Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-16


NEUQUEN, 16 de Agosto de 2011.- Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "GOMEZ IRMA GLADIS C/ OSECAC S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES", (Expte. Nº 377543/8), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 3 a esta Sala III integrada por el Dr. Marcelo Juan MEDORI y el Dr. Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo:

I.- La parte actora a fs. 356/367 deduce recurso de apelación contra la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2010, que hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, con costas en un 30% a su cargo.

A fs. 371/376 la demandada apela la sentencia, solicitando se revoque la misma y se proceda al rechazo de la demanda interpuesta con costas.

A fs. 383/395 la actora contesta los agravios de su contraria, solicitando su rechazo con costas. A su turno a fs. 377/381 contesta agravios la demandada, peticionando el rechazo con costas.

II.- a) AGRAVIOS DE LA ACTORA Se agravia por considerar que la planilla de liquidación ha sido erróneamente confeccionada por el Juzgado.

Argumenta que el a-quo ha calculado la misma en base a un salario neto que asciende a la suma de $2.876,49, cuando en realidad el mejor salario devengado por la actora, conforme pericial contable practicada en autos, es el que corresponde al mes de abril, mayo y/o junio del 2008, siendo el mismo de $4.002,33.

Agrega que, a dicho importe se le debe incorporar el Sueldo Anual Complementario (S.A.C.), que asciende a $334 mensual; es decir, que la suma ha tener en cuenta para el calculo de la planilla de liquidación es la de $4.336,33.

En segundo lugar cuestiona el rechazo del daño moral. Expresa que es erróneo manifestar que sólo ha existido abuso del ius variandi o que el daño moral se encuentra subsumido en la indemnización del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Alega que, a lo largo del expediente se ha demostrado, ya sea con la prueba documental, testimonial, informativa y hasta pericial, que la actora ha sufrido un menoscabo moral, en su ánimo, en su espíritu, en su honor, entre otros, por el obrar persecutorio y malicioso de su empleadora. Cita jurisprudencia.

Por último, se agravia porque se le impusieron las costas en un 30%.

II.- b) AGRAVIOS DE LA DEMANDADA Se agravia porque la sentencia tiene por acreditado el ejercicio abusivo del ius variandi, considerando justificado el despido indirecto dispuesto por la reclamante; y en consecuencia la condena a abonar las indemnizaciones de ley.

Menciona que no existe prueba alguna sobre la persecución laboral que dice sufrir la actora, por ser una excusa inventada por ésta última, a sabiendas de su incumplimientos y errores laborales que venían siendo detectados por OSECAC; lo cual se debió solucionar apartando a la actora de sus tareas y asignándole otra acorde a su capacidad y experiencia.

Entiende que la decisión tomada por OSECAC no implicó abuso del ius variandi, pues a la señora Gomez -que se encontraba gozando de licencia por enfermedad- se le comunicaron fehacientemente tales cambios.

Indica que jamás se nombró otra persona "encargada" en reemplazo de la actora, por el contrario, se contrataron los servicios de una Contadora -profesional universitaria- para que organice la administración de OSECAC.

A su entender, ello demuestra que el cambio de tareas comunicado a la actora, y que nunca alcanzó a realizar por encontrarse en uso de licencia por enfermedad, se debió estrictamente a razones de funcionalidad.

Además, expresa que de haberse violado el principio de indemnidad de la trabajadora, ésta debió priorizar la vigencia del contrato de trabajo y optar por requerir judicialmente el restablecimiento de las condiciones alteradas en los términos del art. 66 de la LCT, en vez de extinguirlo.

Por otra parte, interpreta que el juez de grado comete un error, al expresar que la empleadora no aportó prueba, en relación a la notificación a la trabajadora, del comienzo del período de reserva del puesto.

Ello así, toda vez que su mandante con fecha 8 de mayo de 2008, comunicó mediante telegrama 42 que a partir del día 28/04/08 se venció la licencia por enfermedad con goce de haberes y que de conformidad con el art. 208 de la LCT, comenzaba la reserva de su puesto de trabajo por el plazo de un año (art. 211 LCT). Éste telegrama fue recepcionado por la actora el 12/05/08.

Resalta que la trabajadora en ningún momento cuestionó el vencimiento de la licencia paga y el inicio de la conservación del puesto de trabajo en los términos del art. 212 de la LCT, por lo que sostiene que no resulta un hecho controvertido, pese a que el a-quo lo considera improbado.

Concluye diciendo que, no era exigible a su mandante la dación de tareas y la reincorporación de la actora a su lugar de trabajo, resultando injustificado el despido indirecto en que se coloca, fundado en la negativa de su mandante a brindarle ocupación efectiva, mediando una incapacidad transitoria y parcial y hallándose amparada en el período de preservación del contrato de trabajo en base al art. 211 de la LCT.

Finalmente cuestiona la proporción en que se imponen las costas: 70% a cargo de la demandada y 30% a cargo de la actora.

III.- Por razones metodológicas voy a tratar en primer lugar, los agravios expuestos por la parte demandada, adelantando que no le asiste razón en su planteo.

En efecto: para que el ejercicio del "ius variandi" sea procedente, las modificaciones que se introduzcan deben ser razonables, de tal forma que no impliquen la desjerarquización funcional -aún cuando formalmente se mantenga la categoría- del nivel alcanzado en el escalafón respectivo.

Los cambios que efectúe la empleadora no solamente tienen como límite "no causar perjuicio material al trabajador" sino también "moral". Este último concepto se vincula con la función que en relación a la categoría adquirida desempeñaba hasta esa oportunidad el dependiente.

Al respecto esta Cámara se ha pronunciado diciendo que: "...El ius variandi es un derecho del empleador, que debe ejercerse dentro de los límites de la buena fe y de no tratar de perjudicar sin motivo al trabajador (cfr. P.S. 1996 -I- 116/118, Sala I).

"...Es sabido que la ley reconoce al empleador, como consecuencia del poder de dirección, la facultad de alterar de modo no esencial el contrato cuando lo impongan las necesidades de la empresa, si con ello no se causa perjuicio material o moral al trabajador. Es decir que el ius variandi tiene límites específicos de orden contractual, respetar elementos esenciales del contrato, de orden funcional, los cambios no deben ser arbitrarios, y derivados del deber de indemnidad, respecto de los intereses materiales y morales del dependiente. Siendo en consecuencia ilegítimas las modificaciones que produzcan perjuicio de grave entidad para el trabajador." (cfr. P.S. 1998 -V- 909/912, SALA I).

Por otra parte, si bien el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, en su segundo párrafo establece que: "..Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este último supuesto la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean generales para el establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia definitiva.(texto con las modificaciones introducidas por ley 26.088.)" (el remarcado me pertenece).

Así pues, considero que la norma consagra un derecho de opción a favor del trabajador, por lo tanto, no necesariamente ante las modificaciones introducidas por el empleador, el operario tiene que ejercitar el derecho a que se le restablezcan las condiciones de trabajo; fundamentalmente, si se tiene en cuenta que la actora antes de dar curso a la demanda envío distintas intimaciones (ver fs. 3, 7, 10, 16) para que se respeten las condiciones laborales anteriores al cambio propiciado por la empleadora, recibiendo de ésta respuestas negativas a su petición.

En la especie, el cambio de actividad de la actora de: "encargada contable" a tareas "administrativas", sin más explicaciones que las sustentadas por la demandada de reiterados incumplimientos y errores en las funciones que venía desempeñando, sin exponer y probar, siquiera, en qué consistían dichas faltas y errores alegados, implica de por sí y dentro del marco fáctico obrante en autos, un ejercicio irrazonable del "ius variandi" por parte de la Obra Social demandada, que justifica el despido indirecto en que se coloca la actora ante falta de dación de tareas acordes a su especialidad, conforme telegrama de fs. 10.

A mi juicio, en autos se ha logrado acreditar fehacientemente que la modificación en el cambio de tareas de la actora, implicó en esencia un cambio funcional, -si bien no en su remuneración o categoría- que ha afectado uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, cual es la modalidad de su prestación, reitero, de un sector contable a uno administrativo.

Tal circunstancia, fue demostrada a través de los testimonios obrantes en la causa. Así, al declarar el Sr. Ricardo Héctor Holgado (fs. 254), expresó:

"..Ella estaba en la parte de contaduría, su función era la de coordinar el trabajo de nosotros..Ella cumplía la función de encargada de todo el sector nuestro, de la parte de contaduría...Las cuentas bancarias de OSECAC podrían ser manejadas por Rodriguez, Paineman, Tissera y la Sra. Gómez, la actora. El tesorero no. Ellos cuatro eran los firmantes..." Al describir el nuevo puesto de trabajo de la actora, manifestó:

"En el nuevo puesto de trabajo, Irma Gómez, cumplía funciones no comunes, tales como llenado de solicitudes de reintegro, pedir a los afiliados que tengan todos los papeles y adjuntarlos, en la parte de sector de discapacidad, ayudaba a hacer los papeles. En su nuevo puesto de trabajo no tenía personal a su cargo, ya no podía tener acceso a las cuentas bancarias ni firmar cheques porque no estaba más en contaduría. No tengo conocimiento que haya sido sancionada por su desempeño en funciones contables..".

El referido testimonio, demuestra claramente el contraste existente entre la función anterior de la actora con las asignadas posteriormente por la Obra Social, situación ésta que justifica el reclamo que oportunamente efectuó la accionante para que se le restituyan sus tareas habituales y/o en su caso alguna acorde o similar con la que venía cumpliendo.

A su turno, a fs. 255 y vta, declara la Sra. Sandra Valeria Troncoso, quién en relación a las tareas de la actora manifiesta que:

"Ella cumplía la función de encargada contable, es decir, responsable de toda la contabilidad de OSECAC y toda la responsabilidad del sector, controlando todas las actividades que se hacen.".

"Ella podía firmar cheques, tenia llaves de la caja fuerte aunque el Tesorero manejaba el dinero, cambiada de sector, se le dio de baja en los bancos..La contadora comenzó a realizar las actividades de ella.".

Conforme se desprende del testimonio trascripto, la actora funcionalmente detentaba ciertas atribuciones y responsabilidades, que difieren mucho de la nueva actividad administrativa que la demandada le otorga con posterioridad, en el último tramo de la relación laboral.

A fs. 256 y vta. la Sra. Liliana Del Valle Moyano, declaró que:

"Ella cuando entre estaba en la parte de contaduría, después paso a estar como encargada contable de ese sector..estuvo como seis años como encargada contable..firmaba cheques y manejaba dinero".

Después de describir las tareas que cumplía la accionante, en relación a las nuevas labores encomendadas como consecuencia del cambio de actividad decidido por la empleadora, la testigo manifestó que la actora trabajaba con ella, describiendo las tareas que realizaban:

"En el otro sector, conmigo, yo hago los reintegros, recepción y entrega de medicamentos y derivaciones. Yo le fui explicando lo que se hacía y en lo que tenía que ayudar ella. En ese sector no tenía ni gente a cargo ni a disposición..".

A fs. 229 el Sr. Fernando J. Franze, en relación a la actividad de la actora dijo:

"Las funciones por el lapso que estuve yo trabajando con ella variaron de Administrativa a Encargada Contable..En su momento cumplió los requisitos necesarios para llevar la administración de la obra social en Neuquén. No sólo hay que tener capacidad técnica sino también calidad humana. Era muy buena persona".

Conforme el último testimonio trascripto, para el cargo que ocupaba la Sra. Gómez se necesitaba contar con cierta capacidad técnica, situación ésta que demuestra que la actora era una empleada calificada y de cierta jerarquía dentro de la Obra Social.

En tal sentido la Doctrina ha dicho que:

"Sin perjuicio de las facultades del empleador de distribuir las tareas de su personal, la alteración del contrato debe respetar la calificación contractual (categoría) del trabajador, es decir, la clase de trabajo para el cual fue contratado -la determinación cualitativa de las tareas-; de allí que no resulte admisible un cambio que produzca una rebaja en la categoría o la perdida de la especialidad.. No debe confundirse la categoría laboral con la calificación profesional. La categoría laboral es una condición esencial y hace al objeto del contrato, y, por ende, resulta inmodificable en forma unilateral. Jurisprudencialmente se decidió que la categoría es una estipulación esencial del contrato, en cuanto define la posición funcional del trabajador en la organización empresaria y el tipo de tareas que debe cumplir, por ello se encuentra, por definición, fuera del ámbito de disposición del empleador diseñado por el art. 66, LCT" (Julio A. Grisolía- Derecho del Trabajo y la Seguridad Social- T° I- Pág. 621/622- Ed. LexisNexis).

Por otra parte, si bien la actora al enviar el telegrama ley de fecha 21 de noviembre de 2007, se encontraba con licencia psicológica desde el 2/11/07, no así cuando la empleadora implementó los cambios funcionales que dieron lugar al reclamo de autos. Lo cual surge del testimonio brindado por el Sr. Luis Osvaldo Rubilar (fs. 215), al decir:

"yo iba a Osecac y la veía parada sin hacer nada. Ella me dijo que le habían sacado las tareas. Se que estaba a cargo de la contaduría.." Y también con el testimonio de Liliana Del Valle Moyano, trascripto más arriba.

Así entonces, independientemente que la intimación de fs. 3 se efectuara cuando la actora estaba gozando de licencia psicológica (certificados médicos fs. 22/23), ella experimentó los cambios de funciones durante el lapso anterior al otorgamiento de las licencias descriptas; por lo tanto, el argumento del apelante en cuanto a que los cambios se produjeron cuando se encontraba gozando de su licencia, resultan inexactos.

A su vez, interpreto que en base a la antigüedad que detentaba la actora en el cargo de "encargado contable" (1/10/04 al 24/06/08) resulta difícil, máxime cuando no se han aportado pruebas concretas referidas a las irregularidades funcionales, escudarse en la falta de experiencia para propiciar el cambio al sector administrativo y otorgarle tareas completamente distintas con la actividad que venía desempeñando con anterioridad.

En cuanto a la falta de dación de tareas diré que, independientemente de la notificación que alega el apelante a los fines de la reserva del puesto de trabajo (art. 211 y cc de la LCT), la actora ha acreditado de manera fehaciente que a partir del 16/05/08 -si bien con jornada laboral reducida al 50%- se encontraba en condiciones de reintegrarse de manera paulatina a sus tareas habituales.

Así, el certificado médico de fecha 16/05/08 (fs. 33) expresa:

"Certifico continuar asistiendo en tratamiento a la Sra. Irma Gómez DNI 13.126.994 quien se encuentra en licencia por un Diag. F. 4.1.1 y F 43.0 pero que evaluada al día de la fecha se la encuentra en condiciones de ir reintegrándose paulatinamente a sus tareas habituales. Se solicita no innovar y que temporariamente la jornada habitual sea de un 50% de la carga horaria a fin de ir evaluando el reintegro...".

A fs. 5 la actora -el 11 de junio de 2008- intima reintegro de tareas en los siguientes términos:

"Habiendo presentado certificado de alta laboral con jornada reducida al 50% de mis tareas habituales para lograr un óptimo adaptamiento a mis labores, en fecha 19 de mayo del corriente, certificado médico que se encuentra suscripto por el Licenciado Tournier Roberto Jorge y habiéndome negado hasta el día de la fecha reincorporarme a mi puesto de trabajo originario en la sección contaduría, intimo a ustedes a que en el plazo perentorio e improrrogable de 48 hs. se me reintegre a mi puesto de trabajo y se me abone el salario correspondiente al mes de mayo de 2008 bajo apercibimiento de considerarme injuriado y despedido por su exclusiva culpa.." Advierto que dicha misiva no fue respondida por la empleadora, sino hasta que la actora formalmente - ante el silencio de la demandada- mediante telegrama de fecha 24/06/08 (ver fs. 10) hace efectivo el despido en los siguientes términos:

"Ante su silencio de carta documento n° 944943802 enviada en fecha 11 de junio del corriente y no tener respuesta alguna de su parte, lo que evidencia una actitud de mala fe y deslealtad para con mi persona, me considero injuriada y despedida por su exclusiva culpa y negligencia, ya que a pesar de mis constantes reclamos extrajudiciales, no me han otorgado tareas efectivas y me niegan la posibilidad de volver a mi puesto de trabajo. ...".

Es decir, la demandada recién el 24 de junio de 2008 responde la misiva enviada por la actora el 11 de junio del corriente año, en los siguientes términos:

"Rechazamos en todos sus términos vuestra carta documento N° 944943793 por absolutamente improcedente conforme a derecho, mendaz y maliciosa. NEGAMOS que Ud. haya acreditado poseer alta médica laboral en los términos y alcances del art. 212 de la LCT. Consecuentemente RECHAZAMOS certificado por "alta médica laboral con jornada reducida al 50%" por no tratarse de una disminución definitiva de su capacidad laboral, continuar bajo tratamiento médico y no corresponderse sus actitudes con las características y modalidades de su contrato de trabajo de 8 horas diarias. Todo sin perjuicio de discrepar con el informe de nuestro médico de control. Por todo ello RECHAZAMOS intimación de reintegro, continuando CONSERVACIÓN DE EMPLEO (art. 211 LCT) e intimación de pago de mes de MAYO/08 por indebido e improcedente....se la intima a retornar tareas y funciones administrativas bajo las ordenes directas del Encargado de la Delegación Sr. Juan Ticera, sin que ello implique modificación alguna de escalafón y categoría laboral..".

De las misivas aludidas precedentemente, se desprende que la empleadora ante la intimación formal de la actora, para que le otorgue tareas, no responde sino hasta que ésta hace efectivo el apercibimiento de considerarse despedida. Situación que torna procedente la aplicación de la presunción establecida en el art. 57 de la LCT.

A su vez, cabe destacar que si bien en su escrito recursivo la demandada, por un lado invoca que no era exigible a su parte (art. 208 y siguientes de la LCT) la dación de tareas; por el otro, conforme se desprende de la misiva transcripta, intima a su dependiente a que se reincorpore a cumplir tareas.

Tal conducta resulta incompatible con lo expresado en su escrito recursivo, pues si a su entender la actora no estaba en condiciones de asumir tareas, no se explica como luego de que ésta comunica que se da por despedida, se la intima a retornar tareas.

Por otra parte, si bien la accionada manifiesta en su misiva de fs. 12, que el certificado de fecha 16/05/08 (fs. 33) discrepa con el informe de su médico de control, no adjunta ninguna constancia ni ofrece prueba que sostenga tal afirmación.

Todas estas consideraciones hacen improcedente la viabilidad de los agravios expuestos por el apelante, por lo que propiciare se confirme la sentencia de autos.

En lo que respecta a las costas, dicho cuestionamiento será tratado de manera conjunta con el de la actora.

En relación a los agravios de la parte actora, concretamente si el SAC debe integrar la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, diré que el mismo al no ser de devengamiento mensual, no corresponde que sea tenido en cuenta para el cálculo de la indemnización del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. En tal sentido ésta Sala (PS-2008-T°I-F°123/125) ha tenido oportunidad de pronunciarse diciendo que:

"La remuneración que se toma para el cálculo debe ser la mejor, pero con la condición de que a la vez sea normal y habitual. No se computan por tanto los pagos no mensuales(gratificaciones, sueldo anual complementario) o que no son habituales pues dependen de hechos contingentes que no se repiten regularmente (premios extraordinarios). La retribución correspondiente a horas extraordinarias será computable en la medida en que se las trabaje habitualmente..".

Al respecto, una parte importante de la jurisprudencia expresó:

"No cabe computar el SAC en la base de cálculo de la indemnización por antigüedad, ya que, al margen de que el sueldo anual complementario se pueda considerar devengado en forma periódica, lo cierto es que no constituye específicamente una "remuneración mensual, normal y habitual" en el sentido del art. 245 L.C.T.".-(L.D.T: Autos: Arquinigo Neira Lisvet Rosalina c/ Ling Hongmei s/ despido. rt. 245 L.C.T.. Magistrados: Fera. Fernandez Madrid. Sala: Sala VI. - Fecha: 17/06/2008 - Nro. Exp.: 26520/06. Nro. Sent.: SD. 60581).

Ahora bien, en cuanto al mejor salario normal, mensual y habitual, a los fines del cálculo de la indemnización del art. 245 de la LCT, entiendo que le asiste razón a la apelante, en el sentido de que debe tomarse la mejor remuneración bruta y no neta percibida por el trabajador durante el último año de servicio o fracción menor según corresponda.

En ese orden la Jurisprudencia se ha pronunciado diciendo que:

"La indemnización debe calcularse con base en el salario bruto percibido por el trabajador, los descuentos que se efectúan sobre el salario constituyen una remuneración indirecta que le asegura al trabajador servicios que de otra manera tendría que afrontar de su peculio; de modo que dicha indemnización no debe estimarse de acuerdo a la remuneración neta del trabajador, sino que debe ser determinada con arreglo a su sueldo bruto".- (cfr. CNAT, Sala VII, 11.10.94, "Salade, Gabriel c/ Osvaldo Luis Fasce sa, s/ accidente"; CNAT, Sala II, 17.3.88, "Gerke, Carlos Alfredo c/ Empresa de Transportes General Tomas Guido sa s/ despido"; CNCOM, esta sala, 6.11.03, "Clínica Privada Ezeiza SRL s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito promovido por Olaechea de Aguirre, Nélida y otra").(L.D.T: Autos: CLINICA PRIVADA EZEIZA SRL S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO PROMOVIDO POR LUCRECIA ALICIA OROZCO. - Nº Sent.: 1414/07. - Sala: D. - Mag.: VASSALLO - DIEUZEIDE - HEREDIA. - Fecha: 14/03/2007).

Y que:

"A los fines del cálculo de los créditos salariales, debe computarse la retribución bruta devengada a favor del trabajador, con independencia de que haya sido percibida por éste. Esto comprende los aportes que los empleados realizan a los órganos de la seguridad social o a organizaciones sindicales pues los mismos también constituyen remuneración (en igual sentido sent. 74272 del 27/6/97 en autos: "Almirón, Nicanor C/ Policlínico San Luis SA s/ despido" del registro de esta Sala). (L.D.T: Autos: FIGUEROA María c/ SANATORIO ANCHORENA S.A. s/ despido Sala: Sala III - Fecha: 16/11/1998 - Nro. Exp.: 77796).

En base a lo expuesto, considero que la mejor remuneración percibida por la empleada durante el último año de servicio ha sido, conforme pericial contable de fs. 309/318 y recibos de haberes adjuntados a fs. 36/55 la correspondiente al mes de abril del año 2008, que arroja una remuneración bruta que de $4.002,33.

Por lo tanto, la indemnización por antigüedad (art. 245 de la LCT) tomando en base a la remuneración expuesta en el párrafo anterior, asciende a la suma de $84.048.

En relación al segundo agravio, debo destacar que, el daño moral reclamado en sede laboral, es excepcional, toda vez que éste en la mayoría de los casos queda subsumido dentro de las indemnizaciones laborales pertinentes.

Para que se configure el daño moral es necesario que exista una conducta adicional del empleador ajena al contrato de trabajo y que la misma sea de naturaleza dolosa, es decir, un acto ilícito adicional al despido. Esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse diciendo que:

"La indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 contempla el resarcimiento de los daños materiales y morales que normalmente son consecuencia de un despido injustificado. Síguese de ello que no corresponde fijar una indemnización por daño moral, excepto en el supuesto que el empleador haya cometido un acto ilícito distinto al tiempo de la extinción de la relación laboral".

Y que: "La reparación por daño moral sólo procede excepcionalmente cuando la actitud del empleador en el curso de la relación y en la disolución del vínculo va más allá del ámbito contractual, pues los daños producidos por el distracto encuentran adecuada compensación en el sistema legal de tarifa establecida en el RCT." (ambos de PS-2007-T°I-F°137/139).

Por lo expuesto y antecedente citado, habré de proponer que se confirme la sentencia en cuanto rechaza el daño moral reclamado por la actora.

En función de los parámetros expuestos, se habrá de revocar parcialmente la sentencia, incrementándose los rubros indemnizatorios reclamados, lo cual arroja la siguiente liquidación:

-Indemnización por antigüedad : $84.048.- -Preaviso : $ 8.004.- -Integración mes de despido : $ 1.281.- -Remuneración días de junio/08: $ 2.721.- -Remuneración mes de mayo/08 : $ 4.002,33.- -Total : $100.056.- En cuanto a la apelación de las costas por ambas partes, diré que el art. 17 de la Ley N° 921 establece que: "El vencido será condenado al pago de las costas -total o parcialmente- aunque no se hubiesen pedido, pero los jueces podrán eximirlo de ellas cuando mediare razón fundada".

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la norma y en atención al resultado parcialmente favorable a la actora, habida cuenta de que sólo se ha rechazado la multa del art. 80 de la LCT y el daño moral, habiendo prosperado los demás rubros reclamados, entiendo que las costas de primera instancia deberán redistribuirse en un porcentaje distinto al fijado por el a-quo, siendo justo y equitativo que las mismas sean impuestas de la siguiente forma: 20% a cargo de la accionante y 80% a cargo de la demandada.

IV.- Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo la confirmación del fallo apelado en su mayor extensión, debiéndose readecuar los rubros conforme lo dispuesto en los considerandos respectivos.

Las costas de Alzada, según el resultado obtenido serán a cargo del demandado en un 80%, art. 17 Ley N° 921, debiendo regularse los honorarios de Alzada conforme las pautas del art. 15 L.A.

Tal mi voto.

El Dr. Medori, dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede adhiero al mismo, expidiéndome de igual modo.

V.- Por todo ello, esta Sala III RESUELVE:

1.- Confirmar en su mayor extensión la sentencia dictada a fs. 339/347, modificándose el importe de los rubros conforme lo expuesto en los considerandos respectivos que forman parte integrante del presente fallo.

2.- Dejar sin efecto las costas impuestas en la instancia de grado, las que serán distribuidas de la siguiente manera: 80% a cargo de la demandada y 20% a la actora, corriendo igual suerte las de Alzada.

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia, en el 30% de lo fijado en el pronunciamiento de grado a los profesionales que actuaron por cada parte (art.15 L.A.).

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori	Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 141 - Tº III - Fº 542/551 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A III- Año 2011