marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público Fiscal, delito de acción pública
Materia: PENAL
Carátula: Galetta Storari Adriana Leticia s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-28

Describir el dictamen fiscal como "vinculante" para el tribunal soslaya el hecho que existen limitaciones legalmente impuestas -v.gr., los requisitos de procedencia y admisibilidad estipulados en el art. 76 bis del C.P.- dentro de las cuales la actuación del MPF debe estar circunscripta, y cuya observancia, logicidad y adecuación a las circunstancias del caso concreto corresponde al órgano jurisdiccional controlar mediante el rechazo, cuando correspondiera, de aquéllos dictámenes fiscales que se apartaran de las prescripciones legales ya sea por introducir requisitos que la ley no prevé o por omitir considerar aquellos que sí forman parte del ordenamiento jurídico. Ello es una consecuencia necesaria del esquema de estricta separación funcional entre fiscales y jueces. Si bien se advierte que el a quo no se detuvo a analizar si los fundamentos de la oposición fiscal se encontraban ajustados a derecho, lo cierto es que existen razones independientes que impiden que el recurso de casación pueda prosperar. A los efectos del derecho penal, los conceptos de funcionario y empleado público se encuentran determinados por el ejercicio de funciones de carácter público, circunstancia ésta que se constituye en la clave para atribuir esa calidad al agente. El desarrollo de las actividades realizadas dentro del escalafón jerárquico del Poder Judicial de la Nación constituye un "ejercicio de función pública" en los términos del art. 76 bis del CP. El voto concurrente agregó que la oposición formulada por el acusador público se basó en argumentos que, en función de las características concretas del caso, se adecuan a los lineamientos de política criminal sentados en la materia por la PGN en la resolución 97/09. Dicha instrucción fue válidamente invocada por el fiscal a efectos de sustentar las razones de política criminal que expuso para oponerse a la concesión de la suspensión del juicio a prueba. Así encontrándose la oposición fiscal debidamente fundada, resulta vinculante para el tribunal por tratarse de un acto procesal válido a la luz de las exigencias emanadas de la ley adjetiva.
Intereses, tasa pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Edificadora de Olavarría c/ Leitao, Eduardo s/ Ejecución de saldo deudor de cuenta corriente bancaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

La sanción de la ley 23928 ha impactado sobre las dos opciones que prescribe el artº 54 de la ley 8904, y no sólo sobre la del inciso a) de la mencionada norma, y ello porque de aplicarse la tasa de interés activa desvirtuaría el criterio de desindexación perseguido por la ley de convertibilidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Asociaciones profesionales, elecciones, revisión judicial de actos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juárez, Rubén Faustino y otro c/ Mrio.  de Trabajo y Seguridad Social (Direc. Nac. de Asoc. Sindicales s/ Acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-10

El art. 15 del decreto 467/88 constituye un verdadero estatuto electoral para las asociaciones regidas por la ley 23.551 y no puede interpretarse en el sentido que suponga el desconocimiento de la competencia administrativa de resolver impugnaciones por apelación de la autoridad electoral asociacional, sin perjuicio de la revisión judicial ulterior.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil, cosa juzgada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Federación patronal cooperativa de seguros c/ Museli, Alberto José s/ Cobro de pesos Coñequir de Sturba, Alicia Mercedes c/ Martínez, Rolando Adalberto y ot. s/ Daños y perjuicios Aguirre, José B. c/ Deffis, Eduardo Alberto s/ Daños y perjuicios Nuñez, María Cristina c/ Ramella, Alejandro Enrique y otros s/ Daños y perjuicios Maldonado, Ernesto W. y otro c/ Bonomi, Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16|1991-05-21|1996-11-27|2000-05-31|2002-11-27

La autoridad de la cosa juzgada que emana de la sentencia penal firme, alcanza no solamente al delito por el que fue condenado el demandado, sino también a las circunstancias en que ese ilícito fue consumado.
Acción de amparo, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: Tamburini, Eddie Omar c/ Citibank Casa Central y Sucursal, Resistencia Chaco y/o quien resulte responsable s/ Acción de Amparo. Tamburini, Eddie Omar c/ Citibank Casa Central y Sucursal, Resistencia Chaco y/o quien resulte responsable s/ Acción de Amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-11-22|1996-11-22

La Sala I de la Cámara Nacional Federal Civil y Comercial señala que la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta como presupuestos de admisibilidad de la acción de amparo se presentan a través de conductas contrarias a derecho, que se enfrentan con las normas positivas, o bien, en el caso de la arbitrariedad, como nota subjetiva caracterizada por el mero voluntarismo apuntado a la violación del derecho. Su carácter manifiesto implica que el juez debe advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado. Procede el amparo si el derecho constitucional cuya reparación se reclama, es un derecho cierto y líquido. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, incidentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arciero de Oldani, Pascualina c/ Seggiaro, Gerónimo Arturo y otros s/ División de condominio Capellacci, Alvaro c/ Itri, Armando y ots. s/ Acción posesoria de obra nueva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14|1991-10-29

Para que exista sentencia definitiva susceptible de habilitar la instancia extraordinaria es necesario que el pronunciamiento recaiga sobre el asunto principal objeto del litigio, condenando o absolviendo al demandado. Por consiguiente, las decisiones de otra índole recaídas en cuestiones incidentales, aunque causen gravamen irreparable, no son susceptibles de recurso, salvo que produzcan el efecto de aquéllas: finalizar la litis principal haciendo imposible su prosecución. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, sentencia no firme, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, empleo público
Materia: LABORAL
Carátula: PACIN, JUAN MARTÍN s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en PACIN, JUAN MARTIN c/ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES s/ AMPARO - EMPLEO PÚBLICO-OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

La decisión de la Cámara que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra la denegación de la medida cautelar solicitada, no es la sentencia definitiva a que se refiere el art. 27 de la ley n° 402 porque no resuelve el fondo de la controversia ni impide desarrollarla por los medios de ley. En este caso, la sentencia definitiva es la de primera instancia, decisión que tampoco hubiera podido ser recurrida por esta vía debido a que no fue dictada por el superior tribunal de la causa. Por lo demás, la recurrente no ha acreditado que la decisión de Cámara constituya un obstáculo que frustre arbitrariamente la revisión que a este estrado le encomienda el art. 113, inc. 3 de la CCBA, por la vía de eludir el superior de la causa, la emisión del fallo que pone fin al pleito. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Berangel, Domingo y otro c/ Lombardi, Andrés s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

El artº 1102 del CCI establece con precisión los alcances de la cosa juzgada de la sentencia penal condenatoria en el juicio civil. Sólo se puede discutir aquello que atañe al derecho civil, y que sin significar el reexamen del hecho principal o de la culpa o responsabilidad penal, haga a la procedencia del resarcimiento.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Seda Productora Industrial y Comercial S.A. c/ Municipalidad de Chascomús s/ Inconstitucionalidad ord. 2140/90
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-28

Las medidas cautelares deben examinarse con mayor rigor cuando lo que se procura a través de ellas es la suspensión de los efectos de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, puesto que tales actos deben presumirse constitucionales mientras no se produzca una declaración judicial que establezca lo contrario (en el presente caso, la actora no acreditó ni la gravedad ni la irreparabilidad del perjuicio que pudiera ocasionarle el cumplimiento de la obligación tributaria, requisitos, éstos, indispensables para justificar la procedencia de la medida). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, daños y perjuicios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KLIA  S.A. c/ A.N.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-18

La sentencia de condena en el amparo se limita a remover el obstáculo al ejercicio de un derecho creado por un acto o una omisión de autoridad pública, pero de ninguna manera a reparar el daño que con ellos pudo ocasionar.
Inconstitucionalidad, impuestos nacionales, impuesto a la ganancia mínima presunta
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "HERMITAGE  SA c/ EN AFIP TITULO V LEY 25063 - AÑOS 99 AL 2001 s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-13

"De conformidad con la doctrina emanada del Alto Tribunal en el precedente "Hermitage" (Fallos: 333:993), el modo de imposición previsto por la ley 25.063 (Título V), en la medida en que no tiene en cuenta el pasivo de los sujetos comprendidos en la norma y se desentiende de la existencia de utilidades efectivas, resulta inconstitucional siempre que se demuestre que la explotación comercial ha arrojado pérdidas en aquellos períodos fiscales respecto de los cuales pretende la inaplicabilidad de la norma (CNACAF, Sala IV, in re "Cervecería Argentina SA Isenbeck c/ EN - M° E - Ley 25063 s/ proceso de conocimiento", sentencia del 24/2/11)".
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Viera, Carlos Alberto c/ Municipalidad de Zárate s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

Los órganos administrativos deben satisfacer el imperativo de una motivación suficiente y adecuada de sus decisiones, máxime cuando se trata de la extinción de una situación preexistente.
Emergencia económica, reordenamiento del sistema financiero, coeficiente de estabilización de referencia, intereses
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO FINANSUR SA c/ GALFIONE, RUBEN s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-06

La aplicación del coeficiente de estabilización de referencia a los intereses devengados por el capital adeudado es improcedente. Ello así, en tanto se trata de conceptos bien distintos; por un lado, los intereses tienen como finalidad compensar el costo del dinero adeudado por el tiempo transcurrido desde la fecha de mora del deudor, y por otro, su determinación se efectúa utilizando parámetros y guarismos diferentes a los contemplados en el decreto 214/02
Jubilados, pensionados, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: Instituto Nac. de Serv. Soc. para Jubilados y Pensionados c/ NIRO Construcciones S.A. s/ Incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-01

La falta de restitución del inmueble a la actora, ocasiona no sólo un grave perjuicio económico sino un importante riesgo de mayor deterioro para el edificio, el que se encontraría en estado de desocupación y sin el mantenimiento necesario, con las lógicas consecuencias que acarea el transcurso del tiempo. En tales condiciones, toda vez que de los expedientes administrativos acompañados surge la recisión del contrato de locación de obra por parte del INSSJP, que del pliego de bases y condiciones surge la renuncia del contratista al ejercicio del derecho de retención de la obra y el peligro que significa mantener un inmueble en estado de desocupación y sin el mantenimiento adecuado, este Tribunal juzga procedente la medida cautelar peticionada.
Contratos comerciales, rescisión del contrato, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: CUCLARI  SRL c/ AGIP ARGENTINA  SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-13

En los contratos cuya vigencia puede concluir por voluntad unilateral de una de las partes ello implica la virtual inexistencia del valor llave, el que se confunde con el derecho a ser indemnizado cuando la rescisión resulta intempestiva o arbitraria.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, sentencia, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, sufragio, sentencias de segunda instancia, Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: LOPEZ, EDUARDO JOSE s/ AMPARO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  671-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-28

Corresponde señalar, -como ratificatorio del examen que acerca de la admisibilidad se efectuó en la resolución de A y S T 110 p 456/463-, que no resultó ajena a esa valoración la circunstancia de que la solución contraria -es decir, la no apertura de la queja- hubiera importado que esta Corte dejara en pie, con el solo argumento de la defensa de su competencia, una sentencia cuyo simple análisis revelaba que podía ser nula. Razones institucionales llevan a descartar que las atribuciones que atañen a esta Corte puedan desplazarse unas a otras, a riesgo de menoscabar o aniquilarse entre ellas. O sea, juzgo que no se excluye la defensa de la competencia originaria, con el deber de efectuar el control constitucional de los fallos de los tribunales ordinarios, en circunstancias que, por su gravedad, así lo requiera, tal como acontece en la especie. En el caso, el recurrente alega que la resolución impugnada fue dictada por la Sala integrada con un Magistrado en uso de licencia, la inexistencia de votos personales y la falta de deliberación y acuerdo. DE LOS FUNDAMENTOS DEL DR. IRIBARREN.
Medidas cautelares, embargo preventivo, calidad de socio, demandado, sociedad anónima, accionistas, responsabilidad de la sociedad, responsabilidad del socio, beneficio de excusión
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORGANIZACION JURIDICA PRENDARIA MORENO VALENTINI c/ HERMES CIA. ARG. DE SEGUROS SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-11

Si bien es cierto que resulta improcedente trabar un embargo sobre bienes que no pertenecen al demandado; que el socio es persona distinta a la sociedad que integra (conf. L.S. art. 21), y que por las deudas sociales responde plena y únicamente la sociedad considerada en sí misma como persona jurídica distinta de las que ostentan los accionistas; sin embargo, cabe -en el caso- admitir la cautela requerida, pues al accionarse contra una sociedad colectiva, ello implica, respecto de los socios, una cierta responsabilidad por las deudas sociales de conformidad con lo dispuesto por la L.S. art.

125, aunque claro está que la misma es subsidiaria e impone, por ende, la previa escisión de los bienes sociales.
Convención sobre los derechos del niño, derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La necesidad de una protección especial de la infancia enunciada en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la atención primordial al interés superior del niño dispuesta en su art. 3º, proporcionan un parámetro objetivo que permite resolver los conflictos en los que están involucrados menores, debiendo tenerse en consideración aquella solución que les resulte de mayor beneficio (Votos de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López y de los Dres. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: A., N.C. c/ D.S. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-01

Es facultad privativa de la Cámara apreciar la prueba de testigos y el mérito de su habilidad, no siendo posible a este Cuerpo sustituir a aquel Tribunal si no se demuestra la infracción o errónea aplicación legal, o el vicio que lastre la conclusión de contradicción porque excediendo los límites de lo discutible, objetable, equívoco o poco convincente, la muestre como intolerable por imposible. Ello es así incluso cuando la Alzada con competencia funcional sobre los hechos y el derecho, reexamina los dichos de los testigos e impone una interpretación distinta a la que efectúe el juez de grado.
Recurso de casación, responsabilidad extracontractual, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Porcu, Rodolfo Mauricio c/ Banco de la Provincia del Chubut s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-10-30

La disposición legal aplicable al caso es, como se dice en la sentencia, el art. 4037 del Código Civil que establece la prescripción bienal para la acción por responsabilidad civil extracontractual, pero la prescripción del dispositivo citado comienza desde el momento del hecho generador del daño, salvo que el perjuicio se manifieste con posterioridad.
Constitución Nacional, Seguridad social, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Itzcovich, Mabel c/ ANSeS s/ reajustes varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

Es inconstitucional el art. 19 de la ley 24.463 en tanto ha implicado una evidente expansión del ámbito de competencia de la Corte, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo, con la consiguiente alteración del rol que hasta entonces venía cumpliendo (Voto de los Dres. Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni y disidencia parcial de la Dra. Carmen M. Argibay).
Mutuo hipotecario, ejecución hipotecaria, sistema de refinanciación hipotecaria, fideicomiso para la refinanciación hipotecaria, suspensión de la ejecución
Materia: CIVIL
Carátula: NOVOGRUDSKY, Eleonora Sabrina y otro c/ ESCUDERO, Juan Gualberto s/ EJECUCIÓN ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-28

La circunstancia de que el ejecutado se haya acogido al régimen de financiación previsto por la ley 25.798 no obsta a la realización de la subasta del bien, toda vez que ni del texto legal, ni de su decreto reglamentario surge suspensión alguna de los procesos en trámite en tanto se ha supeditado el acogimiento del deudor al sistema implementado a una serie de requisitos que deben ser evaluados por el administrador del fondo fiduciario instituido (el Banco de la Nación Argentina)quien deberá declarar que el mutuo de que se trata resulta "elegible", quedando la instrumentación de la incorporación perfeccionada a partir del momento en que el deudor suscriba el contrato de mutuo que como anexo IV forma parte de la reglamentación. De ahí que, hasta tanto se acredite que se ha formulado la opción que establece el art. 6 de la referida reglamentación ante el fiduciario y que éste ha declarado al crédito de que se trata "elegible" ni siquiera cabe la aplicación del plazo de refinanciación que establece el art. 17 del texto legal, el cual lejos está de importar una clara suspensión del proceso, lo que resulta de la interpretación lógica de la norma: hasta tanto la petición de acogimiento al sistema no sea aceptada para lo cual deberán cumplirse todos los pasos y requisitos formales exigidos ante el ente administrador.
Cauciones, buque de bandera extranjera
Materia: PROCESAL - NAVEGACION
Carátula: CompaÑía de Seguros La Estrella  SA c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Bq. Master Petros. s/ Abordaje.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

El art. 538 de la ley de la navegación prevé la constitución de una caución suficiente para responder por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar el embargo y la consecuente interdicción de salida del buque -adviértase que se trata de un buque de bandera extranjera- cuando se trata de créditos privilegiados. A tal fin, dispone que deberán ser tenidas en cuenta las particularidades de cada situación procurando que "la caución exigida no implique convertir en ilusorio el derecho del solicitante.
Homicidio, legítima defensa, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Miguel, Martín s/ rec. de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-16

Corresponde rechazar las críticas defensistas sobre arbitrariedad en la evaluación de la prueba si se circunscriben a una mera discrepancia con el tribunal de juicio en cuanto a dicha valuación. Ello es así si se evalúa en conjunto la prueba colectada, de la que surge palmariamente que el encartado fue quien ultimó a la víctima. Resulta correcta la aplicación de la ley sustancial ya que el imputado no actuó en exceso de legítima defensa, ya que en el momento mismo en que gatilló el arma no existía por parte de la víctima ataque alguno (había cesado y esta se aprestaba a huir del lugar con su vehículo) que pusiera en peligro la integridad física del acusado la de sus familiares presentes en la ocasión (agresión ilegítima), por lo que no puede hablarse de que actuase mediando legítima defensa.

Va de suyo entonces que si no hubo legítima defensa (art. 34, inc. 6°, del C.P.) mucho menos puede decirse que hubo exceso de ella (art. 35, idem). (Voto de los Dres. Bisordi, Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Igualdad ante la ley, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Soraide Morales, Gary Henry c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-15

El voto concurrente agregó que en función de los lineamientos que guían el Código Procesal Penal Federal (ley 27.063, texto ordenado por Decreto 118/2019) y por estricta aplicación de los principios de benignidad e igualdad ante la ley, expresados en la resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, que hacen operativa la preeminencia de la postura fiscal en materias que resultan disponibles para las partes, y más allá de la opinión que sostenga respecto al tema en cuestión, se debe acoger favorablemente el remedio casatorio de la defensa. Dres. Mahiques, Yacobucci -voto concurrente-.
Notificación, notificación electrónica, aplicación de la ley, acordadas, finalidad de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Caggiano Tedesco, Carlos Humberto c/ EN-Ministerio de Defensa - Ejercito y otro s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Mediante la Acordada 31/11, la C.S.J.N. reglamentó la implementación progresiva del uso del domicilio electrónico a tenor de lo previsto por la ley 26.685. En fecha 14 de julio de 2015, a partir de la inclusión de todas las causas en trámite al sistema de notificaciones electrónicas dispuesta por Acordada 3/15, por Resolución 2028 se extendió la registración en el sistema de domicilio electrónico que realice el letrado o auxiliar de justicia a la totalidad de expedientes en que se encuentre interviniendo al 1 de septiembre de 2015, sin necesidad de validación en cada expediente por parte del representante legal, situación que se corrobora en el sub lite, de lo que se colige la validez de la notificación efectuada.