marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Impuesto de sellos, escritura pública, extinción del contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rueda Alfredo s/ apelación -Impuesto de Sellos-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

Teniendo en cuenta que el régimen previsto en la ley 20.744 fue expresamente excluido de la imposición de sellos con la reforma de 1970, no habiéndoselo vuelto a incluir con posterioridad, y ponderando por otro lado, que a través de la escritura en cuestión se instrumentó, en los términos del art. 241 de aquella ley de contrato de trabajo, la extinción por mutuo acuerdo del vínculo laboral existente entre la empresa empleadora y el empleado, es dable razonablemente concluir, sin violentar el texto de la norma, que en autos no se está en presencia de un supuesto alcanzado por el inc. p) del art. 20 de la ley del tributo de marras.En este sentido, la circunstancia de que en el acto sub examine a su vez se le haya reconocido al agente una cantidad de dinero en concepto de indemnización por antigüedad, no determina per se la procedencia del gravamen, pues tal hecho no debe ser analizado aisladamente -al mero efecto tributario, como pretende el organismo recaudador-, sino en el seno o como una de las consecuencias específicas de una serie de relaciones -las laborales- amparadas por la regla de la no grababilidad antes mencionada. En este orden de ideas, cabe recordar que la Sala III del fuero, en oportunidad de pronunciarse en una causa de idénticos ribetes fácticos y jurídicos a la presente in re Rueda, Alfredo s/ apelación , del 10/8/95, señaló que de la lectura de los instrumentos en cuestión resulta que el empleado, como contrapartida de aquella obligación que asumió el empleador, se obliga a su vez a no formular reclamo alguno por ningún concepto emergente de la relación laboral que llegó a su fin...De eso se infiere que el documento en análisis, extintivo del contrato de trabajo que unió a las partes, resulta inescindible de este último, y por tanto alcanzado por la misma exención. En consecuencia, el pago de la indemnización asumida por el empleador no puede configurar una obligación de dar suma de dinero con virtualidad tributaria.
Usurpación de títulos u honores, credenciales falsas
Materia: PENAL
Carátula: MENDOZA, Héctor R. s/ USURPACION DE TITULOS Y HONORES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-12

No encuadra en ninguna de las hipótesis punibles de los arts.

246 y 247, C.P., la conducta del imputado que para evitar el pago de un viaje en subterráneo, exhibió fugazmente un burdo remedo de credencial policial.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, concurso preventivo, crédito verificado, privilegios (comercial), jugador de fútbol, gratificaciones
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: CLUB ATLETICO NEWELL'S OLD BOYS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -CONCURSO  PREVENTIVO- CONVERSION-RECURSO DE REVISION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 216  AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-07

Corresponde rechazar la queja desde que toda la argumentación recursiva atañe a la aplicación e interpretación de normas de derecho común -en concreto, los alcances de la ley 24.522 en torno a la cuestión debatida, la que gira en relación al privilegio que corresponde otorgarle a la prima o premio anual del jugador de fútbol y a la admisibilidad de los intereses correspondientes al crédito admitido en el concurso, cuestionándose en este último aspecto si pese a la concreta petición efectuada tanto en la etapa verificatoria como en la revisión, la falta de cálculo de los mismos resulta determinante para decidir sobre su procedencia o no- sin que aquélla haya sido tachada de inconstitucional por el quejoso y sin lograr demostrar que en dicho cometido la Cámara se excediera del marco de sus propias funciones.
Recurso de inaplicabilidad de ley, procedencia del recurso, beneficio de litigar sin gastos, suspensión del juicio principal
Materia: PROCESAL
Carátula: ROCA MARTIN CONSUEGRA, Gloria Sandra c/ GETTAS, Jorge Roberto y otros s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-17

El recurso de inaplicabilidad de la ley sólo es admisible contra sentencias definitivas, entendiéndose por tales aquéllas que terminan el pleito o hacen imposible su continuación, de donde lo decidido en torno a la suspensión o no del proceso principal por haberse promovido un beneficio de litigar sin gastos claramente no encuadra dentro de dicha categoría, puesto que basta con finiquitar el trámite del beneficio respectivo para que el pleito continúe su curso normal
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Miguel Angel José Velasco c/ Gobierno de la Provincia de Santa Cruz s/ Demanda Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-09-18

La Doctrina de la Arbitrariedad tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los Jueces sean fundadas y constituyan derivación razonada del Derecho Vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. Pero tal Doctrina no tiene por objeto corregir en tercera instancia sentencias equivocadas o que la apelante considere tales, sino que reviste un carácter estrictamente excepcional. Por lo mismo, la arbitrariedad no consiste en la mera disconformidad del apelante con la interpretación que hacen los Tribunales de Justicia de las Leyes que aplican, en tanto éstos no excedan de las facultades de apreciación de los hechos y del derecho que son propias de su función y cuyo acierto o error no incumbe al Tribunal revisar.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, responsabilidad del Estado, faltas del servicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Heine, José Luis c/ Gobierno Provincia Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Debe responder el Estado por el hecho del dependiente cuando se desvirtúa el fin para el cual se lo armó, como es el de lesionar a las personas ajenas al hecho delictivo, con el arma de la repartición utilizada "en servicio" como se dijo, pues como dueño o guardián de tal cosa peligrosa, le resulta aplicable la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia (S.C.B.A. Acs.

20066, 20147, 20464, 21112, 39440, 40143, etc.; art. 149 inc. 4º acápite "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires), por lo que debe afrontar los daños causados al otro (S.C.B.A. Ac. 35531) salvo que demostrara que existió responsabilidad parcial o total de un tercero por el cual no debe responder.
Recurso extraordinario, pronunciamiento inoficioso, acción de amparo, senadores nacionales, cargos electivos, suplencia de cargos electivos
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez Saa, Alberto José s/ interpone recurso de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-09

Es inoficioso que la Corte Suprema se pronuncie en el caso en que el objeto demandado -amparo promovido por el senador nacional suplente electo por una provincia tendiente a que el Senado de la Nación acepte la renuncia presentada por el titular electo y reciba juramento al demandante- ha sido satisfecho con la actuación cumplida por el Senado de la Nación al incorporar al recurrente como se pretendía en la demanda.
Recurso extraordinario federal, cuestión no federal, sentencia arbitraria, declaración de inconstitucionalidad, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, medicina prepaga, SIDA, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Hospital Británico de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Es arbitraria la sentencia que -al declarar la inconstitucionalidad de la ley 24.754- contiene fundamentos sólo aparentes, pues no basta sostener en abstracto argumentaciones en torno a la libertad de contratar, a la afectación del contenido de contratos privados de cobertura médica y al "exorbitante costo económico" derivado de la aplicación de la normativa impugnada, sin ponderar la falta de demostración del perjuicio concreto que ocasiona, ya que el actor no efectuó un cálculo siquiera aproximado del eventual incremento de los costos de las prestaciones médicas que la colocaría al margen del mercado.
Acción de amparo, pueblos originarios
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Amparo Constitucional presentado por el Dr. Sebastián Ezequiel Pilo en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Comisión Directiva Wichi Misión La Loma representada por su presidente Efrain Federico Neuenschwander con el patrocinio letrado de Martin Plaza c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-01-18

Resulta procedente intimar a la Provincia de Salta a fin de que designe facilitadores culturales en los Hospitales, y garantice el establecimiento y manutención de albergues en las cercanías de los Hospitales, a fin de brindar contención a niños/as y adolescentes indígenas y a sus familiares, toda vez que Ley Provincial 7856 establece la figura de los Facilitadores Interculturales Bilingües para la cobertura de los hospitales, a efectos de permitir una adecuada armonización intercultural entre el sistema de salud y el paciente originario, garantizando su atención y contención, y de la prueba producida se desprende la existencia de agentes sanitarios originarios en algunas localidades del interior, pero no la existencia del servicio legalmente establecido en los nosocomios de cabecera o de referencia en cada uno de los departamentos en emergencia sociosanitaria.
Recurso de casación, sentencia definitiva, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: BENEVOLE DE GAUNA, TERESA Y OSCAR GAUNA s/ RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: "FERNANDEZ DE CORBALAN ANA C/ INDUSTRIAL  DEL CALAZADO SACIA Y OTRO S/ DANOS Y PERJUICIOS"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-08-31

Es improcedente el recurso de casación deducido en contra un pronunciamiento dictado en el pronunciamiento de ejecución de sentencia, cuando a través de dicho recurso se pretende reabrir una discusión cuya suerte quedo sellada por la sentencia definitiva en trance de ser ejecutada.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencias de segunda instancia, recurso de apelación (procesal), liquidación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gómez, Carlos c/ SITM La Helvética s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de   australes (Expte. CSJ Nº 571-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-12

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad intentado por el recurrente, desde que el planteo vinculado a la transgresión del debido proceso e igualdad ante la ley por haber considerado la Sala argumentos de una impugnación extemporánea, sólo reflejan su desacuerdo con lo decidido por el Tribunal a la hora de receptar parcialmente el recurso de apelación, especialmente en cuanto afirma que tratándose la planilla de liquidación de la indemnización, de una traducción aritmética de la sentencia, puede ser corregida aun cuando estuviese aprobada si se advierte que no es el fiel reflejo de lo resuelto.
Peritos, reintegro de gastos
Materia: LABORAL
Carátula: Hermann Pedro Enrique c/ Creodema S.A.I.A. s/ Indemnización por antigüedad y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-27

Deben reducirse los gastos por movilidad del perito contador si los datos reflejan una verdadera distorsión de la realidad, tales como la cantidad de combustible devengado pues, teniendo en cuenta la distancia que separa el domicilio del perito del de la planta de la empresa, tendría que haberse trasladado cerca de cincuenta y cinco veces a la misma para poder consumir el total de nafta que ilustran los comprobantes agregados.
Accidentes de trabajo, salario diario, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: ROLDAN, ELIO A. c/ MANUFACTURA ALGODONERA ARGENTINA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-12-09

'En el cálculo del salario diario mencionado en el artículo 11 de la ley 9688, corresponde considerar las remuneraciones percibidas a valor monetario constante'.
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: TOYOS ESPINDOLA, José Adrián s/ Infracc. al art. 302 inciso 2º CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

El discurso del imputado giró alrededor del reconocimiento de la operación y de su explicación de la razón por la que no pagó, lo que lleva implícito el reconocimiento de la documentación exhibida.

Esto crea un indicio de veracidad que junto al indicio que arroja el contenido de la denuncia, conjuga la plena prueba de tal especie, (art. 258/259, C.P.P.).-
Legitimación pasiva, falta de legitimación para obrar, pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Saravia, Luis Adolfo c/ A.N.S.E.S. y otro s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-15

Atento la naturaleza de los derechos debatidos y a que se encuentran cumplidos los presupuestos bási-cos, corresponde confirmar la sentencia del "a quo" que rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la provincia (en el caso, Salta) ante la solicitud de reajuste del haber de la titular. Ello así, máxime teniendo en cuenta que el propio Convenio de Transferencia dispuso que la Provincia man-tendrá a su cargo los juicios pendientes de resolución y aquellos que se inicien con posterioridad pero por causas o títulos anteriores a la fecha de la transferencia, relativos a las obligaciones de pago de jubi-laciones y pensiones que se transfieren y asumirá las condenas que en los mismo pudieran dictarse (cláusula décimo cuarta).
Caducidad de instancia, acuerdo de partes, interrupción del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Ferreira, Claudio Alejandro y otro c/ Bohn, Edgardo Daniel y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-01

Debe decretarse la perención de instancia si las partes no presentaron en tiempo el convenio firmado con anterioridad al acto de caducidad, ni solicitaron la suspensión del procedimiento, puesto que, sólo pueden impulsar el proceso a los efectos de la interrupción del plazo de la caducidad, aquellas actuaciones exteriorizadas en el expediente judicial mediante petición de parte o decisión del tribunal.
Fallos de la Corte Suprema, exilio, indemnización
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Argamasilla, Rafaela c/ En- M° Justicia y DDHH (Ex S04 61614/15- Resol. 652/21) s/ Indemnizaciones- Ley 24043- Art. 3°
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-01

La Sala sostuvo que las circunstancias del caso eran análogas al precedente "Yofre de Vaca Narvaja" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto que se había demostrado el exilio forzoso alegado por la actora. En consecuencia, se ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que liquidara el beneficio reparatorio solicitado por la accionante, desde el 27 de julio de 1976 (fecha en que partió al exilio) hasta el 10 de diciembre de 1983 (art. 2° de la Ley N° 24.906).
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Borucki, roberto Carlos c/ Sabatino, Silvio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

El reconocimiento o entendimiento que el demandado brinda de la colisión (rozar el guardabarros trasero del otro automotor), basta para tener por probado el contacto físico y productor de daños entre el automotor de aquél y el del actor y, por tanto, para dar pie a la imputación objetiva de responsabilidad (art. 1113 2do párrafo, 2da parte del CC).
Tarjeta de débito, estafa, tentativa, expresión de agravios, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Solohaga Sergio Alejandro s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16

Carece de fundamento el agravio de la defensa si no demuestra más que una mera discrepancia con la valoración que hiciera el a quo, ya que como resulta de las pruebas colectadas, la organización y división de tareas que permite imputar la totalidad de los hechos a los tres imputados se encuentra fundamentada en que ellos utilizaban indistintamente varias tarjetas adulteradas para sustraer fondos de cuentas ajenas y aparece probado que las personas que hablaban por teléfono con las víctimas eran siempre más de una. Es correcta la calificación jurídica en los términos exigidos por el art. 172 CP pues cuando se utiliza una tarjeta de débito para obtener fondos de una cuenta bancaria, el titular realiza una disposición patrimonial que aparece precedida de un engaño telefónico con el fin de obtener los datos suficientes para duplicar la tarjeta del titular y así obtener la disposición mediante el uso de la clave de seguridad. Si las acciones efectivamente exteriorizadas constituyeron actos ejecutivos tendientes a consumar una estafa, que revestían suficiente idoneidad y fracasaron en contra de la voluntad de los imputados, está debidamente calificada la tentativa de estafa. Constituye tentativa aparente del delito de estafa, habida cuenta que no existió lesividad en el evento, pues -ante la inexistencia de fondos en la cuenta- las acciones desplegadas carecían de toda posibilidad de consumar una lesión. Si para cada hecho se realizaban maniobras similares pero perfectamente separables, no se encuentra debidamente fundado el planteo relativo a que existió un solo damnificado, el banco, y en ese orden los hechos debieron ser entendidos como delito continuado. Debe anularse parcialmente la sentencia en cuanto establece sanciones más severas que las solicitadas por la acusación. No es admisible la invocación de antecedentes condenatorios con el fin de agravar la sanción penal de otro hecho. Corresponde hacer lugar al planteo referido a que ha transcurrido el término que veda el ejercicio del poder punitivo por prescripción en orden al delito de hurto y en orden a los hechos calificados como estafa en grado de tentativa. Si la defensa no logra fundamentar adecuadamente el perjuicio causado en la demora, ni la irrazonabilidad del plazo transcurrido en esta instancia, en atención a la complejidad del proceso, debe rechazarse el agravio fundado en la violación al derecho de ser juzgado en un plazo razonable. Una de las disidencias parciales consideró que -en tanto el trámite recursivo ante la CFCP está próximo a alcanzar el lapso que constituye el máximo de la pena- correspondía hacer lugar al agravio relativo a la violación del plazo razonable y absolver a los imputados y la otra disidencia parcial postuló rechazar el agravio vinculado con el máximo de la pena a la que el tribunal se encontraba habilitado a imponer.
Sentencia penal, sentencia absolutoria, competencia civil, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: Clavero, Walter Hernán (y sus acumulados) c/ Cepparo, Mirko Eduardo s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-07-04

La autoridad de la cosa juzgada reconocida por el artículo 1.103 del Código Civil a la sentencia penal absolutoria queda limitada a la materialidad de los hechos y a la autoría, sin comprender las valoraciones subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa, por lo que llevada la cuestión a los estrados de la justicia civil, puede indagarse -en la medida en que la culpa civil es distinta en grado y naturaleza de la penal-, si no ha mediado de parte del procesado una falta o culpa civil que lo responsabilice pecuniariamente.
Decreto de necesidad y urgencia, aeropuertos, ratificación del decreto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

El decreto 842/97 del Poder Ejecutivo, dictado en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 99, inc. 3° de la Constitución Nacional, calificándolo tanto "urgente como necesario", no pudo válidamente ser emitido, por no haber sancionado el Congreso, la ley especial que determina la Constitución regulando el trámite y los alcances de la intervención del Congreso, ni haberse producido en la Nación, las circunstancias excepcionales que hagan imposible que aquel Congreso legisle sobre el destino de los aeropuertos (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Acción meramente declarativa, determinación de la paternidad, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL
Carátula: C., J.M. c/ G., M. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-05-31

El perjuicio del accionante es más que evidente, y es de índole moral y material, contemplando el haz de derechos y obligaciones que surgirían de verificarse la paternidad, todo lo que tiene su correlato en los derechos del niño, cuyo interés superior sabido es, además, que merece especial tutela; y tal como ha sido señalado, no puede perderse de vista que la omisión del reconocimiento de un hijo, configura un hecho ilícito violatorio de los arts. 267, 1074, 1077, 1078, 1109 y concs. CCiv, y de los arts. 17 inc. 4 y 5, 19 y 32 inc 1° del pacto de San José de Costa Rica (CNCiv, sala K, "G., C. R. c. C., P. E.", del 23/09/2003, en LL, 2004-B , 970).
Proceso contravencional, medidas cautelares, allanamiento de lugares públicos, orden de allanamiento, sistema acusatorio, facultades del juez, facultades del fiscal, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: T, P. s/ Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-24

El Juez al otorgar la orden de allanamiento solicitada por el fiscal, no puede indicar que división de la policía habrá de llevarla a cabo. El artículo 32 de la Ley de Procedimiento Contravencional le concede expresamente la posibilidad a los fiscales de llevar a cabo el registro domiciliario, aún personalmente.

No cabe duda que una interpretación contraria nos conduciría directamente a la violación del sistema acusatorio garantizado por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 13 inciso 3; vulnerándose de esta forma la independencia de la que gozan las partes en el proceso contravencional.

En estos términos, son los fiscales, dentro del sistema acusatorio, y no los jueces, los encargados de la persecución estatal y, como tales, los actos que le mandan las leyes para ser realizados durante la instrucción no pueden, bajo ningún punto de vista, ser modificados, suplantados o suprimidos por una decisión judicial. Así, la autoridad que ejerza el juez se debe limitar a garantizar el normal desenvolvimiento del proceso, jugando un papel de agente externo y recabando la información necesaria que le acercan las partes para dictar una sentencia conforme a derecho. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silvero, E. c/ Dall'Aglio, E. s/ Daños y Perjuicios - Beneficio litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-28

En los casos de muerte no se trata de cuantificar el valor intrínseco que esa vida tenía para su titular, sino, tan solo, de recrear el aporte patrimonial que el difunto hacía a quienes Orgaz llamara las víctimas jurídicas del homicidio (damnificados indirectos) para determinar la indemnización a que estas tienen derecho de "iure propio" considerando las consecuencias que en sus patrimonios ha de provocar la desaparición de aquél.