marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fraga, Silvia María del Huerto Roldán de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 702-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-30

Debe tenerse por satisfecha la exigencia de configuración de un supuesto de denegación tácita si el plazo se cumple antes de contestarse la demanda. En el caso, al haberse pronunciado Fiscalía de Estado en los recursos jerárquicos interpuestos por la recurrente, se encontraban concluidos los respectivos trámites administrativos y, por lo tanto, había comenzado a correr el respectivo plazo previsto en el artículo 6 de la ley 4106, plazo que se encontraba vencido al momento de pronunciarse la Presidencia del Cuerpo sobre la admisibilidad del recurso y -obviamente- también al contestarse la demanda.
Falta de ratificación, ratificación de la denuncia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NN c/  s/ Presunta inconducta profesional por denuncia de colegiado
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-19

Se ha requerido al denunciante que proceda a la ratificación de la denuncia, el cuál fue debidamente notificado, recepcionando el mismo la cédula conforme surge de fs. 10 de autos. Pese a estar debidamente notificado, el letrado no ha procedido a ratificar la denuncia, es decir no ha cumplimentado con el art. 6 del Reglamento de Actuaciones ante el Tribunal de Conducta. Debemos tener en cuenta que la ratificación en tiempo y forma de la denuncia por parte del denunciante es un requisito indispensable para poder continuar con las actuaciones (art. 6 del RATC), correspondiendo por lo tanto el archivo de autos ante la falta de ratificación de la misma, sin perjuicio que pueda hacerse una nueva presentación ante éste Cuerpo." (Fdo.) Dres. Alejandra Alvarez, Liliana Barraguirre, y Carlos M. W. Carbone, Vocales; Dra. Ana Laura Mendoza, Secretaria de Sala.
Rechazo de la demanda, traslado del paciente, muerte, apreciación de la prueba, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: ARTEAGA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL c/ HOSPITAL REGIONAL DE LOBOS s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-04

No resultando concluyente la prueba rendida, para llegar al convencimiento en los términos del CFR art. 386, de que la muerte se haya producido como consecuencia del traslado del paciente, corresponde rechazar la demanda incoada contra el hospital, absolviéndolo. Ello así, por cuanto la responsabilidad objetiva invocada por el primer sentenciante para condenarlo no resulta adecuada ya que para así decidir debería derivar la demora de un error o negligencia en la formulación del mismo, lo que fue descartado, pues la llegada del paciente con los signos vitales inalterados y habiéndosele administrado el tratamiento adecuado lejos de demostrar negligencia por parte del hospital, son elocuentes para acreditar que ante la emergencia de no contar con el personal especializado para la realización de la operación, derivo al enfermo a un establecimiento que, por su complejidad, podía realizar la operación.
Locación, alquileres, falta de pago, prueba, carga de la prueba, mora
Materia: CIVIL
Carátula: ALBOTTI DE BEARZOTTI, MARIA c/ VILCHE DE AZA, ANA M s/ CONTRATO DE LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-16

Cuando no exista contrato de locación escrito o no se haya convenido el lugar de pago, siendo éste el domicilio del deudor como lo establece el art. 747 del C. Civil, mientras no se acredita fehacientemente que el locador ha concurrido al domicilio del locatario a percibir sus rentas y demuestre el resultado negativo de su gestión, va de suyo que el inquilino no se encuentra en mora. No obsta a esta información, la modificación introducida por el art.

509 del C. Civ. por la ley 17.711 ya que el citado principio del mencionado cuerpo de leyes no ha perdido vigencia y, por ende, el Juzgador se ve en la obligación de conjugar armónicamente ambas disposiciones.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, facultades disciplinarias, interés público, Municipalidad, personal municipal, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pérez, Pedro Hector c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de La   Nación. Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción   (Expte CSJ Nº 437-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-02

No puede prosperar el agravio del recurrente relativo a que el decreto que revocó su nombramiento es nulo por ausencia de causa legítima al faltarle el requisito de interés público en la anulación, si la necesidad de anular el decreto por el cual se incorporó al actor a la planta de personal permanente es evidente ya que se ha consignado en el acto que el carácter de procesado por delito doloso viciaba de ilegitimidad su nombramiento por falta de idoneidad moral al tiempo de la designación, tornándose aplicable lo dispuesto por el artículo 11 inciso d) de la ley 9286.
Caducidad de instancia, plazo, suspensión del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PARMA NORBERTO c/ CARLOS BAZZALLI s/ Ordinario (LIBRO: A075 - 071)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-11-10

No se puede ni debe confundirse la paralización del procedimiento, con la suspensión de los términos. la paralización procesal general la suspensión de todos los plazos procesales, mientras que la suspensión de términos, en cambio, sólo detiene el curso del plazo procesal cuya prosecución afectaría el derecho de defensa del justiciable. La primera de ellas, acarrea la suspensión del curso de la caducidad de la instancia, no sucediendo lo mismo con la suspensión de términos, puesto que decretada ésta, prosigue el plazo de perención.-
Contratos civiles, interpretación del contrato, buena fe contractual, interpretación literal
Materia: CIVIL
Carátula: BERROCA DE SEGURA, ANA ELVIRA c/ JORGE H. GOYCOCHEA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-06

Atento a las reglas legales de la hermenéutica en nuestro derecho, dentro de nuestro Código civil, el art. 198 es el único que se refiere a la interpretación de los contratos en general. Y el art.

218, inc. 6, del Cód. de Com. establece la regla básica de que la intención común de las partes debe privar sobre el sentido literal de los términos. Siendo válida la interpretación literal "cuando tal sentido gramatical estricto no sea repugnante a las demás partes de la convención". Asimismo la buena fe que menciona la precitada norma del código de fondo, impide dar por no querido, sin una clara salvedad lo que es usual o general querer".
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Mendoza, Provincia de c/ Valle de Las Leñas SA y otros s/ acción por daño ambiental
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-27

Uno de los supuestos en que procede la competencia originaria de la Corte si es parte una provincia, según el art. 117 de la Constitución Nacional, es cuando la acción entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa, quedando excluidos aquellos procesos en los que se debaten cuestiones de índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de éstas o que requieran para su solución la aplicación de normas de esa naturaleza o el examen o la revisión en sentido estricto de actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales de las autoridades provinciales. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Filiación, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: R.V.M. c/ A.R.C. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-08-04

La inactividad prolongada de la accionante de autos, impone al Ministerio Pupilar -en representación promiscua del menor- de conformidad lo prevee el art. 225 del C.C. la obligación de determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presente padre promoviendo la acción. La Ley 23264 ha concedido al Ministerio de Menores prerrogativas y deberes que adquieren marcada trascendencia y reflejan la tarea que deben cumplir los funcionarios, que una vez iniciada la acción de filiación la misma debe continuar impulsada por dicho funcionario. Por lo que deviene por vía de consecuencia no admitir la caducidad de instancia. Más aún, la norma sustantiva del art. 251 del C.C. pone fin al problema en lo que hace a las acciones de filiación consagrando su imprescriptibilidad en todos los supuestos, sean matrimoniales o extramatrimoniales de reclamación y de impugnación.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, gravamen irreparable
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L. , E. M. s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-14

No se ha atendido a un elemento esencial que hace al espíritu mismo del recurso de apelación:el perjuicio irreparable que debe causar al impugnante el decisorio que se apela.

En el caso del recurso de apelación debe existir un interés en impugnar por parte de quien lo deduce, y, concomitantemente, un agravio concreto a sus derechos. Es requisito ineludible para la procedencia del recurso en cuestión que la resolución que se impugna perjudique, en el marco del proceso, a quien lo deduce.
Derechos y garantías constitucionales, ley anterior, jueces naturales, tratados internacionales, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra, delitos contra la humanidad, prescripción de la acción penal, retroactividad de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Si la aprobación e incorporación con jerarquía constitucional de la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad" se produjo con posterioridad a la comisión de los hechos de la causa, su aplicación resulta contraria a la prescripción de aplicación retroactiva de la ley penal, como corolario del principio de legalidad (Disidencias de los Dres. Augusto César Belluscio y Carlos S. Fayt).
Superior Tribunal de Justicia, excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: INC S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXCUSACION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-15

La causal de apartamiento por motivos de decoro y delicadeza invocada (que este Cuerpo ya ha aceptado anteriormente) no puede ser acogida en la especie, por cuanto el ejercicio de la función de Ministro de la Corte Suprema supone una serie de derechos y deberes diferenciados respecto a los demás integrantes del Poder Judicial, lo que exige criterios muy estrictos para acoger favorablemente los planteos de auto-inhibición -dado que la eventual sustitución de un juez de la Corte implica recurrir a mecanismos de integración que pueden llegar a afectar el diseño institucional del mismo Poder Judicial definido por la Constitución y la ley-; y se trata de una causa con características particulares, atento a que su temática guarda sustancial analogía con un grupo numeroso de expedientes que se encuentran a estudio de esta Corte y en los cuales el señor Presidente ya ha emitido su voto. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 268, p 208; T 101, p 148/149; T 101, p 150/151; T 103, p 265; T 99, p 492. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 12
Pensiones, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ORTUBIA, YOLANDA c/ ANSES s/ PENSIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-02

Desprendiéndose de las constancias de autos que la solicitud del beneficio presen-tada a la fecha del fallecimiento del causante fue denegada en sede administrativa, y que recién después de un extenso período de inactividad la actora peticionó la reapertura del procedimiento que llevó al reconocimiento de su derecho de pensión, resulta de aplicación al caso la normativa del art. 15 de la ley 24.241. En conse-cuencia, es desde la fecha de solicitud de la reapertura -y no de la presentación ori-ginaria en demanda del beneficio- desde cuando deberá abonarse la retroactividad del haber de pensión.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, demanda, rechazo in límine, juicio, debate
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: O., C. A. c/ P., G. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-28

En relación a la contradicción en la que habría incurrido la Cámara al parangonar los decisorios dictados por dicho Tribunal en el mismo proceso, amerita evidenciar que del mismo escrito impugnativo surgiría que el alegado vicio no sería tal, dado que la resolución primigenia se habría enmarcado en el análisis del rechazo in limine de la demanda, tornando operativo el carácter excepcional de la desestimación ab initio de una pretensión y poniendo de resalto los juzgadores que en el sub judice debía prescindirse de la aplicación de dicha figura, relegando el debate de su pertinencia para el estadio procesal oportuno.
Juicio ejecutivo, falta de personería
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Viafin S.A. c/ Mónaco Teresa y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-21

Tratándose la excepción de falta de personería de una de las denominadas dilatorias, aún cuando la misma resultare procedente, la única consecuencia jurídica prevista en la ley es la fijación de un plazo dentro del cual debe subsanarse tal deficiencia. (Minoría u opinión personal)
Delitos cometidos por medio de la prensa, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Abad, Manuel Eduardo y otros s/ calumnias e injurias -Causa N. 18.880-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Si mediante una publicación se difama o injuria a una persona, se hace la apología del crimen, se incita a la rebelión o a la sedición, se desacata a las autoridades nacionales o provinciales, no pueden existir dudas acerca del derecho del Estado para reprimir o castigar tales publicaciones sin mengua de la libertad de prensa
Incapacidad, indemnización, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Buroni Daniel Oscar y otra c/ Giachino Raúl y/o quien resulte propietario y/o responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-14

A diferencia de la legislación laboral, en materia civil la indemnización no está tarifada en razón de baremos de incapacidad previamente establecidos. De allí que el baremo escogido en la pericia médica -los hay numerosos y distintos- no limita la facultad judicial para apreciar libremente la real entidad del daño, y en consecuencia fijar la indemnización. Lo significativo en la pericia citada es la comprobación y descripción de las lesiones y sus secuelas.
Derecho laboral, contrato de trabajo, honorarios, procedimiento laboral, etapas del proceso, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: FEDRE, Daniel Eldo c/ MASSALIN PARTICULARES S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-08-26

En el auto regulatorio deben cumplirse ciertos requisitos, para que no se desprenda del mismo una suerte de arbitrariedades. Es por ello que independientemente de lo que resulten los honorarios de los señores letrados actuantes, no resulta procedente que el señor juez a quo enuncie su facultad de morigerar y la no sujeción al informe del Consejo Profesional de C.E., (lo cual es estrictamente cierto) pero no da las razones para ello ni algún elemento de juicio que permita avizorar el por qué del monto regulado.
Recurso de casación, excarcelación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dr. Saldivia, Lucas Daniel p/Leandro Rubén Ferreira s/ recurso de casación en expte. nº 56/2010 - Ferreira, Leandro Rubén s/sol. excarcelación - expte. ppal. nº 164/10", . s/robo calificado y portación de arma de fuego
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-15

Corresponde declarar admisible el recurso de casación interpuesto con fundamento en el inc. 1 del art. 461 del CPP, en el cual se denuncia que los razonamientos del Tribunal de mérito que denegó la excarcelación del imputado denotan un marcado abandono de las reglas del correcto entendimiento humano, con capacidad para justificar la nulidad de la resolución, y que la misma es violatoria del principio constitucional de inocencia, debido proceso y juicio previo, con errónea aplicación de la ley sustantiva, pues dichas consideraciones determinan la necesidad de un estudio exhaustivo y pormenorizado de las actuaciones para conocer con más detenimiento los motivos de la impugnación.
Medidas para mejor proveer, fallo plenario, carga de la prueba, impulso de oficio
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: FISZMAN, JACOBO s/ MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER - PROCEDIMIENTO PENAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-18

Como de conformidad con lo establecido por el art. 468 del Código de forma, rige para la parte acusadora la carga de la prueba resulta improcedente la medida para mejor proveer dispuesta por el Tribunal una vez abierto el debate plenario, supliéndola, ya que su producción puede afectar la garantía de defensa en juicio.
Personal municipal, período de prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cornes, Augusto Horacio. c/ Municipalidad de San Isidro. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

Aunque el acto administrativo se haya emitido antes de vencer el plazo de seis meses previsto en el art. 7 de la Ordenanza General 207 la notificación del mismo efectuada con posterioridad al cumplimiento del período de prueba, resulta inidónea para impedir el nacimiento de los derechos consecuentes de la estabilidad y torna inadmisible su separación sin previo sumario.
Tutela sindical, derechos sindicales, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Alcira del Carmen Velasco c/ Palue S.R.L., Complejo Educativo José Hernández s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. B-78771/01 Laboral por despido sin justa causa. L.A. N 46, F 768/771, N 306 Educativo José Hernández s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en expte. B-78771/01 Laboral por despido sin justa causa. L.A. N 46, F 768/771, N 306
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-07-29

El art. 52 de la ley 23551 es prístino al establecer dos alternativas para el delegado gremial: demandar judicialmente la reinstalación en su puesto con más los salarios caídos durante la tramitación del proceso - restablecimiento de las condiciones en las que prestaba servicios- (2º párrafo) o bien, considerar extinguido el vínculo laboral con derecho a requerir el pago de las indemnizaciones por despido y de una reparación especial (4º párrafo).

Ambas pretensiones se excluyen naturalmente entre sí toda vez que, desde una perspectiva no sólo jurídica sino, además lógica, resultan mutuamente incompatibles.
Daño moral, inundación, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Matos, Néstor Omar c/ Prov. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-23

No corresponde indemnizar el daño moral si no se ha demostrado que se han sufrido perjuicios de carácter extrapatrimonial suficientes para justificar el reclamo, sin que sea óbice a ello la circunstancia que la única prueba aportada para justificarlo sea la testimonial pues, como lo ha sostenido esta Sala, no es requisito de admisibilidad de la pretensión del daño moral la producción de algún medio probatorio específico -tal vez la prueba pericial psiquiátrica o psicológica como pareciera indicar el sentenciante de origen- ya que ello no viene impuesto por ninguna norma legal (art. 375 Cód.

Proc. y 1078 Cód. Civil).
Prueba testimonial, dependientes, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: OPERACIONES ESPECIALES ARGENTINAS S.A c/ EMEYA S.A.I.C s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-20

Se encuentra disminuida la fuerza de convicción de la declaración testimonial del dependiente de la actora, ya que si bien no es parte en el juicio, no puede decirse que sea un tercero totalmente extraño, condición que caracteriza al testigo, por lo que la misma sólo podría valer como presunción simple o prueba corroborante si otras presunciones o pruebas aparecieran en el proceso.
Municipalidad, personal municipal, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Agüero, Carlos Alberto c/ Municipalidad de Laguna Paiva s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 60 Año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-13

No puede prosperar el recurso contencioso administrativo interpuesto, desde que no puede acogerse el planteo vinculado a que la asignación de las nuevas tareas le produjo al actor una "concreta rebaja de categoría", por cuanto si bien es cierto que la Municipalidad lo designó en el Agrupamiento Administrativo, tramo ejecución, categoría 5, también lo es que dicho decreto fue "derogado" por otro (siquiera mencionado por el actor, y agregado en copia a su legajo personal), mediante el cual el Intendente dispuso la redesignación del recurrente en el Agrupamiento Servicios Generales, Tramo Ejecución, en la categoría 7. Dicha medida -se aclara- obedeció a que el ahora demandante "no reunía las condiciones legales para ingresar y/o permanecer en aquél", esto es, en el Agrupamiento Administrativo.
Amparo por mora, costas
Materia: CIVIL
Carátula: FULVI RICARDO AGUSTIN c/ I.P.V.U. s/ ACCION DE AMPARO POR MORA-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-04

Corresponde apartarse de la aplicación del artículo 14 de la Ley Nro. 16986 que consagra la eximición de la condena en costas a la administración si antes del plazo fijado para la contestación del informe previsto por el artículo 8 cesara el acto u omisión en que se fundó el amparo: porque de aplicarse dicho artículo se lesionaría el principio de gratuidad del amparo para el accionante, quien se vería obligado a cargar con los gastos que derivan del proceso que fueron originados por la negligencia de la administración, en contra de lo expresamente previsto en la norma constitucional. Una interpretación contraria a la que aquí se propugna implicaría admitir que el particular que accionó por la violación del derecho a obtener un pronunciamiento, aún habiéndose configurado la mora de la administración, debe soportar los gastos en que debió incurrir para hacerlo valer, si aquella subsanase su omisión en el transcurso del proceso judicial. En otras palabras, se autorizaría la aplicación de una norma excepcional prevista en el ordenamiento jurídico para otro caso de amparo en el que se satisface la pretensión sustantiva del amparista, al instituto del amparo por mora, sin considerar para ello sus particularidades, ni la injusta afectación que representa para el patrimonio de quien ha debido soportar la mora de la administración.