marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Indemnización por despido, mobbing, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Radisic, Mariano Favio  c/ Nokia Solutions and Networks Argentina S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-01

La Sra. Jueza de grado concluyó que el actor fue objeto de un trato hostil constitutivo de mobbing, tendiente a lograr su desvinculación, toda vez a lo largo de la vinculación fue cubriendo distintas posiciones en la empresa y su remuneración fija se mantuvo prácticamente inalterada, respecto al año anterior, en tanto que uno de los rubros (BONOSIP) habría sido triplicado, pero no para el accionante. Esta situación constituyó un ejercicio abusivo del ius variandi y el actor debió hacer uso de alguna de las herramientas que le acordaba el art. 66 LCT. No se configuró un supuesto de mobbing y por lo tanto no hay daño moral reparable. Si el actor, con motivo de las modificaciones sufridas se hubiese dado por despedido, tendría derecho a percibir las indemnizaciones por despido incausado. La decisión de grado debe ser desestimada en este aspecto.
Reinstalación en el puesto de trabajo, salarios caídos, indemnización por despido, personal transitorio
Materia: LABORAL
Carátula: Palet, Mariano Daniel c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-15

Se agravia el accionante por cuanto en el pronunciamiento bajo revisión se rechazó la pretensión sustancial deducida, consistente en la declaración de nulidad de la medida por la cual se lo desafecta de su cargo, en el marco de la Resolución N° 2.020-26- ANSES, habiendo requerido la reinstalación en su puesto de trabajo, y en su defecto, el cobro de los salarios caídos y de las indemnizaciones por despido establecidas en la LCT. El recurrente critica que en el decisorio se estableciera que su situación de revista no era la de un empleado público en planta permanente, dejándolo fuera del amparo de la garantía del art. 14 bis CN. El accionante fue designado "transitoriamente, sin estabilidad en el cargo y ad referéndum de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS como Gerente de Oficina conforme la Res. SEDA 135/2016, que le fuera notificada personalmente. Más allá de si el accionante cuestionó efectivamente el alcance de dicha designación en cuanto a su transitoriedad, lo cierto es que el propio CCT aplicable 305/98 establece que excluye de su ámbito de aplicación, a las personas designadas para ejercer la Dirección Ejecutiva, la Gerencia General y las distintas Gerencias que se estructuren, en virtud de la facultad exclusiva de organización de ANSES o la que en el futuro la reemplace. Esta conjunción de elementos (designación transitoria, naturaleza del cargo, exclusión del orden convencional) llevan a sostener que no se trató de una incorporación a la carrera administrativa. El mero transcurso del tiempo no puede trastocar de por si la situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio (CSJN "Romero", Fallos 344:3057).
Fallos de la Corte Suprema, despido, crédito laboral, declaración de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Cadena, Ricardo Fabián  c/ 25 horas SA y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-30

Si bien a la luz de la doctrina de la CSJN del fallo "Oliva", la CNAT acordó reemplazar lo dispuesto por el Acta N° 2764 y disponer, como recomendación, que se adecuen los créditos laborales sin tasa legal de acuerdo a la tasa CER reglamentada por el BCRA más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago (mediante Acta CNAT N° 2783 y Resolución N° 3), esta última sugerencia fue recientemente descalificada por el Alto Tribunal en el fallo "Lacuadra". En virtud de ello, correspondería declarar de oficio la inconstitucionalidad de lo normado por el art. 7° de la ley 23.928, según texto del art. 4 de la ley 25.561, en tanto prohíbe -en las obligaciones dinerarias- la indexación del capital por índices de precios u otros valores, ya que la tasa de interés moratorio tiene que resarcir la privación del uso del capital y además la pérdida del valor del peso acaecida durante el período que transcurrido entre la mora y el pago efectivo. Ni la tasa fijada en origen, ni ninguna otra de las vigentes en plaza -de las autorizadas por el BCRA- aplicada sin capitalización periódica, tiene aptitud para cumplir las funciones explicitadas, en razón del proceso inflacionario ocurrido en la última década, que ha hecho desvanecer el valor del peso. Al disponerse la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar corresponde disponer la actualización del capital indemnizatorio con ajuste al Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC (IPC) y añadir como tasa pura el 3% anual -en ambos casos desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta su efectivo pago. Sin embargo, este método de actualización del capital implicaría, en el caso concreto, para la apelante una reforma del fallo apelado en su perjuicio, porque el capital nominal fijado a la fecha del despido, actualizado por IPC más una tasa pura de interés moratorio, treparía a un monto superior al que se difirió a condena en la instancia anterior, motivo por el cual cabe mantener lo resuelto en grado en lo que hace a la actualización del capital del condena.
Despido, sanciones disciplinarias
Materia: LABORAL
Carátula: Hadjes, Marcelo Gabriel  c/ Bodegas San Huberto S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-13

La oposición del trabajador a realizarse el examen médico puede justificar la pérdida de la remuneración correspondiente al día de la inasistencia y la aplicación de una sanción disciplinaria, pero en modo alguno, constituye grave injuria que justifique sin más la aplicación inmediata de la máxima sanción legal -como es el distracto- de una persona que tenía una antigüedad de 15 años dentro de la empresa. El actor permanecía con tratamiento psicológico y reposo por 30 días y no se hallaba en condiciones de reintegrarse al trabajo, lo cual se encuentra probado por la documentación acompañada y la declaración del profesional que lo atendía, no obstante ello la demandada no aportó opinión médica que contraríe ningún diagnóstico. Pese a ello procedió a despedirlo en forma injustificada cuando aún estaba con licencia médica. Asimismo, durante el tiempo en el que el reclamante estuvo con licencia por enfermedad la demandada le abonó sus remuneraciones en forma completa. Esto demuestra que pese a las supuestas inconductas transcriptas en la CD del distracto, el empleador tenía pleno conocimiento que el trabajador se encontraba con un padecimiento de índole psicológico que le impedía reintegrarse a su labor diaria, lo cual invalida cualquier objeción adicional que formuló en la carta documento del distracto. En tanto la perito psicóloga corroboró que el actor padece RVAN con manifestaciones fóbicas de tipo III-IV y que se encuentra medicado, cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia en cuanto consideró que la extinción del vínculo laboral que dispuso la empleadora resultó abrupta e injustificada.
Confirmación de sentencia, indemnización por despido, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez Vega, Santiago Manuel  c/ Ente Nacional de Comunicaciones  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-19

La demanda admitida en grado, hizo lugar a las diferencias indemnizatorias reclamadas por el actor en concepto de antigüedad, y por ello se agravia la demandada, Ente Nacional de Comunicaciones. El accionante ingresó a laborar en el Ministerio de Planificación Federal, y el hecho que posteriormente pasó a formar parte de la nómina de Secretaría de Estado y sucesivos cambios en el organigrama, no menguó bajo ningún concepto su antigüedad en el trabajo. La prueba testimonial y la informativa -AFIP- producidas, dan cuenta de la continuidad del actor en su prestación de servicios dentro de la estructura del Estado Nacional, sin perjuicio de la denominación que tuvieran los organismos en los cuales se desempeñó en su momento (Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, Comisión Nacional de Comunicaciones o Ente Nacional de Comunicaciones) y en forma ininterrumpida, desde su ingreso hasta la fecha de baja por despido sin invocación de causa. Asimismo, el propio demandado no desconoció que el actor haya prestado servicios para el Ministerio de Planificación Federal, debido a que consta en su legajo. Así entonces, el actor se desempeñó siempre como empleado dentro de distintos organismos inherentes a la materia "comunicación" todos bajo la órbita del gobierno nacional (cartera ministerial del PEN) y mantuvo un vínculo de carácter permanente. En consecuencia, corresponde el reconocimiento de la antigüedad total conforme su real fecha de ingreso y confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Empleo no registrado, despido, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: Asselborn, María Milagros  c/ LAN ARGENTINA S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-19

La deficiente registración es la que tiene lugar cuando los registros y demás constancias no se corresponden con la realidad. Cuando se otorga prestaciones complementarias en especie o no se reconoce el carácter remuneratorio de un pago cuando no es ni beneficio ni viatico, debe considerarse remuneración y como tal una deficiencia en su registración. Por ello, en estos casos, debe imponerse la multa del art. 1 de la Ley 25.323.
Relaciones de familia, derecho del menor a permanecer con su familia
Materia: CIVIL
Carátula: A., I. N.; A., S. V.; A., M. B.  c/  s/ control de legalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2024-10-09

El mentado derecho a vivir en y con la familia de origen no tiene carácter absoluto, y bajo determinadas circunstancias puede ser válidamente "desplazado". Aunque es claro, también, que las razones que imposibiliten esa "convivencia preferente" no deben fundarse en carencias de tipo económica de los progenitores de esos niños, ni será suficiente esa solución que no contemple las limitaciones estructurales que puedan detectarse en los familiares de sangre, en la medida en que éstas puedan ser evaluadas como "reversibles".
Despido, intereses, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: González, Ovidio Gastón c/ Aguas Danone de Argentina SA  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-30

El Poder Ejecutivo mediante decretos y el propio Banco Central, a través de circulares, modificaron periódicamente el valor de la moneda nacional con su secuela de inseguridad, atrofiando el hábito del ahorro. Si bien la Argentina no pasó por un nuevo proceso hiperinflacionario, si se vio afectada por fenómenos institucionales que dañaron seriamente su economía e hicieron que la moneda emitida por el Estado perdiese su idoneidad como instrumento de cambio y común denominador de valores dentro de un proceso lento y paulatino, pero constante, de degradación institucional y social, potenciada por una pandemia que afectó la actividad económica. La CNAT emitió distintas actas -2764, 2783 y 2784- tendientes a lograr que, mediante la aplicación de intereses, se compensara la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y toda vez que fueron descalificadas por la Corte, ello obliga a encontrar en la materia una solución que debe ser valorista. Así, el DNU 70/23 buscaba innovar en el sistema mediante la aplicación del IPC con más una tasa pura del 3% desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta el efectivo pago, no pudiendo dejar de lado que el Poder Ejecutivo ha estimado que las referidas pautas serían razonables para ser aplicadas en nuestra actual realidad económica, social e institucional. Por ello, corresponde disponer, como accesorio del crédito en disputa, su actualización conforme IPC con una tasa pura del 3% anual sin capitalización.
Intereses moratorios, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba, Claudio Alberto c/ Bridgestone Argentina SA s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-23

Los jueces no pueden desconocer la realidad imperante cuando están llamados a resolver los conflictos patrimoniales suscitados por las partes, pues debe garantizarse -por mandato constitucional- que los créditos de naturaleza laboral y alimentaria que se adeudan no se transformen en sumas ínfimas, ya que de lo contrario se aniquilaría la función resarcitoria comprendida en el régimen de contrato de trabajo. Si bien el análisis que hace la Corte en la causa "Oliva" lo es sobre los intereses moratorios, no debe desatenderse que ello repercute en el crédito final del trabajador, que se licúa en detrimento de su derecho de propiedad y cuya contrapartida es el beneficio del deudor por el paso del tiempo, es decir un enriquecimiento sin causa para el deudor. Por ello es que la judicatura debe establecer una pauta que evite la depreciación del crédito laboral en el marco de una coyuntura inflacionaria como la que atraviesa la Nación desde hace años. Este criterio también es sustentado por el Alto Tribunal en el caso "Lacuadra". Por ello, el art. 7 de la ley 23.928 en cuanto prohíbe la actualización de los créditos de naturaleza laboral es inconstitucional, motivo por el cual cabe declarar su inaplicabilidad al caso. Es de recordar que la CSJN en varias oportunidades utilizó como variable el CER para decidir en favor de la doctrina de la desproporción, el paso del tiempo. Este supuesto surge en el caso "Di Cunzolo" (Fallos: 342: 54), en la causa "Bonet" (Falos: 342: 162) o en la causa "Oliva". Sin embargo, no prefijó una pauta, justamente porque ello pertenece a la órbita del juzgador/a (art. 768 CCyCN). Por lo tanto, corresponde que el crédito se actualice desde la fecha de exigibilidad y hasta el efectivo pago, mediante el IPC que publique el INDEC y luego se aplique una tasa de interés que se fija en el 3% anual. Si la deuda persiste con posterioridad a la notificación de la liquidación e intimación de pago, resultará de aplicación el mecanismo de la capitalización impuesto por el inciso c) del art. 770 CCyCN, sin perjuicio de las facultades conferidas en virtud del art. 771 CCyCN
Relaciones de familia, residencia habitual del niño
Materia: CIVIL
Carátula: N., J. R. c/  s/ autorización judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2024-10-16

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la progenitora y en su mérito autorizó al cambio de residencia de su hija a la R. de I., ciudad de D. , disponiendo en el caso las siguientes pautas: 1) Deberá aceptarse la comunicación fluida de la niña con el padre por cualquier medio informático, digital, telefónico o similar con su padre, en un horario en que la menor se encuentre en su casa, sin que sea necesario para ello la presencia ni supervisión de la madre. 2) La madre deberá comprometerse a venir a Argentina con la niña al menos una vez por año, en período de vacaciones de la niña, por un plazo no menor de quince días. 3) Esta decisión será estrictamente provisoria, por el plazo de un año, debiendo fijarse a pedido de cualquiera de ellas una Audiencia, que podrá ser a través de medios informáticos si ello resulta conveniente para el mejor desenvolvimiento de la relación, en la cual la niña informará al Juzgado de la causa acerca de la bondad o no de este régimen de vida para llenar sus intereses materiales y espirituales, especialmente afectivos, y para el buen mantenimiento de la relación paterno /filial con su progenitor. 4) Luego de tal Audiencia la autorización podrá ser revisada en función de los parámetros mencionados. 5) Se efectuará por el Juzgado de Origen un seguimiento periódico vía virtual de la evolución de la situación y voluntad real de la niña 6) La progenitora deberá acreditar en plazo razonable de no mas de cuarenta y cinco días, la inscripción escolar de la niña 7) Se exhorta a la progenitora a arbitrar todos los medios indispensables e idóneos para facilitar el derecho de comunicación de la niña con el progenitor no conviviente (art. 652 del CCyCN), como también con su abuela materna (arts. 555 y 646 inc. e del CCyCN). 8) Se exhorta al progenitor a arbitrar todos los medios indispensables e idóneos para facilitar el derecho de comunicación de la niña con su abuela materna (arts. 555 y 646 inc. e) del CCyCN). 9) Se exhorta a ambos progenitores a oír la voluntad de la menor y tener en cuenta su opinión.
Relaciones de familia, restitución de menores
Materia: CIVIL
Carátula: A., I. N.; A., S. V.; A., M. B.  c/  s/ control de legalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2024-10-09

La solución dada en el fallo en crisis de separar a los niños de su núcleo familiar de origen aparece como "prematura" -a pesar del tiempo transcurrido en ese tramo del proceso-, por lo que corresponde su revocación, proponiéndose, en su lugar, el agotamiento de otras estrategias, que colaboren eficazmente para que éstos puedan crecer de manera adecuada en el ámbito de su familia biológica. Tal como se procuró implementar en esta instancia revisora a través de una paulatina revinculación materno-filial. Este posicionamiento se asienta sobre los siguientes ejes temáticos: (i) el interés superior de los niños y sus derechos fundamentales (art. 706, inc. "c", C.C.C.N.), (ii) el derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta (art. 707 C.C.C.N.), y (iii) la revinculación familiar.
Despido, crédito laboral, intereses, reformatio in pejus
Materia: LABORAL
Carátula: Monzón, Gustavo Adolfo c/ Aleph Seguridad SRL y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-26

La actual coyuntura económica reflota la idea de defender el valor de los créditos por medio del reajuste a través de índices, siendo el propio Poder Ejecutivo Nacional quien reconoce el envilecimiento de la moneda y la necesidad de reajustar las deudas por medio de índices. Así, mediante el DNU 70/23 -sin perjuicio de la inconstitucionalidad declarada en las causas "Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/Poder Ejecutivo s/incidente" (Expte. N° 56862/2023/1) y "Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina -CTA- c/Estado Nacional Poder Ejecutivo s/acción de amparo" (Expte. N° 56687/2023) el Poder Ejecutivo Nacional pretendió modificar el art. 276 LCT y disponer que "...los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados y/o repotenciados y/o devengarán intereses. La suma que resulte de dicha actualización y/o repotenciación y/o aplicación de intereses en ningún caso podrá ser superior a la que resulte de calcular el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa de interés pura del 3% anual.". Así, no resulta razonable que el trabajador se encuentre desguarnecido frente al deterioro del signo monetario debido a una prohibición legal, que en el contexto actual aparece como irrazonable y violatoria del derecho de propiedad, a la par que vulnera aquello que pretendía garantizar la propia ley de convertibilidad y sus decretos reglamentarios, esto es, ".mantener incólume el contenido de la pretensión.". En este contexto, no cabe más que declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 -texto según ley 25.561- y consecuentemente, disponer la actualización del crédito de autos desde la fecha de su exigibilidad y hasta la del efectivo pago, de acuerdo al índice de precios al consumidor INDEC (IPC), excepto en el lapso comprendido entre el 31 de octubre de 2015 y el 1 de mayo de 2016, en el que por no poder contar con índices oficiales de precios al consumidor, se aplicará el índice RIPTE, con más una tasa de interés pura del 3% anual, ambos desde el origen del crédito hasta su efectivo pago. Si en la etapa de ejecución la liquidación que se practique de conformidad con los parámetros establecidos arrojara un resultado más gravoso para las demandadas que el que daría de estarse a las pautas fijadas en el fallo de grado, habrá de tomarse como límite del monto total de condena la suma que surja, en definitiva, del cálculo allí efectuado, a fin de evitar caer en una reformatio in pejus para las accionadas en tanto que la actualización no fue cuestionada por la parte actora.
Capitalización de intereses, actualización monetaria, declaración de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Cambronero, Hernán Matías  c/ Sentinell SA  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-26

El transcurso del tiempo ha provocado en el crédito de la persona trabajadora una pulverización de su monto, debida al alza generalizada del costo de vida y la falta de respuesta suficiente de las tasas de interés bancarias sin capitalización periódica. Ante el infructuoso intento de la CNAT de buscar una solución que permita conjurar la lesión del contenido sustancial de los derechos patrimoniales de las personas que trabajan, y ante la obligación de las y los jueces de actuar como guardianes del respeto de los derechos garantizados por nuestra CN, cabe declarar la inconstitucionalidad de la norma que veda la actualización monetaria: el art. 7 de la ley 23.928. Así, la brecha existente entre la actualización monetaria con más una tasa de interés puro del 3% y la que deriva de la aplicación de una tasa autorizada por el Banco Central tal como la que surge del Acta 2658, implica una pulverización del crédito del actor que tiene carácter alimentario. Por lo tanto, el capital de condena ha de ser actualizado desde la fecha de la exigibilidad y hasta la de su efectivo pago, de acuerdo con el IPC que publica el INDEC, con más una tasa de interés pura del 3% anual por igual período.
Despido, declaración de inconstitucionalidad, actualización monetaria, capitalización de intereses
Materia: LABORAL
Carátula: Castellón, Martín Gerardo  c/ Decobaires SRL y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-10

Se declara la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.982 en tanto impide la indexación de los créditos. A fin de subsanar el daño que la inflación provoca debe realizarse una comparación numérica con los diversos índices de actualización (RIPTE o IPC) y/o tasas de la Cámara (2658, 2764 y 2783) para concluir con la solución más favorable para la parte trabajadora (conf. art. 9 LCT). Para ello debe accederse al Portal de aplicaciones de la JNT, desarrollado por la Oficina de Informática, a fin de verificar los distintos supuestos de actualización aplicables. De esta manera, se respeta la racionalidad del sistema conforme el principio de progresividad. El capital de condena deberá ser actualizado con una única capitalización (conf. art. 770 inc. b) más un interés puro del 6% anual. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría).