marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, competencia federal, calumnias, diputados, tribunal de enjuiciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Terán, Felipe Federico s/ calumnias e injurias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

Corresponde a la justicia federal de la Capital entender en las actuaciones por calumnias e injurias si las manifestaciones contra el entonces diputado nacional se encuentran vinculadas con la resolución dictada por el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, que resolvió remover de su cargo al ex magistrado y en atención a que éste involucró a aquél con el presunto intento de negociar una suma de dinero a cambio de obtener un voto favorable de un integrante del jurado para su continuidad en el ejercicio de la magistratura. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Banco central, control de entidades financieras, liquidación de entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO-BANCARIO
Carátula: Cía. Financiera Central para la América del Sud S.A. c/ B.C.R.A. Resols. 64/90 y 154/90
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-10

Del art. 26 de la ley 22.529 surge que el B.C.R.A., en su carácter de rector del sistema financiero está facultado a disponer sin más trámite la liquidación de una entidad -con o sin la revocación de la autorización para funcionar- en los supuestos que entiende fracasada la alternativa de saneamiento o no viable o fracasada las referencias al régimen de consolidación (conf. C.S.J.N., in re: "Banco Juncal", del 4/12/89; C.Nac.Cont.Adm.Fed., Sala II, in re "Banco Aconcagua", del 20/2/92; igual Sala in re "Banco Po. de Rosario", del 20/8/92).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, competencia contencioso administrativa, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur -Proconsumer- c/ Provincia de Río Negro, Empresa de Energía de Río Negro SA.(EDERSA) y otro s/ Contencioso administrativo S/Apelación M., J.  M. E. c/ Provincia de Río Negro y Empresa Distribuidora de Energía (EDERSA) s/ Contencioso administrativo s/Apelación Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur -Proconsumer- c/ Provincia de Río Negro y Empresa de Energía de Río Negro S.A. (EDERSA) y Otro s/ Contencioso administrativo s/Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-07-03|2003-07-03|2003-09-30

La "apelación ordinaria" que provisoriamente autorizan las disposiciones transitorias de la Constitución Provincial -art. 14- está referida, en principio, a la sentencia definitiva". Tal criterio ha merecido excepciones por parte del Superior Tribunal de Justicia, fundadas en casos particulares; a saber: 1) cuando se debatiera la materia contencioso administrativa misma; 2) cuando lo decidido por la instancia anterior, aún recayendo sobre cuestión incidental, terminase la litis o imposibilitase su continuación; 3) cuando se trate de decisiones en cuestiones de competencia, en las que medie denegación del fuero federal; 4) cuando se discute acerca de la habilitación misma de la instancia contenciosa administrativa.
Legitimación activa, poseedor, juicio de desalojo, acciones posesorias, interdictos posesorios
Materia: CIVIL
Carátula: BORGATO HECTOR c/ VAZQUEZ DE MANSO IRMA s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-28

El poseedor tiene el uso y goce de la cosa sobre la que recae la posesión, los que pueden ser cedidos o arrendados. De ahí que el poseedor tenga a su disposición el proceso de desalojo para hacer cesar esas cesiones o arrendamientos, cuando corresponda, sin perjuicio del ámbito específico de las acciones posesorias y los interdictos.-
Recurso extraordinario, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Vila, Juan Diego c/ Corte Suprema de Justicia de la Nación. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-19

Equipáranse a sentencia definitivas los pronunciamientos que producen gravamen irreparable.
Transporte aéreo de carga, responsabilidad del transportador, Convención de Varsovia
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Eduardo Volenio y Cía.  S.C.A. c/ EASTERN AIR Línea y otro. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-29

La aplicación del art. 22 de la Convención de Varsovia-La Haya que establece un límite para la responsabilidad del transportista aéreo requiere que la parte interesada haya expresa y oportunamente opuesto esta defensa. Ello es así porque la norma del art. 22 supedita la limitación de responsabilidad al cumplimiento de ciertos supuestos fácticos, a saber, que no se pruebe que el daño es el resultado de una acción u omisión del transportador en los términos del art. 25 o bien que no se haya efectuado una declaración especial de valor. Esto implica que la cuestión debe integrar el litis, pues, como lo establece la jurisprudencia de esta Cámara: "si el transportador no se ampara específicamente en la limitación de su responsabilidad, el consignatario de la mercadería se halla privado de oponer las defensas que puedan ser conducentes para excluirla".
Daño moral, indemnización, determinación del monto
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MONTECINO Ceferino Mauro y Otro c/ Tapia Ricardo Juan Gabriel s/ Daños y Perjuicios Gabriel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-07-31

Su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión. Este capítulo tiene su fundamento en la obtención de una satisfacción compensatoria, -y por ende, imperfecta-, de dolor íntimo experimentado, en este caso, a raíz del siniestro.

Esta reparación habrá de estar ordenada a asegurar, con su resarcimiento, la obtención de gratificaciones sustitutivas de los bienes perdidos, en cuanto fuente de gozo, alegría, u otros bienes estimables en la esfera psicofísica.

En cuanto a la determinación del daño moral y su cuantía corresponde tener en cuenta los siguientes elementos: a) la indemnización debida con causa en el daño moral tiene carácter resarcitorio, b) ella debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos sufridos por el demandante, c) ha de tenerse en cuenta la gravedad del ilícito cometido, d) no es preciso que guarde relación con el daño material ni con otros daños que se reclamen.

Por lo cual, la procedencia del rubro en examen es innegable respecto de la actora, siendo que el daño moral se tiene acreditado por la sola comisión del acto antijurídico -se prueba in re ipsa, por surgir inmediatamente de los hechos motivos de la litis.

En el presente, la procedencia del rubro surge claramente, de la comisión del acto antijuríco y ha quedado nítidamente demostrado con la condena al demandado Tapia, infiriéndose también, los lógicos sufrimientos, dolor, pena, desazón, angustia que debe haber padecido el actor -los que se ven corroborados por el informe psicológico- como consecuencia del acto ya precisado.

Referido a la fijación de la indemnización analizada, cabe sostener, que exigir demasiadas precisiones sobre el criterio para cuantificar el resarcimiento, sería desconocer la naturaleza del daño moral, e ignorar la especial situación en la cual se encuentra el juez cuando debe justipreciar esa clase de indemnización.

En función de lo expresado, conforme al prudente arbitrio judicial fijo el monto en concepto de daño moral en la suma de pesos diecisiete mil quinientos ($ 17.500), calculados a la fecha del accidente, con más los intereses legales a partir de dicha fecha.
Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, acción de amparo, ley reglamentaria, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: María Elena Figueroa c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo por Mora Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-07-14

La competencia originaria de este Tribunal se encuentra taxativamente señalada en el art. 164 de la Constitución de la Provincia, no siendo posible, entonces, que la ley incluya otros supuestos, como ocurre cuando de su competencia recursiva se trata según lo dispuesto en el ap. 4 de su art. 165.

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 4, inc. a) de la ley 4442, reglamentaria de la acción de amparo que le asigna a este Tribunal competencia originaria para entender en esas actuaciones cuando se encuentran involucrados los Titulares de los otros dos poderes del Estado Provincial, como lo autoriza el art.

148 de la misma constitución. Por otra parte, esta es la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que señaló que la competencia que emana de la Constitución, no es susceptible de su modificación por vía legal.

Si está en juego la competencia de la Corte, la propia Corte, aún de oficio puede evaluar la constitucionalidad de la norma respectiva, debiendo entender en la misma la Cámara en lo Civil y Comercial.
Excarcelación, arraigo, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Díaz, Pablo Miguel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-19

La existencia de arraigo que debe analizarse para decidir acerca del peligro de fuga, es aquél anterior a la detención y no la promesa efectuada a posteriori. (Dres. Mitchell, García, Yacobucci).
Acción de amparo, medidas cautelares, autonomía provincial, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado (ATE) c/ Provincia del Neuquén s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-07-24

Deviene procedente hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la entidad gremial y ordenar a la demandada seguir aplicando la Ley provincial 3378 que ratifica todas las actas de convenios colectivos de trabajo y establece que el total de los conceptos remunerativos se compone en un 60 % de sueldo y en un 40 % de concepto de dedicación funcional quedando exceptuado para el cálculo del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, toda vez que en la defensa de la autonomía provincial y la supremacía de las leyes provinciales en materia de empleo público, resulta pertinente lo dispuesto en los artículos 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional, en cuanto prescriben que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, repeliendo la intrusión injustificada sobre las prerrogativas regionales en materia de regulación del empleo público y a su vez, el artículo 8 de la Constitución Provincial impone las autoridades locales la defensa de la autonomía de la provincia.
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: JORGE ABELARDO MORALES c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-04

Corresponde atender los agravios de los apelantes con la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio, ya que la deficiencia en la concesión del recurso extraordinario no puede tener por efecto restringir el derecho de los actores -que no dedujeron queja contra la denegatoria de los recursos en lo atinente al planteo de arbitrariedad.
Condena penal, fundamentación de sentencias, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Carrizo, Roberto Aroldo s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en causa Nº 234/08 "Carrizo, Roberto Aroldo - Homicidio Calificado en Grado de Autor"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-02-15

Esta Corte (S. nro. 29, 07/12/09) ha sostenido que los principios de inmediación y contradicción imponen que los órganos de prueba que hayan de producirse en el debate deban comparecer personalmente a fin de que, precisamente, tanto el tribunal como las partes tomen conocimiento directo de los mismos, de su impronta, semblante, actitudes, expresiones gestuales, forma de expresarse y demás circunstancias que sirven para evaluar su veracidad y eficacia, y por sobre todo ello, interroguen directa y libremente a los testigos, a fin de indagar sobre el verdadero conocimiento que de los hechos puedan tener.

En autos, el a quo ponderó el examen técnico médico efectuado a la víctima, el examen externo del cuerpo y el acta de operación de autopsia; las placas fotográficas; el acta de inspección corporal realizada en el cuerpo del imputado; el informe pericial balístico; el croquis ilustrativo; la copia certificada del acta de defunción de la víctima, de la que también surge el vínculo entre ésta y el condenado; los informes bioquímicos; el informe socio ambiental del acusado y demás elementos probatorios debidamente incorporados, todo lo cual conduce a sostener que los agravios de la defensa -de que se ha condenado a su defendido sin certeza (art. 454 inc. 4 del C.P.P.)-, no importan más que una distinta lectura del material probatorio rendido en autos.

La afirmación que antecede encuentra sustento en la propia fundamentación del fallo en crisis, de donde surge con certeza la participación del acusado en el hecho que se le endilga, esto es, Homicidio Agravado por el Vínculo (arts. 80 inc. 1 y 80 -último párrafo- del C.P.).

Por ello, las pruebas receptadas en el debate permiten sostener con el grado de certeza exigido la participación responsable del incoado en el hecho que se el imputa.

Corresponde, entonces, no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Contratos administrativos, vicios del acto administrativo, nulidad del acto administrativo, nulidad manifiesta, deber de obrar con prudencia, indemnización, buena fe, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Linser SACIS c/ Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires. s/ Cobro de pesos s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-19

Ante la omisión de las formas esenciales para el perfeccionamiento del contrato administrativo, no resulta aplicable el artículo 1052 del Código Civil, norma destinada a regular las relaciones de derecho privado, sino el régimen de nulidades propio de los actos administrativos establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos, de aplicación directa a los contratos administrativos de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 inciso f, tercer párrafo del citado cuerpo legal.

De conformidad con lo regulado en la Ley de Procedimientos Administrativos, cuando el contrato es ilegítimo no existe derecho a indemnización. Más aún, si como ocurre en el presente caso, el contratista estatal conocía el vicio que lo afectaba. Ello así porque, más allá de la expresa solución legal en tal sentido, en virtud de la aplicación del principio de buena fe y la doctrina de los actos propios, no resulta posible que quien conocía los graves vicios que afectaban la validez del contrato, pretenda obtener un resarcimiento por incumplimiento contractual. Tal comportamiento implicaría, por parte del actor, invocar su propia torpeza.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, desalojo anticipado, juicio, demandado, rebeldía, costas, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Wasserman, Julio y otros c/ Funes, Leticia s/ Cuestión a resolver: ¨En las demandas anticipadas de desalojo,  Corresponde imponer la totalidad de las costas al demandado que no  Contesta la demnada? (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 154-78) a resolver: ­En las demandas anticipadas de desalojo,  Corresponde imponer la totalidad de las costas al demandado que no  Contesta la demnada? (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 154-78)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1979-06-07

Si no se advierte que el locatario anticipadamente demandado, que no ha originado el proceso y omite responder a la demanda, asumiendo una actitud pasiva al progreso de la acción así instaurada, haya desconocido o controvertido la pretensión de su locador; no puede aceptarse la existencia de una "discusión judicial", para fundamentar equitativamente la imposición al locatario de una condena de las costas del locador, que decide demandarlo intempestivamente. Consecuentemente, si no se ha expresado allanamiento que autorice imponer las costas al actor, y se ha omitido el responde (por decaimiento del derecho dejado de usar), es justo imponer las costas en el orden causado frente a la actitud pasiva del locatario sin consecuente actividad y que en definitiva, viabiliza idéntico resultado. (Del Voto del Dr. Davidovich -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es: Si en demandas anticipadas de desalojo, corresponde imponer la totalidad de las costas al demandado que no contesta la demanda.
Declaración de insania, certificado médico
Materia: CIVIL
Carátula: G. DE B. F. N. s/ INHABILITACION (ART. 152 BIS DEL CODIGO CIVIL)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-23

Cuando no se acompañan los certificados médicos a que hace referencia el art. 624 del Cód. Procesal, corresponde que el juez requiera la opinión de dos médicos forenses, quienes deben expedirse acerca de la seriedad de la denuncia, es decir si hay indicios que permitan someter al denunciado al proceso de declaración de demencia o inhabilitación (art. 625). A raíz del informe que se presenta, el magistrado admitirá o desestimará la denuncia, no siendo necesaria la notificación de ese dictamen médico en que se funda la decisión, porque aquella no está prevista por la ley.
Legitimación procesal, derechos de incidencia colectiva, amparo ambiental
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Vera, Gustavo Javier c/ GCBA y otros s/ amparo genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

Si el actor pretende canalizar sus reclamos por la vía de los derechos de incidencia colectiva respecto de los cuales el art. 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga aptitud procesal para accionar, resulta imprescindible brindar una explicación clara y precisa sobre cómo y por qué se ve afectado el medio ambiente y el derecho de los habitantes a gozar de él y aportar elementos concretos que den cuenta de un daño actual o previsiblemente cierto en el futuro generado por la construcción de la obra cuya autorización se impugna. (Del voto de la jueza Ana María Conde)
In dubio pro reo, comercialización ilegal de estupefacientes, cantidad de estupefacientes, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: SPIOUSSAS, Oscar Alejandro y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-31

Los argumentos de las defensas relacionados con la "duda razonable", falta de elementos probatorios, imposibilidad de tener por comprobada la ultraintención de comercialización requerida por el tipo, escasa cantidad secuestrada y demás agravios, no son más que meros intentos de mejorar las situaciones procesales de sus pupilos procesales, los que claramente chocan con el firme y claro panorama obrante en el expediente. las diversas tareas de inteligencia llevadas a cabo por el personal policial, tales como de vigilancia, las propias declaraciones de los efectivos policiales y el propio secuestro de material estupefaciente en los domicilios pertenecientes a aquellos (además de dinero en efectivo, papeles para armado de cigarrillos caseros, envoltorio de nylon con restos de "picadura de marihuana" y diversos bienes, entre otros) son elementos que, permiten sostener, tal como lo expuso el tribunal de juicio, la figura penal de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización por la que en definitiva fueran condenados. Por lo demás, tampoco advierte ni la defensa logra demostrar de qué modo resulta aplicable a este caso la doctrina que fue objeto de tratamiento y resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Arriola, Sebastián y otros s/ causa 9080" (causa A.891.XLIV, del 25/8/09) ni la situación de duda que constituye la base del razonamiento del cimero tribunal en el caso "Vega Giménez" (Fallos 329:6019).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Otaño Velázquez, L. s/ Inc. de excarcelación en c. 25.410/10
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

Si bien se ha fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la no efectivización del cómputo provisorio en función de la ley 24.390, la decisión recaída al respecto sin que medie aún sentencia firme no deja de referirse a la concesión de la excarcelación en los términos del art. 437 del Código de Procedimiento citado y sus leyes complementarias por lo que el recurso resulta en tal supuesto inadmisible. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisprudencia, fallos del Superior Tribunal
Materia: CIVIL
Carátula: SUCESORES de E. M. P. c/ H., G. E. s/ SUMARIO (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-09

Carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores -inclusive los Superiores Tribunales locales- que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Máximo Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional".
Estafa procesal, juicio de desalojo, boleto de compraventa, falsificación de instrumento privado
Materia: PENAL
Carátula: .......... c/ PORCEL, TEODORO s/ USURPACION - FALSIFICACION - DEVOLUCION DEL INMUEBLE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-03

Debe descartarse el delito de falsedad documental, dado que los documentos espurios -boleto de compraventa y su cláusula adicional- no son instrumentos que tengan una forma especial reglada por la ley, ni un destino que atienda a establecer relaciones jurídicas con terceros indeterminados sobre la base de la confianza general depositada en el cumplimiento de aquellas formas, teniendo relevancia sólo entre las partes que los suscribieron.

La presentación de aquéllos, al oponerse a la demanda de desalojo, constituyó el núcleo del ardid desplegado ante el Juez Civil en el que el procesado demandó la escrituración del mismo inmueble del querellante, constituyendo ello una etapa en grado de tentativa.
Principios generales del Derecho, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: INGENIO SAN ISIDRO S.A c/ TRADINAR S.A; PROVINCIA DE SALTA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2001-04-05

El agravio referente a las costas no puede tener acogida por cuanto no se trata de un supuesto que justifique la razón probable para litigar por ausencia de antecedente, pues esta Cámara en precedente similar al presente, siendo codemandados la Provincia y un particular, si el Estado actúa como poder público la naturaleza del reclamo, se sentó, resulta administrativo, y se dispuso la competencia del Juzgado contencioso administrativo para dirimir el conflicto, por lo que no concurren eximentes que justifique un apartamiento dl principio general de imposición de costas al vencido, artículo 67  Código Procesal, ello sin perjuicio del caso similar de la corte de justicia de Salta en el que también se reclama daños por erros judicial y se dispuso la competencia contencioso administrativa.
Recurso de casación, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CIVIL
Carátula: GUAMAN VDA. DE GOMEZ MARÍA EUGENIA c/ GRIGUOLI ANITA ISABEL s/ COBRO DE PESOS - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-16

Corresponde casar la resolución atacada por su arbitrariedad en razón de sustentarse en referencias probatorias sólo de manera genérica, quedando habilitada esta Sala a considerar, conforme a la lógica y principios que sienta la norma contenida en el art. 296 del C. P. C. y C. (Ley Nro. 3.534), si esa falta de referencia a elementos probatorios concretos, solamente lo es en la sentencia o si se extiende o no al debate sobre el punto controvertido y a los elementos obrantes en la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)