marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: CIVIL
Carátula: DANTE RAMON MARCOS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-06-08

Cuando el accionante reclama mediante acción de amparo que el gobierno de la provincia le liquide los saldos que se le adeudan del suplemento mensual no remunerativo al que se hizo acreedor, se advierte que le asisten al presentante otros derroteros hábiles y reparadores que le permitan acceder a la percepción de los valores que reclama,en lo que es improcedente el amparo.
Quiebra, calificación de conducta, conducta fraudulenta, balance o informes falsos, síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: LONCOMEO  SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-30

La circunstancia de haber firmado, el síndico social, balances anteriores al comienzo de su gastan, no importa "per se" la calificación de fraudulencia de la LC: 235-12 , que requiere falsedad de esos instrumentos.
Amenazas calificadas, competencia federal, delitos contra la seguridad de la Nación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: REBUCO, Angel s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

Aun cuando en el hipotético caso de que las amenazas proferidas pudieran encuadrar en la figura agravada del art. 149 ter, C.P., cabe señalar que lo dispuesto en el art. 33, inc. 1° e), C.P.P., no es de aplicación automática, dado que la justicia federal es un fuero de excepción y su intervención sólo procede en la medida en que, directa o indirectamente, puedan resultar afectados intereses del Estado Nacional o de alguna de sus instituciones.
Aumento de cuota alimentaria, alimentos
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. A. c/ P., M. A. s/ Aumento de Cuota Alimentaria en Expte. B-168554/07
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-09-24

Procede incrementar la cuota alimentaria que debe abonar el demandado, pues el aporte dinerario acordado no alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria de sus tres hijos, quienes necesitan de las cuatro comidas diarias para una sana y equilibrada alimentación.
Determinación de impuestos, nulidad procesal, prueba prohibida, allanamiento ilegal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Red Hotelera Iberoamericana S.A. (T.F. 14.372-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-24

A diferencia de lo decidido por esta misma Sala en el precedente "Sosa, Mirta", del 4/6/98, en donde la mayoría del Tribunal llegó a la conclusión de que no había existido violación legal alguna en la forma como el Fisco había obtenido la información utilizada para la determinación de oficio impugnada, en el presente supuesto, por el contrario, los vicios que afectan el acto nulificado son evidentes desde el momento que las constancias de la causa autorizan razonablemente a suponer que aquel acto se sustentó en información producto de documentación secuestrada en los allanamientos dispuestos en la causa penal, cuya obtención fuera declarada ilegítima por resolución -firme- del tribunal competente, cuyo acierto o error no corresponde a esta Cámara examinar. (Del voto en disidencia del Dr. Grecco, consid. VII).
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, Municipalidad, facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez, Hilario Reyes c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

No satisface el requisito de suficiente fundamentación el recurso que no cuestionó adecuadamente lo expuesto sobre la falsedad de la causa del cese y la insuficiencia de la apelación, sin que baste con sostener simplemente que la reorganización administrativa constituye una potestad discrecional de la autoridad municipal, vedada a toda revisión judicial.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Motor Once  S.A.C. e I. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

La responsabilidad extracontractual del Estado por actividad lícita no puede disciplinarse por normas de derecho privado, porque ante el Estado actuando conforme a Derecho, fallan todos los preceptos sobre actos ilícitos; la solución sólo puede deducirse de los principios del Derecho Público.
Aplicación de la ley, apreciación de la prueba, juicio por jurados
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Fiscalia De Zapala c/  s/ inv. (t., a. p.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-03-12

La visualización de las placas fotográficas que integran aquella evidencia -que vale referir ninguna de las partes litigantes contaba en oportunidad de litigar en esta instancia recursiva-, permite ratificar que se trata de evidencia con gran potencial de apelar a las emociones o pasiones del jurado popular, lo que hace probable que se juzgue el caso sobre bases impropias. Habida cuenta de ello, comparto con el magistrado que se pronunciara en primer término que debe confirmarse la decisión que evitó la admisión de esta prueba para propiciar que el Jurado Popular se aleje de los criterios de razonabilidad a la hora de evaluar la evidencia (Del voto dirimente en mayoría del Dr. Sommer).
Derechos y garantías constitucionales, hábeas data, supresión de datos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lascano Quintana, Guillermo Víctor c/ Veraz S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

El art. 43 de la Constitución Nacional prevé la supresión de datos de los registros sólo para los casos de falsedad o discriminación (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Responsabilidad de la obra social, responsabilidad del Estado, asistencia médica, enfermedad preexistente, personas con discapacidad, derecho a la salud
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: TAMBURLINI, Julio César y ROBIN, Evangelina en representación de su hija menor María Luz Tamburlini c/ IOSPER s/ ACCION DE AMPARO.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-09-07

Se impone a las obras sociales la cobertura integral de las prestaciones a cargo del Estado que fueren necesarias para el tratamiento de personas con discapacidad, reconociendo la salud como derecho humano fundamental, estableciendo la asistencia sanitaria gratuita, universal, igualitaria, integral, adecuada y oportuna y asegurando a las personas con discapacidad la atención integral de la salud orientada a la prevención y rehabilitación.
Juicio, auto de procesamiento, nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Z.F.L.A.- M.G.A.-G.M.I. s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-05-06

Luego de efectuado el contralor previo que prescribe el art. 359 del C.P.P., la Fiscalía de Cámara plantea la nulidad del auto de procesamiento y consiguientemente de la requisitoria fiscal de elevación a juicio fundado en lo siguiente: que observa en la causa irregularidades que acarrean la nulidad y que impiden llegar válidamente a un debate y su correspondiente sentencia. En estado de resolver la cuestión planteada por la señora representante del Ministerio Público Fiscal, entiende el Tribunal que le asiste plena razón a la incidentista, sin dejar de señalar que ya la intimación formulada a los imputados antes de la indagatoria (293 C.P.P.), si bien con buena voluntad supera la exigencias requeridas bajo sanción de nulidad, en aras de preservar las más máximas garantías del derecho de defensa, derecho a ser oído, etc., que prescribe el art. 18 C.N. y el 170 del C.P.P., en consonancia con aquel, la misma aparace farragosa, confusa, donde se entreveran diversas contingencias del hecho, que parecen direccionar el tipo penal seleccionado por la a-quo, lo que se concretiza en el auto incriminador. Pero hete aquí que el Tribunal se encuentra en una suerte de encrucijada, esto es la preservación estricta de las garantías constitucionales, y el apremio de tiempo que determina la situación de encarcelamiento de los imputados, cuya privación de libertad determina la necesidad de evitar alongamientos excesivos en la tramitación del proceso. Sure claro que le asiste razón a la señora Fiscal de Cámara en cuanto aparece desarcertada la intimación, y más aún el fraccionamiento del hecho respecto de los supuestos partícipes del mismo, y más desarcertada aparece la conclusión a la que se arriba, lo que significa para el proceso incorporar situaciones confusas, con una imputación poco clara, todo lo cual se erige como un obstáculo para la defensa en juicio, fundamentalmente en la etapa culminante del plenario. Por ello resulta necesario declarar la nulidad articulada.
Acción de amparo, Salud pública, Instituto de Obra Social del Ejército
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreno  Susana  Angélica c/ Instituto Obra Social del Ejercito s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-03

Las disposiciones constitucionales que garantizan el derecho invocado por la actora, plasmadas en la ley 24.901 con alcance amplio, no permiten una interpretación de esa norma, o de las que la reglamentan, que conduzca a una restricción irrazonable de la protección acordada por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales (cfr. arg. art. 28 de la C.N. y Corte Suprema, doctrina de Fallos 318:1707 y 322:752 y 1318), y a una cobertura menor de las personas con discapacidad afiliadas al IOSE que la que reciben los demás beneficiarios de las obras sociales del Sistema Nacional de Salud en virtud de aquella norma, dictada con arreglo a una política pública de nuestro país de la que no puede quedar al margen una entidad como la demandada, que presta servicios de salud y que, como se destacó, está situada en definitiva en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional.
Concesión de servicio público, transporte de pasajeros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Micro Omnibus del Este S.R.L. c/ Municipalidad de Lanús s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-02

El titular de una concesión de uso de la vía pública, como tal, es portador de un derecho subjetivo de carácter administrativo, pero dicha situación jurídica feneció al extinguirse el contrato que la originó, perdiendo así el carácter de actualidad necesario para que los actos administrativos impugnados vulneren una situación jurídica administrativa que el accionante pueda reclamar como suya.
Prueba confesional, valor probatorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LOPEZ, JUAN s/ PRUEBA - CONFESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-10

La confesión considerada como la "probatio probatisima" y tomada como la prueba de las pruebas, ha sido dejada de lado hace ya más de un siglo, motivo por el cual el reconocimiento de un delito por parte del procesado tendrá tales efectos siempre que sea posible y verosímil y que esté acreditado con las demás circunstancias del caso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, derechos y garantías constitucionales, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROMERO, FRANCISCO RAFAEL c/  s/ HOMICIDIO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-03-10

En relación a los cuestionamientos vinculados con la supuesta afectación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, cabe destacar que si bien la garantía analizada tiene hoy expresa tutela constitucional -al encontrarse prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, no determina un tiempo específico para la tramitación de la causa; sino que, por el contrario, el plazo razonable de duración de un proceso penal depende en gran medida de diversas características particulares de cada juicio, como la complejidad del caso, la conducta del imputado y la diligencia con la que el asunto fue llevado por las autoridades competentes; y en el caso, lo invocado por la defensa en relación a que no se trataría de una causa compleja resulta insuficiente para demostrar la lesión constitucional alegada, toda vez que en el auto denegatorio el A quo abordó el planteo de la interesada y justificó por qué entendía que en el presente no se había vulnerado el plazo razonable, haciendo hincapié en la complejidad del caso objeto de juzgamiento, la diversidad de pretensiones ventiladas en el debate y el comportamiento del imputado -habiéndose dictado su rebeldía y orden de captura durante el trámite ante la Cámara-. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 7.5 y 8.1; Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 25; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.3.c.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Ulfe, Miguel Angel; Fonseca, Enrique Ramón y otros s/ Asociación ilícita, robo reiterado, encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

Cuando se trata del vicio de inatingencia es suficiente el recurso que impugna la prueba compuesta apoyado directamente en el art. 256 in fine -n.a.- del Código de Procedimiento Penal, sin necesidad de atender a las normas correspondientes según la naturaleza del elemento probatorio de que se trate.
Jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González, Eulogio Julio c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

Incurre en una contradicción evidente el informe médico que por un lado asigna un porcentaje de incapacidad inferior al que exige la ley para jubilarse, y por el otro, reconoce la inexistencia de residual de capacidad laborativa. Esto demuestra que dicho porcentaje sólo consideró la afección o enfermedad.
Medidas cautelares, protección de personas
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. O V., F.J. s/ PROTECCION DE PERSONA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-28

Cuando las constancias de la causa proporcionan suficientes motivos para presumir que no ha cesado el objeto a que apuntó oportunamente la protección de la persona, corresponde que el órgano jurisdiccional extreme las medidas tendientes a ese fin, porque en ese entendimiento procura mejorar la calidad de vida de acuerdo con normas de raigambre constitucional.-
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, fundamentos insuficientes, querella, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: L., C. M. c/ G. M., E. s/ Recurso de inconstitucionalidad - Regulación de honorarios - Querella -  Injurias (Expte.: C.S.J. Nro. 472 Año 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-07

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto cuando los apelantes no consiguen demostrar que el Sentenciante haya prescindido de la norma vigente, al entender que cabía confirmar los honorarios regulados por estimar que se ajustaban a la correcta evaluación de las circunstancias previstas por los artículos 5 y 14 de la ley 6767, considerando que no debía atenerse a la escala prevista por el inciso b) de éste último por referir a los mínimos arancelarios. Ello por cuanto esgrimen sus reparos sin hacerse cargo de lo argüido por aquél con sustento en lo dispuesto por la norma aplicable -ya que circunscriben los vicios de las escalas previstas en el artículo 14, inciso b), de la ley 6767-, circunstancia que -a juicio de ellos- ineludiblemente importa establecer mínimos y máximos- pero sin referencia alguna al párrafo que precede su fijación en tanto establece el precepto enunciado que en ningún caso "...el honorario será inferior del importe que en ella se determina...". Tanto más cuando la citada disposición reza que "...cuando hubiera parte querellante la regulación de honorarios en cualquier causa penal se incrementará en un cincuenta por ciento, solo para los profesionales de la defensa...".
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sánchez, Juan F. y Comuna de Los Molinos c/ Regner, Pedro y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y   perjuicios. Recurso directo (EXPTE CSJ Nº 670-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-28

La gravedad institucional puede operar de diversos modos: como nueva causal de procedencia del recurso extraordinario; como factor de suspensión de ejecución de sentencia, y como mecanismo de ablandamiento en la existencia de ciertos requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario. Respecto de esto último, la existencia de aspectos de gravedad institucional puede justificar la intervención del tribunal superando los ápices procesales, frustratorios del control constitucional de esta Corte", es decir, se comenzó a utilizar como "válvula de escape", "ganzúa procesal" -al decir de Sagües- "factor de moderación" -según Guastavino- de los recaudos de admisibilidad del recurso extraordinario.
Prueba pericial, pedido de explicaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferrufino Zalazar, Andrés c/ Fanus, Pedro José s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

En materia pericial deben agotarse las gestiones en la instancia de origen para dilucidar el tema técnico, de manera que se llegue a la alzada con el camino despejado para poder valorar en su justa y jurídica manera, los puntos debatidos. Si el art. 473, CPCC permite requerir explicaciones al experto, brindando una clara y concreta oportunidad para manifestar las discrepancias que eventualmente se tienen con el dictamen y se la deja pasar, no pueden plantearse cuestiones en la expresión de agravios que no fueron sometidas en su momento al sentenciante originario.
Prescripción, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Morales, Rubén Ariel c/ Jáuregui, Oscar Rubén s/ Diferencias salariales y otros.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-17

Si el actor reclama se le abonen "diferencias por horas extras", ninguna duda cabe que se está refiriendo al pago por trabajos extraordinarios que reclama en su demanda, y no a las diferencias de sueldo surgidas, aparentemente, del pago en menos con relación a la remuneración según ley; ello determina que el efecto suspensivo de dicha interpelación, art. 3986  C.C. sólo opera en relación al reclamo expreso contenido en la misma.
Recurso de apelación (procesal), efecto suspensivo, efecto devolutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: B., C.A. y R., L. s/ Recurso de Queja en Autos "V., F.M. s/Adopción Simple s/Incidente de Ejecución de Sentencia".
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-20

"En materia de recursos de apelación, el efecto suspensivo es la regla y sólo excepcionalmente por disposición de la ley se concede con efecto devolutivo. De tal forma el art. 243 del Código procesal, al sostener el principio de que los recursos se conceden con efecto suspensivo "a menos que la ley disponga que lo sea en el devolutivo", indica que la excepción a dicha regla debe hallarse determinada en forma expresa".
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Solís, Mario Alberto y Otros c/ Gabalachis, Néstor Fabián s/ Daños y Perjuicios y Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-24

...cuando se trata de mensurar los efectos patrimoniales que para los progenitores derivan de la muerte de un hijo, ha de estarse a la incidencia que sobre ellos tenga la brusca interrupción de la actividad creadora, productora de bienes del occiso. La vida humana no tiene valor económico en si misma y lo que se dio en denominar así sólo es la medición de la cuantía del perjuicio experimentado por quienes eran destinatarios, en todo o en parte, de los bienes económicos que el extinto producía.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL
Carátula: FRACCIONADORA TAFI s/ Balance Falso Causa Nro. 36323.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19

1-El recurso extraordinario fundado en la doctrina de la "arbitrariedad" debe tener la aplicación restrictiva (CSJN, FALLOS 296:120; 289:107), pues no tiene por objeto abrir una tercera instancia ordinaria en la que puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas (CSJN, FALLOS 295:618; 302:1564; 306:94; 306:262;

295:420; 308:641; 303:834; 303:769).- 2-Si bien en los casos en que se invoca la arbitrariedad no corresponde, al momento de examinar la admisibilidad del recurso, una apreciación plena y definitiva que implique un examen del Tribunal con relación a la bondad sustancial de sus propias decisiones, es procedente una apreciación precariamente mínima y provisional tendiente a establecer si la hipótesis articulada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso.- 3-Si los agravios expresados por el recurrente constituyen meras discrepancias con respecto a la valoración de ciertos elementos probatorios establecida por el pronunciamiento recurrido, que resultan ajenas a la vía extraordinaria utilizada.- 4-La doctrina derivada de los fallos "MATTEI, ANGEL" y "BARTRA ROJAS" no se aplica en los casos en que hubiesen existido violaciones a formas esenciales de procedimiento (FALLOS 305:1701; 312:2434).
Nulidad de sentencia, rechazo al pedido de prisión domiciliaria, ley vigente, derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño
Materia: PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: M., F. S. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-09

Corresponde anular la resolución que rechazó la prisión domiciliaria de la encausada y reenviar las actuaciones al tribunal a quo para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho toda vez que la decisión impugnada no reúne los requisitos establecidos en los arts. 123 y 404 inc. 2 del C.P.P.N, ni se ajusta a los parámetros exigidos por las normas vigentes que imponen dar preeminencia al interés superior del niño (art. 3.1 Convención sobre los derechos del niño) Si bien en el art. 9 inciso cuarto específicamente se contempla la posibilidad que el niño, niña o adolescente, sea separado de sus padres como consecuencia de la detención, el encarcelamiento, de uno de los padres del niño, o de ambos, tal premisa debe ser interpretada armónicamente junto al resto de las reglas y principios que emanan de la Convención.

Sea cual sea el caso, siempre que se encuentren involucrados intereses de un niño, niña o adolescente, el análisis de los jueces requiere de un esfuerzo argumentativo mayor cuando se opta por no atender a su interés superior, pues como afirma el Comité en el apartado 97 ".No basta con afirmar en términos generales, que hubo otras consideraciones que prevalecieron frente al interés superior del niño; se deben detallar de forma explícita todas las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los que tuvieron más peso en ese caso en particular. En la fundamentación también se debe explicar, de forma verosímil, el motivo por el que el interés superior del niño no era suficientemente importante como para imponerse a otras consideraciones".

El tribunal valoró de manera fragmentaria los informes sociales, sin atender la real situación que atraviesa el grupo familiar del causante.

Las particulares circunstancias constatadas en el presente caso, esto es, el desarraigo sufrido en virtud de la incorporación del grupo familiar en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, Ley 25.764, que repercutió nocivamente en la vida de los niños, justifica hacer lugar al planteo impetrado por la defensa para evitar que se vea afectado en mayor medida el interés superior de los niños, sumado a las condiciones de seguridad y estabilidad que podría aportar la presencia de la imputada en el hogar.