marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Schenone Carnaghi
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-03

Tiene dicho la Cámara Nacional de Casación Penal, superior común de ambos Tribunales, que encontrándose pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto, corresponde que el que previno resuelva la impugnación que motivó su intervención con carácter previo a expedirse sobre su incompetencia (conf. Sala I, causa n° 7446, "Dick, Javier Aníbal s/competencia", rta. 7/7/06, Reg. n° 9143; causa n° 3156, "Molina Nelson, Mercedes J. s/competencia, rta. 5/10/00, Reg. n° 3814; Sala II, causa n° 5909, "Citybank, A. N. y otros s/competencia", rta. 18/5/05, Reg. n° 7616; Sala III, causa n° 1664, "Marítima Key S.R.L. s/competencia", rta. 16/3/98, Reg. n° 84/98; y, Sala IV, a contrario sensu, causa n° 5591, "Brouchi, Margarita Ester y otro s/competencia", rta. 4/8/05, Reg. n° 6797)".

Tal tesitura, por lo demás, es la que ha mantenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que "Si la declaración de incompetencia con la que se promovió la contienda se dictó cuando se encontraba pendiente de resolución la apelación interpuesta contra el auto de sobreseimiento, corresponde que, con carácter previo a determinar la competencia para proseguir con la investigación, se resuelva la apelación interpuesta." (Fallos 312:1624, 327:3898 y 328:318, entre muchos otros)".
Reforma del Estado, suspensión de juicios contra el Estado, ejecución de sentencias contra el Estado, plazos procesales
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: C. V. Control  S.R.L. c/ S.E.G.B.A. s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

Con arreglo al artículo 52 de la Ley 23.696, cuya validez no aparece objetada, "vencido el plazo del artículo 50 de esta ley, el juez de la causa fijará el término de cumplimiento de la sentencia..

, previa vista al organismo demandado, para que indique el plazo de vencimiento", que en ningún caso será mayor de seis meses, y que, eventualmente, podrá ser designado por el Juez si el organismo demandado "no contestare la vista o indicare un plazo irrazonable conforme con las circunstancias de la causa".
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CARELLI, ANIBAL MARCELO c/ MUTUAL PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS MUTUALES -SOLIDARIDAD SALUD- Y/U OTROS s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad -Acción de amparo(Expte.: C.S.J. Nº. 218 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-16

Considerando los alcances del artículo 43 de la Constitución nacional, una de las características definitorias del instituto del amparo -en orden a la procedencia de la pretensión- es la manifiesta arbitrariedad o ilegitimidad del acto u omisión de que se trate. La calificación de "manifiesta" implica, en las palabras de Fiorini, que "el ataque es tan patente que se manifiesta -podría decirse en forma física-visible, ostensible y notoria". La pretensión de amparo, pues, no es viable cuando la situación fáctica que le sirve de sutento aparece opinable o discutible y, por ende, requiere amplitud de debate y prueba, cuestión que se entronca con el requisito de la inexistencia de "un medio judicial más idóneo.
Medidas cautelares, incidentes, principio de accesoriedad, honorarios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Robles de Rodriguez, Magdalena Isabel s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-11-19

El importe cautelado es el total de la operación en venta de las acciones, depositándose por ese concepto en autos la suma de $ 37.619,60, lo que constituye la base regulatoria y sobre el cual deberá aplicarse la escala arancelaria. Si bien podría argumentarse que tratándose de bien ganancial bastaba con el embargo del 50% del precio como razonable en la expectativa que en abstracto tiene uno de los cónyuges sobre el activo de la sociedad, ello no fue objeto de controversia en su oportunidad ni ahora, al proponerse las pautas para la regulación. Merece objeción la pretensión de aplicación del art. 22 del decreto ley 324/63, relativo solo a los supuestos en que existe un trámite autónomo y especial para obtener la medida precautoria y no cuando aparece como el resultado normal del desarrollo de un juicio. En el caso de las medidas cautelares fundadas en los arts. 1295 y 233 del Código Civil es evidente que no configuran en principio un trámite autónomo, sino incidental del proceso al cual acceden o accedieron, máxime al haber sido decretadas durante el trámite del proceso principal, como en este caso. De allí que sobre la base regulatoria aludida, deberá aplicarse el porcentaje establecido por el art. 36 del decreto ley 324/63 para la determi nación de los honorarios por el trámite de la obtención y ejecución del embargo preventivo. Corresponde por aplicación de los arts. 4, 6 y 36, regular en $ 642,00 por la medida cautelar obtenida a fs. 19/20, los honorarios del Dr. Julio César Gorena como letrado de la parte actora.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de tratados internacionales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Pellicori, Oscar A. y otros s/ denuncia por defraudación (causa n° 34.609).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Lo atinente a la interpretación a los tratados internacionales - Ley Suprema de la Nación (art. 31 de la Constitución Nacional) - suscita cuestión federal de trascendencia a los efectos de la habilitación de la vía del art. 14 de la ley 48.
Leyes, ley vigente, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Durrieu  Vidal  y Compañía Sociedad de Responsabilidad Limitada yotro c/ Buenos Aires, Provincia de s/ indemnización por daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

Si bien es cierto que al momento en que se iniciaron las actuaciones se encontraba en vigencia la ley 21.859, no lo es menos que el art. 18 de la 23.898 establece que ella será de aplicación en todos los juicios en que no se hubiera cancelado en su totalidad el pago de la tasa de justicia y que los pagos efectuados de acuerdo al anterior régimen serán considerados como pagos a cuenta.
Robo calificado, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: P.; J. C.; D.; J.C.; G.; C.G.. s/ Recurso de Consulta
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-11-19

El artículo 165 comprende el homicidio que es un resultado accidental de las violencias ejecutadas con motivo u ocasión del robo. El homicidio aquí es un suceso eventual que altera el designio del ladrón y que resulta, o de la violencia física ejercida por él para facilitar o cometer el robo o para preparar su impunidad; o de las violencias físicas que, sin ser propias del robo son ejercidas a causa de éste por el ladrón.
Derecho laboral, encuadramiento legal de los hechos, intereses convencionales, cobro de sumas de dinero, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: González María Victoria c/ La Rotonda Combustibles S.R.L. s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-29

El encuadramiento convencional se centra en la demarcación del ámbito de aplicación normativa de una regla creada por la autonomía colectiva, y en definitiva lo que debe verificarse es que la empresa a la que pertenece el personal -en este caso la actora- cumpla una actividad comprendida en la convención cuyo amparo se pretende, lo cual constituye una controversia individual de derecho, cuyo tratamiento incumbe exclusivamente al poder judicial, a diferencia del encuadramiento sindical en que debe agotarse la vía asociacional y ante el MTSS, conforme lo previsto por el art. 59 de la ley 23551 (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Cuestiones de competencia, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Lachermeier, José Alberto c/ Feiteler, Daniel Omar y Ot. s/ Materia a categorizar - Confl. de competencia Art. 7° inc. 1° ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos. Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. Prov., 1 inc. 1°, C.P.C.A.). La actividad de tales sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de tales funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2° y 2 inc. 4°, C.P.C.A.). El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, C.P.C.A.).
Desbaratamiento de derechos acordados, compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, escrituración, simulación
Materia: PENAL
Carátula: MACRIS DE MARTINEZ s/ DEFRAUDACION.  Desbaratamiento  de  derechos acordados (art. 173 inc.  11 Código Penal).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-06

Configura el delito de desbaratamiento de derechos acordados (art. 173 inc. 11 Código Penal), la conducta de la procesada que suscribió un boleto de compraventa, recibiendo el dinero correspondiente, inmueble que no puedo escriturarse, dado que el dominio del bien comprometido tanto al momento de hacerse el boleto, como al cumplirse el plazo para escriturar, figuró a nombre de un tercero, siendo transferido dicho dominio a otros, ajenos al boleto en cuestión, lo que frustró totalmente la posibilidad de cumplir lo pactado.

En el caso debe descartarse la afirmación que efectuó la encausada en el sentido que el mencionado boleto respondió a un acto simulado, pues sólo aquélla aduce su simulación y no sólo no puede apoyar su afirmación, sino que existen infinidad de presunciones para negarla, entre ellas, el lugar y fecha de firma del boleto de compraventa, coincidente con la de la asamblea de la sociedad, ya que los términos del acta hacen presumir un acuerdo entre directorio saliente y entrante.
Recurso extraordinario federal, fundamentación del recurso, autosuficiencia, cuestión federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PIWNICA, ROBERTO; DRAGAMAR S.A. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-13

1 - Dado el carácter autónomo del recurso extraordinario (art.

14 de la ley 48) el escrito mediante el cual se deduce debe bastarse a sí mismo, de modo tal que la lectura de aquél sea autosuficiente (Fallos 301:290; 298:793; 280:421), en el sentido de no remitirse a actuaciones anteriores de la causa, contener una indicación preciso de la cuestión federal que debe ser resuelta (Fallos 305:706; 296:639; 295:99), enunciar los hechos de la causa (Fallos 305:706; 296:639; 295:99), relacionar aquellos hechos con la cuestión federal (Fallos 297:521), contener una critica prolija y circunstanciada del fallo apelado (Fallos 302:155;

283:582; 299:258).- 2 - Las razones por las cuales se revela la importancia de la exigencia de estos requisitos son de economía procesal y de contribución a la pertinencia del pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso extraordinario.- 3 - La omisión de una fundamentación autónoma conforme a lo que deduce del art. 15 de la ley 48 (Fallos 298:793; 306:719; 307:761) obsta a la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto.- 4 - La sola mención de preceptos constitucionales supuestamente vulnerados no basta para tener cumplida la exigencia de fundamentación del derecho federal que sustenta los agravios del recurso extraordinario, debido a que la relación directa que las cláusulas constitucionales invocadas deben guardar con la cuestión que es objeto del pleito, sólo existe cuando para la solución de la causa se requiere, necesariamente, la interpretación del precepto constitucional aludido.- 5 - De no ser así, la competencia de la Corte Suprema de Justicia carecería de todo límite, pues no hay derecho que, en definitiva, no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directamente regido por el derecho federal (Cf. Sala B, reg. 175, 233, 319, 365/2001).
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Marrube, Armando c/ Scicolone, Luisa s/ Reinvidicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-02

Para meritar el valor de la cautela real debe procurarse obtener un equilibrio tal para que le mismo sea suficiente para cubrir los eventuales perjuicios que se pudieran generar al demandado por la indebida traba de la medida pero que al mismo tiempo no se convierta en un impedimento u obstáculo para que el actor obtenga efectiva tutela de su derecho. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Organización Santa Victoria c/ Amaya de Suarez, Olga Elena s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

Si los reconvinientes no han acompañado plano de mensura a que hacen referencia las normas vigentes, es una omisión que resulta suficiente y decisiva para desestimar los agravios en cuanto al rechazo de la reconvención, más allá de la insuficiencia probatoria de las testimoniales. En definitiva, no ha producido la prueba compuesta exigida por nuestro ordenamiento jurídico.
Contrato de trabajo, mora, indemnización, muerte del trabajador, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: S., J. H. Y OTRA. c/ GREENLEAF TURISMO S.R.L. s/ SUMARIO   (I) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. (Expte Nº 25879/12-STJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-09

Queda claro que la indemnización de equidad que el art. 248 LCT prevé no es la tenida en vistas por el art. 2 de la ley 25323, aún cuando al solo efecto de su cálculo el legislador haya tenido en cuenta la regla de cálculo del art. 245 como simple parámetro aritmético.

En modo alguno puede considerarse, como lo pretende la apelante, que esa mera remisión para el cómputo lleve a confundir la naturaleza jurídica del instituto previsto en el art. 248 LCT.

En ese sentido cabe recordar que el resarcimiento previsto para el caso de muerte del trabajador no constituye un supuesto de indemnización de daños por responsabilidad patronal, como sí lo es la indemnización forfataria del art. 245 LCT, en tanto se trata de una compensación de equidad que el legislador ha reconocido a los derecho-habientes del trabajador fallecido en un supuesto de extinción del contrato sin voluntad del empleador y, obviamente, en el que no medie responsabilidad alguna del principal.

Por eso mismo, la situación de autos no es la prevista en la norma de marras pues no ha mediado un despido injusto sino una situación ajena a la voluntad de las partes, como lo es la extinción del contrato de trabajo por muerte de la trabajadora..." (Mayoría: Dr. Mansilla, Dr. Apcarian y Dr. Barotto)
Recurso extraordinario, efecto suspensivo
Materia: PENAL
Carátula: Toccalino, Jorge Luis s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-06

Si el fiscal general interpuso recurso extraordinario contra la resolución que dispuso la libertad del imputado, el tribunal oral no tenía jurisdicción para ejecutar una decisión que, atento el efecto suspensivo del remedio federal, no era ejecutable. (Dres. Yacobucci, García y Mitchell).
Marcas, marcas confundibles, marca notoria, información al consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRINCZ ESTEBAN c/ TOP RANKS BUENOS AIRES S.A. Y OTRO s/ CESE DE USO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-28

La marca "PRINCE" ha alcanzado en el mundo del deporte, especialmente dentro de vasto público que se interesa por el tenis y el paddle, el rango privilegiado de marca notoria (confr. J. Otamendi, "Derecho de Marcas", Bs. As., 1989, p. 327 y ss; esta Sala, causas 7183 del 22.5.90 y 3804/93 del 24.8.93, entre otras), es decir, de un signo que es conocido por la casi totalidad de las personas que coparticipan de esa fracción vital (confr. Gérard Dassas, "L'elargissement de la Protection des Marques", Paris, 1976, p. 43, recordado por J. Otamendi). Tal carácter tiene su natural relieve por el hecho de que, alrededor de aquellos deportes, se concentra la atención de vastos sectores sociales y se mueven poderosos intereses económicos. De modo tal que la marca PRINCE, por su notoriedad incuestionable cumple un papel destacado en la identificación de los artículos vinculados al tenis y al paddle. De donde se sigue que difícilmente el público consumidor pueda ser inducido a equívocos en esta materia, máxime si se parte de la premisa que los eventuales adquirentes están "perfectamente informados".
Facultades del juez, apreciación de la prueba, dictamen pericial, cuerpo médico forense
Materia: PROCESAL
Carátula: Tejerina, Romina Anahí s/ homicidio calificado -causa N° 29/05-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-08

Si bien el informe del cuerpo Médico Forense debe considerarse como asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantidas por normas específicas y por medio de otras similares a las que amparan la actuación de los funcionarios judiciales, de allí no se deriva que corresponda "privilegiarlos" al momento de su valoración conjunta con los peritajes de parte (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y E. Raúl Zaffaroni).
Costas, exención de costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M.de R.L.C. c/ B.R. s/ Régimen de visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

Si bien es cierto que conforme lo dispone el art.68 del CPCC, la parte vencida en juicio debe soportar las costas, pues la norma adopta la teoría del hecho objetivo de la derrota como principio general, no debe desconocerse que la segunda parte de la misma permite al juez apreciar aspectos subjetivos para eximir al vencido de su pago. En ese sentido, en materias como la guarda y visitas de menores, las costas pueden -por excepción- ser impuestas en el orden causado, cuando existe la inequívoca evidencia de haber las partes familiares de aquellos) desplegado su actividad procesal en la inteligencia de procurar la mejor solución para los incapaces (art.68, segunda parte, del CPCC).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, ejecución de la pena, salidas transitorias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: LOVEY, CLAUDIO DANIEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-11-11

Corresponde admitir la queja interpuesta y conceder el recurso de inconstitucionalidad pues, si bien la resolución a través de la cual se denegó al interno el otorgamiento de salidas transitorias en función de la prohibición establecida en el artículo 56 bis de la ley 24660, no ostenta el carácter de definitiva, puede equipararse a tal en tanto clausura la posibilidad de obtención del derecho discutido, ya que ésta sería la única oportunidad con que cuenta el recurrente para lograr la reparación del agravio constitucional invocado; por lo que de no admitirse esta vía, se le causaría un perjuicio de imposible reparación ulterior, en tanto se encuentra en juego la constitucionalidad de una norma que determina de manera absoluta su imposibilidad de acceder al régimen de las salidas transitorias y por tanto, compromete su posibilidad de obtener la libertad.
Delitos contra la humanidad, dictadura militar, sentencia absolutoria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael y otros c/  s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-10

Si el tribunal de juicio describió con precisión la amplia protección procurada por la estructura organizada de poder a la que pertenecían los encausados, que garantizaba la impunidad de las acciones ejecutadas en cumplimiento del plan sistemático de represión, resulta deficiente la fundamentación si al momento de analizar aspectos puntuales de los hechos juzgados se omitió incorporar a la valoración el contexto de grave impunidad que imperaba durante el último gobierno de facto como un factor relevante en la interpretación de las acciones estudiadas.
Apropiación de cosa perdida, cédula de identidad
Materia: PENAL
Carátula: KUPERMAN, FEDERICO. s/ DEFRAUDACION. APROPIACION DE COSA PERDIDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-05-05

1.- El delito del artículo 175, inciso 1ro. del Código Penal no se consuma por el simple hallazgo de una cosa ajena, sino que para ello se requiere una voluntad inequívoca de apropiación la cual se materializa cuando tras de haberse verificado el encuentro, el autor deja de concurrir al juez más inmediato o a la policía, a fin que la autoridad la restituya a su dueño.

2.- La cédula de identidad es susceptible de apreciación patrimonial si se piensa que su reposición, en caso de pérdida, se logra a través de un aporte monetario, que aunque ínfimo no deja de repercutir en la economía del damnificado O. S.
Juicio de desalojo, posesión
Materia: PROCESAL
Carátula: SALDAÑA, ANTONIA DELFINA LEONOR Y OTROS c/ LÓPEZ, CRISTINA DEL HUERTO Y/O CUALQUIER OCUPANTE DEL INMUEBLE s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-04-18

[Cuando la defensa de posesión] sea alegada por el demandado, y éste acredite "prima facie" ser poseedor, la demanda debe ser rechazada, quedando al actor la vía de las acciones reales o posesorias que correspondan.
Jubilación de magistrados, funcionarios judiciales, adicionales de remuneración, adicional por dedicación exclusiva, incompatibilidades de los funcionarios judiciales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, acordadas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fabris, Marcelo H. c/ Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-22

El carácter tuitivo del régimen previsional, que obliga a los poderes públicos a cubrir los riesgos de subsistencia y ancianidad de quienes, al término de su vida activa, se acogen a este régimen, se vería seriamente afectado si se admitiese la validez de las acordadas 43/85 y 50/85 que subordinan la percepción de la "compensación funcional" establecida por la ley 23.199 por los magistrados y funcionarios jubilados al no desempeño de actividades alcanzadas por el régimen de incompatibilidades que rige para quienes se hallan en actividad.
Regulación de honorarios, costas, responsabilidad del deudor
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: D. N. N. M. c/ V. C. O.  s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-12

"La modificación introducida por la ley 24.432 al Art. 505, Código Civil no implica ninguna limitación al monto de los honorarios a regular judicialmente, sino que alude exclusivamente al alcance de la responsabilidad por las costas. La condena en costas comprende, además de los honorarios regulados, todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito - art. 77, Código Procesal-".