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Medidas cautelares, medida de no innovar, contracautela, caución real, caución juratoria
Materia: PROCESAL
Carátula: INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS: EDERSA c/ TURBINE POWER CO. S.A. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Exp. 004/SCA) s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-08-18

Por su parte, Roland Arazi, ha expresado que en el caso de la prohibición de innovar, la contracautela debe ser verdaderamente eficaz en orden a proteger los derechos de la parte contra quien se decretó la medida, toda vez que, de no recibir favorable acogida la pretensión en la sentencia, podría ocasionar muy serios perjuicios, respecto de los cuales nada conducente habría sido la caución juratoria prestada.

La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que corresponde afianzar debidamente el daño que la medida podría eventualmente producir. Sostiene, que conforme a lo expuesto, y como principio general, la prohibición de innovar debe ser decretada previa caución real, debido precisamente a la rigurosidad de la medida.

Expresa, que antes de la ley 17454 se había dicho que la medida de no innovar debe llevar el requisito de la contracautela real, no bastando la caución juratoria prevista en el art. 449 del CPCyC. de la Cap. Federal, o bien como contracautela para esta medida, es insuficiente la caución juratoria, siendo necesario que se preste caución real, conforme a la calificación que haga el juez.

Con posterioridad a la sanción de la mencionada ley, expresa Arazi, que la jurisprudencia siguió mayoritariamente manteniendo igual criterio en cuanto al requisito en cuestión, apoyada ahora en la clara disposición legal, señalándose que no pueden caber dudas de que la prohibición de innovar merece la fijación de contracautela real; aunque ello debe llevar la digresión en el sentido de que la garantía debe estar en correspondencia con la eventual responsabilidad de haberla solicitado sin derecho, o ser desproporcionada y excesiva, toda vez que fijar un monto sin considerar la pretensión que se ejercita podría tornar imposible su efectivización, desnaturalizándose así la finalidad de la cautelar.
Constitución Nacional, sistema representativo, reforma de la constitución, representación política
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero Feris, Antonio José c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ amparo. Ejecutivo Nacional) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-01

Nuestro sistema constitucional es representativo y ni para reformar la Constitución, ni para dictar leyes puede el pueblo, bajo su régimen, reunirse, deliberar y sancionar ninguna cosa, sino por medio de sus representantes y autoridades preestablecidas.
Daños y perjuicios, empleados públicos, injuria laboral, cambio de tareas, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Mayntz, Osvaldo Isaac. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-16

Si se ha probado en autos que a partir del cambio de tareas que se le ordenó a un agente de la Comuna, el mismo sufrió una serie de alteraciones de índole psicosomático, si bien el estado del actor anterior al acto administrativo fue coadyuvante para la producción de la patología, no puede sostenerse que esa consecuencia no era previsible, porque la Comuna como empleadora debía tener conocimiento del estado psicofísico del agente, siendo en el caso aplicable la normativa de los arts. 901, 902, 903, 904 y conc. del Código Civil.
Caducidad, plazo, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: PALACIO DARDO FEDERICO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD CAPITAL DE SGO. DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-08

Si bien la Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para el cómputo de la caducidad de instancia no debe tomarse en cuenta la feria judicial, tal doctrina puede ser cuestionada en cuanto a su aplicación en nuestra jurisdicción provincial, pues ese alto tribunal funda su postura en lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que difiere de lo dispuesto por la ley formal de nuestra Provincia en el tópico.-
Adopción, nulidad absoluta
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Irene, Antonio Oscar s/ Adopción s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-03-31

En virtud de la entidad de la sanción -nulidad absoluta-, a la que daría lugar la omisión del requisito de admisibilidad faltante en este caso de adopción -diferencia mínima de edad entre adoptante y adoptado-, el juez no se encuentra habilitado para sustituir al legislador; ni habilitado para desconocer las condiciones de admisibilidad reguladas en el régimen de la adopción, generando excepciones a la norma. (Voto del Dr. Echarren).
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: Encina, Adolfo y otra c/ Quarta, Pedro Luis s/ Sumario s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-06-06

La omisión de reiterar argumentación en oportunidad de apelar la caducidad decretada, debió ser considerada en el fallo de la Cámara, so pena de omitir el pronunciamiento sobre una cuestión esencial. (En disidencia: Dr. Echarren).
Materia: LABORAL
Carátula: FROLA RAUL ARTURO c/ LO BRUNO S.A. Y/O RESPONSABLE s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-08

La instancia de casación es extraordinaria y está destinada a controlar la legalidad del proceso y la correcta fundamentación de las sentencias.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque sin fondos, interpelación
Materia: PENAL
Carátula: ESQUIVEL, JORGE ROBERTO s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11

1-El hecho en sí de la comunicación del rechazo de un cheque por falta de fondos es un requisito del tipo del art. 302, inc. 1° del C.P. de relieves objetivos que no depende de la voluntad del autor sino del comportamiento de terceros, pero que adquiere relieve subjetivo cuando se trata de ponderar el carácter doloso de la omisión de pagar en el plazo legal.
Filiación, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: N. N. c/ N. N. s/ Filiación Extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-09-21

Debe tenerse especial consideración lo atinente al momento en que el demandado tuvo conocimiento de su paternidad, cuál fue la conducta asumida, la extensión del daño causado, las condiciones personales de la víctima y la capacidad económica del responsable, entre otras.

Así las cosas, cabe señalar que si bien el demandado, en ocasión de contestar demanda, niega haber tomado conocimiento de su paternidad, tal como meritó la Juez de grado en la sentencia cuestionada, ello quedó desvirtuado con la testimonial glosada y la prueba documental agregada, no cuestionada por el demandado; con lo que quedó probado que el accionado estaba anoticiado de la existencia de su hijo desde el momento mismo en que su madre quedó embarazada. No obstante ello, durante la tramitación del proceso judicial el presunto padre no asumió una conducta obstructiva, sometiéndose voluntariamente a la prueba biológica. De este modo advertimos que el accionado ha evidenciado una conducta procesal pasiva aunque no obstructiva, en cuanto que tras el resultado de la prueba biológica no se avino al reconocimiento espontáneo de su paternidad, pero luego consintió la sentencia atributiva de paternidad.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LAURIA, ELSA LA CRUZ IBALDO DE Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 347-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-28

La tacha de incongruencia presupone en el decisorio atacado una irreductible contraposición de fundamentos, una fractura lógica en el razonamiento. Y, en el caso, no puede decirse que se configure dicho vicio porque el Tribunal entendió que la firmeza que alcanzaron los actos por los que se denegó el reclamo por diferencias salariales no obedeció a presunción de renuncia alguna y, a la vez, expresó que ello aconteció como consecuencia de la actitud asumida por los actores y la aplicación de normas procesales administrativas cuya constitucionalidad no se cuestionó.
Eximición de prisión, clausura del establecimiento, delitos tributarios, AFIP DGI, presunción de legitimidad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Productos La Vascongada  S.A. s/ ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

La eximición de la sanción de clausura fundada en su intrínseca irrazonabilidad respecto de alguna de las conductas descriptas en el art. 44 de la ley 11.683 y las resoluciones de la Dirección General Impositiva que lo complementan, debe superar la presunción de legitimidad con que cuentan dichas normas fiscales de fuente legislativa y administrativa y contrarrestar los argumentos desarrollados por la Corte.
Costas
Materia: CIVIL
Carátula: SIMON ADA ESTELLA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO DE AMPARO- APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-04-29

En nuestro régimen procesal el hecho objetivo de la derrota, impera como base para la imposición de la condena en costas.Como consecuencia de quién promueve una demanda lo hace por su cuenta y riesgo, las costas son a cargo del vencido imponiéndoselas no como sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio y que deben ser reembolsados por el perdidoso con prescindencia de la buena o mala fe con que haya actuado por haberse creído con derecho.-
Delegado gremial, nombramiento
Materia: LABORAL
Carátula: Muñíz, Juan Ramón Emilio c/ Consejo Provincial del Menor s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-21

Siendo que el actor era dependiente del Consejo Provincial del Menor, a quien demandó y que es un ente autárquico, artículo 30 de la ley 8490, debió comunicar su designación como delegado de personal a dicho Consejo que, a su vez, era el debía cumplir con lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto 1318/96 y conforme al artículo 7, otorgar los permisos para gozar de las horas necesarias para cumplir con sus funciones, tal como ya se había previsto en el decreto 4.005/94 en sus artículos 6 y 3.
Código penal, libertad condicional, reforma legislativa, prisión perpetua, readaptación del condenado, finalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Casaballe Colacho, Eduardo Adrián  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-10

El ideal resocializador de la pena es una meta a cuyo logro deben acomodarse la totalidad de las disposiciones legales, tal como la ley reformadora del Código Penal, 25.892 estableció en su artículo primero, habilitando la libertad condicional a quienes hayan sido condenados a prisión perpetua, tras el cumplimiento de cierto período de tiempo y atento el informe de peritos que evalúen de modo favorable, la reinserción social del imputado.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernández, Luis Ricardo y otra c/ Laboranti, Alfredo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Para cuantificar el monto a resarcir por la pérdida de la vida humana, es de considerar que no caben razonamiento estrictamente matemáticas, ya que lo resarcible es la pérdida de una probabilidad, que el curso de los acontecimientos, al troncharla, hace imposible saber si se habría o no realizado. Ya se ha señalado reiteradamente que: "El monto por privación de la chance a raíz de la muerte de un hijo debe ser establecido prudentemente por los jueces, sin que para ello deban utilizarse fórmulas estrictas o matemáticas.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, sujetos de derecho
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Viceconte, Mariela C. c/ E.N. -Mº de Salúd y Acción Social s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

El sistema constitucional, al consagrar los derechos, declaraciones y garantías, establece las bases que protegen la personalidad humana y a través de su norma de fines, tutela el bienestar general. De ahí que el eje central del sistema jurídico sea la persona en cuanto tal, desde antes de nacer hasta después de su muerte (Fallos 316:479, voto de los Dres. Barra y Fayt).
Derechos y garantías constitucionales, acceso a la justicia, debido proceso, defensa en juicio, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Veira, Héctor Rodolfo s/ violación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Es exigencia de la garantía de la defensa en juicio que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Prueba, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Sayago, Julio c/ Molinos Balcarce S.A. s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-07

Si bien los jueces de los tribunales del trabajo tienen amplias facultades para la selección de las pruebas, ello no significa que puedan soslayar a priori el examen de los medios probatorios esenciales vinculados a la pretensión deducida.
Acción meramente declarativa, procedimiento administrativo, ordenanzas municipales, estado de incertidumbre
Materia: PROCESAL
Carátula: Veas Oyarzo, Nelson Fernando c/ Municipalidad de Corrientes s/ Acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2012-02-16

La acción meramente declarativa de certeza está prevista en el art. 322 del C.P.C. y C., para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente.

En cambio en la ley procesal administrativa el medio para poner término a ese estado de incertidumbre es la acción de interpretación y, si la aplicación de las ordenanzas que, en el caso revestirían carácter de ley formal debido a los vicios apuntados, afectaran potencialmente derechos o intereses representados por el accionante; la pretensión sería de nulidad. Además del inmediato restablecimiento de aquéllos derechos o intereses desconocidos o vulnerados, que deberían tramitar por vía de plena jurisdicción, abreviándose - si correspondiere - los plazos procesales conforme al art. 22 ley 4106, pero no importando una acción extraña, cuando no existe el vacío invocado.
Procedimiento laboral, depósito bancario
Materia: LABORAL
Carátula: FRANCO ALEJANDRO JOSE c/ NUEVO DIARIO Y/O RESPONSABLE s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-02-04

De conformidad al art. 277 de la LCT todo pago vinculado a un juicio laboral debe ser realizado por el deudor mediante depósito bancario en autos, a fin de garantizar su percepción efectiva por el trabajador, a tal punto que la norma sanciona con la nulidad los actos realizados sin observar estas pautas. Máxime, si el propio actor convocado a ratificar el acuerdo, desconoció el mismo.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sociedad en formación, personalidad jurídica de la sociedad, aportes societarios, integración del capital social
Materia: CIVIL
Carátula: CARLOS BUDIN INMOBILIARIA S.R.L c/ FIGUEROA, Julio s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-26

Para determinar si una sociedad en formación es hábil a los fines de ser titular de bienes inmuebles, la única referencia explícita que efectúa el ordenamiento sustancial acerca de la sociedad en formación, está contenido en el art. 38 de la ley de sociedades 19 550, que establece: "Cuando para la transferencia del aporte se requiere la inscripción en un registro, ésta se hará preventivamente a nombre de la sociedad en formación". De esta norma surge la limitada capacidad del ente en formación para ser titular de bienes registrables, pues allí mismo se hace referencia a la "transferencia del aporte" efectuado por los socios al integrar el capital social.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, prescripción de la acción penal, cuestión federal, oportunidad procesal, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ríos, Norberto Calixto; Gaffuri, Osmar Roberto y Girardi, Eduardo s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

Resulta atendible el agravio dirigido a obtener la declaración de la prescripción penal omitida en el pronunciamiento recurrido, aunque recién se haya introducido en el remedio federal.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, proceso penal, Corte Suprema de Justicia de la Nación, obediencia debida
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Ríos, Argentino y otros. s/ PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD CALIFICADA Y TORMENTOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-31

Dadas las amplias facultades de que goza la Corte como juez del recurso, corresponde revocar las providencias dictadas por un Secretario del Tribunal que, ante la falta de revisión expresa en el art. 5 de la ley 23.521, impuso al recurso de apelación el trámite previsto en el art. 538 del Código de Procedimientos en Materia Penal.
Municipalidad, ingresos públicos, remuneración, leyes, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TOLOSA,  RUBEN ANIBAL (Y SUS ACUMULADOS EXPTES N. 1-1989 Y N. 2-1989) c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 11-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

Si bien es cierto que dada la relación existente entre los ingresos y los egresos derivados de gastos del personal, la modificación de los haberes por aplicación de las leyes provinciales 9286 y 9996 puede tener seria incidencia en el pasivo municipal;

ello no justifica la negativa de la Municipalidad a aplicarlas, si no se probó en autos que por esa vía se haya alterado la relación existente con anterioridad a la asunción de las autoridades que desconocieron la aplicación de la política salarial uniforme dispuesta por la Provincia, ni que, enfrentados con normas que así la establecían, hayan mantenido el régimen de ingresos, medidos en moneda de valor constante, ni hayan intentado obtener, si su cumplimiento afectaba más de lo razonable los fondos municipales, el auxilio de la Provincia.
Poder Judicial, error judicial, procesamiento, sobreseimiento definitivo, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Grande, Jorge F. c/ E.N.  (Min. de Educación y Justicia) s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

No hubo un error manifiesto en el procesamiento del actor cuando se tiene en cuenta que su sobreseimiento definitivo se fundó en la imposibilidad de obtener nuevas pruebas de su cargo.
Falsificación de documentos, estafa, concurso ideal, cuestiones de competencia, lugar del hecho
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Actuaciones remitidas por la Cámara de Apelación Civil y Comercial Departamental en expte: "Gutiérrez de Denot, Susana H. C/ Suárez, Argentino s/ daños y perjuicios. s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Denunciándose la perpetración de una falsificación de documento, la que concurre idealmente con la estafa que habría sido cometida con su uso, corresponde intervenir en la investigación al juez del lugar donde el documento fue entregado.
Inconstitucionalidad, revisión judicial, enfermedad profesional
Materia: LABORAL
Carátula: Aulet Juan Ignacio c/ Asociart ART S.A. s/ Enfermedad profesional c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-03-03

Resulta inconstitucionalidad la normativa de adhesión (arts. 1, 3, 4 y 5 de la ley 10.532), como así también el art. 1º de la ley 27.348. Ello porque la primera prevé una adhesión que implica delegar en favor de la administración nacional la totalidad de las competencias necesarias de las cuales están constitucionalmente investidas las provincias, es decir, no sólo la facultad de dictar normas de procedimiento, sino también funciones jurisdiccionales, al punto que las decisiones de la administración federal tienen la virtualidad de hacer cosa juzgada (art. 2, Ley 27348), poniendo -además- límites a la revisión judicial provincial estrechando plazos que señala de caducidad. Las provincias deben asegurar la administración de justicia en forma autónoma (Voto Welp)
Competencia, daños y perjuicios, acción civil por accidente de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Luyo Jakie, Orlando Diego c/ Inc. SA y otro s/ Daños y perjuicios (accidente de trabajo) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

A fin de resolver las cuestiones de competencia deben ser considerados los hechos de la demanda. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Cuestión federal, libertad de expresión, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Caracotche, Juan Ignacio c/ Diario  "El  Chubut"  y/o Impresora Chubutense SRL. y/o quien resulte propietario. s/ Recurso de Hecho Impresora Chubutense SRL. y/o quien resulte propietario. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

Lo atinente a establecer si las manifestaciones de la demandada no se hallaban amparadas por la garantía de la libertad de expresión por no haber cumplido con los requisitos establecidos en la Constitución, reviste carácter federal.
Pena, reincidencia, non bis in ídem, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ROMERO, ALEXIS NAHUEL c/  s/ ROBO CALIFICADO CON PERFORACION O FRACTURA DE PARED CERCO, TECHO, PISO, PUERTA O VENTANA DE LUGAR HABITADO EN GRADO DE TENTATIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-09-26

No se advierte que la declaración de reincidencia en el caso afecte el principio ne bis in idem, pues los hechos que fueron materia de juicio y castigo en el proceso anterior no son juzgados nuevamente, sino que aquí se pondera la conducta del sujeto que habiendo sido condenado con anterioridad, delinque nuevamente y, por tal razón, el legislador desprende un mayor reproche en el delito por el que ahora se lo juzga; es decir, que la mayor severidad en el cumplimiento de la sanción no se debe a que el sujeto haya cometido el delito anterior, sino al hecho de haber sido condenado en esa oportunidad y obligado a cumplir pena privativa de libertad, lo que pone en evidencia el mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito.