marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento tributario, condonación de sanciones, multa tributaria, regímenes de presentación espontánea, ley penal más benigna
Materia: TRIBUTARIO-PENAL
Carátula: Clave Plast S.A. c/ D.G.I. s/ T.F.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

Corresponde declarar condonada la multa impuesta por la D.G.I.

en los términos del art.46 de la ley 11.683 por aplicarse al caso como ley penal más benigna las disposiciones del régimen de presentación espontánea dispuesta por el decreto 316/95.
Salud mental, pericia médica
Materia: CIVIL
Carátula: A. , R.I. c/  s/ Insania. Curatela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-09

El concepto de salud mental ha dejado de ser una noción estrictamente pericial para pasar a tener un contenido mucho más amplio (conf. Preámbulo, arts. 1, 3, 4, 12, 26 y ccdtes., CDPD) (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
Regulación de honorarios, base regulatoria, interventor judicial, pautas
Materia: PROCESAL
Carátula: LOOSE, O. c/ MAIDANA, C. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-25

De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 15 y 16 de la ley 21.839, los honorarios de los interventores deben regularse, en principio, tomando como base las utilidades realizadas durante su desempeño. En circunstancias especiales, cuando el estipendio resultante fuera excesivamente elevado o reducido, podrá aplicarse el criterio de tener en cuenta, total o parcialmente, además de las pautas del art. 6º, el valor de los ingresos efectivamente recaudados y el lapso de actuación. En tales condiciones, pues, la remuneración correspondiente debe establecerse de acuerdo a la importancia de los trabajos realizados, el monto recaudado y el plazo en el que se ejercieron dichas funciones, extremos éstos a los que cabe añadir que los emolumentos deben adecuarse los que se regulen a los distintos profesionales que intervinieron en el juicio.-
Indemnización por despido, responsabilidad solidaria, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta Galeano, Hermes Daniel c/ Transporte Malvinas S.R.L. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-31

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe ser eximido del pago de los créditos que fueron diferidos a condena con sustento en la ley 22.250, pues no es "empresa" en los términos de los arts. 5, 6, 26 y 2 inc. a) LCT, por lo tanto, no puede ser alcanzado por una responsabilidad solidaria que sólo puede resultar atinente a los sujetos del contrato de trabajo. La única forma en que un organismo de la administración pública sea alcanzado por una norma laboral es si hubiera habido expresa sujeción de aquel a dicho régimen, lo cual no ocurre en el caso de marras.
Títulos ejecutivos, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nuevo Bco. Industrial de Azul c/ Brancatelli, Angel y otros s/ Ejec. Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-07

El art. 542 inc. 4to. del CPCC impide entrar en todo debate que competa a factores ajenos a la formalidad del título y que concierne a la relación sustancial que le dio nacimiento. (Minoría u opinión personal)
Ejecución hipotecaria, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Entre Ríos S.A. c/ Zanardi, Juan Enrique y Otra s/ Ejecución de Hipoteca
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-30

Los intereses acrecidos a que aluden el CPCCN, art. 584 y preceptos análogos deben liquidarse sobre la totalidad del precio de compra, con prescindencia de que medien diferencias entre los precios obtenidos en ambas subastas ya que su pago no puede gravitar sobre el ejecutado. El postor remiso debe satisfacer los intereses correspondientes aún cuando en el segundo remate se haya obtenido un precio mayor que en el primero. La tasa de interés será la pactada en la obligación principal.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, agotamiento de la vía judicial, Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, destitución
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Procurador General de la Corte Suprema - Dr. Jorge Bof c/ Dra. Raquel Etchegaray s/ Recurso Extraordinario (Expte.: C.S.J. nro. 346 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la recurrente, ya que el recurso planteado no se dirige contra "sentencia definitiva pronunciada por un Superior Tribunal de Provincia", circunstancia que por sí sola se erige en un obstáculo insalvable para la viabilidad del recurso, por el acatamiento debido en principio a la jurisprudencia del Ato Tribunal de la Nación (en particular, cuando se trata de la interpretación de las reglas aplicables al recurso extraordinario federal). En efecto, dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados la resolución que dispuso su destitución, la interesada debió interpone el recurso de inconstitucionalidad local (ley 7055) para así dar complimiento a la exigencia de que en todo juicio que arribe a conocimiento de la Corte Nacional debe haberse agotado previamente la instancia ante el Supremo Tribunal de Provincia, para lo cual no constituye óbice decisivo la ausencia de previsiones al respecto.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, transporte benévolo, responsabilidad objetiva, culpa de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: Gauna, Raúl Alberto (homicidio culposo) s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-09-09

El transporte benévolo no configura causa legal de exoneración de la responsabilidad extracontractual. En el caso de la responsabilidad por riesgo, aquél no se encuentra mencionado como excepción en el artículo 1113 C.C., lo que de por sí constituye argumento suficiente frente a la taxatividad de las eximentes allí enunciadas.

Si la razón de ser de la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa riesgosa reside en la presunción de causalidad del daño que se deriva del empleo de aquélla, no puede entenderse que la conducta del transportado implique un factor causal que la desplace. Ello en tanto no concurra un riesgo extraordinario, supuesto en el cual la conducta del transportado de afrontarlo innecesariamente si configuraría una causa al menos parcial de exoneración contemplada por la ley: culpa de la víctima.

Es que, en aquellos excepcionales casos en que el consentimiento del transportado importe la asunción de un riesgo extraordinario, es obvio que la causalidad se desplaza también al que acepte voluntariamente su transportado.
Empleados públicos, nombramiento, Ferrocarriles Argentinos, contrato de trabajo, ley vigente, Derecho administrativo, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: WALTER ABEL BEIRAL c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DESPIDO.    EMPLEADOS PUBLICOS.    INDEMNIZACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

Al tratarse en el SUB EXAMINE -en el que se hizo lugar al pago de las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo por entender que el dependiente no se hallaba comprendido en el régimen de la ley 21.580, habida cuenta que su disponibilidad fue notificada cuando ya había dejado de tener vigencia temporal dicha norma- de una atribución reconocida por una ley federal cuya validez no ha sido puesta en tela de juicio, la cual instrumentaba un sistema de reordenamiento administrativo otorgando al órgano empresario facultades exorbitantes del derecho privado, su aplicación al caso debe regirse por los principios del derecho administrativo aunque se invoque la naturaleza común de la relación laboral.
Recurso directo, admisibilidad del recurso, estabilidad del empleado público, habilitación de instancia, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: PLANA LAURA MARIANA c/ GCBA s/ REVISION CESANTIAS O EXONERACIONES DE EMP. PUBL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-02

En el caso, la agente habría sido designada por dos años; no a través de un simple régimen contractual sino por uno especial conforme a la Carrera de Profesionales de la Salud, (Ordenanza Nro. 41.455).

Si durante el transcurso de ese período sólo pudo disponerse el cese en sus funciones con expresión de causa efectuado por autoridad competente, de ello se deriva, como lógica consecuencia, que durante esos dos años sí posee estabilidad en su cargo.

De allí que corresponde habilitar la instancia judicial para la revisión de la separación de la agente de los cuadros de la Administración sin un acto administrativo que disponga la cesantía o exoneración, mediante la vía del recurso directo ante la Cámara de Apelaciones consagrada en el artículo 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario.

Lo contrario implicaría poner a quien ha visto su relación laboral extinguida mediante una vía de hecho, seguida de reclamos y luego denegatoria tácita, en condiciones de defensa más desfavorables que quien ha sufrido la misma situación, pero en virtud de un acto administrativo, cuyos fundamentos y formalidades puede atacar en procura de salvaguardar sus derechos.
Extinción de la fianza, fiador, prórroga del plazo, contratos
Materia: CIVIL
Carátula: D., J. C. c/ EMPREDIMIENTOS BARILOCHE y Otros (CUMPL. CONTRATO Y COBRO PESOS) s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

"Es inoponible al fiador que asumió su obligación como "principal pagador" la prórroga del contrato de locación."
Prescripción, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OLIVERA, SANTOS ADOLFO c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-18

Es en el momento de dictarse el auto de excarcelación cuando válidamente puede presumirse que estuvo en condiciones, el damnificado, de tener una visión objetiva, no ya subjetiva de la realidad, en la que habría de encausar la tramitación de la acción resarcitoria, así como la real entidad de los perjuicios producidos, no solo en su patrimonio sino tambien en su persona. El término de prescripción debe computarse desde la puesta en libertad del actor, por lo que no caben dudas que a la fecha de interposición de la demanda el plazo de dos años que establece la norma aplicable artículo 4037 del Código Civil- habia trascurrido en exceso, por lo que la prescripción de la acción se habia operado.-
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: KAGAN FELISA s/ CONCURSO PREVENTIVO DE AC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

Los vencimientos a que alude el inc. 5 del art. 8 de la Ley de Concursos resultan necesarios para advertir si el deudor cuando contrajo las obligaciones estaba en condiciones de cumplir.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, jurisprudencia, jueces, facultades del juez, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: PARED, CLAUDIO CEFERINO c/ BUYATTI, MARIO RAUL Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ?LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 69 AÑO 2009)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-12

Sabido es que la interpretación de una norma no autoriza la tacha de arbitrariedad si no excede el marco de posibilidades que ella brinda o si se formula una solución posible autorizada por la ley.

En el sub examine, la Cámara efectuó una interpretación y consecuente aplicación de la ley 25.561 y del decreto 1351 (B.O. 06.01.04) en la que, atendiendo a la fecha de despido del actor y siguiendo los "parámetros argumentativos" sentados en "Valente" expresó que cuando el citado decreto dispone "prorrogar" la suspensión de despidos sin causa justificada y demás disposiciones contenidas en la última parte del artículo 16, cuya vigencia fuera oportunamente extendida por sucesivos decretos, lo dispone de tal modo que rija sin solución de continuidad, sin que pueda invocarse su caducidad el 31 de diciembre de 2003 y la reiniciación de su vigencia luego de ocho días de publicado.

En suma, la exégesis de los sentenciantes versa sobre una cuestión opinable y discutible, es decir, forma parte de una de las corrientes de opinión que razonablemente surgen del texto legal, que tal vez podrá no ser la ideal ni la mejor, pero no por eso resulta arbitraria a los fines del recurso intentado.
Acción de amparo, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DEIANA, GLADYS NILDA c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-06-30

El art. 1 de la Ley Nro. 7456, que modifica el Art. 5 de la Ley Nro. 4680, consagrando una discriminación irritante e irrazonable, por cuanto contempla el caso de la concubina que conviva por un determinado tiempo y el nacimiento de hijos de esa unión, pero ignora, en iguales condiciones la situación del concubino, esto evidencia la desigualdad entre iguales, lo que la disposición constitucional protege,
Accidente de tránsito, lesiones culposas, prueba
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ BERNAT, NORMA. s/ LESIONES CULPOSAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

No obstante que es doctrina del Tribunal que para quien embiste con la parte delantera de su vehículo a otro en su costado medio, carga con una presunción de culpa, en el caso de autos no puede descartarse de plano que, como afirma la encausada, un vehículo de mayor dimensión que se habría alejado del lugar le habría obstaculizado la visual, por lo que no pudo evitar la colisión, circunstancia que ante la orfandad probatoria juega a favor de la procesada.
Medios de prueba, prueba testimonial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: NOVOA, Jorge Antonio; SKLIAROW, Alexander s/ rec. de casación casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-10

Aún cuando no participo de la doctrina que fluye del veredicto inspeccionado en cuanto a la incorporación por lectura de declaraciones testimoniales prestadas ante la prevención policial y que ni siquiera fueron ratificadas por la instrucción sumarial, a mi ver, tampoco cabe su descalificación total, manteniendo un valor indiciario que unido al restante plexo cargoso, bien meritado por el a quo, en atribución que le es exclusiva e irrevisable, conforma los requisitos lógicos de un juicio de reproche. En tal aspecto, coincido plenamente con lo dicho con mi distinguido colega en cuanto a que, asimismo, con las restantes probanzas y el valor indiciario asignado a los testimonios cuestionados se arriba también a idéntica conclusión. (Voto del Dr. Mitchell).
Despido, trabajador en condiciones de jubilarse, reingreso a la actividad remunerada
Materia: LABORAL
Carátula: BENATTACI, NELIDA L. c/ EMILIO ROMANO Y CIA  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

El empleador no está obligado a mantener a su servicio a un trabajador a quien el sistema previsional considera en condiciones de pasividad, puede obligarlo a jubilarse sin que tal decisión le irrogue costo indemnizatorio; pero si contrata a un jubilado sólo puede despedirlo como mediante preaviso e indemnización por antiguedad, como a cualquier otro trabajador.
Daños y perjuicios, caída en la vía pública, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Caselli, Beatriz Amalia c/ Fravega S.A. y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-13

No habiéndose cuestionado que la caída de la accionante se produjo en la rampa de la vereda, y acreditada la entidad del deterioro en que se encontraba esa rampa a la época del accidente, debe presumirse que ese defecto en el piso ha sido la causa de la caída, sin que pueda hablarse de un riesgo permitido o de un deterioro insignificante que no pudo provocar la caída, cuando ésta efectivamente se produjo precisamente en esa zona deteriorada (sumario confeccionado por el SAIJ).
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: "F., D. G. c/ L., R. A. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-24

El carácter no absoluto de la prioridad de paso de quien circula por la derecha se basa en varios motivos: 1) la misma norma que declara absoluta a la prioridad de paso, la somete inmediatamente después a un número tal de excepciones que resulta insostenible el carácter atribuido en primer término;2) las preferencias o prioridades de paso no constituyen derechos subjetivos; mal podrían ser ellas absolutas, si ni siquiera constituyen un derecho; 3) el ordenamiento jurídico argentino reconoce un único derecho genuinamente absoluto.

Todos los demás son relativos y deben ejercerse alineados con la finalidad que tuvo el legislador al concederlos; 4) Aún más relativas todavía son las prioridades de paso, que no pueden ser ejercidas de modo disfuncional o abusivo; 5) Aplicando este concepto general a un caso de tránsito, bien se ha resuelto que la prioridad de paso que asiste a quien circula por la derecha no es absoluta y depende de diversas circunstancias de hecho, no debiendo abusarse de una supuesta preferencia que otorgaría a los conductores aquella posibilidad.
Procedimiento laboral, recurso de apelación (procesal)
Materia: LABORAL
Carátula: SILVA, DARIO SAMUEL c/ LIN JIAFU s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

Una vez concedido un recurso se agota la jurisdicción del juez de 1ª instancia en tanto los autos que conceden o deniegan apelaciones no son susceptibles a su vez de reposición o apelación en subsidio, sino únicamente de queja ante el tribunal superior. Así, en el caso, no se trata de una providencia apelable en forma inmediata pues no se invoca que en la causa principal se haya dictado la sentencia definitiva, según el art. 110 L.O. salvo el caso de las medidas cautelares y el desalojo, las demás apelaciones que se interpongan se tendrán presentes con efecto diferido hasta el momento en que se haya puesto fin al proceso de conocimiento en 1ª instancia con la sentencia definitiva, la apelación en cuestión no ha sido denegada, sino que el juez a quo la tuvo presente en los términos del art. 110 LO y no hay constancia de que se haya concluido el proceso de conocimiento con el dictado de la sentencia definitiva. Por lo tanto la queja ante la alzada es improcedente y debe ser desestimada.
Seguridad social, riesgos del trabajo, comisiones médicas, indemnización
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "BENÍTEZ, ROQUE c/ Provincia A.R.T. y otro s/ Ley 24.557".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-24

El derecho a la Seguridad Social tiene raigambre constitucional. El sentido del art. 14 bis, al disponer expresamente que "El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrán carácter irrenunciable", fue precisamente garantizar en forma amplia a los trabajadores el derecho de recurrir los dictámenes de la Comisiones Médicas, sin que ello obstaculice el inmediato pago de las prestaciones que los referidos dictámenes consagren. En consecuencia, tratándose de una disposición irrenunciable, de orden público, lo que se le haya hecho firmar al actor dentro del ámbito privado de la A.R.T. carece de todo valor, resultando inoponible al mismo. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Acción, derecho subjetivo vulnerado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Andar S.A. c/ Municipalidad de San Isidro s/ Cuestión de competencia Art.6.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

Si en la demanda se procura un resarcimiento derivado directamente de la lesión de un derecho subjetivo de carácter administrativo, la causa es de la competencia originaria de la Corte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Revisión judicial de actos administrativos, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-10

El art. 1 de la ley nro. 23.076, en su parte pertinente, dispone que: "Entenderá en el juzgamiento de las infracciones el Instituto Nacional de Cinematografía, con recurso ante los jueces en lo correccional de la Capital Federal." El recurso judicial previsto otorga a los eventuales interesados la posibilidad de revisar judicialmente las sanciones aplicadas, de manera que la aplicación de la sanción depende en última instancia de la determinación de un tribunal de justicia.

Ello basta para considerar que el sistema del art. 2 de la ley 23.052, modificado por la ley nro. 23.076, se ajusta al estándar establecido por la CSJN en el precedente "Fernández Arias c/ Poggio" (CSJN, Fallos: 247:646). El hecho de que la Ciudad no haya recuperado para sí misma funciones de policía local que le corresponden es, según ya se explicó, un elemento contingente contemplado, precisamente, por disposiciones transitorias (ley nacional nro. 24.588, art. 5), según las cuales persiste el valor y la vigencia de normas dictadas por autoridades competentes para la Ciudad de Buenos Aires antes de la reforma constitucional de 1994 (art. 129), esto es, antes de la autonomía de la Ciudad, autoridades que hoy han perdido competencia, sin que las autoridades actualmente competentes hayan resuelto reformar o derogar las normas antes dictadas. La Legislatura de la Ciudad no ha dictado norma alguna que derogue el sistema de control de las exhibiciones cinematográficas que prevén las leyes criticadas.
Exportaciones, responsabilidad del exportador, ingreso de divisas, prueba, presunción juris tantum
Materia: PENAL
Carátula: AVILA, JUAN BAUTISTA s/ Régimen penal cambiario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-22

1- Pesa sobre el exportador la responsabilidad de activar en forma diligente el cobro de las mercaderías negociadas y el consiguiente ingreso de las divisas, en mérito de lo dispuesto por el decreto 2581/64 y las Circ.RC 779 COPEX 1, Cap.1 y Comunicación A 39 del BCRA.- 2- La omisión de ingreso del valor de la exportación juega como presunción "juris tantum" de la negociación clandestina y sólo puede ser destruida mediante prueba en contrario a cargo del responsable.