Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03


VILLAGI, Edit Reg.: A y S t 202 p 339-342. Santa Fe, 3 de noviembre del año 2.004.

VISTA: la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el representante de la Municipalidad de Santa Fe contra la resolución n 24 del 11 de marzo de 2003, dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de esta ciudad en autos caratulados "VILLAGI, Edit -Su denuncia- Apelación cuestión previa no penal rechazada- (Expte. 288/02)", (Expte. C.S.J. nro. 194, año 2003), y;

CONSIDERANDO:

1. La Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Santa Fe mediante decisorio n 24 del 11.3.2003 confirmó la resolución apelada que, a su turno, había rechazado el planteo de la cuestión previa no penal deducida por la Municipalidad de Santa Fe (fs. 14/15).

Contra dicho pronunciamiento deduce el representante de la referida Municipalidad recurso de inconstitucionalidad con fundamento en que el mismo no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción (fs. 20/27vto.).

Aduce, luego de relatar los hechos que dieron origen a la causa, que el decisorio impugnado resulta arbitrario al no decidir cuestiones planteadas oportunamente, basarse en prueba inexistente y carecer de motivación suficiente.

En cuanto al primero de los tópicos aludidos, expone que el Tribunal no decidió cuestiones planteadas en su oportunidad al no hacer un análisis en conjunto de todo el caso que permita una decisión razonable, sino que por el contrario solamente toma en consideración un aspecto y decide conforme a ese aspecto sin estudiar que la cuestión es compleja y que un análisis total arrojaría un resultado distinto al obtenido.

Sostiene que al omitirse el tratamiento de una cuestión de trascendencia, la resolución impugnada carece de la debida motivación conforme lo exige el artículo 95 de la Constitución provincial, la que no solo se satisface con la sola presencia de razones en el fallo, sino que han de demostrar que el mismo es fruto de un razonamiento lógico, coherente y con sustento en los hechos probados de la causa.

En el caso de autos, la aludida deficiencia se configura por cuanto el decisorio sólo se funda en la remisión a los argumentos expuestos en la sentencia emanada del Inferior que, justamente por hallarse apelada, sólo tendrían validez luego de aventados los agravios dirigidos contra ella.

En otro orden, arguye que el Sentenciante fundó su decisión en pruebas inexistentes, fallando en base a vías indiciarias o presunciones, lo cual no se condice con las exigencias impuestas por las normas de aplicación.

En tal sentido, refiere que el denunciante aludió a presuntas alteraciones en la fórmula polinómica que sirve de base para la determinación de la tarifa a cobrar por la prestación del servicio, circunstancia que nunca pudo ser probada por cuanto falta terminar y aprobar la pericial contable dispuesta por el Inferior.

Por tal motivo, relata que se le ocasiona a su parte un gravamen irreparable, ya que el Tribunal, además de basarse en prueba inexistente, no valora los medios de confirmación que sí se habían producido en el proceso.

En último término expone que el A quo se aparta de los términos en que fue trabada la litis al considerar que el tema central se delimita a discernir sobre la cuestión previa no penal y no a analizar in totum la problemática traída a juzgamiento.

2. Por resolución del 12.5.2003 el A quo denegó la concesión del remedio intentado (fs. 44/45). Contra dicho decisorio deduce el impugnante el recurso directo previsto en la ley 7055 (fs. 52/62).

3. Si bien el recurrente invoca en apoyo de su planteo recursivo la concurrencia del supuesto previsto en el inciso 3 del artículo 1 de la ley 7055, afirmando que la sentencia dictada por la Sala es arbitraria, de la confrontación del memorial introductor del recurso de inconstitucionalidad con el decisorio impugnado surge tan solo la mera disconformidad de aquél con lo resuelto por los juzgadores en ejercicio de funciones propias sobre cuestiones de hecho, prueba y derecho, lo que escapa en principio a la materia específica del recurso de inconstitucionalidad.

En efecto, el examen de los agravios sólo permite avizorar una mera discrepancia con el criterio esbozado por la Alzada en su resolución en tanto confirmó el decisorio del Inferior, rechazando la postulación de los representantes de la Municipalidad de Santa Fe consistente de la configuración, en la especie, de una cuestión previa no penal.

Así, de una liminar lectura del decisorio impugnado se aprecia que el Sentenciante, en lo que refiere a la no acreditación de un supuesto que impidiera seguir adelante con la investigación, se basó en un criterio que en modo alguno puede reputarse ilógico o irracional.

En tal sentido, el A quo precisó que en el caso bajo examen "lo que constituye objeto de investigación no son los actos administrativos dictados por la Intendencia Municipal, sino los antecedentes en base a los cuales se elaboraron los mismos, como así también otros hechos ilícitos que pudieren originarse en la denuncia presentada".

Agregó el Tribunal a dicho argumento que, al contrario de lo que propone el quejoso, en el caso "no es menester a los fines investigativos la declaración de validez o no de los actos administrativos que se hubieren dictado en base a datos presuntamente falsos, que son los que precisamente sirvieron de fundamento para formular la denuncia por supuesta tipificación de los delitos contemplados en los artículos 248 y 293 del Código Penal y cuya existencia habrá de ser establecida por la pertinente investigación que es de competencia del juez de instrucción de rango inferior" (f. 14 vto.).

Frente a dicha argumentación, insiste el quejoso con su particular enfoque en el sentido de que la Alzada soslayó el tratamiento de cuestiones oportunamente propuestas por su parte y que resultaban de vital importancia, mas sin alegar en la especie cuáles eran esas circunstancias omitidas por el Tribunal, como así tampoco acreditar la trascendencia que las mismas pudieran haber tenido para la dilucidación de la causa, lo que tornaría arbitrario el decisorio atacado.

En otro orden, cabe resaltar que no se avizora, como pretende hacer ver el recurrente que el fallo se sustente en prueba inexistente al aludir a la alteración de la fórmula polinómica -porque tal situación todavía no estaba acreditada en el proceso-, sino que por el contrario, el Juzgador consideró que esa era su función, es decir la de investigar las posibles irregularidades en dichas fórmulas, y para ello no resultaba necesario la primigenia determinación de invalidez de los actos administrativos invocados, con lo cual no resultaba procedente la acción intentada por el Municipio.

De lo hast De lo expuesto se desprende, entonces, que la discusión que propone la recurrente con relación a la apreciación de los jueces que tuvieron de la causa, no demuestra que éstos utilizaran afirmaciones dogmáticas, contrarias a las constancias de autos y al derecho vigente; sino que por el contrario, el planteo es muestra de la disconformidad de la impugnante con la solución arribada al valorar la situación acaecida en la especie, y en mérito a ello concluir que no se estaba en presencia de una situación que torne aplicable el artículo 13 del Código Procesal Penal de la Provincia.

De todo lo apuntado cabe concluir que la cuestión no resulta idónea para franquear la vía ensayada, desde que los agravios del recurrente conducen al examen de temas de hecho, prueba y derecho común que fueron resueltos con fundamentos suficientes y que permiten desechar los vicios de arbitrariedad acusados. Ello así puesto que al no haberse demostrado que tales apreciaciones resulten ilógicas o irracionales, aquéllos no logran trasponer el límite de la discrepancia hermenéutica, de modo que autorice a tener por configurada una cuestión constitucional idónea para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)