Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-07-25


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los veinticinco días del mes de julio de dos mil siete, se constituye en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Primera en lo Criminal de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, el Tribunal presidido por la Doctora María Elena NIEVA de PETTINARI e integrada por el Doctor Daniel Luis María PINTOS y Doctor Guillermo Alberto MÜLLER, con la asistencia de Secretario de Cámara Doctor Ramón Lauro MACIAS, a fin de dictar sentencia en la causa Nº 38/03 caratulada: "C., M. M. s/ Incidente de Medidas Tutelares en Expte. N° 42/03" (Originario N° 1160/02 del Juzgado Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes), y resolver sobre la necesidad de imponer pena en relación a M. M. C., sin sobrenombres ni apodos, D.N.I. N° ................., argentino, nacido en esta ciudad, Provincia del Chubut, el cuatro de febrero mil novecientos ochenta y seis, soltero, unido en concubinato, instruido, Chofer de retroexcavadora, hijo de A. y de S. D. C. G., con domicilio en Lote ...., Manzana..... de Barrio ..................de esta ciudad, a mérito a la declaración de responsabilidad dictada por sentencia N° 45/03 agregada a los autos principales, de fecha 29 de septiembre de 2003, en orden a los delitos de Homicidio simple en concurso real con Lesiones graves (arts. 55, 79 y 90 del CP y 4° inciso 1º de la ley 22.278), por los hechos ocurridos en esta ciudad el 1 de diciembre de 2002 en perjuicio de D. H. y de E. A. N., en la que se dispusiera la continuación del tratamiento tutelar hasta la mayoría de edad, imponiéndole el cumplimiento de las siguientes reglas: 1. someterse a tratamiento en el Grupo GIA, coordinado por la Licenciada S. C. S., del Dpto. de Salud Mental del Hospital Regional local, con la frecuencia, modalidad y demás particularidades que dicha profesional indique, bajo la supervisión del Delegado de Control, Licenciado Raúl Mario Riera, y del Ministerio Pupilar en la persona de la Sra. Asesora Civil de Familia e Incapaces, Doctora patricia Fernández; 2. Continuar con sus estudios correspondientes al tercer ciclo de E.G.B. en la Escuela para Jóvenes y Adultos N° ..... de esta ciudad, sita en Barrio ............; y, en el futuro, abordar también la escolaridad del nivel medio, siempre bajo la supervisión del Delegado de Control y del Ministerio Pupilar; 3. Continuar con las actividades en el Centro Comunitario del Barrio .............., diariamente en el horario de 9 a 14 bajo la responsabilidad de la Sra. S. M. C.; 4. Aprender un oficio, arte o profesión, preferentemente en el área de mecánica o electricidad, cuyo desarrollo quedó a cargo del control y evaluación del Delegado Raúl Mario Riera bajo la supervisión de la Señora Asesora Civil de Familia e Incapaces.

R E S U L T A N D O:

Que durante la etapa correspondiente a la discusión final, con la presencia del imputado precedentemente individualizado, la Representante del Ministerio Público Fiscal, Dra. Cecilia CODINA expresó que, luego de ponderar el informe social elaborado por el Delegado de Control, Licenciado Raúl Mario Riera, y las expresiones vertidas por el imputado en la audiencia, se advierte que hay una toma de conciencia, un cambio en la forma de vida, con la asunción de diversas responsabilidades tales como una actividad laboral, la formación de una familia con un hijo de corta edad y otro por nacer, extremos éstos que permiten elaborar un diagnóstico favorable y que resultan indicadores de la inecesariedad de la imposición de pena, destacando que ésta, en el proceso de menores, constituye la "última ratio" y debe disponerse siempre que existan fundados elementos que permitan sospechar que el menor continuará cometiendo delitos, circunstancia esta que no se verifica en la especie, por lo cual concluyó su alegato solicitando la absolución de M. M. C. de los delitos de Homicidio simple en concurso real Lesiones graves que se le enrostraran.

