marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, actuaciones administrativas, doctrina de la arbitrariedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FIGUEROA DE LEIVA, MIRTA GRACIELA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-17

Si bien la actividad del amparista ha sido encuadrada como prohibida en razón de la zona donde estaba ubicada la fábrica, la Administración contempló la situación como un " caso especial " dado que el mismo contaba con informes técnicos concluyentes que posibilitaban la aprobación de la documentación técnica y una vez verificada la ejecución de los trabajos, la habilitación definitiva.

Deviene arbitraria entonces, la actitud de la Municipalidad, quien mediante el dictado de dos decretos, ordenando primero, el cese inmediato de las actividades de la fábrica y luego su posterior traslado por 90 días, vulnera los derechos constitucionales del amparista en forma manifiesta, a través del dictado de decretos arbitrarios sin tener en cuenta los hechos acreditados.
Honorarios del abogado, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: PIZARRO, Nélida Blanca s/ Apelación de multa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1978-10-17

Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto respecto de la regulación de honorarios del señor letrado defensor efectuada por el señor Juez de Primera Instancia en lo Penal, quién, entendiendo en grado de apelación, había dictado resolución en un expediente del Juzgado de Faltas, desde que es aplicable lo dispuesto en el art. 57, última parte, de la ley 8904, en cuanto determina la inexistencia de recursos contra las resoluciones de honorarios efectuadas por los órganos jurisdiccionales de Alzada.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Interpretación del contrato, interpretación de la voluntad de las partes, buena fe
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: D.F. Ingenieros Civiles SA c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-20

"La regla esencial de interpretación que indica el art. 1198 CC -la buena fe- implica que la conducta de las partes debió estar regida por un criterio de recíproca lealtad y confianza.- Exige del declarante que la exteriorización de la voluntad se efectúe de manera tal que pueda ser captada en su verdadero alcance por el destinatario, y que éste actúe con la diligencia necesaria para que ese conocimiento de la expresión de la voluntad del emitente sea apreciado en su verdadero sentido".
Contrato de trabajo, concesión comercial, restaurantes
Materia: LABORAL
Carátula: CANOSA, JUAN CARLOS c/ COLANERI, ANTONIO Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-09-30

Por aplicación del artículo 30 LCT. son solidariamente responsables el concesionario del comedor o buffet y el club donde éste funciona, ya que si bien el aspecto gastronómico no es actividad principal de la institución constituye una actividad normal y habitual que hace a su función social.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Roncero de Donnamaría, Lucía S. c/ Rodríguez, Emilse Noemí s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

Si la víctima permaneció internada, en estado de coma, durante cuarenta (40) días, domiciliándose su cónyuge -actora en autos- a considerable distancia, es razonable elevar el monto del rubro "gastos de traslado" en la suma de A 2.000.000, a la fecha del fallo recurrido (30/08/90) (art. 165, 3er. párr., CPCC.).
Financiamiento de los partidos políticos, constitucionalidad
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido Desarrollo y Justicia Ejercicio 2007 - San Juan
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-01

En el proceso de control y fiscalización patrimonial, cuyo fin último es la búsqueda de una total legalidad en la administración partidaria, deben extremarse las medidas tendientes a alcanzar la verdad jurídica objetiva, pues -como se ha sostenido en un sinnúmero de oportunidades- su desconocimiento consciente es incompatible con el adecuado servicio de justicia que asegura el art. 18 de la Constitución Nacional.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Ministerio Público, fiscales, fiscal de Cámara, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. De inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es:   ¿la falta de mantenimiento de la acusación en la alzada por parte   del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia   absolutoria solicitada por la Defensa, impone al Tribunal la   aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo  fallar distinto a dichas peticiones?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

El rol concreto a desempeñar en la alzada por el Ministerio Fiscal en cada trámite impugnativo es: el de requirente (expresa agravios) o responsivo (los contesta). Pero ello significa sólo una vuelta de tuerca sobre la misma cuestión, ya que en definitiva el rol concreto a desempeñar en la Alzada está necesariamente ligado al sentido del fallo impugnado. Por lo demás, mientras concurran los recaudos para el ejercicio del acto de disposición: subsistencia de la acción, oportunidad procesal adecuada por la postulación, fundamentación y estimación de la validez del acto por parte del Tribunal, no se advierte motivo para despojar al Ministerio Fiscal de un poder que le es propio, máxime atendiendo al criterio de interpretación restringida que sienta el art. 7 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Es cierto que el Fiscal de Cámaras puede obviar el responde y ello no produce efectos en el trámite procesal (sin perjuicio de las responsabilidades funcionales que le pudieren caber), pero no lo es menos que cuando lo hace, en una suerte de implícita adhesión al recurso de la contraparte -adhiriendo a los agravios de ésta, peticionando la absolución del encartado-, ejerce su poder de disposición acorde al estadio procesal de la causa. (De la Disidencia del Dr. Giménez)
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, síndico del concurso, quiebra, bienes, venta directa, contratos, nulidad del acto jurídico, recusación, prejuzgamiento, concursos, incidentes
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: MONTESI SA s/ QUIEBRA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 690-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-02-26

Habiéndose cuestionado la validez de un contrato de venta directa de bienes de la fallida en el que se pactó una comisión para el síndico por dicha operación, la Sala debió pronunciarse acerca de la validez o nulidad de la cláusula de marras y si por hipótesis, la hubiese fulminado, ello no hubiere importado per se prejuzgar en derredor de la negligencia, falta grave o mal desempeño de las funciones del síndico, materia a decidir en un incidente de remoción pendiente, por cuanto respecto de esto último incidirán otros temas y aun cuando el tema de la comisión se tratara, podría ser ponderado con virtualidad diversa. De este modo la omisión en que incurrió el a quo al no resolver el agravio planteado, acarrea sin más la nulidad del decisorio impugnado, resultando procedente el recurso interpuesto.
Escritos judiciales, contestación de la demanda, presentación del escrito, copias, cargo, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: GIORGI JOSE ANGEL c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-23

Si bien el sello del juzgado actuante y la fecha obrantes en el margen superior izquierdo de la copia del escrito de contestación a la demanda no resulta suficiente para determinar su temporaneidad y la consiguiente veracidad de la fecha allí asentada, permite afirmar, sin hesitación posible, que la contestación fue recibida por el juzgado, cabiendo presumir que la presentación en cuestión, ponderando especialmente su importancia en el curso del proceso, fue presentada en Secretaría en forma tempestiva, lo cual sucede usualmente con la gran mayoría de los escritos judiciales, lo que determina que tal presunción diste de ser antojadiza. Adoptar un criterio diferente importaría desconocer que se trata de un caso que presenta aristas dudosas, y tal incertidumbre no puede derivar en una solución que comprometa el derecho de defensa en juicio de neta raigambre constitucional.
Entidades financieras, síndico de la sociedad, deberes del síndico de la sociedad, responsabilidad del síndico de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Balbarrey,  Eduardo  Fernando  y  otro c/ B.C.R.A. -Resol 252/00(Espte 10001696 Sum Fin 866)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-01

Las amplias facultades de vigilancia que la ley atribuye a los síndicos de las sociedades anónimas (19.550, arts. 294, incs. 1 y 9, 297 y 298) importan para éstos deberes y las obligaciones que los responsabilizan en caso en quedar incumplidos, constituyen un órgano de fiscalización impuesto por la ley con el esencial cometido de velar por la preservación de la legalidad, con lo que la función que desempeñan viene a tutelar el interés particular manifestado por la voluntad de la asamblea que los elige, sin que baste para eximir su responsabilidad la mera alegación de ignorancia, en tanto ella comporte el incumplimiento de aquel cometido.
Conclusión de la quiebra, avenimiento, excusación
Materia: COMERCIAL
Carátula: CANALE CARLOS A Y OTRA - QUIEBRA PEDIDA s/ CONCLUSION DE LA QUIEBRA - MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1983-07-15

El avenimiento significa el consentimiento de todos los acreedores verificados para que se dé por concluida la quiebra, con lo que desaparece la causa por la cual se tomaron las medidas de seguridad sobre el patrimonio del deudor, las que no pueden subsistir una vez finalizada la falencia, de allí que cesan los efectos patrimoniales. Pero subsiste una sanción en la persona fallida para el ejercicio del comercio por el tiempo que ordena la ley para impedir su actuación en ese tipo de actividad.

De allí, que no pueden confundirse los efectos personales con los patrimoniales que derivan del avenimiento y por ello no se puede impedir la cancelación de las medidas de seguridad tomadas sobre el patrimonio del fallido, ni su propia inhibición, ya que las disposiciones legales no le impiden disponer sino que queda inhabilitado para ejercer un tipo de actividad.
Tenencia de estupefacientes, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: C.,A.M. y Otros s/ Tenencia con fines de comercialización agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-11-27

Configura un agravante de la pena a imponer al matrimonio autor del delito de comercialización de estupefacientes el hecho de que hayan elegido su vivienda como lugar para cometerlo, usando la fachada de un kiosco, ya que ello implica instaurar como modo de vida ante la vista de sus hijos la comisión de este tipo de hechos delictivos, los que a su vez constituyen hoy en día uno de los mayores flagelos que golpean a nuestra sociedad toda. Así las cosas, en lugar de erigirse, en su calidad de padres, como modelo de vida digna a seguir o a imitar por sus hijos, se constituyeron en referentes de la delincuencia, abriéndoles la puerta además a la adicción de estupefacientes.
Notificación automática
Materia: PROCESAL
Carátula: Britez, Robustiano c/ Fernández, Raúl Antonio s/ Interdicto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

Con independencia de que se hubiere dejado o no constancia en el libro de asistencias, y toda vez que cuando por un medio serio y objetivo se puede comprobar que el expediente no pudo ser consultado el día de nota correspondiente, debe tenerse por no cumplida la notificación automática.
Actualización monetaria, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Novelli, José María c/ GALIA SA. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

El reajuste por depreciación monetaria pedido durante la sustanciación del juicio será procedente siempre que se hubiere resguardado el derecho de defensa de la contraparte, siendo por ello legítima la introducción del reclamo en ocasión de expresar agravios en la Alzada (art. 18 C.N.; 34 inc. 4º, 163 inc. 6º, C.P.C.C.).
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viñales, Mario y otra c/ Ram, Néstor y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

Aún sosteniéndose que la prioridad de tránsito de un vehículo que aparece por la derecha constituye un precepto imperativo del que sólo es posible apartarse cuando muy graves razones así lo aconsejan, cabe aceptar sin hesitación que una de éstas es, precisamente, la velocidad excesiva antirreglamentaria.-
Vista de las actuaciones, defensor particular, legitimación procesal, imputado, declaración indagatoria, secreto del sumario, instrucción, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Sommariva, R. s/ Vista de las Actuaciones
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-29

De la armónica interpretación de los arts. 106 y 204 del C.P.P.

se infiere, sin contradicción, que el defensor legitimado no podrá acceder a las actuaciones hasta que se presente su pupilo a prestar declaración indagatoria.

El secreto parcial instructorio para el defensor es una solución legislativa razonable porque sirve de contrapeso entre la impunidad que la dispersión de la prueba -causal o provocada- puede otorgar a quien incurrió en un hecho delictuoso y el interés de la comunidad agraviada en lograr el castigo del responsable. Su eficacia radica en que neutraliza la posibilidad de la coartada.
Responsabilidad concurrente, alimentos
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. C. c/ Luis Borelli S.R.L s/ incidente de responsabilidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-06-13

La obligación del alimentante y del incumplidor de la orden de retención, no es solidaria, sino concurrente o in solidum, que se caracteriza por tener un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causas y deudor (art. 850 c.c.y c.). ambos son deudores, pero el primero lo es a raíz de la obligación alimentaria entre parientes, y el segundo, en función del hecho ilícito derivado de la inobservancia de la retención y también del depósito bancario decretada por el juez.
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, divorcio por culpa de ambos cónyuges, sociedad conyugal, bienes gananciales, bien de familia, desafectación del inmueble (civil)
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Alsina, Fernando c/ Pagano de Alsina, Norma Delia. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-10

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la desafectación de un inmueble ganancial como bien de familia, tratándose de cónyuges divorciados por culpa de ambos, sin hijos y sin que medie entre ellos el respectivo deber de asistencia, amén de que la esposa tiene un inmueble propio y cuenta con ingresos para proveer lo necesario para su mantenimiento.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, recurso de casación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Terapia Integral S.A.C. c/ Hegedus, Francisco (sucesión) s/ Cobro de pesos Jordán, Rodolfo Héctor c/ Fagioli, Gustavo Antonio y otro s/ Resolución de contrato, restitución de importes pados e  indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29|1992-06-02

La función de la casación se limita a velar por la recta aplicación del derecho a los hechos definitivamente juzgados por las instancias ordinarias, salvo absurdo en la apreciación de los mismos.
Contratos, medicina prepaga, rescisión del contrato, causales de revocación, enfermedad preexistente, interpretación de la ley, mala fe
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Giuliano, Héctor Javier  c/ Swiss Medical SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

La compañía de medicina prepaga tiene la obligación de afiliar al postulante con enfermedades preexistentes (ley 26682: 10), pero esa obligación se equilibra con otra, esta vez a cargo del suscriptor de la declaración jurada, siendo su obligación de pronunciarse con veracidad y conducirse con la máxima buena fe so pena de expulsión por falsedad (ley 26682: 9). De tal manera que la simple omisión de información de enfermedades preexistentes en una declaración jurada no basta para tener por rescindido un contrato de medicina prepaga en los términos de la ley 26682: 9, sino que se exige que el usuario haya producido esa falsedad obrando sin la buena fe requerida.

En el caso, cabe rechazar el reclamo de daños y perjuicios de la parte actora por cuanto lo que se le pidió a la afiliada en la declaración jurada no fue que ella proporcionara la información que le pareciera, sino que se pronunciara asertivamente por sí o por no acerca de si se había realizado estudios previos, por lo que resulta inverosímil que haya respondido negativamente cuando se acababa de hacer esos estudios y continuó en la misma línea de investigación acerca de su salud, sin solución de continuidad, ya bajo la cobertura contratada.
Recurso de inconstitucionalidad, demanda, pretensión, daño, compensación económica, daños y perjuicios, daño moral, daño material, Cámara de Apelaciones, competencia, defensa en juicio, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lentini, Osvaldo Miguel y otra c/ Fábrica Argentina de Herramientas cortantes Domingo Lentini S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Simulación. Nulidad (Expte. CSJ Nº   613-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-02

Si la jurisdicción apelada no fue suscitada a fin de examinar la existencia -y en su caso cuantía- del detrimento patrimonial, toda vez que este aspecto de la pretensión, no fue admitido en baja instancia y ninguna observación mereció por parte de los apelados, el acogimiento de dicha pretensión patentiza en el caso un exceso del Sentenciante respecto del tema sometido a su decisión, exorbitando la competencia para la cual fue abierta la instancia revisora, con desmedro de las garantías de defensa en juicio y de propiedad (artículos 7 y 15 Constitución provincial y 17 y 18 Constitución nacional). Y, ni el "iura novit curia", ni la circunstancia de que la pretensión resarcitoria patrimonial hubiera sido incluida inicialmente en la demanda, pueden brindar auxilio al proceder del A quo, toda vez que esos extremos en modo alguno ofrecen sustento para la consideración y resolución de cuestiones que, en la especie, quedaron definitivamente al margen de la potestad decisoria de la instancia en segundo grado de conocimiento.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, excepciones procesales, excepción de prescripción, declaración de puro derecho, facultades del juez, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NEGRUZZI EDGAR JORGE c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. MEDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-04

La excepción de prescripción se halla íntimamente vinculada con la existencia del derecho sustancial hecho valer en juicio, de modo que se relaciona en forma directa con las condiciones para obtener una sentencia favorable (Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado, t. 2, Buenos Aires, Astrea, 2001, 2ª ed., p. 375, § 4; Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, t. VI, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1990, pp. 130/1, § 750).

Por ello, la doctrina judicial es clara al señalar que la excepción sólo ha de considerarse como cuestión de previo y especial pronunciamiento, cuando se trata de un tema de puro derecho; por tanto, deja de serlo -por ejemplo- si el actor invoca un acto interruptivo que debe acreditarse, mediante la prueba respectiva, a fin de verificar hechos a los que se asigna aquella entidad.

En efecto; si, opuesta la excepción de prescripción se invocan hechos susceptibles de comprobación y circunstancias a las cuales se les asigna virtualidades interruptivas del curso de aquélla, corresponde su resolución conjuntamente con la sentencia (CNCiv, Sala C, 29/3/94, LL, 1995-B, p. 187; CNCivCom, Sala III, 3/5/84, LL, 1985-A, p. 576). (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la intimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ daños y perjuicios - sumario. Resolución N° 4015/2017 del 5 de diciembre de 2017 - Declaración de incompatibilidad respecto de la sentencia dictada por la CorteIDH el 29 de noviembre de 2011, Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-25

El derecho a la privacidad e intimidad encuentra su fundamento en el art. 19 de la Constitución Nacional y, en relación directa con la libertad individual, protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad.
Personería, socio gestor
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARRIZO HUMBERTO c/ HUGO E. ACTIS s/ ORDINARIO  -  SOCIEDAD  ACCIDENTAL  Y  EN PARTICIPACION: DISOLUCION -  PERSONERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-10-20

La sociedad accidental o en participación (Capítulo II, Sección IX de la Ley 19.550), es fruto de una concepción netamente argentina, originada en el Código de Comercio, con clasificaciones de Malagarriga y Aztiria, y cuyos caracteres esenciales estriban en ser una sociedad oculta, transitoria, y para una o más operaciones determinadas, especificándose que los términos accidental o en participación son utilizados como sinónimos o equivalentes por la ley, la que las regula como una sociedad anómala desde que carece de personalidad jurídica y no contrata como tal con los terceros, por lo que sólo crea entre los integrantes un vínculo social, en sus relaciones internas, distinguiéndose así de los demás negocios parciarios.

El calificativo de "oculta" es criticado como impropio en la doctrina en lo que pueda sugerir de secreta o clandestina, pues podrá ser conocida por terceros sin alterar sus reglas de responsabilidad, cuando en realidad de lo que se trata de marcar es simplemente la ausencia de un ofrecimiento de responsabilidad colectiva o rural.

La caracterización de estas llamadas sociedades accidentales o en participación, se integra en el art. 361 de la L.S., en el que se resalta que su objeto se cumple por aportaciones comunes pero a nombre personal del único socio que trasciende, o sea el gestor, ya que aquella no es sujeto de derecho, es decir que carece de personería y de denominación social, y además no está sujeta a formalidades ni se inscribe en el Registro Público de Comercio, acreditándose por las pruebas comunes.-
Leyes, interpretación de la ley, Constitución Nacional, Poder Legislativo Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Empresa Geosur S.A. Rawson s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-04

Corresponde descartar que la ley 25.246 sea una norma nacional en los términos del art. 116 de la Constitución Nacional y del art. 2°, inc. 1°, de la ley 48, ya que no resulta de aquellas dictadas por el Congreso Nacional en el ejercicio de las facultades expresamente delegadas por las provincias y conferidas, en razón de ello, por el art. 75 de esa norma fundamental, con la reserva de su inc. 12.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.