Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-03


D., R. J. y P., C. E.

Reg.: A y S t 216 p 164-169.

Rosario, 3 de octubre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de R. J. D. contra la resolución n 356 del 22 de setiembre de 2005, dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de esta ciudad en autos "D., R. J. y P., C. E. J. -Infracción Art. 259 del C.P.- (Expte. 905/05)" (Expte. C.S.J. nro. 48, año 2006); y, CONSIDERANDO:

Surge de las constancias de la causa que por decisión del 03.5.2005 del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional de la Séptima Nominación de esta ciudad se declaró "la nulidad de todo lo actuado en esta causa y en esta sede respecto de las imputaciones que se le formularan a R. J. D. y a C. E. J. P., específicamente de fs. 188 en adelante..., mandando archivar lo actuado una vez firme el mismo" (arts. 4; 161; 164, 2do. párrafo y 200 del Código Procesal Penal) (fs. 1/4).

Recurrido el mismo por el Fiscal, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de esa ciudad, por resolución del 22.9.2005 dispuso "hacer lugar al recurso y revocar el auto apelado" (fs. 9/13vto.).

Contra dicho decisorio deduce la defensa técnica de D., recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055 por resultar aquél arbitrario y violatorio de diversos derechos de raigambre constitucional (fs. 15/25).

En el escrito introductor refiere, en primer término, que la resolución emanada del tribunal de Alzada debe reputarse como definitiva en razón del gravamen irreparable que ocasiona a su defendido.

Postula, en ese sentido, con apoyo en jurisprudencia que dicho gravamen surge de continuar siendo perseguido mediante una acción penal, ejercida con base en los mismos hechos por los que en su momento se dictara el sobreseimiento en la otra causa, resolución esta que quedó firme.

Considerando el recurrente superada la ausencia de definitividad, alude a las distintas razones por las cuales entiende que el Tribunal que dictó el decisorio impugnado no reúne las condiciones de imparcialidad requeridas, lo que constituye -dice- una flagrante violación de los derechos de defensa en juicio y al debido proceso.

Sostiene, en ese sentido, que los integrantes de la Sala no se encontraban en las condiciones de imparcialidad exigidas para analizar el recurso de apelación que dedujera el Ministerio Público Fiscal, ya que precisamente el eje fundamental de sus agravios pasaba por lo actuado por aquélla con posterioridad al auto de sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción, entre cuyas actuaciones se encontraba, precisamente, la resolución de la Sala Cuarta que había revocado el auto de falta de mérito.

Indica que de la lectura de la decisión ahora impugnada se desprende que el Tribunal a quo dedica la mayor parte de los argumentos a defender y justificar su propia actuación, lo que pone en evidencia que los vocales fueron protagonistas decisivos de toda la causa contra el imputado.

Expone que con motivo de dicha situación es que planteó en su oportunidad la recusación de los integrantes de la Sala interviniente, la que fue desestimada, omitiendo aplicar el criterio esbozado por la Corte nacional en el antecedente "Llerena".

Advierte que la misma falencia de parcialidad se observa en la conducta de la Alzada cuando intenta explicar cuál habría sido la verdadera intención del Fiscal cuando afirmó que "no había nulidad porque la defensa había convalidado lo actuado".

Postula, a renglón seguido, que el Tribunal incurre también en una flagrante violación al debido proceso al no impedir una "doble persecución" penal al imputado.

Aduce que al encartado se le inició una causa penal, en su momento, ante un juzgado de instrucción, proceso en el cual resultó sobreseído por los hechos que se le atribuyeran al prestar declaración indagatoria.

Sin embargo, señala que el A quo al intentar interpretar el alcance del sobreseimiento lo limitó a los hechos que encuadraban en el supuesto delito de cohecho contemplado en el artículo 256 del Código Penal, quedando -a juicio del Sentenciante- sin juzgar la conducta de la mera recepción de dádivas a que alude el artículo 259 de dicho digesto normativo.

Entiende que el imputado fue sobreseído por "el hecho" que venía siendo investigado, de modo que la remisión a otra sede para continuar la investigación, implicaba un ejercicio inválido de la acción penal al afectar la prohibición de volver sobre lo mismo.

Sostiene que la invalidación del proceso arranca de la decisión del Juez instructor de remitir la causa a otra sede para continuar con la persecución penal, generando una contradicción que no puede tener el efecto de convalidar una tesis que pretende restringir el alcance de la resolución desincriminante.

Alega que cuando se trata de delimitar el alcance de lo resuelto, se debe objetivar el decisorio con independencia del real sentido de lo que el Magistrado quiso hacer al dictarlo.

No tiene trascendencia -dice- que el juez instructor actuante haya querido que la acción siguiera vigente y se agotara la repercusión penal que el hecho ofrecía, ya que para que ello fuera viable, no debió dictar el sobreseimiento, sino solo y simplemente declararse incompetente remitiendo la causa a otra sede, pues así funciona el sistema cada vez que se remiten causas de una sede a otra por modificación de la calificación jurídico penal.

Expresa que con el argumento utilizado por la Alzada se confunde "sobreseer hechos con sobreseer calificaciones jurídicas".

Agrega, asimismo, que nunca el sobreseimiento es para poner fin a la utilización de determinada figura penal, sino que precisamente todos los encuadres jurídicos son por su naturaleza, esencialmente provisorios.

Y en el caso de autos, considera que el sobreseimiento dictado a fojas 177 pudo ser objeto de todas las críticas posibles, pero que al haberse dejado transcurrir el lapso procesal para impugnarlo, el mismo pasó en autoridad de cosa juzgada.

Relata que el yerro en que incurrió el juez instructor no puede serle cargado al imputado en su perjuicio, remarcando que dicho magistrado pudo aún seguir investigando aunque se tratara de un delito de competencia menor pues ninguna norma procesal se lo impedía.

Sin embargo, concluye, en la causa el juez dictó el sobreseimiento, que al no ser impugnado por el ministerio público fiscal, quedó firme.

En otro orden, manifiesta que en nada empece a su postulación recursiva el hecho de que no se haya planteado desde un primer momento que la remisión de la causa y el trámite imprimido por el magistrado a cargo del juzgado correccional conculcaba un principio de raigambre constitucional como era el del "non bis in ídem".

Ello así, dice, pues frente al orden público al que pertenece el referido principio, ninguna significación tiene que solamente se haya solicitado al juez interviniente el sobreseimiento del imputado.

Apunta que le asiste razón al juez correccional cuando concluye en que el sobreseimiento dictado por el magistrado a cargo del Juzgado de Instrucción cerró definitivamente la causa en favor del imputado, pues resulta insostenible que se lo limite a una figura penal como pretende la Alzada en el decisorio impugnado.

Señala que si en realidad fueran distintos los hechos, por qué razón no se iniciaron dos causas en forma paralela, una en instrucción y otra en correccional.

Por el contrario, sostiene que sólo se inició una causa porque sólo hubo un hecho: las supuestas entregas de queso de parte de P. a D.

Ese hecho -remarca- es único, porque obedece a un solo plan de acción en su génesis, con total independencia de la cantidad de veces que P. concurriera al despacho del encartado a concretar las supuestas entregas.

Expone que desde cualquier punto de vista que de la teoría del delito se aborde la cuestión, en la causa hay uno y no dos hechos.

Y ello así, pues, porque exista o no exigencia, exista o no acuerdo venal, en todas estas alternativas de supuestas conductas, lo que siempre hay es entrega y recepción.

De allí, estima, que todas las intimaciones fácticas son idénticas en el sentido de que en todas está presente la atribución a P. de entregar y a D. de recibir.

Postula, en ese sentido, que la afectación al "non bis in ídem" surge claramente si se tiene en cuenta que se está impugnando precisamente un decisorio de Cámara que al revocar la nulidad, lo que hace es volver a violar la garantía en cuestión.

Concluye el recurrente manifestando que al ejercicio de la acción penal por parte del Fiscal de Cámara desprovisto de la objetividad que debe presidirla, se le debe sumar la conducta de un Tribunal que se compromete más allá de los límites tolerables con un procedimiento que vulnera la prohibición de doble persecución.

2. La Cámara, por auto n 14 del 14 de febrero de 2006 denegó el recurso de inconstitucionalidad deducido (fs. 30/36vto.).

Tal denegatoria motivó la presentación directa del interesado ante esta Corte (fs. 40/54vto.).

3. Cabe señalar en primer término que, conforme inveterado criterio de este Cuerpo, en consonancia con el más Alto Tribunal de la Nación, las resoluciones cuya consecuencia es la obligación de seguir sometido a proceso criminal no satisfacen, en principio, la regla de definitividad de la decisión impugnada, pues no ponen fin al proceso ni impiden su continuación, salvo aquellos casos en que tal sometimiento pueda provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior (A. y S. T. 100, pág. 453; T. 110, pág. 83; T. 129, pág. 382; T. 175, pág. 61; Fallos: 314:377; 316:1943; 2063, entre otros).

No obstante lo señalado, y aún cuando en razón de los argumentos expresados por el recurrente en tal sentido, como por los criterios sentados por este Cuerpo en reiterados pronunciamientos (por todos, A. y S. T. 194, pág. 218) pudiera considerarse superada la ausencia de definitividad de la resolución impugnada, es dable destacar que el remedio de inconstitucionalidad impetrado por la defensa técnica del imputado no puede prosperar.

Es que en autos, de una liminar lectura del decisorio recurrido en confrontación con los argumentos esbozados por el representante de D. se observa que éstos se reducen, en realidad, a un mero disenso con los fundamentos con que la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario resolviera revocar el auto emanado del Juez de grado (que en su oportunidad había declarado la nulidad de todo lo actuado a partir de f. 188) remitiendo la causa al juzgado interviniente a los fines de que se prosiga con el trámite de la misma.

Es más, frente a los fundamentos esbozados por la Sala en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad el impugnante, en su presentación directa ante esta Corte, no se hace cargo -tal como lo exige el artículo 8 de la ley 7055- de rebatirlos, no trayendo en esta instancia argumentos serios que permitan advertir que la decisión impugnada traspase los límites de racionalidad y logicidad tolerados, que permitan su descalificación constitucional.

En efecto, de un detenido análisis de la resolución recurrida se advierte que la Alzada, en el tratamiento de la situación configurada en autos hizo hincapié en que no se estaba en presencia de una doble persecución a una misma persona, sino que en realidad se trataba del mismo y original proceso seguido al imputado en el cual, el Juez instructor interviniente escindiendo la plataforma fáctica, sobreseyó al ahora recurrente por una faz de la imputación y dispuso la remisión al juez competente para que continúe la investigación por la restante atribución de responsabilidad penal que quedaba subsistente.

En ese sentido, puso de resalto la Sala que desde el inicio de la investigación, la intimación que se efectuara al recurrente contenía "la de haber exigido a P. la entrega de quesos y/o dinero para la conocida finalidad funcional, y la de haber celebrado con P. un acuerdo sobre tales entregas con igual propósito; y -en cualquiera de ambos casos- el haber recibido los quesos entregados por P.; con simétrica imputación hecha a este último".

Consideró así el Sentenciante, con apoyo en doctrina, que "es clara la diversidad de hechos materiales -conductas humanas- contenidas en la atribución, escindibles mental y físicamente, y es evidente que fue justamente esa diversidad la que el Juez de Instrucción tuvo en cuenta y lo llevó a resolver como lo hizo a fs. 177".

De esa manera, remarcó la Alzada, "el hecho de exigir es materialmente distinto al hecho de celebrar un acuerdo venal; y ambos a su vez son capaces de constituir por sí solos un delito, y diferentes al hecho de entregar uno, y al hecho del otro de recibir una cosa; presentándose estos dos últimos como agotamiento consecuencial de alguno de los dos hechos anteriores, o bien como producto de circunstancias y propósito diverso y de presencia no necesaria para la configuración del delito de cohecho" (fs. 11vto./12).

Y luego de examinar el A quo los distintos decisorios recaídos en la causa, entendió que resultaba desacertado el criterio del Juez correccional al considerar que en el auto de sobreseimiento dictado por el magistrado instructor se estaba sobreseyendo a ambos imputados de todos los hechos que le habían sido intimados, agregando que ello sólo podía concebirse en un "comprensible interés de parte" (f. 12vto.).

Ello así, dijo el Judicante, no solo por cuanto ese mismo Tribunal en una anterior intervención se había ocupado de aclarar que si bien algunos hechos resultaban atípicos, existían otros cuya tipicidad resultaba incuestionable; sino porque además se entendió que esa era la interpretación lógica que cabía efectuar del auto del Juez instructor, en el cual declaraba su incompetencia y remitía la causa al juzgado competente a los efectos de que se investiguen los hechos de "entrega y recepción de quesos".

Todas estas apreciaciones llevaron al Tribunal a considerar que "no se sobreseyó una determinada 'calificación jurídica', ni tampoco por 'todos los hechos' que se habían intimado".

Por el contrario, sostuvo, "una objetiva apreciación del caso con recurso al sentido común... permite concluir que en el auto de f. 177 solamente se recortó la plataforma fáctica inicialmente intimada sobreseyendo por 'algunos' de los hechos atribuidos a los imputados y declarándose incompetente para continuar la investigación de los otros subsistentes que remitió a sede Correccional" (f. 13).

Frente a estos argumentos reseñados, los reproches del recurrente sustentando alegaciones constitucionales no logran sin embargo demostrar que lo decidido por la Alzada sobrepasare la interpretación respecto al alcance de disposiciones procesales y del sobreseimiento dictado en su oportunidad.

Con lo que no se advierte que el apelante hubiere demostrado la afectación de principios de rango superior invocados que conlleven la descalificación del decisorio desde la optica constitucional.

En tal sentido es necesario remarcar que la doctrina coincide con la visión que del tema propusiera el Sentenciante.

Así, se sostiene que cuando por una regla de derecho, no se puede agotar la imputación originaria, se está frente a una excepción en la configuración de la cláusula constitucional del "non bis in ídem", posibilitando, en consecuencia, una nueva persecución penal.

Así, la falta de jurisdicción o de competencia para extender su conocimiento y el posible fallo a aspectos jurídicos que le están vedados por la existencia de un obstáculo procesal, se traduce en un carencia de facultades para agotar todos los aspectos penales que el caso tiene o sugiere.

En tales supuestos, la nueva persecución penal no vulneraría la garantía examinada.

(cfr. Maier, "Derecho Procesal Penal Argentino", T. I, Hammurabi, Bs. As., 1989, págs. 382 y ss.).

Por último, corresponde señalar que idéntica suerte adversa debe correr el agravio relativo a la invocada ausencia de imparcialidad en el Tribunal a quo, desde que el recurrente en su presentación directa ante esta Corte incumple con la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7055 pues se limita a reiterar los planteos esbozados en su recurso de inconstitucionalidad sin hacerse cargo de rebatir el argumento de la Alzada cuando consideró que dicho cuestionamiento había sido objeto de resolución al deducirse la recusación de los Vocales de Cámara y que desestimado, no fuera objeto de recurso alguno.

Por lo demás, es dable destacar que no puede merecer acogida el planteo propuesto por el impugnante en el sentido de que resulta aplicable al caso el criterio sostenido por el máximo Tribunal de la Nación en la causa "Llerena", desde que la situación analizada en dicho precedente -posibilidad de que el mismo juez correccional que investigue, falle sobre el mérito de la causa en un mismo expediente- dista de ser similar a la acontecida en el presente, como a la tenida en cuenta tanto por la Corte nacional al fallar la causa "Dieser" (del 08.8.2006), como por este Tribunal al dictar la Acordada N 32 en fecha 23.8.2006.

En suma, pues, la cuestión no resulta idónea para franquear la vía extraordinaria instaurada, desde que queda comprendida dentro del marco de la ponderación que efectuara el Tribunal a quo en torno a cuestiones de hecho y de derecho, materia que ingresa en la esfera de las facultades de los jueces del proceso al decidir las causas sometidas a su decisión y, por ende, a menos que se demuestre arbitrariedad -lo que no acaece en el sub examine- no resultan susceptibles de ser revisadas por la vía de excepción intentada, desde que no compete a esta Corte al ejercer su jurisdicción extraordinaria, erigirse en una tercera y ordinaria instancia.

Por todo lo expuesto hasta aquí cabe concluir en que no se advierte violación alguna a garantías de raigambre constitucional, intentando el recurrente nuevamente reabrir un debate acerca de puntos que ya fueron considerados en las instancias ordinarias y que merecieron una respuesta que encuentra sustento en los hechos comprobados de la causa y en las normas procesales pertinentes, por lo que en definitiva la impugnación planteada no suscita cuestión idónea en orden al franqueo de la instancia reglada por la ley 7.055.

Por las razones expuestas la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y, oportunamente, remítanse copias al tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-VIGO-BORDAS (Secretario)