Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-20


Buenos Aires, 20 de febrero de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Daniela Alejandra Arnus promovió una acción de amparo contra la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CASSABA), con el objeto que se declare la inconstitucionalidad de la reglamentación de la ley nº 1181, específicamente de su artículo 5º y se extienda testimonio y/o copias certificadas de la sentencia con el objetivo que se ponga la nota correspondiente al momento de librarse y pagarse los cheques judiciales por honorarios profesionales a fin de evitar la ilegal confiscación de los mismos"(fs. 1/15). La actora señaló que está afiliada a la Caja de Previsión de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y que materializó la opción a que hace alusión el art. 5º segundo párrafo de la ley 1.181, con el objeto de quedar exceptuada a CASSABA (fs. 2).

2. Corrido traslado de la demanda, la CASSABA produjo el informe previsto en el artículo 8º de la Ley nº 16.986 (fs. 61/75), en el que objetó la vía empleada por la actora para encauzar su demanda -en tanto no existe, a su criterio, ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, ni actualidad o inminencia en la afectación de una garantía constitucional-. Además, se opuso a la procedencia de la pretensión.

3. La jueza de primera instancia hizo lugar al amparo y, en consecuencia, declaró "la nulidad del artículo 5º de la resolución 004-A-05 de la Asamblea de Representantes de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (fs. 88/91).

4. CASSABA apeló la sentencia de primera instancia (fs. 105/130). La actora contestó el traslado del memorial de agravios solicitando su rechazo (fs. 240/242).

5. La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la sentencia de primera instancia sobre la base del siguiente argumento: "... la ley 1.181 creó un Sistema de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 1º), y todas sus disposiciones tienden al funcionamiento, viabilidad e instrumentación de ese 'sistema' ... A poco de situar al artículo 5º ... en ese marco general y de atender a su conformación gramatical, se infiere que, al definir quiénes quedan obligatoriamente comprendidos en el 'sistema', esa norma señala quiénes serán sujetos de los derechos u obligaciones previstos en el régimen de mención. Por el contrario, al referirse a los 'exceptuados', dispone que éstos serán ajenos a tal 'sistema' en su totalidad. Es decir, los profesionales comprendidos en esta excepción quedarán al margen tanto de los aportes, contribuciones y 'otros recursos financieros' establecidos en el Título III, Capítulo I de la ley, como de las prestaciones y beneficios desarrollados a lo largo del Título II ... Por consiguiente, se advierte que la reglamentación que pretende acotar la excepción legalmente dispuesta al pago de aporte mínimo anual obligatorio (AMAO) vulnera de un modo irrazonable la voluntad legislativa, desnaturalizándola" (fs. 252/256).

6. CASSABA interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 263/281 vuelta), que previa contestación por la actora (fs. 283/284 vuelta), fue concedido parcialmente por la Sala II (fs. 286/287 vuelta).

7. A fs. 295/301 vuelta obra el dictamen del Fiscal General Adjunto, quien propicia que se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad impetrado por la parte demandada, se revoque la sentencia apelada y se rechace el amparo.

Fundamentos:

Los jueces Luis Francisco Lozano, Ana María Conde y José Osvaldo Casás dijeron:

1. El recurso de inconstitucionalidad deducido por CASSABA fue correctamente concedido por la Cámara, ya que cumple los requisitos formales exigidos por la ley nº 402 y plantea adecuadamente un caso constitucional: el examen de la validez de la disposición nº 004-A-05 dictada por la Asamblea de Representantes de CASSABA, a la luz de distintos principios y derechos de jerarquía constitucional.

2. La cuestión planteada en este proceso ya ha sido abordada por este Tribunal in re: "Fornasari, Norberto Fabio c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCBA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (expte. nro. 4911/06)", resolución del 18 de abril de 2007, por lo que corresponde hacer aplicación de los argumentos pertinentes expresados en aquella sentencia, a los que nos remitimos por razones de brevedad.

En consecuencia, votamos por: a) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por CASSABA, revocar la sentencia de Cámara y rechazar la acción de amparo; b) imponer las costas de todo el proceso en el orden causado (art. 14, CCABA); c) agregar a este expediente copia de la sentencia de fecha 18 de abril de 2007, dictada por el Tribunal en los autos "Fornasari, Norberto Fabio c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCBA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (expte. nº 4911/06)" y d) mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto c) y, oportunamente, se devuelva.

Así lo votamos.

El juez Luis Francisco Lozano agregó:

1. Si bien las razones efectuadas supra bastan para revocar la sentencia del a quo, un segmento de la pretensión de autos, tal como ha sido interpretada por los jueces de mérito, merece consideraciones adicionales relativas al límite que el concepto de caso o causa constituye para la competencia del Poder Judicial en el marco de nuestra organización institucional (cf. art. 106 CCABA) lo que, en rigor, las ubica lógicamente en un plano anterior de análisis.

2. Para ser objeto de un pronunciamiento judicial que, por definición, debe poner fin a una controversia de modo definitivo, toda pretensión debe estar referida (en su totalidad) a una o varias relaciones jurídicas concretas, respecto de las que, exclusivamente, operará dicho pronunciamiento, asegurando así que no lo hará sobre una norma general cuya emisión y mantenimiento incumben a otra autoridad -en este caso, la Resolución 004-A-05-. En otras palabras, la cosa juzgada, nota distintiva (en el sentido de exclusiva) de la función judicial no puede quedar consagrada más que respecto de relaciones jurídicas concretas. En efecto, una potestad judicial que permitiera a los jueces "decir el derecho" con prescindencia de un grupo definido de relaciones jurídicas concretas resulta a todas luces ajena a la función jurisdiccional y se asemeja a la obtención de una inmunidad o fuero personal -cf. voto Casas, Lozano in re "Almeida, Marcelo y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ conflicto de competencia'"(expte. nº 4756/06) resolución del 14 de julio de 2006-. Además, proyectaría efectos distorsivos del sistema judicial, por otorgar al pronunciamiento, para evitar males mayores, una autoridad de cosa juzgada mitigada, toda vez que, a diferencia de la regla en la materia, aun cuando la sentencia quedara firme, podría ser modificada por un cambio normativo -el desarrollo in extenso de estas consideraciones se encuentra en mi voto in re "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Asociación Argentina de Agencias de Publicidad c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos'", expte. 4889/06, sentencia del 21 de marzo de 2007)-. 3. Conforme a las pautas expuestas, cabe destacar que existe un segmento de la pretensión del actor, tal como fue expuesta en el petitorio de la demanda e interpretada por la Cámara, no es pasible de ser objeto de una sentencia definitiva por parte de los jueces. En efecto, en el petitorio de su amparo el actor solicitó que "se haga lugar a la demanda [...] imponiéndose a la CASSABA la obligación de no considerar afiliado/a, con la correspondiente cesación de los efectos que produce la situación actual; y se disponga extender testimonio y/o copias certificadas de la sentencia para que sean presentadas en todos los expedientes en donde actúe" (fs. 15). A su turno, la Cámara interpretó dicha pretensión en el sentido de que "la parte actora promovió acción de amparo contra CASSABA solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la reglamentación del artículo 5 de la ley n° 1.181 y le imponga la obligación de no considerarla afiliado" (ver fs. 286, la bastardilla me pertenece). Es justamente el segmento destacado -la aspiración de la actora de obtener la desafiliación de CASSABA- es el que no es pasible de ser puesto a consideración de un organismo de poder judicial. De hacer lugar al planteo enunciado, la resolución que disponga la desafiliación implicaría el otorgamiento de una suerte de inmunidad frente a créditos eventuales, tornando inaplicable in eternum, exclusivamente respecto de la abogada Daniela Alejandra Arnus, el sistema previsional vigente en el ámbito de la Ciudad para los letrados que ejercen en esta jurisdicción. Ello, conforme surge del voto de los Dres. Casás y Lozano in re "Almeida" (citado supra), resulta a todas luces ajeno a la función jurisdiccional y se asemeja a la obtención de una inmunidad o fuero personal. En el mismo sentido, un pronunciamiento de tales características no operaría sobre un universo definido de relaciones jurídicas concretas, como requiere el concepto de causa, sino que lo haría sobre una categoría abstracta -contribuciones a la CASSABA en virtud de la interpretación de la ley contenida en el artículo 5º de la Resolución 004-A-05-, que, eventualmente, podría ser llenada por un sinnúmero de relaciones jurídicas no especificadas en estas actuaciones -generadas en eventuales honorarios profesionales que la actora pudiera percibir en el futuro-. Ello sólo sería posible de mediar una declaración en abstracto en dicho sentido, lo cual pone de manifiesto el exceso en relación al concepto de caso o causa, pues no se verifica una afectación o perjuicio actual que habilite la jurisdicción del órgano judicial. En este orden de ideas, cabe recordar que lo expuesto no se contrapone con lo resuelto por la CSJN, por ejemplo, in re "Inchauspe, Pedro Hnos. c/ Junta Nacional de Carnes" (Fallos 199:483) pues, si bien en dicho precedente se discutía la constitucionalidad de la afiliación forzosa de los actores a la Corporación Argentina de Productores de Carnes -reemplazada posteriormente por Mercados de Haciendas y Carnes-, ello era instrumental a una pretensión que se agotaba en la repetición ciertas sumas de dinero -típico ejemplo de un caso o causa-. Finalmente, cabe destacar que mi voto en el mencionado precedente "Fornasari" no mereció los reparos aquí expuestos toda vez que, conforme expuso la Dra. Ana María Conde en el punto 2 de su voto (al que adherí), el pedido de declaración de inconstitucionalidad del reglamento en dichos autos podía entenderse limitado a los honorarios devengados con anterioridad o concomitantemente con la tramitación del amparo -circunstancia que sí constituía un caso o causa, por permitir la identificación de relaciones jurídicas concretas-.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. La abogada Daniela Alejandra Arnus promueve este amparo para evitar el pago de aportes a CASSABA en virtud de la ley local nº 1.181 y su reglamentación por el órgano de aplicación mencionado, reglamentación a la que considera contraria a las constituciones local y nacional en varios puntos. La jueza de primera instancia le concede razón y la ampara. La Cámara (Sala II) confirma su sentencia, según el razonamiento que indicaré infra. Contra esa decisión se alza CASSABA, demandada en la ocasión, por intermedio de un recurso de inconstitucionalidad que surte la competencia de nuestro Tribunal. Ese recurso es admitido parcialmente, sólo en razón de la interpretación constitucional que dejó sin aplicación las normas relativas a la reglamentación citada (en especial, el art. 5º de la resolución nº 004-4-05), pues el recurso resulta rechazado en tanto se funda en otro motivo, la arbitrariedad. No existe queja acerca del rechazo y su reglamentación por CASSABA.

2. Acotado así el problema del recurso, la sentencia impugnada nos permite identificar una segunda limitación. En efecto, aquélla distingue en el recurso de apelación de la CASSABA dos razones de debate acerca de la constitucionalidad del reglamento mencionado, punto central del litigio: el primero se refiere a la constitucionalidad de la reglamentación según el órgano del cual procede, aspecto que se refiere a la competencia formal para reglamentar una ley; el segundo -si hipotéticamente triunfa el reglamento como válido en el control de constitucionalidad anterior? se refiere a la racionalidad del contenido material y concreto de las normas reglamentarias conforme a lo dispuesto por la ley nº 1.181. La Cámara decidió el primero de estos problemas a favor de la competencia de CASSABA para reglamentar la ley y esta decisión, en este punto, no fue recurrida por quien podía agraviarse, razón por la cual no nos referiremos a esta dificultad en nuestro voto. Por lo contrario, la Cámara reputó irrazonable el contenido concreto de la reglamentación, particularmente su art. 5º, razón excluyente por la que confirma el fallo apelado. Ésta es la única cuestión material que someteremos a nuestra consideración, pues el recurso sólo puede dirigirse a criticar la resolución fundada en esta afirmación y a pretender una decisión opuesta.

3. Entiendo que, con razón suficiente, la Cámara ha concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por CASSABA. Con claridad ha dicho y puede verificarse que todo el procedimiento y sus decisiones giran siempre, desde su iniciación, alrededor del argumento constitucional, cualquiera que sea el nombre que, por momentos, a éste le sea asignado. Precisamente, las decisiones dejan sin aplicación una norma local con el argumento de que ella resulta contraria a la Constitución local y nacional, solución que impugna el hoy recurrente, el demandado CASSABA. Se trata de un caso típico de impugnación constitucional (conf. art. 27, ley nº 402), razón por la cual la Cámara ha acertado al declarar procedente el recurso en la parte que menciona.

4. En este punto, y a los efectos de tratar la cuestión atinente a la forma procesal escogida por la actora para articular su planteo, corresponde señalar que el asunto sometido a decisión del TSJ resulta sustancialmente análogo a los precedentes "Young, Tomás Héctor Francisco c/ Caja de Seguridad para Abogados de la CABA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 5143/06, resolución del 12 de julio de 2007 y "Pasquini, Fernando Damián c/ Caja de Seguridad Social para Abogados de la CABA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 5153/07, resolución del 12 de julio de 2007.	En el desarrollo de mi primer fundamento en el caso "Young" -al que me remití en el caso "Pasquini"- yo expuse que, no obstante reconocer la inexistencia de queja del demandado en cuanto a la vía elegida por la actora para tramitar el litigio a la luz de las impugnaciones expresadas en su recurso de inconstitucionalidad, esa vía (el amparo) resultaba ilegítima e inidónea para resolver la controversia; en particular, sostuve que la utilización del amparo limitaba sensiblemente la posibilidad de decisión del Tribunal aun en torno al recurso interpuesto.

