marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitución Nacional, Poder Judicial, independencia del Poder Judicial, garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, pago de la remuneración, antigüedad, adicional por antigüedad, depreciación monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bergna, César E. y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

Más allá de resolver si la antigüedad integra o no la remuneración de los jueces y en qué forma incide en condiciones normales, es necesario tener presente que el art. 96 de la Constitución Nacional impide, en definitiva, deterioros significativos del poder adquisitivo de dicha remuneración, en forma tal que no se vea comprometida su independencia, razón por la cual resulta indiferente cuál es el título por el que se paga la remuneración siempre que sea otorgado en condiciones de generalidad.
Deudor, intereses, tasas de interés, leyes, interpretación de la ley, realismo económico
Materia: CIVIL - COMERCIAL - LABORAL
Carátula: GOMEZ, SIXTO Y OTROS c/ ORTIZ, DANIEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 114-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-08

En las actuales circunstancias de la economía argentina, resultaría fútil enfatizar las innumerables diferencias que nos separan de la sociedad que sirvió de marco al codificador argentino al momento de la elaboración del Código Civil y constituiría una muestra de dogmatismo negatorio de la realidad postular la aplicación literal de una norma del código, basada únicamente en la autoridad de quien la pergeñó. Pero no puede dudarse que la solución establecida en el artículo 622 del digesto de fondo -con la justificación que se establece en la sabia nota a esa disposición- ha resistido el paso del tiempo y su valor y acierto se ven hoy en día incrementados frente a las contingencias y variables a que se vería expuesta la fijación de una tasa única ante la diversidad de situaciones que se presentan en las relaciones civiles, comerciales y laborales.
Derecho penal, Derecho contravencional y de faltas, leyes, interpretación de la ley, jueces, error (penal), incompetencia, actos y diligencias procesales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: L., R. R. s/ Infracción artículos 62 Y 83 Ley 10.703 (Expte Nº  30-93, Resolucion  N  15, Tomo 1, Folio 266)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-05-12

La nación tiene reservada la facultad de legislar en materia penal (art. 67 inc.11º Const.Nac.) restando a las provincias poder hacerlo en aspectos no considerados por el Cód. Penal, y solo en carácter de faltas o contravenciones. De esta manera una materia tratada por la legislación nacional como constitutiva de delito, no puede serlo al mismo tiempo por la provincial como configurativa de falta.

Afirmar que una persona fue objeto de golpes y amenazas y ubicar tales hechos como configurativos de faltas -ignorando que el Cód.

Penal los tipifica como delitos- es un error judicial, juzgando el Juez de primera instancia de circuitos hechos que escapaban a su competencia, produciendo de tal modo un acto irremisiblemente nulo.
Inimputabilidad, medidas de seguridad, cesación de la medida de seguridad, internación
Materia: PENAL
Carátula: Ghersich, Patricio Hernán s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-26

No corresponde que un juez penal disponga la internación del imputado y mantenga el contralor de dicha medida de seguridad en el ámbito de la ejecución penal, cuando un juez civil ya ha intervenido en relación a su incapacidad. La disidencia sostuvo que no corresponde hacer cesar la medida de seguridad impuesta, ello sin perjuicio de la evolución que el paciente evidencie a futuro. (Dres. González Palazzo, Diez Ojeda y Hornos -en disidencia-).
Corretaje, comisión del corredor, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: NU!EZ MIHURA MARIA ELOISA DEL CORAZON DE JESUS c/ RUTH HAYDEE CHERVIN DE HECKER s/ CORRETAJE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-09

La función del corredor determina que su derecho a percibir una retribución, con excepción del supuesto mencionado en el artículo 89 'in fine' del Código de Comercio, resulta independiente de la circunstancia de haber recibido para la realización de su tarea un encargo específico de una de las partes (código de comercio:111).
Proceso penal, etapas del proceso, clausura de la instrucción, requerimiento de elevación a juicio, auto de procesamiento, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., J. s/ Apelación proveído (Expte Nº 204-99, Resolución Nº  135, Tomo 5,  Folio 200)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-11-24

El período intermedio es parcialmente distinto a la instrucción propiamente dicha -lo que se refleja nítidamente en la importancia que adquiere el Ministerio Público Fiscal-, y que al tratar sobre él, nuestro Código Procesal Penal en vez de callar acerca de la alternativas que puedan seguir a un pedido de sobreseimiento de la defensa, expresa y claramente omite dar intervención a la defensa durante su sustanciación, de lo que se sigue que no ha de actuar ella durante ese período para cuestionar la entidad del material probatorio a efectos de la continuación del proceso. La idea que sostuvimos en nuestros anteriores pronunciamientos respecto a que la esencial revocabilidad de los procesamientos es más compatible con la impugnabilidad de todo pronunciamiento que se niegue a su revocación que con otra cosa, tiene entonces sentido durante el trámite de la propia instrucción cuando las facultades del señor Juez de Instrucción son muy amplias, mas, cuando dicho magistrado ya se expidió considerando agotada su tarea y abriendo el período intermedio, el procedimiento adquiere nuevas facetas, en donde la posibilidad de revocación del procesamiento queda limitada al pedido Fiscal de sobreseimiento. Podrá o no estarse de acuerdo con el trámite que nuestro Código Procesal Penal estableció para el período intermedio a que aludimos, prefiriéndose -o no- alguno que diera mayor protagonismo a la defensa y/o a un Juez o Tribunal de Acusación; empero, el que tenemos no lesiona ostensiblemente principio constitucional alguno como para cuestionar su validez.
Absolución de posiciones, prueba confesional
Materia: PROCESAL
Carátula: G., F. M. c/ I., E. A. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-03-15

Al negarse a responder el actor en la absolución de posiciones, incurrió en una reticencia contumaz que obliga a los magistrados a sancionarlo teniéndolo por confeso a tenor de aquélla (art. 418 CPCC); y ello en forma expresa, "con los efectos del art. 423" -art. 427 C.P.C.C. en el Chubut- al decir de Enrique M. Falcón.

Pues bien, como la confesión expresa constituye plena prueba según el art. 427 parte 1era. C.P.C.C., prueba tasada que escapa a la regla general de apreciación del art. 390 íd., esa inexistencia de subordinación debe ser tenida por cabalmente acreditada, quedando de ese modo descartada la existencia de relación laboral entre las partes.
Proceso penal, imputado, defensa, defensa en juicio, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G, A B s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Aborto provocado (Expte. CSJ Nº   293-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-10-21

En materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales a la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa. La tutela de dicha garantía exige que el ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, que asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio.
Aplicación de la ley laboral, enfermedades inculpables, interpretación de la ley, licencia por enfermedad, remuneración, liquidación
Materia: LABORAL
Carátula: CURA, JUAN D. c/ ENTEL Y OTROS s/ DIFERENCIA DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-30

La norma del art. 208 LCT ampara situaciones en las que el trabajador se ve impedido de trabajar como consecuencia de una enfermedad inculpable, estableciendo, con esta finalidad, un mecanismo de liquidación de los salarios a percibir durante la licencia, que contempla la totalidad de los rubros percibidos, incluso los variables -respecto de los cuales prevé un promedio semestral- de modo de mantener el nivel de remuneración del trabajador afectado a la época en que operó el impedimento, como si éste no hubiera ocurrido.
Transacción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Finexcor S.A. y otros s/ Homologación convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-18

La ausencia de sacrificios o renunciamientos de la parte acreedora a favor del deudor, resulta gravitante para sostener que no hay transacción (art. 832, Código Civil), pues por concesiones recíprocas debe entenderse el sacrificio que cada uno de los interesados haga de parte de sus derechos o pretensiones, o la prestación que cada uno de ellos realice o se obligue a realizar a favor de la otra.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, partes, Ministerio Público, fiscales, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Esquivel, Ariel Omar s/ Robo calificado - Rec. De inaplicabilidad de la doctrina legal.   (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver es:   ¿la falta de mantenimiento de la acusación en la alzada por parte   del Ministerio Público Fiscal, coincidiendo con la instancia   absolutoria solicitada por la Defensa, impone al Tribunal la   aceptación de las pretensiones de los sujetos procesales, impidiendo  fallar distinto a dichas peticiones?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-03

Aún cuando el ordenamiento procesal contemple la figura del Ministerio Fiscal como una de las partes procesales, encargado de promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos -art. 66, inc.1ro. Código Procesal Penal-, lo cierto es que sus funciones no aparecen reguladas de modo de convertirlo en un acusador a ultranza, admitiéndose que el fiscal solicite pruebas que puede beneficiar al imputado o aún recurrir en favor de éste (art. 405 Cód. Proc.

Penal). En rigor de verdad, en nuestro sistema procesal, el Ministerio Fiscal, en principio único habilitado para el ejercicio de la acción penal -art. 8-, más allá del rol procesal que se le asigna para fundar un proceso que preserve el principio acusatorio y asegure así el derecho de defensa y su derivado, el de contradicción, preservándose al mismo tiempo la imparcialidad del juzgador, aparece primordialmente orientado a la reconstrucción de la realidad histórica como presupuesto necesario para la actuación de la pretensión punitiva. De ahí entonces que cuando conforme el mérito de la causa, el fiscal estime que no concurren elementos de convicción o extremos imputativos que autoricen la apertura de la instrucción, o fundar razonablemente un requerimiento de elevación a juicio o una alegación final de condena, la ley lo faculte para promover instancias desincriminantes para el imputado que variarán conforme el estado procesal que transite la causa. (De la Disidencia del Dr. Giménez)
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Nacional (Comando en Jefe del Ejército) c/ Koerting Empresa Ind. y Com.  SRL. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

La omisión de crítica puntual de los fundamentos de la sentencia apelada produce la deserción del recurso.
Procedimiento administrativo, recursos, proceso judicial, ofrecimiento de la prueba, certificado de servicios, oportunidad procesal, presentación extemporánea, competencia, revisión judicial de actos administrativos, principio de congruencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, Irami Ramón c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

El ofrecimiento de prueba y certificación de servicios acompañada al escrito recursivo no puede ser objeto de consideración en la instancia judicial, toda vez que no es esa la oportunidad para su agregación y tratamiento puesto que, previamente, debió ser puesta en conocimiento y a decisión de los organismos previsionales, porque lo resuelto por aquellos marca el límite de la competencia de la Alzada. Un proceder contrario importaría la violación de los principios de congruencia y contralor judicial de actos administrativos inspirados en los arts. 34 inc. 4), 163 inc. 6) y 227 del C.P.C.C. (cfr. C.N.A.S.S., Sala II, sent. 37 del 3/8/89, "Rodríguez, Olga I.C-Caja Nac. de Prev. de la Ind., Com. y Act.

Civ.").
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, daño, indemnización, interpretación de la ley, Derecho administrativo, sujetos de derecho administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: El Jacarandá S.A. c/ Estado Nacional s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-28

La indemnización de los daños y perjuicios derivados de la actividad lícita del Estado tiene que ser dominada científicamente en el ámbito del derecho administrativo, pues las construcciones y las analogías civilísticas no le convienen (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, trámites judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Souza, María Estela y otros c/ Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo -cuestión de comp. art. 6º C.C.A.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-01

Es aplicable a los supuestos en que se plantea una cuestión de competencia en los términos del art. 6° del C.P.C.A. la solución prevista en el art. 352 inc. 1 del Cód. Proc. Civ. y Com.

Corresponde, en consecuencia, declarar que la materia sometida a juzgamiento es de la competencia originaria de la Corte (art. 215 Const. prov.), radicar la causa en el Tribunal y solicitar las actuaciones administrativas para el análisis de su eventual procedencia (arts. 33, 36 y concs. del C.P.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Revocación del acto administrativo, Inspección General de Justicia, asamblea de accionistas
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA C/ GENERAL LIGHTING SYSTEMS SA S/ ORGANISMOS EXTERNOS c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-16

Procede revocar la resolución IGJ 407/21 que dispuso declarar la irregularidad e ineficacia a efectos administrativos de las asambleas de accionistas de la sociedad accionada. Ello por cuanto, en el caso, la IGJ aludió a haber detectado vicios e irregularidades en los trámites registrales y revocó por "ilegitimidad" (LNPA 17) los actos administrativos vinculados con las asambleas generales de accionistas del ente reclamante: una que dispuso aumento de capital y reforma estatutaria; otra que resolvió la cesación y designación de directores y modificación de la denominación social con reforma de estatuto; y otra que dispuso las reducciones por pérdidas y voluntaria del capital social y reforma del estatuto social. Y consideró que los actos administrativos ordenatorios de las registraciones y las inscripciones resultaban "nulos de nulidad absoluta" por aplicación del art. 14-b) de la LNPA en tanto incurrieron en graves violaciones de la ley y las reglamentaciones de la IGJ, privando de virtualidad a la presunción de legitimidad otorgada por el art. 12 de la ley citada. En ese marco cabe tener presente que nos hallamos frente a asambleas sesionadas hace casi cinco años. De allí que lo más probable es que aquellas decisiones hayan sido ejecutoriadas en la medida que no se ha denunciado hayan sido objeto de impugnación judicial resultando, por ende, de cumplimiento obligatorio (arg. LGS 233 y 251). Por otra parte, está claro que en el aumento de capital como negocio jurídico colegiado de naturaleza societaria no se halla comprometido usualmente el orden público. Pero aun en la eventualidad de adscribirse a la tesis que abona la presencia de "nulidades absolutas" afectando los citados actos asamblearios, la potestad administrativa tampoco resultaría omnímoda. La segunda parte del propio art. 17 de la LNPA veda la posibilidad de revocar los actos administrativos por ilegitimidad: "si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo". En tal supuesto, solo puede impedirse su subsistencia y la de sus efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad. Emparentado con ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que los actos administrativos firmes, que provienen de autoridad competente, llenan todos los requisitos de forma y se han expedido sin grave error de derecho, no pueden ser anulados por la autoridad que los dictó si generaron derechos subjetivos que se incorporaron al patrimonio de sus destinatarios (Fallos 175:368; 285:195; 308:601; 310:1045; 327:5356, entre muchos otros).
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: CURA RICARDO c/ BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES s/ EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-28

La fuerza invocada como causa de despido por la demandada, no es tal, toda vez que el propio comportamiento de la accionada llevó a la institución de fiscalización y control del sistema financiero a adoptar tan extrema medida como lo es cerrar sus puertas. La decisión de proceder a su liquidación, ha sido determinada por la autoridad fiscalizadora, mediando razones que resultan ser de responsabilidad de las autoridades de la institución demandada y por ello no oponible a la pretensión del actor. Ello es así por cuanto la idea de fuerza mayor resulta extraña al caso, toda vez que se configura la necesaria ajenidad entre el evento y la conducta seguida por el deudor que la invoca a su favor.-
Procesamiento, prisión preventiva, participación criminal, falsificación de sellos, timbres y marcas
Materia: PROCESAL
Carátula: V., D. M. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-18

En el caso, el imputado se encuentra procesado, con prisión preventiva, en orden al delito de alteración de la numeración de un objeto registrado por ley, en calidad de autor (arts. 45 y 289, inc. 3°, del Código Penal), que a la fecha se encuentra firme.
Recurso de apelación (procesal), situación del imputado, prisión preventiva, procedencia del recurso, clasificación de delitos, robo simple
Materia: PENAL
Carátula: GALLARDO, Ariel Fernando c/ JEREZ, Julio César; GARCIA LIMBERT, Juri; ALEMAN, Juan José s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-12-10

Que el art. 300 del C.P.P. subordina la procedencia de la prisión preventiva para los delitos con pena privativa de libertad ( reclusión o prisión), de lo que surge su improcedencia frente a los delitos reprimidos con multa o inhabilitación.

Por ende, en el caso habiéndose procesado por el delito de Apropiación de Cosa Perdida, conminado con la pena de multa (art. 175 inv. 1 C.P.), no corresponde hacer extensiva la Prisión Preventiva dictada si hubiere otra causa..

Por ello, y teniendo en cuenta que en esas condiciones la medida cautelar dispuesta afecta ilegítimamente el derecho de libertad del imputado, de raigambre constitucional, corresponde declarar su nulidad, de conformidad a lo previsto por los arts. 162 inc. 3 y 163, párrafo 2do. del C.P.P..
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, accidente en acto de servicio, personal militar, conscriptos, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernando Raúl GUNTHER c/ ESTADO NACIONAL (EJERCITO ARGENTINO) s/ SERVICIO  MILITAR  -  DAÑOS Y PERJUICIOS - TRABAJO - RETIRO MILITAR -  DERECHO ADMINISTRATIVO  -  RESPONSABILIDAD  EXTRACONTRACTUAL - ESTADO  NACIONAL - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

Es arbitrario el fallo que, para concluir sin más en la culpabilidad del conscripto accidentado, prescindió de la consideración de la confesión ficta de la demandada, en la cual el Estado reconoce las condiciones de precariedad y falta de seguridad en que se desenvolvió la tarea realizada por aquél; ante la ausencia de todo otro medio de convicción adverso, (art. 417 del Código Procesal) no parece razonable el encuadramiento del supuesto en la segunda parte del art. 1113 del Código Civil.
Prueba, carga, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bocca de Fuocco, Irma María c/ Hospital Interzonal de Agudos Luis Güemes y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-02

Cuando la prueba es magra o han quedado hechos o afirmaciones sin acreditar, reviste importancia determinar cuál de los sujetos que actúan en el proceso tuvo que asumir la tarea de demostrar la existencia de los hechos controvertidos o la verdad de las proposiciones afirmadas que fueron desconocidas.
Impuestos, régimen penal tributario, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: ORLANDO, LUIS ALBERTO s/ Régimen Penal Tributario Causa 33613
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-28

Si el imputado se acogió a los beneficios de la moratoria establecida por el Decr. 632/92 por un determinado período y por las rectificaciones practicadas por el contribuyente hubo intimación legal, al no existir constancias de pago, no corresponde dictar sobreseimiento definitivo por considerar, si más análisis, que la conducta en estudio queda en la órbita infraccional del Art. 44 de la Ley 11683 (t.o.1978), pues la falta de emisión de factura o comprobante de pago, así como la falta inscripción ante la Dirección General Impositiva (D.G.I.), puede exceder el marco infraccional y encuadrar en el art. 1 de la Ley Penal Tributaria 23771 cuando el hecho no importe un delito más severamente penado, para cuya decisión debe continuarse con la investigación.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, prueba
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

La falta de referencia a la manera en que se podría haber modificado el fallo impugnado, torna inadmisible el recurso extraordinario en lo que respecta a la denegación de medidas probatorias.
Sentencia, sentencia definitiva, procesamiento, auto de procesamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Dr. Javier POSTOLSKI s/ Presentación - Incidente de nulidad deducido respecto de los autos principales PENA, Héctor y PADERNE, Raúl Miguel s/ Malversación s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2006-10-20

Ni la confirmación del procesamiento resuelta por el tribunal de alzada, ni la resolución que rechaza el pedido de nulidad de dicho pronunciamiento -presentado de manera inidónea- revisten el carácter de sentencia definitiva toda vez que el proceso puede seguir adelante y el tribunal del plenario tiene amplias facultades para resolver el caso de acuerdo a su leal saber y entender.