Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08


SENT. INTERLOCUTORIA Nº: 62313 SALA II Expediente Nro.: 32.008/2006 (Juzg. Nº73) AUTOS: "VUCHICH, SERGIO ENRIQUE Y OTROS C/TRENES DE BUENOS AIRES S.A. S/DIFERENCIAS DE SALARIOS" Buenos Aires, 8 de mayo 2012.

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Dra. Graciela A. González dijo:

Llegan los autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 580/582 contra la resolución de fs. 577 mediante la cual la Dra. Barrionuevo declaró la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para llevar adelante la ejecución respecto de créditos de naturaleza post-concursal.

Al respecto cabe recordar que la ley 24522 (conf. ley 26086) no contiene ninguna norma expresa respecto del tratamiento de este tipo de acreencias (de causa o título posterior a la presentación en concurso o a la sentencia de quiebra) y que el art. 135 de la ley 18345 alude a "la ejecución contra el deudor fallido o concursado", sin formular distinción alguna respecto del carácter (concursal o postconcursal) del crédito.

Ante la situación descripta y dada la amplitud de la disposición contenida en la ley procesal laboral, se sostuvo que correspondía asignar al juez del proceso universal aptitud jurisdiccional para intervenir en la ejecución de tales acreencias y ello por cuanto la diferenciación entre créditos pre y post concursales sólo cobraría operatividad en el marco del proceso verificatorio o de conocimiento.

En tal contexto se ha señalado que el art. 21 de la ley 24522 (conf. ley 26086) veda la posibilidad del dictado de medidas cautelares respecto del deudor fallido sin distinguir en el origen pre o post concursal de los créditos y que el art. 135 de la L.O. encuentra su fundamento en la particular situación del deudor en tanto toda diligencia ejecutiva se dirigiría a afectar el patrimonio sujeto al proceso universal, lo que podría colisionar con el régimen de distribución que rige en ese ámbito (ver, entre otras SD 97745 del 10/3/10 del registro de esta Sala).

Si bien en numerosas ocasiones me he pronunciado en el sentido expuesto, un análisis detenido de la más reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la luz de las consideraciones vertidas por el Dr. Eduardo Álvarez en el dictamen que antecede, me lleva a concluir que, como lo expusieran algunas Salas de esta Cámara, el fuero de atracción, sólo rige respecto de créditos de causa o título anterior al concurso, por lo que no existirían razones de peso para desviar de la competencia natural de los jueces laborales a los procesos de ejecución correspondientes a créditos post concursales (ver, entre otros, CNAT, Sala III, 26/6/07, "Burgos, Amalia c. Obra Social para el Personal del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos s/despido; íd., Sala III, 28/4/08, S.D. 89.651, "Avendaño, Miguel Angel y otros c. La Internacional Empresa de Pasajeros SA y otros s/despido"; íd. Sala IV, 12/6/07, S.I. 45.146, "Chaile, Sabina Alcira c. Ampare Asociación para la Ayuda y Recuperación Encefalopática s/despido; íd., Sala IV, 2/2/07,"Gaida, Carlos R. c. Asociación del Personal de Economía y Hacienda de la Nación"; íd., Sala IV, 31/3/08,"Mastroberti, Gustavo M. c. Electro Puntana S.A.", RDLSS 2008-13-1159; íd., Sala X, 18/7/07, "Magariños, Mariano Andrés y otro c. Southern Winds S.A. s/medida cautelar").

En efecto, como lo señaló Héctor C. Guisado en "Ejecución de créditos laborales contra personas fallidas o concursadas" ( D.T. 2009 -marzo-, pág. 276 y ss), la doctrina comercialista en general se inclinó por sostener esta última posición y ésta también ha sido la interpretación acogida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos "Club Atlético Huracán s/concurso preventivo s/incidente de ejecución de créditos post concursales" (CSJN Competencia N° 1494.XLII del 29/5/2007).

A su vez, como lo puntualiza el Sr. Fiscal General en el dictamen que antecede, en fecha relativamente reciente el Máximo Tribunal se ha expedido, en un caso que guarda cierta conexidad con el presente, en los autos "Fiszledjer, Pablo Marcelo c/Sociedad Española de Beneficencia Hospital Español s/ejecución de créditos laborales" del 13/9/2011 (CSJN C. 167.XLVII) en los que se debatió la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la ejecución de créditos laborales no incluídos en un acuerdo preventivo en etapa de cumplimiento y se revocó la sentencia dictada por esta Sala -con el voto coincidente de la Suscripta y del Dr. Maza- en la que se declaró la incompetencia del fuero para entender en el proceso ejecutorio con sustento en el art. 135 LO.. Si bien son otras normas las que se han hecho jugar en dicha ocasión (vinculadas al modo en que debe interpretarse el art. 135 de la L.O. a la luz de lo dispuesto en el art. 57 de la ley de concursos y quiebras), la Corte ha sido clara al puntualizar que "las normas de competencia de la Ley de Concursos y Quiebras son de orden público y contienen criterios claros de aplicación, por lo que consecuentemente no pueden las partes, ni los tribunales, soslayarlas (Fallos: 318:2027; 323:3647; 328: 1797)"	Frente a ello, tomando en consideración que el criterio sentado por el Máximo Tribunal en el precedente "Club Atlético Huracán" antes citado fue reiterado luego en el incidente de ejecución de honorarios iniciado por Margarita I. Bellotti, en el marco del mismo proceso falencial (CSJN C. 608.XLIII del 17/10/07) y más tarde en los autos "Aguilar, Alfredo Ernesto c/Massuh S.A. s/ley 14546" (C.1060.XLIV del 18/8/09), oportunidad en la que no compartió el dictamen de la Procuradora Fiscal (Dra. Beiró de Goncalvez); como así también que tales decisiones, a su vez, se corresponden con la doctrina judicial sentada en torno al marco de actuación del juez del concurso previsto en los arts. 21 y 32 de la ley 24522 (conf. ley 26086) y con los precedentes citados por el Dr. Eduardo Álvarez en su dictamen (ver Fallos 332:1960), corresponde a mi juicio apartarse del criterio hasta hoy sostenido por esta Sala en la materia y confirmar la sentencia de grado en cuanto declaró la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para llevar adelante la ejecución de créditos post concursales.

Cabe considerar en este sentido lo sostenido por la Sala IV de esta Cámara entre otros in re "Huttner, Federico Ernesto c/Bando del Oeste S.A." del 30/10/09, precedente en el cual, se sostuvo que "el fuero de atracción sólo rige respecto de créditos de causa o título anterior al concurso, pero no respecto de los postconcursales, cuya ejecución debe continuar en sede laboral", puntualizandose que, "como explica Barbieri, al comentar uno de los fallos citados, a pesar de la falta de precisión del art.135 de la ley 18.345, "la interpretación armónica de dicha norma dentro del contexto de un proceso concursal determina que los créditos postconcursales de carácter laboral tramiten durante su conocimiento y se ejecute su sentencia en, precisamente, sede laboral, encontrándose excluidos del fuero de atracción concursal, reservando la disposición del art. 135 L.O. solamente para el supuesto de créditos concursales, en concordancia con las disposiciones de los arts. 21, 32 y 200 LCQ" (Barbieri, Pablo C., "Los créditos postconcursales y una correcta asignación de competencia", LNL 2003-05-348, nota al fallo "Escudero"; en igual sentido: Brignole, Horacio A., "La reforma a la ley de concursos y quiebras frente a los acreedores y procesos laborales", RDLSS 2006-14-1243; Rodríguez, Héctor D. - Danussi, Alejandro E., "La ejecución de créditos laborales de carácter postconcursal", RDLSS 2007-18-1603)".

En igual sentido, el Dr. Eiras al emitir su voto in re "Avendaño, Miguel Ángel y otros c/la Internacional Empresa de Transporte de Pasajeros S.A. y otro" (SD 89651 del 28/4/08 del registro de la Sala III de esta Cámara) sostuvo que el artículo 135 de la ley 18345 no puede ser aplicado en el supuesto de créditos postconcursales pues éstos, al no encontrarse comprendidos en el concurso, no pueden ser ejecutados en dicho proceso, y le resultan inaplicables las previsiones del Capítulo II, Sección II de la ley 24522".

Más recientemente, Alejandro H. Perugini (en "Cuestiones de competencia relativas a reclamos laborales ante el concurso o ante la quiebra del deudor", en AAVV, García Vior (coord.), Los créditos laborales en los concursos y en las quiebras, CTDL N° 7, Errepar, Bs. As. 2010, pág. 354) ha señalado que, según el régimen vigente, los créditos de causa o título posterior a la presentación, llamados posconcursales, no están alcanzados por el concurso y no deben presentarse ante él ni siquiera en oportunidad de su ejecución. La interpretación contraria, a criterio del autor, soslaya que la norma debe ser interpretada en armonía con todo el ordenamiento legal y conforme el espíritu que la informa y, ninguna razón existe para que el juez del concurso deba asumir la ejecución de un crédito sobre el cual el proceso universal no tiene efecto alguno, puntualizando que "asimismo, de tal principio deriva la inaplicabilidad respecto de tales créditos (los posconcursales) del art. 21 cuarto párrafo de la ley 24522, que impide la disposición de medidas cautelares. La norma refiere solamente a los juicios comprendidos en el concurso, aún cuando su trámite pueda continuar ante el tribunal competente en razón de la materia, por lo que la apertura del proceso concursal podrá en todo caso, determinar la no adopción de una cautela en tanto se pueda entender que el concurso y los controles que este supone, determinan la inexistencia de riesgo o de peligro en la demora, pero no por una prohibición legal de adoptar cautelas en procesos relativos a créditos posconcursales, las cuales pueden ser juzgadas por el juez que interviene en la causa principal." (ver también en igual sentido, Brignole, Horacio A. en "la incorporación de los créditos laborales al pasivo concursal y su eventual ejecución. A cuatro años de la ley 26086", AAV, García Vior (coord.), Los créditos laborales en los concursos y en las quiebras, Errepar, 2010, págs. 7 y ss).

Desde la perspectiva expuesta y teniendo en cuenta que en materia de competencia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación el órgano superior de decisión y que, con sustento en las pautas interpretativas precedentemente delineadas dicho Tribunal ha revocado decisiones emanadas en sentido contrario de este Tribunal (como aconteció en los autos Fiszledjer" antes citados -ver SI 59471 del 28/6/10 del registro de esta Sala), de conformidad con lo sugerido por el Sr. Fiscal General en su dictamen de fs. 606/vta. ,propicio confirmar la resolución apelada.

En atención a la índole de la cuestión debatida y al modo de resolverse, de prosperar mi voto, corresponde declarar las costas de la incidencia en la Alzada, en el orden causado (art. 68 in fine CPCCN).

El Dr. Miguel Ángel Pirolo dijo:

Respetuosa mente, discrepo con el critero actualmente sustentado en el voto que antecede a raíz de distintos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pues, aún cuando en normal y habitualmente mi voto refleja un natural acatamiento a las decisiones del Más Alto Tribunal, estimo que, con relación a la cuestión aquí analizada, en los precedentes en los que se basa el voto de la colega preopinante, no se han puesto a consideración de la Corte Suprema ciertas circunstancias que más abajo explicaré.	Al igual que el Dr. Eduardo O. Álvarez y que mis distinguidos colegas de Sala he sostenido en ocasiones anteriores que el art.135 de la LO no efectúa ningún distingo basado el origen pre o post concursal del crédito, cuestión que, con arreglo a lo establecido en la ley 26.086, sólo tiene relevancia durante la etapa de conocimiento. Con relación a la etapa de ejecución de una sentencia, el art.135 de la LO dispone, clara e inequívocamente, que "se deberá llevar a cabo al respectivo juicio universal".	La Comisión encargada de elaborar el proyecto que luego se transformó en la ley 18.345, en la Exposición de motivos, señaló: "También se acoge la práctica ya vigente, fundada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de llevar la ejecución contra los deudores fallidos o concursados al respectivo juicio universal (art.135)". Frente al contenido del citado artículo de la ley procesal especial, Amadeo Allocati señaló que, sólo en el caso del proceso "universal" que deriva del fallecimiento del deudor, la ejecución puede llevarse a cabo ante la Justicia Nacional del Trabajo ("Procedimiento Laboral", pág.211, Ed. Jurisprudencia Argentina, 1969).

La disposición es clara, precisa y contundente y, además, la télesis que persigue coincide con el contenido explícito de su texto porque es evidente que el legislador ha considerado que, si el patrimonio del deudor está sujeto a un juicio de carácter "universal", todas las posibles ejecuciones compulsivas que pudieran afectar dicho patrimonio -y que, por lo tanto, forman parte de ese "universo"-, queden sujetas a consideración y decisión de un solo y único juez o tribunal.	Obsérvese que, aún en los pleitos en los cuales la ley concursal admite la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en la etapa de conocimiento, el legislador estableció que ".no procederá el dictado de medidas cautelares. Las que se hubieren ordenado serán levantadas por el juez del concurso." (art.21, ley 24.522, modif. por ley 26.086). De la disposición contenida en la propia ley concursal se desprende claramente que el único juez que puede decidir acerca de medidas que impliquen afectación directa del patrimonio del deudor es el que entiende en el proceso concursal. Demás está decir que, si la Justicia laboral no está habilitada a dictar ni siquiera una medida cautelar que afecte el mencionado patrimonio, menos aún puede disponer medidas de carácter ejecutorio sobre ese patrimonio. Ello así no sólo en virtud de lo previsto en el art.135 de la LO sino, además, de la prerrogativa que otorga el citado art.21 de la ley concursal únicamente en favor del juez que entiende en el proceso "universal".

Tanto el art.21 de la ley 24.522 como el art.135 de la LO, más allá de tener un texto y una télesis clara e indiscutible, responden a una lógica insoslayable: si un juez está a cargo de un proceso "universal" a raíz de que un determinado patrimonio aparece como insuficiente para responder a las obligaciones contraídas frente a terceros, es adecuado a toda lógica y razón considerar que sólo ése juez pueda decidir los actos de disposición patrimonial que resulten pertinentes para dar adecuado resguardo a los intereses de todos los acreedores del deudor concursado o fallido. De lo contrario, se podría dar la paradojal situación de que un determinado bien integrante de ese patrimonio (dinero depositado, o algún otro bien mueble o inmueble) que el juez del concurso decidiere afectar a la satisfacción de determinados créditos (que, incluso, podrían corresponder a otros trabajadores a los que no se le hubieran abonado sus acreencias), no pueda llegar a ser afectado a esa finalidad por el propio juez del juicio "universal" a raíz de una medida ejecutoria dispuesta por un magistrado de otro fuero.

Más allá de la claridad de las disposiciones contenidas en los arts.21 de la ley 24.522 y 135 de la LO, es lógico y razonable que todo acto de disposición sobre el patrimonio de un deudor fallido o concursado deba ser decidido por el juez que entiende en el proceso universal, máxime, cuando la propia ley de concursos ni siquiera faculta al juez laboral a decretar una simple medida de carácter "cautelar".

Al pronunciarse en el caso "Fiszledjer" la Corte hizo suyo el dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal en el cual, esencialmente, se indica que ".corresponde aplicar al caso la regla establecida en el art.57 de la ley de Concursos y Quiebras por sobre lo dispuesto por el art.135 de la ley 18.345, dado su naturaleza de orden público".	En consecuencia, el eje fundamental de la decisión adoptada por la Corte Suprema en base a ese dictamen evidencia que, en esa ocasión, no se puso a consideración del Más Alto Tribunal que la ley 18.345 también forma parte del orden público general y, en especial, del "orden público laboral" pues, como es sabido, forma integra el denominado "derecho protectorio". Tal condición, por otra parte, surge diáfana de la previsión contenida en el art.19 que declara improrrogable (es decir, indisponible para los litigantes) la competencia establecida en esa ley. Por lo tanto, el art.135 de la LO también participa de la naturaleza de orden público que tiene la ley concursal, cuestión que no fue sometida a consideración de la Corte Suprema en esa causa y que resulta esencial porque en función de ese carácter se estableció la prevalencia de un régimen jurídico sobre el otro que participaba de la misma naturaleza. Además, tampoco se puso a consideración de la Corte Suprema en la causa mencionada que el art.57 de la ley 24.522, al remitir la ejecución de las sentencias dictadas en favor de los acreedores que no estuvieran comprendidos en el concurso al juez que corresponda de acuerdo a la naturaleza de sus créditos, se refiere, clara a inequívocamente, a sentencias que puedan ser ejecutadas ante tribunales cuya actividad está regida por normas procesales de carácter general; y que en ningún modo esa disposición de la ley concursal puede entenderse referida a la posibilidad de ejecutar ante un fuero regido por una ley de carácter especial que, explícita y específicamente, contempla la incompetencia del juez laboral para entender en la ejecución de una sentencia dictada contra un deudor fallido o concursado.

Al emitir pronunciamiento en los autos "Club Atlético Huracán" (incidentes Durso y Bellotti) y en el caso "Aguilar" (en el cual se efectúa una remisión al criterio sentado en el anterior), tampoco se sometió a consideración del Más Alto Tribunal de la Nación el carácter especial y de orden público del procedimiento regido por la ley 18.345 y la existencia de una disposición, aplicable únicamente en éste procedimiento, que no obsta a la aplicabilidad de la previsión contenida en el art.57 de la ley 24.522 en otra índole de procesos regidos por la ley procesal general.

Por lo demás, tampoco se puso a consideración del Supremo Tribunal que la propia ley de concursos no habilita al juez laboral a decretar medidas cautelares, cuya repercusión dispositiva sobre el patrimonio del deudor es mucho menos intensa que la propia de una ejecución de sentencia.

Por las razones expuestas y en la medida que está claro en los dictámenes que anteceden a los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes mencionados que no fueron puestas a consideración del Máximo Tribunal circunstancias esenciales como las precedentemente señaladas, en base al criterio invariablemente sostenido por esta Sala hasta el presente, propicio revocar la resolución dictada a fs.577, declarar la incompetencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la ejecución de la sentencia mientras la demandada se encuentre sujeta a un proceso universal e imponer las costas en el orden causado en ambas instancias (art.68, 2do.párrafo de CPCCN).

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Por las razones expuestas por mi distinguida colega Graciela A. González, opino que debe seguirse el criterio competencial señalado por el Máximo Tribunal de la Nación y, por ende, adhiero a su propuesta de confirmar la decisión de grado que declarara la competencia de la Justicia del Trabajo para conocer en la ejecución de créditos de naturaleza postconcursal.

Por lo expuesto, y en virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios, 2) Declarar las costas de la incidencia en la Alzada, en el orden causado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Graciela A. González Juez de Cámara Juez de Cámara Miguel Ángel Maza Juez de Cámara