marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Administración Pública, sanciones disciplinarias, apercibimiento, cesantía, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Avalo, Julio César c/ Intendente de la Municipalidad de Huillapima y Concejo Deliberante s/ Acción de Plena Jurisdicción y Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-02-12

El estatuto del empleado municipal que rige en el caso en su art. Art. 56 último párrafo establece. "El agente no podrá ser sancionado sino una sola vez por el mismo hecho".

En el caso, obran dos resoluciones de la demandada por las cuales se le aplicó al actor un apercibimiento en una y en la otra una suspensión por un total de seis inasistencias injustificadas.

Precisamente, estas seis ausencias se encuentran incluidas en la sumatoria en la que se sustenta la cesantía - inasistencias injustificadas que exceden los 15 días del año calendario-, y de ese modo, el reclamante aparece sancionado más de una vez por el mismo hecho. En efecto, si el mismo estatuto tiene incorporada esta garantía constitucional contra el doble juzgamiento derivada del derecho de defensa en juicio, no puede la demandada imponerle al empleado la sanción de cesantía por una falta que ya fue sancionada con anterioridad, como tampoco puede transformar una sanción en otra, ni modificarla, agravando la anteriormente impuesta. En sentido semejante este Tribunal tiene expresado que ".En ese entendimiento, en la cuestión a decidir, patente se advierte la violación al principio nom bis in idem, el que cabe señalar, en la potestad disciplinaria rige plenamente, razón por la cual por el mismo hecho no pueden aplicarse dos o más sanciones" (autos Corte N° 059/07Sentencia 04/08). Sin perjuicio de ello, en lo que aquí interesa, y más allá de que las inasistencias injustificadas del actor -las 15 en el año y/o las 5 consecutivas- puedan exceder lo previsto en la norma, aún restando estas seis que ya fueron objeto de sanción, surge claro que la autoridad sancionadora no cumplió el debido proceso, al obviar la obligación de intimar al actor para que efectúe su descargo. De ello cabe concluir que la autoridad administrativa, en el ejercicio de sus facultades disciplinarias, ha traspasado el límite de lo legalmente autorizado, avasallando los principios y garantías procesales. Por lo tanto corresponde hacer lugar a las acciones de nulidad y plena jurisdicción interpuestas, declarar la nulidad del Decreto dictado por el Concejo Deliberante de la municipalidad demandada, por haberse violado el debido proceso y afectado el derecho de defensa, y ordenar la reincorporación del actor dentro del término de diez (10) dias de quedar firme esta Sentencia.
Remuneración, carácter alimentario, cuestión constitucional
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-08

La tutela efectiva del salario, en atención a su carácter alimentario, involucra una cuestión constitucional. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Medicina prepaga, derecho a la salud
Materia: SALUD PUBLICA-CIVIL
Carátula: L.M.M. c/G.A. s/reclamo Expte. N° 515/22 MCR-ODC s/ Recurso de apelación expte. N° 355/23 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-01

La actividad se encuentra regulada por la ley 26.682 y su decreto reglamentario N° 1993/2011. La afiliación de la actora a la empresa de medicina prepaga es de las denominadas contrataciones corporativas (art. 15). El usuario de los servicios de salud brindados por empresas de medicina prepaga posee un amplio marco normativo que protege sus intereses y que son acordes con la protección constitucional del derecho a la salud.
Procesos de ejecución, obligación tributaria, bienes inmuebles, facultades del gobierno provincial, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de Neuquén c/ Banco Hipotecario S.A. s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-23

Es que, al pertenecer el derecho administrativo y el derecho civil a distintos troncos del derecho -el público y el privado- no existe manera de justificar que, para resolver una cuestión de derecho público local, deba recurrirse al Código Civil (derecho privado), desconociendo el reparto constitucional de competencias, mediante la invalidación de la regulación propia de cada provincia y/o municipio.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, responsabilidad del Estado por actos lícitos, banco central, decretos, emergencia económica, entidades financieras, depósito bancario, depósito a plazo fijo, cancelación de deudas, bonos externos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Manzi, Carlos A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Es descalificable el fallo que no constituye derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa. Así ocurre en el caso en que el sentenciante no tuvo en cuenta el contexto en el que habían sido dictadas las normas de emergencia - decreto 36/90 y comunicaciones del Banco Central - ni examinó si - de acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema - cabía admitir la responsabilidad del Estado.
Falta de acción, resoluciones equiparables a definitiva, gravamen irreparable, investigación del hecho, duración de la investigación, plazos procesales
Materia: CONTRAVENCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Incidente de apelación en autos Bazo, Alejandro Carlos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-05

La resolución que se limitó a confirmar el rechazo de la excepción de falta de acción -frente al posible vencimiento del plazo de la investigación penal preparatoria- no puso fin al proceso, no impidió su continuación y no es posible extraer de los escuetos argumentos que expone el quejoso que, en el caso, existan circunstancias demostrativas del gravamen irreparable invocado. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: D., E. E. y otro c/ CONSORCIO DE PROP. EDIF. "L. T." s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-02

La transferencia de la guarda, debe ser real y efectiva y estar quien se hace cargo de la cosa advertido de los eventuales vicios o riesgos de la cosa, pues de otro modo la transferencia de la guarda no es idónea para liberar de responsabilidad al propietario.
Recurso extraordinario federal, reserva de la cuestión federal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S. S.A.C.I. c/ Provincia del Chubut s/ Acción Declarativa de Certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-23

No es ajena al sistema republicano de confederación entre Provincias, una cuestión concerniente al cumplimiento del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (denominado, precisamente, "Federal").
Eximición de prisión, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Gotelli, Luis M. (h.) s/ eximición de prisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Corresponde dejar sin efecto la resolución que denegó la concesión de la eximición de prisión si al efectuar un juicio anticipado del monto concreto de la pena a imponer, privó al procesado de la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, medidas cautelares, Banco Central de la República Argentina, liquidación de entidades financieras, delegado liquidador, intervención de entidades financieras
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ SINDICATURA EN LA QUIEBRA DEL EX-BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 274 AÑO 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19

Si bien es cierto que la regla según la cual no son definitivas, a los fines del recurso extraordinario, las resoluciones dictadas en materia de medidas cautelares admite excepción cuando concurren supuestos de gravámenes de imposible o insuficiente reparación ulterior, no es menos cierto que -en el caso- el desarrollo argumental del apelante sobre el tópico dista, y mucho, de perfilar un supuesto con entidad tal que permita subsumir la hipótesis de autos en alguna de aquellas excepciones. Así, la cuestión controvertida se resumiría en un 25% de la cartera oportunamente cedida en garantía, toda vez que el quejoso manifestó expresamente que el 75% de la misma ya se encuentra en gestión de cobro judicial o extrajudicial. Así delimitada la cuestión, se advierte que lejos d e patentizarse un agravio de la índole que pretende el recurrente, en la especie resulta incluso dudoso que el ente rector (Banco Central de la República Argentina) ostente un perjuicio actual y concreto, a lo que es dable acotar que el Magistrado de baja instancia, al despachar la cautelar, dejó expresamente aclarado que "Lo obtenido (refiere a los fondos provenientes de la gestión de la cartera) deberá ser depositado en una cuenta especial que al efecto deberá abrir la Sindicatura a nombre de este Juzgado y para estos autos, debiendo rendir cuentas la misma de su tarea en un término que sea acorde" , decisión que, en principio, aparecería como suficiente resguardo de las vicisitudes por las que pueda atravesar el recurso de revisión en el que se discute el privilegio del Banco Central y aleja, aún más, la idea de un gravamen irreparable. (De La Ampliación De Fundamentos De La Dra. Gastaldi)
Honorarios, trámites judiciales, base regulatoria, procedencia del recurso, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Distri - Hur SA y otro  c/ Pepsico de Argentina SRL  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

Corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios y devolver los autos a la instancia de trámite a fin de que se practique una nueva, por cuanto en el caso no se efectuó ninguna distinción a pesar de que hubo demanda y contrademanda fundadas en montos distintos, que impongan regulaciones autónomas (ley 27423: 28).
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, depósito previo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Mayans Juan Carlos. c/ Samuhi S.A.C.I. e I. s/ Reinstalación,etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-09-28

No es procedente el planteo de inconstitucionalidad del art. 140 de la Ley 2383. A este respecto el Superior Tribunal de Justicia, en jurisprudencia vinculante para esta Cámara, ha denegado la tacha de inconstitucionalidad del mencionado precepto legal, por considerar que:"...el depósito previo importa asegurar el cumplimiento previsional y adelantado de la condena, constituyendo así una razonable medida precautoria impuesta en salvaguarda del interés colectivo comprometido y de la celeridad procesal, de lo que no resulta mengua alguna de los derechos y garantías consagrados constitucionalmente.
Ordenanzas municipales, revisión judicial, intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: V.N.P.Sanitarios SCA. c/ Trillo Jorge Alberto s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-25

En el supuesto que las tasas de interés hayan sido establecidas por Ordenanza Municipal, las mismas no pueden superar la limitación que emerge de las reglas morales y el orden público, porque aquella norma no puede estar por sobre la Constitución Nacional y las leyes que en su consecuencia se dictaron (arts. 17, 31, 75 inc.12 de la Constitución Nacional; 621, 622, 21, 656, 953 y concs. del Código Civil).
Recurso de queja (procesal), depósito previo, derechos y garantías constitucionales, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Casa Corazón Cueros S.R.L. s/ concurso preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-18

Si el derecho al acceso a la justicia es uno de aquellos que resultan operativos con su sola invocación e irrestricto en su ejercicio, necesariamente cabe concluir que cualquier condicionamiento del trámite judicial, tal como el que se deriva de la falta de abono del depósito del art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resulta violatorio de esa garantía constitucional (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de casación, legitimación procesal, bienes del fallido, desapoderamiento, quiebra, protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: S., E. B. c/ M., R. s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-26

Y esta cuestión de la legitimación debe relacionarse con el artículo 108 de Ley de Quiebras, puesto que si bien el artículo 107 establece un principio riguroso al disponer que "El fallido queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha de la declaración de quiebra y de los que adquiriera hasta su rehabilitación."; el 108 inc. 2* excluye a "los bienes inembargables", aclarando el inc. 7* que la exclusión alcanza a "los demás bienes excluídos por otras leyes" quedando comprendida la que prevé la ley 14394 en cuanto su art. 38 establece que "El bien de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción..., ni aún en caso de concurso o quiebra...", con las excepciones allí consagradas.
Contrato de trabajo eventual, responsabilidad solidaria, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CABEZA CARLOS ALBERTO c/ RPB S. A. s/ Indemnización despido -Accidente de trabajo - Entrega certif.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-02-19

Si el empleador no justifica la contratación eventual del actor se lo debe considerar su dependiente directo desde el comienzo de su desempeño en la empresa, vinculado por una relación de tiempo indeterminado, y solidariamente responsable de las obligaciones laborales a cargo de las empresas de servicios eventuales -arts. 29, 29 bis, 99 y concs. LCT, 68 y concs. Ley 24.013-
Bono federal, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Paupie, Patricia Liliana y otros c/ Estado Provincial s/ Acción de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-19

La imperiosa necesidad de afrontar las consecuencias del Bo.Fe. justifica una interpretación amplia de las facultades atribuidas al legislador. En tales condiciones, medios o procedimientos que, en circunstancias normales puede parecer inválidos, suelen resistir el cotejo con la Ley Suprema.

El legislador cuenta con las facultades necesarias para satisfacer las exigencias de la sociedad y poner fin a los estados de emergencia y conjurar cuanto ponga en peligro la subsistencia del Estado, supuesto contemplado expresamente en la Constitución de Entre Ríos en su art. 35, que establece la posibilidad de "alterar, restringir o limitar" los derechos y garantías consagrados en la medida indispensable para "asegurar la vida del Estado", valor que adquiere una jerarquía superior aún a la propia Constitución. Es evidente que tanto la sanción de la Ley Nro. 9359 y las que la complementan o reforman, como la Nro. 9382, apuntan al objetivo de asegurar la "existencia del Estado" que se vincula al cumplimiento de la prestación de sus obligaciones básicas, entre otras, el pago de los haberes previsionales de los pasivos del sistema provincial.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia civil, sucesiones, domicilio del causante
Materia: PROCESAL
Carátula: Ardohian, Pedro Leoncio s/ sucesión ab intestato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-22

Es competente para entender en el juicio sucesorio la Justicia Nacional en lo Civil y no la provincial, pues la prueba producida en relación al último domicilio del causante es poco clara y contradictoria por lo que debe tenerse por cierto que es en la Capital Federal - lugar donde se encontraba el causante al momento de su fallecimiento y donde viven la gran mayoría de sus coherederos - que corresponde se abra la sucesión.
Defensa del consumidor, interpretación del contrato, in dubio pro consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: DERDERIAN,  CARLOS c/ VIDEO  CABLE  COMUNICACION  SA  Y OTRO s/ ORDINARIO. (ED 7.7.04, F. 52790; LL 28.4.04, F. 107322).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-31

Cuando la ley 24240 sienta el principio de que, ante duda, se estará a la interpretación mas favorable al consumidor, no esta avalando una interpretación parcial o tendenciosa. En otras palabras, el juez no debe prescindir del esfuerzo interpretativo habitual; si efectuado este, conforme a las reglas de la teoría general, la oscuridad persiste; solo entonces habrá de encontrar aplicación la mentada regla.
Sucesión testamentaria, testamento ológrafo
Materia: CIVIL
Carátula: Trosolino, Rosa Teresa. s/ Sus. testamentaria.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Tratándose de un testamento ológrafo el elemento intencional no depende del uso de fórmulas sacramentales, ni palabras o giros determinados, bastando una expresión clara e inequívoca de la voluntad de testar, disponiendo de todo o parte de los bienes para después de la muerte. Si el causante dispuso "todo lo mío es de" seguido por la firma y fecha antecedido por la firmación "hasta en el cielo te recordare" con la misma fecha más allá del laconismo de la expresión revela la existencia de la referida voluntad de testar.
Excepciones procesales, firma falsa, firma en blanco
Materia: PROCESAL
Carátula: HENRIQUEZ DANIEL HUMBERTO c/ WITTE ANITA ERNESTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-03-23

Hay que diferenciar correctamente entre la falta de autenticidad de la firma y eventualmente de todo el documento, y la firma en blanco que implica su llenado posterior. Esta sustancial diferencia impide que ambos ataques se superpongan o puedan esgrimirse subsidiariamente. Así, quien invoca que no es su firma no podrá, cuando se demuestra su autenticidad aducir que la firma ha sido hecha cuando el documento estaba en blanco, o una defensa o la otra,
Juicio de desalojo, revocación de sentencia, rechazo de la demanda, poseedor, restitución del inmueble, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Pastrana Francisco c/ Barroso Cintia Romina s/ desalojo excepto por falta de pago)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-08-11

Cabe revocar la sentencia apelada por la demandada y en consecuencia rechazar la demanda promovida, dado que no se invocó la calidad de propietario -en cabeza del actor- sino la de poseedor del inmueble, por lo que debía analizarse y probarse el carácter de intrusa de la accionada en la medida en que ella ha invocado también su carácter de poseedora. El desalojo no es la vía para dilucidar controversias sobre el mejor derecho de posesión; al respecto corresponde señalar que cuando se demanda por intrusión, se debe ser propietario, pues la obligación de restituir que contempla el art. 676 del CPCC se refiere a quien ha recibido el inmueble en virtud de una relación contractual, por ejemplo un contrato de locación. En estos casos, el actor no necesita demostrar su condición de propietario, dado que el poseedor puede perfectamente ser locador; sólo requiere en caso de que fuera negado ese vínculo, acreditarlo.
Indemnización por muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización laboral, hijos, mayor de edad
Materia: LABORAL
Carátula: KAUFMAN, JOSE c/ FRIGORIFICO Y MATADERO ARGENTINO  S.A. s/ INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-22

Son beneficiarios de la indemnización del art. 248 LCT los parientes con derecho a pensión según el art. 38 de la ley 18037.

Los hijos del causante, mayores de edad que no han aducido haberse encontrado bajo su amparo económico, no tienen derecho a pensión, ni por lo tanto, se encuentran legitimados para percibir la indemnización expresada.
Excarcelación, delitos contra la humanidad, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Fogelman, Víctor Oscar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-19

Pese a la severidad de la pena de los delitos que se le imputan (delitos de lesa humanidad), los restantes elementos de juicio que ofrece el sumario -residencia estable, sometimiento a la acción de la justicia, la edad del encausado (65 años), transcurso del tiempo (30 años) en libertad, situación familiar, ingresos como retirado de la policía y falta de antecedentes penales- controvierten la presunción de fuga que podría pesar sobre el imputado, por lo que corresponde conceder la excarcelación. La disidencia expresó que corresponde rechazar el recurso de casación. (Dres. Riggi, Ledesma, Catucci -en disidencia-).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, adopción, menores, jueces, competencia, competencia de menores, leyes, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: R., M. J. s/ Adopción plena. Conflicto negativo de competencia. La cuestión a   resolver es: ¿Cuál es el concepto de "Menor en situación irregular"   a los fines de atribuir la competencia material al Tribunal   Colegiado de Familia o al juez de menores en orden a una adopción   plena? (-Tribunal pleno-) de Familia o al juez de menores en orden a una adopción   plena? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-30

Nuestra ley de adopción no prevé la preadoptabilidad; contiene como presupuesto la guarda previa de un año. El factor desencadenante de la guarda es la entrega o el discernimiento inicial de adoptante unipersonal o matrimonial. Pues bien, tratándose de un "dato" o fenómeno presupuesto como detonante fáctico de la guarda puede darse de innúmeras maneras: espontánea entrega con o sin escritura pública, asunción paulatina, entrega en otra jurisdicción ante autoridad judicial, introducido del extranjero, entrega ante juez de menores local, etc. De ese arco de posibilidades la norma orgánica escoge una como excepción a la regla de competencia del Tribunal de Familia, esto es cuando sea un Juez de Menores local quien haya discernido la entrega e intervenga en los avatares del estado de abandono del menor y luego durante la guarda; esto es, cuando el menor ya está sometido a su jurisdicción. Esta excepción y solo ésta revela la especialidad de ese Juez de Menores frente a un fenómeno jurídico-social más amplio y atinente a la Familia como lo es la adopción, materia propia del Tribunal de Familia. Existe claridad en la determinación normativa, cuyo texto no deja margen de dudas sobre en qué casos corresponde entender a uno u otro tribunal y además, tal selección o reparto de competencia se ajusta a las razones jurídico-sociales substanciales que permite la adecuación de materia al objeto de cada órgano judicial. (Del Voto del Dr. Donati).
Recurso de inaplicabilidad de ley, notificación, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA  DE TRABAJO DISTR. DE DIARIOS Y REVISTAS SARMIENTO LT c/ GIRADO, Jorge Rogelio s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-25

La notificación del Recurso de Inaplicabilidad de la ley no debe regirse por el art. 133 Código Procesal (notificación tácita), sino por el contrario, mediante notificación por cédula a la otra, atento la índole de la cuestión a decidir y en aras a resguardar el prinicipio de bilateralidad.
Prueba del pago, recibo, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: V. J., F.E. c/ R., C. y Otro s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-14

"La manera más fehaciente de liberarse de una obligación cambiaria por el pago es la recuperación del documento ya que el acreedor está obligado a entregarlo a quien se lo abone".