Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-18


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 18 días del mes de octubre del año dos mil once, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. José Luis PASUTTI, y asistencia del Sr. Ministro Dr. Daniel Luis CANEO para dictar sentencia en los autos caratulados: "O., J. A. c/Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios - beneficio de litigar sin gastos" (Expte. N° 22.155-O-2010). Teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 277, de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas N° 3202/00 y 3204/00, corresponde el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. CANEO, ROYER y PASUTTI.- Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Apelación interpuesto? Y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? - A la Primera cuestión el Dr. CANEO dijo:

Llegan los presentes autos a conocimiento de esta Sala en virtud del Recurso de Apelación Ordinaria deducido por la Provincia del Chubut contra la Sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, Sala "A", N° 23/2010.

El recurso fue concedido a fs. 256 y a fs. 263/267 obra agregada la expresión de agravios.- ANTECEDENTES: - El actor, por intermedio de sus representantes primero y luego, al adquirir la mayoría de edad, por derecho propio, demandó a la Provincia del Chubut y reclamó el resarcimiento del daño que le produjera injustamente un agente de policía con su arma reglamentaria. El monto total pretendido fue de pesos ochenta y seis mil novecientos ochenta y siete con veintiséis centavos ($ 86.987,26), con más intereses, costos y costas.-- La Sentencia Definitiva N° 20/10, dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de la ciudad de Trelew hizo lugar a la acción. Condenó a la accionada a abonar la suma de pesos veinticinco mil quinientos noventa y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 25.598,53) en concepto de indemnización de los rubros gastos médicos y de farmacia, incapacidad resultante o superveniente y daño moral. Por este último estableció como monto indemnizatorio la suma de pesos doce mil ($ 12.000).- SENTENCIA DE CÁMARA: - La demandada recurrió el citado decisorio, y la Cámara de Apelaciones, Sala "A" dictó la sentencia N° 23/10, por la que revocó parcialmente el fallo apelado y modificó el importe de la condena, el que estableció en la suma de pesos veintiún mil quinientos noventa y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 21.598,53), al reducir la indemnización acordada por el rubro "daño moral" a la suma de pesos ocho mil ($ 8.000).-- El primer votante, Dr. FERRARI, señaló que el cotejo entre los hechos invocados por el demandante para abonar su pretensión relativa a la indemnización por daño moral y los tenidos en cuenta por el juez al sentenciar denotaba que no existió plena correspondencia entre los mismos. Entendió que se comprobó en autos la lesión sufrida por el actor y sus secuelas incapacitantes, las molestias y sufrimientos provocados por la herida, las intervenciones quirúrgicas y el proceso de rehabilitación posteriores. Añadió que los padecimientos físicos y espirituales emergentes de estos hechos surgen de modo evidente, como lo expusiera el Sr. Juez de grado, en razón de las propias circunstancias. Dedujo por ello que era pertinente otorgar la reparación en mérito a las circunstancias del hecho y su indudable repercusión perniciosa en el ánimo del actor.- Atendió luego los argumentos de la demandada en cuanto a que el sentenciante de la instancia de origen hizo mérito de hechos no alegados ni probados en la causa. Aludió con ello a dos hechos considerados integrantes del importe indemnizatorio en la sentencia de primera instancia: a) las molestias de la actora "para retomar su actividad habitual", y b) la "sensación de minusvalía" que la incapacidad provoque durante el resto de la vida. Por lo indicado, halló pertinente disminuir el monto otorgado en concepto de reparación por el rubro daño moral, y ordenó resarcir sólo por los dos hechos que juzgó alegados y probados: que el actor sufrió un atropello al ser detenido en forma cinematográfica, tirado al suelo, herido de bala, esposado y llevado a la comisaría injustamente; y los padecimientos físicos y espirituales sufridos.-- En orden a las costas impuestas por la primera instancia, expuso que es criterio de esa Sala que al tratarse de demandas por daños y perjuicios el principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 69 C.P.C.C. no se ve alterado por la circunstancia que hayan progresado alguno de los rubros indemnizatorios por una suma inferior a la pedida. Propició mantener lo resuelto en materia de honorarios al encontrarse fijados en porcentuales e imponer las costas de la alzada en un 50% a la apelante y un 50% restante a la actora.-- El Dr. VELÁZQUEZ también encontró acreditados los extremos fácticos de la detención policial del actor en plena calle, con derribo al suelo y esposamiento incluidos, cuanto la herida de bala y posterior tratamiento. Consideró por ello que resulta harto presumible el sufrimiento moral de la víctima, y expuso que en este caso la existencia de tal perjuicio surge de los mismos hechos. En cambio, consideró no abonada la afectación de la reputación de actor, por lo que señaló que el resarcimiento del daño moral debe ser determinado atendiendo al producido por la detención y los padeceres producto de la herida. Tuvo en cuenta las particularidades del caso, que detalló, y entendió adecuado el importe propuesto como reparación por el prevotante para el rubro "daño moral".

En materia de imposición de costas, coincidió con el Magistrado votante en primer orden en indicar que es pacífica la jurisprudencia que declara que en el proceso de indemnización de daños las mismas forman parte de la reparación. Afirmó que existen excepciones a la regla general pero entendió que no es este un caso de aplicación de aquella, sino uno típico comprendido en el principio general.

EL RECURSO DE APELACIÓN -- La apelante alega que la agravia la valoración de la prueba y su correspondiente pretensión resarcitoria efectuada en la decisión recurrida al tiempo de otorgar la reparación por el daño moral. Afirma que los Camaristas caen en el error de ordenar la indemnización cuando para ellos ha sido palmario que ningún rubro fue debidamente acreditado. Refiere que no se han probado ni los gastos de farmacia, ni cuales fueron las molestias para que el actor retomara su actividad habitual, que éste no probó (el actor) ni mencionó cuál era la misma, ni su sensación de minusvalía, ni cómo lo afectaban los comentarios de los vecinos, sin la mínima mención a los daños morales derivados de la incapacidad.

Asevera que se quebranta el principio dispositivo y de congruencia cuando se condena a la demandada a abonar una indemnización sin perjuicio de la evidente orfandad probatoria de este rubro.- En referencia al voto del Dr. VELÁZQUEZ, recuerda que el Magistrado indicó que el a quo debió ceñirse a los hechos que habrían generado el daño moral invocados por el reclamante. Luego reitera que no se ajusta a derecho el monto en el que concluyen los sentenciantes, por lo que afectan en forma palmaria su derecho y el presupuesto del Estado, al abonar sumas indebidas por "montos calculados a ojo".

El segundo agravio se centra en la imposición de costas. Considera que existen en autos circunstancias que permiten apartarse del criterio objetivo de la derrota. Puntualizan que en éstos se rechazaron ítems indemnizatorios que hacían a la abultada suma del daño moral, así como la disminución de más del 70% de lo reclamado por el actor. Considera que la distribución de costas debe ser de acuerdo al éxito obtenido, y que el reclamo prosperó por un 26% del total peticionado. Para finalizar, y por las mencionadas razones, entiende que en virtud de la buena fe procesal la demandada debe ser eximida del pago de costas.- El Sr. Procurador General Adjunto emite dictamen a fs. 274/275, y afirma que la presentación analizada no cumple con el postulado del art. 268 del C.P.C.C.

ANÁLISIS: -- 1.- La presente acción de daños y perjuicios fue acogida por el señor juez de la primer instancia, el que condenó a la Provincia del Chubut a abonar al actor una indemnización comprensiva de los rubros gastos médicos y de farmacia, incapacidad superveniente y daño moral. Cuestionado el decisorio, la Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala "A", admite parcialmente el recurso, reduce la indemnización otorgada en concepto de daño moral y desestima la queja respecto de las costas, por lo que mantiene su imposición en la instancia de origen a la demandada. 2.- La lectura de la pieza recursiva me obliga nuevamente a iniciar mi voto con referencia al concepto relativo a la vía de la apelación ordinaria aquí intentada y los recaudos necesarios para habilitarla.

Referí en la reciente S.D. 25/SROE/11 que el Recurso de Apelación Ordinaria, como medio impugnatorio que permite al justiciable elevar al conocimiento de un Tribunal Superior la solución que estima injusta para que la modifique o revoque, no está concebido como un "novo iudicium", sino como una remisión del material incorporado a la instancia de origen, a fin de reparar los posibles errores que expuestos en la expresión de agravios, exhiba la sentencia. Así como el principio dispositivo deja en manos de las partes la fijación y el alcance del contenido de la pretensión y oposición en todos sus elementos, sujeto, objeto y causa, el principio de preclusión indica que desde que el proceso se desarrolla en forma sucesiva (progresividad) con la clausura definitiva de cada uno de los estadios que agotan su desenvolvimiento, la determinación de aquellos elementos debe concretarse a las piezas liminares del proceso. A su vez, el principio de consumación impedirá reeditar el ejercicio de tales facultades procesales, salvo en hipótesis excepcionales. El acatamiento de estos principios liminares del Derecho Procedimental aseguran aquellos otros que consagran la bilateralidad del contradictorio, la igualdad de las partes y el equilibro procesal (S.D. N° 26/90; 20/SRE/99; 25/SRE/01; 01/SRE/02; 5/SRE/03 y 06/SRE/04, entre otras).- Ello así, por cuanto "el recurso de apelación, como medio impugnatorio. permite al justiciable llevar a conocimiento de un tribunal superior la resolución que estima injusta, para que la modifique o revoque, está concebido en nuestra legislación. como una revisión del material incorporado. a fin de reparar los posibles errores que exhiba la sentencia apelada. se trata únicamente, de confrontar el contenido del decisorio recurrido con el material fáctico y jurídico arrimado en la instancia de origen con el objeto de determinar si ese material ha sido correcta o incorrectamente meritado." (Conc.: Alberto TESSONE "El recurso de apelación y los capítulos no propuestos al inferior" (J.A. 1985-IV-octubre-diciembre).- Es crucial por lo tanto que quien recurre cumpla con los recaudos expuestos por el art. 268 del C.P.C.C., norma que requiere que se efectúe una crítica concreta y razonada de los fundamentos del decisorio que se consideran errados. Como lo señala Héctor Eduardo Sirkin, la terminología utilizada por el legislador es precisa y cada palabra con un significado importante, razón por la cual no basta con simples pareceres; ni disentir, ya que la crítica significa un ataque directo y pertinente a la fundamentación del decisorio del a quo, en cambio disentir es meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia (La expresión de agravios y sus recaudos, DJ 1996-2, 373). Acota María Soledad Webb que la expresión de agravios debe ser una crítica, un juicio impugnativo, concreta, que significa precisa, determinada y razonada, vale decir expresar los fundamentos que sustentan los agravios. Todo ello exige ineludiblemente precisar punto por punto los errores y omisiones -tanto fácticos como jurídicos- que se atribuyen al fallo en crisis; no alcanzando las simples generalizaciones o apreciaciones subjetivas. (La fundamentación del recurso de apelación, DJ 19/03/2008, 702).

Por ello, como dije en la mencionada S.D. 25/SROE/11, las cuestiones no propuestas a la revisión en la expresión de agravios quedan excluidas del conocimiento de esta instancia, pues de lo contrario actuaría en menoscabo de su propia competencia y de las garantías de la propiedad y la defensa en juicio. No puede, por lo dicho, esta Sala examinar un aspecto que por consentimiento de los legitimados para impugnarlo, ha pasado en autoridad de cosa juzgada.- Luego de lo descrito, debo señalar que las quejas que expone la demandada sobre el monto indemnizatorio acordado en concepto de daño moral y la condena en costas no se ajustan a los parámetros referidos, desoyen los recaudos preanunciados e ingresan en forma clara en el terreno de la deserción de la vía.

Esto por cuanto en el agravio relativo a la indemnización acordada la recurrente acusa a los Sres. Camaristas de condenar a abonar una suma sin que se hubiera demostrado en autos las afectaciones que la justifiquen. Para sostenerlo trae como fundamento los propios dichos de los sentenciantes cuando cuestionan la decisión de la primera instancia que valoró ítems no alegados ni probados por la parte actora.- Efectivamente, los Sres. Jueces de Cámara encontraron que no se hallaban acreditados algunos de los hechos tenidos en cuenta para otorgar la indemnización por este rubro en la primera instancia, más renglón seguido señalaron cuáles extremos entendieron que se hallaban comprobados. Refirieron los sentenciantes que los padecimientos físicos y espirituales surgían de modo evidente de los propios hechos que derivaron en la obligación de reparar. Así el Dr. FERRARI de modo detallado entendió acreditado que el actor sufrió un atropello al ser detenido en forma cinematográfica, tirado al suelo, herido de bala, esposado y llevado a la comisaría injustamente; y los padecimientos físicos y espirituales acaecidos. En base a tales afirmaciones concluyeron que correspondía indemnizar el daño moral sufrido por el actor.- Ninguno de estos argumentos expuestos por los camaristas fueron objeto de crítica por parte de la recurrente. Y ante ello, como ya lo indiqué, los fundamentos de la sentencia que no han sido rebatidos en forma eficaz devienen firmes e irrevisables en esta instancia por la deficiencia propia de la expresión de agravios.-- Itero entonces que en el caso, no era suficiente afirmar de modo genérico que no existieron probanzas que fundaran la reparación económica otorgada, sino que era imprescindible que la quejosa efectúe un ataque frontal y demuestre el yerro de los sentenciantes cuando expusieron qué hechos encontraron probados y suficientes para fallar del modo en que lo hicieron, al reconocer la procedencia de la indemnización por daño moral.

Tampoco han sido eficaces los agravios ensayados en torno a la condena en costas, pues se limita la quejosa a manifestar que se está ante un supuesto en que procede establecer una excepción al principio de la reparación integral y reclama que se las imponga parcialmente a la actora, en razón del resultado obtenido. Formula aquí una reiteración de argumentos expuestos en instancias anteriores y ya resueltos por la Cámara de Apelaciones. La queja discurre en una mera discrepancia respecto de los fundamentos dados y no demuestra cuál fue el error del fallo ni mucho menos los motivos conducentes para modificarlo.

Lo dicho, sin dejar de señalar, aunque tan sólo sea a mayor abundamiento, que el principio general impone que el vencido corra con el pago de los gastos causídicos y cualquier excepción a esta regla debe ser interpretada con carácter restrictivo, pues ha de mantenerse incólume el patrimonio de quien no dio lugar al incidente o bien, resultó vencedor en el mismo (conf. mi voto en la S.D. 01/SROE/09).- Por lo expuesto, propicio al Acuerdo declarar la deserción del recurso tratado. ASÍ LO VOTO.

A la misma primera cuestión el Dr. PASUTTI dijo: - 1.- Los extremos que han dado lugar al presente recurso de apelación ordinaria han sido adecuadamente referidos por el Sr. Ministro que me antecede en el voto, por lo que entiendo innecesario formular mayores precisiones. Me basta entonces con recordar que la demandada, Provincia del Chubut, interpone el presente a fin de obtener la revisión de la decisión de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Trelew (S.D. 23/10), que admitió parcialmente su recurso y redujo la indemnización acordada por el concepto daño moral, al considerar que no se encontraban acreditados algunos de los extremos tenidos en cuenta por el sentenciante de la primer instancia al establecerla.- 2.- Sentado ello, corresponde efectuar la valoración de la expresión de agravios a fin de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación deducido y habilitar un nuevo examen de la materia por este Tribunal.-- Como lo expuse en la reciente S.D. N° 26/S.R.O.E./11 con cita de Osvaldo A. Gozaíni, el recurso de apelación es el "acto procesal de impugnación por el cual la parte que se considera afectada por una decisión judicial, plantea ante un órgano jerárquicamente superior y competente la revisión de ese fallo, solicitando que lo revoque o modifique, total o parcialmente" (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, La Ley, Tomo II, pág. 23). Importa un nuevo examen de la cuestión, y no un nuevo juicio, pues el tribunal de apelación sólo puede fallar sobre lo que es materia del recurso (Hugo Alsina, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ed. Ediar, Tomo IV, pág. 207/208).- El embate, en esta vía, debe canalizarse a través de la expresión de agravios, y ya he referido en anteriores decisorios a la doctrina sobre su contenido. Así, en las S.D. N° 6/SCA/10 y 10/SCA/10 mencioné ".ésta es el acto procesal mediante el cual el recurrente funda la apelación refutando total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia. Por sus alcances importa una demanda tendiente a obtener la apertura de una instancia, pues sin este memorial, el Tribunal se encuentra imposibilitado de entrar a verificar la justicia o injusticia de la sentencia apelada, y como su objeto lo constituye el ataque a la decisión del juez, la doctrina la denomina "demanda de impugnación".-- Claro está también que, según lo expuse en las S.D. N° 4/SROE/05, 3/SCA/07 y 6/SCA/10 "El elemento con contenido intelectual que contempla el acto impugnativo", debe "contener" el razonamiento sobre la censura, en su referencia al agravio producido y al vicio o vicios experimentados como consecuencia de la resolución impugnada, se trata de exhibir fundadamente una interpretación del gravamen provocador de la instancia impugnativa, por la cual se pretende destruir las premisas o conclusiones de la resolución atacada, o convencer sobre su pretendida ilegalidad en pro de la anulación" (V. de Santo, "Tratado de los Recursos" T° I, pág. 331). E indiqué también en la SD 6/SCA/10 que "El ataque contra el fallo que se cuestiona debe ser concreto, preciso y claro, por cuanto -como dice TESSONE- ". las potestades decisorias del órgano jurisdiccional de segunda instancia . sufren una doble limitación, por una parte la que resulta de la relación procesal y por la otra la que impone el recurrente a través de su expresión de agravios" ("El recurso de apelación y los capítulos no propuestos al inferior" - J.A. 1985-IV- octubre -diciembre).

Por lo tanto ".si las referencias concretas a la causa se limitan a meras lamentaciones, sin un armazón lógico que supere el razonamiento del juez apelado, el escrito no tiene virtud para abrir la jurisdicción de alzada" (Conf. Loutayf Ranea - El recurso ordinario de apelación en el proceso civil - Legislación, doctrina y jurisprudencia - Tomo 2 - Astrea - pág. 161).- "Aquellas críticas que no son específicas y motivadas, que no demuestran los errores, no merecen ser atendidas y llevan a la deserción al recurso" Así se resolvió, entre otras, en S.D. N° 20/91, 8/92, 51/92, 11/94, 28/SRE/97, 97/SRE/98, 23/SRE/00, 12/SRE/01, 8/SCA/07 y 6/SCA/10.- 3.- Partiendo de las premisas marcadas, luego de la lectura del recurso, puedo aseverar que la accionada se desentiende de los fundamentos sustanciales dados por los Sres. Camaristas para mantener, en forma parcial, la condena a reparar el daño moral irrogado al actor.- En ese punto, prescinde la quejosa de atacar las razones dadas por los sentenciantes cuando al momento de reconocer la procedencia de la obligación de indemnizar al actor por este rubro aquí tratado, marcaron en forma clara aquellas cuestiones que sí consideraron acreditadas. En el voto que me antecede citó el Sr. Ministro Dr. CANEO los dichos del Camarista Dr. FERRARI sobre este tópico que no han sido rebatidos. Creo oportuno entonces, para evitar reiteraciones innecesarias, referirme a la opinión del segundo Camarista, Dr. VELÁZQUEZ, que coincidió con lo establecido por su colega de Sala. Sostuvo el aludido Magistrado que "Tanto la circunstancia fáctica de la detención policial del actor en plena calle, con derribo al suelo y esposamiento incluidos, cuanto la herida de bala y posterior tratamiento, fueron acabadamente probados en autos. A partir de ellos resulta harte presumible el sufrimiento moral de la víctima. Es este uno de los casos en que la existencia de tal perjuicios surge de los mismos hechos".-- Oponer a tales fundamentos afirmaciones genéricas como las expuestas en el recurso que se analiza no permite tener por cumplido el recaudo del ataque frontal al decisorio. Me refiero aquí a la protesta formulada por la quejosa a fs. 264 vta., cuando señala que "ha sido palmario para el a quo que ningún rubro fue debidamente acreditado. Así es que no se han acreditado ni los gastos de farmacia, ni cuales fueron las molestias para retomar su actividad habitual, porque no probó ni siquiera mencionó cual era la misma, mucho menos su sensación de minusvalía, tampoco demostró como le afectaba los comentarios de los vecinos, sin la mínima mención a los daños morales derivados de la incapacidad".-- Transcribo lo expuesto a fin de exhibir en forma abierta que la crítica ni siquiera ha rozado los argumentos dados para acordar la indemnización del rubro, no se refutaron las afirmaciones relativas a la acreditación de los hechos acaecidos, y la correlación de éstos con el daño moral a indemnizar. Sí se detuvo la quejosa a indicar que no se encontraban acreditada la actividad habitual del actor o que lo afectaran los comentarios de los vecinos, mas tales manifestaciones carecen de absoluta relevancia para la tarea de impugnación que debía desarrollar pues ya la sentencia opugnada había descartado la indemnización por tales conceptos, al considerar que no se probaron los mismos.-- En razón de lo indicado, es claro que el agravio no reúne el mínimo estándar necesario para lograr su tratamiento en esta instancia, y debe ser declarado desierto.-- 4.- Lo ya expuesto es también pertinente señalar en orden al cuestionamiento sobre la imposición de costas. La queja no es suficiente y sólo expone la impugnante una mera disconformidad con la forma en que se resolvió aplicarlas y peticiona que se dé al presente un tratamiento de excepción.-- El fundamento dado por la Cámara de Apelaciones para mantener la imposición de las costas en primera instancia a la vencida no ha sido rebatido, pero tal cual lo hiciera en la S.D. 02/SROE/05 y lo S.D. 01/SROE/09, debo destacar que este Tribunal, que ya ha establecido que la condenación en costas importa una reparación integral de los gastos necesarios por la parte que ha resultado vencedora en el pleito para obtener el reconocimiento de su derecho revistiendo un carácter indemnizatorio comprensivo de todo desembolso que requiere la tramitación del juicio. También se señaló que la jurisprudencia ha establecido como principio general que en los procesos por indemnización de daños y perjuicios, de origen contractual o extracontractual, las costas integran el resarcimiento aunque la demanda no prospere en su totalidad (Chiappini, "Costas y Honorarios", pág. 33 y 39; Morello, "Indemnización del daño contractual", pág. 266, cit. Roberto G. Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Ed. Astrea, año 1998, pág. 402). - -- Por todo lo expuesto concuerdo con la propuesta del Dr. CANEO y declarar por ello desierto el Recurso de Apelación Ordinaria deducido por la Provincia del Chubut. ASÍ LO VOTO.

A la segunda cuestión el Dr. CANEO dijo: -- Tal como he votado a la primera cuestión, propicio al Acuerdo declarar desierto el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la Provincia del Chubut contra la Sentencia Definitiva N° 23/2010 de la Cámara de Apelaciones, Sala "A", de la ciudad de Trelew.

Las costas propongo que sean impuestas a la recurrente (art. 69 del C.P.C.C.). Los honorarios de la Dra. G. J., letrada apoderada de la demandada en el 25% de los que fueron establecidos en primera instancia a favor de su parte (conf. arts. 5, incs. "c" y "d" y 13 de la Ley XIII N° 4), con más IVA si correspondiere y sin perjuicio de lo establecido en el 2 de la Ley XIII N° 4. ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. PASUTTI expresó:

Tal como voté a la Primera cuestión, concuerdo con la solución propiciada por el Dr. CANEO. ASÍ LO VOTO.

Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente: -- - S E N T E N C I A -- 1°) DECLARAR desierto el Recurso de Apelación Ordinaria interpuesto por la Provincia del Chubut contra la Sentencia Definitiva N° 23/2010 de la Cámara de Apelaciones, Sala "A", de la ciudad de Trelew.- 2°) COSTAS en esta instancia a la recurrente (art. 69 del C.P.C.C.).- 3°) REGULAR los honorarios de la Dra. G. J., letrada apoderada de la demandada en el 25% de los que fueron establecidos en primera instancia a favor de su parte (conf. arts. 5, incs. "c" y "d" y 13 de la Ley XIII N° 4), con más IVA si correspondiere y sin perjuicio de lo establecido en el 2 de la Ley XIII N° 4. - 4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase. - La presente sentencia se dicta por dos Miembros del Tribunal en virtud de encontrarse ausente, en uso de licencia, el Sr. Ministro Dr. Fernando Salvador Luis ROYER y haber concordado en la solución del caso sendos votantes (art. 28 Ley V Nº 3).

Fdo. Dr. Daniel Luis CANEO-Dr. José Luis PASUTTI. RECIBIDA EN SECRETARIA EL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 27 S.R.O.E. CONSTE.