Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-10


SENT.DEF.Nº 19163	EXPTE.Nº 43.956/2009 (27.870) JUZGADO Nº 18	SALA X AUTOS: "MACCHI ANGEL ALBERTO C/ EMPRESA DE TRANSPORTE ARGENTUR S.R.L. Y OTROS S/ DESPIDO".

Buenos Aires, 10/11/2011	El Doctor ENRIQUE R. BRANDOLINO, dijo:

El sentenciante de grado, luego de analizar las pruebas rendidas en autos, determinó que entre el actor y la Empresa de Transporte Argentur S.R.L. medió relación laboral, por lo que acogió favorablemente el reclamo incoado y condenó solidariamente, en los términos de los arts. 54 de la ley 19.550 (texto según ley 22.903), a los codemandados Natalia Lorena Viacava y Gustavo Alberto Salomon, como integrantes de la mencionada razón social.

Disconforme con tal decisión se alzan: a) la parte actora a tenor del memorial de fs. 328/331 y, b) los vencidos a fs. 332/343, que merecieran réplica de sus contrarias a fs. 399/400 y fs. 430/431, respectivamente.

Se agravia la parte actora porque el señor juez de grado rechazó la procedencia de las horas extras reclamadas, el rubro "salarios julio y agosto 2009" peticionados en el inicio; cuestiona el salario base tomado en el pronunciamiento anterior para el cálculo de la indemnización y, porque el "a quo" no condenó a las demandadas a la entrega de las certificaciones de trabajo y de aportes y contribuciones previstas en el art. 80 de la LCT, pese a que -según sostiene- fueron expresamente reclamadas al demandar. Por último, se queja por la forma en que fueron impuestas las costas en origen, a la vez que apela los honorarios regulados a su representación letrada por considerarlos exiguos, por lo que solicita que se contemplen en los mismos su actuación ante el Seclo.

Por su parte, los demandados se quejan porque el Judicante tuvo por probada una relación laboral, en base a la operatividad de la presunción que emana del art. 23 de la LCT, cuando -según sostienen- el actor no probó con las testimoniales los extremos invocados en el inicio. Asimismo, se agravian por la fecha de ingreso, categoría y remuneración tenidas en cuenta por el Dr. Elffman a los fines indemnizatorios, señalando que -a su entender- dichas circunstancias no resultan de ninguna de las declaraciones, como tampoco, es aplicable al respecto la presunción que establece el art. 55 L.C.T. (to). Recurren la procedencia de la sanción por temeridad y malicia prevista en el art. 275 LCT y por los intereses adicionales fijados en la instancia anterior. Hacen lo propio, respecto de la extensión de condena en forma solidaria a las personas físicas -Salomon y Viacava-. Por último, apelan la forma en que fueron impuestas las costas en origen, a la vez que, apela por altos los honorarios regulados a la representación letrada de las partes actora, demandadas y perito contador y, por bajos, los regulados a su representación.

Por una cuestión de estricto orden metodológico, trataré en primer términos los agravios vertidos por los demandados.

En lo que hace a la existencia o no del vínculo laboral denunciado en el inicio, y más allá de los argumentos expuestos por los demandados en su escrito recursivo, lo cierto y concreto es que, éstos últimos no logran rebatir los sólidos fundamentos esbozados por el señor juez de grado en su pronunciamiento, en cuanto sostiene que ante el reconocimiento efectuado por los mismos respecto de la prestación de servicios del actor a su favor -si bien, pretenden hacer valer el hecho de una prestación esporádica o eventual, sin siquiera acompañar documental al respecto que lo avale (ver fs.39 último párrafo/40)-, dicha circunstancia, torna operativa la presunción que emana del art. 23 de la LCT acerca de la existencia de un contrato de trabajo entre las partes.

En este sentido, y tal como bien lo señala el "a quo" en su pronunciamiento, incumbía a los demandados, en virtud de lo dispuesto por el art. 377 del CPCCN, la carga de probar que esa prestación no tuvo como causa un contrato de trabajo -tal como pretenden hacer valer los quejosos-, extremo que -a mi ver- no han logrado acreditar.

Es que, los testigos Merelle (fs. 173), Zalazar (fs. 175), Costa (fs. 268) y Aldave (fs. 270), cuyas declaraciones fueran -a mi ver- correctamente analizadas por el sentenciante de grado, y a las que me remito por cuestiones de brevedad y economía procesal, lejos de beneficiar a los demandados, corroboran la tesitura inicial del actor (arts. 90 LO y 386 CPCCN), o sea, su prestación como chofer, de modo normal y habitual, transportando turistas en vehículos con el logo "Argentur".

