marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Personal municipal, trabajadores temporarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Calvo, Mireya E. c/ Municip. de Bahía Blanca s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

De acuerdo al régimen estatutario que rige la situación jurídica del personal municipal, los agentes que revistan como personal temporario o interino carecen del derecho a la estabilidad, lo que halla su fundamento en que como tales designaciones obedecen a una necesidad temporal circunstancial, no pueden sino generar una situación de naturaleza precaria; por ello el Tribunal ha reconocido la facultad de la Administración de limitarlas por razones discrecionales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de San Nicolás c/ S.C.A.C. S.A s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-09

La excepcionalidad es el tono que impregna las disposiciones de la ley 24.283, imponiéndose una interpretación restrictiva por cuanto su innegable efecto retroactivo hace que su aplicación deba ser realizada con el máximo de prudencia a fin de evitar que una supuesta arbitrariedad indexatoria desemboque por vía del cálculo comparativo introducido en la norma, en una verdadera licuación de deudas o una moratoria de hecho que en definitiva, se traduzca en un despojo.-
Competencia federal, daño, interrupción del servicio, suministro de gas, transporte de gas, transporte interno
Materia: PENAL
Carátula: Pan American Energy LLC Suc. Arg. s/ denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-07

Corresponde entender a la justicia federal si como consecuencia de los hechos denunciados -ingreso violento, daños y agresiones en el establecimiento de la empresa- se habría visto interrumpido el flujo de gas y de crudo y afectado el transporte interprovincial de gas producido en los yacimientos de la empresa, por lo que se habría interrumpido la prestación de un servicio público interjurisdiccional.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Defensa del consumidor, vicios, daños y perjuicios, vehículos, valuación del automotor, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Comafi SA c/ Sansuste, Fernando Andres s/ ejecutivo (ll 20.9.19, f. 122.131)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-11

1 - Corresponde admitir la demanda incoada contra un fabricante automotriz y una concesionaria en reclamo de sustitución del vehículo nuevo adquirido, a causa de los defectos de fabricación que éste manifestara tempranamente, con sustento en los arts. 10 bis, 11, 17, y 40 de la LDC. Asimismo, tal responsabilidad es solidaria a ambas codemandadas -sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan-, solidaridad que se extiende a todos los integrantes de la cadena de producción y comercialización que hayan sido demandados (arts. 13 y 40, ley 24240). 2 - En ese marco, ante el incumplimiento contractual de las demandadas en punto a la falta de correspondencia entre lo ofrecido y lo entregado, procede la aplicación de art. 10 inc. b) de la LDC, razón por la cual corresponde disponer la sustitución del vehículo en cuestión por otro 0km de las mismas características y prestaciones, o en su caso el modelo de reemplazo. Siendo a cargo del actor entregar a las demandadas de manera simultánea el vehículo libre de deuda que dio origen al presente pleito, como así también suscribir él y su cónyuge la documentación necesaria a los fines de efectuarse la transmisión registral correspondiente.
Sucesión testamentaria, capacidad para testar, enfermedades, padecimientos mentales, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: PERCOSSI, José Antonio César c/ HREHORASZCZUK, León Miguel y otro s/ NULIDAD DE TESTAMENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Probado el estado de alteración mental del causante en una época próxima al otorgamiento del testamento, se entiende que cuadra al interesado en la validez de éste demostrar la salud mental del testador en el momento de su realización.-
Procedimiento administrativo, revisión judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Alfredo C. Gutiérrez s/ Elementos para diagnóstico. Cobro de pesos. Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-02

Si el contratista no impugnó la decisión de la Administración que dispuso rescindir el contrato y autorizar la contratación con un tercero responsabilizando a aquél de los perjuicios derivados, se encuentra inhibido para plantear en sede civil y en el proceso que se le inicia con tal motivo, defensas vinculadas a la legitimidad de la rescisión del contrato, la nueva contratación con el tercero y su responsabilidad por los daños ocasionados, pues el único procedimiento idóneo a tal fin, una vez agotada definitivamente la instancia administrativa, es la promoción de la acción contencioso administrativa.
Presupuesto nacional, ley derogada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García Vacas de Borderes Castex Nilda Isabel y Otros c/ E.N. -Mº de Defensa s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-05

El art. 20 de la ley 24.156 -en sentido similar art. 18 del decreto-ley 23.354/56- tiene establecido que la ley de presupuesto general no puede "reformar o derogar leyes vigentes". Esta ley si bien no tiene jerarquía constitucional tiene el claro propósito de limitar el presupuesto a su función formal de acto gubernamental, cuyo objetivo es autorizar los gastos a realizar el próximo año, y calcular los recursos probables con que se solventarán esos gastos (Villegas, "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Ed.

Depalma, pág. 791).
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, intervención de línea telefónica, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Mendoza Caro, Miguel Ángel; Cárdenas, Arturo Orlando s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-30

Si las actuaciones tuvieron inicio en una de las causales previstas por el art. 195 CPPN, el fiscal no se encontraba compelido a formular requerimiento de instrucción en los términos de los arts. 180 y 188 CPPN pues, al encontrarse la droga en el domicilio cuyo allanamiento se dispuso para investigar el robo, el juez de la causa remitió las actuaciones a la justicia federal para que prosiga la investigación en los términos de la ley 23.737 y el magistrado inmediatamente notificó al fiscal tanto el inicio como la citación a prestar declaración indagatoria de los imputados. Debe rechazarse el pedido de nulidad por ausencia de fundamentación de las escuchas telefónicas si el instructor dio sobradas razones por las cuales consideró necesario proceder a intervenir el abonado telefónico de dicha vivienda. Frente a la involuntaria omisión del fiscal de ofrecer la exhibición del material secuestrado durante el desarrollo del debate, el tribunal hizo una adecuada utilización del derecho que le concede el art. 388 CPPN y únicamente exhibió a los testigos elementos probatorios que habían sido correctamente incorporados al legajo. La entidad de las pruebas recopiladas -cantidad de droga encontrada, su modo de conservación y fraccionamiento y los significativos depósitos de dinero en la cuenta bancaria del imputado- permite acreditar más allá de toda duda, la ultraintención requerida por el art. 5° inc. c, ley 23.737, en su modalidad de tenencia con fines de comercialización. La disidencia parcial, por aplicación del principio in dubio pro reo y del precedente CS "Vega Giménez", consideró no probada dicha ultraintención. (Dres. Mitchell -en disidencia parcial-, Catucci y Riggi).
Declaración de inconstitucionalidad, atribución de la vivienda, vivienda familiar
Materia: CIVIL
Carátula: Z. V. A. c/ C. A. A. y/o cualquier otro ocupante  s/ atribución de hogar
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-24

La declaración de inconstitucionalidad del art. 526 del CCyC peticionada por la recurrente resulta innecesaria, por llegar firme a esta instancia la inaplicabilidad al caso del plazo de dos años previsto por la norma y en orden a la interpretación efectuada acerca del alcance de la obligación alimentaria.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, sentencia arbitraria, acción quanti minoris
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Jorge Luis MINUTO c/ GELRO  S.A.  Y OTRO s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  PROPIEDAD  HORIZONTAL  - CLAUSULA PENAL -  RECURSO  DE  APELACION - SENTENCIA DEFINITIVA - SENTENCIA  ARBITRARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

La circunstancia de tratarse, lo relacionado con la acción de quanti minoris, de cuestiones de derecho común, no constituye óbice decisivo para invalidar lo resuelto cuando esto no se presente como derivación razonada del derecho vigente.
Retiro militar, haber de retiro, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Luquin, Leonardo Luis y otros c/ Estado Nacional - Mº de Defensa - s/ Personal militar y civil de las FFAA y de Seg..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Debe confirmarse el rechazo de la demanda interpuesta por personal militar en retiro y pensionados para que se incorporara a sus haberes los sumplementos y compensaciones otorgados por el decreto 2769/93. El objeto de la presente litis ya fue examinado y resuelto para el suplemento por responsabilidad de cargo o función y la compensación por vivienda, en la sentencia dictada el 15/12/97 in re "Ahumada, Marina del Rosario c/ Estado Nacional - Mº de Defensa". Cabe también extender sus conclusiones a los restantes beneficios que surgen del decreto 2769/93 y que son reclamados en esta causa.
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PELLENE DE ABDALA MARIA; MONTOYA DE ACHAVAL MERCEDES T. Y OTROS c/ I.O.S.E.P.(INSTITUTO DE OBRA SACIAL PARA EL EMPLEADO PUBLICO) s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION(PAGO DE  DIFERENCIAS SALARIALES)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-03

A los fines de los cómputos del plazo legal para la acreditación de poderes o ratificación de la gestión, el momento a tener en cuenta es aquel en que la profesional se apersonó a los autos arrogándose la representación de los actores, con prescindencia de su eficacia y de toda declaración al respecto.
Honorarios, juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Costas, Victor Hugo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Regulación  de honorarios - Revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro. 359 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-21

El artículo 27 de la ley de aranceles profesionales, autoriza a los profesionales a estimar sus honorarios. Esa autorización, que implica un análisis de la cuantía, no prevé una necesaria incidencia previa con participación de las partes, estando suficientemente tutelado el derecho constitucional de defensa con la posibilidad -y carga- de fijar el monto reclamado, y de ser oída y producir pruebas al interponer revocatoria.
Denegatoria del recurso, contrabando de estupefacientes, insuficiencia del agravio, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Collahua Romucho, Luis Antonio y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-23

Corresponde rechazar el recurso de casación contra el pronunciamiento que -por entender que fue el medio utilizado para la comisión del ilícito consistente en el intento de contrabando de importación de 221,45 kilogramos de cocaína- denegó la devolución del vehículo decomisado en la sentencia, ya que no existen elementos para pensar que realmente la empresa titular del vehículo no tiene una vinculación con el delito cometido, pues el supuesto fideicomitente es precisamente la misma "familia" y los argumentos esgrimidos por los impugnantes, no logran rebatir lo sostenido por el tribunal en la decisión impugnada.Al adherir a diversos tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas aprobada en Viena en 1988 (ley 24.072), la República Argentina ha asumido el compromiso internacional de combatir el narcotráfico.
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Burger, Elviro y Burger, Alejandro c/ Responsable reparaciones s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-16

Cabe el tratamiento de oficio de la cuestión costas cuando se modifica el fallo inicial, ello en mérito a los dispuesto por el artº 274 del ritual.
Notificación, libro de asistencia, prueba, abogados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Poltronieri, Mariela Fernanda c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Queja por apelación denegada de Bs. As. s/ Queja por apelación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-06

La ausencia de la nota en el libro de asistencia respectivo no traduce que efectivamente el expediente no se encontraba en el casillero, sino el supuesto contrario.

Es que la sola constancia adecuada de la asistencia del letrado al Tribunal hubiera bastado para tener por cierto el hecho de que el expediente no se hallaba en letra, y precisamente, la aludida constancia no es simplemente un medio de prueba para acreditar que el expediente no está disponible, sino la única hábil para comprobar la concurrencia del interesado.
Homicidio culposo, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Chura Condorí, Víctor F. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Rodrigo L. Ovejero en contra de Sentencia Nº 34/13, de Expte. Nº 100/10: Chura Condorí, Víctor F. - Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-06-30

El Juzgado Correccional declaró culpable a C. C. como autor penalmente responsable del delito de Homicidio culposo calificado por el que viene incriminado, condenándolo en consecuencia a sufrir una pena de dos años y tres meses de cumplimiento efectivo y a una inhabilitación especial de ocho años para conducir cualquier tipo de vehículos automotores.

Contra la citada resolución, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

Sobre el objeto de la condenación condicional, la CS ha señalado lo siguiente: "La condenación condicional procura evitar la pena corta de prisión para quien pueda ser un autor ocasional y la razón por la cual se limita a la pena corta de prisión es porque el hecho no reviste mayor gravedad, lo que sucede cuando la pena no excede de cierto límite, o cuando no provoca mayor peligro de alarma social, es decir, cuando el sujeto no es reincidente (CS, Fallos: 327:3816).

En idéntico sentido y en forma unánime, la doctrina sostiene que si la pena de prisión impuesta es corta, es porque el hecho no reviste mayor gravedad, y si el condenado no es reincidente, el hecho no provoca mayor peligro de alarma social (entre otros autores, Eufenio Zaffaroni, "Tratado de Derecho Penal", tomo V, pág. 444 y stes.,Ediar, 1988).

Tampoco hay discusión con relación a que la cuantificación de la pena se vincula con la cantidad de injusto de la conducta condenada, con arreglo a las circunstancias particulares del caso. En ese marco, considerando la escala penal aplicada en la sentencia, de 2 a 5 años de prisión (art. 84 del CP), la cantidad de 2 años y 3 meses impuesta al condenado, apenas superior al mínimo posible, resulta claramente indicativa de la medida de la gravedad asignada por el tribunal a quo a la conducta de C.

C., como penalmente reprochable por antirreglamentaria y causal del resultado típico, mas no de una gravedad inusitada o temeraria. Por ello, desde esa óptica, estimo que el dispuesto cumplimiento efectivo de la condena resulta desproporcionado con la leve pena impuesta.

Por todo lo expuesto, no obstante el irreparable daño causado y la acreditada y no discutida imprudencia que sustenta válidamente la condena, opino que el agravio del recurrente, por la decidida modalidad de cumplimiento efectivo de la pena, debe ser acogido.

(Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, por la mayoría)
Recurso de casación, improcedencia del recurso, sentencia arbitraria, recurso de apelación (procesal), deserción del recurso
Materia: Procesal
Carátula: Bensimon, Marcos Daniel c/ Thomas, Iridia s/ Demanda División de Condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-07-18

Este Superior Tribunal de Justicia, en anterior composición, ha dicho que: "con respecto a la causal de arbitrariedad, es oportuno señalar lo que en forma reiterada ha sostenido la Corte Nacional y que este Tribunal ha acogido, al manifestar que las resoluciones que declaran inadmisibles los recursos deducidos por ante los Tribunales de la causa, mediante fundamentos de carácter procesal que bastan para sustentarlas, son ajenas a la instancia extraordinaria ...Así ocurre en el caso en que se declaró desierto el recurso interpuesto..." En igual sentido se expresó el alto Tribunal al sostener que lo atinente a Segunda Instancia no constituye materia federal que autorice la vía excepcional, toda vez que ello remite a examen de aspectos fácticos y de derecho procesal ajenos al remedio que prevé el art, 14 de la Ley Nro.48; en el mismo tono puede verse que: valorar un memorial a fin de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener un recurso de apelación, es facultad privativa del respectivo Tribunal, por ser un problema de hecho y de derecho procesal, cuya apreciación es propia de los jueces de la causa y ajena por su naturaleza a la vía del art. 14 de la Ley Nro. 48.
Pacto de cuota litis, orden público laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Jabif, Hernán Matías c/ Cisnero, Inés Margarita s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-05-30

Aun cuando la ley arancelaria local (5480) y la ley 24.432 a la cual la Provincia de Tucumán se adhirió mediante Ley 6705 provincial, permitan a los profesionales pactar con sus clientes la retribución de sus honorarios; las disposiciones del derecho laboral -en el caso, art. 277 LCT- no pueden ser dejadas de lado, ya que apuntan a resguardar la integridad de los créditos laborales, y siendo de orden público, priman sobre las primeras.
Daños y perjuicios, ferrocarriles
Materia: CIVIL
Carátula: SOSA, SEGUNDO SOLANO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-28

Se ha señalado que "quien intenta cruzar una vía férrea debe adoptar todas las precauciones necesarias para hacerlo sin riesgo, desde que su sola presencia indica el peligro del cruce. Las vías ferroviarias son un lugar reservado a los trenes estando obligado el que haya de cruzarlas a cerciorarse por sí mismo si viene algún convoy, deteniéndose para darle paso y no a la inversa, máxime cuando existen señales indicadoras del cruce.

