marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido con causa, carga de la prueba, principio protectorio, principios laborales, ley de contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, interpretación restrictiva, subsistencia del contrato, buena fe
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Rossi, Sergio Guillermo  c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-28

El legislador laboral otorgó al empresario empleador la extraordinaria - extraña a otro tipos de contratos- facultad de sancionar personalmente a sus trabajadores, permitiéndole afectar incluso su derecho a la integridad salarial (lo cual no deja de generar un leve pero indisimulable escozor por las reminiscencias al instituto de la servidumbre que acarrea); y todo con el objetivo de potenciar sus poderes de organización y dirección (art. 64 y 65 de la LCT). Ante ello resulta equitativo exigirle que tan poderosa herramienta sea utilizada con afinada prudencia, teniendo siempre presente los deberes de obrar de buena fe (63 LCT), según los fines de la empresa (art. 68 LCT) y el principio de continuidad del contrato (art. 10 y 91 LCT). En resumen, el exagerado rigor de la sanción aplicada al actor por el accionado desvirtúa incluso la razón de ser del poder disciplinario reconocido al empleador (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Prescripción de la acción penal, delito de acción privada, debido proceso, defensa en juicio, querella, falta de notificación
Materia: PENAL
Carátula: Deutsch, Alejandro Tomás s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-25

Declarar extinguida la acción penal, omitiendo darle traslado a la querella evidencia un supuesto de afectación de la garantía constitucional del debido proceso y la defensa en juicio de la parte actora, en tanto se le impide la posibilidad de probar, contradecir y alegar sobre una cuestión esencial como lo es la extinción de la acción penal en un proceso de acción privada en el cual -precisamente- es la querella la encargada de mantener la vigencia del reclamo, y por ende la principal interesada en toda incidencia que verse sobre tal cuestión. De otra parte, encuentro que la irregularidad apuntada no se ve subsanada por la circunstancia -alegada en el decisorio atacado- de encontrarse en juego la libertad del imputado, toda vez que su soltura anticipada podía tramitarse -independientemente- por vía de un incidente de excarcelación de conformidad con las reglas contenidas en los artículos 317, 318 y concordantes del ordenamiento procesal. En definitiva, en mi opinión la omisión de otorgar a la querella la posibilidad de ser oída ha privado a la decisión judicial en crisis del necesario contradictorio, omisión que importa una nulidad insanable en los términos del artículo 168 segundo párrafo del código adjetivo en virtud de hallarse comprometida -como ha quedado dicho- la garantía constitucional del debido proceso y la defensa en juicio. (Voto del Dr. Fégoli, adhieren los Dres. David y Mitchell).
Personal de dirección y vigilancia, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Cueto, José. c/ Demasi, Roque. s/ Reclamo.  Inconstitucionalidad. Inaplicabilidad de Ley. Cuestiones de  Hecho. Trabajador. Personal de Dirección y Vigilancia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-11-02

A partir de la asignación de la calidad de personal de dirección y vigilancia todo el mecanismo de horas extras y francos compensatorios cambia de dirección en cuanto a su procedencia.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, concausa
Materia: LABORAL
Carátula: Brizuela, Brígido c/ INCONE S.A. s/ Indemnización    de daños  y  perjuicios  derivados  de  enfermedad  accidente daños  y  perjuicios  derivados  de  enfermedad  accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-14

Cuando se acciona en base a la ley especial 9688, es suficiente que el trabajo actúe como factor concurrente, desencadenante o acelerante de un proceso, sin que importe el grado en que ha influido. El estado de predisposición del trabajador resulta inoperante para impedir el progreso de la indemnización porque se aplica la doctrina de la indiferencia de la concausa que, por su recepción judicial casi unánime hasta ahora, constituye una verdadera regla jurisprudencial.
Principios procesales, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Q., C.A. c/ E.P. S.H. y/o M.H.G. y/o Quien Resulte Propietario s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-23

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consagrado desde antiguo el carácter constitucional de la garantía de la congruencia, como expresión de la defensa en juicio y del derecho de propiedad, y ello es así pues el sistema de garantías constitucionales del proceso es para proteger los derechos y no para perjudicarlos; de ahí que lo esencial es que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, y ello se logra con la justicia según la ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales -sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias-.
Oficialización de listas, fondos del partido, responsabilidad del Estado
Materia: ELECTORAL
Carátula: Alianza Unión Por La Patria  c/ GCBA  s/ incidente de apelación - causas electorales - reconocimiento de alianza/oficialización de candidatos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-21

La boleta electoral exterioriza la voluntad del elector, por lo que es responsabilidad del Estado local proveer los recursos para la impresión de boletas cuando se deje de lado lo previsto por el CE de la CABA. Esto, a fin de garantizar que la voluntad popular se exprese libremente, y de resguardar la equidad de los partidos y agrupaciones políticas que participen del proceso electoral. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, sana crítica racional, derivación razonada del derecho vigente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, CARLOS EDUARDO c/  s/ SEVERIDADES, VEJACIONES Y APREMIOS ILEGALES COMETIDOS SOBRE DETENIDOS EN CALIDAD DE AUTOR Y EN GRADO CONSUMADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-20

La interesada se conforma con cuestionar la valoración que durante el proceso los Magistrados hicieran de ciertas probanzas, invocando genéricamente arbitrariedad y afectación de garantías constitucionales -centralmente, derecho de defensa y debido proceso-, mas sin demostrar la necesaria relación directa e inmediata entre el derecho o garantía invocado y lo ocurrido en la causa, quedando -entonces- reducidos sus planteos a una mera discrepancia con el alcance asignado por los Magistrados a los medios de confirmación producidos durante el proceso, materia que no constituye cuestión susceptible de ser revisable por esta vía cuando, como ocurre en el sub judice, los fundamentos que brindó el Tribunal para solventar su decisión, se compartan o no, en modo alguno logran ser descalificados desde la óptica constitucional, ello al no demostrar la presentante prescindencia de las reglas de la sana crítica racional ni que las razones expuestas no resulten derivación razonada del derecho vigente. - CITAS: CSJStaFe: AyS, T 99, p 393; T 117, p 296; T 138, p 433; T 226, p 50; T 227, p 495.
Proceso penal, Ministerio Público, recurso de casación, procedencia del recurso, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Arce, Jorge Daniel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

La limitación de la facultad de recurrir del Ministerio Público en un supuesto como del art. 458 del Código Procesal Penal no es inconstitucional, en tanto el Estado - titular de la acción penal - puede autolimitar el ius persequendi en los casos que considere que no revistan suficiente relevancia como para justificar su actuación.
Personal municipal, escalafón, determinación del haber jubilatorio, derechos y garantías constitucionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PIERRI de CAFFARO, EUGENIA CARMEN c/ I.M.P.S. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-23

Con posterioridad al acto administrativo que ha otorgado el beneficio e incorporado al patrimonio del interesado el derecho a la jubilación con determinada categoría, no puede aceptarse -so color de reestructuraciones internas- la modificación de elementos que integren el status jubilatorio, pues ello importaría en la práctica una retrogradación de la condición de pasividad, que resulta incompatible con las garantías constitucionales de los arts. 14 bis, 16 y 17 (cfr. C.S.J.N., sent. del 11.06.85, "Baglietto, Francisco Esteban", entre otros). En consecuencia, corresponde revocar la resolución que decidió sobre el encasillamiento del haber del beneficio acordado (en el caso, pasando al titular de la categoría J- 1 de la Ordenanza 31.382 a la clase 2 del escalafón subalterno de la Ordenanza 33.651), y ordenar al I.M.P.S. que: 1) Determine la relación porcentual del contenido económico de la categoría según la cual se le liquidó la prestación al recurrente con respecto al de la más alta categoría de las llamadas "Categoría Máximas" de la Ordenanza 31.420; 2) Encuadrar el beneficio dentro de aquella categoría que mantenga con la superior de las denominadas "Categorías de Conducción Ord. 33.651 y 40.402) la misma relación porcentual obtenida de la operación indicada en el punto anterior. Si resultare más conveniente la asignación perteneciente a la categoría actualmente gozada, se conservará esta situación; y 3) En el futuro deberá continuarse observando la pauta precedentemente indicada, cada vez que se produzca algún cambio de estructura escalafonaria.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-12


SENT Nro. 880 San Miguel de Tucumán, 12 DE NOVIEMBRE de 2003.- Y VISTO: La aclaratoria parcial solicitada por la defensa de Pedro Pablo y Juan Alberto Torasso en autos: "Torasso, Pedro Pablo y otros s/Defraudación"; y C O N S I D E R A N D O :

A fs. 331, la defensa de Pedro Pablo y Juan Alberto Torasso solicita aclaratoria de lo ordenado al punto II de la dispositiva contenida en la sentencia de fecha 12/9/2003; en cuanto manda el apartamiento de Graciela Beatriz Salicas, y el cese de su intervención como apoderada del querellante Luis Alberto Salicas en la presente causa.

Considera que lo resuelto implica una contradicción, por lo que requiere al Tribunal indique las razones por las cuales no dispuso, de oficio, la nulidad de las presentaciones suscriptas por la nombrada; quien intervino como apoderada del querellante, sin contar con matrícula que la habilite a tal efecto.

Con el dictado de la sentencia ha concluido la jurisdicción del Tribunal. La posibilidad de corregir un error material, aclarar un concepto oscuro o suplir alguna omisión en que se hubiere incurrido (arg. art. 145, CPP), no puede alterar lo sustancial de la decisión. Esa facultad excepcional que se concede, frente a la regla de no poder ya decidir, impone ser ejercitada en los límites que la propia norma señala.

El planteo en análisis excede el marco de la normativa invocada. Lo requerido no es la rectificación de un error u omisión material; toda vez que su admisión importaría modificación esencial de lo resuelto, por vía de una declaración de nulidad de oficio, ajena a los supuestos que autoriza la ley adjetiva (arg. arts. 186, 185 y cc. del CPP). Cabe añadir que la cuestión no ha sido propuesta por el peticionante, ni sometida oportunamente a consideración del Tribunal, lo cual excluye la pretensa omisión denunciada. De otra parte, la vía del art. 145 del CPP tampoco ha sido prevista para salvar supuestas contradicciones del pronunciamiento; cuando la solución propiciada implica una modificación sustancial de aquél.

Por lo considerado, se R E S U E L V E :

DESESTIMAR el pedido de aclaratoria parcial de la sentencia del 12/9/2003 (punto II de la dispositiva), formulado a fs. 331 por la defensa de Pedro Pablo y Juan Alberto Torasso.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA
Procedimiento laboral, acumulación de acciones, litisconsorcio
Materia: LABORAL
Carátula: ARANCIBIA  MARIA  ALEJANDRA c/ MEDICAL EXCELLENCE S.A. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-30

El litisconsorcio implica la existencia de una sola pretensión con pluralidad de sujetos eventualmente legitimados, lo que produce diversas consecuencias respecto de los actos procesales cumplidos por cada uno de ellos. Así, las defensas opuestas por uno de los litisconsortes, favorecen a los demás. Por ello, la confesión o admisión de hechos formulada por alguno de los litisconsortes no puede ser invocada contra los restantes, en tanto el hecho que ha sido objeto de tales actos no se encuentra probado en relación con estos últimos.
Competencia, orden público, competencia por la materia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Juárez de Corvalán, Sara c/ A.T.S.A. (Asociación de Trabajo de la Sanidad Argentina S.) s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-02

La competencia como aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado, constituye un presupuesto liminar para que exista un proceso tramitado en legal forma. En efecto, la misma inviste al juez competente con el deber y el derecho de administrar justicia en el caso concreto, con exclusión de todo otro órgano jurisdiccional (art. 1º C. Procesal). Precisamente la competencia está determinada por las reglas que la Constitución o el legislador han establecido atribuyendo a los distintos órganos jurisdiccionales el conocimiento de las causas sometidas a su decisión, con la finalidad de organizar una buena administración de justicia. No es, por lo tanto, viable dejarlas sin efecto o modificarlas por la simple voluntad de las partes, pues el art. 21 del Código Civil prescribe que los particulares no pueden desplazar la aplicación de las leyes en cuya observancia están interesados el orden público.
Superior Tribunal de Justicia, sentencia absolutoria, Cámara de Apelaciones, subrogancia del juez, reenvío
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: ALI, WALTER ALFREDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-12-15

Resulta pertinente -para evitar que se incurra en situaciones análogas a la presente (sentencia de condena emitida por una Cámara de Apelación)- que a partir del dictado de la presente resolución el tribunal de alzada que, en el marco de un recurso de apelación ordinario, considere que deba revocarse la absolución del imputado, se abstenga de emitir un pronunciamiento de condena y, en su lugar, disponga la remisión de la causa al tribunal de juicio que corresponda para que éste dicte un nuevo fallo que, en caso de resultar adverso a los intereses del encartado, sea revisable por un tribunal superior.

Por lo demás, razones vinculadas con una mejor administración de justicia aconsejan instruir a la Secretaría de Gobierno para que haga conocer las consideraciones vertidas en este punto a los señores Presidentes de las Cámaras de Apelación en lo Penal de la Provincia. (Del Voto del Dr. Erbetta que hace Mayoría)
Recurso extraordinario federal, honorarios del abogado
Materia: LABORAL
Carátula: ARANDA RAMON MANUEL c/ COOPERATIVA DE OLEAGINOSOS LIMITADA, DE COMERCIALIZACION Y TRANSFORMACION s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-08-22

Las cuestiones referidas a honorarios, en las cuales se intente reexaminar aspectos fácticos y accesorios de los mismos, como son los que involucran la fijación de base regulatoria, porcentajes, estimación de remuneración de acuerdo a la labor cumplida por el profesional etc.úno son hábiles para la apertura de la instancia extraordinaria, toda vez que los tribunales de grado son soberanos en la selección y valoración de tales materias de hecho.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, fundamentación del recurso, nulidad procesal, juicio oral, facultades disciplinarias del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Milagro Amalia Ángela Sala en la causa Sala, Milagro Amalia Ángela y otros c/  s/ p.ss.aa. de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-15

Es inadmisible el agravio por el que se cuestiona la convalidación del rechazo del planteo de nulidad del debate oral, basado en la expulsión de la apelante durante un período temporal del recinto donde se desarrolló el juicio, pues en su formulación omite todo desarrollo argumental referido a que la imposibilidad de la imputada de presenciar las declaraciones testimoniales, siendo representada por su defensa técnica, fue la consecuencia necesaria de la medida disciplinaria dispuesta con base en una norma cuya validez no discutió y tampoco ensaya siquiera algún cuestionamiento referido a la falta de justificación de aquella.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia por conexidad
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ DOMINGUEZ, FERNANDO s/ Régimen penal tributario, incidente de competencia, Causa: 35285.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

No procede declinar la competencia por conexidad si no obstante que el requerimiento de instrucción que da origen a las actuaciones aparece formulado en un único acto está claro que se refiere a causas distintas desde que son distintas las personas a quienes se atribuyen los hechos a averiguar; y la existencia de un acuerdo con las empresas que se encargarán de proveer la documentación apócrifa es una hipótesis verosímil, pero por el momento no comprobada, lo mismo que un acuerdo entre los distintos contribuyentes a quienes se refiere la denuncia.
Empleados de banco, indemnización por despido, cómputo de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: BOTTIROLI, ALFREDO JOSE c/ BANCO ODONE SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-24

La antigüuedad en la carrera bancaria sólo debe computarse cuando se trata de las licencias del artículo 51 del decreto 20268/46; a los fines de la indemnización del artículo 3, apartado II, ley 12637 (ley 18598) corresponde tener en cuenta la antigüuedad en el empleo, salvo reconocimiento expreso del empleador de la antigüuedad en la carrera a todos los efectos, supuesto que no queda configurado por la sola mención en el recibo de haberes de la fecha de inicio de la carrera, como fecha de ingreso.
Amparo ambiental, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Etulain, Viviana c/ Municipalidad de Mar Chiquita  s/ Amparo. Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-04-13

En los amparos de sustancia ambiental, la Suprema Corte ha tenido que armonizar el régimen de sorteos aplicable a tales juicios con lo contemplado en los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que aluden a la competencia del fuero contencioso administrativo cuando se trate de daños o peligros ambientales causados por el Estado, resolviendo que en dichos supuestos la adjudicación únicamente debe hacerse entre sus organismos, con exclusión de los demás.
Daños y perjuicios, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: N., L. H. c/ Telecom Argentina S.A. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-02-25

Deviene procedente la acción de amparo promovida por un jubilado, correspondiendo condenando a Telecom Argentina SA, a que proceda a reparar y poner en funcionamiento el servicio telefónico de su titularidad. Considera que corresponde ponderar, no sólo la alegación a la edad avanzada del amparista, sino también su domicilio, cuya ubicación, alejado de los principales centros urbanos de la provincia, hacen que el servicio de telefonía fija cobre mayor importancia para la salvaguarda de otros derechos constitucionales, tales como la salud o la vida.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, recurso de queja (procesal), recurso contencioso administrativo, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ghezzi, Miriam Gladis c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-04-04

Cabe recordar, como reiteradamente se ha pronunciado este Tribunal, que la exigencia legal de oportuno planteo y mantenimiento de la cuestión constitucional no responde a un mero ritualismo sino a nuestro sistema de control constitucional y al debido respeto a la defensa en juicio del compareciente, basado en la necesidad de que las cuestiones que se traigan a la Corte hayan sido, previo debate, tratadas y resueltas en el trámite ordinario y por los jueces de la causa; y si bien es posible que la cuestión constitucional recién aparezca en la sentencia, el solo hecho de rechazar el recurso contencioso administrativo no resulta por sí un supuesto de arbitrariedad sorpresiva, si las partes pudieron prever razonablemente ese resultado a fin de efectuar la oportuna reserva. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco y Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJStaFe: Herranz, AyS T 52, p 483; Degiusti, T 57, p 474; Adrover, T 58, p 265. - DOCTRINA: Ismaz y Rey, "El recurso extraordinario", pág. 5 y sigs., punto I, B.
Tribunal de cuentas, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUEVARA LUIS HUMBERTO c/ HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS DE ENTRE RIOS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-08-19

Con ese objetivo preciso es necesario recordar que tal remedio de control y revisión está previsto respecto de las sentencias definitivas que formulen cargos a los declarados responsables, pero limitado el examen adquem a tres puntos centrales del decisorio, sobre los cuales deben inexcusablemente versar los agravios e impugnaciones, a saber: 1)La posible inconstitucionalidad de las normas aplicadas.- 2) La errónea interpretación del derecho invocado - 3) La inadecuada aplicación del derecho seleccionado para el caso en cuestión.- Esas vías son las expedidas para ejercitar el contralor de legitimidad de los actos de mención dictados por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia en el ejercicio de su cometido específico, a través de un recurso extraordinario excepcional ante este Superior Tribunal de Justicia, que por esencia carece de la extensión propia de un medio de impugnación ordinario
Cuestiones de competencia, ejecución de sentencia, competencia laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MONNERET de VILLARS, Carlos c/ Instituto Nacional de Previsión Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-25

Es la Justicia Nacional del Trabajo por medio de los juzgados Nacionales de Primera Instancia, a la que le corresponde el conocimiento en las ejecuciones de las sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones de ese fuero en virtud de su anterior competencia, así como de las que dicte la C.N.A.S.S. por la competencia atribuida en el art. 8 de la ley 23.473 (cfr.

C.S.J.N., 9/4/91, "Ferrari de Goris, Odolinda"