Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-07-31


AUTOS N° 106107 (07° JUZGADO CIVIL) (N° 10839 SALA III) "VERDEGUER ESTER SILVIA C/ VALVERDE PAZ LUIS ALBERTO Y OTRA - ESCRITURACION".

///En la ciudad de San Juan, a los 31 días del mes de Julio de dos mil doce, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia de la Dra. Catalina Celia Cúneo de García y el Dr. Humberto Caballero como Vocal, para resolver el recurso de apelación concedido a la parte actora a fs. 50, contra la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2010, obrante a fs. 44/47. - CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA DIJO:

- -La Sra. Juez a-quo resolvió: " I) Rechazar la demanda promovida por la Sra. Ester Silvia Verdeguer contra los Sres. Luis Alberto Valverde Paz y María Ester Cerósimo, con costas. II) Regular los honorarios del Dr. Mario Daniel Arancibia Ruiz, en la suma de pesos que resulte de aplicar el porcentual del 21% sobre el monto de venta a la fecha de la demanda. III) Firme o ejecutoriada la presente, devuélvase la documentación original reservada...". - -Contra la sentencia se alza la actora a fs. 49, el recurso se le concede a fs. 50. Expresa agravios a fs. 51/55, los que no han sido contestados por la contraria (fs.59).

Sin perjuicio de la relación de la causa efectuada por la Sra. Juez a-quo diré que: la actora promueve demanda por escrituración, del inmueble ubicado en el Barrio Jardín Santa Cecilia, Lote uno, Mza. "B", Sector I, de esta Capital.

Según expresa, el mismo fue adquirido a los demandados mediante contrato de compra-venta. Pagó el precio al contado y asumió a su cargo, la deuda que los vendedores tenían con el Banco Hipotecario Nacional, garantía de un crédito hipotecario que les otorgara dicha Institución.- - Una vez, cancelada la obligación mencionada, la compradora trató, sin éxito alguno, la colaboración de los demandados para levantar la hipoteca y obtener luego la escrituración.

Ofrece y rinde la siguiente prueba: a) Documental de fs. 02/08. b) informativa del Registro General Inmobiliario de fs. 33 y del Banco Hipotecario de fs. 36/37. c) Confesional de los demandados de fs. 29/30 a tenor del pliego de fs. 28.

Los demandados no comparecieron a tomar participación en la causa, no contestaron la demanda, ni ofrecieron prueba.

La sentencia fue apelada por la actora quien al expresar agravios pide:

I) De conformidad a lo dispuesto por el art. 253 del C.P.C., se ordene la producción de prueba en esta instancia. Denuncia un hecho nuevo y solicita medida para mejor resolver.

a) Solicita como pruebas a rendirse: 1°) Se cite al demandado a absolver posiciones, a tenor del pliego que acompaña.

2°) Se ordenen las testimoniales admitidas, pero no receptadas en primera instancia; de la Escribana María Isabel Carchano de Orduña Salas y del Dr. Marcelo Salinas Weber, conforme a las preguntas indicadas. Además de la del Sr. César Sánchez, ofrecido en la alzada.

3°) Declara bajo juramento de la existencia de documentación que obra en poder del Sr. Carlos Sánchez (D.N.I.13.107.231), empleado de Huarpes S.R.L.; de la cual la actora es socio-gerente y principal accionista (ver Poder-fs.1). - Acompaña recibo extendido por el Dr. Salinas, que acredita la cancelación de la hipoteca que gravaba el inmueble, objeto de la litis, por la actora. Además del resto de documentación que adjunta.

b) Denuncia Hecho Nuevo. El que está dado, por el conocimiento reciente de que el Sr. César Sánchez guarda en su domicilio, la documentación, que le entregara el Dr. Salinas, vinculada a la cancelación de la hipoteca referida, sin haberlo puesto en conocimiento de la actora oportunamente.

Recién lo hizo cuando ésta le comentara de una complicación en el trámite judicial.- Documentación que acompaña en este acto. Para acreditar lo expuesto ofrece también la testimonial de Sánchez, según interrogatorio que adjunta.

c) Sugiere medida para mejor resolver, conforme a lo dispuesto por el art.35 inc.7° del C.P.C., una inspección ocular a realizar en el inmueble objeto de la litis, a los efectos de determinar quién ejerce la posesión, quién o quiénes lo habitan, en qué condición y cuál es el estado de conservación del mismo. - II) Agravios de la apelante los que subsumiré de la siguiente forma: 1°) La Juez a-quo afirma que no se acreditó la existencia del contrato de compra-venta del inmueble que se pretende escriturar, por no haber sido presentado con la demanda, ni se alegó la imposibilidad de hacerlo.

Dicho instrumento no pudo ser acompañado al promover la demanda, por haberse extraviado el ejemplar que tenía en su poder; como asimismo el recibo de pago y toda otra documentación al respecto.

La sentenciante no ha considerado la certificación expedida por la Escribana Carchano de Orduña Salas, que constituye principio de prueba por escrito, en los términos del art.1192 del Código Civil, (fs.2).

Además se ha presentado la carta-notarial de fecha 27/11/07 (fs.4/fs. 5), intimando la escrituración del inmueble, recibida por el hijo de la actora Matías J. Valverde, sin obtener respuesta alguna.

Destaca que los demandados no comparecieron en todo el trámite del proceso, ambos fueron declarados confesos a tenor del pliego de posiciones de fs. 28, según constancias de fs. 29 y fs. 30.

Además, el Informe del Registro General Inmobiliario (fs.33) acredita la titularidad del dominio del inmueble, perteneciente a los vendedores. 2°) La cancelación del crédito hipotecario, consta en el Informe del Banco Hipotecario Nacional (fs.36/37).

3°)- Las costas corresponde que sean a cargo de los vendedores, si prospera la demanda.- - En primer término trataré el ofrecimiento de la prueba y demás cuestiones supra indicadas:

1°) Prueba ofrecida. Al respecto diré que: el diligenciamiento de prueba en segunda instancia tiene carácter excepcional, no pudiendo convertirse en una causa de desequilibrio, de la igualdad que debe primar entre las partes, ni un premio a la desidia.

Se debe desechar por inadmisible si ella pudo producirse en primera instancia, con la debida diligencia de la parte proponente; la petición debe ser fundada. - - La actora a fs. 10 ofrece prueba confesional de los demandados, la que ha sido proveída por el Juzgado a fs. 21 teniéndose a los mismos por confesos por no haber comparecido a la audiencia respectiva (ver actas de fs.29/30). El art.253, inc.4° del C.P.C. establece que se puede exigir dicha prueba, sólo "sobre hechos que no hubieran sido objeto de la prueba en la instancia anterior".

El interrogatorio presentado en la alzada, se refiere a los mismos hechos que los propuestos en primera instancia, en la audiencia respectiva, pero con distinta redacción (fs.28). No obstante ello señalo, que el pliego puede ser valorado en la Alzada, siempre que se crea pertinente, dicha prueba. Lo que no acontece en este caso, resultando improcedente el pedido.

2°) La actora ha desistido, en la instancia inferior, de la prueba testimonial que ofreciera.- Razón por la cual no cabe hacer lugar al ofrecimiento de la misma, pues ésta corresponde en la Alzada, cuando la medida de prueba no se hubiere practicado por causas ajenas a su voluntad (art. 253, inc.2°-ley 7942, situación distinta al caso en estudio.

3°) El criterio para admitir documentos en segunda instancia es restrictivo.- Este principio puede ceder cuando la parte interesada demuestra la relevancia, que para la decisión de la causa tiene el instrumento, cuya agregación se pretende.- Se admiten los posteriores al llamamiento de autos para sentencia de primera instancia; para los anteriores se debe acreditar razones suficientes, a parte de la afirmación de no haber tenido conocimiento de ellos (art.253, inc.3°del C.P.C.).

Este Tribunal, en reiteradas oportunidades ha dicho -reitero-, que como claramente lo establece la norma legal precitada (idem al inc.3º del art. 260 del C.P.C. ley 3738), sólo es viable la agregación de la documentación en Segunda Instancia, cuando sean de fecha posterior al llamamiento de autos para sentencia en primera instancia, o bien, si fueron anteriores y verosímilmente no se hubiera tenido conocimiento de ello.

Al respecto hemos resuelto que: "la agregación de la prueba documental en la Alzada debe ser de interpretación restrictiva, por cuanto importa una excepción al principio formal establecido en los arts. 317 y 319 del C.P.C. y el de lealtad procesal.- No obstante la disposición del art. 260, inc.3º del Cgo. citado, se ha decidido que, aunque se encuentren vencidos los presupuestos fácticos contemplados en la norma indicada, ha de tenerse en cuenta la importancia de la documentación presentada, en orden al esclarecimiento de la verdad objetiva (Prot. de Autos TºIII- Fº 460/461-2000; y TºIII-Fº 462-2002, entre otros)." - - También que: "No es bastante la mera afirmación de no haber tenido antes conocimiento de la documentación; tal afirmación debe ser verosímil ( Prot. de Autos: T°II-F°°255/256-05).

Pero dicha afirmación -que suple la necesidad del juramento- debe ir acompañada de la enunciación de razones suficientes y verosímiles que sustente el pedido, ya que de lo contrario, aparte de facilitarse actitudes reñidas con los deberes de lealtad y buena fe, resultaría desvirtuado el carácter excepcional que reviste la posibilidad de aportar elementos probatorios en segunda instancia.

Inclusive hay autores que sostienen que, esta afirmación no puede hacerse por primera vez en alzada (cfr. Fassi-Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial, comentado, anotado y concordado", T° 2, P. 471- C.Nac.A.Com.-causa n° 4209/93-"SYNCRO Argentina S.A. c/Química Montpellier s/ Cese de Oposición al Registro de Marcas"-19/07/95).

"La agregación de la prueba documental en esta instancia, es de interpretación restrictiva, por cuanto importa una excepción al principio general establecido en el art. 333 del CPCCN (conf. Esta sala, doct. Causas n° 5552 del 8.7.88 Y n° 9377/92 del 7.4.93).

Alsina, (Tratado Teórico Práctico y Derecho Procesal Civil y Comercial", T°. IV, pág. 396) expresa: "No resulta procedente la agregación de documentos en segunda instancia si no resulta verosímil que no se tuvo conocimiento de los mismos o que no pudo proporcionárselos en tiempo oportuno".

"Resulta insuficiente la mera afirmación de no haber tenido conocimiento de la existencia de los documentos que se pretenden agregar en esta oportunidad, a cuyo fin es necesario invocar razones suficientes y verosímiles que sustenten el pedido (cfr. Enrique Falcon, "Código Procesal Civil y Comercial, anotado, concordado y comentado", ed. Abeledo Perrot, 1988, t. Ii, pág. 417; C.Nac.A.Com.Sala III- "Rodriguez Azúa Juan c/ Cese de Oposición al Registro de Marcas-Causa n° 5197/00-Exp.n° 5197/00-30/11/04).

La apelante manifiesta, que la documentación de fecha anterior a la sentencia de primera instancia, relativa a la cancelación de la hipoteca del inmueble objeto de la litis, le habría sido entregada a César Sánchez, empleado de Huarpes S.A., por la Escribanía actuante, sin que éste la pusiera en conocimiento oportuno de tal circunstancia.

Tal aseveración no es convincente, deja un dudoso interrogante. Cómo el empleado, no anotició a la actora de la entrega de la documentación, siendo "socia-gerente y principal accionista" de dicha sociedad.- Por la importancia de la misma, se supone que debió ser de conocimiento de la apelante en su oportunidad.

El recibo de cancelación de hipoteca expedido por el Dr. Salinas, no ha sido presentado con la documentación en el sobre acompañado por la actora (fs.71), que se tiene a la vista en este acto.

Por lo que el ofrecimiento de prueba documental en la alzada debe ser desestimado.

B) Hecho nuevo. Como lo señala Morello ( Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Bs.As. y de la nación Tomo V-A pág. 109 y sgtes.); es preciso distinguir entre un "hecho nuevo" y una "nueva prueba del hecho ya alegado", sólo puede ser invocado el primero pues importa una cierta modificación a la forma en que quedó trabada la litis.

En cambio, la prueba sobre los hechos ya alegados en la demanda o reconvención no pueden ofrecerse.

La actora denuncia como hecho nuevo, la guarda por el Sr. Sánchez en su domicilio, de la documentación referida a la cancelación de la hipoteca, sin haber tomado conocimiento la actora, en su momento.- - Ello importa un nuevo elemento de prueba, atiente al mismo hecho invocado en la demanda, razón por la cual no constituye un hecho nuevo.

Al respecto se ha resuelto que: "...resulta improcedente su revisión si solo se aportan nuevos elementos de juicio o pruebas referidas a los mismos hechos con relación a los cuáles ha recaído la resolución ( Cc0101 Mp 97453 Rsi-332-96 I-07/05/1996-"Gimenez José c/ Camarena De Spigel Elida S/ Cumplimiento De Contrato").

En la jurisprudencia citada por Alsina ( Obra citada T°" IV pag.-400), se señala que: "No basta la ignorancia de un hecho, sino que es necesario que esa ignorancia no provenga de la propia negligencia de quien la invoca como tal, siendo improcedente, por otra parte, la apertura a prueba en segunda instancia cuando la causal alegada no se refiere a hechos nuevos, sino a constancias que obran en expedientes judiciales ya tramitados, o a hechos anteriores al pleito que pudieron ser probados en la estación oportuna del juicio(C.N.A.Com.Sala C-03/11/78- "Gofanovich Baron c/ Natanson Isidoro S/Quiebra/Inc.Escrituración").

En igual sentido: Es menester distinguir entre un hecho nuevo y una nueva prueba de hechos ya alegados: solamente el primero puede ser invocado dentro del pertinente plazo legal, importando ello una cierta modificación a la forma en que quedo trabada la litis; en cambio, la nueva prueba sobre hechos ya alegados en la demanda y contestación no puede ofrecerse una vez finalizado el periodo pertinente. -C.N:A.Com.sala A -17/02/03 "Moreno Ramón c/ automotores La Favorita S.A.-Sumario).

En este caso no se trata técnicamente de la denuncia de un hecho nuevo, sino de la pretensión de incorporar un elemento probatorio que vendría a ratificar circunstancias ya alegadas. Por lo que se desestima.

C) De acuerdo a lo dispuesto por el art.35, inc.7° del C.P.C. vigente, las diligencias para mejor resolver son privativas de los jueces. Es una facultad que la ley procesal otorga a los magistrados, a fin de esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, salvo que con ella se cubra la negligencia de alguna de las partes; "quebrando la igualdad del proceso o vulnerando el derecho de defensa en juicio" (Fenochietto-Arazi. Código Procesal Civil y Comercial T°I-pág.772.

En el sistema de nuestro ordenamiento procesal, las facultades instructorias de segunda instancia son limitadas y quedan reducidas a lo estrictamente indispensable, no pudiendo suplir prueba de las partes.- - La alzada debe operar en principio, con el mismo material de hecho que lo hizo el a-quo. Hay pues prohibición de producir y admitir prueba en segunda instancia, salvo los casos de excepción especialmente previstos y que, como tales, son de interpretación restrictiva.

Es impropio que la Alzada ejercite potestades instructorias, pues las mismas sólo caben decretarse a los fines de esclarecer los hechos que probados son susceptibles de originar dudas, más no para suplir la carga procesal que no se satisfizo, pues se afectaría el principio de igualdad procesal, máxime en actuaciones producidas con manifiesto apartamiento de las formas procesales. (Prot.de Autos: T°IV -F°734/735-08).

En consecuencia, no corresponde que las diligencias sean propuestas por las partes.- No obstante lo expresado, en este caso, se estaría supliendo una prueba que oportunamente hubiera podido ofrecer y producir la actora en la instancia inferior.

En razón de todo lo manifestado, no corresponde la apertura a prueba en esta Instancia, ni la admisión del hecho nuevo, ni la inspección ocular pedida, como medida para mejor resolver.

Agravios de la actora: -que analizaré en su conjunto al respecto diré que: Los contratos se prueban por el modo que marcan los Códigos de Procedimientos, sea a través de instrumentos públicos o privados, confesión de las partes, testigos o presunciones, documentos o pericias, en la medida que tales configuren una trama lógica y jurídica, de tal modo que no quepa la menor duda de su existencia (arts.1190 y 1191 del Código Civil).

Tenemos resuelto en forma reiterada que las pruebas:

"deben ser valoradas en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 370 C.P.C., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad.

Esas pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí. Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que las partes que las invoquen aprovechen lo que les es útil y desechen lo que las perjudica, ni fragmentar el todo integrado por la reunión de los elementos probatorios.

En la apreciación de ésta los jueces no tienen la obligación de expresar en su sentencia la valoración de todas las producidas sino únicamente de las que, de conformidad con las reglas de la sana crítica, fueren según su prudente criterio, esenciales y decisivas para la resolución de la causa (Prot. de Sent. Tº I - Fº 100/105 - 1993; Tº II - Fº 218/222 - 1995; T°III-F°364/374-08; entre varios).

La actora no acompañó el contrato de compra-venta, que dice haber celebrado con los demandados, referido al inmueble, objeto de esta acción, que pudiera acreditar las obligaciones de las partes.

La apelante hace mención a la certificación de la Escribana Carchano de Orduña Salas de fecha 14 de noviembre de 2007, glosada a fs.3, pero ésta nada aporta sobre la operación de venta y sus condiciones para escriturar.

Si bien se señala la presentación de un Contrato de Compra-Venta, celebrado por las partes de este juicio, no se consigna ningún dato que identifique la operación con el negocio de autos. Tampoco se desprende del Acta N° 330 del 27 de septiembre de 2006 (fs.2).

Tratándose de un contrato de compraventa, en este caso de inmueble, el art.1193 del Código Civil exige la forma escrita. En caso de no presentarse dicho instrumento, se puede recurrir a otros medios de prueba, siempre que haya principio de prueba por escrito (art.1191 C.C.).

En este caso los presentados son los documentos referidos.

Mediante la carta notarial, de fecha 26/11/07, se intima a escriturar a los vendedores, pero tampoco de ella surge si se han cumplido las condiciones que se hubieran pactado en el acuerdo para poder hacerlo. Una de ellas, según manifestaciones de la actora, era levantar el crédito hipotecario, obligación a su cargo (fs.9 vta.).- El informe del Banco Hipotecario da cuenta de la cancelación de un préstamo hipotecario, no pudiendo determinar la persona que lo realizó (fs.36). Tampoco se puede asegurar que se refiere al mismo préstamo de marras.

Las solicitudes de liberación de hipoteca (fs.6/8), no se encuentran firmadas por autoridad competente, faltando, también, la firma del solicitante. Se trata de una copia simple, la cual carece de todo valor legal, sin fuerza probatoria.

Respecto al valor probatorio de la confesión ficta, tiene dicho la Excma. Corte de Justicia de San Juan: "...nunca puede ser el de la confesión expresa y la apreciación de dicho valor queda librada al criterio del Juez según las circunstancias del caso.

La ficta confesión no permite tener como obligatorio e ineludible lo confesado, sino que atribuye al Juez una facultad discrecional para dar por ciertos los hechos reconocidos de acuerdo con las circunstancias del caso. (P.R.E. Sala II-T II-Fº 171/180-Año 1993).

"...La ficta confesión no permite tener como obligatorio e ineludible lo confesado, sino que atribuye al Juez una facultad discrecional para dar por ciertos los hechos reconocidos de acuerdo con las circunstancias del caso." (P.R.E. Sala II-T II-Fº 171/180-Año 1993).

En igual sentido se expresa que: "ésta carece de valor absoluto, y su eficacia probatoria debe ser apreciada de conformidad con todos los elementos de prueba que obran en el proceso (Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial Tº II - pág. 425, Morello Tº V-p. 372).

"La confesión ficta en cualquiera de sus modalidades, produce los mismos efectos que la confesión judicial expresa, vale decir que resulta suficiente para tener por probados los hechos consignados en el pliego de posiciones.

Sin embargo, no reviste, como la segunda, el carácter de prueba tasada, ya que la ley faculta al Juez a tenerla por configurada "teniendo en cuenta las circunstancias de la causa (art. 401 del C.P.C. local), lo cual implica que es susceptible de desvirtuarse mediante prueba en contrario producida por el absolvente (Derecho Procesal Tº IV-pág. 549-Ed. 1984).- Prot. de Sent. Tº III Fº 358/366 -1990; T°I-F°134/137-2006, entre varios).

Según Morello y Colaboradores (Códigos Procesales, Civiles y Comerciales.." Tº V-A pág.87): "La finalidad de la actividad probatoria consiste en crear en el órgano jurisdiccional la convicción acerca de la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes, quienes tienen la carga de incorporar, a través de los medios correspondientes, los datos susceptibles de cotejarse con aquellos" .

Conforme a lo expuesto, las partes tienen la responsabilidad de probar los presupuestos de hecho, que sirven como fundamento a su pretensión o defensa, a la vez que otorga al sentenciante una verdadera regla de juicio sobre los hechos esenciales no probados.

En este caso, la ausencia de prueba, determina el rechazo de los agravios analizados.

De acuerdo al resultado indicado, se confirma la imposición de costas de primera instancia y las de la alzada se imponen a la apelante vencida (arts.66. 67 y conc. del C.P.C.) .

Los honorarios de la alzada se fijan al Dr. Mario Daniel Arancibia Ruiz, como apoderado de la actora en el 30% de lo que le correspondiere en primera instancia (art.196 de la ley 2150 y art.800 inc.10 del C.P.C.).

EL DOCTOR HUMBERTO CABALLERO, por sus fundamentos adhieren al voto que antecede.

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE:

I-) Desestimar el pedido de apertura y producción de prueba en esta instancia y demás cuestiones propuestas.- II) Rechazar el recurso de apelación concedido a la parte actora a fs.50, contra la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2010, obrante a fs.44/47, la que se confirma por los fundamentos dados.- Costas a cargo del apelante vencido (arts.66 y 67 del C.P.C.). Regular los honorarios del Dr. Mario Daniel Arancibia Ruiz, como apoderado de la actora en el 30% de lo que le correspondiere en primera instancia (art. 196 Ley 2150 y 800 inc. 10 C.P.C.).

Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere. Déjase constancia que no firma la presente el Dr. Moisés Moya, por haberse acogido al beneficio jubilatorio (confr. art. 40 Ley 5854).- FDO:DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. HUMBERTO CABALLERO . ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI- SECRETARIA.