Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-03


NEUQUEN, 3 de Febrero de 2009.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "BARBERO JUAN Y OTROS C/ CODEP SRL Y OTRO S/ COBRO DE HABERES" (EXP. Nº 163182/96) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL Nº3 a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Luis E. SILVA ZAMBRANO con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO DE GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Luis E. SILVA ZAMBRANO dijo:

1.- La sentencia de primera instancia hizo lugar a la pretensión indemnizatoria por despido indirecto y cobro de diferencia de haberes, condenando solidariamente a ambas demandadas.

2.- El fallo resulta apelado por la codemandada YPF SA quien, en extensa expresión de agravios, cuestiona la atribución de responsabilidad solidaria que a su respecto se ha establecido.

Afirma que es sorprendente que el a quo funde su sentencia en la consideración de que las actividades hoy cumplidas por Codep las realizaba antes YPF S.A. y que la primera se encuentra conformada por exempleados de la segunda.

Sostiene que YPF produjo dentro de sí una reestructuración para efectuar solamente su actividad esencial, desligándose de actividades que no lo eran (hospital, proveeduría etc) y que la función de Baterista recolector que realizaban los actores es una petrolera pero secundaria a los fines comerciales de la recurrente. Que ellos reconocieron expresamente que efectuaron tareas que nada tienen que ver con las normales y específicas de la apelante.

Y remarca que ni CODEP SRL ni los actores han realizado actividad de índole petrolera.

Cita luego jurisprudencia y concluye que la labor desempeñada no se corresponde con la actividad principal de YPF S.A.

3. También he de considerar la apelación en subsidio presentada por los actores a fs. 470/471. Ello a los efectos de evitar nulidades en el proceso (art. 53 inc. 5 apartado b, del CPCC). Allí los Sres. Cofre y Cortez, quienes habían realizado un acuerdo a fs. 445, homologado a fs. 450, peticionan que se deje sin efecto el mismo en razón del incumplimiento de lo pactado por la codemandada CODEP SRL.

III.- Comenzaré el estudio por el recurso de YPF S.A. Entiendo que el mismo no logra conmover la solidez de la sentencia de grado.

Es criterio por mí sostenido que el pronunciamiento de la CSN in re 'Rodríguez v. Embotelladora' constituye, a la par que un hito, un giro casi 'copernicano' en el ámbito de la responsabilidad generada en las relaciones laborales, particularmente, en materia de aplicación del art.30 LCT porque, en efecto, lo que el Alto Tribunal se plantea en él es el discernimiento prudencial, en cada caso concreto, de hasta dónde habrá de extenderse la solidaridad que la norma consagra a partir de su carácter incuestionablemente excepcional.

En buen romance, es necesario en cada caso concreto determinar la existencia o no de solidaridad, es decir si se trata o no de actividades normales y específicas.

"Claro que la misma naturaleza de la cuestión torna sumamente dificultoso ensayar una propuesta pero, creo, que en ese orden podría tal vez hablarse de una inmediatez, no física sino con el alcance de una íntima afinidad entre la actividad que presta el contratista y la que desempeña el comitente como 'normal, específica y propia' de su establecimiento. O, mejor aún, de una contribución jurídicamente relevante por parte del contratista en relación a dicha actividad específica del empresario principal. (Respecto de la 'causalidad' en el ámbito de la responsabilidad civil, véase Llambías, 'Obligaciones', T.III, pág.713; Boffi Boggero 'Tratado de las Obligaciones', T.2, p.338/339 y 340; id. en referencia al D. Penal, P.311; en este último campo, Welzel 'Derecho Penal Alemán', 12° Ed. Y 3° Castellana, Ed. Jurídica de Chile, P.66).

Ahora bien, en el presente, a diferencia de los precedentes "Bustos v. Cotepisa" y "Aravena v. Grúas y Montajes" (Sala II, PS 2001-III-418/423 y PS.2002-III-587/594, n°160, respectivamente) estimo que la naturaleza de la actividad de la contratista -mantenimiento de pozos y operaciones de batería (Cuello, fs. 356; Barro, fs. 357; Moya, fs. 358 y Bordón, fs. 359)- se encuentra tan íntimamente ligada con la que lleva a cabo la codemandada que se agravia, de "explotación" de yacimientos petrolíferos, "actividad normal y específica" (Art.30 LCT). La propia parte, al contestar demanda, reconoce expresamente que su actividad normal y específica es la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos (fs.188vta).

A ello se suma que la actividad se encuentra dentro del Convenio Colectivo de las partes como actividad propia de la explotación de petróleo (art. 42 título II del CCT).

Insisto: la actividad de los actores era la de controlar el correcto funcionamiento y la producción de los hidrocarburos en cada pozo, siendo una función esencial para la finalidad empresarial de la demandada, cual es, reitero, la explotación de yacimientos petrolíferos.

En autos es claro que son actividades o servicios prestados que hacen a la actividad normal y específica de la codemandada YPF S.A. y, por ende, son esenciales para el giro comercial de la misma.

Arribo entonces a la conclusión de que la apelación debe ser rechazada.

IV.- En relación al recurso de los Sres. Cortez y Cofré, corresponde hacerles lugar ya que el acuerdo de fs.445, homologado con relación a ellos dos, contenía una condición muy clara.

Esta cláusula disponía: "Los actores y profesionales de la actora, desisten de la acción respecto a YPF SA, desistimiento sujeto a la condición resolutoria de cumplimiento total del acuerdo celebrado en autos con la demandada principal CODEP SRL. Para el supuesto incumplimiento total o parcial del acuerdo celebrado, las partes aceptan la continuación de las actuaciones en idéntico estado procesal previo a la firma del presente, incluido el reclamo de eventual responsabilidad solidaria de la codemandada YPF S.A." Es claro, entonces, que producido el incumplimiento por la demandada CODEP, el acuerdo arribado entre las partes pierde efecto en virtud de la condición establecida en el mismo que es ley para ellas (art 1197 CC) y las circunstancias procesales se retrotraen a los acaecidos con anterioridad a aquel.

Por ello retoma vigencia con respecto a estos dos actores la sentencia recaída en autos y la apelación de YPF S.A., quedando así en un pie de igualdad con los sucesores del Sr. Barbero Juan.

Así la sentencia de grado y su confirmación en esta instancia tienen pleno efecto respecto de todos los actores y ambos codemandados.

Propongo pues, al acuerdo, confirmar la sentencia de grado, con costas a la demandada. Regular los honorarios de Alzada de conformidad con el ar.15 LA. El Dr.Lorenzo W. GARCIA dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome en igual sentido.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 418/421 en cuanto ha sido materia de recurso y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada a la demandada (art. 17, Ley Nº921).

3.- Regular los honorarios de Alzada ... (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr.Luis SILVA ZAMBRANO - Dr. Lorenzo W. GARCIA Dra.Mónica MORALEJO - SECRETARIA.