Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06


GOMEZ, Víctor Jorge contra BANCO DE SANTA FE S.A.

Reg.: A y S t 206 p 30-32.

Santa Fe, 6 de abril del año 2.005.

VISTOS: Estos caratulados "GOMEZ, Víctor Jorge contra BANCO DE SANTA FE S.A. - Demanda Laboral ley 7945- sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N 304, año 2003), venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por el actor para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia de este Tribunal de fojas 126/128; y, CONSIDERANDO: 1. Por resolución registrada en A. y S., T. 199, pág. 334, esta Corte declaró procedente el recurso interpuesto por el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. y, en consecuencia, anuló la sentencia impugnada -que, a su turno, había confirmado el fallo de baja instancia que declaró la competencia de la justicia Laboral y admitió parcialmente la demanda-, otorgando al accionante el plazo de treinta días a fin de que, en su caso, por ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo, adecue sus pretensiones a los términos de la ley 11.330 (fs. 126/128).

Contra tal pronunciamiento interpone el demandante recurso extraordinario federal para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por considerar que lo decidido vulnera la seguridad jurídica, la garantía del juez natural, la defensa en juicio y el derecho de propiedad, erigiéndose en una sentencia arbitraria que materializa un supuesto de gravedad institucional.

En tren de fundar la procedencia de la impugnación le endilga a esta Corte incurrir en distintas causales descalificantes como ser: caer en un excesivo rigor formal, apoyarse en afirmaciones dogmáticas, autocontradecirse, prescindir del texto legal e interpretar infielmente la ley.

Los planteos del impugnante, en lo esencial, se centran en que su pretensión es obtener la protección judicial contra la afectación de derechos surgidos de una relación laboral, por lo que no correspondía declarar la competencia contencioso administrativa. Entiende que la Corte, incurriendo en un exceso de rigor, modifica el tribunal competente bajo el argumento "formalista" de la competencia contencioso administrativa siendo que ya se había tramitado todo el proceso y el banco carecía de derechos constitucionales que posibilitaran la apertura de esta instancia.

Asimismo, le imputa al Tribunal apoyarse en afirmaciones dogmáticas al declarar la competencia contencioso administrativa con base en la existencia de una relación de empleo público sin hacerse cargo de los argumentos de la Cámara y de su parte, ni referir a los precedentes "O.M.A." y "Ruiz".

Considera que si el fundamento de este pronunciamiento se encontrase en la sentencia dictada in re "Vieitez", lo allí resuelto es contradictorio en tanto por un lado se afirmó que la relación del banco con sus empleados entrañaba materia contencioso administrativa pero, por otro, se sostuvo que si se trata de reclamos por accidentes de trabajo o indemnizaciones por cesantía por incapacidad inculposa su conocimiento correspondía a los tribunales ordinarios. Esa distinción, dice, es dogmática y no encuentra fundamento razonable. Aclara que esta línea argumental se expone a mayor abundamiento en razón de que el precedente "Vieitez" no fue invocado -a su criterio- para sostener la sentencia en crisis.

Le imputa también a este Cuerpo prescindir de textos legales que establecen el carácter privado de la relación con el banco, concretamente de la ley 11.387 que abrogó la ley 9.332 y los artículos 31 y 32 de la ley 10.582 y que, en su artículo 13, instituyó como régimen aplicable el Convenio Colectivo de Trabajo del Personal Bancario. Asimismo, y también respecto de la ley 11.387, indica que la interpretación de esa fuente realizada in re "Vieitez" resulta "infiel" en tanto en ningún momento dice que el régimen aplicable sea el de empleo público.

Por último, afirma que se verifica un supuesto de gravedad institucional en tanto esta Corte ha contrariado las interpretaciones efectuadas en los pronunciamientos in re "O.M.A." y "Ruiz Ana", cambiando no sólo el Tribunal competente sino también el régimen aplicable. Ese "cambio jurisprudencial", a su juicio, no podía resultarle aplicable como tampoco a otros agentes que se hayan desenvuelto bajo el criterio anterior. Invoca, en su apoyo, el fallo "Tellez" de la Corte nacional.

2. Evacuado que fuera el traslado que ordena el artículo 257 C.P.C.C.N., e ingresando al examen de admisibilidad que le corresponde efectuar a este Cuerpo, es forzoso reparar en el decisivo obstáculo que para el franqueo de la instancia extraordinaria aparece configurado a la luz del requisito de que el recurso se dirija contra una sentencia definitiva o equiparable (artículo 14, ley 48). En efecto, si se tiene en cuenta cuál ha sido la materia debatida en autos y resuelta por esta Corte, resulta insoslayable considerar la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. en el sentido de que las resoluciones que resuelven cuestiones de competencia no constituyen en principio sentencia definitiva, salvo cuando media denegatoria del fuero federal: "las sentencias que por interpretación y aplicación de normas no federales resuelven problemas de competencia son ajenas a la vía extraordinaria cuando no importan denegatoria del fuero federal" (Fallos, 303:1702; 307:1929; 311:2701; 315:66; 324:283, etc.). Como se lee en el precedente de Fallos, 263:487, "es jurisprudencia de esta Corte que cuando no media denegatoria del fuero federal, la sentencia que desestima una excepción de incompetencia con fundamentos de hecho y prueba y derecho procesal y común, no es susceptible de apelación extraordinaria aunque se invoque la garantía de los jueces naturales, que no obsta a la distribución de la competencia entre los magistrados permanentes del país", criterio en sintonía con el cual también se ha dicho que "es improcedente el recurso extraordinario contra las resoluciones de los tribunales locales, que se limitan a decidir respecto de su propia jurisdicción con arreglo a las leyes procesales" (Fallos, 186:41) y que "constituye una cuestión de derecho local, propia de los jueces de la causa y no susceptible por ende del remedio federal, lo resuelto por el a quo en punto a su competencia para decidir el litigio" (Fallos, 297:407).

En ese sentido resulta evidente que el fallo atacado, en la medida que confiere a la parte actora un plazo para adecuar sus pretensiones por ante la jurisdicción contencioso administrativa, no pone fin al pleito sino que lo reconduce a otro fuero, por lo que resultan aquí operativas las consideraciones efectuadas por este Tribunal cuando denegara la concesión de recursos extraordinarios federales por no dirigirse los mismos contra una sentencia definitiva o equiparable siguiendo la interpretación efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los supuestos de sentencias que disponen reenvíos a las instancias inferiores (vide, al respecto, Fallos, 311:1601 y sus citas; 324: 541, voto de los jueces Fayt y Vázquez) -cfr. R. A. y S., T. 93, pág. 414; T. 117, pág. 157; T. 118, pág. 187; T. 127, pág. 86; T. 129, pág. 311; T. 138, pág. 464; T. 156, pág. 490, entre otros-, criterio también aplicado a los casos donde, como en autos, se confirió al interesado un plazo para adecuar sus pretensiones (así, R. A. y S., T. 160, pág. 102; T. 161, pág. 86; T. 164, pág. 471).

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)