Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-13


Causa Nº 076-00-CC/ 2006 LUPINI, Ada Hilda s/ inf. art. 83, Ley 1472 -Apelación //n la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de julio del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial, a fs. 26/39 del presente, del que:

RESULTA 1. Que a fs. 25/vta., Ada Hilda Lupini asistida por su defensa y el representante del Ministerio Público Fiscal, celebran un acuerdo de suspensión del proceso a prueba por el plazo de seis meses. En ese acto, el Defensor Oficial solicita a la Magistrada de grado la devolución de los efectos secuestrados, ya que su perdida resultaría una desproporción punitiva conforme lo establecido por el art. 35 CC.

2. Que a fs. 27, la Magistrada de grado, Dra. Graciela Dalmas, corre vista al Fiscal para que se expida acerca de la solicitud efectuada por la defensa en relación a la devolución del efecto incautado.

3. Que a fs. 28, el Fiscal de grado, Dr. Mario Gustavo Galante, presta conformidad respecto de la solicitud realizada por la defensa señalada supra.

4. Que a fs. 29/32 vta., la Juez a quo resuelve suspender el proceso a prueba y no hacer lugar a la solicitud de devolución del efecto secuestrado, toda vez que indica que si bien las pautas de conducta acordadas entre las partes en la suspensión del juicio a prueba se encuentran ajustadas a derecho, no sucede lo mismo con la pretensión sobre la devolución del efecto incautado. Entiende que el art. 45 del CC, al expresar que el imputado debe abandonar a favor del Estado los bienes que necesariamente resultarían decomisados en caso que recayere condena, resulta ser un requisito propio del acceso al instituto y cualquier trato sobre esta cuestión queda fuera de la órbita de facultades sobre las cuales los operadores judiciales intervinientes pueden disponer. Considera que tampoco se encuentra debidamente fundada la desproporción punitiva esgrimida por la defensa si se toma como parámetro a los supuestos que el art. 35 CC establece (en caso de condena) en pos de merituar el decomiso de efectos. También, manifiesta que en ninguna de las constancias de autos y en esa etapa del proceso, aún no es posible vislumbrar que la sanción jurisdiccional a la que podría arribarse de celebrarse el debate resultaría asimétrica en términos punitivos al momento de decomisar el bien en cuestión, mucho más cuando la documental aportada a fs. 21 resulta cuestionable debido a su formalidad y a la disparidad entre ambos índices presupuestarios a fin de determinar el valor relativo del bien decomisado. Además, destaca que la defensa escindió la solicitud de someter el proceso a prueba de la petición de devolución del efecto secuestrado al formular tal pedido en forma yuxtapuesta a l as pautas del acuerdo. Considera que esta separación de solicitudes no es anecdótica o casual, puesto que tal como surge de las premisas del art. 45 CC, jamás podría haber sido incluido dentro de las pautas de negociación. En otro sentido, manifiesta que de materializar lo pretendido por la defensa, sin que medie un cuestionamiento constitucional del art. 45 CC, estaría ocupando funciones legislativas, ello pues si el legislador en el art. 35 CC, aún con la condena prevé la posibilidad de ordenar la devolución de los bienes secuestrados sin decomisarlos, no es posible interpretar la ignorancia y/o imprevisión del legislador cuando dicta la norma del art. 45 CC, sin otorgar el mismo beneficio en ese caso. Entiende que solo ante un cuestionamiento constitucional podrá soslayar la aplicación del articulo cuestionado, de lo contrario se estaría arrogando facultades propias de otro poder y por lo tanto vulneraría la división de poderes. Finalmente, retoma la cuestión de la desproporción punitiva, y considera que l a misma deviene abstracta por constituir un paralogismo asimilar la situación procesal del expediente comparado con la que se supone prevista por el art. 35 CC, puesto que las consideraciones acerca de la razonabilidad o exceso punitorio frente a la posibilidad de decomiso, solo está previsto para el caso de condena, y en el caso de autos la encartada no ha sido condenada y también aduce que al no haberse producido debate alguno, no es posible admitir la procedencia de dejar adelantado para futuro cuál será la actitud final del Ministerio Público al momento de prosperar el juicio y solicitar una eventual condena.

5. Que a fs. 36/39, la defensa apela la resolución mencionada supra, manifestando que le causa un gravamen irreparable. Entiende que la resolución puesta en crisis resulta una violación al acuerdo arribado entre éste y el Fiscal de grado sin tener en cuenta los límites que la ley impone a la Juez a quo, respecto de lo normado por el art. 35 CC, en cuanto regula el comiso de las cosas que han servido para cometer la contravención. En consecuencia, considera que el rechazo por parte de la Magistrada de grado respecto del acuerdo celebrado entre la defensa, su asistida y el Ministerio Público, constituye una afectación directa al principio acusatorio plasmado en el art. 13.3 de la Constitución de esta Ciudad y al derecho de propiedad de su defendida. Entiende que debido al sistema acusatorio impuesto por el artículo de la Constitución supra citado y por lo prescripto por el art. 45 CC, el juez en materia contravencional no se encuentra facultado para modificar las condiciones pactadas en el acuerdo de suspensión de juicio a prueba, la ley sólo lo autoriza a aprobar o rechazar tal acuerdo. Por ultimo, hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

6. Que a fs. 40, la Sra. Juez a quo resuelve conceder el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

7. Que a fs. 45/46 vta., obra el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, donde solicita se confirme la resolución recurrida. Entiende que no es posible verificar los agravios pretendidos por la defensa, en cuanto le asiste razón a la Juez a quo respecto a que de la misma redacción del art. 45 CC, se desprende que uno de los requisitos legales para solicitar el beneficio de la suspensión del juicio a prueba es el abandono -por parte del imputado- en favor del Estado de los bienes que necesariamente resultarían decomisados en caso que recayere condena. Cita jurisprudencia de la Sala II de esta Cámara Contravencional y de Faltas al respecto. Además, entiende que la Magistrada de grado es quien debe efectuar un control de legalidad mediante su aprobación o desaprobación del acuerdo celebrado entre la defensa y el Ministerio Público. Considera que la Juez de grado no cambió las condiciones pactadas por las partes, entiende que la lógica indica que si se le solicita a la Juez a quo que resuelva sobre el destino de un bien, es porque las partes no podían legalmente pactar sobre el destino del mismo. Además, en tiende que el art. 35 CC no resulta de aplicación al supuesto de suspensión del proceso a juicio. Indica que esta norma se encuentra ubicada en el Libro I Disposiciones Generales Titulo II De las Sanciones y se refiere al Comiso, sanción prevista en el art. 23, inc. 3º, del mismo título, el cual se refiere a las Sanciones Accesorias, por lo que constituye éste un tipo de sanción accesoria. Por último, considera que no resulta conforme a derecho la hipótesis que plantea la defensa de que ante un eventual juicio, el Fiscal no va a solicitar el comiso del efecto, precisamente porque tampoco es conforme a derecho que el Fiscal acuerde la devolución de los efectos en los casos en los que se conceda el beneficio de suspensión del juicio a prueba, ni tampoco lo es que el propio Fiscal adelante el juicio de proporcionalidad a un estadio previo al debate.

10. Que a fs. 51, pasan los autos a resolver.

PRIMERA CUESTION En primer lugar corresponde revisar el juicio de admisibilidad efectuado por la Sra. Juez de grado al conceder el recurso bajo examen.

En este sentido, es dable advertir que esta Sala ha dicho que si bien el art. 50 de la Ley 12 prevé expresamente la apelación de la sentencia, es de aplicación supletoria lo dispuesto en el art. 449 in fine del CPPN -art. 6 de la citada ley- que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen un gravamen irreparable al imputado. El mismo ...aparece como una cuestión de hecho que debe ser considerada en cada caso. Se configura, se ha afirmado, cuando aparece un perjuicio jurídico que no puede ser reparado durante el trámite del juicio ni en la sentencia definitiva... (conf. Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, Código Procesal Penal de la Nación- Tomo II, José Luis De Palma Editor, Bs. As. 2004, pág. 1193).

En este caso, el recurso de apelación ha sido interpuesto en tiempo y forma contra una resolución que tiene capacidad de irrogar al impugnante el mentado perjuicio, por cuanto el hecho de no hacer lugar a la restitución del efecto incautado (un carrito panchero) afecta el derecho de propiedad del recurrente, razón por la cual corresponde afirmar que el recurso ha sido correctamente concedido.

SEGUNDA CUESTION La defensa sostiene que la resolución dictada por la Juez a quo implica una violación al acuerdo celebrado entre su asistida y el Ministerio Público. En este sentido, sostiene que el hecho de no hacer lugar a la devolución del efecto incautado (un carrito panchero) se aparta de lo pautado con el Fiscal de grado (fs. 25/vta.).

Así sostiene que se encuentra afectado el principio acusatorio y el derecho de propiedad de su asistida, toda vez que la Juez de grado no ha tenido en cuenta los límites que la ley le impone, tal como se encuentra plasmado en el art. 35 CC, en el cual se regula el comiso de las cosas.

De este modo, la cuestión a resolver en primer lugar radica en determinar si la decisión acerca de si el imputado debe abandonar los bienes a favor del Estado puede ser objeto de acuerdo entre el imputado y el Fiscal, en el marco de la regulación fijada por el art. 45 CC, o si, por el contrario se encuentra en cabeza del Juez.

Al respecto, cabe destacar que el artículo citado supra establece que El imputado/a de una contravención... puede acordar con el Ministerio Público Fiscal la suspensión del proceso a prueba... el acuerdo debe contemplar el compromiso de cumplir, por un lapso que no excederá de un año, una o más de las siguientes reglas de conducta: 1. Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta; 2. Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere; 3. Realizar tareas comunitarias; 4. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con determinadas personas; 5. Abstenerse de concurrir a determinados lugares; 6. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y 7. Cumplir las instrucciones especiales que se le impartan.

De ello, se colige que de acuerdo a una interpretación literal de la norma en cuestión, el abandono del bien que necesariamente resultaría decomisado -tercer párrafo, art. 45 CC-, no se encuentra contemplado como parte del acuerdo de la suspensión del juicio a prueba. Por el contrario la cuestión ha sido prevista en un párrafo distinto del que regula el acuerdo por lo que ninguna duda cabe que es el Juez quien debe resolver sobre dicho punto. Ello, en modo alguno implica que se vulnere el principio acusatorio que nos rige, en el que las funciones estatales de perseguir y juzgar se encuentran desdobladas, dado que es un órgano distinto a los jueces el encargado de excitar la actividad de éstos; no puede haber actuación de oficio y los magistrados en su rol de terceros imparciales, son encargados de resolver los puntos que las partes debaten. Esta separación entre el que acusa y el que juzga, como así también el ejercicio y mantenimiento de la acción por el que acusa, resultan los elementos esenciales del sistema acusatorio formal (Asencio Mellado, José María, Principio Acusatorio y Derecho de Defensa en el Proceso Penal, Madrid, 1991 , pag. 17/18; Armenta Deu, Teresa, Principio Acusatorio y Derecho Penal, Barcelona, 1995, pag. 31/32, cit. por Gil Lavedra, Ricardo, Legalidad vs Acusatorio -una falsa controversia, en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal n° 7, Ad. Hoc, p. 836).

Ahora bien, el art. 45 CC dispone en su tercer párrafo que el imputado/a debe abandonar a favor del Estado los bienes que necesariamente resultarían decomisados en caso de que recayera condena, por lo que cabe establecer si los que fueron secuestrados en autos necesariamente resultarían decomisados si recayere condena. A tal fin, debe recurrirse al art. 35 CC, enteramente aplicable al caso en estudio. En este orden de ideas, no resulta acertado el criterio sustentado por la Sra. Fiscal de Cámara en cuanto a que la disposición del citado artículo no resulta aplicable al supuesto de autos por cuanto la suspensión del proceso a prueba se encuentra regulado en otro capítulo del Código Contravencional, pues existe una remisión expresa por parte de la norma primeramente citada.

Así, a los fines de determinar la necesidad del decomiso (art. 45 segundo párrafo), la Magistrada de grado debió realizar una interpretación armónica de la norma de fondo a los fines de determinar si existe una evidente desproporción punitiva (art. 45 tercer párrafo). La Corte Suprema de Justicia ha dicho en reiteradas oportunidades que las normas deben interpretarse de manera armónica e integral, de forma tal que ninguna pueda ser aplicada en forma aislada, desconectándola del todo que compone; sino que, por el contrario, la interpretación debe hacerse integrándolas en una unidad sistemática, comparándolas, coordinándolas y armonizándolas, de forma tal que haya congruencia y relación entre ellas (CSJN Fallos 312:2192, entre otros). Por otra parte, las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, no suponiéndose, en principio, la inconsecuencia o falta de previsión del legislador. (CSJN Fallos 304:794; 303:1965; 303:1041; 297:142; 300:1080, entre otros).

En relación al punto objeto de estudio, esta Sala ha dicho que como fundamento para la restitución de los bienes es necesario analizar si en cada caso se advierte la presencia de una evidente desproporción, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 35 CC. (causa Nº 016-00-CC/2005 Amitrano, Rubén Norberto s/ Inf. art. 83 CC -Apelación, rta. el 21/4/2005).

Así, y del análisis del caso traído a estudio, se advierte la presencia de una evidente desproporción que justifica la devolución del efecto, toda vez que de las constancias de autos se desprende que el monto máximo de la multa prevista para la presunta contravención resulta notoriamente inferior del valor del carro panchero (fs. 21).

Por último, respecto a lo manifestado por la Sra. Fiscal de Cámara, en cuanto no es conforme a derecho que se adelante juicio de proporcionalidad a un estadío previo al debate, este Tribunal ha sostenido que la anticipación de un juicio en relación a la presunta imposición de una pena de comiso, a los fines de resolver acerca de la entrega de efectos, no implica haber adelantado la pena (causa Nº 058-01-CC/2005 Incidente de restitución de efectos en autos Márquez, Guillermo Andrés s/ art. 83 Ley 1472- Apelación, rta. el 2/6/06).

En razón de lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE I.- REVOCAR el punto II de la resolución de fs. 29/32 vta., y proceder a la devolución del carro metálico para la preparación de alimentos denominados panchos a la solicitante (art. 35 CC).

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente devuélvase al juzgado de origen.

Ante mi