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Policía, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Grattier, Roberto Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 102-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-12

No puede entenderse como irrazonable o arbitrario que los órganos policiales -Junta de Calificaciones, Junta de Reclamos y Jefe de Policía- hayan considerado al actor como "apto para permanecer en el grado" (y no para ascender) en virtud de sus antecedentes disciplinarios, si la circunstancia de que el año anterior ya había sido inhabilitado por registrar la sanción que ahora se evalúa, no torna ilegítima la consideración que de dicho antecedente efectuó la Junta de Calificaciones, desde que ésta fue la primera vez que se la tuvo en cuenta para el ascenso. No hubo, pues, reiteradas consideraciones del mismo hecho, y - menos aún- reiteradas "sanciones" o "castigos" por la misma causa, ya que la potestad disciplinaria fue ejercida una sola vez respecto del hecho imputado;

las consecuencias surgidas del ejercicio de esa potestad no son sino las previstas en la ley en orden a las inhabilitaciones y al desarrollo de elementales poderes de selección del personal a los fines del ascenso.
Instrumentos privados, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Schaer, Daniel Víctor c/ Unilan Trelew S.A. s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-05

La autenticidad de la firma de un documento privado es un hecho que puede ser demostrado por diversos medios probatorios, siendo los más usuales -aunque no excluyentes- el testimonio de su presunto emitente y-o la pericia caligráfica, pudiéndose ordenar el cotejo de firma, si fuere necesario.
Prueba, apreciación de la prueba, libre convicción
Materia: PROCESAL
Carátula: M., H. O. s/ Homicidio a H. D. E. -TW.- s/impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-08

En el régimen de la libre convicción o sana crítica racional que imperan en el sistema de enjuiciamiento vigente, no existen reglas que limiten la posibilidad de convencimiento del juzgador, aquél describe, selecciona y valora la prueba de convicción que toma como relevante y pertinente para fundar la conclusión que en ellas se apoya.
Subasta aduanera, responsabilidad de la aduana, retiro de la mercadería, plazo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: BELGORODSKY, IGNACIO ALFREDO c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-19

El actor adquirió en pública subasta, efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, por orden de la autoridad aduanera, dos cajones con material del ramo automotor, abonando la suma de $a. 1260.- en carácter de seña, y más tarde el saldo de $a. 4.200.- Los pagos se efectuaron en dicha entidad.

Posteriormente concurrió el actor a retirar la mercadería, comprobando, que ya había sido retirada con anterioridad por un tercero (SEVEL S.A.).

La parte demandada, pretende hacer valer su posición, con arreglo a lo dispuesto en el art. 51 del Dcto. 1001/82 que establece un plazo de diez días para retirar la mercadería, con lo que el servicio aduanero puede disponer nuevamente la venta de los efectos adquiridos por el actor (art. 428 Cód. Ad.).

Carece de fuerza tal pretensión, toda vez que el decreto mencionado lleva fecha posterior al hecho en cuestión, siendo obvio que sus previsiones no se pueden aplicar retroactivamente al mismo.

El argumento de que no es la autoridad aduanera a la que corresponde abonar dicha cantidad, por no haberla percibido, sino al banco en cuestión diciendo que el actor la desembolsó en relación con una operación que debía perfeccionarse con el retiro de la mercadería de la Aduana, meta a la que no se llegó por una inconsulta decisión de ésta última, quien como lógica consecuencia, debe cargar con la devolución de la suma aludida, sin interesar que "no pueda devolver dinero que nunca ha recibido", toda vez que, el demandante abonó a aquéllas, viéndose frustrada la operación por causa exclusiva de la contraria, quien obvio es decirlo, debe asumir las consecuencias de su inconducta de modo integral.
Superior Tribunal de Justicia, recusación, prejuzgamiento, superintendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CASINO DE ROSARIO S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECUSACIONES)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-06-13

Corresponde rechazar la recusación de la integrante de la Corte local con fundamento en que la Ministra intervino y dio curso a una denuncia de la cual derivó una información sumarial, ya que la actuación de la Corte en la medida que lo imponga el ejercicio de sus atribuciones específicas impone juzgamiento y no prejuzgamiento; y no puede desprenderse que del ejercicio de dichas funciones administrativas se deje entrever una supuesta manifestación de enemistad, odio o resentimiento grave, requerida por la norma invocada por el recusante; como asimismo cabe tener presente que la ley 10160, al establecer que los Ministros no pueden ser recusados sin causa, consagra un régimen de excepción sobre la materia, en la que por ende deben vigorizarse las exigencias de la actividad recusatoria y revela el carácter riguroso con que debe ponderarse el material fáctico invocado a la hora de juzgar sobre su procedencia. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 155, p 479; T 212, p 220; T 239, p 325; T 240, p 117; T 237, p 491; T 256, p 433; T 266, p 138. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 12; Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 10, incisos 4 y 5. - DOCTRINA: Díaz, Clemente A., "Instituciones de Derecho Procesal", Bs. As., 1972, T. II-A, pág. 333.
Intervención de línea telefónica, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Paez,  Lidia  Zulema;  Rivera  Parada, Govanna y Cuevas Gonzalez,José Dael s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

No resultan nulas las actuaciones si -como en el caso no resulta posible dudar de la existencia material de la orden de intervención telefónica dictada en otra causa de la cual la presente es su desprendimiento. (Dr. Riggi adhiriendo según su voto).
Prueba, prescripción adquisitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Pobliti, Mónica Fernanda y otros c/ Valentini, Cyntia Natalí y otros s/ prescripción adquisitiva vicenal/Usucapión (expte 55.438) y su acumulada Valentini, Cintia Natalí y otra contra Pobliti, Mónica Fernanda y otros. Reivindicación (expte. n° 57.226). c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

En materia de prueba de la prescripción adquisitiva debe usarse un criterio muy estricto y riguroso, tanto más cuando es opuesta a contradictores con título.(doctor Soria, minoría).
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, sentencia, fundamentación de sentencias, cuestión no constitucional, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: H., A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS EN CONCURSO IDEAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 520 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Es inadmisible la queja desde que el recurrente no logra demostrar que la Sala (al hacer ejercicio de sus facultades privativas) se haya apartado de pruebas idóneas sobre la base de razonamientos puramente subjetivos que, al llevar ínsito un claro voluntarismo sobre el tema, tornen descalificable aquellas conclusiones a tenor de la doctrina de la arbitrariedad. (Del Voto De La Mayoría, En Disidencia Los Dres. Falistocco Y Gastaldi)
Competencia contencioso administrativa y tributaria, relación de consumo, Derecho constitucional, división de poderes, revisión judicial, administración judicial, facultades discrecionales, facultades reglamentarias
Materia: PROCESAL
Carátula: Tabacco, Romina Marcela c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia que resolvió ordenar al GCBA que en el plazo de 90 días adoptara las medidas necesarias para cumplir con la obligación impuesta por el art. 11 de la ley n° 3623. Así, la imposición de un plazo para que el Poder Ejecutivo cumpla con un mandato legal mediante el ejercicio de sus competencias constitucionales, no ha afectado el principio de división de poderes, sino que no ha hecho más que reafirmar el rol del Poder Judicial como garante de la observancia de los derechos fundamentales (Fallos: 337:1420, entre otros). (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Loureiro, Héctor D. y otro s/ Asociación ilícita
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

Si se ha promovido el incidente de retractación de la confesión sin que nada se probara sobre lo alegado por el imputado, corresponde el rechazo del agravio fundado en la violación de los arts. 235 inc. 3 y 237 del código de forma (n.a.).
Medidas cautelares, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: BARSZEZ  FABIANA  ESTHER  C/  INSTITUTO  NAC  DE  SERV  SOC  PARAJUBILADOS  Y  PENSIONADOS  Y  OTRO c/ med. prepaga. s/ cumplimiento prest. de obraso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-25

El hecho de que APROA no sea prestadora de las demandadas no configura un argumento que per se obste a la admisión de la cautela, en la medida en que el art. 39 inc. a) de la ley 24.901 -normativa de la cual no cabe prescindir en este ámbito cautelar, de conformidad con lo decidido por la Corte Suprema in re "Cambiaso Péres de Nealón, Celia María Ana y otros c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Médicas" del 28 de agosto de 2007; ver también esta Sala, causa 7.932/08 del 13-2-2009 y sus citas, entre otras-, contempla la atención a cargo de especialistas que no pertenezcan al cuerpo de profesionales contratados cuando su intervención sea imprescindible debido a las características específicas de la patología del paciente, o cuando así lo determinen las acciones de evaluación y orientación que menciona la norma, con intervención del equipo interdisciplinario allí previsto (art. 11 de la ley).
Derecho a la carrera, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: G., M.S. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa y de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-29

Deben respetarse los procedimientos y requisitos normativamente establecidos en materia de ascensos en la Administración Pública, pues lo contrario menoscaba irrazonablemente el derecho a la carrera de los agentes...a fin de dar cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Nacional.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CONAPRO SACIFI c/ Cardella, Vito y Ot. s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

No puede prosperar la excepción de inhabilidad de título cuando está reconocida la existencia y el carácter de obligado al pago de la deuda (arts. 518, 542 inc. 4° "a contrario" y ccs. del CPCC.).
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, sentencia, falta de certificación de firma, jueces, efectos entre partes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Naola SA c/ Mansilla, Liza Amanda s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

Procede confirmar la resolución mediante la cual se dispuso "...la restricción informática del proyecto del ...por resultar el mismo un "mero proyecto" que como tal resulta inválido...". Ello así, el proyecto de sentencia, al cual la ejecutada le imputa validez procesal por sobre la decisión en formato papel, se trata, en rigor, de un acto inexistente en el proceso, por no contar, justamente, con uno de sus presupuestos esenciales, esto es la firma del juez. Y su publicación en el sistema "Lex 100" careció de aptitud para hacer modificar el criterio anunciado (v. esta Sala, "Recoleta Plaza SA s/ quiebra s/ inc. de rev. por Unión de Trab. Turismo Hotelero y Gastron. De la Rep. Arg.", del 11/3/10). No es posible concluir, tal como lo hace la apelante, que el alta en el sistema del mentado proyecto hubiera importado transformarlo en una sentencia válida, pues en este último caso, y en dicho momento, se requería, entre otros recaudos, la intervención personal del juez actuante. Lo que debió suceder en el caso es que antes de haberse seguido el procedimiento de alta, debía confirmarse que el documento papel se encuentre suscripto por el juez. Sin embargo, y por un error en el manejo del sistema por parte del Juzgado, se dio publicidad a un proyecto que no estaba firmado, lo que lamentablemente hizo tomar a las partes un falso conocimiento del proceso. Sin embargo, y a pesar de tal contratiempo, no es posible que el error administrativo en la utilización del sistema informático resulte una fuente de derecho para las partes, lo que, de habilitarse, importaría afectar la seguridad jurídica que debe imperar en todo proceso judicial. Descartado, entonces, que el proyecto dado de alta se trate de un acto jurídico, existente como tal, su notificación a las partes careció, así, de consecuencia alguna.
Recurso de casación, depósito previo
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: GUTIERREZ ALBERTO c/ SINDICATO  OBREROS  EMPACADORES  DE  LA  FRUTA DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN s/ EJECUCIÓN HONORARIOS. INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-02-09

CORRESPONDE DECLARAR MAL CONCEDIDO EL RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY INTERPUESTO EN EL JUICIO DE EJECUCIÓN DE HONORARIOS DEL ABOGADO , SI NO SE HA CUMPLIMENTADO EL DEPÓSITO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 280 LEY 697, AL NO TRATARSE DE LA EJECUCIÓN DE UN CRÉDITO LABORAL.
Abuso sexual calificado por parentesco, agravantes de la pena, víctima menor de edad
Materia: PENAL
Carátula: N., E. c/  s/ abuso sexual agravado por el vínculo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-07-24

Se ha valorado dos veces como agravante la edad de la víctima. (...) Es una interpretación legítima del alcance del art. 41 del CP considerar como una circunstancia agravante la diferencia de edad que pueda existir entre la víctima y el victimario. (...) Lo que no puede admitirse es que esa circunstancia sea valorada dos veces, primero por la diferencia etaria y segundo por la calidad de niña -en razón de su género- y de niña -en razón de su edad-.
Concesión errónea del recurso, empleo público, cesantía, diferencias salariales, defensa en juicio, debido proceso, reescalafonamiento
Materia: LABORAL
Carátula: Paz Norma Mariana contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-08

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad porque si bien la accionante manifiesta que la sentencia de la Sala que revocó lo concerniente al reencasillamiento y las diferencias salariales concedidas vulnera su derecho a una retribución justa (artículos 14 bis CN y 43 CCABA), de defensa en juicio y el debido proceso, sus objeciones remiten al examen de cuestiones relativas al alcance que cabe asignar a las pretensiones de los recursos sometidos a su consideración. En consecuencia, los aspectos que la parte actora pretende que este Tribunal revise resultan -como regla- ajenos a esta instancia extraordinaria pues establecer el alcance de las pretensiones recursivas de las partes es materia regulada por las leyes procesales y su determinación, por tanto, en principio, privativa de los jueces de la causa. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Tribunal colegiado, notificación, audiencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: HEREDIA IRMA REBECA c/ SCARCELLA ROSARIO s/ DESALOJO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-12-16

El no haberse puesto en conocimiento, por el modo que la ley prevé (art. 63 inc. 11 C.P.C.), a las partes del pleito, la nueva integración del Tribunal importa sin lugar a dudas una violación de las formas y solemnidades prescriptas para el dictado de la sentencia.

Se trata, de un quebrantamiento que coloca a la otra parte no anoticiada en una situación de desequilibrio y desigualdad, toda vez que no ha tenido la posibilidad de recusar al nuevo miembro del tribunal inferior.

De esta manera se tipifica una clara y contundente vulneración al debido derecho de defensa que, por igual le corresponde a ambas partes en el pleito.

Admitir la tesis según la cual el vicio estaría consentido por el recurrente, por no haberlo denunciado en la oportunidad de la realización de la audiencia pública, no resulta aceptable en nuestro sistema procesal.

El principio de convalidación, anejo al sistema de las nulidades procesales, excluye desde luego toda impugnación de vicios purgados por el consentimiento. Pero esto sólo se verifica por la convalidación o preclusión de las oportunidades que la ley concede para denunciar el defecto, así tratándose de un error formal, debe ser denunciado por la vía del recurso de revisión incoado por el carril específicamente regulado por el rito ( inc. 5to. art. 1272 del C.P.C.) y no siguiendo las reglas generales atinentes a las demás nulidades procesales (vg. arts. 365 bis, ter y quater C.P.C.

(Voto del Dr. Moisset de Espanés en minoría).
Regulación de honorarios, pautas, Tribunal Fiscal de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTERLINA  S.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ ORDINARIO - HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-10

La Ley prescribe que la división de los procesos en etapas es uno de los aspectos que deben computarse para la regulación de los honorarios (art. 37) y si bien es cierto que no establece expresamente que en los casos declarados de puro derecho debe deducirse una etapa, ésta es la solución que resulta de su interpretación sistemática, ya que si dispone que cuando actuaren sucesivamente dos o más profesionales patrocinando o representando a una misma parte deberá considerarse la labor desarrollada por cada una de ellos (art. 10).

No parece razonable sustituir este criterio frente al hecho contingente de que haya actuado un solo profesional o, cuando por cualquier motivo, no fuera necesario clasificar los trabajos. Los honorarios constituyen una retribución de una tarea ponderada no sólo según su resultado sino también según su extensión (art. 6 inc. c y d).
Medidas cautelares, derecho de protesta, Colegio Nacional de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO-EDUCACION
Carátula: A.D. y Otro c/ Colegio Nacional Buenos Aires s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-21

La medida cautelar que dejó sin efecto la sanción de amonestaciones impuesta por el Colegio Nacional de Buenos Aires al hijo de los accionantes en ocasión de la toma del colegio, debe ser extendida hasta el momento en que se dicte sentencia definitiva en la presente acción de amparo y no sólo hasta que se resuelva trámite administrativo, pues teniendo en cuenta el estado de las actuaciones, en las que la parte demandada ya ha presentado el informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986, ello denota lo avanzado del trámite y la proximidad de su resolución sobre el fondo de la cuestión.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ganz Bernardo c/ Galván Alberto R. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

El ataque a un fallo a través de la reiteración de fundamentos dados en actuaciones anteriores no constituye expresión de agravios, debiéndose efectuar una crítica eficaz de las razones expuestas en el auto denegatorio además de indicar a la Alzada cual es el error en que incurrió el magistrado de grado.
Trabajadores portuarios, sereno de buque
Materia: LABORAL
Carátula: Panetta,  Carmelo  y otros c/ SA Marìtima y Comercial JR WilliamsBs. As. s/ Diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-31

Las tareas del sereno de buque en dársena generan un vínculo laboral con la empresa marítima que comienza y termina con el cumplimiento del servicio de vigilancia durante la estadía de la embarcación, es un tìpico contrato eventual y no puede responsabilizarse a la obligada al pago sino por lo que ha pretendido contratar al presentar la solicitud precisando dìa y hora de la iniciación de las tareas. El lapso que media entre el sorteo, adjudicación o contrato y el del comienzo de la tarea asignada es el de un contrato sin relación de trabajo, donde interviene la Prefectura Naval Argentina que informa no contar con registros. Por tanto, no es al tiempo del sorteo ya asignación, sino al momento en que debe iniciar su débito laboral que los acreedores devengan los salarios respectivos, sin que pueda responsabilizarse a quien no interviene en el mecanismo de anticipaciòn que a juicio de los reclamantes los perjudica.
Entidades financieras, banco central, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Ferreira, Antonio Adelino y otros c/ Bco. Central de la Republica Argentina s/ cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-17

En la demanda contra el Banco Central en virtud de la garantía que la Ley de Entidades Financieras otorga a los depósitos, la circunstancia de que la numeración de las boletas de depósitos y las fechas de ellos no guarden correlación, no es causal para descalificarlas.
Confirmación de sentencia, medicina prepaga, derechos del consumidor, restitución de sumas de dinero
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Unión de Usuarios y Consumidores c/ Swiss Medical SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

Procede confirmar la resolución mediante la cual se admitió la demanda interpuesta por una Unión de Usuarios y Consumidores contra una empresa de medicina prepaga condenándola a reintegrar a sus usuarios los incrementos aplicados en la facturación correspondientes a determinado período, con más los intereses a la tasa contractualmente pactada desde los vencimientos de la facturación donde se incluyeron incorrectamente los aumentos hasta el efectivo pago. Ello, no obstante precisar que el colectivo involucrado en el caso de autos -y sobre esto parece que no existe controversia, atento lo manifestado por ambas partes al contestar el traslado de las aclaraciones formuladas por el perito contador- únicamente pueden ser los afiliados directos, para los cuales se hallaba previsto el régimen informativo establecido en la Resolución 175/07 de la Secretaría de Comercio Interior, y quienes tenían la opción de rescindir el contrato sin cargo; y no los afiliados corporativos o por afinidad. Ello así, de la medida para mejor proveer dispuesta en autos surge que la categoría "por afinidad" se encuentra integrada por los parientes o familiares de los asociados corporativos; es decir que los asociados de esta categoría, al igual que los corporativos, no tiene relación directa con la demandada ni pagan sus servicios. En definitiva, cabe concluir en base a la documentación que tuvo en poder la actora y la información recabada por el perito, que en el caso el hecho invocado como dañoso es común y homogéneo para cada integrante del grupo cuyos intereses defiende la actora, que son los afiliados directos.
Presentación extemporánea, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PACHECO, MIGUEL GABRIEL s/ TENTATIVA DE HURTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-02-07

Es pues misión del intérprete buscar un adecuado equilibrio entre los citados fines y ello resulta excedido, privilegiándose uno sobre el otro, cuando el procesado, que pudo oportunamente ejercitar el derecho que la ley le acuerda, lo difiere hasta después del dictado de una sentencia de condena, provocando un dispendio jurisdiccional que no se compadece con el declarado propósito de descongestionamiento judicial.