Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-31


Expte. n° 11329/14 "Moroni, Rubén Emilio s/ infr. art. 189 bis, CP s/ recurso de in-constitucionalidad concedido" Buenos Aires, 31	de marzo de 2015 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Sudeste dedujo recurso de inconstitucionalidad (fs. 108/112) contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas que revocó la decisión de primera instancia en cuanto había rechazado la solicitud de suspensión del juicio a prueba y, en consecuencia, concedió el mencionado instituto, pese a la oposición de la fiscalía, por el plazo y bajo las condiciones a fijar por la jueza de grado (fs. 98/101).

2. En su recurso de inconstitucionalidad -concedido por el tribunal a quo- la Fiscal de Cámara sostuvo que la imposición de la suspensión del juicio a prueba, en contra de la expresa voluntad del Ministerio Público Fiscal tendiente a continuar ejerciendo la acción penal, vulneraba los principios de legalidad, imparcialidad, el debido proceso, el sistema acusatorio, la división de poderes y la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, sostuvo que tal interpretación era contraria a los lineamientos jurisprudenciales delineados por el Tribunal en numerosos precedentes.

3. Al tomar intervención en autos, el Fiscal General consideró que correspondía hacer lugar al recurso y dejar sin efecto el pronunciamiento atacado (fs. 131/135).

Fundamentos El juez Luis Francisco Lozano dijo:

La cuestión aquí debatida es sustancialmente análoga a la resuelta por el Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Máximo s/ inf. art. 189 bis CP'", expte. nº 6454/09, resolución del 08/09/2010. Consecuentemente, por las razones allí dadas y las que desarrollé en "Porro Rey, Julio Félix s/ inf. art. 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 7909/11, resolución del 07/12/2011 -decisiones a las que me remito-, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, revocar la sentencia impugnada y dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba, debiendo continuar el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren.

A su turno, ante la mención del fallo dictado por la CSJN in re "Acosta", que a fs. 99 vuelta el a quo invoca, corresponde señalar que la CSJN, al describir la interpretación que allí descartó por arbitraria, dijo que la sentencia impugnada había sostenido ".que la conformidad fiscal con la procedencia de la suspensión del proceso no era vinculante y que '...al prever dicha figura en abstracto y en su máximo una pena de seis años de prisión, el beneficio se torna improcedente, pues supera el límite de tres años de prisión que impone el art. 76 bis, 1° y 2° párrafos del Código Penal'". En ese contexto, las referencias del máximo Tribunal federal a un derecho a obtener una suspensión del proceso a prueba no pueden ser leídas con independencia de la circunstancia de que en el caso existía una voluntad fiscal favorable a la concesión del beneficio y que era el juez quien se había negado a otorgarlo con base en una interpretación de la ley que la Corte Suprema desechó por errada. Así las cosas, del precedente mencionado no puede extraerse una conclusión contraria a la aquí postulada (v. entre otros el punto 8 de mi voto en "Porro Rey" ya citado).

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Coincido, en lo esencial, con la solución que propone el señor juez preopinante, en orden a que el recurso de inconstitucionalidad sub examine fue correctamente concedido por la mayoría del tribunal a quo.

2. En primer lugar, cabe señalar que la cuestión que se discute en las presentes actuaciones se muestra sustancialmente análoga a la que ha sido resuelta -entre muchísimos otros- in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Legajo de juicio de Pascual Aguilera, Miguel Ángel s/ inf. art(s). 189 bis CP'", expte. nº 9145/12, resolución del 20/11/13.

Al respecto, en el mencionado precedente la mayoría de este Tribunal -con su actual integración- ha sentado doctrina acerca de la controversia aquí propuesta y ha fijado su posición sobre el punto de una forma que torna descalificable sin más lo resuelto, a contrario sensu, por el tribunal a quo. En efecto, aun dejando a un lado mi postura sobre la entidad de los motivos que pueden tener trascendencia para que la fiscalía se niegue a la aplicación del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, el flagrante desconocimiento de la oposición del fiscal que habría tenido lugar en autos -que, incluso, se encontraba justificada concreta y razonablemente en las circunstancias de la causa, con arreglo a los matices que he remarcado en esta clase de asuntos (según mi voto in re "Benavidez", expte. nº 6454/09, resolución del 8/9/10)- conduciría por razones de estricta economía procesal a admitir el recurso de inconstitucionalidad articulado.

A su turno, resulta forzoso concluir que la solución contraria adoptada por el tribunal a quo en el caso, que más allá de haber tomado conocimiento de la opinión de la mayoría de este Tribunal parece persistir con una postura que ya ha sido descalificada de manera reiterada, se muestra desprovista de apoyatura en nuevos argumentos que pretendan justificar adecuadamente el deliberado apartamiento de la jurisprudencia consolidada por esta instancia. En tales condiciones, esa resolución aparece infundada (Fallos 307:1094) y, por lo tanto, no se sostiene como acto jurisdiccional válido.

3. En segundo lugar, según mi propia comprensión del caso también resultaría admisible el recurso de inconstitucionalidad, con respecto al fondo de la cuestión, pues las mismas razones que expuse en el citado precedente "Benavidez" -y/o en las numerosas decisiones que en sentido concordante le sucedieron- me conducen a equiparar a definitiva la resolución objetada a través del recurso concedido por el tribunal a quo. Ello así, porque advierto que la Fiscalía de Cámara ha demostrado que tiene un interés razonable en que el proceso continúe y se sustancie el juicio.

En el caso, el fiscal de primera instancia que intervino en la audiencia se opuso al otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, sobre la base de las circunstancias particulares de la causa. Para sustentar su negativa, el fiscal de mérito señaló que, a su criterio, en el sub lite se investiga "un hecho grave (.) [en el que se verifica] una alta afectación al bien jurídico protegido teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon al caso (.) [porque, de acuerdo al relato del propio involucrado, él reconoció que se encontraba, en horas de la madrugada y en una zona concurrida, altamente] medicado con un arma cargada en su poder [con siete cartuchos de bala en su interior], en condiciones de uso inmediato [y con] (.) un cuchillo [que, también según su propio relato, se le habría caído minutos antes de que fue interceptado por el personal policial]". Por otra parte, el fiscal interviniente tuvo en cuenta que si bien el involucrado era un profesional "universitario" y "auxiliar de la justicia", precisamente por aquella razón correspondía exigirle "un mayor recelo, [toda vez que] tendría que tener un mayor conocimiento de la ley (.) [y también una] mayor exigencia como representante de la sociedad"; conocimiento que simultáneamente, a criterio del fiscal, cabía reclamarle a una persona que en su momento habría contado con una credencial de legítimo usuario -que lo habilitaba para la tenencia de armas de fuego de uso civil- pero que nunca habría contado con un permiso de portación, autorización que, asimismo, se encontraba "vencida desde el año 2002", es decir, desde hacía más de diez años del hecho objeto de esta causa (fs. 73 vuelta). Ahora bien, cualquiera que sea el acierto o desacierto de la hipótesis de investigación seguida por el Ministerio Público Fiscal o de las estrategias probatorias que no pudo desplegar, como consecuencia de esta suspensión del juicio a prueba resuelta contra su expresa voluntad, lo cierto es que esos fundamentos pueden ser calificados como "opinables" de acuerdo a criterios particulares, pero no pueden ser tachados de insuficientes o desvinculados con este caso. Dicho de otra forma, la falta de fundamentación o motivación que los distinguidos integrantes de la Sala II le atribuyeron a la negativa del órgano acusador, en autos, no pasa de ser una particular forma de subrogar al Ministerio Público Fiscal en su función, constituyendo esa subrogación un desconocimiento del sistema acusatorio, del principio de imparcialidad y del debido proceso que simultáneamente le asiste a aquél, en el cumplimiento de las funciones que la ley y la CCABA le acuerdan.

Los fundamentos expuestos por los Fiscales intervinientes, por tanto, "sin más aditamentos, constituyen 'un obstáculo serio, razonado y suficiente' (.) para (.) otorgar el beneficio que se solicita, toda vez que importan una valoración procesal (.) de las características del delito (concreto) que aquí se le atribuye, valoración surgida a partir de un minucioso estudio del caso por parte del representante del Ministerio Público Fiscal" ("Toledo", expte. nº 6534/09, resolución del 28/10/09); minucioso estudio que aun en el supuesto de que finalmente resulte exagerado encuentra justificación en razones de oportunidad o conveniencia político-criminal que le concierne a la acusación evaluar y que -a esta altura- tendrá que ser validado (o no) por los jueces de la causa, al momento de dictar la decisión que se expida sobre su mérito.

4. Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la resolución en cuanto fue materia de agravio y ordenar la continuación del trámite.	Así lo voto.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

1. El recurso articulado por el Ministerio Público Fiscal (fs. 108/112) satisface los requisitos de tiempo y forma exigidos por la ley nº 402.

2. El progreso de la pretensión esgrimida por la recurrente exige determinar la correcta inteligencia atribuible a diversas reglas constitucionales (arts. 13.3, 106, 124 y 125, CCABA) a fin de establecer si la interpretación formulada por la Cámara de la legislación infraconstitucional cuestionada las respeta.

Conforme aquellas previsiones, rige en el ámbito local el sistema acusatorio y la inviolabilidad de la defensa en juicio (cf. art. 13.3, CCABA), como también la autonomía funcional y autarquía del Ministerio Público Fiscal dentro del Poder Judicial, cuya función consiste en promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, velando por la prestación del servicio de justicia y debiendo procurar, ante los tribunales, la satisfacción del interés social (cf. arts. 124 y 125, CCABA).

En ese marco, el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo el ejercicio de la acción pública y el proceso penal está diseñado de forma tal que asegura una separación estricta entre las funciones de acusar y sentenciar, separación que además viene a resguardar la imparcialidad y la defensa en juicio (cf. art. 4, CPPCABA).

La titularidad de la acción penal lleva implícita su discrecionalidad, toda vez que no podrá concebirse dicha potestad si el fiscal careciera de facultades para tomar decisiones sobre su ejercicio.

3. El instituto debatido en autos y reglamentado por el código procesal penal local debe ser interpretado y aplicado a la luz de los lineamientos enunciados como rectores del sistema jurisdiccional local (arts. 13.3, 106, 124 y 125, CCABA).

En lo que aquí importa, el artículo 76 bis del CP, cuarto párrafo, establece que "si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del juicio" (el destacado me pertenece).

Por su parte el artículo 205 del CPPCABA complementa el artículo mencionado en lo relativo a la aplicación de la suspensión del proceso a prueba en el ámbito local, estableciendo que "la oposición del Ministerio Público Fiscal, fundamentada en razones de política criminal o en la necesidad de que el caso se resuelva en juicio, será vinculante para el tribunal. Contra la decisión no habrá recurso alguno".

A la luz de lo expuesto, si bien compete al juez la facultad para otorgar la suspensión del proceso a prueba, el juicio de oportunidad acerca de la conveniencia de continuar o no con la persecución penal recae sobre el Ministerio Público Fiscal, representando su conformidad una condición necesaria para que pueda proceder dicho instituto.

En virtud de ello, el modo en que ha quedado resuelta la cuestión por el a quo configura un manifiesto exceso jurisdiccional. En un proceso organizado bajo el esquema acusatorio -en el cual los fiscales tienen la potestad acusatoria y los jueces la función jurisdiccional-, la interpretación formulada por los magistrados no se acomoda a las previsiones constitucionales que deben regir la materia debatida en autos.

Las atribuciones arrogadas por los jueces de la causa en relación con el instituto aplicado, exceden aquellas que la ley procesal y la CCABA establecen. Los magistrados reemplazan con su actuación la que corresponde al Ministerio Público Fiscal, haciendo propio el ámbito de disponibilidad atribuido al titular del ejercicio de la acción penal, tomando el lugar de una de las partes del proceso.

La norma de fondo puntualmente exige el consentimiento expreso por parte del Ministerio Público Fiscal para otorgar la suspensión del juicio a prueba (cf. art. 76 bis del CP), sin que pueda suplir dicho requisito la falta de fundamentación de la oposición efectuada por el agente fiscal.

En definitiva, la pretensión de determinar el contenido de los actos del representante del Ministerio Público Fiscal a través de un alegado control de legalidad como el descripto, implica su reemplazo, provocando la alteración de roles de los actores del proceso y lesionando la estructura del sistema acusatorio local en vulneración de las reglas constitucionales comprometidas.

4. Por último corresponde hacer notar que la sentencia de la Sala II desconoce abiertamente la jurisprudencia de este Tribunal en "Incidente de apelación en autos Meta, José s/ infr. ley 13.944 (incumplimiento a los deberes de asistencia familiar) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 9429/12, resolución del 20/11/2013; "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis, CP'", expte. n° 6454/09, resolución del 08/09/2010, entre muchas otras. El principio de economía procesal debe guiar la actuación de los tribunales y, tal como es doctrina de nuestra Corte, los tribunales inferiores tienen el deber moral de seguir los lineamientos fijados por los tribunales máximos, con excepción del supuesto en que los primeros aporten nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por estos últimos ("Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", sentencia de fecha 4 de julio de 1985), lo que no ocurrió en el sub judice. En efecto, los fundamentos aportados por la Sala II no son adecuados ni suficientes para apartarse de la doctrina del TSJ.

5. Por lo dicho, corresponde: a) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por el Ministerio Público Fiscal; b) revocar la sentencia recurrida, c) dejar sin efecto la suspensión del proceso a prueba dispuesta en autos y d) ordenar que continúe el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren, conforme la regulación aplicable y lo indicado en las precedentes consideraciones.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

La cuestión que se debate en esta causa resulta análoga a la resuelta por el Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis CP'", expte. nº 6454/09, resolución del 8/9/2010.

En consecuencia, me remito, en lo pertinente, a los argumentos y a la solución expresados en el precedente citado (puntos 2 y 3 del dispositivo), del que se agregará copia para que forme parte de este pronunciamiento.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, revocar la resolución de Cámara impugnada y dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La cuestión que se debate en esta causa resulta análoga a la resuelta por el Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis, CP'", expte. n° 6454/09, resolución del 08/09/2010.

2. En consecuencia, me remito en lo pertinente a los argumentos y a la solución que expresara al emitir mi voto disidente en el precedente citado, del que se agregará copia para que forme parte de este pronunciamiento.

Por ello, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad (fs. 108/112), revocar la resolución de Cámara del 20/03/2014 y dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba, debiendo continuar el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren.

2. Agregar a este expediente copia de la resolución dictada por este Tribunal el día 08/09/10 en los autos "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis, CP'", expte. nº 6454/09, como parte integrante del voto de los jueces José Osvaldo Casás y Alicia E. C. Ruiz.

3. Mandar que se registre, se notifique con copia de la resolución mencionada en el punto anterior y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.