Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-30


2º Instancia.- Buenos Aires, septiembre 30 de 2009.

El doctor Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 257/263 que rechazó la demanda, se alzan la actora (fs.273/277), su letrada (fs. 277), la demandada (fs. 264) y el perito psiquiatra (fs. 270).

II) La actora se agravia, en primer lugar, del rechazo de su reclamo de horas extras, con argumentos que distan mucho de constituir una crítica concreta y razonada de la sentencia, como lo exige el art. 116 de la L.O.

En efecto, la Sra. Jueza a quo examinó una por una las declaraciones de los testigos y concluyó, fundadamente, en que de ellas no surgía acreditado el exceso horario alegado en el escrito inicial. La recurrente pretende desvirtuar ese pormenorizado examen con la simple (y dogmática) aseveración de que "todos los testigos son contestes" en que ella "laboraba más allá de la jornada legal de 8 horas", lo cual -reitero- no satisface los requisitos del citado art. 116 de la L.O. en tanto no se indica en el memorial cuáles serían los dichos concretos que supuestamente avalarían esa afirmación y cuántas serían -supuestamente- las horas laboradas más allá de las ocho diarias. Aclaro, asimismo, que para las personas que -como la actora- laboran sólo de lunes a viernes, el límite diario no es de ocho horas -como supone la recurrente- sino de nueve horas (art. 1º, inc. "b", dec. 16.115/33).

Pero aun cuando la actora hubiese trabajado realmente más de 9 horas diarias, ello tampoco importaría la realización de trabajo extraordinario, dado que -como bien lo señala la Sra. Jueza a quo- se trataba de una jefa con personal a cargo y, por ende, se encontraba exceptuada del régimen de jornada previsto por la ley 11.544 (art. 3º, inc. "a" de la ley 11.544).

La recurrente tampoco critica razonadamente este argumento esencial, dado que sólo aduce que el hecho de que tuviera una jefatura "no justificaba permanecer largas horas extras en su puesto, llevando su jornada laboral -en algunas ocasiones- a hasta 14 horas, afirmando los testigos de la propia demandada lo antedicho" (sic). Tal afirmación resulta no solo imprecisa sino también inexacta, dado que ninguno de los testigos de la demandada sostuvo nada semejante. Por el contrario, Diego J. José afirmó que la actora tenía un horario flexible y cumplía "un total de ocho o nueve horas de trabajo" (fs. 205/207); Hernandorena sostuvo que "la actora no tenía un horario fijo...a veces estaba y a veces no estaba, porque el personal jerárquico tenía un horario más flexible" (fs. 218/220); Dascanio explicó que "el horario de trabajo de la actora no estaba prefijado, que era flexible...no ingresaba como el resto del personal 8.30 a 9, sino 9.30 o 10 de la mañana y se quedaba cumpliendo la jornada de trabajo y depende el horario 19 o 19.30 se retiraba y en épocas de cierre podía retirarse más tarde de la jornada...la jornada de la actora la organizaba ella misma y organizaba la jornada de sus dependientes" (fs. 229/231); y Lagorio dijo que "el horario de trabajo de la actora era flexible en donde se limitaba a cumplir con su jornada laboral de ocho horas más hora de almuerzo pero no había una rigidez en el horario de entrada y salida" (fs. 232/233).

En suma, la actora no acreditó el cumplimiento de la jornada invocada y, de todos modos, se encontraba exceptuada, por sus funciones, del límite legal, todo lo cual conduce a confirmar el pronunciamiento en cuanto desestima el reclamo de horas extras.

III) Asimismo se queja la actora de la desestimación de la indemnización del art. 156 de la LCT, pues -sostiene- "las vacaciones no gozadas que se reclaman en la liquidación, son fácilmente verificables mediante la compulsa de los recibos de sueldo reconocidos por la demandada, extremo que tampoco se advierte observado en la sentencia de autos" (sic). Pues bien, de esos recibos surge, precisamente, que la actora percibió el rubro en cuestión (ver el comprobante de pago de la "liquidación final" acompañado por la propia demandante, obrante en el sobre de fs. 54), por lo que no se entiende el sentido del agravio.

IV) La apelante cuestiona asimismo el rechazo de su reclamo de "daño moral y mobbing", pues entiende que la sentencia se basa "en fallos antiguos que han perdido vigencia ante las modernas corrientes que hoy rigen el tema" y porque "pese a reconocer que la actora sufrió efectivamente un daño psicológico, ante la pericia médica practicada que arroja este resultado, no sanciona a la empresa por esta conducta".

Nuevamente la apelante incurre en deserción recursiva, ya que no se hace cargo, mediante una crítica concreta y razonada, de los sólidos fundamentos del fallo, en especial los relativos a que: a) de los testimonios producidos en autos no surgen circunstancias que permitan vincular el sufrimiento de la actora con el trabajo que desempeñara al servicio de la demandada; b) no se ha demostrado que la demandada hubiera realizado acciones y/o omisiones tales que permitan imputarle responsabilidad alguna más allá de las previstas en la LCT; c) los testigos han descripto un ámbito de trabajo normal en el que no se constatan conductas de la demandada que pudieran reprocharse; d) antes bien, la actora fue recategorizada como Jefe de Presupuestos y Control de Gestión con el reconocimiento de su nivel remuneratorio; e) en otras palabras, no se demostró que la accionada hubiere realizado alguna conducta culpable que hubiese incidido en la producción de un supuesto daño (arts. 512 y 1109 del C. Civil).

Esa insuficiencia probatoria no se suple con las transcripciones del peritaje médico, ya que las referencias del perito a la "sobre exigencia en su trabajo", a que la actora "trabajaba hasta muy tarde para resolver situaciones laborales", o a que "se sentía muy presionada en su trabajo" se fundan en manifestaciones unilaterales de la propia reclamante (cfr. fs. 237/240).

Corresponde entonces desestimar el agravio.

V) Asimismo se queja la actora porque entiende que "nada dice la sentencia sobre el despido arbitrario y discriminatorio que se invoca en la demanda" y estima que la magistrada no tuvo en cuenta "todos los otros elementos colectados en autos" que -a su juicio- pondrían de manifiesto el reprochable accionar de la patronal.

La objeción no merece acogimiento, pues, contrariamente a lo aseverado por la apelante, la Sra. Jueza a quo a quo dedicó un capítulo de dos páginas al reclamo en cuestión, donde señaló, entre otras consideraciones, que la demandada se limitó a poner fin a la relación con invocación de una causa (reestructuración) que, aunque luego no intentó acreditar en las actuaciones, no puede tildarse de hecho doloso del principal que infligiera daño a la trabajadora, por lo que cabía presumir que el pago de las indemnizaciones previstas en la LCT cubría íntegramente la responsabilidad del principal frente a la ruptura (fs. 260/261).

La apelante se limita a disentir de esas conclusiones, pero no indica cuáles serían los "elementos colectados en autos" que supuestamente denotarían la alegada discriminación (sobre cuyo hipotético móvil nada dice en el recurso), por lo que la apelación se encuentra desierta, también en este aspecto. Es sabido es que los disensos subjetivos, o la exposición retórica de la posibilidad de haber sido interpretados los hechos de manera diversa de lo apreciado por el juzgado, constituyen modalidades propias del debate dialéctico, mas no de la impugnación judicial. Es carga del impugnante de un decisorio formular, respecto de las partes que lo afectan, una crítica concreta y razonada. Tal carga, impuesta por el art. 265 del Código Procesal (y, en el procedimiento laboral, por el art. 116 de la L.O.) implica que la expresión de agravios debe estar dotada de idoneidad procesal e intelectual, y su incumplimiento provoca la deserción del recurso (CNCom., Sala B, 2/6/89, "Banco Crédito Liniers Cía. Financiera SA c/Skoko, Ana s/sum.").

VI) Ambas partes apelan por altos los honorarios del perito psiquiatra, quien a su vez los recurre por bajos. Asimismo, la actora cuestiona por elevados los estipendios de su letrada y ésta -por su propio derecho- los apela por reducidos.

Si bien, en principio, el monto del proceso, en casos de rechazo total de la demanda, está representado por el importe reclamado por el actor, ello no siempre es así, porque a veces esa identificación resulta totalmente desajustada a la realidad (CNAT, Sala I, 4/9/07, "Romero, José c/Córdoba 945 S.A. s/despido"), en cuyo caso corresponde a los jueces su determinación teniendo en cuenta las características del proceso laboral y la adecuada proporción entre la retribución y la colaboración prestada por el experto (CNAT, Sala I, 4/9/07, "Romero, José c/Córdoba 945 S.A. s/despido").

De tal modo, la consideración del monto del proceso a los efectos de la regulación de honorarios, debe ser apreciada en cada caso particular, procurando conservar la "ratio legis", teniendo en cuenta la solvencia patrimonial de quienes deben sufragarla, el mérito de la labor desempeñada, los intereses en juego, la naturaleza y complejidad del asunto, las escalas y los mínimos arancelarios, sin que la validez constitucional de las regulaciones dependa exclusivamente del monto reclamado ni de las escalas de la ley de aranceles (CNAT, Sala I, 21/12/92, S.D. 62.253, "Gargarino, José c/Ferrocarriles Argentinos"; en igual o similar sentido: CNAT, Sala I, 23/04/92, S.D. 61.168, "Meije, José Ramón c/D.N.V. s/diferencia de salarios"; íd., Sala I, 24/03/92, S.D. 60.998, "Viscusi, Himberto c/Segba SA s/cobro de pesos"; esta Sala, 29/8/08, S.I. 46.298, "Scioscia, Horacio Victorio c/Terminales Río de la Plata S. A. y otros s/despido").

Esos criterios resultan particularmente aplicables cuando, como en el caso de autos, se reclama el cobro de sumas de dinero estimadas libremente por la actora (me refiero a los dos rubros principales: "maniobra de mobbing" y "daño moral", fs. 66 vta.), pues tales montos estimativos pueden no reflejar ni aproximadamente los intereses patrimoniales en juego que, junto con la importancia y extensión de los trabajos, constituyen el factor relevante a tener en cuenta para la fijación de los aranceles, según la ley (CNAT, Sala VI, 21/02/92, S.D. 36.282, "Avila, Julio c/La Franco Argentina Cía. de Seguros s/accidente"). En el mismo orden de ideas se ha señalado que el monto solicitado en la demanda, muchas veces es irreal y caprichoso, y si se lo tomara en cuenta en esos casos se llegaría al resultado irrazonable de que el vencedor debería pagar, por el art. 40 del CPCCN, honorarios superiores a los que hubiera debido abonar si hubiera sido vencido; y que los letrados de la parte perdidosa se asegurarían honorarios mayores a los que obtendrían si hubieran ganado el pleito, lo que choca con el espíritu de la ley (art. 19, 6 y 7 ley 21.839 y art. 3 del decreto 16638) que tiene a proporcionar a los letrados, honorarios que guarden relación con los valores económicos reales confiados a su ministerio (CNAT, Sala VI, 27/03/91, S.D. 35077, "Misiti, Juan Carlos c/Autolatina Argentina S.A. s/accidente - acción civil"; esta Sala, causa "Scioscia" citada).

Por ello, y en consideración al mérito e importancia de los trabajos realizados, estimo que los honorarios regulados a la representación y patrocinio de la actora lucen equitativos; mientras que los del perito médico psiquiatra resultan elevados, por lo que propongo reducirlos a la suma de $ 7.000 (art. 38 L.O.).

VIII) En síntesis, voto por: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de recurso, a excepción de los honorarios del perito médico psiquiatra, que se reducirán a la suma de $ 7.000. 2) Imponer las costas de la alzada del mismo modo que las de primera instancia, es decir en el orden causado.

La doctora Ferreirós dijo:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal Resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de recurso, a excepción de los honorarios del perito médico psiquiatra, que se reducirán a la suma de $ 7.000. 2) Imponer las costas de la alzada del mismo modo que las de primera instancia, es decir en el orden causado. - Héctor C. Guisado.- Estela M. Ferreirós.