Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-23


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 73724 SALA V. AUTOS: "SILVER CROSS AMERICA INC S.A. C/ ASOCIACION DE MEDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA AMAP s/ JUICIO SUMARISIMO" (JUZGADO Nº 41).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 23 días del mes de diciembre de 2011, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

I. Vienen estos autos a esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de fs. 176/7 formula la parte demandada a tenor del memorial obrante a fs. 184/90. El perito contador apela los honorarios que le fueron regulados por considerarlos reducidos (fs. 181).

II. Se dio intervención al Ministerio Público (fs. 200) quien sugirió la medida que se indica a fs. 201; cumplido ello y recibidos los autos "Rodao Faz, Vanesa Irina c/ Silver Cross America INC S.A." (expte. nº 3.987/2009; fs. 209/210) y corridos los pertinentes traslados (fs. 213 y 215), volvieron los actuados para dictamen fiscal, en atención a la índole de las cuestiones que son traídas al conocimiento de este Tribunal. El Sr. Fiscal Gral. ante esta Cámara se expidió mediante el dictamen nº 53.367 que obra a fs. 219/20, cuyos argumentos en lo esencial comparto y doy aquí por reproducidos por razones de brevedad, en la medida de los fundamentos que se pasan a exponer.

III. Liminarmente se impone remarcar que el objeto pretendido en las presentes actuaciones consiste en que se aclare (textual) ".si la Ley 23551 contempla la existencia de tantas Comisiones Directiva como establecimientos de la actividad existan. O si por el contrario existe una sola Comisión Directiva, y después representantes de la misma ante el empleador cuyo número habrá de ser el que surja de aplicar el quantum del artículo 45 de la Ley 23.551" (ver fs. 8, 2do. y 3er. párrafos; lo remarcado es del original). Para justificar tal pretensión, hizo referencia a la acción entablada contra su parte por Vanesa Irina Rodao Faz (expte. nº 3987/09 que corre por cuerda a estas actuaciones) en la cual fue objeto de debate si ésta poseía -o no- estabilidad gremial, y asimismo señaló que la AMAP (Asociación de Médicos de la Actividad Privada) registra en su establecimiento 17 afiliados y que ".por aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 de la norma legal ya citada . solo cabía designar un representante." (ver fs. 7 vta.).

Ahora bien, en dicho marco de conocimiento, podría decirse que se aprecia una cierta confusión en cuanto a las personas a quienes la ley 23.551 brinda estabilidad gremial. A tal efecto, considero pertinente señalar que, como explica Carlos Alberto Etala, ésta se ejerce en dos planos distintos: el nivel del gobierno y la adminis-tración de la asociación sindical, y la representación sindical en la empresa, que se ejerce a través de los delegados de personal y miembros de las comisiones internas. Señala dicho autor que son sujetos protegidos ".Los trabajadores que ocupan cargos electivos o representativos en asociaciones con personería gremial (art. 48), entre los que cabe incluir a los miembros titulares o suplentes de comisiones directivas, consejos de administración, consejos directivos o secretariados de entidades sindicales de cualquier grado, seccionales, filiales o delegaciones, delegados o congresistas a organismos de grado superior, representantes ante asociaciones sindicales u organismos internacionales" ("Derecho Colectivo del Trabajo", 2ª edic. actualizada y ampliada, pág. 222, Edit. Astrea, Bs. As. 2007). En igual sentido, Néstor T. Corte señaló que la ley 23.551 retoma la corriente protectoria implantada por la ley 20.615 y que en cuanto a los sujetos beneficiarios de la estabilidad gremial o sindical, " .incluye expresamente a los trabajadores que ocupan cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial (miembros de comisiones directivas de entidades sindicales, seccionales o filiales, delegados o congresistas a los órganos de grado superior, etc.) en organismos que requieran representación gremial." ("El Modelo Sindical Argentino. Régimen legal de las Asociaciones Sindicales", 2ª edic. actualizada, pág. 466, Edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1994, la cursiva corresponde al original).

En base a lo expuesto, considero que no debe confundirse la tutela sindical que otorga la ley 23.551 a los trabajadores que ocupan cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial -en cuyo caso el art. 48 de la ley no fija un límite numérico, pues la norma del art. 45 del mismo cuerpo legal se halla comprendida en el capítulo XI "De la representación sindical en la empresa"- con los representantes en la empresa, respecto de los cuales rige la cantidad mínima que el citado art. 45 establece. Por ello es que no considero adecuado el criterio del magistrado que me precede en cuanto a que dicha norma imponga la cantidad máxima de personas que pueden obtener estabilidad gremial.

Más allá de la opinión -o mejor dicho distintas opiniones- que ello podría suscitar en relación con el número -indefinido- de dependientes que pudieran llegar a contar con la garantía gremial en el establecimiento o empresa, y de las posibles soluciones legales que pudieran abordar esa problemática -sobre lo cual no se abre juicio en el presente voto-, del análisis de los actuados se advierte sin embargo, y sin perjuicio de lo expresado precedentemente, que conforme la presentación efectuada por la parte actora a fs. 68/70 el reclamo se orienta a un cuestionamiento acerca de la posibilidad de que la asociación sindical demandada pueda contar con una representación o filial en su establecimiento en los términos previstos por el art. 66 del estatuto, pues argumenta que, conforme a lo dispuesto por el art. 67 de aquel, a tal efecto resulta menester que trabajen en relación de dependencia 50 o más médicos, recaudo que la parte actora no considera satisfecho en la especie al sostener que ".en el SANATORIO GUEMES, trabajan 20 médicos afiliados a la Asociación de Médicos de la Actividad Privada" (ver fs. 69, penúlt. párrafo).

Lo expuesto denota que el objeto pretendido por la parte accionante consiste en determinar si los trabajadores que resulten elegidos para ocupar cargos en la "filial" en las precitadas condiciones poseen -o no- estabilidad gremial, lo cual excede -como señala el Dr. Eduardo O. Álvarez- el marco de una acción meramente declarativa en los términos del art. 322 del C.P.C.C.N.

En mérito de todo lo expuesto, de conformidad con el dictamen fiscal que antecede, y con la expresa aclaración de que lo aquí resuelto de ningún modo implica un adelanto de jurisdicción acerca de la estabilidad gremial de los trabajadores en el marco que cita parte actora, voto por revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda incoada. Ello torna insustancial referirse a fs. 190 punto B.

IV. En atención a la revocatoria propuesta, corresponde adecuar las costas y honorarios al actual resultado del litigio (conf. art. 279 cód. procesal), por lo que resulta inoficioso el tratamiento de los agravios deducidos al respecto. En cuanto a las primeras, propugno imponerlas a cargo de la parte actora al no hallar mérito para apartarse del criterio general de la derrota que rige en la materia (art. 68 C.P.C.C.N.). En lo que respecta a los honorarios de la instancia anterior, teniendo en cuenta el resultado del pleito en relación con cada parte, cuestiones involucradas, etapas cumplidas y mérito e importancia de las labores desarrolladas por los profesionales intervinientes, mociono regular los correspondientes a la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada y los del perito contador en las sumas actuales de $ 10.000, $ 14.000 y $ 5.000, respectivamente (conf. arts. 1, 6, 7, 9, 36 y conc. de la ley 21.839, decreto-ley 16.638/57).

V. En atención a la suerte obtenida por el recurso tratado en esta instancia, sugiero que las costas de alzada sean impuestas a cargo de la parte actora (arts. 68 C.P.C.C.N.), regulando a tal fin los honorarios del letrado firmante del escrito de fs. 184/90 (Dr. Alejandro E. Larcher) en la suma de $ 4.200 (art. 14 ley arancelaria). Propicio regular los estipendios del Dr. Juan Carlos Guyot por fs. 215 en $ 800 (art. 14 cit).

EL DOCTOR OSCAR ZAS manifestó: Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

Por los fundamentos expuestos por el Fiscal General adhiero al voto precedente En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda incoada por SILVER CROSS AMERICA INC S.A. contra ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA -AMAP-; 2º) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios establecidas a fs. 177 vta. Fijarlas conforme a los términos que surgen del punto IV del primer voto de este acuerdo. 3º) Imponer las costas de alzada y regular los honorarios correspondientes de acuerdo a lo expresado en el punto V del citado primer voto. 4º) Reg., not. y dev.. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

MMV María C. García Margalejo Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara Enrique Nestor Arias Gibert Juez de Cámara