Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-08-11


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Pro-vincia del Chubut, a los días del mes de agosto del año dos mil nueve, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circuns-cripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y asistencia de los señores Jueces de Cámara Dr. Fernando Nahuelanca y Dr. Julio Antonio Alexandre, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "J., M. L. c/ T., H. C. s/ ALIMENTOS", expte. nro. 118/09, venidos del Juzgado de Familia nro. 2 (expte. nro. 911/08), y atento el resul-tado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 292), corres-pondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dr. Julio Antonio Alexandre y Dr. Fernando Nahuelanca.

Acto seguido se resolvió plantear y vo-tar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 256/260vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?	A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

El fallo apelado y los agravios.

La jueza de grado hizo lugar a la deman-da y fijó una cuota mensual por alimentos a cargo del Sr. H. C. T., en beneficio de su hijo menor -C.M.T- de pesos dos mil, determinó que corresponde abonar los alimentos atrasados desde el 27 de noviembre de 2002 hasta la fecha de la sentencia, por la suma equivalente a la cuota alimentaria fijada y que tales cuotas, como las que resulten impagas con posterioridad, devengarán intereses moratorios y compensatorios a la tasa activa de Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento, desde la fecha en que cada cuota debió ser abonada hasta su efectivo pago. Finalmente impuso las costas al demandado y reguló los honorarios profesiona-les -sentencia nº 49 de fs. 256/260-.

El demandado apeló la sentencia a fs. 264, el recurso fue concedido a fs. 266 y los agravios expresados a fs. 277/279.	Sostiene el recurrente que lo decidido no resulta derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la cau-sa, lo que habilita su descalificación como acto judi-cial en los términos de la doctrina de la arbitrarie-dad.

En primer lugar, señala que le causa agravio que se presuma como cierta la estimación del caudal de ingresos efectuada por la reclamante -en re-presentación del niño-.	Agrega que la prueba acumulada deja huérfana de todo apoyo a la postura del fallo en orden a dicho extremo. Cita dos fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones y, con respaldo en esas pautas -vinculadas a la actualidad que deben exhibir los ingre-sos que se toman en cuenta-, afirma que es claro que no puede considerarse el informe de AFIP de fs. 172 al que alude el fallo, por cuanto allí se hace referencia a la última declaración jurada presentada por mi representa-do, o sea la del año 2004, con una marcada antigüedad de cinco años.

Arguye que el único ingreso real y actual que se ha acreditado es el que informa S. a fs. 197, cuando con fecha 9/5/08 alude a un "monto neto de $5.064,43". Agrega que el Colegio Médico, luego de in-formar (fs. 72) muy bajos y casi inexistentes ingresos el año 2006 (Abr $0,00; May $20,00; Jun $40,00: Jul $1015,00, Ago $0.00 y Sep $80,00), refiere a fs. 145 (16/5/07) que "desde Jun/06 no presenta en forma parti-cular" liquidaciones y por ello "no tiene monto a per-cibir".

Concluye diciendo que si los únicos in-gresos actuales ascienden a $5.064,43 mensuales (fs. 197), y se ha fijado una cuota alimentaria de $2.000, es claro que la misma insume el 40% de aquellos, en abierta trasgresión a los principios que rigen la mate-ria, ya que lo justo y arreglado a derecho es que aque-lla no supere el 20% del mencionado importe, o sea aproximadamente $1.000 mensuales	Mantiene la reserva del caso federal y pide la reducción de la cuota alimentaria a la suma de pesos un mil.

2. Tratamiento de los agravios.

En primer lugar, en consonancia con el contenido de los agravios, he de señalar que la impug-nación se circunscribe a un solo aspecto del fallo: el monto de la cuota en función de la incorrecta estima-ción del caudal de alimentante y, por supuesto, tal única cuestión encuadra funcionalmente la actuación de este tribunal.	En segundo lugar, adelanto que el recur-so no prosperará puesto que la crítica no alcanza nive-les suficientes.

La jueza de grado, en relación con el caudal del alimentante, basó la decisión en un cúmulo de motivos y no sólo en los que pretende el recurrente, los que valorados en su conjunto autorizan la conclu-sión impugnada.

En su razonamiento, la magistrada partió de la base de que el demandado es un profesional de la medicina que ejerce tal actividad -no que ejerció- y este extremo no ha sido impugnado. Seguidamente, valoró otras pruebas incorporadas al proceso: el informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la exis-tencia de honorarios liquidados por el Colegio Médico y el informe del Equipo Técnico.

Así, del informe del organismo fiscal resulta que el Sr. T. está inscripto en impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado y bienes persona-les. Es decir es un contribuyente activo y, obviamente, no puede escudarse en la falta del cumplimiento de sus deberes fiscales -presentación de las declaraciones ju-radas pertinentes- para minimizar sus ingresos. Máxime cuando existen constancias del Colegio Médico que del ejercicio de su profesión ha obtenido en el año 2005 honorarios por una suma notablemente mayor a la que le correspondieron en el año 2004 -fs. 136 y 137-.

Pero, además, surgen del entrecruce de la información del organismo fiscal y del Colegio Médi-co otras circunstancias que no pueden ser soslayadas:

- El total de ingresos gravados durante el período fiscal 2004 ascendió, conforme resulta de la última declaración jurada presentada -según el informe del organismo fiscal-, a $134.384,50.

- Los ingresos que informa el Colegio Médico del Sur del Chubut correspondientes al Dr. H. C. T. por ese mismo período ascienden a $34.196,85 -fs. 137-.

La valoración de estas dos pruebas de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional permi-te sostener que el Sr. T. ha tenido ingresos durante el año 2004, ya sea del ejercicio profesional particular o bien de otra actividad económica, y que tales ingresos han sido sensiblemente superiores a los que correspon-den al ejercicio profesional colegiado.

Huelga recordar que las reglas de la sa-na crítica, aunque no definidas en la ley, suponen la existencia de ciertos principios generales, son lógica basada en el derecho y auxiliada por la experiencia y la observación, que conduce al juez a discernir lo ver-dadero de lo falso. En definitiva, tienden a asegurar el más certero y eficaz razonamiento. Una pauta esencial que emana de estas reglas es la apreciación conjunta de las pruebas colec-tadas con el fin de obtener una convicción acorde con la cuestión controvertida. Y es manifiesto en autos que la ponderación en conjunto de las pruebas enerva la postura del demandado.

Además, el extremo reseñado demuestra la trascendencia de la conducta procesal del demandado, expresamente valorada por la jueza -fs. 259 vta.- y que no fuera motivo de agravio. Es que el tema de la carga de la prueba sobre los ingresos del alimentante presen-ta matices específicos, sobre todo en el caso que, como bien se ha precisado en la sentencia, está en juego un derecho humano básico de un niño. Los intereses en con-flicto acentúan la necesidad de cooperación del accio-nado, que se traduce en la carga específica de "expli-car" su situación patrimonial, sin circunscribirse a una cerrada negativa. Elementales reglas de lógica de-terminan que quien se encuentra en inmejorables condi-ciones de aportar los datos que se refieren al tema, es el demandado, por ello, sus aportes probatorios deben ser valorados por el juzgador.

En autos su aporte ha sido nulo y además ha obstaculizado la producción del informe del Equipo Técnico Interdisciplinario, como se señala en el mismo. Destaco que las profesionales concurrieron al domicilio en reiteradas oportunidades sin lograr acceder a la en-trevista, aun cuando "..la última vez, el martes 31 de Julio del corriente año, se apersonó una de las hijas y al ingresar al domicilio para consultarle a éste si ac-cedería a entrevista con esta Trabajadora Social, re-tornó informando: "mientras la estaba atendiendo en la puerta debe haber salido, seguramente hacia el consul-torio" (sic). Vale señalar que tanto las puertas de ac-ceso como el garage dan hacia el frente de la vivienda donde estaba esperando quien suscribe. Cabe destacar que el inmueble de referencia es una vivienda de mate-rial, estilo chalet de 2 plantas y media, para mayores detalles arquitectónicos se sugiere una pericia de pro-fesional arquitectónico. En el lugar se encontraban los siguientes vehículos:

o	Camioneta HILUX SW 4, dominio XXX XXX o	Alfa Romeo XXX XXX, dominio XXX XXX o	Corsa 3 puertas 1.6, dominio XXX 206" -fs. 169-.

El informe que he transcripto en su par-te pertinente, por un lado permite valorar la conducta obstruccionista del demandado y, por otro, aporta prue-bas respecto de su situación económica. Señalo, además, que fue incorporado en debida forma al expediente y na-da dijo el demandado respecto a la vivienda y los auto-móviles descriptos por las profesionales intervinien-tes. Ninguna "explicación" aportó respecto de los datos allí consignados.

Con base en lo expuesto, la crítica que-da sin sustento fáctico y jurídico, el caudal del ali-mentante no ha sido apreciado en forma irrazonable. La prueba colectada avala con creces la estimación efec-tuada y, a todo evento, el porcentaje utilizado por la jueza no ha merecido crítica alguna, amén de ser razo-nable y prudente frente a las necesidades del niño.

Por todo lo expuesto, se rechazan los agravios y, en consecuencia, se confirma el fallo en lo que ha sido materia de impugnación.

3. Costas y honorarios.

Las costas de esta instancia se imponen al alimentante vencido por aplicación de las normas es-pecíficas que rigen la materia.

Los honorarios de los profesionales que han intervenido se regulan de conformidad con las pau-tas generales contenidas en el artículo 5 del régimen arancelario vigente y por aplicación de la escala espe-cífica contenida en el artículo 13 del mismo ordena-miento. Con base en tales previsiones propongo las si-guientes sumas: a favor de la Dra. M. A. K., la suma de pesos un mil ochenta y a favor del Dr. I. F. de las Ca-sas, pesos setecientos; en ambos supuestos con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1) Rechazar el recurso de apelación in-terpuesto por el Sr. H. C. T. contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 256/260vta. y, en con-secuencia, confirmar la misma en todas sus partes.

2) Costas de esta instancia al alimen-tante vencido.

3) Regular los honorarios a favor de la Dra. M. A. K. en la suma de pesos un mil ochenta y a favor del Dr. I. F. de las Casas en la suma de pesos setecientos; en ambos supuestos con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

4) Téngase presente el mantenimiento de la reserva del caso federal.

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que la resolución de fs. 256/260vta. es apelada por la demandada a tenor del informe de fs. 277/279 y contestado a fs. 281/282, tal como lo señala mi colega preopinante, quien, además, formula en breve reseña el contenido del memorial, lo que permite esta-blecer el marco jurisdiccional impuesto por la recu-rrente (conf. art. 280 Cpr. según DJ).

Así, la revisión operará en cuanto a la cualificación del reclamo de conformidad a la capacidad económica que se aprecia de acuerdo a la prueba adqui-rida y teniendo presentes las pautas legales, jurispru-denciales y doctrinarias que resultan de aplicación en el caso concreto.

Ahora bien, no obstante que el compromi-so alimentario debe ser adecuado a la consecución de los requerimientos de los beneficiarios, no puede per-derse -como objeto central en miras- que, al mismo tiempo, resulta menester considerar aquella carencia en consonancia con la situación económica del obligado a afrontarla. Más allá de las presunciones legales emer-gentes en el tema -muchas de ellas utilizadas como sim-ples y meras muletillas procesales-, es dable meritar el límite que el alimentante posee en relación con su edad, medios de vida y eventual probabilidad de obtener los recursos aptos para alcanzar el nivel de pretensión que se le conmina.

Ello, sin descuidar que el esfuerzo asistencial debe ser compartido por ambos progenitores, lo que incidirá en la decisión en cuestión, al igual que la conducta claramente obstruccionista del alimen-tante, lo que en definitiva obra una grave presunción en contra de sus argumentos defensivos, comportamiento reprochable, de conformidad con la firmeza que logró reconocimiento judicial por filiación a favor del ali-mentante y que se reitera en los presentes desde la traba de la litis mediante el cómodo proceder de la me-ra negación a cada uno de los hechos alegados en la de-manda (ver fs. 50/53vta. y antecedentes del juicio de filiación adquiridos en la causa), desoyendo el consejo de colaboración que se impone por principio en la mate-ria, todo sin perjuicio del resultado de la prueba in-formativa de los entes recaudadores en relación con la dada por el Colegio Médico, todo confrontado con otros datos de interés, dando por tierra con su pretendida fragilidad económica.

Y es que en lugar de brindar la debida colaboración a los efectos de establecer un justo equi-librio en la delicada tarea de cuantificar prudentemen-te la prestación debida, se imponen procederes repro-chables y, en tal sentido, recuerdo haber leído como colofón de lo expuesto, situaciones que se presenten en el mundo que nos toca vivir, párrafos que vienen al ca-so v. gr. cuando se dice que bástenos conjeturar que la sociedad actual, fundada -la más de las veces- en el lucro individual, genera un lamentable desorden rendido al egoísmo, como excluyente estímulo de vida, al que le continúa -como grave y desoladora secuela- la perturba-ción de los vínculos familiares. Tal estado de cosas hace muy difícil, y hasta por momentos imposible, la concertada relación que debe imperar entre los inte-grantes de la comunidad para que alcancen su fin; esto es, parafraseando a José H. G. D. S., arribar a la fe-licidad mediante el esfuerzo compartido, pues en tanto unos dan satisfacción a sus anhelos de vida, otros no disponen de los medios para alcanzar las metas social-mente valiosas y moralmente perennes (ver "Presunciones legales en materia alimentaria - Comentario Breve", por Álvarez, Osvaldo Onofre, del 1-ene-1997, cita: MJ-DOC-229-AR - ED, 172-544 - MJD229).	Bien se ha dicho que cuando se trata de alimentos en favor de los hijos menores, el padre que cuenta con título profesional -como es el caso de au-tos- no puede ampararse en la insuficiencia de sus in-gresos para atender las necesidades de aquéllos, pues las responsabilidades asumidas por la patria potestad lo constriñen a realizar los esfuerzos necesarios para atender esas prestaciones, exigiéndole hacer uso de su título profesional o, en su defecto, redoblar los es-fuerzos en procura de otros medios que lo coloquen en situación de contribuir a la manutención de los hijos, uno de los principales deberes que, juntamente con el de la madre, componen un ingrediente más dentro del recto ejercicio de la patria potestad, que ni siquiera puede eludirse en caso de probado desmejoramiento eco-nómico (ver v. gr. CNCiv., sala I, 1998/11/17 - "L., A.E. y otro c/ M., J.C. s/ ALIMENTOS" - publicado por vLex.com.ar: cita VLEX-35399653, entre muchos).

Así, se torna imperativo guardar ese de-licado equilibrio entre las necesidades del alimentado junto con la relación jurídica que los une con el ali-mentante y, por el otro lado, las posibilidades del obligado a satisfacer la prestación alimentaria, de-biendo comprender ellas no sólo sus ingresos sino tam-bién su aptitud potencial para lograrlos, debiendo pro-tegerse adecuadamente al beneficiario de la prestación, parte más débil de la relación. El monto de la cuota, entonces, no puede medirse en forma absoluta, sino que se ha de juzgar en términos relativos (y ni siquiera rigurosamente permanentes o estables) proporcionados por las modalidades del contexto alimentario integral en el que se asienta la prestación en definitiva esta-blecida (conf. Ventura-Stilerman, "Alimentos", pág. 146 y sgtes.).

La a quo ha tenido en consideración ta-les pautas y no tan sólo revisó exclusivamente los in-gresos del alimentante y de acuerdo a las sugerencias de éste, sino que descubrió, tras la informativa, la potencialidad rentística del obligado y el mantenimien-to de un nivel de vida que supera el nivel común, como bien pone en evidencia mi colega preopinante.

Y es que el comportamiento obstruccio-nista provocando informes contradictorios deja como re-sultado tan sólo la prueba directa que emerge de fs. 197, pero se suman otros datos e indicios que autorizan a presumir un caudal patrimonial acorde con su reitera-da declamación de fama y prestigio, más allá de lo bien ganada que estén, pero que no luce en este caso.

Tal la labor que afrontó con éxito la a quo y en tal sentido se lee que fuera de los casos del alimentante que cuenta con ingresos regulares que per-miten establecer un porcentaje de ellos en carácter de cuota alimentaria, frecuentemente no resulta posible acreditar el real nivel de ingresos del demandado a través de prueba directa. De manera que en tales casos, en los que la prueba directa no se obtiene, la cuota se fijará con base en los indicios que permiten presumir una determinada situación económica y de ingresos en el demandado. Como veremos más adelante, tales indicios pueden vincularse al modo de vivir del demandado, bie-nes fructíferos o no, que posee, y a cualquier otro as-pecto que pueda fundar una seria presunción sobre su situación económica. De todos modos, la demostración del caudal económico del alimentante puede surgir de la prueba directa en su totalidad, o en parte directa y en indicios sumados, o de presunciones exclusivamente, siempre que reúnan las condiciones de eficacia que les son propias. Los indicios deben ser apreciados con cri-terios amplios, en favor de la prestación que se recla-ma, en razón de las necesidades a satisfacer; aunque, por la igualdad de trato que en el proceso merecen las partes, este principio debe ser aplicado con suma pru-dencia.

Carga probatoria del demandado: si el demandado pretende que no se tengan en cuenta ciertos indicios, que permitirían presumir una solvencia mayor que la que tiene, tendrá a su cargo producir la prueba en sentido contrario. No se trata de violar lo dispues-to en el art. 377 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, sobre la carga de la prueba que pesa so-bre quien afirma un hecho, ni de eximir al actor de su tarea probatoria. Pero el actor, si no puede aportar prueba directa, puede crear presunciones sobre la sol-vencia del alimentante. De manera que, ante esta vía indiciaria de comprobación, que deriva en presunciones, el demandado cargará con la prueba tendiente a destruir tales criterios. En este tipo de juicios, en los que se tratan de demostrar hechos y circunstancias de la rea-lidad que el demandado puede, a veces, fácilmente ocul-tar, cada parte está obligada a aportar la prueba que está en mejores condiciones de producir, del mismo modo que, uniformemente, se lo reconoce respecto de los jui-cios de simulación. Coincidentemente, se ha señalado en diversos pronunciamientos que el demandado en el juicio de alimentos está obligado a prestar la colaboración necesaria a efectos de que queden demostrados sus re-ales ingresos. De manera que, si por ejemplo, la actora no ha podido demostrar el trabajo y los ingresos del demandado, pero acredita su nivel de vida desahogado, el demandado es quien está en condiciones de aportar prueba directa sobre sus ingresos, si pretende oponerse a lo que surge de los indicios referidos a su modo de vivir (todo confr. Bossert, Gustavo, "Régimen jurídico de los alimentos", ed. Astrea, 1993, p. 417/419, Nº 451/451 y en su obra actualizada al 2006, págs. 464/465, parágs. 491/492).

Resultan valiosos a tal fin los informes del ETI de fs. 169/169vta., refiriendo al lugar de re-sidencia y comodidades y vehículos disponibles; infor-mes contradictorios respecto de ingresos declarados Co-legio Médico y de la AFIP y demás datos en cuanto a su inscripción y lo que más llama la atención es el domi-cilio fiscal denunciado -X.- (ver fs. 172), no coinci-dente con el real, pero sí con el de la explotación co-mercial que se le imputa en la demanda y todo más allá de las constancias que obran en autos en cuanto a la presunta desvinculación con la misma.

Lo dicho basta para justificar la pru-dente cuantificación del monto por parte de la senten-ciante.

Y es que si bien la ley procesal limita la intervención del demandado por alimentos, le acuerda el derecho de acreditar la situación patrimonial propia o de la parte actora, de modo tal que ante un requeri-miento expreso del reclamante en modo alguno puede asu-mir una actitud pasiva y reticente que importe restar la colaboración debida al órgano jurisdiccional para el logro de una solución que contemple los intereses invo-lucrados en cuestiones de tanta trascendencia como lo son los que se refieren a la seguridad y bienestar de la familia (ver, entre muchos, C. Apel. Concepción del Uruguay, sala Civ. y Com., 28/6/1996 - T. de M., G. V. v. M., J. P. en laleyonline.com.ar).

Por todo lo dicho propongo al acuerdo el rechazo de la apelación articulada por la demandada, con costas en la alzada y difiriendo la regulación de honorarios al momento del acuerdo, en el que se tendrán en cuenta las pautas arancelarias de la ley XIII, nro. 4, teniéndose presente la reserva del llamado "caso fe-deral".

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Habiendo concordado con la opinión de la Dra. Silvia Alonso de Ariet, reitero su fórmula deciso-ria.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 274 y 275 del CPCCCh, se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que el Dr. Nahuelanca no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente	SENTENCIA:

1) Rechazar el recurso de apelación in-terpuesto por el Sr. H. C. T. contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 256/260vta. y, en con-secuencia, confirmar la misma en todas sus partes.

2) Costas de esta instancia al alimen-tante vencido.

3) Regular los honorarios a favor de la Dra. M. A. K. en la suma de PESOS MIL OCHENTA ($1.080) y a favor del Dr. I. F. de las Casas en la suma de PESOS SETECIENTOS ($700); en ambos casos con más el im-puesto al valor agregado si correspondiere.

4) Téngase presente el mantenimiento de la reserva del caso federal.

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL nro. DEL AÑO 2009	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "F"