Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-12-27


2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 27 de 2013.

El doctor Gemignani dijo:

I. Liminarmente, previo a introducirme en el análisis de los planteos introducidos por la defensa en su recurso, considero pertinente reseñar los sucesos del caso a fin de alcanzar un conocimiento más acabado de la cuestión. Se le imputa a Ramón Rolando Giménez, el hecho sucedido el día 31 de mayo de 2012, aproximadamente a las 8:00 horas, en oportunidad en el cual conducía el colectivo de la línea 91, interno 556, y detuvo su marcha a los efectos del descenso y ascenso de pasajeros en la parada existente en la Avda. Comodoro Py al 2050 de este medio, ocasión en que, en forma negligente, sin prestar la debida atención, habría violado los deberes de cuidado a su cargo al reanudar la marcha de la Unidad sin percatarse que la pasajera Epifanía Almirón se encontraba descendiendo de la misma, ocasionando que cayera al piso, provocándole lesiones de carácter leves (Cfr. fs. 99/100, requerimiento de elevación a juicio -arts. 45 y 94 del C.P.-). De tal suerte, y una vez solicitada la suspensión del proceso a prueba, en la oportunidad de llevarse adelante la audiencia prevista por el artículo 293 del C.P.P.N., la defensa, luego de ratificar el contenido de su presentación de fs. 116/117, ofreció el pago mínimo de la multa prevista para el delito atribuido, así como la realización por parte de su defendido de tareas comunitarias en alguna sede de Caritas o donde el Tribunal disponga y la realización de un curso de reeducación vial. En concepto de reparación del daño ofreció la suma de mil quinientos pesos ($1500), e indicó no ofrecer la autoinhabilitación para conducir vehículos por considerar tal circunstancia un adelantamiento de pena. Concedida la palabra al imputado, manifestó: "...que es chofer de colectivos, actividad por la que percibe entre $7000 y $8000, trabajando de 5.45 a 14.30 horas diariamente, resultando único sostén económico de su familia, ya que su esposa -con quien vive- no trabaja (...) que es titular de la vivienda donde reside y que posee un automóvil a su nombre y una tarjeta visa (...) expresó que tiene en la actualidad 54 años y que no tiene edad ni aportes suficientes paran jubilarse.

En ese sentido, debido a su edad y la falta de trabajo imperante, si se lo inhabilitara para conducir vehículos, la empresa de transporte (...) podría despedirlo con causa, sin abonarle indemnización alguna...". Por su parte, la parte damnificada, Pasiona Epifanía Almirón, rechazó la suma ofrecida, manifestando que a raíz de las lesiones sufridas ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente. A su turno, el Representante del Ministerio Público Fiscal señaló que: "en virtud del hecho atribuido a Giménez encu[adra] en la figura de lesiones culposas, que prevé la pena de inhabilitación conjuntamente con la de prisión, resulta insoslayable seguir los lineamientos de política criminal (...) [por lo que] corresponde dictaminar a favor de la aplicación de instituto si se impone al imputado, como regla de conducta durante todo el período de prueba, el cese de la actividad en la que habría sido inhabilitado de recaer condena y la capacitación necesaria para remediar la impericia manifiesta por el delito...".

Entendió entonces necesario que el imputado se auto inhabilite por el período de doce meses, debiendo realizar un curso de reeducación vial entre las reglas de conducta a establecerse. Así las cosas, y conforme los fundamentos brindados el 5 de agosto de 2013, el Tribunal actuante, rechazó la suspensión del proceso a prueba solicitado respecto de Ramón Rolando Giménez. Para así decidir, consideró que aun cuando se considere que para estos supuestos no es vinculante la negativa del Fiscal, debe rechazarse la concesión del beneficio si el encartado no acepta auto-inhabilitarse como regla de conducta.

III. Reseñado lo anterior, habré de dar tratamiento a los planteos traídos a consideración por el recurrente. En relación a si corresponde o no conceder la probation cuando el ilícito imputado tenga prevista pena de inhabilitación de modo conjunto o alternativo cabe destacar que luego del precedente "Norverto" del Alto Tribunal, se suscitaron diferentes interpretaciones jurisprudenciales acerca de la si la pena de inhabilitación podía configurar o no un obstáculo para la concesión del instituto en cuestión, problemática respecto de la cual el Máximo Tribunal no se expidió expresamente en el caso referido. Siguiendo el hilo de análisis, no pasa inadvertido que el artículo 76 bis del C.P. establece en su último párrafo que "Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación", texto del cual no se observa distinción alguna o explicitación en cuanto a qué casos se refiere. Mientras que, por otra parte, el párrafo quinto de la norma referida sí explicitó que para la concesión de la probation, cuando el delito estuviese reprimido pena de prisión y además -es decir ya sea conjunta o alternativa- con pena de multa "... será condición, además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente".

Si bien la redacción de los párrafos referidos llevó a parte de la jurisprudencia a interpretar que el requisito negativo de procedibilidad previsto en el último párrafo del artículo 76 bis del C.P. (pena de inhabilitación) abarcaría únicamente a aquellos delitos que cuya penalidad fuera solamente de pena de inhabilitación, a mi juicio, dicho criterio no resulta acertado a la luz de los parámetros de interpretación de las leyes fijado por el Máximo Tribunal de la Nación el cual sostuvo que, el entendimiento de una "ley debe atenerse a los fines que la inspiran debiéndose preferir siempre la interpretación que los favorezca y no la que los dificulte" (Fallos: 311:2751, entre otros).

En ese sentido también sostuvo que "... cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de su texto, conduzca a resultados concretos que no armonicen con el ordenamiento jurídico restante o arribe a consecuencias reñidas con los valores por él tutelados, la interpretación debe integrarse al conjunto armónico del referido ordenamiento, por cuanto los jueces son servidores del derecho para la realización de la justicia". Asimismo, y cuando se tratase de casos "... no expresamente contemplados ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulta aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas" (cfr. C.S.J.N., Fallos 326:3679 y sus citas).

Por ello, y haciendo una interpretación armónica del ordenamiento jurídico vigente, como así también atendiendo al fin del instituto en cuestión y a la naturaleza de la pena de inhabilitación, resulta coherente entender que la pena referida, ya sea cuando esté prevista en forma principal, conjunta o alternativa, constituye un obstáculo para la concesión de la probation pues, justamente, dicha sanción se encuentre estrechamente vinculada con la cualidad del agente o la actividad profesional de aquél que, eventualmente debía tener para perpetrar el delito. Que con una aproximación mayor "... a la naturaleza jurídica que modernamente se le encuentra a esta pena, Fontán Balestra dice que la privación de derechos es predominantemente circunstancial y oportunista.

Si la finalidad lógica de la inhabilitación no es tanto privar al reo de un medio de vida, sino evitar que ponga su profesión al servicio de ulteriores actividades criminales, se impone que la sanción tome más en cuenta la conducta de futuro que la pretérita. De ahí que la inhabilitación recaiga comúnmente en cargos profesionales susceptibles de un riesgo general, como los de carácter público. A esto hay que observar que la pena de inhabilitación es un mal, traducido la privación de derechos, sin perjuicio de que persiga una finalidad, como la que señala Fontán Balestra. También es cierto que la privación de derechos de cuyo ejercicio se ha hecho indigno el autor, es una motivación para su conducta futura." (cfr. BAIGÚN, David ZAFFARONI, Eugenio R. y TERRAGNI, Marco A., Cód. Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Buenos Aires, Hammurabi, 1997, 226 y ss.). En definitiva, la pena de inhabilitación tiene efectos y consecuencias distintas que las demás penas existentes en nuestro ordenamiento penal, motivo por el cual avalar que ésta no constituye un impedimento para la concesión de la probation y, en consecuencia, omitir su efectiva aplicación, conllevaría a que dicha sanción pierda, en definitiva, su verdadero sentido.

IV. Sin perjuicio de cuanto fuera expuesto, a mi juicio el mecanismo idóneo para sortear el obstáculo legal previsto en el último párrafo del artículo 76 bis del C.P. recién referido, es a través de la imposición, como regla de conducta, de la "auto-inhabilitación" del acusado, cuando aquel lo ofreciere voluntariamente. Por ello, y teniendo en cuenta los parámetros de interpretación fijados por el Máximo Tribunal en el caso "Acosta", considero que la exigencia apuntada en el párrafo precedente constituye uno de los requisitos de procedibilidad para la concesión del instituto, condición que resulta ineludible en atención a los fines y a la naturaleza del beneficio en cuestión como así también permite conjugar la intención del legislador al prever la exclusión de la aplicación de este cuando el delito imputado prevea pena de inhabilitación (cfr. antecedentes parlamentarios de la Ley Nro. 24.316). También, cabe agregar que en lo relativo a la trascendencia de la opinión del Ministerio Público Fiscal en casos como el de autos, a mi juicio, y tal como ya he sostenido en otras oportunidades, lo dictaminado por el Fiscal, sujeto al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional, resulta vinculante, según el caso, para el otorgamiento o la denegación del beneficio. Es decir que para que la opinión del representante del Ministerio Público Fiscal sea vinculante debe encontrarse debidamente fundada siendo que, de lo contrario, el Tribunal perfectamente podría apartarse de aquella explicando las razones y defectos existentes en el razonamiento brindado por el Ministerio Público. Por ello, y a la luz de cuanto fuera expuesto, no habiendo el imputado ofrecido la auto- inhabilitación, a fin de evitar su continuidad en el desarrollo u ejercicio de esa actividad o profesión de un modo inadecuado y riesgoso para la sociedad, es que corresponde rechazar el recurso de casación intentado por la defensa, sin costas. Así es mi voto.

El doctor Cabral dijo:

I. Que a Ramón Orlando Giménez se le imputa el delito de lesiones culposas (art. 94 del C.P.). Así, obsérvese que este delito prevé -además de la pena de prisión- inhabilitación especial. Ahora bien, vengo sosteniendo que el beneficio de la suspensión del juicio a prueba no procede respecto de los delitos reprimidos con pena conjunta de inhabilitación (conf. art. 76 bis, último párrafo, del Cód. Penal de la Nación). En este sentido, he votado en la causa nº 15.144 "Matías, Cristián Eduardo s/ recurso de casación", reg. 18.851, rta. el 18/11/11, entre otras. Así, considero que en el precedente "Norverto" la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha sentado doctrina en favor de la admisibilidad de la suspensión del juicio a prueba en los casos de delitos que prevén la pena de inhabilitación, ya que la cuestión llevada a conocimiento de dicho Tribunal no fue ésa, sino la vigencia del criterio fijado por la Cámara Nacional de Casación Penal en el plenario "Kosuta" en cuanto a la extensión de todos los delitos que puedan tener pena de cumplimiento condicional. Tal afirmación se ve reforzada si se consultan los términos del dictamen del Procurador General, en el cual se reseñan la resolución cuestionada y los agravios del recurrente -entre los que no se cuenta referencia alguna al tema de la pena de inhabilitación- y en el que el titular del Ministerio Público Fiscal, consecuentemente, no se expide acerca de dicho extremo.

A esto debe agregarse que no se infiere del citado precedente de la Corte Suprema el establecimiento de una doctrina judicial contra legem, sobre todo teniendo presente que -si de fundamentación de las decisiones estatales se trata- ni en dicho fallo ni en el caso "Acosta" -al cual "Norverto" remite "en lo pertinente"- se ha hecho referencia alguna a las razones por la cuales la clarísima prohibición legal debería ser dejada de lado.

II. Además, el Sr. Fiscal General sujetó su conformidad a la "autoinhabilitación" del imputado. Al respecto, considero necesario aclarar que la inhabilitación es una pena (cfr. art. 5 C.P.), por lo que no puede ser impuesta como regla de conducta, ni siquiera con aceptación del imputado, ya que significaría el adelantamiento de una pena. En tal sentido, se ha sostenido que "implicaría permitir no sólo la creación por vía jurisprudencial de una forma de cumplimiento de la pena no contemplada legalmente sino, además, convalidar el sometimiento del imputado a una pena no mediando sentencia condenatoria que la sustente, todo ello en franca transgresión a las normas constitucionales que consagran la división de poderes y las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, en especial, el principio de legalidad y el estado de inocencia" (cfr. esta Sala, causa 13.617 "Puscama, Mario Omar s/ recurso de casación", reg. 16.916, rta. el 16/11/10). III. En síntesis, estando penado el delito que se le imputa con pena conjunta de inhabilitación, lo cual resulta un impedimento para la suspensión del juicio (art. 76 bis, último párrafo C.P.), corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Ramón Orlando Giménez, con costas. Tal es mi voto.

La doctora Figueroa dijo:

Que comparto la solución propuesta por el juez que lidera el acuerdo por los fundamentos que se indican a continuación. 1º) Cabe analizar el agravio sustentado por la defensa, donde considera que no existe ningún impedimento para que proceda la suspensión del juicio a prueba, en aquellos casos donde se aplican penas de inhabilitación en el delito imputado. La defensa de Giménez considera aplicables al caso los precedentes "Acosta" (C.S.J.N., 23/04/2008, Acosta, Alejandro Esteban), y "Norverto" (C.S.J.N., Norverto, Jorge Braulio s/ infracción artículo 302 CP). Sobre la aplicación del precedente "Acosta" -C.S.J.N., A.2186.XLI de fecha 23/04/2008- considero que el a quo parte de una particular interpretación que no corresponde al caso, recordando que el Alto Tribunal tuvo como tema central el rechazo de la suspensión de juicio a prueba en razón que el delito imputado tenía un máximo de tres años. En cambio en el presente agravio la cuestión debatida es acerca si el instituto de la probation procede en los casos de delitos que prevén pena de inhabilitación. Esta diferencia torna evidente que no se pueden asimilar ambos supuestos. En relación a la aplicación del precedente "Norverto" cabe señalar que el delito imputado allí encuadra en el art. 302 CP, que prevé una pena de prisión de seis meses a cuatro años, e inhabilitación de uno a cinco años de prisión, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 172. El hecho imputado a Giménez se vincula a su actuación como conductor profesional y a causa de una supuesta negligencia, terminó derivando en un delito de tránsito, cuyo saldo fueron lesiones en las rodillas de una persona. Este hecho fue encuadrado por el Ministerio Público Fiscal como lesiones culposas. Por las características del hecho imputado, y por la afectación que constituiría para la seguridad del transporte si se concediera la suspensión de juicio a prueba, entiendo que existe un interés fundamental de la sociedad para que este hecho se esclarezca, fundamentalmente para evitar posibles reiteraciones de situaciones vinculadas con la negligencia o imprudencia en la conducción de transportes públicos. Independientemente de mi opinión concordante con la fijada por el Ministro Zaffaroni (cfr. su voto in re D. 411. XLIV. Recurso de hecho "Delillo, Karina Claudia s/ causa 8260" rta. el 3 de agosto de 2010 y más recientemente F. 142. XLVI. Recurso de hecho "Fiorino, Marcelo Ariel s/ causa nº 1514" rta. el 27 de septiembre de 2011), lo cierto es que en el presente caso sometido a control jurisdiccional, el encausado no ofreció autoinhabilitarse, razón por la cual no procede la aplicación de este beneficio. 2) En virtud de lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas, confirmar la resolución recurrida y en consecuencia remitir las actuaciones al tribunal de origen a fin de que continúe con la sustanciación del proceso. Tal es mi voto.

En atención al acuerdo que antecede, el Tribunal, resuelve: Por unanimidad rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Ramón Giménez y, por mayoría imponer las costas al vencido. Regístrese, notifíquese y oportunamente, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordada Nº 15/13, CSJN), a través de la Secretaría de Jurisprudencia de esta Cámara. Remítase al Tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.- Ana M. Figueroa.- Luis M. Cabral.- Juan C. Gemignani.