Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-12-30


SENTENCIA NUMERO: CUARENTA Y CUATRO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los treinta días del mes de diciembre de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 60/11, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto p/ Dr. Víctor García en Expte. 76/08 - LONDERO, Juan José -s.a. Homicidio culposo agravado y Lesiones graves en concurso ideal", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la resolución atacada por haber aplicado erróneamente el art. 76 bis del Código Penal? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? Considera esta Corte que el recurso interpuesto por el defensor del imputado Juan José Londero, es formalmente admisible, al haber sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva (S. Nº 4/09 "Herrera"; S. Nº 17/09 "Vargas"; S. Nº 07/10 "Segura"; S. Nº 20/10 "Agüero", S. Nº 43 "Finazzi").

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 16, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 175/11, dictado el 04/08/2011, el Juzgado Correccional de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "1- No hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba. 2- Prosiga la causa según su estado".

II. Contra esa decisión recurre en casación el Dr. Víctor García, en defensa del imputado Juan José Londero. Esgrime el motivo sustancial previsto en el art. 454 inc. 1º -segundo supuesto- del C.P.P.

II. a. Antes de exponer sus agravios, el recurrente argumenta respecto de la calidad de recurrible de la sentencia que deniega la suspensión del juicio y cita jurisprudencia al respecto.

A continuación, sostiene que la no aplicación del instituto de mención en los delitos culposos y con pena de inhabilitación vulnera el principio de igualdad ante la ley, peticionando la declaración de inconstitucionalidad del requisito señalado para la procedencia del recurso.

Agrega que la pena de inhabilitación es accesoria de la principal, por lo que, a su entender, no puede ser tenida en cuenta al momento de emitirse una conclusión para rechazar el pedido en cuestión.

Refiriéndose al art. 76 bis, puntualiza que tanto la pena conminada en abstracto como la procedencia del pedido en cuestión, encuentran su correlato en el apartado cuarto del mencionado artículo. Y que, más allá de que el consentimiento del Ministerio Público es uno de los requisitos necesarios para otorgar este beneficio, el juez es soberano en sus decisiones y puede fallar contra leggem, sin que ello implique desconocimiento del derecho.

Finalmente dice que si bien existen fallos adversos en otras instancias en relación al pedido de suspensión del juicio a prueba, se inicia un camino hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien deberá expedirse ante los diversos planteos formulados al respecto. En tal sentido solicita a la Corte de Justicia provincial que emita un decisorio que habilite la procedencia de su pedido y/o que deje expedita la vía de carácter extraordinario, a fin del tratamiento de la cuestión ante una instancia superior.

III. Sobre el tema propuesto, esta Corte de Justicia se ha expedido en innumerables oportunidades sobre el valor de la prohibición de suspender el juicio a prueba, en el caso de delitos conminados con pena de inhabilitación.

Se dijo que :"el beneficio de la suspensión del juicio a prueba no procede si el delito tiene prevista pena de inhabilitación, toda vez que eso es lo que surge de una interpretación sistemática de la ley; y que el precedente "Acosta" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo modificó la interpretación del plenario "Kosuta" en lo que respecta a la pena a considerar a los efectos del otorgamiento del instituto, y no así en lo atinente a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, manteniendo el criterio de que no cabe la suspensión del juicio en los casos de delitos castigados exclusivamente con pena de inhabilitación, ni respecto de aquellos que tengan conminada en forma conjunta la pena de inhabilitación, ni los sancionados con multa e inhabilitación".

Así, brevitatis causae, y manteniendo igual postura, corresponde me remita a los fundamentos allí expuestos, desde que conforman la doctrina legal este Superior Tribunal (S. Nº 4/09; S. Nº 17/09; S. Nº 07/10; S. Nº 20/10, S. 43/11 citadas supra).

El motivo previo y decisivo del rechazo para suspender el juicio a prueba es el de la conminación de la pena de inhabilitación, por lo que, la cuestión relativa al valor del consentimiento del representante del Ministerio Público planteado también como causal obstativa, no tiene entidad para modificar la decisión adoptada.

Tampoco resulta atendible la alegada violación a la garantía de igualdad ante la ley, ya que la misma implica que no cabe establecer excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, lo que no ocurre en el caso. Digo ello porque la excepción legal prevista en la última parte del art. 76 bis no se trata de una discriminación irrazonable o arbitraria del legislador, sino de establecer distinciones o diferencias de tratamientos entre distintos supuestos punibles.

En consecuencia, no se advierte, y la parte no ha logrado demostrar, que la decisión resulte arbitraria, ni tampoco que se aparte de los lineamientos sentados por esta Corte, ni mucho menos, ha demostrado a través de sus argumentos nuevos fundamentos que logren desestabilizar la postura asumida por este Tribunal. En razón de ello, entiendo cabe confirmar la denegatoria del tribunal de mérito a la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa del acusado, a raíz de la pena de inhabilitación especial conminada en forma conjunta para el delito de Homicidio Culposo Agravado que se le atribuye a Londero, el que se encuentra reprimido con el mencionado tipo de pena (arts. 84, 2º párrafo C.P.). Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la primera cuestión, y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/2 vta., por el Dr. Víctor García, en su carácter de asistente técnico del imputado Juan José Londero. II) Rechazar el recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presente la reserva de derechos que prevén los Arts. 14 y 15 de la Ley 48.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El Sr. Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el Dr. Cáceres, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs.1/2 vta., por el Dr. Víctor García, en su carácter de asistente técnico del imputado Juan José Londero.

2º) No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva de derechos que prevén los Art. 14 y 15 de la Ley 48, para el caso federal. 5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.