Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-10


---Trelew, de marzo del año dos mil once. --- --- VISTO: El recurso de apelación interpuesto a fs. 83, contra la sentencia interlocutoria de fs. 80 vta., concedido que fuera el mismo a fs. 84, es fundado a fs. 85/88, se ordena correr traslado a la contraria a fs. 89, el que no es contestado. - Y CONSIDERANDO: ----- I.- A fs. 80 y vta. el juez de grado resuelve rechazar la excepción de incompetencia interpuesta a fs. 56 y 74, por los codemandados de autos. ------ Para así decidir considera que en autos se trata de un reclamo por parte del actor de diferencias salariales a partir de lo que entiende una errónea liquidación de SAC, y su pago por parte de los codemandados, entendiendo la accionante que se debió aplicar al caso lo dispuesto por el art. 23041 a tales fines y no el art. 121 de la LCT como pretenden los accionados. Señala que sin que su decisión adelante opinión sobre la cuestión de fondo, la competencia federal es de excepción, y que la justicia provincial entiende en materia laboral en todos los otros casos no reglados concreta y específicamente por la justicia federal. Indica que el art. 1ro. de la Ley 69 establece la competencia del tribunal a su cargo en detrimento de cualquier otro fuero. Y añade que la dilucidación de qué normativa corresponde aplicar, si la ley 23041 como pretende la actora o el art. 121 de la L.C.T. como pretenden los codemandados es materia de desarrollo de la sentencia definitiva.----- Afirma que no se trata de dejar sin efecto disposición alguna del Ministerio de Trabajo de la Nación, como parecieran dejar entrever los accionados, y, por lo cual el tribunal, a su juicio, resultaría incompetente, sino que puesto a decidir la pretensión de la actora al momento en que se dicte sentencia se verá cuál es el régimen jurídico a aplicar. II.- A fs. 85/88, los apelantes se agravian, pues sostienen que admitir la pretensión del actor, implica necesariamente emitir un juicio previo sobre la legalidad o ilegalidad de las disposiciones Nros. 21 y 36 del Ministerio de Trabajo de la Nación, en base a las cuales se liquida y paga el SAC. Refieren que la doctrina explica que pertenece a la competencia federal en razón de la materia, las causas entre particulares o entre éstos y la Nación que sean producto de actos dictados por el gobierno federal en su función administrativa, que como normas jurídicas integran el derecho federal, aunque el art. 116 de la Constitución Nacional no los mencione. Expresan que los actos administrativos como declaraciones de voluntad de la administración latu sensu, que tienden a crear, modificar o extinguir derechos subjetivos de carácter administrativo, constituyen normas jurídicas que por haber emanado del gobierno federal pasan a integrar el derecho federal, y que al tener el origen del pleito entre particulares en esos actos administrativos del gobierno nacional, estamos frente a una competencia en razón de la materia. ---- Aducen que de los términos de la demanda con cita en lo resuelto en el expediente 145 del año 2008, el actor reconociendo la existencia de la autorización otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, ataca el acto administrativo afirmando que el mismo excede sus límites, vulnerando el orden público laboral y el marco mínimo inderogable establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. ----- Resaltan que la cuestión no es determinar si se aplica la ley 23041 o el art. 121 de la LCT, tal como lo consigna el juez de grado sino la aplicación o no de las disposiciones Nros. 21 y 36 del Ministerio de Trabajo de la Nación, que autoriza a liquidar el sueldo anual complementario conforme la letra de la citada norma del ordenamiento general laboral. Que el actor ha invocado el derecho que le asiste de que la liquidación del sueldo anual complementario debe hacerse en función de las disposiciones citadas, que autorizan la liquidación del haber en los términos de esa norma laboral.----- ---- Afirman que no es tema de discusión la aplicación de la ley 23041 o el art. 121 de la LCT, sino, la pretensión de los actores a que se le reconozcan las diferencias que se originarían por el pago en menos del haber en tanto pretenden su liquidación según el 50% del mayor sueldo del semestre, y por su parte los demandados reclaman la aplicación de las disposiciones Nros. 21 y 36 del Ministerio de Trabajo de la Nación, cuya plena vigencia y los motivos de su dictado ha sido informada en la demanda laboral que tramita por expediente Nro. 48136 ante el Juzgado Federal de Rawson. En relación al precedente de esta sala que cita el juez a quo, manifiestan que en esa oportunidad no se cuestionó la competencia de la justicia local laboral, que conforme ha quedado trabada la litis teniendo presente la validez y vigencia de las disposiciones citadas, la decisión sobre el régimen jurídico aplicable no podría llevarse a cabo sin revocar el decisorio apelado; y concluyen que dada la cuestión traída a proceso corresponde la competencia federal. III.- Atento la excepción de incompetencia interpuesta por los codemandados, cabe determinar en el caso traído a conocimiento de esta Alzada, si el objeto del presente proceso determina la competencia de la justicia federal. - El artículo 5º del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia dispone que "la competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado" (Anexo "A", Ley XIII, Nº 5), es decir que se debe estar a los fines de establecer la competencia material, fundamentalmente, a la exposición de los hechos contenida en la demanda.--- En tal sentido, del libelo inicial surge que el actor reclama diferencias salariales derivadas de la liquidación del Sueldo Anual Complementario correspondiente a la primera y segunda cuota del año 2008 y primera cuota del año 2009, toda vez que correspondería aplicar la ley 23041 en lugar del art. 121 de la L.C.T. De ello surge que tratándose de un conflicto jurídico individual del trabajo, que se suscita entre un trabajador y su empleador, resultante de la relación de trabajo subordinado y con motivo de la aplicación de los contratos de trabajo, empleo, aprendizaje o de ajuste de servicios y de disposiciones legales, reglamentarias o convencionales del derecho del trabajo, contempladas en el art.. 1 Ley XIV, Nro. 1, es competente para entender en los presentes autos el Juez letrado de primera instancia en lo laboral del lugar del trabajo, del domicilio del demandado o donde se hubiere celebrado el contrato a elección del actor. Ello así, toda vez que la competencia federal, es de excepción, dado que este fuero sólo conoce en aquellas cuestiones en qué las provincias han delegado sus poderes en el gobierno central, quedando excluidas las que se reservaron conforme el art. 121 de la Constitución Nacional. En tal contexto son competentes los tribunales federales en razón de la materia, en aquéllas causas relacionadas con la Constitución, tratados y leyes nacionales, así como las concernientes a almirantazgo y jurisdicción marítima. Y al momento de interpretar el concepto de leyes nacionales la reglamentación se encuentra en los arts. 2, inc. 1ro de la Ley 48 y 111, inc. 1ro. de la ley 1893, en cuanto consideran leyes nacionales las sancionadas por el Congreso Nacional en ejercicio de las potestades conferidas por el art. 75 de la Constitución Nacional, con excepción del inc. 12 en cuanto a los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y de la Seguridad Social, y deben agregarse todas las leyes que se declaran incorporados a ellos y los integran, modifican o amplían. Entonces, siendo del caso que se cuestionan leyes nacionales vinculadas al Código del Trabajo, su tratamiento corresponde a los juzgados laborales provinciales. Por ello, toda vez que la excepción está legalmente prevista la competencia federal es inadmisible. Ello, además, teniendo en cuenta que la cuestión relativa a la validez de la disposiciones 21 y 36 del Ministerio de Trabajo, no es una cuestión introducida por el actor, y si así hubiese sido, sólo se admite la competencia federal cuando el pleito entre particulares, tiene por origen actos administrativos del gobierno nacional (arg. art. 2, inc. 4, de la Ley 48 y art. 111, inc. 4 de la ley 1893), en los casos que el acto administrativo constituye el fundamento inmediato y directo de la pretensión (CSJN, Fallos v. 102, p. 53). ---- En el sub exámine, el planteo que sostiene que para ser tratada la pretensión de los actores, previamente debe declararse la nulidad del acto administrativo, esto es la nulidad de las disposiciones 21 y 36 del Ministerio de Trabajo es una defensa opuesta por el demandado, (ver fs. 56vta., tercer párrafo), y que conforme el art. 5 del rito citado no ha de ser tenida en cuenta para determinar la competencia. En efecto, la competencia se determina por las pretensiones contenidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Como dijo la Comisión Reformadora (ED Leg.Arg., 1979, pág. 817), la solución tiene arraigo jurisprudencial, porque las defensas deducidas por el demandado no alteran el objeto del proceso y sólo inciden en la relimitación de las cuestiones litigiosas (C. Esp. C. Y C., Sala IV, ED 51-21), debiendo considerarse la exposición de los hechos y el derecho (C.S.J.N. 2-7-73, ED 50-228; C. Civ., Sala C, ED 51-208; id., ED 87-659, sum. I, cit. por Enrique M. Falcón, "Cód. Proc...", Ed. Abeledo Perrot-1992, Tomo I, págs. 190/191, ap. 5.9.15). Asimismo la Suprema Corte de Buenos Aires señaló: "La competencia se determina, en principio, por la naturaleza jurídica de los reclamos que el actor propone a decisión judicial, es decir, por la índole de la acción ejercida; la de los Tribunales del Trabajo resulta, pues, toda vez que ella se vincule con un contrato o relación de trabajo, sin perjuicio de que en la sentencia definitiva se juzgue sobre la procedencia de los derechos invocados." (Ac 85584 I 28-8-2002). --- --- Es que, demandándose beneficios emergentes de leyes laborales, es "prima facie" competente el Tribunal del Trabajo, sin perjuicio de que en la sentencia definitiva se juzgue sobre la procedencia de los derechos invocados, y si el actor debió ocurrir a otra instancia judicial o administrativa para obtener la suspensión o nulidad de los actos administrativos a los que refieren los demandados, es una cuestión que, -en esta etapa del proceso-, no le corresponde al juez de grado pronunciarse, pues si así lo hiciere estaría prejuzgando. --- En relación al precedente de esta Sala citado por el juez de grado, si bien no se planteó excepción de incompetencia, tratándose del supuesto de determinar la competencia federal en razón de la materia, esta Alzada pudo declararse incompetente de así considerarlo toda vez que, la atribución de competencia en razón de la materia es de orden público, y corresponde a los jueces declarar de oficio su incompetencia, sin perjuicio del planteo que las partes pudieren efectuar al respecto. Según criterio del Superior Tribunal Provincial, previo a todo pronunciamiento corresponde analizar la competencia, que es un presupuesto del proceso que debe ser discutido in limine litis y sobre el cual, todo juez requerido debe pronunciarse de oficio (Conf.: arts. 4 y 337 del C.P.C.C.; Podetti, "Tratado de la competencia", pág. 364).--- En el caso, se trata de la competencia en razón de la materia, la cual es -se reitera- de orden público, absoluta e improrrogable y susceptible de ser declarada en cualquier estado del proceso (Conf.: Alsina, "Tratado...", Ediar 2°, Tomo II, págs. 514/518, según cita SD STJ Nro.. 07/09 SRE) . ----- En consecuencia, de lo expresado se concluye que corresponde confirmar el decisorio de fs. 80 y vta. ------ Atento la solución que se propicia las costas de Alzada se imponen a los demandados vencidos por aplicación del principio objetivo de la derrota previsto en el art. 69 del rito, regulándose los honorarios al Dr. L. N. en el 25% de las sumas que se le regularon en la instancia anterior, (Art. 5, 6, 8, 13 Ley XIII, Nro. IV), con más el I.V.A. pertinente. En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, RESUELVE: ------- --- I. Confirmar el decisorio de fs. 80 y vta. II. Imponer las costas a los codemandados vencidos (Art. 69 C.P.C.C.).----- III. Regular los honorarios al Dr. L. N. en el 25% de las sumas que se le regularon en la instancia anterior (Art. 5, 6, 8, 13 Ley XIII, Nro. IV), con más el I.V.A. pertinente. Regístrese, notifíquese y devuélvase. REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2011. - SIL.- CONSTE.