Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-23


GARCIA EYREA, Mario F. contra ROSARIO DIFUSION S.A.

Reg.: A y S t 215 p 308-312.

Santa Fe, 23 de agosto del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia 221 del 23 de diciembre de 2003 dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario en autos "GARCÍA EYREA, Mario F. contra ROSARIO DIFUSIÓN S.A. -Demanda Laboral por Cobro de Pesos y Certificación de Servicios-Imposición de Sanciones (Expte. 145/03)" (Expte. C.S.J. nro. 270, año 2005); y, CONSIDERANDO: Surge de las constancias de la causa que el Juez de primera instancia de conocimiento acogió la pretensión del actor -excepto en cuanto al resarcimiento derivado del artículo 80, 3er. párr, L.C.T.- y condenó a la accionada a abonar la indemnización derivada del despido indirecto producido -art. 245 L.C.T. y conexos-; duplicación de todos los rubros indemnizatorios conforme artículo 16, ley 25561; sanción del artículo 132 bis Ley de Contrato de Trabajo e indemnización del artículo 2, ley 25323; con costas según el éxito obtenido.

Apelada la resolución por ambas partes -el actor se limitó a cuestionar la distribución de los gastos causídicos, cuestión que no se abordará por resultar ajena a los planteos de este remedio extraordinario- la Alzada la modificó parcialmente: rechazó la aplicación del artículo 16, ley 25561 y consecuente duplicación de rubros indemnizatorios; desestimó la pretensión basada en el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; morigeró en un 50% la condena con base al artículo 2, ley 25323 y distribuyó los gastos causídicos de acuerdo al éxito obtenido en ambas instancias.

Es contra este último pronunciamiento que el accionante endereza su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por lesionar derechos y garantías de rango constitucional.

Afirma que los Sentenciantes se apartan del texto legal al concluir que por haber operado el distracto en forma indirecta no corresponde aplicar las disposiciones del artículo 16 de la ley 25561 que sólo rige para los despidos directos sin causa justificada. Destaca que tal como sucede en la Ley de Contrato de Trabajo, en la que la responsabilidad indemnizatoria para el empleador es idéntica en los despidos directos e indirectos, debe interpretarse que lo propio ocurre con el aludido artículo 16, ya que resulta jurídicamente inaceptable liberar del pago duplicado al patrón que con su conducta incumpliente e injustificable o no justificada, genera indirectamente la situación del despido en que coloca al trabajador.

Asimismo, alega que la fundamentación que la Sala expone para desestimar esta reparación deviene arbitraria pues no está en tela de juicio si el incumplimiento de la empleadora fue o no deliberado, sino si la injuria irrogada revestía entidad suficiente para denunciar el vínculo.

En tal sentido, destaca que resulta contradictorio que el Tribunal rechace esta reparación basándose en que no está demostrado que la inconducta se orientaba a lograr el distracto en forma indirecta pero a la vez repute que la injuria tenía entidad para resolver el vínculo a efectos de conceder la indemnización por antigüedad.

Afirma que si bien se reconocen supuestos de excepción -en los que puede eximirse al empleador de reparar- el "sub examine" no amerita apartarse de la regla tal como lo hace el Tribunal, basándose en meras afirmaciones dogmáticas, sin prueba concreta y prescindiendo de aquélla que sí resulta conducente, por considerar que no hubo intención de la empleadora para lograr el distracto en forma indirecta.

Se queja también por cuanto la Sala, sin fundamento alguno, rechaza la duplicación de todos los rubros indemnizatorios, destacando que aquélla debe alcanzar también a los derivados de los artículos 232, 233, 156 y 80 "in fine" pues el artículo 16 de la ley 2556 refiere a la duplicación de indemnizaciones conforme a la legislación vigente.

Reputa arbitrario que el Juzgador deniegue la concesión de las sanciones conminatorias derivadas del artículo 132 bis de Ley de Contrato de Trabajo en tanto la conducta del empleador no ha quedado tipificada por falta de intimación, ya que, para así decidir, omite ponderar prueba decisiva: la carta documento del 19 de febrero de 2002 oportunamente aportada a la causa. Arguye, además, que el Sentenciante exige recaudos que la ley no prevé e interpreta en contra del trabajador, en clara violación del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Se queja de que reduzca en un 50% el incremento indemnizatorio con base en el artículo 2 de la ley 25323 que concediera el Inferior. Al respecto sostiene que se funda en hechos no probados (supuesta situación económica de la empresa y reconocimiento por parte del trabajador; y crisis económica general); aplicación de "presunciones homini" con invocación de acontecimientos inexistentes.

Finalmente, critica a los Juzgadores por la distribución de gastos causídicos que realiza por cuanto -estima- lesiona su derecho de propiedad. La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario por lo cual el quejoso ocurrió en forma directa por ante esta sede.

2. La presente queja -se adelanta- no puede prosperar por cuanto, no obstante invocarse cuestión constitucional, del desarrollo de los fundamentos vertidos en la pieza recursoria en confrontación con la resolución atacada, surge tan sólo la mera disconformidad del recurrente para con lo resuelto por los Juzgadores en ejercicio de funciones propias, materia que resulta ajena al tratamiento en esta instancia de excepción. En efecto, el accionante afirma que los Juzgadores, al desestimar la aplicación del artículo 16 de la ley 25561 en el supuesto de autos por tratarse de un distracto indirecto, incurren en serios vicios descalificantes: apartamiento del texto legal aplicable, fundamentación arbitraria y contradictoria y dogmatismo.

Sin embargo, tal como los reproches fueron vertidos, no consiguen patentizar que dichas falencias se configuren en el "sub discussio".

En primer lugar, cabe señalar que no se evidencia el mentado apartamiento del texto legal.

Es que si bien la Sala en la sentencia cuestionada recoge la tesis que limita los efectos de la duplicación indemnizatoria con base en el artículo 16 de la ley 25561 a los supuestos en que el despido opera de modo directo y sin justa causa -postura ésta, por cierto, minoritaria en la jurisprudencia, pero que, por el solo hecho de serlo no acarrea su inexorable descalificación constitucional- a renglón seguido admite la posibilidad de hacer excepción a dicha inteligencia en aquellos supuestos en que el accionar del empleador tiene connotaciones que no se compadecen con lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo y concordantes y esté plenamente acreditado que dicha conducta está dirigida a obtener un resultado no querido por la ley, esto es, el despido indirecto.

Y, luego de ponderar los elementos fácticos y probatorios reunidos en la causa, concluye que el supuesto bajo examen no encuadra en esta última situación excepcional.

Esta línea argumental -que puede o no compartirse- justifica desestimar la falencia achacada pues no hacen más que confirmar que el Juzgador no ha soslayado el texto legal sino que, frente a un abanico de posibilidades interpretativas, ha optado por una válidamente aceptable, dando razones para ello no sólo desde el plano teórico, sino, fundamentalmente, en relación a las circunstancias del caso: que el trabajador reconoció que la situación económica de la empresa era difícil y que en numerosas oportunidades dejó de cumplir en término el pago de los salarios, con anuencia de los trabajadores, entre ellos el demandante (presumiendo que al momento del distracto dicha situación se había agravado habida cuenta de la crisis imperante) y la posibilidad de cobrar honorarios además del salario; particularidades éstas que morigeraban la connotación injuriante del incumplimiento patronal.

Ello, más allá de disconformar al recurrente no trasunta arbitrariedad sea por llevar a una distorsión del texto legal o por prescindir de elementos probatorios aportados a la causa o apoyarse en inexistentes. Solo revela la intención del perdidoso de revertir la suerte de lo decidido en este punto, insistiendo en su razón de reclamar la duplicación resarcitoria a partir del distracto indirecto.

Por su parte, cabe señalar que no se le escapa a este Cuerpo la circunstancia de que a la fecha la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en pleno se ha expedido a favor de la duplicación indemnizatoria también en los supuestos en que el distracto opera de modo indirecto ("Ruiz, Víctor H. c. Universidad Argentina de la Enmpresa U.A.D.E." del 1.3.2006, publicado en La Ley, boletín del 10.3.2006); y, aunque ello no resulte en modo alguno vinculante para esta Corte, la jerarquía de aquél Tribunal convoca la consulta de sus precedentes.

De tal suerte, y teniendo en cuenta que la fundamentación de la conclusión alcanzada por el pleno descansa esencialmente en los motivos que llevaron al legislador a igualar las consecuencias del despido indirecto con las previstas para el directo en orden a evitar que el empleador hostigue al dependiente a fin de colocarlo en situación de tomar la iniciativa para disolver el vínculo y así abaratar los costos; se advierte que la solución brindada por el A quo a este planteo se ha hecho cargo de esta posibilidad, y ha brindado razones que no lucen ilógicas o irrazonables para desechar la configuración de uno de los supuestos no queridos por el legislador.

Estas circunstancias, aunque, reitero, dicha jurisprudencia plenaria no resulte vinculante para este Cuerpo, permiten descartar la arbitrariedad achacada al fallo en este aspecto. En cuanto a que la Sala no se expidió sobre cuáles serían los rubros que deben resultar duplicados en virtud del aludido precepto, cabe destacar que la desestimación de la aplicación del artículo 16 determina la inconducencia de ingresar en su tratamiento, tal como lo señala el Tribunal en el auto denegatorio a foja 34 y el impugnante no consigue desmerecer en su presentación directa.

Igual suerte adversa habrán de correr los reproches que giran en torno al rechazo de las sanciones previstas por el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo los cuales no se advierte que se encuentren configurados toda vez que -como lo expresa el Sentenciante- considerando que se trata de una sanción de carácter objetivo y formal, que exige para su configuración que se cumplan los elementos taxativamente enumerados en la ley, evaluó que en la causa, se encontraba ausente la intimación fehaciente del ingreso de importes adeudados, más intereses y multas a los respectivos organismos recaudadores por parte del trabajador, que hacía que la conducta del empleador no quedase tipificada como lo exige el decreto 146/01. En tal sentido, entendió que la intimación que realizara había sido efectuada en relación con lo previsto en el artículo 80) de la Ley de Contrato de Trabajo.

Frente a esta postura, el impugnante insiste en que el Tribunal se habría apartado de las constancias de la causa, concretamente, de la carta documento del 19 de febrero de 2002 en relación a las anteriores, mas ello no pasa de ser una diversa ponderación acerca de la satisfacción -o no- de los recaudos necesarios para reputar fehaciente -o no- la intimación con los efectos pretendidos.

Pero el diverso alcance conferido por el Juzgador no habilita a descalificarlo desde el plano constitucional desde que el recurrente no demuestra irrazonabilidad o exceso en tal faena valorativa. Por su parte, tampoco fundamenta el invocado exceso del decreto reglamentario sobre las previsiones legales. Con relación a la reducción de la indemnización con base en el artículo 2 ley 25323, cabe señalar que tampoco se vislumbra la arbitrariedad achacada.

Es que, en el contexto en que el Tribunal debía analizar los agravios presentados ante sus estrados -la demandada había cuestionado también la resolución de grado en cuanto había entendido que el despido era justificado pues la injuria invocada revestía una gravedad tal que impedía la continuidad de la relación laboral, argumentando lo contrario; y que la Sala confirma lo decidido en baja instancia, luego de analizar las constancias de la causa- se advierte que la postura de los Magistrados guarda sintonía con criterios doctrinarios y jurisprudenciales que admiten la posibilidad de que el Juzgador disminuya o exonere de la sanción en los supuestos en que el empleador haya tenido motivos suficientes como para litigar, y a pesar de que en cuanto a la justificación de la causa de despido indirecto resultase vencida.

Ello en modo alguno implica autocontradicción tal como lo pretende el impugnante, pues más allá del resultado final en punto al despido, lo cierto es que para llegar a ese desenlace, el Tribunal valoró las probanzas aportadas y las respectivas alegaciones de las partes, y si bien desestimó las de la accionada a fin de justificar el distracto operado por el trabajador, consideró que tenían seriedad suficiente como para avalar la postura litigiosa de la demandada que en principio se resistió a indemnizar.

Finalmente, los reparos relativos a la distribución de costas también serán rechazados porque no consiguen acreditar arbitrariedad o irrazonabilidad en dicho criterio que ameriten hacer excepción a la regla de que las cuestiones atinentes a los gastos causídicos pertenecen al ámbito de la discrecionalidad judicial.

En suma: las falencias atribuidas al decisorio revelan el sólo propósito del perdidoso de reabrir el debate acerca de cuestiones de hechos, prueba y derecho común en una suerte de tercera instancia ordinaria ajena a la esfera del remedio ensayado, no traspasando el planteo el límite de la disconformidad en cuanto a la valoración de la situación fáctica y aplicación de normas comunes, aspectos propios de las instancias ordinarias y, por ello, excluidos de este control al no haberse demostrado que las apreciaciones de los sentenciantes -más allá de su grado de acierto o error- resulten ilógicas o irracionales, en tanto la sentencia contenga fundamentos jurídicos que impidan su descalificación como acto judicial.

La insistente intención de renovar el debate sobre la valoración fáctica y jurídica sobre temas de derecho común -ya tratado en las instancias ordinarias- no depara caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria en esta sede, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al orden jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su competencia jurisdiccional.

Por ello y ante esa mera discrepancia del recurrente, no se configura cuestión constitucional idónea para habilitar esta instancia de excepción cuyo cometido no es corregir posibles errores o solucione opinables.

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)