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Apreciación de la prueba, explotación sexual, presunción de inocencia, ley vigente, insuficiencia del agravio, calificación legal, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Leiva, Gustavo Daniel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

En lo que hace a la valoración de la prueba para tener por acreditado el hecho investigado se advierte que el tribunal tuvo en consideración abundante prueba de cargo. Por ello, en cuanto a la vulneración a la garantía del principio de inocencia como consecuencia de la arbitraria valoración de la prueba efectuada por el a quo, las conclusiones a las que arribó el tribunal constituyen la derivación necesaria y razonada de la prueba incorporada al debate y de la aplicación del derecho vigente al caso concreto, sin que las críticas que formula la defensa logren conmover lo resuelto como acto jurisdiccional válido. El agravio de la defensa referido a la arbitraria calificación legal no puede prosperar. Cabe referir que la figura legal por la que ha sido condenado el encausado -artículo 145 bis del Código Penal-, fue incorporada por la ley 26364. En concordancia con dicha norma el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobado por ley 25632, se entiende a la Trata de Personas, como "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud o la extracción de órganos". Debe referirse que se entiende por "captación" a la posibilidad de atrapar, traer, o conseguir la voluntad de otra, influenciando en su libertad de decisión o determinación. Se entiende que constituye la captación el primer eslabón en el proceso de elaboración del delito de trata de personas, que se origina en el lugar en el que la persona es oriunda, con la finalidad de incorporarla al tráfico ilegal, sea laboral o sexual, por cualquier medio y por su condición de vulnerabilidad. De conformidad con la ley 26364 capta quien logra la disposición de una persona que por su especial vulnerabilidad tiene una posición propicia para ser sometida a su explotación, tal como ha ocurrido en estos hechos en que el imputado mediante una falsa oferta laboral captó a la víctima.
Acción de amparo, Programa Médico Obligatorio, medicina prepaga, planes de cobertura médica
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CANTARELLA ANA c/ SWISS MEDICAL GROUP SA s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-13

Si bien es cierto que el dispositivo intrauterino que necesita y solicitó la actora no se encuentra contemplado en la Resolución N° 310/04 y sus modificatorias (PMO), no se puede interpretar que la obligación de la entidad de medicina prepaga se reduce únicamente a la lista contemplada en las normas mencionadas. Ello es así, pues por un lado la finalidad de las resoluciones citadas es la de otorgar un piso mínimo de cobertura y, por el otro, en el art. 28 de la ley 23.661 -aplicable a la demandada en virtud de lo dispuesto en la ley 24.754- se prevé la actualización de las prestaciones que se deberán otorgar obligatoriamente, lo cual resulta razonable con motivo de permanente avance tecnológico y científico en esta materia, máxime cuando en el art. 2 se establece que el seguro tendrá como objetivo fundamental proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible (conf. CSJN, in re "Cambiaso Peres de Nealón, Celia María Ana y otros c/Centro de Educación Médica e Investigaciones Médicas", C.595.XLI, del 28-8-2007).
Acto administrativo, debido proceso, nulidad del acto jurídico, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAGRISTANI DE BAJO, MARTA SUSANA c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  -  EMPLEO  PUBLICO  -  HABERES  CAIDOS -  PRESCINDIBILIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-06-04

Todo juicio disvalioso en relación a un agente, solo puede emitirse observando las reglas del debido proceso, y debe fundarse expresando claramente los hechos en que se causa y que se consideren acreditados, capaces de conmover el 'estado de inocencia' del administrado (art. 9 Constitución provincial y art. 18 Constitución Nacional). Corresponde declarar la nulidad absoluta del acto administrativo si no se ha cumplido con el procedimiento establecido para su dictado y, carece de 'causa' o 'motivo'.
Caducidad de instancia, segunda instancia, oportunidad procesal, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BANCO  RÍO  DE LA PLATA S.A. c/ RODRIGUEZ, Fermín Omar s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-26

Si bien es cierto que de acuerdo al inciso 2° del art. 310 del Código Procesal, tanto la segunda como la ulterior instancia se abre cuando se ha concedido el pertinente recurso y, por lo tanto, es a partir de ese momento que se debe resolver sobre su caducidad, también corresponde el examen de la perención acusada cuando se ha propuesto el recurso extraordinario y se ha cumplido el plazo de caducidad desde el proveído que ordena su traslado, sin que la parte haya instado el procedimiento a los fines de obtener una decisión en tal sentido. Ello por razones de economía procesal, pues de otra manera implicaría un exceso de formalismo con la consiguiente injustificable dilación del proceso.
Confirmación de sentencia, medidas cautelares, detención, impugnación del acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: PEÑA, ANGELO ALEJANDRO C/ EN- M° SEGURIDAD- GENDARMERÍA- LEY 26.394 S/ PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-09

La sala confirmó la resolución apelada que había rechazado la medida cautelar requerida por el accionante, quien pretendía que la sanción de 30 (treinta) días de arresto simple impuesta no sea fundamento de clasificación disciplinaria hasta tanto se dicte sentencia en las actuaciones principales. Sostuvo que el recurrente no había acompañado elementos de prueba suficientes que permitan acreditar la verosimilitud en la ilegitimidad de los actos administrativos impugnados, ni el peligro en la demora. Destacó que dichos actos se presumen legítimos y poseen fuerza ejecutoria (art. 12 de la Ley N° 19.549), lo que impedía otorgarles efectos suspensivos a su impugnación.
Actos ilícitos, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ SALVADOR EDUARDO s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-10-25

La indemnización por la diferencia entre el valor actual de la cosa dañada y el valor primitivo (art.1094 Cc), no puede ser exigida por el simple tenedor de ella (1095 cc a contrario sensu).Por ello no procede indemnizar a las actoras por daños del vehículo resultante de la diferencia entre el valor de plaza estimado y la venta de aquel como chatarra, si no fue reparado por ellas, ni pertenecía a los occisos, sino a un pariente de estos, que se los había facilitado en préstamo.
Secuela de juicio, pedido de extradición
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RIOS, Otto  PIRIS, Jorge Alberto s/ FALSIFICACION Y USO DE DOCUMENTO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-16

No cabe asignar carácter de secuela de juicio a la reiteración de una solicitud de extradición y, consecuentemente, virtualidad interruptora del curso de aquélla.
Seguros, citación en garantía, cobertura, elevación de la cobertura, privilegio del damnificado
Materia: COMERCIAL
Carátula: CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS  S.A. c/ GARAJE GENERAL GUIDO  S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

Si el citado en garantía es deudor de su asegurado, en el limitado marco emergente del contenido del seguro que los ligara (doctrina de la ley 17.418: 116 y 118), la prestación dirigida a satisfacer al tercero damnificado no puede verse agravada por el mayor valor de la indemnización que exceda los límites del seguro convenido, pues lo contrario importaría violación del principio sustentado por el art. 118 de la citada Ley.
Injurias, calumnias, prueba testimonial, idoneidad del testigo, dependientes
Materia: PENAL
Carátula: CONTINO, LUCIA s/ INJURIAS- CALUMNIAS- PRUEBA TESTIGOS-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-14

1) Configura el delito de injurias, la acción de la procesada que dirigiéndose a los querellantes les dijo que en la empresa de la que ambos eran socios eran "contrabandistas" y que "trabajaban con dinero negro", excluyéndose el delito de calumnias, por no tratarse de la imputación de un delito de acción pública, toda vez que la primera ofensa puede, de acuerdo al monto del valor introducido, ser una mera infracción aduanera y la otra, una simple infracción cambiaria.

