Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03


RUIZ, Raúl Adolfo contra MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME Reg.: A y S t 208 p 383-385. Santa Fe, 3 de agosto del año 2.005.

VISTOS: los autos "RUIZ, Raúl Adolfo contra MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMÉ - R.C.A.P.J.- (Expte. 293/92) sobre INCIDENTE DE APREMIO POR HONORARIOS" (Expte. C.S.J. nro. 112, año 2005); y, CONSIDERANDO: El perito médico Miguel Angel Domínguez Matheu, por apoderado, inicia demanda de apremio por cobro de la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos Diez ($ 2.610), intereses y costas, contra Raúl Adolfo Ruiz y la Municipalidad de Santo Tomé.

Dijo que el importe reclamado se origina en la regulación de sus honorarios profesionales, auto que se encuentra firme, por lo que ha quedado expedita la vía del apremio. Acompaña las copias que hacen a la integridad de su título.

2. Citados de remate los demandados (f. 6), el coaccionado Ruiz opuso excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda e inhabilidad de título.

Respecto de la primera, adujo que se demandó solidariamente el monto total exigido sin que se expresen las razones o fundamentos que eventualmente darían sustento a la pretensión de que se vea obligado a cancelar la deuda en forma completa. Citó doctrina en sustento de su postura y sostuvo que también resulta procedente esta excepción por inobservancia de las exigencias contenidas por el artículo 507 del Código de rito al no haberse integrado la demanda con la sentencia y el auto o liquidación aprobada.

En esta temática, consideró que se encuentra impedido de saber porqué razón se le reclama la totalidad de los honorarios del perito cuando en la sentencia fue condenado a pagar sólo el 10% de los gastos causídicos. Aseveró que el ejecutante genera incertidumbre en relación a la vía escogida porque si bien se refiere al apremio luego lo funda en lo dispuesto por el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial.

En cuanto a la restante excepción, expresó que el actor carece de título hábil para reclamarle el total de sus honorarios y que el auto regulatorio debe integrarse necesariamente con la sentencia recaída en el principal y con la liquidación aprobada, y que sólo es deudor de las costas judiciales en la medida establecida en el decisorio.

Por su parte, la Municipalidad de Santo Tomó no interpuso excepción alguna, pese a estar debidamente notificada (f. 10).

3. Corrido traslado de las defensas esgrimidas, el ejecutante solicitó su rechazo, con costas (fs. 21/24). 4. Las defensas opuestas por el codemandado Ruiz no pueden prosperar.

Como lo ha sostenido este Tribunal, la excepción de defecto legal está prevista a efectos de "evitar que el demandado se encuentre en estado de incertidumbre o duda que le impida contestar eficazmente la demanda, menoscabando de tal modo su derecho de defensa" (A. y S., T. 99, pág. 260), pero también se expresó allí que la jurisprudencia la ha reducido a sus justos límites, entendiéndose que procede sólo cuando la demanda, por su forma o contenido, no se ajusta a los requisitos o solemnidades que prescribe la ley.

En consecuencia, para que ella resulte admisible, es necesario que el defecto le impida saber quién demanda o a quién se demanda (A. y S., T. 67, pág. 123) o coloque a la contraria en la imposibilidad de llegar al conocimiento cabal de lo reclamado o expuesto por el actor (A. y S., T. 57, pág. 237). En la especie, los términos de la demanda no impiden a la excepcionante colegir: quién la demanda (Domínguez Matheu); qué le demanda (la suma ut supra mencionada) y por qué se la demanda (honorarios regulados en los principales).

Y si el fundamento del artículo deducido radica en el porqué del reclamo de la totalidad de los honorarios regulados, igualmente debe desestimarse por cuanto, como ya lo ha expresado esta Corte en la causa "Leno" (A. y S., T. 193, pág. 132), en idéntica dirección a lo sostenido reiteradamente por el Máximo Tribunal nacional, "el perito designado de oficio, con prescindencia del resultado del litigio y de la condena en costas, puede perseguir el cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes, sin perjuicio del derecho de repetición que pudiere corresponder" (Fallos 321:532; 323:2916; entre muchos otros).

Más aún, tampoco podría el ejecutado basarse en lo dispuesto por el artículo 198 del Código de rito local (supl. aplic., art. 23, ley 4106) por cuanto ha sido él quien ofreció la prueba pericial que generó los emolumentos que se reclaman por esta vía (ver "Aguilar", A. y S., T. 199, pág. 214).

Por lo demás, la alegada incertidumbre respecto de cuál ha sido la vía escogida por el ejecutante también debe rechazarse apenas se advierta que los términos de la oposición intentada por la excepcionante conforman un indicio grave de que no se ha violado su derecho de defensa (crit. de "Perez Carmona", A. y S., T. 177, pág. 331).

En lo que respecta a la excepción de inhabilidad de título, cabe señalar que en el precedente "Acastello" (A. y S., T. 176, pág. 476) se sostuvo "que la excepción de inhabilidad de título refiere exclusivamente a las formas extrínsecas del mismo, vale decir, a todos los casos en los cuales falta alguno de los requisitos formales del instrumento." "Recordó que, sin embargo, con un criterio amplio, doctrina y jurisprudencia han admitido que comprende también los casos en los que falta alguno de sus presupuestos: legitimación sustancial (activa o pasiva); causa lícita; objeto cierto y determinado; plazo vencido; y obligación pura o condición cumplida.

En una palabra, cuando no existe título que habilite a usar la vía procesal ejecutiva; considerándose desde este punto de vista todas aquellas impugnaciones de las que pueda surgir su ineficacia, de modo tal que pueda paralizarse la fuerza ejecutiva del mismo." En el sub júdice, del análisis del contenido de la excepción interpuesta se desprende que el ejecutado acusa deficiencias en el título mismo, no obstante lo cual, su postura no puede prosperar.

Efectivamente, se advierte que el actor pretende ejecutar por esta vía honorarios profesionales, y en ese aspecto existe certeza de que cuenta con título hábil, desde que el auto regulatorio de los mismos en el expediente principal se encuentra firme y consentido por el excepcionante (A. y S., T. 93, pág. 137).

En este sentido, "echa de verse que el nombrado realiza una interpretación arbitrariamente parcializada de lo dispuesto por el artículo 507 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia que, alternativamente, permite integrar la demanda con la sentencia, liquidación o auto aprobado, siendo esta última circunstancia la que se presenta en la especie" ("Acastello", cit.).

Por lo tanto, y trayendo a este punto lo ya expuesto respecto de la posibilidad que tiene el experto designado de oficio para perseguir el cobro de sus emolumentos profesionales, corresponde desestimar la excepción articulada al configurarse uno de los supuestos exigidos por la norma citada ut supra para la procedencia de la vía del apremio.

5. Ahora bien, aún a falta de oposición de excepción legítima alguna, la ejecución intentada contra la Municipalidad de Santo Tomé no puede prosperar. En efecto, como se evaluara en autos "Aguilar" (cit.), "obsta a la ejecución pretendida la inexistencia de deuda exigible a tenor de lo dispuesto por esta Corte en las causas 'Tuljak' (A. y S., T. 189, pág. 13) y 'Cáceres' (A. y S., T. 189, pág. 18), entre otras, en las que consideró y decidió el modo en que deben ejecutarse las sentencias de condena contra el Estado." En consecuencia, en honor a la brevedad, corresponde remitirse -mutatis mutandi- a los fundamentos allí expuestos, para adoptar para el punto idéntica resolución. Por todo lo expuesto, y lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 4106, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la demanda de apremio intentada contra la Municipalidad de Santo Tomé, con costas al actor.

Desestimar las excepciones articuladas por Raúl Adolfo Ruiz y, en consecuencia, ordenar llevar adelante la ejecución, con costas, hasta que la ejecutante se haga íntegro cobro del capital reclamado, con más sus intereses calculados de conformidad a lo dispuesto en el decreto 941/91, desde la mora y hasta el momento de su efectivo pago. Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)