Quiebra, incidentes, caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CUERPO  DE  REGULACION DE HONORARIOS DEL DR. HUGO ROBERTO GRAFFI EN : BANCO DE LA PROVINCIA  DE  CORDOBA - INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA EN AUTOS: EMPRESA GENERAL PAZ  S.A.C.I.F. s/ CONCURSO PREVENTIVO - QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-11-16

El art. 112 de la ley 7269 no consiente distinción en función de que la resolución regulatoria venga o no precedida del trámite previsto por los arts. 105 y ss. del C. Arancelario, y uno de los objetos del incidente regulatorio es, precisamente, juzgar la procedencia de la regulación y el cargo de su pago (art. 99, punto 1 y 3, ley 7269). Ninguna incidencia puede tener la circunstancia de que el interlocutorio impugnado se refiere a honorarios devengados en proceso concursal,porque las decisiones regulatorias dictadas en los procesos regimentados por la ley 19551 sólo son apelables en relación en los supuestos del art. 288 (arts. 295 y 296, incs. 3 y 4 ley 19551), y cuando el recurso por honorarios es sólo uno de los capítulos dentro de una apelación sobre otros aspectos resueltos en una decisión principal o incidental inherente al juicio colectivo (vg.: incidentes de verificación tardía, de revisión, acciones revocatorias concursales, etc.). Al margen de tales supuestos y cuando la resolución gira exclusivamente en torno a cuestiones de índole arancelaria,aún cuando se trate de estipendios generados en sede concursal, rige la remisión del art. 301 ley 19551 al art. 112 de la ley 7269. La conclusión se torna todavía más ostensible si tales cuestiones arancelarias resultan ajenas al proceso falimentario mismo, reduciéndose, como en la especie, a un problema de regulación de honorarios entre un acreedor peticionante de verificación y su abogado, tópico absolutamente insusceptible de incidir en la situación concursal de nadie. La carga de los honorarios respectivos al Banco de la Provincia no constituye en sentido técnico una "condena en costas" (no ha habido controversia judicial entre ellos), y sólo entraña la mera afirmación de la existencia de una relación jurídica entre letrado y cliente, y que éste, como tal, es obligado al pago en los términos de los art. 16 de la ley 7269. En consecuencia, si los recursos han sido incorrectamente concedidos, ello debe ser declarado de oficiosamente por el tribunal apenas lo advierte, cumpliendo así con un verdadero "poder-deber" relacionado con el examen insoslayable de su propia competencia funcional, y evitando mayores desgastes procesales fútiles. Y si no hay recursos susceptibles de abrir la competencia de la Cámara, carece absolutamente de sentido juzgar si hay caducidad de una instancia recursiva inexistente. En una palabra: para examinar si hay caducidad de un recurso, primero se debe ver si hay o no recurso. Eso es un prius lógico que no se le puede escapar ni al más desavisado. Por ello voto para que se declaren mal concedidos los recursos de nulidad y apelación y se omita todo pronunciamiento sobre perención de la segunda instancia: El criterio que entiende que el llamamiento de autos no era necesario para que dejase de correr el plazo de caducidad ni para resolver la causa. Semejante criterio se desentiende de los términos expresos de la ley (art. 1314, C. de P.C), máxime si en la alzada los recursos se tramitaron "en relación". Pero lo mismo sería si las impugnaciones se hubiesen tramitado en primer grado, con arreglo al sistema de la ley arancelaria, porque una cosa es que en tal supuesto la Cámara deba resolver sin sustanciación alguna (art. 113 ley 7269; art. 117 ley 8226), es decir sin más audiencia de partes, y otra muy distinta que en tales casos no deba efectuar el llamamiento de autos, con el que se pone en marcha el mecanismo de formación de la sentencia o resolución. La mayoría también se aparta de la doctrina de nuestro Tribunal Superior de Justicia, que en pronunciamiento recentísimo ha resuelto que es deber de las partes peticionar el decreto de autos, que recién dictado éste cesa la obligación de ellas de instar el trámite, y que mientras no exista tal llamamiento la caducidad corre (cfr.: T.S.J. Sala Civil, Petitto, Orchansky, Moisset de Espanés, "Ayrolo Germán Marcelo c/ María Teresa Otero Aliaga -Recurso de Revisión", A.I. Nro. 44, del 14/03/94). Con tal línea de pensamiento es patente que la perención debería admitirse, porque a partir del 13/05/92 (fs. 37/38) transcurrió sobradamente el término del art. 1123 del C.P.C. sin que mediara acto alguno de impulso de la instancia recursiva. (Voto en disidencia, Dr. Gavier Tagle).