Proceso penal, recurso de queja (procesal)
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Fiscal de Instrucción de 3ra. Nominación s/ Recurso de Queja por Casación denegada presentado por el Dr. Alejandro Dalla Lasta Baroni, Fiscal de Instrucción Nº 3 en Expte. Nº 069/2010: Recurso de Casación interp. por el Sr. Fiscal de Instrucción Nº 3 c/ Auto Interlocutorio Nº 27/10 en Autos 52/09 c/ Auto Interlocutorio 44/10
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-31

El Juez de Ejecución Penal concedió el derecho de salida transitoria al interno disponiendo el cese de la pena de reclusión por tiempo indeterminado que, como accesoria de la pena de prisión perpetua, le había impuesto al condenado la Cámara en lo Criminal, por haberlo encontrado responsable de los delitos de Robo agravado por el uso de armas (art.166 inc.2 primer supuesto y 45 del Código Penal), Homicidio doblemente calificado por alevosía y criminis causa (arts 80 incs. 2 y 7, y 45 del Código Penal) y Homicidio doblemente calificado por alevosía y criminis causa en grado de tentativa (arts 80 incs. 2 y 7, 42 y 45 del Código Penal), en concurso real (art.55 del Código Penal).

Contra dicha resolución, el Representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación.

Por auto interlocutorio la Juez de Ejecución resolvió no conceder el recurso.

Contra la denegación de dicho recurso, el apelante deduce esta queja (art. 472 del C.P.P.).

Aunque en el decreto, como marco legal de lo dispuesto, el Juez invocó el art. 500 del Código de Procedimientos Penal, la resolución fue dictada sin la previa sustanciación impuesta por dicho precepto.

En los autos no obra constancia de notificación de dicho acto al Representante del Ministerio Público Fiscal.

En el expediente no hay constancia alguna del dictado del decreto en cuestión ni de su notificación al Fiscal de Instrucción, sin que quepa inferir una u otra del informe actuarial sobre el cómputo practicado a los fines de la salida laboral, ni de las vistas corridas en el mismo expediente -y sólo con éste- y, no obstante el tiempo transcurrido desde el dictado de la resolución cuestionada, observa el Tribunal que de los expedientes mencionados no surge actuación alguna que permita considerar que el Fiscal nulidicente haya consentido tácitamente de modo alguno el acto de que se trata.

Así las cosas, de esas reiteradas omisiones concluye el Tribunal que el Representante del Ministerio Público Fiscal ha sido privado de la intervención que le aseguran los arts. 186 inc. 2º y concordantes del rito y que, de tal modo, le ha sido ilegítimamente vedado al mismo el derecho de opinar sobre todos los asuntos relacionados con la ejecución de la sentencia condenatoria (arts. 489, 500 y concordantes del Código Procesal Penal) y tanto de oponerse al dictado de dicha resolución como de resistir la misma articulando contra ella los recursos de ley (art. 455 del rito), lo que constituye motivo bastante para declarar la nulidad del acto referido.

Por ende, considerando también que el acto no reúne las formalidades requeridas por la ley (art. 489 del rito) en tanto fue dado por decreto y no por auto, como correspondía dada la trascendencia de la resolución que involucra, y habida cuenta del interés legítimo manifestado por el recurrente, el que supera el mero prurito formal, atento a que el concreto perjuicio invocado por el mismo resultó efectivamente constatado en esta instancia, estima el Tribunal que, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 186 inc. 2, 500 y concordantes del digesto ritual, corresponde en este estado del proceso declarar la nulidad absoluta del decreto referido y la de todos los actos consecuentes, todo conforme a lo dispuesto por los arts. 187 y 191 del Código Procesal Penal.

Por lo tanto, corresponde declarar la nulidad del decreto de cuestionado y la de todos los actos consecutivos que de él dependan (art. 191 del Código Procesal Penal).