marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cesantía, sanciones disciplinarias, cargos docentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Estado Provincial s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-12-07

La cesantía puede ser una sanción, también es la consecuencia de la aplicación del régimen disciplinario. Y como sanción y régimen disciplinario del que se habla, obviamente debe garantizar el derecho de defensa del afectado. Por el contrario, la Resolución en cuestión está directamente vinculada a un sistema de incompatibilidades para el ejercicio de cargos docentes más allá de un determinado número de horas cátedras. en nada se vincula la aplicación de un régimen disciplinario con la cuestión resuelta por la Resolución MCE Nº 140/97 que pone un límite lógico a una situación de gravedad institucional presupuestaria y de reorganización administrativa, mediante el establecimiento de un régimen de incompatibilidades docentes.
Competencia, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, graduación de la pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Sarlenga, Luis E. y Otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-21

No corresponde a la CFCP pronunciarse nuevamente sobre las cuestiones introducidas en esta oportunidad en torno a la violación del plazo razonable, pues el reenvío de las actuaciones al Tribunal Oral de origen para la determinación de la pena correspondiente tampoco puede redundar en la multiplicación de las oportunidades o posibilidades de formulación de planteos ya resueltos, y contra los que se encuentran pendientes recursos.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, fallos de la Corte Suprema, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LORENA CEJAS c/ GCBA s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-03

El análisis de procedencia de una medida cautelar debe contemplar tres aspectos centrales: la naturaleza intrínseca del instituto, su finalidad en el marco del proceso y los requisitos que hacen a su operatividad.

Con relación al primero de los referidos tópicos, la regla del artículo 182 del Código Contencioso Administrativo y Tributario refuerza normativamente el carácter provisional de la disposición cautelar, cuyos efectos subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron, quedando habilitada la parte interesada a peticionar su levantamiento en cualquier momento en que éstas cesaren.

En cuanto a los requisitos de operatividad, se impone la necesidad de verificar la concurrencia de la verosimilitud del derecho invocado y del peligro en la demora, así como la prestación de una contracautela.

Estas exigencias deben evaluarse en la especie en consonancia con la presunción de legitimidad del acto impugnado pues, siguiendo el criterio del Máximo Tribunal Nacional, ésta impide en principio la procedencia de las medidas cautelares contra ellos solicitadas, excepto en los casos en que las bases de cuestionamiento resulten prima facie verosímiles (conf. doctrina de Fallos 250:154; 307:1.702; 313:819; 315:2.040 y 318:2.374, entre muchos otros).

A ello se aduna la manda del artículo 189 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, que reduce las hipótesis de suspensión de los efectos o de la ejecución del acto administrativo a que éste resulte gravemente dañoso al administrado, que su ejecución o cumplimiento ocasionare mayores perjuicios que su suspensión o que el acto mismo ostente una ilegalidad manifiesta.

Estos parámetros de análisis evidencian una franca tensión entre los criterios de viabilidad del instituto y las características intrínsecas de la disposición administrativa, que ha llevado a criticar la tendencia jurisprudencial a resolver las pretensiones cautelares a partir de la verificación de un fumus boni iuris considerado en orden a exigencias propias del derecho procesal civil (conf. Hutchinson, Tomás: "La suspensión de los efectos del acto administrativo como medida cautelar propia del proceso administrativo. Su aplicación en el o rden nacional", El Derecho 124:677).
Caducidad de instancia, inactividad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Acosta Patricia del Valle c/ I.O.S.E.P. s/ Acción de Amparo - Apelación de Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2022-04-07

Se advierte que desde la fecha de integración del Tribunal, hasta la promoción del presente incidente de caducidad de instancia, no existe evidencia alguna que permita inferir el avance del proceso hacia una solución del pleito (se debió notificar el decreto de integración del Tribunal), por lo que se encuentra vencido en exceso el plazo de seis meses establecido por el art. 314, inc.2, del CPCC y debe hacerse lugar al incidente.
Daño resarcible, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: Lucas, Adrián c/ Ratto de Marrodan, Tatiana Gretel María y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-14

El daño moral consiste en una pretensión autónoma e independiente del despido, vale decir, tiene su causa fuente en un ilícito ajeno al contrato de trabajo que desborda los límites tarifarios y que debe ser resuelta en consecuencia acudiendo a los principios generales del Derecho de Daños.
Cancelación del pagaré, librador, legitimación procesal
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Kurtz, Arlindo Otto s/ Cancelación de pagaré
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-24

La cancelación cambiaria es un procedimiento cuya finalidad primordial que es el portador desposeído del título pueda exigir el cumplimiento de la obligación cartular (v. art.89 y 92, Dec. Ley 5965/63 - Adla XXIII - S, 936) apareciendo contradictoria así la circunstancia que sea el suscriptor del pagaré quién pretenda beneficiarse con este procedimiento. Carece por tanto el librador, de legitimación para peticionar la cancelación del pagaré que menciona, pues no reúne la calidad de portador en los términos de los arts. 89 y siguientes del Decreto Ley citado.
Concurso de antecedentes y oposición, medida de no innovar
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Dr. Denett, Marcos Rodolfo c/ Concejo Deliberante de la Capital y Comisión Especial del C.D.C. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-10-02

En el marco de un concurso de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de Defensor del Pueblo, el actor deduce acción de amparo, con el objeto de hacer cesar los efectos de el pedido de informes de su domicilio electoral requerido al Juzgado Electoral por uno de los miembros de la Comisión Especial designada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital, argumentando la eventual intención de excluirlo de la nómina de aspirantes, por no cumplir con el requisito de "residencia" en este Municipio, o bien, por no ser elector en el Distrito Capital de Catamarca, afectando sus derechos constitucionales que cita in extenso.

El amparista solicita medida de no innovar tendiente a que se ordene a la accionada que se abstenga de excluir al actor de la nómina de postulantes o del orden de mérito para cubrir el cargo de Defensor del Pueblo, por no reunir el requisito previsto en el Art.4 de la Ord.4032/06-reglamentaria del concurso- en función de los Arts.45 y 47 de la Carta Orgánica Municipal y Art.249, últ. pte., de la Constitución Provincial.

Ahora bien, la conducta asumida por uno de los miembros de la comisión en representación del cuerpo, solicitando información acerca del domicilio electoral del actor, adolece de vicios que prima facie, determinarían su ilegalidad ante la plataforma jurídica sentada por la convocatoria al concurso de que se trata.

En efecto, el dictado de esta medida de no innovar resulta viable, ante el temor fundado del peticionante en la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente en orden a las expectativas derivadas del primer lugar alcanzado en el orden de mérito provisorio elaborado por la comisión, pues ello configura un interés jurídicamente tutelado que justifica el adelanto jurisdiccional.

En atención a que el requisito sub examine se vincula con el daño, dado el carácter preventivo de las medidas cautelares, no se requiere su producción sino su eventualidad, es decir, la posibilidad de su existencia y la de sufrir perjuicios de difícil o imposible reparación ulterior, lo que evidencia la configuración del peligro en la demora que habilita el dictado de la tutela cautelar.

En consecuencia, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada, previa caución juratoria que deberá prestar el peticionante de responder por los daños y perjuicios que la medida pudiere irrogar en caso de haberla solicitado sin derecho y ordenar a la Comisión Especial del Concejo Deliberante conformada para la selección del Defensor del Pueblo y al Concejo Deliberante de la Capital, que se abstengan de aplicar medidas que importen desplazar y/o excluir al actor de la nómina de postulantes u orden de mérito a ocupar dicho cargo.

Del voto de la Mayoría
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Capital Federal, competencia, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Poder Judicial de la Nación
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

Los poderes de la Nación y los de las entidades políticas locales con facultades propias de legislación y jurisdiccionales conviven sobre el mismo territorio, aun el de la Capital Federal, cuya Legislatura es la de la Ciudad y no el Congreso de la Nación, y prevalece el poder de la Nación cuando está previsto como privativo o cuando por razones de hecho, el ejercicio superpuesto es imposible. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Sociedad anónima, accionistas, suscripción de acciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: FUENTES DE DURAN, DELIA c/ DURAN SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-22

Las calificaciones de suscriptor y de accionista son diferenciables, de modo que se puede no tener la primera calidad y adquirir luego la segunda. La calidad de no suscriptor al tiempo de una anotación en el libro de emisión de acciones no impide la obtención ulterior de la calidad de accionista. "Suscriptor" es el sujeto que hizo el aporte a la sociedad emisora y también -si se quiere: por extensión- quien recibió la acción como dividendo, o quien recibió nuevos títulos por la conversión de los anteriores. El concepto de "accionista" es más genérico, pues comprende no sólo al suscriptor que posea la acción, sino también a quien recibió el título por otra causa (venta, cesión, donación, o lo que fuera) de un suscriptor o de un accionista anterior. Los caracteres de suscriptor y de accionista coinciden en el suscriptor que conserva la acción en su patrimonio; pero si el suscriptor enajena su acción, deja de ser accionista. A la inversa, quien no fue suscriptor deviene accionista cuando adquiere una acción; en esa hipótesis, el no figuraría en el registro de acciones pero si -cuando acude a una asamblea- en el libro de depósito de acciones y asistencia a asambleas.
Protección de la vivienda, acción de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rabaza, Luis Francisco c/ Cooperativa de Trabajo Alfin de Mar Ltda y otro s/ cobro ejecutivo de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-24

La ley 14.432 de la provincia de Buenos Aires resulta inconstitucional, en cuanto dispone la inembargabilidad e inejecutabilidad de todo inmueble destinado a vivienda única y de ocupación permanente de manera automática, por tratarse de una materia delegada en los términos del art. 75 inc. 12 de la ley fundamental, y la norma impugnada difiere de la inmunidad "voluntaria" de la vivienda única contenida en la ley nacional de bien de familia, la que, a su vez, cumple con los estándares de la Carta Magna y de los instrumentos internacionales, los que si bien apuntan a proteger a la familia, obligando a que los Estados aseguren el acceso a la vivienda digna y adecuada, no imponen la conservación del derecho de propiedad del techo familiar.
Competencia contencioso administrativa, contrato de obra pública, responsabilidad del contratista, acción de amparo, inadmisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Feltrin, Walter Claudio c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-03

Comparece la parte actora interponiendo acción de amparo en contra del Estado Provincial- Ministerio de Servicios Públicos-, persiguiendo se ordene la inaplicabilidad e inconstitucionalidad por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta del Decreto SP Nº 1051/13 que rescinde por culpa exclusiva del contratista, el contrato de obra "Construcción de LMT KV Santa María Etapa I, Dpto. Santa María -Provincia de Catamarca-", ordena la ejecución de la póliza de seguro de caución e intima al contratista para que en el plazo de quince días proceda a la devolución de la suma de dinero percibida en concepto de anticipo financiero.

De la lectura del escrito de demanda, se extrae la falta de precisión de los derechos de superior jerarquía conculcados por el accionar administrativo, por ende, la falta de subsunción del hecho en las normas contenidas en los Art. 1 y 6 de la Ley 4642.

El órgano administrativo se encuentra facultado para adoptar las decisiones que estime conducentes a los efectos de resolver la desvinculación de las partes dentro de la relación del contrato de obra pública, en tanto se trata de aquellas materias en cuyo ejercicio goza de atribuciones propias, para emitir los actos que estime conducentes para el ejercicio de la actividad administrativa Entrar a indagar en este proceso excepcionalísimo y dentro del acotado margen cognoscitivo otorgado a la acción de amparo, el control de legalidad de la actividad del Estado-Administrador en temas de su competencia, tal como lo plantea el amparista, importaría sustituir el criterio de la autoridad administrativa por el de los jueces, los que se encuentra vedado por nuestro ordenamiento constitucional, cuya ratio radica en la división de los poderes del estado.

Por ello, corresponde declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta, con costas.
Conflicto armado internacional, protección de la población civil, principio precautorio, víctimas de guerra, derecho internacional humanitario
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Fondo No. 121/18, Caso 10.573. José Isabel Salas Galindo y otros. Estados Unidos de América - Invasión militar a Panamá - Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Interpretación y alcance c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-10-05

De acuerdo a lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario, el principio de precaución se refiere a una norma consuetudinaria aplicable a conflictos armados y en razón de la cual, las operaciones se realizarán en cumplimiento del deber constante de preservación de la población civil y sus bienes, tomando las precauciones que resulten necesarias a fin de evitar o reducir a un mínimo, el número de muertos y heridos entre la población civil, así como los daños que incidentalmente pudiera causarse a sus bienes.
Escritos judiciales, patrocinio letrado, falta de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: Briasco, Horacio Agustín c/ Briasco, Roberto Juan s/ División de condominio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

Dispone el art. 56 del Código Procesal que los jueces no deben proveer ningún escrito en los que se sustenten o controviertan derechos, ya sea en procesos de jurisdicción voluntaria o contenciosa, si no llevan firma de letrado, no resultando admisible tampoco la promoción de cuestiones de cualquier naturaleza en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado patrocinante. Si el demandado compareció a una audiencia sin la debida asistencia de abogado, no correspondía que el juez diera curso al acuerdo a que se arribara en dicho comparendo respecto del martillero que llevaría adelante la venta en subasta pública del inmueble cuya división se dispusiera, sin previamente requerir el cumplimiento de la exigencia establecida por el citado art. 56, conforme prevé por caso, respecto de los escritos presentados sin firma letrada, el art. 57 del mismo código.
Retiro policial, accidente en acto de servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Baresi Rubén O. c/ Policía Federal Arg. s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-09

Teniendo en cuenta que el control del tránsito y las infracciones a las reglas que lo regulan constituyen una función propia de los agentes policiales, que el accidente se produjo mientras el Sargento procedía a labrar un acta de infracción y considerando lo dicho respecto la intencionalidad del conductor del vehículo invistiente, las lesiones padecidas por el actor fueron indubitablemente ocasionadas por su condición de funcionario policial por lo que su retiro debe encuadrarse en el inc. a) del art. 969 del decreto 1866/83.
Despido, fuerza mayor
Materia: LABORAL
Carátula: GARAY MARIA SILVIA c/ LUCIA ANTONIA ARIZA DE CALZADO s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-21

El cierre de un negocio, y la continuación en otro local, aún con modalidades diferentes a las del anterior negocio (art. 7 ley 20744), no constituye por sí mismo el hecho de la fuerza mayor, o de la falta o disminución de trabajo, y menos aún se acredita con ello la inimputabilidad de parte del empleador.
Embargo, levantamiento del embargo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Andrada c/ Carrizo s/ LEVANTAMIENTO DE EMBARGO EN AUTOS NRO. 02/93 ANDRADA C/ Carrizo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-25

Si el deudor posee varios muebles de una misma clase, como en el caso de autos, el deudor denunció la existencia de dos heladeras sin añadir nada en relación a las condiciones de funcionamiento, es embargable conforme al criterio de la jurisprudencia la cantidad que no le es necesaria, ya que la circunstancia de existir dos bienes iguales que cumplan idéntica función torna procedente el mantenimiento del embargo efectivizado sobre uno de ellos.

En efecto, si es el propio deudor quien denuncia a embargo un determinado bien, se presupone que lo ha hecho en razón de que no le resulta imprescindible.

Si en el acta de embargo consta la existencia de dos heladeras y nada se menciona sobre condiciones de funcionamiento y estado, la alegación por el deudor de su inembargabilidad no es de recibo en este estadio procesal, al no haberse probado los defectos señalados y no revistiendo el bien la calidad de único.
Recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, plazo, aclaratoria (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: GERARDO PORTE Y OTR. EN J: SIMBOLO S.A.CI. c/ PORTE GERARDO s/ RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-06-07

El plazo para apelar debe contarse desde la notificación del auto que resuelve una aclaratoria, más allá de su resultado. Las salvedades efectuadas jurisprudencialmente a este principio están referidos a supuestos de improcedencia estrictamente formal del recurso de aclaratoria, esto es, cuando ha sido interpuesto fuera de plazo, o por quien no tiene personería, o no es parte en el proceso.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ IRENE FILOMENA c/ ADCA S.A. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-26

Ante la existencia de un contrato de franquicia, debe responder solidariamente en los términos del art. 30 L.C.T. la codemandada franquiciante que entrenaba al personal del franquiciado (entre los que prestaba servicios la actora) en técnicas de procedimiento para mantener e incluso incrementar la eficacia del negocio de elaboración de "Las medialunas del abuelo", sumado a que se reservaba la exclusividad en la provisión de materia prima. En este contexto, las tareas llevadas a cabo en el local de ventas donde laboraba la actora fueron complementarias y conducentes a su finalidad.
Renuncia al empleo, extinción por mutuo acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: Agostinelli, Atilio V. c/ Ducilo S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-08-06

Admitida la voluntad del trabajador de rescindir el vínculo laboral mediante su decisión que no adolece de vicios que le quiten validez como libre expresión de voluntad, no hay razón atendible para declarar la nulidad de ese acto jurídico, salvo la existencia de fraude a la ley.
Inspección General de Justicia, sociedad de ahorro para fines determinados, multa, retroactividad de la ley, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSPECCION  GENERAL  DE  JUSTICIA c/ CHEVROLET SA DE AHORRO PARAFINES DETERMINADOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-16

Procede imponer a una sociedad de ahorro para fines determinados una multa pecuniaria cuando, -como en el caso-, surge que incumplió reiteradamente la resolución IGJ n 1/2002 (lo cual funda la sanción impuesta de conformidad con las atribuciones otorgadas por la ley 22315 art. 14) y, por su parte, la sancionada no negó la ocurrencia de las circunstancias que motivaron la sanción. No empece lo expuesto, la circunstancia de que la norma que habilitó la sanción recurrida haya sido posteriormente dejada sin efecto, pues ello no impide que se apliquen las soluciones legales que dicho régimen habilitaba durante su vigencia temporal. En tal sentido cabe precisar, que si bien no se desconoce que el principio de retroactividad de la ley que sirve de base a la legislación punitiva, supone la admisión de que la modificación de las normas obedece a que el legislador ha reconocido que la nueva disposición servirá mejor a los intereses que buscaba tutelar, sin embargo, el aludido principio debe considerárselo ajeno a la materia penal económica, lo cual normalmente legisla sobre situaciones que varían en lapsos más breves que los que requiere la aplicación de la ley; pues en tales supuestos, la modificación o supresión de la ley no responde a una distinta valoración de la realidad que regula, sino que manteniendo idénticos criterios valorativos, la rápida mutación de las circunstancias que condicionan los hechos a que la ley se refiere, hace necesario modificarla para que la regulación se mantenga acorde con aquellas pautas invariadas (Cfr. Dictamen del Procurador General que la CSJN hizo suyo, 4/12/75, in re: "Frigorífico Yaguane SACIFA s/ apelación de multa").
Recursos, recurso de casación, recurso de nulidad, nulidad procesal, error judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Dr. Javier POSTOLSKI s/ Presentación - Incidente de nulidad deducido respecto de los autos principales PENA, Héctor y PADERNE, Raúl Miguel s/ Malversación s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-10-20

El artículo 424 del C.P.P. establece la procedencia del recurso de casación en casos en que se invoquen errores in iudicando o errores in procedendo, quedando la pretendida nulidad bajo examen aprehendida por esta última causal. Ése es el alcance que en forma pacífica ha otorgado este Tribunal a la casación, dentro de cuyo marco ha resuelto repetidas veces la nulidad de la decisión cuestionada.