marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tribunales de familia, incompetencia, medidas tutelares
Materia: CIVIL
Carátula: Asesora de Menores s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-03-25

La Excma. Cámara Criminal resulta competente para entender en la presente causa por haberse originado la cuestión en Medidas Tutelares en la comisión de un hecho delictivo. No teniendo significación las circunstancias de que la situación procesal del menor se halla absolutamente resuelta. A mayor abundamiento debemos citar expresamente el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su apartado cuarto reza que: "El Tribunal de Familia será el órgano de apelación de los Juzgados de Menores de Segunda y Tercera Circunscripción Judicial, en lo que sea materia de su competencia. Las decisiones vinculadas a los incisos a), b) y c) del 2do. apartado del presente artículo serán apelables ante la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional en todos los casos". Por otra parte debe destacarse expresamente que conforme las disposiciones de procedimiento penal en materia que regulan los Juicios de Menores, faculta a los jueces a adoptar medidas tutelares respecto a ese menor que ha incurrido en un hecho ilícito.

Mencionado a título de ejemplo el artículo 412 de la Ley 23.984 y en nuestra Provincia, el artículo 379 del C.P.P. Deduciéndose que es la Cámara Criminal competente para entender en estas actuaciones, por aplicación de las Medidas Tutelares que tienen origen en la actividad jurisdiccional que se ha desplegado, con motivo de un hecho delictivo y no una cuestión civil, cuya competencia se encuentra delimitada por el artículo 2 del Código de Procedimiento del Tribunal de Familia (Ley 1009/93).
Derecho procesal, recurso de apelación (procesal), competencia, recursos
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAPASSO MARIA ANGELA s/ QUIEBRA S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24

Cuando un juez de grado se pronuncia sobre un recurso, sea concediéndolo o denegándolo, se desprende del conocimiento del mismo y toda posible revisión de tal providencia queda en manos del tribunal de revisión (Sala C, 17.12.82, "Cía. Swift de la Plata SA s/ quiebra c/ Deltec Arg. y Deltec Internacional"). El auto denegatorio de una apelación, como -en el caso-, no es a su vez recurrible y sólo autoriza a ir directamente en queja (Cpr 282 y sgtes.; CSJN, "Rebolo, Angel c/ Mendes, Adelino", 1.1.75, Fallos: 292:87).
Recurso de casación penal, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Looker, Charles Jordan s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-13

Es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la resolución que denegó el pedido de excarcelación, ya que la causa se encuentra en plena investigación y la revisión de dicho decisorio por parte de la cámara de apelaciones respectiva, satisfizo la garantía establecida en el artículo 8, primera parte e, inc. 2° h de la CADH, máxime considerando la inexistencia de cuestión federal o de un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento criticado (del voto de la Dra. Catucci).
Defraudación, retención indebida, consumación del delito, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: OUTEIRAL, Eugenio Fabián. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-29

En los casos de omisión de entrega o restitución, el perjuicio se consuma con la mera privación temporal del bien por parte de quien tuvo que tenerlo a su disposición en un momento determinado y no lo logró, pues tal privación temporal constituye una lesión patrimonial.

Con ello, si el imputado dispuso del vehículo entregado para su reparación y, luego de transcurrido un tiempo, le entregó al damnificado otro automóvil de menor valor, procede confirmar el auto de primera instancia que dispuso su procesamiento en orden al delito de defraudación por retención indebida (art. 173, inc.

2° del C.P.)
Alimentos, cuota alimentaria, alimentante con recursos económicos
Materia: CIVIL
Carátula: D. DE B. c/ B. s/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-17

La circunstancia de que el alimentante haya adquirido para el menor juguetes, una bicicleta y una computadora, son demostrativos de su interés para cubrir los rubros recreativos y didácticos, pero si es tan afligente su situación económica, no podría haber accedido a su adquisición, por lo que no es desacertada su valoración como elemento indicativo de la situación patrimonial del obligado. La obligación primaria del padre pasa por un aporte adecuado en concepto de cuota de alimentos para satisfacer en un orden de prioridades, las necesidades del menor.
Proceso contravencional, audiencia ante el fiscal, declaración del imputado, declaración indagatoria, aplicación de la ley, nulidad procesal, Ministerio Público Fiscal, facultades del fiscal, requerimiento de juicio contravencional, defensa en juicio, derecho a ser oído, derecho a conocer el hecho imputado
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L. V., O. R. s/ inf. art. 73- Ley 1472 (Junín 381).Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-11

Se desprende de lo establecido en la Resolución de Fiscalía General Nro. 18/01 que a criterio del Fiscal General "(l)a ley procesal aplicable no equipara la comparecencia en los términos del artículo 41 de la Ley Nro. 12 a la presentación prevista en el Código Procesal Penal de la Nación, para prestar declaración indagatoria.", a partir de lo cual deduce que ella no debe contener la declaración del imputado o su negativa a declarar, sino que resulta suficiente con que se le haga saber que posee tal derecho, para hacer uso del cual, además, fija un plazo.

Sin embargo, esta Sala ha sostenido en reiteradas oportunidades la postura contraria, esto es, que en las causas contravencionales, dicha audiencia debe cumplir las mismas exigencias formales que la declaración indagatoria. En tal sentido, este Tribunal expresó que "ambas son prestadas ante diversos funcionarios judiciales, pero ello no empece a que la primera [art. 41 ley 12] deba reunir los mismos requisitos que segunda [art. 294 y sgtes. del CPPN], en lo relativo a las formalidades que debe contener, los hechos que deben darse a conocer y demás información que debe brindarse al imputado en dicha oportunidad" -causas 381-01-CC/2004, "Incidente de nulidad en autos Lanvin, Gabriel Aníbal y otros (Suipacha 524) s/ley 255. Apelación", del 29/9/05; 5511-07-CC/2007 "Incidente de nulidad en autos Lavin, Gabriel; Reitovich, Saúl P., Lavin, María Noe y ots. S/inf.arts. 116 y 117 ley 1472, Garcia del Río 41119, apelación", rta. 16/04/2007, entre otras-.

Y lo propio fue expresado en relación a procesos penales, tramitados con anterioridad a la sanción de la ley 1287/1330, modificatoria de la ley 12, en la que así fue expresamente contemplado (causa 035-00-CC/2004, "Villa seco, Gabriel Leonardo s/art. 189 bis, tercer párr. CP, apelación", rta. 31/03/2004).

Lo expuesto encuentra sustento en la propia ley contravencional, pues ninguna de las disposiciones que regulan la declaración indagatoria garantizando ampliamente los derechos del imputado, se opone al texto de la Ley Nro. 12, único supuesto expresamente establecido que limita la supletoriedad de la aplicación exigida por el artículo 6.

En tal sentido, los fiscales no pueden ampararse en el cumplimiento de una resolución de Fiscalía General, para incumplir los preceptos de la ley, en este caso el art. 41 de la ley 12, pues "ninguna duda cabe que todo proceso contravencional que se lleve a cabo en esta ciudad, ..., debe adecuarse a la ley de procedimientos vigente (ley 12)" (Causa 30686-00-/CC/2006, Zenteno, Sonia s/art.83 CC (ley 1472) Apelación, rta.12/04/07).
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MENDIETA MIGUEL ANGEL c/ DE LOS SANTOS JORGE ORLANDO Y OTRA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-06-12

La prioridad de paso de quien transita por una avenida surge de la ordenanza de tránsito local, presunción legal que el damnificado debió desvirtuar con prueba en contrario y no lo hizo, siendo insuficiente la presunción "hominis" del embestimiento y exceso de velocidad.Quien va a abordar el cruce de una avenida, debe ceder espontáneamente el paso a los automotores que transiten aquella, ingresando al torrente circulatorio de la misma cruzando la misma cuando se encuentre expedito el mismo; caso contrario infringe una regla ordenadora del tránsito vehícular que lo hace responsable.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Juan José PEREZ c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE DEFENSA) s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  JURISDICCION  Y  COMPETENCIA  -  DAÑOS  Y  PERJUICIOS - GUERRA - SUBSIDIOS - DEFENSA EN JUICIO -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

La garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional requiere, por sobre todas las cosas, que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieren eventualmente asistirle, sino a través de un juicio llevado en legal forma y que concluya con el dictado de una sentencia fundada.
Procedimiento administrativo, instrucción, aplicación supletoria de la ley, debido proceso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: R., A. V. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-12

En el marco del procedimiento administrativo provincial el patrocinio letrado no es obligatorio sino optativo.- Así surge del art. 23 del Dto. Ley 920 -norma general de Procedimientos Administrativos.- A su vez, el mismo lineamiento sigue la preceptiva que rige el procedimiento sumarial administrativo, que determina la aplicación supletoria del Código de Procedimientos en materia penal "en tanto corresponda" y en su art. 30 conc. 56, establece que el sumario es secreto desde su iniciación y hasta el momento en que sea conferida la vista establecida en el art.101, oportunidad en que dejará de serlo sólo para aquéllos a quienes ese Reglamento confiere el derecho de examinarlo.- El art. 39 ha completado "Cuando el sumario se encuentre en período de secreto las declaraciones serán llevadas con la sola presencia del sumariante o secretario de actuaciones y del declarante.- No podrá asistir a tales actos ninguna otra persona, salvo el letrado, en declaración indagatoria, que podrá presenciar el acto, pero no participar de él".- Luego, el Título III, referido a la declaración de los inculpados, no ha previsto ni que se le informe del derecho de no declarar -aplicable por el principio dado en la CN de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo (aunque sí -art. 68- de que no se lo interrogue bajo juramento)- ni de la posibilidad de asistencia de un abogado defensor, no obstante lo cual se le hace manifiesto este derecho -de acuerdo al art. 39- y aquél, lo que queda consignado en las respectivas actas.
Interrupción de la caducidad, mandamientos, pérdida del mandamiento, falta de diligenciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CATRIEL c/ CIUDAD DE CATRIEL SRL s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-11-24

"Los escritos por los cuales se pide la citación de remate y la intimación de pago interrumpen la perención. No obstante, no se han considerado interruptivos esos actos cuando la diligencia ha resultado fallida, o los mandamientos no se han diligenciado" Cobra vigencia la máxima romana: "non debet actori licere quod reo non permittitur": no debe ser lícito al actor lo que no está permitido al demandado.
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Luzon José Luis c/ Latanzi Nancy Beatriz s/ Incidente reduc. cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-19

Cuando la cuota alimentaria se fija en un porcentaje del sueldo del alimentante, para interpretar cuáles son los rubros incluidos en ella debe tomarse en cuenta la forma en que se ha cumplido a través del tiempo pues ello evidencia lo que las partes acordaron respecto del concepto que se discute. (Minoría u opinión personal)
Sentencia penal, sobreseimiento, sentencia absolutoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: IBAÑEZ, CARLOS ANTONIO c/ MONTENEGRO, CRISTOBAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-EXPDTE Nº 143- AÑO 1990 (ACUMULADOS:"SOSA,  EUSEBIO M. C/ MONTENEGRO, CRISTOBAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" Y  "PEREZ, RAMON ELISEO Y OTRO C/MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y OTRO S/  DAÑOS Y PERJUICIOS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-12

Jurídicamente sobreseimiento no es similar a la absolución del procesado en los términos del art. 1.103 del Código Civil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
División de poderes, control de razonabilidad, revisión judicial, Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la citada en garantía en la causa Díaz, Graciela Luisa c/ Evangelista, Jorge Daniel Pascual y otros s/ daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-12

En virtud del principio de separación de poderes que consagra nuestra organización constitucional, no es de competencia de los jueces determinar el modo de realización de los fines de una determinada institución jurídica. Esa atribución es propia de los poderes políticos, siempre que sea ejercida dentro de los límites impuestos por la ley y la Constitución, por lo que el control judicial debe quedar ceñido, en lo sustancial, a que el ejercicio de las potestades de los restantes poderes del Estado se mantenga dentro de los límites de la garantía de la razonabilidad y no avance sobre prohibiciones específicas contenidas en la Constitución o, en su caso, en las leyes (Voto del Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz).
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente, memorial
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DEL SUD S.A. c/ FERNANDEZ VAN RAAP, Jorge s/ INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-05-22

En este orden de ideas se advierte que el memorial mediante el cual se introduce el recurso de casación intentado, no se abastece a sí mismo. En efecto, se omite realizar el relato de los hechos de la causa, limitándose a exponer los agravios que según su criterio le causa el fallo de segunda instancia. En tal sentido tiene dicho este Tribunal reiteradamente: "El escrito de interposición debe bastarse a sí mismo, dado el carácter autónomo que posee; su sola lectura tiene que ser suficiente para la comprensión del caso, para lo cual es preciso que contenga un relato claro y concreto de los hechos de la causa; ello a fin de que sea posible advertir el vínculo que guardan con las cuestiones que se quieren someter al tribunal como de índole excepcional".
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Francisco Cacik e Hijos Soc. Anónima c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ revocación de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

Debe declararse desierto el recurso, si el memorial no constituye una crítica concreta y razonada y se limita a formular consideraciones genéricas, dogmáticas y abstractas, no referentes a los aspectos específicos de la sentencia pretendidamente cuestionada.
Acción de amparo, medidas cautelares, medida de no innovar, circulares del Banco Central
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EL  TRUST  VIVIENDA    S.A.   DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA U OTROS INMUEBLES. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ AMPARO - MEDIDA DE NO INNOVAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-01-24

La medida cautelar dictada dentro de una acción de amparo y los antecedentes aportados, hacen aparecer como eventualmente menos dañosa la medida asegurativa que el cumplimiento del acto comunicación a-566-, sirviendo de garantía a la actora y sin perjuicio mayor para la demanda que no verá frustrada su pretensión en la hipótesis de una sentencia favorable (cfr. "Kattan" y "Viplan S.A.", Del 22 de abril y 10 de mayo de 1984, sala iv).

Se torna necesario fijar una contracautela para que se asegure la efectividad del resarcimiento de los posibles daños que la medida pueda provocar.

En cuanto a los anexos que siguen vigentes corresponde al B.C.R.A., en ejercicio de sus atribuciones administrativas, disponer su no aplicabilidad, y de no ser ello posible, solicitarlo como medida asegurativa al órgano jurisdiccional.-
Aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley, ley sobre riesgos del trabajo, tope indemnizatorio
Materia: LABORAL
Carátula: M., N. O. c/ L., C. R. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE  LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-06-10

Es útil advertir de modo liminar que al momento de emitir el presente voto, este Superior Tribunal de Justicia tiene dictado ya varios pronunciamientos en los que ha ido perfilando el criterio que en definitiva adoptaré para resolver.

Así, en el precedente "GAMBOA", por el cual se confirmó la sentencia de Cámara que declaró la inconstitucionalidad del tope fijado por el Decreto 1278/00, desechando el agravio planteado por la aseguradora que entendía que el a quo había aplicado con efecto retroactivo las previsiones del Decreto 1694/09, que entre otras modificaciones, eliminó los topes máximos de la ley que pasaron a convertirse en pisos mínimos, sólo para las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera a partir de la entrada en vigencia del decreto; esto es, noviembre de 2009 (art. 16).

En el caso, el accidente databa de fecha 28.09.07. [STJRNS3 Se. 11/14 "GAMBOA"].

En el mismo sentido se resolvió en "RAMIREZ SEPULVEDA" [STJRNS3 Se. 32/14], y también en "GONZALEZ" [STJRNS3 Se. 42/14].

En este último, se dejó traslucir un lineamiento respecto a la aplicación del RIPTE; más precisamente sobre el objeto aplicable Se dijo allí que tiempo después del infortunio de la actora acaecido el 14.04.08) se dictó el Decreto 1694/09 (B.O. del 06.11.09), aplicable a los siniestros sucedidos con posterioridad a su entrada en vigencia, el cual eliminó los "topes" del Decreto 1278/00 y los convirtió en "pisos mínimos".

Del mismo modo, poco tiempo después de que se dictara la sentencia de Cámara (.) se sancionó la Ley 26773 (B.O. del 26.10.12), que dispuso que los pisos mínimos establecidos en el Decreto 1694/09 se deben incrementar conforme con la variación del índice RIPTE (arts. 8 de la Ley 26773 y 17 del Decreto reglamentario N 472/2014)".

De este modo, y a través de estos pronunciamientos quedó expuesto el criterio de la inconstitucionalidad de los topes, y la no aplicación retroactiva de los decretos a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia.

En el precedente "CARBALLO" [STJRNS3 Se. 47/14], en lo que aquí interesa, la Cámara del Trabajo había declarado la inconstitucionalidad del art. 16 del Decreto 1694/09.

Este Superior Tribunal revocó el fallo y sostuvo se había omitido ponderar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de aplicación temporal de las sucesivas reformas al régimen de accidentes de trabajo. (Fallos 314:481; 299:132; 312:1234; 321:45). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)
Recurso de queja (procesal), gravedad institucional, Municipalidad, poder de policía, suspensión de medida administrativa, daño irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ZAMPATTI, RICARDO LUIS; GARGATAGLI, BEATRIZ MARIA; Y ZAMPATTI, MARTA BEATRIZ c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ? MEDIDA CAUTELAR (EXPTE.: C.S.J. NRO. 531 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-06-25

La admisión de la gravedad institucional estuvo siempre vinculada a la existencia de una "cuestión constitucional", cuya trascendencia impone el estudio de la causa no obstante los obstáculos de forma que pudiesen existir.

En el caso, del análisis concreto de la litis no luce acreditado que la solución adoptada por la Cámara -suspensión provisional del acto administrativo de demolición- dentro del marco de la tutela cautelar prevista por el artículo 14, tercer párrafo de la ley 11330, conlleve a una perturbación del interés público comprometido en cuestiones vinculadas con el poder de policía constitucionalmente atribuido al Municipio de Santa Fe, por lo que no se encuentra configurada en la especie la referida causal de creación pretoriana en orden a superar el escollo ritual aludido.

Es que la supuesta lesión a garantías constitucionales que provocaría la decisión cuestionada podría encontrar reparación en la sentencia de mérito.

Asimismo, en relación al fundamento alegado por la quejosa- acerca de la gravedad del perjuicio que le genera la tutela concedida es adecuado señalar -conforme posición doctrinal- que "no exige la demostración cabal de su irreparabilidad, sino que refiere a la imposibilidad o a las dificultades que puedan existir para compensar los daños o reponer las cosas a su estado anterior, o también cuando la ejecución del acto durante el tiempo de duración del proceso no resulta adecuadamente compensable con una indemnización".
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: CRAVOTTA,  AN  IBAL  ANTONIO  E ITURRALDE DE CRAVOTTA, MIRTHA GLADYS. s/ ADOPCIÓN. BANCO  NACIÓN  ARGENTINA  (EN  AUTOS  HAMKALO  JUAN  Y VALLEMAR SRL). s/ CONCURSO PREVENTIVO. INCIDENTE DE VERIFICACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-03-02|1984-09-05

PARA FUNDAMENTAR EL RECURSO DE CASACIÓN NO BASTAN LAS ACUSACIONES GENERALES QUE SÓLO EVIDENCIAN UN DISCENSO; ES IMPRESCINDIBLE EL DESARROLLO PORMENORIZADO DE LAS DEFICIENCIAS DE LA SENTENCIA ATACADA, COMO DE LOS MÉRITOS DEL RECURSO.
Indemnización por accidente de trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Lobo Villarroel, Tito c/ Alpesca S.A. s/ Accidente, Ley 24028
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-03-24

Una válida alta sin incapacidad no veda al damnificado perseguir el resarcimiento si luego de ella un agravamiento de la lesión los incapacitara. Es que en la sentencia ha de atenderse no únicamente a las consecuencias dañosas padecidas de inmediato, sino también a las acaecidas en un tiempo posterior y hasta el momento de emitirse el fallo.
Privatizaciones, empresas del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, propiedad participada, precio, tasas de interés, cómputo de intereses
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ANTONUCCI, Roberto c/ Y.P.F. S.A. Y OTRO s/ part. acc. obrero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-19

El resarcimiento para aquel dependiente de YPF SA con derecho a participar y luego adquirir un porcentaje de las acciones de la empresa que ya fueron vendidas debe correr por cuenta del Estado.

Estará constituido por una suma representativa del valor actual de las acciones que le pertenezcan según los parámetros existentes al 1/1/91 en cuanto a la cantidad de adquirentes potenciales, deducido el precio de compra ($19 según el art. 6 del decreto 628/97), importe que devengará un interés del 12% anual desde el momento en que las acciones clase C fueron puestas a la venta de acuerdo al decreto citado, publicado el 16/7/97.