Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-19


GARIONE, Lucas Hugo contra PESIRI Y CATTANEO S.H. y otros Reg.: A y S t 202 p 93-97.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecinueve días del mes octubre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro doctor Rafael Francisco Guitérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "GARIONE, Lucas Hugo contra PESIRI Y CATTANEO S.H. y otros -C.P.L.- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. N 43, año 2002). Se resolvió someter a sorteo el estudio de la causa, resultando el siguiente orden: doctores Gastaldi, Netri, Gutiérrez y Spuler. Asimismo, las cuestiones a resolver son: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Mediante auto del 28 de diciembre de 2001, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la accionante contra la sentencia del 1 de octubre de 2001 dictada por ese Tribunal por entender que -en el caso- los planteos de arbitrariedad efectuados por la impugnante meritaban el franqueamiento de la instancia excepcional a fin de que la Corte verifique la razonabilidad de la interpretación y la congruencia de lo decidido con el sistema de derecho en que se engarza la norma cuestionada.

En el examen de admisibilidad que impone efectuar el artículo 11 de la ley 7055, no encuentro razones para apartarme de la posición sustentada por el A quo, de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General (fs. 163/164).

Voto pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Gutiérrez y Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. La materia litigiosa, en lo que a este remedio concierne, puede resumirse así:

Ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral Número 3 de Santa Fe, Lucas Garione promovió demanda contra "Pesiri y Cattaneo Sociedad de Hecho" y Víctor Hugo Pesiri y Gustavo Alberto Cattaneo pretendiendo el cobro de diversos rubros derivados de la ruptura de la vinculación laboral que mantuviera con aquéllos.

En su escrito introductorio, sostuvo que comenzó a trabajar en relación de dependencia en dos locales de venta de ropa de los demandados el 6.7.1996; que la patronal lo registró el 1.11.1996 bajo la modalidad contractual de "aprendizaje", haciéndole suscribir -fraudulentamente- sucesivos contratos de esa naturaleza; que prestaba tareas de lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 21 horas; que en ocasiones trabajó horas extras que nunca le fueron satisfechas; que cursó reiteradas intimaciones a fin de lograr su correcta registración y que se le abonaran rubros laborales adeudados; que el 1.8.1999 cuando se presentó a trabajar, se le negó en forma intempestiva e injustificada el ingreso para cumplir con sus tareas; que ello originó un intercambio epistolar en el cual, frente a sus intimaciones de pago de los rubros no pagados, la demandada negó sistemáticamente la vinculación de naturaleza laboral y que se adeudara suma alguna.

En el responde, la accionada resistió las afirmaciones del accionante y aseveró no deber nada al actor desde que habían suscripto un contrato de aprendizaje a partir del 1.11.1996, por tres meses que luego fueron renovando sucesivamente hasta el 31.7.1998, y que dichos contratos fueron inscriptos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, todo en el marco de la ley 24465.

Tramitada la causa, producidas las probanzas ofrecidas y agregados los alegatos de bien probado, el Juez de Primera Instancia hizo lugar a la demanda y condenó a los accionados "Pesiri, Víctor y Cattaneo, Gustavo Sociedad de Hecho" y a los socios integrantes de la sociedad, a abonar al actor los rubros solicitados.

Apelado que fuera ese decisorio, la Cámara -por mayoría- lo revocó y, en consecuencia, rechazó la pretensión actoral en el entendimiento de que la documental aportada por la accionada acreditaba que la vinculación entre las partes se había desarrollado en el marco de un contrato de aprendizaje, razón por la cual, ninguna indemnización era debida al actor de acuerdo a la ley 24465.

2. Contra dicho pronunciamiento el accionante endereza su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por carecer de motivación suficiente y resultar lesivo de derechos y garantías de rango constitucional.

Sostiene que el Tribunal se aparta de la ley 24465 y el decreto 738/95 toda vez que juzga configurado en la especie un contrato de aprendizaje sin que concurran los recaudos previstos por ese ordenamiento legal.

Dicha falencia -arguye- demuestra que esa figura jurídica ha sido desnaturalizada y utilizada fraudulentamente para encubrir una relación de trabajo por tiempo indeterminado.

Destaca, en tal sentido, que no se comprueba en el caso la finalidad formativa del contrato; que se excede -de acuerdo a las testimoniales- la jornada máxima prevista para el aprendiz; y que el empleador omitió entregar la certificación que acredita la especialización o experiencia adquirida a través de la vinculación.

Puntualiza que la aplicación que hace la Sala del artículo 4 de la normativa citada es arbitraria por contradecir el objetivo de formación del aprendiz tenido en miras por la regulación.

Afirma que la Cámara cae en graves contradicciones, incongruencias y apoya el decisorio exclusivamente en su mera voluntad. Concretamente, se queja de la valoración asignada a la prueba testimonial al reputarlas como livianas sin entidad suficiente para contrarrestar la prueba documental mediante afirmaciones que no satisfacen la exigencia de la motivación suficiente.

Aduce que se desconoce el principio de primacía de la realidad atento que la presunción de validez de la documental presentada por la demandada debía ceder ante lo acreditado en la causa: un contrato por tiempo indeterminado.

3. Entrando en materia de análisis, debe consignarse, ante todo, que el contrato de aprendizaje tiene por norte satisfacer una finalidad formativa.

Tal propósito, que surge de la letra de la norma, es tomado por los autores a fin de marcar la diferencia entre este tipo de vinculación y una fundada en un contrato típicamente laboral.

Valgan como ejemplo de tal entendimiento las palabras de Humberto Podetti quien señala que la causa del contrato de trabajo está en un cambio de trabajo subordinado por una retribución; y que la causal del contrato de aprendizaje, en cambio, está esencialmente en un cambio de adiestramiento profesional por un trabajo subordinado; y que los elementos son los mismos, pero la diferencia radica en lo que haya motivado la contratación; obtener una remuneración mientras que se aprende trabajando, u obtener una enseñanza mientras se trabaja ("El contrato de aprendizaje regulado por la ley 24465", D.T. 1995-B-1997).

Cabe consignar, asimismo, que la ley 24465 y su decreto reglamentario 738/95 regulan las condiciones que deben reunir las partes que pueden suscribir un contrato de este tipo y especifican cuál debe ser el contenido del contrato, que debe celebrarse por escrito, contenido del aprendizaje, duración del contrato y el horario; destacando que los cambios que se produzcan sobre dichas condiciones deberán formalizarse también por escrito. Asimismo, señala la norma en comentario que el empresario deberá entregar al aprendiz un certificado que acredite la experiencia o especialización adquirida.

Es a la luz de estas breves nociones fundamentales que se examinará la constitucionalidad del fallo impugnado.

Abordando esa tarea, cabe destacar que los Vocales que conforman el voto mayoritario sostuvieron que en este caso se enfrentaban las pruebas documentales, concretamente sucesivos contratos de aprendizajes suscriptos por las partes y visados por ANSES, con las testimoniales rendidas en orden a acreditar una realidad distinta.

Siguieron diciendo los Jueces que los dichos de los testigos debían ser analizados con cautela, en su justa medida y, en ese entendimiento, concluyeron que frente a este medio de confirmación prevalecía la documental, pues se trataba -en síntesis- de instrumentos ajustados al plexo legal imperante al tiempo de la relación.

A mi juicio, estas reflexiones carecen de sustento tanto jurídico como fáctico. En efecto:

La cuestión a dilucidar pasaba por verificar si los contratos de aprendizaje celebrados entre las partes eran en verdad una contratación de esa índole o por el contrario encubría una contratación regida por las normas de la ley 20744 para el trabajo por tiempo indeterminado.

El camino que comienza a transitar la Sala a fin de brindarle respuesta jurisdiccional a la controversia parece estar guiado por la aplicación de la ley 24465 aunque luego ese razonamiento se trunca por cuanto asume una postura parcializada y desnaturalizadora de ese ordenamiento legal.

Concretamente, el Tribunal dice que "sería una injusticia no aplicar la ley" -y claro que lo es- pero reduciendo tal concepto a un aspecto de la misma, que alude a la formalización por escrito y ante el Ministerio de Trabajo del contrato de aprendizaje, mas soslayando que es también la propia ley que impone la concurrencia de otros aspectos que omite verificar, como lo son: la finalidad formativa, duración, inicio de las tareas, jornada, entrega de certificación, de acuerdo a las circunstancias comprobadas en la causa.

En otras palabras, pese a que el Juzgador dice "aplicar la norma" su pensamiento evidencia que sólo lo hace de manera recortada y ese vicio conlleva a la descalificación constitucional del decisorio impugnado.

Máxime si se tiene en cuenta que en esta controversia estaba seriamente comprometido el principio de primacía de la realidad, que imponía a los Juzgadores el análisis de las circunstancias concretas de cómo se había desarrollado la relación habida entre las partes.

A esos fines era necesario que la Sala valorara todos los medios de confirmación, concretamente las testimoniales de acuerdo a las cuales el actor habría prestado servicios para la demandada tiempo antes de la formalización del primer contrato (vid. testimonial de Aglieri, Esneyde, Cena, Rivas y Alvarez, a fojas 31 a 35, respectivamente); la posibilidad de aplicar las presunciones derivadas de las omisiones patronales (arts. 52 y 55, L.C.T.); e incluso los contratos mismos en punto a su número y a su contenido más allá de que las formas se hayan satisfecho.

Una correcta dilucidación de la cuestión exigía una apreciación crítica de todos esos elementos probatorios señalados y no una mera alusión, sin valoración concreta de algunos de ellos -recuérdese que solo hizo mención el A quo de las testimoniales a fin de relativizarlas frente a los contratos-, habida cuenta que recién con la calificación de la real actividad desarrollada de hecho por el actor, la Alzada estaba en condiciones de apreciar si las tareas cumplidas en el local de venta de ropa de propiedad de los accionados de acuerdo a las condiciones y modalidades de su prestación conforme a los hechos acreditados de la causa, configuraban realmente el contrato de aprendizaje que se había instrumentado o, por el contrario, un contrato de trabajo por tiempo indeterminado.

En síntesis, la mayoría de la Sala encuadró la relación dentro de la figura especial del contrato de aprendizaje, escudándose en la satisfacción de uno de los recaudos legales (su formalización por escrito) pero sin comprobar de manera rigurosa la concurrencia de los restantes presupuestos fácticos impuestos también por la ley 24465 y el decreto 738/65.

Por vía jurisprudencial se ha afirmado que, aunque el contrato suscripto y registrado en el Ministerio de Trabajo fuera en uno de los formularios "contrato de aprendizaje" y reuniera los requisitos formales que la ley establece, se deben acreditar los presupuestos establecidos en la ley en orden la existencia de una causa objetiva fundada en las modalidades de las tareas o de la actividad que justifique la contratación (C.N.A.T. Sala 7, "Vera, Ana c. Natural Foods Ind. Exp. S.A. s. despido", del 29.10.1998; en igual sentido, Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia, en autos "Meana, Sergio Eduardo c. F.M. Boreal S.R.L. y/o s. despido", sentencia del 27.4.2000; Tribunal del Trabajo Nro. 1 de la Matanza, "Sciangula, Paulo c. Correo Argentino S.A.", del 19.4.1999).

En consecuencia, el pronunciamiento atacado merece reproche constitucional por cuanto se incumple con el mandato consagrado por el artículo 95 de la Carta Magna provincial al sustentar la aplicación del precepto legal en juego mediante un razonamiento limitado al aspecto formal, desvinculado de las restantes condiciones normativas y de las específicas modalidades del caso de acuerdo a las constancias de autos.

Por las razones expuestas, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Gutiérrez y Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde para que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Gutiérrez y Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde para que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)