Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-21


(Registro: Tomo 174: 573/582) Salta, 21 de marzo de 2013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "GERENDO'S S.A. VS. DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. Nº CJS 35.332/12), y CONSIDERANDO:

1º) Que contra la sentencia de fs. 48/50 que rechazó el recurso de apelación deducido por la actora contra la resolución de la Dirección General de Rentas que le impuso la sanción de clausura por dos días de su local comercial, aquella interpuso recurso de casación a fs. 52/56, el que fue calificado por el juez de grado como recurso de inconstitucionalidad (fs. 57 y vta.) con arreglo al precedente de esta Corte registrado en Tomo 140:7.

Para resolver como lo hizo, aquel consideró que frente al incumplimiento de la firma actora en la presentación de los informes, declaraciones juradas y documentación a que hace referencia el art. 51 inc. f) del Código Fiscal y que fueran requeridos por la Dirección General de Rentas en tres oportunidades (06/02/08, 23/04/08 y 28/05/08), relativos al mismo período fiscal y a los tributos y obligaciones mencionadas en las actas de fs. 14, 15 y 16, se halla cumplido el primer requisito formal que hace procedente la sanción prevista en la citada normativa. Resalta que la omisión incurrida por la parte actora no tienen fundamento jurídico alguno ni justificativo que estuviere probado.

Por lo demás, analizó que la sanción aplicada resulta ajustada a derecho y razonable. En tal sentido, expresó que no participa de la llamada "teoría de la insignificancia" o de los "delitos de poca monta" porque se consagró la afectación al bien jurídico protegido.

A fs. 52/56 sostiene el recurrente que la sentencia contiene graves inconsistencias porque si bien se reconoce que su parte está exenta de presentar la declaración jurada del impuesto a las actividades económicas confirma la sanción invocando la falta de presentación de las constancias de retención en la fuente de aquel impuesto.

Expresa que la falta de discriminación de los períodos objeto de los requerimientos de la documental en cuestión le provoca un estado de indefensión por cuanto le impide saber de manera exacta cuáles son las constancias que debe presentar.

Arguye que la sanción aplicada resulta desproporcionada en atención a la falta de acreditación de culpa, elemento subjetivo en el incumplimiento de los deberes formales.

Resalta que los tragamonedas que funcionan en el local de Gerendo's se encuentran tercerizados a la firma Video Drome S.A., por lo que resulta improcedente imponerle la obligación de presentar declaraciones juradas o comprobantes de pago de los tributos que gravan aquella actividad. Aclara que su actividad se reduce a agencia de tómbola.

A fs. 62, con arreglo al art. 36 de la ley 7716, se deja sin efecto el despacho ordenado a fs. 61 y se pone el expediente a la oficina por el término de 10 días.

A fs. 64/65 se pronuncia el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1 por el rechazo del recurso de inconstitucionalidad de acuerdo a los argumentos que allí explicita.

2º) Que corresponde determinar si lo decidido importa un tratamiento inadecuado y dogmático del planteamiento propuesto con menoscabo de los derechos constitucionales invocados, no obstante referirse a cuestiones de naturaleza fáctica y procesal (CSJN, Fallos, 310:1638).

3º) Que en la especie, conforme surge de las actas de constancia labradas por los funcionarios actuantes de la Dirección General de Rentas agregadas en autos, se comprueba que las actuaciones se iniciaron con el requerimiento de fecha 17/03/05 practicado en el domicilio de la contribuyente con el objeto de verificar si el contribuyente dio cumplimiento a los impuestos cuya recaudación está a cargo de la DGR, oportunidad en la que se le solicitó la presentación de la documentación referida a los períodos 04/2003 a 07/2005; el 06/02/08 se diligenció ampliación y/o reiteración de requerimientos por los períodos 08/2005 a 12/2007.

De las actas de fechas 23/04/08, 28/05/08 y 25/06/08 (fs. 15, 16 y 17) la actora fue emplazada para la presentación de la documentación relativa a libros de contabilidad o en su defecto anotaciones simples, balances, inventarios, cuadros demostrativos, planillas, resúmenes bancarios, comprobantes y toda otra documentación pertinente a fin de poder evaluar el movimiento económico de la firma, DDJJ y comprobante de pagos del Impuesto a las Actividades Económicas, DDJJ Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado y por tasa de actividades diversas, registros, recibos de sueldos, jornales u otras remuneraciones análogas y DDJJ mensuales de Aportes Provisionales y cartera de documentos y contrato de locación (ver fs. 14). Asimismo, fue citada para que comparezca a la pertinente audiencia de descargo fijada para el día 03/07/08.

En tal contexto, la firma actora tuvo oportunidad de ejercitar su derecho de defensa en la referida audiencia (fs. 20/21) y el seis de agosto de 2008 el Director General de Rentas dictó la resolución nº 2/08 que dispuso la clausura por dos días consecutivos del local de su propiedad por no haber dado cumplimiento en los plazos acordados a los deberes formales en cuestión con arreglo al art. 51 inc. f) del Código Fiscal.

4º) Que la citada disposición, incorporada al Código Fiscal por ley 7200, establece, en lo que aquí interesa, que "serán sancionados con clausura de uno (1) a cinco (5) días de sus establecimientos comerciales, industriales o de servicios, los contribuyentes o responsables que incurran en algunos de los hechos u omisiones que a continuación se configuran, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones previstas en este Código: ... f) cuando ante tres (3) pedidos de informes y/o requerimientos, en el mismo período fiscal, por parte de la Dirección y por igual tributo objeto del requerimiento o pedido, para que suministre información y/o documentación propia o de terceros, o que presente declaraciones juradas, no lo hiciere dentro del término establecido, sin causa justificada, o lo hiciere de manera incompleta...".

