Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-04-29


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintinueve (29) de Abril de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Juárez, Juan José vs. Libertad S.A. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 130/134 vta., plantea recurso de casación en contra de la sentencia Nro. 37 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 12 de marzo de 2004, obrante a fs. 124/125 vta., que es concedido mediante resolución del referido Tribunal del 26-7-2004 (cfr. fs. 138). Ninguna de las partes presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137, primera parte, del CPT, conforme surge del informe actuarial de fs. 144.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 129 y 134 vta.); el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 del CPT; no corresponde efectuar el afianzamiento establecido en el artículo 133 del mismo digesto de rito, en razón de que la sentencia no resulta condenatoria para el recurrente; el escrito casatorio se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos (salvo en lo que concierne al agravio vinculado al artículo 2 de la Ley Nro. 25.323, que será abordado en el apartado III.1.), y la impugnación recursiva refiere a cuestiones de derecho. Por ello, juzgo parcialmente admisible el presente recurso; voto porque así se declare.

III.1.- El recurrente se agravia de que el Tribunal a quo no haya hecho lugar al incremento previsto en el artículo 2 de la Ley Nro. 25.323, aduciendo que se lesiona la correcta inteligibilidad de dicha norma, que dispone que "Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y los artículos 6 y 7 de la ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un cincuenta por ciento (50%). Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago".

En esta dirección puntualiza que la sentencia rechazó, tanto la duplicación del artículo 16 de la Ley Nro. 25.561 como el incremento del artículo 2 de la Ley Nro. 25.323, con el argumento fundado en "...la distinción entre despido incausado (la causa no existió o no es relevante) y el injustificado (hubo una causa que no pudo probarse acabadamente)" (cfr. fs. 132 vta.).

Después de ocuparse el recurrente de las distinciones pertinentes con relación a esta última cuestión, en los términos de fs. 131 vta./133, que se reseñan más adelante (punto III.3.1.), manifiesta que no es equitativo eximir al empleador de su débito indemnizatorio potenciado por las razones expuestas en el pronunciamiento recurrido (causa invocada que no ha podido ser probada), cuando el trabajador lo intimó fehacientemente conforme al régimen de la Ley Nro. 25.323.

A raíz de este cuestionamiento, resulta imprescindible reproducir lo dicho sobre el particular por el acto jurisdiccional en crisis.

Así, luego de hacerse cargo del reclamo sustentado en el artículo 16 de la Ley Nro. 25.561 y decidir su rechazo con el argumento a que hace referencia el impugnante, respecto del requerimiento del demandante fundado en el artículo 2 de la Ley Nro. 25.323, solamente dijo que "Igual suerte corre la petición del incremento de las indemnizaciones conforme Art. 2 de la Ley 25.323 ya que la falta de pago de las mismas, estuvo dada justamente por la discusión generada en la imputada responsabilidad del actor en el hecho, lo que llevó a las partes al presente litigio, del que surgiera que el hecho ocurrió en el área de las tareas del actor, pero no fue el único, intervinieron otros empleados también. Ante ello me pronuncio por desestimar la aplicación de esta otra sanción a la empleadora" (cfr. fs. 124 vta./125).

De lo que antecede se desprende indudablemente que, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, la distinción entre despido no causado e injustificado efectuada por la Cámara no fue el motivo de la desestimación del incremento requerido a tenor del artículo 2 de la Ley Nro. 25.323 (sí lo fue de la duplicación establecida en el artículo 16 de la Ley Nro. 25.561), sino la razón expuesta precedentemente, por lo que toda la argumentación recursiva basada en aquella distinción deviene pertinente con relación al artículo 16 de la Ley Nro. 25.561, mas no en lo que concierne al incremento previsto en aquella otra ley.

Por lo tanto, ante este equívoco de la parte actora, y teniendo en cuenta que esta última nada dijo con relación a la verdadera causal del rechazo de la mentada pretensión, cabe concluir que el recurso -en lo que a este agravio se refiere-, no cumple con el requisito de autosuficiencia, al desentenderse de las concretas razones que dan sustento a la solución adoptada por la sentencia sobre el tópico quedando patentizado, de esta forma, que la pretensión impugnativa no se ajusta desde la perspectiva técnico recursiva a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 132 del CPT.

Es doctrina reiterada de esta Corte que la ausencia de análisis de los argumentos de la sentencia torna inadmisible el recurso, toda vez que no se expone una crítica razonada de la sentencia, y "...que quien intenta este remedio extraordinario, debe rebatir puntualmente los argumentos de la sentencia impugnada, y no limitarse a pronunciar una tesis diferente a la de ésta. Para cumplir con el recaudo de suficiencia del recurso, no basta aseverar una determinada solución jurídica, sino que es menester exponer claramente las normas que se consideren violadas, las razones en que se basa dicha afirmación, todo con referencia a las circunstancias específicas y particulares del caso y los términos del fallo que lo resuelve, de modo que la presentación contenga una crítica puntual a la sentencia impugnada, para lo cual el recurrente tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el fallo atacado para arribar a las conclusiones que motivan el agravio (sentencia N° 295, del 06/6/95)" (sentencia Nro. 694, del 07/10/96).

Por tales motivos, voto en el sentido de declarar, con relación a este agravio, inadmisible el presente recurso y, consecuentemente, mal concedido el mismo a su respecto.

III.2.- De la parte pertinente del escrito casatorio se desprende que otra de las cuestiones a resolver se relaciona con el procedimiento a seguir para el cálculo de la tasa de interés moratorio.

La sentencia impugnada empleó el procedimiento matemático de la división para el cálculo de los intereses, según surge claramente, preliminarmente, de lo considerado a fs. 125 en el sentido de que las cifras por las que prospera la demanda deben ser actualizadas a partir del 01-01-2002 con el procedimiento del BCRA, Comunicado Nro. 14.290, siendo que en el caso el despido se produjo el 14-01-2002; y en segundo lugar, de la propia planilla de condena obrante en la misma foja. El planteo recursivo, por su parte, denuncia la existencia de jurisprudencia contradictoria en el tema y propugna la corrección del procedimiento de la resta sobre la base del precedente "Navarro" resuelto por esta Corte; todo en los términos de fs. 133 vta./134.

Al respecto, viene al caso recordar que este Tribunal ya emitió opinión sobre el particular en los autos: "Gallettini, Francisco c/ Empresa Gutiérrez SRL s/ Indemnizaciones", sentencia Nro. 443, de fecha 15-6-2004, en la que expresó que el criterio sentado en fallo N° 756, del 25-10-1996, en autos "Navarro, Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios. Impugnación de planilla", no revestía la naturaleza de doctrina legal de esta Corte.

Asimismo, en dicho pronunciamiento se destacó que "...es doctrina del más Alto Tribunal de la Nación (in re: 'Banco Sudameris c/ Belcam S.A.', de fecha 05-7-1994), que es materia propia de los tribunales ordinarios determinar prudencialmente la tasa de interés que corresponde abonar por los capitales que se mandan pagar en juicio, por lo cual en principio, dicha cuestión es ajena al ámbito propio del recurso de casación, atento a su naturaleza, salvo que se alegue una manifiesta desproporción atendiendo a la índole de los intereses moratorios. En otras palabras, si bien en principio el procedimiento matemático para el cálculo de la tasa de interés moratorio es una cuestión propia de la prudente valoración de los jueces de mérito, teniendo esta última como necesario objeto la razonable ponderación de los datos concretos del caso y de las circunstancias socio-económicas que lo rodean, referida al marco normativo emergente del artículo 622 del Código Civil, cuyo contenido alude necesariamente, al sentido y alcance del resarcimiento del daño moratorio, dicha razonabilidad propicia su tratamiento en esta instancia casatoria, sólo excepcionalmente cuando la misma no aparezca manifiestamente." También se puso allí de resalto que "Durante el año 2001, la fuerte expectativa de la salida del plan de convertibilidad produjo un masivo retiro de fondos depositados en el sistema financiero que desembocó en el llamado 'corralito' del mes de diciembre de 2001. Este factor alteró el comportamiento de los valores ofrecidos por los Bancos llevando los intereses pasivos a valores inusuales en una época de alta recesión y de deflación.

Ello motivó una fuerte distorsión en los valores de las series de tasa pasiva que publicaba el Banco Central y con las que se liquidaban los intereses moratorios en las sentencias. Se advierte así que en el período temporal transcurrido desde el dictado por esta Corte de la sentencia N° 756 -año 1996- hasta el año 2001, han acaecido alteraciones económicas significativas que justifican una variación de criterio, resultando prudente y equitativo modificar la doctrina del referido precedente, ya que mantener el mismo implicaría producir un enriquecimiento sin causa para el acreedor, que sin razón jurídica alguna y por el solo hecho de aplicarse tasas de interés con componente extraños y distorsionados, se vería indebidamente beneficiado con un procedimiento que alterara sustancialmente el sentido y alcance de los intereses moratorios que prevé el artículo 622 del Código Civil.

En efecto, dicho procedimiento consistente en restar los valores de la serie de tasas, por las variaciones reseñadas, devino un sistema distorsionado que al calcular los intereses, se tornaba cada vez más gravoso sin justificación real alguna.

Por el contrario, aplicando el Comunicado 'A' N° 14.290 del BCRA, se establece un procedimiento de cálculo de los intereses que resulta más adecuado a la realidad a partir del 7 de enero de 2002 -fecha ésta de sanción de la Ley N° 25.661 de 'Emergencia pública y reforma del régimen cambiario', debiéndose utilizar la fórmula para el cálculo de los intereses contenida en la Comunicación 'B' N° 5014 del BCRA del 12-8-92".

Y finalmente, a modo de conclusión, en esta sentencia el criterio (voto mayoritario) que se consideró apropiado para liquidar los intereses por el monto condenado fue el siguiente: desde que son debidos hasta el 06-01-2002, por el procedimiento establecido en el precedente contenido en sentencia N° 756 del 25-10-96 (in re: "Navarro, Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios. Impugnación de planilla"); y desde el 07-01-2002 con el procedimiento sugerido por el comunicado "A" N° 14.290 del BCRA, y su reglamentario "B" N° 5014, hasta su efectivo pago.

En consecuencia, siendo el expuesto el criterio adoptado por esta Corte (voto mayoritario) como doctrina legal en el tema en disputa, de obligatoria observancia para los tribunales inferiores, va de suyo que el cálculo de los intereses en la presente causa debe realizarse de acuerdo con esta doctrina. De ello resulta la corrección del método de la división empleado por el fallo recurrido, puesto que al haberse materializado el despido el 14-01-2002, o sea, con posterioridad al 06-01-2002 y, por ende, generado el crédito recién a partir de dicha fecha, no cabe duda que el mencionado procedimiento era el único adecuado para la determinación de los intereses moratorios, conforme a la doctrina legal citada. Por consiguiente, corresponde no hacer lugar a la impugnación sub examine.

III.3.- En cuanto al agravio vinculado al artículo 16 de la Ley Nro. 25.561, considero que le asiste razón al recurrente.

III.3.1.- La sentencia atacada sostuvo que, ante la falta de acreditación que el hecho pudiera imputarse al actor específicamente, el despido devenía injustificado, debiendo acogerse la demanda con derecho el accionante a la percepción de las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso (cfr. 124 vta.).

Y a renglón seguido, pasó a ocuparse de la cuestión que es objeto de este agravio, de la siguiente forma: "No procede en opinión de esta Vocalía la duplicación impetrada por la actora en función de lo normado por la Ley de Emergencia de suspensión de los despidos Nro. 25.561, toda vez que la sanción prevista por dicha ley en un momento de caos económico tiende a evitar que la variable de ajuste de la situación pase por despedir trabajadores, sin causa justificada agravando la situación aún más. En la situación bajo examen, el hecho aconteció en la empresa, pero esta no pudo probar que fuera imputable exclusivamente al actor. De allí es que debe pagar las indemnizaciones reparadoras pertinentes. Creo necesario señalar la distinción entre despido incausado (la causa no existió o no es relevante) y el injustificado (hubo una causa que no pudo probarse acabadamente)" (cfr. fs. 124 vta.).

El recurrente, a su turno, alega que el fallo ha inobservado y/o aplicado falsa o erróneamente el artículo 16 de la Ley Nro. 25.562 (rectius 25.561), al que transcribe. También reputa conculcados los artículos 33 y 34 del CPCC.

Resalta que la motivación explicitada en la comunicación de despido, sin que se hubiere justificado la causal en el juicio, configura en plenitud la situación descripta en el artículo 16 de la Ley Nro. 25.562 (rectius 25.561).

Arguye que el despido injustificado es aquel que se produce por la extinción del término o la conclusión del contrato de trabajo por aplicación injustificada, indebida o improcedente de las causales que surgen del artículo 242 de la LCT, o bien cuando no se ha invocado ninguna causa legal.

Destaca que para Justo López, Centeno y Fernández Madrid la denuncia del contrato de trabajo puede ser inmotivada o motivada, y que dentro de esta última hay que distinguir, a su vez, la motivada en justa causa o injuria, y la que reconoce otros motivos, como la fuerza mayor, la disminución de trabajo, etc.

Indica que la sentencia hace tabla rasa con estas distinciones conceptuales, que la doctrina ha incorporado en forma uniforme y pacífica. Como prueba de ello aduce que el pronunciamiento primeramente declara que ante la falta de acreditación que el hecho pueda imputarse al actor específicamente, el despido deviene injustificado para luego, violentando la lógica jurídica, establecer la distinción entre despido incausado (la causa no existió o no es relevante) y el injustificado (hubo una causa que no pudo probarse acabadamente).

Precisa que con este argumento la Sala a quo rehúsa acoger la duplicación del artículo 16 de la Ley Nro. 25.561, y que la "auto contradicción" del fallo es manifiesta, porque reconoció que ante la aludida falta de acreditación el despido dispuesto debía considerarse injustificado. Añade que un despido injustificado es, desde el punto de vista semántico y de la experiencia común, un despido carente de causa, y si la causa no ha sido probada, es inexistente.

III.3.2.- Entrando de lleno al examen de este cuestionamiento, interesa poner de relieve que, como bien lo señala Julio Armando Grisolia, el despido es una forma de extinción del contrato de trabajo que surge de la voluntad de alguna de las partes (en la especie nos interesa únicamente el acto extintivo unilateral del empleador o despido directo) y puede fundarse en una justa causa o disponerse sin expresar la misma ("Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", pág. 613; ídem: "Régimen indemnizatorio en el contrato de trabajo", pág. 21). En este ultimo caso, es decir, cuando no se invoca ninguna causa, el despido se denomina ad nutum (desnudo). En cambio, la primera situación se verifica cuando el empleador extingue el contrato alegando el incumplimiento grave de algunas de las obligaciones por parte del trabajador, o sea, invocando la existencia de justa causa o injuria, la que en el juicio puede probarse o no. En sentido coincidente, expresa Carlos Alberto Etala que la denuncia del contrato de trabajo o despido, es el acto jurídico unilateral de una de las partes que pone fin a la relación de trabajo; que ella puede ser motivada (cuando se funda en algún hecho o circunstancia que la ley determina a ciertos efectos, por lo general indemnizatorios) o inmotivada o arbitraria (cuando no se hace valer ningún motivo legal como fundamento); y que dentro de las denuncias motivadas se pueden distinguir las motivadas en lo que el artículo 242 de la LCT llama justa causa o injuria, y las que reconocen otros motivos, como por ejemplo, fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, muerte del empleador o del trabajador, quiebra del empleador ("Contrato de Trabajo", pág. 558). Ídem Herrera, Enrique: "Extinción de la relación de trabajo", págs. 68/69, 192 y siguientes, y 295.

A la luz de estas consideraciones, estimo que en el régimen del artículo 16 de la Ley Nro. 25.561 se encuentra perfectamente contemplado el caso de autos, esto es, el de un despido dispuesto con invocación de causa (la que tampoco, según el fallo atacado, ha sido especificada con claridad) que no ha sido acabadamente acreditada -a estar a lo resuelto por el a quo-, en mérito a las siguientes razones.

En primer término, avala esta interpretación la misma redacción de la norma. Es que no debe olvidarse que el elemento gramatical, literal o filológico es un modo de aproximación a su texto por lo que, preliminarmente, hay que tener en cuenta sus palabras para desentrañar su significado o alcance.

En esta perspectiva advierto que el precitado artículo, en su parte pertinente, alude a la suspensión de los despidos sin causa "justificada"; vale decir, que el texto legal no circunscribió los despidos comprendidos en la norma a los "sin causa" (aún así la interpretación sería dudosa, pero en tal caso tendría más asidero que ante la real redacción, la posición que persigue reducir la duplicación únicamente a los despidos ad nutum), sino que expresamente incorporó aquel vocablo entrecomillado, con lo cual vino a alejar toda duda, en mi criterio, de que se encuentran abarcados por el artículo de marras los supuestos que tienen que ver con la justificación de la causal de despido invocada. Se torna procedente, de esta manera, la duplicación de la indemnización allí prevista en el caso que la acreditación de la injuria en cuestión no hubiera sido producida en autos de forma tal que legitimara el acto rescisorio por resultar justificado. De allí que coincida con Jorge J. Sappia cuando expresa: "Tengo la convicción que debería distinguirse, no porque la ley distingue, sino porque confunde, acerca del alcance de la expresión 'sin causa justificada'. Un despido tiene causa justificada cuando existe un hecho injurioso según los términos del art. 242, LCT, o es consecuencia de una causal económica según el art. 247, LCT, o se da una incapacidad o una inhabilitación sobreviniente conforme el art. 254, LCT. El despido al que se refiere la ley, es aquel que carece de causa justificada -por eso la expresión es precedida por la preposición denegatoria 'sin'- para precisar que alude a los casos en que no existe razón para el acto rescisorio, que por ello deviene en 'despido arbitrario' según el léxico constitucional. De tal modo quedan incluidos en el radio de acción de la duplicación, todos los despidos que carecen de una causa justificante o en el ámbito judicial sus autores no pudieron demostrar la que invocaron. Del mismo modo están excluidos los que invoquen o demuestren la existencia de la causa. Sobre esto que acabo de desarrollar no pueden quedar dudas, es casi una perogrullada" ("Los despidos y la crisis. A propósito del artículo 16 de la ley 25.561 y los decretos 264 y 265 de 2002", DT 2002-A-págs. 446/447).

En segundo lugar, existe otra razón de naturaleza hermenéutica que conduce indefectiblemente a la adopción de la posición que propugno. Me refiero específicamente al hecho de que propiciar la solución contraria significaría aceptar situaciones no queridas por el legislador ya que, de otro modo, a los empleadores, para sustraerse a la obligación de abonar la doble indemnización, les bastaría con invocar para extinguir la relación cualquier causa (aunque la misma no se acredite luego en juicio), lo que se traduciría en una burla a la imposición legal y contrariaría palmariamente la finalidad de la norma, que no es otra que la de preservar el empleo, desalentar los despidos disuadiendo a los empleadores por medio de un sistema de reparación doble, en el contexto de una situación económica y laboral de emergencia y crisis.

En este orden de ideas, el doctor Capón Filas, en sentencia de la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo, recaída en los autos "Latorre, Claudia C. V. Jet Paq S.A.", del 20-02-2004, sostuvo que "...ninguna duda cabe de que la locución 'sin causa, justificada' comprende toda clase de despido arbitrario, sea que no se invoque causa, sea que los motivos receptados bajo el concepto normativo de 'justa causa' no hayan sido probados. De lo contrario se le permitiría al empleador escapar de la doble indemnización invocando motivos que no se probaron". En el mismo sentido se pronunció en dicha sentencia el doctor Fernández Madrid, al decir que "...la invocación de una falsa causa para despedir debe ser considerada como cesantía injustificada, encontrándose dentro de los términos de la normativa sancionada en virtud de la emergencia ocupacional".

Lo dicho es significativo no bien se repara en que toda norma jurídica se sanciona con un fin determinado, de tal suerte que el intérprete no debe prescindir de él al momento de tener que establecer su significado. De allí que comparta el concepto que lo más eficaz para determinar que se ha llegado a un buen resultado hermenéutico en la interpretación de una norma, es constatar si se consagra o no con la solución que se adopta, una consecuencia contradictoria con los fines de la ley o, por el contrario, coherente con ellos. La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente aseveró que es principio de hermenéutica legal que debe preferirse la interpretación que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos por la norma (Fallos: 313:225; 316: 1066; 323:1374; 324:2153); que la inteligencia de las disposiciones debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, y a ese propósito la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos, de tal manera que consulte a la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser soslayados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal (Fallos: 310:799; 312:1913; 322:2679; 324:2934); y que en la denegación de beneficios de naturaleza alimentaria, como los que informan el derecho del trabajo, ha de procederse con suma cautela, buscando siempre una interpretación valiosa de lo que las previsiones han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, no resulte incompatible con el objetivo común de la tarea legislativa y judicial (Fallos: 316:1609).

Acorde con este criterio que propicio, se han expedido otros autores. Así, Ricardo D. Hierrezuelo, expone que "El art. 16 -como lo ha expuesto en diversas conferencias Grisolía- al referirse a 'despidos sin causa justificada' se aplica a los casos de despido sin causa, despido con invocación de causa inverosímil, carente de sustento, manifiestamente falsa o simplemente no probada (ya que no existe una causa semi justificada: el despido o está justificado o no lo está; y para estarlo debe ser debidamente acreditado)..." ("La proyección de las normas de la emergencia económica en el derecho del trabajo", Lexis Nexis Laboral). También se ha manifestado en la misma dirección Juan José Etala (h.) en "Análisis de la ley 25.561 de suspensión de los despidos, de conversión de pago de deudas en dólares y de actualización monetaria", DT 2002-A-pág. 228; Estela M. Ferreiros en "La ley 25.561 y la suspensión de los despidos", Errepar, DLE, Nro. 202 de junio de 2002, T. XVI, págs. 488/489, y Mario E. Ackerman, en "La mal llamada suspensión de los despidos y su prórroga prematura", en DT 2002-A-, pág.1147.

En mérito a lo expuesto, corresponde modificar la planilla de condena obrante en autos, receptando la duplicación prevista en el artículo 16 de la Ley Nro. 25.561, la que queda confeccionada de la siguiente manera:

PLANILLA DE CAPITAL E INTERESES	FECHA DE INGRESO:14-04-00	FECHA DE DESPIDO:14-01-02	Categoría:Maestranza "B"-C.C.T. 130/75 ANTIGÜEDAD: 22 meses	Sueldo:s/recibo fs.6 : $393.08	Rubros Indemnizatorios:

Idemnización por Antigüedad:	(393.08 /12) x 22 meses =	720,65 Indemnizacion por falta de preaviso	393,08 Indemnización art.16 ley 25561	1.113,73	totales al 14/01/2002	2.227,46 Intereses: Tasa Pasiva BCRA del 14-01-02 al 28/02/05 ((261,8222+100)/(149,7536+100)-1)x10044,87%	999,46 Total de la condena al 28/02/05	3.226,92 En cuanto a las costas de la instancia de grado y regulación de los honorarios de los letrados correspondientes a la misma instancia (cuestión ésta que se ve incidida por la primera), al implicar apreciaciones y valoraciones de hecho, de acuerdo a las prolijas razones desarrolladas por esta Corte en sentencia Nro. 759, del 29-9-1997, se deben remitir los presentes actuados a la Excma. Cámara del Trabajo a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento con relación a los aludidos tópicos.

Por lo expresado, corresponde hacer lugar parcialmente, es decir, únicamente en lo que se refiere al agravio tratado en el apartado III.3., al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia Nro. 37 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 12 de marzo de 2004, obrante a fs. 124/125 vta.. En consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto parcialmente los puntos I (solamente con relación al monto de la condena, no así con respecto a los rubros que allí se mencionan) y II (únicamente en lo que se refiere al rechazo del rubro "duplicación ley 25.561"), y en su integridad los puntos III y IV de su parte resolutiva, conforme a la siguiente doctrina legal: "El alcance del artículo 16 de la Ley Nro. 25.561 no se circunscribe al despido ad nutum, encontrándose abarcado por sus previsiones también el despido directo dispuesto con invocación de una causa que no logra acreditarse en juicio".

Dictar como sustitutiva: "I) HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda interpuesta por Juan José Juárez en contra de Libertad S.A., a quien se condena a abonar al actor, en el plazo de diez días, la suma de $3.226,92 (pesos tres mil doscientos veintiséis con noventa y dos centavos) en concepto de: indemnización por antigüedad y preaviso y duplicación prevista en el artículo 16 de la Ley Nro. 25.561 e intereses en un todo conforme a la planilla del considerando. II) RECHAZAR la demanda por los rubros integración mes de despido e incremento artículo 2 Ley Nro. 25.323". Disponer la remisión de los presentes actuados a la Excma. Cámara del Trabajo a fin de que, por la Sala que corresponda, proceda a imponer las costas y regular honorarios de la instancia de grado, con arreglo a lo considerado.

IV.- Atendiendo al resultado del recurso, parcialmente favorable a ambos litigantes, y teniendo en cuenta el éxito obtenido por cada uno de ellos, corresponde distribuir prudencialmente las costas de esta instancia casatoria por el orden causado (cfr. artículos 49 del CPT y 109 del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Adhiero al voto del doctor René Mario Goane, dejando a salvo mi opinión sobre el modo de calcular los intereses que expresé en el fallo N° 443 dictado el 15/6/2004 en los autos: "Galletini, Francisco vs. Empresa Gutiérrez S.R.L. s/ Indemnizaciones".

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE PARCIALMENTE y, en consecuencia, mal concedido, con relación al agravio tratado en el apartado III.1., el recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia Nro. 37 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala I, de fecha 12 de marzo de 2004, glosada a fs. 124/125 vta.. HACER LUGAR PARCIALMENTE, únicamente en lo que se refiere al agravio tratado en el apartado III.3., al mencionado recurso y RECHAZAR PARCIALMENTE el mismo en lo que concierne al agravio examinado en el apartado III.2.. En consecuencia, casar parcialmente la sentencia aludida, dejando sin efecto parcialmente los puntos I (solamente con relación al monto de la condena, no así con respecto a los rubros que allí se mencionan) y II (únicamente en lo que se refiere al rechazo del rubro "duplicación ley 25.561"), y en su integridad los puntos III y IV de su parte resolutiva, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando. Dictar como sustitutiva: "I) HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda interpuesta por Juan José Juárez en contra de Libertad S.A., a quien se condena a abonar al actor, en el plazo de diez días, la suma de $3.226,92 (pesos tres mil doscientos veintiséis con noventa y dos centavos) en concepto de: indemnización por antigüedad y preaviso y duplicación prevista en el artículo 16 de la Ley Nro. 25.561 e intereses en un todo conforme a la planilla del considerando. II) RECHAZAR la demanda por los rubros integración mes de despido e incremento artículo 2 Ley Nro. 25.323". DISPONER la remisión de los presentes actuados a la Excma. Cámara del Trabajo a fin de que, por la Sala que corresponda, proceda a imponer las costas y regular honorarios de la instancia de grado, con arreglo a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como se consideran.

III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA