marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jurisdicción y competencia, competencia por la materia, extradición, competencia en lo penal económico
Materia: PROCESAL - PENAL - INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Espinoza Gamboa, Jaime Juan . s/ EXTRADICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-22

Los jueces en lo penal económico no son competentes para conocer en un procedimiento de extradición pasiva.
Detención, detención sin orden, defensa en juicio, derecho a la libertad
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: N., J. G. s/ infr. art. 15, inc. 4°, LCP s/ incidente de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-05

Una detención privativa de 48 hs, producida en el marco de un procedimiento contravencional tramitado ante la autoridad policial y sin intervención judicial ni notificación necesaria a terceros no puede ser legitimada, no está en condiciones de satisfacer el estándar constitucional mínimo fijado por la Corte Interamericana en el caso "Bulacio" (18/9/2003)- según el cual el Estado está obligado a crear las condiciones para que cualquier recurso en favor del detenido pueda tener resultados efectivos-, lesionándose en consecuencia la inviolabilidad de la defensa en juicio y el derecho a la libertad.
Inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arredondo Manuel Antonio c/ Expreso Batan S.A. y otro s/ cobro de pesos por Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-27

La legislación de "emergencia" debe tener como finalidad legítima la de proteger los intereses generales de la sociedad, no a determinados individuos. El dec. ley 260/97 consagra un privilegio especial para dos grupos sectoriales: el de las empresas de autotransporte y el de las aseguradoras, apartándose al hacerlo, de sus propios fundamentos.
Proceso penal, homicidio simple, prueba, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Perez, José del Valle s/ Homicidio Simple - Oposición a la Citación a Juicio en Expte. "P" Nº 160/05 de Fiscalía Nº 6 y Cese de Prisión s/ por la Defensa"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-07-02

La defensa técnica del imputado por homicidio simple interpuso recurso de apelación en contra del auto interlocutorio del juez de garantías que resolvió rechazar la oposición a la citación a juicio, ordenó la elevación a juicio y no hizo lugar al pedido de cese de prisión preventiva, alegando que se fundó en circunstancias acreditadas a través de simples indicios y no, como lo establece el código de rito, con vehementes indicios.

Acreditada la existencia del evento, se encuentran en la causa manifestaciones que describen y afirman que la última persona que fue vista junto a la victima fue el imputado, lo que se suma a la declaración de testigos que corroboran la conflictiva situación del imputado y su pareja y los diversos ensayos y excusas del incoado para justificar la desaparición de la victima, de modo que todos los elementos obrantes en la causa: la relación paralela del imputado con otra mujer, las pericias psicológicas y sobre todo el modo en que fue encontrado el cuerpo de la occisa, importan necesariamente la vinculación del acusado con el homicidio, y la prueba colectada adquiere características de indicios unívocos correctamente evaluados en esta etapa de investigación penal preparatoria.

Por los motivos expuestos, corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto.

(Del voto del Dr. Reynaga)
Competencia por la materia, locación de servicios, demanda, objeto de la demanda, ejecución de honorarios, honorarios del abogado, cobro al cliente, demandado, empresas del Estado, obras sociales, competencia federal, competencia nacional, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CORDERO FUNES OSVALDO ROMAN s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Aunque la demandada sea una empresa del estado nacional, ello no es bastante para determinar la competencia federal cuando existe una específica norma atributiva de la competencia a otro fuero. La demanda persigue el cobro de honorarios pactados en el contrato de locación de servicios celebrado entre el actor, en su calidad de abogado, y la demandada; con el añadido de que los juicios que originarían el crédito del actor se refieren a una materia por completo extraña a la justicia en lo civil y comercial federal. Resulta así aplicable el art. 43, Inc. C), decreto-ley 1285/58 -texto según ley 23.637- en cuanto establece que el fuero civil ordinario conocerá en las causas relativas "a las relaciones contractuales entre profesionales y sus clientes o a la responsabilidad civil de aquellos". Con fundamento en esta norma, y aunque estuviera demandada una obra social -que por ley tiene derecho al fuero federal-, la corte suprema de justicia de la nación ha resuelto reiteradamente que debe conocer en una causa por "mala praxis" el fuero civil cuando la demanda incluye a un profesional médico (cfr. "Hazrlin de Martín Liliana c/Obra Social para el Personal de ENTEL s/ordinario", del 30.10.89, y "Plenkovich, Liliana Esther c/Salvia, Mercedes y otros s/Responsabilidad Médica", del 2.3.93); doctrina que esta sala ha aplicado y de la cual no hay motivos para apartarse (cfr. Causas 8025 del 30.11.90; 5350 del 5.11.93; 54.650/95 del 4.6.96, entre otras).
Desindexación, pago con subrogación, asegurador, obligaciones de dar sumas de dinero, indemnización, monto de la indemnización, valor del bien, valor real
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA. ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA SA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. RIO GUALEGUAY s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-14

Cuando quien acciona es una compañía aseguradora, en mérito de un pago subrogatorio, tanto por aplicación de los usos y costumbres, cuanto los contratos de seguros, aprobados por la autoridad de aplicación -Superintendencia de Seguros-, todo en base a lo preceptuado en la ley 17.418, hacen que el monto indemnizatorio coincida normalmente con el valor del bien o prestación objeto del seguro; siempre que no existan franquicias o topes o algún otro condicionante del pago indemnizatorio; o la existencia de un pago fraudulento (cfr. esta Sala, Causa 17.528 del 8.3.95 y Causa 20.026 del 13.6.95). Ninguna de estas hipótesis ha sido planteada en el sub lite, razón que nos induce a reafirmar nuestra doctrina sobre la coincidencia fáctica de los valores determinados por la legislación del seguro para el pago de las indemnizaciones y de la ley 24.283 sobre el valor real a oblar. Ello así, pues desde el momento en que tal pago fue efectuado por la aseguradora-actora, el mismo, a partir de ahí deviene en una deuda de dinero, al precio real de ese bien al momento de aquel pago, lo que hace que quede, a mi entender excluida de la aplicación de la ley 24.283, justamente por tal coincidencia de hecho con la normatividad aplicable a los seguros (Ley 17.418, decretos, reglamentos, contratos y usos y costumbres).
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, despido sin causa, relación de dependencia, encuadre legal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RIOS, LILIA AIDE c/ SATUF, ANGEL Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-12

Si bien los agravios de la recurrente remiten, en principio, al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común -materia ajena (como regla y por naturaleza) a la instancia extraordinaria, ello no resulta óbice para declarar procedente el recurso, toda vez que para hacer lugar a la demanda, condenando a la accionada al pago de los rubros remuneratorios e indemnizatorios por despido injustificado,la Sala concluyó que la actividad preponderante de la actora -a fin de establecer el encuadre legal y convencional de la relación de trabajo que unió a las partes- se desarrolló en la clínica de propiedad de la demandada, con fundamento en la declaración de dos testigos, resultando insuficientes los testimonios ofrecidos por la contraparte, ofreciendo así una motivación sólo aparente, pues implica extraer conclusiones de las pruebas aportadas, sin dar la debida explicación al respecto, claramente necesaria para arribar a una solución con debido sustento constitucional. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhieren los Dres. Gutiérrez y Netri)
Materia: LABORAL
Carátula: ROBLE TOBARES, Juan Marcelo c/ La Estanzuela S.A. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-10-23

Vemos en el memorial de la recurrente, una notable preocupación por demostrar la procedencia de aquella presunción contenida en el art. 23 LCT., luego que se acreditara la realización de trabajos por parte del actor y en beneficio de la demandada. Sin embargo, una interpretación como la pretendida por la quejosa, sólo es posible cuando no se cuenta con normas expresas que determinan una prohibición al respecto, cosa que no ocurre en la especie. En efecto, el art. 2, inc. c) de la LCT., es terminante en cuanto a la exclusión de los trabajadores agrarios al régimen que instituye la ley 20.744, sancionándose para los mismos una legislación propia que comprende las particularidades de las tareas que se regulan. Siendo ello así, vemos que el sentenciante encuadra la relación laboral denunciada en las disposiciones dirigidas al personal no permanente contempladas en la ley 22.248, en base a los elementos de prueba que se aportaron al proceso, tales como la declaración de testigos y confesional ficta del trabajador, que vienen a corroborar lo afirmado por la empleadora, sobre que Roble participó durante cuatro meses en una cosecha de aceitunas.

Una actuación del Juez, conforme lo pretendido por la recurrente, implicaría una arrogación de funciones que no le son propias, pues, es tarea del legislador la modificación de las leyes que el mismo Cuerpo ha sancionado.
Legitimación procesal, falta de personería
Materia: PROCESAL
Carátula: UNION CIVICA RADICAL s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad - Decreto N° 630/2010
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-14

La legitimación para obrar configura un elemento sustancial de la litis, cuya ausencia impide que la sentencia resuelva sobre el fondo de la litis.

Se distingue de la falta de personería por cuanto, conforme lo precisó COUTURE la legitimatio ad causam es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en el juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión; legitimatio ad processum es, en cambio, la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro. Aquélla se vincula directamente con la titularidad del derecho sustancial que se pretende ejercitar, la calidad de titular de la pretensión; en esta última, por su parte, está en consideración tan sólo la capacidad del sujeto para actuar en el propio nombre o la aptitud del representante para hacerlo por otro, sin que se controvierta la pertenencia de la pretensión.

Concepto que no cabe confundir, por otro lado, con la falta de interés o la llamada "necesidad de tutela jurídica", que no es impedimento o condición de admisibilidad procesal, sino el presupuesto de una sentencia sobre el mérito de la causa que sea favorable al accionante.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, acción civil por accidente de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, reparación integral, apartamiento de la doctrina de la corte
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Valotta, María Concepción c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente - ley especial c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Corresponde desestimar el recurso interpuesto contra la sentencia que condenó a la ART a la reparación integral de los daños que dijo padecer la actora como consecuencia de las labores de enfermería, pues los agravios del apelante no rebaten todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada, y no se hacen cargo de que la alzada justificó el nexo de causalidad en la ausencia de toda prueba que demostrara haber controlado la sobrecarga de tareas de la actora y sus planteos se enderezan lisa y llanamente a postular que no pesa sobre ella obligación legal alguna en materia de prevención, apartándose dogmáticamente de la doctrina de la Corte en el precedente "Torrillo" (Disidencia del juez Rosatti).
Prueba, reconocimiento en rueda de personas, reglas de la sana crítica, jueces, facultades del juez, reconocimiento por fotografía
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: T., E. M. s/ Hurto (Expte. Nro. 1318-00, Resolución Nro. 07, Tomo 41, Folio 341)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-06

La normativa procesal dispone un medio de identificación -el reconocimiento en rueda de personas- que es dispuesto en los casos en que es conveniente establecer la relación de identidad. El principio que rige la prueba penal es el de la libertad en los medios y los criterios de apreciación son los propios de la sana crítica, por lo que en términos generales no puede afirmarse que los medios particularmente previstos en la regulación procesal sean de producción específica inexorable.
Concusión, tentativa, inspector municipal, inspector de obras
Materia: PENAL
Carátula: CHIRKES, Norberto J. s/ FUNCIONARIO PUBLICO. CONCUSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-04

1) El inspector de obras de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, que exigió a la víctima una suma de dinero como dádiva -no una contribución ni un derecho- incurrió en el delito de concusión.

2) Como la concusión fue sólo experimental se está en presencia de una mera tentativa punible, la que si bien no es concebible respecto de la primera acción que en forma alternativa prevé el art. 266 C.P , por su inequívoco carácter formal, sí lo es en las restantes.- 3) La calidad funcional del encargado, no puede ponerse en duda aunque no sea reputado en el ámbito municipal como agente o funcionario, ya que la ordenanza 35.168 (27/8/79) advierte que las funciones atribuidas a los inspectores de obra comportan la "facultad de formar la voluntad estatal para la realización de un fin público", que es lo que singulariza el carácter de funcionario o empleado público a que se refiere el art. 77 C.P.

El alcance de la ley penal sobre este punto no es estrictamente equivalente al que viene impuesto por el derecho administrativo.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: GATICA MALDONADO. s/ ESTUPEFACIENTES. TENENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-02

Debe responsabilizarse al procesado por el delito de tenencia de estupefacientes, por cuanto la cantidad de marihuana secuestrada (600 grs. ) genera un peligro cierto para el bien jurídico tutelado, es decir, la salud pública; destacándose que el evento por sus características y magnitud produce alarma y reclama la represión penal sin mengua alguna para los derechos a la privacidad garantizados por la C.N., máxime cuando el justiciable registra antecedente por igual actividad.
Nulidad procesal, subsanación del vicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: González vda. de Fernández, Encarnación A. autos "Bco. Pcia.Chubut c-Félix M. Fernández González s-Ej. Hipotecaria" s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-06

"Todo tipo de irregularidad procesal es susceptible de remediarse mediante el consentimiento expreso o presunto de la parte a quien ella perjudique. De allí que los actos procesales viciados se reparan si no son atacados en tiempo hábil, sin que quepa distinguir acerca del origen de la irregularidad o que se trate de un trámite esencial del juicio".
Materia: PENAL
Carátula: GARNICA EVARISTO S.D. DOBLE HOMICIDIO CALIFICADO POR ALEVOSIA E.P. DE ENRIQUE SANCHEZ, GUILLERMO JESUS SANCHEZ s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-05

La alevosía no se encuentra definida legalmente, habiendo sido la doctrina y jurisprudencia las que han dado un marco conceptual, coincidente generalmente en la determinación de sus principales características, tales como: a) Ocultamiento del autor ya sea moral o material; b) la falta de riesgo o peligro o el actuar sobre seguro del agente; c) la indefensión de la víctima, ya sea provocada o aprovechada por el homicida y d) que,subjetivamente, el autor del hecho haya, como mínimo, preordenado su actuación para concretar o aprovechar las situaciones antedichas, siendo ello el motivo decisivo de su acción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución fiscal, tasas, Obras Sanitarias de la Nación, tasas de interés
Materia: TRIBUTARIO - PROCESAL
Carátula: OBRAS SANITARIAS DE LA NACION c/ PROPIETARIOS DE LA FINCA ANDONAEGUI 2855 s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-03

La aplicación literal de las leyes 21.281 y 20.324 para liquidar los créditos de los que es acreedora O.S.N. -por la tasa retributiva de los servicios que presta- conduce a un resultado no querido al suspender dos reajustes por el mismo concepto. De allí que la primera de las leyes dictadas debe interpretarse armónicamente con las prescripciones de la segunda que se refieren a la cuestión, para evitar la duplicación de sus efectos. Consecuentemente debe reducirse la tasa de interés a la del 6% anual y el porcentaje total de los recargos del 40% al 20%.-
Compraventa inmobiliaria, valor locativo, daño moratorio
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINEZ OSCAR EDUARDO Y OTRO c/ OLIVER CARLOS CESAR s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

El daño moratorio por no contar el adquirente con la unidad prometida (arts. 505, 508 y concs. del Código Civil), está dado por el valor locativo perdido, pero como correcta aplicación del principio de compensación del lucro con el daño, no es posible computar íntegramente el importe de dicho valor locativo, por cuanto es menester tener en cuenta los gastos (impuestos, tasas, expensas comunes, etc.) que el adquirente debiera haber pagado en caso de haber podido disponer libremente de la unidad.

El alcance y concreta determinación de la compensación es materia que por su propia naturaleza queda librada a la apreciación judicial, en procura de evitar una agravación desmedida de la obligación a cargo del responsable (conf. C.N.Civ. Sala G, del 13/5/87, L. 28.297).
Recurso de casación penal, fundamentación del recurso, sobreseimiento, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: COHEN, María R. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-18

Si el recurso de casación ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, cumpliendo con el requisito de fundamentación autónoma e indicando la norma que se considera violada y la aplicación que se pretende ella (art. 463 del C.P.P.N.), y toda vez que el sobreseimiento dictado torna imposible la continuación de la acción que se iniciara, el remedio intentado resulta procedente (art. 457 del C.P.P.N.).

Por ello, corresponde conceder el recurso de casación interpuesto por el fiscal general contra el auto que sobresee al imputado.
Retiro policial, reciprocidad jubilatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lavignolle, Alfredo c/ Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

Cuando se pretende computar servicios de extraña jurisdicción para obtener cualquiera de los beneficios previsionales previstos en el dec.ley 9538, asumiendo la Caja de Policía el rol de caja otorgante (conf. art. 1, ley 5157) y resulta inconciliable la exigencia de una antigüedad mínima de servicios policiales para dicho cómputo establecida por el art. 41 del dec.ley citado con lo dispuesto en los arts.6 y 7 del dec. ley 9316/46 -considerar todos los servicios y sus remuneraciones como prestados y devengados bajo el propio régimen de la caja otorgante- esta última normativa deber prevalecer.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, sentencia definitiva, juicios en que la Nación es parte, valor disputado en último término
Materia: CIVIL
Carátula: Vicente Robles  SAMCICIF c/ Estado Nacional (Servicio Nacional de Parques Nacionales) s/ nulidad de resoluciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Es formalmente procedente el recurso ordinario de apelación si se trata de una sentencia definitiva, recaída en una causa en que la Nación es parte y el valor debatido, actualizado a la fecha de la interposición del recurso, supera el mínimo fijado por el art. 24, inc. 6, ap. a), del decreto - ley 1285/58, sus modificaciones y resolución N. 1242/88 de la Corte.
Prescripción, sentencia, acuerdo y voto individual
Materia: PENAL
Carátula: Maldonado, Guillermo, Champion, José Antonio s/ Estafa reiterada Llarul, José Antonio; Sosa, José s/ Corrupción, homicidio culposo Caviglia, Juan s/ Lesiones leves Díaz, Edmundo s/ Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14|1998-03-17|2000-05-10|2002-04-10

A los fines de la interposición de los recursos extraordinarios, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Penal, la decisión que recae sobre prescripción tiene carácter definitivo y no habiéndose observado en el dictado de la decisión recurrida la forma de acuerdo y voto individual de los jueces, se la anula.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño punitivo, facultades del juez
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Nissero, Santiago  c/ Swiss Medical S.A. s/ Sumarísimo (Civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-02-22

Resulta exclusiva potestad del juzgador tanto la efectiva aplicación de la multa punitiva como su graduación con arreglo a la gravedad del hecho cometido por el proveedor, así como demás circunstancias del caso, ello por resultar un instituto de corte sancionatorio y por tanto no indemnizatorio.
Injuria laboral, despido
Materia: LABORAL
Carátula: BONARDI WERFIL ADALBERTO c/ EMPRESA E.T.A. MANUEL BELGRANO Y7O PROP. Y/O RESP. s/ SULEDOS CAIDOS, VACACIONES, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-04-01

El motivo determinante de un paro no es factor relevante para juzgar sobre la justa causa de despido, pues sea que responda a un paro general como a una medida limitada al establecimiento particular, la participación en medidas de acción directa siempre es injuriosa.
Acta de secuestro, valor probatorio, nulidad procesal, testigos de actuación, individualización de los testigos
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Scornik, Marcelo s/ Infracción Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-13

Si se encuentra acreditado en autos que la persona que oficiara de testigo no reúne los datos filiatorios volcados en el acta de secuestro, dicha circunstancia no la hace desaparecer, sino que indica a las claras que tenía algún motivo para evitar ser identificado por las autoridades policiales y, si su existencia se encuentra probada por los dichos de los preventores y del restante testigo, el acta de secuestrado conserva todo su valor, puesto que no se trata de valorar un testimonio - toda vez que el aludido no ha depuesto en autos - sino de saber si dos personas ajenas a la prevención y a las partes presenciaron el secuestro.