Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-26


Buenos Aires, 26 de febrero de 2014 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta: 1. La Sra. Natacha Braun Acosta, a través de su apoderado, radicó una denuncia ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (registrada bajo el n° 1958-DGDYPC-2004) contra Eagle Star International Life Limited Sucursal Argentina -actualmente, Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina (en adelante, "Zurich")- requiriendo que "se intime a la empresa a cumplir con el contrato que hemos suscripto y se la sancione para el caso de que la misma no cumpla, por haber actuado con dolo (.) induciendo a esta parte a un inexcusable error al momento de contratar, violando las normas de defensa del consumidor (art. 42 CN y art. 4 y cdtes. de la ley 24.240)." (fs. 1/33; salvo indicación en contrario, todas las fojas mencionadas corresponden a las actuaciones principales).

Manifestó haber contratado un seguro en dólares estadounidenses, con el objeto de evitar -en atención a la crisis financiera suscitada en la Argentina en el año 2001- que sus ahorros consistentes en dólares estadounidenses veinticuatro mil (u$s 24.000) quedaran "atrapados" en el "corralito financiero" decretado por el gobierno del presidente Fernando De la Rúa. Sin embargo, relató, la aseguradora no cumplió con lo convenido, al invertir sus ahorros en títulos locales.

Agotada sin éxito la instancia conciliatoria del artículo 7 de la ley nº 757 (fs. 40), la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (en adelante, la "Dirección") imputó a la denunciada la infracción de los artículos 4 y 37 de la ley nº 24.240 (fs. 42 y vuelta).

En cuanto al artículo 4 de la ley nº 24.240, la Dirección consideró que ".la denunciada no habría informado en forma veraz, detallada, suficiente y eficaz, en qu[é] consistía el fondo Zurich Rainbow (.), sus alcances, riesgos, condiciones particulares, proyección, etc.".

Con relación al artículo 37 de la referida norma, la Administración entendió que la cláusula 13. c de la póliza -que establecía que "[e]n caso de algún cambio de las leyes, reglamentaciones, prácticas o costumbres que afecten la capacidad de la Compañía de actuar conforme con la póliza, esta puede adaptar la Póliza con el alcance limitado por los requerimientos de tales cambios"- era prima facie abusiva. Ello así, por cuanto dicha cláusula "desnaturalizaría las obligaciones de las partes, ya que facultaría a la denunciada a que en forma unilateral, y sin ningún parámetro, modifique elementos esenciales del contrato. Asimismo, la cláusula no sería clara en cuan[t]o al alcance del verbo adaptar; o sea no especificaría los parámetros entre los cuales la denunciada podría adaptar la póliza. Por último la cláusula al mencionar que el alcance está limitado por los requerimientos de los cambios que menciona, no estaría dando certidumbre ni determinación alguna al consumidor sobre el futuro de su relación contractual, ya que los requerimientos mencionados quedarían sujetos a la apreciación y al arbitrio de la denunciada. Por lo expuesto, la denunciada al introducir esta previsión contractual, estaría volviendo en indeterminado el objeto del contrato".

Presentado por la compañía el correspondiente descargo, mediante disposición nº 3397/DGDYPC/2008 la Dirección le impuso a Zurich una multa de diez mil pesos ($ 10.000) por violación a los artículos 4 y 37 de la ley nº 24.240 y le ordenó la publicación de la sanción en el diario "Clarín" (fs. 108/111). El Organismo fundamentó la sanción decidida, básicamente, en que: i) "si bien [la sumariada] aporta constancias de las que surge que el consumidor aceptaba que su solicitud se condicionaba a lo establecido por el decreto [1570/2001], (.) no justifica las razones por las que el consumidor recibe una solicitud de cuyas condiciones no se ajustan al decreto citado y una proyección que en lugar de cumplir con ese decreto, se adecua a lo solicitado por el consumidor (que como fuera dicho, no se ajustaba a la legislación vigente) generándole confusión al momento de expresar su voluntad"; y ii) la cláusula tachada de abusiva "no es arbitraria porque posibilita a la sumariada a modificar lo convenido, adecuándolo a la normativa vigente sino porque le permite hacerlo en forma unilateral, sin previa notificación al consumidor y sin darle la oportunidad de rescindir el contrato".

2. El 23/03/2009 Zurich dedujo recurso de apelación en los términos del artículo 11 de la ley nº 757 para cuestionar la disposición nº 3397/DGDYPC/2008 (fs. 114/120).

En primer lugar, la empresa argumentó que fue sancionada por conductas que no habían sido objeto de imputación ni descargo, lo que violaba su derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso legal. Por tal motivo, el acto atacado resultaba -a su entender- huérfano de fundamento. Además, en relación con la imputación por violación al artículo 4 de la ley n° 24.240, sostuvo que "[e]s cierto que algunas de estas cuestiones fueron planteadas por la denunciante en un juicio comercial que inició contra mi representada y que aún se encuentra en trámite (.) [p]ero ellas no han sido objeto de discusión en este expediente que se ha limitado a evaluar si [Zurich] proporcionó información suficiente a la denunciante sobre el Fondo Zurich Rainbow".

Respecto de la cláusula 13.c de la póliza que fue calificada como abusiva por la Dirección, Zurich señaló que aquélla únicamente establecía una previsión para el caso de un "hecho del príncipe". Apuntó que se trataba "(.) sólo de un mecanismo que tiene por fin explicitar a la asegurada que, (.) un contrato que tenía previsto durar 11 años, (.) podría tener que ser adaptado en caso de cambios legislativos" (fs. 117 vuelta). Por fin, agregó que la Superintendencia de Seguros de la Nación había aprobado las condiciones de contratación y era quien debía controlar que aquéllas se ajustasen a la ley y fueran equitativas, por lo que, a su criterio, la Dirección se había arrogado facultades que no le correspondían.

3. Conferido el traslado del recurso judicial de apelación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo contestó solicitando el rechazo de los agravios planteados por su contraria (fs. 158/168).

4. Posteriormente, la accionante acompañó copia certificada de la sentencia dictada con fecha 14 de abril de 2011 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala "A") en la causa "Braun Acosta, Natacha c/ Eagle Star International Life LTDA Sucursal Argentina s/ Ordinario", expte. n° 83.759 (Registro de Cámara N° 083140/2003), en la que se rechazó la demanda iniciada por la Sra. Braun Acosta contra la nombrada aseguradora (fs. 191/202). Asimismo, en su alegato, la actora invocó la sentencia dictada en el fuero comercial y se refirió a los fundamentos de ese pronunciamiento (fs. 209/218 vuelta).

5. A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolvió rechazar la demanda incoada y, consecuentemente, confirmar la sanción impuesta a Zurich, con costas (fs. 220/224).

