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Sanciones procesales, defensa en juicio, temeridad o malicia, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Valdez Caballero, Daniel Andrés c/ Don Joaquín S.A. y otro - Apelación de sentencia s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-08-08

La aplicación de sanciones procesales, tales como la de temeridad y malicia, exigen para su procedencia un análisis con criterio riguroso para no afectar el derecho de defensa. No siendo procedentes cuando las defensas no aparecen como dilatorias, sin fundamentos serios o antojadizas.
Inmunidades parlamentarias, inmunidad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernández, Aníbal Domingo  c/ Carrió, Elisa María Avelina y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-06

La inmunidad de opinión es la más importante de todas las que corresponden a un miembro del Congreso consiste en la libertad que tiene para expresar en el desempeño de sus funciones sus ideas y juicios sin temor a ninguna responsabilidad que pueda menoscabar su independencia. La Constitución asegura plenamente esta inmunidad en la que ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.
Procedencia parcial, daño emergente, restitución de sumas de dinero, intereses, incumplimiento del deber de informar, plan de ahorro previo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ferro Gutiérrez Juan Manuel c/ Plan Ovalo SA s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2024-06-03

Procede parcialmente el recurso de apelación, y en su mérito, además de las sumas correspondientes en concepto de daño emergente, la accionada debe restituir al accionante los gastos ocasionados como consecuencia de las gestiones extrajudiciales de cobro -con más los intereses calculados desde la fecha del pago efectuado y hasta la fecha de la presente, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días que fija el Banco de la Nación Argentina-, dado que existió un incumplimiento al deber de informar por parte de la demandada al no prestar información clara y detallada de la composición de los montos diferidos de manera oportuna, al ser solicitado por el actor -sin respuesta alguna-, teniendo que acudir a sede judicial. Ahora bien, del análisis de los cupones de pagos en cuestión, surge determinada suma que no corresponde a gestiones extrajudiciales sino al diferimiento de los cargos administrativos cobrados al actor; ello así, dicho monto debe ser abonado por éste al tratarse del diferimiento ordenado por la medida cautelar.
Improcedencia del recurso, confirmación de sentencia, sentencia condenatoria, fundamentación de sentencias, abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima
Materia: PENAL
Carátula: Parra C.O.  c/  s/ abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2024-06-04

Procede no hacer lugar a la impugnación ordinaria del Ministerio Público de la Defensa, y en su mérito, confirmar la sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por la guarda -art. 119 segundo y cuarto párrafo del CP-, y la ulterior sentencia de determinación de pena -arts. 246 y ss. del CPPN-. Para decidir así, se señala que la prueba considerada resulta suficiente para destruir el inicial estado de inocencia del imputado, y además, la motivación que acompaña el razonamiento del a quo no resulta arbitraria ni tampoco se advierte violación alguna al derecho de defensa del acusado.
Salarios caídos, cómputo de intereses, daño emergente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carpio, Juan Carlos c/ Municipalidad de Berazategui  s/ pretensión anulatoria - empl. Publico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-06-27

Cabe condenar a la accionada al pago de la suma equivalente al 35% de los salarios caídos, computados al valor actual que corresponda al salario de revista del actor más el accesorio por interés a la tasa del 6% anual desde la fecha de cese hasta ejecutoriada la sentencia, y de allí en más y hasta la del efectivo pago la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a 30 días vigentes en los distintos períodos de aplicación, dado que la aplicación de la doctrina legal sostenida en el daño emergente por la baja ilegítima establece el porcentaje del 35% de cuanto corresponda al cálculo por salarios caídos, computado a valores actuales de la categoría de revista del agente al tiempo del cese.
Improcedencia del recurso, bienes públicos del Estado, prescripción adquisitiva, acción reivindicatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán c/ Néstor Orlando Aguirre y otros s/ reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2024-06-11

Procede no hacer lugar al recurso de apelación deducido por el actor, pues la parte del inmueble alegada no está afectada concretamente al uso público, sino que lo sería a ese uso en el futuro; para que un bien del Estado pase a la categoría de público, el destino debe ser efectivo y no sólo potencial. A mayor abundamiento, vale decir que la parte accionada ha demostrado que incluso antes del inicio del juicio de reivindicación completó el plazo de 20 años exigido por el art. 1899 CCyCN de posesión continua y ostensible, con ánimo de dueño, sin que el accionante haya acreditado actos o hechos interruptivos. Ello así, cabe hacer lugar a la excepción de prescripción adquisitiva y consecuentemente, rechazar la acción reivindicatoria interpuesta por el Superior Gobierno de la Provincia.
Modificación de la cosa juzgada, monto del juicio, cómputo de intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: Salemme Eduardo Enrique c/ Chahain Amado Daniel s/ Cumplimiento de Contratos Civiles/Comerciales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-06-19

