Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-09


SENT Nº 545 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Nueve (09) de Agosto de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por codemandada Citrusvil S.A. en autos: ?Villafañe Ángel Placido y otro vs. Las Pirguas S.R.L. y otro s/ Cobro de pesos?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1. Contra la sentencia de la Sala I de la Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción de fecha 29 de septiembre de 2009 (fs. 910/924), la codemandada Citrusvil S.A. interpone recurso de casación que fue concedido por resolución del 04/11/2010 (fs. 1005). Según informe actuarial de fs. 1014, ninguna de las partes ha presentado el memorial previsto en el art. 137 del CPT.

2. La sentencia rechazó la excepción de prescripción opuesta por Citrusvil S.A., hizo lugar a la demanda y condenó solidariamente a las demandadas a pagar a los actores la suma de $132.784,06 en concepto de indemnización por despido, sustitutiva de preaviso, salarios caídos, indemnizaciones art. 16 ley 25.561, art. 2 ley 25.323 y art. 80 LCT, impuso las costas y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

Señaló la Cámara que eran hechos admitidos y, por ende, exentos de prueba: 1) la existencia de la relación jurídica de subordinación que vinculó a los actores con la demandada Las Pirguas S.R.L.; 2) las tareas como personal de temporada desarrolladas por los actores (cosecha de limón) con categoría de ?peones cosecheros?; 3) que la firma Las Pirguas S.R.L. era contratista de la codemandada Citrusvil S.A.; como así también que no habían sido negadas las tareas de cosecha y empaque de citrus que desarrollaban los actores. Consideró encuadrada normativamente la relación jurídica sustancial dentro del régimen de la LCT y del CCT nº 271/96.

El fallo desestimó el planteo de prescripción efectuado por la codemandada con fundamento en lo dispuesto por los arts. 256 LCT y 3986, 2º párrafo del Cód. Civil.

Respecto de la extinción de los vínculos laborales, la Cámara sostuvo que no existía controversia alguna sobre el desempeño de los actores como trabajadores de temporada y que el tema central se enmarca dentro de lo preceptuado por el art. 98 LCT que rige el comportamiento de las partes a la época del reinicio del contrato de trabajo de temporada.

Consideró que la empleadora no acreditó el cumplimiento del deber de notificar a los actores sobre su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior, y que los actores habían demostrado que se pusieron a disposición de la empresa para realizar tareas de cosecha en el año 2005.

Descartó el Tribunal que la conducta de las partes pudiera ser encuadrada en las disposiciones del art. 241 LCT -extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente- como pretendía la codemandada y decidió ?tener por acreditada la existencia tanto del despido indirecto dispuesto por los actores y comunicado el 25/8/2005, como así también la causal invocada (incumplimiento con la obligación de proporcionar tareas habituales de temporada).

La Cámara juzgó cumplidos los presupuestos del art. 30 LCT respecto de la codemandada Citrusvil S.A. y declaró solidariamente responsables a las demandadas por el pago de los diversos rubros reconocidos.

El Tribunal dispuso que la remuneración con la cual deberían liquidarse la indemnización por antigüedad y sustitutiva de preaviso era el básico fijado para la actividad al momento del despido (conf. arts. 112 y 149, LCT).

En puntual referencia a los salarios caídos (3 días de julio y 25 días de agosto de 2005), consideró que ?es lícito presumir que desde el mes de marzo del año 2005 los trabajadores estaban a disposición de la empleadora, debiendo esta última imponer a los actores de su situación laboral, cosa que no hizo?, incorporando por el contrario una incertidumbre inaceptable que justifica acabadamente la petición actoral de salarios caídos?.

El Tribunal consideró que era procedente el incremento previsto por el art. 2 de la ley 25.323, pues los actores requirieron en forma fehaciente a su empleador el pago de las indemnizaciones por antigüedad y preaviso (ver fotocopias de fs. 5, 12, 17, 31, 46, 53, 60, 66, 74, 83, 96, 104, 112, 121) y tuvieron que iniciar el trámite de las presentes actuaciones para hacerse de sus acreencias. Asimismo juzgó procedente la indemnización del art. 16 de la ley 25.561.

Rechazó la indemnización del art. 132 bis LCT con fundamento en que no estaba probado el incumplimiento a la obligación legal impuesta al empleador, sumado al hecho que no había sido incluido en la planilla de rubros.

En relación a la indemnización del art. 45 ley 23.345, la sentencia expresó que ?en el caso los demandados no han cumplido con la obligación legal, ello surge de la documental aportada a la causa y del silencio en que incurren las accionadas ante las intimaciones actorales, por lo que no encontrándose acreditado que el accionado hubiera hecho entrega de la certificación, siendo ello una obligación a su cargo, la reparación prevista por el art. 80 último párrafo deviene admisible?.

Por último, el Tribunal rechazó el planteo de pluspetición inexcusable formulado por la codemandada. 3. Afirma la recurrente que en el caso existe una violación a normas de derecho, los arts. 80, 95, 97 y 98 de la LCT, decreto reglamentario 146/01, arts. 16, 17 y 18 CN, 33, 34, 40, 264, 265 y 108 del CPCyC y 61, 85 CPT.

Refiere que los actores eran trabajadores temporarios que prestaron tareas para su empleadora Las Pirguas S.R.L. -cuyos servicios de cosecha contrató su parte hasta la campaña 2004-, no habiendo retomado tareas en la siguiente campaña 2005, dándose por despedidos en fecha 25/8/05.

Agrega que al contestar la demanda, manifestó que en el año 2005 los actores no se presentaron a trabajar al inicio de la temporada a pesar de haber estado debidamente notificados, intimando tareas cuando estaba finalizando la misma, más aún, cuando estaban trabajando para otro empleador, evidenciando su mala fe.

Alega que la sentencia recurrida es nula por ser arbitraria, quebrantar la lógica y la sana crítica, cayendo en la absurdidad en la valoración de la prueba, incluso omitiendo expedirse sobre cuestiones debidamente planteadas como la reserva de prueba testimonial efectuada por su parte a fs. 850/854, prueba que es conducente y pertinente para la resolución del presente litigio, violando con ello el debido proceso, igualdad ante la ley, derecho de defensa en juicio, garantías de neto corte constitucional (arts. 16, 17 y 18 de la CN) y el principio de congruencia.

Sostiene la codemandada que la sentencia recurrida viola el principio de congruencia al existir contradicción en los considerandos de la misma, en la planilla discriminatoria de rubros que proceden y, consecuentemente, en su parte resolutiva, lo que lleva a que sea incierta la fecha en que se extinguió el contrato de trabajo y cuál fue la causal de extinción del mismo (falta de publicación u omisión en el otorgamiento de tareas).

Explica que el Tribunal analizó los términos del art. 98 de la LCT y sostuvo que la comunicación que dicha norma prevé es de fundamental importancia al punto tal que si el empleador no la realiza se debe considerar rescindido unilateralmente el contrato, resultando el mismo responsable del pago de las indemnizaciones que acarrea tal extinción, y que los términos taxativos de la redacción de la regla tornan innecesario que el trabajador se considere indirectamente despedido.

Añade que, no obstante que la Cámara concluyó en que tal publicación no se realizó produciéndose los efectos estipulados en el último párrafo del art. 98, es decir la extinción del contrato de trabajo por culpa del empleador, luego aseveró que la extinción se produjo por despido indirecto dispuesto por los actores y comunicado el 25/08/2005, por incumplimiento de la obligación de proporcionar tareas de temporada.

Entiende que la vulneración del principio de congruencia surge clara ya que por un lado dice que la extinción del contrato de trabajo se produjo por la falta de publicación, extinción ésta que se perfecciona de pleno derecho en la época en que la misma debería haberse realizado y, por otro lado, prolonga la relación laboral hasta la remisión de la carta de despido indirecto en fecha 25/08/2005, con lo que transgrede el derecho de propiedad de su parte ya que ordena pagar salarios caídos hasta agosto de 2005 cuando supuestamente la relación quedó extinguida en febrero de ese año por inobservancia del art. 98 LCT.

Asimismo, se agravia porque la sentencia impugnada dio por cumplimentada la puesta a disposición de la fuerza de trabajo de los actores para Las Pirguas SRL basada en la remisión de los telegramas laborales, hecho realizado fuera de término si se tiene en cuenta que la extinción se produjo, según el fallo, mucho tiempo atrás, lo que lleva a aseverar que tal intimación de tareas resulta extemporánea.

Respecto de la responsabilidad solidaria de su parte, la recurrente sostiene que la sentencia es arbitraria ya que se aparta de las pruebas producidas en autos sin fundamento atendible. Explica que la Cámara afirmó que su parte no cumplió con sus obligaciones laborales y previsionales con respecto a cada actor por la sencilla razón de no haber otorgado ocupación efectiva cuando en realidad, según el Tribunal, la relación se extinguió por falta de comunicación fehaciente al inicio de la temporada; por ello se pregunta de qué ocupación efectiva se está hablando si al momento de remitir los telegramas laborales el contrato se encontraba extinguido. También cuestiona que el fallo haya considerado que los instrumentos acompañados por su parte eran copias simples cuando la perito tuvo la oportunidad de cotejar la documentación de la empresa, de donde surgió la conclusión del cumplimiento cabal de las obligaciones impuestas por ley.

Destaca que al contestar la demanda puso a disposición del juzgado la documentación laboral y contable en cumplimiento del art. 61 del CPT, documentación que cotejó la perito para la evacuación de su dictamen. Se agravia de que la sentencia calcula la indemnización por antigüedad y preaviso teniendo en cuenta el salario básico de convenio vigente al momento de proceder al despido indirecto, o sea el 25/08/2005, cuando en realidad el contrato se extinguió a principios del año 2005 por incumplimiento del art. 98 de la LCT. Sostiene que se tiene que tomar el salario básico de convenio que estuvo vigente en la temporada anterior (2004), conforme art. 245 LCT ya que el contrato se extinguió -según el fallo- por imperio de la ley en febrero de 2005.

Señala que la sentencia en recurso la condena a abonar salarios caídos a pesar de que los actores no prestaron servicios en la temporada del año 2005. En este sentido, denuncia la infracción del art. 97 de la LCT y la doctrina legal de esta Corte recaída en los autos caratulados ?Flores, Antonio Nicolás y otros vs. Las Pirguas SRL y otros S/ Cobro de pesos?, sentencia del 02/03/2010.

Añade que la condena además a pagar la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 en abierta violación a dicha norma ya que tal penalidad es aplicable estrictamente al empleador directo, no siendo extensible al responsable solidario.

Expresa que los actores emplazaron recién en el mes de julio de 2005, por lo que es plenamente aplicable la jurisprudencia que consideró que cabe rechazar la indemnización del art. 2, ley 25.323 si el trabajador no cursó emplazamiento alguno hasta pasados 6 meses desde la iniciación de la temporada toda vez que el empleador pudo entender disuelto el vínculo por voluntad concurrente y, por ende, que el trabajador no tenía derecho a indemnización alguna.

Sostiene que la sentencia la condena a abonar la indemnización del art. 80 LCT a pesar de que no medió el requerimiento previo que exige dicha norma, siendo falso que los telegramas contengan el requerimiento exigido pues los mismos se limitan a intimar el pago de las indemnizaciones de ley y a la entrega del certificado de trabajo, no cumplimentándose con la normativa del decreto reglamentario 146/01.

Alega que la sentencia es arbitraria pues no se corresponde con las constancias de la causa que cita en apoyo de su conclusión; asimismo que la indemnización es improcedente porque la obligación de entregar las certificaciones a que alude el art. 80 de la LCT le incumbe exclusivamente al empleador, no así al responsable solidario que carece de los elementos de juicio para hacerlo.

Reitera que ofreció a fs. 580 prueba testimonial pero que los testigos no asistieron a pesar de haber diligenciado los oficios en tiempo y forma; que solicitó ampliación del plazo para su producción lo que no fue concedido, por lo que realizó reserva de prueba, la que fue decretada en tiempo y forma; y que, no obstante ello y en flagrante violación al art. 85 del CPT, la sentencia atacada cae en arbitrariedad ya que no menciona nada con respecto a este tema.

Alega que la sentencia viola el derecho de defensa en juicio teniendo en cuenta la relevancia para la resolución del litigio en beneficio de su parte.

Finalmente asevera que la sentencia infringe el art. 108 del CPCyC ya que impone las costas a su parte, omitiendo valorar la parte de la demanda que se rechaza, es decir, la existencia de vencimientos recíprocos. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y propone doctrina legal.

4. El recurso fue deducido tempestivamente, se dirige a impugnar una sentencia definitiva, se invoca la infracción de normas de derecho y la doctrina de la arbitrariedad, y se ha cumplido con el afianzamiento a fs. 981/988 (conf. arts. 130/133 CPT). Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia de la vía extraordinaria local intentada.

5. Razones metodológicas imponen examinar en primer término el planteo vinculado al déficit en que habría incurrido el Tribunal con relación a la prueba testimonial -cuaderno de prueba de la codemandada nº 17- al omitir pronunciarse sobre la reserva efectuada por la codemandada en los términos del art. 84 del CPT.

Corresponde señalar que la recurrente ofreció prueba testimonial (fs. 850), la que fue aceptada por el Juez de Conciliación y Trámite del Trabajo de la II Nominación del Centro Judicial de Concepción y los testigos fueron citados para el día 30/10/2007 a hs. 9, ?bajo apercibimiento de ser conducidos con el auxilio de la fuerza pública en caso de incomparendo injustificado? (proveído del 02/10/2007, fs. 852).

Ante la incomparecencia de los testigos, la oferente solicitó que ?se fije nueva fecha de audiencia citándose a los testigos propuestos en sus domicilios reales bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública? (fs. 857).

El juez fijó una nueva audiencia para el 13/11/2007 a hs. 9 y dispuso que se notifique a los testigos ?haciéndoseles saber que en caso de una nueva incomparencia, serán conducidos con el auxilio de la fuerza pública? (providencia del 31/10/2007, fs. 858). Dado que los testigos no asistieron a la audiencia, la codemandada solicitó que se fije nueva fecha y la ?ampliación del plazo probatorio en virtud de lo preceptuado por el art. 316 ?actual art. 310- del CPCCT supletorio al fuero? (fs. 865). E l juez no hizo lugar a la solicitud de nueva audiencia ni a la ampliación del plazo ?atento a la proximidad del vencimiento del término probatorio, lo que implica, ante la eventualidad de la fijación de una nueva audiencia, la imposibilidad de realizar las notificaciones de ley con la debida antelación? (providencia del 15/11/2007, fs. 866).

Frente al rechazo de su petición, la codemandada formuló reserva ?de acuerdo a lo normado por el art. 84 y concordantes del CPT a fin de que la Excma. Cámara Laboral la diligencie al momento de recibir los autos para dictar sentencia definitiva? (fs. 867).

El juez dispuso ?téngase presente la reserva que formula para ser considerada, en su oportunidad, por el órgano jurisdiccional sentenciante? (proveído del 21/11/207, fs. 867 vuelta).

De conformidad al art. 367 in fine del CPCyC aplicable supletoriamente en virtud de lo dispuesto por el art. 86 del CPT, ?en caso de incomparecencia del citado, y sin que acredite motivo justificado, se le aplicará una multa, que no podrá exceder al equivalente de cinco (5) consultas escritas de abogado, con destino a las bibliotecas del Poder Judicial, y se fijará una nueva audiencia, a la cual será conducido con auxilio de la fuerza pública, debiéndose mantenerlo en arresto hasta ser examinado?.

En el caso, como antes se reseñó, la parte que ofreció la prueba testimonial no solicitó la fijación de nueva audiencia y que los testigos sean conducidos con auxilio de la fuerza pública; tampoco el Juez de Conciliación y Trámite convocó a la nueva audiencia en los términos de la norma citada; se limitó a reiterar el apercibimiento contenido en la anterior convocatoria al disponer que se notifique a los testigos ?haciéndoseles saber que en caso de una nueva incomparencia, serán conducidos con el auxilio de la fuerza pública? (providencia del 31/10/2007, fs. 858); y la codemandada no cuestionó dicha providencia; en cambio, solicitó ampliación del plazo probatorio en los términos del art. 316 -hoy art. 310 CPCyC- para la recepción de las declaraciones testimoniales (fs. 865), lo que le fue denegado.

El trámite que prescribe el art. 310 del CPCyC supone un proceso con doble instancia, según surge del propio texto de la referida norma ?la prueba deberá ser producida dentro del plazo probatorio, bajo pena de nulidad, pero, si por razones no imputables al presentante, no le hubiera sido posible producirla, el juez mandará recibirla antes de alegar de bien probado. El rechazo de la petición no dará lugar al recurso de apelación, pero la parte interesada podrá replantear la cuestión en la alzada?.

A diferencia de dicho trámite, en el proceso laboral de única instancia ?la prueba deberá ser producida dentro del término probatorio, pudiendo sin embargo el juez disponer su recepción aún vencido el mismo, si la considera necesaria para el esclarecimiento de la verdad material? (conf. art. 79 CPT). Y, la reserva de prueba está prevista para los supuestos en que a la parte ?se le hubiera denegado la admisión o agregación de alguna prueba? (art. 84 CPT).

La solicitud ?será resuelta en su oportunidad por la sala que corresponda sin trámite alguno. Si la resolución fuere denegatoria se resolverá en la sentencia definitiva. Si la resolución fuera favorable a la producción de la prueba, en el mismo acto se fijará un plazo a este efecto, vencido el cual y cumplidas las vistas que correspondan, el expediente pasará a resolución sin más trámite? (art. 85 CPT).

En el marco de las disposiciones procesales citadas se aprecia que en el presente caso, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, no existe omisión de pronunciamiento por parte del Tribunal.

En el proceso laboral, la producción de prueba vencido el plazo probatorio es decidida por el Juez de Conciliación y Trámite del Trabajo, que debe ponderar si la prueba es necesaria -o no- para el esclarecimiento de la verdad material (conf. art. 79 CPT).

Y, el trámite de reserva ante la Cámara es el previsto en los arts. 84 y 85 del CPT y sólo procede en los supuestos en que se hubiera denegado la admisión o la agregación de alguna prueba los que no se verifican en el caso de autos en el que la recurrente pretende la producción de un medio de prueba -testimonial- vencido el plazo probatorio.

Precisamente, esta Corte ha dicho que ?la reserva prevista en el citado artículo, solo prevé dos supuestos: 1) denegación y 2) agregación de prueba; mas no, aquella que fue aceptada y no producida en la etapa procedimental correspondiente? (CSJT, ?Pedroza Avellaneda, Germán Exequiel vs. Big Match S.A. s/ Cobro de pesos?, sentencia nº 375 del 26/5/2010).

Conforme a lo antes expuesto se concluye en que el Tribunal no ha incurrido en la omisión en el pronunciamiento denunciada y, por ende, el planteo debe ser rechazado.

5.1. La recurrente cuestiona la valoración de las pruebas realizada por el Tribunal, conforme a la cual concluyó en la responsabilidad solidaria de su parte, en los términos del art. 30 LCT. Apunta que la sentencia habría omitido considerar elementos probatorios que demuestran su cumplimiento con las obligaciones que la referida norma pone a su cargo, tales la prueba instrumental y la pericial contable.

La Cámara señaló que ?en la litis se encuentra probado con la documentación acompañada por las demandadas, el carácter de contratista de la firma Las Pirguas S.R.L.? y que los actores prestaban servicios recolectando limones en las fincas de Citrusvil S.A.? Sostuvo que ?la actividad citrícola cuenta, entre sus pasos de producción, la imprescindible tarea de recolección (o cosecha) de la fruta o fruto, lo cual puede ocurrir, como en el caso, con la intervención programada de varios empresarios empleadores, en otras palabras, el producto que se vuelca en el mercado ha requerido la participación de otros empresarios o empresas que concurren a la realización de tramos parciales de la producción, en definitiva estamos en presencia de un empleador de una actividad coadyuvante o complementaria de la actividad principal, este carácter de complementario o coadyuvante es lo que se exige cuando se habla de 'la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa' que expresa el art. 6 de la LCT?.

Asimismo, destacó que el art. 30 de la LCT ?consagra una responsabilidad del principal de controlar si se cumplen las obligaciones de trabajo y seguridad social que tienen cesionarios, contratistas, subcontratistas con respecto a cada uno de sus trabajadores?extremo de control que no acredita haber cumplido la codemandada en autos??.

Consideró el Tribunal que los instrumentos acompañados por la codemandada ?solo aluden al cumplimiento de obligaciones de la seguridad social y entre las obligaciones del contrato de trabajo al pago de la remuneración, más no la relativa al deber de ocupación que en el presente caso, como ya se analizó precedentemente, fue incumplida por Las Pirguas SRL, por lo que consecuentemente existió un tácito incumplimiento por parte de la contratante de controlar la observancia de tal obligación por parte de la contratista; conclusión esta que se refuerza con lo afirmado por la perito contadora a fs. 485 (ver respuesta aclaratoria, punto II)?.

Como se advierte, el Tribunal no omitió analizar la documentación acompañada por la codemandada. No obstante las observaciones formuladas en torno al carácter de copias simples, la Cámara valoró la referida instrumental, interpretando que no acreditaba que la recurrente había controlado el cumplimiento del deber de ocupación, a su turno, incumplido por Las Pirguas SRL.

El pronunciamiento también puso de relieve que ?tratándose los actores de obreros de temporada la obligación del principal, al que alude la norma antes citada, no se agota con la finalización de la temporada sino que perdura en el tiempo, es decir mientras esté vigente el contrato de trabajo, no debiéndose olvidar que los trabajadores de temporada no son otra cosa que trabajadores permanentes con prestación discontinua?.

El planteo se ciñe a denunciar la supuesta omisión del Tribunal la que, como se dijo, no se observa, además de siquiera intentar demostrar la idoneidad probatoria de la documentación adjuntada para acreditar haber cumplido el deber a su cargo impuesto por el art. 30 LCT.

Idéntica consideración cabe efectuar a la crítica referida a la pericial contable. Se limita a sostener que la perito contadora cotejó la documentación de la empresa y concluyó en que su parte había dado cumplimiento cabal con las obligaciones a su cargo; empero no explica de qué manera tales instrumentos -consistentes en fotocopias simples de recibos de sueldo, planilla de liquidación de sueldos, declaraciones juradas y recibos de pagos de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social- acreditarían el cumplimiento de la antes referida obligación de hacer, consistente en el deber de dar ocupación que el fallo tuvo por incumplido por Las Pirguas SRL y, por ende, que ?existió un tácito incumplimiento por parte de la contratante de controlar la observancia de tal obligación por parte de la contratista?.

En este sentido, la recurrente no logra demostrar la incidencia que los referidos instrumentos obrantes a fs. 207/354 y 408, y el dictamen pericial contable sustancialmente basado en tales documentos, tendrían para acreditar que controló la observancia del deber de ocupación por parte de la empleadora directa.

No cabe perder de vista -como señala el Tribunal- que la perito contadora dictaminó que ?con respecto al control de la citación a la incorporación de la temporada por parte de Las Pirguas SRL, el mismo no se cumplimentó para la temporada 2005, debido a que la empresa Las Pirguas SRL no notificó a los trabajadores del comienzo de la temporada? (fs. 485).

5.2 De otra parte, la recurrente denuncia la infracción de las disposiciones de los arts. 98, 97 y 95 de la LCT que regulan el contrato de trabajo de temporada. Alega que la sentencia impugnada vulnera el principio de congruencia ya que por un lado dice que la extinción del contrato de trabajo se produjo por la falta de publicación y se perfeccionó de pleno derecho en la época en que la misma debería haberse realizado y, por otro lado, prolonga la relación laboral hasta la remisión de la carta de despido indirecto en fecha 25/08/2005, con lo que transgrede lo dispuesto por el art. 97 LCT y afecta el derecho de propiedad de su parte ya que ordena pagar salarios caídos hasta agosto de 2005 cuando supuestamente la relación quedó extinguida en febrero de ese año por inobservancia del art. 98 LCT.

En lo pertinente, la Cámara consideró que ?el tema central se enmarca dentro de lo preceptuado por el art. 98 LCT que rige el comportamiento de las partes a la época del reinicio del contrato de trabajo de temporada?.

Afirmó que ?del plexo probatorio desplegado en orden a su pertinencia y admisibilidad (arts. 40, 306, 308, 273 inc. 4 del CPCyC, supletorio) surgía que la demandada no dio cumplimiento con lo dispuesto por el art. 98 LCT?; que ?el empleador deberá notificar su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior, dicha notificación deberá ser efectuada en debida forma, contener la fecha de inicio de la temporada y ser efectuada en tiempo oportuno o sea con una antelación no menor a 30 (treinta) días respecto del inicio de cada temporada.

En el esquema legal actual, el cumplimiento de esta comunicación resulta de fundamental importancia, a punto tal que si el empleador no la realiza, se debe considerar rescindido unilateralmente el contrato, resultando el mismo responsable del pago de las indemnizaciones que acarrea esta extinción?.

Concluyó en que ?el empleador no demostró haber cumplido con el deber de notificar a los actores sobre su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior, tal como lo requiere el art. 98 LCT; inobservancia que por sí sola acarrea un incumplimiento que justifica la extinción del vínculo laboral? (fs. 916 y vuelta).

Seguidamente, el Tribunal analizó la conducta de los actores. Sostuvo que estos ?debían acreditar que se pusieron a disposición de la empresa para realizar tareas de cosecha en el año 2005, lo que se verifica cumplimentado? y que no modificaba tal apreciación ?el hecho de que los trabajadores actores no acreditaran que manifestaron dentro del plazo de cinco días su voluntad de reproducir la relación laboral, ello por cuanto la convocatoria patronal era insuficiente por las razones antes consideradas.

Idéntica conclusión cabe frente a la demostrada circunstancia de que los actores prestaron servicios para las empresas Personal Rural S.R.L. durante mayo 2005 y Cosecha Rural en el período junio-octubre/2005? por cuanto dada la falta de convocatoria nada impedía que se vincularan laboralmente con otro empleador; sobre todo si se considera que no constituye un hecho controvertido y que incluso la codemandada en su planteo de excepción de prescripción expresamente reconoce que la temporada de cosecha de limón comienza en marzo de cada año (ver fs. 177), por lo que a mayo de 2005 ya habían transcurrido tres meses de espera de otorgamiento de tareas y consecuentemente del incumplimiento de su obligación en tal sentido por parte de la empleadora?.

También consideró que ?la demandada no solo no cumplió con la convocatoria a los actores en los términos del art. 98 LCT, sino que ante las intimaciones actorales en abierta violación al principio de buena fe manifestó que fueron aquellos los que no se presentaron a trabajar al comienzo de la temporada, esto confirma la legitimidad de los despidos indirectos impuestos por los trabajadores, aunque con cierta tardanza, manifestaron su voluntad de renovar el vínculo laboral, lo que descalifica el accionar empresario, apoyado en una aplicación rígida del art. 98 de la Ley de Contrato de Trabajo?.

El fallo impugnado tuvo ?por acreditada la existencia tanto del despido indirecto dispuesto por los actores y comunicado el 25/8/05, como así también la causal invocada (incumplimiento con la obligación de proporcionar tareas habituales de temporada).

En consecuencia, ante los incumplimientos de la empleadora a sus obligaciones de garantizar ocupación efectiva (art. 78 LCT) impuesto por la buena fe contractual (art. 63 LCT), corresponde tener por justificado los distractos, lo que torna procedente las indemnizaciones de ley (arts. 98, 242, 245, 57, 63 y cc de la LCT).

Confrontados el recurso con la argumentación sentencial y los antecedentes del caso, se advierte que le asiste razón a la codemandada. Habiendo concluido la Cámara que la empleadora Las Pirguas SRL no notificó a los actores sobre su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior, tal como lo requiere el art. 98 LCT, en el sublite, ninguna relevancia tenía el hecho de que mediante telegrama de fecha 27/7/2005 los trabajadores se pusieron a disposición de la empleadora e intimaron a esta para que en el plazo de 48 hs. les provea de trabajo habitual ni que posteriormente, mediante carta documento del 03/8/2005, la demandada negase que aquellos se presentaron a trabajar y que los dependientes se dieron por despedidos.

Ello así a la luz del art. 98 citado, conforme al cual ?en caso que el empleador no cursara la notificación a que se hace referencia en el párrafo anterior, se considerará que rescinde unilateralmente el contrato y, por lo tanto, responderá por las consecuencias de la extinción del mismo?.

Esta Corte tiene dicho que: ?la norma hace una interpretación auténtica de los efectos que deben asignarse al silencio del empleador, entendido como omisión de comunicar en tiempo oportuno [y forma hábil], su voluntad de reconducir la relación ante la inminencia del nuevo ciclo.

Dice que, en tal caso, debe entenderse que ha rescindido unilateral e incausadamente el vínculo asumiendo las consecuencias propias de la extinción de un contrato por tiempo indeterminado bajo tales condiciones.

Los términos taxativos de la redacción, que dan por finiquitado el vínculo, tornan innecesario que el trabajador se considere indirectamente despedido y obstan la invocación del mutuo acuerdo tácito del art. 241 de la LCT por la inacción posterior del dependiente [Vázquez Vialard, Ley de Contrato de Trabajo comentada, Tomo II; pág. 40]? Habiendo incumplido el empleador con la carga de notificar su voluntad de reiterar la relación laboral al momento de reiniciarse la nueva temporada [art. 98, primera parte, LCT], el vínculo se considera extinguido por aquél en forma unilateral e incausada, resultando responsable del pago de las indemnizaciones por despido? (CSJT, ?Lizardo, Juan Manuel y otros vs. Santillana del Mar S.R.L s/ Cobro de pesos?, sentencia nº 13 del 12/02/2008).

En idéntico sentido la CNAT, Sala 2ª, consideró que ?obviamente, estaba en cabeza de la empleadora la demostración cabal de haber cumplido con la obligación impuesta en el art. 98 LCT, referida a la comunicación del reinicio de la temporada a la actora; y, como se ha visto, la omisión de dicha comunicación formal determina automáticamente la disolución del contrato por decisión unilateral de la empleadora.

Desde esta perspectiva, en el marco de la expresa disposición contenida en el art. 98 LCT, al no haber dado cumplimiento con la notificación que prevé la norma citada, cabe tener por extinguido el vínculo contractual existente entre las partes por voluntad unilateral e incausada de la empleadora el 26/12/06, que es la fecha en la cual debió iniciarse el nuevo ciclo? (?Gentile, Silvana V. vs. Gate Gourmet Argentina S.R.L.?, 13/07/2010, LexisNexis online, Lexis nº 70066121).

En el caso, no obstante que el Tribunal tuvo por configurado el supuesto previsto por el art. 98 LCT no aplicó correctamente dicha norma. Siendo que el Tribunal tuvo por probado que la empleadora no efectuó la notificación a los trabajadores del inicio de la temporada, que esta se inició en marzo de 2005, y que los actores se encontraban trabajando para otras empresas en mayo de 2005 y en el período junio-octubre de ese mismo año, la conclusión del pronunciamiento acerca de que la extinción del vínculo laboral se produjo el 25/08/2005 por despido indirecto dispuesto por los trabajadores, supone abierto apartamiento de la solución prevista en la norma que rige el caso, esto es, el art. 98 LCT.

En las concretas circunstancias del expediente, habiendo determinado el Tribunal que el empleador no efectuó la comunicación prevista por el art. 98 LCT y que la temporada iniciaba en marzo de 2005 -consideraciones sobre circunstancias fácticas que han quedado firmes-, corresponde tener por extinguido el vínculo laboral por voluntad unilateral del empleador al inicio de la temporada 2005, resultando por ello, responsable del pago de las indemnizaciones por despido.

La fecha en que se produjo la extinción del vínculo laboral que el pronunciamiento impugnado erróneamente entiende configurada por despido indirecto el 25/8/2005, derivó en un nuevo desacierto vinculado a la remuneración base computada para el cálculo de los conceptos resarcitorios reclamados en la demanda (conf. art. 245 LCT), aspecto del pronunciamiento que también es objeto de impugnación.

Consecuente con ello y no siendo cuestionada la decisión de la Cámara de tomar a tal efecto el básico de convenio, corresponde efectuar una nueva liquidación de los rubros de la condena, en base al básico de convenio vigente a la fecha de la extinción del contrato, determinada en la decisión del agravio precedentemente tratado.

La alegada infracción de las disposiciones de los arts. 97 y 95 de la LCT, también debe prosperar.

El art. 97 primer párrafo de la LCT dispone: ?El despido sin causa del trabajador, pendientes los plazos previstos o previsibles del ciclo o temporada en los que estuviere prestando servicios, dará lugar al pago de los resarcimientos establecidos en el art. 95, primer párrafo, de esta ley?.

Surge así que constituye presupuesto de procedencia de la indemnización del derecho común, que el despido se produjere pendientes los plazos previstos o previsibles del ciclo o temporada en los que estuviere prestando servicios el dependiente.

Es decir que los artículos 97 y 95 LCT otorgan la reparación de derecho común, al trabajador de temporada cuyo despido se produjo durante el curso de la prestación de servicios, y no a aquél cuyo despido ocurrió antes de reiniciarse la prestación en un nuevo ciclo.

Sostiene Julio Armando Grisolía, con cita jurisprudencial, ?para que resulte procedente la reparación de los daños y perjuicios probados o estimados, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 95 y 97, LCT, el despido debe tener lugar durante el lapso de la actividad, si ocurre antes de la iniciación del ciclo o de la efectiva incorporación del trabajador a la explotación, la situación debe ser juzgada conforme a las reglas genéricas referentes a las consecuencias del despido (sala 8ª, 6/2/2002, "Volta, Adrián G. v. MyL Catering Service S.R.L")? (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, LexisNexis-Abeledo Perrot, 2008, LexisNexis online, Lexis nº 5609/004332).