Para así decidir, los jueces tuvieron en cuenta que ese tribunal ya se había expedido en un caso idéntico rechazando la demanda ("Zurich International Life Limited Sucursal Argentina c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.", expte. RDC 2005/0, sentencia de fecha 15/08/2008).

Respecto de la violación al artículo 4 de la ley n° 24.240 los magistrados señalaron que: i) la Dirección mantuvo la misma imputación durante todo el desarrollo del sumario; ii) la sumariada, en todo momento estuvo en pleno conocimiento de que la imputación se efectuaba por la supuesta infracción al artículo 4° de la ley n° 24.240; iii) no se suministró información clara al consumidor que le permitiera evaluar fundadamente la decisión de contratar con la compañía un plan de ahorro denominado "Zurich Dólar Competitive" a los fines de invertir sus ahorros en dólares en el exterior, toda vez que a pesar de encontrarse en vigencia una norma legal (decreto n° 1570/01) que impedía aquella operatoria, su requerimiento fue aceptado; iv) no alcanzaba con la demostración de que el consumidor hubiese tenido ocasión de informarse de las condiciones de que se trataba, sino que se requería la constatación de que quien se hallaba obligado, cumplió con la obligación de informar de manera completa, adecuada, oportuna y veraz al comsumidor o usuario -de por sí en desventaja respecto al prestador del servicio en torno a las condiciones de este último- propiciando la comprensión real de los términos de la cláusula en cuestión; y v) la circunstancia de que en sede comercial se hubiese acreditado que la denunciante había suscripto el acuerdo que contenía la cláusula en análisis, no permitía tener por acreditado el cumplimiento del deber específico que surge del artículo 4° de la ley n° 24.240 a su respecto, pues a la luz de la normativa tuitiva del consumidor, aquel deber era sensiblemente más amplio y complejo.

En lo concerniente a la imputación por infracción del artículo 37 de la ley n° 24.240 los sentenciantes consideraron que: i) Zurich se limitó a discrepar con la decisión de la Administración que entendió que la cláusula 13.c del contrato suscripto entre la actora y la denunciante resultaba abusiva, ya que "en ningún momento se hace mención a la conformidad previa que debe obtener del cliente o de la información que con anterioridad se efectuará acerca de la potencial adaptación que llevará a cabo la empresa"; ii) la cláusula marcaba aún más la posición diferencial que unía a ambas partes y la diferencia existente a nivel económico-financiero de ambas en el mercado; iii) la Superintendencia de Seguros, carecía de facultades para determinar el cumplimiento de la ley de defensa y protección al consumidor, por lo que era irrelevante que hubiera aprobado la cláusula 13 c; y iv) importaba una clara ampliación de las facultades de la empresa el reservarse la posibilidad de adaptar la Póliza sin especificar los parámetros entre los cuales lo haría, en detrimento así de los derechos de los usuarios.

6. Contra lo resuelto por la Sala II, la accionante interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 228/242) basado en la supuesta afectación de las garantías de inviolabilidad, uso y disposición de la propiedad, defensa en juicio, y los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

Por un lado, la actora expresó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial se había pronunciado acerca del cumplimiento de la obligación de brindar adecuada información al concertar el contrato y respecto de la validez de las cláusulas de la póliza, en un sentido diametralmente opuesto al modo en que lo había hecho la justicia local respecto de las mismas cuestiones.

También sostuvo, en lo que a la infracción al artículo 4° de la ley n° 24.240 concierne, que Zurich había sido sancionada por cuestiones que no habían sido objeto de imputación.

En relación con la violación del artículo 37 de la ley n° 24.240, la empresa afirmó que la Sala interviniente no tuvo en cuenta que la cláusula 13.c de las Condiciones Generales de la Póliza se trataba "sólo de un mecanismo que tiene por fin explicitar a la asegurada que, (.) un contrato que tenía previsto durar 11 años (.), podría tener que ser adaptado en caso de cambios legislativos" (fs. 239 vuelta). Y reiteró que la Dirección, al declarar abusiva la mencionada cláusula, se había irrogado facultades que no tenía, en abierta contradicción con normas y autoridades federales.

Por fin, calificó de arbitraria la sentencia impugnada.

7. Contestado el pertinente traslado por el GCBA (fs. 246/257), la Cámara declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad (fs. 259 y vuelta).

Los vocales indicaron que: i) la recurrente sólo disentía con la interpretación efectuada de normas infraconstitucionales; ii) los temas debatidos en la decisión atacada "(...) versaron sobre el hecho denunciado, su prueba, la interpretación y aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor"; iii) el recurso abundaba "(...) en discrepancias respecto de la manera en que el tribunal valoró la prueba y la realidad judicial verificada, bajo el prisma del derecho sancionador del consumidor..."; iv) no se había planteado adecuadamente un caso constitucional ni se habían vinculado las normas constitucionales citadas con las circunstancias de la causa; y v) el pronunciamiento impugnado estaba debidamente fundado y se trataba de "(...) un acto jurisdiccional válido".

Ello, motivó la queja de Zurich que tramita en autos (fs. 62/81, del expte. n° 9121/12).

8. Mediante providencia de fs. 88 (punto III, del expte. n° 9121/12), la Sra. jueza de trámite solicitó a la Cámara de Apelaciones la remisión de los autos principales caratulados "Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones" -que tramitan bajo el número RDC 2698/0- y a fs. 96 de esta queja los tuvo por recibidos en el Tribunal.

9. Requerido su dictamen, el Sr. Fiscal General Adjunto propició que se admitiese la queja articulada, se hiciese lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto y se ordenase el reenvío de las presentes actuaciones a los efectos del dictado de un nuevo fallo (fs. 98/105, del expte. n° 9121/12). A su juicio, el recurso de hecho rebatía los argumentos dados por el a quo para denegar el recurso de inconstitucionalidad. Además correspondía, a su criterio, hacer lugar al agravio de la actora en lo atinente a la violación del artículo 4 de la ley n° 24.240, por no haberse analizado la procedencia del planteo referido a la existencia de cosa juzgada. Por último, en lo relativo a la infracción al artículo 37 del citado texto legal, opinó que el pronunciamiento atacado era arbitrario, en atención a la falta de abordaje de las cuestiones fundamentales para la debida solución del caso.

Fundamentos: El juez Luis Francisco Lozano: 1. La parte recurrente sostiene que la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (en adelante, también, "DGDyPC") se ha arrogado facultades jurisdiccionales privativas de la Justicia Nacional en lo Comercial, y ha invadido competencias de la Superintendencia de Seguros de la Nación (en adelante, también, "SSN"), al imponer la sanción aquí controvertida. Esos planteos involucran una cuestión constitucional, el primero, y federal, el segundo, que corresponde a este Tribunal resolver, cf. el art. 113, inc. 3, de la CCBA y la doctrina de Fallos: 311:2478.

1.1. Zurich relata que la Sala A de la Cámara Comercial en la causa "Braun Acosta Natacha c/ Eagle Star International Life Sucursal s/Ordinario" concluyó que su parte había informado adecuadamente a la Sra. Braun la existencia del Decreto 1570/01, las modificaciones que esa norma importaban en las inversiones proyectadas en el marco de contrato (seguro de vida) suscripto por la Sra. Braun en diciembre de 2001, y que esas modificaciones habían sido aceptadas por la Sra. Braun. Ese pronunciamiento, afirma, priva de todo fundamento a la decisión de la DGDyPC en cuanto lo sancionó por entender que no había brindado a la Sra. Braun información adecuada, veraz, transparente y oportuna en el marco del mencionado contrato - cf. arts. 42 de la CN, 46 de la CCBA y 4 de la ley 24.240- (fs. 109).

Asimismo, sostiene que la DGDyPC invadió competencias privativas de la "SSN" al concluir que la cláusula 13, punto C, de la póliza suscripta por la Sra. Braun resultaba abusiva a la luz de las previsiones de la ley 24.240. En palabras de Zurich: la DGDyPC ".se ha irrogado facultades que no tiene, en abierta contradicción con normas y autoridades federales, reputando como abusiva una cláusula que cuenta con la aprobación del ente de contralor de mi representada, esto es, la Superintendencia de Seguros de la Nación, lo que ha sido avalado por la arbitraria sentencia en recurso" (fs. 240 vuelta). Culmina su argumentación diciendo que la Cámara Comercial entendió, en el citado precedente, que esa cláusula resultaba válida (fs. 234 vuelta).

2. Según el relato de la Cámara, no controvertido por las partes, la DGDyPC impuso a Zurich una multa de $ 10.000 (cf. la Disposición nro. 3397/DGDYPC/08) porque entendió que: (a) no había brindado a la Sra. Braun información suficiente acerca de los alcances de la póliza que suscribió en diciembre de 2001; y, (b) la cláusula 13, punto C, de ese contrato era abusiva (fs. 220vuelta).

Textualmente, conf. la remisión que hizo la Cámara a la Disposición nro. 3397/DGDYPC/08, la Dirección dijo: (a)"Que de los considerandos precedentes surge que la sumariada en vigencia de una norma legal que impedía girar dólares al exterior el decreto 1570/2001, acepta una propuesta de un consumidor que requería de esa operatoria e incluso le emite una proyección de los beneficios que obtendría invirtiendo sus dólares estadounidenses en el exterior.// Que si bien aporta constancias de las que surge que el consumidor aceptaba que su solicitud se condicionaba a lo establecido por el decreto citado, la sumariada no justifica las razones por las que el consumidor recibe una solicitud cuyas condiciones no se ajustan al decreto citado y una proyección que en lugar de cumplir con ese decreto, se adecua a lo solicitado por el consumidor (que, como fuera dicho, no se ajustaba a la legislación vigente), generándole confusión al momento de expresar su voluntad.// Que 'La razón de ser de la norma - que encuentra base en el art. 42 de la Constitución Nacional en cuanto consagra el derecho de los consumidores a una información adecuada y veraz; notas que son complementadas por el art. 46 de la Constitución porteña al agregar que la información debe ser transparente y oportuna - se halla en necesidad de suministrar al consumidor conocimientos de los cuales legítimamente carece, al efecto de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto de un determinado bien o servicio'" (fs. 109, a las que remite la Cámara, cf. fs. 220 vuelta).

(b)"Que la cláusula objeto de imputación [el art. 13, punto C] no es arbitraria porque posibilita a la sumariada a modificar lo convenido, adecuándolo a la normativa vigente sino porque le permite hacerlo en forma unilateral, sin previa notificación al consumidor y sin darle la oportunidad de rescindir el contrato" (fs. 109vuelta, a las que remite la Cámara, cf. fs. 220 vuelta).

3. El primero de esos fundamentos, el (a), apunta a resguardar el derecho a la información en la relación de consumo, y el otro, el (b), a la validez de los términos del contrato en cuestión.	Esa circunstancia, como se verá, resulta sustancial al tiempo de analizar los planteos formulados por Zurich (cf. la doctrina sentada, por mayoría, in re "Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones" expte. nº 7128/10, sentencia de este Tribunal del 16 de marzo de 2011).

4. La ley 24.240 tiene por objeto la defensa de los derechos de los consumidores o usuarios durante toda la "relación de consumo" (cf. el art. 3 de la ley); relación que excede al contrato celebrado entre el proveedor (cf. el art. 2 de la ley) y el consumidor o usuario (cf. el art. 1).

Entre otros, la ley vela por: la información que recibe el consumidor o usuario (cf. el art. 4); su salud (cf. los arts. 5 y 6); las condiciones en que son formuladas las ofertas y "el contenido del documento de venta" (cf. el Capítulo III); los términos empleados en el contrato (cf. el Capítulo IX), etc.

4.1. A su turno, la autoridad de aplicación es, con relación a las infracciones cometidas en la CABA, local y, por ende, sus decisiones están acotadas al ámbito territorial de esta jurisdicción. El art. 41 de la ley dice al respecto: "Aplicación nacional y local. La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones (el subrayado no pertenece al original).

Ello se debe, entre otras razones, a que las características de los usuarios y consumidores no resultan idénticas en todas las jurisdicciones; por ende, tampoco sus necesidades. De ahí que una medida que resguarde los derechos de los consumidores de una jurisdicción, muy probablemente no atienda a los de las otras. Acudo a un ejemplo para ilustrar el punto. Supongamos que en una jurisdicción la gente tiene el hábito de buscar y adquirir los bienes y servicios que consume directamente en los negocios y en otra, en cambio, todas las compras se hacen por internet. En el primer caso, probablemente, no constituya un requisito para cumplir con la obligación que impone el art. 4 de la ley 24.240 que el "proveedor" informe adecuadamente acerca de sus productos en internet, y en el segundo caso sí.

5. Pero, el Legislador no le ha acordado al órgano de aplicación de la ley de Defensa del Consumidor (en adelante, también, "LDC") la facultad resolver toda controversia que se suscite entre un consumidor y el proveedor. Por ejemplo, no está en sus manos resolver acerca de la validez del contrato que unió a esas partes (cf. las facultades que los arts. 41 a 47, en particular este último, de la LDC ponen en cabeza del órgano de aplicación). En línea con ello, el art. 37 de la LDC establece que, ".[s]in perjuicio de la validez de contrato, se tendrán por no convenidas:// a) Las cláusulas que.". Es decir, el órgano de aplicación de la LDC está, como principio, en condiciones de resolver si ciertas "cláusulas" corresponde tenerlas por ".no convenidas" desde el ángulo de los derechos del usuario o consumidor, empero, no acerca de la validez del contrato. Esa competencia resulta, por regla, privativa de los jueces locales.

