Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2008-04-30


2º Instancia. - Córdoba, abril 30 de 2008.

El doctor Vélez Funes dijo:

I. Llegan los presentes autos a estudio y decisión del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 177/177vta y fundado a fs. 185/198 por el apoderado de la demandada, en contra de la Res. 648 de fecha 2 de Mayo de 2007 (fs. 167/171vta) dictada por la señora Juez Titular del Juzgado Federal Nº 3 de la Ciudad de Córdoba. Del mismo, se corrió traslado a la contraria siendo cumplimentado a fs. 201/215vta., donde peticiona el rechazo de la impugnación ante esta Alzada, con especial pedido de imposición de costas.

II. Se queja la recurrente solicitando la revocación de la resolución apelada con costas, por los fundamentos que se sintetizan a continuación, según el escrito agregado en autos a fs. 185/198.

Sostiene que el Juez de grado al declarar la nulidad de la Res. 179/03 de la AFIP-DGI, no solo ha dejado de analizar los fundamentos vertidos por la accionada en oportunidad de contestar la demanda, sino que ha dejado de lado también la aplicación de normas legales, que convierten a la sentencia en arbitraria. Ello, por cuanto el sistema constitucional de división de poderes, no consiente que los jueces prescindan de los dispuesto en la ley, so color de una posible injusticia o desacierto. Funda su apreciación en el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de lo que debe considerarse sentencia arbitraria.

Respecto de la competencia del Fisco refiere que las facultades concedidas a la Administración Federal de Ingresos Públicos por aplicación de lo dispuesto en el dec. 618/97, encuentran su origen en las atribuciones conferidas al Presidente de la Nación Argentina conforme el inc. 3 del art. 99 de la Constitución Nacional. De allí que sostiene que si las facultades otorgadas a la accionada han sido dictadas conforme la Constitución Nacional, no puede la actora pretender dejar sin efecto la misma, sin fundamento lógico y legal. Manifiesta que las facultades y atribuciones que en el caso de autos ha ejercido la AFIP-DGI, resultan conforme a derecho y no pueden ser desvirtuadas so pretexto de legalidad, cuando lo único legal ha sido el accionar del ente recaudador.

Por otro lado sostiene que el Decreto Reglamentario de la Ley de Impuestos a las Ganancias Nº 1344/98, en su art. 34 también reconoce las facultades que tiene la AFIP en cuanto al reconocimiento de exenciones. Por ello, mas allá de las facultades de contralor sobre las actividades cooperativa y mutual que integran la competencia del referido Instituto, expresa que resulta evidente que el reconocimiento de la exención hace a la materia tributaria nacional, respecto de la cual la Administración Federal ejerce las facultades de aplicación, percepción y fiscalización de conformidad con lo dispuesto por el art. del dec. 618/97 del Poder Ejecutivo Nacional.

De manera tal que, habiendo detectado el organismo recaudador irregularidades que ameriten denegar el reconocimiento de la exención requerida por una entidad, corresponderá el rechazo de la solicitud en ejercicio de las facultades que le competen en forma exclusiva a la Administración Federal. Por lo que manifiesta que si la actividad llevada a cabo por la "Mutual de Sociedad Cultural" no se condice con el quehacer mutual, sino que de lo evaluado por la fiscalización interviniente, muestra una operatoria similar a la que llevan a cabo las entidades financieras, tales condiciones posibilitan que la Administración - al verificar tal circunstancias- declare la improcedencia del beneficio aún cuando se encontraba vigente la matrícula de la entidad otorgada por la autoridad de control de las entidades mutualistas.

En función de la normativa tributaria involucrada manifiesta que no cabe lugar a duda que la concesión o denegatoria de la exención le corresponde a la AFIP-DGI. De otro lado, señala que aceptar que sea el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) la autoridad de aplicación significaría un exceso de competencia, entrometiéndose en atribuciones que como venimos desarrollando corresponden excluyentemente al organismo recaudador. Es por ello, que sostiene que el Juez de primera instancia debió haberse limitado a analizar las leyes y los hechos que las partes alegaban pero nunca reconocer competencia de AFIP-DGI al INAES. En consecuencia al haberse excedido en su análisis el pronunciamiento dictado, resulta arbitraria y sujeto a revocación.

Asimismo, manifiesta que resulta inadmisible el procedimiento que pretende instaurar el Tribunal en caso como el que nos ocupa, esto es que se notifique al INAES de la situación generada y encarar el caso como una infracción al régimen de mutuales, toda vez que se aparta de la normativa citada sin dar fundamento suficiente. Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso.

