Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-18


Buenos Aires, de mayo de 2006. VISTO: El recurso de apelación interpuesto a fojas 105 y vta., por la actora, contra la sentencia dictada en la instancia anterior a fojas 103/104, y; CONSIDERANDO: Que la parte demandada acusó la caducidad de instancia a fojas 92. Sustanciada la petición, la señora jueza de grado dictó sentencia declarándola e impuso las costas a la actora. Para así decidir sostuvo que el último acto impulsorio ha sido el de fecha 13 de diciembre de 2004 y que el plazo de caducidad se verificó el 27 de julio de 2005. Asimismo, que las actuaciones posteriores han resultado tardías por haberse llevado a cabo después del cumplimiento de dicho plazo y no se ha verificado en el caso la purga de la caducidad contemplada en el art. 265 del CCAyT, ya que el pedido se planteó dentro del quinto día de haber tomado conocimiento el incidentista del estado del proceso con la cédula de fojas 90. 2. Que contra la referida resolución se alzó la actora, con el recurso de apelación que interpuso y fundó en el escrito de fojas 107/108. Se agravia de lo decidido en cuanto el a quo sostiene que no efectuó act o impulsorio alguno a partir de fojas 68, cuando con fecha 6 de setiembre de 2005 solicitó se decretara la apertura a prueba, el que reviste tal carácter. Sostiene que la demandada mantuvo silencio cuando fue notificada ministerio legis de su pedido y critica que el sentenciante no haya tenido por purgada la caducidad contemplada por el art. 265 del CCAyT. Pide se revoque la sentencia apelada, con costas. 3. Que dichos agravios fueron objeto de responde por la accionada a fojas 111 y vta. Expresa que no consintió acto procesal posterior a fojas 68 y que no se halla purgada la caducidad, en tanto fue planteada dentro del quinto día de la notificación emergente de fojas 90. Solicita la confirmación del decisorio, con costas. 4. Que el funcionamiento del instituto de la caducidad de instancia se verifica objetivamente por el transcurso de los plazos previstos por el art. 260 del código ritual, sin que en su desarrollo se realice acto alguno de impulso procesal con independencia de las razones o circunstancias ex traprocesales o de fondo que motivaron la ausencia de tal impulso. De tal suerte que, el único medio adecuado para demostrar la falta de espíritu de deserción de la instancia y destruir la presunción que implica la inactividad de la parte, consiste, precisamente, en la realización de los actos procesales útiles y adecuados al estado de la causa, a los efectos de posibilitar el avance del procedimiento. Prima así el interés público comprometido en el desenvolvimiento procesal correcto, el que debe hallarse en continua actividad hacia su fin último, que es el dictado de la correspondiente sentencia (cfr.: Morello, Augusto M.; Sosa Gualberto L.; Berinzonce Roberto O.; Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados, To. IV A, pág. 106, Librería Ed. Platense-Abeledo-Perrot). Entre el acto de fojas 80 (resolución del 13/12/04) y el de fojas 88 (pedido de apertura a prueba del 6/9/05) no consta actuación que impulse el procedimiento y medió un lapso q ue excede el establecido en el artículo 260 inc. 1 del CCAyT, computado según lo previsto en el artículo 261 del mismo ordenamiento. La petición del 6 de setiembre de 2005, mereció el proveído del día 7 siguiente citándose a las partes a la audiencia fijada, a los efectos previstos en los artículos 288, 289, 295 y 389 del CCAyT. Su notificación se dispone por secretaría, verificándose en la demandada el 16 de setiembre de 2005, con la cédula de fojas 90. La caducidad de instancia fue acusada el 23 de setiembre de 2005. Tal como ha quedado consolidada la respectiva postura de las partes, corresponde establecer, en primer término, la existencia de actos con entidad impulsoria. Luego si respecto a alguno de ellos se ha verificado la denominada "purga" de la caducidad de la instancia. En general, todos aquellos actos de impulso procesal que realizados durante el curso del plazo de caducidad son idóneos para interrumpirlo, son también aptos para lograr la subsanación de la instancia en los supuestos en que se real icen luego de cumplido el plazo de caducidad. Al igual que el acto interruptivo, el necesario para subsanar debe impulsar el procedimiento, es decir, debe hacerlo avanzar, progresar (Loutayf Ranea Roberto G., Ovejero López Julio C.: Caducidad de la instancia, pág. 448). Y relacionado con los actos verificados en autos se ha establecido que produce la interrupción del curso del plazo de caducidad el escrito en que se pide la apertura a prueba del juicio cualquiera que sea la forma en que fuera proveído. También que el auto que la dispone tiene efecto interruptivo, aunque no haya sido notificado a las partes y que el señalamiento de la audiencia de prueba, aún cuando no se la notifique, es un acto procesal que tiende al desenvolvimiento de la instancia e interrumpe la perención de ésta (cfr. Eisner Isidoro: Caducidad de Instancia, pág. 104/105, Ed. Depalma, con sus citas de jurisprudencia). En igual sentido: "La petición de la actora para que se abra la causa a prueba por el término de ley y la subsiguiente pro videncia mediante la cual el juez dispone la recepción de la causa a prueba, tienen la virtualidad de trasladar el proceso hacia el estado subsiguiente: el de la oferta y producción de las pruebas atinentes a los hechos controvertidos, y cuya virtualidad interruptiva surge de su propia naturaleza, sin necesidad del subsiguiente acto notificatorio..." (Loutayf, ob. cit., pág. 124). Por aplicación de tales criterios, se comprueba que, luego de operado el plazo de caducidad, se han verificado los siguientes actos con entidad impulsoria, a saber, el pedido de apertura a prueba de fojas 88, el dictado de la resolución de fojas 89, el libramiento de las cédulas de fojas 90 y 91 y la efectivización de las respectivas notificaciones en las fechas que resultan de las últimas. Sobre tales antecedentes, sigue examinar si alguno de tales actos fue consentido por la accionada. Pues, si el interesado consiente el acto extemporáneo, se produce la purga de la caducidad y la declaración de ésta resulta improcedente (cfr.: Pal acio Lino, Derecho Procesal Civil, To. IV, pág. 233, Abeledo-Perrot, 4ta reimpresión). Hay consentimiento presumido por la ley, cuando transcurre un plazo desde la notificación del acto de impulso, durante el cual la parte mantiene silencio y no manifiesta su voluntad de que se declare la perención de instancia. El plazo por cuyo transcurso la ley considera que la parte ha consentido el acto impulsorio, o más propiamente la continuación del procedimiento es el de cinco días (cfr.: Loutayf, ob. cit., pág. 233). El artículo 265 del CCAyT, en lo pertinente establece que: "La petición debe formularse antes de consentir el/la solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal, y se substancia únicamente con un traslado a la parte contraria". El planteo de la incidentista fue introducido cuando transcurrieron más de cinco días, al menos, de los actos obrantes a fojas 88 y 89, y por ende, cabe tenerlos por consentidos. No empece lo expuesto que no haya consentido la n otificación de fojas 90, pues como se ha visto conforme la doctrina y jurisprudencia reseñada, ella no obsta al carácter impulsorio de los actos anteriores citados. Tal conclusión, por otra parte, es la que más se corresponde con el principio que dispone que la caducidad de instancia es un instituto de interpretación restrictiva. La petición fue efectuada cuando la caducidad había sido purgada y, por ello, su declaración resulta improcedente. 5. Que en materia de costas, la condena al vencido es la regla y su dispensa la excepción, de modo que el apartamiento de tal principio solo debe acordarse cuando medien razones fundadas, lo que no se juzga que acontezca en el caso. Por todo ello el Tribunal RESUELVE: Revocar la sentencia de fojas 103/104 en cuanto ha sido materia de agravio. Con costas (art. 62 CCAyT). El Dr. Eduardo Angel Russo no suscribe por hallarse en uso de licencia. Regístrese, notifíquese y devuélvase.