Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-19


"AVERBUJ DIANA MARIA Y OTROS C/SARAGO FRANCISCO S/EJECUCION HIPOTECARIA" EXPTE. 101.412/98 Buenos Aires, junio 19 de 2003.- Y VISTOS. CONSIDERANDO:

I. El Sr. Juez de grado declaró la inconstitucionalidad del decreto 214/02 (ver fs. 348).

El ejecutado, en su memorial, sostiene la constitucionalidad de la normativa de emergencia en cuanto impone la pesificación del contrato celebrado por las partes.

II. En la ponderación de los agravios, es importante recordar que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el Poder Ejecutivo Nacional al dictar el decreto 214/02 no ha ejercido sus atribuciones fuera del ámbito de la emergencia declarada por el Congreso Nacional a través del dictado de la ley 25.561 (conf.C.S.J.N, 5/3/03, ■Provincia de San Luis c/Estado Nacional■, considerando 29 del voto de la mayoría). La Corte, en el fallo citado, señala que es concebible tanto que el Congreso delegue sus facultades legislativas frente a la emergencia (art. 76 de la Constitución Nacional), como que el Poder Ejecutivo las ejerza por sí, en el marco reglado por el art. 99 inc. 3° de la Ley Fundamental (considerando 30).

Más adelante, en el mismo considerando, la Corte indica que la sanción de la ley 25.561 que declara la emergencia y delega las facultades para poder superarla es suficiente evidencia de que no concurre la hipótesis que habilita el mecanismo establecido en el art.99 inc. 3° de la Ley Fundamental , en tanto el Poder Ejecutivo no aludió a una diferente configuración fáctica que lo autorizase a ingresar en ese marco constitucional (considerando 30).

De lo expuesto, se deduce que el decreto 214/02 debe ser analizado, exclusivamente , en el marco de la delegación establecida en el supuesto 4 del art. 1 la ley 25.561. Allí, se establece que le competerá al Poder Ejecutivo ■reglar la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el art. 2° ■. Es decir que el Congreso de la Nación habilitó al Poder Ejecutivo para que éste establezca en las obligaciones en curso una nueva paridad en función de la nueva realidad cambiaria imperante. Por lo demás, el reajuste hecho por el art. 8 del decreto 214/02, el cual - por otra parte - se imponía a partir de un hecho (la devaluación de la moneda) que este Tribunal calificó de imprevisible y que, consecuentemente, no debe ser soportado exclusivamente por el deudor (in re ,11/3/03, ■ Nayca S.A. c/Jorge Antonio s/ejecución de alquileres■; idem, 18/3/03 ■Paccosi Daniel Ovidio y otros c/Pallero de Negri Mirta Yolanda s/ejecución especial ley 24.441) Lo señalado no es óbice para analizar, desde el prisma constitucional, si ese reajuste viola el derecho de propiedad tutelado en el art. 17 de la Carta Magna.

III. A criterio de este Tribunal el art. 8 del decreto 214 no impone una única solución frente a tan compleja cuestión. Por un lado se equiparan las obligaciones de dar suma de dinero a la paridad $1=U$1, pero al mismo tiempo se establece que los jueces ■deberán arbitrar las medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes■.

Indudablemente, la norma citada debe ser interpretada armónicamente con el art. 11 de la ley 25.561 - que fija el contorno de la delegación legislativa - y en el que se establece el ■principio del esfuerzo compartido■. Este último , no sería otro que la aplicación a los contratos afectados por la emergencia de las regla de buena fe y equidad previstas en el art. 1198 del Código Civil. Desde este parámetro y teniendo en cuenta la evolución operada en la cotización del dólar estadounidense, que si bien bajó en los últimos meses se proyectó por encima de las estimaciones hechas al momento del dictado del decreto 214/02, puede afirmarse que la paridad U$ 1=$1 no es equitativa.

Sin embargo no puede perderse de vista que en el mutuo que se analiza se pactó un interés compensatorio del 18% anual (ver fs. 16 vta.), tasa que no guarda ninguna relación con el interés que devenga cualquiera de las monedas llamadas ■duras■ en el sistema financiero internacional. Ese fue el interés que el ejecutado pagó desde el vencimiento de la primera cuota (el 5 de octubre de 1997) hasta el mes de mayo de 1998 (fecha que el actor denuncia como estado de mora, ver fs. 31). Tal dato es insoslayable a la hora de fijar una nueva pauta que restituya el equilibrio de las prestaciones a cargo de cada una de las partes. En consecuencia, teniendo en cuenta lo acontecido, este Tribunal, siguiendo las pautas de equidad fijada por la propia Corte ( Fallos 248: 37), estima prudente fijar la nueva paridad en U$ 1=$ 1,40. Por ello, a partir de la publicación del decreto 214/02, es decir el 4 de febrero de 2002, el capital adeudado se transformará en pesos a la paridad antes señalada.

Por lo expuesto, y oído el Sr. Fiscal de Cámara, SE RESUELVE: Revocar la resolución de fs. 348 y fijar como nueva paridad U$ 1=$1,40 (un dólar igual pesos uno con cuarenta centavos) . En consecuencia, a partir del 4 de febrero de 2002, el capital adeudado se transformará en pesos a la paridad antes señalada. Las costas de ambas instancias se imponen por su orden en atención a la índole de la cuestión planteada al modo en que se resuelve (art. 68 segundo párrafo y 69 del Código Procesal). Dev. inmediatamente, encomendándose al Magistrado de grado proveer las diligencias ulteriores y las notificaciones