Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-07-25


Expte. N° 7005 "SÁNCHEZ BUSTOS CARLOS M. C/ La Torre Carlos Iván - Ejecución de sentencia (ejecución de sentencia de honorarios) s/ Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, el día veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, se reúnen los magistrados que en esta causa integran la Sala Segunda de la Corte de Justicia, doctores Guillermo Horacio De Sanctis, José Abel Soria Vega y Ángel Humberto Medina Palá. Lo hacen para examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados por la parte demandada contra la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería en autos Nº 11.946 (155.564), caratulados "Sánchez Bustos Carlos M. C/ La Torre Carlos Iván - ejecución de sentencia (ejecución de sentencia de honorarios)". ------------------------- --- EL DOCTOR GUILLERMO HORACIO DE SANCTIS DIJO:------------ --- Mediante la sentencia impugnada, el tribunal a quo recepta el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante. De esta forma, revoca el fallo de primera instancia que había admitido la excepción de incompetencia y dejado sin efecto la sentencia monitoria. En su lugar, desestima las excepciones opuestas y confirma dicha sentencia. ------- --- Para fundar su decisión, el a quo comienza por transcribir el artículo 21 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ), referido al fuero de atracción del concurso. Señala que dicha norma importa una excepción a las reglas de competencia, la cual se aplica a los juicios que se hallen en trámite a la fecha de apertura del concurso o declaración de quiebra, pero no a los que ya hubieran concluido por sentencia firme. Dice que el fuero de atracción no opera en el presente caso porque el concursado (hoy recurrente) fue demandante en los autos en que resultó vencido y condenado en costas, lo que originó un crédito por honorarios a favor del letrado representante de la parte contraria. Agrega que no resulta aplicable la jurisprudencia citada por el juez de primera instancia porque el origen del crédito es diferente. Señala que en el caso los honorarios del ejecutante tienen su origen en la condena en costas impuesta al concursado por un juicio con sentencia firme de fecha posterior a la apertura del concurso en el cual el hoy recurrente resultó vencido; por el contrario, el caso que el juez cita refiere al cobro de honorarios por trabajos profesionales realizados en representación del concursado y en fecha anterior al concurso. -- --- La impugnante encuadra su recurso de inconstitucionalidad en la causal del artículo 11 inciso 3º de la ley 59-O. Dice que el fallo vulnera las garantías constitucionales de defensa en juicio porque incurre en contradicciones internas y se aparta de la ley aplicable y de las actuaciones procesales; agrega que en la sentencia prevalece el criterio de los jueces en un grado tal que la descalifica como acto jurisdiccional válido. Agrega que el a quo omitió pronunciarse sobre las excepciones de inhabilidad de título y de prescripción que su parte también opuso contra la sentencia monitoria. Afirma que tales excepciones fueron deducidas oportunamente y en los términos previstos en la ley procesal, por lo que el tribunal debió tratarlas tras rechazar la excepción de incompetencia. ---------------------------------- --- Alega que los fundamentos en los que se sustenta la sentencia no son coherentes con las constancias de autos. Que la sentencia monitoria atacada corresponde, no al proceso penal en que se devengaron los honorarios ejecutados, sino al juicio por cobro de los honorarios que hizo surgir un nuevo proceso en el fuero civil. Que ni el crédito ni el propio proceso de ejecución de esos honorarios quedan fuera de los efectos del artículo 21 de la LCQ, pues es un proceso en trámite y de contenido patrimonial contra el concursado. Añade que el proceso queda suspendido a partir de su presentación en concurso y que debe someterse la cuestión al juez d este. Reitera que, al momento de apertura del concurso, la ejecución de los honorarios -no el juicio en que se regularon- era un proceso en trámite y de contenido patrimonial contra el concursado. Dice que la causa del crédito invocado por el ejecutante nació con anterioridad a la solicitud y apertura del trámite concursal. ---------------------------- --- Por otro lado, el impugnante refiere que el tribunal interpreta equivocadamente el artículo 21 de la ley LCQ y, por ese motivo, deja de aplicarlo. Señala que el error es evidente cuando, para excluir la aplicación del artículo, el a quo sostiene que los honorarios del ejecutante tienen su origen en la condena en costas impuesta al fallido por un juicio con sentencia firme de fecha posterior a la apertura del concurso y en el cual resultó vencido. Alega que el tribunal no examina si la causa-fuente de la obligación también era posterior al concurso. Asegura que está acreditado en autos lo contrario; es decir, que la causa es anterior -al menos en su mayor parte- puesto que la labor del letrado fue iniciada el 21/8/2007 y el concurso fue solicitado el 15/2/2008. ------------------------------------------------- --- Expresa que, si bien el crédito del ejecutante es de título posterior a la apertura del concurso (los honorarios fueron regulados el 4/12/2015), su causa es anterior (la labor profesional fue iniciada en fecha 21/8/2007). Afirma que, al no aplicar el artículo 21, el tribunal permite que el acreedor obtenga un trato preferencial respecto de los demás acreedores concursales. ------------------------------ --- Añade que el a quo también omite aplicar lo dispuesto en los artículos 32 y 56 de la LCQ; ello, al considerar que el ejecutante obtuvo una sentencia firme posterior a la presentación del deudor en concurso. Sostiene que si el tribunal hubiese interpretado correctamente tales normas habrían admitido las excepciones de inhabilidad de título y de prescripción. -------------------------------------------------- --- La impugnante encuadra su recurso de casación en las causales de los dos incisos del artículo 15 de la ley 59-O. Dice que resulta errado sostener que el artículo 21 de la LCQ no se aplica al presente caso por revestir el concursado calidad de actor en el proceso que origina la pretensión que se ejecuta. Se agravia de que el a quo considere irrelevante la fecha de la causa de la obligación. Sostiene que este interpreta erróneamente el artículo 21 de la LCQ y que omite aplicar los artículos 32 y 56 de dicho cuerpo normativo. --- --- La recurrente destaca que se suspenden -y se prohíbe iniciar- los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior. Que, para quedar fuera de los efectos del concurso, resulta necesario que la causa y el título del crédito sean posteriores a la solicitud de apertura del concurso preventivo, lo que -dice- no ocurre en autos. ----------------------------------------------------- --- Tras exponer los antecedentes de los recursos planteados, me aboco a examinar su admisibilidad formal. Adelanto que dicho examen conducirá a desestimarlos formalmente, por las siguientes razones. ------------------------------------ --- En primer lugar, y con carácter común a ambos recursos, considero que la presentación recursiva no se autoabastece, como exige el artículo 4 de la ley 59-O. Del artículo resulta que "El recurso debe autoabastecerse, de forma tal que permita al Tribunal examinar y decidir la admisión formal sin necesidad de requerir antecedentes o actuaciones". Ha dicho al respecto esta Corte que el recurso extraordinario es de interpretación restrictiva y debe bastarse a sí mismo, por lo que la presentación debe estar integrada por todos los elementos necesarios para demostrar y apoyar la pretensión esgrimida. No cabe, por ende, suplir las eventuales omisiones mediante reenvíos o solicitud de autos principales para integrar fundamentos, pues la competencia de este Tribunal está objetivamente ceñida por el régimen de la ley 59-O (PRE 1985-166; S.1ª, 1989-1; S.2ª, 1991-I-26; etc.). - --- Por ello es que, conforme el contenido de los agravios y para que la presentación fuera autosuficiente, resultaba necesario que la impugnante adjuntara las copias pertinentes de los dos expedientes en que basa su principal planteo: el del concurso y el del juicio penal en que se generaron los honorarios ejecutados. En efecto, la recurrente basa dicho planteo en que los honorarios son de causa anterior al concurso; al respecto, alega que lo importante para definir el momento de la generación del crédito es la fecha de la actuación profesional desarrollada en el juicio penal, la cual -afirma- se produjo en su mayor parte antes de la apertura del concurso. Sin embargo, y como digo, omite presentar copia de ambos procesos. Tales constancias resultaban necesarias a fin de que este Tribunal contara con los elementos mínimos imprescindibles para verificar la arbitrariedad que se endilga al fallo (artículo 4 2º párrafo de la ley 59-O); en el caso, para comprobar la alegada antelación de la actuación profesional. Se suma a ello que la recurrente también omite acompañar copia íntegra de la demanda (presenta sólo la primera hoja, apenas legible), de la contestación de la ejecutante a las excepciones y del memorial de agravios de esta. --------------------------------------------------- --- Independientemente del defecto señalado, el recurso de inconstitucionalidad debe ser desestimado también por otras razones. Considero, en primer lugar, que no aparece configurada la omisión de pronunciamiento que la recurrente alega. En efecto, de los considerandos del fallo atacado surge que el a quo sí se ha pronunciado sobre las excepciones de inhabilidad de título y de prescripción opuestas: consta a fojas 17 tercer párrafo, que el tribunal resuelve "desestimar las excepciones opuestas y confirmar la sentencia