Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-05


SENT Nro. 07 San Miguel de Tucumán, 05 DE FEBRERO de 2003.- Y VISTO: El incidente de nulidad in extremis interpuesto por el apoderado de la parte actora en autos: "Unión Cañeros Azucarera Nuñorco Ltda. s/Quiebra (Inc. de pto. Pago p.p. Mario René Grande y Roberto Padin)"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a estudio y resolución del tribunal el incidente de nulidad in extremis (cfr. fs. 397/400) presentado por el apoderado de la parte actora respecto de la sentencia de fecha de fecha 15 de octubre de 2002 (fs. 377/385).

2.- El incidentista se agravia de que esta Corte declaró que en el caso debe aplicarse la ley 24.522, y no la ley 19.551 en la que las partes fundaron sus agravios. Considera que de ese modo se atenta contra la competencia en razón del grado y se consuma una grave injusticia, que provoca el riesgo de imposibilitar el dictado de una sentencia acorde a derecho por el tribunal inferior.

Destaca que los agravios se fundaron en la ley 19.551, y que el art. 779 CPCC limita las facultades del Tribunal respecto al derecho aplicable, por lo que interpreta que se violó esa norma al incorporar cuestiones extrañas al debate entre las partes.

Señala que en primera instancia se aplicó al incidente el procedimiento de la ley 19.551, y que ese juez es el único facultado por las leyes 19.551 y 24.522 para decidir la ley aplicable. Considera que el máximo tribunal no podía legítimamente en este estadio modificar el procedimiento sin generar un vicio de actividad de gravosas consecuencias.

Sostiene que la ley 24.522 rige para los procesos concursales en trámite a la fecha de su entrada en vigencia, siempre y cuando: a) no resulte aplicable la segunda parte del art. 3 en su primer párrafo; b) no se presenten situaciones definitivamente consumadas o derechos irrevocablemente adquiridos, amparados por preceptos constitucionales; c) no se trate de un caso en el cual de la aplicación de la nueva ley no se siga una manifiesta incompatibilidad con el estado del trámite cumplido bajo la vigencia de la ley anterior. Interpreta que si el juez de primera instancia no aplicó la ley 24.522 en el juicio principal, no puede aplicársela en un incidente que tramitó bajo la ley 19.551, sin violar el derecho de defensa y el debido proceso conforme art. 18 C.N. Considera que por tal razón se cometió un yerro esencial y evidente, que consuma una grave injusticia.

Interpreta que con la decisión se elimina el fundamento de su reclamo, la aplicación del art. 225 de la ley 20.744 (transferencia de establecimiento), ya que la ley 24.522 dispone que no hay continuidad de la relación laboral, ni responsabilidad del adquirente por las obligaciones laborales de las empresas fallidas que adquiere (art. 199). Por último, formula reserva del caso federal según art. 14 de la ley 48.

3.- Es doctrina de este Tribunal que no existe impedimento normativo alguno para admitir la promoción de nulidad de una sentencia de la Corte por vía incidental, sino que, al contrario, el art. 170 inciso 1 CPCC concede fundamento legal a la posibilidad de tal planteamiento. Pero debe destacarse que el reproche de nulidad contra la sentencia de la Corte está circunscripto a la concurrencia de vicios intrínsecos del fallo, es decir, cuando la sentencia adolezca de vicios o defectos de forma o de construcción que la descalifiquen como acto jurisdiccional, o sea dictada sin sujeción a las reglas de tiempo, lugar, forma, falta de firma, constitución del tribunal, cuestiones no debatidas, decisión extra litis, entre otras, siendo ajeno todo lo que tiene vinculación con la aplicación del derecho que el incidentista conceptualice erróneo. En otras palabras, la vía incidental nulificante sólo es idónea cuando se alega vicios in procedendo y no vicios in iudicando. (Cfr. CSJT en sent. 40 del 24-2-97 en "Riviere O. G. vs. Citromax SACI s/ cobro de australes"; sent. 605 en "Sucesión de A. C. Castelli vs. Courel M. A. s/ desalojo" del 8-8-97; sent. 578 en "Núñez J. y/o Municipalidad de Juan Bautista Alberdi s/ daños" del 30-7-97; sent. 569 en "Carrizo R. vs. S. A. San Miguel A.G.I.C. y F. y otro s/ daños", del 30-7-97, entre otras).

4.- Los agravios planteados por el incidentista son notoriamente inidóneos para fundar la nulidad (art. 166 CPCC), por cuanto se cuestiona la aplicación del derecho que el incidentista considera erróneo, lo que configura un vicio de juzgamiento, inatacable por esta vía procesal, según se expuso.

No obstante lo expresado, la impugnación carece de todo sustento jurídico que permita su planteamiento por alguna vía procesal, por cuanto se pretende la aplicación de la ley 19.551 a hechos producidos después de su derogación (art. 293 ley 24.522), con el argumento de que en dicha ley se basó la pretensión y el trámite de primera instancia. Ante la alegación, -que no alude ni rebate los fundamentos de la sentencia que impugna (cfr. fs. 379 consid. 5)-, debe destacarse que el Tribunal no se encuentra constreñido por los argumentos de la parte o del a quo, y le incumbe realizar una declaración sobre los puntos controvertidos según la interpretación que rectamente le otorgue. El juzgador está obligado a aplicar el principio "iura novit curia", por el cual los jueces no están obligados a fallar según la calificación jurídica que las partes dan a sus pretensiones, debiendo incluso suplir la norma mal invocada por aquellas, y establecer el derecho que conceptualice el caso (art. 34 CPCC). En esta labor de interpretación el juez es soberano en la apreciación y aplicación del derecho, siempre que su lectura no caiga en lo arbitrario o irrazonable, no altere la relación procesal, ni cambie los hechos constitutivos de la causa petendi que la fundamente (O. Gozaíni, "Colección de análisis jurisprudencial", edit. La Ley p. 4).

El hecho que la parte lo invocara, y que en la instancia inferior se haya aplicado un régimen legal no vigente, no crea ultraactividad de una ley respecto de hechos ocurridos después de su derogación ni ello genera derechos, ya que ni el juzgador ni las partes pueden aplicar una ley derogada apartándose de la normativa vigente, porque el régimen jurídico no es disponible para los litigantes ni para el juez (art. 3 y 20 del Código Civil, decreto nacional 267/95 que observó el art. 290 de la ley 24.522, y art. 293 de la ley 24.522).

Por lo expuesto, corresponde desestimar el incidente de nulidad interpuesto.

5.- Atento al resultado, corresponde imponer las costas al vencido (art. 106 CPCC).

Por ello, y encontrándose inhibido el señor vocal doctor Alberto José Brito, se R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el incidente de nulidad in extremis interpuesto por el apoderado de la parte actora contra la sentencia de fecha 15-10-2002 dictada por esta Corte.

II.- COSTAS al incidentista III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ANTONIO GANDUR ALFREDO CARLOS DATO