Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-19


CIS, Miguel Angel contra GOBBO Y BONINO S.C. y otros Reg.: A y S t 202 p 65-67. Santa Fe, 19 de octubre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia 136 del 28 de agosto del año 2000 dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario en autos "CIS, Miguel Angel contra GOBBO Y BONINO S.C. y otros -Cobro de Pesos- (Expte. 383/99)" (Expte. C.S.J. nro. 426, año 2001); y, CONSIDERANDO:

1. La resolución impugnada a través del recurso de inconstitucionalidad confirmó la del Inferior, que a su turno, había acogido la pretensión del actor -tendente a lograr el cobro de diversos rubros laborales derivados del despido indirecto- respecto de Gobbo y Bonino S.R.L., rechazándola contra Gobbo y Bonino S.C. y sus socios Pedro Alberto Gobbo y Omar Raúl Bonino.

Afirma que el decisorio es arbitrario y que lesiona derechos y garantías de rango constitucional.

Critica a los Sentenciantes por soslayar las disposiciones de los artículos 228 y 229 de la Ley de Contrato de Trabajo, arguyendo razones derivadas de otras normas que no son directamente aplicables al caso, y marginando también el principio del "in dubio pro operario".

Achaca a los Juzgadores caer en incongruencia al introducir fundamentos propios, que exceden la litiscontestación. Concretamente, se queja de que la Sala admita que los fundamentos del Inferior para repeler la excepción de falta de acción -que se basaron exclusivamente en la ausencia de responde- son errados, e intente reparar la falencia aplicando la Ley de Sociedades Comerciales, sin advertir que ello excede la "litiscontestatio" y contradice la ley vigente y aplicable que es la Ley de Contrato de Trabajo.

Sostiene que si la sentencia de primera instancia era errada la obligación del superior era dictar otra útil, ajustada a los hechos de la causa, pero no fallar conforme su exclusivo criterio, violando la regla de la "no reformatio in peius".

Insiste en que ninguna de las partes invocó la Ley de Sociedades y por tanto no podía ser aplicada por el Tribunal sin violar el principio de congruencia.

Se agravia de que los Judicantes no respetaran el régimen de "conglobación por instituciones" ni echaran mano al principio del "in dubio pro operario".

Puntualiza que la litis se fundó en la interpretación de los artículos 228 y 229 Ley de Contrato de Trabajo -que imponen la solidaridad entre cedente y cesionario del personal de un establecimiento-, que en tales términos respondió la accionada y por tanto eran las previsiones del artículo 229, segunda parte de la Ley de Contrato de Trabajo las que debían aplicarse; sin embargo la Sala escoge una norma distinta, soslayando el "in dubio pro operario" -ante la sustancial duda acerca de la extensión que debía darse a los presupuestos del art. 229 L.C.T.-.

La Sala denegó la concesión del remedio intentado razón por la que el quejoso ocurrió en forma directa por ante esta sede.

2. Pese a los esfuerzos del recurrente por otorgar a su postulación el matiz constitucional necesario a los fines de demostrar que en el "sub examine" se configuran las causales de arbitrariedad que invoca, de la lectura del pronunciamiento impugnado no se evidencian los vicios que le endilga.

En efecto, los agravios del quejoso pueden ser agrupados en dos líneas íntimamente conectadas entre sí: aquéllos que achacan a la Sala soslayar la norma aplicable -arts.9, 228 y 229 L.C.T.- y los que le imputan violar el principio de congruencia y de la "no reformatio in peius" al introducir argumentos ajenos a la litis -ley 19550-. Sin embargo, con sus aseveraciones, no ha logrado acreditar que dichas falencias se hubiesen configurado en la especie.

Concretamente, se advierte que el Tribunal -a la luz de los agravios de la actora, fundamentalmente, teniendo en cuenta sus planteos relativos a la solidaridad de los socios de la entidad colectiva por aplicación del artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo (Cfr. fs. 1 vto.; 6vto.)- y luego de reconocer el yerro del Inferior al acoger la excepción de falta de acción exclusivamente con base en la incontestación, pasó a analizar si, a raíz de la transformación de la sociedad colectiva en una de responsabilidad limitada (tal como afirmara el actor y admitiera la accionada) la responsabilidad derivada del despido indirecto pesaba exclusivamente sobre la S.R.L. o también se extendía a la sociedad colectiva y sus socios. No puede pasar desapercibido con respecto a ello, que el Tribunal destacó que dicha transformación se había operado en el año 1989 Y, fue en tren de responder tal interrogante -aunque no lo expresara textualmente- que ponderó los temas que integraron la litis a la luz de las normas laborales que -invocadas o no- refieren a la responsabilidad de cedente y cesionario en caso de transferencia del establecimiento, respecto a cuyo alcance -y a si la transformación societaria genera o no un supuesto de transferencia- cabe acotar, no es pacífica la doctrina.

Fue en dicho contexto -y dentro de sus atribuciones revisoras- que echó mano a la normativa societaria para caracterizar y señalar los efectos y proyecciones laborales de la transformación de la entidad colectiva en una S.R.L..

Y, como se sabe, la Alzada, en su misión revisora, se encuentra limitada en lo relativo a los hechos, mas no en punto al derecho, por lo que no sólo los litigantes podrán traer argumentos jurídicos no esgrimidos antes, sino que, planteados erróneamente, será la alzada quien, en uso del "iura novit curia" quien reconducirá la situación.

"Esta libertad de argumentar, de la que participa el Tribunal de alzada, lo faculta naturalmente a decidir los pleitos con otros fundamentos normativos que los utilizados hasta entonces" (ver en tal sentido Acosta José, "Procedimiento Civil y Comercial en Segunda Instancia", Tomo II, Rubinzal Culzoni, 1982, f. 82).

Ahora bien, en tren de dar respuesta al precedente reproche del recurrente relativo a los alcances del "iura novit curia" de la Alzada, cabe reconocer que en determinados supuestos no es fácil distinguir claramente entre el hecho y el derecho y así evaluar si, en el caso concreto, se trata de una nueva postulación fáctica o es la misma encuadrada jurídicamente de otro modo.

Es por ello que en el caso, cobraba singular importancia el desarrollo minucioso y circunstanciado, con las transcripciones correspondientes de los temas propuestos y resistidos, en pos de demostrar el exceso del superior. Adviértase que las extensas aseveraciones sobre los límites revisores de la alzada, -que en abstracto desarrolla el impugnante- si bien constituyen manifestaciones veraces, son genéricas y no logran patentizar su vinculación estricta con el caso concreto.

Esta insuficiencia del memorial sobre el punto, que importa a su vez el incumplimiento de la carga impuesta por el artículo 3 de la ley 7055, trae aparejada la desestimación del remedio extraordinario.

Lo expuesto sella la suerte adversa de la presente impugnación.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: rechazar la queja interpuesta.

Insértese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)