Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-05


Expte. nº 3107/04 "Terminales Portuarias Argentinas SA s/ queja por recurso de inconstitucio- nalidad denegado" en: "GCBA c/ Terminales Portuarias Argentinas SA s/ ejecución fiscal - Plan de facilidades de pago"	Buenos Aires, 5 de noviembre de 2004.

Visto: el expediente indicado en el epígrafe, resulta:

1. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició ejecución fiscal contra Terminales Portuarias Argentinas SA por el cobro de la suma de $ 3.145.274,02 más intereses y costas, en concepto de caducidad del plan de facilidades (decreto n° 1.708/97, módulo IV, decreto n° 2.141/98, resolución n° 2.465-SHyF-98 y las dictadas en su consecuencia, solicitud n° 164.054) (fs. 3, autos principales), según la constancia de deuda obrante a fs. 2 de los autos principales.

La demandada opuso excepciones de espera documentada e inhabilidad de título (fs. 55/59, autos principales).

2. El juez de primera instancia resolvió hacer lugar a la excepción de espera, rechazar el planteo de inhabilidad de título e imponer las costas por su orden (fs. 160/162, autos principales). Para así decidir consideró que, de las constancias agregadas a la causa, surge que los períodos que se pretende ejecutar están incluidos en otro plan de facilidades de pago que se encuentra en vías de cumplimiento. En consecuencia, ellos no pueden ejecutarse nuevamente sin implicar un enriquecimiento sin causa para la Ciudad.

3. Ambas partes apelaron este pronunciamiento. La demandada fundó su recurso de apelación a fs. 165/168 (autos principales) y la actora lo hizo a fs. 177/182 (autos principales).

La Sala II de la Cámara resolvió "revocar la sentencia apelada e imponer las costas de ambas instancias a la demandada" (fs. 234/236 vta., autos principales). En los fundamentos de su decisión, la alzada sostuvo que:

a) de las pruebas producidas en autos surge que la demandada utilizó distintos números de contribuyente y que en ambos planes difieren los montos declarados;

b) la deuda originaria quedó extinguida por novación mediante el sometimiento al primer plan de regularización, por ello no es posible admitir la vigencia de los montos consignados en las declaraciones juradas anejadas a la segunda solicitud;

c) la declaración jurada no tiene eficacia constitutiva de la obligación tributaria y sólo representa la exteriorización de conocimiento y la voluntad de acogerse al plan.

4. Frente a esta decisión, la demandada interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 240/253, autos principales) fundado en la lesión al principio de legalidad y a las garantías de la propiedad y de la defensa en juicio, que fue denegado por la Cámara por no configurarse el requisito de sentencia definitiva, ni encontrarse controvertida la interpretación o aplicación de normas constitucionales (fs. 277, autos principales).

5. Contra este rechazo, la actora acude en queja ante el Tribunal (fs. 59/76, de este expediente).

6. El señor Fiscal General propicia rechazar el recurso de queja interpuesto (fs. 82/84, de estos autos).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad y la queja que lo defiende deben ser admitidos.

2. Si bien, en principio, las decisiones recaídas en juicios ejecutivos no constituyen sentencia definitiva, en estos autos se corrobora uno de los "casos anómalos" a los que hace referencia la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para considerar procedente el remedio extraordinario federal contemplado por el art. 14 de la ley n° 48, en apremios y ejecuciones fiscales (v. reseña de los llamados casos anómalos en mi voto en la causa "GCBA c/ Scrum SA s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 2.584/03, sentencia del 9 de marzo de 2004, a la que también hice referencia en las causas "Asociación Civil Hospital Británico de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "GCBA c/ Hospital Británico de Buenos Aires s/ ejecución fiscal", expte. nº 2.816/04, resolución 16 de junio de 2004 y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Giuseppino SRL s/ ejecución fiscal", expte. nº 3.037/04, resolución del 1/9/04). El Tribunal cimero específicamente ha sostenido, con referencia al recurso extraordinario federal, la equiparación a sentencia definitiva de las decisiones que condenan a ejecutar una deuda inexistente cuando tal circunstancia resulte manifiesta de los obrados (Fallos: 298:626; 312:178; 323:2801; 324:2009, entre otros).

Conforme a estas pautas, señaló que los tribunales inferiores se encuentran obligados a tratar y resolver adecuadamente, en los juicios de apremio, las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos (Fallos: 312:178; 318:1151; 325:1008, éste último por remisión al dictamen del Procurador General).

Las circunstancias que impulsan a la Corte federal a extender el recurso extraordinario a esos casos anómalos permiten, de igual forma, que el Tribunal intervenga en un asunto de esas características, traído a su decisión por medio del recurso de inconstitucionalidad local y por su correspondiente queja.

3. En efecto, en el caso, el vicio que afecta a la ejecución fiscal se exhibe manifiesto -ictu oculi- por la inexistencia de deuda exigible. Como se verá la improcedencia de la pretensión del Fisco es ostensible.

La Cámara -para hacer lugar al recurso de apelación del Gobierno de la Ciudad y revocar la sentencia de primera instancia- consideró que la ejecutada regularizó diferentes deudas, en dos planes distintos, con diverso número de contribuyente. Sostuvo que la demandada no incorporó, en el segundo acogimiento, la deuda correspondiente a la caducidad del plan que ahora intenta ejecutar el Gobierno.

