Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2008-02-18


Viedma, febrero 18 de 2008.

1º ¿Es fundado el recurso? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde? 1º cuestión.- El doctor Lutz dijo:

1.- Antecedentes. Vienen las presentes actuaciones a mi voto a raíz del recurso de casación interpuesto a fs. 116/119 bis por la parte demandada contra la sentencia obrante a fs. 108/110, en cuyo mérito la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche, resolvió: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el incidentado contra la sentencia de Primera Instancia; la que -a su vez- hiciera lugar al incidente y ordenara la desafectación del régimen de bien de familia del inmueble cuya nomenclatura catastral es 19-2-E-152-5B, en relación al crédito perseguido por el incidentista. II) Con costas.

2.- Agravios del recurso. Contra lo así resuelto, se alzó el incidentado mediante el recurso extraordinario de Casación deducido con fundamento en los términos que se desprenden de la pieza obrante a fs. 116/119 bis, planteo que es contestado por el incidentista a fs. 126/128.

Al respecto, el actor alega en sustento del recurso extraordinario local, que la sentencia impugnada viola el art. 36 de la ley 14.394, al expresar que ya no existe la familia que fue la razón originaria de la constitución del bien de familia, le quitaron el status de familia a sus dos hijas menores.

Asimismo, alega que el sentenciante incurre en arbitrariedad y absurdidad al afirmar que el accionado no vive más en el inmueble objeto de la desafectación habiéndolo entregado primero en locación y ahora en comodato, violando el art. 41 del régimen de bien de familia.

Por último alega que las hijas menores del Sr. S. son beneficiarias del bien de familia y se resuelve desafectar el inmueble sin darle traslado a la Asesora de Menores e Incapaces para que se expida al respecto.

3.- Dictamen de la asesora de menores e incapaces. Corrido que fue el pertinente traslado del recurso de Casación a la Sra. Asesora de Menores e Incapaces, conforme lo peticionara el suscripto a fs. 714 y se dispusiera a fs. 715 cabe señalar que, en primer término presta su adhesión al recurso extraordinario interpuesto por el demandado; considerando que la desafectación del bien de familia que tiene como beneficiarias a las hijas menores de edad de éste, resulta contraria a sus intereses y afecta el interés familiar tenido en miras al constituirlo y tutelado por los arts. 36, 41 y ccdtes. de la Ley 14.394.

Seguidamente alega que la institución en examen tiene un doble objetivo: económico tendiente a la conservación de una parte del patrimonio dentro del grupo familiar y social al propender el mantenimiento de la familia bajo un mismo techo.

Para ello el art. 36 realiza una distinción entre la familia próxima -constituida por el cónyuge, ascendiente y descendiente a quienes no se exige convivencia para mantener su derecho y los restantes familiares colaterales, a quienes sí se exige convivencia-.

Asimismo realiza diversas citas doctrinarias y jurisprudenciales sobre las cuales sustenta su posición contraria a la desafectación, expresando que el fallo recurrido resulta contrario a derecho y desajustado a las constancias de autos, pues no es cierto que no exista familia, ni en los términos sociológicos ni los tenidos en cuenta por el legislador en la Ley 14.394, pues el divorcio de los padres en nada altera el derecho de las hijas beneficiarias, que las mismas no convivan con el accionado no les priva en absoluto de su derecho por no resultar un requisito exigido por la ley y está acreditado que el Sr. S. habita el inmueble, cumpliendo así con el recaudo exigido por el art. 36 de la Ley 14.394.

4.- Puestos a resolver los presentes autos. Ingresando al examen de la temática puesta a consideración de este Cuerpo, se observa que la cuestión planteada en autos consiste en determinar si resulta procedente la desafectación del inmueble constituido como "bien de familia" en los términos del art. 49, inc. d) de la Ley 14.394, adjudicado al demandado mediante convenio de liquidación de la sociedad conyugal del 30/12/98 (ver fs. 10/11 de los autos "A., M. y S., J. L. s/Divorcio vincular" Expte. Nro. 13.069-152-98).

En primer término el recurrente alega violación al art. 36 de la Ley 14.394, ello en consideración a que el sentenciante expresa que ya no existe la familia que fue la razón originaria de la constitución del inmueble como bien de familia. De esta manera, considero conveniente señalar en primer término que el artículo en examen define, a los fines de esta ley, lo que se entiende por familia incluyendo en ella al propietario y su cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos; o, en defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad que convivieren con el constituyente.

Del artículo citado surgen claramente dos cosas; primero que considera familia al propietario, su cónyuge, ascendientes, descendientes, hijos adoptivos y colaterales hasta el tercer grado, es decir en un sentido amplio protege al núcleo que rodea al propietario y su cónyuge; y en segundo lugar establece el requisito de convivencia sólo para los colaterales.

Así lo ha entendido la doctrina: "Como puede verse, la familia amparada por el bien de familia no es la pequeña familia constituida por lo padres y los hijos menores, ya que se incorporan otras personas que el legislador ha estimado justo proteger, receptando de tal modo un criterio intermedio. ... En el régimen de la Ley 14.394 se pueden distinguir dos grupos de parientes: el formado por el propietario, su cónyuge, ascendientes y descendientes, para los que no se exige convivencia; y el integrado por el constituyente y sus colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad, supuesto en que sí se requiere la convivencia. Además, el beneficio alcanza a los colaterales sólo en el caso de inexistencia de los primeros. ... Este requisito de la convivencia respecto de los colaterales se justifica, no sólo porque ellos son beneficiarios en defecto de los demás parientes, sino también porque no son herederos forzosos." (conf. Beatríz Areán "Bien de familia" ed. Hammurabi, págs. 57/58).

Este Superior Tribunal de Justicia se ha pronunciado en el mismo sentido: "...la tutela de la ley está alcanzada aún cuando esos parientes tan próximos no convivan con el propietario, ya que igualmente existen vínculos familiares de tanta relevancia que permiten al art. 36 considerar que hay 'familia' a los efectos tutelares de la ley. No puede una norma posterior del mismo texto desdecir el criterio claramente expuesto en el art. 36 conforme al cual la calidad de vínculo familiar permite mantener la afectación en virtud del beneficio potencial que significa asegurar que en cualquier momento futuro, tales beneficiarios puedan utilizar el inmueble como vivienda, aunque no lo estén haciendo en el momento que un tercero pide la desafectación. (...) es dable destacar que la intención del legislador al permitir la constitución del 'bien de familia', ha sido la defensa del núcleo que existía en el momento de su constitución. De allí que la desafectación, en principio, no proceda mientras subsista algún beneficiario. El fin tuitivo de la ley no puede ser burlado cuando precisamente el interés exige proteger a uno de sus miembros. Precisamente, es para estos casos en que recobra fuerza, pues el constituyente quiso asegurarle el techo a los familiares más cercanos que vivían en él, fue previsor y recurrió al apoyo de la ley para que incluso una vez muerto, se respete su voluntad." (conf. CNCiv., Sala J, 28-08-97, in re: "Mateu de Nogues", La Ley 1998 - C, 176). (Opinión personal del Dr. Sodero Nievas) (in re: "L., C. c/A., F. s/incidente s/ Casación" - Expte. Nº 21193/06 - Se. Nº 110/07).

Conforme la doctrina y jurisprudencia reseñadas la protección otorgada por la ley al inmueble constituido como bien de familia se extiende al propietario, su cónyuge, ascendientes, descendientes, hijos adoptivos y colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y sólo para estos últimos, exige la convivencia a los efectos de someter el inmueble al régimen e instituirlos como beneficiarios. De las constancias obrantes en autos surge claramente que el inmueble afectado al régimen de bien de familia le fue adjudicado al demandado mediante convenio de liquidación de la sociedad conyugal, y sus dos hijas menores de edad, instituidas beneficiarias conforme obra a fs. 92/95 del expediente principal, se encuentran en Buenos Aires donde cursan sus estudios -fs. 197-, todo lo cual nos lleva a concluir que la desafectación por incumplimiento del art. 36 de la Ley 14.394 resulta improcedente, ya que los recaudos exigidos por el artículo citado se encuentran cumplidos.

Conforme fuera expresado anteriormente el Sr. J. S. se divorció de M. A., situación que generó que la tenencia de las dos hijas menores recayera en la madre de las mismas y el ejecutado continuará habitando el inmueble donde sus hijas lo visitaban. Así planteada la situación, la doctrina y jurisprudencia se han manifestado en contra de la desafectación del inmueble sometido al régimen de bien de familia a causa del divorcio, ya que el vínculo familiar sigue existiendo, no se encuentra enumerada entre las causales de desafectación que establece el art. 49 inc. d) de la ley 14.394 y la ley tiene por objeto proteger a todo el núcleo familiar que se tuvo en miras al constituirlo.

La doctora Aída Kemelmajer de Carlucci en su obra "Protección Jurídica de la vivienda familiar" ha dicho: "En esta misma línea jurisprudencial la Cámara Nacional Civil, Sala F confirmó el pronunciamiento que había rechazado la petición tendiente a la desafectación; consideró que la convivencia con el constituyente del bien de familia es un presupuesto sólo en el caso de los colaterales, pero no lo es en el del cónyuge, ascendiente o descendientes, desde que la conjunción disyuntiva "o" indica que el sometimiento al régimen sólo exige que allí vivan el propietario o su familia o ambos conjuntamente", más adelante continuó diciendo "... La doctrina nacional que he podido compulsar está conteste en que "el divorcio en sí mismo no es causa de desafectación del bien de familia; el bien de familia no es particionable como el resto de los bienes que componen el acervo de la sociedad conyugal; una vez pronunciado el divorcio el destino del bien de familia debe resolverse más por las reglas propias del régimen del bien de familia, caracterizado por la indisponibilidad y la indivisibilidad, que por las reglas disolutorias de la sociedad conyugal." (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci - "Protección Jurídica de la Vivienda Familiar" - Ed. Hammurabi - págs. 120/121 y 505/506).

Seguidamente el recurrente alega violación al art. 41 del régimen de bien de familia, manifestando que continúa habitando una parte del inmueble y el resto, cuando fue necesario, lo otorgó en locación y ahora en comodato a fin de poder resolverlo cuando crea conveniente.

El artículo en tratamiento exige que, el propietario o su familia estarán obligados a habitar el bien, o a explotar por cuenta propia el inmueble o la industria en él existente. La doctrina y jurisprudencia han realizado una interpretación de los requisitos exigidos por este artículo a fin de establecer cuándo es procedente la desafectación en los términos del art. 49 inc. d) del mismo régimen: "De acuerdo al claro texto legal, no es necesario que el propietario y su familia -aunque no lo dice expresamente, es evidente que la ley se refiere a los beneficiarios del bien de familia- vivan en el inmueble en forma conjunta; lo que se requiere es que el propietario o alguno de los beneficiarios vivan en el inmueble o, si se trata de una industria, se impone que algunos de ellos la exploten por cuenta propia y no por terceros ajenos a la familia. En este último caso no es exigible que el inmueble esté habitado por el propietario o su familia; basta que sea explotado por ellos. Más adelante continúa diciendo: "Sin embargo, parece admisible aplicar un criterio amplio y sostener que si el inmueble se encuentra parcialmente dado en locación y parcialmente habitado o explotado por la familia, se cumplen mínimamente los requisitos legales para mantener el bien de familia (Bossert)." (conf. Leopoldo L. Peralta Mariscal - "Régimen del Bien de Familia" - Ed. Rubinzal-Culzoni - págs. 115/116).

Dejo constancia que quien pretende la desafectación no ha hecho ni acreditación, ni invocación de circunstancias que la habiliten parcialmente en los términos de la sentencia Nº 62/06-STJRN (Expte. Nº 21319/06.

Sobre éste último punto la jurisprudencia ha dicho: "En la especie, si bien el inmueble inscripto como bien de familia ha sido dado mayormente en locación a un tercero quien por cuenta propia explota en él un gimnasio, una parte del mismo continúa habitado por el deudor y su grupo familiar, aspecto sobre el que aparecen contestes los testigos deponentes y a su vez corroborado por la inspección ocular dispuesta por el tribunal de grado. Frente a ello, los resultados exigidos por la ley 14.394 resultan satisfechos debiendo mantenerse el mentado inmueble ajeno a la espera de agresión del accionante." (in re: CNCom, Sala A, 23-3-90, J. A. 1990-III-450). Otro fallo más reciente ha dicho al respecto: "Así las cosas, coincidimos con el criterio del a quo con respecto a que el hecho de que la propietaria del bien de familia alquile dicho bien, encuadra en una de las obligaciones impuestas por el art. 41 de la ley 14.394, la de explotar por cuenta propia el inmueble (in re: "Banco Bisel S.A. v. Edmundo Miguel y otros" - C. Civ. y Com. Córdoba, 6º - 06/06/2005).

De esta manera y conforme la situación fáctica planteada, considero que el recaudo habitacional establecido por el art. 41 de la ley 14.394 se encuentra cumplido. Por su parte en relación a la locación y actualmente comodato, sobre el inmueble objeto de desafectación, entiendo que no se incumple con lo expresado en el artículo en tratamiento y su fundamento reside en el fin tuitivo que establece la ley 14.394, la garantía constitucional establecida en el art. 14 bis de nuestra Carta Magna, la protección otorgada por el art. 31 de nuestra Constitución Provincial, los tratados con jerarquía constitucional enumerados en el art. 75 inc. 22) de la CN -Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, además, la conservación de una parte del patrimonio dentro del grupo familiar, la protección de las hijas menores del ejecutado y los pronunciamientos de Tribunales Supranacionales que se han expresado de la siguiente manera: "La familia -entendida en sentido amplio como abarcativa de las personas vinculadas por parentesco cercano- constituye el ámbito primordial para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus derechos, por lo que el Estado debe apoyarla y fortalecerla a través de las diversas medidas que ésta requiera para el mejor cumplimiento de su función natural en este campo." (in re: Corte Interamericana de Derechos Humanos - 28/08/2002 - opinión consultiva OC - 17/2002 de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - LA LEY, 2003-F, 108, con nota de Carlos A. Carranza Casares - LA LEY, 2003-B, 313), conforme los fundamentos expuestos y realizando una interpretación armónica de las leyes que regulan el instituto en examen, consideró que otorgar en locación, y actualmente en comodato, el inmueble objeto de desafectación no viola lo dispuesto por el art. 41 de la ley 14.394.

5.- Corolario: De esta manera y en concordancia con lo dictaminado por la Asesora de Menores e Incapaces Nº 3, considero que los requisitos exigidos por los arts. 36 y 41 de la ley 14.394 se encuentran cumplidos a fin de mantener el inmueble dentro del régimen de Bien de Familia e impidiendo la desafectación solicitada por el ejecutante a tenor de lo dispuesto en el art. 49 inc. d de la misma ley.

En consecuencia, deberá hacerse lugar al recurso de casación interpuesto por el ejecutado a fs. 116/119 bis de las presentes actuaciones, y en consecuencia, revocar las Sentencias dictadas por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la IIIa Circunscripción Judicial -a fs. 108/110 y por el Juez de Primera Instancia de fs. 95/96, ordenando mantener la afectación al Régimen de Bien de Familia del inmueble cuya nomenclatura catastral es 19-2-E-152-5B, adjudicado al demandado mediante convenio de liquidación de la sociedad conyugal del 30/12/98 -fs. 10/11 de los autos: "A., M. y S., J. L. s/Divorcio Vincular" expte. nro. 13.069-152-98-, con costas (art. 68 del CPCyCm.). Mi voto por la afirmativa.

El doctor Balladini dijo:

Adhiero en un todo a los fundamentos expuestos en el voto del doctor Lutz, y, además estimo oportuno, a mayor abundamiento, realizar algunas consideraciones respecto a la presente controversia.

De tal modo, si bien es innegable que en estos procesos -de desafectación de bien de familia-, la resolución de la controversia remite indefectiblemente a analizar los extremos de hecho que determinen si se encuentran cumplidos los requisitos sustanciales -en el caso, obligación de habitar el inmueble- impuestos para establecer la protección legal del núcleo familiar; puesto que, cada caso tiene sus particularidades propias, y es en base al examen de las mismas que se resuelve en un sentido o en otro. También es cierto, que la fijación de ciertos principios sobre esta materia tan arduamente debatida, es de suma importancia a los efectos de establecer una doctrina precisa y concreta al respecto.

Con lo cual, en consonancia con ese criterio, es imperativo recordar que en recientes precedentes de este Cuerpo ("Satollo" -Se. Nº 62 del 26.03.07- y "Lowey" -Se. Nº 110 del 27 de junio de 2007), he tenido la oportunidad de expedirme (como Juez de primer voto) sobre la temática en estudio; por lo que considero conveniente reafirmar las consideraciones allí desarrolladas, acerca de la naturaleza de la institución del bien de familia y su finalidad.

Así en las sentencias mencionadas, sostuve que: "...se trata de una figura que tiene como fin la protección del núcleo familiar, que no necesariamente debe estar constituido por los cónyuges... en un concepto puramente descriptivo de la etimología de la expresión, sin tener en cuenta sus consecuencias ni sus características legales específicas, el "bien de familia, traduce el conjunto de objetos útiles, apropiables, con razón de bien, que sirven para satisfacer las necesidades de un grupo de personas, unidas por los lazos de convivencia, cohabitación, parentesco y descendencia del tronco común. Más específicamente, consiste en la afectación de un inmueble urbano o rural a la satisfacción de las necesidades de vivienda y sustento del titular y su familia, sustrayéndolo a las contingencias económicas que pudieran provocar en lo sucesivo, su embargo o enajenabilidad." ("Bien de Familia", págs. 19 y 20, Ed. Hammurabi, ed. 2001) y en "Fundamento de la Institución y su Duración" la misma autora sostiene que: "Tiene este instituto un profundo contenido social, que encuentra su esencia en la defensa e intangibilidad de la vivienda, a los fines de resguardar el núcleo familiar. Está inspirado en un doble objetivo: el económico, tendiente a la conservación de una parte del patrimonio en el seno de la familia; y el social, en cuanto propende a su mantenimiento bajo un mismo techo." ("La posibilidad de desafectar parcialmente el bien de familia"; J.A. 2004-IV-106). Así también Kemelmajer de Carlucci expresa: "... la vivienda tiene para el individuo un gran valor, no sólo patrimonial sino también esencialmente extrapatrimonial: en el plano material, le da amparo a su integridad física, pues lo protege de los peligros de la naturaleza y de las amenazas de los malvivientes; jurídicamente es el espacio que garantiza la efectividad de los derechos de la personalidad; en el plano moral, es el centro de la esfera de su intimidad, "el santuario de su vida privada", etc." ("Protección Jurídica de la Vivienda Familiar", pág. 29; Ed. Hammurabi, ed. 1995)."(Conf. Se. 62/07, in re: "Satollo").- - - -----También sostuve, que: "...este instituto de alto contenido social recibe por una parte su institucionalización desde el ámbito de protección del derecho constitucional, en tanto la Carta Magna Nacional, en su artículo 14 bis., consagró "la protección integral de la familia" y "la defensa del bien de familia" y legal en el marco de la Ley 14.394, que tal como sostiene el Dr. Pettigiani, citando a Guastavino, en su voto en "Cuenca", su sanción "...estuvo enderezada al reconocimiento de la familia como unidad esencial necesitada de protección legal, tutelando de ese modo la comunidad familiar. Ello como manifestación de la recepción normativa de principios de la filosofía jurídica supraindividualista superadora del individualismo en la legislación civil". Tal protección impone el sacrificio de diversos intereses, en miras del resguardo de la finalidad perseguida: "la protección del hogar familiar"; ellos son por una parte a) los intereses de los acreedores que se ven limitados por la inembargabilidad del bien; b) los del propio interesado en la constitución de la protección en razón de la indisponibilidad de la propiedad que ella le genera y por último c) la renuncia del interés fiscal por parte del Estado producto de la desgravación impositiva que ello le ocasiona. El bloque de derechos afectados, presenta así un grupo particular cual es el de los acreedores del titular dominial, quienes ven sus derechos patrimoniales cercenados por no poder perseguir el bien de familia a efectos de su realización para la percepción de sus acreencias." (conf. Se. cit.).

No obstante estos principios generales que constantemente se vienen revalidando en distintos precedentes, también es dable advertir que la sentencia de Cámara -puesta a consideración de este Cuerpo- al resolver la cuestión planteada en estos autos (desafectación del bien de familia por no estar habitado por los integrantes del grupo familiar), sostiene que: "El fin tuitivo de la ley 14.394 (arts. 34 y sigts.), es el de proteger el hogar familiar de cualquier contingencia económica desfavorable que pueda sufrir alguno de sus integrantes. En el caso de autos, ya no existe la familia que fue la razón originaria de la constitución del bien de familia, ...". Evidentemente el sentenciante de grado parte de una errónea premisa que, además, no se corresponde con los criterios doctrinarios y jurisprudenciales propugnados, sobre tal extremo; ya que no es válido sostener que el cese de la convivencia de los primigenios constituyentes del bien de familia, produzca la extinción del mencionado beneficio.

Así Méndez Costa ha señalado que: "Es indiscutible que el bien de familia responde a una caracterización singular, ubicada al margen del régimen patrimonial matrimonial y que no es, por lo tanto, alcanzado por las vicisitudes que puedan sobrevenirle, así sean determinadas por el divorcio o por el deceso del cónyuge constituyente. La desafectación integra un sistema exclusivo específico dispuesto en el art. 49 de la ley 14.394 (Adla, XIV-A, 237), el divorcio del propietario o de los cónyuges condóminos en el supuesto de un ganancial adquirido conjuntamente por ambos, no se encuentra incluido entre las causales legalmente previstas. (...) Obsérvese que el concepto de 'familia' recepcionado de la ley también abarca al matrimonio porque beneficiarios pueden ser solamente los cónyuges y el interés familiar no desaparece aún entonces por el cese de la cohabitación. Guastavino señala que la afectación subsiste a pesar de que no haya hijos del matrimonio, puesto que el divorcio no es causal autónoma de caducidad, y que esa circunstancia contribuye a crear condiciones favorables a la reconciliación de los esposos. Es, por lo tanto, coincidente con el interés familiar." (Méndez Costa, María J., Divorcio y Bien de Familia Ganancial, La Ley, 1986-A, 491).

También en este sentido se ha dicho que: "La familia amparada por la figura incorporada de modo general por la ley 14.394, no es la "pequeña familia" constituida por los padres y los hijos menores de edad. Prueba de ello es que se incorpora a los ascendientes y descendientes (mayores o menores, legítimos, extramatrimoniales o adoptivos, pues la ley no distingue) y, a falta de éstos, a los parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive que convivieren con el constituyente. Es decir, el ordenamiento nacional recepta un criterio intermedio (Ver Belluscio, A. C., "Derecho de familia", t. I, p. 7, núm. 1, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1974), que, incorpora no sólo al pequeño grupo, sino a otras personas a las cuales el legislador ha estimado justo proteger. Si bien la convivencia con el constituyente es un presupuesto para ser beneficiario en el caso de los colaterales (art. 36), no lo es en el supuesto del cónyuge, ascendientes y descendientes. En efecto, el art. 41 de la ley dispone que "el propietario o su familia, estarán obligados a habitar el bien...\". La conjunción disyuntiva \"o\" indica que el sometimiento al régimen sólo exige que allí vivan bien sea el propietario, bien sea su familia (o ambos conjuntamente, como es obvio). (...) La convivencia con hijos menores patentiza claramente el interés familiar; pero que los hijos sean mayores no lo excluye. Guastavino (ob. cit., núm. 576) recuerda que la mera mayoría de edad de los herederos beneficiarios no es causal de desafectación pues la subsistencia del bien de familia no se condiciona a la presencia de herederos menores o incapaces." (SCMendoza, Sala I, 22/02/1985, in re: "B., J. J. c. B., A. A.", La Ley, 1986-A, 495); y que: "A los fines de la desafectación del bien de familia, no es necesario que habiten el inmueble el propietario y todos sus beneficiarios, sino que pueden habitarlo sólo aquél o sólo alguno de estos beneficiarios." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, 30/09/2005, Nudel, Samuel J. JA 2006-I, 34).

En conclusión, lo expuesto precedentemente permite establecer, sin hesitación, que en autos se ha resuelto incorrectamente, la situación planteada; ya que, como lo advirtiera el vocal preopinante, se encuentran cumplidos los requisitos exigidos por los arts. 36 y 41 de la ley 14.394, lo cual impide la desafectación del régimen de bien de familia del inmueble del demandado a tenor de lo dispuesto por el art. 49 inc. d) de la mencionada ley. Mi voto.

El doctor Sodero Nievas dijo:

Atento la coincidencia de los votos precedentes, me abstengo de emitir opinión.

2º cuestión.- El doctor Lutz dijo:

Por todo lo expuesto al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: 1º) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el demandado a fs. 116/119 bis de las presentes actuaciones, y en consecuencia, revocar las Sentencias dictadas por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la IIIa. Circunscripción Judicial a fs. 108/110 y por el Juez de Primera Instancia a fs. 95/96 de las presentes actuaciones. 2º) Imponer las costas al incidentista en todas las instancias (art. 68 del CPCyC.); y regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia extraordinaria de la siguiente forma: al doctor R. R. en el 35% y a los Dres. N. V. y R. A. E. en el 25% en conjunto, todos a calcular sobre los emolumentos que oportunamente se les regulen a los profesionales intervinientes por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 14 L.A.). 3º) Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas por la Cámara de Apelaciones a fs. 110 y disponer la adecuación de las regulaciones arancelarias de las instancias de grado al resultado de la presente. Mi voto.

El doctor Balladini dijo:

Adhiero en un todo a la solución propuesta en el voto del doctor Lutz, votando en igual sentido.

El doctor Sodero Nievas dijo:- Me abstengo de emitir opinión (art. 39 L.O.).

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia resuelve: Primero: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el demandado a fs. 116/119 bis de las presentes actuaciones, y en consecuencia, revocar las Sentencias dictadas por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la IIIa. Circunscripción Judicial a fs. 108/110 y por el Juez de Primera Instancia a fs. 95/96 de las presentes actuaciones. Segundo: Imponer las costas al incidentista en todas las instancias (art. 68 del CPCyC.). Tercero: Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia extraordinaria de la siguiente forma: al doctor R. R. en el 35% y a los Dres. N. V. y R. A. E. en el 25% en conjunto, todos a calcular sobre los emolumentos que oportunamente se les regulen a los profesionales intervinientes por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 14 L.A.). Cuarto: Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas por la Cámara de Apelaciones a fs. 110 y disponer la adecuación de las regulaciones arancelarias de las instancias de grado al resultado de la presente. -Luis Lutz.-Alberto I. Balladini.-- Víctor Hugo Sodero Nievas