Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-20


NEUQUEN, 20 de mayo de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "MOREIRA LUIS ALEJANDRO C/ CHIRINO ERNESTO RODOLFO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. Nº 296688/03) y "BOSTON CÍA ARG. DE SEGUROS S.A. Y O. C/ BLANCO SILVIA NANCY Y OTROS S/ REPETICIÓN" (Expte. Nº 337825/06) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 4 a esta Sala I integrada por los Dres. JORGE DANIEL PASCUARELLI y CECILIA PAMPHILE, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. MONICA MORALEJO y, de acuerdo al orden de votación sorteado, CECILIA PAMPHILE, dijo:

1.-. La sentencia de primera instancia hace lugar a la demanda de daños y perjuicios incoada por Moreira Luis ALejandro contra Chirino, Blanco y Arriagada Arriagada, condenando a estos últimos -de manera solidaria- a abonar al actor la suma de $43.684,00, con más intereses. Hace extensiva la condena a Provincia Seguros S.A., en la medida del seguro. Por otra parte, acoge la demanda de repetición iniciada por Pride Internacional S.R.L. y Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. contra Blanco y Provincia Seguros S.A., condenándolos a pagar -el último, con el alcance del seguro- la suma total de $ 677.440,11 más intereses. Las costas se imponen a los demandados vencidos.

Contra dicho decisorio se alzan las partes interesadas en ambos pleitos.

2.- El Sr. Moreira expresa agravios a fs. 913/919 vta.

Objeta que no se reconozca al daño estético como rubro indemnizatorio autónomo.

Transcribe parte de los informes médicos y sostiene que ese daño en el rostro resulta absolutamente visible y permanente. Lo propio ocurre -dice- con la cicatriz en su pierna derecha, que resulta visible por su profundidad y longitud.

En segundo lugar, plantea que el porcentaje de incapacidad que padece es mayor al que se tuvo por acreditado en la sentencia. Aclara que no existe superposición de diagnósticos, puesto que cada profesional dictaminó exclusivamente desde su incumbencia. Solicita se fije un 40% de incapacidad.

Seguidamente, se agravia de que se haya incluido el daño psicológico dentro del material y moral, puesto que entiende que se trata un daño con identidad propia. Señala que en autos dicho daño aparece refrendado por la pericia psicológica, y debe ser involucrado en el ámbito de la incapacidad de la persona, ya que ésta no alude sólo a la merma de aptitud laboral sino al pleno ser y hacer del individuo.

Respecto del daño moral, alega que en virtud de las gravísimas lesiones que sufriera a raíz del accidente, el monto reconocido en la sentencia resulta exiguo, por lo que requiere su elevación a la suma de $80.000,00.

Como quinto agravio, sostiene que el cálculo del monto indemnizatorio ha sido erróneo. A tal fin, refiere a la evolución de las fórmulas aplicadas en el fuero civil. Dice que la sentencia no precisa el cálculo aritmético que le permite llegar al monto de condena y omite aplicar la fórmula utilizada pacíficamente, denominada Vuotto II.

A continuación, se agravia de la tasa de interés aplicada en la sentencia, porque entiende que resulta confiscatoria, viola su derecho de propiedad y el debido proceso formal y sustancial. Afirma que debe aplicarse el criterio de esta Cámara y del TSJ, que distinguen períodos de mora.

Como séptimo y último agravio, cuestiona que se haya diferido la regulación de honorarios, pide se fijen sin perjuicio de realizar luego una regulación complementaria.

3.- Provincia Seguros S.A. y Ernesto Chirino expresan agravios, mediante idéntico apoderado, a fs. 920/925 vta.

Consideran agraviante la justipreciación del daño y el quantum indemnizatorio, en particular el daño material, el moral y el monto de reintegro que debe abonar Provincia Seguros S.A.

Con respecto al primer ítem, dicen que el reclamante no padece secuelas que lo incapaciten para seguir desarrollando su vida de la misma manera que lo hacía antes de sufrir el infortunio, por lo que la suma establecida resulta elevada.

Agregan que la fórmula matemático financiera arroja un monto menor al acordado.

Y que, en el caso, dicho elemento referencial debe incluso ser descartado, dado que el actor no sufrió detrimento en sus ingresos ni afectación en sus tareas habituales.

En torno al daño moral, alegan que como el actor no sufrió lesiones de gran entidad, la suma concedida resulta elevada.

Por último, Provincia Seguros se queja de los montos que fija la sentencia en carácter de reintegro.

Indica que si bien con la pericial contable quedó acreditado que se erogaron montos, las actoras no pudieron probar que éstos hayan sido realizados como consecuencia de los daños sufridos. Tampoco se acreditó -agrega- que las erogaciones hayan sido consecuencia necesaria y previsible de los supuestos daños, por lo que no puede su parte ser condenada a pagar un valor unilateralmente establecido por la actora.

Por ende, no habiendo acreditado la relación de causalidad entre el pago, el supuesto daño y el hecho generador de responsabilidad, no puede condenarse a su parte.

4.- A fs. 927/939 vta. presentan memorial Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. y Pride Internacional S.R.L.

El primero de ellos lo hace en el entendimiento que, según se desprende de la prueba pericial contable e informativa, como de la documental acompañada -certificaciones contables-, Boston efectuó gastos en el ámbito del accidente ocurrido el 15/06/01 que alcanzan los $1.003.002,96, en cumplimiento de sus obligaciones, conforme el contrato de seguro que lo vinculara con Pride, y no de solo $618.168,62, como indica la magistrada, lo que a su criterio, torna parcialmente ilegítima la resolución que recurre.

Concluye que lo resuelto no tiene coherencia con la situación fáctica planteada por las partes, en especial, por las evidencias que surgen de las pruebas aportadas a la causa.

Seguidamente, afirma que una eventual condena a los demandados para que abonen la suma total que determina la pericial contable, no hubiese alterado el principio de congruencia ni el derecho de defensa, desde que resulta manifiesta la correspondencia entre la materia en torno a la cual han debatido las partes en el proceso y el acto jurisdiccional. Insiste que la materia juzgada fue una sola y única siempre, esto es, la repetición de las sumas abonadas.

Postula luego que la renuncia consciente a la verdad real objetiva es presupuesto para que la aplicación de las normas procesales sea excesiva en el caso dado.

Agrega que el art. 39, inc. 5, de la ley 24.557 le otorga por transferencia legislativa la posibilidad a los operadores del sistema, de recuperar del tercero responsable del daño ocasionado, la totalidad de las prestaciones de la ley que hubieran abonado, otorgado o contratado.

Señala, asimismo, que conforme la fecha del siniestro, fechas de alta y de realización de los respectivos pagos, como así también la existencia de actos interruptivos, la acción de repetición que tienen Boston y Pride, no se halla prescripta. Ello implica que, ante el eventual rechazo del recurso, se iniciarán nuevas actuaciones en reclamo de la repetición de las sumas abonadas.

Por su parte, Pride Internacional S.R.L. se agravia porque de la prueba incorporada a la causa surge que efectuó gastos, en el ámbito del accidente de tránsito de autos, que alcanzan los $351.796,29 en cumplimiento de las obligaciones del empleador, y no solamente de $57.496,29 como indica la magistrada.

Indica que no existió impugnación ni oposición a la prueba pericial contable, por lo que el informe del perito debe ser considerado en forma completa y en toda su extensión.

Alega que es evidente que la magistrada toma las conclusiones del perito en forma incompleta, ya que si bien recoge la información del auxiliar en lo que refiere a los libros contables, no refleja lo relacionado con la demás documentación obrante en autos -más precisamente, la certificación del contador Di Leo- mediante la cual han quedado debidamente acreditadas las erogaciones de Pride a raíz del evento.

5.- Por último, obra a fs. 940/942 el memorial presentado por Sergio R. Arriagada Arriagada y Silvia N. Blanco.

En primer lugar, se agravian respecto de la apreciación que hace el juez de grado en lo que refiere a la indemnización por daño material.

Así, entienden que habiendo sido indemnizado el actor en el proceso laboral en un porcentaje de incapacidad que, en principio, superaba lo determinado en las pericias en estos autos, surge claramente que el nuevo cálculo del daño material realizado por el juez de primera instancia implicaría el enriquecimiento incausado que en sus propias palabras debiera evitarse.

En segundo orden, se agravian de lo resuelto respecto del daño moral, por considerar la suma reconocida en tal concepto, arbitraria, carente de proporcionalidad y razonabilidad, teniendo en cuenta la naturaleza de los padecimientos sufridos y las circunstancias personales de la víctima.

6.- Reseñados de este modo los reproches formulados por las partes, habré de desdoblar el análisis según el expediente al que cada uno refiera: daños y perjuicios, o repetición.

1) Causa "MOREIRA LUIS ALEJANDRO C/ CHIRINO ERNESTO RODOLFO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS":

6.1.- Como puede advertirse de la lectura de los agravios descriptos, los planteos efectuados por la parte actora, demandada y citada en garantía se centran en cuestionar la entidad y el justiprecio efectuado por la magistrada con relación a los distintos rubros reclamados.

Comenzaré por los vinculados con el monto reconocido por el rubro incapacidad sobreviviente o daño material y el atinente a la fórmula matemático financiera utilizada para su cálculo, adelantando que, a mi juicio, las quejas deben ser desestimadas.

En este aspecto, primeramente he de señalar que es cierto, como pregona el actor en su recurso, que la reparación del daño debe ser "integral", es decir, debe procurar dejar a la víctima en la misma situación en la que se encontraba con anterioridad a que se le lesionaran sus derechos.

En este contexto, el alcance del resarcimiento, la determinación del "cuánto" apropiado a fin de procurar el restablecimiento del perjudicado, es uno de los aspectos de mayor trascendencia.

Porque indemnizar a la víctima insuficientemente -de asistirle el derecho- es muy injusto. "Sin embargo, y a contrario sensu, dar a la víctima más de lo que corresponde no implica necesariamente un acto de justicia sino de manifiesta arbitrariedad que es inconcebible ya que implicaría tanto como suprimir el daño original para la creación de uno nuevo, ahora, en cabeza del responsable del suceso dañoso. En todos los casos, de corresponder una reparación, debe establecerse el daño y con ello resulta de vital importancia advertir su extensión puesto que será el límite o tope del resarcimiento que el sentenciante no podrá perder de vista . Ello presupone, además, el apego del juez a las circunstancias fácticas del caso, no pudiendo extenderse más allá de lo específicamente demostrado, con un correcto ajuste a la normativa contemplada por el legislador que, entre los principios rectores de este tema, contempla ". la reposición de las cosas a su estado anterior." (art. 1083 del Código Civil)." (Debrabandere, Carlos Martín, "La cuantificación del daño y la pérdida de "chance" en el proceso contencioso administrativo", publicado en: LLCABA 2009 (febrero), 18).

Ahora bien, en el caso de las lesiones físicas, en principio, la indemnización por incapacidad sobreviniente cubre el quebranto patrimonial derivado de las limitaciones que se verifican una vez reanudadas las tareas o constatada la definitiva imposibilidad de hacerlo (citado en Zavala de González, Matilde, "Daños a las personas-Integridad psicofísica", Buenos Aires, Hammurabi-José Luis Depalma Editor, 1990, t. 2a, pp. 243).

Pero tal resarcimiento no debe limitarse únicamente al aspecto laborativo; la lesión a la integridad física "comprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida" (cfr. CSJN, caso Pose Fallos 308:1110 y Fallos 312:2412).

En este contexto, la utilización de la fórmula matemático financiera de uso común en la jurisdicción, es cierto, conduce a la objetivización del daño, otorgando pautas previsibles que colocan a las partes al resguardo de la mera discrecionalidad judicial ("Villalba Miguel Ramon C/ Cadesa S.a. S/ Accidente Accion Civil" P.S 1998 -V- 995/1001, Sala I 29/12/1998), pero ello no obsta a que las circunstancias acreditadas en autos ameriten una determinada corrección en los parámetros de esa fórmula.

Así lo hemos dicho puntualmente, al señalar: "la indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. (conf. Llambías, J. J., "Tratado de Derecho Civil -Obligaciones", t. IV-A, pág. 120, n.º 2373; Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio - Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado", t. 5, pág. 219, n.º 13; Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", t. III, pág. 122; Borda, G. A., "Tratado de Derecho Civil Argentino -Obligaciones", t. I, pág. 150, n.º 149; Mosset Iturraspe, J., "Responsabilidad por daños", t. II-B, pág. 191, n.º 232; Alterini-Ameal-López Cabana, "Curso de Obligaciones", t. I, pág. 292, n.º 652)".

"Por ello, el monto que pueda acordarse por la incapacidad sobreviniente de ninguna manera puede surgir como una resultante de un cálculo estricto efectuado en base a la "expectativa de vida" que pudiera tener la víctima, o a los porcentuales rígidos de incapacidad que surgen de los dictámenes periciales pertinentes. Es que las indemnizaciones tabuladas atendiendo estrictamente a los porcentajes de incapacidad, tienen su ámbito de aplicación exclusivamente en los juicios laborales por accidentes de trabajo".

"Es cierto que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así como los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio".

"Tal como hemos señalado en otras oportunidades: la utilización de la fórmula matemático financiera de uso común en la jurisdicción, si bien es cierto, conduce a la objetivización del daño, otorgando pautas previsibles que colocan a las partes al resguardo de la mera discrecionalidad judicial ("Villalba Miguel Ramon C/ Cadesa S.a. S/ Accidente Accion Civil" P.S 1998 -V- 995/1001, Sala I 29/12/1998), no lo es menos que los magistrados cuentan con amplias atribuciones para encuadrar la fijación del monto resarcitorio (arts. 1073 y 1074 del C.C. y art. 165 del C.P.C.C.) no resultando imperativo acudir a estrictos y precisos criterios matemáticos para evaluar y graduar el monto de los perjuicios sufridos". ("HIDALGO RAMIREZ HERNAN C/ O.P.S. S.A. Y OTRO S/ D. Y P. POR USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE" (EXP Nº 348103/7) Es que tales fórmulas juegan como un elemento más al lado de otras pautas que dependerán de las circunstancias acreditadas en cada caso concreto; en otros términos: son útiles ".para no fugarse -ni por demasía ni por escasez- del área de la realidad y para brindar, cuanto menos, un piso de marcha apisonado por la razonabilidad y objetividad que pueden extraerse de esos cálculos y sobre el cual caminar con todo el haz de pautas restantes hasta la tarifación buscada..." (cfr. Acciarri, Hugo Irigoyen Testa, Matías, "Fórmulas empleadas por la jurisprudencia argentina para cuantificar indemnizaciones por incapacidades y muertes", publicado en: RCyS 2011-III, en cita del juez Roncoroni, citado por esta Sala en "MARTINEZ MARIA CRISTINA Y OTRO C/ RIVERA RICARTE Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (EXP Nº 328949/5).

Como se advierte, la solución dependerá de cada proceso, en particular.

En el caso de autos, juzgo que -contrariamente a lo que pretende el actor- no resulta correcto sumar los porcentuales peritados por cada especialista.

Nótese que la pericia médica de fs. 340/345 es abarcativa de las secuelas nasales sobre las que también se expide el perito otorrinolaringólogo, así como la discapacidad anátomo-funcional en el miembro inferior derecho, hallada por el perito traumatólogo. De modo que, por no tratarse de minusvalías distintas, no corresponde sumar los porcentajes de incapacidad establecidos por cada perito. A todo lo cual debe agregarse que el porcentaje fijado en la instancia de grado es coincidente, a su vez, con aquél determinado en la causa laboral que el actor ofreciera como prueba (cfr. fs. 481/483 de la causa "Moreira Luis, c/ IAPSER s/ Accidente Ley, Exp. Nº 280.937/02, que corre por cuerda).

Luego, y en punto a los agravios de fs. 920/925, no surge de las pericias practicadas que la incapacidad que padece el accionante sea temporaria, sino todo lo contrario ("las lesiones sufridas por el actor han dejado secuelas anatomofuncionales permanentes e irreversibles", fs. 342).

Y si bien es cierto que tales secuelas no afectaron al actor en el ámbito laboral (puesto que él mismo manifiesta haberse reintegrado a sus labores habituales, ver fs. 340, 342, 403 vta.), no puede desconocerse que existe una clara disminución vital del individuo, a más de que el reingreso laboral aludido refleja lo sucedido en lo inmediato y de mantenerse la relación laboral vigente, pero no descarta una merma en las posibilidades de sortear eventualmente un examen preocupacional.

Así lo indicó el perito al señalar: "el actual estado psicofísico del Sr. Alejandro Moreira configura una pérdida parcial de su integridad psicofísica y por ende, una frustración en el desarrollo pleno de su vida actual y futura... en ese contexto, para merituar el verdadero estado de minusvalía psicofísica que lo afecta, es imprescindible consignar que Moreira tiene ligeramente disminuidas no solo sus posibilidades ocupacionales, y además tiene ciertas dificultades físicas para realizar otras actividades vitales (deportivas, familiares, sociales, etc.), respecto de la que efectuaba con anterioridad a la ocurrencia del evento dañoso, motivo de esta litis" (fs. 343).

En el caso, entonces, deviene fundamental tener en cuenta dos aspectos importantes: a) por un lado -y según la orientación de esta Sala-, que cabe reconocer como daño patrimonial los impedimentos o limitaciones para el desenvolvimiento práctico de la existencia, aunque no signifique una frustración de ingresos; y b) por el otro, que aunque el incapacitado no experimente merma en sus ingresos, afronta inseguridad en el ámbito productivo -en rigor lo que acontece es una frustración de chance económica- (cfr. ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde, Tratado de Daños a las personas, t. II, Ed. Astrea, p. 217 y 271 y ss.).

Este cambio de abordaje no determina su falta de resarcibilidad sino que la reclamación debe ser receptada no tanto como incapacidad sobreviniente o lucro cesante, sino como frustración de chance económica, sin que ello infrinja la congruencia: se trata de un perjuicio de menor alcance que el pretendido, cuya diversidad sólo radica en un inferior grado de certeza.

La pérdida de chance es reconocible porque la víctima de una afección que no obstante conserva su ocupación, enfrenta el riesgo de perderla ulteriormente, además de un eventual achicamiento de posibilidades de progreso.

El hecho que el damnificado conserve su anterior empleo no es óbice en modo alguno para la procedencia del reclamo, ya que debe evaluarse la chance de que ese empleo pueda perderse en el futuro, y sea entonces difícil encontrar uno nuevo con las actuales limitaciones físicas, siendo que, a su vez, tal vicisitud debe enmarcarse en un mercado laboral recesivo, exigente y que suele excluir a numerosos trabajadores, aun con sus aptitudes físicas intactas.

Por lo tanto, prácticamente todas las incapacidades prolongadas o permanentes deben indemnizarse a título de daño económico y siquiera como frustración de chances productivas, aunque no haya habido merma de ingresos (ibid, p. 272/3).

Ahora bien, como explica la autora que se viene citando: "dentro de la relatividad que impregna la materia, si la víctima continuó trabajando, en principio tampoco debe trasladarse sin más el porcentaje de incapacidad genérica evaluado por los expertos, sino otro más reducido. De lo contrario, no habría diferencia entre un lucro cesante y una chance monetaria perdida, evidentemente menor que la mutilación de un efectivo beneficio" (p. 274).

Teniendo en cuenta esta última pauta, sin perjuicio de las restantes que también se han analizado, opino que el monto indemnizatorio por daño material debe reducirse a la suma de $ 45.000.

6.2.- La queja del actor relativa a la falta de indemnización del daño psicológico y estético como rubros autónomos, tampoco podrá prosperar.

Al respecto, he sostenido que: "[...] El daño patrimonial repercute sobre lo que el sujeto tiene (empobrecimiento o pérdida de enriquecimiento pecuniario, comprendiendo menoscabo de aptitudes útiles para la vida práctica, aún en tareas no remuneradas) y el tradicionalmente denominado como moral incide sobre lo que la persona es, como defecto existencial en comparación con el estado precedente al hecho".

"Las nociones sobre daño-lesión y daño-consecuencia se complementan, con tal que se acepte -según doctrina absolutamente mayoritaria- que la cuantificación se decide por los efectos nocivos, no por la pura lesión a un interés".

"En materia de reparación, la responsabilidad no procede a partir de la sola lesión a un derecho o interés, porque puede no causar ningún daño resarcible, según es claro en la tentativa de un delito o en el homicidio de quien no tenía familiares: en tanto se lo visualice como "resarcible", el daño proviene de una lesión injusta, pero es un resultado fáctico".

"Siempre que se enfoque la responsabilidad en su función de reparación y, por eso, necesariamente traducida en una obligación resarcitoria, tendremos que: la indemnización es la consecuencia jurídica -en el sentido de efecto de derecho- de una consecuencia fáctica, la cual precisamente versa sobre un daño resarcible".

"Dicho daño equivale a una modificación injusta en la persona de la víctima, su patrimonio o aptitudes productivas o en situaciones valiosas con incidencia colectiva, como abanico lesivo susceptible de originar una alteración existencial o económica, particularizada o comunitaria".

"Devienen incoherentes los esfuerzos para construir una noción "diversa" de daño según que sea patrimonial o, en cambio, concerniente a repercusiones existenciales (individuales o colectivas) contra las personas, porque inevitablemente también versarán siempre sobre secuelas nocivas o empeoramientos respecto de una situación previa".

"Además de la desarmonía entre la simultánea instrumentación entre daños-lesiones y daños-consecuencias, se generan serios peligros de duplicaciones indemnizatorias e, incluso, de una reiteración indefinida de rubros por la misma situación nociva".

"Así puede verificarse cuando un daño psíquico se indemniza en sí, por implicar enfermedad de la persona y, además, por sus secuelas negativas, que son vertientes del mismo mal: incapacidad, afectación de la vida de relación, sufrimientos... Al contrario, estimamos que una eventual incapacidad de fuente psíquica constituye componente nocivo que desencadena y agrava los perjuicios existenciales y económicos resultantes, pero no procede resarcir dicha incapacidad más la perturbación de origen. Tampoco, indemnizar este trastorno de la personalidad, que significa patología comúnmente acompañada por padecimientos "y" estos pesares".

"Además, según insistimos más adelante, emplazar un daño psíquico, estético u otro biológico como resarcible per se, con abstracción de secuelas vitales, conduciría a automatizar las indemnizaciones, que se fijarían sin más, según la gravedad intrínseca de la patología, pero ignorando indebidamente como incide en la situación concreta de la víctima." (cfr. Zavala de González Matilde, Relevancia cuantitativa del daño, RCyS 2012-II,95)". (MONSALVEZ GABRIELA ELIZABETH C/ SANTAMARINA RAUL HORACIO Y OTRO S/ D. Y P. POR USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE", EXP Nº 395793/9. Ver también criterio de esta Sala en "PARRA MATIAS c. VICTORIA ZAMORA ESTEBAN s/ D.Y P.", EXP Nº 411950/10, "BARAVALLE MIGUEL c. DELGADO ACUÑA JORGE S/ D. y P., EXP Nº 351035/7, "JARA JAIME c. NAVARRO RUBEN S/ ACCIDENTE ACCION CIVIL" (EXP Nº 321577/5), en los que se consideró el desmejoramiento estético como fuente de daño resarcible en el plano del daño moral).

Como se observa, la comprensión del tema exige recurrir a una distinción: la lesión -en el caso, detrimento estético y psicológico- y sus consecuencias, patrimoniales o morales. Estas últimas configuran, propiamente, el daño resarcible y sus especies. Debe discriminarse la materia afectada por el hecho y la materia sobre la cual versa el resarcimiento, la cual consiste en un resultado de aquélla (Cfr. ZAVALA de GONZÁLEZ, ob. cit., p. 257).

En esta línea, como ha señalado la Sala II: "el daño psíquico y otros cuya autonomía parte de la doctrina reclama -los daños estéticos, sexuales "al proyecto de vida"- encuentran adecuada proyección al ámbito de lo patrimonial o de lo moral, sin que para su justa compensación se requiera su conceptuación autónoma.

Así: "La pretendida autonomía de estas categorías deviene (en nuestra opinión) de una incorrecta valoración del concepto de daño, ya que apunta a la entidad de los bienes menoscabados más que a los intereses conculcados y, especialmente, a las consecuencias que genera la lesión" ("Daño Moral" Ramón Daniel Pizarro- Hammurabi- pág. 71).." (cfr. autos "Defrini" 19/08/2008).

Por estas consideraciones, que son trasladables al caso, entiendo que la ponderación de la afectación psicológica y estética puede incidir en los planos patrimonial y moral, pero su resarcimiento en forma autónoma, en términos generales, determinaría una duplicación indemnizatoria sin causa y por lo tanto, injusta.

En el caso, como bien apunta la magistrada de grado, no se ha acreditado que el daño estético apareje repercusiones económicas, por lo que solo cabrá ponderar su incidencia en el ámbito espiritual, pues en definitiva se trata de una nueva fisonomía que no existía antes del accidente.

Nótese que si bien los peritos aludieron a las cicatrices que presenta el actor en la pierna derecha y a la leve desviación de la punta nasal hacia la izquierda, también señalaron que no representan alteración funcional ni deformidad anatómica notoria, como tampoco le generan incapacidad física (criterio que se reitera en el informe ampliatorio de fs. 762 y vta., sin que la impugnación del actor logre conmover los fundamentos científicos en que se apoya el informe, y por tanto, su fuerza probatoria). Por lo que, reitero, el análisis debe centrarse en la magnitud de la indemnización que, en el ámbito del daño moral, corresponde acordar.

En virtud de lo expuesto, el agravio del actor con relación a la reparación autónoma de ambos rubros debe ser desestimada.

6.3.- Con relación a los agravios sobre la suma otorgada en concepto de daño moral (la actora, por considerarla exigua, y los demandados, por estimarla elevada), tal como se ha señalado en numerosos precedentes de todas las Salas de esta Cámara, debe descartarse la posibilidad de su tarifación, lo que significa que debe efectuarse una diferenciación según la gravedad del daño, a las particularidades de la víctima y del victimario, a la armonización de reparaciones en casos semejantes, a los placeres compensatorios y a las sumas que pueden pagarse dentro del contexto económico del país y el general "standard de vida". Entre los factores que pueden incidir en la cuantía, se admite la índole del hecho generador en función del factor de atribución (cfr., entre otros Ps: 2011 -Nº 238- Tº VI Fº 1167/1171- Sala II, 28/10/11).

Ahora bien, como he apuntado más arriba, la reparación del daño debe ser "integral", es decir, debe procurar dejar a la víctima en la misma situación en la que se encontraba con anterioridad a que se le lesionaran sus derechos.

Es claro, entonces, que el límite de la indemnización a otorgar por los daños sufridos, es el del perjuicio realmente sufrido; no menos, pero tampoco más.

Así, el análisis de este rubro refiere a una cuestión de prueba y reglas presuncionales.

Esto es así por cuanto, cuando se dice que el daño moral no requiere de acreditación, sólo se alude a la imposibilidad de la prueba directa y, como consecuencia de ello, se dota de eficacia probatoria a las presunciones (medio de prueba indirecto) que emergen de determinadas situaciones, acordes con las reglas de la experiencia.

Pero ello no obsta a que el daño moral tenga que estar íntimamente relacionado con los daños, padecimientos o sufrimientos ocasionados, directa o indirectamente, por el hecho motivo de la causa.

Justamente, por esta razón, la índole y la entidad de la lesión y las circunstancias atinentes a la víctima pueden servir para inducir la existencia y magnitud del daño moral y se sostiene que los indicios extrínsecos constituyen una segura senda de aproximación al dolor sufrido (cfr. Zavala de González, Matilde, Daños a la personas, Integridad Psicofísica, Hammurabi, 1990, pág. 486/487). Pueden puntualizarse así, tres factores que fundamentan la procedencia de este rubro: 1) los relativos al hecho mismo, es decir, lo que le aconteció a la víctima en el momento mismo del hecho; 2)los sufrimientos y molestias del período posterior (curación y tratamiento) y 3) las secuelas últimas que tengan relación con el daño (incapacidad). (cfr. Zavala de González, ob. Cit. Pág. 466).

En el caso, se encuentra probado que el hecho tuvo una gran magnitud. Además, de la prueba producida se desprende que el actor experimentó padecimientos y molestias posteriores: sufrió herida profunda en su pierna, fractura nasal y en el tobillo derecho, traumatismo facial con pérdida de piezas dentarias por lo que debió colocársele una prótesis fija, fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades y estuvo sometido a tratamientos de curación. Además, presenta cicatrices fibrosas en su cuerpo.

De modo que, al aparecer ajustado a los padecimientos evidenciados, de conformidad a las indemnizaciones acordadas en otros casos resueltos por esta Cámara, es que cabe confirmar el monto reconocido por este rubro.

6.4.- La sentencia recurrida ordena descontar las sumas percibidas por el actor en el pleito laboral (aspecto que ha devenido firme). A su vez, la jueza pondera que en el fuero del trabajo, la indemnización estaba sujeta a un tope, lo cual no acontece en la especie. Esta última reflexión tampoco ha merecido reproche puntual por las partes, de modo que el agravio formulado por los accionados a fs. 940/941 debe ser desestimado, por no ponerse en evidencia la doble indemnización o el enriquecimiento incausado que genéricamente se alega.

6.5.- El sexto agravio planteado por el actor en punto al rubro intereses, también ha de ser rechazado, por no colmar los recaudos que exige el art. 265 del CPCC: se observa, por lo demás, una contradicción al alegar la parte que la sentencia debió seguir el criterio sustentado por el TSJ y esta Cámara en la materia, el cual transcribe, y que en definitiva coincide con el aplicado por la magistrada en la sentencia.

6.6.- La apelación deducida con motivo del diferimiento de la regulación de honorarios (fs. 919, punto VIII) tampoco es admisible, toda vez que la parte actora carece de agravio al respecto y el recurso no ha sido deducido por los letrados invocando su propio derecho.

2) Causa "BOSTON CÍA ARG. DE SEGUROS S.A. Y O. C/ BLANCO SILVIA NANCY Y OTROS S/ REPETICIÓN" (Expte. Nº 337825/06).

7.- Boston Compañía Argentina de Seguros y Pride Internacional S.R.L. reclaman -mediante acción de repetición- a Silvia N. Blanco y Provincia Seguros, el reintegro de las sumas abonadas a los terceros lesionados a raíz del accidente de tránsito que aquí nos ocupa, en su carácter de empleadora y Aseguradora de Riesgos de Trabajo, respectivamente.

El reclamo se funda en lo normado por el art. 39, inc. 5, de la Ley de Riesgos del Trabajo, a fin de recuperar las sumas obladas por la empleadora y su ART en concepto de gastos e indemnizaciones por los daños causados a un grupo de trabajadores mientras eran transportados en el vehículo propiedad de Silvia Blanco.

Interpusieron demanda al solo efecto de interrumpir la prescripción, señalando que oportunamente procederían a "ampliarla fijando el monto..." (fs. 9).

Posteriormente, en fecha 30-12-04-, ampliaron demanda "fijando el monto del reclamo en la suma de $536.666,24.- con más intereses..." Aclararon que dicho importe surge de las erogaciones por ellas realizadas cuyo recupero pretenden y que discriminan de la siguiente forma: Boston ha abonado a la fecha la suma de $ 204.237,96 y Pride la suma de $ 332.428,28 (fs. 513).

En dicha oportunidad, hicieron "expresa reserva de ampliar la demanda respecto a los montos que mis mandantes deban abonar en el futuro con relación a esta causa". Adjuntaron abundante documentación, entre ellas, certificaciones contables emitidas en mayo de 2003 y abril de 2004 y ofrecieron prueba.

En febrero de 2006 Boston volvió a ampliar el monto demandado en función de los nuevos pagos que debió realizar con relación a dos trabajadores accidentados, por la suma de $ 413.930,66. Acompañó, entre otros elementos, certificación contable de enero de 2006 (fs. 764).

Esta ampliación es admitida por el juzgado mediante resolución interlocutoria que luce a fs. 810/812. Allí se consignó que "la defensa de la contraria se encuentra garantizada con la sustanciación que se hizo del mismo, así como con la posibilidad que se le brindó de ofrecer prueba al respecto, con lo que no advierto motivos valederos para desestimar el pedido de ampliación".

Luego, el 26/02/09, las actoras vuelven a ampliar el monto de demanda por la suma de $1.735,20 (fs. 866) y a fs. 845 y vta. (el 26/05/08) por la suma de $ 1.859,81.

Como bien se indica en la sentencia de grado, la pericial contable realizada sobre los libros de la empleadora -Pride- y los comprobantes obrantes en el expediente, indica que de éstos surgen los gastos que se reclaman por los siguientes importes: Pride abonó $57.496,29 y Boston $531.005,81, "compuesto por reintegros a los accidentados y a la empresa Pride SRL"(fs. 1456/1464).

A fs. 1931/2003 se agrega la pericia contable practicada sobre los libros de la ART. El perito aclara que los gastos efectuados por Boston que se han considerado para la elaboración del informe pericial, son los realizados hasta el 31 de enero de 2009, es decir, abarca un tramo ulterior a la última ampliación de demanda efectuada en el expediente. En el Anexo I detalla los gastos de mención, que totalizan un importe de $1.003.002,54.

Ambos informes contables -de los que surge que los gastos reclamados en el expediente se corresponden con los elementos compulsados y documentación acompañada, a más de su ajuste a las normas laborales por entonces vigentes-, no han merecido objeciones de las partes.

Si a ello se le suma el cúmulo de elementos corroborantes que, a lo largo de los diecisiete cuerpos que tiene esta causa, la actora ha producido a fin de acreditar los gastos realizados (vgr. fs. 947/950, 951/971, 1003, 1016, 1274, 1303/1306, 1309, 1341/2, 1371/2, 1429/1430, 1431, 1454, 1487, 1493, 1720) debe tenerse por probado que las sumas erogadas han sido consecuencia de los daños ocasionados a raíz del accidente de marras. Todo lo cual determina que la apelación deducida por Provincia Seguros deba ser desestimada.

8.- Ahora bien, coincido con la sentenciante en que sólo puede hacerse lugar por el monto efectivamente reclamado en la causa por las actoras, aun cuando de sus libros surjan erogaciones mayores.

El tema en derredor del cual giran los agravios deducidos por las partes, me conduce a recordar el criterio mantenido por la suscripta en torno al principio de congruencia.

He dicho en otras oportunidades que una consecuencia previsible del principio dispositivo es que la persona que pide debe señalar, precisamente, qué quiere (pretensión) y qué espera de la jurisdicción (sentencia favorable), argumentando con pruebas y razones los fundamentos que tiene la demanda.

Como consecuencia de ello, el escrito de demanda debe contener una exposición circunstanciada de los hechos que configuran la relación jurídica en que se funda, explicados claramente y, asimismo -y en lo que aquí interesa- expresar "la cosa que se demanda designada con exactitud", lo que significa la concreción de la pretensión en términos claros y precisos.

Esto marca el papel de la pretensión y, a partir del esquema que -en análogos términos- debe seguir la contestación de la demanda, queda delimitado el sentido concreto del litigio.

Esta derivación propia del principio dispositivo encuentra correlato en la regla de la congruencia, lo que es claro en cuanto determina que el Juez no pueda actuar fuera del marco de lo pedido por las partes: la aplicación práctica del principio significa que le está prohibido resolver sobre cuestiones no propuestas ni dar una solución distinta o diferente a la que se planteó entre el objeto de la demanda y la resistencia, no teniendo tampoco la posibilidad de ampliar la condena superando la expectativa que se expuso en los escritos postulatorios.

Es que, como indica Calvinho: ".En el sistema dispositivo, únicamente las partes pueden aportarle al proceso los hechos, a fin de establecer su objeto y el alcance del debate. Queda lógicamente el juez o árbitro excluido de toda facultad al respecto.

Aparece, entonces, el concepto de pretensión en su acepción procesal, consistente en una manifestación de voluntad de un sujeto de derecho que, invocando un título sustantivo individual, exige algo a otro sujeto a través de la autoridad. De allí que configura un vehículo de libertad para el individuo.

Este concepto, un tanto desatendido, es de fundamental importancia en el derecho procesal ya que a partir de él aparece el legislador normando la cadena procedimental, pues la pretensión es el motivo de la controversia y ésta el tema sobre el cual ha de versar necesariamente la sentencia.

Si bien acción, pretensión y demanda son conceptos distintos, tienen una indudable imbricación. Adviértase que la demanda consiste materialmente en un documento cuya presentación al juez o al árbitro exterioriza el ejercicio del derecho de acción -instar a la autoridad- y que resulta ser el continente de un contenido necesario: la pretensión." (cfr. Calvinho, Gustavo Iura novit curia, Publicado en: DJ 2007-II, 595).

Desde esta perspectiva, los magistrados no nos encontramos autorizados a hacer lugar, o incluir en la condena, a una pretensión que no ha sido concretamente introducida al proceso en las oportunidades legalmente permitidas, porque de otra forma se violarían el principio dispositivo y el de congruencia y, con ello -he aquí el fundamento central- se afectaría la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa.

En otros términos: el pronunciamiento debe ajustarse a lo que ha sido real y efectivamente pretendido.

En este contexto, el artículo 330 del Código Procesal Civil, al referirse a la forma de la demanda, detalla entre sus requisitos, que la misma debe contener la cosa demandada designándola con toda exactitud (inc. 3) y la petición en términos claros y positivos (inc. 6).- Así, se ha sostenido que: "La litis se integra con las pretensiones de la accionante y las defensas de la contraria, produciéndose entre otros efectos, que de esa forma queden fijadas las cuestiones sobre las que ha de versar la prueba y queden sometidas al pronunciamiento del juez; de manera que la sentencia no puede resolver sobre puntos no sometidos a juzgamiento según el contenido de dichas piezas procesales, ni fundarse en hechos que no hayan sido invocados en la demanda ni en el responde" (Cam. Civ., Com., Minas, Paz y Trib. Mendoza, 4ª, 01/07/2005, Riveros, Julio C. v. Rodríguez, Eduardo D. Lexis Nº1/70026099. Ver mi voto en "VENTRE GUILLERMO HORACIO C/ ORBANICH, RICARDO ALBERTO S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", EXP Nº 344776/06, "PUERTAS CARLOS O. c/ CLINICA PASTEUR S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", EXPTE. 341.555/06, entre otros).

Esencialmente considero que por más fundadas que pudieran resultar las razones de economía procesal esgrimidas por las recurrentes, nunca pueden anteponerse a los derechos constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso (art. 18, CN).

Las actoras estaban facultadas, conforme lo había resuelto el juzgado mediante resolución firme, a solicitar la ampliación de su demanda ante el acaecimiento de nuevos pagos o gastos en los términos del art. 331 del CPCC, con la sola condición del traslado a la contraparte, de manera de preservar el derecho de defensa de aquella, circunstancia de la que no existen constancias en autos.

Agrego, por otra parte, que en las distintas oportunidades en que las actoras manifestaron o ampliaron el monto demandado, no se limitaron a adicionar puntos de pericia -pericial contable-, sino que, por el contrario, acompañaron profusa documental, sin perjuicio de otras medidas de prueba (vgr. informativa). Tal circunstancia, obviamente, no aconteció con los montos adicionales que se alegan incluso por períodos posteriores a la última ampliación de demanda.

Frente a este cuadro de situación considero, entonces, que la magistrada ha obrado conforme a derecho al no fijar un monto de condena más allá del efectivamente reclamado. Ello determina el rechazo del recurso deducido por Boston Compañía Argentina de Seguros S.A.

Sin perjuicio de lo cual, es de destacar que la parte no ha deducido agravio concreto respecto a la afirmación de la sentenciante en punto a que las certificaciones contables acompañadas en la demanda reflejaban un monto mayor al concretamente cuantificado en el reclamo.

Al margen, señalo que la magistrada tuvo en cuenta para el cómputo del monto demandado, la ampliación efectuada a fs. 866 (26/02/09), pese a que la parte a fs. 2058 había desistido tanto de dicha ampliación como de la realizada el 26/05/08 (nótese que en su alegato solo alude a las dos primeras ampliaciones de fechas 30/12/04 y 03/02/06 -v. fs. 2614/2619).

No obstante, a fin de no incurrir en reformatio in pejus, y toda vez que la contraria no se ha agraviado en torno a este aspecto puntual, no corresponde modificar lo decidido en la instancia anterior.

En cuanto a los gastos realizados por Pride International S.R.L., la pericia ofrecida sobre los libros de dicha empresa impide corroborar la erogación del monto que da cuenta la certificación de fs. 474, invocada por la quejosa.

Además, la pericia tampoco indica haber verificado dicha certificación contable (emitida por el Cr. Di Leo), sino las confeccionadas por otro profesional (cr. Surur). Por ende, no habiendo merecido impugnación el informe antedicho, ni obrando elementos suficientes para apartarse de sus conclusiones, tampoco cabe acoger este tramo del recurso deducido por la co-actora.

Por todas estas razones, los agravios formulados por ambas partes deben ser desestimados.

Las costas de Alzada -en ambas instancias-se establecen en el orden causado, atento el resultado obtenido (art. 71 CPCC).

Conforme lo expuesto y considerado, propongo al Acuerdo modificar parcialmente la sentencia recurrida, únicamente en lo que refiere al monto fijado por daño material que se reduce a la suma de $45.000,00, confirmándola en los aspectos restantes, que ha sido motivo de recurso y agravios. TAL MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 845/864 únicamente en lo que refiere al monto fijado por daño material que se reduce a la suma de CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00), por lo que el monto de condena respecto de los autos "Moreira" (Expte. Nº 296688/03) se fija en la suma de pesos TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($34.284), confirmándola en los aspectos restantes, que han sido motivo de recurso y agravios.

2.- Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado, atento el resultado obtenido (art. 71 CPCC).

3.- Regular los honorarios por la actuación en esta instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la instancia de grado a los letrados de la actora, y en el 70% de dicha suma a los letrados de la demandada (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y encontrándose vigentes las leyes 2801 y 2876 y su reglamentación, que disponen la notificación electrónica, y no habiendo el perito interviniente en autos ... gestionado la casilla electrónica -TSJ, Acuerdo Nro. 5018, pto. 4-, quedará notificado en los Estrados del Tribunal. Glósese copia certificada de los presentes en los autos "BOSTON CÍA ARG. DE SEGUROS S.A. Y O. C/ BLANCO SILVIA NANCY Y OTROS S/ REPETICIÓN" (Expte. Nº 337825/06). Oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.