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Imprescriptibilidad, crímenes de lesa humanidad, pueblos originarios, violaciones masivas de Derechos Humanos, homicidio con ensañamiento, violación del derecho a la vida, genocidio, código penal, REPÚBLICA ARGENTINA, terrorismo de Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Masacre de Napalpí  c/  s/ Juicio por la Verdad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2022-05-19

El modo en que fueron ultimadas las quinientas víctimas, integrantes de los pueblos Moqoit y Qom en la Reducción de Indios Napalpí ubicada en Territorio Nacional del Chaco, conforme la abundante prueba producida, permite afirmar, que además de la planificación del genocidio contra ellas perpetrado, existió un plus de perversidad y maldad extrema -configurando una agravante penal, equiparada al ensañamiento e impulso de perversidad brutal en reiteración de hechos que concursan entre sí, conforme las prescripciones del artículo 80 inc. 2 del Código Penal vigente en 1924, momento de los hechos-, ejecutado de forma despreocupada por su humanidad, quienes padecieron a corta distancia, los disparos, todos a la vez y a mansalva, de fusiles y carabinas, para luego ser brutalmente mutilados sus cuerpos.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, indivisibilidad de la instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARQUEZ GOMEZ A. c/ JUAN CECCO Y OTRO s/ Ejecución Honorarios (LIBRO: A130 - 339)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-12

.. el proceso puede paralizarse y por lo tanto suspenderse el curso de la caducidad, aún sin pronunciamiento expreso en tal sentido, cuando una causa ajena a la voluntad de los litigantes no le permite a la parte, aún queriéndolo poder activarlo, privándolo real y efectivamente de poder instar la instancia.-
Concursos, entidades financieras, liquidación de entidades financieras, ejecución forzada
Materia: COMERCIAL
Carátula: AZPIOLEA, RAUL c/ BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES SA s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

La prohibición de iniciar actos de ejecución forzada contra una entidad financiera en liquidación no puede ser interpretada con criterio amplio comprendiendo también al inicio y tramitación de un juicio ejecutivo sino en sentido estricto o sea referida al estricto cumplimiento de la eventual sentencia de remate a través de actos de directa agresión patrimonial.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, comodato, juicio de desalojo, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: PIROVANO, CARMEN DOMINGA c/ PEREYRA, HUGO OSCAR (H) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-07-26

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, desde que no se advierte que la tarea de la Alzada -para verificar la existencia de legitimación activa y pasiva para la viabilidad del desalojo incoado- haya sido asumida de modo irrazonable o ilógico, con apoyo en las constancias de la misma causa.

En efecto, partiendo de considerar que el objeto del desalojo consiste en asegurar la libre disposición de ciertos bienes cuando son detentados sin título alguno contra la voluntad de quienes tienen derecho a ella y que el derecho de la actora a accionar no fue desconocido en la contestación de la demanda, valoró que estaba acreditado que ésta es condómina del inmueble a desalojar, considerándola así legitimada para solicitar la restitución pretendida.

Por otra parte determinó que el vínculo jurídico entre actora y demandado configuró un comodato precario, descartando la figura de la locación, en tanto fue realizado a partir del hecho reconocido por ambas partes que la actora junto a su esposo "confirieron a su hijo el uso de la vivienda" y el comodato posterior celebrado entre padre e hijo resulta inoponible a la actora en su carácter de condómina, conforme el artículo 2682 del Código Civil (Del voto del Dr. Guti rrez)
Cómputo privilegiado de la privación de libertad, excarcelación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BESTIVO, Jorge O. s/ EXCARCELACION:PROCEDENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-12

Corresponde conceder la libertad del imputado si se tiene en cuenta el tiempo que lleva detenido y la posible pena a imponerle, de evaluarse, incluso, la eventual unificación de la anterior condena en suspenso a dos meses de prisión y el proceso en trámite por los delitos de lesiones y daño; aspectos que no deben ser soslayados en la valoración de la viabilidad de la libertad provisoria cuando el procesado lleva dos años de prisión sin sentencia firme que cause ejecutoria. El plazo de encarcelamiento preventivo ya estaba cumplido cinco días antes que el juez resolviera su prórroga y la denegatoria de excarcelación fue plasmada cuando había caducado dicho término.

La aplicación de la ley 24.390, en cuanto determina el plazo razonable de prisión preventiva ha de conjugarse con las normas aplicables a la excarcelación, lo cierto es que para ello dicho término debe haber sido prorrogado al tiempo de operar su vencimiento, pues lo contrario conlleva de manera irremediable la caducidad de la medida cautelar.

La solución adoptada es la que mejor se compadece con las garantías constitucionales, en particular, la del debido proceso y el principio de inocencia, y la pauta interpretativa del art. 2 del plexo instrumental, con la que corresponde conceder la libertad del procesado por vencimiento del término legal, art. 1, ley 24.390.
Juicio abreviado, monto de la pena, principio de legalidad, pena accesoria
Materia: PROCESAL
Carátula: E. S., C. Z. s/ Defraudación en perjuicio de la Administración Pública reiterada (dos hechos) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-09-12

El acuerdo limita el tipo de sanción a imponerse, por lo que el Tribunal no puede condenar con una pena - aunque sustancialmente esté prevista en forma conjunta a la mencionada en el acuerdo - que las partes no acordaron, porque ello implica un notorio agravamiento a lo aceptado por el imputado.
Accidente de tránsito, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez, Ramon M. c/ Quintana, Luis A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-23

Queda a cargo del actor demostrar que la cosa productora del daño tomó contacto con su persona o vehículo, y la relación de causalidad entre el daño sufrido y el contacto con la cosa.Resulta aplicable lo dispuesto en el art. 1103 del Código Civil, si la sentencia dictada en sede penal absuelve libremente al procesado porque encuentra que no hay acreditación del cuerpo del delito y no puede atribuir autoría al conductor del vehículo porque no ha podido demostrarse que fuera el que conducía el colectivo en el que viajaba el menor, ni que las heridas sufridas por éste se debieron a la caída del transporte.
Terceros, juicio de desalojo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gadea de Bentin, Justa Elena c/ BAGLEY S.A. s/ Sumario (Expte. Nº 3335/05) s/ Recurso de Queja por Apelación  Denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-10-28

La limitación recursiva establecida por el inciso 4 del artículo 663 del Código Procesal Civil y Comercial, de aplicación específica al caso dado el objeto de la acción -desalojo y cobro de alquileres -, más restrictiva aún que la prevista por el artículo 482 -juicio sumario- citado por aquélla, acota, en razón de su especificidad, la norma genérica del 2 párrafo del artículo 93, a la que recurre el quejoso en respaldo de su reclamo y que sólo queda reservada para el proceso de conocimiento ordinario, circunstancia que torna inadmisible la queja formulada.
Elevación en consulta, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: A., C.R. s/ Incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-28

La consulta: "Está imperativamente impuesta por la ley en los supuestos expresamente contemplados; y ella da origen a la "competencia" de los tribunales superiores -aunque no medie recurso de parte-. Como instituto de orden público, la "consulta" es irrenunciable. El trámite de la consulta debe abrirse y el tribunal de alzada debe intervenir, aunque no se manifieste ningún agravio; sólo el tribunal de alzada es el habilitado para advertir la existencia o no de agravio y su reparación según el caso".
Transporte de carga por agua, transporte de contenedores, modalidad house to house, pérdida parcial de mercaderías, responsabilidad del transportador, falta de prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. 'ENTRE RIOS II' Y OTRO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

Tratándose de un conocimiento que no tuvo circulación el transportista puede oponer al consignatario defensas que no consten en el título del transporte. Y en supuesto de transporte de contenedores recibidos por el buque consolidados y precintados, incumbe a la consignataria -si el contenido de esa caja es negado- probar que el portaba los efectos declarados, correspondiendo relevar al transportista de toda responsabilidad si el container es entregado sin observaciones y con el precinto de origen intacto (cfr. Causas: 23.179/95 del 15.9.95 y 312196 del 16.7.96, entre otras).
Recusación, recusación con causa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SUÁREZ LUISA LETICIA s/ ACCIÓN AUTÓNOMA DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-12-16

El interés general en el buen orden de los juicios hace que todas las causales de recusación sean revisadas e interpretadas con un criterio restrictivo. Ello así, porque los expedientes, en principio, deben iniciarse y concluir ante los mismos jueces, constituyendo un acto de máxima gravedad el desplazamiento de un juez de la causa; amén que toda redistribución de asuntos configura un trastorno en el desenvolvimiento de la organización judicial. Es que en materia de recusación con causa, el ordenamiento procesal sigue el sistema de la enumeración taxativa de los motivos que la hacen procedente los que deben apreciarse -tal lo indicado- con criterio restrictivo, requiriéndose una fundamentación seria y precisa por tratarse de un acto grave y trascendental, una medida extrema y delicada.
Participación secundaria, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: Mosqueda, Juan Eduardo y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-09

El Teniente Auditor de la Armada resulta cómplice secundario de la privación ilegal de la libertad agravada por su cooperación voluntaria con quienes efectuaron dicho delito con conocimiento del sentido de su aporte, atendiendo en especial a su función como auditor de la Base Naval donde la víctima se encontraba alojada que lo hizo entrevistarse con los padres de la misma en reiteradas oportunidades a fin de informarles de su situación y a sus tareas en la confección de escritos de puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Judicial de los detenidos, lo cual implicaba el conocimiento de la identidad de las personas privadas de su libertad, su presencia en el ámbito en que se desempeñaba, las verdaderas causas de su detención y la forma en que se llevó a cabo.
Sentencia, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castillo o Castillo Pan, Clara M. c/ Argentini, Héctor Marcelino s/ Nulidad de actos jurídicos Giusti, Dante Ramón c/ Orellana, José Alfredo y otro s/ Ejecución hipotecaria Giusti, Dante Ramón c/ Orellana, José Alfredo y otro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31|2001-11-21

La exigencia de la firma del juez en la sentencia (art. 163 inc. 9, C.P.C.C.) alude a la concurrencia de un magistrado que se encuentre habilitado para integrar el tribunal emisor del fallo (doct. arts.

14, 32 y conc., cód. cit.). No se alude, por ende, a un juez en abstracto. Por lo tanto, y salvo los casos de integración previa, un magistrado ajeno a la causa no puede dictar ningún pronunciamiento en ella; caso contrario se estaría infringiendo la garantía constitucional del juez natural (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.

y 8º, Pacto San José de Costa Rica).
Competencia del tribunal de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL
Carátula: Olivera Rovere, Jorge Carlos y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-13

La Cámara de Casación tiene la facultad de revisar ampliamente la evaluación sobre los hechos y la prueba, tanto en caso de sentencias condenatorias como respecto de aquellas que deciden la absolución, atento la posibilidad de extender al fallo absolutorio la misma amplitud de control que se venía aplicando sin controversias al fallo de condena surge de la propia doctrina de la C.S.J.N. en el caso Casal, decisión que tuvo como fundamentos el derecho a recurrir el fallo condenatorio ante un tribunal superior, una interpretación exegética del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación y en la imposibilidad de distinguir entre cuestiones de derecho y de hecho.
Subasta judicial, contrato de publicidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de La Pampa en autos" Reale, Héctor Luis s/ Quiebra s/incidente"
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-04-25

El sistema de publicidad de las subastas judiciales (edictos) no sustituye a la inscripción registral, a la que no puede ser equiparada. Los edictos anuncian que se va a realizar una subasta, pero no dan cuenta de su resultado; sus lectores ignoran si la subasta se suspendió, si hubo o no oferentes, si el remate se anuló, etc.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia provincial, acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: PROCESAL
Carátula: Compte, Carlos Federico c/ Edenor S.A. s/ amparo. amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-09

Es competente la justicia federal y no la provincial para entender en el amparo promovido contra la empresa de electricidad recientemente privatizada por la facturación del servicio eléctrico. Ello porque los reclamos de la actora encuadran en los términos de la ley 24.065 y su complementaria, la ley 15.336 de eminente carácter federal.
Nulidad del acto jurídico, actos jurídicos
Materia: CIVIL
Carátula: JAIME BRAVO VIVIANA c/ MONTALVETTI MARIO Y OTRA s/RESTITUCIÓN DE BIEN DADO EN COMODATO s/ CASACIÓN CIVIL FORTUNATO, RUBEN DARIO c/ MORALES, WENDY EDITH Y/U OTROS s/ DESALOJO-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-07-10|2007-11-28

A fin de determinar qué tipo de nulidad es la que afecta a un acto jurídico se ha sostenido que si la imperfección del acto atenta contra los intereses generales o colectivos, será de nulidad absoluta; mientras que si solamente afecta a los intereses privados o particulares de los sujetos del acto, la nulidad será relativa, considerándose nulo de nulidad absoluta a los actos de objeto prohibido o de objeto inmoral que no requiriesen una investigación de hecho para determinar el vicio.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia criminal, competencia federal, estupefacientes, suministro infiel de medicamentos
Materia: PENAL
Carátula: QUIROGA, Lucía s/ inf. ley 23.737 -competencia-  Causa nro. 11.493
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

Las conclusiones del informe al determinar que la sustancia bajo análisis no es de aquéllas consideradas como estupefacientes, deja la conducta investigada fuera de los ilícitos penales tipificados en los artículos 5 y ss. de la ley 23.737, que son los únicos que habilitan la competencia federal. La posible subsunción de los hechos en el artículo 204, quater del C. P., a criterio del Tribunal no excita la intervención de esta justicia de excepción, pues si bien el dicho penal fue introducido por la ley 23.737, el sistema escogido por el legislador en esta ley, al introducir ciertos delitos en el código y otros tipificados mediante una ley complementaria, determina en materia de competencia la lectura apuntada.
Competencia por el territorio, hábeas corpus, audiencia
Materia: PENAL
Carátula: SAMPIETRO LOPEZ, Nelson Fabián. s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-10

Las características propias de la naturaleza del hábeas corpus exigen que la averiguación sumaria indispensable para su resolución sea practicada por el magistrado con competencia en el lugar en el cual se estuviera ejecutando el acto por el cual se reclama, a fin de garantizar, con su inmediatez, la adecuada apreciación de los hechos y la celeridad en el dictado y el cumplimiento de la sentencia y si el promotor del hábeas corpus se hallare en la actualidad alojado en un distrito provincial distinto de aquel donde tramita la acción, corresponde, a fin de evitar mayores dilaciones, que el juez local competente en el que transcurre la privación de libertad le reciba audiencia, en los términos del art. 9 de la ley 23.098 y resolver en consecuencia (*).
Denegatoria del recurso, oportunidad procesal, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: MINISTERIO PÚBLICO - DEFENSORÍA GENERAL DE LA CABA c/  s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GF SOBRE 92 - AGRAVANTES (CONDUCTAS DESCRIPTAS EN LOS ARTÍCULOS 89 / 90 Y 91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad si la defensa pretende introducir una cuestión a través de este recurso sin haberla planteado debidamente en la primera oportunidad posible, y omite explicar por qué entiende que este Tribunal podría abordarla en instancia originaria. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe).
Nulidad del acto administrativo, inconstitucionalidad, jueces, remoción de jueces, aplicación de la ley, Constitución Nacional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Boggiano, Antonio c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social s/ Nulidad acto administrativo - Inconstitucionalidades varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-06

La Constitución Nacional es el primer fundamento jurídico del Estado, y por ser la "ley de leyes" las normas dictadas en su consecuencia no pueden contradecir lo que en esta se ha dispuesto. En su carácter de Ley Suprema, obliga normativamente a que las leyes ulteriores se ajusten a sus disposiciones, so pena de reputárselas inconstitucionales. Lo contrario implicaría violar el orden jerárquico establecido por el art. 31 de la Carta Magna. (Del voto de la mayoría. La Dra. Pérez Tognola votó en disidencia).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lázzaro, María Teresa c/ Empresa Línea 7 S.A. y/o Cía. Seguros Belgrano s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-03

Son los hechos, por sí mismos los que determinan cual es el marco jurídico de solución del conflicto; la voluntad del interesado resulta ineficaz para modificar una interpretación que deviene de la propia naturaleza de las cosas.
Derecho procesal, competencia, competencia federal, cuestiones de competencia, procedencia del recurso, ministerios, programas de salud
Materia: PROCESAL
Carátula: Centro de Día Arco Iris  c/ Ministerio de Salud  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-07

Procede confirmar la resolución mediante la cual la magistrada se declaró incompetente para entender en la causa, con base en lo previsto por la CN 116, la ley 48: 2-6° y la ley 1893: 111-5°, que atribuyen competencia en aquellos asuntos en que la Nación sea parte, a la Justicia Civil y Comercial Federal. Ello por cuanto, en el caso, la controversia abarca materias que ponen en juego la estructura de salud implementada por el Estado Nacional mediante sus políticas públicas financiadas con fondos del Tesoro Nacional, es por ello que debe darse preeminencia al criterio de atribución de jurisdicción que emana la ley 23661: 38
Mandato, ratificación del mandato, ratificación tácita del mandato
Materia: CIVIL
Carátula: TAGLIA DE CIPRIANO, Mariana c/ GRANES, Luis Angel y otros s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-01

Para que pueda atribuirse la voluntad de apoderar a la inacción o al silencio es menester que el supuesto mandante conozca que se está haciendo algo en su nombre y, al no impedirlo, manifieste una ratificación tácita. El art. 1935 del Código Civil prevé que la ratificación tácita del mandante resulta de cualquier hecho suyo que necesariamente importa una aprobación de lo que hubiese hecho el mandatario, siempre que ello resulte inequívoco. En este sentido, el silencio importa mandato cuando una persona administra bienes ajenos y el dueño de estos no lo impide, pudiendo hacerlo.-
Competencia, cuestiones de competencia, justicia militar, declinatoria, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
Materia: PROCESAL - MILITAR
Carátula: COMPETENCIA s/ COMPETENCIA MILITAR. COMPETENCIA CRIMINAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-05

Es improcedente la declinatoria propuesta por el Sr. Fiscal, toda vez que el art. 10 de la ley 23049, prevé la intervención del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas sólo en los delitos que 'resulten imputables al personal militar de las Fuerzas Armadas', situación sólo compatible con un reproche dirigido contra persona determinada, que debe revestir esa calidad para justificar la intervención de ese fuero de excepción, siendo de aplicación al caso la doctrina de la Corte en el sentido de que debe ser el juez que previno quien debe continuar entendiendo en la causa hasta que surjan elementos de juicio bastantes para el correcto planteamiento de una contienda de competencia.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bercaitz, Miguel Angel s/ reclamo por liquidación de haberes jubilatorios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

No es idónea de la vía administrativa para plantear la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de un decreto. En el caso, se trata del planteo -efectuado por ex-ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- de inconstitucionalidad de la ley 24.018.
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bostiancic Juan c/ Schwitzer Adolfo s/ División de Condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-04

En los juicios de división de condominio, la litis se origina en la necesidad de partir el bien y de disponer de la proporción que le corresponde a cada condómino. El objeto del juicio es para cada uno, la parte que le corresponde en el inmueble y los honorarios de los profesionales han de regularse sobre el valor de la parte de cada mandante o patrocinado, aun cuando las costas hayan sido impuestas en su totalidad a la demandada. (Minoría u opinión personal)