Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-05


SENT Nro. 976 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 05 DICIEMBRE de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, con más la integración del señor vocal doctor René Mario Goane -por no existir votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido-, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial en lo Penal de la IIa. Nominación, contra de la sentencia del Juzgado de Instrucción de la IIa. Nominación subrogante, del 06/5/2003 obrante a fs. 158, el que es concedido por el referido tribunal por resolución del 04/6/2003 (cfr. fs. 163). En esta sede, no se presentó memoria casatoria, mientras que el señor Ministro Fiscal a fs. 167/169 se expide por la improcedencia del recurso intentado. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso casatorio interpuesto por la Defensora Oficial en lo Penal de la IIa. Nominación doctora Rosa Ana Nosetti en contra de la sentencia del Juzgado de Instrucción de la IIa. Nominación subrogante de fecha 6 de mayo de 2003 que dispuso no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba. El recurso fue concedido por el mismo juzgado en la resolución de fecha 4 de junio de 2003.

2.- Entre los antecedentes relevantes podemos indicar que el 21 de agosto el señor Dante Fabián Lucena mientras conducía un automóvil marca Ford Fiesta rozó a un motociclista en la intersección de Avenida República del Líbano y Perú. Como consecuencia del evento el motociclista perdió el control y cayó sobre el pavimento provocándose lesiones. Acto seguido fue trasladado al Hospital Padilla en una ambulancia en donde se constató que sufría de politraumatismos y una fractura en el tobillo del izquierdo.

3.- La recurrente señala que el sentenciante rechazó del pedido de la suspensión del juicio a prueba fundado en que el resarcimiento ofrecido es ínfimo en relación a los daños ocasionados. Considera que esta valoración se aparta de lo establecido en el tercer párrafo del art. 76 bis del CP el cual afirma que el ofrecimiento de reparación se hará "en la medida de lo posible". Remarca que en el presente proceso no hay querellante ni actor civil y por lo tanto la víctima no demostró interés en buscar reparación por resarcimiento del daño. Que si el señor Roque Antonio González considera que es exiguo el resarcimiento ofrecido puede optar por la vía civil pertinente para obtener la reparación que supone adecuada.

Señala que la norma establece que debe ofrecerse la reparación del daño en la medida de lo posible y si consideramos la posición económica de su representado se encuentra acorde con el ofrecimiento.

Finaliza indicando que el fallo impugnado incurrió en una total inobservancia de la ley sustantiva y una errónea aplicación del derecho. Que, en consecuencia, su decisión es arbitraria puesto que colisiona con las normas del debido proceso, el derecho de defensa en juicio y el principio de igualdad de las partes en juicio.

4.- De la lectura del recurso de casación interpuesto por la defensora oficial y su confrontación con la sentencia impugnada surge que los agravios formulados no cumplen con los recaudos de los arts 468 ni 469 del CPPT.

En el presente caso, el a quo consideró que no debía concederse el beneficio en el art. 76 bis del CP fundado en que no había razonabilidad entre el pago ofrecido y el evento que lo motivó, es decir, se asienta sobre una conclusión fáctica que no aparece, en las concretas circunstancias del caso, como arbitraria o absurda. Se debe remarcar que la señora Fiscal dejó a fojas 156 librado al criterio de juez lo relativo al resarcimiento del damnificado.

Corresponde indicar que el monto por el que el imputado ofrece hacerse cargo de la reparación se refiere al cumplimiento de uno de los requisitos de admisibilidad de la probation y posee entidad suficiente para justificar la denegación del beneficio (cfr. CSJTuc., sentencia Nro. 895 de fecha 4 de octubre de 2002, "Rodríguez Pitt Carlos s/Lesiones culposas").

En este sentido, la doctrina señaló que "...puede pasar que el magistrado no considere razonable la propuesta del imputado. En tal caso no puede entablarse negociación alguna, sino que sólo debe analizarse esa propuesta lisa y llana y sobre ella expedirse. Tal declaración hace inviable el otorgamiento del beneficio" (Marcelo Castañeda Paz, "Probation, el desafío de cambiar la mentalidad", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, pág. 77). "Esta exigencia prevista por el art. 76 bis del Cód. Penal, es también una condición necesaria para que sea posible que el peticionante tenga acceso al instituto analizado. Así, debe ofrecer hacerse cargo de reparar el daño en la medida de sus posibilidades, lo que será evaluado por parte del juez sobre si ese ofrecimiento es razonable o no. La cuestión para el juez es poder determinar la razonabilidad del ofrecimiento. Es necesario que el magistrado al momento de resolver, meritúe las condiciones socio-económicas del imputado y la entidad del injusto que presuntamente ha cometido, debiendo resolver con la equidad del caso." (Saez Zamora Daniel A. y Verónica Fantini "Reflexiones sobre la implementación de la ley 24.316 en nuestro sistema penal", LL 1995-D 1136). En este ultimo sentido, el magistrado indica que no fueron acreditados los hechos por lo cual se podría fundamentar la razón de la proposición.

En suma, del análisis de la sentencia como de los agravios interpuestos surge que los mismos remiten a una típica cuestión de hecho, cuya determinación corresponde a los jueces de mérito y que resulta al margen del control que corresponde ejercer por vía del recurso de casación, limitado y circunscripto a resguardar el derecho sustantivo y procesal, sea para evitar la inobservancia o errónea aplicación del primero, o la inobservancia de disposiciones del segundo impuestas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad.

Por lo expresado, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto por la Defensora Oficial en lo Penal de la IIa. Nominación doctora Rosa Ana Nosetti.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, en cuanto a las cuestiones propuestas, vota en el mismo sentido.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Comparto el relato de antecedentes realizado por el señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur en sus punto 1 a 4.

2.- Entrando al fondo de la cuestión, es necesario poner de resalto que nos encontramos frente a un proceso en el que se le imputa a Dante Fabián Lucena el delito de lesiones culposas del artículo 94 del Código Penal, según el requerimiento de elevación a juicio de fs. 97/100.

Ante estas circunstancias el instituto de suspensión del juicio a prueba resulta improcedente por tener prevista pena de inhabilitación la figura penal premencionada.

Este criterio es el mantenido en la causa "Pérez, Edmundo s/lesiones culposas", sentencia nro. 860 del 26/11/98, en donde desarrollando la aplicación de la probation dije:

"Entrando al meollo de la cuestión estimo que la suspensión del juicio a prueba en la figura del art. 94 del CP, no es de aplicación en base a las siguientes argumentaciones:

"a) La exégesis y correcta hermenéutica sobre la aplicación del instituto de probation, prevista por el art. 76 bis de la (Ley 24.316), incorporada al CP, no pasa por la aplicación del método de interpretación sistemático teleológico únicamente, y de buscar y sondear la voluntad del legislador como fuente del derecho, sino que debe ser ello analizado en forma armónica a la luz de las demás normas vigentes en juego en el tema, para no desvirtuar esa intencionalidad, y caer el juzgador en una tarea legisferante, que es ajena a su quehacer, que es netamente de aplicación e interpretación de la ley al caso en concreto.

"b) En efecto, el art. 76 bis del CP, es por demás claro cuando determina que la suspensión del juicio a prueba, está relacionado con delitos de acción pública, cuya pena de reclusión o prisión no exceda de tres años, siéndole aplicable también el concurso de delitos que no excediere de esos términos.

"Resalta como requisito, sine qua non, las circunstancias de que el caso pueda permitir la aplicación de condena condicional.

"También prevé que si el delito o concurso de delitos estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la pena de prisión, será condición de que se pague el mínimo de la multa.

"De otra parte específicamente determina, que no procede la suspensión del juicio a prueba en dos hipótesis independiente y aislada una de la otra, siendo la primera cuando en el delito hubiere participado un funcionario público en ejercicio de su función, y en la otra, respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.

"Lo cierto y concreto es de que la suspensión del juicio a prueba es improcedente por voluntad expresa de la ley en los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, sea principal, conjunta o alternativa.

"c) Esto se encuentra abonado con la clara preceptiva del art. 26 del CP, que dispone en su último párrafo, que no procede la condena condicional respecto de las penas de multa o inhabilitación.

"Ello va de la mano con el concepto de pena que determina Ricardo C. Núñez, en su obra de Derecho Penal Argentino, t. 2, pág. 346, cuando manifiesta: "La pena es un mal consistente en la pérdida de bienes como retribución por haber violado el deber de no cometer un delito".

"Cualquiera que haya sido la finalidad política que se le haya asignado al derecho penal, la pena ha consistido siempre en la pérdida de un bien del delincuente. Entran en este concepto tanto la pérdida de la vida, libertad, propiedad, fama y derechos o facultades, como la imposición de ciertas cargas penales, según son el trabajo y otras obligaciones.

"El fin de la pena para este mismo autor, en su obra ya citada t. 2, pág. 348, no es la expiación de sentido jurídico que sólo tienda a devolver mal por mal, pues no se castiga porque se ha delinquido "quia peccatum est", sino para que no se delinca (ne peccetur).

"Igualmente considera como penas principales la prevista por el art. 5° del CP, entre las que figura la multa e inhabilitación, pudiendo ser a su vez la inhabilitación pena accesoria, de acuerdo al art. 12 del citado digesto sustantivo.

"Sostiene igualmente que el carácter principal o accesorio de las penas, no depende de su naturaleza, sino de la forma como las conmina la ley, citando por ejemplo la ley 17.818 de estupefacientes, que preveía como pena principal, la clausura y el decomiso.

"La pena de inhabilitación es una pena principal como ya se expresara ut supra, ocupando el último lugar en el orden de gravedad relativa de las mismas; y como pena principal consiste en la incapacidad para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas, ejercer profesiones o derechos y gozar de beneficios asistenciales.

"La inhabilitación no es una pena como la privativa de la libertad que busque la reforma del delincuente, ya que sus valores esenciales son, la intimidación y la seguridad para terceros y su característica es que no se puede imponer condicionalmente (art. 26 del CP), sino que es de cumplimiento efectivo.

"Abonan este criterio, arribando a conclusiones similares, Julio de Olazábal en su obra "Suspensión del Proceso a Prueba ley 24.316 (Probation)", cuando a fs. 54 vta. apartado d), después de analizar los delitos reprimidos con pena de inhabilitación concluye: "consecuentemente, no podrá acordarse la suspensión del juicio a prueba cuando se trate de delitos reprimidos con pena de inhabilitación, trátase ésta de pena principal, conjunta o alternativa".

"También es de destacar de este autor, cuando en el referido comentario pone de relieve, que este punto no fue de modo alguno pasado por alto por los legisladores, tal como resulta de las expresiones del miembro informante, diputado Hernández, respecto a que se prohibía la suspensión de los procesos referidos a los delitos que tuvieran pena de inhabilitación, cuando expresaba "existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto", y las del senador Alasino referente a que no procedería en supuestos en que el delito tuviera pena excluyente o secundaria de inhabilitación.

"Eleonora A. Devoto en su obra "Probation" (pág. 94), apartado b), determina en otros aspectos, citando al diputado Sodero Nievas, cuando dice: prohibiéndose en los delitos reprimidos con inhabilitación por considerar que esta última sanción penal tiene un efecto y consecuencias diferentes que de ningún modo deberían dejarse de aplicar, para enseguida ilustrar con el ejemplo de mala praxis médica.

"Trae a colación también, que el proyecto de reforma del reciente art. 76 bis del CP, y que se encuentra para su consideración en la Cámara Alta, que comentamos en el Capítulo X, expresa claramente el punto: se impide la aplicación de la suspensión del juicio a prueba en los casos de los delitos conminados con sanción de inhabilitación, sea ella prevista como pena principal o accesoria (pág. 96 de la citada obra)".

3).- Consecuentemente resulta improcedente la casación incoada por la Defensora Oficial en lo Penal de la IIa. Nominación a favor del imputado Dante Fabián Lucena.

Por acuerdo nro. 1/99, plenario Nro. 5, autoconvocatoria en causa 1403, de la Sala III "Kosuta, Teresa R. s/Recurso de casación" el 17/8/99, la Cámara Nacional de Casación Penal fijó la siguiente doctrina legal:

1) "La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. 76 bis y sgtes. del CP, es la de reclusión y prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años".

2) "No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa, etc." A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur, en cuanto a las cuestiones propuestas, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

DECLARAR INADMISIBLE el recurso casatorio interpuesto por la Defensora Oficial en lo Penal de la IIa. Nominación doctora Rosa Ana Nosetti en contra de la sentencia del Juzgado de Instrucción de la IIa. Nominación subrogante de fecha 6 de mayo de 2003.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA (en disidencia) RENE MARIO GOANE