Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-07


Buenos Aires, diciembre 7 de 2010 Autos y Vistos; Considerando:

1º) Que Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (C.A.M.M.E.S.A) inicia la presente acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia del Chubut, con el objeto de hacer cesar el estado de incertidumbre en que se encuentra -según dice- respecto de la pretensión de dicho Estado, consistente en gravar con el impuesto a los ingresos brutos las actividades comprendidas en su objeto social.

Afirma que según el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1192/92, reglamentario de la ley nacional 24.065 que dispuso su creación, cumple funciones de interés nacional indispensables para la libre circulación de la energía eléctrica, ya que ejerce la policía técnica del Servicio Eléctrico Nacional interconectado (SADI), pues tiene a su cargo el Despacho Nacional de Cargas (DNDC), así como también la administración del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), de modo que -a su entender- la pretensión fiscal de la provincia interfiere en el cumplimiento de su objeto social, y conculca las normas contenidas en los artículos 12 de la ley 15.336, 13 del citado decreto 1192/92 y 75, inciso 13 de la Constitución Nacional.

Asimismo, funda su postura en el artículo 1º de la ley nacional 17.004 que declara sujetos a la jurisdicción nacional los servicios públicos que antes prestaba Agua y Energía Eléctrica Empresa del Estado y luego fueron transferidos a CAMMESA; en el punto 2 del artículo 1º del "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento", al que adhirió el Estado local comprometiéndose a derogar los impuestos que graven la transferencia de la energía eléctrica; y en la resolución SEE 61/92 en virtud de la cual el precio de la energía eléctrica que factura CAMMESA lo fija la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación.

Solicita la citación a juicio como tercero del Estado Nacional, en los términos del artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por considerar que la controversia le es común.

2º) Que la presente demanda es de la competencia originaria de esta Corte, de acuerdo con los fundamentos y la conclusión dados en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal que antecede, a los que cabe remitir en razón de brevedad.

3º) Que la actora solicita que el Tribunal decrete una prohibición de innovar, a fin de que la demandada se abstenga de iniciar acciones legales encaminadas a reclamar el pago de los importes determinados de oficio por la Dirección General de Rentas local.

4º) Que esta Corte ha establecido que si bien por vía de principio medidas cautelares como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 314:695).

5º) Que en el presente caso el Tribunal considera que se configuran los presupuestos necesarios para acceder a la solicitud de la actora y, en el limitado marco de conocimiento propio del instituto en examen, no puede dejar de ponderar que la situación resulta prima facie análoga a la resuelta por esta Corte en las causas registradas en Fallos: 325:723; 327:2369 y 329:358, circunstancia que torna procedente apartarse del criterio restrictivo con que deben considerarse este tipo de medidas cautelares frente al ejercicio de la actividad fiscal provincial (arg. Fallos: 327:2738; 329:4176; y causas T.697.XXXVIII "Transnoa S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - incidente sobre medida cautelar"; Y.80 XXXVIII "Yacylec S.A. c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa"; G.991 XL "Gasnor S.A. c/ Tucumán, Provincia de s/ acción declarativa de certeza -incidente de medida cautelar- IN1", pronunciamientos del 26 de noviembre de 2002, 3 de diciembre de 2002 y 9 de agosto de 2005, respectivamente).

6º) Que, asimismo, en función de lo que resulta de las constancias de la causa C.1057.XLIV. "Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) s/ inhibitoria en los autos æDirección General de Rentas de la Provincia del Chubut c/ Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. s/ vía de apremioÆ", a los fines de la procedencia de la pretensión cautelar es dable tener en cuenta que el proceso ejecutivo radicado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 94 fue iniciado con posterioridad a la presente acción declarativa (ver fs. 13 vta. del juicio de apremio y fs. 18 de esta causa).

Por ello se resuelve: I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de la Corte. II. Correr traslado de la demanda a la Provincia del Chubut por el plazo de sesenta días, la que tramitará por las normas del proceso ordinario. Líbrese oficio al juez federal de la ciudad de Rawson a efectos de que notifique al señor gobernador y al señor fiscal de Estado el traslado dispuesto (artículo 341 del código citado). III. Decretar la medida cautelar pedida y, en consecuencia, ordenar a la demandada que deberá abstenerse de ejecutar el impuesto a los ingresos brutos por las actividades comprendidas en el objeto social de C.A.M.M.E.S.A. Notifíquese al señor gobernador por oficio. IV. Citar al Estado Nacional de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para que en el plazo de sesenta días tome intervención en la causa en los términos de la citada norma. A tal fin. -Elena I. Highton de Nolasco. - Carlos S. Fayt. - Enrique Santiago Petracchi. - Juan Carlos Maqueda.