marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Regímenes jubilatorios especiales, jubilación de magistrados, beneficios previsionales, haber jubilatorio, porcentaje del haber jubilatorio, aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley, derechos adquiridos, irretroactividad de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ACHAVAL PASTOR, DALMACIO DE JESUS Y OTROS c/ A.N.Se.S. s/ MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-12

Otorgado el beneficio jubilatorio bajo el amparo de la ley 18.464 que fijaba un haber de pasividad equivalente al 85 % del de actividad y sin topes máximos, dicha normativa debe ser respetada por la Administración Pública, toda vez que ni el legislador ni el juez podrán en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, pues en ese caso el principio de la no retroactividad deja de ser norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la ley suprema (cfr.

C.S.J.N., sent. del 24.03.94, "Jawets, Alberto"). C.F.S.S, Sala II
Jubilación por invalidez, pérdida del beneficio, suspensión del beneficio, aplicación de la ley, comisiones médicas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MIRANDA, JOSE c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

A partir de la vigencia del Libro I de la ley 24.241 (15.07.94) fue reemplazado el sistema de los dictámenes de los profesionales médicos dependientes del propio organismo, en base a los cuales se pronunciaba el ente, otorgando, denegando o extinguiendo prestaciones de invalidez (arts. 33, 35, 36 y 37 ley 18.037 y arts. 20, 21, 23 y 24 ley 18.038). En consecuencia, cuando la A.N.Se.S. considera que un titular de un beneficio de invalidez está rehabilitado, deberá recurrir al procedimiento regulado por la referida ley para, previo a disponer la suspensión o extinción del beneficio, requerir la intervención de la Comisión Médica correspondiente.
Obras sociales, Cámara Federal de la Seguridad Social, recursos, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TRANSPORTES METROPOLITANOS BELGRANO SUR S.A. c/ Instituto de Servicios Social para el Personal Ferroviario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-02

En cuanto la legislación vigente no prevé la existencia de recursos por ante la C.F.S.S. contra resoluciones de organismos prestadores de obras sociales, debe desestimarse sin más trámite la vía procesal elegida (en el caso, apelación interpuesta contra una resolución que rechazó el pedido de nulidad de un acta de inspección). (Del voto del Dr. Díaz).
Concurso preventivo, quiebra, clausura del procedimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: ÑANEZ, CARLOS ALBERTO s/ CONCURSO PREVENTIVO - QUIEBRA: CLAUSURA DEL PROCEDIMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-11-24

Si bien en numerosos casos el concurso preventivo y en la quiebra, rigen las mismas normas, no ocurre así en otros, en especial en los modos de terminar los procesos concursales, ya que, por ejemplo, el concurso preventivo no atrapa a todos los acreedores -anteriores a la apertura- del concursado, lo que si ocurre en la quiebra, sino a aquellos a los que alcanza el acuerdo.

En definitiva, para el caso rige el art. 70 y nada tiene que ver con el art. 228 L.C. referido a la conclusión de la quiebra por pago total.-
Querellante, calidad de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: C. 16 O. Ltda. s/ Presentación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-06

Clariá Olmedo señala que "para ser legitimado como querellante es de regla que se trate del ofendido, o sea del titular del bien jurídico que el delito afecta", quedando excluido el simplemente damnificado, o sea el que por el hecho sufre un detrimento patrimonial o moral.
Contrato de trabajo, pluriempleo, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: IBAÑEZ  TEREZA   AZUCENA c/ UNIVERSIDAD ABIERTAI NTERAMERICANA YOTRO                          S/ s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-28

Es evidente que las coaccionadas asumen en forma conjunta el rol de "empleador" (pluripersonal) que describe el art. 26 de la L.C.T.. No se trata de contratos diferentes ni de dos empleadores directos ni de dos empresas que respondan solidariamente, sino de uno solo de carácter plural, en el cual dos personas jurídicas han utilizado en forma conjunta e indistinta los servicios de una trabajadora. De ese modo, la totalidad del objeto de las obligaciones laborales emergentes de ese único vinculo puede ser reclamado por la trabajadora in solidum a cualquiera de ellas, las que deben responder en forma solidaria.
Denegatoria del recurso, confirmación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Servicio Electrónico de Pago S.A. S.E.P.S.A. c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Pretensión anulatoria - otros juicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-14

