Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-04-30


2º Instancia. - Dolores, abril 30 de 2009.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES 1º ¿Es justa la decisión de fs. 189/195? 2º ¿Qué corresponde decidir? VOTACION 1º cuestión. - La doctora Dabadie dijo:

I. Recibida la causa en esta instancia en razón del recurso de apelación que dedujera a fs. 201 el cesionario R., en contra del interlocutorio de fs. 189/191; obra el memorial sustentatorio a fs. 208/210 y el consecuente responde a fs. 212/213.

La queja del recurrente se sustenta en que la señora juez de grado comete un yerro al tomar su resolución, al tiempo en que al decidir la oposición a la sustitución de parte que dedujo la parte demandada, lo hizo en el marco del art. 814 del Código Civil -cesión de deudas-; mientras que a su entender debió hacerlo en el de la cesión de contrato.

De modo puntual señala que se trata de la cesión del contrato de adquisición de cuotas sociales que hizo L. en favor del recurrente. En ese camino indica que la cesión del contrato transmite tanto la posición contractual pasiva cuanto la activa, a diferencia de la cesión de deudas en que se transmite sólo el lado pasivo de una obligación.

Agrega que la oposición a la "cesión del contrato expresada por las accionadas, fundada en los arts. 814 C.C. y 44 del CPCC, evidencian que pretenden que no se libere al Dr. L. en su calidad de cedente de las cuotas sociales..." (fs. 209 vta.), para lograr una sentencia que haga al nombrado responsable en cuanto a las costas y al cumplimiento del contrato.

Solicita en definitiva se revoque el resolutorio apelado, con costas.

Por su parte el letrado apoderado de los accionados (fs. 212/213) se limita a reiterar lo expresado en la presentación de fs. 116 y vta., con soporte en los arts. 44 del CPCC y 814 del Cód. Civil, peticiona la confirmación del interlocutorio en crisis.

II. Situación de debate.

Resulta conveniente centrar el debate entre el cesionario, hoy recurrente, y los demandados, en esta acción de consignación de sumas de dinero; con el objetivo final de la resolución que se ha de dictar por esta Alzada. Ello así en razón de que se advierte cierta confusión en los términos vertidos por el quejoso en su memorial sustentatorio cuanto en el resolutorio apelado.

La incidencia principia al tiempo en que M. A. R. se presentó en el proceso acompañando una cesión de cuotas sociales realizada a su favor por el consignante L., solicitó ser tenido por parte. En tiempo y forma la parte accionada formuló oposición en los términos del art. 44 del CPCC a la sustitución de partes -cesionario por cedente- y adujo como fundamento de su posición el art. 814 Cód. Civil.

Así la cuestión se hubo de juzgar por parte de la juez de grado en la forma correcta, vale decir como cuestión procesal que sujeta la intervención del tercero a la aceptación u oposición del demandado; más yerran como se verá más adelante tanto el apoderado del accionado cuanto la Dra. M. de M., respecto de relacionar la norma adjetiva en ciernes con el art. 814 del Cód. Civil que refiere a la novación de la obligación por efecto de la delegación del deudor a favor de otro.

Por lo tanto y para traer claridad a la cuestión que se ha de revisar, consistente ni más ni menos en establecer si el derecho que invoca el cesionario R. le permite ser parte de la relación jurídico-procesal ya conformada entre L. y sus acreedores, y en su caso en qué términos; resultando la llave de bóveda para determinar aquel extremo el contrato de cesión de cuotas que obra en copia simple a fs. 160/162.

III. La revisión.

a. Cuestión fáctica. Es menester principiar por establecer la cuestión fáctica que arriba en revisión, tal como se hubo de precisar en forma precedente habiéndose presentado en el proceso a fin de tomar intervención el cesionario de cuotas sociales, el demandado acreedor del cedente por intermedio de su apoderado formuló oposición en los términos del art. 44 del CPCC a la sustitución de parte.

A fin de interpretar en debida forma la voluntad de aquellos que redactaron el referido contrato de "Cesión de cuotas del Sanatorio Dolores", se requiere partir de una teoría de la norma jurídica, ubicando dentro de ella a la norma jurídica contractual. "Considerando que la norma jurídica es "toda regla de conducta cuyo cumplimiento sea una obligación de justicia, una deuda justa, tanto si procede de la autoridad social, como si proviene de la capacidad de compromiso de las personas, del consentimiento del pueblo o de la naturaleza humana" (HERVADA, Javier, Introducción critica al derecho natural, EUNSA, Pamplona, 1981, pag. 137), en su consecuencia una norma jurídica que procede de la decisión privada no es menos jurídica que la dictada por el poder político, y la prevalencia de esta sobre aquella responderá a que lo justo implicado en la misma es de carácter general y no particular. Así los miembros de la sociedad política sin violentar las reglas jurídicas superiores ni las exigencias de lo justo conmutativo, pueden acordar normas jurídicas que definan o describan, pueden acordar normas jurídicas que definan y prescriban conductas justas recíprocas, y ellas pasan a integrar el ordenamiento jurídico vigente de la sociedad política, en el nivel subordinado propio de las normas particulares. (Causa nº 84.745, esta Excma. Cámara, voto Dra. DABADIE (SD)) Entonces el contrato, en el caso de marras que articuló una cesión de cuotas sociales, es un tipo de regulae iuris al que llamamos contractual o convencional, y cuando nos referimos a él lo es desde su obligatoriedad para aquellos que lo suscribieron o se sometieron a él voluntariamente. Así deviene ineludible interpretar jurídicamente, para conocer las conductas jurídicas ante la exigencia que conlleva la aplicación de la norma.

"Esta solución aparece consagrada en el inc. 1 del art. 218 del Código de Comercio; el interprete parte de lo exteriorizado en palabras o comportamientos, pero cuando se logra probar que la norma jurídica concertada no aparece manifestada con precisión, deben determinarse los derechos y deberes según "el espíritu y no la letra".

La última fase de la hermenéutica es donde se definen las relaciones jurídicas emergentes del estatuto, el intérprete pronuncia su determinación mostrando las razones y argumentos que permitan sostenerla y procurando persuadir a los destinatarios de que ha optado por la más justa y razonable. Se trata de la dimensión retórica que es propia de la interpretación jurídica, porque ésta no sólo debe concluir bien sino estar en condiciones de acreditar que se ha deliberado respecto a las diversas alternativas que se le ofrecían y que sobre la base de ciertos motivos se ha escogido una determinación. (VIGO, Rodolfo L. Interpretación jurídica (Del modelo iuspositivista legalista decimonónico a las nuevas perspectivas), Cap VII, pag. 145, Ed. Rubinzal-Culsoni, Buenos Aires, 1999)" (Causa cit.) Vista la pieza contractual de fs. 160/162 se advierte sin esfuerzo que las partes tuvieron la intención de realizar la cesión del contrato que habían celebrado a su tiempo L. con los demandados en esta causa -en adelante grupo M.- conforme emana de la lectura de la cláusula primera; mas a poco andar se advierte que es parte del negocio jurídico la cesión en forma expresa de un objeto litigioso (cláusulas tercera y cuarta) que no es otro que lo adeudado (cláusula segunda) por el cesionario al grupo M. por la cesión de las cuotas sociales que se instrumentara mediante escritura pública nº 114 de fecha 16 de junio de 2000 pasada por ante la Notaria Negroni de Larruy.

De manera literal la cláusula segunda dice "... Que hasta la fecha no se ha reanudado el pago de las cuotas pactadas, ni existe acuerdo con las cedentes sobre el precio final de las cuotas sociales, todo lo cual es conocido y aceptado por el CESIONARIO.", por su parte la tercera refuerza la posición cuando dice "... Enterado el CESIONARIO de la situación de conflicto existente respecto del precio final de las cuotas sociales, manifiesta expresamente que acepta la adquisición de las mismas y se hace cargo de la totalidad de las obligaciones del CEDENTE ..."; es finalmente la cuarta al señalar "... Asimismo informa que ha procedido a iniciar pretensión de pago por consignación contra las acreedoras, la cual tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 1 del Departamento Judicial Dolores, por autos caratulados "LANDI JUAN GREGORIO C/ MORELLO MARIA FERNANDA Y OTRO S/ CONSIGNACION DE SUMAS DE DINERO". ... Ambas partes expresan que el precio estipulado para esta operación ha sido fijado de común acuerdo, es especial consideración al estado procesal de las actuaciones judiciales mencionadas, ... y la falta de acuerdo con la parte cedente del instrumento, respecto de las siguientes cuestiones: ..., e) Posibilidad cierta de dirimir estas cuestiones judicialmente", momento en que se define la situación traída a conocimiento, pues allí se establece que el objeto del contrato es una cesión de deuda que a su vez constituye el objeto litigioso de este proceso de conocimiento.

El Codificador se ocupó de la cesión de créditos en los arts. 1434 y sgts. del Código Civil, pero lo cierto es que no existe previsión específica de la transmisión de deudas como figura contractual en las relaciones entre vivos, sólo lo hizo en el art. 3417 contemplando aquella que se realiza por causa de muerte. Ello no impide que se celebre la cesión de deuda aplicando los principios generales de la autonomía de la voluntad y de la atipicidad contractual, que permiten la transmisión de la posición contractual, pues quien puede lo más puede lo menos. Es la cesión de derechos como contrato autónomo e independiente al que se hace referencia a la cesión de créditos, siendo su objeto ese otro contrato.

La cesión de deuda es un negocio jurídico de tres patas, celebrado entre el deudor cedente, el tercero que asume su obligación -deudor cedido- y el acreedor cedido, cuya conformidad es fundamental para liberar al deudor primigenio; mostrándose una situación distinta que la planteada en la cesión de créditos, ya que al deudor de la obligación le es indiferente la persona del acreedor, pero no sucede a la inversa.

El consentimiento del acreedor cedido ha de ser expreso respecto de la aceptación de la cesión y de la desobligación del deudor primitivo (arts. 919 y 814 Cód. Civ.), pues ésta no podría resultar implícita. (BUERES-HIGHTON, Código Civil y norma complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, pág. 9, T. 4º, Ed. Hammurabi, reimpresión Bs. As. 2007) Se debe destacar que tal como ha sido convenido, la cesión de deudas en un contrato con prestaciones pendientes no implica que el cesionario adquiera la posición de parte en el contrato. La transmisión se limita a la deuda u obligación cedida y no al plexo de derechos y obligaciones que resultan del contrato, marcándose una diferencia fundamental con la transmisión de una posición contractual.

Más allá de lo establecido respecto de las normas sustantivas aplicables en el sub discussio, corresponde ante el recurso deducido examinar si en la causa se encuentran cumplidos los extremos que la norma adjetiva requiere para su aplicación, que como se verá a su tiempo se instala en la enajenación del objeto del litigio o cesión del derecho reclamado, condicionándose a la conformidad del adversario su intervención en el proceso.

b. Cuestión normativa.

Existe sustitución procesal cuando la ley habilita para intervenir en un proceso, como parte legítima, a una persona ajena a la relación jurídica sustancial que ha de discutir el proceso. Es un ejemplo de legitimación procesal anómala o extraordinaria, pues a través de ella se opera una disociación entre el sujeto legitimado para obrar en el proceso y el sujeto titular de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión. (PALACIO, Lino E., Manual de Derecho Procesal Civil, T. I, págs. 279 y sgts., 2da. ed., Abeledo Perrot, Bs. As. 1968) Una de las modalidades que habilita la ley para la sustitución procesal se configura ante la transferencia del objeto litigioso (art. 44 CPCC), la lectura del artículo indicado en primer lugar supone una cesión posterior a la iniciación del pleito, que requiere conformidad de la parte contraria para que el adquirente actúe como litisconsorte principal. En el supuesto de oposición a la intervención del adquirente o cesionario, se pone al cedido en la condición de interviniente adhesivo, simple o coadyuvante; siendo juzgada aquella intervención de acuerdo con los efectos que la sentencia produzca respecto de la parte principal que apoyare.

El título en que se instrumente la cesión del objeto litigioso, debe tratarse de escritura pública o por acta judicial formulada en el mismo expediente, bajo pena de nulidad (art. 1455 Cód. Civil). (FENOCHIETTO, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, anotado y conformado con los códigos provinciales, T. 1, págs. 198 y sgts., ed. Astrea, Bs. As. 1999) c. Conclusión.

Visto el título que exhibe el tercero (fs. 160/162) se dirá que es un instrumento privado con firma certificada confiriéndole los efectos propios de tales conforme los arts. 1012, 1015, 1020, 1026, 1034, 1035 del Cód. Civil, en cuanto a su oponibilidad a terceros y entre las partes signatarias.

Se advierte además que por medio de aquel instrumento privado se perfeccionó entre L. y R. un contrato de cesión de cuotas sociales del Sanatorio Dolores, esas cuotas partes habían sido adquiridas por el cedente mediante escritura pública conforme emana del propio contrato -ver cláusula primera-. Por su parte la cláusula cuarta refleja que se cede como objeto litigioso que integra aquel negocio jurídico; nada más ni nada menos que el objeto de este proceso de consignación de sumas de dinero.

Resulta viable señalar que la instrumentación de la cesión de cuotas sociales y del objeto litigioso -cesión de deuda-, aparecen como deficitarias dado que debió ser realizada bajo la forma de escritura pública, en el primer tramo porque resulta procedente de otro acto consignado en escritura pública (art. 1184 inc. 9) y en el segundo porque la cesión de acciones litigiosas por imperio de la voz del codificador así debe serlo (art. 1455 Cód. cit.).

Los extremos señalados atinentes a la forma de los actos jurídicos (arts. 973 y concds. del Cód. Civil), como así el hecho que el instrumento de fs. 160/162 resulte ser una fotocopia simple, no serán motivo de revisión por parte de esta Alzada, en razón de que no sólo no fueron cuestionados por la parte demandada como así tampoco tenidos en consideración por la juez de grado al resolver la cuestión; en caso de serlo a esta altura de los acontecimientos se podría colocar al recurrente en una situación más desventajosa que la que tiene por efecto del interlocutorio recurrido, principio que limita la actividad revisora de esta instancia ante la pasividad de la contraparte. (HITTERS, Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios, 2da. ed., págs. 134 y sgts., ed. Librería Editora Platense, Bs. As. 2004) Volviendo sobre el camino trazado se advierte con claridad que la cesión de las cuotas sociales que incluye el objeto de este proceso judicial fue celebrada en el mes de mayo de 2008 habiéndose certificado las firmas de las partes contratantes el 15 de julio de 2008 -fecha cierta-, vale decir que resulta posterior a la promoción de aquel que lo fue el 19 de febrero de 2008 (ver cargo de fs. 58 vta.); por lo que se encuentra cumplida la temporalidad exigida por el art. 44 del CPCC.

Mientras que con respecto a la cesión objeto de este pleito; si bien en el plano sustantivo aquella se materializa por el acuerdo de voluntades de los contratantes y las formalidades que cada caso requiera, la conformidad del acreedor cedido como quedó establecido es un requisito sine qua non para que resulte viable. Esa sustitución en la relación sustancial no implica, sin más, la sustitución en la relación procesal ya ninguno de los litigantes puede desprenderse de su calidad de tal, sustituyendo contractualmente en otra persona su carácter de parte en el proceso.

En síntesis, resulta ajustado el resolutorio en crisis en cuanto a la continuidad en el proceso tanto del deudor cedente cuanto del deudor cesionario, éste último en los términos de los arts. 90 inc. 1º y 91 del CPCC; sin perjuicio de los diferentes fundamentos establecidos en el presente voto.

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

Los doctores Canale y Hankovits adhirieron al voto precedente por sus fundamentos.

2º cuestión. - La doctora Dabadie dijo:

Por los argumentos dados, citas legales, jurisprudenciales y doctrinarias,(arts.973, 1026, 1034, 1035, 1184 inc. 9, 1455 del Cod Civ; 90 inc 1, 68 y 91 del CPCC) corresponde confirmar en su integridad el interlocutorio apelado de fs. 189/191 e imponer las costas al recurrente en su condición de vencido atento el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC).

Así lo voto.

Los doctores Canale y Hankovits adhirieron al voto precedente por sus fundamentos.

Con lo que terminó el presente acuerdo, firmando los señores jueces de esta Excma. Cámara de Apelación. - María R. Dabadie. - Francisco Agustín Hankovits.

Dolores, abril de 2009.

Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, se confirma en su integridad el interlocutorio apelado de fs. 189/191 y se imponen las costas al recurrente en su condición de vencido atento el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC). - María R. Dabadie. - Francisco Agustín Hankovits.