Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-31


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Octubre de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Esteban Centanaro, Carlos F. Balbín y Horacio G. Corti para conocer en el recurso de apelación judicial interpuesto a fs. 716 por la demandada contra la sentencia de fs. 705/713, dictada en los autos caratulados: "SACCHI, SUSANA contra G.C.B.A. (ESCUELA Nº 13 DISTRITO ESCOLAR 4º -SECRETARIA DE EDUCACIÓN) sobre EMPLEO PÚBLICO (NO CESANTÍA NI EXONERACIÓN)", Expte. Nº EXP. 1573, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dr. Carlos F. Balbín y Dr. Horacio G. Corti, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo:

I.En el presente caso, la parte actora -Susana Sacchi- promueve acción de amparo (fs. 6/13) contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante la Justicia Nacional en lo Laboral, a fin de que se ordene a la demandada a abonar los salarios devengados de la actora con más las vacaciones y sueldo anual complementario, cesar en la suspensión del pago de haberes de la actora, rehabilitar la cuenta bancaria de la actora, dar cumplimiento a las leyes que regulan los accidentes de trabajo y tomar las medidas necesarias para dar curso administrativo a la licencia de la Sra. Sacchi, como de las comprendidas en el art. 70 inc. c) del Reglamento para la Actividad Docente de la Ciudad de Buenos Aires, con expresa imposición de costas.

II.Relata que el día jueves 18 de julio de 1996, siendo las 08.00 horas, sufrió un accidente de tránsito mientras se dirigía en taxi -en calidad de pasajera-, a dar sus horas de clase a la Escuela Nº 13 del distrito escolar 4º donde presta servicios como profesora titular de inglés. Aclara la actora que también es profesora de inglés en la Escuela Nº 18 del distrito escolar 5º de esta ciudad.

El accidente se produjo al chocar el taxi en el que viajaba contra un camión de Manliba estacionado en la Av. Suárez al 2200 entre Pedriel y Vieytes. Fue trasladada al Hospital Penna donde se le diagnostica: traumatismo de rodilla y cráneo, indicándosele dos días de reposo. Se comunica luego con las escuelas donde prestaba funciones a fin de efectuar la correspondiente denuncia de accidente para que se realicen las diligencias pertinentes.

Informa además la actora que al día siguiente concurrió a su domicilio un médico enviado por la Dirección de Reconocimientos Médicos de la empleadora, quien le otorga licencia por dos días a partir del 18 de julio de 1996, tras solicitarle el certificado médico expedido por el Hospital Penna, sin revisarla.

Explica también que el 22 de julio de 1996 se presentó en el Escuela Nº 13 y, junto con el Director del mencionado establecimiento, fue a radicar la denuncia correspondiente ante la Comisaría Nº 28 de esta ciudad. Agrega que el 5 de agosto de 1996, luego del receso escolar de invierno, se comunicó telefónicamente con el Director de la Escuela Nº 13 a fin de hacerle saber que se encontraba imposibilitada de retomar sus funciones a raíz de los dolores que todavía padecía en su pierna y cintura. En dicha oportunidad le comunicaron que debía concurrir al Hospital Rawson, donde funciona la Dirección de Reconocimientos Médicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sección o dirección de Medicina del Trabajo, para que le otorgaran otra licencia. Allí, al día siguiente, le informaron que no tenían registrado su pedido de licencia y luego que su pedido de licencia había sido enmarcado en el art. 70, inc. a) del estatuto docente -afecciones comunes- y no como accidente de trabajo, y que era necesario que concurriera con un nuevo pedido de licencia.

La actora manifestó que con fecha 7 de agosto de 1996 concurrió nuevamente al Rawson con el pedido de licencia que le había entregado la Escuela Nº 13 y cuando se entrevistó con el médico de Accidentes de Trabajo, éste le manifestó que en ese momento no se la podía considerar como tal ya que había mediado un error de la escuela pero hizo saber la actora que en realidad, el error de pasar su dolencia como enfermedad común fue totalmente de la Dirección Administrativa Docente que funciona en el Hospital Rawson y que recibe los pedidos de reconocimiento médico.

Manifiesta la actora que había sufrido un accidente de trabajo comprendido en el art. 70 inc. c) del Estatuto del Docente, correspondiéndole dos años de licencia con goce de sueldo; que había cumplido con todos los recaudos administrativos tendientes a que se respetaran sus derechos, y que debido a un error administrativo de exclusiva responsabilidad de la accionada su petición había sido caratulada como enfermedad profesional, encuadrada en el art. 70 inc. a) del mencionado estatuto y que por dicho error la demandada había decidido labrar un sumario administrativo para investigar el hecho y que por medio de éste se había decidido suspender el pago de sus haberes correspondientes a sus labores en la Escuela Nº 18, en tanto que continuó cobrando los que le correspondían de la Escuela Nº 13, todo ello sin jamás haber sido notificada de acto administrativo alguno que ordenara la suspensión del pago de haberes y/o bloqueo de su cuenta bancaria.

Por tales motivos solicita la actora se ordene a la demandada a abonar los salarios devengados con más las vacaciones y sueldo anual complementario, cesar en la suspensión del pago de haberes, rehabilitar su cuenta bancaria, dar cumplimiento a las leyes que regulan los accidentes de trabajo y tomar las medidas necesarias para dar curso administrativo a su licencia como de las comprendidas en el art. 70 inc. c) del Reglamento para la Actividad Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ofrece prueba.

III.A fs. 15 vta. el Juez Laboral se declara incompetente y remite las actuaciones a la Justicia en lo Civil, donde quedan radicadas.

IV.A fs. 33 vta. el Juez Civil interviniente dispone que el juicio tramite por las normas del proceso sumario por entender que no se dan los requisitos exigidos por la Ley de Amparo.

V.A fs. 81/85 la actora amplía y endereza su demanda contra el GCBA, transformándola en una demanda por daños y perjuicios. Funda los mismos, reclamando una indemnización de $ 198.800 (ciento noventa y ocho mil ochocientos pesos) o en lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más intereses, costos y costas, en: a) el incumplimiento por parte de la demandada de la ley 24.557; b) el error administrativo por el cual la demandada caratula mal la petición de licencia de la actora; c) la suspensión sin causa justificada del pago de haberes que le correspondían por licencia motivada en accidente de trabajo. Reclama los siguientes rubros: 1) daño emergente, consistente en la incapacidad parcial y permanente del 55% de la T.O., o lo que en más o en menos resulte de las probanzas en autos: $ 55.000; 2) lucro cesante, por los haberes dejados de percibir que le correspondían como consecuencia de la licencia que le debió ser otorgada (dos años con goce de sueldo y un año más con goce del 75%), los cuales le fueron dejados de abonar luego de un año en la Escuela Nº 18 y posteriormente en la Escuela Nº 13: $ 22.800; 3) daño moral, por los padecimientos que considera consecuencia directa del accidente (dolores en la zona lumbar) y los derivados de la apremiante situación económica en que la sumió la demandada al suspender el pago de sus haberes, así como del desamparo: $ 50.000; 4) gastos médicos y traslado: $ 4.500; 5) daño psicológico: $ 22.000; 6) tratamiento psicológico: $ 12.000 y 7) pérdida de chance: $ 32.500.

Funda su derecho en los artículos 502, 512, 520, 902, 903, 904, 1066, 1067, 1068, 1069, 1109, 1113, 1122 y cc. del Código Civil, en los artículos 165, 320, 330 y cc. del Código Procesal Penal de la Nación, y en la "jurisprudencia y doctrina aplicables" y ofrece prueba.

VI.A fs. 107/126 y vta. la demandada se presenta y plantea excepción de incompetencia y contesta la demanda, solicitando su rechazo.

Luego de las negativas de rigor, sostiene la Administración que de "los pocos elementos aportados no se visualiza la existencia de un accidente in itinere como lo denuncia la actora".

Agrega la demandada que "insistiendo en una pretendida licencia por accidente de trabajo con motivo de infortunio laboral que la Administración no ha admitido como tal, la agente no requirió en momento alguno licencia por enfermedad común, la que le hubiera dado derecho, en el supuesto de acreditarse la existencia de sus dolencias y con prescindencia de sus causas, a los mismos beneficios que ahora viene a reclamar" puesto que el "inciso b) del Estatuto del Docente ... referido a enfermedades que requieren largo tratamiento, prevé iguales lapsos de licencias que las que contempla el inciso c) del mismo, dirigido a los accidentes de trabajo".

Sostiene la demandada "que es la misma actora la que se colocó en la situación que dice haberle causado perjuicio al no encauzar sus pretensiones pro la vía que correspondía".

Continúa la accionada, "al ... dejar de prestar servicios la docente sin requerir licencia por enfermedad común, resulta plenamente legítima la conducta de la Administración, en defensa de sus propios intereses, de dejar de pagarle haberes, por lo menos durante el lapso en que la agente se mantenga en la situación descripta".

Manifiesta la accionada que "habiéndose aducido en la demanda la ocurrencia de un accidente de trabajo in itinere, la contraparte tenía dos acciones: ejercer los derechos que garantiza la Ley 24.557, o accionar por el art.1072 del Código Civil ... Nada de ello intenta la demanda. O más bien, intenta todo".

VII.A fs. 146 se abre la causa a prueba.

A fs. 157 el Juez Civil interviniente se declara incompetente y remite las actuaciones a la Justicia de este Fuero.

De fs. 166 a fs. 404 obra el cuaderno de prueba de la parte actora y de fs. 405 a 672 el cuaderno de prueba de la parte demandada. A fs. 673 se da por concluido el período de prueba y se ordena se pongan los autos para alegar.

VIII.A fs. 686/694 alega la actora y a fs. 696/702 y vta. la demandada.

IX.A fs. 705/712, el Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace lugar a la demanda incoada por la actora, condenando al GCBA a abonarle, en el plazo de treinta (30) días -contados desde el momento en que exista la liquidación aprobada y firme- hasta el tope establecido en el artículo 395, segundo párrafo, del CCA y T, y el saldo en la forma prevista en los artículos 399 y 400 del mismo cuerpo legal, las indemnizaciones acordadas en el Considerando III, apartados (i) y (ii), con más los intereses indicados en el Considerando IV; imponiendo las costas a la demandada y difiriendo la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto exista la liquidación aprobada y denuncien su número de CUIT o CUIL y situación tributaria ante la AFIP.

El sentenciante consideró que para determinar la responsabilidad de la demandada era necesario responder a diversas cuestiones: a) si existió un accidente in itinere, entendiendo que sí existió; b) si las afecciones e incapacidad de la actora son atribuibles a tal accidente de trabajo, entendiendo que los trastornos en la salud y capacidad laboral de la misma son parcialmente atribuibles a tal accidente y deben ser indemnizados en la medida indicada por el mismo y c) si estuvo justificada la suspensión del pago de haberes y, de no ser así, si corresponde indemnizar a la actora, entendiendo que no estaba justificada la suspensión del pago de haberes y debe ser indemnizada.

En cuanto al accidente in itinere, entiende el a quo que si bien la actora no produjo prueba concluyente al respecto ni en las actuaciones administrativas ni en las judiciales, lo cierto es que el hecho fue reconocido oportunamente por la empleadora en sede administrativa (ver fs. 237 del informe Nº 81350/DMT/98 del que surge que le fueron otorgados dos días de licencia a partir del 18/07/96 por "denuncia de accidente de trabajo", con diagnóstico de "traumatismo región frontal y pierna izquierda" y alta "sin incapacidad", sin ser cuestionada por la demandada la calificación de esa licencia.

Con respecto a las consecuencias del accidente, afirma el a quo que a partir de agosto de 1996 la actora solicitó reiteradamente que se extendiera su licencia por accidente de trabajo, dando ello lugar a un trámite administrativo confuso e inconducente que describe según las constancias del expediente, y que demuestra que no obstante el tiempo transcurrido desde que efectúa la actora su primera petición (fs. 206), 9 de agosto de 1996, y la fecha en que la Dra. Ugolini, como Directora General de Asuntos Jurídicos de la Procuración General del GCBA, dictamina que "corresponde dictar acto administrativo que declare que se ha operado la caducidad del procedimiento", acto que tampoco fue dictado y tampoco se agregó actuación alguna al expediente -11 de febrero de 1999- nunca se resolvió sobre la pretensión de la actora de que se extendiera la licencia por accidente de trabajo en razón de las dolencias que denunciaba.

En cuanto a la prueba producida en el juicio, manifiesta el sentenciante que en la pericia médica producida a fs. 618/629, el perito distingue claramente entre la enfermedad de base que padece la actora (espondiloartrosis de la columna lumbosacra), enfermedad esta que no guarda relación de causalidad con el accidente y la sintomatología que presenta (lumbociatalgia), con la cual sí encuentra relación de causalidad con el accidente. (fs. 630) Y con relación al aspecto psíquico, señala el perito que "... la peritada presenta además un trastorno adaptativo mixto, ansioso-depresivo cronificado, que ... no guarda relación directa de causalidad ni indirecta de concausalidad con el accidente narrado en autos, aunque sí guarda una relación de causalidad con la lumbociatalgia y la consecuente incapacidad física resultante", destacando que las conclusiones arriba transcriptas no fueron cuestionadas por ninguna de las partes. Por tales dolencias el perito atribuye una incapacidad sobreviniente parcial y permanente de 32,5% de la total obrera.

Concluye el sentenciante que, conforme surge de las conclusiones del perito, como sólo cabe atribuir al accidente el papel de factor concausal, estima adecuado fijar el porcentaje indemnizable de incapacidad laboral parcial y permanente en quince por cierto (15%).

Al tratar la suspensión del pago de haberes que le correspondían a la actora, el sentenciante analiza las disposiciones que resultan aplicables al caso del Estatuto del Docente (Ordenanza 40.593) como así también invoca el art. 8 de la Ley de Procedimientos Administrativos, conjuntamente con las constancias de la causa y concluye que la suspensión del pago de haberes se dispuso sin que mediara ninguna causa prevista para la pérdida de ese derecho en la normativa vigente, puesto que no se modificó la situación de revista ni se aplicó sanción alguna a la demandante, es más, ni siquiera se inició el procedimiento correspondiente y, por lo tanto, la Administración incurrió en vías de hecho, siendo la suspensión del pago calificada como ilegítima e indemnizable.

Para el a quo existen dos hechos indemnizables: el accidente in itinere y la suspensión arbitraria del pago de haberes.

Afirma el sentenciante que la actora no es clara en cuanto a los conceptos y sumas que reclama, entendiendo entonces que de los rubros a) daño emergente, b) lucro cesante, c) daño moral, d) gastos médicos y traslado, e) daño psicológico, f) tratamiento psicológico y g) pérdida de chance, que ya fueran consignados, los rubros a), d), e), f) y g) corresponden exclusivamente al accidente, el b) a la suspensión del pago de haberes y el c) a ambos hechos, aunque no los discrimina en su formulación. Por tal motivo, considera la indemnización que cabe reconocerle a la actora por cada uno de los hechos indicados.

En cuanto al accidente in itinere, el a quo señala que la actora no es clara con el fundamento de su reclamo puesto que parece fundar su pretensión por un lado en las disposiciones de la Ley 24.557 y, por el otro en los principios de reparación integral del Código Civil.

Afirma el a quo que la responsabilidad del empleador por accidentes ocurridos in itinere no encuentra fundamento alguno en ninguno de los supuestos de responsabilidad del derecho civil por tratarse de un instituto específico del derecho laboral y por lo tanto, el derecho del empleado no puede tener mayor alcance que el que le acuerda la ley que constituye su única fuente.

Pues bien, entiende el sentenciante que el caso se trata de uno de aquellos supuestos en que la ley especial es más favorable que la común, pues contempla como supuestos de reparación accidentes in itinere -una especie dentro del género "en ocasión del trabajo" -que escapan a la órbita subjetiva u objetiva del empleador, y que por tanto no se encuentran cubiertos por aquella. El evento analizado que ha ocurrido fuera del lugar de trabajo y cuyos agentes de producción eran absolutamente ajenos a la demandada, impide toda subsunción del caso en las reglas de la responsabilidad civil y por lo tanto deben juzgarse con las disposiciones de la Ley 24.557 mencionada.

De lo expuesto, entiende el sentenciante que debe excluirse el reclamo de daño moral que invoca la actora, atribuido a las secuelas directas del accidente y que, como se le ha determinado a la actora una incapacidad atribuible al accidente en un 15%, corresponde el cálculo de la indemnización contemplada en el artículo 14 de la ley de accidentes de trabajo (que fija las pautas para determinar la indemnización por incapacidad laboral permanente y parcial), inciso 2, apartado a), con relación al porcentaje indicado.

Y si bien la ley mencionada contempla en su artículo 20 el derecho del empleado a percibir prestaciones en especie, como por ejemplo, asistencia médica y farmacéutica, prótesis, ortopedia y rehabilitación, como la actora no ha acreditado incurrir en gasto alguno referido a estos items, el a quo desestima su pretensión por este rubro al igual que los restantes rubros por no estar contemplados en la Ley de Accidentes de Trabajo.

Con respecto a la medida de suspensión del pago de haberes, por el cual la actora reclama como lucro cesante los haberes que debía percibir de conformidad con el art. 70 inc. c) del Estatuto Docente, esto es, dos años con percepción de haberes y un año más con percepción del 75% y como ya lo manifestara el a quo, que la demandada al contestar la demanda expresa que una licencia en iguales términos le habría correspondido en caso de haberse encuadrado la situación de la actora como enfermedad de largo tratamiento, consideró el sentenciante que como con la pericia se encontraba suficientemente acreditada la enfermedad invalidante, corresponde que la actora continúe percibiendo sus haberes en la forma que pretende.

Analiza luego la pretensión de la actora referente al daño moral por los padecimientos derivados de "la apremiante situación económica en la que se ha visto sumergida súbitamente al dejar de percibir sus haberes ...", entendiendo que, a diferencia de lo manifestado con respecto a este rubro derivado del accidente de trabajo, resultan aplicables las normas del Código Civil (art. 522 C. Civil) puesto que los padecimientos económicos fueron acreditados con la prueba testimonial rendida a fs. 655/7. Le acuerda por tal concepto $ 5000.

A su vez el sentenciante agrega a las sumas acordadas intereses de acuerdo con la tasa pasiva promedio que surge de la serie estadística publicada en el Banco Central de la República Argentina en los términos del art. 10 del Decreto 941/91 hasta el efectivo pago, los cuales correrán desde la fecha del accidente en el caso de la indemnización fijada por accidente in itinere y desde la suspensión del pago de haberes en cada escuela en el caso de lucro cesante reconocido con respecto la suspensión del pago, en el caso del daño moral, desde la primera suspensión.

X. A fs. 716 la demandada apela la resolución descripta y presenta agravios a fs. 722/732, los cuales fueron replicados por la actora a fs. 734/738.

Resumidamente, la parte demandada se agravia de la sentencia de primera instancia por los siguientes motivos: a) por considerar que el sentenciante invierte la carga de la prueba, efectuando una ligera e impropia valoración de la misma y una arbitraria valoración de causa efecto, en este sentido, la demandada entiende que la actora no ha probado la existencia del accidente in itinere denunciado, no existiendo el hecho más que en los dichos de la actora y, en subsidio, b) porque afirmó que "los trastornos en la salud y capacidad laboral de la actora son parcialmente atribuibles a tal accidente y deben ser indemnizados" basándose en una pericia médica que a su vez se basa en los dichos de la actora, c) porque también le hace cargo a su parte de los daños psicológicos de la actora por guardar relación de causalidad con la lumbociatalgia, entendiendo que dicha relación resulta arbitraria por su carencia de razonabilidad pues se trataría de consecuencias "casuales", d) porque rechazó la impugnación efectuada por la demandada de la conclusión del perito en cuanto a que la actora exhibía una incapacidad parcial y permanente de 32,5% TO comprensiva de los padecimientos físicos y psíquicos, por considerarla dogmátic a, e) porque el a quo asignó a la demandada responsabilidad en el 15% de la disminución laborativa que entiende tendría la accionante, por propia voluntad en forma totalmente antojadiza. Pide a todo evento que se revoque ese porcentual incapacitante a cargo de su la accionada, adjudicándole no más del 5% en relación causal con el accidente denunciado, f) porque la sentencia no considera, al tratar el tema de los haberes, el voluntario y caprichoso abandono del puesto de trabajo que protagonizó la actora al no volver a prestar tareas ni someterse a reconocimientos médicos desde la fecha del accidente puesto que en autos no se ha aportado prueba alguna que acredite que la actora mantuvo atención médica por las dolencias que reclamaba le cubriera la ART que según la actora el GCBA debía tener contratada, entiende la demandada que se trataba de una prueba sencilla de aportar puesto que al menos hasta febrero de 1998 (última percepción de salarios) tenía la obra social que su relación de dependencia le garantizaba . Además la CBA no cuenta con ART pero ofrece treinta y tres hospitales públicos para la atención, entre otros, de sus propios agentes. Y menos aún se probó la incapacidad para trabajar ni para deambular que desde entonces y hasta ahora dijo padecer la actora. Por tal motivo afirma la demandada que no ha incurrido en vía de hecho alguna ni ha violado ninguna expresa prohibición contenida en la LPA sino que hizo estricta aplicación de la exceptio non adimpleti contractus contemplada en el art. 1201 del Código Civil, g) porque la sentencia justifica el pago de haberes por aplicación del art. 70 del Estatuto del Docente, inciso b) y/o c) cuando no existe en el derecho positivo que rige en esta jurisdicción, puesto que son supuestos que no son intercambiables, como así lo entiende el Juzgador. Considera en este agravio la demandada que si, como lo ha sostenido, el accidente no ha ocurrido, no puede intentar justificarse el pago de haberes con base en otros supuestos contemplados por la norma pero que no fueron pl anteados en autos, pues ello implicaría severa violación del principio de congruencia. Tampoco se ha acreditado la enfermedad invalidante de la actora. Esta última no exhibió ninguna atención médica que permita sostener la incapacidad que debe presumirse para aceptar que no podía concurrir a trabajar ni siquiera ir al servicio médico desde aquel entonces y hasta ahora. Agrega la demandada que la actora ha participado activamente en la vida política presentándose como primer candidata a diputada nacional por la lista Nº 45 en el año 1999, y al próximo año se presentó nuevamente como candidata a Jefa de Gobierno por la misma lista y con el mismo partido y ello no se condice con la negativa a prestar servicios como docente con base en una supuesta minusvalía, h) porque el a quo condenó a la demandada a pagar indemnización por daño moral apoyándose en los dichos de un testigo que no ha sido imparcial puesto que, como él mismo lo afirmó, resultó ser "compañero de militancia" de la actora y además carece de entidad como para acreditar lo dicho puesto que sólo indicó "empezamos a ayudar económicamente". Los padecimientos económicos que invoca la actora, entiende la demandada que han sido atribuibles a la propia conducta de la accionante.

En consecuencia, las presentes actuaciones se encuentran en condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo.

No ponderaré todas y cada una de las argumentaciones de la recurrente, sino que me abocaré a tratar todas aquéllas susceptibles de incidir en la decisión final del pleito (cfr. CSJN, 13-11-1986, in re "Altamirano, Ramón c/Comisión Nacional de Energía Atómica").

Como bien lo dice la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 742 y vta., se deberá analizar la prueba producida.

En cuanto a la existencia del accidente in itinere, obran en el expediente las siguientes constancias:

a) A fs. 15 obra un oficio judicial dirigido al Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 13, Secretaría Nº 79 de esta ciudad a fin de solicitarle la remisión de la causa Nº 85.996 ad effectum videndi et probandi, iniciada a raíz del accidente denunciado, dejándose constancia a fs. 15 vta. de la recepción de la misma, caratulada: "LUGREN, Fabián Antonio s/art. 94 CP", la cual según constancia obrante a fs. 19 vta. se agregó por cuerda.

b) A fs. 21 obra un oficio judicial dirigido a la demandada solicitando documentación referente al accidente de la actora como así también el legajo personal obrante en las escuelas donde prestaba funciones e informen las razones del cese salarial de la actora.

Dicha documentación fue agregada a fs. 26 donde se acompaña el expediente administrativo Nº 48.815/97s/accidente de trabajo de Sacchi, iniciado con nota Nº 31.350 de fecha 9 de agosto de 1996 mediante la cual la accionante pone de manifiesto a la Escuela Nº 13, D.E. 4º que continúa "severamente limitada" a raíz del accidente y que el médico representante de la MCBA le ha manifestado que era ella la que debía probar la existencia de la patología asociable al accidente. En dicho expediente se encuentra también la denuncia que efectúa la actora ante la Comisaría 28ª (en formulario Accidente de Trabajo).

c) A fs. 57 se acompaña, dentro del citado expediente administrativo, las conclusiones suscriptas por la Dirección Medina del Trabajo de la demandada de donde se expresa que: "en base a los antecedentes obrantes en la Historia Clínica del/la agente de referencia, la Junta Médica de esta Dirección de Trabajo concluye: ... Licencia: Denuncia de accidente de trabajo ..." Se destaca dichas conclusiones toda vez que a fs. 25 obra un escrito de la demandada por el cual impugna dicho informe entendiendo que se basó en una junta médica que jamás existió, manifestando además que no fue nunca revisada por médico alguno de la accionada y además no fue dada de alta.

d) A fs. 64 el Juez Civil interviniente entendió que la demandada no había acompañado la totalidad de la documentación solicitada y más aún tampoco habría informado el motivo del cese salarial, por lo tanto, intima a la demandada a aportar lo faltante.

e) A fs. 67 la actora acompaña una solicitud de la demandada a fin de que se le notifique a la actora que debía concurrir al Hospital Rawson a fin de ser evaluada su incapacidad sobreviniente como "consecuencia del accidente de trabajo sufrido".

f) A fs. 105 se agrega un oficio remitido por el Juzgado Correccional a fin de que el Juzgado Civil proceda a la devolución de la causa Nº 4017, "LUGREN, Fabián Antonio/RAMIREZ, Juan Antonio s/lesiones culposas (dam.: SACCHI, Susana)" que fue remitido ad effectum videndi et probandi, ordenándose su devolución a fs. 105 vta.

g) A fs. 306 obra un informe del Departamento de Auditoría Médica de la Dirección Medicina del Trabajo de donde surge que esta Dirección de Medicina del Trabajo procedió a anular el certificado Nº 841004 por el Nº 58492 por el cual se le otorgó a la actora 2 (dos) días de licencia por denuncia de accidente de trabajo, a partir del 18/07/96 y alta.

h) A fs. 364 obra un informe dirigido a la Dirección General de Coordinación Financiera y Contable (Dirección Administrativa Docente) de donde surge que la docente Susana Sacchi sólo habría acreditado licencia desde el 18/07/96 hasta el 20/07/96 (dos días) y alta y que habría percibido haberes hasta el mes de septiembre de 1997 en la Escuela Nº 18/DE Nº 5º y hasta febrero de 1998 en la Escuela Nº 13/DE Nº 4º y que teniendo en cuenta que la Dirección Medicina del Trabajo otorgó la mencionada licencia por "... denuncia de accidente de trabajo ...", se le debería solicitar que produzca en estos actuados toda la obre en el citado organismo sobre su tramitación, si en virtud del hecho se prorrogó la licencia y, en caso afirmativo, hasta qué fecha.

i)A fs. 367 obra un informe de la Dirección Medicina del Trabajo de donde surge que según las constancias obrantes en su Dirección a la actora le fueron otorgados dos días de licencia en domicilio, a partir del 18/07/96, por traumatismo de rodilla izquierda de carácter común, y por Nota Nº 432867, se transforma en licencia por denuncia de accidente de trabajo con alta sin secuela, no constando en esa Dirección prolongación de dicha licencia ni de ninguna otra.

Reseñados los antecedentes del caso y con carácter previo a abordar el análisis de aquello que fuera materia de recurso, cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean "conducentes" para la correcta composición del litigio (conf. art. 310 del CCAyT y doctrina de Fallos: 272:225; 274:486).

Asimismo, debe tenerse presente que todos aquellos puntos que no han sido objeto de agravio se encuentran firmes y por lo tanto no compete a este Tribunal su revisión ni estudio. En efecto, no puede soslayarse que "... todos aquellos puntos o tópicos de la sentencia que no han sido motivo de cuestionamiento, deben considerarse consentidos y, como consecuencia del principio dispositivo, cobra plena virtualidad el brocárdico tantum devolutum quantum appellatum (ínsito en los artículos 242 y 247 del Código Contencioso Administrativo y Tributario), que demarca los límites de actuación de la alzada sobre la base de existir un elemento condicionante: el agravio" (esta Sala in re "GCBA c/González Aurelio s/ejecución fiscal" - Expte. Nº EJF 18.974, 27/03/01; "GCBA c/Titular Plan de Facilidades Solicitud 029607 s/ejecución fiscal" - Expte. Nº EJF 99.324, 3/04/01; entre muchos otros).

Por ello, toda vez que ninguna crítica se ha esbozado respecto de la decisión del a quo en cuanto a la tasa de interés aplicable, ese punto habrá de considerarse consentido por las partes.

En cuanto a los agravios invocados por la demandada, en primer lugar cabe hacer mención que la misma invoca la violación al debido proceso en que supuestamente ha incurrido el decisorio toda vez que a su parecer, el mismo se ha basado en la existencia de un accidente in itinere que no habría sido acreditado por la actora.

Entiende que el hecho de que la actora haya efectuado la denuncia del acaecimiento, no implica de por sí el reconocimiento de la responsabilidad en tal evento por parte de la demandada, efectuando luego una disquisición semántica entre "licencia por accidente de trabajo" y "licencia por denuncia de accidente de trabajo".

Analizados que fueron los argumentos de la demandada en su correlato con los fundamentos de la sentencia de Primera Instancia, y las pruebas aportadas a la causa, entiendo que el recurso de apelación no puede prosperar, ello de conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho que se expondrán a consideración.

Las manifestaciones de la recurrente, a pesar de su loable esfuerzo, no logran conmover los sólidos fundamentos expresados por el a quo, en la sentencia en crisis, los que comparto y en consecuencia me adhiero a los mismos.

No obstante lo expresado, agrego que en autos, la parte actora, que se desempeñaba como empleada en la Escuela Nº 13 del D.E. 4º, donde cumplía funciones los días lunes, de 9.00 a 12.20 horas y los miércoles y jueves de 08.15 a 12.20 horas y en la Escuela Nº 18, D.E. 5º -14 horas- ambas de la Ciudad de Buenos Aires, como profesora titular de inglés, sostiene que en momento en que se dirigía a su trabajo a bordo de un taxi tuvo un accidente de tránsito al chocar contra un camión de Manliba estacionado en la Av. Suárez al 2200, entre Pedriel y Vieytes, lo que le ocasionó las lesiones que describe y prueba con el certificado médico y la historia clínica agregadas en autos.

Que con respecto al siniestro en cuestión, cabe consignar que la parte demandada justifica la licencia solicitada por la actora por "denuncia de accidente de tránsito", hecho que por otra parte fue expresamente corroborado por la recurrente desde los inicios de los hechos cuando tramita los sumarios administrativos por consulta del otorgamiento de la licencia y cuando el Servicio de Reconocimiento Médico extiende el certificado obrante a fs. 237, es decir, reconoce que se trató de un accidente de trabajo el motivo que dio origen a la licencia.

En consecuencia, siendo que la propia entidad empleadora reconoce en su momento la existencia del accidente "in itinere" denunciado por la actora, no puede con posterioridad volver sobre sus pasos y desconocer lo que antes consintió, de lo contrario, es decir, de no considerar justificada la licencia soliciatada por la actora, no la hubiera otorgado.

Lo expresado precedentemente hace aplicable el principio que establece que nadie puede impugnar lo que antes consintió pues no es admisible el comportamiento contradictorio e incompatible con los propios actos anteriores jurídicamente relevantes y eficaces, "venire contra factum propium non valet".

Al respecto, Morello expresa: "La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene desde antiguo que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con un comportamiento anterior deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (confr. "Prueba, Incongruencia, Defensa en Juicio, p. 27, Buenos Aires, 1977).

Además, la regla "venire contra factum propium non valet" se ampara en los principios de buena fe aplicables no sólo en la relación jurídica que media entre las partes, sino también al proceso en que se ventila la controversia entre sus integrantes.

Con respecto al agravio expresado sobre el acogimiento del reclamo efectuado por la parte actora, cabe precisar que la ley 24.557, aplicable en el caso de autos, en su artículo 6º define al "accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiese interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. ...".

Se entiende que la ley protege al trabajador en todo acto que tenga relación directa, mediata o inmediata con el trabajo y que se ejecute con motivo y en ocasión del mismo; el riesgo que corre el trabajador es específico por la gravitación que ejerce el hecho del trabajo en la producción del infortunio (ver "Acevedo, María N. c/Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes y u/otro", 22/03/00, Cám. de Apel. en lo Laboral y de Paz Letrada de Corrientes).

Para Aricó, la responsabilidad por accidente "in itinere" es el único caso en que el riesgo genérico no se necesita convertir en riesgo específico para ser indemnizado. No existe ninguna concatenación entre el accidente y el trabajo; éste no actúa como agravante, estimulante ni concausante. No es el resultado de ningún riesgo profesional emergente de la industria; es sólo una consecuencia del riesgo de autoridad. El trabajador comienza a estar a disposición del patrón desde el momento en que abandona su domicilio con intención de dirigirse directamente a su trabajo, traslado indispensable para llegar a destino. Ese lapso es protegido por el patrón, exclusivamente como emergente del poder de dirección y vigilancia dentro del trabajo, no como consecuencia del trabajo mismo (ver "Contigencias dañosas derivadas del trabajo", p. 92).

En consecuencia, no corresponde al trabajador probar la relación de causalidad entre el trabajo y el siniestro "in itinere", sino que se produjo en el trayecto adecuado, en el tiempo razonable y en las condiciones normales.

Por su parte la empleadora deberá demostrar los extremos contrarios y para eximirse de la obligación deberá acreditar que el recorrido se estaba realizando en interés particular del trabajador por cualquier razón extraña al trabajo.

No habiéndose demostrado que la actora actuó en la ocasión del accidente con culpa grave, considero que corresponde ratificar la sentencia recurrida y ello por cuanto para el supuesto de existir dudas en la valoración referida de la prueba, debe prevalecer el criterio que favorezca al más débil.

La culpa grave reviste tales características sólo cuando la víctima se expone al peligro voluntaria y conscientemente, con una temeridad equivalente al dolo, fruto de una insensatez inconcebible en el trabajador menos avezado (confr. CNTrab., Sala I, 30/07/88, L.T. XXX-105).

Evidentemente, de la constancia de autos -reitero- no surge que la parte actora haya incurrido en la conducta descripta precedentemente.

Con respecto al trayecto elegido por la actora para concurrir a cumplir sus funciones a la Escuela Nº 13, nadie que conoce nuestra ciudad puede considerar que el mismo no se correspondía con el que necesariamente debía transitar y, en cuanto al medio utilizado para concurrir a la citada institución escolar, nadie que habite en esta ciudad puede considerar que un taxi no es un medio adecuado para hacerlo.

Siendo que los fundamentos vertidos hasta el presente dan adecuado sustento al pronunciamiento, omito pronunciarme sobre otras cuestiones planteadas en el desarrollo del presente en tanto resultan inconducentes para la solución del litigio.

En cuanto al agravio de la demandada por la indemnización otorgada por la incapacidad sobreviniente, resultan claros los conceptos vertidos por Castro Duran, Ricardo M. en "Naturaleza del daño patrimonial derivado de la incapacidad sobreviniente", publicado en DJ 02/02/2005, 175 - DJ 2005-1, 175.

Afirma el citado autor que: "La incapacidad sobreviniente se configura cuando un sujeto, a raíz de una lesión a su integridad personal, queda afectado por algún tipo de inhabilidad que subsiste luego de finalizado el período de recuperación o restablecimiento.

Esa inhabilidad se caracteriza por el aminoramiento de las aptitudes personales psíquicas o físicas. (...) La minusvalía física o psíquica usualmente malogra, en mayor o menor grado, posibilidades de progreso económico.

Esta repercusión negativa puede originarse al padecer la víctima no sólo una incapacidad laborativa, sino también una incapacidad vital, entendida como aquella que afecta la realización de las actividades en general de las personas. Esta última incluye a la primera, pero la desborda.

Esto se explica porque, si bien determinadas actividades efectuadas en interés personal o familiar no reportan directamente provechos pecuniarios, su concreción apareja beneficios materiales, y consecuentemente, su cercenamiento ocasiona agravios de tal naturaleza (por ejemplo, mantener un jardín, lavar un automóvil, hacer trámites o mandados, etc.). (Conf. Jorge Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños", t. II-B, p. 194; Aída Kemelmajer de Carlucci, "Código Civil comentado, anotado y concordado", dirigido por Belluscio y coordinado por Zannoni, t. 5, ps. 219/220; y Matilde Zavala de González, "Resarcimiento de daños", t. 2-a, ps. 48, 316 y 339).

O sea que el perjuicio material subsiguiente a la incapacidad puede estar ocasionado no sólo por la inidoneidad para el despliegue de actividades laborativas (son las efectuadas en interés de otras personas que permiten la obtención directa de ingresos económicos), sino también en la dificultad o imposibilidad de realización de otras acciones realizadas en beneficio propio que poseen un trasfondo mensurable dinerariamente.

Por otro lado, desde la óptica de la incapacidad laborativa, debe atenderse a las potencialidades productivas genéricas del sujeto y no sólo a la tarea que específicamente estuviera desempeñando al momento de sufrir las lesiones invalidantes. Para valuar el daño, cobra relevancia la evolución laboral o profesional que verosímilmente aquel podría haber alcanzado.

Es decir que no es dable considerar únicamente la anterior situación laboral del damnificado, sino que corresponde analizar sus perspectivas de progreso fundadas en circunstancias objetivas.

En muchos casos no es justo merituar exclusivamente la realidad de la víctima al tiempo del hecho lesivo, debiendo por el contrario apreciarse sus posibilidades futuras para captar, en la medida de lo posible, la evolución laboral que razonablemente podría haber tenido.

A tal efecto, interesarán primordialmente la edad, la capacitación o formación, y las aptitudes físicas e intelectuales del lesionado. (Conf. Pedro N. Cazeaux y Félix A. Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", t. IV, ps. 656/657 y Matilde Zavala de González, ob. y t. cits., p. 318 y sigtes.).

De cualquier modo, cabe remarcar que si bien la demostración de una concreta ocupación rentable engrosará el resarcimiento, su inexistencia no implica necesariamente un obstáculo para el éxito de la pretensión indemnizatoria, puesto que ésta igual prosperará si se acredita que la disminución de las aptitudes personales acarrea un daño material.

Desde otro punto de vista, no puede desconocerse que la vida del hombre no se limita a la faz productiva, ya que incluye otras múltiples y diversas actividades, cuyo cercenamiento es susceptible de generar perjuicios.

En este ámbito se instala el denominado daño a la vida de relación.

Además de su probable incidencia en el plano espiritual (generalmente el impedimento para desarrollar relaciones sociales da lugar a un daño moral), también puede tener implicancias patrimoniales mediatas.

Esto acontece cuando la imposibilidad o dificultad en la libre realización de actividades culturales, artísticas, deportivas, etc., obstaculizan el perfeccionamiento intelectual o el progreso social o laboral del damnificado, circunstancias de las que puede inferirse razonablemente perjuicios materiales indirectos.

Es que tales actividades tienen la virtualidad de incidir en el área productiva, efecto que se verifica cuando, por ejemplo, al contribuir al bienestar psicofísico de la persona, potencian su rendimiento laboral; o al favorecer el establecimiento de relaciones sociales, generan oportunidades profesionales. (Conf. Jorge Mosset Iturraspe, El valor de la vida humana, ps. 65/68; Matilde Zavala de González, ob. y t. cits., p. 394). (...) Para lograr el dictado de una sentencia que condene a la indemnización del daño patrimonial derivado de la incapacidad, resulta indispensable, en primer lugar, demostrar la existencia de secuelas incapacitantes.

A tal efecto, el medio probatorio idóneo es un peritaje médico y/o psicológico, según el caso, por tratarse de una materia ajena al conocimiento de las personas dedicadas al derecho.

El dictamen pericial presentado en debida forma generalmente permite tener por acreditadas las inhabilidades psicofísicas, su gravedad y la relación de causalidad entre ellas y el hecho ilícito que dio lugar a la pretensión indemnizatoria.

Pero como la incapacidad sobreviniente no es resarcible por sí misma, la prueba de su existencia no implica la del perjuicio pecuniario resultante de ella, que consiste en las disvaliosas consecuencias de esa índole aparejadas para la víctima.

No obstante lo expuesto, acreditado que, a pesar de la asistencia terapéutica prestada a la víctima, subsisten secuelas incapacitantes que producen un menoscabo de sus aptitudes personales, y siendo que éstas son fuente mediata de ventajas materiales, puede presumirse una pérdida económica, puesto que es lo que sucede según el curso ordinario de las cosas.

Pero esa presunción cede si median circunstancias particulares que la desvirtúen; por ejemplo, cuando por la avanzada edad de la víctima o su preexistente deterioro físico no resulta probable que sufra un detrimento. En estos casos, el reclamante deberá extremar su labor probatoria a fin de acreditar algún daño resarcible.

Para determinar la indemnización del daño causado por la incapacidad no cabe aferrarse a fórmulas matemáticas o probabilidades actuariales, ni tampoco el sentenciante queda atado por los porcentajes de invalidez determinados por los peritos en base a leyes de accidentes laborales, a pesar de que los mismos resultan importantes como pautas referenciales.

A fin de fijar el monto indemnizatorio, cobran relevancia decisiva las condiciones particulares de la víctima (sexo, edad, idoneidad, ocupación, preparación, estado físico preexistente, etc.) y el modo en que las secuelas detectadas afectan su personalidad integralmente considerada." (Conf. Pedro N. Cazeaux y Félix A. Trigo Represas, ob. y t. citados, p. 659; Aída Kemelmajer de Carlucci, ob. y t. citados, ps. 302/323).

En virtud de lo expuesto, entiendo que asiste razón al a quo al analizar la prueba pericial aportada a fs. 618/630 toda vez que la misma ha sido clara al distinguir entre la enfermedad de base que padecía la actora y la sintomatología que presentaba como consecuencia del accidente. Y es más, el sentenciante, efectúa una correcta evaluación del dictamen pericial toda vez que, teniendo en cuenta que el accidente ha sido un factor concausal, fija el porcentaje indemnizable en un 15% en lugar de un 32,5% como lo había indicado el experto.

XI.En cuanto al agravio que manifiesta la demandada en relación a la suspensión en el cobro de los haberes, no se ha acreditado en el expediente que dicha suspensión haya sido consecuencia de procedimiento administrativo o sanción alguna a la actora como lo exige la ley vigente (Ordenanza 40593).

XII.Es más, la demandada en su expresión de agravios invoca como fundamento de la suspensión en el pago de los haberes, que estaríamos ante la presencia de un supuesto de excepción contractual (art. 1201 del Código Civil), es decir, "no cumplo porque tú has incumplido antes", es decir "no pago puesto que tú no has concurrido a prestar funciones".

Al respecto, debemos recordar que nos encontramos dentro del ámbito del Derecho Administrativo y que por lo tanto, dicho instituto sólo resulta aplicable en subsidio de las normas del derecho administrativo en virtud del artículo 1502 del Código Civil por el cual el codificador dispuso que: "Los arrendamientos de bienes nacionales, provinciales o municipales, o bienes de corporaciones, o establecimientos de utilidad pública, serán juzgados por las disposiciones del derecho administrativo o por las que le sean peculiares. Sólo en subsidio lo serán por las disposiciones de este código." (confr. Excepción de incumplimidento contractual, José María Gastaldi -Esteban Centanaro, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, págs. 78/83, punto 26).

Por lo tanto, no puede la demandada cubrir su accionar -en el caso, el no pago de haberes-, invocando la aplicación de un instituto de derecho privado que en principio sería de aplicación subsidiaria, sin haber ocurrido antes a la legislación administrativa propiamente dicha, en el caso, la Ley de Procedimientos Administrativos.

XIII. En cuanto al reclamo por el daño moral, debemos recordar que, tal como la sostuviera la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D, con fecha 02/08/1979, en los autos: "Echegaray, Rogelio F. c/Caruso, Eduardo H.", entre muchos otros: "Si bien el art. 522 del Cód. Civil (Adla, XXVIII-B, 1799), contempla la indemnización del daño moral en el incumplimiento contractual, preciso es señalar que su admisibilidad es facultativa para el juez, toda vez que el precepto dice "podrá", con lo cual se está significando que no le impone al magistrado la necesidad de hacerlo. No es que el damnificado tenga un derecho anterior a la sentencia que ésta se limite a declarar: su derecho a la reparación nace de una sentencia que es constitutiva -no declaratoria- y que sólo se dicta si el juez, según su criterio, encuentra en los antecedentes de la causa motivos que hagan al demandante acreedor de tal reparación".

En igual sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, el 20/03/1979, en autos: "Panamericana de Televisión, S. A.": "Conforme al art. 522 del Cód. Civil (Adla, XXVIII-B, 1799), la procedencia de la reparación del daño moral en tales supuestos es facultativa para el juez "de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso". Cuando hay incumplimiento contractual, la indemnización por daño moral no corresponde necesariamente, sino que está sujeta a la apreciación judicial previa acreditación de su existencia." De acuerdo a lo expresado, considero que "los padecimientos económicos" que la actora invoca han sido suficientemente satisfechos con la condena a la demandada a abonarle los sueldos correspondientes todo ello con más los intereses tal como lo indica el a quo en el punto IV de la sentencia recurrida.

En mérito a las consideraciones expuestas, doctrina y jurisprudencia citadas, normas legales aplicables al caso, propongo: Confirmar el pronunciamiento apelado, a excepción de la condena a indemnizar el daño moral, rubro que se rechaza. Ello, con costas en ambas instancias a la demandada.

El Dr. Horacio Corti dijo:

I. Adhiero a la relación de los hechos del Dr. Esteban Centanaro, y parcialmente a la solución que propone, por los argumentos que a continuación expongo.

II. Cabe destacar que el accidente "in itinere" está previsto en la ley sobre riesgos de trabajo 24557, art. 6, que establece que "1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las setenta y dos (72) horas ante el asegurador, que el itinere se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los tres (3) días hábiles de requerido." (destacado agregado).

Como señalo recientemente la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, "[...] a los fines de considerar un accidente como in itinere, no puede soslayarse que el concepto de "trayecto" es esencialmente dinámico, es decir, cambiante, en la medida en que, en términos generales, el hecho de dirigirse desde un lugar hacia otro no se lleva a cabo siguiendo un programa de calles, avenidas y vías de acceso, invariable y rígido. De esta primera observación se deriva una conclusión: La modificación insustancial del recorrido -llamo insustancial a aquélla que no desvía a la persona de su destino final- no puede ser calificada como "interrupción" o "alteración". De lo contrario, habría que juzgar que para que un siniestro configurase accidente in itinere, el recorrido debería ser fijado de antemano y permanecer invariable a lo largo del tiempo, sin importar las dificultades de tránsito -cada vez más frecuentes- que se experimenten cada vez que el trabajador viaja desde su casa al trabajo o viceversa, lo cual carece de razonabilidad." Más adelante agregó el citado tribunal que "[...] mientras exista el animus de dirigirse a prestar servicios o regresar al domicilio particular -animus, este que cabe suponer cuando no se ha elegido un itinerario extravagante o desvinculado del destino final- el tránsito de la persona hacia tales objetivos no está interrumpido ni alterado. Ni las normas derogadas ni las vigentes autoriza a una interpretación distinta (ver tanto el art. 1 ley 9688, como el art. 3 ley 24028 y el art. 6 de la ley 24557). La C. Nac. Trab., en casos similares al presente, consideró comprendido dentro del concepto in itinere el accidente sufrido por el trabajador en su propio automóvil cuando llevaba de regreso a sus domicilios a dos compañeros de empresa, sin adoptar medios de traslación anormales (conf. sala 6ª, causa "Pons, Fernando v. Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Residual SA. s/ Accidente" del 23/6/1999; sala 10ª, causa "Segovia, Miguel v. Impel Center SRL." del 26/8/1998)." (cfr. Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., sala III, con fecha 27/12/2005 in re "La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. v. Obra Social del Personal de las Telecomunicaciones de la República Argentina", Lexis Nº 70023328).

Como señalé en otra oportunidad, en casos como el de autos no existe relación de causalidad alguna entre el accidente y la acción u omisión de la demandada -es decir, el GCBA. Se trata de un caso en que el sistema especial la ley de riesgos de trabajo es más favorable al trabajador que el régimen jurídico del Código Civil, razón inversa a la que motivó la declaración de inconstitucionalidad del art. 39, ley 24557 de este Tribunal en los autos "R. de C. R. E. c/G.C.B.A. s/daños y perjuicios" -Expte. EXP. 3125, con fecha 17/12/04 (cfr. esta Sala in re "Acosta María Felisa c/GCBA s/empleo público", Expte. EXP. 6109/0).

Ahora bien, resultando esencial la prueba de los extremos mencionados supra, no puede soslayarse que de las constancia de la causa no se observa que la actora haya acreditado la existencia de un accidente de trabajo. Es decir, si bien estaría mínimamente acreditado el accidente sufrido por la actora (cfr. entre otras constancias, el informe 81350/DMT/98 a fs. 237), que según la pericia de fs. 618/31 le habría ocasionado una incapacidad determinada, cierto es también que no se ha constatado que aquél haya ocurrido en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo, como exige la ley para considerar al accidente "in itinere". Sabido es que, tal como lo dispone el art. 301 CCAyT, incumbe la carga de la prueba a la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido.

En este sentido, se sostuvo: "Es sobre el accionante que pesa la carga de aportar los elementos que el juez evaluará y no éste quien debe pedirlos a las partes. El principio dispositivo ritual que emana del art. 301, CCAyT pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión" (cfr. Sala II, in re "Oronoz de Bigatón, Celina c/GCBA s/amparo", sentencia del 26 de febrero de 2001, y esta Sala en la causa "Cesaltina Palma Dos Santos De Bruno c/GCBA s/recurso de apelación judicial c/decisiones de DGR", Expte. RDC 58, sentencia del 10 de septiembre de 2003).

Por tales razones entiendo que es acertado el agravio de la demandada referente a la falta de sustento de la decisión del a quo de tener por acreditado el accidente "in itinere", y siendo ello así, considero que debe revocarse su sentencia en cuanto resuelve conceder a la actora la indemnización mencionada en el punto (i) del considerando III (fs. 711vta./12).

III. Sin perjuicio de lo expuesto, con respecto a la ilegitimidad de la suspensión de pago de los haberes de a la actora, entiendo que el recurso de la demandada no alcanza a conmover los argumentos del a quo, y que por tal motivo su recurso, en este punto, está desierto por no reunir los requisitos exigidos por el art. 236, CCAyT. Tal como ha dicho esta Sala en numerosas oportunidades, para que exista crítica en el sentido del artículo 236 CCAyT, se requiere inevitablemente que exista una observación clara y explícita, con entidad tal que importe una refutación de los fundamentos contenidos en la decisión apelada.

En efecto, deben señalarse en concreto las partes del pronunciamiento recurrido que se consideran equivocadas, y demostrarse su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio cierto ocasionado al litigante (esta Sala, in re "Schnidrig, Aldo Raúl c/ GCBA s/ Amparo"; "Sturba, Griselda c/ GCBA s/ Amparo", entre otros antecedentes).

En relación con su naturaleza jurídica, señalan Fenochietto-Arazi (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, Bs. As., 1993, tº 1, p. 939, § 1; con cita de Carnelutti, Sistema, III, p. 639) que la expresión de agravios " ...tiene la trascendencia de una demanda destinada a abrir la segunda instancia, pues sin expresión de agravios el tribunal se halla imposibilitado de entrar a verificar la justicia o injusticia del acto apelado ...sin ella en nuestra legislación no hay juicio de apelación".

Los autores citados agregan que "...el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que incumbe al apelante de motivar y fundar su queja...", añadiendo luego que "El contenido u objeto de la impugnación lo constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho. Crítica razonada, que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas" (op. cit., p. 940/1, § 2, "b"; esta Sala, in re "Mossuto, María Cecilia c/ G.C.B.A. y otros s/ otros procesos incidentales", EXP nº 11319/1).

Dado que el recurso sub examine no constituye una crítica concreta y razonada de lo detalladamente expuesto por el señor juez de primer grado, en relación con la suspención del pago de haberes (ver II.c., fs. 709/11), dicho aspecto de la resolución recurrida debe ser confirmado.

Asimismo, me adhiero a lo expuesto por el Dr. Carlos Balbín en su voto, en cuanto subraya que el planteo por parte de la demandada de la exceptio non adimpleti contractus es extemporáneo (cfr. punto II de su voto).

En consecuencia, estimo que la decisión del a quo de indemnizar a la actora en la medida de la diferencia entre los haberes que percibió luego del accidente y lo que le correspondía por aplicación de los incisos "b" o "c" del art. 70 del Estatuto del Docente (cfr. fs. 712), es básicamente acertada. Sin embargo, considero en dicha suma incluida la indemnización por daño moral solicitada.

Cabe destacar, por último, que no se dispone aquí el pago de salarios caídos sin la contraprestación correspondiente (decisión que esta Sala ha señalado en varias oportunidades como improcedente, dado que resulta necesaria la efectiva prestación de servicios para que surja el derecho del empleado a percibir una prestación dineraria, como contrapartida a sus tareas -de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Sup. de Justicia de la Nación en Fallos, 144:158; 172:396; 192:436; 255:9; 291:406; 295:318; 297:427; 299:72, 73 y 74; 302:786 y 1544; 304:199 y 1459; 308:795; 319:2507, entre muchos otros-; cfr. esta Sala in re "Malla De Gimenez Filomena contra GCBA sobre revisión cesantías o exoneraciones de emp. públ.", RDC. 104/0, sentencia del 7/03/06, sino el otorgamiento de una indemnización equivalente por los daños ocasionados a la actora como consecuencia del proceder ilegítimo de la Administración.

Bajo esta óptica considero justo fijar la indemnización en los términos de la sentencia de primera instancia con respecto a esta cuestión, con la salvedad ya señalada, i.e. que ella comprende todos los daños, incluido el moral.

IV. En suma, considero que el recurso del GCBA merece ser parcialmente acogido y, en consecuencia, la sentencia de grado debe revocarse en cuanto concede la indemnización mencionada en el punto (i) del considerando III. Asimismo, debe revocarse el otorgamiento de la suma de $ 5000.-, en concepto de daño moral, mencionado en el punto (ii) in fine del considerando III (cfr. fs. 712 vta.). Por el modo en que se resuelve, las costas en ambas instancias han de imponerse en el orden causado (art. 62, II párr., CCAyT).

Así dejo expuesto mi voto.

El Dr. Carlos F. Balbín dijo:

I.Adhiero al voto del Dr. Centanaro, con excepción del considerando XII.

II.En cuanto a los argumentos de la Ciudad tendientes a cuestionar la orden de pago de los haberes suspendidos, advierto que la recurrente no rebate puntualmente los argumentos expuestos por el a quo toda vez que pretende desvirtuarlos a través del planteamiento inoportuno de defensas que no invocó al contestar la demanda (conf. Artículo 236 del CCAyT).

Así dejo expresado mi voto.

En mérito a las consideraciones vertidas, doctrina, jurisprudencia citada y normas legales aplicables al caso, y de conformidad con lo resuelto por la Sra. Fiscal de Cámara; el Tribunal RESUELVE: Confirmar el pronunciamiento apelado, a excepción de la condena a indemnizar el daño moral, rubro que se rechaza. Ello, con costas en ambas instancias a la demandada.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Esteban Centanaro Carlos F. Balbín Juez de Cámara Juez de Cámara Horacio G. Corti Juez de Cámara