marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, acuerdo de partes, gravamen eventual
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: SANCHEZ, MATIAS REINALDO c/  s/ ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD DE DISPARO NO HA PODIDO SER ACREDITADA EN GRADO DE TENTATIVA (ARTICULO 166, INCISO 2, EN FUNCION DEL 42 Y 45 DEL CODIGO PENAL)-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08

El pronunciamiento sometido a control de constitucionalidad, -por el cual la Alzada declaró la invalidez del acuerdo de procedimiento abreviado arribado por las partes-, no es -en principio- sentencia definitiva, ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación; y si bien el recurrente invoca -para fundar la existencia de un perjuicio irreparable que permita tener por cumplido el recaudo de admisibilidad referido- que lo resuelto implica un mayor riesgo de pena y que se reabra un proceso penal en el que la fiscalía podría renovar una acusación con petición de pena superior y justificar una medida cautelar en su función, tales alegaciones no resultan suficientes en orden a demostrar que la decisión atacada le irrogue un gravamen efectivo y de imposible o insuficiente reparación ulterior, toda vez que el propio recurrente se expresa en términos de potencialidad de ocurrencia, circunscribiendo en un terreno conjetural la línea argumental de sus reproches. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Erbetta, Falistocco y Gastaldi) - CITAS: CSJN: Fallos 308:1667; 310:1486; 312:573, 575, 577 y 1503; 314:657; 316:341, 1943 y 2063; 314:377; CSJStaFe: AyS T 159, p 28; T 100, p 453; T 110, p 83; T 129, p 382; T 175, p 61. - Jurisprudencia vinculada: "Pujato", AyS T 276, p 41/46.
Competencia, competencia civil, acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decretos, constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: INADI y otro c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-07

Si bien corresponde intervenir al fuero contencioso administrativo local en la acción de amparo mediante la cual se cuestiona la constitucionalidad de un decreto emanado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; a fin de no privar a los particulares del derecho a la jurisdicción, debe admitirse la transitoria competencia del fuero civil, hasta que existan los juzgados contencioso administrativo y tributario locales, ante los cuales oportunamente deberá proseguirse el trámite de la causa (arts. 129 del Constitución Nacional, 8 de la ley 24.588, 7 del Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (n 7), 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad -ley n 189-).
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, tasa de justicia, gastos del proceso, integración de la tasa de justicia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: AMADO, Glenda María c/ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE SALTA y/o PROVINCIA DE SALTA s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-29

De acuerdo a la letra del artículo 371 del Código Fiscal la responsabilidad solidaria cabe a "el Procurador o Abogado de la parte infractora que hubiese iniciado las actuaciones en los juicios contradictorios".

Y el caso que nos convoca es un divorcio por presentación conjunta, por lo que me anticipo a adherir a la postura que entiende que el mismo no es un proceso contradictorio, entendiendo como tal a aquél en el que existen partes opuestas, que mantienen pretensiones inconciliables en su planteamiento absoluto (Osorio, Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 795, Editorial Heliasta, edición 1994). Ello así, concluyendo que el procedimiento de divorcio por presentación conjunta no es generador de responsabilidad solidaria en el pago de la multa por parte del abogado o procurador que le diera inicio, no hay amenaza grave e inminente alguna que fundamente la legitimación de la doctora Amado.
Acción de amparo, Ley de Amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, debate, prueba, juicio sumarísimo, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tripicchio Luis Jorge c/ En-Pen-Bcra-Afip-Resol 3210/11 s/ Amparo Ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-03

Atento la celeridad propia del juicio de amparo y según lo establecido por el artículo 1º de la Ley de Amparo N° 16.986, la arbitrariedad o ilegalidad alegada debe presentarse sin necesidad de mayor debate y prueba, pudiendo el juez advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación manifiestamente ilegal o arbitraria, lo que no significa que no vaya a producirse actividad probatoria sino que ésta debe ser compatible con el carácter sumarísimo del amparo puesto que se encuentra al servicio de la urgencia del caso y, por tanto, ha sido previsto para situaciones que no admitan demora.
Empleador, deber de ocupación, contrato de trabajo de temporada, suspensión del trabajador, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Melo, María del Carmen. c/ Cooperativa "Fruti Valle Limitada". s/ Reclamo.  Inaplicabilidad  de  Ley. Contrato de Trabajo de Temporada. Catalan, Eliseo. c/ Cooperativa "Fruti Valle Limitada". s/ Reclamo.  Inaplicabilidad  de  Ley. Contrato de Trabajo de Temporada. Aguilar, Nelli. c/ Cooperativa "Fruti Valle Limitada". s/ Reclamo.  Inaplicabilidad  de  Ley. Contrato de Trabajo de Temporada. Sepúlveda, Reinaldo. c/ Cooperativa "Fruti Valle Limitada". s/ Reclamo.  Inaplicabilidad  de  Ley. Contrato de Trabajo de Temporada. Uribe, Irma. c/ Cooperativa "Fruti Valle Limitada". s/ Reclamo.  Inaplicabilidad  de  Ley. Contrato de Trabajo de Temporada.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-04-28|1987-04-28|1987-04-28|1987-04-28|1987-04-28

Ante el reclamo de los trabajadores de temporada del pago de los salarios caídos, argumentando el ingreso de fruta para empaque más allá de la fecha en que habían sido suspendidos, correspondía a la empleadora -que en el caso reconoció al contestar la demanda el ingreso de fruta pero aduciendo la imposibilidad de empaque- acreditar no sólo el destino industrial de la misma sino también la falta de aptitud para ser empacada.
Recurso de apelación (procesal), inapelabilidad en razón del monto
Materia: LABORAL
Carátula: Rodriguez   Carlos   Alberto c/ Ultramar  argentina  S.A. s/ diferencias de salarios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-30

Si bien el monto demandado por el accionante asciende a la suma de $ 700, es decir que no supera el tope de inapelabilidad establecido por el art. 106 de la ley 18.345, la circunstancia de que el fallo recurrido contradiga pronunciamientos anteriores de diversas salas de esta Cámara y de juzgados de primera instancia impone el tratamiento del recurso con los alcances establecidos por el art. 108 inc. ch) de la citada ley adjetiva.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Meo de Collivadino, Carmen c/ Maciel, José y Birk, Jensen Martin s/ Daños y perjuicios por incumplimiento contrato Video Omega S.A. c/ Arzaguet, Fernando M. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-23|1995-06-06

Las costas deben ser soportadas por quien fue vencido en juicio o no vio reconocidas sus expectativas, debiendo el vencedor, o quien no fue alcanzado por la condena, salir incólume del proceso. La norma del art. 68 del CPC adopta la teoría del hecho objetivo de la derrota y sólo excepcionalmente cabe hacer apreciación de aspectos subjetivos que puedan llevar al vencedor a soportar parte de las costas.
Prescripción, banco central, interrupción de la prescripción, cómputo del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: FOINCO Compañía Financiera S.A. c/ B.C.R.A. s/ apelación (Resolución 559/91)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-17

La prescripción de la acción del B.C.R.A. por infracciones cometidas por autoridades de entidades financieras está regulada por el art. 42 de la ley 21.526. Esa norma determina que la prescripción de la acción que nace de las infracciones se operará a los seis años de la comisión del hecho que la configure. Y ese plazo se interrumpe por la comisión de otra infracción y por los actos o diligencias del procedimiento inherentes a la sustanciación del sumario (conf. esta Sala, in re "Bunge Guerrico", del 3/5/84).
Rechazo de la demanda, acción contencioso administrativa, sanciones laborales, cesantía, debido proceso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Garnica, Julio César c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-05-31

Corresponde rechazar la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción e ilegitimidad o anulación en los términos de los Arts. 9, 13 y 14 del C.C.A. de la provincia de Catamarca contra el Estado Provincial -contra el acto administrativo que aplicó al actor como sanción disciplinaria su cesantía-, dado que el debido proceso implica entre otros derechos del administrado afectado a ser oído, ofrecer y producir prueba, advirtiéndose en el caso que el recurrente tuvo la oportunidad de conocer la iniciación del sumario, los hechos, de hacer su descargo y ofrecer prueba y de exponer sobre el mérito de la misma sin haberlo ejercitado este último, por lo que deviene inadmisible la introducción de violación del debido proceso legal, trasuntado sólo una discrepancia en la valoración de la prueba para certificar el hecho que se le atribuyó para resolver la cesantía.
Revocación de sentencia, honorarios del abogado, relación de dependencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Hipotecario Nacional c/ Demaco  SACIFI. y C. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que decidió que resultaba aplicable el art. 2., de la ley 21.839, en cuanto incluye en el arancel los asuntos ajenos a la relación de empleo entre el letrado y su cliente, sin examinar la naturaleza del reclamo deducido en la causa ni las funciones concretas que incumbían al profesional en su condición de "jefe de área letrada".
Derecho procesal, excepciones procesales, prescripción, estatuto de la asociación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Tello, Carlos Omar  c/ Provincia ART S.A.  s/ accidente -ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-09

El actor que laboraba en el Consejo Federal de Inversiones, y también trabajó en el gremio, reclamó el pago de la bonificación especial que prevé el art. 36 del Estatuto del Personal aprobado por la Asamblea ordinaria, equivalente a 5 remuneraciones que corresponden al agente en ocasión de acceder a la jubilación. La accionada se queja porque el magistrado de grado hizo lugar al reclamo del trabajador sin analizar la defensa de prescripción opuesta. Cabe destacar que en las obligaciones sujetas a plazo tácito (art. 887, inc. a) del CCyC) el comienzo del cómputo de la prescripción se produce con la constitución en mora- en tanto no resulta de aplicación el principio general de la mora automática (art. 887, 1° párrafo, y 2554 del Código Civil y Comercial). "El transcurso del plazo de la prescripción comienza el día en que la prestación es exigible". Cabe memorar que el aludido art. 36 contiene una obligación de plazo tácito que se torna exigible con la constitución en mora. Así, toda vez que entre el momento en que el actor reclamó de manera fehaciente el pago de la bonificación y el momento en que se inició la acción no transcurrieron en exceso ni los dos años que prevé el art. 256 de la LCT, ni tampoco los cinco años que -de manera genérica- estipula el art. 2560 del CCyC, no cabe sino desestimar la defensa de prescripción articulada por el Consejo Federal de Inversiones. En consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia.
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: COMERCIAL
Carátula: B.Ch. SA c/ M., O.M. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-05-22

No existe norma positiva que imponga al banco ejecutante la demostración de las funciones ejercidas por quienes suscriben el certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria. Por tanto, si los sellos aclaratorios de las firmas insertas en el título les atribuyen calidad de gerente y contador, la aptitud ejecutiva del certificado es incuestionable.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL
Carátula: SOSA CRISTOFORO c/ GONZALEZ MAGDALENA Y/U OTRO s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-27

En el supuesto de Recurso de Casación es a la recurrente a quien correspondía la realización de todos los trámites tendientes a elevar la causa ante este Tribunal Superior.
Concursos, cesación de pagos, hechos reveladores, acuerdos de refinanciación
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRENTON ARGENTINA SAIC Y F s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-08

A los efectos de establecer la fecha de cesación de pagos, el incumplimiento de un convenido de refinanciación constituye hecho revelador (LC 86) de desequilibrio económico de la deudora.
Requerimiento de juicio contravencional, sistema acusatorio, Ministerio Público Fiscal, facultades del fiscal, archivo del expediente
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P., L.E.L. s/ Artículo 37
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

A diferencia del procedimiento relativo al requerimiento de juicio realizado por el Representante del Ministerio Fiscal ante el Juez de Instrucción, conforme lo dispuesto por el artículo 213 del Código de Procedimientos Penal de la Nación, el requerimiento de elevación a juicio establecido de acuerdo a las prescripciones del artículo 44 de la Ley de Procedimiento Contravencional Nro. 12, debe contener la identificación del imputado, la descripción y tipificación del hecho, la exposición de la prueba en que se funda, el ofrecimiento de prueba y el pedido de la pena que estime adecuada al caso, explicando los motivos y circunstancias tenidos en cuenta para la solicitud.

