marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, falta de personería, directorio, presidente del directorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABASTECEDORA GRAFICA  S.A. c/ LA RAZON  S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-15

Surgiendo la condición de presidente del directorio de la sociedad anónima, de las referencias efectuadas por el escribano en la escritura pública, de conformidad con lo prescripto por la ley 15875 modificatoria del CCIV: 1003; y habiéndose arrimado en su respaldo copias certificadas del acta de asamblea designando, entre otros directores, al presentante, y el acta de distribución de cargos del directorio eligiéndolo presidente, no cabe sino tener por satisfechos los recaudos para considerar acreditada en debida forma la personería esgrimida por el ejecutante.

La sola circunstancia de encontrarse cumplido el plazo estatutario por el cual el directorio ha sido designado, no empece a considerar subsistente el "mandato", por cuanto la vigencia de la designación debe entenderse mantenida hasta tanto el director saliente sea reemplazado (LS: 257, 2o. párr.), sin que se haya aducido que esto último hubiese acontecido. Es presupuesto, pues, para la seriedad del planteo, no solo la puntualización del vencimiento del plazo de designación, sino también la acreditación concreta del efectivo reemplazo del compareciente por un funcionario diverso, o por lo menos la afirmación de ese hecho.
Derecho procesal, recursos, recurso de apelación (procesal), recurso de queja (procesal), procedencia del recurso, astreintes
Materia: PROCESAL
Carátula: Richards, Martín Alberto c/ Romulo Ruffini y Cía. SAII y C s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-14

Procede hacer lugar a la queja y conceder el recurso de apelación subsidiario en relación y en ambos efectos -devolutivo y suspensivo-, en los términos del CPR 243. Ello por cuanto, en el caso, en tanto la apelación concierne fundamentalmente a astreintes impuestas por el señor juez de primera instancia, no es aplicable en este caso la regla de inapelabilidad por el monto del CPR 242. Y toda vez que la decisión apelada es susceptible de generar a la demandante un gravamen irreparable ulteriormente, la queja es admisible.
Quiebra, acción concursal de responsabilidad, actos perjudiciales a los acreedores, aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: DE MAIO, ALBERTO J. c/ FORRAJERA CANALS SRL  BANCO SOCIAL DE CORDOBA. s/ QUIEBRA. INC. DE RESP. (ARTS. 240 Y 246 LC)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-13

Toda vez que la declaración de responsabilidad del cómplice se encuentra contemplada en la ley 24522: 173-2 párr., si la acción se promovió durante la vigencia de la ley 19551, debe disponerse su adecuación al nuevo ordenamiento legal. En tal sentido es de ponderar, que si bien es cierto que la ley 24522 establece nuevos requisitos para promover la citada acción, entre otros, le impone al síndico la necesidad de contar con la conformidad previa de los acreedores (ley 24522: 174), sin embargo, tal requisito no resulta aplicable a supuestos en los que, -como en el caso-, la misma fue promovida por un acreedor y la litis se trabo con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley concursal, pues bajo el régimen de la ley 19551 la acción se promovía sin necesidad de autorización.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto de la pena, fiscal de Cámara
Materia: PENAL
Carátula: Amirebole, Eduardo Mario s/ Homicidio en ocasión de robo - Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

Siendo aplicable el art. 342 (n.a.) del C.P.P., el Ministerio Fiscal no pudo deducir recurso de inaplicabilidad de ley cuando no solicitó pena de reclusión o si, habiéndolo hecho, luego abandonó tal actitud procesal.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, vehículos, titularidad del dominio, incidente de acumulación, deudas impositivas
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ PHILLIPS, ANIBAL GUSTAVO C/ SERGIO TREPAT AUTOMOVILES SA Y OTRO S/ ORDINARIO. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-01

Corresponde admitir la demanda de daños y perjuicios promovida por el vendedor de un vehículo usado, y condenar a la concesionaria con motivo de la falta de registración del vehículo a nombre del adquirente. Ello así, pues tal situación generó que el actor siguiera figurando como titular del automóvil y responsable por el pago de patentes; y luego provocó que el Fisco promoviera ejecución en su contra, embargara el rodado y lo inhibiera, todo ante lo cual el accionante debió arribar a un acuerdo fiscal ingresando en una moratoria. En ese marco, reconocida la venta del actor a la concesionaria, correspondía a ésta última, aún cuando su intención fuera revender el vehículo, inscribir la unidad a su nombre como se lo impone el artículo 9 del régimen jurídico del automotor. Ello así, pues la circunstancia que el automotor objeto de una compraventa se encuentre patentado a nombre de un tercero, no excusa al vendedor del incumplimiento de la obligación que sobre él pesaba de inscribir a su nombre el rodado usado que compró para su reventa posterior (conf. CNCom, Sala A, in re "Pucheta, Ramón c/ Pampa Motor SA s/ cumplimiento de contrato y daños y perjuicios"), del 20/12/91; Sala D, in re "Federico SA c/ Cantero, Mirta Ramona s/ ordinario", del 24/11/15, Cita Online: AR/JUR/53948/2015).
Instrumentos públicos, redargución de falsedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Merlo, Fernando y otro c/ Recloux, Julio y otro s/ Desalojo S.T.S. Electromecanica S.C.A. c/ Bibbo, Alfredo Domingo s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-11|1996-02-08

Cuando se trata de instrumentos públicos, no le basta a la contraparte negar su autenticidad, sino que además dentro del plazo de 10 días debe iniciar el incidente de redargución de falsedad, caso contrario su negación primigenia carecerá de virtualidad toda vez que la carga de la prueba -en estos supuestos- recae sobre quien desconoce la veracidad presumida por la ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción declarativa de inconstitucionalidad, poder de policía, exhibición de película
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-10

La cuestión presenta matices complejos, pues la ley nro. 23.076 y su reglamentación, decreto nro. 3899/84 tratan no sólo cuestiones vinculadas con el poder de policía de la Ciudad de Buenos Aires (la calificación de la moralidad de un espectáculo público), sino también sobre la creación de un organismo burocrático en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas), integrada por funcionarios designados por el Gobierno nacional, con incidencia en el presupuesto de la Nación y con decisiones que afectan las películas que pretenden exhibirse, además de en esta Ciudad, en las provincias de Buenos Aires, Chaco y Chubut. No es esta una problemática que se ciña exclusivamente al derecho local. No obstante las particularidades señaladas, el ejercicio del control de constitucionalidad por esta vía puede ser ejercido por el Tribunal con el límite de decidir las cuestiones de constitucionalidad debatidas teniendo en cuenta las normas sólo en tanto constituyen derecho local para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no ya en relación con su validez o invalidez en general, como lo plantean la ADC en el petitorio de su demanda. Con tal alcance, corresponde considerar los agravios constitucionales formulados por la actora.
Agente fiscal, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PENAL
Carátula: PERIN RAMON OSCAR s/ CASACION  PENAL  -  REQUERIMIENTO  FISCAL  DE  ELEVACION  A  JUICIO -  CONTENIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-09-03

La sala penal del tribunal superior de justicia ya ha dicho que frente a un tipo penal calificado por la existencia de plurales elementos subjetivos (CP, 80, 7 -que fue la calificación jurídica dada por el fiscal requirente-) tales como 'preparar otro delito', 'para facilitar otro delito', 'para consumar otro delito', 'para procurar la impunidad para si o para otros' o 'por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito', ante los cuales se podrían adoptar diversas posiciones defensivas -incluso contrapuestas entre sí-se debió relacionar sucintamente cual de ellas, específicamente, se ha dado en la causa, de modo que pudiera individualizarse la defensa respecto de las mismas, en el caso concreto. Es decir, se debió vincular la determinación fáctica a alguna o algunas de las hipótesis de la norma que se considero aplicable (CPP, 358, 'in fine'y cn, 18), pero también se señalo que en una gran cantidad de casos esa situación es palmariamente clara y no hace falta una referencia explícita. En el caso, eso es lo que ha ocurrido desde que resulta palmariamente claro y no hace falta referencia explícita alguna acerca de que quien intenta matar a otro, luego de asaltarlo porque este sabe donde aquel vive, lo hace para procurar su impunidad. Consecuentemente, no se advierte la vulneración de la defensa en juicio (CN, 18) porque la inscripción fáctica surge sin lugar a dudas que la hipótesis contemplada en sexto término, en el inc. 7 del art. 80 CP, es la relacionada al caso, satisfaciéndose así debidamente el art. 358 del código procesal penal de Córdoba.
Desobediencia a un funcionario público, nulidad de sentencia, sentencia arbitraria, condena condicional, ejecución de la pena, restricción de acercamiento
Materia: PENAL
Carátula: Santín, Claudio Sebastián s/ resistencia o desobediencia a funcionario público c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

Corresponde anular, por carecer de fundamentación, la sentencia que reprochó al imputado el delito de desobediencia, en tanto para arribar a tal conclusión, no se ha expuesto, siquiera mínimamente, las razones que permitirían sostener que la prohibición de acercamiento infringida por el imputado, impuesta por un tribunal oral como regla de conducta en el marco de una condena de ejecución condicional, puede ser subsumida en el concepto de "orden", exigido por la figura del art. 239 CP, al criminalizar la conducta de aquel que "desobedeciere", en tanto, "sólo puede desobedecer quien es destinatario de una orden". Ninguna reflexión mereció un dato fundamental que permite poner en duda la razonabilidad de la subsunción típica efectuada, a saber: mientras que una "orden" posee estricto carácter imperativo, una regla de conducta impuesta en una condena de ejecución condicional, en cambio, estructuralmente supone la posibilidad alternativa de que su destinatario cumpla la condición y de ese modo, logre la no ejecución de la pena privativa de libertad ya impuesta, así como que la condena "se tenga como no pronunciada" (cfr. art. 27, primer párrafo, CP); o bien, el no cumplimiento "persistente" de la condición conducirá a la efectiva ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia (voto del juez Magariños)
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, estacionamiento antirreglamentario
Materia: CIVIL
Carátula: MOLDES CARLOS c/ TESONE OSCAR s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-08

Un taxi detenido en doble fila para el descenso de un pasajero implica una infracción a las leyes de tránsito, punible por la autoridad correspondiente, pero sin trascendencia -per se- en cuanto hace a la culpabilidad en la producción de un hecho dañoso, salvo que se pruebe la brusca detención del taxi provocando una situación insuperable por el otro vehículo interviniente en el ilícito.
Contrabando, automotores, importaciones, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: LEDESMA, PEDRO CLAUDIO s/ averiguación de contrabando Causa 31361
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-11

Corresponde confirmar la prisión preventiva dictada contra quien en principio habría adquirido un automotor en violación a las condiciones de amparo de las franquicias existentes para discapacitados, si resulta que aquel carecería de medios económicos suficientes para adquirirlo y que el registro de conductor que exhibiera a los fines de lograr la franquicia no se encontraría respaldado por los documentos que avalarían su obtención en la Dirección de Tránsito además que surgen de las pericias que el imputado posee diversas insuficiencias físicas que para conducir vehículos estos deberían estar adoptados mediante una perilla en el volante, la cual no tiene el vehículo de autos.
Derecho laboral, trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: PASTOR, ROBERTO ORLANDO c/ TELEVISORA DEL OESTE S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-19

Para el supuesto del trabajador varón es viable la indemnización por despido fundada en causa de matrimonio sólo cuando acredite ese extremo, marcando de ese modo una distinción en la aplicación del instituto entre el hombre y la mujer.

Esta distinción se hace a partir del dictado de la ley 21297, ello es así por cuánto sólo consagra este beneficio para las mujeres incluyéndolo dentro del título vii relativo al trabajo de mujeres.

Se hace una distinción en base a las distintas circunstancias biológicas y sociales reconocidas tanto al hombre como a la mujer después de celebrado el matrimonio.

La protección alcanza también al hombre, pero para que opere debe producirse prueba concluyente de que el despido se originó en el matrimonio.
Contienda negativa de competencia, regulación de honorarios, principio de inmediación
Materia: PROCESAL
Carátula: AGU, HERNAN GUSTAVO Y OTROS c/ CANO, VICENTE s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-24

Si bien es cierto que la ley 6767 establece que en los asuntos o gestiones administrativas el profesional interviniente podrá solicitar la regulación de sus honorarios ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en turno del lugar donde se hubiere tramitado el asunto, no es menos cierto que en el caso, los profesionales actores y el demandado se domicilian dentro del mismo circuito dependiente de otro distrito; y es en función de estas especiales circunstancias, y la debida observancia del principio de inmediatez y el respeto a las garantías constitucionales de acceso a la justicia y defensa en juicio, que se aconseja desplazar la competencia asignada en los términos del artículo 24 de la ley 6767, para atribuírsela al Juzgado de Primera Instancia de Circuito con asiento en dicha ciudad, que por otra parte es el competente en razón del límite cuantitativo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículos 4, inciso 13, apartado 11 y 5, inciso 13; Ley 6767, artículo 24; CSJStaFe: Acta Acuerdo 49, punto 9, del 22/11/2016.
Expresión de agravios, carga procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL c/ PASTOR MORE s/ EXPROPIACION MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL c/ PASTOR MORE s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-10-11|1994-10-11

Toda expresión de agravios es una carga procesal que tiende a evidenciar la injusticia del fallo apelado.-
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Y.de M.Z.F. c/ M.C.S. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-18

Conforme lo dispone el art.642 del CPCC, para responder a los alimentos que se devenguen durante la sustanciación del juicio, el juez debe fijar una cuota suplementaria que se deberá abonar en forma independiente. Al respecto se considera que si bien las sumas acumuladas durante el trámite del proceso resultan exigibles en su totalidad y sin plazo alguno, se admite en ciertos casos acordar facilidades al obligado cuando éste justifica que no se encuentra en condiciones de afrontar su pago íntegro. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Inmunidad de jurisdicción, Estados extranjeros, actos de los poderes públicos, guerra
Materia: PROCESAL
Carátula: Davidoff, Constantino c/ Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18

Más allá del momento en que sucedieron los hechos, lo relevante, a efectos de franquear la valla que significa el principio de inmunidad jurisdiccional de los Estados extranjeros, es poder calificar la conducta que se reprocha como acto iure gestionis, no pudiendo incluirse en dicha categoría aquellos motivados en un conflicto bélico, pues se trata de actividades que trasuntan el ejercicio de imperium por parte del Estado y por lo tanto quedan comprendidos en el art 1º de la ley 24.488. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Desistimiento, retractación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cascallana, Lucio c/ Pirolo, Antonio y otra s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-27

Es improcedente la retractación del desistimiento contenido en un acuerdo transaccional formulado por las partes y el propio martillero ahora retractante, atento lo normado en los arts. 704, 832 2º parte, 871, 875 ccdts. del CCI. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIDONI ELSA MARGARITA Y OTROS c/ LOPEZ JULIO ENRIQUE Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-12

Sancionada y promulgada la Ley Nº 22.977, publicada en fecha 21/11/1983, el apelante titular dejó expirar el plazo previsto en el artículo 5. Con lo cual operó la caducidad del derecho de poder denunciarse la venta del bien ante el Registro en pro de eximirse de la endilgada responsabilidad. Como no lo hizo, la suerte de su recurso sobre este acápite, está hechada. Ello así pese a respetadas tesituras en contrario (cfr. plenarios de la C.N.Civil in re:"Morrazo c/Villarreal" LL 1981-B-98 y "Morris de Sotham c/Besuzo" LL 1993-E-586).
Facultades del juez, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: R., S.E. c/ I.C. SA s/ Demanda Laboral (Haberes e Indemnización de Ley)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-03

"Tratándose de la investigación del derecho aplicable, las facultades del juez son absolutas y tanto que no estando ligado al derecho invocado por las partes, tiene el deber de investigar la norma que resuelva mejor la necesidades del caso y las exigencias de la justicia. En esta tarea, no puede ser excusa el que las partes no hubiesen llevado al juzgador el texto de la norma, pues dicha norma es "derecho" y como tal es ingrediente necesario para arribar al objetivo mismo de la función jurisdiccional que es la justa composición de la litis, para usar la expresión de Carnelluti".
Pago de la remuneración, recibo
Materia: LABORAL
Carátula: Pio, Juan Carlos c/ Malaspina, Aldo e Hijos S.R.L. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-02-07

No todos los requisitos impuestos a los recibos laborales por el art.

140 L.C.T. tiene la misma relevancia y si en los documentos aparecen las firmas reconocidas del "accipiens", las imputaciones precisas a rubros salariales -en el caso, "diferencias sueldo" de diversos períodos mensuales- y las fechas exactas de las percepciones -en la especie, producidas siempre dentro de los primeros días hábiles del mes siguiente-, sus restantes falencias pueden pasarse por alto, reconociéndoles en fin fuerza acreditante de los pagos que documentan.
Beneficio de litigar sin gastos, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Arredondo de Monroy, Cecilia A. y otros s/ Beneficio  de  Litigar sin Gastos-Actuaciones para Elevar a Cámara-  Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-03-22

Si bien, como principio, y en función de lo dispuesto por el art. 88 del C.P.C., las resoluciones que deniegan o acuerdan el beneficio de litigar sin gastos no cumplen con el requisito de definitividad requerido por el art. 4 de la ley 2275; tratándose de la determinación del límite temporal desde el cual se producen los efectos que provoca su otorgamiento, resulta ser una cuestión que no podría ser modificada posteriormente, lo que evidencia la irreparabilidad del agravio y su consecuente definitividad.
Recurso de casación, prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: DERAGOPIAN DE ARSLANIAN DULCE c/ AMFIN  S.A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-26

Si las partes se consideran satisfechas con la labor pericial, y se valen de la misma para formular los alegatos, las atribuciones del Tribunal -en el examen de dicha prueba- quedan limitadas por esas circunstancias. Y si en conjunción con pruebas rendidas resulta acreditado que la incapacidad del actor guarda relación casual o concausal con las tareas desarrolladas corresponde en consecuencia pronunciarse sobre el fondo del asunto, pero como para ésto es necesario analizar prueba producida en forma oral, deberá anularse la sentencia y el debate que la "precedió".

Por tanto le asiste razón al recurrente, ya que se advierte en el pronunciamiento el vicio formal que se denuncia. La sentenciante sin observar los presupuestos exigidos para el dictado del decisorio, en lo que a motivación se refiere, resta valor convictivo a la pericia imputándole falta de precisión acerca de las razones que llevaron al profesional a declarar la relación concausal entre las tareas y las afecciones que padece la actora, prescindiendo de aspectos que resultaban sustanciales en el dictamen.-
Trabajadores de Luz y Fuerza, bonificación anual por eficiencia, fondo compensador, acta acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: CAPURRO, OSVALDO ARGENTINO Y OTRO c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

Lo dispuesto por el Acta Convenio de 1973 (suscripta entre SEGBA y el Sindicato que nuclea a los trabajadores de la misma) en cuanto refieren en su artículo 1 inciso c) a que la Bonificación Anual por Eficiencia solo se tendrá en cuenta a los efectos del cálculo del monto que la empresa debe aportar al Fondo Compensador, pero no a los del cálculo del 82% de la remuneración como si estuviera en actividad, no fue sustituido por el Convenio Colectivo de Trabajo 78/75, toda vez que éste en su artículo 19 inciso a) establece, respecto a la Bonificación Anual por Eficiencia, que la empresa aplicará las disposiciones de las actas y acuerdos habidos entre las partes sobre el punto, entre ellos el Acta Convenio referido.

(conforme Sala III, sentencia 54063, del 27 de marzo de 1987, 'Olmedo y otro c/ SEGBA').
Principios procesales, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: Genesys Informática c/ A.T.S.A. s/ Cobro de pesos (ordinario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2007-03-07

Cae de su peso que el principio iura novit curia autoriza al magistrado a juzgar los hechos expuestos según las normas correspondientes; mas no a cambiar la acción deducida, conculcando la garantía de la defensa en juicio, la igualdad de las partes y el principio de congruencia.
Depreciación monetaria, moneda, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Peralta, Luis Arcenio y otro c/ Estado Nacional (Mrio. de Economía - BCRA.) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Da lo mismo que la moneda pierda poder adquisitivo o de compra si se reduce su cantidad nominal, que si ésta se mantiene pero con motivo de la intervención gubernamental aumenta el precio de los restantes bienes y cosas del mercado, sin los cuales el dinero carece de sentido.