6. Asimismo, algunas actividades alcanzadas por la ley 24.240 están sujetas a una regulación específica e, incluso, al contralor de una autoridad especializada. Tal es el caso de los contratos de seguros, como el que dio inicio a estas actuaciones (cf. las leyes 17.418 y 20.091).	En este orden de ideas, el art. 1 de la ley 20.091 establece que "[e]l ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en cualquier lugar del territorio de la Nación, está sometido al régimen de la presente ley y al control de la autoridad creada por ella." (cf. su art. 1). Esa "autoridad de control" es la SSN (cf. el art. 64 y siguientes de la ley); y entre sus facultades se encuentran la de: controlar y aprobar "[l]os planes de seguros, así como sus elementos técnicos y contractuales." (cf. el art. 23 de la ley 20.091); que las condiciones contractuales sean equitativas (cf. el art. 25); que las primas estipuladas no sean insuficientes, abusivas o arbitrariamente discriminatorias (cf. el art. 26), etc.

Esa circunstancia, que la autoridad de aplicación de la ley de seguros sea nacional, mantiene delimitado el riesgo que naturalmente conlleva esta especie de contratos. Es decir, el Congreso ha buscado, al establecer una autoridad de aplicación nacional, que los riesgos que involucran los contratos de seguros resulten idénticos en todas las jurisdicciones. A ese respeto el Tribunal, por mayoría, dijo in re "Zurich", ya citado, que: ".para que los seguros no sean puramente aleatorios para las partes, el universo de asegurados de cada clase de seguro debe estar expuesto a un riesgo similar o compatible, cosa que evalúa el asegurador y la Superintendencia de Seguros al momento de controlar las pólizas ofertadas".

6.1 Nada impide que una misma actividad esté sujeta a diversos regímenes y autoridades de control (cf. mi voto in re "Metrovías SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Metrovías SA c/ GCBA y otros s/ otros rec. judiciales c/ res. pers. públicas no est.", Expte. nº 8346/11, sentencia de este Tribunal del 19 de septiembre de 2012, y sus citas), siempre que cada una de esas autoridades no venga a revisar lo resuelto por la otra.

La forma de evitar esa superposición de facultades es leer las competencias de la DGDyPC con un alcance tal que no desplacen o interfieran el ejercicio que de las competencias que, en el caso, la ley 20.091 acuerda a la SSN. Nuevamente, en el pronunciamiento del Tribunal en "Zurich", ya citado, (ver el punto 3 de este voto) se dijo: deben preferirse las interpretaciones de la ley 24.240 que no dejen espacio para situaciones de incoherencia, "en especial cuando está en juego un contrato como el de seguros en que hay una autoridad administrativa nacional que supervisa los contratos, la SSN, y cuya competencia queda interferida por la circunstancia de que un órgano local veda ofrecer en su jurisdicción [.] condiciones no objetadas por la autoridad nacional mencionada" (cf. el punto 2 del voto de mayoría).

7. La regla a fin de evitar esas incoherencias consiste en interpretar que la ley especial desplaza a la general.

La ley especial es la que regula de manera particular la actividad de que se trate, y la general la 24.240. En ese marco, las cuestiones que es competencia privativa de un órgano determinado resolver, no pueden ser revisadas por la DGDyPC. Ello no importa sostener que la DGDyPC queda privada de poder señalar aquellas cuestiones que entiende fueron resueltas en contravención a lo que al ley 24.240 manda. Si entiende que corresponde modificar el texto aprobado por la autoridad competente para ponerlo en sintonía con la LDC, puede acudir al sistema del art. 39 de la ley 24.240, con arreglo al cual "[c]uando los contratos a los que se refiere el artículo anterior requieran la aprobación de otra autoridad nacional o provincial, ésta tomará las medidas necesarias para la modificación del contrato tipo a pedido de la autoridad de aplicación". En suma, la vía para resolver los diferendos en torno al texto del contrato, cuya aprobación es competencia de otro órgano, es el diálogo entre la DGDyPC y el o los otro/s órgano/s de que se traten. A su vez, y como quedó dicho más arriba, la "relación de consumo" excede al contrato, razón por la cual, por regla, no toda esa relación va a estar sujeta a la autoridad de aplicación. Por ejemplo, en los contratos de seguros, la SSN carece de competencias para resolver acerca de la información que tiene que brindar el proveedor, esto es, la aseguradora, a los consumidores; también para establecer la forma en que debe ser suministrada la información. Establecer esas cuestiones, en ese marco, es una cuestión privativa de la DGDyPC.

En suma, una cosa es que la conducta imputada por la DGDyPC se vincule a la calidad de la información brindada por la oferente, puesto que exigir una mayor o mejor información en un determinado distrito no necesariamente impactaría en las otras jurisdicciones, ni interferiría con las competencias del SSN; y otra, como ocurre en autos, con la validez de una cláusula del contrato, supuesto en que la superposición con las facultades del órgano federal resulta evidente (cf. los puntos 11 a 11.3 de este voto). Cabe señalar que ello es así siempre que la deficiencia en la información suministrada no apunte, en verdad, a modificar el contenido de una cláusula previamente aprobada por la SSN.

8. Resumiendo: i. entre las competencias de la DGDyPC no se encuentra la de resolver acerca de la validez del contrato; como principio, esa es un facultad privativa de los jueces locales; y, ii.cuando la actividad alcanzada por la ley 24.240 está sujeta al contralor de otro órgano, ya sea nacional o local, corresponde interpretar las facultades de la DGDyPC de un modo que no interfieran con las competencias del órgano especializado;

9. A la luz de esas reglas corresponde rechazar el planteo con arreglo al cual se habrían invadido facultades privativas del fuero Comercial (cf. los puntos 10 y 10.1 de este voto) y, en cambio, hacer lugar a los agravios dirigidos a demostrar la invasión de facultades de la SSN (cf. los puntos 12 a 12.3 de este voto).

10. No viene debatido que la Sra. Braun instó demanda en el fuero comercial, la que tramitó bajo los autos caratulados "Braun Acosta Natacha c/ Eagle Star International Life LTD. Sucursal Argentina s/ Ordinario (Expte. nº 083759)", a fin de obtener la nulidad del contrato de seguro de vida, que había celebrado con Zurich en diciembre de 2001, y la restitución de la suma de U$S 24.000 que abonó en concepto de "prima única", con más sus intereses y costas. Tampoco se discute que esa demanda fue rechazada por la Cámara Comercial porque entendió que no se había acreditado una maniobra engañosa que hubiera afectado la voluntad de la Sra. Braun ni al tiempo de tomar la póliza, ni cuando se modificó la estrategia original de inversión (producto de la sanción del Decreto 1570/01), colocándose los recursos en el fondo "Zurich Rainbow": un fondo mutuo integrado por instrumentos financieros disponibles en el mercado local (fs. 191/200 vuelta).

11. De esos extremos no cabe concluir que ha mediado la invasión de competencias que Zurich denuncia, sino, justamente, lo contrario.

En el proceso comercial reseñado se discutió acerca de la validez del contrato de seguro; en el presente, en cambio, en lo que al agravio importa, si Zurich ha brindado a la Sra. Braun la información suficiente que hubiera despejados cualquier confusión en torno a la relación de consumo (cf. el punto 2.a). En ese marco, cada órgano, la Cámara Comercial, por un lado, y la DGDyPC, por el otro, han resuelto cuestiones que resultan propias de su competencia. Un contrato puede haber sido válidamente celebrado, aun cuando la información brindada en el marco de la "relación de consumo", relación que, según quedó dicho más arriba, excede al contrato, resulta insuficiente desde el ángulo de la ley 24.240. Resolver la primera cuestión resulta, como principio, privativo del Poder Judicial, y lo segundo del órgano de aplicación de la ley 24.240 (cf. los puntos 4 a 5 de este voto). Así las cosas, no se observa que alguno de los órganos hubiera desbordado la competencia que el Legislador le ha acordado.

En ese orden de ideas, la situación en el sub lite difiere de la analizada por el Tribunal in re "Zurich", ya citado, donde lo que había sido resuelto por la Sala B de la Cámara Comercial no resultaba independiente de lo que era materia de tratamiento ante los tribunales de la Ciudad. En ambos procesos la discusión giraba en derredor al contenido de las cláusulas del contrato; extremo que, por lo dicho, no se verifica en este caso.

12. En cambio, sí asiste razón a Zurich en cuanto sostiene que la DGDyPC ha interferido con las competencias de la SSN, al sostener que la cláusula 13 punto C de la póliza resultaba abusiva (cf. el tercer párrafo del punto 1 de este voto).

12.1. Recordemos el texto de esa cláusula:

"En caso de algún cambio de las leyes, reglamentaciones, prácticas o costumbres que afecten la capacidad de la Compañía de actuar conforme con la Póliza, ésta puede adaptar la Póliza con el alcance limitado por los requerimientos de tales cambios" (cf. fs. 29 vuelta). 12.2. Tal como quedó dicho en el punto 2 de este voto, la DGDyPC entendió "arbitraria" la cláusula transcripta porque le permitía a la aseguradora modificar lo convenido de manera unilateral, sin previa notificación al consumidor, y sin darle la oportunidad de rescindir el contrato.

12.3. La cláusula transcripta, en tanto forma parte de un contrato de seguro, ha sido evaluada y aprobada por la SSN. De ahí que si la DGDyPC la entendía arbitraria (cf. las previsiones del art. 37 de la ley 24.240) debió acudir, a fin de no interferir con las competencias de la SSN, a la regla del art. 39 de la LDC, esto es, solicitar a la SSN la modificación respectiva. Ello así, porque al tachar de "arbitraria" la cláusula vino a modificar exclusivamente para la jurisdicción de la CABA un servicio cuyas condiciones contractuales de prestación para todo el territorio nacional corresponde a la SSN establecer. Por ello, oído lo dictaminado por el Fiscal General, voto por hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad; revocar la sentencia de Cámara en cuanto rechazó los planteos de Zurich dirigidos a cuestionar la valoración que hizo la DGDyPC de la cláusula 13 C; hacer lugar al recurso directo por esos planteos (cf. el art. 31 de la ley 402); revocar la Disposición 3397/DGDYPC/08; y, reenviar las actuaciones a la DGDyPC para que dicte una nueva disposición con arreglo a la doctrina aquí sentada. Las costas por su orden en atención a la solución que se arriba.

La jueza Ana María Conde dijo:Adhiero al voto de mi colega, el juez Luis Francisco Lozano.

El juez José Osvaldo Casás dijo: 1. Sobre la base de las líneas argumentales que suscribiera en oportunidad de expedirme en la causa "Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones", expte. n° 7128/10, sentencia del 16 de marzo de 2011, hago míos --en términos generales-- los fundamentos con relación a la aplicación de dicha doctrina en el caso concreto bajo examen, que desarrolla el Dr. Lozano, participando incluso de la solución que propicia.

2. Por lo demás, en particular, entiendo que uno de los agravios formulados se orienta más a la afectación del instituto de la cosa juzgada que a la asunción de facultades jurisdiccionales por parte del órgano de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, sin perjuicio de lo cual, a partir de los fundamentos de mi colega, tampoco puede tener acogida.

A este último respecto, aun cuando la conducta desplegada por la empresa no haya sido suficiente según la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para determinar la existencia de maniobras engañosas por parte de aquélla, no impide su consideración por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien --en el ámbito de sus competencias-- procura que se dé adecuada satisfacción al deber de lealtad informativa con relación a todos los potenciales consumidores.

Así lo voto.

La jueza Alicia E.C. Ruiz dijo: 1. El recurso directo fue presentado en tiempo y forma por Zurich, y contiene una crítica adecuada de la resolución de fs. 259 y vuelta, vistos los términos en que la Sala II denegó el recurso de inconstitucionalidad.

La Cámara señaló que no se había planteado un caso constitucional ni se estaba frente a una sentencia arbitraria. En consecuencia, para rebatir el auto denegatorio la quejosa sólo podía volver -como lo hace- sobre los argumentos del recurso de inconstitucionalidad, lo que es suficiente para admitir la queja ?conf. mis votos en "Banco Macro Bansud S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Banco Bansud Grupo Macro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de apelaciones", expte. nº 4512/05, resolución del 19 de julio de 2006; "Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados c/ GCBA s/ recurso Apel. Jud. c/ Decis. DGR (art. 114 Cod. Fisc.)", expte. n° 4723/06, resolución del 15 de noviembre de 2006; "Compañía Papelera Sarandí S.A.C.I.I.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" (expte. nº 5335/07) y su acumulado "Compañía Papelera Sarandí S.A.C.I.I.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Compañía Papelera Sarandí S.A.C.I.I.A. c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos" (expediente nº 5331/07), resolución del 6 de noviembre de 2007, entre otros?.

2. En su recurso de inconstitucionalidad Zurich sostiene que lo decidido infringe el principio de cosa juzgada y, consecuentemente, afecta su derecho de propiedad. Ello así, pues la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ya se había expedido en los autos "Braun Acosta, Natacha c/ Eagle Star International Life LTDA Sucursal Argentina s/ Ordinario", expte. n° 83.759 (Registro de Cámara N° 083140/2003, sentencia firme de fecha 14 de abril de 2011) respecto de las cuestiones aquí debatidas: falta al deber de información de su parte y validez de la cláusula 13.c de la póliza, y había rechazado la demanda deducida por la aquí denunciante.

Este agravio no puede prosperar, en virtud de los límites subjetivos que tiene la cosa juzgada. En un precedente vinculado con la misma aseguradora ("Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones", expte. nº 7128/10, sentencia del 16 de marzo de 2011) indiqué que, como lo expresa Isidoro Eisner, "[e]l art. 18 de la Constitución Nacional declara inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos; de donde se deduce -al menos como norma- que la cosa juzgada no puede oponerse al que no ha sido parte en el juicio si no se ha encontrado en condiciones de defenderse" (EISNER, ISIDORO. "Contenido y límites de la cosa juzgada.", LL: 1981-A, 35)" . Y, en el caso, Zurich no invocó ni probó que la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor hubiera sido parte en el proceso que tramitara en sede comercial (por ejemplo, como tercero citado). Por lo tanto, los efectos de la sentencia dictada en ese juicio no podrían proyectarse a la Administración sin lesionar el derecho de defensa de ésta.

3. Por otra parte, la recurrente aduce que el pronunciamiento atacado incurrió en arbitrariedad al no analizar la prueba producida respecto de la infracción al artículo 4 de la ley n° 24.240 (deber de información).

Como principio, determinar -de acuerdo a las constancias de autos- si la actora brindó, o no, a la denunciante información detallada, suficiente y eficaz sobre lo que iba a contratar es una cuestión que resulta ajena a esta instancia extraordinaria, pues remite al análisis y valoración de hechos, prueba y derecho infraconstitucional, propio de los jueces de mérito.

Sin perjuicio de ello, Zurich no logra rebatir los argumentos en virtud de los cuales la Sala II concluyó que la empresa había vulnerado el artículo 4 de la ley n° 24.240. Al respecto, los camaristas explicaron:

(i) que (fs. 222 vuelta) "(.) en este caso, no se suministró información clara al consumidor que le permitiera meritar fundadamente la decisión de contratar con la compañía un plan de ahorro denominado "Zurich Dolar Competitive" a los fines de invertir sus ahorros en dólares en el exterior, toda vez que a pesar de encontrarse en vigencia una norma legal (decreto 1570/2001) que impedía aquella operatoria, su requerimiento fue aceptado";

(ii) que (fs. 222 vuelta) "[s]i bien era de público y notorio el movimiento económico existente en el país, tal circunstancia no podía ser óbice para brindar toda la información necesaria a los efectos de que el denunciante ejerciera su derecho a decidir informadamente si llevar a cabo o no la operación";

(iii) que no alcanzaba con la demostración formal de que el consumidor había tenido ocasión de informarse de las condiciones de que se trataba, sino que se requería la constatación de que la compañía había cumplido con su obligación de informar de manera completa, adecuada, oportuna y veraz al consumidor o usuario -de por sí en desventaja respecto al prestador del servicio en torno a las condiciones de este último- propiciando la comprensión real de los términos de la cláusula en cuestión; y (iv) que (fs. 223) "(.) la circunstancia de que en sede comercial se haya acreditado que la denunciante suscribió el acuerdo que contenía la cláusula en análisis, no permite tener por acreditado el cumplimiento del deber específico que surge del artículo 4° de la ley 24.240 a su respecto, pues a la luz de la normativa tuitiva del consumidor, aquel deber es, sensiblemente más amplio y complejo".

Por otra parte, Zurich tampoco consigue poner en crisis los fundamentos desarrollados por la Cámara para desestimar el planteo referido a la violación de su derecho de defensa y debido proceso en relación a la infracción al artículo 4 de la ley n° 24.240. Los camaristas destacaron que la Dirección había mantenido la misma imputación durante todo el desarrollo del sumario, a saber, la falta de información clara, veraz, detallada, suficiente y eficaz acerca del cambio de destino de los fondos entregados por la denunciante en virtud del decreto nº 1570/2001. Y subrayaron que la sumariada había estado en pleno conocimiento de que la imputación se efectuaba por la supuesta infracción al artículo 4º de la ley nº 24.240.

Una vez más, las consideraciones que la recurrente formula en relación con los argumentos antes apuntados sólo ponen en evidencia su discrepancia con la solución alcanzada, pero no presentan un caso constitucional. En efecto, el fundamento de la sanción por la infracción al artículo 4º de la ley nº 24.240 había sido, precisamente, que la información suministrada no había sido clara, veraz, detallada, suficiente y eficaz por parte de Zurich, en tanto la denunciante había recibido "una solicitud de cuyas condiciones no se ajustan al decreto citado y una proyección que en lugar de cumplir con ese decreto [1570/2001], se adecua a lo solicitado por el consumidor (que como fuera dicho, no se ajustaba a la legislación vigente) generándole confusión al momento de expresar su voluntad" (fs. 109). Y, por lo demás, la solicitud y la proyección recibida por la denunciante (fs. 8/11) había sido acompañada a la notificación que recibiera la actora a fs. 35 y vuelta de los autos principales, sin que Zurich efectuara el correspondiente descargo en relación a ella, ni efectuara -en momento alguno- manifestación a su respecto.

5. Zurich también califica de arbitraria la sentencia impugnada en relación con el análisis que se hiciera respecto de la infracción al artículo 37 de la ley n° 24.240. La empresa aduce que la Sala II omitió considerar que la cláusula 13.c de las Condiciones Generales de la Póliza "(..) establece nada más que una previsión para el caso de un 'hecho del príncipe' y que los cambios a la póliza estarían dados por los requerimiento que tales cambios exijan" (fs. 239 vuelta).

Contrariamente a lo postulado por la recurrente, la Cámara trató las cuestiones que ella afirma omitidas, sólo que en un sentido que le resultó desfavorable. Los jueces explicaron que "[s]i bien, prima facie, parece coherente la cláusula descripta [la 13.c], también es cierto que quien efectúa una operación como la de autos, requiere que las condiciones incluidas en la solicitud o reglamento también sean lo suficientemente claras y precisas, circunstancia que de no ser llevada a cabo la puede transformar en abusiva; (..) esto último es lo que sucedió, ya que en ningún momento se hace mención a la conformidad previa que debe obtener del cliente o de la información que con anterioridad se efectuará acerca de la potencial adaptación que llevará a cabo la empresa" (fs. 223 vuelta). Adviértase que lo que el a quo juzgó abusivo no son las modificaciones en sí, sino que ellas no fuesen previamente notificadas al asegurado para permitirle, eventualmente, rescindir el contrato. Esta conclusión no recibió críticas concretas por parte de Zurich en el recurso de inconstitucionalidad que oportunamente planteara, lo que sella de manera adversa la suerte de este agravio.

Por lo demás, Zurich omitió mantener en el recurso de inconstitucionalidad la objeción que formulara en su recurso de apelación de fs. 125/131 relativa a que la Disposición 3397/DGDYPC/2008 afectaba la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, toda vez que "[e]n la imputación del 22 de noviembre de 2004, jamás se consignó que la cláusula podría ser abusiva porque no contemplara una previa notificación al consumidor y una oportunidad para el consumidor de rescindir la póliza" (fs. 129 vuelta). Dicha circunstancia impide que este Tribunal aborde tal cuestión.

Tampoco las manifestaciones que efectúa la recurrente en cuanto a que la Superintendencia de Seguros de la Nación tiene a su cargo el control exclusivo y excluyente en materia aseguradora en cualquier lugar del territorio de la Nación, con exclusión de toda otra autoridad administrativa, nacional o provincial, alcanzan para desvirtuar lo afirmado por la Cámara en el sentido de que la Superintendencia de Seguros de la Nación "no posee las facultades para determinar el cumplimiento de la ley de defensa y protección al consumidor".

En tal sentido, sostuve en un precedente vinculado con el contrato de prenda con registro, cuyas consideraciones son igualmente aplicables (mutatis mutandi) al contrato de seguros, que "lo cierto es que la recurrente no ha intentado tan siquiera argumentar por qué razón un contrato no puede tener que cumplir, simultáneamente, con los requisitos establecidos por el sistema de defensa del consumidor y por el de prenda con registro. En ese sentido, FC no ha formulado argumentos para descartar que el contrato de prenda con registro esté comprendido en la tutela que la Constitución nacional y la Constitución local, así como la ley n° 24.240, brindan al consumidor de créditos. La ausencia de toda consideración sobre este punto -fundamental, a tenor del alcance de la tutela constitucional establecida a favor de los "consumidores"- deja sin sustento el agravio en examen" (conf. mi voto en "Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.", expte. n° 5785/08, sentencia del 3 de septiembre de 2008; en "Banco Cetelem Argentina SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Banco Cetelem Argentina SA c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la cámara de apel.", expte. nº 5639/07, sentencia del 25 de junio de 2008, me expedí en similar sentido , al adherir a los considerandos 1 a 6 primer párrafo del voto del juez Julio B.J. Maier, aunque en un antecedente relacionado con el contrato de tarjeta de crédito).

6. En suma, los cuestionamientos esgrimidos por Zurich, más allá de sostener una posición discrepante con las conclusiones a las que arribara la Cámara no logran demostrar que el modo en que el tribunal a quo interpretó las normas legales aplicables (vgr. la ley nacional n° 24.240 y la ley local n° 757), a partir de la ponderación de las disposiciones contractuales, la valoración del comportamiento de las partes y la selección de las circunstancias que consideró relevantes para fundar su decisión -en ejercicio de potestades que por regla le resultan privativas- constituya un desacierto de gravedad extrema a causa del cual aquel decisorio no pueda adquirir validez jurisdiccional.

En este punto es menester recordar que la doctrina de la arbitrariedad de sentencia -invocada por la recurrente como eje central de su argumentación- no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que sólo atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impidan considerar al pronunciamiento como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (doctrina de Fallos: 294:376; 308:2351, 2456; 311:786; 312:246, 389, 608 y 323:2196, entre muchos otros; aplicable mutatis mutandi al recurso de inconstitucionalidad local).

El recurso en examen, pues, no expone caso constitucional alguno y debe ser rechazado.

Por lo expuesto, voto por: a) admitir la queja de fs. 62/81; y b) rechazar el recurso de inconstitucionalidad de fs. 228/242 de los autos principales, con costas a la vencida (artículo 62 CCAyT).

La jueza Inés M. Weinberg dijo: 1. La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad articulado por la demandada satisface los requisitos de tiempo y forma exigidos por la ley n° 402.

El recurso interpuesto contra la sentencia definitiva del tribunal superior de la causa contiene una crítica suficiente de la decisión emanada de la Sala II de la Cámara, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado.

Los magistrados de Alzada, en su resolución denegatoria, concluyen que no se verifica en autos la concurrencia de una cuestión constitucional, toda vez que ". en el sub lite, los argumentos vertidos por la recurrente se limitaron a disentir con la interpretación que en el caso se efectuó de normas legales de naturaleza infraconstitucional (...) la interpretación y aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor" (fs. 61).

Frente a estos fundamentos, se agravia la actora al hallar vulneradas las garantías constitucionales de inviolabilidad, uso y disposición de la propiedad (art. 14 y 17 CN; art. 12 inc. 7 CCABA) así como las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal (art. 18 CN), las cuales representan a su entender un caso constitucional que habilita la apertura de la referida vía extraordinaria.

Sostiene la recurrente que la sentencia del Tribunal de Alzada, al pronunciarse sobre la misma cuestión que la oportunamente resuelta por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial -en autos "Braun Acosta, Natacha c/ Eagle Star International Life LTDA Sucursal Argentina s/ Ordinario", expte. n° 83.759, sentencia del 14 de abril de 2011- viola la garantía de cosa juzgada, además de considerar a la decisión de la Cámara como arbitraria.

Estos agravios constitucionales atribuidos a la sentencia impugnada, y suficientemente fundamentados por la recurrente, autorizan su tratamiento por este Tribunal. 2. Corresponde determinar en primer término si le asiste razón a la recurrente, en cuanto sostiene la afectación de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica al omitir analizar los jueces de mérito lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que se pronunciara -según alega la actora- acerca del cumplimiento del deber de información regulado por la Ley de Defensa del Consumidor.

El principio de cosa juzgada -efecto de toda sentencia firme- se presenta como un límite contra la pretensión de replantear un proceso que se ha resuelto con anterioridad entre las mismas partes y que guarda identidad de causa y objeto entre aquellas.

En reiterados pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expuesto que la existencia de la cosa juzgada exige el examen integral de ambas contiendas a efectos de determinar si la sentencia firme ha resuelto la pretensión deducida en los nuevos autos (Fallos: 308:2518; 311:1458).

En la especie, es posible comprobar que los autos tramitados de forma previa por ante el fuero Comercial se pronuncian respecto de la validez del contrato de seguro suscripto entre las partes, y no ya sobre la cuestión vinculada al deber de información suficiente en el marco de una relación de consumo regulado por la ley 24.240, razón por la que, al tratarse de regímenes jurídicos diversos, no se evidencia una contradicción entre ambos.

De esta forma, no se configura el requisito de identidad de objeto entre ambas contiendas.

A mayor abundamiento, y conforme indica el Dr. Lozano en su voto, la Cámara Comercial primero y la Dirección de Defensa del Consumidor luego, han resuelto cuestiones de sus respectivas competencias, no quedando evidenciado que alguno de los órganos se excediera en sus facultades, ni que por ello se produjera una duplicidad de procesos similares.

Atento a los argumentos hasta aquí expuestos, el presente agravio no puede ser admitido.

3. Por otra parte, la actora sostiene que la sentencia impugnada incurre en arbitrariedad al no tener en consideración la prueba producida en autos concerniente a las infracciones a los art. 4° y 37° de la ley 24.240.

3.1. Habré de adelantar que los planteos desplegados por Zurich concerniente a la infracción del deber de información (art. 4° Ley 24.240), no logran demostrar de qué manera la Sala II habría incurrido en una manifiesta arbitrariedad en su pronunciamiento.

La recurrente se limita a efectuar meras manifestaciones que constituyen una expresión de disconformidad con la valoración que los jueces de mérito hicieron acerca de diferentes constancias de la causa, demostrando su discrepancia a aspectos de hecho y prueba, y a la aplicación e interpretación de derecho infraconstitucional, cuestión ajena, por regla, a la intervención de este Tribunal en la vía intentada.

Nuestro Máximo Tribunal ha expresado en múltiples oportunidades que, sin perjuicio de remitir al examen de cuestiones de hecho y prueba, el recurso extraordinario sólo podrá considerarse admisible "si en forma manifiesta se ha prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia, de acuerdo con los términos en que fue planteada, el derecho aplicable y la prueba rendida" ( CSJN, "Young de Aguirre, Beatriz Hebe c/ Empresa Líneas Marítimas Argentina S.A.", Fallos 318:955).

Debe recordarse también que la tacha de arbitrariedad introducida por el recurrente, "no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales" (Fallos 235:654; 244:384; 248:129, 528 y 584; 294:376).

En este sentido, la valoración de los distintos elementos probatorios tendientes a dilucidar si la actora brindó a la denunciante información detallada, suficiente y eficaz sobre el contrato, es propio de los jueces de mérito. Conforme ello, debe concluirse que el tribunal a quo -sin perjuicio del error o acierto de los argumentos brindados- arribó a una solución jurídicamente posible, con fundamentos y base suficientes, no logrando los agravios vertidos evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.

De acuerdo a lo explicitado, el presente agravio tampoco puede tener favorable acogida.

3.2. Ahora bien, en lo relativo a la violación al art. 37° de la norma, el recurrente expone que la cláusula 13.c) de las Condiciones Generales de la póliza fue expresamente autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), por lo que considera que la Dirección de Defensa del Consumidor se arroga facultades que no son de su competencia al juzgarla de abusiva bajo las previsiones de la ley 24.240.

La Administración entiende que la cláusula aludida es prima facie abusiva al desnaturalizar las obligaciones de las partes -volviendo en indeterminado el objeto del contrato-, y permitir que la denunciada en forma unilateral, y sin ningún parámetro, modifique elementos esenciales del contrato. En los términos de la cláusula citada y conforme destaca la Dirección, la aseguradora podía modificar las condiciones contractuales sin necesidad de poner en conocimiento de ello al asegurado, coartando la posibilidad de que este pudiera decidir por no continuar con el vínculo.

Frente al planteo de la recurrente, resulta útil remarcar que a partir de la reforma constitucional de 1994, los derechos de los consumidores y usuarios gozan de rango constitucional (art. 42 de la Constitución Nacional y art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), encontrándose instrumentada la protección de éstos derechos en la ley 24.240.

El art. 1º de la norma citada -previo a la reforma introducida por la ley 26.361- establece: "Objeto. La presente ley tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios. Se consideran consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social: (.) b) La prestación de servicios.".

Agrega el art. 3º que las disposiciones de la norma se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas abarcadas por la ley, inclinándose siempre a la interpretación más favorable para el consumidor.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación expresa que "la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional" (Voto del Dr. E. Raúl Zaffaroni en "Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V." sentencia del 21/03/2006, T. 329 F. 695).

Se concluye de ello que los principios del derecho del consumidor habrán de complementarse con otras normas del ordenamiento jurídico, motivo por el cual, si bien la actividad aseguradora cuenta con su propio plexo normativo -detentando su propia autoridad de aplicación ejerciendo funciones de superintendencia-, esta no se encuentra exenta de ser alcanzada por la Ley de Defensa del Consumidor.

En su presentación, Zurich plantea que es la SSN, en su carácter de órgano de contralor de las compañías de seguros, la que vela por los derechos de los consumidores, y que la Ley 20.091 es la que le otorga "el control exclusivo y excluyente en materia aseguradora en cualquier lugar del territorio de la Nación, con exclusión de toda otra autoridad administrativa, nacional o provincial (arts.1 y 8)" (fs. 56 vta.).

No obstante lo expuesto, a raíz de la protección con rango constitucional que ostentan los derechos de los consumidores y usuarios, no se encuentra razón alguna para excluir de las normas de protección y defensa de los consumidores a los servicios prestados por las compañías aseguradoras. De este modo, la ley 24.240 resulta plenamente aplicable a las relaciones de seguro, razón por la que, frente a una relación contractual como la de autos, la norma aplicable será aquella que proteja al consumidor.

Ahora bien, en este esquema no puede concluirse que la intervención y control previo de las pólizas realizado en abstracto y para todo supuesto por parte de la SSN logre subsanar cualquier vicio que a posteriori pueda presentarse en una relación de seguro.

Es por ello que, en el marco de un contrato de adhesión como el de autos -caracterizado por la desigualdad de las partes contratantes-, la aplicación al caso particular de una cláusula pactada podrá resultar abusiva, tal cual así lo entiende la Dirección, sin perjuicio del control efectuado oportunamente por la autoridad de aplicación.

Así como lo indican los jueces de mérito en su pronunciamiento, la SSN carece de facultades para determinar el cumplimiento de la ley de defensa y protección del consumidor, máxime cuando la SSN no cuenta con herramientas útiles para efectuar una verificación en el caso concreto respecto de la efectividad de las cláusulas estipuladas.

Atento a los argumentos expuestos, y en vista a la relación de consumo existente entre el asegurado -consumidor- y su prestador, la Ley de Defensa del Consumidor no se verá desplazada por la Ley 20.091, motivo por el cual el presente agravio tampoco puede prosperar.

4. Por lo motivos expresados, voto por rechazar el recurso deducido por la parte actora, con costas a la vencida (artículo 62 CCAyT).

Por ello, emitido el dictamen del Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar a los recursos de queja y de inconstitucionalidad interpuestos por Zurich International Life Limited Sucursal Argentina.

2. Revocar la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de fecha 15 de mayo de 2012 en cuanto rechazó los planteos de Zurich dirigidos a cuestionar la valoración de la cláusula 13 C y hacer lugar al recurso directo de apelación interpuesto por Zurich International Life Limited Sucursal Argentina con relación a dichos agravios.

3. Revocar la Disposición n° 3397/DGDyPC/08 y reenviar las actuaciones a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que dicte una nueva disposición con arreglo a la doctrina aquí sentada.

4. Imponer las costas en el orden causado.

5. Mandar que se registre, se notifique, se agregue la queja al expediente principal y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.