Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-14


SENT Nº 333 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Catorce (14) de Mayo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre sendos recursos de casación interpuestos por la demandada y el actor en autos: "Gómez Rolando Luis vs. El Cóndor S.R.L. y otro s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Claudia Beatriz Sbdar, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

I.- Contra la sentencia de la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 23 de abril de 2010 (fs. 691/694 y vta.) y sus aclaratorias del 20/9/2010 (fs. 727/728vta. y 730 y vta.), la demandada y el actor interponen sendos recursos de casación que fueron concedidos por resoluciones del 15/4/2011 (fs. 779) y 12/8/2011 (fs. 801 y vta.), respectivamente. Según informe actuarial de fs. 821, ninguna de las partes ha presentado el memorial previsto en el art. 137 del CPL.

II.- La sentencia -y su aclaratoria de fecha 20/9/2010, fs. 727/728vta.- hizo lugar a la demanda y condenó a la demandada El Cóndor SRL a pagar al actor la suma de $ 13.293,76 en concepto de salarios impagos y a la codemandada Consolidar ART SA a otorgarle a aquel las prestaciones médicas a su cargo o en su caso, pagar en igual plazo el costo de estas, previa determinación en la etapa de ejecución de sentencia. El pronunciamiento rechazó la excepción de falta de acción interpuesta por la demandada, impuso las costas y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

El Sr. Vocal preopinante Dr. Osvaldo Pedernera, señaló que la cuestión litigiosa se circunscribía al alta médica que invocaban la demandada y codemandada, la que era negada por el actor, "circunstancia que se considera de fundamental importancia a los efectos de las prestaciones e indemnización que se peticiona, correspondiendo tenerse por reconocida no solo la relación laboral que vinculaba al actor con la demandada, sino también el accidente sufrido por éste y responsabilidad de la co-demandada en su condición de aseguradora en el ámbito de la Ley Nº 24.557". Consideró que no estaba probada la existencia del alta médica invocada por las demandadas, por lo que concluyó que en virtud de lo prescripto por el art. 7, inc. c) de la Ley Nº 24.557 "el actor tenía derecho a continuar gozando de las prestaciones médicas, farmacéuticas y dinerarias prescriptas por los arts. 12, 20 y concordantes de la citada ley, prestaciones a las que resulta obligada no solo la aseguradora sino también la demandada en forma directa y solidaria, rechazándose en consecuencia la excepción de falta de acción interpuesta por la demandada".

Afirmó que si bien en la demanda se reclamaban prestaciones en especie previstas en el art. 20 de la Ley Nº 24.557, y el pago de los salarios caídos en virtud del art. 7 de la referida ley, tal reclamo debía entenderse "por el período transcurrido desde el momento de producido el infortunio hasta la fecha del alta médica o en su defecto, por el término de un año. Consideró que la demanda "debe entenderse interpuesta también en concepto de resarcimiento total del daño, en el entendimiento que no se puede reparar parcialmente el mismo, cuando la ley pretende una indemnización íntegra, en concordancia con el objeto a que refiere el art. 1º de la ley de Riesgos del Trabajo, y en aplicación del principio iura novit curia, corresponde considerar también la procedencia o no de la indemnización por la incapacidad resultante".

Analizó la prueba pericial médica y las impugnaciones formuladas por la codemandada y el actor; desestimó las primeras y acogió las segundas. En este sentido, afirmó que el dictamen médico de parte -que el trabajador acompañó como fundamento de la impugnación formulada- "efectúa una detallada descripción de las patologías sufridas por el actor al momento de elaborarse el dictamen, concluyendo que el cuadro del actor se agravó, transformándose al momento actual en un síndrome depresivo reactivo en período de estado grave con incapacidad parcial y permanente de un 70% que lo inhabilita para continuar con sus tareas habituales, debiendo permanecer con tratamiento psiquiátrico, impugnación que es contestada y descalificada por la Sra. Perito médico considerando que su informe respeta la Tabla de evaluación de las incapacidades laborales de la Ley Nº 24.557. Que los fundamentos del consultor técnico de parte permiten valorar la evolución de las afecciones sufridas por el actor como consecuencia del accidente sufrido, arribando a la conclusión de que la importancia de las mismas producen como lógica consecuencia una incapacidad notablemente superior a la determinada por la Sra. Perito Médico, no pudiendo desestimarse el importante impacto psicológico y emocional que el hecho produjo en el actor permitiendo catalogar su incapacidad como total y permanente en orden al desarrollo de sus tareas habituales, por lo que corresponde hacer lugar a la impugnación que formula el actor contra el dictamen de la Sra. Perito, teniéndose por acreditada su incapacidad total y permanente".

Por su parte, la Sra. Vocal Dra. Silvia Eugenia Castillo formuló disidencia en lo concerniente a la acreditación de una incapacidad total y permanente en el actor. Sostuvo: "La acción se promueve por el pago de salarios adeudados y prestaciones medicas por el accidente sufrido, sin que se demande además por agravamiento de lo acontecido (.) En consecuencia correspondiendo al juzgador pronunciarse conforme a las acciones deducidas, solo cabe reconocer el derecho del demandante al pago de los meses que declara adeudados en el escrito de demanda. Considerar en la presente litis el supuesto de incapacidad o no del demandante cuando ello no esta peticionado implicaría un pronunciamiento extrapetita".

Vota en el mismo sentido, la Sra. Vocal Dra. Marcela Beatriz Tejeda.

III.- La demandada El Cóndor SRL denuncia violación, inobservancia y errónea aplicación del derecho sustantivo y arbitrariedad en el pronunciamiento impugnado. Expresa que la sentencia es contraria a los postulados de la Ley Nº 24.557, más concretamente a sus arts. 7, 13 y 20, toda vez que hace "una interpretación errónea de la aplicación de esas normas, la calificación de los hechos y el derecho del proceso".

Explica que la parte actora deduce la demanda reclamando el pago de asignaciones dinerarias y prestaciones médicas por las consecuencias del accidente de trabajo que narra en esa pieza procesal, contra El Cóndor SRL en su carácter de empleadora y Consolidar ART SA como Aseguradora de Riesgos del Trabajo en los términos y alcances de la Ley Nº 24.557, y que la Cámara concluyó que en virtud del art. 7 inc. c de la Ley Nº 24557 no se acreditó el alta médica y el actor tenía derecho a continuar gozando de las prestaciones médicas y dinerarias prescritas por los arts. 12, 20 y concordantes de esa ley, a las que resultan obligadas la aseguradora y la demandada. Señala que en la sentencia del 23/4/2010, el tribunal resolvió hacer lugar a la demanda promovida por Rolando Luis Gómez en contra de El Cóndor SRL y Consolidar ART SA en concepto de salarios impagos condenando a los demandados a pagar, pero en la resolución del 20/9/2010 se resolvió la aclaratoria interpuesta por Consolidar ART SA y se modificó sustancialmente el original fallo y se condenó a su parte a pagar los salarios impagos y a Consolidar a otorgar las prestaciones médicas.

Afirma que resulta evidente que el tribunal se abstrae de la norma expresa e interpreta erróneamente la ley que rige la relación entre empleadora, empleado y aseguradora (Ley Nº 24.557) y que la equivocada aclaratoria afecta el derecho de defensa y su patrimonio. Agrega que el juzgador desinterpretó las reclamaciones y constancias de la causa, aplicando una normativa distinta o dio solución al litigio en base a una interpretación o razonamiento contrario a disposiciones legales expresas para el caso concreto. Sostiene que las prestaciones dinerarias los primeros diez días del hecho son a cargo del empleador, posteriormente y hasta el alta médica y/o cumplimiento de un año del accidente son a cargo de la aseguradora, no pudiendo reclamarse ese período contra la empleadora, y las prestaciones médicas y asistenciales son a cargo de la aseguradora. Asevera que su parte fue condenada en contra de normas expresas de la ley que rige las relaciones entre las partes.

La demandada entiende que atento al resultado a que se arriba, debe modificarse la condena en costas por cuanto se violenta el principio del art. 109 del CPCyC, dado que estas deben ser distribuidas acorde al resultado del proceso.

Por su parte, el actor efectúa un pormenorizado relato de la secuencia procesal del pleito, precisando cuáles han sido las posiciones y defensas asumidas por las partes. Alega que la sentencia impugnada y sus aclaratorias de fecha 20/9/2010 viola las disposiciones de los arts. 7 inc. c), 9 apartado 1º, y 20 de la Ley Nº 24.557, arts. 9, 10 y 76 de la LCT, arts. 14, 14 bis, 17 y 18 de la CN, 34, 40 y cc. del CPCyC.

