marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Extradición, cooperación internacional, ley vigente, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Pellegrino Vicente s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

Los actos cumplidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley 24.767, pero con arreglo al régimen anterior encuentran sustento normativo en la cláusula de ultraactividad consagrada por el art. 120, segundo párrafo, que es suficientemente clara al fijar de modo explícito que los arts.

35 a 39 han de aplicarse una vez recaída sentencia definitiva bajo las normas de la ley 2372, entendida como sentencia jurisdiccional firme (art. 34 de la ley 24.767).
Conflicto de poderes, comisiones investigadoras, intendente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., R.J. y Otro c/ Concejales del H.C.D. de Epuyén s/ Plantea Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-16

El procedimiento ha de dividirse a los efectos que se analizan, en distintas etapas.- La primera se inicia según los términos del art. 112º -no reformado- cuando se manda designar una Comisión Investigadora integrada por Concejales.- Señala la norma que para disponer la suspensión preventiva deberá calificarse la trasgresión de grave, mediante dos tercios de votos del total de los miembros del Concejo.- Los arts. 112 bis y 112º ter complementan en todo lo relativo al funcionamiento de la Comisión Investigadora, detallando cuáles son sus facultades y sus límites en la investigación, el número de sus integrantes -"un mínimo de tres (3) Concejales que elegirá de su seno y por simple mayoría un Presidente...", el quórum para adoptar sus resoluciones -por mayoría simple (art.112º bis).- Y en el art. 112º ter, a la par de señalar que la Comisión Investigadora decidirá por sí las diligencias probatorias conducentes, las que se practicarán a su sola instancia... también se señalan las facultades que puede ejercer "el denunciado" durante la investigación.- En el último párrafo de este artículo, se impone un plazo corrido y perentorio de cuarenta (40) días desde su designación por el Concejo, en el cual la Comisión Investigadora deberá emitir un dictamen pronunciándose sobre la procedencia de la acusación, el cual se aprobará por simple mayoría de miembros presentes, haciéndose constar las disidencias.- Finaliza con la aprobación de este dictamen -o bien su rechazo, según sea el resultado de la votación- el procedimiento ante la Comisión.
Locación de obra, obligaciones del empresario, responsabilidad del empresario, mala calidad de los materiales
Materia: CIVIL
Carátula: GIARRIZO, Roberto c/ MOUZO, Miguel s/ LOCACION DE OBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

El locador de obra debe advertir al locatario si los materiales que deberán emplearse son o no adecuados para los trabajos contratados.

Si no lo hace así, o no lo sabe, es responsable del perjuicio causado, ya que por su profesión está obligado a conocer las reglas de su arte u oficio.
Aduanas, presunciones
Materia: ADUANERO
Carátula: Palacios, Carlos María c/ Fisco Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-11-20

La anotación de no recibido puesta por el guarda ­ almacén en la papeleta de los efectos que se introducen a los almacenes de aduana, tiene la presunción de verdadera.
Responsabilidad médica, error de diagnóstico
Materia: CIVIL
Carátula: Barroso Fabian Eusebio y Otra c/ Superior Gobierno De La Pcia De E.R. Y Otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-02-14

Si bien en ambos campos -contractual o extracontractual- lo relevante para decidir sobre la responsabilidad médica es la existencia de culpa, cuya determinación es idéntica tanto en una como en otra esfera jurídica (arts. 512 y 902 C. C.), su atribución como consecuencia de un diagnóstico médico erróneo posee particulares circunstancias que hacen necesario un análisis puntual.
Convención de los derechos del niño, menores, interpretación de la ley, ley penal, aplicación de la ley penal, mayor de edad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa N° 1174-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-07

La regla del art. 40.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto ordena utilizar procedimientos específicos para adoptar resoluciones que puedan afectar el interés de las personas que entraron en conflicto con la ley penal cuando eran menores de dieciocho años, tiene por fin evitar el daño que pueda ocasionarse a tales personas por la utilización automática de procedimientos que están diseñados para las adultas y que, por ende, no toman en cuenta las necesidades y características que el grupo protegido por la Convención no comparte con ellas (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay).
Competencia de familia, procesos de familia, convenios de cooperación, terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: M., P. G. c/ V., M. N. s/ medida cautelar genérica (medida cautelar anticipada)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-05

En el propio interior de los debates judiciales se han producido mutaciones, especialmente en los relativos a asuntos de familia; mutaciones que apuntan a exigirles a las partes colaboración recíproca y con el órgano jurisdiccional, pero también a terceros, para que el proceso judicial logre su finalidad de brindar tutela judicial efectiva, como principio fundamental moldeada por las particularidades del derecho material en disputa.
Honorarios del perito, actualización monetaria, índices de actualización, índice de precios mayoristas
Materia: PROCESAL
Carátula: Marino, Antonio c/ Banco Sudameris s/ Incidente de ejecución de honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-30

La actualización de los honorarios de los peritos debe hacerse por un índice de precios que guarda razonable relación con los otros profesionales. Debe aplicarse el índice de precios al por mayor, utilizado para los honorarios de los abogados.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, partes comunes, partes privativas, partes comunes de uso privativo
Materia: CIVIL
Carátula: DIGNANI, Carlos c/ GHIGLIOTTI, Jorge s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-15

No es el perito el que ha de determinar qué son partes propias, comunes o comunes de uso exclusivo en un inmueble sujeto al régimen de la ley de propiedad horizontal ya que su opinión podrá ser útil a efectos de resolver ciertas dificultades para establecerlo, pero la cuestión no es propia de los conocimientos especializados del perito, sino jurídica y ella ha de depender de lo que al respecto establezcan la ley de propiedad horizontal y el reglamento de copropiedad y administración del edificio.
Ejecución hipotecaria, constitución de hipoteca, hipoteca a favor de tercero
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: HEWLETT PACKARD ARG. S.A. c/ CINVAR S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24

El que ha constituido una hipoteca por un tercero para garantizar una deuda ejena, no está personalmente obligado al pago de ella y responde sólo con la cosa hipotecada. Se encuentra en la situación del tercer poseedor que ha adquirido el inmueble, debiendo procederse a su respecto como si lo fuera.-
Materia: PENAL
Carátula: GARNICA EVARISTO S.D. DOBLE HOMICIDIO CALIFICADO POR ALEVOSIA E.P. DE ENRIQUE SANCHEZ, GUILLERMO JESUS SANCHEZ s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-05

Se concibe como presupuesto objetivo de la alevosía que la víctima no esté en condiciones de defenderse pudiendo dicha indefensión haber sido indistintamente provocada por el agente; y como presupuesto subjetivo, requiere una acción preordenada para matar sin peligro para la persona del autor, situación esta ya sea provocada por el propio agente o simplemente aprovechada por él. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), cuestiones de hecho y prueba, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Legajo de juicio en autos Acosta, Aníbal Paulo c/  s/ infr. art. 189 bis, tenencia de arma de fuego de uso civil, CP (p/L 2303) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

La notable diferenciación en las respuestas estipuladas por el Código Procesal Penal en sus arts. 286 y 287, de acuerdo se ventilen o discutan tópicos meramente fácticos o jurídicos, encuentra su explicación en que en la visión del legislador parece censurable -en el primer supuesto- que un tribunal revisor reconstruya los hechos según una nueva apreciación del mérito de las pruebas y pronuncie la primera condena sin que exista ninguna inmediación en aquella elaboración; mientras que en el segundo caso, por el contrario, no sería normativamente reprochable la reversión de la absolución cuando la diferencia entre ambas instancias finque sobre la significación que jurídicamente corresponda atribuirle a un hecho que ya viene definido desde el juicio en cuanto a su efectiva ocurrencia (esto es, circunstancias de modo, tiempo y lugar), a la luz de un proceso de elaboración totalmente respetuoso de los principios de oralidad e inmediación. (Del voto de la jueza Ana María Conde).
Recurso de casación, habilitación de instancia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Valderrama, Luis Manuel s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-10

