Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-20


En la Ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes de Julio de 2007 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Contra la sentencia de fs. 327/343 por medio de la cual el juez Baldomar condenó a Carlos Alberto ONISZCZUK, a la pena de quince días de arresto, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, con más la inhabilitación por el término de siete años, para obtener cualquier autorización, habilitación o licencia para organizar, promover, explotar o comerciar sorteos, apuestas o juegos, bajo la condición de que durante un año, cumpla con las siguientes reglas de conducta:

a) fijar residencia y comunicar a la fiscalía el cambio de ésta y b) cumplir con las citaciones y requerimientos que la fiscalía o el juzgado hiciere; por ser coautor contravencionalmente responsable de la conducta de organización, explotación y comercialización, sin autorización, habilitación o licencia, juegos en los que se prometen premios en dinero y dependiendo en forma preponderante del alea, en concurso ideal, por la que fuera elevada la presente causa a juicio, por el hecho de fecha 26 de julio de 2006 en el local sito en la calle Elcano y Virrey Olaguer Feliú de esta ciudad, con más las costas del proceso (arts. 16, 20, 21, 22 inc. 3, 23 inc. 2, 26, 31, 34, 45 inc. 1 y 2, 46, 116 y 117 del C.C., 14 y 48 de la Ley 12 y 45 C.P.) y a Valeria VILLAR por considerarla coautora responsable de la contravención de comercialización, sin autorización, habilitación o licencia, juegos en los que se prometen premios en dinero y dependiendo en forma preponderante del alea, por la que fuera elevada la presente causa a juicio -por el hecho de fecha 26 de julio de 2006- en el local sito en la calle Elcano y Virrey Olaguer Feliú de esta Ciudad, a la pena de diez días de arresto, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, con más la inhabilitación por el término de cinco años, para obtener cualquier autorización, habilitación o licencia para organizar, promover, explotar o comerciar sorteos, apuestas o juegos, bajo la condición de que durante el plazo de seis meses cumpla con las siguientes reglas de conducta:

1) fijar residencia y comunicar a la fiscalía cualquier cambio y 2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la fiscalía o el juzgado le hicieren, con más las costas del proceso (arts. 20, 21, 22 inc. 3, 23 inc. 2, 26, 31, 34, 45 inc. 1 y 2, 46, 117 del C.C., 14 y 48 de la ley 12 y 45 C.P.) -puntos III y IV, respectivamente-, los Sres. Defensores Oficiales de los encartados deducen sendos recursos de apelación (v. fs. 345/353 y fs. 354/358).

Escuchado en esta sede el Fiscal de Cámara propició que se declaren mal concedidas las impugnaciones presentadas por los Sres. Defensores Oficiales y se ratifique la condena impuesta (v. fs. 366/367).

A fs. 385/386 se presenta el Francisco José Malini Larbeigt, defensor de la imputada Villar, aduce que deben rechazarse los argumentos descalificantes del Ministerio Público ante esta instancia y, en consecuencia, aceptar el recurso, resolviendo conforme en él se solicita.

Por su parte, a fs. 388/389 obra el escrito de la Paz, defensora de Oniszczuk, que replica lo sostenido por el Walter Fernández y pide la absolución de su defendido.

Así, cumplidos los plazos procesales pertinentes, se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I.- Los recursos se dirigen contra una sentencia definitiva, fueron interpuestos en tiempo oportuno por quienes tienen derecho a hacerlo, por escrito, ante el órgano que emitió la decisión y se encuentran debidamente fundados. Por consiguiente, son admisibles formalmente (art. 50 LPC).

En lo que atañe a la petición formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia en cuanto a que "corresponde declarar mal concedidos los recursos", en virtud de que las presentaciones "sólo constituyen una reiteración de manifestaciones y/o fundamentos ya vertidos" cabe señalar que es criterio de la Sala que incumbe analizar la concesión de las vías intentadas "... con amplitud razonable, en atención a los derechos en juego ...." (in re "Hilbert", rta. 22/12/04).- CAUSA Nº 21938-00-CC/2006. Sala II.

II.- Cotejados los requisitos formales corresponde adentrarnos al análisis de los agravios introducidos por los respectivos letrados defensores, aclarando que a los fines de brindar mejor orden al escrutinio se tratarán las impugnaciones en el orden en que fueran introducidas.

II. a) recurso deducido por la defensa de Valeria Villar.

El Malini Larbeigt comienza su exposición manifestando que la sentencia condenatoria es arbitraria en cuanto se funda en un procedimiento que adolece de vicios de tal envergadura que lo hacen inútil para justificar la condena y luego desarrolla una serie de quejas a saber: 1) falta de legitimación activa del fiscal; 2) falta de lesión a bienes jurídicos protegidos por la ley contravencional local; 3) juegos en la ciudad, ley de juegos, igualdad ante la ley; 4) exclusión de la prueba ilegal, desapoderamiento ilegítimo y detención del testigo Saullo.

1. El defensor aduce que "la conducta endilgada a mi defendida por la fiscal que intervino escapa a las previsiones de imputabilidad oficiosa de la ley; ya que ella, la fiscal, carece de facultades para ejercer la acción contravencional sin que hubiera de parte del ofendido la instancia de la acción judicial. Es que el Art. 1º y el Art. 19 de la Ley 1472, se lo impiden" -v. fs. 348 vta.-.

Contrariamente a lo argumentado por el recurrente y tal como sostuvo el Sentenciante con expresa mención del precedente "Pereyra Herling" del registro de la Sala I de esta Cámara, no siendo en el caso la acción contravencional respecto de los artículos en cuestión dependiente de instancia privada, recae en el Ministerio Público Fiscal la facultad de instar la investigación; es que "la puesta en conocimiento de la eventual comisión de ilícitos de acción pública, resulta circunstancia suficiente para que se proceda a su investigación de oficio ..." (CNCRIM Y CORREC FED, Sala I, C. 36663- 16/09/04- el Dial-AA2531).

2. Se aduce que en el caso no existió lesión a bienes jurídicos protegidos por la ley contravencional local. La crítica del abogado se concentra en demostrar que "se imputa haber organizado a mi ahijada procesal, que la fiscal ha denominado ´quiniela´, sin explicar a ciencia cierta en que consiste ese juego; sería de aquellas conductas que ingresan dentro de las previsiones constitucionales del Art. 19 de la CN ; es un acuerdo (contrato) sinalagmático perfecto aleatorio de los que se describen en el Art. 2051 y siguientes del Código Civil, en el cual una de las partes efectúa un pago y la otra se obliga a efectuar su prestación dependiente de un hecho futuro incierto ´acontecimiento incierto´. Suceso que escapa a la regulación pública y ajeno a la autoridad estatal"-v. fs. 349vta./350. Interpretación original -aunque el presentante omitió clasificar el objeto del "contrato" que describe- mas no habrá de tener favorable recepción.

Para reforzar su postura, citó el precedente "Quintano" del Tribunal Superior de Justicia , en el cual se sostuvo que en caso de ausencia del daño mentado, punir la acción u omisión que exteriormente coincide con la prohibición o mandato de la ley, significaría castigar acciones privadas o intrascendentes.

En autos, sin perjuicio del desacuerdo manifestado por el Malini, el sentenciante evaluó que la explotación de juegos no autorizados, en competencia con los que se ajustan a la reglamentación local, perjudicó de modo concreto los intereses públicos comunitarios, dado que "se trata de un hecho que se llevó a cabo violentando la confianza de los apostadores, lucrando con la confianza de éstos" - sic, v. fs. 340 vta.-.

Aun cuando la defensa haya invocado el fallo citado para referirse a los bienes jurídicos tutelados, no corresponde perder de vista que el sustrato de dicha decisión radicó en un supuesto de insignificancia (cuya punibilidad, en la actualidad, queda descartada legislativamente por medio del art. 119 de la ley 1472) relacionado con el juego callejero de "mosqueta", respecto del cual se consideró que era inconsistente fácticamente sostener que afectaba el patrimonio estatal o de la recaudación de un juego habilitado, por lo cual se debió probar si se encontraban afectados los bienes jurídicos a los que aludía la norma del art. 8 de la ley 255, es decir, la convivencia y el patrimonio de las personas.

Por el contrario, no nos encontramos en autos frente a un juego costumbrista o no regulado, sino ante uno que lo está y de forma monopólica por parte del Estado CAUSA Nº 21938-00-CC/2006. Sala II.

en interés público (arts. 50 y 80, inc. 19 CCABA). La explotación u organización de un juego en forma privada que compite con el Estado, lesiona, entonces, el interés público y el patrimonio de la administración pública. "...Por otra parte, se agrega a ello la circunstancia de verificar que, de acuerdo a lo que surge de las constancias de la causa, la conducta reprochada se desarrollaba en el interior de un local de venta de loterías, lo que le otorgara una apariencia susceptible de confundir a vecinos de buena fe, circunstancia que no puede ser convalidada por las autoridades...".

Por otro lado, en una sentencia posterior, el Tribunal sostuvo que: "...la existencia de una contravención de juego, en el caso materializada en la recepción prolongada y sucesiva de apuestas para un juego regulado por Lotería Nacional Sociedad del Estado, en forma clandestina, afecta el interés público -entre otras cosas, por el destino a favor de los carenciados que el Estado otorga a esos fondos-... También se sostuvo que: "...la actividad desarrollada por el contraventor de esta causa consiste en un juego regulado en interés público -arts. 50 y 80. inc. 19 de la CCABA- que por su diseño involucra un número de sujetos y sumas de dinero que tornan especialmente relevante la tutela de los intereses comunitarios frente a esta actividad...".

En consecuencia, dejando de lado las consideraciones efectuadas respecto de sucesos ajenos a las características del de autos, entendemos que la comprobación de la explotación de juego clandestino es suficiente para afirmar la existencia de un peligro concreto para los bienes jurídicos protegidos, sin ser necesario, para sostener su lesividad, una determinación de tipo natural o esencialista del nexo entre la acción y la afección del patrimonio de Saullo o la reducción de las rentas estatales. Esta conclusión parece sencilla si, dentro de la ecuación para verificar la conflictividad de la conducta, se computa al lado de la lesión, el peligro concreto que ella comporta. El riesgo fue correctamente evaluado por el magistrado al estimar las consecuencias posibles de la acción del acusado, valoración compatible, por cierto, por los juicios de peligro llevados a cabo por el Tribunal Superior de Justicia ante supuestos fácticos similares.

En este último sentido, el Maier explicó que: "...[la defensa] no ha conectado el principio con una regla constitucional, pues el art. 19 de la Constitución Nacional no ha llegado a interpretarse en el sentido de prohibir la concepción de infracciones de peligro, ni siquiera de peligro abstracto...sólo la ley contravencional (ley nº 255, art. 8) concede valor a la insignificancia, que el recurrente tampoco ha relacionado con el caso...".

3. No obstante las reiteradas y detenidas lecturas de este embate, no es posible comprender cuál es el agravio concreto que trasunta la argumentación bajo el título de "Juegos en la ciudad. Ley de juegos. Igualdad ante la Ley", lo que impide el abordaje semántico de la queja ensayada. Circunstancia ésta que pareciera haber sido advertida por el Sr. Defensor, ya que al momento de presentarse en los términos del art. 51 de la LPC ante esta alzada y contestar la crítica formulada por el Walter Fernández, manifestó que: "(...) más allá del acierto o no de la técnica en la redacción del escrito recursivo (...)" -ver fs. 386- .

Es que la crítica del impugnante sólo trasluce una cuestión valorativa, inasequible de impulsar un renovado tratamiento del que brindara el Magistrado, con apoyo en la doctrina sentada por el Máximo Tribunal de la Ciudad en el Expte. nº 1268/01 "Unión Transitoria S.A. y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad". Precedente en el que se concluyó que "(...) no se trata ... de considerar si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es equiparable a las provincias o a un municipio. En uno u otro supuesto (y en las vastas posibilidades intersticiales) el poder de policía sobre los juegos de azar le compete, sin que pueda legítimamente el Gobierno Federal inmiscuirse en asuntos que en nada garantizan su interés en la ciudad elegida como Capital Federal. La doctrina que desde antiguo ha sostenido la Corte y las disposiciones de la Constitución Nacional, del CAUSA Nº 21938-00-CC/2006. Sala II.

Código Civil, de la ley nº 18.226 y de la ley nacional nº 24.588 demuestran, acabadamente, que el poder de policía sobre los juegos de azar es competencia de la Ciudad de Buenos Aires". Asimismo, cabe puntualizar que este Tribunal se ha expedido copiosamente sobre el punto en la causa n º 1558-00-CC/2003, caratulada "Oniszczuk, Carlos Alberto s/ Infracción Ley 255 (J.B. Albertdi 2461) apelación", rta. el 08/07/2004.

4. Sobre el punto la defensa sostiene que la sentencia se aparta de las pruebas aportadas en la audiencia en cuanto el a quo colige que el Sr. Saullo habría entregado voluntariamente a la autoridad policial un comprobante de una jugada de quiniela que habría realizado cuando -desde su óptica- esta causa se inició a partir del "secuestro" del ticket.

El Malini Larbeigt intenta articular una cuestión de prohibiciones probatorias para fundar la exclusión de la prueba obtenida mediante el procedimiento atacado, sobre la supuesta violentación de derechos de testigos.

Adelantamos desde ya que yerra la defensa con el enfoque propuesto. Es que considerando en primer lugar, que las tareas de prevención de las fuerzas de seguridad se encuentren expresamente previstas en el capítulo VI de la ley 12. El art. 16 alude expresamente a las dos funciones del cuerpo policial en materia de prevención, es decir, la de seguridad, y la de auxiliar de la justicia en el ámbito de la ciudad. En segundo lugar, si se interpreta conjuntamente dicha disposición con lo normado por el art. 6, es factible sostener que en materia de prevención son supletoriamente aplicables -en todo lo que no se oponga, obvio es, a la ley 12 y a la CCABA- los arts. 183, 184 y cctes. CPPN.

Por su parte, la ley 24.588 dispone expresamente que el gobierno nacional seguirá ejerciendo en la ciudad su competencia en materia de seguridad y protección de personas y bienes y que la P.F.A. continuará cumpliendo las funciones a las que alude la ley 12 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del PEN (art.7). De aquí que, en lo pertinente, resulte aplicable la ley orgánica de esta fuerza (decreto ley 333/58 ratificado por la ley 14.467) la cual define, entre otras cosas, en qué consiste la función de "policía de seguridad" (arts. 3, inc. 1º; 4, inc. 1º y 34): prevenir (evitar) delitos de competencia de los jueces de la Nación, velar por el mantenimiento del orden público y de las buenas costumbres garantizando la tranquilidad de la población, todo ello de acuerdo a las leyes y reglamentos respectivos.

En el marco de esta tarea, las fuerzas de seguridad están habilitadas a cuidar que los rastros materiales que hubiese dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que lo disponga la autoridad competente, así como a interrogar testigos (art. 184, incs. 2 y 7 C.P.P.N. respectivamente). La posibilidad de realizar esta tarea sin orden judicial previa, no sólo se desprende de los términos en que está definida la función de policía de seguridad en la ley orgánica citada, sino también del art. 183 C.P.P.N. que dispone en su parte pertinente que la policía deberá investigar por iniciativa propia los delitos de acción pública, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación.

Una vez sentadas las premisas normativas a ser tomadas en cuenta, analizaremos ahora el sustrato fáctico presentado. De las constancias de autos se desprende que el Subinspector Salinas -quien refirió haber realizado allanamientos en el lugar- identificó a la persona que egresó del local (Saullo), lo identificó, le exhibió su credencial y le solicitó el papel de jugada.

La actividad policial se fundó entonces en su tarea de prevenir y evitar las conductas previstas en los arts. 116 y 117 de CC, en cuyo marco se interceptó a quien habría realizado una jugada en el local en el que "a prima facie" se llevarían a cabo dichas acciones.

De acuerdo con esta exposición no se trata aquí de un caso de "olfato policial"; no se discute si para proceder a la identificación, requisa o detención de un "sospechoso" sin orden judicial se requiere o no una "causa probable" o si basta la mera sospecha subjetiva -basada en la experiencia- del personal policial en atención a que la contravención que se investiga era la que presuntamente desarrollaba quien resultara titular o encargado, sin la debida autorización, y no la conducta de quien podría haber presenciado el acto investigado y que podría atestiguar respecto de éste CAUSA Nº 21938-00-CC/2006. Sala II.

(tal como voluntariamente Saullo realizó luego al comparecer a la audiencia de juicio).

La actividad policial debe ser examinada, entonces, a la luz de las disposiciones anteriormente citadas y no las dirigidas a establecer en forma restrictiva aquellos supuestos en los que resulta viable la limitación a determinados derechos constitucionales de quienes resultan perseguidos para asegurar los fines del proceso (entre las cuales puede enumerarse las de los arts. 283, 284, 230 o 230 bis C.P.P.N).

Lo dicho, no implica abandonar a su suerte los derechos constitucionales de los testigos, tales como la libertad ambulatoria, la integridad física, etc, ámbitos en los cuales también está prohibida una injerencia arbitraria. Sin embargo, y esto es lo que se quiere destacar, también en estas esferas se prevé algún tipo de restricción a los efectos de asegurar los fines del proceso, sólo que, por previsiones distintas a las referidas a quienes resultan perseguidos.

En el caso en trato, la posibilidad de la restricción momentánea de los derechos que la defensa entiende vulnerados, está prevista por el art. 184, incs. 2 y 7 del C.P.P.N., sobre cuya base los agentes policiales interceptaron a Saullo y le solicitaron la entrega del ticket que comprobaba la jugada realizada.

En consonancia con lo dicho, no nos encontramos frente a un caso en el que deba operar la regla de exclusión probatoria, por lo cual, ha de desecharse la queja.

II. b) Apelación planteada por la defensa de Carlos Oniszczuk.

Tal como se sostiene en la pieza impugnaticia, los agravios se centran, especialmente, en la irregularidad del procedimiento llevado a cabo el 26 de julio de 2006, en atención a las contradicciones entre los dichos del inspector Salinas y el testigo Saullo, que generan estado de duda respecto de cómo ocurrieron los hechos en análisis.

En lo que atañe exclusivamente al cuestionamiento del procedimiento llevado a cabo por el preventor Salinas, las quejas guardan idéntica naturaleza con las que se han zanjado en el escrutinio de la apelación planteada por la defensa de Villar.

Por lo demás, la refutación denunciada finca -a entender del recurrente- en que el inspector Salinas refirió que cuando el hombre egresa del lugar se lo ve con un papel y detiene la marcha para identificarlo; sin embargo, postula que ello no fue lo que relató Saullo, quien explicó que fue interceptado por un auto particular que se aproximó a él provocándole "un susto" y que la policía le preguntó si había jugado y entregó el papel de jugada, especificando posteriormente que el "ticket" lo tenía en el bolsillo de su campera.

Corresponde entonces examinar la valoración probatoria realizada por el "a quo" sobre la cuestión, la que se efectuará con las limitaciones establecidas en diversos precedentes sobre el particular: "...si bien el remedio del art. 50 LPC, por su amplitud, satisface en mayor medida el derecho a la doble instancia que el recurso casatorio del orden nacional, debe ser compatibilizado con los principios que rigen el juicio oral (arts. 18 y 118 CN).

Por ello, quedarán fuera de la revisión aquellas circunstancias en las que la alzada no se encuentre en una situación de "par conditio" con el juez de mérito... En este sentido, sólo deberían quedar excluidas de la órbita del recurso del art. 50 LPC aquellas cuestiones que resultan materialmente imposibles de revisar: la percepción directa del sentenciante de lo que presenció en el debate pero no así las razones de por qué dichas impresiones lo condujeron a la decisión cuestionada. No es otro el sentido de la necesidad de valorar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica y de la motivación de las sentencias..." .

El juez tomó en cuenta las deposiciones producidas en el juicio, especialmente la declaración del Sr. Ricardo Pascual Saullo, quien "fue claro al declarar en la audiencia de debate que siempre jugaba y que no sabía que ´la quiniela del Sr. era clandestina´" -v. fs. 339 vta.-, la documentación obrante en el legajo y los efectos oportunamente secuestrados.- CAUSA Nº 21938-00-CC/2006. Sala II.

En efecto, Ricardo Pascual Saullo adujo que "(...) efectuó una jugada el 26 de julio de 2006 en el local de Elcano y Virrey Olaguer Feliú de esta ciudad ... la policía le preguntó si había jugado y entregó el papel de jugada, les dijo que había jugado (...); asimismo agrega que "(...) era clandestina la jugada y que no tendría que haber jugado, pero sólo paró a jugar no se dio cuenta. Que no recuerda si después se presentó otro responsable del local. Dice que al local lo clausuraron, cuando el dueño se quería llevar los billetes, entre otros de ´Telekino´. Que luego se presentó el titular del local, el Sr. -señalándolo a Oniszszuk-. Ahí les tomaron declaraciones y Oniszczuk decía que se quería llevar las cosas. Salieron del local y ahí efectuaron la clausura (...)" -v. fs. 317.

A su turno, Ramón Darío Reinoso recordó que "(...) vino el Sr. -señalando el testigo a Oniszczuk- y le dijeron que le iban a clausurar el negocio... la policía le dijo a Oniszczuk que no podía tocar nada y el Sr. repetía que quería sacar unos billetes (...)" -v. fs. 316.

Sostuvo el juez que, "teniendo en cuenta que si bien el nombrado no surge de la documentación incorporada a la causa como titular del comercio en cuestión, sí aparece en todos los procedimientos policiales, especialmente refiriendo su intención de valerse de toda la prueba que pudiera secuestrar personal policial. Fueron contestes en ello los testigos que depusieron en la audiencia. Es más, durante el debate declararon que el mismo Carlos Oniszczuk se presentaba en el local alegando su carácter de dueño" -v. fs. 339.-.

Así el Baldomar al ponderar los testimonios que la defensa se empeña en teñir de "contradictorios" explicó que "A diferencia de lo sostenido por los letrados defensores, en ningún momento consideré una contradicción entre las declaraciones, en cuanto al lugar del ticket secuestrado, ya que los testigos Salinas y Saullo, hicieron referencia a momentos históricos diferentes." -v. fs. 334- De acuerdo a esta reseña, no se advierte que el a quo haya condenado sin prueba alguna que sustente la convicción a la que dice haber arribado o mediante una valoración errónea de aquel material.- De allí que la versión presentada por el defensor represente una mera discrepancia con la tarea de evaluación probatoria efectuada por el sentenciante, que por lo demás, no aparece como el resultado de una falsa percepción ni se ha plasmado en una argumentación aparente o caprichosa que provoque la descalificación de su decisión como acto jurisdiccional válido.

En consecuencia, la conclusión condenatoria a la que arribó el Baldomar ha sido fruto de una elaboración completa y razonada de las probanzas incorporadas al debate, indicando exactamente los fundamentos que la llevaron a alcanzar la certeza necesaria para adoptar un pronunciamiento desfavorable para el encartado. En tal sentido Cafferata Nores manifiesta que "(...) Por cierto que a la firme convicción sobre que el acusado verdaderamente es culpable se llegará, la mayoría de las veces, no por la inexistencia de dudas sobre ello, sino por su disipación o superación. Obviamente este resultado (la superación de las dudas) no podrá obedecer a puros actos de voluntad ni a simples impresiones de los jueces, sino que deberá ser el fruto de una consideración racional de datos objetivos exteriores a su espíritu, legalmente introducidos como pruebas al proceso, que justifiquen y expliquen de qué forma se pudieron disipar las dudas existentes y como se arribó, a pesar de ellas, a la convicción de culpabilidad" ("Cuestiones actuales sobre el proceso penal", Editores del Puerto, pág. 72).

En la inteligencia de todo lo hasta aquí dicho es que habremos de repeler la pretensión que ensaya la defensa en torno a la sentencia, ya que del cotejo anterior surge la falacia de sostener que la convicción del juez Baldomar se hubiera sustentado en las versiones "contradictorias" del testigo Saullo y el preventor Salinas, extremo que nos lleva a concluir en la improcedencia del agravio intentado por el apelante limitándose a otorgar meros matices al sentido que puede adjudicársele a las distintas pruebas producidas en el debate.

Por todo lo expuesto y habiendo concluido el pertinente Acuerdo:

CAUSA Nº 21938-00-CC/2006. Sala II.

RESOLVEMOS I.- CONFIRMAR la sentencia de fs. 327/343 por medio de la cual el juez Baldomar condenó a Carlos Alberto ONISZCZUK, a la pena de quince días de arresto, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, con más la inhabilitación por el término de siete años, para obtener cualquier autorización, habilitación o licencia para organizar, promover, explotar o comerciar sorteos, apuestas o juegos, bajo la condición de que durante un año, cumpla con las siguientes reglas de conducta: a) fijar residencia y comunicar a la fiscalía el cambio de ésta y b) cumplir con las citaciones y requerimientos que la fiscalía o el juzgado hiciere; por ser coautor contravencionalmente responsable de la conducta de organización, explotación y comercialización, sin autorización, habilitación o licencia, juegos en los que se prometen premios en dinero y dependiendo en forma preponderante del alea, en concurso ideal, por la que fuera elevada la presente causa a juicio, por el hecho de fecha 26 de julio de 2006 en el local sito en la calle Elcano y Virrey Olaguer Feliú de esta ciudad, con más las costas del proceso (arts. 16, 20, 21, 22 inc. 3, 23 inc. 2, 26, 31, 34, 45 inc. 1 y 2, 46, 116 y 117 del C.C., 14 y 48 de la Ley 12 y 45 C.P.) y a Valeria VILLAR por considerarla coautora responsable de la contravención de comercialización, sin autorización, habilitación o licencia, juegos en los que se prometen premios en dinero y dependiendo en forma preponderante del alea, por la que fuera elevada la presente causa a juicio -por el hecho de fecha 26 de julio de 2006- en el local sito en la calle Elcano y Virrey Olaguer Feliú de esta Ciudad, a la pena de diez días de arresto, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, con más la inhabilitación por el término de cinco años, para obtener cualquier autorización, habilitación o licencia para organizar, promover, explotar o comerciar sorteos, apuestas o juegos, bajo la condición de que durante el plazo de seis meses cumpla con las siguientes reglas de conducta: 1) fijar residencia y comunicar a la fiscalía cualquier cambio y 2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la fiscalía o el juzgado le hicieren, con más las costas del proceso (arts. 20, 21, 22 inc. 3, 23 inc. 2, 26, 31, 34, 45 inc. 1 y 2, 46, 117 del C.C., 14 y 48 de la ley 12 y 45 C.P.) -puntos III y IV, respectivamente-.

II.- TENER PRESENTE las reservas formuladas por los Sres. Defensores Oficiales, Dres. Malini Larbeigt y Guinney, a fs. 345/353 -punto VII- y fs. 354/358 -punto V-, respectivamente.

Tómese razón, notifíquese mediante cédula a la Fiscalía de Cámara, la que en atención a la inminencia de la feria judicial se librará una vez transcurrida la misma y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá practicar las notificaciones restantes. Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Déjase constancia de que la Marcela De Langhe no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia. Conste.