marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Costas, actor procesal, incidentes
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Islan María Cristina c/ Asociación Mutual del Círculo de Suboficiales y Agentes de la Policía del Chaco s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-10-31

No procede el agravio de la parte actora quien se duele porque la sentencia le impone costas por la excepción planteada. Ello así, ya que el criterio vinculante del Superior Tribunal de Justicia establecido in-re "Robledo c/Plieuzer", para los supuestos de acogimiento parcial de demanda está referido a las costas de primera instancia de la acción, pero no comprende a las costas de las excepciones e incidentes -ya sea se tramiten por separado o en el proceso principal-, que suponen una sustanciación y resolución independiente a la de la acción principal y, respecto a las cuales rige el principio de costas a cargo de la parte vencida. Por lo que revistiendo carácter de vencida a la actora respecto a la excepción de prescripción, y no habiendo mediado oportuno allanamiento a la misma, corresponde rechazar el recurso en trato.
Acción de amparo, recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: CIVIL
Carátula: PIAZZA DE MONTOTO, ROSA MARGARITA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA (PODER EJECUTIVO) s/ ACCION DE AMPARO-INCIDENTE DE RECUSACION CASTRO DE PUJOL, MARIA DEL HUERTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA (PODER EJECUTIVO) s/ ACCION DE AMPARO-INCIDENTE DE RECUSACION.- BRUNELLO DE ZURITA, AZUCENA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA (PODER EJECUTIVO) s/ ACCION DE AMPARO-INCIDENTE DE RECUSACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-08-23|1995-08-23|1995-08-23

Para que se considere el prejuzgamiento como fundamento de recusación con causa, es necesario que este sea expreso, recaído sobre la cuestión de fondo a decidir en el litigio, y no existe cuando el tribunal o el juez se encuentran en la necesidad de omitir opinión, acerca de algún punto de la cuestión debatida, como cuando se decide sobre la admisibilidad o el rechazo de una medida precautoria.-
Facultades del juez, excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ASOCIACION MUTUALISTA DE EMPLEADOS DEL BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ GALVAN, Norma Beatriz y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-02

La circunstancia de que la parte demandada no hubiera opuesto en la oportunidad debida, la defensa de la falta de legitimación activa, no impide que el juez, al dictar sentencia definitiva, pueda analizar si se encuentra acreditado en el expediente que el actor carece de derecho a reclamar el crédito por no ser titular. La calidad o legitimación para obrar, es resorte y función investigadora de oficio del juez en la oportunidad referida, pues la calidad de titular del derecho del actor o la calidad de obligado del demandado, es requisito esencial del fallo (conf. CNCiv. Sala F, causa N°38921, del 24/5/89).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barbieri, Oscar J. y otros c/ Re, Norberto y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-29

Lo justo según el art. 520 del C.C. impone determinar una cierta igualdad, en donde el deudor no pueda pretender pagar como pena, un monto menor del daño previsible o razonable; y el acreedor no puede reclamar otro mayor; que no sea consecuencia fatal del incumplimiento . Porque los actos propios del acreedor tampoco pueden exceder los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (C.C., arts. 1071, 1198, 1er. párrafo). Por esto, la cuantía de la indemnización no está dada en éste caso por la nuda aplicación del criterio del monto total de la diferencia entre el precio pactado y el mayor valor de la cosa, sino que es necesario corregirlo mediante la aplicación del porcentaje pagado de ese precio pactado sobre dicha diferencia (C.C., arts, 520, 784, 901, 1071, 1197, 1198, 1er. párrafo). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: Bustamante de Vicente, Olga y otros c/ La Rambla S.A. s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

El honorario regulado es de propiedad exclusiva del profesional y se encuentra legitimado a ejecutarlo contra el beneficiario de la labor efectuada (arts. 10 y 58 dec. ley 8904/77).
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: LUIS ERNESTO DIAZ Y OTROS c/ MASSA CARLOS, AHUMADA MIGUEL, VAZQUEZ DANIEL, LUJAN JULIO, DIAZ MARIA, DIAZ FELIX, LIZARDO MERCEDES, DIAZ ESTELA DEL CARMEN s/ HOMICIDIO, ENCUBRIMIENTO, VIOLACION DE DOMICILIO Y LESIONES CARDONA LUIS c/ JUAREZ, OSCAR RUBEN s/ HOMICIDIO DIAZ MARIO c/ NORIEGA FABIAN s/ HOMICIDIO LESIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-16|2002-12-18|2002-08-12

Se entiende que el medio empleado para impedir la agresión ilegítima es racional cuando en la apreciación del derecho atacado, ha de utilizar un medio que le ofrezca una situación de seguridad en relación a los medios con que pueda atacar el agresor, pues si fuesen iguales las posibilidades de ambos en la contienda, se presentaría la incertidumbre en cuanto a la imposibilidad de impedir o repeler; mas si el agresor persiste en su propósito, el agredido se encuentra en condiciones de usar medios cada vez más eficientes para que la acción injusta pueda ser evitada.
Cheque, cheque de pago diferido, juicio ejecutivo, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: RAGA, JOSE c/ HALPERN, JACOBO s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-17

La circunstancia de que los cheques se hubieren librado postdatados es irrelevante en una ejecución, porque si bien ello constituye una irregularidad desnaturalizante de la función del documento como instrumento de pago, no afecta su validez como título circulatorio.
Constitución Nacional, estabilidad del empleado público, Constitución Provincial, facultades no delegadas
Materia: Administrativo Constitucional
Carátula: Fraile, Roberto Carlos c/ Provincia del Chubut-Dirección de Aeronáutica Provincial. s/ Contencioso-Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-07-02

No se encuentra que el Decreto 36-83 pugne con el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Ello por cuanto, la situación en comisión de los agentes de la Administración Pública, que el citado decreta en forma provisional, es un resultado jurídico automático provocado por el art. 9 de la Constitución de la Provincia del Chubut, que tiene en cuenta la autonomía del Estado Provincial y sus propias facultades no delegadas.
Mutuo hipotecario, obligaciones alternativas, cláusula oro
Materia: CIVIL
Carátula: NUÑEZ MONASTERIO DE BIEDMA CARMEN c/ BANCO HIPOTECARIO FRANCO ARGENTINO s/ CONSIGNACION - HIPOTECA - JURISPRUDENCIA PLENARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1918-09-03

En las obligaciones alternativas o de pago alternativo, que tengan su origen en un contrato de mutuo dentro del cual se ha convenido, a favor del acreedor, el derecho de exigir la devolución del préstamo en oro contante y sonante, o en giros sobre cualquier plaza europea, a su elección, dicho derecho de opción constituye una relación de derecho privado que ha caducado en virtud de la ley Nro.

9481, que clausuró temporariamente la Caja de Conversión en su función de entregar oro.

La caducidad de este derecho de opción, producida "ministerio legis", ha hecho legalmente imposible el cumplimiento de la prestación representada por el oro contante y sonante, y, en tales condiciones sólo queda para satisfacer el acreedor, la otra forma de pago convenida en el contrato (pago en giros), que es, además, la única manera posible y actual de conseguir dicha moneda.

La existencia de oro en los bancos y en las agencias de cambio, y las escasas ventas que puedan realizarse para satisfacer las necesidades del viajero, no constituyen un mercado de oro.
Recurso de inconstitucionalidad, bienes del Estado, lanzamiento, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda	 c/ Fernández, Martha Isabel y otros s/ Desalojo s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido Isabel y otros s/ Desalojo s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-29

A fin de resolver la cuestión dentro del marco del CCAyT, considero razonable aplicar el Título IX de dicho código procesal local, que regula las causas donde la autoridad administrativa es la parte actora. Tal procedimiento no le causa perjuicio al Estado, quien no ha manifestado una situación de urgencia, ni para el particular, que así dispondrá de un proceso donde podrá ser oído con las debidas garantías. Al mismo tiempo se efectiviza el principio de autonomía local toda vez que es materia exclusiva de la Ciudad dictar las reglas procesales que rigen en el ámbito y jurisdicciones que le son propias (art. 6, CCBA). (Del voto de las Dras. Ruíz y Conde).
Municipalidad, poder de policía, Derecho contravencional y de faltas, pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vicentin SAIC c/ Municipalidad de San Lorenzo s/ Recurso contencioso administrativo. Revocatoria (EXPTE CSJ Nº   433-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-22

No basta con que la Administración Pública compruebe la existencia de infracciones de tipo policial. Es menester darle los medios para reprimir esas faltas, lo cual se logra mediante la aplicación de penas contravencionales. No es, pues, necesario que una norma autorice expresamente al Estado para establecer esas penalidades:

esto es ínsito al poder de policía. Sin la posibilidad de establecer y aplicar tales penas, dicho poder carecía de sentido.
Libros de comercio, valor probatorio, debido proceso, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cooperativa de provision de Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada Sinergia Limitada c/ Venai SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-12

Ante la falta de asiento contrario en la contabilidad de un litigante, la controversia se resuelve en contra de quien no hizo anotación alguna (CCCN 330). Y ello es así, pues el hecho de que una determinada operación no aparezca registrada no implica que exista un asiento a favor de quien no registró, ya que en realidad se trata de una "ausencia de asiento" que nunca puede identificarse con un asiento "contrario"; en este sentido, la "falta de asiento" no es precisamente un "asiento". Por cierto, si la falta de asiento en la contabilidad obedece a un intento de defraudar a quien sí contabilizó la operación, nulla quaestio pues la solución precedentemente indicada debe jugar sin dudas por ser evidentemente justa. Igual solución cabe predicar si la ausencia del asiento obedeció a mera negligencia, toda vez que el sujeto habrá de cargar con las consecuencias de su propia conducta discrecional que en el caso serán, precisamente, las que deriven de poder resolverse el pleito de acuerdo a lo que resulte del asiento incorporado a la contabilidad regular presentada por la otra parte. Pero puede ocurrir que la ausencia de asiento en la contabilidad del adversario se deba a que la operación no existió, o no existió del modo en que aparece contabilizada en el único asiento contable presentado. Para estos últimos casos, y más allá de que puede a veces la ausencia de asientos interpretarse como un indicio de la falta de realidad de la operación, no parece impropio aceptar que la parte contra la cual se intenta oponer el asiento pueda ofrecer y rendir prueba relativa a la inexistencia de la operación o bien que acredite que tuvo características diferentes a las que contabilizó su adversario (conf. Lorenzetti, R., Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Santa Fe- Buenos Aires, 2015, T. II, págs. 322/323, n° III.4.B; Alterini, J., Código Civil y Comercial comentado Tratado Exegético, Buenos Aires, 2015, T. II, pág. 649, n° 3).
Recurso contencioso administrativo, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Industrias Frigoríficas Nelson s/ Recurso directo por denegación de apelación -Resolución Nº 003   del 12.02.93- Sec. de Estado y Seg. Social de la Provincia de Santa   Fe-Recurso de Inconstitucionalidad -concedido por la Cámara- (Expte  CSJ Nº 650-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-15

La Corte Suprema de Justicia de la Nación atenuó el rigor del principio "solve et repete" en numerosos casos que la doctrina ha resumido así: 1)- admisión de la discusión de cuestiones constitucionales mediante el recurso extraordinario en los juicios de ejecución fiscal, cuando se causa al demandado un agravio de imposible o tardía reparación ulterior; 2)- en casos anómalos claramente excedentes del ejercicio normal de las facultades impositivas propias de los Estados; 3)- en casos de gravedad institucional en que el ejercicio del poder tributario resulta frustratorio de derechos de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de un servicio público; 4)- cuando al desestimarse una excepción fundada en una ley federal no exista juicio ordinario posterior; 5)- en casos de juicios sucesorios cuando la inconstitucionalidad ha sido planteada en el incidente de liquidación del impuesto, y no en ocasión de su cobro; 6)- cuando se manda llevar adelante la ejecución sobre la base de una deuda inexistente; 7)- en casos en que se halla afectada la inviolabilidad de la defensa en juicio; y 8)- al declararse admisible la acción declarativa en materia fiscal.
Doble instancia, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: SCALCIONE, ALEJANDRO FABIO c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-04

Asiste razón al recurrente en cuanto a la necesidad de garantizar al imputado el derecho al recurso consagrado en las normas convencionales con jerarquía constitucional en relación a la valoración de las pruebas vinculadas a las circunstancias fácticas que justificaron el cambio de calificación y consecuente agravación de la sanción penal, toda vez que respecto a la configuración de la alevosía no ha existido doble instancia, pues si bien ello se debatió a lo largo del juicio, fue la Cámara quien por primera vez receptó los argumentos justificantes de tal agravante y modificó significativamente la pena originariamente impuesta. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhirieron los Dres. Netri y Spuler. En disidencia: Dra. Gastaldi. En disidencia parcial: Dr. Falistocco).
Obligaciones de dar, intereses compensatorios
Materia: CIVIL
Carátula: COMPAGNUCCI DE LOPEZ, Edit Gloria - Administradora Sucesión César Ovidio López c/ CABALLERO, Alcides Omar; LOPEZ DE CABALLERO, Ana s/ SUMARIO: Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-12-18

Si la obligación de dar una suma de dinero proviene de un préstamo, no hay deuda de intereses compensatorios, salvo convención en contrario; la misma solución se impone cuando la obligación tiene origen en causa diferente.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tasa municipal, establecimientos asistenciales, razonabilidad tributaria
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Municipalidad de Concordia c/ Sogyn S.R.L. s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-11-20

Resulta irrazonable la tasa por inspección de Higiene Sanitaria, Profilaxis y Seguridad que el Municipio de Concordia pretende cobrar a un sanatorio privado -arts. 16, último parrafo, 28 y 33 de la Const. Nacional a contrario sensu-, ello en virtud de la falta de asiento fáctico y jurídico predominante, afectando la garantía de la tutela de los intereses económicos del sujeto sindicado como deudor -art. 42, Const. Nacional-.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Ballesteros, Enrique Daniel; Décima, Agustín Humberto s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

El reconocimiento que realiza la víctima del arma presuntamente utilizada por el autor del hecho y del automotor en que éste huyera del lugar, pese a ser la primera secuestrada en poder de los imputados y el segundo el vehículo en que se desplazaban varios días después, por su equivocidad resultan insuficientes en el caso para fundar asertivamente un juicio de condena desde que no alcanzan para integrar plena prueba presuncional (doct. arts. 258, 259 inc. 4° y 431, C.P.P.)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

El artículo 76 bis del Código Penal en sus párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, establece las condiciones que deben mediar en concreto para que la suspensión sea acordada; y no se puede poner en duda que lo que la ley prevé son "condiciones de procedencia" si observamos que en el quinto párrafo así las caracteriza el artículo al expresar "...ser condición, además...", con lo que no sólo está diciendo que lo que define en tal párrafo es una condición, sino que el "además" está señalando que también lo son el resto. (Del Voto del Dr. Jukic). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Querellante, inexistencia de delito, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: Narvaez, Pedro Primero s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-09

Si el fiscal solicitó la desestimación de la querella por inexistencia de delito, el recurso de casación impetrado por el pretenso querellante no puede tener favorable acogida, máxime si la doble instancia se encuentra debidamente garantizada por cuanto han recaído pronunciamientos concordantes del juez instructor y de la cámara respectiva.
Recurso de inconstitucionalidad, falta de agravio concreto, incongruencia, sentencia, omisión de considerar cuestión propuesta, concurso preventivo, crédito verificado
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: LOW, MARCOS s/ CONCURSO PREVENTIVO. RECURSO DE REVISION.    QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   INTERPUESTA POR UN ACREEDOR VERIFICADO.     CSJ EXPTE NRO 133-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-11-07

El agravio consistente en la autocontradicción en que habría incurrido el tribunal al rechazar la aclaratoria no obstante que reconoció haber omitido en la sentencia tratar una pretensión, y que se expidió sobre ella en la aclaratoria, no habilita el recurso de inconstitucionalidad si el vicio achacado no provoca al quejoso gravamen alguno.

En el caso, con relación a la aclaratoria relativa a si el monto de la condena alcanza al crédito del recurrente y el de su hija menor, el tribunal hizo lugar a la misma.
Sucesiones, apertura de la sucesión, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: GALLACHER    ERNESTO    EDUARDO  Y  AVELLANEDA  DE  GALLACHER  CARMEN s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-30

La apertura de la sucesión y la adquisición de la herencia por quienes legalmente son llamados a recibirla, se produce "ipso iure" desde el instante mismo de la muerte del causante (conf. art. 3282, 3420 y concordantes del Código Civil).

Al ser la causa-fuente de la adquisición de la herencia el hecho de la muerte, el llamamiento de los beneficiarios estará dado por la ley vigente al ocurrir el mismo (conf. Zannoni "Derecho de las Sucesiones" t.1, p.34 y ss.; Borda "Tratado...Sucesiones" t.1 p.36) Más ello debe entenderse así a la luz de lo prescripto por el art.

3ro. del Código Civil (t.o. ley 17.711) que establece la irretroactividad de las leyes; principio este que tiende a dar seguridad a los derechos o relaciones jurídicas, adquiridos o consumados al amparo de las leyes vigentes a la fecha en que ello se produce (conf. C.N.Civ. Sala G, R.21.888 del 5-5-86; íd. R.22 000 del 22-5-86.
Concurso preventivo, proceso de verificación, revisión judicial, acreedor laboral, pago, relación de dependencia, aplicación de la ley, ley de contrato de trabajo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Di Paolo <S.A.> c/ Romillo, Osvaldo s/ Inc. de revisión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-25

Resulta improcedente aplicar la preceptiva de la LCT: 277, la cual prevé como requisito de validez del pago efectuado a un acreedor de origen laboral, que los fondos sean depositados mediante nota de crédito bancaria presentada dentro del expediente, radicado en la justicia del trabajo, si -como en el caso-, la relación laboral fue juzgada dentro de la órbita del concursamiento, cuya regulación legal no prevé un medio específico para la satisfacción del crédito admitido en la sentencia verificatoria, pronunciada por la justicia mercantil.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Asoc. Bomberos Voluntarios de Río Grande c/ Coop. de Servicios Públicos y vivienda de Río Grande Ltda. s/ Obligación de hacer - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-11-06

Entendido que la decisión en materia de honorarios se limita a los aspectos fácticos y no a los conceptos o categorías o pautas legales que las leyes arancelarias determinan, los cuales en mi opinión son susceptibles de revisión por medio del recurso de casación destinado precisamente a establecer la doctrina legal correcta. Además, en casos excepcionales la casación encuentra sustento cuando están en juego determinadas garantías como ocurre ante el desconocimiento del derecho del profesional a la regulación; o en supuestos de confiscatoriedad por evidenciarse una manifiesta desproporción entre el valor económico del juicio y la naturaleza de la labor cumplida al no guardar el honorario relación con una justa retribución o cuando la decisión aparece derivada del mero arbitrio del juzgador, carente de fundamentación real o contradiciendo abiertamente constancias anteriores firmes, o cuando se han aplicado normas arancelarias inadecuadas. (del voto del Dr. González Godoy).