 193/16)" (Expte. C.S.J. CUIJ nro. 21-00511573-3); y,	CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que mediante resolución nro. 113 de fecha 27.04.2017 la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela resolvió rechazar los recursos de nulidad y apelación opuestos por la actora y confirmar en todos sus términos el fallo elevado, por el cual, en su momento, se había desestimado la impugnación de esa misma parte contra la liquidación efectuada por la A.P.I. comprensiva de las tasas de justicia y actuación a tributar por la deducción de la medida declarativa de prescripción, más intereses resarcitorios y punitorios.

A su vez, la Cámara también dictó en igual fecha la resolución nro. 114 rechazando el recurso de apelación deducido por la accionante, y confirmando, por ende, la decisión alzada, con costas. En este caso, el juez de baja instancia había decidido: a) hacer lugar a la incidencia planteada por el demandado invocando litispendencia y acumulación de autos, con costas a la actora; b) desestimar el recurso de reposición opuesto por la actora, y c) desestimar el recurso de reposición con apelación en subsidio, opuesto por el demandado.

Contra estos resolutorios la accionante dedujo recurso de inconstitucionalidad por considerar que los mismos le agravian directamente al privarla de su derecho a exigir y obtener una decisión eficaz, en tiempo razonable, vulnerando así sus derechos de defensa en juicio y al debido proceso, con gravedad institucional.

Alegó que las decisiones no constituyen derivación razonada del derecho vigente, aplicado a los hechos de la causa, así como no reúnen las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción.

En ese orden, sostuvo que las respectivas resoluciones que impugna omitieron considerar y decidir cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para otra solución del pleito, como lo son su derecho a obtener un pronunciamiento oportuno y eficaz, exponiendo al respecto citas jurisprudenciales y doctrinarias.

Afirmó que el tema debatido reviste gravedad institucional, desde que el mismo excede los intereses particulares de las partes, como también el marco de las normas de derecho común. Aludió en el punto a que la decisión que se adopte afectará en definitiva a los trabajadores de las sociedades actoras, a sus familias, mediatamente a la ciudad de Rafaela y a toda la actividad industrial y exportadora, como también al Poder Judicial y su actividad jurisdiccional. Por último advirtió que compromete internacionalmente a la Provincia y a la Nación.

Señaló que la resolución incurrió en afirmaciones dogmáticas al fundar su razonamiento en la "existencia de consecuencias económicas", contradiciendo además doctrina de la Corte Suprema de Justicia local consistente en que si la existencia de consecuencias patrimoniales directas no puede constatarse inmediatamente, debe considerarse causa no susceptible de apreciación pecuniaria (A. y S. T. 136, pág. 240).

En cuanto a este tema puntualizó que no puede considerarse consecuencia directa ni inmediata a una "...potencial e inverosímil condena contra sus mandantes en otros autos, en los que ni siquiera se ha integrado la litis y estuvieron paralizados durante años por el trámite de un beneficio de pobreza anterior...".

Así observó que resulta innegable que la sentencia que aquí se obtenga no es susceptible de ejecución, ni altera la situación de hecho, sino que el interés de la actora se agota con la declaración que demandan.

Advirtió que la Administración Provincial de Impuestos varió su dictamen sin que la situación del proceso se modificara.

Aseveró que la Alzada citó normas que no guardan ninguna relación con la causa, como así también precedentes que no corresponden a juicios declarativos sino a casos de condena por repetición fiscal.

Expresó que el aquí demandado mediante una conducta procesal de inacción en los autos que promovió -"De Winne c. ..."-, modifica los plazos de prescripción.

Consideró como una apreciación totalmente antojadiza del Tribunal la afirmación vertida en la sentencia referente a la existencia de un "Grupo Mahle", el cual no existe como sujeto, siendo los litigantes las sociedades individualizadas al demandar. Refirió también como infundada la argumentación atinente a que lo que se resuelva en esta acción operaría con fuerza de cosa juzgada en la promovida por el aquí demandado.

Evaluó que lo decidido importa la derogación del artículo 540 del C.P.C.C. al privarlo totalmente de efectos y eliminar sus consecuencias. También acusó que vulnera los artículos 138,139 y 140 del mismo Código en cuanto prohíben tratar y resolver como cuestiones de previo y especial pronunciamiento otras excepciones que las taxativamente enumeradas en la norma del 139 citado.

También cuestionó lo razonado por la Cámara en cuanto a la llamada "litispendencia por conexidad" ya que entendió el recurrente que en realidad se trata de una acumulación de procesos, excluida en el caso de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 340, inciso 1?, del Código de Procedimientos, por tratarse de procedimientos distintos. Señaló que lo resuelto implica prescindir del texto legal aplicable.

Alegó que el Tribunal incurrió en autocontradicción al resolver en el mismo día y por autos de numeración sucesiva por un lado que su parte está obligada al pago de tasas en el presente juicio respecto del cual, en la subsiguiente resolución, se ordenó su acumulación a otro juicio en el que el pago de las tasas le corresponde al aquí demandado. Conforme ello entendió que se configura una doble imposición para un único hecho imponible.

2. La Cámara por auto nro. 275, de fecha 26.09.2017, resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por considerar que el mismo no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia que establece el artículo 1 de la Ley 7.055.

3. Se adelanta que el presente recurso de queja no ha de tener favorable acogida.

Y ello es así por cuanto, tal como surge del relato de los agravios esgrimidos por la recurrente como de la lectura de las resoluciones impugnadas y de las demás constancias de autos, las cuestiones debatidas y resueltas remiten a temas de indudable índole procesal, circunstancia que determina, en principio, que resulten ser ajenas a esta instancia de excepción.

En efecto, tanto la decisión por la cual la Cámara desestimó los recursos de nulidad y apelación deducidos por los accionantes y ordenó el pago de la tasa de justicia y actuaciones como el impuesto de sellos, de conformidad a la liquidación actualizada realizada por la A.P.I., como la resolución consistente en la declaración de litispendencia por conexidad entre este juicio y el caratulado "De Winne, Marcelo Horacio c. Valsagna, Rubén Ángel y otros s. Ordinario", resultan abarcadas por aquella naturaleza, sin que se advierta la configuración de un supuesto que permita excepcionar aquella regla.

Es que, la impugnante no logra acreditar que lo resuelto frustre sus derechos de acceso a la jurisdicción y de defensa en juicio, en tanto insistiendo con la aseveración de que la acción que interpuso no cuenta con contenido económico y endilgando a las decisiones supuestos vicios -dogmatismo, autocontradicción, omisión de tratamiento- deja sin respuesta idónea lo razonado en cuanto a que "...De lo escrito por el propio actor, surge con indiscutible claridad que la declaración que se pretende .... tiene una consecuencia de naturaleza económica...", detallando los sentenciantes cuáles serían las mismas tanto si las actoras resultan gananciosas o no, frente a lo que concluyeron que el presente proceso queda alcanzado por el Código Fiscal y por la Ley Impositiva Anual.

En ese mismo orden, se advierte que las alegaciones recursivas concernientes a la ausencia de consecuencias económicas directas e inmediatas en su pretensión, quedan limitadas a la disconformidad con la decisión de la Alzada, puesto que, conforme surge del expediente, constituyen la reiteración de agravios ya expresados en las instancias inferiores y que merecieron el tratamiento y resolución correspondiente, en todo lo cual no se observan -como se señaló- las arbitrariedades endilgadas.

A su vez, los reproches esgrimidos contra la decisión de declarar la litispendencia por conexidad tampoco cuentan con idoneidad constitucional en tanto no desmerecen en modo alguno lo razonado por los juzgadores para adoptar aquélla, como tampoco evidencian el menoscabo que la misma pudiera causarle a la parte.

En consecuencia, además de lo sostenido en relación al carácter procedimental de las sentencias atacadas, sin que pueda afirmarse que la interpretación efectuada de las normas instrumentales aplicables conduzca a la frustración de garantías constitucionales, en definitiva los cuestionamientos tal como fueron expuestos sólo evidencian la discrepancia de la presentante, circunstancia que determina la desestimación de su recurso.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)