Apreciación de la prueba, sentencia arbitraria, reglas de la sana crítica, procedencia del recurso, nulidad de sentencia, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: Paredes, Lionel Adrián y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

El voto concurrente agregó que en la sentencia se ha efectuado una valoración parcial y sesgada de los elementos probatorios, sin integrarlos ni armonizarlos debidamente en su conjunto, ya que no se trataba de un sólo elemento de prueba de cargo en desacople con el resto de las arrimadas al proceso, sino que eran varios los indicadores, constancias e indicios que expresaban lo realmente ocurrido en cuanto al accionar de los nombrados. Y ello no significa desconocer que son los jueces de mérito quienes tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, sino que lo que se les exige es que no se puede adoptar una rígida determinación de la medida de la prueba necesaria para sustentar un fallo. De hecho, para decidir de ese modo los jueces han alterado el principio de razón suficiente y de no contradicción que debe integrar la motivación de toda decisión jurisdiccional, por lo que corresponde hacer lugar a los remedios incoados y anular el fallo, aun en el caso de tratarse de una absolución y desde la perspectiva restrictiva con la que cabe atender a los recursos de los acusadores en estos supuestos, por cuanto el razonamiento desarrollado no aparece constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas ponderadas, advirtiéndose un quiebre en la sucesión de conclusiones determinadas en base a ellas. Por lo demás, y en cuanto a la invocación que se hace en la sentencia en torno a las "conductas neutrales", debo decir que al funcionar como limitadoras de la punibilidad en el ámbito de la participación, su uso debería acotarse en casos como el de autos. Repárese, en ese sentido, que los imputados han llegado al debate requeridos como coautores -cuanto menos por la acusación oficial-, por lo que debería delimitarse con exactitud el campo de aplicación de estos comportamientos que se mueven en la frontera entre lo socialmente adecuado y la complicidad en el delito y, sobre el apoyo de la prueba rendida, precisar en base a qué criterios y en qué condiciones puede llegarse a la impunidad del favorecimiento de hechos ajenos mediante acciones cotidianas, estandarizadas, social o profesionalmente adecuadas, en las que no existe solidarización con el injusto ajeno. De todos modos, las conductas cotidianas o estereotipadas, en tanto neutrales, sólo pueden quedar exentas de punibilidad siempre y cuando se demuestre que el interés prevaleciente del que así actuó (en nuestro caso, el de Paredes o, con mayor rigor, el de Hernández) no era el de favorecer al autor del delito, sino que perseguía fines propios jurídicamente no desaprobados, independientes del hecho y del autor (cfr. Robles, con cita de Wohlleben, pág. 33); situación que, por las consideraciones antes expuestas, de ningún modo se acreditó en el pronunciamiento impugnado por la errónea valoración de las pruebas y por haberse prescindido de la necesaria correlación de los elementos e indicios arrimados al proceso, franqueando así el límite de razonabilidad que debe presidir su adecuada ponderación. Dr. Carbajo -voto concurrente-.