marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño moral, responsabilidad médica, mala praxis, cirugía estética
Materia: CIVIL
Carátula: FRESU, SILVIA ESTHER c/ MOGLIANI, MARTA OLGA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-09

La mala praxis médica supone un daño al paciente aún cuando no conlleve ineludiblemente culpa del profesional, sino la concurrencia de circunstancias diversas que provocan ese daño, para concluir que, en tal situación y aún sin "casus", se impone la respuesta resarcitoria.

Corresponde hacer lugar al daño moral por mala praxis médica si no obstante, que la intervención quirúrgica cumplió, en el aspecto estético, con su finalidad, provocó dolencias en la accionante que determinaron una segunda operación con toda la carga de angustia, riesgo, preocupación y sufrimiento que tal situación conlleva. Aún cuando no pueda descartarse que, de haber proseguido el tratamiento con la accionada ésta hubiera corregido las fallas respiratorias, aparece como ineludible practicar una segunda intervención y aun sin desatender una tercera posterior ya que la "insuficiencia respiratoria" diagnosticada requería realizar un injerto de cartílago en la punta nasal, para intentar mejorar la situación, dejándole expresamente advertido a la paciente que la intención no era la corrección estética de su nariz sino funcional.-
Marcas, marca registrada, derechos adquiridos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ HNOS c/ UNILEVER LIMITED s/ OPOSICION INFUNDADA MARCA BLUE BOW.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-12

La marca registrada constituye un derecho adquirido frente a la mera expectativa que representa aquélla cuyo registro se solicita.

(S3,1188,120583)
Recurso extraordinario, interposición del recurso, error material
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MARIA COLLADO. s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO EXTRAORDINARIO - ADOPCION - MINISTERIO DE  MENORES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

Si bien la resolución que deniega el recurso extraordinario por habérselo deducido fuera de término no es revisable por la Corte Suprema, cabe hacer excepción a tal principio cuando media manifiesto error legal o de cómputo.
Pena, tentativa, robo calificado, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: ZOPPI, WALTER ORLANDO s/ PENA - TENTATIVA - ROBO CALIFICADO - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-06-20

La penalidad de la tentativa es atenuada siempre con relación al delito consumado.

La fórmula utilizada por el art. 44, primer párrafo, C.P. ha generado problemas de interpretación en la dogmática argentina, que ha emitido opiniones divergentes. Así:

a) Para algunos autores la pena que, en el caso concreto, corresponde al autor de la tentativa es la que correspondería si hubiera consumado el delito disminuido en un tercio como mínimo y en la mitad como máximo.

b) Otros entienden que el mínimo de la escala correspondiente al delito consumado debe reducirse a la mitad y el máximo los dos tercios.

c) Finalmente, la otra solución propugna disminuir el mínimo a dos tercios y el máximo a la mitad.

La tesis a y b merecen serias objeciones sistemáticas y deben ser rechazadas.

La primera es criticable porque somete la determinación del castigo de la tentativa a un procedimiento hipotético ajeno a lo realmente ocurrido, consistente en individualizar la pena que hubiere correspondido si el autor de la tentativa hubiere consumado el hecho, cuando respecto de este no se conocen las circunstancias atenuantes, y agravantes particulares apreciables para fijar la condenación y las circunstancias propias de la tentativa que podrían haber variado al consumarse el delito.

La segunda tesis acarrea consecuencias sistemáticas inadmisibles pues -por ejemplo -en el caso de delitos castigados con prisión temporal de veinticinco años como máximo, el monto mayor de la pena de la tentativa (16 años y 8 meses) sería superior al máximo de ella si el delito estuviese reprimido con prisión perpetua (15 años).

La tesis c) es la correcta porque salva las críticas que se le formulan a las dos anteriores.

Con su aplicación se obtiene una escala abstracta que tiene como base la escala penal del delito consumado que va desde un mínimo hasta un máximo y la reducción , de acuerdo a lo que manda la ley, abarca ambos extremos y no opera en virtud de un solo patrón reductor, como lo postula la tesis a).

