marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficio de litigar sin gastos, facultades discrecionales
Materia: PENAL
Carátula: D. G., M. A.  c/  s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-17

- Beneficio de litigar sin gastos.

Acordado a la acusadora particular. Defensa que recurre.

Circunstancia de que sea extranjera, que carezca de vínculos en el territorio, que no sea titular de ningún beneficio de previsión social que brinda el Estado, que no posea inmuebles ni otros bienes registrables a su nombre, que reciba un sueldo mínimo y que este patrocinada gratuitamente por el Centro de Práctica Profesional dependiente de la Universidad de Buenos Aires, que evidencia el acierto de la decisión cuestionada. Normativa que establece que no es un impedimento para la concesión del beneficio la circunstancia de tener lo indispensable para procurarse su subsistencia. Necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva entendida, en el caso, como el libre acceso a la justicia.

Confirmación.
Derechos y garantías constitucionales, acción de amparo, acto administrativo, viabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BEJAS DIEGO c/ MUNICIPALIDAD DE MENDOZA s/ Acción de Amparo (LIBRO: S070 - 215)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-07

Es procedente ordenar por vía de amparo al Municipio que efectivice el acto administrativo -en el caso la liquidación de los salarios caídos que el Concejo Deliberante dispuso pagar- necesario y previo para que el interesado pueda intentar las vías ordinarias correspondientes a su reclamo.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, Inspección General de Justicia
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Asorte  S.A.  de Ahorro para Fines Determinados s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-18

No reviste el carácter de sentencia definitiva la que declaró la nulidad de la resolución IGJ 412 toda vez que no existe óbice alguno para que la autoridad administrativa dicte una nueva resolución valorando las defensas cuyo no tratamiento se indicara como causal de la nulidad declarada.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORDOÑEZ DUCCA, RAUL ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO DE AMPARO BENAVENTE DE ZAVALIA, MARIA MERCEDES c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO DE AMPARO. APELACION.- TOTARO DE CIANFERONI ANA MARIA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO S.A.D.O.C. c/ UNIDAD COORDINADORA PCIAL., DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA, PACTO FEDERAL EDUCATIVO PLAN SOCIAL EDUCATIVO., GOB. DE LA PROVINCIA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-05-05|1995-12-14|1999-11-04|2000-02-11

La demanda de amparo no es procedente respecto de la autoridad administrativa, sino de los casos en que ésta es inequívoca y manifiestamente ilegal. Ello es así por cuanto, la razón del remedio no es someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, sino acordar un remedio inmediato contra la arbitraria invasión palmaria de derechos reconocidos por la Constitución.-
Daños y perjuicios, indemnización, monto de la indemnización, nombre, uso indebido de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: ORTEGOSA, Berta Elena c/ TELEARTE S.A. EMPRESA DE RADIO Y TELEVISION y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-24

Si bien a los fines de establecer la cuantía indemnizatoria, frente a una acción de protección del nombre, cabe computar negativamente la demora del damnificado en reclamar el cese de la utilización de aquél, como colaboración no prestada para la atenuación del daño, para medir el perjuicio debe evaluarse la totalidad del lapso durante el cual tuvo lugar la difusión indebida del nombre, como factor positivo para el accionante.

A los fines de establecer la indemnización frente a una acción de protección del nombre artístico, cabe apreciar la actitud de los accionados de haber cesado en la utilización del nombre una vez enterados de la existencia de la reclamación formulada por el afectado, sin demasiada demora, así como el retiro de este último del ejercicio de la actividad de intérprete y su trayectoria a nivel artístico.
Prenda con registro, caducidad de la inscripción, reinscripción registral, paralización del expediente
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: CIADEA SA c/ SILVEIRA, WALDEMAR Y OTROS s/ EJEC. PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-22

Procede desestimar la petición orientada a obtener la reinscripción de un contrato de prenda si la originaria inscripción había caducado. No empece lo expuesto que, -como en el caso-, el ejecutante alegue que el expediente se encontraba paralizado y que ello impidió la reinscripción tempestiva, toda vez que conforme con lo normado por la citada norma legal, tal solicitud debe ser "dirigida al encargado del registro antes de caducar la inscripción...".
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, obras sociales, personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Farmed c/ OSFA s/ Recurso Directo (LIBRO: A162 - 125)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1998-02-18

Carece de justificación la intervención de la Procuradora Fiscal Federal por ausencia de legitimacion sustancial (art. 20 ap. II CPC), al ser la demandada OSFA (Obra Social de la Fuerza Aérea) una persona jurídica de carácter privado, un sujeto de derecho conforme al art. 30 del C.C.-
Recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Peralta, Vilma Cecilia c/ Barria, Alejandrino Segundo s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-03-04

La causal de prejuzgamiento se estructura con la emisión de opiniones intempestivas respecto de cuestiones pendientes que no se encuentran en estado de ser resueltas, por lo que las vertidas en la debida oportunidad procesal y sobre puntos sometidos a su consideración no importa otra cosa que el cumplimiento de un deber impuesto por ley y, en principio, no autorizan la recusación prevista por el art. 17 del C.P.C.C. agravio puede ocasionarle al profesional, que su cliente se anoticie
Medidas cautelares, honorarios, cesión de créditos, bonos de consolidación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Etcheverry, Luisa Mabel y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-27

Es admisible la traba de medidas cautelares, si el deudor de los honorarios no se ha liberado de su obligación mediante la cesión prevista por el art. 1 de la ley 23.982, argumentando que no puede efectuarla hasta tanto no le sean entregados los bonos respectivos, pues dicha ley no establece como condición previa a la transmisión, que el acreedor haya recibido los bonos.
Ejecución de la pena, queja por recurso denegado
Materia: PENAL
Carátula: Roldán, Brian Marcelo y otro c/  s/ encubrimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-31

Para determinar cuándo se genera el acto que implica el cambio de status jurídico de procesado a condenado, si no se recurrió la sentencia luego de la notificación personal, no habría ningún problema, puesto que es claro que transcurrido el plazo para interponer el recurso -diez días- aquella quedaría firme y sería por lo tanto ejecutable. Tampoco si se impugnó y se consintió luego el fallo del tribunal de casación. En cuanto a los supuestos en que se ha interpuesto recurso extraordinario que, rechazado, motivó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la sentencia condenatoria únicamente es ejecutable una vez que fue agotada la vía recursiva y que, por ende, es necesario para ello un pronunciamiento jurisdiccional sobre la queja presentada (voto del juez Jantus al que adhirió el juez Huarte Petite).
Daños y perjuicios, cosa riesgosa, cosa inerte, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, eximentes de responsabilidad, culpa concurrente, responsabilidad objetiva, negligencia
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. B. y Otro c/ HOSPITAL AREA PROGRAMATICA DE VILLA REGINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-01

Así, se ha dicho que: "El art. 1113 del Código Civil, en la segunda parte del segundo párrafo, contempla la hipótesis del daño causado por el riesgo o vicio de la cosa, hipótesis en la cual el dueño o guardián sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, o la existencia de fuerza mayor extraña a la cosa.

Demandados daños y perjuicios por los daños que sufriera el demandante al salir del edificio de aquélla sin advertir la existencia de un vidrio fijo que hacía las veces de pared, que al fracturarse en distintos pedazos de diferente tamaño le produjo lesiones en la nariz y en una pierna, es de aplicación la norma del art. 1113 del Código citado sin que sea obstáculo para ello que se esté en presencia de una cosa inerte y cuya intervención fue pasiva.

No se responde por la mera causación del daño; hay de por medio un factor objetivo de atribución: el haber creado el riesgo del cual se sigue el daño.

Crea el riesgo quien con sus cosas, sus animales o sus empresas, multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de dañosidad. De ahí que no toda cosa dañadora sea en sí una cosa riesgosa.

La accionada al colocar un vidrio sin demarcación alguna y cuya fractura tuvo esas características - sea por vicio o defecto o por calidad inadecuada -, contribuyó a aumentar las posibilidades de daño.

El accionante actuó con negligencia, sea porque estaba apurado y no prestó atención o porque se distrajo al colocarse los anteojos, máxime si conocía la entrada del edificio y su distribución, por haber concurrido en varias oportunidades y si las puertas de vidrios - ubicadas en la misma línea que el panel de igual material e inmediatamente después - poseen sendas barras de madera, que sirven de manijones para su empuje, no se hace difícil distinguirlas del vidrio fijo, puede concluirse que con un mínimo de atención hacia donde se dirigía hubiera podido evitar el choque.

Tanto la presencia de la cosa riesgosa como la conducta negligente de aquél fueron factor concurrente y necesario en la producción del daño, de allí que, ante la falta de prueba sobre la incidencia que le cupo a ambos factores ya que la pericial producida no la pudo fijar y sin desconocer lo dificultoso que podría resultar establecerla en esa hipótesis, corresponde que el resultado dañoso se distribuya por mitades."
Costas, daños y perjuicios, incumplimiento del contrato, pluspetición inexcusable, importador
Materia: COMERCIAL
Carátula: NISTRU  S.A.C.I. c/ CAPITAN Y/O ARMADOR Y/O PROPIETARIO BUQUE MARFRIO Y OTRA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

Si bien conforme con reiterada jurisprudencia de la Sala, en los supuestos de daños y perjuicios derivados de un incumplimiento contractual cuyo monto depende de la prueba a producirse, el hecho de que la demanda prospere por una suma inferior a la reclamada no autoriza, en principio, la distribución matemática de las costas si la demandada fue vencida en el tema central del litigio como es la responsabilidad, tal criterio no debe ser aplicado automática e indiscriminadamente.

Aun cuando el tema principal es el de la responsabilidad -aspecto en el que la demandada resultó vencida-, la demanda prosperó aproximadamente por un 4,3% con respecto al monto reclamado, de modo que desde el punto de vista patrimonial la actora es en verdad la finalmente derrotada. La notable desproporción entre lo pedido y lo obtenido (la actora incurrió en plus petitio, ya que reclamó una suma casi 24 veces mayor a la del perjuicio experimentado) -sumado al hecho de que la acción fue deducida por el propio y único importador de los productos cuyo valor no podía dejar de determinar con precisión ponderando que al promover la demanda contaba con la documentación de origen, conocía el monto de los derechos aduaneros y demás erogaciones efectuadas y sólo le bastaba calcular el beneficio esperado- justifica que las costas sean soportadas en un 10% por la demandada y en un 90% por la actora, teniendo en cuenta asimismo, la circunstancia de que la demandada negó desde un principio su responsabilidad.
Indemnización, accidente de tránsito
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: OLMEDO MIGUEL ANGEL DEL VALLE s/ INDEMNIZACION  - ACCIDENTE DE TRANSITO - DAÑO MORAL - LUCRO CESANTE -   DAÑO MATERIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-09-06

La vida humana no tiene por sí un valor económico, por lo que su pérdida no puede indemnizarse como daño patrimonial, sino cuando y en la medida que represente un detrimento de esa clase para quién reclama la reparación.

El malogro de las esperanzas de cooperación que los padres pudieran concebir, asentadas sobre la base del desenvolvimiento normal de la vida del hijo en la cual hacían descansar su seguridad y bienestar económico en el porvenir, será una esperanza que se pierde, una ilusión que se desvanece, pero no un perjuicio que efectivamente se sufre por una desmejora del activo de su patrimonio material, producida teniendo por causa la muerte del hijo, ya que la cooperación esperada para el futuro no era algo que necesariamente debiera producirse. Su transformación en hecho dependía de la conjunción de numerosos elementos de presentación contingentes y, por ende, hipotéticos como sería hipotética e incierta su conjunción en el escenario de esa vida truncada. Si hipotéticas e inciertas fueran no solo la aparición de cada una de esos factores sino su conjunción misma, única capaz de producir el hecho sobre cuya existencia, supuesta indefectiblemente real, el padre levantaba el castillo de su esperanza, una indemnización por daño económico asentada sobre semejante base, sería no sólo antijurídica sino hasta inequitativa (Orgaz, Alfredo -La vida humana como valor económico- E.D., T. 56, pág. 850).-
Concursos, proceso de verificación, verificación de créditos, acreedor verificado, incidente de revisión, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: BODO DE SAPHIR, MARTA s/ CONCURSO PREVENTIVO. (JA 6.10.04).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-28

Cabe revocar la resolución que dispuso suspender el procedimiento hasta tanto se encuentre resuelto el único incidente de revisión planteado, a fin de permitir al acreedor -según la resolución de primera instancia- la ponderación de la propuesta de categorización presentada por la concursada, la que contempló una categoría para todos los acreedores quirografarios verificados o declarados admisibles y otra para la AFIP -conforme a lo previsto por la resolución gral. 970/01-; ello así, toda vez que la resolución verificatoria -a dictarse dentro de los diez días de la presentación del informe individual por el síndico (ley 24522 art. 36)- es definitiva a los fines del computo en la evaluación de mayorías y base del acuerdo, con lo cual, el pretenso acreedor revisionista, cuyo crédito hubiese sido declarado inadmisible en dicha resolución, se encuentra inexorablemente excluido de la base del acuerdo, resultando su introducción a la voluntad concordataria, contraria a la estructura concursal.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, arraigo, denegatoria del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SINDICATURA en autos Cassinerio, Eduardo c/ Solans, Carlos y ot. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-05-15

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que la resolución impugnada -que rechazó la excepción de arraigo interpuesta como artículo de previo y especial pronunciamiento, con fundamento en la improcedencia del arraigo en los juicios seguidos por la sindicatura contra un tercero- no es sentencia definitiva a efectos del artículo 1 de la ley 7055, ya que no es una decisión sobre el fondo del juicio, ni pone fin a éste, ni impide su continuación; y no se ha logrado demostrar la magnitud del perjuicio o las circunstancias de hecho que pudieran determinar la existencia de un gravamen de imposible o tardía reparación que justificara una excepción a ese principio, circunstancia que no puede ser suplida con la mera invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas o alegando arbitrariedad de sentencia.
Competencia por conexidad, acumulación de procesos, competencia de instrucción, competencia correccional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PARADA, Edison W. y otros s/ Art. 289, inc. 4°, C.P. PARADA, Edison W. y otros s/ Art. 289, inc. 4°, C.P.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05|1996-07-05

Resulta pertinente la acumulación de causas que tramitan ante Juzgados de Instrucción y Correccionales en tanto sean conexas y de jurisdicción nacional.
Escribanos públicos, derecho de trabajar, sanciones disciplinarias administrativas, destitución
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Registro  Nacional  de  la  Propiedad  -  Seccional  Capital  N  41 - s/ comunica    situación   planteada  en  certificación  de  firmas  del  escribano José María Marra  adscripto  al Registro Notarial N 1131 de  la Capital Federal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

El derecho de trabajar no sufre menoscabo por la sanción de destitución prevista en el art. 52, inc. f), de la ley 12.990 para los escribanos, ya que tal derecho se encuentra sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio y no se altera por la imposición de condiciones que, lejos de ser arbitrarias o desnaturalizarlo, guardan adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido con el ejercicio de ciertas profesiones.
Principio de legalidad, delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

El principio de legalidad no resulta vulnerado por haberse declarado la imprescriptibilidad de la acción penal relativa a los delitos cometidos durante el último gobierno de facto por tratarse de crímenes de lesa humanidad, pues las reglas de prescripción de la acción penal previstas en el ordenamiento jurídico interno quedan desplazadas por el derecho internacional consuetudinario y por la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, sin que ello importe una merma del principio mencionado, conforme doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en Priebke, Arancibia Clavel, Simón y Mazzeo. (del voto del Dr. Mariano Hernán Borinsky)
Quiebra, calificación de conducta, personas jurídicas, sociedad anónima
Materia: COMERCIAL
Carátula: JAVEL SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

Corresponde excluir a la sociedad anónima fallida de la sentencia de calificación de conducta, ya que al quedar la misma disuelta con la declaración de falencia (LS: 93-6) el pronunciamiento seria abstracto a su respecto ante la restricción del objeto social a los actos liquidatorios (LS: 101). Por lo demás, tratándose de un ente ideal en el que las conductas tipificadas por la ley concursal se materializan por personas de existencia visible que aportan la voluntad a los órganos sociales, su calificación importaría un pronunciamiento dogmático sin consecuencia represiva.
Boleto de compraventa, subasta de inmuebles, tercería de mejor derecho, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: Dionicio Vega Castillo - Juliana Rumalda Cruz c/ Ulloa S. A.- Margarita Alfaro s/ Incidente De Tercería De Posesión Y Mejor  Derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-05-15

Entre el adquirente de un inmueble por boleto de compraventa y el comprador en subasta pública, debe resolverse la tercería de mejor derecho a favor del primero, siempre y cuando el tercerista acredite las exigencias establecidas los art. 85 del C.P.C. de Jujuy y por el art. 1185 bis del C.C., cuyo límite para deducir la tercería es antes de que se dé al comprador la posesión de los bienes subastados.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Imoberdoff, V.I. s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

Debe anularse de oficio la sentencia que no ha tratado debidamente el cuerpo del delito al carecer de fundamentación legal, y si respecto de la autoría y responsabilidad no surge claramente el tipo de prueba utilizado, cuando dichos defectos impiden conocer en el recurso de inaplicabilidad de ley y determinar si las presuntas deficiencias que este presenta son producto de la propia argumentación o de las falencias de la sentencia.
Acumulación de procesos, pedido de desacumulación
Materia: PROCESAL
Carátula: BRANDAM,  Analía  Marcela  y  otros c/ BAUMANN, Fabián Orlando yotros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-06

Cuando a lo largo del proceso o inicialmente, se toma manifiesto que la acumulación surte efectos procesales antieconómicos, el juez puede separar los litigios y cada cual sigue, en proceso aparte, su curso particular. Es que, aun cuando la figura de la desacumulación no se encuentra expresamente regulada, ella es congruente con la potestad del juez de proceder de oficio a la acumulación de pretensiones, en supuestos de conexidad, y de suyo constituye su contrapartida. El análisis de una posible desacumulación se encuentra justificado cuando la desigualdad en los trámites es notoria -como en el caso, en donde uno se encuentra en condiciones de dictar sentencia mientras que en el otro aún no se ha realizado la audiencia preliminar-. Es que, la diligencia puesta de manifiesto por el litigante no es un elemento suficiente que justifique mantener acumulados los expedientes, dado que lo que se tiende a privilegiar con la desacumulación es que, sin incurrir en contradicciones a la hora de sentenciar, no se cause una demora injustificada en la parte que solicita una tutela determinada, máxime cuando no hay posibilidad de sentencias contradictorias porque los procesos están radicados ante el mismo juzgado. (Sumario N°20858 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Competencia civil y comercial federal, SEGBA, suministro de energía eléctrica
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: CACHIZUMBA, BEATRIZ c/ SEGBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

Es competente el fuero civil y comercial federal para entender en la acción por la que se pretende que SEGBA suministre energía eléctrica a la actora.