Son suficientes indicativos para advertir la cercanía del convoy, la barrera baja, y la presencia de peatones y vehículos detenidos, toda vez que debe recaer sobre aquel que traspasa una vía férrea la obligación de cerciorarse si se aproxima el tren, ya que el maquinista confía en que los vehículos y peatones que se aproximen al cruce, detendrán su marcha para permitir su paso prioritario, pues tiene muy limitadas posibilidades de evitar el daño ante una inminente colisión.
Juicio ejecutivo, honorarios del abogado, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Araujo, César c/ Rosciani de Rodríguez s/ Cobro Ejec. Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-14

La univocidad instrumental, que hace a la abstracción y autonomía del documento ejecutivo se encuentra "prima facie" quebrantada en la especie, toda vez que de conformidad con la cláusula décima del contrato locativo, cohonestada con la escala que edicta el art. 9 ap. II inc. 9 del dec. ley 8904/77, se patentiza una diáfana falta de exigibilidad en los términos que aduce el recurrente (5 % del valor del contrato), sin que sea procedente una subsanación de deficiencias, precisión o intentar integrar el instrumento ya introducida una defensa de inhabilidad de título (arts. 518, 542 inc. 4, 549 y concds. del Cód. Proc.). La concreta negativa del ejecutado puso de manifiesto que el pretenso título se encuentra desprovisto de las cualidades necesarias para otorgar la vía ejecutiva, pues ante una prestación indeterminada fue menester acudir al expreso mecanismo que prevé el art. 55 del dec. ley 8904 /77, para luego con deuda líquida y exigible acudir a la vía compulsoria.
Conciliación laboral, homologación judicial, homologación del acuerdo laboral
Materia: LABORAL
Carátula: DODERO, Marcelo c/ MAXIMA AFJP s/ despido  MAGISTRADOS: VACCARI - MORELL - LESCANO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-04

Los sujetos de la relación de trabajo conservan el poder dispositivo en materia negocial con la sola condición de que su ejercicio no infrinja los mínimos inderogables del "ius cogens"(derecho obligatorio). De allí que no resulta contrario a norma alguna que las partes fijen en el acuerdo, un monto que, de un lado aparece mayor cuantitativamente que la condena del fallo en recurso; pero desistiendo el trabajador, como contrapartida de otro rubro aún litigioso y formulando además, una declaración de corte liberatorio genérico para el empleador respecto de cualquier otra consecuencia que pudiere derivarse de la relación laboral que las uniera o de su extinción (Plenario Nº 137 del 29/9/70 en "Lafalce, A C/ Casa Enrique Schuster SA").

(Del voto del Dr. Morell, en mayoría ).
Concursos, honorarios del síndico del concurso, incidentes, regulaciones parciales, pautas, costas a un tercero
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA AZUCARERA Y ALCOHOLERA SOLER SOCIEDAD ANONIMA s/ CONCURSO PREVENTIVO - INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-12-27

Las divergencias doctrinarias y jurisprudenciales en torno a la retribución del síndico cuando es condenado en costas un tercero ajeno al Concurso, han surgido ante la ausencia de normativa expresa en la Ley Concursal respecto a la regulación de honorarios en materia de incidentes. Un importante sector interpreta este vacío legislativo como el claro propósito de retribuir al funcionario sólo globalmente y en la forma establecida por la Ley de Concursos en sus artículos 288 y concordantes. Otro, en cambio, estima aplicables las normas arancelarias locales. Ante la cuestión planteada de que no corresponde la regulación parcial, es menester en primer término advertir la necesidad de analizar las peculiaridades de cada caso concreto, apreciando la actuación del síndico como pauta valorativa fundamental para establecer la pertinencia de la regulación parcial a su favor. No se habrá de negar en ningún caso su derecho a percibir emolumentos; en tanto dicha valoración circunstanciada permita interpretar si su labor ha sido de las retribuídas globalmente en la etapa fijada por la ley, o merece por sus características considerarse en forma diferenciada y a cargo del vencido en costas.