Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-24


SENTENCIA Nº 36692 JUZGADO Nº 63 AUTOS: "VARGAS FRANCISCO GREGORIO c / CAPILLITAS S.A. s / Despido" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de noviembre de 2009, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda incoada por distintos créditos de naturaleza laboral, viene apelada por la parte demandada.

II.- A tenor del memorial de fs. 300/302 la accionada se agravia por la ponderación del material probatorio realizado por el " a quo" que concluyó que el distracto laboral decidido por el actor resultó ajustado a derecho.

III.- Adelanto que por mi intermedio el recurso en análisis no obtendrá favorable recepción.

IV.- En lo concreto la demandada rechaza la legitimidad del despido indirecto que por carta del 09.10.2006 decidió el actor. Discrepa el recurrente con la valoración de las declaraciones testimoniales, que fue clara y detallada y que adecuadamente ha interpretado el magistrado de grado, con ajuste a las reglas de la sana crítica (artículo 386 del C.P.C.C.N.), por lo que tengo para mí que los intentos de descalificarlas en el memorial en estudio no alcanzan a privar a tales afirmaciones de prudente convicción ( artículo 116 de la Ley 18345).

Los testigos han sido coincidentes al caracterizar la personalidad del señor Dentino ( propuesto también como testigo fs. 249) y el comportamiento discordial que dirigía al actor, que se evidenció y culminó en la golpizaque le propició a éste , que lo comunicara a su empleador y por el cual fuera amonestado ( fs. 14). Más allá de los argumentos que vierte el apelante en defensa de su postura, intentando forzar la valoración del plexo probatorio obrante en autos, llega firme a esta instancia, que el señor Vargas padeció un trato de parte de un superior, no ajustado al espíritu que debe mantenerse en el ambiente laboral. Y parte de estas circunstancias son responsabilidad del empleador; pues la legislación laboral ( artículos 65 y 68 L.C.T.) que otorga la facultad de organizar económica y técnicamente a la empresa y como su correlato dirigirla, en ese contexto obliga al empleador a velar por el respeto a la dignidad del trabajador evitar la presencia de actitudes que vulneren un ambiente laboral sano y leal. A mi entender y en coincidencia con la contundencia de la prueba aportada y suficientemente valorada en origen, el trabajador ha sido víctima de un trato discriminatorio por parte de su superior jerárquico, configurado a través de actitudes persecutorias, situación de la cual la accionada no puede excusarse simplemente negando los eventos dañosos o aplicando sanciones que a su entender son equitativas y menos aún erigiéndose en la inactividad del actor frente a tales visicitudes. Máxime cuando tal como surge de los dichos de los testigos, el señor Vargas era un trabajador de un temperamento pasivo, con buena predisposición con el resto de sus compañeros de trabajo (fs. 148/151 ); cumplidor con su jornada horaria ( fs. 152); sin sanciones o apercibimientos ( fs. 158) y sumiso a la voluntad jerárquica superior ( fs. 159). Esta conducta pasiva, de la que intenta valerse el apelante para exceptuarse de su responsabilidad, cuando alude a que el cambio de categoría de abril de 2004, fue consentido por el trabajador, y reclamado mucho tiempo después, tampoco constituye un argumento válido pues tal omisión no equivale a conformidad, sino sencillamente a la voluntad del trabajador de conservar su fuente de empleo. En este orden conceptual, fue ajustada a derecho la denuncia del contrato de trabajo que formulara el trabajador con fecha 9 de octubre de 2006 porque la accionada no adoptó medidas eficientes que lo resguardasen de conductas lesivas en su desempeño laboral.

V.- El cuestionamiento por la base de cálculo para el artículo 245 L.C.T. no se traduce más que en meras disconformidades que no permiten apartarse del criterio adoptado en grado.

VI.- También se queja la accionada por la condena al pago de indemnización por daño moral e insiste en el carácter de indemnización tarifada que el legislador otorgó al artículo 245 L.C.T. Ello ha sido analizado el " a quo" y no es obstáculo a la procedencia del daño moral, en relación a otras circunstancias que afectaron la tranquilidad del trabajador por lo que las manifestaciones vertidas respecto de este segmento son improcedentes.

VII.- Por lo expuesto propongo en este voto se confirme la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios; se impongan las costas de Alzada a la demandada vencida y se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de lo que fuera regulado en la instancia anterior.

LA DRA. GABRIELA A. VAZQUEZ DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO no vota ( artículo 125 L. 18345) Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios;

2)Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida;

3)Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de lo que fuera regulado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- vc LUIS A. CATARDO GABRIELA A. VAZQUEZ JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA Ante mí:

ALICIA E. MESERI SECRETARIA