Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-31


INVERARDI, Elda Belkys contra CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO Reg.: A y S t 216 p 392-395.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "INVERARDI, Elda Belkys contra CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO - Apelación- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 491, año 2005).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Gastaldi, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: 1.

Mediante resolución registrada en A. y S., T.209, pág.407, esta Corte admitió parcialmente la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada contra la resolución 172 del 5 de agosto de 2004, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial esta ciudad, en lo atinente al modo en que el Tribunal calculó la tasa de interés aplicable y a las cuestiones vinculadas a la imposición de costas, por entender -en una apreciación mínima y provisional- que dichos planteos contaban con suficiente asidero en las constancias de la causa y resultaba idónea para franquear esta instancia extraordinaria.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 160/161.

Con el alcance expuesto, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: La materia recursiva puede resumirse así:

Mediante resolución nro. 281.629, del 14.10.2003, la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado no hizo lugar al otorgamiento del beneficio de anticipo por edad avanzada solicitado por Elda Belkys Inverardi, disponiendo, en cambio, la devolución de los aportes indebidamente retenidos por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe correspondientes al período abril de 1993 a agosto de 2003, que ajustados ascendían a la suma de $ 6.371,66 (f. 28).

Contra esa resolución interpuso Elda Belkys Inverardi recursos de revocatoria y apelación en subsidio (f. 29).

El ente previsional rechazó la reposición y concedió la apelación (f.

50).

Radicados los autos ante la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, por resolución 172, del 5.08.2004, admitió parcialmente el remedio interpuesto, manteniendo el criterio de la Caja apelada de considerar no afiliada a la señora Elda Belkys Inverardi -y con ello improcedente su reclamo de pago del anticipo del seguro por edad avanzada-.

En cambio, acogió el planteo impugnativo en torno a la cuantía del reintegro de los aportes mal realizados.

En tal sentido, el Tribunal ordenó -con fundamento en la doctrina de la realidad económica- devolver el importe resultante de multiplicar el equivalente a la última retención efectuada en su haber jubilatorio en el año 2003, por la cantidad de meses transcurridos desde que se practicó la primera retención en el año 1989, aplicándole al capital resultante una tasa de interés del 8% anual; impuso las costas en un 70% a cargo de la demandada y en un 30% de la actora.

2. Este pronunciamiento es atacado por la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado a través del recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055.

Dos son los planteos impugnativos de la recurrente.

El primero estriba en que el A quo dispuso la aplicación al capital de una tasa de interés del 8% anual sobre el capital adeudado, cuando el interés determinado debe calcularse desde que cada cuota es debida, descartando la aplicación sobre la suma total de los aportes y por todo el tiempo transcurrido desde la primera retención, ya que no es legalmente admisible el reconocimiento de intereses en épocas en que las sumas no fueron debidas.

El segundo referido a la falta de fundamentación y apartamiento normativo en que incurre la Sala al distribuir las costas del proceso, habida cuenta la evidente desproporción entre lo pretendido por la postulante y el éxito finalmente obtenido en la sentencia.

3. Le asiste razón a la recurrente.

3.1. Sabido es que si bien la determinación del monto de la condena por aplicación de los mecanismos de actualización o cálculo de intereses configura una cuestión de índole fáctica y procesal, en principio ajena a la instancia del recurso extraordinario, ello no constituye óbice para invalidar lo resuelto cuando, con menoscabo del derecho de propiedad, el Tribunal ha fundado la decisión de modo insuficiente.

Esto último es lo que ha acontecido en la especie.

En efecto, la Cámara -en la tarea de cuantificar la pretensión de reintegro de los importes indebidamente retenidos- dispuso "...siendo harto engorroso postular un mecanismo de actualización mensual de lo aportado indebidamente en función de los cambios de moneda, procesos hiperinflacionarios, normativa de emergencia y demás vicisitudes históricamente habidas en el lapso comprometido, echando mano a la doctrina de la realidad económica..., resulta afín a una noción axiológicamente valiosa declarar que la apelada deberá devolver a la apelante el importe que surja de multiplicar el equivalente a la última retención efectuada en su haber jubilatorio en el año 2.003, por la cantidad de meses transcurridos desde que se practicara la primera retención en el año 1.989, y al capital así resultante se le aplicará una tasa de interés del 8% anual" (f. 85).

Este criterio propiciado por la Cámara de aplicar un interés del 8% anual sobre la suma total de los aportes debidos y desde la primera retención (año 1983) resulta arbitrario y confiscatorio del derecho de propiedad de la recurrente, por cuanto el cálculo de intereses debe efectuarse desde que cada cuota es debida, esto es, sobre saldos y sin capitalizaciones parciales.

Recuérdese, en tal sentido, que los intereses "son los aumentos paulatinos que experimentan las deudas de dinero, en razón de su importe y del tiempo transcurrido, 'prorrata temporis'.

No brotan íntegros en un momento dado, sino que germinan y se acumulan continuamente a través del tiempo" (Llambías, Jorge J., Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, Tomo II, pág. 212, Ed. Perrot, Bs. As., 1970).

3.2. En lo atinente a la imposición de costas, debe recordarse liminarmente que conforme antigua y reiterada jurisprudencia, las cuestiones referentes a la imposición de costas constituyen -como regla- materia reservada a los jueces de la causa, resultando insusceptibles de impugnación en la instancia extraordinaria que regula la ley 7055, en atención a la índole procesal y accesoria que las mismas revisten (cfr. A. y S., T. 26, pág.2; T.44, pág.349; T. 47, pág.335 y 387; T.58, pág.230; T.81, pág.273 y 348; T.82, pág.151; T.112, pág.107, entre otros; en el ámbito del remedio federal, Fallos 233:106; 253:33; 279:140; 303:1009; 305:706; 306:1658 y 1787: 307:90; 308:1076 y 1917).

Tal principio que se traduce en una particular estrictez a la hora de aplicar aquí la doctrina de la arbitrariedad (cfr. Fallos, 250:432), debe no obstante ceder cuando lo resuelto supone un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o cuando media una decisiva carencia de fundamentos (cfr. Fallos 254:505; 294:459; 297:287; 305:1835; 307:1296; etc.), extremos que -adelanto- son de innegable concurrencia en el presente.

Para así considerarlo cabe recordar que la sentencia rechazó el reclamo de pago del anticipo del seguro por edad avanzada, al mantener el criterio de la Caja de reputar no afiliada a la actora, pero acogió el planteo impugnativo subsidiario en la cuantía del reintegro de los aportes mal realizados, imponiendo las costas en un 30% a la actora y en un 70% a la demandada.

Se advierte, así, que la pretensión de la actora acogida por el A quo no representaba un porcentaje importante en relación a la deducida como principal, circunstancia que evidencia la ausencia de motivación del pronunciamiento al disponer un reparto de costas que no respeta el resultado en que efectivamente prosperó la acción intentada con el consecuente apartamiento de lo dispuesto por el artículo 252 del Código Procesal Civil y Comercial.

Es consecuencia ineludible de lo expresado que el pronunciamiento impugnado no resulta derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa y, por ende, debe ser anulado como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada en lo que fue materia de recurso.

Remitir los autos al Tribunal que corresponde a fin de que en estos aspectos sean nuevamente juzgados.

Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada en lo que fue materia de recurso.

Remitir los autos al Tribunal que corresponde a fin de que en estos aspectos sean nuevamente juzgados.

Con costas a la vencida.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)