Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-06


En la ciudad de Trelew, a los 06 días de setiembre del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Edgar María de la Fuente para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C. R., F. J. c/ A. SA. s/ SUMARIO" (Expte. N° 18.991 año 2006) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 307.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 289, que fuera concedido libremente a fs. 290, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 277/286 y vta. que rechazó la demanda de cancelación de prenda y reajuste equitativo de precio instaurada por F. J. C. R. contra A. S.A. e hizo lugar a la reconvención por reajuste equitativo del contrato promovida por la sociedad antes citada y condenó a la accionante al pago de la suma de $2.728,77. dentro del plazo de diez días, con imposición de las costas de la demanda en un 70% a la actora y en un 30% a la demandada, y las de la reconvención en iguales porcentajes a las mencionadas partes.

Los agravios lucen a fs. 294/301 y vta., el pedido de producción de prueba en la Alzada fue rechazado por sentencia interlocutoria de fs. 303 y vta., el traslado conferido a fs. 306 no fue evacuado por su contraria, y la apelante señala básicamente que:

a) las partes no son contestes sino que discrepan totalmente en la relación jurídica que las unió, y de la documental en fotocopia se desprende que el contrato prendario fue suscripto en pesos, los agregados son posteriores, supuestamente realizados por la demandada, por lo que no le caben al contrato prendario en pesos las leyes de emergencia económica;

b) no se pretende hacer valer los efectos del contrato ante terceros, por lo que el mismo debe considerarse a partir de su celebración y a ese momento fue suscripto en pesos;

c) sólo al fijar las cuotas se indicó que cada una sería de dólares estadounidenses y por lo demás los recibos fueron extendidos en pesos, y no se desprende claramente de las fotocopias que la obligación fuera en dólares y que haya tenido intención de contratar en dólares ya que no se glosó un contrato o boleto de compraventa o un contrato de transferencia "08", y porque lo que discute A. S.A. es que los pagos hayan sido totales;

d) a mayor abundamiento y aun de entender que el contrato prendario fue suscripto en dólares la sociedad no se opuso a la pesificación, pues todos los recibos fueron extendidos en pesos, y de esta manera la propia accionada aceptó el pago en pesos, y tal conducta significó una renuncia a percibir en dicha moneda extranjera las cuotas mensuales; e) el juzgador yerra en los hechos y el derecho en cuanto al alcance del decreto 897/95 y su razonamiento es contradictorio, esa norma es inconstitucional ya que habilita a A. S.A. a actuar como entidad financiera, y por lo tanto pretende como lo hizo imponer un contrato prendario en moneda extranjera;

f) se ataca la inconstitucionalidad del decreto 897/95 ya que el Poder Ejecutivo se ha excedido de lo normado en el art. 1 de la ley 20.004 y ha reformado, suprimido, reemplazado, y modificado el decreto ley 15.348/46, ratificado por ley 12.962, y modificado por decreto 6810/63, por lo que se arrogó facultades que no le pertenecen, y detalla bajo puntos I a XII aquellos aspectos en los que el citado decreto reformó, derogó y suprimió el texto legal;

g) reitera que el contrato de prenda celebrado lo fue en pesos, entiende que el juez de la anterior instancia cambia el "status" jurídico adquirido afirmando que ha sido intención firmar el contrato en dólares, y considera que la norma impugnada quebranta el derecho de propiedad por lo que peticiona se declare la inconstitucionalidad del decreto ordenatorio 897/95;

h) yerra el juez de grado inferior al concluir que no le causa gravamen la norma ya que A. S.A. no estaba autorizada a operar en el sistema financiero con lo que se infiere que es una prestamista o financiera encubierta, y equivoca el a quo cuando dice que si bien no existió un préstamo de dinero se ha sostenido que el pago del saldo de precio de una compraventa en cuotas debe ser asimilada al préstamo de dinero, y considera que el préstamo de dinero está acreditado con la documental analizada, y lo que no está acreditado en autos es la compraventa con ningún contrato que así lo estipule;

i) el texto derogado suprimió parte del inc. i) del art. 45 y derogó el inc. e) del art. 5) decía que el interés pactado no podía superar más de dos puntos al que cobre el Banco de la Nación Argentina bajo pena de nulidad y la demandada pretende una tasa mensual en dólares del 5% más I.V.A., y con el decreto 897/95 la demandada se encuentra habilitada a iniciar una ejecución prendaria que afectara su derecho de propiedad;

j) yerra el a quo al decir que en la especie no existió un préstamo de dinero y al rechazar la demanda porque los recibos glosados, algunos carecen de imputación específica, algunos mencionan cuotas, otros simplemente "PC" que quiere decir pago a cuenta, pero todos invariablemente dicen 5106940 y esto quiere decir, N° 51 corresponde a Prendas de Trelew, y N° 06940 al número de cliente, por lo que todos los recibos fueron imputados a la prenda y a la deuda, con lo que los pagos efectuados lo fueron como consecuencia del mutuo celebrado, y no al pago de saldo de precio de una compraventa, por lo que el juez debió disponer de las medidas de prueba que enuncia;

k) cuando el deudor o el acreedor no hubiesen practicado la imputación del pago se debe atender a los criterios señalados por el art. 778 del Código Civil, y en lo que interesa es que si las deudas fuesen de igual naturaleza se imputará todas a prorrata, comenzando por la más antigua, por lo que el pago hecho por el último período hace presumir el de los anteriores, salvo prueba en contrario que no la hubo, y por ello debió el juez dar por canceladas las cuotas vencidas con el último pago de fs. 25;

l) aun cuando se considere que el contrato fue celebrado en dólares estadounidenses debe darse por cancelada la prenda a la paridad u$s 1 = $1 sin aplicación de coeficiente alguno ni de intereses;

m) no corresponde el reajuste equitativo del precio requerido por la demandada, y para ello reitera apreciaciones ya efectuadas y agrega que los informes de precios son de fecha muy posterior al pago final de la prenda a los fines de efectuar un cotejo, con cita del voto del Dr. Ferrari en c. 21.122, y también ya que el valor promedio obtenido resulta alejado de la realidad ya que canceló anticipadamente su obligación con fecha 13/11/2002 y los informes corresponden al año 2005, o sea dos años y 6 meses después, y el más cercano es el de fs. 47 que el juez no tomó en cuenta y que asciende a $6.500.;

n) la demandada utilizó la vía reconvencional en forma subsidiaria y no abonó la tasa de justicia, y la reconvención si bien no exige términos sacramentales ha de ser clara y requerir positivamente una concreta decisión favorable, y la petición de fs. 92, II, segundo párrafo, no tiene entidad propia;

ñ) se agravia ya que acreditó el menor valor de la unidad con la cotización de fs. 47, por lo que debió hacer lugar a la petición a que se le restituya la suma de $4.461,50.; o) la acción por cancelación del contrato de prenda es procedente, y también el planteo de inconstitucionalidad es procedente, en tanto que la reconvención no es procedente, por lo que debe adecuarse las costas imponiéndolas a la parte demandada; y p) peticiona se haga lugar a los planteos efectuados y se revoque el fallo recurrido, con costas a la parte demandada.

2. Teniendo en cuenta el mérito de los agravios vertidos, cabe precisar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, por lo que sólo me pronunciaré acerca de aquellas que estime conducentes para fundar las conclusiones y resulten decisivas para la solución de la controversia (C.S.J.N., Fallos 307: 2216).

Ello, sin perjuicio de señalar que los aspectos nucleares de los cuestionamientos traídos por la apelante son reiteración de las argumentaciones vertidas en la instancia anterior al promover la demanda y contestar la reconvención deducida por su contraria (fs. 49/51 y 115/118, respectivamente), y ello no constituye agravio.

Así, se ha puesto de relieve de modo coincidente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal.

Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia; o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense AbeledoPerrot, 1988, T. III, págs. 357/358 y cita de fallos).

3.1. Pero aun cuando se obviara tal circunstancia procesal para ingresar al análisis de los agravios, siguiendo un criterio amplio a favor de la recurrente (conf. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, T. 1, par. 101, pág. 275/276), adelanto que no le asiste razón Afirma la recurrente que existe discrepancia en la relación jurídica que los unió.

Tal manifestación no se ajusta a las constancias de la causa pues ambas partes aluden al contrato prendario, la actora para requerir su cancelación y la demandada su rechazo. Así resulta de los respectivos escritos de demanda y contestación (fs. 49, acápites 3 y 4; y fs. 92 y sig., puntos II y IV, respectivamente).

Y de las expresiones vertidas a fs. 294 vta./295 claramente resulta que la divergencia radica en la moneda que se fijó al suscribirse el contrato, pues la apelante considera que lo fue en pesos, reiterando su posición ya expuesta en la anterior instancia.

Por eso bien precisó el juzgador a fs. 278 que: La discrepancia liminar radica en la moneda en la cual fue el contrato suscripto, por cuanto la actora alega que fue en pesos debido que así se inscribió en el registro pertinente, mientras que la demandada entiende que fue en dólares estadounidenses.

En cuanto a que el juez debió intimar a la demandada a presentar los originales para tener una visión más clara de los hechos, cabe precisar que no constituye una verdadera expresión de agravios los argumentos vagos, y el mismo déficit se ofrece si sólo se exteriorizan generalizaciones subjetivas sobre la prueba (conf. Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 354/355, y cita de fallos).

Por lo demás, la propia parte acompañó a fs. 32/33 fotocopia del contrato y solicitó medidas en "el hipotético caso que la demandada no reconozca la documental ." (p. 7, fs. 51).

Por ello, y asimismo por cuanto su contraria también acompañó copia del citado contrato a fs. 87 y reconoció a fs. 93 la celebración del mismo, no se observa la necesidad de incorporar el original.

Y desde que la propia accionante aludió en su escrito de demanda a la documental que agregara alegando que resulta irrelevante que en el citado contrato se haya consignado la financiación en moneda extranjera y la leyenda "no vinculante para las partes" (p. 6.1.2., fs. 50, último párrafo), inserta en el reverso del contrato (fs. 32 vta.), resulta inaudible traer a consideración de esta Alzada que "los agregados que surgen de las fotocopias son posteriores, supuestamente realizados por la demandada A. S.A.

En todo caso debió plantear la cuestión al promover demanda y ofrecer prueba de tal extremo, y aun cuando por hipótesis se considere que estuvo habilitada para hacerlo al contestar el traslado de la reconvención como lo hizo (ver fs. 117), lo cierto es que la prueba pericial "técnica" que ofreciera al inciso a) de fs. 118 proveída a fs. 123 no la produjo, y ante tal circunstancia se le dio por decaído el derecho a producirla (informe del actuario y providencia, fs. 261).

En tales condiciones, el déficit probatorio existente debe pesar sobre la actora toda vez que el dato fáctico alegado (agregados posteriores a la firma) es el presupuesto de hecho de la limitante de responsabilidad que invocara como defensa (art. 377 del C.P.C.C.).

Asimismo, desde que la firma del documento por esa parte se encuentra reconocida (p. 4, fs. 49) ello es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido, por lo que la adulteración alegada debió ser acreditada por la accionante (art. 1028 del Código Civil).

Y al reconocer la firma se reconoce el contenido de todo el instrumento, salvo que se aduzca que el mismo ha sido adulterado. En tal caso deberá probarse la adulteración, pues de lo contrario también lo que se pretende adulterado, será exigible (conf. Llambías, "Código Civil Anotado", AbeledoPerrot, 1979, T. IIB, pág. 196) (el resaltado me pertenece).

Dicho reconocimiento le otorga al instrumento privado igual fuerza probatoria que la que gozan los instrumentos públicos (art. 1026). La presunción establecida en el precepto es iuris tantum, admitiéndose la prueba en contrario.

Ello podría darse en los casos de adulteración, abuso de firma en blanco . Resulta inválida, por consiguiente la manifestación de quien acepta como suya la firma, pretendiendo sin más desconocer el texto (conf. BueresHighton, "Código Civil .", Editorial Hammurabi S.R.L., T. 2 C, 1999, págs. 183/184) (el subrayado me pertenece).

Por ello, se desestima el primer agravio referido a la falta de agregación de originales y existencia de agregados posteriores a la firma del contrato prendario.

3.2. Respecto a las consideraciones efectuadas acerca de la celebración del contrato en pesos, lo cierto es que con ello la apelante evita hacerse cargo de los fundamentos brindados por el Sr. Juez de la anterior instancia a fs. 278 y vta., que resultaron esenciales para dilucidar la cuestión, y ello no es agravio.

En tal sentido, señaló el juzgador que: De la documental referida (fs. 32 y 87) se desprende que la obligación garantizada por la prenda era de u$s 10.461,50. y que al sólo efecto de su inscripción se estimó el monto del contrato en $10.461,50. (ver redacción en letras a fs. 32/vta.).

Y también que los efectos del contrato entre partes se producen desde el mismo momento de su celebración y que respecto de terceros sólo a partir de su inscripción en el registro de acuerdo al art. 4 del decretoley 15348 (conf. Villegas, Carlos Gilberto: "Las garantías del crédito", RubinzalCulzoni Editores, pág. 245, pto. 9).

En consecuencia cabe interpretar que las partes han tenido la intención de contratar en dólares y que a los meros fines inscriptorios estimaron el valor del contrato en pesos.

Por lo demás, a mayor abundamiento señalaré que la fotocopia del contrato de prenda acompañado por la actora indica claramente en letras que la obligación fue contraída en dólares estadounidenses ("En garantía de la obligación por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES .", fs. 32).

Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia, conforme lo exige el art. 265 del C.P.C.C..

Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión.

Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24984, "P. e Hijos, J. c. P. P. M. S.A.", L.L. 1985A, 309).

En ese mismo direccionamiento, las expresiones vertidas insistiendo en la postura ya asumida al promover la demanda en el sentido que no tuvo intención de contratar en moneda extranjera y que suscribió el contrato prendario en pesos sólo denota el punto de vista de la apelante, al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante.

Y los agravios expuestos por todo recurrente deben alcanzar suficiencia técnica, pues de lo contrario se origina la deserción de la apelación que se intenta. Tal suficiencia se relaciona a su vez con la necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre errores de la sentencia, puntualizados de tal forma que la misma ha de perder la jerarquía de verdad conclusiva: debe contener un análisis crítico mediante el cual se demuestre, acabadamente, los motivos que tenían para considerarla errónea.

De allí que, si no se rebaten, ni se critican razonadamente los fundamentos o motivaciones de la sentencia apelada en forma directa y concreta, bastaría remitirse a las mismas para que las argumentaciones del agraviado quedaran contestadas.

Esta pauta, da lugar a que deba considerarse desierto el recurso. Como corolario de ello, si la expresión de agravios contra la sentencia de primera instancia no satisface la carga procesal que prevé el artículo 265 de Código procesal, procede aplicar lo dispuesto en el art. 266 de dicho cuerpo legal y declarar a petición de parte o de oficio desierto el recurso (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 373/374, y cita de fallos).

Con tales pautas, la apelante en este tramo de la queja incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).

3.3. En cuanto a que A. S.A. no se opuso a la pesificación, lo cierto es que el decreto 214/2002 impuso lo que dio en llamarse la "pesificación forzada", con el añadido a la manda genérica legal de una suerte de "seguro contra la injusticia": la cifra resultante de esa pesificación uno a uno podía "reajustarse", por los jueces a instancia de parte interesada, si el valor de la cosa bien o prestación fuere superior o inferior a aquella cifra en el momento del pago.

Conforme al régimen del dec. 214/2002 ya no hay más pesificación negociada (conf. Casiello, "La pesificación retaceada", L.L. 2004E, 292 y 297).

Este es el régimen también adoptado por el art. 3 de la ley 25.820 que diera al art. 11 de la ley 25.561 su nueva redacción y que resulta aplicable al caso (ver Casiello, "La reforma del artículo 11 de la ley 25.561: La "pesificación" reafirmada", La Ley 2004C, 1468).

Dicha norma en su actual redacción (art. 3 de la ley 25.820 que sustituye al citado artículo 11) entró en vigencia el 5 de diciembre de 2003 (art. 5 de la ley 25.820, publicación en el Boletín Oficial del 04/12/2003) y rige el caso de autos por ser de orden público (art. 4 de la ley) Por ello, se desestima el agravio vertido en cuanto a que la sociedad demandada no se opuso a la pesificación por no tratarse de derechos disponibles para las partes toda vez que la misma devino impuesta por legislación de orden público.

4. Como segundo agravio reitera el apelante el planteo de inconstitucionalidad del decreto 897/95 efectuado al demandar (acápite 8, fs. 51 vta.) sin asumir las razones expuestas por el sentenciante a fs. 278 vta./279.

En ese aspecto, por las razones ya vertidas a los puntos 2 y 3.2. que anteceden ello no constituye agravio ya que de ese modo la apelante efectúa un análisis y arriba a una conclusión distinta, sin hacerse cargo de los fundamentos expuestos por el sentenciante.

Es que, para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse, punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen al fallo, y si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 370/371, y cita de fallos).

Y aun cuando se prescinda de tal circunstancia procesal, bien concluyó el juzgador en señalar que el planteo de inconstitucionalidad y por ende la consecuencia de nulidad del contrato que aparejaría dado que se que se habría constituido una prenda a favor de acreedor no autorizado resulta contradictorio con la pretensión principal del actor, ya que contraviene la lógica requerir la cancelación de un contrato por cumplimiento cuando se arguye que el mismo deviene nulo.

Más aún cuando el actor invoca haber abonado el total del capital financiado con más los intereses punitorios, lo cual profundiza la contradicción respecto del argumento de la falta de precisión del interés compensatorio de financiación incluido en el monto de las cuotas que el actor dice haber abonado.

En tal sentido, la actitud asumida por la actora al reconocer la celebración de un contrato prendario y requerir judicialmente su cancelación, por un lado, y al mismo tiempo solicitar la nulidad del mismo y la declaración de inconstitucionalidad del decreto 897/95, por el otro, importa adoptar una dualidad de criterios que en derecho merece su repulsa.

Es que, la dualidad de actitudes sobre un mismo asunto importa un "venire contra factum proprium nemo potest" que merece en derecho su repulsa, toda vez que a nadie es dado contradecir su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.

Se trata de la doctrina de los actos propios que, emanada de los términos del art. 16 del Código Civil, constituye un principio general del derecho. Es derivación directa del principio de buena fe con fundamento en los arts. 1071 y 1198 del Código Civil, y su aplicación es deber inexcusable para el órgano jurisdiccional, de acuerdo al art. 34 inciso 5 apartado d) del C.P.C.C. (López Mesa, "La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia", Depalma, 1997, págs. 74/76, y cita de fallos).

Una pretensión o una defensa que se formula dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, ya que ello infringiría el principio de buena fe ante la imposibilidad de "venire contra factum", del cual es derivación necesaria e inmediata (conf. Diez Picazo, "La doctrina de los actos propios", Bosch, Barcelona, 1963, págs. 223 y 163, respectivamente).

La esencia de la conducta contradictoria es el impedimento de hacer valer el derecho que en otro caso se podría ejercitar. Lo obstativo se apoya en la ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la que precede.

La ilicitud reposa en el hecho de que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico considerado éste inescindíblemente, noción aplicable en el ámbito extracontractual o contractual y también y fundamentalmente, dentro del proceso judicial y que conlleva como sanción, la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (MorelloStiglitz, "La doctrina del acto propio", L.L. 1984A866; Morello, "Dinámica del contrato. Enfoques", Editora Platense, 1985, págs. 59/60).

El fundamento estará dado en razón que la conducta anterior ha generado confianza en que, quien la ha emitido, permanecerá en ella, pues de lo contrario importaría incompatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que afectan injustamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse protegido pues había depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado en su dirección de origen (MorelloStiglitz, ob. cit., pag. 866).

Por lo demás, y respecto al pretendido quebrantamiento del derecho constitucional de propiedad, "las garantías que la Constitución acuerda en defensa de los derechos de propiedad de los habitantes de la Nación pueden ser renunciadas, lo que debe considerarse que ha sucedido, cuando antes del pleito el litigante ha asumido una actitud que supone reconocer la validez de la ley que el mismo pretende impugnar" (C.S.J.N., Fallos: 187: 444; 275: 235).

Y como derivación de la doctrina de los actos propios debe precisarse que si la accionante celebró un contrato de prenda con registro ello importó un voluntario acatamiento a un régimen que impide posteriormente su impugnación por inconstitucional.

El voluntario sometimiento sin reserva expresa a un régimen, a una decisión judicial o a una determinada jurisdicción, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional, mediante el recurso extraordinario (C.S.J.N., Fallos: 299: 373; 300: 51, 62, 147, 480; 305: 419; 310: 2117; 312: 245, 1371, 1706; 316: 1802).

Con tales alcances se desestima el segundo agravio.

5.1. Considera la apelante que el aquo equivoca al decir que en la especie no existió un préstamo de dinero, señala que de las fotocopias no se desprende que sea la deuda el pago de saldo de precio de una compraventa, y que no tiene elementos suficientes para afirmar que se trata del pago del saldo del precio de una compraventa.

No le asiste razón a la recurrente y el planteo se vuelve en contra de sus propias manifestaciones vertidas en el escrito de inicio.

En efecto, sostuvo la actora que ". debo manifestar que lo que me ha vendido la demandada es el bien pignorado en el contrato de prenda con registro ." (p. 6.1., fs. 50) (el subrayado me pertenece).

En tales condiciones, dicha afirmación efectuada en el sentido que existió una compraventa y que el saldo adeudado se garantizó con el contrato de prenda con registro se incorporó a la litis y debe considerarse por tratarse de admisión expresa de la actora.

Se trata del principio de adquisición procesal, y es de su esencia que los materiales de conocimiento aportados por cualquiera de las partes benefician o perjudican a las mismas, indistintamente, o sea, cual fuere su resultado, ya que dejan de pertenecer al oferente y se incorporan al proceso para entrar al servicio de la justicia que en éste se realiza (conf. Eisner, "El principio de adquisición procesal (Su ámbito de vigencia)", L.L. t. 128, 1032).

Cualquier afirmación o prueba aportada por las partes se adquiere para el proceso y beneficia en su caso a la contraria, sin que pueda retirarse o dejar de tenerse en cuenta (CNTRAB., sala II, diciembre 29967, "C., M. c/ B., L. y/u otros", L.L. t. 131, 434).

De tal modo, cualquier afirmación o prueba aportada por una de las partes son elementos de convicción y se adquieren para el proceso, en virtud del principio de adquisición y comunidad probatoria, con independencia de la parte que los haya arrimado (conf. Devis Echandía, "Teoría general de la prueba judicial", 5a. edición, I445, "h"; esta Cámara, en su composición de sala única, c. 9.780, S.D.L. 82/92; c. 9.927, S.D.C. 20/92; c. 10.084, S.D.L. 97/92).

Es que, por el principio de adquisición, los resultados de la actividad procesal que realizan las partes dentro del proceso se logran para éste, al margen de quien haya producido los actos respectivos y de la distribución de las cargas de afirmación y de la prueba (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., Ed. 1982, T. I, par. 163, pág. 619).

Así, no resulta necesario aludir a la prueba producida como pretende la apelante (" el a quo, no tiene los elementos suficientes para hacer tal afirmación, la documental en fotocopia no es un elemento idóneo para hacer tal conclusión.", fs. 299 vta.), ya que la prueba no es necesaria tratándose de hechos confesados o admitidos por las partes (Alsina, "Tratado Teórico Practico de Derecho Procesal Civil y Comercial", 2da. ed., 1958, EDIAR, T. III, par. 11, pág. 247).

Con tales alcances, ante la admisión expresa de la accionante se desestima la queja vertida en tal sentido.

5.2. Tocante a la pretensión de la quejosa de no aplicar coeficiente alguno, ya se señaló al punto 3.3. que antecede que la pesificación vino impuesta legalmente.

Por ello, las normas que establecen el CER y el CVS son normas de emergencia económica, que implican una intervención del Estado en los contratos celebrados entre particulares y hacen al orden público económico.

Las leyes que establecen el CER y el CVS no son normas suplementarias, porque no respetan la voluntad de los particulares, ni establecen una voluntad complementaria para el caso que las partes no hayan exteriorizado su voluntad, sino que sustituyen lo ya pactado (CCivyComSan Isidro, Sala I, 03/12/2002, "R. d D. P., R. y otros c. S., C. G.", LLBA 2003 (abril), 306).

En consecuencia, tratándose de legislación de orden público resulta inadmisible la pretensión de dar por cancelada la deuda sin aplicación del Coeficiente de Variación Salarial, por lo que acertadamente el sentenciante al brindar los fundamentos que lucen a fs. 281 vta. determinó la aplicación de ese coeficiente.

Tales consideraciones conllevan al rechazo del agravio vertido a fs. 299 vta..

Respecto a la postura de la recurrente de no aplicar tampoco intereses, lo cierto es que con ello nuevamente vuelve a eludir las razones brindadas por el juzgador a fs. 281 vta. para efectuar el cómputo de intereses, por lo que a ese respecto no hay agravio que atender.

6. Las consideraciones efectuadas como cuarto agravio numeradas del 1) al 4) ya han sido objeto de tratamiento por lo que sólo importa una reiteración de agravios vertidos, y por tanto no hay queja que atender.

Sin perjuicio de ello, puntualizo que la aplicación del C.V.S. y de la tasa de interés expuesta al punto 5.2. lleva al rechazo de la expresión vertida acerca que la prenda fue totalmente cancelada.

Tampoco tiene asidero alguno la manifestación realizada acerca que el presente caso no se encuentra comprendido en las normas de emergencia económica, para lo cual basta con remitirse a las razones expuestas a los puntos 3.2. y 3.3. del presente voto respecto a la celebración del contrato en moneda extranjera y a la pesificación forzada impuesta legalmente.

De la reiteración efectuada acerca que no se acreditó venta de automotor alguno y alusión a fotocopias incorporadas, cabe remitirse a la admisión expresa de la accionante, objeto de tratamiento al punto 5.1.

En cuanto a que los informes son de fecha muy posterior al pago final de la prenda, lo cierto es que no hubo pago final desde que existe un saldo adeudado.

En ese aspecto, bien señaló el fallo de la anterior instancia que como surge del considerando anterior, la actora no canceló el total de las cuotas pesificadas más el cvs e intereses respectivos .

Y la cita del pronunciamiento de esta Cámara, por su sala "A", esta referido al caso en que se hubiera cancelado totalmente las cuotas pesificadas con más el coeficiente e intereses.

Y este no es el supuesto a estudio y por ello señaló el juzgador que en el caso de que lo hubiera hecho, la comparación de valores debía efectuarse considerando el valor del rodado a la fecha del último pago (conf. CANE, Sala A, SDC, N° 09/06 del 17/03/06) (el subrayado me pertenece).

Y por no existir cancelación total precisó que aquí no se abonó el total de las cuotas pesificadas, por lo que resulta procedente tomar los valores informados (ello con referencia a los informes de fs. 211, 213, 215, y 217).

En tales condiciones, la manifestación que el juez no consideró la constancia de cotización de fs. 47, a partir de entender que se canceló la deuda, no se ajusta a las circunstancias comprobadas de la presente causa y a los fundamentos ya expuestos, pues obvio resulta que la sentencia venida en apelación descartó tal cotización por no existir cancelación total de la deuda.

De tal modo, la manifestación de la apelante no efectúa una crítica concreta del decisorio y se limita a reiterar la postura asumida en demanda (acápite 5, fs. 49 vta./50), por lo que no hay agravio que atender.

Así, no hay suficiencia técnica cuando la expresión de agravios carece de una concreta impugnación a los fundamentos esenciales o a las conclusiones básicas del fallo recurrido. Tal lo que ocurre cuando se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, limitándose a insistir en su punto de vista (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit, T. III, pág. 371, y cita de fallos).

Tales consideraciones caben hacerse extensivas al denominado quinto agravio, pues allí la apelante vuelve a reiterar su postura al pretender se considere la constancia de cotización de fs. 47.

También sostiene la apelante que la demandada utilizó la vía reconvencional en forma subsidiaria, que la reconvención ha de ser clara y requerir positivamente una concreta decisión favorable, por lo que "infiere" que no tiene entidad propia.

Nuevamente incurre en afirmaciones genéricas que no se ajustan a las constancias de autos, pues lo cierto es que la demandada concretamente reconvino y requirió un reajuste equitativo del precio (punto XIV, fs. 102 vta./103), de tal reconvención se corrió traslado (providencia de fs. 108), y la accionante contestó la misma (fs. 115/118 vta.).

Y desde ya que no hay agravio cuando se trata de afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica de la sentencia en recurso; ni los argumentos vagos y confusos. Ni es expresión de agravios la acumulación de alegaciones genéricas (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit. T. III, págs., 354/355, y cita de pronunciamientos).

Por lo demás, con tales afirmaciones elude hacerse cargo del razonamiento dirimente del fallo que luce a fs. 284/285 vta., y ello no es agravio.

Al respecto, el agravio carece de contenido, cuando como en el caso .d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamentos a la oposición o formula apreciaciones subjetivas .

h) No ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (FenochiettoArazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 1, págs. 838/839). Y no constituye expresión de agravios idónea el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, 1975, T. V, pág. 267).

En consecuencia, en esta porción de la queja referida al cuarto y quinto agravio la apelante incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).

7.1. No habiendo demostrado la actora que se hubiere cancelado en forma total el contrato prendario, y en tanto se rechazó el planteo de inconstitucionalidad y se declaró desierto el recurso de apelación en lo que se refiere a la pretendida improcedencia de la reconvención, queda vacío de contenido el sexto agravio al no resultar de aplicación la previsión contenida en el art. 279 del C.P.C.C., pues al no revocarse el pronunciamiento recurrido no corresponde efectuar adecuación en materia de costas.

7.2. Finalmente, teniendo en cuenta que la sentencia interlocutoria de fs. 303 y vta. rechazó la producción de prueba en Alzada y que la misma pasó en autoridad de cosa juzgada, nada corresponde señalar a este momento respecto a la prueba ofrecida al punto 6 de fs. 301 y vta..

8. En consecuencia, propicio al Acuerdo la confirmación del fallo venido en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

Asimismo, atendiendo al mérito, extensión, calidad y eficacia de las tareas cumplidas en esta instancia, propicio regular los honorarios del Dr. J. A. P., letrado apoderado de la parte actora, en la suma equivalente al 25% de las cantidades fijadas para los emolumentos de la anterior instancia (arts. 14 y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente.

Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente dijo:

Vienen hasta esta Alzada los presentes actuados, con motivo del recurso de apelación promovido a fs. 289 por la parte actora, concedido a fs. 290, contra la sentencia de primera instancia que resolviera el rechazo de la demanda de cancelación de prenda y reajuste equitativo de precio, interpuesta por la actora, Sra. F. J. C. R., contra la demandada, A. S.A., haciendo lugar a la reconvención por el reajuste equitativo del contrato, condenando a la demandante a pagar, dentro del plazo de diezdías, de la suma de $ 2.728,77, e impone las costas de la demanda en un 70% a la parte actora y en un 30% a la demandada, y las de la reconvención en iguales porcentajes a dichos litigantes.

A fs. 294/301 vta. corre agregado el escrito de expresión de agravios, rechazándose a fs. 303 el pedido de producción de prueba en la Alzada formulado por la parte apelante. A fs. 306 se confiere el respectivo traslado que prevé el código adjetivo, sin que el mismo fuera evacuado por la contraria.

La descripción de los agravios y sus fundamentos vertidos por la quejosa, ya han sido adecuada y prolijamente desarrollados por el Sr. Vocal que me precediera en el orden de votación, razón por la cual y en aras del principio de economía procesal, omitiré su repetición a fin de evitar estériles reiteraciones.

II. Así, pues, en el tratamiento de las cuestiones a dilucidar, y a los efectos de guardar una mayor claridad expositiva, y en lo que fuere pertinente, trataré de mantener el mismo orden secuencial ya delineado por mi colega preopinante en el voto precedente.

II.a) Ha de partirse de la circunstancia que, tal como lo describiera con minuciosidad el voto que antecede, son numerosos y de distinta entidad los agravios que el quejoso explaya en su libelo impugnaticio.

Y desde este ángulo, se ha dicho que no es necesario que en la Alzada se voten todas las cuestiones de hecho y de derecho planteadas; basta que lo hagan sobre aquellas que resulten esenciales para decidir el litigio (conf. Levitán, José, " Recursos en el Proceso Civil y Comercial", Ed. Astrea, año 1986, pág. 98 y sgts.).

Sentado esto, he de compartir el criterio ya sustentado por mi calificado colega, en el sentido que, en general, los agravios vertidos por el apelante son una reiteración de los fundamentos que ya esgrimiera en su escrito promocional de fs. 49/51, y la correspondiente contestación a la reconvención deducida por la demandada, contestación que obra a fs. 115/118.

Al respecto, existe una muy copiosa doctrina y jurisprudencia aplicable, que ha expresado, entre otros varios, que si la defensa limita la expresión de agravios a remitirse o a reproducir las consideraciones de escritos anteriores al fallo recurrido, no es, en puridad de verdad, una expresión de agravios, ya que no efectúa el estudio crítico del fallo dirigido a señalar las fallas, defectos y errores o improcedencia de lo apelado (conf. De Santo, Víctor, "Tratado de los Recursos", T. I, Editorial Universidad, año 1999, p. 335 y sgts.).

Y ello así, por cuanto en este supuesto no se cumplen los requisitos postulados por el artículo 265 del código ritual.

Empero, y tal como lo han expresado numerosos pronunciamientos judiciales, en la consideración de los recaudos exigidos por dicho precepto, para la expresión de agravios debe aplicarse un criterio amplio, puesto que es el que mejor armoniza con el ejercicio irrestricto del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional y con el sistema de la doble instancia adoptado por la ley (conf. ED, t. 16 764; Rep. LL, 1984, p. 1778, n° 93).

Y es en salvaguarda de tales fundamentos garantistas, que no obstante la deficiente técnica recursiva empleada por el quejoso en apoyo de su pretensión apelatoria, que he de ingresar al análisis de aquellos agravios que pueden considerarse, como ya dijimos, esenciales, para dilucidar los agravios traídos a decisión de este Tribunal.

II.b) Así, el primer agravio lo podemos resumir en el hecho que el recurrente hace hincapié en la divergencia habida en la relación jurídica que vinculó a las partes, y cuestiona la falta de agregación de documentos originales, afirmando la existencia de agregados posteriores a la firma del contrato de prenda.

Con respecto a la vinculación jurídica que enlazó a las partes, de un análisis de los antecedentes habidos en el proceso, se infiere de manera indudable que los dos contendientes hacen referencia al tipo de relación contractual que los ligara calificándola como un contrato prendario.

Y sobre este reconocimiento expreso, el Sr. Juez aquo pone el acento para dar por acreditada tal calidad contractual, haciendo notar que la discrepancia que enfrenta a los litigantes radica, primordialmente, en el tipo de moneda en la que fuera pactado en contrato, ya que mientras el demandante sostiene que lo fue en pesos, la demandada afirma que lo fue en dólares.

Y siguiendo el hilo de estudio del presente agravio, cabe señalar que no asiste razón al quejoso, y resulta inatendible su postura, en lo referido a su pretensión que el juez debió haber intimado a la parte accionada a presentar los documentos originales, para visualizar los hechos con mejor claridad.

Ello así, por cuanto ambas partes presentaron copia del contrato ( fs. 32/33, fs. 87), e incluso reconociendo la demandada su celebración (fs. 93). Vale decir que ante tal circunstancia procesal, se torna innecesario el reclamo del quejoso, en virtud de las pautas postuladas por el artículo 356, entre otros, del código ritual.

En lo que hace a los agregados que surgen de las fotocopias, que según dice, son posteriores y supuestamente realizados por la demandada, cabe advertir que resulta inadmisible en este estadio procesal plantear esta cuestión, que debió haber introducido al promover la demanda, y aún considerando el cuestionamiento formulado a ese respecto al contestar el traslado de la reconvención ( v. fs. 117), teniendo en cuenta que ofreció prueba pericial que no produjo, dándosele por decaído el derecho de producirla (fs. 261), la situación cae, entonces, dentro de la esfera de aplicación de los artículos 377°, 384° y concordantes del CPCC..

Dicho esto, y por idénticos principios procesales que apuntalan específicas normas del código de fondo, disponiendo que el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo de instrumento también quede reconocido (art. 1028° del Código Civil), ha de interpretarse, entonces, que dicho reconocimiento lleva, de manera inexcusable, a reconocer también el contenido total del instrumento en cuestión, salvo que se adujera y probara la falsificación del mismo.

Cabe recordar sobre esta cuestión puntual, que el principio de que el reconocimiento de la firma supone el del contenido del instrumento, se trata de una presunción iuris tantum.

Si el firmante pretende que el contenido no corresponde a lo que se insertó o debió insertarse, en el cuerpo del documento, debe efectuar la salvedad en el momento del reconocimiento, y, en su caso, probar lo que alega (conf. Cifuentes, Santos, "Código Civil Comentado y Anotado", T.I, Ed. La Ley, año 2003, p. 738 y sgts.).

En igual sentido se ha pronunciado abundante jurisprudencia aplicable al tema, entre la que podemos citar la que expresa que el reconocimiento de la autenticidad de la firma al pie del documento por parte del ejecutado, importa también la de su contenido, desde que ante la ausencia de prueba sobre la existencia de la adulteración, tal es la consecuencia que se deriva de dicho reconocimiento, por aplicación del artículo 1028° del Código Civil (conf. CNCom., Sala C, 1992/06/01, La Ley, 1992D, 527; DJ, 19922918).

Ante este panorama procesal desfavorable, corresponde desestimar el presente agravio.

II.c) La queja siguiente se orienta a cuestionar las consideraciones relativas a la celebración del contrato en pesos.

En el sentido apuntado, no puede obviarse el contenido pertinente del fallo en crisis cuando hace referencia a esta cuestión.

Allí el sentenciante, con fundamento en elementos y constancias de la causa (fs. 32, 87, 32 vta.) concluye en interpretar que las partes han tenido intención de contratar en dólares, y que sólo a los fines de la inscripción en el registro estimaron el valor contractual en pesos (v. fs. 278/278 vta).

Así surge de la copia del contrato que el mismo demandante acompaña a fs. 32, en la que se estipula que la obligación se celebra en dólares estadounidenses.

Y sobre este pensamiento dirimente del juzgador, elípticamente el apelante elude asumir de manera precisa y determinada, la crítica razonada y concreta que postula el artículo 265 de la ley de forma, a los efectos de un adecuado andamiento del recurso interpuesto, reiterando al explayar su agravio, argumentos ya invocados en presentaciones anteriores.

Por tal motivo, doctrina y jurisprudencia han sido contestes en afirmar que si el escrito de expresión de agravios se limita a reproducir consideraciones formuladas en escritos anteriores y a hacer una impugnación del fallo en términos generales, sin crítica razonada y sin exponer las causas que llevan al apelante a considerarlo equivocado, o cuando la expresión de agravios carece de concreta impugnación a los fundamentos esenciales o a las conclusiones del fallo, dicho escrito no alcanza el nivel mínimo y conduce a la deserción (conf. Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales"., T. III, Librería Editora Platense, año 1988, p. 261 y sgts.).

En razón de ello se ha dicho que una expresión de agravios válida debe alcanzar suficiente entidad como para cubrir los requisitos exigidos para la validez de ella. Debe consistir en articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre errores de la sentencia. Estos últimos deben ser puntualizados uno a uno, y hacer constar, en cada caso, la solución correcta, señalando los agravios sufridos (conf. Levitán, José, op. cit., p. 87 y sgts.).

Desde tal posicionamiento, he de postular la deserción de este tramo del recurso por insuficiencia técnica de su expresión de agravios, y de acuerdo a los parámetros procesales de admisibilidad y decisión, que contienen los artículos 265 y 266 del CPCC..

II.d) En otro aspecto en el que recurrente centra su embate apelatorio, sostiene que la demandada no hizo oposición a la pesificación.

Sobre esta cuestión he de principiar por decir que las leyes dictadas como consecuencia de la emergencia económica que afectara nuestro país a partir de Diciembre de 2001, fueron declaradas de orden público ( art. 19 de la Ley 25.561; art. 4 de la Ley 25.820).

Desde este ángulo, entonces, ha de entenderse que el pregonado orden público reúne el conjunto de condiciones fundamentales de la vida social instituídas en la comunidad jurídica, las cuales por afectar centralmente a la organización de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos.

Tiende a corregir situaciones creadas, abusos del derecho e injusticias generales previstas por la organización social, por lo que cumple una misión reguladora, de carácter institucional, cara al Estado, como también una misión reparadora, y solidarista (conf., CNCiv., Sala C, LL, 1981A, 243; idem, ED, 92 111, entre otros).

Con fundamento en lo antedicho, ha de convenirse, por ende, que no resultaba imprescindible el requisito del consentimiento de la demandada para aceptar o rechazar la denominada "pesificación", ya que su obligada aplicación para las partes deviene procedente por imperio de una norma legal de orden público, y cuyos efectos resultan inmodificables para los litigantes.

En razón de ello, corresponde desestimar este agravio.

II.e) En el agravio subsiguiente, el apelante vuelve a cuestionar la inconstitucionalidad del Decreto 897/ 95, planteo que ya formulara en su escrito promocional de fs. 49/51 (Punto 8).

Debe puntualizarse que en el fallo en crisis, el Sr. Juez aquo expresa con toda claridad la evidente contradicción en que incurre el actor, y aquí apelante, con relación a este tema puntual.

Así, el sentenciante señala que el demandante requiere por un lado la cancelación de un contrato por cumplimiento, para luego argüir que es nulo, añadido a ello que invocó haber pagado el total del capital financiado, con más los intereses punitorios (v. Considerando Primero, fs. 279).

No cabe duda que tal conducta contradictoria amerita sea encuadrada dentro de la denominada "teoría de los propios actos", la que siguiendo uniformes y reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entiende por tal a aquella que apunta a que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejercitando un comportamiento deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (CSJN, Fallos, 273 187; 274 96; 275 218; 275 235, entre muchos otros).

Dicha teoría impide a todo sujeto asumir, precisamente, posiciones contradictorias o sujetarse a un régimen que lo beneficia e impugnarlo cuando lo desfavorece (conf. DJLL, año 1996, T.XI, p. 1595 y sgts.).

La finalidad perseguida por esta teoría consiste en garantizar la seguridad jurídica, la que quedaría gravemente resentida si fuera admisible y pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien primero acata una norma y luego lo desconoce, pretendiendo cancelar las consecuencias que de su aplicación se derivan en el campo de las relaciones patrimoniales (conf. LL, 1985A, 233).

La aplicación de esta doctrina es una emanación necesaria e inmediata del principio general de buena fe, que se desprende de los artículos 16° y 1198° del Código Civil, y como tal, integrante de nuestro derecho positivo.

Por tal razón se ha expresado que la teoría de los actos propios, o el "venire contra factum", significa que un acto de ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad que contradice el sentido que, conforme a la buena fe ha de darse a la conducta anterior del titular, constituye una extralimitación; luego esa pretensión contradictoria con la propia conducta resulta inadmisible y debe ser desestimada por los tribunales (idem, CNE Civ. Y Com., Sala VI, in re "G., M. A. R. c/ I. B. S.A. y Otros", LL, 1989A, 172).

Como se advierte, ante esta evidente situación de enfrentada discordancia en la conducta procesal asumida por el actor recurrente, corresponde desestimar el presente agravio.

II.f) A posteriori el agraviado asevera que el Sr. Juez de grado anterior cometió un error cuando en su pronunciamiento afirma que en el caso de marras no existió un préstamo de dinero.

En respaldo de esta aseveración el quejoso indica que de las fotocopias no se infiere que la deuda contraída lo sea por el pago del saldo de precio de una compraventa, y que tampoco el juzgador ha tenido suficientes elementos para formular tal afirmación.

Del detenido examen de los antecedentes obrantes en la causa, no puedo menos que concluir el contrasentido que surge del planteo esgrimido por el quejoso. Y ello así, por cuanto el mismo accionante al entablar la demanda, afirmó en su escrito inicial, y admitiendo de manera expresa, que la demandada le había vendido un bien que se hallaba garantizado por el contrato de prenda con registro (v. fs. 50).

Y como con toda solvencia bien lo expresara el Sr. Vocal preopinante en el voto precedente, por el principio de adquisición procesal, ante hechos expresamente confesados o reconocidos por las partes, resulta innecesario producir pruebas que los convaliden, ya que en este supuesto los efectos de los actos procesales son susceptibles de beneficiar o perjudicar a cualquiera de las partes y, por lo tanto, incluso a aquella que solicitó su cumplimiento (en igual sentido, CNCiv., Sala F, in re "O., E. J. c/ Municipalidad de la Capital", DJLL, 1996, T. XII, p. 494 y sgts.).

Por las razones apuntadas, y con tales alcances, también ha de desestimarse este agravio.

II.g) La queja que aduce a continuación, se refiere a su requerimiento de no aplicar coeficiente alguno, ni tampoco intereses (ver párrafo final del tercer agravio, fs. 299 vta.).

Sin intención de pecar de reiterativo, y con respecto a la no aplicación de coeficientes que predica, me remito a los argumentos ya vertidos en el Punto II.d), en el sentido allí señalado que las normas emergenciales, por disposición de la ley fueron declaradas de orden público, por lo tanto las directrices que de ellas emanan no pueden ser alteradas por voluntad de las partes, ni, salvo excepciones, tampoco por el juez.

Por tal razón, resulta correcta la valoración del sentenciante de grado anterior al aplicar los coeficientes de actualización que utilizara y acertadamente justificara para la resolución de la cuestión que aquí se debate.

Por ende, corresponde desestimar este agravio.

Con relación a la no aplicación de intereses, es inaudible la queja formulada, ya que el apelante vuelve a soslayar, sin atacar ni desmenuzar en forma directa y concreta, las argumentaciones que efectuara el magistrado precedente en vinculación a la aplicación de los intereses, motivo por el cual no hay agravio que atender.

II.h) En lo que el actor impugnante rotula como cuarto y quinto agravio, insiste sin desarrollarlas, y conforme lo requiere la norma procesal que habilita su tratamiento en esta segunda instancia, con las mismas premisas en que fundara anteriores agravios, y que fueran despejadas en los parágrafos precedentes de este Punto II bajo estudio.

Desde este posicionamiento, y en virtud de los motivos expuestos, como los expresados en los Puntos II.c), II.d), II.f) y II.h), quedan vacías de contenido las quejas atinentes a que la prenda había sido cancelada, que no se acreditó la venta del rodado, como también que los informes son posteriores al pago final de la prenda, pues, como se acaba de decir, ya han sido tratados.

En mérito a ello es que el recurrente no ingresa a desmantelar con una crítica razonada y concreta, los fundamentos que apoyados en probanzas de la causa, adujo el Sr. Juez de grado para no tener por canceladas el total de las cuotas pesificadas más el CVS y los intereses respectivos ( v. Considerando Segundo, fs. 281/282 vta.), y ante la falta de cancelación de la deuda, no corresponde considerar la constancia de cotización de fs. 47, como pretende el quejoso.

Asimismo, arremete contra la reconvención interpuesta por la demandada, sosteniendo que la introdujo en forma subsidiaria, y que la misma ha de ser clara y requiere una decisión favorable concreta, deduciendo de ello que carece de entidad propia.

En este caso, el apelante vuelve a reincidir en una serie de generalidades y discrepancias personales, pero evitando nuevamente de manera concreta y precisa, puntualizar cuáles han sido los errores de la sentencia, en cuanto a la evaluación correcta de los hechos y la adecuada aplicación del derecho, con respecto a la cuestión impugnada.

Y en tal sentido se ha señalado que la expresión de agravios no es una fórmula carente de sentido, sino un análisis razonado de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos que se tienen para considerar que ella es errónea (conf. De Santo, Víctor, "Tratado de los Recursos", T.I, Editorial Universidad, año 1999, p. 335 y sgts.).

Así, se ha dicho que si en el escrito de expresión de agravios el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica de éste sino limitándose a manifestar su disidencia y solicitar su revocación, cabe la aplicación de la regla del artículo 266 del CPCC, correspondiendo declarar desierto el recurso (ED, t. 105, p. 236; idem, De Santo, V., op. cit.).

E igualmente se ha expresado que corresponde declara desierto el recurso de apelación si la expresión de agravios se limita a replanteos ya examinados, o trasunta una mera disconformidad del apelante con lo concedido en la primera instancia, sin hacerse debido cargo de los fundamentos en que el sentenciante sustentó su decisión (conf. Loutayf Ranea, Roberto, "El Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso Civil", T. 2, Ed. Astrea, año 1989, p. 139 y sgts.).

Con tales alcances corresponde declarar desierto esta porción de la queja, por insuficiencia técnica de la expresión de agravios, y de acuerdo a las pautas de valoración fijadas por los artículos 265° y 266° del código adjetivo.

II.i) Con respaldo en el Punto II.h) precedente, queda sin base de sustentación que lo soporte la pretensión del recurrente en lo que hace a su requerimiento de adecuación de la imposición de costas, con fundamento en el artículo 279 del CPCC, atendiendo a la confirmación en esta Alzada de las cuestiones que fueran motivo de agravio.

Tampoco corresponde hacer lugar a la prueba ofrecida en segunda instancia, tomando en consideración la firmeza adquirida por la resolución interlocutoria dictada por esta Sala B, que luce a fs. 303, y que resuelve el rechazo del pedido de producción de prueba.

III. Por la razones de hecho y de derecho, anteriormente expuestas, propongo al Acuerdo la confirmación de la sentencia venida en apelación en todas aquellas cuestiones que fueran materia del recurso interpuesto, con imposición de costas en segunda instancia a la parte actora vencida, por aplicación del criterio objetivo de la derrota (art. 68° del CPCC), del que no encuentro motivo para apartarme.

Considerando la calidad, extensión y eficacia de las tareas profesionales desplegadas en esta Alzada, estimo prudente regular los honorarios del Dr. J. A. P., apoderado del actor, en el 25% de la suma equivalente que le fuera regulada para los honorarios de la instancia anterior, conforme los lineamientos dados por los artículos 6° y 14° de la ley arancelaria, al que ha de aditarse el IVA correspondiente.

Termino mi intervención y esta primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia a la apelante vencida; y c) regular los honorarios del Dr. J. A. P., por sus trabajos profesionales de Alzada, en la suma equivalente al 25% de las cantidades fijadas para los emolumentos de la anterior instancia, con más el I.V.A. pertinente Así lo voto.

A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTIÓN el Dr. de la Fuente expresó:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, por constituir el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en las cuestiones traídas a su decisión.

ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por encontrarse en uso de licencia el Dr. Sergio Rubén Lucero (art. 8 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de esta Cámara de Apelaciones;

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios;

IMPONER las costas de segunda instancia a la apelante vencida;

REGULAR los honorarios del Dr. J. A. P., por sus trabajos profesionales de Alzada, en la suma equivalente al 25% de las cantidades fijadas para los emolumentos de la anterior instancia, con más el I.V.A. pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL N° 44 DE 2006 SDC. Conste.