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Sociedades comerciales, sociedad anónima, acciones societarias, compraventa, compraventa de acciones, falta de pago, resoluciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martinenghi, Ruben Adrian y otro c/ Marin, Fernando Alfredo s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

1. Tratándose de la compraventa del paquete accionario de una sociedad, el enajenante transmite sus derechos de socio y no una cuota parte del patrimonio de la sociedad, salvo que medie pacto expreso por el cual se vinculen las acciones o participaciones transferidas con el patrimonio (CNCom, Sala C, in re "Rocha, Ramón c/ Puente, Osvaldo", del 14-6-88; en el mismo sentido: Halperín, I., "Sociedades Anónimas", Buenos Aires, 1978, pág. 145; Gasperoni, N., "Las acciones de las sociedades mercantiles", Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, pág. 222; Messineo, F., "Manual de Derecho Civil y Comercial", Buenos Aires, 1955, T. V, pág. 159, n° 19). 2. En otras palabras, resulta obvio que la compraventa accionaria no genera ni da lugar a un derecho de señorío ni relación creditoria alguna entre el accionista y las cosas o los créditos de la sociedad, sino solamente a la adquisición de una posición contractual dentro del contrato asociativo de organización (Roitman, H., "Ley de sociedades comerciales, comentada y anotada", Buenos Aires, 2006, T. III, pág. 686, texto y nota n° 1919). 3. En el mismo sentido, dentro de la doctrina francesa, Bertrel y Jeantin sostienen que teniendo la sociedad una personalidad y un patrimonio distinto del de sus socios, el socio cedente no puede entonces -a diferencia de lo que ocurre en la transferencia de un fondo de comercio- vender los elementos del activo que no le pertenecen, por cuanto figuran en el patrimonio social (Herrera, F., "El proceso de transferencia de paquetes accionarios", Ed. Ábaco, Buenos Aires, 2007, pág. 67).
Cheque, extravío del cheque
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ponce Varela Marcelo Enrique c/ Gonzalez Luis Horacio s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

La denuncia de apropiación o extravío de cheques no impide el ejercicio de la acción ejecutiva por el demandante, pues conforme al art. 38 -2do párrafo-, dec. ley 4776/63, con la constancia bancaria consignada al dorso del título acerca del rechazo y su causa, queda expedita aquella vía, como quiera que de lo contrario se entraría en la consideración de la legitimidad causal, lo que está expresamente vedado por el art. 542 inc. 4to de la ley adjetiva.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Tilkian, Alejandro A. y otros c/ Induclor S.M. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

Incurre en absurdo con quebrantamiento del art. 44 inc. "e" del dec.ley 7718/71 el fallo que tienen por cumplido el pago de los rubros peticionados sobre la base de una afirmación dogmática y desprovista de contenido con apartamiento de las constancias objetivas que resultan de la causa.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia no aplicable, sentencia, principio de contradicción, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. De inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es:   ¿la falta de mantenimiento de la acusación en la alzada por parte   del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia   absolutoria solicitada por la Defensa, impone al Tribunal la   aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo  fallar distinto a dichas peticiones?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

Los antecedentes de la Corte nacional que se insertan a partir del caso "Tarifeño", no acuñan una interpretación servicial para la respuesta afirmativa del supuesto que aquí nos convoca. Ello, simplemente, en la medida en que no es válido traspolar sus afirmaciones sobre que no medió acusación previa a la sentencia, a una situación distinta. La sentencia judicial configura una norma jurídica particular (en cuanto regula el caso concreto) y una norma jurídica general en la medida en que parte de supuestos de hechos que acarrean determinadas consecuencias jurídicas que se pueden aplicar a hechos futuros (el "holding" o "standard" que sostiene la decisión). Es necesario, entonces, analizar el contenido o amplitud que tiene el supuesto de hecho y ver si de él se infiere una regla general aplicable a supuestos de hechos iguales. El caso "Tarifeño" tiene, respecto del que nos convoca, un supuesto de hecho distinto (la Corte analiza si a la sentencia han arribado pretensiones controvertidas de las partes que deban ser dirimidas y en el presente caso debe analizarse una nueva controversia entre el apelante y la sentencia producida, que reemplaza a la que originalmente constituyó la acusación). La inferencia doctrinal que puede efectuarse de los fallos de la Corte sobre el principio del contradictorio, en cuanto sustancial para la preservación de la garantía del debido proceso, se ha cumplido en el proceso que llegó a sentencia, no se afecta en la segunda instancia por el particular marco de actuación de la revisión, conforme se ha argumentado para sustentar la respuesta negativa. (De los Fundamentos del Dr.

Bernardini)
Docentes, sumario administrativo, trámites judiciales, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ELIAS, NILDA BEATRIZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-10

Las características del sumario que (al decir del Tribunal, tenía derecho a iniciar la Administración) en tanto se inició casi un año después de los acontecimientos que se investigaran y se proyectó en el tiempo por más de un año y ocho meses impidiéndole acceder al cargo para el cual se encontraba escalafonariamente habilitada, no pueden considerarse válidas desde la óptica constitucional; toda vez que si en el ejercicio de sus facultades legales disciplinarias la Administración prescinde de la razonabilidad, proporcionalidad y congruencia en la realización de las tareas o etapas que comprende dicha facultad, apartándose de la realización del interés público como presupuesto básico de su acción en cualquier campo de su actividad, compete al órgano judicial así declararlo, teniendo presente para ello que el ejercicio de la función administrativa surge de un conjunto de normas o plexo jurídico, tales como la Constitución, las leyes formales y los reglamentos dictados por las autoridades administrativas dentro de los límites de su competencia. (De los fundamentos del Dr. etri)
Acto administrativo, revocación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Freidenberg, Lázaro y ot. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

Tratándose de una pretensión resarcitoria derivada de la ilegítima interdicción de un plano de subdivisión de lotes anteriormente aprobado, su tratamiento judicial resulta improcedente, desde que la mera anulación del acto no puede conducir a la indemnización de un daño no debatido previamente en sede administrativa ni demostrado en la instancia judicial.
Costas, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ DE PEREYRA MARIA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION SAAVEDRA ROBERTO DANIEL c/ TREJO LUIS AN-BAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - CASACIÓN  CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-17|2007-09-20

El concepto jurídico de costas resulta abarcativo de todos los gastos causados u ocasionados con motivo del proceso, y por lo tanto comprende, los estipendios regulados a los letrados con motivo de su actuación profesional.
Prescripción de la acción penal, cómputo del plazo, reforma legislativa, interpretación de la ley, voluntad del legislador, interrupción de la prescripción de la acción penal, ampliación de la declaración indagatoria, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Chapur, Leopoldo Eduardo y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-08

Luego de la reforma introducida por la ley 25.990 al art. 67 del C.P., el legislador ha zanjado las posibilidades interpretativas que existían antes de la sanción de esa ley. Es por ello que la frase "primer llamado... en el marco de un proceso judicial... por el delito investigado" cerró definitivamente la posibilidad de dar entidad interruptiva a la convocatoria a prestar una ampliación de la declaración indagatoria. En el presente caso tratándose el hecho imputado del delito de administración infiel que constituye una unidad delictiva (un hecho), es decir, un delito continuado, debe considerarse como el único acto procesal con efecto interruptivo el primer llamado a indagatoria que data del 21 de octubre de 1998 y desde esa fecha hasta la actualidad ha transcurrido ampliamente el plazo de seis años que resulta del juego armónico de los arts. 62 inc. 2° y 67 tercer párrafo, inc. "b" del C.P., por lo que la acción se encuentra prescripta. (Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Absurdo, doctrina de la arbitrariedad, recurso extraordinario local
Materia: PROCESAL
Carátula: BANUERA, Ulises Darío y Otro c/ PROVINCIA DE LA PAMPA s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-11-26

Se observa, también, que le atribuye a la sentencia el vicio de arbitrariedad cuando este supuesto no se encuentra mencionado en el artículo 261 del CPCyC., el cual estatuye concretamente las causales o motivos que viabilizan el recurso extraordinario provincial. Ello, independientemente de que la doctrina de la arbitrariedad de la sentencia se relaciona, en principio, directamente con el recurso extraordinario federal y no con el provincial.-
Caducidad de instancia, pérdida del expediente, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: REHACE  EXPEDIENTE  EN  ESCOBAL NESTOR FELIX Y OTRO - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  EN:  REHACE EN KONSTRUCCIONES    S.A.    -  QUIEBRA  PEDIDA s/ CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-12-07

Si un expediente fue extraviado, y al ordenar su refacción no se consiguió ninguna copia posterior al retiro de aquél, la caducidad dictada por la a-quo va en contra del criterio que establece que la petición de búsqueda de las actuaciones,es un acto interruptivo de la perención. (Voto en disidencia del Dr. Martínez Gavier).-
Recurso de queja (procesal), plazo, notificación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FLEYTAS JUAN CARLOS Y OTROS s/ RECURSO    DE   QUEJA  - PLAZO  DE  INTERPOSICION  -  NOTIFICACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-03-31

El recurso de queja, para que sea admisible, debe ser interpuesto en tiempo (art. 471 CPP), esto es, según el art. 508 CPP, en el término corrido (art. 166 CPP) de dos días a partir de su notificación (art. 165 CPP), cuando, como en caso, los tribunales actuantes residan en la misma ciudad. Por otra parte, conforme con lo establecido por el art. 151 CPP, salvo que la ley o la naturaleza del acto así lo exijan, 'si las partes tuvieran defensor o mandatario, las notificaciones deberán ser hechas solamente a estos', como ocurre con la denegatoria de un recurso de casación. En el caso, habiendo sido notificado a la defensora del imputado el auto denegatorio del recurso de casación deducido con fecha 13-2-86, por lo que a partir de la hora cero del día catorce de ese mes y año, comenzó a transcurrir el término corrido de dos días, al presentarse la queja con fecha diez de marzo, corresponde declararla formalmente improcedente por extemporánea (art 471 CPP).
Procesamiento, abuso sexual calificado por acceso carnal, personas con discapacidad, aborto no punible
Materia: PROCESAL
Carátula: B., H. D. c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "B., H. D. s/ procesamiento" (Causa n°. 64.751/2018) resuelta el 9/4/19, donde Julio Marcelo Lucini y Magdalena Laíño confirmaron el procesamiento de quien fuera imputado de abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal y reiterado en al menos ocho oportunidades, en perjuicio de una mujer sordomuda y con retraso mental, a quien tuvieron que practicarle una interrupción legal del embarazo a raíz de los hechos.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, mandato, personería, acreditación de la personería, actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, ley procesal, interpretación de la ley, jueces, facultades del juez, actuación de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: Orlandi y Cía. SRL c/ Radusso, Mario s/ Cobro de pesos. Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ¨es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario) Cuestión a resolver: La omisión de certificar la  Copia agregada a los autos del Poder que acredita la personaría del  Mandatario de un litigante, ­es por sí sóla causa de nulidad de los  Procedimientos e, inclusive, de la sentencia? (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1974-11-08

La representación ejercida no sólo debe acreditarse inicialmente ante el juez, sino que ha de tener un sentido de manifiesta permanencia dada la eventualidad de producir, a pedido de parte o de oficio, una alegación de nulidad en cualquier estado y grado de la causa (artículo 125, Código Procesal Civil y Comercial) por tratarse, ciertamente, de presupuestos procesales cuya característica es la de ser revisables y exigibles de oficio por el juez en razón de estar vinculados a la validez intrínseca del proceso. (Del Voto del Dr. Villa Perincioli -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver es si la omisión de certificar la copia agregada a los autos del poder acreditativo de la personería del mandatario de un litigante, es por sí sola causa de nulidad de los procedimientos e inclusive, de la sentencia.
Contratos administrativos, concesión comercial, interpretación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transener S.A. c/ Resolución ENRE 70/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-17

La interpretación de la concesión debe obtenerse haciendo concurrir a la solución todas las cláusulas que se encuentren vinculadas entre sí (Marienhoff, T.III-B, págs. 645/646). Teniendo en cuenta el contexto general, la cláusulas equívocas pueden ser interpretadas por medio de los términos claros y precisos empleados en otra parte del contrato, cuidando de darles, no tanto el significado que en general les pudiera convenir, cuanto el que corresponda por el contexto general, sin obviar la finalidad tenida en miras al contratar. (Del voto de la Dra. Garzón de Conte Grand, Consid. IX).
Declaración testimonial, policía, instrumentos públicos, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: MOTEL "LIDO" c/ PEREYRA, MARCELO FERNANDO s/ TENTATIVA DE ROBO DE ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-09-25

Las actas labradas por personal policial que contienen declaraciones testimoniales o de imputados revisten la categoría de instrumentos públicos, y por ende, gozan de una presunción de autenticidad común a los instrumentos públicos (art. 979 inc 2° del Código Civil) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, acción penal, acción civil, competencia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: N.N. s/ PROCESO    PENAL  -  PRESCRIPCION  -  ACCION  PENAL  -  ACCION  CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1956-02-08

Si ha quedado firme la resolución denegatoria de incompetencia del tribunal para conocer la acción civil, a un extinguida la acción penal, conforme al art. 16 CPP, es inobjetable la decisión relativa a las indemnizaciones reclamadas, puesto que si bien el art. 29 Cp, supone la existencia de un pronunciamiento penal condenatorio, no excluye el ejercicio de la facultad constitucional de las provincias para reglar la jurisdicción y competencia de sus tribunales.

Al juzgar la Cámara la acción civil aun extinguida la acción penal, ha obrado en consonancia con los preceptos de nuestro régimen procesal,que atribuye competencia en tales casos a los tribunales del crimen, sin que pueda alegarse que esa legislación local se opone a la garantía del respectivo derecho otorgado por la legislación de fondo, conforme a la opinión doctrinal y jurisprudencial que reconoce al Congreso la facultad de dictar normas procesales "en tanto y en cuanto sea necesario para asegurar la eficacia de las instituciones reguladas por los códigos civil, penal, comercial y minería".-
Recurso contencioso administrativo, Administración Pública, enriquecimiento sin causa, acción in rem verso, empleados públicos, remuneración, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASEM, TERESITA Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 668 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19

Es improcedente el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto por agentes del Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales, dependientes del Ministerio de Salud y Medio Ambiente desde que no concurren en autos los recaudos que la Corte local, con base en doctrina y jurisprudencia, ha considerado para aplicar la figura de la "actio in rem verso" en las relaciones regidas por el Derecho Administrativo. En tal sentido, ha de insistirse en que el decreto 381/91 estableció un régimen de actualización de créditos a favor de los agentes de la Administración Pública provincial sobre la base de la remuneración que, conforme a las políticas salariales vigentes, correspondían a cada agente en el sector y nivel de revista. De tal manera, la admisión de la pretensión de los actores con basamento en la teoría del enriquecimiento sin causa implicaría, en los hechos, incurrir en una abierta contradicción con los fines que aquella normativa se propuso. Y no puede hablarse en el caso de la inexistencia de una acción o vía específica de reconocimiento a disposición de los demandantes para obtener el pago de las diferencias por ellos pretendidas, sino que, por el contrario, su pretensión resulta improcedente a la luz de las normas que lo regulaban.
Proceso judicial, actos y diligencias procesales, plazo, preclusión, actos consentidos, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. (EXPTE. N° 37536) c/ OÑA, RICARDO ALBERTO Y OTS. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-06-08

Las colisiones entre el derecho de defensa y el principio de preclusión procesal deben resolverse atendiendo a la verdad jurídica objetiva de los hechos relevantes para la solución del litigio, puesto que la ley adjetiva no se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos, sino que tiene como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en el caso concreto y salvaguardar la garantía de defensa en juicio.
Recurso contencioso administrativo, medidas cautelares, ordenanzas municipales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Cooperativa de vivienda, provisión de obras y servicios públicos y asistenciales de Sauce Viejo Ltda. (CO.VI.SER. LTDA.) c/ Comuna de Sauce Viejo s/ Recurso contencioso administrativo. Medida cautelar (Expte. CSJ Nro. 87-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-19

Si bien es cierto que las medidas cautelares dentro del ámbito contencioso administrativo no precisan la comprobación de los extremos requeridos para la procedencia de la demanda, sino que se conforman con un juicio más rápido y superficial dirigido a comprobar los presupuestos substanciales de aquélla, también lo es que ello supone, precisamente, que para decidir favorablemente determinados pedidos, debe en principio prescindirse de análisis que por su complejidad resultan propios de las sentencias de mérito. En el caso, la argumentación de la actora de acuerdo a la cual la concesión del servicios de agua potable debe fenecer recién en el año 2006, para permitir la amortización del capital adeudado, requiere de una interpretación, que se haga cargo también del texto del artículo 5 de la Ordenanza 398/78 que fija el plazo de duración de la concesión en veinte años contados a partir de su aprobación, compleja tarea que exige la evaluación de normas jurídicas y de hechos que, como tal, exorbita la esfera cautelar.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: G.O.O. c/ S. L. B. s/ Divorcio Contradictorio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

El hecho de que tanto las compras como el aseo del hogar se encontrara a cargo del accionante y que la demandada fue de vacaciones sin sus hijos y/o esposo, no constituye por sí solas conductas injuriosas, máxime si se encuentra acreditado que la demandada trabaja y, en algunos períodos, en dos lugares distintos arts. 202 inc. 4 y 214 inc. 1 C. Civil y 384 CPCC).
Recurso de casación, suspensión del juicio a prueba, falta de fundamentación suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Autos "Expte. Corte Nº 65/16, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN c/ Auto Nº 19/16 de Expte. Nº 98/14 - Llampa, Jorge Rolando s/ Homicidio culposo - Lesiones culposas en conc. ideal - Capital".
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-03-23

Debe rechazarse la casación incoada pues la recurrente no ha logrado demostrar la irrazonabilidad de la prohibición legal en el caso de estos autos, ya que con señalar que delitos más graves permiten la suspensión del juicio, se desentiende del objetivo de prevención que entraña dicha prohibición y que es claramente inviable con relación a delitos que no tienen prevista pena de inhabilitación, y sus argumentos recursivos no justifican adecuadamente la pretendida aplicación al caso principio pro homine y, con ese déficit, carecen de idoneidad a los fines de obtener la modificación de la resolución apelada.

Los conceptos de la Corte Suprema citados por el recurrente referidos a la debida interpretación de la ley no son aplicables al presente caso; con lo que no demuestra que la resolución impugnada se encuentre basada en una defectuosa interpretación de las normas de aplicación, y aún cuando admite que la Corte Suprema reiteradamente ha dicho que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones sino que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos, lo cierto es que, la crítica efectuada en el recurso por la aplicación de la norma según su texto omite precisar disposición alguna que esa aplicación literal ponga en pugna.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra, ius cogens
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

El principio de prohibición de retroactividad de la ley penal no se vulnera por la aplicación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad a los hechos ocurridos en el año 1977, pues dicha convención solo reconoció una norma ya vigente -ius cogens- en función del derecho internacional público de origen consuetudinario, dado que la imprescriptibilidad era un principio instalado por la costumbre internacional vigente al tiempo de comisión de los hechos.