Gravamen irreparable, procedencia del recurso, defensa en juicio, debido proceso, responsabilidad internacional del Estado, non bis in ídem, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, prueba, requerimiento de elevación a juicio, sobreseimiento, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: Vanoli Long Biocca, Alejandro y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-13

El voto concurrente agregó que las decisiones adoptadas por los tribunales que podrían ocasionar un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior exigen tutela inmediata, de conformidad con el estándar elaborado hace ya más de quince años por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Di Nunzio, Beatriz Herminia s/ excarcelación", causa nº 107572, D. 199 XXXIX", Fallos 328:1108), Bajo este análisis debe observarse que el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal de superior jerarquía (arts. 8.2.h. CADH y 14.5 PIDCyP), a los fines de no tornar ilusorio el derecho de defensa que asiste a todo justiciable, es una garantía fundamental dentro del debido proceso legal, conforme la jurisprudencia interamericana ha reconocido como objetivo ".evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona." (Corte I.D.H., "Caso Herrera Ull oa vs. Costa Rica", sentencia del 2 de julio de 2004, Serie C, nº 107, párr. 158). Señaló que los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional impiden cualquier cercenamiento al tratamiento del planteo del recurrente en segunda instancia, tras la mera invocación de rigorismos o afirmaciones dogmáticas (cfr. doctrina emanada a partir del precedente "Giroldi", Fallos: 318:514). Por el contrario, la revisión amplia que corresponde otorgar al recurso de casación a fin de salvaguardar el derecho del justiciable, debe alcanzar todas cuestiones fácticas, con una debida fundamentación de las premisas que han sido ponderadas para sustentar la conclusión a la que se arribó conforme las constancias incorporadas a la causa como derivación de su relación lógica, deductiva o inductiva, como la revisión del derecho aplicable, asegurando de esta manera, la misión que a este Tribunal compete a fin de garantizar la efectiva vigencia de un doble juicio concordante. Sostuvo que asiste razón a los recurrentes en sus agravios en relación a este punto, por cuanto resulta operativo lo normado en el art. 361 del CPPN en el presente caso, a efectos de evaluar la nueva prueba que, potencialmente, podría determinar la desvinculación de las y los imputados del proceso, en el actual estadío del mismo, sin necesidad de prolongar innecesariamente la tramitación de la causa y la sujeción de aquéllos a la misma, garantizando el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Tal como ha acontecido en el trámite de esta causa, ha surgido una nueva prueba mediante la incorporación de un peritaje contable, respecto de la cual ha sido alegada la innecesariedad de realización de un juicio oral y público para comprobar si de su resultado se puede afirmar o descartar la existencia de delito, Si bien en el diseño del código formal la cuestión de atipicidad por inexistencia de delito está prevista que sea resuelta antes de la clausura de la investigación preliminar y elevación de la causa a juicio, no medió en autos un pronunciamiento previo al respecto en la etapa procesal correspondiente, tampoco se ordenó la producción de pruebas solicitadas (entre ellas la pericial) que dieran sustento al reclamo efectuado. Cuando un elemento probatorio es producido y arrimado de manera tardía, como ha acontecido en este expediente, recién en oportunidad de la instrucción suplementaria ante el Tribunal Oral, y no antes, su valoración se torna inexcusable por parte de los magistrados a cuya consideración se encuentra la causa. El peritaje contable fue realizado durante la instrucción suplementaria por los expertos del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y especialistas de parte, y fue recién incorporado al expediente con fecha 4 de agosto de 2020, por lo que es en dicha ocasión en la que los señores jueces conocieron de esa prueba, se encontraron en condiciones de ponderar sus alcances y las consecuencias que de ella emergen, por lo que el razonamiento seguido por los jueces que conformaron la mayoría del tribunal oral, que sostuvo que cabía diferir el tratamiento de los sobreseimientos puestos a su consideración para garantizar el derecho de defensa en juicio de las y los imputados -de quienes pidieron expresamente su desvinculación y de aquellos que no lo hicieron-, deviene arbitrario. Asimismo, destacó que no es ajustado a derecho fundar en la falta de unanimidad del pedido de sobreseimiento para denegarlo a todos, desconociendo normativa en materia recursiva, conforme el efecto extensivo previsto en el artículo 441 del Código Procesal Penal de la Nación; razonamiento aplicable en lo pertinente a la especie y que no ha sido seguido por la mayoría del tribunal pues, de otro modo, no se explicaría por qué razón la actividad impugnativa en una causa de un imputado podría beneficiar a otro, en los términos allí previstos. No puede interpretarse el silencio de un imputado en su contra como se hizo en autos, por el hecho de no haber solicitado o no haber reiterado el pedido de sobreseimiento por atipicidad de la conducta endilgada. Destacó que la denegatoria dispuesta durante la instrucción de la presente causa en relación a las medidas de prueba solicitadas en forma reiterada por las y los imputados, importa una violación de su derecho de defensa, incompatible con nuestro Estado Constitucional de Derecho. Tal afectación de derechos podría verse prolongada si, cuando se incorporan esas pruebas tardíamente en la instrucción suplementaria, exclusivamente por dilación de los órganos jurisdiccionales, se omite o difiere su valoración bajo el argumento de que ya no resulta el momento procesal oportuno. Si se hubiera aplicado el derecho conforme las normas de forma, se habría evitado éste dispendio jurisdiccional y sobre todo, la afectación de los derechos de las y los imputados, particularmente en cuanto a seguir sometidos a proceso, a las puertas de un juicio oral y público, que continúa cinco años después de solicitada esa prueba de descargo. En cuanto a la tipicidad objetiva señaló que no hallándose presente el resultado lesivo exigido por la figura prevista en el art. 173 inc. 7º del CP, las conductas imputadas a los encausados resultan atípicas en términos objetivos, pues conforme lo señalado en el informe pericial, el BCRA no fue obligado en forma abusiva o desmedida mediante los contratos de dólar futuro cuestionados, los créditos de allí emergentes erigidos en favor de terceros estaban justificados, resultando útiles y necesarios para la gestión encomendada a la autoridad monetaria, no verificándose menoscabo en los intereses administrados. En relación a la tipicidad subjetiva, sostuvo que en términos de la dogmática penal, se advierte la ausencia del dolo requerido por la figura de administración fraudulenta, toda vez que las autoridades del BCRA cumplieron con sus deberes normativamente establecidos, administrando los intereses ajenos encomendados en legal forma. De igual modo, no se verifica la existencia de ninguno de los dos elementos subjetivos distintos del dolo previstos en el tipo penal referido, toda vez que quedó demostrado por la pericia contable que, dada la operatoria "ciega" de los mercados institucionales MAE y ROFEX, era fácticamente imposible la prosecución de un fin de lucro indebido, para sí o para un tercero; también se descarta la ultra-finalidad de causar al titular un daño de naturaleza económica, toda vez que, conforme se ha dicho, el BCRA siempre operó en venta de dólar futuro a precio de mercado.