Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-10


Causa No. 4136/08 -S.I- "P. E. A. C/ ESTADO NACIONAL EJÉRCITO ARGENTINO MINISTERIO DE DEFENSA s/ Daños y Perjuicios" Juzgado N° 5 Secretaría N° 10 En Buenos Aires, a los 10 días del mes de junio de 2014, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez Francisco de las Carreras, dijo:

1.- La sentencia de fs. 341/345 hizo lugar a la acción promovida por E. A. P. con el objeto de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que le habría producido las secuelas del evento incapacitante del 27/1/2003 (accidente de tránsito "in itinere"), lo que le habría producido -con vínculo causal con el hecho- un cúmulo de lesiones físicas y psíquicas incapacitantes, circunstancia por la cual, oportunamente, fue dado de baja de las filas del ejército (Considerando III).Para así resolver en el mencionado pronunciamiento, luego de analizar los hechos, el derecho y la jurisprudencia, se concluyó que resultaba aplicable la doctrina del Alto Tribunal in re "Gunther" (Fallos 308:1118) y "Mengual" (Fallos 318:1960), fijando la indemnización en función de los rubros (incapacidad sobreviniente, perdida de la "chance", daño emergente y daño moral), con intereses conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde el momento del hecho.

2.- El pronunciamiento se encuentra apelado por ambas partes (fs. 349 y fs. 351). Mientras que la demandada circunscribe su disenso a la responsabilidad endilgada, al alcance exagerado de la reparación discernida en cada uno de los rubros admitidos y el curso de los intereses (y su tasa) desde el hecho (escrito de fs. 360/366, contestado a fs. 375/376), su contraparte lo hace por el alcance de los rubros incapacidad, daño emergente y moral (fs. 367/368, replicado a fs. 371/374).

3.- Me remito a los fundamentos de la sentencia de primera instancia por considerarlos adecuados para ratificar la responsabilidad civil endilgada a la demandada.

Solo me interesa agregar que si producen daños en circunstancias del vínculo de un agente con la fuerza ello no da derecho, de por sí, a que sea indemnizado en los términos de la ley civil, sino que hay que atender a las circunstancias de personas, tiempo y lugar (art. 912 del Código Civil) y, en especial, a la interpretación que ha hecho la C.S.J.N. al distinguir entre un hecho puramente accidental producido en servicio ("Mengual", Fallos 318:1960) y los daños y perjuicios producidos en ocasión del cumplimiento de órdenes de servicio propias de la actividad involucrada ("Azzetti", Fallos: 321:3363, "Aragón", Fallos 330:5205 y "Leston", del 18/12/2007).

En autos se trata de un hecho puramente accidental (accidente de tránsito "in itinere") no vinculado con la represión de un delito o un acto de guerra, es decir, vinculado con actividades del servicio tal como la autoridad militar lo decidió en sede administrativa, por lo cual corresponde aplicar en todos sus términos la doctrina señalada tal como lo ha hecho el "a quo", reconociendo la responsabilidad civil del demandado en los términos del art. 1068 y 1113 del Código Civil.

4.- En cuanto a los agravios comunes sobre el alcance del resarcimiento reconocido, tengo para mí que corresponde hacer lugar sólo en una mínima parte a las apelaciones deducidas.

Veamos.

5.- En cuanto a la incapacidad sobreviniente la reparación fijada por el "a quo" en $150.000.- impresiona como algo parca y desproporcionada al daño físico producido y sus secuelas en un hombre de 41 años (47 al retiro), a poco que se repare en que de la pericia médica (fs. 124/141) quedó admitida una incapacidad del orden del 70 % de la total obrera, con graves secuelas funcionales, y que incluye la pérdida de la "chance" (cfr. Cons. III, punto a.2.). Por ello propicio su elevación a la suma de $185.000.- a valores actuales.

6.- En segundo lugar, respecto del daño emergente (donde el "a quo" incluye los "gastos" médicos y de tratamiento en general -incluido psicológico-), si bien el actor no probó en cuanto ha excedido de la cobertura de su obra social desde el accidente, se debe recordar que este Tribunal tiene decidido que la circunstancia de que la víctima se encuentre cubierta no excluye que deba realizar ciertos gastos menores, e inclusive de cierto tipo de medicinas que los sistemas asistenciales no cubren. Asimismo, tampoco es menos cierto que en las hipótesis en las que no se acompañan elementos de juicio que acrediten los gastos efectivamente realizados, su estimación es posible por cuanto se trata de un supuesto en el que se aplica el procedimiento que prevé el artículo 165 del CPCC (esta Sala, C. 2881/94 del 18/7/1997). Aclarado ello, su estimación en $40.000.-, de acuerdo a la dolencia, no parece exagerada, por lo cual propicio su elevación a esta suma que es, también, a valores actuales.

7.- En punto al daño moral (daño extrapatrimonial en la sentencia apelada), no hay que olvidar que la verificación de los padecimientos físicos del actor como consecuencia de las secuelas del accidente (dolores), bastan como referencias para imaginar los trastornos que en su ánimo y espíritu pueda seguir soportando desde el infortunio, lo cuales son razonablemente esperables, también, como un efecto directo e inmediato de aquél y de su necesaria atención posterior, todo lo cual compone un cuadro de ponderación que trasciende la mera limitación de índole laboral.

Es por ello que en lo relativo a este rubro quedan incluidos los padecimientos espirituales y el "precio" del dolor físico, todo lo cual tiene carácter resarcitorio (esta Sala causas 455 del 29/4/1983 y 2236 del 25/11/1983, entre muchas otras), lo que en autos se puso en evidencia no solo en el trauma inicial sino también en la permanencia de la limitación funcional advertida. Ponderando todo ello, tengo para mí que la indemnización del daño moral ($40.000) debe ser adecuadamente elevada hasta alcanzar la suma de $ 60.000.-, también a valores actuales.

8.- En cuanto a los intereses, es doctrina de este Tribunal fijar su punto de partida desde el momento de la verificación del evento dañoso (cfr. esta Sala causas 10.291/93 del 13/04/99, 17.012/95 del 13/06/02, 3863/00 del 19/08/03), y tratándose de rubros indemnizatorios que fueron restablecidos (elevándolos) a valores actuales corresponde computar la tasa del 6 % anual (cfr. esta Sala causas 12556/04 del 3/08/10, 688/06 del 6/10/11, entre otras). En consecuencia, el recurso de la demandada es abstracto sólo en este aspecto, lo que así resultó, además, con motivo del éxito de la apelación del actor.

Por lo expuesto, voto por confirmar la sentencia recurrida en cuanto al fondo, modificándola con el incremento de los rubros incapacidad sobreviniente, daño emergente, daño moral, e intereses (por la repercusión de lo anterior) con el alcance expuesto. Las costas de esta instancia correrán a cargo de la vencida por no existir motivo para su dispensa.

La doctora María Susana Najurieta adhiere al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia recurrida en cuanto al fondo, modificándola con el incremento de los rubros incapacidad sobreviniente, daño emergente, daño moral, e intereses con el alcance expuesto. Las costas de esta instancia correrán a cargo de la vencida.

Una vez que se cuente con la regulación de honorarios en la primera instancia, se procederá a regular los de Alzada.

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Francisco de las Carreras-María Susana Najurieta