marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jubilaciones, trabajador autónomo, haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PIMENTEL, SOCORRO c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-24

A partir del 01 de abril de 1995, por aplicación de la doctrina de la C.S.J.N. in re "Chocobar, Sixto Celestino" (27.12.96), la movilidad del haber será la que surja por aplicación de lo establecido en el art. 7 de la ley 24.463 (cfr. considerando 49, fallo referido).

Sin perjuicio de ello, toda vez que a partir de la fecha indicada y hasta la actualidad subsiste una situación análoga a la puesta de resalto por el Alto Tribunal en el considerando 47 de la sentencia citada, corresponde ordenar la determinación de la movilidad a partir de esa fecha y hasta tanto el Parlamento cumpla con el mandato autoasignado en el art. 7, apartado 2, de la ley 24.463, conforme las pautas fijadas en el considerando 48 del fallo referido.
Marcas, marcas mixtas
Materia: COMERCIAL
Carátula: OLD NAVY c/ CHIRAZI RAFAEL Y OTROS s/ cese de uso de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

Si bien es cierto que los dos vocablos que integran las marcas de la actora están completamente incluidos en el signo de los demandados, este Tribunal tiene dicho que ello no importa, de por sí, confundibilidad, en tanto y en cuanto los restantes elementos que conforman los conjuntos sean claramente distintivos en los demás planos del cotejo (confr. Sala I, causa 9.705/2000 del 28.11.2002 y sus citas). No debe olvidarse tampoco que la partícula NAVY es de uso común en la clase 25 (así lo consideró el juez en la sentencia, sin que esta conclusión haya sido objeto de cuestionamiento alguno).
Transporte de carga, robo con armas, responsabilidad del transportador, obligaciones del transportador, medidas de seguridad, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CASA LA CARIOCA S.R.L c/ TRANSPORTES SHEIK SUL LTDA s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

El asalto a mano armada puede tener el alcance de la fuerza mayor (cfr. Causas: 7060 del 3.6.94 y 4255 del 20.7.96, entre otras), más es claro que está en cabeza de quien la alega la carga de la prueba (causas 5167 del 21.4.77; 5545 del 26.5.78; 7668 del 20.2.79; 16.181/95 del 14.11.95; Ver: J.J. Llambías, "Tratado derecho civil - obligaciones", 2a. Ed., T. I, n. 206), cuya valoración debe ser rigurosa y practicada con criterio restrictivo, resolviéndose toda situación de duda por el mantenimiento de la responsabilidad (causas; 7060 cit.; 4636 del 24.8.76, 4902 del 21.3.78; 5271 del 24.4.78, entre otras; cfr., Asimismo, J. Anaya y H. Podetti, "código de comercio y leyes complementarias comentados y concordados", t. III, n 60; R. Fernández, "código de comercio comentado", ed. 1970, T. I, v. I, ps. 514/16). Y conforme con estos principios, la prueba del "casus" no se halla presente en autos. Sin perjuicio de lo cual, se advierte que la demandada no probo haber adoptado medidas de seguridad apropiadas para evitar o repeler la agresión con fines de robo de malhechores sueltos u organizados en pequeñas bandas destinadas al robo de cargas transportadas por vía terrestre (causa 3689/92 del 14.11.96), no siendo dudoso a esta altura del desarrollo tecnológico que existen precauciones posibles -como ser el blindaje de la cabina y acompañamiento de uno o más guardias armados- que, sin comportar un encarecimiento exagerado de los costos, son susceptibles de poseer un importante poder disuasorio respecto del accionar delictivo.
Prisión preventiva, prisión domiciliaria, coronavirus, emergencia sanitaria, pandemia
Materia: PENAL
Carátula: Pérez Sixto, Daniel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-21

El tribunal a quo, para rechazar la prisión domiciliaria, valoró que la petición cursada no se encuentra contemplada dentro de los supuestos establecidos en el art. 10 del CP y art. 32 de la ley 24.660 y sus modificatorias (toda vez que el imputado cuenta con 37 años de edad). No se encuentra dentro del grupo de personas consideradas de riesgo según preceptos de la Organización Mundial de la Salud y lo dispuesto por el PEN, DNU N° 260/2020 y N° 297/2020; y resolución N° 627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación y demás normativas substes. y cctes. La misma conclusión se arriba tras el análisis de lo informado por la Dirección Nacional Servicio Penitenciario Federal, como por las Autoridades del Servicio Penitenciario de Santa Fe, ya que no surge el causante como parte de la población carcelaria más vulnerable. Tampoco surge que Pérez porte una patología preexistente que lo torne un sujeto con mayor riesgo ante la pandemia, lo que tampoco se encuentra acreditado mínimamente en la presentación que insta el pedido. En razón de las consideraciones precedentes, y lo establecido por la Acordada 9/20 de esta CFCP, art. 3), las discrepancias valorativas expuestas por el impugnante, amén de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605), o en alguna cuestión federal (Fallos: 328:1108); por lo que debe declararse inadmisible la vía intentada. Dres Borinsky y Carbajo.
Almacenamiento de estupefacientes, delito de peligro abstracto
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla, Mario Héctor s/ casación (infracción ley 23.737).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

El legislador contempla la figura del almacenamiento de estupefacientes (art. 5°, inc. c), de la ley 23.737), como un delito de peligro abstracto, donde se desvincula la acción del resultado.
Acción civil en el proceso penal, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Gaspar, Juan C. s/ Acción Civil - Pena
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-22

Si los dispositivos referentes a la reparación civil decretada fueron apelados por el procesado y su defensor, no registrándose el debido sostén de los recursos, en atención a la cuestión decidida, corresponde declarar desiertos los mismos desde la perspectiva de la defensa.
Acusación fiscal, calificación legal, tenencia ilegítima de documento nacional de identidad, uso de documento adulterado, concurso aparente de leyes, fallo plenario, prueba, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Zitelli, Carlos s/ Falsif. de Documento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-05

En modo alguno puede sostenerse que sea violatorio o lesivo de las formalidades procedimentales la acusación por el delito de tenencia ilegítima de un D.N.I. y alternativamente, la adulteración de dicho instrumento.

Ello en virtud de que no nos encontramos ante el desdoblamiento de un hecho único, puesto que en definitiva, el acusado sería condenado o absuelto por una sola acción, de allí, la alternatividad y la posible demostración de una infracción delictual progresiva con las medidas pedidas para el plenario.

Tampoco la iniciación del plenario en modo alguno puede constituir un obstáculo para la realización y el debate de nuevas pruebas. Más aún, el Ministerio Público puede formular acusación ante la posibilidad de que el hecho exista, pero si incurriera en la desidia de no apuntalar su tesis con el aporte de prueba en el plenario, no habrá asumido adecuadamente la carga impuesta por el art. 468 del Código de Procedimientos en Materia Penal terminando el proceso con una decisión contraria a su pretensión.

Por último tampoco esta manera de emprender la requisitoria puede vulnerar el derecho a la defensa en juicio puesto que la defensa podrá controlar la producción de la prueba y ofrecer la que crea conveniente y alegar sobre su mérito.
Depósito judicial, pesificación, excepciones a la reprogramación de los depósitos
Materia: LABORAL
Carátula: BUSCONI, VIVIANA POR SI Y EN REP DE SUS HIJOS MENORES c/ MAPFRE ACONCAGUA ART S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-05

La exclusión de los depósitos judiciales del régimen de reprogramación de los depósitos (conf. ley 25557 y Comunic. Bco Central a-3496 del 1/3/02) no sólo determina la libre disponibilidad de los fondos por parte del tribunal, con prescindencia del régimen de reprogramación de las imposiciones, sino también la exención de cualquier predeterminación temporal acerca del momento de su eventual pesificación, ya que la conversión de los fondos a moneda de curso legal no puede ni debe ser interferida por las necesidades del mercado financiero, monetario o cambiario, sino que sólo puede depender de las concretas y específicas necesidades de la causa, al tiempo de tener que disponerse del depósito judicial. En consecuencia corresponde que tales colocaciones continúen invertidas en dólares estadounidenses, máxime cuando las mismas normas que regulan el sistema financiero prevén expresamente la posibilidad de colocaciones en dólares dentro de la actual reglamentación (resolución 9/02 del Min. de Economía), por lo que deberá declararse que los depósitos judiciales en moneda extranjera están excluidos de la conversión dispuesta por el art. 2 del decreto 214/02
Contrabando, devolución de objetos secuestrados, automotores, medidas cautelares, aduanas
Materia: PENAL
Carátula: ROSEMBERG, MARCOS s/ Contrabando Causa 24115-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-19

1- Durante la sustanciación del proceso por contrabando, los vehículos automotores que sirvieron para la introducción de la mercadería a plaza pueden ser entregados provisoriamente a su propietario (en calidad de depósito, Código Penal, Art. 263) previa acreditación del dominio, sin perjuicio de que la Administración Nacional de Aduanas (que a su vez tiene facultades de comiso: Código Aduanero, Art. 1026 b), reclame las garantías o cauciones que estime pertinentes (v.gr. seguro total sobre los bienes, a su favor y a satisfacción). (Del voto de los Dres. García Quiroga y Riggi).- 2- Las cauciones que estime la aduana están autorizadas por el Art.

411 del Código de Procedimientos en Materia Penal (Ley 2372) al que remite el Art. 1017, ap. 2 Cód.Ad., y no por la norma legal invocada por esta:Art. 876 b).- 3- Corresponde dejar sin efecto la resolución aduanera que tras disponer el Juez competente en la causa por contrabando la entrega de los vehículos de mención a sus propietarios, resuelve no acceder a esa medida fundándose en la disposición del C.A. 876 b (Del voto de los Dres. García Quiroga, Riggi y Hendler).
Defensa del consumidor, aplicación de la ley, facultades del gobierno nacional, facultades concurrentes, facultades del gobierno provincial, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DECOVI s/ Amparo Colectivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-01

Considero oportuno recordar lo señalado por Juan B. MATIENZO referido a las facultades de la Provincia y a la aplicación de la Ley Nro. 24420, con sus doce conclusiones:

1- Hay facultades concurrentes de las Provincias, que éstas pueden ejercer en subsidio frente al silencio de la autoridad nacional.

2.- Es inadmisible que el orden público establecido en el Art. 65 Ley 24240, ceda ante disposiciones en contrario contenidas en la legislación específica. 3.- La legislación específica de los servicios públicos domiciliarios debe armonizarse con la Ley de Defensa del Consumidor.

4.- La aplicación supletoria de esta ley no puede significar la violación del régimen tuitivo de los consumidores ni el olvido de los principios generales del derecho.

5.- La negativa de la concurrencia es incongruente e inarmónica con el espíritu del art.42 de la C. Nacional.

6.- Existen ámbitos en los cuales el poder de policía local se ejerce del modo previsto en el art. 41, ley de defensa del consumidor, sobre todo frente al reconocimiento generalizado del fracaso - al menos parcial - del sistema de los Entes Reguladores.

7.- Ni los Entes reguladores, ni los marcos regulatorios han estado a la altura de las expectativas de los usuarios.

8.- Las provincias no tienen una real participación activa en los entes reguladores.

9.- Es totalmente equivocado pensar que las provincias han delegado a la nación las facultades que les son reconocidas expresamente en los arts. 41, 52 y 53, Ley 24240.

10.- Existe un estatuto del consumidor fundado en normas y principios del derecho privado patrimonial que son aplicables a la relación de consumo según lo previsto en los arts. 1 y 2 de la ley de defensa del consumidor, lo que permite resolver cuestiones no contempladas o dar la respuesta más favorable al consumidor.

11.- No se está ante un campo normativo ocupado con exclusividad por el Estado Nacional.

12.- Admitir la falta de control provincial sobre las empresas de servicios públicos favorecería la competencia desleal en beneficio de grandes grupos económicos.
Competencia federal, planes sociales, Programa Jefes de Hogar, accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: Gallardo  Rosa Liduvina c/ Cooperativa de Trabajo El Desafío Ltday otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-19

El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires es una entidad autárquica de derecho público, con capacidad para actuar pública o privadamente dentro del ámbito de la competencia que le asigna su ley orgánica (conf. art. 1° del decreto-ley 9573/80). Esa personería y el carácter autárquico fijados en la norma permiten afirmar que se trata de un sujeto de derecho diferente a la provincia (arg. art. 33, incs. 1 y 2, del Código Civil; Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, FDA, 1998, pág. XII-32 y XIV-2 a 5). De modo tal que si el organismo demandado no integra la administración central local, mal podría asignarse a la Provincia de Buenos Aires la calidad necesaria para eludir la jurisdicción federal en tanto no participa en forma sustancial en el pleito (conf. Fallos 330:103 y 173).
Contratos, interpretación del contrato, defensa del consumidor, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUIZ   IRIGOIN  MANUEL  IGNACIO c/ SCOTIABANK  QUILMES  SA  (ENLIQUIDACION) S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-21

Del Voto del Dr. Heredia:. La imposición del artículo 36 de la Ley 24240 (texto anterior a la reforma de la Ley 26361) en el sentido de que la contratación exprese ".la tasa de interés efectiva anual." no es excluyente de la posibilidad de un pacto de intereses variables, ya que aquella precisión solamente pone en juego una carga informativa de características propias para nada adversa a un pacto de ese tipo.
Nulidad procesal, nulidad relativa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: P., R. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-08

En derecho procesal, las nulidades son esencialmente relativas y su interpretación debe realizarse con criterio restrictivo, reservándolas como ultima ratio ante la existencia de una efectiva indefensión, pues frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos se encuentra la de obtener actos firmes sobre los que pueda consolidarse el derecho.
Policía, averiguación de antecedentes, imputado, orden de detención
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: LA ROZA, NORMA; RODRIGUEZ, ELIANA; TORRES, LEONARDO FIDEL Y FLEYTAS, CLAUDIA c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-01

La necesidad de que exista una orden escrita como medio fehaciente de control no se trata de un mero ritualismo formal desde que no sólo se encuentra en juego la libertad de locomoción de una persona, sino que también puede encontrarse en crisis su integridad personal y es por ello que, una decisión tan trascendente como privar de la libertad a una persona, no puede determinarse en la fugacidad de un mandamiento verbal sino que es necesario una orden fehaciente y que sea controlable a posteriori, para poder deslindar posibles responsabilidades administrativas o de otra índole que pudiera caber hacia aquellos que dispusieron una determinada detención. Atento a que la norma del artículo 10 bis ley 7395 no exige la comunicación inmediata a ninguna autoridad jurisdiccional -requisito presente en el sistema del Código Procesal Penal- se tornaría conveniente la existencia de un acto de anoticiamiento inmediato de carácter oficial en un registro al que puedan acceder tanto el Ministerio Público de la Acusación como el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, cada vez que se realiza una detención por esa vía, correspondiendo a esos efectos exhortar al Ministerio de Justicia de la Provincia de Santa Fe y al Ministerio Público de la Acusación para la creación de un registro de personas detenidas en el marco del artículo 10 bis de la ley 7395 disponiendo los medios pertinentes para tal finalidad. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Falistocco)
Pagaré, responsabilidad del librador, acción cambiaria, prescripción, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: TERUSI, JORGE Y OTRO c/ JORGE EMILIO OLMEDO Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-25

No existiendo en el pagaré la posibilidad de aceptación, el librador es el verdadero obligado directo y principal al pago. Contra el no se ejercita la acción de regreso sino la acción cambiaria directa.

Por esta razón la ley indica que el librador de un pagaré queda obligado de la misma manera que el aceptante de una letra de cambio.

Y en virtud de la remisión que hace el art. 103 a los plazos de prescripción que corresponden a la letra de cambio, debe concluirse que el plazo de prescripción de la acción directa del portador contra el librador del pagaré es de tres años.
Medidas cautelares, daño irreparable
Materia: CIVIL
Carátula: Bingo De Lavalle Sa c/ Loteria Nacional Soc Del Estado s/ Medidas Cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-06

El único acto real y concreto que deja ver la voluntad de la demanda en el curso de la ejecución contractual es la Resolución de su directorio Nro. 59/2013, que resuelve "mandar" ejecutar las pólizas por intermedio de una de sus gerencias e intimar por medio de una subgerencia a la actora para que amplíe las cauciones. Ni la ejecución de las pólizas ni el monto a erogar que suponen sus ampliaciones, lucen como impedimentos para continuar con la marcha del negocio jurídico. Por un lado, la ejecución de las garantías -por lo menos en lo mediato repercutiría en el patrimonio de la aseguradora y, por el otro, nada se actuó respecto del daño irreparable que el pago de las primas pudiera provocar en el patrimonio de la actora.
Acción de amparo, carácter excepcional
Materia: LABORAL
Carátula: Dip, Carlos Alberto c/ Poder Ejecutivo de la Municipalidad de El Carril s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-05-14

La acción de amparo, si bien elaborada e instituida para hacer efectivas las garantías Constitucionales, es sin embargo de carácter excepcional, en cuanto no basta que tales garantías se hallen amenazadas, restringidas o lesionadas, sino que, en esos casos, el acto u omisión de autoridad pública debe adolecer de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta y además no contar el afectado con remedio alguno para atacar el acto ilegal o arbitrario, o habiéndolos, que su utilización haga ilusoria la protección buscada con el amparo.
Regulación de honorarios, incidente de impugnación, acuerdo preventivo, homologación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: ICAZATI MAYORISTAS S.A. c/  s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-05-26

En el incidente de impugnación al acuerdo preventivo es de aplicación el art. 13 de la ley 56-O por aplicación supletoria dispuesta en el art. 278 de ley Ley de Concurso y Quiebra. La base de cálculo es el monto del activo expresado en el informe general y el monto del pasivo verificado. Corresponde meritar la labor profesional, la trascendencia económica, la cantidad de solicitudes de verificación presentadas, complejidad o novedad de la cuestión planteada, resultado obtenido y el tiempo que insumió la tramitación del proceso, observando los topes establecidos por el art. 266 de la Ley de Concurso y Quiebra.

El síndico en su apelación pretendió la aplicación de intereses a los montos consignados en el informe general, lo que fue desestimado por este Tribunal, ya que el art. 266 aludido determina pautas y porcentuales regulatorios.

Fuente del sumario: OFICIAL
Nulidad de sentencia, recurso de nulidad, llamamiento de autos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Carrizo, Enrique Jesus c/ Líneas G.M.S.R.L. y Vega, Julio Ricardo y Chubut Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-04-04

Frente a la petición de nulidad del fallo objeto del recurso, basada en que el mismo no habría reparado en una cuestión prejudicial, podemos observar que si bien el legislador ha omitido detallar cuáles son los defectos de la sentencia que hacen al objeto de la nulidad, es posible colegir que son los relativos a las formas y solemnidades de la misma, tanto como a la omisión, incumplimiento, o lisa y llanamente a la inexistencia de los presupuestos necesarios para arribar válidamente a su pronunciamiento. En consecuencia y siguiendo dicha directiva, en el caso no serían vicios extrínsecos los que se denuncian como causal de nulidad, sino que por el contrario la pretensa irregularidad, al ser anterior al dictado de la resolución judicial, no puede fundamentar el recurso de nulidad, pues ella debió ser reparada por el incidente respectivo en la instancia donde ellos acaecieron; en efecto, la implicancia procesal del llamado de autos para sentencia significa no sólo que ha quedado clausurado todo debate y toda prueba, sino que se advierte a los contendores de la próxima elaboración del acto decisorio último, a fin de que antes de consentirse el llamamiento de éstos puedan deducir nulidades y formular las objeciones que consideren del caso y que obsten a la posibilidad del dictado válido del fundamental momento decisorio.
Organización Mundial de la Salud, reconocimiento de derechos
Materia: CIVIL
Carátula: Rachid, María de la Cruz y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

El concepto de salud que brinda la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una esfera individual relativa a la salud médica según cada persona y una faz social, que involucra la participación activa del Estado para garantizar la accesibilidad del derecho (por ejemplo, elaboración de políticas sociales), dada la existencia de factores sociales de la salud. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).