Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-27


TS07D44464 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN SENTENCIA DEFINITIVA Nº 44464 CAUSA Nº 39.242/2009 - SALA VII - JUZGADO Nº 57 En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de junio de 2012, para dictar sentencia en estos autos: "Cajal Matías Alberto c/Dinamia Netmakers S.A. y otros s/Accidente - Acción Civil", se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

La sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la acción, viene apelada por la parte actora (fs. 453/458) y por la co demandada Consolidar ART S.A. (fs. 464/469) cuyos memoriales obtuvieron réplica a fs. 474/477; fs. 478/479 y fs. 480/482, respectivamente.

La representación letrada de la co demandada Grupo Concesionario del Oeste S.A. (fs. 450) y el perito médico (fs. 462), apelan los honorarios que les fueron regulados por considerarlos bajos.

Previo al tratamiento de los recursos, considero oportuno destacar que el actor inició demanda con el fin de percibir la indemnización fundada en la ley civil por el accidente que aduce haber sufrido al caerse de un cajón grúa mientras estaba colocando cámaras en el alumbrado del peaje "Malvinas" de la Autopista del Oeste la cual explota la co demandada Grupo Concesionario del Oeste S.A.

El sentenciante de grado consideró responsable del infortunio a Dinamia Netmakers S.A. y a Consolidar ART S.A. mas rechazó la demanda contra el Grupo Concesionario del Oeste S.A.

Comenzaré entonces con el recurso incoado por la ART el cual se refiere -en síntesis- a que no existe fundamento fáctico-jurídico para condenar a su parte en los términos del Código Civil en tanto señala que fue traída al juicio en virtud del contrato de afiliación suscripto con la co demandada Dinamia Netmakers S.A. Afirma que la sentencia viola el principio de congruencia y que la condenan en virtud de una supuesta responsabilidad de la cual su parte no se pudo defender porque no le fue imputada. Finalmente sostiene que la condena exorbita los límites del contrato de afiliación y se queja, en definitiva, por el monto diferido a condena.	Analizadas las constancias de la causa, adelanto que el recurso intentado, en mi opinión, no puede progresar en tanto no advierto que los argumentos que expone el apelante constituyan una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada (art. 116 LO).

En efecto, de los términos de la demanda surge claramente que la ART co demandada fue traída a juicio en virtud del contrato de afiliación firmado con su empleadora Dinamia Netmakers S.A., extremos que fueron oportunamente rebatidos en el conteste de la ART sin que se advierta por tanto que se haya violentado su derecho de defensa ni el principio de congruencia al que hace referencia en el recurso.

Ello sentado, el recurrente no se hace cargo de lo resuelto por el sentenciante, acerca de que la responsabilidad de la ART fue fundada en el incumplimiento de la obligación legal que le impone el art. 4 de la ley 24.557 de adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo y en lo dispuesto en el decreto reglamentario 170/96 en cuanto dispuso que las ART debían brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados en materia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores, observar la normativa vigente relativa a la higiene y seguridad en el trabajo, selección de elementos de protección personal, suministro de información relacionada a la seguridad en el empleo y la obligación de realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo.

Cabe agregar que, en autos, no existe constancia alguna que acredite que la ART haya cumplido con los deberes de seguridad y de control que le impone la normativa aplicable y que, por el contrario, se comprobó que el trabajador se accidentó montando una cámara en la Autopista del Oeste en una barquilla -que es donde se ubican para trabajar en altura- de una grúa con un brazo de expansión la cual, cuando estaba a 12 metros de altura, se desprendió haciéndolo caer al piso a él y a su compañero encima y luego todas las herramientas provocando serias lesiones y la pérdida del conocimiento del actor. Que para realizar dicha tarea no tenían ningún elemento de protección (ver testigo Caballero que fue el compañero que se accidentó con el actor -fs.381-).

En tal orden de ideas y tal como lo entendió el "a quo", la responsabilidad de la ART radica en el incumplimiento de su deber de control y fiscalización de las condiciones en las que el actor prestaba tareas para asegurar su integridad física en tanto de acuerdo a lo que surge de los testimonios de Uñates (fs. 330) y Lavega (fs. 332), que fueron compañeros del actor, sólo les entregaban chalecos naranjas y zapatos de seguridad sin que hubieran recibido capacitación para la riesgosa tarea que realizaban.

En consecuencia, a mi juicio, el decisorio de primera instancia se encuentra suficientemente fundado y no logra ser desvirtuado por el apelante por lo que sugiero confirmar el fallo de grado en lo que hace a la responsabilidad endilgada a la ART en virtud de lo normado en el art. 1074 del Código Civil.

Finalmente, Consolidar ART se queja por los montos diferidos a condena y, al respecto, sostiene que no resultan debidamente fundadas las sumas de condena.

Sin embargo, adelanto que el recurso en el punto, tampoco puede prosperar pues el apelante no se hace cargo ni refuta adecuadamente los argumentos brindados por el sentenciante por los cuales arribó a las sumas que finalmente estableció como condena por daño material y daño moral.

Sólo a mayor abundamiento advierto que teniendo en cuenta el grado de incapacidad fijado por el experto médico en un 54,1% de la TO (cfr. ítems valorados minuciosamente por el perito fs. 402), las condiciones personales de actor, en particular su edad, su expectativa de ganancia y la incidencia que la incapacidad padecida puede tener sobre la misma, considero razonable el monto fijado en grado.

La parte actora se queja porque se desestimó la demanda contra Grupo Concesionario del Oeste S.A. con fundamento en fragmentos de declaraciones testimoniales según las cuales empleados de dicha co demandada refieren que no había vínculo comercial entre su empleador y Dinamia Netmakers S.A. Se queja porque el sentenciante entendió que su parte no invocó factor de atribución de responsabilidad con fundamento civil y que, por ende, no se puede condenar a Grupo Concesionaria del Oeste en los términos del art. 30 LCT. En apoyo de su postura sostiene que, tal como surge del escrito de inicio las tareas del actor y sus servicios laborales, correspondían a una actividad normal y habitual del concesionario alegando también que la ocurrencia del siniestro del actor lo fue producto del riesgo o vicio de la cosa propiedad de dicha co demandada.

Adelanto que, analizadas las constancias de la causa, en mi opinión, la queja intentada no puede prosperar.

En efecto, el apelante insiste en que las tareas que estaba efectuando el actor correspondían a la actividad normal y específica propia del establecimiento en tanto sostiene que la instalación y montado de cámaras para obtener imágenes de la autopista constituyen acciones tendientes a cumplir con el objeto de dicha co demandada.

Sin embargo, de acuerdo a lo que surge del conteste de la co demandada (ver fs. 43 vta.) y de la prueba testimonial rendida en la causa, se desprende que los trabajos efectuados por el actor consistían en la instalación de cámaras de video para que distintos canales de televisión pudieran transmitir el estado del tránsito y tráfico vehicular de las principales arterias vehiculares en vivo y en directo.

Así, el propio testigo propuesto por la parte actora -Uñates, ver fs. 331- adujo que el actor estaba realizando la conexión de cámaras para C5N desde un determinado peaje hasta un determinado cruce a lo que cabe destacar que, de los testimonios brindados por Frankiensztajn (fs. 415) y Martinez (fs. 418) propuestos por Grupo Concesionario del Oeste S.A., surge que existió un convenio entre el concesionario de la autopista y Teletránsito para la instalación de cámaras de video a los fines de brindar imágenes del estado del tránsito para canal 9 y para una emisora que más tarde sería C5N. Que Dinamia Netmakers S.A. era una subcontratista de Teletránsito que se encargaba del montado de las cámaras y el cableado correspondiente.	En ese marco, entiendo que las tareas cumplidas por el actor consistente en la instalación de cámaras para la televisación del estado del tránsito, de ninguna manera integraron la actividad principal y específica del Grupo Concesionario del Oeste la cual consiste, de acuerdo a lo que surge de su estatuto, en la "Realización de las obras de construcción, remodelación, mejoras, reparación y conservación del Acceso Oeste de la Ciudad de Buenos Aires, durante el plazo de la concesión y sus prórrogas; administración y explotación de dicho acceso..." (ver pericia contable a fs. 316).

Por último, el apelante sostiene que el hecho de que la propiedad de la grúa hidráulica en la que se accidentó el actor fuera de Pan Hnos S.A. no exime de responsabilidad al Grupo Concesionario del Oeste pero, en el punto, no encuentro que se haya efectuado una crítica fundada de los argumentos expuestos por el sentenciante respecto a que la co demandada citada no puede ser responsable solidaria por ese hecho en tanto la propiedad de la cosa era de un tercero por quien no debe responder (Pan Hnos S.A.) siendo el titular de la guarda, en este caso, el empleador del actor -Dinamia Netmakers S.A.- quien resulta responsable por los daños sufridos y acreditados en autos.

Por tanto, no encontrando mérito para apartarme de lo resuelto en origen, propongo desestimar también en el punto, el recurso incoado.

Sin embargo, más allá del éxito obtenido por el accionante respecto de la acción contra Concesionaria Grupo del Oeste S.A., cabe resaltar que no resultó controvertido en autos que el infortunio ocurrió mientras el trabajador estaba ejecutando las tareas que le había encomendado su empleadora en un peaje situado en la Autopista del Oeste S.A. circunstancia que, a mi juicio, pudo generar en el actor una expectativa de que le asistía derecho a demandar como lo hizo.

En consecuencia, propongo revocar en el punto la sentencia apelada e imponer las costas la acción referida en el orden causado (art. 68 CPCCN, 2º parte). Por los mismos fundamentos, estimo adecuado que las costas de alzada -respecto de dicha co demandada- también sean soportadas por su orden a cuyo efecto estimo los honorarios de la representación letrada de Grupo Concesionaria del Oeste S.A. en el 25% de lo que lo regulado para la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

Por último, advierto que los honorarios regulados a cada uno de los profesionales intervinientes lucen adecuados al mérito y extensión de la labor profesional desarrollada en el pleito, por lo que propongo su confirmación (art. 38 ley 18.345).

Las costas de alzada propongo que sean soportadas por Consolidar ART S.A. vencida en lo sustancial (art. 68 CPCCN) a cuyo efecto estimo los honorarios para su representación letrada y para el letrado del actor en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la primer etapa (art. 14 ley 21.839).

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto propongo: 1) Imponer en el orden causado las costas de ambas instancias correspondientes a la acción incoada contra la co demandada Grupo Concesionario del Oeste S.A. 2) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide. 3) Imponer las costas de alzada a cargo de Consolidar ART. 4) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la alzada en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la primer etapa.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto de mi distinguida colega Dra. Fontana a excepción de lo propuesto en cuanto exime de responsabilidad a GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. por considerar que las tareas que cumplía el actor eran ajenas al giro normal de aquélla.- En efecto, a mi modo de ver, tal como lo invocara el actor, resulta aplicable en el caso, el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.- La mencionada norma, en el primer apartado se refiere a quienes ceden total o parcialmente a otro el establecimiento o explotación, habilitado a su nombre, contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, y dice que deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.

Hasta allí, se marca, por parte del legislador, el ámbito de aplicación territorial y personal de la norma, y, por tanto, corresponde desentrañar, el verdadero alcance de la cuestión planteada.

Y en ese andarivel, es bueno tener presente que no estamos en presencia de una posibilidad de fraude por la interposición de seudoempleadores u hombres de paja, ya que ese supuesto se encuentra contemplado en el artículo 29 de la ley.

En este caso, se encara la responsabilidad como "respuesta" que debe dar el empresario que ceda total o parcialmente a otro la explotación a su nombre, contrate o subcontrate, por los daños contractuales o extracontractuales, que puedan producirse, con motivo del desarrollo integral de su actividad.

Existe una normal estructura empresaria que obtiene un beneficio por las tareas ajenas y que, según la ley manda, debe responder ante la insolvencia del contratista o subcontratista.

No nos encontramos en el caso, ante una situación ilícita, sino por el contrario ante un accionar lícito que exige a quien se beneficia con el accionar de otro, que responda por los riesgos que originen daños y que se le impone asumir.

En esa tesitura, es del caso recordar que la empresa, como organización piramidal y jerárquica, que organiza instrumentalmente medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos, está facultada para llevar adelante su proceso productivo de manera concentrada, o encarando un proceso de fragmentación del mismo.

En este último caso, existe una distribución de funciones propias, es decir que son parte de su actividad normal y específica; que no son llevadas a cabo por ella misma, sino por contratistas o subcontratistas que asumen contratos de trabajo, con dependientes, en los términos del artículo 21 de la LCT.

Para enfocar el tema con claridad, debe tenerse presente, que existe una relación entre la empresa principal y el contratista; son contratos entre empresas, que se obligan recíprocamente, en los términos de su convenio.

Empero, pareciera que el eje central del asunto, radica en qué se entiende por "actividad normal y específica propia del establecimiento".

Lo primero que hay que comprender es que estamos en presencia de un supuesto especial de responsabilidad, no ante un efecto expansivo del contrato de trabajo.

Alguna doctrina minoritaria, ha sostenido que no puede haber acción directa de los empleados de una segunda empresa respecto de la primera, porque las múltiples contrataciones que puede realizar una empresa con terceros, están sujetos a la responsabilidad limitada que deriva de lo pactado entre ellos y de la circunstancia de que ningún acuerdo que celebre una de ellas con terceros puede perjudicarla. Se basa lo expueto en el artículo 1195 del Código Civil.

Sin embargo, aceptar tal posición significaría anular el artículo 30 de la LCT, ya que siempre existe una relación contractual comercial entre dos empresas cuando se ceden total o parcialmente a otro el establecimiento o la explotación habilitado a su nombre; se contrate o se subcontrate.

Esa relación de cesión, contratación o subcontratación, produce efecto entre esas dos empresas, en la medida de su intercambio comercial y se referirá, sin dudas a esa contratación, cesión o subcontratación. La imposición de solidaridad a los efectos de los incumplimientos de los cedentes, contratistas o subcontratistas, no emerge del contrato comercial citado, sino de un tipo de responsabilidad, ajeno a ese contrato, cuya causa no es contractual, sino legal y que encuentra su fuente en el artículo 30 de la LCT.

Ese es el motivo por el cual la responsabilidad del cedente y del cesionario simultáneamente, como marca la LCT, no encuentra obstáculo alguno, nunca en el artículo 1195 del CC. Este último refiere a una cuestión contractual ajena al Derecho del Trabajo, que no impide la vigencia de la solidaridad que marca la ley especial y protectoria.

Si bien es cierto que los contratos sólo producen efectos entre las partes, nada impide que, como en este caso, el legislador imponga la solidaridad pasiva de ambos (cedente y cesionario), frente a incumplimientos que perjudican a terceros; sobre todo, si ese tercero, tal como dijo el año pasado la CSJN, es un sujeto especialmente protegido, y esa tutela especial, emerge de una ley de orden público.

De tal forma, la relación del contratante y el contratista, no produce efectos, por lo expuesto, con respecto al trabajador; y tampoco la relación o contrato de trabajo habido entre el contratista el empresario principal empece a la responsabilidad solidaria que impone la ley, y que no debe confundirse con un efecto contractual.

Dejada de lado entonces la hipótesis, de que el artículo 30 de la LCT, pueda encontrar obstáculo alguno en la norma de referencia, es del caso analizar el debido funcionamiento del instituto.

Lo expuesto, no significa responsabilizar a la empresa cedente de deudas de cualquier naturaleza que pueda contraer el cedido, sino que la ley se refiere exclusivamente a las deudas laborales, las cuales, son, obviamente, consecuencia del incumplimiento de obligaciones que impone el propio artículo 30, ya que sus párrafos siguientes, señalan, sin ambajes, las exigencias que el cedente debe tener para con el cedido, en el ejercicio de un control que la norma le impone, justamente, bajo apercibimiento de solidaridad, a los efectos de la satisfacción de los derechos involucrados.

Esta concepción ha llevado a la doctrina, a ser bastante poco vacilante en la delimitación del territorio del artículo 30.

Para Fernández Madrid, la actividad normal y específica es la que haga posible el cumplimiento de la finalidad de la empresa y que puede ser relativa tanto al núcleo del giro empresario (por ejemplo fabricación de cubiertas en una fábrica de cubiertas), como a los trabajos que coadyuvan al cumplimiento del objetivo correspondiente, pues la empresa es un todo y no puede ser fraccionada en partes a efectos de establecer la posible existencia de responsabilidad solidaria. (Conf. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, t. ll, pag 1041, LL, Bs As 2007).

Fernández Gianoti, hizo referencia, a la comprensión no sólo de las actividades necesarias, sino también a las que coadyuven, sean secundarias o colaterales.

Justo López, señala que la solidaridad también se hace extensiva a esas actividades accesorias con tal de que estén integradas permanentemente al establecimiento, y agrega que quedaría afuera, lo extraordinario, en el sentido excepcional y lo eventual.

Comentando, justamente a Justo López, Fernández Madrid, aclara que ese es el motivo por el cual se ha considerado que se trata de las actividades requeridas por la norma, las desarrolladas por las concesionarias de comedores o buffet, y el club donde éste funciona, por el supermercado y la empresa de vigilancia; por la empresa de telefonía y el cableado necesario para su funcionamiento; el servicio de hotelería y el de salud de un sanatorio; el expendio de combustible y los servicios del ACA; el servicio de coche comedor y el brindado por ferrocarriles; los servicios gastronómicos y las exposiciones rurales, etc..

Por su parte Grisolía, sigue en el tema a Hierrezuelo y Nuñez y señala que los términos "específica y propia" que utiliza la ley para calificar la actividad contratada, aluden sólo a los servicios o trabajos permanentemente integrados o inseparables relacionados con la actividad que se desarrolla en el establecimiento (sea dentro o fuera de su ámbito). (Grisolía, Julio A. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, T l, pág 370, Lexis Nexis, Bs As. 2006).

A su vez Maza, comparte la postura amplia y estima que el vocablo "específica", usado por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, no da pie a excluir aquellas actividades que, siendo normales, confluyen en forma secundaria o indirecta para lograr el objeto de la empresa. (Maza, Miguel, Casos de solidaridad por contratación o subcontratación en el artículo 30 de la LCT, D.T. t VIII, págs. 913/25).

Vázquez Vialard, ha señalado que en cuanto al elemento que establece la ley como "específica", debe distinguirse, en el proceso de elaboración de un bien o servicio, aquello que es principal de lo que no lo es. Al efecto, no sólo corresponderán, dice, a la primera calificación aquellas labores que atañen directamente al cumplimiento del fin perseguido, sino también aquellas que resultan coadyuvantes y necesarias (aunque secundarias), de manera que no obstante ser auxiliares o de apoyo, resultan imprescindibles para que se puedan cumplir las otras (ya que normalmente integran como auxiliares, la actividad) (Vázquez Vialard, Antonio, Tratado de derecho del trabajo, Ed. Astrea, Bs As, 1982 t. 2, Cap. IV, pág. 358).

Personalmente he tenido ocasión de señalar antes de ahora, que la observación de la realidad que el analista debe hacer respecto al tema de la actividad normal y específica, no puede dejar de ser prudente y cautelosa; no se pueden comprometer patrimonios ajenos con motivo de la garantía precisa marcada por la ley; lo que sí se observa es la razonabilidad de la consideración legal, que no es caprichosa, sino que encuadra en el derecho más antiguo, recogido por el derecho más moderno, que es la importante consideración hecha por el legislador, que ha advertido una realidad que requiere un interés asociativo que justifica, en el supuesto previsto, una estructura obligacional comunitaria, impuesta por la naturaleza misma de la obligación.

Es bueno recordar, en ese sentido, que la solidaridad, según Vélez, nace de cuatro fuentes (arts. 699 y 700 del CC), es decir, puede pactarse, nacer de una decisión testamentaria o de la ley o decisión judicial que tenga fuerza de cosa juzgada.

A ello debe agregarse, que si bien la decisión judicial suele discutirse, hoy por hoy, es aceptada sin mayores reparos en interpretación que considero correcta.

Con respecto a la solidaridad legal (como la del artículo 30 de la LCT), se añade al fundamento general del instituto que es el interés común que conduce al aglutinamiento de vínculos personales, para el mejor servicio de ese interés, la imposición del legislador, de llevar a cabo dicho aglutinamiento de manera imperativa y generalmente sancionatoria, coadyuvando, en el Derecho del trabajo, al principio protectorio, piedra angular y fundamento constitucional de la disciplina.

Por eso, es interesante, a fin de desentrañar el verdadero sentido de la ley, que nos encontramos, en el caso, no ante una extensión contractual que estaría contrariando el artículo 1195 del CC, sino ante una garantía legal, como factor de atribución de responsabilidad generador de una pluralidad de vínculos coaligados, en el decir de Busso.

En varias ocasiones me he referido a los recaudos exigidos por el legislador y a los alcances de la responsabilidad solidaria, a su vigencia, su violación y las consecuencias de la misma.

En ese andarivel, la norma en estudio requiere de los titulares de los establecimientos, exigir a los contratistas o subcontratistas, el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social.

Acompaño el pensamiento de Fernández Madrid, Caubet y otros estudiosos del Derecho del Trabajo, que consideran que la empresa es un todo y que su segmentación no puede ser llevada a cabo en desmedro de los derechos del trabajador y de los organismos de la seguridad social.

No se podría, a la sombra de tales consideraciones, legitimar incumplimientos fraudulentos, objetivamente considerados (Caubet, Amanda Beatriz, citada por Fernández Madrid, Otra vez la responsabilidad del empresario principal que contrata o subcontrata, DEL, marzo 2000, Errepar.) La norma posee, en el párrafo segundo, recaudos que los cedentes contratistas o subcontratistas deberán exigir a sus cesionarios o contratistas.

Así, el código único de identificación laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de las remuneraciones, también copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo, no son más que un anexo de las exigencias previstas en el párrafo primero.

Se trata de una obligación de control, que no puede delegarse en terceros, de cumplimiento personal y continuo, impuesta a favor de cada uno de los trabajadores. Lo dicho no empece que el trabajador y la autoridad administrativa puedan pedir la exhibición de los comprobantes.

A mi modo de ver la negativa de exhibición denota la existencia del incumplimiento y la consecuente violación de la ley que genera la responsabilidad, según surge del propio párrafo siguiente.

La enunciación de la ley, en cuanto a los requisitos expuestos, es meramente enunciativa; aparece brindando ejemplos y deja en claro que la violación de las normas del derecho del trabajo y de la seguridad, incluyendo, obviamente, lo relativo a la extinción del contrato y las obligaciones de seguridad social, son, genéricamente expuestas, la violación de la obligación de garantía que crea la ley.

Es más, la norma expresa la garantía legal y sus consecuencias, generando una obligación "ex lege", cuando expresa: "El incumplimiento de alguno de los requisitos...," párrafo que completa la obligación expuesta, cuando señala:. y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes.".

Es que son obligaciones ex lege, aquellas cuya causa eficiente reside en el arbitrio del legislador, como por ejemplo la exhibición de libros de los comerciantes, en algunos casos, la exhibición de cosas, etc.

Se trata de la falta de registro que requiere la relación laboral en cuanto al cumplimiento de sus propias normas. He allí la obligación, seguida de su sanción, para el caso de incumplimiento, que es la solidaridad (ver, Ferreirós Estela Milagros, "El artículo 30 de la L.C.T.", publicado en revista Nova Tesis, Año 1, nº 4, sept./oct. 2007; ver también Karpiuk, Héctor Horacio, "La solidaridad del art. 30 LCT. Naturaleza y Efectos", comentario a fallo, publicado en Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Lexis Nexis, feb./2008, pág. 239).- Como indiqué al iniciar el voto, no tengo dudas de la responsabilidad solidaria de GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.- Ha quedado demostrado que el Sr. Cajal sufrió un accidente de trabajo mientras se encontraba colocando unas cámaras en el alumbrado de la autopista del Oeste (Peaje de Malvinas), sin ningún tipo de elemento de protección. También hay pruebas en el expediente de que en el año 2007 entre Autopista del Oeste (Grupo Concesionario del Oeste) y la empresa Teletránsito firmaron un convenio por el cual éste último dispondría algunos puntos para brindar imágenes del estado del tránsito sobre la autopista, siendo Dinamia contratista de Teletránsito. Sin embargo, precisamente la instalación de cámaras para obtener imágenes de la autopista, brindando un servicio público de información, resultan acciones que también tienden al objetivo de la codemandada, que explota la concesión de la autopista del Oeste, lugar donde el actor tuvo el accidente. Todo ello más allá de que de acuerdo a su estatuto su actividad principal y específica consiste en la "Realización de las obras de construcción, remodelación, mejoras, reparación y conservación del Acceso Oeste de la Ciudad de Buenos Aires, durante el plazo de la concesión." (v. fs. 316).- Finalmente cabe tener en cuenta que no exigió a su contratista el cumplimiento de la ley de seguridad e higiene de modo que debe responder en forma solidaria por el accidente sufrido por el actor (art. 30 cit.).-	Además, el evento dañoso ha ocurrido en territorio de la autopista, cuya custodia está a cargo de la accionada en cuestión.

Como consecuencia de todo lo expresado y analizado, entiendo que debe revocarse parcialmente el fallo de primera instancia y hacerse extensiva la condena allí dispuesta también a GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.- Las costas, en ambas instancias sugiero sean soportadas por todas las demandadas vencidas (art. 68 del Código Procesal); se confirmen los honorarios regulados a todos los profesionales a excepción de los correspondientes a la representación letrada de GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. que propongo se fijen en el 12 % del monto de condena con intereses (arts. 38 de la ley 18.345 y demás normas arancelarias) a excepción de los correspondientes al letrado de la demandada Grupo Concesionario del Oeste S.A. que propongo se fijen en el 12% del monto de condena con intereses y se regulen honorarios de alzada a la representación letrada del actor y a los demandados en el 35% y 25 % para cada uno de los demandados, respectivamente, de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).- EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

En cuanto al tema por el cual disienten mis colegas por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de mi distinguida colega la Dra. Estela Milagros Ferreirós y agrego:

Con relación al daño moral añado que cabe rememorar que "el daño moral consiste en una pretensión autónoma e independiente del despido, vale decir, tiene su causa fuente en un ilícito ajeno al contrato de trabajo que desborda los límites tarifarios y que debe ser resuelta en consecuencia, acudiendo a los principios generales del Derecho de Daños." (Isidoro H. Goldenberg: "El Daño Moral en las Relaciones de Trabajo", en "Daño Moral", pág. 265 "Revista de Derecho de Daños", Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1999).

"En efecto, las conductas lesivas a la dignidad, honor o reputación del dependiente por aseveraciones temerarias, descalificantes, ofensivas, de mala fe, divulgación de datos íntimos o situaciones penosas, no pueden quedar desguarnecidas de tutela legal por el sólo hecho de que las partes se encontraban ligadas por un contrato de trabajo" (Goldenberg, loc. Cit.).

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, el 31 de julio de 1979, en fallo donde llevó la voz el doctor Ricardo A. Guibourg, expresó: "Cuando -en ocasión de la ruptura del contrato o fuera de ella- el empleador incurre en conductas que causan perjuicio al trabajador desde el punto de vista extracontractual, es decir, cuando se causa un daño que resultaría indemnizable - aún en ausencia de una relación laboral - tal responsabilidad no puede verse condenada mediante el simple pago de la indemnización tarifada. Encontrándose la conducta genéricamente comprendida en los artículos 1072, 1078 y 1109 del Código Civil aún con total prescindencia del contrato de trabajo que le ha servido de contexto, compromete a su autor a la responsabilidad prevista por daño moral sin perjuicio del pago de la indemnización tarifada que corresponde al ámbito de los incumplimientos contractuales" (El Derecho, 29-07-80).

"La valoración del daño moral no está sujeta a cánones estrictos, correspondiendo a los jueces de la causa establecer su procedencia y el quantum indemnizatorio, tomando en consideración para ello la gravedad de la lesión sufrida y el hecho generador de la responsabilidad" (Cám. Nac. Cont. Adm. Federal, Sala I, 17-VIII-97:"Sandez, Marta Susana C/ Consejo Federal de Inversiones S/ Empleo Público").- Carlos A. Ghersi, en el libro primeramente citado, pág. 58, destaca la reformulación del daño moral en la Reforma de 1968, a partir del riesgo creado (Art. 1.113, segunda parte, párrafo segundo), la equidad (Art. 907, párrafo segundo), la buena fe (Art. 1.198, párrafo primero), y el ejercicio abusivo de los derechos (Art. 1.071), entre otras disposiciones, enfatizando que "esta corriente renovadora del derecho, con hondo contenido social, se acerca más al hombre en sí mismo y se aleja del economicismo como meta central de protección, que imperaba en Alberdi y Vélez".

Por otra parte, Jorge Mosset Iturraspe propone la sustitución del concepto de "daño moral" por el "daño a la persona", de mucha mayor amplitud y mayor compatibilidad con las orientaciones modernas del derecho (conf.: su trabajo: "Daño Moral. Noción. Crítica a la denominación. Daño extrapatrimonial. Daño a la persona", en loc. Cit. pág. 7 y ss).

La irrupción de los Derechos Humanos a partir de la posguerra de 1945 hizo sentir su creciente influencia en el Derecho Universal, comprendido nuestro país, que en la Reforma Constitucional de 1994 incorpora a la Ley Suprema " la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", cuyo Art. V dispone que "Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar"; "la Declaración Universal de Derechos Humanos", cuyo artículo 2º - 1 reza: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición", y otras normas de específica aplicación al sub lite (Art. 75, inc. 22, C.N.).

La propia Corte Suprema expresó, aún antes de la Reforma Constitucional que: "El daño moral tiene carácter resarcitorio y no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un accesorio de éste" (Autos: "Forni C/ Ferrocarriles Argentinos, 7/IX/89. ID:"Bonadero Alberdi de Inaudi C/ Ferrocarriles Argentinos" 16/VI/88).	A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal Resuelve: 1) Modificar parcialmente el fallo recurrido y hacer extensiva la condena a GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 2) Confirmar en todo lo demás que fuera materia de recurso y agravios, a excepción de las costas las que serán soportadas por todas las demandadas vencidas (art. 68 del Código Procesal) 3) Mantener los honorarios fijados en grado a excepción de los correspondientes a la representación letrada de la codemandada GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. que propongo se fijan en el 12% (doce por ciento)del monto de condena con intereses. 4) Imponer las costas de esta instancia a las demandadas vencidas. 5) Regular los honorarios de alzada a la representación letrada del actor y a los demandados en el 35% (treinta y cinco por ciento) y 25 % (veinticinco por ciento) para cada uno de los demandados, respectivamente, de los determinados para la primera instancia por su actuación en origen. (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.