Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-03-05


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: DOS San Fernando del Valle de Catamarca, 05 de Marzo de 2.007.

Y VISTOS Estos autos Corte Nº 62/05 "MORENO, Humberto José c/ Estado Provincial - Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación", en los que a fs. 38 tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art. 39 de la Ley Nº 2403; obrando a fs. 41/45 Dictamen Nº 120/06 del Sr. Procurador; llamándose autos para Sentencia a fs. 45 vta.

En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver ¿Es procedente la Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación interpuesta?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde?-.

Practicado el sorteo conforme al acta obrante a fs. 46 vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA, JOSÉ RICARDO CÁCERES y CÉSAR ERNESTO OVIEDO.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que a fs. 3/6 de los presentes autos, se interpone Acción Contenciosa Administrativa de Ilegitimidad y de Plena Jurisdicción en contra de los decretos H y F Nº 146/05 y 584/05, que rechazaron en definitiva la conversión de dólares a pesos, a 1,40 por unidad más Cer e intereses de deuda reconocida por la administración con el actor en autos.

Que ingresando a la relación de hechos a la causa, la actora expone que con motivo de ser titular de beneficios jubilatorios, peticionó en sede administrativa el reajuste del haber por errónea liquidación, correspondiente al período 19/11/92 a junio/94. Que por decreto Nº 1058 el Poder Ejecutivo aprobó la liquidación y autorizó el pago de la acreencia por la suma de Pesos Cuarenta Mil Trescientos Ochenta y Siete con Once Centavos ($ 40.387,11); consolidada la deuda, el actor ejercitó la opción de cobrar la misma en bonos con denominación dólar; el Poder Ejecutivo emite el decreto Nº 1187 /01 realizando la conversión de la suma; sin observaciones por el Tribunal de Cuentas se giran las actuaciones al Ministerio de Hacienda para que emita los bonos, este Ministerio se niega a su turno a emitir tales instrumentos en moneda extranjera.

Posteriormente Contaduría General procede a una nueva conversión a pesos, emitiéndose los títulos en esa denominación y que fueron entregados al actor.

Por nota el actor solicita la conversión de la cifra en dólares a $ 1,40 más Cer e intereses por aplicación del decreto del P.E.N. Nº 471/02, solicitud que es rechazada por resolución del Ministerio, contra tal decisión el administrado deduce recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, denegándose este último por decreto Nº 146/05, planteada reconsideración contra este último se la desestima por decreto Nº 584/05.

Que a criterio de la accionante la administración actuó ilegítimamente, porque ella misma ratificó el pago en Dólares Estadounidense y que, además, no es aplicable al caso la Ley Nº 5066 porque se sancionó con posterioridad al reconocimiento de la deuda. Por lo que solicita se declare nulos los decretos impugnados y se haga lugar a la diferencia reclamada por la pesificación, hace reserva del caso Federal, con costas.

Que a fs. 15 esta Corte de Justicia declara prima facie su competencia para entender en autos.

Que a fs. 18/21 obra contestación de demanda de la Administración, quien alega excepción de incompetencia por extemporaneidad del reclamo, y que al recibir los bonos en pesos el actor no hizo reserva alguna, por lo que solicita se rechace la demanda con costas.

Que a fs. 32/34 y 35/37 corren agregados los alegatos de partes.

Que a fs. 41/45 obra dictamen del Señor Procurador General, ordenándose a fs. 45 vta. el llamado de autos.

Que ello así, la primera cuestión a analizar es el planteo de incompetencia realizado por la administración demandada, expresando que en autos no se encuentra habilitada la vía contenciosoadministrativa, toda vez que surge de las actuaciones que el accionante interpuso reconsideración contra el acto administrativo definitivo y que causa estado para habilitar la vía.

Que ante ello cabe coincidir con el criterio expuesto por el Sr. Procurador General en su dictamen donde meritúa la deficiente actuación de la administración para desestimar la excepción, pues por un lado la Asesoría del Ministerio de Hacienda señala la improponibilidad del recurso planteado y, por otra parte, la Asesoría General de Gobierno, incurriendo en error al cotejar la fecha de notificación del acto impugnado, concluye que la reconsideración seria extemporánea.

Pero mas allá de tales inconsecuencias lógicas y jurídica en el actuar de la demandada, cabe reivindicar aquí el sustrato ético que fundamenta la creación del Estado y que no es otro en términos de valores que la preservación de los Derechos ciudadanos, la vigencia del orden Jurídico y el logro del bienestar general, y exigible por cierto como criterio de actuación a cualquiera de los departamentos de gobierno; por que es precisamente ésta la diferencia sustancial entre el antiguo Estado absoluto y el moderno Estado de Derecho, porque en él se reemplaza la "razón de Estado" por un Estado esclavo de la Ley, y porque con él el principio de legalidad debe estar abonado por el principio de legitimidad entendido como: "lo que conforme, no solamente a la Ley, lo es también a la moral, a la razón y a la equidad ... La ley solo nos dice que algo está reglado conforme a una norma ... sancionada según regulares disposiciones estatuidas en las regulaciones de las instituciones del Estado. La legitimidad además de lo dicho, está justificada por lo que es justo y por lo que es honesto".

He aquí el ethos del Estado Constitucional Moderno (Olsen A. Ghirardi - "La Ruptura de la Relación Ética - Derecho en la concepción del Estado" en "El Ethos y el Estado de Derecho en Occidente" - Academia Nacional de Derecho y Ciencia Sociales de Córdoba, 1996 ), fundada en esos par metros, la administración de buena fe no puede oponerse al progreso de la acción sin evaluar su propia actuación y los sucesivos actos de reconocimientos que por imperio de su voluntad Jurídica ha venido realizando en las actuaciones administrativas, para ahora intentar bloquear la apertura de la Jurisdicción revisora, conducta contraria al derecho de acceso a la Jurisdicción para los administrados, y al principio del informalismo a favor de éstos, regulado por el Art. 82 C.P.A., en virtud del cual "podrá ser excusada la inobservancia de los requisitos formales establecidos cuando ellos no sean fundamentales", mas aún cuando en autos no se da la hipótesis de culpa o negligencia del administrado que hubiera entorpecido en forma grave el procedimiento, contemplada tal circunstancia por el Art. 84 del mismo cuerpo legal; por lo que corresponde rechazar la excepción planteada.

Que ingresando a la cuestión de fondo discutida en autos, surge de las constancias agregadas que la administración demandada reconoció ser deudora del actor en una determinada suma de dinero que derivaba de la incorrecta liquidación de haberes previsionales; que dicha acreencia fue reconocida por Decreto Nº 1058/01, obrante a fs. 39 de las actuaciones administrativas; que realizada por el actor la opción de tipo de moneda para la liquidación -en Dólares estadounidenses- se produjo la correlativa transformación de la cifra en Pesos a Dólares por Decreto Nº 1187/01, dicho acto Jurídico-Administrativo fue aprobado sin observaciones por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, hasta que, cuando las actuaciones habían sido giradas al Ministerio de Hacienda para la emisión de los títulos -acto meramente de Ejecución-, este último se opone y Contaduría General vuelve a transformar la deuda a moneda nacional, pero en forma directa y a valores de 1999, alegando para así hacerlo la Ley Nº 5066, que en su Art. 25 y remitiendo al 6 de la Ley de Consolidación Nº 5016, estipula que las nominaciones monetarias en bonos ser n únicamente en pesos, obviando el Decreto nacional Nº 471/02 al que adhirió la Provincia y que indicaba que las obligaciones del sector público ... vigentes al 3 de febrero de 2002 denominadas en dólares estadounidense ... se convertirán a pesos 1,40 por cada dólar ... y se ajustar por el coeficiente de estabilización de referencia. Si ello es así, la Administración debió tomar como deuda reconocida y firme la establecida por el Decreto Nº 1187/01 con nominación dólar y no transformarla en pesos a la cotización establecida por la convertibilidad, sino a la nueva paridad vigente al momento de la nueva transformación, ésto es a $ 1,40 más Cer, pues de otra manera se desconocía la legítima opción de moneda practicada por el actor acreedor y que fuera legitimada por el propio Estado mediante el Decreto Nº 1187/01, y se hacía caso omiso de la Legislación de pesificación, que habiendo modificado la paridad monetaria, intentaba lograr un punto de equilibrio -siempre complejo- entre los derechos de acreedores y deudores que la crisis había anarquizado; ese punto de equilibrio, al que la Provincia adhirió, no fue respetada y se interpretó incorrectamente que cuando la Ley Provincial ordenaba la emisión de bonos solo nominados en pesos, toda conversión debía hacerse a la paridad que ya no estaba en vigencia.

Pero, además de lo apuntado, existen otras razones de equidad como por ejemplo, que el actor en autos fue reconocido explícitamente como acreedor por el propio Estado, que esa deuda tenía origen previsional y, en consecuencia, es de carácter alimentario, y que por fin, mas allá de la espera burocrática a que el acreedor debió someterse, también tuvo que aceptar que su acreencia se consolidara y fuera liquidada en certificados de deuda pública, con ventaja financiera para el Estado deudor por la elongación de su efectivización; por lo que un criterio mínimo de razonabilidad indica que no se puede cargar sobre su espalda todas las consecuencias negativas de la crisis financiera y que corresponde aplicar a su crédito los patrones de actualización y cálculo establecidos por el propio Estado Nacional y Provincial para liquidar sus deudas.

Por todo ello corresponde hacer lugar a lo peticionado; con costas a la parte demandada, atento al criterio objetivo de la derrota (Art. 65 Ley Nº 2403). Es mi voto.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo Que examinada la causa en estudio y compartiendo el criterio y el alcance del an lisis efectuado por la Sra. Ministro, Dra. Sesto de Leiva, me inclinan a la adhesión de su razonamiento y resolución, votando en igual sentido. Con costas a la demandada. Así voto.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo Comparto en todo las consideraciones formuladas coincidentemente por los colegas preopinantes y adhiero a la solución final propuesta, por lo que me pronuncio en idéntico sentido. Es mi voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente sentencia, doy fe.

San Fernando del Valle de Catamarca, 05 de Marzo de 2.007.

Y VISTOS: En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE 1) Hacer lugar a la acción de plena jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación interpuesta por el Sr. Humberto José Moreno; debiéndose, consecuentemente, ordenar al Estado Provincial que deber recalcular lo adeudado a la paridad Pesos Uno con Cuarenta Centavos ($ 1,40) por cada Dólar estadounidense más Cer e intereses, restándose de ello la suma ya abonada.

2) Con costas a cargo de la parte demandada.

3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base suficiente para ello.

4) Protocolícese, Hágase saber y firme o ejecutoriada, por Secretaría procédase a devolver los expedientes administrativos agregados por cuerda a los Organismos correspondientes y oportunamente archívese.