Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-15


Rawson, 15 de Abril de 2.010.- VISTO:

Estos autos caratulados: "Municipalidad de Comodoro Rivadavia c/ Y. S.A. s/ Embargo Preventivo" (Expte. N° 21.787-M-2009).

DE LOS QUE RESULTA:

1.- Vienen estos autos a consideración del Tribunal en virtud del recurso de casación por arbitrariedad interpuesto a fs. 153/181 vta. por el Dr. N. D. y la Dra. C. R., por sus propios derechos, contra la interlocutoria de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia obrante a fs. 146/148 vta..

2.- Los casacionistas hacen un relato del escrito postulatorio de la medida cautelar, de provindencias dictadas en su consecuencia, y demás actos procesales en los que intervinieron (fs. 154 vta./163). En relación a la sentencia de Cámara expresan que por razones de economía procesal se referirán a su contenido al exponer sobre la procedencia del recurso interpuesto.

De este modo, en el apartado III comienzan con la fundamentación recursiva, y describen la parte resolutiva del fallo recurrido, hacen un escueto resumen de la resolución en sí.

Luego describieron textualmente un tramo de fallo que alude a la temporaneidad del recurso y en sus críticas aluden a una violación y errónea aplicación del art. 144, Ley XIII N°5 del Digesto Provincial (art. 142 del C.P.C.C.) por imponerse exigencias formales que no son requeridas por la norma procesal, como fue la "constancia de haber tomado conocimiento de una o varias resoluciones".

Afirman que la norma escrita en ninguno de sus párrafos establece el requisito formal de consignar el número de foja o fecha de la providencia que se notifica, incurriéndose en arbitrariedad por haberse cumplido una tarea legislativa que nada tiene que ver con la labor de juzgar sobre la base de los hechos realmente ocurridos y el derecho aplicable, no siendo ni siquiera suficiente para sustentar la opinión, citar alguna doctrina.

Por otra parte, expresan que hay actuaciones en el expediente que demuestran la toma de vista y la notificación personal de la demandada de la regulación de honorarios de fs. 66.-- Como argumentos subsidiarios de defensa, consideran que la demandada igualmente tomó conocimiento de la regulación de honorarios de modo implícito, por existir numerosas actuaciones del Tribunal y de la parte que acreditan la notificación personal de la resolución apelada.

Concretamente, destacan que en fojas anteriores a aquella en que consta la notificación del 03 de febrero de 2009 (fs. 107), y posteriores a la de la regulación del 15 de mayo de 2008 de fs. 66, se produjeron actuaciones de las que resulta que el Dr. M. P. D., apoderado de la accionada, se encontraba notificado de las constancias del expediente (incluyendo la regulación), por lo menos, desde el 22 de mayo de 2008, y que como consecuencia de lo manifestado, el recurso de apelación interpuesto el 04 de febrero de 2008 (fs. 109/110) devienen notoriamente extemporáneo.

Asimismo, alegan violación al art. 246, Ley XIII N°5 del Digesto Provincial (art. 244 del C.P.C.C.) por resultar extemporáneo el recurso; y rememoran literalmente, lo manifestado en este sentido al contestar agravios (fs. 167 in fine/169 vta. primer párrafo). - Destacan falta de coherencia en el criterio adoptado por la Alzada al adoptar un criterio amplio a favor del derecho de defensa de las partes que adoptó en otras oportunidades, sin referirse a los casos concretos con su correspondiente cita (se transcribe textualmente el párrafo del fallo pertinente).

Esta posición amplia -dicen- se contradice y marca la falta de coherencia con el estrecho criterio empleado para repeler los argumentos que expusieran al invocar la extemporaneidad del recurso. Esta conducta, es alegada como un elemento más que avala la arbitrariedad alegada.- Al final, y también en forma subsidiaria, se invoca violación al art. 27 de la ley arancelaria y se transcriben dos párrafos del fallo en crisis. En su crítica, manifiestan que si bien pueden compartir la jurisprudencia citada por la Alzada, y que fue en definitiva la que citan al contestar agravios, la aplicación al caso, hace que resulte de aplicación el art. 27 de la L.H. y no el 33.

Entienden, que los Sres. Camaristas confunden la definición de conexidad y de autonomía de las medidas cautelares. Explican que la conexidad, como la propia palabra lo indica, significa vinculación; y ello importa que dos procesos tienen estrecha relación, lo que no necesariamente indica que uno sea incidente del otro sino que ambos deben tramitar ante un mismo juez y secretaría.

La denunciada conexidad y la presentación simultánea del proceso cautelar y del proceso de ejecución fiscal tampoco importa falta de autonomía en la medida cautelar.

Tampoco influye la simultaneidad de la presentación, pues es incoherente pretender otorgar un carácter distinto con aplicación de normas arancelarias distintas en supuestos en que al menos instantes antes se presentó la cautelar respecto de la ejecución. Citan por otra parte, un fallo que consideran de estricta aplicación al caso de autos, y doctrina que alude a los temas en cuestión. - Alegan, que el quatum de los honorarios fijados es bajo y violatorio de las pautas dadas por el art. 27 de la L.H.. Es incorrecto, aplicar al caso las disposiciones del art. 10 del mismo cuerpo legal, porque la actividad de los otros profesionales de la actora a los fines de la traba de la medida cautelar era innecesaria.

En definitiva, aducen vulneración al derecho de propiedad, igualdad ante la ley y al debido proceso; y estiman en base a las pautas dadas por el art. 27 de ley arancelaria, el porcentaje de honorarios que correspondería fijarse.

Mantienen reserva del caso federal.-- CONSIDERANDO: - 1.- Como viene de señalarse los recurrentes, ex-letrados apoderados de la actora, interpusieron recurso de casación contra la sentencia recaída en autos fundado en la causal de arbitrariedad prevista en el art. 291 inciso "e", Ley XIII N°5 del Digesto Provincial (art. 288 inciso "e" del C.P.C.C.); solicitando se confirme la providencia de regulación de honorarios dictada por el juez de primera instancia .- 2.- En un primer orden de ideas; ha de señalarse que la Sala está convocada en esta primer faceta de su intervención a analizar en su totalidad el cumplimiento estricto de los recaudos jurisdiccionales de admisibilidad conforme manda expresa del art. 295, Ley XIII N° 5 del Digesto Provincial (art. 292 y concordantes del C.P.C.C.).-- 2.1.- En efecto, todo recurrente ante esta vía debe cumplir con varias cargas entre las que se encuentra una de índole económica, como el depósito previo que contempla el art. 292 inciso "d", Ley XIII N° 5 del Digesto Provincial (art. 289 inciso "d" del C.P.C.C.) o en su caso, encuadrarse y así acreditarlo, en algunas de las exenciones previstas en la norma citada.

Es pertinente recordar que este depósito no reviste el carácter de un impuesto o gravamen fiscal, sino que, se erige como una exigencia procesal para que el Superior Tribunal conozca el recurso. Es decir, que la falta del aporte, o un cumplimiento defectuoso o insuficiente, conduce a la inadmisibilidad de la vía extraordinaria (conf. S.T.J.CH. S.I. N° 102/99; 23/S.R.E./01).

Además, es pertinente aclarar, que en casos como el sub-lite, en donde actúan letrados por sus propios derechos, cada uno debe cumplir con la carga pecuniaria, en la medida del valor de lo cuestionado en forma individual. En esta línea jurisprudencial, se ha dicho concretamente que ".

El depósito que establece el art. 283, Ley XIII N°5 del Digesto Provincial (art. 280 del C.P.C.C) debe realizarse en forma individual por los letrados que recurren por su propio derecho, resultando insuficiente el efectuado en forma conjunta para que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sea admisible"(cfr. S.C.B.A. L. 37221 S 13-10-1987, publicado en AyS 1987-IV, 242; y otras en igual sentido, v.gr. Ac. 59036 I; 3-10-1995; Ac. 59668 I 27-6-1995; S.C.B.A., DJBA, v. 131, p. 310).-- En este caso particular, que la Alzada reduce los honorarios regulados en primera instancia, y se cuestiona en casación la base de tal regulación, el valor del litigio resulta de la diferencia entre ambas regulaciones (Cfr. S.C.B.A., Ac.y Sent., 1985, v. I, p. 433 citado por Morello y Otros en "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov.de Buenos Aires y de la Nación", Ed. Abeledo-Perrot, segunda edición actualizada, Tomo III, pág. 782) por lo que la suma de $ 500 abonada por cada letrado, según constancia de fs.151 y 152, resulta insuficiente a los fines de la admisibilidad del recurso interpuesto.

Ello es así, aún cuando la Alzada en ocasión del dictado de la resolución de admisibilidad del recurso, haya dado por satisfecho erróneamente tal recaudo (fs. 184).

Es el Superior Tribunal de Justicia, el órgano natural del recurso y goza de la facultad de verificar los extremos legales no sólo en el juicio de admisibilidad (examen preliminar) que regula el art. 295, Ley XIII N°5 del Digesto Provincial (art. 292 del C.P.C.C.) sino de renovarlo en ocasión del dictado de la sentencia.-- Por último, en orden a esta temática, es pertinente hacer saber a los letrados intervinientes que igual defecto cometieron en ocasión de interponer recurso de casación en la causa caratulada "Municipalidad de Comodoro Rivadavia c/ Y. S.A. s/ Ejecución Fiscal (Expte 2394/07) (Expte. N° 21654/2009)", que se tiene a la vista, según constancia de fs. 167/168. En lo sucesivo, deberán ser diligentes en el cumplimiento de este recaudo legal, que no vulnera la garantía constitucional de la defensa en juicio y la igualdad ante ley, en tanto, viene impuesto de igual modo a todos los que se encuentren en las mismas condiciones (conf. Fallos 317:547; y S.T.J.CH., S.I. Nros. 49/S.R.E./01, 32/S.R.E./02 entre otras).

2.2.- Otro aspecto a considerar, en este examen preliminar, esta vinculado a los antecedentes de la causa.

Así, se observa que los recurrentes si bien hicieron un relato sucinto de los mismos se dificulta su comprensión por las apreciaciones propias que le introducen, despojándolo de objetividad (v.gr. vide punto 3.4., fs. 155vta in fine/156 primer párrafo). - Asimismo, avanzando en la lectura, se observa que el relato de la sentencia en crisis, se expuso en forma fragmentada en ocasión de fundar el recurso de marras. Es decir, que a cada párrafo que se describe se le introduce la correspondiente crítica. Tal técnica es errada en este caso particular, porque obstruye la tarea intelectiva de la Sala para evaluar el iter- lógico jurídico que condujo a la Alzada a resolver del modo que lo hizo; y comprender el alcance o la entidad de los agravios.

Como surge de la lectura, lo grave radica en que tales críticas han sido incorporadas de modo subsidiario e involucran temas de índole procesal que hacen a la habilitación de la segunda instancia (extemporaneidad del recurso, deserción recursiva) y cuestiones de fondo, como lo es una regulación de honorarios que se considera arbitraria por una errónea interpretación a la norma arancelaria.

Los temas, así introducidos y planteados por los recurrentes, imponían en este caso, una descripción completa y objetiva del fallo en crisis.-- El relato de los antecedentes relevantes del caso, es un presupuesto formal que integra el carácter autosuficiente del que debe gozar un recurso de esta naturaleza y debe ser cumplido como cualquier otro requisito formal.

Al respecto, la Suprema Corte Bonaerense ha dicho que el recurso estudiado debe bastarse a sí mismo, y sobre todo que "...Demostrar el error jurídico del fallo transcribiendo parcialmente expresiones del mismo y sacándolas de contexto constituye una ineficaz técnica recursiva porque no se ocupa, en definitiva, de cuestionar idóneamente el razonamiento integral del pronunciamiento" (Cfr. S.C.B.A., P. 54.218-S, 13/06/95 y 58.380-S, 26/03/96; y Ac. 55.833-S, 14/05/96, "Rodríguez, Mara Susana c/ Transportes Atlántida S.A.C. y otro s/ Daños"citados por Hitters, Juan Carlos, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", págs. 597/598 y 601, Ed. Platense S.R.L., 2ª edición, Año 1998).

Esta línea jurisprudencial, es la que igualmente sigue esta Sala, habiéndose ya establecido por el Órgano desde antiguas composiciones, en cuanto hace - lógicamente- a la estirpe propia de este recurso. (conf. S.D. N° 03/S.R.E./06, 07/S.R.E./06, 18/S.R.E./06 entre otras).

2.3- Desde la óptica de la fundamentación recursiva, esta Sala considera que los apelantes en su despliegue sólo han logrado poner de manifiesto una disconformidad extrema en el modo de resolver de la Alzada, una queja constante a la resolución en crisis; lo que munido a temas de índole procesal y de fondo que se pretenden introducir por el conducto de la arbitrariedad de la sentencia de modo subsidiario, el recurso de casación deviene inadmisible por insuficiente.

Incluso, en este sentido se ha dicho que es al " ....recurrente a quien le corresponde demostrar la existencia del absurdo, y no a la Corte explicar por qué no se ha configurado..." "...es que la vía del absurdo sólo encuentra cabida excepcionalmente, en casos en que se demuestra el error grave y fundamental configurativo de tal anomalía, mas no cuando el impugnante se limita a exhibir su particular criterio -como ha ocurrido en autos- que pretende anteponer al de los sentenciantes" (conf. C.S.J.B.A., 31/05/94 , J.A. 1997-III-195, índice N° 6; 01/08/95, J.A.1997-III-195, índice N° 8; 20/11/96, J.A. 1999-IIII, síntesis citados por Midón, Gladis E. de "La Casación" , pág. 60, Ed. Rubinzal-Culzoni, Año 2001).

Es decir, que los casacionistas al destacar su desacuerdo con la interpretación de los hechos que efectúa la Cámara; no hacen más que pretender convertir a esta instancia excepcional revisora en una tercera instancia.

Cuando es sabido, que la casación no es una tercera instancia donde se examine de nuevo el litigio; ni la pieza recursiva puede integrarse -cualquiera sea el peso de las razones que luzca-, con reflexiones paralelas a las de la Cámara con la pretensión de que aquéllas reemplacen a éstas" (Cfr. Ac. 34.163-S, 28/05/85, " De Miguel Norberto F. c/ Pintarelli, Carlos s/ Cobro de pesos " , Ac. y Sent. 19865-I-867 , Hitters en obra citada, pág. 182; en el mismo sentido Tessone Alberto J. "Recursos extraordinarios", págs. 42/45 y 215, Ed. Platense, año 2004).-- 2.4- No obstante todo lo expuesto, y a mayor abundamiento, es inquietud de esta Sala manifestar que alguna de las críticas introducidas -como se viene señalando- están vinculadas a temas de índole procesal, por lo que la vía correcta -quizás- hubiera sido la del art. 290 , Ley XIII N°5 del Digesto Provincial (art. 287 del C.P.C.C.) y no la del art. 291, del mismo cuerpo legal (art. 288 del C.P.C.C.); mientras que la temática introducida al cuestionarse la regulación de honorarios, pone más su mirada para enfilarse en el carril del art. 291 inciso "e", Ley XIII N° 5 del Digesto Provincial (art. 288 inciso "e" del C.P.C.C.) - Por último, y sólo a título ilustrativo, conviene recordar que en materia de notificaciones, que es uno de los temas introducidos, como cualquier otro instituto procesal ha de ser interpretado, en forma integral con las normas que informan la materia y no de forma aislada o apegada al tenor literal de sus términos.

El art. 144, Ley XIII N°5 del Digesto Provincial (art. 142 del C.P.C.C.) señala que "la notificación personal se practicará firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia, extendida por el prosecretario."; y a su turno la doctrina en general es conteste en afirmar, que "la notificación personal es la que tiene lugar en el propio expediente cuando el interesado deja constancia del conocimiento de una resolución judicial.

Se trata, en consecuencia,de la notificación en el expediente o en la oficina, y de la que se extiende la pertinente diligencia en la que se expresará la fecha, la persona que se notifica y la resolución judicial a la que concierne, debiendo ser firmada por aquélla y por el oficial primero de la secretaría.

En toda diligencia de notificación personal se debe consignar la resolución que se notifica (Morello y Otros en " Códs.", Ed. Abeledo-Perrot, segunda edición actualizada, tomo II-B, pág. 796; Maurino Alberto Luis "Notificaciones procesales", Ed. Astrea, 1ra. reimpresión, Año 1985, pág.23; Fassi-Yáñez "Cód.Proc. Civ. y Com., comentado, anotado y concordado", Ed. Astrea, 3ª edición actualizada y ampliada, tomo 1, pág.707; Podetti, "Tratado de los actos procesales", p. 270). Sin embargo, y pese a la claridad de lo expuesto, se está invocando arbitrariedad por arrogarse la Sala intervienente funciones legislativas al exigir un requisito que no fluye de la norma procesal que se dice infringida (fs. 164 vta./165) (sic).- Que por todo lo expuesto, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia:

R E S U E L V E 1°) DECLARAR mal concedido el Recurso de Casación de fs. 153/181vta. y la pérdida de los depósitos de fs. 151 y 152.-- 2º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.-- Fdo. Dres. Daniel Luis CANEO - José Luis PASUTTI - Fernando S. L. ROYER.- Recibida en Secretaría el 19 de Abril del año 2010.- Registrada bajo el N° 20/S.R.E./2010.- Conste.- Fdo. Dra. Carmen Velez - Secretaria.-