Fundamentación de sentencias, coautoría, vejaciones, funcionarios públicos, insuficiencia del agravio, dolo directo, tipo penal, atenuantes de la pena, escala penal, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: MARTÍNEZ, Luciano Federico y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-14

El tribunal de origen adecuó jurídicamente la conducta de los encausados, atribuida en carácter de coautores, en el tipo penal de vejaciones agravadas por haber causado un grave daño a la persona, en exceso de los límites dispuestos por la ley (arts. 35, 45, 144 bis, inc. 2 y último párrafo y 142, inc. 3 del CP). A tales efectos, en primer término, consignó que los nombrados actuaron en calidad de funcionarios públicos y que se encontraban cumpliendo un acto de servicio cuando agredieron a las víctimas, causándoles lesiones de diferentes consideraciones. La postura defensista, según la cual no resultaba posible afirmar un accionar doloso por parte de los encausados, en razón de que habrían actuado cumpliendo un deber, no encuentra respaldo probatorio y obtuvo debida respuesta en la instancia anterior. En cuanto a este punto de agravio, es menester poner de relieve que de la fundamentación brindada por el tribunal de mérito se desprende que los encausados obraron con dolo directo, toda vez que actuaron con conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo de la figura enrostrada y además fue doloso el exceso en el ejercicio de la causa de justificación que en un principio los amparó. De otra parte, es menester señalar que el tribunal de origen con el objeto de establecer la sanción que correspondía imponer a los encausados valoró las pautas de mensuración de la pena establecidas en los arts. 40 y 41 del CP y desarrolló aquellas atenuantes que consideró de aplicación al caso. Es dable destacar que tomó en consideración que debía aplicar la reducción punitiva prevista en el art. 35 del CP y, habida cuenta de que el tipo penal en el que subsumió la conducta de los imputados no admitía la figura culposa, evaluó esta cuestión como atenuante y redujo "(l)a pena al mínimo de la escala penal prevista en abstracto para el delito atribuido [.]". Se advierte que el tribunal a quo, al evaluar la aplicación del art. 35 del CP, consideró que las conductas de los encausados fueron dolosas pero con un menor contenido de antijuridicidad, abarcando de tal modo las acciones de los encausados que comenzaron estando conforme a derecho pero terminaron antijurídicamente. De tal modo, interpretó que el art. 35 no alude a conductas culposas, sino que aplica "(l)a pena fijada para el delito por culpa o imprudencia" y que en consecuencia la ley disminuye la pena toda vez que en algún momento la acción desplegada fue conforme a derecho. Entonces, de adverso a lo expuesto por la defensa, avizoramos que el tribunal de mérito no vulneró, afectando el principio de legalidad, el sistema de numerus clausus que sigue nuestro código de fondo, según el cual los tipos penales culposos se encuentran expresamente previstos en la ley. Ello es así, en razón de que el tribunal a quo nunca afirmó que la conducta de los encausados fuese culposa sino que la disminución de la antijuridicidad conlleva a una disminución de la pena. De esta manera, la fundamentación del tribunal de mérito se muestra razonable y lógica y, por lo tanto, no puede ser tildada de arbitraria, máxime tomándose en consideración que la pena impuesta a los condenados no luce desproporcionada en relación a la magnitud del injusto cometido.