marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, recurso extraordinario, tribunal de alzada, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Robledo, Daniel Alberto c/ Barcelo, Ricardo Cirilo s/ Indemnización de daños y prejuicios. Declaratoria de pobreza (Expte.   Nro. 95-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-10

Si la ley enumera causales de admisibilidad del recurso y exige que se deduzca por escrito, dentro de un término, citando concretamente las formas transgredidas, las disposiciones legales violadas o erróneamente aplicadas y expresando además cuál es el pronunciamiento que se pretende, indicando cada motivo separadamente (artículo 567, Código Procesal Civil y Comercial), todo indica que el tratamiento del Recurso de Apelación Extraordinaria en la Alzada deber limitarse a la que fuera acogida provocando su intervención y no respecto de aquellas que no fueron planteadas ante el Tribunal Colegiado o se vieron rechazadas por el mismo. Salvo la oportunidad de la queja, carece de sentido exigir al tribunal "a quo" el análisis y resolución de cada una de las causales, por cuanto bastaría que considere procedente cualquiera de las invocadas para sin entrar al examen de las restantes conceda el recurso, obligando con ello, de admitirse este criterio amplio, a que la Alzada se introduzca en el estudio de todas aquellas que se vieran desestimadas, con el riesgo serio de caer en un supuesto de extralimitación de sus facultades, transform ndose de órgano revisor en órgano de creación. (De los Fundamentos del Dr. Cordini -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨Interpuesto recurso de apelación extraordinaria fundado en más de una de las causales del artículo 42 (ley 10160) y admitida alguna de ellas, debe el recurrente ocurrir en queja para lograr la revisión, o bien puede la Alzada avocarse a su conocimiento y decisión sin necesidad del recurso de hecho?
Sociedad conyugal, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alonso, Eduardo c/ Sanchez, Alcides Daniel s/ Aprob. rend. cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

Si bien el art. 1277 del C.C. determina la necesidad del consentimiento de ambos cónyuges para disponer los bienes inmuebles gananciales, lo cierto es que tal necesario asentimiento del otro cónyuge no lo convierte a éste en parte del acto de disposición y por lo que entonces no deja de ser un tercero en referencia al mismo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Velázquez de Socol, Silvia M. c/ Bello, Héctor R. y otros s/ Daños y perjuicios C. de S. L., A. C. c/ S. L., C. s/ Divorcio y separación de bienes Iotti, Atilio Carlos c/ Jorge Alberto Caso S.A. y/o quien resulte ocupante y/o subinquilinos s/ Desalojo por rescisión de contrato Carranza, Héctor Raúl c/ Benedetti, José Pedro s/ Consignación, cancelación y levantamiento de hipoteca Libeca Construcciones S.R.L. s/ Quiebra. Incidente de verificación tardía de Deibe, Juana levantamiento de hipoteca Libeca Construcciones S.R.L. s/ Quiebra. Incidente de verificación tardía de Deibe, Juana
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24|1994-08-16|1998-11-10|2001-06-20|2004-12-09

Resultan ajenos al recurso extraordinario de nulidad los supuestos errores "in procedendo" o "in iudicando".
Proceso penal, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Meza, Hernán G. c/ E.N. (Mº de Educ. y Just. -Sub. de Just.) s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Corresponde indemnizar el daño moral de la actora cuando de las constancias de autos se da cuenta suficientemente de su padecimiento anímico y espiritual generados, fundamentalmente, a raíz de la segregación dispuesta y de su sometimiento a la causa a la sede penal, circunstancia que, a la postre, incidieron sobre su conducta social (conf. C.Fed. en lo Cont.Adm., Sala I, in re: "Rava, Marta c/ Fiscalía Nac. de Investigaciones Administrativas s/ empleo público", del 3/11/95).
Contrato de trabajo, responsabilidad civil
Materia: LABORAL
Carátula: CASTAÑO GUZMAN FELISA DEL CARMEN Y OTROS c/ SINDICATO LUZ Y FUERZA TUCUMAN s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-23

En el caso, cabe inferir que mientras la acción de responsabilidad reconocida por el art. 87, LCT, autoriza a reclamar el resarcimiento de los daños a los intereses de la empresa (en forma genérica y amplia), causados por dolo o culpa grave, la facultad de retener el porcentaje de la remuneración, del art. 135, LCT se restringe a los casos de daños en bienes de la empresa (talleres, instrumentos o materiales de trabajo), que sean graves e intencionales (dolo).

