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Seguro de responsabilidad civil, pago, sujetos del pago, asegurador, derechos del asegurador
Materia: CIVIL
Carátula: CONS. PROP. SARMIENTO 81-86 c/ EMACO  S.A.C.I.E.I. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-19

Si la damnificada liberó a la aseguradora en forma definitiva, mediante el recibo de las sumas que indica el instrumento acompañado, imputándolo a la indemnización total de los perjuicios sufridos como consecuencia del daño provocado por la aseguradora, mal puede condenarse a esta última, aunque mas no sea por vía elíptica, en razón del mismo perjuicio, por estimarse que el pago era insuficiente. Es que el acuerdo que instrumenta dicho recibo fue celebrado por la aseguradora en ejercicio de su obligación de mantener indemne al asegurado, por lo que éste debía a un tercero el ahora actor- en razón de la responsabilidad en que incurrió y dentro de los límites de la cobertura.

En el seguro de responsabilidad civil, el asegurador puede pagar directamente a la víctima, aún sin el consentimiento del asegurado, por aplicación del artículo 109 de la Ley de Seguros y aún con apoyo en el art. 727 primera parte del Código Civil (conf. Halperín, "Seguros" Nro. 85, p.437). Si es así, el pago efectuado no sólo libera al asegurador, sino también al asegurado, por lo tanto si la accionante se consideraba con derecho a una indemnización mayor debía efectuar las reservas del caso.
Firma en blanco, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Giménez, Bernabé y otros c/ Cooperativa  Agrícola  Ganadera  y  Forestal  Pirane Ltda. y/u otros s/ Reclamo laboral Ganadera  y  Forestal  Pirane Ltda. y/u otros s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-17

La carga de demostrar que las obligaciones que surgen del instrumento firmado en blanco no son las que las partes tuvieron la intención de documentar, grava a la parte que afirma lo contrario de lo que del texto resulta.
Juicio político, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, gobernador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Del Val, Ricardo J. s/ H.Cám.  de Dip. Pcia. de Sta. Cruz Sala Juzgadora Juicio Polit. al  S  E. Sr. Gobernador  de  la  Prov. de Santa Cruz (Inc. de Apel.) s/rec.  de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Cuando en la práctica del juicio político se vulnera cualquiera de los requisitos que dan contenido a la garantía constitucional del "debido proceso" (art. 18 de la Constitución Nacional) por absoluta omisión o por sólo apariencia de cumplimiento, le corresponde al órgano judicial reparar el derecho subjetivo agraviado frente a tal conducta antijurídica. Este derecho subjetivo es a la permanencia en el cargo por el tiempo para el cual el gobernador fue democráticamente elegido y sólo cede frente al supuesto de intervención federal o frente a la existencia de causales de remoción, debidamente "juzgadas".
Administración Pública, anulación del acto administrativo, nulidad de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INGENIERO OSCAR A. DIEZ  S.A.I.C. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO  DE PLENA JURISDICCION Y SUS ACUMULADOS -CON LOS  ALCANCES DEL ARTICULO 342 DEL C.P.C. Y C. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 291  AÑO 1995 Y SU ACUMULADO 856/96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-15

A los fines de impedir formalmente el ejercicio de la potestad de anulación, no resulta válido oponer las nociones de "derechos subjetivos incuestionables", "derechos adquiridos", "situaciones jurídicas precluidas y adquiridas", "confianza digna de protección" o la "teoría de los actos propios", las cuales se asientan en principio en la hipótesis de que el acto productor de tales efectos resulta legítimo. Y es esa legitimidad -precisamente- lo que la Administración cuestiona en su propia esfera cuando ejerce potestades propias.
Recurso extraordinario, gravamen actual, nulidad de sentencia, orden público, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Rodríguez Soca, Eduardo Manuel (U-2) s/ Acción de hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

No obstante que las circunstancias de no existir un gravamen actual no fue objeto de agravio por el recurrente, como la existencia de un gravamen actual es un requisito indispensable para la viabilidad del recurso, y el control de su subsistencia por la Corte es materia de orden público, procede que haga uso de sus facultades de excepción y declare la nulidad de la sentencia y de lo actuado con posterioridad.
Derechos sexuales, derechos reproductivos, acceso a la información, despenalización del aborto, secreto profesional, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Observación General No 22 - Complementa Recomendación No 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - Derechos sexuales - Derechos reproductivos - Regulación del aborto c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2016-05-02

La obligación de respetar que tiene los Estados Parte, respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, significa la abstención de cualquier forma de injerencia directa o indirecta en el ejercicio de aquéllos derechos, lo que incluye la imposibilidad de tipificar como delito los servicios y la información sobre salud sexual y reproductiva y penalizar el aborto, debiendo mantener siempre estricta confidencialidad respecto de información relacionada con la condición de seropositivo, exposición al VIH y a su transmisión, relaciones sexuales consentidas entre adultos, y la identidad o la expresión transgénero.
Licitación pública, adjudicatario, mala fe, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villalonga Furlong S.A. c/ Encotel s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-08

Es violatoria de la buena fe que se ha de exigir a todo participante en una licitación pública y es causal suficiente para declarar la nulidad del acto de concesión, la conducta de un postulante que, al momento de presentarse al concurso, ocultó la verdadera situación de la empresa en relación al cumplimiento de uno de los requisitos exigidos para acceder a la contratación, con pleno conocimiento que ese aspecto fundamental al momento de la decisión, no estaba satisfecho.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, Administración Pública, contratos administrativos, contrato de obra pública, resolución del contrato, bien común
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EDUARDO SANCHEZ GRANEL OBRAS DE INGENIERIA S.A.I.C.F.I. c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-20

La responsabilidad estatal por los efectos dañosos de su accionar dentro de la esfera de la función administrativa se rige por principios propios del derecho público, los que difieren de las reglas que en materia de responsabilidad se aplican a las relaciones privadas. Ello así en atención a la naturaleza del contrato de obra pública, típicamente administrativo, el cual se distingue de los acuerdos privados por la finalidad de bien común que determina la contratación y autoriza un régimen de prerrogativas, entre las que se cuenta la potestad del comitente para resolver el contrato. Al Estado le está permitido revocar directamente por razones de mérito, oportunidad o conveniencia de carácter general, no siendo menester que este poder de revocación se establezca expresamente en el contrato (Disidencia de los Dres. José Severo Caballero y Carlos S.

Fayt).
Cuestiones de competencia, suspensión del juicio a prueba, competencia federal, jueces naturales
Materia: PENAL
Carátula: Rojas Montaño, Irma s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-14

Debe atribuirse competencia para intervenir en las presentes actuaciones a la justicia federal. Más allá de lo prescripto por los arts. 18 de la ley 24.050 y 24 del C.P.P.N., habiendo tramitado la causa en el fuero de excepción y siendo éste el que dispuso la suspensión del proceso cuya revocación ahora se encuentra discutida, no resulta acertado dar intervención a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que ha sido ajena por la materia de su competencia a la tramitación de la causa, ya que dicha intervención sería violatoria de la garantía de juez natural, de rango constitucional (art. 18 de la C.N.), circunstancia que impone una interpretación sistemática y armónica de las normas que rigen el caso. (Voto de los Dres. Ledesma y Tragant).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, Estado Nacional, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, facultades del Poder Ejecutivo, convocatoria a elecciones, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, Código Electoral Nacional, ley derogada
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Gauna, Juan Octavio s/ acto comicial 29-3-97.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-07

El art. 2° de la ley 24.620 no colisiona con el art. 4° de la ley 24.588, toda vez que esta norma regla sólo una consecuencia natural del cambio de status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires y alude directamente a que sus autoridades, como consecuencia del "gobierno autónomo", ya no serán elegidas por el presidente de la Nación que ha dejado de ser el jefe directo de la Capital Federal.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, superintendencia
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Santolini, Hector Santos s/ Recurso de inconstitucionalidad - Agente del Poder Judicial solicitud  De junta médica (Expte.: C.S.J. Nro. 294 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-27

Resulta imposible ampliar por vía legislativa o interpretativa la competencia jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos supuestos se encuentran enumerados en "numerus clausus" por el artículo 93 de la Constitución Provincial: efectivamente, la Constitución de la Provincia prevé dos competencias bien diferenciadas de la Corte Suprema de Justicia: por un lado, el ejercicio de la superintendencia, por algunos llamadas "atribuciones administrativas de la Corte" y, por otros, "competencia de gobierno " -competen a la Corte Suprema el ejercicio del Gobierno del Poder Judicial (art. 19 ley 10160)- que es susceptible de ser ampliada por las normas legales, en cuanto que "ejerce las demás funciones que le encomiende la ley" (inc 8 art. 92 Constitución Provincial); a su vez, la competencia jurisdiccional, prevista en el artículo 93 del texto fundamental, por su misma redacción, impide la ampliación de los nueve casos previstos. Es decir que mientras la primera es abierta, la segunda es cerrada.
Despido indirecto, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: GUERRA EDELMIRO c/ ASOCIACION ATLETICA QUIMSA Y OTROS s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-03-08

El trabajador que decide el despido indirecto debe demostrar los hechos que motivaron la medida y su carácter injurioso.
Daños y perjuicios, accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador, cesión del establecimiento, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, Ramón c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-06

El dispositivo previsto en el art. 228 de la ley de contrato de trabajo, tiende a evitar que la transferencia de un establecimiento pueda ser un motivo de fraude en perjuicio del trabajador. Por ello, el cedente debe responde no sólo de las obligaciones exigibles o de plazo vencido, sino por las devengadas hasta ese momento en favor del trabajador, aunque no sean de plazo vencido.

La solidaridad no se refiere al conjunto de deberes de prestación y de conducta transferidos, sino a las deudas devengadas durante la relación con el cedente. En tal contexto, el transmitente responde solidariamente sólo por las sumas debidas emergentes de la relación de trabajo, hasta el momento de la venta del negocio.-
Alimentos, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: L. de C.A.C. y C.J.E. s/ DIVORCIO 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-25

La disposición del art. 645 del Código Procesal obsta a la caducidad del derecho de los menores a percibir los alimentos debidos, ya que aquéllos no pueden verse perjudicados por la inactividad de quien debe formular el reclamo.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrocarriles Argentinos c/ Acosta, Carlos Alberto y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Si se advierte que la cámara no se ha pronunciado acerca del recurso ordinario interpuesto por una de las partes respecto de los honorarios regulados, corresponde devolverle los autos.
Concursos, boleto de compraventa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ferrari, Marcelo Osvaldo y otra c/ Monso, María Luisa y otros s/ Tercería de dominio otros s/ Tercería de dominio otros s/ Tercería de dominio otros s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-16

En cuanto a los arts. 1185 bis del Código Civil y 146 de la ley 24522 que disponen que el boleto de compraventa es oponible al concurso o quiebra, está referido a los acreedores quirografarios y a los privilegiados con derechos personales que concurren a él, pues lo que hacen es retirar esos inmuebles de la masa e integrar a ella únicamente el saldo de precio que se estuviere adeudando (art. 146, párr. 2¦, ley 24522). En orden a los acreedores hipotecarios, en cambio, rige el principio de que pueden pedir la realización del bien afectado a la garantía en cualquier tiempo, derecho éste que queda subordinado *nicamente a la previa verificación de su crédito (arts. 21, inc. 2, y 126 ley 24522).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, encuadramiento legal de los hechos
Materia: PENAL
Carátula: Aringoli, Luis Oscar s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación de los arts. 84 del Código Penal y 238 y 239 del Código de Procedimiento Penal si el encuadramiento en los conceptos jurídicos de la inobservancia de los deberes a su cargo y de reglamentos -materia de derecho de fondo- y, consecuentemente, en el de confesión simple -derecho de forma- ha sido adecuadamente realizado por la Cámara, ya que las características de la maniobra realizada por el procesado y las circunstancias en las que se llevó a cabo son bastante para satisfacer el supuesto pertinente del art. 84 del Código Penal.
Coronavirus, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación de Clínicas y Sanatorios y Federación Médica del Chaco c/ Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes y/o Poder Ejecutivo de la prov. de Corrientes s/ medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2020-03-29

Deviene procedente la cautelar solicitada y corresponde permitir la libre circulación entre las provincias de Corrientes y Chaco de los profesionales médicos mencionados en la acción de amparo contra la Provincia de Corrientes a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Circular N° 6 del 24/03/2020, dictada por el comité de crisis COVID-19 dependiente del Ministerio de Salud, en cuanto dispone el aislamiento social y obligatorio de los facultativos con asiento en la provincia de Corrientes y que presten servicios en la provincia del Chaco por el término de catorce días, por considerarlos de manera arbitraria e infundada, personal sanitario de riesgo, toda vez que la decisión adoptada trae aparejada consecuencias directas e inmediatas sobre la salud pública y no es acorde con el Estado de Emergencia Nacional imperante, ni tampoco tiene en cuenta el rol fundamental e indispensable que los médicos cumplen en esto momentos en el sistema de salud.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Figueroa, R. c/ Veroso, F. s/ Ejecución de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

Si el ejecutado reconoce la deuda que se ejecuta, o bien que la firma puesta al pie del instrumento que se ejecuta le pertenece, limitándose a cuestionar las formas del título y el monto reclamado, tal defensa es improcedente, porque la actitud procesal en cuestión no supone otra cosa que un reconocimiento expreso de la obligación que se reclama por esta vía (arts. 495, 497, 499, 503, 505 inc. 1º, 507, 509 y 616 del Cód. Civil; 354 inc. 1º, 484 y 547 del CPC. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, acumulación de acciones, acumulación de procesos
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Spinosa, Angela s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1984-04-12

Con la acumulación, trátase en definitiva, que la resolución a recaer en uno de los trámites incida en el otro formal o materialmente.
Transporte ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria, viaje en el estribo, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: LISOTTI, Domingo c/ TRANSPORTE METROPOLITANO GENERAL SAN MARTIN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-15

No puede atribuirse como causa del accidente el hecho de que las puertas del vagón estén abiertas, ni un brusco movimiento del tren, si el hecho se debió a la conducta imprudente de la víctima, que viajaba sentada en el estribo del furgón, sin haber probado que le fuera imposible viajar en el interior de alguno de los vagones.

Tales circunstancias permiten concluir en su responsabilidad exclusiva, al no haber tomado las precauciones necesarias para no correr riesgos, aún cuando las puertas de los vagones puedan abrirse manualmente por los pasajeros, ya que esa circunstancia ni siquiera sirve como atenuante, máxime cuando la transportista no está obligada legalmente a efectuar el transporte de trenes con sistema de cierre automático de puertas.- Disidencia del Dr.

Gárgano
Accidente de tránsito, prioridad de paso, ambulancia
Materia: CIVIL
Carátula: Visotto, Danilo c/ Barrionuevo, María Isabel s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1976-02-06

La prioridad de paso de que puedan disponer las ambulancias no les confiere ninguna inmunidad ni el derecho de arrasar con lo que encuentren a su paso.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, relación de consumo, Derecho constitucional, división de poderes, revisión judicial, administración judicial, facultades discrecionales, facultades reglamentarias
Materia: PROCESAL
Carátula: Tabacco, Romina Marcela c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Al definir el contenido de un reglamento, el Poder Ejecutivo podrá -si así lo permiten las normas de mayor jerarquía y la materia a reglamentar- optar en ciertos puntos entre alternativas jurídicamente válidas a partir de la valoración de la oportunidad, mérito y conveniencia de cada una de ellas. Esta elección, en tanto no se impugne la legalidad de la solución adoptada, queda excluida del conocimiento de los magistrados. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Honorarios, conciliador laboral, mediación
Materia: LABORAL
Carátula: Quispe Gutierrez, Angela c/ AC 24 SA ex Flamarion S.A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-18

Las partes transitaron la senda de la mediación prevista en la ley 24573 que se desarrolló durante el mes de octubre de 2006, por lo que a los fines de la regulación de honorarios del mediador interviniente debe aplicarse el decreto 91/98 reglamentario de la ley 24573, vigente en el momento de tal mediación. Ello así, pues la CSJN in re "Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Pcia de Bs As" (12/9/96) expresó que es necesario indagar en cada caso la época o momento en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esa circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: López, Carlos Alberto c/ Di Meglio, Néstor Eduardo s/ Antiguedad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

No comienza a transcurrir el plazo previsto por el art.384 del Código Procesal Penal para que el sobreseimiento provisorio se transforme en definitivo si aquél no quedó consentido por falta de notificación al procesado, requisito éste que implícitamente impone el art.383 del Código citado.
Prueba, testigos, personal policial
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ APARICIO RAMON ANDRES s/ HURTO  DE  AUTOMOTOR, ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, ABUSO DE  ARMAS Y DAÑO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-07-08

Si bien es cierto que los dichos de los policías que intervinieron en la prevención siempre han sido debidamente considerados por los magistrados al momento de dictar sus resoluciones, ello no refiere al caso en que estos mismos policías sean a la vez víctimas del delito que investigan.
Conflictos interadministrativos, competencia, cuestión no justiciable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: I.O.S. c/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-16

El art. 1. de la ley 19.983, somete a la decisión definitiva e irrecurrible del Poder Ejecutivo Nacional o del Procurador del Tesoro, las reclamaciones pecuniarias de cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos de la Nación, descentralizados o no, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La finalidad de la ley 19.983 surge del mensaje del Ministro de Justicia con que fue elevado el proyecto, donde consta el propósito de ampliar la competencia que por razón de la materia y del monto había sido asignada al Procurador del Tesoro por el art. 56, Ley 16.432 y el dec. 3877/63, reservando de tal modo al Poder Ejecutivo los asuntos que excediesen los nuevos límites, sobre la base de reputar que todos los conflictos interadministrativos, de no mediar la atribución de competencia decisoria en favor del Procurador del Tesoro, estaban sometidos a la resolución del Poder Ejecutivo. Se partió, pues, del principio general recogido por el art. 4., Ley 19.549 -que reconoció al PEN y aún a sus ministros la atribución de resolver los conflictos de competencia entre órganos y entes administrativos-y por el art. 74, Dec. 1759/72 -que vedó a los entes descentralizados deducir recursos contra actos de otro de igual naturaleza o de la Administración Central-: principio conforme al cual, al menos en ausencia de norma legal contraria, los diferendos que se susciten entre órganos y entes estatales subordinados a un jefe único deben ser resueltos por éste (art. 99, inc. 1., Constitución Nacional), sin que corresponda a los jueces interferir a la cuestión (cfr. CNCont. Adm., en pleno, "Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/Gobierno Nacional -A.N.A." del 17.6.87, LL, 1988-A. 264).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Romanello, Libero c/ Sevel Argentina S.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

El depósito de la indemnización por accidente de trabajo en la Caja de Accidentes establecido por el art. 9 de la ley 9688 previo a su reforma por ley 23.643 no tiene el carácter de norma procesal en sentido estricto sino que obedece a la estructura y garantía a favor del trabajador del sistema implementado en dicho cuerpo legal.