Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-22


Reg.: A y S t 282 p 368/371.

Santa Fe, 22 de mayo del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra el acuerdo 60 de fecha 14 de setiembre de 2016, dictado por la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "GROTSCHL, JORGE EDUARDO contra S.A. LITO GONELLA E HIJOS I.C.F.I. -ORDINARIO- (CUIJ 21-01050567-1)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511233-5); y,	CONSIDERANDO:

1. Por acuerdo 60 del 14.09.2016, el Tribunal rechazó los recursos de nulidad y apelación interpuestos por el accionante, con costas.	Contra dicho pronunciamiento, el compareciente interpuso recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055.	Postula que el fallo impugnado, al rechazar la demanda con sustento exclusivo en la necesidad del "arbitraje previo" que exigía el anterior Código de Comercio en su artículo 476, incurre en arbitrariedad por carecer de fundamentación al no tener en cuenta los argumentos expuestos por su parte relativos a la improcedencia en el caso concreto de dicho precepto.

En ese orden, aduce que el decisorio atacado otorga valor a una norma nacional relativa a materia probatoria cuando la legislación provincial procesal que se ha reservado la provincia la torna inaplicable en el caso concreto, y vulnera el debido proceso constitucional, la inviolabilidad de la defensa en juicio, el régimen republicano y el sistema provincial-federal adoptado por los constituyentes.

A este respecto, arguye que es contradictorio sostener respecto al "arbitraje previo" que el "...planteo de la demandada constituye una defensa de fondo y no una excepción procesal", toda vez que si se considera a dicho trámite como el único modo de probar los extremos de la demanda, el rechazo de ésta se sustenta en una "carencia de pruebas" lo cual es -dice- "materia procesal" reservada a las provincias.

Alega también que el A quo desechó dogmáticamente todas las abundantes y relevantes pruebas sin haber analizado las mismas, considerando como suficiente la ausencia del referido "arbitraje previo".

Por otro lado, argumenta que el Código de Comercio establece como ley de fondo cómo debía dirimirse el conflicto y que los casos comprendidos en el artículo 476 son de exclusivo interés privado de las partes, por lo que pueden ser renunciados expresa o tácitamente.

Partiendo de esas premisas, aduce que hay que remitirse al artículo 417 del Código Procesal Civil y Comercial que regula el juicio arbitral, de donde surge que el sometimiento al mismo en casos en que no esté de por medio el orden público o la cuestión de recurrir directamente a la jurisdicción ordinaria es un tema de competencia.	En ese orden de reflexión, afirma que para rechazar la jurisdicción ordinaria el demandado debió interponer excepción de incompetencia como de previo y especial pronunciamiento, es decir antes de contestar la demanda, conforme al artículo 139 inciso 1), lo que no hizo consintiendo y aceptando la jurisdicción ordinaria conforme al artículo 417 del Código Procesal Civil y Comercial, con la consecuencia de poder acreditar los extremos de la acción redhibitoria a través de cualquier medio de prueba.

Por otra parte, le atribuye arbitrariedad al pronunciamiento por ausencia total de fundamento normativo, por cuanto manifiesta que en la causa no existe sentencia firme ni cosa juzgada al momento en que se expidió la Cámara, por lo que al ser la acción promovida de las que pretenden una sentencia declarativa, no constitutiva, se debió aplicar el nuevo Código Civil y Comercial según lo dispuesto por el artículo 7, norma que debe aplicarse de oficio por ser de orden público, y de la cual emana que el requisito del "arbitraje previo" ha dejado de existir por completo.	2. El Tribunal a quo denegó la concesión del recurso interpuesto mediante auto 41 del 28.04.2017 (fs. 23/24), lo que motivó la queja ante esta Sede (fs. 27/33).	3. Se adelanta que el presente recurso no puede prosperar, pues, como se advierte de las constancias de autos, la quejosa en su presentación directa incumple la carga estipulada en el artículo 8 de la ley 7055 de rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Sala para apoyar su decisión de denegar la concesión del remedio extraordinario, trayendo razones de peso a fin de neutralizar la referida fundamentación, especialmente en orden a que la postulación recursiva sólo dejaba traslucir su "...discrepancia con el derecho de fondo y de forma aplicado..." (f. 24).

En efecto, en aquella oportunidad la Cámara insistió en que "...el mecanismo establecido en el art. 476 del Código de Comercio, norma de fondo que rige el caso de acuerdo al tiempo en que se trabó la litis (fs. 4/15 y 124/144vta.; art. 243 del CPC y C donde se incorporan los principios procesales dispositivo, alteridad o contradicción, iura novit curia), legalmente es de aplicación obligatoria e insustituible, pues tiende a que la materia sea resuelta bajo estricto conocimiento técnico o especializado -peritos arbitradores-, dentro de un marco distinto en cuanto a las probanzas y su valoración atento a su materia específica; recordando que la prueba pericial producida dentro de un proceso de conocimiento, tiene otros efectos y consecuencias" (f. 24).

Frente a ello, la lectura del memorial de la queja revela que el impugnante tan solo se limita a efectuar postulaciones genéricas y a reiterar los planteos ya esgrimidos en oportunidad de enderezar el recurso de inconstitucionalidad local, quedando así -como se dijo- incumplida la carga que contempla el artículo 8 ya citado.	No obstante lo expuesto, también es dable destacar que, más allá de las insuficiencias que pudieren achacarse al cumplimiento del autoabasto (art. 3, ley 7055), lo cierto es que la lectura de los argumentos traídos a consideración de este Cuerpo en el memorial del recurso de inconstitucionalidad, en confrontación con la sentencia atacada, revela la mera discrepancia del compareciente con los fundamentos expuestos por la Alzada al emitir el pronunciamiento. Ello es así por cuanto se advierte que, aunque invoca causales de arbitrariedad, toda la argumentación desarrollada -pese al matiz constitucional que pretendió otorgarse- remite a cuestiones de derecho y prueba, materias propias de los jueces de la causa, y que no incumbe a esta Corte revisar por esta vía de excepción.

En este sentido, se advierte que el Tribunal consideró aplicable el artículo 476 del Código de Comercio por ser la norma vigente a la época en que se celebró la contratación entre las partes y los reclamos del comprador por los supuestos vicios de la cosa adquirida (f. 4v.); entendió que la pericia arbitral prevista en el mentado precepto es un medio específico, insoslayable, insustituible y vinculatorio para el juez a los fines de determinar los vicios de la cosa vendida -citó doctrina y jurisprudencia en abono de su postura- (f. 5); destacó que el actor no cumplimentó con dicho procedimiento y que tampoco alegó la inconstitucionalidad del referido precepto (f. 5v.); y concluyó que tal omisión no podía subsanarse con las contradictorias pruebas periciales producidas en autos por actor y demandado que arriban a conclusiones diametralmente opuestas (f. 6).	Frente a tales consideraciones el apelante plantea la arbitrariedad de lo resuelto -invocando, en esencia, que el artículo 476 del Código de Comercio establecía cómo se debía dirimir la cuestión de recurrir a la jurisdicción ordinaria directamente o someterse al juicio arbitral y, por otro lado, que resultaba aplicable al caso el nuevo Código Civil y Comercial que no prevé el arbitraje previo- mas lo cierto es que no logra demostrar la irrazonabilidad de la justificación expuesta por la Cámara.

En tales condiciones, dadas las imputaciones del recurrente, vistas en su desarrollo, y no obstante la invocada arbitrariedad y lesión a garantías constitucionales, el recurso no pasa de ser la mera manifestación de disconformidad de la parte con las cuestiones resueltas por la Sala en ejercicio de funciones propias y sobre cuestiones ajenas al remedio extraordinario, y por ende de excepción, intentado.	Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el quejoso el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)	Tribunal de origen: Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 10 de la ciudad de Santa Fe.