marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cheque, cheque no a la orden, certificación de firma, responsabilidad del banco, responsabilidad solidaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: POND'S ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA. c/ BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-28

1. Si se interpretan armónicamente las normas del decreto ley 4776-63: 7 y 34- 5to., En la común hipótesis de que el banco depositario de un cheque sea distinto del banco girado, la actuación del banco depositario de estampar su sello en el cheque significa el cumplimiento de su deber de identificar al depositante -mediante la verificación de su firma- y de establecer la coincidencia que debe existir entre la persona del depositante y la del legitimado para cobrar el documento.

2. Así obrando, el banco depositario certificó la firma de los endosantes como la propia de éstos y a éstos como legitimados para cobrar el cheque, creando frente al banco girado la apariencia de que el cheque sería bien pagado a su legítimo beneficiario.

3. Si tal creada apariencia fue falsa, ello constituye la causa y fuente de la obligación del banco depositario.

4. Corresponde, también, atribuir responsabilidad a la financiera en tanto ésta también transgredió normas legales y reglamentarias:

el hecho de no haber endosado el cheque que depositó en su cuenta constituyó actuación defectuosa de su parte y no puede servir para excusar su responsabilidad.

5. Siendo la fuente legal de las responsabilidades del banco, de la financiera y de la persona física en cuya cuenta fue depositado el cheque, el código civil: 1109, bien puede responsabilizarse a todos ellos por la totalidad del daño causado, por causa de la solidaridad establecida por tal norma y por el código civil: 1081.

6. Si la actora perjudicada por el hecho dañoso sólo demandó al banco depositario, puede por consiguiente responsabilizarse a este por todo el daño cuya reparación pretende. Es que trátase de responsabilidad de fuente cuasi-delictual que pesa sobre el banco, la financiera y aún el titular de una cuenta en esa financiera que incumplieron normas legales y reglamentarias referidas a la circulación, depósito y pago de cheques.
Empleados públicos, reajuste jubilatorio, ley derogada, regímenes jubilatorios especiales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BOMPLAND, Arturo Catalino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-10

Debe desestimarse el pedido de reajuste del haber jubilatorio fundado en el régimen diferencial del Decreto 35.765/44, toda vez que a partir de lo dispuesto por el Decreto 4.257/68 (B.O. 2/8/68) dictado de conformidad con el art. 9, segundo párrafo, de la ley 17.310, no puede sostenerse válidamente la vigencia de aquél dado que la ley referida estableció un régimen uniforme de prestaciones tendiente a eliminar los regímenes de privilegio o diferenciales existentes a la fecha de su sanción (B.O. 21/6/67).
Cesión de créditos, compensación
Materia: CIVIL
Carátula: ALEJANDRO F. González S.A.C.I. c/ Y.P.F. s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-01

De acuerdo al art. 826 del C.C. la compensación que puede oponer el deudor cedido se limita a los créditos que sean anteriores a la cesión notificada.
Jubilación por invalidez, aportes previsionales, aplicación de la ley, apreciación de la prueba, moratoria previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PEREZ HUGO CESAR c/ ANSES s/JUBILACION Y RETIRO POR INVALIDEZ c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-02

Se considera aportante irregular con derecho quien acredite 12 meses de aportes dentro de los 60 meses anteriores a la fecha de solicitud del Retiro por Invalidez o la fecha de fallecimiento del afiliado en actividad, siempre que acredite el 50% del mínimo de años exigido para el goce de la PBU. Cabe la aplicación de las disposiciones de la Ley N° 25.321, siempre que se verifique la acreditación del mínimo de años con aportes exigido por la Ley N° 24.241 para el logro de la PBU - PC - PAP, resultante del juego armónico de sus arts. 19 inc. c) y 38 teniendo en cuenta para ello, la fecha de cese en la actividad.
Dominio, transmisión del dominio, concursos, declaración de quiebra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gelatti, Ernesto c/ Danussi y Cía. S.A. Quiebra s/ Ejecución de sentencia de escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Si por aplicación del art. 3270 del Código Civil, nadie puede transmitir un derecho de mayor calidad, o extensión del que tiene, y en consecuencia quien ha vendido un inmueble, cobrando la totalidad del precio, entregando la posesión, y resultando obligado a escriturar por una sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, ya no tiene -por regla- ningún derecho remanente sobre el bien, que pueda transferirse a la masa de acreedores.
Falsificación de instrumento público, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Algarbe, Evangelina Alba c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-07

El voto concurrente agregó que la potencialidad del DNI hallado en poder de la imputada -con su fotografía en sustitución de la de la titular del documento- para generar un perjuicio al bien jurídico protegido por el art. 292, segundo párrafo, CP que exige que la falsificación se realice de modo que pueda resultar perjuicio fue debidamente acreditado en las actuaciones. (Dres. Catucci, Figueroa -voto concurrente-, Riggi).
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: LEZCANO, Ángel Domingo s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-05

Sabemos que no es pacífica la Doctrina y Jurisprudencia en relación a la aplicación de la insignificancia en el Derecho Penal, aunque ha de reconocerse que mayoritariamente resulta inaplicable puesto que la ley no tiene en cuenta la menor o mayor intensidad de afectación al bien jurídico que tutela la norma infringida.

Como dice el Sr. Ministro de la Corte de Justicia de Salta "la teoría de la insignificancia es contradictoria, la afectación del bien jurídico existe o no existe, se da o no se da. En esto no hay 'medias tintas'.

Por más mínima que sea la lesión es indudable que en alguna medida el bien jurídico ha sido vulnerado" (voto del Dr.Abel Cornejo in re "c/c Rodríguez, Hugo Enrique - Rec.de Casación", Expte.Nº CJS-30.646/07).

El máximo Tribunal de Justicia local entendió de modo unánime que "la ley no distingue entre lesiones leves o levísimas, ni excusa, justifica o exime de responsabilidad o de pena a las segundas, siendo que, precisamente, por el apuntado carácter subsidiario de la disposición bajo examen, la ley penal castiga a toda especie de ataque contra la integridad corporal que produzca alguna alteración por mínima que sea..." Por otra parte, se pondría en crisis la seguridad jurídica si se dejase librado al arbitrio judicial establecer la frontera de la lesividad punible o, dicho de otro modo, en qué casos habría de aplicarse la "teoría de la insignificancia" y en qué otros no.

Como fuese y en tanto no exista un pronunciamiento superador de la jurisprudencia sentada por el máximo Tribunal Provincial en el precedente referido, no resulta viable el recurso interpuesto por la Defensa en el caso que nos ocupa.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: AUATT DE JURI CLARA Y OTRA c/ ZAVALÍA BENJAMÍN FRANCISCO s/ NULIDAD DE ESCRITURAS PÚBLICAS, ETC. - CASACIÓN CIVIL FRANCISCO s/ NULIDAD DE ESCRITURAS PÚBLICAS, ETC. - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-07

Las cuestiones de hecho, prueba y de corte procesal son en principio exclusivas de los tribunales de mérito, y pese a la invocación de arbitrariedad, el tribunal de casación civil no puede sustituir los criterios sustentados por el tribunal A quo al sentenciar, salvo que los mismos no constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Facultades del juez, facultades disciplinarias, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Vanni, Jorge Raúl c/ Rolleri, Edgardo y Otro s/ Ejecución de Honorarios s/Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-12

"La advertencia formulada a un letrado no constituye una sanción disciplinaria, importando solamente un llamado de atención, el que no es susceptible de recurso alguno".
Mobbing
Materia: LABORAL
Carátula: D., R. B. c/ ENTRETENIMIENTO PATAGONIA S.A. s/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-04-06

Dice "Autosuficienciapress" al respecto: "... En el acoso moral o mobbing (asalto en inglés) ... , la victima se debate entre conservar su puesto o sufrir el abuso de personas con poder para vulnerarla. Pero en la actualidad el ámbito laboral no se limita al espacio físico de trabajo. Muchas personas trabajan desde su casa o se mueven en el interior del entramado de redes, ... donde la credibilidad es esencial para pertenecer. El network mobbing se produce en este espacio amplio y poco definido donde las víctimas tienen pocas posibilidades de defenderse. Por su parte, los receptores de los agravios no se dan cuenta que están sufriendo una manipulación y una invasión a su intimidad ..."
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, partes comunes, construcción en partes comunes, azoteas, unanimidad, Código de edificación
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ, Benito c/ RENAUD, Ricardo s/ ACCIONES ART. 15, LEY 13.512
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-04

La circunstancia de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires permita la instalación de un gimnasio en un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal y apruebe las obras allí realizadas de acuerdo con el código de edificación, no significa por sí que pueda imponerse la construcción cuando, en el caso, otros propietarios del consorcio se oponen a la realización de aquélla. Pues, las atribuciones del Municipio no pueden incursionar en un tema propio y específico de la ley 13.512 de propiedad horizontal.
Honorarios, recurso de revisión (procesal), asegurador por riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MALDONADO MANUEL PETRONILO c/ SUCESORES DE JUAN MANUBENS CALVET s/ HABERES  - RECURSO DE REVISION - ART. 1272, INC. 3* CPC - HONORARIOS   PROCURADOR - LEY 7269
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-05

La contradicción a que se refiere el art. 1272, Inc. 3° CPC es la que esta contenida en la parte resolutiva de la sentencia, de modo tal que afirmando y negando simultáneamente -en violación del principio lógico de no contradicción- vuelva imposible su ejecución.

Es improcedente el recurso fundado en la causal aludida, si se aduce contradicción en las consideraciones o disposiciones que los jueces hacen en la sentencia, porque alude a la resolución misma y no a sus fundamentos.
Recurso de inconstitucionalidad, efecto suspensivo, leyes, interpretación de la ley, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., J. O. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL- (RECURSO DE RECONSIDERACION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

En relación a la hermenéutica que corresponde asignarle al artículo 9 de la ley 7055, este Tribunal ha expresado que a dicho precepto no cabe acordar efecto suspensivo a la interposición del recurso de inconstitucionalidad -ni a la queja deducida-, desde que la simple articulación de dicho remedio no suspende la ejecución del fallo impugnado, circunstancia que únicamente acontece cuando el recurso es concedido. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 126, p 233; T 194, p 218, 229 y 235; T 222, p 155; T 260, p 46; T 262, p 485; T 263, p 305.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, integración del tribunal
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-10

Es improcedente la impugnación formulada respecto de la ausencia de un juez en el Acuerdo de la Excma. Cámara en que se dictó la sentencia cuestionada ni el caso se encuentra comprendido en el art.

47 de la ley 5827.
Jubilación por invalidez, reciprocidad jubilatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado c/ Poder Ejecutivo.Coadyuvante:Lanzoni,Arturo s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-03

El sistema de prestación única -que nace en el ámbito previsional para superar la notoria injusticia generada por la imposibilidad de acumulación de beneficios que impedía al trabajador adecuar la jubilación a lo que él ganó durante toda su vida activa-, no puede constituirse en un obstáculo para que quien puede acceder a él acogiéndose al sistema de reciprocidad se excluya por su voluntad, prescindiendo parcialmente de los servicios prestados, para obtener una jubilación por invalidez optando por la caja cuya legislación no requiere un tiempo mínimo para el otorgamiento.
Interpretación de la ley, juez de instrucción, auto de falta de mérito
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Peralta, Víctor Daniel s/ Lesiones y Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-09-24

Resulta que ahora, tras la reforma efectuada por la ley 351, el juez estima completa la instrucción y corre la vista del 318 sin haber hallado hasta ese momento ningún elemento de convicción para revocar y reformar aquél auto de falta de mérito (arg. art. 283). ¿Cómo es posible que sin encontrar elementos de convicción suficientes a objeto de procesar en el plazo previsto por el art. 278, ni de advertirlos previo a estimar completa la instrucción para revocar y reformar el auto de falta de mérito (art. 283), ni de haberse solicitado o practicado nuevas diligencias probatorias luego de aquélla instancia prevista por el artículo 318, con el requerimiento de remisión a juicio efectuado por Fiscalía encuentre que existe mérito para elevar la causa a juicio?.(disidencia Dr. Carranza)
Beneficio de litigar sin gastos, alimentado con recursos económicos, juicio, partes, tasa de justicia, costas, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CORGNALI, RAUL ANGEL c/ VICENTIN SAIC Y-U OTROS s/ DECLARATORIA DE POBREZA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   N. 524-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-05

Resultan absurdas las consecuencias a las que puede llevar la aplicación de los criterios "comunes" a los juicios seguidos con beneficio de litigar sin gastos. Así, resulta menester destacar, por ejemplo, que la tasa de justicia y la condena en costas operan como pautas de contención o equilibrio, que a la vez que sirven de dique s al arbitrio de la demandante -aventando así los abusos rayanos en la pluspetición inexcusable- garantizan a la contraria -vinculada por esa cuantificación ajena a su voluntad- la confrontación con sumas razonablemente proporcionadas con los perjuicios cuya reparación se impetra, pero la operatividad de tales vallas queda neutralizada en los casos en que se concede a la actora el beneficio de litigar sin gastos, quebrándose de tal forma un cuadro armónico cuya existencia posibilita -como principio- retribuciones acordes con los valores en juego y que, por ende, condiciona la aplicación de las pautas establecidas en los aranceles vigentes.
Reajuste jubilatorio, cómputo de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: HERNANDEZ JOSE EDUARDO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-23

Respecto del cómputo de los servicios diferenciales, cabe destacar que el art. 16 inc. c) del Decreto 8525/68 dispone: "Cuando se hagan valer servicios comprendidos en distintos regímenes jubilatorios, a los efectos de determinar la edad necesaria para obtener la prestación..", en el caso de hacerse "..valer servicios comprendidos en regímenes que para obtener la prestación requieran distinta antigüedad, se establecerá previamente la equivalencia del tiempo de servicios con relación al exigido.." para otorgar cada beneficio. Siguiendo dichos lineamientos, se deberá determinar la equivalencia precedentemente mencionada, la que se computará por cada año común 1.2 años de servicios insalubres laborados, fijándose como límite la edad arribada por el peticionante.
Consejo de la Magistratura, consejero del Consejo de la Magistratura, nombramiento, bloque parlamentario, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Martínez, Germán Pedro c/ E.N. - Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-02

Debe ser rechazada la medida cautelar urgente impulsada por el jefe de un bloque parlamentario de la Cámara de Diputados de la Nación, con el objeto que se suspenda la resolución que designó a una Diputada Nacional como representante titular del cuerpo legislativo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, habida cuenta que la resolución impugnada, en principio, respeta las disposiciones vigentes, pues el partido político que integra la legisladora constituye, al día de la fecha, la segunda minoría en cantidad de Diputados, por lo que no puede tenerse por acreditada la verosimilitud del derecho.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-03


2º Instancia.- Buenos Aires, septiembre 3 de 2010.

Considerando: 1. Apeló la fallida la resolución de fs. 636/8. Sostuvo el recurso con la memoria de fs. 647 contestada a fs. 667/8. La fiscalía de Cámara emitió dictamen a fs. 686.

2. Los fundamentos de la Fiscal General -que esta Sala comparte y a los cuales se remite por razones de brevedad- resultan adecuados para rechazar el recurso interpuesto.

De acuerdo a lo establecido por la LCQ 126 y 209 es requisito para la formación de concurso especial, que el acreedor haya presentado la solicitud de verificación de su crédito. Pero no es necesario que la verificación esté resuelta, sino basta que se haya cumplido con su presentación (en el caso, el crédito del ejecutante fue declarado admisible en la oportunidad de la LCQ 36; encontrándose actualmente sujeto a revisión).

De ello se sigue que se puede promover concurso especial aún estando pendiente la decisión de verificación de crédito invocado (Heredia, Pablo D., "Tratado Exegético de Derecho Concursal", Tomo IV, pág. 545). Debe tenerse en cuenta además que ante el estado falencial de la demandada, resulta procedente la realización de los trámites de la subasta, resultando relevantes las cuestiones atinentes al crédito y privilegio hipotecario, sólo en lo referente al destino de los fondos producidos por la enajenación del bien (CNCom., Sala C, in re " Cano Francisco c/Basilio María del Carmen s/ejecución hipotecaria", del 19.7.07).

3. Se desestima la apelación interpuesta y se confirma la decisión apelada. Con costas (cpr 68). Notifíquese a la Sra. Fiscal General en su despacho. Cumplido, devuélvase encomendándose a la Sra. juez a quo las notificaciones pertinentes. La Sra. Juez Dra. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).- Matilde E. Ballerini.- Ana I. Piaggi.
Responsabilidad del Estado, motín carcelario, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CIVIL
Carátula: MANJON VICTOR HUGO c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-17

Desvirtúa su propio agravio la demandada, en el sentido que el motín constituiría una causa de fuerza mayor o caso fortuito. Ello no es así, no sólo por lo que la misma parte recuerda, habida cuenta de antecedentes similares, sino que dadas las condiciones de sobrepoblación de la unidad penitenciaria y carencia de condiciones de habitabilidad era predecible y evitable el evento. Y esto es corroborado por los dichos del director de la mencionada unidad en la causa penal, ya que ante la previsibilidad de los acontecimientos, era necesario tomar medidas para mejorar la condición de la unidad de detención.
Obligaciones del empleador, igualdad de trato
Materia: LABORAL
Carátula: S.B., L.C. y Otros c/ S. SAICA s/ Cobro de Haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-21

El principio de igualdad de trato se refiere a quienes se encuentran también en igualdad de condiciones o circunstancias, criterio contenido en el artículo 81 de la L.C.T., en cuanto impone el deber legal de trato igual para con aquellos trabajadores que se encuentra en identidad de situaciones. Dicho de otro modo, el hecho de que una o varias personas sean tratadas especialmente no contraría la norma contenida en el precitado artículo 81 de la L.C.T., puesto que lo que interesa desde el punto de vista legal no es que haya algún empleado más favorecido que otro sino que algún empleado resulte discriminado respecto de la generalidad.
Inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Iñiguez, Pablo Gabriel y otros  c/ Municipalidad de San Vicente  s/ Inconstitucionalidad Ordenanzas 5364 y 5365
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-08-11

El examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de la que gozan las ordenanzas municipales. Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230, inc. 1, CPCC), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable, la Suprema Corte ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada podía generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho.
Juicio ejecutivo, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Minotauro S.A. c/ Banco de Pcia de Bs. As. s/ Verificación de cuentas y determinación de saldos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

No es del todo exacto que la sentencia de remate no tenga absolutamente ningún efecto de cosa juzgada material, ya que lo tiene en la medida en que por la norma del art. 551 del CPCC, se determina cuáles son las cuestiones que no pueden ser debatidas en el juicio de conocimiento posterior. (Minoría u opinión personal)
Prescripción adquisitiva, accesión de posesiones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hernández, Martín Gabriel c/ Cantini, Guillermo María s/ Prescripción adquisitiva bicenal/usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10

El fundamento en que radica la figura de la llamada "accesión de posesiones", que son distintas y separables entre s{i, es que le anterior traspasa a su sucesor a título singular los drechos y ventajas emergentes del estado de hecho de su posesión, y así, mediante la accesión, el segundo puede completar el plazo legalmente requerido para la prescripción adquisitiva a su favor, de modo que quien la promueve debe probar necesariamente la existencia de los actos posesorios ejecutados por su antecesor, y luego los por él mismo realizados.
Autoría mediata, participación criminal
Materia: PENAL-PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Labarta Sanchez, Juan Roberto s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-08

Es autor mediato quien, si bien no se ha comprobado su directa intervención en la ejecución de las órdenes criminales, estuvo en situación de dirigir la parte de la organización que le estaba subordinada, ya fuera por propia iniciativa o cumpliendo el interés de las instancias superiores.