marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Delitos contra el honor, injurias, exceptio veritatis, causas de justificación, error de prohibición, error esencial (penal), culpabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Monfardini, Norma I. s/ c. 43.870
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-27

La "exceptio veritatis" del inc. 2 del art. 111 del C.P., configura una verdadera causa de justificación y el error sobre su existencia, basado en la convicción de la procesada de que estaba habilitada por esta norma a expresar los dichos que motivaron la causa y hacerlos públicos, en su especial estado de espíritu causado por la muerte de su hija, en la influencia de su abogado y el verdadero "strepitus fori" que se creó en rededor del expediente tramitado por tal muerte, generó en aquélla lo que la doctrina entiende técnicamente un error de prohibición de carácter invencible, el cual elimina la posibilidad de un juicio de reproche.
Indemnización por muerte, gastos de sepelio
Materia: CIVIL
Carátula: PEDROZO FRANCISCA c/ BOCCO ARMANDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-29

No es razón suficiente para rechazar el reclamo por gastos de sepelio y afines (art. 1084 Cód. Civ.) Que el recibo se encuentre extendido a nombre de terceros distintos del reclamante, pues cabe presumir que tales gastos son hechos por los deudos mas próximos, que en tales momentos no se encuentran en condiciones y estado de ánimo para realizar diligencias tan dolorosas y desagradables para ellos.
Importaciones, mercadería aduanera, valor de la mercadería, carga de la prueba
Materia: ADUANERO-TRIBUTARIO
Carátula: "Supermercados Mayoristas Makro SA (TF 21.109-A) c/ D.G.A.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-05

Es indiscutido principio procesal -aplicable a todo litigio aun no judicial- que siempre es a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia cuando pretende fundar en él un derecho (Fallos: 217:635, y Sala IV "Macnet SA c/D.G.A.", 13/09/2005).

En el caso la Aduana es quien ajusta el valor por considerarlo menor al de mercado y no debe ser como argumenta, una carga impuesta al importador, ya que el hecho que el importador no aporte elementos justificativos del precio pagado por la operación, no autoriza, sin más, a apartarlo, ni releva a la autoridad aduanera de aplicar los métodos valorativos subsidiarios en forma correcta (Cons. IV).
Honorarios, juicio de desalojo, base, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTROVINCI SALVADOR c/ LUJAN MARIO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-06-07

Los jueces tienen el deber de regular honorarios cuando media solicitud y existe base económica (art. 25 Ley 8226), y no pueden sustraerse al cumplimiento de esa obligación supeditando la regulación a la realización previa de trámites superfluos o innecesarios, postergando "sine die" la efectivización de los derechos del profesional, dilación que no es sino una manera de conculcarlos sin justificativo alguno.

Si el contrato de locación obra en el expediente y del mismo surge el precio de los alquileres, teniendo en mira lo prescripto por los arts. 64 y 79 de la Ley 8226, bastan simples operaciones aritméticas para determinar la base y practicar la regulación de honorarios sin necesidad de ninguna liquidación o planilla que, en virtud de las mismas normas, devienen del todo innecesarias.-
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, medidas provisionales, desaparecidos, torturas, medidas urgentes, medidas de seguridad y protección, REPÚBLICA ARGENTINA, deber de esclarecimiento, jurisprudencia vinculante, deber de obrar con prudencia, Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto Millacura Llaipén y otros s/ medidas provisionales respecto de Argentina
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2008-02-06

Debe el Estado Argentino realizar todas las gestiones pertinentes para que las medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana con fecha 6 de julio de 2006, se brinden de manera urgente, diligente y efectiva, a fin de proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios -en el caso en que investiga la presunta responsabilidad internacional de agentes pertenecientes a dicho Estado, por las torturas que habría padecido mientras estaba detenido e incomunicado quien aún está desaparecido-, debiendo realizar una evaluación sobre la situación de riesgo de cada uno de ellos e informar al Tribunal cuáles son las medidas específicas que en atención al riesgo verificado para cada caso, está implementando, en atención al carácter obligatorio que, en los términos del artículo 63 de la Convención Americana, tiene la adopción por parte del Estado, de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal.
Aportes societarios, impuestos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SA ANGEL CASSANELLO LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCIÓN.    CSJ EXPTE NRO 98-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-03-07

Los aportes sociales exigidos por la ley 5110, "carecen por completo de puntos de contacto" con las contribuciones aludidas por el artículo 4 Constitución Nacional.
Facultades del juez, Ministerio Público Fiscal, control de razonabilidad, Poder Judicial, código procesal penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RAMOS, N. c/  s/ Nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-09

Las relaciones del Ministerio Público Fiscal con el Poder Judicial son regladas por el Código Procesal Penal mediante las reglas de control sobre la actividad del ministerio público que él instituye y el poder de decisión de los jueces, por lo que siempre los tribunales penales operan como autoridades de control del
Competencia por la materia, protección de la flora y fauna silvestre
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Gazzolo, José s/ Contrabando
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Las infracciones a la ley de protección y conservación de la fauna silvestre Nro. 22.421, comprobadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, deben ser investigadas por la justicia común.

Corresponde remitir las actuaciones a la justicia competente, aunque no haya sido parte en la contienda.
Remuneración, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Devatanian, Susana c/ Segurado, Adán Néstor s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-11-30

El art. 39, segunda parte de la ley 11.653 invierte la carga de la prueba cuando lo que se discute en el litigio es el monto y cobro de las remuneraciones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Indemnización por accidente de trabajo, costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: LABORAL
Carátula: Flores, Germán Emilio c/ Minera Mantos Blancos S.R.L. y otra s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-06-18

Debe respetarse el principio de intangibilidad de las indemnizaciones en los accidentes de trabajo y que las costas, por imperio del art.

68 C.P.C.Ch., deben imponerse a la demandada, aunque la demanda no prospere sino en parte.
Acción de amparo, recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Perez Molet, Julio César s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-28

Si bien el art. 22 de la ley nro. 2145 establece la extensión acordada al derecho de apelar las decisiones recaídas en los procesos de amparo ante este Tribunal, el esquema adoptado por la ley 402 no fue modificado, en tanto dicho precepto mantiene la exigencia de que el recurso de inconstitucionalidad se dirija a cuestionar sentencias definitivas. (Voto del Dr. Luis F. Lozano, al que adhiere el Dr. Julio B. J. Maier).
Indemnización por despido, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: CHAVEZ, JOSE c/ ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-09

Si no hay pruebas sobre la existencia de un acto ilícito adicional al despido, no se justifica la reparación supletoria que bajo la nominación de daño moral se solicitó en la demanda, en tanto la indemnización prevista por el art. 245 de la LCT constituye una reparación tarifada e integral del despido inmotivado.
Garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, inamovilidad de los jueces, independencia del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSeS s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

La intangibilidad de las remuneraciones de los jueces consagrada en el texto constitucional es garantía de la independencia del Poder Judicial, de manera que debe ser considerada juntamente con la de inamovilidad, como recaudo de funcionamiento de uno de los poderes del Estado (Voto de los Dres. Juan Carlos Poclava Lafuente y Jorge Ferro).
Recursos, excesos u omisiones en el pronunciamiento, jurisdicción, impugnación del acto administrativo, recurso de inconstitucionalidad, queja por recurso denegado
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Covimet S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-02

Corresponde revocar la sentencia que reconoció una indemnización a la contratista, en tanto no resulta posible reconocer una indemnización fundada en el propio contrato si así no había sido peticionado en términos claros y positivos en la demanda (cfr. arts. 269, inc. 8, y 145, inc. 6 del CCAyT). La Cámara ha decidido una pretensión que no fue planteada en la demanda (cfr. art. 145, inc. 6 del CCAyT). (Del voto del juez Santiago Otamendi). "Covimet S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido y recurso de inconstitucionalidad parcialmente concedido" y su acumulado expte. n° 14490/17
Impuestos, confiscatoriedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ Municipalidad de General San Martín s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-28

Las impugnaciones basadas en la cuantía del gravamen sólo deben acogerse en caso de que se demuestre que el mismo, en su aplicación al volumen o giro patrimonial del contribuyente, resulta prohibitivo, destructivo o confiscatorio.
Demanda laboral, examen previo de la demanda, interpretación de la ley, recurso de apelación (procesal), privación de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: BROTTO, CARLOS c/ O.N.I.P. ODONTOLOGIA NORDI INTEGRAL PRIVADA S.A. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-24

La inapelabilidad establecida en la última parte del art. 67 L.O. y referida a la decisión dictada cuando existen defectos de forma, omisiones o imprecisiones se refiere al supuesto en que la intimación fue desoída. Pero cuando las aclaraciones fueron efectuadas y son consideradas insuficientes por el tribunal corresponde hacer lugar al recurso de apelación (art. 105 inc. h de la L.O.) pues de lo contrario se podría llegar a configurar una verdadera privación de justicia.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, acción cambiaria, pagaré, inhabilidad de título, sentencia, fundamentos suficientes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GIANNONE, JORGE A. c/ RINALDI, GUSTAVO S. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-11-03

Corresponde rechazar la queja desde que -estando discutido en autos la adulteración del documento que pretende ejecutarse -inhabilidad del título y falsedad material-, el tribunal A quo no hizo más que aplicar la norma que entendió adecuada a la situación controvertida en autos, no excediendo por ello su jurisdicción. Por otra parte y, en punto a la crítica invocada relativa a la omisión de contemplar u otorgar efecto alguno a la mala fe del acreedor que adulteró voluntariamente el pagaré a ejecutar, tampoco ha de tener acogida toda vez que la afirmación sostenida por la Cámara al expresar que la norma aplicada -artículo 88, Decreto-ley 5965/63 (en tanto dispone que "Si no resultase del título o no se demostrase que la firma fuese puesta antes o después de la alteración, se presume que ha sido puesta antes")- "...rige cualquier cambio, lícito o ilícito, no distinguiendo entre ellos", no fue desvirtuada por el quejoso con argumentos idóneos a tal fin, por lo que carece de entidad para lograr la apertura del presente recurso extraordinario. (De la Ampliación de Fundamentos de los Dres. Erbetta, Gastaldi y Netri)
Tributos, concesión de obra pública, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Sehos S.A. c/ D.G.R. s/ Recurso de apelación judicial judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-27

En el caso, se debe determinar si las tareas de mantenimiento, refacción o reparación constituyen una actividad encuadrable en el rubro construcción y, en consecuencia, resultan exentas de tributar el impuesto a los ingresos brutos o deben hacerlo a una alícuota diferenciada -según el período fiscal de que se trate- o si, por el contrario, constituyen una actividad diferente y deberían gravarse con la alícuota general. Para ello, hace falta dilucidar el alcance y sentido que corresponde asignar a la expresión "construcción".

De conformidad con el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe atenderse al uso común del término y, a tal efecto, resulta pertinente recurrir a la definición receptada en el Diccionario de la Lengua Castellana. Así, según la Real Academia Española, construir significa "fabricar, edificar, hacer de nueva planta una obra de arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra pública". A su vez, por mantenimiento se entiende "conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando correctamente", refaccionar significa "restaurar o reparar especialmente hablando de edificios" y, finalmente, reparar es definido como "arreglar una cosa rota o estropeada".	Es decir, que de acuerdo al uso común que corresponde asignar al término construcción, no resulta posible sostener que las actividades de mantenimiento, refacción o reparación -que no implican una nueva obra sino tan sólo conservar o restaurar una obra preexistente- se encuentran comprendidas dentro de su significado, toda vez que ambos conceptos denotan la ejecución de actividades materialmente diferentes.
Régimen penal de la minoridad, menores, prisión preventiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: HERMOSILLA, Lionel y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-09

El art. 41 "quater" del C.P. resulta aplicable a las personas de 18 años o más que cometan un ilícito con la intervención de otra que no haya cumplido esa edad al momento del hecho, circunstancia que se verifica si los imputados contaban con 19 y 18 años de edad .

Ello surge de los antecedentes parlamentarios que precedieran a la sancióndela ley 25.767, en los cuales los legisladores se refirieron a las personas "de 18 años o más que delinquieren conla intervención de un menor que no ha cumplido 18 años".

Para la ley es a partir de esa edad que se adquiere la plena capacidad de imputabilidad penal .

Laverificacióndelrol ejecutivo del menor en el suceso pesquisado, satisface la aplicación de la agravante, en modo alguno condicionada a la acreditación de especiales intenciones de los actores "mayores", tales como descargar responsabilidad en ellos, sobre las cuales el texto legal ninguna referencia formula.

La penalidad prevista por el concurso de delitos en orden a los cuales fueran procesados los imputados, agravada un tercio en su mínimo y su máximo por la intervención de menores de edad, impide que de recaer condena, su cumplimiento pueda ser dejado en suspenso, lo que conforma una presunción legal de fuga (peligro procesal) respecto de los procesados en los términos del art. 319 del C.P.P.N. La amenaza de una pena de efectivo cumplimiento es una pauta relevante para presumir que los imputados, de recuperar su libertad,intentaránfugarydeesemodoevitar su encarcelamiento. La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son factores a tener en cuenta cuando se evalúa la posibilidad de que eluda la acción de la justicia -si bien no son suficientes, luego de cierto plazo, para sustentar la continuidad de la prisión preventiva .

Por ello, corresponde revocar el auto que revoca por contrario imperio la prisión preventiva del imputado, y disponer su dictado.
Procedimiento laboral, incidentes, caducidad de instancia, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Asecan S.A. s/ Caducidad de instancia
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-05-05

Lo dispuesto en el Art. 44 del C.P.L., resuelve la cuestión en relación a las normas de aplicación respecto de la caducidad de instancia, en cuanto expresamente ordena: "Las tercerías de dominio..." se sustanciar n con el embargante y el embargado por el trámite fijados en los Arts. 59 y siguientes". La norma manda aplicar.
Aplicación de la ley tributaria, control de constitucionalidad, derecho de propiedad, prueba, prueba pericial, pericia contable, perito de parte, impugnación de la pericia
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Cafés La Virginia SA. c/ Dirección General Impositiva s/ demanda de repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-03

Quien tacha de inconstitucional a una norma tributaria aduciendo que afecta su derecho de propiedad debe probar de modo concluyente la forma como tal afectación ha tenido lugar.

No constituye prueba idónea para demostrar la existencia de una lesión al derecho constitucional de propiedad, la pericia contable que sólo traduce el resultado de un cálculo efectuado sobre la base de la posición sustentada por el demandante y de las premisas sostenida por éste y que fue impugnada por el consultor técnico de la demandada por entender que se comparaban cifras determinadas con distintos criterios impositivos.
Personal de casas particulares, despido verbal, prueba, carga
Materia: LABORAL
Carátula: Cabrera Alfredo Hugo c/ Diez Vda. de Capell Elisa María y/o Capell Fernando Gonzalo M. s/ Indemnización por antigüedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-05-31

Procede el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada doliéndose porque el a-quo consideró que se produjo despido verbal sin causa. Ello así, ya que de los hechos probados de la causa art. 355 del Código procesal civil y comercial no surge acreditado el despido verbal y si se encuentra probado que el trabajador, atento a los términos de la Carta Documento, hace caso omiso de la respuesta oportuna de la empleadora e intimación para que cumpla con su prestación, con el pretexto de un supuesto despido verbal incausado, incumpliendo con el deber genérico de buena fe inherente a toda relación laboral.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, servicio público, registro de la propiedad inmueble, error registral, responsabilidad del funcionario público, responsabilidad del Estado, responsabilidad objetiva, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Terrabón SACIFIA. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Tratándose de la prestación del servicio publico de registración dominial de bienes, la responsabilidad civil por inexactitudes registrales se asienta, respecto del funcionario registrador, en lo dispuesto por el art. 1112 del Código Civil cuando ha actuado "en ejercicio de sus funciones", y respecto del Estado organizador del registro, en lo establecido por los arts. 43 y 1113 del mismo cuerpo legal (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Juicio por jurados, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Aref, Vanesa Anahí; Bertolano, Braian Nicolás y Morales Ives Nicolás  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-12-22

No todo ocultamiento de información por parte de un potencial jurado conduce automáticamente a la conclusión de su falta de imparcial.
Sociedades comerciales, impugnación de decisión asamblearia, nulidad absoluta
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHEMTON S.A. c/ Agrofrut Oeste S.A. y Otro s/ Nulidad de Asamblea de Fecha 13-02-08
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-11-10

La norma del artículo 251 de la ley de sociedades comerciales abarca un amplio campo de irregularidades que van desde un vicio subsanable que implica anulabilidad, hasta la nulidad absoluta cuando se afecten normas de orden público o derechos de los accionistas, sujetas al plazo de caducidad que el artículo establece. No se trata de un castigo a la inercia del titular del derecho durante cierto tiempo, sino de una limitación de orden temporal para el ejercicio de un derecho, establecida por razones de conveniencia para el interés general.

El plazo de caducidad de la impugnación que prevé la norma citada, no es aplicable en el caso de nulidad absoluta de la decisión asamblearia.
Contrato de trabajo, empleo público, cesación de servicios, aplicación de la ley laboral, orden público laboral, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: POUSA  RODOLFO  ERNESTO c/ SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOSS.E. Y OTRO S/ s/ EY 12.908.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

El decreto 25/02 dictado por el PEN (B.O. 1/1/02) no puede vulnerar derechos consagrados a los trabajadores por las leyes laborales, que son de orden público y de mayor jerarquía normativa (arts. 7, 12, 14 de la LCT, 31 CN), por lo que el cese de funciones establecido por el citado decreto no exime a la empleadora (sea cual fuere su naturaleza) del pago de las indemnizaciones contempladas en le LCT. Para más, en el caso, al tratarse de un personal jerárquico del Sistema Nacional de Medios Públicos SE, debe recordarse que el decreto 94/01 (B.O.

25/1/01) , al crear dicho ente dispuso expresamente que "...

respecto a las relaciones laborales, la sociedad se regirá de acuerdo al régimen legal establecido por la ley 20744 y sus modificatorias o la que en el futuro las sustituya (Anexo II, Estatuto Social, Título I, art. 1).
Docentes, antigüedad, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ROLANDO, VIVIANA MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-21

La Constitución no considera que establecer un mismo punto de partida es sinónimo de igualdad, sino que -por el contrario- el Estado debe tomar medidas de acción positivas e igualadoras a fin de cumplir con la manda establecida en el artículo 75, inciso 23 de la Carta Magna; y así, dado que los docentes del sector público ingresan conforme las pautas impuestas por la ley 8927 basadas en complejos y exigentes sistemas de prueba de la idoneidad (como son los concursos, base sobre la cual se constituyen los escalafones) y los del sector privado rigen su ingreso -mayormente- por la libre elección del propietario del establecimiento (sin otro mayor requisito que el título habilitante) según surge de la ley que los rige, esto es, la 6427 y demás normas que regulan el ingreso al sector educativo privado, el Ministerio de Educación le haría un flaco favor al derecho a la igualdad si no tendiera a reparar las diferencias propias del sistema. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 8927. - Jurisprudencia Concordante con Burggi, AyS T 284, p 63/73; y Saez, AyS T 284, p 281/294.