Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 227/231.

En la ciudad de Santa Fe, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos "DEL BARCO, MARTIN HORACIO contra TECSA S.A. -SENTENCIA ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD TRABAJO- (CUIJ 21-04661158-3) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-04661158-3). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Netri, Erbetta, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Esta Corte admitió la queja interpuesta por la codemandada La Segunda A.R.T. S.A. por entender que la postulación contaba prima facie con suficiente asidero en las constancias de la causa y que ostentaba suficiente entidad a los fines de la admisibilidad del recurso intentado (sentencia del 28.11.2017, A. y S. T. 279, pág. 102).

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, considero que cabe rectificar parcialmente aquel criterio, de conformidad con lo que seguidamente se expone.

Los agravios de la impugnante, en su postulación extraordinaria, giran en torno, por un lado, a cuestionar la mayor discapacidad juzgada por los Sentenciantes junto con la condena a abonar la respectiva diferencia en concepto de reparación tarifada; y por el otro, a criticar la determinación del capital a abonar y los intereses de condena.

Respecto de la primera cuestión, relativa al grado de incapacidad, adelanto la inadmisibilidad del recurso. Pues, en este aspecto, echa de verse que el planteo no fue deducido oportunamente, esto es, al expresar agravios (fs. 406/409) contra la sentencia de primera instancia. Ciertamente, ante la resolución del Magistrado de baja instancia (cfr. fs. 278/280), en su escrito de expresión de agravios la aseguradora omitió desarrollar reproches puntuales contra lo decidido respecto del porcentaje de discapacidad y del baremo empleado, lo que de tal modo resultó firme.

De esta forma, habiendo desistido de fundamentar en la oportunidad procesal pertinente el planteo que ahora invoca en su presentación extraordinaria, deviene aplicable la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación relativa a las postulaciones que resultan ser fruto de una evidente reflexión tardía de la ocurrente. Lo que no puede tener acogimiento en la medida en que importa la pretensión de someter a la Corte Suprema de Justicia una cuestión que no fue objeto de anterior alegación (ni, con ello, de estudio y decisión por los jueces ordinarios de la causa) (vide Fallos:303:167; 304:509; 322:1926; A. y S. T. 179, pág. 432, entre otros; cfr. A. y S. T. 260, pág. 273). Ello es así en coincidencia con elementales principios de seguridad jurídica respecto de las cuestiones firmemente juzgadas.	Por lo expuesto, la alegación recursiva importa criticar una cuestión que no fue sometida como agravio a juzgamiento en la Alzada. Lo que, como se expresó, descarta su posible examen en esta instancia extraordinaria.

Distinta solución corresponde, en cambio, respecto de la forma de cálculo del capital a abonar y de la tasa de interés aplicada, debiéndose declarar admisible la postulación extraordinaria en relación a aquellas cuestiones.

Voto, pues, parcialmente por la afirmativa, con el alcance indicado.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Erbetta y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. Delimitada la cuestión a resolver, cabe adentrarse a la consideración de la procedencia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

En ese sentido se advierte que la Sala al resolver declaró de oficio la inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo a fin de determinar el capital a abonar. En esa línea, dispuso que la diferencia a pagar se liquidara "tomando como base para su 'cálculo, liquidación y ajuste' la remuneración que la víctima percibió, debía percibir o hubiera percibido de no mediar el impedimento en el mes inmediato anterior al que se practique la liquidación judicial de su acreencia".

Asimismo, estableció los intereses a aplicar y la forma de determinarlos, remitiendo a lo expuesto en un precedente de la propia Sala ("Ibarra").

2. Contra tal pronunciamiento dedujo la aseguradora codemandada recurso de inconstitucionalidad alegando que la resolución impugnada no reúne las condiciones mínimas para satisfacer su derecho a la jurisdicción (fs. 16/24).

En lo que interesa, la impugnante se agravia sustancialmente de que el Sentenciante estableciera una actualización de la suma que se le ordena pagar, tildándola de excesiva. En la misma línea, cuestiona la tasa de interés aplicada.

3. Expuesta la reseña anterior, cabe referir, en relación a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, que los extremos del "sub lite" conducen a la consideración de supuestos asimilables a los analizados y resueltos en mi voto en la causa "Ojeda c/ Asociart" (A. y S. T. 280, pág. 313), entre otros antecedentes análogos, a cuyos fundamentos corresponde remitir "brevitatis causae".

Es que tratándose la declaración de inconstitucionalidad de un remedio admisible sólo como "ultima ratio" (Fallos:247:387; 249:51; 303:248; 304:849; 311:394), lucen suficientemente demostrados los reproches de apartamiento normativo y falta de fundamentación invocados por la compareciente.

Lo expuesto basta para admitir el remedio extraordinario. Sin que resulte necesario, atento lo que aquí se resuelve, expedirme en relación a los intereses aplicados.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Coincido con los fundamentos y con la solución propuesta en orden a declarar procedente el recurso interpuesto.

Del estudio del expediente, se desprende que el "sub lite" gira en torno a la declaración de inconstitucionalidad de oficio del artículo 12 de la ley 24557, que fija las pautas para el cálculo del valor del "ingreso base mensual" a los efectos de la determinación de la cuantía indemnizatoria de la incapacidad laboral determinada en autos; y a la tasa de interés fijada en remisión a lo expuesto en el precedente "Ibarra" de la propia Sala.

1. En primer término, se advierte que lo detallado en cuanto a la inconstitucionalidad de la norma, revela que la cuestión a resolver guarda analogía con la abordada recientemente por esta Corte provincial en la causa "Ojeda, Olga Adela c/ Asociart A.R.T. S.A" (A. y S. T. 280, págs. 313/322), luego de las pautas de interpretación normativa postuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el precedente "Espósito" (Fallos:339:781), por lo que "brevitatis causae" corresponde remitir a las consideraciones allí expuestas.

Conforme a los fundamentos esgrimidos en el precedente de este Tribunal, cabe señalar que cualquier hermenéusis que sea utilizada para "declarar de oficio la inconstitucionalidad referida no puede tenerse por válido, toda vez que no se condice con los criterios establecidos por la Corte nacional para el ejercicio del elevado control de constitucionalidad, a la vez que se contraponen con las pautas trazadas en 'Espósito' (Fallos:339:781) y en 'Britos' (A. y S. T. 275, pág. 346)".

Y es en ese marco de reflexión que el pronunciamiento ahora impugnado no merece ser calificado como acto jurisdiccional. Ello, en tanto, teniendo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad de una ley sólo puede admitirse como "última ratio" del orden jurídico (Fallos: 247:387; 249:51; 303:248; 304:849 y 1069; 311:394; etc.) y constituye la más delicada de las funciones que puedan encomendarse a un tribunal de justicia (Fallos:312:72), aun advirtiendo de la existencia de otros mecanismos jurídicos de resolución (la tasa de interés, reconocida tanto por la Corte nacional como por los demás Tribunales inferiores), el Sentenciante igualmente decidió pronunciarse por la invalidez constitucional de la norma, en contraposición al criterio establecido por el más Alto Tribunal, el cual se impone derechamente como doctrina constitucional de acatamiento obligatorio en razón de la seguridad jurídica y el respeto institucional que infunden las decisiones del Máximo Tribunal de la Nación que, en estas cuestiones, decide como último intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia.

2. En relación al agravio relativo a la tasa de interés fijada por remisión al caso "Ibarra" de esa Sala, esta Corte se ha pronunciado en el caso "Olivera, Miguel Ángel c/ Supermercado San Jorge S.R.L." (A. y S. T. 278, págs. 295/308). A la luz de los fundamentos allí expuestos, a los cuales cabe remitirse "mutatis mutandi" por cuestiones de economía procesal, lo decidido sobre el punto resulta descalificable en tanto "si bien la fijación de los intereses es tarea propia de los jueces de la causa, en dicha tarea debe primar la razonabilidad en atención a las circunstancias concretas de la causa, buscando un equilibrio, de forma tal que por exiguos no vulneren los derechos del trabajador, ni por excesivos generen un enriquecimiento sin causa y hagan peligrar la fuente del empleo, tomando como pautas orientadoras los principios que surgen de los artículos 1, 2, 3, 9, 10, 768 y 771 y cc. del Código Civil y Comercial".

Asimismo, se juzgó que "sin lugar a dudas, estamos frente a una materia que puede variar según las circunstancias concretas de cada caso, pero ello no implica que la potestad que poseen los sentenciantes de ponderar la realidad económica buscando la justicia del caso, pueda consentir soluciones que -conforme se expusiera- excedan el límite de lo razonable".

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Erbetta y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente parcialmente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con el alcance antes indicado. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para que la cuestión sea nuevamente juzgada conforme surge de los considerandos precedentes. Costas por su orden.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Erbetta y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que se debía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente parcialmente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con el alcance antes indicado. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para que la cuestión sea nuevamente juzgada conforme surge de los considerandos precedentes. Costas por su orden.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.. GUTIÉRREZ-ERBETTA-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)	Tribunal de origen: Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 4 de la ciudad de Santa Fe.