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Accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Princich, Adriano Antonioi c/ Policía de la Provincia de Formosa y/o Jara, Ramón y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios de Formosa y/o Jara, Ramón y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-10-30

Cabe presumir la existencia de culpa concurrente de los conductores de ambos vehículos ante la falta de prueba decisiva que autorice establecer que la culpa sólo existió de parte de uno u otro protagonista del hecho, ya que es forzoso concluir que ninguno de ellos extremó las medidas de cuidado y vigilancia requeridas, en atención a las personas y al lugar, pues de haberse mantenido los conductores, dueños del contralor de sus respectivos vehículos, habrían podido evitar la colisión, porque hay culpa compartida cuando los automotores circulaban de modo de no poder evitar la contingencia creada por el cruce del otro. Fundamento de la Dra.

Arminda del C. Colman.
Recurso de apelación (procesal), recurso de nulidad
Materia: LABORAL
Carátula: Carrio, Jorge Eduardo y otros c/ Colegio del Milagro S.R.L. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-09-29

El recurso de apelación busca subsanar errores in iudicando, es decir error de juicio, manifestando en una resolución formalmente válida; por ello su objeto es lograr la revocación o modificación de la sentencia impugnada. El recurso de nulidad, en cambio, busca subsanar errores; in procedendo; es decir, en las formas que deben observarse para obtener un acto procesal válido. A través del recurso de nulidad, se busca la anulación o invalidación de una resolución viciada o de todo el procedimiento consecuente a aun acto viciado en los casos en que el ordenamiento adjetivo admite en estos supuestos el recurso de nulidad.
Oferta y demanda de sexo en los espacios públicos, tipo penal, facultades de la autoridad de prevención, prueba documental, videofilmación, apreciación de la prueba, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Herrera Bravo, Jonathan Danny s/ Infr. art. 81 ley 1472 -Apelación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-06

En el caso, que la prevención haya procedido a filmar al encartado en la vía pública, no constituye en sí, ni el defensor logra demostrarlo, un agravio de suficiente entidad como para entender que la policía actuó en contrariedad a lo dispuesto en el art. 81 del Código Contravencional.

Ello asi pues, por un lado, la prevención, tal como lo afirman las fiscales de ambas instancias, actuó conforme a las prescripciones del art. 36 de la Ley de Procedimiento Contravencional, asegurando la prueba previo al labrado del acta contravencional.

Por otro lado, el aseguramiento de dicha prueba no provocó restricción a derecho alguno del imputado (como sí lo sería la aprehensión o el secuestro de bienes), por lo que pretender que su producción vulneró lo establecido en el art. 81 del Código Contravencional, sería pretender otorgarle a la misma una extensión de la que carece, conforme a sus fines, y una interpretación ilógica en concordancia con el resto del ordenamiento contravencional.
Despido, jornada de trabajo, inversión de la carga de la prueba, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: Espeche, Federico c/ Alfa Visión SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-24

Si bien es habitual que los trabajadores desempeñen la jornada máxima legal prevista en el ordenamiento jurídico (art. 1° de la ley 11.544 y 196 de la LCT) no existe disposición alguna que le otorgue a esa jornada preeminencia sobre las otras ni que la catalogue como "normal" o como un "principio general"; para más es la propia ley 20.744 que, además de esa máxima legal, prevé otro tipo de jornadas "reducidas" o a "tiempo parcial". No es posible entonces considerar que estas últimas constituyan una excepción, y por tanto no hay razón alguna para apartarse del principio rector en la materia (art. 377 del CPCCN), invertir la carga probatoria y situar sobre quien las alega la carga procesal de demostrar su realización. En definitiva, la pretensión de percibir una remuneración por sobre la efectivamente pagada, en función de la invocación de una prestación mayor a la reconocida se funda en hechos que deben ser demostrados, como cualquier otro. Las pruebas arrimadas no son suficientes para demostrar que durante los primeros meses de la relación, el actor trabajó una jornada completa. No es suficiente el testimonio aportado por un compañero de trabajo del actor, pues expresó que lo veía al entrar o salir del trabajo y que además realizaban horarios rotativos. Cabe dejar sin efecto la condena al pago de diferencias salariales. (Del voto del Dr. Pesino, en minoría)
Expropiación, expropiación irregular
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Scampini, Raul Juan y otro c/ Direccion Nacional de Vialidad s/ expropiación inversa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-17

Debe rechazarse la demanda por expropiación irregular, si no se ha acreditado que en el caso se constituyera una relación expropiatoria, sino únicamente que la Dirección Nacional de Vialidad cuenta con la posesión real y efectiva del bien desde hace 56 años, habiendo tomado posesión de hecho.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Scelatto, Roberto Francisco; Ibarra, Sandra Roxana s/ Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Es insuficiente la denuncia de violación del art. 159 -n.a.- de la Constitución de la Provincia que no es acompañada de fundamento alguno que la sustente.
Concursos, prescripción, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: 3 Arroyos SA  c/  s/ concurso preventivo s/ inc. de verific. de crédito por gobierno de la ciudad de buenos aires
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-26

Corresponde confirmar la resolución que estimó la defensa de prescripción impetrada por la incidentista y rechazó la petición verificatoria. Por cuanto la misma fue iniciada transcurridos los dos años desde la fecha de la presentación concursal, aun estando en trámite un proceso administrativo. No caben dudas interpretativas de que el dies a quo de la prescripción bienal de la LCQ 56 comenzó con la presentación del concurso (Cfr. CNCom, esta Sala, 22/6/17, "Cerraduras de precisión SA s/ conc. prev. s/ incid. de verificación de crédito por OSPIM" Expt. COM N° 27569/2011/3).

Es que ante la existencia de una norma específica (LCQ 56 párrafo 6), llamada a regular la situación particular sin distinciones, ciertamente desplaza el régimen genérico de prescripción de las acciones y poderes fiscales previstos por la ley tributaria. Así, la sola existencia de un proceso administrativo en trámite no interrumpe por sí sola la prescripción concursal, ya que el acreedor puede presentarse a verificar el crédito en forma condicional. De tal manera, que si el hecho imponible se configuró antes de la presentación concursal, el crédito fiscal ya existe e integra el pasivo del deudor en crisis independientemente de su determinación y exigibilidad, razón por la cual no se advierte justificación para que el acreedor tarde más de dos años desde la presentación en concurso para verificar su crédito, y menos aún para que pretenda otorgar a ciertas notificaciones que resultaron necesarias el carácter suspensivo del plazo de caducidad concursal.
Despido, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Moledo Juan Carlos c/ Litoral Citrus S.A. s/ Cobro de Pesos, Preaviso Omitido, S.A.C., Preav., Indemn. Art. 245
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-03-16

El ejercicio de la facultad modificadora sólo es posible cuando se refiere a elementos accidentales de la relación y siempre que la modificación sea funcional y no dañe al trabajador, desprendiéndose así que, si el cambio refiere a aspectos estructurales, es jurídicamente imposible aunque sea funcional y no dañe.
Falsificación de documentos, entidades financieras, valor probatorio, delito de peligro concreto
Materia: PENAL
Carátula: Tadino, Brian José c/  s/ Defraudación (art. 173 inc. 15)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-21

Aun cuando alguna pueda aparentar ser emitida por un banco de titularidad pública, las tarjetas de crédito y débito deben considerarse enmarcadas dentro del ámbito de la llamada banca privada, dado que se rigen por normas contractuales entre las entidades y sus clientes. No obstante y de acuerdo a las propias particularidades de las tarjetas de crédito y a los fines de decidir si es necesario el uso para que su falsificación pueda considerarse típica, cabe destacar que su emisor no es un funcionario público, sino que es una "entidad financiera, comercial o bancaria que emita Tarjetas de Crédito, o que haga efectivo el pago" (art. 2º, inc. a, ley 25.065), por lo que no cuenta con dicho elemento característico de los instrumentos públicos. A pesar de ello, sus atributos externos se encuentran legalmente establecidos (art. 5 de la citada ley), por lo que queda fuera de la libertad de formas que impera entre los instrumentos privados. De ese modo, comparten particularidades de ambos grupos de la clasificación clásica -entre públicos y privados-, por lo que no corresponde remitirse a ella para dilucidar si se requiere su uso para considerar que su falsificación resulta típica. Tal coexistencia o mixtura hace a la propia naturaleza del denominado "dinero plástico" (integrado por las tarjetas de crédito, débito y compra), destinado a reemplazar a la moneda en el tráfico comercial. Precisamente, esta naturaleza es la que motivó a que la ley 25.930 equipare "las tarjetas de compra, crédito o debido" a la "moneda nacional", modificando la redacción del art. 285 CP. Si bien en la sentencia recurrida se seleccionó una subsunción legal distinta (art. 292 CP) que no fue cuestionada por las partes, el valor de dicha reforma legal, a los fines interpretativos, resulta insoslayable. Ello es así, porque guarda directa relación con el modo en que el tribunal de grado tuvo por probado el elemento cuya existencia la defensa cuestiona en su recurso. A partir de las conclusiones del tribunal, y sin perjuicio de la naturaleza propia de los instrumentos involucrados -por la que el caso podría haber admitido otra subsunción legal (concretamente, art. 282 en función del art. 285, CP)-, es dable concluir que su falsificación había generado un peligro concreto de perjuicio, cuando menos en las condiciones en las que fueron secuestrados, circunstancias que fueron suficientemente valoradas por el a quo (voto del juez Rimondi al que adhirió el juez Bruzzone).
Acto administrativo, legalidad objetiva, estabilidad del acto administrativo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Oasis S.R.L. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Cobro de pesos por daños y perjuicios y daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

Es menester la regularidad del acto administrativo concedente de derechos para que tenga la garantía de estabilidad contemplada en el art.5 del Código de lo Contencioso Administrativo.
Accidentes de trabajo, acción civil, responsabilidad del asegurador, cláusula limitativa de responsabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Coito Ignacio c/ Laminadora Argentina Sociedad Anónima y/o quien resulte responsable s/ Laboral por enfermedad - Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-02-16

Cuando se trate de un reclamo laboral fundado en la ley común, en la que está en juego la responsabilidad civil del empleador es procedente la limitación de responsabilidad del asegurador pactada en la póliza de seguros por cuanto es solo dentro del ámbito de la Ley 9.688 donde no resulta posible al asegurador limitar su responsabilidad.
Impuesto a las ganancias, deducciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Guillermo Helfer e Hijos SRL. s/ recurso de apelación -impuesto a las ganancias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

No obsta a la procedencia de la deducción establecida por el art.

111 de la ley 20.628, modificada por el art. 28 de la ley 20.954, para las inversiones destinadas a incorporar a la producción agropecuaria tierras áridas o anegadas, la circunstancia de que se haya pactado la amortización o el reintegro de los fondos, con actualización monetaria e interés u otra forma de retribuir tales inversiones.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, mediación
Materia: CIVIL
Carátula: A., S. c/ V., L.E. s/ TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-30

Si en un intento de acercamiento, las partes han accedido en el ámbito del Tribunal a transitar por la mediación voluntaria en el marco de la ley 24.573, con la finalidad de buscar soluciones alternativas que exigen -por la naturaleza del conflicto familiar -un tiempo probablemente prolongado de evolución, la jurisdicción no puede ignorar las gestiones llevadas adelante en dicha sede y desconocer los efectos suspensivos a tales actos sobre el curso de la caducidad. La conclusión contraria no es correcta desde el punto de vista procesal, no se compadece con el carácter estricto de la perención de la instancia como así tampoco es saludable en el marco de la credibilidad de un sistema que pretende favorecer otras formas de solución de conflictos.
Nulidad procesal, nulidad de sentencia, defectos del procedimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARPINTERO DE PIÑA, MARIA DEL CARMEN c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-04-06

Todos los defectos del procedimiento, si no se encuentran precluidos, deben invalidarse por vía del incidente, pues el recurso de nulidad sólo es procedente por vicios de la sentencia. Este último tiene por ámbito el de las formas extrínsecas de la sentencia y no su contenido, pues involucra los "errores in procedendo" y no de razonamiento -in iudicando-.
Sentencia, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: C., R. c/ C., A. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-30

Para determinar la definitividad o no de una sentencia, debe tenerse en cuenta el criterio de supervivencia o no de la acción, por cuanto mientras ésta subsista, y el pleito pueda continuar, no habrá sentencia definitiva.
Daños y perjuicios, derecho a la imagen, publicación de fotografía, menores, noticia policial, rehenes, consentimiento tácito, programa de televisión
Materia: CIVIL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: T., A. B. c/ Arte Televisivo Argentino y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-14

Aun cuando en el momento en que se realizó la nota sobre la toma de rehenes los padres no se mostraron en absoluto disgustados por la filmación, la entrevista y la relevancia que el medio periodístico dio al niño, tampoco se infiere de manera inequívoca que aquéllos hubiesen consentido expresamente que la divulgación se hiciera sin ningún tipo de cuidado. De todos modos, aunque fuera así, su consentimiento tácito era irrelevante como causa de justificación para enervar la operatividad del daño y el consiguiente derecho a la reparación, más aún frente a la negativa exteriorizada del hijo.
Estado de derecho, Constitución Nacional, gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno de facto, actos del gobierno de facto, ratificación de actos de gobierno, remoción de jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARAMAYO, DOMINGO RAUL s/ REPOSICION EN EL CARGO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-14

La restitución del orden constitucional en el país requiere que los poderes del Estado Nacional o los de las Provincias en su caso, ratifiquen o desechen explícita o implícitamente los actos del gobierno de facto, inclusive los de remoción de magistrados integrantes del Poder Judicial.
Competencia, sucesiones, fuero de atracción, acciones personales contra el causante
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BOGINO, ALFREDO FRANCISCO c/ CETTARO, HUGO RAMON FERNANDO s/ COMPETENCIA (CONFLICTO DE COMPETENCIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-14

El fuero de atracción no ha sido modificado en la nueva regulación civil y comercial , por lo cual deben necesariamente acudir al juez de la sucesión, o sea el del último domicilio del causante, solución que, a más de responder a los principios de universalidad jurídica, bien común, igualdad entre los acreedores, economía procesal y razonabilidad se complementa con la regla establecida en el artículo 2317, último párrafo, que determina que en caso de pluralidad de herederos éstos responden con la masa hereditaria indivisa, lo cual demuestra la innegable conveniencia de que el juez que entiende en el proceso universal en donde se involucra un patrimonio como único, conozca todas las causas que puedan afectar su integridad.
Responsabilidad civil, reglas de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: M., P.J. c/ A., A.L. y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-06

La prioridad de paso que beneficia al conductor aparecido por la derecha no le otorga un salvoconducto habilitante para no detener nunca su marcha y exonerativo de toda responsabilidad.
Cesantía, indemnización por despido
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nieto, Hugo Jorge c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa Kruger, Emilio Carlos c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa Duville, María del Carmen c/ Municipalidad de Bragado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12|1998-12-29|2000-06-21

No probado el daño no corresponde el pago de los salarios durante el período en que el agente público permaneció separado de su cargo. (Minoría u opinión personal)
Abogados, ejercicio profesional, matrícula profesional, abogado no matriculado, inscripción en la matrícula, trámites administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: WOOLANDS HECTOR c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAL DE SEGUROS REASEGUROS CAPITALIZACION Y AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-22

La falta de inscripción en la matrícula por parte del letrado cuando es subsanada -previa intimación del Tribunal-, provoca que el trámite anterior a ello sea convalidado en todos sus términos.(Del voto en disidencia del Dr. Tazza)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, legitimación del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Carrasco Seguel, Jorge J. c/ Harinas Concepción S.A. s/ Indemnización accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

El recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la citada en garantía -respecto de la decisión del tribunal del trabajo que la condena solidariamente- resulta inadmisible desde que, no superando el monto de la condena el límite de la cobertura establecido en la póliza, dicho pronunciamiento no le causa agravio alguno y toda declaración relacionada con el tema devendría abstracta. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque, falta de provisión de fondos, bien jurídico protegido, librador, interpelación, ley penal, interpretación sistemática
Materia: PENAL-COMERCIAL
Carátula: S., A. s/ Libramiento cheque sin fondos (Expte Nº 78-94, Resolución Nº 46,  Tomo 2, Folio 260)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-06

Bajo las previsiones del art. 302 del C. Penal, de lo que se trata es de proteger al instrumento cheque, protección que debe mantenerse durante todo el término en que la ley de cheque reconozca la subsistencia de tal título de pago, no pudiéndosela retacear antes ni, por supuesto, extenderla después. En base a esto y teniendo que la ley de referencia extiende la validez de las acciones judiciales contra el librador del cheque hasta el año contado desde la expiración del plazo para la presentación, estableciendo que recién a partir del vencimiento del mismo se produce la prescripción de las acciones (art. 54 decr. 4776/63 ratificado por Ley 16.478) debe concluirse que durante todo ese lapso debe mantenerse la tutela penal en cuestión. Ante la omisión de la ley en cuento a que no establece expresamente un término para la interpelación girada por el tenedor del cheque a la titular cuentacorrentista -elemento configurante del tipo penal estructurado bajo el art. 302 inc. 1º del C. Penal- obtenemos tal conclusión a través de una interpretación sistemática e integradora de todo el sistema de derecho, ya que cualquier otra dejaría sin amparo a un cheque que, para la ley comercial sería tal, produciéndose una disonancia intolerable dentro de la unidad que debe regir en el derecho.
Derechos del consumidor, lealtad comercial
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SRL c/ DNCI s/ DEFENSA DEL CONSUMIDOR- LEY 26361-ART 35
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-26

El derecho del consumidor es un sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos de implementación que tiene por finalidad, por un lado, garantizar al consumidor una posición de equilibrio en sus relaciones con los empresarios y, por el otro, preservar la lealtad en los vínculos comerciales, de manera de evitar que se produzcan desvíos o captación potencial de clientela por medio de métodos contrarios a dicha lealtad, sistema que se fundamenta en el principio general consagrado en el art. 42 de la CN, del que se deriva el derecho del consumidor a la debida información y su correlativo deber impuesto al proveedor.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, sentencia, principio de congruencia, sentencia citra petita, prescripción, thema decidendum
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Andreani, Vicente y otros c/ Televisión Litoral S.A. s/ Recurso de inconstitucionalidad- Cobro de pesos (Expte. CSJ N.   173-1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-12

Corresponde declarar parcialmente procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora cuando la Alzada, al fallar, concluyó en que "la defensa de prescripción debe ser admitida, por lo que corresponde que la acción sea rechazada", sin advertir que aquella defensa (en los términos planteados por la accionada) no cubría todos los períodos reclamados en la demanda, consagrando de tal modo una solución que, al desentenderse de las exigencias de congruencia (artículo 243 Código Procesal Civil y Comercial) que recaen sobre todo pronunciamiento jurisdiccional, no puede ser considerada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente, pues si bien es cierto que en principio determinar las cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena al ámbito del remedio extraordinario ello admite excepción cuando media manifiesto apartamiento de la relación procesal, lo que ocurre cuando -como en este caso- la sentencia se funda en el acogimiento de una defensa no alegada, pues la calificación de las relaciones jurídicas que compete a los jueces no se extiende a la admisión de defensas no esgrimidas ni autoriza a apartarse de lo que tácitamente resulta de los términos de la litis.
Impuestos, infracciones tributarias, error de hecho (civil), error excusable
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Consultatio S.A. (TF 14.572-I y acum. 14.573- I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

La opinión contraria del organismo fiscal, en la que se fundó el a quo para rechazar la existencia de error excusable, no resulta totalmente apta para corroborar la culpa de la recurrente, pues el Estado mismo -en falta a su deber y con lesión al principio de ejemplaridad que debe presidir sus actos- emitió opiniones contradictorias respecto de una misma situación jurídica (Disidencia parcial del Dr. E. Raúl Zaffaroni). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.