Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-06-14


SALVADOR DE JUJUY, a los catorce días del mes de junio del año dos mil trece, reunidas las integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy, Dras. MONICA JAUREGUI DE DE LOS RIOS e IRIS ADRIANA CASTRO, bajo la presidencia de la primera de las nombradas, vieron el Expte. Nº 13269/13, "MEDIDA AUTOSATISFACTIVA: HUANCO OLGA MARTA -TOCONAS RUBEN GERARDO C/ OBRA SOCIAL DE LA UNION DE TRABAJADORES HOTELEROS GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (OSUTHGRA)", del cual dijeron:

Dictada la resolución de fecha 12 de abril de 2013 (fs. 27), en el que el Sr. Juez de Primera Instancia Dr. Juan Pablo Calderón dispone: "I.- ...II.- Atento el objeto de la presente demanda y lo dispuesto por el art. 38 de la Ley 23.661, tratándose el planteo de cuestiones concernientes a la estructura del sistema de salud implementado por el estado Nacional, comprendiendo dentro de su ámbito de aplicación a las obras sociales nacionales y prestadores privados adheridas al sistema, me inhibo de entender en la presente causa por resultar incompetente, debiendo el interesado ocurrir por ante quién corresponda (art. 25 y ccs. Del C.P.C.).III.- ..", se levanta en apelación (fs. 30/31) el Dr. Martín Francisco Llamas, asumiendo personería de urgencia por los Sres. RUBEN GERARDO TOCONAS y OLGA MARTA HUANCO quiénes actúan en representación de su hija menor A. G. T..

Manifiestan sintéticamente, que la resolución atacada se aparta de los "principios fundamentales que informan todo el ordenamiento jurídico y que principalmente nutren a nuestra carta magna desde la última reforma de 1994" y que lo resuelto es "en desmedro de intereses superiores como la salud de la menor A. G. T., discapacitada,..", que padece la patología denominada "trastorno generalizado del desarrollo no especificado" y que el derecho a su salud "es impostergable y operativo, de modo tal que no es susceptible de ser cercenado, reducido, modificado o dejado de lado por reglamentaciones o condiciones que no se adaptan con la necesidad concreta de la solicitante"; y que conforme doctrina que cita , ".. la sujeción del juez ya no es, como en el viejo paradigma positivista, sujeción a la letra de la ley, cualquiera que fuere su significado, sino sujeción a la ley en cuanto válida, es decir coherente con la Constitución". Agrega que encontrándose en juego la subsistencia de un derecho social como el derecho a la salud, "cabe exigir a los órganos judiciales una interpretación extensiva y no restrictiva sobre su procedencia, a fin de no tornar utópica su aplicación". Expresa fundamentos sobre la procedencia de la acción autosatisfactiva promovida, y que ante la gravedad de la situación, corresponde una decisión urgente, "lo que fue pasado por alto con la decisión vacua de apegarse a lo ordenado por la Ley 23.661, cuyo artículo 38 jamás fue reglamentado y el que obviamente posee el carácter de vetusto, por el solo hecho de ser anterior a la mentada reforma constitucional de 1994". Cita doctrina, jurisprudencia, derecho y solicita se ordene al a-quo entienda y de trámite a la acción instaurada.

Concedido el recurso en relación y con efecto suspensivo, los autos son elevados a ésta instancia.

Integrado el Tribunal y firme el decreto de autos, la causa ha quedado en estado de ser resuelta.

Analizada la cuestión planteada en autos, adelantando opinión, entendemos que el recurso tentado no puede prosperar por las siguientes consideraciones.

En primer lugar corresponde señalar que el memorial presentado por el apelante no contiene una crítica idónea de los argumentos expresados en la providencia recurrida omitiendo hacerse cargo de los fundamentos del a quo para declararse incompetente; es decir, no cumple con los extremos exigidos en el art. 222 del C.P.C. ya que no efectúa un análisis razonado de lo resuelto ni demuestra que sea contraria a derecho.

Si bien la expresión de los agravios no requiere de fórmulas sacramentales, sí es necesario un mínimo de técnica recursiva, debiendo el escrito contener una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se consideren equivocadas, ya que no resulta suficiente ni las impugnaciones genéricas ni la sola disconformidad con lo decidido por el juzgador por considerar vetusta a la ley aplicada. Esta Sala tiene ya resuelto que para que el escrito de apelación cumpla con la función de tal, debe ser una réplica fundada a la sentencia apelada, debiendo el recurrente a fin de cumplir las exigencias del art. 222 del C.P.C. concretar los agravios punto por punto, esto es, sobre cada capítulo, manifestando con precisión y fundamento jurídico las razones en que se apoya. Disentir simplemente con la decisión del a quo sin hacerse cargo concretamente de los fundamentos de la resolución apelada no es expresar agravios (Expte. 121/84; 411/85); y esto es lo que ocurre en autos.

En efecto, nada dice el recurrente del fundamento dado por el juez para declararse incompetente: "planteo de cuestiones concernientes a la estructura del sistema de salud implementado por el estado Nacional, comprendiendo dentro de su ámbito de aplicación a las obras sociales nacionales y prestadores privados adheridas al sistema", ya que en su memorial argumenta sobre la procedencia de la medida solicitada, limitándose a alegar respecto de la incompetencia declarada por el a quo, que se trata de una ley vetusta o que el art. 38 de la ley 23661 no fue reglamentado.

Con relación a estos argumentos (ley vetusta y falta de reglamentación) corresponde señalar que la ley, por mas vieja que sea, sigue vigente hasta tanto sea derogada expresa o tácitamente; y que tratándose de un artículo operativo, no necesita ser reglamentado.

Sin perjuicio de lo antes expresado, entendemos que en su contexto resultan argumentos suficientes los invocados por el inferior, y ante tal apreciación, el a quem esta facultado por conducto del art. 47 inc. 3 del C.P.C., simplemente a adherir a las consideraciones de la resolución recurrida; evidentemente como lo indica el codificador, "esta disposición se dirige a hacer efectiva una mejor economía procesal, pues tiende a evitar pérdidas de tiempo... (cf. "Notas al Código Procesal Civil de la Provincia de Jujuy", pag. 66 Ed. Imprenta del Estado, 1968), cuerpo legal y doctrinario que estimamos de aplicación en autos, ya que se advierte que las argumentaciones expuestas por la primera instancia para declararse incompetente se bastan a sí mismas, por constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias acreditadas en la causa.

En efecto, el art. 38 de la ley 23.661, establece que "La ANSSAL y los agentes del seguro estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal, pudiendo optar por la correspondiente justicia ordinaria cuando fueren actoras. El sometimiento de los agentes del seguro a la justicia ordinaria estará limitado a su actuación como sujeto de derecho en los términos dispuestos en la Ley de Obras Sociales".

En autos la accionada se trata de una Obra Social que forma parte ". del Sistema Nacional del Seguro de Salud-en calidad de agentes naturales del mismo- sujetos a las disposiciones y normativas que lo regulan" (art. 3 ley 23.660). Es decir, regida por la leyes 23.660 y 23.661.

En efecto, no obstante el cambio sustancial que produjo la reforma constitucional del año 1994, ello no significa que el ejercicio de estos derechos fundamentales consagrados en la Constitución, puedan ejercerse ante cualquier tribunal, soslayando la competencia federal establecida para asuntos como el presente en el art. 116 de la Constitución Nacional.

Efectuar las peticiones ante el juez competente, no significa ni cercenamiento ni reducción ni modificación ni desconocimiento de los derechos constitucionales, sino el ejercicio de dichos derechos conforme lo establecido en la Constitución Nacional.

Más aún, no se advierte que en el caso particular de autos, acudir ante el tribunal competente según lo establecido en el art. 38 de ley 23.661, ocasione gravamen irreparable a los recurrentes, y ello en razón de que la distancia que separa los tribunales federales de los provinciales en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, no supera los 500 metros.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que es competente la justicia civil y comercial federal para entender en la acción de amparo por la cual se demanda a un prestador de servicios médicos procurando el cumplimiento de las prestaciones totales a su cargo -en el caso, habilitación y rehabilitación de un menor discapacitado-, con fundamento en el art. 43 de la Constitución Nacional, en las leyes 16.986, 23.660, 23.661, 24.455, 24.901 y 24.240 . . . y ello, "porque compromete el estudio de dichos preceptos con influencia decisiva respecto a aquellas cuestiones concernientes a la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional, que involucra tanto a las obras sociales, como a las prestadoras privadas de servicios médicos" (Dictamen de la Procuradora Fiscal subrogante que la Corte hace suyo) (Suprema Corte de Justicia de La Nación; 25/11,2006, Kogan Jonathan c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo).

Que por todo lo antes expresado, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por a fs.30/31 el Dr. Martín Francisco Llamas, en nombre y representación de los Sres. RUBEN GERARDO TOCONAS y OLGA MARTA HUANCO quiénes actúan en representación de su hija menor A. G. T.; y se confirma la resolución de fecha 112 de abril de 2013 (fs. 27).

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy, RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs.30/31 el Dr. Martín Francisco Llamas, en nombre y representación de los Sres. RUBEN GERARDO TOCONAS y OLGA MARTA HUANCO quiénes actúan en representación de su hija menor A. G. T.; y se confirma la resolución de fecha 112 de abril de 2013 (fs. 27).

II) Agregar copia en autos, notificar con HABILITACION DE DIAS Y HORAS NECESARIAS.

Firmado: Dra. MONICA JAUREGUI DE DE LOS RIOS; Dra. IRIS ADRIANA CASTRO.