marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Víctor Leopoldo c/ Argennet S.R.L. y Otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-04

En el caso, el actor se desempeñaba para la demandada en el sector "telefonía celular corporativa (sólo para empresas)". Ante su despido, planteó su pretensión de extender la responsabilidad a Telefónica de Argentina S.A. con fundamento en el art. 30 L.C.T.. El objeto social de esta empresa es la "prestación, por cuenta propia o de terceros, o asociada con terceros, de servicios públicos de telecomunicaciones, excepto radiodifusión.". La expresión de servicios públicos de telecomunicaciones se refiere, como es de público conocimiento, a las líneas fijas de teléfonos por lo que acreditado en la causa que el actor se desempeñó como vendedor de productos y servicios de telefonía celular no puede extenderse los efectos de la condena sobre esta sociedad, cuyo objeto no es la prestación de ese servicio. Por lo tanto no cabe condenar solidariamente con fundamento en el art. 30 L.C.T. a Telefónica de Argentina S.A..
Despido, injuria laboral, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: DENISIUK, HALA c/ SILKMAN  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-26

De acuerdo con el art. 242 LCT son los jueces quienes tienen que valorar prudencialmente la injuria teniendo en consideración el carácter de las relaciones según las modalidades y circunstancias personales en cada caso. Este sistema lleva a la necesidad de que se sepa cuáles fueron las palabras obscenas que profirió la trabajadora para que se pueda determinar si, entendiendo a los sujetos y al entorno en que fueron dichas, pudieron haber ofendido al destinatario.
Falsificación de valores equiparables a la moneda, adulteración de valores equiparables a la moneda, uso de documento falso, billete de lotería
Materia: PENAL
Carátula: BLANCO, Eugenio s/ FALSIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1930-06-06

1)El billete de lotería es documento público y está equiparado a la moneda, a los efectos de la penalidad, cuando haya sido falsificado o adulterado.

2) El que venda billetes en esas condiciones incurre también en la sanción establecida por el art. 282 relacionado con el 296 del Código Penal.

NOTA: Este fallo plenario ha sido modificado por el plenario 'García, C.' del 28/6/46 sobre falsificación.
Beneficio de litigar sin gastos, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Di Giorgio, Osvaldo y Otro s/ Benef. Lit. sin Gastos, autos "Di Giorgio, Osvaldo y Otro  c-Prov.del Chubut y Otros s-Demanda Conten.Administrativa"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-20

De conformidad con el artículos 78 y 79 inc. 1° del CPCC, el primero de los requisitos para la concesión del Beneficio es la carencia de recursos o la imposibilidad de obtenerlos, resultando menester que el solicitante señale cuáles son sus medios de subsistencia, indicando la fuente y cuantía de sus ingresos.

"... requiere que el peticionario proporcione un cuadro completo y circunstanciado de su situación patrimonial y de sus posibilidades de procurarse los recursos necesarios para afrontar los costos y costas del proceso", lo cual a su vez ha de acreditarse según lo exige el artículo 79 inc. 2° del mismo cuerpo normativo. Atento la naturaleza de excepción de este instituto "la carga de la prueba tendiente a demostrar la carencia de recursos y la imposibilidad de obtenerlos, corresponde a quien pretende obtener ese beneficio de excepción, y esa prueba debe ser clara y concreta.
Abuso de firma en blanco, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CITIBANK N.A. c/ BOBILLO MINERALES S.A. s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S131 - 221)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-10-06

Cuando se impugna un documento privado alegando que ha sido firmado en blanco y que las declaraciones en él contenidas son inexactas, se hace necesario acreditar el hecho material de la firma en blanco y la consecuente entrega del instrumento en tales condiciones, además de la insinceridad del contenido aprovechándose de esa circunstancia, que es lo que tipifica el abuso por el otro.
Accidentes de trabajo, decreto de necesidad y urgencia, emergencia económica
Materia: LABORAL
Carátula: Quiroz Carlos Martin c/ Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-24

El objeto de los decretos de necesidad y urgencia consiste en la protección del interés público en situaciones excepcionales que requieren del Poder Ejecutivo la adopción de medidas específicas que no pueden esperar la sanción legislativa del Congreso Nacional, y es palmario que este no es del caso requerido. Tampoco encuentra sustento la existencia de una "emergencia económica" tal que amerite el dictado de un decreto de este calibre, las expresiones como "volatilidad económica", "urgencia", su "impacto en las tasas" y el grado de afectación tal que amerite la reacción impostergable del PEN quedan en una mera retórica. Ningún respaldo numérico tiene la aseveración de la vulneración de la "ley Martínez Raymonda". La idea de la "transitoriedad" como justificatoria de la norma no puede admitirse (Voto Romero. Adhesión Stettler)
Derecho administrativo, amparo por mora, derecho de peticionar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Barraza  Ana  Luisa c/ EN  -M°  Justicia-  Actuación 163137/07 s/ amparo por mora".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-16

El derecho de petición no se agota con el hecho de que el ciudadano pueda pedir, sino que exige una respuesta. Frente al derecho de petición se encuentra la obligación de responder.

Ello, sin embargo, no significa que la Administración deba pronunciarse en un sentido o en otro, sino tan sólo que debe expedirse (esta Sala, "Chaves, Luis E. c/EN -Jefe EMGE-", 2/10/96) (Cons. IV).
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, Corte Suprema de Justicia de la Nación, selección de causas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Monzón, Carlos s/ Homicidio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

La desestimación de un recurso extraordinario con la sola invocación del artículo 280 del Código Procesal no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida.
Sanciones disciplinarias administrativas, bienes del Estado, comodato, teléfono
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MALLA DE GIMENEZ, FILOMENA c/ GCBA s/ REVISION CESANTIAS O EXONERACIONES DE EMP. PUBL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

En el caso, se realizó una llamada telefónica a Hong Kong desde una escuela motivo por el cual se dispuso la cesantía de la agente que cumplía funciones como casera. Si bien dicha agente manifiesta su ajenidad a la llamada, corresponde remarcar que, como consta en el acta sobre toma de posesión y firma de comodato precario que suscribió, la agente declaró "asumir la responsabilidad por los daños y deterioros que se produzcan tanto por mí como por mis familiares, no sólo en la casa habitación sino en el edificio de la escuela cuyo custodia efectúo ...". La línea telefónica puede considerarse que se encontraba a su cuidado, siendo responsable por todo tipo de llamadas que se lleven a cabo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MINERA AGUILAR  S.A. s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  PROCEDENCIA  -  SENTENCIAS  ARBITRARIAS -  EXCESOS  EN  EL  PRONUNCIAMIENTO  -  CONTRATO  DE  TRABAJO - MINAS  -  SALARIO - VIVIENDA - APORTES JUBILATORIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-11

Son susceptibles de descalificación las sentencias que omiten el examen y resolución sobre alguna cuestión oportunamente propuesta, siempre que así se afecte de manera sustancial el derecho del impugnante y lo silenciado sea conducente para la adecuada solución de la causa.
AFJP, multa, demora injustificada de pago, retención indebida
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA  DE  AFJP c/ ORIGENES  AFJP  SA s/ ORGANISMOS EXTERNOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19

Cabe aplicar una sanción de multa de 2000 mopres a una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) por haber infringido lo dispuesto en la Resolución Conjunta ANSES-SAFJP nº 749-28/2004: 2, al demorar 301 días hábiles en el pago de varios conceptos liquidados por el régimen previsional público correspondientes a cierto período mensual, que afecto a 64 beneficiarios. Ello así, toda vez que la sancionada no ha controvertido el pago tardío de prestaciones a los sesenta y cuatro beneficiarios involucrados, lo cual ha implicado una retención indebida de fondos públicos que pone en evidencia que su proceder no se ha ceñido a la rigidez de la normativa que reglamenta su actividad. Desde tal perspectiva, comprobada objetivamente la existencia del incumplimiento, no puede quedar impune el incumplimiento de las disposiciones a las que debe sujetarse la administradora.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Baez, Clara María s/ Homicidio calificado Fernández Daguerre, José Luis s/ Supresión de documento público y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24|2001-03-28

El art. 357 del Código de Procedimiento Penal involucra tanto a las decisiones que, por su naturaleza, son sentencias definitivas como a otras que no lo son. Así, las que resuelven sobre falta de jurisdicción, cosa juzgada, etc., y los autos interlocutorios en general que resultan alcanzados por la norma. Este último tipo de resoluciones se hallan equiparadas a sentencia definitiva sólo "a los efectos de la procedencia del recurso" según el propio artículo precitado lo puntualiza. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos del empleador, facultad de dirección, modificación del contrato de trabajo, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ IRMA GLADIS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-16

Sin perjuicio de las facultades del empleador de distribuir las tareas de su personal, la alteración del contrato debe respetar la calificación contractual (categoría) del trabajador, es decir, la clase de trabajo para el cual fue contratado -la determinación cualitativa de las tareas-; de allí que no resulte admisible un cambio que produzca una rebaja en la categoría o la perdida de la especialidad.
Sentencia arbitraria, sentencia firme, cosa juzgada, tasas de interés, crédito laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Vásquez, Roberto José. c/ Centro Médico Quirúrgico. s/ Beneficios laborales impagos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1994-09-19

Corresponde casar la sentencia del ad-quen por haber incurrido en arbitrariedad, al apartarse de las constancias de la causa y vulnerar el principio de seguridad jurídica al alterar lo resuelto en la sentencia definitiva de primera instancia que se encuentra firme y consentida. En efecto, si la tasa de interés aplicada por el a-quo en su sentencia definitiva, no fue materia de agravio al momento de su apelación, no corresponde su tratamiento posterior al apelarse la resolución de primera instancia que en ella se rechazó tal incidente respecto de la planilla de liquidación, la que debe confirmarse. Ello por resultar violatoria del principio de la cosa juzgada, pretender, como lo hace el tribunal de grado, adecuar el fallo a los precedentes jurisprudenciales sentados por ésta Corte respecto de la tasa de interés que debe aplicarse a los créditos laborales, y variar así una decisión consentida en desmedro de la seguridad jurídica, ya que la cosa juzgada vale no porque sea justa o sea la verdad, sino porque ante el enfrentamiento de distintas garantías constitucionales - justicia y seguridad jurídica - debe estarse por la estabilidad de la sentencia judicial y la seguridad que ello genera, salvo los casos excepcionalísimos y expresamente previstos en la ley por ser una necesidad política del estado.
Pago, pago de la remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: FLORES DE SOSA, MARIA EMILIA c/ MANOR  S.A.I.C.F. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-19

El no consignar las sumas, ni depositarlas en autos con la contestación de demanda, no configuran injuria de falta de pago. El artículo 129 Ley de Contrato de Trabajo establece como lugar de pago el lugar de trabajo, por lo que si ante el requerimiento del trabajador la empleadora puso a disposición del mismo los haberes reclamados, debe aquél acreditar su concurrencia a percibirlos y la negativa de ésta a efectivizarlos.
Estafa, servicio telefónico, locación de inmuebles
Materia: PENAL
Carátula: RAMIREZ, LILIANA s/ ESTAFA - SERVICIO TELEFONICO - CONDUCTA ATIPICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-26

Por disposición del Decreto 563/71, los propietarios, titulares del servicio telefónico que no ocupan su casa, departamento, oficina, local, pueden requerir que se le mantenga la titularidad del servicio telefónico abonado una sobretasa mensual equivalente al 30% de la tarifa básica asignada, presentando a tal efecto, el título de propiedad del inmueble donde funciona el servicio.

El incumplimiento por parte de los propietarios de ese resguardo de titularidad -quienes en el contrato de locación se limitaron a convenir que no se efectuara cambio alguno en la titularidad de la línea telefónica-, no genere tipo penal alguno.
Prescripción adquisitiva, actos posesorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Organización Santa Victoria c/ Amaya de Suarez, Olga Elena s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

La usucapión supone el apoderamiento de la cosa con ánimo de dueño y mientras no se demuestre de algún modo que el bien es tenido "rem sibi habendi" los jueces deben considerar a quien lo ocupa como mero detentador. Si así no fuera, todos estarían en situación jurídica idéntica a la de los verdaderos poseedores(arts. 2.351, 2.373, 2.384, 4.015 del C. Civil), nuestro sistema legal no contiene la presunción de que cualquier ocupación es para sí y a título de dueño, siendo carga de quien invoca el título probar el "animus domini".-
Acción de amparo, medidas cautelares, derecho a la vida, derecho a la salud, energía eléctrica, descarga eléctrica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (EPRE) c/ EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RIO NEGRO (EDERSA) s/ AMPARO s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-11-04

La acción intentada es de carácter excepcional y ello obstaculiza el tratamiento de cuestiones que por la naturaleza misma del conflicto traído merecen un marco de debate más amplio que el de esta vía excepcional. Sin embargo cuando la amenaza es sobre la vida humana misma y los derechos vulnerados son la vida o la salud y la reparación ulterior podría resultar difícil cuando no irreparable, debe hacerse lugar a la excepcional vía que se intenta.
Obras sociales, afiliación a obras sociales, afiliación obligatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VERA, ELENA C. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y/O SERVICIO SOCIAL MUNICIPAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-04-01

La afiliación "forzosa" al Servicio Social Municipal crea una serie de derechos y deberes recíprocos tanto para la obra social como para el afiliado, quien tiene la obligación de realizar los aportes que se le deducen administrativamente de su sueldo; lo que le genera el derecho referido a una concreta y eficaz cobertura para la preservación de su salud; derechos estos que no pueden ser desconocidos arbitrariamente por la entidad prestataria.
Improcedencia del recurso, confirmación de sentencia, defecto legal, objeto de la demanda, acción reivindicatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Isas Marcelo Eduardo y Estudio Porto SRL  c/ Terán Fernando José y otros s/ reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-02-24

Procede no hacer lugar al recurso de apelación incoado por la parte actora, y en su mérito, confirmar la sentencia que hizo lugar a la excepción de defecto legal planteada por la parte demandada, pues no asiste razón a la apelante cuando indica que cumplió con la carga de individualizar el objeto litigioso o cosa demandada, en efecto, en el escrito de demanda al detallar las parcelas que pretende reivindicar, no consigna todos los datos catastrales que permitan su correcta identificación, por lo que omite precisar superficie y linderos de los inmuebles, si las parcelas mencionadas forman parte de un predio de mayor extensión, si colindan entre sí, estado de ocupación actual y si la acción tiende a reivindicar la totalidad o sólo parte de las parcelas mencionadas.
Recurso de apelación (procesal), defectos del procedimiento, nulidad procesal, cuota alimentaria
Materia: PROCESAL
Carátula: M. M. M. c/ S. M. S. s/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-03-19

Corresponde confirmar la resolución que le impone al demandado como cuota alimentaria mensual a favor de sus hijas, la suma equivalente al 30% del total de los haberes que percibe por su trabajo en relación de dependencia, toda vez que recurrente se agravia porque considera que la sentencia ha sido dictada violándose "el proceso" y no, contenidos en la misma resolución atacada, razón por lo cual corresponde desestimar la nulidad planteada, ya que sólo es dable invocar mediante la vía apelatoria aquellas nulidades relacionadas con la violación de las formas y solemnidades impuestas para el dictado de la sentencia. Ello así porque la instancia apelatoria no representa el canal impugnativo pertinente a los fines del tratamiento de la pretensión nulificatoria.
Médicos, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Bambill, Washington c/ Obra Social del Personal de Edificios de Renta y Horizontal de la República Argentina s/ Antiguedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

La subordinación jurídica se configura al haber puesto el trabajador (en el caso, médico auditor de la Obra Social accionada) su tiempo y capacidad de trabajo en beneficio de la entidad demandada, a sus órdenes en el organigrama de prestación de servicios a sus afiliados y a cuyas necesidades en definitiva se supeditó mediante el cumplimiento del horario y las funciones que requerían la labor adjudicada.
Convenios colectivos de trabajo, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Abdo, José y otros c/ D.G.I. s/ cobro de australes por diferencias salariales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

La ley 14.250 se refiere a las convenciones colectivas de trabajo que se celebren "por una asociación profesional de empleadores, un empleador o un grupo de empleadores" (art. 1), con lo que queda claramente limitado su ámbito de aplicación a la relación laboral privada, y excluido el contrato de empleo público, ya que la administración pública no está comprendida en la expresión transcripta. Concordantemente, el art. 19 del decreto reglamentario 6582/54 establece que no se regulará mediante convenciones colectivas el régimen de trabajo del personal ocupado por la administración pública - nacional, provincial, o municipal - con excepción del de aquellas actividades donde por acto expreso del poder público, en cada caso, se admita su aplicación.
Concursos, concurso especial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martín, Oscar Emilio y otros s/ Inc. concurso especial (hipotecario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

Tratándose de un procedimiento de ejecución colectiva, el acreedor con derecho real de garantía se encuentra facultado para exigir la inmediata realización del bien mas, en virtud del carácter universal del proceso, cabe cercenar la facultad de la acreedora de designar martillero para realizar la subasta, conforme se pactara en la escritura hipotecaria. Es que las cláusulas contractuales que regulan el acto de ejecución forzada en el proceso individual son inoponibles en el proceso concursal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, medidas cautelares, prohibición de fumar, Salud pública, interés público
Materia: PROCESAL
Carátula: BEER WAY SRL c/ GCBA s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-05

En el caso, corresponde no hacer lugar a una medida cautelar en el marco de una acción de amparo, a los efectos de que se disponga la suspensión de la aplicación de la Ley Nro. 1799 y de sus reglamentaciones.

La necesaria ponderación en el caso pone de manifiesto la existencia de una pluralidad de intereses colectivos yuxtapuestos. Y ninguna duda cabe que el monopolio de la definición del concepto y el contenido del interés social no pertenece a una sola persona, sino que resulta imputable a diversos centros de referencia, adquiriendo en cada uno de ellos un significado particular. Las alusiones al interés público en el ámbito de la tutela cautelar no necesariamente deben guardar relación con una concepción unívoca, primitiva o autoritaria. Por el contrario, mediante la valoración del interés público podría impedirse, también, el ejercicio antifuncional de la pretensión cautelar.

En efecto, la reglamentación del hábito de fumar es un tema que puede ser vinculado con la salud, lo cual es lógico, porque estaría comprobado el daño que el cigarrillo ocasiona a las personas que lo consumen. Sin embargo, hay otros ángulos de análisis que no tienen que ver directamente con la salud, sino con la convivencia social y los derechos implicados en esa convivencia.
Recurso de apelación (procesal), recurso de queja (procesal), plazos procesales, exceso ritual manifiesto, renuncia del defensor, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "DR. SOLOMISNSKY, Pablo s/ queja".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

Habrá de prosperar la queja aún cuando el cómputo del plazo procesal para deducir el recurso de apelación haya sido correcto, si las circunstancias que rodearon el cambio en la asistencia letrada del imputado- entre la revocación del patrocinio de quien venía ejerciendolo en su favor y la notificación a su nuevo defensor de su designación para que eventualmente proceda a aceptar el cargo correspondiente-, ponen de resalto que la aplicación de tales pautas al presente caso constituye un exceso en el cumplimiento de las formas rituales en perjuicio del imputado. Ello así, pues la falta de nombramiento del defensor de oficio que fuera solicitada por el imputado antes de que venciera el plazo para que pudiera apelar el procesamiento y embargo dispuestos, más el holgado tiempo transcurrido entre la posterior propuesta de defensor de confianza y el proveído pertinente para que éste pueda comenzar a ejercer su Ministerio, presentan como irrazonable el modo en que fue aplicado el principio de preclusión en a su respecto, ya que tales extremos confluyeron en contra del adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio; máxime cuando al serle dada al nuevo defensor propuesto la intervención que le compete, este letrado el mismo día que aceptó el cargo acompañó el escrito de apelación de las medidas cautelares referidas.