marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alimentos, cuota alimentaria, intereses compensatorios
Materia: CIVIL
Carátula: DI C. DE C.L.T. Y OTROS c/ C.J. s/ ALIMENTOS - COSTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-30

Para evitar el deterioro de la cuota alimentaria por los efectos de la inflación, nada impide que la deuda devengue un interés compensatorio que se compute hasta el efectivo pago, pues ellos son ajenos a toda idea de responsabilidad o indemnización, desde que tienen un carácter retributivo por el uso de un capital ajeno.
Daños y perjuicios, indemnización, sobreseimiento
Materia: CIVIL
Carátula: B., I.F. c/ G., V. y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-04-24

"la simple existencia de una decisión judicial que absuelva o sobresea al imputado es insuficiente para que éste pueda reclamar daños y perjuicios, puesto que bastan algunos antecedentes que justifiquen moralmente la denuncia para que se declare la improcedencia de la acción de daños y perjuicios".
Mandato, ratificación del mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cancino, Ramón H. c/ Carracedo Bosch, José A. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

Si el comprador no aportó ninguna prueba acerca de la supuesta ausencia del mandato (art. 375 y 348 código Procesal), y no exigió la exhibición del mismo al celebrar el acto (art. 1938 Código Civil), debió probar que quien se tituló representante lo hizo falsamente o que se excedió en sus facultades, si se quiere responsabilizar a quien actuó como mandatario. A su vez, si el actor firmó el boleto de compraventa, el hecho de que conociera o no la existencia del poder o sus alcances, no interesa, toda vez, que en la especie, ha habido un comienzo de ejecución del contrato celebrado, según así resulta de lo manifestado en el sentido de haber recibido la posesión del inmueble prometido en venta, y de que el escribano posee la documentación para que prepare la escritura traslativa de dominio, hechos que importan la ratificación tácita del mandante de lo actuado por el mandatario (art. 1935, Código Civil), es decir, no puede el legitimado activo oponer un supuesto exceso o inobservancia del mandato, una vez que el mandante ha ratificado, o quiera ratificar lo que hubiere hecho el mandatario (art. 1937 Código Civil).
Adquisición del dominio, prescripción adquisitiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Empresa de Construcciones y Anexas Rodríguez Drago S.R.L c/ Comisión de Deportes Bº 9 de Julio s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-08-22

Los presupuestos en que sustenta la reconvención de prescripción adquisitiva la demandada no son de recibo. En efecto, se argumenta que el centro vecinal 9 de julio posee el predio desde hace más de 25 años. Se está en presencia entonces de una posesión ejercida por una persona jurídica y éstas sólo pueden tomar posesión de las costas por medio de sus representantes. Así, este centro vecinal adquiere personería jurídica en 1989 y si bien el otorgamiento de la personería no resultaría vital, lo determinante en el caso es la resolución que otorga la misma, consignando expresamente que el centro fue fundado en 1987, de ello se sigue que sólo desde esa fecha la demandad puede invocar la toma de posesión; queda así desprovisto de sustento y más aún desmentida la afirmación del recurrente respecto a que está formado de hecho desde 1970, pues además de la atestación de la resolución aludida, no se ha aportado una sola prueba que demuestre la actuación del centro vecinal como tal en la época pretendida y que permita encuadrar la demanda en el art. 46 del C.C. Por otra parte la demandada alega ser continuadora de la actividad con iguales funciones y fines que la ex cooperativa social y de servicios 9 de julio Ltda., quien obtuvo personería jurídica en 1972. Sin embargo, ninguna de las documentales presentadas prueba la ligazón entre ambos entes ideales. (Del voto de la Dra. Chayep).
Peaje, derechos adquiridos, derecho de propiedad, Canal Mitre
Materia: CONSTITUCIONAL - NAVEGACION - TRIBUTARIO
Carátula: ESTADO  NACIONAL  - Mrio. DE ECONOMIA - Sec. DE INTERESES MARITIMOS Y BUQUE "FORTUNA" c/ ARENERA "EL LIBERTADOR SRL." s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29

No existe un derecho adquirido del uso no oneroso del Canal Mitre pues, si bien dicha vía fue librada gratuitamente al público desde su apertura en diciembre de 1976 hasta la sanción de la Ley N. 22 424, la expectativa de la demandada en el mantenimiento de tal situación, al no fundarse en concretas disposiciones legales o contractuales, tenía un carácter meramente unilateral, lo cual impide tenerla incluida en la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional.
Hechos nuevos, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL - PROCESAL PENAL
Carátula: A, M E; H, F R Y S, N D s/ EXTORSION EN GRADO DE TENTATIVA.    RECURSO DE REVISION PENAL.     CSJ EXPTE NRO 9-85 S, N D; H, F R; A, M E s/ TENTATIVA DE EXTORSION     REVISION PENAL (CSJ EXPTE NRO 93-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-12|1993-02-17

La argumentación de los recurrentes, consistente en que, basándose la condena en "simples presunciones" no requiere hecho nuevo posterior a la emisión del fallo, no encuentra el más mínimo sustento en las previsiones de la ley 8774 y ni siquiera en las de la ley 6740. Sólo el procesal penal que perdió vigencia muchos años antes de cometerse los hechos delictuosos que originaron la condena, preveía la revisión en caso de sentencia fundada en simples presunciones, pero en tal supuesto, la condena debía ser "de quince o más años", pues se combinaba un criterio cuantitativo con otro valorativo, es decir, se otorgaba la revisión frente a una condena grave con una prueba que se estimaba débil.

En el caso, ni siquiera bajo aquel antiguo pudo haber tenido cabida la revisión, pues la condena impuesta fue de tres años.

Del voto del Dr. Prono que hubo de desempatar.
Costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pasini Mario Alberto s/ Incidente ejecucion de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

Deducida una pretensión por quien no es parte, siendo la misma rechazada liminarmente, no corresponde imposición de costas alguna, en atención a que se hallaría ausente uno de los requisitos esenciales para ello tal como lo constituye la contradicción o contienda.
Contrato de trabajo a prueba, despido por maternidad, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: SMORZEÑUK, Graciela c/ OLEA, José y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

Cuando se trata de un contrato de trabajo a prueba no rige la presunción establecida en el art 178 LCT y en consecuencia la trabajadora afectada deberá probar que la cesantía constituye una práctica discriminatoria y que fue la maternidad el motivo determinante del despido dispuesto por el empresario, sin dejar dudas acerca de que se configuró un acto de discriminación.
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Autopartes M.H. S.A s/ Pedido de Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-07

La insolvencia o cesación de pagos equivale al concepto económico de quiebra, como estado de un patrimonio impotente para satisfacer regularmente y con medios normales, las deudas exigibles que lo gravan, pero para que el ordenamiento jurídico aprehenda ese fenómeno para regular sus efectos e instrumentar el proceso adecuado a tales fines, es necesario que tal impotencia patrimonial calificada, se revele de alguna manera, se traduzca al exterior de suerte que pueda ser juzgada como verdadera cesación de pagos, la quiebra en sentido jurídico, existe en la medida que existe quiebra en sentido económico, o insolvencia o estado de cesación de pagos.
Procedimiento judicial de la seguridad social, deberes del juez, caducidad de instancia, declaración de oficio, desistimiento de la instancia, responsabilidad del abogado
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PALMA, RAFAEL RAMON c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-28

El volver a las pautas que el C.P.C.C. brinda en el art. 310 sobre caducidad, merece ser aclarado respecto a los supuestos de declaración de oficio. En efecto, el juez en una materia tan delicada como la seguridad social, no puede ni debe presumir de oficio el abandono voluntario o renuncia de la instancia, por lo que una decisión que implique desligarse del proceso debe subordinarse a que esa presunción adquiera veracidad y certeza, llevándolo al convencimiento de que la conducta omisiva del litigante implica un desistimiento tácito del mismo, obstaculizando la marcha regular de la causa e impidiendo al Tribunal abocarse a su definición normal.

Ese desinterés sólo se hará palpable con escaso o nulo margen de duda, ante el incumplimiento de la intimación que a dichos fines debe realizársele no sólo al letrado supuestamente negligente, sino también a la parte a su domicilio real, para de ese modo alejar toda sombra de duda sobre la verdadera voluntad de quien ha entablado el juicio. (Disidencia del Dr. Fernández)
Acción de amparo, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Glauser, Oscar y Otra s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-09-05

No conteniendo el art. 43º de la Constitución Nacional disposición alguna que impida la fijación de un plazo para el ejercicio de la acción de amparo, fuerza es por tanto concluir en que, en ejercicio de sus facultades propias no delegadas al Gobierno Nacional, la Provincia del Chubut ostenta la plena facultad de reglamentar el sistema procesal en el remedio del amparo, sin incurrir por ello en la alegada contradicción con el principio de supremacía constitucional.
Competencia, juez de circuito, medidas preparatorias
Materia: PROCESAL
Carátula: NEME, ESTELA MARIA JOSEFINA Y NEME, MARIA SILVIA MICAELA c/ LA LOMA S.A. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-09-26

En relación a la materia debatida, el artículo 112 de la ley 10160 contiene una pauta atributiva de competencia material (aunque cualificada por un límite cuantitativo) al establecer que a los Juzgados de Primera Instancia de Circuito les compete el conocimiento de toda causa civil y comercial cuya cuantía no supere el valor equivalente a 60 unidades jus, sin establecer distingo alguno en relación a la materia en debate siempre que la misma se encuentre dentro del ámbito civil y comercial; y no obsta a la solución propuesta lo señalado por el Magistrado de Circuito en cuanto a que, en las acciones posesorias y de despojo, resulta competente su par de Distrito, puesto que el artículo 69 de la ley 10160 sólo reserva a los Tribunales Colegiados de Responsabilidad Extracontractual (y, por ende, en el presente caso, al Juzgado de Distrito según artículos 72 y 79 de la norma citada) las pretensiones posesorias y de despojo, mientras que aquí se trata de medidas preparatorias de una posterior acción de reivindicación.
Contrato de obra pública, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMARKO S.A. c/ Municipalidad de Lomas de Zamora s/ Demanda contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05

En materia de rescisión del contrato de obra pública, el Estado puede por sí y ante sí declarar dicha determinación, mientras que el particular contratante debe solicitar a la Administración tal resolución y en el supuesto de obtener una respuesta negativa debe acudir a requerirla al juez del contrato. Mientras tanto el contratista está obligado a cumplir sus obligaciones contractuales, no pudiendo interrumpir unilateralmente los trabajos.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, consorcio de propietarios
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ, VALENTIN R. c/ CONSORCIO  COPROPIETARIOS  DE LA  FINCA  DE LA CALLE ASAMBLEA NUMERO 1402, 1406, 1408, CAPITAL FEDERAL. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-29

Si bien los consorcistas poseen un interes evidente en el resultado del pleito entre el encargado y el consorcio de copropietarios, ello no los descalifica como testigos; por la naturaleza de la relación laboral y el ámbito donde se desarrolla, las declaraciones, que deben ser analizadas con extrema precaución, pueden considerarse necesarias para la justa dilucidación de la causa.
Hurto, defraudación, restitución de cosas, relación de dependencia, régimen penal de la minoridad, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: PARED, PABLO R s/ DEFRAUDACION. HURTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-02-10

1) Constituye el delito de hurto -y no el de defraudación- la conducta de quien se llevó un televisor y las llaves de su expatrón, so pretexto de ser retribuido tardíamente, para lograr así la regularización de su situación laboral. Es que no existe ninguna constancia probatoria que permita presumir que el acusado tuviera FACULTAD DISPOSITIVA alguna sobre el moblaje y artefactos del hogar del nombrado.

2) Carece de RELEVANCIA EXCULPATORIA la posterior entrega de lo sustraído, en razón de que los bienes habían salido del ámbito de custodia de su propietario y el imputado ejerció de hecho y por lapso prolongado verdadero poder de señorío sobre los mismos.

Tanto la devolución posterior de los efectos, como la manifestación de la víctima de no sentirse damnificada efectuada bastante tiempo después de iniciada la causa y ya recuperados aquéllos y el arrepentimiento del menor, son circunstancias que-en su momento- podrá apreciar el magistrado, conforme las nuevas disposiciones que rigen el régimen penal de la minoridad.
Contrabando de estupefacientes, detención, prueba confesional, defensa en juicio, Constitución Nacional, tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, derecho a la integridad física, derecho a la libertad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Rivera Gorbal, Jorge y otros s/ Contrabando
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

No se demuestra la relación directa e inmediata entre la condena por el delito de contrabando de estupefacientes y los artículos 18 de la Constitución Nacional y 5 y 7 del Pacto de San José de Costa Rica, si la detención del imputado no derivó del procedimiento dispuesto para que un coprocesado expulsara de su organismo cápsulas con estupefacientes que había ingerido, sino de los dichos de éste al decidir espontáneamente colaborar con la investigación.
Instrumentos públicos, acta judicial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sucksdorf, Alejandro J. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-04

Estas actas confeccionadas por funcionarios públicos son consideradas instrumentos públicos en los términos del artículo 979, incs. 1 y 4 del Código Civil y hacen plena fe, en tanto no sean argüidas de falsas por acción civil o criminal, de la real ocurrencia de los hechos que el tribunal, juez o funcionario exprese como cumplidas por él mismo o como pasados en su presencia (Código Civil art. 993)(Voto del Dr. Fégoli).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso extraordinario, interposición del recurso, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: Bodegas Litoral  S.R.L. c/ Estado Nacional s/ inconstitucionalidad - daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-20

La Corte debe resolver conforme a las circunstancias existentes al momento de dictar su sentencia aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Thomas, Héctor Alfredo c/ Frigorífico Minguillón S.A.C.I.F.I. s/ Reajuste de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

La demanda presentada dentro del plazo de "gracia" establecido por el art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial constituye un acto eficaz para interrumpir la prescripción de la acción de que se trate.
Sucesiones, herederos, titularidad del dominio
Materia: CIVIL
Carátula: Mario Alberto Rubio s/ Sucesorio Ab - Inestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-02-27

Para que se pueda transmitir el bien o bienes, no sólo debe acreditarse el vínculo que lo unía al fallecido, sino que el presunto heredero debe acreditar la titularidad del dominio de las cosas que le denuncia al Juez.
Ministerio Público Fiscal, agente fiscal
Materia: PROCESAL CIVIL -PROCESAL PENAL
Carátula: AGENTE FISCAL DEL SEPTIMO TURNO s/ SOLICITA  DILIGENCIAMIENTO  DE  EXHORTO  -  MINISTERIO FISCAL: AGENTE  FISCAL - FACULTADES EN MATERIA DE ROGATORIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-11-14

No previendo el Código Procesal Penal que un agente fiscal peticione la tramitación de un exhorto por ante otro funcionario de esa naturaleza de un país extranjero, debe aplicarse por analogía el art. 127 del Código de Procedimiento Civil que establece que la comisión de diligencias fuera de la jurisdicción del juez será hecha siempre a jueces de igual grado. El Código Procesal Penal al concederle al agente fiscal, a los fines de la información sumaria, las facultades de juez de instrucción (art. 421 CPP), no le acuerda la condición de juez, por lo que no debe aceptarse que pueda dirigir rogatorias al agente fiscal de otro país.
Accesorias legales, falta de pronunciamiento
Materia: PENAL
Carátula: A, N. s/ Homicidio (Expte Nº 230-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-23

Las accesorias del artículo 12 del Código Penal, son de carácter político y civil y como tales, se aplican de pleno derecho, aunque el juez no se haya pronunciado expresamente sobre ellas; no es "pena" accesoria. Esto es doctrina ya común (aunque en algún momento se discutió). El silencio del juez sobre la aplicación de tales accesorios sólo tiene el efecto de reducir su permanencia a su límite mínimo: duración hasta que cese el internamiento. Esta es doctrina mayoritaria que expresamente aceptó. Entonces da lo mismo que el "a quo" las haya mencionado o no, o aparezcan mencionadas como consecuencia de la unificación en cuanto a la procedencia de su imposición.
Honorarios, regulación de honorarios, liquidación, base regulatoria, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Penizzoto, José y Otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-11-11

El art. 223 de la ley 2150 que determina el procedimiento para llegar a la base regulatoria, que autoriza a los profesionales estimar sus honorarios y practicar liquidación a fin de que el beneficiario del trabajo preste conformidad o haga saber su disparidad de criterio, no es un incidente que se genere en los términos del art. 181 del Código Procesal Civil, sino un mecanismo previsto exclusivamente por la ley arancelaria.

Dicho procedimiento, fija los pasos adecuados para precisar la base regulatoria de los honorarios; a la vez, otorga una opción de estimación y permite sugerir con la liquidación de dicha base que será, nada más, la antesala de una justa retribución del trabajo profesional. Está claro que la opción y la facultad de presentar la liquidación a tales efectos es un derecho reconocido al abogado.

El ajuste que deba hacerse de la liquidación por observaciones del beneficiario del trabajo, o de quien deba cargar con las costas del juicio, no puede a su vez generar costas porque no estamos frente a una controversia incidental que tenga relación directa con el objeto principal del pleito.
Excarcelación, confirmación de sentencia, procesamiento, prisión preventiva, asociación ilícita
Materia: PENAL
Carátula: P., M. D. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "P., M. D. s/excarcelación" (Causa N° 60.507/2017) resuelta el 27/11/19 donde Pablo Guillermo Lucero y Hernán López confirmaron el rechazo al pedido de excarcelación presentado respecto de quien fue procesado con prisión preventiva (firme) como miembro de una asociación ilícita que ejecutaba robos persiguiendo e intimidando a las víctimas, con pluralidad de sujetos actuando en motocicletas.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: Massalin Particulares  S.A. c/ Dirección General Impositiva. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Procede el recurso extraordinario pese a que la solución de la controversia pasa por la recta aplicación de normas federales de índole procesal, si lo decidido compromete instituciones básicas de la Nación, lo cual acontece cuando median cuestiones de gravedad institucional.
Prueba pericial, apreciación de la prueba, robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Bellada Avila, Gerardo Ariel s/ Tentativa de robo simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

Transgrede el art. 255 del Código de Procedimiento Penal la interpretación dada por el a quo a las expresiones periciales desvirtuando el razonamiento efectuado en la pericia balística si ésta arribó a la conclusión de que el revólver "es utilizable en simple acción" y que el proyectil se encontraba "en perfecto estado de uso", y el tribunal extrae como resultado que "no se ha probado legalmente en autos la aptitud del arma incautada" y que no da cuenta de que hubiera probado este mecanismo con resultado positivo.
Sindicatos, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Ramón Mario c/ S.M.P. Establecimientos Metalúrgicos S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

La ley 23551 no es aplicable a relaciones laborales extinguidas antes de su vigencia.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso, ley general
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sanseverino, Pablo y otro c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y sus acumulados: exptes. Nº 8511/1 Raffo, Julio César y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y Nº 8595/2011 Campos, Antonio Rubén y otros c/GCBA (Legislatura de la CABA) s/nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-04

Según lo establece el art. 113 inc. 2 de la CCABA, la acción de inconstitucionalidad debe dirigirse contra la validez de leyes, decretos o cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad y para fundar la admisibilidad de su demanda en este sentido, los actores se limitan a citar un fallo del Tribunal recaído en una acción originaria de nulidad, sin explicar por qué los extremos allí considerados tendrían relevancia en el juicio de admisibilidad de una vía procesal diferente. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Seguros, responsabilidad del asegurador, reconocimiento del derecho del asegurado, plazo, silencio del asegurador
Materia: CIVIL
Carátula: RAMOS ESTEBAN c/ MARTINOZA ALBETO JOSE s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-30

Guardar silencio, abdicar del derecho de hacer la verificación correspondiente y mantenerse pasivo durante el plazo que la ley asigna a la aseguradora para pronunciarse sobre el "derecho del asegurado", implica inexcusablemente la aceptación del siniestro.