Sin embargo, de las constancias agregadas a la causa surge que, con fecha 29/11/98, Terminales Portuarias Argentinas SA se acogió al plan de facilidades de pago decreto n° 1.708/97, solicitud n° 164.054, como contribuyente a los ingresos brutos categoría Convenio Multilateral, por la suma total de $ 2.139.642,19. En dicho plan, la contribuyente incluyó los anticipos 11 de 1994, 8 a 12 de 1995, 1 a 12 de 1996, 1 a 12 de 1997, 1 a 6 de 1998. Con fecha 20/02/99, operó la caducidad del plan, habiéndose pagado una sola cuota. Luego, el 14/8/00, Terminales Portuarias Argentinas se acogió al régimen de facilidades de pago resolución n° 801/SHyF/2000, como contribuyente local (n° 971.914-08) por la suma total de $ 6.386.632,93. En este último plan la contribuyente incluyó los anticipos por los períodos 11 y 12 de 1994; 1 a 12 de 1995; 1 a 12 de 1996; 1 a 12 de 1997; 1 a 12 de 1998; 1 a 12 de 1999; 1 y 2 de 2000.

Si bien es cierto que al acogerse al plan de pagos establecido por resolución 801-SHyF-00, la contribuyente cometió un error de imputación en tanto no expresó que se incorporaba la deuda por la caducidad del plan anterior, lo que motivó que consignara los montos originarios, cuando debió haber indicado la totalidad de la suma adeudada por caducidad del plan de pagos del decreto 1708/97, lo cierto es que los períodos fiscales comprendidos en el primer plan fueron incluidos en el segundo al que, a su vez, se agregaron otros períodos que no estaban incluidos en el primer plan. Además, aunque existen diferencias en las sumas consignadas, los montos son mayores en el plan del año 2000.

La diferencia en cuanto a la identificación del contribuyente en uno y otro plan ha sido adecuadamente ponderada en la sentencia de primera instancia (fs. 160 vta./161), ya que, como se expresa en ella, la DGR no fue ajena a la confusión.

En consecuencia, las irregularidades formales en las que incurrió la contribuyente no ocasionaron ningún perjuicio económico para el Fisco por lo que no se ha afectado la normal percepción de la renta pública local.

Bajo esas circunstancias, la recurrente plantea, con acierto, la violación a sus derechos de propiedad y de defensa, ya que, prescindiendo de la prueba producida por el juzgado interviniente en primera instancia, la Cámara la condena a pagar dos veces la misma deuda.

4. El acogimiento de Terminales Portuarias Argentinas SA a un plan de regularización de su situación fiscal no puede conllevar la duplicación de la deuda. El excesivo rigor con el que se ha considerado la segunda presentación de la empresa, al magnificar los defectos formales de la presentación (número de contribuyente local, detalle de los períodos fiscales incorporados, omisión de mencionar el plan anterior caduco), hace que la Cámara convalide la pretensión de la Administración de percibir dos veces la misma obligación.

El argumento de la Cámara referido a la existencia de una supuesta novación, que legitimaría la ejecución de que trata este juicio, resulta insustancial para resolver la causa. Por una parte, porque el alcance que la Cámara asigna a la novación a que se refiere el decreto n° 2.141/98 resulta, por lo menos, controvertido (véase, por ejemplo, en sentido adverso, la doctrina sentada por la CSJN, in re "Sigra SRL", Fallos: 320:1962, sentencia del 25/9/97). Por la otra, porque el decreto n° 1.708/97, bajo cuyas pautas TPA efectuó la presentación de acogimiento, no establecía el efecto novativo introducido al debate por la Cámara, efecto éste que fue incorporado por el decreto n° 2.141/98 al sistema de regularización, en fecha posterior a la solicitud de regularización efectuada por la recurrente (el decreto se publicó en el B.O. del 16/12/98, y la solicitud se presentó el 29/11/98).

5. En tanto la alzada no ha ponderado debidamente la incidencia de la prueba documental agregada a la causa y el cuadro comparativo efectuado en primera instancia (fs. 138/141), que demuestran que la deuda ejecutada ya está incorporada en el plan de regularización al que se ha acogido la contribuyente, la sentencia recurrida concluye en legitimar la pretensión de enriquecimiento sin causa del Gobierno local. Esa decisión, y la forma en que ha sido adoptada, lesionan los derechos de propiedad y defensa en juicio de la recurrente, y debe ser enmendada por el Tribunal en esta instancia.

En situaciones como la presente cobra pleno sentido el criterio sustentado por el Máximo Tribunal federal en el leading case "Domingo Colalillo v. Compañía de Seguros España y Río de la Plata", sentencia del 18/9/57 (Fallos: 238:550). En él, tras destacar que el juicio ofrecía características singulares, subrayó la CSJN que "es propio de tales situaciones la obligación de los jueces de ponderar con mayor rigor la aplicación de los principios jurídicos pertinentes, a fin de no incurrir, con daño para la justicia, en una aplicación sólo mecánica de esos principios".

En tal sentido, la Corte sostuvo que los tribunales no pueden llegar a admitir una condena cuando falta alguno de los presupuestos básicos de la acción ejecutiva, como es la existencia de deuda exigible y ello resulta manifiesto de los autos, pues lo contrario importa privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales (doctrina de Fallos: 278:346; 294:420; 318:1151; 324:1924, entre otros).

Consecuentemente, corresponde hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad deducidos por Terminales Portuarias Argentinas SA, revocar la sentencia recurrida, admitir la excepción de espera documentada planteada por la demandada y rechazar la ejecución fiscal. En atención a la forma en que se resuelve y teniendo en cuenta que la promoción de la acción obedeció a errores imputables fundamentalmente a la contribuyente, y la prosecución de la causa a la insistencia del accionante en reclamar una pretensión amparada por la espera, las costas de todas las instancias deben ser soportadas en el orden causado.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja fue interpuesta en tiempo y forma. Sin embargo, debe ser rechazada.

2. El recurrente no logra rebatir el argumento en el cual se sostiene el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad: esto es, que el mismo únicamente procede contra sentencias definitivas del tribunal superior de la causa (art. 27, ley n° 402).

Como bien afirma la Cámara, la sentencia recurrida no cumple con ese requerimiento legal.

Desde mi voto en la causa "Fundación Navarro Viola c/ GCBA s/ demanda contra aut. adm. otros s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 1467/02, resolución de 17 de abril de 2002, sostuve que las decisiones dictadas en el marco de un juicio ejecutivo no pueden ser calificadas de definitivas a los fines del recurso de inconstitucionalidad.

Mantengo ese criterio que he reiterado más recientemente en autos "Fundación Navarro Viola c/ GCBA s/ demanda contra Aut. Adm. - otros s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 3053/04, resolución de 15 de septiembre de 2004, al señalar que "por regla general, las sentencias dictadas en un juicio ejecutivo no son definitivas, en tanto el tema objeto de debate puede ser discutido, con mayor amplitud, en otro proceso (conf. art. 457 CCAyT y CSJN en Fallos: 308:62) (cf. mi voto en la causa 'Club Atlético River Plate Asociación Civil s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Club Atlético River Plate s/ ejecución fiscal', expte. nº 2690/03, resolución 7 de abril de 2004)." 3. De forma coincidente he dicho "En armonía con el derecho de defensa en juicio, la doctrina y la jurisprudencia extienden el concepto de sentencia definitiva no sólo a las decisiones que concluyen un pleito, es decir, que deciden sobre su objeto, sino también a aquellas que causan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior. Sin embargo, en este último supuesto, corresponde exigir un mayor énfasis en la carga de alegación que pesa sobre quien deduce el recurso, pues debe aportar argumentos suficientes respecto de por qué la decisión que se pone en crisis priva al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, le impide el replanteo de la cuestión en otro juicio o le causa un gravamen de imposible o insatisfactoria reparación ulterior. El recurrente no cumple ninguna de estas cargas y esa omisión, en función del principio dispositivo, no puede ser suplida por este Tribunal." (cf. mi voto en la causa 'Club Atlético River Plate Asociación Civil s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Club Atlético River Plate s/ ejecución fiscal', expte. nº 2690/03, resolución 7 de abril de 2004).

Ni la decisión de la Cámara que recurre le impide iniciar un juicio de conocimiento posterior (como sostiene a fs. 61/62), ni el perjuicio económico que menciona a fs. 62 y no prueba permite equiparar la sentencia a una definitiva. Tampoco basta a ese fin la invocación de derechos y principios constitucionales (vg. derechos de defensa en juicio y de propiedad y principio de legalidad, fs. 63 vta./66 vta.) o la tacha de arbitrariedad del pronunciamiento recurrido que se introduce a lo largo del escrito.

4. Por otra parte, de la documentación aportada por el quejoso a fin de probar la procedencia de la excepción de espera alegada, así como de los análisis que de la misma efectúan los magistrados intervinientes y las partes involucradas en este proceso, surge que la determinación de la viabilidad de la defensa prevista en el art. 451, inc. 2, del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, remite a la discusión acerca de la causa de la obligación tributaria, aspecto que excede el limitado marco del juicio ejecutivo en el que se articula.

5. Por las razones expuestas voto por desestimar la queja interpuesta.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La queja contra el auto que denegó el recurso de inconstitucionalidad deducido contra la sentencia que dio fin a este proceso fue interpuesta en tiempo y forma oportunos. Muestra, a su vez, convincentemente que el recurso cuya denegatoria la motiva contiene agravios susceptibles de ser tratados en esta instancia.

A fs. 277 (autos principales), la Sala II CAyT dispuso rechazar el recurso de inconstitucionalidad de TPA por no estimarlo dirigido contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, al tiempo que tampoco existirían, a su criterio, cuestiones aptas para ser tratadas por la vía escogida (fs. 36).

Si bien las decisiones recaídas en juicios ejecutivos y de apremio no constituyen, como principio, la sentencia definitiva a que está referido el art. 27 de la ley 402, cabe hacer excepción a dicha regla si el fallo apelado resuelve una defensa opuesta por la demandada -en el caso la de espera documentada- de un modo imposible de revisar en un proceso posterior, y da curso a la ejecución fiscal. Ésta ha sido la doctrina mantenida, desde antiguo, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para un supuesto similar en el orden federal (Fallos 319:1097 entre muchos otros).

En el sub lite, la Sala II CAyT revocó la sentencia de primera instancia, que había hecho lugar a la defensa de TPA basada en la espera a que le da derecho su presentación -solicitud n° 971914, pieza que corre a fojas 18/22 (autos principales)- en el plan de facilidades regulado por la resolución 801-SHyF-2000, por estimar que le era imposible comparar las declaraciones de ese plan, en que apoya la recurrente su defensa, con las de la anterior moratoria -solicitud n° 164054 (fs. 126 autos principales)-sometida a las reglas contenidas en el decreto 1708/97, declaración cuyo contenido sirve de base a la presente ejecución. Ese obstáculo vendría erigido por el obrar de la accionada que utilizó, para una y otra, dos números de contribuyente distintos, uno el del convenio multilateral y otro el de contribuyente local. A lo que agregó el tribunal a quo que la presentación mediante la cual se acoge al sistema del decreto 1708/97 -solicitud n° 164054- importó novación de las obligaciones tributarias a cuyo respecto fue solicitada aquella primera espera (cf. art. 1 decreto 2141/98) por lo que, al tiempo de acogerse al segundo plan -solicitud n° 164054-, no existía ya la obligación de pagar los anticipos contemplados en el primero, en verdad, cualesquiera ellos fueran. El argumento de la Sala II de la CCAyT concluye en que "Ha quedado probado en autos que la demandada regularizó con distinto número de contribuyente distintas deudas en dos planes de regularización distintos, resultando de la documentación acompañada como de su línea argumental que en ningún momento en el segundo acogimiento incorporó la caducidad del plan que se pretende ejecutar(...)" (fs. 234/236).

De su lado, TPA insiste en denunciar que el fisco pretende cobrar por vía de apremio una deuda cuyo pago esta contemplado en el plan de facilidades 801-SHyF del 2000 (solicitud n° 971914), que sostiene está actualmente en curso. Este derecho quedaría irreparablemente perdido si se mantuviera la decisión del a quo.

No existe controversia acerca de que una misma persona ha presentado ambas solicitudes de plan de facilidades.

Así las cosas, para analizar la cuestión conviene comenzar por situar las solicitudes, cuya relación constituye el centro del debate, en la perspectiva normativa que brinda el Código Fiscal.

El régimen del ISIB, en lo que ahora importa, reposa, para establecer la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación tributaria, en un sistema primario de autoliquidación a través de declaraciones juradas a cargo del contribuyente. El sujeto pasivo de la obligación tiene el deber de dar a conocer su situación fiscal mediante las referidas declaraciones. La ley reserva a la Administración la facultad de verificar si ese deber ha sido cumplido satisfactoriamente. Pero, esa verificación es una facultad reglada que solamente puede ser ejercida mediante el procedimiento previsto en la ley. Dicho procedimiento arranca, en todos los casos, de un acto de la Administración consistente en impugnar lo declarado por el contribuyente o responsable. El régimen en cuestión dispone, según surge de las normas fiscales aplicables -idéntico para el período relevante, razón por la cual se las citará exclusivamente por los números que corresponden a los textos ordenados del año 2000 y 2004- que a excepción de los supuestos del art. 131 del Código Fiscal (t.o. 2000, decreto n° 347, BOCBA n° 916, vigente a la fecha de presentación de la solicitud n° 971914, también previstos en el art. 143 t.o. 2004, decreto n° 882/04, separata BOCBA n° 1965), ajenos al que nos ocupa y cuya naturaleza posibilita el mecanismo simplificado allí previsto ya que permite una corrección inmediata, la referida impugnación debe ser seguida de los pasos previstos en los arts. 130 ss. y cc. del Código Fiscal (t.o. 2000, ya citado, y arts. 142 ss. y cc. del t.o. 2004, también ya citado) que incluyen la oportunidad de defensa del emisor de la declaración, para arribar a la determinación de oficio del impuesto. Mientras ese procedimiento no es instado mediante la impugnación, y quizás sería más exacto, hasta que no queda cerrado mediante la corrección prevista en el art. 131 (t.o. 2000, ya citado, y art. 143 t.o. 2004 también ya citado) o la determinación de oficio, la declaración jurada del contribuyente constituye el acto a cuyo contenido Fisco y obligado deben atenerse. Este sistema no es más que la adopción en nuestra Ciudad de un modelo habitual tanto en nuestro país como en el extranjero. Giannini, A.D, explica que "(...) existe para la mayoría de los impuestos un procedimiento de liquidación (...) que se caracteriza porque en él participan, con mayor o menor amplitud, tanto la administración como el contribuyente (...)" y que "frecuentemente sucede, que la declaración no se presenta o que sea incompleta o inexacta. En el primer supuesto, la administración financiera toma la iniciativa para la liquidación del tributo; en el segundo, realiza las pertinentes averiguaciones para rectificar la declaración (...) Con ese objeto, la ley (...) atribuye a la autoridad financiera facultades investigadoras, de control y de comprobación (...)" finalmente señala que "cuando la propia administración, alegando la insuficiencia de la declaración presentada, determina que la deuda impositiva es de cuantía superior a la que resultaría de dicha declaración, la oficina gestora del impuesto debe comunicar al deudor los elementos de hecho que establezca como fundamento de su pretensión. Por lo que se refiere a las liquidaciones de los impuestos indirectos, la (...) ley (...) ha establecido explícitamente que han de estar analíticamente motivadas (...)" ("Instituciones de Derecho Tributario", Traducción y estudio preliminar por Fernando Sainz de Bujanda, Madrid, Editorial de Derecho Financiero, 1957, pags. 186, 195 y 201/2, la negrita me pertenece).

No varía lo expuesto el argumento del tribunal a quo según el cual la declaración jurada "no tiene una función sustancial con respecto a la obligación (...) no es exacto (...) que el ordenamiento le confíe la posibilidad de determinar la obligación (...) la declaración no tiene eficacia constitutiva de la obligación tributaria ya que ella solo representó la exteriorización de conocimiento y la voluntad de acogerse al plan. El organismo fiscal tenía el deber de verificar y rectificar las declaraciones presentadas, tanto fuera, en su caso, para aumentarlas como para disminuirlas. Se trata de un acto unilateral que manifiesta el saber y la voluntad de cumplir una obligación, sin eficacia definitoria de la relación sustancial" (fs. 235 vta. de los autos principales). Ello así, toda vez que la circunstancia de que la declaración pueda ser sometida al escrutinio y revisión de la Dirección de Rentas no reduce los efectos que la ley le acuerda mientras esa revisión no se completa observando los pasos por ella reglados, y menos aún permite eludir ese procedimiento. La circunstancia dirimente para el caso que nos ocupa es el carácter reglado del procedimiento para desconocer la declaración jurada. No es necesario, en cambio, dirimir la polémica entre quienes ven en la manifestación del contribuyente o responsable una determinación del tributo y aquellos que estiman que un acto de naturaleza determinativa solamente puede provenir de la Administración, puesto que cualquiera sea el acierto de una u otra tesis, ambas confluyen en cuanto a lo manifestado más arriba acerca de cuándo apartarse de lo declarado (Giuliani Fonrouge, Carlos María "Derecho Financiero", Depalma, Bs. As. 1962, vol. I, pag. 427 y Jarach, Dino "Finanzas Públicas y Derecho tributario", Abeledo Perrot, 3ra. Edición, Bs. As. 1999, pag. 430). Por lo demás, si la razón de no reconocer como determinación al acto del particular es que se define la determinación como acto administrativo, la solución va implícita en la definición de la que se parte, pero la tesis no pasa de una preferencia en el uso del lenguaje.

Expuesto con algo más de detalle, el Código Fiscal en el capítulo III del Título II correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos establece: "La determinación de las obligaciones tributarias se efectúa sobre la base de Declaraciones Juradas presentadas ante la Dirección General en la forma y tiempo que la misma establezca (...)", además, "El declarante es (...) responsable en cuanto a la veracidad de los datos que contiene su declaración (...)", y ella "está sujeta a verificación administrativa (...)" pues "La Dirección General puede verificar las Declaraciones Juradas a fin de comprobar su exactitud (...)" dado que si "resulta inexacta por error o falsedad en los datos que contiene, o porque el contribuyente o responsable ha aplicado erróneamente las normas tributarias, conocido ello la Dirección General debe determinar de oficio la obligación tributaria sobre base cierta o presunta" (arts. 127, y 130/2 t.o. 2000, ya citado, y arts. 139 y 142/144 t.o. 2004, también ya citado) Asimismo, el art. 131 (t.o 2000 y art. 143 t.o. 2004) antes citado prevé: "Cuando en la Declaración Jurada se computen contra el impuesto declarado conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, pagos a cuenta, acreditación de saldos a favor, o el saldo a favor de la Dirección General se cancele o se difiera impropiamente (certificados y cheques falsos, etc.) no procederá para su impugnación el procedimiento de la determinación de oficio, sino que basta la intimación fehaciente de pago de los conceptos incorrectamente computados, o de la diferencia que se genere en el resultado de dicha Declaración Jurada". Obviamente, se refiere a supuestos de acreditaciones incorrectamente formuladas por el declarante, no a hechos imponibles mal denunciados. Más adelante, los arts. 132 al 143 consagran la potestad del fisco para determinar de oficio el ISIB, sobre base cierta o presunta y sus efectos de acuerdo al procedimiento reglado por el art. 116 del Código Fiscal (t.o. 2000, y arts. 144 al 152 y 121, t.o. 2004, también ya citado).

En principio, entonces, la declaración jurada del obligado vale como liquidación hasta tanto la Dirección de Rentas, previa constatación de que se da un supuesto de falsedad o error o indebida aplicación de normas tributarias, la impugne y la corrija e intime, cuando encuentra un supuesto del art. 131 (t.o. 2000, ya citado, y art. 143 t.o. 2004), o en los restantes casos, determine (o redetermine, según se prefiera) la obligación de oficio sobre base cierta o presunta siguiendo, a ese fin, un procedimiento reglado que garantiza la defensa del declarante.

La solicitud de acogimiento a un plan de facilidades tiene el carácter de declaración jurada. Reza así la reglamentación aplicable: "El acogimiento al plan de que se trata tiene carácter de declaración jurada e importa para los contribuyentes o responsables el allanamiento a la exigencia del Fisco local en la medida de lo que pretendan regularizar y la asunción de las responsabilidades consiguientes como consecuencia del falseamiento de la información (...)" (res. n° 303-SHyF-1999, art. 6, BOCBA nº 656, para el segundo plan, y art. 8, res. 4818-DGR-97, BOCBA nº 353, aplicable en virtud del art. 10 de la res. 2248-DGR-98, BOCBA nº 455, y art. 1 inc. c) de la res. 4426-DGR-98, BOCBA 4426, para el primero). Resulta de estos textos que la declaración con que se acoge el obligado al plan genera responsabilidad cuando incluye información inexacta y constituye una declaración jurada, que puede tomar el lugar de una omitida o aún poner en evidencia la inexactitud de una presentada. Por las mismas razones, mantiene su validez como determinación del tributo hasta tanto la autoridad de aplicación la impugne y determine por sí la obligación tributaria observando el procedimiento previsto en la ley.

3. Las reglas enunciadas deben aplicarse a la situación que constituye el sustrato de este pleito.

Conviene tener presente, según dije más arriba, que no ha habido discrepancia en el sub lite acerca de la identidad entre la persona jurídica que presentó una y otra moratoria; se trata de la recurrente Terminales Portuarias Argentinas Sociedad Anónima.

Por imperio del art. 1 de la res. 4426-DGR-98 que, en relación con el plan de facilidades previsto por el decreto 1708/97, establece "Será condición de validez para el acogimiento la inclusión de la totalidad de la deuda vencida por los períodos 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, y anticipos 01 a 06 del año 1998", TPA debía incluir la totalidad de los impuestos adeudados, en la solicitud n° 164054 con que se acogió al plan de facilidades n° 1708/97 (Módulo IV), cuya declaración sirve de base a la presente ejecución. La Sala II CAyT estableció que "el segundo plan incluye todos los períodos que comenzaron en el anticipo 1 de 1994" (fs. 234 vta. de los autos principales). Las planillas glosadas en autos (v. copias entre fs. 71 y 123 y nota fs. 126), correspondientes al primer plan, declaran las deudas originales del ISIB por los períodos 11/94, 8 a 12/95, 1 a 12/96, 1 a 12/97 y 1 a 6/98 mientras que las de fs. 20/22, pertenecientes al segundo plan, abarcan los anticipos 11 y 12/94 hasta 1999 (año fiscal completo) y 1 a 3/2000. Es decir, en el segundo plan se incluyen 8 anticipos que presumiblemente debieron ser declarados en la primera moratoria, conforme lo dispone la res. 4426-DGR-98 ya citada; así como también los posteriores al sexto anticipo de 1998. Tampoco existe controversia acerca de que el plan de facilidades del año 1998 (solicitud n° 164054) caducó por incumplimiento de TPA.

Asumida la indicada conclusión de hecho a que arribó la Sala II CAyT, premisa en que la recurrente apoya sus agravios, queda claro que las deudas tributarias comprendidas en el segundo plan de facilidades (solicitud n° 971914) abarcan las comprendidas en el primero (solicitud n° 164054).

Ciertamente, TPA no consideró subsistente la novación que constituiría el efecto normal de un plan válido y cumplido. Pero, cualquiera hubiera sido la solución correcta acerca de la cuestión, esto es, haya existido y, en su caso, subsista o no la novación, lo cierto es que la Dirección de Rentas no impugnó esta última declaración jurada -solicitud 971914-, y es indudable que, si está referida a las mismas deudas impositivas, ella viene a afirmar que la novación no existió o no subsiste. Esta divergencia entre lo sostenido por el tribunal a quo y lo que resulta de la presentación de TPA acerca de la subsistencia o novación de las obligaciones por las cuales pidió el primer plan de facilidades constituye un supuesto de divergencia en la aplicación de normas tributarias de los contemplados en el art. 132 (C.F t.o 2000 y t.o 2004 art. 144, ya citados). Es decir, constituiría uno de los supuestos de impugnación de la declaración jurada a los que me referí más arriba. A esta altura de la exposición, vale señalar, primeramente, que nadie discutió la vigencia de esta regla. Por otra parte, no se justificó por qué la deuda tributaria incluida en la primer moratoria estaría alcanzada por la novación prevista en un decreto, el 2141/98, publicado con posterioridad a la presentación de la declaración con que TPA ingresó al plan de facilidades del decreto 1708/97 (Módulo IV). Este último decreto no preveía dicha consecuencia (cf. B.O.C.B.A n° 593, del 16/12/98 y solicitud n° 164054 del 29/11/98). A la luz de estas consideraciones, la circunstancia misma de que hubiera existido y perdurado la novación era una materia apropiada, y hasta ineludible, para la impugnación de la declaración de TPA, que implícitamente la negaba. También es oportuno apuntar que, aún aplicando el decreto 2141/98, la novación pudo no haber ocurrido o no subsistir por defecto de la presentación. Uno de ellos, el error o falsedad de lo manifestado, parece prima facie concurrir en el caso, toda vez que si TPA adeudaba los períodos 12/94 y 1 a 7/95 al tiempo de la primera presentación, cosa que resultaría de la segunda, habría incumplido la recordada regla del art. 1 inc. b) de la res. 4426-DGR-98, con arreglo a la cual la manifestación debía ser completa. Pudo conducir a la misma modalidad, en la segunda presentación, suponer que la caducidad del primer plan de facilidades conllevaba la desaparición de la novación y el consecuente renacimiento de la deuda originaria. Así, el art. 14 de la res. 4818-DGR-97 (aplicable según el art. 1 inc. c) de la res. 4426-DGR-98) establece que "el atraso de más de 60 días corridos en el pago de cualquiera de las cuotas producirá, de pleno derecho y sin necesidad de interpelación alguna, la caducidad de los beneficios otorgados, renaciendo la deuda original con más los accesorios correspondientes [...]" (res. 4818-DGR-97, art. 14, B.O.C.B.A n° 353, la negrita me pertenece). No se me escapa que la existencia o inexistencia de novación tiene un impacto concreto en la magnitud de la deuda, toda vez que, por una parte, cambia la tasa de interés durante algún período y, por la otra, la refinanciación supone capitalización de intereses devengados al tiempo en que ella tiene lugar. Estos extremos tienen efectos divergentes. Pero, en todos los casos, la solución viene por la indicada vía de la impugnación de la declaración jurada y el consecuente procedimiento de determinación de oficio.

Cualquiera fuera la situación, lo cierto es que la segunda solicitud importa negar la novación y dicha solicitud no ha sido impugnada aún.

Las condiciones del segundo plan, el 801-SHyF-2000, expresamente autorizaban a normalizar deudas que hubieran vencido con anterioridad al 30/4/00 (res. 801-SHyF-2000, art. 3), incluida aquella que hubiera formado parte de algún plan de facilidades caduco siempre que dicha caducidad no hubiese sobrevenido después del 30 de abril de 2000.

La conclusión anterior no se ve alterada por ninguno de los argumentos desplegados por la Cámara ni por el GCBA. En cambio, la decisión apelada supone desechar la declaración jurada contenida en la solicitud n° 971914 (segundo plan de facilidades) sin observar el procedimiento previsto por la ley (Código Fiscal arts. 116, y arts. 131/143, t.o. 2000 ya citado, y arts. 121 y 143/152, t.o 2004, también ya citado).

4. Por lo expuesto, las consideraciones vertidas por el tribunal a quo no prestan debido apoyo a su decisión y corresponde, por tanto, revocarla. Sentado lo anterior, están reunidas las condiciones bajo las cuales el art. 31 de la ley 402 manda a este Tribunal resolver el fondo pleito. Ello así, porque están presentes los restantes extremos de hecho y de derecho que hacen del plan de facilidades una espera apta para enervar la ejecución promovida, según quedó resuelto por la sentencia de primera instancia. Dicho pronunciamiento fue impugnado por el GCBA solamente en cuanto a que el plan de facilidades no comprendía la obligación cuya ejecución forzada se persigue alegando que no refería a la deuda que el Fisco estima novada sino, en todo caso, a la original que estaría, a su criterio, extinguida por la novación. El reparo relativo a que los montos entre el segundo plan de facilidades y el primero no coincidirían, no ha quedado expuesto en términos que lo hagan distinguible del anterior. Así las cosas, dado que ese agravio relativo a la novación ha quedado rechazado por este Tribunal, y en tanto no ha habido otros cuestionamientos claros que suscitaran la jurisdicción de la Cámara, cabe dar por reunidos los extremos que justifican el rechazo de la demanda. Las costas serán soportadas en el orden causado, en atención a que la demandada introdujo con su conducta una seria dificultad para la comparación de las declaraciones que presentó a la accionante, y con ello movió al fisco a litigar.

En consecuencia, por las razones dadas voto por admitir la queja, devolver el depósito de fs.58, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia de cámara, hacer lugar a la excepción de espera y rechazar, en consecuencia, la ejecución promovida; con costas en el orden causado en todas las instancias.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Si bien el recurso de queja fue interpuesto en tiempo oportuno y en forma correcta (art. 33, ley nº 402), él no puede ser admitido.

2. La decisión recurrida no configura una sentencia definitiva, en los términos del art. 27, ley n° 402 (cf. mis votos en las causas nº 1888/02 "Inversora Quillén S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Inversora Quillén S.A. s/ ejecución fiscal", sentencia del 5/3/03 y nº 2133/03 "GCBA c/ Club Mediteranée Argentina SRL s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", sentencia del 27/5/03), lo cual obsta decisivamente a la procedencia del recurso articulado. Ello es así por la especial naturaleza del juicio ejecutivo, que permite discutir, ampliamente, en un juicio ordinario posterior la existencia o la inexistencia del crédito objeto de ejecución por parte de la Ciudad.

La sentencia de Cámara no sólo no es definitiva a los efectos del recurso de inconstitucionalidad, sino que tampoco puede asimilarse a tal, único supuesto en el que, para cierta doctrina, cabría equiparar una decisión interlocutoria a una sentencia definitiva, en la medida que no pone fin al pleito, no impide la tramitación del juicio, ni causa un gravamen de imposible reparación ulterior (cf. TSJ, en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Correa Luna S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires [Secretaría de Educación] s/ demanda c/ aut. adm.-otros", expte. n° 1874/02, resolución del 20/11/02 y sus citas).

3. Por lo demás, aún superado hipotéticamente este extremo, como lo demuestran las constancias de la causa, los agravios conectados con la enunciación de normas constitucionales, no alcanzan para concretar nítidamente las tachas de inconstitucionalidad cuya verificación tornaría procedente el recurso de que se trata (art. 27, ley nº 402). La invocación de la presunta duplicación de importes percibidos por el fisco local -incluidos, según se alega, en los regímenes de facilidades pago a los que adhirió la ejecutada-, como base de la impugnación, remite al examen de cuestiones de hecho y prueba, vinculadas con la causa de la obligación, ajenas a los límites del recurso de inconstitucionalidad. Un temperamento contrario al expuesto convertiría a este Tribunal, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (cf. TSJ, in re "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. n° 131/99, resolución del 23/2/00 en Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, t. II, ps. 20 y s., entre otros).

Asimismo, bien señala el Señor Fiscal General en su dictamen (fs. 82/84, expediente de la queja), que la ejecución de la causa versa sobre la deuda resultante de los pagos vinculados a la solicitud 164054 y no sobre el plan posterior, correspondiente a la solicitud 971914, razón por la que nada obsta a la posible repetición ulterior de lo pagado indebidamente en virtud de este último plan, ya que si la ejecutada paga mal podrá obtener la repetición de lo ingresado en exceso. "Ello significa que el juicio de repetición que en todo caso se inicie no se verá afectado por la sentencia dictada en este proceso" (cf. fs. 83 vuelta).

Por otra parte, es correcto el argumento del Señor Fiscal General en el sentido de que aunque se hubiera tratado de manera definitiva la novación de la deuda derivada del primero de los planes citados, lo fue mediante la aplicación exclusiva de preceptos "infraconstitucionales" (decretos, resoluciones), por lo que no hay un tema constitucional presente, circunstancia que suscita la aplicación de la última parte del art. 27, ley nº 402, citada, en cuanto requiere que la decisión recurrida haya recaído sobre esos temas. Por lo expuesto, me adhiero al voto de la Sra. jueza Alicia E. C. Ruiz y propongo, así, rechazar el recurso de queja interpuesto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero a lo expuesto por el juez José O. Casás en su voto.	1. Coincido con mi colega en que en el caso no hubo novación, pues la primera moratoria se pautó con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 2141/GCABA/98, que preveía tal efecto para las obligaciones incluidas en un acogimiento al plan de facilidades de pago normado por el Decreto n° 1708/GCABA/97. Es claro para mi que el efecto novatorio previsto por aquella norma no podía operar de forma retroactiva, al menos no sin la conformidad expresa del obligado.

En razón de ello, no era necesario que la obligada introdujera en el nuevo plan de facilidades como novada la deuda sometida al anterior, pues no hubo novación alguna. Una simple mirada al cuadro comparativo agregado a fs. 139/140 del principal indica, por otra parte, que los pagos previstos en el plan hecho bajo solicitud n° 971914 -Resol. 801/S.H. y F./00- comprendían los del primer plan.

2. La aceptación del segundo plan importó, por parte de la Administración, la asunción de una conducta jurídicamente relevante y plenamente eficaz a la que no puede hoy oponerse válidamente. La verificación de tal circunstancia confiere razonabilidad a la decisión que oportunamente adoptó el juez de primera instancia, al admitir la excepción de espera planteada por la ejecutada en autos.

No es razonable, por otra parte, que la Ciudad, invocando la abstracción causal propia de los juicios ejecutivos, cuestione ahora que se evalúen estas circunstancias, pues en su oportunidad consintió el desarrollo de un debate de esta naturaleza en el trámite de la causa [fs. 62/69].

Lo que corresponde hacer en este proceso es revocar el decisorio de Cámara, por ser admisible la excepción de espera oportunamente planteada ante el Juez de la causa.

3. Con relación a las costas, cabe señalar que la parte demandada varió el número de inscripción con el que efectuara el acogimiento a una y otra moratoria y ello pudo generar confusión en el sistema. No obstante ello, no puede admitirse que la Ciudad, por razón tan baladí, no pueda centralizar los datos correspondientes a una misma persona.

Por otra parte, la postura de la Administración contraría los propósitos que fundaran, en gran medida, la sanción de los decretos 1708/97 y 2141/98, a los que aludí más arriba.

En efecto, en las consideraciones que fundaran el primero se sostuvo "Que durante años diversas gestiones de gobierno han tolerado y permitido la inexistencia de un sistema de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, limitándose a la aplicación de conductas erráticas y aleatorias, lo que simultáneamente se ha proyectado en los contribuyentes, arraigando conductas de indiferencia con respecto a sus responsabilidades como tales", se alude también a una "rutina sistemática" y, en los fundamentos de la segunda norma mencionada se dijo que ella perseguía "...optimizar los sistemas de control de los planes de facilidades, como así también la calidad del servicio...", por lo que, en miras al interés públicos, los jueces no podemos convalidar la inobservancia de los fines que se impuso el Ejecutivo.

Como ambas partes han puesto -una de ellas formulando un nuevo acogimiento sin denunciar el anterior y la otra admitiéndolo sin advertir su existencia- algo de sí para que nos encontremos hoy decidiendo esta cuestión, considero prudente que distribuyan entre sí, en el orden causado, las costas generadas por la tramitación de este proceso; consecuencia a la que conduce -por otra parte- lógicamente, la revocación del fallo de cámara.

4. En consecuencia, tras haber oído al Sr. Fiscal General, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 402, corresponde hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad deducidos por Terminales Portuarias Argentinas SA y, en consecuencia, revocar la sentencia de cámara, admitiendo la excepción de espera documentada planteada por la demandada y rechazando la ejecución fiscal, con imposición de costas del proceso en el orden causado. Como lógica consecuencia de la admisión de la queja, corresponde devolver el depósito efectuado en autos por la demandada [art. 35 de la ley 402].

Por ello, y oído el señor Fiscal General, como resultado de la deliberación que antecede, y por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad interpuestos por Terminales Portuarias Argentinas SA.

2. Admitir la excepción de espera documentada planteada por la demandada y rechazar la ejecución fiscal.

3. Fijar las costas de todas las instancias en el orden causado.

4. Devolver el depósito de fs. 58.

5. Mandar que se registre, se notifique y se devuelva el principal con la queja.