Igualmente, dentro de la acción de responsabilidad no se deben incluir los daños derivados del ejercicio de un derecho por parte del trabajador, como el de participar en una huelga lícita o no la prestación de su servicio dispuesta en ejercicio de la exceptio non adimpleti contractus (arts. 510 y 1201, Cód. Civil).

A mayor abundamiento, el art. 131 de la LCT (t.o. (ITySS, 1976-3511), apunta al caso de vigencia del contrato de trabajo y a retenciones, deducciones y compensaciones que efectuara el principal per ser o con el acuerdo del trabajador, mas siempre fuera del ámbito jurisdiccional, quitando al empleador la posibilidad de hacerse justicia por sí mismo.

Este artículo reproduce la norma contenida en el 154 del Cód. de Com., aunque con una importantísima modificación. El mentado art. 154 hacía responsables a los empleados de comercio de cualquier daño causado a los intereses del principal "por dolo o culpa en el ejercicio de sus funciones", mientras que el dispositivo que comentamos exige, para responsabilizar al dependiente, que medie "dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones".

Clara esta, que, como resulta del art. 512 del Cód. Civil, resulta imposible dar un concepto unitario de culpa, por lo que, en todo caso, la existencia de gravedad de la misma deberá juzgarse con relación "a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, ejecución del contrato, mutuo, persona humana, presidente del directorio, sociedad anónima, ejecución comercial, títulos de crédito, consumidores, dictámenes
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Noroghi SA y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

Corresponde revocar la resolución de grado mediante la cual el juez de primera instancia decidió inhibirse para entender en las presentes actuaciones, toda vez que, al quedar suspendida la ejecución respecto de una sociedad anónima, y resultando ser así el único demandado una persona física, quien se domicilia fuera de la jurisdicción del tribunal, consideró que debía estarse a lo resuelto el 29/06/11 por la Cámara del fuero en pleno en "Cámara en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores". Del Dictamen Fiscal N° 315/21
Pagaré, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado (su quiebra) c/ Cordiviola María de los Angeles s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

Mediando imposibilidad de pago al acreedor, la parte demandada no está obligada a consignar (art. 509 último párrafo del Código Civil) y se neutraliza el curso de los accesorios - intereses punitorios- concectados con la mora del deudor que no aconteció, debiendo liquidarse la deuda aplicándose solamente los intereses compensatorios pactados, hasta el momento del pago.-
Relación de dependencia, acción subrogatoria
Materia: LABORAL
Carátula: Ojeda, Cantalicio Pedro c/ S.E.CH.E.E.P (Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial s/ Diferencias Salariales, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-11-30

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo, por la interpretación del art.18 de la Convención Colectiva en función del art.78 de la Ley de Contrato de trabajo (20744). Ello así, ya que el actor reemplaza a otro agente que estaba enfermo y esa era la causa del reemplazo, porque según los informes que obran en autos, legajo personal, el actor era quien estaba a juicio de los superiores en condiciones de hacerlo y según los mismos informes hasta su conformación, al renunciar para jubilarse cesó la causa del reemplazo y el reemplazante siguió en el cargo, en consecuencia el cargo superior que reemplazaba el actor se convirtió en definitivo, de acuerdo al art.78 de la ley 20744. Si el Convenio Colectivo no establece plazo para la categoría del actor como dice la demandada, no cabe duda que debe estarse a lo dispuesto en la primera parte del artículo, es decir la continuación en el cargo cesado que fuera la causa del reemplazo, máxime como en el caso en que llevaba más de un año luego de cesada dicha causal, en consecuencia de estos fundamentos el agravio no puede prosperar.
Despido con causa, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, LUCIO ATILIO c/ VERRA, ELIDA G. DE E HIJOS S.H. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-02

En nuestra legislación las causales justificativas de despido no se encuentran tasadas -a diferencia de otros ordenamientos en que por ejemplo, se prevé que será justa causal de despido incurrir el trabajador en actos de violencia contra el patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia, supuesto que se explica en la intención de evitar que el empleador provoque para luego despedir- y en el tipo legal abierto y flexible que consagra la norma, las situaciones de hecho encajarán o no según la prudente apreciación que de ellas efectúen los jueces de la causa, a quienes tal labor atañe en última instancia, por lo que la decisión alcanzada sólo excepcionalmente podría ser susceptible de revisión constitucional si tal ponderación resultara absurda o desbordara los límites de toda lógica y de las reglas del raciocinio. (De los Fundamentos del Dr. Falistocco).
Recurso de apelación (procesal), providencia simple
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BILOS, ANDRES c/ INSTITUTO DESARROLLO VALLE INFERIOR (IDEVI) s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-06-30

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 242 inc. 3 del CPC, las providencias simples solo son apelables cuando causan un gravamen que no puedan ser reparados en la sentencia definitiva. La presencia del agravio y el interés de quien lo interpone, constituyen, pues uno de los requisitos objetivos de la apelación.
Competencia por conexidad, recusación sin causa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Jzgdo. Letrado de 1a. Inst. nro. 52 de Madrid, España s/ Exhorto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-05

Es improcedente la recusación sin causa formulada contra uno de los jueces del tribunal de alzada, si el recusante consintió la intervención del magistrado recusado en un expediente conexo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Velázquez, Rubén Donato; Molinari, Marcos Paulino s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29

Resulta insuficientemente formulado el planteo que sostiene que el utilizado por la Cámara ha sido un testigo mendaz y que al dar crédito a sus dichos aquélla ha incurrido en absurdo, si no se lo ha vinculado con los textos legales pertinentes además de asentarse en meras afirmaciones dogmáticas que no evidencian contradicción lógica alguna en la construcción efectuada por el a quo.
Resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Espiño, Antonio y otra s/ Cobro ejecutivo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

No reviste carácter definitivo la decisión recaída en un juicio ejecutivo que hace lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechaza la ejecución contra los fiadores por no haberse completado el proceso integrativo de los títulos que se ejecutan con relación al mutuario, toda vez que nada impide al recurrente hacen valer el derecho invocado en juicio posterior. (Minoría u opinión personal)
Seguros, indemnización, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: AVICOLA PATAGONICA  S.A.C.I.A. c/ SUIZO-ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-27

El plazo de la ley 17.418: 56 responde a dos operaciones de finalidades distintas; la primera consiste en determinar el siniestro y precisar si se encuentra cubierto por el contrato, y la segunda consiste en establecer el monto de la indemnización. Dicho plazo no puede interrumpirse para una de las finalidades -determinar el monto del daño- y considerarse precluido respecto de la otra, pues ambas operaciones son secuencias de un mismo acto: el de liquidación, y ambos lo integran.

El incumplimiento de la carga de suministrar información que acarrea la caducidad del derecho a ser indemnizado se produce en caso de actuación con malicia (ley 17.418: 48), y ella no existe si no se demuestra que, de haber sido proporcionada esa información no hubiera correspondido pagar indemnización, o se hubiera reducido la correspondiente.
Gastos del proceso, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: MERATTI   OSCAR  GERONIMO c/ SOLIDARIDAD  OBRA  SOCIAL BANCARIAARGENTINA s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

