Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-29


Buenos Aires, 29 de junio de 2006 VISTOS: estos autos a los efectos de resolver el pedido de sustitución de la medida cautelar dictada por este Tribunal, articulado a fs. 89/91 por la parte demandada y, CONSIDERANDO: 1. Que mediante sentencia obrante a fs. 80/83 vta., este Tribunal, por mayoría, decidió admitir el recurso de apelación incoado por la actora y decretar la medida cautelar solicitada. En tal sentido, en la inteligencia de que el derecho invocado por la accionante resultaba suficientemente verosímil y por los motivos allí expuestos, se dispuso suspender el concurso para la cobertura de los cargos correspondientes al Area de Servicios Profesionales, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, convocado por resolución 840/GCBA/SED/05. Ello, hasta tanto exista pronunciamiento de la autoridad administrativa, en relación a las impugnaciones efectuadas por la actora. 2. Que, a fs. 89/91, se presentó la parte demandada y solicitó la sustitución de la medida cautelar ordenada. Manifestó que el concurso suspendido resultaba fundacional del Área de Servicios Profesionales y está dirigido a la cobertura de setenta vacantes de sicopedagogo, ciento diez vacantes de sicólogo y cincuenta y ocho puestos de asistente social. Detallando los puntos acumulados, destaca que la actora se encuentra en el orden de mérito número 33 en el concurso de cobertura de cargos de sicopedagogía. Destaca que, en este marco, la medida cautelar dictada en autos res ulta desmesurada, en tanto suspende la totalidad del concurso convocado, afectando el interés público e interviniendo en segmentos del proceso de selección en los que la actora no se encuentra inscripta. De este modo, alega que el derecho de la actora puede ser protegido de manera eficaz sin detener el concurso convocado ni frustrar las expectativas de los numerosos participantes. Propone una serie de variantes posibles y finalmente, solicita se sustituya la cautela impuesta reemplazando la suspensión genérica del concurso mencionado, por otra que, atendiendo exclusivamente al interés y al derecho de la actora, mediante la afectación de un cargo cualquiera o del que ocupa en la actualidad, declare su indisponibilidad hasta tanto se resuelvan las presentaciones administrativas articuladas, permaneciendo en las funciones que ejerce, sin afectación de su posición de revista y nivel salarial. 3. Que, corrido traslado de la petición reseñada, a fs. 105/108 se presenta la parte actora y se opone a la solicitud de l a demandada. En primer término, pone de resalto que la pretensión de fondo vinculada a estas actuaciones, persigue un pronunciamiento que declare la nulidad del acto administrativo que dispuso la realización del concurso de antecedentes que se encuentra suspendido. Así, expone sucintamente los diversos argumentos que dan sustento a su postura. De este modo, señala que la cuestión de fondo versa sobre la nulidad o validez del acto que convocó a la cobertura de cargos docentes y no sobre su eventual anulabilidad. Considera entonces que la suspensión de los concursos respecto de su sola persona se opone al concepto mismo de nulidad de los actos de la administración. Agrega que se produciría un enorme dislate y un grave dispendio jurisdiccional si, permitiendo la continuación del concurso, más tarde se acredita la razón de sus impugnaciones y se declara la nulidad de lo actuado. Destaca que, si ello tuviera lugar, habría ganadores -cuando aún no los hay- que considerarían afectados sus derechos y litigarían a su vez, aumentando "...exponencialmente el desgaste administrativo y jurisdiccional". Por otra parte, ataca el argumento de la contraria que sostiene que la sustitución de la cautelar resulta necesaria en razón de preservar el interés de los otros concursantes que admitieron las reglas de juego. Indica que, por el contrario, la demandada ha omitido referir la enorme cantidad de concursantes que en sede administrativa han planteado la nulidad de las normas con las que se llamó a concurso. Hace hincapié en que una cantidad próxima al cien por ciento de los participantes han cuestionado la metodología extralegal utilizada por la junta ad hoc. Aduce que si el concurso no resulta válido para su persona no puede serlo para el resto de los concursantes, pues se trata de un acto administrativo único, no divisible. Rechaza por considerarlo falaz el argumento de la demandada relativo a que el concurso se encuentra legitimado respecto de aquellos concursantes que admiten las reglas dispuestas a tal efecto. Indica que en es te razonamiento la legitimidad de la actuación administrativa se encontraría supeditada al consenso de los que particularmente se encuentren alcanzados por ella, en lugar de depender de su ajuste al régimen normativo que debe aplicarse. 4. Que la cuestión planteada encuentra fundamento en el texto del artículo 183, segundo párrafo, primera parte, del CCAyT, que dice: "El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a." Conforme lo expuesto, se trata por un lado de modificar la medida ordenada de modo que, por un lado, sus efectos sean menos lesivos para quien debe soportarla, pero que, al mismo tiempo, se evidencie que la sustitución mantenga una cobertura adecuada del derecho invocado. Esta segunda condición no parece encontrarse acreditada en el requerimiento de la demandada. El derecho que, conforme el objeto de la acción planteada, intenta protegerse en estas actuaciones no se dirige exclusivamente a asegurar la condición de concursante de la actora, permitiendo la continuidad del concurso respecto de los demás participantes. Si bien el contenido de una medida cautelar puede no coincidir con la pretensión de fondo articulada, es evidente que aquélla, en caso de admitirse, debe asegurar las circunstancias existentes hasta el dictado de la sentencia definitiva, en adecuada relación a las posibles soluciones que ofrezca la consideración a priori del objeto de la demandada. Éste, conforme se desprende de la lectura del escrito inicial, consiste en la declaración de nulidad del acto administrativo que mandó llevar adelante el concurso docente que la actora impugna. Sin anticipar solución alguna sobre el punto, es de perogrullo afirmar que una de las expectativas posibles es la admisión favorable del pedido planteado por la actora, en virtud del contenido del planteo de fondo. Frente a ello, son razonables los argumentos de la accionante en su contestación del recurso impetrado, cuand o afirma que la modificación de la medida cautelar, circunscribiendo su contenido únicamente a la participación concursal de la actora y permitiendo la continuidad del concurso para el resto de los participantes, podría producir un dispendio jurisdiccional de envergadura si una eventual decisión de fondo admitiera la demanda cuando ya se encuentran designados los ganadores del concurso impugnado. Por otra parte, la mención de la actora relativa a que su calidad de concursante lo es no únicamente del cargo que ocupa en forma interina, sino de todos los cargos abiertos a concursos, es correcta, por lo que no parece que acotar la cautelar a uno sólo de los puestos ofrecidos resulte una modificación de la medida que mantenga una adecuada protección del derecho invocado que, cabe repetir, halló visos de verosimilitud en la consideración efectuada por este Tribunal. 5. Que si bien en circunstancias similares esta alzada se ha expedido de manera diferente a lo aquí expuesto (autos "Espinoza Silvia Cristina c/GCBA s/ Medida Cautelar, sentencia del 20 de abril de 2006), corresponde dejar sentado que los argumentos vertidos en estas actuaciones, a raíz de la petición bajo examen, han arrojado nuevos contenidos sobre la cuestión planteada que permiten valorar con renovado vigor lo decidido en la sentencia dictada en autos y cuya modificación se pretende. Ello, en la inteligencia de que con la suspensión del concurso convocado por la resolución atacada se encuentra más adecuadamente protegido el derecho de la litigante y, en virtud del planteo de fondo propuesto, se garantiza debidamente la transparencia de concursos públicos que responden a una exigencia constitucional. El Dr. Esteban Centanaro dijo: Que en tanto en el pronunciamiento de fs. 80/83 vta. en voto disidente sostuve que no se hallaban reunidos en autos los requisitos que habilitan al dictado de las medidas cautelares, considero que no corresponde expidirme respecto a lo requerido por la demandada a fs. 89/91. En este sentido hago constar mi opinión. Es por lo exp uesto que corresponde rechazar el pedido articulado a fs. 89/91 y mantener la medida cautelar que suspende el concurso convocado mediante resolución 840/GCBA/SED/05 en los mismos términos en que fuera decidido por mayoría a fs. 80/83 vta. Regístrese en el libro de amparos y medidas cautelares, notifíquese y devuélvase. Esteban Centanaro Nélida Mabel Daniele Juez de Cámara Juez de Cámara (según su voto) Eduardo Ángel Russo Juez de Cámara