Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-07


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100.234 SALA II Expediente Nro.: 35.400/08 (Juzg. Nº 45) AUTOS: "FERNANDEZ PABLO CESAR c/ ENDEMOL ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	7/3/12	, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte demandada, en los términos y con los alcances que explicita en expresión de agravios (fs. 228/233).

Al fundamentar el recurso, la parte demandada se agravia por cuanto el a quo consideró que la accionada no acreditó que el trabajo de Fernández era "fungible". Señala que, el sentenciante de anterior instancia efectuó -a su entender- una errónea valoración de la prueba producida en autos, y que el a quo habría omitido valorar el reconocimiento de su carácter de "extra" que habría efectuado el actor en un expediente iniciado en sede civil. Se agravia por la condena al pago del incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323, así como por las indemnizaciones previstas en la LNE. Objeta que el a quo la haya condenado al pago de la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT.

Los términos de los agravios imponen memorar que el actor denunció en la demanda haber ingresado a trabajar para la demandada el 7/9/05 en calidad de actor, desempeñándose en el programa de televisión "100% lucha", y que también realizó funciones teatrales en las vacaciones de invierno '06 y '07 (en total 21 funciones). Explicó que la accionada mantuvo la relación en "negro" dado que le hizo suscribir una planilla emitida por SUTEP y que sus haberes se le abonaban en dicha entidad gremial pero que, en realidad, le correspondía percibir los salarios conforme CCT 322/75 aplicable a los actores de televisión. Afirmó que, en febrero de 2008, se le negaron tareas por lo que mediante TCL del 6/2/08 intimó a la demandada para que -entre otra cosas- regularizara su situación laboral en categoría de actor (ver fs. 3 vta./4 rec. fs. 86). Frente a ello, la demandada mediante CD del 12/2/08, negó la relación laboral invocada (fs. 4 rec. fs. 86); lo que motivó que mediante TCL del 20/2/08, se considerara injuriado y se colocara en situación de despido indirecto (fs. 4 y vta. rec. fs. 86).

En atención a la forma en que ha quedado trabada la litis, incumbía a Fernández acreditar que se desempeñó en favor de la demandada en carácter de "actor" (art. 377 CPCCN); y, a mi entender, lo ha logrado.

Liminarmente, cabe señalar que el art. 3.a) del CCT 322/75 dispone que "a) Actores: Son las personas que interpretan o encarnan personajes, situaciones imaginarias o reales, o imitan personajes a través de un libro, guión, ideas o sogetto (auto-autoría) aunque para el desarrollo de su actividad deban apelar además a cualquiera de las formas conocidas (canto, baile, mimo, trasformismo, magia circense) o cualquier otra forma de expresión actora, siempre que se halle ligada a las formas autorales arriba mencionadas".

Sentado lo expuesto, cabe señalar que, analizada la prueba testimonial producida en autos, encuentro acreditado que Fernández se desempeñó en tareas que corresponden a la calidad de "actor" antes descripta.

En efecto, el testigo Diana Aldave (fs.66/67) dijo que trabajó con Fernández en el programa 100% lucha. Explicó que este último hacía allí un personaje de lucha, que actuaba y hacía un personaje de enfermero en el que llevaba un muchacho "a un perro". Dijo que la labor de Fernández era subir al ring, interactuar dependiendo de las distintas órdenes del productor. Señaló que el productor del programa era Husni, y que era quien le daba las órdenes de trabajo a Fernández, incluso al aire. Agregó que Husni fue quien le asignó a Fernández el rol de enfermero y que en tal carácter acompañaba al luchador, subía al ring cuando se lo pedían, interactuaba con el público, lo que hace un actor, "actuar" estar a disposición de lo que requiere una situación o "lo que le digan que tenés que hacer".

El testigo Cardozo (fs. 193/194 vta.) explicó que fue compañero de trabajo de Fernández en 100% lucha. Explicó que el accionante actuaba con "Rotwailer" y que el dicente actuaba con "Mac Floy". Agregó que la actuación de Fernández consistía en hablar con el personaje, actuar con él y que el que organizaba las peleas era Husni. Explicó que Husni, en los días previos a la grabación, les daba las citaciones para grabar y el guión de lo que tenían que hacer y actuar. Señaló que Husni le daba las instrucciones al accionante, que, por ejemplo, le daba un guión el miércoles para el viernes. Afirmó que "Rotwailer" tenía una mordaza y una vez que se la sacaban subía al escenario, al ring, y Fernández lo cuidaba desde abajo del ring, y que actuaba porque tenía que subir a agarrarlo y discutir con el otro luchador. Dijo que para el cobro tenían que ir a SUTEP porque habían hecho un arreglo para que les paguen menos, que ese era un tema de discusión dado que les abonaban mucho menos de lo que le tenían que pagar por "actores". Explicó que la discusión con la demandada era que les pagaban menos a pesar de que ellos también estaban actuando y son actores, y que entonces también les tenían que pagar por actores.

La recurrente, en el memorial recursivo, afirma que mediante la declaración de Husni se encontraría demostrado que Fernández se desempeñaba como "extra" y que mediante dicho testimonio se encontraría acreditado que la labor cumplida por el accionante para la demandada era de carácter "fungible". No comparto tales apreciaciones. En efecto, el testigo Husni (fs. 65/vta.) dijo que trabajaba para la demandada produciendo el programa 100% lucha, y que se desempeñó allí como productor ejecutivo y como conductor y realizador artístico. Señaló que Fernández "se presentaba como enfermero acompañando a uno de nuestros luchadores". Si bien señaló que "no era condición de la producción del programa que el Sr. Fernández fuera la persona que realice dicho personaje", que podía que "que fuera Fernández o Rodríguez, Fernández o cualquiera", y "había otras personas que hacían de enfermero"; lo cierto es que el deponente no especificó ni identificó a qué otras personas, además de Fernández, vió desempeñarse en el personaje de "enfermero"; lo cual resta eficacia probatoria a su declaración en el punto (art. 90 LO).

Por otra parte, la Asociación Argentina de Actores informó a fs. 117 que Fernández trabajó en el programa 100% lucha "desempeñándose como actor personaje de enfermero"; y dicha informativa no fue impugnada por la demandada en el momento procesal oportuno (art. 403 CPCCN).

Valorados en conjunto y a la luz de las reglas de la sana crítica, los concordantes y uniformes testimonios de Diana Aldave y de Cardozo, unido a lo que se desprende del informe de la Asociación Argentina de Actores (fs. 117) (art. 386 CPCCN y 90 LO), entiendo que está suficientemente acreditada la realización por parte de Fernández de las tareas descriptas en el art. 3.a) del CCT 322/75 para la categoría de "actor" en programas de televisión; por lo que corresponde confirmar la sentencia de grado anterior en cuanto tuvo por acreditado que las partes estuvieron unidas por un contrato de trabajo (arts. 21, 23, 25 y 26 LCT).

No soslayo que la recurrente señala que de las copias certificadas del expediente iniciado en sede civil "Fernández Pablo César c/ Endemol Argentina SA y otros s/ daños y perjuicios" (ver Anexo Nº 3841) se desprende que el actor dijo en la demanda haberse desempeñado como "extra televisivo" en el programa de TV "100% lucha". Pero estimo que dicha afirmación carece de incidencia decisiva en esta causa.

Aún cuando se le diere el valor, de "confesión" extrajudicial que prevé el art. 425 CPCCN, es obvio que las manifestaciones de las partes o los documentos que hubieren suscripto carecen de toda virtualidad para desplazar la operatividad de las normas de orden público que rigen el contrato de trabajo.

En efecto, la circunstancia de que el accionante haya presentado una acción en la cual calificó de otro modo a las características de la relación, no obsta a la posibilidad de que, en base a las pruebas producidas en estos autos y de lo previsto en normas imperativas, se tenga por acreditado que las partes estuvieron unidas por un contrato de trabajo. Como es sabido rige en nuestra materia el principio de primacía de la realidad, por lo que es obvio que la manifestación del actor en otra demanda como en cualquier otra instrumentación, carece de virtualidad para desplazar la operatividad de las normas de orden público que regulan el contrato de trabajo (arg. arts. 7, 12 y 13 de la LCT). Obsérvese que si, por ejemplo, un trabajador dependiente reconociere expresa o fictamente en la producción de la prueba confesional que no se desempeñó como tal, ante la evidencia concreta que surgiera de otros elementos de juicio en torno a la existencia de un contrato de trabajo, tal hipotética "confesión" carecería de toda incidencia para desplazar la aplicabilidad de normas de orden público; pues está claro que el derecho procesal ha de servir a la realización del derecho de fondo y no al revés. Tampoco resulta relevante la circunstancia de que se haya exigido al actor que facturara para percibir su remuneración porque la modalidad implementada por la empleadora para el pago del salario no incide en la determinación de la naturaleza del vínculo que constituye la causa fuente de la relación.

En definitiva, aunque se interpretara por hipótesis que el actor "reconoció" en un documento determinando una circunstancia que excluiría su carácter de trabajador dependiente, probado como está en esta causa que cumplió las funciones propias de un "actor" en favor de la demandada, y, por consiguiente, la configuración de un vínculo de naturaleza laboral (conf. arts. 21, 23, 25 y 26 LCT), tal "reconocimiento" carece de toda eficacia para desplazar la aplicabilidad de las normas de orden público pertinentes.

Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia en el punto.

En virtud de lo hasta aquí señalado deben desestimarse, asimismo, los agravios deducidos respecto a la condena al pago de las indemnizaciones derivadas del despido, "haberes, SAC y vacaciones adeudadas", así como respecto del incremento previsto por el art. 2 de la ley 25.323 y de las indemnizaciones de la LNE, pues tales aspectos del recurso -fundados en que la recurrente considera que no existió relación de dependencia entre las partes- no pueden resultar viables a la luz de la conclusión recién explicada.

Se agravia la parte demandada por la condena al pago del incremento previsto por el art. 2 de la ley 25.323 dado que, a su entender, en atención a las características del caso de autos, no existió una intencionada maniobra dilatoria por parte de la demandada.

Cabe señalar que el actor intimó fehacientemente a su ex-empleadora -entre otras cosas- para que le abone las indemnizaciones correspondientes al despido incausado (fs. 4 y vta. rec. fs. 86); y la demandada no se avino en modo alguno a abonarle dichas indemnizaciones.

Ahora bien, dado que no se han esgrimido ante esta Alzada, causas que justifiquen la conducta omisiva de la accionada respecto de la falta de pago de las indemnizaciones derivadas del despido imputable a su responsabilidad, y que dicha actitud colocó al accionante en situación de tener que promover esta acción para procurar su cobro; resulta procedente el incremento con base en el art. 2º de la ley 25.323, por lo que corresponde confirmar el decisorio en el punto.

La recurrente manifiesta que no correspondería la condena en los términos de la LNE dado que el accionante no dejó transcurrir el plazo legal de 30 días a fin de extinguir el supuesto contrato de trabajo, y que ello obstaría la procedencia de las indemnizaciones previstas en la norma.

El actor acreditó haber intimado a la demandada para que -entre otras cosas registrara debidamente la relación laboral-, (fs. 10, rec. a fs. 86) y también cumplió con la comunicación a la AFIP prevista en el art. 11 de la LNE (ver fs. 9 rec. fs. 86), y si bien entre la intimación y la decisión extintiva no transcurrió el plazo de 30 días al que hace referencia el art. 11 de la ley 24.013, tal decisión se basó, también, en otras causas (negativa de tareas y errónea categorización del actor), sino que, además, en el rechazo de la demandada a la requisitoria (ver fs. 11 rec. fs. 86) quedó patentizada su voluntad de no registrar el vínculo, lo que tornaba innecesaria la espera del plazo establecido en la citada normativa. Por lo expuesto corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia en el punto.

Se agravia la demandada porque el a quo la condenó al pago de la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT; pero, a mi entender, dicho cuestionamiento, tampoco podrá tener favorable acogida. En efecto, Fernández cumplió con el recaudo previsto en el art. 3 del decreto 146/01 ya que, luego de haber transcurrido el plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del contrato sin que la empleadora haya hecho entrega de la certificación respectiva, mediante TCL del 3/4/08 requirió en forma concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 L.C.T., conforme la modificación que introdujo a esta norma el art. 45 de la ley 25.345, sin que la requerida se aviniera a cumplir con la obligación a su cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores (ver fs. 15 rec. fs. 103). En tales condiciones, corresponde confirmar la sentencia de grado en el punto.

Por otra parte y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, estimo que las costas de alzada deben ser impuestas a cargo de la recurrente vencida (art.68 CPCCN).

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 30% y 25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia dictada en la instancia de grado anterior en todo lo que fue materia de apelación y agravios; 2) Imponer las costas de la Alzada, a cargo de la recurrente vencida; 3) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el 30% y 25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara Juez de Cámara