Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-02


GLIKSTEIN y Cía. S.A.C.I.A.M. -Dante Enrietto- U.T.E.- contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 197 p 313-318. Santa Fe, 2 de junio del año 2.004.

VISTOS:

Los autos "GLIKSTEIN y Cía. S.A.C.I.A.M. -Dante Enrietto- U.T.E.- contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION" (Expte. C.S.J. nro. 442, año 1.995), venidos para resolver la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y;

CONSIDERANDO:

1. Contra el decisorio de este Cuerpo, registrado en A. y S. T. 194, págs. 147/157, que resolvió rechazar el recurso contencioso administrativo, interpusieron los actores el remedio extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48.

En la pieza de interposición del memorial recursivo (fojas 319/329) expresan que impugnan una sentencia definitiva proveniente del Superior Tribunal de la causa; que poseen legitimación para recurrir; que oportunamente introdujeron la cuestión constitucional; que existe una relación directa entre lo resuelto y las garantías constitucionales que invocan, que han cumplimentado en síntesis, los requisitos comunes, propios y formales.

Asimismo, efectuaron un pormenorizado relato de los antecedentes de la causa.

Seguidamente, tachan de arbitrario al decisorio e invocan como causales: omisión de considerar y resolver cuestiones planteadas; prescindencia de los textos legales; afirmaciones dogmáticas; fundamentos de excesiva amplitud, arrogarse el papel de legislador; prescindencia de prueba decisiva, invocar prueba inexistente.

En el Título "Crítica razonada del fallo", le endilgan al fallo desechar con dogmatismo el derecho al mantenimiento a la intangibilidad de la ecuación económico- financiera del contrato, sin pronunciarse concretamente sobre el hecho de que la comitente aplicó, con automaticidad, el régimen de las variaciones de costos y precios en las certificaciones correspondientes a trabajos realizados desde el mes de enero de 1.994 por reducción del costo impositivo, al haberse disminuido la alícuota del impuesto a los ingresos brutos en virtud de la ley 11.123.

Cuestionan, al respecto, que en la sentencia se considerara que su parte planteó esta cuestión sin ningún fundamento argumental. Al respecto, sostienen que ello fue enfatizado en la demanda para demostrar que el precio no era invariable e inmodificable; en el informe sobre el mérito de la causa, luego de que el perito contador indicó que la Dirección Provincial de Vialidad modificó la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del 2,5% al 1,5% a partir de la certificación n 4 inclusive hasta la certificación n 18, lo que se señaló a fs. 287 vto/288, por lo que esa variación en menos del costo fiscal se trasladó automáticamente a todos los precios unitarios cotizados por la empresa.

Atacan al decisorio "en cuanto al establecimiento del fundamento normativo", expresando que los jueces se han arrogado el papel de legisladores y se apartan del ordenamiento jurídico aplicable con fundamentos aparentes, intentando recurrir al principio de "riesgo y ventura" que no se compadece con la naturaleza del contrato administrativo.

Postulan los principios de la justicia distributiva, planteando que se ha generado una disfunción en el contrato que debe ser corregida incorporándole los medios para que éste retorne, no a los valores originales, sino a la relación comparativa original, para lo cual no es necesario tener en cuenta el beneficio esperado por el contratista ni la previsibilidad o imprevisibilidad de determinadas variantes económicas, sólo podrían tenerse en cuenta acontecimientos futuros cuando estos estuviesen o fuesen factibles de ser perfectamente cuantificados al momento de ofertar y adjudicar.

Sostienen, al respecto que no puede regir en este esquema el principio de "riesgo y ventura" por cuanto es contradictorio con la estructura de la relación jurídica, expresión de la justicia comparativa, alegando acerca de su tesitura (fojas 327/327 vto.).

Citan el artículo 54 de la ley 5188, sosteniendo que el álea esta en cabeza de la administración comitente, lo que es coherente con el principio de intangibilidad de la remuneración del contratista particular y con la incidencia que sobre la economía contractual generan las prerrogativas en favor de la Administración dueña de la obra.

Consideran que de esta manera se busca mantener durante toda la duración del contrato inalterada la relación comparativa que, sobre la base de valores objetivos conocidos y homogéneos, la administración estableció entre todos los oferentes en el momento de decidir la adjudicación y que no se trata de que la Administración contratante sea una suerte de garante del buen negocio del contratista como se sostiene en la sentencia, por cuanto la justicia del sistema debe valorarse despojándose de conceptos privatistas de justicia conmutativa.

Aducen que el decisorio se funda en pautas de excesiva amplitud, en sustitución de normas positivas directamente aplicables.

Se agravian, en tal sentido, de que en el fallo se considerara que su parte suscribió el contrato cuando ya estaba en vigencia la norma que imponía el incremento en el rubro mano de obra, a pesar de que en su cotización ella no se previo ni pudo preverse porque no existía, ni siquiera al tiempo de la adjudicación.

Agregan, con sustento en lo establecido por el artículo 55 de la ley de Obras Públicas de la Provincia, que no puede sostenerse en el fallo que su parte pagara a su personal lo que había cotizado como costo de la mano de obra, que había sido incrementada por una disposición nacional posterior a la oferta y a la adjudicación, sólo porque así se había firmado el contrato con los precios unitarios cotizados en la oferta.

Le endilgan a la sentencia prescindir de prueba decisiva, invocar prueba inexistente, contradecir abiertamente constancia de autos (f. 20), sin desarrollar tales agravios.

Achacan al fallo incurrir en gravedad institucional, que fundan en la gran cantidad de casos planteados con motivo de circunstancias similares y en la vulneración al derecho de propiedad .

Sostienen además, que la sentencia resulta errónea, por cuanto la teoría de la imprevisión halla su fundamento en la Constitución (arts. 16 y 17), es decir, que no requiere que sea pactada por las partes, se aplica de pleno derecho, no puede ser objeto de renuncia por parte del cocontratante, ya que es de orden público.

Expresan que se ha vulnerado los artículos 16 y 17 de la Constitución nacional y la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto -según entienden- se admite en el fallo que el Poder Ejecutivo provincial podía dar tratamientos disímiles a situaciones idénticas a la aquí debatida (Decretos nros. 1611/93; 1612/93 y especialmente el decreto 1999/93).

Corrido traslado a la contraria, lo contesta (fojas 332/345) postulando su rechazo.

2. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso federal interpuesto.

Cabe señalar que la mera deducción del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad.

A tales efectos es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por la Corte para fundar su decisión, trayendo razones de peso en orden a destruir la fundamentación de tal decisorio por considerarlo lesivo de derechos constitucionales.

Ello es así, por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48 -recurso extraordinario de apelación-, exige que el recurrente impugne el pronunciamiento que objeta demostrando, asimismo, ante la Corte, por qué considera que el pronunciamiento impugnado no satisface el derecho federal invocado.

Realizando el análisis señalado precedentemente, surge claro que el recurso no puede ser concedido.

Por cierto, los argumentos expuestos por los impugnantes en el memorial recursivo, no resultan suficientes en orden a trasponer la admisibilidad de la vía extraordinaria intentada, habida cuenta que reiteran -casi simétricamente- las alegaciones efectuadas al demandar, pero sin hacerse cargo de efectuar en la impugnación una crítica prolija, concreta y razonada de la sentencia atacada, por lo que no satisface el recaudo de debida fundamentación exigido por las normas pertinentes (artículo 15 de la ley 48; artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Se advierte, que los recurrentes pretenden configurar como una cuestión federal, lo que en verdad constituye una mera discrepancia con los fundamentos del fallo impugnado, denotando la intención de renovar el debate acerca de la valoración de las circunstancias de la causa y de las normas aplicables efectuada por el Tribunal, en ejercicio de funciones propias, lo que no resulta idóneo para habilitar la instancia extraordinaria (Fallos 308:118; entre otros).

En el sub-lite, surge de la lectura del fallo, que el Tribunal analizó exhaustivamente las circunstancias de la causa, y luego del análisis de la situación legal en autos y con apoyo en sólidos precedentes del más alto Tribunal nacional y de este Cuerpo, dio las razones -si bien opuestas a las de los recurrentes-, por las cuales juzgó improcedente el recurso.

Y en esta instancia recursiva, no obstante los diversos vicios endilgados al pronunciamiento, la base de la prédica de los impugnantes se finca en oponer su propio parecer fundado en su particular enfoque del caso.

Así, no encuentra andamiaje suficiente el reparo atinente a la presunta omisión de considerar y resolver cuestiones planteadas que fundan en que la comitente aplicó el régimen de variaciones de costos y precios por reducción del costo impositivo al haberse disminuido la alícuota a los ingresos brutos, lo que se trasladó a los precios cotizados.

Específicamente, consideró el Tribunal en el decisorio en crisis, la argumentación desarrollada en sustento de que se habría vulnerado el principio de intangibilidad de la remuneración del contratista y dio las razones por las cuales entendió que no se configuraba en la especie (fojas 310/312).

Ello así, analizó que esas consideraciones "no se ven alteradas por el hecho de que durante la ejecución del contrato se hubiera variado -en menos- el porcentaje de reconocimiento del impuesto a los ingresos brutos y meritó que tal aspecto está apenas mencionado en la demanda y aparece postulado sin ningún sustento argumental; y en la etapa probatoria el perito meramente se limitó a constatar el acaecimiento de la variación (circunstancia que, por lo demás, puede verificarse con la sola lectura de los certificados agregados a la causa)".

Frente a dicha argumentación, los comparecientes se limitan a insistir en que esa variación se trasladó a todos los precios unitarios cotizados por la empresa, más sin traer argumentos que sustenten sus planteos, sin hacerse cargo de que no demostraron que lo postulado ocurría en la especie.

Así, en tal sentido, consideró el Tribunal , que "las actoras no han aportado elementos suficientes que habiliten la conclusión de que la alteración en el porcentaje del reconocimiento del tributo -no discutida por las empresas, por lo demás- implica automáticamente la posibilidad de que los precios puedan variarse; máxime en el caso, en el que la invariabilidad consagrada en el pliego y en el contrato refiere de modo claro a "los precios unitarios a cotizar por los proponentes".

Lo expuesto, torna huérfano de sustento lo afirmado por los comparecientes respecto a que en el fallo "se desechó con dogmatismo el derecho al mantenimiento de la intangibilidad de la ecuación económico-financiera del contrato".

Amén de ello, la alteración del porcentaje de reconocimiento del tributo es un argumento esgrimido en la demanda que no implicó por parte de los recurrentes una pretensión, un cuestionamiento a la legitimidad de tal medida.

No existe pues, en este aspecto, reproche constitucional alguno.

La circunstancia de que las conclusiones fueran adversas a la postura de los recurrentes, en modo alguno pueden justificar la apertura de la instancia extraordinaria.

Tampoco encuentra asidero el agravio fundado en que conforme a lo establecido por el artículo 55 de la ley 5188 su parte no podía pagar a su personal lo que había cotizado como mano de obra, la que fue incrementada por una disposición nacional posterior a la oferta y a la adjudicación, por lo que no se previo ni pudo preverse al momento de cotizar.

Pero en el escrito recursivo no se brindan argumentos suficientes en orden a desvirtuar la argumentación del decisorio, que consideró de manera fundada que el hecho supuestamente desestabilizador de la economía del contrato ocurrió antes de la firma del mismo, y las recurrentes tuvieron oportunidad bastante para poner en conocimiento de la demandada dicha circunstancia, lógicamente, antes de celebrar el convenio, lo que no hicieron y en tales condiciones, el compromiso asumido sin reservas ni aclaración alguna de ejecutar la obra "en un todo de acuerdo con su propuesta obrante en el expediente administrativo nro. 16101-0017315-6 a fs. 556 a 563" (cláusula primera, f. 1226), declarando que lo hacían manteniendo la oferta presentada, no puede sino interpretarse como una confirmación de que los costos de la propuesta, en especial los de mano de obra, seguían siendo los que había expuesto en su oferta.

Asimismo, entendió el Tribunal que "coadyuva a debilitar la configuración de un caso de imprevisión el hecho de que el reclamo que origina la presente causa fue deducido el 28.9.1993 (f. 1, expte. adm. 16101-0018270-7), esto es, ocho días después de haber firmado el contrato. Esta circunstancia -es decir, la notable cercanía que existe entre la firma del contrato sin reservas y el reclamo- agudiza particularmente la incompatibilidad de la conducta de las actoras.

Debe agregarse que nada hicieron las actoras a los fines siquiera de intentar explicar por qué dicha circunstancia no pudo ser puesta de manifiesto antes de la firma del contrato".

Ello importó, la aplicación de los criterios sustentados por el más alto Tribunal nacional en la causa "Radeljak" (Fallos 311:2831) y por esta Corte, en el caso "Cobraco" (A. y S. T. 151, pág.1) y reiterados en A. y S. T. 193, pág.228.

Y en el memorial recursivo, los comparecientes insisten en el desarrollo de su propia tesitura, sin hacerse cargo de su conducta omisiva -que tampoco intentan explicar en esta instancia- la que juega decisivamente en su contra.

Por lo que el reproche de los impugnantes deviene así en una mera disconformidad con lo sostenido por el tribunal, no siendo en consecuencia apto para la apertura de la instancia extraordinaria (Fallos CSJN, 297:29; 297:117; 302:1030; 306: 143; 307:23).

En el mismo vicio argumental incurren el afirmar que en el fallo se sostuvo que la contratista no debía tener en cuenta las previsiones del artículo 55 de la ley 5188, lo que -conforme las razones ut supra expuestas- no guarda ninguna relación con los fundamentos del decisorio.

En cuanto al cuestionamiento atinente al presunto error en que habría incurrido el fallo en la aplicación de la teoría de la imprevisión, que fincan en que se aplica de pleno derecho y no puede ser objeto de renuncia, carece totalmente de asidero y no guarda relación con la realidad de la causa, conforme a los fundamentos ut-supra expuestos, de los que surge claro, que no se controvierte la naturaleza ni el carácter de la teoría de la imprevisión, sino que el Tribunal considera que en el caso, no se han configurado los requisitos para su aplicación.

En ese orden de ideas, esas conclusiones eximieron del análisis de la pericial contable producida en autos, por lo que la tacha de prescindencia de prueba decisiva y de arbitrariedad fáctica carece de debido fundamento, habida cuenta además, que son formulados por los recurrentes sin acompañar el planteo con un desarrollo argumental, sin fundar tal agravio.

Igual suerte adversa han de correr las alegaciones que fincan en que se ha vulnerado la garantía a la igualdad, a poco que repare que el tribunal fundamentó por qué los decretos y resoluciones mencionados en la demanda no resultan aplicables al contrato de la presente causa (ver fojas 312vto./313) y en tanto se advierte que los recurrentes no traen argumentos en los que basen su prédica, por lo que no logran demostrar que la Corte haya resuelto la cuestión analizada sin fundamentos bastante, de modo arbitrario o lesivo de garantías constitucionales.

No ha de variar la suerte del recurso, la alegada "gravedad institucional" invocada, toda vez que los recurrentes no demuestran ni siquiera liminarmente la incidencia que tal circunstancia tendría en orden a determinar que la cuestión debatida exceda el interés de las partes y afecte de manera directa a la comunidad en sus valores "más sustanciales y profundos" (cfr. Fallos 255:41; "Penjerek", 257:134; 290:266; 307:770; A. y S. T. 43, pág. 293; T. 81, pág. 280, etc.).

Por lo demás, conforme lo ha sostenido reiteradamente el más alto Tribunal nacional, " la invocación de garantías constitucionales por el recurrente no sustenta la apertura de la instancia extraordinaria de la ley 48 si no se demuestra la relación directa e inmediata con lo resuelto" (Fallos 294:466; 295:335; 300:445; 301:447; 303:362), lo que resulta aplicable en el sub-lite, en que los comparecientes se limitan a mencionar normas y principios constitucionales supuestamente conculcados sin una fundamentación que respalde sus planteos.

En suma, lo cierto es que en el sub-lite, la lectura del pronunciamiento recurrido -tal como surge de lo reseñado- permite colegir que el decisorio ostenta fundamentos suficientes para sustentarse como acto jurisdiccional válido, sin que los impugnantes logren ahora demostrar que en los considerandos del mismo se hubiesen efectuado enunciados como verdades indiscutibles sin el respaldo del debido fundamento.

Por ende, ante la falta de entidad constitucional de los planteos de los comparecientes, cabe rechazar el recurso extraordinario fundado en la ley 48.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)