Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-05-28


Ac. 104.146 "B. R. A. Recurso de casación. Recs. extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley".

///Plata, 28 de Mayo de 2008.

AUTOS Y VISTO:

El señor Juez doctor Hitters dijo:

1. Conforme surge de las actuaciones, la Sala I de la Cámara de Apelación y de Garantías en lo Penal de La Plata, con fecha 24 de noviembre de 2006, resolvió no hacer lugar a la excarcelación solicitada en favor de R.A.B en los términos del art. 169 inc. 9 -actual inc. 10- del Código Procesal Penal -texto según ley 13.449- por no concurrir el requisito temporal previsto en el art. 13 del Código Penal, conforme al cómputo provisorio practicado (fs. 1/6, exp. 26.308). Contra lo así resuelto, la defensa técnica del procesado dedujo recurso de casación, en el cual peticionó en subsidio la concesión de la excarcelación extraordinaria prevista en el art. 171 del Código Procesal Penal (fs. 10/15, íd.). El Tribunal de Casación Penal, luego de las vicisitudes que reflejan las constancias obrantes a fs. 33/34 y siguientes del referido legajo en relación con el trámite de integración del órgano colegiado por supuestas dificultades en la obtención de la mayoría necesaria para decidir el caso, el 29 de abril de 2008 declaró admisible el recurso homónimo interpuesto y, por mayoría, dispuso conceder "arresto domiciliario" al "imputado" R.A.B, exponiendo fundamentos -tanto en los votos que hicieron mayoría como en el minoritario- concernientes a la prisión preventiva, su duración y a la calidad de procesado, señalando que se encontraba pendiente una impugnación ante esta Corte (fs. 52 y 58 vta., íd.). Entendió, además, que esa decisión debía hacerse efectiva por el a quo, previo cumplimiento de "los requisitos legales" (arts. 18, C.N.; 417, 421, 448, 459, 460, 530, 531 y conc. del C.P.P.; fs. 45/61 vta., íd.). La Casación no citó ninguna norma que fundamentara qué institución legal aplicaba para disponer tal "arresto" o "prisión domiciliaria" (fs. 59 y vta., íd.). La decisión se adoptó, así, sin cita normativa específica sosteniendo que "... el pedido excarcelatorio incluye también la posibilidad de una morigeración del encierro -quien pide lo más, pide lo menos-..." y concluyendo que conforme la edad de R.B. correspondía otorgarle "la prisión domiciliaria" (fs. 59 y vta., íd.).

2. Frente a lo así decidido, el Fiscal ante dicha sede interpuso las vías de nulidad e inaplicabilidad de ley (fs. 1/9 de Ac. 104.146). Denunció como erróneamente aplicados los arts. 16, 18, 28 y 33 de la Constitución nacional; 10 y 15 de la Constitución provincial; 14 incs. 2 y 5 del P.I.D.C. y P. y 8 inc. 2, primer párrafo y ap. "h" de la C.A.D.H.; e inobservados los arts. 434, 448, 451 y conc. del Código Procesal Penal. Sustentó la admisibilidad de la revisión en la existencia de "gravedad institucional", en tanto entendió que el criterio de la Sala comprometió la administración de justicia al afectar la forma de aplicar la ley procesal penal, pues evaluó vulnerada la unidad interpretativa que debe emanar de los fallos de Casación. Advirtió que el Tribunal de Casación incurrió en demasía decisoria o exceso de jurisdicción, lo que apreció que constituye una concreta afectación de la garantía del debido proceso (arts. 18 y 33 de la Constitución nacional; 10 y 15 de la Constitución provincial), plasmándose un supuesto de arbitrariedad que habilita la competencia extraordinaria de esta Corte para descalificar el pronunciamiento atacado como uno judicial válido. Expresó que la cuestión traída es portadora de un caso federal, solicitando a esta Corte se expida conforme la doctrina de los fallos "Strada" y "Di Mascio". Explicó que la primera fisura en la que incurre el fallo atacado es la de considerar que R.A.B. posee la calidad de procesado y no condenado (v. fs. 4, segundo párrafo, de Ac. 104.146).

3. Para esclarecer la situación de estos autos es necesario reseñar cuál ha sido la tramitación del principal. La sentencia condenatoria dictada por la Cámara de Apelación fue impugnada ante el Tribunal de Casación y luego ante esta Corte, la cual rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa el 12 de julio de 2006 (fs. 460/464 del exp. de casación 518). El defensor particular articuló un recurso federal que fue denegado por esta Suprema Corte el 11 de abril de 2007 (fs. 493/494, íd.). El 11 de mayo de ese año el Presidente de este cuerpo dispuso la devolución del expediente al órgano de Casación a fin de que se libraran las comunicaciones dispuestas por la ley nacional 22.117 (fs. 497, íd.). Las referidas actuaciones fueron recibidas en la Presidencia del Tribunal de Casación el 16 de mayo de 2007 (conf. constancia de fs. 497, al pie de página, íd.). Seguidamente, obra despacho del señor Presidente de ese órgano jurisdiccional remitiendo la causa con sus agregados a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de intervención en autos, a sus efectos (fs. 498, íd.). En el mes de junio de 2007 la Cámara cumplió con aquélla y otras comunicaciones, teniendo por firme el pronunciamiento (fs. 2097 a 2102 vta., exp. 84.446). El 22 de octubre de 2007 la alzada resolvió una incidencia relativa a la ejecución de la pena con fundamento en diversas reglas referidas al régimen de condenados de la ley provincial 12.256 (fs. 2115, íd.).

4. No corresponde aquí expedirse acerca de las consecuencias que derivarían de estos antecedentes para el supuesto caso de que la vía extraordinaria intentada resultara admisible, pues no es lo que ocurre en el caso de autos. En efecto, el pronunciamiento impugnado, no constituye sentencia definitiva ni resulta equiparable a tal. Se ha dicho reiteradamente en esta instancia que los recursos previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal sólo proceden contra las sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan el proceso o hacen imposible su continuación o a las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal (arts. 161 inc. 3 aps. "a" y "b" de la Constitución de la Provincia; 19 y 482 del Cód. cit.; conf. doct. Ac. 94.865, 6-VII-2005 y Ac. 96.632, 31-VIII-2007; Ac. 99.133, 20-II-2008) o a las que no teniendo tal esencia conclusiva, le son equiparables (v. gr. doct. Ac. 101.887, 14-XI-2007). En el caso, sea que se considere que el reclamo se alza contra el fallo del Tribunal de Casación que dispuso la morigeración del encierro cautelar del imputado o como diversa modalidad de ejecución de la pena, no encuadra en esos supuestos. En el primer caso, conforme lo resuelto por esta Corte, entre otros, en Ac. 99.973, res. de 12-IX-2007. En el segundo, porque el recurrente no ha demostrado la existencia de un perjuicio insusceptible de reparación ulterior ya que no intentó evidenciar que B. carezca de algún derecho equivalente en calidad de penado conforme las leyes que regulan la ejecución de la pena privativa de la libertad (art. 484 del C.P.P.). Por otra parte, no se advierte la alegada existencia de gravedad institucional que autorice apartarse de ese criterio. En tal sentido dable es destacar que dicho extremo está íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera existencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no observándose en el caso, conforme el contenido del fallo impugnado, la presencia de una situación de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha resuelto que no cabe hacer lugar a su invocada existencia, si ese planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de aquella circunstancia (conf. doct. Ac. 88.681, res. del 24-V-2006; Ac. 99.973 ya cit.; Ac. 99.627, res. del 31-X-2007; Ac. 99.994, res. del 7-XI-2007 y Ac. 99.008, res. del 6-II-2008; P. 57.123, sent. del 22-III- 2006; conf. C.S.J.N., Fallos 303:221).

Por ello, se desestiman los recursos interpuestos (art. 486, Cód. cit.).

El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos, adhiere al voto del señor Juez doctor Hitters.

El señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. Que sin perjuicio de dar por reproducidos los antecedentes del caso que enumera el doctor Hitters en su voto, me aparto de su pronunciamiento por entender que, en el caso, se suscita un supuesto de gravedad institucional.

II. Que de tales referencias resalto, en particular, la que se indica en el apartado 1, parte final, de ese voto: "La Casación no citó ninguna norma que fundamentara qué institución legal aplicaba para disponer tal 'arresto' o 'prisión domiciliaria' (fs. 59 y vta., íd.)". "La decisión se adoptó, así, sin cita normativa específica sosteniendo que '... el pedido excarcelatorio incluye también la posibilidad de una morigeración del encierro -quien pide lo más, pide lo menos-...' y concluyendo que conforme la edad de R. B. correspondía otorgarle la 'prisión domiciliaria' (fs. 59 y vta., íd.)". A ello se agrega que, según las constancias de la causa, la "prisión domiciliaria" irrumpió por disposición oficiosa del Tribunal de Casación, sin petición alguna en ese sentido del interesado y sin posibilidad de contradicción para el Ministerio Público.

III. Que constituye exigencia fundamental de las decisiones judiciales que estén fundadas en el texto expreso de la ley y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso (art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). Paralelamente, los tribunales de justicia deben resolver las cuestiones que le fueron sometidas por las partes (art. 169, íd.), resguardando suficientemente la garantía de la defensa y el debido proceso (arts. 10 y 15 de la Constitución provincial; 18, 31, 33 de la Constitución nacional).

IV. Que un supuesto como el de autos, en que se emite un pronunciamiento sin estímulo de parte, con ausencia de bilateralidad en su tramitación y sin fundamento legal alguno revela un desenvolvimiento de la administración de justicia incompatible con los recaudos constitucionales precedentemente enunciados. En tal sentido, la Corte Suprema de la Nación ha admitido la existencia de gravedad institucional cuando se afecta el adecuado funcionamiento del servicio. Así, en el caso "Toculescu" (Fallos 260:114) se adoptó esa inteligencia ante una sentencia que adolecía de deficiencias susceptibles de afectar una irreprochable administración de justicia. Es que la violación de aspectos procesales puede conllevar gravedad institucional cuando implica una palmaria denegación del debido proceso adjetivo (Fallos 280:314). De igual modo, el interés superior en procurar esa recta administración de la justicia puede verse afectado en aquellos supuestos en que no se preservan las funciones que la ley encomienda al Ministerio Público, a fin de custodiar el orden público y la defensa del orden jurídico en su integridad (conf. Fallos 315:2255 y demás precedentes que cita María Sagüés, en "Recurso extraordinario federal y gravedad institucional", en la obra colectiva "Derecho procesal constitucional", Ed. Universidad, pág. 385 y sgtes.).

V. Que la existencia de gravedad institucional constituye elemento que permite soslayar la reunión de alguno o algunos de los presupuestos de admisibilidad propios de los recursos extraordinarios, en autos el extremo de la definitividad de la sentencia. Que esta Suprema Corte así lo ha receptado en los casos excepcionales que lo han exigido. Ya en el año 1995, en ocasión de desempeñarme como Procurador General, lo puse de manifiesto en el pedido de avocación que formulara en las causas "Arrastía Buenard, Celso. Incidente de excarcelación" y "Acerbi, Roberto y ots. Secuestro extorsivo en concurso real con hurto calamitoso y homicidio agravado por alevosía" (incidente de excarcelación de Néstor Ausqui), oportunidad en que destaqué que ambos casos suscitaban enorme preocupación en la sociedad por la correcta administración del servicio de justicia, estimando estar ante situaciones de verdadera gravedad institucional. Recordé que esta última figura posibilita indudablemente la intervención de la Suprema Corte en excepcionalísimos supuestos, superando los obstáculos formales que eventualmente frustren el control constitucional que le cabe como órgano supremo. Porque los jueces han de remover las barreras que puedan encontrar para desempeñar eficazmente sus funciones, de manera que no caben interpretaciones que solo conducen a atribuir más importancia a los medios que se instrumentan para alcanzar dicha finalidad, que a ésta en sí misma (con cita de Fallos 298:36; "Jurisprudencia Argentina", 1996-I-545, con nota de Morello, "El per saltum en la casación de Buenos Aires", pág. 547). Planteamiento como titular del Ministerio Público en definitiva receptado por la Suprema Corte al recabar la remisión de la causa con suspensión de todo pronunciamiento por la alzada. Que, posteriormente, este Tribunal ha continuado en la misma línea, encontrando gravedad institucional y soslayando el extremo del recaudo "sentencia definitiva", en las causas Ac. 86.063, "Pagés, Carlos y ots. Homicidio calificado. Incidente art. 371, C.P.P.", del 12 de marzo del 2003; Ac. 85.717, "Castillo, Carlos Oscar. Violación calificada. Incidente de excarcelación", del 8 de julio de 2003; Ac. 85.757, "Leguizamón, Guillermo. Incidente de excarcelación", del 10 de septiembre de 2003 y Ac. 85.821, "Gallegos, Bernardo. Incidente de excarcelación", del 29 de octubre del 2003.

VI. Que, en definitiva, los recursos deducidos por el señor Fiscal de Casación resultan admisibles por existir un supuesto de gravedad institucional, lo que conduce al tratamiento de los mismos.

VII. Que abordando el de nulidad, la constatación de la falta absoluta de fundamentación legal, en los términos que han quedado expuestos en el ap. II precedente, determina la procedencia del alzamiento. Ahora bien, la invalidación tiene exclusiva atingencia a la parte del decisorio vinculada con el arresto o prisión domiciliaria, sin influencia alguna en todo cuanto concierne a la excarcelación, aspecto éste que no presenta las deficiencias apuntadas. Como esta Corte ha dicho reiteradamente en lo que respecta a la vía prevista en el art. 491 del Código Procesal Penal, la misma sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia; conf. doct. Ac. 94.522, 12-VII-2006; Ac. 97.232, 13-XII-2006; Ac. 97.324, 18-IV- 2007; entre muchos otros), hallándose presente, en el supuesto de autos, y en el aspecto referido conforme los fundamentos expuestos, la falta de fundamentación que lo torna procedente.

VIII. Que la procedencia de la nulidad hace innecesario el tratamiento del recurso de inaplicabilidad de ley.

IX. Que en consecuencia corresponde hacer lugar al recurso de nulidad, dejando sin efecto el pronunciamiento de la Sala I del Tribunal de Casación sólo en cuanto otorgó a R. A. B. "arresto" o "prisión domiciliaria". En atención a que dicho arbitrio constituyó actividad oficiosa del a quo, no se suscita la necesidad de dictar un nuevo pronunciamiento, pudiendo en su caso la parte interesada realizar las peticiones a que se crea con derecho, por la vía y ante el órgano correspondiente (arts. 171, Const. prov.; 491, C.P.P.).

El señor Juez doctor Negri dijo:

Coincido y doy por reproducidos los antecedentes del caso que exhaustivamente han sido reseñados en el voto del doctor Hitters. Comparto asimismo en que la decisión recurrida por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación, no es una sentencia definitiva y por ello se encuentra ausente uno de los requisitos de admisibilidad. En efecto, como reiteradamente lo ha resuelto esta Suprema Corte, las vías impugnativas previstas en el art. 479 del Código Procesal Penal sólo proceden contra las sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan el proceso o hacen imposible su continuación o a las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal (arts. 161 inc. 3 aps. "a" y "b" de la Constitución de la Provincia; 19 y 482 del Código cit.; conf. doct. Ac. 94.865, 6-VII-2005; Ac. 96.615, 16-VIII-2006; Ac. 97.509, 7-II- 2007). Y la resolución de autos no encuadra en el supuesto precedentemente indicado (conf. doct. Ac. 90.132, 17-III- 2004; Ac. 93.846, 11-V-2005; Ac. 93.154, 24-VIII-2005; Ac. 96.462 y Ac. 93.630, ambas del 8-XI-2006). Tampoco se advierte la existencia de una situación que, en el caso, genere de algún modo interés institucional, ni se han desarrollado argumentos que demuestren la existencia de un perjuicio insusceptible de reparación ulterior (art. 484, C.P.P.). Corresponde desestimar los recursos interpuestos (art. 486, C.P.P.).

El señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Adhiero al voto del doctor Hitters. Por otra parte -sin perjuicio de considerar que el fallo adolece de excesiva parquedad en sus fundamentos- encuentro suficiente la argumentación vertida para sustentar la solución finalmente adoptada, desde que resulta lógicamente irrebatible la expresión de que "quien pide lo más, pide lo menos", y que la edad del imputado -72 años- habilita la posibilidad de otorgamiento de "la prisión domiciliaria" que encuentra adecuada empenta en la directiva -insoslayable por cierto, dada su jerarquía normativa- emanada de nuestra Constitución nacional, en su art. 18 en cuanto prescribe que "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice". Tomo como fundamento normativo de la solución del órgano intermedio el aludido art. 18 de la Constitución nacional, desde que la sentencia como pronunciamiento incluye una secuencia de expresiones que tienden a resolver de manera definitiva el asunto principal y tales expresiones en ella contenidas no pueden ser apreciadas de manera aislada, es decir como incomunicadas entre sí, sino por el contrario éstas constituyen un conjunto en el cual coligan las unas con las otras, como un todo orgánico (P. 79.888, sent. del 28-XII-2005; P. 90.257, sent. del 19-IX-2007). Es que, si bien al tratar la cuestión segunda no se hizo mención de la norma aludida, sí se hizo lo propio en la cuestión siguiente, como en el apartado II del resolutorio (fs. 59 vta. y 60 vta., exp. de casación 26.308). Finalmente señalo, como quedó dicho por este Tribunal, que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re 'Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa V., H. s/habeas corpus', fallada el 3 de mayo de 2005 ordenó al Poder Ejecutivo brindar información a los jueces a fin de que éstos pudieran disponer 'formas de ejecución de la pena menos lesivas' (punto 5 de la parte dispositiva), poniendo en evidencia el claro objetivo, según entiendo, de evitar en la medida de lo posible el sometimiento de los procesados o condenados a las penurias de la cárcel cuando ello conduce, en el caso concreto, al cumplimiento de las finalidades establecidas por el sistema jurídico" (P. 73.366, sent. del 31-VIII- 2007; P. 86.764, sent. del 26-XII-2007), lo cual considero -atento la jerarquía de la fuente de la que proviene tal doctrina- me exime de mayores comentarios. Luego, corresponde desestimar los recursos intentados (art. 486, C.P.P., según ley 11.922 y sus modific.).

POR ELLO, por mayoría, se desestiman los recursos extraordinarios deducidos (art. 486, C.P.P.). Notifíquese al defensor y a la Procuradora General (Acordada 3327/2007). Acumúlese y procédase a su refoliatura, ofíciese a la Cámara de Apelación y de Garantías en lo Penal de La Plata a fin de remitir copia de lo aquí decidido requiriendo a dicho órgano su notificación a R. A. B., la que una vez cumplimentada deberá ser elevada a esta Corte. Recibida la misma, devuélvase.

JUAN CARLOS HITTERS - HECTOR NEGRI - EDUARDO JULIO PETTIGIANI - EDUARDO NESTOR DE LAZZARI - DANIEL FERNANDO SORIA.

SILVIA PATRICIA BERMEJO Secretaria