Los gastos causídicos importan sólo el resarcimiento de las erogaciones que la parte debe o ha debido efectuar a fin de lograr el reconocimiento de su derecho, de manera que es la actuación con derecho la que da verdadera objetividad a su imposición (cfr. Palacio, L., Derecho Procesal Civil, T. I, pág. 290; esta Cámara, Sala 1, causas 10.017 del 29-8-95, 2065/93 del 22-8-96 y 20.395/96 del 22-6-2000), impidiéndose, de ese modo, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en un daño de quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir justicia (cfr. Chiovenda, Ensayos de Derecho Procesal Civil, trad. de Sentís Melendo, T. II, pág. 5, citado en la resolución de esta Sala en la causa 8578 del 17-11-92; en el mismo sentido, Sala 1, causas 5565/98 del 29-12-98, 3223/00 del 7-9-2000 y 7337/99 del 5-10-2000; Sala 2, causa 7332/01 del 9-5-2002; esta Sala, causa 298/02 del 5-11-2002).
Beneficio de litigar sin gastos, tasa de justicia
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de nulidad en autos  Moreno, Rodrigo Félix s/ inf. art. 56 Ley 10 -Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-03

El artículo 3 de la Ley Nro. 327 no efectúa una distinción que permita deducir que el beneficio de litigar sin gastos resulte susceptible de ser concedido solo a los fines de la exención de un gasto en particular que irrogue la sustanciación de un planteo judicial; por el contrario, dicha norma es clara cuando afirma que quienes actúe con el beneficio de litigar sin gastos se encuentran exentos del pago de la tasa judicial.

A mayor abundamiento, tampoco realiza tal distinción el artículo 34 de la Ley Nro. 402, puesto que dispensa del pago del depósito previsto para la interposición del recurso de queja, a todos aquellos eximidos del pago de la tasa judicial.
Ejecución hipotecaria, falsedad ideológica
Materia: CIVIL
Carátula: Minetto, Celia Angélica y otra c/ Embeita, Henri o Embeita y Botasso Henri y otra s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-05-04

No es posible dilucidar en juicio ejecutivo la falsedad ideológica del instrumento, la cuestión queda reservada para el juicio de conocimiento posterior.
Derecho penal, amenazas, competencia por conexidad, improcedencia del recurso, archivo del expediente, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Zerpa, Santiago c/  s/ Coacción (art. 149 bis) s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-14

La probabilidad de progreso del encuadre legal de los hechos en el delito de amenazas coactivas (art. 149 bis, 2º párr., CP) determina que corresponda mantener la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Jurisdicción y competencia, competencia del Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, hurto
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Bernhardt,  Luis  Alberto s/ hurto -Máxima Princesa de los Países Bajos y de Orange Nassau-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-15

Si la sustracción de una cámara fotográfica digital y la posterior publicación de las fotos que contenía habría tenido lugar en el curso de una visita privada, "no oficial", de los Príncipes de los Países Bajos, éstos no asumieron el carácter representativo del Estado extranjero, por lo que parece razonable inferir que el hecho no tuvo entidad suficiente para afectar el desarrollo de las relaciones exteriores del gobierno y la causa resulta ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PASSERO, HECTOR c/ AGUIAR, GERARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-19

No obstante lo dispuesto por el artículo 34 y sus concordantes de la ley 10.160 -que regula la competencia prevencional, asegurando la radicación de la causa ante el juez que previno- lo que hubiera determinado que dicho recurso directo sea remitido a la Sala tercera, el mismo fue adjudicado a la Sala Primera.

A partir de allí se originó un inaceptable desdoblamiento del caso que culminó con el estudio por separado de cada impugnación y con el dictado de resoluciones por Tribunales distintos, lo que resulta absolutamente incompatible con las normas legales en juego y los derechos y garantías que ellas tienden a preservar.

Esta realidad afecta a ambos pronunciamientos, dado que la garantía constitucional del debido proceso exigía, en las particulares circunstancias del caso, la unidad del órgano jurisdiccional a efectos de lograr un pronunciamiento único que trate de manera integradora y coherente ambos recursos contra la misma sentencia.

Por tanto, corresponde anular los procedimientos seguidos en ambos recursos de hecho y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de dictar nuevo pronunciamiento.
Inhibición general de bienes, aportes previsionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Goya, Gregorio c/ Chein, Héctor s/ Inc.Ejec.Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

Previo al levantamiento de la inhibición general de bienes, debe cumplimentarse previamente el art. 20 de la ley 6716, toda vez que a los jueces les está vedado apartarse de la letra expresa de la ley art. 159 Const.de la Prov. de Bs.As.).
Recurso extraordinario, interpretación restrictiva, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Mut, Vicente s/ Comvocatoria  a  Elecciones Generales Provinciales para el día 16 de  mayo de 1999 y Autos Nº 1302 s/ Formula denuncia-  Inconstitucionalidad y Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-08-31

El carácter excepcional que tienen los recursos extraordinarios y la interpretación restrictiva que en relación a ellos debe mediar, según lo establece el art. 1º de la ley 2275, rige aún con mayor rigurosidad cuando, la resolución impugnada ha sido dictada por el Tribunal Electoral de la Provincia, en tanto este organismo tiene atribuida la competencia originaria y exclusiva en materia electoral.
Renta vitalicia previsional, pago en dólares, pesificación, liquidación, crédito en moneda extranjera, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Momesso, Ricardo Luis c/ Siembra Seguros de Retiro S.A. y otro s/ Amparos y sumarísimos con medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-12

No se ajusta a derecho la decisión del a quo que excluyó del cálculo de los retroactivos adeudados a las sumas abonadas por la demandada en concepto de utilidad adicional por rentabilidad excedente. En efecto, resulta objetable la liquidación aprobada pues, mientras que por un lado se calcula el capital de condena de acuerdo a las estipulaciones contractuales y con prescindencia de las normas que disponen la pesificación de los créditos en moneda extranjera (en razón de la declaración de inconstitucionalidad habida en autos), por otra parte se pretende escindir del monto abonado los importes por rentabilidad excedente resultantes de aplicar las pautas de valoración fijadas por las normas impugnadas. De ese modo, se encubre un enriquecimiento sin causa del actor, quien debió demostrar, en el momento procesal oportuno, que dicho concepto le sería igualmente debido en la hipótesis de no haber mediado la pesificación de su crédito previsional, en la medida en que se mantendría una rentabilidad positiva de las reservas matemáticas frente a la aplicación de las pautas de valuación contractualmente fijadas -ver conclusiones del perito contador oficial reseñadas por la C.F.S.S., Sala III, en autos "Ernst, Franklin Eduardo", sent. del 12.06.07- (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 17.11.09, "Casaux, Diana Etel c/ HSBC New York Life Seguros de Retiro Arg. S.A. y otro").
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), resolución denegatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FORNARINO, BILL OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-24

Dado que la queja directa es un ataque contra la resolución de Cámara que declarara inadmisible el recurso de inconstitucionalidad, la crítica debe estar orientada explicar cuál es el error que comete la Sala al evaluar la admisibilidad del remedio extraordinario (art. 8, Ley 7055), y no reiterar los agravios formulados en el recurso de inconstitucionalidad contra el decisorio impugnado por esta vía.

La función procesal de la queja directa es explicar a la Corte -para que ésta tenga ocasión de corregir el desvío- por qué está equivocada la Sala en su evaluación de los requisitos de admisibilidad del recurso, y señalando cómo es que en el caso concreto tales exigencias han sido satisfechas por el litigante, carga procesal incumplida por el recurrente al no existir crítica concreta de la resolución denegatoria(De la ampliación de fundamentos del Dr. Prola).
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivarola, Laura c/ Vigani, Juan s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

Si se trata de un homicidio intencional, no es posible aplicar la doctrina del riesgo creado para responsabilizar al dueño del arma de fuego utilizada para perpetrarlo, pues en tal caso, el factor de atribución es subjetivo, en razón de tratarse del denominado en doctrina "hecho del hombre", sea que el mismo se consume mediante el empleo de una cosa o son ella. (art. 1109 C.C.).