Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-14


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 14 de 2009.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 1440/1451? El doctor José Luis Monti dijo:

I.- La sentencia de fs. 1440/1451, que ha sido apelada por ambas partes, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Ver Combustibles S.A. contra Y.P.F. S.A. por incumplimiento de un contrato de distribución y, a la vez, admitió la reconvención por cobro de pesos que dedujera la empresa demandada.

II.- Los hechos que precedieron a estas actuaciones se originaron en un contrato por el cual la actora se encargaba de la distribución de los productos de la demandada en una zona determinada y en forma exclusiva. En el escrito de demanda, la actora explicó que Y.P.F. había incumplido con el pacto de exclusividad al efectuar ventas directas a sus clientes, como así también con su obligación de venderle los productos al "mejor precio en planta de despacho". Tales incumplimientos le habrían irrogado perjuicios, por los cuales solicitó una indemnización comprensiva del daño material y moral por un total de $2.385.588.

III.- La demandada, al contestar, solicitó el rechazo de la acción y, a su vez, reconvino por el cobro de $ 186.455,61. Reconoció el contrato de distribución invocado por la actora, pero negó haber incumplido la cláusula de exclusividad, manifestando que la actora había prestado su consentimiento expreso para que contactara a sus clientes y que ello no habría ocasionado queja alguna durante tres años. También negó el alegado incumplimiento de vender al distribuidor a "mejor precio en planta de despacho", calificando de impreciso este reclamo.

Sostuvo que nunca había rescindido el contrato con Ver Combustibles, sino que ésta habría dejado de adquirir sus productos y, por lo tanto, de realizar actividades comerciales. Destacó, además, que la actora habría incumplido previamente el contrato, tras dejar de abonar los productos que le adquiría. Señaló como prueba de ello un convenio de "reconocimiento y refinanciación de deuda" suscripto el 15/1/98, que también habría sido incumplido a partir de la 12º cuota. En ese incumplimiento fundó la reconvención. Dijo que la actora no había abonado 36 de las 48 cuotas del citado convenio, y cierta suma proveniente de la operatoria de subcuentas. En cuanto al monto de la reconvención, advirtió que sólo reclamaba la suma resultante de restar el importe de una garantía hipotecaria otorgada por la actora, la cual sería ejecutada por la vía pertinente. Sobre esa base, cuantificó su reclamo en $186.455,61, más intereses.

IV.- La juez, con fundamento en lo dictaminado por la perito contadora, consideró acreditado el incumplimiento de la cláusula de exclusividad y fijó una indemnización en concepto de comisiones perdidas del 4% sobre las ventas realizadas por Y.P.F. a los clientes de la actora, hasta el 22/4/03, netas de impuestos. Desestimó la indemnización en concepto de venta de productos a un precio mayor al acordado y el daño moral, ambos por falta de prueba. También hizo lugar a la reconvención teniendo en cuenta el reconocimiento expreso de la deuda por parte de la actora. Impuso las costas de la pretensión a la demandada y las devengadas por la reconvención, a la actora.

V.- Apelaron ambas partes. Ver Combustibles critica la limitación del período de devengamiento de las comisiones, pues sostiene que debieran calcularse hasta octubre de 2005, según surge del peritaje contable. Cuestiona el dies a quo tomado por la juez para los intereses, expresando que debe fijarse desde la mora y no desde la interposición de la demanda. Finalmente, se agravia por los intereses fijados respecto de la reconvención, afirmando que la tasa dispuesta en el contrato sería usuraria, al superar incluso la tasa activa solicitada por la demandada.

YPF, por un lado, solicitó el replanteo en segunda instancia de la prueba pericial contable, con fundamento en que el peritaje presentado en autos no había respondido los puntos en conflicto. Por el otro, ensayó un cuestionamiento poco claro a ciertos puntos del fallo: (a) en cuanto al incumplimiento del pacto de exclusividad, señala que la a quo habría omitido considerar la nota donde la actora autorizaba a Y.P.F. a visitar a sus clientes, como una política tendiente a mejorar sus servicios, lo que habría acontecido sin objeciones de Ver por tres años; (b) que no haya tenido en cuenta que Y.P.F. no había resuelto el contrato con la actora sino que ésta habría incumplido el pago de las facturas, según surgiría del reconocimiento de deuda firmado el 15/1/1998, además de haber dejado de adquirir los productos a Y.P.F. desde comienzos de 1999; (c) la extensión temporal de las comisiones objeto de condena, pues según afirma el fallo reconocería créditos desde 1993, fecha anterior a la indicada en la demanda, pese a que la actora denunció el incumplimiento en enero de 1997; asimismo, dice que la a quo extendió la condena hasta abril de 2003, cuando las comisiones debieron cesar a lo sumo en diciembre de 1999, cuando Ver reconoció que habría cesado su actividad comercial con Y.P.F.; (d) insiste en su crítica al peritaje contable, considerándolo contradictorio y por estar mal calculadas allí las comisiones, ya que no se descontaron los impuestos, ni se utilizaron valores históricos, y no se tuvo en cuenta que los libros de la actora no estarían llevados en legal forma; (e) finalmente, cuestiona la imposición de costas.

VI.- Ante todo, corresponde considerar una cuestión liminar. La demandada solicitó el replanteo de la prueba pericial contable en segunda instancia. Sin embargo, su petición ha sido extemporánea (art. 260, Cód. Procesal). Por otra parte, no se presentan los supuestos previstos por el inciso 2º del artículo mencionado para habilitar la producción en esta Alzada, es decir, no se trata de una prueba denegada en primera instancia o por la que haya sido declarada negligente, toda vez que fue producida en fs. 539/580 (ampliada en fs. 1283, 1290 y 1303). Por lo tanto, a los fines de resolver el conflicto de autos, esta petición será considerada como una crítica más al peritaje realizado en autos.

VII.- Consideraré en primer término el recurso de la demandada porque sus agravios tienden a una revocación íntegra de la sentencia recurrida.

En una primera aproximación a la cuestión sub lite considero necesario poner de relieve que no se encuentra cuestionada la existencia del contrato de distribución que vinculara a las partes, sino más bien su cumplimiento por parte del fabricante. En particular, en esta instancia, la controversia se centra en el cumplimiento o no de la cláusula de exclusividad y, en su caso, el monto de condena.

El contrato de marras data de abril de 1993 y prevé a favor de la actora la exclusividad de la distribución de los productos de Y.P.F. S.A. en una zona geográfica determinada, individualizada como "zona IV" (cláusula 2.1 y anexo IV). La a quo concluyó en la existencia de un incumplimiento de esa cláusula por parte de la demandada, basándose en que de sus libros surgía la realización de ventas directas a los clientes de la actora. Este argumento no fue en rigor cuestionado por Y.P.F., la que circunscribe su crítica en que la juez de grado no habría valorado las notas donde la actora autorizaba a Y.P.F. a visitar a sus clientes.

A fin de examinar estos agravios expuestos por Y.P.F., cabe interrogar cómo se desarrollaron los hechos sub lite.

(i) Del relato de los litigantes surge que la relación se llevó a cabo con normalidad hasta que la actora habría incurrido en mora en el pago de ciertos productos adquiridos a la demandada. Si bien se halla controvertida la fecha exacta de ese incumplimiento (actora, ver fs. 174 vta.; demandada, fs. 170/4) la cuestión carece de importancia a los fines de este relato, pues constituye un hecho admitido que el 15 de enero de 1998 ambas partes firmaron un convenio de reconocimiento y refinanciación de deuda respecto de esa acreencia (ver fs. 68/72). Según se desprende de una nota enviada por la actora a YPF el 16/7/1998, con la firma de ese convenio la demandada le habría impuesto -verbalmente- ciertas restricciones a la distribuidora, tales como la absorción de cierta parte de sus clientes. En esa misma nota, Ver Combustibles solicitaba precisamente el reintegro de la totalidad de sus clientes a los fines de "retornar nuestra habitual operatoria comercial, en consonancia y con las restricciones que nos fueran informadas oportunamente al tiempo del acuerdo de pagos" (fs. 73/74).

Si bien YPF habría desconocido expresamente el contenido de esa nota, al contestar el libelo inicial, no así su recepción y ausencia de respuesta (fs. 173 vta.), al expresar agravios dijo que "no existió queja (...) respecto de la relación comercial sino hasta la nota del 16/7/1998" (fs. 1488 vta., ap. IX.4). Esta afirmación, como es obvio, importó un reconocimiento implícito pero inequívoco de los hechos afirmados por la actora en torno del contenido de la aludida nota y su incidencia en el reclamo objeto de autos.

No se trata sólo de una inferencia que conduce al reconocimiento de un hecho. Esa deducción coincide con el resultado del peritaje contable que la a quo tuvo en cuenta para asignar responsabilidad a la demandada, en cuanto informó la existencia de ventas a los clientes de la actora por un total bruto de $21.257.101,31, durante el período comprendido entre el 1/1/1997 y la fecha del peritaje, 18/11/2005 (fs. 578 vta., 2 b). Cabe resaltar que este punto no ha sido objeto de una crítica concreta y pormenorizada por la recurrente como era de esperar (ver fs. 613/5 y 1295/7).

(ii) Dentro de este panorama corresponde situar el agravio de la demandada relativo a ciertas notas por los que la actora la habría autorizado expresamente para la venta directa a sus clientes. Las comunicaciones a las que se hace referencia fueron remitidas por Y.P.F. y datan de los años 1994 y 1995. De ellas se desprende, sin embargo que el objetivo de las "visitas" por parte de YPF a eventuales clientes de la zona de distribución perteneciente a la actora, tenía como propósito atraer una mayor cantidad de clientes, como una nueva política de la comitente.

En efecto, una simple lectura de las partes pertinentes de esas misivas pone en evidencia esa circunstancia. En la primera se informa que "a partir de la fecha [19/10/1994], será necesario también para la apertura de nuevas cuentas, la visita al lugar de un representante comercial de nuestra compañía (...) con el fin de tener un mayor conocimiento de los nuevos clientes (...) en forma conjunta con un vendedor de vuestra agencia" (fs. 66). La segunda comunicación, del 28/9/1995, insiste en esa política, "implementando un programa de asistencia al asociado (...). Proponemos para ello un plan conjunto de visitas direccionadas (...) para transformarlos en clientes leales a la marca YPF (...)" (fs. 67). En esta última comunicación le informaban a la actora incluso las fechas de las visitas.

Como se advierte, las aludidas comunicaciones no pueden ser interpretadas en el sentido propuesto por la demandada. No sólo fueron emitidas unilateralmente por ella, sino que, además, el propósito ostensible transmitido a la distribuidora consistía en coadyuvar a una ampliación de su propio mercado en el que ésta operaba y, obviamente, seguiría operando, en forma exclusiva. Interpretadas pues en su claro sentido literal y dando a sus términos el alcance que corresponde en función de los usos del comercio y de la insoslayable pauta de la buena fe (arts. 217, 218 incs. 2 y 6, 219, Cód. Com. y art. 1198 in limine, Cód. Civil), esas misivas están bien lejos de contener una autorización a la concedente para que opere por sí sola en una venta directa a clientes en la zona de exclusividad reservada a la actora.

Una situación análoga tuvo ocasión de decidir este tribunal en varios precedentes (ver entre otros, "Giorgetti, Héctor y otro v. Georgalos Hnos. S.A.", 30/6/1993, LA LEY, 1994-D, 111; "Guimasol S.A. v. Lever y Asoc. S.A.", 6/6/1994, LA LEY, 1995-B, 170).

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que, en esta clase de contratos, la exclusividad aparece como uno de los aspectos característicos de la relación comercial (Rouillon, Adolfo A. N., Código de Comercio Comentado y Anotado, LLBs. As., 2005-II, 711 y ss.), de manera tal que la interpretación restrictiva que impone el art. 874 del Cód. Civil respecto de los actos que puedan conducir a una renuncia de derechos, aparece aquí reforzada por la configuración propia de la modalidad contractual. En el sub lite era entonces exigible, con mayor razón, una prueba clara y precisa de la renuncia expresa a su derecho por parte de la actora, hecho que la demandada no probó en modo alguno (conf. art. 377, Cód. Procesal y art. 874, Cód. Civil).

Finalmente, es dable agregar, en concordancia con lo señalado por la a quo, que la demandada no alegó al contestar demanda que la actora hubiese incurrido en un incumplimiento de las condiciones previstas en la cláusula de exclusividad, tales como la atención deficiente por parte de la distribuidora, o la provisión a clientes que no pertenecieran a Ver Combustibles (fs. 49, cláusula 1.6), situaciones que hubieran podido habilitar esas ventas directas. Sólo lo señala ahora vagamente en su expresión de agravios, sin desarrollar un fundamento claro al respecto. De esta forma, conforme la directiva del artículo 277 del Código Procesal, se encuentra vedado su tratamiento en esta instancia.

En conclusión, considero que corresponde desestimar este agravio de la demandada y confirmar la sentencia en lo que a este punto se refiere.

VIII.- Establecida así la configuración del incumplimiento de la cláusula de exclusividad, por parte de Y.P.F., cabe ahora examinar sus agravios concernientes al monto de la indemnización.

Un primer aspecto que cuestiona a la sentencia de grado se vincula con la extensión temporal de la condena. Dice que la a quo reconoció el derecho a las comisiones desde el año 1993, cuando la actora había sostenido que el incumplimiento se produjo en enero de 1997. También objeta la extensión hasta el 22/4/03 con base en que la sentencia incurrió en error en cuanto al momento en que se produjo el distracto.

(i) En lo que respecta a la fecha de inicio de las comisiones adeudadas es preciso aclarar que la a quo remitió al dictamen pericial (fs. 1449, considerando 7). De la respuesta 2 b) del peritaje contable se desprende que el lapso de cálculo tomado por la contadora va desde el 1/1/1997 hasta la fecha del informe (fs. 578 vta.), por lo que no le asiste razón a la recurrente cuando critica que en la condena se incluyeran indebidamente comisiones desde el año 1993, porque no es ello lo que surge del peritaje contable, en que se basó la sentencia. Hay aquí una probable confusión de la recurrente, porque al responder otro de los puntos de pericia ofrecidos por la actora, la experta realizó un detalle de las comisiones percibidas por Ver Combustibles como distribuidora de Y.P.F. desde el año 1993 (ver peritaje, resp. 1 b). Pero esa respuesta tiene otra finalidad y la fecha allí indicada no tiene relación con el cálculo de las comisiones que reclama la actora. Por consiguiente, el agravio deviene estéril y carente de sustento en la causa.

(ii) A los fines de establecer la fecha hasta la cual corresponde computar las comisiones objeto de condena, es necesario previamente analizar el agravio referido a la resolución del contrato de distribución. Según la a quo, éste no había sido resuelto por ninguna de las partes, por lo que aplicó el plazo de 10 años previsto en el contrato. La demandada critica este punto y sostiene que la ruptura se habría producido: en primer lugar, con la mora en el pago de las facturas, y en su defecto, con la ulterior falta de pago del convenio de refinanciación, por lo que sería aplicable la cláusula 8º del contrato que disponía la "rescisión" (rectius: resolución) automática ante la falta de pago puntual de las deudas de la distribuidora.

Dada la atipicidad propia del contrato de distribución, su conclusión se opera por las circunstancias que son comunes a todo vínculo contractual. En el caso, como quedó expuesto ut supra, existieron incumplimientos recíprocos de ambas partes: la demandada trasgredió la cláusula de exclusividad, mientras que su co-contratante incurrió en mora respecto del pago de las facturas.

Ahora bien, más allá del impedimento que surgiría de la posición correspectiva de ambas partes, en virtud de lo dispuesto por el art. 510 del Código Civil, esa situación parecería haber quedado superada con la firma de un convenio de "reconocimiento y refinanciación de deuda" del 15/1/1998. Este acuerdo habría puesto fin, entonces, a los efectos de ese estado moratorio recíproco, en cuanto habría importado una renuncia común (ver: Enrique V. Galli, "Tratado de Derecho Civil Argentino-Obligaciones" de Raymundo M. Salvat, t. I, pág. 121 nº 110-a, TEA, Bs. As., 1952), al par que demostraría la voluntad de ambas partes de continuar con la relación comercial (art. 218, inc. 4, del Código de Comercio).

Pero he aquí que, poco tiempo después, resurgieron los conflictos entre las partes. Lo exterioriza la nota remitida el 16/7/1998 por la actora a YPF por la que le reclamaba retornar a la normalidad de la operatoria comercial (ver fs. 73/74), lo que significaba claramente la cesación de las ventas directas por parte de YPF a clientes considerados dentro de la órbita de la distribuidora. Ya se ha dicho que esa nota debe considerarse finalmente reconocida y, en todo caso confirmada por el dictamen pericial.

Simultáneamente, a principios de 1999, la distribuidora cesó en el pago de las cuotas acordadas en el convenio de refinanciación. Esta situación derivó, como era de esperar, en un deterioro de la relación comercial. Ésta, al parecer, se habría extinguido definitivamente a fines de ese mismo año, según lo admitió expresamente la actora (ver fs. 149).

En este punto, es preciso señalar que la tesitura sostenida por la demandada en su memorial de agravios vinculada con una virtual resolución automática del contrato que intenta basar en la cláusula 8º, pto. 2 del convenio originario y en la cláusula 3º del convenio de refinanciación de deuda, carece de apoyo fáctico. En efecto, los hechos nuevamente superaron la posible operatividad de esas cláusulas contractuales, en la medida en que resurgieron los incumplimientos recíprocos que obstaban a la configuración de un estado moratorio imputable a una sola de las partes. La situación quedó nuevamente enmarcada en la mora recíproca que prevé el art. 510 del Cód. Civil, correlato anticipatorio del supuesto contemplado en el art. 1201 del mismo código.

Desechada así la operatividad del pacto comisorio, es preciso estar a las ulterioridades de la relación entre las partes. En tal sentido, la actora manifestó expresamente al contestar demanda que, a fines de 1999, se había extinguido totalmente la relación comercial (fs. 149). Lo mismo surge de los planteos liminares de ambos litigantes, de los que es dable extraer que el objeto de la relación negocial, configurada como un contrato de ejecución continuada, se había ya frustrado al momento en que la distribuidora dejó de adquirir los productos de YPF.

En ese contexto, no es posible soslayar un cierto grado de incertidumbre en torno del momento preciso de agotamiento del vínculo comercial. Las expresiones de las partes, contrastadas con los datos que se extraen de la causa permiten concluir que el distracto era ya un hecho cierto a comienzos de 1999. En rigor, no hubo comunicaciones fehacientes que permitan fijar un hito temporal, pero a fin de superar ese hiato parece razonable tomar ese momento como punto de partida y computar desde enero de 1999 el lapso de preaviso de un año que las mismas partes habían fijado en la cláusula 5º, 2do. párr. in fine del contrato originario.

Así las cosas, sobre la base del stándard de buena fe (art. 1198, Cód. Civil), no corresponde extender mas allá los efectos jurídicos de la relación, en tanto la secuencia de los hechos lleva a concluir que el vínculo había quedado extinguido en la ocasión ya señalada, de manera que la ultraactividad de las comisiones pactadas no podría extenderse hasta el momento fijado por la a quo.

En virtud de lo expuesto, corresponderá tomar como límite temporal hasta el cual habrán de computarse las comisiones en cuestión, el mes de enero inclusive de 2000.

En suma, cabe hacer lugar parcialmente a este agravio de la demandada y modificar la sentencia para que, en la etapa oportuna, se recalcule el monto de condena por comisiones hasta la fecha indicada.

IX.- La demandada se agravia, asimismo, manteniendo sus impugnaciones al peritaje contable, porque la experta habría incluido indebidamente en el cálculo de las comisiones perdidas, ciertos impuestos tales como el ITC (impuesto a la transferencia de combustibles) y el IVA. Sin embargo, se trata de otro agravio fallido, pues la a quo dispuso claramente que las comisiones serán computadas "netas de impuestos" (fs. 1449). Además, al contestar el pedido de explicaciones, la perito contadora afirmó que las "las comisiones del Anexo III fueron calculadas sin tomar el IVA y el ITC" (fs. 1290), lo que deja sin base de sustentación esta queja.

Tampoco es susceptible de causar agravio a la apelante la cuestión suscitada en torno de los libros de la actora en cuanto a que no estarían llevados en legal forma. Si bien esa circunstancia se desprende del peritaje contable y de las respuestas a los pedidos de explicaciones (fs. 1290, y 1303, pto. 1), lo cierto es que las comisiones fueron deducidas de los libros contables de la parte impugnante (YPF), de modo que no podría ésta invocar gravamen alguno al respecto.

X.- Corresponde ahora analizar los agravios de la parte actora. En primer, lugar cabe desestimar el que tiende a extender el hito temporal de las comisiones, por los motivos señalados en el considerando VIII, (ii).

En lo que atañe al dies a quo de los intereses sobre el monto objeto de condena, es preciso observar que en ningún momento sostuvo la actora que se hubiera pactado la mora automática para el pago de las comisiones. Tampoco demostró haber intimado fehacientemente a YPF a cumplir con sus obligaciones y constituirla así en mora (art. 509, 2º párr., Cód. Civil). Por lo tanto, teniendo en cuenta además lo expresado en punto a la incidencia en el caso del art. 510, C. Civil, corresponde confirmar la sentencia en este punto, en cuanto dispuso que los intereses deberán computarse desde la interposición de la demanda.

Finalmente, la actora cuestiona los intereses aplicados sobre el monto de la condena contenida en la reconvención, por considerarlos usurarios. En este sentido, el tribunal tiene resuelto que, en virtud de la facultad reconocida a la jurisdicción de morigerar los intereses, cualquiera fuese su carácter, cuando la alícuota resulte excesiva, cabe fijar como límite máximo admisible el doble de la tasa percibida por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento correspondientes a la moneda de que se trate, durante el lapso en que se devenguen esos intereses -arg. art. 622, Cód. Civil- (esta Sala, in re "Banco de la Provincia de Buenos Aires c. Zetone y Sabbag", 31/12/97, entre muchos otros). Por lo tanto, corresponde hacer lugar a este agravio en cuanto la tasa exceda el límite máximo dispuesto.

XI.- Por último, en lo que respecta a las costas de primera instancia devengadas por la admisión de la demanda, que fueron materia de apelación por YPF, corresponde mantener lo dispuesto por la a quo en el sentido de que deben ser soportadas por la demandada, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68, incs. 1º y 2º, Cód. Procesal). Las costas de esta instancia, en cambio, en virtud de la forma en que se propone decidir los recursos, serán distribuidas en un 80% a cargo de la demandada y el 20% restante a la actora (art. 68, 2do. párr. y 71, Cód. cit.).

XII.- Por lo expuesto, si mi criterio fuera compartido, corresponderá confirmar la sentencia en lo sustancial, con las modificaciones que surgen de los considerandos VIII (ii) y X. Las costas de esta instancia se regirán por lo expuesto en el considerando XI. Así voto.

Los doctores Juan Manuel Ojea Quintana y Bindo B. Caviglione Fraga adhieren al voto anterior.

Y Vistos: Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada, con las modificaciones que surgen de los considerandos VIII (ii) y X. Las costas de esta instancia se imponen el 80% a la demandada y el 20% a la actora.

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana actúa conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 542/06 del Consejo de la Magistratura y Acuerdo del 15/11/06 de esta Cámara de apelaciones. - José Luis Monti. - Bindo B. Caviglione Fraga. - Juan Manuel Ojea Quintana.