marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Separación de bienes, convenio de partición de bienes, homologación judicial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: D.C., R.M. c/ L., M.L. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

La presencia del magistrado en la audiencia en la cual los cónyuges efectuaron el convenio sobre bienes, torna innecesaria su posterior homologación, dado que su conocimiento de oficio hace suponer el control de la regularidad de los presupuestos formales y sustanciales que condicionaban la disponibilidad del objeto, pues en caso contrario no habría podido proponer un intento conciliatorio.-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, alimentos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: S. M., A. L. c/ A., L. A. s/ Alimentos. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06

El agravio relacionado con el derecho de la cónyuge divorciada a percibir los alimentos establecidos en el pronunciamiento recurrido reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cooperativa de Créditos Zona Este c/ Rizzo, José s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

Se perfila la inviabilidad del impedimento procesal de inhabilidad de título frente a una deuda no desconocida, so pena de favorecer un huero ritualismo (arts.34 inc.5, 161, 163, inc.6, 542 inc.4, 546, 549 y concds. C.P.C.C.).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: LABORAL
Carátula: De Luca, Antonio c/ Robert Bosch Argentina Industrial S.A. s/ Enfermedad accidente Rodriguez, Héctor A. c/ Buenos Aires Catering SA s/ Indemnización por daños y perjuicios Rodriguez, Héctor A. c/ Buenos Aires Catering SA s/ Indemnización por daños y perjuicios Rodriguez, Héctor A. c/ Buenos Aires Catering SA s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-12-12|2002-10-23

La doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es -en principio- atrapante para los jueces inferiores, quienes le deben obediencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aborto sin consentimiento, derechos y garantías constitucionales, homicidio calificado por el vínculo, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Guzmán, Cristian Matías s/ homicidio agravado c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

Sostener que los supuestos de aborto sin consentimiento de la mujer realizado antes de que el feto hubiese alcanzado los tres meses de desarrollo sería atípico y que, a todo evento, ello implicaría sólo la comisión de lesiones (en caso de que no se hubiese consumado el homicidio), o una mayor magnitud de injusto por el mayor perjuicio causado (con eventual incidencia únicamente en la determinación de la pena), conduce a desconocer la amplia protección de jerarquía constitucional que se otorga a la mujer respecto de conductas heterolesivas de la clase de las aquí tratados con sustento, en definitiva, en el reconocimiento de su dignidad en un momento tan particular de su vida como es el embarazo, y que por lo tanto, incluye a la incolumnidad, en todo el tiempo que lleve su gestación, del feto que aquella ha aceptado, libremente, que se conforme en el interior de su cuerpo. No se advierte razón alguna para que un comportamiento como el aquí analizado debiese estar incluido en alguna de las excepciones a las que alude el artículo 4.1 de la Convención Interamericana respecto a la protección de la vida, en general, a partir del momento de la concepción. Tampoco se advierte, en consecuencia, que hubiese algún motivo para que la dignidad de la mujer y sus derechos a la maternidad, a la conformación de una familia y a la protección de su embarazo, al par que la vida del nasciturus o feto, fruto oportuno de la concepción, no debiesen estar comprendidos en la tutela que el citado artículo les otorga, de modo conjunto. Ello así, en el marco de una interpretación sistemática y evolutiva, con el resto del por demás amplio plexo normativo de carácter constitucional y legal reseñado. Todo ello deriva, inexorablemente, en la aplicación de las reglas del concurso ideal (voto del juez Huarte Petite, al que adhirió el Juez Jantus)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Del Valle, Miguel s/ Homicidio simple - Hurto calamitoso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no sólo no denuncia la violación de norma alguna sino que omite cuestionar los motivos que proporcionó la Cámara para efectuar la calificación del hecho.
Recurso contencioso administrativo, prueba testimonial, impugnación de la declaración testimonial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: YBA-RUC Sociedad de Responsabilidad Limitada c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 233-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

Debe rechazarse la tacha de testigo efectuada por la demandada cuando no se advierte la concurrencia de ninguna de las causales a las que refiere el artículo 221 del Código Procesal Civil y Comercial -aplicable-, siendo a esos fines insuficiente aducir en sustento de su pedido, que dicho testigo ha iniciado juicio por cobro de honorarios en su contra y ello, "puede inclinarlo a declarar en contra de alguna de las partes en este proceso, en cuyo resultado final puede estar directamente interesado"; máxime cuando el mencionado testigo depone sobre hechos de interés para el Tribunal y sus declaraciones no evidencian contradicción ni parcialidad, refiriéndose a cuestiones claramente objetivas y fácilmente verificables mediante el examen de otras constancias de la causa.

Ello, desde luego, sin perjuicio de la valoración que, en su caso, corresponda efectuar de dicho testimonio.
Juicio abreviado, rechazo del juicio abreviado, sentencia no firme
Materia: PENAL
Carátula: Robertazzi, Osvaldo Rubén s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-05

La resolución que declaró inadmisible la petición de la Fiscalía para que proceda por la vía abreviada que regula el art. 431 bis CPPN no es ninguna de las comprendidas en la enunciación del art. 457 CPPN, ni resulta por sus efectos equiparable a tales. El voto concurrente expresó que del art. 431 bis CPPN se desprende la facultad del tribunal de rechazar el acuerdo al que hubiesen arribado el Ministerio Público Fiscal y la defensa, en dos situaciones: cuando se invoque la necesidad de un "mejor conocimiento de los hechos" o cuando haya una "discrepancia fundada con la calificación legal admitida". (Dres. Mitchell -según su voto-, García, Yacobucci).
Contrato de trabajo, empleados públicos, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública
Materia: LABORAL
Carátula: Ricci,  Horacio c/ Intervención-Sindicatura  ley 22229 y 22334 yotros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-20

Resulta conveniente recordar que los agentes de la administración pública están, en principio, comprendidos dentro del régimen jurídico del derecho administrativo, salvo las excepciones contempladas en el art. 2est inc. a) de la L.C.T. al requerir que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. ("García DnotAuro, Patricia del Carmen c/ Ministerio de Economía Secretaría de Agricultura, Ganaderia Pesca y Alimentación S.E.N.A.S.A." VII, sent. 37.381 del 22.3.04) En ese andarivel la Procuración del Tesoro ha señalado que "El principio aplicable a la relación que media entre el personal de la Administración Pública y el Estado, es la misma que está regida por las normas del derecho público constitucionales y administrativas- y no por las de derecho privado -laboral o no laboral- Dictamen 25/92 enero de 1992, expediente 77205/90 del Ministerio de Justicia (Dictámenes 200:63). Sin embargo esa situación no excluye que puedan excepcionalmente encontrarse casos de personas que trabajan para la Administración Pública, no en relación exclusivamente de derecho público sino también, en alguna medida, de derecho privado.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, remuneración, mandato, mandato tácito
Materia: CIVIL - LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Sanchis Ferrero, Julia Aurora y otros c/ Corte Suprema de Justicia de la Nación. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-20

La conducta del personal de un juzgado al firmar y entregar sus recibos de sueldo a una empleada autorizada para su cobro revela la existencia de un mandato tácito (art . 1874 del Código Civil) y la entrega de dichos importes a quien de esta manera se hallaba legitimado pasivamente para recibir el pago (art. 731, inc. 1x del Código Civil) tuvo efectos cancelatorios de la obligación y liberó el Poder Judicial, que no deberá responder por la sustracción de los salarios.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, indemnización por muerte, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: JASIN, Benjamín c/ CENTURION, S.T s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-25

Los arts. 1084 y 1085 del Código Civil crean una presunción de daños que ampara a la viuda e hijos del fallecido en un accidente de tránsito y que releva a estas personas de probar el perjuicio económico derivado del hecho ilícito.
Competencia, competencia por la persona, Inspección General de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: "Chez   Le   Vin   S.R.L. c/ EN  -Mº de Justicia- IGJ s/ amparoley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

De conformidad con lo dispuesto por el art. 16 de la ley 22.315, las resoluciones de la Inspección Genral de Justicia son apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, cuando se refieren a comerciantes o sociedades comerciales.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, declaración de incompetencia, excepciones procesales, excepción de incompetencia, plazos procesales, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. c/ Catamarca, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

Si bien la declaración de falta de aptitud para entender en la instancia originaria es procedente en cualquier estado de la litis, tal facultad no exime de la obligación de articular las excepciones previas en el tiempo oportuno, ya que el Código Procesal ha fijado etapas preclusivas para su deducción y lo exceptuado en el segundo párrafo de su art. 352 es la declaración de oficio de la incompetencia.
Enfermedad accidente, asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: GAITAN MANUEL ANTONIO c/ FRIGORIFICO CARNEVALI S.A.C.I. s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-16

Sobre el planteo de la aseguradora en el sentido de que se prorratee la indemnización, porque el hecho generador del riesgo cubierto ya haya venido activado al momento de la contratación del seguro, si se encontraba vigente la póliza, tratándose de enfermedades del trabajo, debe rechazarse dicho planteo, porque cuando se tomó el riesgo debió adoptar las medidas para verificarlo y en su caso limitarlo.-
Contratos, locación, bienes inmuebles, juicio de desalojo, falta de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LEIVA JESUS c/ AMELIA CARRASCO MALDONADO s/ Desalojo (LIBRO: S068 - 153)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-05-19

El objetivo de la ley de locaciones urbanas es que la interpelación por el pago de lo adeudado sea fehaciente. No se determina el medio por el cual se debe efectuar, basta que sea cierta siempre que se pruebe claramente la intimación y su recepción por el deudor.
Intervención de terceros, intervención obligada
Materia: CIVIL
Carátula: PALAVECCINO ADOLFO RUBEN c/ LOPEZ SALAS ELOY s/ ARTICULO 250 C.P.C.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-20

La intervención de terceros es de carácter restrictivo y debe ser admitida sólo por excepción, cuando las circunstancias demuestren que existe interés legítimo. Reconoce como fundamento la conveniencia de extender los efectos de la cosa juzgada a todos los interesados en una determinada relación jurídica, de manera que la intervención obligada exige más que un mero interés del citante y del citado, pues es necesaria la comunidad de controversia (conf. C N.Civ. Sala D, R. 84.625 del 9-9-85).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, robo con armas, delitos, tipo penal, arma de fuego, arma descargada, simulada o defectuosa, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

Considerar que la utilización de arma inapta no implica riesgos para la víctima, constituye una afirmación meramente dogmática, desde que entendemos que la integridad del individuo humano abarca tanto lo físico, como lo psíquico, por lo que fácil es concluir que la vulneración y las consecuencias que sufre en este último campo el intimidado por un arma, aún inidonea, es mucho mayor, como consecuencia de la ostentación de ese objeto.

No es posible partir de diferenciar conceptos o términos similares en el Código, según los casos, y si es arma, en el delito previsto por el art. 189 bis del C.Penal, aun inapta o descargada Tenencia y portación de arma ilegal también debe tenerse por tal en el delito de Robo con arma, sea que esté inútil o sin proyectiles. Por todo ello, si lo esencial es la intimidación, debemos concluir que se satisface el tipo legal cuando se ha empleado, a sabiendas y voluntariamente, un arma, aun inapta en la circunstancia, para intimidar a la víctima y hacerle deponer su resistencia u oposición, creando con ello la profunda convicción en la víctima, de que está siendo amenazado con un elemento capaz de producirle un daño físico de entidad, en caso de oposición; con lo que, a los efectos de la agravante contenida en el art. 166, inc. 2° C.Penal lo relevante y fundante, no es el poder ofensivo real del objeto, sino el efecto intimidatorio concreto que conlleva su utilización. (Del voto del Dr. Crippa García).

En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Comodato, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: GUERRA EDELMIRO c/ ASOCIACION ATLETICA QUIMSA Y OTROS s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-03-08

Aunque el art. 2.263 del Código Civil autorice toda clase de prueba para acreditar la existencia de un comodato, de ello no puede colegirse que de la sola circunstancia de que un sujeto figure como titular de un bien ocupado por otro, el primero sea comodante y el segundo comodatario.
Derecho procesal, terminación del proceso, caducidad de instancia, improcedencia del recurso, resoluciones judiciales, diligenciamiento de mandamientos, notificación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Itau Argentina SA c/ Scime, Miguel Angel  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-13

Cabe revocar la resolución que declaró la caducidad de instancia de las actuaciones. Ello por cuanto, en el caso, el canal demorado por el que ha transcurrido el trámite de intimación al pago del ejecutado se debió, no en menor medida, a la omisión del Juzgado de incorporar a las presentes actuaciones un mandamiento que, habiendo sido retirado de la correspondiente oficina por personal de la Secretaría, posteriormente fue extraviado, hasta que, según lo informado por el propio Juzgado, fue hallado y agregado a autos. En tal marco, siendo que la referida omisión del Juzgado fue lo que llevó a que el actor tuviera que solicitar un oficio de informe a efectos de determinar el estado de la respectiva diligencia (gestión cuya realización, cabe agregar, el propio tribunal puso en su cabeza, en los términos del CPR 400), cuando, de hecho, el mencionado mandamiento ya había sido devuelto a la Secretaría, cupo que se le notificara por cédula a confeccionarse por Secretaría para reordenar la continuación del curso del proceso, en vez de comunicarse dichos extremos por ministerio de ley y, posteriormente, decretarse la caducidad de manera oficiosa (arg. CPR 135-7° y 313-3°. Por lo que debe optarse en este supuesto particular por continuar los autos según su estado, habida cuenta el criterio restrictivo que rige en la materia.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, LEY DE CONCURSOS, quiebra, honorarios, regulación de honorarios, leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ ¿Corresponde aplicar los porcentajes del artículo 267, ley 24522, a   las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia   conforme al régimen del artículo 290, ley 19551, elevadas a la   Cámara en función del artículo 295, ley 19551, o del artículo 272,   ley 24522? (Tribunal pleno). Observaciones: dejado sin efecto por   acuerdo Nro. 12 de fecha 03-12-1997
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-04

Bajo la ley 19551 derogada -salvados los privilegios especiales- podía asignarse a la regulación de los honorarios de los "funcionarios y profesionales de la quiebra" hasta la cuarta parte del producido de la liquidación del activo falencial, y para el resto de las categorías se dejaba -como mínimo- las tres cuartas partes restantes. Ahora, con la nueva ley 24522, si el máximo asignable a los acreedores de estos honorarios concursales en la quiebra liquidativa es un doce por ciento, se está reglando -a la vez, aunque implícitamente- que el producto repartible entre el resto de inferior rango es, al menos, un ochenta y ocho por ciento (después de pagados los acreedores con privilegio especial). Entonces, no sólo se ha modificado -como parecería- una regla relativa a honorarios, aparentemente "injusta" para quienes ven disminuida su expectativa de retribución profesional. También, y esto es más importante aún en el terreno de la quiebra liquidativa (máxima expresión de la justicia distributiva), se ha mejorado la situación de otros acreedores que ven aumentada su expectativa de cobro en moneda de quiebra. (Del Voto del Dr. Rouillon).
Código Procesal Penal Federal, cuestión federal, celeridad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz, Roque y otro  c/  s/ impugnación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-28

El Código Procesal Penal Federal no pretende privar a las partes del acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para plantear agravios causados por resoluciones equiparables a definitivas, toda vez que prevé expresamente esa posibilidad para casos que planteen una cuestión federal. No obstante, cabe señalar que uno de los principios generales que orientan la codificación procesal penal federal es la celeridad (art. 2 CPPF
Recurso de casación, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bruno, Oscar Alfredo c/ Bagley  S.A.  y  Otros s/ Cobro de Pesos - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-06

El recurso de casación que se limita a exteriorizar la discrepancia con las conclusiones del fallo resulta improcedente, siendo necesaria la demostración de flagrantes incoherencias o una infracción de las leyes de la lógica pues lo contrario es obligar a inferencias impropias de este recurso al juzgar los motivos que formaron la convicción del Tribunal que dictó la sentencia impugnada. (del voto en disidencia parcial del Dr. Horacio G.

Zavala Rodriguez)
Deudas consolidadas, opciones de pago, bonos de consolidación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TANTUCCI, Oscar c/ MINISTERIO DE EDUCACION s/ empleo público"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

Del art 10 de la ley 23982 se desprende con claridad que el reconocimiento de una doble opción en favor del acreedor de una obligación consolidada no fue acompañado de referencia alguna que autorice a imponer a aquél, frente a la elección inicial de una de las modalidades de pago previstas, una prohibición de abandonarla para recurrir a otra de las contempladas en esa disposición. En el silencio guardado por el legislador - que, en el caso debe entenderse como omisión jurídicamente decisiva-, no puede sino hallársela implícita aunque inequívoca voluntad de autorizar la modificación de que se trata; voluntad que no podría verse desconocida por vía de la reglamentación sino a través de un exceso en el ejercicio de esa facultad. En tal sentido, no sería admisible que las "condiciones" determinadas reglamentariamente para el cumplimiento de una directiva legal, condujesen directamente a ignorarla.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tribunales de instancia única, recurso extraordinario, tribunal de alzada, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Robledo, Daniel Alberto c/ Barcelo, Ricardo Cirilo s/ Indemnización de daños y prejuicios. Declaratoria de pobreza (Expte.   Nro. 95-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-10

El recurso de apelación extraordinaria, particularmente legislado para los tribunales de juicio oral de instancia única, es de carácter extraordinario y guarda en cuanto refiere al procedimiento similitudes con los recursos de inconstitucionalidad en cuanto a la restricción de las resoluciones que pueden ser objeto del recurso -sentencia definitivas o con fuerza de tales-, y con supuestos de procedencia legalmente tasados, formulando el tribunal que dictara el resolutorio impugnado un primer juicio de admisibilidad, así como la posibilidad de acceder, en caso de verse rechazado, mediando el debido recurso de queja. Teniendo en cuenta estas aproximaciones no puede soslayarse que al respecto la Corte de Justicia de la Nación ha expresado "Si se interpuso recurso extraordinario por arbitrariedad de la sentencia y fue denegado y se concedió, en cambio, por violación del artículo 18 de la Constitución de la Nación, aquella cuestión es ajena a la jurisdicción de la Corte si no medió Recurso de Queja", y que "En principio es irrevisible, en instancia extraordinaria, lo resuelto por el Tribunal que dictó la sentencia apelada en cuanto al alcance de sus atribuciones". (De los Fundamentos del Dr. Cordini -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨Interpuesto recurso de apelación extraordinaria fundado en más de una de las causales del artículo 42 (ley 10160) y admitida alguna de ellas, debe el recurrente ocurrir en queja para lograr la revisión, o bien puede la Alzada avocarse a su conocimiento y decisión sin necesidad del recurso de hecho?
Daños y perjuicios, actividad riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BRACAMONTE MARIA DEL CARMEN c/ JOCKEY CLUB GENERAL PAZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-28

Para el caso de considerar ilícitas las carreras de caballos, significaría que la actividad realizada por el jockey accidentado era ilícita. En tal hipótesis, y tratándose de una actividad peligrosa, los daños provenientes de su ejercicio habrían debido atribuirse a la culpa de la propia víctima y no podrían dar lugar a indemnización (art. 1111 C.C.).