Además, la interpretación que se propugna (supra c) es la que resulta de una interpretación sistemática, coherente con el sistema punitivo de la tentativa y concilia lo dispuesto en el apartado primero del art. 44 C.P. con lo normado en los párrafos siguientes.
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ZANNI CLAUDIO ERNESTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-08-05

Si bien es claramente lógico y prudente, en aras de la seguridad jurídica, que el sometimiento voluntario sin reservas a un régimen determinado, importe un indudable acatamiento al mismo, lo cual conduce a una frustránea aptitud impugnativa posterior, esa tradicional pauta requiere la constatación rigurosa de su existencia y configuración. Así, la voluntad del sometimiento al régimen debe surgir clara y evidente, como resultado de una adhesión espontánea y libre, o sea realmente "voluntaria", con opciones de actuación válidas y verdaderamente reales y no líricas (encaminadas ineludiblemente al fracaso). No se debe en estos casos presumir la renuncia a un derecho y eludir el control judicial de constitucionalidad cuando lo que se encuentra en juego no son meros derechos de contenido patrimonial sino garantías constitucionales vinculadas con principios fundamentales que rigen el sistema republicano. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, informe final y distribución, regulación de honorarios, síndico del concurso, sindicatura, quiebra
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Basta, Marcelo Hugo c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-27

Las regulaciones de honorarios por actuaciones posteriores a la presentación del informe final, como lo es por ejemplo, la liquidación por deuda de edictos y de tasa de justicia, o informes de saldos bancarios, se encuentran contempladas en la mencionada regulación. Sin embargo, cuando, como en el caso, en el caso algunas de las mencionadas tareas fueron realizadas por un nuevo síndico designado con posterioridad al informe, se verifica una excepción a dicha regla, razón por la cual corresponde fijar sus honorarios, para lo que se tendrá en cuenta lo dispuesto por la LCQ 287.
Marcas, medidas cautelares, sistema de posicionamiento global, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CENTRO  DE  NUTRICION Y ESTETICA S.A. Y OTRO c/ AMERICA TV S.A. YOTROS S/ s/ EDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-14

La sola manifestación de la opinión sobre la falsedad de las afirmaciones vertidas en el programa GPS resulta insuficiente a los fines de tener por acreditada, en este estado liminar, la verosimilitud del derecho de manera suficiente para acceder a una cautelar que impida o restrinja el ejercicio del derecho a la libre expresión. Ello, teniendo como contrapartida, por su parte, el derecho equivalente a ejercitar el suyo y la posibilidad también de reclamar un resarcimiento, si es que cree que le corresponde por la vía pertinente.
Poder Judicial, facultades disciplinarias del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Miguel Angel s/ ejercicio de potestad disciplinaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-04

Corresponde a los jueces y tribunales el ejercicio de facultades disciplinarias respecto de los intervinientes en el proceso, como medio para asegurar sus correcto desarrollo (arts. 18 del decreto ley 1285/58-texto según ley 24.289 - y 22 último párrafo del RJN).
Responsabilidad internacional del Estado, derecho a la salud, Corte Interamericana de Derechos Humanos, competencia
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Caso Suárez Peralta c/ Ecuador s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Ecuador s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Ecuador s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-05-21

Las referencias al derecho a la salud contenidas en la sentencia de la Corte Interamericana que declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano por los padecimientos severos y permanentes sufridos por quien fue intervenida de apendicitis en una clínica privada, no significan que el Tribunal asuma competencia respecto de ese derecho en particular o de los económicos, sociales y culturales en general, toda vez que dicha competencia se encuentra delimitada en el artículo 62.3 de la Convención Americana y en el artículo 19, párrafo 6, del Protocolo de San Salvador, y si bien la protección de la salud, no constituye, por el momento, un derecho inmediatamente justiciable al amparo del Protocolo de San Salvador, el deber estatal incluye la protección de la vida y de la integridad personal reconocida en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento (Del voto razonado del Juez Alberto Pérez Pérez).
Jueces, recusación sin causa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BULOS EDUARDO Y OT. EN J: 134051-GALEANO E. c/ BULOS Y OT. s/ Ordinario (LIBRO: A071 - 225)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-02-09

En aquellos casos en que la intervención del Juez se ha limitado a atender el despacho o reemplazar al titular por uno o varios días, la recusación debe estar revestida de suficiente entidad y seriedad para evitar un ejercicio abusivo o inútil de esta facultad, caso contrario su finalidad no sería cumplida.
Importaciones, infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías, perjuicio fiscal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Agencia Marítima Río Paraná s/ Apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

Conforme al art. 954, apartado 1, inc. a) del Código Aduanero, sólo resultan punibles las inexactitudes y diferencias susceptibles de configurar una transgresión al deber jurídico de veracidad y exactitud en la declaración, acerca de la naturaleza, calidad, cantidad o propiedades de las mercaderías que constituyen el objeto de la operación de importación, y en tanto revistan entidad suficiente para producir el efecto previsto, o sea, un perjuicio fiscal.
Suspensión del juicio a prueba, oportunidad procesal, citación a juicio, oposición del fiscal, carácter vinculante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Mesa, Nemesio Darío s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-22

El derecho que le asiste al imputado de solicitar la probation caduca al vencer el plazo establecido en el art. 354 del CPPN. La oposición del fiscal es vinculante para el tribunal cuando se opone y no cuando favorece la concesión del instituto. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Fégoli y Madueño).
Cuestión constitucional, sanciones administrativas
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sosa Hugo Alberto c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-13

El problema de la atipicidad de la conducta que condujo a la sanción administrativa no implica una ilegalidad manifiesta ya que se trata de un problema de interpretación de la ley sancionatoria administrativa infraconstitucional, tarea para la cual el Tribunal sólo excepcionalmente es competente.
Nulidad procesal, Ministerio de Menores
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Silvero, Susana Graciela por sí y en representación de sus hijos menores c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-04-24

Lo principal es evitar que la nulidad procesal afecte a los menores por retrotraer los procedimientos a etapas cumplimentadas, por lo que si negligentemente se ha omitido dar oportunamente intervención pulilar, la solución se debe orientar a sanear un mal mayor para que no se vulneren los intereses tutelados.
Indemnización tarifada, pago parcial
Materia: LABORAL
Carátula: Fuentes San Martín, Juan. c/ Comando SA. s/ Incapacidad Laboral.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-10-11

Cuando no surja de autos que la suma ofrecida por el empleador haya sido suficiente para cancelar la obligación impuesta por el art. 212 LCT, el actor no está obligado a recibirla.
Daño moral, seguro de responsabilidad civil, responsabilidad del asegurador, buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: QUESADA, HORACIO IGNACIO c/ JUPITER CIA. ARG. DE SEGUROS  S.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

La aseguradora reconoce que su absolución se fundó exclusivamente en la falta de prueba del nexo contractual; siendo así su actuación es equiparable a la de un deudor de una obligación natural. Y, por tratarse en el caso de la reparación de un daño moral de carácter autónomo, no hay óbice para fundamentar normativamente el reclamo en la aplicación analógica del art. 522 del Código Civil, en cuyas hipótesis, y en tanto no haya lesiones personales, la regla atinente es la prueba del invocado perjuicio moral, sin excluir la posibilidad de que, por circunstancias de singular gravedad -como en la hipótesis- ese tipo de daño surja de los antecedentes de autos.

En la especie, el reclamo deriva de un seguro de responsabilidad civil, de naturaleza resarcitoria, habiéndose interpretado que la buena fe, requisito del cumplimiento de todos los contratos es de aplicación mucho más rigurosa en éste, a tal punto que es su "rasgo característico", en virtud de que "el asegurado se debe conducir con la mayor lealtad en todo lo que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones". Ello así, analizada la conducta asumida por la aseguradora tanto en los juicios indemnizatorios como en el presente, se advierte un ostensible desprecio y menoscabo de la función asegurativa que persigue el actor al celebrar un contrato con la demandada, lo que compromete la tranquilidad y protección que merecía el asegurado y no necesita de otra prueba complementaria para tener por configurado el daño moral consecuente, que debe ser indemnizado.
Recurso de inconstitucionalidad, Estado Provincial, Municipalidad, personal de planta permanente, personal contratado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Trujillo, Federico Guillermo c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 13-85) Zelante, Miguel Arcangel c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 302-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-05|1997-11-12

La Corte nacional, al examinar en concreto la constitucionalidad del artículo 133 del Estatuto y Escalafón para el Personal de Municipalidades y Comunas, ya ha señalado que produce una desnaturalización del régimen municipal que pone en riesgo su subsistencia, en tanto impone a las Municipalidades a admitir con carácter permanente a personal que sólo había sido contratado, y al que, por esa vía, se haría entrar irregularmente en categorías superiores en desmedro de la carrera administrativa, no tratándose, pues -en el caso- del cumplimiento de determinado régimen remuneratorio bajo la premisa de asegurar, con él, el principio de igualdad consagrado en el artículo 20 de la Constitución provincial.

En consecuencia, la afectación que al régimen municipal produjo -en el caso- la norma cuestionada en razón de su contenido, autorizan su descalificación; conclusión a que debe llegarse aun a partir del criterio expuesto por el Tribunal nacional en "Municipalidad" y por la Corte local en "Tolosa", aunque, desde luego, el debate y la prueba -en el caso- no transiten por la incidencia que en el régimen financiero del ente pueda haber tenido la cláusula en cuestión.
Caducidad de instancia, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CIOCCI Y CHIERICOTTI c/ CONSEJO PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-31

La sola realización por parte de la actora de un acto que tienda a hacer avanzar el procedimiento, es suficiente para interrumpir el plazo de la caducidad de la instancia, sin necesidad del consentimiento de la demandada respecto de dicho acto de impulso procesal.
Contratos administrativos, adjudicatario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M. D. Sociedad de Responsabilidad Limitada c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-13

La estrategia de instar un juicio antes de que opere la adjudicación cuando durante el proceso precontractual se avizora un rechazo que se estima ilegítimo en la fase final, antes de la adjudicación, procurando por vía cautelar su interrupción, suele ser la más segura. La aquí elegida -de insistir en opugnaciones en el ámbito administrativo, no es, por lo antes dicho, del todo saludable.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Reboredo, Rubén Omar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-06-11

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no logra desacreditar la existencia de relación causal en el acto médico y el daño, sobre la cual la sentencia estableció la obligación de repararla. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mora del deudor, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: G., E.L. c/ G., D.B. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-07

Los intereses que se agregan al capital de condena constituyen la indemnización consiguiente al estado de mora del deudor, que son debidos aunque no se los hubiera pactado por cuanto y precisamente atienden a la satisfacción del perjuicio causado al acreedor por la mora del deudor.

En tal supuesto de mora, el acreedor se encuentra liberado de producir la prueba del perjuicio pues se presume legalmente la relación de causa entre el perjuicio y el incumplimiento, dada la fórmula imperativa " el deudor moroso debe los intereses" contenida en el artículo 622 del Código Civil.

Es el resarcimiento debido a quien, ante el incumplimiento de su deudor, debe obtener la suma adeudada abonando por ello un interés, o se ve privado de la posesión de la misma para utilizarla en su provecho por el modo que fuere. Lo que se resarce por tanto con el interés es la privación a que el acreedor se ve llevado y constreñido ante el incumplimiento de la obligación de la cual es titular.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme
Materia: PROCESAL
Carátula: ALMIRON, EUGENIO ESTEBAN c/ FRIGORIFICO MUNICIPAL Y OTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - LABORAL   (EXPTE.: C.S.J. NRO. 112 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-25

No puede constituirse en objeto procesal del recurso de inconstitucionalidad por no ser una sentencia definitiva ni auto interlocutorio con las características prescriptas en el aludido artículo 1 de la ley pertinente, el decisorio que dispuso declarar mal concedido el recurso de apelación deducido por la demandada, ya que no decide sobre el fondo del litigio ni pone fin al juicio ni impide su continuación.
Tercería de dominio, embargo
Materia: CIVIL
Carátula: Azocar Ramón Nibaldo s/ Tercería en Autos Pickenly Carlos c/ Azocar Ricardo y Otro - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-05-16

En materia de automotores, la ley ha reformado el régimen consagrado por el CC sustituyendo la posesión como prueba de la propiedad por la de la inscripción registral que confiere a su titular la propiedad del vehículo, tenga o no la posesión de él. Cuando no se condena el decisorio, al verdadero titular registral y en tal caso, a éste, no lo puede afectar la sentencia dictada toda vez que el titular registral no participó en la sustanciación del proceso principal.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), jueces, prueba, prueba testimonial, proceso penal, voto en disidencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALARCON, DAVID FABIO c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO IDEAL CON PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-23

Incumbe al juez de la audiencia preliminar un riguroso control sobre la admisibilidad de la prueba del juicio oral -especialmente la principal que es la testimonial- en su pertinencia, legalidad y suficiencia; y a las partes indicar el por qué y para qué de su ofrecimiento, precisando las circunstancias que cada una de ellas apunta a acreditar, procurando todos los actores del sistema no incentivar de ningún modo el desistimiento de testigos, debiendo instarse asimismo a los operadores del sistema penal, principalmente a las oficinas de gestión judicial, a reducir ostensiblemente la relación temporal entre la acusación, la audiencia preliminar y la de debate, desde que la práctica indica que una desconexión entre los referidos actos procesales resulta funcional a distorsiones operativas que terminan reduciendo la relevancia de la audiencia preliminar a un mero trámite y propiciando situaciones que pueden provocar afectaciones de derechos constitucionales como la aquí invocada. (De la disidencia del Dr. Erbetta)
Querellante, legitimación activa, bien jurídico protegido, delitos contra la Administración Pública
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Incidente de apelación de GOLDENBERG, Jorge s/ denuncia Causa nro. 12.011
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

La hipótesis denunciada autorizada al incidentista a constituirse en parte querellante en las presentes actuaciones, toda vez que no se requiere la comprobación "ab-initio" de la ofensa, sino sólo su carácter hipotético- El bien jurídico protegido no es una pauta definitoria a los fines de determinar la legitimación procesal activa y que los hechos que afecten primordialmente a la administración pública, no resulta óbice para que el afectado se incorpore al proceso como querellante, si pudo derivar algún perjuicio directo y real para él.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO WALTER MARIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CORIA LUISA ANDREA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-09

La exigencia de motivación de la sentencia requiere la necesaria existencia de diversas pruebas que posibiliten la inducción y deducción en el razonamiento del juez. De este modo, la exigencia de pluralidad de pruebas, permitirá al juez formular todas las inferencias inductivas que apoyarán su conclusión; que de no contar con ellas, excepto que el debate se circunscribiera a cuestiones de puro derecho, carecerá de elementos para expedirse, en cuyo caso necesariamente tendrá que absolver, dada la imposibilidad de condena en caso de duda. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sustracción internacional de menores, residencia habitual del niño
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

La negativa de la madre, que trasladó al menor a la República Argentina con el sólo fin de pasar las "fiestas", de restituirlo al lugar de su centro de vida habitual configura típicamente el acto de retención ilícito en el sentido de los arts. 1°, "a", 3 y 4 del Convenio sobre los aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (ley 23.857).