Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2007-12-05


ACUERDO N°55/2007: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los Cinco (05) días del mes de diciembre del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. EDUARDO J. BADANO, integrado por los señores Vocales Dres. JORGE O. SOMMARIVA, ROBERTO O. FERNÁNDEZ, EDUARDO F. CIA y RICARDO TOMÁS KOHON, con la intervención del señor Secretario, titular de la Secretaría Penal, Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA, para dictar sentencia en los autos caratulados "P., W. O. s/Vejaciones, apremios ileg. cont., violación de los deberes de funcionario público en C.I. con abuso de autoridad - M., C. A. s/ Vejaciones, violación de los deberes de funcionario público en C.I. con abuso de autoridad, apremios ileg. en C.R. - C., O. N. s/apremios ileg. en C.I. con abuso de autoridad" (expte.n°61-año 2007) del Registro de la mencionada Secretaría; se procedió a practicar la pertinente desinsaculación, resultando que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dr. Jorge O. Sommariva; Dr. Ricardo Tomás Kohon; Dr. Eduardo F. Cia, Dr. Roberto O. Fernández y Dr. Eduardo J. Badano.

Se deja constancia que el señor Vocal, Dr. JORGE O. SOMMARIVA, quien participó de la deliberación, no suscribe el presente Acuerdo por encontrarse en uso de licencia (art. 364 del C.P.P. y C.).

ANTECEDENTES: Mediante sentencia n° 78/2006 (fs. 700/715), la Cámara de Juicios en lo Criminal con asiento en la Ciudad de Zapala, resolvió, en lo que aquí interesa destacar, "(.) II.- CONDENAR a W. O. P. (.) como autor material y responsable del delito de APREMIOS ILEGALES (art. 144 bis inc. 2° del Código Penal) perpetrados en perjuicio de P. G., a la pena de DOS AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL (art. 26 del Código Penal), e INHABILITACIÓN ESPECIAL por el término de CINCO AÑOS Y CUATRO MESES de cumplimiento efectivo para ejercer funciones policiales, más las costas del proceso. III.- CONDENAR a C. A. M. (.) como autor material y responsable del delito de APREMIOS ILEGALES (art. 144 bis inc. 2° del Código Penal) perpetrados en perjuicio de P. G., a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL (art. 26 del Código Penal), e INHABILITACIÓN ESPECIAL por el término de DOS AÑOS de cumplimiento efectivo para ejercer funciones policiales, más las costas del proceso. IV.- CONDENAR a O. N. C. (.) como autor material y responsable del delito de APREMIOS ILEGALES (art. 144 bis inc. 2° del Código Penal) perpetrados en perjuicio de P. G., a la pena de UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL (art. 26 del Código Penal), e INHABILITACIÓN ESPECIAL por el término de TRES AÑOS de cumplimiento efectivo para ejercer funciones policiales, más las costas del proceso.".

En contra de tal resolución, los letrados de confianza de los imputados prepararon los respectivos recursos de casación. Por M. lo hizo la Dra. María Emilce Carrascosa (fs. 727/740); a favor de P. hizo lo propio el Dr. Ignacio Armando Di Maggio (fs. 743/764) y, finalmente, por C., el Dr. Raúl Justel (fs. 765/778 vta.). De todos ellos, sólo los dos primeros fueron formalmente estimados (cfr. R.I. n° 99/2007, fs. 802/809). Por aplicación de la ley 2.153 de reformas del Código Procesal (ley 1.677), y lo dispuesto en el art. 424, párrafo 2°, del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado, los recurrentes no hicieron uso de la facultad allí acordada, por lo que a fs. 817 se produjo el llamado de autos para sentencia.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el art. 427 del Código de rito, el Tribunal se plantea las siguientes CUESTIONES: 1°) Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión el Dr. JORGE O. SOMMARIVA, dijo: I.- En contra de la sentencia condenatoria luciente a fs. 700/715, dictada por la Cámara de Juicios en lo Criminal de la III Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Zapala, las respectivas defensas de los imputados dedujeron sendos recursos de casación. De estas impugnaciones, como se dijo, solamente tuvieron progresión formal las deducidas por la Dra. Carrascosa y por el Dr. Di Maggio (a favor de los imputados M. y P., respectivamente).

En el primero de los recursos, la Dra. Carrascosa sostuvo afectado el derecho de defensa en juicio pues, a su decir, "(.) Con la condena recaída en autos se tiene a una persona materialmente responsable de un delito que se habría cometido cuando él no estaba indagado por el mismo hecho que se habría tipificado (.) como Apremio Ilegal, ni siquiera la víctima lo vinculó como autor de los apremios que habría sufrido.". Concluye así que M. fue condenado por un hecho diverso al que fuera objeto su indagatoria.

Al propio tiempo, alega un error en la aplicación de la ley sustantiva, pues el delito de apremios ilegales exige dolo directo, el que no se verificaría en este caso.

De vinculación a esto último, y aunque presentado incorrectamente como vicio de fondo, la letrada expresa que M., para ser condenado por apremios ilegales, debió haber sido indagado por el propósito con el que habría sacado al detenido entre las 3.07 y 3.15 de la Comisaría 25, lo que no ocurrió.

Sostiene que la sentencia es arbitraria por no existir correlación entre lo denunciado y los hechos por los que fuera indagado M., así como ilogicidad de sus fundamentos y falta de motivación.

Finalmente, dice afectado el principio de congruencia y la igualdad ante la ley, porque los hechos contenidos en el pronunciamiento bajo recurso difieren del consignado en el acto indagatorio, además de no especificarse en el fallo cuál es la conducta que concretamente se le atribuye. El restante recurso, suscripto por el Dr. Di Maggio, tiene atingencia en una supuesta violación a la garantía del Juez Imparcial. Dicho agravio surge fundado, a tenor literal, del siguiente modo: "Si bien no existe una regla absoluta que pueda ser aplicada de modo irreflexivo a todas las situaciones procesales en las que un juez interviene cumpliendo funciones jurisdiccionales instructorias o de alzada, integrando luego el tribunal de juicio, tales normas vedan la posibilidad de que dicho órgano jurisdiccional, sea compuesto por los mismos Magistrados que al momento de resolver por vía de apelación, la situación procesal del denunciante, expresaron sin reserva en el auto por el cual se revoca la prisión preventiva de éste que los hechos imputados a mi defendido, constituyan una hipótesis de 'abuso funcional', por el cual, luego P. fue sometido a proceso y resultó condenado.".

II.- Que luego del análisis de los recursos, la resolución impugnada y las constancias del legajo que se vinculan con los agravios desarrollados, soy de opinión - y así lo propongo al Acuerdo - que las casaciones deducidas deben ser declaradas improcedentes.

Razones de sistemática, en vista a los eventuales efectos extensivos de su planteo, ameritan tratar en primer término el recurso del Dr. Di Maggio. No obstante lo cual, y como ya adelanté, dicha crítica no la entiendo fructífera. En efecto:

El motivo se asienta en el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, como garantía derivada del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte de la Constitución Nacional a partir de su inclusión en el artículo 75, inciso 22.

La lesión de índole constitucional -según entiende el recurrente- estaría generada porque los magistrados del juicio, en un expediente distinto a éste, seguido contra P. G. (tenido como víctima en este legajo) revocaron su procesamiento con prisión preventiva, dejando advertido ya en aquel resolutorio ciertas irregularidades surgidas durante el procedimiento policial, que luego formaron la base para el sometimiento a juicio y la condena de los aquí imputados. Ahora bien:

Este Tribunal, al fallar el precedente "Venecia" (Acuerdo n° 18/2005), y más recientemente en los autos "Cerda" (Acuerdo n° 29/2006) y "Mattano" (Acuerdo n° 5/2007), ha venido advirtiendo -al menos como regla general- sobre la vulneración de la garantía en cuestión cuando una Cámara de Juicio, con carácter previo, intervino en el mismo proceso como órgano de apelación. Postura que, a su vez, resulta congrua con diversos precedentes del más alto Tribunal de la Nación (C.S.J.N., Fallos 329:3034 y R.1109 XL "Recalde, Carlos s/ homicidio, 10/04/07; entre otros) y que tiene su razón de ser en una eventual permeabilidad entre los distintos grados de conocimiento adquiridos durante la progresión del legajo y los difusos límites intelectivos entre la probabilidad y la certeza. El caso en estudio, empero, por las razones que a continuación habré de exponer, no permite aplicar dicha doctrina:

1) Como punto de partida, está claro que el supuesto de autos no remite a un condicionamiento intelectual o psíquico de los judicantes producto de su intervención anterior como órgano de alzada en el mismo expediente, en tanto, como bien lo reconoce la Defensa, la actuación de los magistrados se ciño a revocar un auto de mérito en un proceso diferente a éste, cuyo objeto procesal se diferencia diametralmente del anterior (a punto tal que, a quien se tiene aquí como víctima lo tuvo en el otro sumario como imputado). Esto es importante destacarlo en tanto esa actividad jurisdiccional no es susceptible de colisionar, siquiera de forma mínima, con el elenco de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal, en cuanto prescribe que "Los tribunales deberán ser imparciales. Las legislaciones nacionales establecerán las causas de abstención y recusación. Especialmente, no podrá formar parte del tribunal quien haya intervenido anteriormente, de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia en la misma causa" (cfr. Regla n° 4, "Reglas de Mallorca", el énfasis y el subrayado me corresponden).

2) Esto, que por sí sólo, no es suficiente para desechar el agravio, converge sin embargo con que ninguno de los letrados que intervinieron, al menos hasta el momento del dictado de la sentencia, sospecharon o tuvieron algún temor sobre la posible parcialidad de los magistrados sentenciadores, que los hubiera impulsado a plantear las recusaciones correspondientes (de hecho, siquiera ese extremo fue alegado en los restantes recursos de casación).

3) Pero además, y ya como razón sustancial para no acoger la pretensión esgrimida por la Defensa, aquel auto revocador del procesamiento de P. D. G. y L. A. A. (fs. 318/323 vta.), más allá de las citas parcializadas del recurso, no permite vislumbrar una conculcación a la garantía alegada.

En efecto, de su compulsa se colige que los argumentos de mayor vinculación al embate en análisis estarían dados en el último párrafo de fs. 320 (extendido hasta el primero de la foja 321) y en la foja 323 (acápite "IV" del auto).

En ese primer tramo se consigna, en lo sustancial, que: "(.) los hermanos G. fueron arrestados, en rigor detenidos, como resultado del operativo dirigido por el señor Fiscal de Instrucción de '.búsqueda de toda persona sospechosa.'. Vale decir que la regularidad de esta diligencia, deberá ser investigada, no sólo por la circunstancia de haber ordenado el arresto quien no podía hacerlo sino porque los G. fueron aprehendidos en un lugar distinto de la escena del crimen.".

Dicho de otro modo: lo irregular de los arrestos -según lo recogido por dicha pieza- lo fue por tratarse de una orden dada por quien carecía de facultades (en concreta referencia al Dr. Jorge Criado), y por el sitio en que éstos se llevaron a cabo (lejos del lugar del hecho), sin mencionarse -a lo largo de ese pasaje- cualesquiera de los hechos objeto de condena. El otro segmento, evocado por el recurrente a fs. 749, expresa lo siguiente "(.) Pudiendo surgir de las constancias del legajo, en especial de la ya mencionada actuación del señor Fiscal de fs. 1/vta., de la interlocutoria de fs. 149 y de las constancias de fs. 130 y 179 excesos funcionales que justifiquen la adopción de medidas por parte del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, remítanse copias radicadas en esta Alzada a sus efectos.".

Surge claro de esta cita que el hipotético exceso que motivó la extracción de testimonios lo fue con referencia exclusiva al fiscal actuante y sólo ceñido a su ámbito funcional (de allí el envío de testimonios a este Tribunal Superior y no al órgano encargado de la persecución penal por la posible comisión de algún delito, sea por parte de éste o por los policías actuantes). Por lo demás, aquel resolutorio siquiera menciona a P., M. o C. ni hace referencia a las diversas conductas receptadas en este legajo que les merecieron reproche.

En consecuencia, luce correcta y con anclaje en las constancias ya apuntadas la afirmación volcada en la sentencia, respecto a que "(.) es esta la primera oportunidad de expedirse [dicho tribunal colegiado] sobre la regularidad de la intervención de los magistrados y funcionarios judiciales y policiales." (fs. 711, primer párrafo, última parte).

Al ser esto así, mal podría hablarse de algún tipo de sospecha sobre el condicionamiento objetivo o subjetivo de ese tribunal, capaz de poner en tensión la garantía de imparcialidad alegada.

Por lo dicho hasta aquí, y tal como adelanté, el agravio no lo entiendo producido.

Corresponde ahora dar respuesta al restante recurso. En él, la Dra. Carrascosa objeta desde diversas aristas el acto indagatorio de su asistido y los hechos fijados en la sentencia, sea por su falta de correspondencia entre sí o con el fáctum de la denuncia (principio de congruencia); o bien por una imprecisión descriptiva que, por su grado, repercutió negativamente en el derecho de defensa.

La crítica, desde ya, no la comparto. En primer término el extremo invocado por la recurrente, en el sentido de que M. no fue indagado por la figura de apremios ilegales, contrasta con la transcripción parcializada de ese acto procesal evocada a su vez en su impugnación (cfr. fs. 444/vta. y 728), en el que expresamente se le atribuía ".haberlo sometido [a P. G.] a apremios ilegales en varias oportunidades en la Comisaría 25°, por haber violado los deberes de su cargo al retirar al detenido P. G. de dicha comisaría entre las 3.07 y las 3.15 hs., todo ello en el contexto de las investigaciones inmediatas practicadas en horas de la madrugada del día 21 de marzo de 2005 por el doble homicidio de las hermanas O. y T. B. ocurrido en Junín de los Andes. El hecho descripto se califica provisoriamente como delitos de.apremios ilegales.".

Dicha intimación tiene a su vez correlato, con el requerimiento de elevación a juicio (fs. 515/522), que prohijó idéntica calificación legal (cfr. en específico la última foja de la pieza requirente).

Sobre esta hipótesis formulada por la parte acusadora rondó el juicio, en tanto se hizo "conforme los hechos contenidos en el requerimiento de elevación" (fs. 684). Lo mismo ocurrió respecto de la alegación de clausura hecha por el Ministerio Fiscal (fs. 692) en la que se atuvo a aquel tipo penal; lo que obviamente tuvo su correlato con la subsunción legal efectuada en la sentencia.

Y desde este plano, no puede alegarse una falta de correspondencia entre las diversas piezas que vertebran el proceso. Menos aún que la calificación arribada en el fallo le haya resultado sorpresiva a la Defensa.

No comparto tampoco la crítica sustentada en torno a un error de ley sustantivo. Si bien la esforzada Defensa sugiere que algunos interrogatorios policiales no son ilegales, y que G. no tenía miedo ni se sintió atemorizado durante el período comprendido entre su retiro y reintegro a la Comisaría 25°, ello colisiona abiertamente con los hechos que la propia sentencia le abonó a su defendido (y que deben mantenerse intangibles al sólo efecto de verificar la subsunción legal objetada). En este orden de ideas, la sentencia tuvo por probado que "(.) P. G. fue detenido esa noche por personal de la Brigada de Investigaciones sospechado de haber participado en el homicidio de las hermanas O. y T. B. En la Comisaría, P. le retorció el brazo tirándole de los cabellos exigiéndole que 'hablara', propinándole golpes, retirándolo luego de modo irregular del lugar de detención en el vehículo particular de éste, junto a M., sometiéndolo a un nuevo interrogatorio intimidatorio (¿dónde tiraste las cosas? Va a ser mejor para vos decir dónde tiraste el cuchillo) mientras recorrían el centro de la ciudad por espacio de ocho minutos." (fs. 709). Conforme la transcripción precedente, está clara la convergencia de voluntades y el objetivo con que M. y P. retiraron a G. de la sede policial: continuar con el interrogatorio y lograr, a partir de allí, una confesión a todas luces violatoria de la garantía contra la autoinculpación prevista en el artículo 18 de la C.N. (vgr. "¿Dónde tiraste el cuchillo?, "va a ser mejor para vos decir dónde tiraste el cuchillo"; etc.). Esto, huelga decirlo, resulta un método ilícito de apremio, máxime en el contexto en que se verificó su interrogación (durante un trasladado ocurrido en horas de la madrugada, inmediatamente después de haber sido golpeado dentro de la propia Comisaría y en un vehículo particular comandado por uno de los policías que participó en dicha golpiza, con rumbo a un lugar incierto para el propio afectado, lejos de ocasionales testigos); lo cual permite tener por verificados tanto el aspecto objetivo como el elemento volitivo requeridos por la figura en análisis y que la esforzada Defensa pretendió negar.

Además, la restante aseveración hecha en el recurso de casación, respecto a que el tipo penal se vería insatisfecho por no verificarse un temor cierto de P. G. durante ese periplo, no sólo es un aserto que luce inexplicado (cfr. fs. 730, último párrafo), sino que además contraviene las propias circunstancias tenidas por ciertas por los juzgadores, referido a ese estado de ánimo: "(.) Un primer elemento lo constituye la denuncia inmediata que hace G. a la médica policial, la Oficial Inspector Marcela Retamal cuyos testimonios se aportaran en las actuaciones administrativas ofrecidas como prueba. Dijo ante el instructor del sumario dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia (fs. 113) que detectó en G. 'una gran angustia, temor de muerte, decía que lo habrían querido ahogar. Tenía mucho temor, decía que si lo dejaban lo iban a matar.Nunca había visto a una persona con tanto temor.' [.] La filmación que se efectúa durante ese examen no deja dudas acerca de la exactitud de la impresión de la testigo: G. es la cara del terror [.] El testimonio de B. reafirma que aún a esa hora persistía el temor en el denunciante." (fs. 706 vta.).

Por lo demás, si bien se asienta en el recurso de que no surge del acto indagatorio practicado en la instrucción el motivo por el cual G. fue sacado del interior de la Comisaría 25° desde las 3.07 y las 3.15 del 21 de marzo del 2005, surge prístino de ese documento que M. fue debidamente impuesto, entre otras pruebas, de la declaración testimonial prestada por aquél en la sede de la Fiscalía, en la cual refirió las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los apremios ilegales: "(.) Luego de tomarlo de los pelos y torcerle el brazo P. y M. lo suben a la camioneta de éste y lo llevan a dar una vuelta, y fueron para el barrio Lanín que no recuerda la calle. Le preguntaban adonde estaban las cosas, el cuchillo y otras cosas." (fs. 109 vta.). Aquella circunstancia, que por lo tanto no puede tenerse por desconocida, luce además consignada en el requerimiento formulado por el señor Fiscal de Cámara (cfr. fs. 518 vta.), consonante con la descripción del caso que presentó en el debate y sobre la cual el propio imputado, más allá de reservarse el derecho de declarar, dijo entender perfectamente (cfr. fs. 684 y vta.). Al ser ello así, es indudable que no ha existido la afectación al derecho de defensa pregonado en el recurso, con base en una supuesta alteración del fáctum o bien por una indeterminación de los hechos atribuidos que le haya afectado ejercer su defensa. Por los argumentos expuestos considero haber demostrado las razones por las cuales, esta impugnación, también deber ser declarada improcedente. Tal es mi voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Adhiero al voto del señor Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Así voto.

El Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Que comparto la solución sustentada por el Vocal preopinante en primer término, atento los fundamentos dados a la presente cuestión. Mi voto.

El Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ, dijo: Por compartir las conclusiones dadas por el señor Vocal que sufragara en primer término, adhiero a la solución que propicia. Así voto.

El Dr. EDUARDO J. BADANO, dijo: Que adhiero a los fundamentos precedentemente expuestos por el señor Vocal que votara en primer término, por lo que emito mi voto en igual sentido. Así voto. A la segunda cuestión, el Dr. JORGE O. SOMMARIVA dijo: Atento al modo en que resolviera la cuestión precedente, el tratamiento de la presente deviene abstracto. Tal es mi voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Comparto la conclusión sustentada por el Vocal preopinante, atento los fundamentos dados a la primera cuestión. MI voto.

El Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Por compartir la solución dada a esta segunda cuestión, por el Dr. Jorge O. Sommariva, voto en igual sentido.

El Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ, dijo: Atento los fundamentos propiciados a la primera cuestión planteada, comparto la solución dada por el señor Vocal de primer voto a esta segunda cuestión.

El Dr. EDUARDO J. BADANO, dijo: Atento la solución dada a la primer cuestión, me expido en idéntico sentido a la conclusión a que arriba el señor Vocal preopinante en primer término, a esta segunda cuestión.

A la tercera cuestión, el Dr. JORGE O. SOMMARIVA dijo: Costas a los recurrentes perdidosos (artículos 491 y 492, C.P.P. y C.). Tal es mi voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Adhiero a lo propuesto por el Dr. Jorge O. Sommariva. Así voto.

El Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Comparto lo manifestado por el señor Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

El Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ, dijo: Corresponde eximir de costas como lo expresa el Dr. Jorge O. Sommariva. Así voto.

El Dr. EDUARDO J. BADANO, dijo: Debe eximirse de costas a los recurrentes de conformidad con los arts. 491 y 492, a contrario sensu, del C.P.P. y C. Mi voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.- RECHAZAR los Recursos de casación deducidos por los Dres. Ignacio Armando Di Maggio y Emilce María Carrascosa, a favor de los imputados W. O. P. y C. A. M., respectivamente. II.- Con Costas (arts. 491 y 492 del C.P.P. y C.).III.- Regístrese, notifíquese y oportumante remítanse las presentes actuaciones a la Cámara de Origen.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación, por ante el Actuario que certifica. Dr. EDUARDO J. BADANO - Presidente. Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ - Dr. EDUARDO FELIPE CIA - Dr. RICARDO TOMÁS KOHON Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario