marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho administrativo, derecho penal disciplinario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cesario, César Raúl c/ Estado Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-03-22

La naturaleza punitiva del derecho disciplinario administrativo lo coloca en clara relación con el derecho penal sustantivo y hace analógicamente aplicables a aquél muchos de los principios generales de éste, lo cual significa que existe una parcial similitud mas no identidad entre ambos, porque las medidas propias del primero no persiguen como fin la represión o prevención de la delincuencia, sino la protección del orden y disciplina necesarios para el ejercicio de las funciones administrativas constituyendo unas de las diferencias esenciales que la aplicación de sanciones disciplinarias y penales por la misma infracción no afecta el principio "non bis in idem".

Ambos ordenamientos jurídicos difieren en su objeto y finalidad, estableciendo el Reglemento General de Policía de Entre Ríos (Ley 5456) un conjunto de deberes y derechos que rigen la actividad del personal policial, deberes que se infringieron con el accionar de los agentes exonerados, motivo por el cual no se comparte lo expresado por el actor; no constituyendo la absolución o sobreseimiento penal título suficiente para impedir la sanción administrativa.-
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, multa, ejecución de multas, cierre de cuenta bancaria, principio de insignificancia, malos tratos, banco central
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEREZ DANIEL ALEJANDRO C/ BBVA BANCO FRANCES SA Y OTRO S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-15

Corresponde admitir el reclamo indemnizatorio en concepto de daño moral incoado por un cliente bancario con motivo de la intempestiva ruptura de los contratos de servicios bancarios contratados, así como la incorrecta información crediticia del actor, cursada por el banco demandado al Banco Central.

Ello así, en tanto se advierte que la defendida no cumplió con el deber de información; ni otorgó preaviso, impidiéndole a la parte actora tomar los recaudos del caso y evitar la sorpresiva inclusión en la base de datos del Banco Central, todo lo cual constituyó un obrar antijurídico que produjo un daño moral imputable a la entidad bancaria. (En el caso se otorgó una indemnización por este concepto fijada en la suma de $120.000, conjunta para ambos coactores: titulares de la tarjeta y de su correspondiente extensión).
Divorcio, segunda instancia, petición unilateral
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: G.C.A. c/ P. DE G.R.E. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

Pedida por un cónyuge la disolución vincular en la segunda instancia, en virtud de que cuando se hizo la presentación inicial no estaba aún vigente la ley 23.515 que lo admite, ante la oposición del otro cónyuge, y no habiendo acuerdo, estando además dictada la sentencia de primera instancia, sólo es admisible establecer los efectos de los arts. 206, 212 y 574, que no contemplan la recuperación de la aptitud nupcial del art. 217 de la ley citada, por lo que es improcedente conforme lo preceptuado en el art. 8 de la ley citada decretar en segunda instancia y, frente a tales circunstancias procesales, la disolución vincular.
Caducidad de instancia, falta de personería
Materia: Procesal Civil
Carátula: Asociación de Trabajadores en Educación Especial del Noreste del Chubut s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-07-12

En autos cabía a la parte actora impulsar el proceso con posterioridad a la resolución que desestima la excepción de falta de personería que opusiera la parte demandada. La responsabilidad de instar debe materializarse dentro del término de la perención, so pena de operarse esta. Lo contrario importaría dejar abierta la instancia "sine die" por la sola inactividad de la parte, que es precisamente lo que las normas que regulan la caducidad pretendieron evitar.
Expresión de agravios, autosuficiencia del agravio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lloyds Bank c/ Rosa Caeves Kaplan s/ Prepara Vía Ejecutiva (LIBRO: A001 - 482)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-17

Quien pretende que se revise un fallo judicial debe manifestar las razones por las cuales esa decisión no la conforma, poniendo de relieve los errores de hecho o de derecho, las omisiones, defectos y vicios o excesos que contiene, no pudiendo calificase como agravios las simples argumentaciones antes vertidas en similares términos en la primera instancia del proceso y que han sido desechadas por el juez con fundamentos no contradichos por el recurrente. Es decir, la queja debe ir acompañada de la correspondiente demostración de los motivos por los cuales, a juicio del apelante, la resolución dictada resulta descalificable.-
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: LACOMBE, E c/ INTERACCION ART s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA AUTONOMA DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 546 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-08

No puede entenderse suficientemente rebatido lo sostenido por la Sala al denegar el recurso de inconstitucionalidad en cuanto a que confirmó el rechazo in limine de la "demanda autónoma de inconstitucionalidad", en razón de afirmar la existencia de cosa juzgada "... ya que no podría coexistir ambas contiendas sin el riesgo a que se dicten resoluciones contradictorias...", lo que a criterio de los sentenciantes de ningún modo implicó cercenar el derecho a la jurisdicción. Y ello es así por cuanto en esta instancia la impugnante se limita a reiterar los reproches ya vertidos oportunamente insistiendo en la independencia existentes entre ambos procesos, más sin hacerse cargo debidamente de los señalado en la Alzada respecto a que la pretensión que se intentó introducir "como demanda autónoma de inconstitucionalidad" no es otra cosa que lo que se pretendió incorporar al otro expediente como "ampliación de demanda", planteo desestimado por el juez inferior e n virtud de encontrarse trabada la litis.
Despido sin causa, indemnización por despido, oportunidad procesal, extinción de la acción penal
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Pereyra, Luis c/ Servicios Públicos Sociedad del Estado s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-03-26

El derecho a pedir la indemnización respectiva nace a partir del pronunciamiento judicial que declara extinguida la acción penal pues en tal oportunidad se resuelve definitivamente la situación procesal del imputado (no con la concesión del beneficio de suspensión del juicio aprueba) y es el determinante de la ilegitimidad del despido dispuesto. Consecuentemente, a partir de la declaración de ilegitimidad del distracto unilateral nace el derecho a reclamar la indemnización. Así, no corresponde el reintegro del actor a la empresa ni el pago de los salarios caídos, sino modificar la calificación del despido resuelto por la patronal como "justa causa" por la de despido del actor a reclamar el pago por la empresa de la indemnización por antigüedad establecida en la Ley de Contrato de Trabajo, quedando resguardado con ello el postulado constitucional de protección contra el despido arbitrario (art. 14 bis de la Constitución Nacional).
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS DE CHUBUT, recurso de apelación (administrativo), interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Paz, Isidro Segundo s/ Recurso de Apelación contra resolución Nro. 1984-93 del ISSyS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-05-12

Como inveteradamente ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera regla de interpretación es dar pleno efecto a la voluntad del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley y la norma debe aplicarse como el legislador la concibió, máxime cuando del texto resulta claro el espíritu, su inteligencia común se acomoda a la finalidad que la informa...
Municipalidad, conflicto de poderes
Materia: PROCESAL
Carátula: Tello, Silvia E. (Senadora del Dpto Tinogasta) s/ Denuncia Conflicto de poderes entre la Municipalidad de Tinogasta y el Consejo Deliberante
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-09-06

Dentro de la esfera municipal el conflicto de poderes se configura no sólo cuando la contienda se plantea entre el poder ejecutivo municipal y el cuerpo deliberativo, sino también las producidas en el seno de este último, siempre que la existencia del diferendo sea irreversible en el ámbito que le es propio y que haga inclusive imposible el funcionamiento normal del cuerpo. Del voto del Dr. Cáceres
Litisconsorcio, terceros
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Caprín Mirta Elsa. c/ Riaño Juan Carlos y Barrios Jose M. s/ Ordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-05-04

La reconvención solo puede dirigirse contra el actor y no contra un tercero.Pero, excepcionalmente, debe repararse en la circunstancia de que si la intervención del tercero es necesaria y su omisión causa nulidad, la reconvención deducida exclusivamente contra el accionante es inadmisible.En el caso de litisconsorcio pasivo necesario se presenta un serio problema; la sentencia que respecto de lo reconvenido se dicte es inoponible a las partes que no han sido citadas a juicio. Extender a su respecto una cosa juzgada producida sin la debida intervención de esas partes en el juicio respectivo, seria violar la defensa en juicio que constituye una garantía insalvable.De modo que, si se admite la viabilidad de la reconvención frente a terceros en supuestos excepcionales, con mayor razón en aquellos casos en que, como el presente, las propias circunstancias aconsejan admitir la contrademanda dirigida contra un litisconsorte, quien ya es parte, pues resulta que su participación es necesaria a tenor de los términos de la litis. (Minoría u opinión personal)
Marcas, tutela legal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Medicien  SA c/ Medizin  SA s/ Cese de uso de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

El nombre comercial y la marca son institutos diferentes con distinto ámbito de protección jurídica. La distinción mencionada puede tropezar con dificultades cuando se trata de marcas de servicios. Pero aunque ello obligue a mayores sutilezas en el análisis, no hay duda de que la distinción subsiste, ya que en tanto "las marcas de servicios identifican y distinguen un servicio específico de una compaÑía, los nombres comerciales identifican y distinguen la organización del negocio mismo de las de sus competidores". Coincidiendo en este tema con las apreciaciones de Otamendi (Derecho de marcas, Bs. As. 1989, p. 19 y 20) cabe destacar que "el nombre o designación distingue a los competidores, nos dice quién es el que desarrolla la o las actividades. La marca de servicio nos dice qué es, identifica a un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a un producto y no a quien lo fabrica". La cuestión puede resultar todavía más sutil cuando los nombres son evocativos de la índole del servicio prestado; mas este hecho, atribuible a la voluntad de los interesados, no impide diferenciar ambos institutos.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, transmisión del dominio, automotores
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: MARIA LAURA PODESTA s/ RECURSO EXTRAORDINARIO    DOMINIO    AUTOMOTORES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-17

Los agravios vinculados al régimen sobre transmisión del dominio de los automotores remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho común, resueltas con fundamentos del mismo carácter que impiden su descalificación en los términos de la doctrina de la arbitrariedad, máxime en el caso, en el que la resolución apelada se ajusta a las prescripciones del decreto-ley 6582-58 (ratificado por ley 14.467 y modificado por ley 22.977).
Constitución Nacional, poder constituyente, reforma de la constitución, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Carbone,  Edmundo  José c/ E.N.  -M°  Justicia y DDHH (Art. 99C.N.) S/ s/ roceso de Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-13

Así como se reconoce uniformemente que el Poder Judicial se encuentra facultado para declarar la inconstitucionalidad de una ley sancionada por el Congreso de la Nación, cuyo poder es limitado debe hacerse lo propio cuando el poder constituyente derivado se atribuye facultades que la Constitución Nacional le ha atribuido en exclusividad a ese otro poder constituido , como lo es la de determinar las cláusulas constitucionales que son susceptibles de ser reformadas (Del voto del juez Buján, cons.

VI.6).
Recurso de casación, improcedencia del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Kresteff, Juan Carlos y otro c/ Kresteff, Nicolás y otro s/ Demanda de Simulación y Colación de Herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-04-14

"Siendo que un mismo tema puede ser resuelto con más de un criterio, la circunstancia de que el decisorio no se compadezca con aquel que el recurrente entiende aplicable al caso, no necesariamente lo tiñe de arbitrariedad."
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, indemnización, lucro cesante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jucalán Forestal, Agropecuaria  SA. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-23

Cuando se incluye el lucro cesante en la indemnización por actividad lícita de la Administración, el mismo no deberá ser la expresión de una igualdad matemática que marque la estricta equivalencia con las utilidades dejadas de percibir.
Regulación de honorarios, costas, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Traditti, Carlos Adrián y otro s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-02

La solicitud de regulación de honorarios e imposición de costas efectuada por las abogadas patrocinantes del querellante, no es, por su naturaleza ni por sus efectos, sentencia definitiva ni a ella equiparable, en los términos del art. 457 CPPN, ya que no impide la continuación de las actuaciones.
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, María Cristina c/ Clínica Los Cedros de Tapiales S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-11-08

La apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados en la causa, fundamentalmente, lo que se refiere a la selección, jerarquización, habilidad, mérito y eficacia probatoria de la prueba testimonial, constituye el ejercicio de atribuciones propias del tribunal del trabajo, insusceptible de revisión salvo absurdo.
Abogados, ejercicio profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Novaro, Jorge Rubén c/ Municipalidad de Ramallo s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Corresponde oficiar al Colegio de Abogados de la Provincia y Departamental (en el caso: San Nicolás) para que conozcan y resuelvan en el ámbito del contralor del ejercicio profesional que les compete, acerca de la actuación de la letrada firmante de un escrito por el que se pretende el juzgamiento de un acto administrativo que dispone la cesantía de un agente público, por la vía del memorial previsto en el artículo 284 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 24 ley 5177). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Determinación de la incapacidad, pericia médica, médico forense, junta médica, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: CHILO ANTONIO OSCAR c/ GIACOMOI FAZIO S.A.-INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-04-27

Si bien es cierto que la pericia judicial es la instancia revisora final de la prueba realizada en cualquier otro proceso y por lo tanto prevalece contra el dictamen en contrario que haya dictado cualquier Junta Médica en Sede Administrativa, más esta se incorpora al expediente en calidad de prueba instrumental. Esa preeminencia se ve afectada por contener la pericial médica forense, fundamentos que se sustentan en premisas falsas, máxime cuando existen otros elementos de prueba suficientes que permiten considerar como válida la determinación de incapacidad que estipuló la Junta Médica en sede administrativa.
Constitución Nacional, autonomía provincial, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Céspedes, Narciso s/ Mandamus Un.T.E.R.(Unión de Trabajadores de la Educación Rionegrina) s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-09-19|1997-05-12

En virtud de la estructura federal asumida por nuestro país, la Constitución Nacional -luego de la reforma de 1994- establece un estándar mínimo garantista, a partir del cual cada jurisdicción provincial, en virtud de su autonomía, puede reglar la acción de amparo, en su faz adjetiva y sustantiva. En cada provincia, la competencia referida a las garantías procesales específicas, de corte constitucional, están reguladas en su legislación local, cuestión que quedó plasmada en los arts. 43, 44 y 45 de nuestra Alta Carta Provincial.
Recurso de casación, depósito previo, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rafael J. Perez S.A. c/ I.P.F. S.A. s/ Cobro de pesos s/Recursos de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-11-10

Se interpone recurso de reposición en contra de un proveído dictado por este Tribunal que ordenó la integración del depósito, establecido por la norma contenida en el art. 300 del C.P.C. El recurso está fundamentado en la inexistencia de base económica para determinar el valor del juicio.

Es conteste la jurisprudencia en afirmar que resulta insuficiente el depósito efectuado en el mínimo tratándose de procesos de monto determinado o determinable. Debe tenerse presente que el valor del pleito no es indeterminado, si al demandar se reclamó una cantidad expresa: de allí que al constituir un requisito procesal necesario para que la Corte de Justicia se pronuncie acerca de la aplicación de la ley, es imperativo indagar acerca de la pretensión económica en tratamiento para establecer el cuantum del depósito previo a la declaración de la admisibilidad del recurso extraordinario provincial articulado. En el caso, se ha determinado el monto de la demanda ($4.320.000), monto éste que es el utilizado por el tribunal para fijar el importe del depósito exigido. En consecuencia no resulta de recibo la afirmación de que se está en presencia de una acción de valor indeterminado, toda vez que el mismo resulta fácilmente determinable de las constancias de la causa y conforme lo dispone el art. 300 del C.P.C.; debiendo no hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por la parte actora.
Confirmación de sentencia, cesión de créditos, homologación del acuerdo
Materia: PENAL
Carátula: IMTANP SA c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE ART 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-18

Procede confirmar la resolución que rechazó la oposición formulada por el concursado respecto a la cesión de crédito y consideró extemporáneo el planteo introducido en los términos del CPR 44. Ello por cuanto, en el caso, no se trata de una sustitución procesal en los términos del citado artículo pues no se está ante un proceso contencioso sino en la etapa de cumplimiento del acuerdo homologado en un concurso preventivo. Por ello no es necesaria la conformidad del deudor en la manera que exige dicha norma. Este instituto tiende a evitar que se causen perjuicios a la parte contraria a la que produjo la cesión o enajenación (v. esta Sala, "Martínez, Adela Cristina c/ Leoz, Francisca Silvia s/ ejecutivo", del 3.10.07), y ello, lógicamente, se da dentro del trámite de un proceso contencioso.
Suspensión del juicio a prueba, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: Specogna, Adrián c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-26

La disidencia sostuvo que la opinión favorable del MPF en punto a la admisibilidad del instituto vincula al órgano jurisdiccional a suspender el juicio a prueba, en tanto deviene contrario a la garantía del debido proceso pretender que el imputado enfrente un debate cuya suspensión ha sido postulada por el titular de la acción pública. (Dr. Ledesma -disidencia-)
Derecho laboral, objeto ilícito, prueba, comunicación de la causa del despido, cobro de sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: Montedeoca, Adalberto Daniel c/ Lema, José Leopoldo y otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-29

Al actor se le enrostra un ilícito contractual (violación de los deberes de cuidado, protección de los bienes de la patronal, diligencia, responsabilidad, buena fe, vigilancia, etc.); pero -bajo ningún punto de vista- puede hablarse de un achaque de tipo penal o una acusación que conlleve la necesidad de demostrar una "autoría material" del actor en la desaparición del ganado. La falta denunciada es contractual. Una cosa es enrostrar un delito y otra muy diferente un incumplimiento en deberes ínsitos en el contrato. Puede haber delito penal que sea indiferente en lo civil, por no existir daño privado; o bien ilícito civil no punible en lo penal, por falta de tipicidad (Voto Welp. Adhesión Romero)
Acción contencioso administrativa, depreciación monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARCOS HORACIO DI TULIO c/ CAJA  DE  PREVISION  SOCIAL  DE  LA  PROVINCIA  DE SANTA CRUZ Y PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1984-06-15

Es necesaria la correlación entre la norma preexistente y el derecho vulnerado que de ella emana; relación que configura lo que se ha dado en llamar "materia administrativa", que debió previamente ser tratada en sede administrativa con agotamiento de esa vía; en este orden de ideas, el reajuste por depreciación monetaria reclamado y a pesar de ser previamente tratado, no constituye para la actora un derecho subjetivo, ya que no emana de una norma preexistente y por lo que escapa a la regulación contencioso administrativa.
Recurso contencioso administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, procedimiento administrativo, pronto despacho, gobernador, recurso jerárquico, interposición del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acuña, Mario Alberto y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 564 año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-20

No puede ser aceptado el argumento de la provincia demandada consistente en que la vía administrativa no fue correctamente agotada con base en que "tras el pedido de pronto despacho los recurrentes debieron interponer el recurso jerárquico previsto por el art. 55 y ss. del decreto- acuerdo 10204/58", desde que los respectivos pronto despachos fueron interpuestos, precisamente, por ante el Gobernador, circunstancia que "prima facie", y por sí misma, inhabilita la posibilidad de deducir un recurso que debe ser interpuesto, precisamente, por ante esa misma autoridad (v. art. 55 decreto-acuerdo 10.204/58). Y si el planteo se funda, en definitiva, en que "el reclamo debía ser resuelto por el Secretario de Estado General y Técnico de la Gobernación, o, en su caso, por el Ministro de Gobierno, Justicia y Culto" -argumento postulado por la Provincia sin ningún sustento normativo-, queda sin explicar no sólo la concreta razón por la que el Gobernador se habría hallado impedido de resolverlo, sino también por qué aquél no reencauzó el trámite por ante la dependencia que entendía que debía intervenir inicialmente, posibilidad que se encuentra expresamente habilitada por el artículo 14 del decreto-acuerdo 10.204/58.