marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Subasta, publicación de edictos, error en el texto, nulidad de la notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: RICHCO CEREALES S.A. c/ PAGOLA, Elena y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19

Los defectos de publicidad deben ser apreciados en relación con el contenido de los edictos, por lo que no cabe considerarlos si se refieren a aspectos meramente formales, si pueden ser suplidos con la consulta del expediente o con la aclaración previa a la subasta realizada por el martillero. Y si de los elementos obrantes en el expediente no es dable inferir que ello haya influido en el resultado del remate o lo haya perjudicado, los edictos no pueden ser atacados de nulidad.-
Elevación a juicio, vista de las actuaciones, plazo, querellante conjunto
Materia: PROCESAL
Carátula: SORULI, Marta G. s/ ACUSACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1971-11-30

Vencido el plazo a que se refiere el art. 457 del C. Pr. Cr. o sus eventuales prórrogas, los efectos del vencimiento respecto del acusador particular se operan de pleno derecho.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, reglas de conducta
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PUSTERLA, Pablo José
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-15

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal y en consecuencia confirmar la sentencia que concedió la suspensión del juicio a prueba del imputado; toda vez que el fiscal sujetó la conformidad a la imposición del beneficio a la "autoinhabilitación" del imputado para conducir automotores, medida que reiteradamente se ha desautorizado ya que tal postura implicaría la creación, por vía jurisprudencial, de una forma de cumplimiento de la pena no contemplada legalmente; convalidando el sometimiento del imputado a una pena no mediando sentencia condenatoria.
Empleados públicos, nombramiento, prescindibilidad, estabilidad del empleado público, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LEONOR VIRGINIA ROMERO DE MARTINO c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ POLITICA    LEGISLATIVA-    DELEGACION  DE  FACULTADES  LEGISLATIVAS-  ESTABILIDAD  DEL EMPLEADO PUBLICO-  CESANTIA-  CONSTITUCION  NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

La razonabilidad del instituto de la prescindibilidad - introducido a través de leyes transitorias- ha sido justificada por la legislación como por la jurisprudencia a raíz de la imperiosa necesidad de proceder al ordenamiento y transformación racional de la Administración Pública para lograr que sea eficaz, funcional y económica. Se trata de regímenes de excepción que suspenden temporariamente las normas que se le opongan, que asignan al Poder Ejecutivo un instrumento ágil para llevar a cabo la reestructuración que limita el derecho a la estabilidad de los empleados, lo que se trata de compensar a través de la indemnización que prevén.
Acción de inconstitucionalidad, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Neves Lilian Haydee y Otros c/ Superior Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-06-30

La competencia para intervenir en la acción de inconstitucionalidad, en virtud de lo dispuesto en el art. 51 de la ley 8369 - modificado por la ley 9559 publicada el 23-2-04- el cual no obstante ser posterior a la iniciación de la presente, resulta aplicable en el caso. Dicha norma en su actual redacción atribuye competencia a los Jueces de primera Instancia, cuando se denuncie la violación de Constitución Nacional o también de la Provincial.
Sanciones disciplinarias administrativas, responsabilidad del funcionario público, responsabilidad del juez, pérdida del expediente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fox, Eduardo María y Gómez, Claudia Mariana s/ avocación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

Es presupuesto del derecho disciplinario un factor subjetivo, pues siempre se impone una valoración de la conducta del agente en la cual el juicio de reproche no puede desvincularse de las circunstancias de personas, del tiempo y del lugar; de ahí que no pueda seguirse de la desaparición o extravío de un expediente o documentación una mecánica imputación objetiva al funcionario responsable, en tanto no se demuestre que éste no adoptó los recaudos exigibles -en el marco de los medios disponibles- para garantizar la seguridad de las piezas procesales.
Concursos, demanda de verificación, crédito laboral, personal embarcado, prueba
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: ROMERO, LUIS c/ A. BOTTACCHI SA s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-15

