marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: GALVAN, ALBERTO L. c/ LA CANTABRICA  S.A.M.I.C. s/ 1113 C.CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-08

En el supuesto de accidentes del trabajo, ante la duda y en caso de ser opuesta la defensa de prescripción, debe estarse a la solución más favorable a los intereses de la víctima.
Libertad sindical, personal policial, Constitución Nacional, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/ Asociación Profesional Policial y Penitenciaria de Entre Ríos s/ ley de asoc. sindicales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

Si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional no consagra en favor del personal policial el derecho a constituir un sindicato, diversas normas de jerarquía constitucional sí consagran dicho derecho (artículo 8° del PIDESC; artículo 22 del PIDCP; artículo 16 de la CADH; artículo 8° del Protocolo de San Salvador); todas estas normas, no obstante y en consonancia con los demás tratados internacionales con jerarquía constitucional, condicionan el derecho a la sindicalización a que los estados signatarios de los tratados en cuestión no hayan adoptado medidas restrictivas al respecto (artículo 8°, inciso 2, PIDESC; 22, inciso 2, PIDCP; 8°, inciso 2, del Protocolo de San Salvador) o no hayan prohibido la sindicalización (artículo 16, incisos 2 y 3, CADH).
Inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Piccini, Luis María y otro c/ Municipalidad de Tres de Febrero. Coady.: Obispado de Gral. San Martín s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

En la instancia originaria de la Corte los particulares tienen la opción de acudir con el planteo constitucional en forma directa y preventiva por la senda de la acción de inconstitucionalidad, o articularlo en el seno del proceso contencioso administrativo como modo de defensa (arts. 57, 161, inciso 1, primera parte y 215, Const. prov.). (Minoría u opinión personal)
Falso testimonio, competencia
Materia: PENAL
Carátula: CAMPO, Gloria s/ Falso testimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-06

Siendo la administración de justicia el bien jurídico protegido por el delito de falso testimonio, el juzgamiento corresponde a la jurisdicción donde tramita la causa en la que se ofreció la testimonial que importa la comisión de tal ilícito, aún cuando la declaración haya sido recibida en otra Provincia o en territorio federal.-
Tierras fiscales, tenencia simple
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: LOZADA, LEONARDO c/ RONDINELLI, MARTA T. s/ DESALOJO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-10-07

Nada puede fundar que se limite la potestad de los particulares que legítimamente ocupan la tierra fiscal -por haber sido autorizada su ocupación, aun precaria, por el Estado- para que en defensa de esa ocupación concedida por el Estado, ello es, en el mismo propósito de la resolución del fisco, actúen ejercitando las acciones de desalojo e interdictos que la ley concede a los meros tenedores. Esas acciones no hacen otra cosa que defender los derechos del tenedor, pero simultáneamente defienden una tenencia concedida por el Estado a particulares previamente seleccionados, es un buen procedimiento que colabora en el mantenimiento del orden administrativo y en la defensa de las decisiones del Estado.
Adopción, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: E., J. N. s/ Adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15

El pedido de adopción de un menor que fuera entregado por su madre a los peticionantes con tal fin, es de competencia del Juez de Menores. (Minoría u opinión personal)
Sentencia arbitraria, procedimiento tributario, clausura del establecimiento, AFIP DGI
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Di Lernia, Cristóbal y Nicolás s/ su apelación multa (infr. art. 44 - inc. 1 ley 11.683).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Es sentencia definitiva del superior tribunal de la causa, el fallo del juez de primera instancia que revocó la sanción de clausura dispuesta por la Dirección General Impositiva, en el marco del sumario instruido por infracción al art. 44, inc. 1, de la ley 11.683 (t.o. 1978 y modificaciones).
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Juan Carlos c/ Telefónica de Argentina SA s/ Indemnización despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-27

No resultan atendibles los argumentos vinculados con la pretendida falta de fundamentación legal, en tanto se encuentra suficientemente explicitado en el pronunciamiento de origen el sustento jurídico de la decisión cuestionada (art. 171 de la Constitución provincial).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, jubilaciones, haber jubilatorio, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Saques, María Hermida Moyano de s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-21

La omisión de tratar la impugnación de norma que estableció el congelamiento de los haberes de jubilación por un término incierto justifica declarar la procedencia del recurso federal deducido, atento a la incidencia que esa disposicion tiene en cuanto al reclamo de la jubilada.
Gas, Ente Nacional Regulador del Gas, multa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cooperativa  Eléctrica  y  de Servicios Mariano Moreno Ltd y otro c/ Resolución 3149-3150/05 ENARGAS (Expte 506/04).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-04

Cuando el importe de la multa aplicada se sustenta en los parámetros dictados en el art. 71, inc, a) de la ley 24.076, su graduación se circunscribe en la órbita de las facultades propias del Ente Nacional Regulador del Gas de acuerdo a las variaciones económicas que se operen en la industria con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (Sala I, "Distribuidora de Gas del Sur S.A. c/ Enargas 8/93", 20/12/94) (Cons. III).
Robo seguido de lesiones, tentativa, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: S., C. G. R. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-22

Lo dispuesto por el art. 166, inc. 1º del C.P. no sólo resulta aplicable cuando las lesiones son directamente inferidas para robar, sino siempre que sean sencillamente el producto de la violencia empleada contra las personas, en cualquiera de los momentos en que tal violencia resulte constitutiva de robo. El artículo en cuestión contempla un delito complejo que no requiere la consumación del robo, nota ésta que excluye la posibilidad de la aplicación de las reglas de la tentativa. Si durante el cumplimiento de los actos enderezados al apoderamiento para realizar el robo se produce alguna de las lesiones de los arts. 90 o 91 del C.P., el delito del art. 166 queda integrado en todos sus elementos constitutivos, sin que interese si el robo propuesto alcanzó o no a consumarse. Por ello, debe confirmarse el procesamiento del imputado en orden al delito de robo agravado por haberse causado lesiones a la víctima.
Honorarios del abogado, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nacchia, Savero c/ Dirección de Vialidad s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-25

Del armónico juego de los arts. 54 y 57 del dec ley 8904/77 se concluye que tanto la notificación personal como la efectivizada mediante cédula resultan válidas, si bien para la que se lleve a cabo por medio de ésta última, es menester efectuar la transcripción ordenada en el art. 54 ya mencionado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Marcas, información al consumidor, publicidad comparativa, monto de la indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: LABORATORIOS  BAGO  S.A. c/ BRISTOL MYERS SQUIBB ARGENTINA S.R.L.S/ s/ ESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-08

La dificultad e incluso la imposibilidad de prueba de estos extremos no pueden dar por resultado la falta de sanción frente a la conducta calificada de ilícita. En concordancia con la línea jurisprudencial sostenida en este fuero (confr. esta Cámara, Sala 2, causa 7972/91 del 3/9/96; Sala 3, causa 6271/99 "Iudica Antonio y otro c/Mark S.R.L. s/cese de uso de marca y daños y perjuicios" del 24/2/2005, entre otras), acepto una presunción del daño, pero, ante la falta de elementos objetivos para su determinación precisa, debo ser particularmente mesurada y prudente en su cuantificación. En tal sentido, admito la existencia del daño y, en uso de las facultades conferidas por el artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, teniendo en cuenta el volumen importante de unidades vendidas por el laboratorio demandado -y la ganancia que ello debería significar para quien indudablemente ha obtenido provecho de una modalidad de campaña que reitera en el mercado-, propongo al Acuerdo determinar prudencialmente el daño sufrido por la parte demandante en la suma de $ 10.000 (pesos diez mil).
Derecho laboral, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: VAZQUEZ RAUL OSCAR c/ I.A.P.S.E.R. ART s/ ENFERMEDAD PROFESIONAL CON ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-10

Habré de disentir con la vocal del primer voto que confirma la sentencia de grado cuando aplica el ajuste por RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de Trabajadores Estables) a la prestación que resulta de la fórmula de cálculo del artículo 14.2 de la LRT a la que accede el actor (...), considerando que aquella ya contiene un elemento actualizador y dinámico, como es el ingreso base del trabajador damnificado. [...] Más la reglamentación vigente al momento del dictado de la sentencia (03/04/2014), resulta ser la Res. 3/2014 (13/02/2014) que estipula expresamente en su artículo 2 que: "... para el período comprendido entre el 1/3/2014 y el 31/8/2014 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar. $521.883 por el porcentaje de incapacidad." (Del voto del Dr. Medori, en mayoría).
Proceso contravencional, legitimación activa, Ministerio Público Fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Richichi, Sergio Daniel s/ Infracción artículo Ley 1472
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-19

En el caso, la defensa oficial del imputado, sostiene que el fiscal carece del "derecho al recurso" contra una sentencia absolutoria, ya que el recurso ha dejado de ser un mecanismo de contralor para convertirse en una garantía procesal del imputado.

Ahora bien, el ordenamiento contravencional carece de una norma restrictiva para la interposición del recurso de apelación por parte del Fiscal, como sucede en la materia delictual, ya que el artículo 50 de la Ley Nro. 12 informa que "la sentencia es apelable dentro de los cinco días de la notificación, mediante escrito fundado. Las actuaciones se elevan de inmediato a la Cámara".

En consecuencia, la afirmación efectuada por el Sr. Defensor acerca de que el Fiscal carece de "derecho al recurso" consiste en una interpretación posible pero no vinculante para este Tribunal, quienes sostenemos que las prohibiciones para ejercer la vía recursiva deben ser expresas y no inferirse de lecturas efectuadas a contrario sensu de ordenamientos de alcance general.

En igual sentido a lo anteriormente afirmado, el artículo 432 del Código Procesal Penal de la Nación (artículo 6 de la Ley Nro. 12) dispone que "cuando la ley no distingua entre, las diversas partes, todas podrán recurrir..." Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia ha afirmado al respecto que la concesión bilateral del recurso de apelación rige en el ámbito contravencional y sin restricciones, en base a la división de poderes, la igualdad en la aplicación de la ley y la supremacía constitucional ( ver TSJ sentencia del 19 de julio de 2006 en autos "Lemes, Mauro Ismael s/inf. art 189 bis CP-Apelación- s/rec de inconst. concedido).
Regulación de honorarios, pautas
Materia: LABORAL
Carátula: Silva, Ricardo Ramón c/ Ledesma,  Jorge Alberto y Otros s/ Accidente-Accion Civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-30

A los efectos de la regulación de honorarios deben tenerse en cuenta el mérito y la extensión de los trabajos realizados (en el caso, interposición de excepción, contestación de demanda, varias presentaciones, comparencia a las audiencias, etc) y el monto razonable involucrado en el proceso, así como también las facultades conferidas al Tribunal por el art5. 38 de la L.O. y los arts. 1,3,6,7,8,19 y 37 de la ley 21839 (modif.. por la ley 24432) y normas arancelarias de aplicación.
Notificación, notificación bajo responsabilidad, incidente de nulidad, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DREAN S.A. c/ FALCON LIMA, FELIX MATEO Y OTROS s/ CESE DE USO DE MARCA "DREAN" - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-22

La validez de la notificación practicada bajo responsabilidad del actor y, por ende, la de los actos posteriores que la presuponen, está condicionada a la exactitud de la afirmación del accionante, vale decir, al hecho de ser efectivamente dicho domicilio el del demandado, pues "si fuere falso, probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del demandante". Dicho instituto presupone que la actora ha logrado establecer que el demandado tiene su domicilio en el lugar denunciado, y la circunstancia de que no se le exija, como requisito de procedencia de la notificación bajo responsabilidad, la demostración de las diligencias realizadas a tal efecto, no significa que quede liberado de hacerlo, máxime en el caso de plantearse el incidente de nulidad.
Juicio de desalojo, restitución del inmueble
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Reggiani, Florio Micro c/ Ojeda, Pedro y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

El derecho real invocado de habitación se constituye conforme el art. 2812 del C.C.. Lo que determina el rechazo de la defensa es que este derecho reconoce en otro la propiedad; la posesión que acuerda no tiene los verdaderos caracteres de la posesión pues quien la detenta sabe y reconoce que la cosa es ajena (art 2351, 2807 C.C.).

Las similitudes en la descripción de las facultades de los accionados respecto del uso del bien, no habiendo instrumento de constitución del derecho real de habitación, se trata de un comodato. No modifica, sea que se admita la prescripción adquisitiva del derecho real de habitación, las mejoras efectuadas o el pago de impuestos, puesto que es factible que se entregue el uso del inmueble para asegurar la conservación y custodia del mismo (arts. 2968, 2282 CC). Existiendo un reconocimiento a la propiedad ajena, no puede rechazarse la acción de desalojo cualquiera sea la naturaleza atribuible a la ocupación, derecho de habitación, si no hay prueba suficiente de su adquisición por prescripción.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: FIGUEROA AGUSTIN REGINO S.D. USURPACION DE PROPIEDAD E.P. DE ELJALL DE MEDINA CRISTINA s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-17

El tribunal de grado, no excede el marco de sus atribuciones jurisdiccionales, al rechazar el recurso de casación interpuesto por el procesado en contra del auto de Cámara que confirmó su procesamiento, resolución que no tiene el carácter de sentencia definitiva ni equiparable a ella, cuya enmienda puede solicitar en la oportunidad procesal correspondiente.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, alimentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D. C. S. H. c/ P. A. C. s/ Incidente aumento de cuota alimentaria J., P. c/ G., O. s/ Inc. de aumento cuota alimentaria. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29|1996-03-26

El pronunciamiento que decide sobre aumento de la cuota alimentaria no reviste, en principio, carácter definitivo en el concepto del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos bancarios, tarjeta de crédito, beneficiario de tarjeta adicional, legitimación procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cervetto  de  Suarez  Cristina c/ Telefónica Data Argentina SA s/ ordinario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-03

1. El beneficiario de la extensión de una tarjeta de crédito carece de legitimación activa para entablar una demanda consistente en reclamar la repetición de ciertos cargos que le fueron computados y debitados de su tarjeta de crédito, por la prestación de un servicio telefónico que nunca habría contratado con la sociedad demandada, con más la indemnización por los daños y perjuicios padecidos. 2. Al abordar de oficio el magistrado la falta legitimación activa no se lesiona el principio de congruencia desde que ésta constituye un requisito esencial de la acción (SCBA, 12/12/1995; DJBA, 150-1407). De no aceptarse este temperamento, se llegaría a la absurda situación de que aún advertida la falta de legitimación ad causam de la parte, se reconociera de todos modos -so pretexto de una suerte de preclusión- derecho de ejecutar una sentencia a quien carece de la investidura correspondiente para demandar (CNCom. Sala C (Sala Integrada), 29/12/2009, "Weisemberg Benjamín c/ Tuteur Sacifia s/ ejecutivo").
Recurso de casación, sentencia, falta de fundamentación, recurso de apelación (procesal), principio de congruencia, prueba pericial, daños y perjuicios, monto de la indemnización, incapacidad permanente
Materia: PROCESAL
Carátula: M.,  J. c/ F., B. s/ Sumario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-06-05

Corresponde hacer lugar recurso de casación interpuesto por la recurrente -actora- y en consecuencia revocar lo decidido por la sentencia de Cámara respecto al porcentaje de incapacidad por ella establecido, y confirmarse al respecto lo resuelto por el Juez de Primera Instancia, tanto lo atinente al porcentaje de incapacidad reconocido por éste (ochenta y cinco por ciento), como el quantum indemnizatorio, en tanto la metodología utilizada para el cálculo fue igual en las dos instancias. Ello, en tanto, la Alzada se expidió sobre un capítulo no propuesto a la decisión del Juez de Primera Instancia violándose el art. 277 del CPCC, -en la especie- la pericia oftalmológica, que no había sido impugnada por la demandada en la oportunidad prevista por el art. 473 del CPCyC., como el apartamiento de su propia doctrina judicial, sin la debida fundamentación -conforme lo exigen tanto los arts. 200 de la C.P. y 163 inc. 5) del CPCyC., como la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia-
Delegación de deudas, enajenación de bienes hipotecados, sustitución del deudor, cláusula penal, mutuo hipotecario, manifestación de la voluntad, silencio
Materia: CIVIL
Carátula: Losada, Aldo. c/ Baader, Ricardo Alfredo. s/ Pago por Consignación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-17

Al margen de la ambigua redacción de la escritura, que podría haber sido más precisa, lo cierto es que las partes quisieron dejar como valor entendido que se mantenían los términos del contrato originario, con hipoteca incluida (art. 803, Cód. Civil), con la sola excepción de que se acordaba un nuevo plazo para cancelar la deuda pendiente de pago, modificación ésta que no tenía virtualidad novativa (art. 812, párrafo segundo, del código citado). No existe en ese contrato ninguna exclusión de las cláusulas que sirvieron de base para la garantía hipotecaria y, consecuentemente, la novación operada no significó que hubiere variado el objeto de la prestación:

"cambia sólo el sujeto pasivo, con lo que la conducta que era debida por el enajenante es reemplazada por la conducta que pasa a deber el adquirente". Losada conocía los términos de la cláusula punitoria y también sabía que existía una deuda pendiente de pago. Un deber mínimo de lealtad era, consecuentemente, discutir en oportunidad de esa delegación de deuda, los alcances de ésta, pues si las partes nada dijeron sobre su cuantía, ni sobre el modo en que se debían liquidar los intereses adeudados, era obvio que su silencio importaba una aceptación de la eficacia y virtualidad de las cláusulas del contrato originario al que expresamente se habían remitido sin salvedad alguna -, y al que se debían atener porque sus estipulaciones se habían trasladado a la nueva relación configurada por Baader con Losada (acreedor delegatorio-deudor delegado). Esto adquiere mayor significación, todavía, porque el acreedor liberó expresamente al primitivo deudor -Laciar-, de modo que toda la negociación realizada el 11 de setiembre de 1990 estuvo enmarcada en un acatamiento a los términos del contrato originario -cláusula punitoria incluida-, a tal punto que no es aventurado afirmar que otra pudo ser la estipulación si el deudor delegado hubiera cuestionado en esa oportunidad la forma de calcular los intereses debidos.
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Cúneo, José Esteban y otros c/ El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo Edificación y Crédito Limitada.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Es condición de validez de los pronunciamientos judiciales que éstos sean fundados, exigencia que, antes de orientarse a mantener el prestigio de la magistratura, procura esencialmente la exclusión de decisiones irregulares que afecten el servicio de justicia, el que no se satisface en circunstancias en que se evidencia que las decisiones atacadas no proveen un análisis razonado de cuestiones conducentes para la correcta dilucidación del pleito (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
Daños y perjuicios, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Latrubesse, A. H. c/ Alvarez, S. C. s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

No caben dudas que el comportamiento desplegado por el septuagenario víctima en la emergencia, al interponerse súbitamente, sin previo aviso, al paso del vehículo guiado por el demandado, ha sido preponderante causal del resultado a la postre dañoso, desde que hubo puesto con su conducta la causa generadora del evento (arts.

1111, 1113, 901 al 906 del CC, 375, 384 del CPC y su doctrina).
Certificado médico, diagnósticos contradictorios
Materia: PROCESAL
Carátula: González Jiménez, René c/ Piedra Púrpura S.A. s/ Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-30

La discrepancia entre los médicos del empleador y del trabajador no permite otorgar preeminencia a una de las certificaciones sobre la otra y la discrepancia debe dirimirse por decisión judicial.
Impugnación de la paternidad, legitimación activa, derechos de la mujer, derecho a la identidad
Materia: CIVIL
Carátula: N., S. del V. c/ F., L. A. s/ impugnación de paternidad matrimonial matrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-12-07

La madre posee legitimación para promover la impugnación de la paternidad matrimonial de su hija menor, pues el art. 259 del Código Civil no le niega tal acción, sino que sólo la omite. Considerar que el marido puede en todo tiempo impugnar la maternidad de su esposa, pero ella no podría impugnar la paternidad de él, implicaría un evidente trato discriminatorio y una vulneración al principio de igualdad entre el hombre y la mujer; ello sin perjuicio de que, por esa vía, se lesionaría el derecho a la identidad del hijo, amparado por el art. 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.