Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-10-22


SENT Nº 840 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a de Veintidos (22) de Octubre de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alfredo Carlos Dato, con más la integración del doctor Alberto José Brito -por recusación del sin causa del doctor René Mario Goane-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el letrado Julio César Palacio actuando por derecho propio, en autos: "E.D.E.T. S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Nulidad de acto administrativo ".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, Antonio Gandur y Alberto José Brito, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, con fecha 3 de junio de 2003 (fs. 496 y vta.), el letrado de la actora interpone recurso de casación, el que sustanciado se concede mediante resolución del 23 de setiembre de 2003 (fs. 514).

2.- El fallo atacado no hace lugar a la revocatoria planteada contra la sentencia del 26 de diciembre de 2002 (fs. 480 y vta.) que regula los honorarios profesionales del Dr. Julio César Palacio, en la suma de $ 240.000 y $ 24.000, por el fondo del asunto y el incidente de fijación de base respectivamente.

La decisión originaria consideraba que la cuestión sometida a pronunciamiento es una nulidad de dos resoluciones de la Dirección de Rentas Municipales y del decreto SEH-1099 del 2 de junio de 1997, explicando que la cuestión litigiosa no pasaba por los aspectos cuantitativos de la determinación tributaria, sino en la legitimidad de la norma que le servía de fundamento.

Agregaba que aunque se produjera una consecuencia beneficiosa no constituía el aspecto central de la sentencia, sino que la pretensión, esto es la nulidad, carece de monto económico .

Refería las pautas del art. 16 de la ley 5480, puntualizando que las consecuencias beneficiosas de la decisión pueden servir de indicio, vinculándolas a la importancia y trascendencia de los valores jurídicos en juego.

Citaba allí también como precedente de este Tribunal dos sentencias recaídas en juicio de amparo, a los que considera similares, por lo que concluye determinando los montos más arriba referidos.

En tanto el fallo en crisis explicaba que lo decidido no merecía objeciones por ajustarse a derecho, argumentando centralmente que la acción de nulidad del acto administrativo carece de valor económico, supuesto en que la ley deja la determinación al prudente arbitrario del juez.

Agregaba que el tribunal ha actuado dentro de las pautas orientadoras que dan los inciso "b" a "k" del art. 16 de la ley 5480, reconociendo como correcta la labor profesional del letrado que no resultó compleja ni novedosa y que se haya desenvuelto en el marco de un juicio ordinario en nada modifica el criterio seguido para la determinación de los emolumentos, razón que lleva a rechazar la revocatoria intentada.

3.- La expresión de agravios comienza con una referencia a los requisitos formales de admisibilidad, y una breve síntesis de la causa, para adentrarse luego en las razones que considera determinan la procedencia del remedio casatorio que intenta.

Así imputa arbitrariedad al pronunciamiento el que en su concepto resulta violatorio de los arts. 16 inc. "a", 39, 40 y 43 de la ley 5480, 14 y 17 de la Constitución Nacional y 27 y 28 de la Constitución Provincial, definiendo además el contenido de tal concepto y la finalidad del recurso, citas doctrinarias mediante.

De esa manera concluye que la cuestión resulta admisible en este ámbito si de lo que se trata es de desentrañar el sentido jurídico de la norma o el derecho a la regulación, puntualizando seguidamente en particular los aspectos que lo agravian Como primer punto aborda la existencia del vicio de arbitrariedad, en cuanto prescinde totalmente de los argumentos para la solución del litigio, fundando la decisión en meras afirmaciones dogmáticas, centralmente al entender que este proceso no es susceptible de apreciación pecuniaria y no especificar de qué manera aplicó las pautas del art. 16 de la ley 5480.

Así explica que se impugnaron dos resoluciones con cargos tributarios concretos, confeccionados en sede administrativa y con fuerza ejecutiva, por lo que la instancia judicial tendía a enervar la pretensión de percibir los importes así determinados.

Refiriéndose a la aplicación del art. 40 de la ley 5480 en cuanto se refiere a sumas de dinero postula que al igual que el inciso "a" del art. 16, se refiere a monto del juicio a lo que se agrega que la jurisprudencia es pacífica en tanto la sentencia traduzca una consecuencia económica beneficiosa para el interesado.

Su representada de no prosperar la nulidad debría haber afrontado el pago de sumas importantes, por lo que está la excepción al principio de que las nulidades carecen de monto económico.

Imputa arbitrariedad al fallo por falta de fundamentación con afirmaciones dogmáticas habiendo omitido consignar las pautas tenidas en cuenta, al punto que en la sentencia regulatoria cita el art. 16, sin decir nada en la resolución de la revocatoria, citando precedentes de este Tribunal descalificando una decisión a su criterio similar.

Expresa que hay violación de disposiciones constitucionales nacionales y provinciales, en cuanto a la propiedad, el derecho a una retribución justa y el debido proceso.

Sostiene que no se han ponderado las razones del supuesto desacierto de su parte, colisionando de ese modo con lo dispuesto por el art. 28 de la Constitución Provincial y la disposición procesal pertinente, resultando una motivación aparente y teñida de parquedad, debiendo dejarse de lado el principio de que los honorarios regulados en las instancias ordinarias no dan lugar al planteo casatorio.

Continúa diciendo que el criterio adoptado condujo a una regulación notoriamente desproporcionado entre el monto del juicio de $10.364.541,18 y la suma de $240.000, importe que significa una porcentaje del 2,3155%, muy inferior al que hubiera correspondido por un simple embargo o un proceso ejecutivo, cuando el mínimo debió ser no inferior.

4.- Reexaminada la admisibilidad a la luz de los arts. 813 y siguientes del CPCCT (aplicables en virtud del art. 89 CPA), cumplido el depósito que exige el art. 817 y habiéndose fundado suficientemente la arbitrariedad, corresponde abordar la procedencia.

5.- En el caso están en juego las dos variables adoptadas por la ley de honorarios. Ella "establece dos criterios para la estimación de honorarios: uno objetivo, 'en función del monto del asunto o su importancia económica; y otro subjetivo, en cuanto califica cualitativamente la labor profesional, valorando el tiempo empleado y la experiencia y capacidad de los profesionales intervinientes' (cf. Brito, A.J. y Cardoso de Jantzon, C. "Honorarios de Abogados y Procuradores-Ley 5480, pg.74). En tal sentido, se ha señalado que 'Las pautas generales que indica el art. 16 de la ley 5480, además del monto del juicio, constituyen la guía pertinente para llegar a una retribución justa y razonable, de modo que la validez constitucional de las regulaciones no dependen exclusivamente de dicho monto o de las escalas pertinentes'" (CSJTuc., sent. n° 566 del 30/7/97).

Tales disposiciones aparecen complementadas, por la ley provincial n° 6715, cuyo artículo 1°, textualmente dice "Adhiere la Provincia de Tucumán, a lo normado por Ley Nacional n° 24.432 (Honorarios Profesionales), en todo cuanto sea aplicable y compatible al ámbito provincial".

También a lo hasta aquí dicho debe agregarse que en primer lugar que no se trata de un proceso de amparo, como decía la resolución originariamente dictada, sino que estamos en presencia de una nulidad de acto administrativo que ha fulminado el cargo tributario confeccionado en base a ella.

El tradicional precedente en este tema ha sido lo resuelto en los autos "Emp. Const. Ing. H. Rodríguez vs Gobierno de la Provincia de Tucumán" (CSJTuc., sent. n° 925 del 16/10/86), en el sentido de que "cuando no implica una suma determinada es de valor indeterminado" (citado por Brito- Cardoso de Jantzon, ob. cit, pág 219).

No obstante allí se puntualiza que tal causa tenía sin duda, "trascendencia económica para los demandados" y la Corte en aquella composición toma como pauta indirecta o estimativa para la determinación de los honorarios, la suma reclamada en la demanda más actualización, excluyendo intereses y gastos, desde que esa determinación juega sólo como pauta.

Actualmente ese criterio es perfeccionado al abordar la anulación de un acto jurídico en general, pues se trataba de una ordenanza de presupuesto y rechazo de un veto opuesto por el Departamento Ejecutivo, expresándose que "es pacífica la jurisprudencia en el sentido que en los juicios en los que se pretende la anulación de un acto jurídico, o declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica, al igual que en los procesos de amparo, sólo resulta admisible la existencia de monto base a los efectos regulatorios en los supuestos en que la sentencia dictada traduzca una consecuencia económica beneficiosa para el interesado" (CSJTuc., sent. n° 276 del 22/4/98).

Sobre el particular corresponde afirmar que la pretensión contenida en la demanda era la nulidad de las resoluciones dictadas por la Dirección de Rentas Municipales que llevan los números 857 y 858 del año 1996 y que conlleva como lo dispone la sentencia también la del decreto SEH-1099/97, enervando la posibilidad de llevar adelante una ejecución por el monto correspondiente a la imposición intentada, cuestión que no aparece en autos cuantitativamente discutida, como así tampoco la obtención de una ventaja con la entidad apuntada.

A lo orientador del monto así obtenido, debe agregarse el restante aspecto, esto es la actividad profesional cumplida, cuando se trata de cifras de significativa importancia emergentes con seguridad del ejercicio del poder estatal (municipal en este caso), donde al Juez se le ha ampliado su margen de acción en orden a desatender estrictamente las proporciones emergentes de los regímenes arancelarios.

En función de ello la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II, con fecha 8/10/1998, en autos "Municipalidad de Avellaneda c. Gas del Estado S. A. -en liq.", dijo: "la facultad morigeradora prevista en el art. 13 de la ley 24.432 debe ser ejercida con suma prudencia y criterio restrictivo, toda vez que introduce un factor de incertidumbre en las regulaciones de honorarios que no se adecua a las exigencias de la seguridad jurídica. De allí que, sólo corresponda efectuar regulaciones por debajo de los mínimos arancelarios en aquellos supuestos en que por la entidad de las tareas cumplidas, la sujeción estricta a dichos mínimos conduzca a honorarios exorbitantes, desproporcionados con relación al mérito, calidad e importancia de los trabajos realizados" (LL 2000-A, 604).

Tal disposición resulta plenamente aplicable en autos, en virtud de la mencionada adhesión de la Provincia de Tucumán, mediante ley 6715, por lo que aparece inexcusable la exigencia de brindar explícita y circunstanciadamente los fundamentos que la justifiquen.

Aparece así nítidamente aplicable, lo dispuesto por el art. 16 de la ley 5480, en cuanto manda tener en cuenta en su inciso h "la posición económica...de las partes", cuestión que en la demandada aparece demostrada sobradamente, con la declaración de emergencia de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuesta por ley 6866, vigente a la fecha en virtud de la ley 7331, hasta el día 31 de diciembre de 2004.

Sobre estos aspectos Julia Elena Gandolla, cita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando en autos " Santa Cruz vs Estado Nacional", dijo para aquellos casos "que exhiben una significación patrimonial genuinamente de excepción, no puede considerarse constitucionalmente satisfecha con una mera remisión a las fórmulas aritméticas previstas en las leyes arancelarias... en este sentido, no cabe abstraerse de que los importes que se determinarán tienen su razón de ser, su causa fundante, en la remuneración por trabajos profesionales, de modo que debe verificarse una inescindible compatibilización entre los montos de las retribuciones y el mérito, novedad, eficacia e, inclusive, implicancia institucional, del aporte realizado por los distintos profesionales intervinientes" (Honorarios Profesionales- Ley 24.432", pág.121).

En razón de ello, la sentencia debe ser revocada, con costas, a tenor de la siguiente doctrina legal "En un proceso de nulidad de acto administrativo, la regulación de honorarios debe considerar las consecuencias económicas beneficiosas para el interesado, la que puede ser morigerada en los términos del art. 13 dela ley 24.432, cuando la condenada en costas ha sido declarada en emergencia (art. 16 inc. "h" ley 5480)" y consecuentemente disponer sustitutivamente lo siguiente: "I.- HACER LUGAR al recurso de revocatoria interpuesto por el letrado Julio César Palacio, por sus propios derechos, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, con fecha 3 de junio de 2003 (fs. 496 y vta.). II.- Costas a la vencida.". III.- REGULAR honorarios al Dr. Julio César Palacio en la suma de $ 680.000,oo por el fondo del asunto y $ 68.000,oo por el incidente de fijación de base".

6.- Costas del recurso a la vencida, por ser de ley expresa (arts. 89 CPA y 106 CPCCT).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Alberto José Brito, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en el igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el letrado Julio César Palacio, actuando por sus propios derechos, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, con fecha 3 de junio de 2003 (fs. 496 y vta.), en base a la doctrina legal dictada en los considerandos y disponer SUSTITUTIVAMENTE lo siguiente: "I.- HACER LUGAR al recurso de revocatoria interpuesto por el letrado Julio César Palacio, por sus propios derechos, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, con fecha 3 de junio de 2003 (fs. 496 y vta.). II.- Costas a la vencida. III.- REGULAR honorarios al Dr. Julio César Palacio en la suma de $ 680.000,oo por el fondo del asunto y $ 68.000,oo por el incidente de fijación de base".

II.- COSTAS del recurso, como se tratan.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSÉ BRITO