Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-17


SENT Nº 565 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecisiete (17) de Agosto de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: ?Villafañe Carlos Antonio vs. Azucarera del Sur S.R.L. s/ Despido?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Claudia Beatriz Sbdar, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 360/364 y vta. por la parte actora, por intermedio de letrado apoderado, contra la sentencia del 04/11/2009 (fs. 346/352) de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción.

El recurso fue concedido por resolución de fecha 15/02/2011 (fs. 371) y del informe actuarial de fs. 378 surge que las partes no presentaron la memoria prevista en el art. 137 del CPT.

El pronunciamiento recurrido dispuso rechazar la demanda interpuesta en autos, con costas a la actora.

2.- El recurrente pide se deje sin efecto el decisorio impugnado denunciando que el tribunal ha incurrido en una errónea valoración de la prueba aportada a la causa.

Alega que se omitido considerar prueba instrumental relevante, como cartas documentos, telegramas, una nota presentada por su parte a la empleadora, la sentencia penal condenatoria del actor pronunciada en sede criminal, etc.; documental que pone en evidencia una conducta incompatible con el abandono de trabajo que la Cámara le imputa para justificar el rechazo de su pretensión indemnizatoria.

Cuestiona asimismo, el modo en que el tribunal ha ponderado la testimonial rendida en autos, señalando que si bien la sentencia se refiere a ella, le niega eficacia probatoria de modo injustificado.

Sostiene que contrariamente a lo considerado, las declaraciones testimoniales son coincidentes entre sí y respaldan los hechos invocados en el escrito de demanda.

Insiste en que cumplió con sus tareas regularmente hasta el año 2001 hasta que solicitó licencia con fundamento en el art. 224 de la LCT, que fue sometido a proceso penal, que recayó sentencia condenatoria en su contra, que debía cumplir pena de prisión por siete años, que comunicó oportunamente esta situación a la empleadora pidiendo se arbitraran las medidas necesarias hasta tanto se superara la misma, que la nota en cuestión fue recibida por el entonces apoderado de la firma, Sr. Rodolfo Chaparro, que con fecha 22/4/2006 solicitó el reintegro a su puesto de trabajo y que esta petición le fue denegada alegando que su parte no se había presentado a trabajar en las zafras pasadas.

Explica que esta misiva fue rechazada por su parte, reclamando a la empleadora que indicara mediante qué piezas postales intimó al trabajador a reintegrarse a sus tareas habituales, la que fue respondida expresando que la convocatoria había sido cumplida por medio de publicaciones periodísticas.

Se agravia de que el tribunal no merituara adecuadamente la prueba aportada a la causa pues afirma que de la misma surge de modo inequívoco que ?su parte comunicó su problema personal y pidió se arbitren las medidas necesarias (suspensión) hasta tanto se resuelvan los mismos?, así como que ?la empleadora tenía conocimiento de la causa penal iniciada en su contra y también de la sentencia condenatoria en su contra a siete años de prisión?.

Se pregunta si la convocatoria a presentarse a la zafra, realizada a través de publicaciones periodísticas, era ?medio de comunicación fehaciente para una persona que está privada de su libertad?, expresando que este proceder es contrario al principio de buena fe que debe imperar en la relación laboral.

Advierte, por otra parte, que tampoco se produjo prueba que acreditara la autenticidad de publicación del diario La Gaceta mediante la cual se intimara a los obreros del ingenio a presentarse en un lugar de trabajo.

Menciona como prueba omitida por el tribunal, el informe del ANSeS de fs. 161/185, del cual emerge que el actor fue empleado en relación de dependencia hasta el año 2004/2005, ?por lo que debió haberse investigado quién realizó dichos aportes?.

Se agravia de que la Cámara tenga por configurado un abandono de trabajo o renuncia tácita, pues la conducta asumida por su parte de ningún modo admite tal configuración.

Reitera que comunicó su ?problema personal? a la empleadora, pidió se tomaran las medidas del caso y exteriorizó su voluntad de reintegrarse al trabajo ?después de haber purgado más de cuatro años en la cárcel?.

Afirma que la jurisprudencia destaca como elemento necesario para admitir la figura del abandono de trabajo, una inequívoca voluntad de no continuar la relación laboral y que ?esto es diametralmente opuesto a lo que sucedió en el juicio de marras?.

De conformidad a los agravios precedentemente reseñados, propone doctrina legal y pide se admita la procedencia del recurso interpuesto.

3.- El recurso fue deducido en término, contra una sentencia definitiva, el recaudo del afianzamiento del art. 133 no resulta exigible pues es la parte actora la que recurre el pronunciamiento de fondo y la impugnación se funda en la arbitrariedad del decisorio recurrido (cfr. arts. 130/133 del CPT), por lo que corresponde abordar su procedencia.

4.- Confrontados los agravios con los fundamentos del fallo impugnado y las constancias de la causa, se advierte que no logra demostrar el recurrente los vicios que imputa al pronunciamiento respecto de la valoración de los antecedentes y pruebas.

La Cámara, en un pormenorizado análisis de los hechos y de las pruebas aportadas al proceso, justificó el criterio adoptado ofreciendo razones suficientes, que no han sido eficazmente rebatidas por el recurrente.

La sentencia puntualiza que las partes controvierten acerca de la causal de extinción del vínculo contractual, pues mientras el actor invoca un despido indirecto (fundado en la negativa de la relación laboral por la empleadora expresada al momento en que pretendió reintegrarse a su puesto de trabajo), la demandada alega un comportamiento inequívoco y concluyente del trabajador de dar por extinguido aquel vínculo laboral (no haber manifestado su voluntad de preservar el puesto de trabajo y continuar la relación ante las sucesivas convocatorias a las zafras de los años 2002, 2003, 2004 y 2005).

El tribunal de grado concluye que, contrariamente a lo sostenido por el actor (que invocó haber solicitado una licencia en los términos del art. 224 de la LCT), la prueba aportada al proceso no permitía sostener que la prestación de servicios temporarios ?a partir de la zafra correspondiente al año 2001 se encontraba suspendida en forma indefinida? y que atento a la conducta asumida por las partes (?que durante el período de tiempo que se extendió durante las zafras de los años 2002 a 2005 inclusive?no se reclamaron el cumplimiento recíproco de las prestaciones propias del contrato de trabajo) podía entenderse que existió una ?inequívoca voluntad de abandonar la relación contractual?.

El agravio referido a que el trabajador acreditó haber solicitado licencia con fundamento en el art. 224 de la LCT hasta tanto superara su problema personal (nota de fecha 24/5/2001 presentada al apoderado de la empleadora) y a que ésta accedió a lo peticionado, suspendiendo al trabajador por tiempo indeterminado, no puede prosperar.

El tribunal puntualizó que ?de las probanzas de autos emerge que si bien la empleadora accedió a lo solicitado por el actor mediante nota presentada el 24/5/2001, quedando a partir de ese momento suspendidos los deberes de prestación por ambas partes (tareas y pago de remuneración respectivamente), la virtualidad suspensiva de la nota aludida -en cuanto a su extensión- quedó acotada a lo expresamente peticionado en la misma; esto es, un plazo de seis meses cuyo vencimiento operaba el 24/11/2001?.

La sentencia expresa que esta licencia ?bien podría haberse extendido?hasta la conclusión del proceso penal que afectaba al actor? pero que para ello éste, ?obrando de buena fe (arts. 62 y 63), debió haber comunicado o puesto en conocimiento de alguna forma a su empleador, su nueva situación a partir del dictado de la sentencia condenatoria de fecha 12/12/2001, máxime aun cuando a raíz de la misma se le imponía una pena privativa de la libertad por siete años, lo que constituía un claro impedimento para el cumplimiento de su débito laboral?.

La Cámara consideró relevante que por la particular ?naturaleza del vínculo que unía al actor con la demandada? (contrato de trabajo por temporada), ?de conformidad con lo dispuesto por el art. 98 LCT, el trabajador debe manifestar dentro de los cinco días de recibida la comunicación de reinicio de la temporada su decisión de continuar o no con la relación?.

Expresó que si bien ?la norma no prevé específicamente las consecuencias del incumplimiento?la doctrina de consuno remite a las disposiciones?de la tácita extinción de la relación de trabajo (abandono renuncia)?.

El recurrente insiste en que la licencia oportunamente peticionada por su parte se fundaba en la preceptiva del art. 224 de la LCT y que la medida de suspensión prevista en la norma citada no establece un plazo determinado; agravio que, como se advierte, soslaya las razones en las que el tribunal justifica el criterio adoptado.

Como se dijo, la Cámara entendió que la suspensión quedó acotada al tiempo expresamente solicitado en la nota presentada por el trabajador (conf. copia de fs. 11) y que el plazo de seis meses expiraba el 24/11/2001, argumento que el recurrente no logra enervar en esta instancia, alegando que la ?licencia? solicitada y otorgada carecía de plazo determinado.

El tribunal de grado puso de resalto que el trabajador peticionó una ?licencia sin goce de sueldo por el período de seis meses? (conf. nota de fecha 24/5/2001 de fs. 11) y consideró que expirado el término mencionado, en atención a la naturaleza de la relación laboral, correspondía que manifestara su voluntad de continuar el vínculo, para concluir que ?no hay prueba que demuestre que a partir de la zafra del año 2002 y en las subsiguientes hasta la del año 2005 inclusive hubiera dado aviso por ningún medio acerca de su impedimento para concurrir a prestar tareas dejando en claro su voluntad de continuar la relación laboral?.

Tal como se advierte, el agravio fundado en la aplicación del art. 224 de la LCT y en la inexistencia de un plazo para la medida de suspensión allí establecida no rebate la fundamentación desarrollada por el tribunal y revela el mero desacuerdo del recurrente respecto de lo decidido.

Aún cuando se invoca que el tribunal ha omitido ponderar prueba instrumental relevante, el recurrente no logra demostrar que las cartas documento, los telegramas, la nota presentada a la empleadora con fecha 24/5/2001, etc.; acreditaran una conducta incompatible con el abandono de trabajo, tal como alega.

Pese al cuestionamiento referido a la valoración de la prueba testimonial, permanece igualmente indemostrada la eficacia probatoria que el recurrente le atribuye. La sentencia niega aptitud a los testimonios ofrecidos por el actor señalando que ?no existe correspondencia entre los dichos de los testigos y la versión de los hechos que brinda el propio Villafañe?, en tanto se advierte una ?notoria discrepancia con la afirmación actoral de que no prestó servicios desde el año 2001 hasta el año 2006 por encontrarse de licencia?.

El criterio adoptado por la Cámara luce respaldado en las constancias de la causa pues los testigos Claudia Patricia Brito (fs. 210), Eduarda Mercedes Zurita (fs. 211), Luis Alberto Brito (fs. 212) y Víctor Hugo Medina (fs. 214) sostienen que el actor trabajó para la demandada hasta el año 2005 o 2006 mientras que el actor afirma en la demanda haber prestado servicios hasta el año 2001 en que solicitó licencia sin goce de haberes.

El tribunal expresó que prescindiría de la mencionada prueba testimonial pues los hechos a los que los testigos aluden ?no resultan corroborados por las restantes probanzas que obran en el expediente?; y destacó que conforme la pericia contable de fs. 287/289 surge que ?el último día trabajado por el accionante es el día 30 de septiembre de 2000? (respuestas a las preguntas 5 y 8 del cuestionario propuesto). El recurrente no rebate estos argumentos, por lo que la crítica recursiva sobre el punto es inviable.

La alegada omisión del tribunal en valorar el informe de la ANSeS de fs. 161/185 es igualmente ineficaz para justificar la tacha de arbitrariedad que se formula contra el decisorio impugnado.

El hecho de que se informe que el actor figura registrado como empleado en relación de dependencia hasta el año 2004/2005, no autoriza a sostener que lo era respecto de la demandada sino que ?debió haberse investigado quién realizó dichos aportes?.

El tribunal seleccionó las pruebas que estimó relevantes para resolver la controversia de autos y consideró que el informe del organismo previsional ?ningún elemento aporta?, criterio que la impugnación recursiva no logra destruir.

Tampoco resulta eficaz la alegación conforme la cual no se produjo prueba que acreditara la autenticidad de publicación del diario La Gaceta (que intimaba a los obreros del ingenio a presentarse para la zafra).

Tal como la sentencia lo destaca, ?los recortes de publicaciones (fotocopias de fs. 63, originales en caja fuerte y a las vista) demuestran que el ingenio y destilería La Trinidad notificó a su personal temporario, previo al inicio de las zafras 2003, 2004 y 2005, su voluntad de reiterar la relación advirtiendo que la parte actora no hubo introducido en la etapa procesal oportuna ningún cuestionamiento acerca de la validez y legitimidad de tales instrumentos?.

El planteo es inconducente para cuestionar lo resuelto pues no tratándose de un hecho controvertido, la Cámara tuvo por acreditada la convocatoria de la empleadora a partir de la prueba aportada al proceso.

Tampoco puede prosperar el agravio según el cual la intimación a presentarse a la zafra, realizada mediante publicaciones periodísticas, no era ?medio de comunicación fehaciente para una persona que está privada de su libertad?.

Como se dijo, el tribunal consideró que la relación laboral quedaba aprehendida en las previsiones del art. 98 de la LCT y que dado el impedimento personal por el que atravesaba el trabajador, era éste quien, luego de haber peticionado una licencia por tal motivo, debía expresar su voluntad de mantener su puesto de trabajo ante cada convocatoria de la empleadora; citación que, por otra parte, se ajusta a la modalidad ordinariamente implementada (intimación a presentarse a la zafra por medio de diarios de amplia difusión).

A mayor abundamiento, carece de razones suficientes pretender que estando privado de la libertad en virtud de la condena pronunciada en un proceso penal y no habiendo dado otro aviso durante tres zafras al empleador, éste deba cursar una notificación personal al trabajador a fin de convocarlo a presentarse a su puesto de trabajo.

De conformidad a las consideraciones precedentemente expuestas, cabe concluir que el vicio de arbitrariedad invocado permanece indemostrado, por lo que el recurso debe ser rechazado.

5.- Las costas deberán ser soportadas por el recurrente vencido, conforme los principios generales sobre la materia (arts. 105 del CPCC y 49 del CPT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante sin perjuicio de dejar expresamente consignado lo siguiente:

El recurso de casación fue interpuesto tempestivamente, se dirige contra una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 del Código Procesal Laboral (en adelante CPL); que cumple con el requisito del artículo 131 inciso 1 del CPL pues está fundado en la presunta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo en cuestión respecto a la valoración del material fáctico obrante en autos; finalmente, no resulta exigible el afianzamiento por no estar condenado a pagar suma alguna tal como lo prevé el artículo 133 del CPL (a contrario).

Ahora bien; siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la ponderación por este Tribunal Cimero provincial de aquélla valoración efectuada por el A quo -ponderación ésta que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen deviene admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 04/11/2009 (fs. 346/352) dictada por la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción.

II.- COSTAS, como se consideran.

III. RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANECLAUDIA BEATRIZ SBDAR (con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.