Ministerio Público Fiscal, dictamen fiscal, nulidad procesal, fundamentación de la resolución, falta de fundamentación, voto en disidencia
Materia: PENAL
Carátula: " Incidente de excarcelación de Palacios, Jorge Alberto ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-30

"Dada la trascendencia que reviste la opinión del representante del Ministerio Público Fiscal en materia de libertades y la que el propio juez le asigna al decidir sobre el pedido excarcelatorio, los sucriptos no pueden dejar de merituar el dictamen obrante fs. 36". "Allí, si bien el Fiscal Di Lello se remonta a su primer intervención en el incidente de exención de prisión, exhorta al juez, en su calidad de director del proceso penal, a que valore nuevamente la posibilidad de entorpecimiento. Explica que la relación de inmediatez entre el Dr. Oyarbide y el expediente -"muy complejo y voluminoso y en el que constantemente se agrega evidencia documental, testimonial, informativa y pericial"- le permite efectuar "un análisis más profundo de la cuestión que el que pudiese efectuar esa Fiscalía". Así concluye que "si Palacios puede o no entorpecer la investigación es una circunstancia que sólo V.S. en su íntima convicción puede valorar de manera fehaciente y es por ello que ese Ministerio Público acompañará la decisión que se adopte". "Conforme se observa de las partes transcriptas, por más de que el juez afirme valerse de la opinión concordante del Fiscal, no existió tal opinión sino que, por el contrario, el acusador público se desentendió de la suerte de la incidencia y comprometió de antemano su acompañamiento a la decisión que se adoptase, cualquiera fuera ésta" ."Con la seriedad que impone referirse a un acto de un órgano con independencia y autonomía funcional reconocida constitucionalmente -cfr. art. 120 C.N.-, no podemos dejar de advertir que la pieza obrante a fs. 36 no cumple con la exigencia legal de un actuar motivado que se baste a sí mismo -cfr. art. 69 CPPN-. Particularmente, estos defectos no pueden ser ignorados cuando, como en el presente caso, su intervención es obligatoria al punto que prescindir de ella acarrea la nulidad del acto jurisdiccional -cfr. arts. 331 y 167, inc. 2, CPPN-. Ergo, el examen de razonabilidad y legalidad sobre dicha pieza conduce a declarar su nulidad". "Un dictamen de esa especie resiente indudablemente la validez de la decisión del juez, sobre todo, cuando éste lo utiliza como piedra basal de la denegación de la libertad al imputado. Pero, paralelamente, el auto obrante a fs. 37/40 posee vicios propios que de igual forma lo invalidan como acto jurisdiccional". "Es equivocado sostener, del modo en el que luce en el resolutorio, que el fundamento de esta Sala para confirmar la prisión preventiva de Palacios haya sido la complejidad y voluminosidad de la causa. En forma aislada dichas notas caracteristicas no son fundamento hábil para ninguna restricción de derechos, menos para privar de la libertad a una persona antes de que recaiga sobre ella una sentencia de condena"."Si alguna duda resta a la hora de interpretar la doctrina de este Tribunal una buena guía es su línea jurisprudencial (en especial a partir de la causa nro. 37.788 "Incidente de eximición de prisión de Páez, Gustavo E.", rta. 29/04/05, reg. 345)". "En línea con esa doctrina, hace escasos días el Tribunal volvió a llamar la atención sobre la necesidad de que a la hora de invocar un peligro de entorpecicmiento los magistrados especifiquen en forma concreta las medidas que restarían llevarse a cabo en lugar de mencionar genéricamente eventuales cauces de investigación (c. 44.445 "Elena, Lucas A.

s/ excarcelación", reg. 587, rta. 24/6/2010)".

"No coincido con la tacha de invalidez que proponen los distinguidos magistrados preopinantes. Ninguna de las piezas, ni el dictamen fiscal ni el resolutorio del Dr. Oyarbide, fueron impugnadas en cuanto a su validez por la esforzada defensa de Jorge Alberto Palacios. Tampoco encuentro yo, más allá de la disconformidad de la parte con su contenido, un alejamiento de las exigencias normativas (cfr. art. 123, 317, 318, 319 y 331 del C.P.P.)". "A mi entender, tanto el dictamen del Dr. Di Lello como el decisorio apelado confieren la fuerza que se merece al mantenimiento de las circunstancias que otrora justificaran el encierro preventivo" (Del voto en disidencia del Dr. Farah).