Afirma que la sentencia arbitrariamente parte de una premisa correcta pero arriba a una conclusión errónea, al realizar una aplicación parcializada de las normas que corresponden al caso concreto, omitiendo resolver la totalidad de los reclamos planteados en la demanda; como también que interpreta las pruebas producidas por su parte y las constancias de autos en forma retaceada, dando a los hechos una interpretación parcializada, subjetiva y contraria a las constancias que obran en el expediente ya que ha omitido requerir al juzgado de origen la medida cautelar que tramita por vía incidental, la que acredita las prestaciones médicas otorgadas a su parte. Explica que el fallo realiza un análisis arbitrario de la cuestión litigiosa -determinación de la existencia de alta médica o no- puesto que para ello solamente valora la prueba testimonial rendida por la codemandada en el cuaderno nº 4 y la prueba de absolución de posiciones ofrecida por su parte en el cuaderno nº 8, omitiendo considerar la medida cautelar otorgada por el juez a quo donde consta el otorgamiento de sendas prestaciones médicas, modificando así en forma rotunda el dictamen emitido por la Comisión Médica de Tucumán que determinó que su parte detenta una incapacidad parcial permanente y que no era necesario suministrarle prestaciones médicas. Añade que dichas actuaciones, cumplimentadas por vía incidental, revelan en forma cierta que al actor no se le podía otorgar el alta médica puesto que durante la tramitación de la litis fue intervenido quirúrgicamente a efectos de extraerle un proyectil de su pierna izquierda y hasta la fecha se encuentra sometido a tratamiento psiquiátrico. Sostiene que dicho incidente de medida cautelar es indispensable a efectos de que el tribunal pondere la situación de provisionalidad del estado de incapacidad permanente que presenta el actor -art. 9 LRT-, sin embargo no fue requerido ni siquiera cuando se lo solicitó por vía de aclaratoria.

Asevera que la Cámara realiza "una incompleta aplicación del derecho" por cuanto no sólo debe resolverse la litis mediante la aplicación de los arts. 12 y 20, sino que además de las prestaciones en especie también debe resolverse la petición realizada en la demanda sobre las prestaciones dinerarias de pago mensual correspondientes a los sucesivos períodos a devengar, lo que la sentencia resuelve solo parcialmente. Entiende que surge evidente que la sentencia omite aplicar el art. 9 de la LRT -que establece el carácter provisorio de la incapacidad laboral permanente- y los arts. 14 y 15 LRT que establecen una prestación de pago mensual mientras dure la situación de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente parcial o total, respectivamente, del trabajador.

Afirma el recurrente que la planilla de condena estableció que los períodos liquidados en concepto de prestaciones dinerarias corresponden desde el mes de diciembre/2004 en que ocurrió el accidente de trabajo hasta noviembre/2005, es decir que considera únicamente el lapso de un año normado por el art. 7 LRT; razonamiento que -opina- además de erróneo y arbitrario, vulnera el principio de congruencia que debe observar toda sentencia puesto que reconoce que su parte tiene derecho a continuar gozando de las prestaciones normadas en los arts. 12 y 20 LRT y que no detenta el alta médica, pero solo le concede las prestaciones dinerarias durante un año, omitiendo considerar las prestaciones devengadas desde el mes de diciembre del año 2005 hasta la fecha de la sentencia -17/4/2009- es decir, las que se devengaron a posteriori como se reclamó en la demanda.

Insiste en que la sentencia impugnada ha vulnerado las disposiciones de los arts. 14 y 15 LRT -que establecen las prestaciones dinerarias de pago mensual que debe percibir el trabajador accidentado durante la situación de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente parcial o total- y el principio de congruencia ya que, no obstante dejar sentado que su parte no detenta alta médica, la Cámara solamente contempla las prestaciones dinerarias de pago mensual hasta el mes de noviembre del año 2005.

IV.- Ambos recursos de casación son admisibles toda vez que fueron deducidos tempestivamente contra una sentencia definitiva, invocan infracciones normativas y la doctrina de la arbitrariedad, se bastan a sí mismos y el requisito del afianzamiento ha sido cumplido por la demandada a fs. 758/762 y 774/776 (cfr. arts. 130/133 CPT) en tanto que para el actor no es necesario cumplir con tal exigencia. Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia de los dos recursos.

V.- Razones de orden imponen analizar en primer término el recurso de la demandada El Cóndor SRL. La recurrente sustancialmente cuestiona que se la condene al pago de las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria. Alega que el fallo impugnado "desinterpretó" las reclamaciones y constancias de la causa y que la condenó en contra de expresas disposiciones de la Ley Nº 24.557.

Rolando Luis Gómez inició demanda contra El Cóndor SRL y pidió que se cite en los términos del art. 90 CPCyC a Consolidar ART, aunque luego expresó que la demanda "es contra Consolidar ART". Pidió que se "ordene al accionado: 1º) Abonar el salario (se le adeudan los meses de junio, julio y agosto de 2005, como así también los sucesivos períodos a devengar), siendo ésta una obligación del empleador conforme a lo ordenado por el art. 7 Ley Nº 24.557 (.) 2º) Otorgue prestaciones previstas por el art. 20 de la Ley Nº 24.557.". Explicó que "la obligación" (sic) se dirigía también contra El Cóndor SRL debido a que la minusvalía psicofísica que padecía se debía al accidente de trabajo sufrido en oportunidad en que prestaba servicio a favor de esa empresa. Sostuvo que la empleadora es en principio la responsable directa de los siniestros frente a sus dependientes, quien por imperativo legal se encuentra obligada a contratar un seguro con una ART, que en este caso es Consolidar ART, "siendo sujeto pasivo de esta acción y obligado a ser llamado a integrar la litis". Aseveró que ambas personas jurídicas eran responsables de las obligaciones laborales y que respondían frente a su parte en marcos contractuales diferentes. Refirió que la patronal abonó el sueldo y proporcionó asistencia médico farmacéutico hasta el mes de junio del año 2005 inclusive, y que, posteriormente, le negó tales derechos (fs. 3/9).

La demandada El Cóndor SRL solicitó la citación como tercero interesado de Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. para que asuma su defensa en los términos y alcances del contrato de afiliación nº 32627 y de la Ley Nº 24.557 (fs. 109). En el responde, opuso excepción de falta de acción ya que "conforme a las prescripciones de la Ley Nº 24.557 el actor carece de acción y de derecho para accionar directamente o a vía de solidaridad contra mi mandante" (sic). Expresó que resultaba impropio demandar a quien la propia ley exonera de responsabilidad, y que el trabajador debe exigir el cumplimiento de las prestaciones a la ART como demandada principal "debiendo desestimarse toda interposición con pretensión de responsabilizar a la empleadora de un riesgo que la propia Ley Nº 24.557 coloca bajo la responsabilidad directa de la ART. El convenio entre ART y empresa es ajeno al empleado quien debe sujetar su relación de asegurado-aseguradora a la Ley Nº 24.557" (fs. 145/147).

Por su parte, Consolidar ART manifestó que si bien era cierto que el empleador abonó la prestación por ILT al actor, atento al acuerdo celebrado entre el empleador y su parte por el cual el primero se obligó a abonar las prestaciones por ILT y solicitar luego el reintegro, debía dejar aclarado que la asistencia médica fue otorgada por su parte en cumplimiento de lo normado en el art. 20 de la LRT. Afirmó que su actuación "se sujetó en todo momento a la normativa vigente, otorgando las prestaciones en especie y dinerarias del caso". Respecto del pago de las prestaciones por incapacidad laboral temporaria (ILT) establecidas en el art. 13 de la LRT, expresó que conforme el contrato de afiliación celebrado con la empleadora del actor, ésta se hacía cargo del pago de la prestación y luego solicitaba el reintegro a su parte. Refirió que eso sucedió en el caso de autos, "percibiendo el actor las prestaciones por ILT hasta la fecha del alta médica, 31/05/2005" (fs. 111/115).

En lo pertinente, la Cámara tuvo por reconocida "no solo la relación laboral que vinculaba al actor con la demandada, sino también el accidente sufrido por éste y responsabilidad de la co-demandada en su condición de aseguradora en el ámbito de la Ley Nº 24.557". Asimismo, consideró: "el actor tenía derecho a continuar gozando de las prestaciones médicas, farmacéuticas y dinerarias prescriptas por los arts. 12, 20 y concordantes de la citada ley, prestaciones a las que resulta obligada no solo la aseguradora sino también la demandada en forma directa y solidaria, rechazándose en consecuencia la excepción de falta de acción interpuesta por la demandada".

Preliminarmente corresponde señalar que la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo diseña un sistema de prevención y cobertura de los riesgos o infortunios del trabajo que impone a los empleadores la obligación de afiliarse a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo de su libre elección (art. 3, inc. 3º) aunque, excepcionalmente, admite el autoseguro en el supuesto en que el empleador acredite solvencia económico-financiera para hacer frente a las prestaciones y garantice los servicios necesarios para otorgar las prestaciones de asistencia médica y las demás previstas en el art. 20 de la ley (cfr. art. 3, inc. 2º, LRT).

El art. 13 de la citada ley establece: "Prestaciones por Incapacidad Laboral Temporaria.

1. A partir del día siguiente a la primera manifestación invalidante y mientras dure el período de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual, de cuantía igual al valor mensual del ingreso base.

La prestación dineraria correspondiente a los primeros diez días estará a cargo del empleador. Las prestaciones dinerarias siguientes estarán a cargo de la ART la que, en todo caso, asumirá las prestaciones en especie (.).

3. Durante el período de incapacidad laboral temporaria, originada en accidentes de trabajo o en enfermedades profesionales, el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el párr. 2 del ap. 1 del presente artículo".

Respecto de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, el art. 26 de la Ley Nº 24.557 dispone: "1. Con la salvedad de los supuestos del régimen del autoseguro, la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la L.R.T. estará a cargo de entidades de derecho privado, previamente autorizadas por la S.R.T., y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, denominadas Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (A.R.T.), que reúnan los requisitos de solvencia financiera, capacidad de gestión, y demás recaudos previstos en esta ley, en la ley 20091 y en sus reglamentos (.) 3. Las A.R.T. tendrán como único objeto el otorgamiento de las prestaciones que establece esta ley, en el ámbito que -de conformidad con la reglamentación- ellas mismas determinen.". Y el art. 28 establece: "Responsabilidad por omisiones.

1. Si el empleador no incluido en el régimen de autoseguro omitiera afiliarse a una A.R.T., responderá directamente ante los beneficiarios por las prestaciones previstas en esta ley.

2. Si el empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la A.R.T. otorgará las prestaciones, y podrá repetir del empleador el costo de éstas.

3. En el caso de los apartados anteriores el empleador deberá depositar las cuotas omitidas en la cuenta del Fondo de Garantía de la L.R.T.

4. Si el empleador omitiera -total o parcialmente- el pago de las cuotas a su cargo, la A.R.T. otorgará las prestaciones, y podrá ejecutar contra el empleador las cotizaciones adeudadas".

Por su parte, el art. 1º del Decreto 334/1996 -reglamentario de la LRT- prescribe: "Sólo serán responsables frente a los trabajadores y sus derechohabientes y exclusivamente con los alcances previstos en la Ley Nº 24.557, los empleadores autoasegurados y aquellos que no cumplan con la obligación de afiliarse a una aseguradora, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 13, ap. 1. de la misma ley y en el art. 1072 del Código Civil de la Nación." Confrontados los argumentos de la demandada con los fundamentos del fallo impugnado y los antecedentes del caso precedentemente reseñados a la luz de las disposiciones legales transcriptas, se advierte que el recurso debe prosperar.

La sola lectura del pronunciamiento revela que la conclusión respecto de que la empleadora resulta obligada al pago de las prestaciones dinerarias reclamadas por el trabajador con motivo del accidente de trabajo sufrido por este no cuenta con fundamentos suficientes. En las concretas circunstancias del caso, en que el trabajador reclamó las prestaciones dinerarias y en especie previstas por la Ley Nº 24.557 y las demandadas -Empleadora y Aseguradora de Riesgos del Trabajo- sustentaron sus defensas y posiciones en las disposiciones del mismo régimen legal, correspondía al tribunal analizar la responsabilidad de las accionadas en el marco del sistema de cobertura diseñado por dicha normativa que rige el caso. Puntualmente, no cabe perder de vista que en el responde, la empleadora sostuvo que, conforme las disposiciones de la Ley Nº 24.557, el actor carecía de derecho para accionar directamente o por vía de solidaridad contra su parte, ya que el sistema de la citada ley exonera de responsabilidad al empleador y la única obligada al pago es la ART.

En otras palabras, la decisión de la Cámara en lo concerniente a la responsabilidad de la empleadora respecto de las prestaciones dinerarias de la citada ley, es infundada y dogmática desde que prescinde de los términos en que la litis ha quedado trabada y no exhibe mínimos fundamentos normativos. La Corte nacional ha dicho: "Es claro que la sentencia implica una operación de adjudicación jurídica; requisito éste que, por cierto, no se circunscribe a la cita de uno o varios textos positivos o posturas doctrinarias. En un mismo nivel, han de concurrir también los hechos sustanciales componentes de la situación concreta sometida a juzgamiento, conforme surjan de la prueba producida regularmente. Y, finalmente, han de entrelazarse ambas variables, en una valoración conjunta que conduzca a una conclusión razonable. Precisamente, en orden a los parámetros que conforman el test de adecuación del pronunciamiento jurisdiccional, la doctrina señala como uno de los recaudos indiscutidos en el proceso jurisdiccional contemporáneo, la obligación que pesa sobre el decisor de razonar el acto para que pueda ser abiertamente contrastado por todos; con lo cual, la motivación ha de construirse siempre desde el material fáctico propuesto y acreditado por las partes, desde la mejor solución que ofrezca el ordenamiento jurídico, y desde fundamentos engarzados con propiedad lógica. Así entonces, se ha encontrado que las deficiencias motivadoras aparecen cuando lo argumentado carece de apoyatura fáctica, normativa, axiológica o lógica. He aquí las exigencias básicas sobre las que reposa el proceso judicativo llamado sentencia, que -por definición- debe contener la 'exteriorización del razonamiento que conduce desde los hechos probados y las correspondientes consideraciones jurídicas al fallo, en los términos adecuados a la naturaleza y circunstancias concurrentes (congruencia con las pretensiones deducidas conforme a la ley, racionalidad, conformidad con las reglas de la lógica y la experiencia humana y científica, etc.)...' (Tribunal Constitucional Español, r. 123/1997, 1/7/1997, Sala 1ª, registro 760/1996). En el acatamiento de esa premisa se juegan las garantías constitucionales del debido proceso, de la defensa en juicio, y la denominada garantía de razonabilidad, esto es, el derecho que asiste al justiciable para exigir una sentencia correctamente fundada; elementos todos ellos que hacen al concepto mismo de estado de derecho (XV Congreso Nacional de Derecho Procesal, Córdoba; arts. 8.1 y 25.1, Pacto de San José de Costa Rica; ver doct. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe 30/97, caso 10.987, -Argentina-, OEA/Ser.L/V/II.98, doc. 6 re. 13/4/1998; López Guerra L., Espín E., García Morillo J., Pérez Tremps P., Satrústegui M., "Derecho constitucional", vol. I, 4ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, España, esp. ps. 338, 342 y 349, y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional Español allí cit.)" (CSJN, "Andino Flores, Leonor v. Hospital italiano - Sociedad Italiana de Beneficencia", 30/9/2008, dictamen del Procurador Fiscal al que remite la Corte).

También esta Corte tiene dicho: "La sentencia constituye una unidad lógico-jurídica cuya dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria por derivación razonada del examen de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación. No es, pues, sólo el imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances de la sentencia (cfr. CS, sentencia del 06/4/1993 en autos "Amaya, Mario A.", LL 1994-B, 168; "Perrotta, Luis c. Pensa, Eduardo F. y otros", sentencia del 26/4/1994, LL 1995-A, 495)" (CSJT, "Sisnero, Alberto vs. Luque, Emilio Salvador s/ Despido", sentencia N° 494 del 10/6/2008).

Los defectos del pronunciamiento antes señalados indican que el fallo incumplió con el deber de fundamentación que le imponen los arts. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, 264 y 265, inc. 5º del CPCyC a los que remite el art. 46 del CPT, comprometiendo además el principio de congruencia, de raigambre constitucional (arts. 18 de la CN y 30 de la CP). Ello determina su descalificación como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia.

Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación en examen y, consecuentemente Casar parcialmente la sentencia impugnada y su aclaratoria del 20/9/2010 (fs. 727/728vta.), puntos resolutivos I (sólo en cuanto condena a la demandada El Cóndor SRL), II (que rechaza la defensa de falta de acción), III (solamente en cuanto a la imposición de costas a El Cóndor SRL) y los puntos IV y V (relativos a la regulación de los honorarios) en base a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria por dogmática y, por ende nula, la sentencia que no cuenta con fundamentos suficientes", y Reenviar los autos al tribunal de origen a fin de que, con la composición que por turno corresponda, dicte, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

La nulidad precedentemente dispuesta exime a este Tribunal de analizar el planteo de la recurrente vinculado a la imposición de las costas de la única instancia.

VI.- Seguidamente corresponde analizar el recurso del actor, el que sustancialmente se basa en que la sentencia habría infringido el principio de congruencia toda vez que solo concedió las prestaciones dinerarias durante el lapso de un año, sin considerar las que se devengaron a posteriori y hasta la fecha del fallo. Confrontada la crítica del recurrente con los fundamentos del pronunciamiento y los antecedentes del caso, se advierte que el recurso no puede prosperar.

En la demanda el actor solicitó que se "ordene al accionado: 1º) Abonar el salario (se le adeudan los meses de junio, julio y agosto de 2005, como así también los sucesivos períodos a devengar), siendo ésta una obligación del empleador conforme a lo ordenado por el art. 7 Ley Nº 24.557 que dispone expresamente: '.Que existe incapacidad laboral temporaria (I.L.T.) cuando el daño sufrido por el trabajador le impide temporariamente la realización de tareas habituales. La situación de incapacidad laboral temporaria cesa por.el transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante.'. De la instrumental aportada surge: a) Que al actor no se le ha otorgado el alta médica. B) No se encuentra cumplimentado el año desde la primera manifestación invalidante. El accidente de trabajo es sufrido en el mes de diciembre del año 2004, hasta la fecha aún no se cumplimentó ese plazo. Por lo tanto se encuentra vigente la obligación de pago (.) 2º) Otorgue prestaciones previstas por el art. 20 de la Ley Nº 24.557.". Explicó que "la patronal abonó el sueldo y proporcionó asistencia médico farmacéutico hasta el mes de junio del año 2005 inclusive, posteriormente le negó tales derechos" y entendió que era obligación de la demandada el pago del salario "conforme a lo ordenado por el art. 12 y cc. Ley Nº 24.557". Sostuvo: "El art. 7 y cc. de la Ley Nº 24.557 establece en forma expresa el plazo máximo de un año durante el cual el empleador está obligado al pago de los salarios y prestar asistencia médica y farmacéutica. De la instrumental adjunta surge que el plazo de un año aún no se ha cumplimentado, el accidente de trabajo el actor lo sufrió el día 12/12/2004, es decir hasta el día 12/12/2005 deben proporcionarles el pago del salario y de las prestaciones médicas sanatoriales.". En la liquidación, bajo el título "Rubros que se reclaman" expresó: "Al actor le adeudan los salarios devengados de los meses de junio, julio y agosto 2005. Asimismo las prestaciones médicas y farmacéuticas" (fs. 3/9).

En lo pertinente, la Cámara juzgó no acreditada la existencia del alta médica invocada por las demandadas, por lo que concluyó que en virtud de lo prescripto por el art. 7, inc. c) de la Ley Nº 24.557 "el actor tenía derecho a continuar gozando de las prestaciones médicas, farmacéuticas y dinerarias prescriptas por los arts. 12, 20 y concordantes de la citada ley" y condenó a la demandada a pagar los haberes correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005.

Como se advierte, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, el tribunal se pronunció respecto de la pretensión conforme esta fue planteada en la demanda. En dicha pieza procesal, el propio actor circunscribió el reclamo de haberes al período de un año cuando dijo: "De la instrumental adjunta surge que el plazo de un año aún no se ha cumplimentado, el accidente de trabajo el actor lo sufrió el día 12/12/2004, es decir hasta el día 12/12/2005 deben proporcionarles el pago del salario".

En el responde Consolidar ART SA expresó: "Respecto del pago de las prestaciones por incapacidad laboral temporaria (ILT) establecidas en el art. 13 de la LRT, cabe referir que, conforme el contrato de afiliación celebrado con la empleadora del actor, ésta se hace cargo del pago de la prestación y luego solicita el reintegro a la ART. Eso sucedió en el caso de autos, percibiendo el actor las prestaciones por ILT hasta la fecha del alta médica, 31/5/2005. Esto fue así conforme lo normado en el art. 7 de la LRT que establece que el período de ILT cesa por el alta médica" (fs. 111/115). Por su parte, la empleadora señaló: "La acción está encaminada al cobro de: a) prestaciones establecidas en el art. 13 de la Ley Nº 24.557. b) Prestaciones en especie previstas en el art. 20 de esa ley. La cuestión a dilucidar en autos es quien tiene la responsabilidad de las prestaciones dinerarias y asistencia médica y si estas corresponden al actor atento al alta médica otorgada por Consolidar ART SA con fecha 31/5/2005" (fs. 115/117).

La reseña precedentemente efectuada de las alegaciones que las partes realizaron en los escritos constitutivos del proceso, evidencia que el tribunal examinó la procedencia de las prestaciones dinerarias reclamadas en la demanda conforme fueron planteados los hechos por los litigantes y las constancias probatorias conducentes del expediente y, en ese contexto, ponderó los efectos que la LRT asigna a la situación de incapacidad laboral temporaria denunciada por el actor y la falta de otorgamiento del alta médica.

Las alegaciones del recurrente vinculadas a la situación de incapacidad permanente, no fueron planteadas en la demanda ni alegadas como hechos nuevos, por ende, no han sido debatidas y resueltas en la instancia ordinaria. Consecuentemente, el planteo no puede ser introducido en esta instancia extraordinaria, concebida esencialmente para revisar la juridicidad de las decisiones de los jueces de mérito, en relación a todas aquellas cuestiones, respecto de las cuales la litis se trabó; de ahí entonces que resulten ajenas a este carril, aquellas cuestiones que no han sido propuestas en la instancia ordinaria.

Tiene dicho esta Corte: "Conforme lo disponen los arts. 14 y 46 primer párrafo del CPL, las disposiciones respecto del contenido, y demás, de las resoluciones judiciales contenidas en el CPCC, son de aplicación al proceso laboral. De manera que los jueces deben respetar en todos los casos el principio de congruencia (resolver todas las cuestiones que le fueron sometidas a su decisión por las partes); sus sentencias deberán contener la decisión expresa, positiva y precisa de la cuestión propuesta, es decir, con arreglo a las acciones deducidas, bajo pena de nulidad, según surge del juego armónico de las normas contenidas en los arts. 34, 272 y 273 del CPCC (.) Este resguardo implica la inviolabilidad de la garantía de la defensa en juicio, la que exige que los fallos tengan fundamentos serios, exhiban un correcto análisis de las constancias de la causa que acrediten los hechos y una razonable conclusión sobre la valoración que le corresponde, a la luz del derecho vigente. La aludida garantía, guardiana, a su vez, del debido proceso adjetivo, limita a la judicatura para introducir pretensiones sorpresivas de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa. De ahí que la conformidad entre la sentencia y la demanda, en cuanto al objeto, sea ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesales, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez. Cuando se supera ese marco de operatividad, se produce el quebrantamiento del principio de congruencia. Y en ese sentido, no puede confundirse la facultad de sentenciar ultra petita del juzgador del fuero laboral, con la regla 'iura novit curia', al extremo que signifique alterar la naturaleza de la acción que sirvió de base para la articulación de la relación procesal, puesto que la potestad de calificar jurídicamente las relaciones o situaciones, reconoce como límite el modo como el proceso ha quedado constituido. Es por eso que el juez tiene el deber de que su sentencia contenga la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con la índole de la acción deducida en el juicio, cuyos presupuestos fácticos hayan sido acreditados; y ese deber se viola cuando el pronunciamiento excede el marco señalado por el tema litigioso (CSJTuc., sentencia N° 610 del 12/9/1996). Entendemos que la decisión debe recaer sobre lo que se pide en la demanda, porque incumbe a las partes fijar el alcance y contenido de la tutela jurídica; en este sentido, la indemnización o sanción prevista en el art. 16 de la Ley Nº 25.561 no fue reclamada ni justipreciada por la actora en su demanda, por lo que la sentencia no puede condenar al pago de dicho concepto" (CSJT, "Valladares, Estela Adriana vs. Zurita de Homet, María Nélida Gavina s/ Cobro de pesos", sentencia Nº 221 del 01/4/2008).

Lo precedentemente considerado deja sin sustento el agravio referido a la omisión en que habría incurrido el tribunal de ponderar las constancias del incidente de medida cautelar.

Por todo lo expresado, el recurso de casación interpuesto por el actor debe ser rechazado.

VII.- Atento al resultado a que se arriba, las costas del recurso de la demandada El Cóndor SRL se imponen en el orden causado en razón de que la nulidad declarada proviene de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 105 del CPCyC y 49 CPT). Las del recurso del actor deben ser soportadas por este, siguiendo el criterio objetivo de la derrota (cfr. arts. 108 del CPCyC y 49 del CPT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane y , dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, sin perjuicio de dejar expresamente consignado que los recursos de casación deducidos por ambas partes cumplen con el requisito del art. 131 inc. 1 del CPL, en la medida en que están fundados en una supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo. Al respecto, es del caso aclarar que la ponderación por parte de este Tribunal Cimero de la valoración del material probatorio de la causa efectuada por el Tribunal de grado, resulta objeto propio del recurso extraordinario local, por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del A quo.

Por lo señalado, los recursos en examen devienen admisibles y siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la demandada El Cóndor SRL contra la sentencia de la Sala V de la Excma. Cámara del Trabajo del 23/4/2010 (fs. 691/694vta.) y su aclaratoria del 20/9/2010 (fs. 727/728vta.) en base a la doctrina legal expresada en el apartado V de los considerandos. En consecuencia, CASAR parcialmente los puntos resolutivos I (sólo en cuanto condena a la demandada El Cóndor SRL), II (que rechaza la defensa de falta de acción), III (solamente en cuanto a la imposición de costas a El Cóndor SRL) y los puntos IV y V (relativos a la regulación de los honorarios), y REMITIR los autos a la Cámara a fin de que, con la composición que por turno corresponda, proceda a dictar, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

II.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia indicada en el apartado I precedente.

III.- COSTAS de los recursos, conforme se consideran.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR (con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.