Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-28


SOLA, Walter Adán contra COMUNA DE VILLA SARALEGUI Reg.: A y S t 199 p 120-127.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "SOLA, Walter Adán contra COMUNA DE VILLA SARALEGUI sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 96 del año 1992), de conformidad con el acuerdo celebrado el día siete del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo:

1. Walter Adán Sola promueve -por apoderados- recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Comuna de Villa Saralegui tendente a que se anule la resolución comunicada mediante telegrama de fecha 12.12.1991 por la que se dispuso su baja como agente comunal, y la de fecha 14.2.1992, que desestimó el pedido de pronto despacho deducido contra la Comuna el 7.2.1992, solicitando en consecuencia se deje sin efecto la sanción expulsiva recurrida y se disponga en su lugar el inmediato reintegro a sus tareas, con más el pago de salarios caídos desde el cese y demás conceptos laborales impagos a la fecha de la baja, consistentes en 12 días de trabajo en diciembre de 1991, licencia proporcional y S.A.C., todo más intereses y costas.

Relata que ingresó a la Comuna como personal transitorio el 1.1.1988 y hasta el 1.1.1889, fecha en la que obtuvo su nombramiento como agente permanente, calidad que ostentaba al momento de su baja, la que le fue comunicada mediante telegrama de fecha 12.12.1991, "a partir de la fecha por no acatar las órdenes del Señor Presidente comunal".

Expone que los artículos 61 y siguientes de la ley 9286 disponen que el personal no podrá ser objeto de medidas disciplinarias sino por las causas y procedimientos que este estatuto determina, y que, si bien haber desobedecido las órdenes del Presidente comunal es una causal contemplada en el artículo 63 incisos f) y 13 inciso d) de la mencionada ley, no se advierte que la cesantía dispuesta haya seguido el trámite previo de sumario administrativo exigido.

Lo dicho, afirma, torna la medida como desprovista de causa justificante importando una franca violación a la estabilidad de la que goza en virtud del artículo 16 de la ley 9286, lo que también se complementa con el artículo 65 de dicho cuerpo normativo, cuando establece que la cesantía o la exoneración serán aplicadas por el Departamento Ejecutivo o Presidente de la Comuna previa instrucción del sumario respectivo.

Entiende que de ello se desprende la ilegitimidad de la cesantía impuesta por no observar el procedimiento previsto en la legislación (sumario previo), violándose con ello las normas del debido proceso que tienen sustento en el derecho de defensa del artículo 18 de la Constitución nacional.

En punto al agotamiento de la vía administrativa previa, considera que se halla cumplido tal requisito, por cuanto el 27.12.1991 planteó recurso de reconsideración contra la sanción de cesantía comunicada por telegrama de fecha 12.12.1991, el que la Comuna se negó a recibir, lo que se encuentra acreditado por la Juez comunal y dos testigos.

Asimismo, continúa, el 7.2.1992 presentó pronto despacho a fin de obtener el dictado de una resolución sobre dicho recurso de reconsideración, recibiendo como respuesta una notificación donde constaba la parte resolutiva de la resolución dictada en rechazo del pronto despacho.

Agrega que, en razón de que la Comuna no entregó la precitada resolución del 14.2.1992, la intimó a la entrega bajo apercibimiento de considerar la denegación tácita por el término de tres días, y dado que hasta la fecha no ha habido respuesta sobre el particular, considera agotada la vía administrativa por esa causal.

Finalmente, invoca la violación a los artículos 17 de la Constitución nacional y 15 de la provincial, por entender que los salarios forman parte del patrimonio de los ciudadanos debido a la naturaleza alimentaria que poseen.

Solicita, en definitiva, el acogimiento de la demanda, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 24/24 vto.), comparece la Municipalidad demandada (f. 36) y contesta la demanda (fs. 41/44).

En el escrito de responde opone, en primer lugar, como artículo de previo y especial pronunciamiento, excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, fundada en el hecho de que el actor intenta abrir el proceso contencioso administrativo sin haber agotado debidamente la instancia administrativa, y sin acreditar tal extremo ni en sus dichos, ni en la documental acompañada, deficiencia procesal grave a los efectos de la apertura de dicha instancia.

