marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho administrativo, cláusulas exorbitantes, PRODE, aplicación supletoria de la ley, código civil
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VALLEJOS, CLAUDIO c/ LA  NACION  (MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL (LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y CASINOS) Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

La relación jurídica entre al actor y el órgano estatal demandado, que constituye la base del conflicto, tiene como vínculo configurante el reglamento del concurso de pronósticos deportivos cuya naturaleza de derecho administrativo resulta notoria en virtud de las cláusulas exorbitantes del derecho común que lo integran; y también es ostensible el fin público que con dicho sistema de apuestas persigue el Estado que lo organiza.

También es materia propia del derecho público el examen de la responsabilidad que el demandante le atribuye al Estado por las presuntas irregularidades o errores cometidos por el Club de Fútbol que participó en el concurso cuestionado.

La eventual aplicación de normas del derecho civil incidirán solamente como reglas jurídicas supletorias.
Daños y perjuicios, responsabilidad médica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mainella, Vicente Nevio y otros c/ Clínica y Maternidad Colón S.A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-08-03

La responsabilidad profesional es aquélla en la que incurren los que ejercen una profesión y faltan a los deberes especiales que ésta les impone y requiere para su configuración los mismos elementos comunes a cualquier responsabilidad civil.
Nulidad absoluta, vicios del acto administrativo, fallos del Superior Tribunal
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Chiguay, Roberto c/ Municipalidad de El Bolsón s/ contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-03-15

Este Superior Tribunal de Justicia tiene dicho que todo acto administrativo que cuenta con uno o más de sus elementos esenciales descripto en el art. 12 de la Ley 2938 viciado, merece la sanción de nulidad absoluta e insanable prevista en el inc. b) del art. 19 del citado texto legal y sus efectos son retroactivos, porque es un principio general del derecho que el acto nulo desde su nacimiento ha de considerarse como si nunca se hubiera realizado (cf. STJRNS3 - Se. N° 60/17, in re: "VEGA"; Se. N° 63/17, in re: "BRIZUELA"; Se. N° 90/16, in re: 'LUCE"). (Voto de la Dra. Zaratiegui, Dra. Piccinini, Dr. Barotto y Dr. Apcarian por la mayoría)
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: Silva Quinzacara, Adrián Gustavo c/ Mar Hel S.A.C.I.F.I. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-04-11

Las cosas riesgosas son aquellas peligrosas o riesgosas por su propia naturaleza o en razón de su utilización o empleo. En cambio, nos encontramos frente al vicio de una cosa, cuando presenta un defecto de fabricación o es de mala calidad, lo que la torna inepta para la función que debe cumplir. Cuando esa irregularidad hace que la cosa se transforme en una fuente potencial de causar daños a terceros, el supuesto encuadra en el artículo 1113.
Accidente de tránsito, señal de pare
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ Luis Antonio c/ Barcena Elena Mirta y Otra s/ Daños y Perjuicios - II Cpo.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-05-13

La existencia del tipo de señal PARE, además de demostrar una evidente prioridad de paso para la via opuesta a la que se antepone el cartel, exige la detención.

El cartel pare significa detención total del rodado. Su significación, además de precisa y concluyente es por demás clara en la medida que se trata de un término inequívoco que no permite otra interpretación o significación en la lengua castellana.

Ante una señal como la indicada, era obligación inexcusable del conductor que se encuentra frente a ella, de detener totalmente el rodado para permitir el paso de quienes circulaban por la otra arteria que formaba la intersección con aquélla donde se encontraba la señal.

El hecho de que existiera en la calle transversal un cartel de "Pare" no significa para el conductor que se desplaza por la arteria que la cruza un implícito cartel de "Siga" que le permita arrollar con todo lo que encuentre a su paso.
Recurso de queja (procesal), fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Baqueiro, María Fernanda c/ Banca Nazionale del Lavoro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

La queja debe ser fundada en oportunidad de deducírsela, con la indicación concreta del tema federal debatido, la enunciación adecuada de los hechos de la causa y la relación existente entre estos y aquélla, de modo tal que la lectura del escrito haga innecesaria la del expediente a los efectos de pronunciarse sobre la procedencia de la vía de excepción.
Competencia contencioso administrativa, amparo por mora, regulación de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Aroca, Aldo Hugo c/ Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú s/ Acción de Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-06-06

El letrado patrocinante del actor solicita regulación de sus honorarios profesionales por los trabajos realizados en la causa.

Por Sentencia Definitiva Nº 09 de fecha 29 de junio de 2010, dictada por este Tribunal, se resuelve hacer lugar a la Acción de Amparo por Mora interpuesta, con costas a la demandada.

Al no existir una determinación pecuniaria del asunto sometido a la jurisdicción, corresponde analizar los otros aspectos que deben ser valorados a los fines de la regulación de honorarios, como son los aspectos jurídicos relativos a la importancia de los trabajos realizados, calidad, extensión y éxito obtenido (Art. 6 de la Ley Nº 3956).

Siendo ello así, este Tribunal entiende que deben tenerse en cuenta las pautas establecidas en el Art. 6 incs. b), c) y d) de la Ley Nº 3956 (de Honorarios).

Por todo ello, corresponde regular los honorarios profesionales, por los trabajos realizados en la causa, en su carácter de patrocinante, en la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00).
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, convocatoria a la asamblea de accionistas, nulidad del acto jurídico
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Testa, Nélida Susana c/ Maxflor SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-03

Resulta procedente la nulidad de cierta asamblea solicitada por el actor por cuanto, en el caso, las pocas actas que fueron acompañadas indican que, a partir de cierta fecha, la sociedad dejó de publicar las convocatorias y comenzó a celebrarlas bajo la modalidad de convocatoria unánime. Y, en lo que aquí interesa, específicamente dicha asamblea no fue publicada por edictos en el Boletín Oficial sino que fue celebrada en forma unánime en los términos de la LGS 237. En ese marco, de la modalidad del acto asambleario se desprende lógicamente que la accionante no fue convocada. Y dicha omisión provoca la nulidad de la decisión celebrada en consecuencia. Es que la LGS permite la convocatoria unánime cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y la validez de las decisiones queda supeditada a que se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Sin duda, ninguno de esos requisitos se verificó en la mentada reunión asamblearia que consideró que tenía quórum suficiente, a pesar de que la sociedad demandada ya había sido notificada de la cesión de acciones en favor del actor y que la que participó fue la cedente. A más, la tenencia accionaria sí resulta dirimente en miras a la celebración de asambleas en los términos de la LGS 237. En efecto, la realización de ciertos actos sin contar con la participación de la actora, en su carácter de accionista titular del 50%, impide propiciar su validez.
Declaración de inconstitucionalidad, facultades delegadas
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pediconi, Enrique Humberto s/ Quiebra Pequeña
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-09-16

En el marco del recurso de apelación para resolver el pedido del fallido formulado para que se aplique el régimen establecido por la ley de la Pcia de Buenos Aires 14.432 -en cuanto dispone que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular-, resulta procedente declarar la inconstitucionalidad de la mencionada ley, aun sin petición de parte, tal como lo autoriza el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Mill de Pereyra Rita Aurora y otros c. Provincia de Corrientes" (Fallos:324:3219)
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vergani, María Candela y ots. c/ Provincia de Buenos Aires y Monsalvo Domingo O. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-02

A diferencia del daño emergente, -que constituye el menoscabo a los valores económicos ya existentes, un empobrecimiento del patrimonio -, el lucro cesante se genera cuando lo que se pierde es una ventaja económica esperada, un enriquecimiento patrimonial previsto (art.

1069 del C.C.).Para que sea procedente la indemnización por lucro cesante no basta probar la simple posibilidad de haber obtenido una ganancia sino que es necesario demostrar la privación de un acrecentamiento patrimonial que el actor hubiera podido obtener verosimilmente, conformando de este modo un daño cierto.
Contrato de obra pública, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Consulbaires c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

Si se aceptara que las normas que rigen el arancel profesional son de orden público (decreto 6964/65) y por lo tanto imperativo, sin posibilidad de eludir mediante la autonomía de la voluntad, también debe aceptarse que la regla moral que impone la buena fe en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos (art. 1198, C.C.), es asimismo un principio que integra el orden público porque tiende a obtener o a mantener las condiciones de sustentación que se reputan indispensables para que el contrato funcione ordenadamente como instrumento de justicia.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, inexistencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

Para la admisión del remedio excepcional y sumarísimo del amparo resulta indispensable que quien solicita protección judicial acredite, en debida forma, la inoperancia de las vías procesales ordinarias a fin de reparar el perjuicio invocado (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda).
Recurso de inaplicabilidad de ley, homicidio criminis causa, jurisprudencia contradictoria, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Agüero, Carlos y Vera, Angel s/ recurso de inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-15

Más allá de cualquier déficit de desarrollo que podría atribuirse a la presentación de la Defensa lo cierto es que el recurso de inaplicabilidad de ley que nos ocupa reúne, en mi opinión, los requisitos de admisibilidad contenidos en el art. 11 de la ley 24.050: la sentencia de la Sala II contradice sentencias anteriores de otras salas de esta Cámara de Casación (Salas I y IV); el recurso, fue presentado en tiempo; los precedentes fueron invocados por la aquí impugnante con cita de doctrina congruente, antes del dictado de la sentencia definitiva que ahora se recurre. Siendo evidente la afinidad axiológica existente entre los precedentes citados, la unificación de las disímiles doctrinas de las Salas de este Tribunal, es la finalidad que persigue la ley; y la apertura del recurso permitiría, en pro de una mejor administración de justicia, la fijación de pautas uniformes concernientes a la interpretación del inc. 7° del art. 80 del C.P. en la fijación del elemento subjetivo que la norma reclama, o admite, para su configuración, lo que resultaría imperativo frente al rigorismo de la pena que la norma fija. (Dra. Berraz de Vidal, en minoría).
Excusación, violencia moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Austral s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

Corresponde admitir los apartamientos con base en la causal autónoma del art. 30 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que en principio, y salvo cuando surge con certeza el motivo excusatorio, no existiendo elementos que permitan arribar a la convicción de que los excusantes hayan declinado su intervención movidos por infundados excesos de susceptibilidad o delicadeza, en la apreciación de la gravedad de las causas previstas por dicho precepto, debe prevalecer el juicio de quien las invoca, para evitar que por mera circunspección o insuficiencia en las expresiones utilizadas al excusarse puedan los magistrados verse en el caso de conocer y juzgar asuntos litigiosos frente a los cuales se encuentren en una irremediable violencia moral. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Monto de la pena, fundamentación suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Barboza, Cristóbal s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-24

El quantum de la pena impuesta cuenta con la fundamentación suficiente, habida cuenta de que el tribunal realizó una adecuada valoración de las pautas que establecen los arts. 40 y 41 del CP, computando las condiciones personales, sociales y económicas del encausado que se desprende de los informes valorados en el cuerpo de la sentencia y demás constancias de la causa.
Tribunal de alzada, apertura a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Casanova, Miguel Arnoldo c/ Saieva Patagónica S.A. y Otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-09-09

El replanteo de pruebas en esta instancia debe ser tratado en forma restrictiva, lo que significa el sometimiento de cada caso particular a un detenido examen, para juzgar acerca de la razonabilidad de los pedidos que se formulen, atendiendo a las circunstancias y antecedentes que hayan motivado la situación que se pretende remediar en esta instancia. La restricción como norma general, apunta a evitar malas prácticas que desnaturalicen las etapas normales del proceso o pretendan retrotraerlo a estadíos ya preclusos, sin causas atendibles que así lo justifiquen. Se procura de esta manera, evitar también la falta de diligencia en el trámite procedimental y los consiguientes perjuicios para la parte afectada por la morosidad de su oponente.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Kipperband,  Benjamín s/ estafas reiteradas por falsificación dedocumentos  -  incidente de  excepción previa de prescripción de laacción penal -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

No es sentencia definitiva la que rechaza la prescripción de la acción penal.
Contrato de trabajo, empleados de comercio, fondo compensador, seguro de retiro, daños y perjuicios
Materia: LABORAL
Carátula: Castellanos,  Alejandro  Oscar c/ Atento Argentina SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-13

El Sistema de Retiro Complementario establecido convencionalmente mediante acta del 21/06/91 (C.C.T. 130/75) se halla destinado a reforzar el régimen de previsión social vigente, mediante el otorgamiento de un beneficio adicional.

Pero el art. 9 de su normativa faculta al trabajador desvinculado del sector a solicitar el rescate de los aportes personales, sin requirirle el requisito de edad, reduciendo tal rescate al 50 % del total de aportes referidos y si tales aportes no fueron realizados por la empleadora, es ésta la que debe soportarlos de su propio peculio cualquiera haya sido la causa de la extinción del contrato de trabajo. (Del voto del Dr.

Zas, en mayoría).
Tratados internacionales, interpretación de la constitución, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Espósito, Miguel Angel c/  s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa -Bulacio, Walter David-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-23

La Corte Suprema no tiene jurisdicción para enervar la vigencia de normas que han sido jerarquizadas constitucionalmente en virtud de un procedimiento establecido en la misma Constitución (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Sociedad conyugal, deudas de los cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Navone, Ricardo y Navone, Susana s/ Tercería de dominio Spano, Roberto c/ Peralta, Laura F. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17|2000-06-22

Como principio rector en esta materia, cada cónyuge responde por las deudas que él contrae con sus bienes propios y con los gananciales que estén a su nombre y respecto a los cuales tenga la administración reservada; la contracara de esto es que ninguno de ellos responde con estos bienes por las obligaciones que tengan al otro como único sujeto pasivo (art. 5º ley 11357). Cuando una deuda es contraída por uno de los cónyuges estando vigente la sociedad conyugal, el acreedor tiene acción para embargar en su totalidad cualquier bien ganancial de administración reservada de su deudor, aun cuando el otro cónyuge hubiere fallecido, mientras la declaratoria de herederos, testamento o hijuela particionaria, en su caso, no hayan sido inscriptas en el Registro de la Propiedad (doct.

