Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-28


CONSORCIO GENERAL CAMINERO CALCHAQUI contra MUNICIPALIDAD DE CALCHAQUI Reg.: A y S t 211 p 264-268.

Santa Fe, 28 de diciembre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la resolución N 42 del 4 de mayo del año 2.005, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, en autos "CONSORCIO GENERAL CAMINERO CALCHAQUÍ contra MUNICIPALIDAD DE CALCHAQUÍ -Amparo-" (Expte. C.S.J. N 259, año 2.005); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que, por sentencia N° 42 del 4.5.2005, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción de Santa Fe rechazó los recursos de alzada interpuestos por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la excepción de falta de personería planteada por la Municipalidad demandada en el marco del amparo promovido y, en consecuencia, declaró la nulidad de todo lo actuado por quienes no ejercían la auténtica y total representación de la actora.

Contra tal pronunciamiento interpone la perdidosa recurso de inconstitucionalidad por considerarlo arbitrario y violatorio de derechos constitucionales (artículo 1, inciso 3, ley 7055).

Relata los antecedentes de la causa afirmando que el Consorcio General Caminero Calchaquí inició acción de amparo tendente a que se declare la inconstitucionalidad de las ordenanzas 661 y 662, ambas dictadas por la Municipalidad de Calchaquí en el año 2004, en tanto a través de ellas se le confiscó todo el patrimonio y le fue quitada ilegítimamente la concesión del servicio público que brindaban.

Puntualiza que el Juez de primera instancia no emitió opinión alguna respecto a la procedencia del amparo intentado sino que declaró nulo todo lo actuado con fundamento en la insuficiencia e irregularidad del poder para promover acciones judiciales y ejercer la representación del Consorcio.

Sostiene que la Cámara interviniente, pese a reconocer que no era materia de recurso, consideró que el control efectuado por el Juez de grado sobre los requisitos del poder otorgado importaba un exceso ritual, omitiendo pronunciarse sobre el objeto de la apelación -esto es, la excepción de falta de personería planteada por la demandada-.

Finalmente, entiende que, partiendo de dicho error, el Tribunal legitimó la confiscación de bienes efectuada mediante las ordenanzas impugnadas basándose en la doctrina de los actos políticos no justiciables, para luego afirmar que la falta de ilegitimidad manifiesta en dichos actos y la existencia de otra vía judicial más idónea aconsejaban el rechazo del amparo incoado, en abierta violación del principio de la "non reformatio in peius".

Entiende que el fallo atacado es arbitrario en el sentido que se expone: a) Argumenta que la Cámara incurrió en "reformatio in peius" al hacer lugar a los agravios expuestos pero excediendo el límite de su competencia y tratando temas que no eran materia de recurso en desmedro de sus legítimos derechos constitucionales de propiedad y de la cosa juzgada.

Así, vulnerando igualmente el principio de congruencia que limita la competencia del juzgador al "tanto devolotum quantum appellatum", sostiene que el Tribunal no respetó la prohibición de la "non reformatio in peius" al calificar de excesivo rigor el control que el Juez en primer grado de conocimiento efectuara sobre el requisito sustancial de la adecuada representación de la parte actora en el proceso.

b) Por otra parte entiende que la Alzada incurrió en arbitrariedad normativa al realizar una interpretación parcial de la norma en cuestión (ordenanza 35/88 de la Municipalidad de Calchaquí) ya que, más allá de que la misma hace mención al Consorcio como "ente público de gestión colectiva" en el mismo artículo 1 establece que "será sin participación estatal y que se regirá por sus propios estatutos".

Razona que dicha desinterpretación se completa al ignorar que la misma norma preveía que "para el cumplimiento de su objetivo social, dicho ente podrá utilizar cualquiera de las formas de gestión prevista por el ordenamiento jurídico... Tendrá patrimonio propio y a él se le imputarán los resultados de su gestión, otorgándosele un plazo de 90 días para que presente ante el Departamento Ejecutivo Municipal el estatuto de formación y funcionamiento, el acta de constitución y la nómina de los integrantes del consejo de Administración", y disponiendo que el no cumplimiento de dicha exigencia daría derecho a la Municipalidad a dejar sin efecto la concesión, lo que -expone- no importaba derecho a disolverlo.

c) La sentencia atacada, sostiene, adolece de insuficiente motivación, exhibiendo tan sólo fundamentos meramente dogmáticos que importan ignorar la doctrina y jurisprudencia aplicables al caso.

Lo propio se configura en tanto la Cámara sólo realizó una escueta mención de normas y aludió tangencialmente a los hechos de autos que ni tan siquiera intentó describir, y mucho menos conectar con la realidad del caso concreto, dado que -a su entender- el núcleo del caso es una cuestión de puro derecho y no sujeta a cuestiones probatorias.

Califica el decisorio de absurdo al declarar la ordenanza impugnada como "acto político institucional más o menos aceptado por los administrados y que no es palmariamente un acto administrativo con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas" (f. 29), ya que, a su entender, el derogar caprichosamente una ordenanza que le concedía la prestación de determinados servicios quitándole dicha concesión pero además confiscándole los bienes es manifiestamente ilegal, ilegítimo, arbitrario e inconstitucional.

Como consecuencia de lo expuesto, considera que el A quo dictó un pronunciamiento que no constituye derivación razonada del derecho vigente en violación a los derechos a la seguridad jurídica y de propiedad (no confiscatoriedad), así como también la garantía de defensa en juicio y del debido proceso legal.

d) Asimismo se agravia la actora de que, al juzgar, la Cámara omitió analizar y ponderar los hechos y pruebas de la causa, en tanto ha prescindido de pruebas incorporadas válidamente al proceso; ha resuelto en oposición a ellas prescindiendo de hechos notorios y basándose en prueba inexistente; y el material fáctico que ha valorado ha sido analizado de manera irrazonable y absurda.

Reitera que, a más de tratarse de una cuestión de puro derecho, el A quo ha desestimado el material probatorio arrimado por la actora, el cual reflejaba que los bienes pertenecían al Consorcio en tanto integraban su propio patrimonio y que su traspaso a la Municipalidad originaba, de por sí, un grave e irreparable daño a los integrantes del mismo.

De tales circunstancias, sostiene, se desprendía claramente que sólo la vía del amparo era la apta para tutelar los derechos aquí vulnerados por la mencionada ordenanza, aspecto que debió haber sido ponderado por la Sentenciante de manera que se ajuste a la finalidad que a dicha acción confiere el mismo artículo 43 de la Constitución nacional.

2. El Tribunal a quo denegó la concesión del remedio intentado con fundamento en la ausencia de suficiente y correcta introducción de la cuestión constitucional, considerando que -si bien la recurrente alega "arbitrariedad sobreviniente" para salvar la deficiencia apuntada- no logra demostrar una verdadera cuestión constitucional trasuntando una mera disconformidad con el sentido del decisorio (Acuerdo n 150, del 14.6.2005); por ello acude la recurrente en vía directa ante esta Corte insistiendo en las causales de arbitrariedad enderezadas oportunamente.

3. En primer lugar ha de afirmarse que debe rechazarse la queja si de la sola confrontación de los agravios esgrimidos en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad con los fundamentos del fallo impugnado, surge que toda la argumentación recursiva, pese al tinte constitucional que el impugnante aspira otorgarle sólo trasunta, en definitiva, la mera discrepancia interpretativa de éste en torno a cuestiones fácticas, probatorias y de derecho común y procesal.

La respuesta a ello, mientras no se demuestre que la tarea efectuada por los juzgadores sea absurda o irracional, es propia de los jueces de la causa y no autoriza la apertura de esta instancia extraordinaria, la que tiene por objeto el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, y no la de sustituir a los jueces ordinarios en funciones que le son privativas (cfr. criterio de A. y S., T.

118, pág. 86; T. 154, pág. 340), no pudiendo servir para que, so color de arbitrariedad, las partes renueven un debate ya agotado, erigiendo a la vía impugnativa extraordinaria en una tercera y ordinaria instancia (cfr. A. y S., T. 52, pág. 433; T. 58, pág. 230; T.

60, pág. 475; T. 62, pág. 396).

La Cámara, para fundar su decisión de que la vía del amparo debía rechazarse por no encontrarse acreditados los requisitos de admisibilidad del mismo, disintió con la opinión dada por el Juez de primera instancia que consideró al Consorcio amparista como una persona jurídica del derecho privado (simple asociación), premisa errónea que lo llevó -según el A quo- a adentrarse en el examen de cuestiones rituales excesivas para la vía del amparo (requisitos estatutarios para el otorgamiento de poderes válidos), considerando -en cambio- que la actora era "un ente público de gestión colectiva" sujeto al régimen del derecho público, con lo que entendió sorteada la cuestión relativa a la falta de personería.

Frente a esta línea argumental, el recurrente postula la descalificación constitucional del decisorio en crisis por razonar, básicamente, que se apartó de la cuestión sometida a juzgamiento ingresando al estudio de aspectos consentidos y no controvertidos por las partes resolviendo en perjuicio de la apelante; mas lo cierto es que toda su argumentación recursiva gira en torno a su particular criterio interpretativo del derecho aplicable, distinto al de la Sala.

Así, aun teniendo en cuenta que el razonamiento empleado por los Sentenciantes al emitir el pronunciamiento atacado podrá ser compartido o no, de la argumentación recursiva no se infiere que éste adolezca de los vicios imputados que autoricen a descalificarlo como acto jurisdiccional, en tanto el Tribunal juzgó que la cuestión de la personería estaba vinculada a la errónea interpretación efectuada por el Juez en primer grado de conocimiento.

Sobre esa base y afirmando que la naturaleza jurídica de la actora era otra, ponderó excesivos los recaudos exigidos (control del cumplimiento de las normas estatutarias en materia de otorgamiento de poderes del Consorcio) al no regirse por las normas del derecho privado que ordenaban el control de dichos extremos, sino por aquéllas del derecho público, tarea en la que no se ha demostrado que haya excedido los márgenes de razonabilidad y logicidad tolerados.

En esa línea de razonamiento, y dando por superada la cuestión relativa a la personería, la Alzada se adentró al análisis de la procedencia de la acción intentada y, en esa tarea juzgó, básicamente, que la pretensión esgrimida por la actora excedía el estrecho ámbito cognoscitivo previsto por la ley 10456.

Siendo ello así, la recurrente no demuestra que la Cámara se haya extralimitado de su ámbito propio de la función revisora, pues la lacónica afirmación del apelante de que no se respetó la congruencia en esa instancia, en el sentido de que sólo estaba habilitada para resolver la cuestión de personería, implica tan sólo pretender imponer su particular criterio acerca de los alcances de la mecánica apelatoria mas sin lograr acreditar la invocada vulneración al principio de la congruencia procesal.

En síntesis, de conformidad a las consideraciones vertidas ut supra, carecen de sustancialidad para operar la apertura de la instancia de excepción, la endilgada "reformatio in peius", por cuanto el discurso argumental de la impugnante no persuade que el Sentenciante haya empeorado la situación de la apelante al entender superada la valla formal y resolver sobre la procedencia de la acción intentada, no logrando demostrar que el Judicante haya caído en un desvío funcional que desestructure la instancia revisora y menos aun que haya incumplido el mandato constitucional de la debida motivación (A. y S., T. 157, pág. 64; T. 162, pág. 444).

4. Por otra parte, igual suerte adversa corren los agravios reseñados bajo los puntos b), c) y d). Ello por cuanto los reproches de la apelante conducen al examen de temas de hecho, prueba y derecho común, los que han sido resueltos con fundamentos suficientes del mismo orden que permiten descartar la tacha de arbitrariedad invocada, y dado que aquélla con su planteo recursivo no logra persuadir que en el "sub lite" se de un supuesto de excepción que autorice la apertura de esta instancia extraordinaria, vedada -por principio- a las cuestiones de dicha naturaleza.

Al respecto cabe puntualizar que la selección y valoración de la prueba así como la carga de su producción no constituye regularmente materia susceptible de esta revisión, sin que los jueces estén obligados a considerar una por una todas la pruebas de la causa, sino sólo aquéllas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones como tampoco están constreñidos a tratar minuciosamente todas las cuestiones expuestas por las partes ni a analizar los argumentos que a su juicio no posean relevancia. La exigencia constitucional de que los fallos judiciales se motiven, sólo requiere una fundamentación suficiente, no una óptima por lo exhaustiva. La insuficiencia de motivación debe apreciarse con un enfoque mejor positivo que negativo: más que los tópicos que el tribunal omite, hay que atender a los asuntos que el mismo considera.

Menos aun luce descalificable el pronunciamiento atacado en tanto, al efectuar el control de los requisitos de admisibilidad del amparo, la Cámara entendió que no surgía manifiesta la arbitrariedad o ilegitimidad en el obrar de la Municipalidad de Calchaquí al dictar las ordenanzas impugnadas, ni la imposibilidad de obtener la tutela de los derechos invocados por una vía más idónea atento la complejidad y opinabilidad del tema, ni se hallaba acreditado el perjuicio invocado, circunstancias sobre las que el A quo estimó aconsejable el empleo de los mecanismos ordinarios que aseguran mayor amplitud de debate y prueba.

Lo resuelto guarda concordancia con el criterio sustentado por este Cuerpo en el sentido de afirmar que la pretensión del amparo no es viable cuando la situación fáctica que le sirve de sustento aparece opinable o discutible y, por ende, requiere amplitud de debate y prueba, cuestión que se entronca con el requisito de la inexistencia de un medio judicial más idóneo (ver por todos, "Bacchetta", A. y S. T. 132, pág. 67).

En suma, no habiendo logrado el quejoso demostrar que se encuentre configurado en la especie el supuesto de excepción ni que lo resuelto por el Tribunal en ejercicio de su cometido jurisdiccional adolezca de los vicios invocados, ni resulte violatorio de derechos de raigambre constitucional, el recurso intentado resulta inadmisible.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese y hágase saber.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)