marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., H. A. c/ I., A. y otro s/ Daños y Perjuicios-Beneficio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

Establecer la responsabilidad del padre por el hecho del hijo, mayor de diez años, importó dar por descontado que también se admitía la responsabilidad personal del hijo por el delito de violación.
Queja por denegación o retardo de justicia, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Fernández de Kircher, Cristina c/  s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-01

Si de momento no se advierte inactividad por parte del tribunal interviniente -teniendo en cuenta que se informó que el tiempo transcurrido era producto no sólo de la naturaleza de los hechos investigados, sobre cuya complejidad argumentaran las defensas, sino también del volumen de elementos a relevar, encontrándose el tribunal examinando los actuados y la documentación para resolver la situación procesal de las dieciocho personas abarcadas en el auto de mérito bajo estudio-, no corresponde hacer lugar a la queja por retardo de justicia, sin perjuicio de lo cual se debe encomendar a los señores magistrados, a que con la mayor premura definan la situación procesal de la totalidad de las personas abarcadas en el auto de mérito recurrido. (Dres. Figueroa, Borinsky, Hornos).
Recurso de inconstitucionalidad, competencia contencioso administrativa, cámara contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: RAMOS, JORGE ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE GALVEZ s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-13

Las cuestiones debatidas -cobro de diversos rubros laborales derivados de la relación que sostiene haber mantenido con la Municipalidad demandada hasta su despido-guardan sustancial analogía con las que fueran objeto de estudio y decisión por esta Corte in re "Rufanatch" y "Sotak", en punto a la competencia de los tribunales en lo contencioso administrativo para pronunciarse sobre el caso de autos, extremo que conduce a concluir en la invalidación constitucional de la respuesta jurisdiccional proporcionada por el A quo. Sin embargo, toda vez que el trámite se encuentra en estado liminar -a diferencia de lo ocurrido en los casos citados, en que se había dictado sentencia de primera y segunda instancia sobre el fondo del asunto-, si bien normalmente y por imperio del artículo 12 de la ley 7055, la anulación del pronunciamiento determinaría la remisión de la causa a otro Tribunal para que la misma sea nuevamente juzgada; en el caso resulta innegable que ese envío implicaría un inútil dispendio jurisdiccional (pues necesariamente aquél habría de pronunciarse conforme a lo aquí resuelto y, en definitiva, la contienda se ventilaría ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo), dilatándose innecesariamente la controversia. Por ello, atento al tiempo transcurrido desde la promoción de la pretensión, debe otorgarse a la parte actora la posibilidad de ocurrir ante la citada Cámara a través de la pertinente demanda contencioso administrativa, confiriéndose un plazo de treinta días desde la notificación del presente decisorio para que adecue sus pretensiones a los términos y exigencias de la ley 11330. (CITAS: CSJN: Fallos 333:331 y 335, 302:1611, 310:854 y 1036; CSJStaFe: Rufanacht, AyS T 245, p 456; Sotak, AyS T 245, p 465; Grandinetti, AyS T 132, p 477; Bongiovanni, AyS T 135, p 343; Mori, AyS T 131, p 105).
Honorarios, proceso penal, defensor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ ARANGUREN, Devora. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-11

Por virtud de la regla establecida en el art. 8 de la ley 21.839, modificado por ley 24.432, los honorarios de los abogados en causas penales -no correccionales-, no pueden ser inferiores a la suma de pesos un mil ($1.000). Por ello, debe confirmarse la resolución mediante la cual se regulan los honorarios de la abogada defensora.
Matrimonio, nulidad de matrimonio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montenegro, Martha M. c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Coadyuvante: Mallo de Bianchi, C.Z. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

La existencia de un régimen especial de nulidades matrimoniales impide que los jueces se pronuncien de oficio al respecto, prohibición que con mayor razón alcanza a cualquier autoridad administrativa. Hasta tanto un matrimonio no sea privado de eficacia mediante sentencia pronunciada por juez civil competente, dictada en un proceso ordinario, promovido por parte legitimada para accionar por nulidad de matrimonio, mantiene su validez y el título de estado respectivo habilita para ejercer los derechos que de él derivan y no se le pueden negar efectos previsionales (conf. arts. 9 inc. 5, 84, 96, 102 y conc., ley 2393 y arts. 166 inc. 6, 219, 227 y 239, C.C.

según ley 23515).
Daños y perjuicios, mala praxis, responsabilidad médica, responsabilidad subjetiva
Materia: CIVIL
Carátula: VELAZQUEZ  SABINA,  BENITA c/ CLINICA  SAN  RAMON SA s/ DAÑOS YPERJUICIOS. DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

Son responsables, por el fallecimiento del paciente, los médicos que lo asistieron, por haber dejado de cumplir con sus obligaciones profesionales al omitir la realización de estudios prequirurgicos, necesarios incluso frente al buen estado general que pueda presentar el paciente; sin perjuicio de haber decidido la intervención adecuada a la dolencia que presentaba el paciente; tal infracción en que incurrieron origina responsabilidad subjetiva por culpa (cfr. cnciv, sala d, 19.4.05, "p. de l., d. c/ ciudad autonoma de Buenos Aires", ed nø 53829, del 8.2.06), lo cual provoca que sea reprochada la institución encargada de brindar servicios médicos que, asume frente al paciente una obligación de garantia y seguridad (cfr.

cnciv, sala d, 28.10.82, "Mackinson, j. c/ wilk, a.", ed 103-270 y cnciv, sala e, 19.12.77 en "Salem, i. c/ policlinica privada de medicina y cirugia sa", ed 77-246).
Honorarios, depreciación monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: Bellotti, Edgardo c/ Modecraft S.A.C.I. y F. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1975-06-16

En cuestión de honorarios profesionales debe admitirse el incremento de lo debido por razón de la desvalorización monetaria.
Recurso de casación, calificación legal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: F., A.A. s/ Privación Ilegal de la Libertad, etcétera
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-16

Es inadmisible el motivo que ataca el cambio de la calificación jurídica asumido por la A-quo: no habiéndose modificado los elementos materiales establecidos en la acusación, la variación de la figura legal es una facultad judicial prevista legalmente.
Ejecución de sentencia, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZALEZ LUIS MARIA Y MORENO DE GONZALEZ IDA s/ S-SUCESION S-INC. DE EJECUCION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-12

El artículo 560 del código procesal enuncia como principio general, la inapelabilidad para el ejecutado de las resoluciones pronunciadas durante el trámite de ejecución de sentencia. Esta regla resulta coherente con la naturaleza jurídica de la etapa de ejecución de los bienes embargados al condenado, pues los trámites están encaminados más a realizar el patrimonio que a decidir cuestiones de derecho (conf. Fenocchietto-arazi, "código procesal..

" T. III, p. 11). De lo contrario se desnaturalizaría el proceso ejecutivo mediante la concesión de recursos dilatorios.

Si bien la reforma introducida por la ley 22.434 Ha limitado la regla general impuesta por la norma, el admitir diversos supuestos en donde la inapelabilidad pueda constituir una notable injusticia (conf. Falcón, "código procesal..." T. Iii, p. 738), Se escapa a tales supuestos cuando se tiende a obstaculizar el proceso de ejecución.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: MONTERO TELLO, OSCAR c/ ZAMORA, CARLOS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-06-06

La notificación de una resolución judicial que se lleva a cabo a través del diligenciamiento de la respectiva cédula, constituye también un acto interruptivo de la caducidad, pues demuestra en primer lugar un interés jurídico en la prosecución de la causa, en cuanto se ha desplegado una actuación que tiene aptitud para avanzar el trámite del juicio, y en segundo lugar, es un acto que atañe y beneficia a ambas partes.
Ejecución de sentencia, embargo, liquidación, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de la Capital c/ Sucesión de José Antonio Varela s/ EJECUCION FISCAL - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-08-07

La etapa de ejecución de sentencia, siendo unánimes doctrina y jurisprudencia, se inicia con el embargo. No existiendo bienes embargados en autos, toda la actuación deviene nula. De allí que la liquidación practicada fuera de la oportunidad procesal prevista en la ley de rito (arts. 559 y 591 del C.P.C.) -es decir en la etapa propiamente dicha de la ejecución de sentencia- no integra la segunda parte del proceso ejecutivo.
Auto de quiebra, quiebra fraudulenta, cuestiones prejudiciales, prescripción de la acción penal, plazo, notificación, falta de notificación, boletín oficial, notificación por edictos
Materia: PROCESAL - PENAL - COMERCIAL
Carátula: Usatinsky de Sagorsky, Felisa s/ Auto de Quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-10

Hallándose firme el auto declarativo de quiebra, dado el carácter prejudicial de esa declaración, que no puede ser cuestionada en sede penal, el plazo prescriptivo de la acción debe comenzar a contarse desde la medianoche del día en que se cometió el delito, es decir, desde el día en que el auto de quiebra quedó firme, o, en su defecto, y a falta de notificación de dicho auto, desde el día del vencimento de los edictos publicados en el Boletín Oficial a efectos de comunicar la falencia.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Estado Provincial - (casación) c/ Abelardo José Monteros y otra s/ daños y perjuicios).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que decidió que el accidente ocurrido era de exclusiva responsabilidad del demandado, fundada en argumentos de excesiva latitud y omitiendo considerar en debida forma, los principales argumentos vertidos por aquella parte, susceptibles de incidir en la suerte final de la controversia.
Intervención federal, interventor federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Graboski, Alicia Liliana c/ Interventor federal de la Provinciade Corrientes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-04

Los interventores federales, designados por el gobierno nacional, tienen el carácter de representantes directos de éste, respecto del cual asumen la condición de agentes.
Jubilación de abogados, acción de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Malzof, Samuel R. s/ Demanda de inconstitucionalidad del decreto ley 9978
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

Los abogados que ejercen su profesión en el ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, obligatoriamente afiliados a la Caja Profesional respectiva (ley 6716) haciéndolo también fuera de ese ámbito territorial, están obligatoriamente afiliados al régimen instituído con alcance nacional por la ley 18.038 (arts. 3 inc. e);

2 inc. b) y 1, respectivamente. Por tal razón, el dec. ley 9978/83 es inconstitucional pues, legislando sobre el ámbito personal que el régimen nacional cubre, superpone en forma contrapuesta dos ámbitos normativos en una materia en que ha de prevalecer la ley nacional por haberse dictado en ejercicio de un poder deferido (art. 67 inc.

11, Const. nac., art. 1, Const. Prov.).
Robo con fuerza en las cosas, tentativa, daño simple, consumación del delito, elemento subjetivo, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Portillo, Oscar A. s/ Robo - Tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

Ciertos casos, presentan dificultades para su correcta interpretación, toda vez que la fuerza física que daña el objeto forzado, tiene una equivocidad objetiva, de modo tal, que si se prescinde del elemento subjetivo, la conducta del procesado puede ser tanto una tentativa de robo como un delito consumado de daño, resultando entonces decisivo el análisis de la subjetividad de la acción, no pudiéndose presumir, ante la carencia probatoria, el no probado dolo de robo, ni tampoco desplazar el probado dolo de daño hacia otros tipos objetivos distintos del configurado en el art. 183 del C.P.
Violencia de género, oralidad del debate
Materia: PENAL
Carátula: Góngora, Gabriel Arnaldo s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-27

Teniendo en cuenta la doctrina sentada por la CSJN, habiendo sido calificados los hechos como de violencia contra la mujer, y a la luz de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, al incorporar la Convención de Belém do Pará, la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente. (Dres. Borinsky, Hornos, Gemignani).
Tarjeta de crédito, codeudor solidario, responsabilidad del deudor, renovación de tarjeta de crédito, falta de notificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN SA c/ MACRI, STELLA MARIS Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

Quien se obligó como codeudor solidario y principal pagador, de las obligaciones contraídas por los usuarios de una tarjeta de crédito, no puede pretender eximirse de responsabilidad, en caso de renovación de la tarjeta, alegando que tal renovación no le fue notificada, si en el contrato hay una cláusula que prevé que los derechos y obligaciones pactados rigen por el periodo original de vigencia de la tarjeta y sus posteriores renovaciones (CNCom, Sala E, 15.08.95, "Deutsche Bank AG. c/ López Patricia y otros, s/ ordinario").
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, matrimonio, disolución del matrimonio, divorcio, aptitud nupcial, decreto suspensivo del divorcio vincular, derechos adquiridos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HECTOR ENRIQUE FIRPO c/ MARTA HAYDEE ESPECHE s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-07

El derecho a obtener la disolución del vínculo conyugal emerge de una disposición legislativa general e impersonal (art. 31 de la ley 14.394) y, en consecuencia, ha podido ser modificado, suspendido o suprimido por una nueva disposición del mismo carácter (decreto-ley 4070/56), cuya aplicación debe juzgarse válida en tanto no afecte una situación jurídica individual regularmente nacida al amparo de la ley anterior.
Responsabilidad civil, sobreseimiento provisional, proceso penal
Materia: CIVIL
Carátula: VILLANUEVA DE RAMIREZ, ROSA M. c/ C.O.P.L.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

El sobreseimiento provisional recaído en el expediente penal no inhibe de juzgar sobre la responsabilidad civil que en la especie pudiere caber, habida cuenta de que aquél deja intacto el "status" existente antes de iniciarse el proceso.
Fiscal de Estado, personas jurídicas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAYANCA ERNESTO EMILIO s/ Administración (LIBRO: A130 - 471)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-14

Los "órganos institución" no tienen personalidad jurídica (ni, por ende, patrimonio propio), la cual le corresponde al ente -en el caso de la Fiscalía de marras al Estado provincial- cuya estructura integran.-
Notificación por cédula, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Quilmes c/ Carvalla Garrido, Perfecto s/ Apremio Seguir S.R.L. c/ Longoverde, Irene Elizabeth s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-28|1998-11-05

La norma genérica sentada por el artículo 338 de la legislación adjetiva que exige la presencia del demandado en el acto de notificación del traslado de la demanda, es propia de los procesos de conocimiento y ajena a los de ejecución pues, tratándose de un proceso ejecutivo, cabe estarse a las normas particulares que rigen a este juicio. Resultan así que el artículo 529 del mismo código no establece como requisito, para practicar la intimación de pago y citación para la defensa, la comparecencia del ejecutado. Por el contrario, de esta última norma se desprende que el acto en cuestión "se practicará aún cuando el deudor no estuviere presente". (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, permiso de importación, medicamentos, cannabis medicinal, tratamiento médico, consentimiento informado, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M., P. D. c/ E.N. - M. de Salud de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

La medida cautelar se limita a soslayar una restricción para la importación de un producto medicinal, cuya fórmula contiene derivados de cannabis, para una persona individual, cuyo médico tratante es responsable de la prescripción fuera de prospecto para la dolencia de la actora, quien prestó su consentimiento informado para continuar el tratamiento con dicha medicación. En consecuencia, las particularidades del caso, debido a las intolerancias de la actora a otro tipo de analgésicos, no permiten una generalización masiva de la solución respecto de una cantidad significativa de pacientes, circunstancia que determina una afectación mínima del interés público.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Hormaechea de Caballero, Miriam Graciela c/ Cristensen, Sergio y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia pronunciamientos equivocados o que el recurrente considere tales en orden a temas no federales, pues su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación.
Honorarios, monto del juicio, desistimiento de la acción
Materia: COMERCIAL
Carátula: VIDAL,  GUILLERMO  EDUARDO  Y OTRO c/ ACINDAR IND. ARG. DE ACEROSSA S/ s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-17

Concluido el proceso por desistimiento de la acción, se deben aplicar por analogía las mismas reglas que corresponden al rechazo de la demanda, y para tales casos, corresponde considerar como monto del juicio la suma reclamada al promovérselo, prudencialmente actualizada.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, revocación de sentencia, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, fiscal de Cámara, desistimiento del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Viqueira, Horacio Gustavo. s/ Denuncia  s/recurso  de apelación del art. 445 bis del C.Just.Militar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-01-27

Si el Fiscal Federal ha manifestado desistir del recurso interpuesto por el Fiscal General de las Fuerzas Armadas en los términos del art. 56 bis del Código de Justicia Militar, la decisión de la Cámara Federal que no obstante ello revocó la del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con prescindencia de lo que expresamente dispone esa norma legal, resulta descalificable por arbitrariedad.
Revocación de sentencia, retractación del despido, denuncia del embarazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Parra Andrea Celeste c/ Corralon Comahue S.A. s/ Despido por causales genéricas
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-19

Corresponde revocar el decisorio de grado que hace lugar a la demanda por despido directo sin causa, pues si bien se acreditó que el despido dispuesto fue anterior a que el embarazo pudiera llegar a conocimiento de la empleadora, incluso fuera del plazo de 7 meses y medio anteriores, conforme la fecha probable de parto; ello no concreta las condiciones que hacen operativa a la presunción legal para justificar la condena, toda vez que inmediatamente a su comunicación el despido fue retractado, anoticiando la continuidad de la relación de empleo, lo que se ajusta al régimen protectorio de la maternidad y en salvaguarda de la estabilidad del contrato, concretándose así el mandato que le imponía obrar de buena fe, y que excluye toda vinculación con la condición protegida.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Urbani, Santiago Bautista y otra c/ Rosales, Roque Iván y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-09-06

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se desentiende de la estructura jurídica del fallo, apartándose de su línea de argumentos esenciales que le dieron sustento bastante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento laboral, indemnización, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: HUAQUIL JORGE ESTEBAN c/ B.J. SERVICES S.A. s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-04-21

Para que proceda la reparación del daño sufrido por el trabajador como consecuencia de la inobservancia del "deber de seguridad", se requiere que el trabajador acredite adecuadamente en juicio la relación de causa entre el daño y la prestación de servicio a su cargo.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, monto del juicio
Materia: CIVIL
Carátula: GELMAN SARA c/ DIAZ AGUSTIN JUSTO s/ DERECHO PROCESAL CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

Cuando se critican los montos admitidos en el fallo que apela diciendo simplemente que los mismos deben elevarse o reducirse, ello lejos se encuentran de alcanzar el nivel técnico jurídico requerido para que se considere una verdadera expresión de agravios.
Extradición, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, REPÚBLICA ARGENTINA, control migratorio, iter criminis, tráfico ilegal de personas, trata de personas, Procuración General de la Nación, paso fronterizo
Materia: PENAL
Carátula: Gómez, Jorge Ramón c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-26

En virtud de que se desconoce el modo en que se pasó el control migratorio para el ingreso al país, atento la subsunción que del iter criminis efectuó el juez de la extradición en el delito de "tráfico ilegal de personas" previsto por el artículo 116 de la Ley de Migraciones 25.871, se encomienda a la señora Procuradora General de la Nación que arbitre las medidas del caso para esclarecer las circunstancias que rodearon el traspaso de la víctima a través de la frontera y, a todo evento, agotar la investigación del caso sin que queden impunes tramos de la actividad ilícita enrostrada al imputado que, aunque tuvo comienzo de ejecución en la República del Paraguay, continuó ejecutándose en la República Argentina.