Obligaciones, emergencia económica, deudor, pesificación, esfuerzo compartido
Materia: COMERCIAL
Carátula: NAHUELSAT SA c/ GRUPO UNO SA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-20

Si la mora del deudor se produjo con anterioridad a la vigencia de la ley 25561 art. 11 y, dado que la ley 25820 modificó el anterior temperamento respecto de la exclusión de la pesificación de las obligaciones en mora, cabe precisar que la interpretación contextual del precepto legal mediante la aplicación de una hermenéutica superadora de la intrascendencia de la mora, permite a los jueces arbitrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes; interpretación que aparece autorizada por el 2 parr. in fine de la aludida norma en primer término. De manera que la regla general refiere expresamente a situaciones específicas sustentadas en la doctrina del Cod. civil art. 1198 y el principio del esfuerzo compartido. Cabe precisar, que si bien a partir de la mora sus consecuencias se trasladan al deudor por aplicación del Cod. Civil art. 513, sin embargo, si es posterior al evento desquiciante y la situación crítica alcanza a la sociedad toda, autoriza el reajuste de las prestaciones; lo contrario vulneraria la noción de justicia conmutativa, concerniente en las relaciones del tráfico, a la identidad de la prestación (Juz. Nac. Com. n 26, in re, "Redelico, Francisco y Otra c/ Fondo Popular Hipotecario Ahorro y Préstamo", sentencia firme; ll 1985-d-357, con Nota de Jorge Mosset Iturraspe). De modo, que el estado de mora en que se encuentra quien sufre luego los hechos sobrevinientes, solo es relevante cuando guarda relación la prestación incumplida con el desequilibrio y, además se puede atribuir a la mora el haber empeorado dicho desquiciamiento. En tal supuesto, solo se trasladan al deudor moroso los riesgos ordinarios pero no los extraordinarios, posición que tiene su base en la idea de previsibilidad y en la noción de las expectativas razonables que subyacen en toda la problemática de atribución de responsabilidad por las consecuencias dañosas derivadas del incumplimiento contractual, aun en nuestro régimen legal que adopta la idea de causalidad adecuada; un entendimiento distinto equivaldría a convalidar la existencia de una inconsistencia sistemática (v. Bueres, Alberto J. - Sozzo, Gonzalo, "El problema de la 'pesificación' de las obligaciones en mora", Rev. de Derecho Privado y Comunitario 2002-3, ed. Rubinzal - Culzoni). Las consecuencias que las recientes normas generaron en las relaciones contractuales superaron ampliamente la previsión de las partes, resultando que en la mayoría de los casos los contratos requieren en equidad una adaptación a las nuevas circunstancias. Los derechos constitucionales deben ser protegidos no solo en favor de los acreedores sino también de los deudores, quienes podrían encontrar vulnerados aquellos ante el mantenimiento de las pautas contractuales en un contexto distinto e imprevisible al momento de contratar, donde los riesgos asumidos por las partes han sido superados por los parámetros impuestos por la realidad, o mas precisamente por el estado. Por ello, la situación de crisis por la que atravesó y atraviesa el país amerita que en supuestos muy específicos sean calificadas como de emergencia.

En definitiva, se impone la necesidad de que todos soporten equitativamente las consecuencias de la emergencia de modo que nadie se benefície con la crisis a expensas de otros, razón por la que procede aplicar el principio del esfuerzo compartido y la regla de la equidad. Por ello, la suma por la que la ejecución prospere y el valor del dólar, según exceda su cotización en el mercado libre de cambio de la paridad vigente a la hora de contratar (uno a uno), deberá ser absorbida por las partes en distinta medida. En un 70% estarán a cargo del deudor moroso, mientras que el acreedor asumirá el 30% restante. O sea, que se deberán convertir los dólares a razón de la paridad supra aludida (1$ = 1 u$s) y se le adicionará el 70% de la brecha entre $ 1 y el valor del dólar libre a la cotización de la fecha en que se practique la liquidación. Corresponde utilizar en este caso, y hasta la época en que se encontrara vigente, el interés que cobra el Banco Nación en operaciones de descuento referidas a documentos librados en dólares estadounidenses a treinta días, por el período iniciado en la fecha de la mora; "a posteriori" y hasta la cancelación del crédito (Cod. com art. 565).