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Delitos contra la humanidad, tratados internacionales, interpretación de tratados internacionales, ley vigente
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

No se presenta una cuestión de conflicto de leyes en el tiempo, pues el crimen de lesa humanidad lesionó antes y ahora el derecho internacional, antes el consuetudinario, ahora también el convencional, codificador del consuetudinario (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), prueba, corretaje inmobiliario, corredor no matriculado, terceros
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe 1ra. Circunscripción c/ Pedriel, Hugo Jose s/ planteo de inconstitucionalidad articulo 47 ley 10160 y apelación de resolución del 15.6.15; tribunal de disciplina y ética profesional del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe 1° Circunscripción
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-22

La quejosa no logra acreditar que la respuesta jurisdiccional brindada hubiera ponderado irrazonablemente el conjunto de las probanzas existentes, o que la solución que la impugnante propone hubiera debido imponerse en la causa, puesto que en relación a las capturas de pantalla, la Cámara destacó que las mismas se vinculan con otra corredora inmobiliaria (situación que advirtió a su hora este Cuerpo), puntualizando que el contenido de la página web y las publicidades utilizadas, cuyas impresiones se acompañaron a autos, no permiten concluir que las personas mencionadas ejerzan el corretaje inmobiliario con la anuencia del imputado; examinando la Alzada las afirmaciones del denunciado en su descargo, destacando la contundencia de las aseveraciones allí vertidas en el sentido de que las personas a las que alude la resolución del Directorio no ejercen en nombre propio el corretaje inmobiliario sino que los actos y actividades que despliegan lo son por cuenta y orden del suscripto o de otro corredor matriculado, en el marco de la relación civil que mantienen, lo que -agrega el A quo- resulta demostrado por la declaración de una de las testigos, que transcribe, por lo que en definitiva, lo resuelto podrá no conformar a la recurrente, pero ello no depara cuestión constitucional en los términos del artículo 1 de la ley 7055, pues es sabido que la doctrina de la arbitrariedad no cubre el mero desacuerdo de los impugnantes con las tareas de valoración probatoria efectuadas por los magistrados de la causa, ni puede emplearse como medio de sustituir a los jueces ordinarios en la decisión de cuestiones que les son propias; máxime cuando no se advierte alzamiento de la Cámara frente a lo decidido por esta Corte en oportunidad de reenviar la causa al Tribunal subrogante. - CITAS: CSJStaFe: AyS, T 99, p 102; T 99, p 179; T 100, p 251; T 101, p 408. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1
Compraventa, reserva de compra, teoría de la frustración, compraventa frustrada
Materia: CIVIL
Carátula: DYZENCHAUZ, Julio M. c/ EDELSTEI, Pablo F. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-22

1- En la compraventa inmobiliaria, las reservas propiamente dichas o "reservas puras", subordinan la relación contractual instrumentada en ella a la firma del boleto de compraventa definitivo, de donde se está en presencia de una condición suspensiva, por lo cual, la frustración de tal boleto, provoca los efectos del art. 548 del Código Civil, que establece que, en tal caso, la obligación es considerada como si nunca se hubiera formado, razón por la cual, el promitente de venta debe restituir lo recibido en carácter de reserva.- 2- Si a una entrega de dinero, con vistas a la adquisición de un inmueble, se le da el nombre -o la comprensión- de reserva, no puede reconocérsele, lisa y llanamente, los efectos de la seña y menos la penitencial, que implica la posibilidad de extinguir el contrato. Ello es así, pues la palabra reserva no, es en modo alguno, equivalente a seña.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Viera (2), Liliana Noemí c/ Municipalidad de Concordia s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-07-22

