Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-13


SENTENCIA DEFINITIVA N° 64576 SALA VI Expediente Nro.: 22.307/2010 (Juzg. N°54) AUTOS: "GONZALEZ MENENDEZ LORENA MONICA C/ DINNING S.R.L. Y OTRO S/ ACCIDENTE- ACCION CIVIL" Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

I. Contra la sentencia dictada a fs. 775/785 que hizo lugar a la demanda por accidente de trabajo con fundamento en el derecho civil se alzan las partes: la demandada CENTRAL PUERTO SA a fs. 794 I y 795 I; la actora a fs. 797/809 con réplica recíprocas de MAPFRE Argentina ART SA (fs. 819/824); de la actora (fs. 828/833).

Apelan por bajos sus honorarios los peritos médico y contador (fs. 787 y 790). Central Puerto SA se agravia por considerar que los honorarios regulados a la representación letrada de la actora y peritos es alta (fs.795 I).

II. La codemandada CENTRAL PUERTO SA se agravia por cuanto la sentencia de grado la condena en los términos de los arts. 512, 902, 1109 y 1113 del Código Civil y 75 de la LCT, señalando que las cosas que eventualmente pudieron producir el siniestro no las tenía a "su cuidado". Agrega asimismo que una baldosa por más que esté floja no puede ser calificada como cosa capaz de dañar (fs. 794 I vta.).

Entiendo que la quejosa no logra superar la exigencia de una crítica detallada y concreta de todos y cada uno de los puntos del decisorio apelado, no demostrando en mi criterio lo que pudo ser erróneo, injusto o contrario a derecho para delimitar los límites precisos de la actividad revisora del Superior tal como es doctrina inveterada de esta Sala (CNAT Sala VI 16.11.87 DT 1988-623).

Su esfuerzo no supera la mera disidencia con la valoración del juez de primera instancia y discurre en apreciaciones teóricas sin adentrarse en la valoración del sustrato del decisorio.

No encuentro que el recurso se baste a sí mismo en cuanto a fundamentar una errónea apreciación de los hechos materia del litigio; errónea aplicación del derecho o equivocada valoración de los medios de prueba que puedan implicar errores en el contenido de la sentencia in iudicando, subsanables por vía recursiva.

A mayor abundamiento el recurrente no controvierte eficazmente el argumento central brindado por el sentenciante de grado cual es la prueba prolijamente merituada por la Sra. Jueza de grado: la testimonial que no fue oportunamente objetada y que no mereció un análisis crítico pormenorizado, contrario a la valoración efectuada en origen.

Resulta determinante en mi criterio el informe de auditoría solicitado por la propia apelante con anterioridad al accidente de autos, y del cual surge que las instalaciones donde trabajaba la actora (cocina, comedor), presentaba un estado insatisfactorio no cumpliendo con los requisitos."se trata de un elevado riesgo. Requiere de acciones urgentes" (fs. 121) y agregados en la documental (anexo 993), corroborado por las fotografías del lugar (anexo 915), y sobre las que nada dice el apelante. La prueba colectada y valorada por el juez no dejan dudas acerca de que la apelante como dueña del lugar tenía pleno conocimiento de las condiciones en que el personal del comedor cedido a la codemandada DINNING SRL estaba prestando servicios en una relación de la que Central Puerto SA obtenía provecho.

En la apreciación de la prueba y en especial de la testimonial, el art. 386 del CPCCN exige al juzgador que la valoración de la misma lo sea por los principios de la sana crítica, siéndole totalmente lícito al mismo apreciar oportuna y justamente si el testimonio en cuestión parece objetivamente verídico (no solamente por la congruencia de sus dichos, sino además por la corroboración de los mismos con el resto de las pruebas que pudieran obrar en el expediente) siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del Magistrado.

Asimismo, el material probatorio debe ser apreciado en su conjunto mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan los distintos elementos de convicción arrimados al proceso, por lo que declaraciones de testigos que individualmente consideradas pueden ser objeto de reparos o consideradas débiles o imprecisas, en muchos casos se complementan entre sí, de tal modo que, unidas, llevan al ánimo del juez la convicción de la verdad de los hechos.

En el caso, el material probatorio examinado de conformidad con las reglas de la sana crítica permite tener por acreditados los presupuestos fácticos de la pretensión, por lo que en conclusión no corresponde atender el presente agravio y confirmar por tanto el fallo apelado en este aspecto.

III. La parte actora se agravia por cuanto la sentencia de grado:

1. Le otorgan una incapacidad parcial y permanente del 15% de la total obrera y no reconoce el daño psicológico.

Se alza la actora contra la decisión de grado que establece una incapacidad parcial y permanente de la actora asignando un 15% de incapacidad, en base al informe pericial médico. El dictamen fue impugnado por las partes y contestado por el perito a fs. 743/744, no objeto por las partes y donde se explaya sobre los distintos baremos utilizados, de los cuales surge que el porcentaje otorgado se encuentra contemplado en todos ellos, quedando librado a la apreciación judicial en definitiva, la que en el marco de las reglas de la sana crítica tomó la decisión citada.

No encuentro en el memorial relativo al agravio elementos objetivos suficientes que permitan apartarme del decisorio, ya que la decisión del juez que se aparta de los términos del dictamen debe sustentarse en fundamentos de índole científica.

Si bien los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales en tanto poseen soberanía en la apreciación de la prueba para prescindir de ellas se requieren cuando menos que se opongan otros elementos no menos convincentes, que no encuentro en el caso de autos ( CSJN 1.9.1987 ED 130-335 DNN c/ CEJ"; "Trafilam SAIC c/ Galvalisi" JA 1993-III-52secc. Índ. N°89).

Impugna el apelante la sentencia sobre el porcentaje de incapacidad otorgado a la actora en tanto omitió considerar la psicológica sufrida por la actora y dada por el perito respectivo (fs. 688/692) del 15% de incapacidad parcial y permanente.

Considero que asiste razón a la queja en este aspecto ya que efectivamente la sentenciante a fs. 781 otorga a la pericia psicológica valor convictivo, pero no incluye en el resarcimiento éste aspecto, lo que será modificado en la presente, teniendo en consideración que la realización del tratamiento terapéutico indicado a fs. 691 puede ayudar a su recuperación, disminuir o contribuir a la mejora de las secuelas incapacitantes conforme el Decreto 659/96 que se toma solo como referencia orientativa, oscilando de acuerdo a distintos cuadros por stress post traumático y su evolución la incapacidad que estimo conforme las circunstancias del caso en el 10% de incapacidad psicológica.

El daño psíquico debe ser resarcido cuando la magnitud y trascendencia del episodio en el cual se vio envuelta la víctima aparece como susceptible de producir este tipo de perjuicio inmaterial tal como lo entiende la jurisprudencia (C.N.Civ. Sala A, 6-10-98, "Godoy Alba y otros c/Barragán Eugenio s/daños y perjuicios").

Acreditada la existencia del daño psíquico, corresponde acordar una indemnización que compense el costo del tratamiento psicológico, en tanto es claro que el derecho de la víctima a ser restablecida en las condiciones que se encontraba con anterioridad al hecho dañoso, o tender a ello (cf. C.N.Civ. Sala "I", 10/8/99, "Silva Joao B. y otro c/ López Gómez Alcides s/ Ds.y Ps.).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308: 1109; 312: 2412, S. 621.XXIII, originario, 12- 9- 95) Por ello considero ajustado a la equidad, fijar la indemnización por daño material en la suma de $180.000 y por daño moral en la suma de $30.000 de acuerdo al criterio de ésta Sala, y que comprende datos de las circunstancias particulares, sociales y familiares del dañado por el infortunio, como edad, incapacidad y salario, los que llevarán intereses desde la fecha del accidente conforme las pautas del Acta 2357/2002.

Sabido es que la obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende además de la indemnización por pérdidas e intereses la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima (art. 1078 - 1er. Párr. Código Civil).

La Corte Federal en la causa "Migoya Carlos A. c/ Provincia de Bs.As. s/ Daños y Perjuicios ( CSJN 2011/12/20 - cita on line AR/JUR/84373/2011), estableció un piso cuantitativo para el daño moral, valorando los padecimientos anímicos y espirituales de una víctima de un ilícito. En el caso de la citada causa se cuantificó tratándose de un hecho brutal determinando su resarcimiento en un monto similar al salario que percibe un ministro del Tribunal Superior.

Encuentro en consecuencia que el importe asignado al actor en autos, resulta adecuado a las circunstancias del caso.

El daño moral comprende:

a) el "pretium doloris" que involucra el dolor físico de la víctima y el puro daño moral, que se refleja en la pena, la tristeza y el sufrimiento -no físico- que puede sufrir la víctima;

b) el daño a la vida de relación (privación de satisfacciones, pérdida de la posibilidad de ejercitar ciertas actividades de placer u ocio, como las artísticas y deportivas pero de cualquiera que afecte las satisfacciones sociales o interpersonales de la vida);

Y otros a mensurar que no alcanzan al caso de autos, como el daño estético; el "perjuicio juvenil" (dolor que provoca en una persona joven la conciencia de su propia decadencia); el perjuicio sexual o pérdida de las facultades sexuales.

Sabido es que el reconocimiento de una suma de dinero no puede reemplazar el daño a los afectos y los sentimientos. Se procura la mitigación o remedio del dolor por medio de bienes deleitables que mitigan la tristeza, desazón, penurias (ED 112-280; "De los daños a la persona" y Revista de Derecho de Daños Nº. 6 "Daño Moral" p. 197).

A la citada suma se le deberá descontar el importe que en definitiva resulte de condena a la codemandada MAPFRA ARGENTINA ART SA.

2. Omitió considerar los gastos psicológicos estimados en el dictamen pericial.

Se queja la actora por cuanto en grado no se reconoció importe alguno destinado a sufragar el tratamiento psicológico indicado en la pericia.

Considero que la queja debe ser acogida en éste aspecto.

Aconsejar un tratamiento o apoyo terapéutico importa admitir la posibilidad cierta de recuperación del paciente, al menos a nivel anterior al accidente. Cuando se encomienda un tratamiento psicológico, es porque se evalúa suficiente para amparar un estado emocional y caracterología de base, sin patología psiquiátrica grave, ni padecer secuela incapacitante neurológica, ya que el tratamiento adecuado propuesto está enderezado a que su personalidad absorba y supere la situación lesiva. Constituye lesión psíquica que el sujeto enferme intelectual, afectiva o volitivamente a raíz del hecho, más allá de los límites de la normalidad o del poder de la personalidad para absorber, elaborar y superar la situación lesiva. (CCC. San Isidro, sala 2, "Rasch c/Quintana", causa nº 106.343 del 4.12.08. RSD 5/08 en www.casi.com.ar).

Por tanto con base en el informe del perito psicólogo ( fs.691) se reconoce por el rubro la suma de $4.800 para un periodo de terapia de seis meses a razón se una por semana, que se diferirá a condena y se integra con el monto de la reparación integral en concepto de daño emergente del infortunio.

3. Estableció un monto exiguo como quantum del daño material y no ponderó correctamente los hechos, circunstancias y padecimientos sufridos por la actora para el daño moral.

Considero que la queja debe resolverse en los términos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re "Arostegui") ya que no sólo cabe justipreciar en el quantum indemnizatorio el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio, de lo que se denomina "proyecto de vida" omnicomprensivo del referido rubro pérdida de chance y que se encuentra sujeto a la apreciación judicial, en las circunstancias del caso.

Habiendo sido tratada la cuestión en el primer agravio de la presente queja a lo allí resuelto me remito brevitatis causa.

4. Limita la responsabilidad de MAPFRE ARGENTINA ART SA en la medida de la póliza y el contrato de afiliación suscrito oportunamente con DINNING SRL.

La queja no puede prosperar en el punto.

MAPFRE ARGENTINA ART SA fue citada por Central Puerto SA al contestar demanda (fs. 84/vta./85) en los términos del contrato de afiliación suscrito con la demandada empleadora de la actora Dinning SRL conforme las normas de la Ley 24557.

No se menciona allí imputación alguna de incumplimientos de las obligaciones contenidas en la LRT por parte de la citada.

La actora no demandó a Mapfre Argentina ART SA, por lo que es correcta la decisión de grado en cuanto a que no puede fallar sobre capítulos no propuestos (art. 277 CPCCN).

Corresponde sin embargo adecuar el monto de condena de la prestación dineraria adecuándolo a la incapacidad psicológica incorporada y que fuera omitida en origen.

Para ello debe tomarse el salario base indicado por el perito contador $1554 x 53 x 25% x 2,03 (coef. de edad) con lo cual la suma resultante que deberá abonar la aseguradora asciende a la suma de $41.798 con más intereses desde el infortunio conforme pautas del Acta 2357/02 y costas proporcionales al importe de condena.

IV. Costas y honorarios. Deben responder solidariamente ambas codemandadas por la imposición de costas, mientras que MAPFRE ARGENTINA ART SA responderá en proporción al monto de condena según lo resuelto supra (conf. art. 68, C.P.C.C.).

Teniendo en cuenta el valor del litigio, el mérito y la importancia de los trabajos efectuados y las características del procedimiento laboral (art. 38 LO) y atento el resultado del proceso, normas arancelarias vigentes, regla general en la materia, estimo que el porcentaje de los honorarios regulados lucen razonables y deben ser confirmados sobre el monto de condena.

V. Las costas de la presente instancia atento a como se resolvió la cuestión se imponen a las codemandadas vencidas (art. 68, CPCN) y se establecen los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de lo fijado en la etapa anterior (art. 14, ley 21.839).

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que, por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: a) Confirmar la sentencia de grado modificando su monto, por lo que se hace lugar a la demanda por la suma de $214.800 con más intereses conforme las pautas del acta 2357/02 de ésta Cámara, por las que responderán en su totalidad y solidariamente las codemandadas DINNING SRL s/ propia quiebra y CENTRAL PUERTO SA y MAPFRE ARGENTINA ART SA pero ésta responderá por la suma de $41.798 en el marco del contrato de afiliación suscrito con la primera, suma que se deducirá de la total. b) Costas a cargo de las demandadas en proporción al monto de condena. c) Regular los honorarios de Alzada de los profesionales intervinientes en el 25% de lo que les corresponde percibir por su actuación primera instancia.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA	GRACIELA L. CRAIG	JUEZ DE CAMARA