marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Caballero, Bernardo Luis c/ Tubos y Perfiles S.A. Industrial y Comercial s/ Enfermedad accidente y despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

Debe anularse de oficio el pronunciamiento del tribunal del trabajo que, al no realizar el análisis que es menester de acuerdo con los reclamos articulados y hechos acreditados renuncia al deber procesal de determinar en el veredicto las cuestiones esenciales para resolver la litis, lo cual resulta incompatible con un adecuado servicio de justicia.
Acción, mora de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Petterson, Ernesto D. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

Al existir una resolución expresa no cabe analizar si en el caso se configuraron o no los requisitos que exige el art. 7° del C.C.A.

para presumir la existencia de un acto denegatorio tácito, presunto o ficto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Partidos políticos de distrito, personalidad política
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Comunista s/ personería (caducidad art. 50 inc. c Ley 23.298) Partido Socialista s/ personalidad política (caducidad art. 50 inc. c ley 23.298) Incidente de caducidad en autos: Es Posible s/ reconocimiento - Capital Federal art. 50 inc., c y e de la ley 23.298 Incidente de caducidad en autos caratulados Partido Obrero - distrito s/ solicita reinscripción de personería jurídico política Incidente en autos: Partido Comunista s/ reconocimiento como partido de distrito - art. 50 inc. c) ley 23.298 - caducidad de personería
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-02|2010-12-21|2010-12-21|2010-09-09|2010-06-24

El reconocimiento como partido de distrito habilita a la agrupación a actuar en ese ámbito geográfico (cf. Fallos CNE 874/90; 885/90; 895/90; 898/90; 1405/92; 1711/94; 1729/94; 1732/94; 1754/94; 1773/95; 1828/95; 2054/95; 2107/96 y 2188/96, entre otros), postulando candidatos a senadores y diputados nacionales. De allí que el mínimo de votos requerido para mantener la personalidad política no pueda sino computarse en el distrito en el cual el partido se halle reconocido (cf. Fallos CNE cit.).
Expropiación, responsabilidad del Estado, abuso del derecho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Carabassa, Isidoro c/ Provincia de Río Negro s/ Daños y perjuicios s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-09-08

En autos, si bien el Estado tenía la facultad discrecional de concretar o no la expropiación en el caso dicha conducta o actitud de indefinición aparece como abusiva (art. 1071 del Cód. Civ.), en función de que el estado tenía conocimiento detallado de la situación en la que se encontraba el demandado, constituyendo como bien lo expresara el "a quo" una obligación jurídica primaria de todo sujeto de derecho la de evitar un daño innecesario a otro. En el caso, era razonable esperar que el Estado actuara, en uno u otro sentido, a fin de evitar el daño finalmente ocasionado. Sólo el ejercicio regular del derecho de no hacer no provoca responsabilidad del omitente.
Contratos innominados, jugador de fútbol, pase a préstamo
Materia: LABORAL
Carátula: Simón, Juan Ernesto c/ Club de Gimnasia y Esgrima de la Plata s/ Cobro ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-23

Es posible reconocer, con ciertas limitaciones, la existencia de un contrato innominado según el cual un particular puede, como cesionario, participar del beneficio líquido sobre el resultado que produzca la transferencia entre clubes de los contratos laborales de jugadores profesionales. El club titular del derecho federativo y del derecho económico inherente al anterior, puede desprenderse solamente de este último, mediante cesión, a favor de un tercero, que se caracterizará como un contrato aleatorio (art. 2051, Código Civil), de cumplimiento condicional (arts. 527 y 528, ley de fondo) y que podrá tener diversas modalidades (arts. 1435, 1363, 1424 y concdts.; siempre del Código Civil), pero nunca podrá verse afectada la dignidad de la persona del jugador, ni reducidos o limitados los derechos que tiene como trabajador. Cualquier cláusula que restrinja tal dignidad o tales derechos, así como toda estipulación mediante la cual el inversor intente manejar la disponibilidad del jugador, han de considerarse cláusulas abusivas, contrarias a la buena fe e ilegítimas, a la luz de lo prescripto por el Estatuto del Futbolista Profesional (ley 20.160), por la ley 20.744, por la Convención Colectiva 430/75, por los arts. 953, 1071, 1198, 1445 y concdts. del Código Civil y, por sobretodo, de lo garantizado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y art. 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (doctor DE LAZZARI, minoría).
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, daño material, incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: VERON, VICTOR Y OTRO c/ LOS CUATRO ASES SA. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-19

En el ámbito de la acción de derecho común, ajena a toda idea de tarifación de las indemnizaciones, la eficacia vinculante de los baremos del Decreto Reglamentario de la ley 9688, se reduce al nivel una simple guía de la importancia relativa de los diversos tipos de lesiones y secuelas incapacitantes.
Contrato de trabajo, chofer de colectivos
Materia: LABORAL
Carátula: AGOSTENA, JORGE c/ EMPRESA DE TRANSPORTE OBISPO SAN ALBERTO  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Por las particularidades que reviste la forma societaria atípica, denominada de componentes, existente entre los choferes de colectivos de transporte automotor, es necesario, a los fines de calificar la relación habida entre las partes, contrastar la modalidad operativa con los supuestos condicionantes que informan los arts. 23, 5 y 27 de la LCT. Esto es así en tanto generalmente estos trabajadores poseen la propiedad total o parcial de las unidades que conducen y las empresas concesionarias de líneas adjudicadas al efecto, y además administran la prestación del servicio, lo cual genera una situación jurídica que tiene como marco una zona gris
Competencia contencioso administrativa, habilitación de instancia, reclamo administrativo previo
Materia: PROCESAL
Carátula: D. M., B. D. C. c/ MUNICIPALIDAD DE RAWSON s/ COBRO DE HABERES E INDEMNIZACIÓN DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-30

Para determinar la concurrencia de los presupuestos de admisibilidad de la acción contencioso administrativa cabe tener presente que el art. 135 y ss. de la ley XVI nº 46 (antes ley 3.098) establece que no corresponde sustanciar recursos sin que, previamente, se acredite: 1) el agotamiento de la vía administrativa, 2) la denegación expresa o tácita y 3) la interposición del reclamo en plazo útil, pues esto -en tanto pertinente- hace a la habilitación de la instancia judicial.
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, presentación espontánea del imputado, declaración indagatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GAGGERO, REINALDO PEDRO s/ Sistema integrado de  jubilaciones y pensiones, incidente de prescripción de la acción penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-12

1 - Debe revocarse el auto que sobreseyó al imputado por prescripción de la acción penal que el Juez fundara en que las providencias adoptadas por su parte al disponer la convocatoria del imputado hacían referencia de las disposiciones de la ley procesal que se refieren a la presentación espóntanea de los imputados y no a las que contemplan la declaración indagatoria, pues tal fundamentación resulta inadmisible dado que si el Juez citó a aquel no se trata de ninguna presentación espontánea y la mera invocación ritual de ciertas normas no tiene virtualidad para transformar una cosa en otra.- 2 - Además, la misma ley procesal establece la equivalencia de ambas clases de declaración, pero más allá de la discusión si esas actuaciones tuvieron o no el valor de "declaración indagatoria" y bastante evidente que cuando un imputado declara ante el Juez que instruye el proceso con todos los resguardos procesales previstos, eso constituye una declaración indagatoria cualquiera sea el nombre con que se llame en la jerga tribunalicia, lo que da valor y eficacia interruptiva del curso de la prescripción por lo cual, a partir de tal declaración, en el caso, se interrumpió el cómputo del plazo de seis años que no volvió a transcurrir desde ese entonces.
Corrupción de menores, abuso sexual, daño psíquico
Materia: PENAL
Carátula: MARTINESE, Luisa Leonor. s/ DESESTIMACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-30

El atentado a la integridad sexual de un menor requiere, en principio, el empleo de medios corruptivos aptos para determinar la depravación de su conducta sexual. Corresponde desestimar la denuncia por inexistencia de delito si no se han empleado los medios corruptores necesarios como para causar el efecto psicológico o la modificación psíquica requerida en la figura y menos aún, que se haya conformado el aspecto subjetivo exigido por la norma pues ni la madre ni la terapeuta actuaron con intención de prostituir o promover la corrupción de la menor (*).
Acto administrativo, notificación, comuna, personal municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Baiocco, Omar Antonio c/ Comuna o Comisión de Fomento de Acebal s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 164-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-17

En los casos de notificaciones, la forma prescripta es - casi sin excepción- la escritura en forma expresa. La obligación genérica de la escritura puede resultar también implícitamente de la naturaleza del acto mismo. En tales condiciones, resulta indudable que -en el caso-, el acto mediante el cual se pone en conocimiento del agente su retrogradación en la carrera administrativa y, consecuente, la reducción de remuneración debió llevar la forma escrita o por lo menos, otra que asegure el conocimiento por parte del agente de los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión. Analógicamente, puede verse en la propia ley 9286 que la regla es la notificación escrita describiéndose todas las formalidades con que debe efectuarse, y reservándose la verbal sólo y exclusivamente para aquellos casos en que se cite para prestar declaración.
Resolución del contrato, ejecución por otro, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARLOS AUGUSTO VANASCO c/ ARQUITECTO HELLY NAMMAD Y ASOCIADOS  S.R.L. s/ RESOLUCION DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-28

Si se decretó la resolución del contrato es inadmisible su ejecución por un tercero, lo que conduce al rechazo de la pretensión resarcitoria de la diferencia de precio entre lo abonado y la que existiría respecto del pago del tercero.
Tratados internacionales, extradición, cooperación internacional
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Meli, José Osvaldo s/ infracción ley 1612.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

Corresponde revocar la sentencia que rechazó la extradición entre otros motivos por la falta de seguridad de que el tiempo de detención sufrido en el país se compute en el proceso seguido en Italia, con el sólo fundamento de la ley 24.767, lo que implicó crear una condición que el tratado aplicable no contiene, con desconocimiento de la reiterada jurisprudencia de la Corte, según la cual la extradición debe ser acordada sin otras restricciones que las que imponga el tratado, debiendo dejarse sin efecto las condiciones incluidas en normas de derecho interno que aquél no prevé por ser ajenas a la voluntad de las partes (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno y Antonio Boggiano).
Aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: EGIDO, CUSTODIO MARIANO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso extraordinario -recurso contencioso administrativo (Expte.:  C.S.J. N. 204 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-02

Si bien es plausible la intención de mitigar el rigorismo de la ley en materia previsional cuando lo consienta una razonable interpretación del derecho aplicable, no cabe decir lo mismo cuando tal propósito sólo puede cumplirse al precio del apartamiento de la norma en debate, dado que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Craviotto, Gerardo Adolfo y otros c/ Estado Nacional - PEN - Mº.de Justicia de la Nación s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

Es misión del intérprete indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad del legislador, pues sea cual fuere la naturaleza de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquélla.
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, honorarios, regulación de honorarios, recurso de apelación (procesal), iura novit curia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ WERTHEIN, GREGORIO Y OTROS s/ EXPROPIACION     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     CSJ EXPTE NRO 199-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-07-05

Aun cuando se acudiera al principio "iura novit curia", no puede prosperar, la pretensión de los quejosos de que la originaria apelación interpuesta contra la resolución de honorarios efectuada por la Cámara, se interprete como recurso de inconstitucionalidad, desde que tal impugnación no reunía en lo más mínimo los requisitos exigidos por el artículo 3 de la ley 7055. Por ello, debe declararse inadmisible la queja, advirtiéndose además, que si sólo hubiera sido un error semántico en la denominación del recurso, su denegatoria hubiera debido provocar la presentación directa ante esta Corte, lo que no ocurrió en el caso.
Pago parcial, abuso del derecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Franco, Roberto por Compañía Financiera SIC SA. s/ Casación. Pago Parcial.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-10-15

