Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-04-10


Reg.: A y S t 281 p 478/480. Santa Fe, 10 de abril del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Carlos David Alvarez, contra la resolución 807 de fecha 11 de setiembre de 2017, dictada por el Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial N° 1 de la Provincia, doctor Creus, en autos "ALVAREZ, CARLOS DAVID - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: '1- BOGARIN GÓMEZ, BRIAN EDGARD; 2-ALVAREZ, CARLOS DAVID S/ HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO, HOMICIDIO DOLOSO' - (CUIJ 21-06366709-6)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511671-3); y, CONSIDERANDO: 1. Por resolución 807 de fecha 11 de setiembre de 2017, el Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial N° 1 de la Provincia, doctor Creus, resolvió confirmar, con costas a la impugnante, la decisión que -a su turno- no hizo lugar a la excepción de falta de jurisdicción planteada y consecuente solicitud de implementación de la ley de juicio por jurados (fs. 16/19v.). 2. Contra dicho pronunciamiento, la defensa técnica de Alvarez interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 23/27v.). Sostiene que si bien el decisorio atacado no constituye una sentencia definitiva, puede equipararse a tal, desde que el agravio ocasionado resulta de imposible o tardía reparación ulterior. Afirma que de la resolución en crisis surge una desinteligencia con normas rectoras del debido proceso constitucional, que lesionan el derecho de defensa y el debido proceso legal (art. 18, C.N.). Luego de efectuar una reseña de los antecedentes de la causa, expone sus agravios a fin de fundar la procedencia del recurso presentado. Así, entiende que la decisión recurrida es arbitraria, por cuanto se le ha desconocido a su defendido, mediante el empleo de argumentos laxos y lesivos de la razón suficiente, el ejercicio de una garantía judicial que hace al debido proceso legal, pues el derecho de todo ciudadano a ser juzgado por sus pares representa una garantía constitucionalmente reconocida (art. 24, C.N.). Señala que el proceso adjetivo no será "debido" si no se le reconoce a Alvarez su prerrogativa a ser juzgado por sus pares y que el Poder Judicial debe adoptar decisiones justas, respetando las garantías que integran el debido proceso legal. Afirma que deviene en un "sin razón" que el Poder Judicial, como custodio de la Constitución nacional, no intime a los otros poderes a que se implemente este instituto para mejorar su funcionamiento, permitiéndoles a los ciudadanos que ejerzan tal derecho si así optasen. Sostiene que el razonamiento seguido por el A quo de que no puede haber agravio constitucional en la intervención de un tribunal designado de antemano, es sesgado, ya que -dice- al encontrarse vedado interpretar un dispositivo constitucional como cancelatorio de otro, la hermenéutica acertada es la sistémica, y la elección efectuada por Alvarez no puede ser soslayada bajo el pretexto de que ya existe otra forma de enjuiciamiento también constitucional. 3. Por auto de fecha 10 de noviembre de 2017, el Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial N° 1 de la Provincia, doctor Creus, denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 34/35v.). Tal denegatoria motivó la presentación directa de la recurrente ante esta Corte (fs. 39/42v.). 4. Liminarmente cabe sostener que aún cuando pudiera reputarse superada la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado, la presente queja no ha de prosperar. Es que a pesar de que en su escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad la defensa invoca arbitrariedad por desconocimiento del derecho de todo ciudadano a ser juzgado por sus pares, la postulación impugnativa, pese al matiz constitucional que aspira otorgarle, deja traslucir tan sólo su desacuerdo con la solución dada al "sub lite" por el A quo que, en una postura adversa a sus pretensiones, confirmó -en lo que aquí interesa- el rechazo de la excepción de falta de jurisdicción planteada por la defensa de Alvarez y consecuente solicitud de implementación de la ley de juicio por jurados. En efecto, la pretensión de la impugnante ha sido examinada y contestada por el Juez de primera instancia y por la Alzada, con argumentos suficientes desde la óptica constitucional y no rebatidos por aquélla con fundamentos del mismo orden, por lo que su planteo luce como un intento de proponer nuevamente al debate su disconformidad con lo resuelto. Así, la Cámara centró el análisis de la petición efectuada a fin de establecer si en el caso concreto, la falta de previsión de un tribunal lego o constituido por jurados, conlleva a eliminar la jurisdicción atribuida al tribunal técnico previsto legal y constitucionalmente. Y en tal labor, con apoyo en jurisprudencia de la Corte nacional, concluyó en la compatibilidad constitucional de tribunales técnicos para ejercer la jurisdicción en materia punitiva, mientras la ley ordinaria no disponga otro sistema de administración de justicia diferente, y desestimó la configuración de agravio de entidad constitucional por la intervención de un tribunal designado constitucionalmente de antemano, de acuerdo a la organización judicial dispuesta por la provincia de Santa Fe (arts. 5 y 126, C.N.). Frente a tal argumentación, la compareciente intenta oponer su propio enfoque, afirmando que al resolver de este modo se está desconociendo una garantía constitucional, mas sin lograr acreditar que en su decisión, los jueces de la causa hayan efectuado una interpretación de la normativa aplicable que sea ilógica o irrazonable. Por otra parte, la defensa no ha logrado demostrar la violación del derecho de defensa en juicio y del debido proceso que le genera el sistema de juzgamiento vigente por medio del cual se determinará la situación jurídica de Alvarez respecto del hecho objeto de juzgamiento. Por último, y más allá de las consideraciones que la Alzada expusiera para desestimar lo peticionado por la compareciente, cabe señalar que la promoción e implementación del juicio por jurados es materia propia del poder legislador, y una ley especial emanada del mismo será la que determine su composición, integración, sustanciación y deliberación (arts. 24, 75 inc. 12 y 118, C.N. y 4, C.P.P.). Por todo ello, los reproches de arbitrariedad endilgados sólo vislumbran -como se anticipó- su mera discrepancia con la hermenéutica normativa efectuada por la Alzada, materia que, por regla, es ajena al conocimiento de esta Corte, en particular si -como en el "sub examine"- la decisión cuenta con fundamentos razonables y suficientes que descartan esa tacha. En conclusión, desde que la recurrente no ha podido justificar que las apreciaciones efectuadas por la Cámara encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad o de convalidación de violación de derechos o garantías constitucionales, sus agravios no tienen entidad suficiente como para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - GASTALDI - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Juez del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial N° 1 de la Provincia, doctor Creus.