Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-11


En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los11días del mes de agosto de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver la presente causa de la que:

RESULTA:

1.Que a fs. 59/61 surge el planteo de sobreseimiento interpuesto por Patricia López, cotitular de la Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 1, por entender que la conducta endilgada a su asistido resulta ser atípica en función de lo establecido en el art. 4º de la ley 25.886.

2. Al contestar la vista conferida, el Gabriel Unrein, titular de la Fiscalía Contravencional de primera Instancia nº 9, entendió que debía rechazarse el pedido de sobreseimiento planteado, por cuanto la tipicidad de la tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización no fue supeditada a que el poder Ejecutivo disponga las medidas tendientes a facilitar el registro gratuito y sencillo de tales armas de fuego.

3. Que a fs. 66/67vta. se agrega el decisorio en crisis, de fecha 1º de junio de 2006, por el que la Jueza de grado a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 26, Marta Cristina Nazar, resolvió sobreseer a Héctor Dardo Eusebio en orden al delito previsto en el art. 189 bis, apartado 2º, primer párrafo del Código Penal, por las mismas razones expuestas por la defensa, a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad.

4. Que a fs. 68/71vta. de la presente obra el recurso de apelación interpuesto por el Representante del Ministerio Público Fiscal contra la resolución de la a quo de fecha 1º de junio de 2006, el cual fue concedido a fs. 72, lo que motivara la intervención de este Tribunal.

5. Oído el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 77/79, pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a dilucidar: ¿resulta admisible el recurso de apelación interpuesto, y en su caso ¿resulta adecuado a derecho el resolutorio recurrido PRIMERA CUESTION Admisibilidad del recurso 6. El recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 61 inc.1º apartado a) de la Ley de Procedimientos Contravencional, y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

En efecto, la Sra. Jueza de grado resolvió, con fecha 1º de junio pasado, sobreseer a Héctor Dardo Eusebio en orden al delito previsto en el art. 189 bis, apartado 2º, primer párrafo del Código Penal, siendo notificado de ello el Sr. Fiscal el 5 de junio pasado (v fs.67vta.), quien interpuso recurso de apelación el día 7 del mismo mes, es decir dentro de los cinco días habilitados para ello.

Conforme lo expuesto, el recurso ha sido interpuesto en forma temporánea, por quien se encontraba legitimado subjetivamente para hacerlo, y contra un auto equiparable a sentencia definitiva que le provoca un gravamen irreparable.

Asimismo, el art. 61 inc.1º de la ley nº 12 habilita al Ministerio Público Fiscal a interponer el recurso, pues en el presente caso se plantea un supuesto de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva siendo que se cuestiona la no aplicación del tipo penal previsto en el art. 189 bis apartado 2) primer párrafo del Código Penal según el texto de la Ley nº 25.886.

7. Si bien es cierto que la normativa aplicable es clara en reconocer la potestad recursiva del fiscal en el único supuesto de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, y en el caso de absolución (in re "Alcaraz, Héctor Juan s/infr. art. 189 bis CP. Apelación" expte. 469-00/CC/2006, rta.6-07-06), cabe entender que dicha posibilidad también involucra al sobreseimiento ya que ambos producen la desincriminación del imputado y ponen fin o impiden la continuación del proceso.

8. Por lo expuesto, no existe motivo para excluir el supuesto de sobreseimiento cuando lo que diferencia a éste de la absolución es que el dictado de esta última se efectúa como consecuencia de un juicio oral, pero ambos tienen efecto de cosa juzgada al desvincular al imputado del hecho; cabe afirmar entonces que fijar los supuestos de impugnabilidad objetiva a la luz de las condiciones limitadas que surgirían de una interpretación literal de la norma en cuestión, con las dificultades que plantearía su alcance restringido, resultaría irrazonable.

Entiendo entonces que no fue intención del legislador privar al titular de la acción de la facultad recursiva en caso de sobreseimiento cuando sí lo habilitó para el supuesto de absolución.

Ello es así toda vez que, en primer lugar, no surge del debate parlamentario de la ley nº 1287, modificatoria de la ley de procedimiento, el interés de plasmar una diferenciación al respecto.

En segundo lugar, porque considero que la técnica legislativa utilizada para la redacción del art. 61 de la LPC no tomó en cuenta la distinción entre absolución y sobreseimiento. Nótese que al mencionar las posibilidades que posee la Cámara frente al impulso recursivo simplemente se limita a la confirmación de la sentencia condenatoria o absolutoria, o a la revocación de una sentencia condenatoria, más no contempla cómo se debe fallar cuando la defensa recurre un auto equiparable a sentencia definitiva, infiriéndose en consecuencia que el legislador no contempló la totalidad de las posibilidades que surgen de la primera parte de la norma citada.

Lo cierto es que en el presente caso existió un pronunciamiento desincriminante, en el cual el juzgador se expidió sobre el fondo de la cuestión clausurando la persecución penal con valor material de ne bis in idem, motivo por el cual dada la sospecha de haber incurrido en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, corresponde habilitar al Sr. Fiscal que intente revocar la sentencia cuestionada.

Tiene dicho nuestro Máximo Tribunal local que "Los jueces tienen la obligación de efectuar interpretaciones razonables, que privilegien el espíritu de la ley y sean coherentes con los valores que se pretenden tutelar mediante su sanción..."( Expte. n° 4066 "González, Carlos Alberto y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'González, Carlos; Lacquaniti, Roque y otros (Bingo Congreso) s/ inf. Ley 255 - Apelación, voto de la Jueza Ana María Conde).

Por lo expuesto, corresponde declarar admisible el remedio intentado, conforme en el art. 61 inc.1º LPC, por reunir los requisitos de forma allí contenidos.

SEGUNDA CUESTION De los agravios 9. Se agravia el representante de la vindicta pública por entender que el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil previsto en el art. 189 bis apartado 2) primer párrafo del Código Penal (Ley nº 25.886) se encuentra plenamente vigente, no correspondiendo sobreseer al imputado, pues la vigencia de dicha figura no fue supeditada a que el Poder Ejecutivo disponga las medidas tendientes a facilitar el registro gratuito y sencillo de tales armas de fuego, sino que ella operó trascurrido el plazo de seis meses a contar desde la promulgación de la ley.

Como cuestión de fondo a tratar, debemos preguntarnos si la resolución de la a quo de fs. 66/67vta. se ajusta a derecho. Adelanto que las pretensiones de la Fiscalía habrán de tener acogida favorable, por las consideraciones que a continuación se exponen El Sr. Fiscal de grado, de acuerdo con la imputación efectuada al momento de prestar declaración en los términos del art. 41 de la LPC describió el accionar atribuido al Sr. Eusebio como constitutivo del delito de tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización previsto y reprimido por el art. 189 bis inc. 2º primer párrafo del Código Penal (modif. por Ley Nº 25886), encuadre jurídico que fuera ratificado en oportunidad de efectuar el requerimiento de elevación a juicio, tal como se desprende de las copias certificadas del expediente principal que fueran recibidas por esta Sala con fecha 21 de junio pasado ( fs. 89/91).

10. La ley 25.886 fue sancionada el 14 de abril de 2004 y promulgada de hecho el 4 de mayo del mismo año (B.O. 5-5-2004), introduciendo la modificación del art. 189 bis del Código Penal, la derogación del art. 189 ter del Código Penal y del art. 42 bis de la Ley Nacional de Armas y Explosivos nº 20.429.

El art. 189 bis del Código de fondo fue modificado incluyéndose en el apartando 2) de dicho precepto, similar conducta típica que la contemplada en el derogado art. 42 bis de la ley 20.429, disponiéndose que "la simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de seis meses a dos años y multa de un mil pesos ($1000) a diez mil pesos ($10.000)".

Por su parte, el art. 4º de la Ley Nº 25.886 establece que "(e)l Poder Ejecutivo nacional dispondrá, a partir de la promulgación de la presente ley, las medidas pertinentes para facilitar el registro gratuito y sencillo de las armas de fuego de uso civil y uso civil condicionado, por el término de seis (6) meses. Asimismo, en el mismo término se arbitrarán en todo el territorio de la nación ... los medios para recepcionar de parte de la población, la entrega voluntaria de toda arma de fuego que su propietario o tenedor decida realizar ..." y, luego de un punto aparte, dispone que "(e)l primer párrafo del punto 2 del artículo 189 bis entrará en vigencia a partir del plazo establecido en este artículo".

11. El punto a determinar es el alcance que posee el art. 4º, segundo párrafo de la ley nº 25.886, esto es si el término de seis meses mencionado en la norma para la entrada en vigencia del tipo penal de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, debe computarse de manera automática desde la promulgación de la ley o, por el contrario, ha quedado sujeta al cumplimiento por parte de la autoridad administrativa competente de un sistema gratuito y sencillo para facilitar el registro de las armas de fuego.

12. Como primera cuestión cabe adelantar que del texto legal trascripto se desprende claramente que el legislador no ha condicionado la entrada en vigencia del delito de simple tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización a la instrumentación de un registro por parte del Poder Ejecutivo, sino que ello operó trascurridos los seis meses contabilizados desde la promulgación de la ley, es decir el 5 de noviembre de 2004.

Ahora bien, para sustentar debidamente esa afirmación (artículos 123 y 404 inciso 2° del C.P.P.N. y art. 6 de la LPC), corresponde efectuar la interpretación de la norma, es decir averiguar el sentido de la regla legal utilizando para ello diversas herramientas exegéticas útiles para definir dicha cuestión.

13. El artículo 4º de la ley 25.886 menciona claramente que el tipo penal en cuestión entrará en vigencia "a partir del plazo establecido en este artículo", (que es de seis meses), más no expresa que ello sucederá "a partir de los seis meses del cumplimiento de la directiva establecida en el primer párrafo [del art. 4º]", la técnica legislativa optó por realizar una remisión al primer párrafo sólo en relación al plazo.

Además nótese que mientras en el primer párrafo de la normativa citada se ordena al Poder Ejecutivo la realización de las medidas pertinentes para facilitar el registro gratuito y sencillo de las armas, luego de un punto aparte se hace referencia a la entrada en vigencia del tipo penal de tenencia de arma de fuego de uso civil, con lo cual la interpretación literal o gramatical nos conduce a la afirmación que el término mencionado no se encuentra sujeto a condición alguna, excepto el mero transcurso del tiempo.

14. Pero como si ello fuera poco, la hermenéutica histórica o de la voluntad del legislador también nos conduce a la misma conclusión.

Tal como ocurriera con las últimas reformas legislativas importantes en materia penal en nuestro país, en este caso también fueron los hechos delictivos gravísimos y de gran repercusión pública el detonante que llevó al legislador a resolver la modificación al art.189 bis del Código Penal.

La nueva redacción de este artículo establece algunas escalas penales distintas, incorpora agravantes y atenuantes a las figuras existentes y recepta determinadas conductas no contempladas en la normativa anterior.

A su vez, la tenencia de armas de uso civil contemplada anteriormente en el art. 42 bis de la ley 20.429 solamente como una contravención fue ahora incorporada como conducta criminal, aunque lógicamente sancionada con pena de prisión y multa con una escala penal -de seis meses a dos años de prisión y multa de $ 1000 a $ 10.000.

15. En este sentido, parece razonable la hermenéutica que entiende que si el legislador decidió elevar a la categoría de delito la tenencia ilegítima de arma de uso civil, derogando el art. 42 bis de la ley 20.429, su vigencia no puede quedar supeditada a la voluntad del Poder Ejecutivo cuando el proyecto fue aprobado en virtud de la aplicación directa del art. 80 de la Constitución Nacional.

Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo ejerce un control extraorgánico sobre el Congreso, ello se limita en materia de convocatoria a sesiones extraordinarias y de prórroga o de veto de proyectos de ley, todo lo cual involucra una importantísima coactuación del presidente en la tarea legisferante (Conf. Sagüés, Néstor "Elementos de Derecho Constitucional", Tomo 1º, Editorial Astrea, Pág. 554), más ello no lo habilita a ejercer facultades legislativas propiamente dichas.

Hace ya varios años la Corte Suprema, al hacer suya la opinión de Sebastián Soler - cuando dictaminó como Procurador General, in re ""M" (Fallos 237:636)-, dejó establecida la interdicción - en el sistema representativo republicano de gobierno adoptado por la Constitución y que se basa en el principio de la división de poderes (art.1 CN)- de los actos de delegación en el Poder Ejecutivo o en órganos administrativos que impliquen habilitarlos para disponer la total configuración de los delitos o la libre elección de las penas. Al Ejecutivo le está vedado, por tanto, que so pretexto del uso de la potestad reglamentaria, se sustituya al legislador y dicte, en rigor, la ley previa que requiere el mentado art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos 237:636), lo destacado me pertenece.

Reitero, no ha sido voluntad del legislador supeditar la entrada en vigencia del tipo penal de tenencia de arma de uso civil a una reglamentación; nada dice al respecto la norma ni el debate parlamentario.

En efecto, deviene oportuno recordar el criterio rector en materia de interpretación de las normas sostenido inveteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme al cual "La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, pero además la misión judicial no se agota en ello, ya que los jueces, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma; todo esto, a su vez, de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional" (conf. E. 171. XXII. "Estado Nacional c/ Rudaz, Martín Alejo y otra s/ nulidad de resolución", rta. el 5/12/92. El resaltado es nuestro). Es la regla más segura de interpretación la de que los términos utilizados por el legislador "...no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, el que debe buscarse no en significaciones oscuras o abstractas sino en el sentido más obvio al entendimiento común..." (conf. fallos: 262:60; y causa K. 50. XX. "Kasdorf SA. c/ Jujuy, Provincia de s/ daños y perjuicios", rta. el 23/12/92). También ha expresado el Alto Tribunal que no debe olvidarse "...el principio general de que las normas deben ser interpretadas indagándose su verdadero alcance mediante un examen atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, la que no debe ser obviada por posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal que dificulten la consecución de la finalidad..." (Fallos: 310:572).

16. En ese orden de ideas, conviene referenciar algunos pasajes del desarrollo parlamentario que tuvo la mencionada ley 25.886 (en Antecedentes Parlamentario, tomo 4 mayo 2004, La Ley, Buenos Aires, 2004) donde se desprende que el propósito del la inclusión del art. 4 no fue dejar en manos de la administración la vigencia del tipo penal de tenencia de arma de uso civil sino implantar una adecuada política de desarme y de control de armas.

El Diputado Damiani como miembro informante de la referida Cámara puntualizó que "...la futura norma tiene la intención de marcar un camino en el sentido de que quien decida tener un arma o la posea en este momento debe registrarla..." (ob. cit. Pág.903); el Diputado Casanovas mencionó que "... en la inteligencia de que es necesaria una adecuada política de desarme o de control de las armas que posee la población, resulta evidente que ... debemos adoptar medidas pertinentes para facilitar el registro en un término prudencial, sobre todo de las armas de uso civil...", y "... en esta dirección vamos a proponer un agregado al artículo 4º del dictamen de comisión en el sentido de disponer que la figura de la tenencia de armas de uso civil que se incorpora al Código Penal en la primera parte del artículo 189 bis, entre en vigencia a partir del vencimiento del plazo establecido para la creación del registro" (ob. cit. Pág.906), finalmente el Diputado Fayad explicó que "... vamos a proponer una amnistía de seis meses ¿Por qué Porque habrá gente que querrá seguir manteniendo armas en su hogar en forma reglamentaria, pero habrá otras personas que a lo mejor prefieren deshacerse del arma..." (ob.cit. Pág.914) Nótese que el legislador se refirió al plazo establecido "para" la creación del registro y no al plazo establecido " a partir" de la creación del registro, con lo cual de la propia letra del legislador en el debate parlamentario surge que no fue su intención supeditar la vigencia del tipo penal de tenencia de arma de uso civil a la creación de un registro.

17. Una resolución en contrario no haría más que desconocer el motivo principal de la reforma del Código Penal en su art. 189 bis.; interpretar que la entrada en vigor de un tipo penal se posterga como consecuencia de la inactividad de la administración deviene irrazonable y alejado de la intención del legislador.

En efecto, cabe destacar que en oportunidad de remitir el proyecto de ley de reforma al Código Penal el Poder Ejecutivo consideró que "el notable incremento de los delitos en contra de la propiedad y de las personas mediante el uso de armas de fuego de creciente poder ofensivo, así como la efectiva concurrencia de acciones terroristas mediante el empleo de sustancias explosivas de un poder devastador antes nunca visto, ha motivado al PODER EJECUTIVO NACIONAL a instar la sanción de reformas en al legislación penal, tendientes a prevenir y controlar tal tipo de fenómenos." (ob. cit. Pág.867) De ello se sigue que la real necesidad de modificar la normativa legal se relacione directamente, entre otros, con el aumento de los delitos mediante el uso de armas.

En el presente caso, resulta absurdo condicionar la vigencia de un tipo penal, que mediante la reforma fue elevado de la categoría de contravención a delito, a la actividad del Poder Ejecutivo, por cuanto ello no surge del espíritu del legislador desde el momento que, por el contrario, plasmó una voluntad política de perseguir esta clase de delitos.

De seguir el razonamiento desarrollado por la Magistrada a quo cabría concluir que una figura penal como la tenencia de un arma de uso civil sin la debida autorización legal no habría entrado aún en vigencia -a más de dos años de su promulgación- por la omisión reglamentaria del Poder Ejecutivo en cuanto al registro gratuito y sencillo de las armas. Tal afirmación no resiste análisis.

La regla general de la interpretación semánticamente más restrictiva de criminalización cede ante otra más amplia, esto es, cuando el sentido restrictivo provoca una consecuencia ridícula o absurda, que la literal más amplia evita (Conf. Zaffaroni, Eugenio y otros, "Derecho Penal, Parte General", Ediciones Ediar, Buenos Aires, Pág., 112).

18. Por otro lado, no desconoce la suscripta el contenido de la resolución nº 050/06 del RENAR de fecha 22 de febrero de 2006, sin embargo ella ha sido dictada en el marco del cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo del art. 4º de la ley 25.886, con lo cual en nada condiciona la entrada en vigor del tipo penal en cuestión.

Lo expuesto precedentemente, resulta concluyente a fin de resolver el tema en tratamiento, todo lo cual reafirma mi postura en el sentido que la conducta endilgada al Sr. Eusebio no resulta atípica, por cuanto el delito de tenencia de arma de uso civil se encuentra vigente desde el 5 de noviembre de 2004, dado que la ley fue promulgada de hecho el 4 de mayo de ese año.

19. Atento el mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. REVOCAR la resolución apelada (art. 61, inc.1º, párrafo 3º LPC y art. 189 bis, inc. 2º, primer párrafo del Código Penal).

II. APARTAR a la Sra. Jueza a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 26, debiendo remitirse las presentes actuaciones a la Secretaría General de esta Cámara a fin de que se desinsacule el Juzgado en lo Contravencional y de Faltas que deberá continuar interviniendo.

Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara y, remítase a la Secretaría General de Cámara, a sus efectos.

Ante mí:

En de de 2006 notifiqué al Sr. Fiscal de Cámara y firmó. Doy fe.

En dede 2006 remití las actuaciones a la Secretaría General de Cámara .Conste.