marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Relaciones de familia, filiación, demandado, prueba, derecho a la integridad física, derecho a la intimidad, juicio, partes, lealtad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T., S. L. c/ R., F. C. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Reclamación  de filiación. Observaciones: se ataca la Constitucionalidad del   fallo pleno de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario,  registrado como acuerdo Nº 132 del 03-06- 1997 (Expte. CSJ Nº 205-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-06

No parece conculcada la intimidad corporal del sujeto que en virtud del deber de colaboración procesal tiene que someterse a un simple, indoloro e inocuo procedimiento para la extracción de una muestra de sangre para el estudio genético. La integridad psicofísica de la persona humana, considerada como uno de los perfiles fundamentales de su eximente dignidad, no sufre menoscabo por la extracción de una mínima cantidad de sangre, que no afecta al cuerpo ni a la salud.

De todos modos, desde este ángulo es igualmente válida la aclaración de que no es posible efectuar la extracción contra la voluntad del individuo, por respeto a su persona, aunque es factible extraer consecuencias de la negativa.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CIVIL
Carátula: Guimaraes, Furtado Abel y otro c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-28

Si se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva en la que incurrió la comuna, en que es aplicable la norma del art. 1113, seg.

párrafo último supuesto del Código Civil, la demandada a los efectos de la exoneración de su deber de responder deberá probar una causa ajena: es decir, el hecho de la víctima, de un tercero por el cual el dueño o guardián no deban responder, o el casus genérico de los arts. 513 y 514 del citado ordenamiento legal, máxime si la damnificada, una menor, se lesionó una pierna como consecuencia de un accidente que sufrió al pisar una rejilla con los listones quebrados ubicada justo en la salida de su colegio.
Haber jubilatorio, adicionales de remuneración, Fuerzas Armadas, personal militar, Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, pensiones militares, legitimación pasiva
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: "SBARBI  OSUNA,  JULIO  CARLOS c/ Instituto de Ayuda Financierapara  el Pago de Pensiones y Retiros Militares s/ Personal military civil de las fuerzas armadas y de seguridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-18

El Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Pensiones y Retiros Militares es una entidad autárquica, con personería jurídica e individualidad financiera (art. 1, ley 22.919), cuya competencia queda circunscripta a "... liquidar y abonar" los haberes de retiro y pensiones militares conforme lo establecido por las leyes (art. 2 de la ley citada). Ello así, debe concluirse que la pretensión tendiente a obtener el reconocimiento del carácter salarial de distintos suplementos es ajena a la actividad del Instituto, razón por la cual la resolución del "a quo" que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, debe ser confirmada (cfr. en igual sentido, C.N.A. Cont.Adm.Fed., Sala II, sent. del 21.04.94, "González, Alfredo c/ E.N."; C.F.S.S., Sala II, sent. del 28.03.03, "Quinteros, Jorge Alberto c/ E.N. - Ministerio de Defensa").
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento, sentencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, concursos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Unión Cañeros Azucarera Nuñorco Ltda.  S.A. s/ quiebra (inc. s/ pronto pago deducido por Adolfo Olarte).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-14

Considerando la celeridad con que el legislador caracterizó al proceso concursal, lo que en el caso debe ser particularmente protegido en razón de la naturaleza alimentaria del crédito laboral reclamado, resulta prudente que la Corte se expida acerca del fondo de la cuestión debatida.
Juicio ejecutivo, nulidad procesal, declaración de oficio, costas
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Centro Living S.R.L. c/ Salim, Ramón Antonio s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-03-18

Si el procedimiento se ha anulado por causa imputable a la actora, quien efectuó la notificación del mandamiento de pago y embargo a domicilio distinto del que legalmente corresponde, la misma debe cargar con las costas producidas desde el acto que le dio origen, en virtud de su responsabilidad basada en la relación existente entre su obrar y el acto viciado y de acuerdo a los principios generales en la materia -art. 68 y 69 C.P.C.-. Con prescindencia de que la nulidad se haya declarado de oficio o a pedido de parte, ya que entre los deberes del juez se encuentra el de vigilar la tramitación de la causa, lo cual no exime de responsabilidad a la parte interesada, menos aún tratándose de la notificación de una diligencia tan relevante.
Impuestos, régimen penal tributario, extinción de la acción penal, división de poderes
Materia: PENAL
Carátula: NEUMATICOS GOOD YEAR S.A. s/ Régimen Penal Tributario, Incidente de previo y especial  pronunciamiento Causa 31059
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-12

1- Si el decr. 1646/90, que establece la exención de sanciones a los contribuyentes que regularicen sus obligaciones fiscales vencidas hasta una fecha dada, cuya aplicación se pretende, es posterior a la fecha de efectuada la denuncia que originara el presente sumario ello obstaculiza la procedencia de la excepción desde que el Poder Ejecutivo Nacional no puede por la vía del restablecimiento de la presentación espontánea, disponer el cese de las acciones penales en curso con carácter general, so pena de invadir la esfera legislativa y judicial.- 2- Encontrándose en pleno trámite el sumario judicial, ningún acogimiento en orden a una reglamentación tributaria, puede dejar sin efecto el ejercicio de la acción penal fundado como está en las leyes en vigencia.- 3- Con la inaplicabilidad retroactiva del decreto de amnistía no se infringe el principio constitucional de igualdad ante ley, pues lo que resguarda el Art. 16 de la Constitución Nacional es lo que atañe a discriminaciones, privilegios u hostilidades hacia determinados individuos o clases de personas.
Cannabis medicinal, interpretación de la ley, investigaciones científicas y técnicas, tratamiento médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M., P. D. c/ E.N. - M. de Salud de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

La ley 27.350 tiene por finalidad establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Con tal propósito, en la órbita del Ministerio de Salud, se creó el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales (art. 2º, decreto reglamentario 738/2017, que debe orientar, entre otras acciones, la de promover el desarrollo de evidencia científica sobre diferentes alternativas terapéuticas a problemas de salud que no abordan los tratamientos médicos convencionales, como así también, acciones tendientes a la comprobación de eficacia terapéutica, efectos adversos, seguridad y limitaciones del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
Adopción, prueba, filiación, proceso penal
Materia: CIVIL - PENAL
Carátula: Muller, Jorge s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

El art. 19 de la ley 19.134 no puede ser ignorado ni postergado bajo pretexto de la investigación de un delito por la justicia del crimen, si éste no pone en cuestión ni está directa e inmediatamente ligado a la validez del título que sustenta la adopción.
Trabajadores de la salud, médicos, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, relación de dependencia, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: LABORAL
Carátula: JUDKIN, ISAAC c/ PAMI s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-30

El hecho de que los reclamantes, médicos del PAMI, se vieran obligados a cumplir horarios, llenar planillas, recetarios, utilizar uniformes, respetar tiempos de consulta, realizar controles regulares, así como la imposición de nóminas de pacientes, sometimiento a fiscalizaciones, etc, indica claramente la asunción por parte de la accionada del riesgo de la actividad. Estas particularidades, sumadas a que la no concurrencia de pacientes no incidía en el ingreso de los profesionales, imponen la conclusión de que entre las partes medió una contratación laboral subordinada.
Recusación con causa, querellante, delitos contra el honor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SICHEL, Gerardo s/ recusación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-13

Debe hacerse lugar a la recusación dirigida contra quien con anterioridad a asumir el cargo de juez, actuó como patrocinante de un apoderado que entabló querella por el delito de calumnias e injurias contra el recusante, firmando diversos escritos en tal carácter.
Procedimiento laboral, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Chipolini Oscar Alfredo c/ Badi S.A. y otro s/ cobro de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-16

En la distribución de las costas no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico, atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y a los rubros que resultaron procedentes, de manera que si la actora resultó vencedora en el pleito deben imponerse en su totalidad a la demandada, aunque la demanda haya prosperado por una suma inferior a la reclamada.
Pacto de San José de Costa Rica, tratados internacionales, derecho al recurso, sentencia definitiva, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL - PENAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Jáuregui, Luciano Adolfo s/ plantea excepciones previas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-15

La garantía prevista por el art. 8x ap. 2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por la ley 23054, que consagra el derecho que tiene toda persona inculpada de delito de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, solo corresponde ser considerada en los supuestos de la sentencia definitiva en la medida en que las partes legitimadas en el proceso puedan recurrir ante la Corte.
Tenencia de armas de guerra, explosivos, municiones, Fuerzas Armadas, permiso de tenencia de armas de guerra
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ, Juan C. s/ TENENCIA DE ARMAS DE GUERRA:CONFIGURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-04

Incurre en el delito de tenencia de munición de guerra, art.

189 bis, C.P., quien, sin perjuicio de ser miembro de las Fuerzas Armadas, no posee la autorización del "RENAR" para ser tenedor de tal elemento.
Temeridad o malicia, costas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bejar, Moises c/ Caja de Prevision Social para Abogados s/ Demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-05-22

No existe notoria temeridad y las costas deben ser soportadas en el orden causado, pues si bien la demandada se alza contra fallos reiterados del Tribunal, no solo trae nuevos argumentos, sino que trata de rebatir con fundamentos serios la doctrina del tribunal.
Cláusula penal, intereses punitorios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Moret, María Susana s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

Los intereses punitorios tienden a conminar y, a la vez, a penar o sancionar al deudor incumplidor, no apuntan a compensar el uso de una suma dineraria ajena o a resarcir los perjuicios por la no restitución del capital, sino que es un recaudo o garantía que se pacta, por lo general a pedido del acreedor, para asegurar la restitución del capital. Tienen un sentido conminatorio, puesto que fracasada la conminación reprime al transgresor. Participan, en consecuencia, de la naturaleza de una pena civil; su particularidad está dada por la índole y el modo de fijarse o determinarse contractualmente.
Daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante, transporte de pasajeros, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CIVIL
Carátula: GENERAL PUEYRREDON S.A.T.C.I. c/ TRANSPORTES RIO S.R.L. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-24

Cuando se trata de una unidad de colectivo prevista para el transporte público de pasajeros, los ingresos brutos de esa unidad no pueden jamás considerarse lucro cesante, o sea, ganancia frustrada, pues es preciso descontar de aquéllos los gastos de explotación, de mantenimiento y de amortización del vehículo.
Competencia laboral, daños y perjuicios, obligaciones del empleador, deber de aportar, omisión de retener o percibir aportes
Materia: PROCESAL
Carátula: CARPANO, Elvira c/ ASOCIACION CIVIL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-17

Si el actor persigue la reparación de los perjuicios que le fueron ocasionados, en razón del incumplimiento por parte del empleador de efectuar depósitos de los aportes y contribuciones destinados a los beneficios jubilatorios durante un lapso, resulta competente la Justicia del Trabajo. Ello en razón de que el reclamo no es ajeno al vínculo laboral que existía entre las partes.-
Universidades, universidades nacionales, autonomía universitaria, gobierno de la universidad, facultades de la administración, política educativa
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación) c/ Universidad Nacional de Luján s/ aplicación ley 24.521.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

La fijación de los porcentajes mínimos de integración en los órganos de gobierno no importa, de manera alguna, inmiscuirse en la potestad normativa de la universidad; por el contrario, ello se relaciona directamente con la configuración de un modelo concreto de universidad, y por lo tanto, encuentra sustento en el art. 75, inc. 18 de la Constitución Nacional.
Regulación de honorarios, juicio ordinario, segunda instancia, base regulatoria, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: BATTAGLIA, JUAN FRANCO c/ UNION OBRERA METALURGICA DE LA  R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

Para regular los honorarios de alzada, en casos como el de autos, no corresponde tomar en cuenta la cantidad total disputada sino solamente el monto por el que prosperó el recurso (arg. art. 19 del arancel), sobre el cual se aplica el porcentaje que hubiera correspondido en primera instancia y luego se procede a calcular el porciento del art. 14.
Juicio ejecutivo, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gómez Echevarrieta Eduardo Luciano c/ Telli Enrique Horacio y otro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-05

La recursión circunscripta a la citación de terceros, escapa al principio de irrecurribilidad a que alude el art. 552 del C.P.C.
Recurso extraordinario, resoluciones equiparables a definitiva, gravedad institucional, debido proceso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gorriarán Merlo, Enrique y otros s/ incomp. en la causa 499/96 investig. de los hechos acaecidos el 23 y 24  de enero de 1989 en el Reg. de Inf. n° III de la Tablada.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Si las razones que da el apelante, vinculadas con el interés institucional de la cuestión y relacionadas con principios derivados del debido proceso legal, permiten equiparar el interlocutorio impugnado a pronunciamiento definitivo, cabe prescindir del principio según el cual las resoluciones en materia de competencia no habilitan la instancia si no media denegación del fuero federal o un efectivo conflicto de competencia.
Recurso directo, caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LLOYDS BANK c/ GUSTAVO GALLEGO SAPPAG Y LUIS GALLEGO s/ Ejecución (LIBRO: A006 - 372)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-12-30

El litigante que no interviene en el recurso directo se notifica de la reanudación del plazo de caducidad cuando se comunica al tribunal de grado el resultado del recurso.-
Indemnización por despido, salario a destajo
Materia: LABORAL
Carátula: ALONSO, ANA Y OTROS c/ FRIGORIFICO MINGUILLON  S.A.C.I.F.I. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-23

Cuando el trabajador es remunerado a destajo, a los efectos del cálculo de la indemnización por despido corresponde tomar el mes en que dicha remuneración ha sido mayor, sin considerar si dicho monto es o no extraordinario en relación con el promedio de los restantes meses. Esto es así porque, si bien los salarios a destajo no son fijos en sus montos mensuales, es una forma de remuneración normal y habitual (tal como las comisiones).
Libertad condicional, régimen penitenciario
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Nú$ez, Fermín Angel s/ lib.cond.en  autos:  "Figueroa,  Rolando y otros s/ doble homicidio y  lesiones " - expediente numero 478/74. Nu$ez, Fermín Angel s/ lib.  cond. en autos: "Figueroa, Rolando y otros s/ doble homicidio y  lesiones - causa numero 29.048".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13|1989-06-13

Corresponde dejar sin efecto la decisión de la Cámara que denegó el pedido de libertad condicional, a fin de que la nueva decisión considere especialmente la circunstancia sobreviniente constituida por la resolución 927 del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación en la que se ordenó al Servicio Penitenciario Federal que se abstuviera de incluir las sanciones aplicadas a los reclusos que habían estado sometidos al régimen de los decretos 1209/76, 780/79 y 929/80 en los informes que remitiese a los jueces relativos al cumplimiento de los "reglamentos carcelarios" (art. 13 del Código Penal) atento al carácter "severo" y hasta "perverso" del régimen de detención y tratamiento carcelario instituido por aquellas disposiciones.
Recurso contencioso administrativo, interés legítimo, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CRIVELERO, ALEJANDRO SALVADOR DIONISIO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CSJ EXPTE NRO 16-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-21

Es correcta la vía de plena jurisdicción escogida, si la situación jurídica invocada por el recurrente no es la de ser titular de un interés legítimo, sino la de un derecho subjetivo.

Ello es así, puesto que el actor no está actuando en interés general a la legalidad en el desenvolvimiento de la acción administrativa, como medio para lograr, indirecta y eventualmente, la satisfacción a su propio interés personal, sino que intenta la remoción de un acto administrativo, porque éste, en cuanto dispone que revistará presupuestariamente a disposición de otro funcionario municipal, viola su derecho a la estabilidad en el empleo público.
Daño moral, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Miguez, Rubén R.y otro c/ Comarca S.A. y otro s/ Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

El daño moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, doble instancia, recursos, recurso de apelación (procesal), defensa en juicio, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Cabrera, Rafael Marcos; Noya, Martín Agustín y Bhon, José s/ robo - causa N. 44.938.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-06

No cabe hacer excepción a la regla según la cual las decisiones que declaran la improcedencia de recursos deducidos por ante los tribunales de la causa no justifican, en principio, y dada su naturaleza procesal, el otorgamiento de la apelación extraordinaria, si no media apartamiento de las constancias del proceso ni existe un examen de los requisitos que debe reunir la apelación ante el tribunal de la causa efectuado con inusitado rigor formal que afecte la garantía de la defensa en juicio, ni tampoco causa el pronunciamiento recurrido una restricción sustancial a la mencionada garantía.
Recurso de inaplicabilidad de ley, error judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: La Primera S.A. Compañia Argentina de Seguros Generales s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1987-10-14

Si los hechos son juzgados excepcionalmente a través del derecho invocado erróneamente por el a - quo, se da el supuesto de duda razonable sobre el carácter de hecho o derecho de las cuestiones propuestas.(Silveira Márquez: en disidencia)
Competencia, pedido de quiebra, sociedad anónima, inscripción de sociedades, doble inscripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: BIANCHETTI  SA s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR BIONDI, FERNANDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-09

Si se solicitó la quiebra de una SA, la cual se encuentra inscripta en dos registros, uno en Capital Federal y otro en rosario, esta situación de multiplicidad de inscripciones no puede servir para que la registrada pretenda -como en el caso- la oponibilidad pública de sus varias inscripciones, incompatibles. Por tanto en tal hipótesis, debe prevalecer, a los fines de determinar la competencia del juez a quo, la primera de las inscripciones hasta que sea cancelada.

Esta es la regla en la normativa de la registración mercantil (ccom 31, LS: 12 y conc., y 37 de las normas de la I.G.J. y sus antecedentes en las de la I.G.P.J.), que viene impuesta por la necesidad de proveer seguridad en cada plaza, y la de evitar el fraude en general y aún la burla al ejercicio de la policía societaria en determinadas especies.