marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Excepciones procesales, arraigo, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Laboratorios Bioquimix  S.A.  de C.V. c/ F. Noffmann - La Roche & Co. Limited Company s/ Opos. Reg. Marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

En punto al plazo fijado para el cumplimiento de la obligación de arraigar, teniendo en consideración el domicilio de la actora y la naturaleza de los trámites que se deben realizar a los efectos de la transferencia de los valores involucrados y - especialmente - la conformidad expresada por la demandada estimase adecuado ampliarlo a 40 días hábiles.
Defensa en juicio, límites del pronunciamiento, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Dirección Nacional de Vialidad c/ Silva, Juana Ruperta s/ demanda por expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-06

La jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos que determinan el ámbito de su competencia decisoria, y la prescindencia de tal limitación causa agravio a la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Empleo público, crédito laboral, mora automática, actualización monetaria, cómputo de la actualización
Materia: CIVIL
Carátula: Rubio, Rubén I. c/ E.N. (M. de Defensa) s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

Conf. lo normado por el art. 2 de la ley 22.328, los importes debidos deben ser actualizados hasta el momento del efectivo pago o notificación de la puesta a disposición de los fondos, utilizándose a tal efecto el índice del mes anterior a dichas oportunidades.
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, economía procesal
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: JULIA MARIANO SANTIAGO c/ NACION ARGENTINA - COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO s/ ACCIDENTE EN EL AMBITO MILITAR Y F. SEGURIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

Si bien no se encuentra legalmente impuesta la obligación de seguir los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza del Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción que la Constitución Nacional y las leyes le han conferido (Fallos: 12:134, 249:17, 252:286, y 256:114 y 208), tampoco es menos cierto el deber moral de los tribunales inferiores de ajustar las decisiones jurisdiccionales a las dictadas por el más Alto Tribunal del país, en tanto éstas se encuentran fundadas en la "... presunción de verdad y justicia que de sus doctrinas da la sabiduría e integridad de los magistrados que la componen ...", cuando no la conveniencia de adecuar a sus postulados a fin de "... Evitar recursos inútiles ..." (Fallos: 25:394 y 245:429). Obvias razones de economía procesal indican, entonces, que la coincidencia con el más Alto Tribunal judicial del país resulta una ventaja ya reconocida, atento fundarse en la unidad de criterio con el intérprete final de la Ley Fundamental (Fallos:1:341 y 25:394).
Matrimonio, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: Sisto, Verónica Eva y Franzini, Martín Ignacio s/ información sumaria sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

Entre los contrayentes es válido su propósito de no pedir el divorcio, ya que el Estado nunca los incita a ello pues está en la inteligencia primaria de la ley preservar la unidad del matrimonio, célula básica de la familia, base de toda nuestra organización social (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Transporte de pasajeros, obligaciones del transportador, obligación de seguridad, circulación con puerta abierta
Materia: CIVIL
Carátula: QUEVEDO RAMON c/ SOTELO BENIGNO s/ RESPONSABILIDAD CIVIL-ACCIDENTE DE TRANSITO-CONTRATO DE TRANSPORTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-10

En tanto el conductor de un transporte público no haya cerrado la puerta del vehículo, las personas que aguardaban pueden entender razonablemente que aquél ha de permanecer en el lugar hasta que se produzca espacio para el acceso de nuevos pasajeros, de modo que para aquéllos que se asen del pasamanos e intentan el ascenso, existe sin duda el deber de seguridad que el contrato impone al transportista.
Habilitación de instancia, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: F., C. y Otros c/ H.R.C.R. y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-30

La falta de habilitación de la instancia puede ser declarada previo al traslado de la demanda en los supuestos de incumplimiento de los requisitos exigidos para la admisibilidad de la acción.
Recurso de casación, elevación en consulta, competencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: H., E.E. s/ Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-06

Es el Superior Tribunal en pleno quien debe entender en temas atinentes a la concurrencia de recurso de casación por la defensa y el procedimiento de consulta venidos sincrónicamente por causa de la pena aplicada y de la actividad de la asistencia técnica por aplicación directa de la Constitución Provincial, art. 179 punto 2, reglamentado por el numeral 391 del CPP aún cuando se apliquen, en general, los parámetros del precedente Casal emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Competencia contencioso administrativa, regulación de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: EDECAT S.A. c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-08-07

Si bien en la acción instaurada se encuentra ausente un contenido económico explícito, ello no excluye por completo el contemplar y apreciar los valores en juego, que deben ser considerados como una pauta para obtener una retribución justa y que sirvan de valladar para evitar que la apreciación discrecional que tiene atribuida legalmente el Tribunal, dentro de los parámetros establecidos por la legislación respectiva, pueda tornarse arbitraria. Con referencia a los juicios carentes de valor patrimonial, se ha expresado que: ".. a los efectos de la regulación de honorarios, debe actuar con plenitud el arbitrio judicial sobre la materia, y si el derecho amparado acarrea en forma directa una consecuencia económica beneficiosa para el interesado, puede existir un monto como pauta indicativa a los fines regulatorios" (STJ Santiago del Estero, en pleno, 15/3/1995, Lexis 19/2862). En consecuencia, resultaría manifiestamente injusto prescindir de la proyección económica del litigio como el decidido en autos.

En efecto: "Desconocer los valores económicos subyacentes y la responsabilidad profesional comprometida en esta actividad resulta lesivo del derecho a una justa retribución y profundiza la brecha de la arbitrariedad tan frecuente en materia de regulación de honorarios.-(Conf.:Honorarios de los Profesionales del Derecho", Carlos E. Ure-Oscar G. Finkelberg, Lexis Nexis, p.295).
Empleados públicos, acto administrativo, estado de derecho, Administración Pública, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VULLO, MARIA DEL CARMEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 55-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-07-04

Las circunstancias en que un empleado incumple el deber que en principio tiene de acatar los actos administrativos no obstante estar en desacuerdo con ellos o haberlos recurrido, deben juzgarse a la luz de los principios rectores del estado de derecho, entre los cuales se cuenta el de que la acción administrativa debe desenvolverse respetando -además de los límites que surgen de la división de poderes, y de la necesaria atribución de potestad-, el límite que deriva de la determinación del interés colectivo, cuya violación la priva de juridicidad y determina su invalidez para la producción de efectos jurídicos.
Daños y perjuicios, indemnización, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: TELO, RICARDO ALBERTO c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-23

Probado que, a pesar de su antigüedad de diez años, el estado general del automóvil era bueno, es casi imposible dentro de los medios técnicos que proporciona la experiencia que la reparación no deje secuelas detectables a la observación del hombre medio ("standard" de corriente razonabilidad), tanto más al ojo del especialista que es por lo común quien asesora en caso de compra de automóvil usado por lo que corresponde hacer lugar a la desvalorización del vehículo aunque los desperfectos no recaigan sobre partes vitales o reducirlos a los aspectos mecánicos.
Sumario administrativo, defensa en juicio, sanciones administrativas, debido proceso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TRANSPORTE CATUARA  S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE BRINKMAN s/ PLENA JURISDICCION - MULTA - DEBIDO PROCESO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-02-12

Si del sumario administrativo no surge que se haya dado al imputado oportunidad de ejercer el derecho a defensa mediante descargo o sumario previo a la sanción que se le aplica, es fácil advertir que no ha existido respeto por la garantía constitucional del debido proceso, cuya observancia por parte de la Administración, es imposición que antecede al ejercicio de la potestad sancionatoria.
Municipalidad, ausencias injustificadas, exoneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORELLANO, CARLOS ALCIDES c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 275-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-05-30

El Estatuto del Personal de Municipalidades y Comunas -Ley Provincial 9286-, en su artículo 65, permite que la autoridad Municipal, una vez comprobadas las inasistencias injustificadas que determina la ley y por el término en ella establecido, pueda aplicar la pena impuesta en dicho artículo sin necesidad de efectuar sumario previo. Esto no es violatorio de garantías establecidas en la Constitución Provincial en cuanto no resulta imprescindible recurrir a un complejo procedimiento sumarial cuando se trata de la simple comprobación de inasistencias.
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia, decretos provinciales, nulidad del decreto, licitación pública, oferta
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Industrias  Metalúrgicas  Pescarmona c/ Provincia de San Juan s/ contencioso administrativo - inconstitucionalidad y casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

Es inadmisible  (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)  el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento del superior tribunal provincial que desestimó los recursos locales deducidos contra la sentencia que había hecho lugar parcialmente a la demanda tendiente a obtener la declaración de nulidad de los decretos locales por los que se desestimó la oferta de la empresa actora y se adjudicó la obra a otra firma.
Accidente ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria, hechos vandálicos
Materia: CIVIL
Carátula: Villegas, Elba L. c/ E.F.A. s/ Sumario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

Si el hecho ocurrió en lugar de aquéllos que resultan ser parte de la infraestructura que la empresa de ferrocarriles utiliza y de la cual se sirve para la prestación del servicio, ejerciendo control exclusivo sobre tales lugares, debió demostrarse acabadamente que el hecho del tercero que motivó la caída del menor a zona de vía revistió las características de imprevisibilidad e inevitabilidad (art. 514 del Cód. Civil, en consecuencia con lo dispuesto por el art. 184 del Código de Comercio), resulta notorio, para el hombre común más aún para quienes están en el medio judicial, la reiteración de conductas antisociales, delictivas, en el medio ferroviario, que concluyen, generalmente, provocando víctimas entre los pasajeros. Esta reiteración de hechos delictuosos, dañosos y perjudiciales para los pasajeros, ni son imprevisibles, ni inevitables, considerándose que adecuadas medidas de vigilancia en las estaciones contribuirían, cuando menos, a reducir la posibilidad de su ocurrencia.
Agencia de turismo, responsabilidad de la agencia de viajes, sanciones administrativas, prescripción, cómputo del plazo
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: EVES S.A. s/ Infracción Ley 18829
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-26

1 - Corresponde revocar la resolución que sancionó a la empresa imputada por infracción del Art. 8 de la Ley 18829 por cuanto el hecho que motiva la sanción habría ocurrido en agosto de 1992, en tanto que la resolución sancionatoria data de octubre de 1995 y fue apelada en diciembre de ese mismo año, habiendo sido elevada a esta Cámara recién en agosto de 2001.- 2 - La ley de la materia establece que las acciones por infracción prescriben a los cinco años, plazo éste que en el caso ha transcurrido con creces. Aún admitiendo que la resolución sancionatoria constituya un acto de procedimiento interruptivo del plazo de prescripción (Art. 23 de la Ley 18829), igualmente ha transcurrido un nuevo período de cinco años hasta el momento en que se produjo la elevación de las actuaciones a esta Cámara; por lo tanto, no existiendo ninguna otra actuación a la que pueda atribuírsele valor interruptivo, corresponde declarar la prescripción (Del voto del Dr. Hendler).
Embargo, bienes inembargables, remuneración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Contar S.A. c/ Sisti, Ismael José s/ Ejecución - Efecto devolutivo artº 250 CPC
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

La sentencia de condena firme existente en un juicio ordinario o en un proceso plenario abreviado, autoriza el embargo de las remuneraciones de los empleados públicos, siempre y cuando claro está, que se demuestre que la correspondiente solicitud de préstamo fue formulada por el interesado en su oportunidad a su empleador y el cumplimiento por parte de éste de las exigencias previas en el apart. b), artº 2 del decreto 6754/43, ratificado por ley 13894; por el contrario, la sentencia de remate recaída en el proceso de ejecución, no lo autoriza, pues lo impiden las disposiciones de los arts. 1 y 11 , inc. b), del citado decreto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Poder Judicial, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: COSTA MARINA S.A. c/ AFIP - DGI s/ ACCION DECLARATIVA. (Reg. 12.948)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27

El Poder Judicial está facultado, como instancia de control de constitucionalidad, para establecer si el Poder Ejecutivo incurrió en una intromisión en funciones propias del Poder Legislativo.

Ante una situación de incertidumbre, es válida la actuación judicial para hacerla cesar, en virtud de lo normado en el art. 322 CPCCN.

No existe intromisión alguna del sentenciante en la órbita de otros poderes, porque no reglamenta ninguna norma.

Al sólo efecto de otorgar cierto grado de certidumbre jurídica a las partes, resulta procedente la aplicación de las pautas interpretativas que deberán tenerse en cuenta -en posibles procesos de conocimiento futuros y ante la ausencia de una reglamentación al respecto- para saber cuáles son los productos merecedores de la exención pedida por el actor.

No puede considerarse violatoria de la división de poderes una acción declarativa de certeza, cuya inexistencia hubiese implicado que se prolongara la situación de confusión evidenciada al sustanciarse dicha acción. (del voto del Dr. Tazza, adhesión Dr. Ferro)
Pagaré, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salvatori, Martín Emilio c/ Di Nofa, Rosa Cristina s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-10

Al ejecutarse un contrato de mutuo del cual consta la emisión del pagaré instrumentando la misma deuda, éste debe quedar incorporado indisolublemente al título por dos razones esenciales: a) su entrega al deudor vale como recibo de pago (arg. art. 42 D.L. 5965/63); b) su endoso a un tercero desvincula al mutuante de la relación creditoria con el mutuario, pasando dicho tercero a ocupar su lugar, con el agravante de que el deudor no podrá oponerle las defensas que tenga respecto al mutuante, incluido el pago (art. 18 D.L. 5965/63); c) la entrega del pagaré cancelado es exigible contra el pago (doct. art. 42 cit.), por lo que sin la presentación de aquél éste no se puede reclamar.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, fundamentación del recurso, prueba, fundamentación insuficiente, deserción del recurso, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Naya S.A. c/ SEGBA S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

Si el legislador reconoció a través del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación según el texto introducido por la reforma de la ley 23.774, la posibilidad de desestimar sin fundamentación el recurso extraordinario, instituido como el instrumento genérico de la función jurisdiccional más alta de la Corte, resulta razonable extender la aplicación del criterio selectivo al ámbito de los recursos ordinarios de apelación ante la Corte (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Costas, alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: R., M. L. s/ Homologación de convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-24

Se ha dicho, como principio general, que, en un proceso por alimentos, admitir siempre el criterio de costas al vencido (en el caso la parte alimentada), significaría hacer caer los gastos sobre las cuotas, lo que se encuentra en pugna con la naturaleza y finalidad del instituto y que "La circunstancia de haberse llegado a un convenio homologado judicialmente en el juicio de alimentos, no es óbice para que las costas del mismo sean a cargo del alimentante, ya que de admitirse la solución contraria, se haría incidir el importe de las mismas sobre las prestaciones alimentarias, desvirtuándose así la finalidad que persigue la obligación de que se trata.
Improcedencia del recurso, falta de acción, plan de ahorro previo, daños y perjuicios, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Moreno, Juan Cruz c/ González, Walter Alberto y otro s/ abreviado
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-05-16

Cabe rechazar el recurso de apelación deducido por el actor, confirmando la sentencia en cuanto hizo lugar a la excepción de falta de acción opuesta por la codemandada. Se trata de una acción acumulada de daños y perjuicios, y no de resolución contractual, pues entre la empresa demandada y el actor no existió contrato alguno sino que se la demanda en razón de la supuesta negligencia cometida. Conforme lo anterior, el accionante no ha probado la negligencia que imputa a la misma en la conclusión de la cesión del plan de ahorro, es que no se ha acreditado su participación en el trámite. En razón de ello, el fallo puesto en crisis debe ser confirmado al no haberse probado que la codemandada tenía conocimiento de que la transferencia entre el titular, la cotitular del plan y el actor se había realizado, y en consecuencia, no resulta legitimada pasiva de la acción deducida en su contra.
Recurso extraordinario, recusación, ministros de la Corte Suprema, oportunidad procesal, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-10

La oportunidad para recusar a los integrantes de la Corte Suprema cuando deben intervenir en la instancia del art. 14 de la ley 48 es el momento en que se interpone la apelación extraordinaria, pues mediante esta presentación se lleva a cabo el acto procesal susceptible de habilitar la competencia del Tribunal.
Ejecución fiscal, excepciones procesales, inhabilidad de título, certificado de deuda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Administración Nacional de Seguridad Social c/ Citrusalta  S.A. s/ Ejecución Fiscal del  ANSES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-14

Cualquier cuestión interpretativa que pudiera suscitarse respecto de la idoneidad de los "subgerentes para suscribir certificados de deuda ha quedado definitivamente zanjada mediante la sanción de la Resolución 131/91 del 6/9/91 por la cual el Instituto Nacional de Previsión ha facultado expresamente al Subgerente Contencioso Judicial para emitir certificados de deuda a fin de iniciar ejecuciones fiscales (conf. Art. 1).
Derecho de los beneficios de la seguridad social, jubilaciones, jubilación de privilegio, leyes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bertolini, Jorge Alberto Primo. c/ Gobierno de la Provincia de Misiones e Instituto de Previsión Social. s/ Demanda Contenciosa Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-05-16

La Ley 1140 en base a la cual obtiene su beneficio el actor es una ley de privilegio. Esto no es solo un nombre o categoría nominal sino que tiene un contenido conceptual. Ley de Privilegio -y con más razón en el ámbito del derecho previsional- es una norma de aplicación general que consagra una discriminación para un sector de personas. Discriminación no justificada y sí autosuficiente, o sea que encuentra su explicación y vigencia en la existencia de la misma norma y no en otro fundamento. Una Ley de Privilegio nunca puede conciliarse con la filosofía de la solidaridad social, más bien en su negación misma. Podrá tener otros fundamentos, pero nunca apoyarse en la solidaridad social, el privilegio aquí otorgado conspira directa y aritméticamente contra la masa previsional conformada en base al principio solidario. Así el derecho basado en el privilegio nunca puede ser absoluto e ilimitado en el espacio y en el tiempo. (Dr. Panza: En Disidencia).
Recursos, recurso de inconstitucionalidad, apreciación de la prueba, planteo oportuno, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: O., S. C. c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ O., S. C. c/ GCBA s/ amparo - habitacionales y otros subsidios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Toda vez que está probado que la parte actora obtuvo, mediante la actividad del Estado local una mejora temporal (pero precaria) de sus condiciones habitacionales, la pérdida de la asistencia lograda afecta el derecho a la vivienda adecuada. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Subasta de inmuebles, gastos del proceso, privilegios (comercial), interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANESTO BANCO SHAW SA c/ VEDDA, MARIA LINDA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-28

Si se atribuyo privilegio al importe de los "gastos de justicia" con sujeción a lo normado por el art. 3900 del cód. civil, es de ponderar, que el principio insito en la citada norma debe ser interpretado con el alcance establecido en el art. 3879-1del cód. civil, es decir, en cuanto a que los gastos de justicia mentados, constituyan erogaciones hechas en interés "común de los acreedores".

Por ende, procede estimar, -como en el caso-, que los gastos hechos en beneficio tanto del ejecutante cuanto de los acreedores hipotecarios, son: a) los derivados de los trámites realizados para obtener el segundo testimonio del título de propiedad del inmueble hipotecado, b) los necesarios para llegar a la primera subasta -efectuada infructuosamente-, y los devengados de la segunda subasta, mediante la cual fue adjudicado a los acreedores hipotecarios el inmueble rematado, y c) la mitad de los honorarios que resultan fijados en favor de los letrados al ejecutante, correspondiente a la actuación desplegada a partir de la segunda etapa del procedimiento.