marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Relación de dependencia, grupo económico
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Carlos Ramón c/ Italo A. Bazzolo y/o Ernesto Reynaldo Bazzolo s/ Indemnización Art. 15 - Ley 24013
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-06-23

No es procedente el recurso de apelación de la parte co-demandada contra la sentencia del a-quo, que la condena en forma solidaria con el demandado a hacer efectivo los reclamos de la contraria. Ello así, ya que la actividad del demandado es aserrar madera y la del co -demandado es explotar una carpintería, ambas actividades se desarrollaron en el mismo inmueble, siendo la propiedad, como así las maquinarias, del co-demandado. Por lo tanto, ambas empresas constituyen lo que el artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo conceptualiza como "conjunto económico", desde que presentan las siguientes notas tipificadoras: a) utilización de una propiedad inmueble en común; b) analogía de los giros empresariales por concomitancia y/o sucesividad; c) sujeción de una empresa a otra por comercialización del producto cuyo precio es compensado por el uso de energía eléctrica por parte del demandado.
Accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: Comini, Eduardo Jose c/ Municipalidad de Cordoba s/ ordinarios - otros - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-12-05

La falta de demostración de actividad productiva o rentada que haya sido vista interrumpida como consecuencia del accidente, o de las pérdidas generadas como consecuencia del mismo, impiden la admisión del rubro incapacidad tal como fue solicitado, ni como lucro cesante, pero sí el carácter de las lesiones sufridas y su prolongación en el tiempo permite inferir que las mismas incidirán negativamente en los ingresos futuros de la víctima, esto es, generarán una pérdida de chance que debe ser indemnizada.
Juicio político, Constitución Nacional, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Motta, Rubén Osvaldo s/ acusa - causa n° 22.040.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Si bien las decisiones adoptadas en materia de enjuiciamiento político, en ejercicio de potestades propias y exclusivas de los órganos a quienes los textos constitucionales pertinentes atribuyen tal función, resultan irrevisables por los tribunales judiciales, ello no descarta su intervención ni la obstaculiza, en caso de que se evidencie un apartamiento inaceptable de esas normas fundamentales que delimitan su accionar (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Carlos S. Fayt).
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Savoia, Héctor Horacio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

La situación de parte legitimada no se modifica por el hecho de que durante el proceso una nueva ley excluya el derecho otorgado por la norma en la que se sustentó la acción.
Requisa personal, flagrancia
Materia: PENAL
Carátula: Agüero, Alfredo Gregorio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-23

Se trata de un claro supuesto de flagrancia en el que la comisión del ilícito fue exteriormente reconocible si el imputado se puso nervioso frente a la presencia de los preventores, arrojó la caja que llevaba consigo -motivo por el cual quedó desparramado en el piso el material estupefaciente que contenía- y desanduvo sus pasos a la carrera sin acatar la voz de alto que la policía le impartió luego de advertir la situación. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Mani, Manuel Oscar c/ Maza, Juan Bautista s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-10-23

Si el demandado perdió por un instante el control de la situación a pesar de viajar a velocidad regular, es evidente-al margen de lo conocido que le podía resultar el trayecto-, que no había tomado las naturales precauciones que debe guardar quien conduce durante la noche, en zona suburbana, de tránsito normalmente más intenso que aquellos tramos alejados de las ciudades.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: LABORAL
Carátula: Michel, David c/ Roncoroni de Rodriguez, Elsa s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

Resulta improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se funda en argumentaciones y circunstancias distintas de las que se plantearon en la demanda y por ende valoradas por el Tribunal del Trabajo.
Honorarios del abogado, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: MAIZARES, SANTOS TITO c/ INGENIO SAN ISIDRO S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-08-02

Teniendo en cuenta que las Provincias se reservaron facultades no delegadas al Gobierno Federal entre ellas la de legislar sobre regulación de honorarios; que las Provincias están facultadas a darse sus propias instituciones locales, rigiéndose por ellas sin intervención del Gobierno Federal y que esta norma afecta el derecho de propiedad, pues existiría una sentencia cuyo único sustento sería la voluntad del magistrado, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley 24028 por estar en pugna con los principios contenidos en los articulos 17, 67 inc.11, 104 y 105 de la Constitución Nacional y regular los honorarios aplicando el Decreto Ley 324/63. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Provincia de Buenos Aires c/ Igón, Juan Bautista y otros s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

La indemnización del valor del "negocio en marcha" sólo procede cuando el estado expropia la empresa para continuar con su explotación pues en este caso aprovecha en su beneficio la organización ya existente. No procede, en cambio, dicha indemnización cuando la incorporación de los bienes al patrimonio del estado se hace con prescindencia de la organización. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido, despido discriminatorio, discriminación, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: Pellejero, María Mabel c/ amparo s/ apelación s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-07

Si el desarrollo argumental del pronunciamiento recurrido partió de la premisa de que el despido dispuesto por la institución bancaria importó un "acto discriminario" en perjuicio de la actora, que encuadraba en el marco normativo de la ley 23.592 pero dicha premisa exhibe una alta cuota de dogmatismo, el desmoronamiento de esta proposición inicial, al dejar al descubierto que quedó demostrada la no configuración de un supuesto de discriminación, determina la pérdida de sustento de las conclusiones que se extrajeron en el fallo con arreglo a ese régimen legal e impide que se proyecte la doctrina establecida por la Corte en la causa "Álvarez".
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, gravedad institucional, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ramos, Blanca Rosa c/ Dr. García, Ramón A. y Dra. Bellido, Sofía E.; Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia y Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios - Mala Praxis s/ Casación s/ Recurso de Casación  s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-07-13

Para la procedencia del recurso extraordinario federal, el que se encuentra previsto en el Art.14 de la Ley 48, es necesario que exista una cuestión federal, o que la sentencia recurrida revista el carácter de manifiestamente arbitraria y lesiva para los derechos constitucionales, o que el tema en debate tenga relevante importancia y gravedad institucional (S.I. 129/08).

Asimismo, "las decisiones que declaran la inadmisibilidad de los recursos locales deducidos ante los tribunales de la causa, no justifican -como regla- el otorgamiento del recurso extraordinario, excepto cuando la resolución carece de fundamentación suficiente y ha frustrado una vía apta para el reconocimiento de los derechos invocados, con menoscabo de la garantía de la defensa en juicio reconocida en el artículo 18 de la Constitución Nacional" (CSJN 23/10/2007 "Herlein, Leonardo Gastón; Fallos:324:3640, entre otros). No basta la mera invocación de cláusulas constitucionales o normas federales, si la decisión del caso no depende específicamente de la interpretación que se les de a las mismas, correspondiendo al recurrente demostrar claramente la relación existente entre la materia del juicio y la cuestión invocada.

Ahora bien, la causal de arbitrariedad en la sentencia no es una cuestión federal de las efectivamente aludidas en la Ley 48, sino, en rigor, la causal de nulidad del fallo por no constituir, a raíz de sus defectos de fundamentación o de formas esenciales, "la sentencia fundada en ley" a que se refiere el Art.18 de la Constitución Nacional.

Si bien la admisión de sentencias arbitrarias ha ampliado en cierto modo los parámetros, no le ha hecho perder el carácter de extraordinario, ya que también en este supuesto sigue siendo sumamente restringida la intervención de la CSJN, que se limita a actuar en los casos de gravedad extrema.
Testamento por acto público, testador, ciegos, firma a ruego, impresiones digitales
Materia: CIVIL
Carátula: Minetti Gladys Aurora Y Minetti Nair Rosa s/ Rehace Incidente - Declaratoria De Herederos - Recurso De Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-08-28

El caso encuadra en la hipótesis de excepción consistente en que el otorgante esta imposibilitado de firmar y que la causa de tal impedimento radica en el carácter de no vidente de la testadora (Art. 3662, Código Civil). El Tribunal, estima de que del análisis integral de las circunstancias de celebración del acto, resulta claro que la imposibilidad de firmar por parte de la otorgante, en razón de su condición de no vidente, resulta de su propia actitud, quien solicita a un tercero que le lea el contenido del acto, a continuación ratifica su voluntad y estampa su impresión dígito pulgar. Así, el hecho de la suscripción del instrumento por parte de ese tercero, autorizaba a inferir que la intención de la otorgante era que la firma en su lugar.
Violencia familiar, competencia por el territorio
Materia: CIVIL
Carátula: G. A. R.  c/ P. C. D.  s/ protección contra la violencia familiar (Ley 12.569)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-09-29

Tratándose en el caso de determinar la competencia territorial del órgano con aptitud para resolver la materia objeto de autos -protección contra la violencia familiar- conforme surge del texto de la ley 12.569, es el juez del domicilio de la víctima quien debe entender en las denuncias que se refieren a la misma (art. 6, ley cit.).
Prisión domiciliaria, juez de ejecución
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Ariel Ricardo c/  s/ robo con armas en tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-14

No cabe atender la crítica de la defensa vinculada con la arbitrariedad que encerraría la decisión que rechazó el pedido de prisión domiciliaria, en virtud de la omisión por parte del magistrado interviniente de considerar los argumentos articulados en las presentaciones tanto del recurrente como del Ministerio Público Fiscal, puesto que, en sentido contrario a lo manifestado, el juez de ejecución no ignoró, en su decisión, las circunstancias concretas relativas al contexto familiar y reconoció que la prisión domiciliaria favorecería el funcionamiento del núcleo familiar. Tal circunstancia deja en evidencia que la crítica de la defensa trasunta, en verdad, un desacuerdo con la solución a la cual se arribó, con base en la hermenéutica de la norma aplicable al caso efectuada por el magistrado en cuanto consideró que el artículo 32, inciso f, de la ley 24.660 no contempla la posibilidad de que sea una persona del género masculino aquella que cumpla su pena bajo esa modalidad (voto del juez Magariños)
Concursos, liquidación y distribución, bienes inmuebles, objeto de la expropiación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: REYNOSO  HNOS  E  HIJOS  SA s/ QUIEBRA  S/ INCIDENTE DE SUBASTA (PERGAMINO).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-07

Siendo que -en el caso- el inmueble de la fallida se encuentra, actualmente en su totalidad, sujeto a expropiación, no procede continuar con la subasta decretada en esas condiciones. Ello así pues se estima que el resultado de la venta del bien podría verse reducido significativamente debido a que quien se presente a ofertar tendría que considerar la eventualidad de que se efectivice la expropiación decretada por la Provincia de Buenos Aires sobre dicho inmueble. A más, se observa que la Ley 13777 fue publicada el 24/12/07, por lo que ya se encuentra cumplido gran parte del plazo de cinco (5) años establecido en su artículo 6°, para considerar abandonada la expropiación. Así, se aprecia prudente suspender la subasta debiendo mantenerse la debida vigilancia por parte de la sindicatura del trámite de expropiación dispuesto por dicha norma a los fines de su concreta efectivización o de la declaración de abandono, en su caso.
Inconstitucionalidad, accidentes de trabajo, comisiones médicas, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: García Yamila c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-23

Solo resulta inconstitucional el inciso a) del art. 21 de la ley 24.557 -y parte pertinente del art. 1 ley 27.348-, en cuanto sean las Comisiones Médicas las encargadas de determinar "La naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad". La cuestión deberá ser resuelta -como toda inconstitucionalidad- en forma casuística, pues dependerá de las circunstancias concretas que el marco fáctico plantee, y de las específicas razones aducidas como fundantes del agravio que se invoque (Voto Romeo)
Marcas, Ley de Marcas, Código Alimentario Argentino, doctrina
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: VIRGIN  ENTERPRISES  LIMITED c/ CAFE  LA VIRGINIA SA s/ cese deoposición al registro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-07

La idea de Virgin de restringir la semántica de los términos en que se obligó alegando que las bebidas de las clases 32 y 33 no son "alimentos" encuentra un obstáculo serio en el Código Alimentario Argentino implementado por la ley 18.284. No es la reglamentación de la Ley de Marcas la que traza la línea divisoria entre lo que es y no es un alimento, sino el cuerpo normativo referido anteriormente, pues mediante él el Estado ejerce el poder de policía sanitario y económico en resguardo de la salud y el interés públicos. La función estatal aludida se traduce en limitaciones a la actividad privada (Bielsa, Rafael "Derecho administrativo, sexta edición, La Ley, tomo IV, pág. 1 y ss.) y se manifiesta en disposiciones coordinadas entre sí tendientes al logro de los fines enunciados. Es una realidad fácilmente comprobable que entre esas disposiciones se encuentran aquellas que reglamentan, tanto la comercialización de los productos contenidos en la clase 32 -v.gr. cervezas y bebidas no alcohólicas- como la que atañe a los productos de la clase 33 -bebidas alcohólicas con excepción de las cervezas-.
Daños y perjuicios, compraventa de automotores, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Hojobar SA c/ Volkswagen Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-09

Cabe rechazar la demanda de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, en el marco de una subasta privada de un automotor, en el cual fue puesto a la venta por cuenta y orden de la demandada, pero que esta última lo desaprobó posteriormente, en ejercicio de cierta condición publicitada que el actor consideró abusiva. Es que no se aprecia en el caso violación alguna al deber de información precontractual que era exigible. Concretamente, no se aprecian ocultaciones o distorsiones que pudieron haberse prestado a maniobras o especulaciones en perjuicio de eventuales terceros adquirentes. Y si alguna duda cupiera, corresponde advertir todavía que los términos y condiciones de la subasta fueron de viva voz expuestos por el martillero antes de comenzar la puja; y frente a esto último, aun si por hipótesis lo dispuesto por la ley 20266: 9 inc. d, se tuviera por no cumplido de modo estricto, lo cierto y jurídicamente relevante es que aquellas manifestaciones hechas de viva voz por el martillero, bastaron para llenar adecuadamente las exigencias de publicidad pertinentes (ley 20266: 9 inc. d; Rouillón, A. y Alonso, D., Código de Comercio comentado y anotado, Buenos Aires, 2005, T. I, pág. 179, n° 26). A tal conclusión, valga aclararlo, no se opone la analogía que la actora pretende establecer entre una subasta privada y una judicial. Es que a la subasta extrajudicial no corresponde aplicarle las normas que regulan la subasta judicial (conf. CNCom, Sala C, 10/9/97, "Billote, Federico c/ Banco de Crédito SA"; íd. Sala C, 14/8/09, "Pereia, Marcelo c/ Klein, Enrique s/ ordinario"; CNCom, Sala D, 27/9/18, "Perea, Juan Antonio y otros c/ Sud Inversiones y Análisis SA y otros s/ ordinario"), siendo ello particularmente así en orden a la publicidad previa que no puede considerarse esencial en los remates en general, sino solamente en los remates judiciales sometidos a las leyes de procedimiento (conf. Malagarriga, C., Tratado Elemental de Derecho Comercial, Buenos Aires, 1958, T. II, pág. 154, n° 12).
Accidente de tránsito, daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GOLDSCHEIDT, RICARDO A c/ SCATULARIO, RAUL E s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-09

El monto del resarcimiento del daño moral por vía de un accidente de tránsito, no tiene que guardar una determinada proporción con el daño material y tampoco es una sanción, sino un resarcimiento cuya finalidad consiste en otorgar una suma de dinero al damnificado para que pueda procurarse satisfacciones espirituales que de algún modo compensen los padecimientos morales.
Excarcelación, condena condicional, falsificación de instrumento público
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: JAIME, EDUARDO BENITO s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-08-23

El sistema de la ley en orden a las previsiones del art.323 del C P.P., condiciona la posibilidad excarcelatoria a la calificación legal del hecho que se atribuya o aparezca cometido. En tal caso, la referencia de la ley no puede ser otra que a "los hechos de la causa", pues lo contrario, quedaría sin sentido sistemático la coyuntura que posibilita la liberación anticipada al mérito instructorio, mérito que necesariamente debe hacerse en el auto de procesamiento y sobre los hechos de la causa.

Si, en el caso, el Juez de Instrucción calificó el obrar del imputado como supuesto autor del delito de falsificación de documento público (C.P., art. 292), atento la naturaleza y demás circunstancias de los arts. 40 y 41 del C. Penal, la excarcelación es procedente (C.P.P, art. 315, ley 7139).Pero la ejecución de la liberación no procede, si el acusado registra un antecedente en la Justicia Federal, debiendo ponerse éste a la orden y disposición del Juez Federal (Voto de los Dres. Miguel Angel Funes y Alberto Vargas) -
Prefectura Naval, sanciones administrativas, revisión judicial de actos administrativos, control de razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARGENOVA S.A. c/ PREFECTURA NAVAL ARG. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

Las sanciones impuestas por la Prefectura Naval Argentina constituyen el ejercicio de un poder propio de la administración y dentro de ella, la competencia ha sido asignada a un órgano estatal altamente especializado cuyos actos han de ser controlados por el Poder Judicial en orden a su razonabilidad sin que esto habilite a los jueces para sustituir el criterio administrativo por el suyo propio (esta Sala, Hahn , del 13-4-93).
Intereses, aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley, publicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: ATUEL FIDEICOMISOS S.A.- EXPTE. N° 29169 - c/ ORTUBIA ALBERTO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-08-18

De admitirse la aplicación de la ley 7198 ésta, por imperio de su artículo 4, debe regir a partir de la fecha de su publicación (26/04/2004) por lo que, pretender que lo sea desde la fecha de la mora, importa desconocer el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el artículo 3 del Código Civil.
Incapacidad laboral, indemnización, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: Dirección Provincial de Vialidad s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-04-05

Al momento de producirse el distracto laboral por incapacidad, y obtenerse la jubilación por invalidez, la Comisión Paritaria Nacional no había efectuado ninguna interpretación del art. 36 del Convenio Colectivo, lo que ocurrió mucho después y estando ya vigente otra normativa (art. 41 del Convenio Colectivo Nro. 55/89) En ausencia de tal instrumento y ante el recordado principio "in dubio pro operario", no resulta arbitrario, irracional, ni violatorio de la ley, entender que esta indemnización procede incluso aunque el agente obtuviese jubilación por invalidez, por cuanto su fundamento reside en una obligación de solidaridad social impuesta al empleador para atender a la imposibilidad del trabajador, de reinsertarse en el mercado laboral.
Formación y sanción de la ley, proyecto de ley, prensa, libertad de prensa, fuentes de información, fuente de información oficial, fuente de información privada, doctrina de la real malicia, delitos contra el honor, responsabilidad civil, noticia inexacta, reproducción fiel de la fuente
Materia: CIVIL
Carátula: Z., H. W. y Otra c/ F., G. B. y Otra s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-11

De acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema in re: "CAMPILLAY", la reproducción fiel de una información originada en una fuente oficial no da lugar a responsabilidad aún cuando dicha información sea inexacta y pueda afectar el honor de un particular. Esta doctrina fue extendida posteriormente por la Corte Suprema a casos en que la fuente de la información era privada (ver, en tal sentido, caso "Acuña", "Jurisprudencia Argentina", diario del 09-07-97). Siguiendo en este punto los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte Suprema, el proyecto(para ajustar las disposiciones de los Códigos Civil y Penal de la Nación referidas a los delitos de injuria y calumnia, a los principios de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional en punto a la protección del derecho a la libre expresión, que pretende incorporar al art. 1089 del CC.. Cuatro nuevos parágrafos) distingue cuidadosamente, por un lado, entre la doctrina de "Campillay", de la que surge del caso estadounidense "New York Times v. Sullivan", conocida como la doctrina de la "real malicia".

Así, conforme a "Campillay", la verdad o falsedad de la información es irrelevante a los fines de obtener protección constitucional: basta que el informador haya reproducido fielmente una fuente y la haya citado expresamente para librarse de toda responsabilidad. En cambio, la doctrina de la "real malicia" supone para su aplicación la existencia de una información inexacta que es propia del informador, la cual no da lugar a responsabilidad en el caso que no se pruebe que aquél haya actuado con dolo o culpa grave acerca de la existencia de dicha falsedad. Así, la inclusión de esta última doctrina en el proyecto ha sido hecha en una sección distinta a aquélla en que se trata la doctrina de "Campillay" a los fines de resaltar la mencionada diferencia que existe entre ambas.