De otro lado manifiesta respecto de la aplicación de la Res. 552/04 como fundamento para sostener que es el INAES quien tiene competencia en la revocación de las exenciones, que dicha resolución resulta ser de fecha a la decisión de la AFIP-DGI que en esta instancia se analiza.

Agrega que la mera inscripción de las mutuales no debe conducir al usufructo de los beneficios legales como parece interpretarse ya que ello implicaría reconocer al art. 29 de la ley 20.231 (en el que se basa la Res. 552/04), carácter autónomo respecto del resto de las disposiciones legales.

En relación con las exenciones previstas en la norma afirma que tienen carácter subjetivo porque las circunstancias neutralizantes del pago del impuesto se refieren estrictamente a la persona (gremios, entidades religiosas o educativas). Es decir, que dicha exención, se basa en el derecho de no tener que tributar por dicho impuesto, siempre y cuando se sujete a determinadas condiciones exigidas por la normativa: el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias del régimen de mutuales. Es por ello que afirma que si la actora no cumple con las requisitos establecidos por la ley para ser titular de éste beneficio, no puede luego exigir que se le reconozca. Cita jurisprudencia favorable a su postura. Hace reserva del caso federal.

Contesta agravios el actor solicitando por los fundamentos que doy por reproducidos por cuestiones de brevedad, el rechazo de la apelación (fs.201/206), peticionando imposición de costas a la contraria.

III. Para resolver la cuestión que se analiza es necesario partir de la base de afirmar que a través de la demanda iniciada con fecha 10 de Febrero de 2004, la entidad actora pretende la revocación de la Res. 179/03 y de las que fueron sus precedentes, y en consecuencia se ordene al Fisco Nacional el reconocimiento de la mutual como sujeto exento en el Impuesto a las Ganancias, en los términos del art. 20 inc. g) de la Ley del Impuesto a las Ganancias Nº 20.628 y sus modificaciones.

La AFIP-DGI sostiene en la contestación de la demanda que el reconocimiento no es automático como lo pretende la actora y que el rechazo dispuesto en la resolución en cuestión encuentra su fundamento en el hecho de sostener que en la realidad de los hechos la entidad desarrolla una actividad que no se condice con el quehacer mutual, sino que muestra una operatoria similar a la que realizan las entidades financieras.

De este modo cabe señalar que el contradictorio quedó trabado en esos términos, siendo resuelto por la Juez inferior en el sentido de disponer en la Res. 648 de fecha 2 de mayo de 2007 (fs.167/171) que se haga lugar a la demanda entablada por la "Mutual de Sociedad de Cultural" en contra de AFIP- DGI, y en consecuencia declarar la nulidad de la Res. 179/03 de ese organismo fiscal, por la cual se resuelve en definitiva la vía recursiva intentada por el actor, denegando el pedido de reconocimiento de exención en el impuesto a las ganancias conforme el art. 20 inc. g) ley 20.628.

IV. En el caso que se presenta a estudio, debe ponerse de relieve que la "Mutual Sociedad Cultural" tiene la particularidad de ser una entidad mutual cuyos estatutos se encuentran aprobados por Res. 014 (INAM) de fecha 13/01/1993 y en consecuencia tiene autorización para funcionar como tal. La misma, se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Mutualidades de la Provincia de Córdoba, bajo la matrícula Nº 602 aprobándose por la misma resolución, los reglamentos en los que se fijan los objetivos detallados en sus propios Estatutos Sociales.

Asimismo, por aplicación del inc. g) del art. 20 de la ley 20.628 se encuentra sujeta al cumplimiento de las exigencias de la normas legales y reglamentarias pertinente. Lo que se vio reflejado en la calidad otorgada por el INAES, a través de su inscripción que le acuerda, el reconocimiento especifico y la calidad de sujeto de derecho con el alcance que el Código Civil, en un todo de conformidad a lo dispuesto por la ley 19.331 y los arts. 3 y 29 de la ley 23.321.

De acuerdo con ello, la mutual se regirá por la ley 20.231 la que resulta obligatoria para todo el territorio de la República Argentina. Lo expuesto debe ser completado con el hecho de señalar que las prestaciones que pueden llevar adelante las asociaciones mutuales, se encuentran señaladas en el art. 4 de ese mismo texto legal. Entre los objetivos citados se puede mencionar el otorgamiento de subsidios, préstamos, seguros, construcción y compraventa de viviendas, promoción cultural, educativa, deportiva y turística, prestación de servicios fúnebres, como así también, cualquiera otra que tenga por objeto alcanzarles bienestar material y espiritual a sus asociados, además de otros objetivos sociales.

Así, de acuerdo con lo dispone el art. 29 del texto legal citado "... las asociaciones mutualistas constituidas de acuerdo a las exigencias de la presente ley quedan exentas en el orden nacional, en el Municipalidad de la Capital Federal y en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras, en relación a sus bienes y por sus actos....". Por otro lado, en los arts. 35 y 36 de la ley 20.231 se ha previsto la facultad del INAES de disponer multas y sanciones frente al incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de esta ley, las que de acuerdo a su gravedad pueden llegar, incluso, al retiro de la autorización para funcionar o de la personería lo que conlleva la liquidación de la asociación mutual, la que en ese caso extremo obligatoriamente será llevada a cabo o ejecutada por el mismo INAES.

De este modo, queda claro que la calidad de entidad mutual y las bases para su funcionamiento o para el retiro de la autorización para funcionar y posteriormente proceder a su liquidación están regidas por el texto legal de referencia y reservadas en su ejecución al INAES, como órgano público para el ejercicio del poder de policía estatal en la materia.

V. En este estado conviene volver sobre el contenido del art. 20 de la ley 26.628 de Impuestos a las Ganancias el que dispone que " Están exentas del gravamen:...inc. g) Las ganancias de las entidades mutualistas que cumplan las exigencias de las normas legales y reglamentarias pertinentes y los beneficios que éstas proporcionen a sus asociados...". Lo que a su vez debe ser relacionado con lo que establece el dec. reglamentario 1344/98 que cuyo art. 34 reza de la siguiente forma "Las exigencias que establece el art. 20, incs. b), d) e), f) g) y r) de la ley, se otorgará a pedido de los interesados, quienes con tal fin presentarán los estatutos o normas que rijan su funcionamiento y todo otro elemento de juicio que exija la Administración Federal de Ingresos Públicos...".

En esta tesitura conviene tener presente que la doctrina considera que las exenciones consisten en "...circunstancias objetivas o subjetivas que neutralizan los efectos normales de la configuración del hecho imponible, de suerte que aunque éste se halle configurado no nace la obligación tributaria, o nace por un importe menor, o son otorgadas ciertas facilidades para su pago. Es decir: si bien se configuran en la realidad fáctica los elementos tipificantes del hecho imponible, por razones de índole económica, política, social, financiera, etc., expresamente se exime del pago del impuesto, operando las exenciones como hipótesis neutralizante totales de la configuración del hecho imponible, de modo que no nazca la obligación tributaria...." ( Derecho Tributario, t. I, Parte General de Catalina García Vizcaína, Editorial Depalma 2da. Edición, pág. 321).

De este modo queda en cabeza del órgano fiscal verificar la situación reglamentaria de la exención dispuesta, la que se lleva a cabo en cumplimiento de lo dispuesto por la Res. 729 publicada en el B.O. el 1/12/99, en la que se dispone instrumentar un registro de entidades exentas, para lo cual es conveniente disponer un empadronamiento general, del cual habrá de resultar la nómina de aquellas que reúnan las condiciones que para su reconocimiento establece la ley.

Del complejo entramado de normas legislativas y reglamentarias mencionadas y que en esta ocasión son valoradas se desprende que la AFIP-DGI no otorga la exención, sino que procede en virtud de la documentación acompañada a disponer su reconocimiento dada su condición de asociación mutual autorizada e inscripta.

VI. Transportada esta cuestión al caso de autos, podemos afirmar que el actor en cumplimiento de la obligación de empadronarse, presentó ante la AFIP- DGI el F. 689 (Res. 729/99) con fecha 17 de Febrero de 2000 la documentación acreditando su carácter y acreditar el derecho a la exención impositiva. Posteriormente, el Juzgado Federal Nº 1 de la Ciudad de Córdoba dispuso un allanamiento al domicilio fiscal de la titular a petición de la misma AFIP-DGI. A partir de la información y documentación obtenida en el allanamiento judicial llevado a cabo con fecha 10/10/2000 se le inicia a la "Asociación Mutual de Sociedad Cultural", una fiscalización y determinación de los tributos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

De este modo, la AFIP-DGI en función de considerar que la operatoria de Ayuda Económica llevada a cabo por la mutual entre sus asociados ha procedido a captar ahorros realizando una serie de operaciones que exceden el marco establecido por el estatuto y reglamento respectivo, como así también, la normativa de la autoridad de aplicación (ver fs. 2/3) procede en la Res. "E" 43/2002 (DV RRCO) a "Denegar el pedido de reconocimiento de exención en el impuesto a las ganancias, conforme el art. 20 inc. g) ....". La Resolución fue cuestionada en legal forma por la entidad mutual en función de sostener, que el examen de las posibles infracciones a las normas que rigen a la entidades mutuales compete exclusivamente al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.).

El planteo efectuado fue rechazado en la Res. "E" 13/2003 (DV RRCO) por aplicación de iguales fundamentos que en la anterior. En contra de la Resolución dictada, la actora interpone el recurso administrativo de apelación previsto en el art. 74 del dec. 1397/79 con iguales argumentos, el que también fue denegado en la Res. 179/03 (DI RCOR) ocasión en la que por ese mismo acto administrativo tributario se le hace saber a la parte, que reviste el carácter de definitiva y que puede ser impugnada por vía judicial (art. 23 de la ley 19.549) para el control judicial suficiente.

Al respecto debe repararse como bien lo señala el apoderado de la actora, que en la Resolución citada se ha invocado como fundamentos de la denegatoria lo siguiente: "...Captación de ahorro proveniente de asociados no activos (adherentes) que infringe lo previsto en el art. 1º de la Res. 299/89 (INAM); Ayudas económicas otorgados por montos superiores a $30.000,00, incumpliendo con lo previsto en el art. 5º inc. "a" de la misma Resolución; Operatoria de Canje de valores (venta de cheques), operaciones que la entidad titula como "ayuda económica mutual tipo I", las que se encuentran garantizadas con valores de fecha diferida, no estando ello previsto en el Reglamento de Ayuda Económica ni en la Resolución citada; Ahorro efectuado por asociados que superan los $50.000,00 incumpliendo con lo previsto en el art. 9º inc. "a" de igual Resolución; Estímulos abonados por la entidad en compensación por los ahorros captados por importes superiores a los que se abonan en plaza, comparación realizada con los intereses abonados por el Banco de la Nación Argentina para los depósitos a plazo fijo de 30 días, situación expresamente prohibida por el Reglamento de Ayuda Económica en su art. 23; ..." Asimismo agregó también, "...que se pudo constatar por parte de los agentes fiscalizadores que la actividad efectivamente desarrollada por la entidad es llevada a cabo en la práctica de una manera similar a la de una entidad financiera, ya que realiza operaciones de intermediación habitual entre la oferta y demanda de recursos financieros de acuerdo a las pautas establecidas por la comunicación "A" 2387 (BCRA)..., resultando de aplicación los arts. 1º, 3º, y 38º de la ley 21.526, y las sanciones por su incumplimiento previstas en el art. 41 de la misma ley. Afirmó que por ello a la entidad le cabría lo dispuesto por el dec. 1367/93 que otorga al Banco Central de la República Argentina competencia derivada de la Ley de Entidades Financieras para fiscalizar a las Asociaciones Mutuales...Indicó entonces que de todo lo relatado se puede afirmar que la actividad llevada a cabo por la Mutual de Sociedad Cultural no se condice con el quehacer mutual, sino que de lo evaluado por la fiscalización interviniente, muestra una operatoria similar a la que llevan a cabo las entidades financieras..." (fs. 202/202vta) Como resultado de la revisión efectuada sobre las constancias de autos y de las normas analizadas, estamos en condiciones de afirmar que si bien el organismo fiscal mantiene las facultades de ejercer la política tributaria para la percepción, fiscalización y determinación de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales, es menester recalcar que está impedido de valorar el cumplimiento o no de los objetivos sociales contenidos en los Estatutos autorizados y aprobados, más cuando en este caso la personería de la mutual se encuentra plenamente vigente. Ello, porque de conformidad a lo que dispone la ley de la materia y tal como enunciáramos en un comienzo, la valoración de las infracciones que cometa la mutual serán analizadas únicamente por el INAES, ya que resulta especialmente dotado de las atribuciones para analizar y valorar las posibles infracciones que comentan la mutuales registradas, como así también, disponer el retiro de la autorización para funcionar y llevar a cabo la liquidación de la misma, en caso de transgredir sus objetivos sociales o el régimen legal aplicable a la naturaleza jurídica de su personalidad como persona jurídica privada.

De acuerdo con ello consideramos que la AFIP cae en un contrasentido cuando invoca la competencia jurisdiccional y la legalidad de su accionar para luego fundar su denegatoria al reconocimiento de la exención, en el incumplimiento de las pautas mutualistas siendo que, las mismas, le resultan absolutamente extrañas a su ámbito administrativo en función de lo que expresamente disponen las leyes analizadas.

En este sentido ha declarado la Corte Suprema que las normas jurídicas deben ser interpretadas siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (doc. De Fallos, 296-372, 297-142, 300-1080).

Asimismo ha dicho la Corte Suprema que se debe preferir la interpretación que favorece los fines perseguidos por la norma, y no la que los dificulta, evitando la significación oscura o abstrusa de las palabras empleadas, y prefiriendo en cambio, el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos, 258-75, 267-495,283-111, 283-206 transcripto en la pág. 175 de la Ob. citada en último término) En esta línea de pensamiento, estamos en condiciones de afirmar que una correcta armónica y fundada interpretación de leyes citadas en resguardo del principio de juricidad al que debe someterse toda la Administración pública como también los mismos administrados o contribuyentes, me llevan a sostener que tanto el INAES como la AFIP, tienen una competencia y esfera de acción distintas perfectamente delimitadas en sus respectivas potestades para el ejercicio de sus correspondientes poderes de policía. Siendo importante señalar en este sentido, que en un Estado de derecho moderno como el que propiciamos, se tienen que compatibilizar interdisciplinariamente las normas que regulan las competencias propias de cada uno, pero no subordinarse competencias o sobreponerse simultáneamente. Es por ello, que frente al probable incumplimiento por parte de la mutual de los objetivos delimitados en los Estatutos, corresponde sin que ello implique desmedro alguno de las facultades otorgadas a la AFIP- DGI por el dec. 618/97, dar conocimiento o traslado previo de la supuesta o entendida irregularidad tributaria al INAES que es órgano de aplicación que tiene a su cargo en función de lo que dispone la ley la potestad de sancionar y, en su caso, ordenar el retiro de la autorización y proceder a la liquidación de la misma, en caso de disponerse la pérdida de la personería como entidad mutual sujeta a la ley 20.231.

Véase incluso al respecto, que conforme al art. 2 de la Res. 552 del 16 de Setiembre de 2004 del Instituto Nacional de Asociativismo Económico Social (INAES) se ha previsto que "...En el supuesto que entidades mutuales fueran objeto de inspección por parte de la AFIP podrán notificar esa circunstancia a este organismo. Dentro de los diez (10) días hábiles de notificado, el Instituto dispondrá a través de las unidades competentes de la Secretaría de Contralor, las acciones de fiscalización pública que considera necesaria a los fines de determinar el funcionamiento institucional y o operativo de la entidad, acorde a lo establecido en su objeto social..." (sin resaltar el original ).

Incluso ese mismo acto reglamentario de alcance general aprobado por Res. Nº 552/04 en su motivación o exposición de motivos expresa textualmente "...que a posteriori del otorgamiento de la personería jurídica a una mutual es este Instituto quien debe determinar con carácter exclusivo si la actividad que éstas realizan se ha apartado de las previsiones legales y estatutarias que la rigen, es decir si ha desvirtuado la forma jurídica asociativa cuyo reconocimiento le fuera otorgado por ésta autoridad de aplicación, dado que es el ente específicamente creado por el Estado con competencia directa en la materia..." El resaltado me pertenece para poner de relieve como interpreta el mismo INAES sus funciones como órgano de aplicación sobre las asociaciones mutualistas.

Es obvio que el mismo Estado Nacional, por intermedio de sus propios órganos de la Administración Pública (AFIP-DGI e INAES) no puede suscitar un conflicto interadministrativo de competencias en sentido positivo en razón de la materia y con decisiones o actos encontrados porque no pueden disputarse o desconocerse sus respectivos ámbitos de actuación como órganos de aplicación de cada una de las respectivas competencias, sino que deben articularse y armonizarse para el cumplimiento de sus cometidos estatal específicos en resguardo del interés general como el legislador se propuso en cada caso, dado que de lo contrario esa disputa o equivocado ejercicio del efectivo poder de policía afecta la vida y subsistencia de las asociaciones mutuales como entidades que promocionan la solidaridad social como sujeto de derecho y desnaturalizaría el fin público por el cual fueran autorizadas a funcionar.

Las afirmaciones relacionadas deben completarse con el hecho de señalar, en coincidencia con el criterio expuesto por el Inferior, que considera acertado notificar al INAES en forma previa a que la AFIP resuelva el reconocimiento o rechazo del beneficio de exención fiscal siguiendo el espíritu y letra de la Res. 552/04 del mismo INAES que ha sido arriba reseñado. Ello, porque a diferencia de lo que sostiene la parte demandada no implica crear un procedimiento distinto al que ordena las normas fiscales, sino que en todo caso se ajusta a lo dispuesto por la ley en forma primigenia cuando decidió neutralizar los efectos tipificantes del hecho imponible, en función del cumplimiento de un objetivo mayor inspirado en razones de índole económica, política, social, financiera. De esta forma, consideramos que corresponde poner en práctica criterios en los que prive las relaciones interadministrativas de manera de establecer un procedimiento que permita el cumplimiento de los fines de solidaridad social tomados en cuenta en la oportunidad de considerar exentas a las mutuales.

De este modo, mientras siga vigente la expresa exención a favor de la mutual, no puede ser destinataria legal tributaria de la conducta que aparentemente o presuntamente le adjudica la AFIP-DGI. Sobre todo, porque para denegar el reconocimiento de exención tributaria toma en cuenta cuestiones que están fuera de su competencia como son el cumplimiento o falta de cumplimiento de objetivos sociales trazados por la mutual en sus Estatutos propios aprobados y autorizados.

Para completar este análisis es necesario afirmar, en contra de lo que afirma la parte apelante, que el hecho que el Ministerio de Desarrollo Social -Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social- promulgara con fecha 16/9/2004 la Res. 552/2004, la que en su art. 2º ordena un trámite sumarísimo previo con plazos acotados para que el INAES disponga la acciones de fiscalización que considere necesario, refuerza el criterio sostenido por el Inferior. Ello así, aunque ésta haya sido dictada con posterioridad al dictado de la Res. 179/03 que se analiza, por cuanto implica una recepción legislativa del criterio que se propicia en la sentencia en análisis y en similar sentido o dirección al razonamiento que se ha formulado precedentemente.

Por otro lado y de acuerdo al desarrollo expuesto y tal como lo tiene dicho importante doctrina, las partes no tienen obligación de elegir necesariamente el camino fiscal más gravoso para sus propios intereses en desmedro de su patrimonio. En este sentido debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia de distintos países con fuerte cultura tributaria y rígidos controles fiscales, ha consagrado el derecho de los contribuyentes a la elección de las formas jurídicas más benéficas impositiva para sus intereses, siempre que sea dentro de la buena fe en la interpretación de las leyes y reglamentos respecto de su relación como contribuyente con el Fisco.

Así, la Corte Suprema de los Estados Unidos después de la crisis económica financiera de 1930 ha dicho "Cualquiera puede arreglar sus asuntos de tal modo que su impuesto sea lo más reducido posible; no está obligado a elegir la fórmula más productiva para la tesorería, ni aun existe el deber patriótico de elevar su propios impuestos" (Corte Suprema de los Estados Unidos de Norte América (293) U.S. 1935, 465) doctrina judicial foránea a la que adhiero conceptualmente.

De allí que considero que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por AFIP-DGI y confirmar por los fundamentos expuestos, la Res. 648 de fecha 2 de Mayo de 2007 dictada por la señora Juez Federal Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, que dispone la nulidad de la Res. 179/03 de la AFIP-DGI que deniega la exención en el Impuesto a las Ganancias conforme el art. 20 inc. g) ley 20.628 solicitada por la mutual, por resultar un acto administrativo tributario viciado en su motivación y finalidad.

A mayor abundamiento, destaco que este Tribunal a través de la sala B en un caso análogo al presente ha sostenido similar línea argumental en este aspecto. Me refiero a los autos "Asoc. Mutual de Asociados y Adherentes del Centro Juvenil Sportivo Belgrano c. AFIP-DGI- Contencioso Administrativo" Sentencia 419 sala B Sec. I (Pº 425 Fº 132/137), lo que fortalece el presente pronunciamiento.

Atento que la cuestión suscitada ha versado sobre concurrencia simultánea del ejercicio de distintas potestades del poder de policía de la AFIP- DGI y del INAES, en relación al control y supervisión de una asociación mutual con la actora, atento al resultado de este pronunciamiento, considero oportuno hacer conocer a los efectos que pudieran estimar pertinente a la máxima autoridad del INAES, debiéndose remitir por Secretaría copia de la presente resolución.

VII. Las costas de la instancia se imponen en su totalidad a la demandada por aplicación del principio de la derrota (art. 68 CP.C.C.N.) por lo que corresponde fijar los honorarios de los Dres. Máximo Alejandro Flores y Héctor Villegas Ninci en conjunto y en proporción de ley, en el 35% de lo que se hubiera regulado en la instancia de grado en un todo de conformidad a la escala propuesta en la ley de aranceles vigentes y a la falta de cuestionamiento sobre el punto. No ocurre lo mismo respecto de los honorarios del representante jurídico de la demandada atento lo dispuesto por el art. 2º de la ley arancelaria. Así voto.

El doctor Becerra Ferrer dijo:

I. Que luego de efectuar un detenido estudio de las constancias obrantes en la causa, como así también del pronunciamiento emitido por el colega preopinante, doctor Vélez Funes, coincido con lo decidido en cuanto propugna confirmar la sentencia recurrida por sus fundamentos dados. Asimismo comparto el criterio relativo a la imposición de costa en esta instancia a la demandada perdiosa (conf. arts. 68 1º parte, del CPCCN) y también lo resuelto en relación a los honorarios consiguientes.

II. Ahora bien, disiento con lo que propicia en el punto 2) de la parte resolutiva, como así también en el Considerando pertinente, en cuanto dispone "... como obligación de hacer a la Administración Federal de Ingresos Públicos (DGI) que el señor Jefe de la Región Córdoba de ese Organismo deje expresa constancia en el Libro de Protocolo correspondiente, la nulidad dispuesta por esta sentencia respecto de la Res. 179/03, por carecer de efecto jurídico alguno su subsistencia en sede administrativa, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de diez (10) días de quedar firme la presente (art. 513 del CPNC), con el fin de que no pueda resultar como precedente para casos análogos.". Ello así, por cuanto entiendo que tal disposición supera el cometido de la cuestión sometida a consideración y posterior resolución por parte de esta Alzada, por lo que deviene claramente improcedente y excede con creces la función jurisdiccional que, como Jueces de la Nación , nos compete. Así voto.

El doctor Aliaga Yofre dijo:

Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez preopinante, doctor don Ignacio María Vélez Funes, vota en idéntico sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede, se resuelve: Por Unanimidad: 1) Confirmar por los fundamentos expuestos, la Res. 648 de fecha 2 de Mayo de 2007 dictada por la señora Juez Titular del Juzgado Federal Nº 3 de la Ciudad de Córdoba, que dispone la nulidad de la Res. 179/03 de la AFIP-DGI que deniega la exención en el Impuesto a las Ganancias conforme el art. 20 inc. g) ley 20.628 solicitada por la mutual, por resultar un acto administrativo tributario viciado en su motivación y finalidad. Por Mayoría: 2) Disponer como obligación de hacer a la Administración Federal de Ingresos Públicos (DGI) que el señor Jefe de la Región Córdoba de ese Organismo deje expresa constancia en el Libro de Protocolo correspondiente, la nulidad dispuesta por esta sentencia respecto de la Res. 179/03, por carecer de efecto jurídico alguno su subsistencia en sede administrativa, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de diez (10) días de quedar firme la presente (art. 513 del C.P.C.C.N.), con el fin que no pueda resultar como precedente para casos análogos. Por Unanimidad: 3) Imponer las costas de la instancia en su totalidad a la demandada por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 CP.C.C.N.), por lo que corresponde fijar los honorarios de los Dres. Máximo Alejandro Flores y Héctor Villegas Ninci en conjunto y en proporción de ley, en el 35% de lo que se hubiera regulado en la instancia de grado en un todo de conformidad a la escala propuesta en la ley de aranceles vigentes y a la falta de cuestionamiento sobre el punto. No ocurre lo mismo respecto de los honorarios del representante jurídico de la demandada atento lo dispuesto por el art. 2º de la ley arancelaria. - Humberto J. Aliaga Yofre. - Gustavo Becerra Ferrer. - Ignacio M. Vélez Funes.