Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-03-29


2º Instancia. - Mercedes, marzo 29 de 2007.

1º ¿Es justa la sentencia obrante a fs.238/241? 2º ¿Qué corresponde decidir? 1º cuestión. - El doctor Nolfi dijo:

Para facilitar un mejor análisis de la cuestión que ha llegado planteada a esta alzada, realizaré una somera reseña de los antecedentes de la causa que guardan relación con la misma. Y así cabe destacar, en primer lugar, que el presente juicio se dictó sentencia el 22 de marzo de 2006 (fojas 238/241) en la cual se hizo lugar a la demanda articulada por Víctor Julian Graglia contra la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Servicios anexos de Villa Ruiz (partido de San Andrés de Giles) y condenó a la accionada a pagarle al actor la suma de pesos ochocientos ($800), con más intereses a la tasa pasiva y costas.

La parte demandada interpuso recurso de apelación en fojas 246 y lo fundó en fojas 250/255.

La parte actora hizo una manifestación en fojas 258 y se le dio por perdido el derecho a contestar los agravios (v. fojas 259).

La magistrada sentenciante considera, a grandes trazos, lo siguiente:

Que de la declaración de la testigo María Susana Cisneros (fojas 213) quien se desempeñaba como empleada en la vivienda del actor surge que alrededor de las 10.45 "se hizo un fogonazo en la cocina", "sintió un ruido de la electricidad, fuerte" y se quemaron varios artefactos eléctricos.

Que dicha declaración es única.

Que la declaración de fojas 214 carece de entidad probatoria por cuanto no se trata de la deposición de un testigo no presencial sino de quien concurrió al lugar después de haber sido informado por el actor de que "se le quemó el motor".

Que la declaración de Cisneros aparece lo suficientemente convincente y exenta de toda parcialidad por lo que corresponde tener a los hechos debidamente acreditados (arts. 384, 456 del CPCC).

Que el desperfecto debe ser atribuido al anormal y discontinuo suministro del servicio eléctrico "con reiteradas altas y bajas tensiones" que se presume por causa imputable a la empresa prestadora ( art. 30 de la ley 24.240).

Que la empresa accionada responde de pleno derecho por le daño producido al consumidor, salvo prueba de la existencia de una causalidad ajena.

Que de conformidad con el art. 40 de la ley 24.240 (incorporado por la ley 24.999) el productor, proveedor, distribuidor, vendedor, etc., de la cosa o servicio responderá, entre otros supuestos, por los daños que resulten de la prestación del servicio (vicios o riesgos propios de la misma) y "sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena" (cita la obra de Farina, "Defensa del consumidor y del usuario", tercera edición, p. 435/437 y jurisprudencia convalidante).

Que la parte demandada a fin de eximirse de responsabilidad negocial atribuyó el hecho al comportamiento del actor por no haber podado los árboles de su propiedad ni contado con los dispositivos de protección de uso obligatorio.

Que de los elementos obrantes no surgen las circunstancias mencionadas pues los testigos Leonardo y Daniel Torres (fojas 199/200) se limitaron a afirmar que el servicio que presta la demandada es bueno y que en febrero de 2002 no tuvieron ningún tipo de inconveniente.

Que si bien el testigo Leonardo Torres advertía al usuario sobre la necesidad de mantener podados los árboles y en igual sentido lo refieren Brañas y Lara, no hay convincentes elementos de juicio que autoricen a admitir que hayan sido árboles existentes en el lugar los que hubieran afectado el servicio.

Que el testigo Brañas, trabajador de la cooperativa, recibió el reclamo del actor, dijo que una rama estaba dentro de su propiedad, cortó el "neutro" pero no dijo como lo sabe, si estuvo en el lugar, etc.

Que tampoco se allegaron idóneas probanzas tendientes a demostrar la eficacia de ese hecho en la producción del daño.

Que la declaración de Lara y su informe (fojas 197 y 155 respectivamente) poco aporta porque sus dichos están esencialmente referidos a las condiciones y arreglo de una bomba sumergible efectuada a mediados de 2001 y marzo de 2002 (antes y después del hecho en examen).

Que no está probado que la rotura de la bomba tuviera entidad suficiente para dañar otros artefactos eléctricos como los aludidos por la testigo Cisneros en fojas 213.

Que no hallándose demostrada la alegada causalidad ajena, la parte demandada debe responder por las consecuencias dañosas derivadas de la deficiente prestación del servicio eléctrico (art. 40 de la ley 24.240, art. 1113 y afines del C.C.).

2. Que en cuanto al resarcimiento, surge del testimonio de fojas 213 que entre los bienes objeto del reclamo se dañaron: el televisor que cabe tenerlo por reparado conforme la factura de fojas 205; decodificadores de canales, lámparas, una bomba sumergible y fuentes de alimentación.

Que el monto necesario para su reparación (v. factura de fojas 205) se estima prudente fijarlo en la suma $800, suma que incluye el gasto requerido en el punto a) de fojas 17/fojas 5/7).

Que se rechazan los demás requerimientos indemnizatorios porque surge que se hubiesen efectuado las reparaciones.

Que el lucro cesante y la privación de uso no están acreditadas por lo que corresponde su rechazo.

Los agravios.

La parte demandada dice que subyace en autos la falta de relación causal entre el hecho y el daño.

En adelante expone:

Que surge en fojas 38 que se cortó el conductor de acometida correspondiente al neutro por el accionar de las ramas del árbol de propiedad del actor.

Que existía la preventiva advertencia que la cooperativa hacía a sus clientes.

Que no había dispositivos de protección a cargo del cliente (ley 11.769, art. 2º incisos c y d).

Que del propio relato del actor surge que puso disyuntor después de las altas y bajas tensiones producidas permanentemente.

Que la prueba pericial electromecánica se frustró por culpa del actor (v. declaración de negligencia de fojas 226).

Que la única opinión técnica fue emitida por el testigo Lara quien fue a reparar unos cables subterráneos a mediados de 2001 y señala que habían sido reparados por otra persona "un arreglo muy casero" (remarca) añadiendo que hasta el tablero llegaba bien la corriente de la línea, que el tapón se saltaba nuevamente, que desconectó el artefacto y la protección no saltó.

Que el testigo Lara dice que el actor le pidió que diera corriente al bombeador para mantener agua en la casa y agrega que estima que el problema fe interno de Graglia, que desconoce que fuera de la línea eléctrica y que las protecciones eran obsoletas.

Que el hecho de la víctima hace caer la presunción emanada del art. 30 de la ley 24.240 porque cuando el daño proviene de una falta imputable al propio damnificado no se impone responsabilidad alguna.

Que el actor no cortó las ramas de los árboles que circundaban las salidas de las tomas eléctricas.

Que el pretendiente no tomó la precaución de colocar disyuntores u otras protecciones.

Que el daño debe ser imputado al negligente proceder de la víctima.

La responsabilidad.

Sentado lo que antecede y, adelantando mi opinión favorable al progreso de la pretensión que contiene la demanda, resulta imprescindible efectuar una reseña de los hechos, luego de las normas jurídicas aplicadas y por último la solución decisoria propuesta.

Antes de ello, me permito remarcar que los hechos que motivan la presente litis no reconocen su causa en un inusual acaecimiento de un suceso. Muy por el contrario, en los últimos tiempos se ha acentuado la verificación de este tipo de complicaciones; así, por ejemplo, un reciente pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados bonaerense advierte el "profundo deterioro que sufre el actual sistema energético", con la posibilidad cierta de "cortes de energía en la costa atlántica y en el interior provincial si se acentúan las altas temperaturas en el final del verano". En esa iniciativa presentada por el legislador Juan Gobbi se solicitan informes al Ejecutivo para saber "cuáles son las políticas que se han adoptado o que se proyecta implementar para mitigar la crisis en la energía eléctrica; cuál ha sido el resultado de las negociaciones con las empresas concesionarias; cuál es el monto de un nuevo aumento en las tarifas y también las inversiones previstas tanto por el Estado como por las empresas prestatarias". El legislador sostuvo que los resultados de los últimos cinco años indican con claridad un aumento del consumo del 20 por ciento, mientras que desde el 2000 está paralizada la inversión. Y mencionó que en el primer semestre de 2005, la demanda creció un 4,46 por ciento, según datos oficiales. Gobbi afirmó que "esto implica que ante cualquier dificultad climática o temperaturas extremas, el sistema colapsa porque no tiene ni la estructura ni las inversiones recomendadas, con los traumáticos trastornos que esto produce". Y advirtió que se producirán "interrupciones de energía en la costa atlántica y en el interior bonaerense", remarcando que "todo indica que en lo que resta del verano se repetirán los cortes y se demostrará el estado de fragilidad que goza el sistema eléctrico".

Agrega que "nos encontramos ante una crisis energética estructural, realidad que no parece reconocer el Poder Ejecutivo, lo que se confirma en la minimización del problema según surge de las declaraciones de los funcionarios responsables de las áreas específicas" (fuentes Diario "El Día" del 30 de enero de 2006, artículo rotulado "Advertencia por colapso del sistema energético", y "La Prensa": "Sistema eléctrico estuvo al borde de colapso en febrero" del 14 de marzo del año 2007).

Y creo que esta circunstancia adquiere entonces relevancia mayúscula y actúa de manera coadyuvante para la resolución del caso, quedando en claro que la línea decisoria que esbozo tendrá inocultable vinculación con ella.

De conformidad a los términos en que ha quedado trabada la litis, de lo que da cuenta la relación de causa que antecede, no existe concordancia entre las partes respecto de por qué motivo se produjeron los daños en los artefactos propiedad del señor Graglia. En efecto tan extremas visiones antitéticas reposan, por un lado, en que la cooperativa demandada aduce que los menoscabos responden a una causalidad ajena (arts. 1113, segundo párrafo, segunda parte "in fine", 1111, ambos del C.C. y el art. 2º incisos c y d de la resolución 1208/97 reglamentario de la ley 11.769 Texto Ordenado por dec. 1868/04, Marco regulatorio eléctrico de la Provincia de Buenos Aires 1208/97 (publicado en el B.O. del 14-VII-1997) es decir, atribuye la causa al hecho de la víctima, concretamente por ni haber podado los árboles que interferían -según refiere- la línea de conducción eléctrica de la casa. Por su parte, la actora, concluye que la rotura de los artefactos internos de la casa y la bomba sumergible se debió a una alteración pronunciada de la tensión del fluido eléctrico.

En verdad, Graglia demanda a la cooperativa por la afectación (rectius: rotura) de los siguientes artículos a principios del mes de febrero de 2002 (v. relato de los hechos, punto II demanda, fojas 13 vta): 3 motores, 1 televisor color, 2 decodificadores, 1 contactor interruptor, 1 relevo térmico T 30, 7 lámparas (60 wats) y 1 fuente de alimentación.

Añade que se presentó en la empresa personalmente el día 8 de febrero de 2002 (v. fojas 4), y no obteniendo respuesta curso carta documento el 5 de Julio de 2002 (v. fojas 6, declarada auténtica en fojas 138) .

En fojas 135 la Dirección de Lealtad Comercial informa no haber recibido denuncias contra la Cooperativa.

La sociedad cooperativa responde al reclamo del actor en febrero 12 de 2002 expresando que la responsabilidad en la rotura de los artefactos es del propietario por la presencia de ramas sobre la red. Añade en el dictamen que la guardia se hizo presente ante el llamado de personal de la casa, solucionando el problema y verificando que se había cortado el conductor de acometida, correspondiente al neutro, por el accionar de las ramas del árbol de propiedad del usuario (v. fojas 38).

En fojas 99 absuelve posiciones el actor desconociendo la existencia de árboles sobre los conductores eléctricos, pero sí admite haber colocado un disyuntor, no precisando si lo hizo antes o después del incidente.

En fojas 155 presenta informe que luego reconoce judicialmente en fojas 160 el electricista particular Lara quien describe los siguientes hechos:

Que concurrió en varias ocasiones a la finca propiedad del actor a realizar reparaciones.

Que conoce los problemas que Graglia tuvo con la bomba de agua, al parecer por mal funcionamiento del motor o bien por el conjunto (de la instalación) que es demasiado obsoleto.

Que a mediados de 2001 el actor realizó la nueva perforación y constituido en la casa verifica que terceras personas habían seccionado el cable subterráneo, haciendo reparaciones muy caseras que provocaron que al poco tiempo fallaran nuevamente raíz de contingencias derivadas de disminución pronunciada de la tensión.

En fojas 160 vta. declara la señora Mirta Susana Cisneros quien admite recordar que ese día (designando la jornada en la que acaecieron los hechos) se hizo un fogonazo muy grande en la casa y se quemaron la mayoría de los artefactos eléctricos.

En fojas 196 depone Omar Panesi, asesor técnico de la Cooperativa, quien señala que la empresa brinda un servicio trifásico rural en baja tensión y admite que Graglia había denunciado algunos desperfectos.

Lara (fojas 197), electricista particular, relata que el servicio eléctrico que presta la cooperativa es bueno y que Graglia en febrero sufrió un inconveniente internamente en una bomba sumergible. Añade que las facturas del servicio de electricidad contienen la leyenda de mantener los árboles podados y reconoce haber realizado trabajos de electricidad en la casa del accionante: reparación de cables subterráneos que habían sido reparados por otra persona de un modo muy casero, cinco empalmes subterráneos, reparación de la bomba sumergible (se había quemado un tapón), constatación de que hasta el tablero llegaba bien la corriente de la línea y que el tapón saltaba, y desconección del artefacto.

Más adelante menciona que el actor le pidió que reparara la bomba, pero que le diera corriente al bombeador para mantener agua en la casa.

Por último, señala que entiende que el problema eléctrico fue interno y desconoce que fuera de la línea eléctrica.

Más adelante describe como obsoleto el motor de 4 HP que reparó, que el actor observó algunos problemas en su instalación, que las protecciones eran también obsoletas y le faltaban algunas, y que tenia disyuntor solo para la protección interna del inmueble, no así en los tableros del parque.

Brañas, dependiente de la cooperativa, declara en fojas 198 y califica como bueno el servicio que presta la cooperativa, como así también que en los recibos se les sugiere a los usuarios podar los árboles.

En respuesta al interrogante acerca del desperfecto padecido por el actor, responde que en esa oportunidad se le cortó el neutro y lo originó una rama que estaba dentro de su propiedad. A continuación agrega que durante el mes de febrero de 2002 fue el único reclamo que observó la empresa.

Leonardo Torres, en fojas 199 dice nunca tuvo problemas con la cooperativa eléctrica, ni con el servicio al que califica como muy bueno. Añade que trabaja con máquinas y nunca tuvo ningún problema. Ratifica que en las facturas del servicio constaba la advertencia de la empresa en referencia a la necesidad de tener los árboles podados. Afirma, por último, que ante la inminencia de cortes de luz, la empresa pone en aviso a los usuarios con aproximadamente dos días de anticipación y que durante el mes de febrero de 2002 no tuvo ningún desperfecto eléctrico usando el servicio continuamente.

Daniel Torres declara en similares términos que el anterior ponente; dice que el servicio eléctrico es bueno y normal, que no tuvo ningún desperfecto, que trabaja con máquinas trifásicas y monofásicas y que nunca tuvo problemas. Aclara que posee una industria.

Sin embargo, en fojas 209 vta., la señora Cisneros, única testigo presencial del hecho, ratifica el contenido de la anterior declaración, califica como golpe de tensión al incidente presenciado y añade que siempre "mandaban cortes de luz y bajas tensiones durante el día" (sic, fojas 213) y que la vecina Marta Castro tuvo el mismo problema, se le quemó el centro musical. Reconoce la existencia de árboles en el predio, pero agrega; "siempre podados" ( sic).

En el mismo sentido Juan Carlos Cisneros (vecino de Graglia) depone en fojas 214. Reconoce haber tenido problemas en la tensión eléctrica y que una vez se le quemó un motor.

En fojas 274 se declara negligente a la parte actora en la producción de la prueba pendiente.

Consideraciones de derecho.

La solución.

No viene cuestionada la aplicación al "sub discussio" de la teoría que imprime el art. 1113 2º párrafo del C. Civil. En casos como el presente resulta aplicable esa norma toda vez que las disposiciones relativas a las cosas son aplicables a la energía eléctrica (art. 2311, C.Civil).

Ello así en la órbita objetiva de la norma citada -aún en el ámbito obligacional- la culpa del dueño o guardián de la cosa riesgosa (Sociedad Cooperativa de Servicios Eléctricos y Anexos de San Andrés de Giles) cabe presumirla, por lo tanto para eximirse de la responsabilidad que objetivamente se le imputa, debe acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder. Y esto es así porque el propio del Reglamento de Suministro -en cuanto establece que "en el caso que se produzcan daños a las instalaciones y/o artefactos de propiedad del usuario provocadas por deficiencias de la calidad técnica del suministro imputables a la distribuidora, y que no puedan ser evitadas mediante la instalación en los mismos de las protecciones de normas, la distribuidora deberá hacerse cargo de la reparación y/o reposición correspondiente, salvo caso de fuerza mayor"-, incorpora un nuevo requisito para que el resarcimiento del daño por parte de la distribuidora resulte procedente, cual es, que el usuario no hubiera evitado su producción de haber instalado protecciones de normas en aquellos bienes, por lo que sólo hace jugar en el caso la norma contenida en el art. 1111 del Código Civil, la cual -en cuanto establece que "(e)l hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falla imputable a ella, no impone responsabilidad alguna"-, integra un standar jurídico que admite ser aplicado también a los casos de incumplimiento contractual.

Pero el presente caso impone adentrarse en otra no menos importante vertiente normativa, que además viene resignificada constitucionalmente.

En efecto, la protección del usuario de servicios públicos (arts. 42, Constitución Federal y 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires), el derecho de propiedad y al debido procedimiento adjetivo -las leyes nacional 24.240 y provincial 13.133- dan fundamento al derecho de acción, y con mayor énfasis, el art. 3º de la ley 24.240 que determina que en caso de duda debe estarse siempre a la interpretación más favorable al consumidor, impone que, como la relación entre prestador y usuario es "desigual", ante una prestación "de carácter vital, necesaria y excluyente", la regla debe ser observada especialmente.

Para acceder al cometido decisorio cuadra puntualizar que los usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en las relaciones de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección; a condiciones de trato equitativo y digno.

El constituyente estableció que "... la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos". Y en orden a ello, en el concreto ámbito del servicio de electricidad, se puede describir que a partir de del año 1995 existen procedimientos para (1) la formulación y solución de reclamos de los usuarios; (2) la reparación de daños ocasionados a artefactos e instalaciones y (3) la reparación de daños ocasionados a los artefactos por falla en la calidad del producto técnico (Tawil, Guido S. "El Procedimiento Administrativo ante los Entes Reguladores", en Procedimiento Administrativo, Jornadas Organizadas por la Univ. Austral, p. 259).

Valga como ejemplo que puntualmente en el caso de la reparación de daños, los reclamos en el orden nacional y federal, deben iniciarse ante los distribuidores, correspondiendo la intervención del ENRE en caso de que el usuario decida cuestionar los reclamos rechazados por aquéllas. Asimismo la reglamentación prevé la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ("Procedimiento para la Reparación de Daños Ocasionados a los Artefactos" por Fallas en la Calidad del Producto Técnico, arts. 3º y 13. Boletín Oficial nº 28.063, p. 16, del 18 de enero de 1995). Y la ley 24.065, en su art. 72 determina que: "toda controversia que se suscite entre generadores, transportistas, distribuidores grandes usuarios con motivo del suministro o del servicio público de transporte y distribución de electricidad deberá ser sometida en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del ente. Es facultativo para los usuarios así como para todo tipo de terceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, por iguales motivos que los enunciados en este artículo el someterse a la jurisdicción previa y obligatoria del ente".

Ahora bien, la cuestión gira en tomo a establecer si el reclamo del accionante se ajusta en un primer estadio, a las previsiones constitucionales y legales y, luego, lógicamente, si existe prueba concluyente de la relación adecuada y eficiente de causalidad entre el hecho atribuido a la deficiente prestación del servicio por parte del ente a título de dueño o guardián, y el daño ocasionado.

Insisto en esto: la vigencia inmediatamente operativa de los principios del art. 42 de la Constitución Nacional constituye una pauta rectora porque declara el derecho de los usuarios a la protección de sus "intereses económicos" y en relación a ello, procede puntualizar que nuestra Corte Suprema ha reconocido la necesidad de cumplir los fallos y opiniones consultivas de los organismos internacionales de aplicación de los tratados que suscribimos (Giroldi, 1995, LA LEY, 1995-D, 462; Arce, LA LEY, 1997-F, 697, con nota "Los Derechos Humanos no son para, sino contra el Estado").

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, tiene dicho que "Por ello, la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no quedan al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución" (párrafo 22 de la OC 6/86). En igual sentido se pronuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "Por lo tanto, cualquier acción que afecte los derechos básicos debe ser prescripta por una ley aprobada por el Poder Legislativo y debe ser congruente con el orden jurídico interno". (Organización de los Estados, Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1996, Washington, D.C. 1997, p. 65).

Ese Tribunal define como ley, "la norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados partes para la formación de las leyes" (Opinión Consultiva número 6/86, párrafo 23 y 32) pues "El principio de legalidad, las instituciones democráticas y el estado de derecho son inseparables" (Opinión Consultiva 8/87, párrafo 24); es la legislatura electa y no la autoridad constitucional o de facto la que tiene la potestad legislativa. Todo ello ha sido reiterado en el voto concurrente del representante argentino ante la CIDH, Fappiano, Oscar Luján, caso 10.843, Chile, 15 de octubre de 1996, Informe nº 36/96, párrafo 31, p. 197 del Informe de 1996 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. loc. cit.,: el principio de buena fe nos obliga a cumplir en el plano interno lo que sostenemos y nos obliga en el plano interno e internacional, como también lo reconoce la Corte Suprema en Arce al citar lo expresado en nombre de nuestro país por su representante en Naciones Unidas (LA LEY, 1997-F, 697) (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, t. 11, VI-24. 3º ed., Fundación Derecho Administrativo).

Con estas directivas, es claro que cualquier limitación de la responsabilidad importa un privilegio y la concesión de los mismos es atribución del Congreso (art. 75, inc. 18 y similar de la Carta Magna provincial), de lo que se desprende que el legislador no facultó al poder administrador la suscripción de contratos que contengan dichas cláusulas. En todo caso "la interpretación del contenido contractual de la concesión tiene carácter restrictivo; "El derecho del concesionario no puede ir más allá de lo que la concesión define y enumera, siendo la regla más segura en materia de interpretación de concesiones la de que toda duda debe ser resuelta en sentido adverso al concesionario, por que nada debe tenerse como concedido sino cuando es dado en términos inequívocos o por una implicancia clara" (Fallos 155:12). "No existen derechos implícitos en la concesión en beneficio del concesionario". La afirmativa -en materia de interpretación de concesiones- necesita ser demostrada, el silencio es negación y la duda es fatal para el derecho del concesionario" (Fallos C.S.J.N t 49, p 224, cit. De Cooley, Constitutional. Limitations, ed. 7º, 565). La jurisprudencia norteamericana es, en ese sentido concordante con el principio de la interpretación restrictiva (97. U.s. 659, in re Northwestern Fertilizing cº v. Village o Hyde Park)".

Recuerda Rafael Bielsa que a tenor de lo resuelto por nuestra Corte Suprema... "es una regla consagrada por el derecho administrativo que en materia de franquicias a una corporación como en toda concesión de privilegios por el Estado a personas o individuos, en caso de duda la interpretación debe ser en contra de los concesionarios, porque la presunción más aproximada a la verdad es la de que el Estado ha acordado sólo lo que en términos expresos resulte de ellos"; "vacilar acerca de la extensión del privilegio es estar resuelto y toda resolución que dimane de una duda debe ser en contra de la concesión (Cooley's, Constitutional Limitations, ps. 565 y 566, séptima ed.)." Y la Corte Suprema de los Estados Unidos ha expresado reiteradamente, en ese mismo sentido, lo siguiente: "la regla de la interpretación más segura en esta clase de casos es la que aquélla es en contra de la corporación". "Toda razonable duda debe ser resuelta en forma adversa". "Nada debe tomarse como concedido sino cuando es dado en términos inequívocos o por una implicancia igualmente clara". "La afirmativa necesita ser demostrada, el silencio es negación, y la duda es fatal para el derecho del concesionario 97. U.S.659". (Agustín Gordillo, ob. cit. IV-35/36, t. 1).

Si bien las empresas suelen llamar "clientes" a los que reciben su servicio, consideramos que esta designación presupone libertad de elección; al no existir tal libertad y tratarse de "clientes" cautivos, corresponde más estrictamente la denominación de usuario. La relación usuario-concesionario se rige por el derecho administrativo sobre todo a partir de la reforma de 1994 y los indubitables derechos públicos y de incidencia colectiva del usuario y consumidor que ella establece en sus arts. 42 y 43 (cfr. Agustín Gordillo, ob. cit. VI-30).

La ley de defensa del consumidor rige supletoriamente en las relaciones entre la concesionario y el usuario. En ese sentido la ley 24.240 prescribe que en caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor. De conformidad a ello, los arts. 37 y 38 de la misma ley, prohíben que los contratos de adhesión contengan cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños. Seguidamente la ley faculta al juez tanto a declarar la nulidad parcial, como a integrar el contrato, si ello fuera necesario.

De la reseña probatoria se desprenden las siguientes conclusiones relevantes:

Que los testigos, tanto los dependientes de la empresa concesionaria Panesi y Brañas -cuya ponderación entiendo debe ser estrictísima- cuanto los otros vecinos del lugar Leonardo y Daniel Torres, revelan que la cooperativa brinda un buen servicio, técnicamente describible como "trifásico en de baja tensión". Puntualmente, tanto el asesor técnico de la empresa (Panesi) como el otro trabajador (Brañas) atribuyen el daño a la interferencia de los árboles en el tendido de cable, específicamente describen un corte en el acometido del neutro.

Los otros testigos, también califican como bueno al servicio eléctrico que brinda la cooperativa y expresan no haber tenido dificultades con él, sin afianzar alguna idea o detalle concreto acerca de si lo que recuerdan corresponde a la época de ocurrencia del hecho que causa este examen. En definitiva, se expiden genéricamente, con un sentido histórico, acerca del servicio que el ente.

Por sobre estas cuasi evidencias con contenidos referenciales, despuntan dos declaraciones, a mi juicio, trascendentes; la de la empleada Cisneros, testigo presencial quien describe por percepción visual directa los hechos, y Juan Carlos Cisneros, quien, además de referir una experiencia similar a la padecida por el actor, afirma que tras el incidente fue a la casa de su vecino y se enteró que se le habían quemado algunos aparatos. Si bien es cierto que el testimonio verdaderamente revelador de la situación juzgada es el que proviene del contenido declarado por la señora Cisneros, el segundo no es descartable porque guarda una coherente conexión con aquél.

Por último, tampoco podrá ser admitida la queja referente a que el único testimonio valorado como presencial fue el de esta ex empleada de Graglia, puesto que el aforismo latino "testis unus, testis nullus" no tiene cabida en el actual proceso civil de la Provincia. En efecto, no carece de fuerza probatoria la declaración de un testigo único por esa sola circunstancia, siempre que dicho testimonio -como sucedió en autos- resulte suficiente para causar convicción en el ánimo del juzgador que explica sus razones, con los límites que quedaran expuestos previamente, es decir, la exigencia de que las conclusiones a que se arribe en las sentencias sean el fruto racional de las pruebas, con el único pero infranqueable límite del respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, es decir -insisto- las leyes de la lógica.

Esta solitaria pero reveladora declaración indica que de ninguna manera puede producirse un "fogonazo" por un corte en el acometido del neutro, ni por una falla en la caja térmica del motor del tanque exterior. Máxime si el señor Lara, conocedor del lugar, manifiesta que la vivienda contaba con disyuntor para protección interna, así también lo refiere aunque sin precisar la fecha de su instalación el actor. Computando tal circunstancia, mal puede sostenerse válidamente que esas causas hayan sido las provocadoras del abrupto cambio del nivel de tensión y sus perturbaciones; pues ello se relaciona con la calidad técnica del producto suministrado, y no pueden imponerse al usuario cargas agravadas como sería la instalación de estabilizadores de tensión.

A su vez, la índole de las causas exculpatorias o exonerativas de responsabilidad, como pueden serlo aquellas que la práctica belga denomina "las perturbaciones inevitables en el estado actual de la técnica", que puede actuar vinculada a límites de tolerancia (parámetros por debajo de los cuales no existe responsabilidad), o con independencia de ellos, no rigen porque lo que aquí se ha puesto en tela de juicio es la propia responsabilidad de la entidad por los daños y perjuicios que pueden ocasionar como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones, que pretende descargarse en el damnificado; y eso sí constituye una cuestión muy distinta.

Debe aquí ponerse de relieve que la télesis de las normas aplicables al servicio público de distribución de energía eléctrica y a las obligaciones contractuales que vinculan a los usuarios con las distribuidores, en caso de oscuridad, como bien lo sostiene la magistrada anterior, obliga a interpretarlas en favor de los derechos de los usuarios, comprendiendo la reparación integral de los perjuicios que la inejecución injustificada de sus obligaciones por parte de la distribuidora le pueda ocasionar, de conformidad a los principios rectores del ordenamiento jurídico fundamental, que garantiza los derechos económicos de los usuarios y obliga a la prestación con calidad y eficiencia de los servicios públicos, admitiendo sólo restrictivamente las excepciones limitativas de los derechos amparados por la Constitución Nacional, cuya renuncia no cabe presumir.

En consecuencia, resulta claro, entonces, que la cláusula contractual en análisis alude aquí a los daños causados como consecuencia de la indebida ejecución del contrato de concesión, del incumplimiento de las obligaciones asumidas conforme al mismo y/o de la inadecuada prestación del servicio público.

En tales condiciones, cuando la deficiente y agrego dañadora prestación del servicio eléctrico es imputable a la distribuidora y carece de justificación legítima, aquélla debe responder por los perjuicios ocasionados Al respecto, la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ha sostenido que -reconociéndose la existencia de un vínculo contractual-, el mero incumplimiento de la empresa a su obligación de proporcionar el fluido eléctrico es determinante de su responsabilidad, a menos que ella pruebe que el hecho responde a caso fortuito o fuerza mayor (confr. "Las Tapas S.A. c. Edesur S.A." del 9/3/1997).

Asimismo debe tenerse presente el principio de mantenimiento de los servicios públicos esenciales (arts. 77, 67 inc. i, de la ley 11.769), que garantizan al usuario el "acceso a la electricidad como un derecho inherente a todo habitante de la Provincia de Buenos Aires, garantizándose un abastecimiento mínimo y vital".

Cito, los arts. 67 incs. g) e i) de la ley 11.769, conforme a los cuales es derecho del usuario "no ser privado del suministro si no media una causa real y comprobada, prevista expresamente en la legislación específica, el contrato de concesión de su prestador, y/o el régimen de suministro vigente", "al acceso a la electricidad como un derecho inherente a todo habitante de la Provincia de Buenos Aires, garantizándose un abastecimiento mínimo y vital"; 6º del reglamento de conexión y suministro.

Para finalizar no puedo dejar de expresar que pesa sobre los jueces un específico deber: el de ponderar qué es lo que se seguirá de su fallo, cuáles consecuencias o efectos, el sentido, alcance y derivaciones del resultado al que arriben. No pueden permanecer indiferentes a esos resultados. Habrán de representárselos formulando una tarea de verificación de los mismos en función del valor justicia. Y que es esta ponderación de las consecuencias de la decisión ha sido sostenida reiteradamente por la Corte Suprema: "Si la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de sus términos, conduce a resultados que no armonizan con principios axiológicos superiores, arriba a conclusiones reñidas con las circunstancias del caso o a consecuencias notablemente disvaliosas, la interpretación de la ley debe integrarse a su espíritu, a sus fines y a los principios fundamentales del derecho en grado y jerarquía en que estos son valorados por el todo normativo" (Fallos, 302:1284). "La aceptación de soluciones disvaliosas es incompatible con la misión de los jueces" ("Fallos", 313:1238). Es por ello que existe un compromiso y una responsabilidad social de la justicia en cumplimentar tales objetivos y en desarrollar acciones que prevengan, eviten o hagan cesar determinados daños o circunstancias disvaliosas, lo que emerge de la propia Constitución (Preámbulo, arts. 14, 28, 33, etc.).

En función de todo lo expuesto, concluyo proponiendo al Acuerdo hacer lugar a la demanda, en esta parte, aunque con los alcances precedentemente expuestos.

El resarcimiento.

La sentenciante, como ya lo relaté en párrafos precedentes, dice que surge del testimonio de fojas 213 que entre los bienes objeto de la pretensión se dañaron. Un televisor al que cabe tenerlo por reparador según factura de fojas 205, decodificadores de canales, lámparas, una bomba sumergible y fuentes de alimentación.

Estima prudente fijar el monto de la reparación en la suma de $ 800, monto que incluye el gasto solicitado en el punto a) de fojas 17.

Rechaza el lucro cesante y la privación de uso.

La parte demandada insiste en sus agravios en torno de la interrupción total de la relación causal por el hecho de la víctima. Pero nada objeta puntualmente en torno a esta temática juzgada.

Y si bien es ciertamente dificultoso cumplir acabadamente con las exigencias del art. 260 del Código de Forma cuando se trata de considerar la cuantificación de algún rubro sujeto, como en el caso, a cánones subjetivos de valoración, no es menos cierto que no por ello el recurrente queda relevado totalmente de la crítica razonada del fallo en el tema o punto del cual se agravia. De modo tal que cabe exigir, como mínimo, la explicación concreta de las causas por las cuales se estima errónea la procedencia y cuantificación del perjuicio realizada por el iudex a quo, no siendo sustento bastante la mera discrepancia subjetiva, que además, tampoco en esta parte luce presente en la mentada pieza.

Con tal alcance propongo declarar inidónea esta parte de la expresión de agravios, lo que conlleva a definir la deserción del recurso en lo que atañe a la parte del acto sentencial que se pronuncia sobre el resarcimiento debido.

Las costas de primera instancia vienen apeladas (v. punto II 4. de la expresión de agravios) pero creo que no caben dudas que en tanto parte vencida en la contienda, la parte demandada Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos debe cargar con las de primera instancia. Postulo en consecuencia confirmar esta parcela sentencial (doctr. art. 68, CPCC).

Las de Alzada deben igualmente ser cargadas a esa parte porque su recurso es desestimado de manera integral en lo que respecta a la temática de la responsabilidad civil y se decide a continuación declararlo desierto parcialmente por inidoneidad en el segmento del resarcimiento (doctr. arts. 68, CPCC).

Doy mi voto por la afirmativa.

Los doctores Marchió y Bagattin y aduciendo análogas razones, dieron sus votos en el mismo sentido.

2º cuestión. - El doctor Nolfi dijo:

En mérito al resultado de la votación que antecede, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1º. Confirmar en todas sus partes la sentencia apelada de fojas 238/241.

2º.Imponer las costas de alzada a la parte demandada (doctr. art. 68, Cód. de Forma).

Así lo voto.

Los doctores Marchió y Bagattin y aduciendo análogas razones, dieron sus votos en el mismo sentido.

Que en el acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado establecido: que la sentencia de fs. 238-241, debe ser confirmada.

Por ello y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede se resuelve:

1º. Confirmar en todas sus partes la sentencia apelada de fojas 238/241.

2º. Imponer las costas de alzada a la parte demandada (doctr. art.. 68, Cód. de Forma). - Luis M. Nolfi. - Luis T. Marchio. - Roberto A. Bagattin.