Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, actos jurídicos
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SALTA c/ LOPEZ SÁNCHEZ, Roque s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-20

La doctrina de los propios actos, que acuñara la doctrina extranjera y que fuera admitida de manera uniforme por los tribunales tanto nacionales como provinciales y por este Tribunal de manera constante, ya que nadie puede ejercer una conducta incompatible con un anterior proceder deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (CApelCC Salta, Sala III, año 1993, f° 1.023).

En otras palabras, la parte debe respetar aquella posición suya que ganó una configuración técnica u operativa en el ámbito del debate y de la respuesta judicial, sin que pueda alterarla o contradecirla en perjuicio de otro (CApelCC Salta, Sala III, año 1994, f° 181; íd. íd. año 2003, f° 110).

Es que, cuando una persona, dentro de una relación jurídica, ha suscitado en otra con su conducta una confianza fundada, conforme a la buena fe, en un obrar determinado, según el sentido objetivamente deducido de su conducta anterior, no debe defraudar la confianza suscitada y es inadmisible toda situación incompatible con ella (Diez Picazo-Ponce de León: La doctrina de los propios actos, Barcelona, 1963, pág. 142), habiendo sostenido Simón P. Safontás (Doctrina de los propios actos, pág. 21) que se trata de una de las más rendidoras aplicaciones específicas, de personalidad acabada, del principio de la buena fe, ya que refuerza la seguridad en el área negocial, si bien tiene virtualidad en muy diversos cuadrantes.

Si una conducta anterior ganó una configuración técnica u operativa definitiva, es imprescindible con posterioridad seguir respetándola, a no ser que se demuestre que el mantenimiento de la misma traduce resultados injustos, desproporcionados o alejados de la realidad, lo que no puede afirmarse haya acontecido en el sub examen (CApel.CC.Salta, Sala III, año 1997, f° 446; íd. íd. año 2004, f° 937).

Y asimismo, puede invocarse en el caso el principio de la buena fe, que juega en materia contractual al ser elevado a la jerarquía de norma (art. 1.198 del Código Civil), lo que permite que el dispositivo jurídico se nutra de estos nuevos criterios de cooperación y ayuda mutua entre los hombres, lo que obviamente se debe traducir también en materia negocial (CCivyCom. Junín en J.A. 980-II-563; CApel.CC. Salta, Sala III, año 2003, f° 1186).

La buena fe jurídica -de su parte- consiste en la convicción de actuar conforme a derecho; en esa noción se unifican sus diversos aspectos: el psicológico o creencia en el propio derecho y el ético o voluntad de obrar honestamente (S.C. Buenos Aires D.J.B.A., 119-706).

Para reconocer valor a la buena fe-creencia como fuente de derechos es necesario que haya fundamento real y serio para la formación de tal convicción, debiéndose constatar el valor de los factores externos que provocaron la apariencia del derecho. Asimismo, aquél a cuyo cargo produce efectos la apariencia debe haberla originado de un modo que le sea imputable, y la parte beneficiada debe haber confiado razonable y normalmente, observando la diligencia del tráfico (CNCiv. Sala H en L.L. 1994-D, 320, con nota de José W. Tobías).

En concreto, se puede afirmar que la buena fe, consistente en la ignorancia de actuar lesionando un interés ajeno debido a la creencia de la legitimidad del derecho adquirido sobre una cosa, es fuente de derechos en el campo de las relaciones jurídicas reales (CNCiv. Sala L en L.L. 1993-D-407).

En tal orientación se sostuvo que el concepto de la buena fe creencia, dentro del campo jurídico, se ofrece a través de la adquisición de derechos que si adolecen de vicios, al provenir de actos cumplidos de buena fe, se cubren sus deficiencias: v. gr. en la representación, en beneficio de quien lo posee: la buena fe reemplaza en su potencia creadora los elementos objetivos considerados necesarios para la validez del acto.

La buena fe tiene la energía de dar al hecho la fuerza del derecho mismo (CNCom. Sala B en L.L. 1989-A, 51 con nota de Osvaldo Blas Simone y J.A., 1987-III-107; CApel.CC. Salta, Sala III, año 2006, f° 636; CApel.CC. Salta, Sala III, 15-5-07, Herrera, expediente de Sala n° 94837, tomo año 2007, f° 5252).