Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20


P., R.

Reg.: A y S t 206 p 257-259.

Santa Fe, 20 de abril del año 2005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el defensor técnico del imputado R. P. contra la sentencia de fecha 19 de agosto de 2003 dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario, en autos "P., R. -Robo- (Expte.1118/01)" (Expte. C.S.J. nro. 70, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Por sentencia de fecha 19 de agosto de 2003 la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de Rosario resolvió confirmar el fallo recurrido que condenó a R. P. a la pena de seis meses de ejecución condicional y costas, al encontrarlo penalmente responsable, en el carácter de cómplice necesario, del delito de robo e hizo lugar a la acción civil instaurada. Contra dicho pronunciamiento interpuso el defensor técnico de P. recurso de inconstitucionalidad invocando arbitrariedad y violación de derechos de raigambre constitucional.

Afirmó que los jueces integrantes de la Sala Cuarta incurrieron en prejuzgamiento al haberse pronunciado sobre el fondo del asunto en las oportunidades en las que han intervenido como Tribunal de Alzada.

Invocó nulidad por violación del principio de imparcialidad del juzgador. Luego de relatar el desarrollo de la causa afirmó que se encuentra suficientemente probado el prejuzgamiento del Tribunal de Alzada. Destacó que el hecho de haberse pronunciado en la resolución del procesamiento imponiendo un cambio de calificación del comportamiento penal enrostrado al partícipe del hecho y, como consecuencia de ello, nulificar la sentencia que absolviera en primera instancia a su defendido como autor, hacía presumible que, tal como lo hizo, tras una sentencia condenatoria como partícipe necesario, la Alzada confirmara el fallo recurrido por la defensa. A su entender, el conocimiento previo de la Sala de las cuestiones de fondo definió su postura en la causa, violando por lo tanto el principio constitucional de imparcialidad del juez. Sostuvo que la imparcialidad del juzgador es un principio que integra el debido proceso legal y que no sólo se encuentra reconocido en nuestra Carta Magna (art. 18), sino también en numerosos pactos internacionales firmados y ratificados por nuestro país.

Citó en apoyo de su planteo fallos de la Corte Nacional, jurisprudencia internacional y afirmó que si la imparcialidad es, como lo describe la Corte Europea de Derechos Humanos, 'la ausencia de prejuicios o de posición previamente tomada', nos encontramos en el caso con una clara violación al principio constitucional de la imparcialidad del juzgador. También citó la opinión doctrinaria de Albanese, quien entiende que se debe recusar a todo juez del cual se puede legítimamente creer una falta de imparcialidad, debido a la confianza que los tribunales deben inspirar a los justiciables en una sociedad democrática. En síntesis, entendió que en el caso y de acuerdo a los argumentos esgrimidos, se ha lesionado un derecho constitucional, razón suficiente para justificar la interposición del recurso.

2. La Sala, mediante pronunciamiento de fecha 5 de marzo de 2004 resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto aduciendo falta de planteo oportuno de la cuestión constitucional y por entender que no se verifica el prejuzgamiento endilgado.

Tal denegatoria motivó la presentación directa del impugnante ante esta Corte (fs.

104/108 vto.).

3. Reiteradamente esta Corte ha señalado que es carga ineludible del quejoso que pretende acceder por vía de queja a esta instancia de excepción, rebatir los fundamentos del auto denegatorio (art. 8, ley 7055; A. y S. T. 58, pág. 304; T. 92, pág. 156 y 442; 138, pág. 424).

En el caso dicha carga no ha sido asumida idóneamente por el compareciente quien no se hace debidamente cargo de la clara imputación de incumplimiento del recaudo formal de planteo oportuno de la cuestión constitucional.

En efecto, la Sala en el auto denegatorio expuso que tal exigencia no ha sido satisfecha. Al fundar dicha afirmación consideró que "se arguye que la Sala prejuzgó adelantando opinión en oportunidad de que, mediante la resolución nro. 15 de 4 de marzo de 1998, confirmó el procesamiento apelado y, además 'iura novit curia' modificó el título de su participación atribuido al imputado, corrigiendo la imputación de autoría que sustituyó por la de complicidad primaria, de lo que se desprende que el tribunal conoció cabalmente el hecho que diera origen a la presente causa, adelantando un criterio jurisdiccional acerca de la responsabilidad que le cabría a P. Añadió que de acuerdo al planteo del recurrente esa resolución sería la que constituye el punto de arranque del prejuzgamiento endilgado; y que sin embargo, al formularse la defensa del encartado, su defensor se manifiesta conocedor del auto de la Sala supuestamente viciado por haber adelantado opinión y nada de ello manifiesta ni cuestiona en sucesivas presentaciones, que detalla, como tampoco lo hace el nuevo defensor designado, efectuándose reserva recién, con relación al pretendido prejuzgamiento, en la expresión de agravios, a fojas 434. Frente a tan clara imputación de incumplimiento del recaudo analizado, el impugnante en su presentación directa se limita a afirmar que "la cuestión constitucional planteada fue temporánea y exhaustivamente explicada, acompañando las copias judiciales pertinentes, al Tribunal llamado a decidir", lo que resulta indudablemente insuficiente -por genérico e impreciso- para rebatir las acertadas consideraciones efectuadas por la Sala, quedando así incumplida la carga que el impone el artículo 8vo. de la ley 7055. No debe olvidarse que la queja es un recurso autónomo que debe cumplir a los fines de su recepción recaudos formales propios (cfr. A. y S. T. 35, pág. 451; T. 92, pág. 121 entre muchos otros). Y que esta Corte ha dicho que no cumple con la exigencia impuesta en el artículo 8 de la ley 7055 el impugnante que no rebate separadamente cada uno de los fundamentos del auto denegatorio (cfr. criterio de A. y S. T. 92, pág. 156). A ello se le suma que, con lo escasamente argumentado en su presentación directa, tampoco logra desvirtuar los fundamentos expuestos por la Sala al considerar no configurado el prejuzgamiento imputado. En efecto, dicho Tribunal afirmó -básicamente- que el prejuzgamiento no se presenta cuando el o los magistrados han expuesto opiniones en la pertinente oportunidad procesal acerca de puntos sometidos a su examen y ante el ineludible deber legal de pronunciarse que existe en ejercicio de su competencia material y funcional, y que la defensa sostiene la parcialidad presunta de la Sala sin puntualizar cómo y cuando ella se concretó; aludiendo a la garantía del juez natural.

Frente a ello, el compareciente en su presentación directa, luego de reiterar los planteos esgrimidos en el recurso de inconstitucionalidad, se limita a afirmar que el "juez natural" es el órgano subrogante al cuestionado. Mas sin lograr demostrar que los sentenciantes hayan incurrido en el vicio endilgado, dado que la sola transcripción de partes de las resoluciones jurisdiccionales dictadas en la causa resulta insuficiente para demostrar cómo en ellas se plasmó un adelanto de opinión del juicio de certeza que conlleva la sentencia definitiva.

En suma, la sola invocación de violación de derechos y garantías de raigambre constitucional no resulta idóneo para lograr la apertura del remedio previsto en la ley 7055, en tanto y en cuanto no se logre demostrar como ello efectivamente ha ocurrido.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)