A su turno el Defensor Público, Dr. Eduardo Marcelo CERDA, usó de la palabra y al término de su alocución, adhirió a los argumentos y a la petición propugnada por su colega, en virtud de los notables avances que se advierten en su conducta, no ha vuelto a tener inconvenientes con la Policía, se ha insertado en mercado laboral y ha formado una familia, reclamando al Tribunal que falle en tal sentido.

En los mismos términos y a igual conclusión arribó la Dra. Patricia FERNANDEZ concedida que le fuera la palabra, adhiriendo a la postre a la pretensión absolutoria propiciada por la Dra. CODINA.

Y CONSIDERANDO :

Que habiéndose cumplido el plazo del tratamiento tutelar ordenado, la presente se encuentra en estado de resolver en definitiva. Por tal motivo, el Tribunal plantea como única cuestión a elucidar: "¿ Resulta necesaria la imposición de pena a mérito de la declaración de responsabilidad dictada ?".

Cumplido el proceso deliberativo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 355 y concordantes del C.P.P., practicado que fuera el sorteo que prevé el art. 357, 2do. párrafo, de la Ley penal adjetiva, se estableció el siguiente orden de votación: en primer término la Dra. María Elena Nieva de Pettinari, en segundo lugar el Dr. Guillermo Alberto Müller y finalmente el Dr. Daniel Luis María Pintos.

A la cuestión planteada la Dra. PETTINARI dijo:

Se ha celebrado la audiencia de "visu" prevista en el artículo 4 de la Ley 22.278 respecto del imputado M. M. C., cuyos datos de filiación obran "ab initio" de la presente, a mérito de la declaración de responsabilidad penal en orden a los delitos de Homicidio simple en concurso real con Lesiones graves (artículos 55, 79 y 90 del Código Penal) dictada en los autos principales causa N° 42/03 por sentencia Nº 45/03 del 29 de septiembre de 2003, por el hecho contenido en la pieza acusatoria de fs. 243/246 de aquellos, base del debate oportunamente celebrado y a cuya lectura me remito "brevitatis causae" con lo cual doy cumplimiento a la exigencia del artículo 363 inciso 3º del ritual en lo que a requisitos estructurales de la sentencia se refiere.

En el curso de la misma, no se ha planteado controversia alguna entre las partes acerca de la inecesariedad de la imposición de pena alguna en virtud del satisfactorio informe elevado por el Delegado de Control (fs. 123 del presente incidente), del que se desprende que "... a) El joven M. M. C. cursó y aprobó el 3er. Ciclo en la Escuela N° .... durante el ciclo lectivo del año 2003, habiendo elevado el suscripto la fotocopia del boletín de calificaciones adjunta a la nota Nro. 60/04, de fecha 10/02/04. b) En el aspecto ocupacional demostró continuidad laboral y responsabilidad tanto en el ejercicio de los distintos trabajos, como así también evitar permanecer desocupado. c) En el aspecto familiar denota contención y compromiso con su concubina e hijo, con quienes mantiene un sólido vínculo afectivo, ejerciendo un adecuado rol paterno. Asimismo expresó su gran satisfacción ante el nuevo embarazo de su pareja. d) En cuanto a su asistencia al Grupo GIA si bien la misma no tuvo continuidad condicionada fundamentalmente por razones laborales, asegura y evidencia no haber incurrido en consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias estupefacientes y adictivas. De todo lo explicitado precedentemente se infiere que en general el joven M. M. C. ha dado cumplimiento satisfactorio a las obligaciones que le fueran impuestas por ese Excmo. Tribunal, denotando esfuerzo de superación y construido un muy positivo proyecto de vida sustentado en la cohesión familiar y responsable desempeño laboral".

En la audiencia celebrada, ha quedado palmariamente acreditado que las premisas delineadas al momento de declararse la responsabilidad penal del joven C. han sido satisfechas por lo antes expuesto, toda vez que se logró que concluyera con sus estudios de EGB y que se incorporara a una actividad laboral, tal surge del informe socioambiental agregado al legajo y del oralizado en la audiencia por el Delegado de Control. Al respecto, no puede soslayarse la evolución y el progreso que fue demostrando en el transcurso del prolongado tratamiento tuitivo, teniendo en cuenta que proviene de un hogar que se desintegró cuando contaba con sólo ocho años, edad en la que comenzó a trabajar en una panadería y luego como canillita.

En la audiencia el joven, en líneas generales, expresó su arrepentimiento por el episodio que lo tuvo como protagonista, manifestando que "le cambió la vida su hijo y su mujer ( ... ); que nunca pensó que iba a pasar por esto ( ... ) que si volviera para atrás lo evitaría (... )"; que al Grupo GIA fue dos veces pero no pudo seguir concurriendo por razones laborales y que no va a ningún lugar donde haya consumo de bebidas alcohólicas.

En este estado de valoración de los elementos aportados para la solución del caso, resulta imprescindible referirse a los requisitos sobre los cuales se debe edificar la necesidad de imposición de pena a un adolescente.

Al respecto, el tratadista alemán Günther Jakobs al desarrollar "El Principio de Culpabilidad", contenido en "Revista Peruana de Ciencias Penales", año I, número 2, julio/diciembre de 1993, pág. 503/504, sostiene, al hablar de la armonización entre culpabilidad y fines de la pena, que: "... El principio de culpabilidad significa que la culpabilidad es un presupuesto necesario de la legitimidad de la pena estatal. A su vez, la culpabilidad es el resultado de una imputación reprobatoria, en el sentido de que la defraudación que se ha producido viene motivada por la voluntad defectuosa de una persona... Probablemente, la formulación mas común sea: la culpabilidad es reprochabilidad, en lenguaje coloquial: tener la culpa".

"Como fundamento de la necesidad de vincular la legitimidad de la pena a un reproche, esto es, como razón del principio de culpabilidad, se aduce que sólo de esta manera puede evitarse la instrumentalización de la persona al imponer la pena. En este sentido, se argumenta que quien impone una pena sin que la persona que va a ser castigada merezca un reproche por el hecho cometido, o en todo caso, cuando merece un reproche menor que el que correspondería a la medida de la pena, incluye a aquella persona a diferencia de lo que ocurre en el caso de la pena merecida entre los objetos del Derecho de cosas. Dicho de otro modo: se argumenta que la pena no debe regirse exclusivamente por la utilidad pública que se espera de ella, sino que debe mantenerse dentro del marco de la culpabilidad del autor ...".

Ahora bien, en el subexámine no debe perderse de vista que se está ante una persona que cometió un injusto contando con dieciséis años de edad, lo que obliga a recordar que " ... El desafío de la dogmática es construir una doctrina sobre la culpabilidad de los adolescentes que parta de la premisa de que en el adolescente 'el contenido de culpabilidad de su hecho es menor que el de un adulto" (Welzel).

Agotado el plazo por el que se dispusiera el tratamiento tutelar, tengo para mí que su resultado, sin llegar a ser óptimo tal como lo refiriera la Señora Fiscal General no aporta una pauta objetiva que demuestre que el imputado sea proclive a asumir conductas transgresoras del orden jurídico. Prueba de ello es que desde el 1 de diciembre de 2002 fecha de los hechos bajo juzgamiento al presente, no se ha visto involucrado en sucesos de índole delictivo. También debe destacarse que el déficit que implicaría su no concurrencia al grupo GIA, que obedeció a una imposibilidad generada en sus horarios laborales, no puede computarse en su contra teniendo en cuenta, además de lo ya consignado, que no se ha acreditado que persista en una actitud de excederse en la ingesta de bebidas alcohólicas. A todo evento, entiendo que, razonablemente, puede tenérselo por suplido con el acabado cumplimiento de las restantes reglas.

En tal inteligencia, cabe concluir que no encuentran configurados, en la especie, los extremos requeridos para imponer pena a M. M. C., por lo cual habré de sufragar por su absolución en relación a los delitos de Homicidio simple en concurso real con Lesiones graves (artículos 55, 79 y 90 del Código Penal), por el que se declarara su responsabilidad penal. Al respecto debe recordarse que "...si la reforma y readaptación social finalidad última de la pena se cumple total o parcialmente, mediante tratamiento tutelar (...) la sanción de la pena privativa de la libertad o desaparece (art. 4, último párrafo) o se atenúa (art. 4, apartado 3° in fine) ..." (Cfme. Superior Tribunal de Justicia del Chubut, causa N° 38/99 "N., M. G. s/ Homicidio, rta. el 290501, registrada bajo el N° 9/00).

En tal sentido, emito mi voto.

A la cuestión planteada el Dr. MÜLLER dijo:

Ha comparecido, a los fines del artículo 4 de la Ley 22278, M. M. C., cuyos datos de filiación se han consignado precedentemente, a mérito de la declaración de responsabilidad penal en orden a los delitos de Homicidio simple en concurso real con Lesiones graves (artículos 55, 79 y 90 del Código Penal texto según Ley N° 25.087) dictada en los autos principales por sentencia Nº 45/03 del 29 de septiembre de 2003, por los hechos acaecidos el 1 de diciembre de 2002 que victimizaran a D. H. y E. A. N., suficientemente fijado y analizado en el citado pronunciamiento, a cuya lectura me remito en homenaje a la brevedad con lo cual doy cumplimiento al requisito del artículo 358 del ritual en lo que se refiere a las exigencias formales de la sentencia.

En el curso de dicha diligencia "de visu", al producir su alegato, la Señora Representante del Ministerio Público Fiscal, ha considerado que el resultado del tratamiento tutelar, más allá de no ser óptimo, permite arribar a la conclusión de que no resulta necesaria la aplicación de sanción punitiva alguna al menor, bregando en definitiva por su absolución. Tal postura de por sí, conforme a la doctrina sentada por el más alto Tribunal de la Nación en diversos fallos (vgr. "Tarifeño", "Cattonar", etc.), deviene suficiente como para pronunciarse en tal sentido.

Sin perjuicio de ello, en cumplimiento del deber que tanto la Carta Magna Nacional como Provincial impone a los jueces de motivar los decisorios que emiten en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, es que habré de formular algunas disquisiciones que me llevan a compartir el criterio expuesto por la titular de la acción penal pública.

Durante la audiencia referida, M. M. C. expresó su arrepentimiento por los hechos que le generaran la situación por la que debió atravesar. Señaló, asimismo, que tanto su mujer como su hijo de corta edad le cambiaron la vida; "nunca pensé que iba a pasar por esto y trato de no pensar; si volviera para atrás lo evitaría". En el aspecto laboral, puntualizó que se encuentra trabajando como operario en una empresa de servicios petroleros como chofer de una retroexcavadora, percibiendo un haber mensual de pesos tres mil quinientos ($ 3500); que al grupo GIA fue en dos oportunidades y no pudo instrumentar una concurrencia más continua debido a los horarios laborales, pero que no asiste a ningún lugar donde haya consumo de bebidas alcohólicas.

El Delegado de Control, Licenciado Raúl Mario RIERA, emitió su informe final (fs. 123) que resulta sumamente ilustrativo acerca del progreso y evolución que ha ido experimentando C. a lo largo del proceso tuitivo a que fue sometido. También fue convocado a la audiencia donde, en forma oral, amplio aquel sosteniendo que el joven proviene de un hogar que se desintegró por separación de sus progenitores. Cuando tenía ocho años de edad, comenzó a trabajar primero en una panadería y luego como "canillita", "conoció la calle muy temprano" (sic). En lo atinente a su evolución, la calificó como muy meritoria. El imputado concluyó el nivel EGB de escolaridad; cumplió tareas comunitarias en el centro comunitario hasta que obtuvo una actividad laboral, y luego se insertó en esta y desde entonces, prácticamente no ha permanecido desocupado; ha conformado un grupo familiar propio con un hijo de corta edad y otro por nacer que actúa como un adecuado marco de contención afectivo y ha elaborado un proyecto de vida.

Hasta aquí los informes que dan cuenta de la actitud de C. frente a la intervención diseñada y brindada por el Estado en calidad de tratamiento tutelar condicionante de la aplicación de pena.

La conclusión a la que arribo, en el marco de circunstancias reseñadas, es que durante el período de intervención, puede considerarse que el menor ha cumplido con las pautas que se le fijaran oportunamente concluyó sus estudios, cumplió con la actividad en el centro comunitario "I. L.", se insertó en la actividad laboral en la que ha permanecido en forma continua, conformó un grupo familiar que, según sus propias palabras, le cambió la vida y ha elaborado un proyecto de vida. También debo destacar la favorable impresión que me ha causado el joven en la audiencia, la actitud reflexiva puesta de manifiesto al reconocer que cometió un error y si pudiera volver las cosas atrás lo evitaría.

Entiendo que con fundamento en tales manifestaciones que me parecieron sinceras, el grado de recuperación evidenciado y el sometimiento a las obligaciones que le fueran impuestas, con el déficit de su concurrencia al grupo GIA que puede considerarse suplido con el cumplimiento del resto de la obligaciones, no resulta necesaria la imposición de pena. En apoyo de ello, debe recordarse que "... la temática de la mensuración punitiva en el proceso minoril está reservada a otros criterios que tienen como norte que la pena sea la última ratio (... ) el art. 4° en cuestión exige el análisis conjunto. Además de "las modalidades del hecho", deben ponderarse "los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión recogida por el juez" ... " (Cfme. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, "F., F. F y otro", rta. el 29/09/04, publicado en el sitio laleyonline).

A modo de colofón, todas estas circunstancias me permiten sufragar, en el marco de lo normado por el último párrafo del artículo 4 del referido texto legal, por la absolución de M. M. C.. Así voto.

A la cuestión planteada el Dr. PINTOS dijo:

Que compartiendo los argumentos vertidos por mis colegas preopinantes, adhiero a ellos y emito mi voto en el mismo sentido.

Corresponde regular los Honorarios Profesionales de los integrantes de la Defensa Pública, por su labor en la presente causa a partir del 17/05/02 (dec. 1303/02), habiendo asistido correctamente a su defendido, por lo que se estima justo fijarlo en la suma de pesos dos mil ($2.000), (ley 2200, t.o. 4335).

Agotado el proceso deliberativo, esta CAMARA PRIMERA EN LO CRIMINAL, por unanimidad;

F A L L A:1°) ABSOLVIENDO de culpa y cargo a M. M. C., debidamente individualizado en la presente, de los delitos de Homicidio simple en concurso real con Lesiones graves (arts. 55, 79 y 80 del CP), por el que fuera declarado responsable (Ley Nº 22.278 art. 4, t.o. 22803) por sentencia Nº 45/03, del 29 de septiembre de 2003 por el hecho ocurrido en esta ciudad el día 1 de diciembre de 2002, en perjuicio de D. H. y E. A. N., sin costas.

2°) REGULANDO los honorarios profesionales de los integrantes de la Defensa Pública (ley 4920, decreto 1303, BO.24/10/02) por su labor en la suma de pesos dos mil ($2.000), (ley 2.200, t.o. 4335).

3°) LA presente es firmada por dos de los Sres. Magistrados por encontrarse de licencia el Dr. Daniel Luis María Pintos.

4°) COPIESE, protocolícese, cúmplase con las prescripciones del artículo 359 del C.P.P., efectúense las comunicaciones de rigor, y oportunamente archívese.

Protocolo n° 31/07 de fecha 25/7/07 Fdo. Dres. María E.N. de Pettinari. Guillermo Müller. Ante mí: Silvia Altomare.