Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-26


SENT Nro. 1053 San Miguel de Tucumán, 26 DE DICIEMBRE de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada interpuesto por el apoderado de la parte demandada en autos: "Avellaneda, Jorge vs. Sindicato de Trabajadores de la Vivienda (Si. Tra. Vi.) y otros s/Medida preparatoria (Incidente de embargo preventivo promovido por el actor) Expte. Nro. 2041/99-I1"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- A fs. 79/91 se presenta el apoderado del Sindicato de Trabajadores de la Vivienda (SI.TRA.VI.) e interpone queja directa contra la sentencia de fecha 15/8/2003, que declarara inadmisible el recurso de casación articulado contra el pronunciamiento de fecha 26/5/2003, dictado por la Sala IIº de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común.

La sentencia recurrida en casación (fs. 54/55) dispuso confirmar el pronunciamiento del inferior en grado que oportunamente resolvió rechazar el planteo de nulidad y el pedido de levantamiento de embargo formulado por vía incidental.

El auto denegatorio de la casación (fs. 74 y vta.) funda la inadmisibilidad del recurso señalando que el pronunciamiento impugnado no constituye sentencia definitiva (art. 813 inc. a del CPCC) y que tampoco se configura en el sublite el supuesto de gravedad institucional que por vía de excepción, permita la apertura del remedio interpuesto (art. 813 inc. b).

II.- Señala el quejoso que tal como lo destacó en el memorial casatorio, lo resuelto (rechazar la nulidad planteada y el pedido de levantamiento de embargo) es equiparable en sus efectos, a un pronunciamiento definitivo. Expresa que la traba del embargo sobre los fondos que retiene el I.P.V.D.U. en concepto de aportes de los trabajadores asociados al sindicato, compromete la propia existencia del ente gremial.

Señala asimismo que su parte fundó adecuadamente el supuesto de gravedad institucional alegado sin que la Sala a quo analizara los argumentos expuestos. Reitera que en autos se ordenó la aplicación de condenaciones conminatorias (astreintes) a un sujeto y al ejecutar dicha condena se ordenó la traba de un embargo sobre los bienes de otro. Expresa que la sanción se peticionó en la persona del señor Luis Hernán Gómez (ex secretario gremial de SI.TRA.VI.) y se impuso en virtud de la conducta de dicho sujeto. Pero luego, al ejecutar las astreintes, se extendieron sus efectos a un sujeto distinto (el sindicato de los trabajadores de la vivienda). Entiende que este procedimiento lesiona derechos y garantías de raigambre constitucional (el principio de legalidad, el derecho de defensa en juicio, el debido proceso (art. 18), la igualdad, la propiedad, etc.) y por tanto, exceden el interés particular de los litigantes para comprometer aquellos que afectan a la comunidad toda.

Invoca la infracción a la preceptiva de los arts. 32, 33, 34, 40, 166 y 272 del CPCC.

Se agravia asimismo de que se hayan impuesto las costas a su parte por entender que aun cuando se rechazara su pretensión, existen razones que justificaban el planteo articulado y la imposición de las costas en el orden causado.

III.- Vista la queja, se advierte que la misma debe ser desestimada.

La Sala a quo entendió que el pedido de levantamiento de embargo debía ser rechazado (confirmando lo resuelto por el juez a quo) y dio razones para justificar su posición. Consideró que la resolución que había ordenado el embargo valoró la actuación del señor Luis Hernán Gómez, en su carácter de secretario general del sindicato demandado. Y desde esa perspectiva, ningún cuestionamiento correspondía formular a la ejecución de las astreintes practicada en cabeza de quien debía oportunamente cumplir el requerimiento judicial y no lo hizo.

Pese al esfuerzo argumental desplegado por el quejoso y al modo en que se presentan sus agravios, no se logra rebatir la doctrina del pronunciamiento recurrido en casación.

En el marco de la medida preparatoria promovida por el actor, el juez a quo practicó una requisitoria al Sindicato de Trabajadores de la Vivienda (SI.TRA.VI.) que pese a haberse reiterado mediante sucesivos oficios, no fue cumplida por el gremio requerido (cfr. escrito de fs. 2 vta.). Tal como surge de fs. 3 vta., el juzgado actuante intimó al Secretario General del SI.TRA.VI. (representante legal del ente gremial) a fin de que en un plazo de 3 días diera cumplimiento a lo ordenado mediante el oficio respectivo, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial y de la aplicación de una multa diaria de $50 por cada día de mora. Dicha providencia se notificó al señor Luis Hernán Gómez (secretario gremial) en el domicilio del ente demandado (fs. 4). A fs. 5, el actor presenta planilla de liquidación de las astreintes aplicadas al señor Luis Hernán Gómez, en su carácter de Secretario General de SI.TRA.VI.; la que es notificada de igual modo (fs. 7). A fs. 8, se inicia la ejecución respectiva en contra del gremio y el actor peticiona la traba de un embargo preventivo sobre los fondos que tenga a percibir por las retenciones que el I.P.V.D.U. practica a los trabajadores de la actividad. A fs. 10 y vta. se ordena la traba del embargo conforme lo solicitado; situación que motiva el planteo de nulidad y el pedido de levantamiento de embargo por parte del gremio (fs. 15/17). A fs. 27/28 glosa la sentencia de Iª instancia que rechazara la incidencia, señalando que no existían errores in procedendo que justificaran la nulidad articulada y el levantamiento de la cautelar. Apelada la misma, se pronuncia el tribunal de alzada (fs. 54/55), confirmando el criterio adoptado por el juez a quo.

De los antecedentes reseñados surge claramente que en el marco de la medida preparatoria promovida por el actor, el requerimiento judicial se dirigía al sindicato demandado y que la condenación conminatoria le fue impuesta precisamente por no haber satisfecho el mandato judicial. Y tal como se señalara en las sucesivas instancias, la referencia al señor Luis Hernán Gómez en los distintos escritos agregados a la causa y en las notificaciones cursadas al sindicato no podía serlo sino en virtud de su función representativa.

La fundamentación recursiva exhibe agravios que soslayan los argumentos centrales invocados por la Cámara a quo para arribar al decisorio que se cuestiona por vía casatoria. Desde esta perspectiva, el quejoso se desentiende de las razones que sustentan el pronunciamiento impugnado, y con ello, incumple la carga procesal de refutarlos, impuesta a su parte (cfr. arg. CSJT, sent. 308 del 06/5/2002, "Ysa, Víctor Hugo vs. Aguirre de Calderón, Nélida s/Cobro ejecutivo").

IV.- Los argumentos expuestos no logran revertir el criterio adoptado por el tribunal de alzada que como consecuencia de lo antedicho, consideró inadmisible el recurso de casación interpuesto en autos.

La fundamentación del escrito de queja resulta insuficiente para desvirtuar el criterio según el cual, estamos frente a un pronunciamiento no definitivo y respecto del cual permanece indemostrado el supuesto de gravedad institucional que se invoca. El déficit mencionado es el que sella en forma adversa la suerte del recurso y así corresponde sea declarado.

Por ello, y visto lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal a fs. 93/95, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por casación denegada interpuesto por el apoderado del Sindicato de Trabajadores de la Vivienda (SI.TRA.VI.) contra la sentencia de fecha 15/8/2003, dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA (voto en disidencia) ALFREDO CARLOS DATO ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA Voto en disidencia del doctor Alberto José Brito:

En orden a la admisibilidad, si bien en principio la resolución impugnada por casación no se enmarca en la preceptiva del inc. a del art. 813 CPCC, sin embargo se ha planteado una cuestión de derecho en la que concurre el supuesto de gravedad institucional previsto en el inciso b del art. 813 de ese digesto, toda vez que de lo actuado surge que se cuestiona fundadamente la estructura esencial del proceso con incidencia directa en la sistemática procesal de la aplicación de las astreintes, de la legitimación y del medio recursivo impugnatorio, y, por ende, con gravitación en el derecho de defensa de raíz constitucional. Por ello, y estando satisfechas las demás exigencias rituales, procede declarar admisible provisionalmente el recurso de casación.

HAGASE SABER.

ALBERTO JOSE BRITO