Doctrina de la arbitrariedad, escala penal, fundamentación de sentencias, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ponce, Julio Alberto s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Ramón Avila, en causa Expte. 175/09, caratulada: Ponce, Julio Alberto s.a. Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-08-12

La Cámara en lo Criminal por unanimidad, declaró culpable a J.A.P. del delito de Homicidio Simple, por el que venía incriminado condenándolo a consecuencia a sufrir la pena de quince años de prisión (arts. 79, 12, 40, 41 y 45 del C. Penal).

Contra el decisorio aludido, comparecen los asistentes técnicos del imputado e interponen recurso de casación.

Por último, los recurrentes propugnan la nulidad de la sentencia invocando inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3º del C.P.P).

Sostienen que, luego de enumerar las agravantes y atenuantes, el tribunal concluye en que la pena adecuada es la de 15 años de prisión efectiva. Aseveran que el número de cuestiones ponderadas a favor y en contra y su peso de convicción resulta sumamente desproporcionado.

Aquí, la cuestión radica en analizar si los vicios de razonamiento apuntados han incidido o no en la correcta motivación del fallo en orden a la individualización judicial de la pena impuesta al imputado.

Los recurrentes entienden, por un lado, que el a quo, a pesar de haber valorado circunstancias agravantes y atenuantes, impuso a P. una pena desproporcionada; como así que el a quo ha omitido ponderar positivamente que el homicidio ha sido el resultado de un estado anímico turbado y motivado por la burla y los celos, soslayando también que el imputado es una persona con baja tolerancia la rechazo y sin capacidad para contener sus impulsos emocionales.

Considero que las críticas expuestas no resultan procedentes, por cuanto no evidencian que el tribunal de juicio haya ejercido su facultad discrecional de fijar la pena de manera arbitraria. En consecuencia, adviértase que el sentenciante justificó el monto de la pena considerando la naturaleza de la acción, los medios empleados para cometerla, el daño causado -se dejó a un menor sin madre-las particularidades personales y morales del acusado, todo ello habiendo tomado conocimiento directo y de visu del acusado.

No comparto la cuestionada omisión del tribunal de ponderar a favor del acusado que éste actuó en un estado anímico turbado y motivado por la burla y los celos.

Digo ello, porque justamente otra es la interpretación que dio el tribunal de juicio, ya que al considerar la modalidad delictiva empleada (golpiza reiterada en una zona de vital relevancia y la precipitación de una persona desvanecida a un pozo de apreciable profundidad), puntualizó que la reacción del acusado resultó totalmente desproporcionada frente a un noviazgo ya terminado, y hasta demostrativa del desprecio por la vida humana ajena al pretender resolver un trance superficial y extemporáneo a través de enérgica violencia.

De igual modo, estimo que deben desestimarse los planteos efectuados por la defensa a los fines de que se consideren como atenuantes el estado anímico del imputado, turbado y motivado por la burla y los celos, así como también, que es una persona con baja tolerancia al rechazo y que carece de capacidad para contener sus impulsos emocionales -circunstancias que no se encuentra fehacientemente demostradas, siendo ello una mera apreciación de la defensa-; a más de que no han explicitado en el curso del debate oral, que las mencionadas circunstancias debían considerarse a tal fin, ni tampoco desarrollaron de qué manera o cómo habrían influido en el accionar delictivo de P. a los fines de disminuir la pena aplicable que, se supone, pretenden.

Ahora bien, en cuanto a la denunciada desproporción en la valoración de atenuantes y agravantes y al monto de pena impuesto a P., no advierto, en modo alguno, que el tribunal haya ejercido su potestad jurisdiccional de fijar la pena de manera arbitraria.

En tal sentido, recientemente esta Corte expresó que tales agravios resultan improcedentes, pues el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena de las circunstancias atenuantes y agravantes tenidas en cuenta por el tribunal no implica violación legal alguna ( S. 21, del 13/07/11; S. 47, del 30/12/10), En consecuencia, estimo ajustada a derecho la imposición de la pena atribuida, puesto que la misma ha sido fijada respetando los límites impuestos por la escala y, además, las expresiones utilizadas por el Tribunal de grado para sustentar la cuantificación de la condena impuesta satisfacen el requisito de motivación que exige la decisión atacada, fundando los motivos que se tuvieron en cuenta para graduar las penas, evaluándose correctamente las pautas de los arts. 40 y 41 del C.P..

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.