En ese cometido, expone que a foja 24 de autos se declara la admisibilidad del recurso considerándose a tal fin una supuesta conducta que habría asumido el órgano administrativo que no se encuentra acreditada.

Con ello, explica, la supuesta presentación de un recurso ante el juzgado comunal no suple la falta de presentación ante la Administración, y menos, cuando después de ello no se realiza ninguna notificación, sino que sólo se presenta un pronto despacho atinente a un recurso de reconsideración que nunca ingresó.

Todo ello, concluye, acarrea una doble consecuencia: la falta de agotamiento de la vía administrativa, y el impedimento de que este Tribunal revise la decisión recurrida para confirmarla o revocarla.

En otro orden de ideas, y en forma supletoria para el caso de que se considerase improcedente la excepción planteada, contesta la demanda y solicita su rechazo con costas.

Así, plantea las defensas de fondo comenzando por dar por reproducidos los términos en punto a la inadmisibilidad del recurso intentado; y seguidamente niega que el actor haya revistado en momento alguno como personal permanente de la Comuna; que exista nombramiento como agente permanente; que se haya dispuesto la baja sin causa probada ya que existió y se probará en autos.

Niega también, que la baja de Sola se deba a medidas disciplinarias y al no acatamiento de órdenes a que se alude en la demanda, puesto que tales órdenes no eran de trabajo sino precisamente de cese en la función, el cual no se refería a inconductas, sino a la situación irregular del agente en el organismo, no requiriéndose a tal fin sumario administrativo previo sin que sea de aplicación la normativa invocada.

Como consecuencia de ello, niega que corresponda dejar sin efecto medida alguna ni reincorporar al señor Sola a un cargo que nunca tuvo, como que se deban salarios caídos y demás rubros reclamados.

En oportunidad de relatar a su entender los hechos, expresa que el cese del recurrente no obedece a una sanción de tipo disciplinaria, sino a la manifiesta irregularidad e ilegitimidad de su situación en el ente y, en consecuencia a la aplicación de la ordenanza 162/92, que encontraba fundamento en la legislación provincial en materia de racionalización y contención del gasto público.

Sostiene que nunca fue integrante de la planta de personal permanente de la Comuna, no existiendo antecedente de que haya habido vacante cubierta por el actor, ni creación del cargo que dice ostentar, ni resolución y/u ordenanza que disponga su ingreso a la Comuna como agente permanente ni en ninguna otra condición.

Finaliza diciendo que, la irregular situación de Sola provenía del hecho de que su padre, Delcio Sola, había sido Presidente comunal (existiendo similar situación respecto de su entonces novia, hoy cónyuge del actor), por lo que la autoridad comunal corrigió la irregularidad disponiendo su cese.

Solicita, en suma, el rechazo de la demanda, con costas.

3. Abierta la causa a prueba (f. 54) y producida la que consta en autos, informan las partes sobre su mérito (fs. 149/150 y 151/156). Dictada (f. 157) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

4. Corresponde, en primer lugar, resolver acerca de la tacha formulada por la demandada (fojas 126 vto./127) al testigo ofrecido por el actor: señor Gómez Dionisio Ventura.

4.a. Aquélla aduce que de los dichos del declarante, y de las pruebas ya colectadas y a colectarse en autos, surge una manifiesta mendacidad e intención de beneficiar con su testimonio al actor.

Afirma que ello queda demostrado en la inexistencia en los libros de Actas de la Comuna de acta alguna que disponga el ingreso del actor a la planta permanente, como así también del cargo de Secretario Auxiliar, ni que haya sido desempeñado por Sola ni por ninguna otra persona, por cuanto la tarea administrativa de dicho ente ha sido siempre desempeñada en forma unipersonal por el Secretario Administrativo.

Solicita, finalmente, se haga lugar a la tacha, con costas, y hace reserva de peticionar, una vez clausurado el período de pruebas, vista al fiscal a fin de determinar la presunta existencia del delito de falso testimonio.

