Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-18


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 18 días del mes de marzo del año dos mil cinco, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"O., A. D. V. c/ M. de P., A. N. s/ JUICIO SUMARIO", Expte. No. 14.471/04, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Fuero Universal de la Localidad de Sarmiento (Expte. No. 213/02), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 156) y constancia de fs. 157, correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 133/136 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento la presente causa por apelación deducida por la parte actora A. D. V. O. contra la sentencia definitiva nro. 033/04 del Juzgado Letrado Universal de primera Instancia de Sarmiento, que desestimó la demanda incoada, e impuso las costas a la accionante (fs.133/6 y fs.136).

Se agravia de la valoración de la prueba por parte del Aquo que encontró una débil prueba asertiva de la existencia del accidente invocado, de haber sopesado adecuadamente los hechos acreditados hubiera advertido los indicios cuya precisión probatoria le habrían permitido, aun en los términos del art.163 del CPCCCh presumir la veracidad de los hechos, cita la testimonial de fs. 70 vta., fs. 69 vta., 87 y la absolución de posiciones de la demandada de fs. 53.

Así también el peritaje efectuado a fs. 72 que describe los daños y las huellas de frenado que dan cuenta las fotografías de fs.109.

Por otra parte señala que la testigo V. no es una testigo de referencia como hace mención el Aquo, pues oyó, percibió por vía del oído el impacto (fs. 144/7).

Análisis de las cuestiones.

Previo a expedirme sobre la impugnación de la actora, cabe señalar que los argumentos volcados en la presentación de fs. 144/7 son acumulación de opiniones, discrepancias con lo decidido en la instancia de grado con transcripciones de partes del fallo y de declaraciones testimoniales, que distan grandemente del cumplimiento de la carga impuesta al apelante a través del mandato legal consagrado en art. 265 del código procesal, no constituyen un discurso sistemático por cuanto no transitan desde una premisa hasta su conclusión, mediante el examen orgánico de los elementos convicción.

La posibilidad de haber sido interpretados los hechos de manera diversa de la apreciada por el juzgador, sin invocar causales de error en la decisión impugnada, técnica y jurídicamente expuesta, constituyen una afirmación dogmática y, no crítica razonada y concreta que requiere la ley. Ello autoriza a declarar la deserción del recurso (art. 266 del CPCCCh).

Aun las premisas expuestas, este Cuerpo ha adoptado con anterioridad la postura, que de manera excepcional corresponde aplicar un criterio menos restrictivo para valorar la suficiencia de la expresión de agravios por ser lo que mejor se aviene con el escrupuloso respecto por el derecho de defensa en juicio y con el mantenimiento de la doble instancia adoptada por el legislador, debiendo actuarse con amplitud (STJ sent. nro. 03/2001).

En el campo procesal los indicios son los signos, señales, rastros o huellas que sirven para presumir que un hecho o acto puedo suceder o que ha sucedido. Es decir, un indicio es toda acción o circunstancia relacionado con el hecho que se investiga y que permite inferir su existencia y modalidad; así todo hecho que guarde relación con otro puede ser llamado indicio (ver Patricio Lugones en la "La prueba indiciaria" ED 186-9905).

Al decir de Echandia, la voz latina indicium es una derivación de indicere, que significa indicar, hacer conocer algo. Esta función la cumple el indicio en virtud de la relación lógica que existe entre el hecho indicador y el hecho indicado, es decir, sin que medie representación de este (ni oral, ni escrita, ni representación en imágenes o sonidos).

De acuerdo con esto, indicio es un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido mediante el argumento probatorio que de aquel se obtiene, en virtud de una operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en principio científicos técnicos.

En virtud de ese argumento probatorio que suministre el hecho indicador, el juez infiere con mayor o menor seguridad es decir, como algo cierto o simplemente probable la existencia o inexistencia del hecho que se investiga, esa inferencia se conoce como presunción judicial, que es diferente del argumento probatorio que le sirve de causa (v.gr. rastros de un accidente de tránsito).

El indicio es una circunstancia que por sí sola no tiene ningún valor pero, cuando se relaciona con otras y siempre que sean graves, precisas y concordantes, constituyen una presunción (CSTucuman 1999-10-05 TySS00-339).

Conforme los argumentos expuestos considero que la declaración testimonial a la que hace referencia la recurrente no puede admitirse como un indicio por sí solo y crear una presunción favorable a los dichos de esa parte, ya que únicamente hace mención que escuchó ruidos, y con posterioridad al hecho que no presenció vio a la demandada entrar y salir de su casa, lo cual es también admitido por esa parte al contestar demanda y no controvertido, mientras que el testimonio de fs.69 no escuchó los ruidos, vio las luces de retroceso del vehículo de la Sra. M. y luego a la actora que regresa diciendo que su camioneta había sido chocada, la deponente de fs.68 de quien se encuentra transitando en su vehículo por la localidad y ve a la demandada conduciendo a suma (rápida-alta) velocidad, estos elementos no permiten inferir que el daño haya sido producido por la persona a quien se le imputa.

La pericial de fs.71/3, impugnada, la altura coincidente del paragolpe y el impacto en la camioneta de la actora, son factores de ponderación a los que hace referencia la accionada, como la diferencia en la calle, resultando suficientes, además de la circunstancia que la pericia se realizó en un lugar ajeno y distinto al del hecho así como la inexistencia de rastros en el vehículo de la demandada, lo que conlleva a afirmar que dicho informe nada aporta en el sentido de la imputación.

La prueba del daño cuya indemnización se persigue debe ser completa y suficiente. Ello no se logra con meras circunstancias indiciarias que poco aportan a la certeza del menoscabo aducido.

En consecuencia para que el reclamo adquiera relevancia jurídica, es menester la acreditación de los hechos constitutivos de los perjuicios que se invocan (laleyonline.com.ar. CNAcontencioso adm.Federal Sala II 7-11-94 "F., R. c/ E. F. A.).

Por estos argumentos confirmo el fallo venido en crisis, desestimando los agravios de la actora.

Las costas de la Alzada se imponen a la recurrente vencida, conforme principio objetivo de la derrota (art.68 del CPCCCh), difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo que se efectuará teniendo en cuenta los prescripto en la ley arancelaria (art.14 y 47 de la ley 2200, y 4335).

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Esta vocalía propone:

1.- Desestimar los agravios de la actora apelante y confirmar la sentencia venida en crisis.

2.- Costas a la recurrente, diferir la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo, conforme considerando respectivo.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

Considero que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut, es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien vota precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a la misma me remito.

I-A) En cuanto a los agravios expuestos por la apelante actora (fs. 144/147vta.) he de precisar que es criterio de la suscripta que no hay indicio si no hay un hecho debidamente comprobado, capaz de constituirse en una premisa verdadera y por ende susceptible de llevar al Juez, por vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido que es el hecho que se debe desentrañar (conf. crit. "F., H. c/ V. J. s/ juicio ordinario" - Cámara 4ª en lo Civil de Córdoba - 27/11/2000; elDial - AA817). Ello es así ya que para conceder eficacia probatoria al hecho indiciario, por un lado, debe aparecer clara y cierta su relación de causalidad con el hecho por él indicado y, por otro lado, el mismo debe ser unívoco, vale decir no puede engendrar otra u otras presunciones (conf. crit. Pcia. Bs. As. "C., J. M. c/ T. .. de N. S.A. (L. ... y otro) s/ Daños y perjuicios - Beneficio de litigar sin gastos" - CC0103 - LP 227607 RSD-197-97 S - 3 -6-1997; elDial - WDCAA).

En cuanto a la carga de la prueba se ha sostenido que los litigantes deben probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y tal imposición no depende de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso... la noción de la carga de la prueba ha sido diseñada como una regla de juicio dirigida al juez, que le indica cómo resolver frente a hechos insuficientemente probados, a fin de evitar el non liquet.

Indirectamente indica a cual de las partes le interesa la demostración y, por lo tanto, asume el riesgo de la falta de evidencia (Jorge Mosset Iturraspe, "Accidentes de automotores - Responsabilidad del Estado", en Revista de Derecho de Daños, Tomo I - 2001, Accidentes de tránsito, Rubinzal Culzoni Editores, págs. 49/50).

Asimismo se ha de destacar que el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, dispone que incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido, y que cada uno de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma que invoque como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.

De esta forma, el digesto procesal local ha adoptado como criterio para distribuir la carga de la prueba, a aquel que atiende a la posición en que encuentra cada una de las partes con respecto a la norma jurídica cuyos efectos le son favorables en el caso concreto.

No interesa, para esta teoría, la condición de actora o demandada asumida por cada parte ni la naturaleza aislada del hecho sino los presupuestos fácticos de las normas jurídicas, de manera tal que cada una de las partes se halla gravada con la carga de probar las menciones de hechos contenidas en las normas con cuya aplicación aspira a beneficiarse, sin que interese el carácter constitutivo, impeditivo o extintivo de tales hechos (Palacio, Lino E., T° IV, pág. 368).

Es criterio jurisprudencial aplicable al caso que: "Habiendo sido negada por la demandada su intervención en el accidente, corresponde a la actora demostrar el protagonismo de aquella, su negligencia e imprudencia al momento del hecho, para atribuirle el efecto jurídico perseguido, cual es responsabilizarle por los daños sufridos por el automóvil de su propiedad" (Pcia. de Tucumán, Sentencia nro. 293 - "W. A. c/ E. H. s/ Daños y Perjuicios (Sala IA)" - Civil y Comercial Común - Sala 1 - 10/11/1992; elDial - BBEB5.

En lo atinente a la interpretación en contrario que efectúa la apelante de las declaraciones de los testigos (fs. 145/vta.), es criterio de la suscripta que la prueba testimonial es esencialmente subjetiva, de ahí que su valor dependa de las condiciones morales de los testigos, de su probidad, del conocimiento personal que de los hechos tengan, de la verosimilitud de estos mismos hechos y de la concordancia de sus dichos.

En esa valoración el juzgador puede muy bien inclinarse hacia aquellas declaraciones que le merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate, en concordancia con los demás elementos de mérito que pudieren obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado señalándole la sana crítica los caminos de interpretación (conf. Morello - Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.V-A, pág. 338; Cám. Nac. Civ., Sala B, 28/03/80, Der. V. 89, p.269).

Dicho accionar ha sido seguido por el a-quo conforme emerge de la merituación que efectuó a fs. 135/vta. en la cual analizó las declaraciones de los testigos G. M. V. (fs. 70), J. N. R. (fs. 68) y L. A. O. (fs. 69) los cuales no vieron el accidente, razón por la cual carecen de validez para la acreditación de el hecho base del reclamo de la accionante en este proceso, sin que el reconocimiento de la demandada del color azul oscuro del vehículo propiedad de la actora (contestación a la séptima posición - fs. 53) ni lo informado por el perito técnico (fs. 71/72 -atento el lugar de realización conforme informe del perito fotógrafo a fs. 110-) puedan ser tomada como indicios suficientes para acreditar que la accionada fue la que chocó la camioneta de la actora.

Por los criterios y consideraciones precedentemente expuestas, arribo a la conclusión que deben desestimarse los agravios planteados por la apelante actora a fs. 144/147 vta y confirmar la sentencia de fs. 133/136 vta. en este sentido.

I.B) La costas de esta Alzada son impuestas a la apelante actora vencida (art. 68 del CPCCCH). La regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes se difiere para el momento del Acuerdo donde se regularán teniendo en cuenta el tema traído a debate, la labor desarrollada y el éxito obtenido y (arts. 14 y 47 del Dto. Ley Pcial Nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial Nro. 4335).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria de la vocal preopinante Dra. Graciela Mercedes García Blanco y considerar que esta parte del voto no está comprendida en la manda constitucional del art. 169 CPCCH, a la misma me adhiero.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/XII/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Reynoso de Roberts no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1.- Desestimar los agravios de la actora apelante y confirmar la sentencia de fs. 133/136 vta. venida en crisis.

2.- Costas a la recurrente, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de la Dra. F. M. U. en la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($220).

3.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO (Juez de Cámara) GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO (Juez de Cámara) REGISTRADA BAJO EL nro. 18 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS