Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-01


Salta, 01 de septiembre de 2010.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados: "LAFUENTE, EDUARDO ALBERTO c. CEL AR S.R.L. - ORDINARIO", expte. de Cámara nº 19047/10, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 4, para resolver la apelación interpuesta a fs. 129/32, y C O N S I D E R A N D O Dijo el Dr. Figueroa: interpretando que la sentencia recaída no es derivación razonable del derecho vigente, prescinde de las constancias del expediente, omite valorar prueba esencial para dilucidar la cuestión debatida y se sustenta en la mera voluntad del juzgador, deviniendo en consecuencia arbitraria, interpone la parte demandada recurso de apelación, por las razones que expone en su escrito de fs. 129 y sgtes., que paso a sintetizar.

Comienza, señalando que el fallo en contra de Celar SRL, se sostiene en dos pilares, a saber, la rebeldía de su parte y los dichos de los testigos, Villa, Fabroni y Moreno, considerados absolutamente relevantes a los fines de acreditar la relación laboral. Agrega, que resulta llamativo el escaso análisis y calidad de las testimoniales referidas; que la testigo Fabroni declara dos veces, una a fs. 16, donde dijo que Lafuente le había hecho la entrevista laboral (aclarando luego que primero la había entrevistado el actor y luego uno de los socios) y otra a 96, donde "recuerda" que la primera entrevista fue con Lafuente y después con Ferrari; que también llama la atención, que una aspirante a un puesto de trabajo sepa en qué fecha ingresó su entrevistador o los horarios que cumplía; que el testimonio de Moreno no es libre ni objetivo, porque la deponente manifestó que habiendo trabajado hasta el 30/9/07, le adeudan la liquidación final; que el testigo Villa dijo conocer al actor por haber comprado (unos dos años antes de la declaración) tres líneas telefónicas, apareciendo insuficiente la supuesta compra para acreditar la relación laboral y que, de tal manera, las declaraciones testimoniales son ambiguas, referidas a períodos muy cortos de la supuesta vinculación y estériles en consecuencia para acreditar y respaldar las presunciones emanadas de la rebeldía de la demandada. Refiriéndose a la rebeldía, sostiene que no implica que deban admitirse sin más las afirmaciones de la actora, creándose sólo una presunción a favor de la veracidad de los hechos que constan en la demanda, debiendo apoyarse en otras pruebas corroborantes, como dice la propia juzgadora a quo. Añade, que por efecto de la rebeldía, el pretor tiene por reconocida la documentación agregada por la actora; que en la CD donde el actor intima asignación de tareas, no se realizó la correspondiente retención de tareas, art. 1201 CC, pudiendo tomarse ese silencio y la consecuente ausencia del supuesto lugar de trabajo, como indicio de una voluntad resolutiva del vínculo laboral; que en la CD donde se resuelve el supuesto vínculo laboral, no hay reclamo alguno relacionado al art. 80 LCT, por lo que el posterior reclamo resulta extemporáneo, toda vez que debió ser motivado y dar un panorama preciso de los motivos y reclamos; que hacerlo a posteriori, afecta su derecho de defensa, más aún si el intercambio epistolar estaba finalizado, por lo que no puede determinar - en ese momento - su defensa, cuando el actor cambia sus pretensiones; que el actor pretende respaldar su pretensión en los e mails que decía recibir y enviar por orden de la empresa, sin que conste que es real y existió, que provino realmente de la PC de la persona a la que acusa, quién fue la persona que lo escribió y quién la que lo recibió.

Prosigue argumentando, que siendo una prueba de tan particular análisis y comprobación, no alcanza el efecto de la declaración de rebeldía para darle validez suficiente, ya que p. ej. carece de fecha cierta de los textos que contiene; que tampoco surgen de foja alguna de autos, acreditadas las horas cumplidas por el actor, al no haber planillas, tarjetas de ingresoegreso ni elemento similar; que para que exista relación de dependencia, la LCT (en una división teórica, que el juez no está obligado a seguir) nos exige dependencia técnica, jurídica y económica; que en el caso, la dependencia técnica no es clara, ya que la existencia del vínculo se respalda por dichos de testigos, e mails sin demostración y documentos rubricados de no demostrada veracidad; que si como dice S.S., la rebeldía no implica que deban admitirse sin más las afirmaciones de hecho de la actora, sino que debe establecerse si la presunción favorable se ve corroborada por la prueba producida, y sólo se produjo prueba testimonial, se entiende que no quedó demostrada prestación laboral o de servicio en relación de subordinación o dependencia tipificantes de un contrato de trabajo y que la sentencia valoró este único tándem probatorio (declaración de rebeldía y testimonial), con prescindencia de las otras agregadas en autos y la consiguiente afectación del principio de congruencia;

