Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-12-28


Córdoba, diciembre 28 de 2010.

Considerando:I. Luego de detallar las distintas causas conexas que se han generado en la presente litis, e invocando circunstancias de urgencia, solicita que este Alto Cuerpo asuma la totalidad de la jurisdicción, y que -en su mérito-: 1) Haga cesar los efectos de hecho de la medida cautelar dictada el 22/02/08; 2) Ordene la pronta restitución del niño a su parte, otorgándole su tenencia; 3) Disponga el urgente avocamiento de la Cámara de familia para la pronta resolución del juicio de divorcio y de la acción de tutor especial. Subsidiariamente, solicita se le conceda un período vacacional junto al menor.

Funda su pretensión en la existencia de una presunta denegación de justicia en la que se vería inmersa desde hace 34 meses; tiempo durante el cual se habría visto privada de la convivencia materno filial con su hijo, merced a la subsistencia de hecho de una cautelar extinta hace más de dos años, y sin que a la fecha haya operado la restitución de su hijo, pese a los reiterados reclamos y solicitudes formuladas en tal sentido.

Así, con sustento en lo normado en el art. 165 inc. 4 de la Constitución Provincial solicita que este Alto Cuerpo se avoque per saltum.

Acto seguido, se ocupa por relacionar -extensamente- los antecedentes y circunstancias que particularizaron cada una de las causas existentes sobre la presente litis.

De todo ello, afirma, se colegiría que las actuaciones del trámite de la tenencia y de las demás causas vinculadas se han visto constantemente obstruidas y dilatadas por el accionar deliberado y dañino de la contraparte con la sola finalidad de extender en el tiempo la tenencia del menor, manteniéndose su guarda de hecho en base a una medida cautelar caduca y vencida. Así, asegura, se ha privado al niño del adecuado y correcto contacto con su madre y con su pequeño hermano, lo que evidenciaría la urgencia y justificación del presente pedido.

II. La posibilidad de habilitar la competencia del Máximo Tribunal de Provincia, o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la vía del per saltum; esto es, soslayando el requisito relativo al tribunal del que debe provenir el fallo impugnado, no se encuentra reglada en nuestra ley adjetiva ni en normativas análogas.

De suyo, entonces, que una primera aproximación al concepto de tal instituto pretoriano, nos indica su carácter absolutamente excepcional, pues de otro modo importaría propender al desorden procesal y al consecuente desgobierno en la tramitación de las causas.

III. Por lo demás, la eventual asunción por parte de este Alto Cuerpo de la competencia "por salto de instancia", supone -a modo de presupuesto ineludible- apartarse de las reglas generales sobre distribución de competencias en razón de grado, materia ésta en la cual se halla involucrado el orden público y el interés general en la correcta administración del servicio de justicia.

De allí que la procedencia de pedidos como el que ahora nos ocupa, dependa -inexorablemente- de la configuración indubitable de alguno de los extraordinarios y excepcionalísimos supuestos que legitiman a esta Sala el asumir la competencia por salto de instancia.

IV. En el sub júdice, la peticionante alega, como presupuesto fáctico habilitante de la vía propuesta, el de la existencia de una presunta "denegación de justicia".

Sin embargo, una serena consulta de los hechos relatados por la propia compareciente, y -particularmente- los narrados por la Señora Juez de Familia de 1º Nominación de Córdoba en el informe glosado a fs. 51/63, evidencia que tal hipótesis no se configura en la especie.

Se verifica en la causa la tramitación de una serie de incidentes puramente formales (vgr. nulidades, recusaciones) que han dilatado el conocimiento de la cuestión de fondo. Esa dilación, sin bien puede considerarse como el ejercicio del derecho de defensa, en el caso ha obrado como permanencia de una situación de guarda de hecho que no define la tenencia y el régimen de visita otorgado por Auto Nº 1085 del 26 de Diciembre de 2005 (fs. 20/21) que hasta la fecha no ha sido modificado.

En otras palabras, no se verifica en la especie que el hecho objetivo de la prolongada tramitación de las distintas causas sea imputable a la desidia de la judicatura.

V. Los antecedentes fácticos relatados por el requirente y constatados en el informe antes referenciado, nos ponen de manifiesto la existencia de una grave situación referida a la tenencia del menor y -con urgencia- a lo relativo al período vacacional que se avecina.

Se señala la gravedad en función de que el abusivo uso de los recursos judiciales ha impedido a los Tribunales resolver sobre el fondo del asunto, tanto en lo que respecta al régimen de tenencia y visita fijado, como en la cuestión del divorcio.

Repárese, en esta línea, que la cuestión se arrastra desde hace más de cinco años, en que se iniciaron las actuaciones del juicio de divorcio y, particularmente, desde febrero de 2008, época en la cual -a modo de cautelar- se otorgó la guarda provisoria del niño a su progenitor (fs. 3), habiéndose dispuesto que dicha medida excepcional sólo se mantendría por un "plazo de cuatro meses" (fs. 4).

Y al margen de las razones procesales que pudieran beneficiar a una u otra parte, lo cierto es que la modificación al régimen de tenencia y visita no ha sido abordada hasta la fecha.

Con razón o sin ella, la guarda y tenencia del menor que hoy se ejecuta en base a una medida cautelar vencida, no ha merecido nueva resolución y se ha incurrido en una demora inaceptable que impone arbitrar los medios que resulten necesarios para brindar finalmente una respuesta judicial eficaz que termine por dirimir el conflicto de intereses suscitado. Ello así, máxime, si se advierte que en situaciones tan delicadas como la debatida en la presente causa se involucran los intereses de un menor.

Estando ello en juego, este Tribunal, en resguardo -justamente- de los derechos esenciales del niño, no puede ignorar o soslayar la necesidad de que se dé finalmente una respuesta jurisdiccional al conflicto planteado, obrando aún de oficio y siempre previa consulta al menor que, por edad y el carácter de sujeto de derecho, debe ser oído (art. 12.1 Convención sobre los Derechos del Niño).

Y en esta labor de tutela, no puede perderse de vista que el "interés superior del niño", se erige en un valor jurídico que debe trascender -por su propia naturaleza- todas las contingencias procesales.

En efecto, la Convención sobre los Derechos del Niño despliega como uno de sus postulados fundamentales que la familia es el ámbito que garantiza de mejor manera el bienestar de sus miembros y, especialmente, el de los niños que la componen. En esta línea, reconoce a los menores una serie de derechos que le procurarán -en lo posible- crecer manteniendo vínculos de normalidad con ambos progenitores. Por ello, entre los artículos que la componen establece: "Los Estados parte pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño " (art. 18.1), agregando que "Los Estados parte respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño" (art. 9.3).

En la misma línea, se ocupa del tema el inc. 4 del art. 17 de Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, el cual establece que "Los Estados parte deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos".

De tal manera, el conflicto entre una resolución que acuerda la tenencia a la madre y el régimen de visitas, y una situación de hecho conferida con cautelar temporal al padre, mantiene en jaque los derechos constitucionales del niño.

La interpretación y aplicación al caso concreto del parámetro que representa el "superior interés del menor" (tal como lo califica la C.D.N. en su art. 3º), evidencia que el mismo no ha sido suficientemente atendido y que no se le ha dado la consideración o prioridad que merece en función de razones formales o meramente procesales.

Y, como el interés superior del niño necesariamente debe prevalecer y primar aún respecto de los avatares procedimentales, este Alto Cuerpo (aún no avocándose per saltum) estima que deben arbitrarse -con carácter de urgente- las medidas pertinentes a los fines de garantizar la efectividad de los derechos y una solución judicial con la prontitud y justicia que el caso requiere.

VI. Por lo señalado precedentemente y si bien no corresponde el avocamiento de este Tribunal (ya que no existe una resolución a dictar ni un trámite cumplido pendiente de resolución), se impone ordenar al juez inferior interveniente, en mérito a los principios constitucionales referidos supra (art. 75 inc. 22 C.N.): 1) La fijación con carácter de urgente (incluso -de ser necesario- con habilitación de feria) del régimen vacacional para el período que se avecina, previo escuchar al menor y 2) La fijación inmediata de una audiencia que -con carácter provisorio- defina el régimen de tenencia y visitas al que deben ajustarse las partes, todo ello previo informe del CATEMU y oído el menor.

VII. En estas condiciones, queda suficientemente fundamentado por qué no se ha configurado la hipótesis de denegatoria de justicia que invoca la compareciente, razón por la cual corresponde rechazar el pedido de avocamiento por vía del per saltum.

Esto, sin perjuicio de las directivas expuestas en el considerando precedente a los fines de hacer eficiente la prestación de justicia en el caso de marras y tutelar los derechos del niño.

Por ello, se resuelve: I. Rechazar el pedido de avocamiento por vía de per saltum solicitado. II. Ordenar a la jueza de primera instancia interviniente: 1) La fijación con carácter de urgente (incluso -de ser necesario- con habilitación de feria) del régimen vacacional para el período que se avecina, previo escuchar al menor, y 2) La fijación inmediata de una audiencia que -con carácter provisorio- defina el régimen de tenencia y visitas al que deben ajustarse las partes, todo ello previo informe del CATEMU y oído el menor. Protocolícese e incorpórese copia.- María E. Cafure de Battistelli.- Carlos F. García Allocco.- Domingo J. Sesín.