Confirmación de sentencia, acción de amparo, insuficiencia del agravio, nulidad del acto administrativo, traslado, empleo público, perspectiva de género, situación de vulnerabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: R, A.M.  c/ PSA  s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-10

Se desestima los agravios ofrecidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se confirma la sentencia apelada que: (i) declaró la nulidad del acto administrativo que dispuso el traslado de la actora a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y (ii) ordenó a la PSA que arbitrara las medidas pertinentes para evaluar nuevamente el pase solicitado por la actora ponderando "las necesidades del servicio así como la situación de vulnerabilidad estructural [...] y la normativa nacional e internacional que rige en materia de género en el empleo público". La sala considera que a pesar de que la actora formuló un planteo expreso con la finalidad de obtener su traslado a la ciudad de Mar del Plata, no obtuvo ninguna respuesta decisiva por parte de la administración. De ese modo, la PSA incumplió con su obligación convencional, constitucional, legal y moral que tiene, en términos generales, de fundar y explicar sus decisiones y, en particular, aquellas que tienen incidencia en el ámbito de los derechos relativos a la función pública. Ese deber se origina, como anverso y reverso, en el derecho de peticionar a las autoridades previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional. La PSA no sólo no dio ninguna repuesta a la petición del traslado sino que, en cambio, decidió el traslado de la actora, con fundamento en las "necesidades operativas" de la institución a otro destino distinto al que ella había solicitado por razones familiares. La sala indica que la PSA no ponderó ninguna de las especiales circunstancias que la actora invocó cuando solicitó su traslado a la ciudad de Mar del Plata y no tuvo en cuenta que se hallaba en uso de una licencia por embarazo. El tribunal considera que la conducta desplegada por la PSA revela un ostensible desapego a la perspectiva de género. Esa conducta tiene aptitud para tener por configurado un supuesto de violencia laboral en los términos de la ley 26.485, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y del Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. La sala indica que la conducta de la PSA, simultáneamente, comporta una práctica discriminatoria anudada a la situación de embarazo de la actora. El tribunal señala que la PSA no exteriorizó ningún fundamento idóneo ni en sede administrativa ni en el trámite del juicio para justificar debidamente la razonabilidad de su comportamiento referente a una agente que experimentaba una situación de vulnerabilidad familiar, se hallaba en uso de una licencia por embarazo y luego de maternidad. La PSA desconoció los principios y las reglas que presiden, en el ordenamiento jurídico de los derechos humanos, tanto nacional como internacional, la protección especial en favor de las trabajadoras embarazadas. La sala concluye en que la PSA ignoró las características específicas de una familia monoparental y, de una manera equivalente, relegó el interés superior de la niñez.