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Defensa del consumidor, vicios, acción de responsabilidad, daños y perjuicios, daño punitivo, seguros, automotores, destrucción total del automotor, asegurado, asegurador
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Sosnowski, Pablo c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-10

1 - Corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto aplicó una multa en concepto de daño punitivo a una aseguradora, en el marco de una demanda incoada a causa de la falta de pago de la suma asegurada, con motivo de la destrucción total del vehículo asegurado. Ello así, toda vez que aparece configurada por la codemandada una inconducta particularmente grave, que se materializa en la indiferencia frente al daño sufrido por el actor. 2 - No sólo no se le brindaron los servicios contratados mediante el pack preferencial, y se le rechazó el siniestro invocando un valor del rodado superior al valor asegurado que habían determinado unos días antes del siniestro, sino que además resistieron el reclamo mediante argumentos diversos a los manifestados en su carta documento, cuestionando entre otras cosas, como argumento novedoso, que los daños del vehículo fueran causados por el accidente, o refiriéndose a una deuda de patentes que no fue reclamada, o haciendo hincapié en un acreedor prendario en caso de robo, cuando se trata de un accidente vial.

3 - Además, la aseguradora no tuvo en cuenta la particular situación del asegurado (quien padece una discapacidad motriz que le impone desplazarse con gran dificultad), y provocó con su actitud dilatoria una espera de 5 años para que el actor vea satisfecho su derecho. Todo ello amerita la aplicación de la pena reclamada.
Personal de casas particulares, empleada doméstica
Materia: LABORAL
Carátula: Montiel, Graciela Susana c/ Muñoz, Oscar y Otro s/ Indemnización por incapacidad absoluta
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1997-07-30

La circunstancia de que, en alguna ocasión aislada, una empleada doméstica realice alguna tarea que exceda lo que es estrictamente propio de su actividad no alcanza para modificar su situación laboral, salvo naturalmente que se demuestre que es normal y habitual que la cumpla. Los que han de tenerse en cuenta, en estos casos, son los criterios de habitualidad y principalidad de los trabajos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Garco, Humberto G. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-19

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que se formulan apreciaciones que no aparecen relacionadas con texto legal alguno ni con el contenido de la sentencia (art. 355, C.P.P. -según ley 3589 y sus modif.-)-
Obligaciones, obligaciones simplemente mancomunadas, obligaciones solidarias, pago, competencia comercial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Laser Disc Argentina SA c/ Pt SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-29

Cuando, como en el caso, ordenando sendas sentencias firmes pronunciadas en sede laboral -que condenan a ambas sociedades allí codemandadas, y que son parte actora y demandada en este juicio-, a abonar solidariamente a los allí actores los montos resultantes de la condena que fuera formulada en dicha sede, y, habiendo una de ellas abonado la totalidad de lo que les fuera reclamado en ambos juicios, resulta indiscutible, que por los efectos derivados de la "cosa juzgada" emergente de tales pronunciamientos, corresponde estar a las previsiones de las normas que rigen la "contribución" entre condenados solidarios. En ese marco, en lo atinente al tratamiento de la contribución entre codeudores "solidarios", tanto las normas contenidas en el anterior plexo legal, como las consignadas en el ordenamiento legal vigente establecido por la ley 26994, esto es el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, arriban a la misma solución. Por consiguiente, la parte y porción de cada deudor queda determinada en la especie, en función del criterio de contribución fijado por el CCCN 841, pues, el principio general, se reitera, es el reparto igualitario de la deuda a falta de otra regla que sea aplicable, ello en tanto los deudores solidarios están obligados por partes iguales (conf. esta CNCom, esta Sala A, 30/12/19, in re: "Swiss Medical ART c/ Del Tejar Construcciones SA s/ Ordinario"). Voto de la Dra. Uzal:.
Conducta procesal, buena fe, demanda, contestación de la demanda, expresión de agravios, traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: Morgenstern, Mario Leandro c/ Rebesquini SA. s/ SUMARIO S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-05-30

El art. 352 inc. 1ro.) del C.P. Criminal, impone un verdadero "standard" de conducta procesal en resguardo de la buena fe. Su texto es también de vigencia en la segunda instancia y en lo referido al traslado de los agravios.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: LABORAL
Carátula: De Godoy, Jorge Ricardo c/ Benítez Hermanos S.C. y-o Quien Resulte Responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-18

Los dichos de los testigos -aun cuando pueda considerarse que les comprende las generales de la ley por ser empleados de la demandada- pueden ser admitidos como medio idóneo para tener por acreditados los hechos sobre los cuales declaran, cuando de sus testimonios surge suficiente fuerza convictiva. Es que, tales testimonios deben admitirse como prueba de los hechos en la medida en que se aprecien objetiva e imparcialmente, máxime cuando se tratan de testigos necesarios y sus testimonios no fueron impugnados en la etapa prevista por el artículo 456 del C.P.C.C..
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACQUARONE, CECILIA R. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-18

La actora plantea que corresponde calcular su haber base teniendo en cuenta la mayor edad y años de servicio alcanzados durante el período comprendido entre la fecha de renuncia y el cese efectivo; y si bien de conformidad a las previsiones establecidas en el apartado 4 del artículo 75 del régimen previsional, la situación de revista en la que se encuentre el agente al momento de presentar la renuncia -cualquiera sea la que tenga cuando se le acuerde el beneficio jubilatorio- es la que se considera para computar la edad y años de servicio requeridos para acceder a la prestación, corresponde evaluar que aplicar una política salarial desactualizada no sería compatible con el principio de equidad; por lo que, en las especiales circunstancias del caso y teniendo presente la mora de la Administración al resolver, resulta prudente se tenga en cuenta el valor de las remuneraciones en oportunidad del cese efectivo para determinar el monto del haber jubilatorio, sin que ello tenga incidencia en el porcentaje del haber jubilatorio, como pretende la accionante, que queda consolidado a la fecha de la opción efectuada. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 6915, artículo 75, apartado 4
Aplicación errónea de la ley, fundamentación de sentencias, insuficiencia del agravio, calificación legal, tipo penal, comercialización ilegal de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Coppede, Eugenio Ramiro y otro c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-11

La alegada errónea aplicación art. 5 inc. c de la ley 23.737 no tendrá favorable acogida, pues la interpretación brindada por el a quo se encuentra fundada y exenta de la tacha de arbitrariedad alegada; se trata de una cuestión que fue resuelta por el tribunal de juicio, y la defensa no ha formulado argumentos novedosos o disímiles a los que planteara oportunamente ante el tribunal de juicio. Sobre este punto el tribunal afirmó que la figura legal bajo estudio exige para su configuración el elemento normativo de falta de autorización o destino ilegítimo. El sentenciante consideró que la fijación de los hechos imputados a los encartados en la acusación describió el modo en que fue realizada la adquisición, en cada caso. Concretamente, el a quo destacó que la imputación expresa que el acusado utilizó "para tal fin" nombres y títulos falsos, actuación en representación de empresas, así como certificados de inscripción ante la Sedronar falsificados. Por ello, sostuvo que aquella descripción de los hechos da cuenta de que quien ejerció la acción típica lo hizo sin autorización. En base a ello, descartó el agravio referido a que la descripción de los hechos omitía la enunciación del elemento normativo exigido por el tipo penal, pues ".la plataforma fáctica autoriza a subsumir la conducta en un supuesto de "falta de autorización". Por otra parte, en cuanto a la objeción formulada por la defensa respecto de la atipicidad de las conductas endilgadas a uno de los encausados en razón del verbo empleado en la enunciación de los diversos hechos "adquirir", el tribunal a quo explicó que el mismo conforma una de las conductas propias del tipo de comercialización. Sobre este punto, el tribunal realizó un detallado análisis sobre la definición del vocablo comercializar. Por un lado, destacó que el Diccionario de la Real Academia Española entre las acepciones de comercializar se encuentra la de "comprar", y por ello, consideró que el término utilizado por la acusación constituye una conducta abarcada por el tipo penal bajo análisis.
Honorarios del abogado, incidentes, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Bria Victor Guillermo. c/ Transporte Villa Urquiza SRL. s/ Laboral por indemnización por haberes no percibidos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-11-23

La limitación del 25%, impuesta por el art. 1º de la Ley 24.432 comprende únicamente las obligaciones por costas derivadas del proceso principal y no aquellas que surjan de la promoción de procesos incidentales o incidentes -vg. ejecución, como en este caso-.
Honorarios, sentencia definitiva, recurso de revisión (procesal)
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MORTARA FERNANDO JORGE c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ ORDINARIO - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-08-14

La resolución de la cámara que omite regular los honorarios en segunda instancia o fijar los porcentajes correspondientes, no es definitiva a los fines del recurso de revisión puesto que el defecto es susceptible de ser reparado mediante una simple presentación del interesado ante el tribunal de alzada con el objeto de solicitar la regulación.
Proceso contravencional, juicio abreviado, consentimiento del procesado, pluralidad de imputados, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: E, M. O. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-19

La decisión del a quo en el sentido de unificar la causa con la de otro presunto contraventor, es incorrecta.

No es de aplicación el artículo 431 in fine del Código de Procedimiento Penal de la Nación, en razón de que no hay varios imputados en la causa. En esta causa hay uno solo y no es procedente que el Juez de Grado extienda su jurisdicción cuando el Ministerio Público no la solicita, al menos en el procedimiento contravencional.

En este Fuero es improcedente exigir la conformidad de supuestos coautores como condición para viabilizar el pedido de juicio abreviado resultando inaplicable la norma citada en el párrafo anterior.
Delitos contra el honor, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ventura, Rubén Julio c/ Saccani, Virgilio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

El conocimiento de las causas sobre calumnias e injurias cometidas por medio de publicaciones, corresponde a los jueces del lugar donde se realizó la impresión de ellas, pues ese sólo hecho comporta una exteriorización de los términos ofensivos para la dignidad o decoro de otro. Criterio que se mantuviera aún invocándose por el querellante que el descrédito se produjera en el ámbito de otra jurisdicción distinta de aquélla en que se realizara la impresión y divulgación del texto incriminado, si de éste, además, no resultaba que el destinatario fuera exclusivamente el público del lugar.
Enfermedad profesional, relación de causalidad, prueba pericial, pericia médica
Materia: LABORAL
Carátula: MOLINA, Antonio c/ SURREY SA s/ accidente ley 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-11

Dado que la incapacidad posee un sustrato de enfermedad corresponde en principio a los médicos pronunciarse desde la ciencia que le es propia acerca de la posibilidad de vincular una afección con una etiología laboral o extra laboral. El juzgador, quien posee la atribución privativa de establecer la causalidad/concausalidad debe partir de ella pues descartada o receptada la pretendida relación con fundamentos científicos serios, debe estarse a ella, apartándose del dictamen médico cuando el mismo carece de rigor científico. Cabe agregar que si los expertos receptan como posible la relación de la incapacidad con una modalidad de prestación de tareas determinada, el juicio de la causalidad debe completarse de conformidad con la totalidad de la prueba rendida en la causa. La pericia médica, por sí sola, no basta `para acreditar la causalidad o concausalidad.
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ, Sebastián c/ GARGARELLO, Angel s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-21

El criterio restrictivo con que debe ser apreciado el instituto de la caducidad de la instancia, surge en caso de duda o disyuntiva, pero no cuando no medió actividad procesal alguna durante los lapsos establecidos por el art. 310 del Cód. Procesal.
Cuestiones de competencia, competencia por el territorio, lugar de cumplimiento del contrato, sociedades comerciales
Materia: PROCESAL
Carátula: COSTA CRUCEROS SA c/ RISTOUR OPERADORES MAYORISTAS SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-29

En una acción judicial deducida contra una sociedad operadora para la venta de viajes, en la que se persigue el cobro de cierta suma de dinero instrumentada en facturas, procede desestimar la excepción de incompetencia territorial opuesta con base en que el domicilio del ente societario se encuentra ubicado en distinta jurisdicción, cuando -como en el caso- surge que la conducta desplegada por la excepcionante con respecto a obligaciones similares a la reclamada - referida a pagos efectuados en la ciudad de Buenos Aires-, configura una situación que implica prima facie, el establecimiento implícito del lugar de cumplimiento de la obligación, a los efectos de la determinación de la jurisdicción, elemento que torna competente, por ende, al fuero mercantil de la capital federal para entender en la causa.
Acto administrativo, acto administrativo regular
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Morales, Carlos Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (Junta Electoral) Coadyuvante: González Refojo, E.M. s/ Demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

La designación en la Jefatura de Despacho y personal de la Junta Electoral, sustentada en la existencia de vacante en el cargo, cuando el mismo se encontraba reservado (arts.15 y 21, dec. ley 8721), es un acto regular, atento el carácter opinable de la interpretación dada al requisito de "cargo vacante", necesario para su cobertura, y a la necesidad de una investigación para dilucidar a qué cargo tenía derecho quien lo había reservado.
Violación, prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: OVEJERO, PEDRO NAPOLEON s/ PRUEBA - PERSONA - INSTRUMENTO PUBLICO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-04-29

El delito de violación del art. 119 inc. 1ro., del C.P., requiere que la persona accedida carnalmente sea menor de doce a$os de edad, y si se afirma que ella nació en la República con posterioridad a la instalación del Registro Civil, esa edad debía acreditarse exclusivamente con el certificado auténtico extraído del asiento del Registro de referencia (C.C., arts. 79 y 80), sin perjuicio de la prueba supletoria en los casos en que ésta proceda.-
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS s/ RECURSO  DE  RECONSIDERACION  DEL  PUNTO  4  DE  LA ACORDADA N. 4 DEL   8/6/88     RECURSO EXTRAORDINARIO (CSJ EXPTE N. 157-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-03-20

Planteada por la Cámara la duda acerca de la legitimación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas para recurrir, aunque luego marginó la cuestión y prefirió abocarse al fondo de la controversia, la no admisión de su legitimación constituyó desde entonces una eventualidad que conocía el recurrente y consideró en la pieza de interposición del recurso de inconstitucionalidad local;

por ende la tacha de inconstitucionalidad era razonablemente posible y obligaba a preparar y mantener el caso Federal, base del Recurso Extraordinario, a fin de que la Corte local lo considerara en la oportunidad procesal oportuna.
Intereses, intereses punitorios, incumplimiento del deudor
Materia: CIVIL
Carátula: BANQUE NATIONALE DE PARIS - SUCURSAL BUENOS AIRES c/ LEMME, Leonardo Raúl de Corazón de Jesús y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-25

La fijación de intereses punitorios resulta razonable en orden a la doble finalidad perseguida por las partes al establecerla, ya que la cláusula penal no sólo importa una liquidación por anticipada de los daños y perjuicios que el incumplimiento de la obligación causa al acreedor, sin que, además, tiene una función eminentemente compulsiva, ya que mueve al deudor a cumplir la prestación principal, para eludir su aplicación.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-23


PALAVECINO, Carlos Alberto y otros contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA Reg.: A y S t 213 p 402.

Rosario, 23 de mayo del año 2006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia del 18.12.2003 dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N 1, en autos "PALAVECINO, Carlos Alberto y otros contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA (Expte. C.S.J. 903/97)sobre Recurso Contencioso Administrativo (Expte. 308/ 2001)" (Expte. C.S.J. nro. 533, año 2005); y, CONSIDERANDO:

Que el recurrente fue notificado de la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto para ante esta Corte Suprema de Justicia el día 2 de noviembre de 2005 (f. 47) y presentó el de queja, ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo N 1 en fecha 8 de noviembre de 2005 (según cargo 3853, obrante a f.

13vta.).

Dicho escrito obtuvo como respuesta que "ocurra por ante quien corresponda" (f.14), ingresándolo el actor por Mesa de Entradas de ésta Corte en fecha 28 de noviembre de 2005 (cargo 83662, agregado a f. 16), es decir, 16 días hábiles posteriores a la notificación -por parte de la Cámara- de la denegación del recurso de inconstitucionalidad.

Según surge del relato que antecede el presente recurso ha sido deducido extemporáneamente.

En efecto, el mismo debió ser interpuesto -conforme art. 8 ley 7055- ante éste Tribunal y dentro del plazo de tres días (art. 356 C.P.C. y C.); su formulación ante otro órgano judicial y su ulterior presentación ante esta Corte, no subsana -en principio- dicha exigencia, en tanto este Tribunal tomó conocimiento de él una vez vencido el término de ley para su interposición (C.S.J.N. Fallos 277: 309; 293:438; 306:616).

La mera invocación -sin fundamentación alguna por parte del recurrente- de un error involuntario en cuanto a la interposición de la queja ante otro tribunal que el previsto en la ley, es insuficiente para soslayar la extemporaneidad de la misma, más como en supuestos como el de autos donde transcurrieron 9 días hábiles entre la notificación al actor del decreto que ordenaba que ocurra con el recurso de queja ante quien corresponda, y su efectiva presentación ante esta sede.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Desestimar la queja interpuesta por extemporánea.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.
Accidentes de trabajo, beneficiarios de la indemnización laboral, muerte del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Saez Guajardo, Adrián c/ Bridas S.A.P.I.C. s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1982-08-18

No puede nacer un derecho en favor de un muerto. Este deja de ser persona en el mismo momento en que se produce el daño. Por consiguiente, la muerte en sí misma no da lugar al nacimiento de una acción en cabeza del muerto que luego se transmite a sus herederos;

éstos sólo pueden accionar jure propio, en razón del perjuicio que a ellos personalmente les ha producido aquel infortunio.
Boleto de compraventa, posesión, inscripción registral, inoponibilidad a terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: DIALS  SA c/ SCHISTERMAN,  ERNESTO s/ EJECUTIVO S/ TERCERIA DE DOMINIO POR: MARIA ELISA FEDERICO DE CASOLI Y OTROS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-29

Según la ley civil, en los bienes inmuebles el dominio se adquiere en caso de tradición traslativa, mediante escritura publica. Es decir, resulta menester la tradición e inscripción en el respectivo registro (CCIV. art. 577, 1184-1°, 1105, 2505, 2524, 2601,  2602, 2603 y 2609). Repárese que el CCIV. art. 2505, establece la inoponibilidad del título de adquisición o transmisión de derechos reales respecto de terceros interesados o al menos, respecto de terceros regístrales, cuando este título no ha sido registrado (complementan esta norma la Ley 17801 art. 2 y 22). Es decir, el adquirente por boleto de compraventa, que tiene la posesión y ha pagado el precio, no es titular de dominio. La inscripción registral no solo es constitutiva del derecho sino que genera efectos "erga omnes" que no pueden ser desconocidos a partir de ella. De ello se deduce que ni el boleto de compraventa, ni las escrituras no inscriptas son suficientes para transferir el dominio irrevocable del comprador, ya que hasta tanto no se cumplan todos los requisitos exigidos por la ley, el adquirente solo es titular de una pretensión personal que al no exceder el marco de los derechos crediticios es inidóneo para modificar derechos reales preexistentes.
Declaración indagatoria, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: RADEGLIA, Juan Martín s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-06

En el acto de indagatoria judicial -que contiene confesión lisa y llana- el acusado actuó bajo presión psicológica, es decir cierta forma de nerviosismo ante la comparencia al estrado judicial, que puede aceptarse como posible, aunque bueno es recordar que quien alega ese estado debe probarlo.-
Jueces, error material
Materia: CIVIL
Carátula: Orcola, Héctor José c/ Orrego, Osvaldo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-06-30

La misión fundamental de los jueces es juzgar con equidad en los casos sometidos a su jurisdicción, y no es su tarea aplicar la ley en forma mecánica, pues esto estaría reñido con la naturaleza misma del derecho. Hacer justicia, no es otra cosa que la determinación de lo justo inconcreto, pues la sentencia es un acto complejo pero único, y el primer requisito que debe revestir es el de ser congruente consigo mismo. Es que no existe derecho adquirido frente al error puramente material, numérico o de otra especie que surja de la parte resolutiva y que no se concilie con los considerandos y resultado de la sentencia.