Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-02-08


En Mendoza, a ocho días del mes de Febrero del año dos mil once, reunida la Sala Prime-ra de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 97.005, caratulada: "AYALA RAFAEL EDUARDO EN J° 23.215/114.176 AYALA RAFAEL EDUARDO C/ CLUB SOCIAL, CUL-TURAL Y DE-PORTIVO EMPL. MUNICIPALES Y OT. P/ORDINARIO S/ CAS.".

Conforme lo decretado a fs. 73 deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primero: DR. JORGE H. NAN-CLARES; segundo: DR. FERNANDO ROMANO.

ANTECEDENTES:

A fs. 6/16 vta. el Sr. Rafael Eduardo Ayala, deduce recurso extraordinario de casa-ción contra la decisión dictada por la Primera Cámara Civil de Apelaciones de San Rafael a fs. 602/605 vta. de los autos n° 23.215/114.176, "AYALA RAFAEL EDUAR-DO C/ CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO EMPL. MUNICIPALES Y OT. C/ORDINARIO" en cuanto hace lugar a la excepción de prescripción planteada por la Mu-nicipalidad de San Rafael.

A fs. 33 se admite formalmente el recurso deducido y se manda correr traslado a la contraria, quien a fs. 43/46 contesta y solicita su rechazo con costas; a fs. 52/54 toma inter-vención Fiscalía de Estado y también solicita el rechazo del recurso.

A fs. 63/ 64 vta. obra el dictamen del Sr. Procurador General quien, por las razo-nes que expone, aconseja rechazar en lo formal el recurso deducido.

A fs. 72 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 73 se deja constancia del or-den de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribu-nal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provin-cia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de Casación interpuesto? SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JORGE NANCLARES, DIJO:

I. PLATAFORMA FÁCTICA.

Los hechos relevantes para la resolución de este recurso son, sintéticamente, los siguientes:

1. El 23/12/2005, en autos 114.176, originarios del Cuarto Juzgado en lo Civil de San Rafael, el Sr. Rafael Eduardo Ayala inició demanda por daños y perjuicios (fs. 1/2, modificada a fs. 257, concretada a fs. 415/431) contra el Club Social, Cultural y Depor-tivo de Empleados Municipales (el "Club") y la Municipalidad de San Rafael ( la "Mu-nicipalidad").

Persiguió el cobro de la totalidad de los daños y perjuicios causados por un acci-dente sufrido con más intereses y costas, los que estimó en la suma de $ 816.944 con más lo que se determine por los rubros "gastos médicos y farmacéuticos a realizar habi-tualmente" y "tratamiento y medicamentos psiquiátricos y/o psicológicos".

Relató que el día 25/12/1995, el actor concurrió con su esposa al Club que se en-cuentra ubicado en la calle Angrimán s/n de la Isla Diamante y pagó por los servicios por ese día con posibilidad de acceder a la pileta de natación.

Resaltó que se zambulló de cabeza a la pileta; pero ésta tenía poca agua; por lo que sufrió un golpe que le ocasionó pérdida de conciencia y que luego, al despertar no sintiera dolor ni sensibilidad en sus piernas y brazos.

Señaló que no había en el camping sistema de primeros auxilios, ni guardavidas, ni teléfono público.

Hizo hincapié que como resultado del accidente, quedó cuadripléjico de manera irreversible con una incapacidad laboral total, amén de daños psicológicos que le impi-dieron continuar con su vida normal. Todo ello motivó la posterior separación de hecho de su esposa y quedó al cuidado de sus padres.

2. El 27 de febrero de 2007 compareció a juicio la Municipalidad (constancias de fs. 438/440 vta.). Opuso la excepción de prescripción como de previo y especial pronunciamiento y argumentó del siguiente modo:

(i) Que la parte actora ha demandado a la Municipalidad en su carácter de pro-pietario del inmueble donde el gremio municipal explotaba un camping y no existía re-lación contractual con la actora; por lo que cualquier eventual responsabilidad es de ca-rácter objetivo en virtud del riesgo creado y dentro de la órbita extracontractual.

(ii) Que el plazo de prescripción que correspondía aplicar era el de dos años del art. 4037 del Código Civil y (iii) Que la causa es idéntica a otro proceso tramitado en los autos N° 95.703 (ini-ciado por el actor y su esposa) que concluyó por caducidad de instancia.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable.

3. El 5/02/07 el Club se presentó y opuso excepción de litispendencia como de pre-vio y especial pronunciamiento y peticionó el archivo de la causa (constancias de fs. 444/447 vta). Razonó del siguiente modo:

(i) Con anterioridad al año 1996, la parte actora y su esposa, Angela Mery Váz-quez de Ayala promovieron un proceso, el que tramitó en los autos N° 95.703, caratula-dos: "Vázquez Gutiérrez de Ayala Ángela y Rafael E. Ayala c/ Club Social, Cultural y Deporti-vo p/ D.y P." originarios del Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minas de San Rafael;

(ii) Al existir identidad de sujetos, causa y objeto en ambas causas se dio una situa-ción de litispendencia desde la notificación de la demanda.4. La actora contestó las excepciones opuestas, solicitando su rechazo (constan-cias de fs. 456/460 y 481/487).

Respecto a la excepción de prescripción, fundamentó el rechazo de la siguiente ma-nera:

(i) Que la acción interpuesta pretendía el resarcimiento de daños derivados de un incumplimiento contractual incurrido por las demandadas, Club y Municipalidad, las que habían celebrado con la parte actora un contrato por el uso y disfrute de las instala-ciones donde ocurrió el evento, contrato que no ha sido desconocido por las partes;

(ii) Que el contrato celebrado entre la Municipalidad y el Club pudo tratarse de una estipulación en favor de terceros con el fin de prestar un servicio de recreación y/o deporti-vo; por lo que correspondía aplicar el art. 504 del Código Civil;

(iii) Que las demandadas asumieron frente a la actora una obligación de seguri-dad de conformidad con el art. 1198 del Código Civil, precisando las características de dicha obligación y citando jurisprudencia que consideró aplicable;

(iv) Que la duplicidad de las órbitas de responsabilidad argumentada por la Mu-nicipalidad no es clara y que de conformidad con lo dispuesto por el art. 1107 del Códi-go Civil, la parte actora en su carácter de víctima tuvo la posibilidad de optar y por ello, optó por una responsabilidad de carácter contractual, siendo el plazo de prescripción el decenal.

5. El 5/02/2008, la Juez de primera instancia mediante resolución de fs. 519/522 vta. resolvió las cuestiones previas planteadas rechazando la excepción de litispendencia opuesta por el Club y haciendo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la Mu-nicipalidad, rechazando la demanda intentada en su contra.

Argumentó de la siguiente manera en cuanto a la excepción de prescripción:

(i) Que en la causa, la actora no ha acreditado debidamente en qué carácter la Muni-cipalidad cedió el inmueble al Club; por lo que no puede inferirse que existió una responsa-bilidad de carácter contractual;

(ii) Que en el caso, resulta inaplicable el art. 1113 del Código Civil, pues cuando el Estado desarrolla una actividad administrativa específica; la reparación debe regirse por normas de derecho público. Existe una presunción iuris tantum, de que el servicio se prestó en condiciones adecuadas y quien alegue lo contrario debe probarlo. Se aplica a dicho su-puesto, lo normado por el art. 1109, por no haber vínculo contractual, y el plazo de pres-cripción es el de dos años del art. 4037 del Código Civil.

(iii) Que el obligado directo mediante la prestación de un servicio es el Club, no probándose en autos el vínculo que unía a las demandadas.

6. Apelaron la parte actora (fs. 523) y el Club (fs. 524), éste último desiste del re-curso (fs. 594).

La Primera Cámara de Apelaciones dictó resolución de fecha 2/07/09 (fs. 602/605 vta.), rechazó el recurso de apelación planteado por la parte actora y confirmó el auto dicta-do por el a quo a fs. 519/522. Su razonamiento fue:

(i) Que en los autos N° 95.703 el actor y su cónyuge demandaron por daños y per-juicios a la Municipalidad y al Club basando su pretensión en los arts. 1068, 1069, 1109 y 1086 del Código Civil. Sin embargo, en estos obrados, el actor, al contestar la excepción de prescripción sostuvo que los demandados habían estado unidos por un contrato y que habí-an pactado una cláusula a favor de terceros en los términos del art. 504 del Código Civil.

(ii) Que en un proceso indemnizatorio¸ le incumbía al actor la prueba del título del cual resultaba acreedor (art. 499 del Código Civil), por lo que, aún cuando el actor haya modificado las razones por las cuales correspondía imputarle responsabilidad a la Munici-palidad y pretendía basarla en un incumplimiento contractual, el Tribunal puede calificar el hecho perjudicial por el principio iura novit curia.

(iii) Que a fin de diferenciar la responsabilidad contractual o extracontractual se debía tomar en cuenta el hecho generador causante del daño. Distinguió que la órbita con-tractual presuponía la existencia de una obligación particular, concreta y convenida libre-mente por las partes y que una de las partes sea el Estado no alteraba la naturaleza jurídica de la relación. En cuanto a la órbita extracontractual, señaló que la responsabili-dad deriva-ba de un hecho ilícito y que la reparación de ese daño suponía el cumplimien-to del deber genérico de no dañar.

(iv) Que en los autos N° 95.703 se había agregado a fs. 48 un documento según el cual la Municipalidad cedió el uso y goce de un lote al Club demandado destinado a cam-ping y recreación de los asociados, y que de dicho documento el actor infirió que existía una estipulación en favor de terceros. No obstante ello, precisó que el documento era insu-ficiente porque el contrato de cesión debió instrumentarse por escrito conforme el art. 1454 del Código Civil y que del texto no surge la existencia de una estipulación a favor de terce-ros en los términos del art. 504 del Código Civil, supuesto de excepción del principio gene-ral de los efectos de las obligaciones. Además, tampoco existían otros elementos probato-rios que avalaran tal interpretación, por lo que concluyó que la inter-pretación propiciada por el actor resultó forzada frente a un supuesto de responsabilidad extracontractual.

(v) Que tampoco puede admitirse un deber de seguridad contractual asumido por la Municipalidad demandada, y que dicha obligación no puede subsumirse en el deber jurídi-co de no dañar. Sostuvo que la Municipalidad en su carácter de propietaria del in-mueble, sólo podría haber respondido por imputación objetiva (art. 1113 párrafo 2° del Código Ci-vil).

(vi) Que, aún cuando el actor pretenda justificar la atribución del daño a través de un vínculo contractual, en el sistema dual de responsabilidad constituyen diferencias rele-vantes entre ambas órbitas: la prescripción y la extensión del resarcimiento. Por tan-to, habiendo ocurrido el hecho dañoso el 25/12/95, cuando se entabló la acción el 23/12/05, la acción estaba prescripta de conformidad con el art. 4037 del Código Civil.

II. LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE.

1. Recurso de casación.

La parte recurrente denuncia errónea interpretación y aplicación de los arts. 504, 1137, 1107 y 1113 del Código Civil, y asimismo art. 179 del C.P.C y art. 5 de la Ley 24.240. Argumenta del siguiente modo:

(a) Que la intención de las partes ha sido precisa y exclusiva en el sentido de benefi-ciar a terceros. Por ello, se agravia que la Cámara haya considerado insuficiente el instru-mento obrante a fs. 48 de los autos N° 95.703 y haya desconocido la correcta in-terpretación del art. 504 del Código Civil.

Destaca que la Municipalidad en su carácter de titular registral del inmueble donde ocurrió el evento, tenía un vínculo contractual con el Club instrumentado en el referido documento, el que claramente dispuso que la cesión había sido celebrada con destino a camping y recreación de los asociados de la institución.

Asimismo, se agravia respecto a que el Tribunal de Grado sostuvo que el actor de-bió demostrar que las partes del contrato (Municipalidad y Club) quisieron otorgar al terce-ro (Sr. Ayala) un beneficio independiente y propio. Por otra parte, hace hincapié en que la interpretación propuesta por la Cámara contraría la doctrina y la jurisprudencia actual, ya que exige más de lo que la propia normativa requiere y que si eventualmente el caso se considerara dudoso, la solución debía inclinarse en favor de la víctima.

(b) Que la Cámara no ha aplicado la tesis de las cargas probatorias dinámicas, exi-giéndose al actor probar lo alegado conforme la teoría clásica de la prueba, cuando en reali-dad quiénes estaban en mejores condiciones de probar sobre la situación del inmue-ble, las facultades del titular registral y el alcance del vínculo obligacional eran el Club y la Muni-cipalidad.

Por ello, entiende que quien eventualmente debía probar la cláusula de estipula-ción en favor de terceros, era la parte demandada, especialmente la Municipalidad, pues cuenta con una estructura administrativa y contable y debe cumplir con la obligación de una co-rrecta administración de los bienes públicos.

(c) Que la Cámara omitió aplicar el art. 5 de la Ley de Defensa del Consumidor que dispone que los servicios prestados y utilizados en forma correcta no deben repre-sentar un daño para la salud del usuario. El recurrente reconoce que si bien no fue invo-cada la nor-mativa en las instancias anteriores, al ser de orden público (art. 65 de la Ley 24.240); co-rrespondía su aplicación. Sostiene que las cosas y servicios deben ser presta-dos de tal ma-nera que su correcto uso no presente peligro alguno para la salud o integri-dad física de los consumidores y usuarios y que en caso de duda se debe estar siempre a aquella postura que beneficie al consumidor. Por ello, concluye que la Cámara contrarió dicha normativa ya que debió haber considerado el plazo del art. 4023, que era el que beneficiaba al consumi-dor.

III. LA SOLUCIÓN DEL CASO.

La cuestión a resolver es si es normativamente correcta una resolución que con-firma lo resuelto en primera instancia, en cuanto rechaza la demanda interpuesta en contra de un Municipio y hace lugar a la excepción de prescripción de conformidad con lo dis-puesto por el art. 4037 del Código Civil. El recurso de casación comprende los errores "in iudicando", por lo que tiene dicho este Tribunal que si bien es cierto que el análisis subsuntivo de los hechos del pro-ceso con relación al contenido material de la norma jurídica, constituye en ciertos casos uno de los supuestos de control de legalidad en el esquema casatorio (art. 161 inc. 3, Código Procesal Civil), tal examen habilita la vía excepcional sólo a condición de que se funde la queja manteniendo exactamente los hechos determinados en la instancia de grado. Ello por cuan-to cualquier alteración o controversia sobre el material fáctico del proceso excede el ámbito restricto del control casacional, reservado a los supuestos normativos contemplados en el art. 159 del Código Procesal Civil (L.A. 96-73; L.A. 161-373; L.S. 194-316; L.S. 208-246).

Por lo mismo, el vicio de subsunción actúa cuando se llega a una defectuosa califi-cación de los hechos, a los que se les hace jugar una disposición que no se identifi-ca con su verdadera esencia; sea porque su supuesto legal es otro, o porque se prescinde de esgri-mir la regla que conviene a su contenido; el vicio consiste en darle a los hechos probados un "nomen iuris" equivocado; se trata entonces de la mala aplicación del dere-cho canaliza-ble por la casación y no por la inconstitucionalidad (L.S. 193-1).

En la especie, la parte recurrente sostiene que la responsabilidad de la Municipa-lidad era de carácter contractual y que el plazo de prescripción que correspondía aplicar, era el decenal del art. 4023 del Código Civil. Por ello, concluye que había existido una errónea interpretación y aplicación de los arts. 504, 1137, 1107 y 1113 del Código Civil y asimismo de los arts. 179 del C.P.C y 5 de la Ley 24.240.

La queja se basa estrictamente en el análisis de la responsabilidad de la Municipali-dad demandada como co-contratante del Club entendiendo que la re-lación que los vincula-ba era un contrato a favor de un tercero en los términos del art. 504 del Código Civil.

Corresponde analizar si dicha norma ha sido incorrectamente interpretada. Ade-lanto mi opinión en que la queja no debe prosperar. Explicaré por qué:

En primer lugar, debo destacar que la Cámara acertadamente razona en el senti-do de que en un proceso indemnizatorio le incumbía al actor la prueba del título del cual resul-taba acreedor de conformidad con el art. 499 del Código Civil. Si bien la actora pre-tende fundar su agravio, en que ha quedado acreditada la existencia de una estipula-ción a favor de un tercero con el documento agregado a fs. 48 de los autos N° 95.703 entiendo que esa afirmación es errónea.

En efecto, el art. 504 del Código Civil dispone: "Si en la obligación se hubiere esti-pulado alguna ventaja en favor de un tercero, éste podrá exigir el cumplimiento de la obli-gación si lo hubiese aceptado y hécholo saber al obligado antes de ser revoca-da".

La doctrina señala que: "existe una estipulación en favor de tercero cuando una per-sona "estipulante o promisario" obtiene de otra "promitente o deudor" la promesa de ejecu-tar una determinada prestación en beneficio de un tercero que no ha sido parte en el contra-to. Por ello, bien se ha dicho que se trata de una institución bilateral en su formación y triangular en sus efectos" (Al respecto consultar: Trigo Represas, Félix- Compagnucci de Caso, Rubén "Código Civil Comentado" Obligaciones Tomo I, Rubin-zal Culzoni, Santa Fe, 2005).- En la adquisición del derecho por parte del tercero beneficiario es de fundamen-tal importancia su aceptación por dos razones: (i) porque el tercero puede rechazar la estipula-ción en su favor y negarse a aceptarla y (ii) por cuanto el estipulante a su turno puede, hasta la aceptación de su beneficio, proceder a su revocación. Para que la acepta-ción sea eficaz debe ser comunicada al obligado antes de ser revocada la ventaja a favor de un tercero, por lo que se trata de una declaración de voluntad recepticia que no se cumple con su sola emi-sión por el declarante sino va dirigida al promitente, no quedará perfeccionada como tal hasta tanto no llegue a conocimiento de su destinatario por me-dio de una notificación o comunicación. De tal forma, si antes de la recepción de la aceptación se hubiera revocado el beneficio, aquella sería tardía y, por lo tanto, inidónea para posibilitar la consolidación de esa frustrada adquisición; producida la aceptación en tiempo propio, el tercero adquiere el derecho (Ver Trigo Represas- Compagnucci de Caso, ob. citada).

En cuanto a los efectos, se destaca que nacen diversas obligaciones: (i) entre estipu-lante y obligado (relación de cobertura); (ii) entre estipulante y beneficiario (rela-ción de valuta) y (iii) una relación directa entre obligado y beneficiario. En la especie, del análisis del documento de fs. 48 de los autos 95.703, no surge la existencia de cláusula normativa en que las partes hayan convenido una estipulación en favor de terceros pues no se observa:

(i) Que las partes (Municipalidad y Club) hayan asumido el carácter de estipu-lante y de promitente;

(ii) Que la intención de las partes haya sido precisa en el sentido de beneficiar a un tercero beneficiario, es decir, expresamente al actor. Tal circunstancia es corroborada por la referencia en el documento a "asociados" en forma genérica e indeterminado.

(iii) Que el actor no ha demostrado estar eventualmente dentro de esa categoría par-ticular de asociados.

En efecto, resulta acertado el razonamiento de la Cámara en el sentido de que el actor debió demostrar que las partes del supuesto contrato entre la Municipalidad y el Club quisieron otorgar al Sr. Ayala un beneficio independiente y propio a fin de que resulte apli-cable el art. 504 del Código Civil. Cabe señalar que no se advierte que exista concreta y particularmente una obligación asumida por el Municipio en favor del Sr. Ayala conforme lo exige la correcta inteligencia de la normativa reseñada.

A mayor abundamiento, más allá del vínculo que exista entre la Municipalidad y el Club y/o del eventual destino que haya sido pactado, resulta claro que la responsabili-dad de la Municipalidad en su carácter de titular registral del inmueble donde ocurrió el evento, era de carácter extracontractual. Tal como correctamente lo expone la Cámara, aún cuando el actor haya basado la responsabilidad en un incumplimiento contractual, el Tribunal pue-de calificar el hecho perjudicial por el principio iura novit curia. Este argu-mento no fue atacado ni analizado por la actora, quien no se hace cargo de la modifica-ción en su estrate-gia procesal en estos obrados respecto a los autos N° 95.703. Cabe agregar que existe cierta contradicción en la conducta del actor, ya que al promover la demanda contra la Municipa-lidad invocó "el carácter de titular registral" y luego al fun-dar el rechazo de la excepción de prescripción interpuesta invoca la existencia de un incumplimiento contractual basado en la obligación de seguridad y que dicho contrato se perfeccionó cuando se pagó el ingreso a las instalaciones (ver constancias de presenta-ción de fs. 415/431 a fs. 415 y de fs. 481/487).

En cuanto al agravio referido a la incorrecta interpretación del art. 179 del C.P.C. resulta a todas luces improcedente que bajo la invocación de la aplicación de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, la actora pretende exonerarse de su propia carga procesal y resulta acertado lo considerado por la Cámara en el sentido de que el Juez no puede fallar sólo por la existencia del daño si no estaba probada la imputación contrac-tual al Munici-pio.

Resulta necesario resaltar que el fundamento último de la prescripción liberatoria es la seguridad jurídica, dando solución a un conflicto de intereses, eliminando incerti-dumbre en ciertas situaciones jurídicas y obligando a los titulares de los derechos a no ser negligen-tes en su ejercicio (Al respecto ver entre otros: Borda, Guillermo "Tratado de Derecho Ci-vil" "Obligaciones Tomo II", Actualizado por Borda Alejandro, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2008). En la especie, la recurrente sostiene que la interpretación propuesta por la Cámara contraría la doctrina y la jurisprudencia que si eventualmente el caso se considera dudoso, la solución debe inclinarse en favor de la víctima. No obstan-te, en la especie no existe duda alguna respecto al plazo de prescripción aplicable porque la responsabilidad era de carácter extracontractual y correctamente la Cámara entendió que el actor recurrente había excedido ampliamente los dos años con los que contaba el actor para reclamar.

Finalmente y en cuanto al argumento de haber omitido aplicar el art. 5° de la Ley 24.240, aún cuando no se advierte la existencia de una relación de consumo entre la Muni-cipalidad y el actor en los términos de los arts. 1, 2, 3 y conc. de la Ley 24.240, la aplica-ción de dicha normativa, no variaría la conclusión a la que arribó la Cámara en el sentido de que la acción está prescripta. Téngase presente que el plazo que hubiera co-rrespondido eventualmente aplicar era el del art. 50 de la Ley 24.240, que establece tres años para las acciones, por lo que si, eventualmente, consideramos este plazo, habiendo ocurrido el hecho dañoso el 25/12/95, al tiempo de interponer la acción, el 23/12/05 ya se encontraba prescripta.

En virtud de todo lo expuesto y si mi voto cuenta con la adhesión de mi distin-guido colega de Sala, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolu-ción re-currida.

Así voto.- Sobre la misma cuestión el Dr. ROMANO, adhiere al voto que antecede.- A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. JORGE NANCLARES, DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, pues ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. ROMANO, adhiere al voto que antecede.- A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. JORGE NANCLARES, DIJO:

En función del resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que an-teceden, corresponde imponer las costas de esta instancia a la parte recurrente que resulta vencida (Arts. 36-I y 148 C.P.C.).

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. ROMANO, adhiere al voto que antecede.- Con lo que se dio por terminado el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 08 de Febrero de 2011.

Y VISTOS:

Por mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Su-prema Corte de Justicia, fallando en definitiva, R E S U E L V E:

I.- Rechazar el recurso extraordinario de casación interpuesto a fs. 6/16 vta. de au-tos.

II.- Imponer las costas a la parte recurrente vencida.

III.-Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

Notifíquese.

mt DR. JORGE H. NANCLARES DR. FERNANDO RO-MANO CONSTANCIA: Que la presente resolución es suscripta sólo por dos miembros del Tribu-nal, en razón de encontrarse vacante la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justi-cia (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 08 de febrero de 2.011.-