marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos, cesión de créditos, efectos entre partes, cedente, concursado, improcedencia del recurso, competencia
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Policrédito Coop. Ltda. de Crédito y Vivienda  c/ Yamaha Motor Argentina SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-07

Procede revocar la resolución que hizo lugar a la demanda por cobro de cierta suma de dinero, con base en que cierta sociedad había cedido al actor las dos facturas aquí reclamadas y que esa cesión había sido realizada en garantía de cierto préstamo dinerario que la actora había concedido a la cedente. Fuera de controversia se encuentra que la actora es cesionaria de ese crédito que tenía aquella sociedad en contra de la demandada, según transferencia que se produjo mientras tramitaba el concurso preventivo de la cedente y que esa cesión se produjo sin que se hubiera obtenido la autorización del juez que entendía -y lo sigue haciendo- en ese concurso; y también contestes se encuentran las contendientes en cuanto a que la cesión en cuestión fue efectuada "en garantía". Es verdad que, como fue señalado por el juez de primera instancia, solo el juez concursal puede pronunciar la ineficacia de los actos realizados en infracción a las normas concursales. No obstante, esto no significa que los terceros puedan ignorar ese régimen concursal o soslayarlo, como lo exhibe la evidencia de que tal régimen también es aplicable a su respecto y de él resultan actos que, en su caso, pueden ser ineficaces. De esto se deriva que la demandada, que es quien debe pagar en función de esa operación no autorizada, pueda invocar la aludida infracción a las normas concursales, pues, de lo contrario, se la estaría obligando a consumar un acto que, en su caso, quedaría expuesto a ser declarado ineficaz. En esas condiciones, quien debería haber probado que la operación no había infringido la ley era la actora, no la demandada, desde que esta última no fue parte en esa operación ni, por ende, pesaba sobre ella la obligación de acudir al juez en cuestión a esos efectos. Como es claro, esto no significa que la Sala pueda declarar la aludida ineficacia, pero sí puede y debe aceptar que hay un recaudo que está faltando, que impide a la actora reclamar el pago. Admitir que un tercero que ha obtenido derechos de un concursado en infracción a esa ley puede sortear su aplicación si los reclama por vía individual -esto es, en un juicio distinto del concursal en el que nada al respecto pueda ser juzgado-, sería tanto como admitir que los jueces que entienden en esos juicios individuales deben dar el espaldarazo necesario para inaplicar ese régimen y vulnerar de ese modo la autoridad del magistrado que entiende en el concurso, lo cual es inadmisible.
Regularización del trabajador, multa laboral
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Bogao, Raul Alberto c/ Bogao Juan Alberto s/ laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-12-28

Ante la acreditación de la falta de inscripción del trabajador ante el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (art. 3° de la ley 22.250), corresponde acceder a la imposición de la multa de treinta jornales de la industria, sanción que es independiente de la establecida en la primera parte del art. 18, prevista para el incumplimiento de la obligación impuesta por el art. 17 -entrega de la libreta con constancia de depósito- que debe ser establecida por el Magistrado entre un máximo de 90 y un mínimo de 30 jornales.
Recurso de apelación (procesal), depósito
Materia: LABORAL
Carátula: Ríos, Mónica c/ Beber, Raul M. s/ Diferencia de sueldos-Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-11-28

No asiste razón a la recurrente en cuanto a la extemporaneidad del planteo de oposición que hiciera la actora puesto que, dado el tipo de resolución y forma de notificación de la misma, según lo dispuesto por los artículos 125 inciso a) y 26 inciso j) del Código Procesal Laboral el traslado ordenado fue contestado en tiempo oportuno. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, cheque, delitos, leyes, interpretación de la ley, Derecho comercial
Materia: PENAL
Carátula: H, E A s/ Recurso de Inaplicabilidad doctrina legal (Expte.. Nro. 8-86) -Tribunal  plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-15

El tipo previsto por el artículo 302, inciso 1 de nuestra ley penal presenta una base que se ubica en el derecho comercial cuando refiere al "cheque". Ello no debe descuidarse toda vez que se deba conceptualizar sobre el mismo; porque no podemos apartarnos del ordenamiento jurídico en su conjunto para llegar a parcializar opiniones según la óptica que pueda proporcionar una rama del derecho. Con tal premisa por cheque debe entenderse a la orden de pago extendida contra una institución crediticia en la que se supone que el librador tiene cuenta corriente (artículo 1 Decreto- Ley 4776/63 ratificación Ley 16478). De la especial legislación aplicable no surge que el cheque pueda confeccionarse con fines distintos a los de una simple y pura orden de pago. (Del Voto del Dr. Sobrero).

En el caso, la cuestión a resolver era: ¿Constituye el objeto típico contemplado por el artículo 302, inciso 1 del Código Penal el cheque que habiendo sido recibido por su originario tenedor, desnaturalizando su finalidad jurídica, es presentado por él mismo al banco girado para que sea atendido?
Razonabilidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PARTIDO MOVIMIENTO VIABLE s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA-SALTO DE INSTANCIA Y EXPEDIENTES  ACUMULADOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-10-18

La idea de razonabilidad, implica un examen de las "razones del derecho", ya que lo propio de la razón -como explica Santo Tomás de Aquino- es ordenar hacia el fin, pero ese fin debe llevar implícita y naturalmente, una cualificación axiológicamente positiva.
Competencia federal, registro de la propiedad automotor, certificado de transferencia de automotores, instrumentos públicos
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RNPA: Dolores s/ Dcia. infr. art. 292 C.Penal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

Compete a la justicia federal conocer en las maniobras realizadas ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor con certificados de venta apócrifos imputados a una repartición provincial, pues con ellas se ha comprometido la validez de instrumentos nacionales extendidos por esa repartición, a la vez que su normal funcionamiento.
Concubinato, sociedad de hecho
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: L., J. A. c/ A., J. J. s/ Disolución sociedad de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-22

Si quien vivió en concubinato pretende que ha constituido una sociedad de hecho con su concubina o su concubinario, aquella unión de hecho personal no genera presunción ni derecho alguno en el orden patrimonial. Deberá -como cualquier supuesto referente- demostrar debidamente la existencia de la pretendida sociedad, su vigencia, los aportes efectuados y las utilidades ganadas, para -sobre estas bases-permitir determinar cuáles son sus reales derechos.
Cláusula penal, principio de inmutabilidad, intereses punitorios, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: CONSTENLA ANA c/ BARCO JOSE s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-29

La cláusula penal moratoria es acumulable a la obligación principal y cuando se trata de obligación de pagar sumas de dinero, aquella es asignable por su naturaleza y efectos al interés punitorio; pero aunque sea lícito que pueda superar el interés legal resultante de la mora en que se incurriera respecto de la deuda, no puede admitirse su inmutabilidad hasta el extremo de configurar un enriquecimiento desmesurado del acreedor, pues ello atenta contra principios rectores de nuestro derecho (arts. 21 Y 953 del código civil.)
Autonomía universitaria, docentes, incompatibilidad de cargos
Materia: EDUCACION
Carátula: Biasizo Rogelio Jose c/ UTN s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-10

Si el régimen de incompatibilidades fue consensuado con la intervención de los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios que nuclean a los docentes universitarios con la finalidad de optimizar el desempeño académico y velar por los derechos laborales de los docentes, resultan inviables los planteos del actor referidos a la violación de la autonomía universitaria garantizada por el art. 75, inc. 19 de la Constitución Nacional, independientemente del alcance que a ella se le otorgue (Voto del Dr. Horacio Rosatti).
Crédito hipotecario, inscripción registral
Materia: CIVIL
Carátula: Labayru José Maria c/ Ministerio de Educación y Justicia s/ Recurso Contencioso y Administrativo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-30

Habiéndose efectuado la partición atras de una compensación en dinero -llámese venta de parte indivisa en el caso-, sin haberse dado la pertinente intervención al acreedor, regularmente notificándolo, o habiendo reservado la suma de dinero suficiente para solventar el crédito hipotecario, resulta inoponible al acreedor hipotecario. Esta solución se apoya en la aplicación extensiva de lo dispuesto en el art. 3474 del Cód. Civil, lo que resulta razonable y justo a fin de proteger los intereses en pugna.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: CRISTALDO, RAMON A. Y OTRO. s/ FALSIFICACION  DE  INSTRUMENTO  PUBLICO  Y  EJERCICIO  ILEGAL   DE  LA  MEDICINA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-18

Trabado un conflicto de competencia entre una Cámara y un juez nacional de primera instancia, corresponde a la Corte dirimir la cuestión por carecer ambos de órgano jerárquico superior común.
Sociedad de hecho, representación de la sociedad, administración de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: BEECH AIRCRAFT CORPORATION c/ HOBERMAN, ADOLFO OSCAR s/ EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

Conforme prescribe el art. 24 de la ley de sociedades comerciales, tratándose de sociedades de hecho, en sus relaciones con terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad, por manera que pudiendo ser la administración o representación ejercida por cualquiera de sus integrantes, cada uno de ellos puede obligar a sus consocios sin necesidad de poder, nombramiento o autorización alguna.
Sucesión testamentaria, testamento ológrafo, reconocimiento de firma
Materia: CIVIL
Carátula: ANNONI DELFINA s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-24

En el supuesto de que las declaraciones testimoniales prescriptas por los arts. 3692 del Código Civil y 704 del Código Procesal resultaren ineficaces, ellas pueden ser suplidas por la prueba de cotejo (conf. Fassi, "Tratado de los Testamentos", t. I, pág. 217, nro. 586; Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", 2da. ed., t. VI, pág. 713, nro. 18).
Buena fe, sociedad conyugal, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bolatti, Miriam Edith c/ Záccaro, Carlos Rafael y otros s/ Nulidad de escritura de hipoteca
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-03

Es capital distinguir la situación de autos (el cónyuge disponente oculta su verdadero estado civil dándose a conocer como soltero tanto al adquirir el inmueble, como al constituir, a posteriori, el derecho real de hipoteca sobre el mismo) en la que el consentimiento no fue prestado, ni negado, porque jamás se lo solicitó de quien el cónyuge no administrador- ignoraba ambos negocios jurídicos, de aquellos otros supuestos en que el asentimiento es directamente negado o no obtenido por ausencia o desconocimiento del paradero de dicho cónyuge al tiempo de la celebración del negocio.

Es ostensible que el meridiano de la buena fe separa nítidamente las aguas entre una y otra situación, depositando en orillas opuestas al cónyuge que actuó con falsía y ánimo defraudatorio y a aquél a quien se le negó o no pudo obtener, momentáneamente, el asentimiento del otro. El derecho no puede tratar igualitariamente a uno y a otro, ni las reglas que gobiernan la carga de la prueba se han de aplicar de idéntico modo a ambas situaciones.
Quiebra, declaración de quiebra, privilegios (comercial), acreedores del concurso, crédito por honorarios, honorarios del perito
Materia: COMERCIAL
Carátula: BALLESTER  CIA.  FINANCIERA  SA s/ QUIEBRA  S/  INC.  DE  RECONOCIMIENTO  DEL  CREDITO POR GARCIA, INES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-21

Corresponde reconocerle a los honorarios de un perito contador de causa y título posterior a la declaración de quiebra, y que se encuentra comprendido en la noción de crédito causado en el trámite del concurso al que alude la ley 24522: 240, el rango de acreedor del concurso. Ello sin perjuicio del derecho de repetición de lo pagado que el síndico deberá reclamar (arg. Cciv 717 y 689).
Interpretación de la ley, contexto interpretativo, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL
Carátula: FREITAS FILIPOV, DANIEL ARTURO c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-26

En virtud del principio de la Cosmovisión Legislativa, las leyes deben ser interpretadas dando pleno efecto a la intención del legislador, quien computa la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios constitucionales. Este aspecto, tiene en cuenta la integralidad de la norma jurídica, que hace colocar al intérprete por encima de una ley particular para ubicarla en el cosmos jurídico
Honorarios del abogado, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Medo, Víctor c/ Aureano, José s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-29

La notificación del auto que contiene la regulación efectuada al obligado al pago constituye un medio idóneo para determinar la exigibilidad del crédito, cuya mora se producirá a los diez días de adquirir firmeza.
Recurso extraordinario, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez de Oesterheld Elsa Sara y otros c/ Ediciones Record S.A. s/ incidente de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

No se puede soslayar que la sentencia única dictada en las causas 7084/00 y 3711/03 el 29-10-2010 que -en lo que aquí interesa- desestimó la demanda promovida en la primera, y rechazó la nulidad contractual pretendida en la segunda ha sido confirmada por la Sala en estos aspectos (cfr. copia de las sentencias de primera instancia y de la Sala respectivamente) y ello implica que, en las actuales condiciones, no se verifique la verosimilitud del derecho originariamente valorada por el Tribunal. No obsta a esta conclusión que se haya concedido el recurso extraordinario tal como expone la apelante sin más precisiones, toda vez ello sólo implica la posibilidad de revisión de la sentencia y no modifica por sí mismo la verosimilitud del derecho que ha sido examinado, no ya en un marco cognitivo limitado, sino como resultado final del juicio de conocimiento pleno (arg. contrario sensu del art. 212, inc.

3, del Código Procesal).
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Otto Garde y Compañía SAICF e I. c/ González, Teresa del Valle y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

El carácter limitativo de las excepciones en los juicios ejecutivos no puede llevarse al extremo de consagrar un exceso ritual manifiesto, incompatible con el ejercicio del derecho de defensa (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Denegatoria del recurso, facultades reglamentarias, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Línea Expreso Liniers SAIC s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-20

Procede rechazar el recurso extraordinario interpuesto por la IGJ contra la sentencia de este tribunal que dejó sin efecto ciertas resoluciones generales dictadas por ella. Ello por cuanto, en el caso, la recurrente sostiene que al resolver de ese modo, se pronunció en contra de las facultades y competencias atribuidas a esa Inspección por la ley 22315 y su Decreto Reglamentario N° 1493/82. Lo cierto es que, el hecho de que dicha ley haya sido creada por el Congreso de la Nación, no obsta a que, por su naturaleza, esa ley sea local, dada la materia también local que en ella se regula, por lo que, aun si se hubiera debatido aquí -cosa que no ocurrió- cuál era el alcance de las facultades reglamentarias concedidas por esa ley a la IGJ, es claro que estaríamos ante la necesidad de interpretar aspectos que no hacen a ninguna cuestión federal. Vale recordar, a estos efectos, que el Congreso no solo dicta leyes "nacionales" -v. gr. los códigos de fondo (CN 75-12°)- y leyes "federales" (v. gr. navegación, marcas y patentes, etc.), sino que ha dictado también normas locales, entendiéndose por tales las que conciernen a los poderes no delegados por las Provincias en el Gobierno Federal; y así debe entenderse que actuó el Congreso Nacional al dictar dicha ley como se infiere, no sólo de la materia regulada, sino también del propio ámbito territorial de aplicación. Estamos por ende, ante normas que, en tanto dictadas por ese Congreso para una específica jurisdicción, no integran el derecho federal, por lo que la sentencia que reconoció prioridad a la ley nacional 19550 por sobre las normas locales, no es tampoco apta para generar ninguna cuestión federal, por definición inexistente.
Contratos administrativos, licitación pública, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Credimax SACIFIA. c/ Ferrocarriles Argentinos. s/ Nulidad de Resolución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

La ley de la licitación o ley del contrato es el pliego donde se especifican el objeto de la contratación y los derechos y obligaciones del licitante, de los oferentes y del adjudicatario.
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de la Causa, juicio ejecutivo, ejecución fiscal, Ley de Procedimiento Tributario
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) c/ Turimar S.A. s/ ejecucion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

El pronunciamiento que mandó llevar adelante la ejecución constituye una sentencia inapelable en virtud de la reforma introducida por la ley 23.658 al art. 92 de la Ley de Procedimientos Tributarios y, por ende, emanada del superior tribunal de la causa.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, tasas de interés, intereses, tasa pasiva, tasa activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMEZ, SIXTO Y OTROS c/ ORTIZ, DANIEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 114-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-08

Atento a que fue la jurisprudencia establecida en la causa "YPF" la que motivó que la Corte Suprema de Justicia Provincial, sin dar mayores explicaciones, adhiriera a la tasa pasiva, y, a su vez, el cambio de esa jurisprudencia en "Banco Sudameris" justifica la nueva intervención del Tribunal en esta materia, es indudable que ambas referencias se constituyen en pauta motivadora fundamental de la jurisprudencia de este Tribunal, correspondiendo -en orden a la seguridad jurídica- tomarlas como hitos temporales decisivos.
Daños y perjuicios, responsabilidad del consorcio, daño por vicio o riesgo de la cosa, caída de una cosa, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: DISENO A EQUIPAMIENTO I.S.A.C.I.F.YC c/ CONSORCIO DE PROPIEDAD AVENIDA SANTA FE 1206/10 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-24

Corresponde rechazar la demanda que por daños y perjuicios iniciara el accionante contra un consorcio vecino, en razón de la caída de una maceta que ocasionara daños en el local que alquilaba, sino probó que el objeto dañoso perteneciera al accionado o estuviera bajo su guarda, como así tampoco que el hecho ilícito se produjera por el hecho de un dependiente del consorcio (conf. art.

1113 del Código Civil). Para responsabilizar del hecho al accionado era necesario probar que la maceta se encontraba en una parte común del edificio y en consecuencia de propiedad del consorcio, conforme lo establece el art. 2 de la ley 13.512.
Feriados, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: OTAROLA, IRMA RENEE c/ HOTEL LANCASTER Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION POR ANTIGåEDAD, ETC
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-16

No corresponde indemnizar los feriados no gozados, pues la ley no contiene ninguna disposición que lo autorice; por el contrario, regula el derecho del trabajador a gozarlo efectivamente, tomando el descanso por sí.
Medidas para mejor proveer, oportunidad procesal, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: La Universal Cía. Seguros  S.A. c/ Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-13

Las "medidas para mejor proveer" no son privativas de la etapa procesal posterior al llamamiento de autos, sino que comportan verdaderas facultades instructorias de las que el juez puede echar mano en cualquier estado del proceso.
Nulidad procesal, consentimiento tácito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PERALTA JULIO c/ PABLO PEIRONE Y OTRO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S081 - 372)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-08-11

"Si los defectos de forma, fundamento fáctico de la nulidad, no han sido observados, reclamándose expresamente su anulación en un plazo dado, se presume que no ocasionan perjuicio, que no existe interés en su regular cumplimiento. En tal hipótesis, precluye la facultad de pedir la anulación, pues de lo contrario, se atentaría contra el orden y la estabilidad de los procedimientos".
Acción de amparo, proceso judicial, reordenamiento del sistema financiero, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: "Borda  Osvaldo  y  otro c/ PEN Ley 25561 Dtos 1570/01 214/02 s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-07

Si el actor se encuentra habilitado para solicitar el rescate de su inversión puede accionar judicialmente por la porción que le corresponde del patrimonio común en función de las cuotapartes adquiridas (en igual sentido Sala I: "Casinelli, Martha Estela Filomena c/ PEN s/ amparo ley 16.986" del 2/8/02). Esto no puede encontrar óbice en la indivisión del patrimonio del fondo, ya que la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva impone reconocer en concordancia con conocida jurisprudencia de la Corte que quien tiene un derecho, también posee una acción para hacerlo valer (CSJN in re "Kot" en Fallos 241:291, especialmente fs. 302, 2° párrafo) (Cons. IX). (ver, ídem esta Sala "Tassara, Nelly", del 15/12/04).
Sucesiones, fuero de atracción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Derman, Federico c/ Corda, Juan s/ Ac. colación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-03

El art. 3284 del Código Civil impone, con carácter de orden público, una jurisdicción obligatoria o fuero de atracción y responde al propósito de facilitar la liquidación de la herencia, la división de los bienes y el pago de las deudas, concentrando ante el Juez del proceso sucesorio las demandas deducidas contra la sucesión aún indivisa, en beneficio de los acreedores y herederos de la sucesión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)