Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-05-20


En la ciudad de Trelew, a los 20 días de mayo del año dos mil ocho, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S. , G. F. c/ S. , E. A. y/o E. T. y/o q. rte. resp. s/ dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. N° 22.670 - año: 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 199.----- A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: --- I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 177/180) hizo lugar en todas sus partes a la pretensión entablada, condenando al demandado a abonar al actor la suma de $ 82.121,58 con más sus intereses y costas a cargo del vencido.- II. El fallo es apelado por la representante letrada de la parte demandada, quien sostiene su recurso a través de la pieza glosada a fs. 190/191 vta., respondida por la contraparte a fs. 195/196.------ Los motivos de agravio expresados son, en síntesis, los siguientes: 1) acerca de la confesión del demandado tenida en cuenta por el sentenciante, efectúa consideraciones destinadas a poner de resalto la actitud de su representado, quien se presentó a absolver posiciones y reconoció hechos, "...todo ello a pesar de que el art. 18 C.N. dispone que nadie está obligado a declarar contra sí mismo"; 2) le agravia la consideración del a quo en cuanto tuvo en cuenta que S. respondió el telegrama de intimación por improcedente, falaz y mentiroso", hecho que sin embargo la apelante reconoce como cierto; 3) le agravia que el sentenciante haya hecho lugar a las indemnizaciones por despido indirecto, incluyendo la multa del art. 1 de la ley 25.323, siendo que al contestar la demanda, su parte no solamente había impugnado la liquidación presentada por el actor sino que había cuestionado la aplicación de la ley 25.323 atento que no se verifican las conductas tipificadas en la misma y que el empleador no sólo no guardó silencio ante las intimaciones de S. , sino que además lo intimó a retomar sus tareas habituales; 4) le agravia que no se hayan tomado en cuenta los argumentos vertidos en la demanda, al no valorar debidamente las pruebas arrimadas a la causa; particularmente la prueba documental (libro especial del art. 52 L.C.T.) que no fue desconocida por el actor y demuestra la real fecha de ingreso del actor, señalando que "la prueba escrita o documental es una de las más seguras, y su superioridad resulta incontestable sobre la prueba oral"; 5) cuestiona que el sentenciante haya elaborado su razonamiento en base a la prueba confesional y testimonial, señalando que su parte solicitó la impugnación de los testigos A. y M. atento a la relación laboral que ellos habían mantenido con el demandado, afirmando que la declaración de A. fue notoriamente hostil hacia S. , citando jurisprudencia en el sentido de que deben ponderar los testimonios de quienes mantienen juicios pendientes contra la parte demandada. Insiste en que la prueba escrita, documentada, es una de las más seguras y tiene preeminencia frente a la declaración de los testigos. Por todo ello, solicita se revoque el fallo recurrido.-------------- III. Las consideraciones efectuadas acerca de la prueba confesional denotan una ausencia de crítica concreta y razonada acerca de su valor probatorio (conf. art. 265, C.P.C.C.). Sin perjuicio de la garantía constitucional del art. 18 C.N., lo cierto y concreto es que el demandado se avino a someterse a dicha prueba, concurriendo a la audiencia a absolver posiciones y respondiendo en forma espontánea a las mismas. En consecuencia, su confesión expresa acerca de los hechos conducentes para esclarecer la naturaleza y características de las actividades desplegadas por el actor (en particular, la novena posición del pliego de fs. 142/vta., seg. acta de fs. 143) tiene eficacia convictiva plena, salvo en supuestos de excepción que no se presentan en la especie (conf. arts. 423, 424, C.P.C.C.; arts. 45 y 76, Ley N° 69). Por todo ello, considero que la apelante ha incurrido en la deserción parcial de recurso en este aspecto (conf. art. 266, C.P.C.C.; art. 76, Ley N° 69) y el agravio debe ser desestimado.