Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-20


///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el Veinte de Octubre de 2011, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Felipe Augusto Ferrari, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "BLANCO ROBERTO R. SCIGLINO JUAN Y RUTIGLIANI ANA C/ MUSI HERMANO S.A.C.I. S/ EJECUCION HIPOTECARIA ", Causa Nº 49500, habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: FERRARI-GALLO, resolviéndose plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S 1º ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? V O T A C I O N A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR FERRARI dijo:

I.- Antecedentes 1) A fs. 383 de las presentes actuaciones el Sr. Horacio Virgilio Musi interpone recurso de apelación contra el auto dictado por la Señora Juez Titular del Juzgado Civil y Comercial nro. 2 de este departamento judicial a fs. 382 el que reza: "al planteo realizado por el ejecutante: cabe señalarle al peticionante que habiéndose pactado expresamente en la hipoteca en ejecución que el remate se realizaría con una base equivalente al monto del crédito reclamado en la demanda con más la estimación de intereses y gastos; la pretensión ahora introducida en el sentido que se practique una tasación del inmueble para determinar tal base deviene inatendible puesto que dicho mecanismo no fue acordado en el mutuo ni siquiera en forma opcional.".

2) El recurso es concedido en relación a fs. 384, fundamentado con el memorial de agravios de fs. 385/387 vta. cuya traslado de fs. 388 mereció la réplica de fs. 396/397.- Se agravia el recurrente toda vez que -a su criterio- la sentenciante impide una tasación del inmueble que arroje una suma mayor a fin de fijarla como base de subasta.- A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse en homenaje a la brevedad.- 3) LLegados los autos a esta Sala Segunda, desde la Presidencia de la misma y previo informe de Señor Secretario, a fs. 406 se llamó "AUTOS", providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.- II.- Solución propuesta Debo señalar primeramente que si bien el art. 591 del Código Procesal Civil y Comercial restringe la apertura de la Alzada durante el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate, la trascendencia y consecuencias del tema en analisis imponen una interpretación flexible que amerite la revisión del tema por la Alzada (Cám.Civ.Com. San Nicolas Causa nro. 981421 R.S.I. 326/98).- Dicho esto y adentrándome al estudio de estos obrados, cabe aclarar que sólo el criterio de elasticidad tantas veces utilizado por este Tribunal para apreciar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley adjetiva (art. 260) en la faena de sustentar el recurso de apelación de que se trate, es el que nos autoriza a desechar la aplicación de la sanción contenida en el art. 261 del mismo cuerpo normativo y a ingresar al análisis del fondo de la cuestión sub discussio, pues mínimamente el libelo de fs. 385/387 vta. cumple con dichos requisitos.- Ahora bien, en tratamiento con las quejas traídas por el recurrente en su memorial de agravios, debo efectuar algunas consideraciones que hacen a la claridad de mi voto.

Así dirá que la subasta -o la venta judicial de bienes inmuebles- requiere la existencia de una base determinada, salvo el supuesto previsto en el art. 577 "in fine" del C.P.C.C..- A partir de ella, el martillero intentará la puja, adjudicando en última instancia el bien por la base, si no hay ofertas mejores. En principio se fijará como base las 2/3 partes de la valuación fiscal -art. 566 1ra. parte del C.P.C.C.-.- En primer término corresponde considerar si las partes han podido válidamente dictar sus propias normas sobre el particular. En tal sentido cabe recordar que las convenciones obligan a la partes otorgantes como la ley misma -art. 1197 del Código de Fondo-; este principio debe ser entendido en tanto tales convenciones no deroguen derechos irrenunciables, violen el orden público, la buena fe y las buenas costumbres o afecten garantias de orden constitucional -arg. art. 953 del C.Civil-.- Esta Sala segunda tiene dicho que "las normas adjetivas del fuero sobre determinación de la base de venta de los inmuebles en las ejecuciones forzadas (art. 566 del C.P.C.C.) no son de observancia fatal, pues la materia que tratan, de suyo afecta intereses particulares" (causa nro. 32.508 R.S. 278/94).- Y sigue "Dicha norma no es absoluta, al establecer la base de las dos terceras partes del importe de la regulación fiscal, ya que, no tiene otro propósito que evitar gastos de tasación y acelerar el trámite; pero en nada obsta para que las partes convengan una base distinta que no perjudique intereses de terceros. Es un supuesto de disponibilidad de las formas".- Así, habiéndose convenido por las partes la base de la subasta, esta sustituye en todos sus efectos a la valuación fiscal, que ha sido establecida por la ley nada más que en garantía del ejecutado y convenida una nueva base de venta ésta debe sustituirla en todos sus efectos, pues tal es la voluntad presunta de las partes (doct. art. 566 cód.proc.)(Alsina, Tratado 1ro. III p. 247).- Siguiendo con esta línea argumental, adroctrina Palacio al respecto: "...El acuerdo realizado en el convenio hipotecario respecto de la base con que saldrá a remate el bien, es válido y permite prescindir de la valuación fiscal y de la tasación en su caso (C.N. Civ. Sala A La Ley t. 118 pag. 891, 11.946-S; esta Sala en la causa ya referenciada).- Existiendo pacto de la acreedor hipotecario con la deudora para la fijación de la base para la subasta, instrumentada mediante los contratos que han dado nacimiento a su derecho, debe reconocerse su validez dada la fuerza vinculante de los mismos (Cám.Civ.Com. Pergamino Causa nro. 3262 R.S.I. 335-99 I 25-11-99).- Ahora bien, en el caso de autos, las partes acordaron el medio de determinación de la base de la subasta y lo hicieron legalmente dentro del ámbito de libertad contractual que rige la materia.- Dicho esto y en virtud a lo acordado por las partes en el mutuo hipotecario obrante a fs. 11/19, más precisamente en la claudula octava la cual reza: "Queda expresamente convenido que en el caso de ejecución, la parte deudora renuncia desde ya a la totalidad de los trámites procesales, excepciones y defensas del juicio que no fueren expresamente irrenunciables de acuerdo a los códigos vigentes. Asimismo los deudores renuncian al derecho de recusar... En caso de remate, la parte deudora acepta que el inmueble hipotecado en garantía mediante esta escritura, se remate por el martillero que la parte acreedora designe, sin necesidad de tasación, con la base equivalente al monto del crédito reclamado en la demanda, con la estimación de intereses y gastos hasta el día presunto de cobro o bien de la liquidación que se practique, ello a opción de la parte acreedora...", surge con claridad meridiana que las partes han acordado que como base para la venta judicial del inmueble hipotecado se tomase el monto del crédito.- Destaco ademas que no puede ahora el recurrente traer nuevamente cuestiones relativas a la depreciación económica ni teoría del esfuerzo compartido. Ello debió plantearse en su oportunidad y no lo hizo.	En efecto, las consideraciones vertidas en el memorial de agravios debieron ser expuestas en oportunidad de apelarse el decisorio de fs. 105/109; atender ahora los argumentos esgrimidos en el memorial aludido deviene totalmente contrario al principio de preclusión procesal.- Y para no dejar huérfano de tratamiento al agravio referido a la posibilidad que tiene el demandado de pedir el aumento de la base de subasta -como lo tiene dicho esta sala segunda en numerosas causas entre la que nombra el recurrente (causa nro.52612/10 R.S. 814/05)- lo cierto es que en aquella oportunidad no había un acuerdo vinculante entre las partes como lo hay en la presente causa.- Por otro lado, las cuestiones referidas al monto que se tome como base deberá dirimirse en ocasión de llevarse a cabo la liquidación ordenada en el auto apelado.- En cuanto al planteo relativo a la imposición de costas (que estimo sólo referido a las de Alzada, pues en primera instancia no medio imposición), diré que esta Sala tiene dicho en numerosas causas que: "La Suprema Corte de Justicia Provincial siguiendo el pensamiento chiovendano consagra la teoría objetiva de la condena en costas, atribuyendo a estas el carácter de una indemnización debida a quien se ha visto obligado a litigar, para obtener el reconocimiento de su pretensión jurídica (Chiovenda, La condena en costas, Madrid, 1928, p. 232; La Ley v. 66, p 202).- En otras palabras, las costas son las erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso, para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden siendo principio general en la materia que el objetivamente derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor (Podetti, Tratado de los actos procesales, p. 111, nº 30).- Este principio general prescinde de toda idea subjetiva de buena o mala fe, la condena en costas al vencido es la regla, pues quien hace necesaria la intervención del Tribunal por su conducta debe cargar con los gastos efectuados por quien ha debido iniciar una demanda justa, o defenderse de una injusta, para obtener el reconocimiento de su derecho.- Por su parte, la facultad judicial para eximir de costas al vencido reviste carácter excepcional y no está condicionada por la temeridad, mala fe o culpa del litigante, sino inspirada en razones de equidad ajustables a cada caso..." (esta Sala en Causa nº 27.140, R.S. 219/92, sent. del 29-11-1992, entre muchas otras).- Entonces, conforme lo dispuesto por el principio objetivo de la derrota referido "ut supra", concretamente establecido por los arts. 68, primer párrafo, y 69, primer párrafo, del C.P.C.C. y de acuerdo a la forma en que se ha resuelto la cuestión, corresponde la imposición de costas de Alzada al demandado pues -a juicio del Tribunal- no convergen razones para eximirlo en tanto la cuestión no se presenta objetivamente dudosa, ante la claridad del pacto entre las partes; nótese incluso lo autocontradictorio de la conducta del quejoso quien no tiene reparo en reclamar la eximición para sí al tiempo que, de prosperar el recurso, pide costas para la contraria (ver fs. 387 in fine punto 2).- De todo lo expuesto por mi en los párrafos que anteceden soy de opinión que deberá confirmarse la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios. Con costas al recurrente vencido (art. 68 del C.P.C.C.).- Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por LA AFIRMATIVA A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Ferrari.- A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR FERRARI dijo:

Si mi propuesta es compartida deberá confirmarse la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios. Las costas serán soportadas por el recurrente vencido (art. 68 del C.P.C.C.).- Así lo voto A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Ferrari.- Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.- Costas de Alzada, al recurrente vencido (art. 68 del C.P.C.C.).- REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.- Dr. JOSÉ LUIS GALLO	Dr. FELIPE AUGUSTO FERRARI Juez Juez Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI Secretario de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial	de Morón