Prueba, prórroga del plazo, habilitación del vehículo, carga procesal, monto de la indemnización, negligencia probatoria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Retamozo, Luis Alberto c/ Municipalidad de Córdoba s/ Ordinario - Daños y Perj. - Otras Formas de Respons. Extracontractual - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-10-20

De la prueba recolectada en la causa, tiene en cuenta lo informado por el municipio. Destaca que el actor solicitó acogerse a los beneficios de la prórroga cuya ordenanza establecía que vencidos los diez años de vida útil, previsto por los taxis, el titular podía "optar por depositar la licencia y libro de inspección técnica, por un lapso de seis (6) meses o seguir trabajando con el mismo vehículo por un lapso igual de tiempo". Advierte que el permisionario tenía derecho a optar. Era él quien debía decidir. En esta línea subraya que no hubo agravios a la conclusión del a-quo, por el depósito realizado, en cuanto no fue por iniciativa del actor, sino de la Municipalidad, por contrapartida surge de autos que el actor, de manera expresa se acogió a la prórroga. Remitido el pedido por la mesa de entradas a la Dirección Municipal de Transportes esta dispone girar el expediente a fin de que se tome conocimiento de lo solicitado por el actor. O sea se dispone poner en conocimiento de la opción del actor. No existía necesidad de una resolución. El actor efectuó una opción, según la cual podía seguir prestando el servicio por seis meses mas con el mismo vehículo, pese a que ya había cumplido diez años, era una medida excepcional. Por tanto, tal, como lo señaló el sentenciante, el actor gozaba de prorroga, ya que dice que depositó las chapas de taxis y el libro de inspección técnica, ".luego de haber transcurrido tres (3) meses de estar haciendo uso de la prórroga solicitada, momento en el cual se constató que el vencimiento operaría el 30 de junio de 1989." es claro que se esta reconociendo que el actor estaba haciendo uso de la prorroga que había solicitado y que la misma vencía en la fecha mencionada. En ningún momento la administración rechazó el pedido por encontrarse fuera de termino, sino que lo recibió y lo puso en conocimiento de la sección que correspondía, e incluso informó que el actor hacía uso de la prorroga. Por lo antedicho, concluye, rechazar este agravio. También expresa agravio subsidiario porque se difiere la determinación de los daños para una etapa posterior. Al respecto manifiesta el Sr. Vocal que: "el actor debió ofrecer prueba no sólo sobre la causa generadora del daño, sino probar el daño y su cuantía. Afirma que se trataba de una carga procesal impuesto por la ley y no advierte en la causa diligencia alguna para probar la cuantificación del daño, o al menos los parámetros para determinar su cuantía. El actor se limitó a probar la causa generadora del daño, pero no probó nada con respecto al daño sufrido, no probó los días que trabajaba el taxi, ni las horas que lo hacía, ni los ingresos que implicaba la explotación del taxi. No existe duda sobre la cuantía de los daños, sino que directamente no hay prueba alguna sobre la cuantía ni siquiera de manera aproximada. Hace presente que los extremos en que el actor fundaba la demanda en cuanto al lucro cesante fueron expresamente negados por la demandada, ante lo cual el actor debía probar los extremos en que fundaba su reclamo, la cuantificación de su reclamo. Arguye que no puede otorgarse una nueva oportunidad al actor de probar luego de la sentencia lo que no probó antes, es decir el perjuicio concreto que sufrió, el actor debe sufrir las consecuencias de su negligencia probatoria, sin que la misma sea suplida con una decisión contemplativa del juez que implica violar la garantía del debido proceso reabriendo el debate sobre el quantum del perjuicio. El único responsable de que no pueda condenarse a la demandada, pese a haberse acreditado la causa generadora del daño, es el actor que no probó el daño concreto que sufrió, no probó la cuantía del mismo, ni siquiera probó las pautas para poder determinarlo. En definitiva, sostuvo, que la prueba del daño no es suficiente para la procedencia de la acción, es necesario que el interesado pruebe su cuantía. En consecuencia, revoca la sentencia y rechaza la demanda.