Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-26


SENT Nro. 368 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 26 DE MAYO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Ingenio y Destilería Marapa vs. Pistone de Rizzo, Graciela s/Cobro ejecutivo (Expte. 121/02)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones y Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Concepción, del 26/8/2002 que confirma la sentencia de primera instancia de fecha 17/4/2002.

II.- El recurrente funda su recurso en la arbitrariedad sentencial. Al respecto, manifiesta que el tribunal a quo ha manipulado el "factum" de forma tal, que lo llevó a tratar los argumentos de la excepción interpuesta como si fueran uno solo, asignándoles una relación de accesoriedad o complemento. Que ese error de enfoque derivó en un inadecuado análisis de la cuestión debatida, las normas jurídicas y la jurisprudencia sentada en la materia. Señala que la excepción de inhabilidad de título interpuesta adquiere carácter bifronte. Por una parte estaba basada en la falta de legitimación pasiva, al no ser la excepcionante la libradora de las cambiales; por la otra, en la carencia de un requisito esencial que obsta a la viabilidad ejecutiva de aquéllas. Que ambas son independientes entre sí y que, previo a ello, hubo negado la existencia de la deuda. Discrepa con la conclusión del fallo respecto de que por negligencia no produjo la prueba pericial caligráfica pero expresa, por lo demás, que el fallo debía abocarse al estudio de las características el titulo y verificar si posee entidad ejecutiva; que en el caso los pagarés no tienen lugar de emisión ni de pago, defectos ostensibles que no requerían prueba.

Sostiene que la conclusión del tribunal de que la negación general de la deuda es insuficiente porque no probó la falsedad de las firmas es inadmisible y sólo resulta idónea para dispensar a la actora por la insuficiencia del título. Que si hubiese excepcionado de inhabilidad argumentando solamente el defecto de las cambiales su negativa general habría bastado. Manifiesta que para validar los títulos que se presentan es preciso ocurrir por la vía del art. 503 inc. 1° del CPCC; supuesto en el cual, de haberse producido, hubiera concurrido a negar la firma, sin estar obligada a probarlo; que la autenticidad de aquéllos habría tenido que ventilarse en un proceso ordinario y se pregunta, entonces, porqué se le exige demostrar la falsedad.

Manifiesta que las conclusiones en precedentes -que cita- del Superior Tribunal sólo son aplicables "mutatis mutandi" al caso, ya que expresamente negó la existencia de la deuda y la autoría de las firmas y que la insuficiencia probatoria con relación a esto último no es argumento bastante para declara que la firma ha quedado reconocida en los términos del art. 503 inc. 1º procesal.

Propone doctrina legal y solicita se conceda el remedio tentado con costas.

III.- El recurso fue denegado por auto de fecha 14/11/2002. Interpuesta la correspondiente queja ante esta Corte Suprema de Justicia, la misma abre el recurso directo, admitiendo provisionalmente la casación impetrada, según resolución de fecha 28/02/2003, correspondiendo ahora el examen de su admisibilidad definitiva y procedencia.

IV.- El Tribunal a quo consideró que, si bien surge que los pagarés base de ejecución carecen de lugar de emisión, con los que el título incumpliría el requisito exigido por el art. 101 inc. 6º del Dcto. Ley nº 5965, no siendo válidos como pagarés al no contar con un requisito esencial, lo cierto es que, tal como lo tiene decidido el juez de primera instancia, ellos pueden ejecutarse como instrumentos privados si la firma inserta en los mismos no es desconocida.

Que si bien el excepcionante niega las firmas en ellos insertas, no acredita lo alegado por incuria de su parte, toda vez que notificada la accionada de la apertura a prueba, ofrece pericial caligráfica pero no acompañó el bono de movilidad necesario para cursar la cédula notificando al perito a fin de que comparezca a aceptar el cargo. Que el "autos para sentencia" fue debidamente notificado prescindiendo la recurrente de los medios legales para la producción de la prueba en cuestión, por lo que no puede alegar en la instancia la negligencia del notificador. De ello concluye en que los títulos fueron suscriptos por la accionada. Cita jurisprudencia de esta Corte Suprema en el sentido de que el reconocimiento judicial de la firma inserta en el documento por efecto de falta de desconocimiento opera el efecto previsto en el art. 1028 del CC, quedando reconocido además el contenido del documento en que el actor justificó su pretensión al cobro.

De allí que concluya en la confirmación de la sentencia de primera instancia e imponga las costas al vencido por ser ley expresa (art. 108 procesal).

V.- De la confrontación de los términos del memorial casatorio con los argumentos de la sentencia en embate, se concluye en que el recurso interpuesto resulta procedente.

En efecto, la Cámara ha considerado que si bien los títulos presentados no son válidos como pagarés al no contar con un requisito esencial por incumplir el exigido por el art. 101 inc. 6º del Dcto. Ley nº 5965, ellos pueden ejecutarse como instrumentos privados si la firma inserta en los mismos no es desconocida. En cuanto a esto último, sostiene que si bien el excepcionante negó las firmas, no acreditó que las mismas no le pertenecían por negligencia en la producción de la pericial caligráfica; concluyendo de ello en que los títulos fueron suscriptos por la accionada, aplicando jurisprudencia de esta Corte en el sentido de que esta falta de desconocimiento opera el reconocimiento judicial de la firma inserta en el documento con el efecto previsto en el art. 1028 del CC.

