Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-30


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 30 días del mes de noviembre de 2009, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

1) En su sentencia de fs. 163/166 el Dr. Zuretti rechazó la demanda en lo principal, condenó a Grupo Copinco S.A. a hacer entrega de la constancia de aportes prevista por el art. 80 L.C.T. 1er. párrafo, declaró las costas a cargo del accionante y reguló los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada y de la perito contadora, en $ 2.000, $ 2.500 y $ 1.200 respectivamente.

Ante la denegatoria de la aclaratoria formulada a fs. 167 se concedió la apelación interpuesta por la parte demandada -en subsidio- en la misma foja (ver fs. 176); indica allí esa parte que ya presentó el certificado de aportes y servicios como surge de fs. 46/47 vta., y que por tanto la entrega corresponde al Tribunal; deviene a su juicio entonces improcedente una intimación a su parte bajo apercibimiento de astreintes.

La misma parte a fs. 168 apela las regulaciones de honorarios, por considerarlas elevadas, y el Dr. Gonzalo Iglesias Alonso por su propio derecho a fs. 168 OTRO SI DIGO, cuestiona los suyos por reducidos. Estos recursos también se concedieron a fs. 176.

2) Ante lo que se expresa a fs. 166 segundo y tercer párrafos, y puesto que la sentencia no ha merecido objeciones de la parte actora, entiendo que en cuanto al certificado de trabajo nada ha sido condenado y, en cambio, se ha referido la condena a una constancia de aportes.

Sin perjuicio de destacar inicialmente que a fs. 126 están detallados los pagos efectuados a la AFIP por el formulario 931 y que no se ha hallado discordancia alguna en la documentación fiscal, laboral y de seguridad social (fs. 130), resulta de la observación de fs. 46/47 que se ha acompañado el formulario de la ANSES PS.6.2; por otra parte no surge de la sentencia de 1º instancia, que ha quedado firme en lo esencial, que se haya constatado irregularidad registral alguna (ver a fs. 165 vta.).

Ante lo expresado, y partiendo de la base de que no está acreditado ningún presupuesto de falsa registración, ya antes de ahora he indicado reiteradamente que el formulario oficial que provee la Administración Nacional de Seguridad Social debidamente confeccionado (me refiero al que se halla agregado en autos, sin perjuicio de lo actualmente previsto por la Resolución Gral. de la AFIP 2316/07, Resolución 601/08 de la ANSES. Resolución 774/08 de la Secretaría de Trabajo y Nota externa 3/08 de la AFIP), cumple con los requisitos del art. 80 L.C.T. (entre otros casos "Espíndola, Juan Jorge c/ Fidelitas S.A. s/ Cert. Serv. y Aport. Previs.", Expte. N* 10.506/2002, sentencia definitiva de esta Sala nº 67.323 del 28-10-2004; y "Kiernan, María c/ Proyecto Profesional Recursos Humanos S.A. s/ Despido", sentencia definitiva nº 68.399 del 28-4-2006), y también posteriormente con la actual composición de esta Sala (integrada por el Dr. Juan Carlos Fernández Madrid ante la vacancia en la vocalía nº 3), entre otros casos en "Rodríguez, Stella Maris c/ Swiss Medical S.A. s/ Despido", sentencia definitiva nº 70.804 del 30-6-2008 y "Cristiani, Ivo Damián c/ Guillermo Ricardo Cura S.R.L. y otro s/ Despido", sentencia definitiva nº 71.525 del 17-4-2009. Coincido con el criterio que informara la sentencia dictada por la Sala VII el 12-2-2004 en el caso "Urdinola, Roberto y otros c/ Fidelitas S.A.", voto del Dr. Rodríguez Brunengo al que adhirió el Dr. Ruiz Díaz (Jurisprudencia Argentina 2004-III, fascículo 9, pág. 81), en cuanto a que los certificados entregados por la empresa se ajustan al formulario PS 6.2, con la firma autenticada como lo requiere el mismo, por lo que cumplen adecuadamente con el requisito legal.

Considero que lo que la L.C.T. art. 80 prescribe es que debe entregarse una "constancia" de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social, vale decir que el instrumento ha de dejar constancia de los aportes efectuados. Aquí no está en duda que hubo constancia de las remuneraciones (fs. 46/47), y es claro que los aportes y contribuciones fueron efectuados conforme emerge de la pericial contable (fs. 125, 16, 129 vta. y 130, puntos no observados), y que se está presentando además un certificado plasmado en un formulario que suministra la ANSES, con fírma certificada, y cuyos requisitos fueron diseñados en su momento por el organismo competente solicitando solo aquellos datos necesarios para esa Administración, ya que los aportes y contribuciones figuran en sus sistemas según reiteradamente ha informado aquella en juicios de similares características (me remito a la sentencia "Espíndola c/ Fidelitas" antes citada). Además, los interesados pueden solicitar concurriendo personalmente con documento de identidad a cualquier unidad de atención integral de la ANSES, un informe de sus aportes y contribuciones ingresados al sistema.

Aunque pueda admitirse que, formalmente, no conste en estos formularios mediante los cuales se expiden los certificados, el importe de los aportes y contribuciones efectuados, lo cierto es que estos se deducen tácitamente de las remuneraciones de las que sí se deja expresa constancia (los porcentuales del aporte surgen de normas legales y/o reglamentarias y, no tratándose de relaciones clandestinas, los trabajadores tienen mes a mes indicados en sus recibos -de los cuales se les suministra copia a esos efectos, entre otros- los montos de las retenciones correspondientes, de modo que no veo que en tales casos se puedan generar dudas tales que impidan el objetivo legal). Ello amén de que lo expuesto en el párrafo anterior faculta a los interesados a despejar cualquier duda al respecto.

En sentido similar la Sala III de esta Cámara ha resuelto que el cumplimiento de la obligación patronal prevista en el art. 80 cit. ha de juzgarse de acuerdo con las circunstancias normales que la enmarcan, habida cuenta de la disponibilidad permanente de la información de referencia, que excede notablemente el nivel de disponibilidad previsto en su momento por el legislador; la Administración Nacional de Seguridad Social ha manifestado su conformidad con los datos previstos en el documento por ella diseñado, ya que los datos sobre aportes, registrados en el sistema de dicho organismo, se hallan disponibles en cualquier momento para el trabajador interesado (20-12-2004 "Luna, Paola S. c/ Fidelitas S.A.", Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social - Abril 2005, nº 7, pág. 543).

Por ende opino que debería revocarse el fallo de primera instancia en cuanto al punto primero de su parte dispositiva, y solo en lo que respecta a la constancia de aportes allí indicada.

3) Como las costas han sido colocadas en cabeza del actor, carece de interés la parte demandada en cuestionar los honorarios de los letrados de aquel, que no están a su cargo (la apelación de fs. 168 es genérica); en cuanto a los de sus propios profesionales (hay también apelación del interesado) y perito (decreto-ley 16.638/57), los emolumentos no resultan altos. Por el contrario son bajos los fijados a la representación y patrocinio letrado de la parte demandada; considerando el mérito e importancia de las labores, monto involucrado en el litigio (ver a fs. 6 vta.), etapas procesales (hubo alegato a fs. 159/160), resultado del pleito y arts. 38 L.O. y 1, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839, deberían elevarse a $ 6.000.

4) Teniendo en cuenta la única cuestión sustancial involucrada en el litigio, la existencia de fallos jurisprudenciales de diverso signo y la ausencia de oposición, las costas de alzada sugiero imponerlas por su orden (art. 68 2º parte C.P.C.C.N.) y regular los honorarios del Dr. Gonzalo Iglesias Alonso por la labor de fs. 167 y teniendo en cuenta el único tema allí propuesto, en $ 500 (arts. 14 y conc. L.A.).

EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I.- Disiento respetuosamente de la solución propuesta por mi distinguida colega preopinante respecto de la condena a hacer entrega de la constancia documentada de aportes previsionales.

En efecto, el art. 80 L.C.T. (t.o.) establece en su primer párrafo la obligación contractual de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, debiendo entregar al trabajador cuando se extinga la relación una constancia documentada de ello, obligación que también será exigible durante la vigencia del vínculo a pedido del trabajador cuando mediaren causas razonables.

A continuación el segundo párrafo de la norma precitada dispone:

"...Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social...".

A mi juicio, del texto transcripto surge clara e inequívocamente que tanto en la constancia contemplada en el primer párrafo como en el certificado normado en el segundo, debe haber referencia concreta a la efectiva realización de los aportes y contribuciones destinados a los organismos de la seguridad social.

En este sentido, la Sala X de esta Cámara señaló, con criterio que comparto, que: "...si el contenido de dichas certificaciones se encuentra previsto expresamente en una ley de la Nación, parece evidente que no podría ser dejado sin efecto por una resolución o disposición del organismo recaudador; y si ello es así, menos admisible todavía resulta otorgarle ese efecto al hecho -intrascendente a estos fines- de la forma en que se confeccionan los formularios-..." (C.N.A.T., Sala X, sent. nº 14379, 9 de junio de 2006, en autos "Tarshop S.A. c/ Sedziszow, Jorge Daniel").

En este contexto, el formulario de la Anses nomenclado como P.S. 6.2. y titulado como "Certificación de servicios y remuneraciones" , que fuera adjuntado por la demandada a fs. 46//47 vta., no reúne todos los extremos exigidos por el art. 80, L.C.T. (t.o.) para las certificaciones que prevé.

Considero que el formulario en cuestión no es ninguno de los instrumentos que contempla la norma, en tanto leyendo y observando el mismo no se advierte de dónde surge en su confección impresa o texto completado por el empleador alguna referencia al cumplimiento de las obligaciones respecto de los organismos de la seguridad social por parte del empleador a que hace referencia el artículo 80, L.C.T. (t.o.) en ambos párrafos.

Además, el art. 80, L.C.T. (t.o.) claramente coloca en cabeza del empleador la obligación contractual de entregar a quien fue su empleado una constancia de la que surja documentadamente que ha dado cumplimiento con sus obligaciones directas o como agente de retención respecto de los organismos de la seguridad social y del sindicato en su caso, sin que la citada norma habilite a darle fuerza cancelatoria a un formulario emanado de un organismo carente de facultades para apartarse de lo claramente establecido por la misma.

Por las razones expuestas, voto por confirmar lo decidido en primera instancia en este aspecto.

III.- En cuanto a los restantes tópicos tratados en el voto de mi colega preopinante, por análogos fundamentos adhiero a lo propiciado por aquella, incluido también lo referente a honorarios, con excepción de las costas de alzada que propicio imponerlas a cargo de la demandada vencida (conf. art. 68 C.P.C.C.N.).

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID dijo:

Adhiero al voto de la Dra. María C.García Margalejo.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1º) Modificar la sentencia apelada y dejar sin efecto lo resuelto en el punto primero de la dispositiva de fs. 166/vta., solamente en lo que respecta a la entrega de constancia de aportes. 2º) Declarar mal concedido el recurso de fs. 168 en cuanto involucra a los honorarios de letrados de la parte actora. 3º) Confirmar los estipendios de la perito contadora, apelados por altos. 4º) Elevar los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada por trabajos de 1º instancia a PESOS SEIS MIL ($ 6.000). 5º) Declarar la costas de alzada y regular los respectivos estipendios como se sugiere en el punto 4 del primer voto de este acuerdo. 6º) Reg., not. y dev..Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe...

MMV María C. García Margalejo Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara Juan Carlos Fernández Madrid Juez de Cámara