marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Personas con discapacidad, establecimientos educacionales, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: EDUCACION
Carátula: S. A. F. Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-05

En el caso, atento la trascendencia de la cuestión debatida, corresponde puntualizar que existe un procedimiento utilizado por el Gobierno de la Ciudad para determinar si resulta posible la concurrencia de niños con trastornos generalizados del desarrollo a establecimientos educativos, el que prima facie de la Ciudad no parece irrazonable. En efecto intervienen cuatro equipos interdisciplinarios (Gabinetes Centrales Zonales) cuya opinión, per se, no debe descalificarse sin más.

Para dilucidar la permanencia de la menor en la escuela en la que ahora se encuentra, concertará las entrevistas pertinentes con los Gabinetes Centrales Zonales, los cuales de seguro no podrán pasar por alto los resultados de la experiencia vivida por la niña a lo largo del ciclo lectivo 2006.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, pena
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMEZ, WALDEMAR RAUL c/  s/ ASOCIACION ILICITA, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

La compareciente no alcanza a descalificar desde la óptica constitucional la pormenorizada motivación ensayada por la Alzada en la individualización de la pena, toda vez que la desproporcionalidad esgrimida por la quejosa no se corresponde con el tratamiento del tema en la sentencia impugnada, desde que la Cámara consideró correcta la selección de pena efectuada por el Tribunal de juicio, teniendo en cuenta precisamente para brindar esa conformidad, las reglas que imponen los artículos 40 y 41 del Código Penal, dando cuenta de los motivos que conducían a desestimar las alegadas violaciones a principios constitucionales en tal labor -culpabilidad por el acto, falta de individualización de la sanción y doble valoración de determinados aspectos-, así como también de las circunstancias agravantes que -a su juicio- conducían a confirmar la decisión apelada en ese sentido; asimismo, con sus formulaciones comparando la pena impuesta a su asistido con aquélla a la que se condenara a otros miembros de la asociación ilícita -también agentes de fuerzas de seguridad- por hechos que entiende más graves, no alcanza la interesada a demostrar -como señalara la Alzada- los motivos particulares que los colocan en paridad de condiciones, ni logra desmerecer las consideraciones brindadas en lo relacionado a la alegada desigualdad en los montos de pena con sustento en decisiones que comprenden a coimputados condenados en el marco de acuerdos abreviados. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 40 y 41
Derecho laboral, trabajador, tutela sindical, ius variandi, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: ANDURELL, LILIANA RAQUEL c/ DUFFARD, OSCAR s/ EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL (Expte. Nro. 193-98, Resolución Nro. 84, TOM  O 54, Folio 181)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-25

Resulta acertado y aceptable de que no debían modificarse las condiciones de trabajo al dependiente amparado sin el cumplimiento de los pasos previos que impone la ley 23551 y el Decreto Reglamentario Nro. 467/88. En el sistema de la ley 23551 las facultades del empleador se encuentran limitadas, en especial el ejercicio del ius variandi el que sólo encuentra validez cuando es compartido por una decisión jurisdiccional. La dueña del establecimiento no podía imponer per se el cambio de funciones, horarios y tareas, esa decisión debió posponerse para efectivizar las propuestas de cambio que exige un proceso de conocimiento plenario y abreviado y una decisión jurisdiccional que en definitiva la legitime y admita. Actuar en contrario no sólo altera la relación de trabajo sino que constituye una verdadera practica desleal y un indirecto ataque a la libertad sindical.
Encubrimiento, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO JUAN CARLOS, NAVARRO DARIO ALEJANDRO s.d. HURTO GANADO MAYOR e.p. ARGAÑARAZ LEANDRO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-06-27

En el delito de encubrimiento, cuando la forma comisiva consista en adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de un delito, no se requiere el conocimiento fehaciente de que las cosas recibidas provienen por cualquier título de un delito, sino que la simple sospecha basta.
Procesos de conocimiento, acción meramente declarativa, declaración de inconstitucionalidad, impuesto a la riqueza, confirmación de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: B., D. C/ EN-AFIP-LEY 27605 S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-23

El actor promovió una acción declarativa de certeza con el objeto de que se declarase la inconstitucionalidad del "Aporte Solidario y Extraordinario para Morigerar los efectos de la Pandemia" creado por la ley 27.065. El Fisco Nacional planteó la improcedencia de la vía, pretensión que fue rechazada por la Sra. juez de grado. El demandado apeló esa decisión, que fue confirmada por el tribunal de alzada. Para así resolver, la sala consideró que se encontraban reunidos los requisitos para la admisibilidad formal de la vía. En particular, destacó que la orden de inspección y el requerimiento cursados al actor daban cuenta de la existencia de un acto en ciernes a partir de cursados al actor. En este sentido, entendió aplicables el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos: 341:101 ("Festival de Doma y Folklore"). A su vez, consideró verificado un estado de incertidumbre respecto de la constitucionalidad del aporte en cuestión y la inexistencia de otra vía idónea para encauzar su pretensión.
Prueba pericial, peritos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENGOLINI, JORGE. c/ E.N.TEL. s/ COBRO DE PESOS. DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

Corresponde rechazar los agravios deducidos contra la decisión del a quo en cuanto restó importancia al informe técnico realizado en el proceso penal y consideró de gravitación decisiva al dictamen producido en la jurisdicción federal, con control de ambas partes, en el cual los tres peritos fueron concluyentes y coincidentes. Ello así, pues para descartar los asertos del primero el tribunal señaló que ellos fueron objeto de refutaciones por la demandada en esa jurisdicción, las que no se sustanciaron y, por tanto, no dieron lugar a las posibles explicaciones del perito.
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios judiciales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carpinetti, Raúl Jorge c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

Si el cargo por el que se regula el haber no ha sido reestructurado ni suprimido, lo decisivo para fijar el monto del haber es la remuneración que percibe quien lo está ocupando en la actualidad.
Seguros, asegurado, responsabilidad del asegurado, culpa grave
Materia: COMERCIAL
Carátula: MACCHILI, L. c/ LA NACION COMPAÑIA DE SEGUROS. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-20

Son las constancias concretas de cada caso, conforme a las circunstancias de persona, tiempo y lugar, las que permiten determinar si el asegurado incurrió o no en culpa grave. Es decir, la culpa no funciona como un componente de un actuar dañoso ni como un elemento subjetivo que imprime un particular carácter al incumplimiento contractual, sino como una circunstancia que aparece que intesifica la probabilidad de la ocurrencia del siniestro; por tanto, la situación queda fuera de los límites técnicos del amparo
Sobreseimiento, instrucción
Materia: PENAL
Carátula: AVELLANEDA, JULIA SUSANA s/ Cheque sin fondos Causa 31642
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-26

Si de las actuaciones elevadas a conocimiento del Tribunal se desprende que la causa a la que se refiere el sobreseimiento apelado ha sido instruida en averiguación de otro hecho, aparte del que se refiere el sobreseimiento indicado, cabe señalar que la atribución que los jueces a cargo de la instrucción tienen de decretar el sobreseimiento en cualquier estado del sumario, puede ser ejercitada en forma parcial cuando se trata de discriminar la responsabilidad de distintas personas, uno por uno, los hechos materia de averiguación.- Conforme al Art. 429 del Código de Procedimientos en Materia Penal, al Juez a cargo del juicio plenario deben remitirse todas las piezas de convicción, quedando vedado implícitamente al instructor la posibilidad de circunscribir los cargos o restringir a los acusadores oficiales o particulares la facultad de expedirse sobre el mérito del sumario que la ley les reconoce (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).
Sentencia penal, homicidio culposo, individualización de la pena, sentencia arbitraria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gómez, Randolfo José s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Pedro Eugenio Despony Santoro y Jorge Lionel Toledo en contra de la Sentencia Nº 16/2008 recaída en causa Expte. Nº 038/03 caratulada "Gómez, Randolfo José s.a. Homicidio Culposo - Capital - Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-06

La facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

Bajo este estrecho margen de recurribilidad, relativo al común denominador de las potestades privativas del Tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva.

Así acotado, el control del ejercicio de estas facultades discrecionales se encuentra condicionado sólo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa, extremo demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades.

En esta dirección, también se ha destacado que tal arbitrariedad, a su vez, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.
Concursos, continuación de la empresa, contrato de trabajo, acción de reintegro, dependientes, fallido
Materia: COMERCIAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Ops SACI c/  s/ incidente de revisión de crédito por unión obrera de la construcción de la república argentina (uocra)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-27

Procede confirmar la resolución que hizo lugar al reintegro de lo abonado por el incidentista en concepto de pago de salarios de los dependientes de la fallida únicamente en lo que respecta a lo percibido por quienes continuaron desempeñándose como serenos a pedido de la sindicatura y con expresa autorización de la jueza de la quiebra; mas lo rechazó en relación al resto de los trabajadores, en tanto aquel carecía de autorización para efectuar los pagos a nombre de la fallida. De ese modo, el pago fue una decisión unilateral del recurrente y, por ello, debe asumir las consecuencias de ese acto sin trasladarlas a la masa de acreedores. Es que, en el caso, resulta incontrovertible que los contratos laborales estuvieron suspendidos en los términos de la LCQ 196 y se vieron resueltos retroactivamente al decreto de quiebra por no mediar decisión jurisdiccional que disponga la continuación de la explotación empresaria. Ello así aun cuando el decreto de quiebra no se encuentre firme. Sucede que el recurso contra dicho pronunciamiento no interrumpió la prosecución del proceso a excepción de los actos de disposición de bienes (LCQ 97).
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Pastore, Vicente s/ Lesiones leves y daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

La omisión de cita expresa de las disposiciones legales en que se sustentan la base y los diversos elementos de la prueba compuesta, habiendo citado la Cámara el art. 259 in fine del Código de Procedimiento Penal, no hace procedente el recurso extraordinario de nulidad, desde que ello satisface la exigencia constitucional y sólo eventualmente podría haber ocasionado la anulación de oficio del pronunciamiento si las supuestas falencias hubieran obstado la debida formulación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Quiebra, concursos, aplicación de la ley, Derecho comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: VITAL SOJA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24

Resulta procedente la aplicación de la Ley 24522 (texto según Ley 26684) en tanto el reproche efectuado en el sentido que la referida, ley 26684 fue aplicada en forma retroactiva -violando así la conformación del llamado comité provisorio de acreedores constituido a la luz de esa norma, según su anterior redacción no resulta conducente, ya que su vigencia en el caso concreto fue expresamente consentida por la concursada. Adviértase, en tal sentido, que el juez decidió tal aplicación al dictar la sentencia de homologación, oportunidad en la que requirió a la nombrada que le aportara cierta información -vinculada a sus dependientes- a los efectos conformar el "Comité de Control". Al cumplir el requerimiento, la concursada expresamente admitió que se le aplicara la nueva ley, bien que proponiendo al magistrado la adopción de un temperamento en cierto plano diverso.
Proceso judicial, aplicación de la ley, leyes
Materia: PENAL
Carátula: Galván, Eladio Alberto s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-10

La ley 12.059 remite la aplicación del trámite de la ley 3.589 a las causas pendientes al momento de la puesta en marcha del nuevo sistema procesal, pero sólo hasta que finalicen, es decir hasta que en las mismas exista sentencia firme; por lo que las disposiciones adoptadas con posterioridad, referidas a la ejecución de resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzgada, se rigen por el libro V de la ley 11922, sin que medie excepción emergente de la ley 12.059.
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: FERREYRA, RUBEN LAZARO c/ FERREYRA o FERREIRA GINES y/o QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ LABORAL POR COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-16

En principio, cabe señalar que cuando -como en el caso- se discute la existencia de un contrato típicamente laboral entre personas ligadas por un vínculo familiar -padre e hijo o viceversa-, sin que medie la obligación impuesta por el artículo 277 del Código Civil, resultan aplicables los principios generales para acreditar su existencia, esto es la prueba a cargo de quien lo invoca, de servicios, realización de actos o la ejecución de obras en beneficio de otros y, recién probados o admitidos estos extremos, el pretendido empleador deberá acreditar que los servicios de que se trata no constituyen un contrato de trabajo, por haberse efectuado las prestaciones por razones de amistad o por una obligación familiar o por tratarse de trabajos autónomos.
Nulidad del acto administrativo, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: Stamei  S.R.L. c/ Universidad Nacional de Buenos Aires . s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

El art. 1052 del Código Civil no es sino la recepción, en materia de nulidades, de la teoría del enriquecimiento sin causa.
Suspensión del juicio a prueba, cómputo de la pena, estafa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CIBEIRA, Javier s/ SUSPENSION DEL PROCESO A PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-16

No corresponde aplicar el beneficio de la suspensión del proceso a prueba, pues el mismo se concede en los supuestos en que la pena prevista para los delitos imputados no exceda los tres años de prisión, conforme a la postura restringida. Si la pena máxima prevista para el delito atribuido, art. 172, C.P., se encuentra fuera de dicho marco, no podrá adoptarse el instituto.
Intereses moratorios, facultades del juez, tasas de interés
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: DECALINI, RENATA ASENCION c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ INCAPACIDAD LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-04-18

El problema de la determinación de los intereses moratorios es una cuestión de derecho de fondo, materia de legislación delegada al Congreso de la Nación, en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc.

12 de la Const. Nacional.

Las provincias no conservan en este tema facultades de regulación y de acuerdo al orden jerárquico de las normas (art 31 Const.

Nacional) prevalece lo dispuesto por el C. Civil en su art. 622, por lo cual la impugnación en este aspecto deviene improcedente.

En virtud de dicha norma la tasa de interés a aplicar queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan los ordenamientos legales sin lesionar garantías constitucionales en tanto sus disposiciones no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión. Así lo ha decidido la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En consecuencia, corresponde fijar el interés en 1% mensual hasta el 1/10/94. A partir de dicha fecha debe reducirse en un medio punto el porcentaje agregado a fin de mantener incólume el contenido del crédito. Ello en virtud de la nueva situación económica financiera observada a ese momento que determinó una baja de las tasas en el mercado, situación que se mantiene hasta el presente. Esta solución deberá tener en cuenta que el plus que se suma a la tasa pasiva promedio mensual (1% o 0,5%), en conjunto con ésta, no podrá superar en período alguno, el importe de la tasa activa. De tal manera al Tribunal de mérito al momento de liquidar los montos deberá establecer mediante el procedimiento de ejecución de sentencia, si se produce ese desfasaje y en tal caso ajustarse (como tope) a la tasa activa que fija el B.C.R.A.-
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Abramo, Jorge Luis (en representación de Medio Ambiente S.A.) c/ Municipalidad de la Ciudad Capital s/ Acción de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-02-07

El caso que nos convoca genera mi disidencia al criterio expuesto por quienes me preceden en el Acuerdo -rechazar por inadmisible la acción contenciosa administrativa y declarar la incompetencia de este tribunal para entender en la presente causa, debiendo el interesado ocurrir por la instancia civil-.

El objeto de la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción persigue el reconocimiento y pago del reajuste del precio por el servicio prestado durante el periodo septiembre de 2002 hasta septiembre de 2005, ello como consecuencia de la salida imprevista de la convertibilidad que rompió la ecuación económica financiera del contrato celebrado entre las partes.

Sostengo que la cuestión es de naturaleza contenciosa administrativa y de competencia exclusiva y originaria de esta Corte de Justicia.

Para concluir, y en carácter de obiter dicta, me es grato traer a colación una nota a fallo donde se pondera la decisión tomada por esta Corte, aunque con distinta integración, en los autos Corte Nº 061/09 "Kaswalder, Antonio c. Municipalidad de San Francisco del Valle de Catamarca" oportunidad en que la actora invocó como pretensión que se le reconozca vía judicial el derecho a percibir una suma de dinero por mayores costos, por un periodo más amplio al que le fuera reconocido por Decreto Municipal Nº 738/98. Es decir intentó -al igual que el recurrente en esta causa- el reconocimiento de un derecho fundándose en una relación jurídica preexistente.

Con el título "Un importante fallo de la Corte de Justicia de Catamarca sobre contratos administrativos y agotamiento de la vía" la autora de la nota publicada en la LLNOA 2007, resalta la postura fijada por este Cuerpo al dictar un fallo ejemplificador y superador de viejas y estériles discusiones doctrinarias, llamando las cosas por sus nombres.

Y es que no puede desconocerse, que el pleito que en aquel momento formuló la actora y que de igual modo se reedita a través de la presente causa, deriva de un contrato administrativo, siendo del caso recordar, lo expresado en voto conjunto por esta Corte ya en el año 1993 en los autos " Estado Provincial Plantea Inhibitoria del Juzgado del Trabajo de Primera Instancia y Primera Nominacion" en el sentido de que la competencia que surge en materia de contrato administrativo es amplia y comprende el contrato en su faz estática y dinámica y por lo tanto atrapa aquellas contiendas surgidas en torno a la celebración, ejecución, interpretación, cumplimiento, modificación, etc.

(Del voto del Dr. Cáceres, en disidencia)
Costas, regulación de honorarios, ley arancelaria, aplicación temporal de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: LAPI, JUAN c/ SA LA RAZON s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05

El modo de imposición de las costas y las regulaciones de honorarios se rigen por la ley procesal vigente al momento del dictado del acto jurisdiccional pertinente (cfr. C.N.Comercial Sala C 5.7.95 "Flores, Aurelio s/con civ. c/Banco Ambrosiano de América del Sud s/rev.

concursal"). En tal sentido, la ley 24432 modificatoria de la ley básica de aranceles de abogados y de disposiciones de idéntico tenor contenidas en diferentes normas, fue publicada en el BO el 10.1.95, proyecta su normativa a partir de ese momento y es de aplicación a las causas pendientes, salvo que afecte el derecho de defensa, removiendo situaciones preclusas.
Concursos, incidente de verificación, demanda de verificación, ejecución de créditos laborales, intereses
Materia: COMERCIAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Obra Social del Personal Gráfico y otro c/  s/ concurso preventivo s/ inc. de verificación de crédito de uthurralt marcela silvana
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-30

1. En tanto el distracto de la incidentista se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en concurso de la deudora, la causa origen del crédito es de carácter preconcursal, y como tal también lo son la totalidad de los accesorios que devengue, con prescindencia de su graduación. 2. En ese marco, la circunstancia de haberse homologado el acuerdo, no puede transformar en post concursales, los accesorios de un crédito nacido como preconcursal, en tanto como tales siguen al crédito principal. Así, los intereses cuestionados que exceden el plazo de dos años, ostentan el carácter de quirografario (arg. LCQ 242-1° y 248).
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, jubilación por invalidez, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Melo,   Miguel  Angel c/ Máxima  A.F.J.P. s/ jubilación por invalidez ley 24.241 (CMC).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

Los arts. 49 y 52 de la ley 24.241 establecen el deber de hacer mérito de la edad, el nivel de educación formal alcanzado y las aptitudes del afiliado para la realización de tareas acordes con su minusvalía, lo cual da cuenta de que no ha sido intención del legislador atenerse exclusivamente al aspecto psicofísico para determinar los elementos que conforman el concepto de incapacidad previsional.