marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos administrativos, buena fe, factura, recibo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Co-Ingeniería S.A. c/ E.N. (Mº de Defensa-E.M.G.E.-) s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-15

No concilia con la buena fe contractual la actitud asumida por la actora quien, al percibir las facturas cuyos pagos pretendía que hubieran sido efectuados en mora, no deja constancia alguna de sus reparos ni en los recibos ni en presentación administrativa concomitante, limitándose a continuar con los trabajos, cobrar y esperar a haber terminado su compromiso para plantear la reclamación.
Delito penal, menores, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: G., M. A. s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-13

A los efectos de precisar el alcance del término "mayores" expresado en el art. 41 quater CP, corresponde remitirse a lo normado al respecto en la legislación civil, vigente al momento del hecho. Si al momento de la comisión de los hechos investigados, aún seguía vigente la mayoría de edad a los veintiún años y, en ese entonces la imputada contaba con diecinueve años de edad, no corresponde que sea considerada "mayor" a los fines de la aplicación de la agravante del art. 41 quater CP, teniendo en cuenta que la ley vigente al momento de los hechos constituye la ley más benigna. La disidencia sostuvo que el concepto "mayores" a los fines de la agravante, no puede ser interpretado prescindiendo del sistema en el cual se encuentra contemplado, es decir, el Código Penal y la legislación complementaria, marco en el cual se considera penalmente imputable a quien ha cumplido dieciocho años de edad o más.
Recusación, competencia, deber de imparcialidad, jueces naturales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., L. V. c/  s/ denuncia abuso sexual r/v hijo menor
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-09-25

Si los magistrados del debate aceptaran a la recusación de la defensa, ya no serán competentes para la continuidad del trámite. Sino garantías de la defensa en juicio, y la del juez natural e imparcial se hallaran severamente cuestionadas.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, actos de administración, representación procesal, directorio, ejecución comercial, asambleas especiales, administración ruinosa
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lavorano, María Alejandra  c/ Gonzalo First SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

Si bien el daño a la sociedad puede estar ligado, por una parte, a la decisión asamblearia que aprobó el acto perjudicial llevado a cabo por el directorio, no es menos evidente que dicho perjuicio se concatena o puede concatenarse con el actuar del órgano de administración "posterior" a la asamblea, sea por la ejecución que hizo de lo aprobado en ella, sea por razón del control de tal ejecución (conf. Grispo, J., "Ley General de Sociedades - Ley 19550", Buenos Aires - Santa Fe, 2017, t. III, p. 800), e incluso es posible establecer una responsabilidad del director o administrador societario por su actuación "anterior" al acto asambleario si propuso a la asamblea la aprobación de actos contrarios a la ley (conf. Sasot Betes, M. y Sasot, M., "Sociedades Anónimas - El órgano de administración", p. 584, n° 8).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: López, Abel Eduardo s/ Robo - Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la utilización de la confesión extrajudicial, las imputaciones de los coprocesados y el indicio de oportunidad si no se acompañan de denuncia alguna de las transgresiones legales en que el juzgador haya podido incurrir al incorporar tales elementos a la prueba compuesta reglada en el art. 256 "in fine" -núm. ant.- del C.P.P..
Extinción del contrato de trabajo, crédito laboral, compensación
Materia: LABORAL
Carátula: MARIANI, JOSE CARLOS c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-14

En el ámbito del derecho laboral la autonomía de la voluntad halla su límite en el orden público, el cual podría entenderse lato sensu como la Prohibición de conculcar los mínimos que el legislador -tanto el común como el constituyente- protege en modo irrestricto; sentado lo cual cabe señalar que si del acuerdo de voluntades extintivo de la relación de trabajo surge la posibilidad de compensar lo abonado en el futuro, resulta razonable suponer que ha sido tenida en miras la posibilidad cierta de que reclamos derivados de circunstancias hipotéticas o eventuales se produjeran; y que el posterior reclamo podría originarse en una incapacidad derivada de algún accidente o una enfermedad, lo cual no dependería de que se hubiera previsto específicamente la compensación futura de un reclamo derivado de tales rubros. (De la disidencia del Dr. Falistocco).
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, situación del imputado, prisión preventiva, libertad provisional
Materia: PROCESAL
Carátula: NAI OLIVER, Antonella c/ OLIVA, Carlos s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-14

El tipo penal por el cual se procesó y formuló el requerimiento acusatorio, se encuentra reprimido con una penalidad de tres a diez años de prisión, escala penal que sin mayores inconvenientes permite la aplicación de una pena privativa de la libertad de ejecución condicional, de conformidad a los arts. 270 y 300 del C.P.P. y 26 del C.P., al no registrar el imputado antecedente condenatorio alguno, siendo esta la única causa que posee según se desprende de su planilla prontuarial. La estimación de la penalidad efectuada por la Sra. Agente Fiscal Penal en el requerimiento de elevación a juicio, en el caso de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, resulta sólo una exigencia prevista en el art. 341 in fine del C.P.P. para tal dictamen acusatorio, por lo que únicamente puede tener efecto ese "pedido concreto de pena" formulado en esa instancia, a los fines de evaluar la aplicabilidad o no del instituto del Juicio Abreviado (art. 360 del C.P.P.) o eventualmente la procedencia o no de un pedido de Suspensión de Juicio a Prueba (art. 76 bis del C.P.).

En definitiva, las razones apuntadas ameritan sin más, que sea revocada la prisión preventiva dictada y en su mérito se ordene la libertad provisoria del imputado.
Inadmisibilidad del recurso, impugnabilidad objetiva, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Carlos Rodolfo Maciel c/  s/ ercurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-17

El voto concurrente expresó que, más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, toda vez que la parte se limita a alegar su disconformidad genérica con el a quo, sin expresar razones concretas y fundadas que permitan conmover lo decidido, el recurso de casación intentado se presenta en el caso inadmisible por carecer de la debida fundamentación requerida por el art. 463 CPPN. Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos -voto concurrente-.
Sentencia arbitraria, notificación, nulidad de la notificación, domicilio social, sociedades comerciales
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Siancha, Omar Rubén c/ Anfimar S.A. s/ nulidad de notificacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

No es arbitraria la sentencia que desestimó el planteo de nulidad de notificación de la demanda sobre la base de que la cédula respectiva había sido diligenciada en el domicilio social inscripto, pues el art. 11, inc. 2 de la Ley de Sociedades establece la validez de las citaciones practicadas en aquél.
Tasas, obras sanitarias, obligaciones de las partes, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL
Carátula: O.S.N. c/ DU VAL, OSCAR s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-11

Las deudas de Obras Sanitarias se transmiten a los adquirentes de acuerdo a lo dispuesto por la ley orgánica para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, Nro. 13.557 y sus modificatorias, en especial la ley 20.324, en cuyo art. 41, último párrafo, se consigna expresamente que "El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el art. 40 y en el presente hará solidariamente responsables, por las sumas adeudadas a Obras Sanitarias de la Nación a las partes intervinientes y, en caso de mediar escritura pública, también al escribano autorizante. Los adquirentes son solidariamente responsables conjuntamente con los que les transmitieron el dominio, en virtud de que dicha solidaridad está impuesta por la ley, y no se advierte exención alguna para ellos, con todos los alcances que fija al respecto el Código Civil en la materia (doct. art. 699 y sgtes. del Código Civil).-
Derecho procesal, medidas cautelares, derecho a la salud
Materia: CIVIL
Carátula: CAPRISTO STELLA MARIS c/ I.S.S.N. s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-04

Si bien la pretensión de la amparista es novedosa en el proceso (agregar los gastos de alojamiento de un segundo acompañante), puede ser entendida como parte del cumplimiento del acuerdo de autos [gastos de traslado, alojamiento y comida de un acompañante], la propuesta formulada por la obra social demandada de locar un departamento en la ciudad de Buenos Aires resulta adecuada al requerimiento de la parte actora, y constituye una solución a la problemática planteada.
Docentes, antigüedad, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROMERO, MIRIAM c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-28

La Constitución no considera que establecer un mismo punto de partida es sinónimo de igualdad, sino que -por el contrario- el Estado debe tomar medidas de acción positivas e igualadoras a fin de cumplir con la manda establecida en el artículo 75, inciso 23 de la Carta Magna; y así, dado que los docentes del sector público ingresan conforme las pautas impuestas por la ley 8927 basadas en complejos y exigentes sistemas de prueba de la idoneidad (como son los concursos, base sobre la cual se constituyen los escalafones) y los del sector privado rigen su ingreso -mayormente- por la libre elección del propietario del establecimiento (sin otro mayor requisito que el título habilitante) según surge de la ley que los rige, esto es, la 6427 y demás normas que regulan el ingreso al sector educativo privado, el Ministerio de Educación le haría un flaco favor al derecho a la igualdad si no tendiera a reparar las diferencias propias del sistema. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículo 75, artículo 23; Leyes 8927 y 6427. - Jurisprudencia Concordante con Burggi, AyS T 284, p 63/73, sumario J0044288 y Saez, AyS T 284, p 281/294, sumario J0044226.
Sociedades comerciales, distribución de dividendos, distribución de utilidades, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Spadea, Pablo Nicolás c/ Austral Logistics SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-12

1 - Corresponde distinguir entre ganancias líquidas y realizadas, utilidades y dividendos. Mientras las primeras reflejan la presencia de un saldo positivo en el ejercicio contable, las segundas se refieren al producto neto del ejercicio, deducidos los gastos generales, las cargas y las amortizaciones.

2 - Aquella utilidad se materializa en dividendo con la decisión del órgano de gobierno de la sociedad al fijar y decidir el reparto del dividendo. Tal disposición asamblearia sitúa al socio en la posición de acreedor de la sociedad (Roitman H., "Ley de Sociedades Comerciales, comentada y anotada", Buenos Aires, 2006, t. II, p. 106/111).

3 - Lo expuesto que podría calificarse como el derecho "sobre" el dividendo, debe diferenciarse del llamado derecho "al" dividendo o al derecho del socio al reparto periódico de utilidades. Es que todo socio tiene derecho a que se le liquide un dividendo real y efectivamente declarado en la asamblea de accionistas.

4 - Como ha dicho la doctrina "Tal derecho individual tiene como necesaria contrapartida deberes de comportamiento concernientes a la sociedad como sujeto distinto de los socios o accionistas". "En efecto, del derecho del socio a participar en los beneficios (LGS 1), deriva la nulidad de las estipulaciones que lo nieguen (LGS 13-1° y conc.), pero fundamentalmente de los deberes de comportamiento de la sociedad en materia de utilidades (arg. LGS 11-7°; 68 y 224) y como correlato de esto último la posibilidad de cada socio de reclamarle por el eventual incumplimiento a la violación de tales deberes en lo que hace a la fijación y distribución de dividendos" (Heredia P., Apostillas sobre el derecho al dividendo aprobado por la Asamblea, basadas en el fallo "Adúriz SA" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Máximos Precedentes - Derecho Comercial, director Pablo Heredia, T. II, página 282).
Imputado no procesado, sobreseimiento provisional, resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Cossio, Enrique José s/ Declaración informativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-01

Déjase sin efecto la doctrina emanada del plenario Nro. 20 "Musolino, Armando", por la cual, "quien fue citado a declarar en los términos del art. 236, 2da. parte del C.P.M.P., no puede recurrir del sobreseimiento provisional recaído en la causa".
Prueba pericial, designación de perito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Corvino Héctor G. y otra c/ Subirá María Patricia s/ Disminución precio por vicios redhibitorios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

Resulta improcedente la pretensión del demandado de adjuntar al proceso un informe paralelo emanado de quién se ha titulado como "perito consultor", sin haber sido la misma receptada, en tanto, por el auto correspondiente el juzgador hubo desinsaculado a un perito ingeniero sin contemplar la intervención de aquél -en resolución no objetada en tiempo y forma- y sin perjuicio de lo prescripto por el art.327 del Código Procesal en cuanto a la designación de perito único para efectuar pericias como la aquí propuesta. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuesto sobre los ingresos brutos, convenio multilateral, resoluciones, obligatoriedad del precedente
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: SENIPEX S.A. c/ GCBA s/ IMPUGNACION ACTOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-22

Lo resuelto por la Comisión Plenaria del convenio multilateral en un caso concreto no puede convertirse sin más en una pauta interpretativa obligatoria de carácter general.

Entiendo, entonces, que no corresponde extrapolar lo decidido en otro caso por un órgano del Convenio Multilateral a esta causa judicial.
Indemnización por incapacidad, certificado médico
Materia: LABORAL
Carátula: VERON, MARTIN c/ ESTABLECIMIENTO MODELO TERRABUSI  S.A.I.C. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-31

La intimación de la empleadora al trabajador para que presente las constancias de su incapacidad no enerva por sí sola el derecho de éste a percibir la indemnización del artículo 212, cuarto párrafo Ley de Contrato de Trabajo si se dan los presupuestos de la norma.
Sentencia condenatoria, fundamentación de sentencias, incongruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Y., R. J. c/ C., R. s/ Querella s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-04

Este Cuerpo ha sostenido de manera reiterada que la lesión al principio de no - contradicción y de razón suficiente debe desprenderse del cotejo de los argumentos del propio juez y debe demostrarse fehacientemente que pudo haber incurrido en autocontradicción, situación que no advierto en autos.
Contrato de trabajo, ejercicio profesional
Materia: LABORAL
Carátula: BRUTTI, ANA c/ RAFFO Y MAZIERES SA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

La presunción laboral establecida por el art. 23 LCT no es operativa respecto de las prestaciones de servicios propios de sus incumbencias por parte de profesionales universitarios. Es cierto que no existe óbice legal al ejercicio de una profesión universitaria en el marco de un contrato de trabajo. Lo que impide la operatividad de la presunción laboral es la ausencia de tipicidad. Así como en el caso de trabajadores industriales o de comercio, su incorporación a la empresa para que sea utilizada su capacidad de trabajo en tareas propias del objeto del proceso productivo tiene lugar, regularmente, mediante contratos de trabajo -de allí la presunción legal, susceptible de prueba en contrario-, no ocurre lo mismo en hipótesis en las que los profesionales suelen prestar servicios propios de su actividad, no de la de la empresa y, regularmente, lo hacen como prestadores autónomos -de allí la denominación de liberal que acompaña a cada una de ellas-. (Del voto del Dr. Morando, en minoría).
Medidas cautelares, embargo, tercero adquirente de buena fe, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: VELLOCCI, VICENTE c/ ZOCCO, TERESA Y OTRO s/ COBRO DE PESOS. ORDINARIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 294-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-02-18

No se ajusta a la realidad la afirmación de la Cámara respecto de "que todo debe reducirse a la expresión numérica registrada, embargo- porque si así no se interpretara se correría el riesgo de tornar ineficaz la función de publicidad del Registro General", ya que ante la existencia de un embargo trabado mucho tiempo atrás, resulta de mínima prudencia para el comprador interiorizarse acerca de su monto actual. Y no admitirlo así, significaría que este último pudiera desentenderse sin más, de la notoriedad de la inflación.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ, JOSE LUIS; SANCHEZ, JOSE Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE CLODOMIRA Y GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-02-17

La reserva del caso federal resulta un requisito de admisibilidad del recurso cuya verificación nos ocupa, atento la competencia de conocimiento recursiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta vía y cuya fuente legal la constituye la ley 48 en los arts. 14 al decir en sus incisos 1° y 2° "se haya puesto en cuestión", el inc. 3° cuando expresa "haya sido cuestionada" y el art. 15 cuando dispone "en disputa".
Cuenta corriente bancaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Francés del Río de la Plata S.A. c/ Juan Carlos Blanco y Ots. s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S141 - 295)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-05-12

"...el rechazo del planteo causal a través de la excepción de inhabilidad de título destacando la inviabilidad de la discusión causal en los procesos ejecutivos e incluso en las ejecuciones cambiarias (vid. resolución del 27.Feb.95, autos Nº 21.672, 'Citibank N.A. Norma c/ Norma Alicia Tiberi por Ejec.Camb.').

Se reafirma el concepto de que los procesos de ejecución -a diferencia de lo que ocurre en los ordinarios o sumarios- se sustentan en un derecho cierto o presumiblemente cierto, cuya satis facción se procura garantizar mediante el uso de la compulsión. Por ello las EXCEPCIÓN es oponibles, deben ser sólo las que tengan la fuerza y eficacia necesaria para destruir la que reviste el título ejecutivo, pudiendo fundarse en los elementos extrínsecos de él, pues la ley presume la existencia y legitimidad de la causa. Lo contrario es desvirtuar la naturaleza y esencia del juicio ejecutivo y transformar en letra muerta el juicio ordinario posterior"
Prescripción, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Constructar SA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-23

Cuando el art. 75, inc. 12 (numeración actual) de la CN, menciona los diferentes códigos de Derecho material, tan sólo ha establecido una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las provincias respecto del Derecho común, pauta que, interpretada racionalmente, no sólo debe obedecer al texto de los actuales arts. 121 y 126 de la CN -legislación local la regla, legislación nacional la excepción-, sino que, en el caso particular de los gobiernos locales, debe respetar las autonomías legislativas reconocidas.
Compraventa, venta de cosa ajena
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Liberjein Martin c/ Zurawsky Josefa y otros s/ Cobro sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-14

No siendo ninguno de los suscriptores del contrato títular registral indudablemente se trata de la venta de una cosa ajena (arts.1329 y 1330 Cód. Civil) y siguiendo el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación la misma resulta válida en tanto compradores y vendedor tenían pleno conocimiento de tal circunstancia y la convención que han suscripto debe ser interpretada como un compromiso contraído por el actor -vendedor- de procurar a los co-demandados -compradores- la cosa objeto del contrato.
Revocación de sentencia, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: SKF Argentina SA c/ AFIP DGA s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-30

Se revocó la sentencia del TFN que declaró, en los términos de lo dispuesto por el art. 1133 del C.A., la extemporaneidad del recurso interpuesto. Art. 1° inc. e) de la ley 19.549 plazos computados por días hábiles administrativos. Art. 40 del decreto 1759/1972. Notificación que debe indicar los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse. Art. 44 dto. reglamentario. Invalidez por ausencia de requisitos.
Honorarios del perito, regulación provisoria, régimen de consolidación de deudas, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Aslana  SAIC c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) y  BCRA s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

El crédito por honorarios provisionales regulados al perito está sujeto a consolidación (art. 1. de la ley 23.982) por lo que es improcedente la ejecución contra la parte que demanda al Estado, pues no podrá repetir del demandado en la especie reclamada.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, transacción, pago, deducciones generales, responsabilidad de la administradora del plan, responsabilidad del banco
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Gallego, Nilda Ester c/ Visa Argentina SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-09

2 - Es que, resulta de los cupones acompañados que las dos transacciones cuestionadas fueron efectuadas bajo la modalidad "off line", prevista contractualmente para ocasiones excepcionales en las que el sistema de lectura electrónica no se encuentra disponible, como sucedió en el caso. En ese marco, en ambas operaciones se consignó en el ticket de compra el código de autorización, el número de documento de identidad y, copiado por carbónico (recalco), los datos del plástico utilizado (ticket abrochado). Ergo, cabe dar por probado que la actora cumplió con los recaudos que le exigía el contrato, lo cual no sólo justificó fuera autorizada a concluir las ventas, sino luego obtener la acreditación del precio. Las futuras y eventuales contingencias que puedan suceder respecto de estas operaciones, va de suyo sin intervención ni responsabilidad del comerciante, no pueden serle derivadas a él.