marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Protección del medio ambiente, cuencas hídricas, recursos hídricos interprovinciales, órganos interjurisdiccionales, recomposición del daño ambiental
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ uso de aguas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

La propuesta de reestructuración del actual Comité Interprovincial del Atuel Inferior prevista en la decisión de la Corte busca incorporar al Estado Nacional y dotarlo de la organización eficaz para la gobernanza del programa de obras y para el seguimiento del proceso de recomposición ambiental; el propósito es invitar a las provincias de La Pampa y Mendoza a que tomen seriamente en consideración la propuesta de reforma del Estado Nacional, sin que ello pueda ser entendido como un avasallamiento de sus respectivas autonomías provinciales (Voto del juez Rosenkrantz).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, derecho de registro e inspección, hecho imponible, empresa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. (EDASA) c/ MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

Las alegaciones de la compareciente no traspasan el umbral de la mera disconformidad con lo resuelto por la Cámara, presentando su propia interpretación de los hechos y de la normativa aplicable según la cual para calcular el Derecho de Registro e Inspección debería aplicarse la alícuota diferencial del 0,3% en vez de la general utilizada (0,6%) en razón de que tributa ingresos brutos en varias jurisdicciones y de que éstos provienen de la actividad industrial así como de la distribución y comercialización (aún cuando no produzca en la de la Municipalidad demandada), las que constituyen un proceso único y económicamente inseparable; y en razón de que la propia recurrente se encarga de resaltar que no discute la potestad tributaria de la Municipalidad de gravar los ingresos brutos totales que le corresponden en virtud del tercer párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral, ni tampoco discute la falta de prestación de los servicios de habilitación y/o contralor de las actividades (de comercialización y/o distribución de las bebidas analcohólicas) en su local de depósito, sino que lo que rechaza es el encuadramiento de la actividad que efectuó la Municipalidad, la Cámara entendió que la cuestión medular radicaba en determinar si ha existido un incorrecto encuadre de la actividad que desarrolla la actora dentro del ámbito municipal a los fines del pago del Derecho de Registro e Inspección, y analizando la ordenanza tributaria vigente al momento de los hechos críticos -ordenanza 2257/09- que regulaba el mencionado derecho (estableciendo la alícuota general para las actividades de comercialización, mayoristas y minoristas, y de prestaciones de obras y servicios; y la diferencial para aquellas actividades de producción de bienes -como son los del caso, las bebidas-), declaró legítima la decisión de la Administración municipal que habiendo verificado que la actora no desarrollaba en el local ubicado dentro de su ejido una actividad susceptible de ser considerada como una industria de producción de bienes, procedió a modificar su tratamiento tributario y determinó la existencia de acreencias. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Convenio Multilateral, artículo 35; Ordenanza 2257/09 de la Municipalidad de Santo Tomé. - Jurisprudencia concordante con Embotelladora del Atlántico SA, AyS T 321, p 98/107, sumario J0050669.
Superintendencia, Poder Judicial, ejercicio profesional, incompatibilidad de ejercicio
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SCARZI, HUGO ALBERTO A. Y BLOIS, JOSE FABIAN c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-28

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto resulta inadmisible, desde que los reparos formulados sólo dejan traslucir la mera discrepancia interpretativa del recurrente con los fundamentos sostenidos por esta Corte en ejercicio de la Superintendencia del Poder Judicial para proponer al Poder Ejecutivo dejar sin efecto el nombramiento del agente como Auxiliar, ya que insiste en sostener que la actividad por él desarrollada en los diferentes procesos judiciales lo era no en el ejercicio de la profesión de abogado, sino en defensa de intereses propios lo que expresamente autoriza la legislación aplicable, pero ello sin hacerse debidamente cargo de la interpretación que ha hecho el Tribunal sobre la cuestión, al entender que la posibilidad otorgada por el artículo 212 inciso 2 de la Ley 10.160 a todos los integrantes del Poder Judicial provincial de litigar si se dan ciertas circunstancias no puede sino comprenderse en un contexto de una estrictísima excepcionalidad respecto de un principio general, cual es la absoluta incompatibilidad de ejercer la profesión de abogado, interpretación que podrá no compartir el recurrente, pero de ninguna manera convierte en arbitraria la decisión.
Falsificación de instrumento público, licencia de conducir, instrumentos públicos
Materia: PENAL
Carátula: KOVACS, Margarita s/ QUERELLA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-27

