Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-19


SENT Nro. 455 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 19 DE JUNIO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducido por los letrados defensores de Ramón Roque Ocaranza, en contra de la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala Va. del 27/02/2003 (fs. 336/340 vta.), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 04/4/2003 (cfr. fs. 349). En esta sede, no se presentó memoria sobre el recurso casatorio, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo de la impugnación casatoria (cfr. fs. 355/357). Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 342/347 por los letrados defensores de Ramón Roque Ocaranza, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala Va. del 27/02/2003, que condenara al acusado a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas procesales, como autor responsable del delito homicidio simple (art. 79, CP), en perjuicio de Pascual Martín Valdez.

Alegan la nulidad del pronunciamiento por vicios de fundamentación, ante la afirmada insuficiencia de la prueba valorada para arribar a una decisión de condena. Sostienen que la Sala a quo equiparó la certeza con la simple probabilidad, supliendo tal ausencia de probanzas con la creencia íntima de los jueces, constitutiva de arbitrariedad judicial. Ponen de relieve la importancia de la prueba, como justificación de una creencia en la verdad de una proposición; que además constituye exigencia constitucional, derivada del principio de inocencia consagrado por el art .18 de la C.N. y las convenciones internacionales incorporadas a ella. Que conforme a este principio, para el caso de duda sobre la verdad de la acusación, originada en la ausencia o falta de contundencia conviccional de la prueba, no corresponde aplicar una pena (art. 406, tercer párrafo del CPP).

Señalan en tal sentido, que la ley procesal ha adoptado la sana crítica racional como sistema de valoración de la prueba; admitiendo la libertad de convencimiento de los jueces, pero en tanto las conclusiones fácticas sean fruto razonado de las pruebas en que se apoyen tales conclusiones. Los jueces deben respetar las normas de la lógica, los principios incontrastables de la ciencia y la experiencia común, para explicar sus decisiones; exigencias que derivan de lo dispuesto por los arts. 193, 406 segundo párrafo, 408 inc. 2 y 413, inc. 4 (a contrario sensu) del ordenamiento procesal local.

A su entender, la sentencia es nula por errónea aplicación del derecho sustantivo y adjetivo. Ponen de relieve que conforme al requerimiento de elevación a juicio (fs. 147 vta.), existió un enfrentamiento previo entre Ocaranza y Pascual Martín Valdez, y la inferioridad de condiciones física y numérica del primero; circunstancias que no habrían sido debidamente ponderados por el Tribunal a quo. Consideran acreditado en autos que los Valdez fueron a reclamarle una porción de terreno a Ocaranza; lo cual importa reconocer que este último se encontraba dentro del mismo. Sin embargo, el Tribunal sostuvo que Ocaranza fue al encuentro de los Valdez; omitiendo interpretar correctamente las normas que regulan el instituto de la legítima defensa o su exceso (arts. 34, inc. 6º y 35 del C.P.).

Igualmente, consideran probado en el debate oral que previo al hecho hubo una discusión violenta, en la cual el acusado recibió golpes y amenazas de Darío Valdez, hijo de la víctima. Con este antecedente, Ocaranza debía prever la salvaguarda de su integridad física en hechos posteriores; lo cual también fue ignorado en la instancia de mérito. Destacan que su defendido es un hombre mayor, físicamente disminuido y que se encontraba solo; a quien se le ha reclamado una conducta imposible en las circunstancias así descriptas. Se agravian además por la no consideración de las heridas que presentaba Ocaranza en el cuero cabelludo; estimando subjetivas las afirmaciones de la Sala a quo, al sostener que las lesiones constatadas a fs. 128 pudieron haberse originado en el acometimiento de Martín Darío Valdez, posterior al hecho, o en algún cruce de golpes en los momentos inmediatamente anteriores.

Concluyen solicitando la aplicación del beneficio in dubio pro reo, ante la arbitraria omisión en ponderar adecuadamente los hechos según acontecieron y fueron probados; o por último, incluirlos en la figura de exceso en la legítima defensa, pero no como homicidio simple, a mérito de la agresión física sufrida, lesiones constatadas, superioridad numérica de los atacantes e inferioridad física del imputado.Como doctrina legal, postulan que "En el análisis del instituto de la legítima defensa previsto en el art. 34, inc. 6º del Código Penal, debe el juzgador situarse en el lugar de quien se defiende y analizar su conducta a las particulares condiciones físicas, tiempo y lugar".

La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 04/4/2003 (fs. 349); y en esta sede no se presentaron memoriales. A fs. 355/357 corre agregado dictamen del Sr. Ministro Fiscal, quien se pronuncia por el rechazo de la impugnación casatoria.

2.- De los términos del memorial recursivo previamente reseñado se desprende que los fundamentos esgrimidos remiten a cuestiones de hecho, como principio irrevisables en esta instancia excepcional, pues su valoración corresponde excluyentemente a los jueces de mérito.

La Sala a quo determinó, en base a un análisis integral y detallado del cuadro probatorio producido en autos, que el hechos histórico existió, y el imputado ha sido el autor; destacando que ello no ha sido motivo de controversia. El planteo de la defensa está dirigido a cuestionar la base fáctica del proceso, a partir de una diferente valoración de los hechos de la causa y de la aptitud conviccional de las pruebas valoradas; alegando además que ellos conducirían a un estado de incertidumbre que el Tribunal a quo no ha expresado.

Es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, que el control del fallo en miras a establecer la aplicabilidad del beneficio de la duda implica, en definitiva, la pretensión de efectuar un reexamen de los hechos y de la prueba rendida en autos. Ello en tanto el precepto contenido en el art. 406 procesal funciona en el área de la prueba y su valoración, lo que como principio es de incumbencia exclusiva de los tribunales de juicio y escapa al control casatorio (cfr. CSJTuc. sentencia Nº 825 del 23/12/94, autos "González, Juan Olegario s/homicidio").

Se ha dicho que la duda se evidencia "cuando los motivos que conducen a afirmar y a negar se presentan en paridad de volumen" (cfr. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, Tº I, pg. 446, citado también por la defensa); representando la oscilación entre la certeza positiva y negativa. En el caso, la Sala a quo expuso las razones de su fallo; descalificando fundadamente la hipótesis de legítima defensa reclamada por los impugnantes; para concluir con el necesario grado de certeza sobre la existencia de elementos suficientes para incriminar al acusado.

3.- En el presente análisis de admisibilidad, y en orden a la alegada violación de las reglas de la lógica y de la sana crítica racional invocadas en el memorial casatorio, tampoco se advierte el déficit de motivación y la consecuente arbitrariedad atribuida al pronunciamiento. Las alegaciones de la defensa son insuficientes para la revisión del fallo en la perspectiva de la doctrina de la arbitrariedad, que excepcionalmente permite el reexamen los hechos de la causa; pues los fundamentos expuestos no bastan para advertir violación a tales reglas, con el alcance de descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

3.1.- Según emerge de la sentencia en recurso, la Cámara puso de relieve en primer término, que el hecho juzgado -haber dado muerte Ocaranza a Pascual Martín Valdez, mediante un disparo efectuado con un revólver cuyo proyectil hizo impacto en la cabeza de la víctima-, no ha sido materia de controversia en cuanto a su existencia, autoría, lugar, fecha y horario. Señaló que en su declaración de fs. 56/57, el imputado rectificó los dichos expuestos al día siguiente del hecho ante el Sr. Fiscal Instructor (fs. 29); y que esta segunda declaración fue recibida inmediatamente después de prestar testimonio Mariela Deolinda Muñoz. Consideró llamativa la adaptación o coincidencia entre estas dos últimas versiones; añadiendo que a su vez, la testigo Muñoz incurrió en contradicciones durante el debate oral. También destacó contradicciones en los dichos de los testigos Gloria Pérez y Bazán.

En oportunidad de analizar la prueba reunida, la sentenciante destacó la falta de coincidencia entre ambas declaraciones del imputado; considerando poco verosímil la segunda, a tenor de la cual la víctima y su hijo "comenzaron a pegarle en el terreno... corrió a refugiarse en su casa (para lo cual tuvo que cruzar la calle)... agarró el revólver .... ellos, lejos de asustarse, siguieron pegándole, ..."empujándolo hacia el terreno donde había comenzado la discusión (para lo cual tuvieron que cruzar nuevamente la calle)... allí lo tiraron al suelo, le pegaron trompadas, patadas, golpes de martillo y machete... Recién entonces, cuando pudo pararse, hizo el tiro "para tratar de asustarlos" (cfr. fs. 338). A criterio del Tribunal, no se advierte para qué lo empujaron nuevamente al terreno en tales circunstancias; agregando que el presunto ataque con martillo y machete, debió producir lesiones mucho más graves que las informadas a fs. 128. En este punto, el Tribunal consideró probable -por las razones que expresa- "que se haya llegado a algunas vías de hecho antes de producirse el disparo, pero sin la utilización del martillo o el machete, que necesariamente hubieran ocasionado otro tipo de lesiones (sin descartar que Ocaranza pueda haberlas sufrido después, cuando Martín lo derriba de la bicicleta y lo golpea en el suelo)". Más adelante, precisó que "Es Ocaranza quien va al encuentro de aquéllos -la víctima y su hijo-, y ya va armado (ya se dijo que es insostenible la versión de que huyó hacia su casa... de allí sacó el revólver ... y luego fue obligado a volver al lugar del hecho)"; cfr. fs. 338 vta.

Concluyó la Sala teniendo por acreditado, en grado de certeza jurídica suficiente, que los hechos materia de juzgamiento consistieron en que el día 14/4/2002, aproximadamente a hs. 12.30 en un predio sito en calle Jujuy a la altura del 1.400 se encontraban Pascual Martín Valdez y Martín Darío Valdez, al que habían concurrido para cercar una fracción con el propósito de instalar allí una vivienda. En esas circunstancias llegó al lugar Ramón Roque Ocaranza, quien también pretendía ocupar esa fracción, o parte de ella, y tras un enfrentamiento verbal, y posiblemente algunas vías de hecho con los Valdez, disparó con un arma de fuego cuyo proyectil hizo impacto encima de la ceja izquierda de la víctima e ingresó en la caja craneana, provocándole un traumatismo encefalocraneano que determinó su fallecimiento.

3.2.- La defensa estructura la impugnación casatoria, a partir de una diferente versión de los hechos fijados por el Tribunal a quo; mas omite indicar, en las concretas circunstancias de esta causa, cuáles serían las pruebas pretensamente omitidas, y su carácter dirimente para arribar a una solución opuesta.

En lo sustancial, los recurrentes afirman que existió un enfrentamiento previo donde el acusado se encontraba en inferioridad de condiciones, y que el incidente se habría originado en el reclamo de los Valdez a Ocaranza, sobre una porción de terreno; lo cual importaría reconocer que este último se encontraba en el mismo. Que previo al hecho hubo una violenta discusión, en la que su defendido recibió golpes y amenazas, por lo que debió prever la salvaguarda de su integridad física. La lectura del pronunciamiento revela que la Sala a quo se hizo cargo de la posición de la defensa, y la desestimó con fundamentos que no han sido desvirtuados en esta instancia extraordinaria.

Al tratar la calificación legal, el Sr. Vocal preopinante expuso las razones por las cuales no correspondía admitir la justificante prevista en el art. 34, inc. 6º del CP, o el exceso en su ejercicio (art. 35) alegado subsidiariamente; ni la hipótesis de homicidio culposo (art. 84) por "culpa sin representación en el uso del arma". Señaló en tal sentido que tanto la legítima defensa como el exceso en su ejercicio deben ser acreditados por quien los invoca, lo cual no ocurrió en el sublite, pues en modo alguno quedó demostrado que Ocaranza fuera poseedor de la fracción, ni que los Valdez hubiesen perturbado esa posesión de manera idónea, para que ello pueda funcionar como agresión justificante de los hechos posteriores. Que tampoco se acreditó la provocación de los Valdez; remitiéndose a la conclusión arribada al tratar la cuestión anterior, donde se tuvo por probado que fue Ocaranza quien se dirigió hacia donde se encontraban aquéllos. Añadió que no se puede tener por probado que los Valdez hubieran atacado a Ocaranza, con medios que hicieran razonable el uso de un arma de fuego de alto poder vulnerante; que llevaba cuando se dirigió al lugar (su propia defensa dice que "fue armado como medida precaucional ante el riesgo de un ataque). Y que dada la ausencia de legítima defensa, tampoco pudo mediar exceso en su ejercicio.

Tales premisas fácticas, y el propio discurso sentencial, han sido soslayados por los recurrentes; quienes se limitan a exponer una verdad opuesta, sin rebatir las razones expresadas por el Tribunal de mérito. Ello así, permanecen incólumes elementos que bastan para sustentar el fallo condenatorio; pues no se ha puesto en evidencia que -pese a las razones de la Cámara- el imputado obró en legítima defensa o, eventualmente, se excedió en su ejercicio.

La sentenciante valoró, con el necesario grado de certeza, que Ocaranza se dirigió al encuentro de los Valdez provisto de un arma de fuego, cargada y con plena capacidad operativa. Que "cualesquiera hayan sido las características del enfrentamiento subsiguiente (meramente verbal o llegando a algunas vías de hecho), fue el imputado quien, a sabiendas, se ubicó en la situación conflictiva". A mayor abundamiento señaló que Ocaranza cubrió un trayecto de por lo menos 20 metros (según croquis) desde que salió de su casa (o de la casa de la hija, "más abajo", según Bazán) para llegar al "terreno". Que el arma portada por él era de doble acción (pericia balística), es decir que no pudo dispararse accidentalmente como dice en su primera versión, ni -si la usó "para asustar"- haber hecho impacto en la cabeza de la víctima, situada más o menos a la misma altura que la suya (cfr. fs. 339 vta.). Finalmente, consideró que las lesiones constatadas a fs. 128 pudieron haberse originado en el acometimiento de Martín Darío Valdez posterior al hecho, o también a algún cruce de golpes en los momentos inmediatamente anteriores (equimosis en el dorso de la nariz de la víctima), pero nunca "con machete y martillo" según aduce el imputado.

4.- Es oportuno recordar que la legítima defensa, como causal de justificación prevista en el art. 34 inc. 6 Cód. Penal, autoriza a defender bienes propios atacando bienes jurídicos de quien trata de agraviar aquéllos. Se trata de una acción de repulsa autorizada, cuyos requisitos de acuerdo a la norma citada, son : a) agresión ilegítima; b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Supone, en primer lugar, un ataque en curso o inminente contra un bien jurídico, que no esté autorizado o justificado por el derecho. El ataque constitutivo de la agresión ilegítima no tiene que haber sido provocado por el agente que se defiende, mediante un acto de suficiente idoneidad como para motivarlo. En el caso, el Tribunal a quo asignó particular relevancia al hecho de que habría sido el imputado quien se dirigió al encuentro de los Valdez, portando el arma con el que finalmente efectuó el disparo fatal; poniendo además de relieve que el impacto en la cabeza de la víctima excluye que el mismo hubiera sido efectuado "para asustar".

Para desestimar la concurrencia de esta causal de justificación, la sentenciante se apoyó en los siguientes argumentos: No se demostró la alegada provocación de los Valdez hacia Ocaranza en oportunidad de los hechos juzgados -se tuvo por acreditado que fue el primero quien se dirigió hacia donde se encontraban aquellos-; tampoco está probado que los Valdez atacaran a Ocaranza con medios que hicieran razonable el uso de un arma de fuego de alto poder vulnerante, y que ya llevaba cuando se dirigió al lugar (hecho admitido por la defensa). "Lo cierto, lo probado, es que Ocaranza se dirigió al encuentro de los Valdez provisto de un arma de fuego, cargada y con plena capacidad operativa Cualesquiera hayan sido las características del enfrentamiento subsiguiente (meramente verbal o llegando a algunas vías de hecho), fue el imputado quien, a sabiendas, se ubicó en la situación conflictiva" (cfr. fs. 344 vta.).

En estas condiciones, la hipótesis esgrimida por la defensa ha sido correctamente excluida en la instancia de mérito; advirtiéndose que los hechos destacados a favor del imputado -enfrentamiento previo, inferioridad de condiciones físicas- en modo alguno eliminan los fijados por Sala a quo para arribar a la decisión de condena por homicidio simple; pues resultan insuficientes para desvirtuar la ausencia de otros requisitos propios de la justificante invocada. Esta causal, que borra la antijuridicidad de la conducta del autor del hecho, requiere la voluntad final de defensa, que elimina también la antijuridicidad del resultado, no querido por el autor pero acaecido en ocasión de ejercer el derecho de defender su persona La acción desplegada por el imputado, de acuerdo la base fáctica fijada en la sentencia e inconmovible en casación, muestra un comportamiento que elimina el supuesto de una injusta agresión, inesperada, inminente, grave y no provocada por el imputado. La justificación de una defensa armada depende de múltiples y variadas circunstancias; mas en el presente, las descriptas en la instancia de mérito no evidencian justificación en el empleo de un arma de fuego, habida cuenta de quedar establecido que el acusado concurrió al encuentro de los Valdez, portando el arma en cuestión. Tal conducta consciente y voluntaria -dada la tensión existente entre los protagonistas, también descripta en el fallo-, no autoriza a aplicar la eximente reclamada por la defensa; que requiere inexcusablemente la presencia del elemento subjetivo de justificación, cual es la voluntad final de defensa.

5.- No cabe sino reiterar que el cuadro fáctico fijado por el tribunal de juicio es inconmovible en casación, aunque pueda discreparse con los argumentos que desarrolla para fijarlos. La pretensión de una nueva valoración de la prueba se halla al margen de los motivos de la casación, pues la instancia extraordinaria local en relación a las cuestiones de hecho exige la demostración de que el criterio del juzgador constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes del raciocinio. Por tratarse de un remedio excepcional, el absurdo o la arbitrariedad deben ser apreciados con un criterio restrictivo; pues pertenece a los poderes discrecionales del tribunal de mérito, la selección y valoración de la prueba que concurre a formar su convicción.

La ley adjetiva sienta como principio básico que la determinación de los hechos y la valoración de la prueba corresponden a los jueces de mérito; y la casación no constituye un medio ordinario para revisar el acierto o error de las decisiones de los Tribunales inferiores vinculadas al material histórico del proceso. Ha destacado esta Corte Suprema de Justicia que este recurso presenta una dificultad adicional en el procedimiento penal vigente, dada la característica de oralidad del juicio de mérito, donde la producción de la prueba importa una vivencia difícil de reproducir ante el tribunal de casación. La tarea valorativa de los jueces se desenvuelve en un marco de inmediación y concentración, con la percepción directa y personal de los magistrados, y su control se ve restringido a lo que se registra en las actas incorporadas al expediente (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 783 del 09/12/94).

La descalificación del fallo por arbitrariedad implica un grave desvío de las reglas de la sana crítica, lo que no acontece en este caso, donde el pronunciamiento cuenta con fundamentos suficientes para sustentarlo, sin que se verifique el quebrantamiento de las reglas de la lógica invocado por el recurrente. Según pacífica y constante doctrina de esta Sala Civil y Penal, el reexamen de los hechos y de las pruebas excede el ámbito propio del recurso de casación; pues de otro modo, la sola alegación de arbitrariedad o de haberse conculcado las reglas de la sana crítica racional, bastaría para habilitar el remedio extraordinario local, convirtiéndolo en una instancia revisora de los aspectos fácticos del juzgamiento (cfr. CSJTuc., "Pedernera, E..E s/robo, del 30/10/96; "Solórzano, P.R. s/lesiones culposas", antes citado; "Gómez, L.H. y/o s/lesiones gravísimas - Recurso de queja", del 09/12/94, entre muchos otros). Las meras discrepancias del impugnante no alcanzan para acreditar la violación de principios lógicos o de sentido común en el razonamiento sentencial, invocados por la defensa.

6.- Se concluye que el Tribunal a quo ha arribado con inequívoca certeza a la conclusión de condena; sin que los impugnantes logren poner en evidencia el déficit de arbitrariedad invocado. El memorial casatorio se desentiende de aspectos esenciales del fallo bastantes para motivarlo; pues no han sido suficientemente rebatidas las razones expuestas para rechazar la hipótesis de legítima defensa o de exceso en su ejercicio.

La certidumbre judicial no resulta de cada una de las pruebas consideradas individualmente, sino que es válidamente obtenida mediante su análisis en conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana crítica que imperan en el proceso penal. La presunción de inocencia no impide que se atribuya al acusado, la carga de probar la eximente aducida en su defensa; y este aserto sentencial tampoco ha sido controvertido por los recurrentes. Por lo contrario, se verifica que la doctrina legal propuesta no se opone a la que emerge del fallo impugnado; toda vez que efectivamente el Tribunal se ha situado en el lugar de quien alegó actuar en defensa propia, y consideró las condiciones particulares del caso; aunque valorándolas como insuficientes para justificar lo obrado por el imputado.

Tal conclusión resulta de un análisis de mérito vinculado exclusivamente a las pruebas producidas. Pese a su esfuerzo argumental, la defensa no llega a descalificar el discurso lógico que sustenta el pronunciamiento impugnado; pues en definitiva postula una diferente versión de los hechos, para lo cual se desentiende de la valoración expuesta por los jueces de grado, lo cual es insuficiente para descalificar el fallo por arbitrario o carente de motivación. La sentenciante ha dado razones de su fallo; y ellas no se presentan arbitrarias o contrarias a las reglas de la lógica o de la sana crítica racional. Por lo contrario, permanecen incólumes elementos que poseen aptitud para desestimar la versión del acusado y fundar la decisión de condena; y las meras discrepancias resultan ineficaces para evidenciar el déficit de arbitrariedad denunciado.

A mérito de las razones expresadas, procede desestimar el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del imputado.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto a fs. 342/347 por la defensa de Ramón Roque Ocaranza, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala Va. del 27/02/2003.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA