Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-28


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la Presidencia del Dr. Jorge Luis Früchtenicht y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Günther Enrique Flass y Benjamín Moisá, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "R., B. c/ F. C. D. C. S.A. s/ Laboral" (Expte. Nº 217/06 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.

Practicado el sorteo establecido por el art. 268 del CPCC, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres. FLASS MOISÁ FRÜCHTENICHT Acto seguido se procedió a plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 264/269? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Flass dijo:

A fs 17/19 la Sra. B. R. demanda por despido incausado a F. C. d. S. S.A. reclamando distintos rubros indemnizatorios por un total de $2.799,36.

A fs. 135/137 contesta la demandada negando relación laboral e impugnando la autenticidad de la prueba documental acompañada con la demanda.

A fs. 264/269 se dicta sentencia nº 77/2006 del 31 de octubre de 2006 donde: 1) Se tiene por probada la relación laboral en base a la confesión ficta de la demandada, testimonios vertidos en autos apreciados conforme a la sana crítica y telegramas colacionados incontentados; 2) Condena al pago de una indemnización de $1.881,37 por encontrar procedente los rubros diferencias salariales ($885,80), días trabajados en el mes del despido ($153,44), antigüedad ($345,24), aguinaldo ($105,62), vacaciones ($46,03) y multa art. 16 Ley 25.561 ($345,24); paralelamente declara improcedente la indemnización del art. 18 inc. b Ley 22.248 e indemnización decreto 1273. 3) Declara la obligación del empleador de entregar certificado de trabajo. 4) Determina la aplicación de tasa de interés activa equivalente a la que percibe el Banco del C. S.A. en operaciones de descuento de documentos a 30 días. 4) Impone costas a la demandada conforme a lo dispuesto por los arts. 68 y 71 del CPCC y art. 76 Ley 69.

Contra el mencionado acto jurisdiccional se alza la demanda quien apela a fs. 270 y a fs. 274/278 expresa agravios que pueden sintetizarse en los siguientes: 1) la sentencia se basa exclusivamente en la confesional ficta que a su entender no sería suficiente. Paralelamente impugna esta prueba en atención a que se citó al "representante legal" y no al "presidente" tal cual hubiera correspondido por ser una sociedad anónima; 2) califica de poco contundente los dichos del testigo L. y lo considera insuficiente frente a las declaraciones de los testigos C. y B.; 3) sostiene que como los colacionados de la actora fueron remitidos al estudio de la Contadora B. y no al domicilio de la empresa son nulos, por lo tanto falta la denuncia al contrato de trabajo, requisito indispensable para la procedencia del despido indirecto. Recuerda que el traslado de la demanda fue declarado nulo por habérsela notificado en el estudio de la Contadora B. y dice que es contradictorio tener por válidos los telegramas enviados a igual remitente; 4) tacha de inconstitucional la multa del art. 16 de la Ley 25.561, y 5) pide se modifique la imposición de costas imputándoselas en su totalidad a la actora.

A su turno, la actora no presentó el informe facultativo a que habilita el art. 62 de la Ley Provincial N° 69 de Competencia y Procedimiento en Conflictos del Trabajo.

Corresponde me avoque ahora al tratamiento de los agravios de la demandada 1) La confesión ficta: Según el recurrente es esta la única prueba en que el a quo funda su decisorio y ello no es correcto pues en el acto jurisdiccional se citan expresamente el testimonio del Sr. L. y los telegramas incontentados. Estas dos últimas pruebas son objeto de sendos agravios del recurrente tornando así autocontradictorios sus dichos.

Se queja también la demandada de que se hubiera citado a absolver al "representate legal" y no al "presidente de la sociedad anónima" conforme hubiera correspondido. Considero que esta impugnación resulta improcedente pues además de extemporánea, no logra el nulidicente demostrar y ni siquiera invocar cuál es el perjuicio sufrido y es que en definitiva nadie se presentó a absolver posiciones. Tampoco debemos olvidar que conforme a lo dispuesto por el art. 268 ley 19.550 el presidente de una sociedad anónima es a la vez el representante legal de la misma quitando esto toda virtualidad a la queja.

Con igual vehemencia destaca la demandada que las ponencias a absolver no referían a cuestiones que fueran de conocimiento personal del absolvente quien al domiciliarse en Buenos Aires ignoraba la relación que pudiera tener la actora con la empresa. Esto resulta a todas luces inadmisible pues no parece razonable que el presidente de una sociedad anónima pueda alegar ignorancia respecto a los empleados de la misma, cuestión que debe ser de su conocimiento. Por otro lado bien podría haber pedido que se le permita la consulta de anotaciones o apuntes conforme lo establece el art. 412 de rito.

Lo cierto es que el Sr. Presidente de la demandada, displicentemente omitió su carga de concurrir a absolver posiciones y la empresa por él dirigida habrá de asumir las consecuencias procesales de dicha negligencia no pudiéndose amparar en cuestiones formales planteadas extemporáneamente.

2) La apreciación de los testimonios: Disiento con el recurrente en que el testimonio del Sr. L. no fuera contundente. Textualmente dijo que la actora "Le cocinaba a todos los empleados incluyendo al jefe que teníamos ahí, el Sr. C.", cuando le preguntaron quien le encargaba todas esas tareas contestó "el Sr. C.". Para mi quedó probada no sólo la prestación de servicios que hace presumir la relación laboral, sino incluso la dependencia de la actora respecto a la demandada. No logro entender qué mayor contundencia y claridad pretende el recurrente para tener por acreditado lo que claramente surge del testimonio aludido.

También dice la demandada que el testimonio del Sr. L. contradice el resto de las declaraciones, mas específicamente las de los Sr. C. y B. . En primer lugar olvida que también obra en autos la declaración del Sr. V. (fs. 226) quien en la respuesta a la pregunta nº 3 dice que: "La Sra. R. estaba como cocinera del personal que había en ese lugar". Acierta la recurrente cuando dice que los Sres. C. y B., se expiden en sentido contrario pero no me queda sino coincidir con la apreciación que de ellos hace el Sr. Juez a quo. El Sr. C. es el encargado del establecimiento y guarda relación de dependencia con la demandada, por su parte la Contadora B. declaró que en su estudio se realizan "las liquidaciones de sueldo y todas las tareas atinentes a la administración laboral" y reconociendo además que allí se redactó el descargo de la empresa ante la Subsecretaría de Trabajo. El testigo, por definición, es una persona ajena al pleito y la estrecha vinculación de los Sres. C. y B. relativizan la fuerza de sus declaraciones y deben ser examinadas con mayor rigor (conf. CNCiv. D 10/4/70; ED 37113 y LL 141441; CNCiv. C, 29/7/68 ED 37113). En casos similares la jurisprudencia ha dicho "El Juez apreciará según las reglas de la sana crítica las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones de los testigos" (CNCiv. C, 22/8/69, ED 28482) "La evaluación compete privativamente a los tribunales ordinarios" (SC Bs. As. 14/10/69, ED 28496) "...los cuales tienen atribuciones exclusivas para, por ejemplo, preferir el testimonio que les merezca mas fe, de entre varios dispares y valorar las tachas o inhabilidades que pudieran padecer" (SC Bs. As. 18/8/70, ED 37118) es decir "..pesar una constelación de circunstancias físicas, morales, intelectuales y afectivas sin atenerse rigurosamente a la exigencia de una absoluta precisión..." (SC Bs. As. 2/9/69, ED 37118). No puedo dejar de advertir que la Contadora B. funda su afirmación respecto a la inexistencia de la relación laboral, en el hecho de que la actora no se encontraba registrada como empleada, sin embargo esto bajo ningún punto de vista puede convencernos de que la mentada relación no existía pues no sería la primera vez que un empleado no figura en los asientos laborales. La jurisprudencia ha dicho "Es que los testigos no se cuentan sino que se pesan, es decir que la fuerza probatoria está vinculada con la razón de sus dichos y en particular con las explicaciones que puedan dar acerca del conocimiento de los hechos a través de lo que sus sentidos pericibieron" (CNCiv. D 10/7/81, ED 96523). Conforme a lo expuesto, concluyo que el Sr. juez a quo ha valorado correctamente y conforme a las reglas de la sana crítica los testimonios vertidos en autos y ha decidido acertadamente que las declaraciones de los Sres. C. y B. no resultan suficientes para desvirtuarlas.

3) Los telegramas colacionados: Se agravia el demandado que se hayan tenido por válidos los colacionados enviados por la actora y remitidos al estudio de la CPN B. en vez de al domicilio de la empresa, sostiene que es una contradicción declarar nula la notificación de la demanda efectuada en aquél (fs. 120/123 vta.) y paralelamente tener por válidos los colacionados remitidos al mismo domicilio. En efecto, el a quo declara la nulidad de la notificación de la demanda realizada en el domicilio de la C.P.N. B. en atención a que "La jurisprudencia tiene dicho que la especial trascendencia de la notificación del traslado de la demanda motiva justamente que la ley rodee a dicho acto de formalidades específicas con el fin de resguardar con amplitud el derecho de defensa ... Y las formalidades específicas que la ley exige para la notificación de la demanda, debido a su especial trascendencia, tienden a brindar protección al ejercicio del derecho de defensa, por cuyo motivo, aún cuando alguna duda pudiere subsistir con relación a la efectiva recepción de la notificación cuestionada por el demandado o sobre la irregularidad atribuida al acto, debe estarse por la solución que evite efectuar eventualmente, garantías de raigambre constitucional". Hay dos circunstancias que no puedo dejar de tener en cuenta: Primero, con anterioridad a la presente causa se tramitó el expediente 3631 M ante la Subsecretaría de Trabajo en el cual la Sra. R. denunció el despido. La existencia de este expediente fue negada en la contestación de la demanda sin embargo mediante oficio de fs. 251 se logró acreditarlo perfectamente. De este expediente administrativo surgen dos datos de importancia, el primero de ellos es que la demandada tomó conocimiento de los telegramas colacionados al menos al momento de hacer su descargo el 3/12/2002 y a partir de ese momento nada le impedía rechazarlos por improcedente si así hubiera correspondido y por igual medio epistolar. Nada de eso hizo, recordemos que la demanda en la presente causa se interpuso el día 29 de mayo de 2003 teniendo la demandada tiempo mas que suficiente para cumplir su carga de responder. Paralelamente debo advertir que la denuncia ante la Subsecretaría de Trabajo se notificó en A. .... y ello no fue óbice para que F. C. D. C. S.A. igualmente se tuviera por notificada y efectuara el descargo (fs. 257) no se entiende entonces como es que pudo tomar conocimiento de la denuncia ante la Subsecretaría de Trabajo y no pudo tomar conocimiento de los colacionados remitidos al mismo lugar. La segunda circunstancia que considero se debe tener en cuenta es que en la testimonial de la C.P.N. B. la misma reconoce que la interpelación de la Sra. B. R. llegó a la empresa aunque sorprendentemente niega que haya sido remitida primero a su estudio contable, situación que carece de importancia pues lo importante es que haya llegado a la empresa y ello quedó acreditado con los dichos de la mencionada testigo. Todo esto me hace concluir que los colacionados en cuestión fueron recibidos por la demandada aún cuando hubieran sido remitidos a un domicilio distinto y tomó efectivo e indiscutible conocimiento pues hizo el descargo ante la Subsecretaría de Trabajo siendo estas circunstancias más que suficientes para tener por interpelada a F. C. D. C. S.A. paralelamente debo decir que el a quo no ha incurrido en contradicción declarando por un lado la nulidad de la notificación y por el otro la validez de los colacionados ya que esta última conclusión fue tomada al final del proceso es decir después de que se hubiera acreditado la existencia del expediente administrativo 3631 M y después que la C.P.N. B. hubiera evacuado su testimonio circunstancias no acreditadas al momento de declarar la nulidad de la notificación.

4) Inconstitucionalidad del art. 16 Ley 25.561: Me queda por analizar la invocada inconstitucionalidad del art. 16 Ley 25.561. La L.C.T. art. 9º manda que ante dos normas contradictorias aplicables a una misma situación jurídica prevalecerá la mas favorable al trabajador. Afirma la doctrina que la mencionada prioridad se aplica aun cuando se tratara de una norma de jerarquía inferior pero siempre que exista una duda razonable (Grisolía, Julio Armando "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social" VIIIª Ed. Buenos Aires 2003, Lexis Nexis, pág. 57). ¿Qué significa duda razonable? ¿Habrá querido el legislador dejar librado el principio a una mera indecisión del juez?. Considero que no. La duda será razonable cuando ninguna de las opciones contradigan las reglas de la lógica independientemente de que el juzgador se incline mas a una que a otra e independientemente del grado de convicción o vehemencia que demuestre en su adhesión. La constitucionalidad del art. 16 Ley 25.561 y de los decretos dictados en su consecuencia han sido objeto de debate en la doctrina encontrándose fallos contradictorios de los distintos tribunales del país. La suspensión de los despidos incausados es beneficiosos para el trabajador y sobre esto no hay debate posible en consecuencia el principio del in dubio pro operario me lleva a analizar si los que sostienen la constitucionalidad lo hacen en base a argumentos lógicos o a un mero voluntarismo. En el primer caso habré de declarar la adecuación de la norma con el texto constitucional independientemente de que mi convicción personal se incline en contrario e independientemente de que en casos similares en los que mi hermenéutica no esté constreñida, sostenga la inconstitucionalidad.

Los decretos de necesidad y urgencia, al atribuir facultades legislativas al Poder Ejecutivo Nacional, alteran la división de poderes, sostén básico de nuestro sistema republicano de gobierno y ello no es poca cosa ni medida que se pueda tomar a la ligera pues pone en juego nada menos que la subsistencia de la democracia. Lo que define a un gobierno democrático no es el apoyo popular casi todas las dictaduras lo tuvieron y basta para esta conclusión analizar la historia del nazismo, el fascismo, el falangismo, etc., sino el respeto a valores básicos como el respeto de los derechos individuales, la periodicidad de los funcionarios, la división de poderes, etc.. Sin ellos habrá quizás gobiernos populares pero democracia jamás. Es por lo expuesto que las circunstancias que ameritan el dictado de decretos de necesidad y urgencia deben ser analizadas con máximo rigor. No cualquier necesidad pública autoriza a dictarlos sino sólo aquellos de una gravedad que ponga en riesgo incluso la subsistencia del Estado o la comunidad, la vigencia de las garantías constitucionales, etc.. Paralelamente, la urgencia ha de ser insalvable, de una entidad tal que el proceso ordinario de sanción de leyes hagan prever la esterilidad de la solución.

Dice GRISOLÍA, (GRISOLÍA, Julio Armando e HIERREZUELO, Ricardo D., "Operatividad del art. 16 Ley 25.561 y de los decretos 50, 264, 883 y 2639/02 y 662 y 256/03", en Revista de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral nº 31), al sostener la constitucionalidad de estos decretos, que ellos bien pueden ser dictados durante los períodos ordinarios de cesión del Congreso y coincido con ello. Lo importante no es si el Congreso de la Nación se encuentra sesionando o no sino la posibilidad de que, conforme al procedimiento deliberativo de dicho órgano, se pueda dictar o no la norma en tiempo oportuno. Pensemos en situaciones como ataques exteriores, catástrofes metereológicas etc., aún cuando el Congreso se encuentre en plena sesión difícilmente pueda elaborar las normas necesarias para la emergencia en el tiempo que las circunstancias lo requieren. Lo realmente decisivo es que el Congreso de la Nación pueda o no razonablemente dictar las normas cuya sanción se irroga el P.E.N. mediante el instrumento previsto en el art. 99 inc. 3º C.N..

Dicho lo precedente corresponde me avoque al análisis específico de la inconstitucionalidad invocada por la recurrente. La demandada en autos tacha de inconstitucional el art. 16 de la Ley 25.561 pero lo que en realidad debemos analizar es la constitucionalidad o no de los decretos que prorrogan dicho plazo pues los 180 días previstos en la norma originaria, al momento del despido (26/11/2002), habían fenecido.

Considero fundamental advertir a este respecto que las circunstancias que habían justificado la sanción de la Ley 25.561 no se agravaron sino que por el contrario el país comenzó a salir de su profunda crisis a un ritmo mucho mas rápido del que se había pronosticado, tampoco encuentro impedimento alguno en que el Congreso de la Nación ante la proximidad del vencimiento del plazo contenido en el art. 16 Ley 25.561 y la supuesta persistencia de la emergencia, hubiera dictado otra ley similar de prorroga, en consecuencia, aún cuando subsistiera la "necesidad" hecho bastante discutible no existía la "urgencia" y ello es decisivo para declarar la inconstitucionalidad del decreto 833/2002 así como también las subsiguientes prórrogas. Dicen los sostenedores de la legitimidad de las normas analizadas (por ejemplo GRISOLÍA, Julio Armando e HIERREZUELO, Ricardo D., "Operatividad del art. 16 Ley 25.561 y de los decretos 50, 264, 883 y 2639/02 y 662 y 256/03", en Revista de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, nº 31) que los decretos de necesidad y urgencia se han convertido en un recurso habitual y no hay que ser mas exigentes en casos como este. A mi entender ello significa justificar desaciertos futuros con errores pasados, lo que en sí mismo es un absurdo.

De lo dicho concluyo que las normas invocadas para aplicar la multa por despido incausado en el juicio de marras resultan inconstitucionales y que si bien la vigencia de las mismas sería la hermenéutica mas beneficiosa para el trabajador, los argumentos que la sostienen no resisten los principios de la lógica y contradicen el requisito de razonabilidad en la duda contenido en el art. 9 L.C.T. Es así que voy a votar por la procedencia del agravio expresado.

5) Las costas: Se agravia la recurrente de que se le impongan las costas del proceso aun cuando algunos de los rubros no han resultado procedentes. Es reiterada la jurisprudencia tanto de este cuerpo (H., M. A. c/ M., E. J. s/ Laboral. Expte. 75/02 CANO) como del Superior Tribunal (Sentencia definitiva 000A000047 del 03/09/92) en el sentido que las costas deben ser impuestas a la demandada en virtud de lo dispuesto por art. 20 L.C.T, 13 y 59 de ley 69 y es que aun procediendo sólo en parte la pretensión del trabajador, éste se ha visto compelido a litigar frente por la falta del reconocimiento a su legítima pretensión en que ha incurrido el empleador. Esta situación persiste en la segunda instancia aún cuando los agravios del actor resulten rechazados. Siendo la segunda instancia dependiente de la primera y por lo tanto gregaria de ella corresponde sustentar el mismo criterio aún cuando ninguna de las partes haya resultado vencedora por haberse rechazado los agravios de ambas, manteniendo así la doctrina sustentada por esta misma CANO aunque con composición distinta en re P. R. c. A. S.A. s/ Laboral. Expte. nº 165/05 CANO.

A idéntica cuestión, el Dr. Moisá dijo:

1. Por la Sentencia N° 77 de fecha 31 de octubre de 2006 (fs. 264/269), el Sr. Juez de primera instancia resuelve hacer lugar parcialmente a la demanda laboral interpuesta por la Sra. B. R. contra F. C. D. C. S.A., con costas.

Objetando tal decisión, a fs. 270 se alza en apelación la parte demandada, quien expresa agravios a fs. 274/278, sin que la contraria presente el informe facultativo que autoriza el art. 62 de la Ley N° 69.

2. En homenaje a la brevedad, doy por reproducida la relación circunstanciada de los hechos y derechos invocados por la apelante efectuada por el Sr. Vocal preopinante, Dr. Günther Enrique Flass.

Sin perjuicio de ello, en lo concreto y conducente, de tal relación surge que la apelante se agravia por cuanto la sentencia en crisis: a) hace lugar a la demanda sin prueba que así lo autorice; b) reconoce una relación laboral inexistente; c) hace una relación de los hechos contraria a las circunstancias de autos y en contra de lo que resolvió previo a la notificación de la demanda; d) hace lugar a los rubros indicados en el considerando "segundo" contra derecho (indemnización art. 16 de la ley 25.561 y Dctos. complementarios, por resultar inconstitucional los Dctos. PEN 883/02 y sus sucesivos); y e) le impone las costas.

3. Reseñados del modo precedente los reclamos de la apelante, corresponde que me ocupe de ellos a fin de dar fundamento a mi voto.

a) De la relación de trabajo. Circunscriptos los tres primeros agravios a la cuestión probatoria, voy a coincidir con el Sr. Juez que me precede en el orden de votación en el sentido de que la relación laboral se encuentra suficientemente acreditada. En efecto, la confesión ficta resultante de fs. 195/196 y los testimonios de J. J. L. (fs. 200/vta.), N. M. B. (fs. 205/vta.) y S. P. V. (fs. 226), no obstante las contradicciones de la CPN D. B. socia del estudio contable del que la demanda es clienta (fs. 206) y de J. H. C. (fs. 213/vta.), valorados globalmente, de acuerdo a las reglas de la sana crítica (art. 386, CPCC), me llevan a la convicción de que la relación de trabajo tuvo lugar en la forma que da cuenta la sentencia de grado.

Por lo demás, evitando insistir reiterativamente con los detallados y compartidos fundamentos dados en su voto por el Dr. Flass, coincido con su conclusión de que, habiendo llegado a destino los telegramas glosados en copias a fs. 4/5, no hay motivo para sostener su invalidez.

Tal conclusión no es contradictoria con la nulidad de la notificación de la demanda declarada a fs. 120/123 vta., pues se trata de actos de una gravedad y efectos evidentemente distintos. Así, mientras los telegramas son actos extrajudiciales con una función meramente notificatoria por lo que, llegada la comunicación a destino, cualquier vicio queda purgado, la notificación de la demanda es quizá el más importante de los actos procesales, encontrándose por ello rodeada de una serie de formalidades que permiten asegurar el efectivo conocimiento por la parte emplazada, pues la indefensión es el vicio más trascendente del proceso. En este sentido, bien observa FENOCHIETTO: "Ello supone un criterio riguroso en el examen del cumplimiento de una regular notificación de la demanda y el incidente de nulidad deducido no puede tasarse, siguiendo las líneas generales. Es más, el juez o la alzada, en su caso, no deben dudar en decretar la nulidad de oficio advertida la indefensión frente a la viciosa notificación del acto no convalidado ni purgado, con posterioridad a la irregularidad" (FENOCHIETTO, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, p. 348, Astrea, Bs. As., 1999).

b) Art. 16 de la Ley N° 25.561. Como lo tengo dicho a partir de "P. c. A." (SDC N° 47/05 CANO), entre otros, considerando que a la fecha del despido se hallaba vencido el plazo previsto por el art. 16 de la Ley N° 25.561, durante el cual se suspendían los despidos sin justa causa, con la consiguiente sanción de duplicación indemnizatoria en caso de contravención; y, además, que la prórroga de dicho plazo dispuesta por el Dto. PEN N° 883/02 y sus sucesivos: 256/03; 662/03; 1.351/03; 369/04 es inconstitucional, estimo que corresponde acoger el agravio de la parte demanda y, en consecuencia, declarar tal inconstitucionalidad, revocando la duplicación dispuesta en la sentencia por aplicación del art. 16 de la Ley N° 25.561.

Como fundamento de la inconstitucionalidad del Dto. PEN N° 883/02, hago propio lo expresado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, al resolver que: "El Decreto 883/2002 (mediante el cual se prorrogó por ciento ochenta días la suspensión de los despidos sin causa justificada), ha sido dictado durante el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, que como lo establece el artículo 63 de la Constitución Nacional, se extiende anualmente desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre, sin que existieran en esa época situaciones de fuerza mayor que impidieran a alguna de las Cámaras sesionar normalmente. No se observó una urgencia tal que justificara una solución legislativa para ser resuelta en un plazo que hubiera resultado incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Todo ello torna viable la declaración de inconstitucionalidad del referido decreto" (CNAT, Sala VIII, "A., J. M. c/ C. G. de A. S.A. s/ Despido", SENTENCIA, 32166 del 25 DE OCTUBRE DE 2004, SAIJ, Sumario E0012377). Es que, ante tales circunstancias, el Poder Ejecutivo Nacional no puede invocar la excepcional facultad que le confiere el art. 99, inc. 3), párr. 3°, de la Constitución Nacional para atribuirse potestades propias del Congreso de la Nación, en flagrante violación al párrafo 2° de la misma norma citada y del art. 75 de la ley suprema de la Nación (art. 31, CN).

Al no poderse prorrogar un plazo ya fenecido, no modifican la conclusión a la que arribo ni los decretos de prórroga posteriores 256/03; 662/03; 1.351/03; 369/04 ni la Ley N° 25.927 B.O. 27/12/04 (cfr. "H. F., R. R. c/ B., M. J./ Laboral", Expte. N° 76/06 CANO, SDC N° 22/06 CANO; "G., L. D. c/ C. de M. M. S.A. s/ Laboral", Expte. N° 152/06 CANO, SDC N° 31/06 CANO).

c) Costas. En cuanto a la imposición de costas al vencido, más allá de lo dispuesto expresamente por el art. 59 de la Ley N° 69, hago propia la posición de FENOCHIETTO en cuanto expresa: "Para establecer el carácter de vencido en una condena judicial no es admisible parcelar el litigio en relación con los distintos reclamos, sino que ha de estarse a un enfoque global del resultado de la contienda.

De esta manera, la circunstancia de que el éxito de la demanda sea parcial, no le quita al demandado la calidad de vencido, aunque la pretensión haya prosperado en menor medida y aún cuando lo sea en mínima parte. Es decir, corresponde que la parte demandada soporte las costas del juicio si las reclamaciones de la accionante progresaron en lo sustancial.

Lo expuesto se explica en tanto los jueces se guían por patrones jurídicos, antes que aritméticos, en particular cuando el perdidoso se ha opuesto a todos los capítulos de la demanda" (FENOCHIETTO, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, p. 132, Astrea, Bs. As., 1999).

En suma, el agravio de la demandada no puede prosperar.

4. En mérito a los fundamentos precedentes, voto la cuestión por la negativa.

A la SEGUNDA CUESTION, el Dr. Flass dijo.

En consonancia con lo manifestado al votar la primera cuestión, estimo que corresponde: I. Confirmar parcialmente la sentencia apelada; II.Declarar la inconstitucionalidad del Dec. P.E.N. Nro. 883/02 y sus similares y sucesivos Nros. 256/03, 662/03, 1351/03 y 369/04, en tanto y en cuanto prorroga de manera contraria al sistema inconstitucional el plazo dispuesto por el art. 16 de la Ley 25.561; III Revocar la sentencia apelada de conformidad a lo expuesto en ocasión de votar la PRIMERA CUESTIÓN, disponiéndose que en la etapa de ejecución de sentencia se practique la pertinente liquidación conforme a las pautas fijadas; IV. Imponer las costas de esta Alzada a la demandada (art. 59 Ley 69); y V. Regular los honorarios del Dr. C. E. D. en la suma de $165, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 14 Dec. Ley 2.200).

A idéntica cuestión, el Dr. Moisá dijo:

Por lo expresado al votar la primera cuestión, propongo: a) declarar la inconstitucionalidad del Dto. PEN N° 883/02 y sus sucesivos: 256/03; 662/03; 1.351/03; 369/04 en cuanto prorroga indebidamente el plazo previsto por el art. 16 de la Ley N° 25.561; b) confirmar parcialmente la Sentencia N° 77 de fecha 31 de octubre de 2006 (fs. 264/269); c) revocar la sentencia en cuanto hace lugar a duplicación indemnizatoria dispuesta por Ley 25.561 recurrida de conformidad a lo considerado, disponiéndose que en la etapa de ejecución de sentencia se practique liquidación según las pautas fijadas en los considerandos pertinentes; d) imponer las costas de esta instancia a la demandada (art. 59 Ley 69); y e) fijar los honorarios del Dr. C. E. D. en la suma de $165, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada (art. 14 Dec. Ley 2.200).

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:

1°) DECLARAR la inconstitucionalidad del Dto. PEN N° 883/02 y sus sucesivos: 256/03; 662/03; 1.351/03; 369/04 en cuanto prorroga indebidamente el plazo previsto por el art. 16 de la Ley N° 25.561.

2°) CONFIRMAR parcialmente la Sentencia N° 77 de fecha 31 de octubre de 2006 (fs. 264/269), revocándola en cuanto hace lugar a la duplicación indemnizatoria dispuesta por Ley 25.561, de conformidad a lo expuesto, disponiéndose que en la etapa de ejecución de sentencia se practique liquidación según las pautas fijadas en los considerandos pertinentes.

3°) IMPONER las costas de esta instancia a la demandada (art. 59 Ley 69), fijando los honorarios del Dr. C. E. D. en la suma de $165, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada (art. 14 Dec. Ley 2.200).

4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley 1.130, texto según Ley 4.550) y no haber hecho uso el Dr. Jorge Luis Früchtenicht de la facultad que le asiste conforme a lo dispuesto por el art. 271, última parte, del C.P.C. y C., texto según Ley 4.550.

GÜNTHER E. FLASS BENJAMÍN MOISÁ REGISTRADA BAJO EL N° 52 DEL AÑO 2006. CONSTE. Fdo.: Norma O. Marrero Secretaria.