Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-05-21


[[p]]///MA, 21 de mayo de 2014.- VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "REBOLLEDO, Alejandra Elizabeth c/ZALAZAR, Germán Andrés s/HOMOLOGACION (F) s/CASACION" (Expte. N* 26554/13-STJ-), elevadas por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la IVa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Cipolletti, con el fin de resolver el recurso de casación deducido por la parte demandada, a fs. 474/484, se decide plantear y votar, en el orden de sorteo previamente practicado, las siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U E S T I O N E S - - - - - - - - - - - -----1ra.- ¿Es fundado el recurso?- - - - - - - - - - - - - - - -----2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V O T A C I O N - - - - - - - - - - - - A la primera cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación deducido por el demandado a fs. 474/484, contra la Sentencia Interlocutoria N* 194, de fecha 27 de Diciembre de 2011, dictada a fs. 465/467 y vta. de autos; la que resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 433/439 y ordenó practicar una nueva planilla de liquidación de la cuota alimentaria calculando el 20% sobre el total de los ingresos del demandado, incluidos los rubros viandas y viáticos, deducidos los descuentos de ley y, sumado a ello el 100% de los montos por salario familiar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------El recurrente se agravia de que la sentencia de Cámara es carente de sustento legal, violenta las leyes, tanto de forma como de fondo, como así también la doctrina legal de este///.- ///2.-Superior Tribunal de Justicia. En tal sentido alega que las sentencias deben tener aplicación análoga a las leyes, no pueden ser aplicadas retroactivamente, más aún cuando se las pretende aplicar en causas extrañas a las cuales fueron dictadas; y que los fallos se deben receptar hacia el futuro desde el mismo momento en el cual se pretende su exigencia, si así fuere correcta su aplicación, y no hacia el pasado.- - - - - -----Continúa expresando que la virtualidad de los emolumentos dinerarios que su parte ha debidamente depositado en concepto de cuota alimentaria, desde el mismo momento de la celebración del acuerdo y hasta la petición de la actora, han sido correctos y ajustados a derecho, por lo cual se evidencia una clara e inexcusable cumplimentación de lo debidamente pactado agotando la virtualidad que le es propia a cada una de las sumas dinerarias mensuales, finiquitando los derechos y agotando las pretensiones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Destaca que la conducta adecuada de la actora hubiera sido la de acudir por ante los estrados judiciales, previo a presentarse por ante el centro judicial de mediación, a solicitar la aplicación del criterio sentado para que desde allí y hacia el futuro se aplique el mismo; y no que se aplique desde el mismo momento en el cual se celebró el acuerdo alimentario, ya que ello constituye una flagrante violación a los derechos patrimoniales adquiridos y justos, con una grave afectación de la seguridad jurídica. Agrega que la inclusión de los rubros conforme el criterio sentado por la Cámara en el caso "FCMB c/MJC s/Alimentos" Expte. N1924-SC-11 (Se. de fecha 24/02/2012), es contraria a derecho pretendiendo aplicar una sentencia a los derechos consagrados por la Jueza del Juzgado de Familia N* 7 a hechos con fechas precedentes al mencionado fallo, ///.- ///3.-violentando el principio de irretroactividad de las leyes civiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Por último señala que, a los efectos de la correcta solución de la presente controversia, resulta de aplicación el precedente de este Superior Tribunal de Justicia "C., J.L. y otro c/Banco Hipotecario S.A." (Se. N* 36/12).- - - - - - - - - -----Que a fs. 507/509 y vta., obra contestación de traslado del recurso por parte de la actora, en el que luego de expresar el rechazo formal del recurso sub examine, señala que la jurisprudencia y la doctrina específica en materia de alimentos coinciden en que el cálculo de la cuota alimentaria debe efectuarse sobre el total de las sumas que perciba el trabajador sean o no remunerativas; y que ninguno de estos argumentos son puestos en crisis en el recurso en análisis.- - - - - - - - - - -----Que a fs. 512/513 obra contestación de vista de la Defensora de Menores e Incapaces, quien considera que el recurso de casación interpuesto a fs. 488/492 debe denegarse. Señala que el mismo no reúne los requisitos formales exigidos por el rito; y que no se observa una errónea interpretación de la ley, como así tampoco errónea aplicación de la misma, no surgiendo del fallo atacado que se haya incurrido en un desvío notorio de la aplicación del raciocinio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Previo a ingresar en el análisis y ponderación de lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones y el agravio expresado por la recurrente, estimo necesario apuntar sucintamente los antecedentes del caso.- - - - - - - - - - - - -----Así se tiene que en el sublite la Jueza de Familia al aprobar la planilla de liquidación de alimentos otorgó razón a la actora en lo atinente a la tasa de interés aplicable a cada período. Citó el precedente "Loza Longo" (Expte. Nº ///.- ///4.-23987-STJ) advirtió que la aplicación retroactiva de dicha doctrina resultaría inconstitucional por afectación del derecho de propiedad del alimentante y estableció que se aplicará la tasa mix para el período enero 2008 a mayo 2010 y para las deudas devengadas posteriormente (junio 2010 a agosto 2012) la tasa activa del Bco. Nación. Luego, respecto a otro punto de controversia entre las partes, centrado en la inclusión de los rubros viáticos y viandas como integrativos del salario del demandado, la Magistrada sostuvo que en relación a lo peticionado por la actora con invocación del fallo de la Cámara de Apelaciones en autos "FCMB c/MJC s/Alimentos", dictado el 24/02/2012, en tanto establece que a los fines de determinar el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de cuota alimentaria deberán incluirse todos los ingresos del alimentante (incluidas viandas), con exclusión de los descuentos legales obligatorios, corresponde tener en consideración que las deudas alimentarias por las cuales se practica la liquidación, constituyen diferencias abarcadas en el período enero 2008/octubre 2011, debiendo aplicarse respecto de ellas el criterio anterior al fallo invocado, por aplicación de lo expuesto en el punto anterior (léase: irretroactividad de las leyes como término comprensivo de la sentencia).- - - - - - - - -----Como se ha explicitado supra, es con respecto a esta última cuestión que se agraviara la actora para apelar ante la Excma. Cámara y que diera origen al fallo a favor de la apelante que aquí ha sido puesto en crisis por el demandado/alimentante. Lo cual se reseña a los fines de advertir que liminarmente- se estaría ante una aprobación de planilla de liquidación de alimentos en la que merced a lo dispuesto por la Magistrada de 1era. Instancia y luego por lo resuelto por la Cámara- se///.- ///5.-han aplicado en sendas cuestiones criterios antagónicos. Dado que la cuestión de la tasa se resuelve con irretroactividad, al quedar firme lo decidido por la Jueza, y el tema de los ítems. del ingreso del alimentante (monto base para el cálculo) se resuelve retroactivamente, atendiendo a lo decidido por la Cámara.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----La cuestión a dirimir entonces radica en la definición por parte de este Cuerpo sobre la posibilidad de aplicar con retroactividad los fallos precedentes o la asimilación de los mismos a la regla general de irretroactividad de la ley.- - - - -----El Tribunal a quo al decidir el recurso de apelación otorga razón a la actora apelante explicitando que ".el principio de retroactividad significa que las leyes rigen para el futuro, pero que tal principio no es aplicable a la jurisprudencia", para más adelante afirmar- con mayor precisión lingüística- que "el principio de irretroactividad está estrechamente vinculado con el de seguridad jurídica, y aunque dicho principio puede ser excepcionado, en algunas circunstancias y bajo ciertos requisitos, dictando normas retroactivas, pero ello es a condición de que no se afecten derechos protegidos por garantías constitucionales". Para seguidamente explicitar que: "pero un cambio jurisprudencial no implica un cambio normativo, implica sólo una variación de interpretación de la ley". Hasta aquí las consideraciones plasmadas en el fallo recurrido y en lo que resulta de interés a los fines de la fijación del tema decidendum. Todo lo demás volcado en las consideraciones subsiguientes, viene en refuerzo del temperamento adoptado en el precedente "FCMB c/MJC s/Alimentos".- - - - - - - - - - - - - - ----Corresponde principiar el análisis recordando que el Art. 3º reza del C.C.: "A partir de su entrada en vigencia, las leyes/// ///6.-se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias". La norma, luego de la modificación introducida por la ley 17711 desplazó el sistema basado en la teoría de los derechos adquiridos del ordenamiento jurídico positivo argentino por la noción de hechos cumplidos o de consumo jurídico que permite que la nueva ley imperativa se aplique de inmediato, inclusive a las relaciones y situaciones jurídicas existentes al entrar aquella en vigor. De esta manera, se asume la idea de consumo jurídico para indicar que las consecuencias no cumplidas de una relación o situación jurídica existente pueden verse afectadas por la nueva ley, mientras que las consecuencias ya cumplidas no podrán verse afectadas. En lo que aquí interesa, cabe tener presente que la segunda frase del artículo 3 C.C. consagra el principio de irretroactividad de la nueva ley. En este caso, y en concordancia con la derogación del artículo 5 del C.C., se aclara que será indistinto si la nueva ley es o no de orden público para establecer esta irretroactividad. Sin embargo, la irretroactividad establecida por el artículo 3ero. C.C. reconoce como límite la voluntad del legislador, que podrá establecer la retroactividad de la ley (Principio de irretroactividad).- - - - - - - - - - - - - - - - -----Ahora bien, si ello sucede y el legislador establece el efecto retroactivo de la ley, el artículo 3ero.C.C. contempla otro límite preciso para esa retroactividad: no se podrán afectar derechos amparados por garantías constitucionales///.- ///7.-(Límite a la retroactividad).- - - - - - - - - - - - - - - -----Efectuado el repaso de la norma fondal (art. 3 C.C.) y los alcances en el tiempo de toda ley, estimo menester puntualizar la precisión de algunos conceptos relativos a la Jurisprudencia y la Doctrina, como fuentes del derecho.- - - - - - - - - - - - -----Sabido es que en sentido estricto la Jurisprudencia alude a las decisiones emanadas de los Tribunales que sientan doctrina al decidir la cuestión a ellos sometida. O tal como lo expresé más arriba se refiere a los fallos de los Tribunales judiciales que sirven de precedentes a futuros pronunciamientos propios o de la instancia inferior. Cierto es que para que haya jurisprudencia no es necesario que existan varios fallos concordantes sobre un mismo punto, en ocasiones un solo fallo sienta jurisprudencia (v.g. Leading case); sin embargo no es menos cierto que una jurisprudencia reiterada y constante tiene mayor solidez como fuente de derechos y obligaciones. En cuanto a la calidad o el valor de la Jurisprudencia como fuente del derecho, quienes niegan dicha categoría de fuente sustantiva, formal e independiente se basan en que los tribunales no hacen otra cosa que aplicar la ley, siempre es la ley la que decide los casos y es en nombre de la misma que los jueces fallan. Le reconocen a la jurisprudencia la aptitud para fijar el sentido de la norma, salvar contradicciones posibles del legislador y ser fuente de conocimiento del derecho positivo, pero le niegan la aptitud de crear normas jurídicas.- - - - - - - - - - - - - ------Sin embargo, en sentido contrario -al que adscribo- existen autores que sostienen la tesis que contempla a la jurisprudencia como una fuente formal del derecho. La jurisprudencia crea derecho. El derecho judicial o la aplicación pretoriana de institutos jurídicos no normados, son ejemplos///- ///8.-de ello.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En cuanto a su obligatoriedad, a la que habré de referirme en virtud de que también lo ha hecho el Tribunal a quo, en principio no posee fuerza obligatoria para los jueces, aún cuando haya sido dictada por un Tribunal de instancia superior. Sin embargo el criterio práctico impone a los Jueces de instancias inferiores el procurar ajustar sus decisiones al precedente, ya que de lo contrario- es casi segura la revocación de la sentencia. Ello sin perjuicio de dejar a salvo su propia intelección para la solución del caso, en salvaguarda de su independencia (funcional e intelectual). Por otro lado, la Corte Suprema sostiene, desde hace muchos años, que \"no obstante que la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas\".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En cuanto a los precedentes de Tribunales de extraña jurisdicción (decididamente no obligatorios), innegable resulta que su invocación refuerza y acentúa el criterio adoptado, puesto que cuando mayor sea la uniformidad de la jurisprudencia en las distintas jurisdicciones, mayor será la fuerza del precedente, porque esa coincidencia es la expresión de una conciencia jurídica ya formada sobre la legitimidad y justicia de la solución dada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----De modo que, en nuestro sistema, la jurisprudencia puede considerarse fuente formal del derecho, en cuanto ciertos pronunciamientos resultan de consideración obligatoria para los tribunales que los dictan y para los jueces inferiores que de ellos dependen. Consiguientemente, al igual que la ley reitero- el precedente crea derecho. Así se encuentra establecido en///.- ///9.-la Ley Orgánica de este Poder Judicial, que con claridad meridiana impone la consideración obligatoria de la doctrina que emana de los fallos de este Tribunal.- - - - - - - - - - - - - - -----Lo anterior permite avanzar en el análisis a fin de dar respuesta al interrogante relacionado a los efectos en el tiempo del precedente (norma individual) que crea derecho para el caso concreto, pero lo extiende a las futuras decisiones que sobre casos sustancialmente análogos deban decidirse.- - - - - - - - - -----Ya ha sido dicho por el STJ. en su anterior integración, con temperamento que comparto, que si la ley es irretroactiva tanto más razón para que la Jurisprudencia lo sea (in re: "Loza Longo"). Principio general no excepcionable si se afectan garantías constitucionales. Precedente citado y reafirmado en "Calarco, José Luis y Otro c/Bco. Hipotecario S.A. s/Ordinario s/Casación (Expte. Nº 25539/11, Se. 36/2012-STJ).- - - - - - - - -----Como se explicitara al inicio, el art. 3ero del CC en su actual redacción alude a las garantías constitucionales, dejando de lado aquél espinoso tema del derecho adquirido de índole patrimonial. No obstante, no estará de más recordar que la CSJN desde larguísima data tiene dicho: "En tesis general, el principio de la no retroactividad no es de la Constitución, sino de la ley. Es una norma de interpretación que deberá ser tenida en cuenta por los jueces en la aplicación de las leyes, pero no liga al Poder Legislativo, que puede derogarla en los casos en que el interés general lo exija. Esta facultad de legislar hacia el pasado no es, sin embargo, ilimitada. El legislador podrá hacer, que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existentes; los jueces, investigando la intención de aquel, podrán, a su vez atribuir a la ley ese mismo efecto. Pero ni el legislador ni///- ///10.-el juez pueden, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior. En ese caso, el principio de la no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confundirse con el principio constitucional de la inviolabilidad de la propiedad. \"Cuando un derecho, se encuentra en nuestro dominio, dice Laurent, es indudable que ni el legislador mismo puede quitárnoslo. La inviolabilidad de la propiedad está garantida por nuestra Constitución. La ley que privase al individuo de un bien cualquiera que forma parte de su dominio sería inconstitucional, violaría el artículo II de nuestro pacto fundamental. En este sentido y con estos límites, la no retroactividad es un principio constitucional que liga al Poder Legislativo, y con mayor razón al Poder Judicial (Príncipes de Droit Civil l 193) (CSJN "Horta c. Harguindeguy" (1922). Fallos 137:47).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En sintonía con ello, los límites impuestos a la Jurisprudencia en su aplicación y vigencia temporal resultan idénticos: la no retroactividad de lo decidido y la especial prudencia con apego a la regla general, cuando puedan lesionarse garantías constitucionales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----La CSJN ha explicitado que ".la aplicación en el tiempo de nuevos criterios jurisprudenciales ha de ser presidida por una especial prudencia a fin de impedir situaciones frustratorias de derechos constitucionales. Sostuvo que las nuevas pautas jurisprudenciales dadas en el caso "Strada" solo habrían de ser puestas en juego respecto de las apelaciones extraordinarias federales dirigidas contra sentencias notificadas con posterioridad a ese precedente (CSJN, in re: "Tellez", Fallo: 308:552). Con lo cual, claramente ha dicho que los ///.- ///11.-precedentes jurisprudenciales rigen para el futuro. En autos "Ramón Sánchez c/Municipalidad de Sta. Fe" del 9/06/09 del que me permitiré extraer el voto en disidencia de los Dres. Lorenzetti y Petracchi- con claridad ponen de resalto que la cuestión federal se configura en el caso en virtud de que el Tribunal de la causa habría contradicho la jurisprudencia de la Corte en fallo 308:552 y habría cambiado su criterio jurisprudencial en materia de prescripción cuando la causa ya se encontraba en trámite. Remarcando "Esta Corte ha sostenido que resulta imprescindible que el litigante conozca de antemano "las reglas claras de juego" a las que atenerse, en aras de la seguridad jurídica, por lo que un cambio de criterio debe estar revestido de especial prudencia".- - - - - - - - - - - - - - - - -----Por consiguiente, la decisión de la Cámara de Apelaciones haciendo lugar al planteo de la actora en pos de la aplicación del precedente a la totalidad del período (enero de 2008 a octubre de 2011), lo cual conlleva aplicar retroactivamente el nuevo criterio sentado en un fallo que data del 24/02/2012, para calcular el 20 % de los ingresos del alimentante, incorporando los ítems. de vianda/viático; contraviene lo ya expresado. En tanto la decisión del Juzgado habría determinado lapsos diferenciados (anterior y posterior) a la fecha del precedente que cambia el criterio, aplicando con absoluta corrección la jurisprudencia vigente a la época en que cada cuota se devengó y de modo coherente con lo dispuesto respecto de la aplicabilidad del precedente "Loza Longo" para el cálculo de la tasa.- - - - - -----En el decisorio puesto en crisis advierto que el a quo no se hace cargo de la télesis del art. 3ero. del C.C. y fundamentalmente no analiza si el decisorio que dispone la aplicación retroactiva de un fallo que no existía al momento///- ///12.-de devengarse las cuotas del lapso aludido, afecta o no la garantía de inviolabilidad de la propiedad del alimentante. Límite que, así como le está impuesto al legislador, también le es impuesto al Juzgador. MI VOTO por la AFIRMATIVA.- - - - - - A la misma cuestión los señores Jueces doctores Adriana C. Zaratiegui y Ricardo A. Apcarian dijeron:- - - - - - - - - - - - -----Ingresando a la cuestión traída a consideración de este Cuerpo ante todo es preciso señalar que la jurisprudencia de la Cámara que la actora pretende que se aplique en los presentes autos para la liquidación de la cuota alimentaria (Se. del 24/02/2012 en autos "FCMB c/MJC s/Alimentos"), no reúne el carácter de doctrina legal en los términos del art. 43 Ley Orgánica del Poder Judicial. En efecto, el pronunciamiento aplicado por la Cámara en estos autos de ningún modo se puede encuadrar en los que la mencionada normativa impone como de consideración obligatoria, para los demás Tribunales y Jueces. De esta manera reiteradamente se ha expresado que no comprende la doctrina legal, a la emanada de otros Tribunales, por destacada que ella sea; sino que se refiere a la derivada de este Superior Tribunal (conf. STJRN Se. N* 13/03, in re: \"E., H. y Otro"; Se. N* 25/06 in re: "B., C."; Se. N* 107/06, in re: "S., M. L.", entre otros).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En otro orden, más allá del debate suscitado respecto a la aplicación retroactiva de los fallos, cierto es que independientemente del criterio que se adopte, en el caso sub examine existe una situación particular que resulta dirimente en cuanto a la solución a adoptar. Así, de las constancias de la causa se puede advertir que la actora, al momento de apelar la sentencia de Primera Instancia, se agravia exclusivamente de que no se le han liquidado los rubros viandas y viáticos para///.- ///13.-el período enero del 2008 a octubre del 2011, de conformidad a la sentencia de Cámara dictada el 24/02/2012 en autos "FCMB c/MJC s/Alimentos; pero no ha objetado las sumas consideradas como abonadas en dicha oportunidad bajo los criterios de la jurisprudencia existente a la fecha.- - - - - - -----Con lo cual surge, que la planilla de liquidación determinada por la sentencia de Primera Instancia únicamente ha sido cuestionada por los rubros mencionados, pero en lo que hace al cálculo efectuado sobre los restantes montos, ha sido avalada por las partes; por lo que, se puede inferir que en autos el demandado periódicamente ha venido cancelando las cuotas alimentarias (más allá de que a veces lo hiciera con una diferencia a favor y otras en contra). Ahora bien, a partir de ello, el nuevo criterio jurisprudencial de la Cámara sobre la materia, de ningún modo puede ser utilizado para la liquidación de cuotas que no sólo ya se habían devengado, sino que además se encontraban canceladas de conformidad a la liquidación practicada según la jurisprudencia imperante a tal época.- - - - ------En suma, como se ha dicho precedentemente, más allá de la dialéctica suscitada respecto a la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, en autos se daría una clara afectación de los principios de certeza y de seguridad jurídica, por cuanto luego de establecerse la condiciones de pago de las cuotas alimentarias y cancelarse en base ello, se pretende una nueva liquidación anexando rubros que en aquel momento el demandado no estaba obligado a su pago. Evidentemente, sostener lo contrario llevaría a un escenario donde el alimentante, a pesar de cumplir con sus obligaciones, siempre estaría sujeto a nuevos cambios que lo colocarían en una situación de incertidumbre permanente, ya que no existirían parámetros a los cuales///.- ///14.-ajustarse.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Al respecto Atilio Aníbal Alterini, resalta la importancia de la seguridad jurídica en un pensamiento del jusfilósofo contemporáneo GUSTAV RADBRUCH: \'Un derecho incierto es al mismo tiempo injusto, porque no puede asegurar para el porvenir un trato igual de hechos iguales\', lo cual afecta a la igualdad ante la ley. Es difícil expresar ideas tan precisas con tan pocas palabras. No existe seguridad jurídica, ni justicia, ni igualdad ante la ley, cuando el Derecho anda a los saltos o juega a las escondidas, y hace imposible prever hoy qué reglas del juego regirán. (...) En los criterios corrientes en la jurisprudencia, tanto la tradicional como la más reciente, la seguridad jurídica ha sido elevada a primer plano de consideración. La Corte Suprema proclama que la seguridad es uno de los más alto valores de nuestro ordenamiento. Pero esto no excluye que la seguridad sea un componente de la noción de justicia: es justo dar a cada uno lo suyo (suum cuique tribuere), y dentro de lo suyo de cada uno están la certeza y la estabilidad del sistema jurídico\' (conf. Atilio Aníbal Alterini, "La Inseguridad Jurídica", págs. 40 y 46).- - - - - - - - - - - -----Por lo expresado hasta aquí, coincidimos con el voto precedente en que deberá revocarse la sentencia apelada en cuanto hiciera lugar al planteo de la actora en pos de la aplicación del precedente a la totalidad del período (enero de 2008 a octubre de 2011) para calcular el 20 % de los ingresos del alimentante, incorporando los ítems de vianda/viático. NUESTRO VOTO por la AFIRMATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----ADHIERO a los fundamentos expuestos en los votos///.- ///15.-precedentes, VOTANDO en IGUAL SENTIDO.- - - - - - - - - - A la segunda cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------Por lo precedentemente expuesto y analizado en el desarrollo de la primera cuestión sometida a acuerdo y decisión, propongo al Cuerpo: 1)Se haga lugar al recurso de casación impetrado por el demandado, revocándose la sentencia interlocutoria Nº 194 de la Cámara de Apelaciones; 2)Se impongan las costas de esta Instancia extraordinaria y de Cámara a la actora perdidosa (art. 68 del CPCyC.) y 3)Se regulen los honorarios de los letrados intervinientes, ante este Superior Tribunal, doctores Javier Claudio BAVA y Rubén Angel MONTEVIDONE, en el 30% y 25% respectivamente y al doctor Javier Claudio BAVA, por su actuación ante la Cámara de Apelaciones en el 30%; todos a calcular sobre lo que les fuera regulado por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 15 L.A.). ASI MI VOTO.- - A la misma cuestión los señores Jueces doctores Adriana C. Zaratiegui, Ricardo A. Apcarian y Sergio M. Barotto dijeron:- - -----ADHERIMOS en un todo a la solución propuesta en el voto que antecede.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Por ello,  EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:[[/p]][[p]]Primero: Hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte demandada a fs. 474/484 de las presentes actuaciones.- - Segundo: Imponer las costas de esta Instancia extraordinaria y de Cámara a la actora perdidosa (art. 68 del CPCyC.).- - - Tercero: Regular los honorarios profesionales de los letrados/// ///16.-intervinientes, ante este Superior Tribunal, doctores Javier Claudio BAVA y Rubén Angel MONTEVIDONE, en el 30% y 25% respectivamente y al doctor Javier Claudio BAVA, por su actuación ante la Cámara de Apelaciones en el 30%; todos a calcular sobre lo que les fuera regulado por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 15 L.A.).- - - - - - - - - - - - - - - Cuarto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.- - Déjase constancia de que no participa en la presente Sentencia el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla por encontrarse en uso de licencia por Compensación de Feria (art. 70 del Reglamento Judicial), emitiéndose este pronunciamiento de conformidad a lo previsto por el art. 39, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. FDO. LILIANA LAURA PICCININI JUEZA - ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI JUEZA - RICARDO A. APCARIAN JUEZ - SERGIO M. BAROTTO JUEZ - ANTE MI: ELDA EMILCE ALVAREZ SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.- TOMO: II SENTENCIA N* 28 FOLIO N* 315/330 SECRETARIA: I[[/p]]
[[p]]///MA, 21 de mayo de 2014.- VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "REBOLLEDO, Alejandra Elizabeth c/ZALAZAR, Germán Andrés s/HOMOLOGACION (F) s/CASACION" (Expte. N* 26554/13-STJ-), elevadas por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la IVa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Cipolletti, con el fin de resolver el recurso de casación deducido por la parte demandada, a fs. 474/484, se decide plantear y votar, en el orden de sorteo previamente practicado, las siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U E S T I O N E S - - - - - - - - - - - -----1ra.- ¿Es fundado el recurso?- - - - - - - - - - - - - - - -----2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V O T A C I O N - - - - - - - - - - - - A la primera cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación deducido por el demandado a fs. 474/484, contra la Sentencia Interlocutoria N* 194, de fecha 27 de Diciembre de 2011, dictada a fs. 465/467 y vta. de autos; la que resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 433/439 y ordenó practicar una nueva planilla de liquidación de la cuota alimentaria calculando el 20% sobre el total de los ingresos del demandado, incluidos los rubros viandas y viáticos, deducidos los descuentos de ley y, sumado a ello el 100% de los montos por salario familiar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------El recurrente se agravia de que la sentencia de Cámara es carente de sustento legal, violenta las leyes, tanto de forma como de fondo, como así también la doctrina legal de este///.- ///2.-Superior Tribunal de Justicia. En tal sentido alega que las sentencias deben tener aplicación análoga a las leyes, no pueden ser aplicadas retroactivamente, más aún cuando se las pretende aplicar en causas extrañas a las cuales fueron dictadas; y que los fallos se deben receptar hacia el futuro desde el mismo momento en el cual se pretende su exigencia, si así fuere correcta su aplicación, y no hacia el pasado.- - - - - -----Continúa expresando que la virtualidad de los emolumentos dinerarios que su parte ha debidamente depositado en concepto de cuota alimentaria, desde el mismo momento de la celebración del acuerdo y hasta la petición de la actora, han sido correctos y ajustados a derecho, por lo cual se evidencia una clara e inexcusable cumplimentación de lo debidamente pactado agotando la virtualidad que le es propia a cada una de las sumas dinerarias mensuales, finiquitando los derechos y agotando las pretensiones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Destaca que la conducta adecuada de la actora hubiera sido la de acudir por ante los estrados judiciales, previo a presentarse por ante el centro judicial de mediación, a solicitar la aplicación del criterio sentado para que desde allí y hacia el futuro se aplique el mismo; y no que se aplique desde el mismo momento en el cual se celebró el acuerdo alimentario, ya que ello constituye una flagrante violación a los derechos patrimoniales adquiridos y justos, con una grave afectación de la seguridad jurídica. Agrega que la inclusión de los rubros conforme el criterio sentado por la Cámara en el caso "FCMB c/MJC s/Alimentos" Expte. N1924-SC-11 (Se. de fecha 24/02/2012), es contraria a derecho pretendiendo aplicar una sentencia a los derechos consagrados por la Jueza del Juzgado de Familia N* 7 a hechos con fechas precedentes al mencionado fallo, ///.- ///3.-violentando el principio de irretroactividad de las leyes civiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Por último señala que, a los efectos de la correcta solución de la presente controversia, resulta de aplicación el precedente de este Superior Tribunal de Justicia "C., J.L. y otro c/Banco Hipotecario S.A." (Se. N* 36/12).- - - - - - - - - -----Que a fs. 507/509 y vta., obra contestación de traslado del recurso por parte de la actora, en el que luego de expresar el rechazo formal del recurso sub examine, señala que la jurisprudencia y la doctrina específica en materia de alimentos coinciden en que el cálculo de la cuota alimentaria debe efectuarse sobre el total de las sumas que perciba el trabajador sean o no remunerativas; y que ninguno de estos argumentos son puestos en crisis en el recurso en análisis.- - - - - - - - - - -----Que a fs. 512/513 obra contestación de vista de la Defensora de Menores e Incapaces, quien considera que el recurso de casación interpuesto a fs. 488/492 debe denegarse. Señala que el mismo no reúne los requisitos formales exigidos por el rito; y que no se observa una errónea interpretación de la ley, como así tampoco errónea aplicación de la misma, no surgiendo del fallo atacado que se haya incurrido en un desvío notorio de la aplicación del raciocinio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Previo a ingresar en el análisis y ponderación de lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones y el agravio expresado por la recurrente, estimo necesario apuntar sucintamente los antecedentes del caso.- - - - - - - - - - - - -----Así se tiene que en el sublite la Jueza de Familia al aprobar la planilla de liquidación de alimentos otorgó razón a la actora en lo atinente a la tasa de interés aplicable a cada período. Citó el precedente "Loza Longo" (Expte. Nº ///.- ///4.-23987-STJ) advirtió que la aplicación retroactiva de dicha doctrina resultaría inconstitucional por afectación del derecho de propiedad del alimentante y estableció que se aplicará la tasa mix para el período enero 2008 a mayo 2010 y para las deudas devengadas posteriormente (junio 2010 a agosto 2012) la tasa activa del Bco. Nación. Luego, respecto a otro punto de controversia entre las partes, centrado en la inclusión de los rubros viáticos y viandas como integrativos del salario del demandado, la Magistrada sostuvo que en relación a lo peticionado por la actora con invocación del fallo de la Cámara de Apelaciones en autos "FCMB c/MJC s/Alimentos", dictado el 24/02/2012, en tanto establece que a los fines de determinar el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de cuota alimentaria deberán incluirse todos los ingresos del alimentante (incluidas viandas), con exclusión de los descuentos legales obligatorios, corresponde tener en consideración que las deudas alimentarias por las cuales se practica la liquidación, constituyen diferencias abarcadas en el período enero 2008/octubre 2011, debiendo aplicarse respecto de ellas el criterio anterior al fallo invocado, por aplicación de lo expuesto en el punto anterior (léase: irretroactividad de las leyes como término comprensivo de la sentencia).- - - - - - - - -----Como se ha explicitado supra, es con respecto a esta última cuestión que se agraviara la actora para apelar ante la Excma. Cámara y que diera origen al fallo a favor de la apelante que aquí ha sido puesto en crisis por el demandado/alimentante. Lo cual se reseña a los fines de advertir que liminarmente- se estaría ante una aprobación de planilla de liquidación de alimentos en la que merced a lo dispuesto por la Magistrada de 1era. Instancia y luego por lo resuelto por la Cámara- se///.- ///5.-han aplicado en sendas cuestiones criterios antagónicos. Dado que la cuestión de la tasa se resuelve con irretroactividad, al quedar firme lo decidido por la Jueza, y el tema de los ítems. del ingreso del alimentante (monto base para el cálculo) se resuelve retroactivamente, atendiendo a lo decidido por la Cámara.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----La cuestión a dirimir entonces radica en la definición por parte de este Cuerpo sobre la posibilidad de aplicar con retroactividad los fallos precedentes o la asimilación de los mismos a la regla general de irretroactividad de la ley.- - - - -----El Tribunal a quo al decidir el recurso de apelación otorga razón a la actora apelante explicitando que ".el principio de retroactividad significa que las leyes rigen para el futuro, pero que tal principio no es aplicable a la jurisprudencia", para más adelante afirmar- con mayor precisión lingüística- que "el principio de irretroactividad está estrechamente vinculado con el de seguridad jurídica, y aunque dicho principio puede ser excepcionado, en algunas circunstancias y bajo ciertos requisitos, dictando normas retroactivas, pero ello es a condición de que no se afecten derechos protegidos por garantías constitucionales". Para seguidamente explicitar que: "pero un cambio jurisprudencial no implica un cambio normativo, implica sólo una variación de interpretación de la ley". Hasta aquí las consideraciones plasmadas en el fallo recurrido y en lo que resulta de interés a los fines de la fijación del tema decidendum. Todo lo demás volcado en las consideraciones subsiguientes, viene en refuerzo del temperamento adoptado en el precedente "FCMB c/MJC s/Alimentos".- - - - - - - - - - - - - - ----Corresponde principiar el análisis recordando que el Art. 3º reza del C.C.: "A partir de su entrada en vigencia, las leyes/// ///6.-se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias". La norma, luego de la modificación introducida por la ley 17711 desplazó el sistema basado en la teoría de los derechos adquiridos del ordenamiento jurídico positivo argentino por la noción de hechos cumplidos o de consumo jurídico que permite que la nueva ley imperativa se aplique de inmediato, inclusive a las relaciones y situaciones jurídicas existentes al entrar aquella en vigor. De esta manera, se asume la idea de consumo jurídico para indicar que las consecuencias no cumplidas de una relación o situación jurídica existente pueden verse afectadas por la nueva ley, mientras que las consecuencias ya cumplidas no podrán verse afectadas. En lo que aquí interesa, cabe tener presente que la segunda frase del artículo 3 C.C. consagra el principio de irretroactividad de la nueva ley. En este caso, y en concordancia con la derogación del artículo 5 del C.C., se aclara que será indistinto si la nueva ley es o no de orden público para establecer esta irretroactividad. Sin embargo, la irretroactividad establecida por el artículo 3ero. C.C. reconoce como límite la voluntad del legislador, que podrá establecer la retroactividad de la ley (Principio de irretroactividad).- - - - - - - - - - - - - - - - -----Ahora bien, si ello sucede y el legislador establece el efecto retroactivo de la ley, el artículo 3ero.C.C. contempla otro límite preciso para esa retroactividad: no se podrán afectar derechos amparados por garantías constitucionales///.- ///7.-(Límite a la retroactividad).- - - - - - - - - - - - - - - -----Efectuado el repaso de la norma fondal (art. 3 C.C.) y los alcances en el tiempo de toda ley, estimo menester puntualizar la precisión de algunos conceptos relativos a la Jurisprudencia y la Doctrina, como fuentes del derecho.- - - - - - - - - - - - -----Sabido es que en sentido estricto la Jurisprudencia alude a las decisiones emanadas de los Tribunales que sientan doctrina al decidir la cuestión a ellos sometida. O tal como lo expresé más arriba se refiere a los fallos de los Tribunales judiciales que sirven de precedentes a futuros pronunciamientos propios o de la instancia inferior. Cierto es que para que haya jurisprudencia no es necesario que existan varios fallos concordantes sobre un mismo punto, en ocasiones un solo fallo sienta jurisprudencia (v.g. Leading case); sin embargo no es menos cierto que una jurisprudencia reiterada y constante tiene mayor solidez como fuente de derechos y obligaciones. En cuanto a la calidad o el valor de la Jurisprudencia como fuente del derecho, quienes niegan dicha categoría de fuente sustantiva, formal e independiente se basan en que los tribunales no hacen otra cosa que aplicar la ley, siempre es la ley la que decide los casos y es en nombre de la misma que los jueces fallan. Le reconocen a la jurisprudencia la aptitud para fijar el sentido de la norma, salvar contradicciones posibles del legislador y ser fuente de conocimiento del derecho positivo, pero le niegan la aptitud de crear normas jurídicas.- - - - - - - - - - - - - ------Sin embargo, en sentido contrario -al que adscribo- existen autores que sostienen la tesis que contempla a la jurisprudencia como una fuente formal del derecho. La jurisprudencia crea derecho. El derecho judicial o la aplicación pretoriana de institutos jurídicos no normados, son ejemplos///- ///8.-de ello.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En cuanto a su obligatoriedad, a la que habré de referirme en virtud de que también lo ha hecho el Tribunal a quo, en principio no posee fuerza obligatoria para los jueces, aún cuando haya sido dictada por un Tribunal de instancia superior. Sin embargo el criterio práctico impone a los Jueces de instancias inferiores el procurar ajustar sus decisiones al precedente, ya que de lo contrario- es casi segura la revocación de la sentencia. Ello sin perjuicio de dejar a salvo su propia intelección para la solución del caso, en salvaguarda de su independencia (funcional e intelectual). Por otro lado, la Corte Suprema sostiene, desde hace muchos años, que \"no obstante que la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas\".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En cuanto a los precedentes de Tribunales de extraña jurisdicción (decididamente no obligatorios), innegable resulta que su invocación refuerza y acentúa el criterio adoptado, puesto que cuando mayor sea la uniformidad de la jurisprudencia en las distintas jurisdicciones, mayor será la fuerza del precedente, porque esa coincidencia es la expresión de una conciencia jurídica ya formada sobre la legitimidad y justicia de la solución dada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----De modo que, en nuestro sistema, la jurisprudencia puede considerarse fuente formal del derecho, en cuanto ciertos pronunciamientos resultan de consideración obligatoria para los tribunales que los dictan y para los jueces inferiores que de ellos dependen. Consiguientemente, al igual que la ley reitero- el precedente crea derecho. Así se encuentra establecido en///.- ///9.-la Ley Orgánica de este Poder Judicial, que con claridad meridiana impone la consideración obligatoria de la doctrina que emana de los fallos de este Tribunal.- - - - - - - - - - - - - - -----Lo anterior permite avanzar en el análisis a fin de dar respuesta al interrogante relacionado a los efectos en el tiempo del precedente (norma individual) que crea derecho para el caso concreto, pero lo extiende a las futuras decisiones que sobre casos sustancialmente análogos deban decidirse.- - - - - - - - - -----Ya ha sido dicho por el STJ. en su anterior integración, con temperamento que comparto, que si la ley es irretroactiva tanto más razón para que la Jurisprudencia lo sea (in re: "Loza Longo"). Principio general no excepcionable si se afectan garantías constitucionales. Precedente citado y reafirmado en "Calarco, José Luis y Otro c/Bco. Hipotecario S.A. s/Ordinario s/Casación (Expte. Nº 25539/11, Se. 36/2012-STJ).- - - - - - - - -----Como se explicitara al inicio, el art. 3ero del CC en su actual redacción alude a las garantías constitucionales, dejando de lado aquél espinoso tema del derecho adquirido de índole patrimonial. No obstante, no estará de más recordar que la CSJN desde larguísima data tiene dicho: "En tesis general, el principio de la no retroactividad no es de la Constitución, sino de la ley. Es una norma de interpretación que deberá ser tenida en cuenta por los jueces en la aplicación de las leyes, pero no liga al Poder Legislativo, que puede derogarla en los casos en que el interés general lo exija. Esta facultad de legislar hacia el pasado no es, sin embargo, ilimitada. El legislador podrá hacer, que la ley nueva destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existentes; los jueces, investigando la intención de aquel, podrán, a su vez atribuir a la ley ese mismo efecto. Pero ni el legislador ni///- ///10.-el juez pueden, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior. En ese caso, el principio de la no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confundirse con el principio constitucional de la inviolabilidad de la propiedad. \"Cuando un derecho, se encuentra en nuestro dominio, dice Laurent, es indudable que ni el legislador mismo puede quitárnoslo. La inviolabilidad de la propiedad está garantida por nuestra Constitución. La ley que privase al individuo de un bien cualquiera que forma parte de su dominio sería inconstitucional, violaría el artículo II de nuestro pacto fundamental. En este sentido y con estos límites, la no retroactividad es un principio constitucional que liga al Poder Legislativo, y con mayor razón al Poder Judicial (Príncipes de Droit Civil l 193) (CSJN "Horta c. Harguindeguy" (1922). Fallos 137:47).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En sintonía con ello, los límites impuestos a la Jurisprudencia en su aplicación y vigencia temporal resultan idénticos: la no retroactividad de lo decidido y la especial prudencia con apego a la regla general, cuando puedan lesionarse garantías constitucionales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----La CSJN ha explicitado que ".la aplicación en el tiempo de nuevos criterios jurisprudenciales ha de ser presidida por una especial prudencia a fin de impedir situaciones frustratorias de derechos constitucionales. Sostuvo que las nuevas pautas jurisprudenciales dadas en el caso "Strada" solo habrían de ser puestas en juego respecto de las apelaciones extraordinarias federales dirigidas contra sentencias notificadas con posterioridad a ese precedente (CSJN, in re: "Tellez", Fallo: 308:552). Con lo cual, claramente ha dicho que los ///.- ///11.-precedentes jurisprudenciales rigen para el futuro. En autos "Ramón Sánchez c/Municipalidad de Sta. Fe" del 9/06/09 del que me permitiré extraer el voto en disidencia de los Dres. Lorenzetti y Petracchi- con claridad ponen de resalto que la cuestión federal se configura en el caso en virtud de que el Tribunal de la causa habría contradicho la jurisprudencia de la Corte en fallo 308:552 y habría cambiado su criterio jurisprudencial en materia de prescripción cuando la causa ya se encontraba en trámite. Remarcando "Esta Corte ha sostenido que resulta imprescindible que el litigante conozca de antemano "las reglas claras de juego" a las que atenerse, en aras de la seguridad jurídica, por lo que un cambio de criterio debe estar revestido de especial prudencia".- - - - - - - - - - - - - - - - -----Por consiguiente, la decisión de la Cámara de Apelaciones haciendo lugar al planteo de la actora en pos de la aplicación del precedente a la totalidad del período (enero de 2008 a octubre de 2011), lo cual conlleva aplicar retroactivamente el nuevo criterio sentado en un fallo que data del 24/02/2012, para calcular el 20 % de los ingresos del alimentante, incorporando los ítems. de vianda/viático; contraviene lo ya expresado. En tanto la decisión del Juzgado habría determinado lapsos diferenciados (anterior y posterior) a la fecha del precedente que cambia el criterio, aplicando con absoluta corrección la jurisprudencia vigente a la época en que cada cuota se devengó y de modo coherente con lo dispuesto respecto de la aplicabilidad del precedente "Loza Longo" para el cálculo de la tasa.- - - - - -----En el decisorio puesto en crisis advierto que el a quo no se hace cargo de la télesis del art. 3ero. del C.C. y fundamentalmente no analiza si el decisorio que dispone la aplicación retroactiva de un fallo que no existía al momento///- ///12.-de devengarse las cuotas del lapso aludido, afecta o no la garantía de inviolabilidad de la propiedad del alimentante. Límite que, así como le está impuesto al legislador, también le es impuesto al Juzgador. MI VOTO por la AFIRMATIVA.- - - - - - A la misma cuestión los señores Jueces doctores Adriana C. Zaratiegui y Ricardo A. Apcarian dijeron:- - - - - - - - - - - - -----Ingresando a la cuestión traída a consideración de este Cuerpo ante todo es preciso señalar que la jurisprudencia de la Cámara que la actora pretende que se aplique en los presentes autos para la liquidación de la cuota alimentaria (Se. del 24/02/2012 en autos "FCMB c/MJC s/Alimentos"), no reúne el carácter de doctrina legal en los términos del art. 43 Ley Orgánica del Poder Judicial. En efecto, el pronunciamiento aplicado por la Cámara en estos autos de ningún modo se puede encuadrar en los que la mencionada normativa impone como de consideración obligatoria, para los demás Tribunales y Jueces. De esta manera reiteradamente se ha expresado que no comprende la doctrina legal, a la emanada de otros Tribunales, por destacada que ella sea; sino que se refiere a la derivada de este Superior Tribunal (conf. STJRN Se. N* 13/03, in re: \"E., H. y Otro"; Se. N* 25/06 in re: "B., C."; Se. N* 107/06, in re: "S., M. L.", entre otros).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----En otro orden, más allá del debate suscitado respecto a la aplicación retroactiva de los fallos, cierto es que independientemente del criterio que se adopte, en el caso sub examine existe una situación particular que resulta dirimente en cuanto a la solución a adoptar. Así, de las constancias de la causa se puede advertir que la actora, al momento de apelar la sentencia de Primera Instancia, se agravia exclusivamente de que no se le han liquidado los rubros viandas y viáticos para///.- ///13.-el período enero del 2008 a octubre del 2011, de conformidad a la sentencia de Cámara dictada el 24/02/2012 en autos "FCMB c/MJC s/Alimentos; pero no ha objetado las sumas consideradas como abonadas en dicha oportunidad bajo los criterios de la jurisprudencia existente a la fecha.- - - - - - -----Con lo cual surge, que la planilla de liquidación determinada por la sentencia de Primera Instancia únicamente ha sido cuestionada por los rubros mencionados, pero en lo que hace al cálculo efectuado sobre los restantes montos, ha sido avalada por las partes; por lo que, se puede inferir que en autos el demandado periódicamente ha venido cancelando las cuotas alimentarias (más allá de que a veces lo hiciera con una diferencia a favor y otras en contra). Ahora bien, a partir de ello, el nuevo criterio jurisprudencial de la Cámara sobre la materia, de ningún modo puede ser utilizado para la liquidación de cuotas que no sólo ya se habían devengado, sino que además se encontraban canceladas de conformidad a la liquidación practicada según la jurisprudencia imperante a tal época.- - - - ------En suma, como se ha dicho precedentemente, más allá de la dialéctica suscitada respecto a la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, en autos se daría una clara afectación de los principios de certeza y de seguridad jurídica, por cuanto luego de establecerse la condiciones de pago de las cuotas alimentarias y cancelarse en base ello, se pretende una nueva liquidación anexando rubros que en aquel momento el demandado no estaba obligado a su pago. Evidentemente, sostener lo contrario llevaría a un escenario donde el alimentante, a pesar de cumplir con sus obligaciones, siempre estaría sujeto a nuevos cambios que lo colocarían en una situación de incertidumbre permanente, ya que no existirían parámetros a los cuales///.- ///14.-ajustarse.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Al respecto Atilio Aníbal Alterini, resalta la importancia de la seguridad jurídica en un pensamiento del jusfilósofo contemporáneo GUSTAV RADBRUCH: \'Un derecho incierto es al mismo tiempo injusto, porque no puede asegurar para el porvenir un trato igual de hechos iguales\', lo cual afecta a la igualdad ante la ley. Es difícil expresar ideas tan precisas con tan pocas palabras. No existe seguridad jurídica, ni justicia, ni igualdad ante la ley, cuando el Derecho anda a los saltos o juega a las escondidas, y hace imposible prever hoy qué reglas del juego regirán. (...) En los criterios corrientes en la jurisprudencia, tanto la tradicional como la más reciente, la seguridad jurídica ha sido elevada a primer plano de consideración. La Corte Suprema proclama que la seguridad es uno de los más alto valores de nuestro ordenamiento. Pero esto no excluye que la seguridad sea un componente de la noción de justicia: es justo dar a cada uno lo suyo (suum cuique tribuere), y dentro de lo suyo de cada uno están la certeza y la estabilidad del sistema jurídico\' (conf. Atilio Aníbal Alterini, "La Inseguridad Jurídica", págs. 40 y 46).- - - - - - - - - - - -----Por lo expresado hasta aquí, coincidimos con el voto precedente en que deberá revocarse la sentencia apelada en cuanto hiciera lugar al planteo de la actora en pos de la aplicación del precedente a la totalidad del período (enero de 2008 a octubre de 2011) para calcular el 20 % de los ingresos del alimentante, incorporando los ítems de vianda/viático. NUESTRO VOTO por la AFIRMATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - A la misma cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----ADHIERO a los fundamentos expuestos en los votos///.- ///15.-precedentes, VOTANDO en IGUAL SENTIDO.- - - - - - - - - - A la segunda cuestión la señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------Por lo precedentemente expuesto y analizado en el desarrollo de la primera cuestión sometida a acuerdo y decisión, propongo al Cuerpo: 1)Se haga lugar al recurso de casación impetrado por el demandado, revocándose la sentencia interlocutoria Nº 194 de la Cámara de Apelaciones; 2)Se impongan las costas de esta Instancia extraordinaria y de Cámara a la actora perdidosa (art. 68 del CPCyC.) y 3)Se regulen los honorarios de los letrados intervinientes, ante este Superior Tribunal, doctores Javier Claudio BAVA y Rubén Angel MONTEVIDONE, en el 30% y 25% respectivamente y al doctor Javier Claudio BAVA, por su actuación ante la Cámara de Apelaciones en el 30%; todos a calcular sobre lo que les fuera regulado por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 15 L.A.). ASI MI VOTO.- - A la misma cuestión los señores Jueces doctores Adriana C. Zaratiegui, Ricardo A. Apcarian y Sergio M. Barotto dijeron:- - -----ADHERIMOS en un todo a la solución propuesta en el voto que antecede.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----Por ello,  EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:[[/p]][[p]]Primero: Hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte demandada a fs. 474/484 de las presentes actuaciones.- - Segundo: Imponer las costas de esta Instancia extraordinaria y de Cámara a la actora perdidosa (art. 68 del CPCyC.).- - - Tercero: Regular los honorarios profesionales de los letrados/// ///16.-intervinientes, ante este Superior Tribunal, doctores Javier Claudio BAVA y Rubén Angel MONTEVIDONE, en el 30% y 25% respectivamente y al doctor Javier Claudio BAVA, por su actuación ante la Cámara de Apelaciones en el 30%; todos a calcular sobre lo que les fuera regulado por sus actuaciones en Primera Instancia (art. 15 L.A.).- - - - - - - - - - - - - - - Cuarto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.- - Déjase constancia de que no participa en la presente Sentencia el señor Juez doctor Enrique J. Mansilla por encontrarse en uso de licencia por Compensación de Feria (art. 70 del Reglamento Judicial), emitiéndose este pronunciamiento de conformidad a lo previsto por el art. 39, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. FDO. LILIANA LAURA PICCININI JUEZA - ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI JUEZA - RICARDO A. APCARIAN JUEZ - SERGIO M. BAROTTO JUEZ - ANTE MI: ELDA EMILCE ALVAREZ SECRETARIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.- TOMO: II SENTENCIA N* 28 FOLIO N* 315/330 SECRETARIA: I[[/p]]