Finaliza, señalando que el art. 163 CPCC, establece como obligación de la sentencia, cumplir determinados requisitos formales, entre los que se incluye la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo, en todo o en parte; que la congruencia exige rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan a la pretensión y a la oposición; que la sentencia debe limitarse a lo que ha sido objeto de litigio entre las partes y el pronunciamiento que descononozca o acuerde derechos no debatidos o valore subjetivamente las pruebas producidas es, como principio, incompatible con las garantías de los arts. 13 y 17 de la C.N. y que en el fallo apelado se transgredió tal principio, al apartarse de las constancias y pruebas de la causa, omitiendo valorar los extremos esenciales de la misma, no merituándose en plenitud la prueba producida, omitiendo algunas decisivas y poniendo énfasis en ciertas frases, sin valorar el contexto probatorio. Pide se haga lugar al recurso, se revoque el punto I del fallo y se tenga presente la reserva de recursos y del caso federal. La apelación es contestada a fs. 139/43, ocasión en que se pide se declare desierta o, en su caso, se rechace, con costas, efectuándose también reserva de recursos El recurso no puede, en mi criterio, tener andamiento. La referencia al principio de congruencia, es irrelevante, porque una sentencia hace mérito de lo que las partes plantean y la demandada no contestó la acción, por lo que no puede efectuar objeción alguna al respecto. Tampoco, la acusación de incongruencia podría prosperar, desde el ángulo de la valoración del llamado "tándem probatorio", porque la rebeldía crea una presunción favorable a la parte actora y la prueba testimonial la necesaria corroboración. Los tres testigos objetados, conocen a Lafuente: Moreno, por haber sido su compañera de tareas; Fabroni, por haberse entrevistado con él para un ingreso que finalmente no se produjo y Villa, por haber comprado líneas telefónicas al actor. Lo que es suficiente, para comprobar que la relación laboral existió. Y lo que, de paso, resulta compatible con la ficta conffessio de la demandada (a la que el recurso no hace referencia alguna) y con el lenguaje ambiguo contenido en la correspondencia de la firma accionada, que nunca desconoce la existencia de relación laboral, limitándose a negar que existiera obligación de proveer tarea o a formular alguna aclaración, a que asistiese derecho a considerarse injuriado o despedido, a que fueran pertinentes los apercibimientos contenidos en las leyes 25323, 25561 y cc. y a rechazar la supuesta fecha de ingreso, categoría laboral y remuneración mensual mencionada, extremos que del mismo modo podrían negársele a un trabajador a quien se le reconoce la relación laboral.

Probada la prestación de tareas, en funciones de encargado de ventas de la demandada (fs. 96, in fine y vta.), entra a funcionar la presunción del art. 23 LCT. Sin que obste al valor de la testimonial de Moreno, el hecho de que no le hubieran liquidado, hasta el momento de la deposición de fs. 17, "la liquidación final", argumento además obviado en el alegato de fs. 116. En cuanto al art. 1201 C.C, cabe consignar que el de retener tareas es un derecho y no una obligación, por lo que conforme al art. 19 C.N. y no estando el actor obligado a hacer lo que ley no manda, ninguna presunción ni consecuencia desfavorable puede aparejarle. No se entiende cuál es la objeción a que el Pretor (¿?) diga "de manera sentenciante y definitiva", que así planteada la cuestión, corresponde tener por acreditada la relación laboral. Tampoco, cuál es el motivo de entrecomillar (quinto párrafo de 129 vta.), la palabra "recuerda", toda vez que la testigo Fabroni en substancia contestó a fs. 96 exactamente lo mismo que a 16 y el recurrente no explica en qué modifica el testimonio, el hecho de que en un caso dijera "uno de los socios" y en otro "el señor Ferrari".

Igualmente insuficiente, es la argumentación del recurso, relativa a la forma del reclamo del art. 80 LCT y su eventual extemporaneidad, a los e mail recibidos y contestados, a la acreditación de las horas cumplidas por el actor, a la presunta afectación del derecho de defensa por cambio de pretensiones y finalización del intercambio epistolar, temas todos ajenos a la litis que no podrían analizarse en este momento sin menoscabo del art. 271 CPCC.

Lo dicho, me lleva a proponer el rechazo del recurso interpuesto y la consiguiente confirmatoria de la sentencia apelada. Con costas a cargo de la demandada perdidosa, art. 67 CPCC, teniendo presente la reserva formulada._ El Dr. Cabrera, adhiere al voto anterior.

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta, FALLA I) Rechazando el recurso interpuesto y consecuentemente manteniendo firme la sentencia de primera instancia en lo que fue materia de agravios.Con costas.

II) Difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique en 1ª Instancia, teniendo presente la reserva formulada y mandando registrar, notificar, reponer y bajar los autos al Juzgado de orígen.