marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mondini, Ruben Dario y otros c/ L.R.C. y/o a quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-07-01

Tampoco se estima valorable ni debe tomarse en cuenta la duda que evidencia el dictamen pericial médico del Dr.... que al responder a las ampliaciones solicitadas por la demandada dice que "no puede determinar restrospectivamente, por no contar con datos registrados en autos y no controvertidos, si la enfermedad tuvo la evolución en forma fulminante o en forma aguda" mientras que al formular la respuesta del punto II de la misma presentación dice que la víctima fue internada en el Sanatorio con un cuadro compatible con una meningitis bacteriana aguda y lo que es mas aún cuando al contestar acerca del pronóstico de vida, lo hace concretamente sobre la base del índice de mortalidad de los gérmenes hallados en los estudios realizados a la víctima, distinguiéndola de los índices de mortalidad de la sepsis meningocócica fulminante, con lo cual parece tenía bien claro de que tipo de meningitis se trataba
Allanamiento, secuestro de bienes, inexistencia de delito, desestimación de la denuncia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DE LOS SANTOS. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-06

Si el agravio del apelante se circunscribe a la requisa de su portafolio, en razón del allanamiento practicado en el estudio jurídico que comparte con el damnificado, habida cuenta que el accionar del representante de la vindicta pública no encuadra en ninguna figura legal contenida en nuestro código sustantivo, toda vez que tal medida fue efectuada como consecuencia del dictado de una orden de allanamiento cuyo contenido era -entre otras cosas- el secuestro de documentación. Debe confirmarse el auto que decretó la desestimación de lo actuado, por inexistencia de delito.
Recurso de inconstitucionalidad, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Galeano, Emilio y otro en j: Sucesión de Ortiz de Desprez, Francisca s/ Regulación - Inconstitucionalidad (Libro: S055-032) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1953-12-12

El criterio y conclusión admitidos en la determinación del monto del juicio a los efectos de la regulación de honorarios, no puede dar lugar al recurso de inconstitucionalidad. El error que pudiera deslizarse es circunstancia también extraña al mismo.
Accidentes de trabajo, riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Florentin Martín Ramón c/ QBE Argentina ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-20

De conformidad con lo normado por el art. 17 inc. 6 de la ley 26773 la actualización por índice RIPTE no ha de recaer sobre la prestación en dinero por incapacidad permanente diferida a condena porque la normativa citada, al regular las "prestaciones", los únicos "importes" que establece son aquellos referidos a los adicionales de pago único (conf. art. 11) y los mínimos previstos en los arts. 14 y 15 de la ley 24.557 conforme actualización del decreto 1694/09. Este criterio ha sido ratificado por la C.S.J.N. en la causa "Espósito, Dardo Luis c/Provincia ART SA s/accidente-ley especial" del 7/6/2016.
Sucesiones, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Taraborrelli José V. c/ Ultra María s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-12

La tercería de dominio es atraída por la sucesión del demandado en el juicio principal, aún cuando se haya iniciado la misma solo respecto de la actora, en razón de lo dispuesto por el art. 101 del C.P.C. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, recurso de queja (procesal), recurso de revisión (procesal), enjuiciamiento de magistrados, tribunal de enjuiciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Víctor Cristian p.s.a. s/ encubrimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

Corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto contra el pronunciamiento que -por carecer del requisito de autosuficiencia- declaró formalmente inadmisible la queja contra la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios provincial que no había hecho lugar a su recurso de revisión.
Alquileres, precio
Materia: CIVIL
Carátula: Lago Alonso, Antonio c/ González, Luis s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-04-02

"Si bien la jurisprudencia ha aceptado en general la aplicación de ciertos porcentajes más o menos estables para la fijación del justo precio de la locación, no es posible adoptar al respecto un criterio estricto, pues tal no ha sido el criterio del legislador, que -en realidad- dio al Juez amplias facultades para establecerlo, teniendo en cuenta cierto índices, circunstancias del caso y personales del locatario, además del valor de la finca y valuación fiscal, sin perjuicio de tener también como guías tales porcentajes para una más justa solución de los casos concretos".
Locación de inmuebles, vencimiento del plazo, juicio de desalojo
Materia: CIVIL
Carátula: MAREQUE DE COS, ETHEL FRANCISCA c/ SEGOVIA, RICARDO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-20

Cuando se trata de un desalojo por vencimiento del término de un contrato, dado el déficit de inmuebles que se detecta en nuestro país con la correspondiente escasa oferta de los mismos en alquiler, en caso de duda, corresponde inclinarse por la evaluación que favorezca a la parte económicamente más débil de la contratación. Ese principio se halla corroborado con el aforismo del "favor debitoris", que en un espectro más amplio recorre toda la normativa vigente en materia de derecho privado.
Alimentos, alimentos provisionales
Materia: CIVIL
Carátula: F., S.H.M. c/ B., B. s/ Incidente de Cuota Provisoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-24

Los alimentos provisionales no constituyen una categoría autónoma sino una cuota que se fija desde que se peticiona hasta el dictado de la sentencia y, conforme criterio doctrinario mayoritario, configuran una verdadera medida cautelar.
Huelga, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy, Antonio c/ Carindu S.A.I.C.A.I. s/ Despido, etc Escobar, Gregorio y otros c/ Carindu S.A.I.C.A.I. s/ Despido Duartez, Roberto c/ Nodulfer Berisso S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22|1987-12-22|1994-07-26

En los supuestos en los que para disponer el despido de los trabajadores se alegue injuria como consecuencia de no haber acatado aquellos la intimación a retomar tareas por estar participando en una medida de fuerza, el órgano judicial debe calificar la huelga para el caso concreto y determinar su alcance respecto de los contratos individuales de trabajo a fin de evaluar adecuadamente la ruptura de los vínculos laborales y la configuración o no de la injuria.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo, facultades discrecionales, nulidad del acto administrativo
Materia: Administrativo
Carátula: GALDAMEZ, Sergio L. y otros. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa Malvarez, Carlos R. y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-09-27|1990-07-03

Ha dicho la doctrina judicial en reiteradas oportunidades: "La causa o motivo constituye un elemento esencial del acto administrativo", "El incumplimiento de los recaudos de la motivación del acto administrativo, no pierde importancia porque los órganos administrativos hayan actuado dentro de su competencia, ni por tratarse de una cuestión discrecional, pues en estos casos se impone aún más la necesidad de una motivación suficiente sin la cual no sería posible examinar la legitimidad de los actos administrativos en sede judicial". También la doctrina ha manifestado que "El interés actual de la motivación se puede deducir desde la vertiente del control jurisdiccional de la actuación administrativa. Un control profundo y acabado sobre la legalidad del acto administrativo impone la revalorización del estudio de la motivación. Afirmar que la obligación de motivar se debe debilitar a medida que aumenta la discrecionalidad, supone aceptar que la discrecionalidad constituye una esfera ilimitada de libertad o de auténtico arbitrio fuera de toda posible fiscalización"
Empleados públicos, remuneración, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rothsche, Guillermo c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección de Vialidad) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-04-13

Si bien las bonificaciones forman parte del haber mensual de los empleados públicos y éste se devenga mes a mes, no se trata en el caso de marras de una errónea liquidación por parte de la Administración del mencionado rubro salarial que conlleve a un atraso en su pago, sino que previamente se requiere la legitimación de la deuda exigida y recién entonces, su falta de pago puede ocasionar la prescripción de la bonificación pendiente.
Delitos de los recursos de la seguridad social, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, eximición de prisión, caución juratoria
Materia: PENAL
Carátula: BELLOCCHIO, LEANDRO OSCAR s/ Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, incidente de  exención de prisión, Causa: 37174.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-29

Corresponde confirmar la resolución que al conceder la exención de prisión estableció una caución juratoria ya que si bien el art. 148 de la ley de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Ley 24241) determina la fijación de una caución real para conceder la exención de prisión a quien está imputado de algún delito previsto en la misma cuando exista un perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones o a un afiliado, al no existir dicho perjuicio no se está infringiendo la norma mencionada. Por otro lado, el derecho a elegir libremente la Administradora no es el perjuicio al que se refiere la ley.
Demanda, contestación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernández, Juan Carlos c/ Coccari, Gorki s/ Cobro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

La contestación de demanda es el acto procesal mediante el cual quien ha sido demandado (convenido) opone a la pretensión del actor, la propia pretensión de sentencia declarativa de certeza negativa: desestimación de la demanda, ya sea no admitiendo -desconociendo- los hechos afirmados por el actor, o admitiendo los hechos afirmados como verdaderamente ocurridos o acontecidos pero cuestionando la fundabilidad de la pretensión: cuestión de puro derecho o, finalmente, oponiendo a la situación jurídica del actor, una situación jurídica derivada de aquélla que la destruye o extingue: defensa por antonomasia.
Títulos ejecutivos, sobreseimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Energía San Juan S.A (ex EDESA) c/ Lenca SA s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2000-09-12

El instituto del sobreseimiento del juicio -tal la nomenclatura utilizada por el Código Procesal Civil, Comercial y de Minería de San Juan (Ley Prov. Nº 3.738)-resulta exclusivamente aplicable a las hipótesis de subasta de inmuebles, conclusión a la que puede arribarse a partir de un rápido análisis de la estructura de aquel cuerpo legal. En efecto, su capítulo III ("Del cumplimiento de la sentencia de remate") del Título II ("Juicio Ejecutivo") correspondiente al Libro III ("Procesos de ejecución"), despeja toda ayuda, ya que lo relativo a la subasta de bienes muebles o semovientes figura normado en la progresión de preceptos que va desde el art. 545 al 549, en la que no figura mención alguna al sobreseimiento del proceso. En cambio este instituto recién aparece en el plexo de disposiciones atinente a la subasta de inmuebles que comienza con el art. 551; es decir que, con sólo observar el artículo anterior al 559 (art. 558: subasta progresiva de varios inmuebles) y el posterior a él (560: los edictos deben publicarse por tres días en el Boletín Oficial y en otro diario, pudiendo asimismo anunciarse en diarios del lugar donde esté situado el inmueble), puede inferirse -sin lugar a dudas- que la posibilidad de plantear el sobreseimiento del juicio o del proceso corresponde exclusivamente cuando la venta forzada versa sobre inmuebles.
Contratos, apertura de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDICOOP COOP. LTDA. c/ GARADE, JUAN S.A. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-05

Este contrato de apertura del crédito no siempre consiste en poner fondos a disposición del acreditado, sino que mediante esta operación el banco puede asumir distintas obligaciones como comprometerse a prestar avales, garantías o fianzas a favor del cliente, descontar documentos o aceptar letras, giros u otras libranzas, etc.

Específicamente, el descuento de documentos puede ser también una modalidad o integrar el contrato de apertura de crédito.
Daño resarcible, querellante, ley vigente, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Riveros, Santiago Omar y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-17

El pedido efectuado por la parte querellante -en carácter de reparación del daño- que se realicen publicaciones en medios de comunicación solicitando información sobre los hechos ocurridos ha sido contestado con fundamentos suficientes en la instancia de origen y la presente solicitud no es más que una mera discrepancia o disenso con lo expuesto en la sentencia recurrida (Fallos: 302:284; 304:415), lo cual sella la suerte del agravio. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el pedido de reparación efectuado no se encuentra previsto en la normativa aplicable. En efecto, aun cuando la parte recurrente entiende que la decisión resulta contraria a la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas por la cual se aprobaron Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, lo cierto es que dichos principios constituyen en los talantes prácticos "soft law". Así, si bien esas directrices provienen de un organismo internacional del que la Argentina es Estado miembro, su fuerza vinculante no es la misma que tienen los instrumentos internacionales de derechos humanos que constituyen nuestro bloque constitucional. De modo tal que esos principios, obviamente, no modifican el código de fondo en cuanto establece cuáles son las consecuencias del injusto penal, entre las cuales no se encuentra el pedido de reparación solicitado por la parte.
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: ARANDA, RENE A c/ MINACLAR S.A. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD CARIFUTA, DOMINGO c/ MINACLAR SA s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY GARABITO, JULIO c/ MINACLAR SA s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-10-04|1993-10-25|1993-10-25

La llamada integración del mes de despido forma parte de la indemnización por falta de preaviso; no es una indemnización distinta.-
Revisión judicial de actos administrativos, control de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Funes, Raquel María c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-09-10

"Todo lo atinente a la efectiva existencia de los hechos o situaciones de hecho invocados para emitir el acto, caen o pueden caer bajo el poder de revisión de los jueces, para llegar a realizar un verdadero análisis de la existencia de los presuntos antecedentes, es decir, aquéllos que constituyen su causa o motivo; por ello, el juzgador debe efectuar el control de legalidad de un acto administrativo, pero a su vez desentrañar los motivos y los hechos que le sirven de origen, valorando objetivamente los antecedentes que se encuentran en la causa y fueran la motivación de su dictado, para dar por sentado si corresponde o no la modificación de la decisión a que arribara el organismo en cuestión".
Recurso de reposición (procesal), procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: FRANZOSI, TULIO Y OTROS s/ INC. DE MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-14

De ordinario el recurso de reposición sólo procede contra las providencias dictadas durante la sustanciación del recurso de apelación, pero no respecto de las que deciden el auto apelado, aunque podría en hipótesis excepcionales echarse mano de tal recurso a fin de corregir un error manifiesto, para evitar un perjuicio de singular importancia.
Suspensión de juicios contra el Estado, Procuración del Tesoro
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARAUJO, PABLO R. s/ SUSPENSION DE JUICIOS CONTRA EL ESTADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-02

Resulta indispensable armonizar el texto del Dec. 383/91 (suspensión juicios contra el Estado) con la finalidad perseguida y con las disposiciones legales y constitucionales que disciplinan la competencia del tribunal. En tal sentido es adecuado sostener que las disposiciones del mencionado decreto sólo acuerdan las facultades y deberes que las normas invocadas y las consideraciones atribuyen e imponen a los jueces y confieren a la Procuración del Tesoro y Sindicatura de Empresas Públicas.
Legitimación procesal, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M.L., C.A. c/ Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-07-08

La falta de "personalidad" del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut le impide ser "parte" de la "relación jurídica procesal", lo que la torna "inexistente" por ausencia de uno de sus sujetos esenciales. En otras palabras, al no ser persona, el Superior Tribunal de Justicia no puede ser "demandado" ni "apelante".
Concursos, conclusión de la quiebra, avenimiento (comercial), acción de responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRODUCTOS  EL  ORDEN  SA c/ LOIZZO ALBERTO Y OTROS S/ORDINARIO. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

Cuando, como en el caso, los episodios de conducta relatados por la síndico, interviniente en la segunda quiebra de la accionante, constituyen -en su mayoría- hechos anteriores, correspondientes a una primera quiebra decretada respecto de dicha sociedad, que luego devino en avenimiento y que, por lo tanto, se encuentra concluida; en consecuencia el avenimiento alcanzado en su oportunidad hizo cesar, per se, los efectos propios de aquella primera quiebra, entre los cuales se encontraban incluidos los hechos fundantes de la presente acción de responsabilidad dirigida contra los demandados y concluyó la originaria falencia, sin que ésta pudiese ser reabierta ulteriormente, en el escenario de la segunda quiebra. Por otro lado, respecto de los actos posteriores al avenimiento (es decir, los celebrados durante la administración de otro codemandado), no cabe sino acotar que no intervinieron en su realización los aquí demandados, por lo que difícilmente podría predicarse la existencia de una relación de causalidad entre la conducta de estos últimos y el daño denunciado por la sindicatura apelante. Sin perjuicio de lo anterior, resta señalar finalmente que tampoco aparece cabalmente acreditado, en el caso, el daño atribuido por la síndico a los antiguos administradores de la fallida accionante sobre la base de los hechos invocados. En ese marco, si bien se vislumbra un escenario no dilucidado en el que estarían involucrados, tanto el presidente, como la sindicatura actuante en el primer proceso de quiebra y en el que también habría participado un codemandado, lo cierto es que no se ha probado en esta sede que los daños aducidos por la funcionaria concursal actuante en la segunda quiebra hubiesen causado el efectivo perjuicio económico relevante para esta última que se pretende.
Beneficios previsionales, decretos, reajuste jubilatorio, inconstitucionalidad, remisión de antecedentes, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CUIDET STELLA MARIS c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios c/ s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-18

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del Dto. 807/16 que estableció, en su art. 2, que el índice de movilidad deberá incluir hasta el 31 de marzo de 1995 las variaciones de INGR, entre el 1° abril de 1995 y el 30 de junio de 2008 las variaciones del RIPTE y a partir de esta última fecha, las variaciones resultantes de las movilidades establecidas por la Ley 26.417 y en su artículo 3 señala que será la Secretaría de Seguridad Social MTESS la encargada de elaborar y aprobar el índice a utilizar para la actualización de las remuneraciones que hubiesen prestado tareas en relación de dependencia, y finalmente, en su artículo 5to. ordena que las disposiciones contenidas en los arts. 1, 2 y 3 serán de aplicación para la actualización de las remuneraciones que deban considerarse para el cálculo de las prestaciones previsionales que se otorguen con alta mensual agosto. Si bien el Alto Tribunal no se expidió expresamente respecto del decreto en cuestión, lo cierto es que los fundamentos dados para declarar la inconstitucionalidad de la Res. 56/18 se tornan también aplicables mutatis mutandis respecto del Dto. 807/16. Pues, habiendo la titular de autos obtenido su prestación con fecha de alta posterior a agosto de 2016, corresponde - "brevitatis causae", y en razón de que, como regla, la doctrina de los fallos de la Corte Suprema tiene carácter obligatorio para los tribunales inferiores ("Pulcini, Luis B y otro", Fallos 212:51; 307:1094; 325:2723, 332:1488, entre otros)-, remitirse a los citados fundamentos del precedente "Blanco".
Extradición, jerarquía de las leyes, Derecho internacional, Derecho procesal, Estados Unidos, Convención Única sobre Estupefacientes de Ginebra
Materia: PROCESAL - PENAL - INTERNACIONAL
Carátula: MERKIN, Samuel s/ extradición, Causa nro. 26.718
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

En virtud de lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Nacional, las leyes que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con los demás países, son ley suprema de la Nación:

como consecuencia de ello y teniendo en cuenta cuanto establece el artículo 646 del C.P.M.P., en lo relativo a la procedencia de la extradición de delincuentes en los casos que los tratados determinen, el acuerdo celebrado entre la República Argentina y los EE.UU. del 21 de enero de 1972, ratificado por la ley nro. 19.764, constituye la normativa aplicable en la especie, como así también la Convención Unica sobre estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972. (del voto del Dr. Vigliani )
Jurisprudencia, sociedad anónima, directorio, remuneración, relación de dependencia, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOS CABRITOS S.A. c/ I.N.P.S. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-18

Si bien existe jurisprudencia en el sentido de que ni la realización de una tarea administrativa por parte de los directores de S.A., ni la percepción por estos de una retribución o asignación pecuniaria determinada por tal motivo, acredita que estén sujetos a órdenes o directivas que se les imparten o pudieran impartírsele y, con ello, configurar la existencia de subordinación (cfr. C.N.A.T., Sala III, sent. 54526, "Boston Administradora S.A." de acuerdo a dictamen de S.G.T. Nro. 7.396), la misma se torna inaplicable cuando se encuentra objetivada la relación laboral. En consecuencia, debe concluirse que las sumas de dinero que se perciben más allá de la remuneración pactada -sujeta a descuentos- y en excedente del 25% previsto por el art. 261 de la ley 19.550, están sujetas a tributación previsional. (Disidencia de la Dra. Maffei).