Procede hacer lugar a la verificación de un crédito laboral, aún cuando el incidentista no acompañare la libreta de embarco, ni copias íntegras de la misma, toda vez que la deudora, al contestar la demanda en el fuero del trabajo, reconoció la relación laboral y su prolongación más allá de la fecha del último desembarco acreditado documentalmente; además no existen indicios serios de que el crédito carezca de causa, de que la misma resulte ilegítima o de que medió concierto fraudulento con el acreedor; por lo demás resultaría incongruente sujetar la procedencia de la indemnización a la probanza referida y admitir al mismo tiempo la subsistencia de la relación laboral hasta la fecha en que el accionante se consideró despedido.
Interpretación de la ley, conciliación, igualdad ante la ley, principio de legalidad, extinción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO, Miguel Ángel y otro c/  s/ Robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-18

No es acertada la afirmación según la cual una interpretación literal de la norma del artículo 59, inciso 6° del Código Penal, genera la posibilidad de que, en función de la referida falta de uniformidad, las personas acusadas por la comisión de un delito en un determinado territorio accedan a un "derecho", mientras que aquellas ubicadas en otro estado local, pero donde se carece de una regulación procesal del instituto de la conciliación, se verían privadas de esa alternativa, y que en ello radicaría la violación al principio de igualdad ante la ley. El defecto de este tipo de razonamientos radica en que, precisamente, presuponen aquello que debe acreditarse y que sirve de antecedente para la aplicación de la solución que proponen, pues no se advierte, ni la sentencia impugnada logra sustentarlo, con qué base normativa podría afirmarse que una excepción al principio de legalidad de la persecución penal, como la extinción de la acción penal por conciliación, constituye un "derecho fundamental" de imputado, ni que el instituto referido constituya la regulación de un derecho de tal carácter (voto del juez Magariños).
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUSTAFA RENE EDUARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-08-14

El Art. 107 de la Ley de Trámite Administrativo (Nº 2.296) prevé el supuesto de caducidad del procedimiento sumarial. El fundamento del instituto de la caducidad de instancia, consiste en evitar la duración indefinida de los juicios, frente al desinterés de los justiciables, cuya conducta omisiva acarrea, como consecuencia, la caducidad de la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, costas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RMS INGENIERIA SRL c/ SULFACID SAIFC s/ DEMANDA ORDINARIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   384-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-03

Corresponde anular la sentencia impugnada en lo referente a la imposición de costas de la Alzada a la actora, en razón de que si se considera que tanto la actora como la demandada dedujeron a su tiempo recursos de nulidad y apelación, con sustento en diversos agravios, y que ninguno de tales planteos prosperó finalmente, la Alzada debió ponderar tal circunstancia, distribuyendo las costas equitativamente. En su lugar, las impuso en su totalidad a la actora , "atento al éxito obtenido", en resolución que, por prescindir injustificadamente de la pauta emanada del artículo 252 del Código Procesal Civil y Comercial, no constituye derivación razonada del derecho vigente, autorizando por ello a excepcionar el principio -reiteradamente sostenido- conforme al cual la materia de costas es insusceptible de impugnación en la instancia extraordinaria que regula la ley 7055.
Sentencia, iura novit curia
Materia: LABORAL
Carátula: ELLEMBERGER ENRIQUE MISAEL c/ TUYANGO S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-06

El hecho de que la parte demandante haya fundado la acción intentada en la ley 24028, no ex óbice para que la a-quo, en función de la conocida regla "iura novit curia", aplicara la normativa que estimó correcta, con prescindencia de la invocada, porque es sabido que dicha regla se traduce en que "las partes ponen los hechos y el juez el derecho".
Derechos y garantías constitucionales, hábeas data
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: WARKSBERG, Herman s/ HABEAS DATA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

