Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2008-05-21


Córdoba, mayo 21 de 2008.

1) ¿Es nula la decisión impugnada? 2) ¿Qué resolución corresponde adoptar? Primera cuestión. - La señora Vocal, doctora Aída Tarditti, dijo:

I. Por auto nº 51, del 7 de mayo de 2007, la Cámara en lo Criminal y de Acusación de la ciudad de Villa María, resolvió: "I) Confirmar el Auto apelado en cuanto fuera materia del recurso. Con costas (arts. 550 y 551 del C.P.P.). 2) Tener presente las reservas de casación y de recurso federal extraordinario (fs. 535 a 537).

II. En contra de la resolución aludida el Dr. C.I.R. defensor del acusado Juan Anselmo Carranza Escribano, interpone recurso de casación invocando el motivo formal de la referida vía impugnativa (fs. 1/8 del cpo. del recurso de casación).

El recurrente señala que se aplicó erróneamente las normas procesales referidas a la libertad caucionada, habiéndose ordenado una medida de coerción en contra del imputado, en un supuesto que la ley no autoriza (art. 295, inc. 3º, arg. 268, inc. 1ro., 280, inc. 3º, 288 y 290 CPP. Con ello no se han observado disposiciones atinentes a la intervención del imputado en le proceso, violatorias de la defensa en juicio y del debido proceso legal (arts. 185, inc. 3º y 186 2º párrafo CPP, arts. 39, 42, Const. Prov., arts. 18 CN).

Considera que el auto recurrido es una resolución equiparable a una sentencia definitiva y, por lo tanto, impugnable en casación, porque mantiene una medida de coerción que puede irrogar agravios de imposible reparación posterior, dada la jerarquía constitucional de la libertad personal de quien cuenta con la presunción de inocencia.

La medida de coerción que se mantiene no es la privación de la libertad ambulatoria de Carranza, sino el sometimiento de esta libertad a una medida de coerción sustitutiva de la prisión, sin que concurran en la causa los extremos para imponerla; esto es, la prueba mínima acerca de la participación del acusado en el hecho que se le atribuye.

En diversas oportunidades la Sala Penal ha afirmado que la prueba sobre la existencia del hecho y las circunstancias que permiten inferir el riesgo procesal son condiciones que deben concurrir simultáneamente para la justificación de la coerción, debiendo la fundamentación del pronunciamiento que dispone la medida, proyectarse en forma autónoma con relación a cada uno de ellos.

Luego de reseñar los antecedentes de la causa, expone que el auto recurrido rechaza la resolución que dispone la libertad del imputado bajo una fianza personal manteniendo, por ende, esta medida.

La Cámara no comparte el reproche pues en la parte resolutiva justifica el a quo la imposición de la caución a los fines de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.

La resolución recurrida rechaza el recurso de apelación porque sostiene, por un lado, que la resolución del Juez de Control se encuentra debidamente motivada con la frases "... a los fines de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones..." y, por otro, por aplicación del artículo 288 que remite al 268 del CPP, corresponde caucionar la liberación con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de Carranza.

De tal manera que, el hecho de que Carranza siga imputado en la causa es fundamento más que suficiente para imponerle la medida de coerción, porque continúa "sujeto a las condiciones y restricciones predispuestas por el rito".

La Cámara, sin embargo, no tiene razón porque no advierte que la fianza ha sido exigida por el Juez de control como condición sine qua non para la recuperación de la libertad del imputado, luego que determinara la ausencia de elementos probatorios suficientes para mantenerlo en prisión.

Las cauciones son sustitutos a la prisión preventiva, pues reemplazan la seguridad extrema que proporciona el encarcelamiento durante el proceso cuando para cautelar sus fines, puede sustituirse eficazmente la privación de libertad por estas garantías personales o económicas.

Va de suyo, entonces, que sólo corresponde imponerlas en aquellos casos en los cuales, existiendo mérito para la prisión preventiva, no concurren los requisitos de los incisos 1º y 2º para el encierro efectivo; o en los casos del artículo 283, incs. 2º y 3º. Al contrario, no corresponde cuando no hay mérito suficiente.

Las cauciones tienen por finalidad evitar el efecto práctico de la prisión preventiva: al imputado se lo saca de la cárcel previa prestación de las seguridades que se le requieren.

Con cita de doctrina científica expone que, la libertad caucionada tiene su fundamento en la procedencia de la prisión preventiva, puesto que mitiga sus efectos. En lo sustancial ambos institutos aparecen como concepciones opuestas, pues la primera deriva del interés individual de libertad y la segunda del interés público de asegurar la actuación efectiva de la ley. Formalmente, sin embargo, se muestran como dos grados diversos de la actividad coercitiva que afecta la libertad del imputado. Por el encarcelamiento estará privado de ella; por la excarcelación simplemente se la restringe bajo concreta amenaza de encarcelamiento si se violan las imposiciones para su liberación. En consecuencia, la libertad caucionada se muestra como un correctivo a la rigidez de la prisión preventiva. No obstante haber sido decretada, y aún comenzándose su ejecución, liberado el imputado continuará funcionando como una amenaza de efectividad mediante encarcelamiento.

Desde el punto de vista coercitivo, se puede definir la libertad caucionada como la medida por la cual se libera al imputado contra quien ha recaído o puede recaer prisión preventiva, sujeto a determinadas restricciones cuyo cumplimiento se garantiza mediante caución juratoria, personal o real. Conforme a ello, la imposición de una caución exige como presupuesto de la procedencia de la prisión preventiva.

Ahora bien, en el sistema actual del Código de Córdoba la decisión sobre la situación procesal del imputado, durante el curso de la investigación penal (antes de la acusación), sólo se prevé para los casos en que este se encuentre privado de su libertad y por imperio de esta circunstancia. En tal supuesto, el Fiscal de Instrucción o el Juez al resolver sobre la prisión preventiva, deberán establecer si existen elementos de convicción suficientes, para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado, en cuyo caso deberán dictar resolución con las especificaciones previstas por la ley (art. 282). Si no encontrare mérito para hacerlo, se dispondrá la libertad (art. 280, inc. 3º).

La recuperación de la libertad cuando no existen elementos suficientes para sostener la prisión preventiva, se equipara con la falta de mérito del viejo Código. Resuelve la situación del imputado en cuanto reconoce la insuficiencia de elementos para elaborar en su contra una acusación fundada y, a causa de ello, se dispone la libertad. Por ello, no corresponde sujetar dicha libertad a ninguna caución, por cuanto la misma se dispone como consecuencia de la falta de prueba suficiente para ordenar la prisión.

En la especie, la recuperación de la libertad se dispuso por aplicación del art. 283, inc. 1º del CPP. Este artículo remite al artículo 281, y es evidente -de acuerdo a las circunstancias comprobadas en la causa- que esa remisión debe hacerse respecto de la condición exigida en el primer párrafo; esto es, a la exigencia de que existan elementos de convicción suficientes.

Así lo entendió el Juez al acoger el control jurisdiccional disponiendo la libertad en virtud de la anulación precedente -por decisión de la Cámara de Acusación- que anuló no sólo la prisión preventiva, sino la totalidad de la prueba dirimente susceptible de sostenerla. Por eso sostuvo el Juez que la prisión había perdido legitimidad, al no encontrarse verificado uno de los presupuestos exigidos para su dictado, el fumus bonis iuris, consistente en que se acredite, con el grado de probabilidad exigida para el dictado de la misma, en base a elementos de convicción arrimados a la causa, la existencia histórica del evento y la participación que le cupo al incoado Juan Anselmo Carranza.

Para comprobar la inconsecuencia de la solución propiciada basta con reparar -añade-, por vía de la inclusión mental hipotética, que hubiera sucedido si el imputado no hubiese conseguido caucionar: pese a no existir méritos para dictarle la prisión preventiva y pese a considerarse ilegítima esa prisión preventiva, Carranza no habría podido recuperar su libertad.

Esta idea podría justificarse si la caución se hubiera establecido anticipadamente, vale decir, si estando el imputado detenido se lo hubiera liberado antes de resolver su situación procesal o, no estando detenido, simplemente se lo hubiera mantenido en libertad hasta tanto se resolviera su situación procesal, ya sea con el dictado de la prisión preventiva o con la elevación a juicio. Pero no es posible sostenerla en el estado actual del proceso, donde dicha situación procesal ya ha sido resuelta a favor del imputado. Esta interpretación no es antojadiza sino que surge del propio texto de la ley, pues si las cauciones deben ser canceladas cuando se revoque el auto de prisión preventiva (CPP, 295 inc. 2º), va de suyo que también deben serlo cuando se ordena la recuperación de la libertad por falta de elementos probatorios suficientes para dictar la prisión preventiva. Dicho de otro modo, la invocación del artículo 268 inc. 1º podía efectuarse frente a una libertad anticipada, pero no cuando una decisión jurisdiccional ha establecido que no hay pruebas para mantener la prisión y, por ende, tampoco para avanzar con el proceso hasta el juicio.

El fundamento que el Sentenciante brinda para defender la legitimidad de la caución no observa pues la norma del artículo 295 inc. 3º del CPP, por lo que es errónea la invocación de la norma del artículo 268 inc. 1º para el supuesto de autos. Y tampoco observa la jurisprudencia de la Sala en cuanto a los requisitos que debe reunir una medida de coerción la prueba sobre la existencia del hecho y las circunstancias que permiten inferir el riesgo procesal son condiciones que deben concurrir simultáneamente para la justificación de la coerción, debiendo la fundamentación del pronunciamiento que dispone la medida, proyectarse en forma autónoma con relación a cada uno de ellos.

III. Antes de ingresar al examen del agravio traído por el recurrente resulta necesaria realizar una prieta síntesis de los antecedentes de la decisión objeto de embate casatorio.

1. Por auto nº 10, del 28 de febrero de 2007, la Cámara en lo Criminal y de Acusación de la ciudad de Villa María resolvió declarar la nulidad del acta de secuestro de fs. 323, del informe balístico de fs. 244/248, del decreto de prisión preventiva de fs. 447/457 y del auto apelado (fs. 494). Con motivo de la decisión aludida el Dr. C.I.R. solicita el cese de la prisión preventiva de Juan Anselmo Carranza (fs. 498/499).

2. Por auto nº 7, del 13 de marzo de 2007, el Juzgado de Instrucción Menores y Faltas de la ciudad de Río Tercero, dispuso, hacer lugar al control jurisdiccional solicitado por el Dr. C.I.R., en los términos del art. 333 del CPP, remitiéndose al Ministerio Fiscal el presente a los fines que ordene de inmediato la libertad del imputado bajo la caución real de cien mil pesos $ 100.000, a los fines de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones (art. 289 en función del art. 288 y art. 292 del CPP) (fs. 501 a 502).

3. Por decreto, del 13 de marzo de 2007, la Fiscalía de Instrucción del 1er Turno de la ciudad de Río Tercero, dispuso: I) Otorgar la inmediata libertad del imputado Juan Anselmo Carranza, ya filiado, a tenor de los dispuesto por el artículo 289 inc. 3º del CPP, bajo las condiciones impuestas en la parte resolutiva del Auto nº 7, del 13/3/2007, dictado por el Juzgado de Control, Menores y Faltas de esta sede Judicial, esto es una caución real de pesos cien mil ($ 100.000), a los fines de garantizar el cumplimiento de las siguientes condiciones, bajo apercibimiento de revocársele el beneficio otorgado: 1) Fijar y mantener un domicilio; 2) Permanecer a disposición de esta Fiscalía y concurrir a todas las situaciones que se le formulen; 3) Abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley (art. 268, CPP). II) Líbrese orden de libertad, a cuyo fin ofíciese al Establecimiento Penitenciario nº 10 de la localidad de Bower (fs. 503 y vta).

Contra la decisión aludida deduce oposición el Dr. C.I.R. a favor del acusado Juan Anselmo Carranza, alegando la improcedencia de caución real para los casos en que la libertad del imputado se ordena por ausencia de los presupuestos para el dictado de la prisión preventiva (fs. 509/510).

4. Por auto nº 8, del 15 de marzo de 2007, el Juzgado de Instrucción de la ciudad de Río Tercero resolvió: "hacer lugar a la oposición impetrada por el Dr. C.I.R. en su carácter de abogado defensor del imputado Juan Anselmo Carranza, en contra del decreto de recupero de libertad, de fecha 13/3/2007, dictado por el Fiscal de Primer Turno, obrante a fs. 413, debiendo en consecuencia ordenarse la inmediata libertad del imputado Juan Anselmo Carranza, ya no bajo una caución real sino bajo caución personal por la suma de $ 100.000 (pesos cien mil) a los fines de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones (fs. 512 vta./513). La referida decisión fue objeto del recurso de apelación presentado por parte del abogado defensor del imputado Juan Anselmo Carranza, siendo el auto que resuelve el referido recurso ordinario, el objeto de la impugnación bajo examen.

IV. 1. Como cuestión liminar debe justificarse el carácter definitivo de la resolución impugnada.

a. Al hacer referencia a los principios generales que rigen la materia recursiva, el art. 443 del C.P.P., establece que "Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos...". Asimismo, el art. 469 ibídem, que alude al tipo de resoluciones impugnables por vía del recurso de casación establece que "Además de los casos especialmente previstos por la ley... sólo podrá deducirse este recurso contra las sentencias definitivas o los autos que pongan fin a la pena, o hagan imposible que continúen, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena".

b. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, debe repararse que a los efectos de definir el alcance de la expresión "sentencia definitiva" (art. 469 CPP), debe tenerse presente también los lineamientos trazados por el Máximo Tribunal de la República, tal como se exige a partir del precedente "Di Mascio" (cfr. Alejandro D. Carrió, "Garantías constitucionales en el proceso penal", Hammurabi, Bs. As., 2000., p. 77).

En lo que aquí interesa debe recordarse que la Corte ha resuelto que la decisión que restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa se equipara a una sentencia definitiva en los términos del artículo 14 de la ley 48, ya que podría ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior al afectar un derecho que exige tutela inmediata (Fallos: 280:297; 290:393; 307:359; 308:1631; 310:1835; 320: 2105 y 325:3494, entre otros).

Asimismo, el máximo tribunal federal ha establecido, que revisten el carácter de definitivo los pronunciamientos que no accedieron a la exención de la contracautela, si la frustración de la medida precautoria, por imposibilidad de pago de la caución, tornan ilusoria la ejecución de una eventual decisión favorable, causando un gravamen de insusceptible reparación ulterior (Fallos: 313:1181 y 320:2093 y 327:5048).

Por último, cabe recordar que también se ha expresado que, para que se configure la referida equiparación, al ser un supuesto de excepción, resulta indispensable que el recurrente acredite concretamente cómo la resolución impugnada ocasiona un agravio de tales características (T.S.J. "Sala Penal", A.I. nº 365, del 20/9/01, "Delsorci").

c. De acuerdo a la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a las resoluciones equiparables a sentencia definitiva surge que la impugnación presentada no satisface las exigencias de impugnabilidad objetiva.

Es que, los extremos fácticos que se evidencian en el sub lite no permiten asimilar la situación traída a estudio con los aludidos precedentes judiciales, toda vez que en los presentes actuados se le concedió al acusado Juan Carlos Carranza la libertad previa fianza personal brindada por abogados de la matrícula (fs. 519), sino que además -ni de las constancias de autos ni de los argumentos brindados en la impugnación casatoria- surge imposibilidad alguna para hacer frente a la cautela resuelta.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, atento a la jerarquía del derecho individual en juego y en mérito a los efectos que puede ocasionar en el futuro la eventual imposibilidad de que se revierta la cautela decidida, es que se va abordar el examen del agravio casatorio.

2. La ley fundamental y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que integran junto a aquella el bloque de constitucionalidad federal, consagran el reconocimiento al derecho a la libertad ambulatoria, precisándose que el mismo sólo podrá ser restringido excepcionalmente por las causas y en las condiciones fijadas por las leyes (CN, 18, 75 inc. 22; CADH, 7; DUDH, 9; DADH, XXV; PIDCP, 9).

Al reglamentar las referidas máximas constitucionales, la propia ley penal procesal de la provincia establece que toda decisión que importe la privación de la libertad ambulatoria -v. gr. detención y prisión preventiva- debe pronunciarse no sólo sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, sino también en orden a las circunstancias que permiten inferir el riesgo procesal, toda vez que la concurrencia simultánea de los referidos extremos permiten justificar la restricción al ius movendi et ambulandi (arg. arts. 272, 281, 336 y 154 CPP).

Ahora bien, a cambio de conservar su libertad, la ley impone al imputado -en los procesos penales por hechos delictuosos sancionados con pena privativa de la libertad- el cumplimiento de un conjunto de obligaciones esenciales a fin de asegurar los fines del procedimiento en la faz penal, entre las que se encuentra: la de prestar caución, la de fijar y mantener un domicilio, la de permanecer a disposición del órgano judicial y la de abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley (CPP, art. 268 incisos. 1 al 4).

Resulta de mención que la imposición de las medidas sustitutivas de la limitación a la libertad individual -entre las que se encuentra la de prestar caución- procede aún cuando no se haya logrado la probabilidad exigida por el artículo 42, 3er. párrafo de la Constitución Provincial, vale decir, cuando todavía no exista sospecha bastante de la intervención del imputado en el delito que se le atribuye (BALCARCE, Fabián I. Medidas limitativas de la libertad individual en el proceso penal, ed. Academia Nacional de Derecho y Cs. Soc. de Córdoba, Córdoba, 2002, p. 322).

Sin embargo, debe quedar claro que si el acusado no cumpliere con las aludidas medidas sustitutivas, la detención solo resultara viable en tanto se acrediten todos los presupuestos exigidos por la ley para su procedencia, vale decir, la existencia de motivos bastantes para sospechar la participación del imputado en el delito atribuido y que concurran las hipótesis previstas en los incisos 1º y 2º del artículo 281 del CPP (arg. art. 272 del CPP). Esto último, es sin perjuicio de la facultad que tiene el Tribunal de disponer la conducción del imputado por la fuerza pública, la declaración de rebeldía o -en su caso- la detención del acusado para asegurar la realización del debate (CPP, 375).

2. De lo expuesto precedentemente se advierte que la crítica ensayada por el recurrente debe ser rechazada.

En efecto, el quejoso al postular que para imponer una caución resulta necesaria la probabilidad de la existencia del hecho y la participación del imputado, desconoce que el propio ordenamiento penal procesal establece, sin ambages, que la imposición de las medidas sustitutivas de las limitaciones a la libertad individual -como es el caso de la caución personal- procede aún cuando los elementos de convicción sólo permita inferir una simple sospecha en orden a que el acusado intervino en la comisión del hecho delictivo que se investiga (arg. art. 306 último párrafo del CPP).

Es que, la decisión que resuelve el control jurisdiccional solicitado a favor del acusado sólo se pronuncia sobre la inexistencia del grado de probabilidad exigido para el dictado de la prisión preventiva (fs. 501/502), pero no se expide sobre el estado de simple sospecha que existe en relación al acusado y que se colige de su actual carácter de imputado en el proceso. Así también lo entiende el Tribunal a quo cuando sostiene que "no obstante anularse la resolución que dispusiera su prisión preventiva y que ello acarree el recupero de su libertad, continúa Carranza sometido a proceso y, por ende, sujetos a las condiciones y restricciones predipuestas por el código de rito" (fs. 537).

De tal manera que la imposición de la caución personal resulta ajustada a derecho, habida cuenta que con la finalidad de asegurar que el imputado Juan Anselmo Carranza comparezca al ser llamado por los órganos judiciales intervinientes, y que cumpla las demás obligaciones que asumió en el auto de soltura, se estableció que el sospechado asuma con varios fiadores solidarios el pago de una suma de dinero, en caso de incomparecencia.

Así voto.

La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:

La señora Vocal Dra. Aída Tarditti, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Segunda cuestión. - La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde rechazar el recurso deducido, con costas (arts. 550 y 551, C.P.P.).

Así voto.

La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:

La señora Vocal preopinante, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del Primer Voto, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal;

RESUELVE: Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Dr. C.I.R. a favor del acusado Jorge Anselmo Carranza. Con costas (CPP, 550/551).

Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y las señoras Vocales de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe. - Aída Tarditti. - María Esther Cafure de Battistelli. - M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel.