Excarcelación, carácter excepcional, caución personal, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CHABAN, Omar E. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-13

El principio rector para decidir privar, o no, a una persona de su libertad durante la tramitación del proceso penal es lograr la efectiva realización del juicio a través de la neutralización de los peligros procesales que atentan contra ese fin.

Las medidas de coerción que se puedan adoptar respecto de una persona imputada de haber cometido un delito antes del dictado de la sentencia deben tener siempre carácter excepcional y sólo se justifican en la neutralización de los peligros aludidos: de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

Si no se avizoran estos peligros, la privación de la libertad de las personas durante el trámite del proceso penal se torna infundada y, por lo tanto, inconstitucional por ser la interpretación automática, iuris et de iure, de lo dispuesto en el art. 316, C.P.P.N., contraria a la C.N.

La C.N., en el art. 18, y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que la integran, contienen las garantías indispensables, que resultan aplicables a todos los ciudadanos por igual, y aun cuando, en algunos casos, pueda quedar la impresión de que esa igualdad aparece como injusta, nunca se puede caer en la tentación, por más grave que sea la imputación dirigida o el clamor social implicado en busca de venganza, de renunciar a ella, porque, precisamente, esos principios, enmarcados en el proceso penal, son los que le habrán de dar el cauce legítimo correspondiente, pero no a cualquier costo. Lo contrario, sería actuar en un contexto de presión social que la lógica jurídica, especialmente en su faz práctica, no puede admitir.

Tenido en cuenta el estado del sumario, la tarea realizada y diligencias producidas, en el que ya se dictó un auto de mérito, debe descartarse que el incuso pueda entorpecer la investigación por recuperar su libertad; en tanto no se advierte objetivamente de qué manera podría afectarlo, obstruyendo la recolección de pruebas o el normal desarrollo de los procedimientos, con miras a frustrar la realización del debate oral en donde se habrá de concretar el juicio que, en principio, se vislumbra como necesario para poder establecer su responsabilidad y la del resto de los implicados.

Respecto del peligro de fuga, tampoco se advierte objetivamente que el imputado intentará eludir la acción de la justicia, si hasta el momento en que fue arrestado, no se había librado formalmente orden de captura ni se había dispuesto su detención, sino que se había ordenado su individualización para ser arrestado y en tal carácter, junto a los preventores que lo ubicaron, concurrió a la Comisaría, luego de haberles abierto la puerta del lugar -donde se encontraba solo-, sin oponer reparos o resistencia de alguna clase, sumado a que si bien no se hallaba en el departamento en el que reside habitualmente, en el que fue encontrado, es de su propiedad y los efectos que tenía consigo -pasta dental, cepillo de dientes, carnet de la obra social y un teléfono celular- no constituyen elementos que permitan sostener objetivamente que estaba intentando darse a la fuga, máxime si se tiene en cuenta que no tenía en su poder su documentación personal (D.N.I., C.I. o pasaporte), sumado al escaso dinero en efectivo que llevaba en ese momento u otro elemento que le permitiera hacerse de él.

La letra del art. 316, C.P.P.N. -al que remite el inciso 1° del art. 317 del mismo código-, si se interpreta aisladamente y como una presunción iuris et de iure, constituiría un obstáculo insuperable para la concesión de la libertad del incuso, puesto que la pena máxima prevista superaría holgadamente los ocho años de prisión, y tampoco procedería, en caso de recaer condena, una pena de cumplimiento en suspenso, conforme el art. 26 del Código Penal. Pero, este dato debe ser confrontado con la actitud asumida por el imputado una vez ocurrido el hecho por el cual se encuentra procesado.

Por ello, al contar con arraigo, corresponde revocar el auto que no hizo lugar a la excarcelación solicitada bajo una caución personal de quinientos mil pesos ($ 500.000), con prohibición de salida del país, obligación de informar al tribunal cualquier alteración en lo que respecta a su residencia habitual o de los lugares donde pueda ser ubicado cuando sea requerido y para el caso que lo estime necesario el juez de grado, la fijación de un régimen de comparecencia al juzgado o comisaría a determinar, para realizar el seguimiento de su conducta procesal (del voto de los Dres. Garrigós de Rébori y Bruzzone)