2) El hecho de que algunos testigos fuesen empleados de la empresa en cuestión, no los inhabilita para declarar como obligados asistentes de estos despropósitos, y si alguno de los vecinos tuvo problemas con la querellada, tampoco es motivo fundado para pensar que sus dichos están interesados en perjudicarla.
Prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Alcaraz, Claudio Hugo c/ Birmania S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-07-05

Las presunciones "iuris tantum" en favor de las afirmaciones del trabajador sobre los hechos que debieron consignarse en la documentación laboral y la inversión del "onus probandi" consagradas en los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11653 no juegan a la hora de acreditar la denuncia justificada del contrato de trabajo.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, juicios en que la Nación es parte, valor disputado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Radio Emisora Cultural S.A. (TF 15144-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Es formalmente procedente el recurso ordinario de apelación si la Nación es parte en el pleito, y el monto disputado, sin sus accesorios, supera el mínimo establecido por el art. 24, inc.

6, ap. a) del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de la Corte Suprema.
Control de constitucionalidad, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Halabi Ernesto c/ EN -ley 26.536- s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06

La existencia de un "caso contencioso" "causa" o "controversia", son aquellos casos en los que se persigue en forma concreta la determinación del derecho debatido entre partes adversas, motivo por el cual "no se da una causa o caso contencioso que permita el ejercicio del Poder Judicial conferido a los tribunales nacionales cuando se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de otros poderes"; ni por ende, existe facultad alguna en cabeza del Poder Judicial de la Nación que lo autorice, en tales circunstancias, a formular dichas declaraciones (Fallos: 307:2384 y sus citas, entre otros).
Ley procesal, orden público
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORRENTI FRANCISCO Y OTRO c/ G. GARABETTI Y OTROS s/ Cobro Alquileres (LIBRO: A075 - 147)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-11-27

El orden impuesto por las normas procesales hacen a la seguridad de los derechos sustancialmente protegidos, no pudiendo la voluntad de las partes modificar las vías dispuestas por el ordenamiento vigente para el trámite de sus pretensiones.-
Interrogatorio policial, torturas, privación ilegal de la libertad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: COMISARIA N° 16 s/ INTERROGATORIO POLICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

La autoridad máxima de la seccional policial, presente en ella en el lapso en el cual una persona es interrogada con violencia, comete el delito de privación ilegal de libertad.
Acciones posesorias, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LUDUEÑA ALBERTO c/ TISSERA HUGO s/ ACCION DE RETENER
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-09-14

El art. 2471 C. Civil admite excepciones en caso de duda sobre el último estado de la posesión, en este caso cobra trascendencia decisiva a) la antigüedad en su ejercicio, b) el derecho a poseer o c) el mejor derecho a poseer. Esto significa que si de las pruebas no resulta evidencia sobre el hecho de la tenencia o posesión exclusiva, habrá de decidirse en razón de las circunstancias puntualizadas en la citada norma (Del voto de la Dra. Alvarez de Varas).-
Procedencia del recurso, Ministerio Público Fiscal, nulidad de sentencia, falta de mérito, designación de conjueces, división de poderes
Materia: PENAL
Carátula: BESTANI, Fabián Humberto y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-05

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, y anular la resolución recurrida que confirmó la falta de mérito de los encausados dictada por conjueces, toda vez que el Poder Legislativo determinó, a través de la ley 27.439, un procedimiento excepcional para la cobertura provisional de vacantes a través de conjueces, el cual también demanda la intervención del Poder Ejecutivo y del Senado, de modo tal que garantice los principios democráticos y de división de poderes que se encuentran previstos constitucionalmente, también para el nombramiento regular de magistrados/as. De esa forma se intenta calibrar el mismo respaldo institucional para las confecciones del listado de conjueces que en los supuestos de nombramientos de magistrados/as regulares y permanentes. Pero, a su vez, fue el mismo Poder Legislativo -en el legítimo ejercicio de sus atribuciones- quien estableció que, en aras de enfatizar sobre la excepcionalidad del empleo de subrogancias que reemplacen temporalmente hasta que se cumpla con el procedimiento de designación de magistrados/as previsto constitucionalmente, se fije un plazo máximo de duración de dichos regímenes subsidiarios. Por último, se entiende que los subrogantes deben permanecer en el cargo hasta el cese de la causal que generó su designación, y que, si ello no ocurriese, la duración máxima de la subrogancia es de un año y prorrogable por otro año más, pero nunca puede extenderse por un tiempo mayor a ese. Para más, estableció que ante su vencimiento se producirá la caducidad de pleno derecho de la subrogancia y que serán inválidas las actuaciones que se realizaren con posterioridad, lo cual demuestra la voluntad legislativa en ser tajante con el cumplimiento de los plazos establecidos en dicha norma. Es que, si el Poder Legislativo estableció un procedimiento excepcional para la designación de conjueces como subrogantes, y si ese modelo cuenta con límites temporales que también promuevan que la excepción de estos nombramientos de subrogantes no culmine siendo la regla, el acatamiento a los plazos allí establecidos no encuentra subterfugio. En este marco normativo es que la nueva designación de los conjueces efectuada mediante la Acordada N° 43/20 contraría las disposiciones legislativas anteriormente expuestas. Precisamente, los mencionados cumplieron el plazo máximo de duración de la subrogancia que el plexo normativo permite, motivo por el cual su nueva designación atenta contra el esquema procedimental establecido a tal fin.
Audiencia de debate, oralidad del debate, declaración testimonial, incomparecencia del testigo, actos incorporados por lectura, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: LUJEA, SELVIO s/ HOMICIDIO SIMPLE s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-12-16

El testimonio ingresado por lectura al debate (art. 374 inc. 1 y 3 del Código Procesal Penal Provincial), conforme sana crítica debe ser interpretado y valorado con suma prudencia, atento su manifiesta condición de dependencia laboral de testigo con el imputado y la ausencia a la audiencia de debate que impidió a las partes interrogarla. La oralidad permite analizar los dichos del declarante atendiendo al tono de su voz, al estado anímico, la seguridad o vicisitud que denote en su respuesta, etc., en fin múltiples factores, tarea propia de los jueces en función de la inmediación.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, apreciación de la prueba, quiebra, extensión de la quiebra, socios, directorio
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ACREEDORES VERIFICADOS DE LA QUIEBRA DE ESCUDERO-GOÑI S. A. Y OTROS c/ ESCUDERO-GOÑI S.A. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - INCIDENTE  DE EXTENSION DE QUIEBRA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 347 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-17

La formulación recursiva de los peticionantes remite al examen de temas de hecho, prueba y derecho común que han sido resueltos por el A quo con fundamentos del mismo orden que permiten descartar las tachas de arbitrariedad endilgadas. Por consiguiente, la impugnación no logra persuadir que en el caso se de un motivo de excepción que autorice la apertura de la instancia extraordinaria, vedada -por principio- a las cuestiones de dicha naturaleza. En efecto, más allá del matiz constitucional con que los quejosos intentan revestir sus articulaciones y del esfuerzo por demostrar que éstas no se reducen a una cuestión de valoración probatoria, lo cierto es que su postulación sólo refleja la discrepancia con la solución adoptada por el A quo al reputar que no se hallaba configurada la confusión patrimonial inescindible contemplada en el artículo 161, inciso 3) d e la ley 24522 y, por tanto, decidió el rechazo del pedido de extensión de quiebra a directores y socios de la fallida.
Divorcio, abandono del hogar conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C.de A. c/ A.J.M. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12

La preexistencia cronológica de separación de hecho sin voluntad de unirse, prolongada sin solución de continuidad a lo largo del tiempo, resta malicia al abandono del hogar que, ínterin, hiciera uno de los cónyuges. Lo contrario sería permitir que el que aceptó su falta de esa voluntad, con desinterés en el regreso del otro, reclame por el abandono que no es fruto sino de su propia torpeza.

Consentida por los cónyuges -expresa o tácitamente- su separación, no se configura la causal de abandono con las características de voluntariedad y malicia que exige la ley.
Acción penal, orden público, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: E, A. O. s/ Infracción artículo 13 y 88 del Código de Faltas. Recurso de   inconstitucionalidad (EXPTE CSJ Nº 663-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

La extinción de la acción penal es de orden público y ella se produce de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo pertinente. La declaración de prescripción resulta consustancial con la garantía de defensa en juicio, por ende, si ella se encuentra extinguida, ha cesado el poder punitivo -como contenido del proceso- y el objeto de éste desaparece.
Embargo preventivo, cuenta corriente bancaria, suma líquida
Materia: PROCESAL
Carátula: SIEMMENS AG c/ KVA ARGENTINA SA Y OTRO s/ INCIDENTE DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-06

No se advierte óbice para que el embargo sea efectivizado sobre las cuentas bancarias, máxime si se pondera la celeridad con que se debe actuar en estos supuestos para evitar la frustración de los derechos del acreedor (cfr. A. M. Morello-G. L. Sosa-R. O. Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, comentados y anotados", 2da ed., T. 1, p. 704). Por lo demás, no es superfluo precisar que las medidas cautelares más que hacer justicia están destinadas a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente su obra (cfr. J. Di Iorio, "Nociones sobre la Teoría General de las Medidas Cautelares", LL, T. 1987-B, p. 826; esta Sala, entre otras, Causas 9334 del 26.6.92 y 39821/95 del 5.10.95). Esto, claro está, salvo que puedan ser previamente individualizados por el acreedor otros bienes en particular y sin que ello se erija en un requisito previo para la traba de la medida.
Principio de congruencia, homicidio, acusación fiscal, descripción de los hechos, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Vettorello de Rosso, Adriane s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-03

Corresponde absolver a la imputada por el delito de homicidio si el fiscal, al tiempo de formular el alegato final eliminó de la hipótesis materia de acusación, lo relativo a la orden precisa de dar muerte a la víctima, presuntamente dada por la encartada a los agresores que la acompañaban, señalando que la mera expresión "te voy a matar" no es suficientemente verosímil como para acreditar que se estuviera ordenando literalmente dar muerte a una persona, ya que la congruencia exigida entre la acusación y la sentencia impone que, en resguardo de la defensa en juicio del imputado, el hecho atribuido en la acusación sea mudado sin variaciones sustanciales a la sentencia.

La disidencia expresó que en el sub judice ha habido correlato entre el acontecimiento que fuera materia de acusación y el que fuera objeto de condena por parte del Tribunal Oral, quien sólo se limitó a modificar la significación jurídica que proponía el Fiscal de juicio en su alegato. (Dres. Diez Ojeda, Hornos, Tragant -en disidencia-).
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, daños y perjuicios, insuficiencia del agravio, costas
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Paleco SA contra GCBA sobre daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica) - genérico c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-19

Corresponde rechazar la queja toda vez que los planteos no logran conmover los fundamentos de la sentencia de Cámara que denegó su recurso de inconstitucionalidad con sustento en que las cuestiones que fueron objeto de tratamiento y decisión en ella -relativas a la imposición de las costas-, quedaron circunscriptas a la interpretación de cuestiones de hecho, prueba y de las normas que las rigen, todas ellas de carácter infraconstitucional y procesal. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Derecho penal, derechos y garantías constitucionales, delitos contra la propiedad, tentativa, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: LUIS ALBERTO ARRAYA, SERGIO GASTON CHAVEZ, VICTOR ANIBAL ROSALES y OSCAR LEONARDO CORO c/ YAMIL IVAN ABREGU  y ALEJANDRA INES GARNICA s/ ROBO CALIFICADO, HURTO CALIFICADO, ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-03-19

En atención al escaso espacio de tiempo existente entre el desapoderamiento y la detención del imputado, no tuvo éste la posibilidad de disponer a su antojo la suma sustraída, siendo detenido cuando trataba de alejarse del lugar de los hechos, por lo que no habiendo podido contar el imputado con la disponibilidad efectiva y absoluta de la suma sustraída, no habiendo podido éste por razones ajenas a su voluntad terminar de consumar el hecho que previamente se había determinado llevar a cabo debe encuadrarse el hecho como ROBO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA (arts. 164 y 42 del C.P.)