Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-22


Buenos Aires, noviembre 22 de 2005.

El doctor Torres dijo:

I. Que a fs. 35/47 vta. se impugna la Res. 50/2004 dictada el 31 de Marzo de 2004 por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la AFIP-DGI, por la que se determina la obligación tributaria de la empresa Marin y Lani Textil S.A. en el Impuesto a la Ganancia, Mínima Presunta (IGMP), períodos 1999/2000, estableciendo un saldo a favor del fisco de $9.454,03; con más $11.732,43 en concepto de intereses y $6.617,82 en concepto de multa por el 70% del impuesto omitido. El ajuste tiene su origen en la impugnación sobre la detracción de determinadas sumas -supuestos bienes deteriorados y las correspondientes a la compra de un inmueble- que resultan computables a los efectos del ingreso del impuesto. En su recurso de apelación, la actora solicita que se le otorgue el beneficio de litigar sin gastos, aduciendo que carecía de medios económicos suficientes para abonar la tasa de justicia; pedido que deviene abstracto a fs. 52/52 bis. ante la presentación del pago de la respectiva tasa de justicia. Realiza una descripción de los antecedentes administrativos de la causa. Manifiesta que la valuación de los bienes de cambio ha sido realizada conforme lo establecido en el IGMP y el Impuesto a las Ganancias, y que respecto de las prendas deterioradas "no se le ha asignado valor de realización por carecer del mismo y por esa razón se detraen del rubro de bienes de cambio por el importe al que se encontraban valuadas contable e impositivamente." Hace mención a las 11.548 prendas terminadas con estado de deterioro total, por un valor de $196.325, correspondiente a 1998 el cual dice constar en el Acta de Directorio "copiada al Libro de Actas de Directorio al folio 61...transcripto en el Inventario General del Ejercicio Comercial cerrado al 31 de Diciembre de 2000"; en el mismo sentido menciona las 1.388 prendas terminadas con estado de deterioro total correspondientes al ejercicio 1999, por un valor de $23.600, lo cual dice constar en el Acta de Directorio del 31 de Diciembre "copiada al Libro de Actas de Directorio al folio 65...transcripto en el Inventario General del Ejercicio Comercial cerrado al 31 de Diciembre de 2000." (fs. 42 vta.). Ataca lo afirmado por el fisco respecto de que la actora "no realizó inventarios al 31 de Diciembre de 1998 y al 31 de Diciembre de 1999" aduciendo que los inventarios físicos de las existencias de bienes de cambio constan en las actas de directorio de dichas fechas.

Continúa diciendo que resulta falso que no registró en su contabilidad las pérdidas de mercadería en concepto de deterioro, ya que entiende que queda demostrado el envío de dicha mercadería al predio de disposición de residuos a través del Remito Nº 150, el cual hace referencia a la prestación del servicio de flete por parte de la empresa, de contenedores Contemar. Considera que ha aportado prueba suficiente a los efectos de demostrar la pérdida por la destrucción de los productos terminados que detrajo del activo computable. Introduce el art. 12, inc. a) del IGMP para justificar la detracción de $1.454,56 y $1.090,72 en los períodos 1999 y 2000 respectivamente. También invoca el inc. b) del mismo artículo para decir que en virtud del mismo, se encuentra habilitada a detraer los importes de $68.800 y $67.760, por los ejercicios 1999 y 2000 respectivamente, en concepto de inmuebles incorporados. Se agravia del criterio adoptado por el juez administrativo en cuanto descartó la prueba testimonial ofrecida por la recurrente, aduciendo la violación al debido proceso adjetivo y al derecho constitucional de defensa en juicio. Así también, entiende que dicho funcionario no ha tenido en cuenta la pericia presentada a los efectos del proceso. Por todo ello solicita se declare la nulidad del procedimiento y por ende, de la resolución recurrida. En el mismo sentido entiende que ésta última "adolece de falencias e imprecisiones que la tornan nula, de nulidad absoluta" (fs. 45). Afirma que la decisión de enviar 12.936 prendas deterioradas al predio de disposición final de residuos consta en el acta de directorio de fecha 15 de Mayo de 2002 y se expone contablemente por el Asiento de Diario Nº 55 de igual fecha, "detrayendo del valor contable del rubro Bienes de Cambio la suma de $196.325 y $23.600, con imputación a pérdidas de ejercicios anteriores" (fs. 45 vta.) Consideró que la pérdida por destrucción de la mercadería deteriorada queda demostrada por la prueba ofrecida y por la realización de inventarios físicos de los años 1998 y 1999 con un valor asignado que integra el valor de los Bienes de Cambio. Respecto a la multa sostiene que para el "caso hipotético" de que este Tribunal confirmara la resolución apelada, debería merituarse la falta de intencionalidad de la actora en su accionar; aduce una falta de culpa en su obrar y entiende que la causa de marras versa sobre una discusión técnica por lo que no puede hablarse de culpa o negligencia. Cita jurisprudencia. Solicita que se meritúe su conducta como un error de derecho extrapenal. Hace reserva del caso federal. Adjunta prueba documental. Ofrece prueba testimonial y pericial. Solicita se revoque la resolución recurrida.

Que a fs. 69/80, la representación fiscal contesta los traslados conferidos exponiendo los hechos y argumentos de derecho por los que solicita se confirme la resolución recurrida, con expresa imposición de costas a la contraria. Hace reserva del caso federal.

Que a fs. 88 se abre la causa a prueba haciéndose lugar a la prueba pericial contable ofrecida por la actora y solicitando a ésta última la presentación de los interrogatorios correspondientes a cada uno de los testigos propuestos para darle curso a la prueba testimonial. A fs. 89 acepta el cargo la perito propuesta por la AFIP-DGI. A fs. 90 ésta última manifiesta la imposibilidad de tomar contacto con la perito propuesta por la actora. A fs. 96 se da por decaído el derecho a la producción de los medios probatorios propuestos por la apelante y se declara la clausura del período probatorio. A fs. 99 se elevan los autos a la sala B donde también pasan a sentencia.

II. Que corresponde desestimar el planteo de nulidad introducido por la actora porque no se observa que la administración haya incurrido en falencias que tornen a la determinación de oficio nula de nulidad absoluta.

Que respecto de los agravios referidos a la violación del debido proceso, se recuerda que conforme lo dicho por esta sala in re "Ingeniero Alonso Crespo S.A.'", el administrado tiene amplias facultades para ofrecer y producir pruebas y alegar sobre las mismas ante este Tribunal, saneando de ésta forma todos aquellos vicios referentes a la materia probatoria. Con costas.

Que desestimados los planteos de nulidad introducidos por la actora corresponde analizar el fondo de la cuestión.

III. Que en el caso de marras se discute la posible detracción de determinados conceptos a los efectos de tributar en el IGMP. Estos últimos se encuentran representados por las sumas correspondientes a presuntos bienes deteriorados y a la compra de un inmueble.

Que respecto de los primeros, la actora acompaña una copia certificada -por la autoridad administrativa- de un remito de fecha 15/05/02 Expedido por Contenedores Contemar, por el servicio de dos "fletes de volquete grande de cortesía." (fs. 37) aduciendo que ello demuestra el envío de la mercadería deteriorada al predio de disposición final de residuos. A ello agrega que dicha acreditación queda reforzada a través de lo expuesto en las Actas de Directorio de la empresa, en donde se mencionan los montos y cantidades de materias primas, producción en proceso, prendas terminadas y prendas deterioradas por cada período respectivo.

Que finaliza afirmando que la AFIP-DGI ha efectuado la determinación administrativa "sin argumentos suficientes que desvirtúen los elementos presentados por la contribuyente para justificar los ajustes efectuados al rubro bienes de cambio" (fs. 43).

Que las estimaciones de oficio gozan de presunción de legitimidad e incumbe a quien las impugna la demostración intergiversable de los hechos en que sustenta su pretensión ("Sucesores de Rosendo Soñora" 16/3/67, DF XVIII-B, 879, "Vázquez Iglesias y Cia" CNF, Sala Cont. Adm. I, DF XX pág. 818 y "Dicca I.C.S.A." Expte. Nº 8707-Y).

Que en consecuencia es la actora la encargada de aportar los elementos que gocen de entidad suficiente para formar la convicción del juzgador acerca de la veracidad de sus argumentos; principio de cumplimiento ausente en el caso sub-examine.

Que la recurrente omite aportar la documentación referente a la/s causa/s del deterioro de los productos pretendidamente detraídos, abocándose únicamente a mencionar los montos y cantidades de los mismas, tanto en el informe realizado por el CP Roberto F.A. Pérez en sede administrativa (fs. 133/136 vta., Cuerpo Fiscalización Ganancia Mínima Presunta de los A.A.) como en lo expuesto en las copias de las Actas de Directorio aportadas (acreditadas a fs. 49/51, Cuerpo Fiscalización Ganancia Mínima Presunta de los A.A.), las cuales carecen de fecha cierta.

Que así, carece de valor probatorio la simple exposición de lo mencionado en las copias simples de las Actas de Directorio -las que aluden a supuestos recuentos físicos del período- sin el aporte del debido soporte documental. Todo ello sumado a la inexistencia de un Inventario General detallado de los ejercicios comerciales ajustados (conforme surge a fs. 57 vta., Cuerpo Fiscalización Ganancia Mínima Presunta de los A.A.).

Que no se logra demostrar el transporte de la mercadería en cuestión y por tanto tampoco queda acreditado que la misma haya sido destinada al predio de disposición de residuos mencionado. Ello ya que la sola existencia de una copia del remito de la empresa de fletes Contemar, con fecha posterior a los períodos en análisis, no constituye prueba suficiente al efecto; máxime cuando no se pudo concretar -por causas exclusivamente atribuibles a la actora- la declaración testimonial del titular de dicha empresa, Sr. Mario Sebastián Guzmán, el cual hipotéticamente hubiera podido aseverar los dichos de la apelante respecto del servicio.

Que con relación a éste último punto, se observa un cloro desinterés por parte de la apelante en la producción de la prueba -por ella ofrecida- tanto respecto de la testimonial como de la pericial contable, dejando decaer su derecho a la producción de la misma.

Que en virtud de lo expuesto y respecto de las detracciones referentes al concepto de productos deteriorados, se confirma la resolución recurrida, con costas.

IV. Que a fs. 66/70 se acompaña copia simple de la escritura que corresponde a la compra de un inmueble, sito en la calle El Cano 9544, a favor de la empresa Marin y Lani Textil S.A.

Que el art. 12 inc. b) dispone que no serán computables a los efectos del gravamen "el valor de las inversiones en la construcción de nuevos edificios o mejoras, comprendidos en el inc. b) del art. 4º, en el ejercicio en que se efectúen has inversiones totales o, en su caso, parciales, y en el siguiente." Asimismo el art. 4º, inc. b) dispone que "los bienes gravados del activo en el país deberán valuarse de acuerdo con las siguientes normas" e incluye a los inmuebles, con excepción de aquellos que revistan carácter de bienes de cambio.

Que en virtud de que las sumas pretendidamente detraídas en el IGMP en carácter de adquisición de inmuebles no se condice con las directrices legales, observándose una clara referencia de la norma -en un propósito de estímulo a la eficiencia y competitividad- a las inversiones en las construcciones o mejoras en inmuebles y no a la adquisición de los mismos, corresponde confirmar la resolución recurrida, con costas.

V. Que a falta de agravios respecto de los intereses impuestos por la Administración, corresponde su confirmación.

VI. Que en virtud de encontrarse perfeccionados los extremos requeridos para la aplicación de la multa prevista en el art. 45 de la ley 11.683 y al no observarse la configuración de error excusable por parte de la recurrente y atento las circunstancias del caso, resultar correctamente ponderadas para su graduación, corresponde confirmar la resolución apelada respecto de este punto. Con costas.

Los doctores Porta y Castro dijeron:

Que adhieren al voto del Vocal preopinante.

A mérito de la votación que antecede, por unanimidad, se resuelve: 1. Rechazar la nulidad. Con costas. 2. Confirmar en todas sus partes la resolución apelada, con costas. - Agustín Torres. - Carlos A. Porta. - Juan P. Castro.