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Responsabilidad médica, obligaciones del médico, obligaciones de medio, prueba, apreciación de la prueba, actuaciones en sede penal, valor probatorio
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: FERRONATO, Arturo José c/ BROCCA, Alfredo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-15

La obligación del médico, es de medios y no de resultados, exigiéndose sólo las diligencias para llevar a cabo las medidas que normalmente conducen a un resultado, sin que se asegure la obtención de éste. Es por ello, que la responsabilidad médica debe apreciarse con suma prudencia, especialmente cuando el tratamiento resulta contingente, no pudiendo predicarse la existencia certera respecto de la culpa profesional, en orden a las previsiones normativas que resultan de los arts. 519, 902 y 909 del Código Civil. En ese marco, y para acreditar dicha responsabilidad, más allá de todas las pruebas obtenidas, cabe tomar también en cuenta las consideraciones mencionadas en la causa penal, pues ellas contienen referencias concretas sobre las condiciones en que debe llevarse a cabo el tratamiento, según el saber de los especialistas, no siendo acertada la alegación del carácter teórico y abstracto de dichas consideraciones.
Prueba hematológica, extracción forzada
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: M., L.A. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-06

Si bien nuestro Código de rito no reglamenta la pericia hematológica y no obstante el principio de que el imputado es un sujeto procesal incoercible no impide que se lo pueda forzar a particulares medidas en la realización de determinados actos de prueba siempre que con ello no se lo obligue a declarar.
Suspensión del acto administrativo, presunción de legitimidad, falta de prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: HSBC Bank Argentina S.A.  c/ Provincia de Formosa  s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-03-13

Procede no hacer lugar a la suspensión del acto administrativo solicitada, pues al verificar el requisito del perjuicio grave como supuesto de su procedencia se advierten meras suposiciones de sufrir consecuencias sin ningún sustento, siendo hipótesis que dependen también de una conducta reticente de la accionante a cumplir con la Resolución de la DGR cuya suspensión persigue; ello no es suficiente para demostrar el daño que se intenta evitar con el dictado de la medida cautelar peticionada. Asimismo, al exponer sobre la verosimilitud del derecho no logra acreditar que el mismo exista o tenga apariencia de verdadero, máxime cuando se trata de un acto administrativo que goza de la presunción de legitimidad y de fuerza ejecutoria, que de ser anulado, implicaría suprimir de manera absoluta la potestad recaudadora del Estado provincial respecto del ISIB por un plazo indefinido. Y por último, acerca del peligro de la demora se precisa que el planteo que efectúa se configura por la posibilidad de reclamos por parte de la provincia a su representada como responsable solidario respecto de las presuntas deudas en el ISIB de los contribuyentes, en aquellos casos en que no practique la recaudación total o parcialmente no resulta suficiente para ser considerado como tal; por el contrario, de hacerse lugar a su petición, ello lo habilitaría a incumplir con la resolución antes de que se resuelva la cuestión de fondo -constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma-, propósito que no se corresponde con la finalidad y naturaleza de la cautelar.
Inhabilidad de título, ejecución hipotecaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Teppa de Mongilardi, Elena c/ Lif Fruchtenicht, Hernán Carlos s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-02-22

Es inhábil el título no legalizado por afectar a su autenticidad en una ejecución hipotecaria.
Derecho procesal, interposición de la demanda, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA DORA, YOLANDA c/ I.P.S.A.S. Y PROVINCIA DE SAN JUAN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-18

de los art. 761 Y 762 del C.P.C. Surge el computo de los treinta días hábiles judiciales. Para deducir la demanda en sede judicial debe iniciarse contándolos desde la fecha de la resolución definitiva, desestimando el reclamo (cuando hay denegatoria expresa), o cuando media denegatoria tácita, a partir del vencimiento del plazo de noventa días establecido por el art. 61.
Cuestiones de competencia, competencia provincial, competencia federal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cavazza, Juan Carlos y otros s/ Infr. arts. 125 y otros del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Corresponde a la Justicia provincial continuar con la investigación de la causa, que por la comisión de distintos delitos, se sigue contra los integrantes del grupo denominado "Los niños de Dios. La familia", toda vez que no se han acreditado conductas que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, obstruyan o corrompan el buen servicio de sus empleados o afecten a las instituciones federales.
Acción contravencional, prescripción, competencia
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional nro. 3- s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en A., O. A. s/ art. 71, CC -Apelación-" Contravencional nro. 3- s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en A., O. A. s/ art. 71, CC -Apelación-"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-21

La prescripción de la acción no se operó en la causa; pues este Tribunal dictó la sentencia que resolvió el último recurso local antes de haber transcurrido el plazo de un año de actuación que señala la Ley de Procedimiento Contravencional. (Del voto de la Dra. Conde).
Derechos y garantías constitucionales, jerarquía de las leyes, ley imperativa
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  Roberto s/ recursos  de casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

Las normas que conforman el ius cogens generan por efecto un vínculo jerárquico con otras normas que conforman el derecho internacional y con las normas y actos de los Estados en particular, en virtud del cual el primero adquiere primacía sobre los segundos. Esta relación de suprasubordinación de los ordenamientos locales a estas normas imperativas del derecho de gentes, proyecta efecto nulificantes sobre cualquier disposición en contrario ya sea de nivel internacional o interno. La inderogabilidad vinculada con este carácter nulificante derivado de la posición que ocupa, constituye uno de los atributos fundamentales que se le reconocen al ius cogens. (Voto del Dr. Madueño, adhiere la Dra. Catucci según su voto, adhiere el Dr. Mitchell).
Juicio ejecutivo, cierre de cuenta corriente, excepción de pago, pago parcial
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BCO. DE CREDITO ARGENTINO  S.A. c/ CAFONCELLI, VITO ALBERTO Y OTROS s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

Los pagos denunciados por el ejecutante y por los ejecutados fueron efectivizados luego del cierre de la cuenta corriente, lo cual impone descontarlos al tiempo de la liquidación y con la imputación prevista por el CCIV: 776 y 777.
Principio de inmediación, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V. de C., L.C. c/ S., J.D. s/ Desalojo G., D.J.; G., R.A. s/ Hurto Calificado por Escalamiento en Grado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-07-29|2005-07-05

La experiencia nos enseña que no son pocos los casos en que los testigos, cuando se los interroga en juicio, dan una versión distinta de las que contienen las actas policiales, por eso es importante tener presente el límite impuesto por el Ordenamiento Ritual, artículo 164, primer párrafo: "Función.

La policía deberá investigar, por iniciativa propia, en virtud de denuncia, o por orden de autoridad competente, los delitos de acción pública, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento". Correspondiéndole, entonces, al tribunal de mérito, sin perjuicio de las excepciones autorizadas por el Ordenamiento Adjetivo, el examen de aquello que sostenga la acusación y el descargo, con el control de las partes, exigencia no contemplada por el A-quo en la audiencia de debate, lo que constituye un vicio de procedimiento que tiñe de nulidad la sentencia dictada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, cuestión no constitucional, nulidad procesal, proceso penal, juicio oral
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GIULIANO, HUGO c/  s/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-31

El pronunciamiento sometido a control de constitucionalidad -en cuanto rechaza la queja por apelación denegada contra lo resuelto por el juez de primera instancia que desestimó el planteo de la defensa de nulidad del proceso y dispuso que el plenario se tramitara por juicio oral y público- no es, en principio, sentencia definitiva, ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, toda vez que no resuelve la cuestión de fondo que se debate en el proceso; debiendo tener presente que las decisiones de índole meramente procesal adoptadas durante la sustanciación del juicio -entre las que se incluye el auto atacado- no son, en principio, recurribles por la vía extraordinaria. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco) - CITAS: CSJN: Fallos 304:353; CSJStaFe: AyS T 216, p 471.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Farías, Catalino c/ Barone, Carlos O. y otra s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-25

Una sentencia que no contiene ninguna motivación y solamente incorpora la mención de un texto legal no ha sido dictada en la forma establecida al efecto por las leyes procesales (art. 168, Constitución provincial). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, pronto pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Construcciones Ivoskevich S.A. s/ Concurso Preventivo-Inc. Pronto pago prom. por Cabral Raúl
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-06-15

La inapelabilidad que tenía previsto el rechazo del pronto pago por el artículo 266 de la Ley de Contrato de Trabajo, texto ley 23.472, ha sido modificada por la derogación implícita de esa norma, ante las previsiones del artículo 16 de ley 24.522, según la ley concursal vigente, cuando se denegare el pronto pago -como en el caso- porque los créditos resultan controvertidos, el trabajador debe verificar su acreencia conforme al procedimiento previsto en el artículo 32 y ss. de la Ley de Quiebras.
Arraigo, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: JUNCOS, ADRIAN EDUARDO c/ CORNEJO, MANUEL s/ ORDINARIO     EXPTE NRO 4-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-24

En el plazo de noventa días establecido en el artículo 331 del Código Procesal Civil y Comercial para la constitución de fianza en el arraigo, a partir de la vigencia de la ley 9677, se debe incluir en el cómputo los días inhábiles.
Desbaratamiento de derechos acordados, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Mumbach, Jorge N. s/ recurso de casación Causa: 486
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-14

El tipo penal del artículo 173, inc. 11 distingue dos casos de tornar imposible, incierto o litigioso: a) el derecho sobre el bien, en donde la expresión utilizada es "sobre" y no "al bien", y se trata de un derecho real, y b) el cumplimiento en las condiciones pactadas de una obligación referente al mismo bien.
Actualización monetaria, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIRRE MARIA ELENA c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO EMILIO LAMARCA 335 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-16

Resulta improcedente la declaración de inconstitucionalidad de las normas que restringen la indexación de los créditos, ya que la pérdida del poder adquisitivo se encuentra compensada por la tasa de interés dispuesta por la C.N.A.T. mediante el acta 2357.
Abogados, ejercicio profesional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marello, Cristina R. c/ Provincia de Buenos Aires (Trib. de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

El abogado en el marco de un juicio debe ajustar su conducta a la ley 5177 e instar el trámite del proceso a fin de no provocar la caducidad del mismo, y en caso de insistencia del mandante cesar en la representación que le fuera conferida, única forma de eximirse de responsabilidades eventuales.
Jubilaciones, haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, aclaratoria (procesal)
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Baudou, Osvaldo Jorge c/ INPS - Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ reajustes por movilidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Corresponde hacer lugar al pedido de aclaratoria si el precedente al que se remite el pronunciamiento de la Corte Suprema no resolvió de modo explícito sobre la determinación del haber inicial de la prestación jubilatoria por hallarse el tema, en esa causa, fuera del alcance temporal de los agravios del organismo previsional.
Constitución Provincial, derechos y garantías constitucionales, Seguridad social
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Círculo Jubilados y Pensionados del Banco Provincia de Buenos Aires y Unión de Jubilados del Banco Provincia de Buenos Aires y Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Tercero: Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-10-10

Una fórmula normativa tan amplia como la prevista en el art. 40 de la Constitución provincial en cuanto estatuye que "La Provincia ampara los regímenes de seguridad social emergentes de la relación de empleo público provincial..." podría implicar, a lo sumo, una operatividad análoga a la que se entendiera con respecto a las cláusulas de la primera parte del art. 14 bis de la Constitución nacional que obliga, en principio, al Poder legislativo a darle un alcance.
Concursos, pedido de quiebra, trámites judiciales, prueba sumaria del crédito, producción de la prueba, procedencia del recurso, facultades del juez
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Consorcio de Copropietarios Edificio Calle 24 de Noviembre 442/446 de la Caba c/  s/ pedido de quiebra (por haddad, jose rodolfo)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-04

Si bien no existe en nuestro derecho juicio de antequiebra (conf. esta CNCom, esta Sala A, 17/11/00, "León, Rafael D. s/ ped. de quiebra a Grosso, Ricardo D."; íd. Sala C, 14/02/03, "COVICIFA (Cooperativa de Viviendas Civiles Fuerzas Armadas) s/ ped. de quiebra Mejías, Nancy L"; íd. íd. 6/7/01, "Villegas Juan Carlos le pide la quiebra Levalle Arturo"; íd, Sala D, 20/06/95, "Terralba SA s/ ped. de quiebra por Bagasco, Néstor H"; íd. íd. 30/03/94, "Haras El Etalón de Pergamino SRL s/ ped. de quiebra por Pliner, Marta P."; íd. Sala E, 15/6/01, "Esmirna SA le pide la quiebra Plisatex SA"; íd. íd. 8/5/00, "Baieli Sebastián A. le pide la quiebra Dulfix SA"), no puede soslayarse que el deudor accionado ha negado la legitimidad de la deuda en que se basa la denuncia de que dicha entidad se encuentra en estado de cesación de pagos, aduciendo que los cheques base del pedido, provendrían de una maniobra ilícita. En ese marco, se estima que cabe, dentro de las facultades concedidas por la LCQ 274 al juez de la quiebra, a los fines de establecer cabalmente los hechos controvertidos, disponer que se produzca la prueba ordenada.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, fundamentación del recurso, cómputo de intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: CORRALON BERMEJO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE ISLAS DE CAÑAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-29

Cualquiera sea la clase y fórmula de interés utilizada en la confección de la planilla, lo que interesa es, la comparación entre el monto final de la liquidación y el crédito original, en función de la realidad económica existente en el período considerado con lo que no cabe establecer reglas o tasas generales, sino que, en cada caso concreto, ver si el resultado pretendido resulta o no excesivo, en función del tiempo transcurrido.
Derecho al olvido, libertad de expresión, derecho al honor, derecho a la intimidad, información errónea o desactualizada
Materia: CIVIL
Carátula: Pompilio, Natalia Andrea c/ Google Inc. s/ habeas data (art. 43 C.N.)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

El derecho al olvido se constituye en una herramienta eficaz para conciliar los derechos fundamentales en puja -el derecho a la información y la libertad de expresión, y el derecho a la intimidad y el honor- con relación a la noticia que se pretende suprimir siempre que la información haya perdido actualidad, no tenga ningún tipo de importancia informativa o periodística y se encuentre privada de interés público, histórico o científico
Costas, litisconsorcio pasivo, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Videla Manuel Cruz y Ot. c/ Primo Meschini S.A.C.I. s/ Ejecución Honorarios (LIBRO: a134 - 244)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-10-23

No habiendo sido considerados los litis consortes pasivos partes contrarias en el proceso, es lógico concluir que la calidad de solidarios responsables de los mismos es solamente respecto del actor y sus abogados patrocinantes, ambos en su calidad de vencedores, toda vez que fueron quienes obtuvieron una decisión jurídica favorable en la litis. Por lo tanto si las costas son un corolario del venci miento, la solidaridad por el pago de ellas y que impone la sentencia, debe, en este caso concreto enten derse referida al titular activo del crédito que intervino por la parte vencedora del juicio
Cuestiones de competencia, recurso de apelación (procesal), preclusión, pronunciamiento inoficioso, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MIYAZONO, LIDIA s/ Cheque sin fondos, Incidente de  apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-18

Corresponde declarar mal concedido el recurso interpuesto contra la resolución del Juez que aceptó la competencia que le fuera atribuida por su par en lo Criminal de Instrucción, porque la declaración de competencia a favor del Juez en lo Penal Económico fue dispuesta por el Juez de instrucción que entendió originariamente en el caso. Esa declinación fue propiciada por el representante del Ministerio Público y la parte querellante no mantuvo la apelación que había interpuesto a ese respecto;

en consecuencia, para ambos acusadores, la cuestión quedó precluida y no es susceptible de una nueva apelación. En la causa, la sustanciación dispuesta por el Juez en lo Penal Económico y la providencia declarativa obrante en los autos principales han sido inoficiosas en tanto implicaron reabrir una controversia ya resuelta.
Sueldo anual complementario, pago, presupuesto provincial, empleados públicos, contratos administrativos, empleo público, facultades de la administración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abayu Gabriel Edgardo y otros c/ Pcia. De Río Negro (P. Ejecutivo) s/ Sumarisimo (Ejec.Sentencia) s/ Inaplicabilidad de ley" Simon Alicia Karina c/ Consejo Provincial de Educación de Río Negro y Prov. De Río Negro s/ Sumarisimo s/ Inaplicabilidad de ley Gentili Marcela Andrea c/ Consejo Provincial de Educación - Provincia de Río Negro s/ Sumarisimo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-09-06|1999-09-06|1999-09-29

Los agentes
Daños y perjuicios, contrato de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Malaga S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Riorca S.R.L. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04|1997-04-22

En materia de daños imprevistos, las normas reglamentarias de la ley de obras públicas (art. 38) imponen una carga al particular para permitir a la Administración valorar en forma inmediata al acontecimiento la actitud diligente del contratista en cuanto a los medios empleados para evitar sus consecuencias o disminuir sus efectos, circunstancias especialmente fijadas como objeto de ponderación para admitir el requerimiento o justipreciarlo.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Delger, Julia Elena c/ Blanchard, Horacio s/ Nulidad, falsedad de escritura, rendición de cuentas y liquidación  de la sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-20

Vigente la sociedad conyugal, no es posible derogar su estructura y funcionamiento por vía de decisiones convencionales. Pero que disuelta aquélla, la situación varía, puesto que inexistente ya el vínculo personal y societario, los miembros de la disuelta pareja recuperan en plenitud su autonomía. Pueden liquidar sus bienes en la forma que mejor les plazca, porque en esta etapa sus relaciones no se encuentran ya sujetas a una normativa estricta. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción revocatoria, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ Rogelio Vicente y Otros c/ Riveros Rodolfo Roberto y Otras s/ Revocación de Acto Jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-04-26

El artículo 4033 del Código Civil establece que el plazo con el que cuentan los acreedores para interponer la acción revocatoria pauliana es el de un año, a contar desde el día en que se celebró el acto. Pero la norma referida también determina que, para el caso de que los acreedores no hubieren tenido conocimiento del acto, el plazo comenzará a correr desde el momento en que tomen razón de su celebración.

Ello, en virtud de que es recién a partir de esa oportunidad que el acreedor tiene la posibilidad de atacar al acto realizado en su detrimento. Por ende, el accionante tiene derecho a acreditar que tuvo un posterior conocimiento del mismo y, en tal caso, el plazo corre desde entonces.
Excarcelación, contrabando de mercadería prohibida, tentativa, circunstancias que impiden la excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Briones, Héctor Andrés c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-04

Confirma el fallo que rechazó la excarcelación de un imputado en orden al delito de contrabando agravado por el valor de la mercadería, en grado de tentativa (art. 864 inc. a, agravado conforme lo previsto por el inciso i del art. 865 y art. 871, todos del Código Aduanero). En la causa se investiga una presunta organización criminal, integrada por no menos de quince personas, que se dedicaría al contrabando de mercadería desde la República de Chile hacia la República Argentina. Entiende que resulta evidente la gravedad de la pena en expectativa prevista respecto del delito por el que se encuentra procesado el encausado, escala punitiva que en su mínimo permite descartar la procedencia de una condena de ejecución condicional. Asimismo pondera que existen circunstancias que permiten considerar que el imputado podría entorpecer la investigación en caso de recuperar la libertad y que dicha circunstancia podría tener incidencia en la producción de las distintas pruebas, ya que la investigación se encuentra en sus albores y aún queda pendiente la detención de otros miembros de la organización criminal, a la que pertenecería el encartado.