Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-24


Comodoro Rivadavia, de abril de 2013.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados "R., M. L. s/ Homologación de convenio", Expte. N°97/2013, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Familia N°2 (Expte. N°244/2008).

Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal, por haber interpuesto la Sra. R., recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución de fs. 258 por la que se mantienen las costas por su orden, conforme decreto de fs. 9/10, rechazado el primer recurso, se eleva a este Cuerpo para tratamiento de la apelación subsidiaria.

Asimismo, a fs. 263, recurren las Dras. E. M. G. y G. E. M., en representación de la parte actora, la resolución de fs. 258 por considerar los honorarios allí regulados bajos conforme los argumentos que exponen.

Se agravia la Sra. R. por la imposición de costas, por cuanto entiende que debe primar el principio objetivo de la derrota y ser a cargo del Sr. U., alimentante en autos. Manifiesta que lo contrario vulnera su derecho de propiedad y resulta injusto.

II.- Las presentes actuaciones se originan en un pedido de homologación del acta de avenimiento celebrada ante la Asesoría de Familia e Incapaces de esta ciudad. En la resolución homologatoria, la juez a quo dispuso que las costas fueran soportadas por su orden, procediendo a regular los honorarios del letrado apoderado de la Sra. R.

Homologado el acuerdo, a fs. 16 la Sra. R. denunció el incumplimiento de parte del alimentista a la cuota alimentaria acordada y pidió el libramiento de sendos oficios, lo que así fue dispuesto por la juez a quo.

A fs. 206, la Sra. R. practica liquidación del crédito por alimentos que se ha devengado y corrido el traslado de ley, a fs. 230 se aprueba la liquidación y se dispone que la ejecución deberá tramitarse por la vía judicial correspondiente.

Así a fs. 257 se pide regulación de honorarios, lo que es resuelto a fs. 258.

III.- Se ha dicho, como principio general, que, en un proceso por alimentos, admitir siempre el criterio de costas al vencido (en el caso la parte alimentada), significaría hacer caer los gastos sobre las cuotas, lo que se encuentra en pugna con la naturaleza y finalidad del instituto (conf. SALA Nº 4 Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Resistencia, 25-8-1994, "Wasser Teresa Edith c/ Amaro Enrique González Gold s/ Modificación Cuota Alimentaria") y que "La circunstancia de haberse llegado a un convenio homologado judicialmente en el juicio de alimentos, no es óbice para que las costas del mismo sean a cargo del alimentante, ya que de admitirse la solución contraria, se haría incidir el importe de las mismas sobre las prestaciones alimentarias, desvirtuándose así la finalidad que persigue la obligación de que se trata (Primera Cámara Civil de Mendoza en pleno, en autos "Marzetti De García, Silvia C/ Salvador García S/ Alimentos" 12/7/88).

Si bien en otros pronunciamientos donde no ha habido controversia entre las partes, ni calidad de vencedor y vencido, esta Sala ha dejado de lado este principio de costas al alimentante, en el caso bajo estudio, surge aplicable el principio antes enunciado, por cuanto el acuerdo al que arribaran las partes, no ha sido cumplido por el alimentista, obligando a la Sra. R. a efectuar todas las diligencias judiciales de que dan cuenta las actuaciones de autos, a fin de conformar la deuda que éste mantiene. Y ello así, aún cuando el alimentista no ha tomado participación en autos, ni generado controversia, sin embargo, reiteramos, su incumplimiento ha generado las actuaciones judiciales llevadas a cabo desde fs. 17, razón suficiente para imponerle las costas, conforme el principio antes detallado.

En efecto, este Tribunal, en oportunidad de expedirse al respecto, ha dispuesto que el postulado que impone las costas al alimentista, no es absoluto, sino que reconoce evidentes atemperaciones cuando así lo aconseja la justicia del caso, y consecuentemente, el Juez o Tribunal podría establecerlas por su orden en razón de las particularidades de la causa y las constancias de la misma, siendo viable apartarse de aquella tesis cuando no ha existido controversia alguna entre las partes, ni incumplimientos denunciados por los beneficiarios de la cuota alimentaria.

Sin embargo, ante el incumplimiento del Sr. U., no corresponde apartarse del principio rector, haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto subsidiariamente, modificándose la imposición de costas, que serán soportadas por el Sr. U.

IV.- Reiteradamente esta Sala ha sostenido que ".el Tribunal Ad-quem es el Juez del recurso y él determina en definitiva su admisibilidad, formas y efectos, mientras no se haya consentido la sentencia o la denegatoria del recurso. La competencia de Alzada es de orden público y las prescripciones del Código de Procedimientos sobre el régimen de los recursos, imperativos porque se vinculan a la estructura de los procesos y la naturaleza de los tipos de resolución judicial ." (Colombo, "Cód.Proc.Civ., 4ta.Ed.act., T.I, pág. 451, art. 276) y ".la Alzada, como Juez del recurso de apelación, puede rever la tramitación dada a éste en el Juzgado A-quo ." (Cám.Nac.Civ., Sala A, 20-12-68, L.L. 136, pág.1087, 22.246-S; y 3-6-69, E.D. 29, pág.468).

Tal análisis de admisibilidad del recurso de apelación se cumple en dos momentos: existe un contralor provisorio que realiza el juez de primer grado, para decidir si lo concede o no, y un control definitivo que realiza la Cámara de Apelaciones. En este último caso, la Cámara puede revisar oficiosamente o a pedido de parte la concesión aludida.

Las recurrentes han actuado en autos en representación de la parte actora, habiendo sido investidas del apoderamiento especial previsto en el art. 48 del CPr. DJ -ver fs. 89-.

Ahora bien, el recurso interpuesto a fs. 263 por la parte actora ha sido mal concedido, por cuanto al interponerlo las letradas han invocado "por la participación en autos", es decir por la representación de la parte actora que les fuera concedida a fs. 264.

Es que la facultad de interponer el recurso de apelación corresponde a quien tenga interés personal, es decir, por la titularidad del derecho que se intenta preservar a través de la interposición del recurso. "En el supuesto del auto regulatorio, pueden tener interés el profesional a cuyo favor de regularon los honorarios, y la parte que debería abonarlos" (Teoría y Práctica de la regulación de honorarios - Jorge E. Beade -Editorial Cathedra página 134), lo que no es caso bajo análisis.

Así, constituye requisito elemental para la procedencia del recurso de apelación que la resolución cuestionada ocasione un agravio o gravamen personal, que no pueda ser subsanado en la sentencia definitiva, y evidentemente, ningún interés le asiste a la parte en agraviarse y pedir aumento de los honorarios regulados a sus abogadas.

Es que, el límite objetivo del conocimiento de la Alzada está dado por la existencia del agravio o interés jurídico, correspondiendo -por lo tanto- declarar mal concedido el recurso.

V.- Las costas de la Alzada se imponen en el orden causado por no existir controversia (arts. 69 y 71 del CPr.). En cuanto a los honorarios de esta instancia, para su determinación se ponderará el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada los porcentuales previstos por el régimen arancelario citado.

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 261/262, y modificar la imposición de costas de la resolución de fs. 258, estableciendo las mismas a cargo del Sr. R. U.

2) Declarar mal concedido a fs. 264 el recurso de apelación interpuesto a fs. 263 y confirmar lo resuelto por la a-quo a fs. 258 3) Las costas de la Alzada se imponen en el orden causado. Regúlanse los honorarios profesionales correspondientes por los trabajos realizados en la Alzada a la Dra. E. M. G. y G. E. M., conjuntamente, en el treinta por ciento (30%) de los regulados en la instancia de grado.

4) Regístrese, notifíquese, devuélvase.