No hay abuso del derecho conferido por el artículo 742 CCI en el acreedor que, habiendo ya retirado como pago parcial del artículo 743 CCI, la cantidad líquida constituída por el tope nominal de la hipoteca, se niega luego a percibir nuevos depósitos parciales, cada uno de los cuales pretende cancelar la indexación de dicho tope, desde que se habían generado cuestiones que obstaban a la determinación de tal remanente mediante simple operación aritmética.
Accidentes de trabajo, comisiones médicas
Materia: LABORAL
Carátula: Pabon Rafael Lucas  c/ Prevención ART S.A.  s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-03-13

Los trabajadores deberán: 1) Recurrir a la CM para que se expida sobre la existencia de la contingencia, y/o naturaleza laboral o no de la contingencia denunciada, y a efectos de que se pronuncie sobre por el porcentaje de incapacidad y prestaciones en especie, si la hubiere. 2) Si el trabajador no acepta el dictamen de la CM (porque no reconoció la contingencia en los términos del art. 6 de la ley 24.557, o porque se disconforma con el porcentaje de incapacidad dado), puede incoar directamente ante la justicia del trabajo, la acción laboral ordinaria (art. 5, ley 10.532), sin que para todo ello se tenga que agotar el trámite ante el servicio de homologaciones de la CM, siendo inconstitucional que se obligue al trabajador a agotar el mismo, pues el art. 2 del anexo I de la ley 27.348, en cuanto obliga a ello, viola el art. 65 de la Constitución Provincial. 3) Si el trabajador consiente el porcentaje de incapacidad establecido por la CM, debe pasar obligatoriamente a la siguiente etapa -Servicio de Homologación-, y si no acepta el ofrecimiento por el motivo que sea -IBM, montos, intereses, etc., puede iniciar la acción judicial ordinaria -art. 5 ley 10.532-, pero en el ámbito judicial tanto el accidente como la incapacidad ya se tendrán por reconocidos. 4) Si el trabajador acepta el porcentaje de incapacidad de la CM y consiente también el ofrecimiento -en dinero o de prestaciones- en el ámbito del servicio de homologaciones, la cuestión adquirirá los efectos de la cosa juzgada en los términos del art. 15 de la LCT si cumple con los requisitos del mismo, conforme al diseño previsto por el art. 2 apartado b) de la ley 27.348 (Voto Romero, en disidencia. Minoría)
Sentencia, fundamentación de sentencias, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Facal, Bernardino s/ Denuncia de accidente. Diaz, Celestino
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

Debe anularse de oficio la resolución recurrida que adolece de absoluta falta de fundamentación respecto de las normas aplicadas para llegar a las regulaciones que determina resultando inatingente a dicho fin la solitaria cita de los artículos 54 de la ley 8904 y 12 de la ley 6716, lo que imposibilitaría el eventual control por vía de inaplicabilidad de ley, además de constituir clara infracción al artículo 159 de la Constitución de la Provincia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ghys de Pezzatti, María Clara y otros c/ "Luis Lillo y Cía. S.A." y otros s/ Nulidad de asamblea y acción social de responsabilidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

La simple remisión a un escrito no satisface la exigencia de fundar la decisión y en la medida en que impide el cabal conocimiento del recurso de inaplicabilidad de ley debe anularse de oficio.
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: CARBAJAL, J. C. s/ INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN DE ACCIÓN PENAL. Causa 10.080 PENAL. Causa 10.080
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

El impugnante aduce ataque a garantías constitucionales pero no señala cómo y donde surge el agravio, ni demuestra la relación directa entre las supuestamente violadas y lo que fuera materia de debate, de donde el recurso extraordinario interpuesto no encuadra dentro de las previsiones del art. 15 de la ley 48.
Accidentes de trabajo, fondo de reserva de la ley sobre riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez Julieta Andrea c/ Aseguradora de Riesgos del Trabajo Interacción SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-08

La responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en tanto administradora del Fondo de Reserva previsto en el art. 34 L.R.T., alcanza a los intereses y costas de acuerdo con lo dispuesto en el Plenario N° 328, en autos "Borgia, Alejandro Juan c/Luz ART s/accidente-ley especial" (Criterio mayoritario actual de la Sala sostenido por la Dra. Marino y la Dra. Craig (jueza subrogante). El Dr. Arias Gibert, adhiere por razones de economía procesal, pues considera aplicable al tema el decreto 1022/2017 que dispone que "...la obligación del Fondo de Reserva alcanza al monto de las prestaciones reconocidas por la ley 24.557 y sus modificatorias, excluyéndose las costas y gastos causídicos." Sostiene que el rol del Fondo de Reserva creado por la L.R.T. se ciñe a garantizar las prestaciones debidas por el sistema de la ley 24.557 en caso de liquidación de la A.R.T. y no a garantizar a la aseguradora liquidada).
Jubilaciones, gravamen actual, agravio concreto, docentes, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Puente Dafne Elina c/ GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedi-do" y su acumulado, expte. 8411/11: "GCBA s/  queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Puente Dafne c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)". s/recurso de inconstitucionalidad concedi-do" y su acumulado, expte. 8411/11: "GCBA s/  queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Puente Dafne c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)".
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-21

La cuestión no se centra en la futura jubilación de la docente, sino en su situación laboral presente, de modo que la actora es una docente que revista en calidad de activa, y que tiene derecho a mejorar sus condiciones de trabajo, salario, grado, etcétera, hasta que ella decida jubilarse, o se encuentre en condiciones de ser obligada por su empleador (el Estado local) a iniciar los trámites.
Nulidad del acto jurídico, menores, falta de intervención
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez, Oscar Elías c/ Vivas Hnos. Sociedad de Hecho y otros s/ Ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-04-26

Denunciada y acreditada la minoridad de los coejecutados, el juez debió disponer la intervención y correr vista al Ministerio Pupilar de lo actuado en nombre de los menores por su madre, por lo que la nulidad respecto de aquellos es incuestionable.
Confirmación de sentencia, ejecución de sentencia, seguros
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Resguardo Cía Arg. de Seguros  c/  s/ liquidación forzosa s/ devolución de compañía s/ incidente de ejecución de sentencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

Cabe confirmar la resolución en la que el juez de grado autorizó a la letrada a continuar con la representación residual de la compañía de seguros liquidada ante el fallecimiento de quien revestía el carácter de presidente del directorio. Ello por cuanto, lo importante aquí es que el magistrado interviniente, como director del proceso (LCQ 274), debe resguardar los intereses de la masa. Y este incidente es la principal acción de recomposición patrimonial; tiene resuelta la cuestión de fondo y sólo le resta la ejecución del crédito adeudado por la Superintendencia de Seguros. El juez tiene que tomar las medidas necesarias para que ello se cumpla; y dentro de ese mandato se debe incluir la necesidad de procurar una adecuada representación de estos intereses. En este contexto, se observa como prudente y adecuada la decisión de permitir la intervención de dicha letrada, en tanto es una profesional que no ha sido ajena a este proceso dado que ha patrocinado al fallecido. Además, y lo que no es un dato menor, integró el último directorio de la aseguradora y contó con facultades para representarla judicialmente en virtud de un poder vigente hasta la declaración de su liquidación judicial. Por último, esta Sala -integrada parcialmente por otros jueces- no encuentra cuál sería el perjuicio que la decisión recurrida le pudiera provocar a la Superintendencia apelante. Pues es claro que, de no autorizarla, el juez debería designar algún funcionario ad hoc -o un interventor judicial- al efecto ya que no puede dejar a la compañía de seguros sin una adecuada representación y ésta, en el marco de este incidente, nunca podría ser asumida por los delegados liquidadores.
Constitución Nacional, designación de jueces, remoción de jueces, reforma de la constitución, derechos adquiridos, irretroactividad de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fayt, Carlos Santiago c/ E.N. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-19

En su art. 3º el Código Civil establece que la "retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales" y no encuentro argumento alguno por el cual este principio no pueda ser aplicado a una reforma constitucional, ya que éste no puede borrar los efectos de los derechos constitucionales adquiridos bajo la vigencia del texto constitucional anterior. (Del voto del Dr. Argento, consid. VI).