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata dictó sentencia rechazando el recurso de apelación de la Municipalidad de Avellaneda y confirmó la sentencia impugnada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Accidentes de trabajo, Estado Nacional, aplicación personal de la ley, personal penitenciario
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MARTORELLI, MAGDALENA c/ SERVICIO PENINTENCIARIO FEDERAL s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-11

A partir de la reforma que la ley 18913 introdujo en el art. 1 de la ley 9688 el Estado Nacional, en su carácter de empleador, está sujeto a las responsabilidades y obligaciones que dicha ley establece. El término "en su carácter de empleador" ha sido interpretado con amplitud (no limitándose al sujeto de un contrato de trabajo, restringiendo así su responsabilidad a los casos en que actúa en el mercado como comerciante o industrial) para todos los supuestos en que emplee personas, cualquiera fuera el régimen específico que resulte las relaciones de fondo. Frente a esta inclusión expresa de carácter general no se advierte la existencia de una norma concreta o de una regla de jerarquía superior que excluya al personal del Servicio Penitenciario Federal, por lo que es ajustado a derecho que a ese personal se les aplique la normativa de accidentes conformada por la ley 9688 y sus modificatorias.
Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no aplicable, acción de amparo, docentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RASTELLI, MARIA CAROLINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-04

La situación en análisis difiere de la considerada y resuelta en autos Mosqueda y relacionados, en que este Cuerpo -en ocasión de resolver los recursos de inconstitucionalidad- declaró que se había sustraído la materia, ya que en dichos precedentes se satisfizo la pretensión de los respectivos actores al haber alcanzado los derechos subjetivos pretendidos a través de su participación en concursos docentes posteriores a aquéllos a los que referían los amparos incoados; a diferencia del presente caso, en que la nueva situación de la amparista es consecuencia de la ejecución de la sentencia judicial de primera instancia (Del voto del Dr. Spuler, al que adhirió el Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: Mosqueda, AyS T 262, p 58/68; Kessler, T 262, p 80/89; López, T 261, p 465/475; Genta, T 262, p 1/12; Chervo Isola, T 261, p 476/487; Cavallol, T 261, p 495/506; Ezquiaga, T 262, p 13/24. - Jurisprudencia Concordante con Berrocal, AyS T 262, p 191/197.
Amenazas, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Moreno, Guillermo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-21

Resulta prematura la resolución liberatoria si no se ha agotado debidamente la pesquisa al no haberse producido prueba. No bastan las declaraciones testimoniales prestadas por la propia víctima, para descartar la configuración del delito de amenazas que se imputa al funcionario público, porque muchas situaciones que en un principio podrían generar cierto temor o influenciar significativamente en el sujeto pasivo, una vez superadas y analizadas con tranquilidad y desde otra perspectiva le permiten visualizar un diferente significado. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso, Fégoli).
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, domicilio, contrato de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: ALTO PARANA S.A. c/ D'AMICO, JUAN CARLOS. s/ DESALOJO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-23

No cabe la interpretación literal del art. 24 de la ley 18.345 en lo referente a la elección por el empleador de cualquiera de los tres lugares que menciona dicha norma -el juez del lugar del trabajo, el del lugar de celebración del contrato, o el del domicilio del demandado-, sino que tal facultad debe sujetarse, en obsequio a la finalidad del precepto, a la condición de que los tribunales elegidos se hallen situados a razonable proximidad del domicilio del trabajador demandado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba, bienes inmuebles, turbación de la posesión, acción negatoria, derechos reales, derecho de propiedad, servidumbre de paso
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Tell, Ernesto Guillermo c/ Pautasso, Ermete y/u otros s/ Recurso de inconstitucionalidad - Ordinario - Acción real negatoria   (Expte.: C.S.J. Nro. 186 año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-19

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los actores en una causa iniciada a efectos de hacer cesar el perjuicio que les causaba en su propiedad el desagote (construido por el hombre) de la "laguna natural" existente en el predio propiedad de los demandados, desde que lo que importa para la decisión del caso no pasa por establecer pautas genéricas de la acción real intentada (acción real negatoria), sino por internarse en la cuestión fáctica esencial acerca de la cual las partes habían producido pruebas y cuya valoración resultaba inexcusable para la determinación de las circunstancias comprobadas de la causa y, obviamente, para la posterior aplicación del derecho vigente. El tema medular presentado en debate imponía ese juicio acerca de los hechos acaecidos: determinar si se habían ejecutado obras que hubiesen provocado el desagote o avenamiento del campo de los demandados en detrimento del predio accionante y, en consecuencia, mensurar si esos actos materiales importaban -en los hechos- una lesión al ejercicio del derecho real de propiedad, que de ser legítimos, tendrían las características propias de una servidumbre.
Restitución de sumas de dinero, abuso del derecho, incumplimiento del contrato, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: De La Cruz Omar Gustavo c/ Bunge Sol Victoria y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

En ese marco, la falta de definición de la prórroga del contrato de alquiler sólo puede reprocharse al actor, lo que impidió la finalización del negocio. Ergo, pretender ampararse en ello a fin de obtener la restitución de las sumas adelantadas resulta manifiestamente improcedente y no puede ser admitido. Ello así, no solo por implicar un ejercicio abusivo de un derecho, sino también por contrariar la teoría de los actos propios.
Contrato de trabajo, empresa, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Sandoval, Daniel Orlando y otro c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-18

La ley de Contrato de Trabajo impone la solidaridad a las empresas - organización y gestión propia que asume los riesgos, obligaciones y responsabilidades - que, teniendo una actividad propia normal y específica o habiéndose encargado de ella, estiman conveniente o pertinente no realizarla por sí en todo o en parte, sino encargar a otra u otros esa realización de bienes o servicios, lo que debe determinarse en cada caso atendiendo al tipo de vinculación y a las circunstancias particulares que se hayan acreditado.
Tasa de justicia, monto indeterminado
Materia: PROCESAL
Carátula: INTERCAM S.A.C. -Incidente- c/ B.C.R.A. -Estado Nacional- s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-13

El concepto de valor indeterminado sólo puede referirse a las acciones sobre cosas de valor incierto o fuera del comercio, pues las restantes tienen siempre un valor cierto, aunque fuere aproximado (conf. C. NAC. CONT. ADM. FED., SALA I in re: "Empresa Mate Larengeira S.A.C.I. c/ D.G.I. s/ Repetición", sentencia del 06-02-1992.).
Clasificación de delitos, delito de acción pública, facultades del juez, competencia de instrucción, investigación a cargo del juez, delegación de la investigación, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Pinzón, Néstor J. s/ Clasificación de Delitos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-23

Si bien el plazo del art. 196 del C.P.P., no es perentorio, no puede prolongarse "sine die", por lo que debe estarse a lo preceptuado por el art. 161 ibídem.
Divorcio, exclusión del hogar, matrimonio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Macías, Nanci Edith c/ Ghezzi, Luis Roberto s/ Exclusión del hogar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-09

Las razones de urgencia a que alude el art. 237 bis del Código Procesal Civil y Comercial son exigidas por aquélla para el caso de que el juez disponga la exclusión "a título de medida cautelar".
Locación, locación de inmuebles, deudas derivadas de la locación, procesos de conocimiento, juicio ordinario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: SENDRA DE TOSCANI, Lila C. c/ SANTESTEBAN, Joaquín y otro s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-10

Disidencia del Dr. Achával:

