Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-08


PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17.561 EXPEDIENTE Nº 16.822/07 SALA IX JUZGADO Nº 36 En la ciudad de Buenos Aires, el 8-2-12, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ALVARADO, LUIS OSCAR C/ URSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. Y OTRO S/ DESPIDO", se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR ALVARO E. BALESTRINI dijo:

I- Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar al reclamo, recurren ambas demandadas, según los escritos de fs. 313/315 (Ursa Ingeniería y Construcciones S.A.) y fs. 321/324 (Carbones y Minerales Industriales S.A.), que mereció réplica de la contraria a fs. 327.	II- Adelanto que el examen de la cuestión planteada permite advertir que el recurso interpuesto por la co-demandada Ursa Ingeniería y Construcciones S.A., ha sido mal concedido en la instancia previa.	En efecto, al respecto cabe destacar que el Tribunal de Alzada no sólo esta facultado para examinar la procedencia del recurso sino también su admisibilidad, así como las formas en que se lo ha concedido, pues en este punto no se encuentra ligado por la conformidad de las partes, ni por la resolución del Juez de primer grado (conf. esta Sala "in re" "Ruíz Díaz, Hugo Orlando c/Disco S.A. y otro S/Despido", S.D. Nº 15.554 del 18/5/09, entre otros).	En tal marco, los términos en los que fue formulada la presentación de la codemandada indican que el pronunciamiento recurrido resulta -en este aspecto- inapelable, en razón de que el valor que se intenta cuestionar en la Alzada (que asciende a la suma de $3.344,04.-, correspondiente a: 1) Dif. Horas extras: $2.796.-; 2) Dif. Fondo Des. por importe horas extras no depositadas: $335,52 y 3) Dif. por monto de salarios no depositados en Fondo Des.: $212,52), no excede el límite de apelabilidad establecido por el artículo 106 de la L.O., esto es, el equivalente a trescientas (300) veces el importe del bono de derecho fijo previsto en el art. 51 de la Ley 23.187 (cfr. citado art. 106 de la L.O.) que, a la fecha de la concesión del recurso (ver auto de fs. 317) ascendía a la suma de $7.500.- ($25 x 300, conforme el valor del bono de derecho fijo a ese momento).	Cabe agregar que no se consideran incluidos en el valor en cuestión los intereses establecidos en el fallo de grado, ya que éstos constituyen el fruto de la privación del capital adeudado y por ende resultan meros accesorios del crédito reconocido (en igual sentido, cfr. esta Sala, "in re" "Corzo, Héctor Gerardo c/Disco S.A. y otro s/Despido", S.D. Nº 15.138 del 31/10/08, entre otros).

Por tales razones, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la parte codemandada Ursa Ingeniería y Construcciones S.A. a fs. 313/315.

III- La queja vertida por Carbones y Minerales Industriales S.A. que objeta su inclusión en la condena, en mi opinión, no resulta atendible.

En primer término, es dable señalar que si bien la doctrina que emerge del Fallo Plenario nº 261 "Loza, José R. y otro c/ Villalba, Francisco y otro"; establece que el propietario que no se desempeña como constructor de obra, no responde en los términos del art. 32 de la ley 22.250, lo cierto es que la ley 25.013 ha modificado el régimen de responsabilidad del artículo 30 de la L.C.T. y ha incluido en sus alcances a las relaciones de trabajo regidas por la ley especial (22.250).

A partir de ahí, cuando se trata de contrataciones o subcontrataciones entre empresas de la industria de la construcción, la responsabilidad solidaria del principal por las obligaciones de sus contratistas o subcontratistas deriva de la aplicación del art. 32 de ley 22.250, resultando irrelevante analizar si se ha encomendado -o no- la realización de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal, específica y propia del establecimiento; entretanto que, cuando el comitente, no es un operador de la industria de la construcción, si bien, reitero, no resulta alcanzado por el régimen de solidaridad previsto en la norma mencionada, lo cierto es que le son aplicables las obligaciones impuestas por el art. 30 de la L.C.T. (art. 17 ley 25.013) -tal como lo puso de manifiesto la Sra. Juez a quo y no fuera cuestionado en la Alzada-; de manera tal que, en concreto y para lo que interesa, corresponde analizar si la actividad principal de Carbones y Minerales Industriales S.A. depende de la realización de tareas como las descriptas sub examine y propias de la industria de la construcción.