De este razonamiento se agravia la recurrente y en ello le asiste toda razón. En efecto, la sentencia argumenta a partir de la comprensión de que, negada la deuda y la firma por la accionada y ofrecida prueba pericial, le correspondía a ésta acreditar que las firmas insertas no le pertenecían y que, al no hacerlo así -por su negligencia en la producción de la pericial caligráfica-, la situación equivale a la falta de desconocimiento de firma. A su vez, de esta última situación deriva el reconocimiento con los efectos previstos en el art. 1028 del CC, aplicando precedentes de esta Corte Suprema en que se da por reconocida la firma de la ejecutada y, con ello, por preparada la vía ejecutiva cuando ésta no la ha negado. Es a esta falta de desconocimiento -proveniente de la omisión en negar la autenticidad de la firma- que este alto Tribunal ha otorgado efectos de reconocimiento judicial y por ende, de cumplimiento de los requisitos del art. 503 inc. 1° procesal.

En el caso de autos, luego de despachada la ejecución, el demandado articuló la defensa de inhabilidad de título en la cual no sólo niega la existencia de la deuda sino que además niega que haya firmado los pagarés que se ejecutan; afirma que la firma inserta en ellos no le pertenece a su mano caligráfica (fs. 37). Abierto el período probatorio, ella misma ofrece a fs. 50 pericial caligráfica que luego, por las razones expuestas, no se produce. Este solo hecho es insuficiente para lograr la inversión de la carga probatoria de la autenticidad de las firmas que pesaba en cabeza del accionante. Ello por cuanto los instrumentos presentados, al perder la calidad de títulos de créditos -pagarés que por sí mismos, llevan aparejada ejecución- quedaban en calidad de instrumentos privados. Siendo así, era necesario que a su respecto se reconozca la firma para que ellos adquieran virtualidad ejecutiva (arg. arts. 502 inc. 2° y 503 inc. 1° procesal).

El yerro de Cámara, radica entonces, en atribuir la carga probatoria al excepcionante que hubo negado la deuda y la firma en los documentos presentados. Y ello porque, en la especie, no hay motivo para provocar tal inversión de la carga probatoria.

En efecto, se han presentado como títulos ejecutivos dos pagarés en cuyo caso, el portador legitimado no tendría, en principio, que justificar la autenticidad de la firma del librador (sin perjuicio, claro está, de que posteriormente pudiera discutirse su legitimidad mediante la excepción de falsedad que autoriza la ley). No obstante, si, tal como se expuso, los pagarés han perdido su calidad de tales en virtud de no cumplimentar recaudos esenciales para ello, los documentos presentados no tienen aptitud suficiente como títulos ejecutivos, sino como instrumentos privados en el caso de que la firma no fuera desconocida. En el sub examine, el excepcionante desconoció la firma y por ello, correspondía al ejecutante demostrar que el título que se pretende ejecutar reúne los caracteres habilitantes de dicha vía.

Entonces, negada la autenticidad de la firma (hecho éste que otorga al presente caso ribetes que lo hacen en un todo distinto a los de los precedentes de esta Corte citados por los magistrados actuantes -ver sents. Nro. 917/98 y 741/96 CSJT-) insertas en instrumentos privados que no son válidos como pagarés, correspondía al ejecutante probar tal aserto y no al ejecutado. De allí que la mera negligencia en la producción de la pericial caligráfica no puede tener la virtualidad de asignarle el reconocimiento ficto de la firma con los efectos de otorgar ejecutividad al documento.

Por otra parte, tampoco se advierte que el ejecutante cumpliera con la carga de demostrar la autenticidad de las firmas, por lo que el instrumento presentado no reúne las condiciones previstas en el art. 502 inc. 2° ni se ha cumplido con lo dispuesto en el art. 503 inc. 1°.

Siendo así, corresponde casar la sentencia recurrida a tenor de la siguiente doctrina legal: "La carga de la prueba de la autenticidad de la firma inserta en instrumentos privados que han perdido la calidad de pagarés por no reunir los requisitos esenciales previstos al efecto, corresponde al actor que pretende hacerlos valer como títulos ejecutivos y no al ejecutado que ha negado expresamente la autenticidad de las firmas", dictándose como sustitutiva, la siguiente: "I.- HACER LUGAR al recurso de apelación deducido por la ejecutada contra la sentencia de primera instancia de fecha 17 de abril de 2002 y, en consecuencia, se REVOCA la misma haciéndose lugar a la excepción de inhabilidad de título interpuesta, rechazándose la demanda. II.- COSTAS a la ejecutante vencida, en ambas instancias (arts 106 y 108 procesal). III.- HONORARIOS, oportunamente".

VI.- Las costas del recurso de casación se imponen a la vencida por ser ley expresa (art. 106 procesal).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones y Familia y Sucesiones del Centro Judicial de Concepción, del 26/8/2002 en consecuencia, se casa la misma conforme a la doctrina legal enunciada, y se dicta como sustitutiva la siguiente: "I.- HACER LUGAR al recurso de apelación deducido por la ejecutada contra la sentencia de primera instancia de fecha 17 de abril de 2002 y, en consecuencia, se REVOCA la misma haciéndose lugar a la excepción de inhabilidad de título interpuesta, rechazándose la demanda. II.- COSTAS a la ejecutante vencida, en ambas instancias (arts 106 y 108 procesal). III.- HONORARIOS, oportunamente".

II.- COSTAS del recurso de casación, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA