Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-06-03


///MA, 3 de junio de 2015.

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Liliana L. PICCININI, Ricardo A. APCARIÁN, Adriana C. ZARATIEGUI, Sergio M. BAROTTO y Enrique J. MANSILLA, con la presencia de la señora Secretaria, doctora Stella Maris GOMEZ DIONISIO, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "COYAMILLA, JUAN OSCAR C/ LA SEGUNDA A.R.T. S.A. S/ APELACIÓN S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte Nº 26.771/13-STJ), elevados por la Cámara del Trabajo de la Ia. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en esta ciudad de Viedma, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 261/265 por la demandada LA SEGUNDA A.R.T. S.A., deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:

C U E S T I O N E S 1ra.- ¿Es fundado el recurso? 2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde? V O T A C I Ó N A la primera cuestión, la señora Jueza, Doctora Liliana L. PICCININI, dijo:

1. Antecedentes de la causa:

1.1. Mediante sentencia de fecha 8 de mayo de 2013 -glosada a fs. 241/243-, la Cámara del Trabajo de la Ia. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en esta ciudad de Viedma, decidió hacer lugar a la apelación interpuesta por Juan Oscar COYAMILLA contra el dictamen de la Comisión Médica N° 18, y elevar en consecuencia la calificación de su porcentual incapacitante permanente, del 7,60% fijado por aquélla, al 22,78% de la capacidad total obrera determinado en autos, como derivado del accidente de trabajo in itinere sufrido por el actor con fecha 30 de octubre de 2009.

1.2. Para decidir así consideró las pautas técnicas de las periciales médica y /// ///-- psicológica producidas al efecto en el grado, que reputó no rebatidas por la interesada; las cuales indicaran respectivamente una minusvalía física, por afección de rodilla, del 14,2% y una minusvalía psíquica, por cuadro depresivo reactivo, del 10%, que representaran ambas, mediante la fórmula de capacidad restante, la referida minusvalía permanente del 22,78% de la capacidad total obrera.

2. Los agravios del recurso:

2.1. Contra dicha decisión interpone la demandada recurso extraordinario en los términos de fs. 261/265, agraviada en tanto se habilitó el reclamo indemnizatorio respecto de la incapacidad psicológica específicamente determinada en la pericial de autos -en el porcentual ya indicado- en razón del cuadro depresivo reactivo que comprometiera a Coyamilla en sus áreas afectiva, laboral, intelectual y social, con acentuada desvalorización de sí, desgano, sentimientos de desprotección e inmovilidad en interacciones personales, indicando empero inviable un reclamo indemnizatorio con fundamento en el derecho civil, al reclamarse por un accidente in itinere, de exclusivo sustento en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Entiende así que la condena no podía extenderse más allá de una indemnización tarifada según una incapacidad fundada en la tabla de evaluación de incapacidades laborales prevista en el Decreto PEN 659/96, conforme remisión de la LRT, teniendo además especialmente en cuenta que tanto el accidente como la tramitación del proceso transcurrieron durante la vigencia de esa normativa y con antelación a la modificación efectuada por la ley 26773.

2.2. Sostiene que el decisorio vulnera la previsión de los arts. 6, inc. 1 y 6, inc. 2 ap. a, párr. 2do., LRT, en tanto determina que "las enfermedades no incluidas en el listado, como sus consecuencias, no serán consideradas resarcibles", con la única excepción de los casos que sean expresamente reconocidos por la respectiva Comisión Médica. Y que asimismo vulnera la expresa normativa del Decreto 659 del 24/06/96, al admitir la indemnización por una afección psicológica que no está prevista en el baremo, pues en el rubro Psiquiatría se /// ///-2- establece que "solamente serán reconocidas las reacciones o desorden por estrés post traumáticos; las reacciones vivenciales anormales neuróticas; los estados paranoides y la depresión psicofísica que tengan nexo causal específico relacionado con el accidente laboral".

2.3. También afirma que el fallo a quo, al receptar una incapacidad psicológica no contemplada entre las afecciones que dieran lugar a una indemnización tarifada y causada en un accidente in itinere, violenta doctrina de este Superior Tribunal (en su opinión, STJRNS3 Se 27/05 "SAN MARTÍN"; expte. 17341/02-STJ), que estableciera que las indemnizaciones integrales por encima de la tarifación que se acogieron a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24557 con fundamento en "Aquino" y concordantes de la CSJN, no son de aplicación a los supuestos en que la causa de la incapacidad es un accidente in itinere o cuando existe culpa del propio trabajador.

2.4. Critica que la perito psicóloga estimara un grado de incapacidad psíquica aproximado del 10% con referencia al baremo de la ley 24241 -Decreto 479/98- y al baremo para valorar incapacidades neuropsiquiátricas de Castex-Silva, al margen del baremo de la LRT (Decreto 659/96), que resultaba el aplicable, donde el cuadro depresivo reactivo y los trastornos descriptos en la pericial receptada en la sentencia no se hallan previstos en los cuatro tipos de afecciones psiquiátricas postulables para dar lugar a una indemnización.

Arguye en tal sentido (fs. 263/vta.) que Coyamilla no padece ni estado paranoide ni depresión psicótica y, en cuanto a las reacciones o desorden por estrés post traumáticos, cuya mayoría de casos se supera a los seis meses y sólo una parte evoluciona hacia una neurosis post traumática incapacitante, cuando pasa a considerarse reacción vivencial anormal neurótica, sólo reconoce incapacidad del 10% a partir del grado II, que necesita a veces algún tipo de tratamiento medicamentoso o psicoterapéutico, el cual, como no lo advierte prescripto en el caso del actor, concluye que resulta lógicamente imposible encuadrarlo en dicho rubro indemnizable. /// ///-- 2.5. Entiende en correlato que del dictamen no se desprende que haya padecido alguna de las manifestaciones descriptas en el esgrimido baremo para otorgar discapacidad (manifestación depresiva, fóbica, obsesivo compulsiva, psico-somática, histérica, o hipocondríaca), por lo que -entiende- se refuerza la convicción de que la afección psicológica que presuntamente padece el actor no es incapacitante a la luz del baremo de la ley 24557; razón por la cual estima además que se ha incurrido en un supuesto de absurdo casable por este Superior Tribunal (con invocación de la doctrina STJRNS3 Se 53/02, "ALMUNA"; expte. 16654/02-STJ), y así lo solicita en su recurso.

3. Análisis y solución del caso:

3.1. Ingresado en el análisis del recurso interpuesto, advierto de modo liminar, en atención al cariz de la versión recursiva, que la medida de jurisdicción de esta Alzada no se extiende en el caso a la totalidad de lo decidido en el grado, que llega firme en lo referido a la nueva determinación de la incapacidad física de Coyamilla, sino que resulta acotada al aspecto incapacitante basado en su afección psíquica y determinada por el a quo en el 10% de la capacidad total obrera, en razón asimismo de una contingencia alcanzada por la vigencia de la ley 24557 y afectada por su remisión al baremo del Decreto PEN 659/96, es decir, al margen del sistema de responsabilidad objetiva civil, que obviamente no cabía reputar referido -y ciertamente no lo fue en el fallo- a un infortunio laboral in itinere.

Ahora bien, más allá de esa inadecuada digresión recursiva de considerar al decisorio a quo trasgresor del régimen específico laboral por transpolar en autos pautas civiles, advierto que la crítica arribada en definitiva finca esencialmente en dos argumentos, a saber, en primer término, que el a quo se habría apartado de la normativa vigente -LRT y Dto. 659/96- al admitir una incapacidad psíquica en razón de baremos no previstos en tal normativa, desatendiendo así la ley y la doctrina legal aplicables; y en segundo término -accesorio de aquél-, por haber discurrido por esa vía de modo absurdo, al no ponderar adecuadamente los elementos fácticos mensurables para determinar la afección psíquica permanente de Coyamilla, con desatención asimismo de doctrina de este Cuerpo en materia de apreciación /// ///-3- probatoria.

Sin embargo debo adelantar, a tenor precisamente de la doctrina de este Superior Tribunal, sólidamente recaída en materia análoga a la del sub examine, que en definitiva no asiste razón suficiente a la impugnante, conforme explicaré a continuación.

3.2. En efecto, más allá del precedente referido por la agraviada (STJRNS3 Se 27/05 "SAN MARTÍN") que -según ella misma deja entrever- se refería a un análisis concretado en la perspectiva de la reparación integral -por vía del derecho civil-, que no es -reitero- el caso de autos, este Superior Tribunal se ha pronunciado también acerca de la inconstitucionalidad en sí del numerus clausus del baremo al que remite la LRT, precisamente en una causa que sigue de cerca -mutatis mutandi- lineamientos del Máximo Tribunal, como veremos (entre otros, cfr. CSJN, 18/12/2007, in re "Silva, Facundo Jesús c. Unilever de Argentina S.A.", Fallos: 330:5435).

Así, pues, convalidó este Superior Tribunal de Justicia en su momento (cf. STJRNS3 Se 88/10 "MALDONADO") el criterio plasmado por el tribunal de trabajo que había admitido contra el dictamen de la correspondiente comisión médica zonal la apelación de una trabajadora afectada por incapacidad psíquica no contemplada en el baremo referido por la LRT, entendiendo que la ley específica estableció un cerrojo inconstitucional en torno de la existencia de enfermedades resarcibles, al extremo de pretenderse que las no incluidas como tales por el Poder Ejecutivo no resultaban por tanto resarcibles, considerando que semejante criterio era claramente contrario a principios constitucionales indiscutibles; entre ellos, los que establecen que el trabajo, en sus diversas formas, goza de la protección de las leyes, y que aquél que cause un daño debe repararlo. Y al efecto se asumió también en esa perspectiva que el juez competente tiene, de resultar necesario, facultad suficiente para integrar el vacío normativo ante la indebida omisión legislativa, y no puede consagrar so pretexto de silencio legislativo una solución objetivamente injusta o irrazonable, señalando también sin perjuicio de ello que la sanción del Decreto 1278/2000 tuvo oportunamente por objeto subsanar /// ///-- la inconstitucionalidad de la norma, estableciendo que también debían ser consideradas enfermedades profesionales aquéllas que la Comisión Médica Central determine en casos concretos como provocadas directa e inmediatamente por la ejecución del trabajo. Y en tal inteligencia sería incongruente -dijo allí este Superior Tribunal- que el legislador, al establecer todas las obligaciones previstas en la LRT dejara sin sanción a la ART y sin cobertura al trabajador, el cual resulta ser sujeto de la tutela genérica que emana del principio alterum non laedere -art. 19 C.N.-, y de la específica, conforme el art. 14 bis de la Norma Fundamental de la Nación.

De tal suerte memoró en ese mismo caso este Cuerpo que, acerca de la aplicación del art. 6 inc. 2 de la ley 24.557, ya había señalado que lo reconocido expresamente por la ley a una Comisión de Médicos, como facultad especial en el trámite, no se le podía negar a los jueces que deben decidir sobre el conflicto planteado en sus estrados (cf. STJRNS3 Se 40/09 "QUINTANA"); precedente este último en el que también se dijo que, sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de ninguna norma y simplemente aplicando los principios sistémicos surgidos de la propia ley, incidían otras circunstancias de imputación de responsabilidad sistémica, a saber; que la A.R.T. asegurara el riesgo correspondiente, lo cual implicaba hacerlo no sólo de buena fe (art. 1198 CC), sino con el mayor cuidado y previsión (art. 512 CC), en tanto no se trataba de una enfermedad para el listado, sino de un deber de previsión general (art. 1 LRT); que en ese marco se inscribía la previsión de un fondo fiduciario de enfermedades profesionales (arts. 13 y ss. del Dto. 1278/00), cuyo destino -entre otros- era cubrir la reparación de enfermedades del art. 6 inc. 2 ap. B) hasta que fueran incluidas en el listado de enfermedades profesionales. Sin que de ello resulte perjuicio alguno para la ART, quien dispone de acciones de repetición. Finalmente se explicitó que se trataba de una enfermedad cuya relación de causalidad con el trabajo estaba debidamente acreditada en autos.

Asimismo en interpretación que se comparte se dejó en claro que la incompatibilidad con el numerus clausus del baremo referido por la LRT, encuentra fundamento en el art. 19 /// ///-4- de la CN -recogido por el máximo Tribunal de la Nación en autos \"AQUINO\"-, que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero -alterum non laedere-, y en el art. 14 bis del mismo texto normativo, que adopta el principio protectorio según el cual el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes; normativa suprema que en el orden internacional halla eco en el art. 8 inc. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el art. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; normativa conforme la cual toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y además -cf. asimismo con el art. 12, incs. 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; normas todas con jerarquía constitucional desde 1994, en virtud de lo normado en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (cfr. STJRNS3 Se 88/10 "MALDONADO").

3.3. Por lo demás, observo que no resultaría definitoria para reputar excluido del baremo del Decreto PEN 659/96 el cuadro depresivo reactivo de Coyamilla (que comprometiera sus áreas afectiva, laboral, intelectual y social con acentuada desvalorización de sí, desgano y sentimientos de desprotección e inmovilidad en sus relaciones interpersonales, irrogándole minusvalía del 10% de la capacidad total obrera), la circunstancia -en su caso- de no constar prescripción de fármacos para su tratamiento, puesto que, como bien reconoce la misma apelante, no siempre sino sólo a veces se necesita de algún tipo de tratamiento medicamentoso -v. no obstante fs. 185-; máxime que el mismo baremo esgrimido admite expresamente entre sus taxativos supuestos incapacitantes la reacción vivencial anormal neurótica post traumática devenida de reacciones o desorden por estrés post traumáticos, como resultara en definitiva el referido cuadro depresivo reactivo de Coyamilla ante el accidente in itinere padecido con fecha 30 de octubre de 2009.

3.4. Por último y acerca de la invocada absurdidad casable en esta etapa, diré en /// ///-5- consecuencia con lo analizado en torno de la improcedencia del primer argumento recursivo, que el presente no puede seguir mejor suerte, no sólo por accesorio de aquél, dependiente de una pretendida falta de aplicación de ley y de doctrina legal de este Cuerpo, sino también porque no se aprecia en concreto absurdidad alguna al compulsar la crítica con las constancias del caso bajo examen (puede en este sentido compulsarse la prueba pericial, a fs. 185, 186, 187vta. y 205), resultando inaplicable en autos la doctrina señalada (STJRNS3 Se 53/02, "ALMUNA"; expte. 16654/02-STJ) en el recurso.

4. Decisión:

Concluyo en consecuencia que la versión de la demandada carece de fundamento indispensable para ser atendida favorablemente, al no resultar la tesis recursiva demostrativa de los graves vicios que achacara al juicio del tribunal de grado, que antes bien, no ha logrado desvirtuar. Y de acuerdo, entonces, con todo lo expuesto, corresponderá rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley glosado a fs. 261/265, con costas. ASÍ VOTO.

A la misma cuestión los señores Jueces, doctores Ricardo A. APCARIÁN y Adriana C. ZARATIEGUI, dijeron:

ADHERIMOS a los fundamentos vertidos por la señora Jueza preopinante y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.

A la misma cuestión los señores Jueces, doctores Sergio M. BAROTTO y Enrique J. MANSILLA, dijeron:

Atento a la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión.

A la segunda cuestión la señora Jueza, doctora Liliana L. PICCININI, dijo:

Por las razones expresadas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, interpuesto a fs. 261/265 por la demandada LA SEGUNDA A.R.T. S.A., y confirmar el pronunciamiento de fs. 241/243 (cf. arts. 296 y ccdtes. del CPCCm. y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).

Asimismo propongo imponer las costas de esta etapa a cargo de la demandada /// ///-5- vencida (art. 68, CPCCm.); a cuyo efecto propicio regular los honorarios profesionales por su actuación en esta vía, del doctor Julio Mario RICCA, por la demandada LA SEGUNDA A.R.T. S.A. y del doctor Pablo Omar GÁLATRO, por el actor, respectivamente en el 25% y 30% de lo que les corresponda a cada representación letrada en la instancia de origen, los que deberán ser abonados dentro del plazo de diez (10) días (arts. 15 y ccdtes. de la Ley G Nº 2212).

A la misma cuestión, los señores Jueces, doctores Ricardo A. APCARIÁN y Adriana C. ZARATIEGUI, dijeron:

ADHERIMOS a la solución propuesta en el voto que antecede.

A la misma cuestión los señores Jueces, doctores Sergio M. BAROTTO y Enrique J. MANSILLA, dijeron:

NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.).

Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

Primero: Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, interpuesto a fs. 261/265 por la demandada LA SEGUNDA A.R.T. S.A., y confirmar el pronunciamiento de fs. 241/243 (cf. arts. 296 y ccdtes. del CPCCm. y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).

Segundo: Imponer las costas de esta etapa a cargo de la demandada vencida (art. 68, CPCCm.).

Tercero: Regular los honorarios profesionales por su actuación en esta vía, de los doctores Julio Mario RICCA, por la demandada LA SEGUNDA A.R.T. S.A. y del doctor Pablo Omar GÁLATRO, por el actor Juan Oscar COYAMILLA, respectivamente en el 25% y 30% de lo que les corresponda a cada representación letrada en la instancia de origen, los que deberán ser abonados dentro del plazo de diez (10) días (arts. 15 y ccdtes. de la Ley G Nº 2212). /// ///-- Cúmplase con la ley 869 y notifíquese a la Caja Forense.

Cuarto: Registrar, notificar y oportunamente devolver las presentes actuaciones.

Firmantes:

PICCININI -1º voto-; APCARIAN -2º voto-; ZARATIEGUI -3º voto-; BAROTTO -4º voto (en abstención) y MANSILLA -5º voto (en abstención) GOMEZ DIONISIO -Secretaria STJ.