Sólo a mayor abundamiento, señalo que la prestación esporádica o eventual, no es mas que una modalidad del contrato de trabajo expresamente reguladas en la Ley de Contrato de Trabajo (arts. 96, 99 y cctes. de la LCT).

En consecuencia, sugiero confirmar en este aspecto el fallo apelado.

Deben confirmarse, a mi juicio, la fecha de ingreso, categoría y salarios receptados por el Sr. Juez "a quo".

En efecto, dado que conforme surge del informe pericial contable la relación habida entre las partes no se encuentra registrada en los libros de la accionada, resulta aplicable al caso la presunción emergente del art. 55 LCT, en virtud de la cual se creó una presunción a favor de las manifestaciones del trabajador sobre los datos que debían constar en tales registraciones (ver informe de fs. 292, pto. b).

Y como tal presunción no ha sido desvirtuada y la remuneración mensual denunciada en la intimación respectiva ($ 2.600) no luce irrazonable para la naturaleza de la labor desempeñada, esto es, chofer de turismo, y salarios de la actividad (conf.art.56 LCT y 56 LO) corresponde sin más, a mi ver, ratificar lo resuelto en estos aspectos en el fallo atacado.

Solo a mayor abundamiento, cabe señalar que, los accionados en el conteste solo se limitaron a negar los extremos denunciados al respecto por el trabajador en su escrito inicial, sin siquiera invocar los que, a su juicio, eran los correctos y los que debería tener en cuenta el "a quo" a esos fines, no cumpliendo con las previsiones del art. 356, inc. 2º del CPCCN.

En cuanto al agravio vertido por los demandados respecto de la procedencia de la sanción por temeridad y malicia establecida por el art. 275 de la LCT (to), adelanto que, por mi intermedio, es atendible la queja.

Es que, no se advierte, del recurso del proceso ni, a la luz de lo resuelto, una conducta de las demandadas que, por encima del interés legítimo de su defensa, permita su calificación como temeraria y maliciosa en los términos del art. 275 L.C.T. (to).

Si bien se verificó una negativa de la relación laboral, ésta se sustentó en un argumento que, más allá de su razonabilidad, no se probó. Pero tal omisión no importa, sin más, calificar el proceder patronal como temerario y malicioso en los términos del art. 275 L.C.T. (to) -tal como lo pretende el accionante en el inicio-, pues "supone una conducta mañosa, una maniobra desleal, las articulaciones de mala fe, máxime cuando son reiteradas y trasuntan claramente dolo procesal" (conf. CNAT, Sala IV, "Franco, Nicolás c/ Sind. de Seguro de la Rep. Argentina s/desp.", sent. nº 58.010), lo que no se verifica en autos. Dicha sanción debe ser apreciada prudentemente, a fin de que resulte conciliable con el derecho de defensa en juicio, tornándose aplicable a aquellos casos en que el litigante se ha excedido inequívocamente en el ejercicio de su derecho, articulando cuestiones abiertamente improcedentes y sistemáticamente dirigidas a obstaculizar la marcha del proceso. No debe escapar a los jueces que por la naturaleza humana del propio interés, no es dable exigir a la parte que se juzgue con total imparcialidad en el ejercicio de sus derechos, pues de esa forma se corre el riesgo de cercenar o limitar peligrosamente la garantía de defensa en juicio.

En consecuencia, corresponde modificar en este aspecto la sentencia recurrida y revocar lo decidido al respecto en grado.

El agravio vertido por los accionados respecto de los intereses establecidos en origen deviene abstracto, toda vez se trata de un supuesto hipotético que no evidencia un perjuicio actual para los recurrentes. Por otra parte, la remisión que efectúa el sentenciante anterior al art. 623 del C.Civil no aparece desajustada para el supuesto planteado.

Por último, en lo atinente a la extensión de responsabilidad a los codemandados Natalia Lorena Viacava y Gustavo Alberto Salomón, entiendo que corresponde confirmar la decisión adoptada en la instancia de grado.

Es que, contrariamente a lo manifestado y más allá del extenso análisis efectuado por el sentenciante de grado en su pronunciamiento, lo cierto es que el fundamento de la extensión de la condena a las personas físicas demandadas radica, precisamente, en su condición de integrantes de la sociedad Empresa de Transporte Argentur SRL y la omisión en que incurrieron al no registrar la relación de trabajo que mantuvo dicha codemandada con el actor, lo que para el Dr. Elffman, importó un típico fraude laboral y previsional, cuyo objeto y efecto es disminuir en forma ilegítima la incidencia, al sector pasivo, que es víctima de la evasión, y a la comunidad comercial en cuanto a disminuir los costos laborales, entre otras razones, que enmarca la situación dentro de lo previsto por el art. 54 de la ley 19.550 (to); aspectos estos sobre las cuales ninguna crítica formulan los recurrentes (conf. art. 253 C.P.C.C.N.).

Seguidamente, trataré los agravios vertidos por la parte actora.

Sugiero desestimar el agravio del actor contra el rechazo de su requerimiento en concepto de horas extras porque el reclamo fue efectuado de un modo estimativo y mediante una suma global (ver pto.4-Liquidación, fs. 9), sin siquiera indicar concretamente la cantidad de horas que involucran su pretensión, en qué momento habrían sido cumplidas y períodos reclamados, de modo tal que impide un pronunciamiento válido por vía del principio de congruencia de raigambre constitucional (art. 34 inc. 4º C.P.C.C.N. y art. 18 Const. Nacional).

Tampoco se suple tal omisión recurriendo a las previsiones del art. 55 de la LCT (to), porque el horario de trabajo no es un dato que deba constar en el libro del art. 52 de dicho cuerpo legal; y además, el recurrente no cuestiona la valoración efectuada por el Dr. Elffman de la testimonial rendida, para concluir que no encontró suficientemente acreditada la materialidad de las horas extras reclamadas. Agrego también, en apoyo a tal conclusión, que la realización de un servicio a primera hora de la mañana (traslado a empreas) y luego por la noche (a turistas) no significa horario corrido, cmo para computar el tiempo de inactividad como jornada (conf. art. 117 LCT -to-).

Lo resuelto precedentemente, torna abstracto el tratamiento del agravio vertido por el accionante respecto del salario tomado por el señor juez de grado en su pronunciamiento.

Teniendo en cuenta que el sentenciante anterior en su pronunciamiento omitió referirse a la obligación de entrega de los demandados de los certificados de trabajo y de aportes y contribuciones previstos por el art. 80 de la LCT correspondientes al actor, que fuera expresamente peticionado por el reclamante en el inicio (ver fs. 8vta., 2do. párrafo), corresponde hacer lugar al reclamo y condenar a la demandada Empresa de Transporte Argentur SRL a hacer entrega al Sr. Macchi de dichas certificaciones dentro del quinto día de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de disponer una multa diaria de $ 100 para el caso de incumplimiento (art. 666bis C.Civil).

No corresponde extender dicha condena en forma solidaria a los codemandados Viacava y Salomon, pues se trata, a mi criterio, de una obligación exclusivamente en cabeza del empleador y no de responsables solidarios en los términos de los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales, porque no se trata de perjuicios causados por el mal desempeño de sus integrantes de la sociedad en su cargo.

Además, condenar a un deudor solidario a cumplir una obligación que no tiene carácter patrimonial, y que sólo puede ser satisfecha por el empleador (condición "in tuito personae"), no aparece -en mi criterio- como viable; y menos aún cuando se advierte, a posteriori, la consiguiente imposibilidad de obtener dichas codemandadas, conforme la normativa vigente, la emisión de la certificación con los requisitos formales exigidos por las disposiciones imperante en la materia (no fueron los empleadores del actor ni, por ende, ingresaron declaraciones juradas o aportes correspondientes al mismo), todo lo cual a lo único que conduce, es a que posteriormente deban admitírsele, en su caso, la presentación de formularios o planillas que ningún valor van a tener para el trabajador, porque no son las que la A.N.S.E.S. acepta como válidas.

Por el contrario, entiendo atendible el reclamo por haberes de julio y agosto de 2009, porque se denunciaron como adeudados (ver fs. 8 "in fine") y no obra en autos comprobante alguno que acredite su cancelación (conf. art. 138 LCT -to-).

No pasa por alto que la reclamación telegráfica como "salarios adeudados" puede aparecer genérica por falta de precisión, pero no es condición para viabilizar un reclamo salarial la previa intimación telegráfica, sino que se hubiera denunciado adeudado y que no se acredite su pago.

Sin perjuicio de la modificación propuesta y de lo normado por el art. 279 del CPCCN, sugiero confirmar la imposición de costas a cargo de la demandada vencida (art. 68 CPCCN), como bien sostiene el sentenciante anterior. No escapa a mi criterio que el monto que prospera la acción es inferior al reclamado, sin embargo no cabe soslayar que la imposición de costas es el instituto adecuado para lograr la reparación pecuniaria sufrida por quien se vio obligado a promover juicio para obtener el reconocimiento de su derecho.

No puede pretenderse adoptar un criterio puramente aritmético para la fijación de costas, derivada sólo del cotejo entre el monto reclamado y el diferido a condena, toda vez que en lo sustancial (esto es en cuanto a los derechos en juego) ha triunfado la parte actora. Así, el litigante vencido es "aquél contra el cual se declare el derecho" o "se dicta la decisión judicial" (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial Comentado", T.1, pág.261), lo que conlleva a la solución propiciada.

Respecto de los honorarios regulados en la instancia anterior a todos los profesionales intervinientes y perito contador, teniendo en cuenta el mérito y extensión de las tareas realizadas y las pautas arancelarias vigentes, estimo que los regulados a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada lucen razonables y ajustados a derecho, por lo que sugiero su confirmación en esta instancia, con excepción de los regulados al perito contador, los que encuentro elevados por lo que propicio reducirlos al 6% del monto de condena más intereses (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57).

En cuanto a la solicitud de regular honorarios al letrado de la parte actora por su actuación en el SECLO no se advierte en qué consistiría el agravio de la parte en este aspecto porque, en todo caso, debió el letrado del demandante apelar este punto "por propio derecho". Sin perjuicio de ello, cabe señalar que esta Sala ha decidido con anterioridad, que los emolumentos fijados en la sentencia definitiva que resuelve el pleito incluyen los correspondientes a las labores desarrolladas por los letrados en la etapa extrajudicial previa en la cual no se arribó a acuerdo alguno accionante. (ver SI 15.793 del 29/8/08 en autos "Quevedo Liliana Monica c/ Met A.F.J.P. S.A. s/ despido").

Las costas de esta instancia propongo imponerlas a cargo de la demandada vencida en lo principal (conf. art. 68 C.P.C.C.N.), y regular los honorarios de los profesionales intervinientes por ambas partes, en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 ley 21.839).

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto, sugiero: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y elevar el monto de condena a la suma de $ 48.619,61 (PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA Y UN CENTAVOS) con más los intereses dispuestos en la instancia anterior; 2) Revocar lo decidido en grado respecto de la imposición de la sanción por temeridad y malicia prevista por el art. 275 de la LCT; 3) Reducir los honorarios regulados en origen al perito contador al 6% del monto de condena más intereses; 4) Condenar a la demandada Empresa de Transporte Argentur SRL a hacer entrega al Sr. Macchi de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 de la LCT dentro del quinto día de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de disponer una multa diaria de $100 para el caso de incumplimiento (art. 666bis C.Civil); 5) Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada vencida en lo principal (conf. art. 68 C.P.C.C.N.); 6) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandadas en el 25%, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 ley 21.839).

El Doctor DANIEL E. STORTINI, dijo:

Adhiero al voto que antecede, con excepción de lo resuelto en relación con la condena solidaria respecto de la entrega de los certificados del art. 80 de la LCT.

Ello es así, pues la solidaridad impuesta por los arts. 59 y 274 de la ley de sociedades comerciales 19.550, al no efectuar distinciones entre obligaciones de dar cosas o dar sumas de dinero, resulta extensible a todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo entre las que cabe incluir la entrega de los certificados previstos por el art. 80 de la LCT.

De tal como, sugiero extender la condena impuesta en los términos del art. 80 de la LCT a las personas físicas codemandadas (Natalia Lorena Viacava y Gustavo Alberto Salomón).

De prosperar mi voto, entonces, correspondería: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y elevar el monto de condena a la suma de $ 48.619,61 (PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA Y UN CENTAVOS), con más los intereses dispuestos en la instancia anterior. 2) Revocar lo decidido en grado respecto de la imposición de la sanción por temeridad y malicia prevista por el art. 275 de la LCT; 3) Reducir los honorarios regulados en origen al perito contador al 6% del monto de condena con inclusión de intereses; 4) Condenar solidariamente a los demandados a hacer entrega al actor de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 de la LCT, bajo apercibimiento de disponer la aplicación de astreintes, las que serán fijadas en la instancia de grado en caso de incumplimiento a esa obligación de hacer (conf. art. 666 bis C.Civil); 5) Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada vencida en lo principal (conf. art. 68 C.P.C.C.N.); 6) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandadas en el 25%, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 ley 21.839).	El Doctor GREGORIO CORACH, dijo:

Por compartir sus fundamentos, en cuanto es materia de disidencia, adhiero al voto del Dr. Stortini.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y elevar el monto de condena a la suma de $ 48.619,61 (PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA Y UN CENTAVOS), con más los intereses dispuestos en la instancia anterior. 2) Revocar lo decidido en grado respecto de la imposición de la sanción por temeridad y malicia prevista por el art. 275 de la LCT; 3) Reducir los honorarios regulados en origen al perito contador al 6% del monto de condena con inclusión de intereses; 4) Condenar solidariamente a los demandados a hacer entrega al actor de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 de la LCT, bajo apercibimiento de disponer la aplicación de astreintes, las que serán fijadas en la instancia de grado en caso de incumplimiento a esa obligación de hacer (conf. art. 666 bis C.Civil); 5) Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada vencida en lo principal (conf. art. 68 C.P.C.C.N.); 6) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandadas en el 25%, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

ANTE MI:

m.c.