marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio sumarísimo, medios de prueba, prueba testimonial, acción de reinstalación
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Juan Manuel c/ Estado Nacional - Ministerio de Producción y Trabajo s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-28

La señora juez a quo hizo lugar a la oposición deducida por la parte demandada y en consecuencia declaró innecesaria la prueba testimonial ofrecida por la parte actora en el marco de un proceso sumarísimo de reinstalación. No obstante, no solo está cuestionado si el actor posee o no tutela sindical, sino que también resulta controvertida la actitud discriminatoria por parte de la demandada en forma previa al despido del actor. Por ello, la prueba testimonial es necesaria para dilucidar los hechos invocados en la demanda en atención a las particularidades específicas de la causa y denegar la producción de esta prueba implicaría la violación de garantía del debido proceso y la afectación del derecho de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional). En consecuencia, deberá admitirse la pretensión de la parte actora.
Organización de la justicia, cuerpo médico forense
Materia: PROCESAL
Carátula: NACCI, Saverio c/ BRAUNSTEIN, Carlos s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

El Cuerpo Médico Forense es uno de los auxiliares de la justicia que prevé el art. 52 del decreto-ley 1285/58, y cuyo asesoramiento pueden pedir los magistrados cuando circunstancias particulares del caso así lo hagan necesario. Ergo, su informe no es sólo el de un perito, ya que se trata del asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia, cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y por medio de otras similares a las que amparan la actuación de funcionarios judiciales.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, notificación, notificación personal, escritos judiciales, copias, derechos de las partes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MEJUTO MEDRANO EDUARDO c/ GCBA s/ REVISION CESANTIAS O EXONERACIONES DE EMP. PUBL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

La entrega de copias no es un requisito de validez de la notificación personal, pues basta con que la parte tome conocimiento de la resolución mediante el acceso al expediente.
Costas, concesión parcial del recurso, cobro de sumas de dinero
Materia: PENAL
Carátula: Ardiles , Jerónimo Rogelio c/ Barrotto , José María s/ ordinario - cobro de pesos - (expte. Nº 391345)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2016-04-04

Corresponde modificar la distribución de las costas de la primera instancia e imponerlas en un ochenta por ciento (80%) al actor y en un veinte por ciento (20%) al demandado, y de la alzada -en tanto sólo se admite la queja respecto de la imposición de costas-, en un noventa por ciento (90%) a cargo del actor y en un diez por ciento (10%) a cargo del demandado, pues diversamente a lo sostenido en la sentencia impugnada, al haber admitido el reclamo por la restitución de los enseres personales del actor -en tanto pretensión acumulada al reclamo de cobro de pesos resultó rechazada-, la a quo debió aplicar lo dispuesto en el art. 132 del CPCC de la provincia de Córdoba e imponer las costas prudencialmente en relación con el éxito obtenido por cada una de las partes, lo que debe ponderarse con criterio jurídico y no puramente matemático, atendiendo a las particularidades de la causa.
Acción, legitimación pasiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berrino, Félix Oscar c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

De la lectura in extenso del texto del art. 11 de la ley 7903 surge evidente que no cualquier resolución que dicte el Consejo Superior de la Caja de Martilleros y Corredores Públicos con motivo y en ocasión de los beneficios que la ley acuerda y que sea adversa al interesado da lugar a la competencia contencioso administrativa de esta Corte, sino únicamente aquéllas que la ley señala de modo expreso. Fuera de los supuestos de la norma, que debe interpretarse en forma estricta, la vía contenciosa no se encuentra autorizada.
Desechos peligrosos, competencia federal
Materia: PENAL
Carátula: Policía de Tucumán s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-27

Es competente la justicia federal para determinar si se ha perpetrado el delito previsto y reprimido por el art. 55 ley 24.051, pues la investigación se dirige a establecer si el humo producto de la combustión de la quema de plantaciones de caña de azúcar, ubicadas detrás de un barrio correspondiente a una ciudad de provincia, afectaba las viviendas de dicho barrio, pues es el Estado Nacional quien debe velar por la protección del ambiente. (Dres. Tragant y Riggi).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Verón de Pintos, Concepción c/ Quick S.A.C.I.F. y otros s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13

Transgrede el art. 47 del decreto ley 7718/71 el fallo que, al apartarse de los términos de la litis, introduce una pretensión no planteada en la demanda.
Falso testimonio, derechos y garantías constitucionales, declaración autoincriminante
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Vázquez, Carlos Alberto s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-15

La declaración en "causa propia" o sobre "hechos propios" no excluye la calidad de testigo del declarante (marido de la denunciante en otra causa) y, así, el tipo del art. 275 del C.P. Su efecto es justificar el hecho, sea en razón de la garantía constitucional de que nadie esta obligado a declarar contra sí mismo cuando ello le puede acarrear responsabilidad penal (Constitución de la Nación, artículo 19); sea en razón de la coacción (art. 34 inc. 2° del C.P.) o del estado de necesidad (art. 34 inc. 3° C.P.), como puede ser el caso de la parte que absuelve posiciones. A la relación entre falso testimonio (artículo 275, 1° párrafo del Código Penal) y la garantía constitucional que establece que "nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo" (artículo 18 de la Carta Magna), se ha negado que pueda tener carácter de sujeto activo (autor) del delito, el testigo, perito, intérprete o traductor que declara en causa propia o en hechos propios, "... lógicamente que cuando no son testigos (p. ej., el imputado), esa apreciación es exacta; pero ese principio se ha llegado a extender a toda persona a quien sus propias declaraciones puedan exponerla a sufrir perjuicios, lo cual es absolutamente exacto. Desde que sigan siendo testigos, su conducta será típica, aunque ello no obsta para que su actuar sea justificado si con la falsedad tienden a evitar males para su persona y no hacen otra cosa que ejercer un derecho de defensa propia. (Voto del Dr. Tragant, adhieren los Dres. Riggi y Ledesma).
Tratados internacionales, normas operativas
Materia: PENAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-07

Las cláusulas de los tratados modernos gozan de la presunción de su operatividad, por ser, en su mayoría, claras y completas para su directa aplicación por los Estados partes e individuos sin necesidad de una implementación directa.
Agravantes de la pena, ley vigente, perseguido político
Materia: PENAL
Carátula: Céparo, Atilio Ricardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-23

Del confronte con la versión antigua de la norma surge que, si bien el art. 144 ter CP, según la ley 23.097, ha suprimido la circunstancia agravante de la persecución política que contenía la redacción antigua, un análisis conjunto pone en evidencia que la nueva versión es más gravosa que la anterior, ya que el tipo base del nuevo artículo está penado más severamente que el tipo agravado del viejo artículo 144 ter, conforme el texto de la ley 14.616 vigente a la época de los hechos y aplicado al caso.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Robledo, Ricardo Oscar y otros c/ Vienessa S.R.L. s/ Beneficios Laborales s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-27

Se interpone recurso extraordinario de casación en contra de la Sentencia Definitiva Nº 65/11 dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Minas.- Corresponde en primer término analizar las actuaciones conforme las disposiciones del Art. 297 del CPC en cuanto fija como requisito para la habilitación del recurso de casación que el valor del pleito exceda la suma que corresponde a la remuneración total de un juez de primera instancia. Dicha norma es de aplicación al caso por cuanto la acción fue interpuesta con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley Nº 5213 que reforma el código de procedimiento civil, y que conforme lo dispuesto por el Art. 4 de dicho ordenamiento legal, que establece que la reforma será aplicable a todos los juicios que se inicien a partir de su entrada en vigencia, la reforma no abarca al presente proceso. Aclarado ello y conforme las constancias de autos, de las que surgen que el recurso fue interpuesto con fecha 24/02/2012, en la cual el valor que percibía un juez de primera instancia en concepto de remuneración total era superior a la expresada en la carátula del memorial de agravios, cabe concluir que el recurso es inviable en cuanto a ello. Se ha dicho reiteradamente que es una carga procesal que le compete al recurrente demostrar que dicha suma en cuestión alcanza o supera el valor establecido como límite mínimo para la viabilidad formal de este medio de impugnación, toda vez que el Tribunal no puede suplir la actividad de la parte y realizar operaciones matemáticas a fin de establecer si el valor que se encuentra en disputa habilita el recurso, por lo que no habiendo sido cumplido por la recurrente el mismo deviene en inadmisible.

De lo señalado precedentemente surge claramente que el recurso no satisface los requisitos para su viabilidad formal, por lo que corresponde su rechazo.
Ejecución fiscal, competencia comercial, deudas impositivas, multa, prescripción tributaria, concurso preventivo, verificación de créditos, verificación tardía, oportunidad procesal, fuero de atracción, juicios universales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Cdad. de Bs. As. c/ El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Ltda. s/ Ejecución fiscal Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Ltda. s/ Ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-14

En el caso, se queja el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por cuanto el magistrado de grado rechazó la ejecución respecto de la deuda devengada en concepto de multa. Aduce que si bien se trata de una deuda preconcursal, su ejecución por esta vía se encontraría autorizada por el artículo 56 de la Ley Nro. 24.522, que dispone que el pedido de verificación tardía pueda sustanciarse, una vez concluido el concurso, por la acción individual que corresponda.

No le asiste razón. Si bien es cierto que, encontrándose concluido el concurso, la verificación tardía se deduce por vía de la correspondiente acción individual, también lo es que ella deberá ser deducida ante el juez del concurso, pues se trata de trámites residuales ineludibles respecto de los cuales subsiste el fuero de atracción concursal.

En consecuencia, y toda vez que el Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial informa que la ejecutada se encuentra en concurso preventivo, y en la etapa de cumplimiento del Acuerdo oportunamente homologado, la pretensión relativa al cobro de la multa deberá sustanciarse ante aquel magistrado, que es el competente para decidir todas las cuestiones atinentes a la existencia y exigibilidad del crédito, entre las que se encuentra la relativa a la prescripción opuesta por la ejecutada.
Rendición de cuentas, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez de Perez N. y otros c/ Rodriguez, José E. s/ Rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

Se considera aplicable a las acciones entre socios, como la rendición de cuentas, derivadas de la sociedad no constituida regularmente, el plazo ordinario de diez años del artº 846 del Código de Comercio, ya que la prescripción corta, de tres años, prevista en el artº 848 inciso 1º, se aplica tan sólo a las sociedades regulares, tal como resulta de la disposición citada.
Enfermedad accidente, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, ambiente de trabajo ruidoso, nivel de ruido
Materia: LABORAL
Carátula: PONCE, FRANCISCO A. c/ DUCILO SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-11-23

El trabajador expuesto a un nivel sonoro continuo equivalente a 85 dba. Debe ser sometido a exámenes audiométricos periódicos (decreto 351/79 artículo 24 apartado 8 y 92) en consecuencia el hecho de que no se supere el nivel máximo permitible (90 dba.) No obsta a la existencia de cosa riesgosa en los términos del artículo 1113 del código civil.
Emergencia económica, títulos públicos, cancelación de deudas
Materia: ECONOMIA
Carátula: Agüero, Máximo José y Ovejero Cornejo de Agüero, Teresa c/ Banco de la Nación Argentina s/ s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-12

En función de la finalidad del régimen que surge de los considerandos del decreto 1387/01 -facilitar la reactivación del sector privado, seriamente afectado por las dificultades de financiamiento por crisis internas y externas, así como procurar superar la emergencia y alentar la reactivación de la economía, al permitir la regularización de una gran cantidad de deudores del Fisco y del sistema financiero-, la distinción, por un lado, entre deudores no morosos y, por el otro, con alto riesgo de incobrabilidad, o directamente irrecuperables, no parece arbitraria ni discriminatoria con relación a un grupo dentro de la categoría; máxime, cuando la situación de los deudores ubicados en las categorías que requerían la conformidad de su acreedor para cancelar sus obligaciones con títulos públicos no se ve perjudicada por el régimen instaurado por el decreto 1387/01. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Notificación por cédula, domicilio constituido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pagano, Mario s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-06

No resulta que la sociedad demandada quedara notificada, si la cédula estaba dirigida a dicha sociedad y, con el agregado contradictorio de la conjunción copulativa "y" la disyuntiva "o" a otras dos personas, y el oficial notificador dijo que fue atendido por una persona que manifestó ser de la casa y que 'aquel vive allí', pues de ese informe que se refiere el singular a un notificado, no se puede concluir con cual de las tres personas a que se refería la cédula se practicó la diligencia.-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bergesio, Carlos Alberto c/ Arzagot, Miguel Angel s/ Cobro ejecutivo Tapella, Stella Maris c/ Piratella de Tapella, Elsa Beatríz s/ Cobro ejec. Recurso de queja Bco. Crédito Argentino SA. c/ Diguero, Carlos R. y ot. s/ Cobro ejecutivo Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. c/ Ronsini, Domingo A. y otro s/ Cobro ejecutivo Banco de Galicia y Bs. As. c/ Proindes S.A. s/ Cobro ejec. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04|1991-11-05|1995-06-13|1993-04-20|1996-03-05

Tratándose de un juicio ejecutivo, la apertura de la instancia extraordinaria tiene lugar cuando la cuestión suscitada desborda la estructura formal del proceso y tal cuestión no pueda ser reeditada en una oportunidad ulterior (art.551, Código Procesal Civil y Comercial). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Diligencias preliminares, prueba anticipada
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS CARLOS CALVO 869/875 c/ CARPINA S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-18

Cuando la prueba anticipada se limita a una mera constatación del estado de un inmueble y ésta se lleva a cabo en presencia del representante legal de la demandada, no puede argüirse el incumplimiento de la exigencia de fiscalización por parte de la contraria por el sólo hecho de que no se encontraba presente su abogado, máxime si se tiene en cuenta que esa diligencia, por su naturaleza, requiere una efectivización urgente, ante la posibilidad de un cambio en el estado de cosas que conlleve perjuicios irreparables en una etapa procesal posterior.-
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cardelli, Hugo c/ Ente Administrador del Astillero Río Santiago s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06

La ley 24.557 se erige como un sistema de prevención y reparación de los riesgos de trabajo y tiene como punto de mira -según surge de las discusiones parlamentarias y del Mensaje de elevación de la ley- reducir los costos administrativos y judiciales, agilizar el cobro de las indemnizaciones, standarizar los criterios para todo el ámbito de la seguridad social -que en verdad sólo se logra a cabalidad a través de la casación que lleva a cabo la Corte nacional, aún tratándose de fallos provenientes de jueces provinciales- y liberar a la justicia de la función burocrática de determinar el quantum de la indemnización. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, personería, acreditación de la personería, poder, plazo, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Fata Soc. Seguros Mutuos c/ Chomicki y Cía. SRL y otro s/ Cobro de pesos y daños y perjuicios. Cuestión a resolver: Fuera del  Orden público -que se dice- impera en los supuestos de representación  inexistente, defectuosa o insuficiente, en las cuestiones de  personería ¨Rigen las pautas comunes sobre preclusión y  consentimiento de los actos procesales? (Expte. Nro. 53-74-Tribunal  plenario) s/ Cobro de pesos y daños y perjuicios. Cuestión a resolver: Fuera del  Orden público -que se dice- impera en los supuestos de representación  inexistente, defectuosa o insuficiente, en las cuestiones de  personería ­Rigen las pautas comunes sobre preclusión y  consentimiento de los actos procesales? (Expte. Nro. 53-74-Tribunal  plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1979-10-08

El orden público no afecta las cuestiones de personería y, por ende, es convalidable la actuación del gestor en pleito, en tanto se encuentre incorporado al mismo -no importa si tempestiva o intempestivamente- un instrumento de mandato que acredite en forma impecable la procura. (Del Voto del Dr. Alvarado Velloso). En el caso la cuestión a resolver es si, fuera del orden público -que se dice- impera en los supuestos de representación inexistente, defectuosa o insuficiente, en las cuestiones de personería ¿rigen las pautas comunes sobre preclusión y consentimiento de los actos procesales?
Ejecución de honorarios, fianza
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Quiroga Conte Grand, Carlos c/ Banco de San Juan s/ Act. Formuladas para la tramitación de la apelacióm deducida con  efecto devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-02-17

La fianza no procede para iniciar ejecuciones de honorarios que no se encuentran firmes, sino para el caso que, firmes y debidamente ejecutados con oposición de excepciones, éstas hubieran sido desestimadas.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Silva, Horacio C. c/ Arena y Asociados  S.A.  y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-04

Si el recurrente no impugnó las razones dadas por la Cámara para denegar el remedio federal, corresponde la declaración de su improcedencia por no cumplir con los recaudos mínimos al efecto.
Agravantes de la pena, menores
Materia: PENAL
Carátula: Silva, Gabriela Natalia Anabel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-16

Corresponde la aplicación del art. 41 quater del código penal en el caso, ya que lo único que requiere la norma es la intervención de un menor en la comisión de un delito -circunstancia que se da en la presente-, sin interesar si el mayor tuvo o no en miras su utilización para cometer el hecho delictivo (no se requiere un dolo específico). (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi).
Ofensas equívocas o encubiertas, personas jurídicas, sujeto pasivo
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, JORGE s/ CALUMNIAS E INJURIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-20

El art. 112 del CP en su actual redacción no sanciona la propalación de hechos que deshonran a personas colectivas, corolario de ello resulta que las personas jurídicas no pueden ser sujetos pasivos del delito de injurias, pues aun reconociéndoles un honor objetivo, no pueden verse ofendidas porque la imputación afecta directa o inmediatamente sólo a sus miembros.
Empleados públicos, responsabilidad del funcionario público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villegas, Carlos Adolfo c/ Provincia de Buenos Aires (Min. Salud y Acc. Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Las funciones que ejerce un funcionario jerárquico provincial le imponen mayor cautela y responsabilidad en la adopción de determinadas conductas (doct. art. 902 Cód. Civil).
Sobreseimiento, secuestro de bienes
Materia: PENAL
Carátula: DENUNCIA FORMULADA POR BIDEGAIN LUIOS ROGELIO S.D USURPACION DE PROPIEDAD EN CONTRA DE FARRAH NELSON HERNAN. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-09

Dispone el Art. 294 del código de rito que en caso de sobreseimiento total, los objetos secuestrados en la investigación como efectos o instrumentos del delito no deben ser devueltos, pero, por el contrario, aquellos elementos que no están sometidos a confiscación, deben ser devueltos en la misma resolución de Sobreseimiento total y definitivo, levantando los embargos, secuestros, o cualquier otra medida cautelar que se hubiera dictado durante la instrucción judicial.
Acción de amparo, competencia, juez de distrito
Materia: PROCESAL
Carátula: BACHMEIER, JORGE ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO DE AMPARO     COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-26

Las acciones de amparo previstas por la ley provincial 7053 deben ser interpuestas ante los tribunales que históricamente han entendido en ellas, es decir ante los actuales Jueces de Primera Instancia de Distrito.