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Condena penal, tentativa de homicidio, recurso extraordinario federal, insuficiencia del agravio, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Arce, Ramón Clodomiro s/ RECURSO EXTRAORDINARIO deducido en contra de la sentencia Nº 25/11 del Expte. Corte 103/10, caratulado: RECURSO DE CASACION interpuesto por el Dr. Gustavo Martínez Azar en contra de la sentencia Nº 55/10 en causa Expte. Letra 'A' Nº 102/10 Arce, Ramón Clodomiro p.s.a. Tentativa de Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-12-20

La Cámara Penal, Tribunal Unipersonal, condenó al imputado a la pena de seis años de prisión como autor penalmente responsable del delito de Tentativa de Homicidio.

Por tal motivo el defensor técnico articuló Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el abogado nombrado interpone el presente remedio federal.

El planteo no suscita cuestión federal, en tanto el tema propuesto se vincula con circunstancias de derecho común, ajenas al derecho federal; por ende, no habilita la vía extraordinaria, y el recurrente no demuestran que se configure situación alguna que torne aplicable al caso la doctrina de la Corte de la sentencia arbitraria.

Es que, por una parte, manifiesta desacuerdo con la resolución de esta Corte en cuanto convalidó la sentencia condenatoria con relación a la escala penal aplicable a la tentativa, pero se limita a reiterar argumentos que expuso en la instancia anterior, sin hacerse cargo de los fundamentos dados por el tribunal para rechazarlos, con lo que el recurso carece de fundamento suficiente (art. 15 de la Ley 48).

Así, en la instancia anterior, contra lo resuelto en la sentencia condenatoria, el recurrente sostuvo que era aplicable a la tentativa la escala penal que resulta de disminuir en un tercio el máximo y en la mitad el mínimo de la pena prevista para el delito consumado; porque así lo había decidido la Corte Suprema en el precedente "Veira, Héctor".

Sin embargo, no refuta en esta oportunidad las razones expuestas por este tribunal para considerar que lo resuelto no causaba agravio a la autoridad de la Corte Suprema, como máximo intérprete de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia, debido a que, en la actualidad, su integración es distinta, y tanto es así que cuatro de los cinco jueces que entonces conformaron la mayoría en esa decisión, a la fecha no componen el Máximo Tribunal Por otra parte, lo resuelto cuenta con el apoyo de calificada doctrina, citada y analizada en el fallo; y con la mera invocación del mencionado precedente de la Corte no es puesta en crisis por el recurrente, dado que omite la debida crítica a las razones -entre otras- de tipo gramatical y sistemático que sustentan la sentencia impugnada en el punto en cuestión.

De tal modo, el agravio carece de fundamento suficiente y el recurso de virtualidad a los fines de la habilitación de la vía extraordinaria en tanto, a ese fin no basta con sostener un criterio interpretativo distinto del seguido en el fallo.

Por ello, corresponde no conceder el Recurso Extraordinario deducido.
Personal militar, Prefectura Naval, adicionales de remuneración, carácter remunerativo, carácter bonificable, decreto de necesidad y urgencia
Materia: ADMINISTRATIVO-MILITAR
Carátula: Camejo, Ricardo Esteban y otros c/ E.N. - M. Seguridad - PNA s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

Los adicionales creados por el decreto 1307/2012 y sus modificatorias deben ser incorporados a los haberes mensuales con carácter remunerativo y bonificable, sin que obste a tal conclusión las modificaciones introducidas a la ley 18.398 por el decreto de necesidad y urgencia 853/2013, pues de ellas en forma alguna se desprende una autorización al Poder Ejecutivo Nacional para transformar la remuneración principal en accesoria, ni para excluir del haber mensual a una parte sustancial de las remuneraciones percibidas por los actores.
Compraventa de automotores, responsabilidad de la concesionaria, transferencia del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ, GUILLERMO c/ CARMARINE SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-20

Si la agencia vendedora de un automotor aceptó el encargo efectuado por su comitente -propietario del vehículo-, y lo enajenó a un tercero, es evidente que quedó obligada a cumplir íntegramente la comisión y a realizar, en consecuencia, las gestiones necesarias para perfeccionar el dominio en cabeza del adquirente.
Concursos, acuerdo preventivo, acción autónoma de nulidad, prescripción, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ministerio Público c/ Buenos Aires Tur SRL s/ otros - acuerdo preventivo extrajudicial s/ incidente de nulidad promovido por ministerio público.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-09

1 - Corresponde confirmar la resolución del juez de grado en cuanto declaró la nulidad de la sentencia homologatoria del acuerdo preventivo extrajudicial por considerar probados los presupuestos de la nulidad imputados por la Sra. Fiscal General, y rechazó el planteo de prescripción articulado por la deudora en los términos de la LCQ 60, que establece un plazo de caducidad de seis meses computados desde la homologación. 2 - Ello así, pues con prescindencia que el planteo nulidificatorio fue efectuado contra la sentencia homologatoria del acuerdo preventivo extrajudicial, aquél fue articulado mediante una acción autónoma de nulidad, motivo por el cual los plazos de prescripción que corresponde aplicar son aquellos establecidos por el CCIV 4030, en su redacción anterior a la reforma de la ley 26994, por tratarse de la normativa vigente a la fecha en la que se dictó la sentencia impugnada y no los de la ley 24522. 3 - Por ello y en tanto la nulidicente tomó conocimiento del vicio imputado al serle remitidas las actuaciones por esta sala como consecuencia del recurso de apelación deducido por la Sra. Fiscal actuante en primera instancia, a la fecha del dictamen no transcurrió el plazo de dos años que prevé el CCIV 4030, por lo que cabe rechazar los agravios que postulan la prescripción de la acción intentada por la Representante del Ministerio Público Fiscal.
Expropiación, indemnización expropiatoria, emergencia económica, pago
Materia: CIVIL
Carátula: Estado provincial c/ Ahumada, Clara Z. s/ Expropiación sobre ejecución de sentencia-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1994-03-16

En materia de expropiación por causa de utilidad pública, una ley de emergencia que difiera el pago previo de la indemnización, incongrua con lo constitucionalmente establecido al respecto y no es tolerable ni aún en estado de emergencia económica, donde si bien es cierto el Estado cuenta con poderes, ellos están limitados por la misma constitución y no puede ser vulnerado de modo alguno; por otra parte cuando juega la causa de utilidad pública calificada por ley, el derecho del propietario cede, pero no gratuitamente ni en virtud de una indemnización parcial o tardía, sino "previa", la que a su vez únicamente puede ceder si existe un acuerdo de parte, pero no porque exista un estado de emergencia. Cabe agregar que el pago previo, debe ser en efectivo, sin que una ley formal infra-constitutionem, pueda obligar al expropiado, a recibir otra cosa que no sea moneda de curso legal.
Daño moral, prueba, responsabilidad médica, mala praxis, muerte del paciente
Materia: CIVIL
Carátula: MEDINA, IRMA ELENA c/ INSTITUTO  NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-26

La actora no puede pretender que se le indemnice por los padecimientos, angustias y zozobras de su padre. Este no accionó en vida y, por tanto, no le corresponde a su hija la reparación de aquel daño. Su daño moral en concreto, es resarcible en la medida en que la mala praxis determinó la pérdida de la "chance" de sobrevida de su padre, o dicho en otros términos, que la impericia médica determinará un acortamiento de su existencia.

Este es un daño cierto que no requiere prueba, desde que es la consecuencia natural de la acción antijurídica. Y trátase de un agravio personal de la demandante y no, como pretende la tercera, de un daño reclamado iure hereditatis.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, abuso sexual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., C. A. c/  s/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR LA CONVIVENCIA PREEXISTENTE CON LA VICTIMA MENOR DE 18 AÑOS EN CONCURSO IDEAL CON PROMOCION A LA CORRUPCION AGRAVADA POR LA EDAD DE LA VICTIMA, POR MEDIAR AMENAZA, POR EL VINCULO Y POR SER PERSONA CONVIVIENTE, BAJO LA MODALIDAD DE DELITO CONTINUADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-01

En cuanto a las críticas referidas a la invocada insuficiencia probatoria para confirmar la condena en relación a los hechos atribuidos en perjuicio del encartado, debe señalarse que son la reiteración de las esgrimidos en las instancias anteriores y, como tales, ya han sido analizados y rechazados por los Jueces de la causa con argumentos suficientes y de cuya irrazonabilidad no logra la quejosa persuadir a esta Corte, desde que los Magistrados analizaron y descartaron cada uno de los motivos con base en los cuales la defensa pretendió restarle fuerza probatoria a los distintos testimonios brindados, explicando a partir del análisis de cada uno de ellos, junto a los demás medios de confirmación producidos -resultando algunos altamente gráficos y clarificantes de los ataques sexuales padecidos por el imputado- que la decisión adoptada encontraba sobrada fundamentación en las constancias de la causa y en las normas de fondo aplicables, adviertiendose de este modo que las críticas de la recurrente remiten directamente a una cuestión de valoración probatoria, ámbito propio de los jueces de la causa, y sin que los fundamentos expuestos por el Tribunal resulten desvirtuados desde el punto de vista constitucional.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba pericial
Materia: LABORAL
Carátula: Tosoni, Stella Maris c/ Laboratorios Upjohn S.A.I.C. s/ Despido Di Julio, Hércules c/ Parafina del Plata S.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-20|1988-06-28

Juzgar el contenido y alcance de la prueba pericial es por regla, tarea privativa de los jueces de la instancia ordinaria salvo absurdo, que, como causal de descalificación del fallo, constituye un remedio último y excepcional.
Concesión comercial, plazo, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: CHERR HASSO WALDEMAR c/ THE SEVEN UP COMPANY s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-05

No puede agraviarse un concesionario por haberse acogido la rescisión incausada del contrato concediendo un plazo de preaviso de 120 días sin proveer indemnización, por considerar que según contrato la relación sería insusceptible de revocación, pues ello no se compadece con la orientación del ordenamiento jurídico argentino, en el que la tendencia dominante es limitar en el tiempo los derechos recíprocos emergentes de las relaciones contractuales.

Si no se pactó plazo de duración para la relación negocial, la posibilidad de denuncia de cualquiera de los contratantes no sólo no es abusiva ni contraria a las reglas morales, sino que es consecuencia lógica de esta especie de negocio jurídico, máxime cuando dicha posibilidad fue expresamente prevista.

Si no se fijó el término de la relación ni siquiera implícitamente, es dable interpretar que se ha decidido someter el contrato al término "cum-voluero"; como si se hubiera sometido a condición resolutoria, la buena fe como regla general de interpretación de los contratos no puede conducir a pensar en la duración indefinida, sino que las obligaciones deben cumplirse y el contrato concluir en el tiempo que las partes razonablemente pudieron entender, actuando con cuidado o previsión.

Ello porque el interés del concedente puede ser el cambio de concesionario por otro mas eficiente, que aumente su poder de competencia en el mercado; y, aunque no exista incumplimiento del concesionario, este puede haber perdido las cualidades comerciales que determinaron su elección.

La rescisión es consecuencia necesaria de un contrato sin término, por la anómala indeterminación del objeto.
Recurso de casación, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO QUILMES S.A. c/ CREACIONES MENDEZ Y OTRO s/ COBRO DE AUSTRALES - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-05-04

El exceso de rigor ritual como alegación para plantear un recurso es un remedio excepcional, cuya interpretación debe ser restrictiva. Su aplicación exige que sea notorio, claro, obvio, evidente, patente, de modo tal que se haya abusado de las formas procesales no adecuándolas a su propia finalidad.
Pago, depósito judicial, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: Remo S.A. c/ La Cordobesita S.R.L. s/ Pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-07-07

La acreedora, sabedora de la voluntad del deudor de consignar en pago la suma depositada a embargo, no impugnó por lo que a tenor de lo dispuesto por el art. 759 C. Civil el depósito "surte todos los efectos del verdadero pago" con el efecto cancelatorio y liberatorio que tiene el pago.
Sucesiones, administración de la herencia, designación del administrador de la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: DANIEL, José s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-02

Cuando los incidentes y discrepancias entre los herederos derivan de continuados e intensos conflictos que pueden afectar la buena administración de los bienes, resulta justificada la designación judicial de un tercero, sobre todo si existen menores, que no se encuentran "fácticamente" en posesión de los bienes del causante.-
Juicio político, enjuiciamiento de magistrados, competencia provincial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Nellar, Juan Carlos s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados en la esfera provincial no escapan a la revisión judicial por los poderes judiciales locales, ni a la posterior intervención de la Corte por vía del recurso extraordinario.
Prueba del contrato de trabajo, registros laborales, presunción juris tantum
Materia: LABORAL
Carátula: Cardozo, Roberto Daniel c/ Navarro y Ziegler S.R.L. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-05-15

La presunción que se deriva en contra del empleador del hecho de no llevar el libro especial que preceptúa el artículo 52 LCT ajustado a las prescripciones de tal norma, es de las que admiten prueba en contrario.
Recurso de casación penal, prisión preventiva, auto de procesamiento, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BERBEGLIA, Mariana Lorena y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-13

Las resoluciones que privan de la libertad personal al imputado con anterioridad al dictado de una condena, si bien no son definitivas en sentido estricto, puesto que no ponen fin al juicio, resultan equiparables ya que ocasionan un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior y, por lo tanto requieren tutela inmediata.

Por ello, corresponde conceder el recurso de casación interpuesto.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones posteriores a la sentencia definitiva, sentencia arbitraria, honorarios, intereses, liquidación, conjueces
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Fisco Nacional c/ N-N. s/ Varela, Juan Pedro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-16

Procede el recurso extraordinario interpuesto contra el pronunciamiento que aprobó la liquidación referente a los intereses devengados por los honorarios regulados a un conjuez, si lo resuelto aparece privado de razonabilidad y de apoyo legal suficiente, lo que importa menoscabo a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y de la propiedad.
Acción de amparo, pago de la remuneración, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SEPULVEDA, FERMIN Y OTROS s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-06-26

De admitirse que por vía de amparo se encausen potestades vinculadas con las prestaciones esenciales y genéricas del Estado, esto significaría virtualmente la traslación del gobierno al Poder Judicial con un resultado ciertamente no querido por la Constitución, dado que no es posible pedirle al Poder Judicial que ejerza el gobierno, o que se transforme en gendarme de las políticas globales del Estado. Al Poder Judicial se le debe pedir que en cada caso concreto corrija las desviaciones específicas administrando la justicia puntual para el caso particular que el Poder Ejecutivo establezca variados sistemas que prioricen el pago de haberes de un sector respecto de otro, en tanto no se encuentre reglado por imperativo legal de otro modo - unos antes que otros - , es facultad discrecional que, en caso de no satisfacer a los accionantes, nada obsta a que intenten reclamaciones del tipo de las previstas en la Ley 1504, derecho que al momento se mantiene incólume.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, impugnación de decisión del directorio, ley de promociones, acción de nulidad, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: San Román, José Luis y otros c/ Imágenes Diagnósticas y Tratamiento Médico Sa y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-18

Toda vez que en el caso se debate la caducidad de la acción de impugnación asamblearia, y la cuestión se encuentra regida por las disposiciones del Código Civil y el Código de Comercio, ordenamientos vigentes a la fecha en que se sucedieron los hechos debatidos; con base en esta legislación, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la caducidad es un modo de extinción de derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de las partes, precisando que es doctrina universalmente admitida que aquella no está sujeta a interrupción ni suspensión, ya que se aplica a pretensiones para cuyo ejercicio se señala un término preciso, transcurrido el cual ya no pueden hacerse valer (CSJN, in re "Sud América T. y M. Cía. de Seguros SA", del 13/12/88, LL 1989-B-371).
Prueba documental, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Pavan, Carlos Ramón c/ Panadería Santa Rosa y/u otro s/ Despido, preaviso, dif. de sueldos y ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-05-29

Recién a partir de la vigencia del Decreto 8204/63 la libreta de familia resulta suficiente como para probar el vínculo, pero no las de época anterior pues dicha normativa no debe proyectarse hacia el pasado; por ello, no puede tenerse por acreditada la condición de herederos de los incidentantes con la libreta de familia que acompañaran. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio por delitos de acción privada, querellante, rechazo del querellante
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ARVIA, Alejandro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-02

"Es inadmisible la acción si no cumple con las prescripciones de los incisos tercero y cuarto, pues la querella es una acusación en la cual se impone una concreta imputación delictiva y no una mera narración de hechos . El escrito de promoción de la querella debe contener, por exigencia del inc. 3° del art.

418 del C.P.P.N., la clara, precisa o circunstanciada relación del hecho imputado (a diferencia del art. 82 del código citado que requiere una relación sucinta del hecho en que se funda), al ser la querella por delito de acción privada una acusación en la cualseimpone una concreta imputación, tal incumplimiento acarrea la inadmisibilidad del libelo, pues se vería afectado el derechodedefensa del imputado. Por tanto, si la pretensa querellante en su escrito no determinó con claridad las manifestaciones injuriantes por las que se sintiera damnificada y que afectarían su honor, corresponde confirmar el auto que declaró inadmisible la querella promovida" .

En el escrito de inicio de la querella resulta imprescindible el relato claro y concreto de la forma que sucedieron los hechos que agravian al pretenso querellante, toda vez que será la base sobre la cual formulará su descargo la defensa.

La parte no puede volver sobre sus propios actos o completarlos tardíamente so pena de desconocer lo expresamente establecido por la ley ritual aplicable en casos en que el escrito de inicio reviste una importancia vital para delimitar el objeto de investigaciónyestablece las pautas sobre las que debe contestar el querellado.

Por tanto, corresponde confirmar el auto que declara inadmisible la querella interpuesta.
Responsabilidad solidaria, responsabilidad del socio
Materia: LABORAL
Carátula: Suarez,  Enrique  y  otro c/ Plasticos Argentinos S.A. y otros s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-18

Aun cuando el presidente del directorio de la sociedad no fuese socio debe responder frente a los terceros entre quienes se encuentran los actores por violación a la ley, supuesto configurado en el caso, no ya por imperio del art. 54 de la ley 19550, sino en virtud de lo dispuesto por el art. 274 de dicho cuerpo legal, ya que no se ha probado que se opusiera a dicho actuar societario o bien, que dejara asentada su protesta y diera noticia al síndico de la misma, como único medio de eximirse de tal responsabilidad.
Competencia de la Corte Suprema, recurso extraordinario, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Asociación Civil Inter Artis Argentina -SAGAI y otro c/ I.G.J. 7480576/1880189 s/ recurso directo a cámara
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

Cabe considerar que se encuentra habilitada la intervención de la Corte cuando resulta necesario adecuar la actuación de la alzada ante un supuesto de transgresión a los principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Seguros, falta de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Torres, Ricardo Durval c/ Hermosid, Julio César y otros s/ Daños y perjuicios Miceli, Miguel U. c/ Quiroz, Marcos A. s/ Daños y perjuicios Jaurena de Vivas, Amalia c/ Freyre de Murganti, María s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-15|1988-03-22|1997-07-15

La suspensión de la cobertura por falta de pago de la prima generalmente funciona como sanción a la mora.