En un caso análogo, esta Corte ha dicho que "una vez iniciada la temporada asiste al trabajador la expectativa de cumplimiento completo, es decir que las prestaciones continuarán hasta la fecha de su culminación (cfrme. A. Vázquez Vialard y Raúl H. Ojeda, en Ley de Contrato de Trabajo comentada, Tomo II, Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As. 2005, pág. 34).

En esa línea argumental se ha señalado que 'el art. 97 LCT regula las consecuencias resarcitorias de la frustración de aquella expectativa de completar el ciclo, y por lo tanto es dable requerir que el despido tenga lugar durante el transcurso de la prestación de servicios, no asistiéndole al trabajador el derecho al cobro del resarcimiento previsto para la ruptura ante tempus de los contratos a plazo fijo, cuando el empleador se ha negado a reanudar el vínculo' (CSJT, sent. 59 del 16/02/2006, ?Luna, Adolfo Antonio vs. Arcor S.A.I.C. s/ Cobro de pesos?). Cabe recordar que también se dijo que 'la exigencia que se desprende del art. 97 LCT no puede ser suplida por la circunstancia de que el trabajador haya estado a disposición de la empleadora', pues dicho extremo 'no se ajusta al presupuesto fáctico postulado en el texto del art. 97, primer párrafo, LCT (CSJT, sent. 59 del 16/02/2006, ?Luna, Adolfo Antonio vs. Arcor S.A.I.C. s/ Cobro de pesos?; sent. 296 del 28/4/1998, ?Díaz Víctor Hugo vs. David García Roberto -hoy sucesión- s/ Indemnización por despido y otros?; entre otras)? (CSJT, sentencia n° 89 del 02/3/2010, ?Flores, Antonio Nicolás y otros vs. Las Pirguas S.R.L. s/ Cobro de pesos?).

En las concretas circunstancias del caso que nos ocupa y de acuerdo a las razones antes expresadas, los argumentos del pronunciamiento, referidos a que desde el mes de marzo del año 2005 los trabajadores estaban a disposición de la empleadora, debiendo esta última imponer a los actores de su situación laboral, cosa que no hizo?, incorporando por el contrario una incertidumbre inaceptable que justifica acabadamente la petición actoral de salarios caídos? (fs. 919 vuelta), no suplen el extremo previsto en el primer párrafo del art. 97 de la LCT concerniente a que el despido tenga lugar durante el transcurso de la prestación de servicios y, por ende, la indemnización del art. 95 no puede ser admitida, resultando comprendido en esa afirmación el reclamo por salarios caídos.

Por lo considerado corresponde HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación en examen conforme a las siguientes doctrinas legales: ?Cuando el empleador no cumple con la carga de notificar su voluntad de reiterar la relación laboral al momento de reiniciarse la nueva temporada (art. 98, primera parte, LCT), el vínculo se considera extinguido por aquel en forma unilateral e incausada, resultando responsable del pago de las indemnizaciones por despido, las que se calculan en base a la remuneración que, de acuerdo a las disposiciones legales, corresponde al trabajador a la fecha de la extinción de la relación laboral? y ?No procede la indemnización de daños y perjuicios contemplada en los arts. 97 y 95 LCT, si la extinción del contrato de trabajo de temporada tiene lugar antes de reiniciarse la prestación de servicios en el nuevo ciclo?.

Consecuentemente cabe CASAR parcialmente el punto II resolutivo del referido fallo en cuanto condena a la accionada a pagar a los actores el rubro indemnización art. 95 LCT (salarios caídos), la planilla de condena de fs. 921 vta. /923 vta. pues los rubros que la integran han sido calculados conforme al básico de convenio vigente al 25/8/2005 y los puntos dispositivos III y IV.

El punto II dispositivo se modifica en los siguientes términos: ?Hacer lugar a la demanda interpuesta por Ángel Plácido Villafañe, Oscar Emilio Carrazán, Javier Franco Díaz, Manuel Ariel Díaz, Orlando Rene Fernández, Luis Rogelio Núñez, Julio César Núñez, Jesús Ibalo, José Antonio Robles, José Ricardo Carrazán, Jorge Augusto Carrazán, Cristian Jerónimo Jotar, Carlos Eduardo González, Fernando Emilio González, de las condiciones personales que constan en autos, en contra de Las Pirguas S.R.L. y, solidariamente, contra Citrusvil S.A. por los siguientes conceptos: indemnización por despido, indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización art. 16 ley 25.561, indemnización art. 2 ley 25.323 e indemnización art. 80 LCT, y Rechazarla por los conceptos: indemnización art. 132 bis LCT y salarios caídos?.

Asimismo corresponde REMITIR los autos a la Cámara a fin de que practique nueva planilla de condena, imponga las costas y regule los honorarios profesionales.

5.3 El agravio referido a que la indemnización contemplada por el art. 2 de la ley 25.323 tampoco puede prosperar. La codemandada -hoy recurrente- no planteó tal cuestión en el escrito de responde, introduciéndola recién en esta instancia extraordinaria, amén de que respecto del cuarto párrafo del art. 30 de la LCT se dijo que ?si bien no enuncia taxativamente las obligaciones que comprende, se encarga de dejar explicitado que está vinculado con las obligaciones emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social? (TSJChubut, ?H., J. J. c. L.R. S.R.L. y otro?, 25/08/2006, La Ley online, DJ 2007-I, 42 ? LLPatagonia 2007 (febrero), 849). A ello se debe agregar que en relación a la indemnización del rubro cuestionado, se debe tener presente el criterio expresado en el apartado 5.2 en cuanto a que, frente a la omisión de efectuar la comunicación a los trabajadores del inicio de la temporada, el vínculo laboral se considera extinguido por voluntad unilateral del empleador (art. 98 LCT).

En cuanto al agravio sobre la indemnización contemplada por el art. 45 de la ley 25.345, corresponde su rechazo toda vez que el recurrente se limita a alegar genéricamente que no medió el requerimiento previo por parte de los actores, y que no se cumplieron las disposiciones del decreto 146/01.

Al respecto, la Cámara sostuvo que ?en el caso los demandados no han cumplido con la obligación legal, ello surge de la documental aportada a la causa y del silencio en que incurren las accionadas ante las intimaciones actorales, por lo que no encontrándose acreditado que el accionado hubiera hecho entrega de la certificación, siendo ello una obligación a su cargo, la reparación prevista por el art. 80 último párrafo deviene admisible? (fs. 920 vuelta).

De los términos de la correspondencia epistolar habida entre las partes, surge que los actores intimaron ?en el plazo de 72 hs. abonar indemnizaciones por despido indirecto y entregar certificado de servicios, bajo apercibimiento de ley?? (fs. 5, 12, 17, 31, 46, 53, 60, 66, 74, 83, 96, 104, 112, 121).

Como se aprecia, el Tribunal juzgó la procedencia de la indemnización en cuestión de acuerdo a las constancias probatorias pertinentes de la causa (telegramas remitidos por los trabajadores). La interpretación de la Cámara cuenta con fundamentos suficientes (arts. 33, 34 y 262 del CPCyC y 30 de la CP) en las constancias probatorias y las disposiciones legales aplicables por lo que se ajusta a las pautas de valoración de las reglas de la sana crítica (art. 40 CPCyC) lo que impide su descalificación como acto jurisdiccional válido.

El planteo carece de mínima argumentación y, por ende, no es idóneo para enervar la conclusión del Tribunal en orden a la configuración de los presupuestos de procedencia de la indemnización en cuestión.

En efecto, el art. 45 ley 25.323 establece que si el empleador no hiciera entrega de las constancias o del certificado previstos en el art. 80 de la LCT, dentro de los dos días hábiles posteriores a la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último, la cual se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que pudiera imponer la autoridad judicial competente para hacer cesar esta conducta omisiva.

Y, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 3º del decreto 146/01 -reglamentario del art. 45 de la ley 25.343-, ?el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. por Decreto Nº 390/76) y sus modificatorias, dentro de los TREINTA (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo?.

Por lo demás, no cabe perder de vista que la sentencia no impone a la deudora solidaria la obligación de entregar la certificación de servicios en cuestión sino que, ante la omisión de entrega por parte del empleador demandado, declaró la procedencia de la indemnización contemplada en el art. 45 de la Ley 25.345, condena que se hace extensiva a la recurrente por imperio de las previsiones del art. 30 citado.

De allí, la argumentación de la codeudora solidaria no logra enervar la conclusión sentencial, toda vez que está referida a la obligación de hacer contenida en el art. 80 LCT, consistente en la entrega de las certificaciones allí previstas, siendo que la misma no le ha sido impuesta por la Cámara.

Adviértase que el art. 30, 4º párrafo de la LCT dispone que el incumplimiento de alguno de los requisitos allí previstos -deber de exigir y controlar el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social por parte de sus contratistas o subcontratistas- ?hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social?.

Como se aprecia, el recurso no logra demostrar la infracción normativa ni el vicio de arbitrariedad que denuncia, por lo que el planteo en examen debe ser rechazado.

6. Las costas de esta instancia deben ser soportadas en el orden causado (art. 108 del CPCC, aplicable supletoriamente en virtud del art. 49 del CPTT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE, respecto de los planteos examinados en el apartado 5.2 de los considerandos, al recurso de casación interpuesto por la codemandada Citrusvil S.A. contra la sentencia de la Sala I de la Excma. del Trabajo del Centro Judicial de Concepción del 29/9/2009 (fs. 910/924) en base a las doctrinas legales precedentemente expresadas.

En consecuencia, CASAR parcialmente el punto II resolutivo del referido fallo en cuanto condena a la accionada a pagar a los actores el rubro indemnización art. 95 LCT (salarios caídos), la planilla de condena de fs. 921 vta./923 vta. y los puntos dispositivos III y IV, y MODIFICAR el punto II dispositivo en los siguientes términos: ?Hacer lugar a la demanda interpuesta por Ángel Plácido Villafañe, Oscar Emilio Carrazán, Javier Franco Díaz, Manuel Ariel Díaz, Orlando Rene Fernández, Luis Rogelio Núñez, Julio César Núñez, Jesús Ibalo, José Antonio Robles, José Ricardo Carrazán, Jorge Augusto Carrazán, Cristian Jerónimo Jotar, Carlos Eduardo González, Fernando Emilio González, de las condiciones personales que constan en autos, en contra de Las Pirguas S.R.L. y, solidariamente, contra Citrusvil S.A. por los siguientes conceptos: indemnización por despido, indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización art. 16 ley 25.561, indemnización art. 2 ley 25.323 e indemnización art. 80 LCT, y Rechazarla por los conceptos: indemnización art. 132 bis LCT y salarios caídos?. Asimismo REMITIR los autos a dicha Cámara a fin de que practique nueva planilla de condena, imponga las costas y regule los honorarios profesionales.

II.- NO HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto por la codemandada contra la sentencia indicada en el punto I dispositivo de este pronunciamiento, en relación a los agravios considerados en los puntos 5, 5.1. y 5.3.

III.- COSTAS del recurso, conforme se consideran.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANECLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.