Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-23


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 74052 SALA V. AUTOS: "MUÑOZ MARIA SOLEDAD C/ DESARA SA Y OTROS S/ DESPIDO" (JUZG. Nº 14).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 23 días del mes de abril de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT dijo:

Contra la sentencia de grado que hizo lugar parcialmente a la demanda se alza la actora por cuanto no se extendió la condena contra las personas de existencia visibles demandadas.

La actora indica en la demanda que habría requerido de los demandados que se registre adecuadamente la relación laboral. Ello constituye un hecho personal que da pábulo a la citación por ser las personas de existencia visible coautores o cómplices del delito civil consistente en la negativa a registro de las reales condiciones de trabajo.

Ni el régimen de la ley de sociedades comerciales ni el del código civil admiten la responsabilidad de los titulares de los órganos de las personas de existencia ideal por el solo hecho de ser tales. En todos los casos es menester la concurrencia de un factor de atribución autónomo para que opere la responsabilidad del sujeto. En otras palabras, no se responde por ser gerente, director o socio. Se responde por haber actuado en carácter de órgano el ilícito.

Las personas jurídicas sólo tienen capacidad de derecho. Carecen en absoluto de capacidad de hecho. El corolario de estos axiomas es que la sociedad carece de capacidad para realizar actos ilícitos. Cuando en nombre de una persona jurídica se realiza un acto ilícito, el hecho no puede ser imputado directamente a la sociedad. Sea el ilícito cometido por quienes la dirigen o administran, sea que la autoría del accionar antijurídico corresponda a dependientes. En rigor de verdad, en estos supuestos, no se trata de descorrimiento alguno de velo societario sino de la responsabilidad por el hecho propio de quien, en tanto persona física, ha actuado como autor, partícipe, consejero o cómplice de actos ilícitos efectuados por medio de una persona jurídica.

Este es el principio general del artículo 36 del Código Civil:

Se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren, sólo producirán efecto respecto de los mandatarios.

De modo correlativo el artículo 58 LSC establece en su primer párrafo:

El administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aun en infracción de la organización plural, si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural".

En la sistemática de Vélez, la norma del artículo 36 del Código Civil estaba complementada por el texto originario del artículo 43: "No se pueden ejercer contra las personas jurídicas, acciones criminales o civiles por indemnización de daños, aunque sus miembros en común, o sus administradores individualmente, hubiesen cometido delitos que redunden en beneficio de ellas".

El Codificador, partiendo de la idea de que una persona de existencia ideal no puede tener otros fines que los lícitos, la finalidad antijurídica de alguno de sus actos opera fuera del marco que, como instrumento de derecho dispuesto para fines considerados lícitos, está acordado para la concesión de la personalidad jurídica. En la nota al artículo 43, Vélez señalaba:

El derecho criminal considera al hombre natural, es decir, a un ser libre e inteligente. La persona jurídica está privada de ese carácter, no siendo sino un ser abstracto, al cual no puede alcanzar el derecho criminal. La realidad de su existencia se funda sobre las determinaciones de un cierto número de representantes, que en virtud de una ficción, son considerados como sus determinaciones propias. Semejante representación, que excluye la voluntad propiamente dicha, puede tener sus efectos en el derecho civil, pero jamás en el criminal.

Los delitos que pueden imputarse a las personas jurídicas han de ser siempre cometidos por sus miembros o por sus jefes, es decir, por personas naturales, importando poco que el interés de la corporación haya servido de motivo o fin al delito (...) Los que creen que los delitos pueden ser imputados a las personas jurídicas, les atribuyen una capacidad de poder que realmente no tienen. La capacidad no excede del objeto de su institución, que es el de poder hacerlo participar del derecho a los bienes.

La tesis de Vélez era la de suponer que todo acto ilícito excedía el límite del ministerio de las personas jurídicas. El efecto de esta pretensión fue la creación de un marco de irresponsabilidad, no en los socios, sino en las personas jurídicas que, al tiempo que se aprovechaban de los beneficios provocados por el ilícito, no debían responder por sus efectos. La reacción contra los efectos de la norma llevó a precisar la distinción del ámbito objetivo del ministerio del representante, con prescindencia de la antijuridicidad del acto.

La modificación de la norma del artículo 43 del Código Civil por la ley 17.711 no afecta la responsabilidad por el hecho propio que procede del obrar del autor, persona física. Simplemente, al igual que en el supuesto del dependiente, se establece la responsabilidad mediata de la persona de existencia ideal por el acto ilícito de quien la dirige o administra operando en el límite de su mandato.

El artículo 43 en su redacción actual señala:

Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título: 'De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos.

El mismo principio puede observarse, respecto del dependiente, en los supuestos del artículo 1113 del Código Civil: "La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado".

En estos supuestos, la responsabilidad de la persona jurídica del comitente, es mediata. La responsabilidad inmediata cae sobre el autor del ilícito "lato sensu" por efecto de lo establecido respecto de los delitos por los artículos 1072 en cuanto determina la autoría del delito "El acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro, se llama en este Código delito", y el artículo 1077 del Código Civil que establece la consecuencia: "Todo delito hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que por el resultare a otra persona".

Es autor, entonces quien es capaz ejecutar a sabiendas y con intención de dañar, un acto ilícito. Es decir, quien es capaz de una libre determinación (artículo 1076 del Código Civil).

La determinación de quienes deben responder por el delito está definida por el artículo 1081 del Código Civil: "La obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal" y respecto de los cuasidelitos por el artículo 1109 del Código Civil: "Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil".

Para que pueda atribuirse la responsabilidad por el ilícito a la persona de existencia visible que ejerce la dirección o administración de una persona jurídica o que es dependiente de ésta, es menester que el acto deba haber salido de la órbita de reparación contractual (aún cuando la causa de la reparación haya nacido en el ámbito contractual) de conformidad a las pautas del artículo 1107. En este supuesto, la responsabilidad de la persona jurídica, incapaz de representación y, en consecuencia ni autor, ni consejero, ni cómplice del acto antijurídico, resulta mediata por efecto de la responsabilidad establecida por el artículo 43 del Código Civil y en los límites de atribución establecidos por los artículos 36 del Código Civil y 58 LSC. Pero su obligación de reparar emerge en función de garantía frente a un acto cuya autoría puede y debe ser imputado a una persona que actuó la perpetración del ilícito. Responde entonces la persona de existencia visible que actúa en tanto órgano o representande la sociedad en los siguientes supuestos.

a. Actos de los representantes de las personas jurídicas de existencia ideal en general que exceden los límites de su ministerio (artículo 36 del Código Civil) o que, en el caso de las sociedades comerciales, resultaren notoriamente extraños al objeto social (artículo 58 LSC);

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales constituidas a nombre de la persona de existencia ideal por el representante en el límite de su ministerio cuando este resulta doloso (delito civil en los términos del artículo 1072 conforme lo prescripto por el artículo 1081) o, en el caso de las sociedades comerciales, conforme lo normado por el artículo 54 LSC (que reúne las atribuciones de responsabilidad por culpa o dolo) aún cuando el acto no fuera notoriamente extraño al objeto social;

c. Obligaciones contractuales constituidas a nombre de la persona de existencia ideal por el representante en el límite de su ministerio cuando media incumplimiento culposo que ha sido tipificado como delito del derecho criminal (conforme artículo 1107 del Código Civil);

d. Daños causados por dependientes en órbita delictual o cuasidelictual (artículos 43 y 1113 del Código Civil);

En estos supuestos, demostrada la comisión de un ilícito, quien actúa como órgano o dependiente de una persona jurídica, es el responsable inmediato por su autoría en el delito (artículo 1077 del Código Civil), por su participación en el delito a título de coautor, consejero o cómplice (artículo 1081 del Código Civil) o por el riego o vicio de las cosas de las que se sirve (artículo 1113 del Código Civil). Este es el criterio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente. Así ha dicho, por ejemplo:

". respecto de los actos ilícitos no puede haber representación (Llambías, J. J., 'Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, Buenos Aires, Tomo I, pág., 219, edición 1983 y t. IV-A, pág. 257, edición 1976), pues en lo que concierne a los daños extracontractuales la regla general es que el obligado a repararlos es su autor (Diez Picazo, L., 'La representación en el derecho privado, Madrid, 1979, Tecnos, pág. 97)" Lo que debe discutirse en estos supuestos no es la responsabilidad del autor, que está fuera de discusión, sino la procedencia de la responsabilidad de la persona jurídica por los actos de quienes las dirigen o administran o de sus dependientes. No hay aquí inoponibilidad de la persona jurídica o "corrimiento del velo" societario. La responsabilidad del autor es el efecto de los propios actos. Quien responde mediatamente es la sociedad.

En la mayor parte de los mal llamados "supuestos de extensión de responsabilidad", nada que buscar más allá del velo de la personalidad jurídica pues la causa de la responsabilidad está en un más acá, en la responsabilidad por el hecho propio en el que la persona física, director, administrador o dependiente de la persona de existencia ideal, actúa como autor, partícipe, consejero o cómplice de la violación del orden jurídico.

En este tipo de supuestos lo que debe pensarse no es la atribución de la responsabilidad a la persona física que viene determinada por su participación en el ilícito. Lo que deben analizarse son las eximentes de responsabilidad de la sociedad frente al acto ilícito de su administrador, director o dependiente.

Desde luego, en los términos de los artículos 43 del Código Civil, la persona jurídica de existencia ideal o el comitente tienen responsabilidad mediata en tanto los actos respondan a las ya señaladas descripciones de los artículos 36 del Código Civil, 58 LSC y 1113 del Código Civil.

Tan es mediata la responsabilidad de la persona jurídica que a ésta se le ha acordado la acción recursoria contra el autor del ilícito que debe responder por el hecho propio. La primera parte del artículo 54 de la ley de sociedades comerciales, en cuanto establece que "El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no siéndolo la controlen, constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios", es un supuesto particular de acción recursoria de la sociedad, responsable mediata, frente al acto del autor del ilícito.

En el supuesto más común de la contratación clandestina de trabajo, la ilicitud viene impuesta por la clandestinidad. La responsabilidad de la sociedad es mediata, en la medida que ella se ha beneficiado con el accionar de su socio, directivo o dependiente. Pero la responsabilidad inmediata corresponde al autor, partícipe, consejero o cómplice en la contratación clandestina, actúe en su carácter de socio, directivo o dependiente de la sociedad.

En el caso de los dependientes autores, consejeros o cómplices del ilícito señalado, debe analizarse el grado de culpabilidad con el que hubieran actuado. Es decir, la medida de discernimiento, intención y libertad con la que el ilícito se provocó. En este sentido es muy diferente la situación de un compañero de trabajo (que con su silencio actúa con complicidad en el trabajo clandestino) que la de un empleado jerárquico (por ejemplo, un gerente de recursos humanos) que autoriza o dirige la contratación de trabajo clandestino.

Cualquiera fuera el cargo (dependiente de la empresa u órgano de la sociedad) que ostentasen en la persona jurídica los autores, consejeros o cómplices en la contratación de trabajo clandestino han de responder por los efectos de la contratación clandestina por el hecho propio.

En la práctica se acostumbra realizar el reclamo en los términos del artículo 54 LSC que, como se ha visto, resulta insuficiente para encauzar la acción si no ha mediado la utilización de la figura societaria como instrumento de la ilicitud. Los hechos invocados, sin embargo se ajustan directamente al supuesto del artículo 43 LSC, por lo que debe tenerse presente que la congruencia está vinculada a los hechos invocados en la demanda y no a las normas citadas como fundamento del derecho, sometidas al principio jura novit curia.

Pero lo importantes es que sin imputación subjetiva del ilícito que causa la obligación o del incumplimiento convencional doloso o culposo (en los supuestos admitidos por el artículo 1107) las personas de existencia visible que actúan como órganos no responden por los actos ejercidos en el ámbito de actuación de la persona de existencia ideal. No se responde por ser gerente. Se responde por haber actuado un ilícito o haber realizado actos notoriamente extraños al objeto social.

En el caso la negativa a acceder al registro adecuado de la relación laboral lo hace responsable de la contratación clandestina por omisión de un deber legal de actuar regularmente que viene impuesta por el contrato y relación de trabajo y su cargo en la sociedad comercial demandada. Esto importa señalar que los demandados a sabiendas y con intención de dañar actuaron personalmente la clandestinidad del trabajador, lo que lo hace responsable en los términos del artículo 1081 del Código Civil. Atento lo dispuesto por el artículo 279 CPCCN corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios e imposición de costas que, atento el resultado de la causa debe ser impuesta en ambas instancias a todos los sujetos de la parte demandada.

Atento lo expresado corresponde regular de modo original los honorarios de los profesionales intervinientes en primera instancia en los siguientes porcentajes respecto del monto de condena con sus accesorios: Para el patrocinio letrado de la PARTE ACTORA en un DOCE POR CIENTO (12%), los que deben ser incrementados en un 30% por su actuación en doble carácter, como letrado y procurador (artículo 9º, segundo párrafo de la ley de aranceles). Ello, teniendo en cuenta la profundidad y extensión de los trabajos, el éxito obtenido y su relevancia para la resolución de la litis (artículo 6 de la ley 21.839). Corresponde regular los honorarios de alzada en un 35% de lo regulado por la instancia anterior a la representación y patrocinio letrado de la parte vencedora atento lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 21.839.

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO manifestó:

1) Habré de adherir a la propuesta del primer voto en cuanto a la situación de los codemandados personas físicas, por las razones que expondré.

Apela la parte actora porque se desestimó en 1ª instancia la responsabilidad personal de los Sres. Romero y González ya que -según fs. 156- no basta a tal efecto el solo estado de rebeldía, y porque no estaban debidamente invocados los extremos respectivos en la demanda. El accionante sostiene que sí efectuó las invocaciones pertinentes a estos efectos y que ante ello rigen los efectos del art. 71 L.O.

En el inicio se indicó que José Ramón González era presidente de 19 de octubre S.A. y Homar Hernán Romero director de la misma sociedad (fs. 7 vta.), y que no se efectuó la totalidad del pago de las cargas sociales y aportes previsionales según informe de ANSES (ver a fs. 9 vta. y 10). Los mencionados codemandados se hallan en la situación del art. 71 L.O. (ver a fs. 135).

En tales condiciones, habré de partir de la base de que está suficientemente acreditado el carácter de presidente y el de director antes indicados, y que se retuvieron indebidamente los aportes mencionados, pues la situación antedicha se proyecta sobre tales extremos, que son hechos invocados en el inicio.

Si bien como regla general y como miembro de esta Sala he resuelto en el pasado en forma contraria en cuanto a la responsabilidad de los socios en forma personal en concordancia con la doctrina de los casos fallados por la Corte Suprema de Justicia que más abajo referiré (aunque por cierto analicé siempre caso por caso de acuerdo con sus circunstancias particulares y propuse la condena solidaria cuando aquéllas así lo justificaban ante la existencia de maniobras o hechos concretos probados), existieron razones que me llevaron posteriormente a alterar aquel criterio general -aunque, reitero, el análisis debe hacerse en cada caso y conforme sus propias circunstancias-.

En primer lugar, los fallos "Carballo, Atilano c/ Kanmar" y "Palomeque, Aldo c/ Benemeth S.A." no están referidos específicamente a la responsabilidad de los administradores y/o representantes y/o directores de las sociedades, sino más concretamente al caso del art. 54 de la ley 19.550 y en relación a la teoría del "disregard of legal entity", corrimiento del velo o desestimación de la personalidad jurídica, que presupondría la existencia de una sociedad ficticia o fraudulenta, una mera cáscara o disfraz utilizado para la persecución de otros fines o una figura creada en forma engañosa con el propósito de violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros.

El eje de resolución del tema pasa -creo- en cambio por los arts. 59 (administradores y representantes de la sociedad), 157 (gerencia de la S.R.L.) y 274/275 (directores y gerentes de la sociedad anónima en caso de tratarse de dicho tipo social).

Cuando están debidamente probados en juicio pagos marginales o los incumplimientos del tipo de los antes reseñados (o la existencia de empleos lisa y llanamente "en negro") -y partiendo de la base de que lógicamente en principio es casi imposible, o virtualmente improbable al menos, que quede documentada en actas de la sociedad la decisión de realizar actos que conlleven un perjuicio en contra de los organismos de seguridad social u otras instituciones, y la evasión de aportes que aquéllos deben percibir- cabe presumir la participación de los administradores en tal cuestión si no está probado que fuere ajeno a sus funciones y/o conocimiento todo lo relativo al pago de sueldos y las correspondientes retenciones, desde que por otra parte y por similares razones, no se acredita en estos casos (en el presente no está probado) que se haya acudido al recurso previsto por el art. 274 "in fine" de la ley de sociedades, lo que podría exceptuar a algún director de su responsabilidad personal por los respectivos daños.

En este caso no se advierten configurados los presupuestos del 2º párrafo del art. 274 cit. (asignación de funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto o decisión asamblearia; inscripción en el Registro Público de Comercio de tales circunstancias como requisito de aplicación de la imputación de responsabilidad atendiendo a la actuación individual). No surgen de autos por otra parte, otros motivos que pudieran conducir a descartar aquella responsabilidad solidaria.

En cuanto a la sentencia de esta Sala que se cita a fs. 156, aclárase que corresponde a una distinta composición de este Tribunal.

En consecuencia, aunque por las consideraciones antes expuestas, en cuanto a la condena solidaria de los antes nombrados por las sumas reclamadas en el inicio (petición fs. 159), habré de adherir a la propuesta del Dr. Arias Gibert.

2) La parte actora apela asimismo porque considera ínfimo lo presupuestado a fs. 156 penúltimo párrafo como astreintes para el caso en que no se entreguen los certificados y constancias de aportes. Sin embargo, no es esta la etapa sobre la que corresponda expedirse en este estado pues, como es sabido, las astreintes son esencialmente modificables, pueden aumentarse o disminuirse e incluso suprimirse (art. 666 bis C. Civil) y aun no ha sido efectivizada la intimación respectiva. Nada debería modificarse al respecto en la presente sentencia.

3) La forma en que propicio resolver torna necesario modificar las costas en relación a las acciones contra los codemandados Romero y González (arg. art. 279 C.P.C.C.N.); al respecto entiendo que las costas deberían imponerse en forma solidaria a todos los condenados (art. 68 C.P.C.C.N.); los estipendios cuestionados a fs. 161 vta. por el Dr. Eduardo Adrián Oks por su propio derecho, dadas las etapas procesales y las vicisitudes habidas para las notificaciones de la demanda, entiendo que son bajos (arts. 38 L.O. y 1, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 ley 21.839) y deberían elevarse al 13% del monto definitivo de condena por capital e intereses.

4) Las costas de alzada deberían ser impuestas de la misma forma y regularse al Dr. Oks el 3,50% del monto antes indicado (art. 14 y conc. L.A.).

EL DOCTOR OSCAR ZAS manifestó:

Por análogos fundamentos, adhiero al voto de la Dra. García Margalejo.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Revocar la sentencia apelada en cuanto al punto V de la dispositiva de fs. 157 y condenar en forma solidaria a HOMAR HERNÁN ROMERO y JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ al pago de la condena decretada a fs. 157 punto I de la dispositiva, conjuntamente con los ya condenados DESARA S.A. y 19 DE OCTUBRE S.A. 2º) Confirmarla en lo demás que fue materia de recursos a excepción de lo que se pasa a disponer. 3º) Dejar sin efecto lo resuelto en cuanto a costas y honorarios; imponer las costas en primera instancia a cargo de todos los demandados condenados en forma solidaria y elevar los emolumentos de la representación letrada de la parte actora al 13% del monto definitivo de condena por capital e intereses. 4º) Declarar las costas de alzada y regular los respectivos estipendios como se sugiere en el punto 4 del segundo voto de este acuerdo. 5º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

MMV Enrique Néstor Arias Gibert María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara Oscar Zas Juez de Cámara