A pesar del compromiso que hubiere asumido el inquilino al celebrar el contrato de locación, quien se encuentra legalmente obligado a soportar la deuda en concepto de expensas es el propietario de la unidad, por resultar aquél un tercero en la relación derivada del régimen de la propiedad horizontal.
Derechos del trabajador, delegado gremial, asociaciones sindicales, derechos sindicales, licencia gremial, licencias especiales, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, Gregorio c/ SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-11

La licencia gremial es un derecho de los trabajadores con fundamento en el art. 14 bis de la C.N. y 48 de la ley 23551. Pero si por cualquier circunstancia, el trabajador decide reintegrarse a sus tareas antes de la conclusión de su mandato gremial, la demandada -que debe reservarle el puesto- no puede negarse a reincorporarlo. Si lo hace, su conducta encuadraría en lo dispuesto por el art. 53 inc. h) de la ley citada.
Lucro cesante, inundación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marino, Félix c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

En los daños y perjuicios derivados de inundaciones procede la indemnización del lucro cesante causado.
Despido discriminatorio, daño moral, adicciones
Materia: PROCESAL
Carátula: P.N.A. c/ Cargill SACI s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-07

Ambas partes apelan la sentencia de primera instancia que condenó a la demandada al pago de una suma de dinero en concepto de "daño moral" por considerar discriminatorio el despido del actor, en base a sus adicciones a las drogas. Para que un daño no esté comprendido en la tarifa del art 245 L.C.T., debe ser una consecuencia que resulte "...solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto", es decir una consecuencia mediata. Así, para que las consecuencias mediatas del incumplimiento contractual sean resarcibles, es menester que exista malicia en el incumplimiento de la obligación, rasgo éste que se patentiza en la actitud discriminatoria de la demandada. Los hechos que generaron la acción por daño moral no son derivados del despido injustificado sino de un supuesto incumplimiento en los deberes de conducta de la demandada hacia el trabajador durante la relación de trabajo, pergeñado a través de un trato peyorativo pese a la delicada condición de salud que venía atravesando desde hacía más de dos años. El hecho mismo de haber sido discriminado produce un daño material en tanto afecta su capacidad de ganancia, en la medida que lo lleva a adoptar posturas más defensivas que impiden el desenvolvimiento adecuado de la personalidad frente a nuevos ambientes de trabajo.
Accidente de tránsito, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ MARIA ELISA c/ BORGUES ANTONIO S s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Cuando la evaluación de los hechos -a la luz de las reglas de la sana crítica- permite concluir la existencia de una razonable conexión entre la actividad de los vehículos intervinientes y el resultado dañoso, es de incumbencia de quienes objetan tal relación causal el asumir la carga probatoria correspondiente (arts. 375 y 384 Cód. Procesal).
Feria judicial, habilitación de feria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Méndez Daniel Omar c/ OMINT CS SALUD S.A. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-01-20

En el auto se le da curso a una presentación sin justificar, previamente, la habilitación de la Feria (art. 152, primer párrafo del Código Procesal). La urgencia que amerita suspender el receso de los tribunales para atender la petición de un litigante determinado (en este caso la del afiliado) no suple la que tenga que invocar y acreditar su contraparte para que le traten los planteos que haga en resguardo de su interés (confr. N° 4000/2007 del 31-1-2008 N° 8132/2008 del 26-1-2009, entre otros). Por otro lado, y esto es lo más relevante, se concedió el recurso de apelación en ambos efectos sin dar el previo traslado de ley al actor (arg. de los arts. 246, primer párrafo, 248 y 251, primer párrafo del Código Procesal), lo que va en detrimento del principio de igualdad y, en definitiva, del derecho de defensa del nombrado (arts. 34, inc. 5, apartado "c", 36, inc. 4 del Código Procesal y 18 de la Constitución Nacional)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión, libertad de prensa, figura pública, derechos personalísimos, real malicia, delitos cometidos por medio de la prensa, ofensas cometidas por medio de la prensa
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Rudaz Bissón, Juan Carlos c/ Editorial Chaco S.A. s/ indemnización de daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

Cuando se presenta un conflicto entre la libertad de expresión y algún aspecto del derecho de la personalidad perteneciente a un individuo con dimensión pública, sea por el cargo ocupado, la función realizada o la actividad por la que se lo conoce, la Corte ha adoptado el standard jurisprudencial de la "real malicia" (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Constitución Nacional, Poder Legislativo Nacional, pueblos originarios, derechos del aborigen
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

Miguel Angel EKMEKDJIAN señala que Bidart Campos sostiene que el pluralismo implica el derecho a la identidad y a la diferencia que protege a toda situación en la que determinados grupos o personas necesitan que sus derechos, en igualdad real y material de oportunidades, le sean reconocidos con cuantas particularidades hagan falta para respetar la identidad y las diferencias, grupales o personales.- Esta postura se basa en la que hemos denominado "acción afirmativa", y constituye un complejo tema de los efectos del derecho a la igualdad. Sin perjuicio de ello -agrega- es posible prever que este párrafo pueda traer consecuencias ulteriores graves, si se presentara un conflicto intercultural, v.gr., entre normas jurídicas de orden público y normas jurídicas indígenas (ya sea derivadas de la costumbre o bien creadas por órganos tribales). El segundo párrafo del inciso impone una serie de obligaciones al Congreso, aunque también con deficiente técnica legislativa. Señala que no se advierte claramente cuáles son los medios pensados por los constituyentes para garantizar el respeto a la identidad de los pueblos indígenas. Esta declaración está relacionada con lo anterior. En efecto, se debe tener en cuenta que el reconocimiento de la identidad de las comunidades indígenas (étnica y cultural) no puede llegar al extremo de afectar la unidad nacional proclamada en el preámbulo.
Amparo por mora, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Chocobar, Aurora del Valle y Otro c/ Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-27

En el sub lite, los actores solicitan prórroga por tres años más del mandato que venían desempeñando, y que expiró el 18/feb/12, como vocales de la Junta de Clasificación docente de nivel inicial y educación general básica, mandatos para los cuales no fueron elegidos de conformidad al derecho aplicable.

En orden a normas legales preestablecidas, la Administración en uso de facultades propias, dentro de la relación de empleo público que se invoca, le asisten atribuciones para cuya modificación, actualización o prórroga -entendida como la libertad de acción o elección de conductas posibles dentro de un orden jurídico dado, responde a exigencias propias y exclusivas del Poder Administrador que responden a razones de oportunidad, mérito y conveniencia.

Aserción que conlleva a establecer que a los actores-administrados en su accionar jurisdiccional, no les asiste ni demuestran lesión a derechos subjetivos o intereses legítimos que justifiquen la apertura de la vía.

Y ante tal situación fáctica, la prorroga -o no- del mandato, podría encuadrarse entre las denominadas facultades o atribuciones autónomas, por oposición a las impuestas por exigencia legal expresa, donde la obligación de la administración de pronunciarse se encuentra ínsita por mandato legal y cuya demora u omisión sin duda encuadran en el presupuesto de la acción. Supuesto que no se advierte en autos, por lo que corresponde declarar inadmisible el amparo por mora en la administración interpuesta, con costas.
Consulta popular, reforma de la constitución, caso concreto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Unión Cívica Radical - Distrito La Rioja y Otro c/  s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-01-25

El procedimiento de consulta popular que se intenta interrumpir no causa estado por sí mismo, ni tampoco conlleva una vulneración actual de derechos subjetivos que autorice a sostener que se presenta una controversia concreta en los términos tradicionalmente entendidos por la jurisprudencia de este Tribunal. La eventual afectación constitucional recién se configuraría en caso de que la población se expidiera en la consulta popular y, con su resultado, fuera convalidada la enmienda constitucional. Es por ello que los propios demandantes contemplaron la posibilidad de que el Tribunal resuelva la cuestión en una instancia futura al plantear subsidiariamente la nulidad de la enmienda constitucional que se impugna.