Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-22


Buenos Aires, 22 de marzo de 2006 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. La Sra. N. B. R. y el Sr. S. O. G. iniciaron una demanda de daños y perjuicios, por la suma de $ 1.260.000, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como responsable de los daños psico-físicos sufridos por su hijo, el menor M. E. G., a raíz de la intervención que se le efectuara en el Hospital Santojanni en ocasión de su nacimiento, ocurrido el 18/2/1993, y posterior internación (fs. 1/21).

2. La Procuración de la Ciudad opuso, entre otras defensas, la excepción de prescripción fundada en el art. 4037, Cód. Civ. (fs. 34/42). Los actores y el Asesor Tutelar solicitaron su rechazo (fs. 46/49 vuelta y fs. 51/56 vuelta, respectivamente).

3. El juez de primera instancia no hizo lugar a la excepción (fs. 60/62 vuelta). La decisión fue apelada por la Procuración General (fs. 64/73 vuelta). La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, por mayoría, hizo lugar al recurso y revocó la sentencia (fs. 75/80).

4. Frente a esta decisión, la parte actora y el Sr. Asesor Tutelar Adjunto interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad (fs. 85/105 y fs. 106/112, respectivamente) que fueron contestados por la Procuración General (fs. 113/117 vuelta y fs. 118/121, respectivamente) y denegados por la Cámara a fs. 123/125.

5. Sólo la actora dedujo ante el Tribunal la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (fs. 133/168 vuelta).

6. El Asesor General Tutelar (fs. 174/176 vuelta) y el Fiscal General Adjunto (fs. 180/181 vuelta) se pronunciaron por el rechazo de la queja.

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El recurso de queja fue planteado en tiempo oportuno y debida forma por la parte actora. Sin embargo no puede prosperar ya que en él no se plantea un caso constitucional.

2. En efecto, los recurrentes pretenden satisfacer ese recaudo por tres vías:

a) invocando la naturaleza federal de la prescripción en el derecho público (fs. 134, con cita de un voto del ex juez de la CSJN, Rodolfo Barra). De tal manera, afirman en el recurso, "han entrado en colisión normas de derecho común, como es el Código Civil, con normas de naturaleza federal" (fs. 134 vuelta);

b) señalando que en este caso "al crearse de modo pretoriano un plazo prescriptivo especial de cinco años para pretensas relaciones ius administrativas, de modo contrario al plazo establecido por el Código Civil, se afecta directamente no sólo la garantía constitucional de defensa en juicio, sino también el derecho de propiedad..."; y c) imputando arbitrariedad a la sentencia recurrida.

3. En cuanto a lo primero, la recurrente no expresa por qué debe considerarse federal la prescripción de las obligaciones de los Estados locales. Cualquiera que sea el juicio que merezca la afirmación transcripta por la actora, es claro que la mención al carácter federal de la prescripción en derecho público efectuada en el fallo invocado, trataba sobre obligaciones del Estado nacional; circunstancia marcadamente diferente a las que presenta esta causa. Falta, entonces, la relación directa entre la cuestión federal planteada y el objeto del debate en estos autos. Además, la presencia de una norma federal infraconstitucional no conlleva necesaria y directamente a la existencia de una cuestión constitucional, que podría plantearse si las partes o lo jueces advirtiesen un conflicto que involucre la denominada "cláusula de supremacía" (art. 31, CN) o la competencia exclusiva de algún órgano del Gobierno federal para regular la materia.

En tanto el planteo esgrimido en el recurso de inconstitucionalidad se limita a intentar descalificar la sentencia sin formular y demandar, como hubiera sido menester, la reinterpretación del plexo normativo a partir de la caracterización como "federal" de las reglas sobre prescripción, el recurso no cumple con la directiva que fluye, para cuestiones constitucionales y federales, del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recaído in re: "Juan Roque Di Mascio" -Fallos: 311:2478-, sentencia del 1º de diciembre de 1988. Por último, ya he sostenido, en contra de la posición de los actores, que "La responsabilidad del Estado es una tema de naturaleza eminentemente local y la Ciudad de Buenos Aires, dentro de su ámbito constitucional de autonomía (art. 129 de la Ley Fundamental), posee las atribuciones normativas necesarias para regularlo..." (punto 5. de mi voto en el caso "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Verseckas, Emilia María c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)'", expte. n° 3260/04, sentencia del 16 de marzo de 2005.

4. El segundo motivo, esto es: la protesta que formula la parte actora por la postergación de las normas del Código Civil frente al plazo de prescripción quinquenal creado pretorianamente, es contradictorio con el agravio anterior.

En efecto, por una parte, los recurrentes sostienen a fs. 134 vta. que "han entrado en colisión normas de derecho común, como es el Código Civil, con normas de naturaleza federal, como son las relativas a la prescripción dentro del ámbito del derecho administrativo, y frente al conflicto se decidió contra las primeras" y que ello descalificaría la sentencia; pero luego tachan de arbitraria la decisión de la alzada pues en ella se aplica un plazo pretoriano en lugar de las disposiciones del Código Civil.

Esta constatación basta para desestimar el planteo.

Sin perjuicio de ello, dejo sentado que según lo he sostenido en un reciente pronunciamiento que trató sobre un caso de mala praxis médica en un hospital estatal (in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Kislak, Pablo Carlos y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre responsabilidad médica'", expte. n° 4081/05, resolución del treinta de noviembre de 2005), considero que se trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado al que le resulta aplicable el art. 4.037 del CC para establecer el término de prescripción de la acción, de acuerdo con el criterio sustentado por la CSJN en el orden federal (in re: "Carlos L. Molteni v. Nación Argentina", sentencia del 29 de junio de 1989, Fallos: 312:1063, entre muchos otros).

5. En cuanto a la arbitrariedad que el recurrente endilga a la sentencia de la instancia anterior, la parte no rebate el principal argumento en el que el fallo cuestionado se apoya para apartarse de los plazos de prescripción previstos en el Código Civil, y aplicar por analogía otras normas locales en los casos de responsabilidad del Estado local por falta de servicio.

En efecto, la Sala II, por mayoría, consideró que existe un vacío legislativo en el ordenamiento jurídico local respecto de la prescripción de la responsabilidad por el obrar estatal, y acudió para integrarlo a las reglas del derecho público de la Ciudad.

La sentencia expuso, entonces, las razones por las que consideró que no son aplicables directa ni subsidiariamente los plazos de prescripción del Código Civil, que debía partir de las reglas del derecho público local para completar la laguna señalada y que el plazo para la prescripción de la responsabilidad estatal, en el caso, era de cinco años.

La recurrente no se hace cargo de refutar el punto de partida de la argumentación sobre la cual la Alzada funda su sentencia: que las reglas del Código Civil no se aplican directamente a la responsabilidad de los Estados locales. Por lo tanto, el fallo no puede ser descalificado como pronunciamiento jurisdiccional válido, pues, más allá de su acierto o error, expresa y desarrolla con suficiencia y coherencia, las razones de derecho infraconstitucional que fundan la decisión.

Por lo demás, el Tribunal ya resolvió, por mayoría, en casos similares que las cuestiones relacionadas con la interpretación de las normas que rigen la prescripción de las acciones de responsabilidad entabladas contra el Estado local, no suscitan una cuestión constitucional (casos Verseckas y Kislak, ya citados).

En suma, el recurso intenta poner en crisis la sentencia apelada y el auto denegatorio, con base en la doctrina de la arbitrariedad, pero contrariamente a lo sostenido por la parte recurrente, el pronunciamiento de la Cámara hizo expresa consideración de los hechos relevantes de la causa y de los agravios vertidos oportunamente por la interesada.

Además, la concreta interpretación del plexo jurídico que rige el caso efectuada por el tribunal a quo, se encuentra respaldada por fundamentos y razonamientos que están lejos de ser insuficientes o caprichosos y que no han sido conmovidos por los agravios articulados. La recurrente sólo discrepa con el alcance que la Cámara atribuye a las normas que considera aplicables, sin que tales desarrollos -más allá de su extensión-, resulten idóneos para demostrar la arbitrariedad de la sentencia atacada.

Corresponde recordar lo expresado desde antiguo por la CSJN sobre el recurso extraordinario federal, en cuanto sostiene que "(l)a doctrina de la arbitrariedad ... tiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la 'sentencia fundada en ley' a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional" (Fallos: 308:2351, 2456; 311:786; 312:246, 608 y 323:2196, entre otros).

Por las consideraciones precedentes, propicio el rechazo de la queja.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Coincido con la solución a que arriba el juez Dr. Casás en su voto.

Tal como lo señalan el Asesor Tutelar y el Fiscal General en sus dictámenes, el recurso planteado no ha logrado superar el plano de la invocación genérica de disposiciones constitucionales, sin que se advierta una clara y precisa argumentación que vincule la sentencia impugnada con los derechos y garantías presuntamente afectados.

Por lo demás, la cuestión sometida a debate transcurre por canales infraconstitucionales, en tanto se cuestiona la aplicación e interpretación de normas de derecho común, materia ajena al recurso de inconstitucionalidad que se intenta.

Esta deficiencia argumental -insusceptible de ser soslayada mediante la invocación de la arbitrariedad- evidencia que no se expuesto, fundadamente, un caso de naturaleza constitucional conforme lo establece el art. 27 de la ley 402, lo que resulta suficiente para considerar inadmisible la queja, por lo que corresponde su rechazo.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. N. B. R. y S. O. G., por sus derechos y en representación de su hijo M. E. G., iniciaron demanda por daños y perjuicios contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como responsable de los daños psico-físicos sufridos por el niño en ocasión de la intervención que se le efectuara en el Hospital Santojanni al momento de su nacimiento, ocurrido el día 18 de febrero de 1993, y de su posterior internación.

La Procuración de la Ciudad opuso, entre otras defensas, la excepción de prescripción fundada en el artículo 4037 del Código Civil. Los actores y el Asesor Tutelar solicitaron su rechazo.

El juez de primera instancia no hizo lugar a la excepción. Apelada esa decisión por la Procuración General, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa y Tributario, por mayoría, hizo lugar al recurso y revocó la sentencia.

Frente a la decisión de la Sala II, la parte actora y el Asesor Tutelar Adjunto interpusieron recursos de inconstitucionalidad que, previa sustanciación, fueron contestados por la Procuración General y desestimados por la Sala II.

Únicamente la actora interpuso ante el Tribunal el recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado. El Asesor General Tutelar y el Fiscal General se pronunciaron en sentido coincidente, por el rechazo de la queja 2. El recurso de queja planteado en tiempo oportuno y debida forma por la actora intenta plantear diversas críticas al auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, muchas de las cuales no alcanzan para sustentar su pretensión por el modo confuso y aún contradictorio con que las formula.

Sin embargo, en un aspecto es acertada la observación de la quejosa. La Cámara no se hace cargo, aunque lo menciona en la resolución de fs. 123/125, de que con la sentencia que dictara "se menoscabó el principio de igualdad ante la ley".

En ese aspecto, las objeciones de la recurrente, en cuanto a que la decisión es infundada, y por ende arbitraria, alcanzan para admitir la queja, más allá de las debilidades argumentativas, e incluso de las contradicciones en las que incurre en otros apartados del escrito en análisis.

Ya he señalado anteriormente que al declarar la improcedencia de un recurso de inconstitucionalidad, los Sres. jueces tienen la obligación de explicar por qué entienden que los agravios planteados no son suficientes para configurar un caso de rango constitucional (cf. mi voto en los exptes. n° 3070 y n° 3071, "Ministerio Público -Defensoría Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Ruiz, Pablo Roberto o Ruiz, Félix Gastón s/ infracción art. 189 bis CPN", resolución del 02/07/2004).

En particular en esta causa los jueces debieron por lo menos indicar por qué el plazo de prescripción que sostienen no genera la afectación del principio de igualdad.

No suple tal carencia la afirmación dogmática según la cual la interpretación de normas infraconstitucionales no sería pasible de revisión a través del recurso de inconstitucionalidad. En efecto ello es factible en aquellos casos en los que se discute la falta de adecuación constitucional de ciertas interpretaciones de normas de rango inferior.

Ya he sostenido que "[n]o se trata de que el Tribunal se involucre en la simple interpretación de normas infraconstitucionales. Por lo contrario, la tarea en esta instancia es la de verificar (frente al recurso del agraviado) si el fallo recurrido respeta principios constitucionales" (cf. expte. n° 3883 "Díaz Quintana, René s/ art. 74 CC -apelación s/ recurso de inconstitucionalidad concedido-", resolución del 08/06/2005).

En el mismo sentido se expresó mi colega Julio B. J. Maier en un voto al que adherí: "[e]l recurso de inconstitucionalidad presupone poner en crisis una regla de derecho común frente a una regla constitucional, de rango superior, esto es, supone un conflicto normativo, que debe resolver el tribunal competente, entre la ley aplicada y la Constitución, o entre la ley que el juez dejó de aplicar en razón de su inconstitucionalidad y la pretensión de la parte de que ella se aplique, porque de manera alguna contraviene una regla constitucional.

Es claro que, en el supuesto de ejercicio de este recurso, el tribunal competente -entre nosotros, el Tribunal Superior de Justicia- debe comprender (interpretar) la regla de derecho común para compararla con la regla constitucional supuestamente afectada" (cf. expte. n° 912/1 "Caballero, Jorge Alberto y otros s/ art. 71 CC -causa 555-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad s/ incidente de prescripción", Constitución y Justicia [Fallos TSJ], t. III, p. 766).

La falta de fundamentación señalada, determina la procedencia del recurso de queja y la apertura del recurso de inconstitucionalidad.

3. Como lo anticipara, los recurrentes introducen, al menos una cuestión constitucional que amerita el tratamiento del recurso interpuesto a fs. 85/112. Sostienen que la sentencia de Cámara viola el derecho a la igualdad ante la ley en tanto admite que ellos, por haber sido atendidos en un hospital público, "estarían sujetos a un término prescriptivo quinquenal, mientras que aquellos que lo hubieran hecho en una institución privada, por el contrario, se encontrarían beneficiados por una prescripción decenal". Este es, el núcleo de la lesión constitucional invocada por la actora.

4. El fallo impugnado establece que el plazo de prescripción que rige en la relación de los accionantes con el hospital público, es el de cinco años. Recurre, para ello, a la interpretación analógica de normas locales infraconstitucionales.

Esa opción es cuestionable frente al agravio de los recurrentes fundado en el principio de igualdad. Para demostrar la complejidad del problema y la invalidez constitucional de la analogía que la sentencia contiene es imprescindible elegir otro punto de partida. Por las consideraciones precedentes, y para fundar mi voto comenzaré por explicitar el marco constitucional que define la cuestión en sentido contrario al que fuera resuelto por la Cámara.

5. Todas las personas son iguales ante la ley (conf. arts. 16 de la CN; 7 de la DUDH; 1.1. y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2 de la Declaración Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

La igualdad ante la ley conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "comporta la consecuencia de que todas las personas (...) sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancia y condiciones... (Fallos: 318:1256)".

El legislador solo podrá, entonces, establecer formas de trato diferenciado para ciertos sujetos en ciertas situaciones, si esto no implica discriminación, toda vez que las discriminaciones de cualquier tipo que sean, siempre resultan disvaliosas.

6. La pregunta que sigue es si quienes accionan por responsabilidad de un hospital público se encontrarían en idénticas circunstancias y condiciones que aquellos que eventualmente pudieran demandar a una institución privada prestadora de un servicio de salud.

Cuando en una situación concreta no se exponen criterios concluyentes de distinción que justifiquen una posición diferente y desventajosa para un grupo, la decisión implicada importa trato desigual, violatorio del principio constitucional tutelado en el art. 16, CN y normas de igual jerarquía ya mencionadas, como así, también, de lo dispuesto en los arts. 10 y 11 de la CCBA.

En otros términos, el encuadramiento de una determinada relación jurídica en alguna de las opciones legales existentes, por ejemplo las que dividen la responsabilidad entre contractual y extracontractual, no puede hacerse, en principio, en detrimento de los derechos constitucionales en juego.

Distinguir entre quienes contratan un servicio de salud privado y quienes como los actores, concurren a un hospital público importa una discriminación irrazonable y no un trato diferenciado con apoyo legal.

O en otros términos, no hay apoyo constitucional plausible para defender que los primeros dispongan de mejores posibilidades de disputabilidad de los derechos en juego que los segundos, como consecuencia de atribuir distinto tipo de responsabilidades (contractual y extracontractual).

El principio de igualdad y el deber del Estado de atender y preservar la salud no se satisfacen de manera adecuada cuando la responsabilidad estatal, en situaciones como la de autos se define como extracontractual, porque, en verdad, por esta vía se soslaya el modo y las condiciones sociales en que se configuran las complejas relaciones entre los hospitales y las personas que en ellos son atendidas.

Antes que forzar la tipificación de tales relaciones en el par contractualidad/extracontractualidad, más afín con un modelo estatal decimonónico, es aconsejable poner el acento en que las necesidades que llevan a un sujeto a reclamar la atención estatal de su salud, las escasas o nulas posibilidades de elegir dónde y bajo qué condiciones habrá de recibir asistencia, no excluyen un campo de vínculos y obligaciones entre él y el estado que no parece adecuarse al modelo de la extracontractualidad.. Desde otro punto de vista, esa opción acarrera efectos disvaliosos, si la cuestión se piensa desde la efectivización y ampliación de los derechos humanos, como lo es el de la salud.

La afirmación precedente no desconoce que la responsabilidad, en el caso, remite a pautas establecidas en el Código Civil. Pero esa remisión debe asegurar la preeminencia de los principios y garantías constitucionales, como, por ejemplo, el de la igualdad.

Por el contrario, la lectura de las categorías del Código Civil defendida por la demandada, configura una discriminación inaceptable, por las razones que ya indicara en los apartados anteriores, y porque se asienta en categorías prohibidas por el art. 26 del PICP, como lo son la posición económica y la condición social de quien es discriminado.

En conclusión, la clasificación de responsabilidad diseñada por el legislador común, está sujeta en la aplicación al caso, a su adecuación al artículo 16 de la Constitución Nacional y demás normas concordantes. Satisfecha esta condición, la analogía es válida y conduce a reconocer que el plazo de prescripción de la responsabilidad del Estado debe ser el de diez años, como lo prevé el CC para la responsabilidad contractual, sin que esto importe definir la relación entre los recurrentes y el Hospital Santojanni como un contrato.

De allí que, fijar el límite temporal de la responsabilidad del Estado recurriendo a las normas tributarias de la Ciudad, como lo considera la Cámara colisiona con el principio de legalidad.

En mi opinión, la interpretación de normas legales por parte de los tribunales judiciales leídas desde los preceptos, garantías y principios constitucionales permite superar limitaciones hermenéuticas que la dogmática ya ha puesto en crisis y contribuye a ampliar el horizonte de efectividad de los derechos.

En consecuencia, voto por hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y rechazar la excepción de prescripción interpuesta. Costas al vencido.

El juez Luis F. Lozano dijo:

1. La queja fue interpuesta en tiempo y forma. Bajo la invocación de diversas cláusulas constitucionales, la recurrente defiende la procedencia del recurso de inconstitucionalidad que articuló contra la decisión del a quo que había declarado prescripta la acción dirigida a obtener la reparación de los daños y perjuicios que imputa a la atención recibida en el Hospital Santojiani, dependiente del GCBA.

2. Aunque el agravio relativo a la violación de la igualdad -por haber generado la sentencia una diferencia ilegítima al establecer que la acción para reclamar la reparación de daños provocados en hospitales públicos prescribe a los cinco años mientras que la jurisprudencia imperante aplica el plazo de prescripción decenal y aun la misma Sala rechazó la prescripción en un supuesto de empleo público por no haber transcurrido dicho plazo-(fs. 102, 162 y 164)- constituye una defensa que busca apoyo en una garantía de la CN, es insustancial a la luz de la antigua y constante jurisprudencia de la Corte Suprema con arreglo a la cual "no resulta admisible el agravio relativo a la violación de la igualdad ante la ley que garantiza el art. 16 de la Constitución Nacional, pues el desmedro de ese derecho fundamental se configuraría si emanase la desigualdad del texto mismo de la ley, y no, como lo plantea el recurrente, de la diversa interpretación que pudieran acordarle los jueces" (Fallos 294:87; 297:480, 537; 302:315; 304: 710; 310:1909, entre muchos otros).

Por lo demás, la desigualdad que el fallo impugnado generaría, a criterio del recurrente, entre aquellos que litigan contra instituciones de salud dependientes del sector público y los que lo hacen en relación con instituciones privadas, soslaya las particularidades que presentan ambos supuestos y, en definitiva, los diferencian de un modo tal que su tratamiento diverso no constituye sino la natural respuesta a esas diferencias.

Basta recordar que el sector privado de salud arranca de un contrato cuyo contenido no tiene por qué coincidir con el regulado para el servicio público que nos ocupa.

Las alegaciones relativas a la violación de la garantía de la propiedad, y del derecho de defensa (fs. 97 vta., 99 vta., 134 vta., 162 y 164/5), no muestran adecuadamente la relación directa entre lo resuelto y las cláusulas constitucionales invocadas.

La selección del derecho aplicable corresponde a los jueces, y no menoscaba el principio de congruencia, aunque prescinda de la argumentación jurídica en que las partes hubieron sustentado su postura, siempre que esa normativa, como en el caso, sea aplicada tan sólo a la controversia efectivamente traída al estrado judicial.

Así las cosas, en relación con el agravio enunciado, al igual que para el que busca apoyar en los derechos de defensa y propiedad , resulta aplicable la jurisprudencia del Tribunal según la cual la referencia ritual a derechos constitucionales es insuficiente si no se acredita, precisa y fundadamente, su cercenamiento, ya que, en última instancia, esos derechos constituyen la cúspide del sistema, presente al menos indirectamente en toda controversia, por lo que, si bastara la invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional para suscitar su jurisdicción, este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (cf. in re Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja, expte. nº 131/99, resolución del 23/2/2000, en: Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. II, 2000, p. 20 y siguientes).

3. Para rechazar el agravio relativo a que "la prescripción en el derecho público es de naturaleza federal" (fs. 134) me remito al punto 3 del voto de mi colega Dr. José O. Casás.

4. En cambio, entiendo que la queja es formalmente admisible en cuanto invoca, aunque imprecisamente, que la prescripción de la acción entablada en autos fue decretada sobreponiendo normas locales a otras nacionales en detrimento de lo previsto por los arts. 31 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, producto de haber asumido el a quo, a criterio de la recurrente sin fundamento, que la responsabilidad acerca de la cual versa la causa está fundada, en todos sus aspectos, en normas de derecho público, y por ello indisputablemente locales, lo cual abarca la extinción de la acción por el transcurso del tiempo (fs. 100/102 y 135).

En apoyo de su postura, la recurrente señala que, en el fallo "Filcrosa" (sentencia del 30/9/03), la CSJN sostuvo que corresponde al Congreso Nacional (art. 75 inc. 12) legislar de manera uniforme en materia de prescripción.

Ya he tenido oportunidad de señalar que el precedente invocado, para sostener que la prescripción de obligaciones tributarias locales integra la materia cuyo tratamiento atribuye al Congreso el art. 75 inc. 12 de la CN, reposa sobre dos bases:

"a) la prescripción no es un instituto propio del derecho público local sino un instituto general del derecho, circunstancia que determina la imposibilidad de que las provincias sienten reglas en la materia ni aún en lo que hace a la de las obligaciones tributarias cuya causa, en cambio, les compete privativamente fijar (cons. 6° del voto los ministros Fayt, Moliné O´Connor, y López, que conformaron la mayoría); y b) la prescripción involucra aspectos típicamente vinculados al derecho de propiedad, cuya inclusión dentro del artículo 75 inc. 12 de la Constitución Nacional no se discute (cons. 7° del voto de de la mayoría). A continuación analizaré estos fundamentos." "(...) La afirmación de que la prescripción es un instituto general de derecho tiene una riqueza que obliga a ahondar en su significado, según muestra, en mi opinión certeramente, el voto de la jueza Alicia Ruiz en el precedente de éste Tribunal in re ´Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGC (Res. n° 1881/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR (art. 114 Cod. Fisc.)´ (Expte. n° 2192/03), cuyas reflexiones arrojan luz sobre el punto.

Indudablemente, la prescripción liberatoria, materia de estas reflexiones, es una categoría jurídica de vieja elaboración que tanto denota una causal de extinción de la acción para exigir el cumplimiento de una obligación civil como la de una comercial, laboral, fiscal y aún para la aplicación de una sanción penal.

Pero, como nociones científicas, las de ´acto administrativo´ o ´contrato´ son también generales como la prescripción, y sin embargo se encuentran pacíficamente sujetas a disposiciones de carácter nacional o local, según los casos.

Así, aunque con contenidos parecidos, cada provincia se da la legislación relativa tanto a la estabilidad de sus actos administrativos como la de sus contratos administrativos. Y, en verdad, todas estas nociones son aplicables también al derecho vigente en otros países. Por lo que no cabe inferir un poder del Congreso con la sola base de que el concepto ´prescripción´ sea de amplia cobertura.

Tampoco hay razones para sostener que resulta lógicamente imposible separar la atribución de reglar la materia en dos o más campos y asignar cada uno de ellos a diversa autoridad legislativa. Finalmente, no existe una sola palabra en la Constitución Nacional que autorice a suponer que, como instituto, quedó asignado al Congreso. Sí, en cambio, que lo fue en cuanto aplicable a las obligaciones tratadas en el Código Civil, por ejemplo." "No existen instituciones generales, con los alcances que se pretende darle en Filcrosa, sino en la medida en que el legislador competente (constituyente, en el caso) proscribe la discriminación. No es la teoría (la posibilidad de concebir situaciones diversas bajo un mismo paraguas conceptual) lo que permite extender los poderes del Congreso.

No es el teórico el que distribuye competencias, sino el legislador, cuyo criterio de reparto bien puede diferir de la posibilidad de construir categorías del entendimiento." "Bien vale recordar las palabras del juez Brandeis en el fallo recaído en la causa Erie R. Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64. La cuestión considerada en ese precedente guarda, no obstante la diversidad de tratamiento que las cuestiones de derecho civil tienen en una y otra constitución, una estricta analogía con la presente en lo que aquí interesa.

Los tribunales federales estadounidenses, con apoyo en la doctrina sentada por la Corte en el caso Swift v. Tyson, 16 Pet. 1, 18 venían aplicando el common law elaborado por la justicia federal para la solución de casos de responsabilidad extracontractual por daños ocasionados por particulares en el territorio de los estados, a cuyo respecto la jurisdicción federal provenía de la distinta vecindad de las partes.

Ese common law federal venía a excluir al common law elaborado por los jueces del estado donde había tenido lugar el hecho y solamente quedaba reemplazado por reglas estaduales si éstas provenían de una ley de ese estado (statute law). En esas condiciones, se suscitaba una situación paradojal: los jueces federales consideraban que la potestad legislativa para regular esos casos era estadual, pero si no había sido ejercida por el estado sino librada la regulación al common law, elaborado como principio por los jueces del estado, los jueces federales venían a ser soberanos en la materia, como resultado de una asignación de competencia en razón de la persona y no de la materia.

La justificación de esta asunción federal de un poder reconocidamente estadual estaba apoyada precisamente en la postulación de que el common law, desarrollado por los jueces federales para supuestos de jurisdicción federal ratione materiae era un cuerpo general por tratar institutos generales del derecho.

En Erie esa idea de institutos generales como fundamento de la extensión de competencias federales hasta invadir las locales fue expresamente desechada, no por razones de imposibilidad teórica sino porque la teoría, cualquiera fuera su acierto, no puede redistribuir lo que la constitución ya distribuyó. Dice así Brandeis:

´Excepto en asuntos regidos por la Constitución Federal o por leyes del Congreso, el derecho a ser aplicado en cualquier caso es el derecho del estado. Y si el derecho del estado debe ser declarado por su Legislatura en una ley o por su más alto tribunal en una sentencia, no es una cuestión de competencia federal. No existe un common law general federal.

El congreso no tiene la potestad de declarar reglas sustantivas de common law aplicables en los estados, sean locales por su naturaleza o ´generales´, sean de derecho comercial o de derecho de daños.

Y ninguna cláusula constitucional busca conferir tal potestad a los tribunales federales. Como fuera afirmado por el Sr. Ministro Field cuando disentía en Baltimore & Ohio R.R. Co. V. Baugh, 149 U.S.368, 401, 13 S.Ct.914, 927, en contra de ignorar el fellow-servant liability common law de Ohio: soy conciente de que lo que ha sido denominado la ley general del país -lo cual a menudo no es sino lo que el juez postulando una doctrina piensa, en ese momento, que debería ser la ley general sobre una cuestión particular- ha sido frecuentemente postulada en sentencias de esta corte para no aplicar una ley estadual en pugna con la que se hace prevalecer.

Admito que jueces expertos han caído en el hábito de repetir esta doctrina como un modo conveniente de hacer a un lado la ley de un estado que entraba en conflicto con su punto de vista. Y confieso que, instado y gobernado por la autoridad de los grandes nombres de esos jueces, yo mismo he, en muchas oportunidades, confiadamente y sin vacilación, pero según ahora creo, equivocadamente, repetido esa misma doctrina.

Pero, a pesar de los grandes nombres que pueden ser citados a favor de la doctrina, y a pesar de la frecuencia con la que la doctrina ha sido reiterada, allí se erige, como una perpetua protesta contra su repetición, la constitución de los Estados Unidos, que reconoce y preserva la autonomía e independencia de los estados -independencia sus departamentos legislativos y judiciales-.

La supervisión tanto sobre la acción legislativa como la judicial de los estados en ningún caso es permisible, excepto respecto de cuestiones específicamente autorizadas o delegadas a los Estados Unidos por la Constitución. Cualquier interferencia con cualquiera de dichas acciones de los estados, salvo cuando está permitida, es una invasión de su autoridad, y, en dicha medida, una denegación de su independencia.´" "La falacia subyacente en la regla declarada en Swift v. Tyson fue claramente desnudada por el Juez Holmes. La doctrina descansa sobre la asunción de que existe `un cuerpo transcendente de normas fuera del de cualquier Estado particular pero obligatorio dentro de él, a menos que sea modificado por una ley escrita [statute law], y hasta tanto ello ocurra´; que los tribunales federales tiene la potestad de usar su juicio respecto de cuáles son las normas del common law; y que en los tribunales federales `las partes tienen derecho a un juicio independiente sobre cuestiones de derecho general´:" "`Pero el derecho objetivo en el sentido en el que los tribunales hablan de él hoy día no existe sin una autoridad definida que lo respalde. El common law en la medida en que es aplicado en un estado, se lo llame o no common law, no es un common law general, sino el derecho objetivo de ese Estado que existe por la autoridad de ese Estado independientemente de lo que pudo haber sido en Inglaterra o en cualquier otro lugar...´" "`El Estado y sólo él es la autoridad, y si eso es así, la voz adoptada por el Estado como propia (sea la de su Legislatura o la de su Corte Suprema) debe pronunciar la última palabra´." "En consecuencia, la doctrina de Swift v. Tyson es, como dijo el Juez Holmes, `una asunción de poderes inconstitucional por los Tribunales de los Estados Unidos, que ninguna antigüedad o despliegue respetable de opinión debe hacernos dudar en corregir´.

Al desaprobar esa doctrina no sostenemos la inconstitucionalidad del artículo 34 de la Federal Judiciary Act of 1789 ni de ninguna otra ley del Congreso. Meramente declaramos que al aplicar la doctrina esta Corte y los tribunales inferiores han invadido derechos que en nuestra opinión están reservados a los distintos estados por la Constitución´ ." "El pensamiento de Holmes, recordado en el voto citado, adquiere mayor significado cuando se lo comprende desde la perspectiva de que es el mismo jurista que escribe la obra titulada The Common Law, Dover Publications, Inc., New York, en que se analizan las instituciones siempre desde un punto de vista general. En efecto, la primera oración en la página 1 reza:

´El objeto de este libro es presentar una visión general del Common Law´ ; y, en su prólogo, luego de explicar que se avocará al tratamiento de la teoría general y no de cuestiones que requerirían un tratamiento particularizado, ante una hipotético reproche por tal proceder, cita las palabras de Lehuërou: "Nosotros hacemos una teoría y no una recopilación´ ." "(...) El argumento referido a que la prescripción involucra aspectos vinculados al derecho de propiedad está fuera de toda discusión, al igual que aquel otro según el cual la propiedad recibe tratamiento en el marco de las materias delegadas por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. Pero, ello no significa que todo lo relativo a la propiedad quede tratado en el C. Civil." "El derecho de propiedad está garantizado por la Constitución Nacional, pero, a diferencia de otros derechos, no está definido en ella. El intérprete podrá buscar en el texto constitucional una guía para saber qué es libertad de prensa o de asociación, y cotejar el resultado de su búsqueda con las leyes del Congreso que los reglamenten, pero en vano buscará una definición de cuáles son las propiedades protegidas.

Como bien señala el considerando 7º del voto de la mayoría, el derecho común delegado a la Nación define derechos subjetivos de propiedad. Así, el dominio, la servidumbre o las obligaciones nacidas de los contratos civiles. De todos modos, bien sentado está que los derechos de propiedad no se agotan en los derechos creados y regulados en los códigos de fondo, aunque los comprenda.

Baste recordar que en el célebre precedente Bourdieu (Fallos 145:307) -en el que la Corte Suprema sentó que el derecho de propiedad abarca ´todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad [...] [t]odo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos)´- el derecho que constituía la propiedad del Sr. Bourdieu tenía fuente exclusivamente en el derecho local, es decir fuera del derecho común, toda vez que lo que estaba en juego eran las condiciones de la concesión de uso de un espacio del dominio público.

Bastan estas consideraciones para advertir la necesidad de matizar la idea de que el derecho de propiedad está definido en los códigos del art. 75 inc. 12. Los ejemplos de propiedades definidas fuera del campo del derecho común, tanto en el derecho provincial como en el federal, son numerosas.

Se puede afirmar que en muchos casos remiten al derecho común en buena parte de sus aspectos. Pero, esto no aparece impuesto por la Constitución Nacional, al menos no expresamente, ni parece posible derivarlo como regla general por alguna de las vías tradicionalmente empleadas a ese fin, a las que me referí más arriba (en el considerando 4°)." "Está fuera de discusión que, aún cuando pueden definir propiedades, las cláusulas locales no pueden contener previsiones que entren en colisión con las normas nacionales que constituyen la ley suprema de la Nación con arreglo al art. 31 de la Constitución Nacional. Ahora bien, la divergencia de textos (local y nacional) sobre una misma materia implicará la inconstitucionalidad de la normativa local sólo cuando las leyes del Congreso estén sancionadas dentro del universo de poderes enumerados.

Fuera de él, no son ley suprema de la Nación." (cf. mi voto in re "GCBA c/ Constructar SA s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", resolución del 23/2/05").

5. En tal contexto también afirmé que "el principio básico es que el federal es un gobierno de poderes enumerados, mientras que las provincias, y la Ciudad de Buenos Aires tienen el poder residual que les aseguran los arts. 121, 124, 126 y 129 de la Constitución Nacional. A la luz de esta regla, para que una ley del Congreso Nacional integre la ley suprema de la Nación, (en los términos del art. 31 de la Constitución Nacional), ella debe sustentarse en una atribución que le haya sido conferida a dicho Poder por la Constitución Nacional.

// Aunque enumerados, esos poderes o atribuciones no tienen por qué serlo expresamente. La jurisprudencia norteamericana había desarrollado ya antes de 1853 las nociones de poderes implícitos y resultantes . La idea de poderes inherentes contenida en el precedente United States v. Curtiss-Wright Export Corporation (299 US 304) es del año 1936, y está dirigida a atribuciones de naturaleza muy alejada de la que hoy nos ocupa, atribuciones que, por hipótesis, no pueden colidir con las provinciales". Por tanto, si la atribución de legislar acerca de una determinada materia -en el caso la prescripción de la acción por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco de un servicio público local- no está expresa o implícitamente atribuida al Congreso o no resulta de la masa de poderes que le han sido conferidos a dicho Poder y de modo privativo, entonces dicha atribución ha sido mantenida por cada estado federado (cf. "GCBA c/ Constructar" ya citado).

Ello no implica descartar de plano la aplicación de normas del Código Civil; pero, si esto ocurre, será porque el legislador local decidió remitir el asunto a los contenidos del derecho común, posibilidad que siempre le asiste. Tampoco implica que la actividad del estado, con ocasión del cumplimiento defectuoso del servicio, no pueda ser juzgada a la luz de normas de derecho común.

Pero, los supuestos de una y otra difieren, del mismo modo en que difieren los supuestos de responsabilidad derivada de un contrato y los de la emergente de un acto ilícito, no obstante lo cual, el art. 1107 del Código Civil prevé el paso de un sistema de responsabilidad al otro, en ciertas circunstancias especiales.

En nuestro caso, la aplicación del sistema derivado del Código Civil diseñado para la responsabilidad por actos ilícitos sería adversa al progreso de la acción deducida, mientras que los del contrato civil han sido razonablemente descartados por tratarse de un vínculo derivado de un servicio público al que el derecho local puede someter a una regulación específica.

Coincido, pues, con el Dr. Casás en que la responsabilidad por incumplimiento de los deberes propios del servicio público organizado por el estado Ciudad Autónoma de Buenos Aires es asunto de naturaleza eminentemente local, puesto que corresponde al ámbito de poderes no delegados a la Nación (cf. mi voto in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ´Verseckas, Emilia María c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. Médica)´", expte. N° 3260/04, resolución del 16/3/05).

A su turno, ello es consentido por el usuario del servicio, que opta libremente, aunque no desconozco que quizás influido no sólo por las calidades del servicio (cosa que tampoco descarto, porque me ha movido a mí en ocasiones a acudir, por ejemplo, al Hospital Garrahan), sino por su gratuidad. El servicio público de que aquí tratamos no es, como lo son otros, prestado en condiciones monopólicas. De allí, que no existan razones para imponer prestaciones o responsabilidades que el estado no haya decidido asumir.

La extensión de la prescripción que pretende la apelante es un típico supuesto de extensión de responsabilidad más allá de lo que el legislador local, interpretado por los jueces de mérito, a quienes compete hacerlo, ha decidido admitir. Desconocer esta potestad provoca no pocas y disvaliosas consecuencias.

Por lo pronto, vulnera el régimen federal y sacrifica la autonomía local a favor de un centralismo ajeno a las previsiones constitucionales. Vulnera, además, la voluntad de las partes, la una al brindar indiscriminada y generosamente el servicio, y la otra al aceptarlo tal como le ha sido ofrecido. Trascender el límite fijado por el legislador local extiende la responsabilidad del estado más allá de lo que el legislador quiso asumir por una prestación que pudo no brindar o no brindar en esas condiciones, por cierto, desmesuradamente más onerosas de lo que votó.

Por otro lado, eleva exponencialmente el grado de indefensión del estado y aumenta su imposibilidad de prever y evitar situaciones que le impongan luego la obligación de reparar los más variados daños. Es ilustrativo señalar que, en las relaciones contractuales, es común limitar el alcance de la compensación de modos diversos como, por ejemplo, acotando el curso causal atendible de manera de tornar posible administrar el riesgo (vgr. contratos de seguro).

En toda situación contractual, en realidad, las partes corren con los riesgos que el acuerdo celebrado les asigna o, con los que la ley establece y no fueron modificados por el contrato.

Algo similar ocurre, en definitiva, cuando la fuente de la obligación es la falta de servicio, pues conforme la construcción elaborada por el Consejo de Estado francés (receptada por la CSJN para supuestos análogos al analizado ), el deber de reparar alcanza, por regla, tan sólo a las consecuencias directas de esas faltas, porque ellas constituyen, justamente, incumplimientos de obligaciones impuestas por el régimen de servicio público que genera la responsabilidad del estado .

En tal contexto, aparece por demás justificada la necesidad y legitimidad de encontrar regulaciones razonables para establecer los deberes, obligaciones y responsabilidades de los prestadores del servicio de salud pública, así como establecer los plazos dentro de los cuales los derechos que de tal prestación pudieran derivar deben ser ejercidos.

6. Finalmente, la tacha de arbitrariedad, bajo la cual se reeditan los agravios analizados, no traduce más que el desacuerdo del recurrente con las razones expuestas por el a quo para fundar la sentencia impugnada pues no exhibe como insostenible al pronunciamiento en cuanto decidió que la responsabilidad analizada en autos está regulada por normas de derecho público local y luego, aceptado ello, juzgó razonable el plazo dispuesto por el legislador de la ciudad. La discrepancia de la parte actora no transforma a la decisión en una sentencia infundada y por ende arbitraria.

En consecuencia, voto por hacer lugar parcialmente a la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad. Asimismo, propongo imponer las costas de esta instancia por su orden en atención a la complejidad de la cuestión planteada.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Mi decisión, conforme con el voto del Sr. Juez de trámite, que se adhiere a él en aquello que aquí no se desarrolla, parte desde el punto de vista de que la recurrente plantea, tan sólo aparentemente, un caso constitucional.

Por de pronto, ya he dicho en múltiples ocasiones (cf. "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Kislak, Pablo Carlos y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ responsabilidad médica'", expte. n° 4081/05, resolución del 30/11/05) que las cuestiones referentes a la prescripción de acciones judiciales, tanto civiles como penales, son cuestiones de Derecho común (infraconstitucional), salvo rarísimas excepciones que provienen siempre de reglas constitucionales específicas o de tratados (convenciones) concluidos por la República, extremos que no están puestos en juego en el recurso examinado.

De tal manera, la interpretación de las reglas a ella referidas es cuestión de competencia de los tribunales de mérito, reservada a ellos y ajena a los recursos extraordinarios, como motivo de ellos, según incluso lo impone claramente el texto del art. 75, inc. 12, para los códigos de Derecho material, entre ellos el Código Civil, a pesar de la competencia legislativa del Congreso de la Nación. De esa interpretación no puede surgir, entonces, argumento constitucional alguno.

2. La sentencia definitiva de mérito, al optar por diferenciar el plazo de prescripción de las acciones contra el Estado local -según un argumento analógico extraído del Derecho administrativo local? del plazo del Código Civil en un asunto de responsabilidad médica, no ha producido ni podido producir agravio alguno. Sencillamente explicado, tal diferenciación es inocua para la demanda porque, en lugar de abreviar el plazo de prescripción, lo extiende.

En efecto, la responsabilidad por una intervención médica, vulgarmente conocida como mala praxis, comporta uno de los casos de responsabilidad extracontractual; rige, por ello, la prescripción bienal de la acción conforme al art. 4037 del Código Civil, según lo expone con corrección el voto del Sr. Juez de trámite. La Cámara, al aplicar analógicamente una regla administrativa de orden local, sólo ha extendido este plazo -no lo ha abreviado- e, incluso así, se arriba al mismo resultado: la acción judicial había prescripto.

De tal manera, aquello que, abstractamente, puede ser considerado una discriminación injusta, inmotivada o irracional -el plazo de prescripción diferente para intervenciones médicas privadas y públicas [nombre que les adjudico con licencia de vocabulario con el único fin de abreviar la explicación]-, no produce efecto agraviante alguno para la recurrente, su demanda y su recurso, pues, como dije, la coloca en mejor posición y, pese a ello, no le alcanza para salvar su reclamo. La presunta lesión al principio de igualdad, aun de existir, es inocua para el recurrente en el caso; por lo contrario, lo beneficia pues extiende el plazo de prescripción, cuyo transcurso parece innegable.

3. Por consiguiente, aun cuando se pueda tolerar el explicar, de modo genérico, que el apartamiento de la regla de prescripción para la responsabilidad extracontractual (CC, 4037) puede constituir un caso de apartamiento de la competencia legislativa específica determinada por la CN, art. 75, inc. 12 (numeración actual) -sólo en ese sentido puede constituir un agravio federal-, en tanto sustituye la competencia legislativa del Congreso de la Nación, por la legislación local (ver al respecto mi opinión y sus límites en "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires c/ DGR [Res. 1881/DGR/2000] s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR [art. 114 Cód. Fisc.]", expte. n° 2192/03, sentencia del 17/11/2003, en especial, apartado II.2), lo cierto es que tal apartamiento, en el caso, no provoca agravio alguno para el recurrente; más aún, lo favorece a él.

4. Por último, la arbitrariedad -que como motivo del recurso por inconstitucionalidad he rechazado múltiplemente ("Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. nº 726/00, sentencia del 24/5/01, Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, t. III, ps. 240 y ss.; "Caballero, Jorge Alberto y otros s/ art. 71 CC -causa 555-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expte. nº 912/01, sentencia del 5/12/01, Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], cit., 2004, t. III, ps. 749 y siguientes); más recientemente, mis votos en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Farías, María Antonia c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]", expediente nº 3565 y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Lococo Marcela c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]", expediente nº 3792)? debe ser también rechazada, a más de por la jurisprudencia mencionada incluso por el Sr. Juez de trámite, por carácter transitivo, puesto que una regla general de los recursos implica el reconocimiento del agravio como elemento insustituible de su admisibilidad. Tal agravio, en el caso, es tan sólo aparente.

5. El caso, entonces, resulta correcto en su solución final concedida por la Cámara, tanto respecto de su sentencia como en cuanto a la procedencia del recurso, a pesar de que pueda discreparse respecto de los motivos que fundan una y otra decisión.

Si lo que se pretende, como se concluye del capítulo de los hechos enumerados por la misma demanda, es la responsabilidad del Estado local por el resultado dañino del hecho culposo de uno de sus agentes, en los términos de los arts. 1109, 1112 y 1113 y cc. del CC, como lo supone la propia sentencia de la Cámara (ver considerando nº 5 del voto de mayoría), esto es, responsabilidad pública oblicua por la obra imprudente de un agente estatal, él no supone otro resultado que aquél al cual se arribó, aunque el plazo de prescripción sea inferior al que fijó la Cámara (CC, 4037).

6. Sin embargo, la demanda supone, en su argumentación jurídica, que se trata de la responsabilidad contractual, por tratarse de un contrato entre el paciente y los médicos del hospital ciudadano acerca de la prestación del servicio de salud que, si bien no promete resultados, sí promete un cierto tipo de ejecución.

A ello parece contestar la Cámara, sin renegar de su anterior calificación de la relación jurídica, teniendo al Estado local como demandado directo y principal -sin derivación de la responsabilidad del hecho del agente-, razón por la cual estima adecuado que el Estado local fije el plazo de la exigibilidad de sus deberes según su propio Derecho público local, que obtiene, en el caso, por aplicación analógica.

Ni una ni otra cosa son, a mi juicio, ciertas, ni correctas. No corresponde que el Tribunal Superior de Justicia verifique, a partir de la prueba de los hechos, el tipo de relación jurídica existente entre el Estado, sus médicos y la paciente que concurre a uno de sus centros de salud, fundada en reglas de Derecho privado y, por tanto, infraconstitucionales.

Ello supondría, a la par de la valoración necesaria del material probatorio -acción tanto prohibida para el recurso interpuesto como inexistente en el caso-, una injerencia indebida en la interpretación de la ley común (infraconstitucional).

Le basta con controlar los hechos alegados por la demanda (responsabilidad por el hecho del agente) y calificados por la sentencia (CC, 1112, voto de mayoría) para concluir en que rigen las reglas del daño por hecho ilícito (extracontractual). Conforme con ello, la fundamentación anterior es válida, la queja no procede y la sentencia debe ser confirmada, maguer no concordar con sus fundamentos.

Por ello, de acuerdo con los dictámenes del Sr. Asesor General Tutelar y del Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja planteada por la parte actora.

2. Mandar que se registre, se notifique y se devuelvan los principales con la queja.