Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-07-26


Fojas: 40 En Mendoza, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil cinco, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa nro. 79.471, caratulada: "Fuentes Oscar Nicolás en j: 97.551/19.463: Fuentes Oscar Nicolás c/Juan Vicente Cara p/Reinvindicación s/Inc. Cas. " Conforme lo decretado a fs. 39 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primero: Dr Fernando Romano; segundo: Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci; tercero: Dr. Alejandro Pérez Hualde.

A N T E C E D E N T E S:

El accionante Sr. Oscar Nicolás Fuentes, por medio de apoderado, deduce recurso extraordinario de Inconstitucionalidad y Casación contra la sentencia obrante a fs. 473/478, dictada por la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción Judicial, en los autos Nro. 97.551/19463 caratulados: "Fuentes Oscar Nicolás c/ Juan Vicente Cara por Reiv.".

Admitido formalmente solo el recurso de Inconstitucionalidad, se ordena correr el correspondiente traslado a la contraria, el que fue contestado a fs. 30/32, solicitándose su rechazo.

A fs. 36/37, obra el dictamen del Sr. Procurador General, por el que se aconseja la desestimación del recurso interpuesto, en virtud de las consideraciones que expone.

Llamados los autos al acuerdo para sentencia, se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto? SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. FERNANDO ROMANO, dijo:

Los antecedentes de la causa nos informan que el Sr. Oscar Nicolás Fuentes interpuso demanda por reivindicación y daños y perjuicios, contra el Sr. Juan Vicente Cara solicitando se lo condene a restituir el campo y los puestos que ocupa en el campo objeto de la acción y a la entrega de los frutos percibidos indebidamente y los que por su culpa haya dejado de percibir.

Relata que es propietario de un campo de 3.861 Has. Ubicado en el paraje Cariluaquen, Distrito Río Grande Departamento de Malargüe, designada como Colonia y Villa El Progreso. Que el campo fue adquirido a la sociedad Lucero y Parasecoli por escritura pública Nro. 53 de fecha 21 de febrero de 1985 por ante el escribano Ayub titular del Registro Nro.112 y que detentó la posesión desde la fecha de la adquisición. Que en el campo había varios puesteros entre los que se encontraba el demandado, quien desconoció el contrato de arrendamiento suscripto con los anteriores propietarios. Invoca en su favor la presunción que le otorga el art. 2790 del C. Civil.

El demandado contesta la demanda y opone la defensa de prescripción adquisitiva, negando que el Sr. Fuentes y, antes que él la sociedad Lucero Parasecoli hayan poseído el inmueble que ocupa, desconociendo la accesión de posesiones que alega el accionante desde el año 1951. Que en la escritura no se encuentra determinado el inmueble vendido. Que las 3.861 has pretendidas dentro de un campo de 40.000 has. pueden estar ubicadas en distintos lugares. Afirma poseer con ánimo de dueño un campo de 1.398 has. 6.675.13 mts. según plano de mensura que fuera aprobado por la Dirección de Catastro en con fecha 26 de agosto de 1997 y que posee desde el año 1937.

En primera instancia se rechazó la acción de reivindicación y daños y perjuicios, haciéndose lugar a la defensa de prescripción adquisitiva interpuesta por el Sr. Juan Vicente Cara a fs. 69/71, con costas a cargo del actor.

Contra esta decisión el accionante interpone recurso de apelación el que es desestimado, confirmando por sus argumentos, la sentencia de fs. 447/451.

De los fundamentos del decisorio surge que si bien el Tribunal entiende que el accionante ha demostrado su derecho a poseer sobre la cosa, acompañando la escritura que exige el art. 1184 inc. 1° con la presunción que prescribe el art. 2790 ambos del Cód. Civil, el demandado a su vez justifica que su posesión sobre el inmueble lo ha sido con ánimo de dueño, de manera quieta, pública, pacífica e ininterrumpida dicho inmueble durante el lapso requerido por la ley, haciendo procedente la defensa la prescripción, como resistencia a la acción instaurada en su contra. Que de la prueba testimonial recepcionada a fs. 274 (declaración de José Nicanor Hidalgo), fs. 278 (Juan Manuel Olate), fs. 298 (Alfonso Avila) y a fs. 300 (Francisco López),surge que Juan Vicente Cara ocupa el campo llamado Cerro Huenul desde 1950 aproximadamente y que antes, era veraneador su padre. Que los testigos son vecinos y describen la realidad e la zona demostrando conocimiento de la misma, juzgando que son declaraciones veraces y demostrativas del hecho que Cara lleva una considerable cantidad de ganado al lugar y se instala allí desde noviembre a marzo y efectuado mejoras como corrales y construcciones típicas del lugar, demostrando su animus domini desde aproximadamente cuarenta años atrás. Que conforme a la jurisprudencia que indica, en tales circ unstancias la prueba debe valorarse conforme a las particularidades de cada caso. Que en lo particular del ocurrente, tramita una cuestión típica de los estados posesorios en el sur mendocino, donde algunos detentan títulos formales, pero son otros los que ocupan la tierra. Que debe tenerse en cuenta la realidad posesoria del puestero que ha exteriorizado su comportamiento como propietario porque ha construido y efectuado mejoras adecuadas a esta especial actividad. Que el informe de Gendarmería de fs. 187 ratifica la presencia de Cara en el campo denominado Cerro Huenul desde el año 1981 y el importante movimiento de animales que efectuaba el demandado.

Que los testimonios ofrecidos por el demandado no dejan dudas sobre la efectiva producción de los hechos relatados. Que el número de testigos y el hecho que sus dichos sean categóricos, claros y precisos, llevan al convencimiento del Tribunal que la defensa de prescripción debe ser admitida.

Que no sólo son esos hechos los que dan publicidad a la posesión del demandado, sino que los corrales, aguadas y viviendas típicas de la zona y la circunstancia de que a través de tantos años utilizó el mismo campo para las veranadas, ha demostrado el hecho de la posesión ejercida públicamente, la que no fue interrumpida y negando tales efectos a la demanda Nro. 47.237 Parasecoli Ludovico contra Juan Vicente Cara por Desalojo, que concluyera por caducidad de conformidad con lo dispuesto por el art. 3987 del C.C.

Contra esta resolución se alza la actora interponiendo recurso extraordinario de Inconstitucionalidad conforme con el art.150 incisos 3 y 4 del CPC. Sostiene la arbitrariedad del fallo por violación del derecho de defensa en sentido amplio y de las formas de la sentencia, imputando a la misma la interpretación arbitraria de las constancias de la causa y la carencia de fundamentación. En este aspecto se alega que el decisorio declara la procedencia de la excepción de prescripción por la sola manifestación de los testigos que son contradictorios y han sido tachados por su parcialidad sin valorar las restantes constancias de la causa. También observa que la Cámara, además de las referidas declaraciones de testigos, meritua un informe de Gendarmería que determina que el accionado se encuentra inscripto en el Libro de Guías, desde una fecha en que no se encontraba cumplida la prescripción invocada.

El Sr. Procurador General del Tribunal se expide por la desestimación del recurso planteado, por las razones que informa el dictamen obrante a fs.36/37.

SOLUCION AL CASO OCURRENTE:

El análisis en sustancia de los fundamentos del fallo, me persuaden que el mismo no adolece de los vicios imputados mediante la queja constitucional intentada y por ende, no existen motivos suficientes para nulificarlo.

Como es sabido, la doctrina de la arbitrariedad, receptada desde antiguo por este Cuerpo, respeta ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la nulidad de los mismos, pero que, por la misma razón, esto es la gravedad que implica la anulación de un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente a los efectos de no invadir jurisdicción extraña al remedio extraordinario. En este sentido adoctrina el Tribunal siguiendo el pensamiento de la CSJN (LL 145398 y nota), que la tacha de arbitrariedad en el orden local no importa admitir una tercera instancia ordinaria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente. El principio reviste carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación; por consecuencia, si la sentencia es suficientemente fundada cualquiera sea su acierto o error, es insuceptible de la tacha de arbitrariedad.

Esta última, como vicio propio del recurso de inconstitucionalidad supone la existencia de contradicción entre los fundamentos del fallo y constancias indubitadas de la causa o decisiva carencia de fundamentación (L.A 101-447; 108-23). En sentido similar se ha dicho que la tacha de arbitrariedad en el orden local reviste carácter excepcional, limitada a los casos de indudable ruptura en el orden constitucional en la motivación de los fallos, situaciones de flagrante apartamiento de los hechos probados en la causa, carencia absoluta de fundamentación o argumentos ilógicos absurdos o autocontradictorios. Resulta improcedente por tanto, cuando bajo la invocación de tales vicios, se encubre la pretensión de lograr una revisión de la valoración original efectuada por los tribunales de mérito sobre el contexto probatorio de la causa, por cuanto la admisión de la vía en tal caso, conduciría a instaurar una tercera instancia ordinaria extraña a nuestro sistema procesal (Art. 150 y nota, CPC; L.A 91-143; 94-343;84-257;89-357; L.S 157-398). Bajo estas premisas entonces, debe analizarse la situación planteada por el recurrente.

En tal inteligencia y examinando lo fáctico fundante del recurso, no advierto en el decisorio criticado, la existencia de los vicios denunciados en la impugnación desarrollada en la queja, en tanto no ha existido una situación de flagrante apartamiento de los hechos probados en la causa, con motivación suficiente acerca de la valoración de ellos, efectuada a los fines de la solución dada por la Alzada.

En efecto, el recurrente se agravia en esta instancia sosteniendo que el decisorio declara la procedencia de la excepción de prescripción y por ende, el rechazo de la acción intentada, por la sola manifestación de cuatro testigos, sin que exista otro medio de prueba que corrobore sus afirmaciones, las que de por sí, son contradictorias y han sido tachados por su parte.

En este último aspecto, si bien el hoy recurrente al momento de rendir las testimoniales a fs. 274; 278; 298 y 300, tacha los testimonios de José N. Hidalgo, Juan Manuel Olarte, Alfonso Avila y de Francisco López por parcialidad manifiesta, prometiendo dar fundamento de ello en su oportunidad, de la compulsa de la causa se advierte que en realidad, nunca dio razón de tal imputación.

No obstante y habiéndose invocado también (fs. 275), contradicción en los dichos del testigo José Nicanor Hidalgo; sobre todo acerca del conocimiento que el mismo tuviera del campo "El Progreso", objeto de la reivindicación intentada, a juicio de quien aquí opina, dicha contradicción se presenta como más aparente que real. En efecto, cuando el testigo Hidalgo contesta al pliego agregado a fs. 264 con un lacónico "Que sí", a la segunda pregunta de a fs. 273, de ello no puede inferirse otra cosa que, efectivamente conoce el campo, pero como "el campo de veranada que explota el Sr. Juan Vicente Cara" y no por el nombre que agrega el referido pliego de preguntas. Que en este último, se haya agregado que el mismo era "conocido como El Progreso", no modifica el contenido de la respuesta, la que sigue siendo válida respecto al conocimiento del campo de veranada, aún cuando bien pudo no conocer por el nombre propuesto, como lo aclara al responder a la primera repregunta de fs.274 in fine cuando dice "Que ese campo lo conoce como Campo Huenul, que cree que él (se refiere a Cara), es el propietario de todo eso, por los años que lleva ... Que no sabe cual es el Campo El Progreso, que no lo había sentido nombrar"(fs. 274 vta.).

Como se advierte, el hecho que el testigo no haya conocido al puesto por el nombre de "El Progreso" no importa contradicción ni invalida su dicho respecto a que ese campo sea el campo de veranada que explota el Sr. Cara y que el testigo conoce como Campo Huenul.

Por lo demás, que el testigo Angel Cipriano Vasquez, no conociera a Hidalgo según surge de la respuesta a la décimo sexta y décimo séptima ampliación de fs. 276, tampoco puede invalidar el testimonio del último. Por el contrario el mismo testigo Vázquez es el que confirma el dicho de Hidalgo al responder a la segunda ampliatoria de fs. 275 vta. cuando, luego de afirmar que conoce bien el campo de veranada que explota Juan Vicente Cara porque ha estado allí, dice al responder a la segunda ampliatoria, que entre los lugareños "...lo conocen como Campo Huenul" (v. fs. 275 vta.) como lo había sostenido Hidalgo.

Las merituadas son las únicas impugnaciones que intenta efectuar el recurrente a los dichos de los testigos, todos lugareños y que afirman conocer la situación y circunstancias de la posesión y que fueran especialmente invocadas por el demandado como fundamento de su defensa. Desde ya que la genérica imputación efectuada por el actor a esos testimonios como contradictorios, sin particularizar en que consisten las mismas, no alcanza para justificar la tacha intentada. Adviértase que la descalificación de los testimonios nunca se efectúa en la instancia originaria ni en la alzada (fs.465 vta.) y por el contrario, el hoy recurrente se apoya en el cuestionado testimonio de Hidalgo para justificar "... que la posesión del demandado Juan Vicente Cara a la fecha de la presentación de la demanda se limitaba a la ocupación del puesto "Huemul" ubicado en el cerro del mismo nombre y que se encuentran determinados en los planos presentados por las partes a fs. 18 y 64".

Pero al margen y por sobre ello, es de destacar que la conclusión del decisorio que confirma la resolución criticada, encuentra fundamento no sólo en las testimoniales rendidas sino también en instrumentales e informativas que coadyuvan en demostrar la veracidad de la posición sustentada por el demandado excepcionante. En efecto, surge del mérito de los pronunciamientos aludidos que, además de la prueba testimonial ya relatada, lo sustancial de las decisiones adoptadas en forma concordante por las instancias de grado, encuentran fundamento en distintas instrumentales, de entre las que y a los fines de la decisión en esta sede, se destaca la causa Nro. 47.237 "Parasecoli Ludovico c/ Juan V. Cara por Desalojo", ofrecido como prueba en la demanda (v.fs. 44 punto i) y de la que surgiría, que es el propio accionante el que en forma expresa reconoce la ocupación ilegítima del demandado desde el año 1967, al invocar la existencia de un contrato por el cual su antecesor en el dominio Sr. Parasecoli, habría dado en arrendamiento el campo de veranada denominado "Bella Vista" y que ubica entre el cerro Huemul y Salinas, al hoy accionado. En dicho expediente el demandado, concurrió a contestar la demanda de desalojo, negando el carácter de arrendatario que se le atribuía, así como el haber celebrado el contrato que se menciona. Este proceso concluyó por caducidad de la instancia.

A más de ello, y como lo destaca el recurrido al contestar la queja extraordinaria, el accionante Sr. Oscar Nicolás Fuentes al haber invocado dicha causa judicial, cuando menos le está reconociendo ocupación ilegítima al demandado desde el año 1967 (fecha de la celebración del arrendamiento objeto del desalojo) circunstancia que es reiterada en la carta documento adjunta a la demanda y obrante a fs. 37 del principal, por la que se intima al Sr. Juan Vicente Cara a desocupar el campo "...que ocupa ilegalmente desde 1967..." y que se individualiza como "...Colonia y Villa El Progreso, entre los siguientes límites: Norte: con Milanovich y Sabareki; Sur, con Río Grande; Este, con Felix Mo y Arboleda y al Oeste, con Río Grande...", intimación que fuera rechazada en los términos que informa la copia de la carta documento cuya copia obra a fs. 38.

Como se advierte, y en oposición a lo sostenido en los fundamentos del recurso, los pronunciamientos no se asientan sólo en la prueba testimonial. Por el contrario, el mérito de la prueba efectuada por los Tribunales de grado, conduce a la convicción de que la posesión alegada por el demandado en su resistencia, logró probarse plena e indubitablemente en el caso, por los elementos aportados por quien pretende usucapir. No sólo los testimonios rendidos resultan creíbles y concordantes, sino que es la demás prueba aportada, especialmente la instrumental, la que mejor ilustra acerca del lapso por el que se extiende la posesión que alegara el puestero excepcionante.

En estos aspectos, el fallo encuentra apoyo en el criterio jurisprudencial sentado por este Tribunal en la causa Nro. 51.159 Guiñe Gerardo en J: 31.590/19.830 "Tecnicagua S.A. c/ Gerardo Guiñez o Guiñe por Reivindicación" (L.S. 234-305) el que, con el voto ampliatorio de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, se expidiera sobre la problemática de la prueba del ánimo posesorio y donde se postula que probado el elemento externo de la relación posesoria y en caso de duda, debe presumirse que existe posesión y no tenencia. En tal sentido, con cita del profesor José Luis de los Mozos, se afirmó que la búsqueda del animus no se identifica con el de la indagación interna de la voluntad del que tiene la cosa, sino con la determinación de "la causa jurídica por la que ha surgido su relación con ella, no reconociéndose un animus del sujeto en contradicción con el que la causa autoriza... dicho en otros términos, la intención del animus o su apariencia externa, viene dado por la causa possessionis (De los Mozos, José Luis, Notas para la reconstrucción del concepto de animus posesori o en el derecho moderno, Madrid, Ed. Reus, separata de la Rev. General de Legislación y jurisprudencia, 1965,pág 14 y 30 )". Se explicó además que esta tesis se funda en el art. 2353 del Código Civil que dispone que "Nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo, la causa de su posesión. El que comenzó a poseer por sí y como propietario de la cosa continúa poseyendo como tal, mientras no se pruebe que ha comenzado a poseer por otro. El que ha comenzado a poseer por otro, se presume que continúa por el mismo título, mientras no se pruebe lo contrario". Es decir que en los casos de duda sobre cuál ha sido la causa por la cual una persona comenzó su poder de hecho sobre la cosa, quien pretende que la causa de la detentación sólo daba lugar a la tenencia, debe probarlo. Que nuestra ley presume la posesión y no la tenencia y, es de dicha premisa, que debe partirse en la solución del conflicto y establecerse si quien invoca posesión, permaneció en ella por el término requerido por la ley.

Al confirmar la decisión apelada, la Cámara ha interpretado bien el dicho de los testigos, haciendo notar que describen la realidad de la zona, demostrando un real conocimiento de la misma. Que sus declaraciones son veraces y prueban que el demandado Cara y antes que él su padre, lleva al lugar una considerable cantidad de ganado como veraneador de noviembre a marzo, conforme a las contingencias del clima.

En este contexto analiza el informe de Gendarmería Nacional obrante a fs. 187, según el cual el Sr. Juan Vicente Cara se encuentra registrado en el libro de Guías de Removido Interno de Ganado de la Sección "Núcleo" de esa Unidad y si bien el informe expresa que el registro lo es desde el año 1981, es decir con posterioridad al tiempo en que se alega la posesión, dicho instrumento viene a confirmar el modo y forma en que aquella posesión se ejercita, es decir por el traslado temporal de animales para pastorear, lugar donde se instala desde noviembre a marzo, conforme a las contingencias del clima y que ha efectuado mejoras como corrales y construcciones típicas del lugar utilizadas como viviendas y aguadas, demostrando con ello publicidad a la posesión del demandado.

Aún colocándonos en la mejor posición respecto al criterio sostenido en el recurso, respecto a que el fallo no puede basarse exclusivamente en la prueba testimonial, en el caso que nos ocupa creo haber demostrado que la posesión del demandado, tal como lo entendió el decisorio de la instancia de origen y que fuera confirmado por la Alzada, se encuentra debidamente acreditada, no sólo por las testimoniales relatadas sino también por la restante prueba rendida en la causa, especialmente la instrumental merituada, desde que por tratarse de una aportada por la propia accionante, no puede ser discutida en su autenticidad.

En este lugar creo oportuno reseñar para terminar, algunos principios que informan la doctrina de la arbitrariedad y la restricción de los ámbitos en que la misma se aplica. Así no opera para subsanar meras discrepancias de las partes con los Jueces, acerca de los criterios de selección y valoración de las pruebas que han utilizado en su decisión. Tampoco lo es que los Jueces estén obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas rendidas en la causa, bastando que se analicen las estimaciones conducentes para fundar sus conclusiones con en el ocurrente. También se ha dicho que cuando la arbitrariedad versa sobre un elemento de prueba, tiene que aludir a un extremo conducente o decisivo para la solución del caso. De ahí que la omisión de un extremo no esencial para resolver el pleito, no invalida la sentencia (Sagues Néstor Pedro, "Recurso Extraordinario" T.II Ed. Desalma, 1984, pags. 691/693). En estos aspectos se juzga improcedente la impugnación del recurrente al decisorio atacado en cuanto la misma se encuentra dirigida al alcance y importancia que el Juez atribuye a ciertas pruebas, lo cual es inadmisible como tacha de inconstitucionalidad (L.S. 190-423), sin que la critica se apoye en la existencia de o tros elementos de convicción conducentes y esenciales a la definición del pleito.

En suma y en virtud de lo hasta aquí expresado, tengo para mi que la Alzada al confirmar la decisión de la instancia anterior, ha fallado conforme al derecho y a la doctrina de esta Corte que informa la materia examinada, evaluando en forma completa y sistemática los elementos objetivos de juicio acompañados al proceso. Por ello y para el supuesto que este criterio resulte acompañado por los restantes integrantes de Sala, entiendo que el recurso intentado deberá ser desestimado en forma concordante con el criterio sustentado por el Sr. Procurador General.

Así voto por esta primera cuestión.

Sobre la misma cuestión los Dres. KEMELMAJER DE CARLUCCI y PÉREZ HUALDE, adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. FERNANDO ROMANO, dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, pues ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. KEMELMAJER DE CARLUCCI y PÉREZ HUALDE, adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. FERNANDO ROMANO, dijo:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a la parte recurrente que resulta vencida (Arts. 36-I y 148 del C.P.C.).

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. KEMELMAJER DE CARLUCCI y PÉREZ HUALDE, adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 26 de julio de 2005.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, R E S U E L V E:

I.- Rechazar el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 12/14 vta. de autos.

II.- Imponer las costas a cargo del recurrente vencido (Arts. 36-I y 148 C.P.C).

III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

IV. Dar a la suma de pesos DIECIOCHO ($18), correspondiente al 50% del valor depositado, de la que da cuenta la boleta de depósito obrante a fs. 1, el destino previsto por el Art. 47-IV-C.P.C.

Notifíquese. Ofíciese.

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