Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 181/187.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, bajo la presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "GUILLOUET, LUCRECIA contra SCATTOLINI, ALFREDO - PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - (EXPTE. 340/14 - CUIJ 21-04945307-5) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-04945307-5). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Falistocco, Gastaldi, Gutiérrez y Spuler.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S. T. 276, págs. 148/150, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra el acuerdo 180 de fecha 1 de agosto de 2016 dictado por la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, por entender que la postulación de la compareciente contaba -"prima facie"- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos que podían configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria.

El nuevo análisis de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar aquella conclusión, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

1. La materia litigiosa, en lo que es de estricto interés al presente recurso, puede resumirse así:

1.1. En fecha 23.09.2008, Lucrecia Guillouet promovió juicio de usucapión inmobiliaria (art. 24, ley 14159) contra Alfredo Roberto Scattolini, titular registral del bien descripto en la demanda, alegando ser poseedora del mismo desde el año 1978 en virtud de la compra efectuada al demandado -entonces propietario- no instrumentada debidamente.

Al desconocerse el domicilio del accionado, y fracasadas las medidas para dar con su paradero, el mismo fue citado por edictos y, a la postre, declarado rebelde, designándose defensor de oficio. Éste, al contestar la demanda, resistió la pretensión alegando la ausencia de los presupuestos de procedencia de la prescripción adquisitiva.

1.2. La Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 11 de la ciudad de Rosario tuvo por operada la adquisición del dominio por usucapión con arreglo al artículo 4015 del Código Civil.

Consideró demostrada la posesión ejercida por la actora a título de dueña y durante el plazo legal, esencialmente, a partir de la inspección del inmueble, de las declaraciones testimoniales y certificaciones escolares que la situaban viviendo en el mismo hacía más de treinta años, y de las constancias de pago de tasas municipales, impuestos provinciales y servicio domiciliario de agua corriente desde los años 1986, 1987 y 1989 respectivamente.

1.3. Apelada la sentencia por el defensor de oficio, la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, por acuerdo 180 del 1 de agosto de 2016, la revocó y, en su lugar, rechazó la demanda en el entendimiento de que la actora no había logrado demostrar con certidumbre los presupuestos de su pretensión.

Para arribar a tal conclusión, la Alzada comenzó por poner de resalto que, debido al carácter excepcional que reviste la adquisición del dominio por prescripción y al estar comprometido el orden público, el juzgador debe extremar los recaudos de exactitud, precisión y claridad en orden a la valoración de la prueba de la posesión -en sus dos elementos, "corpus" y "animus"- por todo el plazo legal, sin perjuicio del análisis integral y en una visión de conjunto de los elementos aportados.

Desde tales coordenadas consideró, por un lado, que los testimonios vertidos en autos no resultaban lo suficientemente precisos y contundentes respecto a la realización de actos posesorios; y, por otro lado, que los comprobantes del pago de tributos correspondientes a parte del plazo requerido para usucapir solo tenían virtualidad para demostrar el "animus", careciendo de entidad para acreditar cabalmente el ejercicio de actos posesorios.

Añadió que la certificación expedida por el director de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos número 1307 -en cuanto daba cuenta que, según los registros obrantes en la entidad, la actora había informado su domicilio en el inmueble de marras al tiempo de cursar sus estudios- tampoco tenía eficacia para demostrar el "corpus"; que los informes de las empresas de servicios domiciliarios de electricidad, teléfono y televisión por cable no eran suficientes para acreditar una antigüedad de veinte años en la ocupación; que no se demostró la construcción de mejora alguna; y que la inspección judicial practicada sobre el inmueble no aportaba datos de interés ya que de allí sólo surgía la situación actual del bien.

Destacó asimismo que la actora ni siquiera había acompañado el boleto de compraventa que dijo haber celebrado con quien fuera titular del bien, cuya fecha podría servir para presumir y acreditar el comienzo de la posesión invocada.

2. Contra el pronunciamiento de la Sala interpone la accionante recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario y carente de las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción.

La impugnante le endilga a la Cámara, en el examen del cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para la procedencia de la pretensión esgrimida (art. 4015 y cc., Cód. Civ. y art. 24, ley 14159), haber prescindido de probanzas decisivas y valorado aislada e irrazonablemente otras constancias de la causa, omitiendo un análisis integral de la litis, tornando a la fundamentación del fallo en puramente dogmática.

Al respecto, señala que la Alzada desdeñó el significado que revestía la constancia expedida por la Escuela de Enseñanza Media para Adultos número 1307 en orden a la demostración de la ocupación del inmueble o "corpus" de la posesión invocada, de donde -expresa- surgiría su domicilio denunciado cuando cursaba estudios en dicho establecimiento, durante los años 1980 a 1981.

Asimismo, remarca que el Tribunal a quo descartó totalmente el valor probatorio de las declaraciones testimoniales rendidas por la ocupante de un inmueble vecino y por dos conocidos de la actora, sin siquiera hacer mérito de los dichos ni de la credibilidad de los testigos, cuando los mismos daban cuenta -sostiene- de su detentación del inmueble en cuestión, con comportamiento de dueña, al menos desde 1978 o 1979 hasta la actualidad.

Por otra parte, expresa que la aseveración sentencial referente a que en autos se habrían aportado comprobantes del pago regular de tributos y servicios vinculados al inmueble -con virtualidad para demostrar el "animus"- correspondientes a "parte del plazo requerido para usucapir", revela la total indiferencia de los Magistrados por la mencionada documentación, la cual -según afirma- se remontaría al año 1978, es decir, a casi treinta años previos a la interposición de la demanda.

Postula que la valoración segmentada, rigurosa y fuera del contexto integral de la causa respecto de la prueba testimonial por un lado, como de la documental por otro, sin entrecruzarlas y relacionarlas con la totalidad de las constancias obrantes en el expediente, no puede servir de sustento suficiente a lo concluido por la Cámara en los términos del artículo 95 de la Constitución provincial.

3. Sabido es que lo atinente a la apreciación de la prueba constituye, por vía de principio, facultad de los jueces de mérito y no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, regla que admite excepción en el supuesto de arbitrariedad.

Con esta doctrina -de la arbitrariedad- se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa.

Y precisamente, encuadra dentro de una ponderación probatoria descalificable desde el plano constitucional, la interpretación del juzgador que omite valorar medios de confirmación o se limita a un análisis parcial de los diversos elementos de juicio, pero no los integra ni armoniza debidamente en su conjunto.

Esto es lo que ha acontecido en la especie. En efecto:

En primer lugar, la Sala descartó por completo los testimonios rendidos en autos, indicando que los mismos no reunían condiciones sustanciales de exactitud, claridad y precisión.

Al respecto la Sala se limitó a señalar que, por expresa previsión legal, la prueba testimonial no puede fundar de modo exclusivo la sentencia de usucapión, añadiendo que la doctrina y la jurisprudencia son contestes en exigir que los testimonios sean convincentes y claros respecto a la realización de actos posesorios por parte del pretenso usucapiente para que, unidos a otros elementos de convicción, resulten prueba relevante; para luego concluir, sin más, que "los testimonios vertidos en la causa no reúnen las condiciones antedichas, ya que valorados conforme a las reglas de la sana crítica, no son lo precisos y contundentes que deberían ser ya que no hacen mención a actos posesorios".

En este aspecto, entiendo que el A quo, más que ponderar rigurosamente esas declaraciones, las ha minimizado al punto de aniquilarlas, no obstante la decisividad que podían ostentar para el resultado del pleito en conjunto con las restantes probanzas producidas, máxime si éstas no resultaban contrapuestas con aquéllas.

Recuérdese que esta Corte tiene dicho que si bien es cierto que, por desconfianza hacia la prueba testimonial, el artículo 24 de la ley 14159 exige que se presente otra prueba corroborante, aquélla seguirá siendo fundamental en este tipo de juicios dada la naturaleza de los hechos a probar, en tanto los actos puramente posesorios (ocupación, cultivo de la tierra, mejoras, etc.) no siempre se pueden documentar, sobre todo cuando se trata de hechos realizados durante varios años; y que bastaría que las evidencias corroborantes de la testimonial exteriorizaran la existencia de la posesión o de alguno de sus elementos durante buena parte de ese período (A. y S., T. 121, págs. 122/130).

En ese orden de ideas se impone mencionar que la testigo Celide Odila Rodríguez expuso que desde el año 1979 vive en una propiedad vecina al bien en cuestión, con ingreso por el mismo pasillo, y que cuando se mudó a ese lugar la actora ya vivía allí, actuando como dueña; la testigo María Plome dijo conocer a la accionante por haber sido compañeras de trabajo y afirmó haber ido a visitarla a su domicilio en el inmueble de marras, manifestando asimismo que Guillouet vivía ahí aproximadamente desde el año 1978; y el testigo Juan Norberto Vitelli expresó que conocía a la demandante desde hacía casi cincuenta años, por ser compañera de trabajo de su esposa, y aseveró que aquélla había adquirido el fundo "unos treinta y pico años atrás", como asimismo que la había visitado allí y que se comportaba como dueña (v. fs. 98/v.) Ninguna apreciación en concreto de tales declaraciones han efectuado los Sentenciantes; esta desatención supone un déficit de fundamentación al omitir valorar adecuadamente una prueba tendente a comprobar la concurrencia de los requisitos necesarios para adquirir la propiedad por prescripción, especialmente en punto al acto posesorio de ocupación (arg. art. 2384, Cód. Civ.).

Desde luego que la sola mención por parte de la Cámara de que los testimonios no eran precisos ni contundentes respecto de la realización de actos posesorios, sin mayor desarrollo argumental, menoscaba el derecho a la jurisdicción al erigirse como una afirmación dogmática, producto de no haberse hecho debidamente cargo el Tribunal del mérito de los dichos y de la credibilidad de los testigos ni de su concordancia o discordancia con el resto del material probatorio.

Cabe aclarar que si bien no corresponde a esta Corte señalar a los jueces de la causa el mérito concreto que tienen las probanzas de autos, sí le atañe, por imperio constitucional y legal (art. 95, Const. Prov.; art. 244, inc. 4, C.P.C.C.), exigirles una suficiente fundamentación de las aserciones que se efectúen en el fallo, aspecto que en la especie no aparece satisfecho (cfr. A. y S. T. 77, pág. 356; T. 150, pág. 352, etc.).

A su vez, y en parte como consecuencia de haber descartado de plano el valor de la prueba testimonial, los demás elementos obrantes en la causa que podrían revestir trascendencia para la solución del litigio fueron juzgados por el Tribunal en compartimentos estancos, desvinculados entre sí.

Así, la Alzada señaló que la certificación escolar acerca del domicilio denunciado por la actora al tiempo de cursar sus estudios -entre los años 1980 y 1982 (v. f. 19)- carecía por sí sola de eficacia para demostrar el "corpus" posesorio; y, por otro lado, que los comprobantes de pago de tributos, más allá de la especial consideración que les otorga la ley 14159 -y que en el caso, a tenor de las constancias obrantes en el expediente, se remontan al menos al año 1987 (fs. 3/4 y 16/18)- solo tenían virtualidad para demostrar el "animus".

Echa de verse, según se desprende de la reseña que antecede, que el Tribunal a quo no adoptó el método más seguro y confiable para desentrañar la existencia o inexistencia de los presupuestos necesarios para adquirir el dominio por prescripción y que es la comprensión global y entrecruzada de los aspectos fácticos vinculados en la causa (A. y S., T. 121, págs. 122/130).

Por lo demás, los comprobantes de pago e informes correspondientes a servicios públicos domiciliarios, podrían evidenciar una cierta intencionalidad de permanencia; no parece lógico denostarlos con el solo argumento de que corresponden a un lapso que no alcanzaría al requerido para adquirir por prescripción, pues podría ser suficiente con que cada uno de los medios probatorios acreditara parcialmente alguno de los elementos requeridos para verificar la prescripción adquisitiva (A. y S., T. 121, págs. 122/130).

En definitiva, estimo que la Sala no valoró adecuadamente una serie de circunstancias que, apreciadas en conjunto y en un contexto integrador, adquieren especial relevancia para la solución del caso, más allá de cuál sea la que concretamente se adopte.

Insisto, una correcta ponderación de los elementos probatorios incorporados a los autos requiere una apreciación integral de los mismos a fin de evitar caer en el juzgamiento de cada uno de ellos de manera aislada. Por el contrario, la Alzada no superó el examen analítico de cada una de las probanzas, siendo que las circunstancias del caso le imponían, además, su valoración sintética. De suerte tal que, en ese sentido, el decisorio adolece de defectos de fundamentación fáctica que dejan insatisfecha la exigencia contenida en el artículo 95 de la Constitución de la Provincia.

Lo dicho hasta aquí basta para descalificar el pronunciamiento impugnado con base en la ley 7055 (art. 1, inc. 3), desde que las deficiencias apuntadas resultan suficientes para evidenciar que lo decidido no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento. Con costas a la parte vencida (artículo 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento. Costas a la parte vencida.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario -Sala Primera integrada-.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 11 de Rosario.