Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07


GONZALEZ, Vicente H. contra TELECOM ARGENTINA STET FRANCE S.A. Reg.: A y S t 199 p 92-99.

En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de julio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler, Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular, señor Ministro doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "GONZALEZ, Vicente H. contra TELECOM ARGENTINA STET FRANCE S.A. -Cobro de Pesos- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 311, año 2002). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea: doctores Falistocco, Netri, Vigo y Spuler.

A la primera cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S., T. 180, pág. 394 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia 80 del 12 de diciembre de 2001 dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario.

En el nuevo examen de admisibilidad que contempla el artículo 11 de la ley 7055 - realizado con los principales a la vista- se impone destacar que la impugnante ha cuestionado la validez constitucional del decreto 1477/89, suscitándose entonces una cuestión federal en los términos del artículo 14, inciso 1) de la ley 48.

Siendo ello así, corresponde a la luz de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal de la Nación "Strada" y su jurisprudencia consecuencial expedirse sobre ella.

En efecto, en "Di Mascio", la Corte Federal estableció que ("...) la decisión del legislador, plasmada en la ley 48, fue que todo pleito radicado ante la Justicia Provincial, en el que se susciten cuestiones federales, debe arribar a la Corte suprema de Justicia de la Nación solo después de 'fenecer' ante el órgano máximo de la 'judicatura' local, dado que los tribunales de provincia se encuentran habilitados para entender en causas que comprenden puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales, cabe concluir en que las decisiones que son aptas para ser resueltas por esta Corte Nacional no pueden resultar excluidas del previo juzgamiento por el órgano judicial superior de la provincia (...").

En virtud de la doctrina expuesta, debe juzgarse admisible el recurso interpuesto.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Vigo y Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

1. Sucintamente, el caso.

Por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral Número 3 de Rosario, Vicente Héctor Gonzalez entabló demanda contra TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A. pretendiendo el cobro de distintos rubros laborales, entre ellos, diferencia del cálculo de la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo por rubros que debieron ser incorporados en la liquidación por el medio autorizado por el artículo 105 bis de ese ordenamiento legal (vales por alimentos).

Fundamentó su posición postulando la declaración de inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia n 1477 y 1478/89 y decreto n 333/93.

La demandada repelió la pretensión sosteniendo que el accionante fue indemnizado al momento de finalizar la relación laboral, percibiendo una suma de dinero que, en su momento, no cuestionó por cuanto representaba el pago de todos los rubros que legalmente correspondían.

Dijo que los decretos no podían ser tachados de inconstitucionales por cuanto habían sido dictados por uno de los poderes del Estado dentro de las atribuciones y límites reconocidos por la Corte nacional para el sorteo de situaciones excepcionales -de emergencia social y económica- imperantes en el país.

El Juez de baja instancia rechazó la demanda incoada por entender que la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de sendos decretos no pasaba de ser voluntarista y abstracta, en tanto no se demostraba en el decurso de la litis ni la irrazonabilidad de la norma, su repugnancia en consonancia con la Carta fundamental ni el gravamen que le ocasionaba su aplicación, limitándose tan solo a un plano teórico.

Apelado ese decisorio por la accionante, la Sala -por mayoría- lo confirmó.

Para así decidirlo se expresaron los siguientes fundamentos.

a) La naturaleza jurídica de los tickets canasta, ha sido largamente debatida, advirtiéndose dos posturas diametralmente opuestas: está la de quienes los consideran de naturaleza remuneratoria, mientras que otros estiman que no revisten tal carácter por encontrarse incluidos en todo aquello que integra las condiciones de trabajo.

Por su parte, la Cámara Nacional del Trabajo mediante fallo plenario n 264 del 27.12.1988 decidió que los vales que los empleadores entregan a su personal para comidas o refrigerios a consumir fuera del establecimiento, no están comprendidos en el concepto de remuneración.

b) Independientemente de la postura que puede tenerse sobre el tema, el planteo de inconstitucionalidad pretendido no merecía favorable acogida.

Ello así, por cuanto la situación de emergencia económica y social (declarada por ley) por la que transitaba el país al momento de dictarse los decretos cuestionados ameritó pronunciamientos del más Alto Tribunal de la Nación, en el sentido de justificar la adopción de remedios extraordinarios regulando derechos individuales de forma más enérgica que en los períodos de normalidad con el solo límite de la preservación de las garantías individuales.

c) El actor -hasta el momento del despido- percibió los aludidos tickets y aceptó su carácter no remuneratorio, no sujeto a aportes y contribuciones del sistema de seguridad social, beneficiándose, así, con ello.

En consecuencia, existía un antecedente en cuanto a la conducta del recurrente quien durante la vigencia del vínculo y durante varios años, aceptó y se benefició con la naturaleza no remuneratoria del rubro para recién, luego de la rescisión, apuntar a distinta tesitura para lograr que se lo integre en el cálculo de la indemnización pertinente, ingresando de tal modo en el campo del "venire contra proprium factum est" con las consecuencias disvaliosas que ello acarreaba.

2. Contra dicho pronunciamiento interpuso la accionante su recurso de inconstitucionalidad, cuestionando el reconocimiento de la constitucionalidad de los decretos 1477/89, 1478/89 y 333/93 que hizo el Tribunal en su voto mayoritario.

En pos de fundamentar sus agravios, señala el quejoso que de acuerdo a la estructura que ostenta el decisorio, sus reparos se orientan a cuestionarlo siguiendo los tres ejes sobre los cuales giran los argumentos con los cuales los Sentenciantes avalan la constitucionalidad de los decretos en cuestión: 1) la naturaleza de los tickets canasta; 2) la emergencia económica social; y 3) la aceptación por parte del actor del carácter no remuneratorio de los tickets canasta.

En primer lugar, se queja la impugnante de que la Vocal cuyo voto hiciera sentencia, pese a reconocer la existencia de dos posturas respecto de la naturaleza de los tickets -la que los considera remuneratorios y la que les niega dicho carácter- no puntualice a cuál de ellas adscribe y, además se agravia de que refiera al plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que en el año 1988 negó el carácter remuneratorio de los tickets, omitiendo tener en cuenta el plenario de 1994 que les reconoció esa naturaleza.

Por otra parte, se queja la accionante que la Vocal preopinante funde el rechazo de la inconstitucionalidad de los decretos que dedujera su parte en el hecho que el gobierno había optado por los decretos de necesidad y urgencia por razones de emergencia económico y social, sin tener en cuenta que la doctrina del más Alto Tribunal de la Nación exige la concurrencia de determinados requisitos para que exista emergencia que no están presentes en el "sub examine".

Concretamente, afirma que los Sentenciantes soslayan ponderar que en el caso no se verificó la concurrencia de tales recaudos ya que al momento del despido (1994) -dice- no existía esa situación de emergencia, íntimamente vinculada con el auténtico estado de necesidad y la transitoriedad; que los decretos de necesidad y urgencia no emanaron de un órgano competente y no medió respeto a la Constitución puesto que un decreto no puede modificar una ley, máxime cuando el Congreso se encuentra funcionando; que el medio elegido fue irrazonable; y que se vulneró el principio fundamental de transitoriedad de las regulaciones excepcionales.

Reitera que en la causa no se verifican ninguno de los requisitos de legalidad que debe cumplir el decreto de necesidad y urgencia para que sea apto para modificar la ley; la situación de emergencia y la aprobación posterior por el Congreso.

Finalmente, en cuanto a los argumentos relativos a la aceptación por parte del actor del carácter no remuneratorio de los tickets, sostiene la impugnante que ese criterio se aparta del orden público laboral del cual deviene el principio protectorio del trabajador.

3. En la presente causa se discute la constitucionalidad del decreto 1477/89 en lo relativo a la naturaleza no remunerativa de los ticket canasta, decidiendo el A quo a favor de la congruencia de la norma impugnada con las cláusulas de rango superior que se estiman conculcadas.

Sobre el particular, el más Alto Tribunal Nacional ha sostenido que:

Del voto del doctor Carlos Fayt, ("...) esta Corte, en Fallos: 313:1513 y en ausencia de regulación expresa, determinó las condiciones necesarias para que el Poder Ejecutivo pudiera dictar normas -de la naturaleza de la invalidada- constitucionalmente válidas.

Tales recaudos fueron incorporados en la reforma de 1994, dotando al Poder Ejecutivo -de modo excepcional- de facultades legislativas para conjurar situaciones límites o peligros de efectos catastróficos.

Y como se recordó en la causa R.420.XXXIII 'Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia', del 17 de diciembre de 1997, voto del juez Fayt, la única necesidad que justifica el ejercicio de tales poderes excepcionales es la de preservar la vida misma de la Nación y el Estado, criterio que repudia la subordinación del fin a los medios, preferencia axiológica que es conocida fuente de los peores males que la sociedad puede padecer.

En primer lugar, porque es evidente que la sola referencia a la 'acuciante situación alimentaria' que los considerandos del decreto predican para justificar su contenido, es inhábil para justificar una situación excepcional que imposibilitara al Congreso legislar sobre el punto en su zona de reserva de actuación, máxime si se considera que éste había sido convocado a sesiones extraordinarias.

La naturaleza 'no remunerativa' que el decreto imprimió a los vales alimentarios en cuestión, sólo puede ser formalmente establecida mediante una decisión política y rango propios de una ley del Congreso, la que a su vez, en su caso, deberá ser confrontada con la Constitución Nacional, que garantiza al trabajador una remuneración justa y lo protege contra el despido arbitrario (art. 14 bis de la Ley Fundamental).

En segundo término, el Senado aprobó un dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que aconsejaba rechazar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propiciaba ratificar la norma impugnada; la Cámara de Diputados, por su parte, sancionó un proyecto de ley derogando los decretos 1477/89 y 1478/89 (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 12 de septiembre de 1990, págs. 3267/3269; Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 22 de mayo de 1991, págs. 313/315), circunstancias que, de suyo, son demostrativas de la inexistencia de una voluntad ratificatoria por parte del legislador.

Por lo demás, ninguna conclusión diversa a la apuntada puede extraerse del texto de la ley 24700, sancionada recién el 25 de septiembre de 1996, toda vez que el decreto en cuestión (1477/89) había sido expresamente derogado por otro -773/96- al momento del dictado de esa ley.

De tal modo, sólo un razonamiento equivocado podría asignarle a la ley 24700 cualidades vivificantes y convalidatorias de un decreto -derogado- que se había intentado justificar en razón de la 'necesidad y urgencia' transcurrida , según el Poder Ejecutivo, prácticamente siete años antes de su sanción (...") (D. 483.XXXI. Della Blanca, Luis Enrique y Luna, Jorge Omar c/ Ind. Met. Pescarmona S.A. s/ ordinario Fallos: 321:3123).

En la misma causa, el doctor Augusto Cesar Belluscio expresó que:

("...) el decreto 1477/89 fue dictado con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, por lo que el control de constitucionalidad debe hacerse según las normas fundamentales vigentes al tiempo de la aplicación de la disposición impugnada. Al respecto, y tal como se dijo en Fallos: 318:1154 (voto del Juez Belluscio), ni el espíritu ni la letra del texto constitucional argentino vigente con anterioridad a la reforma de 1994, admitían la validez del dictado por el presidente de la Nación de decretos-leyes que invadieran áreas de competencia legislativa.

Que en el sub lite el reproche constitucional de los actores se orientó a la imposibilidad de que una norma de rango inferior a la ley atribuyera carácter no remunerativo a vales o tickets de canasta familiar y, por esta vía, alterara el concepto de remuneración o de prestaciones complementarias previsto en el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Resulta evidente que la composición del salario en el régimen de contrato de trabajo es una materia de derecho común, cuya regulación es competencia formal y material del Poder Legislativo de la Nación.

Incluso en el supuesto de que el decreto 1477/89 hubiese sido dictado con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, tampoco superaría el reproche constitucional.

Ello es así pues la mera invocación de la crisis o de la emergencia no basta para demostrar que -en una materia de política laboral que requiere el consenso comunitario expresado a través de los representantes en el Congreso- ha sido imposible seguir los trámites previstos por la Constitución para la sanción de las leyes en materia laboral (...").

Por su parte, el doctor Enrique Santiago Petracchi consideró que:

("...) Caben dos posturas frente a la validez de los decretos 'de necesidad y urgencia' en el sistema constitucional vigente antes de la reforma de 1994.

Para una posición (tesis estricta), la subsistencia de esta clase de decretos siempre dependía de la expresa aprobación ulterior del Congreso.

Para la otra (tesis permisiva), esos reglamentos no requerían para su validez de la aprobación legislativa expresa, pues basta con la mera 'pasividad' del congreso.

(...) A la luz de cualquiera de las dos posiciones corresponde concluir que el decreto 1477/89 es inválido (...).

Si algo no existió, con relación a este último fue 'pasividad del Congreso Nacional (...); ambas cámaras manifestaron su rechazo a la norma dictada por el Poder Ejecutivo.

Tampoco existió 'ratificación' o 'convalidación' expresa del decreto por parte del Congreso Nacional.

Cabe señalar que el decreto 1477/89 fue derogado por el decreto 773/96 (15 de julio de 1996), también 'de necesidad y urgencia'.

Esta sola circunstancia impide adjudicar a la ley 24700 -sancionada el 25 de septiembre de 1996- 'voluntad convalidatoria' alguna de algo que no existía (el decreto 1477/89) (...").

En una línea de pensamiento concordante con las ya mencionadas, el doctor Antonio Boggiano dijo que atento a la naturaleza de los decretos de necesidad y urgencia cabía adoptar como punto de partida que únicamente en situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico, que deban ser conjuradas sin dilaciones, puede el Poder Ejecutivo Nacional dictar normas que de suyo integran las atribuciones del Congreso, siempre y cuando sea imposible a éste dar respuesta a la circunstancias anómalas.

Continuó diciendo que en ese contexto, se advertía con claridad que no se encontraban satisfechos los recaudos constitucionales para el dictado del decreto 1477/89, pues en sus considerandos solo se hacía una escueta referencia a "la acuciante situación alimentaria" siendo insuficiente para justificar una situación de riesgo social que el Congreso no podía remediar por los cauces ordinarios.

Para luego afirmar que el decreto 1477/89 no reunía los requisitos constitucionales para su validez, por lo que cabía concluir que por medio de una norma constitucionalmente nula -nulidad absoluta e insanable- se había disminuido la base indemnizatoria con menoscabo de la cláusula superior de "protección contra el despido arbitrario" y que sólo podía ser objeto de modificaciones mediante una ley del Congreso.

Agregó el doctor Boggiano que no podía atribuirse a la ley 24700 -dictada casi siete años después- un sentido convalidatorio del decreto 1477/89 en tanto había sido derogado por el decreto 773/96, recalcando, además, que la actividad parlamentaria sobre el tema reflejaba la intención de no validar la norma en cuestión.

Mientras que el doctor Gustavo Bossert coincidió con el voto del Juez Belluscio, en los siguientes términos:

("...) El decreto 1477/89 fue dictado con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, por lo que el control de constitucionalidad debe hacerse según las normas fundamentales vigentes al tiempo de la aplicación de la disposición impugnada.

Al respecto, y tal como se dijo en la causa S.621 XXIX 'Sallago, Alberto Asdrúbal c/ Astra C.A.P.S.A. s/ despido', disidencia del juez Bossert, fallada el 10 de octubre de 1996, ni el espíritu ni la letra del texto constitucional argentino vigente con anterioridad a la reforma de 1994, admitían la validez del dictado por el presidente de la Nación de decretos-leyes que invadieran áreas de competencia legislativa.

En el sub lite el reproche constitucional se orientó a la imposibilidad de que una norma de rango inferior a la ley atribuyera carácter no remunerativo a vales o tickets de canasta familiar y, por esta vía, alterar el concepto de remuneraciones o de prestaciones complementarias previsto en el art. 105 de la ley de contrato de trabajo.

Resulta evidente que la composición del salario en el régimen de contrato de trabajo es una materia de derecho común, cuya regulación es competencia formal y material del Poder Legislativo de la Nación (...").

Sentadas estas premisas, corresponde recordar ahora que no obstante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellos" (Fallos:25:364; 212:51 y 160), toda vez que por disposición de la Constitución nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (art. 116 C. N. y 14, ley Siendo ello así, los enfoques dados en la materia por la Corte nacional conducen a sostener que el decreto 1477/89 resulta inválido habida cuenta que no reúne las condiciones constitucionales para su vigencia y validez en tanto invade áreas de competencia del poder legislativo.

En consecuencia, corresponde anular la sentencia impugnada y remitir la causa a la Sala que corresponde a fin de que se pronuncie conforme con la doctrina constitucional aceptada y que este Órgano hace suya en la presente, en atención al seguimiento obligatorio de los decisorios del Alto Tribunal nacional.

Voto, pues, la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Vigo y Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Presidente doctor Falistocco dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa de conformidad con la doctrina constitucional aceptada.

Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Vigo y Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Presidente doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso y, en consecuencia, anular la resolución impugnada.

Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa de conformidad con la doctrina constitucional aceptada.

Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Regístrese y hágase saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)