La licencia de conducir apócrifa no es equiparable a los documentos que se emiten por ley, y por lo tanto, no se encuentra comprendida entre los señalados por los arts. 292 y 296, C.P. Así, la conducta incriminada resulta atípica.(Disidencia del Dr. Elbert) DISIDENCIAS
Juicio ejecutivo, costas, pago parcial
Materia: PROCESAL
Carátula: SOCIEDAD  COOPERATIVA  DE  CREDITO  LTDO.  RIO  DE LA PLATA (EN LIQ.) c/ CORIGLIANO, DOMINGO Y OTRO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-23

De acuerdo al art. 558, 2do. párrafo del Código Procesal, en caso de declararse procedente la excepción de pago parcial, al ejecutado se le impondrán sólo las costas correspondientes al monto admitido en la sentencia. Pero se ha entendido que, a su vez, la accionante deberá responder por las devengadas por la excepción de pago parcial -
Recurso extraordinario federal, denegatoria del recurso, extinción de la acción penal, prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Rossi, Carlos Eduardo  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en rossi, carlos eduardo y otros sobre 183 - daños y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-10

Si los jueces de la causa han tenido por extinguida la acción penal por resolución que se encuentra firme, dictada en el marco del expediente principal, no subsiste el interés jurídico denunciado por el recurrente; motivo por el cual corresponde denegar el recurso extraordinario federal interpuesto. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Cuvillana, Carlos Alberto y Raggio, Luis Miguel s/ causa N. 21.493.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

Los agravios referentes al alcance que se atribuye a los dichos vertidos en la causa, remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho procesal, que son extra$as a la vía del art. 14 de la ley 4
Recurso de casación, sentencia definitiva, nulidad procesal, libertad corporal
Materia: PENAL
Carátula: LEIVA WALTER JUAN CARLOS; FONT EDUARDO Y OTROS S. D. DEFRAUDACIÓN E. P. N. N. s/ CASACIÓN CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-04

Una sentencia no reúne la calidad de definitiva, en cuanto sólo resuelve una apelación contra una nulidad procesal, cuestión que no pone fin a la acción, ni a la pena, ni impide su continuación. Sin embargo, siendo que el nudo de la controversia se ubica en la afectación a la libertad ambulatoria del imputado, lo cual representaría para éste un perjuicio de insuficiente o tardía reparación ulterior, tal probabilidad exige su comprobación por parte de este Tribunal Superior.
Pena privativa de la libertad, prisión perpetua, reclusión accesoria por tiempo indeterminado, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: B., D. A. c/  s/ Homicidio calificado" carpeta judicial nro 6688 Comodoro Rivadavia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-12-11

La imposición de la pena accesoria de reclusión, se trata de una facultad propia del Juez que impone la pena. Que ello surge de la interpretación gramatical de la norma cuando establece "pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52..." (Artículo 80 del código sustantivo).
Declaración indagatoria, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: AGUERO FLORES MONICA BEATRIZ s/ HURTO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-06-24

Ingresando a la cuestión de nulidad de la indagatoria por no contar con asistencia letrada, esta no procede porque basta hacer saber al sometido a proceso que puede contar con la asistencia del letrado defensor y que puede declarar o no sin que su negativa constituya presunción alguna en su contra para tener por plenamente válida la diligencia de recepción de la declaración indagatoria.
Pagaré no protestado, presentación al cobro
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia c/ Dell Oca s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-17

Supuesto en que se formaliza protesto. Domicilio del deudor inexistente. La diligencia de protesto es efectuada en el negocio del deudor en ocasión de estar cerrado. El protesto es válido. En el caso importa cumplimentar la carga de presentación del título y determina su vencimiento. Las deficiencias que el deudor achaca a la diligencia de protesto le son a él imputables.
Interrupción de la prescripción, interposición de la demanda, error de derecho
Materia: PROCESAL
Carátula: BARREIRA HECTOR TOMAS c/ LIQUID CARBONIC  S.A.I.C. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-02

La demanda para que tenga efecto interruptivo, de la prescripción no sólo debe consistir en la exteriorización de obrar o mantener vivo el derecho que se pretende, saliendo el acreedor de su silencio o inacción, sino también que es menester que se le deduzca directamente contra el propio deudor. La dirigida contra un tercero, carecería de eficacia a los efectos de la interrupción de la prescripción.

Se ha admitido por excepción que la dirigida contra un tercero interrumpe la prescripción, cuando esto es producto de un error excusable y de hecho (conf. art. 929 del Código Civil; C.N.Civ. Sala C, del 21/5/65).

El juicio iniciado contra un tercero no tiene la virtualidad de interrumpir el curso de la prescripción si la ignorancia o error alegada es un supuesto inexcusable por tratarse de un error de derecho desde que dicho error o ignorancia no habría recaído sobre la identidad del responsable del daño, sino sobre la falsa creencia de que esta empresa era "guardián" de la cosa dañosa y que como tal debía responder en los términos del art. 1113 o bien del 1109 del Código Civil.
Competencia por conexidad, alimentos
Materia: PROCESAL
Carátula: C. G. de I., I. c/ I., J. C. s/ Alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-06

No existe conexidad entre un juicio de alimentación desistido por la actora y, por ende, concluido, en el que la intervención de la Sala de Cámara, se limitó a la consideración de las regulaciones practicadas, y un nuevo proceso que se inició reclamando la determinación de una pensión. Por ello el desplazamiento de competencia que se pretende con fundamento en el artículo 32 del Reglamento para la Justicia Civil no resulta procedente, al no configurarse el presupuesto esencial para su viabilidad.
Juicio de desalojo, arrendamiento rural
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Álvarez Prado, Jorge Edgardo c/ Montoya, Dionisio s/ desalojo desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-11-12

Es procedente la acción de desalojo deducida por un administrador judicial de una sucesión contra el arrendatario del predio rural que continuo ocupando la propiedad sin derecho por haber vencido el contrato pertinente, que no fue renovado por los herederos del titular original, pues al no ser fiscal la propiedad que ocupa, y al haberse constatado su ocupación, habiendo reconocido que fue arrendatario del actor, y al no acreditar "prima facie" la posesión que alega animus domini, no está exento como sujeto pasivo de la obligación de restituir, siendo esto suficiente a los fines de enervar la acción de desalojo en su contra.
Ley vigente, comprensión de la criminalidad del acto
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Gonzalo Gabriel c/  s/ Recuros de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-23

El derecho vigente adopta una fórmula mixta, conforme a la cual la imputabilidad está estructurada en dos peldaños, mencionando en el primero tres estados psicopatológicos: a) insuficiencia de facultades; b) alteraciones morbosas de ellas; y c) estado de inconsciencia. Recién luego de haber constatado la ocurrencia de alguno/s de estos estados, se abre el camino para poner pie en el segundo escalón (al que no se puede llegar sin la constatación de lo primero). A partir de ello, corresponde analizar si a causa de alguno de los tres diagnósticos mencionados el sujeto no pudo en el momento del hecho 'comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones' (art. 34, inc. 1°, CP) (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Rimondi) Remisión a "Calderón Girón", Reg. 351/2018
Accidentes de trabajo, costas, costas en el orden causado, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: EUSEBIO BOLIVAR c/ EMPRESA JUAN MINETTI  S.A. s/ COBRO DE INDEMNIZACION POR INFORTUNIO LABORAL DE INDEMNIZACION POR INFORTUNIO LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1986-06-24

Si bien es cierto que el art. 85 in fine de la ley provincial Nro. 536 dispone que: "... Las sentencias son siempre apelables y la imposición de costas al demandado es inexcusable, aun cuando hubiere plus petitio...", debemos tener en cuenta que esta disposición se opone abiertamente a lo que establece el art. 95 del Código Procesal del Trabajo, cuyo texto expresa: "La parte vencida será condenada a pagar las costas del proceso o incidente, aunque no mediare pedido de su contraria. Por excepción, el Tribunal podrá eximir en todo o en parte al vencido, cuando circunstancias especiales demuestren que ha litigado con algún derecho y buena fe". Como la ley Nro. 1938 que constituye el Fuero del Trabajo en la provincia de Jujuy y confiere fuerza legal al proyecto de organización de la Magistratura y Código Procesal del Trabajo- dispone en su art. 2 que: "quedando derogadas las disposiciones que se opongan a las mismas", se debe llegar a la conclusión de que a partir de la entrada en vigencia de dicha ley la imposición de costas en materia de accidentes de trabajo se encuentra regulada por el art. 95 del Código Procesal del fuero y no por el art. 85 de la ley 536. El que, en este punto, ha sido derogado expresamente por aquella ley posterior.

En virtud de ello y teniendo en cuenta que la prescripción no extingue el vínculo obligacional, sino que obsta a la exigibilidad del crédito y en tanto se la haya opuesto en el proceso como defensa, entiendo que en el presente caso el actor pudo considerarse con derecho para demandar. Circunstancia que autoriza a imponer las costas por el orden causado conforme a los términos del art. 95 in fine del Código Procesal del Trabajo.
Amparo ambiental, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Vera, Gustavo Javier c/ GCBA y otros s/ amparo genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

Aunque se haya invocado la afectación del ambiente, si el modo como se articula la pretensión exhibe que ésta se endereza, exclusivamente, a obtener la nulidad de actos dictados por la Administración que el actor estima contrarios al Código de Planeamiento Urbano, no encontrándose fundada en bases ambientales, corresponde desestimar la demanda. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano)
Multa, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: VAN HEERDEN ROLANDO c/ ALVAREZ HUGO s/ RENDICION DE CUENTAS-INCIDENTE DE EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-07

Respecto a la imposición de multa a la recurrente por aplicación de lo establecido en el art. 574 del C.P.C.C., cabe afirmar que, de las circunstancias procesales de estos autos surge que la petición introducida por la demandada, no encuadra en los extremos necesarios para tener por configurada la actitud dilatoria, provocada con malicia y/o temeridad que prevé el art. 574 del C.P.C.C. Siendo que la misma debe ser aplicada con carácter restrictivo para que el pretender remediar supuestos excesos en la defensa, no se conspire con la plenitud de su ejercicio.
Cuestión federal, principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Baltian, Jorge Luis c/ Rabade, Antonio. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

Existe cuestión federal, aunque los agravios del apelante remitan al examen de temas fácticos y de derecho común, si, con apartamiento del principio de congruencia y mengua del derecho de defensa en juicio, el tribunal ha hecho valer una defensa que no había sido invocada por el demandado.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, obligaciones del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: SANDOVAL IBAÑEZ PEDRO c/ FUENTES JULIO JUSTINO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS (SUMARIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-06-01

Tanto el automovilista como el peatón tienen la ineludible obligación de observar correctamente los respectivos deberes del tránsito, especialmente en el cruce de una calle o camino que importe insertarse en un ámbito de potencial peligro, lo cual implica que el peatón debe tener conciencia de su fragilidad para mejor preservarse de los riesgos del tránsito, obrando siempre con cuidado, prudencia y actitud diligente (Cfe. Trigo Represas, Resp. Civil en materia de accidentes de automotores, 123).
Concursos, concurso en caso de agrupamiento, garante del concursado, acuerdo preventivo, acreedores del concurso, acreedor quirografario
Materia: COMERCIAL
Carátula: POLAKOFF, HECTOR s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION ART. 250 CPCC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-30

Cabe desestimar la apelación deducida contra la resolución del juez que entendiera en el tramite conjunto, en los términos de la ley 24522 art. 68, del concurso de una sociedad afianzada y los de sus fiadores, en la que decretara la quiebra de los garantes por no haber obtenido las mayorías de la LC art. 45, de conformidad con lo previsto por la LC art. 67-parr. 6, por remisión de la LC art. 68 y que, pese a la regla contenida en la LC art. 67-parr. 7, homologara el acuerdo presentado por la sociedad afianzada por haber obtenido la aceptación de la mayoría legalmente exigible de capital, y además porque, tratándose de un "gran concurso", la entidad podía acceder al procedimiento establecido en la LC art. 48, trámite en el que "bastaría el acompañamiento de las mismas conformidades que ha integrado hasta ahora para lograr el resultado señalado en la LC: 48-6"; ello así pues, no existiendo relaciones de accesoriedad entre los concursos tramitados conjuntamente, las mayorías obtenidas en el concurso pseudo principal no pueden ser proyectadas sobre el o los concursos supuestamente accesorios, como lo pretende la fiadora recurrente; de manera que siendo estos, por el contrario, de igual calidad, pueden ser tratados individual o unificadamente; si se trata individualmente cada concurso, las mayorías legales deben lograrse en todos y cada uno de ellos, y si se trata a todos los concursos unificadamente, no tiene sentido considerar individualmente las mayorías obtenidas en el concurso de la afianzada y proyectarlas sobre los concursos de los garantes, pues ello sería incongruente con el régimen de la unificación de pasivos que exige la mayoría del 75% del total del capital con derecho a voto computado sobre todos los concursados -LC art. 67-parr. 6-, que tampoco se alcanzó en el caso; ello así, aun cuando atentó a lo dispuesto por la LC art. 67-parr. 7, es cuanto menos opinable que no haya correspondido decretar también la quiebra de la afianzada; pues si bien la decisión de no declararla se fundo en la resolución dada en el concurso de esa entidad, ha de verse que: a) dada la quiebra de los fiadores, los acreedores quirografarios podrían haber alterado el sentido o los términos de su votación en el curso del trámite del art. 48, y b) en dicho trámite, la afianzada habría debido competir, acaso, con otros posibles proponentes interesados en la adquisición de la empresa; pero, no habiendo sido ello materia de apelación, la sala carece de facultades para ingresar en ese tema.
Carga de la prueba, pago en negro, fundamentación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: RAMBUR, Mariana Victoria c/ CORPORACIÓN ECONÓMICA PAMPEANA S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2017-02-23

La carga de la prueba con respecto a los pagos recibidos sin registrar, cae sobre la trabajadora y, nada ha aportado en ese sentido, sólo se limitó a realizar un crítica sobre el análisis del material probatorio realizado por la a quo, por lo que este rubro no puede prosperar, además pretende ampararse en una violación al régimen impositivo al procurar la aplicación del art. 1° de la ley 25.323, pero con su actitud de no haber realizado reclamo alguno durante la relación laboral, en su caso, habría contribuido con el régimen defraudatorio impositivo también.
Contrato de obra pública, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Supercemento S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

Para analizar la supuesta existencia de causales que justifiquen la procedencia de gastos improductivos la Administración debe analizar la marcha de la ejecución de la obra, considerando las posibles afectaciones registradas en el plan de trabajos y las constancias de las actuaciones administrativas que dispone la Administración documentan las disminuciones de ritmo y/o paralizaciones totales o parciales producidas por actos del poder público o causa de fuerza mayor.
Policía federal, embargo, inembargabilidad del haber previsional, límite del embargo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "MELGAREJO,   ELBA  DEL  CARMEN  Y  OTROS c/ Caja  de  Retiros,Jubilaciones   y  Pensiones  de  la  Policía  Federal s/ Personalmilitar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

De la lectura del articulado de la ley 21.965 y sus reglamentaciones, no surge la existencia de una prohibición de embargar los haberes de los sujetos comprendidos en dicha normativa. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la solicitud del letrado de la actora, disponiendo el embargo de los haberes de ésta hasta un límite del 20% de los mismos.
Renuncia al empleo, extinción por mutuo acuerdo, contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Restuccia, Saverio y otros c/ Autolatina S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

Aunque los propios interesados avalen ante el empleador su voluntad de acogerse al sistema de retiros diseñado por la empresa, el incumplimiento de los recaudos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo en el acto de desvinculación determina la extinción de sus contratos de trabajo por decisión unilateral del principal, con la consiguiente responsabilidad económica que regula el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.