La motivación de los actos administrativos se relaciona firmemente con la consolidación y subsistencia de las instituciones democráticas, con el sistema republicano de gobierno adoptado por nuestros constituyentes, donde la publicidad no sólo del obrar administrativo, sino de las razones y móviles que lo han motivado debe -al igual que la participación ciudadana- ser cada día mayor apenas se reconozca que el ejercicio del poder ha dejado de ser una prerrogativa exclusiva de los gobernantes, para ser una misión a ser ejercida en forma conjunta con los administrados. En ese propósito, el conocimiento pleno de los actos estatales resulta fundamental.
Contrato de trabajo, viajantes de comercio, comisiones
Materia: LABORAL
Carátula: Samarelli    Pascual c/ Canet    Gustavo   Leonardo s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-09

Para que el juramento que prescribe el art. 11 de la ley 14.546 cumpla su objetivo, es necesario que se individualicen los hechos respectivos, es decir, debe detallarse cada una de las operaciones. Dicho juramento, aún cuando el empleado no lleve el libro previsto en el art. 10 de la ley 14.546, no releva al viajante de indicar en forma individualizada cuáles son las operaciones sobre las que reclama la comisión, por ello, el reclamo global y meramente estimativo no resulta suficiente.
Régimen de consolidación de deudas, fecha de corte, convertibilidad, bonos de consolidación, actualización monetaria, índices de actualización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lavenia Alicia Mónica y Otros c/ C.O.N.E.T.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Cuando la deuda abarca un período determinado, anterior a la fecha de corte que dispuso la ley 23.982 y resulta alcanzada por las disposiciones de esa norma, habiendo sido en el caso elevado a la Secretaría de Hacienda el requerimiento de pago en bonos y que el fallo firme de primera instancia dispuso su actualización hasta el 1/4/91; corresponde aplicar en el caso el art. 4 del decreto 794/94 que autoriza a actualizar hasta esa fecha -1/4/91-, las deudas mediante los índices o mecanismos establecidos en las normas de aplicación.
Prescripción, declaración de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Copes, Jorge Alberto c/ Biancuso, Roberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Constituye un principio común que no cabe declarar la prescripción de oficio, pues en dicha materia tiene prevalencia el principio dispositivo, y, en consecuencia, si la parte legitimada para plantearla no lo hizo, el órgano judicial no puede actuar "ex officio" (arts. 3947, 3949 C. Civil; 34 inc, 4°, 163 inc. 6°, 344 2° apartado, 354 inc. 2°, C. Procesal). En consecuencia, como el reconvenido no opuso al contestar la reconvención la excepción de prescripción de los vicios redhibitorios (art. 354 inc. 2° C.

Procesal), la declaración de prescripción excede el postulado de congruencia (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, C. Procesal).
Violencia de género, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos franco, leonardo fabian sobre 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89 / 90 y 91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-09

El legislador dotó e incorporó mecanismos para intentar abordar los asuntos vinculados con la violencia de género. Esos mecanismos son medidas que escapan al clásico test de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Más que verosímil, el derecho es indisputable, es el derecho a la integridad física y psíquica, y al respeto a la igual dignidad. A lo que se suma, que ese derecho es irrenunciable, y que quien pretenda desoír en términos absolutos la voluntad de la ofendida debe dar buenas razones para justificar ese camino. A su vez, no cabe interpretar el asunto a partir de soluciones concebidas como aisladas. Es menester esforzarse para ponerlas en un orden sistemático, asumiendo que tienen un eje en común, e idénticos o similares propósitos (cf. argumentos brindados en "Taranco"). (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Nulidad de sentencia, suspensión del juicio a prueba, debido proceso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ incidente de apelación en autos niselewicz, ezequiel gonzalo s/ 149 bis - amenazas- cp (p/l 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-24

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que revocó la decisión de primera instancia que, con la conformidad de la fiscalía interviniente, había concedido al imputado la suspensión del proceso a prueba. Ello así, toda vez que la Cámara, al resolver la apelación deducida por la querella, no ofreció razones para explicar por qué la actuación de la fiscalía de Cámara ante el tribunal recursivo podía provocar el efecto que le confirió -esto es, una suerte de retractación de la voluntad expresada por el fiscal de la causa en el momento procesal oportuno- y el alcance adjudicado a esa intervención afecta el desenvolvimiento del debido proceso porque no constituye una derivación posible de las normas procesales aplicables al caso (arts. 217 y 294, CPP, entre otros), ni de los principios que rigen la actividad del Ministerio Público Fiscal (art. 125, CCABA). (Del voto de las juezas Marcela De Langhe y Alicia E. C. Ruiz).
Contratos administrativos, Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL c/ MAROS S.A. s/ RESCICION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y REVOCACION DE DOMINIO -  CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-10-30

Estando firme y consentida la resolución del A quo que dispuso que la acción promovida es de carácter contencioso administrativo y, atento que en dicho fuero las demandas deben entablarse con los requisitos propios que establece la Ley 2.297, corresponde que se archiven las actuaciones, desde que en el presente se halla en juego la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia en pleno.-
Dominio, transmisión del dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Centeno, Julio César y otro c/ Merlo, Mabel Dominga s/ Cumplimiento de contrato y escrituración Sosa, Juan Domingo c/ Bologna, Luis José s/ Escrituración Vergara, Luis Alberto c/ Bologna, José Luis s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-29|1995-12-28|1996-02-11

Para que se pueda transmitir el dominio de un inmueble es necesario que concurran el título, el modo y la inscripción.
Sucesiones, apertura de la sucesión, apertura por los acreedores, intimación previa
Materia: CIVIL
Carátula: RUSSO VICENTE s/ SUCESION AB-INTESTATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-28

El artículo 3314 del Código Civil, establece que el acreedor del causante no puede iniciar el juicio sucesorio de éste sin que medie intimación previa a sus herederos para que acepten o repudien la herencia (conf. C.N.Civ. Sala F, E.D. 84-501; íd. Sala E, c. 269.173 del 24-1280). Este criterio no fue modificado por el artículo 694 del Código Procesal, que autoriza a los acreedores a promover el sucesorio de su deudor, pues ello es sin perjuicio de dar cumplimiento al requisito antes mencionado. Distinto es cuando el acreedor desconoce la existencia de herederos, situación en la cual corresponde citar al Ministerio de Educación y Justicia y sólo en el caso de que éste guardare silencio podrá ejercitar, en su oportunidad el derecho de iniciar la sucesión (conf. Fassi, "Código Procesal...", T. III, p.321; C.N.Civ. Sala A, L.L. 128-985, nro.

16091-S; Sala C, E.D. 32-463; íd. Sala E, c. 269.173 del 24-12-80)
Servicio público, Aguas Argentinas Sociedad Anónima, concesión de servicio público, deficiencias en el servicio, obligaciones del concesionario (administrativo), tarifa de servicios públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Aguas   Argentinas   S.A. c/ Ente   Tripartito   de   Obras   yServ.Sanitarios s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-28

Es obligación de Aguas Argentinas S.A. como concesionario de los servicios de agua y cloacas llevar a cabo las conexiones de agua (nuevas o renovaciones cuando su vida útil estuviera vencida), realizando con personal propio o mediante contratación de terceros bajo su responsabilidad y a su cargo, los trabajos necesarios para la efectiva conexión, correspondiéndole cobrar como único monto la tarifa correspondiente al cargo de conexión que estuviera en vigencia conforme al Régimen Tarifario de la Concesión.
Demanda, caducidad
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LAZARTE, Mario Alberto y otro c/ YAPURA, José Armando y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-06-14

En el litis consorcio facultativo el traslado de la demanda no se cumple colectivamente, sino en forma individual respecto de cada uno de los litisconsortes, de manera que la caducidad opuesta por el codemandado a quién no se le corrió el traslado pertinente dentro del plazo de seis meses que fija el art. 310 inc. 1º del Código Procesal, es procedente si la contraparte no alegó y probó la existencia de algún obstáculo que le hubiera impedido cumplir con la notificación en tiempo oportuno. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción adquisitiva, actos posesorios, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Darder, Mercedes Isabel s/ Prescripción adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-06-06

Cabe rechazar la demanda por prescripción adquisitiva, pues las declaraciones testimoniales aportadas resultan insuficientes cuando en ellas no se concretan con toda precisión la realización de actos posesorios "animus domini" durante el tiempo requerido por la ley, máxime cuando el pago de los impuestos responde a períodos discontinuados y no figuran a nombre de la actora, y el contrato de arriendo celebrado por la accionante carece de fecha.
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, delito continuo, nulidad procesal, desistimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CAMA LOUTSCH, Guillermo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-23

Dado el caracter continuo del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, no requiere nuevos impulsos de la acción penal en tanto la omisión no cese.

Por ello, corresponde confirmar el auto que no hizo lugar a la nulidad articulada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), enfermedad accidente, indemnización, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BOTTARI, MAURICIO A. c/ ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-04

Con respecto a la insuficiente demostración de los presupuestos de responsabilidad de la demandada y a la cuantificación numérica del daño, la compareciente no logra acreditar que los fundamentos de la Cámara se hubieran apartado de las circunstancias comprobadas en autos, que le permitieron concluir en la clara existencia de daño en la salud psicofísica del actor, la existencia de patologías contraídas con motivo y en ocasión del trabajo prestado durante largos años en condiciones antirreglamentarias, los porcentajes incapacitantes y el empleo de un baremo puntual y concreto a fin de fijar el importe de los daños (Del voto de la mayoría. En disidencia parcial: Dres. Gutiérrez y Spuler. En disidencia: Dr. Falis occo)
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, ley provincial, desistimiento, acción penal, sobreseimiento definitivo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: EDGARDO WILDE ECHARDE Y OTRO c/ JOSE ANTONIO SAEZ Y OTROS s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-11

Los arts. 401, inc. 1, y 402 del Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco, en tanto establecen el desistimiento tácito como causa de extinción de la acción penal, y el consecuente sobreseimiento definitivo del proceso, son contrarios a los arts. 31 y 67, inc. 11, de la Constitución Nacional en razón de la disconformidad de esas normas locales de rito con la de carácter nacional y de fondo establecida en el art. 59, inc. 4, del Código Penal.
Seguros, liquidación del asegurador, aplicación de la ley, régimen de contralor, Superintendencia de Seguros de la Nación, concursos, facultades del síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: CENTURIA  CIA.  ARGENTINA DE SEGUROS s/ LIQUIDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

La ley 20091: 52 establece que la autoridad de control ajustara la liquidación a las disposiciones de los concursos comerciales para las quiebras, y tendrá todas las atribuciones del síndico en aquellas. La redacción de la norma al aludir a las quiebras y al asignar todas las funciones propias del síndico al liquidador, da pie para interpretar que las medidas deben ser dictadas a los efectos de la liquidación judicial. El síndico tiene facultades acordes con los deberes que por la función le tocan y que entre ellos se encuentran algunas orientadas inequívocamente a la incautación de los bienes y hacer efectivo el desapoderamiento del deudor (l: 170 y ss. y 298). Por tanto, las medidas de desapoderamiento, incautación de los bienes, inhibiciones y todas las que ostenten caracteres de índole patrimonial están comprendidas en la locución empleada por la ley -disposiciones de los concursos comerciales para las quiebras- pues tal exégesis consulta mejor la finalidad de aquella, al facilitar y asegurar la ejecución del cometido de liquidación a la autoridad de control.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, multa tributaria, base imponible, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Droguería Americana SA c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ recurso de apel. jud.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-09

Son condiciones de admisibilidad del recurso ordinario de apelación que la Ciudad sea parte, que el valor disputado sea superior a $700.000 y, conforme lo tiene dicho este Tribunal, que el recurso se dirija contra una sentencia definitiva. Si bien al interponer el recurso la Procuración General intentó justificar la concurrencia del requisito referido al valor disputado, la demandada ha incluído en el cálculo las sumas correspondientes a multa, las que no deben computarse para conformar el monto en disputa en casos de apelación ordinaria.

La naturaleza de tales penalidades, que es disciplinaria o represiva, y, por tanto no se endereza a reparar un perjuicio o constituir una fuente de recursos para el erario, sino a la restauración del orden jurídico infringido. Por tal razón, el importe de las sanciones pecuniarias no es reconducible al valor disputado en último término, que establece el art. 26 de la ley nº 7.

Descartado que la multa pueda computarse para el cálculo del monto disputado ante esta instancia, corresponde a quien recurre por esta vía justificar por qué razón su interés patrimonial en el litigio se mantiene -al acudir ante esta instancia- por una suma igual o superior a la indicada en la ley.

Así, la parte debe demostrar el valor económico de sus propios agravios, que es independiente del monto de los agravios de su contraparte. Además, la cuantía de la pretensión originaria no es relevante, pues la demanda pudo ser acogida parcialmente en las instancias anteriores.
Competencia originaria, contenido de la demanda
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: D., C. R. c/ F. P. S. S.A. s/ Sumario - Accidente de trabajo (sistémico), expte. N° 539/2023
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-07

La Ley N° 37 en su art. 32° inc. 3°, acuerda competencia originaria al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, en aquellos casos en que además de intervenir el Estado Provincial, o alguna entidad autárquica, la materia del juicio está regida - primordialmente- por el derecho constitucional o administrativo. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ha dicho que para discernir la competencia del tribunal debe estarse al contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal, así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa, la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y el derecho que se invoca en el reclamo.
Desagio, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLARREAL, ROBERTO OSVALDO Y OTRO. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-02

Conforme a reiterada doctrina en la materia, el progreso de la vía excepcional utilizada requiere que el acto de la autoridad pública impugnado este viciado de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, individualizándose con precisión el o los derechos lesionados, resulta verosímil su existencia y pueda evidenciarse con nitidez en el curso de un breve debate cuando no existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección o garantía constitucional que se trata.

Constituye por otra parte presupuesto inexcusable en la viabilidad de esta acción excepcional, la inexistencia de otras vías legales idóneas para la protección del derecho que se asegura calculando, el "desagio" impugnado por los actores encuentra sustento normativo en lo dispuesto por el decreto 1096/85, cuya inconstitucionalidad declaración necesaria para determinar su validez- dicen expresamente no haber "rozado" en momento alguno, cuando "obviamente esta situación está fuera del alcance de la acción de amparo (art. 2 inc.

d)", a lo que cabe agregar que el perjuicio que aducen sufrir, de índole puramente patrimonial, es eventualmente susceptible de reparación mediante el ejercicio de la pertinente acción ordinaria.
Aplicación analógica de la ley, ley penal
Materia: PENAL
Carátula: Espinosa, Manuel Alejandro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-15

La aplicación analógica de la ley penal presupone que la ley que se aplica al hecho no lo castigue o no lo haga en la medida en que se lo hace, por tanto, para que se verifique la analogía se exige que la interpretación demuestre que el castigo que se pretende para el hecho no sólo no está comprendido en el contenido literal de la ley, sino que tampoco lo está en su contenido lógico, es decir en su pensamiento reconstruido mediante la conexión sistemática de sus disposiciones particulares con la totalidad de su organismo. En consecuencia habrá aplicación analógica de la ley penal cuando se compruebe que le ley no dispone la punibilidad que se busca y la fuente de ésta se encuentra en la analogía. (Voto del Dr. Madueño).
Adopción, guarda preadoptiva, consentimiento de los padres de sangre, citación de los padres de sangre
Materia: PROCESAL
Carátula: O., A. B. y F., L. M. s/ GUARDA CON FINES DE ADOPCION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-10-04

Cuando los padres biológicos del menor, hubiesen asentido judicialmente su entrega en guarda preadoptiva no será necesario volver a citarlos en el ulterior proceso de adopción. Ya estará suficientemente satisfecha la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 C.N.) y la finalidad de la ley de que el juez tome contacto directo con los progenitores y los escuche.