Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-05


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil once, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y Daniel Alejandro Rebagliati Russell, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "T., R. s/ Encubrimiento s/ Impugnación" (Expediente Nº 21.469 - Tº II - Fº 100 - Letra "T" - Año 2008).

Del sorteo efectuado a fojas 125, resultó el siguiente orden para la emisión de los votos: Panizzi, Rebagliati Russell y Pfleger.

El Juez Javier Alejandro Panizzi dijo:

I. La cuestión traída a esta Sala concierne a la impugnación ordinaria de la sentencia número 33 del año 2008, emitida por la Jueza Penal Subrogante de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que condenó a R. A. T. a la pena de un año de prisión en suspenso, más las costas, al hallarlo autor penalmente responsable del delito de encubrimiento (artículo 277, inciso 3º, b) del Código Penal), en perjuicio de la administración de justicia.

II. El hecho materia de debate tuvo lugar el día 23 de agosto del año 2007, en la finca sita en calle Tabaré Nº **** donde se domicilia el imputado. En esa oportunidad, personal policial dependiente de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Comodoro Rivadavia, constató la presencia de un rodado marca Nissan Pathfinder, dominio colocado XXX-***, que registraba un pedido de secuestro activo por parte de UFI 10 de San Martín (Bs.As.), estacionado en la vereda. También verificó que en el interior del predio se encontraba otro vehículo con pedido de secuestro activo por parte de la Seccional de Policía Federal 33 (Bs.As.), tratándose de un automóvil BMW, dominio colocado XXX-***, situación que motivó el pedido de orden de allanamiento sobre el domicilio mencionado y se procedió al secuestro del rodado referido.

III. Contra ese pronunciamiento el doctor S. E. T., defensor particular de don R. A. T., dedujo impugnación ordinaria (hojas 101/104).

IV. En su escrito recursivo, el letrado solicitó, de acuerdo a lo previsto en el artículo 383 del Código Procesal Penal, que se realizara una constatación de la vivienda del imputado, se informara cómo estaba compuesta, si existían herramientas que hicieran presumir que aquél trabajaba como mecánico en su domicilio y si había vehículos en el patio o en la vereda que pertenecieran al incuso.

Aclaró que peticionaba dicha medida toda vez que el acta de allanamiento no describía en forma total la vivienda, sino que omitía detallar el galpón con las herramientas.

Asimismo, pidió que se fotografiara la casa y las herramientas que se encontraran.

V. Seguidamente, el letrado particular enunció los agravios que la sentencia definitiva le causaban.

En ese sentido, se quejó de que la jueza calificara los testimonios de los testigos como claros y sin fisuras.

Alegó que los deponentes fueron mendaces pues no mencionaron que había otros vehículos estacionados en la vereda de la vivienda de T. y, además, negaron haber visto herramientas en la casa del imputado.

Manifestó que resultaba arbitraria la acreditación de la materialidad y la intervención de T. en el hecho, pues no había sustento jurídico para respaldar dicha atribución.

Apuntó que la documentación secuestrada (títulos de propiedad, formularios 08, boletos de compraventa) no pertenecía a los vehículos que tenían pedido de secuestro.

En conclusión, aseguró que su defendido había sido condenado sin pruebas concretas y con absoluta arbitrariedad.

Renglón seguido, insistió en la inocencia de T., toda vez que consideró que el imputado no había entorpecido la investigación de la justicia ni de la policía.

Anotó que la jueza no había tenido en cuenta las declaraciones de los funcionarios preventivos, quienes manifestaron que el imputado colaboró con ellos e incluso llevó la camioneta a la Brigada para que la verificaran.

Reprochó la condena de Tapia por el delito de encubrimiento con fines de lucro ya que consideró que no había prueba que indicara ese ánimo. Dijo que no pudo acreditarse que el incuso comprara los vehículos, ni tampoco se encontró documentación original de los rodados.

Reprobó que se utilizara como prueba para acreditar que el imputado se dedicaba a la venta de vehículos, la documentación secuestrada en su vivienda de automotores que no tenían pedido de secuestro.

Señaló que no existió ánimo de lucro en su pupilo toda vez que esos rodados se encontraban en su domicilio para ser reparados.

Por último, propuso que se revocara la resolución impugnada y se sobreseyera a su defendido.

VI. Analizado el pronunciamiento atacado, no identifico errores que lo descalifiquen como acto jurisdiccional legítimo y, al estimar la valoración probatoria practicada por la sentenciadora, tampoco encuentro fallas que invaliden la sentencia.

Son varios los elementos de juicio con peso incriminador que avalan la condena de don R. A. T.

En primer lugar la jueza de grado valoró los testimonios brindados por los efectivos policiales que participaron en el procedimiento de secuestro de los rodados.

S. S. M. rememoró que se encontraba con S. de ronda; que tomaron el dominio de una camioneta bordó ubicada en la calle Tabaré a la que le faltaba la chapa delantera; que chequearon dicho automotor y les informaron que tenía pedido de secuestro. Continuó relatando que al día siguiente regresaron al lugar; que el imputado llegó conduciendo un automóvil BMW color negro; que los acompañó con el rodado. Describió la vivienda de T. e indicó que en lugar no había herramientas de mecánica.

A su turno, J. C. S. narró el procedimiento en similares términos que el Cabo M. Refirió que en el domicilio del imputado no existía ningún cartel que dijera o presumiera que allí funcionaba un taller mecánico; que no había fosa ni ropa que indicaran la actividad de reparación de automotores. Agregó que por comentarios recabados, en ese domicilio se efectuaban compras y ventas de autos.

Por último, el testigo R. C. M., reseñó la diligencia realizada. Recordó que por solicitud del Suboficial Principal S. fue a la calle Tabaré, donde se encontraba una camioneta que tenía pedido de secuestro; que se le comunicó tal circunstancia a T. y se procedió al traslado del rodado; que el imputado se movilizaba en un automóvil BMW con pedido de secuestro por hurto y, que se solicitó orden de allanamiento, la cual fue autorizada por el juez de turno. Mencionó que dentro de la morada se halló la documentación de los dos vehículos; que en un maletín había boletos de compraventa de otros rodados y cédulas de vehículos que no estaban en el lugar; que también había varios pagarés. Indicó que en el predio no había ningún tipo de herramienta que se utilizara para mecánica, sino que se trataba de una casa de familia; que el acusado no vestía ropa de mecánico ni se observaba ningún mameluco. Aclaró que en la casa no había puerta de un galpón.

Es decir, la jueza no sólo se valió de las declaraciones del personal policial para fundar la participación y responsabilidad de T. en el hecho, sino que además valoró una serie de indicios que respaldaron la intervención del acusado y la actividad que desarrollaba.

Es que, la inexistencia de un taller mecánico en el domicilio de T. o, de ropa y herramientas que permitieran presumirlo, tal como lo invocó el imputado, sumado al hallazgo de documentación perteneciente a los vehículos secuestrados, boletos de compraventa y pagarés de otros rodados, permitieron inferir el origen espurio de los rodados, la ocupación del encartado y, seguidamente, calificar típicamente su conducta.

La circunstancia de que el a-quo haya contado con prueba de valor indiciario para declarar la autoría del imputado, de ningún modo excluye la posibilidad de alcanzar la certeza, por cuanto mediante indicios es posible arribar a ese estado, siempre y cuando aquéllos sean unívocos y no anfibológicos.

La magistrada valoró de manera minuciosa, integral y armónica todos los elementos de cargo acopiados en el juicio, logrando construir la secuencia del hecho y, comprobando la participación de T. en el hecho.

Por lo expuesto, propicio el rechazo de la impugnación deducida.

VII. Juzgo atinada la calificación legal, así como también la pena impuesta, correspondiendo confirmar la sentencia. La jueza dio argumentos acerca de estas cuestiones, que no encuentro mérito para descalificarlos.

Así voto.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I) En el voto que precede se han expuesto con suficiencia los antecedentes del caso y los agravios vertidos por el doctor S. E. T., defensor particular del imputado, de modo que me abstendré de hacer una ociosa repetición.

II) En cuanto la solución del caso, habré de coincidir con la propuesta del doctor Panizzi.

La acusación efectuada en los presentes autos describe un hecho claro y preciso, el cual ha sido informado al imputado, y éste tuvo la posibilidad de defenderse válidamente de dicha incriminación.

Esta imputación describe un hecho ilícito adjudicado a T., consistente en tener en su poder dos vehículos con pedido de secuestro activos y la documentación que acredita la posesión de dichos rodados.

Esta conducta se calificó como encubrimiento calificado por ser cometido con ánimo de lucro (C.P., art. 277, inc. 3° b).

III) Como bien lo indica el primer voto, la prueba colectada acredita fehacientemente la existencia del hecho.

La decisión del Tribunal de Mérito se basó en el acta policial labrada por el Oficial Ayudante M.; acta de allanamiento confeccionada por el mencionado Oficial; registro y secuestro nro. 100/07.

Así, la juez de mérito evaluó todo este material probatorio, convocó a la audiencia a los testigos que ofreció la Fiscalía, y llegó a la conclusión que el imputado era autor penalmente responsable del delito enrostrado.

Sostuvo que la defensa no ha podido rebatir los testimonios escuchados en la audiencia, ni presentó prueba independiente que le permita contrarrestar la imputación existente en su contra.

De esta manera habré de rechazar este motivo de impugnación.

IV) En cuanto a la calificación jurídica escogida la estimo correcta.

Así las cosas opino, como bien lo sostiene el a-quo, que en el caso de autos quedó acreditada la ultraintención que requiere la figura agravada, siendo evidente que la posesión de los vehículos de origen ilícito con la documentación pertenecientes a los mismos, evidencian el propósito lucrativo perseguido con su accionar.

Por lo demás, los fundamentos dados en la sentencia impugnada, basada en los elementos probatorios ventilados en el debate y reseñados correctamente, confirman, con la certeza que se exige en esta etapa del proceso, que el hecho ocurrió tal como lo describe el fallo, y que R. A. T. es responsable del mismo en calidad de autor.

Siendo ello así voto por confirmar la sentencia en crisis, debiéndose rechazar la impugnación interpuesta, con costas.

Así voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Introducción No expondré los antecedentes que motivan esta inspección pues han sido formulados con detalle en el primer voto y de manera sobrada por el distinguido y locuaz Ministro Panizzi; a esos términos me remitiré.

De suerte que iré, con derechura, al nudo de la cuestión.

II. El tratamiento de los temas del recurso.

Anuncio, de partida, mi coincidencia con la posición sostenida por los colegas que me precedieron en el sufragio pues, como ellos, sostendré que la sentencia fue correctamente construida en términos de hecho y derecho aplicable y que, por consiguiente, merece ser confirmada.

Un examen de la pieza en crisis, muestra que no se han cometido errores en la ponderación de la prueba analizada; tampoco se detectan fallas en el procedimiento que puedan tener, en esta etapa, vicios que la nulifiquen; digo esto a manera de introito Empero, el máximo rendimiento en el examen merece profundizar acerca de su contenido de aquella y, en vilo la solidez por denuncia de que resulta insuficiente la prueba indiciaria en que se basa, cabe una reflexión previa respecto de la validez y del grado de importancia que ésta reviste.

Sobre el tema he sostenido en causas anteriores que en el proceso de reconstrucción ideológica que los jueces producen en la sentencia nada debe descartarse.

De manera entonces que sus decisiones pueden basarse, perfectamente, tanto en prueba directa o circunstancial, los hechos indiciarios, desde los que es posible formular operaciones intelectuales conductoras de certeza.

Considero al respecto que éstos, fuente de presunciones, han de estar debidamente fijados (no puede especularse a partir de una especulación anterior, valga la reiteración) que deben resultar unívocos y además variados.

En la otra mano, he aceptado que frente a un hecho indicativo - y en algún punto- pueda razonarse en otro sentido y que con ello aparezcan fisuras en la construcción de presunciones unívocas y que en determinado momento aparezcan ciertas anfibologías.

Sin embargo, también lo he señalado, no hay obstáculo para que el Juez pueda erguir airosamente esa evidencia devenida en prueba como vehículo de plena convicción sin alterar los principios arriba vertidos.

Esta aceptación sobreviene a mi idea de que el sistema de presunciones admite plantearse el problema y resolverlo acudiendo al argumento de la lógica prevaleciente; o en otras palabras, aceptada la posibilidad mencionada "supra", lo unívoco de la operación intelectual estará dado por la concurrencia de lo que resulte más lógico, dentro de un esquema de reflexión medio normal.

Lo que resulta inadmisible es que- despejado el tema de la variedad y la existencia de base firme- el proceso de reflexión sea infundado o arbitrario; que se genere a partir del mero discurso del Juez; que sea el producto de un análisis pre- juicioso o infundamentado o que se utilice un argumento "ad hoc" para la validación del predicado.

Correcto es decir también que los indicios deben ser analizados en conjunto y no fragmentadamente para evitar la dispersión o balcanización de evidencias, siendo una facultad de la instancia de mérito seleccionar el material probatorio, prefiriendo algunos elementos y descartando otros, no siendo suficiente, para admitir una oposición, expresar un mero criterio discordante (sobre este punto SCBA. C. Ac. 81491, Moreno S. 16/ 07/ 2003 en JPBA t. 123 F. 200, pág. 84) Si el Magistrado tuvo por comprobada una lesión jurídica y razonó frente a ciertas evidencias en sentido cargoso, motivado en circunstancias de modo, tiempo y espacio debidamente acreditadas y ese razonamiento prevaleció a los opuestos, la solución es válida.

Si a la par se valió de testigos que apuntaron en un mismo sentido y no fueron debilitados a la hora de jugar el interrogatorio cruzado, la lógica de la sentencia no puede sino validarse.

Veamos concretamente.

La evaluación efectuada por el Tribunal del Juicio tuvo en cuenta las versiones brindadas por el personal policial que actuó en la génesis de la investigación.

El Suboficial Principal J. C. S., integrante de la Brigada de Investigaciones de la Policía de esa Ciudad, brindó su testimonio relatando la recorrida que realizó junto a S. S. M., Cabo que se desempeñaba en la misma repartición.

Dio detalles de lo acontecido en la oportunidad en que- ambos- tomaron conocimiento de visu de la circulación de un rodado que luego de un chequeo en la planta de verificación, comprobaron que tenía pedido de secuestro por hurto.

Dijo este testigo que en el domicilio donde se hallaba este vehículo había otro marca BMW que igualmente tenía pedido de secuestro por hurto.

Afirmó que, donde se encontraban estos vehículos, no vieron ningún cartel que hiciera presumir que se tratara de un taller mecánico y que, por comentarios recabados en la vecindad, en ese domicilio funcionaba una compra-venta de autos.

Ante preguntas efectuadas en el debate sostuvo que en el lugar no había ninguna fosa o taller ni ropa que indicara la actividad de un taller de reparación.

Por su parte, S. S. M., quien lo acompañó en la investigación inicial, se expresó en idéntico sentido, coincidiendo en líneas generales con su compañero. Aportó, además, que el imputado llegó al domicilio en cuestión, donde estaban los rodados mencionados, a bordo del BMW que poseía pedido de secuestro por hurto.

El Oficial Subinspector con prestación de servicios en la División de Investigaciones Policiales, R. C. M., quien participó del allanamiento y secuestro en la morada del imputado, corroboró con sus dichos las versiones otorgadas por M. y S.

Estos testimonios, sumado a la prueba instrumental y documental que acreditaba fehacientemente la situación de irregularidad en que se encontraban los rodados citados, y el desbaratamiento de la coartada presentada por la Defensa Técnica, dieron pábulo al estado espiritual de certeza que justificó la conclusión condenatoria.

III. El encuadramiento legal y la pena.

La figura penal elegida resulta en mi juicio adecuada al reproche.

La sanción aplicada es correcta. El Tribunal de la inspeccionada ha actuado con apego a las reglas de los arts. 26, 40 y 41 del C.P., computando las circunstancias del hecho, las condiciones personales del imputado y su falta de antecedentes; imponiendo el mínimo de la escala penal prevista para ese delito, dejando su efectivo cumplimiento en suspenso. A ello reputo razonable.

IV. Por lo expuesto, coincidiendo con los Jueces que me precedieron en el orden de votación, estimo que corresponde rechazar la impugnación con costas y confirmar la sentencia bajo examen.

Así me expido y voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

-S E N T E N C I A - 1º) Declarar improcedente la impugnación que en copia obra a fojas 101/104, con costas.

2º) Confirmar la sentencia protocolizada bajo el número 33 del año 2008 de fojas 94/100 y vuelta.

3º) La presente es firmada por dos miembros de la Sala Penal por encontrarse el Ministro Daniel Alejandro Rebagliati Russell en uso de licencia.

4°) Protocolícese y notifíquese.- fdo. Jorge Pfleger. Alejandro Javier Panizzi. Ante mi: José A. Ferreyra Secretario.