marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Orden público, juicio abreviado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: JIMÉNEZ, Néstor Hugo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-17

El voto concurrente agregó que la inspección jurisdiccional que al respecto debe realizar esta Sala, si bien sobre la situación particular del imputado impugnante, a partir de los motivos de agravio autoriza a estudiar el -único- acuerdo instrumentado, pues no es posible dejar librado al azar la posibilidad de que aquellos que formen parte de un proceso adquieran la potestad de modificar alguna de las reglas contenidas en un código -salvo por la vía constitucional correspondiente-, en tanto sus disposiciones están orientadas, entre otras cuestiones, al resguardo del orden público. Con esa guía, y a partir de la potestad revisora que adquirió esta Cámara sobre el acuerdo de juicio abreviado, resulta imposible convalidar, en función de los motivos y consecuente decisión que se adoptará respecto al recurrente, aquél al que arribaron los demás imputados por fuera del régimen legal pautado en el código sustantivo. Dres. Petrone, Barroetaveña -voto concurrente- y Figueroa.
Proceso penal, representación procesal, apoderado de la querella
Materia: PROCESAL
Carátula: BARCELO JOSE CRISTOBAL s/ INCIDENTE DE EXCLUSION DEL ACUSADOR
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-06-28

La falta de personería no tiene efecto retroactivo y el querellante interviene legalmente mientras no haya sido apartado del juicio.
Proceso contravencional, fuerzas de seguridad, facultades del fiscal, auxiliares de justicia
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: T, P. s/ Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-24

Dentro del proceso contravencional las funciones atribuidas a las fuerzas de seguridad se circunscriben a la asistencia de la autoridad encargada de llevar la instrucción, cumpliendo un rol de auxiliares de la justicia, y no, de ejecutores de las órdenes emanadas de la autoridad jurisdiccional.(Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Acción de repetición, deudas impositivas, impugnación del acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de apelación ord. denegado en/ Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art. 457 CCAYT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

Si la acción fue calificada formalmente como de "repetición" por la propia accionante, pero también contiene una pretensión de impugnación de actos administrativos sin la cual no tendría sustento alguno el reclamo de la actora, ello obliga a analizar si se han cumplido las condiciones de admisibilidad formal que exige el ordenamiento jurídico para pretensiones de ese estilo, porque la repetición será procedente siempre y cuando prospere el pedido de impugnación del acto administrativo que determinó la deuda abonada por la actora, pues de lo contrario no existiría fundamento jurídico que justifique la devolución pretendida, o en otras palabras el pago realizado obedecería a una causa (acto determinativo de oficio) cuya legitimidad no habría sido rebatida por la contribuyente. (Del voto en disidencia de la jueza Ana María Conde, que remite a los fundamentos brindados in re "Bank Boston NA c/ GCBA s/ repetición (art 457 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. n° 9989/13, sentencia suscripta el 23/12/2015)
Recurso de reposición (procesal), prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: De Cara Antonio c/ Pizarro Pedro y Ot. s/ Sumario (LIBRO: A140 - 183)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-04-04

El recurso de reposición es un incidente autónomo, por ser de los referidos a cuestiones que han sido de una específica regulación procesal en cuanto al procedimiento por el cual deben sustanciarse (art. 131 del C.P.C.), siendo genéricos todos los demás que no tienen un trámite propio y se sustancian de acuerdo a las reglas de los artículos 92 y 93 del cuerpo legal citado.

Así las cosas, es de principio que todo aquello que no esté previsto en la normativa sobre el incidente autónomo de que se trate (recurso de reposición en el caso) debe consultárselo en la de los incidentes genéricos. Ergo, se estima de aplicación en la especie el apartado IV del art. 93 de la Ley de forma, el cual admite en el procedimiento incidental la producción de prueba ofrecida que el Tribunal considere pertinente
Moneda extranjera, falsificación o adulteración de moneda extranjera, introducción de moneda extranjera falsa, expedición de moneda extranjera falsa, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Mollano, Gustavo Gabriel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-15

La actividad desplegada por el imputado, esto es, haber adquirido combustible y cuatro rollos fotográficos, abonando con billetes de cien dólares falsos, se ajusta a la figura prevista y reprimida por los arts. 286 en función del 282 del C.P. Ello es así, ya que al dar el imputado en pago la moneda falsa se verificó la acción típica de expedición que prevé la norma antedicha. El art. 286 del Código Penal incrimina tanto la falsificación, cercenamiento o alteración de la moneda extranjera, como así también a quien la introduzca, expenda o ponga en circulación en esas condiciones. Estas conclusiones no derivan de una interpretación analógica o extensiva de la ley penal, sino de una exégesis concreta de los términos de la norma y de su integración con las figuras a las que ella remite de modo expreso, con apoyo en la lógica y en la razonabilidad de las consecuencias, que abarca asimismo el propósito para la cual se instituyó. (Voto del Dr. Tragant, adhiere Dr. Riggi; Dra. Ledesma, en disidencia).
Beneficio de litigar sin gastos, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Almagro Carlos y otros c/ E.N. -Mº de Justicia- Dto. 1770/91 s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-16

La concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas (Fallos: 315:276 y 1025 y esta Sala in re: "Todone Federico J. c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ beneficio de litigar sin gastos", del 20/6/97). (Consid. 4º).
Accidente de tránsito, culpa concurrente, responsabilidad del conductor, peatón embestido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silvero, Terencio y otra c/ Oscar Héctor, Prevosti y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-02-28

Cuando existe culpa concurrente del peatón y del conductor de un automóvil, si bien ambos contribuyen a la producción del daño, hay que tener presente que dicho conductor, por tener a su cargo el manejo de una cosa peligrosa está obligado en mayor grado a extremar los cuidados inherentes a su uso.
Acto administrativo, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AIMAR, LUIS ROBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE CAÑADA DE GOMEZ s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 174-82 GANDIAGA, ROSA MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 204-83 FERREYRA, VIRGILIO ISMAEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 333-85 Trujillo, Federico Guillermo c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 13-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-12-12|1986-08-20|1988-12-28|1997-11-05

Distingue la doctrina -a los fines de valorar la trascendencia que tiene la notificación del acto administrativo- entre perfección, validez y eficacia del mismo. La perfección está referida a que el acto haya agotado el procedimiento necesario para su existencia jurídica; la validez, a que concurren todos los elementos que deben integrarlo y que ellos reúnan los requisitos que le son propios; la eficacia, en cambio, apunta a la posibilidad de que el acto produzca los efectos que persigue, pues es eficaz cuando ha cumplido la etapa integrativa pertinente, y ningún obstáculo se opone al despliegue de sus efectos y a su ejecución.
Deudas consolidadas, deudor solidario, notificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: BIES DE MONTEGRANDE NELIDA MIRTA c/ COMPLEJO MEDICO DE LA POLICIA FEDERAL CHURRUCA VISCA Y OTROS s/ RESPONSABILIDAD MEDICA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-28

El acreedor puede optar libremente por dirigir su pretensión de cobro contra uno de los deudores solidarios, en función de lo previsto por el art. 705 del Código Civil. Si bien no se verificó que un deudor resultó "insolvente", lo cierto es que el trámite administrativo de cobro de deuda consolidada no ha concluido -en rigor de verdad se encontraría suspendido a pedido del propio acreedor-, manera tal que no existe obstáculo legal alguno que impida al legítimo acreedor optar por perseguir la satisfacción de su crédito contra el restante deudor solidario. Iniciada esta acción de cobro ante el señor Juez de primera instancia, se deberá notificar a la restante deudora solidaria (Estado Nacional Policía Federal Argentina) que el trámite de percepción de deuda consolidada del Dr. Bernasconi deberá permanecer suspendido hasta tanto el magistrado interviniente disponga lo contrario, evitando así que ambos deudores cancelen un mismo crédito.
Interpretación de la ley, ley derogada, abrogación implícita, ley vigente, educación superior
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baca Castex, Raúl Alejo c/ C.P.A.C.F. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Para declarar la falta de vigencia de una norma -decreto 2293/92- como consecuencia de la abrogatio de una ley con la que, se dice, armoniza y se relaciona -N° 23.068- no basta señalar que se había dictado en ocasión de la vigencia de esta última o con explícita referencia a ella, sino que es necesario examinar si la norma en cuestión es verdaderamente incompatible con el sistema establecido en la nueva ley -N° 24.521-, ya que sólo en este supuesto la sanción de un nuevo precepto producirá la derogación de las normas que tuvieron su razón de ser en el antiguo (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Competencia contencioso administrativa, acción de amparo, honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Tula, Emilio Alejandro c/ Estado Provincial - Policía de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-10-16

El apoderado de la parte actora, solicita regulación de sus honorarios profesionales por las actuaciones cumplidas en la presente causa.

Mediante Sentencia Definitiva Nº10 de fecha 31/AGO/2011, se resuelve hacer lugar a la acción de amparo presentada por el actor, ordenando el reintegro de los haberes solicitados en un 70% desde el 01/10/10, con costas a la parte demandada.

Al regular honorarios en un juicio de amparo, debe tenerse presente que se trata de aquellos juicios sin monto determinado por lo que esta valoración queda sometida al libre criterio de apreciación del Tribunal, con el límite que impone la legislación que ha establecido un mínimo que hay que respetar por razones de orden público.

En consecuencia esta Corte de Justicia entiende que en el sub lite, a los fines regulatorios deben tomarse como referencias los aspectos jurídicos relativos a la importancia de los trabajos, calidad, extensión y éxito obtenido (Art. 6 "in fine" de la Ley 3956).

Por todo ello y lo dispuesto por los Arts. 6 de la Ley 3956 y Art.17 de la Ley 4642, corresponde regular los honorarios profesionales del apoderado de la parte actora, por los trabajos realizados en la causa, en la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($3.200). Protocolícese, hágase saber y notifíquese a la Caja Forense y a la Administración General de Rentas.
Daños y perjuicios, violación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Solís, Susana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-21

La violación puede definirse genéricamente como el acceso carnal de un varón con otra persona, abusando de la inmadurez o estado moral de ésta o de su indefensión o mediante violencia, y sin derecho a exigirlo.
Excusación, violencia moral
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DR. CIAFARDINI, M. FISCAL FEDERAL s/ DEN.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-09

La violencia moral como causal de excusación, conforma un estado anímico absolutamente subjetivo que autoriza al Juez que lo investiga a no intervenir en la sustentación y juzgamiento del caso que se somete a su juzgamiento.

Las excusaciones así formuladas (art. 30 del C.P.C.C.N.), deben fundarse en motivos que revistan suficiente gravedad para ser viable el apartamiento pretendido y aceptadas sólo excepcionalmente.
Decreto de necesidad y urgencia, acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Smit, Alberto Félix c/ Provincia del Chubut s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-15

El reglamento de necesidad es sustancialmente un acto legislativo y formalmente un acto administrativo ...trátase, pues, de un acto equiparable a la ley .
Accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Baez, Marta Yolanda c/ Chiodi, Graciela Silvana y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-10

A través del contrato de alquiler que celebran las partes para el uso del móvil, el locador, se ha desprendido de su guarda, transfiriéndola al locatario quien tenía el uso y goce de la misma en los términos de lo convenido. Sólo éste puede ejercitar un contralor directo sobre la cosa recibida en arriendo. En consecuencia los daños causados por esa cosa, hacen responsable a su guardián, el locatario.
Emergencia económica, ejecución de alquileres, ejecución hipotecaria, moneda extranjera
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zanoni, Amalia Nelly c/ Villadeamigo, Valeria Mariana s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-07

Como consecuencia de esta crisis sólo han salido beneficiados ante el alicaído mercado nacional- quiénes retuvieron la moneda extranjera, sin invertirla. Todos los demás -de una u otra manera- han sido perjudicados, más aún los que no pudieron hacerse de dicha moneda ante la devaluación de nuestro signo, la falta de empleo y la significativa disminución de los salarios reales que desde meses atrás viene ocurriendo.

Los que pudieron acceder a su compra en paridad con el peso -que a la postre fuera causa importante de la emergencia actual- y la invirtieron adquiriendo bienes -muebles o inmuebles-, éstos tampoco ahora representan -en el valor de la moneda extranjera- siquiera la mitad del valor en que fue adquirido. Lo que hace que si el acreedor hipotecario quisiera recuperar los dólares que prestara, con la venta del bien gravado, difícilmente lo pueda hacer. Y no creo que el acreedor no haya tenido en mira el valor de la propiedad dada en garantía, porque es usual que el monto de tales créditos sea menor al valor real del inmueble.

Tampoco el locador que contratara en dólares, podría luego seguir haciéndolo -por el mismo valor nominal de dicha moneda- con otros contratantes en el futuro. Porque sería un precio totalmente irreal (es un hecho notorio que las locaciones no han aumentad o tres veces y media su valor original) ni tampoco guardaría relación con la cotización de la finca.

Y pretender percibirlo actualmente en un contrato aún vigente -que no implica mantener el valor original del crédito por lo dicho anteriormente- hace que se añade una plusvalía que conlleva un enriquecimiento sin causa para el acreedor a costa del detrimento equivalente para el deudor (doc.art. 784 del CC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos, contrato de prestaciones médicas, medicina prepaga, obras sociales, contrato a favor de terceros, interpretación del contrato
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SWISS MEDICAL SA c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APEL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-12

En el caso, considero que se encuentra acreditada la infracción al artículo 19 de la Ley 24.240 por parte de la empresa de medicina prepaga, desacreditando lo expuesto por la recurrente en tanto adujo la inexistencia de contrato y la mala interpretación acerca del derecho a contratar libremente.

La relación entre la empresa donde trabajaba la denunciante y la empresa de medicina prepaga, implicó una estipulación a favor de tercero, y esto es lo que precisamente pasa por alto la recurrente siendo que el beneficio concedido a la consumidora generó, a partir de su aceptación, un derecho en cabeza de ésta última y, por ende, la facultad de exigir el cumplimiento de las prestaciones a las que se había obligado la empresa.

Hay que tener en cuenta que a pesar del quiebre en la relación laboral, la denunciante ya era titular de un derecho (en el particular, a la cobertura médico - asistencial) y que subsistía la ecuación económica del contrato -recaudo asegurado a partir del pago de la cuota respectiva por parte de la denunciante- tanto la economía como la finalidad concreta del negocio aparecían asegurados, de hecho, la propia denunciante ya había aceptado un plan de cobertura médica.

Caso contrario, tal como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente citado por la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor se obraría en desmedro de una relación de orden jurídico tipificada por la permanencia y continuidad de las prestaciones médicas, lo que, habiendo cumplido el beneficiario por sí o por otro con la conducta a su cargo, supondría tanto como contrariar la índole del negocio jurídico subyacente y, con ello, las reglas de la interpretación vinculadas con los standards de la buena fe, la moral y las buenas costumbres (arts. 953, 1071 y 1198 del Código Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, parte dispositiva, tribunal colegiado, Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, sufragio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Peri, Susana A. c/ Alfredo Lambrisca s/ Daños y perjuicios. Recurso de Inconstitucionalidad (EXPTE CSJ Nº   611-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

La decisión de un cuerpo colegiado supone no sólo la intervención de todos sus integrantes, sino la existencia de una voluntad unívoca expresada en una explicación inteligible y controlable. Dicha voluntad se configura cuando hay concurrencia de, al menos, dos opiniones sustancialmente coincidentes sobre la solución del problema; extremo que no se constata cumplido en la sentencia recurrida, en la que los argumentos esgrimidos por cada uno de los Vocales de la Sala difieren entre sí, de tal forma que no exhibe dos motivaciones concordantes que formen la mayoría en la decisión de la causa; y, más allá de la coincidencia en la parte dispositiva del fallo apelado. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr.

Barraguirre)
División de poderes, conflicto de poderes, facultades discrecionales, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

La invasión que un poder del Estado pudiera hacer respecto de la zona de reserva de actuación de otro, importa siempre, por sí misma, una cuestión institucional de suma gravedad que, independientemente de que trasunte un conflicto jurisdiccional o un conflicto de poderes en sentido estricto, debe ser resuelta por la Corte, pues es claro que problemas de tal naturaleza no pueden quedar sin solución.
Evasión fiscal, ley penal más benigna
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ginestet, Ricardo y Otros (Agro-Deró Sa) s/ Infr. art. 1° ley 24.769
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

Dado que la modificación introducida por la ley 26.735 a los montos previstos en la ley 24.769 para la configuración del delito de evasión fiscal no obedeció a un análisis de las variables económicas producidas desde la sanción de la primera, sino que sólo tomó como referencia el cambio del peso con relación al dólar -consideración que por sí sola no tuvo en cuenta la inflación sufrida en los últimos años-, corresponde considerar que dicha reforma no fue una actualización de los topes por depreciación monetaria sino una modificación de los montos que importa la atipicidad de las conductas que no alcancen el umbral mínimo de punibilidad y, por tanto, debe aplicarse retroactivamente esa reforma en virtud del principio de la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna.
Responsabilidad civil, daño, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CEPEDA, SATURNINA c/ S.A.T.A. Y MONTECINO, JOSE HUGO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-04-21

Si bien es cierto que la prueba del daño corre por cuenta del legitimado activo, este principio admite excepciones cuando el daño es una consecuencia ineludible del ilícito, teniendo los alcances del hecho notorio, como ocurre con los gastos de farmacia.
Accidentes de trabajo, indemnización, tope indemnizatorio, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: BUSTOS PERFECTO c/ EMPRESA PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-02-26

Si bien el art. 22 de la ley 8250, señala el carácter de orden público de la misma y deroga cualquier disposición que se oponga a la presente, también debe tenerse en cuenta que el art. 23 de la ley 9688 -que es también de orden público- señala que es absolutamente nula toda claúsula que exima al patrón de responsabilidad, o que en cualquier concepto resultase derogatoria de la presente Ley.

A pesar de que se pueda argumentar que los arts. 13 y 23 de la ley 9688, han perdido su vigencia con el dictado de la ley posterior (leyes 23982 y 8250), se sostiene que el monto fijado para el orden de prelación por la norma en cuestión, aparece a todas luces discrecional, ya que no se entiende porque se fijó ese y no otro, y cuando ya la ley de fondo había establecido un tope indemnizatorio máximo en su art. 8 inc. a) que implica en definitiva una renuncia patrimonial a la mayor cantidad que correspondería de no existir dicho tope legal. En consecuencia corresponde se declare la inconstitucionalidad parcial del art. 8 de la Ley 8250, estableciendo que en el orden de prelación para la asignación de recursos deberá tenerse en cuenta el monto máximo equivalente al tope de la ley 9688.-