Por su parte, el actor manifiesta que se opone a la tacha deducida en tanto que de los dichos del testigo no se infiere mendacidad alguna, máxime teniendo en cuenta que el incidentista habla de que podrían surgir desde otras pruebas a arrimarse a autos.

Además, afirma que las tareas administrativas no pueden desempeñarse por una sola persona, necesitando el Secretario de personal humano que contribuya con ellas.

Sostiene que el deponente ha sido toalmente coherente, objetivo y veraz en sus afirmaciones, lo que teniendo en cuenta el cargo que ocupó en la Comisión Comunal, hace que sus dichos sean dignos de fe e incontrovertibles.

Por todo ello, solicita se desestime la tacha deducida por la demandada con costas y se rechace la reserva en cuanto a las manifestaciones de remitir las actuaciones a la justicia penal por falso testimonio.

4.b. No es superfluo memorar que tachas son las causas que, dirigidas a los testigos, invalidan o disminuyen el valor de sus declaraciones y que las partes hacen presente al Juez para que las aprecie al sentenciar, y que debe repararse en el criterio jurisprudencialmente recibido de interpretación restrictiva de las mismas, conforme lo expresado en "Suárez" (A. y S. T. 119, pág. 171) y reiterado en "Baroni" (A. y S. T. 127, pág. 354); "Yba-Ruc" (A. y S. T. 153, pág. 58); "Romero" (A. y S. T. 154, pág. 415), entre otros.

En el caso, no se advierte la concurrencia de ninguna de las causales a las que refiere el artículo 221 del Código Procesal Civil y Comercial -aplicable- (cfr. "Delgado", A. y S. T. 94, pág. 326), siendo a esos fines insuficiente lo aducido por la demandada en sustento de su pedido, el que debe rechazarse; con costas.

En efecto, la incidentista fundamenta la tacha por supuesta mendacidad e intención de beneficiar al actor. Tal circunstancia obsta al progreso de la pretensión de la demandada, ello por cuanto el incidente de tacha no es el procedimiento idóneo para restarle credibilidad a declaraciones que se consideren inverosímiles o contradictorias, debiendo destacarse tales circunstancias en el momento de alegar. En nuestro sistema procesal sólo se admite la tacha a la persona del testigo teniendo en cuenta las circunstancias personales que puedan inclinar a aquél a declarar en favor o en contra de alguna de las partes (criterio de A. y S. T. 120, pág. 443).

Del análisis de la declaración impugnada no se desprenden con suficiente consistencia elementos que permitan dudar de la imparcialidad del testigo o que hagan surgir en forma evidente un propósito deliberado de mentir o favorecer a una de las partes, por lo que siendo que en este caso la tacha se funda únicamente en elementos externos a su declaración -expresando que podrían surgir de otras pruebas a rendirse-, dicha articulación debe ser desestimada.

Ello, desde luego, sin perjuicio de la rigurosa valoración que, en su caso, corresponda efectuar de dicho testimonio.

Corresponde, en consecuencia, rechazar la tacha, con costas a la demandada.

5. Conforme surge de la traba de la litis, el actor pretende el inmediato reintegro a sus tareas, y el pago de los salarios caídos que se devenguen desde el cese y demás conceptos laborales impagos desde la fecha de su baja.

La demandada, por su parte, funda la postulada improcedencia del recurso en el hecho de que el actor nunca revistó como personal de planta permanente de dicha Comuna, por lo que mal puede pretender ser reincorporado a un cargo que jamás tuvo, ni cobrar salarios caídos ni los demás rubros reclamados, sosteniendo que este Tribunal no se encuentra habilitado para efectuar la revisión de actos que no han sido impugnados correctamente en sede administrativa, por falta de agotamiento de la vía.

Corresponde, en primer término, expedirse sobre los problemas de orden formal que depara la cuestión sobre la admisibilidad del recurso incoado en estos autos.

No es óbice para ello el acogimiento que en ese aspecto efectuó la Presidencia de este Cuerpo en la ocasión prevista por el artículo 25 de la ley 4106, pues es sólo un pre-juicio, preliminar y provisional, tendente al rechazo "in limine" de los recursos de patente improcedencia formal, susceptible de ser revisado en oportunidad de dictarse la sentencia definitiva (A. y S. T. 33, pág. 338; T. 63, pág. 474; T. 64, pág. 11, entre otros).

En efecto, esta Corte ha sostenido invariablemente que el acogimiento del recurso en su aspecto formal hecho en la ocasión prevista por el artículo 25 de la ley 4106, no impide volver sobre el punto en el acuerdo definitivo (A. y S. T. 12-13, pág. 35; T. 14, pág. 372; T. 16, págs. 19, 30, 47, 290; T. 42, pág. 228; T. 44, pág. 84; T. 51, pág. 382; T. 56, pág. 177; T. 67, pág. 81; T. 110, pág. 42).

Como surge del relacionado que antecede, el punto a analizar es el relativo a la comprobación del correcto agotamiento de la vía administrativa previa como requisito para el acceso a la jurisdicción de este Tribunal, lo que se efectúa, en este estadio procesal, sobre la base de las pruebas y actuaciones reunidas a lo largo del trámite del recurso contencioso en cuestión.

En ese cometido, adelanto que, en efecto, el requisito de agotamiento de la vía administrativa previa no se encuentra debidamente satisfecho.

Así, es menester destacar que, conforme surge del acta agregada a foja 6 del expediente a que alude el actor, se hizo referencia a manifestaciones que realizó Sola ante el Juzgado, de que a las 7 horas aproximadamente se hizo presente en el edificio comunal y fue atendido por el Presidente y Secretario de la Comuna, quienes se negaron a recibir el recurso de reconsideración que él intentó entregarles, planteado en virtud de la cesantía dispuesta por dicha Comuna el 12.12.1991, lo cual fue en presencia de los testigos Aguirre y Capriotti.

6. De las testimoniales vertidas en autos por los señores Aguirre y Capriotti (fs. 123 y 121 respectivamente), sin embargo, se desprende que ellos no presenciaron la supuesta negativa a que se alude, sino que simplemente fueron convocados a firmar el acta, y en la puerta del despacho de la Jueza, lo que no es suficiente a los efectos de interpretarse que se hubiera interpuesto efectivamente el recurso.

En efecto, en la declaración testimonial vertida en esta sede por Capriotti (fs. 121/122), éste afirma haber concurrido a la Comuna de Villa Saralegui, y haber sido recibidos por el Presidente de la misma y el Secretario. Pero al contestar la sexta pregunta que refería a si sabía y cómo sabía que los mencionados funcionarios se habían negado a recibir del actor un escrito y cuál era, contesta que "le manifestó el actor que había concurrido a la Comuna y no le quisieron recibir un escrito de amparo donde solicitaba que se lo reincorporase a su trabajo" y que conoce el tenor del escrito porque el actor se lo hizo leer. Agrega que no entró a la Comuna, sino que esperó afuera hasta que firmó el acta.

Por su parte, el testigo Aguirre (f. 123 y vto.) dice que concurrió con el Juez comunal y otras personas que no recuerda a la Comuna, para firmar un acta cuyo contenido desconoce ya que no pudo leer porque no tenía lentes. Dice también que no había ninguna autoridad comunal, sino sólo la Jueza; y al contestar la sexta pregunta mencionada ut supra, remite a la respuesta dada en la anterior, manifestando además que no ingresó al despacho de la Jueza para firmarlo sino que lo hizo afuera.

De las declaraciones vertidas en dichas testimoniales, las cuales son manifiestamente contradictorias y confusas, ha de concluirse en la imposibilidad de otorgar crédito a los dichos y afirmaciones efectuados por el actor, en el sentido de que "la vía administrativa está correctamente agotada por cuanto presentó reconsideración que no le fue recibida por las autoridades comunales".

Por otra parte, a foja 18 consta en original el informe del Secretario administrativo de la Comuna de Villa Saralegui quien, con motivo del pedido efectuado por el Presidente de la Comuna a raíz del pronto despacho ingresado, manifestó que "no existen recursos y/o notas presentadas o remitidas por el señor Sola anteriores al 6.2.1992". Y en la misma foja, consta la Resolución 129/92 mediante la cual, y fundándose en el informe premencionado, el Presidente de la Comuna dispone desestimar el pronto despacho interpuesto en 6.2.1992.

Lo cierto es que no consta que se hubiere presentado copia del escrito en el Juzgado comunal (lo que daría fe de que era real al momento de la firma del acta de foja 6, y del tenor que tenía), no pudiendo otorgarle a una mera declaración del propio Sola el valor de prueba útil a estos efectos.

Así las cosas, en el trámite de la causa no se han aportado elementos que permitan discrepar con la opinión del Procurador General, quien en su dictamen propiciaba la declaración de inadmisibilidad sobre la base de considerar que el actor no había aportado a la causa pruebas suficientes que permitieran corroborar la efectiva presentación del recurso de reconsideración, no habiendo acudido a tales efectos, a ninguno de los medios que tenía para ello, verbigracia, constatación notarial o pieza postal certificada con aviso de recepción.

La carga de esta prueba, es sabido, reside en cabeza del actor, quien no ha logrado demostrar el extremo por él invocado, lo cual sella la suerte adversa del recurso, debiendo, por ende, declararse inadmisible.

7. No obstante lo expuesto, y a mayor abundamiento, es menester recordar que esta Corte ha sostenido invariablemente que la relación de empleo público es formal y exige la investidura del agente, siendo necesario que se instaure por autoridad competente, con el contenido que le es propio, y en la forma prevista por el derecho objetivo (v. "González Huber", A. y S. T. 55, pág. 361, en especial pág. 366; "Pereyra", A. y S. T. 93, pág. 1).

Además, ha dicho que "es necesario que la relación de empleo se constituya con un acto formal previsto para cada una de las categorías de empleo por la ley" ("Silva", A. y S. T. 127, pág. 227); y ha destacado el carácter "esencialmente documentado" de dicha relación ("Torres", A. y S. T. 96, pág. 10; "Armas", T. 137, pág. 395).

Sentado ello, se advierte que del informe pericial de foja 138 surge la inexistencia de acto administrativo de designación o nombramiento del agente como personal de planta permanente de la Comuna, como de contrato firmado entre ambos, ni cargo administrativo alguno que no sea el del Secretario administrativo, ni vacante para cuya cobertura se hubiera propuesto al actor, o creación de cargo en el período invocado, ni ordenanza o resolución o acta de reunión con antecedentes.

Y, de las testimoniales vertidas por Garsa y Elorduy (f. 147/147 vto., respectivamente) aparece claramente que el recurrente no cumplía horario, de lo que tampoco acompaña constancia en sentido contrario, sino que en las ocasiones en que era visto en la Comuna, estaba acompañando a su padre, que en ese tiempo era el Presidente de la Comuna demandada, remarcando otros deponentes que el actor trabajaba de 7 a 13 horas (Capriotti) o que lo hacía en el horario que cumplían los demás empleados (Aguirre).

Por lo que, y aún cuando hubiera podido demostrarse una supuesta relación entre actor y demandada en virtud de la cual ésta le retribuyera la prestación de algunos servicios brindados de manera esporádica por aquél, esto no puede en modo alguno modificar la situación del actor transformándolo en agente de planta permanente, cuando no se han acreditado los extremos necesarios para que dicha relación pueda darse por cierta y encuadrada en los términos que la ley 9286 confiere al empleo público con estabilidad.

8. Lo dicho sella de manera adversa la admisibilidad del recurso intentado, por lo que cabe declararlo inadmisible, con costas al actor (artículo 84, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Spuler y Vigo, y el señor Presidente doctor Falistocco, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso ¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, no corresponde el tratamiento de la procedencia.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Spuler y Vigo, y el señor Presidente doctor Falistocco, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro preopinante, y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde rechazar la tacha deducida contra el testigo Gómez Dionisio Ventura, con costas a la demandada; y declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas a la recurrente.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Gutiérrez, Spuler y Vigo, y el señor Presidente doctor Falistocco, dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Rechazar la tacha deducida contra el testigo Gómez Dionisio Ventura, con costas a la demandada; y declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas a la recurrente.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, que doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)