Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-10


SENT Nro. 133 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 10 DE MARZO de de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "González, José Manuel vs. E.D.E.T. S.A. s/Enfermedad accidente".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala Va. de la Excma. Cámara del Trabajo el 19/6/2003 (fs. 394), la parte actora dedujo recurso de casación, que fue concedido por dicho Tribunal mediante pronunciamiento del 08/8/2003 (fs 401) aclarado de oficio por resolución de fs. 405. Consta en informe actuarial de fs. 413 que ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 CPTT.

2.- La sentencia impugnada consideró que habiéndose demandado indemnización por incapacidad derivada de una enfermedad accidente y siendo de aplicación al caso la ley Nº 24.557, correspondía reiterar el criterio sustentado por la Sala interviniente en autos "Juárez Juan C. vs. Cía. Azucarera Concepción SA s/ cobro" (excepción de incompetencia), sentencia nº 191 del 28/9/2001. En virtud de ello, declaró la incompetencia del fuero ordinario del trabajo para entender en la presente acción y ordenó remitir los autos al Juzgado Federal de la Provincia de Tucumán.

3.- El recurrente sostiene que la sentencia no está fundada, por cuanto entiende que es impropio remitirse al criterio sustentado por la Sala interviniente en sentencia nº 191/01. Expone que el antecedente al que se remite el fallo no condice con el presente caso, pues en aquella oportunidad el expediente llegó a consideración de la Sala V por vía de apelación en la cual se resolvió declarar la incompetencia, mientras que en autos se decidió rever una cuestión de competencia ya juzgada y firme.

Expresa que de la sola lectura del expediente judicial surge que el objeto de la litis está lejos de ser la revisión de alguna resolución de las comisiones médicas provinciales, reclamándose únicamente una indemnización por enfermedad accidente. Manifiesta que la doctrina ha entendido que el art. 46 es inconstitucional porque viola los principios del juez natural, el de acceso a la justicia y que constitucionalmente los temas vinculados a accidentes y enfermedades profesionales no competen a la justicia federal, salvo que se reclame contra el Estado Nacional.

Afirma que más allá de que los arts. 6 y 7 CPTT atribuyen la competencia material de los conflictos jurídicos individuales derivados del contrato de trabajo cualquiera sea la norma legal que deba aplicarse al fuero, la competencia se discutió en etapas anteriores del presente proceso y el mismo excepcionante consintió lo decidido al respecto por el Juez de Conciliación y Trámite cuando desistió de su apelación.

4.- El recurso ha sido interpuesto en término (art. 132 CPTT), se dirige contra una sentencia equiparable a definitiva (art. 130 CPTT), se invocan suficientemente los motivos del art. 131 inc. a) CPTT y no es exigible el afianzamiento previsto por el art. 133 CPTT por cuanto quien recurre es el actor. Encontrándose cumplidos los requisitos de admisibilidad en su totalidad, corresponde abordar el análisis de procedencia del recurso.

5.- En orden a la normativa aplicable, resulta acertado el criterio de la Cámara en cuanto considera que el presente caso resulta aprehendido por el régimen de la ley 24.557, lo que por lo demás no se encuentra controvertido por el recurrente.

Ingresando al tratamiento puntual de los agravios esgrimidos, se advierte que la Cámara pudo razonablemente expedirse sobre su incompetencia en oportunidad de encontrarse radicados los autos ante dicho tribunal para el dictado de la sentencia definitiva, sin que constituya impedimento el anterior rechazo a la excepción de incompetencia decidido por el Juzgado de Conciliación y Trámite de la Va. Nominación (sent. de fs. 91 y vta.) ni el hecho de que la excepcionante haya consentido dicha situación al desistir de la apelación deducida, toda vez que nos encontramos frente a una ley de orden público en la cual la competencia resulta improrrogable. De allí que debe ser desestimado el agravio que tilda de infundada a la sentencia, sobre la base de que en el precedente citado la cuestión llegó a conocimiento de la Sala Va. por vía de apelación mientras que en autos se decidió rever una cuestión de competencia ya juzgada y firme.

En el presente caso, el actor reclamó directamente ante la justicia ordinaria del trabajo las indemnizaciones pertinentes por la dolencia que describe en su escrito de demanda (ver fs. 14/15), sin acreditar haber agotado la instancia previa ante la comisión médica provincial. De allí que la determinación del juez competente para entender en el supuesto que nos ocupa no se encuentra expresamente prevista por las disposiciones de la ley nº 24.557.

En este género de cuestiones, reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que las normas que atribuyen competencia a determinados tribunales para entender en ciertas materias cuando de recursos se trata, son indicativas de una determinada especialización que el ordenamiento les reconoce y que constituye una relevante circunstancia a tener en cuenta cuando esos mismos temas son objeto de una demanda, a falta de disposiciones legales que impongan una atribución distinta (Fallos: 313:542, entre otros).

Con arreglo a ello, el más alto Tribunal de la Nación -adhiriendo en forma unánime y sin reservas ni agregados al dictamen del Sr. Procurador General- asumió el criterio de que "(...) dado que la responsabilidad administrativo-jurisdiccional del sistema, en los aspectos que atañe de modo general a los riesgos del trabajo, ha sido depositada -con la sola excepción del art. 1072 del CC- en organismos de orden federal, y considerando también especialmente la ausencia de objeciones constitucionales verificadas al respecto por el actor en su escrito introductorio, estimo se impone atribuir el conocimiento de la presente cuestión a la justicia federal de San Juan" (CSJN, in re "Torres Martín Alejandro c. Carrasco Aldo s/ autorización para firmar carta de poder -hoy ordinario" sent. de fecha Junio 15-1999; publicada el 09/11/99 en El Derecho, diario de jurisprudencia y doctrina, págs. 1 a 3).

Por idénticas razones a las contempladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considero que resulta acertada la declaración de incompetencia dispuesta por la Sala Va. de la Excma. Cámara del Trabajo, debiendo en consecuencia rechazarse el recurso de casación deducido por el actor. En este punto, debe señalarse que los términos del escrito recursivo y la ausencia de una mención expresa en el petitorio habilitan a sostener que lo manifestado por el recurrente acerca del criterio doctrinario imperante en la doctrina en torno al art. 46 no constituye verdaderamente un planteo de inconstitucionalidad, planteo que por otro lado teniendo en cuenta la oportunidad en que ha sido efectuado resultaría extemporáneo.

6.- Atento a que la solución de la controversia no surge de manera expresa de la ley, y a la disparidad de criterios de interpretación existente en las Cámaras de los distintos fueros advertida en el dictamen del Sr. Ministro Fiscal, las costas del recurso deberán ser soportadas por el orden causado (art. 49 CPTT y 106 inc. 1° CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia dictada por la Sala Va. de la Excma. Cámara del Trabajo en fecha 19/6/2003 (fs. 394).

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.- HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO