Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-19


Causa 1394-02-CC/2003 Incidente de ejecución de sentencia en autos "MARTÍNEZ, Alfredo Luis, Masero Néstor Lucio y otro s/ ley 255 (Junín 1787)" (copias certificadas) En la ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de abril de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. José Sáez Capel y Elizabeth A. Marum, en atención a la excusación formulada por el Marcelo Pablo Vázquez, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal de Grado, a fs. 587/92, contra la resolución obrante a fs. 578/80 en cuanto no hizo lugar a la solicitud de comparendo de los condenados a fin de que retiren los oficios destinados a realizar las tareas comunitarias fijadas como regla de conducta, a la anotación de la interdicción dispuesta, así como, tampoco, al traslado de los bienes comisados.

RESULTA:

1º) Que tal como se desprende del escrito obrante a fs. 567 el Sr. Fiscal de Grado se presentó, el 1/02/2006, por ante los estrados del Juzgado CyF N° 4 solicitando que, toda vez que los condenados en autos no se habían presentado a dar cumplimiento a las reglas de conducta dispuestas por este Tribunal (fs. 246/51) y fijadas por la Juez a quo (fs. 328), se libre orden de comparendo a fin de compeler a su cumplimiento.

Asimismo, solicitó el libramiento de sendos oficios a fin de que se trasladen los bienes comisados en el presente proceso a la Subsecretaría de Informática del Gobierno de la Ciudad y se proceda a la anotación de la interdicción dispuesta en el Instituto de Juego de la Ciudad, la Dirección de Habilitaciones y Permisos del GCBA y en Lotería Nacional SE.

2°) Que, luego de sustanciar la solicitud referida, la Juez de Grado resolvió, a fs. 578/80, por las razones que allí expone, no hacer lugar a la petición fiscal de librar el comparendo por la fuerza pública como así tampoco a la anotación de la interdicción dispuesta en autos ni al traslado de bienes solicitado. Asimismo dispuso estar a lo dispuesto en la resolución del 7/09/2005 en cuanto decidió la suspensión de la ejecución de la condena dictada en autos (fs. 476/77), hasta tanto se concluyan las vías pendientes y se remita a su oficina judicial el expediente principal.

3°) Que a fs. 587/92, se agrega el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal de Grado, y sostenido por su equivalente ante esta instancia (fs. 599/60), que se dirige a cuestionar la decisión supra referida.

Por su intermedio, el recurrente expone los antecedentes sustanciales del presente caso y explica las razones por las cuales considera que aunque no estemos frente a una decisión que se pueda caracterizar como "sentencia definitiva" ella, al suspender la ejecución de las sanciones impuestas, impide continuar con el trámite de la causa configurando un gravamen de difícil reparación ulterior, que llega a caracterizar como "denegación o retardo de justicia".

En lo atinente a los agravios que expone, los mismos pueden sintetizarse del siguiente modo:

Considera errada la afirmación de la Juez a quo que entendió que la primer sentencia condenatoria, confirmada por este Tribunal con fecha 19/04/2004 (fs. 32/53), no posea firmeza; para desmentirlo efectúa citas precisas de lo resuelto por el TSJBA in re "Incidente de prescripción en autos 'Martínez, Alfredo Luis s/ ley 255 -apelación- recurso de inconstitucionalidad concedido'", Expte. n° 4185/05, del 19/12/2005. Además, agrega que con el rechazo de la queja -por recurso de inconstitucionalidad denegado- por parte del TSJBA ("Martínez, Alfredo Luis y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Martínez, Alfredo Luis; Masero, Néstor Lucio y otros s/ ley 255 -Junín 1787-'", Expte. n° 4087/05, 19 de diciembre de 2005), ninguna duda cabe que dicho pronunciamiento posee el carácter de firme y ejecutoriado.

Asimismo y en lo referido a la pretendida prescripción de la acción contravencional involucrada en autos -que se ventiló en el incidente de prescripción en autos "MARTÍNEZ, Alfredo Luis, Masero Néstor Lucio y otros s/ ley 255 -Junín 1787- Apelación", Expte. N° 1394-03-CC/2003, señala que el máximo Tribunal local declaró mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la decisión, adoptada por este Tribunal con fecha 4/08/2005, que confirmó a la Juez de Grado que la tuvo por no operada. De dicha circunstancia desprende la consecuencia de que no puede legítimamente suspenderse la ejecución de la pena impuesta en autos, cita, como sustento de su postura, la norma contenida en el art. 442 CPPN contrario sensu.

Finalmente considera que no resulta correcto afirmar que el trámite de los recursos de extraordinarios interpuestos contra la sentencia del TSJBA a que venimos aludiendo así como el dirigido a cuestionar la decisión del mismo Tribunal que, en idéntica fecha, rechazó un recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado contra la decisión de este Tribunal que con fecha 8/06/2006 hizo lugar, aunque parcialmente, a un recurso de revisión de la defensa que solicitaba la aplicación de la ley 1472 ("Martínez, Alfredo Luis y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Martínez, Alfredo Luis; Masero, Néstor Lucio y otros s/ ley 255 -Junín 1787-'", Expte. n° 4087/05, 19 de diciembre de 2005), son capaces de determinar la suspensión de la ejecución de la sentencia que se pretende hacer efectiva.

Para sustentar su afirmación se apoya en la norma contenida en el art. 491 CPPN razonando que, en tanto las decisiones en crisis fueron adoptadas en el marco del proceso de ejecución de la sentencia condenatoria adoptada en autos, solo podría poseer dicho efecto cuando medie su expresa concesión.

4°) Que encontrándose las actuaciones disposición de los condenados el José Luis Fernández aportó el escrito obrante a fs. 627/31 mediante el cual expresa que la decisión en crisis debe ser confirmada.

Para sustentar su criterio pone énfasis en la circunstancia de que tanto la decisión del TSJBA que rechazó el recurso de queja por inconstitucionalidad denegada contra la decisión que el 8/6/2005 hizo lugar parcialmente al recurso de revisión interpuesto como el que declaró mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la decisión que confirmó el rechazo de un planteo de prescripción (Exptes. n° 4185/05 y 4087/05 respectivamente) han sido objeto de recurso extraordinario que, según afirma con sustento en el art. 442 CPPN, posee efectos suspensivos sobre el proceso.

Insiste, tal como lo hiciera infructuosamente en esta causa con anterioridad (en el marco del Incidente de prescripción N° 1394-03-CC/2003), que a la luz del precedente del máximo Tribunal federal "Caballero, Jorge Alberto y otros s/ art. 71 CC causa Nº555 CC/2000 s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad - incidente de prescripción", expte. N ° 459 XXXVIII del 08/11/2005, la acción contravencional en que reposa la presente condena se hallaba prescripta con anterioridad a que, considerándola firme, efectuara el pedido de aplicación de la ley más benigna.

Recuerda, mediante la copia que agregó a fs. 626, que luego de considerar a la sentencia del 19/04/2004 firme interponiendo el recurso de revisión que prosperara parcialmente advirtió que la acción se encontraba prescripta y solicitó la suspensión de la resolución del planteo de revisión que este Tribunal consideró improcedente (fs. 198). Mediante este recordatorio se agravia por considerar que la resolución del TSJBA que declaró mal concedido el recurso interpuesto contra la decisión que confirmó la inexistencia de prescripción en el caso utilizó un argumento "endeble" consistente en afirmar que la parte interesada "permitió" la firmeza de la decisión condenatoria del 19/04/2004.

5°) Que a fs. 621 se presentan los Dres. Félix R. Loñ y José Luis Fernández quienes solicitan que a los efectos de resolver la apelación en trámite se proceda a sortear nuevo Juez toda vez que el tercer camarista de esta Sala, Marcelo Pablo Vázquez, se excusó oportunamente. Dicha solicitud fue proveída a fs. 637/38 ocasión en que se consideró, de conformidad con lo dispuesto en las normas que establecen las formas de proceder en el punto, que correspondía no hacer lugar, por el momento, a la solicitud efectuada. En ocasión de notificarse tal resolución al Ministerio Público Fiscal, su representante ante esta instancia manifestó que resultaba correcto completar la integración del Tribunal con un tercer Juez (fs. 640), y a fs. 643 el recurrente adhiere a la manifestación Fiscal solicitando expresamente que se regularice la provisión de Defensa a Vildoza, que, tal como informa a fs. 641, habría revocado la designación de la Defensa particular, se le notifique la decisión de fs. 637/38 y se le permita participar de la cuestión atinente a la integración de este Tribunal.

6°) Que, en el contexto aludido, encontrándose los autos en estado de ser resueltos corresponde en primer término revisar el juicio de admisibilidad efectuado por la Juez a quo para luego, y, en su caso, analizar la decisión en crisis a la luz de los agravios que ha generado.

PRIMERA CUESTION El recurso de apelación bajo examen cumple con los requisitos de tiempo y forma exigidos por la ley ritual y se dirige, como advierte correctamente el Sr. Fiscal de Grado, contra una decisión que fue adoptada en el marco de la ejecución de la sentencia dictada una vez concluido el proceso de conocimiento. En esa inteligencia, este Tribunal consideró, toda vez que la ley contravencional no ha regulado este procedimiento, que estas decisiones resultan apelables por aplicación del art. 491 CPPN, máxime cuando ellas han sido puestas en crisis en virtud de cuestiones de derecho (Incidente de nulidad en autos N.N. -local Bucarelli 2340- s/ Infr. art. 72 CC- Apelación del 29/12/2005, Causa Nº 407-01-CC/2005, del 29/12/2005, entre otros).

Asimismo, adviértase que la decisión en crisis, en caso de resultar incorrecta, es susceptible de generar un gravamen de difícil o imposible reparación ulterior a la parte interesada en el cumplimiento de las condenas dispuestas, por cuanto ella decide suspender la ejecución de la sentencia de condena.

SEGUNDA CUESTION Ingresando al análisis del fondo de la cuestión propuesta es menester advertir que la Juez de Grado para sustentar la decisión en crisis recordó que este Tribunal ordenó, el 10/08/2005, la extracción de fotocopias del incidente de ejecución de sentencia en autos "MARTÍNEZ, Alfredo Luis, Masero Néstor Lucio y otros s/ ley 255 -Junín 1787-" Revisión -art. 479 CPPN-", N°1394-02-CC/2003 que al igual que el incidente de prescripción en autos "MARTÍNEZ, Alfredo Luis, Masero Néstor Lucio y otros s/ ley 255 -Junín 1787-", N° 1394-03-CC/2003, se encuentran en el TSJBA en razón de que habrían sido objeto de recursos defensistas y que la circunstancia de que no se cuente con los autos principales y originales resulta una de las razones que tornaba improcedente acceder a lo solicitado por el Fiscal.

A ello agregó que la decisión del TSJBA que con fecha 19/12/2005 declaró mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el marco del segundo de los incidentes mencionados en el párrafo anterior fue objeto de aclaratoria circunstancia que, a su criterio, dejaba pendiente la firmeza de lo decidido.

Asimismo, aludió a "las vias recursivas extraordinarias en la Corte Suprema de la Nación".

Ahora bien, resulta claro que la circunstancia de no contar con los expedientes principales y originales no representa razón jurídica alguna para suspender la ejecución del proceso cuando se cuentan con elementos suficientes para proseguir con su trámite o cuando ellos resultan accesibles.

Sólo existe posibibilidad legal de suspender la ejecución de aquellas decisiones que aún requieran ser ejecutadas cuando así lo determinen las normas jurídicas aplicables.

En lo atinente a los restantes motivos que señala la Juez en su decisión en crisis es dable advertir que los condenados han agotado ya la totalidad de las instancias recursivas que poseen a su alcance en el marco del ordenamiento jurídico local.

En efecto, la decisión de este Tribunal que con fecha 8/06/2006 hizo lugar, aunque parcialmente, a un recurso de revisión donde la defensa que solicitaba la aplicación de la ley 1472 fue objeto de recurso de inconstitucionalidad que se denegó con fecha 8/7/2006 por este Tribunal. En dicho contexto, frente a una solicitud de suspensión de la ejecución de la condena revisada a la luz de la ley 1472 este Tribunal consideró que se trataba de una pretensión jurídicamente imposible para cualquier Tribunal distinto de aquél que tenía la competencia legalmente asignada en virtud del art. 33 ley 402 (fs. 361/63). Adviértase que dicho Tribunal, que finalmente rechazó la queja interpuesta contra la denegatoria aludida (ver "Martínez, Alfredo Luis y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Martínez, Alfredo Luis; Masero, Néstor Lucio y otros s/ ley 255 -Junín 1787-'", Expte. n° 4087/05, 19 de diciembre de 2005), había denegado a dicho remedio en forma expresa virtualidad suspensiva de lo decidido por entender que el recurrente no había acreditado razones que autoricen apartarse de dicho principio general (ver resolución del 6/09/2005).

Si antes del rechazo de la queja interpuesta por la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la decisión que, a instancia de parte interesada, revisó la condena firme del 19/04/2004, no existía motivo alguno para el único órgano legalmente autorizado para suspender la ejecución de lo decidido, resulta difícil de comprender, en el marco de las disposiciones legales citadas, cómo un órgano judicial inferior, que no aparece investido de dicha competencia, lo decide aún después que se rechazara la queja aludida. Es más, la decisión de fs. 476/77 de fecha 7/09/2005, a la que se remite en la que ahora es objeto de apelación, carecía de sustento jurídico en la medida que el día anterior -6/09/2005- el TSJBA había decidido lo contrario.

Por otra parte, tampoco puede utilizarse como pretexto para suspender la ejecución de lo decidido en autos, los extremos debatidos en el marco del incidente de prescripción en autos "MARTÍNEZ, Alfredo Luis s/ ley 255" - Recurso de inconstitucionalidad, causa 1394-03-CC/2003, pues, el recurso de inconstitucionalidad en cuestión fue considerado mal concedido por la máxima autoridad judicial local (TSJBA in re "Incidente de prescripción en autos 'Martínez, Alfredo Luis s/ ley 255 -apelación- recurso de inconstitucionalidad concedido'", Expte. n° 4185/05, del 19/12/2005). Mucho menos la pretendida aclaratoria interpuesta contra esta última decisión puede poseer efecto suspensivo de lo decidido en autos, ello así pues si la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado no posee, por definición legal, dicha virtud ello no puede renacer mediante la interposición de un pedido de aclaratoria que, como quedó dicho al resolverse, encubría un pedido de "anticipo de opinión" (TSJBA in re "Incidente de prescripción en autos 'Martínez, Alfredo Luis s/ ley 255 -apelación- recurso de inconstitucionalidad concedido'", Expte. n° 4185/05). Sin perjuicio de ello, habiendo sido resuelta la aclaratoria, el efecto suspensivo erróneamente otorgado por la Jueza, ha desaparecido.

Por su parte los motivos que en su oportunidad brindaran los recurrentes para intentar sostener al frágil decisorio en crisis tampoco permiten apreciarlo como una decisión sustentada en normas jurídicas aplicables.

Adviértase que, tal como lo ha explicado el Tribunal Superior de Justicia in re "González, Carlos Alberto y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos; Lacquaniti, Roque y otros (Bingo Congreso) s/ inf. Ley 255 - Apelación'", Expte. n° 4066 del 19/12/2006, "(...) a partir del dictado por parte de la Cámara de la resolución que rechaza el recurso de inconstitucionalidad pertinente, el interesado no puede realizar ningún planteo impugnatorio que impida la ejecución de la sentencia, ya que el único recurso que puede interponer (queja contra dicha denegatoria) no reviste efecto suspensivo" (del voto de la Juez Ana María Conde), de lo que surge que "(...) dicho rechazo [el del recurso de inconstitucionalidad] le confiere 'ejecutoriedad' a la condena". En efecto, tal como explicó el Sr. Juez Luis Francisco Lozano: "[E]n su significado habitual 'firme' es la decisión que no puede ser conmovida por un recurso; mientras que 'ejecutoriada' es aquella cuyos efectos no han quedado suspendidos. De ese modo, la decisión puede estar ejecutoriada y no firme cuando está suj eta al resultado de un recurso cuyo efecto es sólo devolutivo". En resumen "en las condiciones de la legislación procesal vigente, salvo que las normas que otorgan ejecutoriedad a la sentencia, en ese caso, sean tachadas de inconstitucionales, debería ser acatada la voluntad del legislador" y "(...) la consecuencia gravosa de haber sufrido la pena, si es que ello ocurrió, no obedece a la doctrina que adoptamos, sino a la circunstancia absolutamente fuera de controversia de que la queja no suspende el auto contra el que va dirigida" (del voto del último Juez citado en la causa aludida).

Además, la afirmación hecha por el recurrente en torno a que la acción contravencional en que reposa la presente condena se hallaba prescripta con anterioridad a que, considerándola firme, efectuara el pedido de aplicación de la ley más benigna en modo alguno puede ser motivo para suspender la ejecución de lo decidido en autos. Ello así pues el TSJBA ha decidido, al declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad en el "Incidente de prescripción en autos 'Martínez, Alfredo Luis s/ ley 255", Expte. n° 4185/05 del 19/12/2005, que la cosa juzgada de la sentencia recaída en autos impedía rever la cuestión. Por ello, abrir nuevamente un debate acerca del asunto implica desnaturalizar los alcances de la instancia en la que hoy nos encontramos que impone dilucidar únicamente cuál es el sustento jurídico de la decisión en crisis para apartarse de lo dispuesto en el art. 33 ley 402.

Finalmente tampoco corresponde asignarle efectos suspensivos a lo decidido en estos actuados, por la circunstancia de que esas decisiones hayan sido objeto de recurso extraordinario federal. Ello así pues reconocerle dicha posibilidad legal a estos recursos sería equivalente a asignarles la facultad de "resucitar" un efecto que ya había desaparecido con la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad local. Cabe reiterar en este punto que conforme lo dispone el art. 33 de la ley 402 el recurso de queja contra dicha denegatoria "no suspende el curso del proceso".

A mayor abundamiento es dable agregar que con fecha 22/03/2006 el TSJBA dispuso rechazar el recurso extraordinario interpuesto por el abogado defensor contra la decisión que no hizo lugar a la queja interpuesta por denegación de recurso de inconstitucionalidad. Ello supone que conforme lo dispone el artículo 285 CPCyC, aún en el hipotético caso que se interpusiera un recurso de queja ante esa denegatoria, ella no suspendería el curso del proceso. Cabe citar al respecto la opinión de Néstor Pedro Sagües, en "Recurso Extraordinario" (Ed. Depalma, Bs. As., 1984 t. II, p. 855), quien expresa que el texto del art. 285 CPCyC es claro y terminante y siguió las pautas que estableció la jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema de Justicia, la cual definió claramente que el trámite de la queja no obsta la ejecución de lo decidido por el a quo (CNCP, en pleno "Aguero Irma D s/ recurso de casación del 12/06/2002).

En tales condiciones ninguna duda cabe que la sentencia dictada en autos debe ser ejecutada.

Por último es menester señalar que en el escrito de fs. 641 el José Luis Fernández pone en conocimiento de este Tribunal que Jorge Ernesto Vildoza le revocó su designación como abogado particular en el marco del expediente 4087/05 del TSJBA y solicitó la asignación de un Defensor oficial. Por ello, Fernández solicitó en dicho escrito que, certificado que sea el extremo aludido, se de intervención al Defensor oficial designado y se suspenda el presente trámite y los plazos en curso hasta tanto tome intervención la defensa oficial requerida solicitando expresamente que se le notifique la resolución dictada por este Tribunal con fecha 7/04/2006 toda vez que, según afirma, ella fue notificada al requirente con posterioridad a que el mencionado condenado le revocara la designación.

Asimismo, en su presentación de fs. 643, dónde adhirió a lo manifestado por la Fiscal ante esta Cámara a fs. 640, en cuanto a que resulta correcto integrar el presente Tribunal con un tercer magistrado, entiende que lo resuelto a fs. 637/38 "puede ser nuevamente atendido y revisado" por este Tribunal. Solicita que se dé intervención al Ministerio Público de la Defensa, en representación de los intereses de Vildoza, a efectos que se expida acerca de la forma de integrar el Tribunal.

Frente a ello resulta menester señalar que en ocasión en que el José Luis Fernández pusiera en conocimiento del Tribunal que el condenado Jorge Ernesto Vildoza revocó su mandato no quedaba trámite alguno, en relación al recurso bajo análisis, que amerite acceder a lo peticionado. Por ello, dicho extremo será tenido en cuenta en oportunidad de proceder a la notificación de la presente decisión, sin que resulte necesaria la suspensión de este pronunciamiento.

Por su parte la opacidad que caracteriza al escrito obrante a fs. 643 impide que se le de el tratamiento previsto en los arts. 446 y ss. CPPN. Ello así pues de su encabezamiento se desprendería que contiene una mera adhesión a lo manifestado por la Fiscal ante esta instancia, a fs. 640, y de su contenido no se advierte la introducción de crítica novedosa alguna que permita confrontarla con la decisión de fs. 637/8. Tampoco se advierte la presencia de una petición en términos claros y positivos, con alusión normativa, que determine otro modo de obrar.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede que torna innecesario, por el momento, proceder al sorteo de un tercer Juez de conformidad con lo explicado a fs. 637/38, de las normas legales y antecedentes jurisprudenciales citados, el Tribunal, RESUELVE:

I.- No hacer lugar a la solicitud efectuada a fs. 641 tendiente a que se suspenda el trámite y los plazos del presente recurso hasta tanto tome intervención la defensa oficial de Jorge Ernesto Vildoza que revocó la designación del José Luis Fernández.

II.- REVOCAR la resolución en crisis, obrante a fs. 578/80, en cuanto decidió: 1°) No hacer lugar a la solicitud Fiscal de ordenar el comparendo de Alfredo Luis Martínez, Néstor Lucio Masero y Jorge Ernesto Vildoza; 2°) No hacer lugar a la solicitud Fiscal de librar oficios a fin de trasladar las máquinas decomisadas y de anotar las interdicciones dispuestas en autos; 3°) Estar a lo dispuesto a fs. 476/77 en tanto dispuso suspender el trámite de la ejecución y 4°) Mantener lo dispuesto a fs. 476/77 hasta tanto se concluyan las vías recursivas pendientes y se remitan a su oficina judicial los autos principales originales; debiendo en consecuencia continuar el trámite de ejecución.

III.- Certificar, mediante comunicación telefónica con el TSJBA, si en las actuaciones que allí tramitan Vildoza ha designado otro defensor en la presente causa.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente a las partes y remítase al Juzgado de origen.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas