marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Retiro transitorio por invalidez, perjuicio económico, aplicación de la ley, Constitución Nacional, fallos de la Corte Suprema, inconstitucionalidad, beneficios previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Malek, Mirta Beatriz c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-22

El dictado de la Res. A.N.Se.S. 479/04 desnaturalizó una prestación que era del sistema de capitalización previsto en la ley 24.241, modificando -en el caso- el beneficio del titular. Al respecto tiene dicho el Alto Tribunal que la conformidad que debe guardar un decreto respecto de la ley que reglamenta no consiste en una coincidencia textual entre ambas normas, sino de espíritu, y en general no vulneran el principio establecido en el art. 99, inc. 2 de la Constitución Nacional los reglamentos que se expidan para la mejor ejecución de las leyes, cuando la norma de grado inferior mantenga inalterables los fines y el sentido con que la ley haya sido sancionada (cfr. dictamen de la Procuración General al que remitió la C.S.J.N. en autos "Oharriz, Martín Javier", sent. del 26.08.03). Por ello, cabe concluir que la referida resolución de organismo administrativo desvirtuó el alcance que le había otorgado el art. 27 de la ley 24.241, el Dec. Reg. 55/94 y sus modificatorios a la prestación por invalidez y, en consecuencia, vulnera lo dispuesto por el art. 99, inc. 2 de la C.N., por lo que corresponde declara su inconstitucionalidad. (Del voto del Dr. Chirinos).
Costas, desistimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Hidronor  S.A.  Hidroeléctrica Norpatagónica c/ Iglys y Neyrpic  S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-24

Lo acordado por la actora con otros codemandados en lo que hace a la distribución de las costas no resulta oponible a los letrados de la parte que no tuvo intervención en dicho acuerdo.
Medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Felipe Escribano e Hijos S.A. s/ Acción de Amparo s/ Legajo de Copias para ser Elevado a la  Excma.Cámara de Apelaciones Iñurrutia, Graciela y Otro s/ Medida de No Innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-18|1998-10-30

La prohibición de innovar es una medida cautelar que tiene por objeto el mantenimiento de la situación de hecho al tiempo de ser decretada con relación a las cosas sobre las que versa el litigio y por fundamento la inalterabilidad de la cosa litigiosa.
Lanzamiento preventivo, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

Los valores y principios que hay que ponderar adecuadamente para garantizar la aplicación constitucional del art. 335 del CPPCABA son, por un lado, el derecho de propiedad (art. 17, CN y art. 10, CCBA), que es el protegido penalmente por la cláusula bajo examen y, por otro, el debido proceso y los derechos sociales de los afectados en la medida que el caso revele una problemática social. (Voto en disidencia del Sr. Juez Horacio G. Corti).
Acto administrativo, nulidad absoluta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Farías, Orlando c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-03-29

La ausencia de los antecedentes de hecho y derecho que preceden y justifican el dictado del acto... determinan su nulidad absoluta.
Competencia, competencia por conexidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PALADEA, YOLANDA NOEMI c/ CAJA MUNICIPAL DE PRESTAMOS Y SERVICIOS s/ REPETICION DE PAGO (CUESTION DE COMPETENCIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-06

La conexidad con entidad suficiente para derogar en forma total o parcial la regla de la competencia, en cuanto al turno, se da en términos generales, cuando, sin llegar a configurarse el supuesto de sentencias contradictorias, el nuevo proceso es consecuencia del anterior o tiende a modificar o a dejar sin efecto lo resuelto precedentemente. Se trata de una prolongación de la misma controversia aunque se dirija contra otro demandado, y por esa vinculación, debe someterse al conocimiento del Tribunal que previno, que contará con la ventaja de los elementos arrimados en ambos procesos y permitirá la continuidad de criterio en la valoración de los hechos y el derecho invocados conforme al principio de la perpetuatio jurisdictionis.
Constitución Nacional, ley vigente, fallos de la Corte Suprema, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-18

De acuerdo con la Constitución Nacional, la legislación vigente y la jurisprudencia de la Corte, la elección del índice de actualización de las remuneraciones (e incluso la determinación del índice de movilidad) no constituye una facultad privativa o exclusiva del Congreso pues no se trata de materia reservada por la Constitución al Congreso de la Nación, siendo en este sentido que la fijación de índices de actualización para la determinación del haber inicial difiere de otras materias regidas por el principio de legalidad tal como sucede en buena parte de las cuestiones que involucran materia penal o tributaria (artículos 18 y 75 de la Constitución Nacional) (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Lavado de activos, delito continuo, delito precedente, origen de los fondos, delitos contra el orden público
Materia: PENAL
Carátula: Salvatore, Carla Yanina c/  s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2019-03-08

El delito de lavado de dinero consiste en dar apariencia de legitimidad a bienes que tienen en realidad procedencia delictiva, actividad que no sólo afecta las finanzas públicas sino que también distorsiona el mercado financiero y de capitales, en razón de que los negocios que se emprenden con dinero que proviene del circuito ilegal buscan esencialmente adquirir visos de legalidad, disimulando su verdadero origen, siendo su objetivo final introducirlo al mercado legal, sin que sea el interés de sus autores lograr rendimiento económico, resignando incluso ganancias pues lo central es aparentar la licitud del negocio.
Comercialización ilegal de estupefacientes, escala penal, suspensión de la patria potestad, detención
Materia: PENAL
Carátula: Romero Mercado, Renzo Antonio s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-30

Si el a quo, luego de dar por probado el hecho que tuviera como autor al imputado -ofrecimiento de material prohibido a los transeúntes que ingresaban al asentamiento- y que calificó dentro de la normativa del art. 5º inc. c de la ley 23.737, se decidió fundadamente por un monto punitivo que se encuentra dentro de la escala legal prevista para tal delito, no se advierte un supuesto de arbitrariedad. El art. 12 CP no conculca los arts. 10 del PIDCyP y el 5 ap. 6 CADH, como tampoco resulta lesivo del art. 18 CN, pues la incapacidad civil allí dispuesta no implica la pérdida de la patria potestad o de otros derechos, sino que simplemente establece la suspensión de éstos mientras dure la incapacidad por el encierrro.
Revisión judicial de actos administrativos, recurso de reposición (procesal), exceso ritual manifiesto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Videla, Eve Margarita c/ Provincia de Buenos Aires (IPS.). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Si el planteo formulado en sede administrativa tiene las mismas bases que la acción judicial intentada, y el asesor general de gobierno y el fiscal de Estado emitieron dictamen en el mismo sentido en que se expidió finalmente el ente administrativo, no era dable suponer que ese organismo fuera a modificar sus decisiones ante un eventual recurso de revocatoria por lo que pretender que la peticionante dedujera revocatoria ante esa misma autoridad, significaría someterla a un ritualismo estéril.
Transporte de carga por agua, mercadería deteriorada, responsabilidad del transportador, culpa náutica, prueba
Materia: COMERCIAL-NAVEGACION
Carátula: LA BUENOS AIRES CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ CAP. PROP. ARM. BUQUE LUBLIM II s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-10

El llenado de los tanques profundos es una operación habitual por razones de calado o estabilidad del buque. Para poder invocar con éxito las causales de exoneración del inc. a) del art. 275 de la ley, el naviero debe probar que ha obrado con diligencia razonable para poner al buque, al comenzar el viaje, en estado de navegabilidad, arts. 270 y 272 ley de navegación. Este estado de navegabilidad incluye la idoneidad del barco con relación al cargamento, art. 270, inc. c), conocida en doctrina como navegabilidad relativa o concreta. El citado art. 272 establece, al respecto que la transportista debe acreditar que ha desplegado una razonable diligencia para poner las bodegas y cualquier otro espacio utilizado en el traslado de la mercadería en condiciones apropiadas para recibirlas conservarlas y transportarlas.
Confirmación de sentencia, sucesión ab intestato, domicilio del causante, competencia por el territorio, bienes inmuebles, bienes muebles, derecho internacional privado
Materia: CIVIL
Carátula: Sirinian, Gilda  c/  s/ Sucesión ab intestato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-17

Cabe confirmar el decisorio apelado, pues como en el caso no median tratados internacionales, se debe recurrir a las disposiciones de Derecho internacional privado en materia de sucesiones del Código Civil y Comercial de la Nación; ha de estarse a lo previsto en los arts. 2643 y 2644, ambas normas hacen referencia sólo a inmuebles por lo que no se autoriza a extender la misma solución, sin más, a otro tipo de bienes. En razón de ello, en el caso, tratándose de bienes muebles -fondos depositados en una cuenta bancaria existente en el extranjero y las acciones correspondientes a una sociedad- situados en un país con el cual no media un tratado internacional, resulta competente el juez argentino, por registrarse en esta jurisdicción -CABA- el punto de conexión previsto en la norma -el último domicilio del causante-.
Medidas cautelares, medida de no innovar, presunción de legitimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CUELLAR, CARLOS MARCELO s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-07-03

La prohibición de innovar y las medidas cautelares genéricas (arts.

230 y 232, respectivamente, del código de rito) no están exentas de la concurrencia de los recaudos generales para todas las cautelares.

Entre éstos, la verosimilitud del derecho debe ser analizada acentuando el carácter excepcional que es propio de las cautelares, particularmente en casos como la especie en que se pone en entredicho un ordenamiento legal - declaración de inconstitucionalidad - , que goza de aquella presunción de legitimidad hasta pronunciamiento en contrario, no surgiendo de autos que aparezca, con la claridad propuesta por el recurrente, la verosimilitud del derecho invocado - perjuicio derivado de la falta de receptabilidad de los CEDERN en el circuito económico y su poder cancelatorio dentro de los mismos valores en que fueron emitidos - y el peligro en la demora.
Ley de Concursos, concursos, acreedores del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Pesquera  Santa  Elena  S.A. c/ D.G.A.  -resol  5119/01 (Expte583882/95) s/ ANA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-01

Surge del articulado y de la exposición de motivos de la ley 19.551 que el legislador no hizo exclusión sobre algún tipo de acreedor, sino que por el contrario los incluyó a todos con la finalidad de determinar la totalidad del pasivo del deudor.
Secuela de juicio, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: SILVA ACEVEDO, Carlos A. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-30

Se conocen teorías restrictivas respecto de la naturaleza de los actos procesales que puedan designarse como secuela de juicio, aunque este cuerpo tiene posición tomada en orden a este tema, desde que invariablemente ha sostenido que toda medida investigativa que tienda a adelantar el proceso hasta la obtención de una resolución de mérito importa secuela del juicio y consiguientemente interrumpe la prescripción porque exterioriza la voluntad del Estado de llevar adelante la investigación.-
Personal de casas particulares, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: PONCE ROXANA EDITH c/ HOMAN GRISELDA Y OTRO s/ COBRO DE PESOS - EXPTE N° 11-P-2004
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-03-27

La jurisprudencia es unánime en relación a la inaplicabilidad de las normas de la LCT a los trabajadores del servicio doméstico. Consecuentemente con lo anterior, va de suyo que sobre la accionante recaía en autos la carga de probar que las tareas domésticas cumplidas en beneficio de la demandada tuvieran la frecuencia semanal. y la duración diaria.

que invoca en el promocional. o en el peor de los casos que dicha prestación de tareas reunía los requisitos que establece el art. 1 del Decr. ley 326/56 para ser incluidos en su régimen, es decir, un mínimo de cuatro horas diarias y cuatro días por semana para el mismo empleador. Y desde esa óptica, entonces, corresponde merituar las pruebas ofrecidas y producidas." (C. Apel. Concordia - Ferreira c/ Vargas y otro - Cobro de Pesos -Sala del Trabajo - 8/6/2007 - Rev.

El derecho 18/2/2008).
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: MENDOZA, José y SANGUINO DE MENDOZA, Milagro c/ GARROS DE MARTINEZ, María Cristina s/ EMBARGO PREVENTIVO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-03-31

El art. 1113 del Código Civil, sienta el principio del riesgo creado que importa aceptar la responsabilidad con prescindencia de la subjetividad del agente, y centra el problema en torno a la causalidad material. Siendo suficiente la prueba de la producción del resultado dañoso ante la circunstancia del riesgo creado por la cosa, el dueño o guardián de la cosa riesgosa sólo se exime de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
Funcionarios públicos, Estado, empleados públicos, relación de dependencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

La relación de servicio es una relación jurídica en virtud de la cual una persona física asume el deber de desarrollar su propia actividad, coactiva o voluntariamente, para conseguir los fines del Estado (de lo que resulta que su contenido puede ser, por tanto, una prestación voluntaria -cuando es necesario el consentimiento del interesado y tiene su origen en un acto administrativo-; o coactiva -en cuyo caso, es innecesario el consentimiento-, pero ésta no es exigible sino en virtud de ley que lo establezca por tiempo limitado, con carácter general y respetando el principio de igualdad -artículo 16, de la Constitución Nacional; artículo 8, 1ra. p. y 14, 3ra. p., de la Constitución Provincial-). Tal actividad es relativamente permanente y continuada, distinguiéndose por ello de aquellas meramente momentáneas (funcionario accidental) y de las permanentes y continuadas de grado superior (por ejemplo: el empleo público).
Juicio administrativo de responsabilidad, empleados públicos, extinción de la relación funcional, responsabilidad del funcionario público, jurisdicción administrativa, tribunal de cuentas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carrizo de Scarttezini, Yolanda del Valle y otro s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-08-24

Es erróneo suponer que el juicio administrativo de responsabilidad que regula el art. 20 de la ley 4828 (Tribunal de Cuentas), no resulta de aplicación a agentes de la administración Pública provincial o municipal, cuando éstos hayan cesado en sus funciones. Ello por aplicación del art. 75 de la referida ley, que únicamente en el caso de juicio de cuentas hace referencia a que la causa proseguirá ante la renuncia, separación, incapacidad, etc. No existe liberación de responsabilidad por hecho del alejamiento de la función, ese criterio deducido mediante un loable esfuerzo de interpretación choca frontalmente con una elemental visión de lo que debe entenderse como "responsabilidad funcional", la que se extiende a todos los actos u omisiones de una gestión, hasta tanto sea aprobada (la gestión) por los agentes de contralor; por otro lado la claridad del art. 21 de la ley 4828 exime de todo comentario, cuando expresa: "... Están sujetos a la jurisdicción y competencia del Tribunal de Cuentas, los agentes de la administración pública provincial y municipal o personal a quienes se les haya confiado en forma permanente, transitoria, o accidentalmente el cometido de recaudar, percibir, invertir, transferir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u otros bienes de pertenencia del Estado o puesto bajo su responsabilidad, como también los que sin tener su autorización legal para hacerlo, toman ingerencia en las funciones y tareas mencionadas. También lo están todos los funcionarios que hayan participado en los actos mencionados cualquiera sea su instancia."
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos lícitos, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: ASTILLEROS HERNAN CORTES  S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05

En el caso -responsabilidad por acto lícito (es decir, obrado sin culpa ni dolo), y por añadidura, a raíz de daños causados por el ejercicio de los poderes de guerra en una situación pre-bélica- se justifica la adopción de un criterio particularmente restrictivo, ya que de otra suerte se impondrían trabas excesivas al logro del bien común. Ni aun en el terreno del derecho común una responsabilidad de este tipo podría dar lugar a una reparación integral. Tampoco en el plano del derecho público, donde las leyes suelen, por añadidura, imponer restricciones en este aspecto, limitando la reparación no sólo a las consecuencias directas e inmediatas, sino excluyendo expresamente el lucro cesante, y aun otros perjuicios.
Obligaciones solidarias, codemandado
Materia: LABORAL
Carátula: DARTUQUI, HERNAN MARIA c/ CANTERO, CLAUDIO JOSE y otro s/ Cobro de Pesos (Indemnizaciones, SAC, VACAC. y OTROS)-RECURSO DE  INAPLICABILIDAD DE LEY FARIAS, PEDRO ANTONIO Y OTROS c/ LA VALENCIANA S.R.L. Y OTRO s/ Cobro de Pesos-RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-07-07|2010-09-10

El art. 132 bis de la LCT -en versión de la ley 25345- castiga la conducta de aquél que hubiere retenido aportes o contribuciones, razón por la cual proviniendo la responsabilidad solidaria de la codemandada de la aplicación del art. 29 de la LCT, no resulta comprobada en tales supuestos la causa legal de la sanción conminatoria prevista en el artículo en cuestión, toda vez que en esas hiótesis no existe deducción de aportes ni falta de ingreso a los organismos corrrespondientes.
Recurso contencioso administrativo, demanda, falta de contestación de la demanda, presunciones, prueba, verdad formal, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oviedo, German c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 636-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

La falta de contestación de la demanda en el recurso contencioso administrativo, ocasiona que los hechos articulados por el actor sean tenidos por ciertos, sin perjuicio de la prueba en contrario y de su evaluación conforme a derecho. En estos casos, el Tribunal examina la legitimidad de los actos y hechos en lo que concierne al orden o interés público; y el concepto de orden público es el que impone al Tribunal la determinación de la verdad real, y no de la verdad formal; también él explica la mayor amplitud de atribuciones del Tribunal en lo contencioso administrativo -a diferencia del juez del procedimiento civil que en diversas situaciones procesales simplemente homologa, por así decirlo, lo que demandan, proponen o consienten las partes-. En ambos recursos -de plena jurisdicción y de anulación o ilegitimidad- la jurisdicción se propone determinar la verdad real del actor, y no sólo la pretensión jurídica del recurrente.
Recurso extraordinario, per saltum, denegatoria del recurso, elecciones provinciales, junta electoral, sistema federal, competencia federal, competencia provincial
Materia: PROCESAL - ELECTORAL
Carátula: Partido Demócrata Cristiano s/ impugnación  de  candidatura  a gobernador de Eduardo César Angelóz -  Recurso de Revisión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-05

Debe desestimarse el recurso extraordinario per saltum contra la resolución de una junta electoral provincial, pues de lo contrario se estaría convalidando una intromisión del gobierno federal en la jurisdicción provincial, materializada mediante la sustracción de una causa que no ha fenecido su trámite ante las instancias implementadas por el estado local.
Inhabilitación (civil), prescripción, cómputo del plazo
Materia: PENAL
Carátula: RIVEIRO ALVES O RIVERO ALBES, AMANCIO. s/ ESTAFA EN CONCURSO IDEAL CON FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO  EQUIPARADO A PUBLICO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-18

Si bien es cierto que el Sr. Defensor Gral. fue anoticiado . . . en modo alguno puede considerarse o sostenerse que dicha diligencia confirió firmeza al fallo. El art. 66 del C. P. Dispone expresamente, respecto del plazo de prescripción de la pena, que empezara a correr desde la medianoche del día en que se notificare al reo la sentencia firme. . . , lo cual importa la necesariedad de que el condenado sea puesto en el deber jurídico de cumplimentar con la pena aplicada, y en el caso de autos, en que la sanción es efectiva, la ley adjetiva establece que dicha notificación al condenado debe ser personal -art. 135, inc. 2°del C. P. P. -,. . . De todas maneras, aun en la hipótesis sugerida. . . , el recurso apelatorio interpuesto, deja sin firmeza y efectividad la condena, razón de mas para desestimar este primer supuesto del memorial de agravio.
Ley de contrato de trabajo, interpretación de la ley, trabajo insalubre, declaración de insalubridad, acto administrativo
Materia: PROCESAL - LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTEAUTOMOTOR. s/ RECURSO DE NULIDAD Y RECONSIDERACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-24

Corresponde conferir al art. 200 del Régimen de Contrato de Trabajo (t.o.) un contenido amplio y abarcador del supuesto en que el acto administrativo desconoce la existencia de condiciones de trabajo insalubres. Esta interpretación guarda correspondencia con otros objetivos que también informan a la regla jurídica citada, como son los de celeridad en el proceso y unidad en el ámbito territorial pertinente del órgano judicial llamado a conocer en un mismo instituto jurídico.
Jubilaciones, pensiones, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Carozzi, Héctor Jorge P. c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-26

El derecho adquirido lo es a que se respete la situación de jubilado o retirado y no a que su haber siga siendo determinado por las mismas reglas vigentes al tiempo de concederse el beneficio, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones o a la inmovilidad normativa.