marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho laboral, despido, prueba, indemnización
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Deluqui, Ricardo Gabriel c/ Garbarino SAICI s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

En el caso, la accionada ha abonado oportunamente las indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245 de la LCT, pero de manera parcial al considerar una errónea base de cálculo. Frente a tal escenario, no corresponde que la sanción instituida por el art. 2 ley 25.323 se aplique sobre el total indemnizatorio -oportunamente abonado y diferencias admitidas en el pleito- toda vez que la causa de la obligación se proyecta sobre el crédito pendiente de pago que es justamente la medida del incumplimiento. (Del voto en disidencia del Dr. Arias Gibert)
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: DE LA ARADA LUIS ANGEL c/ BANCO DE LA PAMPA s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-07-07

En general, los ordenamientos procesales argentinos consagran el principio del vencimiento, aunque no en forma absoluta, por cuanto también se permite eximir de costas al vencido cuando el tribunal encontrare mérito para ello.

En párrafos anteriores de este pronunciamiento hemos transcripto el art. 62 del código provincial de rito y como se puede observar, sigue estos mismos lineamientos.- La teoría del vencimiento ha sido desarrollada por Chiovenda en su obra "La condena en costas" publicada en 1901. Según este autor -conforme hace notar Reimundín- la condena en costas del vencido constituye una reparación, cuya índole especial resulta de la íntima conexión existente entre las costas y el proceso. Éste debe conducir a la declaración del derecho, tal como era al entablarse la demanda y como si fuese reconocido en el instante mismo en que se deduce. Si este reconocimiento del derecho trae aparejados gastos, éstos deben reintegrarse al patrimonio del titular del derecho a fin de que el medio empleado para su reconocimiento no produzca una disminución del derecho mismo (Cfme. Reimundín, Ricardo, "La condena en costas", Víctor P. De Zavalía Editor, Buenos Aires, 1966, pág. 29).- Asimismo, la reparación establecida a cargo del vencido ofrece dos notas características que la diferencian del resarcimiento ordinario de daños y perjuicios. En efecto, por una parte, la condena en costas sólo requiere la condición objetiva del vencimiento ya que no está subordinada ni a la temeridad ni a la culpa del vencido; y por otra, debe ser declarado de oficio por el juez juntamente con la del derecho que se ventila.- La responsabilidad que recae sobre la parte vencida se justifica en la circunstancia de haber gestionado un proceso sin éxito y en la correlativa necesidad de resguardar la integridad del derecho que la sentencia reconoce a la parte vencedora. En caso contrario, los gastos realizados para obtener ese reconocimiento se traducirían, en definitiva, en una disminución del derecho judicialmente declarado.-
Daños y perjuicios, acción civil por accidente de trabajo, indemnización por muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización laboral, responsabilidad del empleador
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: BENEGAS, Norma Esther c/ PEÑAFLOR S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACCIDENTE DE TRABAJO)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-04

Cuando son terceros los que intentan hacer valer frente al empleador la acción de reparación del perjuicio ocasionado por el fallecimiento del trabajador, la naturaleza de tal pretensión es extracontractual, pues con anterioridad al hecho ellos no eran acreedores de nada a su respecto, con quien no estaban ligados por vínculo obligacional alguno y es sólo a partir del hecho dañoso que resultan acreedores del resarcimiento y quedan ligados desde entonces con el empleador, como responsable del daño proveniente de un hecho ilícito.-
Recurso de apelación (procesal), ejecución de sentencia, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Baltanas, Mirta Liliana c/ Monterrubianes, Roberto Enrique s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-13

La regla de inapelabilidad que consagra el art. 591 del CPCC sólo es aplicable en el trámite de ejecución de sentencia una vez que queda consentida o ejecutoriada la resolución que manda llevar adelante la ejecución (arg. art. 508 del mismo Código).
Recurso de casación, suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Rios, Victorio Abelardo - Suárez, Sebastián Ismael s/ Homicidio culposo y encubrimiento s/Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-11-12

La suspensión del proceso no debe ser tomada como mecánica concesión de la ley hacia el imputado. La insatisfacción de las víctimas no es un dato menor, ellas no dirimen el conflicto, no se requiere -al igual que en los acuerdos reparatorios- su consentimiento, pero ello no significa que no deban ser oídas -no olvidemos que la provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, tal como lo dispone el artículo 65 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos. (Del voto del Dr. Chaia)
Juicio político, Poder Judicial Provincial, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Juzgado de Instrucción de Goya s/ eleva  solicitud  de  juicio  político  a la Sra. Juez de Paz Letrado  Nro. 2, María Elisa Maydana
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

No podría la Corte permanecer indiferente ante un pronunciamiento de las más altas autoridades judiciales locales que, expresa o implícitamente, convalidara un acto absolutamente arbitrario, una parodia o remedo de juicio político, a punto tal que careciera de las mínimas exigencias para ser tenida como acto jurisdiccional válido.
Honorarios, crédito por honorarios, tasas de interés, tasa pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: Iturralde Rómulo Jorge y otro c/ Estado Nacional Ministerio de Educación de la Nación s/ rescisión de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15

De conformidad con lo dispuesto por el art. 61 de la ley n° 21.839 con posterioridad al 1° de abril de 1991 los intereses moratorios por créditos de honorarios deben calcularse según la tasa pasiva promedio que publique el Banco Central de la República Argentina. Contrariamente a lo afirmado por el recurrente esa norma se encuentra vigente y su texto actual data del año 1995 -ley 24.432-, cuando ya regía la prohibición de actualizar deudas por desvalorización monetaria (conf. art. 7 de la ley 23.928). La disposición especial del arancel es la que gobierna un caso como el de autos, tal cual lo han resuelto en reiteradas ocasiones la Corte Suprema (conf. Fallos 324:3980, Fallos: 327:1827; 328:3070, entre otros) y las tres Salas del fuero (conf. Sala I, causa n° 29.473/95 del 7.3.06; Sala II, causa 3991 del 12.2.98 y Sala III, causa n° 5018/98 del 1-4-08). Y a esta altura del razonamiento parece atinado recordar que no le es dado a los jueces prescindir de la aplicación del texto expreso de la ley en un caso concreto, sin declarar previamente su inconstitucionalidad (conf. Fallos 313:1007, entre muchos otros), impugnación que no fue insinuada por el interesado. Carece de relevancia, entonces, lo que pudieran haber decidido tribunales de otros fueros sobre la materia, aun cuando se trate de jurisprudencia plenaria.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Blanco Credicoop Cooperativo LTDO c/ Ktenas Alejandro s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

El certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria emitido con las firmas conjuntas de gerente y contador, es un título autónomo que no debe ser completado por ninguna otra documentación, siendo impropio investigar lo que no consta en el título mismo, ni averiguar la génesis del monto certificado o exigir anuencia previa del deudor para su cobro judicial. No se exige la autenticación de las firmas a que se refiere el art. 793 del Cód. Com. ni la prueba de los cargos desempeñados por los firmantes, ni éstos deben dar fe del saldo deudor de la cuenta bancaria, ni es menester que el saldo sea comunicado al cliente o conformado expresa o tácitamente por éste.
Contratos, fideicomiso, obligaciones del fiduciario, acción de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Acerra, Nicolás Ruben y otros c/ Bapro Mandatos y Negocios SA y otro  s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-14

La obligación asumida por el fiduciario, en principio, es de medios dado que no se puede comprometer a obtener rendimientos de los bienes recibidos, o los máximos beneficios posibles, sino únicamente, a poner de su parte todos sus conocimientos, aptitud, empeño y dedicación para alcanzar el resultado esperado pero no asegurado y para minimizar los riesgos. El interés primario consiste en que la actividad profesional técnica sea efectuada con diligencia, con ajuste a los procedimientos que los respectivos negocios señalen como los más aptos para el logro de esos fines, pero sin dar certeza de que ellos se puedan alcanzar. Debe poner toda su capacidad y esfuerzo para la obtención de la finalidad prevista en el acto constitutivo (véase Kiper- Lisoprawski, "Tratado de Fideicomiso", pág. 316 y sgtes.). Sin perjuicio de lo expuesto, cabe advertir que no siempre las obligaciones del fiduciario son de medios. En los negocios fiduciarios, en general, hay obligaciones instrumentales y accesorias que son claramente de resultado, como ser la obligación de efectuar análisis técnicos de riesgos, la de rendir cuentas, la de hacer inventario, la de contratar seguros, la de cobrar los créditos, etc. Al ser así, la sola prueba del incumplimiento es suficiente para presumir la responsabilidad (Kiper-Lisoprawski, ob. cit., pág. 317/8). Se puede decir entonces que hay obligaciones principales o de gestión que son de medio, como sucede con la administración de los bienes, adecuada inversión, obtención del mayor rendimiento posible. Otras, de carácter instrumental y accesorio, son de resultado y por ende, el factor de atribución es objetivo, pues no es menester probar su culpa, no porque ésta no exista, sino porque carece de interés.
Cuestiones de competencia, beneficio de litigar sin gastos, queja por apelación denegada, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Gabilondo, Oscar Rubén c/ Policía Federal Argentina y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

La petición del beneficio de litigar sin gastos a raíz de la interposición de un recurso de queja por apelación denegada, no puede ser radicada ni sustanciada ante la Corte Suprema, pues comporta un procedimiento de índole ajena a su competencia y propia de los jueces de la causa.
Impuestos, régimen penal tributario, extinción de la acción penal, personas jurídicas
Materia: PENAL
Carátula: MECANICA INDUSTRIAL REPUESTERA S.A. s/ Régimen Penal Tributario, Incidente de extinción de la acción penal  Causa 32918
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

1- No corresponde declarar la extinción de la acción penal conforme al Art. 14 de la Ley Penal Tributaria 23771 cuando no hay persona alguna sometida a proceso a cuyo respecto quepa preciar si resulta aplicable una condena de ejecución condicional (Del voto del Dr.

Repetto).- 2- No puede declararse extinguida la acción penal respecto de una persona de existencia ideal pues la extinción está referida a la suspensión condicional del cumplimiento de la pena y esa suspensión solo cabe cuando se trata de la pena de prisión y, más allá de la cuestión doctrinaria acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esa clase de pena solamente cabe a las personas de existencia visible (Del voto del Dr. Hendler).

3- La extinción de la acción penal, conforme al Art. 14 de la Ley Penal Tributaria, puede declararse en cualquier estado del proceso sin ser necesario el procesamiento de los imputados y solamente requiere para su procedencia que la posible condena futura sea de ejecución condicional y que no haya sido utilizada con anterioridad (Del voto en disidencia del Dr. Cortelezzi).- 4- Si el beneficio solo se aplicara a los procesados se crearía una ventaja para quienes se encuentran en una posición más comprometida en el proceso (Del voto en disidencia del Dr. Cortelezzi).- 5- Es improcedente extender la extinción de la acción penal a las personas de existencia ideal, lo cual carece de fundamento legal, por cuanto la ley penal tributaria no prevé sanciones para ellas y sí para los autores materiales de los delitos. Por un elemental principio de orden penal, este aspecto de la ley cit., que podrá ser criticable, no puede ser suplido por la aplicación analógica de otras leyes, como las aduaneras y cambiarias, que sí determinan sanciones para las personas jurídicas (Del voto en disidencia del Dr. Cortelezzi).
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, resoluciones equiparables a definitiva, Estados extranjeros, inmunidad de jurisdicción, aplicación de la ley, demanda contra Estado extranjero
Materia: PROCESAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: O.S.N. c/ Embajada de la URSS -Representación Comercial de Rusia s/ ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-21

Es formalmente procedente el recurso extraodinario por cuanto, la decisión que dispuso la aplicación del inc. f, del art. 2° de la ley 24.488 es equiparable a sentencia definitiva pues, por su índole, es éste el momento oportuno para hacer cesar la situación de indeterminación jurídica que irroga gravamen al Estado extranjero recurrente, en una materia, como la inmunidad de jurisdicción y de ejecución, que reviste importancia internacional sobresaliente.
Recurso de casación, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: GEOWELL    SOCIEDAD   ANONIMA  INDUSTRIAL,  COMERCIAL  Y  FINANCIERA c/ VAZQUEZ ROBINSON Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-10-21

La purga de la perención de la instancia sólo opera en una correcta inteligencia del texto procesal provincial, cuando la actuación de la parte es previa y cuenta además, con el acto de consentimiento;

se requiere un acto jurídico procesal bilateral con la integración de dos voluntades expresas (art. 944 del Código Civil) con una relación lógica de antecedente y consecuente.
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mollard, Roberto Saúl c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Oviedo, Jorge Omar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa De Nucci, Osvaldo R. c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda Contencioso Administrativa Degrossi, Elida Josefina c/ I.P.S. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-08|1987-06-23|1987-06-23|1987-07-28

En materia de haberes previsionales adeudados procede la actualización monetaria desde que se devengaron, actualización que sólo puede dispensarse en caso de que medien circunstancias que hicieren imputable por entero al acreedor la demora en la percepción del crédito.
Derecho procesal, medidas cautelares, medida cautelar innovativa
Materia: PROCESAL
Carátula: M., E. R. B. c/ C. Sociedad Anónima de Ahorro para Fines Determinados s/ medida cautelar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-15

La medida cautelar innovativa solicitada tiene naturaleza excepcional y requiere para su concesión la estricta concurrencia de los recaudos clásicos que tornan admisible toda cautelar; esto es, verosimilitud del derecho y peligro en la demora; como así también un recaudo propio: el daño irreparable.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, monto del juicio, procedencia del recurso, acumulación de acciones
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Abdo, José y otros c/ D.G.I. s/ cobro de australes por diferencias salariales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

La razón de la norma que impone un valor económico en litigio de mayor cuantía para la procedencia del recurso ordinario de apelación ante la Corte, radica en la magnitud de los concretos intereses en tela de juicio y, en los casos de acumulación no hay, a pesar de ella, otro concreto interés que el de cada uno de los litigantes "no obstante la acumulación dispuesta por la voluntad de las partes".
Astreintes, responsabilidad del Estado, Municipalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Arbia, Eduardo Pascual c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-29

En orden a las sanciones solicitadas, esta Sala tiene dicho que su aplicación no es procedente frente a cualquier hipótesis de incumplimiento demorado sino que es menester que se configure una conducta del deudor que dé suficiente cuenta de un ánimo doloso o de una actitud gravemente negligente.

Sanciones de este tipo son, por principio, ineficaces cuando el sujeto pasivo en el Estado (Municipal, en el caso), habida cuenta de un ánimo de que su solvencia patrimonial no puede resultar comprometida de tal forma.

Atendiendo a tales razones, y a que en ningún caso la finalidad de las "astreintes" es resarcitoria los perjuicios ocasionados por la demora al acreedor, cuya reparación se debe perseguir por otras vías, no cabe disponer - por ahora - su aplicación, habida cuenta de que la demandada habría demostrado, de manera preliminar, que no media desidia de su parte en el cumplimiento de la sentencia dictada en autos.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, delito de peligro
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLANI, ALAN EZEQUIEL c/  s/ PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

En el presente no sólo se trata de una escala penal de por sí elevada -teniendo en cuenta que se discute la respuesta punitiva para un injusto de peligro- sino que, fundamentalmente, la Cámara justificó adecuadamente la decisión de perforar en el caso en concreto el mínimo legal previsto para el delito de portación ilegítima de arma de guerra y la imposición de una pena de prisión de ejecución condicional, no advirtiéndose arbitrariedad en la argumentación efectuada por la Alzada, que justificó su proceder en la situación personal del justiciable, profundizando en sus dificultades para ganarse el sustento y en que la exigibilidad de la motivación en la norma se vio en su caso ostensiblemente reducida producto de su falta de acceso a la educación formal y por vivir en un contexto de exclusión. (De la disidencia del Dr. Erbetta)
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, Cámara de Apelaciones, expresión de agravios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MEDICI, MIGUEL A. c/ PERELLO, JUAN CARLOS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-09-27

Esta Corte tiene dicho que no es tarea propia apreciar la suficiencia técnica de la expresión de agravios -función reservada al tribunal de alzada- pero sí controlar que en la valoración de dicho extremo no se incurra en arbitrariedad, por vía de aplicarse un criterio que, por irrazonablemente formalista, conspire con el escrupuloso respeto que merece el derecho de defensa. No debe olvidarse a este propósito que -a contrario de lo que acontece con los recursos extraordinarios- el examen de los agravios en segunda instancia, debe abordarse con amplia actitud cognoscitiva: más hacia la justicia de la composición de la causa que al flanco estricto de su legalidad. Desde luego, la flexibilización aludida no implica dejar de lado las exigencias que imperan para la fundamentación del recurso de apelación, pero sí ubicar las cosas en su justo lugar: a una crítica seria y razonada del fallo inferior, inteligible en los cuestionamientos que se efectuaron respecto de éste, aun cuando no resulte excelsa en sus aspectos técnicos, no puede seguirle una respuesta jurisdiccional que margina la sustancia litigiosa para examinar los términos de la expresión de agravios, con disvaliosa e inmotivada exigencia, sólo inspirada en estéril rigorismo formal. De insistirse en esa postura, el cuadro de la apelación se desjerarquiza y, por el carril de un desvío interpretativo se desestructura la función de la Alzada.-
Despido indirecto, situación de despido, suspensión del trabajador, suspensión preventiva, plazo máximo, sumario administrativo
Materia: LABORAL
Carátula: GANDARA, ALBERTO c/ BANCO LOS PINOS COOP. LTDO. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30

Resulta injustificado el despido indirecto resuelto por el trabajador que se dio por despedido a 10 días de hallarse cumpliendo una suspensión precautoria, pues si bien tal figura no contiene un plazo cierto, el cual depende en general de la sustanciación del sumario respectivo, no debe perderse de vista el carácter especial de dicha suspensión y la necesidad, cuanto menos, de tener en cuenta el límite de 30 días que la ley impone para otro tipo de suspensiones.
Competencia, competencia originaria, competencia del Superior Tribunal de Justicia, reforma de la constitución
Materia: PROCESAL
Carátula: Pérez Dubrez, Graciela Irene c/ Dirección de Educación Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Instituto de Enseñanza Superior "Alicia Moreau de Justo". s/ Solicitud de inhibitoria en acción de amparo Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Instituto de Enseñanza Superior "Alicia Moreau de Justo". s/ Solicitud de inhibitoria en acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-15

La competencia originaria del Tribunal Superior de Justicia está expresamente determinada en la Constitución local y sólo puede ser aumentada, disminuida o modificada por una reforma constitucional.

La configuración de esta competencia transciende las potestades del legislador, las de los jueces y las de las partes, y no se trata de una "competencia residual" acerca de asuntos sobre los que no se pueda determinar cuál es el tribunal específico.
Impuesto sobre los ingresos brutos, AFJP, seguro por invalidez
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA (Dr. Hugo Molinero) s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y expte. n° 3006/04 "Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.)' Molinero) s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y expte. nº 3006/04 "Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-29

La ley nº 24.241 impone a cada Administradora de Fondos de Jubilación y Pensión [AFJP] la contratación de un seguro colectivo de invalidez y fallecimiento [arts. 99, 174 y 175] con el objeto de resguardar su equilibrio económico y financiero frente a la eventual muerte prematura o incapacidad laboral de sus afiliados, que mermaría el flujo de cotizaciones al sistema. La incorporación de este mecanismo asegurativo tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la AFJP frente a sus afiliados o beneficiarios y ese es el fundamento de la inembargabilidad de los fondos en caso de quiebra, disolución o liquidación de la administradora, supuesto en el cual será la aseguradora la que afrontará el pago en beneficio del afiliado o beneficiario.