Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-30


Poder Judicial de la Nación TS06D 63344 30-09-11 SALA VI	EXPTE. Nº 36.916/07 JUZGADO Nº 3 AUTOS: "ALMEIDA FABIANA ELIZABETH C/MONTAJES ELECTRICOS CASE S.R.L. Y OTROS S/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL" Buenos Aires, de de 2011 EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

I. Contra la sentencia dictada a fs.1440/14430 que hizo lugar a la demanda por accidente de trabajo con fundamento en el derecho civil se alzan las partes demandadas: la empleadora MONTAJES ELÉCTRICOS CASE SRL a fs.1465/1471; la codemandada DISTRIBUIDORA SUR SA - EDESUR SA a fs. 1489/1500; y La MERIDIONAL CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA a fs.1447/1457 con réplica de la actora a fs.1506/1516. Cuestionan a su vez los peritos ingeniero y psicólogo por bajos sus honorarios a fs.1444 y 1446 respectivamente.

II. Analizaré en primer término el memorial recursivo de Montajes Eléctricos CASE SRL que se agravia por cuanto la sentencia de grado:

1) realiza una interpretación forzada de la jurisprudencia invocada y errónea interpretación y aplicación del derecho.

2) Incurre en falta de análisis y aplicación de eximentes de responsabilidad consagrados en el 2° párrafo del art.1113 del Código Civil.

3) abusa del principio protectorio.

4) valora arbitrariamente la prueba con una incorrecta interpretación de los hechos y falta de documentación legal.

5) determina el monto de condena desproporcionadamente.

6) respecto de las costas no aplica el art.277 de la LCT-to.

a) El primer y tercer agravios, que analizo conjuntamente por su conexidad (1-3), no pueden prosperar, en tanto la cuestión ya ha sido suficientemente tratada por el Tribunal Supremo y fijada doctrina a partir del caso "Aquino" que de modo claro estableció la inconstitucionalidad el art.39,1 de la Ley 24557. Ese ha sido en mi opinión el criterio establecido por la mayoría del Tribunal descalificando como de inconstitucionalidad directa absoluta a la mencionada norma mientras que la minoría se expresó por la inconstitucionalidad directa relativa al caso juzgado. El Juez de Grado no se apartó de tales lineamientos y por lo tanto en modo alguno ha existido una aplicación abusiva del principio protectorio. En el considerando 9 de "Vizzoti" la Corte sostuvo que el art.14 bis de la Constitución Nacional, impone un particular enfoque para el control de constitucionalidad. En la relación y contrato de trabajo se ponen en juego, en lo que atañe a intereses particulares, tanto los del trabajador como los del empleador, y ninguno de ellos debe ser descuidado por las leyes. Sin embargo, lo determinante es que, desde el ángulo constitucional, el primero es sujeto de preferente tutela, tal como se sigue de los derechos del trabajador contenidos en ésta cláusula.

b) Tambien se encuentran relacionados los agravios contenidos en los puntos 2 y 4, adelantando mi opinión contraria a su progreso. Los términos de la queja no conmueven el principal argumento del pronunciamiento cual es que la actividad de la víctima fatal del infortunio se desempeñó en una actividad riesgosa y que el último eslabón de la cadena de salud y seguridad que correspondía a la actividad laboral del conviviente de la actora, esto es el depósito de los productos de la poda no fue cumplido, utilizando para ello la cosa lato sensu. (ver "procedimiento en poda" fs.1042/1046).

En tal sentido el sentenciante ha valorado en el marco de la sana crítica la prueba testimonial, documental y pericial producida, expresando la valoración de las pruebas que consideró esenciales y decisivas para el fallo de la causa (art.386 CPCCN y 90 in fine LO) y dentro del marco de elasticidad que le confieren tales reglas, considero que se acerca a la verdad material o certeza histórica del proceso.

Considero realizada la triple actividad del juez en la apreciación de la prueba de la que nos hablaba Calamandrei: al mencionar asunción, interpretación y valoración.

No han sido desvirtuados los dichos de los testigos en sede penal y ampliados en el sub-lite: Oliva (fs.781); Graneros (fs.783); Almeida (fs. 786/7); Carrizo Jorge (791); Carrizo Cristian (fs.1133) que resultan contestes en el sentido que el lugar de depósito de poda de la cuadrilla no estaba prefijado por la empresa Montajes Eléctricos ni por Edesur para las cuales trabajaban, sino que lo decidían conversando con la gente de los camiones de la Municipalidad sobre la marcha, para determinar el lugar de depósito de la poda.

El apelante en mi criterio no proporciona elementos objetivos de ponderación para apartarse de las conclusiones del sentenciante al valorar las pruebas de autos.

Debo decir que el desgraciado hecho que costó la vida al compañero de la vida de la actora y padre de sus hijos, resultó ser uno más de la violencia urbana y suburbana, producto de la crisis económica y social.

El tercero autor del hecho, residente en una zona sumergida, reaccionó frente a éstos humildes trabajadores como si fueran peligrosos ladrones o feroces asesinos, cuando ellos solo estaban cumpliendo alguna sugerencia al pasar de un agente municipal señalándole el lugar pantanoso como apto para tirar las ramas. En ese marco de precarización se produjo este hecho de consecuencias dramáticas para la familia de la víctima, para el grupo laboral e incluso para la propia empresa.

Está fuera de toda duda la actividad riesgosa de la poda para el mantenimiento de redes eléctricas que exige un protocolo de seguridad como lo informa el perito ingeniero y la planificación de la actividad diaria. Pero tampoco podía ser ajeno al análisis el destino final y las zonas en que circulaba la víctima y sus compañeros de cuadrilla. El informe del Ministerio de Seguridad obrante en autos respecto de hechos delictuosos en la vía pública sufridos por personal vinculado a Edesur lo certifican.

La doctrina judicial sostiene que trascendiendo el puro concepto físico del término "cosa", no cabe omitir la ponderación razonada de la incidencia que posea la tarea desempeñada por el trabajador, pudiendo la propia actividad laboral constituirse en factor de causación porque en el ámbito del art.1113 del Código Civil no cabe una interpretación estrecha de dicho concepto (SCBA causa L. 72.690, sent. del 5-XII-2001; causa L. 81.184, sentencia del 10-IX-2003, etc.).

El término 'cosa' a que refiere el art.1113 del Código Civil, no tiene la misma significación que la del art.2311, ya que posee un alcance mucho mayor.

Tanto aquella flexibilidad indefinida como los avances tecnológicos hicieron que, un siglo después, fuera necesario ampliar el campo de referencia semántico/jurídico que Vélez había otorgado a la palabra "cosas", para incluir en él a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación (dec. ley 17.711, de 1968) y entre ellos que duda cabe el trabajo.

La doctrina civil que es conteste en aceptar que también las actividades riesgosas ingresan en el ámbito del art. 1113 (entre muchos, A. A. Alterini y R. López Cabana, "Temas de responsabilidad civil", Bs. As. 1995), quedando así equiparadas a las 'cosas' a que esa norma se refiere. Cuando esas tareas pueden generar un resultado dañoso, deben ser incorporadas al concepto de riesgosas, de donde se deriva que deben quedar incluidas en las previsiones del art. 1113 del Código Civil.

Como se ha sostenido con toda claridad (en Kelmelmajer de Carlucci Aída "Código Civil Comentado y anotado" dirigido por Belluscio-Zanoni. Vol. V pág. 480 y ss. Ed. Astrea 11.2002), la demostración más acabada de que el art.1113 no se sujeta a la noción de cosa riesgosa reside en la circunstancia de haber sido aplicado a supuestos en que las cosas no ofrecen en sí mismas ningún peligro sino que el riesgo deriva de su aplicación a ciertas actividades.

Se encuentra admitido en autos por el sentenciante que la muerte de la víctima Juan Carlos Araya Fuentes fue provocada por el hecho de un tercero. Pese al desconocimiento del evento como accidente de trabajo por parte de la apelante, es indiscutible que el hecho criminal ocurrió en ocasión del trabajo de la víctima y en tal sentido es que fue reconocido por la propia aseguradora codemandada La Meridional Cía. Argentina de Seguros SA como accidente de trabajo, conforme su comunicación de fs. 318 (CD del 2.1.2007).

No puede asimilarse sin embargo el hecho de ese tercero a una situación de fuerza mayor en los términos del art.514 del Código Civil. En la nota a ésta norma el Codificador explicita el concepto limitándolo a los hechos de la naturaleza o del hombre en actos del príncipe, excluyendo del mismo la violencia o vías de hecho de los particulares.

El hecho de que se haya conjugado en la producción del daño una culpa ajena no es motivo para retacear la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, en el concepto asignado supra tal como lo ha decidido la jurisprudencia civil fundando la decisión en lo resuelto en tribunal plenario sobre la solidaridad en los cuasidelitos.(Cámara Nacional Civil Sala A 9/3/71 ED 36-633). Comparto la conclusión del Sr. Juez de grado que si la empleadora y su contratante hubiesen cumplido con designar y hacer respetar estrictamente el lugar de depósito de la poda el evento no hubiera sucedido.

La imprevisión en el punto la convierte en una consecuencia mediata del hecho ya que si hubiera previsto ese lugar con debida atención y conocimiento, se hubiera evitado un hecho como el que desencadenó la muerte de la víctima.

Son imputables a quien omitió cumplir tales obligaciones de prevención e indemnidad para con su trabajador dependiente las consecuencias de tal obrar (art.904 Cód. Civil).

El art.19 de la Constitución Nacional recepta el prinicipio alterum non laedere que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero y como contrapartida impone el deber de resarcir frente al perjuicio causado a los derecho-habientes de la víctima. (CSJN 5.8.86 "Santa Coloma y O. c/ EFA. Fallos 308:1160; CSJN 5.8.86 "Gunther Raúl c/ Ejército Argentino Fallos 308:1118; CSJN 5.8.86 "Lujan Honorio c/ Estado Nacional" Fallos 308:1109).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso " Mosca, Hugo A. c. Provincia de Buenos Aires y otros" (6.3. 2007) diferenció la culpa de la responsabilidad y aún cuando mediara el hecho de un tercero, no cesa la responsabilidad del empresario por el riesgo de actividad, señalando en un punto de contacto con el presente caso que."la responsabilidad frente al tercero damnificado, según ciertos juristas, tiene su base en el riesgo empresarial asumido, pues aunque el daño haya sido producido por un tercero, se afirma que el evento deportivo ha sido la causa del daño, ya que de no haberse llevado a cabo este evento, el daño no habría acaecido. Esta tesis supone aceptar que el art. 1113 C. Civil contempla la actividad riesgosa" Destaco finalmente que si bien no era obligación de las codemandadas citar al tercero al que adjudican la culpa y responsabilidad del hecho, lo cierto es que frente al pronunciamiento de autos, a todo evento podrán ejercer la acción de regreso.

c) Los agravios expresados en el puntos 5 por ser comunes a la de los restantes apelantes se analizaran conjuntamente.

d) Respecto del planteo efectuado en cuanto a la no aplicación del prorrateo del art.277 ( ley 24432), se efectuara en la estación procesal oportuna (art.132 LO).

III. EDESUR SA se queja por cuanto la sentencia de grado:

1) la condena solidariamente en virtud de considerarla guardián de la cosa riesgosa.

2) entiende que existió en el caso de autos responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa.

3) No consideró el hecho de un tercero por quien EDESUR SA no debe responder con quiebre del nexo causal.

4) rechazó la defensa de la apelante que hubo culpa de la víctima conforme al art.1113 del Código Civil.

5) cuantifica el monto de condena en forma excesiva e infundada.

6) regula honorarios de los profesionales intervinientes muy elevados.

a) Se agravia en primer término EDESUR SA por cuanto sufrió condena solidaria y se la consideró guardián de la cosa riesgosa. Entiendo que la queja no puede prosperar partiendo de una interpretación armónica de las circunstancias del caso, partes intervinientes, hechos y pruebas producidas a los que ya me he referido.

Resiste la apelante ser considerada guardián en el caso de autos. Sin embargo según surge del informe pericial de ingeniería obrante en autos y prueba testimonial, los lugares y maniobras de poda eran establecidas y/o supervisadas por Edesur. La operatoria del trabajo fue reconocida en la absolución de posiciones del representante de Montajes Eléctricos Case SRL, sosteniendo en la 5° posición (fs.536) que el direccionamiento de la tarea lo daba EDESUR y Montajes hacía el trabajo. La propia apelante reconoce que su negocio es distribuir electricidad y que para ello debe conservar en buen estado las redes eléctricas.

No hay en la legislación argentina un concepto unívoco de guardián sino que admite una doble línea de legitimados pasivos: aquellos que tienen la dirección de hecho y los que reciben un beneficio económico (en Kemelmajer de Carlucci Aída. En Obt.citada, pág. 471 vol.5).

Edesur SA y Montajes Eléctricos Case SRL han compartido la guarda de los elementos utilizados por la víctima para cumplir su débito laboral; compartiendo la explotación comercial, aprovechándose ambas del trabajo de Araya; utilizando sus servicios (prestación riesgosa -esfuerzos- tal como ha sido considerado en la sentencia de grado) y obteniendo así un beneficio económico o personal.

En el caso, la calidad de guardián de la cosa viciosa o riesgosa causante del daño, fue compartida de hecho por las codemandadas, y así deben responder conjuntamente de conformidad con las previsiones del artículo 1113 del Código Civil.

Es por otra parte la doctrina de ésta Sala en su actual integración (Causa 62968 13-06-11 AUTOS: "GENNARI FIORELLA C/ AROMA CAFE S.A. Y OTROS S/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL").

Se dan en consecuencia en el caso de autos los dos supuestos del guardián aplicables a Edesur SA: dirección de hecho y beneficio económico obtenido del trabajo realizado por su contratada y los dependientes de ésta, entre ellos la víctima.

b) Respecto de los agravios expresados en los puntos 2 y 3 me remito a la conclusión vertida al tratar supra los agravios 2 y 4 de la codemandada Montajes Eléctricos CASE SRL, los que brevitatis causa doy por reproducidos.

Se agravia en el punto 4 porque fue rechazada su defensa respecto de la existencia de culpa de la víctima en el hecho que motivó su muerte. Entiendo que la queja no posee sustento. Si se analiza el hecho como delito criminal resulta notorio que la víctima no tuvo culpa alguna. Si se lo analiza en el marco de la relación laboral, no hay prueba que acredite que el Sr. Araya hubiera incumplido directivas de Edesur o de Montajes y que de ello se derive una conducta culposa causalmente con el hecho. Por el contrario quedó probado que el denominado "procedimiento en poda" exigía que las ramas y troncos .sean depositados estrictamente en los lugares establecidos por el comitente (fs.1046), los que finalmente quedaron delegados a la promiscua indicación de algún empleado municipal en la zona cercana al lugar de poda o a la decisión de la cuadrilla que integraba la víctima.

IV. La MERIDIONAL CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA se queja por cuanto la sentencia de grado:

a) la condena solidariamente por el régimen de responsabilidad del Código Civil.

b) establece un monto de condena sumamente elevado.

c) regula honorarios de los profesionales intervinientes muy elevados y reducidos respecto al letrado de la apelante.

Adentrándome en el planteo referido al primer agravio, adelanto mi opinión que la queja tendrá favorable acogida.

Es cierto que tal como lo ha advertido la Corte Nacional en el considerando 14 -segundo término de la sentencia recaída en "Aquino" (A.2652.XXXVIII- Recurso de hecho. 21.09.2004)...es manifiesto que del hecho de ser constitucionalmente inválido que la mentada prestación de la LRT origine la eximición de responsabilidad civil del empleador (ART.39,INC.,1) no se sigue que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo queden relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley".

Eximir a la ART de toda responsabilidad por la condena establecida implicaría un daño al empleador quien se encontraba obligado a contratar el seguro, y a quien, la misma legislación que le imponía tal obligación le garantizaba que estaba cubierto por cualquier infortunio que pudieran sufrir sus dependientes.

La ART demandada a contrario del empleador reconoció el accidente de trabajo de autos, y se puso a disposición de los derechohabientes (CD fs. 315).

De la documental obrante en autos surgen las inspecciones y recomendaciones de la ART demandada al trabajo realizado en la poda conforme la relación entre las codemandadas Edesur SA y Montajes Eléctricos CASE SRL.

Se queja la apelante por cuando el a-quo la condena civilmente en los términos del art.1074 del C.Civil que establece ."Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido".

En tal sentido el decisorio imputa a la ART demandada el cumplimiento del deber de prevención y seguridad que acarrearía por violación de una obligación legal la responsabilidad en los términos del art. 1074 antes citado.

No encuentro configurado en el particular caso de autos, incumplimiento de una obligación legal por parte de la ART que en la especies es de toda evidencia se centralizaba en el empleador y la organización de la tarea de la poda asó como la asignación de un lugar para el depósito de su producido. No puedo tampoco dejar de valorar las circunstancias en cómo se produjo el accidente, respecto del cual la acción u omisión de la ART no podían cambiar su curso y las consecuencias de los hechos.

En definitiva no encuentro nexo de causalidad entre la conducta de la codemandada y los hechos de autos y por ende considero que la ART debe responder en el límite de la cobertura dada por el contrato de afiliación con la empleadora accionada.

De prosperar mi voto y al así resolver el presente agravio los restantes caen en abstracto y me eximo por ende de su tratamiento con excepción de la condena en costas que dada las particularidades del caso, en que la actora pudo creerse con derecho a accionar como lo hizo las impongo a su respecto en el orden causado en ambas instancias ( art.68 -2°párr. CPC).

V. El agravio referido a la cuantificación del daño sumamente elevado es expresado por todos los apelantes razón por la que los analizo conjuntamente.

Entiendo que la queja no puede prosperar.

Si tenemos en cuenta la juventud de la víctima Juan Carlos Araya Fuentes (33 años) cabeza de familia a cargo de una compañera conviviente y dos hijos menores, las posibilidades laborales de desarrollo en un país con razonables perspectivas de crecimiento para un obrero industrial, el máximo daño sufrido por sus derecho habientes cual es la pérdida de la vida, el lucro cesante, daño moral y psicológico que sufre la actora Fabiana Elisabeth Almeyda (11% de incapacidad) y su hija Daiana Mariel Araya y Almeyda (25% de incapacidad), mientras que no se mensura el de su hijo Julián Benjamín Araya y Almeyda.

El daño psicológico posee carácter autónomo, conforme la ya mayoritaria doctrina, y propia de ésta Sala.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308: 1109; 312: 2412, S. 621.XXIII, originario, 12- 9- 95).

La actora se encuentra plenamente legitimada para reclamar la indemnización del daño sufrido por la muerte de su compañero conviviente tal como lo ha establecido la Cámara Nacional Civil hace ya tiempo aplicando el art. 1079 del Código Civil en pronunciamiento de mayoría con votos de la talla de Bueres, Kiper y Higthon de Nolasco entre otros distinguidos magistrados que establecieron: "se encuentran legitimados los concubinarios para reclamar la indemnización del daño patrimonial ocasionado por la muerte de uno de ellos como consecuencia de un hecho ilícito, en tanto no medie impedimento de ligamen".

Entiendo que la suma establecida se encuentra dentro de los parámetros que usualmente establece ésta Cámara, con aplicación de fórmula o no, lo que resulta secundario si el Juez fundamenta su decisión. Ello sin olvidar que no puede quedar atado a formulas tarifadas sino que ellas pueden ser una guía para establecer el quantum indemnizatorio, ello en tanto que debe tenerse presente el criterio del Superior Tribunal (in re "Arostegui") en el sentido que no sólo cabe justipreciar en aquel el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio.

Consecuentemente he de propiciar la confirmación del monto indemnizatorio otorgado en origen y también los intereses establecidos, los que estarán a cargo solidariamente de las codemandadas (art. 1081 Cód. Civil) MONTAJES ELÉCTRICOS CASE SRL y EDESUR SA incluidas las costas y honorarios de primera y segunda instancia.

Atento que la actora acciona por sí y en representación de sus hijos menores corresponde discriminar e imputar las sumas de la indemnización por el daño sufrido a saber:

a) Daño Material: $600.000.de los cuales $300.000 corresponden a la actora Fabiana Elisabeth Almeyda; $150.000 a su hija Daiana Mariel Araya y Almeyda; $150.000 a su hijo Julian Benjamín Araya y Almeyda.

b) Daño Moral $240.000 a distribuir $80.000 a cada uno de los tres actores.

c) Daño psicológico; $20.000 para la actora Fabiana Elisabeth Almeyda$40.000 para su hija Daiana Mariel Araya y Almeyda.

VI. En cuanto a los honorarios, por las tareas realizadas en primera instancia, tomando en cuenta el resultado del litigio, el mérito y extensión de la labor desarrollada y lo normado por el art. 38 L.O. y arts. 6 a 9,19,39 y concordantes de la ley 21839 y decreto 16638/57, los encuentro adecuados por los que propicio su confirmación.

Atento lo planteado respecto a los límites del art. 277 ( ley 24432), su prorrateo se efectuara en la estacion procesal oportuna ( art. 132 LO) VII. Asimismo, por su labor ante esta Alzada, se fijan los emolumentos correspondientes a la representación letrada de la parte actora, demandada y aseguradora, en el 25% respectivamente, de lo que en definitiva les correspondan por sus actuaciones en la instancia anterior (art. 38 L.O. y art. 14 ley 21.839).

VIII. En consecuencia de prosperar mi voto se resuelve:

a) Confirmar en lo fundamental la sentencia de grado en lo que fue materia de agravio.

b) Revocarla parcialmente respecto de la responsabilidad de la codemandada La Meridional Cía. Argentina de Seguros SA con costas por su orden en ambas instancias.

c) Tener presente la discriminación y distribución de las indemnizaciones establecidas, debiendo la actora rendir cuentas por el dinero correspondiente a su hijo menor con intervención del Organismo público pertinente.

d) Los honorarios regulados en autos a los profesionales deben ser confirmados ya que lucen razonables atento los trabajos realizados.

e) Regular los honorarios de la presente instancia en el 25% de los correspondientes a la anterior.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Confirmar en lo fundamental la sentencia de grado en lo que fue materia de agravio. II) Revocarla parcialmente respecto de la responsabilidad de la codemandada La Meridional Cía Argentina de Seguros SA con costas por su orden en ambas instancias. III) Tener presente la discriminación y distribución de las indemnizaciones establecidas, debiendo la actora rendir cuentas por el dinero correspondiente a su hijo menor con intervención del organismo público pertinente. IV) Confirmar los honorarios regulados en primera instancia. V) Regular los honorarios de la presente instancia en el 25% de los correspondientes a la anterior.

Regístrese, notifíquese y vuelvan bg LUIS A. RAFFAGHELLI JUEZ DE CAMARA GRACIELA L. CRAIG JUEZ DE CAMARA