marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aplicación de la ley, apreciación de la prueba, juicio por jurados
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Fiscalia De Zapala c/  s/ inv. (t., a. p.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-12

El Juez debe resolver si la información que la Fiscalía pretende introducir mediante las fotografías tiene el peso o fortaleza suficiente o es de poca importancia, frente al factor de riesgo de perjuicio. Así, si la fiscalía, no pudo establecer cuál era la "necesidad" de la exhibición, sino únicamente sobre la base de la apelación a los sentimientos del Jurado, como expresamente lo sostuviera en la audiencia, corresponde confirmar la decisión que excluyó dicha prueba. Ello así, pues no se discute lo horroroso que es el delito-en el que todos estaremos de acuerdo, seguramente-, sino si ese delito fue cometido por la imputada, o bien, si era imputable. Y la información que se pretende introducir, presenta un claro peligro de producir un riesgo indebido (del voto en mayoría del Dr. Zvilling).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Vicens, Juan José y otro s/ Asociación ilícita - Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

Corresponde anular de oficio la sentencia si la insuficiencia del recurso de inaplicabilidad de ley respecto del elemento "imputación judicial del coprocesado" no puede serle cargada al recurrente ante el silencio de la Cámara con relación a la clase de prueba que constituiría dicha imputación, teniendo en cuenta que la caída de tal imputación hubiera bastado para asumir competencia positiva; y no puede resolverse que aunque fuera suficiente de todos modos existiría improcedencia.
Poder Judicial, interpretación de la ley, voluntad del legislador, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido Peronista Femenino s/ reconocimiento  de  Personalidad  Jurídico-Política. RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07

No incumbe a los tribunales el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones.
Proceso contravencional, audiencia de juicio contravencional, deberes del juez, notificación, notificación tácita, ofrecimiento de la prueba, defensa en juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G, V. s/ artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

El artículo 45 de la Ley de Procedimiento Contravencional, que textualmente ordena que el juez fija audiencia de juicio y "...notifica a las partes..." apunta a que el juez interviniente, corra traslado a la defensa a fin de que ésta opte por el ejercicio o no de su derecho a aportar la prueba de descargo que considere de aplicación, y a fin de compatibilizar este establecimiento legal, como obligación a cargo del Estado, con aquellas garantías establecidas constitucionalmente a favor de quien tenga que resistir la imputación penal. Así, una correcta interpretación de la norma en juego, implicaría sólo poder aceptar la notificación expresa, ya sea a través de cédula o ya sea porque el letrado defensor expresamente acepta la notificación en los estrados del tribunal mediante constancia actuarial o mediante la presentación del ofrecimiento de prueba, a fin de conservar un correcto ejercicio del derecho de defensa en juicio.

De esta forma, a través de la adopción del criterio de la notificación tácita, se priva a la defensa técnica del imputado, de la posibilidad real y puntual de ofrecer la prueba que haga a su derecho. Allí radica el vicio insuperable que debe ser fulminado puesto que afecta el derecho de la defensa consagrado constitucionalmente. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Recurso contencioso administrativo, retiro policial, traslado, adicional por desarraigo, compensación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Leiva, Mariano Argentino c/ Estado provincial e IPPS s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, ilegitimidad  o anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-09-26

Debe rechazarse la acción contencioso administrativa instaurada que pretende la declaración de nulidad de la resolución administrativa que deniega el pago por "no asignación de vivienda, toda vez que no se trata de un suplemento patrimonial, integrador del salario normal y general, establecido de acuerdo a la posición escalafonaria, sino de una compensación establecida por ley como una suma dineraria, cuya finalidad específica es facilitar al personal policial en actividad, el uso y goce de vivienda,cuando para el cumplimiento de sus fines, la institución dispusiere el traslado de su personal fuera del radio de asiento originario, y se encontrare imposibilitada de proveerle en forma directa de casa-habitación para el cumplimiento del servicio y funciones asignadas. Razón por la cual, al tratarse de una compensación si debiera ocuparse del costo de su vivienda particular, la misma de hecho y por derecho carece de causa jurídica cuando concluye el traslado. Menos aún, cuando como en el presente caso, el accionante ha pasado a retiro obligatorio.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, personas con discapacidad, derecho a la vivienda digna, alimentos
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: D., M. E. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-11-20

En el caso, la única resolución constitucionalmente admisible no es la de hacer lugar a la demanda en los términos en que ha sido propuesta, sino garantizar el artículo 28 inciso d) de la ley 26378 en cuanto ordena asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública, lo que en autos se tradujo en la comunicación a la amparista para ingresar a la Administración Pública, sin que aquélla concurriera a cumplimentar los requisitos pertinentes; y su inclusión en un programa de vivienda en el Cupo especial, por ser discapacitada motriz y siendo que su grupo familiar está conformado por tres personas con ingresos estables, reuniendo los requisitos reglamentarios. Asimismo, con relación a la pretensión efectuada en torno a la alimentación, vestido y comida, se puede compartir lo expuesto por el Juez de grado al exponer que correspondía señalar que los alimentos constituyen una obligación primaria entre parientes, por lo que deviene irrazonable que la amparista no explique por qué a éstos los considera desligados de tal obligación o desecha a priori tal posibilidad e intenta transferir a las autoridades públicas el cumplimiento de esa obligación en forma directa (De la disidencia del Dr. Netri).
Cámara de Apelaciones, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FROIS, MAURICIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-12-22

En relación a la invocada -y no probada- circunstancia de haber los superiores del magistrado destituido confirmado las resoluciones en procesos contenidos en la acusación, debe repararse que el recurso otorga competencia al superior limitada al concreto agravio, que hace las veces de limite funcional y no surge -es más, ni siquiera se invoca- que la Cámara hubiera avalado el proceder del magistrado, sino que ante una premisa fáctica concreta, la misma se limita a juzgar el acierto o error en la determinación de dicha premisa, como así también en la individualización de la premisa jurídica; lo que bajo ningún concepto pudo traducirse en una aprobación del desempeño enjuiciado.
Concursos, desapoderamiento, administración y disposición de los bienes, actos de comercio, fallido, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Marangoni, Matías Ignacio  c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-23

Tal interpretación superadora conduce a sostener, entonces, que a pesar de lo establecido en el segundo párrafo -in fine- de la LCQ 109, los actos realizados por el fallido sobre los bienes desapoderados son ineficaces de pleno derecho, sin que resulte necesario acudir a la vía prevista en el penúltimo párrafo del art. 119 para obtener tal declaración (conf. CNCom, Sala D in re "Manoukian, Manuel s/ quiebra", del 04/11/14; ídem "Barchielli, Edgardo Javier s/ quiebra", del 09/10/14; ídem "Nikkon SA s/ quiebra s/ incidente art. 280 LCQ", del 17/11/10, entre otros).
Interés superior del niño, adopción, estado de adoptabilidad
Materia: DERECHOS HUMANOS-CIVIL
Carátula: MINISTERIO DE MENORES N° 1 s/ Menores N. N. - Avocamiento - Copias para Elevar a la Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-12-20

Teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño, el Estado debe asegurar, como garante de los derechos de los niños, su cuidado, y protección, disponiendo las medidas pertinentes para su beneficio. Justamente, frente a situaciones de descuido, abuso, malos tratos por parte de sus padres, (contando con todas las garantías procesales, derecho a revisión judicial, a participar todas las partes en el proceso correspondiente, a dar su opinión), pueden los niños ser separados de sus progenitores, cuando su interés superior lo aconseje.
Crisis económica, ley de emergencia, contratos, interpretación del contrato, comercio exterior, obligaciones en moneda extranjera, pesificación
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: GUIDETTI, JORGE c/ BANCO SUDAMERIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - MERE DECLARATIVA ? CAUTELAR (EXPTE.: C.S.J. NRO. 328 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

Al interpretarse y aplicarse normas de contenido económico y con raíces en políticas de índole financiera, no puede pasar inadvertido para el juzgador ni la finalidad tenida en cuenta, ni el marco de la realidad de los acontecimientos acaecidos en oportunidad de su dictado.

En el caso, las partes se vincularon mediante la apertura de un crédito bancario documentario donde el comprador domiciliado en territorio nacional se vinculó con el vendedor establecido en el extranjero a través de la intervención de dos entidades bancarias entre las que se cumplió el pago del precio convenido en la compraventa, y que el banco local actuando por cuenta y orden del importador ( hoy actor) canceló por intermedio de otro banco extranjero el precio de la operación bajo la paridad cambiaria, es decir, un dólar-un peso.

A su vez, estos negocios fueron financiados mediante operaciones de financiación cuyos vencimientos operaron cuando ya no estaba en vigencia la ley de convertibilidad nro. 23.928 sino la ley 25.561 y el decreto 214/02, disposiciones éstas que constituyen, dentro del plexo normativo dictado a raíz de la emergencia social, económica, financiera y cambiaria, la regla en materia de "pesificación" dispuesta por el gobierno nacional, a fin de reordenar la situación imperante.

En ese contexto posteriormente se dictó el decreto 410/02 que resulta ser la "excepción" a aquella pauta y que, al disponer remisiones a reglamentaciones emitidas por el Banco Central, contiene, en definitiva, fuertes condicionamientos para su aplicación, la cual resulta ser así restrictiva.

Tal circunstancia determina, por ende, que a fin de aplicar el artículo 1 inciso a) de este decreto y de considerar no atendible para el caso las condiciones que la Circular A 3507 (y su modificatoria A 3561) impone en su artículo 4, la fundamentación requerida debe agudizarse, en relación a su vez a los complejos hechos que rodean la cuestión debatida. (De la Disidencia del Dr. Guti?rrez a la que adhiere el Dr. Spuler)
Intereses, tasa pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castagno, Luis Carlos c/ Rodríguez de Alonso, Paz Azucena s/ Cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-22

Si bien no se discute la naturaleza comercial de la cuenta corriente mercantil y que ello determina que en materia de intereses deba aplicarse el régimen especial del Código de Comercio (art. 622 1° pár. CC), al no haberse convenido tasa alguna, ni haber sido fijada por la ley -pues el art. 785 del C. de C. no la especifica debe aplicarse la tasa pasiva (arg. art. 565 últ. pár. del C. de C.).-
Acción de amparo, aportes sindicales, deber de aportar
Materia: CIVIL
Carátula: SINDICATO DE VENDEDORES DE DIARIOS Y REVISTAS c/ EMPRESA EDITORA "EL LIBERAL" s/ RECURSO DE AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-05-24

Si no existe vínculo laboral ni relación de dependencia, no puede obligarse a la empresa a retener y efectuar aportes sindicales con relación a los amparistas, ya que la ley de asociaciones sindicales requiere a esos fines tal vínculo.-
Juicio ejecutivo, excepción de prescripción, interrupción ineficaz
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hormigonera Mar de Ajó S.R.L. c/ Poliszcsuk, Esteban s/ ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-09

Corresponde hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por el accionado cuando se ha cumplido el plazo de fondo, habiéndose producido en autos la caducidad de instancia. La interrupción de la prescripción resulta, pues, ineficaz. ( art. 3987 C.C. ; art. 542 inc. 5° Cód. Proc. )
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Hagelin, Ragnar c/ Tte. de Navío Alfredo Ignacio Astiz. s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-25

Es improcedente el recurso extraordinario, si el impugnante no demuestra ante la Corte los motivos de la nulidad que invoca, remitiéndose a escritos anteriores.
Pago, recibo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nocetti, Héctor A. c/ Dell'Acqua Luis A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-27

Se trata pues de un instrumento privado que por su naturaleza participa de los mismos principios que sustentan la validez o eficacia probatoria que se atribuye a dichos instrumentos (art.1012 y sigts. del Código Civil); de modo tal que, frente a la negativa de la persona a quien se opone, su valor probatorio depende de la acreditación que se haga respecto de la autenticidad de su contenido.
Incapacidad laboral, fórmula de Balthazard, capacidad residual
Materia: LABORAL
Carátula: Choque Yelma, Epifanio c/ Prado, Emiliano y-o Quien Resulte Responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-06-11

"La fórmula de Balthazard que reposa en el llamado principio de capacidad residual -según el cual las incapacidades sucesivas no se suman aritméticamente sino que se van restando sucesivamente de la capacidad preexistente- no es aplicable cuando la sumatoria de las minusvalías reconocidas no supera el 100 %, ya que la finalidad de ese procedimiento es el de evitar que se sobrepase ese porcentaje".
Monto del juicio, incidente de nulidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Grunwaldt, Carlos S. c/ Mancuso, José. Ejecución de sentencia s/ Incidente de nulidad. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-14

En el caso, en que se pretende la nulidad de la subasta, el valor del litigio es de monto determinado y está representado por el precio fijado en la misma. (Minoría u opinión personal)
Acción de inconstitucionalidad, legitimación pasiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: El Popular S.A.I.C. c/ Municipalidad de Olavarría s/ Inconstitucionalidad art. 683
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-03

En atención a lo dispuesto en el art. 686 inc. 2 del C.P.C. y C., que establece que de la demanda se dará traslado a los representantes legales de las Municipalidades cuando la norma emanare de una de esas entidades y a lo normado en los incisos 10 y 11 del art. 108 del dec. ley 6769/58, se desprende claramente que el representante legal de una comuna es el Intendente Municipal.

(Minoría u opinión personal)
Derecho civil, restricciones a la capacidad, prueba de informes, inscripción de incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: C., M. A. N. c/  s/ RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-03-09

En los procesos de restricción a la capacidad, conforme al inciso 3° del art. 183 de la LPF, el informe interdisciplinario debe contener la "solución protectora que aconseja"; esto es, si consideran los especialistas que la persona debe ser declarada incapaz o basta con restringirle sus derechos en aras de protegerla. Ese requerimiento de la ley debe ser expresamente solventado para evitar equívocos. Por ello, los miembros del ETI deben expresar de manera concreta su opinión, a fin de evitar cualquier posibilidad de causar un problema involuntariamente a las personas que son sujetos de este tipo de proceso, esencialmente vulnerables.
Decreto reglamentario, entidades financieras, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Peumar S.A. c/ Banco del Acuerdo S.A. s/ Cumplimiento de contrato.-Incidente de ejecucion honorarios- Rio Paraná Cía.Financiera S.A. s/ Quiebra- Inc.de rec.de crédito y pronto pago iniciado por Roberto  Mariano Van Gelderen
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-22|1994-09-22

La intención de evitar interpretaciones contradictorias sobre el tratamiento de los privilegios y preferencias en las quiebras de entidades financieras, expuesta a través de los considerandos del Decreto 2075/93 importa la asunción de parte del Poder Ejecutivo de facultades judiciales, cual es la interpretación de leyes, lo cual no constituye una interpretación auténtica, reservada al Poder Legislativo. Por eso, mediando ya pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que interpreta los arts. 264 de la Ley 19551 y 54 de la Ley 21526 es a tal interpretación a la que hay que ceñirse. -(SCBA. Acs.45969, 47340, 47929, 50508 y 47835) -
Administración fraudulenta, pluralidad de hechos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ipiña, Juan Pedro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

Siendo uno solo el autor, una gestión de administración de los bienes ajenos y uno el patrimonio lesionado, en la administración fraudulenta la pluralidad de episodios no multiplica el delito. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Actuaciones administrativas, valor probatorio, plena fe, deudas impositivas, boleta de deuda, presunción de legitimidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fiscal de Estado de la Provincia de San Juan en j: 21796 Depósito Cuyo s/ Quiebra Incidente Tardia (LIBRO: S136 - 131)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-03-01

El expediente administrativo acompañado como prueba en la demanda de verificación de crédito deducido por la D.G.R., donde constan las boletas de deudas por impuestos, se presumen legítimas atento a la presunción que ampara las actuaciones cumplidas por el Estado.-
Proceso penal, libertad condicional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Angelina, Pablo Fernando s/ Acción de Hábeas Corpus interpuesta por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando Avila en favor de Pablo Fernando Angelina
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-10-09

La etapa de ejecución de la condena requiere de un control jurisdiccional pleno, que resguarde las garantías procesales y materiales del condenado, entre las que se incluye el derecho a recurrir la decisión que considera adversa.

Cabe poner de resalto que la libertad condicional no es una facultad discrecional, sino una potestad reglada y, por tanto, se encuentran acotados los márgenes de la decisión del juez. Dicho de otro modo, la ley concede este derecho al penado que reúna las condiciones normativas allí previstas.

Cuando esos requisitos están reunidos "la ley otorga esa libertad y el juez debe declarar eso y no otra cosa" (cfr. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Sala Penal, in re "Rosales", sentencia N° 14, 28/9/1990, citado por Mandelli, op. cit., p. 323).

En el caso, Juez de Ejecución denegó el derecho del condenado a obtener la libertad condicional basándose exclusivamente en el inc. "e" del art. 13, modificado por Ley 25.892, que resulta ser posterior a la condena y que fija mayores recaudos a los que se requerían antes de la vigencia de la misma.

Corresponde revocar la decisión cuestionada y remitir las actuaciones al Juzgado de Ejecución penal para que dicte nueva resolución, previa actualización de los informes de los organismos técnicos criminológicos y del Consejo Correccional, que deberá realizar un dictamen adecuadamente fundado, que permita abrir un nuevo juicio sobre la procedencia de la libertad condicional y las condiciones que en su caso tendrá que cumplir el interno, lo que deberá tramitarse con la celeridad que demanda la naturaleza del derecho que solicita el penado .

(Del voto del Dr. Cippitelli)
Tribunal de disciplina, sanciones del Colegio Profesional, exención de tasa de justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PRIERI, GABRIEL OMAR s/ CONDUCTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Lo establecido en el art. 13 inc. d) de la Ley 23.898 (exenciones al pago de la Tasa de Justicia), es suficientemente claro en cuanto a que la exención se refiera a "los escritos y actuaciones en sede penal...". A diferencia de la ley anterior que hacía referencia al "juicio penal", la nueva redacción no deja lugar a dudas de que se refiere a los procesos que tramitan exclusivamente en el fuero penal judicial, encontrándose las causas originadas en sanciones del Tribunal de Disciplina de abogados incluidas en la prescripción general del art. 3ro., inc. g) de la ley mencionada.
Costas, tenencia de hijos menores
Materia: PROCESAL
Carátula: M.F.E. c/ G. DE M. s/ TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-27

En materia de costas relacionadas con la discusión sobre tenencia de hijos no resulta conveniente la aplicación rígida del principio de la derrota, porque es lógico y hasta plausible que ambos progenitores procuren esa función. Y, en definitiva, al decidirse la cuestión se atiende a lo que mejor convenga a los hijos menores. De allí que se haya sostenido que ese criterio sólo deba ceder cuando al cónyuge que resulta perdidoso le sea reprochable su conducta en relación con los deberes que tiene respecto de sus hijos.
Despido indirecto, silencio del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: TORTEROLA DANTE GUSTAVO c/ CRUCCI ABEL HORACIO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-11-07

El despido indirecto se encuentra suficientemente causado en los términos del art. 242 LCT, pues el silencio del empleador respecto de la correcta registración del contrato de trabajo, largamente reclamada por el trabajador, y la falta de pago de remuneraciones constituyen una injuria imputable al empleador que tornó imposible la continuación del contrato.
Obligaciones del perito, dictamen pericial, carácter vinculante, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: BRITEZ MARGARITA c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS(EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

Las conclusiones del perito no pueden ser dejadas de lado por el juez sin la previa exposición de las razones fundadas que estime adecuadas para desvirtuarlas. "El juez es soberano al sentenciar en la apreciación de los hechos, dentro de los cuales se encuentra el dictamen.

Así lo interpreta unánimemente la doctrina judicial; pero se le ha señalado una valla, pues deberá aducir razones de entidad suficiente para apartarse de las conclusiones" (Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, Astrea, 1999, p. 690 y ss.).

Es decir que el juez no puede desvincularse arbitrariamente de la opinión del experto y tiene la obligación de fundar su discrepancia.

Correlativamente, la parte que pretenda que se adopte una solución distinta de la propiciada por el experto deberá exponer razones muy fundadas que sustenten su posición ya que no es suficiente la mera discrepancia con el dictamen.