Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-08


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 8 de 2010.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? El doctor Kölliker Frers dijo:

I. Los hechos del caso.

(1) "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A." (en lo sucesivo, "Alba") promovió acción ordinaria contra "Guimac S.R.L." (rectius: "Giumac S.R.L."), Oscar Luis Macías, Ana Eugenia Spector de Macías, Rolando Oscar Giuliano, María Teresa del Valle Apud de Giuliano, Francisco Guido Macías y Ana María García de Macías, reclamando el cobro de la suma de pesos treinta y ocho mil doscientos treinta y uno con noventa y cinco centavos ($ 38.231,95), con más su actualización monetaria, intereses y costas.

Refirió ser una empresa aseguradora debidamente autorizada a funcionar como tal y que, en dicho carácter, celebró con la compañía accionada ciertos contratos de seguro de caución (individualizados en la certificación contable acompañada con el escrito inaugural), constituyéndose las personas físicas codemandadas en fiadores solidarios, llanos y principales pagadores de todas las deudas y operaciones contraídas por "Giumac S.R.L.".

Señaló que si bien en un inicio la empresa coaccionada fue cancelando puntualmente las primas que fueron devengándose, lo cierto es que -luego- dicha parte modificó su conducta, espaciando cada vez más el pago de aquéllas, hasta que -finalmente- dejó de hacerlo, lo que le ocasionó un grave perjuicio a su parte, al colocarla en una situación de inferioridad frente a la contraparte; quebrantándose -de ese modo- el sinalagma contractual.

Finalmente, indicó que los contratos de seguro de caución debían ser abonados por los tomadores en forma trimestral, agregando que cuando se emitía una póliza se facturaba por un primer trimestre y luego seguía facturándose cada noventa (90) días hasta tanto hubieran cesado las obligaciones del proponente hacia el asegurado.

(2) Corrido el traslado de la demanda, compareció primero al juicio el codemandado Rolando Oscar Giuliano, quien se opuso al progreso de la pretensión y solicitó el rechazo de ella, con costas a cargo de la demandante (v. fs. 120/7).

Tras efectuar una negativa general y particular de los hechos esgrimidos en la demanda, negó, especialmente, que su parte adeudara -en calidad de fiador- suma alguna a la contraria. Desconoció -asimismo- que "Alba" hubiese emitido póliza alguna a favor de "Giumac S.R.L.", como así también, que esta última se encontrase obligada al pago de las primas indicadas en el escrito inicial. Por último, negó que del incumplimiento denunciado hubiese derivado perjuicio alguno a la accionante.

Relató que la fianza supuestamente contraída carecía del requisito de especialidad en cuanto a los créditos asegurados y al monto; afirmando que, en todo caso, dicha garantía se hallaba extinguida al haber transcurrido ampliamente -a la fecha de interposición de la demanda- el plazo de duración de diez (10) años oportunamente estipulado en aquélla, sin que se hubiese notificado -en momento alguno- a su parte la existencia de la deuda que ahora se reclama.

Opuso, asimismo, la excepción de prescripción anual prevista en el art. 58 LS.

A todo evento, aseveró que, según reconocimiento expreso de la propia actora, esta última habría cedido ciertos créditos al "INDER", por lo que carecía de acción para exigir su cobro en las presentes actuaciones.

(3) A fs. 133 contestó el traslado de la demanda la coaccionada María Teresa Apud de Giuliano, adhiriendo a los términos de la contestación del codemandado Giuliano de fs. 120/7, oportunidad en la que también impugnó la certificación contable agregada con el escrito de inicio.

(4) A fs. 161/7 se presentó también "Giumac S.R.L.", contestando el traslado de la demanda y aduciendo, en primer término, que era ésa -y no "Guimac" (como erróneamente la había denominado la contraria)- la razón social de la sociedad demandada.

Luego de efectuar las negativas de ley, adujo ser una sociedad con asiento en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, donde desarrollaba su actividad de empresa constructora.

Explicó que había sido contratada por la "Municipalidad de San Miguel de Tucumán" y por la "Dirección de Obras Sanitarias" de dicha Provincia para la realización de ciertas obras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas de la Provincia Nº 5.060 y sus modificatorias, obras que se encontrarían paralizadas desde hacía más de tres (3) años a causa de la falta de pago y problemas técnicos existentes en las reparticiones aludidas.

Puntualizó que, no obstante las tratativas llevadas a cabo por su parte ante dichas entidades, no fue posible obtener la rescisión de los respectivos contratos, como así tampoco, los certificados finales de obra, agregando que tampoco le fueron restituidas las pólizas oportunamente suscriptas.

Afirmó que ni en la Ley de Obras Públicas de la Provincia precedentemente citada, ni en los contratos suscriptos y/o pliegos de condiciones, existían normas o cláusulas que establecieran que el capital asegurado debía ser actualizado. Más aun, señaló que, de acuerdo a lo previsto en el art. 4 de las Condiciones Generales de las Pólizas emitidas por la propia accionante, surgía que la repotenciación monetaria constituía una excepción; toda vez que sólo procedería dicha actualización en caso de que así lo estableciere el pliego de condiciones y el contrato de obra pública pertinente.

Planteó, asimismo, la prescripción de la acción intentada, con fundamento en que los pagos no habían sido convenidos en cuotas, tratándose de una prima única pero periódica, pagadera mediante facturación trimestral. Consideró de aplicación al sub-lite lo estatuido por el art. 58 L.S., atento que a la fecha de promoción de la demanda se encontraba ampliamente vencido el plazo prescriptivo de un (1) año indicado en la citada norma legal.

(5) Por su lado, a fs. 225/31 vta. se presentaron y contestaron también la demanda los codemandados Francisco Guido Macías y Ana María García de Macías, argumentando que la fianza invocada por la contraria tenía un plazo de duración de diez (10) años, razón por la cual a la fecha de interposición de la demanda dicha garantía se hallaba holgadamente extinguida.

Opusieron también excepción de prescripción de la acción en los mismos términos que sus litisconsortes, requiriendo por esa razón el rechazo de la pretensión esgrimida, con costas a cargo de la actora.

(6) Por último, también contestaron el traslado que se les cursara los codemandados Oscar Macías y Ana Eugenia Spector (fs. 273/9 vta.) en idénticos términos a los expuestos por los codemandados mencionados en el párrafo anterior (esto es, el responde de fs. 225/31), planteando, por un lado, la caducidad del contrato de fianza y, por otro, la prescripción de la acción incoada, requiriendo también el íntegro rechazo de la pretensión, con expresa imposición de costas a la contraparte.

(7) Sustanciado el proceso y producida la prueba de que dan cuenta las certificaciones actuariales de fs. 456/51, fs. 457/8 y fs. 462/3, se pusieron los autos para alegar, habiendo hecho uso de tal derecho tanto la parte actora, como los codemandados Oscar Giuliano y María Teresa del Valle Apud de Giuliano conforme piezas que lucen agregadas a fs. 922/4 -en el caso de la accionante- y a fs. 926/28 -los codemandados-, dictándose finalmente sentencia definitiva a fs. 931/9.

II. La sentencia.

En el fallo apelado, la Señora Juez de grado hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por los codemandados "Giumac S.R.L.", Oscar Luis Macías, Ana Eugenia Spector de Macías, Rolando Oscar Giuliano, María Teresa del Valle Apud de Giuliano, Francisco Guido Macías y Ana María García de Macías y, como consecuencia de ello, rechazó la acción incoada por la accionante, absolviendo de ella a dichos codemandados e imponiendo las costas del proceso a la primera en su condición de vencida.

Para así decidir, la Señora Juez a quo valoró:

i) que, no existiendo previsiones contractuales acerca de la modalidad de pago, cabía entender que las primas se adeudaban desde el comienzo de cada período de cobertura, siendo de aplicación al sub-lite el plazo de prescripción anual previsto en el art. 58 LS, el cual debía ser computado desde que la correspondiente obligación era exigible, esto es, al vencimiento de cada cuota;

ii) que ante la inexistencia de una estipulación en el sentido de que las primas se pagasen en cuotas, correspondía concluir en que las sumas reclamadas eran independientes entre sí y que, por lo tanto, se adeudaban al comenzar cada período de cobertura;

iii) que, teniendo en consideración lo informado por el perito contador a fs. 585/6, en tanto que "las pólizas eran refacturadas trimestralmente por cada período de vigencia por adelantado", y toda vez que desde que el pago de la póliza en cuestión se había tornado exigible, hasta la fecha de interposición de la demanda había transcurrido el plazo establecido en el citado art. 58, correspondía hacer lugar a la prescripción incoada por los coaccionados, máxime cuando fue la propia actora quien reconoció como trimestral el vencimiento de la póliza y, finalmente;

iv) que -en ese marco- devenía abstracto el tratamiento de las defensas de caducidad de la fianza y de falta de acción introducidas por los coaccionados.

Sobre la base de todas estas consideraciones, la anterior sentenciante desestimó la procedencia de la acción, imponiendo las costas a la accionante vencida (68: CPCC).

III. Los agravios.

Contra dicho pronunciamiento se alzó únicamente la demandante, quien sustentó su recurso con el memorial obrante a fs. 1021/22, cuyo traslado fue contestado por los codemandados Giuliano y Apud a fs. 1024/6, y por la coaccionada "Giumac" a fs. 1028/9.

Se agravió la accionante porque la Magistrado de grado:

i) había entendido que correspondía el rechazo de la demanda por acogimiento de la prescripción planteada por los codemandados cuando -en realidad- al momento de la interposición de ella, la gran mayoría de los seguros se encontraban aun vigentes, toda vez que las obras comprometidas no habían sido concluidas, a lo que se sumaba que su parte no había sido notificada -en momento alguno- de que hubiesen estado terminadas;

ii) había considerado que en este tipo de seguros la falta de pago de la prima no eximía al asegurador de mantener la cobertura frente al asegurado, sin especificar cuáles serían las razones jurídicas que darían sustento a dicha premisa;

iii) había omitido expedirse acerca de cuándo se producía la baja de los seguros, extremo que surgía de las probanzas arrimadas a la causa y constituía un elemento determinante para computar el inicio del plazo de prescripción;

iv) había interpretado que su parte había señalado como "trimestral" el vencimiento de la póliza, lo cual no era así, dado que lo que revestía la condición de "trimestral" era únicamente la facturación de las primas hasta tanto la póliza fuese dada de baja mas no el período de cobertura;

v) había soslayado que, tratándose de un mismo contrato con una prima única -sin perjuicio de su fraccionamiento en cuotas-, el caso sub-examine se hallaba encuadrado en el art. 58, 2º párr. L.S., siendo procedente -a tales fines- computar el plazo de prescripción de la acción a partir del vencimiento de la última cuota y no desde la expiración de la facturación de cada una de ellas;

vi) no se había expedido sobre la cuestión relativa a la caducidad de los contratos de fianza concertados;

vii) había impuesto las costas del proceso a su parte cuando en verdad era cuando menos discutible que los créditos reclamados se encontraban prescriptos.

IV. La solución propuesta.

(1º) El thema decidendi.

Descriptos del modo expuesto los antecedentes del litigio y los agravios vertidos por los recurrentes ante esta instancia, el thema decidendi en esta Alzada reside, en definitiva, en dilucidar, primero, lo atinente a si la acción por cobro de primas incoada por la actora se hallaba o no prescripta al momento de su promoción, como lo interpretó la Sra. Juez a quo, y en caso de no ser así, como lo postula la recurrente, si resulta o no procedente la acción antes mencionada a partir de determinar lo concerniente a la subsistencia y/o extinción -o no- de tales contrataciones en el marco de los contratos de obra pública celebrados entre "Giumac S.R.L.", la "Municipalidad de San Miguel de Tucumán" y la "Dirección de Obras Sanitarias" de dicha Provincia y, eventualmente, la caducidad o no de las fianzas paralelamente concertadas por los codemandados fiadores.

En ese cometido, razones de orden metodológico imponen -en primer término- hacer una breve referencia a la naturaleza jurídica, características y finalidad de los contratos de seguro de caución, para luego pasar a examinar la procedencia o no de la prescripción planteada por los coaccionados en cuanto a la obligación de pago de la prima respecto de cada una de las pólizas implicadas, para finalmente, en el supuesto de no resultar procedente dicha defensa, analizar lo atinente a la viabilidad de la acción en sí misma contra la tomadora del seguro y la responsabilidad de los fiadores codemandados por los incumplimientos supuestamente incurridos por aquélla. Restará -por último- detenerse en lo referente a la forma en que corresponde sean soportadas las costas del proceso, aspecto acerca del cual mediaron también agravios de la recurrente.

Al análisis de tales aspectos corresponde pasar a abocarse a continuación.

(2º) Naturaleza jurídica, características y finalidad del seguro de caución.

Inicialmente, bueno es recordar que el seguro de caución es, como adecuadamente lo sostuvo nuestro Máximo Tribunal, un "contrato de garantía bajo las formas y las modalidades de un contrato de seguro" (Fallos, 315:1406).

Prácticamente no se discute en la actualidad que la finalidad de garantía -común en múltiples figuras jurídicas tales como la prenda, la hipoteca, el warrant, el pacto de garantía, el aval, etc.- no determina la naturaleza de "fianza" del seguro en cuestión, más allá de ciertas similitudes que pueda tener con dicha figura contractual (a mayor abundamiento, véase Bachiller Núñez, Julio, "Seguros de caución", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 37 y ss.).

Desde este punto de vista vale aclarar que el seguro de caución es un contrato de garantía regido -en tanto no se contradiga su esencia- por la normativa de la ley de seguros. Es decir: estamos frente a pólizas de seguros a las que se aplica la disciplina de este contrato por tratarse de un "negocio medio" que persigue una finalidad de garantía; negocio cuyas normas deben aplicarse al momento de resolver las cuestiones de fondo, siempre y cuando sean compatibles con la ley 17.418 (cfr. Israilevich, Jorgelina, "El seguro de caución", LL Córdoba, 2000-359).

Añádese que, más allá de las particularidades propias del instituto, existen aspectos fuera de toda discusión: la existencia de una aseguradora, de un tomador y de un asegurado (es decir, de sujetos del seguro), de un riesgo asegurable durante un cierto tiempo, de un interés asegurable y de la prima, todo lo cual demuestra que se configuran los elementos de un contrato de seguro, con las consecuencias lógicas que ello trae aparejado (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.06.09, "in re" "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c. Compañía Austral de Servicios S.A. y otros s/ordinario"; Corte Sup. Just. Tucumán, Sala Civ. y Penal, 11.03.05, "in re" "Instituto Provincial de Seguros Dr. Jaime Hernán Figueroa c. Avila de Karamaneff, Julia S. y otros", Revista del Derecho Comercial, año 38, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005-B, pág. 895 y ss.).

En efecto: tal como lo he sostenido en otro precedente, este tipo de contratos se caracteriza por la intervención de tres (3) partes y la necesaria conexión de dos (2) contratos. Tales sujetos son -concretamente- el asegurador, el tomador o proponente y el asegurado, siendo este último la única parte que se encuentra legitimada pasivamente para acceder a la pretensión esgrimida, por ostentar la condición de beneficiario de las pólizas emitidas y por su calidad de acreedor de las prestaciones asumidas en los contratos garantizados en razón de lo estipulado en las condiciones de las pólizas comprometidas (cfr. esta CNCom., esta Sala A, mi voto, 31.03.09, "in re" "Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. c. Oviedo, Hugo y otros"; ídem, 20.09.07, "in re" "Compañía Argentina de Seguros Anta S.A. c. Jaime Bernardo Coll S.A. s/ordinario"; ídem, 30.08.02, "in re" "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c. Guterman Jaime y otro").

De su lado, respecto del objeto del seguro, cabe mencionar que las obligaciones respaldadas por la caución pueden ser de variada índole, tal como la construcción de obras públicas (tal es el supuesto de autos) o privadas, la provisión de objetos o servicios, el cumplimiento de cargas fiscales, entre muchas otras (cfr. Rangugni, Diego E., "El seguro de caución", LA LEY 2000-A, 1, comentario a fallo de CNCom., esta Sala A, 06.11.98, "in re" "Edivial Operaciones S.A. s/inc. de rev. por La Construcción S.A.").

De allí que en el seguro de caución sea el empresario (en el caso la codemandada "Giumac") quien actúa como tomador o proponente, para asegurar al acreedor (asegurado: "Municipalidad de San Miguel de Tucumán" y "Dirección de Obras Sanitarias de la Provincia") que en la hipótesis de no realizar la obra o de no cumplir con el servicio o suministro, aquella reciba una indemnización del asegurador ("Alba", en este caso).

En ese contexto, resulta obvio que los contratos garantizados -también denominados "contratos principales" o "contratos base"- se erigen en presupuestos necesarios del seguro de caución, en tanto originan el riesgo sobre el que recae el interés asegurable, consistente en el aludido incumplimiento de parte del empresario tomador del seguro. Es que, a diferencia del resto de los seguros en general, el interés asegurable que se tiene en cuenta al celebrarse el contrato no es el del asegurado, sino el del tomador, que está cubriendo las consecuencias de su propia conducta (o inconducta) y en su propio beneficio, a fin de facilitar la "contratación base" (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 31.03.09, mi voto, "in re" "Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. c. Oviedo..."; cit. supra).

En resumidas cuentas, el objeto principal de los seguros de caución es el de garantizar a favor de un tercero las consecuencias de los futuros incumplimientos del tomador vinculado con el beneficiario por un contrato anterior a la caución y del cual el contrato de seguro es accesorio (cuestión, ésta, sobre la que volveré infra). El negocio jurídico aparece así -tal como se adelantara- como un verdadero contrato de garantía, bajo la forma y modalidades del contrato de seguro, por lo que le son aplicables las regulaciones y principios propios de éste (inclusive lo relativo al plazo de prescripción anual previsto en el art. 58 LS) en todo aquello que no contradiga a la esencia de la relación jurídica (cfr. C.S.J.N., 30.06.92, "in re" "Gobierno Nacional Sec. de Intereses Marítimos c. Prudencia Cía. Argentina de Seguros Generales S.A.", J.A. 1992-IV-495 y ss.; cfr. Farina, "Seguro de Caución" R.D.C.O., año 14, Nº 82, pág. 524 y ss.; Marta Eva García, "Naturaleza Jurídica del Seguro de Caución", LA LEY, 1975-C, 752).

Es dable señalar, asimismo, que las obligaciones y cargas del contrato recaen sobre el tomador o proponente y nunca sobre el asegurado, por lo que la falta de pago de las primas no suspende la cobertura. Ello así, pues es el tomador o proponente quien, en definitiva, contrae obligaciones ante el asegurado y el asegurador, de modo que sus actos no pueden afectar al asegurado (cfr. esta CNCom. esta Sala A, 20.09.07, "in re" "Compañía Argentina de Seguros Anta S.A. c. Jaime Bernardo Coll s/ordinario"; ídem, 30.08.02, "in re" "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c. Guterman", citados precedentemente).

Resta mencionar que el seguro de caución se mantiene vigente hasta tanto el deudor (en este caso, "Alba") es liberado de su responsabilidad conforme al régimen aplicable al caso, y mientras ello no acontezca, debe el tomador abonar los premios por todo el período en el que se haya prolongado la cobertura (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.06.09, "in re" "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c. Compañía Austral...", cit. más arriba).

Llegado a este punto, y habiendo puntualizado una serie de aspectos que se aprecian dirimentes en lo atinente a la naturaleza, características y finalidad de este tipo de seguros, entiendo oportuno pasar ahora a examinar la suerte de la defensa central deducida por los codemandados -la que fuera admitida por la a quo-, relativa a la prescripción de la acción por cobro de las primas, cuestión que -necesariamente- debe ser analizada con carácter previo a los restantes aspectos involucrados en la contienda.

(3º) Lo concerniente a la ocurrencia de la prescripción en el caso sub-examine.

Respecto de esta primera cuestión los codemandados "Giumac", Rolando Oscar Giuliano, María Teresa de Valle Apud de Giuliano, Francisco Guido Macías, Ana María García de Macías, Oscar Luis Macías y Ana Eugenia Spector de Macías plantearon excepción de prescripción en relación al reclamo por cobro de primas incoado por la accionante, aduciendo que tal acción se encontraba prescripta.

Manifestaron que no resultaba aplicable a la especie la norma contenida en el art. 58, segundo párrafo, de la ley 17.418, debido a que el sistema de pago de los premios no había sido concretado en cuotas. Explicaron que el pago de las primas en el contrato de seguro podía ser unitario o periódico, agregando que el primero se trataba de una sola prestación que representaba el valor total del riesgo, en virtud de la duración del contrato, mientras el segundo estaba compuesto por una serie de prestaciones sucesivas e independientes que resultaban exigibles en los distintos períodos de cobertura en que se desmembraba la duración del contrato. Aclararon que en ambos casos el pago podía ser subdividido en cuotas por acuerdo de partes.

Arguyeron entonces que la periodicidad en los pagos (prima periódica) no implicaba que dichos pagos fuesen realizados en cuotas, debiendo tenerse presente, por un lado, que en el caso de autos la prima era periódica, efectuándose su pago mediante facturación trimestral y, por otro, que los aludidos pagos no fueron concretados en cuotas por no haberlo así convenido los contrayentes.

En ese marco, consideraron de aplicación al sub-lite lo normado por el art. 58, primer párrafo, L.S., concluyendo -de ese modo- en que la acción entablada por la aseguradora se hallaba prescripta; toda vez que a la fecha de interposición de la demanda (12.08.92), se encontraba holgadamente vencido el plazo de un (1) año establecido en el art. 58, primer párrafo, de la ley 17.418, contado desde que la obligación se hacía exigible (véanse, en tal sentido, fs. 125, 133, 166 vta. a 167, 229 vta. a 230 vta., 277 vta. a 279, de las respectivas contestaciones de demanda).

Esta línea argumental fue recogida por la Señora Juez de grado, quien entendió que, al no existir previsiones contractuales sobre la modalidad de pago, cabía entender en que las primas se adeudaban desde el comienzo de cada período de cobertura, siendo entonces de aplicación al caso el plazo de prescripción de un (1) año establecido en el art. 58 LS, pero computado desde que la obligación se hacía exigible, esto es, desde el vencimiento de cada cuota. Afirmó así la anterior sentenciante que los importes reclamados eran independientes entre sí y que, por lo tanto, se adeudaban desde el comienzo de cada período de cobertura.

Concluyó entonces a partir de todo ello la a quo en que, teniendo en consideración lo informado por el perito contador a fs. 585/6, en punto a que las pólizas eran refacturadas "trimestralmente" por cada período de vigencia por adelantado y, toda vez que desde que cada uno de esos períodos se había tornado exigible, o sea, desde el vencimiento de cada cuota hasta la fecha de interposición de la demanda había transcurrido el plazo establecido en el citado art. 58, correspondía hacer lugar al planteo de los coaccionados y por ende declarar operada la prescripción.

Ahora bien, como es sabido, no es pacífica la jurisprudencia de esta Cámara de Apelaciones en cuanto al modo en que debe computarse la prescripción en relación a la acción de cobro de primas en materia de seguros de caución en hipótesis como la de autos.

En efecto: de acuerdo con una primera línea jurisprudencial, a la que ha adherido esta Sala, la solución pasa por partir del hecho de que la norma aplicable es el art. 58, segunda parte, de la ley 17.418, porque en el seguro de caución, que es un contrato único por tiempo indeterminado, con una sola prestación a cargo del asegurador, la prima a pagar por el tomador es también única y, si bien debería pagarse y liquidarse al tiempo de la conclusión (celebración) del contrato, sólo por motivos operativos y financieros se la fracciona, liquida y paga periódicamente. Y puesto que tal fraccionamiento da lugar a sucesivas cuotas de una prima única, sin que existan varios períodos de cobertura a los que correspondan varias primas susceptibles de prescribir cada una individualmente, la solución debe ser, entonces, la de la norma indicada, que manda computar la prescripción anual a partir del vencimiento de la última cuota (cfr. esta CNCom. Sala A, 14.05.92, "Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. c. Cielmec S.A. s/ordinario"; íd. íd., 26.06.09, "in re" "Alba c. Compañía Austral..."; citados supra; en igual sentido, Sala B, 23.11.05, "Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. c. Te Ve Centro S.A. s/ordinario"; ídem, 08.03.05, Sala D (integrada), "Cosena Cooperativa de Seguros Navieros Limitada c. Embotelladora Los Andes S.A.", LA LEY, 2005-C, 518).

