Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23


2º Instancia. -áBuenos Aires, abril 23 de 2014.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? El doctoráRepetto dijo:

I. Que viene apelada por parte de los representantes de Marcos J. C. G. y de M. C. y T. S.A., la sentencia del juez de primera instancia por la cual resolvió condenar en carácter de co-autores, con costas e imponer una multa de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) a cada uno de aquellos, por el delito previsto y reprimido en el artículo 1º, incisos e) y f) de la ley 19.359, integrada por la Comunicación "A" 4377, del Banco Central de la República Argentina, consistente en haber dado curso a siete operaciones bajo el código de concepto 860 "inversión de portafolio de personas físicas en el exterior", utilizando una cuenta de distinta titularidad a los clientes residentes que efectuaron esas operaciones.

II. Que, para decidir de esta forma, el a quo consideró que las transferencias de divisas realizadas a través de cuentas de distinta titularidad de los clientes residentes, afectaron el bien jurídico protegido por la normativa cambiaria, toda vez que se afectó el control por parte de la autoridad competente, infringiendo lo dispuesto por la comunicación "A" 4377, punto 4º del B.C.R.A., siendo que aquella norma no contempla excepciones ni la utilización de cuentas de "intermediarios" a los fines operativos. Por último, en cuanto al aspecto subjetivo de la figura penal, consideró debidamente acreditado el dolo requerido.

III. Que, contra la sentencia por la cual se condena a M. J. C. G. y a M. C. y T. S.A., la defensa interpuso un recurso de apelación solicitando su revocación (confr. fs. 208/212 del presente).

Funda sus agravios en que el juez a quo realiza una interpretación arbitraria de la normativa, al tener por configurado el tipo objetivo de la conducta investigada, toda vez que considera que la utilización de la cuenta de titularidad de C. S.A. para realizar aquellas transferencias no transgrede lo dispuesto por la Comunicación "A" 4377, no configurando delito la conducta investigada.

Asimismo sostiene la defensa que de la lectura de la sentencia se infiere que el dolo que se le endilga a M. J. C. G. es de carácter eventual, sin que surja de la resolución cuestionada ninguna evidencia de que aquél haya conocido los elementos del tipo y querido el resultado típico, siendo arbitraria tal imputación.

IV. Que las siete operaciones investigadas fueron realizadas bajo el código de concepto 860 "inversión de portafolio de personas físicas en el exterior", registradas a nombre de los clientes residentes, M. J. P. R.l W. y M. R. H. de W., y transferidas a una cuenta en la República Oriental del Uruguay a nombre de C. S.A. (confr. fs. 1/4 del presente expediente).

V. Que, por la comunicación "A" 4377, punto 4, se estableció "Las entidades autorizadas a operar en cambios solo pueden dar curso a operaciones de cambio por compras y ventas de divisas a residentes por la repatriación o constitución de inversiones de portafolio en el exterior, en la medida que la transferencia de las divisas tenga como titular de la cuenta/subcuenta de origen o destino de los fondos, respectivamente, al cliente residente que efectúa la operación en el mercado de cambios. La identificación de la entidad del exterior donde está constituida la cuenta y el Nº de cuenta del cliente, debe quedar registrada en el boleto de cambio correspondiente.".

Asimismo, la Resolución Nº 365/2005 del Ministerio de Economía y Producción, reglamentada a través de la comunicación anteriormente citada dispuso "Que por el Decreto Nº 616/2005 ... se estableció un nuevo régimen aplicable a los ingresos de divisas al mercado de cambios con el objeto de profundizar los instrumentos necesarios para el seguimiento y control de los movimientos de capital especulativo con que cuentan el Ministerio De Economía y Producción y El Banco Central De La República Argentina, en el contexto de los objetivos de la política económica y financiera fijada por el Poder Ejecutivo Nacional...".

VI. Que, en consonancia con lo establecido por la Resolución 365/2005 y la Comunicación "A" 4377, corresponde analizar si las operaciones investigadas vulneraron aquella normativa.

En este sentido, de las siete operaciones cuestionadas, en tres se registró como beneficiario a M. J. P. a través de las boletas Nros. 237160, 249120 y 260704, otras dos se registraron a nombre de R. W. a través de los boletas Nros. 284100 y 316822, y por último, dos se registraron a nombre de M. R. H. de W., a través de los boletas Nros. 286199 y 317515 (confr. fs. 10, 11, 12, 29, 30, 43 y 47 del presente expediente). Posteriormente, aquellas divisas fueron transferidas desde el banco de origen a la cuenta Nº ... del B. S. S.A. de titularidad de C. S.A. y entregadas por aquella entidad, a través de las boletas Nros. 490403, 474970, 482578, 506754, 506755, 532293 y 532295, en efectivo o a través de cheques, a los beneficiarios finales, M. J. P., R. W. y M. R. H. de W.. Los fondos pertenecientes a H. de W. fueron retirados por su apoderado R. W. por un poder otorgado, conforme consta en aquellas boletas (confr. fs. 19, 22, 25, 31, 34, 44 y 48 del presente expediente). Por último, como documentación complementaria de cada una de las operaciones investigadas, constan las declaraciones juradas suscriptas por los clientes, por las que se deja constancia el origen y destino de los fondos girados.

VII. Que, conforme lo expuesto por los considerandos anteriores, y tal como surge de la documentación a través de la cual se realizaron las operaciones investigadas, así como la documentación complementaria, en todos los casos se especificó el beneficiario final de los giros, coincidiendo el cliente residente con aquél, por lo que el seguimiento y control de los movimientos de capital, no se vio afectado, resultando atendible que la utilización de una cuenta intermediaria de titularidad de C. S.A. fuera al solo efecto operativo.

VIII. Que, asimismo, es importante resaltar que a lo largo de la instrucción del presente expediente en la instancia administrativa, el Departamento de Sustanciación de Sumarios Cambiarios del Banco Central de la República Argentina, en reiteradas oportunidades propició el archivo del sumario por considerar que las operaciones investigadas no configuraban una infracción al régimen penal cambiario.

En este sentido, el Departamento de Sustanciación de Sumarios del Banco Central de la República Argentina en el informe Nº 381/333 sostuvo que "...se advierte la coincidencia sustancial entre el residente y el beneficiario final titular de los giros -Comunicación "A" 4377 "in fine"-, limitándose el desvío a la cuenta del exterior utilizada para concretar los mismos...la infracción en materia penal cambiaria (Comunicación "A" 4377 punto 4), no se configura ante un simple desvío en la utilización de cuentas al solo efecto operativo, en tanto la tipicidad en esta materia -de acuerdo a la ratio legis de la norma aplicable- refiere a falsas declaraciones sobre el ordenante o receptor de los fondos repatriados o girados al exterior por inversión de portafolio en el exterior de personas físicas residentes" (confr. fs. 122/129 del presente expediente).

IX. Que, en consecuencia, mal puede exigirse a los imputados que actúen de otro modo, cuando la misma autoridad de aplicación, el Banco Central de la República Argentina, no tiene un criterio uniforme de interpretación y aplicación de la norma imputada en el caso. Es por ello que resultan verosímiles las explicaciones vertidas por la defensa con relación a que no hubo por parte de los imputados, intención de vulnerar la normativa cambiaria. Es así, en razón a que no hubo ocultaciones ni omisiones en la documentación por la cual se registraron las operaciones investigadas, coincidiendo el ordenante con el beneficiario final de las transferencias, así como los montos y destino final de las divisas, utilizándose una cuenta de diferente titularidad a los beneficiarios finales al solo efecto de concretar aquellas operaciones sin afectarse el seguimiento y control de los movimientos de capital protegido por aquella normativa.

X. Por las consideraciones expuestas voto por:

I) Revocar la sentencia apelada y absolver de culpa y cargo a M. J. C. G. y a M. C. y T. S.A. de la infracción cambiaria que se les imputa.

II) Sin costas en ambas instancias.

El doctor Bonzón dijo:

Que adhiero a las conclusiones a las que ha arribado mi distinguido colega preopinante. Sin perjuicio de ello, considero conveniente agregar que, si bien se encuentra verificada la infracción formal prevista en el punto 4 de la Comunicación "A" 4377 en cuanto no coincide el cliente residente que realiza la transferencia con el titular de la cuenta de destino, en el caso de autos no se advierte la finalidad dolosa por parte de los imputados. Cabe destacar que no existió ocultamiento, sino que se puso a disposición del Banco Central toda la documentación relacionada con las operaciones.

He sostenido anteriormente que el tipo subjetivo requerido para las infracciones cambiarias es doloso, por lo tanto una vez que se descarta el accionar doloso de los imputados debe absolverse sin más trámite, ya que estos tipos penales infraccionales no contemplan la culpa (conf. Reg. 326/2010).

Por todo lo expuesto corresponde revocar la sentencia apelada y absolver de culpa y cargo a M. J. C. G. y a M. C. y T. S.A.

El doctor Hendler dijo:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones del voto del Dr. Repetto.

Por lo que, en atención al resultado de la votación, se resuelve: I) Revocar la sentencia apelada y absolver de culpa y cargo a M. J. C. G. y a M. C. y T. S.A. de la infracción cambiaria que se les imputa. II) Sin costas en ambas instancias.- Edmundo S. Hendler.- Nicanor M. P. Repetto.- Juan C. Bonzon.