Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-14


///n la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de julio de 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Emilio A. Cappuccio, a fs. 20/22, contra la resolución del Sr. Juez de Grado de fecha 17/03/2006, del que RESULTA:

I.- Que a fs. 3 de la presente obra el acta contravencional labrada el 07/03/2006 a Narciza Candia por la presunta comisión de la contravención prevista en el artículo 83 de la Ley Nº 1472, consistente en llevar a cabo una actividad lucrativa sin autorización en la vía pública; ocasión en la que se secuestraron cinco (5) bolsitas de tutuca de maíz , tres (3) bolsitas de arroz de maíz inflado, un (1)cajón plástico rojo utilizado como bandeja y un (1) cajón de madera, por disposición del Sr. Fiscal (fs. 1vta.).

II.- Que a fs. 8 la Sra. Fiscal de Primera Instancia, Dra. María Valeria Massaglia, da intervención al Juzgado de Primera Instancia en los términos del art. 21, LPC.

III.- Que el 17/3/2006, según consta a fs. 10/11, el Sr. Juez de Grado a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 11, Dr. Marcelo G. Bartumeu Romero, resuelve convalidar el secuestro y ordenar la remisión de las presentes actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas por entender que la conducta de la encartada no afectó el bien jurídico tutelado por el art. 83 Ley 1472. Así, sostiene que, atento a la cantidad y naturaleza de los efectos secuestrados, el accionar de la imputada sólo puede constituir una venta de mera subsistencia y que no puede considerarse una competencia desleal efectiva. No obstante ello, afirma que la actividad desarrollada por Candia podría constituir la falta prevista en el art. 4.1.2 de la ley 451, que reprime la venta en la vía pública sin autorización.

IV.- Que a fs. 20/22 consta el recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto por la Defensa contra la resolución mencionada supra, solicitando se revoque por contrario imperio, o en su defecto, se conceda el recurso de apelación. Al respecto, afirma que del análisis del tipo contravencional del art. 83 CC, y de la figura del art. 4.1.2 de la ley 451, y de la comparación de aquellos con las constancias del expediente, corresponde afirmar que no existe un hecho típico. Por ende, señala que debió dictarse una resolución que pusiera fin a la investigación de los hechos, pero no la remisión a faltas. Por otra parte, manifiesta que el secuestro careció de razonabilidad por falta de motivación. Afirma que la actividad imputada a Candia no fue acreditada mínimamente por la prevención en la medida en que no existen pruebas de que la imputada haya vendido la mercadería. Por último, solicita el archivo de las actuaciones y la devolución de la mercadería secuestrada.

V.- Que a fs. 24/ vta. la Fiscal de grado, Dra. María Valeria Massaglia, contesta la vista conferida solicitando que no se haga lugar al planteo presentado por la defensa.

VI.- Que a fs. 35/37 vta. obra la resolución dictada por el Sr. Juez de Grado entendiendo que no corresponde hacer lugar al recurso de reposición. Afirma, que en esta etapa del proceso resultan suficientes las pruebas colectadas como para considerar que probablemente Candia ejecutó una conducta en infracción con el régimen de faltas, circunstancia que otorga justificación al secuestro. Afirma que la incautación de los elementos fue necesaria para impedir que continuaran ofreciéndose a la venta los productos de los cuales no constaba que hubieran sido controlados por las autoridades pertinentes, lo que ponía en crisis su aptitud para el consumo humano. Asimismo, concede el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria.

VII.- Que la Sra. Fiscal de Cámara, en su Dictamen Nº 098-FC2//06, obrante a fs. 41/42., entiende que corresponde se revoque la resolución del juez, respecto del punto que ordena la convalidación del secuestro y se dicte un nuevo pronunciamiento que resuelva la situación procesal del imputado. Ello por considerar que si se trata de una posible falta, el secuestro no debió confirmarse a la luz del procedimiento contravencional. Por otra parte, entiende que ante la ausencia de tipicidad, debe resolverse la situación de la imputada mediante el archivo, el sobreseimiento o cualquier otra vía que ponga fin a la investigación.

VIII.- Que a fs. 45/46 la Defensa contesta la vista que le ha sido conferida remitiéndose a los argumentos expresados en el recurso de apelación. Agrega que al existir acuerdo entre la pretensión recursiva de la defensa y el acusador, el temperamento a adoptar no puede ser otro que el que se postula, pues de lo contrario, se disolvería el principio acusatorio.

Como consecuencia de ello, solicita se revoque la remisión de las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas toda vez que si se revoca la convalidación del secuestro, no se podría continuar con el proceso, ni siquiera en sede administrativa.

IX.- Que a fs. 47 pasan los autos a resolución de esta Sala, siendo la cuestión a dilucidar si resulta admisible el recurso de apelación interpuesto y en su caso, si resulta ajustada a derecho la resolución recurrida.

PRIMERA CUESTIÓN:

En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por la Ley Nº 12, y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo.

Así, es dable recordar que esta Sala tiene dicho que la norma antes citada prevé expresamente la apelación de la sentencia, pero es de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 449 in fine CPPN art. 6 LPC - que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen un gravamen irreparable al imputado, el que aparece configurado en la presente en la medida en que lo decidido implica el sometimiento del imputado al procedimiento de faltas, cuando lo que se reclama es el cierre de las actuaciones (Causa Nº 8716-00-CC/2006 Vélez, Carla Leonor S/ inf. art. 83 ley 1472- Apelación).

En razón de ello, corresponde afirmar que se encuentra configurado en la presente un gravamen de insusceptible reparación ulterior que torna admisible el remedio procesal intentado.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Admitido el recurso incoado, corresponde abocarse en primer lugar a los agravios introducidos por la defensa que se centran en las siguientes cuestiones; la primera de ellas se refiere a la decisión del Judicante de remitir los actuados a la UACF y no disponer el archivo de la presente, puesto que considera que la conducta presuntamente llevada a cabo por la encartada no resultaría típica a la luz de la normativa contravencional ni de faltas. Asimismo, expresa que no hay pruebas suficientes que permitan acreditar la comisión del hecho atribuido a la imputada y que la medida cautelar decretada en autos carece de fundamentación.

En cuanto a la decisión de remitir los presentes actuados a la UACF es importante recordar que esta Sala ha resuelto en otros precedentes que ninguna duda cabe que el juez tiene no solo la facultad sino el deber de efectuar la subsunción legal de los hechos que conforman el objeto procesal y decidir en base a ello (causas nros. 428-00-CC/2004 Del Valle Aguilar, Benedicto s/ art. 40- Apelación, rta. el 23/03/05, 343-00-CC/2005 Klivovocava, Antonia s/ inf. art. 83 ley 1472- Apelación, rta. el 21/11/2005 y 470-00-CC/2005 Perón, Juan Domingo s/infr. art. 83 ley 1472 Apelación, rta. el 15/03/2006).

En este punto, corresponde mencionar que el hecho prima facie endilgado a la encartada, tal como se desprende del acta obrante a fs. 3/vta., consistiría en encontrarse vendiendo alimentos en la vía pública, sin la debida autorización el día 07/3/2006; hecho que el Judicante consideró atípico a la luz de la ley contravencional y subsumió prima facie en el régimen de faltas (art. 4.1.2 de la Ley 451) lo que motivó la decisión de remitir las actuaciones a la UACF. Esto último fue impugnado por el Sr. Defensor Oficial, por lo que cabe establecer en esta instancia si ello resulta ajustado a derecho.

Al respecto, la Ley 1166 -que modifica el Código de Habilitaciones y Verificaciones, reglamentada por el Decreto 612-, en su art. 11.1.2 prohíbe la venta, comercialización o ejercicio de actividad comercial y la elaboración o expendio de productos alimenticios en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, a todo aquel que no tenga otorgado a su favor un permiso de uso, con el objeto de garantizar el control de la higiene y la calidad de los productos que se ofrecen en la vía pública.

Por lo tanto, y toda vez que la conducta que motiva el inicio de estas actuaciones no resulta manifiestamente atípica, sino por el contrario pasible de ser subsumida en la normativa de faltas, habiendo planteado el defensor la inexistencia de prueba suficiente del hecho, es claro que corresponde a la Unidad Administrativa de Control de Faltas determinar si Narciza Candia ha infringido la normativa aplicable, en virtud de que presuntamente no contaba con la autorización requerida para llevar a cabo dicha actividad, siendo el organismo administrativo quien debe verificar si los productos alimenticios cumplen con las disposiciones en materia bromatológica (conf. causa nº 467-00-CC/2005 Romero, Leandro Raúl s/Inf. art. 83- Apelación, rta. el 8/5/2006), y ejercer el control de la higiene y determinar la calidad de los productos que se ofrecen en la vía pública (conf. Decreto Reglamentario 612 de la Ley N°1166).

En razón de lo hasta aquí expresado, corresponde confirmar la resolución impugnada en cuanto dispone remitir la presente a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, no resultando adecuado en esta instancia del proceso como pretende la Defensa- emitir opinión alguna acerca de si las pruebas colectadas permiten acreditar la comisión de la infracción prevista en el art. 4.1.2 de la Ley Nº 451. En este sentido, sí cabe afirmar la existencia de elementos suficientes que habilitan la tramitación del proceso en aquella sede, como así también la convalidación del secuestro de los alimentos objeto de la infracción. Al respecto, cabe tener en cuenta el testimonio del Subinspector Javier Rodríguez de fs. 1/vta., quien expresa haber observado a Candia vendiendo alimentos en un puesto ubicado en la vía pública y que la nombrada carecía de autorización. A ello se suma al acta de fs. 3/vta. que da cuenta del secuestro de cinco (5) bolsitas de tutuca de maíz, tres (3) bolsitas de arroz de maíz inflado, un (1) cajón plástico rojo utilizado como bandeja y un (1) cajón de madera, en presencia de dos testigos, que también deponen en tal sentido (fs. 4 y 5), todo lo cual permi te afirmar la verosimilitud del hecho.

Por ello, los argumentos defensistas deben rechazarse en cuanto se limitan a cuestionar las pruebas obrantes en la causa; lo contrario, significaría adelantar juicio sobre el fondo del hecho, debiendo limitarse en este estadio únicamente a un oportuno control de razonabilidad y legalidad de lo dispuesto por el Juez a quo a fs. 10/11.

Aclarado ello, y en relación a la alegada falta de motivación de la medida cautelar, por no haberse colectado un mínimo de pruebas demostrativo del hecho, es dable recordar que la verosimilitud del hecho resulta una condición tanto para la adopción como para el mantenimiento de una medida cautelar. Al respecto, nuestro Máximo Tribunal Local (expte. Nº 1215/01 Clínica Fleming s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en Clínica Fleming s/ art. 72 CC incidente clausura apelación, del 19/12/2001) se ha referido al fumus boni juris de la denuncia, que se halla estrechamente ligada con la causalidad y la razonabilidad de la medida cautelar. Por tanto, y una vez establecida dicha verosimilitud mediante las probanzas precedentemente señaladas, a fin de valorar si las medidas precautorias han sido correctamente adoptadas, debe efectuarse un análisis de la conducta desde un punto de vista estrictamente jurídico. Desde dicha perspectiva, y toda vez que el hecho podría constituir una infracción al régimen de faltas (art. 4.1.2 de la Ley Nº 451 y art. 1.1.1 del Libro II, Sección 1ª, Cap. I), normativa que prevé como pena para el presunto infractor no solo la imposición de una multa sino el decomiso de los elementos secuestrados, cabe concluir que fue debidamente convalidado, puesto que en la presente el Magistrado ha dado debido cumplimiento al procedimiento previsto legalmente. Nótese al respecto que tratándose el objeto de comercialización de alimentos carentes de todo control de higiene y calidad, la conducta podría poner en riesgo, además la salubridad pública.

Por ultimo cabe mencionar, que el impugnante ha solicitado el reintegro de los bienes como consecuencia de los planteos efectuados en la causa. En razón de ello, y siendo que el tribunal ha rechazado sus agravios, corresponde igual temperamento con respecto a dicha solicitud, máxime cuando tal petición puede ser efectuada ante la Unidad Administrativa de control de Faltas (art. 8, ley 1217).

Ahora bien, en oportunidad de dar intervención al Ministerio Público Fiscal, la Dra. Sandra Guagnino introduce algunas cuestiones que corresponde analizar. En primer lugar, afirma que no es posible convalidar la medida cautelar aplicando el procedimiento contravencional, si el Juez consideraba que la conducta endilgada a Candia constituía la posible comisión de una falta.

Al respecto, este Tribunal ha decidido que la circunstancia de que el Juez advierta que la calificación legal es errónea en su primera intervención, no lo exime de dar tratamiento a las medidas precautorias adoptadas -art. 21 de la Ley Nº 12-. En este sentido, esta Sala ha sostenido que (c)orresponde cumplir con el trámite previsto por el art. 21 de la ley 12 antes de disponer la remisión de las actuaciones a la UACF ... debiendo darse a la misma el trámite previsto en el art. 21 de la Ley Nº 12, es decir no sólo la comunicación inmediata al representante del Ministerio Público sino también la debida intervención al Juez de Garantías, para el caso que la medida fuera confirmada ... (causas Nros. 143-01-CC/2004 Incidente de Apelación en autos Arrelucea Castillo, Víctor s/Infracción art. 41 CC, rta. el 06/07/2004; N° 428-00-CC/2004 Del Valle Aguilar, Benedicto s/ Inf. Art. 40 CC- Apelación, del 23/3/2005). Esta decisión se sustenta en la necesidad de garantizar los derechos del imputado, pues sin dicha intervención las actuaciones eran remitidas por la Fiscal junto con los efectos secuestrados a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, sin que mediara un contralor judicial de la medida adoptada.

No obsta a ello que el procedimiento previsto en la ley 1217, a los fines de proceder al secuestro, difiera del previsto por la ley 12, como pretende la Sra. Fiscal de Cámara, pues lo cierto es que ambos ordenamientos prevén el secuestro de la mercadería. Tampoco dicha decisión obsta a que la imputada solicite la entrega de los efectos al controlador, pues ella se limita a confirmar el secuestro que, de por sí, no impide que se tome una decisión en torno a su devolución en la esfera respectiva.

Por ello, la subsunción jurídica dada a la conducta no puede teñir de ilegitimidad las actuaciones realizadas conforme la normativa procesal aplicada a la luz del encuadre contravencional otorgado originariamente por la Sra. Fiscal de Primera Instancia, por lo que este argumento deberá ser rechazado.

Finalmente, la Sra. Fiscal de Cámara considera que si la conducta no es una contravención por ausencia de tipicidad, la situación del encartado debería ser resuelta definitivamente mediante el archivo, el sobreseimiento, la desestimación de la investigación o cualquier otra vía que ponga fin a la acción contravencional, previo a que sean remitidas las actuaciones a sede administrativa. Este Tribunal no comparte tal posición.

En primer lugar, nuestro máximo Tribunal local ha sostenido que [L]a conclusión de la jueza de primera instancia de remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, más allá de ingresar en un terreno que le es ajeno conforme las características del sistema procesal contravencional vigente, sólo implica ordenar el proceso y no ponerle fin. Eventualmente, en caso de presentarse algún recurso, éste tramitará ante el fuero contravencional y de faltas...... (cf. Pantigioso Flores, Armando s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, expte. n° 2119; Gómez Arismendi, Lina s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, expte. n° 2120; Meza, Matías s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, expte. n° 2129 y Massa, Orlando s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, expte. n° 2130, todas ellas del 9 de abril de 2003 y en Ministerio Público Defensor Oficial en lo Contravencional n° 7 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Cruz Martínez, Eugenia s/ art. 41 CC, Expte. n° 2571, del 5/11/2003, el destacado no pertenece a las decisiones originales).

Es decir que, conforme a la citada jurisprudencia la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional implica direccionar el destino de las actuaciones, lo que importa, justamente que no corresponde su archivo, sino su continuación.

En segundo lugar, en la presente causa ni siquiera se ha recibido a Candia declaración a la luz del art. 41 LPC, razón por la cual no se advierte de qué modo se la priva de obtener un pronunciamiento definitivo en el presente proceso al que, más allá del acta labrada por la prevención, ni siquiera ha sido vinculada. Por el contrario, la resolución de la situación procesal a su respecto, pretendida por la Sra. Fiscal de Cámara, podría implicar la afectación de la garantía constitucional ne bis in idem teniendo en cuenta la naturaleza penal de las sanciones administrativas (ZORNOZA PEREZ, Juan, El sistema de infracciones y sanciones tributarias, Ed. Civitas, 1992, pág. 67; JESCHECK, H. H., Tratado de Derecho Penal, Parte General, Vol. I, Ed. Bosch, 1981, pág. 82; STRATENWERTH, G., Derecho Penal, Parte General I, EDERSA, 1982, pág. 25; CSJN Fallos 289:336; 270:381; 294:420, entre otros).

Al respecto, cabe tener en cuenta que este Tribunal ha resuelto que, a partir de lo dispuesto por el art. 10 de la ley 451, no pueden seguirse frente al mismo hecho, dos actuaciones distintas a la misma persona a la luz de ambos ordenamientos contravencional y de faltas- con el fin de obtener dos sanciones, pues ello importaría la afectación del ne bis in idem (Causas N°15-01-CC/2005 Incidente de apelación en autos Ávalos, Rubén s/ art. 83 ley 1472, rta. el 17/03/06 y N° 460-01-CC/2005 Incidente de apelación en autos Guerra, Jorge Humberto s/ art. 83 ley 1472, rta. el 23/03/05).

Desde dicha perspectiva, existiendo identidad de sujeto, objeto y causa, aún cuando se hubiera recibido declaración a Candia, tampoco correspondería el dictado de una decisión de mérito al respecto en la presente causa, en relación a la contravención, pues ello podría impedir la continuación de toda tramitación de la presente en orden al mismo hecho y a la luz del otro ordenamiento, que prevé expresamente la imposibilidad de una doble sanción (y por ende doble persecución) sobre la base de ambos sistemas. Ello así, porque la garantía constitucional aludida no sólo tutela al imputado frente al dictado de dos condenas sino también frente a la multiplicidad de decisiones de mérito (en el caso sobreseimiento y la que se dicte en el otro ámbito) siempre que se den las identidades señaladas.

En tal sentido, este Tribunal ha decidido que en materia de faltas la aplicación de algunos de los principios propios del derecho penal, lejos de significar una forma arbitraria de fundar la decisión, representa el correcto camino hermenéutico atento a la particular naturaleza jurídica que posee la materia de Faltas (GCBA c/ Transporte Automotor Varela SA s/ Ejecución de multa - Apelación, causa 184-00/CC/2004, del 10/08/2004; GCBA c/ Transporte Automotor Varela SA s/ Ejecución de multas - Apelación, Causa 365-00/CC/2004, del 3/11/2004; GCBA c/ IMPSAT SA s/ Ejecución de multa - Apelación, Causa 412-00/CC/2004, del 17/02/2005 y GCBA c/ Expreso Cañuelas SA s/ Ejecución Fiscal - Apelación, Causa 27-00-CC/2005, del 16/03/2005, entre muchas otras).

Finalmente, la conclusión expuesta no puede ser considerada en modo alguno como violatoria del sistema acusatorio, tal como pretende la defensa. Ello, toda vez que, como ya se ha indicado en planteos similares, los jueces deben asegurar el debido respeto a las garantías, centrándose su actividad en la función de control y no sólo en una mera contemplación del transcurso del proceso (Causa N° 075-00-CC/2004 ARAGON, Juan s/ inf. Art. 72 CC- Allanamiento, rta. 21/04/04).

En el presente caso, la decisión de este Tribunal no implica una injerencia en alguna función que le es ajena, sino tan solo la resolución del caso en el ejercicio de sus facultades. Es decir, no invade la esfera de la acusación, ni desvirtúa el equilibrio de condiciones que debe existir entre las partes.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE:

Confirmar la decisión obrante a fs. 10/11, de fecha 17/3/2006, en cuanto ordena la remisión de las presentes actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente remítase al Juzgado de origen, a sus efectos.

Ante mí.