marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Declaración de insania, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: V., E.P. s/ Incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-04

El requisito de procedibilidad del certificado en la declaración no queda cumplido con la sola agregación sino que debe ser el contenido intrínseco lo que llevará a determinar si se cumple con el extremo en virtud del cual se lo exige.
Límites del pronunciamiento, principio de congruencia, acusación, sentencia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Aguirre, Héctor D. s/ recurso de casación. Causa: 246
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-09

El pronunciamiento debe basarse en los actos del debate que se conectan con el ámbito fáctico de la acusación, esta correlación entre ambos es impuesta por el principio de congruencia, que prohíbe al juez condenar al acusado por un hecho distinto del delineado en la acusación, estas resoluciones se encuentran viciadas de nulidad absoluta, lo cual debe ser declarado aún de oficio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Cardozo, Roberto S. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

Es insuficiente el agravio en el que se denuncia la transgresión del art. 269 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- sosteniendo que el razonamiento utilizado por la Cámara invierte la carga probatoria al no poner a cargo de la acusación la demostración de la idoneidad de los proyectiles que integran la carga de las armas empleadas, si el tribunal tuvo por probada su ofensividad mediante plena prueba pericial (art. 255 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.-).
Propiedad participada, compensación económica, trabajador, privatizaciones
Materia: LABORAL
Carátula: BERTANI, GUSTAVO SERGIO Y OTROS c/ Estado Nacional Ministerio de Economía s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

Quien se desempeñaba como trabajador de una empresa del Estado al momento de la privatización de ésta - en el caso, a la fecha de publicación del decreto 714/92- tiene derecho a un resarcimiento por la imposibilidad de acceder al Programa de Propiedad Participada, le asistía el derecho de acceder a un beneficio cierto, que se frustró por la demora de la autoridad de aplicación en las concretas conductas de implementación del Programa y de esa frustración se deriva un menoscabo patrimonial que debe ser resarcido.
Contratos de adhesión, principios procesales, actos jurisdiccionales, validez del acto jurídico, procedencia del recurso, pacto de jurisdicción
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Inc SA c/ Medina Morales, Ana Yetzi y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-16

La cláusula de prórroga de jurisdicción no se presenta en el caso como abusiva en los términos del CCCN 988. Resulta que, para calificar una cláusula como abusiva es necesario que ésta imponga un desequilibrio significativo, entre los derechos y cargas entre las partes, en perjuicio del adherente; éstas son aquellas por las cuales se desnaturaliza la relación de equivalencia en detrimento de la parte débil del contrato y amplían las ventajas en favor del predisponente o aligeran o suprimen sus cargas (v. esta Sala, "Sosa Carlos c/ Caja de seguros SA s/ ordinario", del 30/06/15). El mero hecho de que la convención en cuestión haya sido suscripta "por adhesión" o que contenga cláusulas predispuestas por uno de los contratantes, no le resta naturaleza convencional válida. La falta de negociaciones previas sólo motiva una forma especial de aceptación, que se aparta de los esquemas tradicionales que no necesariamente afectan su operatividad. La prórroga de competencia territorial cuestionada no configura una cláusula claramente abusiva o "sorprendente", en tanto que las prórrogas de jurisdicción hacia tribunales de la ciudad de Buenos Aires son de práctica, no vulneran el orden público y su aceptación no significa necesariamente una abdicación de derechos o intereses para la parte que no se domicilia allí. En este caso, más que una renuncia, la prórroga jurisdiccional es el ejercicio de un derecho especialmente regulado en el código de procedimientos.
Interrupción de la prescripción, reconocimiento de las obligaciones, estados contables
Materia: COMERCIAL
Carátula: Kodner, Liliana Inés c/ Guardería Neptuno S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-04

La aprobación de los Estados Contables y Balances de la sociedad accionada por parte de su Asamblea, en los cuales consta la acreencia reclamada en la demanda, importa un reconocimiento de deuda en los términos del art. 722 del Código Civil y la confesión de ser deudor de la actora, con efectos interruptivos de la prescripción.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, tiempo de vida útil
Materia: LABORAL
Carátula: MEDINA, GABRIEL c/ MANU CAR  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-29

Aunque al momento del accidente el accionante hubiera contado con la edad suficiente para acceder al beneficio jubilatorio, ello no puede excluir la responsabilidad por el daño que se le hubiera causado a sus facultades o salud, debiendo tenerse en cuenta el tiempo de vida útil.
Recurso extraordinario, legitimación del asegurador, seguro de responsabilidad civil, citación en garantía, seguros, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Castillo de los Santos, Rodolfo c/ Manferro S.A. s/ Indemnización por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

La compañía de seguros citada en garantía está legitimada para oponer la defensa de prescripción no articulada por la parte demandada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez, Carlos Alberto s/ Daño y lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-06

No demostrada que la invocada como agresión ilegítima no constituye una conducta ajustada a derecho, no cabe alegar la existencia de legítima defensa.
Querellante, titular del derecho
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MILLEI, Alberto José s/ DENUNCIA SOBRE FALSIFICACION DE SELLOS FERNANDEZ ALVARIÑO, Próspero c/ PIANTA  HARGUINDEGUI, Albano s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-30|1985-03-08

Solo goza del derecho de querellar la persona que de modo especial, individual y directo resulta afectada por el daño o peligro que el mismo entraña, es decir, el titular del derecho cuya violación se investiga.
Caducidad de instancia, inactividad procesal, inactividad del Tribunal, impulso de parte
Materia: CIVIL
Carátula: Fisco   Nacional  (Dirección  General  Impositiva) c/ Mendoza,Provincia de s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-06

Si el expediente no se encontraba pendiente de pronunciamiento alguno de exclusivo resorte del juzgador, una vez firme la resolución en la que la actora quedó notificada de la resolución que impuso las costas por la excepción de incompetencia, restaba sólo el pase del expediente a la Corte y nada impedía a la parte interesada, a la que le incumbía urgir el procedimiento, ante la inacción del tribunal interviniente, realizar las peticiones tendientes a obtener la ejecución de los trámites omitidos, ya que no se hallaba dispensada de su carga de controlar el trámite del proceso en la medida en que éste no estaba suspendido.
Tribunal: CAMARA NAC. DE APELAC. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-01


"Buenos Aires, 1 de octubre de 2.002.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

Llegan las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal contra la resolución que luce a fs. 286/7, en cuanto dispone declarar extinguida la acción penal por prescripción, respecto de "J. C. C"., y en consecuencia dispone su sobreseimiento.

Se agravia el Ministerio Público Fiscal, toda vez que estima que no se han cumplido los extremos del artículo 62 del Código Procesal Penal de la Nación para que proceda la extinción de la acción por prescripción. Asimismo, considera que la suspensión del juicio a prueba habría operado hasta mayo del año 2001, luego que con fecha 23 de mayo del mismo año el Juzgado de Ejecución Penal n? 3 resolvió tener por no cumplida la medida curativa impuesta.

Cabe destacar que se iniciaron las presentes actuaciones en el año 1996, a raíz de la detención de "J. C. C", momento en que se le secuestró un total de 7, 90 gramos de cocaína, tal como se comprobó en el peritaje de fs. 32. Luego, con fecha 30 de mayo del año 1996 se dispuso su procesamiento en orden al delito previsto y reprimido por el primer párrafo del artículo 14 de la ley 23.737 para luego ser recalificado por el segundo párrafo de la misma norma legal. Finalmente con fecha 26 de agosto del año 1997 se dispuso la suspensión del trámite y se resolvió someterlo a un tratamiento curativo y de rehabilitación que, sin embargo, por falta de colaboración del imputado tal medida nunca fue cumplida.

Sin descartar la llamativa tardanza en que incurrió el Juzgado de Ejecución Penal n? 3 hasta expedirse sobre el tema, resulta ahora necesario destacar que el artículo 19 de la ley 23.737 prevé que " ...respecto a los procesados, el tiempo de tratamiento suspenderá la prescripción de la acción penal...". Por lo tanto, desde que se impuso la medida curativa el día 26 de agosto de 1997 y hasta el 26 de agosto de 1999 -fecha que terminó el plazo de tal medida curativa y expiró el término del artículo 19 de la citada norma legal-, desde allí (26 de agosto de 1999) hasta la actualidad, ha transcurrido en demasía los dos años requeridos por la norma penal, para que opere el instituto de la prescripción.

Cabe destacar que el 23 de mayo del año 2001 -fecha en que el Juzgado de Ejecución Penal n? 3 tuvo por no cumplida tal medida- no interrumpe la acción penal ya que no constituye secuela de juicio. Ello, toda vez que el decisorio de fs. 265 constituye una mera declaración de lo acontecido en relación al incumplimiento del tratamiento y se encuentra lejos de configurar un acto persecutorio o bien de ostentar la continuación del proceso.

En virtud del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el decisorio de fs. 286/7, en cuanto declara extinguida la acción penal, respecto de "J. C. C." y dispone su sobreseimiento (arts. 59, inc. 3? y 62, inc. 4? del Código Penal) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Sirva la presente de atenta nota de envío."
Fundamentación insuficiente, prueba testimonial, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Scorziello, Eduardo Francisco reg. 324 c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-12

El voto concurrente agregó que el recurso articulado por la defensa, que se fundamenta única y exclusivamente en discrepancias en la valoración de la prueba a fin de desvincular de responsabilidad al imputado y en la credibilidad de los testigos, no logra demostrar la arbitrariedad del fallo atacado por lo que procederá el rechazo de éste remedio procesal. Dres. Hornos, Borinsky y Gemignani -según su voto-.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miranda, Carlos Oscar c/ Perez, Sebastián s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

El sobreseimiento penal, salvo que se basare en la inexistencia o falta de acaecimiento material del hecho, no tiene influencia sobre el juicio civil (art. 113, cód. civil), tanto más frente a la atribución de responsabilidad objetiva, a título de riesgo (art.

113, cód. civil).-
Gobierno de facto, leyes
Materia: PENAL
Carátula: BROGLIO, Angel Osvaldo y otro s/ Infracción art. 26, ley 22421
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

La mera derogación de algunas "leyes" de facto, no implica la ratificación implícita de las restantes, porque dicha consecuencia no se infiere de ninguna parte de la norma citada (23077) ni de otra dictada por el Congreso Nacional. Al no existir norma alguna que se refiera de alguna manera a la 22421, no es posible afirmar que la ausencia de mención, o la mera omisión equivalen a una ratificación legal. Decidir lo contrario significaría desconocer la garantía constitucional que exige, para la aplicación de penas, una "Ley anterior al hecho del proceso" (art. 18 de la Constitución Nacional), que, obviamente, no puede nacer con la mera ausencia de ley expresa o con el silencio del legislador. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Indemnización por accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Bonadeo, Eduardo Hernán c/ Torres, Luis Alberto y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28

El rubro indemnizatorio por incapacidad sobreviniente no puede tener repercusiones en la esfera extrapatrimonial de la víctima, ya que dicho ámbito se identifica con el daño moral y englobar bajo el citado rubro a las consecuencias patrimonial como a las espirituales implicaría generar un doble resarcimiento por el mismo perjuicio.
Concesión errónea del recurso, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: PUYÓ DE PIEROTTI, ELSA ELENA c/ PIEROTTI, MARIO DANIEL s/ INCIDENTE DE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-04-19

En los casos en que se concluye en la declaración de mal concedido de un recurso interpuesto -por ser inapelable o por extemporaneidad de su articulación- sólo conlleva imposición de costas cuando tal circunstancia fue oportunamente denunciada por la recurrida.
Protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ, JUAN C c/ OSTROVSKY, JOSE s/ APREMIO      EXPTE NRO 68-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-10-27

Es la ejecución por deuda anterior a la inscripción del bien de familia la que provoca la desafectación prevista en el artículo 49 inciso e) de la ley 14394, (v ED 13419) careciendo de relevancia que el juicio se haya iniciado después de aquella inscripción si la obligación es anterior a la misma.
Contrabando, consumación del delito, tentativa, escala penal, voluntad del legislador
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Chukwudi, Anthoni c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-11

La decisión del legislador de equiparar la sanción de la tentativa de contrabando con las mismas penas que corresponden al delito consumado se asienta en que para la configuración del delito de contrabando resulta irrelevante que la mercadería logre o no ser retenida por la Aduana, pues el bien jurídico protegido por esta figura no consiste en la integridad de la renta aduanera, sino el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones (art. 863 del Código Aduanero); así, el delito se perfecciona en cuanto se dificulta el adecuado ejercicio de ese control, sin que resulte necesaria la concurrencia de un perjuicio fiscal.
Derecho procesal, competencia, prórroga de la competencia, competencia federal, jurisdicción, dictámenes, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: FEDERACION BIOQUIMICA DE LA PROVINCIA DE BA c/ ORGANIZACION MEDICA SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-16

Ello así, pues con independencia de que la prórroga en razón de la materia es indisponible para las partes, no parece dudoso que la cláusula citada contiene una prórroga de jurisdicción territorial que resulta válida y determina la incompetencia de estos Tribunales. En consecuencia, el carácter patrimonial de la cuestión a resolver, torna idónea la cláusula de prórroga de jurisdicción (cfr. Dictamen N° 2256/2021, en autos "Luxcar SA C/ Jaime, Carina Elisabet S/ Ejecutivo", de fecha 17/12/21). Del Dictamen Fiscal N° 2272/21
Daños y perjuicios, acción civil en el proceso penal, oportunidad procesal, ejecución de sentencia
Materia: PENAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Fredolino, Carlos Aníbal s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Franklin A. Martínez en contra de Sentencia Nº 44/08, de Expte. Nº 065/05 "Fredolino, Carlos Aníbal - Lesiones Graves Culposas, etc. - Capital"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-30

No resulta procedente en esta instancia de casación el cómputo de los intereses correspondientes al capital de condena fijado, a contar desde el momento de la condena hasta el del efectivo pago, puesto que deberán ser solicitados en la etapa de ejecución de sentencia.
Sustracción de menores, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Osvaldo Arturo y otros #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: NP s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-08

La magnitud y cualidad del daño causado a la víctima del delito de sustracción de menores, expresados en el daño psicológico ocasionado, el estado de incertidumbre y angustia sobre el propio origen, el dolor psíquico, el maltrato y el tiempo que duró el ocultamiento, constituyen elementos a considerar para la medición del injusto, correspondiendo apartarse del mínimo legal de la escala del concurso ideal que rige los delitos de retención y ocultamiento de una niña sustraída antes de los diez años de edad.
Medidas cautelares, actos de los poderes públicos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Leuful, Víctor José c/ Provincia del Chubut s/ Medida Autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-07-01

Mediante asentada jurisprudencia, este Superior Tribunal, en concordancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el criterio de que -en general- las medidas cautelares no pueden aplicarse automáticamente para suspender los actos de los poderes públicos, ya que la presunción de legitimidad que les accede -que es "iuris tantum"- debe ser alegada y probada en juicio contencioso. Su procedencia es aceptada excepcionalmente con vinculación al proceso, previa acreditación y valoración de los requisitos que las condicionan: verosimilitud del derecho, peligro en la demora, perjuicio irreparable en el caso de innovativas, y contracautela, aplicando al efecto los artículos 195 y siguientes del CPCC.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Provincia de Santa Cruz c/ Copla Sociedad de Hecho y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-05-22

Cabe tener por desierto el Recurso de Apelación interpuesto, ante la presentación extemporánea del memorial de agravios. Constituyendo este último un recaudo de admisibilidad, el cumplimiento del plazo para expresar agravios es de carácter perentorio y por lo tanto no subsanable.
Régimen de consolidación de deudas, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contrato de suministros
Materia: ECONOMIA
Carátula: RIGECIN LABS SACIF c/ M.C.B.A. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-05

Tratándose de una deuda originada en el suministro de insumos hospitalarios, y toda vez que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el sucesor de los derechos y obligaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde aplicar las pautas establecidas por la ley 23982, con la salvedad de que, en virtud de la autonomía dispuesta por la reforma constitucional de 1994, las obligaciones que se encuentran a cargo de la Comuna ya no serán satisfechas con el presupuesto general de la Administración Nacional, sino por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Costas, costas al demandado, división de condominio
Materia: PROCESAL
Carátula: LASALA, Raúl Humberto Salvador c/ LASALA, Mauricio s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-09

Como pauta genérica, un condómino no tiene obligación de asumir el pago de los honorarios del profesional que interviene por el otro, toda vez que ello importaría, al pagar, además, a su propio letrado, recibir mermada su porción. Sin embargo, cuando quien acciona por división de condominio intimó por telegrama para obtener una respuesta positiva en tal sentido, sin recibirla, viéndose así obligado a accionar, corresponde imponer las costas al demandado.-
Suma ilíquida, mora del deudor, intereses moratorios
Materia: CIVIL
Carátula: Hube, Pablo Adolfo c/ Fernández, Ataulfo Arcadio s/ Resolución Contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-12

Una deuda cierta, aunque ilíquida, impone al deudor constituido en mora el pago adicional de los intereses moratorios correspondientes, pues priva al acreedor del goce de su capital.
Juicio de desalojo, legitimación pasiva, intruso, usurpación de inmueble, notificación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CORDUA, FRANCISCO c/ HENDLER, NORBERTO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-04

En una acción en la que se reclama el desalojo de un inmueble, resulta improcedente que el defendido alegue que no puede ordenarse la desocupación de quien se encuentra en la propiedad con base en que no se accionó por intromisión, usurpación u otra figura equivalente cuando, -como en el caso-, surge que la pertinente demanda fue dirigida tambien contra todo ocupante y así fue notificada.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-29


Dictamen de la Fiscal General 1. En la resolución de fs. 129, el juez de primera instancia decretó la clausura de los procedimientos, ya que del examen de las actuaciones se desprendía que no existe activo para afrontar los gastos del juicio.

2. Apeló el fallido y fundó su recurso en fs. 135/36.

3. El síndico contestó el traslado del memorial mediante la pieza de fs. 138, en la que solicitó que se confirme lo resuelto.

4. El memorial con el que se funda el recurso no contiene argumentación idónea para rebatir los fundamentos de lo resuelto. En rigor, el fallido no cuestiona el presupuesto en virtud del cual procede la clausura del procedimiento por falta de activo, a saber, la inexistencia de bienes con cuyo producto se puedan cancelar los gastos del proceso, o de fondos suficientes para ello.

El deudor intenta justificar esta situación y a tal efecto hace un relato de las vicisitudes y circunstancias adversas, de índole personal y familiar, que le tocó atravesar en el curso de los últimos cinco años. Lo expuesto resulta atendible desde la perspectiva simplemente humana y aun moral, pero no es suficiente en el plano estrictamente jurídico, en el cual basta con la comprobación del presupuesto objetivo de la norma -inexistencia o insuficiencia de activo- para tornar operativa la consecuencia en ella prevista, "siendo irrelevante la conducta profesional del deudor, su actividad de colaboración en el proceso o la falta de antecedentes pélales" (conf. Argeri, Saúl A., "La quiebra y demás procesos concursales", La Plata 1974, Ed. Platense, t. III, p. 108).

Y la apertura a prueba que solicita el apelante podrá ser requerida en la sede criminal, a los efectos de demostrar las causales que desvirtúen la presunción a la que se refiere.

Postulo, entonces, que se confirme lo decidido por el juez de primera instancia.

En los términos que anteceden, dejo contestada la vista conferida por V.E. a fs. 142 vta. - Junio 23 de 2005. - Alejandra Gils Carbó.