Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-11-10


1º Instancia. - Buenos Aires, abril 30 de 1958.

Resultando: I. A fs. 9 la actora representada por el Procurador del Tesoro demanda por expropiación del automóvil Ford Custom, modelo 1950, motor Nº B.O.C.H. 186.041, Coupé Club, con tanque especial para nafta de 200 lts., rueda de auxilio completa, 5 cubiertas 670 x 15.

Ofrece la suma de $ 24.611,01 m/n que involucra el valor del automóvil estimado en dólares americanos por los vistas de aduana en base al Catálogo Americano, más los gastos de traslado y seguro marítimo, más el 10 % de indemnización. El cambio de los dólares se efectúa al tipo de $ 1.398,50 m/n los 100 dólares.

Funda su derecho en las leyes 12.830 y 13.264 y decs. 9459/50, 19.514/50 y 18.183/54. Pide así se resuelva con las costas de ley.

II. A fs. 16 se presenta el Sr. Jorge José Ferrario, pidiendo el rechazo de la demanda, con costas. Ataca de nulidad a la expropiación por haberse usado de la ley 12.830, en vez de las ordenanzas de Aduana, que rige para todas las mercaderías que llegan a puerto sin permiso de importación. Dice que tal expropiación es arbitraria porque se quita la propiedad a una persona para dársela a otra en su beneficio o interés personal. Agrega que ello es inconstitucional porque no responde a razones de urgencia o interés público, citando jurisprudencia que entiende aplicable al caso.

Se opone al precio depositado que considera exigua, no coincidente con el pagado en la adquisición del vehículo ni con el corriente en plaza. Deja planteado el caso federal y pide que se resuelva conforme a lo peticionado. Pide intereses y costas, y Considerando: I. Que atento la litis trabada las cuestiones a dilucidar se concretan a las dos siguientes: a) Procedencia o no de la expropiación y b) precio de la misma. La primera tiene relación con la inconstitucionalidad alegada por el demandado y la segunda, es subsidiaria del resultado afirmativo de la primera.

II. Entrando al análisis del derecho a expropiar, el demandado alega la inaplicabilidad de la ley 12.830 e invoca como correcto el procedimiento de las Ordenanzas de Aduana (ley 810) haciendo especial referencia al reembarco o repatriación de la mercadería en infracción, que según él, debió aplicarse sin necesidad de expropiar la mercadería. En igual orden de razonamiento el demandado pudo mencionar su derecho al abandono de la mercadería. Empero, uno y otro remedio legal, contemplan muy distintas situaciones a la que se halla el automóvil traído al país "sin permiso de importación previo". Recurrir al abandono, habría comportado una manifiesta burla al régimen establecido, concretándose con ello, la violación en forma indirecta, de la prohibición de introducir mercaderías sin permiso previo, alterando con el abandono de la cosa y su ulterior venta por la Aduana, la regulación económica prevista por el régimen establecido al efecto. Y en cuanto a la reexportación de la mercadería, de permitirse, habría significado la virtual homologación de un acto originalmente ilícito como es el de traer mercaderías al país, sin permiso, corriendo el alea de obtener su introducción regular no obstante la infracción legal cometida. Cabe agregar que, desde que la mercadería se halla en infracción, su propietario deja de tener la libre disposición de ella, por lo que sería un contrasentido hablar en casos así de derechos de abandono o de repatriación.

III. La ley 12.830 tiene como antecedente la ley 12.591 y en cuanto al punto que aquí se discute -derecho a expropiar por el Poder Ejecutivo- una y otra contienen similares enunciados como surge del art. 16 de la primera y art. 16 también, de la segunda. Son pues de exacta aplicación a la ley 12.830 los argumentos parlamentarios y judiciales que se hicieron valer respecto a la 12.591 en lo referente a la facultad delegada al P. Ejecutivo para expropiar y a la constitucionalidad de tal disposición. En cuanto a lo primero, cabe hacer notar que el miembro informante de la Cámara de Diputados de la Nación Dr. Santiago C. Fassi, destacó que la delegación de facultades acordadas por el Congreso al P. Ejecutivo "en ninguna forma afecta la prerrogativa del cuerpo, sino que está de acuerdo con el carácter de esta iniciativa con la ductilidad y flexibilidad que debe tener una ley de esta naturaleza" (Diario de Sesiones, 1930, T. 3, p. 956/57). En cuanto a lo segundo, la Corte Suprema declaró constitucional la ley 12.591, estableciendo que si bien ella era de emergencia y que excedía el marco del derecho común, era evidente que trasuntaba el ejercicio del poder de policía del Estado, en forma más enérgica si se quiere que la que admiten los períodos de normalidad (Fallos: 200: 450).

La aplicabilidad de la ley 12.830 se reconoció también para casos como el de autos por nuestro más Alto Tribunal, a los efectos de limitar el depósito previo a la toma de posesión, sin perjuicio de fijar el precio de conformidad con el art. 11 de la ley 13.264 (CS Fallos; 237: 38 y 427).

En consecuencia y por las expuestas consideraciones es procedente y constitucional la expropiación fundada en la ley 12.830 y decs. 9459/50, 19.514/50 y 18.183/54, realizada conforme al procedimiento indicado por la ley 13.264.

Cabría agregar por último que la cuestión sobre carencia de utilidad pública en la presente expropiación alegada, por el demandado y que configuraría la violación del art. 17 de la Constitución Nacional, no es tal como pretende dicha parte, ya que ella resulta de la finalidad y espíritu de la ley y conforme al poder de policía que tiene el Estado en defensa del interés económico y social. Aquí no se configura, como sucedió en el juicio "Gobierno Nacional contra Bemberg Otto Sebastián s/ expropiación" resuelto por el suscripto y confirmado por la Excma. Cámara, ni la arbitrariedad de la ley ni el sentido persecutorio personal de la misma.

IV. Resuelta la procedencia del derecho a expropiar por la actora, la litis ha quedado reducida al criterio que corresponde aplicar para fijar el monto de la indemnización, pues en tanto la actora, invocando el art. 16 de la ley 12.830 la calcula en base al costo del bien, más el 10 % compensatorio de una ganancia razonable, el demandado pretende se le reconozca una indemnización mayor, fijándose el valor conforme al precio de plaza.

V. Al respecto corresponde aplicar la siguiente doctrina sentada reiteradamente por la Corte Suprema: "Tratándose de automóviles declarados de utilidad pública por imperio de la ley 12.830, en virtud de carecer de permiso de cambio para su introducción en el país, su expropiación se rige por las disposiciones de la ley 13.264, debiendo tenerse por valor objetivo el de su adquisición o de origen, acrecentado por las sumas gastadas en concepto de flete y seguro hasta el puerto de la Capital Federal. El importe del precio de adquisición en moneda extranjera, debe ser convertido, en moneda nacional al tipo de cotización de aquélla en el mercado libre en el momento de la toma de posesión (Fallos: 237: 38, 427 y 625).

Dicho criterio, adoptado por el Superior Tribunal reviste plena autoridad por ser el razonable y el que mejor adecua a las circunstancias. En cambio, estimar como justa indemnización el precio de la cosa en plaza, conduciría al absurdo, puesto que el demandado, infractor, habría conseguido su propósito de importar el automotor y venderlo al precio de plaza a pesar de tratarse de una negociación no autorizada por cuanto aquél carecía de permiso de importación para introducir el vehículo al país.

VI. Con tales antecedentes, la indemnización, debe integrarse en el presente caso por el precio ofrecido por la expropiante, que es superior al de adquisición resultante de los testimonios de fs. 113/14 o sea por la suma de 1.485 dólares americanos, más la de 383,19 dólares de igual moneda por flete calculado y ofrecido, que también debe aceptarse por no haberse probado otro, todo lo que hace la suma de 1868 dólares, que al cambio de $ 13,985 por dólar vigente a la época de la desposesión, mayo 26 de 1955, hacen la suma de $ 26.126,64, a la que se deberá agregar m$n 195,30 por seguro, ofrecido por la actora, lo que concreta la cantidad de m$n 26.321,94, a la que se le sumará el 10 % de indemnización ofrecida ab initio por la actora, todo lo hace un total de m$n. 28.954,13, de la que se deberá restar m$n. 4.343,12 como depreciación por los implementos faltantes conforme al detalle de fs. 7.

Por todo lo expuesto, fallo: Haciendo lugar a la expropiación del automóvil objeto del presente juicio, de propiedad de Jorge José Ferrario, declarando transferido el dominio del mismo al Estado Nacional Argentino, mediante el pago de m$n 24.611,01 en concepto de única y total indemnización. Con costas en el orden causado.- Carlos E. González Bonorino.

2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 26 de 1960.

El doctor Bidau dijo:

La demandada ha planteado en este juicio la improcedencia de la expropiación que se intenta de su automóvil, en razón de que la actora, luego de obtener su posesión judicial, lo enajenó a un particular, por lo cual sostiene la nulidad del decreto que facultó al PE a expropiar, así como la inconstitucionalidad del mismo, por violar el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y como consecuencia de haberse dispuesto del automóvil en forma arbitraria.

Resulta de autos que el demandado formó parte del grupo de corredores que intervino en la 4º carrera Panamericana, disputada en Méjico en el año 1953 y, en enero de 1954, introdujo el coche por el Destacamento de Las Cuevas, al amparo de una libreta de Pasos por Aduana emitida por el Automóvil Club Argentino. Entregó el vehículo a un taller, donde quedó hasta el momento de la toma de posesión.

La nacionalización del automóvil era imposible, por carecer su dueño del correspondiente permiso de cambio y, además, informa la Aduana a fs. 206 que el referido carnet no es válido para la República Argentina. A raíz, pues, de hallarse en infracción, el coche quedó depositado en el referido taller a disposición del Sr. Director Nacional de Aduanas.

En análoga situación que el señor Ferrario se hallaban otros corredores y, como consecuencia de ello, el PE dictó el decreto 18.133, de 26 de octubre de 1954 que, fundándose en que la situación de dichos coches, alcanzados por el inconveniente cambiario referido, es la común de rezagos de todas las mercaderías que llegan del exterior sin permiso de importación y que la permanencia sin término de esas unidades en depósitos fiscales o a disposición de la Aduana constituye un factor antieconómico lesivo a los intereses de los importadores, declaró a dichos automóviles sujetos a expropiación, por estar comprendidos en la ley 12.830. El art. 3º del decreto agregó que el Ministerio de Comercio quedaba facultado para determinar los automóviles cuyo estado justificara la medida, debiendo los no incluidos en la nómina ser sometidos por la Aduana a los procedimientos comunes.

Según el informe suministrado a fs. 96 por la Procuración del Tesoro 15 coches quedaron sujetos al juicio de expropiación, como el del apelante. En cambio, se informa el Banco Central a fs. 101, otros 56 consiguieron permiso de cambio y, por tanto, pudieron introducirse legalmente a plaza, sin que resulte explicada la causa del desigual tratamiento.

Así las cosas, se inicia la presente demanda en mayo de 1955 y el 26 de ese mes se puso a la actora en posesión del vehículo y, con fecha 6 de julio del mismo año, el I.A.P.I. resulta vendiéndolo particularmente al Sr. Armando Núñez, por el precio de m$n 35.366,42. El respectivo contrato de compraventa está documentado a fs. 190 y resulta, por otra parte, tratarse de un coche Ford, modelo 1950. Nada explica esa adjudicación, fuera de la carta obrante a fs. 202, en la cual el Ayudante del entonces Presidente de la República solicita al Ministro de Comercio se adjudique el referido automóvil a dicho Sr. Núñez, carta que lleva fecha 11 de abril de 1955, es decir anterior a la iniciación del juicio y de la toma de posesión.

Expuestos así los antecedentes, nos encontramos con que el dueño de un automóvil comprado en el extranjero lo introduce a la República en infracción, puesto que no hay duda de que carecía del permiso correspondiente y, además, según la Aduana, el carnet de que se valió no era válido en nuestro país. El problema que se presenta es, entonces, si ese infractor puede ampararse en nuestras leyes para impedir que el automóvil le sea expropiado. Porque indudablemente que no parece admisible que una persona se valga de su propio proceder ilícito para obtener un beneficio y ello ocurriría en el caso, de admitirse la tesis en que siempre insiste el demandado, en el sentido de que, siendo su coche mercadería de rezago, lo que corresponde es intimarle a que lo devuelva al exterior y, si no lo hace, venderlo por la Aduana como corresponde con tal mercadería. Adviértase que, si se procediera en esa forma, el infractor resultaría cobrando el saldo de precio que quedara una vez satisfechos gastos e impuestos, pero es que ese precio sería probablemente el de plaza, puesto que el remate es al mejor postor. Quiere decir que podría correr, con muy buenas probabilidades de éxito, el albur de dejar que las cosas ocurran así, y cobrar un precio muy superior al pagado, debido a la escasez de automóviles en el país, a pesar de que no tiene derecho a introducirlo a plaza, por carecer de permiso de cambio. Obtendría así parejo beneficio económico que el que hubiera introducido un coche legalmente.

De acuerdo a lo expuesto, parece que uno debiera inclinarse a no favorecer la posibilidad de semejante maniobra; pero, ¿es admisible corregir el resultado de la misma mediante el procedimiento expropiatorio que sigue el Fisco? No lo creo así. Los hechos prohibidos por las leyes no pueden tener otras sanciones que las impuestas por las mismas, según principio resultante del art. 18 de la Constitución y 1066 del Código Civil. No se puede aplicar a un acto prohibido una pena distinta de la que prevé la ley. La expropiación tiene otra finalidad: transferir al Estado bienes de propiedad particular cuando una causa de utilidad pública lo justifique; pero no puede tener carácter punitivo con respecto a los hechos ocurridos antes del decreto o ley que decida la expropiación, como ya lo dije al emitir mi voto en la causa 4859: Gobierno c. Bemberg fallada en marzo de 1958.

Queda, pues, por examinar si, en alguna forma, resulta configurada en el caso de autos la utilidad pública. El decreto 18.133 hace mérito, según vimos, de la ley 12.830, cuyo art. 16 consagra la facultad expropiatoria con respecto a las mercaderías y productos comprendidos en dicha ley y su art. 1º da amplias facultades al Poder Ejecutivo para fijar precios máximos, sujetar a racionamiento o declarar crítico o escaso cualquier producto. De manera que se halla también facultado para decidir con fines vinculados con los intereses económicos de la Nación a expropiar mercaderías a efectos de hacer más conveniente o viable su negociación y admito que, en principio, estaría fuera de las facultades del Poder Judicial examinar si, en cada caso, el Ejecutivo procedió o no acertadamente. Se presenta análoga situación que con respecto al examen de la causal de utilidad pública aducida por el Congreso al dictar una ley tendiente a expropiar determinados bienes; pero ya dije en el mencionado caso de Bemberg que la regla no era absoluta y que no podía aplicarse cuando ni siquiera se explicaba cuál era la finalidad perseguida por la expropiación.

En el caso de autos, ya vimos que, so pretexto de combatir especulaciones o decidir sobre material escaso o crítico, el Gobierno se apoderó del automóvil de un particular para dárselo a otro. Pudiera aún sostenerse que, si ello obedeciera a una razonable necesidad industrial o comercial, fuera quizás admisible; pero cuando consta perfectamente en autos que la única explicación de que el coche se adjudicara a Núñez estriba en la recomendación del Presidente de la Nación, ya esos pretextos no pueden de ninguna manera aceptarse. Seria el caso a que se refiere el Dr. Bielsa, cuando dice que no se puede expropiar un bien para entregarlo a otra persona ("Derecho Constitucional", 2º ed., ps. 287 y siguientes).

Al fin y al cabo, la conducta del demandado tiene alguna explicación, si tenemos presente que, como vimos, un gran número de los competidores obtuvo el permiso de cambio que a él se le negó. Y, por otra parte, el rechazo de la expropiación no implicará la caducidad de las penas a que pueda quedar sometido por su o sus infracciones.

En definitiva, considero que la presente expropiación debe rechazarse, por estar comprobado que el Gobierno no destinó el bien a ninguna finalidad de beneficio público, que autorice la excepcional medida admitida por el art. 17 de la Constitución, sino que lo entregó a un particular. La aplicación al caso del decreto 18.133 aludido al principio resulta contraria a este texto constitucional.

Por ello, voto por la revocación de la sentencia apelada y el rechazo de la demanda, sin perjuicio de las medidas que puedan corresponder por las infracciones que haya cometido el demandado. Las costas de todo el juicio a cargo del actor.

Los doctores Ortiz Basualdo y Vocos adhirieron al voto que antecede.

Conforme al acuerdo precedente, se revoca la sentencia apelada, rechazándose la demanda, sin perjuicio de las medidas que puedan corresponder por las infracciones que haya cometido el demandado. Las costas de ambas instancias a cargo del actor.- José F. Bidau.- Francisco J. Vocos.- Eduardo A. Ortiz Basualdo.

Dictamen del Procurador General:

El recurso extraordinario es procedente por haberse cuestionado la validez de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y ser la decisión definitiva contraria a esa validez (art. 14, inc. 1º, de la ley 48).

En cuanto al fondo del asunto el Fisco Nacional actúa por intermedio del señor Procurador del Tesoro de la Nación, el que ya ha asumido ante V. E. la intervención que le corresponde (fs. 235).-Julio 27 de 1960.- Ramón Lascano.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1961.

Considerando: 1º) Que, como resulta de la sentencia impugnada, el demandado formó parte del grupo de corredores que intervino en la Cuarta Carrera Panamericana disputada en México durante el año 1953 y, con tal motivo, introdujo un automóvil -marca Ford Custom, modelo 1950- por el Destacamento de Las Cuevas, valiéndose al efecto tan sólo de una Libreta de Pasos de Aduana, emitida por el Automóvil Club Argentino. Ello supone que careció de permiso de cambio, lo que le impidió nacionalizar el vehículo. En las mismas condiciones se encontraban otros participantes de la aludida carrera, 56 de los cuales obtuvieron del Banco Central el otorgamiento de los respectivos permisos, que les permitieron introducir sus automóviles a plaza, en tanto que contra Ferrario y otros 14 corredores se resolvió promover juicio de expropiación con arreglo al régimen de los decs. 9459/50 y 19.514/50 y al de la ley 12.830 (véase decreto 18.183/54 cuya copia figura agregada a fs. 516), "sin que resulte explicada la causa del desigual tratamiento" (fs. 222 vta. y 223).

2º) Que, habiéndose iniciado la demanda el 12 de mayo de 1955 y tomado posesión el día 26 del mismo mes (fs. 9/10 y 12 vta.), está acreditado que, por resolución del Presidente del I.A.P.I. el automóvil a que se refiere el presente juicio fue adjudicado al Sr. Armando Núñez con fecha 5 de julio de 1955 (fs. 203), en consecuencia de lo cual al día siguiente se formalizó el respectivo contrato de compraventa, transfiriéndose la propiedad de la cosa al adjudicatario, previo pago de la suma de $ 35.366,42 m/n, fijada a título de precio (fs. 190).

3º) Que, a criterio de la Cámara, "nada explica esa adjudicación, fuera de la carta obrante a fs. 202, en la cual el Ayudante del entonces Presidente de la República solicita al Ministro de Comercio se adjudique el referido automóvil a dicho señor Núñez" (fs. 223). "La única explicación de que el coche se adjudicara a Núñez -dice el fallo- estriba en la recomendación del Presidente de la Nación" (fs. 224 vta.).

4º) Que este hecho aparece refirmado por el texto de la nota agregada a fs. 168, de la cual surge que el 12 de abril de 1955, antes de la iniciación de este juicio y de la referida resolución del I.A.P.I. el Sr. Núñez compareció ante el Presidente de la Comisión Mixta de Expropiación formulando manifestaciones con referencia al automóvil cuestionado, "cuya adjudicación a mi nombre -dijo- ha sido efectuada por la Presidencia de la Nación". A lo que ha de añadirse, todavía, la mención del memorándum inserto a fs. 183, mediante el cual, el 19 de mayo de 1955, se informó al Ministro de Comercio que, "según nota de fecha 11 de abril de 1955 del Mayor Máximo Renner, le fue adjudicado al señor Armando Núñez un automóvil marca Ford Custom, modelo 1950, motor B.O.C.H. 186.041".

5º) Que el pronunciamiento del tribunal a quo respecto de las circunstancias relacionadas en los tres primeros considerandos debe considerarse insusceptible de revisión en la instancia extraordinaria, toda vez que versa sobre cuestiones de hecho y prueba con relación a las cuales no se ha formulado impugnación de arbitrariedad.

6º) Que el punto fundamental sometido a juzgamiento de esta Corte consiste en decidir si, habida cuenta de las circunstancias preindicadas, cabe o no mantener el fallo de fs. 222/225, que rechazó la demanda expropiatoria promovida por el Estado Nacional basándose en el aserto de que ha mediado violación del art. 17 de la Constitución, dado que la cosa fue expropiada para entregarla a un particular sin más propósito que el de beneficiarlo patrimonialmente.

7º) Que, entrando ya al fondo del asunto, es conveniente recordar que ninguna expropiación debe ser practicada, por claro imperativo constitucional (art. 17), si no responde a una causa de utilidad pública, calificada por ley. Y cualquiera fuese la opinión sobre las facultades de los jueces para examinar si dicha causa concurre, materia en que cada uno de los infrascriptos se remite a opiniones vertidas con anterioridad, es indiscutible que esas facultades existen en causas de gravedad o arbitrariedad extremas (Fallos: 204: 310; 209: 390 y otros). Así acontece, verbigracia, cuando resulta claro y manifiesto que el Estado, so color del ejercicio del poder expropiatorio, lo que realmente hace es quitar a una persona la cosa de que es propietaria para dársela a otra, en su exclusivo provecho patrimonial, como dádiva, es decir, sin beneficio público alguno. Toda vez que esto acontezca, los jueces, ante quienes el hecho haya sido invocado a título de defensa, deben pronunciarse sobre el punto y -en su caso-rechazar la acción expropiatoria.

8º) Que ello es así no sólo cuando el fin de exclusivo lucro privado surge, palmariamente, de la ley que dispuso la expropiación (Fallos: 33: 152, considerando 5º; Fallos : 210: 115), especialmente el pronunciamiento de la Cámara Federal a que se remite la Corte), sino también cuando el desafuero sub examine resulta del acto posterior mediante el cual la Administración Pública dio destino concreto a la cosa expropiada. Refiriéndose a esta segunda posibilidad, los tribunales de Estados Unidos, país donde existen normas que guardan semejanza con las del derecho argentino, tienen resuelto que "la necesidad de que el uso de la cosa expropiada debe ser público excluye la idea de que la propiedad puede expropiarse bajo la apariencia de un uso público y sea finalmente destinada y consagrada a un mero uso privado" (Corpus Juris Secundum, ed. 1941, vol. 29, p. 818). Siempre que este último y anómalo hecho suceda antes de haberse iniciado el juicio expropiatorio, o durante la sustanciación de él, y sea debidamente probado, el rechazo de la acción deducida se impondrá también a los jueces como un deber inexcusable.

9º) Que esta conclusión, cuya importancia es obvia en la emergencia, deriva de múltiples y esenciales razones, entre las que cabe mencionar las siguientes:

a) Ante todo, la exigencia de que la expropiación responda a una causa de utilidad pública, represente, desde el punto de vista de los particulares, una garantía constitucional establecida en resguardo de la propiedad privada (Fallos: 191: 424). Esa garantía supone que la propiedad "sólo mediante la indemnización previa y por causa de utilidad pública puede extinguirse para su titular" (Fallos: 238: 335, p. 351, in fine). De modo que si los jueces de una causa expropiatoria comprueban que la utilidad pública no existe o ha sido desconocida por la Administración, y se hallan habilitados para declararlo así -en razón de que media alguno de los supuestos de gravedad o arbitrariedad extrema aludidos en el considerando 7º-, están obligados a desempeñar la primera y más elemental de las funciones que les incumben, esto es, la que consiste en proteger las garantías constitucionales declarando la invalidez de los actos del Estado que pretenden vulnerarlas.

b) Por lo demás, de acuerdo con la doctrina de esta Corte, la expropiación incluye una etapa judicial que la integra. Dentro de esa etapa, se fija y consigna o entrega el resarcimiento (Fallos: 151: 82; 187: 24, entre otros) y se declara la transferencia de la propiedad. Dicho de otro modo, la expropiación se perfecciona siempre con intervención de los jueces. Y va de suyo que nunca podría ser lícito para éstos contribuir al perfeccionamiento de una expropiación, si, antes de la sentencia que les toca dictar se les demuestra, de manera fehaciente, la comisión de un hecho -entrega de la cosa a otro particular, como dádiva- que, en cuanto transgrede una restricción constitucional impuesta al expropiador (Fallos: 191: 424, p. 437), vicia e invalida las pretensiones de éste y obliga descalificarlas judicialmente.

c) Por último, nadie duda de que la expropiación fue establecida por el legislador constituyente con el carácter de un procedimiento extraordinario destinado a posibilitar el logro de fines de utilidad pública o mejoramiento social. Sólo cuando estos grandes fines están en juego es admisible que la propiedad privada ceda o se extinga; y no, ciertamente, cuando lo único que concurre es el don o la gracia que los poderes políticos quieren practicar en provecho de quienes les son adictos. Admitir lo contrario, es decir, aceptar que se quite a alguien lo que otro recibirá sin más razón que la de gozar del favor oficial, significaría tanto como atribuir al Estado potestades despóticas, inconciliables con nuestro ordenamiento jurídico: la inviolabilidad de que habla el art. 17 dejaría de existir y la propiedad privada resultaría ser nada más que una institución desmedrada e indefensa, fácilmente allanable por la voluntad arbitraria, el designio persecutorio o el favoritismo de los gobernantes.

10) Que, conforme a lo dicho, procede declarar que la sentencia de fs. 222/225 se ajusta a derecho. En efecto, la Cámara a quo ha resuelto, irrevisablemente, que la expropiación de que aquí se trata fue realizada en exclusivo beneficio de un particular, el Sr. Armando Núñez. A esta persona se le adjudicó el automóvil cuestionado en menos de la quinta parte de su "precio de mercado", como surge del informe pericial de fs. 51 vta., donde está dicho que ese "precio" era el de m$n. 184.316.35 hacia el mes de mayo de 1955, en tanto que el pagado por Núñez en julio de ese mismo año, merced a la adjudicación discrecional del I. A. P. I., ascendió a m$n. 35.366,42 (fs. 190). Vale decir que "en el caso... so pretexto de combatir especulaciones o decidir sobre material escaso o crítico, el Gobierno se apoderó del automóvil de un particular para dárselo a otro", y lo hizo sin la menor intención de promover o satisfacer el interés público, pues "consta perfectamente en autos que la única explicación de que el coche se adjudicara a Núñez estriba en la recomendación del Presidente de la Nación" (voto del Dr. Bidau, fs. 223 y 224 vta.).

11) Que, en atención a esos hechos y de conformidad con la doctrina desenvuelta en los considerandos precedentes, es indudable la violación del art. 17 y de la garantía constitucional, tuitiva de la propiedad privada, que el demandado ha podido invocar en la especie. Esa violación constituye el aspecto central del caso, muestra la ilegítima significación de la conducta observada por los órganos estatales intervinientes y, sin duda, tiene entidad bastante para decidir el pronunciamiento a dictarse, que no podrá ser sino el requerido por la imperiosa necesidad de preservar los bienes y principios constitucionales afectados.

12) Que, por tanto, el fallo de la Cámara debe ser confirmado. Y corresponde declarar que, con ello, la relación jurídica y la situación de las partes vuelven a ser las mismas que existían al tiempo de promoverse la demanda, sin que la solución adoptada permita excesos del actor ni del demandado en esta causa. El Estado hállase facultado para ejercer las atribuciones que las normas legales o reglamentarias pertinentes le atribuyen contra toda persona que haya importado mercaderías sin permiso de cambio en infracción al régimen aduanero. Y, a su turno, el demandado tiene ante sí el límite derivado del principio según el cual quien incurra en la mencionada infracción no podrá obtener lucro ilegítimo ni gozar de privilegio por haber transgredido una prohibición del poder administrador (doctrina de Fallos : 244: 499, considerando 7º y sus citas).

En su mérito, habiendo dictaminado el Sr. Procurador General, se confirma la sentencia de fs. 222/225, en cuanto ha sido materia del recurso extraordinario.- Benjamín Villegas Basavilbaso.- Aristóbulo D. Aráoz de Lamadrid.- Luis M. Boffi Boggero.- Julio Oyhanarte.