art. 2505 Cód. Civ.).
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, sentencia definitiva, primera instancia, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Roccatagliata, Tomás Alberto c/ Thepedo SRL s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-15

Procede rechazar el recurso por el cual se pretende incrementar el porcentaje de la tasa de interés por mora establecida en la sentencia dictada por el a quo. Ello por cuanto los intereses han sido establecidos mediante una decisión que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, instituto cuya intangibilidad redunda en que dicha sentencia no puede ser modificada por otra, ni desconocida por las leyes, o actos estatales o privados, en tanto los derechos y obligaciones emergentes de ella se incorpora al patrimonio, aunque en sí misma carezca de contenido patrimonial (Bidart Campos, German J: "Tratado elemental de derecho constitucional". Ediar, Bs. As., 1994, p. 483). La decisión que alcanza el grado de cosa juzgada queda, por ende, protegida por el derecho de propiedad y es principio liminar en nuestro derecho que éste sólo puede ser detraído en los términos y bajo las condiciones que (expresamente) prevé la CN 17 (Sagüés, Nestor P: "Manual de derecho constitucional", Astrea, Bs. As., 2012, p. 691). A más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el instituto de la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional, y por ello no es susceptible de alteración ni aun invocando leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de la sentencia también reviste esa característica en la medida que constituye un presupuesto de la seguridad jurídica (v. entre otros, Fallos: 311:495, 317:992, 321:1757, citados en el dictamen de la Procuración General de la Nación que precedió a la sentencia del Máximo Tribunal Federal del 28/11/13 en "Barrientos, Irma H. c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ Amparo").
Recursos, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PICCINI HUMBERTO BERNARDINO c/ MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-24

No puede considerarse cumplida la carga impuesta por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial con manifestaciones genéricas tales como que en la sentencia no se han valorado los hechos, sin especificar a cuáles se refiere, ni dar razones que justifiquen su posición. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba crítica, fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Malatine, Héctor Reinaldo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-29

La sola invocación de un vicio de valoración omisiva de prueba esencial no resulta suficiente, sino que debe contrastársela con el material probatorio utilizado por el tribunal y demostrarse que su inclusión hipotética lleva inequívocamente a una solución distinta a la adoptada. (Voto del Dr. Madueño).
Extinción del contrato de trabajo, incapacidad absoluta, extinción por muerte del trabajador, acumulación de indemnizaciones
Materia: LABORAL
Carátula: OLAVE, JUAN CARLOS. c/ MOÑO AZUL S.A.C.I. Y A. s/ INDEMNIZACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-06-19

" [...] cuando se habla de indemnizaciones por incapacidad absoluta y por fallecimiento, se está en presencia de dos indemnizaciones distintas por resolución del contrato y, que desde ya no se acumulan.

Así pues, si la enfermedad o accidente (inculpable o del trabajo) sólo produce la incapacidad absoluta del trabajador, y esta es la causa que disuelve el vínculo laboral, corresponde el pago de la indemnización del art. 212 4to. Párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo.

Ahora bien, si de esa enfermedad o accidente deriva incapacidad absoluta y la muerte, y es ésta última la que extingue el contrato de trabajo, sólo corresponde abonar la indemnización por fallecimiento si se cumple con los requisitos del art. 248 LCT."
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, fallos de la Corte Suprema, ley vigente, presupuesto
Materia: CIVIL
Carátula: De Stefano, Marcela Natalia c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos - Policía Federal s/ Accidente de trabajo / Enfermedad profesional. Acción civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-04

En el caso, no hay ningún elemento objetivo que demuestre que el depósito de los recursos previstos en la partida presupuestaria que aprobó el Congreso de la Nación perturbe el funcionamiento de la Administración, ni se ha intentado demostrar que el pago altere el orden de prelación establecido, o que se hubiera agotado la partida presupuestaria generando así la opción de diferimiento de pago, o que se hubiese ejercido la atribución que le confiere la ley para reasignar la partida mentada (art. 37 de la ley 24.156). La posición esgrimida por la accionada carece de apoyo en la normativa vigente y en las concretas circunstancias que emergen de la causa (conf. en igual sentido, esta Sala, causa 7931/10 del 26.12.17; Sala 3, causas 2605/10 y 6336/10, ambas del 5.9.17). Tampoco el Tribunal considera aplicable al caso la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en el precedente invocado en la resolución apelada, que establece -de conformidad con lo prescripto por el art. 68, última parte, de la ley 26.895- la prerrogativa del Estado Nacional de diferir por única vez el pago de la condena en el supuesto de que se agote la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en que se encontraba prevista su cancelación.