5º) Que como lo ha destacado la Corte Suprema Nacional, constituye carga procesal del recurrente demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional (Fallos, 300:443; 301:116; 303:2012; 306:947), extremo que no se satisface con la simple alegación de que el fallo cuestionado lesiona determinadas garantías de la Constitución, si el apelante no precisa ni demuestra en concreto cómo se ha operado efectivamente tal violación en la sentencia (cfr. esta Corte, Tomo 66:389; 67:585; 72:363).

6º) Que si bien en cuestiones de índole sancionatoria la Corte Federal ha consagrado el criterio de personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien es culpable, es decir aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida objetiva como subjetivamente (Fallos, 271:297), en el caso, de cara al reconocimiento efectuado por la propia actora en cuanto existió un incumplimiento a los requerimientos de información, la irrazonabilidad alegada con relación a la sanción aplicada, luce vacua e incapaz de controvertir las consideraciones efectuadas por el juez "a quo" respecto del bien jurídico que se pretende resguardar, esto es, la renta fiscal.

Al respecto, la Corte Suprema de la Nación en el fallo "Mickey" (Fallos, 307:2262) -citado por el recurrente- resolvió que la sanción de clausura es constitucional.

Para arribar a esta decisión el más Alto Tribunal consideró que "en orden a la supuesta afectación que de los derechos tutelados en los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional se atribuye a la clausura del establecimiento procede señalar que la Carta Magna no consagra derechos absolutos, de modo tal que los derechos y garantías que allí se reconocen, se ejercen con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que siendo razonables, no son susceptibles de impugnación constitucional. Consecuentemente, resulta incuestionable la facultad concedida al legislador de establecer los requisitos a los que debe ajustarse una determinada actividad".

Agregó a continuación un análisis de la finalidad perseguida con la imposición de este tipo de sanciones: "la ley fiscal no persigue como única finalidad la recaudación fiscal sino que se inscribe en un marco jurídico general, de amplio y reconocido contenido social, en el que la sujeción de los particulares a los reglamentos fiscales constituye el núcleo sobre el que gira todo el sistema económico y de circulación de bienes.

La tan mentada equidad tributaria se tornaría ilusoria de no mediar, al menos, el cumplimiento de los deberes formales establecidos en cabeza de quienes tengan responsabilidad impositiva.

Precisamente, resulta un hecho notorio la situación en que se encuentran aquellos que en el ejercicio de sus actividades cumplen con los recaudados que las leyes y reglamentos les imponen, frente a otros que operan en los circuitos económicos informales y de creciente marginalidad".

De esta forma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que la sanción de clausura no aparece como irrazonable frente al bien jurídico protegido por la norma: el circuito de producción de bienes y servicios, y como consecuencia de su falta de control, la renta fiscal.

La afectación del bien jurídico protegido es lo que legitima el poder punitivo de la Administración para aplicar una sanción al contribuyente que infringe la ley.

7º) Que siendo ello así, no se advierte la vulneración de los derechos constitucionales invocados al confirmar la sentencia impugnada lo dispuesto por la Dirección General de Rentas acorde a lo previsto en la normativa de referencia.

Por último es menester puntualizar, que la tacha de arbitrariedad no procede si, como en la especie, no media un manifiesto apartamiento de la solución normativa prevista para el caso, o de la prueba producida, o una evidente falta de fundamentación.

Por lo que, fuera de tales supuestos, no corresponde a esta Corte conocer de un pronunciamiento dictado por los jueces de la causa en ejercicio de funciones que, en principio, les corresponde de manera exclusiva (cfr. esta Corte, Tomo 85:135).

8º) Que en definitiva, cuando el remedio intentado carece de fundamentación suficiente en orden a un acabado y crítico análisis de la sentencia impugnada, al repetir los argumentos vertidos en oportunidad de la instancia apelativa, sin hacerse cargo de todos los fundamentos en que se sustentan las conclusiones del juez en grado inferior, ello revela una mera discrepancia con lo decidido y atenta, por defecto, contra la correcta deducción del recurso, que requiere siempre la crítica concreta y completa de la sentencia impugnada (esta Corte, Tomo 67:23).

9º) Que por lo demás, frente al innegable carácter represivo de la clausura (CSJN, Fallos, 321:1043), cabe concluir que constituye una medida de naturaleza estrictamente penal.

En consecuencia, debe comprobarse la plena vigencia de las garantías que rodean a los procesos destinados a la punición. Como se ha señalado, en autos, la firma actora ha visto resguardado el derecho al debido proceso y defensa en juicio, al ejercitar las vías recursivas que le otorgan las normas de rito.

10) Que en definitiva, la finalidad de la clausura en el derecho tributario es proteger la renta fiscal y la igualdad ante la ley; ya que con su aplicación se intenta crear un sistema equilibrado de apercibimiento y estímulos legales tendientes a inducir un cambio en los hábitos de conducta de un gran número de contribuyentes evasores o simplemente remisos en el cumplimiento de sus obligaciones y por otro lado el circuito de producción de bienes y servicios.

El objetivo final o mediato es lograr el cumplimiento voluntario de la obligación tributaria. El objetivo inmediato es concebir una estructura que afecte directamente la posibilidad de no cumplir, mediante un sistema de riesgo para el evasor.

11) Que por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por la actora, con costas por aplicación del principio objetivo de la derrota.

Por ello, LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 52/56 y, en su mérito, confirmar la sentencia de fs. 48/50. Con costas.

II. MANDAR que se registre y notifique.