marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inaplicabilidad de ley, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: D' Llano Fernando y otro c/ Docthos s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-04

En el caso no se encuentran reunidos los recaudos rituales, toda vez que los actores sólo invocaron los precedentes favorables a su posición en la presentación ahora examinada. La jurisprudencia de la Sala 3 mencionada en el recurso no fue citada con anterioridad, ni en el escrito inicial, como así tampoco en ninguna de las presentaciones efectuadas durante el trámite de segunda instancia. Antes de ahora, la única sentencia favorable a su postura invocada en el expediente, correspondía a un tribunal de otro fuero y jurisdicción -Sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires-, cuando la norma procesal exige que la contradicción ocurra con antecedentes de tribunales que integran una misma Cámara. Los fallos de la Sala 3 ahora mencionados son de fecha anterior a la contestación de agravios -última oportunidad procesal que tuvieron los actores para cumplir con el recaudo-, de modo tal que no existen razones que justifiquen la omisión formal incurrida.
Legitimación procesal, falta de legitimación para obrar, acción de inconstitucionalidad, interés concreto, banco de datos genéticos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Chorobik de Mariani Maria Isabel y otros c/ Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-24

Carece la recurrente de legitimación para esgrimir la tacha de inconstitucionalidad de los arts. 2° y 5° de la ley 26.548 y de su decreto reglamentario, pues no ha demostrado tener un interés directo en el dictado de un pronunciamiento judicial, que remueva el obstáculo al que atribuye la lesión de los derechos invocados, en tanto las razones en las que intenta sustentar su demanda y su recurso extraordinario federal, antes que demostrar los perjuicios personales concretos que le acarrearían las normas impugnadas, tienden a tratar de preservar la situación de quienes, por aplicación del límite temporal establecido en aquéllas, se verían imposibilitados de recurrir al Banco Nacional de Datos Genéticos. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Competencia de la Corte Suprema, intimación a acreditar personería, pueblos originarios, tobas, asamblea ordinaria, representante legal, Formosa, Inspección General de Personas Jurídicas
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comunidad Indígena Toba La Primavera - Novogoh c/ Formosa, Provincia de y otros s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-08

Corresponde tener por cumplida la intimación y el requerimiento ordenados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del representante legal de la Asociación Civil Comunidad Aborigen La Primavera, puesto que la Provincia de Formosa acompañó la disposición 390/13 de la Inspección General de Personas Jurídicas local, reconociéndose como tal al señor Cristino Sanabria, su presidente saliente, hasta tanto la Asamblea General Ordinaria elija las nuevas autoridades.
Costas, peritos, patrocinio letrado, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: LO GIUDICE S. PACE O.L. c/ ESTADO NACIONAL - IME s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-02

La labor de la letrada patrocinante del perito no se encuentra entre las que prevé el art. 56 del Código Procesal habida cuenta que las suscripciones de las piezas presentadas por el experto se ciñeron a cuestiones estrictamente técnicas, propias de su saber; y si bien a aquél no le está vedado requerir asesoramiento letrado -si lo considera necesario- no puede pretender que tal labor sea luego soportada por las partes.
In dubio pro reo, medios de prueba, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Badin, Maximiliano Carlos c/  s/ Robo en grado de tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-14

La duda sólo es una duda razonable cuando se sustenta en la insuficiencia de los indicios sobre los que se construye la hipótesis acusatoria, lo que presupone la identificación de elementos objetivos que los neutralizan y excluyen, y permiten construir una hipótesis de hecho distinta. Empero, el principio in dubio pro reo no consiste simplemente en la formulación puramente intelectual de otras hipótesis teóricamente posibles, diferentes a las de la acusación, sino en la comprobación de que el acervo de elementos de prueba disponible admite la formulación de más de una hipótesis, y que el examen crítico de ella no permite descartar alguna de ellas, lo que conduce a no poder afirmar la de la acusación más allá de toda duda razonable. Porque desde el punto de vista sistemático, y del discurso, siempre es imaginable la posibilidad de proponer hipótesis alternativas, en otros términos, toda pretensión acusatoria es siempre susceptible de ser puesta en duda. De lo que se trata es de que la duda alegada debe encontrar sustento objetivo en el material probatorio, y no constituye el anunciado de un mero ejercicio dialéctico. Por eso el principio de inocencia cae cuando se afirme una hipótesis más allá de toda duda razonable. Tanto la certeza como la duda deben ser razonadas a la luz de los elementos de convicción o indicios que han sido puestos a disposición del juez o tribuna de forma regular. De modo que, si al impugnar las determinaciones de hecho de a sentencia, la defensa alega una duda razonable sobre cómo acaecieron los hechos, tiene la carga de destruir la construcción hecha a partir del acto complejo de valoración de esos indicios, identificando otros indicios y demostrando por qué éstos los neutralizan y excluyen, y cómo permiten construir una hipótesis de hecho distinta de la afirmada en la sentencia (voto del juez García). Cita de "Cordero, Facundo Ernesto Nahuel s/ robo con armas", CNCCC 31287/2014/TO1/CNC1, Sala 1, Reg. nro. 605/2015, resuelta el 30 de octubre de 2015
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, daño moral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cabral, Norma Ester c/ Benítez, Raúl y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

Corresponde dejar sin efecto la sentencia, si la suma fijada en concepto de daño moral no cubre mínimamente los requerimientos de la prudencia en la determinación del daño, habiéndose establecido su cuantía en términos que sólo satisfacen en apariencia la exigencia de adecuada fundamentación y desvirtúan el principio de reparación integral.
Procedimiento tributario, Tribunal Fiscal de la Nación, cuestiones de hecho y prueba, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Viña Leonardo Hugo (TF 17.036-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-24

Si bien el Tribunal Fiscal fundó su decisión en la apreciación de elementos fácticos cuya revisión, en principio, no cabría en esta instancia (art.86, inc. b de la ley 11.683 y Fallos: 300:985) y esa revisión procede si la queja del contribuyente actor demuestra, que en el ejercicio de aquellas facultades propias, medió error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del antes mencionado principio. En el caso, el Tribunal Fiscal rechazó la existencia de mermas apoyándose en la prueba dispuesta en uso de las facultades que le acuerda el art.164 de la ley 11.683) (Cons. III).
Instrucción, apertura de la instrucción, autoridad de prevención, antecedentes penales
Materia: PENAL
Carátula: Miere, Pablo Juan y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-09

Sellada que se encuentra la suerte de este recurso, adhiero a los colegas preopinantes, y sólo deseo aclarar que, en este caso, no resulta de aplicación lo que he sostenido en las causas "Lorenzo" y "Del Re" pues el Ministerio Público Fiscal ha demostrado su interés persecutorio al solicitar medidas de prueba y afirmar que: "(...) considero procedente y pertinente, tener por satisfechos los extremos que guarda el art. 195 del C.P.P.(...)". De esta forma el vicio inicial ha sido saneado. Por otro lado, deseo hacer reserva de fundamento en orden a los argumentos que he vertido al votar en la causa "Diharce", respecto de que los antecedentes no pueden ser valorados ni a favor ni en contra del imputado. (Dra. Ledesma según su voto).
Gas, transporte de gas, distribución de gas, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Litoral Gas SA c/ Resolución 450/02 ENARGAS (Expte 7557/02)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-08

Resulta constitucional el art. 66 de la ley 24.076 (Cons. VIII).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, resoluciones posteriores a la sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Escudero, Luciano Ezequiel  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en escudero, luciano ezequiel contra gcba sobre amparo - empleo público-otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-28

Corresponde rechazar la queja porque la sentencia que, en último término, la parte recurrente impugna, dictada en la etapa de ejecución, no es una definitiva, sino una posterior a ella. Tampoco el apelante muestra que esa resolución tenga un contenido ajeno al de la de mérito o importe un ostensible apartamiento de lo allí decidido. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, código procesal penal, inconstitucionalidad, tratados internacionales, voto en disidencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

Cabe referir el voto del señor Ministro doctor Lorenzetti en la causa "Price", en el cual consideró inconstitucional un artículo del Código Procesal Penal de Chubut por entender que sus consecuencias llevarían a la impunidad, enfatizando que tal situación tornaba a la norma en contraria a los principios y valores de la Constitución nacional y de los Tratados Internacionales. Así, luego de referir las Convenciones Internacionales firmadas por Argentina en materia de corrupción, expresó que el estado argentino había asumido, entre otros, un compromiso internacional como miembro de la Organización de los Estados Americanos obligándose a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio, de modo similar al contraído en materia de violencia contra la mujer; y derivó de ello que resulta indudable que existe un deber en cabeza del estado argentino de persecución y adecuada sanción de la corrupción (así como de los hechos de violencia contra la mujer), lo cual lo llevó a concluir que la imposibilidad de avanzar hacia el juzgamiento y eventual sanción de conductas de tales características derivaría en el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en relación con dichas materias. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - CITAS: CSJN: Price, Fallos 344:1952, voto del señor Ministro Dr. Lorenzetti.
Prescripción adquisitiva, prueba, instrumentos públicos, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ninni, Delia Haydee c/ Avellaneda, Francisco s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-10

Cuando se materializa una escritura pública donde se ceden acciones y derechos posesorios que se sostienen se detentan desde antes del acto escriturario, lo único respecto de lo que da fe el notario es del acto que se concreta en su presencia, de la voluntad de ceder por el cedente y aceptación del cesionario, como asimismo de las demás condiciones dadas en el momento de concreción del instrumento pertinente, mas en momento alguno tal documento puede constituir elemento de prueba idóneo de la existencia de una posesión pública, pacífica e ininterrumpida con ánimo de dueño por parte del cedente con antelación a la celebración del mismo (arts. 994, 995 del C.

Civil), de allí que si el cesionario pretende luego sostener la materialización de una acumulación de posesiones, debe demostrar la realización por parte del cedente de todos aquellos actos posesorios que durante el tiempo que se aduce, se han efectuado con las características legales como para adquirir el dominio por modo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, acción de amparo, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: JOSE D. PARONZINI c/ FACULTAD DE ARQUITECTURA s/ ACCION DE  AMPARO  -  SENTENCIA  ARBITRARIA - PROHIBICION DE INNOVAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Lo atinente a la determinación de los límites y alcances de la acción de amparo es materia propia de los jueces de la causa y ajena a la instancia extraordinaria, máxime si el fallo se sustenta en la norma que regula el procedimiento respectivo y en la ponderación de las circunstancias, lo cual descarta la tacha de arbitrariedad.
Injuria laboral, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: BORQUEZ FRANCISCO ALBERTO c/ SERVICIOS  PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-08-16

Las inobservancias detectadas en las obligaciones del actor a quien se la habían dado las instucciones pertinentes con anterioridad sobre el modo de trabajar configuran injuria laboral en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que por su naturaleza y envergadura necesariamente ocasionaron perjuicio a la empresa pues, aún en la hipótesis que fuera saneado con posterioridad, lo cierto es que prestó el servicio de energía a los consumidores sin percibir en forma oportuna la retribución correspondiente, siendo tales faltas de suficiente gravedad como para justificar el despido dispuesto, no siendo óbice, por lo demás, que tales inobservancias obedecen a su negligencia, por lo que la falta de denuncia penal al respecto, como argumento deviene insostenible.
Beneficios previsionales, medidas cautelares, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ronchi, Adolfo Antonio c/ A.N.Se.S. s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-24

Corresponde rechazar la medida cautelar -por la que se persigue que se ordene a la A.N.Se.S mantener el pago del haber reajustado con motivo del ofrecimiento de la reparación histórica, a modo de pago a cuenta-, pues coincide con el objeto de la pretensión de fondo que, más allá de la inexistencia de una liquidación firme en el proceso de reajuste, radica en lograr un incremento en el haber del beneficio del actor con lo cual se desnaturaliza el carácter instrumental que, es propio de ella, lo cual implica conferirle un carácter autónomo que, en los hechos, es negado por la mayor parte de la doctrina procesal (Cfr. Enrique M. Falcón, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado - Concordado - Comentado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Tomo II, págs. 232-233). (Del voto de la mayoría. El Dr. Milano votó en disidencia).
Mala praxis, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: El Ganame Santiago y otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ ordinario - daños y perj.- mala praxis - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-11-27

En el caso de un daño producido por la falta de ayuda futura que podría haber dado el hijo que por la mala praxis médica, quedara con una incapacidad total, siendo una chance en la que existe una "probabilidad objetiva", dado el momento en que acaece el hecho, edad de los padres, debe acordarse un 20% (10 % por cada progenitor), que aparece como razonable pero sobre la base de un salario mínimo vital y móvil. Cabe detraer un porcentaje destinado a satisfacer los propios gastos destinados para vivir del hijo. Más allá que se trata de ayuda a brindar a ambos padres, lo cierto es que la base del quantum está dada por los ingresos probables del hijo eventual alimentante y a compartir por ambos progenitores en el porcentaje fijado y en base a la edad probable de vida. Ello así, la ayuda debe entenderse como posible desde el cese de la obligación alimentaria paterna, 21 años del menor y hasta la edad probable de vida de 72 años.
Costas, costas al vencido, divorcio, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: C. de A., M. c/ G.P.C.M. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-06

Planteado el divorcio en los términos de los artículos 204 y 214, inciso 2º, del Código Civil, el principio objetivo de atribución que determina la imposición de las costas por su orden, cede cuando uno de los cónyuges se opone a la pretensión del restante y resulta vencido, por cuanto debe aplicarse la pauta general de la derrota que consagra el art. 68 del Código Procesal.
Excusación, deberes del juez, deber de imparcialidad, situación del imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: OCAMPO, Hugo s/ inhibitoria Causa n°30.463
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17

La inhibición de un Magistrado debe apreciarse con un criterio amplio, a fin de garantizar en extremo la imparcialidad en sus actuaciones.

Así, si como representante del Ministerio Público, el Magistrado emitió expresa opinión acerca de la situación procesal de los imputados-oponiéndose al cierre expectante- requiriendo, además, diversas medidas de prueba que a la postre condujeran al dictado de la prisión preventiva deviene procedente su apartamiento por imperio del Inc. 4° del Art. 75 del C.P.P.N.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kuhnle, Graciela c/ Rivas, Victor s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-05

Los gastos de tratamiento deben indemnizarse aún cuando la accionante contara con una obra social ya que es sabido que las obras sociales no son absolutamente gratuitas y no soportan todos los gastos especialmente los de farmacia, los cuales solo son satisfechos en un porcentual.
Sentencia, liquidación, depreciación monetaria, realismo económico
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Mackentor SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 165-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-15

Debe desestimarse el planteo de la administración en cuanto a la aplicación del realismo económico a la liquidación practicada por la empresa actora, sobre la base del precio que, en la actualidad, paga en concepto de movimiento de tierras (ley 24283) cuando ese parámetro no refleja la realidad del conflicto porque el precio que se menciona ($. 0,25 tn/km) refiere al movimiento de tierras en condiciones normales; y, en el caso, el valor que se debe considerar es por ese tipo de trabajos en condiciones extraordinarias.
Cobertura médica, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: R.M.T. c/ Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-12-26

La negativa de la obra social estatal a prestar la cobertura total del costo de los medicamentos de una afiliada discapacitada, fundada en el supuesto incumplimiento del deber de renovar una declaración jurada, resulta arbitraria e ilegal, pues dicha obligación no guarda relación con la existencia y características de la enfermedad que padece la actora, ni con el tratamiento medicinal cuya cobertura le fuera solicitada por la actora, lo que fue expresamente reconocido por la entidad prestataria.
Contrato de trabajo, sociedades comerciales, sociedad de socio único, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Rimondi  Hector  Julio César c/ Lifszyc Feinstein Ricardo Augusto s/ extensión responsabilidad solidaria.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-29

De conformidad con lo dispuesto por el art. 94, inc. 8 de la Ley de Sociedades Comerciales, la sociedad se disuelve por reducción a uno del número de socios, siempre que no se incorporen nuevos socios en el término de tres meses. En este lapso el socio único será responsable ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales contraídas. De conformidad con nuestra legislación vigente, la falta de pluralidad de socios produce la disolución de la sociedad, ante la prescindencia de un requisito esencial para su configuración, vale decir determina la inexistencia de la sociedad.
Responsabilidad profesional, responsabilidad médica, prueba, historia clínica
Materia: CIVIL
Carátula: QUIROGA VDA. DE GONZALEZ, LILIANA E. c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - ORDINARIO QUIROGA VDA. DE GONZALEZ, LILIANA E. c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-05-24|2005-05-24

Es el galeno quien conoce a ciencia cierta el procedimiento utilizado para el diagnóstico y tratamiento del paciente, por ello, la "historia clínica" -documento que retiene toda la información sobre lo hallado, lo pensado y lo hecho-, fue adquiriendo como instrumento integrante de la prueba de la buena o mala atención médica, una importancia significativa.

Por ello, los profesionales de la medicina poseen el derecho de ampararse en una historia clínica veraz y completa y también deben soportar las consecuencias adversas que pueden extraerse en caso de resultar la misma deficiente, por cuanto las omisiones detectadas pueden aparecer como un eventual intento de proteger su propia posición ante las falencias o defectos del diagnóstico, tratamiento o del acto practicado; correspondiendo asimismo, que las historias clínicas sean bien redactadas, completas y exactas.

La inexistencia de historia clínica o la presencia de irregularidades en la misma, juzga en contra del profesional.

El fundamento de esa consecuencia reside en que la falta de datos relevantes en la historia clínica, conduce la más de las veces, a la imposibilidad de probar la existencia o no de una actitud negligente o desaprensiva del profesional, constituyendo una violación al deber de colaboración procesal, que conlleva a un análisis desfavorable de la conducta del demandado. En autos, la existencia de una historia clínica incompleta, insuficiente y de los daños que ocasionó en la salud e integridad física de la actora.

La historia clínica debe servir de base para el juicio acabado sobre la enfermedad o problema que presentaba el paciente al ser atendido, su evolución y resultado hasta el alta, con explicitación del tratamiento y su seguimiento. Si el médico se ha limitado a asentar en ella la atención del paciente, se sustrae a la norma que le impone obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (art. 902, Cod. Civil).

De esta forma, por la propia abstención del médico tratante, se priva de los elementos necesarios para apreciar si la técnica aplicada fue correcta o no; es decir, no en cuanto al mérito de su elección, sino en su efectivo ejercicio al materializarse la práctica terapéutica. Admitir esas falencias conllevaría tolerar la impunidad, al tomar imposible la prueba de la mala praxis.
Contrato de obra pública, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marín, Gustavo Serafín c/ Municipalidad de Berisso s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

El derecho del contratista al cobro de los intereses moratorios consagrado en el art. 45 de la ley 6021 lo está "...sin necesidad de constituir en mora a la Provincia, ni de formular reserva alguna...", por lo que carece de asidero la defensa opuesta por la demandada sobre la base de que aquél no formuló reservas en el acto de la recepción definitiva de las obras.