Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-04-25


SENT Nº 193	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veinticinco (25) de Abril de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse, con más la integración del señor vocal doctor René Mario Goane, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la actora María Inés Valdez y por los señores Juan Carlos Romano y Amelia Rivadeneira de Romano en autos: "Valdez María Inés vs. Argüelles José Luis s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Vienen a conocimiento y decisión de esta Corte Suprema de Justicia, los recursos de casación interpuestos a fs. 570/590 por la actora María Inés Valdez, por intermedio de letrado apoderado; y a fs. 553/568 por los señores Juan Carlos Romano y Amelia Rivadeneira de Romano, también por intermedio de su representación letrada; ambos contra la sentencia de fecha 20/5/2008 dictada por la Sala IIIª de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común.

El pronunciamiento mencionado (fs. 544/547) resolvió:

a.- En la causa "Argüelles, José Luis vs. Rivadeneira de Romano, Amelia E. y otro" (acumulada a la presente): "Modificar la dispositiva II del fallo del 31/10/2006 (fs. 439/444) en el sentido de que al mediar concurrencia de responsabilidades en la producción del siniestro, el importe de la indemnización que se condena a pagar los demandados Amelia Estela Rivadeneira de Romano y Juan Carlos Romano al actor José Luis Argüelles asciende a la suma de $ 14.809,20 (pesos catorce mil ochocientos nueve con veinte centavos), con más los intereses establecido por el juez a quo. Asimismo, dispuso "Dejar sin efecto la dispositiva III) de la mencionada sentencia. Proveyendo lo pertinente: Hacer lugar en forma parcial a la reconvención indemnizatoria deducida por Amelia Estela Rivadeneira de Romano y Juan Carlos Romano en contra de José Luis Argüelles, por lo que se condena a este y a La Buenos Aires Cía. de Seguros SA citada en garantía a pagar a los reconvinientes dentro de los diez días de quedar firme esta resolución las sumas de $ 4.500 (pesos cuatro mil quinientos) y $ 1.695 (pesos un mil seiscientos noventa y cinco), respectivamente, con más los intereses considerados".

b.- En la presente causa "Valdez, María Inés vs. Argüelles, José Luis": "Dejar sin efecto la dispositiva I) del fallo en apelación. Proveyendo lo pertinente: HACER LUGAR en forma parcial a la demanda indemnizatoria entablada por María Inés Valdez en contra de José Luis Argüelles, por lo que se condena a éste último en forma conjunta con La Buenos Aires Cía. de Seguros SA citada en garantía a pagar a la actora dentro de los diez días de quedar firme esta resolución la suma de $ 13.200 (pesos trece mil doscientos), con más intereses en la forma considerada".

2.- Atento a que los textos de ambos recursos en examen son idénticos, los agravios serán reseñados en forma unitaria.

Los recurrentes invocan el cumplimiento de la totalidad de los recaudos formales impuestos al presente recurso. Sostienen que la presentación recursiva es tempestiva, que se ha cumplido con el depósito impuesto por el art. 817 del CPCC) y que el pronunciamiento impugnado es definitivo (art. 813 inc. a procesal). Afirman asimismo, que lo resuelto asume caracteres de gravedad institucional (art. 813, inciso b).

Denuncian que el tribunal de alzada "incurrió en infracción a normas de derecho adjetivo y sustantivo (arts. 33, 40, 272, 273, 280 y concordantes del CPCC, la ley 24.449 y arts. 512, 902, 1109, 111 y 1113, 2º parte y concordantes del Código Civil)".

Alegan que la sentencia recurrida irroga a su parte "un gravamen irreparable y afecta garantías constitucionales como el derecho de propiedad, el debido proceso legal, la defensa en juicio y la igualdad ante la ley".

Sostienen que el tribunal de alzada "contradice la doctrina legal fijada por nuestro más alto Tribunal Provincial y por la misma Corte Federal". Expresan que además, contradice pronunciamientos de la propia Cámara sentenciante. Consideran que la "existencia de diversos criterios en iguales circunstancias" es violatoria de la garantía de igualdad ante la ley y "autoriza la tacha de gravedad institucional alegada". Afirman que ello "crea grave desazón en el justiciable que dependerá de la suerte o mala suerte (como en este caso) de cuál sea el tribunal que tenga que resolver su cuestión, o de cuáles son los motivos que llevan al juzgador a pronunciarse en idénticas situaciones de diferente manera".

Explican que el accidente de marras tuvo lugar el 12 de noviembre de 1.999, a horas 7 aproximadamente, en la intersección de Avda. Wenceslao Posse y José Ingenieros de esta ciudad. Señalan que el demandado Argüelles circulaba por Avda. W. Posse, de norte a sur, en tanto que la señora Rivadeneira de Romano circulaba por José Ingenieros hacia el este, con intención de tomar por la arteria en la que venía aquél, hacia el norte. Mencionan que "al declarar en el proceso penal que se abriera en su contra, Argüelles en definitiva admitió que el auto que conducía fue el vehículo embistente (fs. 48 vta., renglón 18-20, p.penal)". Sostienen que "esa circunstancia lo responsabiliza objetivamente de los daños y perjuicios que por el riesgo de la cosa que conducía pueda haber ocasionado", salvo que acreditara "la culpa del propio afectado, la de un tercero por quien no deba responder, o que ha mediado fuerza mayor o caso fortuito, a los efectos de eximirse total o parcialmente de aquella presunción (arg. 1113 CC)".

Alegan que "en el proceso penal caratulado como `Argüelles, José Luis s/lesiones culposas, víctimas María Inés Valdez y Amelia Rivadeneira de Romano`, radicado en la Fiscalía de Instrucción Penal de la III Nom. de nuestros tribunales Provinciales, (expediente supuestamente tenido a la vista por los sentenciantes y que solicitamos sea elevado a la Excma. Corte Suprema con estos autos), se determinan datos relevantes para la solución de este litigio, circunstancias que en gran parte fueron desconocidas por los jueces civiles". Destacan que "el proceso penal cuenta con requerimientos fiscales de elevación a juicio (plenario), el que fue resistido por Argüelles y confirmado por el Juez de Instrucción Penal de la Iª Nom.". Insisten en que "este magistrado y la Fiscal de la IIIª Nom. entendieron que prima facie Argüelles era responsable del delito imputado, ello por conducir temerariamente, no respetando las prioridades y sobretodo alcoholizado y con exceso de velocidad".

Sostienen que "no tuvo mejor salida el imputado que pedir la Probation (suspensión de juicio a prueba, ley 24.316); la que fue concedida con ciertas condiciones". Mencionan que "en tal oportunidad Argüelles promete reparar el daño ocasionado a las victimas" pero que "éstas (Rivadeneira y Valdez), no aceptaron la propuesta resarcitoria por resultar irrisoria".

Afirman que el imputado Arguelles, lejos de indemnizar a sus víctimas, les inició un juicio temerario; demanda que fue resistida por los demandados Juan Carlos Romano y su cónyuge Amelia Rivadeneira de Romano, quienes, a su vez, lo contrademandaron.