5. Tal como lo expresé en "Pasquini", no reproduciré aquí los fundamentos completos sobre los cuales sustenté mi convicción respecto de la inidoneidad del amparo para tramitar "Young". Tampoco habré de ceñir este punto de mi voto a una mera remisión a lo expuesto entonces respecto de la vía escogida. Considero decisiva una nueva reflexión, expuesta más sintéticamente que en el precedente citado, acerca de dichos fundamentos.

En primer lugar, el amparo es claramente inadecuado para resolver un problema relativo a la existencia o posibilidad de existencia de un crédito del que es deudor una persona determinada. Por lo contrario, la satisfacción de los pasos establecidos en los procedimientos judiciales previstos en la ley procesal habrían permitido estar frente a la sentencia emanada de un juicio ordinario (o, cuando menos, sumario), cumplidas las exigencias típicas de este tipo de procedimientos (defensa y prueba) que, por su parte, habrían definido con mayor exactitud los términos del litigio planteado por la actora.

En segundo lugar, las condiciones constitucionales exigidas para la procedencia del amparo no resultan verificadas en el caso analizado. Así, la evidencia inicial de la ilegitimidad del acto u omisión cuestionados (primer recaudo) debe concurrir con un daño grave e inminente a un derecho constitucional o legal que deba ser restablecido de inmediato (segundo recaudo).

En mi opinión, la ausencia de ambas condiciones en el caso resulta palmaria, circunstancia suficiente para hacer lugar al recurso de la accionada, pues la ilegitimidad constitucional demandada por la amparista no resulta evidente o manifiesta (repárese asimismo en que la propia Constitución local abre la vía del amparo "... siempre que no exista un medio judicial más idóneo..."; art. 14).

6. Aquello expuesto en el punto anterior aconseja reiterar que la vía expedita y rápida prevista por la norma constitucional parcialmente transcripta, no constituye un procedimiento judicial genérico, residual y a voluntad de la actora, cuyo funcionamiento resulte poco menos que subsidiario respecto de los procedimientos específicos reglados por la ley procesal. Como ya lo he dicho en casos recientes, no resulta legítimo, por regla, reemplazar procedimientos judiciales, previstos en la ley procesal, por el amparo como trámite más sencillo y rápido, teóricamente. "[A]l abuso permanente de esta vía 'expedita y rápida' lo acompaña el riesgo de tornarla autofrustrante, al vaciarla de toda especificidad y permitir su elección a gusto de la actora (ver, por ejemplo, expte. nº 4809/06, "Dr. Ricardo Monner Sanz c/ GCBA s/ amparo [art. 14 CCABA] s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado expte. n° 4313/05, "Lotería Nacional Sociedad del Estado s/ queja por recurso de apelación ordinario denegado en 'Dr. Ricardo Monner Sanz c/ Instituto de Juegos de apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/ otros procesos incidentales'", resolución del 6 de octubre de 2006 y expte. nº 4781/06, "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Alonso, Daniel c/ GCBA s/ amparo [art. 14, CCABA]'", resolución del 30 de noviembre de 2006, así como en los casos mencionados en los fundamentos de ese voto; aun más recientemente, "Fornasari, Norberto Fabio c/ GCBA y otros s/ amparo [art. 14 CCBA] s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 4911/06, resolución del 18 de abril de 2007)" -cf. mi voto en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en 'Parcansky, Manuel Jorge c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'", expte. nº 4970/06, resolución del 5 de junio de 2007?.

7. Por lo demás, cabe agregar que, de las consideraciones que anteceden y del desarrollo del recurso, esto es, de los principios y argumentos sintetizados anteriormente, provenientes del caso "Young", ya citado, resulta razonable -y, por lo contrario, lejano a la irrazonabilidad pretendida por la actora?, el contenido concreto de la reglamentación examinada. En efecto, aun cuando pueda coincidirse en afirmar que las prestaciones previsionales son contribuciones que, en una clasificación extensiva, pueden ingresar a la materia tributaria (impuestos, tasas y contribuciones), lo cierto es que la referida reglamentación no implica, necesariamente, que el fruto económico del trabajo de un abogado en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires y en los tribunales allí ubicados quede exento de aquellas contribuciones que no están basadas en servicios o beneficios concretos para el contribuyente, sino, por lo contrario, en aquellas fundadas en los principios de universalidad y solidaridad, esto es, en toda prestación previsional o social, cualquiera que sea el sistema que se adopte. Tampoco resulta correcto afirmar que la amparista no recibirá beneficio alguno por sus aportes previsionales, cualesquiera que ellos sean, pues esas contribuciones -bajo ciertas condiciones que, precisamente, regula la misma ley?, podrán ser proyectadas a su haber jubilatorio final. La circunstancia apuntada verifica que estos agravios, lo reitero, tampoco pueden tildarse de evidentes o manifiestos desde el punto de vista constitucional.

8. Por lo expuesto hasta aquí, mi solución, concordante con la propiciada por el Sr. Fiscal General Adjunto, consiste en hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la accionada y rechazar el amparo requerido. Las costas de todo el proceso se imponen en el orden causado (art. 14, CCBA). El Sr. Secretario se servirá agregar una copia de la sentencia dictada en el caso "Young", con sus fundamentos más extensos, que aquí doy por reproducidos, para ilustración de las partes.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad deducido por CASSABA a fs. 263/281 vta. (concedido parcialmente por la Sala II de la Cámara CAyT a fs. 286/287vta.) debe ser rechazado ya que no cumple con lo prescripto por el art. 27 de la ley nº 402.

2. CASSABA afirma que la sentencia que recurre afecta derechos y principios de rango constitucional (arts. 14 bis y 16 de la CN y 81 inciso 5 de la CCBA).

La recurrente sostiene que "[e]l decisorio del tribunal a quo, que agravia a mi parte, ha venido a cercenar y desconocer el ejercicio de facultades previstas en el artículo 81° inciso 5° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que faculta a la Legislatura de la Ciudad a crear organismos de seguridad social para profesionales" (fs. 273 vuelta) y que la Sala II no ha efectuado "...una ponderación concreta sobre los conceptos emergentes de los principios inherentes a la seguridad social, al quicio constitucional derivado del art. 14 bis de la Constitución, a su sentido y alcance" (fs. 278). Por fin, denuncia la situación desigualitaria en que la sentencia recurrida colocaría a abogados que se desempeñan en el ámbito de la Ciudad Autónoma (fs. 279 vta.).

Una lectura atenta del escrito de fs. 263/281 pone en evidencia que la mención de los derechos contenidos en la Constitución Nacional y local se agota allí.

3. En lo que sigue, CASSABA simplemente relata cómo -según su particular criterio- debieran interpretarse las normas locales involucradas en la materia -la ley n° 1.181 (y su terminología, por ejemplo la expresión "afiliados") así como la disposición n° 004-A-05 de la Asamblea de Representantes- (conf. argumentos de fs. 274, y 280 vta.); sin llegar, siquiera, a controvertir, constitucionalmente, los fundamentos en que se apoya la resolución que se intenta poner en crisis.

En síntesis, la recurrente no da razones que vinculen la cuestión que pretende articular con la solución que impugna.

4. En estas condiciones, la mera mención de que se afectan principios y derechos de índole constitucional no es suficiente para habilitar la vía recursiva extraordinaria intentada pues, como lo ha sostenido en múltiples precedentes el Tribunal "[l]a referencia ritual a derechos constitucionales si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente (...) ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" (conf. "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. n° 131, resolución del 23 de febrero de 2000, en: Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. II, p. 20 y siguientes).

5. Por lo expuesto, voto por rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por CASSABA a fs. 263/281, con costas.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el señor Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, revocar la sentencia de fs. 252/256, que confirmó la de fs. 88/91, y rechazar la acción de amparo.

2. Imponer las costas de todo el proceso en el orden causado.

3. Agregar a este expediente copia de las sentencias dictadas por el Tribunal de fecha 18 de abril de 2007, en los autos "Fornasari, Norberto Fabio c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCBA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (expte. nº 4911/06) y de fecha 12 de julio de 2007, en los autos "Young, Tomás Héctor Francisco c/ Caja de Seguridad Social para Abogados de la Caba y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)" s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (expte. nº 5143/07).

4. Mandar que se registre, se notifique con copia de las sentencias indicadas en el punto anterior y, oportunamente, se devuelva.