Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-15


AUTOS N° 20.080 (85.008 - 3° CIVIL) "AVELLANEDA, Jorge C/ Municipalidad de San Martín - Cobro de Pesos" L. DE A. T° 168, F° 127/129 SAN JUAN, 15 de octubre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Para resolver en autos N° 20.080 (85.008 - 3° CIVIL) caratulados "AVELLANEDA, JORGE C/ MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN - COBRO DE PESOS", sobre la apelación que interpone la actora contra la resolución del 16-12-08 que revoca el decreto de fs. 374 y en su lugar ordena la aplicación al caso de las disposiciones de la Ordenanza 1476-CD-07 del Municipio de San Martín; en consecuencia, las de la Ley 7855. Sobre la base de lo dispuesto por los arts. 2º y 4º de la Ley 7668, prorrogada por la Ley 7855, ordena el levantamiento del embargo trabado sobre los fondos que la demandada tenga a percibir de ENERGIA SAN JUAN S.A.; y ordena la suspensión de la ejecución hasta el 31-12-09.

La Municipalidad de San Martín solicita levantamiento de embargo en base a aquellas normas, y la Juez consideró que el Decreto Nº 152, del 12-12-07, promulga la Ordenanza 1476/CD/2007 que declara el Estado de Emergencia Pública del Municipio y adhiere a la Ley Provincial de Emergencia Nº 7855 con los alcances allí previstos. Que la citada Ley 7855, que prorroga desde el 1º de Enero de 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2009 la Declaración del Estado de Emergencia Pública Provincial dispuesta por la Ley 7459, y prorrogada por Ley 7668 y sus modificatorias Leyes Nsº 7801, 7805 y 7823. Que al ser de orden público (Art. 18 Ley 7668) y por ende su aplicación - aún de oficio- resulta obligatoria para los Jueces de la Provincia. Por lo que deja sin efecto el decreto de fs. 374 que decreta el embargo.

Los agravios del apelante lucen a fs. 400. Critica el procedimiento seguido, al no cumplirse con lo previsto en la última parte del art. 110 que dispone dar traslado al embargante, impidiéndole oponer defensas contra el pedido de levantamiento de embargo y suspensión de la ejecución, por lo que la resolución es nula por falta de traslado.

Se agravia porque la juez resuelve el planteo sin que se haya acreditado la publicación en el Boletín Oficial de la Ordenanza 1476/07, ni Decreto n° 152, del 12-12-07, lo que constituye una transgresión al art. 2 del C.C. que impone como recaudo de vigencia de las normas la publicidad.

El segundo agravio es porque la juez, para fundar la decisión, se apoya en la Ordenanza 1476 y Ley 7.855, que además de ser inconstitucionales, no prevén en forma expresa la suspensión de las ejecuciones, ni levantamiento de embargos, sino que se limitan a efectuar una prórroga genérica de la Emergencia Pública, carente de todo contenido fáctico, lo que las invalida con el alcance pretendido por la juez. Cita jurisprudencia, y doctrina referida a la interpretación restringida de las leyes de emergencia porque afectan o restringen derechos de propiedad.

El tercer agravio es porque aun cuando los efectos de las leyes provinciales 7.459 y 7.668 resultaran por extensión aplicables al presente (lo que niega) no resultarían suficientes toda vez que el dinero embargado no proviene de fondos de la coparticipación municipal, sino de recursos propios del Municipio, contribución cobrada a Energía San Juan S.A. por lo que no se encontrarían alcanzados por ninguna de las leyes dictadas.

Otro agravio es referido a la constitucionalidad de las leyes en que se apoya el fallo de primera instancia.

Estos agravios no son contestados por la demandada, según certificado de fs. 415.

Y CONSIDERANDO:

La resolución venida en apelación debe ser declarada nula, tal como lo solicita el actor, en atención a que no se ha cumplido con el procedimiento adecuado para llegar a la solución del conflicto salvaguardando las formas y el derecho de defensa de los litigantes.

Ante todo, porque si bien las normas de orden público son obligatoria, ello es así siempre que estén vigentes. Precavida de esta condición, es que la Municipalidad de San Martín invoca la aplicación de una serie de normas jurídicas que dice fueron publicadas en el Boletín Oficial (según lo afirma a fs. 388, ofreciendo probar esta difusión) hecho que es negado por el embargante cuando expresa agravios a fs. 400 vta. 401. De ello, que haber omitido el trámite incidental no solo deja al embargante sin posibilidad de invocar y probar lo que entienda pertinente, sino que produce igual afectación al embargado (demostrar que si hubo publicidad).

Además, que no cabía de manera alguna decidir sobre el embargo trabado con la sola petición del embargado. Ello, porque más alla del carácter de orden público que puedan tener las normas que aplica, no puede olvidarse que para lograr el desembargo y suspensión de la ejecución, el interesado ha invocado una serie de circunstancias, como la publicidad de las normas, la naturaleza del dinero afectado, su inclusión en el presupuesto, etc. que constituían la plataforma fáctica, y que no pudieron dejar de ponerse en conocimiento del embargante, para que hiciera valer su derecho a responder, contradecir y acreditar lo que entendiera pertinente.

Por último, que habiendo sido reclamado el levantamiento, entonces no estamos ante una actuación de oficio del magistrado, por lo que era pertinente escuchar al embargante. A lo que se suma, que una vez concedida la medida (que se rige por las cautelares, conforme lo prescripto por el artículo 485 y 520 del C.P.C.) solo cabe su levantamiento por vía incidental; no de oficio, o sin oír al embargante, "...pues ello excede las facultades del órgano jurisdiccional (Podetti- Medidas Cautelares-pag. 181). La tesis de admitir el levantamiento de oficio de las medidas dirigida a la ejecución de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, está referida a casos excepcionales. El mismo autor, en la obra citada nos dice que será viable "...excepcionalmente y en resguardo de intereses superiores al particular de cada litigante. Pueden hacerlo antes de que la medida decretada se cumpla, para evitar graves daños y en defensa de un litigante....Pero no podrán proceder de oficio, si la medida ha sido ya cumplida y notificada al afectado por ella, en cuyas manos queda la posibilidad de pedir su sustitución en cualquier momento....".

En mérito a ello, y no habiéndose cumplido con el procedimiento que garantice la defensa de las partes en juicio cabe declarar la nulidad de la sentencia venida en recurso.

Por ello, SE RESUELVE:

Declarar nula la resolución de fecha 16-12-08 y aclaratoria respectiva, con costas al apelado.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.