Expresan que "no obstante este semi claro panorama, la sentencia de la Excma. Cámara determina que la culpabilidad en el evento mencionado corresponde asignarla en un 70% a cargo de la señora Rivadeneira de Romano" (conductora del vehículo que transportaba a la actora Valdez). Consideran que ello es "un absurdo si se tiene en cuenta las probanzas penales" y "la pericia realizada en el juicio que iniciara Valdez contra el imputado Argüelles".

Sostienen que el tribunal se expidió "en forma dogmática, en absolutamente todos los agravios rechazados". Agregan que el pronunciamiento impugnado no trató agravios referidos a las pericias practicadas y a las sanciones solicitadas por su parte.

Expresan que "el laxo tratamiento que efectúa la Excma. Cámara de los agravios expresados por esta parte hace incurrir a la sentencia en un acto jurisdiccional inválido toda vez que se contrapone con las normas de forma y fondo presentes en el plexo normativo vigente, que lucen inaplicadas y dejadas de lado por la sola voluntad del sentenciante".

Afirman que "tanto la calificación jurídica que se formula respecto al tipo de instituto que correspondería aplicar en este caso según la Cámara (responsabilidad concurrente), como las demás cuestiones resueltas (la cuantificación de esas culpas) causan un gravamen irreparable que es actual y que no puede volver a discutirse". Señalan que "la errónea interpretación de los agravios conlleva al dictado de una sentencia inválida en tanto se equivoca el sentenciante al pretender encuadrar este caso en uno de responsabilidad concurrente en abierta violación de la ley Denuncian que "las principales cuestiones debatidas que hacen a la responsabilidad exclusiva del imputado Argüelles fueron resueltas en forma inequitativa e ilógica, lo que en definitiva conllevan al sentenciante a consagrar un absurdo".

Se agravian de que el tribunal inferior haya sostenido "que para uno de los protagonistas, el dato de haber estado los semáforos en 'intermitente' implicaba extremar los cuidados y para el otro protagonista del accidente (justamente para el conductor del vehículo embistente), tal dato carezca totalmente de relevancia". Cuestionan asimismo que "el hecho de conducir a una velocidad excesiva y con alcoholemia positiva (temas vinculados porque sostiene que la velocidad temeraria era producto de la ingesta alcohólica) pueda haber tenido tan poca influencia en el resultado final acaecido".

Señalan que tal interpretación contraría el mandato de la ley, la opinión de la doctrina autoral y la praxis jurisprudencial, "desbaratado la estructura de los institutos en juego, en especial lo referente a la causalidad y a la culpabilidad en el sistema responsabilizatorio civil".

Desde otro enfoque, sostienen que "el fallo en crisis viola abiertamente la normativa aplicable al sub-lite por cuanto ha soslayado mediante argumentos sofísticos la aplicación de la ley 24.449, del Código Civil y de la ley adjetiva local".

Señalan que no obstante aplicar el carácter de la responsabilidad objetiva, se sindica a la señora Rivadeneira del Romano como protagonista principal en el siniestro acaecido puesto que según los Camaristas ella se interpuso en la marcha del vehículo del imputado". Cuestionan que se haya sostenido que "existió un error de cálculo por parte de la conductora del Renault 9.cruzándose o interponiéndose de esa manera en la línea de marcha del mismo". Consideran erróneo afirmar que el demandado circulaba por una arteria principal y que por ello existiera una preferencia de paso inexistente. Niegan que el hecho de encontrarse los semáforos en intermitente obligaba a la señora Rivadeneira debiera haber extremado los cuidados y que el giro realizado por ésta, resultara peligroso. Entienden que "tal afirmación es fruto de otro dogmatismo pues no se expresa ni se permite controlar cuál habría sido el procedimiento lógico para llegar a tal conclusión". Señalan que el tribunal a quo "hace una pésima aplicación de la regla que sienta el artículo 902 del Código Civil".

Expresan que "existe en la sentencia una afirmación referida a la prioridad de paso que contradice abiertamente lo resuelto en la Justicia Penal (en el requerimiento de elevación a juicio, tanto de la Sra. Fiscal cuanto del Juez) y la pericia producida en el juicio acumulado de Valdez vs. Argüelles". Mencionan que "en estas probanzas claramente se determina que la prioridad de paso la tenía nuestra mandante. Invocan la existencia de un precedente del más alto Tribunal Nacional que afirma categóricamente que ante esta situación, el imputado Argüelles perdía (si es que acaso alguna vez la hubiere tenido) su pretendida prioridad de paso, por circular en forma ilegal -en la especie- por exceso de velocidad (amén del estado alcoholizado), violando las reglas de la seguridad de la circulación y al encontrarse ya el otro automóvil en la bocacalle, tal como en autos".

Afirman que conforme al art. 4 de la ley 24.449, en las vías reguladas por semáforos: los vehículos deben: "4)- Con luz intermitente amarilla, que advierte la presencia de cruce riesgoso, efectuar el mismo con precaución". Se preguntan por qué se aplica tal regla a la víctima del accidente y no al conductor del vehículo embistente, quien además conducía con exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Advierten que la legislación aplicable consagra con carácter general la regla conforme la cual "el conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud.tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación" (art. 50 de la Ley 24.449). Citan asimismo, el Código de Tránsito de San Miguel de Tucumán que establece que "todo conductor debe conducir su vehículo con el máximo de celo y prudencia, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, utilizando ambas manos para dirigir el volante y respetando los límites de velocidad, las normas que regulan la marcha y teniendo en cuenta en todo momento los riesgos propios de la circulación demás circunstancias del tránsito" (art. 63).

En relación al punto, concluyen señalando que "sea que apliquemos la legislación Nacional, ya la doméstica, el resultado es el mismo: Argüelles debería de haber tenido en todo momento el pleno control de su vehículo, al ser éste una cosa con potencialidad activa de causar daños (riesgosa), control que jamás tuvo al conducir en forma temeraria, con exceso de velocidad y alcoholizado".

Consideran increíble que el tribunal avale que el demandado "podría haber conducido hasta 130 Km/h por tratarse de una semi autopista". Alegan que "jamás en un cruce de avenidas (o de una semi autopista -rara avis- con una avenida) semaforizado se puede ir a esa velocidad".

Denuncian que "la sentencia en recurso inaplica la jurisprudencia de la CSJN y la de nuestro más alto Tribunal Provincial pues soslaya abiertamente los precedentes aplicables al sub-lite consagrando una injusticia tremenda, harto inequitativa que no se condice con una sentencia que sea derivación del derecho".

Citan un precedente de la Corte Nacional según el cual "la prioridad de paso del vehículo que circulaba por la ruta nacional no tiene carácter absoluto y sólo juega cuando ambos vehículos se presentan en forma simultánea o casi simultánea (v. doctrina de Fallos 310:2804; 320:2971, entre otros. Invocan asimismo otros pronunciamientos conforme a los cuales "no se puede invocar si el conductor que no gozaba de ella estaba más adelante porque ya había entrado en la bocacalle (v. doctrina de Fallos 306:1988) ; y que tal prioridad no excluye la observancia de la prudencia compatible con la seguridad de la circulación" (Fallos 297:210), CS 2003/09/23 "Moroni, Daniel A., c. Quinteros, Enio", DJ 2004/1,489- La Ley 2004-B,354).

Consideran absurdo afirmar que aún cuando el demandado circulaba en forma temeraria, excesiva, sin control del rodado, no respetando las señales de tránsito y alcoholizado, el 70% de la culpa del siniestro la tiene la actora.

Señalan que el pronunciamiento impugnado "recalca claramente que Argüelles conducía su vehículo en contravención con la legislación en vigor, tal como revelaban las pericias accidentológicas producidas en autos. Sostienen que el tribunal "remarca que tal velocidad estaba estrechamente vinculada con el estado alcoholizado en el que estaba Argüelles", y que ello "también fue un factor determinante en la producción del siniestro". Se agravian de que "no obstante afirmar esas circunstancias tan relevantes, en definitiva sólo le determinan un porcentaje bajísimo de responsabilidad".

Afirman que "está indiscutiblemente probado que Argüelles conducía aquella mañana del 12 de noviembre de 1999 en contravención a las máximas permitidas". Sostienen que "venía por lo menos a unos 90 Km/h antes del impacto, si tenemos presente las pericias (incluida la producida por Cata, informe impugnado por nuestra parte, ver fs. 203 de autos Argüelles vs. Romano)". Consideran que debía tenerse en cuenta la distancia respecto del automóvil en que viajaba la señora Valdez, las huellas de las frenadas, lo ineficaz de la maniobra realizada, la entidad del impacto y los daños derivados, tanto a las personas como al auto en el que viajaban. Agregan que se trataba de "una zona de mucho movimiento -la Terminal de Ómnibus de la Provincia de Tucumán-, razón por la cual existen específicos indicadores (carteles) que prescriben una máxima de velocidad de 20 km/h a metros del accidente, indicadores colocados en el carril por donde circulaba Argüelles". Mencionan que "ese cruce estaba semaforizado y los semáforos en intermitente".

Reitera que "las huellas de frenada de los neumáticos sobre el pavimento, dejadas por el vehículo que conducía Argüelles, como así también posición y estado de ambos rodados luego del evento y los daños sufridos por los mismos, indican en forma elocuente, que el automóvil que conducía José Luis Argüelles circulaba a mayor velocidad que los 60 Kilómetros por hora que asevera el imputado a fs. 8/9 de la causa penal". Señalan que lo expresado ha sido expresamente sostenido en el requerimiento de elevación a juicio formulado por la señora Fiscal, agregado al expediente penal citado. Destaca que en sentido concordante se pronunció el Juez Penal de Instrucción de la Iª Nominación (fs. 87 de la causa penal mencionada).

Recuerdan que "nuestro digesto adjetivo local dice claramente que los jueces deberán fundar sus decisiones en los elementos de juicio reunidos en el proceso, pero además podrán basar las resoluciones en cuestiones de hecho pertenecientes a la experiencia común (conf. art. 33 CPCC)".

Expresan que "otro tema de indudable importancia es el referido a la alcoholemia positiva que arrojó el informe brindado por Toxicomanía dependiente del Cuerpo Médico Forense, cuestión no refutada por ninguna otra prueba". Sostienen que "Argüelles conducía con una graduación no tolerada por la ley". Advierten que la sentencia remarca que el informe médico de fs. 27 de la causa penal indica que aproximadamente a dos horas y medias de producido el siniestro, Argüelles tenía 0,27 gr. de alcohol por litro de sangre y que el Cuerpo Médico Forense a fs. 128 de autos, determinó que al momento del hecho, el cálculo teórico de alcohol en la sangre era de 0,52g/l. Mencionan que según el propio tribunal, "una graduación de alcohólica en sangre superior a la permitida por la legislación que regula la materia, crea una presunción desfavorable para aquél, que fundadamente debe llevarnos a presumir que como consecuencia de ese estado no gozaba del adecuado control del rodado que conducía, siendo válido concluir que el exceso de velocidad que se había impreso al Renault Laguna estaba estrechamente vinculado con las condiciones en que se encontraba su conductor y, por ende, que el estado psicofísico de éste también fue un factor determinante en la producción del siniestro".

Reiteran que no obstante lo expresado,"no se le brinda ninguna importancia a tan relevante dato". Alegan que el tribunal a quo incurre en un vicio de autocontradicción puesto que "afirma que Argüelles conducía alcoholizado...sin el debido control de su rodado, en malas condiciones psicofísicas...y que tal estado incluso tuvo relación con el exceso de velocidad e impericias manifiestas", y pese a ello determina un porcentual de responsabilidad de sólo un 30%.

Insisten en que existen pruebas reveladoras de que Argüelles tenía alcohol en la sangre: y menciona "el dosaje en la causa penal de fs. 27, el cuaderno de pruebas nº 3 (fs. 128 del juicio acumulado y fs. 45 de estos autos) y la pericial accidentológica donde la experta determina el efecto que tuvo el alcohol en el comportamiento del demandado". Expresan que la "propia mecánica del accidente ... el grave daño producido por los vehículos, las lesiones a nuestra mandante, la excesiva velocidad, las reiteradas violaciones normativas, la evitabilidad de este accidente, la impericia del conductor, la temeridad con la que circulaba, etc. dan cabal cuenta que Argüelles no conducía su rodado en óptimas condiciones".

Afirman que "presentó una serie de agravios contra la sentencia de grado que no fueron contestados y resueltos debidamente por el sentenciante". Expresan que "hay temas que no fueron tratados. Por ejemplo hicimos hincapié en que las pericias de Varg y Cata eran hartos parciales y no se fundamentaban para nada a la realidad de lo acontecido. También hemos pedido sanciones para el perito Varg y para el abogado de Argüelles por haber permitido y callado que su consultor técnico realice la pericia oficial" Sostienen que "el mismo letrado confiesa -por medio de otro colega- que conocía (y tenía trato) al perito Varg, habiéndolo propuesto como consultor técnico, callado luego cuando éste salió sorteado y presentó su informe teñido de parcialidad manifiesta". Señalan que "es verdad que la prueba estaba ya producida...pero también es cierto que esta circunstancia debía de haber sido advertida por el Juez de oficio, y que el mismo letrado debía de haber advertido tal circunstancia, proponiendo al perito que renuncie, sorteando otro que sea imparcial". Afirman que al advertirlo, solicitó un llamado de atención, lo que el Tribunal ni siquiera consideró, ya aceptando tal sanción, ya negándola.

Sostienen que "la pericia que presenta Varg como perito oficial corresponde a un consultor técnico propuesto por Argüelles en fs. 184 in fine de proceso Argüelles vs. Romano y cuyo abogado reconoce trato previo con el perito en fs. 503 y 503 vta".

Alegan, por otra parte, que "los sentenciantes obviaron lo referido a la total falta de consideración de todas las actuaciones penales y de la pericia practicada por la licenciada Quinteros, informe y probanzas que arriman a soluciones harto distantes respecto de los seudos peritos ya citados (Cata y Varg)".

Entienden que la resolución impugnada lleva a "desnaturalizar a los institutos centrales de la responsabilidad civil, tales la relación de causalidad y la imputabilidad. Expresan que la condena impuesta a su parte (que debe soportar el 70% de los daños sufridos) "es una injusticia que clama al cielo". Señalan que "la culpa es exclusiva del imputado Argüelles, a quien le correspondía demostrar que el daño fue producido por la víctima, y que su conducta tenía los matices de haber sido imprevisible e inevitable".

Interpretan que al asignar un porcentaje de responsabilidad tan exiguo al demandado Argüelles, "se quiebra todo el sistema resposabilizatorio". Consideran que en las concretas circunstancias del caso, no se puede premiar al conductor demandado "con un súper descuento culpabilistico (reiteramos, solo del 30%)", que "no se condice con la realidad".

Destacan que Argüelles fue quien embistió a la actora, que el caso encuadraba en el art. 1113, 2do. párrafo, 2da. Parte del Cód. Civil y que por tanto, debía demostrar que la culpa de la víctima y que su conducta tenía los caracteres de imprevisibilidad e inevitabilidad propia de un casus". Alegan que la aparición y el cruce de la señora Rivadeneira de Romano, no puede ser calificada como un hecho ni imprevisible ni inevitable.

Con cita de doctrina y jurisprudencia que estiman de aplicación al caso, expresa que "la culpa de la victima con aptitud para cortar el nexo de causalidad a que alude el articulo 1113 del Cód. Civil -última parte- debe aparecer como la única causa de daño y revestir las características de imprevisibilidad e irresistibilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor.

Mencionan cuáles son las normas de la ley 24.449 que estima violentadas y cita expresamente el art. 50 (referido a los deberes de cuidado, prudencia y precaución), el art. 41 (referido al deber de ceder el paso a quien circula por la derecha), el art. 51, inc. e (referido a la velocidad máxima en lugares de gran afluencia de personas) y el art. 48 inc. a (referido a la prohibición de circular alcoholizado), entre otros.

Concluyen señalando que "las razones expuestas precedentemente acreditan de modo incontrastable la existencia de materia que justifica la apertura de la vía extraordinaria local y su tratamiento por el más alto Tribunal de Justicia a los fines de restituir la legalidad gravemente afectada en este caso". Proponen doctrina legal, pide se admita la procedencia de la casación interpuesta y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

3.- El tribunal de alzada señaló que el juez a quo había resuelto "en forma global las demandas indemnizatorias que se promovieran en el juicio de marras y en el caratulado "Argüelles José Luis c/Romano Juan Carlos y otra s/daños y perjuicios", cuya acumulación fuera dispuesta en su momento". Precisó que en el pronunciamiento de primera instancia, se "determinó la responsabilidad exclusiva de Rivadeneira de Romano -conductora del automóvil Renault 9 dominio REV-019, de propiedad de su cónyuge Juan Carlos Romano, en el que viajaba como acompañante María Inés Valdez- en la producción del siniestro que se trata, por lo que ante ello absolvió a Argüelles -conductor del Renault Laguna dominio AYI-956- de las acciones resarcitorias que le seguían Valdez y el matrimonio Romano (estos por vía de reconvención), e hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios de Arguelles contra estos últimos".

Reseñó los hechos que constituían la plataforma fáctica de la causa, señalando que "el hecho se produjo el día 12/11/99 a horas 7, aproximadamente, en la intersección de la Avenida Wenceslao Posse y José Ingenieros de esta ciudad. Arguelles marchaba por W. Posse de norte a sur, en tanto Rivadeneira de Romano circulaba por J. Ingenieros hacia el este, con intención de tomar por la arteria en la que venía aquel hacia el norte". Destacó que "al declarar en el proceso penal que se abriera en su contra, Argüelles.admitió que el auto que conducía fue el vehículo embistiente (fs. 48/vta., renglón 18-20, p. penal)"; extremo que a criterio de la Cámara lo hace responsable objetivamente de los daños y perjuicios que por el riesgo de la cosa que conducía hubiera ocasionado, salvo que acreditara la culpa del propio afectado, la de un tercero por quien no deba responder, o que ha mediado fuerza mayor o caso fortuito, a los efectos de eximirse total o parcialmente de aquella presunción (arg. art. 1113 CC).

Destaca que Arguelles alegó que la señora de Romano se interpuso imprudentemente en su línea de circulación, surgiendo imprevistamente de una arteria lateral a la vía por la que él venía normalmente marchando, con la declarada intención de continuar por W. Posse por la mano contraria de circulación, es decir hacia el cardinal norte; y que no obstante la desesperada maniobra que efectuó, le resultó materialmente imposible evitar el choque, ante lo imprevisto de la maniobra de la conductora".

Puntualizó que "el informe pericial técnico que corre a fs. 34/35 nos muestra el saldo que para los automotores involucrados resultó del encontronazo".

Destacó asimismo que "el relato de Argüelles en cierta manera se encuentra corroborado por la exposición de Rivadeneira de Romano, quién al ser interrogada en el sumario penal reconoce que al llegar a la intersección de las arterias precedentemente mencionadas notó que el semáforo ubicado en el lugar estaba con luz intermitente, que se detuvo y al observar que a gran distancia venía avanzando por W. Posee un automóvil, decidió reanudar la marcha, y cuando empezó a doblar por esta avenida sintió un fuerte chirrido de frenos y vio un auto que a gran velocidad se le venía encima, produciéndose en esas condiciones el choque, que terminó haciendo girar al Renault 9 que conducía, quedando el mismo mirando hacia el sur (fs. 22 vta. p. penal)". Puso asimismo de resalto que "la narración de los hechos por parte de María Inés Valdez - compañera de viaje de la señora de Romano- es coincidente con la declaración de ésta". Mencionó que de conformidad a los dichos de Valdez, "la conductora del vehículo en el que viajaba prosiguió la marcha luego de que su compañera se cerciorara que el rodado que avanzaba por W. Posee venía "lejísimo", a mas de una cuadra de distancia (fs. 42/vta. p. penal)".

El tribunal concluyó que "evidentemente existió un error de cálculo de parte de la conductora del Renault 9" y que "el citado error de apreciación de las distancias la llevó a avanzar sobre la avenida, y emprender la maniobra correspondiente para tomar el carril de tránsito sur-norte de esta, cuando por la mano contraria circulaba el rodado de Arguelles, cruzándose o interponiéndose de esa manera en la línea de marcha del mismo". Consideró que "la imprudente o negligente maniobra que emprendiera la señora de Romano, introduciendo un grave factor de riesgo en el tránsito vehicular de la arteria principal, no puede sino responsabilizarla por las consecuencias dañosas derivadas del siniestro que se trata".

Destacó que al salir "desde una arteria lateral tenía la obligación de dejar pasar a los rodados que lo hacían por la avenida, al tener los mismos preferencia de paso sobre aquellos". Dijo que "al gozar de prioridad de paso quienes transitan por una avenida, la regla 'derecha antes que izquierda' resulta en esas circunstancias inaplicable (art. 41 inc. d) Ley 24.449)". Insistió en ello, expresando que "con mayor razón, cuando su intención era tomar por W. Posse hacia el norte. Puso énfasis en señalar que "al no encontrarse funcionando el complejo semaforizado allí instalado -en todo caso la luz amarilla intermitente estaba determinando precaución- ese giro resultaba mas peligroso y, por ende, las medidas de resguardo y prevención de quien quería emprenderlo debieron extremarse".

El tribunal consideró asimismo, que "de acuerdo a los informes reiteradamente proporcionados por la autoridad administrativa competente (ver fs. 224 de autos y fs. 146/147, 393/394 causa "Arguelles"), la velocidad máxima de circulación permitida en las avenidas de esta ciudad es de 60 km/ h". Mencionó que "las pericias accidentológicas que produjeran las partes interesadas demuestran que el Renault Laguna de Arguelles circulaba a una velocidad superior a la permitida por la legislación en vigencia (ver fs. 157 y sgtes. de autos y fs. 201 y sgtes., causa Arguelles".

Tuvo asimismo en cuenta que "del informe médico de fs. 27 del proceso penal resulta que aproximadamente a dos horas y medias de producido el siniestro Arguelles tenía 0,27 gr. de alcohol por litro de sangre, determinando el Cuerpo Médico Forense a fs. 128 de autos que al momento del hecho el cálculo teórico de alcohol en sangre era de 0,52 g/l". Advirtió que "ese resultado importa que conducía en violación de la prohibición establecida en el art. 48 inc. a) ley 24.449", aunque no se produjo "prueba técnica tendiente a acreditar que no obstante ello el nombrado no se encontraba afectado o disminuido en su capacidad para conducir una cosa peligrosa, como es un automóvil en movimiento".

El pronunciamiento recurrido contiene consideraciones referidas a que "una graduación alcohólica en la sangre superior a la permitida por la legislación que regula la materia, crea una presunción desfavorable para aquel, que fundadamente debe llevarnos a presumir que como consecuencia de ese estado no gozaba del adecuado control del rodado que conducía, siendo válido concluir que el exceso de velocidad que se había impreso al Renault Laguna estaba estrechamente vinculado con las condiciones en que se encontraba su conductor y, por ende, que el estado psicofísico de este también fue un factor determinante en la producción del siniestro".

No obstante ello, la Sala a quo expresó que "lo considerado de manera alguna puede eximir a la señora de Romano de responder por las consecuencias dañosas del hecho que protagonizara. Más allá del estado y velocidad con que conducía Arguelles, ante la gravedad de la maniobra que efectuara.la responsabilidad de la nombrada en la producción del siniestro tiene una entidad mayor que la que corresponde asignarle a aquel".

Finalizó señalando que "en el contexto probatorio que se analizara, corresponde atribuir a Rivadeneira de Romano y, por ende, al titular dominial del Renault 9 dominio REV-019 Juan Carlos Romano, un 70% de responsabilidad en la producción del hecho y el 30% restante a Arguelles".

4.- El recurso de casación ha sido interpuesto en término, se acompaña el comprobante del depósito impuesto por el art. 752 del CPCC y la sentencia recurrida resulta definitiva en los términos del art. 748 procesal. No obstante ello, la infracción normativa denunciada no luce configurada y tampoco logra demostrar el recurrente la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado.

En el caso, el juez de primera instancia interpretó que la causa determinante y exclusiva del accidente fue el obrar imprudente de la conductora del vehículo Renault 9, la señora Amelia E. Rivadeniera de Romano, y consecuentemente, rechazó la demanda interpuesta por la señora María Inés Valdez en contra de José Luis Argüelles. Apelado el pronunciamiento, la Cámara modificó dicho decisorio, por considerar que existió concurrencia de responsabilidades en la producción del siniestro, asignando el 70% de la misma a la señora Rivadeneira de Romano y el 30% al señor José Luis Argüelles.

Confrontados los agravios de los recursos interpuestos con la fundamentación del pronunciamiento impugnado, se constata, como se anticipara, la inadmisibilidad de los primeros.

La crítica encaminada a cuestionar la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad civil, la consiguiente imposición del deber de resarcir y el porcentual que corresponde asumir a los distintos sujetos responsables, no puede ser admitida.

Es criterio monocorde que la constatación de la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad civil -el hecho generador, el daño, la relación causal y el factor de atribución (cfr. Alterini-Ameal-López Cabana, Curso de Obligaciones, T. I, pág. 180 y sgtes.; Pizarro-Vallespinos, Instituciones de Derecho Privado-Obligaciones, T. 2, pág. 468; Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de Obligaciones, T. IV, pág. 601) remite necesariamente a la valoración del cuadro fáctico y de las pruebas arrimadas al proceso y resulta ajena como principio a la revisión en casación, salvo que se alegue fundadamente el supuesto de arbitrariedad de sentencia (CSJT, sent. 152 del 04/3/2008 "Córdoba Domingo Faustino vs. Compañía Azucarera Santa Lucía S.A. s/ Daños y perjuicios"). Asimismo y en casos como el de autos, esta Corte ha expresado que la atribución de responsabilidad por los daños derivados de un accidente de tránsito, a través de la evaluación de las circunstancias que rodean el siniestro, constituye una típica cuestión de hecho, inabordable en principio en casación, salvo el supuesto excepcional de arbitrariedad (CSJT, sent. 31 del 10/02/2005, "Medina, Héctor Rodolfo vs. Coronel de Farias Norma Lía y otros s/Daños y perjuicios"; sent. 814 del 17/9/2002, "Medina, Carlos Antonio y otro vs. Assat, Héctor y otros s/Daños y perjuicios"; entre muchos otras), que en el sublite y pese a las alegaciones planteadas, no luce configurado.

El tribunal de alzada consideró que la prueba aportada para la determinación de los hechos, reseñada en el punto precedente, permitía concluir que la conducta de la conductora Amelia E. Rivadeneira de Romano fue causalmente relevante para la producción del siniestro y asignó a la misma el 70% de la responsabilidad por los daños sufridos, atribuyendo el 30% restante al otro conductor involucrado en el accidente de marras. En mérito a esta conclusión, acogió parcialmente la demanda interpuesta por la señora María Inés Valdez contra José Luis Argüelles, así como la entablada por éste en contra de los señores Rivadeneira de Romano y Romano, y cuya reconvención prosperó en el porcentual ut supra mencionado.

La lectura del pronunciamiento recurrido revela que el criterio adoptado por la Sala sentenciante ha sido establecido de conformidad a los elementos de juicio aportados al proceso y con apoyo suficiente en las pruebas allí mencionadas.

Los agravios encaminados a cuestionar la mecánica del accidente -con argumentos referidos al lugar en que se produjo la colisión y sus caracteres (cruce de calle con avenida o semi autopista, con gran afluencia de personas, con semáforo intermitente, etc.)- no pueden ser admitidos. En forma reiterada se ha dicho que la determinación de las circunstancias del accidente y la valoración de sus circunstancias constituyen típicas cuestiones de hecho irrevisables en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de arbitrariedad, (cfr. CSJT, sent. 10 del 04/02/2009, "La Bruna de Serpa Antonina vs. Transporte 9 de Julio S.A. y otros s/ Daños y perjuicios."; sent. 962 del 28/10/2008, "Figueroa Segundo Roberto vs. Vitali Daniel Oscar s/ Daños y perjuicios"; sent. 1104 del 04/12/2002, "Rocha, Mario Roque y otra vs. René Moreno s/Daños y perjuicios"; sent. 277 del 23/4/2002, "Orrego, Enrique Sergio vs. José Argentino Cascales y otro s/ Daños y perjuicios"; entre muchos otros precedentes), que no se advierte en el caso.

Tampoco luce eficaz para descalificar la tesis del pronunciamiento impugnado, la crítica a la calificación que el tribunal asigna a las arterias de circulación, el carácter principal de una de ellas y la prioridad de paso que ello determina. El tribunal, luego de un análisis de las pruebas ofrecidas y allí reseñadas, concluyó que existían elementos de juicio para considerar que la conducta de la conductora Rivadeneira de Romano fue la que operó como causa principal del perjuicio sufrido, aunque dejó asimismo establecido el porcentual de responsabilidad del demandado Arguelles, conforme las condiciones de su participación en el siniestro.

El juicio de ponderación de las conductas y su incidencia causal en el resultado dañoso ha sido determinado de modo razonable, y con apoyo suficiente en las constancias de la causa (fundamentalmente, las constancias de la causa penal, ofrecidas como prueba y tenidas a la vista por el tribunal de alzada, en las pericias accidentológicas, en los informes periciales mencionados, etc.).

El argumento conforme al cual el tribunal carga sobre la señora Rivadeneira de Romano deberes de conducta derivados de la intermitencia del semáforo que no se imponen al demandado Arguelles, debe ser rechazado. El tribunal dio razones para entender que si la conductora decidió ingresar desde una arteria lateral a la avenida, tenía la obligación de dejar pasar a los rodados que lo hacían por dicha vía de circulación, al tener los mismos preferencia de paso. Recordó que al gozar de prioridad de paso, la regla 'derecha antes que izquierda' resulta inaplicable (art. 41 inc. d) Ley 24.449). En esa misma línea argumental, consideró que al no encontrarse funcionando el complejo semaforizado allí existente, el ingreso y giro realizado por la conductora del Renault 9 resultaba más peligroso y, por ende, "las medidas de resguardo y prevención de quien quería emprenderlo debieron extremarse". Los argumentos recursivos no logran demostrar el absurdo y la ilogicidad que en forma reiterada se atribuye a la conclusión sentencial, ni la flagrante afectación del principio e igualdad que se denuncia conculcado en la valoración de este extremo (el no funcionamiento de la semaforización y la conducta que era dable esperar de quien pretendía acceder desde una arteria lateral a otra vía de circulación principal). La crítica se limita a contradecir la conclusión del tribunal, sin demostrar que los extremos que la sostienen sean falsos o no estén acreditados en autos.

Las extensas consideraciones respecto de la ingesta de alcohol por parte del demandado Arguelles, de la prueba que la respalda, de la infracción que ello supone a la normativa legal vigente, de su incidencia en el dominio del rodado y de la gravitación que el estado de alcoholemia determinara en la mecánica del accidente tampoco alcanzan para descalificar el criterio adoptado por el tribunal de alzada.

La Sala a quo, lejos de ignorar las pruebas aportadas en orden a este extremo -las que por el contrario, fueron prolijamente mencionadas por el tribunal, conforme la reseña antes expuesta-, destacó que existía una graduación alcohólica en sangre superior a la permitida por la legislación que regula la materia, y que ello creaba una presunción desfavorable para el demandado Arguelles, que fundadamente lleva a presumir que no gozaba del adecuado control del rodado que conducía. Entendió asimismo, que el exceso de velocidad que se había impreso al Renault Laguna estaba estrechamente vinculado con las condiciones en que se encontraba su conductor y, por ende, que el estado psicofísico de este también fue un factor coadyuvante para la producción del siniestro.

El tribunal consideró que no obstante lo expresado en relación al estado de alcoholemia de Arguelles y la velocidad con la que circulaba, la gravedad de la maniobra realizada por la otra conductora -la señora Rivadeneira de Romano- exhibía una entidad mayor en la causación de siniestro. Los agravios controvierten respecto del criterio mencionado pero sin aportar argumentos que demuestren el palmario apartamiento de las reglas de la lógica, tal como se invoca; los que más bien, son reveladores de una mera disconformidad de los recurrentes en relación al punto.

La Cámara consideró que existió un error de cálculo de parte de la conductora del Renault 9 y que esta deficiente apreciación de las distancias la llevó a ingresar a la avenida, y emprender la maniobra correspondiente para tomar el carril de tránsito sur-norte, cuando por la mano contraria circulaba el auto de Arguelles, cruzándose o interponiéndose de esa manera en la línea de marcha del mismo. Entendió que esta maniobra imprudente de la señora Rivadeneira de Romano, significó introducir un grave factor de riesgo en el tránsito vehicular de la arteria principal que imponía responsabilizarla con ese carácter relevante, por las consecuencias dañosas derivadas del siniestro.

La mera cita de precedentes de la Corte Nacional y de este Tribunal Provincial, referidos a responsabilidad por daños en materia de accidentes de circulación automotriz, no resulta suficiente para sostener que el pronunciamiento impugnado se aparta de las directivas impartidas por aquellos Tribunales y que ello justifica la procedencia del recurso interpuesto. Esta Corte ha señalado en oportunidades reiteradas que si bien, como ocurre en buen número de accidentes, pueden efectuarse interpretaciones variadas de los hechos, el tribunal de casación solo puede revisar las que se manifiesten con absurdidad, o apartamiento de pruebas conducentes, y que lleven a decisiones notoriamente injustas (CSJT, sent. 62 del 20/02/2009, "Luna, Daniel Guillermo vs. Corcel de Corda, Mercedes Graciela y otro s/ Daños y perjuicios"; sent. 188 del 23/3/2001, "Lizarraga de Rodríguez, Isolina vs. Caruso Cía. Argentina de Seguros S.A. s/ Cobro de seguros"), déficit que en el sublite, no luce demostrado.

La lectura del pronunciamiento recurrido permite sostener que las cuestiones de hecho referidas (la mecánica del accidente, la conducta desplegada por las partes, y la incidencia de cada una de ellas en la causación del daño y el juicio de reproche) han sido establecidas con suficiente apoyo en las constancias de la causa, siguiendo un íter lógico y de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, por lo que corresponde rechazar la tacha de arbitrariedad que se formula contra el decisorio en crisis.

Es oportuno recordar que la valoración del plexo probatorio no es más que un producto concreto de la conciencia de quien aprecia y juzga; y que por vía del recurso de casación no se puede provocar un nuevo reexamen crítico de los medios probatorios que dan base al pronunciamiento impugnado. La jurisprudencia es conteste en señalar que queda fuera de este ámbito recursivo, el revisar la valoración de las pruebas aportadas, ni el juzgamiento de los motivos que forman la convicción del tribunal a quo. Esta Corte tiene dicho que la decisión al respecto sólo puede ser revisada cuando se invoca una desproporción grave, manifiesta, grosera, hasta el punto de convertir la sentencia respectiva en arbitraria. Se ha dicho que la habilitación de la instancia casatoria en relación a las cuestiones de hecho, por tratarse de un remedio excepcional, el absurdo o la arbitrariedad deben ser apreciados con un criterio restrictivo pues de otro modo, la sola alegación de arbitrariedad o de haberse conculcado las reglas de la sana crítica racional, bastaría para habilitar el remedio extraordinario local, convirtiéndolo en una instancia revisora de los aspectos fácticos del juzgamiento (CSJT, sent. 391 del 04/5/2009, "Robles Alicia Beatriz vs. Fernández Oscar Ovidio s/ Especiales"; sent. 163 del 10/3/2009, "Salazar Carlos Alberto vs. Severini Augusto Vito Alfredo y otro s/ Indemnizacion por despido"; sent. 419 del 02/6/2008, "Cerámica Marcos Paz S.R.L. vs. E.D.E.T. S.A. s/Repetición de pago y daños y perjuicios"; entre otras).

La impugnación revela en definitiva, un mero disenso de los recurrentes, insuficiente per se, para pretender la revisión del pronunciamiento en esta instancia extraordinaria, por lo que los recursos interpuestos deben ser rechazados.

5.- Las costas del recurso de casación deducido por María Inés Valdez deben ser soportadas por la recurrente vencida; y las del recurso interpuesto por los señores Juan Carlos Romano y Amelia Rivadeneira de Romano también serán a cargo de la parte recurrente (art. 105 del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

1.- Los antecedentes de la causa resultan de la pormenorizada síntesis consignada en el voto preopinante. Respecto a la admisibilidad de los recursos concedidos por el tribunal a quo, advierto que el vicio de arbitrariedad denunciado se encuentra suficientemente argumentado, toda vez que los impugnantes María Inés Valdez, Amelia E. Rivadeneria de Romano y Juan Carlos Romano alegan circunstanciadamente déficit de fundamentación del fallo de la Cámara, al pronunciarse sobre el aporte causal atribuible a los protagonistas del hecho motivo de estas actuaciones. En consecuencia, el recurso deviene admisible, sin perjuicio de lo que en definitiva concluya esta Corte acerca de la procedencia de los agravios esgrimidos.

De otra parte, el planteo casatorio remite a los alcances normativos que adquiere, en relación al caso, el factor objetivo de atribución de responsabilidad previsto por el art. 1113, segundo párrafo del Código Civil, y la dimensión de la presunción legal de causalidad en los daños producidos por el riesgo de la cosa, cuando el hecho involucra a dos automóviles en movimiento. Según tiene dicho la Suprema Corte Nacional, la sola circunstancia de la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo establecido en el art. 1113, segundo párrafo del Código Civil, que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas, "y, de tal suerte, en supuestos como el sometido a la consideración del Tribunal se crean presunciones de causalidad concurrentes como las que pesan sobre el dueño o guardián, quienes deben afrontar los daños causados a otros salvo que prueben la existencia de factores eximentes" (Fallos, 310:2804). Es por ello que la colisión entre dos automotores en movimiento no conduce inexorablemente a la neutralización de los riesgos, ni a hacer soportar a cada uno de los protagonistas la totalidad de los daños sufridos por el otro, porque en tales casos procede examinar el grado de incidencia que tiene cada una de las partes involucradas en la causación del daño.

Cuando median factores objetivos de atribución, la determinación del nexo adecuado de causalidad adquiere particular relevancia, pues quien es señalado por la ley como responsable sólo puede liberarse total o parcialmente demostrando la incidencia de una causa ajena. En el análisis de esta cuestión esencialmente fáctica, el juez debe examinar la presencia de factores extraños con aptitud para suprimir o morigerar la cadena causal entre el hecho y el daño, en tanto resulten idóneos para interrumpir el nexo o erigirse en concausa del resultado. Admitido que el daño puede derivar de la acción relevante de más de una causa, el criterio de distribución de la reparación del daño será el de su incidencia en el resultado.

2.- Efectuadas estas precisiones, cabe señalar que los hechos centrales de la causa relatados por el señor vocal que me precede no fueron motivo de controversia entre las partes. Según emerge de la sentencia en recurso, el tribunal de alzada asigna mayor incidencia causal al error de cálculo atribuido a la conductora del Renault 9, Sra. Rivadeneira de Romano, al ingresar en la Avda. W. Posse por la que transitaba José Luis Argüelles "más cerca de lo que podía haber pensado". A criterio de la Cámara, tal error en la apreciación de las distancias sería relevante por cuanto determinó que la nombrada avanzara sobre la avenida W. Posse, maniobrando para tomar el carril de tránsito sur - norte de ésta, cuando por la mano contraria circulaba el otro rodado. También da por cierto que Argüelles conducía alcoholizado y con exceso de velocidad "presumiblemente provocada por aquel estado", y considera que ello genera una presunción desfavorable en su contra, porque es también presumible que debido a su estado no tuvo adecuado control de su vehículo. A su respecto, concluye que el exceso de velocidad impreso al vehículo "estaba estrechamente vinculado con las condiciones en que se encontraba su conductor y, por ende, que el estado psicofísico de éste también fue un factor determinante de la producción del siniestro" (cfr. fs. 545). Al discernir las respectivas responsabilidades, el tribunal a quo aprecia que el estado del conductor Argüelles y la velocidad impresa a su vehículo no eximen a la Sra. de Romano de las consecuencias del hecho, y pone a cargo suyo y de su esposo -titular del vehículo- el 70% de las consecuencias dañosas derivadas del siniestro, en razón de la mayor entidad y gravedad que asigna a la maniobra efectuada por ella, en tanto que Argüelles debe reparar el 30% restante.

El razonamiento del tribunal a quo no se corresponde con la propia valoración precedente de los hechos de la causa, por lo que la conclusión arribada carece de adecuada motivación conforme a las reglas de la lógica y la experiencia común. La solución dada al caso no constituye derivación lógica de las circunstancias en que se produjo el siniestro, toda vez que no se ve suficientemente explicado el mayor protagonismo causal de la maniobra realizada por Rivadeneira de Romano en las concretas circunstancias del caso, que involucra riesgos recíprocos. La sentenciante menciona reiteradamente el estado de ebriedad constatado en Argüelles, y presume que por esta causa no sólo conducía con exceso de la velocidad permitida en dicha arteria de tránsito, sino que tampoco tuvo el control o dominio del vehículo, necesario para reaccionar ante las contingencias del tránsito. Resulta contrario a las reglas de la lógica y de la sana crítica dar por cierto el estado psicofísico de Argüelles, con las implicancias y derivaciones que el fallo describe, para luego minimizar su protagonismo causal a la hora de distribuir las responsabilidades concurrentes. Por ende, el acento puesto en el ingreso de Rivadeneira de Romano a la avenida W. Posse se presenta desprovisto de motivación suficiente, dada la relevancia causal de los hechos que la misma sentencia describe en relación al otro protagonista del suceso.

En las concretas circunstancias de autos, tampoco cabe eludir que a todo evento, ambos conductores desatendieron la señal de advertencia indicada por las luces intermitentes del semáforo; sin perder de vista que de acuerdo a lo establecido en la instancia de grado, razonablemente Argüelles pudo no estar en condiciones psicofísicas de percibirla o actuar en consecuencia. En tales condiciones, es arbitrario reclamar defecto en la previsibilidad únicamente a Rivadeneira de Romano, sin proyectar la gravedad de los hechos previamente destacados respecto del otro protagonista del siniestro para establecer sus respectivos aportes causales. Sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre los hechos de la causa, no puede eludirse que dadas las particularidades del caso, {la Cámara debió apreciar la observancia de la regla de prioridad de paso en conjunto con otras circunstancias relevantes que la misma sentencia describe. Sin embargo, el eje central de la decisión se presenta circunscripto al mentado error de cálculo de la Sra. de Romano, sin confrontarlo con la totalidad de los hechos probados, según su respectiva incidencia causal en el plano de la responsabilidad objetiva que rige el caso.

3.- Por lo antes expresado, considero que los fundamentos del fallo son insuficientes para sustentar la decisión del tribunal de alzada. La comprobación del nexo adecuado de causalidad, en tanto presupuesto indispensable para la procedencia de la acción resarcitoria, exige un análisis integral de los hechos involucrados, que no deje lugar a dudas acerca de la íntegra valoración de las circunstancias conducentes para la resolución del caso. La Cámara elude la incidencia causal del riesgo propio del vehículo embistente, que circulaba en las condiciones de persona, tiempo y lugar indicadas por la misma sentencia, y su confrontación con la totalidad del plexo probatorio reunido. Los respectivos aportes de ambos protagonistas no son lógicamente explicados a la hora de distribuir responsabilidades, a poco se advierta que el obrar de la conductora del Renault 9 no indica por sí mismo que el choque se tornó sorpresivo e inevitable para Argüelles.

Desde esta perspectiva, es oportuno reiterar que los accidentes de tránsito producidos por la colisión de dos vehículos en movimiento encuadran en el art. 1113, segundo párrafo del Cód. Civil. De allí que por vía de posibles reproches de conducta, no cabe eludir el riesgo recíproco ínsito en la emergencia, regida por un factor objetivo de atribución. Probado el contacto material de ambos automotores, el nexo de causalidad adquiere protagonismo decisivo, y en su análisis no puede estar ausente el contexto fáctico en el cual se produjo la colisión. Tampoco cabe soslayar la presunción de causalidad que pesa sobre el embistente; sin olvidar que el tribunal de alzada contaba con un cuadro probatorio integrado - entre otros elementos - por peritajes que pueden contribuir a explicar la mecánica del accidente, y que la alzada no menciona. Adviértase que {{}la Cámara modifica sustancialmente la determinación de los hechos fijados por el Sr. Juez de primera instancia, cuando establece que Argüelles circulaba excedido en velocidad por tratarse de una avenida, donde la máxima no podía ser superior a los 60 km. por hora. El tribunal de alzada vincula este hecho con el nivel de alcohol detectado en el conductor del Renault Laguna, lo cual había sido rechazado en la primera instancia (cfr. fs. 442). Sin embargo, tales valoraciones discrepantes con las del juez a quo no se ven reflejadas en la distribución de responsabilidades, por lo que la decisión en este punto carece de motivación y deviene arbitraria, al soslayar la significación fáctica y jurídica de los hechos que se dan por acreditados. En el contexto que la misma sentencia refiere, quedan sin explicación los motivos por los cuales se reclama a uno de los protagonistas el máximo de prudencia y diligencia, en tanto que respecto al otro no se ven reflejados los hechos decisivos de la plataforma fáctica definida en la segunda instancia. Es que -a todo evento- la maniobra realizada por la conductora del Renault 9 tendrá mayor relevancia causal en la medida en que tal comportamiento no pudo ser previsto ni evitado por el embistente, lo cual no ha merecido análisis por parte del tribunal a quo. Esta cuestión debía ser resuelta atendiendo a la totalidad de las circunstancias de personas, modo, tiempo y lugar con significación en el curso de los acontecimientos, sin perder de vista el deber de todo conductor de mantener el control del rodado ante las contingencias normales y razonablemente previsibles que puedan presentarse en el tránsito vehicular. Recuérdese que según la base fáctica establecida en el fallo recurrido, debido a la ingesta de alcohol Argüelles pudo ver disminuidas sus posibilidades de percepción visual, capacidad de previsión y reacción; que según el curso normal y ordinario de los hechos hubo de incidir en su capacidad de prudencia y previsión, y en el efectivo dominio del rodado.

4.- Las razones precedentes llevan a concluir que el caso es resuelto por el tribunal de alzada exclusivamente desde el ángulo de la diligencia exigible a la conductora del automóvil que circulaba por la calle José Ingenieros. La sentenciante menciona las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que lo hacía Argüelles, pero las elude al examinar la causalidad del hecho, pues soslaya aspectos relevantes de su mecánica que fueron materia de debate y prueba en esta causa. Es así que la consecuente distribución de responsabilidades se apoya en un análisis parcializado de los hechos de la causa que la misma sentencia describe, desatendiendo las implicancias del riesgo generado por el vehículo que conducía Arguelles. Tal valoración exigía un examen de previsibilidad en abstracto ausente en el fallo recurrido, vinculado al deber de todo conductor de mantener el dominio del vehículo del cual se sirve, según una aptitud normal de previsión. Desde esta perspectiva, no se trata de ponderar culpas sino autorías materiales, al concurrir causalmente dos cosas productoras de riesgo; sin perjuicio de la eventual comprobación de una causa ajena idónea para fracturar total o parcialmente el nexo de causalidad.

En mérito a lo expuesto, los recursos promovidos en autos resultan procedentes, habida cuenta de que en definitiva, el tribunal de alzada desatiende los hechos fijados en el pronunciamiento y resuelve el caso sobre la base de reproches de conductas, a partir de una prioridad de paso que no es absoluta. Tal errado enfoque condujo a una consideración retaceada de las probanzas obrantes en autos, que no se corresponde con la descripción efectuada en la misma sentencia, lo cual vicia de arbitrariedad al decisorio. De ello se deriva que el fallo carece de motivación suficiente, en violación a la exigencia impuesta por el art. 30 de la Constitución de la Provincia, con la consiguiente lesión a las reglas del debido proceso legal, por lo que el recurso debe tener acogida, y anularse la sentencia en este punto. En consecuencia, se hace lugar a los recursos de casación promovidos en autos, conforme a la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido el pronunciamiento que evalúa la causalidad del resultado dañoso sin atender a las circunstancias de hecho establecidas en la misma sentencia, con incidencia en el suceso protagonizado por dos automóviles en movimiento, de acuerdo a la normativa que rige el caso (art. 1113, segundo párrafo del Cód. Civil)". Se revoca parcialmente la sentencia única recurrida, circunscripta a la atribución de responsabilidad por los daños probados y determinados en los respectivos juicios acumulados y resueltos en la sentencia única del 20/5/2008. Los autos serán restituidos a su origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento conforme a lo considerado, sin que la presente sentencia implique señalar el sentido u orientación del nuevo fallo a dictarse, ni emitir juicio acerca de la aptitud conviccional de las pruebas obrantes en la causa, sobre lo que esta Corte no emite opinión.

Atento a las razones por las que se recepta el recurso, y no siendo imputable a las partes el déficit contenido en el pronunciamiento y la nulidad que se declara, las costas de ambos recursos serán soportadas por el orden causado (art. 105, inc. 1º del CPCC). Devuélvanse los depósitos efectuados.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 553/568 por los letrados apoderados de Amelia Estela Rivadeneira de Romano y Juan Carlos Romano, contra la decisión dictada al punto II de la sentencia impugnada, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos. Devuélvase el depósito.

II.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 570/590 por María Inés Valdez, contra lo resuelto al punto III de la sentencia única dictada en ambas causas acumuladas, conforme a la misma doctrina legal y con devolución del depósito efectuado.

III.- RESTITUIR los autos al tribunal a quo para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento sobre la materia anulada.

IV.- COSTAS, conforme se consideran.

V.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR DANIEL OSCAR POSSE (en disidencia) RENÉ MARIO GOANE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.