A mi criterio, la respuesta sólo puede ser afirmativa. En efecto, llega firme a esta Alzada que el actor se desempeñó para la contratista como ayudante práctico de montaje de cañerías y que, como tal, realizó obras de ingeniería -construcción de cañerías industriales- para "Carbones", en el marco de los contratos de locación de obra que se anexan a fs. 30/45; actividad que resulta conceptualmente inescindible de la desplegada por la comitente, pues en caso contrario no se advierte cómo esta última podría llevar adelante la comercialización y distribución de todo tipo de carbones y minerales, tratamiento mecánico de productos, clasificación trituración y acondicionamiento de tamaño de carbones, minerales y otros elementos (ver estatuto social a fs. 182/203), sin una adecuada red de cañerías; presupuesto que permite inferir la conformación la unidad técnica de ejecución a que se refiere el art. 6º de la L.C.T. por remisión del artículo 30 en examen.

En síntesis, aún cuando pudiera parecer secundaria la construcción de cañerías respecto de la actividad principal, lo cierto es que, a mi criterio, se encuentra integrada al establecimiento, configurando un claro caso que hace al objetivo final.

Todo lo expuesto obsta al progreso del planteo efectuado sobre el tópico, por lo que voto por confirmar el decisorio de grado también en este aspecto.

IV- Por último, cabe desechar el disenso vertido en torno a la forma en que fueron impuestas las costas, toda vez que de conformidad con el modo en que ha sido resuelta la cuestión en primera instancia y atento lo que aquí se sugiere resolver en virtud del recurso de apelación interpuesto por la codemandada "Carbones", no encuentro mérito para apartarme del principio rector en la materia, contemplado en el artículo 68, primera parte del C.P.C.C.N., que claramente dispone que las costas deberán ser soportadas por las partes que resultan vencidas en el pleito, salvo que el juzgador encontrare mérito para eximir a la parte derrotada de su imposición, que no es el caso específico en análisis.

V- Respecto de la regulación de honorarios, que motivó impugnaciones a fs. 306, 309, 313 y 318, en atención al mérito, calidad y extensión de las tareas llevadas a cabo en la anterior instancia, evaluadas en el marco del valor económico en litigio y de conformidad con los parámetros arancelarios previstos en los arts. 6, 7 y concs. de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432-, 3 y concs. del dec. ley 16.638/57 y lo dispuesto en el art. 38 de la L.O., estimo que los emolumentos discernidos a todos los profesionales resultan adecuados, por lo que voto por su confirmación.

En cuanto a lo expresamente solicitado por la parte codemandada URSA Ingeniería y Construcciones S.A. a fs. 315vta. pto. 3. Tercer Agravio, cabe señalar que por tratarse la norma en cuestión, de una facultad que permite a los jueces apartarse de las escalas salariales legales, a fin de reducir los honorarios, estimo que en el caso específico de autos, dado el monto por el que prospera la demanda, resulta innecesario la aplicación dicho disposición legal.

VI- Por idénticos fundamentos que los expuestos precedentemente, sugiero imponer las costas originadas en esta sede a cargo de ambas codemandadas (art. 68, 1º párrafo del C.P.C.C.N.) y, a tal fin, regular los honorarios de la representación letrada de cada parte, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus labores en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

EL DOCTOR ROBERTO C. POMPA dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR GREGORIO CORACH no vota (art. 125 L.O.).-	A mérito del acuerdo que precede el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la parte codemandada a fs. 313/315 por la codemandada URSA Ingeniería y Construcciones S.A.; 2) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 3) Imponer las costas de la Alzada a las demandadas vencidas; 4) Regular los honorarios de la representación letrada de cada parte, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus labores en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Ante mí.-