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Instituto de Servicios Sociales para el Personal de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda, retención de aportes previsionales, productor asesor de seguros
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Caja de Seguros S.A. c/ Obra Social de la Actividad de Seguros Reaseguros Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda s/ art. 553 CPCC
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

El aporte descripto por el art. 17 inc. f de la ley 19.518 es exigible a aquellos sujetos que encuadran en la categoría de productor de seguros, mientras que la contribución prescripta por el inc. h se exige a la entidad aseguradora beneficiada por la gestión del productor y la cuantía de estas cargas se establece como un porcentaje de las sumas que los productores perciben como retribución.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: TECNOFOREST  S.A  (EX C.I.A. VICTORIA  C.F.I.S.A. ) c/ DIEMINGER ANOS  S.R.L. s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  - PROCEDENCIA - NOTIFICACION DE LA DEMANDA -  DOMICILIO - SOCIEDADES COMERCIALES  - PERSONAS JURIDICAS - SENTENCIAS ARBITRARIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-19

Es descalificable como acto judicial la sentencia que carece de un análisis razonado de problemas conducentes para la correcta dilucidación del pleito y lesiona gravemente el derecho de defensa en juicio.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Durán, María Delia s/ Estafa y falsificación de documento privado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

Es ineficaz el agravio en el que se denuncia que en la sentencia impugnada se habría omitido toda referencia al "problema de la prejudicialidad" si el fallo al resolver como lo hizo lo desechó implícitamente, no cabiendo expedirse sobre si debió o no hacerlo expresamente desde que la no interposición de recurso extraordinario de nulidad importa consentimiento de tal metodología y esta Corte no se ve impedida de resolver sobre el punto.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad civil, responsabilidad concurrente, culpa de la víctima, relación de causalidad, daño moral, pérdida de la chance, chofer profesional
Materia: CIVIL
Carátula: Erausquin, Mauricio Carlos y otra - y su acumulada Clerc, Ana María y otros c/ Gimenez, Calos Alberto y otros s/Daños y Perjuicios - c/ OLAF TOURS y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-07-10

No puede imputarse responsabilidad alguna por mantener una conversación con el chofer del micro al pasajero que resulta víctima en el accidente de tránsito, puesto que ello no determina que quien conduce deje de atender a las contingencias del tránsito y si lo hace resulta atribuible al conductor, máxime si se trata de uno profesional.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: García Sergio Miguel c/ Stringhini Norberto y otro s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

Sin perjuicio de que en el caso no se da el defecto de representación referida por el art. 8 del Decreto ley 5965/63 -invocada por la apelante- aunque así no fuera, cabe recalcar que el actor en momento alguno manifestó que la sociedad -a cuyos socios se demandara personalmente- negara ser obligada por el libramiento, pese a aludir en la demanda a innumerables requerimiento efectuados.

Es que para demandar al falso representante es menester por lo menos una negativa extrajudicial del pseudo representado desde que la responsabilidad del primero es subsidiaria. Lo cual justifica el rechazo de la ejecución.-
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: Louzán, Carlos Alberto c/ Ministerio  de  Economía  y  Obras  y Servicios Públicos de la Nación s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que rechazó la demanda de amparo intentada por el actor.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Maier Jorge Fernando c/ Rios Edgardo Oscar s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-09

Los criterios de apreciación de la prioridad de paso desarrollados durante la vigencia del Reglamento General de Tránsito Ley 13.893 resultan en principio inaplicables a partir de la vigencia de la Ley 24.449 pues ella ha introducido una modificación relevante a la hora de juzgar sobre la responsabilidad en los accidentes de tránsito cuando se producen en el cruce de calle.

Así la ley vigente consagra el principio general de la prioridad de paso absoluta de quien viene por la derecha, salvo las excepciones que la misma ley prevé, y el decreto reglamentario se encarga de precisar que la prioridad de paso en una encrucijada rige independientemente de quien ingrese primero.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, acción de amparo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moltedo, Eduardo Guillermo c/ Municipalidad de Pinamar s/ Cuestión de competencia Rovere, Alejandra y otra c/ Municipalidad de Vicente López s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12|1994-06-14

Las sentencias recaídas en materia de amparo son asimilables a definitivas cuando se demuestra que lo decidido causa un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior.
Igualdad ante la ley, derecho de trabajar, psicólogos, Salud pública, médicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fraile, Diana y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-20

La exigencia del título de médico para ocupar las jefaturas de los servicios de salud mental de los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires no contradice la garantía de igualdad, ya que al establecer ciertas condiciones que la autoridad considera que son las más adecuadas para desempeñarlos, lejos de alterar, degradar o extinguir el derecho de trabajar, se reducen a reglamentar su ejercicio para hacerlo compatible con las exigencias del interés colectivo, por conducto de medios que no se advierten como irrazonables y que se relacionan también con la función de prescribir medicamentos de los jefes de servicios y la prohibición de la ley local 10.306 a los psicólogos de desarrollar esa tarea. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Competencia, fianza
Materia: PROCESAL
Carátula: SANTA MARIA JOSE FRANCISCO c/ TORDO HORACIO ANTONIO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-24

En la demanda del fiador contra el deudor, quien obtuvo un crédito a su favor en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por cobro de la suma de dinero que aquel debió afrontar por el demandado, monto que este no le reembolsó, y atendiendo a la operación que dio origen a la fianza objeto de la acción, forzoso resulta concluir en la competencia "rationae materia" del Fuero Comercial, para entender en la causa, pues cuando se trata de la fianza bancaria, ésta se rige por las disposiciones del Código de Comercio en lo que correspondiere, ya que se trata de una aplicación del principio de que lo accesorio tiene la naturaleza jurídica del principal.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: CIVIL
Carátula: Bellotti, Rodolfo Francisco y otro c/ Naife, José María y otro s/ Pago por consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-16

Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo resultan vinculantes para el caso en que se dictaron, lo que no obsta que su contenido sea receptado en orden a su validez conceptual (del voto del doctor NEGRI).
Accidente de tránsito, bicicleta
Materia: CIVIL
Carátula: ORTIZ, Ramona Erika Eleonor y Otros c/ Romero Raúl y Otro s/ Daños y Perjuicios ORTIZ, Ramona Erika Eleonor y Otros c/ Romero Raúl y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-09-19|2012-09-19

En materia de responsabilidad en accidentes de tránsito entre un automotor y vehículos menores o con un peatón, se rige por el art. 1113 modificado por la ley 17.711, que consagra la "teoría del riesgo creado" o responsabilidad objetiva o sin culpa.
Acción de inconstitucionalidad, reclamo administrativo previo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hidalgo, Marta Elida c/ Municipalidad de Gral. San Martín s/ Inconstitucionalidad de la Ord. 4782/92
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

El requisito de agotamiento de la instancia administrativa mediante la interposición de recursos administrativos no es exigible tratándose de la acción regulada en el art. 161 inc. 1 de la Carta Magna provincial (art. 149 inc. 1 de la Constitución de 1934) y en los arts. 683 y sgtes. del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial.
Sociedad conyugal, bienes de la sociedad conyugal, ejecución prendaria, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. c/ Ramus, Hugo R. y otro s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-12

Si en la especie se ejecuta el contrato de prenda y las cónyuges de los deudores prendarios se han limitado a otorgar su asentamiento en los términos del art. 1277 del Código Civil, agotándose allí su intervención, ello no genera obligación derivada de la convención pignoraticia y, en consecuencia, no pueden ser demandadas por incumplimiento del referido contrato de prenda con registro, por no ser responsable de las obligaciones que pesan sobre sus maridos, que son los excluidos deudores prendarios.
Daño moral, herederos, herederos forzosos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Alfaro, Orfilo J. y otro s/ Ejec. de Honorarios en autos caratulados: "Vichich, Egberto c/  Rodríguez, Eduardo s/ Rendición de cuentas s/ Casación" Gosende Vda. de Pereyra, Isabel c/ Irmaos Schwanck Ltda. s/ Sumario s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-07-16|1998-07-16

Sólo tienen acción por indemnización de daño moral los herederos necesarios de la víctima fallecida que tuvieran tal carácter en la oportunidad del deceso, pues la condición de heredero forzoso a que remite el art. 1078 del Cód. Civil debe determinarse al momento de la muerte del causante en el orden y modo determinado por las normas respectivas del mismo Código Civil.
Actualización monetaria, oportunidad procesal, sentencia de trance y remate
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CREDITO ADROGUE S.A c/ FRANCISCO FONTELA S.A.C.I.F.I.A s/ EJEC. PRENDARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-28

El hecho de que la actora no hubiera formulado con anterioridad el pedido de actualización, no constituye óbice decisivo para su admisión después del dictado de la sentencia de trance y remate pues ello no importa violación a los principios de preclusión y cosa juzgada -emanación procesal de la doctrina de los actos propios- ya que el reajuste por depreciación monetaria se refiere a algo que no es sustancialmente diverso del reclamo originario de la litis sino, como estos mismos razonablemente traducido en valores vigentes en tiempo posterior.
Libertad de prensa, principio de legalidad, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Neustadt, Bernardo y otros s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

La importancia fundamental que la libertad de prensa posee para nuestro sistema democrático de gobierno, sumada a la necesidad de respetar celosamente el principio de legalidad previsto en el art. 19 de la Constitución, determina que toda restricción de aquélla deba estar prevista expresamente en una norma jurídica sancionada por el órgano legislativo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, desalojo anticipado, demanda, allanamiento, costas, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Wasserman, Julio y otros c/ Funes, Leticia s/ Cuestión a resolver: ¨En las demandas anticipadas de desalojo,  Corresponde imponer la totalidad de las costas al demandado que no  Contesta la demnada? (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 154-78)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1979-06-07

El locador que promueve juicio de desalojo antes de vencido el término de la ocupación ejercita un derecho y tiene la facultad de hacerlo valer y de obtener su declaración (artículo 3 ley 7897), independientemente de que la actitud del locatario lo haya hecho o no necesario y esté frente a la pretensión del locador, si desea liberarse de las costas, debe cumplir con la carga que la ley ritual le impone -allanarse en término- como imperativo de su propio interés. (Del Voto del Dr. Recagno). En el caso, la cuestión a resolver es: Si en demandas anticipadas de desalojo, corresponde imponer la totalidad de las costas al demandado que no contesta la demanda.
Administrador de la herencia, sucesiones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Porchetto Velia Maria o Porchetto de Garaycoechea Velia Maria s/ Sucesorio ( Rendición de Cuentas )
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-07-16

El principio general establece que los trabajos comunes del administrador no necesitan abogado patrocinante y si se asesora con ellos, son a su cargo los honorarios conforme lo sostiene la doctrina unánime de los autores. Por ello siendo los gastos de los letrados hechos en el propio interés del administrador y no en beneficio de la masa, la decisión del tribunal de grado es correcta lo que así se declara.
Procedimiento laboral, declaración de inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Zanon Fernando Sebastián c/ Telecom Argentina S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-21

La ausencia del planteo de una cuestión federal -constitucional, impide, a mi entender, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de oficio, pues sólo el titular de un derecho subjetivo de contenido patrimonial está habilitado a invocar y probar su posible conculcación. El control de constitucionalidad de oficio sólo procede en los casos de orden público absoluto, es decir, cuando la norma es imperativa y los derechos que ella otorga, una vez adquiridos, son irrenunciables; pero no en aquellos casos de orden público relativo en los que, a pesar de la imperatividad de la norma constitucional, sólo se encuentra comprometido un interés particular, pues el derecho -normalmente de contenido patrimonial- es renunciable- arg. arts. 872, 1047 y 1048 del Código Civil. Si el titular del derecho subjetivo a percibir las sumas de condena no invocó en su demanda que la aplicación de una disposición normativa implicara una lesión a la garantía constitucional que lo protege, la declaración oficiosa de inconstitucionalidad de esa disposición implicaría una afectación a la garantía al derecho de defensa de la contraparte (art. 18 CN) y un apartamiento del principio de congruencia (art. 34, inc 4 del CPCCN).
Quiebra, honorarios, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: CARRANZA LUIS CLEMENTE s/ QUIEBRA PEDIDA - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-08

Las regulaciones de honorarios deben ser hechas después de aprobado el estado de distribución total y no parcial, como sucede en el caso, porque, en primer lugar, y según se desprende del inc.

3ro. del art. 288 de la Ley 19.551, al que hay que someterse por la remisión que el inc. 4to. hace al art. 213, el que a su vez envía nuevamente al 288, el que sienta el principio general -prevaleciendo por este motivo sobre lo que dispone el art. 214- como lo demuestra la circunstancia de que aquél se encuentra ubicado en el capítulo "Regulación de Honorarios", con el subtítulo "Oportunidad".

En el subjudice, las estimaciones que se examinan han sido establecidas inmediatamente después de ser presentado el proyecto de distribución parcial, o sea, que se ha desoído a lo expuesto supra y se ha llegado de ese modo a regular honorarios al Síndico también por un trabajo aún no cumplido (como es el de la distribución final), apartándose de tal manera de la previsión de la ley, que procura que ésta se realice con prontitud y esmero. Las consecuencias de esto son graves, desde que este es uno de los supuestos en que procesalmente, lo que está cumplimentando en forma prematura no tiene validez y debe ser dejado sin efecto.

Existe otra razón que es también de importancia para llegar a igual resultado, y ello es la de que no se ha tenido en cuenta que el art.

281 del ordenamiento concursal dice: "El síndico puede requerir el asesoramiento de abogado cuando la materia excede de su competencia profesional. Al regular honorarios el Juez resuelve sobre la pertinencia del asesoramiento y su inclusión como gasto del concurso". Y esto tiene una gran repercusión en este asunto, porque aquí hay una variante con respecto a la ley anterior, en la que se requería la previa autorización judicial. Ahora, en cambio, el Juez debe considerar después la pertinencia o no del asesoramiento y ello es en la oportunidad de la regulación de honorarios (art. 281 transcripto).

Esta interpretación tiene mayor arraigo cuando advierte que la segunda parte de tal texto legal asienta: "El abogado tiene derecho a cobrar al Síndico cuando éste expresamente hubiera manifestado su voluntad de hacerse cargo de la retribución, en cuanto no fuera considerado gasto del concurso".

En el presente caso, como se puede notar fácilmente no hay nada que no sea de especialidad del síndico, y nada que haya vuelto imprescindible la necesidad de auxilio técnico legal.

Resulta entonces claro que según el a-quo y quienes comparten su opinión, dos deben cobrar por la tarea que corresponde a uno solo, lo que no puede ser convalidado. (Voto en disidencia, Dr. Martínez Gavier).-
Jornada de trabajo, ley de contrato de trabajo, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ARANDA, MARIA LUISA c/ BANCO PATAGONIA S.A. s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-12-10

Si por el contrato colectivo o por contrato individual se cumple una jornada inferior a la legal y no existe recargo previsto en la norma convencional colectiva ni incorporado manifiestamente al contrato individual de trabajo, no cabe aplicar los del art. 201 LCT, mientras no se superen los máximos legales; y así, el trabajo realizado fuera de la jornada convenida por las partes, sin exceder el máximo legal, debe pagarse sin recargo, pues no se excede la pauta de orden público (cf. STJRNS3: "FERREIRA" Se 177/00). Y es el criterio aplicable aún cuando la jornada ordinaria de trabajo haya sido fijada en un convenio colectivo (cf. C.N.A.T., Sala V.: "BALDINI" del 09.12.92, DT 1993-A-453), siempre que no se supere el máximo legal y que no exista una norma convencional colectiva aplicable que prevea un recargo específico respecto del régimen legal general (cf. "FERREIRA"). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Recurso de casación, querellante, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FERNANDEZ MOUJAN, JOAQUIN s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-20

Quien no tiene acordado el carácter de parte querellante tiene vedada la vía casatoria. (Art. 460 Del C.P.P.N. a "contrario sensu").
Quiebra, calificación de conducta, apercibimiento, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: HUGHES CROVETTO Y CIA. s/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-10

Deja a salvo su criterio de no resultar aplicable el apercibimiento previsto por la lc: 95-7 a las actuaciones que, como las relativas a la calificación de conducta, no constituyen técnicamente incidentes pese a la calificación que a tal sentido pueda emplear la ley o la práctica forense.
Aclaratoria (procesal), sentencia firme, segunda instancia, pena, graduación de la pena, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PUERO, ARIEL s/ ACLARATORIA - REFORMATIO IN PEJUS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-07

Al quedar firme el fallo de segunda instancia, se encuentra vedada la posibilidad de enmendar la parte dispositiva del mismo - para agravar la pena del condenado - pues de ese modo se alteraría lo substancial de la decisión (art. 36, ap. 3, C.P.C. y C.).
Quiebra, administración y disposición de los bienes, acreedor prendario, bancos, subasta
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sviatschi, Miguel s/ Quiebra - Inc. de elevación a Cámara
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-29

Si se íntima al banco peticionante de la quiebra - acreedor prendario -, a poner a disposición del síndico ciertos bienes de la fallida, que se encontraban en su sede, resulta procedente que dicha institución se considere con derecho a conservar y subastar tales muebles y a resistir su entrega. Ello así, sí - como en el caso - se verifica que la citada institución ofreció la exhibición de los bienes ante el síndico, para posibilitar el inventario, la comprobación del estado de conservación y el examen de su autenticidad dudosa mediante consulta de experto, y por su parte, también ofreció cumplir información relativa a la subasta extrajudicial de tales muebles, rendir cuentas en la quiebra, y cumplir con las cargas impuestas por la lc: 24 para el supuesto de "ejecutaciones por remate no judicial".
Viajantes de comercio, declaración jurada
Materia: LABORAL
Carátula: Tassino Vila, Nelson Bartolomé c/ Mondolo, Carlos y otros S.H. y/o Bermon Distribuidora S.H. y/o Bermon Distribuidora de C. Mondolo y Otros s/ Cobro de Pesos (Diferencia de Comisiones y otros rubros)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-10-14

Realizar la declaración jurada fuera del estadio de ofrecimiento de prueba y luego de celebrada la audiencia de conciliación, no sólo altera el equilibrio procesal entre las partes, privando a la demandada de alegar y acreditar en contra de los hechos introducidos en el juramento posterior, sino que, también torna de imposible concreción la realización de las actividades saneadoras previstas en el Código Procesal Laboral.
Alteración de la tranquilidad pública, bien jurídico protegido, explotación sexual
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Q,D. y G, M. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 s/ Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-14

Para que se configure la contravención tipificada en el artículo 71 del Código Contravencional debe efectivamente producirse la alteración de la tranquilidad pública a causa de la demanda u oferta de sexo o ambas, afectando así los derechos de terceros. Se hace reprochable al imputado la conducta prohibida, esto es, la demanda y/o la oferta de sexo y la finalidad que es la alteración de la tranquilidad pública, siendo éstos los extremos de la conducta típica antijurídica y culpable que reprime el artículo 71 del Código Contravencional. Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli.