Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-11


Buenos Aires,	11 de octubre de 2006.

Visto: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. El señor Pedro Jaime Kesselman, por su propio derecho y en representación de la Asociación Vecinos de Plaza Italia, interpuso acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "para que cese en su omisión manifiestamente ilegal y arbitraria consistente en permitir un obrar absolutamente irregular y violatorio de la normativa vigente, especialmente en materia de habilitaciones por parte de la empresa OGDEN RURAL SA (concesionaria de la Sociedad Rural Argentina)". Paralelamente pidió, como medida cautelar, que "se orden[ara] la clausura de la totalidad del predio hasta tanto esté debidamente acreditado en autos la habilitación definitiva de conformidad a las prescripciones del Código de Habilitaciones".

Asimismo requirió la acumulación de su acción, fundado en razones de conexidad, con el "proceso en que se investigan hechos similares respecto del Predio en que funciona La Rural caratulado Devoto, Rubén y otros c/ GCBA s/ Medida Cautelar Exp. 13541/1" (fs. 1/10).

2. A fs. 26, la señora jueza titular del juzgado CAyT n° 4, Dra. Elena Liberatori -quien intervenía en el expediente "Devoto" supra citado- decidió que ambos expedientes debían tramitar en forma independiente "en virtud de que no hay identidad de objeto ni de sujetos (conf. res. 335/2001 CMCABA)".

3. A fs. 40/43 la magistrada mencionada rechazó la medida cautelar solicitada por la actora. Recurrida la decisión mediante reposición y apelación subsidiaria (ver fs. 60/71) la señora jueza desestimó la primera y concedió la segunda (fs. 72).

4. Surge del punto 9 de la resolución de la Sala II, CCAyT, que obra a fs. 119/121 que:

a) la señora jueza CAyT n° 4, como consecuencia de su decisión (reseñada arriba, punto 2) de que los expedientes debían tramitar de modo independiente, remitió este legajo a la secretaría general del fuero con el fin de que se realizara un nuevo sorteo, b) que, a raiz de ello, las actuaciones fueron atribuidas al juzgado CAyT n° 8, cuyo juez se inhibió de conocer por razones de conexidad con los autos "OGDEN Rural SA c/ GCBA s/ Acción Meramente Declarativa en trámite ante el juzgado CAyT n° 3, c) que por tal razón, el expediente quedó radicado en este último tribunal de primera instancia, cuyo titular es el Dr. Guillermo F. Treacy.

5. Para resolver la apelación concedida a fs. 72 resultó sorteada la Sala II de la CCAyT (ver fs. 76 vta.) que, a fs. 119/121, decidió "inhibirse de entender en el trámite de las presentes actuaciones y ordenar su remisión a la Sala I que intervino en [la] causa 'Devoto Rubén Angel y otros c/ GCBA s/ medida cautelar" por la conexidad que advertía entre ambos expedientes.

6. A su turno, la Sala I de la CCAyT, negó la existencia de la conexidad invocada y, además, señaló que se trataba de una cuestión examinada, resuelta y firme en primera instancia cuyo replanteo resultaba improcedente. Por tales razones resolvió "no admitir la radicación de la causa ante [sus] estrados y, en consecuencia, disponer su devolución a la sala remitente..." (fs. 148/149).

7. Recibidas nuevamente las actuaciones en la Sala II, CAyT, mantuvo su criterio inicial y, como consecuencia, ordenó remitirlas "al Tribunal Superior de Justicia, a sus efectos" (fs. 156) 8. A fs. 165/166 emitió su dictamen el señor Fiscal General Adjunto.

Fundamentos El juez Luis F. Lozano dijo:

1. El asunto elevado a decisión del Tribunal Superior de Justicia "a sus efectos" (ver fs. 156), constituye una cuestión de superintendencia.

En efecto, se trata de la asignación de un expediente, asunto que el "Reglamento provisorio de iniciación y asignación expedientes del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario", sancionado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad mediante Resolución n° 335/2001, pone bajo la autoridad de la Cámara, cuya Mesa Receptora y Distribuidora de Expedientes recibe el expediente. Acerca de cuál es la Sala que debe entender en esta causa ("Kesselman, Pedro Jaime contra GCBA y otros sobre procesos incidentales", expte. n° 17.168/2) discrepan las dos que componen la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario.

No existe, en cambio, una discrepancia acerca de la competencia, a cuyo respecto no se duda de que corresponde al fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Coincidentemente, establecer en cuál de las dos salas de la segunda instancia debe tramitar, no modificará la atribución de competencia del juzgado de primera instancia que interviene en el expediente. Tampoco la conexidad de que se trata está proyectada a la acumulación de acciones o al modo de la integración de la litis sino que limita sus efectos a la radicación de este expediente en una de las salas.

2. Sentado lo anterior, corresponde preguntarse si el conflicto, que por lo dicho no es de competencia, es de aquellos a los que se refiere el art. 26, inc. 7, segunda parte, ley n° 7.

La primera condición para que sea aplicable la competencia apuntada es que se plantee entre jueces que "no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlo". Pero, existe en el caso un órgano con potestad de decidir, aun cuando cabría dudar de su calidad de superior común. Lo es, a mi parecer, puesto que la competencia para resolver por sobre lo que las salas decidan separadamente determina la condición de superior común a ambas. Mas, aun partiendo de la tesis opuesta, la solución no diferiría. Ello así, porque en la interpretación más natural del art. 26, inc. 7, segunda parte, ley n° 7, la existencia de un superior común es suficiente para que su competencia para resolver la cuestión dimane directamente del comentado art. 26. Dicho en otras palabras, si no lo hay lo es el TSJ y, si lo hay, ése es quien resuelve. La norma apunta a una hipótesis que podemos considerar residual. Pero, ello no implica que no existan otras posibles soluciones. Si otra norma prevé un mecanismo más específico de solución, librándola a un superior común o uno que lo fuera tan solo de uno de los jueces que contienden, o de ninguno, remitiendo al parecer de quien sigue en turno, o aun cuando el mecanismo fuera alguno fundado en el azar, ése será el camino para asignar la causa, eliminando el del TSJ. Esta última es nuestra situación.

Cierto es que el Reglamento mencionado supra no ha contemplado específicamente desacuerdos como el que nos ocupa. Empero, según dije, ha puesto genéricamente la misión de distribuir los expedientes dentro de las competencias de la Mesa Receptora y Distribuidora de Expedientes dependiente de su Secretaría General y ésta, a su vez, bajo la conducción de la Cámara. Esta es entonces la autoridad a la que compete, en ausencia de regla más específica emitida por el Consejo de la Magistratura, decidir la cuestión. Sin embargo, no se ha expedido aún, no obstante que cada uno de sus miembros lo ha hecho como integrante de Sala.

Esta modalidad, consistente en que la cuestión sea solucionada por la propia Cámara, ha sido adoptada mediante una previsión específica en el Reglamento de la Cámara Nacional en lo Civil, cuyo artículo 35 contempla una disposición análoga a la del art. 23 del Reglamento Provisorio de Iniciación y Asignación de Expedientes del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario . Su último párrafo dice: "A la misma Sala también le corresponderá conocer en las causas conexas e íntimamente vinculadas" y, a renglón seguido, establece la regla para solucionar posibles discrepancias: "De mediar desacuerdo entre las Salas acerca de la aplicación de lo previsto en el párrafo anterior, el presidente de la Cámara decidirá en qué Sala quedará radicado el expediente, sin sustanciación ni recurso alguno..." Similar solución aparece en el Reglamento de la Oficina de Asignación de Causas de la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, y en el Reglamento para la asignación de causas en la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

3. Finalmente advierto que la decisión habrá de ser adoptada por la Cámara con la premura del caso, a los efectos de evitar que se configure en la especie un supuesto de privación de justicia, más aun teniendo en cuenta la naturaleza -amparo- de la acción que concierne a este expediente.

4. Por lo expuesto voto por remitir la causa a la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario para que sea ella la que determine en cual de las dos salas debe tramitar.

Los jueces Ana María Conde y José O. Casás dijeron::

Nos adherimos al voto del juez Luis Francisco Lozano.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

En atención al tipo de cuestión planteada y a las facultades que la Cámara tiene asignadas por el Reglamento Provisorio de Iniciación y Asignación de Expedientes del Fuero (arg. art. 23 del reglamento citado) comparto la solución que propone el señor juez de trámite.

Por ello, emitido el dictamen del señor Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Remitir la causa a la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario para que sea ella la que determine en cual de sus dos salas debe tramitar.

2. Mandar que se registre, se notifique al señor Fiscal General y se cumpla.

El juez Julio B. J. Maier no firma por estar con licencia.