marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, prueba
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Pellegrino, Jorge Eugenio c/ High Band S.A. y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

La circunstancia de que la empresa a la que se condena al pago de salarios e indemnizaciones se haya hecho cargo de un número importante de deudas de otra codemandada no resulta por sí sola concluyente para acreditar una relación de carácter permanente en los términos exigidos por el art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Homicidio calificado, homicidio con alevosía
Materia: PENAL
Carátula: R, M A s/ HOMICIDIO  REITERADO  CALIFICADO  POR  ALEVOSIA Y POR EMPLEO DE MEDIO  CAPAZ DE CREAR UN PELIGRO COMUN      EXPTE NRO 177-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

Se califica por alevosía (artículo 80 inciso 2 del Código Penal), el homicidio cuya instrumentación se prepara mientras la víctima duerme (rociar sus ropas de cama con alcohol, abrir la garrafa que se encontraba en la habitación, encender un brasero para favorecer la producción de fuego).

Se califica por el empleo de un medio capaz de crear un peligro común (artículo 80 inciso 5 del Código Penal) el homicidio producido por medio de incendio en que un tercero ajeno corrió peligro de vida y en que pudo explotar una garrafa con grave peligro para las personas que trataban de detener el fuego que fue obra del agente.
Costas al vencido, rechazo de la demanda, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Do Santos, Rasalino Ramón c/ La Farmacia Santa Catalina y/o la Sra. Basilia Georgeff y/o el Señor Raúl Alberto Millan y/o quien en definitiva resulte responsable de las relaciones laborales s/ Laboral por indemnización por antigüedad, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-04

Como consecuencia de proponer el rechazo de la demanda, las costas deberían ser soportadas en su totalidad por la actora, no resultando modificada tal propuesta por el hecho de confirmar el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva solicitado por el codemandado, por cuanto ésta, actúa como un pedido previo que a la postre no ofrece influencia sobre la procedencia o no de la acción, correspondiendo atender al rechazo de la demanda (art. 123 del C.P.L. .
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, compraventa, interpretación del contrato
Materia: Procesal
Carátula: Sigal, Humberto C. c/ Campelo, Juan y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-06-30

La sentencia venida en recurso, contiene una interpretación y subsunción jurídica de los hechos probados en la causa, ilógica y antifuncional, pues además de no receptar los principios de la buena fe, la moral y las buenas costumbres, no tiende a la preservación de lo pactado ni a la conservación del contrato.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, Derecho constitucional, derecho a la vivienda digna
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: R. H. Y. c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

La sentencia que posibilita adecuar el subsidio habitacional del decreto n° 637/16 (o el que lo reemplazara) a las pautas delineadas por la ley n° 4036, tomando como referencia la canasta básica alimentaria del INDEC para calcular el monto que respete la pauta de referencia fijada por el art. 8 de dicha ley -si éste fuera más favorable a la actora-, arribó a una solución jurídicamente posible, con fundamentos y base suficiente sin evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhieren los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Competencia federal, competencia por la materia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alfieri, Elisa y Otro c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-21

Resulta competente la justicia federal en materias que interesan esencialmente a la Nación. No puede la justicia ordinaria avocarse a un asunto sobre la prestación de un servicio de salud, ni aún mediando asentimiento o renuncia de la obra social, dada la trascendencia que el control de la salud en todo el país ejerce el Estado Nacional y del cual la ley 23.661 es una herramienta esencial.
Accidente ferroviario, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL
Carátula: MALDONADO DE CARRIZO, PRUDENCIA T. c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-11

Corresponde hacer lugar a los gastos futuros, médicos y de farmacia por la enfermedad de la menor, hija de quien perdiera la vida en un accidente ferroviario, ya que si bien el cuadro asmático que presenta la niña es de larga data, influyen en su evolución algunos factores de stress, que pueden agravarla, caso de la muerte de su padre, aunque no sea el productor de la enfermedad. Si los médicos afirman que la etiología de la enfermedad es imprecisa y su duración indefinida, incluso probablemente de por vida, cabe hacer lugar a la suma reclamada por este rubro.-
Estado Nacional, Estado Provincial, facultades no delegadas, facultades concurrentes, poder de policía, competencia laboral, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: CASTETS Y TANINO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADOS CASTETS Y TANINO S.R.L. Y SUPERMERCADOS RECONQUISTA S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA -AMPARO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

Sabido es que no siempre es nítida y clara la línea divisoria entre las facultades que pueden ejercer tanto el poder central como los poderes locales; y en cuanto al ejercicio de los llamados poderes concurrentes, la Corte nacional ha señalado que corresponde a las provincias la policía del comercio y la producción locales y a la Nación legislar sobre aspectos de las actividades interiores de las provincias susceptibles de menoscabar o perturbar el bienestar general en el orden nacional ; y en concreta materia laboral, el Alto Tribunal federal ha definido que -en principio- a las provincias les corresponde dictar las reglas referentes a las condiciones o policía del trabajo, mientras que a la Nación le corresponde legislar sobre todo aquello que directamente se relacione con el contrato de trabajo en sí. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJN: Fallos 178:308; 182:170; 201:336; 56:20; 308:2569.
Relación de dependencia, flete
Materia: LABORAL
Carátula: MARTEAU, Orlando Rubén c/ CARRANZA, Ramiro Jorge s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-05-17

Mantener un vehículo de propiedad del demandado, contratar fletes, sin tener horario ni recorrido prefijado, asumiendo los riesgos de cada viaje, que no cobraba remuneración de acuerdo a la ley vigente y sólo recibia un porcentaje de 15 por ciento del flete, y tampoco recibía órdenes e instrucciones del demandado, no posee la calidad de trabajador sujeto a un contrato de trabajo subordinado.-
Menores, bien jurídico protegido, nulidad del acto jurídico
Materia: LABORAL
Carátula: Rivero, Susana Noemi por si y en representación de sus hijos menores Garete Rivero, Matias Fabian y otra c/ Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos S.A. (EDEERSA) s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-07-31

Conforme lo establece el art. 59 del Código Civil, cuando se constata la participación de menores en el juicio, corresponde asignar el rol de parte legítima y esencial al Ministerio Público Pupilar bajo pena de Nulidad del acto o del juicio que se hubiese llevado a cabo sin su participación y como lo tiene resuelto el S.T.J. en autos "Dure c/ De Mauricio", L.A.S 12/08/99, corresponde declarar la Nulidad de todo lo actuado.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, defensor, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESAL
Carátula: Gordillo, Raúl Hilario. s/ CORRUPCION CALIFICADA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

La garantía de la defensa en juicio del acusado, consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, exige que en materia criminal se respeten las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales, como así también que se haya dado al imputado la oportunidad de ser oído, sin privar al defensor designado de toda oportunidad de actuar, dándole una intervención que no sea tan sólo formal. De otro modo no se garantiza un verdadero juicio contradictorio.
Seguros, obligaciones del asegurador, pago, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAIRO NATALIO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-05

De acuerdo al artículo 56 de la Ley 17.418, "El asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días" y, a su vez, de acuerdo con el artículo 49 de dicha Ley, "el crédito del asegurado se pagará dentro de los 15 días de fijado el monto de la indemnización". De manera tal que, sumando los plazos de ambos artículos, el asegurador tiene 45 días para pagarle al asegurado (cfr. Sala I, Causas 11.764/94 del 27.10.94; 2833/91 del 15.11.94;

2469/92 del 22.11.94).
Admisibilidad del recurso, tribunal de alzada
Materia: CIVIL
Carátula: CAMPOS, Mirtha Gloria c/ OVEJERO, Luis Abelardo s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-27

El tribunal de alzada se encuentra facultado para examinar la admisibilidad del recurso, pues sobre el punto no está ligado ni por la conformidad de las partes ni por la resolución del juez de primera instancia, aún cuando ésta se encontrare consentida. Este examen puede efectuarse de oficio. Es que, como juez del recurso, el tribunal de alzada está facultado para rever el trámite de primera instancia, tanto en lo relacionado a la concesión como en lo referente a la presentación de memoriales.

El límite de apelación fijado por el art. 253 del CPCC, reglamentado mediante acordada 7741 de la Corte de Justicia de Salta ($ 500), y modificado por acordada 9959, conforma un requisito de admisibilidad formal del recurso, y como tal debe ser considerado por la alzada, teniendo en cuenta que la regla que determina la inapelabilidad de las sentencias y resoluciones dictadas en procesos en los que el valor cuestionado no supera un determinado monto, es de orden público.

En consecuencia, si el monto inherente a la cuestión traída a revisión a la alzada resulta inferior a lo establecido, la resolución es inapelable.

b- Los planteos resultan manifiestamente insuficientes para modificar lo resuelto, pues no se han formulado agravios concretos respecto del rechazo de la excepción, en el entendimiento de que la misma había prosperado.

Tampoco se dedujo el recurso previsto en el art. 166 del CPCC, a fin de que se aclare la cuestión y así poder formular sus agravios al respecto, consintiendo, de esta manera, el rechazo de la excepción.

Conforme lo dispuesto por el art. 518 del CPCC, si se hubiese deducido alguna excepción, previa sustanciación con la contraria, el juez mandará continuar la ejecución, o declarará procedente la excepción opuesta.
Seguro de vida, seguro colectivo, suspensión de la cobertura
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALBORNOZ REINA DEL VALLE c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO Y/U OTRO s/INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INDEMNIZACIÓN MORAL s/ CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-07-04

En los supuestos en que el tomador del Seguro colectivo debe afrontar el pago reteniendo el importe del premio de los haberes del asegurado y la cobertura se encuentre suspendida por falta de pago de la prima a su cargo, los beneficiarios del seguro de vida colectivo tienen acción para reclamar su importe en contra de dos legitimados pasivos: la aseguradora y el empleador.
Acción de inconstitucionalidad, acción declarativa de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Bassanetti, Carlos Domingo y otro s/ Acción de Inconstitucionalidad s/ Cuestión de Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-08-29

El CPCCLRyM, en el Capítulo XIII, arts. 315 a 318, determina las condiciones de admisibilidad del trámite de la acción de inconstitucionalidad y el alcance que ella tiene. Este último, meramente declarativo, se limitará a establecer el correcto entendimiento de la cuestión planteada y su adecuación a la ley fundamental. Quedará por otra parte, si la declaración es contraria a la validez constitucional de la norma cuestionada, expedita la vía para que en un proceso ulterior se satisfagan los reclamos patrimoniales que correspondan ejecutándose coercitivamente en la medida que sean acorde a derecho.
Ejecución de la pena, período de prueba del condenado
Materia: PENAL
Carátula: López, Lito s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

El a quo ha soslayado toda evaluación relativa a las razones concretas por las que comprendía denegar la promoción del condenado al período de prueba del proceso de progresividad del régimen penitenciario, en tanto no se explicitaron cuáles son esos elementos legales que imposibilitaron en el caso acceder al pedido formulado, sin que tampoco se haya evaluado la necesidad de espera en el caso concreto del imputado, de un tiempo prudencial, para su afianzamiento en la fase de consolidación del período de tratamiento.
Falsedad ideológica, uso de documento falso
Materia: PENAL
Carátula: Orellana, José Daniel s/ Infr. art. 292 y 296 Cód. Penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-23

Procede confirmar el auto que ordenó el procesamiento del nombrado por considerarlo autor del delito de uso de documento público falso, de los destinados a acreditar la titularidad de dominio de un vehículo automotor -art. 296, en función del art. 292, segundo párrafo, del Código Penal- pues los testigos lo colocan en la efectiva posesión del rodado y las precarias condiciones en que se exhibiera el bien con miras a su venta y la mendacidad puesta de manifiesto al deponer en autos, son pautas que permiten inferir el conocimiento acerca de la naturaleza espuria del instrumento que, conforme su destino, pretendió aparentarlo como verdadero al entregárselo a un tercero.
Recusación, recusación por juicio pendiente
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RODRIGUEZ MC. CORMACK, MARTHA s/ INCIDENTE DE RECUSACIÓN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-20

La recusación sólo puede considerarse satisfecha cuando el recusante fue tenido por parte en la causa contra el juez, existiendo pleito pendiente.
Delitos, robo con armas, arma de fuego, intimidación, arma impropia
Materia: PENAL
Carátula: V., A. J. s/ Robo calificado (Expte. Nro. 162-00, Resolución Nro. 95, Tomo 41, Folio  256)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-12-27

Recordando los casos "Scioscia" (10/12/76 en L.L. tomo 1997-A-pág.

1); "Costas" (16/10/86 en L.L. tomo 1986 pág. 376) y "Moglia" (11/04/80, Cámara de Apelación Penal Rosario), y más allá de lúcidas opiniones divergentes, a mi modesto criterio, lo que la norma calificante del art. 166 inc. 2 del C.P. exige para su aplicación, es que la intimidación a la víctima haya sido cometida con un elemento útil para que, accionado por el agente, éste se halle seguro del disparo, porque un arma es tal para la ley penal cuando puede lograr el efecto al que por su naturaleza está destinado. Es decir, cuando es hábil para matar, herir, etc., o cuando por su destino y naturaleza sea capaz de producir un perjuicio físico para la víctima intimidada, y permitiendo a su vez del agente, el dominio de la situación, sin mengua. En ese lineamento, un revólver que "... no presenta restos de pólvora deflagrada, no posee aptitud para el disparo ... "es ".. anormal" y "sin posibilidad de producir disparos" , conforma un instrumento distante del concepto de arma que pretende la ley sustantiva, porque aún siendo un revólver, su específico fin no puede brindarlo y su autor no lo ignoraba. Con ello debe convenirse que no revela el mismo peligro una persona que va a robar con un arma cargada y apta par el disparo que aquél que va a delinquir sabiendo que a lo sumo con ella podrá asustar a la víctima, excepto que la utilice como arma impropia, lo que no ocurre en autos. (DE LA DISIDENCIA DEL DR. PANGIA)
Libertad condicional, solicitud de libertad condicional, conducta del interno, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DECASTELLI, Ernesto Fabián -Legajo de Ejecución de Penas- c/ APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-09-26

El art. 28 de la Ley Nº 24.660 establece que el Juez de Ejecución podrá conceder la libertad condicional al condenado que reúna los requisitos fijados por el Código Penal, previo los informes fundados del organismo técnico-criminológico y del Consejo Correccional del establecimiento. Dicho informe deberá contener los antecedentes de conducta, concepto y los dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena, lo cual no ha sido realmente valorado por el magistrado para emitir su juicio negativo, adoleciendo éste de absoluta orfandad de motivación, toda vez que esa conclusión no exhibe ninguna vinculación con las constancias consignadas en aquellos informes que supuestamente deben evaluarse para emitirla legítimamente.-
Despido, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ RICARDO c/ SUPERMERCADO URUGUAY Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-06-22

Habiendo dispuesto la empleadora el despido del actor invocando la situación económica y financiera actual -debido al cierre de la empresa-, en razón de lo dispuesto por el Decreto 264/02, con remisión al artículo 98 de la ley 24013 y Decreto 328/98 en el caso, la patronal debía cumplimentar el procedimiento preventivo de crisis, con el trámite previsto en el Decreto 265/02, a fin de poder invocar las previsiones del artículo 247 de la Ley 20744, caso contrario el despido queda configurado como sin causa justificada, con las consecuencias previstas en la ley 25561.

El citado cuadro normativo ha sido atacado en su constitucionalidad por la demandada como violatorio de garantías constitucionales y, al respecto, puede advertirse que la exigencia de cumplimentar un procedimiento previo a la extinción del vínculo laboral cuando se pretende fundarlo en causas económicas o falta de trabajo, está establecido sin ningún tipo de distinción entre quienes constituyen iguales (empleadores); no se evidencia discriminación de ningún tipo ni se les restringe de manera alguna la posibilidad de acreditar mediante el procedimiento fijado, la prueba útil de las circunstancias que hagan a su derecho, ni las disposiciones sobre el procedimiento para establecer la causa de extinción del vínculo afectan la libertad de trabajar o ejercer el comercio que la Constitución Nacional, en su artículo 14, prescribe para todos los habitantes de nuestro país.

Los citados decretos han sido dictados en el marco de atribuciones que el artículo 99 inciso 3 de la Carta Magna otorga al Poder Ejecutivo, facultad que se funda en el concepto de la emergencia que es -justamente- lo que declara la ley 25561 en su artículo 1, delegándole determinadas facultades, encontrándose dentro de las enumeradas en el inciso 2 las referidas a las condiciones de empleo.

Por todo ello, debe revocarse el fallo que declaró la inconstitucionalidad, resultando procedente la demanda por doble indemnización, que comprende todos los rubros originados en la extinción del contrato de trabajo.
Proceso penal, juicio correccional, imputado, procesamiento, nulidad del acto jurídico, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B, J. M. s/ Homicidio culposo, lesiones leves y graves culposas. Procesamiento   (Expte. Nº 146-2000, Resolución Nº 94, Tomo 56, Folio 254)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-25

En el procedimiento correccional, la medida cautelar no necesita fundamentación, ya que la razón de ser del procesamiento en tal caso, -referida a una sumaria instrucción-, estriba en la atribución procesal que vincula al indagado a la causa, sin otra intención.

Plasmado ello con claridad en el texto de la ley, cuando en el artículo 49 del Código Procesal Penal indica que "el procesamiento será dispuesto por decreto que contendrá los datos personales del imputado que sirvan para identificarlo, y la calificación legal del delito con cita de las disposiciones aplicables", sin que tampoco la norma examinada prescriba inclusive, que la inobservancia de esos recaudos se castigue con la nulidad, como ocurre en la instrucción común. A mayor abundamiento debe señalarse que en el proceso correccional transita todo ante un mismo juez y existe el estado de libertad y que lo habitual es la no imposición de la prisión preventiva, extremos que el legislador tuvo en cuenta para no equiparar exigencias de fundamentación.
Jueces, control de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PICHETTO, MIGUEL ANGEL s/ MANDAMIENTO DE PROHIBICION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-04-16

Es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición a ella:constituyendo esa atribución moderadora uno de los fines supremos fundamentales del poder judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consagrados en la constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos.-
Municipalidad, gasto público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yaregui, Alberto y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Trib. de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa Bustos, Rómulo Horacio c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30|2004-04-01

El tiempo que le pueda haber insumido al Tribunal de Cuentas el estudio del caso que culminó con observación del gasto no puede resultar económicamente perjudicial para los responsables, cuando lo que se pretende no es transgredir la identidad de las prestaciones, sino restituir igual cosa que la adeudada acudiendo para ello a la actualización monetaria del crédito.