marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arena c/ Speroni s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

La sola privación de uso de un automóvil representa para su dueño un perjuicio indemnizable, pues se presume que quien tiene y usa un automotor lo hace para llenar una necesidad. No se trata de las ganancias dejadas de percibir, materia del lucro cesante, sino del daño derivado de la indisponibilidad del vehículo, aún para fines meramente placenteros.-
Contrato de trabajo, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ALANIS, PATRICIA VERONICA c/ SONY ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-05

La certificación de servicios y remuneraciones que se extiende en el formulario PS 6.2 de la AFIP no llena todos los contenidos que el art. 80 LCT prevé para las referidas certificaciones. En efecto, la documentación requerida debe contener la indicación del tiempo de prestación de los servicios; la antigüedad reconocida, la naturaleza de las prestaciones (tareas, cargos, categoría profesional, etc); el detalle de los sueldos percibidos; la constancia de los aportes y contribuciones efectuados por el empleador con destino a los organismos de la seguridad social (constancia o descripción que efectúa el principal y que no debe confundirse con la "constancia documentada" que el mismo artículo prevé en el primer párrafo como posibilidad de excepción); y la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, jurisdicción, reformatio in pejus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L, O. A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad (Queja admitida). Homicidio culposo   (Expte. CSJ Nº 189-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-17

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la recurrente cuando el Tribunal de grado, dejando de lado el principio procesal de que sólo se conoce lo que se apela, incurrió en exceso de jurisdicción (al considerar aspectos de la litis que por no haber sido materia de agravios, se encontraban firmes -tal como lo es el tema del monto daño moral) y en reformatio in pejus, principio por el cual con motivo del recurso y a falta de recurso contrario no se puede agravar, perjudicar o empeorar la situación obtenida por el recurrente, de modo que se lo prive de obtener una ventaja o un resultado más favorable del proceso (al modificar la resolución recurrida en perjuicio del único apelante de los montos que fue la Provincia demandada).
Cesión de créditos, liberación del cedente
Materia: CIVIL
Carátula: Cerrutti, Renzo Segundo c/ Hueche, Roberto y Otros s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-09-30

Aún quienes modernamente adoptaron la llamada tesis "unitaria" sobre la cesión de contrato, distinguen entre las diversas clases de tal transferencia a la cesión con y sin liberación del cedente, reclamando sólo para la primera la concurrencia de la voluntad del cedido, excluida en cambio en la segunda, que tiene por efecto, también para esa opinión, una asunción acumulativa.
Superior Tribunal de Justicia, competencia del Superior Tribunal de Justicia, superintendencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MUZZIO, RICARDO DANIEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA  JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 242 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-30

La competencia de gobierno de la Corte prevista en el Acuerdo del 14.3.2000, Acta nro. 10, punto 5, supone el desarrollo de actividad materialmente administrativa que, en tanto no constituye un juicio, no suple la competencia judicial requerida por los artículos 18 de la Constitución nacional y 7 de la Carta Magna provincial. Por tanto, a fines de garantizar el control judicial suficiente y no obstante que no se encuentra prevista en el ordenamiento local una instancia que asegure dicho control, este no puede quedar sujeto a tribunales inferiores o integración ad hoc de la Corte local, por lo que atendiendo a la doctrina del más alto Tribunal nacional acerca de cuál es el Superior Tribunal de la causa, corresponde habilitarla a través del recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley provincial 7055
Competencia por la materia, acto administrativo, nulidad absoluta
Materia: CIVIL
Carátula: L. T.B c/ M.C.R. s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-27

El acto administrativo requiere ser emitido por un órgano competente y si esta competencia no existe, el acto se encuentra viciado; que es "absoluta" cuando la Administración invade la esfera de acción de otro órgano, o cuando se violan competencias por razón de la materia, denominando "incompetencia funcional", aclarando que la competencia "por materia" se refiere a la actividad que debe satisfacer una determinada repartición o ente público. Así cuando un ente regule materias de otro, la incompetencia será absoluta y el acto nulo, de nulidad absoluta.
Costas en el orden causado, exención de costas, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Quiroga, Noemí Beatriz c/ Kolmer  S.A. s/ Nulidad de cláusulas contractuales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-26

Si la demanda de nulidad de cláusulas contractuales tenía serias posibilidades de prosperar en virtud de la alteración en el precio del dólar en relación a los valores internos y el mercado inmobiliario, tal como existía al momento de ser interpuesta, no se advierte una carencia de razón para litigar al momento de demandar, lo que en principio justifica hacer aplicación del segundo párrafo del art. 68 del Código Procesal, en tanto autoriza a eximir de costas al perdedor y declararlas en el orden causado en ambas instancias.
Jurisprudencia vinculante, protección a la familia, obligaciones del Estado miembro, derechos de las niñas, niños y adolescentes, deber de obrar con prudencia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso V.R.P., V.P.C. y Otros Vs. Nicaragua S/ Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-03-08

Conforme ha dejado establecido en forma reiterada la Corte Interamericana, en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, es obligación de los Estados actuar en función del deber de diligencia reforzada, adoptando medidas especiales y desarrollando un proceso que impida toda forma de revictimización, brindando información suficiente sobre los servicios de asistencia jurídica y de salud en todas las áreas que resulten comprometidas, las medidas de protección disponibles, su derecho a ser oída y a participar en el proceso penal atendiendo a su edad y madurez, su derecho a escoger el sexo del personal médico que practica las diligencias ginecológicas evitando reiteración de exámenes, conductas todas ellas que los Estados deben asumir desde el primer momento que se toma conocimiento de los hechos.
Comisiones médicas, determinación de la incapacidad, incapacidad laboral, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Massone, Leonardo Carlos c/ Provincia A.R.T. SA. s/ recurso decisión Comisión Médica Central
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-25

El actor se agravia porque la Comisión Médica Central difirió la determinación de la incapacidad definitiva derivada del infortunio acaecido cuando se hallaba prestando sus tareas como policía federal y, en un allanamiento, cayó sobre su pie izquierdo un objeto pesado que le produjo una lesión que luego se agravó y derivó en la amputación quirúrgica parcial del miembro inferior por debajo de la rodilla. Corresponde declarar el cese de la incapacidad laboral temporaria pues, en función de la magnitud y naturaleza de la lesión producida por el infortunio, se revela la clara imposibilidad de revertir sus consecuencias y no permite colegir de qué modo y cuáles prestaciones serían hábiles para reducir al mínimo las consecuencias dañosas resultantes, de modo que el diferimiento resuelto en sede administrativa en el caso se presenta arbitrario y carente de asidero. El accionante sufrió una de las contingencias previstas en el art. 6° de la L.R.T. y de ese evento dañoso se deriva, una incapacidad equivalente al 65% de la total obrera, con inclusión de los factores de ponderación valorados por el perito médico. Resulta de aplicación la normativa del punto 4 de decreto N° 659/96 que dispone que en el caso de llegarse a establecer un porcentaje igual o superior al 66%, el porcentaje máximo de la incapacidad será del 65%.
Aplicación temporal de la ley, código civil y comercial
Materia: CIVIL
Carátula: Rondinara, María Natalia c/ Luna, Nahuel s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-09-15

Del art. 7 del Código Civil y Comercial se desprende que los principios para la solución de los conflictos de leyes en el tiempo son: a) la irretroactividad de la ley, que sólo admite excepciones puntuales, como las aplicables a las relaciones de consumo y b) la necesidad de que la nueva ley tenga inmediata aplicación a partir de su entrada en vigencia; estos principios se complementan, pues la aplicación inmediata no es retroactiva: significa aplicación de las nuevas normas para el futuro y con posterioridad a su vigencia; a su vez, el efecto inmediato encuentra sus límites, precisamente, en el principio de irretroactividad, que veda aplicar las nuevas leyes a situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas, o a efectos ya producidos, agotados o extinguidos.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, supermercado, playas de estacionamiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: SWING CAR SA c/ KIA ARGENTINA SA s/ ORDINARIO - KIA ARGENTINA SA C/SWING CAR SA S/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-12

Procede hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios ocasionados al actor, por la sustracción de sus efectos personales cuando su vehículo se hallaba estacionado en la playa de estacionamiento del hipermercado. Y en ese marco, cabe resarcir el daño psicológico. Es que no constituye óbice a lo expuesto, el hecho de que sobre el actor no haya mediado violencia física ni que aquí no se tomen en consideración para que sean indemnizados los bienes de valor, en tanto es el hecho en sí mismo el que ocasionó un daño de origen psíquico que determinó el perito y que es susceptible de ser indemnizado, por una determinada suma con más los intereses acaecidos desde que se produjo el perjuicio (cfr. CCCN 1748), esto es, desde la fecha del siniestro.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández Kulisek e Hijos SRL c/ Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires - Policía de la Pcia. de Buenos Aires s/ daños y perjuicios varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

La circunstancia de que el Estado local haya sido demandado por un vecino de la misma jurisdicción territorial, determina la competencia originaria de la Corte Suprema, atento a la imposibilidad de que una provincia litigue ante un tribunal nacional inferior.
Enfermedad accidente, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Amado, Julio E. c/ Belmo S.A.C.I.F.I. s/ Enfermedad accidente Brites, Ernesto c/ Anani S.R.L. s/ Cobro indemnización ley 9688 y ots.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24|1997-02-11

No evidenciado por otros medios probatorios el nexo causal o concausal de la enfermedad con el trabajo, la circunstancia de que el actor hubiera ingresado sano a las órdenes del principal no es de por sí demostrativo de tal extremo.
Seguros, reaseguro, INDER, deuda exigible
Materia: COMERCIAL
Carátula: NEPTUNIA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS SA c/ INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS s/ REASEGUROS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

La accionante actúa en el ramo de seguros desde el año 1968 y admite en su demanda que el INDER tiene atribuciones para "dirigir la actividad del seguro", como consecuencia de las cuales, a través de diversas circulares, ha fijado las modalidades y reglas propias de ejecución del contrato de reaseguro que: "este sistema resulta de las circulares N. 3 (del 8.2.1955 ...); N. 14 (del 31.10.1957 ...), y N.

20 (del 27.6.58 ...) ... Básicamente, este sistema con ligeras modificaciones ... Subsiste hasta el presente." En ese contexto, Neptunia aceptó establecer relaciones contractuales con el Ente Estatal, en virtud de las cuales cedía a éste en forma total o parcial los riesgos asumidos en sus contratos con los asegurados. Así las cosas, el concepto de "deuda exigible no constituye una creación sorpresiva del INDER sino un elemento técnico, propio de su vinculación con las aseguradoras cedentes y que, como se comprueba leyendo la circular N. 72 de aquél, ya se empleaba en el año 1971.
Tratados internacionales, Organización Internacional del Trabajo, Derecho internacional, derecho comparado, pueblos originarios, derechos del aborigen, igualdad ante la ley
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

La Parte I del Convenio, dedicada a la Política General, nos advierte que el Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Esta acción debe incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.
Argumentos de las partes, interpretación de la ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en autos B., B. G. s/infr. art. 189 bis CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-16

Las argumentaciones de la defensa, al entender que el término de duración de la investigación penal preparatoria al que se refiere el art. 47, RPPJ, debe computarse en días corridos y no en días hábiles, como lo hizo la mayoría de la Sala I, se limitan a proponer una interpretación diferente de las reglas procesales en juego, sin lograr demostrar que los jueces hubieran fallado con desapego al texto de la ley y son insuficientes para demostrar lesión alguna a los principios constitucionales que rigen la interpretación de la ley penal. (Voto del Sr. Juez José O. Casás. En sentido concordante ver voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Sobreseimiento, cuestiones prejudiciales, incumplimiento de los deberes del funcionario público
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. c/ G.C.B.A. y Otros s/ Daños y perjuicios (excepto Resp. Médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-14

No puede atribuírsele autoridad de cosa juzgada al auto de sobreseimiento de quienes fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, si no ha versado sobre la inexistencia del o de los hechos considerados como omisiones causantes de daños, pues ello torna inaplicable la asimilación del sobreseimiento a la absolución penal, a los fines contemplados en el art. 1103 del Código Civil.
Terminación del proceso, caducidad de instancia, indivisibilidad de la instancia, litisconsorcio
Materia: PROCESAL
Carátula: C., C.R. c/ M., E.M. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-08

Uno de los principios básicos del instituto de la caducidad es la indivisibilidad de la instancia, del cual deriva como consecuencia lógica y necesaria, otro principio: la indivisibilidad de la caducidad. Ello implica, en razón de la unidad de la relación procesal, su aplicación a todas las partes que intervienen en la instancia, de modo que aún en los casos de existencia de partes múltiples, la instancia es insusceptible de fraccionarse sobre la base del número de sujetos que actúan en una misma posición, siendo esto último así con independencia incluso del tipo de litisconsorcio que formen -necesario, cuasinecesario o voluntario- y de la naturaleza del derecho invocado como fundamento de la pretensión. En función del principio enunciado, la caducidad se produce o no, se suspende o se interrumpe, con respecto a todos los litisconsortes por igual.
Recusación con causa, recusación por prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Solís, Luis Alberto c/ Barrientos, José David y/u otro s/ Daños y Perjuicios - Incidente de Excusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-02-24

La Magistrada Titular no puede seguir interviniendo en las actuaciones si adelantó su opinión sobre el tema de la caducidad de instancia solicitada por una de las partes, configurándose el supuesto del art. 17, inc. 7mo. del C.P.C.C. , en perfecta armonía con lo normado por el art. 32 del mismo cuerpo legal.
Denegatoria del recurso, aplicación de la ley, preclusión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., N. M. c/  s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-28

Recurso de queja presentado por el fiscal respecto del rechazo a aplicar el régimen procesal común. Posibilidad de objetar la aplicabilidad del procedimiento limitada al imputado o su defensor. Cuestionamiento que debió introducir al inicio del sumario, en la audiencia multipropósito. Principio de preclusión. Rechazo.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, prueba, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ODETTI, DANIEL GUSTAVO MARCELO Y OTROS c/  s/ ROBO CALIFICADO USO DE ARMA DE FUEGO-AMENAZAS COACCION CALIFICADA PROPOSITO; OBTENCION DE ALGUNA MEDIDA O CONCESION POR PARTE DE CUALQUIER MIEMBRO DE LOS PODERES PUBLICOS; 2: REBELDE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-20

Se advierte que el decisorio impugnado no satisface adecuadamente el derecho a la jurisdicción ya que los Sentenciantes, para construir la duda respecto al delito de robo por el que fuera acusado y condenado el imputado en primera instancia, realizaron una valoración parcializada de los medios de confirmación producidos en el juicio, habiendo incurrido en omisiones bajo la apariencia de fundamentación y mediante afirmaciones dogmáticas.
Dirigente gremial, despido, indemnización por enfermedad, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Alvarez, Mario Francisco c/ Catamarca Rioja Refrescos SACIFI s/ Indemnización por despido sin causa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-03-13

El agravio de la actora por la desestimación de la indemnización especial prevista en el art. 50 de la Ley 23.551 no es de recibo.

En efecto, la norma mencionada condiciona la operatividad de la protección que contiene a favor de quien ha sido postulado por un cargo de representación sindical, al cumplimiento de la carga de la oficialización de la postulación y la comunicación al empleador de los nombres de los postulantes, ya sea por parte de ellos o de la asociación sindical a la que pertenecen.

Ello así, si nuestro ordenamiento procesal impone como requisito de viabilidad que la comunicación sea efectuada en forma fehaciente, y en el caso ella no se practica, la apelación debe rechazarse en este rubro y confirmarse lo resuelto por el Inferior.
Daños y perjuicios, delitos contra el honor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Contreras, Roberto Orfelio c/ Nicora, José Luis s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-10

La acción prevista por el art. 1090 del Código Civil solamente puede progresar si se demuestra que el querellante o denunciante ha obrado sin razón, ni fundamento alguno, y con el pleno conocimiento de la inocencia del acusado. Es decir que la reparación de los perjuicios derivados de una denuncia, sólo procede cuando el denunciante ha obrado con malicia, temeridad, o por lo menos, con ligereza culpable.
Acción de amparo, gravamen actual, derechos de incidencia colectiva, relación de causalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Daneri, Jorge O. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-23

Debe rechazarse el amparo si no fue definida la relación existente entre el acto atacado -decreto 1609/96- y el riesgo de que se ocasione una lesión a los derechos de incidencia colectiva invocados, ya que esta amenaza, para que habilite la acción, debe ser de tal magnitud que ponga en peligro efectivo e inminente el derecho constitucional invocado (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A.F. López).
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, recurso de queja (procesal), debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Foro  de  Abogados  de  San  Juan c/ juez del Juzgado de Paz delDepartamento Judicial de San Martín.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07

Corresponde desestimar la queja si las objeciones formuladas -de estricto carácter procesal- sólo demuestran una mera discrepancia con lo decidido por lo que resultan inhábiles para tener por configurado, en forma nítida, inequívoca y concluyente, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso.
Interdicto de recobrar, fallos de la Corte Suprema, posesión, tenencia simple, despojo, utilización de violencia, posesión clandestina
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: FEMESA c/ INTRUSOS Y/U OCUPANTES SANTA MAGDALENA 818 ARCADA 89 s/ INTERDICTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-21

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que para la procedencia del interdicto de recobrar se requiere haber acreditado la posesión actual o tenencia y el despojo, total o parcial, con violencia o clandestinidad (in re "S.A. La Morocha c/Provincia de Córdoba", del 30.4.73, publicada en Fallos 285:333 y "Alonso de González, Rosa c/Brenta S.A.C.I.A. y Córdoba, Provincia de s/Interdicto de Recobrar la Posesión", del 17.12.87, Fallos 310:2740).
Igualdad ante la ley, control de razonabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SANHUEZA FERNANDO F. EN J: SANHUEZA FERNANDO F. s/ Acción de Amparo - Inconstitucionalidad (LIBRO: S263 - 417)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-03-25

El principio de igualdad ante la ley no tiene carácter absoluto, pero la objetiva razón de diferenciación debe pasar por el llamado "test de razonabilidad" o control de razonabilidad.