Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-23


"BALMAYOR JAVIER HERNAN CONTRA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)" , EXPTE: EXP 10300 / 0 Buenos Aires, de junio de 2006. Y VISTOS: Estos autos, para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada -a fs. 512/23, memorial cuyo traslado no fue contestado- contra la sentencia obrante a fs. 499/507. I. El actor promovió acción de amparo contra la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se ordene al Consejo de la Magistratura que cumpla con las normas constitucionales y legales que rigen el nombramiento de empleados judiciales y administrativos; invocando, en apoyo de la pretensión, el requisito de la idoneidad como única condición para acceder al empleo público, la garantía de igualdad ante la ley y la exigencia de transparencia institucional (fs. 1/3). Al cabo de la sustanciación de la causa, y luego de diversas contingencias procesales, el juez dictó sentencia declarando parcialmente abstracta la cuestión -en cuanto se refiere a la cobertura de los cargos en el fuero contravencional y de faltas-, sin perjuicio de señalar que la parte demandada deberá llevar adelante el procedimiento de designación del personal de los tribunales y dependencias del Ministerio Público de dicho fuero de conformidad con las disposiciones de la resolución CM nº 34/2005. Asimismo, el magistrado hizo lugar al amparo en lo concerniente a la cobertura, por concurso público abierto, de los cargos de funcionarios y empleados de las dependencias administrativas del Consejo de la Magistratura. En consecuencia, ordenó a la accionada que: a) dicte el reglamento de concursos públicos abiertos para la planta permanente del Consejo; b) lleve a cabo los concursos, con relación a la totalidad de los cargos de funcionarios y empleados de su planta permanente, qu e no hayan sido cubiertos por algún concurso anterior; y c) aporte al tribunal -dentro del plazo de treinta días computado desde que la sentencia adquiera firmeza- el reglamento que utilizará, indicando el plazo en que llevará a cabo los concursos, que no podrá ser superior a seis meses, y los perfiles para la cobertura de los cargos a concursar. Esta decisión fue cuestionada por la parte demandada -a tenor de los fundamentos vertidos en su memorial-, circunstancia que motiva la intervención de esta alzada. La señora Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 534/6 II. Por una razón de orden corresponde expedirse en primer término sobre la procedencia del cauce procesal del amparo, pues la conclusión a la que se arribe condicionará el tratamiento de los restantes agravios. Al respecto corresponde ponderar que -tal como lo ha señalado anteriormente este Tribunal- la acción de amparo procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte, de conformidad con lo establecido por los artículos 43 C.N. y 14 C.C.B.A. Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiere que la lesión de los derechos o garantías resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio debate y prueba (Fallos, 306:1253; 307:747). Sin embargo, no por ello puede calificarse al amparo como una acción excepcional. Por el contrario, toda vez que ésta constituye una garantía constitucional, para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías establecidas para protegerlos, la procedencia de aquél debe ser anali zada con criterio razonablemente amplio, resultando admisible siempre que el proceder impugnado reúna las características y efectos que prevén los textos constitucionales. Por ello, el amparo resultará idóneo siempre que, conforme a la prudente ponderación de las circunstancias del caso, la acción u omisión cuestionada reúna prima facie los caracteres de ilegitimidad y/o arbitrariedad manifiesta y, asimismo, ocasione -en forma actual o inminente- una lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos o garantías constitucionales o legales. Una interpretación diferente importaría limitar indebidamente el carácter operativo de la garantía constitucional. Según lo ha puesto de relieve la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "...siempre que aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos...judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del amparo" (C.S.J.N.; Fallos, 241:291;280:228). Por ello, teniendo en cuenta que en el presente caso el actor ha cuestionado la conducta de la parte demandada con respecto a la modalidad para cubrir los cargos de la planta permanente del personal de áreas administrativas y jurisdiccionales a su cargo -proceder que aquél considera palmariamente arbitrario e ilegítimo, aduciendo que lesiona derechos y garantías tutelados por la normativa constitucional-, corresponde concluir que el cauce procesal escogido resulta procedente. III. Por otra parte cabe mencionar que, según se ha señalado, siempre que las pruebas propuestas no revistan en sí especial complejidad como para requerir un proceso de conocimiento mayor, resulta inaplicable el art. 2 -inc. "d"- ley 16.986 (Morello, Augusto M. - Vallefín, Carlos A., El amparo. Régimen procesal, Librería Editora Platense, La Plata, 1998, p. 39). Asimismo, debe tenerse presente que, conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ese precepto de la ley de amparo "...no debe ser entendido de manera absoluta, porque ello equivaldría a destruir la esencia misma de la institución que ha sido inspirada con el propósito definido de salvaguardar los derechos sustanciales de la persona..". (Fallos, 267:215). Establecidas estas pautas, corresponde poner de relieve, en primer lugar, que para resolver la contienda fue suficiente con un pedido de informes cursado por el juez al mismo Consejo de la Magistratura, y la aplicación e interpretación de las normas que rigen la cuestión, que -contrariamente a lo sostenido por la apelante- no revisten mayor complejidad jurídica. La considerable duración del proceso y el volumen que adquirió el expediente -producto de las peripecias procesales que sufrió el trámite de la causa, totalmente ajenas a la pretensión deducida- no tornan improcedente el amparo. De lo contrario la admisibilidad de esta garantía no podría determinarse liminarmente sino só lo mediante un juicio ex post -circunstancia que demuestra el error de este enfoque- y el resultado de ese examen sería, a fin de cuentas, meramente potestativo para los litigantes. En segundo lugar, la apelante no indicó concretamente qué aspectos relevantes para la decisión de la causa no han podido ser debatidos y/o demostrados en autos, en razón de las restricciones impuestas por el marco cognoscitivo del amparo En consecuencia, el primero de los agravios debe ser desestimado, admitiéndose la vía del amparo para tramitar el debate sustanciado en autos. IV. La conclusión expuesta en el considerando precedente impone conocer sobre las restantes cuestiones sometidas a decisión del Tribunal. En su fundado dictamen, la señora Fiscal de Cámara sostuvo que, con motivo del dictado de la resolución CM nº 504/05, del 8 de julio de 2005 (BOCBA nº 2228), la controversia -declarada parcialmente abstracta por el juez de primera instancia con respecto a la cobertura de los cargos en el fuero contravencional y de faltas, decisión que no ha sido cuestionada y por lo tanto se encuentra firme- también se ha vuelto abstracta, de manera sobreviniente, en cuanto se refiere a la cobertura de los cargos de funcionarios y empleados de las dependencias administrativas del Consejo de la Magistratura. Asimismo, puso de relieve que lo resuelto por el magistrado de primer grado en el punto 2, apartado "b" de su sentencia (esto es, que la demandada lleve a cabo los concursos con relación a la totalidad de los cargos de funcionarios y empleados de su planta permanente que no hayan sido cubiertos por algún concurso anterior, y aporte al tribunal -dentro del plazo de treinta días computado desde que la sentencia quede firme- el reglamento que utilizará, indicando el plazo en que llevará a cabo los concursos -que no podrá ser superior a seis meses- y los perfiles para la cobertura de los cargos a concursar) excede lo peticionado en la demanda y, en tal medida, conculca el principio procesal de congruencia. Toda vez que este tribunal comparte e stas apreciaciones vertidas en el dictamen del Ministerio Público -a cuyos términos cabe remitirse a fin de evitar reiteraciones innecesarias-, corresponde resolver en los términos indicados precedentemente. V. En la parte final de su segundo agravio la parte demandada solicitó que se testen los párrafos sexto y doceavo de la demanda, toda vez que, según su criterio, no guardan la forma y el estilo que resulta exigible en las presentaciones judiciales (fs. 520). Conforme al art. 27, inc. 5º, ap. "d", CCAyT, es deber de los jueces prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. Esta potestad judicial tiene por objeto evitar el perjuicio que de esas conductas puede derivar para la instrucción y decisión de los procesos, promover la observancia del respeto a la investidura de la magistratura y el cumplimiento de los deberes que en todo momento han de observar quienes someten a decisión de la jurisdicción el conocimiento y resolución de su conflicto. En particular, para mantener el orden y el decoro en los juicios, los tribunales pueden ordenar -entre otras medidas- que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos (art. 28, inc. 1, CCAyT, aplicable al amparo en función de la supletoriedad prevista en el art. 17, ley 16.986). En orden a los criterios que deben tomarse como pauta valorativa, ante el estrecho vínculo que media entre la materia examinada y el derecho de defensa en juicio -amparado por los artículos 18, CN; y 13, inc. 3, CCBA- la jurisprudencia y la doctrina han sostenido pacíficamente que, en caso de duda, debe considerarse que el justiciable ha ejercido regularmente ese derecho. En el caso examinado no se advierte que el escrito de demanda contenga frases fuera de contexto, que no guarden relación inmediata con el objeto procesal de la pretensión o hayan sido redactadas en términos indecorosos u ofensivos. Si bien algunos dichos del accionante pueden haber resultado molestos para la parte contraria, de tal circunstancia no deriva, neces ariamente, el hecho de que se hayan infringido los deberes enunciados anteriormente. En consecuencia, conforme a los parámetros señalados ut supra, cabe concluir que la conducta del actor sólo traduce el ejercicio de sus derechos de petición y de defensa y, por lo tanto, el agravio en estudio debe ser desestimado. VI. En materia de costas, no puede dejar de ponderarse, en primer lugar, que numerosos actos procesales se relacionaron con la tramitación de las recusaciones deducidas sucesivamente por la parte demandada contra los magistrados de primera y segunda instancia. Dado que la actora fue totalmente ajena a esos planteos, resultaría injusto que debiese cargar siquiera con una parte de las costas devengadas con motivo de su sustanciación. En segundo lugar, más allá de la abstracción sobreviniente del objeto litigioso, lo cierto es que la ampliación de la estructura de personal mediante la creación de nuevos cargos, que fueron cubiertos interinamente sin convocar a concurso, pudo haber dado motivo a la prom oción de la acción. Por lo tanto, la imposición de costas a la parte demandada, decidida por el magistrado de primera instancia, resulta ajustada a derecho y, en consecuencia, corresponde confirmarla. Sin costas ante la alzada, por no haberse suscitado controversia ante esta instancia. VII. Con relación al monto de los honorarios regulados a favor del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. Mariano Emilio Ulicki, la naturaleza y complejidad del proceso, el resultado obtenido, las etapas procesales cumplidas y el mérito de la labor dasarrollada -apreciada por su calidad, eficacia y extensión- por resultar algo elevados corresponde reducirlos a la suma de quinientos pesos ($ 500.-) (conf. arts. 6, 36, 37 y cctes., ley 21.839, modificada por ley 24.432). En mérito a las consideraciones vertidas, y de conformidad con lo dictaminado por la Señora Fiscal de Cámara; el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar abstracto el objeto litigioso, también en lo concerniente a la cobertura de los cargos de funcionarios y empleado s de las dependencias administrativas del Consejo de la Magistratura. 2) Como consecuencia de lo expuesto en el punto precedente, y por exceder los términos de la pretensión, revocar el punto 2, apartado "b" de la sentencia apelada. 3) Reducir el monto de los honorarios regulados a la dirección letrada de la parte actora, en los términos que surgen del considerando VII; y confirmar la decisión recurrida en lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravio. Notifíquese, y a la señora Fiscal de Cámara en su despacho. El Dr. Carlos F. Balbín no firma por haberse excusado de conocer en autos.