marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cheque sin fondos, imposibilidad legal de pago, dolo
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ CHION, ENRIQUE PEDRO s/ Cheque sin fondos Causa 31243
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-26

Si en otras oportunidades el banco girado atendió normalmente cheques a pesar de la falta de una o más firmas conjuntas, y solo con la firma del imputado, no se advierte que surja el dolo que requiere la figura del art. 302 inc. 2) del Código Penal, lo cual no permite atribuirle al acusado el haber obrado a sabiendas de la imposibilidad legal de pago (Del voto del Dr. Repetto).
Relación de dependencia, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Cisterna, Francisco del Rosario c/ Guaita, Andres s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-09-21

Estando negada la relación laboral, el caso se rige por las pautas comunes que gobiernan la carga de la prueba alegada la existencia de un contrato de trabajo y negado éste por el supuesto empleador, corresponde al primero acreditar tal circunstancia fáctica no es exacto que, en caso de duda la misma deba resolverse en favor del actor. Un demandante hasta que acredite su condición de trabajador, es un litigante común que, no puede beneficiarse con un juego presuncional que las leyes reservan solo a quien haya demostrado su condición de trabajador
Contrato de trabajo, despido discriminatorio, tutela sindical, nulidad del despido, reinstalación en el puesto de trabajo, salarios caídos
Materia: LABORAL
Carátula: PALAZZO, ALICIA ROMINA c/ CASINO BUENOS AIRES S.A. COMPANIA DE INVERSIONES EN ENTRETENIMIENTOS S.A. U.T.E. s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

Debe declararse nulo el despido del que fue objeto la trabajadora, mediante el cual se pretendió encubrir una conducta antisindical por parte de la empleadora y un acto discriminatorio precisamente por la actividad gremial llevada a cabo por aquella, para promover la defensa de los derechos de los demás empleados. Asimismo cabe la condena a la accionada a reinstalar a la actora en su puesto de trabajo y a pagarle la totalidad de los salarios netos que le hubieran correspondido percibir desde la fecha del despido y hasta la de su efectivo reingreso.
Cosa juzgada, preclusión
Materia: CIVIL
Carátula: BERMUDEZ CESAR c/ BLAZQUIZ LUIS s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-30

La cosa juzgada tiene siempre su base en una preclusión.

La misma presupone -a través de la preclusión de la impugnabilidad de la decisión- la preclusión de la cuestionalidad del derecho.

Precluida no está solamente la facultad de renovar las cuestiones planteadas o decididas, sino que precluida está también la facultad de proponer cuestiones no planteadas y que habrían podido plantearse, cuestiones que, en general tienden a pagar o disminuir el bien reconocido o a afirmar el bien negado.
Accidente ferroviario, responsabilidad del transportador, obligación de seguridad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Catán, Olga Isabel c/ Ferrocarriles Argentinos y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-31

La responsabilidad de la empresa ferroviaria se traduce en la obligación de seguridad que asume una vez concluido el contrato de transporte, desde que el viajero entra en el recinto de partida y se mantiene durante todo el recorrido del tren, cesando sólo cuando éste sale de la estación de llegada. Es que la presunción de responsabilidad del porteador funciona tanto en el ascenso como en el descenso del pasajero y hasta la estadía de éstos en los lugares de espera o en el andén respectivo; el transporte implica todas esas etapas del cumplimiento del contrato protegiendo al viajero en esos lugares de espera, descenso y traslado así como dentro del vehículo mismo hállase éste detenido o en marcha.
Sociedades comerciales, constitución de sociedades, sociedad anónima, asamblea de accionistas, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASTRO, FRANCISCO VICENTE c/ ALTOS DE LOS POLVORINES SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

Siendo que la ostensible y formal sociedad anónima, en la cual se suscitó el conflicto sobre la eficacia de una votación asamblearia, con más abstenciones que pronunciamientos, es sustancialmente una asociación urbanística y residencial, deportiva y cultural, permite establecer que se está en el campo aprehendido por la ley de sociedades, art. 3; no ante una depurada y rigurosa organización de capitales dedicada a producir bienes, o intercambiarlos, para obtener lucro de ello. (En el caso, el "directorio" de esa asociación residencial, constituída bajo forma de sociedad anónima, adoptó "cierta limitación genérica" al ingreso de nuevas personas en esa comunidad, haciéndolo bajo la forma de "reglamento de admisión" de nuevos socios. Una de esas reglas concitó un pedido de su derogación por la asamblea de accionistas, quienes son en sustancia usuarios de la urbanización de que se trata y no aportantes de capital
Municipalidad, personal municipal, régimen disciplinario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUÑIZ, ANGEL MARIO c/ MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 590 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-02-25

No puede prosperar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 2 inciso "h" de la ley 9286 planteado por el actor, desde que la interpretación dada por el Tribunal a la normativa aplicable al caso, es suficiente para desecharlo, sustentado en que la aplicación del estatuto a los Secretarios Privados que desempeñen tareas con retención de cargos administrativos constituye una excepción a la regla de exclusión de los funcionarios políticos o que ejercen funciones de naturaleza política, habida cuenta que la excepción no se encuentra razonablemente fundada.
Constitución Provincial, derechos y garantías constitucionales, Seguridad social, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Círculo Jubilados y Pensionados del Banco Provincia de Buenos Aires y Unión de Jubilados del Banco Provincia de Buenos Aires y Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Tercero: Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-10-10

La intención del legislador constituyente ha sido separar el patrimonio estatal del correspondiente a las organizaciones que llevan a cabo el cumplimiento de los fines estatales atinentes a la seguridad social con la finalidad, entre otras, de que las mencionadas entidades cubran económicamente las prestaciones que tienen a su cargo.

El art. 40 de la Constitución provincial coincide con el sentido normativo de lo dispuesto en el art. 125 de la Constitución nacional, en cuanto estatuye que "las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos...".
Acción de amparo, cobro de sumas de dinero
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GARAY, VICTOR ANTONIO c/ ESTADO NACIONAL  E.M.G.E s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-04

Por la vía del amparo no pueden tener andamiento las pretensiones de cobro de dinero, pues, lo contrario, significaría desvirtuar la acción de amparo y la virtual desaparición de los otros tipos de procesos.
Embargo, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Novoa, María Cecilia c/ Banco Mayo Coop. Ltdo. s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-23

La injusta e intolerable merma en los ingresos de por si menguados de una investigadora de la Argentina de hoy provocada por un embargo a quien no era deudora del crédito reclamado, se ha de proyectar -con las dificultades y privaciones que ese recorte trae aparejados en el diario vivir- también en el plano del sentir y del querer, modificando disvaliosamente el espíritu de quien sufre tales carencias y mudando -perjudicialmente- su modo de estar anímico anterior al ilícito. Trátase de un daño moral indirecto.
Responsabilidad civil, daños y perjuicios, sobreseimiento
Materia: CIVIL
Carátula: B., P. c/ Cooperativa de Provición de Energía Eléctrica y otros Servicios Públicos y Vivienda Limitada de Gaiman s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-11

La jurisprudencia nacional ha sostenido en diversos pronunciamientos que el sobreseimiento de la persona denunciada -directamente denunciada, no meramente indicada como sospechada-, no implica en forma automática la responsabilidad por daños del denunciante, sea con sustento en el art. 1090 ó en el 1109 del Cód. Civil.

Ello por cuanto la demanda por daños y perjuicios de quien fue sobreseído en sede penal no habilita por sí sola la procedencia de la acción resarcitoria, ya que la misma sólo puede prosperar cuando la denuncia o acusación han sido calumniosas u obedecieron a una conducta culpable.
Entidades financieras, banco central
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Tancredi, Juan Antonio y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos. Tancredi, Juan Antonio y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21|1989-05-16

Del art. 56 de la ley 21.526 se desprende que la garantía de los depósitos se extiende a todos los amparados por el régimen, y que el único requisito exigible por el Banco Central, además de la acreditación de su imposición, es la declaración jurada que la ley menciona.
Marcas, marcas confundibles, oposición al registro de marca
Materia: COMERCIAL
Carátula: Society    For    Worldwide    Interbank  Financial  Telecomunication Cooperative Society c/ Swift Armour Sociedad Anónima Argentina s/ Oposición al Registro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-30

La confusión tiene dos variantes indeseables, según señala Otamendi. Está la confusión directa, que hace que el comprador adquiera un producto determinado, convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta, la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos. Esto puede suceder entre marcas de clases distintas o entre marcas de una misma clase.

La confusión no se limita entonces a los productos cubiertos por la marca, o dicho en otras palabras, el derecho de "excluir" a otros en el uso de un marca no se termina con los productos o servicios para los cuales se concedió la marca. Cuando hay confusión se ha reconocido una extensión del derecho para evitarla.
Proceso penal, derechos y garantías constitucionales, tribunal oral en lo criminal, facultades del juez, nulidad procesal, vista al fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MONTENEGRO, CARLOS Y OTRO s/ COMPETENCI A
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-08

Por ser el proceso penal el medio por el cual se aplica el derecho penal sustantivo con sujeción a los principios y garantías establecidos por la constitución nacional, no es posible soslayar la consideración de si estaba facultado el tribunal oral para declarar la nulidad de una vista fiscal anterior a una resolución que fue confirmada por la cámara respectiva, retrotrayendo las actuaciones a etapas precluidas.
Sentencia arbitraria, falta de mérito, principio de congruencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General en la causa Blaquier, Carlos Pedro Tadeo y otro c/  s/ inf. art. 144 bis en circ. art. 142 inc. 1, 2, 3, 5
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-08

Es arbitraria la sentencia de la cámara de casación que dispuso la falta de mérito de los imputados, pues en función de la propia posición asumida posteriormente por citada cámara en el proceso que adquiere mayor endeblez el fundamento por ella invocado para ejercer su jurisdicción respecto del recurso de las defensas y dictar un pronunciamiento -irrecurrible según su propio criterio- sin que estuviera consolidada la vigencia de la situación de gravedad institucional, vinculada al cuestionamiento de la legalidad de la designación del fiscal subrogante, cuya incidencia invocara para habilitar excepcionalmente la instancia a este respecto y que luego dejara de subsistir al quedar firme lo que resolviera al respecto; en ese sentido, las cuestiones vinculadas con la legalidad de la designación del fiscal y la validez de las actuaciones por él cumplidas -por lo que ya había abierto su instancia- eran normativa y conceptualmente independientes de las cuestiones vinculadas al mérito del procesamiento de los encausados.
Prescripción, plazo, plazos procesales, principios procesales, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Menem, Angel Edgardo s/ Usurpación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-06-09

El principio in dubio pro reo no es una norma de interpretación de la ley, sino un criterio para la valoración de la prueba, que puede extenderse a las situaciones en donde existan dudas sobre las cuestiones de hecho, como lo es, si transcurrió o no el plazo de prescripción. Si no existe certeza y por el contrario hay dudas, debe resolverse a favor del procesado. En disidencia: Dr. Héctor Antonio Oyola.
Revocación del sobreseimiento, sentencia no firme, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vicario, Antonio Ángel s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-13

El pronunciamiento que se impugna -revocación parcial de un sobreseimiento por la Cámara Criminal y Correccional Federal-, no es de los previstos en el art. 457 del Código instrumental. Debe repararse que esta Cámara lleva dicho que el Código Procesal Penal de la Nación instituyó un sistema completo y específico con relación a las decisiones que pueden ser objeto de los recursos de casación e inconstitucionalidad, vías por las que se puede acceder a esta instancia sólo respecto de las sentencias definitivas que con su dictado dirimen la controversia poniendo fin al pleito o haciendo imposible su continuación, o de aquellas que el propio art. 457 del citado código instrumental equiparó taxativamente por sus efectos a sentencia definitiva: "los autos que pongan fin a la acción, a la pena, o hagan imposible que continuen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena". Por otra parte, el pronunciamiento recurrido proviene de la Cámara Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, que intervino en su carácter de tribunal de alzada de las resoluciones dictadas por un Juez de instrucción (art. 20 de la ley 24.050), siendo insusceptible de ser revisada por otro órgano dentro del ordenamiento procesal vigente.
Acción de amparo, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Reverendo, Oscar y otros c/ Basualdo, Ricardo s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-02

La ley procesal, siguiendo los pasos de la ley Nacional de Amparo y las leyes de Amparo de otras provincias, ha establecido un plazo de caducidad cuyo fundamento estriba, primordialmente, en la necesidad de aventar la incertidumbre acerca de la validez de los actos estatales y en la incompatibilidad que media entre el carácter urgente del amparo y la conducta remisa del presunto perjudicado cuya inacción procesal durante cierto lapso (considerado razonable) autoriza a presumir la ausencia de gravamen irreparable y la consiguiente idoneidad de remedios ajenos al amparo. Es decir, que el plazo de caducidad debe computarse desde que el interesado tuvo conocimiento cierto del acto u omisión que dice ser perjudicial.
Derecho laboral, remuneración en especie, vivienda
Materia: LABORAL
Carátula: Sergio Santiago Canigia c/ Sociedad    Anónima    Importadora  y  Exportadora  de  la  Patagonia s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-04-01

El art. 105 de la Ley de Contrato de Trabajo da carácter remuneratorio al suministro en especie por parte del empleador de vivienda, ya que con ello releva al trabajador de destinar a ese fin parte de sus ingresos.
Competencia por el territorio, lugar del hecho, IVA, fraude a la Administración Pública, AFIP DGI
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Causa Nro. A-291/91 - Dirección General Impositiva s/ Denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

Si tanto la gestión para el cobro fraudulento de los reembolsos del impuesto al valor agregado como su percepción fueron realizados por la empresa en la Capital Federal corresponde a la justicia federal de la misma entender en la causa por defraudación en perjuicio de la administración pública sin que obste a ello la circunstancia de que el procesado haya recibido dinero proveniente del hecho en la Provincia de Córdoba pues tales acciones sólo tuvieron lugar con posterioridad a la consumación de aquél.
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, reglamentación de la ley, reglamento delegado, Administración Pública
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Czerniecki, Julio Héctor s/ apela multa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Las atribuciones especiales que el Congreso otorga al Poder Ejecutivo para dictar reglamentos delegados de integración, pueden ser subdelegadas por éste en otros órganos o entes de la Administración Publica, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida.
Tarjeta de crédito, prueba documental, libros de comercio, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: ELECCION  S.A. c/ RIAL, JESUS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-28

Los libros de comercio llevados en forma por el emisor de la tarjeta de crédito constituyen un medio de prueba eficaz respecto del titular de la tarjeta, y pueden servir como presunción de prueba, teniendo el carácter de indicio o de presunción grave o precisa de verdad, si bien requiriendo para su admisión que hayan sido corroborados por alguna prueba o presunción (c.N.Com., Sala b, 31/10/83, Créd. Liniers Cía. Fin. S.A. c/ Tino R. N.).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concurso preventivo, quiebra
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gallia, Gustavo C. s/ Conc. prev. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-30

El pronunciamiento de la Cámara que rechaza el pedido de concurso especial solicitado por un acreedor prendario y resuelve que el cobro del crédito debe perseguirse por la vía prevista por el art. 21 inc. 2 de la ley 24.522, no es definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que tampoco lo es lo resuelto en materia de costas, por su carácter accesorio. Minoría u opinión personal)
Procedimiento administrativo, resoluciones, derecho a ofrecer y producir prueba, defensa en juicio, exceso ritual manifiesto, verdad jurídica objetiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GUTIERREZ, MARIA ELENA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-20

Los organismos previsionales no pueden sin resolución fundada sobre su procedencia o inprocedencia, prescindir de los elementos probatorios de los cuales intenta valerse el peticionante, pues ello importa limitar el derecho de defensa, que debe ser garantizado evitando incurrir en excesos rituales que conduzcan eventualmente al desconocimiento de la verdad jurídica objetiva.
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: PIPERBO SA s/ INC. DE PRONTO PAGO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

No cabe aplicar las modificaciones previstas por la Ley 24432 para la fijación de los honorarios relativos a trabajos que han sido realizados con anterioridad a su entrada en vigencia, correspondiendo tener en cuenta el momento en que cada tarea ha sido desarrollada y, en virtud de ello, aplicar el criterio que hasta entonces tenía en cuenta esta sala para incidentes -como en la especie-, es decir lo normado por los artículos 31 y 37 de la Ley 21839 y la doctrina del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "San Filippo, Alfredo c/ Flores Aurelio" del 15.09.87.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Rodriguez, Salvador Omar c/ Minera Alumbrera Ltda. s/ Demanda Laboral s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-06-15

La parte actora interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada por el A-quo que resolvió receptar el recurso de apelación y consecuentemente rechazar la acción.

El recurrente se agravia invocando las causales de errónea interpretación de la doctrina legal y arbitrariedad.

Corresponde en esta instancia establecer si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad formal a los fines de su viabilidad. Esta Corte de Justicia ha dictado la Acordada 4070/08, estableciendo los requisitos relativos a la presentación del memorial de agravios del recurso, de cumplimiento ineludible, cuya inobservancia conduce a declarar (o conlleva declarar, sin el a) las actuaciones inoficiosas, conforme lo establece el Art. 3 inc. g) de la misma.

El recurso sub examine carece de los requisitos establecidos en el Art. 1 de la acordada de mención, pues el memorial contiene páginas que exceden los 26 renglones; como también inclumple lo relativo al Art. 2 inc. h), por cuanto no determina el monto de la cuestión traída a debate, siendo que éste contiene un valor determinado.

A más de ello, se observa que la cuestión central traída a conocimiento del Tribunal corresponde a un valor inferior al establecido por el Art. 297 del CPC, ello en razón que el monto pretendido en la demanda es inferior al monto establecido como límite, sin que la parte haya demostrado que en la actualidad dicho monto alcanza al establecido por la norma de mención. Demostrar que el valor en cuestión alcanza o supera dicho límite está a cargo del recurrente, debiendo en consecuencia poner de relieve cuáles son los valores que están en juego al momento de la interposición del recurso.

Atento a que el monto del agravio no supera el fijado por el Art. 297 del CPC, corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso, con costas al recurrente.
Derecho laboral, denuncia del accidente de trabajo, diagnóstico médico, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Medina, Mayra Alejandra c/ Swiss Medical Art S.A. s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-09

Con el dictado de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nro. 899-E/2017 del 8 de noviembre de 2017, la situación referente a las Comisiones Médicas se ve morigerada, sin llegar a la inconstitucionalidad. Y ello no obstante que la meritada resolución se autocalifica como "aclaratoria", aunque en realidad es "modificatoria" de la anterior 298/2017. En efecto, ahora en los considerandos se remarca que "en ninguna instancia se ha pretendido asignar a los profesionales médicos de las referidas comisiones atribuciones de índole jurídica; reservando tales cuestiones a la intervención del Secretario Técnico Letrado integrante de la respectiva Comisión, siempre dejando a resguardo la ulterior revisión judicial del respectivo decisorio en ese tramo inicial". De acuerdo con ello, se entiende que con el dictado de la resolución "aclaratoria" N° 899-E/2017 resultan subsanadas las objeciones de la recurrente a la constitucionalidad del procedimiento administrativo obligatorio y previo al acceso del reclamo judicial.