Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-14


(Registro: Tomo 174: 261/266) Salta, 14 de marzo de 2013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "PROVINCIA DE SALTA VS. MANCILLA PADILLA, DOMINGA - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. Nº CJS 35.115/11), y CONSIDERANDO:1º) Que contra la sentencia de fs. 55/59, que hizo lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada, rechazó la demanda de exclusión de tutela sindical e impuso las costas a la actora, ésta interpuso recurso de apelación (v. fs. 62/63).

Para así resolver, la juez "a quo" consideró, en lo esencial, que de la documentación reservada surge que por resolución interna nº 29 del 18/08/2011, la Dirección General de Rentas de la Provincia dispuso remitir las actuaciones a Fiscalía de Estado para que tramite la exclusión de tutela sindical de la demandada, que fuera electa como delegada gremial el 08/08/2008, y que a esa fecha -conforme el art. 48 de la ley 23551- el período de protección ya se encontraba vencido. Destacó que la extinción de la protección de la norma no fue sobreviviente a la promoción de la exclusión de tutela, sino que acaeció antes del dictado de la resolución interna mencionada, por lo que entendió procedente la defensa articulada por la accionada y rechazó la demanda.

En este contexto, impuso las costas a la apelante por promover la acción cuando el período de protección determinado por el art. 48 "in fine" de la ley 23551 se encontraba vencido.

Los agravios de la actora (v. fs. 62/63) se dirigen a cuestionar la imposición de costas decidida en el pronunciamiento. Afirma que, conforme la disposición contenida en el art. 15 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, para su imposición debe valorarse el comportamiento procesal de la parte perdedora; que en el caso la demanda pudo resultar equivocada pero no temeraria o dolosa en el sentido de la norma citada y, que la interposición de la demanda tuvo fundamento en el desempeño efectivo de la agente como una auténtica delegada gremial de la Unión del Personal Civil de la Nación.

A fs. 66/67 contesta memoriales la actora, solicitando el rechazo del recurso, y a fs. 77 y vta. se pronuncia el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1.

A fs. 86 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme.

2º) Que la norma contenida en el art. 15 del C.P.C.A., aplicable al presente proceso, dispone que se impondrán las costas a las partes que sostuvieren su acción en el juicio con temeridad.

Al respecto, esta Corte de Justicia destacó que la doctrina distingue la malicia de la temeridad; la primera traduce un propósito obstruccionista y dilatorio, mientras que la segunda finca en el conocimiento que tuvo o debió tener el litigante de la falta de motivos para resistir la acción, deduciendo pretensiones o defensas cuya ausencia de fundamento no podía ignorar de acuerdo con pautas mínimas de razonabilidad. O sea que incurre en temeridad la parte que litiga, como actora o demandada, sin razón valedera, y por tener, además, conciencia de la propia sinrazón (Tomo, 152: 369; 162:01).

De este modo, la temeridad supone una conducta mañosa, la maniobra desleal, las articulaciones de mala fe y sin sustento jurídico o fáctico alguno, máxime cuando son reiteradas y nadie puede tener ninguna duda de que no obedecen a un simple error o distintas posibilidades que brinda una jurisprudencia divergente sobre el punto o, al menos, enfoques susceptibles de hacerlas variar, sino que trasuntan claramente dolo procesal (esta Corte, Tomo 69:389; 72:471, entre muchos otros).

3º) Que de las constancias de autos surge que en fecha 23/09/2011 -y con motivo del oficio ordenado a fs. 5- 3º párrafo- el Secretario General de la Unión del Personal Civil de la Nación- Seccional Salta, informa que el día 08/08/2008 la Sra. Dominga Mancilla Padilla fue electa como delegada gremial en la Dirección General de Rentas de la Provincia con mandato por el término de dos años y que le corresponde las garantías del art. 52 de la ley 23551 hasta el 08/08/2011. Señala, también, que desde el año 2008 no se realizaron nuevas elecciones de delegados y que la accionada cumple las funciones inherentes a la representación del gremio (v. fs. 19 de autos).

Siendo ello así, la circunstancia de encontrarse la accionada desempeñando las funciones inherentes a la representación gremial aún luego de vencido el mandato conferido -no desconocida por su parte- que motivó la promoción de la acción a los fines expresados en la demanda (v. fs. 2/3 y vta.), resulta razón suficiente para afirmar la inexistencia de temeridad en la conducta de la actora, conforme lo requiere el art. 15 del C.P.C.A., que justifique un apartamiento de la regla general allí establecida.

4º) Que de lo expuesto, cabe hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 62/63 y, en su mérito, revocar el punto II de la sentencia de fs. 55/59, e imponer las costas por su orden en ambas instancias (art. 15 del C.P.C.A.).

Por ello, LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. HACER LUGAR al recurso de apelación de fs. 62/63 y, en su mérito, revocar el punto II de la sentencia de fs. 55/59, e imponer las costas por su orden en ambas instancias.

II. MANDAR que se registre y notifique.