------------- IV. Idéntica situación se presenta, en mi opinión, con el segundo agravio formulado. El sentenciante de primera instancia, considerando que el actor, conforme a las probanzas de la causa, había tenido justos motivos para considerarse indirectamente despedido, acogió las indemnizaciones reclamadas, incluyendo las previstas en los arts. 1 y 2 de la Ley 25.323. Respecto de estas últimas, señaló: a) que procedía la multa del art. 2 por cuanto, hallándose debidamente intimado, el empleador tuvo ocasión de abonar las indemnizaciones de ley y no lo hizo; b) que procedía asimismo la prevista en el art. 1, dado que la relación laboral se encontraba indebidamente registrada. Frente a ello, la recurrente objeta lo resuelto haciendo notar que al contestar la demanda su parte había impugnado la liquidación actoral y había fundamentado la improcedencia de aplicar la ley 25.323.-------------- Como puede observarse, la apelante, además de no traer ninguna argumentación a fin de refutar las conclusiones ya reseñadas, se limita a referir la postura adoptada por su parte al contestar la demanda, con olvido de la previsión del art. 265 del C.P.C.C. que establece puntualmente que a los fines de una crítica concreta y razonada "no bastará remitirse a presentaciones anteriores". Ello indica una clara insuficiencia desde el punto de vista técnico, incurriendo aquí nuevamente en la deserción parcial del recurso (art. 266, C.P.C.C.).---------- V. Los agravios reseñados bajo los puntos 3 a 5 confluyen en una crítica acerca de la valoración probatoria, por lo que los trataré en forma conjunta.--- Es útil recordar que para adquirir convicción acerca de la antigüedad en el empleo y tareas desarrolladas por el actor, el a quo tomó en consideración la confesión del demandado y los testimonios concordantes de D. (fs. 151/vta.), A. (fs. 153/vta.), R. (fs. 155) y M. (fs. 156/vta.). De ambos medios probatorios extrajo como conclusiones: a) que el demandante había ingresado a órdenes de S. en 1994; b) que las tareas realizadas eran las de desarmado, reparación y armado de embragues; c) que por tanto era de aplicación a su respecto el C.C.T. 27/88; d) que en consecuencia era acreedor a las diferencias salariales reclamadas, que la relación de empleo se hallaba incorrectamente registrada y que frente a la intimación efectuada por el actor, el silencio y posterior negativa del demandado no le dejaron a S. otro camino que colocarse válida y legítimamente en situación de despido (conf. fallo, fs. 179).------------- Manifiesta el apelante que no se tuvo en cuenta su impugnación al contestar la demanda respecto de los testigos A. y M. atento a la relación laboral que ellos habían mantenido con el demandado, afirmando que dichos testigos fueron hostiles respecto de S. . En primer lugar, debo decir que la sola circunstancia de haber sido empleados del demandado no excluye la validez de dichos testimonios. Tampoco surge de dichas declaraciones que los nombrados mantengan pleito pendiente con S. . Hecha esta salvedad, desde que ambos declarantes refirieron algunos incumplimientos laborales a su respecto por parte del demandado, sus testimonios deben ser apreciados con mayor rigor, mas ello no es indicativo por sí mismo de que hayan sido mendaces. Puede observarse asimismo que los testigos no han expresado un sentimiento de enemistad ni tampoco han puesto de manifiesto mantener pleitos pendientes con el demandado. En este sentido, como he tenido ocasión de expresarlo en reiterados precedentes, la sola circunstancia de que un testigo sea o haya sido dependiente de una de las partes, o aun si mantuviera pleito pendiente con una de ellas, aunque torna aconsejable tomar su declaración con criterio restrictivo, no es motivo suficiente para descalificar el valor convictivo de sus dichos ante un tribunal, pues en general son los propios integrantes de la empresa, por la situación en que se encuentran, quienes están en mejores condiciones están de aportar datos que han percibido a través de sus sentidos respecto a hechos acontecidos con motivo de la relación laboral (ver, entre otros, Cam. Ap. Trab. San Juan, 28/2/89, SAIJ, sum.50000042 - conf. criterio del suscripto en Expte. 15022 C.A.N.E.). Éste es precisamente el caso, ya que los declarantes fueron quienes tuvieron mayor contacto con los hechos en cuestión, y ciertamente, no hallo en la causa ninguna razón objetiva para descreer de la sinceridad de sus declaraciones. Por otra parte, los testimonios de D. y R. -respecto de quienes el apelante no formuló tacha ni objeción alguna- también declaran en sentido coincidente acerca de las tareas cumplidas por el actor, por lo que no se advierten motivos para descalificar la prueba terstimonial, evaluada conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386, 456, C.P.C.C.; arts. 45 y 76, Ley N° 69).-- En cuanto a la alegada preeminencia de la prueba documental (libro especial del art. 52 L.C.T.) sobre la testimonial y la confesional, la recurrente incurre cuanto menos en un errónea conceptualización acerca de este tópico. Para comenzar, nuestro sistema procesal no contiene un sistema de tarifa legal o prueba tasada, sino que, por el contrario, adopta el de la sana crítica racional (conf. art. 386, C.P.C.C.; su doctrina). En consecuencia, resulta impropio sostener en abstracto la preeminencia de un medio probatorio sobre otro, por cuanto ello dependerá en numerosos supuestos de la pertinencia, conducencia y fuerza convictiva de las diversas probanzas aportadas al proceso, juzgadas con dichos parámetros de logicidad. Por cierto que en este esquema la prueba confesional tiene eficacia convictiva plena, salvo las excepciones previstas en la ley, tal como lo he expresado con anterioridad. Y en cuanto a la prueba documental, su fuerza convictiva dependerá de una serie de circunstancias, esto es: de la certeza acerca de su autenticidad y sinceridad, si se trata de instrumentos públicos o privados, firmados o no firmados, emanados de las partes o terceros, con o sin fecha cierta, etc. etc. En síntesis, la afirmación acerca de que la prueba documental "es una de las más seguras y tiene preeminencia sobre la testimonial" se aprecia como un juicio subjetivo, puramente dogmático, que no resiste un análisis lógico riguroso.

Hecha esta aclaración preliminar y yendo al caso concreto, este tribunal ha señalado en varias oportunidades que, como es sabido, las registraciones laborales de la demanda consignadas en el libro especial del art. 52 L.C.T en principio no prueban a favor del empleador, aunque sí pueden probar en su contra (conf. esta Sala en numerosos precedentes - Expte. 13440- S.D.L. 76/98; Expte. 16981 - S.D.L. 16/01; Expte. 19633 - S.D.L. 43/04 - Expte. 12450 - S.D.L. 93/97; Expte. 12500 - S.D.L. 120/97; Expte. 12251 - S.D.L. 127/97 C.A.N.E.; entre otros). Por lo tanto, dichos registros no aportan eficacia probatoria para demostrar las afirmaciones de la empleadora acerca de los hechos aquí debatidos.--- Finalmente, como bien lo ha ponderado el a quo, la controversia acerca de la real antigüedad de la agente quedó suficientemente esclarecida con los testimonios ya reseñados, sin que las objeciones planteadas hagan mella respecto de esta conclusión (arts. 386, 456, C.P.C.C.; su doctrina).---------- VI. Conclusiones: - A mérito de las consideraciones vertidas, opino que el decisorio merece confirmación en todo cuanto ha sido materia de recurso, con costas en la Alzada a cargo de la parte apelante (art. 59, Ley N° 69). De compartirse esta postura, propongo regular los honorarios de los letrados actuantes en esta sede atendiendo a sus calidad de apoderados, a la eficacia, extensión de sus tareas y a los resultados respectivamente obtenidos, como sigue: a) para la Dra. N. del C. M. , en el 2,8% y b) para el Dr. A. E. M. , en el 5,3% (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec.Ley 2.200).------------ Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.-- A TAL CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso: ------- Suficientemente reseñados ya por el colega preopinante los antecedentes del caso y los agravios expresados por el apelante, a la tal síntesis me remito en homenaje a la brevedad. Concuerda mi opinión con la del ponente y para fundarla individualmente según lo requiere la manda del art. 169 de la Const. Prov., bastará formular las siguientes consideraciones.------ I.- Inaudible a esta altura es el cuestionamiento constitucional a la prueba de confesión. Ha declarado nuestro Superior Tribunal de Justicia Provincial que el control judicial de constitucionalidad no debe ser ejercido de oficio sino a instancia del interesado ( S.I. 101/90, en JUBA, base SCSURW, sum. 1.090, doctrina que reiterara luego en c. 19.441 S.D. 1/SRE/05, del 15/2/05), de lo que prescindió el hoy recurrente en la ocasión debida. Desde que el actor ofreció esa prueba en su demanda, cual se lo exigía el art. 46 inc. 5º de la ley 69 (fs. 7), el acto de contestar el traslado que de ella le fuera conferido fue la primera y evidente oportunidad procesal en que hubo el demandado de formular el planteo de inconstitucionalidad, a fin de que el juez de la causa pudiera tratarlo (confr.: S.T.J. Chubut, S.I. 14/90, 67/92, 48/94, 216/94, en JUBA, base SCSURW sums. 1.137, 1,724, 2.507, 3.086; S.C.B.A., JUBA, base SCSBLP, sums. 7.966, 21.458, 42.509, 42.514; esta sala, c. 15.394 S.D.C. 8/00, c. 16.911 S.D.C. 28/01, c. 18.760 S.D.C. 29/03, c. 22.035 S.D.L. 23/07).------- No propuesto en su día el capítulo de la inconstitucionalidad de tal especie de prueba al Señor Magistrado de Primera Instancia, por aplicación del principio de congruencia quedó éste impedido de considerarlo y decidirlo, como vedado le está hoy a esta alzada el fallarlo (arts. 34 inc. 4°, 163 incs. 3°, 4° y 6° y 277 C.P.C.C.).-- Por lo demás, y así sea a mayor abundamiento, señalaré que la Corte Suprema Nacional ha declarado desde antiguo que la garantía constitucional de no ser obligado a declarar contra sí mismo sólo rige en materia penal (Fallos 238:416, 253:493).- Desde que la confesión expresa constituye "plena prueba" según el art. 423 parte 1era. C.P.C.C. -prueba tasada que escapa a la regla general de apreciación del art. 386 íd. (confr.:Morello y otros, "Códigos Procesales...", 1era. ed., V-385, "a"; esta sala, c. 22.513 S.D.L. 9/08)-, fuerza es concluir que el juzgador del anterior grado no incurrió en yerro alguno al atender a la aquí prestada para dar por acreditados los hechos controvertidos de la causa.----- II.- Cierto es que el empleador no guardo silencio ante la intimación telegráfica cursada por el trabajador el 28/12/06 (fs. 118 de la doc. res.), pues la contestó mediante su carta documento hoy obrante a fs. 124 de la documentación reservada, pero no es menos exacto que tal misiva postal fue remitida recién el 9/1/07 -en la misma fecha del despido indirecto-, esto es ya agotado el plazo del art. 57 L.C.T., de modo que se tornó operativa la presunción contra el patrono estatuida por dicha norma legal.---------- III.- El art. 1 de la ley 25.323 no hace depender la procedencia de la sanción reglada por el precepto del silencio o no del empleador ante la intimación del trabajador, sino la efectiva existencia de una registración deficiente de la relación laboral, como en la especie promediaba ante la incorrecta fecha de ingreso y el indebido encuadre convencional que se hizo constar. Súmese a ello que la respuesta del demandado frente a la intimación del actor fue harto tardía y rotundamente negativa. IV.- Pretende el apelante descalificar la prueba testifical rendida por ser ella opuesta ella a las constancias del libro especial contemplado en el art. 52 L.C.T.-- Destacaré en primer término que, contra lo afirmado por el recurrente en su pieza de agravios, el actor impugnó las atestaciones de dicho libro a fs. 25, párr. 4º. En segundo lugar, recordaré que el valor probatorio de los libros de la empresa debe ser apreciado con criterio restrictivo cuando sus constancias se esgrimen contra el trabajador, ya que éste no interviene en el manejo de ellos y las registraciones que se practican (confr.: Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma 1980, I-234, nº 492 y sus citas). En tal valoración es consideración fundamental el carácter unilateral de tal probanza, substraída a toda posibilidad de control de la otra parte y a la posibilidad de constitución por ésta de una contraprueba equivalente, como sí ocurre en el caso de los asientos mercantiles entre comerciantes (confr.: López - Centeno - Fernández Madrid, "Ley de contrato de trabajo comentada", Ed. Contabilidad Moderna 1977, I-332, nº 7,14).- Por ende, no sería correcto otorgar preeminencia a esos registros unilaterales sobre declaraciones testimoniales convincentes, pues ello importaría, amén de apartarse de las reglas de la sana crítica aplicables a la apreciación de la prueba que también rigen en el proceso laboral (arts. 386 C.P.C.C., 45 y 76 de la ley 69), el desentenderse del principio de primacía de la realidad, de acuerdo al cual en el campo de los contratos de trabajo interesan más los hechos que la formalidad documental (doc. de los arts. 7 y 14 L.C.T.; confr.: Sardegna, "Ley de Contrato de Trabajo", Ed. Universidad 1982, pág. 55; esta alzada, c. 21.337 S.D.L. 4/07).------- V.- A propósito de las críticas vertidas por el recurrente sobre la apreciación que el sentenciante de origen hiciera de las probanzas testificales, haré notar: ------- A) En cuanto a las declaraciones de L. S. A. y A. A. M. , que a ellos no les comprendían las generales de la ley como dependientes del demandado, pues al momento de deponer ya no trabajaban para él (fs. 153 y 156, resps. a las grales. de la ley) y el art. 441 inc. 5º C.P.C.C. se refiere a quien "es dependiente" y no al que lo fue (este tribunal, c. 11.440 S.D.L. 128/95, c. 19.084 S.D.L. 52/03, c. 21.647 S.D.L. 11/07). Además, ellos fueron coherentes en sus dichos y de demostraron animosidad contra el demandado, cual lo demuestra la respuesta a la 1era. repreg. a fs. 153 vta.----------- B) Que el Señor Magistrado de previo grado no sólo formó su convicción sobre la base de los dos referidos testimonios, sino que a la par valoró los de C. F. D. y H. A. R., sin que el apelante expresara la mínima crítica acerca de tal apreciación, con lo que ella ha devenido firme (arts. 265, 266, 271 C.P.C.C.). En suma, como todos los deponentes indicados se expidieron sobre los hechos acerca de los cuales versó el interrogatorio de modo claro, preciso y coherente, sin autocontradicciones ni contrastes entre sí -ni entre los impugnados, ni entre los no tachados-, nada los hace sospechosos de mendacidad, la que por otra parte no se presume, en tanto, cual ha subrayado la doctrina, el testimonio se funda en la doble presunción de la conformidad del conocimiento del testigo con la realidad y de su fundamento moral; es decir, que el testigo no se ha engañado y de que no trata de engañar al juez (confr.: Alsina, "Tratado...", 2da. ed., III-530/531, nros. 1 "a" y 2 "b"; Framarino dei Malatesta, "Lógica de las pruebas...", Ed. Temis 1964, II-53/63).- VI.- Por las razones expuestas, concordantes con las desarrolladas por el prevotante, considero que el decisorio atacado merece ser confirmado en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia al recurrente vencido en ella (art. 59 de la ley 69) y regulando los honorarios de alzada en las sumas propuesta por el colega antes sufragante, acordes a la extensión, calidad y resultado de las labores profesionales aquí cumplidas (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200).------ Me expido consecuentemente en esta cuestión por la AFIRMATIVA.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: - En vista del acuerdo arribado precedentemente, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR el decisorio apelado en todo cuanto ha sido materia de recurso. II) Con costas en la Alzada a cargo de la parte actora, fijando los honorarios de los letrados actuantes en esta sede como sigue: a) para la Dra. N. del C. M. , en el 2,8% y b) para el Dr. A. E. M. , en el 5,3%.------ Así lo voto.------- A ESTA CUESTIÓN FINAL EL Dr. Velázquez respondió: ------- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el preopinante, reflejo fiel del acuerdo antes alcanzado.------- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haber coincidencia de opinión y hallarse vacante la restante vocalía de la Sala (art. 8 de la ley 1130, Textos ley 4550).------ Trelew, 20 de mayo de 2.008.-- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:- S E N T E N C I A: ---- CONFIRMAR el decisorio apelado en todo cuanto ha sido materia de recurso. - IMPONER las costas en la Alzada a cargo de la parte actora, fijando los honorarios de los letrados actuantes en esta sede como sigue: a) para la Dra. N. del C. M. , en el 2,8% y b) para el Dr. A. E. M. , en el 5,3%.-- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---- Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 25 DE 2008 - SDL.- CONSTE.-