Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-07


- En la ciudad de Trelew, a los 07 días de marzo del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Juan Humberto Manino y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos A. Velázquez y Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "E, J L c/P A SA s/ Cobro de Pesos -Laboral y acumulado 8540" (Expte. N° 21.964 - año: 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 375.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez manifestó:

I.- La juzgadora de primera instancia acogió las pretensiones indemnizatorias de los daños causados a los actores por sus despidos directos, por considerar que la empleadora no aportó prueba alguna demostrativa de la sustracción de mercaderías que denunciara ni, menos aún, de la participación de aquéllos en ese supuesto suceso, de modo que faltó el hecho objetivo, injuriante por sí mismo, que diera base a la alegada pérdida de confianza. La sentenciante hizo también lugar a los reclamos resarcitorios de los daños morales, por entender que en las comunicaciones de ruptura la demandada imputó a los actores hallarse vinculados a dicha sustracción de mercaderías, lo que luego no intentó acreditar. Finalmente, la magistrada desestimó las pretensiones salariales fundadas en las erróneas liquidaciones de horas extraordinarias laboradas por los demandantes, al concluir que el dictamen pericial contable no evidenció tales errores. Ambas partes apelaron ese decisorio, expresando agravios la demandada a fs. 363/365 vta. y los actores a fs. 366/368, piezas replicadas respectivamente a fs. 371/372 y a fs. 370/vta II.- La demandada, en síntesis, atacó la apreciación de las pruebas realizada por la juzgadora del anterior grado, sosteniendo que la testifical colectada acreditó acabadamente la sustracción de las mercaderías depositadas en las cámaras de frío, que ello tuvo lugar durante el turno de labor nocturna que cumplían los actores y que los trabajadores presentes no pudieron dejar de advertirlo, pues la puerta de entrada de la cámara de frío estaba a su alcance visual y la entidad de la maniobra, inclusiva del uso de autoelevadores, no podía pasar desapercibida. Señaló que en autos no se trataba de probar la participación de los demandantes en esa sustracción, toda vez que no fueron despedidos imputándoles la comisión de un hecho delictivo, sino en razón de la pérdida de confianza en ellos, derivada del hecho objetivo de que, conociendo la maniobra que se desarrollaba, no la denunciaron a sus superiores como era deber de buenos trabajadores.

III.- Por su lado, los actores cuestionaron la desestimación de su reclamo relativo a las horas extras. Señalaron que la demandada, pese haber manifestado que pondría a disposición de sus adversarios y del perito contador las planillas informáticas de ingreso y egreso de personal, finalmente no las exhibió al experto a pesar de la intimación que se le formulara. Por ser ese un registro horario obligatorio para el empleador, según el art. 6 de la ley 11.544, tal omisión de presentación generó, de acuerdo al art. 55 L.C.T., una presunción favorable a las afirmaciones de los trabajadores, cuyas pretensiones salariales debieron entonces ser acogidas.

V.- Lleva razón la demandada en su crítica al fallo, pues, en mi concepto, la prueba testifical rendida -en la que no se advierten elementos que la descalifiquen por falta de idoneidad, parcialidad, contradicciones entre sí o autocontradicciones de los declarantes (arts. 386, 456 C.P.C.C.)- resulta harto convincente en punto a los siguientes y dirimentes hechos:- A) Los días 23 y 25 de marzo de 2004 fue advertido que de las cámaras de frió de la empresa habían sido sustraídos más de cuarenta "masters" de langostinos congelados, notándose marcas de pisadas en las cajas vecinas a las faltantes, así como huellas de calzado y del rodado de un autoelevador que llegaban hasta el cerco perimetral del establecimiento, donde en el alambrado había sido practicado un boquete. El faltante en el stock de la empresa fue corroborado por las planillas de control que resultaran reconocidas por el empleado que las labró. Así lo declararon los testigos S. A. C, J. A. C y P. P. C (fs. 154/157 vta., resps. a las pregs. 15ta. a 19na., 21era., 22da.; fs. 162/164, resps. a las pregs. 15ta. a 19na., 21era., 22da.; fs. 255/258, resps. a las pregs. 15ta a 19na. y 33era.).- -B) Esa faena de extracción de las mercaderías desde la cámara de frío, por el volumen y peso de ellas, debió insumir más de media hora y forzosamente realizarse con el empleo de un autoelevador, máquina que hubo de desplazarse dentro de la misma cámara, por la antecámara e, incluso, por la planta de procesado para salir al exterior por la puerta de ella y dirigirse hacia el cerco perimetral (fs. 154/157 vta., resps. a la pregs. 23era. y 24ta.; fs. 162/164, resps. a las pregs. 12da.,23era., 24ta., 25ta. y 34ta. y a la 6ta. repreg.; fs. 255/258, resps. a las pregs. 12da., 23era.y 26ta.; fs. 260, resp. a la preg. 12da.).

C) El hecho tuvo que ocurrir en el horario de trabajo nocturno -hubiera sido detectado de inmediato de acaecer durante el día- y antes de la hora 24, pues más tarde las llaves de la cámara quedaban guardadas en la oficina del jefe de la planta, resultando evidente que se las utilizó para acceder a la cámara en tanto no se encontraron cerraduras forzadas (fs. 154/157 vta., resps. a las pregs. 26ta. y 27ma. y a la repreg. 19na.; fs. 159, resp. a la preg. 8va.; fs. 162/164, resps. a las pregs. 5ta., 8va., 26ta., 36ta., 37ma.; fs. 255/258, resps. a las pregs. 5ta., 8va., 27ma. y a la repreg. 6ta.; fs. 260/261, resp. a la preg. 8va.).- -D) La maniobra en cuestión fue necesariamente percibible para los actores, quienes se hallaban trabajando en esas horas en la planta de procesamiento, puesto que desde ese lugar es visible la antecámara y la puerta de la cámara n° 1, así como bien audibles los ruidos generados por el autoelevador empleado (fs. 154/157 vta., resp. a la preg. 29na.; fs. 162/164, resps. a las pregs. 3era., 13era. y 29na.; fs. 255/258, resps. a las pregs. 3era., 13era., 14ta. y 29na.; fs. 260/261, resp. a las pregs. 3era., 13era. y 14ta.).

-E) Durante el lapso en que la acción fue desarrollada las llaves de la cámara estaban a disposición del supervisor nocturno J. L. E y el resto de los actores pudo tener acceso a ese recinto autorizados por aquél (fs. 154/157 vta., resps. a las repregs. 2da., 4ta. y 5ta.; fs. 159/vta., resp. a la preg. 7ma; fs. 162/164, resp. a la preg. 7ma.; fs. 160/vta., resp. a la preg. 7ma.; fs. 255/258, resps. a las pregs. 6ta. y 7ma.; fs. 260/261, resps. a las pregs. 6ta. y 7ma.). Ante ese panorama, no me parece que al despedir a los trabajadores la empleadora haya actuado irreflexivamente y apoyándose sólo en una sospecha sin base cierta, cual afirmara la sentenciante de la otra instancia. En la especie la cuestión en verdad no pasa por determinar la autoría o participación criminal en el hecho de los actores -allende que la disposición de las llaves de la cámara por el supervisor E y la posibilidad de acceso de los restantes actores al lugar tienda sobre ellos cierto manto de sospecha-, pues, como surge de las comunicaciones rupturistas, los despidos fueron motivados en la pérdida de confianza (fs. 5, 27, 32, 35).

-Por cierto que la pérdida de confianza, como factor subjetivo que justifica la ruptura de la relación, debe necesariamente derivar de un hecho objetivo por sí mismo injuriante. Pero si las expectativas del empleador, creadas con el devenir del vínculo, acerca de una conducta del trabajador leal y acorde con su deber de fidelidad se ven frustradas a raíz de un suceso que lleva a la razonable convicción de que el dependiente ya no es confiable, pues cabría esperar la reiteración de actitudes similares, queda configurada una justificada causal de despido (confr.: C.N. Trab., sala VIII, D.T. 1997-A-97 y 317).

-E injuriante y grave fue, a mi entender, el hecho de que los actores percibieran una maniobra irregular, que por fuerza debió llamar su atención, y no procedieran al menos a denunciarla a sus superiores. Abstenerse de ello es conducta calificable como incumplimiento de los deberes de colaboración y fidelidad (arts. 84 y 85 L.C.T.; confr.: esta sala, c. 16.891 S.D.L. 11/01). Tal actitud omisiva, en la mejor de las hipótesis, puede calificarse de negligente y revistió gravedad bastante para producir la pérdida de confianza de la principal en los trabajadores, autorizándola así a denunciar los contratos en el marco del art. 242 L.C.T. -Considero por tanto que el fallo en crisis debe ser revocado en cuanto acogiera las pretensiones indemnizatorias de los despidos.

V.- Contra lo afirmado por la "a quo", en las comunicaciones de despido la empresa no efectuó imputaciones a los actores que luego no intentara demostrar. Procuró en el proceso acreditar la veracidad de la causal de denuncia de los contratos invocada y lo logró plenamente. Por lo demás, en las cartas documento de fs. 5, 27, 32 y 35 la demandada no les atribuyó a los trabajadores la comisión de un delito, sino el estar vinculados a la desaparición de una importante cantidad de mercadería acaecida durante su turno de trabajo, lo que determinara su pérdida de confianza en ellos. La desaparición de mercadería podía deberse a una circunstancia distinta de un robo o hurto y la vinculación de los actores con ella no era la inmediata de autores o partícipes, sino la mediata de quienes pese a notar la maniobra omitieron denunciarla a sus superiores. No medió pues ilícito de la demandada que de lugar a indemnizaciones por daño moral en los términos del art. 1078 Cód. Civ.

VI.- Es exacto que, reconocido que en el establecimiento el personal desarrollaba tareas en tiempo suplementario a la jornada legal, a la empleadora le venía impuesto por los arts. 6 inc. "C" de la ley 11.544 y 21 del dec. 16.115/33 el deber de llevar un registro de todas esas horas extraordinarias. Por tanto, la falta de presentación de dicho registro por la demandada pese a la intimación que se le formulara (fs. 69 vta., 237 pto. 3, 249, 250, 322) tornaba aplicable la presunción del art. 55 L.C.T. A ello no obstaba la utilización de un sistema informático para llevar el registro de marras, porque bien podía la empleadora acudir a la técnica adecuada para "bajar" la registraciones pertinentes a soporte papel. Razonar de modo contrario llevaría a la absurda conclusión de que las modernas técnicas de registración han significado no un progreso sino un retroceso en esa actividad, pues las constancias, llevadas precisamente con la finalidad, entre otras, de ser exhibidas en juicio de ser menester, no podrían ser mostradas en la generalidad de los casos.

-Sin embargo, lo apuntado no es dirimente en el caso. Repasados los escritos de demanda puede advertirse que los actores no alegaron haber trabajado un número de horas extraordinarias mayor que las que se les abonaran, sino que ellas fueron incorrectamente liquidadas, sin atenerse a lo establecido en el art. 61 del C.C.T. 137/90. Ello se patentiza, en particular, en los cálculos provisorios que formularan, donde hicieran constar la misma cantidad de horas extraordinarias que aparecen en los recibos salariales obrantes entre la documental reservada (fs, 12/vta. y 42/vta.)Así pues, el número de horas extraordinarias cumplidas no fue hecho controvertido y es entonces irrelevante la no presentación de los registros respectivos, que sólo habrían sido útiles para establecer la cantidad de dichas horas laboradas. Inconducente es entonces aplicar la presunción del art. 55 L.C.T. para tener por acertado en la causa un dato fáctico sobre el que no medió desacuerdo entre los litigantes.

Lo aquí debatido es el modo en que fueron liquidadas las remuneraciones por esas horas suplementarias. Los demandantes han pretendido -lo deja ver los cálculos provisionales que incluyeran en sus escritos liminares- que debían computarse con un incremento del 150 %, en vez del de el 100 % que aplicara la empleadora. No les asistió razón en su reclamo y no se la concede el art. 61 del C.C.T. 137/90 que en su favor invocaran. Dicha norma convencional determina que las horas extraordinarias deben liquidarse de acuerdo al art. 201 L.C.T., esto es con los clásicos recargos del 50 % y del 100 %; sólo eleva el plus al 150 % para el supuesto en que los dependientes fueran llamados a trabajar cuando estuvieren gozando de un descanso compensatorio. Puesto que en la especie ellos no alegaron haber laborado en tal situación, no les correspondió percibir este último incremento.

Por tal razón la sentencia merece ser confirmada en este tópico.

VII.- Los motivos expuestos me conducen a proponer la parcial revocación de la sentencia atacada, a fin de dejar sin efecto la condena a la demandada a indemnizar los despidos y el daño moral, confirmándola en lo demás que fuera materia de agravio.

-Por imperio del art. 279 C.P.C.C. corresponderá adecuar a esta nueva decisión la condena en costas pronunciada y los honorarios regulados en el grado de origen.Al resultar en definitiva rechazadas todas las pretensiones de los actores, a ellos han de imponérseles las costas de primera instancia en su totalidad en su calidad de vencidos (art. 59 de la ley 69). Tocante a los honorarios, vista la extensión, calidad y resultado de las tareas profesionales cumplidas, así como el carácter en que fueran desplegadas y etapas del juicio en que se las desarrollara, propicio fijar los emolumentos de los Dres. C B y D G L, en las sumas respectivas equivalentes al 13,60 % y al 4,15 % del monto total del proceso que surja de la liquidación a practicarse, en la que al capital reclamado en las demandas se añadirán los intereses que el mismo habría devengado -también peticionados a fs. 9 pto. II y fs. 39 pto. II- hasta la data de este decisorio, calculados de acuerdo a la tasa utilizada por el B del C S. A. en sus operaciones de descuento (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 47del dec.-ley 2.200; esta sala, c. 18.739 S.D.C. 45/03 y muchas otras posteriores).

Rechazado el agravio de los actores y acogido el de la demandada, también en esta segunda instancia la calidad de vencidos de los primeros es nítida y a ellos deberán ser impuestas las costas (art. 59 de la ley 69, ya cit.). -Los honorarios de los Dres. C B y D G L, por sus tareas de alzada y atendiendo a las ya recordadas pautas arancelarias y a la del art. 14 del dec.-ley 2.200), propongo regularlos en la suma equivalente al 6,50 % del aludido monto del pleito para cada uno de ellos. No corresponderá regular honorarios en favor de los Dres. G A. C y S E. L de C por sus labores en ninguna de las dos instancias, vista la condena en costas a sus clientes y la vinculación con ellos por los pactos de cuota litis de fs. 4 y 24/26, cuya validez jurídica fuera reconocida en autos mediante las resoluciones judiciales homologatorias de fs. 142, 144/146, pasadas a esta altura en autoridad de cosa juzgada e irrevisables en consecuencia por la alzada. Consecuentemente, me expido en esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.

-A la PRIMERA CUESTION, el Dr. Manino manifestó:

Iº .- La sentencia de origen de fs. 352/356 que hiciera lugar a la demanda por indemnizaciones por despido y accesorias, así como por daño moral por el actor Sr. E y por los restantes actores del acumulado 8.540, fue apelada por ambas partes, expresando agravios la demandada a fs. 363/365 y la actora a fs. 366/368, con sus respectivas réplicas.

El Sr. Magistrado que me precede en este acuerdo ha llevado a cabo una detallada y completa reseña de la decisión, así como de las quejas que las partes expusieran respecto al fallo. Razones de brevedad procesal aconsejan que para evitar fatigosas repeticiones me remita ahora a la síntesis efectuada. -En ello no es ajeno por cierto que comparto en un todo la decisión que para el sub-examen propicia el colega y que ha explicitado en su voto.- -Corresponde entonces para fundar mi opinión, que me aboque al tratamiento de los agravios. Así paso a hacerlo con la mención de que, dada la meticulosa y detallada cita que ha llevado a cabo el Dr. Velázquez de las constancias fácticas, nuevamente corresponde tenerme por remitido a las que realizara en aras de la brevedad. Las cuestiones debatidas son las relativas al despido de los actores y la referida a las horas extras reclamadas. Seguiré en su tratamiento por razones de mejor método el mismo orden en que vienen tratadas por el colega de cuerpo.IIº .- El despido y su causal.

-Discrepo yo también, con respeto, del criterio de la Sra. Jueza a-quo sobre que en las comunicaciones extintivas, la demandada efectuó imputaciones a los actores que en modo alguno pudo comprobar. En los despachos de fs. 5, 27, 32 y 35, la empresa no les atribuyó a los trabajadores la comisión de delito alguno, sino su "vinculación" con la "desaparición" de importantes cantidades de mercadería de su establecimiento, durante el turno de trabajo de los mismos. "Vinculación" proviene de "vincular" que es la unión o atadura de una persona o cosa con otra; mientras que "desaparición" es la acción o efecto de "desaparecer", que es que algo no se encuentre en su lugar habitual y que, ciertamente, no tiene porque provenir de ilícito alguno sino que puede suceder por diversas causas. Si la desaparición sucedió durante el turno de trabajo de los actores, con los detalles que luego se comprobarían en el suceso y en el sub-examen, no se los vinculó como autores o partícipes de la desaparición en forma inmediata, sino la mediata de quienes estando en su lugar de trabajo tuvieron que notar lo sucedido pero sin informar o denunciarlo -ahora en forma inmediata- a los superiores de la empresa, que condujo a la situación de la pérdida de confianza en los dependientes. Veamos pues si hubo desaparición y por sus detalles, si existió la vinculación en el sentido expresado de los actores. Aquí y como adelantara, corresponde remitirse a la detallada reseña de los testigos de la causa que llevara a cabo el colega, tanto en las preguntas realizadas como en las repreguntas.

-1º) - La desaparición fue advertida los días 23 y 25 de Marzo de 2004, donde se constató el faltante de más de 40 "masters" del espécimen langostinos de las cámaras de frío, con marcas de pisadas en las cajas cercanas a las faltantes, al igual que huellas de calzado y de rodadas de una máquina autoelevador hasta el cercado perimetral de la planta, donde había sido provocado o realizado una abertura. Faltante de mercaderías confirmado con las planillas de control, reconocidas por el empleado que las realizara (Tgos. C, C y C, según los testimonios que detalla el Dr. Velázquez);

2º) - Esa extracción desde las cámaras de frío debió llevar un lapso mayor de una media hora y -forzosamente- llevarla a cabo con un autoelevador, maquinaria que tuvo que moverse dentro de la misma cámara y por la planta de procesado para poder acceder al exterior por la puerta de la misma y poder dirigirse al cercado perimetral, como declararan los testigos ya citados;

-3º) - El suceso tuvo que suceder en horario nocturno, toda vez que de serlo en el día se hubiera advertido de inmediato y antes de las 24.00 hs., ya que posterior a esta hora las llaves de la cámara de frío se guardaban en la oficina del jefe de la planta, siendo notorio que se usaron para ingresar a la cámara, en tanto no se advirtieron cerraduras violentadas (testigos ya citados);

4º) - La maniobra, tal como lo declararan los testigos mencionados, resultó indudablemente percibida por los actores, el supervisor y los tres operarios, que estaban laborando en la planta de procesamiento, desde la cual se ve la antecámara y la puerta de la cámara de frío nº 1, resultando también audibles claramente los ruidos que genera un autoelevador al ser utilizado;

-5º) - El supervisor E, durante lo ocurrido, tenía a su disposición las llaves de la cámara y los tres operarios podían tener acceso a la misma, autorizados por aquél; también demostrado con las testimoniales vertidas. Consecuencia o conclusión de todo lo que fuera alegado y demostrado en la causa, es que tanto E como los restantes actores pudieron observar irrefutablemente lo que estaba pasando por la conjunción de lugar, hora y su presencia en el lugar, sin informar y avisar a sus superiores de lo que había sucedido, sucediendo luego la constatación de la desaparición de las mercaderías.

-La falta de advertencia, comunicación o aviso fue una conducta que debe calificarse de incumplimiento de los deberes de colaboración y fidelidad que marcan los Arts. 84 y 85 de la LCT, aun en grado de negligencia pero inexcusable, que produjo la pérdida de la confianza de la empresa en sus dependientes, deviniendo de esta manera causa justificada de los despidos dispuestos, que -reitero- se basaron precisamente en esta causal de la pérdida de confianza, que vale la pena comentar.

IIIº .- La pérdida de confianza como causal de despido.

Sabido es que la "confianza" como sentimiento de neto carácter subjetivo y la pérdida de ella , no podría ser considerada como incumplimiento contractual que viabilice un despido, debiendo hallar su fundamento en un hecho objetivo de incumplimiento de las obligaciones del dependiente que por sus características no admita la prosecución del vínculo (confr., CNAT., Sala 2da., 31/12/81, BCNTrab., 1982-42-4). Por este camino de razonamiento es que llego a la conclusión que el agravio de la demandada es procedente y que el fallo apelado debe ser revocado por cuanto el despido de los actores tuvo causa justificada.

-Ya nos hemos ocupado en otros pronunciamientos (confr. SDL. 163/93, exp. 10715; 26/96, exp. 11843; 55/97, exp. 12317; esta Sala "A", S.D.L. 125/98, exp. 13771; S.D.L. 26/01, exp. 17196), del despido por la pérdida de confianza en el dependiente. En resumen nos encontramos nuevamente ante la calibración necesaria de una conducta laboral dentro de la temática y pautas dispuestas en la LCT (Art.242), para analizar y evaluar la denuncia del contrato laboral. La desvinculación de los actores tuvo encuadre preciso en la injuria laboral en que se consideró afectada la patronal por la conducta seguida por aquéllos, por resultar evidente que tuvieron necesariamente que tomar conocimiento -"darse cuenta"- de lo que estaba sucediendo, esto es, el movimiento en las cámaras, el movimiento del autoelevador, la salida por la planta de procesamiento -donde ellos estaban- hacia el cercado perimetral donde existía la abertura, la no violencia sobre las puertas o cerraduras que implica utilización de las llaves, el horario en que sucediera que era el de trabajo de los reclamantes y demás detalles. Lo investigado y comprobado sobre el faltante de mercaderías, con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, con la imposibilidad de no haber sido constatado por los dependientes, involucró una pérdida de confianza en los empleados, por su omisión de denunciar lo ocurrido o comunicarlo, que llevó a decidir su desvinculación. A tenor de los elementos probatorios arrimados al sub examen, no caben demasiadas consideraciones para arribar a la conclusión de que la empresa demandada no podía seguir teniendo la confianza mínima que una empresa debe tener con sus empleados. No se trató de empleados a los cuales - injustificadamente - se les enrostró una conducta impropia. Por el contrario, creo que la empresa en este caso obró con mesura y cautela y que no se le puede exigir que continúe soportando a empleados que incurren en este tipo de conductas o, en su defecto, que deba indemnizar un despido al cual tuvo razón de derecho en decidir. Es que la pérdida de confianza lesiona gravemente el deber de fidelidad que deriva de la índole de las tareas asignadas y no permite la continuación de la relación laboral (confr., CNAT.,Sala 1a.,28/6/85, D.T. 1985 B 1460); y ello aun cuando no se haya acreditado perjuicio material, el daño moral producido por la pérdida de confianza es suficiente para justificar la cesantía (confr., CNAT.,Sala 1a.17/5/85, D.T. 1985 B 1149); (ver también esta Alzada, S.D.L. 6/92 "C c/A" y sus citas).

No puede asimismo dejar de considerarse la conducta del actor principal E, dado su rol de supervisor de la empresa, que aunque incluida en lo dicho merece empero un comentario adicional. Este demandante no era un simple empleado de la demandada, sino el supervisor del turno donde se produjo el incidente. Era entonces un típico empleado de "confianza" tal y como lo han analizado entre otros autores Sergio D. Volman en "Los empleados de confianza"(en D.T., 1985 A 15) y más detalladamente Enrique Herrera en "La "confianza"en la relación laboral"(en D.T., 1986 A 1). Cuanto mayor es el puesto en responsabilidad y jerarquía, mayor es el deber de fidelidad y de correspondencia de la confianza que el principal está depositando en el dependiente. Si bien el deber de colaboración y de respeto y defensa de los intereses del principal existe en todos los niveles posibles para los empleados, la colaboración, la actitud vigilante hacia todo lo que pueda comprometer o afectar al principal, resulta remarcable y exigible en grado sumo cuanto más se asciende en la escala jerárquica (Herrera, op.cit. pág.2/3). Y opino, como dijera, que este detalle del rol de E en la demandada justifica este comentario adicional.

-Por todo ello y para los cuatro demandantes, encuentro que se ha configurado una justificada causal de despido, si la expectativa del principal acerca de una conducta leal y acorde con el deber de fidelidad del empleado que fuere (Art. 85, LCT., su doct.), se ve frustrada a raíz de un suceso que lo lleva a la convicción de que el trabajador ya no es confiable (confr., CNAT., Sala 8a., 11/7/96, D. T., 1997-A-317); suceso que objetivamente producido y comprobado e injuriante lo lleva al factor subjetivo de la pérdida de confianza en el dependiente (confr. doct. fallo anterior). Como se lo ha venido decidiendo en los antecedentes que he citado, tanto de otros tribunales como de este propio cuerpo.

Concluyo pues en que los despidos fueron justificados y que debe revocarse la sentencia apelada en cuanto aceptara el reclamo indemnizatorio de los actores.IVº .- El reclamo por daño moral. Poco podría agregar a lo expuesto por el colega en este ítem. Si no hubo por parte de la demandada en las comunicaciones extintivas, imputaciones a los mismos que luego no demostrara, sino la causal que aducía para el distracto y que resultó probada en el sub-examen, no medió por tanto acto ilícito de la empleadora que de lugar a las indemnizaciones por daño moral según el Art. 1078 del C.C..-Vº .- Las horas extras . Lo dirimente en este punto, cual lo detalla el colega, no es la presunción del Art. 55 de la LCT dada la no presentación del registro de horas extras de la Ley de Jornada. Lo relevante es que los actores no invocaron haber laborado una cantidad mayor de horas extras que las constatadas en los recibos de la documental reservada (fs. 12/vta y 41/vta), sino que dichas horas extras fueron mal abonadas en su monto, mejor aún en el recargo respectivo.- -Como lo detallaran en sus respectivas liquidaciones, donde hicieran constar que tales horas extras debieron haber sido abonadas con el recargo del 150 % en lugar del 100 % que aplicara y pagara la empresa. Y en apoyo de su reclamo invocaron el Art. 61 del CCT. 137/90, pero tal invocación fue equivocada.El 150 % de recargo sobre horas extras, como surge del art. cit. del CCT, es en el caso que, gozando de un descanso compensatorio, proveniente por cierto de haber trabajado antes en días de descanso hebdomadario, se los cite a prestar tareas. Solamente en este caso excepcional rige el recargo pretendido. Y dado que no hubo manifestación alguna de haber trabajado horas extras cuando estaban en franco compensatorio, no corresponde que las horas extras abonadas lo sean con el recargo pretendido.

-Debe pues rechazarse la queja actoral y confirmarse este aspecto del fallo apelado.

VIº .- La decisión.

Concuerdo en que debe revocarse parcialmente la sentencia en crisis, dejando sin efecto la condena a abonar los despidos y el daño moral y confirmarla en lo demás que fuera objeto de recurso.

-Por el Art. 279 del CPCC. corresponde adecuar la imposición en costas de la sede de origen y decidir sobre las de esta sede, al igual que los honorarios profesionales.

-Vencidos los demandantes en sus pretensiones, las costas de primera instancia deben serle impuestas en su totalidad a los mismos (Art. 59, Ley 69).Los honorarios propuestos regular a los Dres. C B y D G L, letrados de la demandada, considerando las tareas y etapas cumplidas en la sede de origen y la normativa arancelaria aplicable, con la base regulatoria que expone el Dr. Velázquez y los porcentuales que fija del monto del proceso, los encuentro adecuados a la labor desempeñada.-Las costas de Alzada también deben serle impuestas en su totalidad a los actores, visto el resultado de la vía recursiva interpuesta (Art. 59, Ley 69).Los honorarios propuestos fijar a los letrados ya mencionados por sus tareas en esta sede, también los encuentro adecuados a la labor cumplida y normativa arancelaria.

Coincido con el colega en que a los Dres. G A. C y S L de C, como letrados de los actores, no corresponde fijar emolumento alguno por sus labores en ambas instancias, visto el resultado del pleito y los pactos de cuota litis de fs. 4 y 24/26, homologados a fs. 142 y 144/146 con autoridad por ello de la cosa juzgada, no factibles de revisar en esta sede.-Voto la cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:Visto el acuerdo antes logrado, corresponde:A) Revocar parcialmente la sentencia apelada, a fin de dejar sin efecto la condena a la demandada a indemnizar los despidos y el daño moral, confirmándola en lo demás que fuera materia de agravio.

B) Imponer las costas de ambas instancia a los actores.

C) Fijar, por adecuación a la presente, los emolumentos de los Dres. C B y D G L, por sus labores de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 13,60 % y al 4,15 % del monto total del proceso que surja de la liquidación a practicarse, en la que al capital reclamado en las demandas se añadirán los intereses que el mismo habría devengado hasta la data de este decisorio, calculados de acuerdo a la tasa utilizada por el B del C S. A. en sus operaciones de descuento.

-D) Regular los honorarios de los Dres. C B y D G L, por sus tareas de alzada, en la suma equivalente al 6,50 % del aludido monto del pleito para cada uno de ellos.

E) Declarar que no corresponde regular honorarios a los Dres. G A. C y S E. L de C por sus labores en ninguna de las dos instancias, en razón de la condena en costas a sus clientes y los pactos de cuota litis de fs. 4 y 24/26, cuya validez jurídica fuera establecida mediante resoluciones homologatorias de fs. 142, 144/146, pasadas a esta altura en autoridad de cosa juzgada.

-ASI LO VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION dijo el Dr. Manino.

Adhiero al proyecto de resolutorio del Dr. Velázquez.

-Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.PTextos ley 4550).- Trelew, 07 de marzo de 2.007.

- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:

- S E N T E N C I A:

A) Revocar parcialmente la sentencia apelada, a fin de dejar sin efecto la condena a la demandada a indemnizar los despidos y el daño moral, confirmándola en lo demás que fuera materia de agravio.

-B) Imponer las costas de ambas instancia a los actores.

C) Fijar, por adecuación a la presente, los emolumentos de los Dres. C B y D G L, por sus labores de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 13,60 % y al 4,15 % del monto total del proceso que surja de la liquidación a practicarse, en la que al capital reclamado en las demandas se añadirán los intereses que el mismo habría devengado hasta la data de este decisorio, calculados de acuerdo a la tasa utilizada por el B del C S. A. en sus operaciones de descuento.

D) Regular los honorarios de los Dres. C B y D G L, por sus tareas de alzada, en la suma equivalente al 6,50 % del aludido monto del pleito para cada uno de ellos.

E) Declarar que no corresponde regular honorarios a los Dres. G A. C y S E. L de C por sus labores en ninguna de las dos instancias, en razón de la condena en costas a sus clientes y los pactos de cuota litis de fs. 4 y 24/26, cuya validez jurídica fuera establecida mediante resoluciones homologatorias de fs. 142, 144/146, pasadas a esta altura en autoridad de cosa juzgada.

- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: JUAN HUMBERTO MANINO - CARLOS A. VELÁZQUEZ REGISTRADA BAJO EL Nº 14 DE 2007 - SDL. - CONSTE.-