Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-03-12


2º instancia. - La Plata, marzo 12 de 2008.

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? A la cuestión planteada, el doctor Pettigiani dijo:

I. El tribunal del trabajo declaró de oficio la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, 46 y 49 -disposición adicional 3º- de la ley 24.557 (fs. 34/44 vta.) en las presentes actuaciones, promovidas el 3-III-1997 (cargo de fs. 11) por Silvio Ramón Retamar contra la Provincia de Buenos Aires por las que persigue indemnización por la incapacidad padecida con motivo del accidente que denuncia como ocurrido el 6-VI-1996, con sustento en la ley 24.028, manifestando haber tomado conocimiento de su minusvalía en oportunidad de que se le asignaran tareas "aliviadas" (sic fs. 7).

II. La legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 48/53 vta.), el que, en mi opinión, debe prosperar.

Ello así ya que, de conformidad con las alegaciones contenidas en los escritos constitutivos de la traba de la litis y el régimen legal aplicable pretendido por el legitimado activo, determinan la suerte adversa del reclamo.

Efectivamente, en el escrito introductorio de la instancia de fs. 5/11, el accionante reclama indemnización por la incapacidad que le habría ocasionado un accidente de trabajo, que denunció como ocurrido el 6 de junio de 1996 -ver fs. 5 vta.-, alegando haber tomado conocimiento de la minusvalía en oportunidad de asignársele tareas "aliviadas" (sic fs. 7).

En relación a esta última afirmación, la Fiscalía provincial señaló que tal circunstancia ocurrió el 12-XI-1996 (v. fs. 23). Lo cual fue rectificado por el legitimado activo en oportunidad de replicar la contestación de demanda, señalando que ello había sucedido en realidad, en agosto de dicho año (fs. 32 vta.).

Ahora bien, dado que en la fecha que se denuncia como de toma de conocimiento de la incapacidad generada por el accidente, ya no se encontraba vigente la ley 24.028, en virtud de que había sido derogada por el art. 49 disposición final tercera, apartado tercero de la ley 24.557, legislación esta última plenamente vigente desde el 1-VII-1996, se impone la solución propuesta.

Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Gorosito, Juan R. c. Riva S.A. y otros", sent. del 1-II-2002, resolvió que la impugnación de inconstitucionalidad -en el caso, la del art. 39 inc. 1º, Ley de Riesgos del Trabajo 24.557- es improcedente si se persigue la aplicación de un régimen normativo derogado, a menos que bajo su vigencia se hayan cumplido los actos, condiciones sustanciales y requisitos formales para obtener la titularidad del derecho invocado; circunstancia esta no acreditada en la especie. Más aún, el actor y el demandado asignan como fecha de toma de conocimiento de la dolencia que lo afectaba en agosto y noviembre de 1996 respectivamente (fs. 23 y 32 vta.) siendo que a aquellas fechas resultaban plenamente operativas las disposiciones de la ley 24.557, dado que así lo es desde el 1-VII-1996.

En virtud de lo señalado, se impone desechar in limine la demanda interpuesta por tales conceptos (arts. 336, C.P.C.C., 49 disposición final 3º, ap. 3, ley 24.557 y 499, Código Civil).

Tal propuesta decisoria se encuentra en concordancia con los lineamientos expuestos por este Tribunal -por mayoría- en los precedentes registrados como L. 78.850, "Vera" y L. 80.591, "Gómez", sents. ambas del 2-III-2005.

III. Por lo expuesto, corresponde rechazar la demanda promovida por Silvio Ramón Retamar contra la Provincia de Buenos Aires (arts. 336, C.P.C.C., 49 disposición final 3º, ap. 3, ley 24.557).

Costas de ambas instancias a la parte actora (arts. 19, ley 11.653 y 289, C.P.C.C.).

Voto pues por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el doctor de Lázzari dijo:

I. El actor promovió su demanda asegurando haber sufrido un accidente de trabajo que le ha traído una incapacidad que estima en el 50% de la total obrera. El hecho ocurrió el día 6 de junio de 1996, habiendo tomado conocimiento de la importancia de la minusvalía cuando le fueron asignadas tareas aliviadas (ver fs. 7). Funda su reclamo en lo normado por la ley 24.028, al tiempo que denuncia la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley 24.557 en cuanto -según afirma- pretenden ser retroactivas, en clara violación de lo dispuesto por los arts. 3 del Código Civil y 16, 17 y 18 de la Constitución nacional (ver fs. 9/10 vta.).

El Fisco provincial opuso, entre otras defensas y excepciones, la de incompetencia aduciendo que, según las constancias de ciertas actuaciones administrativas que acompaña, la toma de conocimiento de los males que afectan al actor ocurrió ya durante la vigencia de la ley 24.557, la cual indica que el fuero local es incompetente para entender en este tipo de juicio, el que debe ser tramitado ante la justicia federal.

El actor reconoció que es de aplicación la ley vigente a la fecha de la toma de conocimiento, pero sostuvo que esa toma de conocimiento ocurrió en la oportunidad que surge del mismo expediente administrativo traído por la demandada.

El tribunal interviniente, antes de abrir el juicio a prueba resolvió abordar la cuestión de su competencia. El magistrado que votara en primer término (y que luego concita la adhesión de sus colegas) sostuvo que aún de oficio (porque no se ha planteado la inconstitucionalidad de norma alguna, sic fs. 39) debe pronunciarse respecto de la validez de los arts. 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo y lo hace negativamente (con elaborados argumentos que hablan de la exclusión del acceso a la justicia en los casos de infortunios laborales), rechazando de esa manera la excepción de incompetencia, pero dejando claro que esto lo es "sin perjuicio de que en su caso y como cuestión de fondo deberá resolverse cuál es el derecho aplicable" (ver fs. 43 y vta.).

El recurso extraordinario deducido por la representante del Fisco provincial embate, en primer lugar, contra el orden en que fueron tratadas y resueltas las cuestiones que se propuso el tribunal laboral, para luego criticar la declaración oficiosa de inconstitucionalidad efectuada, a la que considera absolutamente contraria a la doctrina de esta Corte, y recién al final de la pieza formula una escueta defensa de la corrección de las normas cuya invalidez fuera declarada.

II. Discrepo con la propuesta del señor Juez doctor Pettigiani, puesto que -según entiendo- el recurso admite una procedencia parcial por las consideraciones que siguen.

II.1. Analizo, en primer lugar, lo referido a la posibilidad de declarar, de oficio, la inconstitucionalidad de una norma. Al respecto debo reiterar lo dicho en otras oportunidades (ver, por ejemplo, causas L. 72.258, sent. del 28-V-2003; L. 79.252, sent. del 23-XII-2003; L. 74.943, sent. del 22-X-2003; L. 72.336, sent. del 14-IV-2004; L. 80.156, sent. del 31-III-2004): El arduo debate en torno al control constitucional de oficio ha concluido a partir de la decisión de la Corte Suprema de la Nación recaída por mayoría en la causa "Mill de Pereyra Rita Aurora y otros c/ Provincia de Corrientes", del 27-IX-2001 ("La Ley", 2001-F-891), ratificada luego con el pronunciamiento formulado en la causa B. 1160 XXXVI "Rec. de Hecho. Banco Comercial de Finanzas S.A. " (sentencia del 19-VIII-2004). En efecto, tal como se desprende de dichos precedentes ha terminado prevaleciendo el criterio según el cual: a) La declaración oficiosa de inconstitucionalidad no implica un avasallamiento del Poder Judicial sobre los demás poderes, pues dicha tarea es de la esencia de aquél, siendo una de sus funciones específicas la de controlar la constitucionalidad de la actividad desarrollada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de mantener la supremacía de la Constitución. b) La presunción de validez de los actos estatales en general no se opone a la declaración de inconstitucionalidad de oficio toda vez que, en tanto mera presunción que es, cede cuando los actos estatales contrarían una norma de jerarquía superior. c) Finalmente, no cabe aducir quebrantamiento de la garantía de la defensa de la contraparte. El control de constitucionalidad constituye una cuestión de derecho que, en cuanto tal, puede ser resuelta por el juez mediante la facultad de suplir el derecho no invocado por las partes (iura novit curia). La aplicación de este principio incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución. (cfr. Guillermo López, "El control de constitucionalidad de oficio", "La Ley", supl. del 28-X-2002, pág. 1 y sgts.; Alberto Bianchi, "¿Se ha admitido finalmente el control constitucional de oficio?", en "La Ley", supl. del 5-XII-2001, pág. 6 sgts.; Claudio Gómez, "Control de constitucionalidad de oficio en la C.S.J.N.", "La Ley", supl. de Derecho Constitucional, 2-XII-2002, p. 24 y sgts.; Ana M. Bestard, "El caso Mill de Pereyra y la declaración de inconstitucionalidad de oficio", "La Ley", supl. de Derecho Constitucional, 30-XI-2001, p. 16 y sgts.).

A ello (que de por sí es suficiente para aventar la parte sustancial de los argumentos esgrimidos por la recurrente) cabe agregar que no se advierte tampoco violación a la lógica interna de la sentencia por el hecho de que se considere en primer lugar la constitucionalidad intrínseca de las normas y luego se verifique la posibilidad de que esta actividad se lleve a cabo oficiosamente. En primer lugar porque no hay violación de las reglas de raciocinio por el hecho de anunciarse la conclusión y recién después proponerse las premisas que actuarán como aval o justificación de la misma. En segundo lugar, porque el juez del primer voto, antes de estudiar la consistencia de los preceptos cuestionados, anunció que, autorizado por copiosa jurisprudencia que cita, lo hacía de oficio. Por último, porque -mal que mal- la validez constitucional de la Ley de Riesgos del Trabajo ha sido controvertida por el actor, aunque en términos genéricos, en su demanda (ver fs. 9 y 10).

Todo ello me lleva a declarar que, en este aspecto -al que tanto espacio se ha dedicado en el recurso-, no encuentro violación ni de la ley ni de la doctrina legal que autorice una revocación del pronunciamiento de los jueces de grado.

II.2. Analizo ahora la inconstitucionalidad propiamente dicha, en tanto se ha declarado que la padecen los arts. 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo y la cláusula adicional 3º, contenida en el art. 49 de la misma.

Los miembros de esta Corte -aunque no en todos los casos por los mismos motivos- hemos estado de acuerdo en que, si el reclamo es fundado en la propia ley 24.557, aún así resultan inconstitucionales sus arts. 21, 22 y 46. Esta línea jurisprudencial se completó con las causas L. 75.708, "Quiroga", sent. del 23-IV-2003; L. 82.871, "Chavez", sent. del 1-IV-2004 y L. 82.688, "Fedczuk", sent. del 14-IV-2004, quedando establecido que aquellos preceptos constituyen un agravio a las autonomías provinciales, desvirtuando el sistema federal establecido en la Carta Magna al querer suplir con una ley nacional el procedimiento laboral dispuesto para esta Provincia mediante la ley 11.653, sin que puedan advertirse razones de peso o de urgencia que autoricen una restricción de tales autonomías. Este criterio fue convalidado por la Corte Suprema de la Nación en la causa "Castillo, Ángel c/Cerámica Alberdi S.A.", mediante sentencia dictada el 7-IX-2004.

No varían en mucho las razones que autorizan a igual declaración respecto de las mismas normas cuando la demanda busca amparo ya no en la ley específica sino en el derecho común. En mi caso particular he adherido a este criterio a partir de la causa L. 89.344, "Paz", sent. del 14-XII-2005, debiendo destacar que también en este sentido existen precedentes de la Corte federal que respaldan lo resuelto. Así, haciendo suyo el dictamen del señor Procurador Fiscal, en las causas P. 349 XL "Paccetti, Daniel c/Duvi S.A. s/Enfermedad"; S. 2012 XXXIX "Serleto, Roberto c/Línea Expreso Liniers" y G. 390 XL "González, Eduardo c/Duvi S.A. s/Enfermedad" (todas fechadas el 10 de mayo de 2005), el máximo Tribunal confirmó que corresponde hacer extensivas las consideraciones vertidas en la causa "Castillo c/Cerámica Alberdi" a situaciones donde se invoca el amparo del derecho común.

En cualquiera de ambas situaciones, entonces, las reglas que detraen de la competencia de la justicia ordinaria provincial a los reclamos por accidentes laborales resultan ser inconstitucionales y así debe ser declarado, tanto a petición de parte como oficiosamente (tal lo que ocurre en el presente).

Según lo dicho, en cuanto se refiere a los arts. 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo, este otro tramo del recurso no tiene vigor para desplazar los sólidos fundamentos que sustentan la resolución atacada.

II.3. Por último -no por ello menos trascendente-, debe advertirse que, tanto en el voto que se transforma en unánime, como en el punto b) de la sentencia (ver fs. 44 vta.) se deja en claro que la ratificación de la competencia del tribunal lo es sin perjuicio de que en su caso y como cuestión de fondo deberá resolverse cuál es el derecho aplicable. Tal prevención alude sin duda a la imposibilidad de -en esta etapa procesal- abrir juicio sobre la ley aplicable en definitiva, ya que dependerá de cuestiones de hecho y prueba todavía no producida, tales como fijar la fecha del accidente, determinar el momento de la toma de conocimiento de la incapacidad, establecer la índole y gravedad de las lesiones que se dicen padecidas, etc.

Esto, según entiendo, marca un límite a la decisión. Prudentemente, sin abrir juicio sobre cuestiones aún no debatidas, el tribunal actuante ha reducido su pronunciamiento a declarar su competencia para intervenir en autos. Ello, sin embargo, se contradice con su avance respecto de la constitucionalidad de la cláusula tercera contenida en el art. 49 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ya que -por las mismas razones: tratarse de un tema que requiere de la verificación de ciertos hechos- resulta prematura cualquier declaración al respecto.

III. Propongo, entonces, que la decisión del Tribunal del Trabajo actuante, en cuanto exclusivamente declara la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo y fija su competencia para entender en autos, sea confirmada, dejándosela sin efecto en cuanto alcanza al art. 49, cláusula tercera, de la ley 24.557. Todo ello sin costas, en atención a las dificultades que la norma ha presentado.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

El doctor Hitters, por los mismos fundamentos del doctor Pettigiani, votó también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el doctor Negri dijo:

Adhiero, en lo sustancial, a la solución propuesta por el doctor de Lázzari pues, tal como lo expresa en su voto, el tribunal de grado se declaró competente pero no avanzó en la definición del derecho aplicable al caso. Esa decisión resulta acertada si se considera la etapa preliminar del proceso en la que fue dictada, sin producción de la prueba necesaria a los fines de la ineludible fijación de los extremos fácticos dirimentes.

En lo demás, toda vez que la de autos no es una pretensión fundada en normas de derecho común, encuentro aplicable la doctrina de este Tribunal sentada en las causas L. 75.708, sent. del 23-IV-2003; L. 82.871, sent. del 1-IV-2004, entre otras, debiendo confirmarse en consecuencia la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557.

Con el alcance indicado voto por la afirmativa.

Los doctores Kogan y Genoud, por los mismos fundamentos del doctor de Lázzari, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, se confirma la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 y se revoca la sentencia impugnada en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 49 -cláusula adicional 3º- del referido cuerpo legal, por resultar prematura. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que prosigan el trámite según su estado. Sin costas, en atención a las dificultades interpretativas generadas por la ley 24.557. - Eduardo Julio Pettigiani. - Eduardo Néstor de Lázzari. - Juan Carlos Hitters.- Héctor Negri. - Hilada Kogan. - Luis Esteban Genoud.