Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-01


Salta, 01 de octubre de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "BANCO RIO DE LA PLATA S.A. CONTRA BANCO MACRO S.A. POR INCIDENTES", Expte. n° INC 68.877/03 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos 3° Nominación; Expte. n° CAM 94.159/04 de Sala III, y _ C O N S I D E R A N D O El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:

I) A fs. 163 el Dr. Enrique A. Juncosa interpone apelación contra la resolución de fs. 132, en cuanto hace lugar al incidente de fs. 122/123 y, en su mérito, rechaza el cálculo de intereses de fs. 113, con costas.

En su memoria de fs. 167 y 167 bis expresa que el presente proceso se inicia con el reclamo de su representada del pago del depósito judicial efectuado en la causa principal, donde los deudores dieron en pago cancelatorio de su deuda el importe depositado en dólares estadounidenses. La entidad demandada se negó a cancelar el depósito en la moneda de origen y, amparándose en la normativa de emergencia y pesificación, desconoció su obligación, por lo cual fue intimada mediante oficio a su cumplimiento por parte de la Sra. Jueza de Primera Instancia, manteniéndose en la negativa a su cumplimiento. Así debió dictarse sentencia condenatoria y ordenar al Banco Macro entregar una suma de dinero consistente en U$S 8.887,13 (dólares ocho mil ochocientos ochenta y siete con 13/00), o su equivalente en pesos al cambio al día de pago. Tal condena fue emitida en fecha 10/10/03 y confirmada por el Tribunal de Alzada en fecha 22/06/04. Que ante la persistente contumacia su parte decidió iniciar ejecución de sentencia por lo cual formuló liquidación de intereses desde que la deudora se encontraba en mora, es decir a partir de la notificación de la sentencia condenatoria. La entidad deudora impugnó la planilla afirmando que los intereses no fueron reclamados al requerir el pago de la suma depositada ni fue dispuesto en la sentencia. Tal argumento fue acogido en la resolución apelada, y ello causa agravio a su parte ya que se ha fallado sobre una cuestión no puesta en análisis: su parte no reclama intereses desde que se ordenara por primera vez a la entidad depositaria a abonar la suma correspondiente al depósito judicial, sino los generados por el incumplimiento de una sentencia condenatoria y por encontrarse en mora desde su notificación. Su parte reclama los intereses adeudados solamente desde que quedara ejecutoriada la sentencia que condenaba a la obligación de dar una suma de dinero. Por último manifiesta que la circunstancia de que, a más de diecisiete meses desde el dictado de la sentencia de Cámara se hiciera lugar a la queja interpuesta por el Banco Macro y se habilitara el recurso extraordinario, no impide afirmar que la entidad deudora se encontrara en mora desde la fecha indicada, más allá de que ello suspendiera la ejecución forzada de la suma adeudada mientras la Corte de Justicia analizaba si la sentencia cuestionada afectaba garantías constitucionales ya que el mérito del referido recurso lejos de importar la apertura de una tercera instancia sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad y no para revisar sentencias pronunciadas por jueces de la causa; por ello, rechazado el recurso de inconstitucionalidad planteado la deudora debe los intereses desde que fuera constituido en mora, es decir desde el dictado de las sentencias que ordenan el pago de la obligación.

A fs. 171/173 responde el Dr. Matías Simón Amado, apoderado del Banco Macro. En primer término expresa que la memoria no cumple con las directivas del art. 255 del Código Procesal en tanto no se hace cargo de los fundamentos de la resolución que cuestiona y se limita a plasmar aparentes discrepancias genéricas con los argumentos del sentenciante; por ello, considera que el recurso debe ser desestimado. Subsidiariamente lo contesta; expresa que luego del dictado de la sentencia de la Corte de Justicia a fs. 106/111, su mandante acreditó en la cuenta judicial de los autos principales la suma condenada. Con la aparente argumentación esgrimida por la entidad incidentista, se pretende desviar el análisis de la única cuestión central, cual es la de determinar si la entidad actora reclamó en su escrito de inicio los supuestos intereses que pretende liquidar por esta vía y, consecuentemente, por el principio de congruencia, como fueron pronunciadas las distintas sentencias de las sucesivas instancias. La respuesta es que no se reclamaron intereses, ni se condenó al pago de los mismos. Sobre esta cuestión pretende ahora la accionante ubicar una supuesta mora de su mandante, en la fecha del dictado de la sentencia por parte de la Cámara, sin advertir que su pretensión condenatoria no incluía intereses, ni quedó firme sino luego de la sentencia de la Corte de Justicia, que tampoco incluía intereses. Mal puede la incidentista hablar de ejecución de sentencia o de sentencia ejecutoriada, si la resolución dictada por la Cámara -que no contiene la condena al pago de intereses, estaba siendo objeto de análisis y fue materia de decisión por la Corte en fallo dividido. Si bien la mera interposición del recurso de queja no suspende el curso del proceso, la admisión de ésta y del consecuente tratamiento del recurso de inconstitucionalidad sí lo hace y obsta la ejecución de la sentencia. Mal puede hablar de su decisión de iniciar ejecución de sentencia cuando no se daban los presupuestos procesales para ello, y de hecho no se la inició; pero además, la ejecución de sentencia no puede iniciarse sobre lo que le parezca a la actora, sino que debe fundamentarse en la sentencia que le sirve de base y, en tal caso, dichas sentencias no contienen la manda ni la condena al pago de intereses. A fs. 183 se ponen los autos a despacho.

II) De acuerdo a las posturas de las partes referenciadas en el punto anterior, se trata de resolver si corresponde computar intereses desde que la sentencia ha quedado ejecutoriada, teniendo en consideración la circunstancia que dicho resolutorio no condena al banco demandado a pagar intereses y, en caso afirmativo, si los mismos corren desde que fue notificada a la perdidosa la sentencia de segunda instancia o a partir del anoticiamiento de resolución de la Corte de Justicia que desestima el recurso de inconstitucionalidad.

Las partes son contestes en el hecho de que al no haber sido pedidos intereses en la pretensión de condena, la sentencia definitiva no comprende dicho rubro. Ahora bien, estimo que dicha circunstancia no empece el curso de intereses sobre el capital condenado desde la mora en el cumplimiento de la misma.

La sentencia definitiva determina la conducta que debe seguir el condenado para satisfacer la manda judicial y, es deber del mismo satisfacer las obligaciones que le impone en el plazo y condiciones correspondientes. Si no lo hace debe hacerse cargo de las consecuencias de su mora.

Ahora bien, si fue condenado a pagar intereses deberá hacerlo desde la fecha de la mora de acuerdo a la naturaleza de la obligación que debe honrar. Si la condena no contiene el deber de pagar intereses, a pesar que no corresponde computar dichos accesorios con anterioridad a la sentencia, si procede hacerlo a partir que la decisión queda ejecutoriada, es decir, desde que el vencedor tiene expedita la vía ejecutiva y ante la contumacia del condenado. Resulta claro que si éste no cumple en el tiempo y forma determinado, debe cargar con las consecuencias de tal actitud.

Como en el caso bajo análisis la sentencia no contiene un plazo de cumplimiento, se considera ejecutable desde el momento en que la misma queda consentida o ejecutoriada (Enrique M. Falcón, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo V, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, año 2006, pág. 40; Hugo Alsina, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. V, Ediar S.A., Buenos Aires, año 1962, pág. 114, Lino E. Palacio, Derecho Procesal Civil, t. VII, Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 1987, pág 265). Es decir, la notificación de esa sentencia importa el requerimiento al condenado (CApelCC Salta Sala III, año 1990, fº 565).

La sentencia queda ejecutoriada cuando fuere confirmada por el tribunal de apelación si la de primera instancia era condenatoria, o aquél la hubiese revocado si era absolutoria (Alsina, ob. cit, pág. 113; Palacio, ob. cit. pág. 264). No empece a ello la concesión del recurso de inconstitucionalidad -ya sea por vía directa o por queja-, en mérito que nuestro código procesal no contiene previsión alguna al respecto. De todas maneras, aún cuando en tales supuestos se pueda producir la suspensión de la ejecución de sentencia, de hecho o por decisión de la Corte de Justicia, ello no impide el cómputo de intereses desde que la sentencia quedó ejecutoriada. El concepto de suspensión de la ejecución implica necesariamente la posibilidad de iniciación de la misma, con todas sus consecuencias y, por consiguiente, el inicio del cómputo de intereses desde tal situación y la pretensión de su cobro.

Es lo que sucede en el ámbito del proceso civil nacional. En este sentido manifiesta Falcón que "una sentencia se encuentra ejecutoriada cuando se han agotado las instancias ordinarias, y no cabe ningún recurso regular contra la misma, independientemente de que se pueda estimar un recurso extraordinario o una queja extraordinaria, .ya que dichas vías están fuera de los carriles ordinarios de la conclusión de la causa" (ob. cit. pág. 34). Asimismo, expresa el autor en cita expresa que: "En el caso del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, previsto por el art. 14 de la ley 48, resulta claro que la sentencia final (consentida o ejecutoriada) de los tribunales ordinarios, puede ejecutarse directamente, pues salvo casos extraordinarios, la regla es que la interposición del recurso extraordinario no suspende la ejecución hasta tanto no haya sido concedido, ya sea por el tribunal de grado o por la Corte mediante la queja" (ob. cit., pág. 35 y sus citas).

De la misma manera, en las pretensiones de condena el proceso ordinario, incluida la segunda instancia, no suspende el curso de los intereses durante su trámite y, así serán debidos desde el hecho, acto o circunstancia desde los cuales cabe computarlos de acuerdo a las reglas generales de la ley de fondo.

De conformidad a lo expresado, entiendo que cabe computar los intereses pretendidos desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en esta instancia.

En cuanto a la tasa a aplicar, el recurrente propuso al momento de practicar la planilla de fs. 113 el 7% nominal anual y la incidentada impugna la tasa de interés aplicada, señalando que en el precedente "Massa" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aplica un interés del 4% anual directo y, que en el presente caso el depósito ha sido devuelto en moneda dólares estadounidenses, y la tasa de interés que se paga por depósitos en esta moneda es inferior al 2%.

Estimo que tratándose de un depósito judicial procede aplicar la tasa de interés determinada por el Alto Tribunal Federal en la causa "EMM" (Fallos 330:971), es decir, la aplicable a los depósitos en plazo fijo en dólares estadounidenses, a 30 días renovables automáticamente, en el banco depositario. Criterio ratificado recientemente por la Corte en sentencia del 20 de abril de 2010, in re "Algodonera Lavallol S.A. s/ quiebra". Con base a dichos parámetros el actor deberá reformular su planilla de fs. 113, cumpliendo el trámite correspondiente en la primera instancia.

En cuanto a las costas, en mérito de existir vencimiento parcial y mutuo, propongo que sean impuestas por el orden causado en ambas instancias (arts. 71 y 273 del Código Procesal).

El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo.

Que por sus fundamentos, adhiere al voto del Dr. Díaz.

En mérito del acuerdo que antecede, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL:

I) HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 163 por el Banco incidentista y, en su mérito, REVOCA el pronunciamiento de fs. 160, DISPONIENDO se practique en la anterior instancia nueva planilla de liquidación de intereses, de conformidad a las pautas expuestas en los considerandos. Las COSTAS de ambas instancias se imponen por su orden (arts. 71 y 273 del Código Procesal).

II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE.