marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia condenatoria, sentencia consentida, notificación, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: CORPUS, RUBEN. s/ RECURSO  DE  APELACION.  NULIDAD  DEL AUTO QUE DENEGÓ LA APELACIÓN AL  DEFENSOR, HABIENDO EL CONDENADO CONSENTIDO  EL FALLO.  NOTIFICACION.  SENTENCIA    CONDENATORIA.  CONSENTIMIENTO  DEL  PROCESADO  SIN    LA ASISTENCIA DEL DEFENSOR. NULIDAD. NOTIFICACIÓN SENTENCIA   CONDENATORIA Y AUTO DEL JUEZ QUE DENIEGA LA APELACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

nuestro codigo instrumental no exige que el justiciable esté acompañado de su defensor para poder consentir los fallos judiciales por lo tanto no advirtiendo deficiencia estructural en dicho acto procesal, ni habiendose cumplido de una manera distinta a la establecida en la ley, resulta a mi juicio plenamente válido el consentimiento que prestara el procesado.
Tasa de justicia, liquidación de la sociedad conyugal, convenio de partición de bienes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: L., M. y N. de L., G.L. s/ DIVORCIO 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-29

Si la parte que pretende la inscripción del acuerdo de liquidación de sociedad conyugal, en relación a los bienes que le han sido adjudicados, ha abonado la tasa de justicia por su cuota parte (art.

9, inc. e de la ley 23898), corresponde autorizar la inscripción solicitada, en tanto la existencia de bienes, respecto de los que aún no se ha peticionado, garantiza el pago total.-
Medidas cautelares, embargo, levantamiento del embargo, embargo ejecutivo, recurso contencioso administrativo, sentencia, ejecución de sentencia, pago, depósito judicial, Estado, emergencia económica, emergencia previsional, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: FOGLIA, MARIA SARA PUIJANE DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     OPOSICION AL PEDIDO DE LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO SAVANCO, PABLO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     OPOSICION AL PEDIDO DE LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO MUNICOY, CARLOS ERNESTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO DE LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO PEREYRA, RAUL OSVALDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO DICHINO, MARIANO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO FERNANDEZ, NARCIZO FLORENTINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     OPOSICION AL PEDIDO DE LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO ISACHI, JORGE ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     PEDIDO LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO CASABIANCA, SANTOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     OPOSICION AL PEDIDO DE LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO NAVARRO, ALBERTO EDUARDO JENARO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     OPOSICION AL PEDIDO DE LIBRAMIENTO DE ORDEN DE PAGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07|1992-07-07|1992-07-07|1992-07-07|1992-07-07|1992-07-07|1992-07-07|1992-07-07|1992-07-07

No pudiendo darse la conversión del embargo cautelar en ejecutivo, y desde que el libramiento de orden de pago no hubiera podido ser dispuesto aún rigiendo la ley 10472 que excluía de la suspensión de ejecución a las deudas previsionales -sin hacer distingos- y a los honorarios generados en juicios en que ellas eran reconocidas; la situación de autos resulta aprehendida por el artículo 21 de la ley 10798, vigente desde el 24 de enero de 1992 (artículo 73), en cuanto dispone el levantamiento de todas las medidas cautelares ordenadas en su contra de la Provincia, y la liberación de los depósitos de sumas de dinero existentes con motivo de las ya efectivizadas.
Revocación de sentencia, procesamiento, estafa, defraudación, estelionato, prueba, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: Grancha, E. c/  s/ estafa (Causa Nº 30.351/2020)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-09

Defraudación.Sobreseimiento. Fiscalía que recurre.

Elementos reunidos que son suficientes para tener por acreditada la materialidad de los hechos y la intervención del imputado en ellos. Damnificados que relataron el modo en que se contactaron con el encausado, los acuerdos a los que arribaron para concretar las adquisiciones de los vehículos y las fallidas negociaciones con excusas y evasivas para responder a las contraprestaciones a las que se había obligado. Documentación que respalda los relatos. Imputado que deberá responder en calidad de autor del delito de defraudación por estelionato reiterado en tres oportunidades, en concurso real entre sí. Imputado que, a sabiendas de que los bienes poseían gravámenes o impedimentos, los vendió ocultando y silenciando tales circunstancias.

Revocación. Procesamiento. Defraudación por estelionato reiterado.
Recurso extraordinario, jueces, deberes y facultades del juez, excesos u omisiones en el pronunciamiento, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Uezen, María Cristina y otro c/ Empresa Río Grande S.A. y otros. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-04

Si bien los magistrados no están obligados a analizar todos y cada uno de los elementos que se arriban al pleito, ello es así cuando la elocuencia de los estudiados torna inoficioso continuar haciéndolo con los restantes, pero en cambio no es un principio válido en el extremo en que el o los elegidos están distantes de convencer sobre la racionalidad de la valoración efectuada.
Cheque sin fondos, interpelación, recepción reconocida, prueba
Materia: PENAL
Carátula: PIOMBO, EDUARDO s/ Cheque sin fondos Causa 26882-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-03

La recepción del despacho sin observación alguna en el domicilio señalado por el librador para la atención de su cuenta, abona la natural conclusión de que está debidamente informado, en tanto tal derivación no aparece desvirtuada por otros elementos de la causa (Del voto del Dr. García Quiroga).
Recurso de casación penal, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL PENAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: MINETTO ANGEL ALBERTO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-04

El poder del congreso o de la ley, no es tampoco absoluto. Puede limitar el uso de los derechos, pero sin desconocerlos ni alterarlos en su esencia. Impedir en el ámbito provincial el poder recurrir a determinado sujeto no es reglamentar derechos no absolutos, sino desnaturalizarlos. La reglamentación de estos a través de las normas objetivas no puede generar el cercenamiento de los derechos constitucionalmente estatuidos, como son los preservados por los incs. 3ro. y 9no. del art. 19 de la Constitución provincial. En consecuencia, las razones prácticas que eventualmente abonan criterios de política procesal, no deben contradecir las reglas constitucionales. (Voto en disidencia de la Dra. Kaller de Orchansky).-
Accidentes de trabajo, delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad
Materia: LABORAL
Carátula: INGEGNIEROS, MARIA GIMENA c/ TECHINT S.A. COMPAÑÍA TECNICA INTERNACIONAL s/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-02

La convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad importa no solo la imprescriptibilidad de la acción penal sino también la imprescriptibilidad de las acciones resarcitorias.
Sindicatos, negociación colectiva, paritarias, autonomía municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Asoc. Pers. Munic. las Colonias c/ Fed. Sind. Trab. Munic. Festram y otros s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-29

La conformación de una comisión paritaria para toda la provincia, integrada por 8 representantes de intendentes y comunas e idéntico número de representantes de los trabajadores designados por la federación de actuación provincial (art. 132 bis de la ley 9286, de la Provincia de Santa Fe, agregado por la ley 9996/86), conspira contra la posibilidad de que los distintos municipios negocien colectivamente, en su carácter de empleadores, con sus trabajadores, sustrayéndole atribuciones mínimas de gestión y administración de sus asuntos locales.
Recurso extraordinario, cuestión constitucional, costas, recurso contencioso administrativo, interposición del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Vialco S.A. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario - Recurso contencioso administrativo de plena  jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nro. 619 año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-11

Lo decidido en materia de gastos causídicos, por regla, configura una cuestión de naturaleza procesal reservada a los jueces de la causa y ajena a la instancia extraordinaria. Y en el caso, el Tribunal, a la hora de resolver la imposición de las costas en el recurso contencioso administrativo, se atuvo estrictamente a la regla establecida en el artículo 84, primera parte, de la ley 4106. En tales condiciones, la impugnación de la recurrente trasunta sólo un intento de abrir una nueva instancia para corregir una decisión que, de acuerdo a su propia opinión divergente, juzga equivocada respecto de una cuestión no federal, adoptada por los jueces de la causa.
Despido, prescripción, interrupción del plazo
Materia: PENAL
Carátula: Jiménez Héctor Rubén c/ Triunvirato 4700 SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-29

El art. 257 LC.T. .y el art. 7 de la ley 24-635 son preceptos aparentemente en pugna que establecen consecuencias dispares pero no se refieren al mismo supuesto. Uno regula el género y el otro una especie. El primero se refiere a "la reclamación ante la autoridad administrativa". y confiere a tal acto efecto interruptivo del plazo liberatorio por un máximo de seis meses. En cambio el referido art. 7 ha regulado, como ley local dictada por el Congreso Nacional para regir en el ámbito de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo creada y regida por la ley 18.345, el caso del pedido de inicio del trámite de conciliación previo y obligatorio que la ley 24.635 ha puesto como etapa preliminar al reclamo judicial. En nuestro ordenamiento positivo no existe norma concreta que prevea el supuesto de demanda al sólo efecto de interrumpir la prescripción de los rubros que han de reclamarse en el futuro, sino que exclusivamente se encuentra contemplado el efecto interruptivo del curso de la prescripción en caso de demanda defectuosa o interpuesta ante juez incompetente. No obsta a esta caracterización, lo dispuesto en el art. 2546 del Código Civil y Comercial, por cuanto esta norma, aunque modificó la redacción, resulta similar a los artículos del Código de Vélez.
Indemnización, daño material
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: STORNIOLO DE SOSA, GLADIS NOEMI DEL C. c/ TELECOM ARGENTINA S.A. Y/U OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-07-12

Si por reparación se entiende el restablecimiento del desequilibrio patrimonial y es de contenido pecuniario, los intereses que carezcan de ese contenido deben ser satisfechos, puesto que según el diccionario de la Real Academia, "Satisfacer", en una de sus acepciones, significa sosegar o aquietar una queja o un sentimiento, expresión acorde con el sentido de nuestra ley al otorgar a la damnificada el derecho a reclamar la reparación, cualquiera sea el grado de reproche que genere la conducta del agente del daño, sin perjuicio de valorar a ésta como un elemento más para determinar la cuantía indemnizatoria.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Matoso, César A. s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

El concepto de "parte interesada" ha de vincularse, necesariamente, con la naturaleza de la acción y de esta relación surge claro que la limitación que el precepto constitucional contiene en cuanto requiere que el accionante revista aquel carácter, impide se considere a la demanda originaria de inconstitucionalidad como una "acción popular" o "pública" en el sentido que haya podido concedérsela a "cualquiera del pueblo" con la consecuencia que su resultado favorable determine la nulidad del precepto con un alcance "erga omnes". Por el contrario, la legitimación que exige el inc. 1 del art. 161 de la Carta local -de 1994- conlleva que una decisión favorable a la invalidez pretendida sólo podría ser invocada por el demandante para el "caso", la "causa" o la "controversia" originada por la aplicabilidad o aplicación concreta de la norma al afectado.
Derecho laboral, jornada de trabajo, Estado Provincial, facultades no delegadas, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: CASTETS Y TANINO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADOS CASTETS Y TANINO S.R.L. Y SUPERMERCADOS RECONQUISTA S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA -AMPARO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

De la doctrina emergente de la Corte nacional en "Fábrica Argentina de Calderas" -que dirimió una vieja disputa respecto de las facultades de la Nación y de las provincias para legislar en materia de jornada de trabajo, disponiendo claramente que corresponde a la Legislatura nacional el dictado de dichas normas- surge que se declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 9497 que había restablecido la vigencia de la ley provincial 7197 que reducía la jornada máxima de trabajo de 48 a 44 horas semanales, por considerar que ello había afectado el pago de la remuneración, modificando la ecuación entre salario y horas prestadas por el trabajador, en violación al artículo 31 de la Constitución Nacional y a la normativa nacional dictada de acuerdo a las facultades delegadas al Congreso nacional. (De la disidencia del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJN: Fábrica Argentina de Calderas, Fallos 308:2569.
Hipoteca, inscripción registral, cancelación de la hipoteca
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ RIVERO FERNANDO ANTONIO Y OTROS s/ PROCESO DE EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

El art. 29 de la ley 21.799 -Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina-establece -con referencia a que las hipotecas de cualquier grado y preanotaciones que puedan suponerse tendrán las mismas prerrogativas, privilegios y régimen de ejecución especial atribuido por ley al Banco Hipotecario Nacional que los efectos del registro de hipotecas durarán hasta la completa extinción de la obligación hipotecaria en excepción de lo dispuesto a este respecto por el Código Civil.
Declaración de insania, actos anteriores a la declaración de incapacidad
Materia: CIVIL:
Carátula: FERRARI SERRA c/ GOLLER SERVILIANO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

1- El art. 473 del Código Civil, estatuye que los actos anteriores a la sentencia de interdicción podrán ser anulados si la causa existía públicamente a la época en que esos actos fueron realizados. Pero si, a pesar de ello, se llega a acreditar que el negocio se había formado en un intervalo lúcido, no es invalidable. Y, lo mismo, ese resultado es aceptable si a pesar de lo sabido en la época, se pudo probar que en el momento de efectuarlo estaba sano (conf. Orgaz, "Derecho Civil". Personas Individuales, 2a. ed.Lerner, 1961, p.331; Llambías, "Tratado de derecho civil. Parte General", ed.Perrot, 1970, t.1, ním.769 y 770; Zannoni, "Anulabilidad de los actos celebrados por el insano anteriores a la declaración judicial de demencia", L.L. 149-945;

CNCiv. Sala A del 13/9/62, L.L. 109.229).

2- Con respecto a los actos anteriores a la sentencia de interdicción del insano, la carga de la prueba, tanto del estado como que su demencia era pública y notoria a la época de realizado el acto, o bien de la mala fe del otro negociante corresponde al curador del insano o a quien lo impugne. Aún no siendo pública y que no hubiera trascendido en la órbita de las personas que lo rodeaban, es dable demostrar que el contratante conocía la perturbación del enfermo mental. Asimismo, en el reparto de esa carga, es la parte sana la que tiene que acreditar su buena fe y el carácter oneroso del negocio. Si existen dudas sobre la demencia en esos tiempos del acto, pues la prueba no es certera al respecto, hay que inclinarse por la validez del acto (conf. Borda "Tratado... Parte general", T.I, núm. 5433; CNCiv.

Sala C del 4/2/82, L.L. 1982-A-533).
Prueba, prueba testimonial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B., S. s/ Peculado en Perjuicio de Municipalidad de Trelew
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-05-16

El fundamento probatorio del testimonio tiene "por base la experiencia, la cual muestra que el hombre, por regla general, percibe y narra la verdad, y sólo por excepción se engaña y miente".
Entidades financieras, representación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Franco, Roberto s/ CONCURSO    ESPECIAL    POR  CíA.  FINANCIERA  SIC  S.A.  S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-12

No procede el agravio del recurrente contra la sentencia por una supuesta violación del los artículos 49, 50 y 53 de la Ley de Entidades Financieras, que como en el caso, cuestionó la personería del letrado de la ejecutante de la subasta, argumentado que era de público y notorio que respecto de esta última se había dispuesto su liquidación por el Banco Central y por ende el letrado que la representaba había perdido aptitud procesal para hacerlo. Ello, en tanto, el art. 50 -de Entidades Financieras- alude al supuesto de una entidad a la que luego de disponérsele la liquidación o al tiempo de la misma concurrieren los supuestos previstos por la ley 19551 para que la quiebra fuera procedente -en autos se habla de entidad en liquidación sin que conste la total situación procesal de falencia-, y en el inc. d) deja expresamente sentado un principio que se compadece con los que contiene la ley concursal que "los representantes estatutarios de la entidad liquidada tendrán la participación que según la Ley 19551 corresponde al fallido". No hay pues, el desplazamiento total y absoluto que supone el recurrente, y ello en principio puede proyectarse también al que ejerce la representación.
División de poderes, facultades del Poder Judicial, cuestión no justiciable, Constitución Nacional, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRODELCO c/ PEN s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Si bien todo lo relativo al ejercicio de las facultades privativas de los órganos de gobierno queda, en principio, excluido de la revisión judicial, ello no obsta a que, planteado un caso concreto - una "causa" en los términos del art. 116 de la Constitución Nacional - se despliegue con todo vigor de los actos administrativos y, una vez constatada su iniquidad manifiesta, corresponda declarar su inconstitucionalidad.
Ejecución fiscal, recurso de inconstitucionalidad, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA c/ Pupi Luis María s/ ejecución fiscal - radicación de vehículos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

El recurso de inconstitucionalidad es correctamente concedido si es interpuesto en término ante el tribunal superior de la causa (en el caso, de conformidad con el art. 456 del CCAyT), está dirigido contra una sentencia equiparable a definitiva (en tanto lo resuelto pone fin a la discusión respecto de la prescripción de la acción intentada por el recurrente, la que no podrá reeditarse) y, además, los agravios que plantea involucran una cuestión constitucional relacionada con el establecimiento del contenido de las competencias legislativas que corresponden al Congreso en el marco del art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Rodrigo, Eduardo Daniel y otros  c/  s/ asociación ilícita, inf. art. 310 -incorporado por ley 26.733, defraudación por retención indebida y defraudación por desbaratamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2019-09-03

Para la configuración de este delito es necesaria la preexistencia de un delito anterior. Pero no en cambio que el autor no haya participado en su comisión. La noción de bienes empleada en el tipo penal del lavado de activos atrapa tanto a los objetos materiales como a los inmateriales, siempre que sean susceptibles de tener un valor. El objeto del delito de lavado de activos, podría ser cualquier bien proveniente de cualquier delito o ilícito penal. Se entiende por bienes todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de tener un valor económico (art. 16 CC y C).
Nulidad del acto administrativo, defensa en juicio, hechos nuevos, sanciones administrativas, Superintendencia de Seguros de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALBA CIA. ARG. DE SEGUROS SA c/ SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION. s/ SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-07

Procede declarar la ilegitimidad de un acto administrativo proveniente de la superintendencia de seguros de la nación (consistente en la aplicación de una multa por infracción de lo dispuesto por la ley 20091: 23), cuando -como en el caso- introduce argumentos novedosos, y al ser posteriores a un precedente dictamen, no pueden ser tomados en cuenta sin violencia del derecho de defensa del afectado, toda vez que no tuvo oportunidad de cuestionarlos en el curso del sumario.