marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ Dino Heriberto y Otro c/ Condor Propiedades S.A. y Otro s/ Resolucion de Contrato - III Cpo.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-06-22

"Si bien no existe norma legal específica que contemple los efectos de la resolución de contratos cumplidos parcialmente con prestaciones recíprocas consistentes en obligaciones indivisibles; ello surge del análisis sistemático de las disposiciones del C.Civil: El contratante cumplidor tiene la opción, ante el incumplimiento de la contraria, de exigir el cumplimiento de negocio válido o solicitar la resolución.

Efectuada la opción por la última alternativa los pagos ya efectuados deben ser considerados hechos sin causa, porque tuvieron lugar en consideración a una causa que ha dejado de existir (art. 499 del C.Civil). La resolución por incumplimiento, priva a la compraventa de eficacia, haciendo exigible la restitución recíproca de las prestaciones.

Es decir, acaecida la resolución, y no tratándose del caso de excepción del art. 1204 del C.Civil, opera la retroacción de sus efectos, obligando a las partes a restituirse recíprocamente las prestaciones cumplidas antes de la misma; su fin práctico es colocar a las partes en la misma posición que tenían cuando celebraron la convención resuelta; así el comprador debe devolver la posesión del inmueble y el vendedor accionante restituir la parte del precio recibida del comprador.

3.- No corresponde considerar que- antes de operarse la resolución- elcontratante "incumplidor" ha sido "poseedor de mala fe", de aquellas. Por lo tanto es a partir de la fecha en que se declara resuelto el negocio jurídico que adeuda los frutos civiles, por la ocupación indebida, (arts. 2423 in fine del C.Civil) equivalentes a los alquileres más sus intereses.

Si el demandado incumplidor no debe devolver los frutos civiles anteriores a la resolución, porque no ha sido poseedor de mala fe, es obvio que tampoco el vendedor, que representa la parte cumplidora, deberá hasta la fecha de resolución, devolver intereses de la parte del precio recibido, debiendo sólo los intereses, por el uso del dinero luego de resuelto el negocio jurídico.

4.- Estando presumida iuris tantum por la ley la culpa del comprador moroso en el incumplimiento de las obligaciones contractuales, lo único que debe probar el acreedor es el incumplimiento del deudor.

Establecido ello, queda admitida la culpa de éste que va implícita en ese incumplimiento. Si el deudor quiere excusar su responsabilidad debe demostrar que el incumplimiento de la obligación que materialmente ha obrado, no le es imputable por haber sido una imposición proveniente de un caso fortuito, o fuerza mayor, está de los contrario obligado a responder por los daños y perjuicios irrogados.
Contrato de trabajo, principios laborales, in dubio pro operario, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Baratay, Carlos Oscar. c/ Alpargatas S.A.I.C. s/ Indemnización por despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1992-09-22

Conforme a la ley de contrato de trabajo, el régimen de conglobamiento por instituciones acogida por la misma, implica la elección de la norma más favorable al trabajador,en su totalidad, sin aplicarla parcialmente, ni escindir su contenido. Teniendo presente asimismo que la aplicación del principio pro operario que indica que en caso de duda sobre la interpretación o alcance de una ley, debe decidirse en el sentido más conveniente para el trabajador, la procedencia de tal principio queda limitada solamente a los casos de duda, y no pretender la aplicación de dicha disposición legal sin más, siempre que sea favorable al trabajador.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, derivación no razonada del derecho vigente, choferes, convenios colectivos de trabajo, inhabilitación para conducir, extinción del contrato de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: HOLZMANS, NORBERTO ROGELIO c/ NUEVA EMPRESA CIUDAD DE ESPERANZA S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-22

La específica normativa que rige a los choferes de las empresas de transporte -que, conforme a lo establecido en el artículo 17 del Convenio Colectivo 372/73, bajo el título "situación emergente de accidentes de tránsito", establece que si la inhabilitación fuere no condicional, esto es, de aplicación real, el afectado continuará de guarda con el sueldo correspondiente a esta función por todo el tiempo de la inhabilitación, sin derecho al reintegro por diferencia de sueldo y en el caso de no existir vacantes de guarda u otra ocupación, transcurrido los tres primeros meses (3), su situación quedará supeditada a lo que establecen las leyes sobre la materia- resulta aplicable al sub exámine, de modo que, a partir de la causal consignada en el telegrama de extinción contractual -consistente en la inhabilitación para conducir del trabajador-, y la normativa aplicable al caso, la tarea jurisdiccional se ceñía a determinar la legitimidad del distracto laboral con sustento en una adecuada valoración conglobante de la normativa aplicable en relación a las circunstancias fácticas alegadas y corroboradas en autos, como así también las consecuencias jurídicas derivadas de dicho acto extintivo. Sin embargo, si bien el A quo partió de destacar la inhabilitación para conducir -pareciendo señalar un camino enderezado a su valoración y en tren de desentrañar la pregunta nuclear del pleito, esto es, si la causal del distracto invocada por el empleador justificaba o no la extinción contractual-, a renglón seguido coarta su inicial razonamiento para aseverar que la conducta del trabajador generó una pérdida de confianza en la empleadora que impidió la prosecución de la relación laboral. (Del voto del Dr. Netri, al que adhirieron los Dres. Spuler, Gutiérrez y Gastaldi)
Doble instancia, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: L.M., E. c/ A. SA s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-22

La segunda instancia es sólo un medio de revisión del pronunciamiento emitido en primera instancia y no una renovación plena del debate, por lo que quedan fuera de la decisión del tribunal de alzada los temas extraños a los términos a los escritos de constitución del proceso, aunque se los introduzca bajo la apariencia de meros argumentos de derecho.
Forma del acto jurídico, instrumentos privados
Materia: CIVIL
Carátula: Coria, Carlos Arsenio c/ Esperanza del Mar S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-30

La calidad de instrumento privado no se pierde por su incorporación a un expediente administrativo, ya que no toda actuación administrativa es instrumento público, la que requiere el cumplimiento de determinados recaudos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, obligaciones, trabajador, remuneración, antigüedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BARBERO, RAMON ADAN c/ EMPRESA RECREO S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-18

Los reproches vertidos por la recurrente por los que cuestiona la interpretación asignada por la Alzada a la normativa que encontró aplicable al caso y los relacionados con la antigüedad que le fue reconocida al trabajador, no revisten matiz constitucional suficiente para permitir la apertura de esta instancia de excepción, pues de la confrontación de los fundamentos del fallo impugnado con las tachas alegadas, solo se advierte el disenso con lo argumentado por la Sala, que -tras remarcar que el derecho al reconocimiento de la antigüedad no se origina en el artículo 225 de la ley 20744 sino en el negocio jurídico de la concesión- estimó que al haber asumido la empresa demandada el tramo de la línea de transporte urbano absorbiendo al personal sin hacer mención a la antigüedad, a su vez se obligó al resto del combo normativo local referido a la Concesión de Líneas de Transporte Urbano, incluyendo la ordenanza número 9833, que en el inciso d del artículo 31 incluye, dentro de las obligaciones especiales del concesionario, la de absorber la totalidad del personal que prestaba servicio en la anterior permisionaria de la línea que hubiere adjudicado, debiendo respetar su antigüedad y demás beneficios aplicables a la materia. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 225; Decreto 768 y Ordenanza 9833 de la Municipalidad de Santa Fe.
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, obligaciones del Estado miembro, recomendaciones de organismos internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial - Recomendación general N° 35 - La lucha contra el odio racista c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2013-09-26

El discurso de odio racista adopta múltiples formas y no está limitado a las expresiones explícitamente raciales, pudiendo emplearse un lenguaje indirecto para disimular sus metas y objetivos, por lo que los Estados Parte en la Convención se encuentran especialmente obligados a prestar la atención debida a cualquier manifestación del discurso de odio racista, adoptando medidas eficaces para su erradicación, provenga de individuos o grupos y bajo cualquier forma en que se manifieste, oral o impresa, a través de medios electrónicos como Internet y redes sociales, o mediante formas de expresión no verbales, como la exhibición de símbolos, imágenes y comportamientos racistas en reuniones públicas, lo que incluye los eventos deportivos.

Fuente del sumario: SAIJ
Reincidencia, constitucionalidad, impulso procesal, acuerdo de juicio abreviado
Materia: PENAL
Carátula: Rojas, Ricardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-22

Debe rechazarse la tacha de inconstitucionalidad del art. 50 C.P., pues el mayor reproche al autor reincidente se fundamenta en el desprecio que manifiesta por la pena privativa de libertad que, pese a haberla sufrido con anterioridad y de forma efectiva, vuelve a cometer el delito amenazado con esa clase de pena. La pena de reclusión por tiempo indeterminado art. 52 CP es una clara manifestación del derecho penal de autor, ya que apunta a encerrar a una persona, bajo un régimen carcelario, y por un tiempo mucho mayor al que correspondería de acuerdo con la pena establecida para el delito cometido, debido a la forma en que conduce su vida, que el Estado decide considerar culpable o peligrosa. Si bien la declaración de reincidencia que corresponda efectuar en orden a lo establecido por el art. 50 C.P. no puede considerarse legalmente abarcada por el acuerdo de juicio abreviado, en tanto alternativa para llegar a la condena sin transcurrir por el juicio oral, ello no permite soslayar la celebración de una audiencia a efectos de garantizar el derecho de defensa en juicio. Frente a la declaración de inconstitucionalidad del art. 52 C.P., es abstracto el agravio relativo a que el tribunal no se halla habilitado para imponer la pena accesoria que dicha norma regula, cuando en el marco de un acuerdo abreviado, el fiscal no lo solicitó. El voto concurrente señaló que la intervención del tribunal impulsando el procedimiento con posterioridad a la conclusión del acuerdo del juicio abreviado a fin de hacer efectiva la declaración de reincidencia constituyó un apartamiento de su rol de órgano imparcial y una sustitución del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado cuya actuación le corresponde al Ministerio Público Fiscal, pues para la declaración de reincidencia resulta indispensable su introducción como cuestión a decidir en el requerimiento de elevación a juicio y su tratamiento en todas las etapas que le siguen, concluyendo en una decisión expresa del tribunal que consume su jurisdicción sobre el punto con efecto preclusivo. (Dres. Hornos, Diez Ojeda -según su voto- y González Palazzo).
Hábeas data, organismos del Estado, fuerzas de seguridad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ganora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

El art. 43, tercer párrafo, de la Constitución Nacional protege aquellos datos que no se encuentran "al alcance de los particulares", obrantes en las fuerzas y los organismos de seguridad y que para obtenerlos sea necesario interponer esta acción (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Empleados públicos, responsabilidad del funcionario público, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, prescripción bienal
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: M.C.B.A. c/ TRAVERSI RODOLFO Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-11

Los perjuicios ocasionados al Estado por un agente público, con motivo o en ejercicio de sus funciones, genera un tipo de responsabilidad "contractual" en virtud de la naturaleza jurídica de la relación de empleo público, cual es un contrato administrativo de función pública, de suerte tal que resulta inaplicable lo preceptuado en el art. 1112 del Código Civil, atinente a la responsabilidad extracontractual (arg. art. 1107 del Cód. Civil;

Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", t. III-B, pág. 392;

Llambías, "Tratado de Derecho Civil-Obligaciones ", t. IV-B, p.120) Dicha norma ampara, a los administrados y a los otros funcionarios que hubieren sufrido daños, pero no al Estado, porque en ese supuesto los daños derivarían del incumplimiento de las obligaciones convencionales constituidas por la relación de empleo público (conf.

Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni "Código Civil Comentado, Anotado y Concordado" t. 5, p. 409; Llambías, op. y loc. cit.).

A la cuestión debatida entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y quien fuera funcionario público, resulta inaplicable el plazo de prescripción previsto en el art. 4037 del Código Civil, toda vez que dicha norma rige la acción por responsabilidad extracontractual, y si en cambio la decenal que surge del art. 4023 del Código Civil.
Régimen jubilatorio, régimen de capitalización, renta vitalicia previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Benedetti, Estela Sara c/ P.E.N. ley 25.561 dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-16

El deber de respetar la integridad del capital de un crédito es el límite que la Corte ha impuesto al ejercicio de las atribuciones estatales de emergencia y que consiste en el deber de respetar la "sustancia" de los derechos, y ni la mayor o menor suerte de las inversiones que haya practicado el deudor con el capital recibido, ni la influencia que en ellas puedan haber tenido las regulaciones gubernamentales, o incluso la crisis que atravesó el país a principios de 2002, constituyen una razón válida para recortar los derechos que tiene el acreedor de la renta vitalicia, trasladándole un quebranto que forma parte del riesgo contractualmente asumido por el deudor (Del voto de la Dra. Carmen M. Argibay).
Ofrecimiento de la prueba, apreciación de la prueba, facultades del juez, instrucción
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Compañía Colonizadora del Norte SA c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de cooperativa de servicios públicos de wanda tlda
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

Cuando se ofrece trasladar a un juicio civil o comercial prueba producida en una instrucción penal el juez que entiende en la acción civil conserva la facultad de apreciar su valor libremente y las partes el derecho a contraprobar; y no importa si el proceso penal ha o no concluido pues sólo se tiene en cuenta que la prueba haya sido pública, contradicha y formalmente practicada (Frigorífico Moreno SA s/ Quiebra c/ Rawsing Company SA del 6.12.12, Devis Echandía, Hernando; "Teoría general de la prueba judicial", año 1976, T° I, pág. 374). En similar línea, la CSJN desde hace tiempo sostiene un criterio flexible en el sentido de admitir y valorar con amplitud en el juicio civil los medios de prueba de la causa penal, por cuanto ha considerado que la prueba acumulada en lo criminal, es invocable para la decisión del posterior pleito civil cuando la demandada ha tenido oportuna noticia del ofrecimiento de esa prueba y ha podido producir la que convenía a su derecho para desvirtuarla (Fallos 182:502,187:627, 188:7, 182:531, 219:55).
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, incumplimiento del contrato, seguros, rechazo del reclamo, siniestro, trabajador, empleador
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Masip, Eduardo Alejandro  c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-06

Ello así, pues conforme surge de la pericia contable, la documental y la informativa, el actor explota comercialmente una heladería en la que el trabajador accidentado era su único empleado. En esas circunstancias, y considerando especialmente el volumen de su negocio, es dable tener por probado que el rechazo de la cobertura repercutió negativamente en su estado de sentir. En efecto, la conducta de la aseguradora frustró sus legítimas expectativas de que frente a un accidente laboral de su empleado se encontraría resguardado de sus consecuencias patrimoniales en virtud de la cobertura contratada.
Delito de acción privada, abandono de la querella, extinción de la acción penal, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Gont, Elena B. s/ Delitos de Acción Privada - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

El abandono de la querella en delitos de acción privada no conlleva el sobreseimiento definitivo, porque no puede equipararse o significar el desistimiento o perdón del ofendido previsto por el art. 443 inc. 7 del C.P.M.P.

Son inconstitucionales las normas procesales que autorizan a declarar extinguida la acción penal en delitos de acción privada por inactividad de las partes al estar esta materia reservada al Congreso Nacional de acuerdo al art. 67 inc. 11 de la C.N., pudiendo tan solo establecer en tal caso la caducidad del derecho a cuyo ejercicio se insta y aun cancelar definitivamente la secuela.
Impugnabilidad objetiva, fundamentación insuficiente, inadmisibilidad formal
Materia: PENAL
Carátula: Valles, Silvia Susana c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-14

El voto concurrente expresó que, más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, toda vez que la parte se limita a alegar su disconformidad genérica con el a quo, sin expresar razones concretas y fundadas que permitan conmover lo decidido, el recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible por carecer de la debida fundamentación requerida por el artículo 463 del C.P.P.N. (Dres. Borinsky y Hornos -según su voto-).
Recurso de queja (procesal), plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: TALLERES METALURGICOS NAVALES ANGLO ARGENTINOS S.A. s/ QUIEBRA  SOBRE  INCIDENTE  DE REVISION PROMIVIDO POR BANCO ENTRE  RIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-28

Corresponde desestimar la queja si de las constancias de la misma surge que fue presentada ante la Corte cuando ya se hallaba vencido el plazo pertinente, a lo cual no obsta su anterior presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
Propiedad intelectual, reproducción de fonogramas, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Mangiante, Guillermo Eduardo c/ AADI  -  CAPIF  Asociación Civil Recaudadora s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

La expresión "discos fonográficos" obedece al lenguaje propio del estado de los avances técnicos en la época de la sanción de la ley 11.723 y no a la intención del legislador de proteger al mero soporte material de la obra pero no a la obra en sí, cuando precisamente lo que constituye el objeto de la protección es la "creación", es decir, un fruto o resultado que a su vez necesita una materialización original, sin que ello signifique que el objeto de la protección se confunda con el medio material de expresión.
Personal militar, daños y perjuicios, accidente en acto de servicio, indemnización, haber de retiro
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernando Raúl GUNTHER c/ ESTADO NACIONAL (EJERCITO ARGENTINO) s/ SERVICIO  MILITAR  -  DAÑOS Y PERJUICIOS - TRABAJO - RETIRO MILITAR -  DERECHO ADMINISTRATIVO  -  RESPONSABILIDAD  EXTRACONTRACTUAL - ESTADO  NACIONAL - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

Los vocablos "retiro" y "pensión" no se asocian con la idea de resarcimiento, reparación o indemnización, sino que poseen una notoria resonancia previsional, referida tanto a quienes, sea por su edad o por incapacidad, deban abandonar el servicio, como aquéllos a los que el ordenamiento confiere beneficios que nacen en su cabeza como secuela del fallecimiento de un pariente de los allí enumerados.
Obligaciones del empleador, pago de la remuneración, prestación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Ferreyra, Rufino Perfecto y Otros c/ Sitma S.A. s/ Cobro Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-27

No cabe duda que el deber principal del empleador es pagar la remuneración en los plazos y condiciones previstos legalmente. Se trata de un elemento esencial, es una de las características definitorias del contrato de trabajo. Por tal razón, la adopción de la medida de retención de servicios, ante la principal obligación de la empleadora, no resulte desproporcionada. Si los servicios se encuentran prestados, es facultad del trabajador retener servicios futuros ante la falta de pago, resultando ésta lícita.
Intervención de terceros, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Leguizamón, Sara Asunta c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad Diferencias Salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-02-23

El derecho de citar a terceros a juicio compete exclusivamente a quien presume que debe ser coadyuvado en su postura; esto es, al actor cuando el tercero debe venir en el pleito en apoyo de la demanda, y al demandado, cuando el tercero debe venir en apoyo del rechazo de la demanda.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, error judicial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: JOCKEY CLUB PCIA. DE BUENOS AIRES s/ SENTENCIAS  ARBITRARIAS  -  ERROR  -  ESTADO  NACIONAL  -  RECURSO DE  APELACION  -  ACTO  ADMINISTRATIVO  -  COSTAS - MINISTERIO DE TRABAJO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

La discrepancia del recurrente con el criterio seguido por los jueces de la causa en la valoración de las circunstancias del caso, en la apreciación de la conducta atribuida a la imputada y en la inteligencia asignada a las normas no federales aplicadas, no sustenta la tacha de arbitrariedad, aun cuando se invoque error en la solución.