En cambio, para otra corriente jurisprudencial, el punto de arranque de la prescripción se ubica en el momento en que comienza cada período de cobertura, puesto que no hay una única cobertura o contrato único sino tantos como períodos facturados. Según este último criterio jurisprudencial, en el seguro de caución cada período de cobertura es independiente y da lugar al devengamiento de una prima y, a medida que suceden cada uno de esos períodos, se originan nuevas primas, hasta el momento en que el asegurador es liberado de la obligación asumida. No cabe considerar que las primas así devengadas representan "cuotas" de una prima única, pues ello importaría sostener que existe una tal prima correspondiente a todo el plazo de vigencia del contrato, la que ciertamente no sería susceptible de ser fijada en razón de la indeterminación temporal que caracteriza a este tipo de contratos. Así las cosas, si no hay estipulación expresa de pago de la prima en cuotas, corresponde concluir que las sumas reclamadas por la aseguradora son independientes entre sí y que, en consecuencia, se adeudan al comenzar cada período de cobertura (art. 30, ley 17.418). De tal suerte que el término anual de prescripción para esta línea de pensamiento, debe computarse desde el momento de inicio de cada uno de esos períodos (cfr. CNCom. Sala C, 12.09.93, "La Holando Sudamericana Cía. de Seg. S.A. c. Fábrica de Equipos de Rayos X S.R.L. s/ordinario"; íd., misma Sala, 11.08.98, "Alba Cía. de Seguros S.A. c. Oschi S.A. y otro", LA LEY, 1998-F, 438; 06.07.99, "Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. c. Empresa Argentina de Construcciones S.A. s/ordinario"; íd., misma Sala, 13.05.03, "Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. c. González, Ricardo s/ordinario", LA LEY, 2004-A, 599; íd. Sala E, 12.05.03, "Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. c. Concor S.A.", LA LEY, 2003-F, 504 y JA 2004-I, pág. 409; íd., misma Sala, 23.06.06, "Cosena Coop. de Seg. Nav. Ltda. c. La Agrícola S.A. s/ordinario"; etc.).

Pues bien, descriptas del modo expuesto las distintas posturas existentes acerca de la materia, cabe recordar que esta Sala tiene ya criterio formado en el sentido de que, ya sea que se prevea desde un comienzo la duración de un plazo, o se lo vaya prorrogando con ajuste al mayor tiempo de ejecución de la obra, siempre se estará -respecto de cada póliza- en presencia de un mismo contrato, que obliga a la compañía de seguros a hacer efectivo al beneficiario el importe de la caución en caso de incumplimiento del "tomador-contratista", y a éste al pago de la prima que, como consecuencia, también es siempre única, a despecho de su fraccionamiento en cuotas (cfr. esta CNCom., esta Sala A, en una composición anterior, 08.03.96, "in re" "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c. Cielmec S.A.").

Desde esta óptica, si bien a partir de la emisión de las pólizas, las compañías aseguradoras acostumbran facturar sus primas por lapsos que no exceden de un año -pese a que los trabajos suelen insumir plazos mucho más prolongados- (véase que en el caso la refacturación de las primas era "trimestral" según peritación contable, a fs. 586 vta.), lo cierto es que, en consonancia con el tradicional principio que veda al intérprete distinguir donde la ley no lo hace, cabe encuadrar el supuesto de cada póliza implicada en el sub-judice, en el de "prima pagadera en cuotas" que contempla el art. 58, apartado segundo, LS, caso en el cual la prescripción comienza a correr -tal como se adelantó- a partir del vencimiento de la última de aquéllas. Lo contrario llevaría a homologar la injusticia de admitir que la prescripción corre mientras el asegurador mantiene vigente el contrato, con agravio del principio que enuncia la exposición de motivos de la ley (Capítulo XVI) y en cuyo mérito la vigencia del contrato de seguro debe valer como interruptivo de esa prescripción (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.06.09, "in re" "Alba c. Compañía Austral..." ya citado; ídem, 20.09.07, "in re" "Compañía Argentina de Seguros Anta S.A. c. Jaime Bernardo Coll S.A. s/ordinario", citados supra; ídem, Sala D, 21.04.75, "in re" "La Construcción S.A. Cía. Arg. de Seguros c. Silmar S.A."; véase asimismo Halperín, Isaac, "Seguros", 3º edición actualizada y ampliada por Nicolás H. Barbato, Ed. Depalma, Bs. As., 2001, pág. 1037; Bachiller Núñez, pág. 167).

No me pasa desapercibido que la cuestión materia del sub-examine relativa a cómo debe computarse el término anual de prescripción previsto en el art. 58 de la ley 17.418 en las acciones por cobro de primas en los seguros de caución estuvo sometida en algún momento a doctrina plenaria de la Cámara del fuero en relación a la causa "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c. Empresa Argentina de Construcciones S.A. y otros s/ordinario s/reconstrucción" (Expte. Nº 43.567/93). Sin embargo, a raíz de la iniciativa exteriorizada en aquella oportunidad por el entonces colega Dr. José Luis Monti, el Tribunal terminó reexaminando los extremos que dieron origen a la convocatoria a plenario en la mencionada causa, por considerar que en ese caso en particular no existía un interés jurídicamente tutelable -y el consecuente gravamen concreto- que sustentara el recurso de inaplicabilidad interpuesto en el marco de dicho proceso a partir del hecho de que, ya sea que el plazo de prescripción anual se hubiese computado desde el vencimiento del último de los períodos reclamados (-13.03.92- equiparado al criterio de la última cuota entendido por esta Sala) o desde el momento del inicio de cada período de cobertura en particular (postura de la Sala C), la acción del recurrente se hallaba igualmente prescripta, pues la demanda se había presentado el 19.10.93. Con base en ello, fue que se declaró -finalmente- inoficioso conocer en el recurso de inaplicabilidad de la ley oportunamente introducido, circunstancia esta última que obstó a que las divergencias jurisprudenciales en torno de este tema quedaran zanjadas a través de una doctrina plenaria que unificase los distintos criterios existentes en la materia (véase, al respecto, lo decidido por el Cuerpo en el Acuerdo celebrado por el Tribunal el 15.11.06, punto II).

En la especie, y de acuerdo a la postura tomada por esta Sala (esto es, la existencia de una prima única fraccionada en cuotas, cuyo cómputo de prescripción anual se efectúa a partir del vencimiento de la última cuota), es claro, pues, que la acción por cobro de primas derivada de los contratos de seguro de caución contratados se encontraba aun vigente a la fecha de interposición de la presente demanda (12.08.92), pues no había vencido -todavía- el lapso prescriptivo exigido por la normativa vigente en la materia.

Llegado a este punto, y establecido -entonces- que la acción de cobro de las primas reclamadas en la especie no se encontraba prescripta al momento de promoverse la demanda; toda vez que aun no había transcurrido el plazo de un (1) año previsto en el art. 58 de la ley 17.418 desde que venció la última cuota, corresponde pasar a analizar lo concerniente a la procedencia de esa acción respecto del tomador del seguro, o sea la codemandada "Giumac", para lo cual se tornará menester ingresar en el tratamiento: (a) primero, de las defensas planteadas por dicha codemandada a las que adhirieron otros coaccionados en orden a la subsistencia del contrato de seguro y su eventual extinción y la incidencia que ello pudiera tener en orden a una posible liberación de la compañía aseguradora y; (b) en segundo lugar, de la defensa esgrimida por los coaccionados fiadores respecto de la presunta caducidad de las fianzas oportunamente suscriptas por aquéllos. Veamos.

(4º) La procedencia de la acción contra el tomador del seguro. Lo relativo a la vigencia de la relación asegurativa y su incidencia en la posible liberación de la compañía aseguradora.

Sobre este punto la coaccionada "Giumac" sostuvo que en los hechos la relación asegurativa con la actora había perdido toda vigencia, habida cuenta que no obstante los esfuerzos efectuados por su parte a través de distintas presentaciones realizadas ante las correspondientes reparticiones públicas, no había sido posible obtener la rescisión de los respectivos contratos, ni mucho menos, los certificados finales de obra, añadiendo que tampoco habían sido restituidas las pólizas de seguro contratadas (véase, en tal sentido, fs. 164 vta. y 165), lo que le habría imposibilitado culminar -pese a los esfuerzos concretados- su vínculo contractual con la compañía aseguradora.

Ahora bien, como es sabido, usualmente las pólizas de los seguros de caución se emiten sin fecha de vencimiento, debiendo estarse -en general- a las resultas de la extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento garantizan.

Prueba de ello es que en el modelo de formulario de póliza de seguro de caución instituido mediante la Resolución General Nº 17.047 de la SSN se establece -como parte integrante de las condiciones particulares- la siguiente leyenda: "el presente seguro regirá desde la 0 hora del día ... de ......... de 19... hasta la extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre" (véanse en este sentido las copias de las pólizas anejadas a fs. 661, 664, 666, 668, 671, 673, 675, 677, 679, 681 y 687). Es decir, no se establece una fecha límite de vigencia del seguro, sino que, en su lugar, se coloca como dies a quo de la cobertura la de la extinción de las obligaciones del tomador objeto de cobertura, o sea una fecha indeterminada, atada a la liberación de sus obligaciones como locataria en el marco del contrato de obra pública celebrado con quien sería el beneficiario de ese seguro.

En ese marco, ¿cuándo es que debe considerarse exactamente extinguida la obligación del tomador? Obviamente la respuesta a este interrogante no puede ser unívoca pues si las obligaciones del asegurador subsisten hasta "la extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre", resulta ineludible concluir que la extensión de la garantía depende de la pendencia de las obligaciones cuyo cumplimiento garantiza el seguro de caución en cada caso, dependiendo por ende del tipo de relación jurídica que se garantiza y la índole de las obligaciones que a través de él asume el tomador la concreta vigencia y extensión de la relación asegurativa.

En el caso del contrato de obra pública, que es el que dio origen al aseguramiento de que se trata en autos, este último presupone la existencia de una relación contractual que vincula exclusivamente a la Administración Pública (o sea, el Estado), como locataria, y al cocontratante como locador de obra, en virtud de la cual este último ejecuta la obra y cobra el precio a la primera (cfr. Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", T. III-B, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994, pág. 539). Sabido es que el contrato de obra pública tiene por objeto la entrega por parte del contratista de un opus a la Administración y el pago por parte de esta última de un precio oportunamente cotizado al primero (cfr. Bonina, Nicolás, "Apuntes sobre la administración del contrato de obra pública", publicado en: Sup. Adm. 2008 - julio, 10-LA LEY 2008-D, 1105).

En ese marco, el contrato de obra pública, integrado en todos sus elementos, es un contrato administrativo dentro del cual se encuentra el seguro de caución, conformando un todo inseparable que participa de la naturaleza jurídica de aquel contrato principal.

De allí que se afirme que el contrato de obra pública es -en este tipo de contratación- el presupuesto necesario para el funcionamiento del seguro de caución en tanto origina el riesgo sobre el que recae el interés asegurable (cfr. C.Nac.Cont.Adm.Fed., Sala II, 21.12.93, "Dirección Gral. de Fabricaciones Militares c. Construcciones Grasso s/Contrato de Obra Pública"). Esta rama especial del derecho utiliza principios que le son propios, sin perjuicio de considerar también a las demás ramas del derecho como elementos auxiliares (cfr. Cám.deApel.Civ. y Com. de 2a Nominación de Santiago del Estero, 27.08.08, "Instituto Provincial de Vivienda Y Urbanismo c. Alba Compañía Argentina de Seguros S.A."). El objeto principal del seguro de caución es el de garantizar en favor de un tercero, el asegurado (Municipalidad de San Miguel de Tucumán y Dirección de Obras Sanitarias, en este caso), las consecuencias de los posibles incumplimientos del tomador ("Giumac", en este caso), vinculado con el beneficiario por una obligación anterior a la caución y de la cual ésta resulta accesoria.

Por su naturaleza jurídica, el seguro de caución es un contrato accesorio del principal (en el caso de obra pública), pues ha sido celebrado por el contratista con la compañía de seguros para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el primero en el contrato celebrado con el comitente de la obra. A fin de alcanzar ese aseguramiento, la compañía de seguros asume la responsabilidad de abonar una determinada suma de dinero en sustitución de la obligación incumplida por el contratista, de manera que esta garantía -que sigue siendo una especie del contrato de seguro- actúa en gran medida como una forma de fianza, reemplazando aquella prevista en la ley de obra pública (cfr. Cám.deApel.Civ. y Com. de 2a Nominación de Santiago del Estero, 27.08.08, "Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo c. Alba...", cit. supra).

Así las cosas, no debe pasarse por alto que, en principio, el tomador del seguro de caución que garantiza la correcta ejecución del contrato de obra pública queda obligado hasta tanto el Estado -en su rol de comitente de la obra pública- disponga "formalmente" la recepción definitiva de la obra, pues, sólo una vez producida ésta, podrá tener lugar -dentro del plazo especificado en la normativa pertinente- la devolución de la póliza al empresario tomador o, en su defecto, la emisión de una certificación mediante la cual el asegurado -además de dar cuenta de la extinción del interés asegurativo por el exacto cumplimiento del "contrato principal"- exprese su decisión de liberar de responsabilidad a la compañía aseguradora (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.06.09, "in re" "Alba c. Compañía Austral...", cit. supra).

Esto es, la responsabilidad del empresario de obra pública -a diferencia de lo que ocurre con la obra privada- no cesa con la ejecución ni con la entrega del opus, sino que se prolonga de acuerdo con las ordenanzas aplicables al caso (cfr. esta CNCom., Sala B, 12.08.91, "in re" "La Gremial Económica Cía. Argentina de Seguros S.A. c. Viggiano, Carlos A. y otra").

En este sentido, el art. 58 de la ley 5.060, de Obras Públicas de la Provincia de Tucumán (reproducido en su parte pertinente en el art. 76 de la ley 5.854 de la referida Provincia) -aplicable al sub-lite-, refiere que una vez "producida la recepción provisional o definitiva" de la obra (esto es, la entrega provisional o definitiva de lo construido por la empresa contratista) "se procederá, dentro del plazo de treinta (30) días, a hacer efectiva la devolución de las garantías" que correspondan.

La importancia de dicha disquisición radica en la circunstancia de que, en lo que al contrato de seguro de caución respecta, no basta que el tomador sea desobligado por el Estado contratante respecto de los compromisos asumidos en el contrato principal -hecho que tiene lugar, como se dijo, con la recepción definitiva de la obra-, sino que resulta también necesario que este último restituya al empresario ("Giumac S.R.L.") las pólizas de seguro ofrecidas en garantía (o documentos sucedáneos acreditativos del cese de responsabilidades, en el supuesto de que las pólizas se hubiesen extraviado), pues hasta entonces se mantiene inmutable la obligación de la aseguradora consistente en avalar el cumplimiento de las prestaciones objeto del interés asegurado (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.06.09, "in re" "Alba c. Compañía Austral...", cit. más arriba).

Conclusivamente, el seguro conserva su vigencia hasta tanto la compañía de seguros ("Alba") sea liberada de su responsabilidad conforme al régimen aplicable al caso, debiendo abonar el tomador ("Giumac S.R.L.") los premios por todo el período que se hubiese prolongado esa responsabilidad.

A ello cabe agregar que, en la órbita de la obra pública, no es suficiente con que desaparezca el riesgo -y con ello el interés asegurable- emergente del "contrato principal", ni el hecho de que el Estado dicte una resolución liberando a la compañía de seguros de su responsabilidad, sino que es menester además, que el empresario tomador comunique dicha circunstancia a la aseguradora (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.06.09, "in re" "Alba c. Compañía Austral...", cit. supra).

Al respecto, esta Sala ha sostenido que la obligación del asegurador de brindar la cobertura subsiste y sólo finaliza: a) mediante notificación fehaciente cursada por el proponente, de la extinción de su responsabilidad por causa de la desaparición del interés asegurado o, b) hasta el momento en que las pólizas le son reintegradas, pues recién en tal oportunidad dejan de gravitar sobre el patrimonio de la compañía el o los pasivos asegurados (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 31.03.09, mi voto, "in re" "Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. c. Oviedo...", cit. supra; ídem, 08.03.96, "in re" "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c. Cielmec S.A. ...", cit. supra; ídem, 12.04.02, "in re" "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c. Serlab S.R.L. y otros s/ordinario").

En caso contrario, esto es, si el tomador del seguro omite la información antedicha, el asegurador tiene derecho a la percepción del premio hasta tanto sea anoticiado del cese del riesgo o tome conocimiento fehaciente de tal circunstancia (cfr. Donati, A., "Trattato del Diritto delle Assicurazioni Private", Vol. II, Ed. GiuffrÞ, Milano, 1952, Nº 335, pág. 180; Stiglitz, Rubén - Stiglitz, Gabriel, "Derecho de Seguros", tomo I, 5º edición, LA LEY, Buenos Aires, 2008, pág. 293).

Lo manifestado halla sustento normativo en el art. 81, párr. 2º, LS, que enuncia: "...si el interés asegurado desaparece después del comienzo de la cobertura, el asegurador tiene derecho a percibir la prima, según las reglas del art. 41". De su lado, este último artículo fija la obligación del tomador del seguro de comunicar a la aseguradora lo concerniente a la modificación del estado del riesgo originariamente amparado.

De la interpretación armónica de ambos artículos (81, párr. 2º LS y 41 LS) surge que la situación obligacional del asegurador varía según que se haya comunicado o no la desaparición del interés asegurable, toda vez que si se efectuó dicha comunicación el asegurado debe solamente la prima proporcional al tiempo de vigencia transcurrido y si no se la efectuó, debe las facturaciones de la prima hasta el período en curso, inclusive (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.06.09, "in re" "Alba c. Compañía Austral...", cit. supra; en igual sentido, Sala D, 16.05.94, "in re" "La Construcción S.A. Cía. de Seguros c. Polielectric S.A.", RDCO 1994-076).

Tal hermenéutica se hace eco de una realidad, cual es la del carácter de partícipe activo de la aseguradora en este contrato de garantía, siendo necesario para el funcionamiento del sistema -y del contrato- que dicha entidad cuente con ciertas pautas para desarrollar su actividad en un marco de regularidad. Sobre este punto se ha señalado -acertadamente- que sin dicha información, el asegurador no estaría en condiciones de tener certeza de la cesación del riesgo, debiendo -por ende- mantenerse inmutable la vigencia de la cobertura (cfr. Corte Sup. Just. Tucumán, Sala Civ. y Penal, 11.03.05, "in re" "Instituto Provincial de Seguros Dr. Jaime Hernán Figueroa...", cit. supra).

A mayor abundamiento, entiendo conducente recordar que las compañías de seguros, por disposición de la Superintendencia de Seguros de la Nación, están obligadas a mantener las comúnmente denominadas "reservas técnicas". Por ello, la no devolución de las pólizas genera un incremento de dichas reservas, circunstancia que origina una reducción en la ecuación habida entre el capital computable y los riesgos que puede asumir la aseguradora. Lo manifestado trae como consecuencia que frente a la existencia de supuestos riesgos no puedan concretarse determinados contratos de seguro, lo que apareja -indirectamente- una pérdida de utilidad para la entidad aseguradora (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.06.09, "in re" "Alba c. Compañía Austral...", cit. supra).

Por lo tanto, el tomador debe adoptar las precauciones necesarias -es decir, solicitar el reintegro de las pólizas o de los pertinentes certificados, e informar y devolver tales instrumentos a la compañía de seguros- deviniendo aplicable, si así no lo hiciere, el viejo adagio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, que señala que nadie puede ir contra sus propios actos (esta CNCom., Sala B, 30.06.98, "in re" "Alba Cía. Argentina de Seguros c. Sildec S.A."; Corte Sup. Just. Tucumán, Sala Civ. y Penal, 11.03.05, "in re" "Instituto Provincial de Seguros Dr. Jaime Hernán Figueroa...", cit. supra).

Es por ello que el incumplimiento de la carga informativa de comunicar el cese de la responsabilidad del asegurador y la consiguiente inexistencia de interés asegurado, mantiene al tomador obligado, al hallarse vigente -hasta la verificación de dicho extremo- el seguro de caución.

Es a raíz de todo ello que esta Cámara ha considerado procedente -en coincidencia con avalada jurisprudencia- el cobro de facturaciones de primas correspondientes a diversos seguros de caución, en supuestos en los que el tomador no ha probado haber notificado a la compañía aseguradora la extinción de la responsabilidad y con ella la desaparición del interés asegurado, conforme al art. 81 LS (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.06.09, "in re" "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c. Compañía Austral...", cit. supra; en igual sentido, esta CNCom., Sala C, 22.04.77, "in re" "La Construcción S.A. Cía. de Seguros c. Cerquetti, Serafín"; entre muchos otros).

Lo hasta aquí apuntado adquiere relevancia a poco que se examine el informe suministrado por la "Dirección Provincial de Obras Sanitarias de la Provincia de Tucumán", del cual se extrae que las obras que a continuación se detallan fueron garantizadas por distintas pólizas contratadas con la actora, sin que -en ningún caso- se haya demostrado que se hubiese comunicado a la compañía aseguradora la cesación de la prestación de la garantía comprendida en el seguro:

a) "Obra de Desagüe de la Ciudad de Simoca": Si bien con relación a esta obra no se encuentran detalladas en la referida contestación de oficio cuales fueron las pólizas que garantizaron la ejecución de este contrato, lo cierto es que la recepción definitiva de la obra no pudo efectivizarse debido a la existencia de una obstrucción detectada en un tramo de la cañería involucrada; aclarándose que la contratista se comprometió a repararla durante el período de garantía, no obstante lo cual tuvo lugar la recepción provisoria de la obra en cuestión, dejándose constancia en el acta labrada, a tales efectos, las observaciones mencionadas (véase fs. 690), sin que se comunicara a la actora el fenecimiento de la cobertura.

b) "Obra de Provisión de agua potable a la Localidad de Bella Vista": A esta obra se destinaron las pólizas Nros. 12.671, 13.049, 13.398, 13.971, 14.591, 14.825, 15.195, 18.402, 20.172, 23.640, 26.245 y 16.489, sin que existan constancias en autos de que haya sido recepcionada en forma definitiva por el dueño de la obra. Lo único que surge del mencionado informe es que la falta de recepción de la obra obedeció a la paralización unilateral de los trabajos imputable a la contratista en el mes de diciembre de 1986; determinándose, a su vez, que la obra en cuestión alcanzaba un avance físico del 65,19 % (véase fs. 691).

De lo descripto con prelación es dable colegir que: i) tanto en la "Obra de Desagüe de la Ciudad de Simoca" como en la de "Obra de Provisión de agua potable a la Localidad de Bella Vista", la liberación de la aseguradora por parte del asegurado no se había producido aun al momento de introducirse la demanda en agosto de 1992; y ii) en relación a las restantes obras públicas descriptas en la certificación contable de fs. 544/84 nada fue informado al respecto, por lo que es dable presumir que se encontraban en esa misma situación en el sentido de que las obras no fueron finalizadas ni entregadas y que, por lo tanto, subsistiría la responsabilidad de la actora por los seguros de caución oportunamente otorgados al momento de promoverse la demanda, ya que en todo caso era carga de la tomadora demostrar lo contrario, según lo que exige el CPCC: 277.

En cualquier caso, tanto en uno u otro supuesto, lo cierto es que -sea respecto de las dos (2) obras mencionadas supra, sea respecto de las restantes obras por las que se emitieron las demás pólizas reclamadas en la causa-, no se probó que el tomador hubiese notificado a la aseguradora (en forma directa o a través del productor de seguros) la extinción de la responsabilidad de esta última y con ello, la desaparición del interés asegurado.

Es que -reitero- en el contrato de caución la desaparición del interés asegurado no provoca la automática disolución de la relación "tomador-aseguradora", sino que por el contrario, este hecho hace nacer en el tomador una obligación de informar el evento a la compañía de seguros para que, luego de cumplida esta carga informativa, se den por extinguidas las obligaciones entre ambos (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.06.09, "in re" "Alba c. Compañía Austral...", cit. más arriba; ídem, Corte Sup. Just. Tucumán, Sala Civ. y Penal, 11.03.05, "in re" "Instituto Provincial de Seguros Dr. Jaime Hernán Figueroa...", cit. supra). Hasta que ello acontezca, cabe concluir en que el tomador del seguro de caución queda obligado al pago de la totalidad de los períodos facturados en concepto de prima (cfr. Isarailevich, Jorgelina, "Algo más sobre la fianza arropada como seguro de caución", Revista del Derecho Comercial, Ed. Lexis Nexis, año 38, Buenos Aires, 2005, pág. 908).

En nada muta lo aquí expuesto el hecho de que el contrato de seguro de caución sea un contrato accesorio a los contratos de obra pública calificados como "contratos principales".

Ello así pues la accesoriedad a la que se ve "atado" el seguro de caución no abarca íntegramente al contrato, sino que se relaciona con la garantía para la que se realizó y que -tal como se afirmara previamente- representa el fin de esa figura. Por ende, si bien el perfeccionamiento de la garantía se halla condicionado a la suerte del cumplimiento de las prestaciones comprometidas en el contrato base, tal circunstancia de modo alguno permite inferir que la culminación de este último habrá de afectar automáticamente la vigencia del contrato de seguro, el cual rige en forma directa la relación entre tomador y aseguradora, que -como en todo seguro- es autónoma de la vinculación habida entre las partes en el contrato principal (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.06.09, "in re" "Alba c. Compañía Austral...", cit. supra).

En ese marco, cabe traer a colación que el contrato de seguro presupone la celebración del "contrato base" (en este caso, contratos de obra pública) donde se encuentran pactados los derechos y obligaciones del contratista y de la Administración. Pero ello tampoco implica -por lo ya dicho- que el contrato de seguro pase a ser accesorio del contrato administrativo en lo que a su vigencia concierne (cfr. en sentido análogo, Corte Sup. Just. Tucumán, Sala Civ. y Penal, 11.03.05, "in re" "Instituto Provincial de Seguros Dr. Jaime Hernán Figueroa...", cit. supra).

De lo contrario, los artículos 81 y 41 LS citados, carecerían de sentido, puesto que la desaparición del interés asegurable tornaría inexistente el contrato de seguro y, por lo tanto, la obligación del tomador de comunicar a la aseguradora la liberación efectuada por el asegurado. Ello significaría tanto como desnaturalizar la intención del legislador de imponer a los seguros de caución la aplicación de la normativa de la ley de seguros, que gobierna la relación entre tomador y aseguradora. Normativa que -vale reiterarlo- no afecta de ninguna manera la naturaleza de garantía para la que fue instituido el seguro que nos ocupa (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.06.09, "in re" "Alba c. Compañía Austral...", cit. precedentemente).

Así las cosas, habiéndose concluido que la tomadora "Giumac" no cumplió con la obligación de notificar a la compañía de seguros demandante la liberación de su responsabilidad por desaparición del interés asegurado, cuadra pasar a considerar las consecuencias que de tal circunstancia se derivan en orden al cumplimiento de las obligaciones que en autos se reclaman como insatisfechas en concepto de primas adeudadas.

Primeramente, cabe destacar que "Giumac" no probó haber efectuado pago alguno en concepto de primas correspondientes a las pólizas objeto del litigio. Más aun, de la peritación contable producida sobre los libros de comercio de la aseguradora -llevados en legal forma- emerge que no fue registrado pago alguno de tales primas (v. fs. 586 vta.), no habiendo tampoco la primera presentado asientos en contrario hechos en libros arreglados a derecho u otra prueba plena o concluyente (arg. art. 63 del Cód. de Comercio).

En razón de ello, la tomadora del seguro se encuentra obligada a abonar a la contraria los premios emergentes de las pólizas involucradas, conforme surge de las certificaciones contables acompañadas con el dictamen pericial (cuya autenticidad no fue desconocida en forma categórica por los coaccionados; v. fs. 544/84); es decir, tanto las primas devengadas por el aseguramiento de los dos (2) "contratos principales" enunciados más arriba ("Obra de Desagüe de la Ciudad de Simoca" y "Obra de Provisión de agua potable a la Localidad de Bella Vista"), así como aquellos conexos a las restantes obras (individualizadas en la nómina agregada con la pericia), al no haber cumplido "Giumac" con la obligación de informar la liberación de responsabilidad de la aseguradora por el asegurado.

Alcanzada esta conclusión, cabe pasar a examinar ahora la situación de los codemandados fiadores quienes adujeron como defensa, más allá de la precedentemente considerada, la relativa a la caducidad de las fianzas oportunamente constituidas por aquéllos. A ello nos abocaremos en el apartado subsiguiente.

(5º) La cuestión relativa a la caducidad de las fianzas.

En torno a esta cuestión, los codemandados fiadores sostuvieron que, según se desprendía de los contratos de fianza, estas últimas tenían una duración de diez (10) años; razón por la cual, a la fecha de interposición de la demanda -12.08.92-, tales garantías -constituidas el 30.11.81- ya se habían extinguido, al haber transcurrido el plazo convencional establecido (véanse fs. 125, 228 y vta., 276 y vta.).

Adelanto que este planteo no habrá de tener favorable acogida por lo menos no en la extensión que se pretende, por las razones que seguidamente se expondrán.

En autos los codemandados se constituyeron en fiadores solidarios, llanos y principales pagadores de todas las obligaciones -cualquiera fuese su causa o naturaleza y sin excepción alguna-, contraídas o que contrajese "Giumac" en su carácter de deudora principal a favor de "Alba", renunciando a los beneficios de excusión, división e interpelación previa al deudor principal; conforme se extrae de los contratos de fianza cuyas copias obran a fs. 26/8.

En los referidos contratos de fianza se pactó expresamente que la responsabilidad de los fiadores alcanzaba a todo importe que "Alba" tuviese que pagar como consecuencia de cualquier siniestro ocasionado por incumplimiento de las obligaciones asumidas por la firma afianzada durante diez (10) años, como así también, a toda suma que ésta llegase a adeudarle en concepto de premios, por renovaciones totales y/o parciales de las obligaciones y operaciones que motivaron el pedido de pólizas, por intereses sellados, costos y costas que se hayan originado en hechos relacionados con el mentado afianzamiento.

Es dable señalar que, como toda garantía personal, la fianza constituye una obligación accesoria y subsidiaria de la obligación que garantiza, y en tal carácter, resulta de decisiva importancia tener presente que la obligación asumida por el fiador frente al acreedor lo constituye no sólo en responsable, como en el caso de las garantías reales (vgr. prenda o hipoteca), sino en deudor, pues contrae una obligación, que, aunque accesoria, es personal, y lo coloca en estado de sujeción frente a aquél, con la consiguiente necesidad de observancia que, en caso de no ser satisfecha, afecta a su patrimonio (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 31.03.09, "in re" "Alba Cía. Argentina de Seguros S.A. c. Oviedo, Hugo y otros", cit. supra).

Una de las características relevantes de la fianza es la coincidencia temporal con la obligación principal, esto es, que ambas se lleven a cabo coetáneamente, tanto así, que en algunos casos se otorga primero la fianza, ad referéndum de la concreción del negocio principal (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 26.06.09, "in re" "Alba c. Compañía Austral...", cit. supra; en igual sentido, Fernández, Raymundo L. y Gómez Leo, Osvaldo R., "Tratado Teórico - Práctico de Derecho Comercial", T. III-B, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1991, pág. 9).

Síguese de lo anterior que, dada la accesoriedad existente en este tipo de convenciones, tales fianzas indefectiblemente garantizan todas las obligaciones contraídas o que contrajese la obligada principal -"Giumac"- durante el período previsto en los respectivos contratos de fianza; es decir, durante los diez (10) años precedentemente aludidos.

Bajo tales parámetros, y teniendo en consideración que las pólizas de seguros de caución detalladas en el listado acompañado por el perito contador a fs. 544/84 aparecen como "vigentes" es obvio que también lo estaban las fianzas, constituidas -ciertamente- en garantía de las obligaciones principales que afianzaron (se reitera, sólo las generadas entre 02.04.82 -fecha de inicio de vigencia de la primera póliza- y 12.08.92 -fecha de interposición de la demanda-) y que le dieron origen, razón por la cual los codemandados fiadores deben también responder -solidariamente- por los pagos a los que fuera condenada "Giumac", y en la medida de dicha condena, correspondiendo excluir únicamente de esa responsabilidad accesoria aquellas obligaciones generadas a partir del 30.11.91 ya que en esa fecha se produjo el vencimiento del plazo de los diez (10) años de vigencia de la garantía oportunamente consagrada en los distintos contratos de fianza, celebrados conforme surge de fs. 26/8, el 30.11.81.

En esa inteligencia, y dada la eficacia de las obligaciones principales, así como la de aquellas que garantizaron sus cumplimientos, corresponde desestimar las defensas invocadas por los coaccionados fiadores en lo que a este punto concierne en la medida indicada precedentemente.

Finalmente, una consideración adicional respecto de la excepción de falta de acción deducida únicamente por el codemandado Rolando Oscar Giuliano. Esta última fue fundada en la circunstancia de que la actora habría reconocido que gran parte de los créditos habían sido cedidos al "Inder". Advierto, sin embargo, que -en el caso- tal planteo no puede prosperar, toda vez que el deudor nunca fue notificado de los alcances de dicha cesión, ni hubo aceptación expresa de su parte al respecto (o al menos, nada de ello fue acreditado en la especie), no habiéndose producido -por ende- la transmisión de la propiedad del crédito, cuyo cobro ahora se pretende (cfr. arg. art. 1459 Cód. Civil). A ello se suma que no fueron acompañados a autos los respectivos contratos de cesión; razón por la cual, y al no haber sido identificadas las pólizas supuestamente cedidas (que, a todo evento, pudieron -incluso- ser otras distintas a las reclamadas en la presente litis), no cabe sino rechazar esta concreta defensa planteada por el codemandado precedentemente aludido.

(6º) Los términos de la condena.

Llegado a este punto del análisis, habiéndose definido, en primer término, que no prosperó la excepción de prescripción planteada por los coaccionados, y en segundo lugar, que también se hallaban vigentes las pólizas de seguro de caución cuyo cobro se reclama en la especie, así como también, finalmente, que no operó la caducidad de las fianzas por el transcurso de los diez (10) años previstas en ellas como extensión temporal de la garantía sino sólo en la medida indicada en el apartado anterior, con lo que los fiadores codemandados deben responder también en forma conjunta y solidaria junto a la obligada principal por la deuda devengada por el período también indicado en el considerando anterior, cuadra concluir, pues, en que corresponde acoger el recurso de la parte actora, revocar la sentencia de la anterior instancia en cuanto receptó la defensa de prescripción opuesta por "Giumac" y los restantes coaccionados, disponiéndose el rechazo de esa excepción previa.

Como consecuencia de ello, y paralelamente con dicha solución, corresponderá también, por las razones estipuladas en los considerandos 4º y 5º, hacer lugar a la demanda incoada en autos, condenándose a todos los codemandados (en el caso de los fiadores, sólo en la medida indicada supra 5) a abonar a la accionante el capital de las primas pendientes de pago, para lo cual cabe tomar en consideración el período comprendido en el listado presentado por el perito contador respecto de las pólizas que se encontrasen vigentes conforme la nómina obrante a fs. 544/84 y siempre que éstas coincidiesen con las reclamadas en el escrito de inicio (que delimita el quid petitum de la pretensión), debiendo -por ende- ser detraídos del cálculo del capital de condena aquellas que tuviesen su causa en pólizas no incluidas en la demanda (véase que el perito menciona pólizas emitidas con posterioridad al 12.08.92 -fecha de interposición de la demanda-, que constituye un límite a las emisiones ulteriores), como así también, las que, según el listado de fs. 544/84 hubiesen sido "dadas de baja".

En cuanto a los "accesorios" a devengarse sobre el capital que se determine de acuerdo a las pautas precedentemente indicadas, corresponde reconocer sobre el capital de las primas adeudadas, los siguientes:

(a) Respecto de las pólizas emitidas con anterioridad al 01.04.91, habrá de aplicarse el reajuste por desvalorización monetaria conforme al Indice de Precios Mayoristas - Nivel General, con más una tasa de interés pura del 6% anual durante el período comprendido entre la fecha de su exigibilidad y el 01.04.91, fecha de entrada en vigencia de la ley de convertibilidad, que vedó cualquier tipo de actualización monetaria. A partir de dicha fecha y hasta su efectivo pago, se reconocerá entonces solamente un interés a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta (30) días (C.N.Com. en pleno, 27.10.94, "in re" "S.A. La Razón s/quiebra s/incidente de pago de los profesionales"), sin capitalizar (cfr. doctrina plenaria del fuero 25.08.03, "in re" "Calle Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/revisión de plenario", JA 2003-IV-567) y a su vez, por otro lado;

(b) En relación a las pólizas emitidas en el período comprendido entre el 01.04.91 y el 12.08.92 (fecha de interposición de la demanda), habrá de aplicarse únicamente un interés a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta (30) días, no capitalizables, desde la fecha de su exigibilidad y hasta su efectivo pago, en virtud de las doctrinas plenarias referidas supra.

(7º) Régimen de costas del proceso.

Habida cuenta que lo hasta aquí expuesto determina la revocación de la sentencia de grado, tal circunstancia impone -más allá de los agravios de las partes- adecuar la distribución de costas efectuada en la anterior instancia, debiendo este Tribunal expedirse nuevamente sobre este particular, en orden a lo previsto por el art. 279 CPCC.

Pues bien, sabido es que en nuestro sistema procesal los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél. Ello así, en la medida que las costas son en nuestro régimen procesal corolario del vencimiento (arts. 68, 69 y 558 CPCC) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.

La Corte Suprema ha resuelto en reiteradas oportunidades que el art. 68 CPCC consagra el principio del vencimiento como rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: de modo que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (CSJN, Fallos, 312:889, entre muchos otros).

Es cierto que ésa es la regla general y que la ley también faculta al Juez a eximir de las costas al vencido, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss. CPCC). Pero ello, esto es, la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso-, sólo procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (cfr. Colombo, Carlos - Kiper, Claudio, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº I, pág. 491).

Pues bien, ponderando todos estos parámetros, se aprecia que no existen motivos en autos para efectuar un apartamiento del principio general establecido en esta materia, por lo que, teniendo en consideración el resultado de la controversia, no puede sino concluirse que las costas del proceso -tanto en lo que se refiere a la excepción de prescripción como en lo atinente a la acción de fondo- deben ser afrontadas por los demandados, dada su condición de vencidos en tales aspectos de la contienda; solución -ésta- que cabe hacer extensiva también a las devengadas en la Alzada, por análogas razones (art. 68 y 279 del CPCC).

V. El veredicto.

Por todo lo hasta aquí expuesto, propongo -pues- al Acuerdo:

1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y, como consecuencia de ello, revocar la sentencia apelada en todo cuanto decide;

2) Rechazar la excepción de prescripción opuesta por los codemandados "Giumac S.R.L.", Oscar Luis Macías, Ana Eugenia Spector de Macías, Rolando Oscar Giuliano, María Teresa del Valle Apud de Giuliano, Francisco Guido Macías y Ana María García de Macías con costas a cargo de estos últimos;

3) Hacer lugar a la demanda incoada por la actora y condenar -por ende- a todos esos codemandados a desembolsar a favor de la primera -"Alba Cía. Arg. de Seg. S.A."- (en cuanto a los coaccionados fiadores sólo en la medida indicada en el considerando IV 5) el capital representativo de las primas devengadas durante el período comprendido en las certificaciones contables detalladas a fs. 544/84, con más sus respectivos intereses a calcularse de acuerdo con las pautas explicitadas en el considerando IV, apartado 6º;

4) Imponer las costas en ambas instancias a cargo de los coaccionados, con los alcances y por los fundamentos especificados en el considerando IV, apartado 7º (CPCC: 279 y 68).

Así voto.

Por análogas razones, las doctoras Uzal y Míguez adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó este Acuerdo.

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y, como consecuencia de ello, revocar la sentencia apelada en todo cuanto decide;

2) Rechazar la excepción de prescripción opuesta por los codemandados "Giumac S.R.L.", Oscar Luis Macías, Ana Eugenia Spector de Macías, Rolando Oscar Giuliano, María Teresa del Valle Apud de Giuliano, Francisco Guido Macías y Ana María García de Macías con costas a cargo de estos últimos;

3) Hacer lugar a la demanda incoada por la actora y condenar -por ende- a todos esos codemandados a desembolsar a favor de la primera -"Alba Cía. Arg. de Seg. S.A."- (en cuanto a los coaccionados fiadores sólo en la medida indicada en el considerando IV 5) el capital representativo de las primas devengadas durante el período comprendido en las certificaciones contables detalladas a fs. 544/84, con más sus respectivos intereses a calcularse de acuerdo con las pautas explicitadas en el considerando IV, apartado 6º;

4) Imponer las costas en ambas instancias a cargo de los coaccionados, con los alcances y por los fundamentos especificados en el considerando IV, apartado 7º (CPCC: 279 y 68).

5) En cuanto a los recursos de apelación de materia arancelaria (v. fs. 943 y 947), atento lo dispuesto precedentemente en materia de costas y dado que conforme lo normado por el art. 279 del Cód. Procesal incumbe a este Tribunal la fijación de los respectivos estipendios, déjase sin efecto la regulación de fs. 938/9, y hácese saber que los emolumentos serán regulados una vez que exista base patrimonial cierta para así proceder. -Alfredo Arturo Kölliker Frers. -Isabel Míguez. -María Elsa Uzal.