marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prisión preventiva ilegal, error judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Barrios Zarza Antonio c/ Poder Ejecutivo s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-04-14

El Estado provincial debe reparar el daño causado por un auto de prisión preventiva dictado ilegítima e injustamente, respecto de un individuo privado de su libertad durante casi 3 años, por la imputación del delito de homicidio simple y luego calificado como homicidio en riña, del que finalmente resultó absuelto, pues es obligación del Estado reparar los daños causados por la deficiente prestación del servicio de justicia y tiene su base legal en el incumplimiento por parte del Estado de sus deberes y obligaciones fundamentales, asegurando "el bien común", que se obligó a proteger y garantizar a los individuos a cambio de la renuncia de éstos a realizar justicia por mano propia.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: B.R.P. SA c/ M., A.L. y Otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-07-30

Corresponde rechazar la excepción de inhabilidad de título deducida por el demandado en el juicio ejecutivo si los agravios del ejecutado se circunscriben a cuestionar el título únicamente en cuanto refleja un monto diferente del reclamado.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: N DE G.U.A. c/ G.C.A. s/ INCIDENTE DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

La preceptiva aplicable al caso (art. 1277 Cód. Civil) si bien atiende a la protección de los hijos menores del matrimonio, no puede desvincularse del instituto a que atañe. Se trata de cómo debe resolverse la realización de determinados bienes, en el marco del matrimonio o una vez disuelta la sociedad conyugal y para ello el sistema reposa en la decisión de los cónyuges, cupiendo la intervención jurisdiccional solo en supuesto de disenso. O sea, si ellos acuerdan la enajenación de un inmueble, aunque haya hijos menores, con relación a los cuales los padres tienen obligaciones alimentarias en la amplia acepción del término, ello es lo que corresponde aunque desde fuera de la familia pueda juzgarse desacertada la decisión.
Prescripción adquisitiva, legitimación pasiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: HERRERA JUAN RAMÓN Y OTRA c/ SAN LUIS SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES Y/O SUS SUCESORES Y/O HEREDEROS Y OTROS s/ USUCAPIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-02-20

En virtud de lo normado por el art. 669 inc.2º CPCC y el art. 24 inc. a) de la ley 14.159, los cedentes y poseedores en quienes el actor basa la accesión de posesiones, no pueden ser demandados por carecer del derecho de dominio por el que suscita la controversia, aunque revistan la calidad de terceros interesados.
Venta de hacienda, convenios de corresponsabilidad gremial, deuda previsional, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FERNANDO VIDAL Y Cía. S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-22

En las empresas dedicadas al rubro consignación de hacienda, el hecho generador de la obligación de depositar los importes correspondientes por aplicación de la normativa sobre corresponsabilidad gremial es la fecha de pago de la hacienda y no la de liquidación de la operación.

Así se desprende de los fundamentos de la ley 20.155 que propició contemplar de modo diverso situaciones diferentes, con métodos tendientes a lograr eficacia en las recaudaciones y en el otorgamiento de las prestaciones.
Sucesiones, derechos y deberes del heredero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alberdi, Juan Bautista y otros c/ Alberdi, Raúl Angel s/ Petición de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

El art. 3428 del Cód. Civil, luego de definir al poseedor de la herencia de buena fe, consagra dos normas interpretativas, sumamente juiciosas. Estas disposiciones guardan total armonía con el principio básico seguido por el citado Código, conforme al cual con la muerte del causante se produce la transmisión hereditaria a favor del heredero (sin perjuicio de su derecho de opción), sin intervalo alguno de tiempo, y aunque fuese incapaz o ignorarse que la herencia se le ha deferido (arts. 3282 y su nota, 3313, 3415, 3419, 3420 y concds.). Y también acuerdan con lo normado en el art. 3424 párr. primero del Cód. Civil). No depende, pues la buena fe o mala fe del conocimiento que pudo o no tener el poseedor del domicilio de los herederos preferentes, sino de que supieran del fallecimiento del causante o no se los ocultara. Si el heredero que se considera omitido en la sucesión conocía que ésta le había sido deferida, no importa que conozca o ignore la iniciación del juicio sucesorio, porque un heredero diligente puede averiguarlo, si conoce el deceso (tal como aquí sucede con los actores). La ignorancia del deceso por los herederos omitidos (y no otras circunstancias) es la condición legal inexcusable para que la posición del coheredero pueda calificarse de mala fe (art. 3428, Cód. Civil).
Rebeldía, orden de captura, inhibición general de bienes, defraudación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Berra Rojo, M. G. s/ Rebeldía y captura. Estafas reiteradas  c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-09

- Rebeldía y captura nacional e internacional. Inhibición general de bienes.

- De la rebeldía y captura: Comportamiento del imputado los días previos a que se ordenara su detención que permite sostener que la presentación en la que expresa su voluntad de estar a derecho, constituye una mera formalidad en razón que no se presentó ante la jueza de la causa. Incomparecencia vigente. Declaración de rebeldía y captura dispuesta correctamente.

- De la inhibición general de bienes: naturaleza de los eventos investigados, caracterizados por un ingente perjuicio económico a partir de un singular número de damnificados y razones invocadas oportunamente por la fiscalía interviniente que fueron compartidas al convocar al imputado a prestar declaración indagatoria, que justifica la cautela excepcional ordenada. Estado de sospecha alcanzado al que se agregan razones de urgencia ante una posible alteración de la situación jurídica de los bienes que podrían corresponder al causante y, particularmente, frente a la fundada presunción de que no cubrirían la significativa suma defraudada.

- Confirmación.
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ROLDAN, ROBERTO JESUS c/ EDUARDO M. SARQUIZ, JOSE A. SARQUIZ Y/U OTROS s/ FILIACION LEGITIMA PAEZ, LEONOR ESTELA c/ JIMENEZ, CESAR INCA s/ FILIACION DE LA MENOR:ESTEFANIA M. PAEZ
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-07-16|2003-03-11

Dentro de los conceptos referidos a la distribución de la carga de la prueba se menciona al principio de solidaridad, que obliga a aquella parte que se encuentra en mejores condiciones de suministrar la prueba, a proporcionarla; este principio, a su vez, es comprensivo del principio de cooperación (o de efectiva colaboración). Se coloca en un nivel protagónico no sólo a la voluntad y al interÚs de las partes (quienes deben aportar la prueba que concierne a sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar su omisión), debiÚndose valorar además la quiebra del deber de cooperar en el resultado trascendente del servicio jurisdiccional, que se da en el supuesto de encontrarse en mejores condiciones de traducir dicha cooperación (ya sea el actor o demandado).
LEY DE CONCURSOS, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Cimeilli Hnos. S.A. s/ Quiebra s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-08-04

La desproporción a que se refiere la reforma (art. 271 de la ley de concursos y quiebras), no sólo implica como pretenden los recurrentes, relacionar el monto de los honorarios, con la importancia del trabajo realizado; ella es sólo una de las alternativas o razones prevista en la ley. Además la ley manda a tener en cuenta, a efectos de la habilitación de la excepción, el valor del proceso o valor de los bienes, como lo estableciera el sentenciante en su fallo, al decir "...el adecuado equilibrio hay que buscarlo en cada caso, sin desmerecer la labor realizada, que no puede desprenderse de la significación económica del asunto, como es normal que ocurra en todo juicio". Este es el sentido de la ley, ello surge tanto de la lectura de la norma en cuestión (art. 271), como de la interpretación coherente y armónica con el resto del sistema. Voto del Dr. Leiva (SD).
Prueba, síndico del concurso
Materia: LABORAL
Carátula: Solda José Enrique c/ Pinfruta S.A. s/ Indemnización por incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-07-15

Venir en sede judicial a exigir la comprobación de hechos admitidos y documentados en instrumentos públicos no cuestionados, es obligar a un despliegue innecesario de actividad, aun tratándose de la actuación de la sindicatura, ya que no surgen siquiera indicios que hicieren sospechar colusión o favoritismo de la empresa respecto del acreedor laboral en perjuicio de los demás acreedores de la fallida.
Fuerzas Armadas, retiro policial, reajuste jubilatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Szymansky, Angela Beatriz y otros c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-27

Corresponde actualizar el haber de retiro en función del incremento establecido en el art. 6 del Decreto 884/08 otorgado al personal en actividad con las retroactividades correspondientes desde el 1° de junio de 2008, pues el Tribunal Cimero, destacó que toda asignación de carácter general u otorgada a la generalidad del personal en actividad, al integrar el sueldo, beneficia el haber del personal retirado, ello de conformidad al criterio establecido en Fallos: 262:41 causa "Del Cioppo" Fallos: 312:787 y 802 causas "Martínez" y "Susperreguy", respectivamente y reiterado en Fallos: 318:403 causa "Cavallo".
Delitos cometidos por medio de la prensa, ofensas cometidas por medio de la prensa, publicación o reproducción de ofensas, director editorial, responsabilidad del editor, responsabilidad penal, libertad de prensa
Materia: PENAL
Carátula: ENTEL, A. s/ CALUMNIAS E INJURIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-21

1) El hecho de que un artículo calumnioso o injurioso escrito por un tercero, que se publica por otro, por el cual el autor se retractó públicamente -lo que equivale a reconocer el carácter injurioso de sus manifestaciones- no exime de responsabilidad al director o editor que publica la nota incriminada, puesto que si reproduce, debe cerciorarse previamente de la autenticidad de la imputación e informarse sobre las circunstancias que hacían que la conducta fuera ofensiva para el honor ajeno.

El art. 113 C.P. no admite el sistema de responsabilidad subsidiaria del editor o director del periódico, que antes de la vigencia del art. 113 C.P. y para la Capital Federal declaró existente esta Cámara.

2) La libertad de prensa consagrada por el art. 14 C.N. no es, sin más, un justificante que elimine la antijuridicidad del proceder cuestionado. Dicha garantía tiende a asegurar a los habitantes de la Nación la recepción del fruto de la actividad periodística despojado de toda injerencia estatal previa y al mismo tiempo protege el derecho de quienes se dedican a dicho quehacer expresarse libremente. Ello, empero, no significa que cuando en el desempeño de dicha labor cometan estos excesos o ilicitudes que perjudiquen a terceros están exentos de enfrentar la responsabilidad derivada de tal proceder pues en ese caso la citada protección constitucional, ejercida en forma irrestricta los pondría en disímil situación que la de otros infractores de la ley permitiéndoles lesionar impunemente los derechos de las personas a que se respete su honra y su crédito, igualmente dignos de amparo.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Rivero, Carlos Angel s/ Robo Godoy, Marcelo Alejandro s/ Robo y privación ilegal de la libertad Morales, Miguel Alberto s/ Robo Chara, AmÚrico Lucio y otro s/ Robo calificado Pisani, Martín Gustavo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10|1998-08-25|2000-06-07|2000-12-13|2001-02-07

El vocablo "armas" tiene un sentido técnico jurídico suficientemente desarrollado en materia de interpretación del derecho; así alude a todo instrumento que añade un plus a la violencia que naturalmente puede desarrollar el agente, potenciando su agresividad frente a la víctima y generando a ésta una mayor intimidación que la que podría ocasionarle la sola persona de aquel sin el añadido de ese instrumento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Dólares, obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: Serio Bettina Claudia Y Otro c/ Rojas Sonia Mabel s/ Ejecucion Hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-10

Respecto del tipo de dólar que ha de utilizarse a los fines de finiquitar la deuda, toda la argumentación que realiza el recurrente en torno a la elección que ha hecho el ejecutante en relación a la plaza de Montevideo no puede tener andamiaje, por cuanto dicha posibilidad ha sido libremente convenida por los contratantes, debiendo en su caso el ejecutado haber efectuado la evaluación que lleva a cabo en su escrito en el momento de contraer la obligación y no ahora.
Beneficios previsionales, caja otorgante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alsina, María del Carmen Natividad c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

En las obligaciones disyuntivas o de sujetos alternativos, hecha la opción por la caja previsional por quien está facultado a hacerlo, se consolida el título de la obligación respecto del deudor elegido y se desvanece el crédito contra el otro deudor disyunto.
Competencia civil, información sumaria, rectificación de partida, partida de defunción
Materia: PROCESAL
Carátula: C., E. s/ INFORMACIÓN SUMARIA s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-08

Corresponde intervenir al Juzgado Civil con competencia en asuntos de familia en la acción de rectificación del domicilio consignado en la partida de defunción a los fines de ser presentada para el trámite de pensión ante el ANSES porque la cuestión queda comprendida en los términos del art. 43 del Decreto Ley 1285/58.
Juicios contra el Estado, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Quesada, Martha Noemí c/ Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Escuelas s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Es inconstitucional el art. 30 del dec.ley 7543/69 porque crea un irritante privilegio en favor del Fisco provincial y coloca en una notoria desigualdad ante la ley al dependiente con relación a cualquier otro trabajador por el sólo hecho de la calidad jurídica que ostenta la empleadora, afectando además su situación patrimonial, lo que eventualmente podría colocarlo en estado de indefensión (arts. 16 y 18 Const. Nacional). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS c/ CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. s/ JUICIO ARBITRAL- COMPETENCIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 166 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03

La Corte provincial ha señalado que la distribución de competencia contencioso administrativa entre los distintos órganos jurisdiccionales es "tema de alta política constitucional y legislativa" y que el sometimiento de la Administración Pública a un juez incompetente en razón de la materia puede implicar la violación al principio fundamental de la división de poderes.

Y desde antaño sostiene la absoluta inoperancia de los pactos sobre prórroga de esa competencia, cualesquiera sean las razones que se aduzcan para concertarlos o admitirlos en sede jurisdiccional; agregando que tampoco puede ser consentida la que puedan asumir otros jueces.

Al respecto, ha considerado que el control de esa competencia constituye una potestad cuyo ejercicio, que puede ser aún de oficio, no se paraliza con el consentimiento que las partes hayan podido dar respecto de la competencia de otros jueces.

Así, al considerar planteos basados en el artículo 2, in fine, de la ley 10.160, el Tribunal expresó que esa norma "no puede incluir competencia 'ratione materiae' que deriva de la Constitución provincial (artículo 93), y ha sido asignada a esta Corte Suprema de Justicia.
Competencia contencioso administrativa, contenido de la demanda, planteo oportuno
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Soto, Julio César c/ Estado Provincial de Catamarca s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-07-06

Comparece el actor, interponiendo acción contencioso administrativa en contra del Estado Provincial, con el objeto de que se deje sin efecto el Decreto ECyT Nº1994, de fecha 10 de octubre de 2008, dictado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se rechazó el recurso de reconsideración planteado en contra del Decreto ECCyT Nº875, de fecha 23/05/2008, por el cual se le aplicó la sanción de exoneración como docente del Estado Provincial, por considerarlo nulo de nulidad absoluta.

Conforme al estado procesal de la causa, corresponde que esta Corte de Justicia emita pronunciamiento en orden a lo normado por el Art.3 del CCA, referido a si la cuestión traída a su conocimiento corresponde, prima facie, a su jurisdicción.

Analizada la materia que involucra el litigio se colige que la misma se trata de una relación regida por normas de derecho administrativo, que justifica la apertura de esta instancia estrictamente revisora del actuar administrativo, de conformidad al Art.204 de la CP.

Sentado ello, se impone verificar si en el escrito postulatorio se satisfacen las condiciones de admisibilidad de la demanda previstas en el CPCC de aplicación supletoria por imperio del Art.74 del CCA, además de los requisitos específicos de las acciones ordinarias contencioso administrativas contempladas en la ley adjetiva.

En el escrito de inicio deben tenerse por satisfechas las exigencias procesales extrínsecas de la demanda; además la causa implica materia contencioso administrativa, es iniciada por una persona física, reclamando contra una resolución definitiva emanada del Titular del Poder Ejecutivo Provincial e hipotéticamente vulneraría derechos de carácter administrativo establecidos a favor del reclamante por disposiciones preexistentes.

El accionante justifica haber agotado la vía administrativa previa con el pronunciamiento definitivo de la autoridad de última instancia, y conforme a la reseña fáctica, la acción ha sido deducida en tiempo hábil, dado que el agotamiento de la vía administrativa previa culmina con la notificación de fecha 16/03/2010, interponiéndose la demanda dentro del plazo previsto en el Art.7 del C.C.A .

Por ello, normas legales citadas y conforme lo dictaminado por el Ministerio Público, corresponde declarar la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en autos.
Recusación con causa, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: VARRONE, Susana M. c/ MIKHNO, O. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-27

Si no se ha alegado concretamente alguna de las causales contenidas en el art. 17 del Código Procesal o la que se invoca fuera manifiestamente improcedente, corresponde al juez recusado pronunciarse acerca de su procedencia (art. 21 Código citado).
In dubio pro reo, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: Candia, Flora Celina s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-03

Atendiendo al grado de convicción alcanzado, emanado de los elementos colectados en la causa, podemos encontrarnos con la "certeza negativa" que autoriza el sobreseimiento; existiendo dudas por no existir mérito para ordenar el procesamiento y tampoco para sobreseer, corresponde el dictado de falta de mérito. Todo ello debe basarse en las probanzas reunidas al momento de decidir la situación procesal, que incluso pueden concluir luego a la seguridad de que se ha arribado al grado de certeza que se requiere en la etapa crítica para dictar sentencia.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, discrepancia del recurrente
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Héctor Daniel c/  s/ homicidio criminis causa, robo agravado, estelionato y robo en concurso real (acumul. Nº 343/16)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-03-09

Corresponde desestimar el recurso extraordinario interpuesto por la defensa del imputado por arbitrariedad de sentencia, toda vez que los fundamentos dados por el recurrente solo demuestran que el núcleo central del planteo es la mera discrepancia con los argumentos expuestos en la sentencia de casación antes que ausencia, insuficiencia o arbitrariedad de éstos, relatando los hechos de la causa, limitándose a exponer su propio criterio de interpretación.
Responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Vega, María Antonia y Otro c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia y-o Quien Resulte Ocupantey-o Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-09-02

"Es carga de quien reclama el daño, acreditar la relación de causalidad entre el hecho y ese daño, sea de responsabilidad contractual o extracontractual".
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, incidente de verificación, regulación de honorarios, honorarios del síndico del concurso, honorarios del abogado
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Industrias Electrónicas Radio Serra  S.A. s/ quiebra - incidente de verificación por Fisco Nacional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-19

El recurso extraordinario contra la sentencia que reguló los honorarios del síndico y de sus letrados, en el incidente de verificación promovido por el Fisco Nacional, es inadmisible (art.

280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Aportes previsionales, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos c/ Mancinelli, Roberto Víctor s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-14

Teniendo en cuenta que el art. 22 de la ley 7031 (t.o.), establece que en caso de interrupción de los aportes a cargo de los afiliados, éstos deberán reintegrarlos con más el interés bancario al día del depósito, es razonable concluir que la tasa aplicable en estos casos -tratándose de un pago que debe realizar el deudor moroso-, sea la que se paga a los bancos por las operaciones normales de descuento arg. art. 627, Código Civil). Y siendo la entidad acreedora una entidad creada y que tiene su campo de acción fundamentalmente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, es justo que dicha tasa sea la que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires par ese tipo de operaciones (arts. 15 y 16, Código Civil).