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Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, regulación de honorarios, base regulatoria, monto del juicio, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Schmit, Ana Antonieta c/ Sago S.A. s/ REcurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

Es arbitraria la sentencia que no dio respuesta a los serios argumentos de la recurrente con respecto a que se había ignorado la cuantía económica del asunto, circunstancia que importó una regulación de primera instancia, confirmada por la alzada, que superó en un 100% el monto reclamado por la demandante vencida en el juicio, con grave lesión a su derecho de propiedad.
Ministerio Público Fiscal, facultades de la Cámara de Apelaciones, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Sur de la CABA- c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Meza, Marcelo s/ infr. art(s) 85, portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique (art. 88 según TC Ley 5666 y modif.)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Si al declarar inadmisible un recurso de apelación, el a quo se limitó a afirmar que en casos análogos dicho tribunal había sostenido que la decisión jurisdiccional de no convalidar medidas cautelares como las dispuestas en el caso, no ocasiona en principio gravamen alguno de imposible reparación ulterior, pero sin explicar cuál sería la analogía existente con las circunstancias concretas de este caso, ello implica dejar sin fundamento la decisión. La afirmación así vertida para descartar la existencia de un gravamen de imposible reparación ulterior, resulta insuficiente pues los jueces no han considerado las circunstancias del caso concreto. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Juicio de desalojo, tenencia precaria, intruso, acciones reales
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ CARLOS ALBERTO c/ OSVALDO CORTEZ Y OTRA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-10-06

La tenencia importa la intención del tenedor, de poseer la cosa en nombre del otro, (art. 2461 C. Civil), dentro de la enumeración que enmarca el art. 2462 C. Civil, que no es taxativa. Si ni en la demanda, ni en ninguna declaración testimonial, surge exactamente porqué los demandados son tenedores precarios, ni cuando, ni quien los introdujo en el fundo en tal calidad, solamente se afirma. Es más, la construcción de una cerca por parte del actor, y el rechazo violento del Juez de Paz que pretendió realizar actos en el mentado departamento, nos están dando la idea en el primer caso, de un límite a la posesión que se atribuye el actor, y en segundo, al rechazamiento de actos posesorios por parte de éste quien pretendía obrar por intermedio del Juez de Paz. De las testimoniales surge que los demandados, habrían penetrado a la vivienda como intrusos, de esta forma, queda descalificada la pretensión de que los demandados hayan detentado el inmueble en el carácter de tenedores precarios. Si los demandados penetraron en la propiedad intrusamente, el hecho de que aleguen la posesión actual, hace que ella adquiera, aparentemente , el carácter de viciosa (aunque la ley presume lo contrario), y sea detentada como tenedores precarios frente al presunto propietario por boleto, porque en nuestro C. Civil no existe la co-posesión ( art. 2401). Si fueron intrusos en un primer momento, puede entenderse entonces, que entraron a poseer en forma viciosa, ya sea por clandestinidad (2429 al 2471) o por abuso de confianza (arts 2372 y 2364), o también, porque el primitivo propietario les otorgó la posesión (buena fe). O sea, tanto en la cuestión de la tenencia precaria como en la intrusión, si bien existe el principio de la interversión del título, en este instituto, la excepción estará dada en cuanto puedan existir actos materiales efectuados por el sujeto de la relación real. Como lo explica Llambías (Op. Cit. p. 82) la cuestión se contempla, como claro ejemplo en el art. 2458 "...si el poseedor procura realizar un acto posesorio en una finca y el tenedor se lo impide por la fuerza, éste último se habrá transformado en poseedor (locatario que excluye violentamente al dueño, imposibilidad de realizar en este caso particular una inspección ocular en el interior de la parte de la finca que ocupaban los demandados, no sólo porque no le permitieron la entrada sino que existió violencia contra el actor; también puede señalarse o interpretarse como delimitación de la posesión una pared divisoria que se levantó en el fundo que sostienen los demandados poseen) de todo esto se desprende que el asunto no puede ser ventilado por la vía del simple desalojo, sino que lo conveniente hubiera sido iniciar las acciones reales que hubieran correspondido.
Seguros, falta de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BERRUEZO FERNANDEZ DE SERNA, MARIA HERMINIA Y OTROS c/ PINTOS, OSCAR F. Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-27

Una vez dictada la sentencia en la causa y cuando ya se hubiere expedido el juez sobre la pretensión del actor, fijando el monto indemnizatorio, cabe conceder la posibilidad al agraviado de oponer las defensas que conduzcan a verificar la eventualidad de la inexistencia de seguros. La inexistencia de seguro, por falta de pago de la prima al momento del evento dañoso, queda subsumida en tal supuesto. Así lo ha entendido la doctrina, en razón de ser la Compañía de Seguros un tercero y, como tal, no tenía la obligación de oponer defensas en el proceso principal.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, defensa en juicio, sanciones administrativas, duración del proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bonder Aaron (Emperador Compañia Financiera S.A.) y otros c/ B.C.R.A. s/ resol. 178/93
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-19

Corresponde revocar la sentencia que confirmó las sanciones aplicadas por presuntas infracciones al régimen financiero si fue vulnerada la garantía de la defensa en juicio de los recurrentes y su derecho a obtener una decisión en el plazo razonable al que alude el art. 8, inc. 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos teniendo en cuenta el análisis global del procedimiento, que comprende tanto el sumario llevado a cabo en la órbita del Banco Central, como la instancia judicial de revisión cumplida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y que se prolongó hasta casi veintiséis años después de ocurridos los hechos investigados, extensión que resulta injustificada, máxime al no advertirse que se trate de un asunto de especial complejidad o que haya sido la actuación procesal de los sancionados la que haya interferido en el normal desarrollo de los procedimientos.
Confirmación de sentencia, rechazo de la demanda, compensación económica, mejoras, concubinato, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Llanquileo, Luciano c/ Casal Nelly y otros s/ resarcimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-30

Cabe confirmar el rechazo a la demanda en donde se reclamó un resarcimiento económico por el 50 % de las mejoras -incremento de superficie cubierta y semi cubierta- que el actor, concubino de la demandada, dice haber introducido en la vivienda durante el lapso que duró la convivencia, pues para tener por acreditados los aportes a partir de presumirlos - tal como pretende el actor- , la presunción debe resultar precisa y concordante. Por lo tanto, el sólo hecho de la existencia de una mayor superficie no lleva a concluir que la construcción de las mismas haya sido solventada con aporte patrimonial del actor, destacándose que allí adquiere relevancia lo señalado en la instancia de grado acerca de que no se logró acreditar concretamente ingresos o actividad laboral de la que pudiera luego inferirse la conclusión que aquel plantea.
Títulos ejecutivos, acción causal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CANALIS JOSE ANTONIO c/ JORGE OMAR PERALTA s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-03-23

Cuando en virtud de un negocio jurídico o contrato determinado se emite un título cambiario -vg. pagaré o cheque-, el tomador disfruta de dos acciones en contra del librador: la acción cambiaria o cartular, que nace del mismo documento, y la acción causal, que dimana de la relación subyacente o fundamental (compraventa, mutuo, cesión, etc.). Ambas acciones coexisten, por el principio de que la creación de un título cambiario no produce -"per se"- novación respecto de las obligaciones emergentes de la relación extracartácea (arts. 55 D.L. 4776/63 y arts. 61 y 101 D.L. 5965/63). A su vez, no hay cortapisas para que la acción extracambiaria nacida de la relación fundamental pueda hacerse valer por la vía ejecutiva, cuando se ha emitido un documento en el que consta la obligación de pagar suma de dinero, y éste trae aparejada ejecución. En tal hipótesis, el juicio ejecutivo no es ya el cambiario sino el documental instituído por el art. 819 inc. 1ro. del C.P.C. Por consiguiente, un cheque válido es instrumento idóneo para promover dos acciones ejecutivas: la cambiaria (art. 819 inc. 3ro. C P.C.) y la causal (por la vía documental común del art. 819 inc. 1ro. C.P.C.); un cheque perjudicado es inhábil para la primera, pero idóneo para la segunda, una vez preparada la vía ejecutiva. La circunstancia de que el tomador haya dejado pasar el lapso necesario para que el título quedase perjudicado, deviene irrelevante en la acción causal frente al librador, desde que ningún obligado resta detrás de éste. Distinto podría ser el caso si la acción causal se ejercitase contra un endosante, pues al haberse extinguido los derechos cambiarios, el demandado no podría luego accionar cartularmente en contra de los obligados anteriores que lo preceden en el nexo cambiario (art. 61 D.L. 5965/63).-
Sistema federal, federalismo de concertación, facultades concurrentes, Estado Nacional, Estado Provincial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

El sistema federal constitucional argentino se funda en el principio de lealtad federal o buena fe federal, conforme al cual en el juego armónico y dual de competencias debe evitarse el abuso de las competencias de un Estado en detrimento de los otros; de esta manera, el ideario federal en el que descansa nuestro sistema de gobierno parte de la base de que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios coordinan sus facultades para ayudarse y nunca para destruirse.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, incapacidad, prueba pericial, apreciación del juez, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Báez, Dionisio c/ Swift Armour S.A.A. s/ Recurso de inconstitucionalidad- Cobro de australes (Expte.: C.S.J.  Nro. 1455 Año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-31

Deviene inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada desde que la reconstrucción del caso que el órgano jurisdiccional realizara con base en los elementos obrantes en el expediente -y, en particular, en las pericias practicadas-, no resulta inconciliable con las reglas derivadas de las exigencias de la sana crítica como para concluir que el juicio afirmativo sobre la existencia de una dolencia derivada del trabajo sólo encuentra como único fundamento la mera voluntad de los juzgadores, sin asidero en constancias fehacientes producidas con contralor de las partes (ya que la recurrente designó un delegado técnico para la pericia médica y uno de sus empleados participó en la pericia del ingeniero acústico), y que la convalidación de dicha resolución por la Alzada realmente haya significado una renuncia a las exigencias mínimas de fundamentación que recaen sobre todo pronunciamiento jurisdiccional.
Daños y perjuicios, legitimación procesal, Provincia de Buenos Aires, entes autárquicos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Buenos  Aires,  Provincia de c/ Tournie, Santiago Víctor y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

Si la prórroga de la autarquía de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial dispuesta por el decreto 796/96 expiró, a más tardar, el 27 de mayo de 1997 a la fecha de promoción de la demanda -posterior a ésta-, la única legitimada para iniciar la acción de daños y perjuicios era la Provincia de Buenos Aires.
Acción dependiente de instancia privada, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: ALACA, Roberto Ceferino s/ Robo y violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-03

Disiento con la difundida opinión de que el art. 72 del C.P. sólo es aplicable en beneficio de la víctima y no del imputado, pues considero que las normas jurídicas rigen para todos, con independencia de las consecuencias benéficas o perjudiciales que puedan producir a determinada clase de personas. El cumplimiento de lo preceptuado por el art. 72 del C.P. tiene carácter de esencial, por tratarse de la legalidad de la iniciación del proceso.

- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Compraventa de automotores, inscripción registral, documentación del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Boquet, Leonardo A. c/ Brozzi, Ricardo y otra s/ Cumplimiento de Contrato y Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-03-07

"No puedo dejar de remarcar que la jurisprudencia ha juzgado que la documentación necesaria para patentar o inscribir un automotor vendido constituye un accesorio de éste, por lo que el vendedor debe entregarla al comprador, y que la sola tradición no basta para que se tenga por cumplida la obligación de entregarlo si no se lo hace con la documentación necesaria para patentarlo o registrarlo a nombre del comprador.
Recurso extraordinario, cuestión federal, inconstitucionalidad, interpretación de normas y actos locales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco Ganadero Argentino  S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ REPETICION - RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-24

Es improcedente el recurso extraordinario, si se ha planteado la invalidez de actos municipales fundados en normas locales, y el pronunciamiento no ha sido en favor de la validez de aquellos.
Nulidad procesal, menores, asesor de menores, participación necesaria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "FUDIM,  SUSANA  GRACIELA c/ Poder  Ejecutivo  Nacional y otros s/ Amparos y sumarísimos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

Corresponde declarar la nulidad de lo actuado cuando no se dio al representante oficial la necesaria intervención para poder cumplimentar su cometido legal, situación que debe ser subsanada a fin de salvaguardar el principio de seguridad jurídica y el valor justicia que ha de primar en las resoluciones de los conflictos, máxime teniendo en cuenta que está en juego el interés de un menor cuyos derechos deben ser salvaguardados, y que encuentran adecuada protección en tratados de jerarquía constitucional, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 4, 6, 18, 23, 24, 26 y 27).
Evasión fiscal, sentencia condenatoria, lavado de activos
Materia: PENAL
Carátula: Fariña, Jorge Leonardo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-06

Si bien como se dijo, aquí el imputado fue investigado y condenado por el delito de evasión de impuestos y en la otra causa fue procesado por el delito de lavado de activos de origen ilícito -figuras penales que protegen diferentes bienes jurídicos y exigen diferentes elementos típicos para su configuración-, ambas calificaciones jurídicas se sustentaron en la adquisición de las fracciones de los campos de la provincia de Mendoza en el año 2010. por lo que corresponde anular el juicio oral y la resolución recurrida, y remitir las actuaciones al Tribunal Oral Federal nº 4 para ordenar que se acumulen a la mentada causa conexa y se esté a lo que allí definitivamente se resuelva.Dres. Mahiques. Riggi y Catucci.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, sentencia definitiva, juicios en que la Nación es parte, monto del juicio, valor disputado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Sandler, Héctor Raúl c/ Estado Nacional s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Es formalmente procedente el recurso ordinario si se trata de una sentencia definitiva, dictada en causa en que la Nación es parte y el "valor disputado en último término" o "monto del agravio" excede el mínimo legal a la fecha de su interposición según el art. 24, inc 6°, ap. a), del decreto - ley 1285/58, modificado por la ley 21.708 y resolución de la Corte n° 1242/88.
Principio de oralidad, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: T., L.A. s/ Violación  Robo Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-02-18

Cada vez que la recepción oral del testimonio sea posible, debe ser preferida, por resultar la realización del principio de inmediación, entendido éste al decir de Maier, "que con la inmediación -nota esencial de la oralidad- se quiere que la verdad no surja por la investigación paciente de una persona, acerca de los rastros que ha dejado en el mundo un suceso determinado, sino que, muy por el contrario, la verdad emerja de la contraposición de intereses en un procedimiento, de la contraposición al menos de los representantes de los intereses".
Costas, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Esquivel, Rubén Héctor c/ Hipólito González y Cimac S.C.A, s/ Ejecución de Honorarios. Esquivel, Rubén Héctor c/ Hipólito González y Cimac S.C.A, s/ Ejecución de Honorarios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-10-20|1988-10-20

El Superior Tribunal de Justicia tiene resuelto que es nula la imposición de costas por su orden cuando se rechazan las excepciones y se hace lugar a la ejecución. El rubro lleva aparejado como consecuencia determinada la imposición de costas al ejecutado. Se consagra el principio objetivo del vencimiento sin que pueda el Juez eximir del pago al vencido. La condena en costas en el juicio ejecutivo, es ajena a toda valoración sobre la conducta de las partes o la índole de las cuestiones controvertidas.
Postulación como candidato, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sobre Incidente de Apelación - Causas Electorales - Reconocimiento de Alianza/Oficialización de Candidatos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-21

A los efectos de la interpretación del art. 97 de la CCABA, entender que "residencia" coincide con "domicilio", resulta una premisa incompatible con la legislación civil que tuvieron los convencionales a la vista. Ello así, en tanto pueden coexistir residencia y domicilio distintos, y puede haber más de una residencia. A su turno, el uso del criterio de la residencia en lugar del domicilio electoral puede estimarse más armónico con la Constitución. Ello es así, porque el cambio del domicilio electoral, por una persona que va a una jurisdicción en la cual se le exige una antigüedad en ella para ser candidato/a, llevaría a que por un periodo relativamente largo no pudiera presentarse como candidato/a en esa nueva jurisdicción. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Taxistas, propietario del vehículo, subcontratación laboral, empresa explotadora de taxis, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, ARMANDO c/ PADUANO, JORGE s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-23

La circunstancia de que el propietario del vehículo taxímetro lo haya explotado a través de una Administradora de Taxis no excluye su responsabilidad, arts. 29 y 30 LCT, respecto de las obligaciones emergentes de la existencia de una relación laboral, pues la presunción del art. 23 LCT se aplica, salvo que se califique de empresario a quien prestaba el servicio.
Adopción, inconstitucionalidad, asegurador por riesgos del trabajo, derechos de las niñas, niños y adolescentes
Materia: CIVIL
Carátula: Maciel, Rolando Germán s/ Adopción Plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-09-30

Los legisladores que efectuaron la reforma de la ley de adopción, coincidiendo con la incorporación del plexo que conforman en conjunto los inherentes a la personalidad humana, proponen por un lado, facilitar la adopción; y por otro, asegurar que el niño vaya a un hogar en el que se le brinde seguridad, protección y afecto para su desarrollo, promoviendo un verdadero cambio de la cultura social;

se procura concientizar a los padres adoptivos y a la sociedad en general, sobre la necesidad de construir estas nuevas relaciones familiares sobre la base de la verdad, resguardando el derecho del niño a conocer su historia, su realidad biológica, siendo los padres adoptivos los encargados de relatársela, para que ese nuevo mundo que es la adopción, avance en un clima de afecto que permita crear un verdadero vínculo familiar, respetuoso de su identidad de origen.

En lo que atañe a este caso concreto, no surge que tales derechos se hallen en pugna con el instituto de la adopción ni se haya vulnerado derecho constitucional alguno, desde el momento que no aparece afectado el interés del menor y dado que es sólo en virtud de ese interés que puede ejecutarse toda acción que haya a la determinación de su identidad. En tales condiciones, no surge que los arts. 18 y 19 de la ley 19.134 sean inconstitucionales, correspondiendo en consecuencia se declare la constitucionalidad de los mismos.
Juicio oral, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Centurión, Germán Celestino s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Corresponde anular lo actuado en el juicio oral y los actos de ello dependientes (art. 365 in fine, C.P.P.) si del contexto de la sentencia no sólo surge la relevancia que el tribunal ha adjudicado a la pericia cuestionada por la defensa en los términos del art. 281 inc. 2° del Código de Procedimiento Penal, sino -además- no resulta si su descarte hubiera modificado la "convicción sincera" de la Cámara sobre el extremo en cuestión.
Uso y goce de la cosa, bienes del Estado, libertad de circulación
Materia: CIVIL
Carátula: Leyes, Raúl Alberto c/ Municipalidad de Godoy Cruz
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-03-14

La demanda de nulidad interpuesta por un vecino colindante de un barrio cerrado contra el decreto de la Municipalidad de Godoy Cruz que dispuso la interrupción de la libre circulación de una calle que atraviesa dicho emprendimiento habitacional, es improcedente, pues si bien la regla general del art. 11 de la LOM es que las calles, veredas, calzadas, puentes, plazas, y demás paseos públicos son de uso público o general, en correlación con lo normado en el art. 2341 del Código Civil, ello por sí no obsta a que la Comuna constituya derechos de usos especiales o exclusivos sobre una parte determinada de tales bienes del dominio público municipal, máxime cuando ninguna de las pruebas arrimadas al proceso induce a concluir que la situación de los vecinos se haya agravado por el barrio cerrado.
Recurso de apelación (procesal), providencia simple
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios del Edificio Moreno 2254 MDP c/ Cachi, Alejandro s/ Ejecución de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11

Las providencias simples -que son aquellas que facilitan o permiten el ejercicio de una facultad o derecho personal, y que no causan gravamen irreparable-, no resultan encuadradas dentro de la categoría de resoluciones a que alude el art. 242 inc. 3º del CPC;

por lo tanto, no son susceptibles del recurso de apelación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)