Corresponde modificar la sentencia, determinando el monto de condena por la utilidad de que se vio privado el profesional, con más intereses desde el día en que finalizaba el plazo de vigencia del contrato y hasta el efectivo pago, puesto que en casos como el presente, en que la construcción no se realizó en ninguna medida, no puede pretender el maestro mayor de obras que se le indemnice el monto total de la utilidad que le hubiera correspondido por la dirección y ejecución de la obra -según los términos del contrato-, como si dichas tareas se hubieran desarrollado efectivamente.
Prueba de la posesión, prescripción adquisitiva, interversión de título, coherederos
Materia: CIVIL
Carátula: Salinas José Ignacio c/  s/ prescripción adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2024-06-11

El hecho de que se haya acreditado que el actor que vivió en el inmueble o que haya realizado actos posesorios, no representan por sí mismos prueba de la interversión del título y por ende de su posesión exclusiva, sino que contrariamente y de acuerdo lo establecido por el art. 2513 del CC, dichos actos son inherentes al derecho de propiedad común de los herederos, hacen al uso y goce de la cosa conforme a un ejercicio regular y sin que importen la exclusión de los coherederos.
Despido, intereses, índices de actualización, índice de precios al consumidor
Materia: LABORAL
Carátula: Carabajal, Franco Gabriel  c/ Terminal 4 S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-29

Corresponde la aplicación desde que cada suma es debida, del Índice de Precios al Consumidor Nivel General, con más un interés puro del 3% anual por igual período, todo ello hasta el momento del efectivo pago, sin perjuicio de su eventual ajuste si al momento de practicarse la liquidación no se encontraren publicados los índices hasta esa fecha, toda vez que la utilización de la tasa activa o de la tasa pasiva publicadas ambas por el Banco Nación, sin el empleo de herramientas de reajuste por desvalorización monetaria, arroja resultados irrazonables que conducen a la pulverización de los créditos de las personas que trabajan en general, que deben considerarse confiscatorios por licuar el crédito de personas que gozan de preferente tutela constitucional.
Despido, inconstitucionalidad, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Carabajal, Franco Gabriel  c/ Terminal 4 S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-29

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de las pautas que prohíben la indexación de los créditos (leyes 23.928 y 25.561), toda vez que la aplicación lisa y llana, aún de la tasa más alta prevista a través de la reglamentación del Banco Central de la República Argentina, se encuentra por debajo de los índices inflacionarios y no sólo no cumple con la finalidad de reparar al acreedor del crédito alimentario sino que, además, provoca un infundado beneficio al deudor que ha incurrido en dilación del pago, razón por la cual, debe contemplarse al tiempo de la adecuación del crédito, que el mecanismo que se utilice contemple tanto la necesidad de establecer un interés moratorio por el solo curso del tiempo sin satisfacción de la deuda, como así también el interés compensatorio por la privación de uso de ese capital.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, Derecho laboral, relación de dependencia, trabajador, prueba de informes, prueba confesional, prueba testimonial
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Chopp, Omar Enrique c/ Agropecuaria Tío Luis S.R.L. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-02

Se observa que la accionante centró su recurso en criticar la valoración probatoria efectuada por el A quo, objetando que Sala sólo analizara una prueba informativa de donde surge que el vínculo comercial con la demandada comenzó en fecha posterior a la denunciada por el actor como su ingreso; empero, desde tal postura, la recurrente omite considerar que la Sentencia atacada no valoró sólo tal probanza, sino la interrelación de la misma con la confesional del demandado, como así también la prueba testimonial rendida en la causa; y así la Cámara sostuvo que ante la afirmación del demandado respecto a que él no faena, que el que faena es el frigorífico y que él se ocupa de la venta, y la fecha en que el establecimiento comenzó a comprar la carne al frigorífico, no se explicaba cómo el actor podría haber ingresado con anterioridad, destacando además que ninguno de los testimonios ofrecidos había dado cuenta de la fecha de inicio indicada por el actor, y que incluso otros tres testigos habían afirmado que al comienzo del negocio, el mismo era atendido por sus dueños.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, liquidación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Graziadio, Antonio Héctor c/ Municipalidad de Rosario s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

La compareciente no acredita en forma suficiente que la decisión impugnada, en cuanto ordenó a la Administración que practique una nueva liquidación, constituya sentencia definitiva, ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, desde que, en principio, las resoluciones dictadas con posterioridad a la sentencia definitiva, generalmente de orden procesal y encaminadas a la ejecución de aquélla, no son recurribles por la vía de la ley 7055; y, aunque se han admitido supuestos que permitan excepcionar dicha regla, lo cierto es que las invocaciones de la quejosa no logra demostrar que en autos se configure una concreta restricción a la justicia o menoscabo al ejercicio de algún derecho a fin de sortear la falta de definitividad referida. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler) Jurisprudencia vinculada: Di Mónaco, 2024:452, sumario J0053012.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, accidente de tránsito, falta de prueba, culpa concurrente
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Schmidt, Mari Isabel c/ Mehring, María Laura y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-02

El A quo consideró que no se produjo la prueba de las eximentes en la proporción que pretende la demandada (culpa exclusiva de la víctima) y que la responsabilidad de la accionada, más allá del porcentual causal, es indiscutible; y para así decidir, la Sala repasó las conclusiones del peritaje realizado en autos, donde se concluyó que la dinámica del accidente propuesta por la demandada es muy poco probable, que no se puede determinar en forma apodíctica si el auto de la demandada estaba o no abriéndose a la banquina, que en caso de que la víctima estuviera caminando hacia el norte no era lógica la maniobra de esquive efectuada por la demandada y que no se puede establecer si el punto de impacto fue sobre la línea demarcatoria ruta/banquina (donde quedó el cuerpo) o unos pocos centímetros sobre la ruta, ampliando luego que es muy factible que el impacto haya sido en el entrono de la línea demarcatoria del borde ruta/banquina y que en ese momento el vehículo circulara con las ruedas izquierdas dentro y las derechas fuera; y en ese orden de reflexión, el Tribunal agregó que la culpa del peatón como eximente de responsabilidad debe ponderarse de acuerdo al grado de imprevisibilidad e inevitabilidad con que ha operado la conducta, destacando que la demandada reconoció haber visto al peatón sobre la ruta y que ello ocurrió a una distancia que disminuye la consideración de sorpresivo e inevitable; argumento nuclear sobre el cual se asignó responsabilidad a la conductora del vehículo (más allá del porcentual causal, que redujo en un 20%), sin recibir la réplica debida acorde a esta instancia, quedando los reparos de los recurrentes -quienes argumentan, en esencia, que la responsabilidad que se les endilga se contradice con las pruebas colectadas en autos y con el recuento de las circunstancias previamente realizado por la misma Sala- en un intento por revertir la decisión tomada y, por ende, en el plano de la disconformidad, sin lograr acreditar que la sentencia resulte ser inválida como acto jurisdiccional.
Constitución Provincial, declaración de inconstitucionalidad, caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-178.468/2021 (Tribunal del Trabajo -Sala I- Vocalía 3), DAÑOS Y PERJUICIOS: PALMA RAMONA DOLORES c/ CONGREGACION DEL VERBO DIVINO ARS c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-05-09

La Suprema Corte de Justicia con base en la nueva Constitución vigente en la Provincia de Jujuy, sancionada en el año 2023, rechazó el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 200 del CPC, señaló que el fundamento del planteo del recurrente "versa sobre normas que no se encuentran vigentes en la actualidad". Confirmó la caducidad de instancia dictada en la causa atento el tiempo transcurrido desde la presentación de la demanda y el pedido de reserva en secretaría hasta la fecha de ampliación de la misma, luego de más de un año sin impulso de parte, y frente a la imposibilidad del tribunal de realizar actos que son propios de las partes.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: González, Héctor Horacio c/ Aguirre, Oscar Daniel s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

La argumentación desarrollada por el impugnante, pese al matiz constitucional que pretende conferirle a sus agravios, no logra en definitiva demostrar que la respuesta del Tribunal sentenciante exhiba una decisiva carencia de fundamentos o haya supuesto un irrazonable apartamiento de la solución normativa prevista para el caso; y conforme surge del escrito recursivo las quejas se dirigen a criticar el mérito probatorio que los jueces de la causa le asignaron a las pruebas obrantes en el proceso, en especial a los distintos testimonios rendidos, resultando improcedente la tacha de arbitrariedad si ella se funda en la simple discrepancia del apelante con la apreciación de los hechos y la interpretación de la prueba, por ello, la circunstancia de que en la sentencia cuestionada se haya dado preferencia a determinado elemento probatorio, no configura arbitrariedad.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, imputado, defensa
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: J., E. E. c/  s/ abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber ocasionado un grave daño en la salud mental de la victima-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-02

Los reproches por defensa técnica inefectiva se limitan a una imprecisa mención de pruebas que se dicen no instadas por los defensores que intervinieron con anterioridad, y que se califican como actos definitivos e irreproducibles, afirmándose que, en el caso opuesto, hubieran alterado significativamente la tipificación penal y por consecuencia la pena impuesta; sin embargo, más allá de esa genérica expresión, no existe siquiera una concreta hipótesis verosímil sobre el modo en que aquello podría haber ocurrido, demostrando omisiones dirimentes por parte de los defensores técnicos, no logrando la parte recurrente rebatir lo expresado por la Alzada en el auto denegatorio, cuando señalara que tampoco se aprecia que el actor haya padecido de inefectividad defensiva, surgiendo del proceso que los anteriores letrados interpusieron diferentes acciones en su favor y tuvieron una activa intervención en el juicio, mas allá de que todas las medidas sobre pruebas que podrían haber sido ofrecidas y que fueron indicadas en este recurso, pudieron eventualmente no haber sido ofrecidas por razones estratégicas y que lograron una considerable rebaja de cinco años y medio en la pena impuesta, incumpliendo con ello la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7055, lo que determina, en tal aspecto, el rechazo de la queja.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, fuero de atracción, compraventa, manifestación de la voluntad, personas con discapacidad auditiva, prueba pericial
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Alvarez Domínguez, Ramona c/ Paulone, Juan Carlos y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

Los reproches vinculados con la falta de consideración de la pericial rendida a fin de demostrar que la actora era sorda -y por ende no podía testar por acto público, según el artículo 3651 del Código Civil entonces vigente-, son efectuados por la impugnante con el propósito de remarcar la postulada nulidad del testamento otorgado por la causante en favor de una asociación civil que -al decir de la recurrente- carecía de poder especial para aceptar la herencia; mas dicha cuestión fue abordada por el Tribunal a quo en la sentencia de fondo, donde sostuvo que en este caso se debate la declaración de la nulidad de la compraventa que, según la actora invoca, celebró bajo engaño producido por el dolo de la demandada, pretendiéndose además indemnización por daños, por lo que el objeto de ese trámite resulta ajeno a la regularidad de la aceptación de herencia (cuestión que en todo caso debería haber sido planteada, evaluada y decidida en el proceso sucesorio de la actora) y a la validez del testamento otorgado (nuevamente, tema atinente a la sucesión y extraño a la controversia ventilada en los presentes), argumentación que permanece incólume en este estadio, y no logra ser desmerecida por los genéricos planteos de la quejosa.
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, sentencia de primera instancia, consentimiento, concursos, propuesta de acuerdo preventivo, rechazo in límine, falta de legitimación para obrar, defensa en juicio, debido proceso, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/  s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-07-30

De las constancias de autos surge que el trámite en la segunda instancia no se ha completado en legal forma, al no imprimirle la Cámara el iter debido -la sustanciación prevista en el artículo 4 de la ley 7055, así como también el dictado del pronunciamiento correspondiente-, en tanto la Alzada, al desestimar de plano el recurso excepcional incoado, con base en que la recurrente no habría participado como apelante ni como apelada en la segunda instancia, por no haber voluntariamente recurrido la resolución de grado que había rechazado su impugnación del acuerdo preventivo, y que la cuestión constitucional acusada no habría sido sostenida en todas las instancia, desatendió las circunstancias particulares del sub lite y lesionó el derecho de defensa en juicio de la quejosa, puesto que al coartar el Tribunal a quo la posibilidad de que la postulación esgrimida siguiera el cauce previsto en la ley 7055, al decir que se daría una suerte de per saltum no reglado, no tuvo en cuenta que la recurrente luego del fallo de baja instancia no experimentó una diferencia perjudicial entre lo pedido y lo decidido por el magistrado de grado. (Del voto de los Dres. Gutiérrez, Erbetta y Spuler) Jurisprudencia concordante con Vicentin S.A.I.C., 2024:455, sumario J0053004.
Denegatoria del recurso, recurso de inconstitucionalidad, depósito previo, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte. C-206.415/22 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala I- Vocalía 3) Recurso Ley 5.992/16 Art. 27 (derechos del consumidor): Empresa Jujeña de Energía S.A. c/ Defensa del Consumidor y Ministerio de Desarrollo Económico y Producción -Defensa del Consumidor c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2024-06-03

Rechaza el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la empresa E.J.E.S.A. que dedujo Reclamo ante el Cuerpo, en contra de la providencia de mero trámite que ordenaba al recurrente acreditar en el plazo de cinco días, el depósito previsto por el art. 27 de la Ley 5.992/16 o seguro de caución suficiente. Resultó probado que no se depositó el monto de la multa a la orden de la Autoridad de Aplicación tal como manda la ley, además la empresa no aportó ningún elemento que dé cuenta que estuviera en una situación de dificultad para hacer efectivo el pago de la obligación impuesta en su contra. La Suprema Corte consideró que en el caso concreto no corresponde aplicar el supuesto de excepción, por cuanto, la discusión no se refiere a una suma dineraria por tributos que se dejaron de ingresar, sino la cuestión se encontraba centrada en el ámbito de las facultades sancionatorias de la Administración, las que se encuentran regladas, y por lo tanto debe ser cumplidas y respetadas por el infractor.