Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-15


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 15 días del mes de noviembre del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "A, M A c/ Sucesión de J R M s/ DEMANDA LABORAL (hab. adeudados e indem.)", Expte. nro. 15.221/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. nro. 1825/02), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 191), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 138/149 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 150) de la sentencia de fs 138/149 que hace lugar parcialmente a la demanda y condena a la Sucesión de J R M a abonar dentro de los diez días de firme la presente a la Srta M A A, la suma de diecisiete mil seiscientos noventa con treinta y tres ctvos ($17.690,33), incrementada de acuerdo al considerando respectivo; a entregar el certificado de trabajo en igual plazo, rechaza el planteo de inconstitucionalidad de la ley 25561, Art. 4, modificado por el Art. 7 de la ley 23928, impone las costas a la demandada vencida y regula los honorarios.

A fs. 154/155 y vta., se agrega la expresión de agravios.

Efectúa relato de la promoción de la demanda y de la contestación, de la apertura a prueba y de la resolución a que se arriba.

Agrega que el fallo impugnado le causa agravio por violar expresas disposiciones de derecho de fondo, lo que se agrava por infringirse normas de orden público.

Transcribe los Arts. 493, 494 y 59 del Código Civil y sostiene que las normas son tan claras que sólo deben corroborarse si ha tenido participación necesario el Ministerio Pupilar.

Comprobada la ausencia del Ministerio Público de Menores debe hacerse lugar al recurso y nulificarse la sentencia.

Solicita asimismo la apertura a prueba y a fin de acreditar los extremos invocados con relación al menor D M M, se requiera al Juzgado de Ejecución copia certificada de los autos "M, J R s/ sucesión", Expte N° 2528/01.

A fs 168 y vta el actor contesta los agravios y el traslado sobre la apertura a prueba. Pasan los autos a resolver y a fs. 170/171, se admite la apertura a prueba y en consecuencia se libra oficio al juzgado a los fines requeridos.

A fs 183 se ordena agregar por cuerda la causa de referencia.

Se corre vista a la Sra. Asesora atento lo que surge de fs. 5 de la causa agregada.

A fs. 187 la Sra. Asesora contesta la vista y de acuerdo a lo que se consigna a fs. 192, se deja sin efecto el llamado de autos y se corre nueva vista, la que se agrega a fs. 198 y vta.

Entiende la Sra. Asesora que la norma contenida en el Art.59 del Código Civil establece que la omisión de la intervención del Ministerio de Menores acarrea la nulidad de todo acto y de todo juicio que tuviere lugar sin su participación. Alude a la Constitución Nacional y a la Convención sobre los Derechos del Niño, y que la doble representación (necesaria y promiscua) ha pasado a tener amparo constitucional en forma directa e inmediata (arg. art 31 y 75 inc.22 de la CN, 3 y 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 57 inc. 2°,59 y 494 del CC). Concluye que debe declararse la nulidad de lo actuado en la presente causa sin la debida intervención de esa asesoría en representación promiscua del niño D M M.

"Que la falta de intervención del Ministerio Público en causas en las que estén involucrados menores o incapaces, no necesariamente determinará que deba declararse la nulidad si no existe perjuicio para el incapaz (cfr. "Ley de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo", Directores Amadeo Allocati y Miguel Angel Pirolo, 2ª ed., p. 400). Las nulidades procesales deben interpretarse con carácter restrictivo, reservándolas como última "ratio" frente a la existencia de una efectiva indefensión, por cuanto el derecho procesal está dominado por exigencias de firmeza y efectividad de los actores, de donde se sigue que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la de obtener actos procesales firmes sobre los cuales pueda consolidar el derecho, citando a L P. Que, como correctamente se expresa, el principio de trascendencia en materia de nulidades implica que el que peticiona la nulidad debe indicar el perjuicio sufrido y las defensas que se ha visto privado de oponer, que pone de relieve el interés jurídico lesionado, ya que es preciso que la irregularidad haya colocado a la parte en estado de indefensión, pero no teórica o abstracta sino concreta y efectiva, no satisfaciéndose la carga procesal con la mera invocación genérica de que se ha violado el derecho de defensa en juicio (CNTrab., sala IV, 29/III/73 T.S.S., T. I, p. 245; ídem, sala IV, 13/XII/91, DT, 1992A, 1047). Que como no puede declararse la nulidad por la nulidad misma, en el simple interés de la ley, ni para satisfacer meros pruritos formales, pues la regla "pas de nullité sans grief" constituye uno de los principios básicos en materia de nulidades, con lo cual debe expresarse un perjuicio concreto. Debe invocarse un interés "jurídico" en pedir la declaración de nulidad, objetivar el pedido en función de la finalidad que tenga el acto impugnado en el proceso y descartar móviles meramente subjetivos desprovistos de contenido jurídico,..." "A c/ A SRL y otro", CNATrab. Sala I.DJ 16022005, pág. 397.

Recaudos aludidos en la cita que incumplió el apelante de fs 154, pues tuvo la oportunidad de advertir a lo largo del proceso la omisión de la falta de intervención de la Asesora y recién en esta instancia plantea la misma, y la arguye como único fundamento.

Asimismo adquiere relevancia que como surge de la contestación de la demanda, la madre del menor estuvo representada por letrado apoderado, quien conocía la existencia del hijo, atento lo que surge de los expedientes encordelados, lo que demuestra la falta de desprotección, tampoco argüida, de los intereses del menor. "Que esta Corte ha resuelto que la intervención del defensor público se caracteriza por ser promiscua y complementaria ya que representa al menor en forma conjunta con los padres y no sustituye ni reemplaza a sus representantes legales (Fallos: 320:2762). En el caso los menores se encontraban representados por su madre quien actuaba por apoderado... por lo que la intervención del defensor oficial, aunque necesaria, no resultaba indispensable para realizar la actividad desarrollada", CS, "P B, R y otros c. Ministerio del interior", LLOnline.

Dos fueron las oportunidades concedidas a la Sra. Asesora, para que se expidiera, no siendo suficiente las razones esgrimidas para declarar la nulidad que solicita, toda vez que no ha puesto de manifiesto el interés jurídico lesionado ni la indefensión que tal irregularidad le provocaba, ni mucho menos qué irregularidades observa en la instancia de grado que podrían modificar la decisión adoptada en la sentencia.

Sin perjuicio de lo claro de las disposiciones legales, la nulidad que trae aparejada la falta de intervención del Ministerio Pupilar, es de carácter relativo, y al respecto la doctrina y jurisprudencia tiene dicho que "Si bien la falta de intervención del Ministerio de Incapaces en los asuntos judiciales o extrajudiciales en los cuales los menores sean parte es causa de nulidad, esa nulidad es meramente relativa y por tanto susceptible de confirmación; esa convalidación podrá ser efectuada por el órgano jurisdiccional como órgano superior de vigencia de los intereses de los incapaces, que como también se ha dicho, es él quien en definitiva tiene que resolver en cada caso teniendo en mira el perjuicio que existe o no para el incapaz" (SalasTrigo RepresasLópez Mesa, Código Civil, 4 "A" Actualización, p. 39, I44).

Atento lo dicho y que el apelante basa sus agravios en la nulidad analizada y no ataca concretamente los fundamentos vertidos en la sentencia, el agravio, como dice FenochiettoArazi en "Código Procesal", Tomo I, pág 839, carece de contenido.

Las costas de esta instancia las impongo al apelante vencido.

A fin de regular los honorarios que los difiero para el momento del acuerdo, analizaré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los Arts. 6 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo que:

1) Confirma la sentencia venida en apelación e impone las costas al apelante vencido.

2) Difiere la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi decisión segundo en orden el presente pleito, por apelación deducida por la parte demandada a fs. 150 de la sentencia definitiva nro. 90/2005 del Juzgado en lo laboral de la jurisdicción que hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por M A A y condenó a la sucesión de J R M a pagar a la accionante la suma de $17.690,33 con más la entrega del certificado de trabajo, impuso las costas y desestimó el planteo de inconstitucionalidad del Art. 4 de la ley 25.561.

En lo sustancial ataca el fallo de nulidad por considerar que hubo incumplimiento de las normas imperativas contenidas en los Arts. 493, 494 y 50 del Código Civil (fs. 154/155).

La señora magistrada que me precedió en la emisión de su voto efectuó una reseña de los actos procesales cumplidos referidos a la agregación a efectos "videndi" de los autos "M, J R s/ sucesión", expediente 2528/01.

Al detalle expuesto debe agregarse que de fs. 200 a 214 fue incorporado a los mismos fines la causa "C, P c/ herederos de J R M s/ acción de filiación", expte. 455/02 que tramita en el juzgado de Ejecución nro. 2, también de la jurisdicción y se dispuso nueva vista al Asesor Civil de Familia e incapaces, evacuada la misma a fs. 215, reanudado el llamado de autos a sentencia a fs. 216.

El requerimiento de los autos mencionados se efectuó por surgir de "M, J.R. s/ suc...", expte. 2528/01, la posible existencia de otro menor involucrado, conforme las facultades del Art. 34 inc. 5, ap.), Art.36 del Código ritual y en la convicción que habiéndose planteado la nulidad de la sentencia por no haberse ajustado a lo dispuesto por normas de fondo y forma, precisamente por verificar el cumplimiento de las leyes y de la Constitución Nacional, y sin exceder los límites contenidos en la máxima tantum apellatum, quantum devolutum se incorporó también a efectos videndi.

Cabe recordar lo dicho por la doctrina, que "la función judicial no se agota en la letra de la ley con olvido de la efectiva y eficaz realización del derecho, debiendo atenderse, antes que a un criterio formalista, a la vigencia de los principios que ampara la constitución nacional" (Fassi, Santiago "Cód. Proc...", t.1, pág. 258, cita 6 CSJN ED 97185).

Advertido que fue ese otro menor que surge en el trámite sucesorio traído a vista a este Tribunal, J I C y en ello he de coincidir con la Defensora Civil de Incapaces en el dictamen de fs. 215, que el único declarado heredero, que sobre las constancias de los expedientes lo sostuvo, es D M M y destaco que el momento para determinar la adquisición de derechos hereditarios es el fallecimiento del de cujus, y la declaratoria de herederos implica el reconocimiento judicial de la calidad. Por tal fundamento no se considera involucrado ni afectado en el presente pleito.

Renglón aparte merece la sugerencia o apreciación de la funcionaria de citar a la progenitora, es de mi convicción con respaldo en la legislación vigente, que los procedimientos civiles, si bien han adquirido en los últimos tiempos un carácter de publicidad, no son absolutamente inquisitivos y ello se plasmó en el fallo de grado en autos "CH, P T c/ Suc. J R M s/ filiación", expte. 98/2005 al decretarse la caducidad de la instancia por Resolución nro. 677/2006 (fs. 46/7). El juez no puede disponer de oficio la iniciación (principio de la demanda) sino que debe hacerlo la parte que cuente con legitimación para ello, como se dice vulgarmente "no hay actor, no hay juez" (nemo iudex sine actore) sin duda solo porque el titular del derecho afectado es quien puede decidir si frente a su posible inobservancia habrá de requerir o no la intervención del Tribunal y la concreta medida en que requerirá su tutela estatal (ver sobre el punto en Jorge L. Kielmanovich "El proceso de familia", pág. 14/15, Abeledo Perrot98) por lo cual la apreciación del Ministerio en el dictamen analizado no debe atenderse.

Adentrándome en el agravio, peticiona el apelante la nulidad del fallo argumentando la omisión de la vista oportuna como único sostén de su ataque, y por primera vez en la Alzada, habiendo guardado silencio durante el curso del pleito omitiéndolo en las distintas oportunidades en que tomó participación.

En el caso en tratamiento, el escrito oponiendo la nulidad únicamente tuvo como fundamento la falta de intervención del organismo público, sin alegar el perjuicio sufrido ni el interés que procura subsanar, más allá de considerar que la cuestión afecta al interés público, corresponde el rechazo de la nulidad por ese único planteo.

En un supuesto de falta de intervención del Ministerio de Incapaces en los asuntos judiciales en que los menores sean parte, la nulidad es meramente relativa y, por tanto, susceptible de confirmación, aún tácita (ver en tal sentido "C., O. I. c/ R. I., E. s/ Acción de filiación" CC0203 LP 97813 RSD784 S 642004 Citar: elDial W17767).

La omisión de la intervención necesaria del Ministerio de Incapaces, en todo asunto judicial o extrajudicial en que se hallen comprometidas las personas o bienes de los incapaces no implica que deba pronunciarse la nulidad en el mero interés legal, puesto que ella puede subsanarse por la intervención posterior de dicho funcionario (Maurino A.L., "Nulidades Procesales", Ed. Astrea, 3a. Reimpr., pág. 63).

No obstante esta observación respecto de la oportunidad y alcance del planteo, la nulidad a la que hace referencia el quejoso es relativa y así lo sostuvo prestigiosa doctrina nacional y como tal susceptible de confirmación (ver Bueres, Alberto "código Civil...", t.1, pág. 447, Ed. Hammurabi95). Es válido citar siguiendo a dicho autor que "Aun cuando de conformidad con el Art.59 del Cód. Civil el Mrio. de Menores es parte en todo juicio donde los incapaces demanden o sean demandados, la nulidad de los procedimientos seguidos sin su intervención es de carácter relativo y deben ser confirmados ya que la finalidad de la citada norma es proveer a la buena defensa de los intereses del incapaz (CNCiv., Sala A 6670 ED, 36328)" (cita del autor y obra mencionada a pág. 447).

La falta de intervención del Ministerio de Menores en los casos que establece la ley, no determina por sí sola la nulidad de las actuaciones ya que es una nulidad relativa y es menester que haya ocasionado perjuicio al incapaz, no debiéndose pronunciar en el solo interés de la ley, pudiendo ser subsanada por intervención de ese funcionario (elDial W7FA8).

Con los argumentos expuestos hago coincidencia con la magistrada prevotante agregando también que no invoca la parte demandada recurrente el perjuicio, con mayor razón teniendo en cuenta que la madre del niño D M M estuvo asistida por letrado particular, lo que me lleva a desestimar el agravio.

Por estos motivos confirmo la sentencia venida en crisis, e impongo las costas de la Alzada al apelante vencido (Art.68 del CPCCCh) difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Propongo:

1. Rechazar los agravios y confirmar el fallo atacado.

2. Costas de la Alzada a la parte apelante vencida, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Melero no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar los agravios y confirmar el fallo atacado de fs. 138/149 vta.

2) Costas de la Alzada a la parte apelante vencida, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. M A C en la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500) y del Dr. Marcelo C. R en la suma de PESOS MIL ($1.000).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 79 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS