Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-23


SENTENCIA DEFINITIVA NRO.	74046	SALA V. AUTOS: "GOMEZ GUI-LLERMO RAUL C/ CUATRO NORTES SRL Y OTRO S/ DESPIDO" (JUZG. Nº 12).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 23 días del mes de abril de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el doctor OSCAR ZAS dijo:

I)- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 465/472 se alzan: la parte actora conforme los términos de fs. 473/475, la codemandada AMX a fs. 485/495, la demandada Cuatro Nortes S.R.L. a fs. 498/499 y el perito contador Pedro Alberto Koziura a fs. 476. La parte actora contestó agravios respecto de la apelación de AMX a fs. 502/vta. y del recurso de Cuatro Nortes S.R.L. a fs. 518/vta. Estas últimas a su vez contestaron los agravios expresados por la parte actora a fs. 504/508 y 509/511, respectivamente.

II)- Por estrictas cuestiones de método analizaré en primer lugar el planteo revisor de la demandada AMX Argentina S.A.

Tres aspectos de la sentencia de primera instancia motivaron el recurso de esta parte, a saber: la declaración de solidaridad con fundamento en el artículo 30 RCT (t.o.), la condena a entregar el certificado de trabajo y las regulaciones de honorarios.

El esfuerzo recursivo de esta codemandada está centrado en la circunstancia de haber sido condena solidariamente por el "a quo" con fundamento en el art. 30 RCT (t.o.), a pesar de que -según sostiene- no se fundamentó en la demanda debidamente la pretensión contra ella y de que además, no se verifican en la presente causa los presupuestos de hecho que tornan aplicable tal supuesto jurídico de solidaridad.

A pesar de las manifestaciones contenidas en el recurso, estimo que corresponde confirmar el fallo de grado en cuanto extiende solidariamente la responsabilidad a la recurrente por el pago de la condena de autos con fundamento en la norma citada.

Con respecto a la orfandad de fundamentación fáctica de la demanda, respecto de la acción dirigida contra AMX Argentina S.A., entiendo que las manifestaciones vertidas a fs. 5 vta./6, resultan suficientes a los fines previstos por el art. 65 L.O.

Tampoco es atendible lo manifestado en torno a que no se dan los presupuestos fácticos exigidos para fundar la condena en el art. 30 RCT (t.o.).

En efecto, no está discutido en autos que el actor se desempeñó en tareas de venta en Cuatro Nortes S.R.L. y que ésta en su carácter de agente oficial de AMX Argentina S.A. (Claro), también está fuera de discusión que el actor vendía y comercializaba equipos celulares prepagos o por abonos, modems para internet, accesorios para éstos insumos como fundas , cables, estuches, baterías, etc con las características, precios, promociones y tipos de servicios combinados o impuestos por Claro (ver contrato de agencia acompañado por el perito contador a fs. 382/413.

Asimismo surge del Estatuto Social de AMX Argentina S.A. obrante a fs. 173/190 ".La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros tanto dentro del territorio de la República Argentina como de cualquier otro país, las siguientes actividades: Prestación de servicios de telecomunica-ciones" (ver en especial fs. 179/180).

Es indudable que esta actividad persigue la obtención de lucro, que es el fin último de la empresa comercial, y tal objetivo no podría alcanzarse sin operaciones comerciales que impliquen ingresos para la empresa. En consecuencia, lo sostenido por la quejosa en el sentido de que su objeto social está constituido exclusivamente por la prestación del servicio de telecomunicaciones no resulta eficaz para evitar la solidaridad establecida por el art. 30 L.C.T., ya que es evidente que tal actividad es parte de un proceso más amplio que necesariamente debe incluir, como actividad normal y específica del establecimiento, la "comercialización" de los servicios (en el caso venta de equipos de telefonía celular con líneas para cargar con tarjeta o con abonos).

Receptar la postura que propicia la recurrente implicaría convalidar una segmentación artificiosa que puede tener consecuencias satisfactorias desde el punto de vista comercial y operativo, pero que de ninguna manera puede ser opuesta a los trabajadores que en ella se involucran.

La solución que estoy postulando me conduce a confirmar la condena solidaria dispuesta respecto de la suma de dinero que se manda a pagar.

El cuestionamiento por la condena a hacer entrega de los certificados del art. 80 LCT correrá igual suerte.

Digo esto, porque a mi juicio la responsabilidad solidaria de quien contrata o subcontrata trabajos o servicios correspondientes a su actividad normal y específica con un tercero (art. 30 LCT) se extiende a todas las obligaciones "emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social". Ello ciertamente incluye el otorgamiento de los certificados en cuestión en tanto la ley no ha efectuado distinción ni salvedad alguna.

Analizaré el agravio por honorarios una vez concluido el estudio de los todos recursos vinculados con el fondo.

III)- Seguidamente abordaré el recurso articulado por la demandada Cuatro Nortes S.R.L.

Es inaceptable la queja relativa a la desestimación por parte del "a quo" del retiro de la suma de $ 1.710.

Apoya su defensa en que al momento de contestar demanda se acompañó una nota de puño y letra del actor, por la cual renuncia y reconoce el retiro de la suma de $ 1.710.

Si bien en principio esto parece ser cierto, lo cierto es que la extinción del contrato de trabajo del actor se extinguió por voluntad de la demandada comunicada a través de la carta documento CD 116631841 (obrante en sobre cerrado acompañado como prueba por Cuatro Nortes S.R.L.). En cuanto a la nota no es ocioso señalar que la misma no sólo carece de fecha, sino que tampoco tiene la firma del actor.

Por ello corresponde desestimar este aspecto del recurso.

Tampoco le asiste razón con respecto al agravio tendiente a conmover la condena a hacer entrega del certificado de trabajo y de aportes y contribuciones en tanto de los elementos de prueba obrantes de la causa no surge que el mismo le haya sido fehacientemente entregado al actor y la circunstancia que invoca la accionada, de que lo envió por correo, a mi juicio es inaceptable, máxime que en la constancia de entrega no se indica que se trate de documentación alguna (ver constancia de recepción del Correo Argentino nº CU 559802836).

Es irrelevante el agravio que cuestiona la decisión del "a quo" de extender solidariamente la condena AMX Argentina S.A. en tanto no se advierte cuál es el perjuicio concreto y actual que ello le acarrea a esta demandada.

IV)- Resta por analizar en lo que al fondo se refiere el recurso de apelación interpuesto por la parte actora	.

En primer lugar aspira a modificar el rechazo de la indemnización normada por el art. 1 de la ley 25.323	, pero esta pretensión no es viable.

Esto es así en tanto de las constancias de la causa surge que el actor estaba correctamente registrado por quien fue su empleadora -"Cuatro Nortes S.R.L."- y la solidaridad que aquí se consagra con fundamento en el art. 30 RCT (t.o.) no convierte en empleadora a AMX Argentina S.A. con la consiguiente obligación de registrar, sino que tal solidaridad solamente se vincula con el pago y cumplimiento de aquellas obligaciones consecuencia de la extinción del contrato de trabajo.

Por lo expuesto propicio confirmar el rechazo de la indemnización contemplada por el art. 1 de la ley 25.323.

Lo decidido con respecto a la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 ha merecido cuestionamiento por parte del actor en tanto ha sido morigerada su cuantía y por parte de la demandada Cuatro Nortes S.R.L., en cuanto la ha admitido parcialmente.

De las posiciones asumidas inicialmente por dichas partes se desprende que la demandada despidió al actor fundando tal decisión en cuestiones de reorganización. Asimismo en la carta documento que se formalizó esa decisión le hizo saber al trabajador que se encontraban a su disposición la liquidación final y los certificados de trabajo.

En ese orden de ideas considero que no existen razones que justifiquen la conducta del empleador de no pagar las indemnizaciones, pues en definitiva la accionada no demostró las razones de reorganización que invocó para prescindir de los servicios del Sr. Gómez, con lo cual el distracto carece de todo sustento.

En tal supuesto, no advierto razones objetivas ni subjetivas que justifiquen una reducción de la reparación contemplada por el art. 2 de la ley 25.323 y por lo tanto propicio que la misma sea admitida en forma total, esto es en la suma de $ 1.393,68 (50 % de las indemnizaciones por antiguedad y sustitutiva del preaviso).

En virtud de esta moción el capital de condena se elevará a la suma de $ 3.059,86.

Con el alcance anterior quedan analizados los agravios de la actora y de la demandada Cuatro Nortes S.R.L. relativos a la indemnización del artículo 2 de la ley 25.323.

No es aceptable el agravio que persigue modificar la suerte de la indemnización del art. 80 RCT (t.o.).

Si bien considero razonable que la intimación fehaciente a que alude tanto el art. 80, L.C.T. (texto según ley 25.345) como el art. 3º, dec. 146/2001, sólo puede surtir efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemniza-ción) una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa, y que, por ende, la interpelación efectuada por el actor el 8/04/2009 (ver 7) resultó ajustada a esa pauta (conf. criterio sustentado al votar en la causa: "Pantano, Carlos Gustavo c/First Club S.A.", sent. def. nº 68.030, dictada el 15/12/2005, del registro de la Sala V), el tribunal con su actual composición ha adoptado por el voto mayoritario de la Dra. García Margalejo y del Dr. Arias Gibert (ver sent. def. nº 72.984 dictada el 16/03/2011 en la causa "Moglia, Emanuel c/Mirazones S.A.") un criterio contrario.

En este contexto, por razones de economía procesal y sin abdicar de mi posición, considero que corresponde mantener el rechazo dispuesto en la instancia anterior.	Igual suerte habrá de seguir la queja referida a los pagos en negro y a las horas extras.

En primer lugar es oportuno señalar que la quejosa no indica qué elementos de prueba permitirían afirmar que se han acreditado el pago de sumas en negro por parte de la empleadora y la realización de horas extras por parte del Sr. Gómez.

Sin perjuicio de ello, señalo que la remuneración aceptada por la señora jueza es la que surge de lo informado por el contador (ver fs. 426 vta.) y lo manifestado por la demandada en el responde se refiere a lo que el actor percibió en alguna ocasión (fs. 18). Si bien es cierto que en una ocasión el actor percibió esa suma ello no significa que constituya la mejor remuneración a los fines del 245 RCT (t.o.), ni que tampoco obedezca al pago de sumas en negro, en tanto se ven reflejadas en los registros de la demandada (ver fs. 420).

Finalmente cuestiona la imposición a su cargo del 70% de las costas.

El art. 71 del C.P.C.C.N. dispone:

"Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a am-bos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos".

Desde una perspectiva estrictamente aritmética el monto por el que pros-peró la demanda ($3.059,86) apenas alcanza al 3,44% del monto reclamado (ver liquidación de fs. 9).

Sin embargo, cabe destacar que, a fin de distribuir las costas y de regular honorarios, corresponde computar como monto del proceso el indicado por el perito contador a fs. 427 vta, es decir, $ 79.128,21 que es aquél por el cual hubiera prosperado en el mejor supuesto para el actor.

A mi modo de ver, no resulta lógico computar a los fines indicados pre-cedentemente los montos excedentes de los que razonablemente le correspondería al actor en caso de merecer acogida favorable sus pretensiones, pues aquellos excedentes no reflejan adecuadamente los intereses patrimoniales en juego a tales efectos.

Aun desde esta perspectiva, el monto por el que prosperó la demanda apenas alcanza al 3,87% del importe determinado.

De todos modos, en el "sub-lite" estimo inequitativo formular esa proyec-ción porcentual a la distribución de costas por las siguientes consideraciones.

En primer lugar, porque el art. 71, C.P.C.C.N. exige prudencia al momen-to de compensar o distribuir proporcionalmente las costas. En segundo término, porque en materia laboral la distribución de costas no debe regirse por un criterio meramente aritmético sino jurídico, y desde este enfoque cabe destacar que el actor se vio obligado a acudir a la jurisdicción competente para obtener un reconocimiento a sus pretensiones de índole alimentaria, y que merecieron acogida favorable los reclamos indemnizatorios derivados del despido.

Teniendo en cuenta todas las pautas expuestas, estimo justo y equitativo la distribución de las costas decidida en la instancia de origen y por ello postulo su confirmación.

V)- Me expediré a continuación con respecto a las apelaciones de hono-rarios apelados a fs. 475 vta. pto. 3, 476, 495, parágrafo V y 499 vta."in fine".

El art. 19 de la ley 21.839 dispone:

"Se considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción".

Cuando la demanda progresa de modo parcial, la situación es equiparable a la del vencimiento parcial y mutuo. Por la parte de la demanda que se admite, el vencimiento es del demandado; y por la parte de la demanda que se rechaza, el vencido es el actor. Por consiguiente, a los fines de regular honorarios se debe tener en cuenta no sólo el monto de condena, sino el monto reclamado, por significar éste el valor discutido en juicio.

En el mismo sentido, se ha señalado con criterio que comparto que cuan-do el monto de la condena es notablemente inferior al quantum reclamado y las costas se imponen en proporción al resultado del juicio, la expresión "suma resultante de la sentencia" del art. 19 de la ley 21.839 alude no sólo a los importes admitidos en la sentencia, sino también a aquellos desestimados en ella, correspondiendo considerar en tales supuestos monto del proceso el total reclamado por el actor (conf. C.N.Com., Sala A, 31/05/89, "Di Giacomo y Consalvo c/Pedrana S.A.").

En virtud de los argumentos expuestos precedentemente, estimo que en el "sub-lite" el monto del proceso alcanza a $79.128,21,. Sin embargo, considero que la regulación de honorarios profesionales no depende exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en la ley de aranceles sino de un conjunto de pautas precisas previstas en los regímenes respectivos que deben ser evaluados por los jueces y entre los que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, la manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con las circunstancias particulares de cada caso.

Establecer los honorarios profesionales mediante la aplicación automática de los porcentuales fijados en la ley arancelaria, aún del mínimo establecido, puede dar por resultado sumas exorbitantes y desproporcionadas en relación con las constancias de la causa, no compatibles con los fines perseguidos por el legislador al sancionar la ley arancelaria ni con los intereses involucrados en el caso.

Las normas contenidas en la ley arancelaria deben ser interpretadas armó-nicamente, para evitar hacer prevalecer una sobre otra, con el propósito de resguardar el sentido que el legislador ha entendido asignarles y, al mismo tiempo, el resultado valioso o disvalioso que se obtiene a partir de su aplicación a los casos concretos.

Como principio general cabe sostener que los arts. 6º, 7º y 13 de las leyes 21.839 y 24.432, configuran un bloque normativo con determinación de pautas para fijar los honorarios que debe ser analizado y ponderado en conjunto al momento de efectuar las pertinentes regulaciones. La escala dispuesta en el art. 7º configura una pauta general, una directriz, que permite verificar en cada caso concreto el grado de razonabilidad del resultado de la regulación en orden a las pautas y principios receptados en el art. 6º, estos últimos de ponderación exclusiva en cada caso concreto.

El art. 13 de la ley 24.432, modificatoria de la ley 21.839, consagra en forma explícita la interpretación propuesta, ya que dispone el deber de los jueces de apartarse de los montos o porcentuales mínimos para privilegiar la consideración de las pautas del art. 6º de la ley 21.839, cuando la aplicación estricta, lisa y llana, de las escalas arancelarias ocasionaran una evidente e injustificada desproporción, con la obligación de justificar fundadamente la resolución adoptada.

En la cuestión de regulación de honorarios es de aplicación también el principio elaborado por nuestro más Alto Tribunal según el cual la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de los textos legales, sino que requiere del intérprete la búsqueda de la significación jurídica o de los preceptos aplicables que consagre la versión técnicamente elaborada y adecuada a su espíritu, debiendo desecharse las soluciones notoriamente injustas que no se avienen con el fin propio de la investigación judicial de determinar los principios acertados para el reconocimiento de los derechos de los litigantes (Fallos: 253:267, entre otros) (C.S.J.N., D.163. XXXVII. R.O., 14/02/2006, "D.N.R.P. c/Vidal de Docampo, Clara Aurora", en especial considerandos 10), 11), 12) y 13) del voto del Sr. Ministro Dr. Juan Carlos Maqueda).

Por otra parte, en el mismo sentido el art. 38 de la L.O. dispone en lo per-tinente:

".Excepcionalmente, y por resolución fundada, estarán facultados (los jueces) para fijar, en relación con todo ello (honorarios de los letrados, apoderados, peritos, expertos y demás auxiliares de la justicia), sumas inferiores a las que resultaren de la aplicación de los respectivos aranceles profesionales." Por aplicación de la doctrina expuesta, considero que las regulaciones de fs. 472, son prudentes y equitativas por lo tanto postularé la confirmación de lo allí decidido (conf. arts. 38, L.O.; 6, 7, 8, 19 y concs., ley 21.839; 14, ley 24.432).

VI)- En definitiva, de suscitar adhesión mi voto deberá modificarse la sentencia de primera instancia y elevarse el monto de condena a la suma de $ 3.059,86, sobre la que se calcularán los intereses ordenados por la sentenciante anterior.

En atención al resultado de los recursos traídos a conocimiento de esta al-zada, propongo que las costas aquí originadas se declaren por su orden (cfr. art. 68, 2º parte, CPCCN) y que los honorarios de los profesionales actuantes se regulen en el 25 % de lo que les corresponda por su desempeño en la instancia de origen (cfr. art. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

Que por análogos fundamentos, adhiere al voto del Dr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de primera instancia y elevar el capital de condena a la suma de PESOS TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 3.059,86), con más los intereses dispuestos a fs. 472. 2) Declarar las costas de alzada por su orden. 3) Regular los honorarios conforme se propone en el primer voto del presente acuerdo. Reg., not. y dev.. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.. Conste que la Dra. María C.García Margalejo no vota en virtud del art. 125 de la ley 18345.

MMV Oscar Zas Enrique Néstor Arias Gibert Juez de Cámara Juez de Cámara