Es facultad del tribunal de mérito efectuar una primera revisión del recurso a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe sólo al recuento de esas exigencias, pues puede avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía recursiva. Ello no implica que el tribunal se convierta en juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior en la medida que el propio código establece.
Propiedad horizontal, construcción en partes comunes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio Propietarios Edificio Moreno 3040 c/ Alonso José s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

No puede soslayarse la naturaleza desaprensiva de la demanda interpuesta por el consorcio que, a través de su representante, se atuvo más a las frías normas de naturaleza legal y reglamentaria que regulan la propiedad horizontal, que a las circunstancias de las personas cuyos intereses estaba llamado a contemplar, tanto fueran ocupantes del edificio como terceros que debieran ingresar al mismo.

En el caso se reclamó la condena del accionado a fin de que procediera a deshacer la rampa, que emplazó en forma inconsulta en el acceso al edificio que habita por ser indispensable para su hijo discapacitado.
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: FUEYO MIRYAM Y OTROS c/ GRANT SILVIA s/ DEMANDA LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-10-05

La prueba producida concurre a demostrar que los actores trabajaban como grupo no dependiente. En las testimoniales los declarantes, ocho en total, son contestes en su creencia de que las partes eran socias o "iguales" en la relación laboral. Su creencia se fundaba no sólo en los comentarios sino en su apreciación personal del funcionamiento de la atención en el local por lo que en un medio social y habitacional relativamente reducido como lo es Puerto San Julián debe considerarse como de público y notorio.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, fundamentos insuficientes, empleados públicos, inembargabilidad del salario, leyes, control de constitucionalidad, aplicación temporal de la ley, facultades legislativas, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: COINAUTO S.A. c/ MARTINS, OSCAR A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EJECUCION PRENDARIA (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 503 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la respuesta de los jueces de grado, al sostener la inconstitucionalidad del decreto 6754/43 ratificado por ley 13894 relativa a la inembargabilidad de las remuneraciones de los empleados públicos no ha consultado en debida forma las exigencias que derivan del control de constitucionalidad de las leyes, en la medida que emite un juicio adverso a la validez constitucional de la normativa en cuestión sin dar argumentos suficientes para sustentar dicho reproche. En ese orden, no exhiben fuerza justificatoria los motivos vinculados con las dificultades que en la actualidad se generarían para los propios beneficiarios de la inembargabilidad en cuanto al acceso al crédito, motivos de valor puramente retórico que en última instancia suponen una vez más sustentar la inconstitucionalidad del régimen legal en consideraciones de conveniencia, debiendo observarse lo mismo respecto de las argumentaciones efectuadas en cuanto al cambio de la situación existente al momento de la sanción del decreto en cuestión (y de su ratificación por la ley 13.894), pues más allá de que resulte opinable si subsisten las razones originariamente tenidas en vista por el legislador (protección contra la usura y saneamiento del crédito), lo cierto es que aquéllas no resultan argumento suficiente para desplazar otros argumentos (de mayor peso) vinculados con los límites impuestos al control de constitucionalidad y al principio de presunción de validez de los actos estatales, pacíficamente arraigados en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también ha postulado que en caso de duda se debe opta r por la constitucionalidad de dichos actos normativos.
Prescripción, sentencia, procedencia del recurso, reinscripción registral, inhibición general de bienes, efectos entre partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: Diners Club Argentina SAC y de T. c/ Moscardi Alberto Juan s/ejecutivo c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-17

Si lo que se pretende obtener es la declaración de prescripción de la ejecutoria, habiendo sido dictada sentencia de trance y remate, no existe cauce procesal para que la cuestión pueda ser propuesta por vía de defensa dentro del plazo para oponer excepciones: el acuse de prescripción debe entenderse canalizado por vía de acción (tal como lo autoriza el CCCN 2551) a través de la promoción de la incidencia respectiva, circunstancia que descarta la aplicabilidad del art. 2553.
Deuda previsional, pago, ineficacia del pago, impugnación de la liquidación, trabajador autónomo, resolución administrativa, exceso ritual manifiesto, verdad jurídica objetiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GALNARES, CARLOS G.V. y OTRA c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06

Aparece revestida de un excesivo rigor formal en desmedro de la verdad jurídica objetiva (cfr. Fallos 238:550; 288:439; 291:245; 294:94; 303:1050 y 1646) la resolución administrativa que desestimó la impugnación de deuda deducida en razón de haberse efectuado el pago donde no correspondía (en el caso, el recurrente abonó el período reclamado en boleta correspondiente al pago previsional para Trabajadores Autónomos, por no contar en ese momento con número de cuenta de empleadores por demora en la inscripción); máxime al no surgir de autos que se haya dado curso a la solicitud de transferencia de aportes formulado, petición que resultaba perfectamente viable dentro -del marco del S.U.S.S. (dec. 2284/91) y hubiera privilegiado, de haberse adoptado, el principio de economía procesal.
Recurso de reconsideración, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arce, Mario y Otros c/ Municipalidad de Rosario s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-08-22

El recurso de reconsideración interpuesto contra una ordenanza municipal vigente resulta improcedente cuando sólo cuestiona la ejecución de la citada norma pero no su constitucionalidad.
Locación, locación de obra, obligaciones de las partes, resolución del contrato, fianza, escritura pública, designación de escribano, hipoteca
Materia: COMERCIAL
Carátula: PANARIO DE AVILA, JUANA c/ EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTANTINO  SRL s/ RESOLUCION DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30

En un contrato de locación de obra, en el cual el locador se obliga a construir una vivienda "tipo" dentro de un determinado tiempo, y el locatario a pagar en cuotas el precio y a cumplir ciertas obligaciones adicionales, entre ellas, a otorgar una escritura pública de constitución de hipoteca o de inhibición respecto del inmueble donde se levantaría la obra, como garantía del precio, siendo que la escritura sería autorizada por el escribano que indicara la empresa constructora, ésta no podrá alegar que suspendió la entrega de la vivienda por consecuencia de la tardanza del locatario en constituir la garantía, si demoró injustificadamente en efectuar la indicación referida (confr. Cciv 510).

De todos modos, la constitución de la garantía no era requisito indispensable para el inicio de los trabajos, si durante el lapso que transcurrió desde la celebración del contrato hasta el otorgamiento de la escritura, la constructora cobraba el importe de las cuotas, revelando dicha conducta su convicción de la vigencia del contrato y del cumplimiento de la obligación principal del locatario. Por tanto, será procedente la resolución del contrato y la devolución de los fondos pagados.
Contrato de garaje, responsabilidad del garajista, hechos nuevos, falta de causa, aparición del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: CALEDONIA ARGENTINA  CIA  DE SEGUROS  SA c/ AMANCAY  SCA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-22

Verificada la aparición de un vehículo sustraido de un garaje, la circunstancia de haberlo acreditado en la causa como "hecho nuevo", no altera la responsabilidad atribuida al propietario de aquel, pues deviene erróneo suponer que esa obligación resarcitoria haya quedado sin causa, toda vez que ésta radica, precisamente, en un supuesto de hecho complejo que se integra con un acto jurídico (el contrato que vincula a los contratantes) y un hecho jurídico (la inejecución de lo pactado); ese presupuesto fáctico subsiste sin alteración alguna.

Sería absurdo exigir la aparición del automóvil sustraido en una suerte de causal exculpatoria susceptible de borrar ex post facto los efectos del incumplimiento contractual.
Fundamentación de sentencias, voto de los jueces, validez de los actos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Elba c/ Rieb, Héctor R. s/ División conyugal (sumario) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-05-08

El juez que emitió su voto en segundo término, advirtió puntual e inicialmente, la coincidencia y adhesión con las motivaciones del primer voto. Esto no deja dudas en cuanto a que existió suficiente entidad conceptual de fundamentos y de estructura lógico jurídica.

La adhesión sin reservas a las motivaciones precisamente es el elemento decisivo que conforma la unidad suficiente para el acto jurisdiccional.
Recurso de casación, procedimiento laboral, depósito previo, plazo, ampliación del plazo, suspensión del plazo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Rocher Alberto F. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-09-18

El requisito del depósito previo de la Patronal para interponer Recurso de Casación, debe ser cumplido en el Tribunal en que se ventiló la cuestión principal, cuya satisfacción debe acreditarse luego ante el Tribunal Superior con la interposición del recurso de Casación.

En nuestro ordenamiento los plazos procesales tienen carácter perentorio e improrrogable, por lo que caducan los derechos dejados de usar al fenecimiento de los mismos. Así lo establece el art. 39 del Código Procesal Civil, señalando que la única posibilidad de ampliación o suspensión de los plazos la constituyen los supuestos contemplados en el art. 41 del ordenamiento procesal.

En autos el recurrente se limita a manifestar que existe un error en la expedición del certificado del Juzgado en que se ventiló la cuestión principal, y solicita suspensión del término hasta que emita la certificación correcta. Omite acreditar el supuesto de hecho que denuncia, a fin de que se aplique la normativa de excepción que en materia de plazos es prevista por el art. 41 del C.P.C..

Por lo que corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto contra resolución que declara inadmisible el recurso de Casación.
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ortigoza, Domiciano c/ Fornos, Luis Emilio y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-20

El lucro cesante contempla las ganancias que pierde el damnificado por causa del accidente, lo cual requiere prueba de la pérdida de los ingresos ocasionada por aquel hecho, como también de las utilidades no percibidas; prueba, que si no llega a ser totalmente cabal e incuestionable, por lo menos debe alcanzar ciertos límites legales mínimos que permitan al juez aplicar lo dispuesto por el art. 165, tercer párrafo del Código Procesal. Lo anterior no se cumple si no se acredita mediante pericia médica que las lesiones, le ocasionaron al actor una incapacidad laboral.
Usurpación, derecho a la vivienda digna, menores, simple damnificado, restitución del inmueble
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN (Lugones 2640)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

El marco general en el que deben ser analizadas las cuestiones judiciales que involucran a niños y niñas es el que determina la Convención sobre los Derechos del Niño, que es de aplicación obligatoria en todo acto, decisión o medida de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas menores de 18 años de edad, lineamientos que inspiraron la sanción de la ley nacional nº 26.061, del art. 39 de la CCBA y de la ley local nº 114.(Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Expropiación irregular, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: ESPOSITO José c/ M.C.B.A. s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-28

Habida cuenta que el art. 49 de la ley 21.839 prevé la posibilidad de establecer un lapso menor al de treinta días, es adecuado el plazo de diez días para el pago de los honorarios regulados en una expropiación inversa, dado que, de lo contrario, podría afectarse la integridad de las retribuciones, por cuanto el art. 61 del mencionado arancel sólo contempla la posibilidad de actualizar los importes regulados en caso de mora (conf. C.N.Civ. Sala E, c. 5591 del 15/3/84; c. 6677 del 9/5/84; c. 11.302 del 2/11/84 y c. 13.086 del 12/3/85).
Cosa juzgada, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Galvalisi, Ricardo Ramón c/ Mercorelli, Elio Javier. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

La actualización del importe de la condena fijado en el fallo no compromete sino que preserva la autoridad de la cosa juzgada, pues lo que busca fijar definitivamente no es tanto el texto formal del pronunciamiento cuanto la solución real adoptada por el juez en la sentencia, lo cual resultaría frustrado de no efectuarse el reajuste cuando, por culpa del deudor, aquél no es cumplido a su debido tiempo.