marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, seguro de vida, seguro colectivo, indemnización, hiperinflación, fallo plenario, apartamiento del plenario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ADUM, JOSE c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGUROS CNAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-08

Siguiendo las pautas del plenario Agrocom deberían tomarse los índices del mes anterior a la fecha del distracto y del mes anterior a la fecha de pago, es decir, los índices correspondientes a los meses de noviembre de 1988 y de septiembre de 1989. Sostiene la recurrente que la aplicación de este criterio es arbitrario, por cuanto puede constituir un enriquecimiento desmedido, ya que se trata de períodos de alta inflación. El argumento es atendible. El criterio usado resulta razonable cuando se desconoce el índice correspondiente a la fecha del pago, pero no cuando todos los entesáis correspondientes a los meses de diciembre de 1988 y octubre de 1989 para fijar la suma adeudada por la demandada el día del pago.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Redondo, Darío A. y otros s/ Robo y asociación ilícita. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

El pronunciamiento de la Cámara que desestima el recurso de nulidad intentado por el recurrente, no constituye la sentencia definitiva susceptible de ser atacada por vía de recursos extraordinarios, debiendo éstos deducirse contra el fallo que diera origen al citado recurso y en la medida en que reúna los requisitos exigidos por los arts. 349, 350, 357, 358 y 361 y ccs. del Código de Procedimiento Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisdicción y competencia, competencia federal, Programa Jefes de Hogar
Materia: PROCESAL
Carátula: Ivanoff, Susana Elena s/ dcia. pta. extorsión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-06

Es competente la justicia federal para conocer respecto de las actuaciones iniciadas por las presuntas irregularidades en la ejecución del "Programa Jefes de Hogar", pues el imputado sería uno de los coordinadores del plan asistencial y dichas irregularidades, además de perjudicar efectivamente las rentas de la Nación, afectan el normal desenvolvimiento de los organismos nacionales encargados de la instrumentación del programa -Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control-. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Ministerio Público Fiscal, constitucionalidad, aplicación de la ley, validez de la ley
Materia: PENAL
Carátula: BARRIO, Miguel A. s/ CONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

Procede afirmar la adecuación del art. 348 del código adjetivo a la normativa constitucional (*). No existe institución o figura penal o procesal que dependa en forma exclusiva de la voluntad del fiscal como representante del Estado. No debe olvidarse que la potestad jurisdiccional continúa, aun después de la reforma, en cabeza del juez natural y que el fiscal sigue actuando como parte del proceso. Si bien el art. 120 de la Carta Magna dispone la independencia y autonomía funcional del Ministerio Público, también explicita que su función se llevará a cabo en coordinación con las demás autoridades de la República. En consecuencia, resulta razonable que, a partir de una divergencia entre dos órganos unipersonales -el juez de instrucción y el fiscal- acerca de si los hechos y la prueba derivada de la etapa sumarial ameritan o no elevar a juicio los actuados, a los efectos de salvaguardar los derechos de la víctima o del imputado del eventual error de un órgano jurisdiccional, sea un Tribunal colegiado quien, a partir de un debate y posterior acuerdo, fije la postura en el caso de que se trate. Se trata de una actividad de control sobre la actividad del Ministerio Público que se encuentra en perfecta consonancia con las previsiones constitucionales de fiscalización de un poder a cargo de otro (**). No se encuentra justificada, en consecuencia, la alegada pérdida de la imparcialidad que esta actividad supondría a criterio del nulidicente. En cuanto a la postura del representante del Ministerio Público Fiscal por la cual sostiene que ha operado una derogación orgánica o institucional del art. 348 del ordenamiento adjetivo puesto que sus disposiciones son contrarias a lo establecido en la ley Orgánica del Ministerio Público, dictada con posterioridad al código procedimental, cabe apuntar que ésta, en su art. 76 dispone expresamente la derogación de los arts. 516 y 517 del digesto ritual mas no se expide respecto del art. 348 atacado. Una interpretación armónica de la citada ley impide sostener el criterio del acusador público de la derogación tácita, pues cuando la voluntad del legislador fue dejar sin efecto una norma anterior por imperio de la ley de marras, se manifestó en tal sentido de forma explícita. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente que las normas generales no invalidan las específicas anteriores, salvo expresa derogación o manifiesta incompatibilidad (***). La interpretación de las leyes debe hacerse evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; por el contrario, debe adoptarse como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (****). Así, no se verifica que la aplicación del art. 348 del C.P.P.N. se oponga en ningún modo al texto constitucional; es por ello que debe sostenerse su validez y adecuación a los lineamientos establecidos en la normativa de jerarquía superior.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, acto administrativo, sanciones administrativas, revisión judicial de actos administrativos, competencia, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asociación Civil de Jardines Maternales Privados c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-16

Admitido que la competencia de la Cámara para entender en los recursos previstos contra actos administrativos debe surgir de norma expresa, no resulta difícil concluir que el silencio del legislador local no traduce otra cosa que su decisión de acordársela a la primera instancia.

Entonces si la Ley Nro. 265 al regular en su artículo 34 el recurso contra la sanción de clausura o multa aplicada por el funcionario a cargo de la Autoridad Administrativa del Trabajo nada dice en orden a la competencia, no es que exista una laguna que requiera acudir en forma supletoria a norma alguna, sino tan solo una aplicación de la regla general que impone que los procesos tramiten ante la primera instancia.

En definitiva, el carácter expreso del que debe encontrarse investida la norma atributiva de competencia a la segunda instancia, no es sino consecuencia de su carácter de excepción al referido principio general.

Por otra parte, no sería extraño que el legislador local, conocedor de los antecedentes nacionales sobre la materia, justamente no haya establecido la competencia de la Cámara para conocer en el recurso previsto por el artículo 34 de la Ley Nro. 265, para obviar la posible impugnación constitucional, en función, por un lado, de la naturaleza penal que presentan las sanciones pecuniarias impuestas por la Administración (Fallos 156:100; 184:164; 239:449; 287:76; 289:336;290:202) de donde necesariamente son aplicables en forma supletoria los principios generales y normas de derecho penal común (Fallos: 184:417; 202:293; 235:501; 287:76; 289:336; 290:202) y , por otro, de la garantía de la doble instancia, principio en la materia.
Proceso contravencional, excusación, excusación por prejuzgamiento
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: ROUSSEAU, Hugo Adrián y otro s/ Infr. art. 98 ley 1472-EXCUSACION 1472-EXCUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-18

La excusación fundada en que se ha prejuzgado al expedirse sobre la homologación de un acuerdo de juicio abreviado otorgando responsabilidad al imputado, no constituye prejuzgamiento por cuanto se trata de una decisión dictada en la oportunidad legalmente prevista y como obligación funcional dentro del proceso, de modo que no trasunta un criterio de mérito anticipado con respecto al otro encausado y, por ende, no puede prosperar.-
Recurso de casación, absurdo
Materia: CIVIL
Carátula: GELID HECTOR SEBASTIAN S/ TERCERIA DE DOMINIO EN AUTOS: FERMANELLI MIGUEL ANGEL c/ MANZONI EGIDIO SEVERO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-CASACION BASUALDO NICOLAS ANTONIO c/ FARMACIA AVELLANEDA Y/U OTROS s/ SUELDOS IMPAGOS-CASACION SALVATIERRA ANGELA DEL VALLE S.TERCERIA DE DOMINIO EN:CHAPARRO DE RISSO PATRON BEATRIZ Y OTRA C.CHAPARRODE SALVATIERRA ELVIRA M. s/ DIFERENCIA DE SUELDOS-CASACION SANTILLAN ANTONIO Y OTROS c/ MADERA DURA DEL NORTE S.A s/ PRESCRIPCION ADQUSITIVA- CASACION BASUALDO NICOLAS ANTONIO c/ FARMACIA AVELLANEDA Y/U OTROS s/ SUELDOS IMPAGOS-CASACION SALVATIERRA ANGELA DEL VALLE S.TERCERIA DE DOMINIO EN:CHAPARRO DE RISSO PATRON BEATRIZ Y OTRA C.CHAPARRODE SALVATIERRA ELVIRA M. s/ DIFERENCIA DE SUELDOS-CASACION SANTILLAN ANTONIO Y OTROS c/ MADERA DURA DEL NORTE S.A s/ PRESCRIPCION ADQUSITIVA- CASACION GONZALEZ JUAN DE DIOS Y FIGUEROA ESTELA DEL VALLE c/ BOYANOSVSKY BENJAMIN S/DESALOJO s/ CASACION CIVIL GELID HECTOR SEBASTIAN S/ TERCERIA DE DOMINIO EN AUTOS: FERMANELLI MIGUEL ANGEL c/ MANZONI EGIDIO SEVERO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-CASACION BELMONTE DIEGO FERNANDO c/ MIRANDA FERNANDO SEBASTIAN s/ DISOLUCION, LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD DE HECHO, ETC. - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-11-13|2001-12-13|2003-05-15|2005-08-02|2001-12-13|2003-05-15|2005-08-02|2006-12-07|1998-11-13|2009-05-29

El único medio de penetrar en la revisión de los hechos y de la prueba, en la difícil coraza que protege el acceso a la Casación es la alegación del "absurdo"; conformado por aquellas hipótesis límites en las cuales los defectos en la lógica de la motivación de los fallos definitivos, por la entidad o desacierto, rebalsa la línea de lo tolerable para descalificar a esa emanación jurisdiccional como sentencia cabal.
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Echeverría, Juan Carlos s/ Robo calificado Giocasta, Carmelo y otros s/ Robo calificado Alaniz, Pedro Miguel Angel s/ Robo calificado Bustos, Andrés Humberto s/ Robo calificado y resistencia a la autoridad Collini, Carlos Alberto s/ Robo de aut.tor Aragón, Luis R.; Román, Pedro A. s/ Robo aut.tor Figueroa, Antonio Pio. Hermosi, Héctor Ramón s/ Robo calificado de aut.tor por el uso de armas en concurso ideal con  privación ilegal de la libertad calificada, abuso de armas y  resistencia a la autoridad, en concurso real Brest, Néstor Omar; Pedevilla, Santiago Fabio s/ Privación ilegal de la libertad. Robo calificado. Robo aut.tor Rodríguez, Miguel Angel s/ Robo aut.tor - Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21|1989-04-12|1989-05-30|1992-04-14|1990-10-02|1988-05-03|1996-02-13|1994-04-12|1993-04-27

La ley determina las penas correspondientes a cada delito en relación a las complejas combinaciones de factores aun cuando en primer plano sólo aparezca uno de ellos como ocurre, en el caso del art. 38 del decreto ley 6582/58 modificado por ley 14.467, con el objeto. La comparación de la escala penal cuestionada con la del homicidio -que debe realizarse teniendo en cuenta los mínimos y los máximos- no exhibe transgresión alguna del principio de igualdad en el preciso sentido constitucional del mismo.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, diligencias extrajudiciales, balance
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA  CRUSADE  SA c/ CENCOSUD SA s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19

Procede decretar la caducidad de instancia no siendo óbice a ello, el impulso extrajudicial que enuncia la recurrente como apto para suspender el plazo de caducidad, pues para surtir dicho efecto los actos debieron necesariamente realizarse en el marco del subexamine (cpr: 315), y en el caso, las gestiones extrajudiciales que se refieren -vinculadas a la confección del balance- solo podrían llegar a tener el carácter de interruptivos en caso de que de alguna manera se hubiera introducido la cuestión, dejando constancia escrita de ello en las actuaciones, antes de cumplido el termino legal, mediante peticiones de las partes, o decisiones del tribunal.
Responsabilidad civil, daños y perjuicios, pago, mora, depreciación monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Mansilla Sánchez, José Joaquín c/ Campano, Miguel Félix s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1977-10-19

La jurisprudencia reconoce en el acreedor un derecho a resarcirse por la depreciación de su crédito, y ante el incumplimiento del deudor.

Porque, como se ha dicho, ese incumplimiento lleva la cuestión al campo de la responsabilidad civil emergente de la mora. Esa mora impone a la relación entre las partes un nuevo vínculo obligacional en el que, el moroso, como factor de daño, adquiere el deber de resarcirlo en plenitud.
Prueba documental, fotografía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Groisman, Leopoldo Daniel c/ Gonzalez, Mirta y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-20

Las fotografías presentadas por el demandado, aunque carezcan de fecha cierta y no se encuentren autenticadas, cumplen el cometido para el cual fueron acercadas a la causa, pues del número de la patente del rodado y de lo que se desprende del acta de choque, se evidencia que el que aparece en las fotografías es el mismo que participó en el accidente.-
Relación de dependencia, horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Martinetti, Rubén Sergio c/ Charvel S.A. y/u otros s/ Indemnización por antigüedad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-06-12

En las horas extras, por tratarse de una actividad extraordinaria, el principio de inversión de la carga de la prueba en orden al hecho de la prestación de servicios cede, para retomar su vigencia el que de ordinario se deriva del onus probandi: "actor incumbit probatio", ya que es ésta parte quien en definitiva tiene interés en innovar o modificar la situación del contrario. La prueba de las horas extras debe recaer tanto en los servicios prestados fuera de la jornada legal, como en el tiempo de su cumplimiento; debiendo a ese efecto extremarse fatiga probatoria.
Acción de amparo, costas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOÑI, LEONARDO MARTIN. c/ PROVINCIA DE NEUQUEN (SUBSECRETARIA DE SALUD). s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-02

Corresponde revocar lo resuelto en la intancia de grado pues siendo que la acción es totalmente inadmisible, no procediendo en ninguna de sus partes, rige el principio de la derrota y por lo tanto las costas deben ser soportadas por el amparista en tal calidad.
Gobierno provincial, agentes de la administración pública, justicia distributiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gaúna de Vanioff, Amanda Elsa y otros c/ Provincia de Formosa s/ Demanda de inconstitucionalidad de la Ley 1182 Formosa s/ Demanda de inconstitucionalidad de la Ley 1182
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-12-27

El gobierno no existe para otros fines que la sociedad misma: el debe hacer todo el bien y prevenir todo lo mal. Si hay alguna justicia para las imposiciones, los que son menos capaces de ayudarse y defenderse están entre aquellos para quienes la protección del gobierno les es mas indispensable, más cuando éstos son los que deben pagarla más cara, agentes públicos, esto sería lo contrario del ideal de la justicia distributiva al generar tales desigualdades. Disidencia del Dr. Carlos G. González.
Defensa en juicio, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: BLANCO JUAN MANUEL FERNANDO; MANSILLA ARIEL; BLANCO ANGEL; SILVA RAMON ALEJANDRO s/ S.D. HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO POR ENSAÑAMIENTO Y CRIMINIS  CAUSA Y ENCUBRIMIENTO E.P. CALDERON HECTOR EDUARDO - RECURSO PER  SALTUM
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-03-05

El llamado "doble conforme", entendido éste con la amplitud que surge del dictado del fallo "Casal" (sentencia del 20 de setiembre del 2.005, en LL. 2005-F, 387); donde la Corte Suprema (influenciada por el control de convencionalidad que dimana del precedente "Herrera Ulloa Vs. Costa Rica", sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 02 de Julio del 2.004, en LL, 2005-B,497), determinó que el Recurso de Casación debía entenderse en el sentido de que habil
Honorarios del perito, honorarios del médico
Materia: CIVIL
Carátula: GIORDANO DE CABRERA,JOSEFA INES Y OTROS c/ MANINO HUGO MARCELO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1993-12-03

No parece justificado vincular el honorario del perito médico al monto del juicio, sobre todo porque no existe arancel que disponga esa modalidad, y porque en definitiva su labor profesional no esta relacionada con el resultado económico del debate.
Jubilaciones, haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOBO DE CABRERA PAULÍ, ELENA c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA. s/ AMPARO -  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-05-05

El tope jubilatorio fue establecido por la legislación de emergencia, Ley 8472 modificada por Ley 8482. El Decreto 1777/95 ha sido emitido durante la vigencia de las leyes referidas, esto es, dentro de una situación declarada como de emergencia, en la cual los derechos patrimoniales pueden ser suspendidos o limitados de manera razonable, en aras del bien general de la comunidad.

La normativa legal lo fija y el Decreto 1777, perfila su existencia en la dimensión práctica mejorando, respecto de la emergencia, la situación de los ex magistrados al establecer como tope máximo el sueldo del Gobernador, no su ochenta y dos o setenta y cinco por ciento (82% o 75%), como en los demás casos, teniendo en cuenta para ello el régimen especial.

Debe recordarse que la inconsecuencia o falta de previsión jamás se supone en el legislador y por ello se reconoce como principio inconcuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto.

Resulta claro que el tope previsto en el Decreto 1777 tiene sustento en las Leyes 8472 y 8482.

En cuanto dicho tope se extiende más allá de la limitada vigencia temporal de la ley citada, el cuestionamiento constitucional formulado deviene abstracto, por cuanto resulta imposible que el ochenta y dos por ciento de ese emolumento supere el tope establecido.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, Derecho laboral, relación de dependencia, consentimiento, despido indirecto
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: LEONTIUK, MARIO ALFREDO c/ PINCEN SA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA LABORAL (EXPTE.: C.S.J.NRO. 127 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-12

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que sólo por conducto de incurrir en arbitrariedad normativa pudo concluir el A quo que la ausencia de impugnación por el actor de la primera suspensión constituía un obstáculo para considerarse en situación de despido indirecto.

Evidentemente el consentimiento de las suspensiones anteriores no podría cambiarse con sólo impugnar la suspensión final, y la tácita aceptación operaría como un plazo de caducidad que cancelaría la posibilidad de una impugnación tardía a suspensiones anteriores.

Sin embargo, ello no obsta a que en el caso de suspensiones sucesivas el cuestionamiento de la última suspensión, por exceder el plazo, habilite al trabajador a considerarse en situación de despido indirecto, no por la causa de las suspensiones (que habrían quedado consentidas), sino por dicho exceso.
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, valor probatorio, juicio ordinario
Materia: CIVIL
Carátula: Hardt, Margarita Cornelia c/ Salomón, Carlos Edgardo y otra s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-17

La existencia del hecho (accidente de tránsito), ante la ausencia de prueba al respecto, no puede basarse únicamente en exposiciones policiales realizadas por actor y demandado, pues aquéllas constituyen tan sólo una declaración unilateral sin que la autoridad policial efectuara comprobación alguna sobre su contenido por ende, de escaso valor probatorio.
Acto administrativo, revocación del acto administrativo, actuación de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pozal, Daniel Alberto c/ Municipalidad de Tandil s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-27

Debe rechazarse el derecho indemnizatorio del particular beneficiado por el acto administrativo ilegítimo si no fue ajeno al vicio que lo invalidaba, es decir si lo ocasionó o contribuyó a generarlo.
Asociaciones sindicales, despido del delegado gremial, despido indirecto, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: EMPRESA CENTRAL EL RAPIDO  S.A. c/ IBAÑEZ, CESTILIO OSCAR s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

El delegado gremial que en virtud de las disposiciones del art.

52 cuarto párrafo de la ley 23551, se consideró despedido mientras se tramitaba la acción judicial de exclusión de la tutela sindical, carece de derecho a reclamar, en un proceso posterior, la indemnización por violación de su estabilidad, ya que era su función sindical resistir la presión del empleador y no ceder posiciones logradas que interesan no sólo a su persona sino también a sus representantes.
Portación de armas, armas de guerra, jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, recurso de casación penal, competencia criminal y correccional, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lascano López, Luis Alberto y otros c/  s/ 189 bis (2) - portación de arma de guerra s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-13

Si la competencia para entender en estas actuaciones fue asumida por la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ello no es materia de discusión, no se suscita un conflicto de competencia que quepa al Tribunal resolver. Por tal motivo no existe conexión con aquella jurisprudencia de la CSJN que determina que encontrándose pendiente de resolución la apelación interpuesta, corresponde resolver el recurso deducido con carácter previo a la determinación de la competencia. (Fallos: 312:1624; 323:3341, y más recientemente, Fallos: 327:3898 y 328:318, entre otros). (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Seguros, responsabilidad contractual, terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Magni, Mario Víctor y otro prop. o resp. s/ Sumario - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-19

Las relaciones entre asegurador y asegurado son "res inter alios actaa", frente a la víctima de un siniestro cubierto por aquélla y no pueden ser invocados como defensa para eludir la indemnización que le es debida. Los factores que eventualmente puedan haber determinado la caducidad del derecho del asegurado son irrelevantes a los fines de determinar la subsistencia del derecho del tercero amparado por la ley imperativa, máxime si la misma aseguradora admite que seguía cobrando la prima pertinente.