marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
IVA, determinación de impuestos, actualización monetaria, Tribunal Fiscal de la Nación, competencia
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Firestone Arg.  S.A.I.C. s/ Rec. de Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-02

No puede sostenerse la competencia del Tribunal Fiscal para conocer y decidir acerca de la actualización e intereses que corresponden al I.V.A. toda vez que ello importaría contrariar la intención legislativa que quedó claramente establecida de modo expreso - bien que co carácter general - en relación a la competencia relativa a la apelación contra determinaciones de oficio en el artículo 11, inciso 4 de la Ley 23.871, que incorporó un tercer párrafo al artículo 78 de la Ley 11.683, a tenor del cual no resulta utilizable el recurso de apelación ante el mencionado órgano administrativo frente a liquidaciones de actualizaciones e intereses "cuando simultáneamente no se discuta la procedencia del gravamen".
Excusación, deber de imparcialidad, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Fiscal del Tribunal Penal N° 1 de la 2° Circ. Jud. de Misiones - Dr. Bys, Estanislao Elias; Barbaro, Juana Dora (Expte. N° 79-STJ-2.010) c/  s/ Recursos de casación en auto: "Expte. N° 237/09 - Defensora oficial N° 1 Dra. F. Teresa Gómez de Roth - Defensora oficial N° 2 Dra. María Graciela Abdolatif s/Interpone recurso de apelación"
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-10-22

Procede no hacer lugar a la inhibición del Sr. Ministro -quien deberá intervenir en el conocimiento de la causa, dejando a salvo su decoro y delicadeza personal-, pese a su intervención como Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Misiones, pues de las constancias de las actuaciones no surge acto, hecho o situación real y concreta que comprometa el deber de imparcialidad, ni se verifica de los términos de la resolución citada en la excusación planteada, que haya anticipado opinión respecto al fondo de la cuestión que se trata en esta instancia.
Asesinato, policía, depósito aduanero, aduanas, hechos de corrupción, REPÚBLICA ARGENTINA, Pacto de San José de Costa Rica, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, deber de obrar con prudencia, violación de derechos humanos, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, responsabilidad internacional del Estado, acceso a la justicia, facultades jurisdiccionales
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Gutierrez y Familia c/ Argentina s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-11-25

Si transcurridos más de 19 años desde el homicidio del agente policial que se encontraba investigando hechos de corrupción -específicamente la causa conocida como de la "aduana paralela"-, no se esclarecieron los hechos ni establecieron responsabilidades, corresponde declarar internacionalmente responsable al estado demandado -la República Argentina-, no sólo por los hechos sufridos por la víctima sino también, por el posterior incumplimiento de diligencia en la investigación y la violación a la tutela judicial efectiva y plazo razonable, en contravención al derecho al acceso a la justicia -artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana-, en perjuicio de la víctima y sus familiares.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, costas, principio objetivo del vencimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRIETO, JOSE LUIS Y OTROS c/ ESPERON, MARIO RUBEN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-13

Corresponde desestimar el planteo vinculado a los gastos causídicos, ya que las alusiones del recurrente no consiguen comprobar que los sentenciantes hubieran incurrido en arbitrariedad, en virtud de las pautas dispuestas en el artículo 102 del Código Procesal Laboral y, de ese modo, superar la regla consistente en que las cuestiones de costas implican materia procesal, accesoria y ajena a la vía del recurso excepcional, desde que hace a las tareas y facultades propias de los jueces de la causa. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Laboral de Santa Fe, artículo 102
Derecho a la vivienda digna, emergencia habitacional, subsidio estatal
Materia: PROCESAL
Carátula: C. B. N. c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ C. B. N. c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Cada día que pasa, aquí y en el mundo se reafirma la necesidad del aislamiento preventivo como la forma más efectiva para evitar la diseminación del coronavirus y la enfermedad por el provocada, COVID - 19, y el lavado de manos para la prevención del contagio. Nunca en las últimas décadas ha sido más evidente la interdependencia de derechos como la vida, la salud, la vivienda adecuada o el acceso al agua potable, todos ellos de amplia consagración en nuestra Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y un amplio abanico de tratados de derechos humanos. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Estado Provincial, emergencia económica, honorarios
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Tarcisio, Joaquín c/ Provincia de Santa Fe s/ Incidente de apremio promovido por el Dr. Miguel C. Rodríguez Ortíz   de Rozas (EXPTE CSJ Nº 252-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

La Ley Provincial Nº 10798 de Emergencia Económica y Reforma del Estado excluye de su régimen a los créditos de naturaleza alimentaria y a los originados en prestaciones de previsión o seguridad social (artículo 18, incisos 1 y 9), así como también a las costas judiciales y honorarios ocasionados en cualquier tipo de procesos o trámites judiciales o administrativos o acciones de amparo, por idéntica materia a que refieren los otros incisos (inciso 10). Es decir, que el cobro por una deuda por determinados honorarios profesionales, está comprendida en las excepciones legales y, por ende, exceptuado del régimen de suspensión transitoria de ejecución de sentencias contra el Estado establecido en el Capítulo VI de la Ley 10798.
Estado de derecho, valor justicia, principio pro homine
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bulacio c/ Argentina s/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2003-09-18

El Derecho no sólo significa un sistema de reglamentación de las relaciones humanas, sino también, a partir de los valores que encierra, de emancipación, pasando a dar expresión, a los principios y valores que deben guiar la existencia y las relaciones humanas. (Del voto razonado del Juez A.A. Cancado Trindade).
Recurso de reposición (procesal), falta de personería, acreditación de la personería, intimación previa
Materia: CIVIL
Carátula: Cortez, Oscar Alberto s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1985-11-11

La sanción impuesta en la Resolución recurrida (Rechazo de Recurso de Casación), por omisión de la parte de acreditar la personería, resulta procesalmente inadecuada al existir una norma expresa (art.181 C.P.C.) y una inveterada jurisprudencia, que impide la aplicación de la misma, sin el cumplimiento previo del requisito de la intimación a integrar su personalidad jurídica en la forma debida. (Voto del Dr. Omar José Rodríguez, mayoría.)
Aplicación de la ley, accidente in itinere, prescripción
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Radino, Gerardo c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ recurso ar. 46 ley 24557
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-10

La formulación del reclamo ante la Comisión Médica local, produce la interrupción del plazo prescriptivo por aplicación del art. 257 de la LCT. Pero lo cierto es que, aún tomando como fecha la del 10/05/2010, a dicha fecha ya había transcurrido el plazo de la prescripción - bianual-, por lo que mal podía ser interrumpida. La interrupción supone que el plazo aún no se hubiera agotado; en este caso, estaba agotado puesto que ya habían transcurrido dos años desde el alta médica, sin que surja de la prueba rendida en autos, que en el transcurso de esos dos años, el recurrente hubiera efectuado reclamo alguno con relación a este siniestro.
Beneficio de litigar sin gastos, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Proconsumer c/ Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-15

El concepto de justicia gratuita del art. 55 de la ley 24.240 -texto según ley 26.361- comprende a todas las costas que se puedan generar en un pleito iniciado en defensa de intereses de incidencia colectiva. El texto de la norma no hace distinciones entre los costos que trae aparejado el acceso a la instancia judicial -vgr. tasa de justicia- y aquellos que puedan generarse durante su transcurso -honorarios de la contraria y/o de los peritos-. Y lo cierto es que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, jurisprudencia aplicable, ley laboral, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NAVARRO, ARMANDO FABIAN c/ LA CAJA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-10

Ronald Dworkin afirma que a pesar de tratarse de dos órdenes normativos diferentes, la distinción entre el derecho y la moral no es en la práctica jurídica de los tribunales tan rígida ni tan clara, porque esta visión del positivismo clásico es unilateral, dado que junto a las normas existen principios y directrices políticas que no se pueden identificar por su origen, como sucede con las normas, sino por su contenido y su fuerza argumentativa. Así, mientras las normas se aplican o no se aplican, los principios dan razones para decidir en un sentido determinado, pero a diferencia de las normas, su enunciado no determina las condiciones de su aplicación, sino que es el contenido material del principio -su peso específico- el que determina cuándo se debe aplicar a una situación determinada. Y en tal sentido, lo decidido en "Espósito" y sus posteriores réplicas, no es justo ni equitativo para un trabajador siniestrado que ha quedado con una incapacidad que tendrá altas probabilidades de dejarlo fuera del mercado de trabajo, en momentos particularmente difíciles como los que estamos atravesando, por los altos índices de desempleo que actualmente existen y la desproporcionada oferta que esta situación naturalmente genera. (Del voto de la Dra. Aseff) - CITAS: CSJN: Espósito, Fallos 339:781. - Jurisprudencia concordante con Gatti, AyS T 294, p 422/429, sumario J0045591.
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bidabehere Abel Alfredo y otro c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-22

Si bien es cierto que con relación a las medidas cautelares debe adoptarse una actitud proclive a su concesión ante el riesgo de perjuicios irreparables para el solicitante, ello no puede interpretarse al extremo de que cualquier planteo judicial sea suficiente para detener la actuación de la Administración Pública, ya que ésta - en principio, se supone legítima. (Minoría u opinión personal)
Prescripción adquisitiva, prueba de la posesión, corpus posesorio, animus posesorio
Materia: CIVIL
Carátula: Almaraz Edith Elizabeth  c/ Luna Juana Paula s/ prescripción adquisitiva - Expte. Nº 8/20.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-08-03

El art. 1942 del CCyCN en idéntico sentido que el art. 2510 del CC establece que: "El dominio es perpetuo. No tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades, o las ejerza otro, excepto que éste adquiera el dominio por prescripción adquisitiva", por ello las elaboraciones de la doctrina y jurisprudencia realizadas con el régimen del Código velezano son aplicables al presente, en el sentido de que quien pretenda obtener la declaración de usucapión debe acreditar que ha poseído el inmueble que pretende usucapir con ánimo de dueño, que la posesión ha sido pública, ostensible y continua y que con todos esos caracteres, ha durado el tiempo exigido por la ley y su valoración por parte del juzgador debe ser estricta, dadas las razones de orden público involucradas. El poseedor debe probar en todos los casos el hecho posesorio, no bastando al efecto con la acreditación del corpus, sino que es preciso demostrar que la cosa se tiene con la intención de ejercer sobre ella un derecho de propiedad; poseer implica en los hechos comportarse como propietario de una cosa (corpus), sin reconocer en otro un señorío superior (animus).
Prescripción adquisitiva, prescripción veinteñal, sentencia, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: Torales Vda. de Pedrozo Mónica. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-05-27

"La sentencia que luego de un proceso contradictorio, declare que el poseedor accionante ha adquirido el dominio del inmueble poseído, hace cosa juzgada respecto del usucapiente, del titular inscripto, del Estado y de cualquier otro interesado interviniente. La incertidumbre respecto de la existencia de otros interesados -que pueden ser los perjudicados directos- impide en general, que la sentencia adquiera la fuerza de cosa juzgada erga omnes,...". "No se trata, en fin, de negar que la sentencia declarativa de la usucapión adquiera la eficacia de la cosa juzgada.

De lo que se trata es de no extender esa particular cualidad de los efectos de la sentencia que conlleva la indiscutibilidad de la cuestión ventilada en el proceso, respecto de aquellos interesados - eventualmente perjudicados- que no han intervenido en el proceso...Para estos interesados necesariamente, ha de regir la regla de Res inter alios judicata aliis nec nocet nec prodest,..." Es decir relatividad de la cosa juzgada a las partes.
Legítima defensa, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: E., A. D. c/ G., P. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-04

Si bien en el Código Civil no existe ninguna norma que contemple la legítima defensa como eximente de responsabilidad civil, sin perjuicio que el art. 2470 de dicho ordenamiento la autoriza como defensa privada de la posesión, su no punibilidad penal se trasmite al campo civil por que está relacionada con la licitud del obrar humano, solución que viene impuesta por la unidad del ordenamiento jurídico.
Transporte aéreo, ejecución del contrato, responsabilidad contractual, indemnización, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DEL CERRO  S.R.L. c/ VARIG - LINEAS AEREAS BRASILEÑAS s/ DEPRECIACION  MONETARIA. TRANSPORTE AEREO. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL  MEDIDA DEL DERECHO RESARCITORIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-09

Por el carácter pecuniario de la indemnización derivada de un contrato el alcance de la depreciación monetaria es a partir de la llegada de la aeronave y no la mayor o menor variación del precio de las mercaderías objeto del transporte.
Intereses, tasas de interés, acción de reducción, bancos
Materia: CIVIL
Carátula: Banco del Buen Ayre SA  c/ Sandoval, Angel Martin y otro  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-16

Cabe confirmar la decisión, que le ordenó al banco actor readecuar las cuentas presentadas conforme a las pautas allí vertidas. Ello por cuanto, la liquidación por intereses dispuesta en la sentencia aquí dictada representa un aumento del orden del 1053% del capital originario. Así, la solución alcanzada por aplicación de fórmulas matemáticas de capitalización deriva en un resultado objetivamente injusto que prescinde de la realidad económica que se tuvo en mira, por lo que no puede ser mantenida al amparo de un supuesto respeto al principio de cosa juzgada (v. JA 1994-I-157; esta Sala F, 18/3/10, "Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Barrionuevo Blanca Azucena s/ ejecutivo").
Quiebra, desapoderamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: REBOLLO, GRACIELA c/ CRNCOVICH, EUGENIO s/ RESOLUCION CONTRACTUAL S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-05-06

Si bien el síndico es el único titular de la acción luego de producido el desapoderamiento del deudor -art.114 Ley de Concursos 19551-, no es menos cierto que los actos que este realiza, con consentimiento del juez de la causa y aceptación de la contraria, no son inválidos ni ineficaces "per se" porque tal ineficacia se establece unicamente en favor de los acreedores, no pudiendo invocarla cualquier interesado ni declararse de oficio. Su nulidad es relativa subjetivamente pues tales actos procesales que violan la norma tienen eficacia mientras no se arguya la inoponibilidad, y el síndico siempre puede hacerlos suyos en interés de los acreedores.
Acción de amparo, personas con discapacidad, plan para la vivienda, Estado Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Guirin Alejandro Andrés c/ Provincia del Neuquén s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-12

Corresponde hacer lugar a la acción de amparo iniciada por una persona con discapacidad, quien se encuentra inscripto como postulante a una vivienda en un plan habitacional que se encuentra en proceso de construcción, y dado que el Instituto Provincial de la Vivienda ha informado que se ha reservado una vivienda para el actor, ordenar a la demandada que dicha vivienda sea otorgada a aquél con carácter prioritario, en la primera oportunidad en que se habilite la adjudicación de dichas viviendas, y sin trabas de orden burocrático y/o económico, debiendo, en todo caso, adecuarse el importe de la cuota de recupero a los ingresos del demandante y su grupo familiar. Asimismo, y hasta tanto se concrete la entrega antedicha, deberá el Estado Provincial proveer una solución habitacional transitoria para el amparista, la que puede ser concretada a través de la entrega de subsidios para afrontar la locación de un inmueble -los que deben ser suficientes a tal fin-, o por otro medio que la autoridad administrativa considere conveniente. Ello así, toda vez que, dejar transcurrir más de ocho años sin concretar el derecho a la vivienda que le asiste al actor no es una conducta razonable, teniendo en cuenta que el amparista pertenece a un grupo especialmente tutelado, como es el de las personas con discapacidad, y la obligación del Estado Provincial de implementar políticas públicas que efectivamente permitan el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente y por los tratados internacionales.
Accidente de tránsito, velocidad reglamentaria
Materia: ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: A DEL C, E R s/ LESIONES CULPOSAS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 388-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-26

El principio de la norma del artículo 9 de la Ordenanza 2802-81 que establece en 50 kms el límite de velocidad para automotores dentro del radio urbano, brindando a su vez, una serie de exigencias de modo que por debajo de ese tope la velocidad no se torne imprudente o peligrosa- es que "los conductores deben regular la marcha de los vehículos según las dificultades del tránsito". De manera indubitable, luego precisa no sólo las "circunstancias en que debe moderarse la marcha" tales como "al llegar a cruces peatonales, ante los semáforos que indiquen luz amarilla o intermitente" (9.5), sino "lugares en que debe reducirse la velocidad a la de paso de hombre" (9.6).
Banco central, responsabilidad del banco, depósito bancario, simulación, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Menzaghi, Darío y otro c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

Cuando la prueba directa de la irregularidad es de imposible obtención, el organismo estatal tiene la obligación de aportar elementos que proporcionen indicios serios sobre la simulación que invoca y la parte actora debe defender la validez del negocio que un tercero aduce simulando, trayendo a la causa los elementos que confirmen la veracidad del acto atacado.
Poder de policía, daños en el inmueble, decretos municipales, intimación general
Materia: CIVIL
Carátula: M.C.B.A. c/ VIDRIOS SACCOMANO HNOS S.A. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-12

La intimación general contenida en un Decreto del Intendente, publicado con carácter de edicto en el Boletín Municipal, que contiene un emplazamiento de poner los inmuebles en condiciones reglamentarias bajo apercibimiento de realizar los trabajos por administración a costa del propietario, torna innecesaria una nueva notificación individual para poner en ejecución las facultades propias del poder de policía local por razones de salubridad pública y estética urbana. No es una relación de derecho privado en la que las partes están en situación de igualdad, sino propia del derecho administrativo, pero si se aplica la figura del derecho privado más próxima, ésta sería la de gestión de negocios en la que existe un supuesto de mora legal que legitima al gestor a reclamar el reembolso de los gastos realizados en ejercicio de la gestión con los intereses desde el día que los hizo (art. 2298 del Código Civil). Como la actualización por mora reconoce idéntico fundamento que el curso de intereses, el punto de partida de ambos rubros debe remontarse a la fecha de cada erogación (conf. C.N.Civ. Sala G, L.

19.999 del 23-4-86, "M.C.B.A. c-Cámara Gremial de Transporte Automotor de la Provincia de Buenos Aires"; "M.C.B.A. c-Majes S.A.

del 15-3-85, J.A. 1985-IV-29-30).
Subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, aportes y contribuciones previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GERLACH  CAMPBELL  CONSTRUCCIONES  S.A. c/ A.F.I.P.  A D.G.I. s/ Impugnaci3/4n de deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-08

En principio, es el acreedor quien debe probar que se dan las notas tipificantes de la relación laboral o de la situación de trabajo que se invoca como fundamento del crédito que se reclama. Es, pues, el organismo quien en primer lugar debe agotar los medios a su alcance para justificar los cargos que formula; sin perjuicio de la obligación del impugnante de acreditar con solvencia la negación o afirmación que fundamente su posición, a fin de desvirtuar la imputación que se le atribuye. En consecuencia, no observándose que en autos la administración haya analizado pormenorizadamente la situación previsional de los trabajadores y sujetos involucrados en el cargo respecto de cada subcontratista, e incluso del comitente, y luego, ante la certeza del incumplimiento de los deudores principales, hacer plena aplicación de la solidaridad en que base el cargo, corresponde declarar la nulidad de la resolución.