Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-26


Reg.: A y S t 283 p 242/246.

Santa Fe, 26 de junio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución 239 del 4.05.2017 dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario en autos "Y.P.F. S.A. contra MUNICIPALIDAD DE FIRMAT -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- (EXPTE. 51/10 CUIJ N° 21-17453706-9)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511653-5); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa que, por sentencia 239 de fecha 4.05.2017, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 -en cuanto aquí interesa- declaró procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Y.P.F. S.A. contra la Municipalidad de Firmat, anuló las resoluciones impugnadas (111/2009 y 040/2010) por las cuales se había declarado "local habilitado" a los ubicados en Bv. Colón y Perito Moreno y Av. 9 de julio 1351 de la ciudad de Firmat y, por ende, sujeto pasivo del Derecho de Registro e Inspección a la accionante, determinando además de oficio una deuda fiscal y multa por infracción y por último, condenó a la accionada a restituirle a la actora lo pagado en concepto de "solve et repete", con más intereses.

Contra aquel pronunciamiento interpone la Municipalidad resistente su recurso de inconstitucionalidad.

Tras reseñar los antecedentes del caso, y argumentar en torno a la concurrencia de los recaudos formales de la impugnación, postula que la cuestión constitucional se genera porque el fallo incurre en desconocimiento de las facultades tributarias de la Municipalidad reconocidas por el artículo 123 de la Constitución nacional, así como de la facultad de regular sus propios tributos y se aparta de las circunstancias comprobadas de la causa en relación a la existencia de "local" y la efectiva prestación de servicios por parte de la Municipalidad.

Señala que si se observan los artículos que la sentencia entiende en pugna (arts. 77 de la ley 8173 y 9 de la Ordenanza Tributaria municipal), puede advertirse que tal conclusión no es tal, puesto que en la presente causa -dice- se hace una interpretación de las facultades tributarias de la Municipalidad que implica desconocer la facultad de crear tributos. Asevera que no existe contradicción entre la ley 8173 y la figura del "local compartido" sino que, por el contrario, éste último sigue la pauta que exige la ley provincial, es decir, el asiento territorial del negocio, sin embargo -alega- la sentencia desconoce ello y las facultades municipales y entiende que el Municipio al crear la figura del "local compartido" se excedió en sus facultades.

Considera dogmático lo expresado por la Alzada en cuanto a que el criterio de realidad económica nunca puede ser utilizado para establecer tasas, derechos o contribuciones, ni considerar ninguna persona como contribuyente o responsable del pago de una obligación fiscal si la ley tributaria no lo establece (arts. 6 y 7 de la ley 8173).

En cuanto a la existencia de "local", afirma que el hecho que las estaciones de servicio sean de titularidad de personas distintas a Y.P.F. S.A. no implica que ésta no tenga el deber de tributar, porque la forma jurídica de implementación de la comercialización por parte de la actora no puede significar el desconocimiento de la realidad económica. En definitiva, manifiesta que Y.P.F. S.A. utiliza ex profeso la figura jurídica del intermediario para eludir el pago del DReI y a través de ella logra sustraer del Municipio su ingreso en la localidad.

Arguye que la sentencia impugnada se equivoca al sostener que su parte no puede proceder a la habilitación de oficio de un local ya que -dice- constatada la existencia de local y acreditado el cumplimiento de los requisitos para la habilitación, si el administrado voluntariamente no la solicita, la Municipalidad en ejercicio de facultades propias puede proceder a habilitar el local porque -afirma- si puede clausurar puede habilitar de oficio, ello bajo el razonamiento de que "quien puede lo más puede lo menos".

Se agravia de que la Cámara considera que no existe prestación de servicios por parte de la Municipalidad dada la inexistencia de local habilitado, cuando -aduce- la misma efectivamente presta el servicio de registro e inspección en las estaciones de servicio de bandera Y.P.F., en las cuales ésta tiene bienes de su pertenencia, conforme surge de las probanzas de la causa. Al respecto, alega que sobre los locales del caso realiza un efectivo control de seguridad, higiene, salubridad y moralidad, sobre el cual, tanto las estaciones de servicio como la actora se benefician, aunque las estaciones tributan por ello en lo que respecta a la comisión, pero Y.P.F. no lo hace respecto del monto de la venta descontada la comisión.

En suma, entiende que YPF debe tributar dado que la realidad demuestra que es el titular de la venta concretada mediante intermediario, encuadrándose ello en el supuesto normativo de los artículos 9, 81 y concordantes del Código Tributario municipal. Invoca gravedad institucional, ya que dice, se trata de una causa en la que se ventilan intereses públicos (la facultad tributaria de la municipalidad y, por ende, la posibilidad de recaudar tributos), en la cual no sólo se niega la facultad sino que se obliga a la devolución de lo recaudado, generando con ello una grave afectación al normal funcionamiento de la Administración en virtud de la importancia económica del asunto. A su turno, la Cámara denegó la impugnación deducida (fs. 54/57v.), con fundamento en el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1, última parte, de la ley 7055 en cuanto a la "introducción del caso constitucional", y agregó que aun de considerarse cumplimentado el aludido requisito, el recurso deducido tampoco resultaría admisible, por cuanto las causales de arbitrariedad articuladas por la demandada, denotaban la sola discrepancia con el criterio adoptado por el Tribunal en cuestiones de hecho, prueba y normativa aplicable, no demostrando la impugnante, en las particularidades del caso, cómo se habrían configurado las arbitrariedades que arguye ni la decisividad de sus planteos.

Comparece entonces la recurrente en vía directa ante este Cuerpo (fs. 59/68).

2. Tras la lectura del memorial acompañado, se advierte que el remedio no puede prosperar, pues en su presentación directa incumple la quejosa la carga estipulada en el artículo 8 de la ley 7055, de rebatir todos y cada uno de los motivos expuestos por la A quo para apoyar su decisión de denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad, trayendo razones de peso a fin de neutralizar la referida fundamentación.

En efecto: en el escrito de queja la Municipalidad de Firmat insiste con los agravios ya formulados en el recurso de inconstitucionalidad relativos al desconocimiento de la facultad de la Administración de habilitar de oficio un local dentro de su ejido, el olvido del principio de la realidad económica para establecer un tributo o para ampliar los sujetos obligados, la existencia de efectiva prestación del servicio a la actora y la configuración de un supuesto de gravedad institucional, mas omite hacerse cargo de la totalidad de los fundamentos invocados por la Cámara para denegar la concesión del recurso, dejando con ello incumplido -como se dijo- la carga prevista en el artículo 8 de la ley 7055.

No puede soslayarse, por otra parte, que los planteos introducidos en el escrito de queja consisten en la reiteración de los agravios deducidos en el recurso de inconstitucionalidad, cuya lectura, en confrontación con la sentencia atacada, revela -tal como lo señala la Cámara en el auto denegatorio- la mera discrepancia de la compareciente con los fundamentos expuestos por la A quo al emitir el pronunciamiento. Ello es así por cuanto se advierte que, aunque invoca causales de arbitrariedad, toda la argumentación desarrollada -pese al matiz contitucional que pretendió otorgarse- remite a cuestiones fácticas y de ponderación de pruebas, materias propias de los jueces de la causa, y que no incumbe a esta Corte revisar por esta vía de excepción.

En este sentido, la quejosa dirige todos sus cuestionamientos a intentar reabrir el debate acerca de si correspondía considerar legítima la habilitación de oficio de los locales de calle Bv. Colón y Perito Moreno y Av. 9 de julio 1351 de la ciudad de Firmat a nombre de Y.P.F. S.A., mas no logra conmover con sus alegaciones los argumentos expuestos por los Sentenciantes que -en base a las constancias de autos- juzgaron que tal acto, y su consecuente determinación tributaria de oficio, resultaba ilegítimo.

Para así decidirlo, los Juzgadores se valieron de la interpretación del ordenamiento aplicable y de la valoración del las probanzas del caso, en un sentido diverso al pretendido por la ahora recurrente, pero sin que se advierta configurado el invocado desconocimiento de las constancias de la causa que enumera la quejosa.

En efecto, la Cámara especialmente destacó que no podía haber duda alguna "que si el derecho de registro e inspección se establece sin la posibilidad efectiva o potencial de la prestación del servicio por el Municipio sobre un local, oficina o establecimiento, ejercitando su poder de policía, se estará ante la presencia de un tributo idéntico al impuesto sobre los ingresos brutos" y señaló, sobre el particular, que no podía pasarse por alto la misión fundamental del Convenio Multilateral que "...consiste en evitar la doble imposición local, mediante la atribución de base imponible a cada una de las jurisdicciones en las cuales el sujeto desarrolla actividad, razón por la cual la pretensión de la Administración accionada también se opone a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral, atento a que el Convenio solo atribuye base imponible a los municipios en los cuales el sujeto desarrolla actividad de modo tal que los que no posean ese local no podrán gravar" (cfr. fs. 20/21v.).

De tal manera, en su presentación directa la recurrente no alcanza a refutar eficazmente los argumentos expuestos por la Alzada al rechazar la concesión del remedio intentado, desde que no realizó una crítica idónea de las consideraciones vertidas en el auto denegatorio, privando a su postulación de fundamentación mínima tendente a demostrar su procedencia. A lo que cabe agregar que, en su recurso de inconstitucionalidad local, tampoco logra la compareciente demostrar -siquiera en grado liminar- la configuración de algún supuesto hábil para franquear la instancia extraordinaria intentada, siendo ello así en tanto no persuade acerca de la conexión inexorable que debe existir entre los hechos relevantes de la causa y la cuestión constitucional que someramente enuncia, limitándose a efectuar una mera invocación global de agravios en torno a cuestiones que resultan propias del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa y que, como tales, son ajenas a la órbita del excepcional remedio intentado.

Y más allá de su menor o mayor grado de acierto, la conclusión a la que arribaron los Sentenciantes podrá o no ser compartida, pero en la medida que no se demuestre un manifiesto apartamiento del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional en los términos del artículo 95 de la Constitución provincial.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 (Rosario).