monitoria". La alusión a "las excepciones" debe entenderse referida a todas las planteadas. Es cierto que las consideraciones previas del fallo sólo atañen a la de incompetencia, pero también lo es que las tres excepciones (las otras son de inhabilidad de título y de prescripción) se basan en el mismo argumento: la causa o título anterior a la apertura del concurso. Al descartar que la causa sea anterior al resolver la incompetencia, el tribunal también lo ha hecho, implícitamente, respecto de las otras. ---------------------------------------- --- Como dije, la impugnante también alega la arbitrariedad del fallo en cuanto a la aludida decisión de considerar que la causa del crédito es posterior a la apertura del concurso. En este punto, considero que la recurrente no ha demostrado la arbitrariedad de lo decidido y que tampoco dicha arbitrariedad queda en evidencia. -------------------------- --- Por empezar, y pese a alegar la existencia de ese vicio, aquella en realidad se limita a discrepar con la solución adoptada. Al respecto, esta Corte tiene dicho que la arbitrariedad se configura cuando el tribunal no fundamenta la solución que adopta, cuando su fundamentación asienta en bases ilógicas o choca contra las reglas del correcto raciocinio, o cuando -sin explicación- se aparta de la solución normativa inequívocamente aplicable; falencias, todas estas, que en definitiva descalifican al fallo como acto jurisdiccional válido. (PRE S.2ª 1990-I-97, S.1ª 1990-II-1; etc.). Sin embargo, y como digo, la recurrente no imputa al fallo ninguno de estos vicios. Se limita a discrepar con el criterio adoptado por el a quo al juzgar la cuestión aludida. Es así que, en este punto, los agravios propenden, no a que se controle la legalidad del fallo, sino a que se revise el mérito con que aquel ha juzgado las cuestiones que integran la litis. Por esa razón el recurso de inconstitucionalidad resulta inadmisible. Si esta Corte abriese esta vía extraordinaria para examinar los enunciados defectos, vendría a actuar como un tribunal de mérito más, en una suerte de tercera instancia no prevista en la ley. Por otra parte, debería extender ese examen a todos los casos y en todos los pleitos, lo que ciertamente perjudicaría su actuación como tribunal de garantías constitucionales (PRE S.2ª, 1989-I-86, S.1ª, 1999-I-176; etc.). ----------------------------------- --- Cabe agregar que, lejos de resultar arbitraria, la decisión del a quo parece razonable, incluso si se acepta la cronología que la recurrente enuncia -y que, como he dicho, no respalda con las copias pertinentes-. En efecto, según su relato, la labor del abogado ejecutante comenzó varios meses antes de la apertura del concurso (febrero de 2008), las costas se impusieron a su parte en 2013 y la regulación de honorarios es de 2015. Pues bien, tratándose de una actuación profesional realizada, no en defensa del señor Latorre, sino en su contra, es evidente que la obligación de abonar los honorarios no pudo nacer con la mera actuación profesional, ya que antes de la condena en costas ningún nexo obligacional había entre aquel y el abogado. Por lo tanto, la causa o título de la obligación es, claramente, de fecha posterior al concurso. ------------------------------------- --- En cuanto al recurso de casación, la impugnante invoca la errónea interpretación del artículo 21 de la LCQ y la omisión de aplicar dicho artículo, sumado a los artículos 32 y 56 del mismo ordenamiento. Sin embargo, lo que en realidad pretende es que se revise la cuestión fáctica de si la obligación por honorarios nació o no con anterioridad a la apertura del concurso. Tiene dicho el Tribunal que la revisión de cuestiones fácticas y probatorias es notoriamente ajena a la finalidad específica de la casación. Y que el recurso es inviable cuando, aunque se pretexten objeciones normativas, en realidad se insta dicha revisión (PRE 1981-313; 1982-87; S.2ª, 1989-77; etc.). Por esta razón y por la que expuse al comenzar mi voto, también este recurso debe ser desestimado.

--- Por ello, voto por desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación. ------------------------ --- LOS DOCTORES JOSE ABEL SORIA VEGA Y ANGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ DIJERON: --------------------------------------- --- Por sus fundamentos, adherimos al voto precedente. ----- --- De acuerdo con el resultado de la votación, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados. II) Devolver al recurrente las copias para traslado acompañadas. III) Ordenar que se protocolice la presente, se agregue copia al expediente y se oficie al tribunal a quo a fin de remitir otra copia. IV) Notifíquese y, oportunamente, archívese el expediente. Fdo. Dres. Guillermo Horacio De Sanctis, José Abel Soria Vega y Ángel Humberto Medina Palá. Ante mí: Andrés de Cara -Secretario Letrado de la Corte de Justicia.

Df-7005 CS ///Si /// guen las firmas.

PRE S.1° 2018-II-215