En el procedimiento contravencional y como consecuencia del principio acusatorio que lo rige, el fiscal es el titular de la acción, y subsume en su actuación la propia del juez de instrucción. El Ministerio Público Fiscal tiene durante esta etapa preliminar amplias facultades investigativas, produciendo la prueba solicitada por la defensa que estime conducente, y toda aquélla que considere necesaria para dar mayor verosimilitud al hecho que investiga. Pudiendo disponer el archivo de las actuaciones cuando el hecho no constituya contravención, no se pueda probar su existencia o que el hecho no haya sido cometido por el denunciado, o esté extinguida la acción (artículo 39 Ley Nro. 12); facultad ésta irrevisable jurisdiccionalmente.

El Fiscal actuante entiende que corresponde formular el respectivo requerimiento de juicio, legislado en el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Contravencional, al hacerlo debe cumplir, entre los restantes recaudos que la norma exige, con el de solicitar la pena mencionando las circunstancias tenidas en cuenta para ello. Queda de esta forma perfeccionada la acusación fiscal, agotando el Fiscal su posibilidad de disponer de la acción, y quedando sujeto como parte al mérito de la prueba rendida por ante el Sr. Juez, y a la valoración que éste efectúe de la misma.
Honorarios, regulación de honorarios, intereses, cómputo de intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ramos Armando c/ González Armando s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-25

No corresponde computar intereses del capital a efectos de determinar el monto del proceso a los fines regulatorios cuando la demanda ha sido rechazada en su totalidad. (Minoría u opinión personal)
Acción de amparo, entidades financieras, Unidad de Información Financiera, lavado de activos
Materia: PENAL
Carátula: Murana SA c/ Banco de la Nación Argentina s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-28

Con los escasos elementos reunidos en la causa hasta el presente, la decisión del BNA se vincula con el marco operativo y normativo vinculado con la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Aunque ello no aparece mencionado en la carta documento, surge inequívocamente de lo expuesto en el capítulo IV del escrito, donde se dice en forma expresa que la cuenta corriente de la actora fue incluida en el "proceso de discontinuidad operativa". La demandada no acreditó la existencia de los requerimientos que dice haber formulado a su adversaria, y en particular que ellos hubieran sido cursado por escrito.
Discriminación laboral, violencia de género, mobbing, daño moral, daño material
Materia: LABORAL
Carátula: P.M.A. c/ S A L.N. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-18

Debe admitirse el reclamo de una trabajadora contra su empleador orientado al cobro de una indemnización que repare los daños y perjuicios atribuidos al padecimiento de violencia de género y acoso moral en su trabajo, debido a que fue discriminada por el mero hecho de ser mujer, negándosele por ese motivo un ascenso laboral. Que la situación de discriminación padecida por la actora se encuadra dentro del fenómeno que los estudios de género denominan procesos de segregación ocupacional vertical, manifiestos en la baja participación de mujeres en los niveles más altos de responsabilidad. La eliminación de los roles estereotipados de varones y mujeres constituye una obligación del conjunto de la sociedad y, en consecuencia, también pesa sobre las organizaciones empresariales que tienen el deber de hacer más equitativas e incluyentes sus propias estructuras funcionales, objetivo que no podrá alcanzarse si se deja de lado el problema de la inequidad de género.
Demanda, notificación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S.G. SA c/ Provincia del Chubut s/ Sumario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-06

La doctrina y la jurisprudencia han interpretando el art. 334 en armonía con el art. 135 inc. 1° del CPCC, enseñando que el traslado de la contestación de demanda y la posibilidad de agregar documentos, u otras pruebas relacionadas con los nuevos hechos se cuentan desde la notificaci¢n de la misma producida por nota o ministerio de la ley.
Recurso extraordinario, Constitución Nacional, debido proceso, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Boher, Victorio Blas s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-03-24

Oportunamente se adujo, que procedía la revisión extraordinaria, porque quedaban agravios expuestos al a - quo no suficiente o debidamente tratados, lo que no se compadecía con un adecuado servicio de justicia, y, en este sentido, era procedente, viable y necesario que el Tribunal tratara todas las cuestiones temporalmente introducidas al litigio, en salvaguarda de los derechos constitucionales que se decían menoscabados (Defensa en juicio, debido proceso y propiedad); por lo que es consecuente con lo expuesto, conceder el recurso extraordinario federal interpuesto, pues concurren en la especie los recaudos exigibles para ello.

(Bertolini: Según su fundamento).
Derecho laboral, trabajador, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Administración Nacional de la Seguridad Social c/ González, Amalia Alicia s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Acción de   exclusión de protección sindical (Expte. CSJ Nº 75-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-14

Tanto la doctrina como la jurisprudencia no han acordado con precisión cuál es la naturaleza y alcance que la acción de la ley 23551 autoriza para pedir la exclusión de la garantía sindical. En tal orden de ideas, corresponde señalar que las posiciones al respecto, pueden sistematizarse así: a) la acción de exclusión de tutela es de naturaleza cautelar; b) es una acción autónoma y de conocimiento que analiza la cuestión de fondo pero con un debate limitado a establecer si la conducta del empleador no lesiona la libertad sindical tutelada; y c) acción autónoma y de conocimiento, mas incluyendo el debate tanto de la cuestión sindical como la contractual, referida -esta última- a las medidas a aplicar por el empleador. Estas opiniones dispares que depara el tema en análisis, llevan a concluir que -en el caso- estamos en presencia de una cuestión de naturaleza fáctica, probatoria y derecho común y, por ende, exenta -en principio- de revisión por la vía intentada, habida cuenta que el sólo hecho de enrolarse tras la posición de que el objeto de la pretensión deducida en este proceso se concreta y limita a la exclusión de la garantía prevista en los artículos 40, 48 y 50 de la ley 23551, para poder tomar luego, el empleador una concreta y determinada medida respecto del trabajador, no resulta suficiente para fundar un reproche de índole constitucional, salvo arbitrariedad que la recurrente no logra demostrar que acontezca en la especie.
Competencia, acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad, obras sociales, desregulación económica, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Obra Social Empresa Privada Witcel S.A. c/ PEN -Dto. 1301/97 - s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

Es competente el fuero para entender en la acción de amparo iniciada a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 1º del decreto 1301/97, en cuanto elimina a las obras sociales constituídas por convenio con empresas del artículo 1º del decreto 9/93, restringiéndole -dice la actora- su participación en el mercado de servicios de salud, en contradicción con el régimen de desregulación económica, y lesionándole derechos contenidos en la Constitución Nacional.
Sentencia, acción reivindicatoria, defecto legal, excepciones procesales
Materia: CIVIL
Carátula: CAMPORA, JORGE LUIS c/ ESCALADA, FÉLIX GERMÁN, GNECCHI MIGUEL ÁNGEL y GNECCHI MIGUEL ALBERTO s/ ORDINARIO ACCIÓN REIVINDICATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-02-09

La lógica indica que de la naturaleza de la excepción de defecto legal debe resolverse ante el primer atisbo de que esté ocurriendo una afectación de derechos por su causa; caso contrario no tiene sentido. De allí que resulte totalmente desacertado desmembrar la excepción, planteándola como previa respecto de un accionado y de fondo respecto del otro. El juez debe resolver cuando advierte que están dadas las condiciones para hacerlo, en virtud de la obligación que tiene de conducir el proceso procurando obtener economía.