marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Deberes del juez, interés superior del niño
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por G. A. V. y H. E. de M. en la causa B., C. y otro c/  s/ control de legalidad - ley 26.061
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-16

A la hora de definir una controversia, los jueces no deben omitir atender a las consecuencias que se derivan de ella a fin de evitar que, so pena de un apego excesivo a las normas, se termine incurriendo en mayores daños que aquellos que se procuran evitar, minimizar o reparar; conclusiones que adquieren ribetes especiales cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.
Intereses, temeridad o malicia, falta de contestación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: VALLEJOS ESTEFANIA NOEMI c/ INC. S.A. s/ DESPIDO POR CAUSALES GENERICAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-31

No cabe la aplicación de intereses agravados y previstos en el art. 275 de la LCT, puesto que si bien fue solicitado en la instancia de grado, no se advierte la existencia de alguna conducta de la demandada que fundamente la sanción allí dispuesta, tanto más cuando ni siquiera contestó la demanda y en mayor medida por ello es que triunfó la actora.
Accidente de tránsito, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Leiva, Miguel Angel c/ Independencia S.R.L. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-06-17

Es conteste la jurisprudencia en no admitir la existencia del agravio moral en los choques de automotores cuando solamente se producen daños materiales en los vehículos intervinientes en el hecho generador de la acción resarcitoria -siempre un accidente de tránsito produce, en los protagonistas, connotaciones psico-emocionales (disgusto, miedo, estupor), mas estas sensaciones desagradables no resultan lesivas de la personalidad como para merecer la satisfacción del agravio moral. En el caso, la parte recurrente solamente hace referencia a que se vio alterada "la" paz espiritual que todos tenemos derecho a gozar, sin mención ninguna al concreto menoscabo espiritual que pudo significarle la colisión. En consecuencia, es improcedente el reclamo originario, pues la generalidad de la descripción realizada al accionar forma parte del estado anímico a consecuencia de los riesgos que se afrontan diariamente por el uso de un medio que ha sido catalogado como peligroso, propio de la conducción y además de que todo daño real experimentado se ve reparado mediante el pago del perjuicio material, como lo ha decidido la sentencia que se impugna.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, cumplimiento de órdenes e instrucciones, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CACHEDA, OSCAR c/ PEIRES SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-04-19

Con el advenimiento del Derecho del Trabajo que surgió para regular una gran parte del espectro socio - económico de la realidad y más aún después de la sanción de la LCT., es incuestionable que 'algo' impide que se establezca una modalidad autónoma cuando en los hechos existe dependencia jurídica y económica: Basta leer los artículos 12, 14 y concordantes de la LCT. y en especial los artículos 1, 23, 24, 27 y 28 del mismo cuerpo legal.
Actualización monetaria, multa administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MERCURIO, NORBERTO Y OTROS c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-09

Como lo ha resuelto la C.S.J.N. en la causa: "Bruno Hnos.

S.C.A. c/ A.N.A.", del 12/5/92, la actualización resulta procedente respecto de las multas por cuanto ella no la hace más onerosa sino que mantiene el valor real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento, aún cuando se tratase de disposiciones posteriores al hecho de la causa.
Juegos de azar, QUINI SEIS, responsabilidad del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: GALIAN, ERNESTO Y OTRO c/ CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL Y/U OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRACTUALES   (EXPTE.: C.S.J. NRO. 127 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-29

El objetivo de evitar colusiones entre agencieros y privados no puede generar reglas que permitan que cualquier incumplimiento por parte de la organizadora quede exento de todo tipo de responsabilida d por los daños ocasionados.

Así, de ningún modo se pretende invalidar las cláusulas del reglamento que intentan asegurar el funcionamiento del sistema de juego, sino que se procura atender a las especialísimas circunstancias de cada caso a los efectos de propiciar un cumplimiento más estricto de la reglamentación vigente, promoviendo un control diligente y razonable del Estado respeto de sus permisionarios.

Dicha interpretación se propone conciliar las normas del derecho del consumidor, en particular las reglas relativas a cláusulas abusivas, con el referido carácter de "cláusulas exorbitantes del derecho privado" que ostentan las disposiciones del Reglamento del Quini 6.

Es que la ley de defensa del consumidor es plenamente aplicable toda vez que quedan obligados a su cumplimiento "todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios" (art. 2 , ley 24.240), entendiendo por tales a aquellas "personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social ... la prestación de servicios" (art. 1 ).

En rigor, se advierte entonces que la Alzada, al requerir que la adquisición del bien o servicio sea realizada con el fin de "satisfacer una necesidad propia, humana", ha introducido un requisito de aplicación de la norma que no resulta de las disposiciones de la ley, con menoscabo de garantías constitucionales, todo ello al margen de que se consienta o no que los juegos de azar "se inspiran en un aspecto puramente lúdico, o en el sólo afán de lograr una ganancia en dinero a través del juego". (De la Disidencia del Dr. Gutiérrez)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia, principio de congruencia, decreto de necesidad y urgencia, declaración de inconstitucionalidad, sentencia firme, leyes, interpretación de la ley, indemnización por incapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GROSSI MARCHISIO, OSCAR ALBERTO c/ PREVENCION ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-18

La interesada se empeña en alegar la arbitrariedad del pronunciamiento insistiendo en su presentación directa en sostener que la Sala se excedió en su competencia vulnerando así el principio de congruencia, mas sin lograr desmerecer lo afirmado por el Tribunal en la denegatoria en cuanto que no le asistió razón respecto a que llegó firme a esa instancia la declaración de inconstitucionalidad del DNU 669/19, desde que tales planteos se diluyeron a poco de revisar la expresión de agravios del actor, ya que el accionante al apelar cuestionó la exégesis que el juez de grado efectuó en relación al artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, refiriendo a la aplicación de dicha norma realizada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la jurisprudencia tanto del propio Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral -que había modificado su criterio en el tema- como de las distintas Salas de la Cámara de Apelación Laboral; y los sentenciantes aclararon que al resolver como lo hicieron, sólo aportaron argumentos tendentes a receptar la pretensión cursada por el demandante en dicha oportunidad y recalcaron que el método de cálculo dispuesto es prácticamente idéntico al propuesto por el actor según los precedentes a los que aludió; y seguidamente, en lo atinente específicamente al mencionado DNU 669/19, la Sala remarcó que no hubiese podido receptar el planteo recursivo del accionante sin disponer la constitucionalidad de la norma en cuestión. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 24557, artículo 12; DNU 669/19
Decreto de necesidad y urgencia, constitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pérez, Germán c/ Transportes Automotores La Plata S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

Sostener la vigencia del Dto. 260/97 sin una ratificación expresa del Poder Legislativo mediante sanción de la ley pertinente, sería violar la clara y concreta prohibición del art. 99 de nuestra Ley Fundamental, garantía de los derechos individuales y de la forma republicana de gobierno, como de la perdurabilidad del ejercicio equilibrado dentro de su propia esfera de los diferentes órganos del Poder en el Estado.
Defensa en juicio, derecho a la presencia del defensor, aplicación temporal de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., A.M.L. s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-23

Retrotraer todas las causas provinciales que se ventilan inconclusas porque el imputado no exigiera la presencia física de su defensor cuando pudo hacerlo, importaría la derogación de principios capitales, como el de preclusión, con daño a otros valores que trata de preservar el ordenamiento jurídico realizador, tributario también de bienes sociales.
Acción de amparo, viabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: BARRO STELLA MARIS c/ COLEGIO FARMACEUTICO DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO Y MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA - APELACION EN AMPAROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-01

El amparo se presenta como una excepcional vía por la cual se pretende encontrar protección a un derecho vulnerado de manera arbitraria y manifiesta; de ello se desprende, que quien alegue menoscabo de sus derechos, debe demostrar incansablemente el interés que tiene en que tal perjuicio sea reparado de manera definitiva.- MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuota alimentaria, impuesto a las ganancias
Materia: CIVIL
Carátula: K., A. A.- HOMOLOGACION DE CONVENIO s/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA (MODIFICACION DE PERCEPCION DE LA CUOTA) AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA (MODIFICACION DE PERCEPCION DE LA CUOTA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-02-27

Si lo pactado estaba referido a los ingresos del demandado, y éstos que disminuyeron al serle deducido el impuesto a las ganancias, alterando su capacidad económica que se vio empobrecida, desconocer ello, implica desequilibrar la ecuación tenida en miras al pactarse la cuota en la forma en que se lo hizo y la situación no es otra que la incluida en el uso judicial cuando se fija como cuota un porcentaje del salario "con la única deducción de los descuentos obligatorios de ley", por revestir el impuesto en cuestión ese carácter. Y sabido es, esa práctica usual procura favorecer a los alimentados, y propender a la economía, simplificación y celeridad procesal, así como también a la seguridad jurídica que otorga la claridad de parámetros a los cuales ajustarse
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-11


TS06I 30653 11-06-08 SALA VI EXPEDIENTE Nº 11.886/02-JUZGADO Nº 74 AUTOS: "ALANIS VIRGINIA C/ VACCA MANUEL ROBERTO S/ DESPIDO" Buenos Aires, de de 2008 VISTO:

El recurso de apelación deducido por el actor a fojas 420/428 contra la resolución de fs. 417/419 por la cual la Sra. Juez a quo admitió la reducción al 50% de los embargos recaídos sobre los inmuebles ante el divorcio vincular y disolución de la sociedad conyugal con efecto retroactivo al 7.07.1994;

Y CONSIDERANDO:

Que en atención al planteo en tratamiento se han remitido las actuaciones al Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quién se pronunció mediante dictamen Nº 46.381 de fecha 11 de junio de 2008 cuyo términos se comparten y en honor a la brevedad se dan por reproducidos.

Que tal como lo destaca el dictamen de referencia la sociedad conyugal no llegó a su etapa de liquidación con la debida partición y la inscripción registral. En tal sentido resulta aplicable el art. 5 de la ley 11.357 y por lo tanto la disolución de la sociedad conyugal no es invocable frente a un tercero acreedor ante la ausencia de inscripción registral ulterior a la partición que hace a la oponibilidad a terceros.

Que por ello corresponde revocar la resolución recurrida con costas a cargo de la Sra. Stella Maris Traficante, a cuyo fin se regulan los honorarios de los letrados que suscriben los escritos de fs. 420/428 y 434/438 en las sumas de $800 y $500 respectivamente, teniendo en cuenta el mérito, la importancia y extensión de sus trabajos (art. 38 L.O.).

Que en función de lo peticionado a fs. 467 notifíquese la sentencia con carácter de urgente.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1. Revocar la resolución apelada. 2. Imponer las costas de alzada a cargo de la Sra. Stella Maris Traficante (art. 68 CPCCN). 3. Regular los honorarios de los letrados que suscriben los escritos de fs. 420/428 y 434/438 en las sumas de $.. t $... respectivamente. 4. Notifíquese la sentencia con carácter de urgente.

Cópiese, regístrese, notifíquese y vuelvan.
Medidas cautelares, delitos informáticos, phishing, bancos, defensa del consumidor
Materia: PENAL-COMERCIAL
Carátula: Koslowicz, Alejandra Verónica y otro c/ Banco BBVA Argentina S.A. y otro s/ sumarísimo s/ inc. art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-16

Debe ser confirmada la resolución que ordenó preventivamente al banco que se abstenga de efectuar descuentos sobre la cuenta de la actora, vinculados con ciertos préstamos, dado que la contratación electrónica, con todos sus beneficios, conlleva también riesgos que, en principio, deben recaer sobre el banco, que no solo es el creador del sistema, sino también quien lo administra en términos que deben garantizar a los usuarios la seguridad de las transacciones que se efectivizan en tal marco (arts. 1107, 1396 y 1725 CCCN).
Acción de amparo, Administración Pública, facultades de la administración, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Unión   de   Usuarios   y   Consumidores c/ EN  Secretaría  decomunicaciones Dto. 764/00 s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-30

La circunstancia de que en la normativa no se haya establecido un plazo determinado para el cumplimiento de la obligación no es óbice para determinar la existencia de una omisión en cabeza de la administración accionada, toda vez que es facultad del Poder Judicial controlar la razonabilidad del actuar de la Administración, incluso en el ejercicio de sus facultades discrecionales (Cons. X).
Quiebra, extensión de la quiebra, grupo económico, sociedad controlante, sociedad controlada
Materia: COMERCIAL
Carátula: ENSINCK, JORGE (SU SUCESION) s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-23

Son requisitos para que proceda la quiebra por extensión de la controlante: a) que exista una persona controlante, que puede ser de existencia física o ideal; b) que exista una sociedad controlada fallida; c) que exista una dirección unificada que se traduce en el control jurídico o económico; d) que utilizando ese control se haya desviado indebidamente el interés social de la controlada en perjuicio de ella; e) que la desviación del interés social de la controlada lo haya sido en interés del controlante.
Daños y perjuicios, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Videla, Nicolás Ramón y otro c/ Municipalidad de Trenel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-02-17

La responsabilidad por riesgo desaparece cuando existe "culpa de la víctima". La doctrina más convincente sostiene, sin embargo que la eximente funciona aún en ausencia de "culpa" en el damnificado, bastando con que exista un hecho de la víctima-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba, trabajadores rurales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SOSA, JORGE OMAR c/ COSATTO, HUGO ALBERTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-05-30

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que la recurrente no alcanza a demostrar suficientemente un supuesto de arbitrariedad en la decisión de la Cámara de confirmar la sentencia de grado por considerar improponible el carácter permanente de la relación de trabajo agrario que vinculó a las partes; por cuanto no se revela un apartamiento de los extremos de la litis ni tampoco de las constancias de la causa, que si bien acreditan la existencia de un contrato de trabajo agrario (no cuestionada), de ningún modo revierten el carácter no permanente, sino que por el contrario prueban que las tareas que realizaba eran llevadas a cabo en épocas de cosecha. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 22248, Título I, artículos 14 a 18; Título II, artículos 77 a 84
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tidelco S.A. c/ Municipalidad de Pergamino s/ Demanda contencioso administrativa Pascual Bevaqua S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-15|1999-06-23

El instituto de los mayores costos reconocidos por el análisis concreto de los incurridos en cada obra, no constituye un mecanismo de indexación de los prohibidos por la ley 23.928, ya que carece de automaticidad y requiere la prueba efectiva de la mayor onerosidad sobreviniente.
Accionar policial, procedimiento policial
Materia: PENAL
Carátula: Pereyra, Cristian Darío s/ Resistencia a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-07-01

Corresponde declarar la nulidad del procedimiento policial realizado en el marco de un operativo de control efectuado en un colectivo, en donde se requisó al imputado y el contenido de su bolso, circunstancia en la que el acusado le habría propinado un golpe de codo a un agente policial, en tanto la requisa sin orden judicial ni motivos que hayan justificado la revisión del interior del bolso del encausado, en donde se halló un elemento comúnmente utilizado para picadura de marihuana, y el posterior examen del bolsillo de su pantalón, que llevó al secuestro de una sustancia "símil marihuana", resulta una extralimitación intolerable reñida con las exigencias constitucionales en materia de medidas coercitivas.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, impuestos, pago, código tributario municipal, leyes, interpretación de la ley, jueces, iura novit curia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Peters Hermanos Compañía Comercial e Industrial Sociedad Anónima c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia.   Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ Nº 161-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-04

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario para ante la Suprema Corte de la Nación que se intenta, si la aplicación -por parte de la Corte local- de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 58 del Código Tributario Municipal a efectos de concluir que no procedía la acción de repetición intentada por la accionante, de ninguna manera implicó alterar los presupuestos fácticos del caso, sino que en todo momento el fallo se atuvo estrictamente a tales presupuestos y en base a ellos determinó las consecuencias jurídicas que a la luz de las normas aplicables se derivaban. Sin perjuicio de todo ello debe agregarse que, conforme la regla del "iura novit curia" y respecto a la estructura normativa aplicable, el juzgador tiene no sólo la facultad sino el deber de interpretar y aplicar el derecho al caso concreto más allá de la invocación o no que de él hagan las partes, o de las posibles interpretaciones que de éste realicen. Por lo que, en definitiva, la argumentación de la recurrente en este punto no logra demostrar que el Alto Tribunal local se haya excedido del marco propio de su función jurisdiccional o que la solución arribada no se sustente racional ni jurídicamente con fundamento en los hechos del proceso y en el derecho aplicable.
Despido, discriminación, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: G. O. C. c/ M. A. S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-04

En el caso, el juez de primera instancia condenó a la demandada al pago del daño moral. Cabe confirmar dicha decisión. No actuó la accionada con los parámetros de un buen empleador ya que quedó acreditado que al reintegrarse la actora al trabajo, luego de su licencia por maternidad, sufrió un destrato o retrogradación de su jerarquía dentro de la empresa, sin una explicación razonable de la misma ni compensación que justificara la modificación, quebrantando el principio de lealtad que emana del art. 63 L.C.T. en la ejecución del contrato de trabajo, y que excedió el marco de sus facultades de organización y dirección en los términos de los arts. 64 y 65 L.C.T., con afectación de los derechos personales de la trabajadora (la actora se encargaba del marketing de la marca "Oreo" con proyección internacional, y al reincorporarse debió hacerse cargo del marketing de la marca "Cerealitas", con proyección sólo local). En circunstancias como la del caso, la ley no impide reparar un perjuicio superior al de la tarifa cuando de la conducta del incumpliente se desprende el ejercicio abusivo de un derecho. (Del voto del Dr. Raffaghelli, en mayoría).
Terceros, intervención de terceros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salome, David G. y ot. c/ Berridi, Leonardo R. s/ Cobro de pesos ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Constituye presupuesto de admisibilidad de la intervención adhesiva simple que el tercero tenga un interés jurídico en el triunfo de la parte con la cual coadyuva. Dicho interés debe entenderse en el sentido de que con la intervención aspira en todo caso el tercero a impedir que en la relación que media entre las partes principales se forme, contra la parte ayudada, un fallo que pueda de hecho obstaculizar el ejercicio práctico de un derecho del tercero, o que haga sentir sobre el derecho del tercero su eficacia reflejada, de allí que corresponda descartar, entre otros supuestos, la invocación de intereses morales. (Minoría u opinión personal)