Si se repara en que el objeto de la acción de hábeas data es tener acceso a la información relativa al actor, más allá de la eventual conveniencia de que en forma previa a la acción judicial se pueda solicitar en forma directa el suministro de los datos existentes en los registros, lo cierto es que ni del art. 43 de la Constitución Nacional, ni del citado art. 321, inc. 2º, se desprende que ello deba cumplirse de manera obligatoria para poder interponer la acción introducida en la reforma constitucional de 1994.-
Concursos, privilegios (comercial), acreedores del concurso, gastos de conservación, gastos del proceso, honorarios del abogado
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bonaventura, María Cecilia c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-31

Procede modificar la resolución que reconoce como gasto de conservación y justicia de la totalidad de los honorarios regulados en los tres procesos concúrsales previos al letrado apelante, en su condición de asesor letrado de los deudores; y tal preferencia solo cabe acordarla a los estipendios regulados al mentado profesional en este proceso acrecido por los intereses corridos hasta el decreto falencial. Ello por cuanto la circunstancia que haya existido una propuesta unificada no modifica la circunstancia de que se tratan de procesos distintos e independientes que provocaron una actividad jurisdiccional propia (cfr. Heredia Pablo, Tratado Exegético de Derecho Concursal, Ed. Abaco, 2000, T. 2, pág. 478; en esta orientación, mutatis mutandi, 7/5/19 "Bee Witch SA s/ conc. prev. s/ inc. de tasa de justicia", Exp. COM N° 25451/2016/12; "Wainstock Daniel s/ concurso preventivo", Expte. N° 50545/2008; 'Wainstock Manuel Isidoro s/ concurso preventivo", Expte. N° 49807/2008, ambos de fecha 28/6/11; y "Wainstock Nicolás s/ concurso preventivo", Expte. N° 50538/2008 todos del 30/8/11 y precedentes allí citados).
Ministerio Público de la Defensa, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: M., M.R. c/ C., A.M. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-18

Es el interesado, quien deberá poner en conocimiento, y en su caso, acreditar ante el Defensor Público, acerca de la existencia de bienes, ingresos y la conformación de su grupo familiar (art. 50 Ley N° 4.920) todo lo cual se instrumentará en una declaración jurada que suscribirá en su presencia. Ahora bien, no hay que olvidar que el art. 51 de la ley de referencia traslada en el funcionario actuante el test de razonabilidad y admisibilidad para acceder al servicio; pero le da como pauta -prescindir de comprobación alguna- cuando sean evidentes los extremos legales requeridos por la norma o su total ausencia (contar con recursos económicos para afrontar los gastos del caso, o la existencia de otro sistema jurídico gratuito que se puede encargar de la cuestión). Lo cual implica, que se acceda al servicio en forma directa, en el primer caso (art. 51 primer párrafo); o se deniegue el servicio, en el segundo supuesto (art. 51 segundo párrafo). Asimismo, bajo el mismo artículo, la ley contempla el supuesto en que el Defensor; ante la circunstancia concreta de no darse ninguno de los casos señalados con nitidez, pueda acudir a la comprobación de la insuficiencia de recursos, a través de los medios que considere pertinentes en cada caso, por no mediar pautas rígidas para tal comprobación (art. 51, último párrafo). Estas facultades trazadas por la normativa deben ser conjugadas con las que emergen de la Resolución N° 61/04 (21/05/04) de la Defensoría General, en cuanto integra el cuerpo normativo por el que se rige, y le da al funcionario interviniente un criterio objetivo de admisibilidad al servicio -ingresos iguales o inferiores a los que periódicamente determina el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para la Canasta Básica Total y la composición de la familia nuclear-; y en los casos en que se superen estos ingresos, el funcionario evaluará las condiciones de vulnerabilidad del requirente y de su grupo familiar conforme a las pautas del Título VII de la Ley N° 4.920. Los Defensores presumirán la acreditación de estos extremos con la firma de la declaración jurada contemplada en el art. 50 de la ley orgánica. Sin perjuicio de lo expuesto, la ley orgánica atinadamente, y conteste con la misión propia del Ministerio, introduce a través de su artículo 53 el principio de la duda "a favor de la prestación del servicio".
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: DUPIN DE HERVAIS IBAÑEZ, Mónica Susana c/ SOLLE, Pedro s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-18

La total o parcial apertura de la puerta de un automotor estacionado o detenido que da al sector de la calzada destinado a la circulación vehicular, sin asegurarse su conductor que ello es posible sin ocasionar inconveniente a terceros, configura una conducta jurídicamente reprochable toda vez que importa crear un obstáculo generador de riesgo, que limita la zona de circulación de los vehículos y consecuentemente el normal desplazamiento de los mismos.
Despido, despido con causa, injuria laboral, antecedentes personales, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Salina, Vicenta Pabla c/ Topyed S.A. y otra s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

Es ajustada a derecho la decisión del Tribunal del Trabajo que, para la valoración prudencial de la última falta cometida por el trabajador que determinó su despido, tuvo en cuenta como antecedentes desfavorables diversas sanciones anteriores de carácter disciplinario que le aplicó el empleador y que, ante la impugnación de su dependiente, fueron oportunamente ratificadas sin que haya mediado reclamo judicial tendiente a la revisión de tales medidas (arts.67, 68 y concordantes de la L.C.T.).
Recurso extraordinario de nulidad, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Di Oduardo, José s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-22

No puede prosperar el agravio traído mediante el recurso extraordinario de nulidad referido a que la sentenciante -para probar la materialidad ilícita- enumeró las constancias que completan el elemento base de la prueba compuesta sin indicar de qué especies probatorias se trataba ya que encontrándose la sentencia fundada en ley en este aspecto -el "a quo" citó los arts. 251/252, 255/257 y 259 "in fine" del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- se satisface la exigencia del art. 171 de la Constitución provincial. Más aún cuando en la sentencia se enumeraron los elementos que integran la prueba compuesta y de las citas legales indicadas se desprende la naturaleza probatoria de la mayoría de ellos.
Recurso extraordinario, fallos de la Corte Suprema, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: FLORES,  Pedro Elbio y otro c/ EXPRESO LOMAS S.A. y otro s/ DAÑOSY PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-23

Disidencia del Dr.Sánchez:

La Corte Suprema declaró admisible el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia plenaria en autos "Gauna y La Economía Comercial", suspendió el procedimiento y con posterioridad en los términos del art. 16 de la ley 48, revocó la decisión apelada, admitiendo que la franquicia prevista en el contrato de seguro celebrado entre la compañía de seguros y el asegurado es oponible al tercero damnificado de manera que la sentencia no podrá ejecutarse contra la aseguradora sino en los límites de su contratación. Es válido interpretar que es obligatoria la aplicación de la doctrina sentada por el Alto Tribunal que revoca el acuerdo plenario de la Cámara y no la propia sentencia plenaria de la Cámara civil, al entender que el pronunciamiento se revocó por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al expedirse en la aludida causa. (Sumario N°20244 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Absolución de posiciones, pliego de posiciones, tribunal de alzada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Correa Olmedo, Carlos Alberto c/ Carranza, César Armando y Medina, Felisa Elena s/ Daños y perjuicios Armando y Medina, Felisa Elena s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-05-16

Si el sobre de la absolución de posiciones no se hubiera abierto en primera instancia, por haberse prescindido valorar dicho elemento de juicio, corresponde, en función de los agravios formulados en la alzada, proceder a su apertura, a los efectos de la evaluación pertinente, de acuerdo con lo que resulte de las restantes constancias de autos. Ante la incomparecencia injustificada a la audiencia de posiciones, quien debía absolverlas ha quedado confeso a tenor del pliego presentado por su contraria.

Esta confesión tiene pleno valor probatorio si no media prueba eficaz que lo destruya. Fundamento de la Dra. Colman.
Improcedencia del recurso, falta de legitimación para obrar, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Peralta, Esteban c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-10

La claridad del texto de la Cláusula 16ª del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Pcia. de Salta al Estado Nacional y demás disposiciones concordantes, demuestra la improcedencia de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Provincia -a la que el a quo hizo lugar-, más allá de la solución a que se arribe a su respecto sobre la cuestión de fondo. En consecuencia, corresponde revocar la decisión de la anterior instancia.
Embargo, bienes gananciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Florentino F. y ots. c/ Reyes, Carlos y ots. s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

Si el bien fue adquirido por uno de los cónyuges, se comprende que el embargo trabado sobre la totalidad del mismo es correcto por cuanto en tales condiciones era su administrador (art. 1276 del C.

Civil) y de conformidad a lo dispuesto por el art. 5º de la ley 11357, cada cónyuge responde con sus bienes propios y con los gananciales que administre.
Exclusión del hogar, Ministerio de Menores, interés superior del niño, vivienda, representación de incapaces, representación legal
Materia: CIVIL
Carátula: F. R. E. s/ medida cautelar de exclusion del hogar
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-05-14

El interés de los menores en el tema de la proteccion de la vivienda familiar, está dado por la ley y los tratados internacionales (art. 3°, punto 1, de la Conv.Derechos del Niño; art.3 y 5 de la ley 26.061; art. 1277 CCiv; arts. 8, 10, 55 y cons. de la ley pcial. 9861, y art.443 Anteproyecto Código Civil y Comercial, redactado por los Dres. Lorenzetti, Highton, Kemelmajer), y en esas circunstancias, la intervención del Mrio. Pupilar, se da como parte legítima y esencial -art.59 CCiv-, y completa la adecuada y doble representación que deben tener los menores; tiene un rol de asistencia y contralor, vela por los intereses de los incapaces y controla la actuación de sus representantes legales y puede interponer recurso contra las providencias que lesionen los intereses de los incapaces (art.272 CCiv), entre otras facultades.
Propiedad intelectual, reproducción de fonogramas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.A.D.I. C.A.P.I.F. A.C.R. c/ Alvarez de Treviño, Avelina s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Resulta constitucional el derecho de los intérpretes al cobro de una remuneración por la ejecución pública de sus interpretaciones fijadas en soportes materiales.
Escritos judiciales, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: SANCHEZ ZORRILLA, SALVADOR c/ MUÑOZ MAS, ARMANDO Y OTRO s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-30

Por aplicación de tales principios se ha resuelto, a propósito de la omisión de la firma, que si la presentación atacante de la sentencia no se encuentra firmada por la parte, aunque el hecho pueda atribuirse a un mero olvido del presentante, carece de todo efecto, no existiendo norma alguna que establezca la obligación de intimar previamente el cumplimiento de tal recaudo.
Terceros, intervención obligada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gogolino, Roberto c/ Casariego, Eduardo s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-20

La intervención coactiva y obligada prevista en el artículo 94 del ordenamiento procesal, requiere que exista más que un mero interés del citante, desde que esta norma opera en líneas generales sobre el presupuesto de que la parte, en caso de ser vencida, tuviera la posibilidad de intentar una acción de regreso, o bien cuando la relación o situación jurídica sobre la que versa el proceso guarda conexión con otra relación jurídica existente entre el tercero y cualquiera de los litigantes originarios, de manera tal que el tercero podría haber asumido inicialmente la posición de litis consorte del actor o del demandado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Obligaciones de dar sumas de dinero, mora, mora del deudor, intereses moratorios
Materia: CIVIL
Carátula: KOFMAN, Abraham y otros c/ B.C.R.A. s/ VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

El deudor es responsable por los daños e intereses que su morosidad en el cumplimiento de la obligación causare al acreedor (art. 508 C.C.). En el campo de la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones que tienen por objeto dar sumas de dinero los intereses moratorios constituyen la indemnización consiguiente al estado de mora del deudor (art. 622 C.C.).