Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2008-04-22


Formosa, abril 22 de 2008.

La doctora Arminda del Carmen Colman dijo:

I. Que en la oportunidad procesal pertinente vengo a emitir mi voto respecto al recurso de casación presentado por la defensa particular del señor V. E. L. contra el fallo Nº 4.696 - Tomo 2007 perteneciente a la Excma. Cámara Segunda en lo Criminal y que lo condenara a la pena de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo al de la condena por hallarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por el vínculo, reiterado dos veces -tres hechos-, en concurso real (artículos 119 último párrafo y 55 del Código Penal).

Que el mentado recurso fue concedido por la Excma. Cámara Segunda en lo Criminal mediante fallo Nº 4737-Tomo 2007 por la causal prevista en el artículo 422 inciso 2º del Código Procesal Penal, confirmando dicha concesión este Excmo. Tribunal de Casación por fallo Nº 2799-Tomo 2007.

Que en fecha tres de abril de dos mil ocho con la presencia ante este Tribunal del señor Procurador General, del señor Defensor Particular de L. y de la señora Asesora de Menores e Incapaces de Cámara, se llevó adelante la Audiencia prevista en el artículo 433 del Código Procesal Penal.

II. Que la Defensa postula como agravios contra el fallo impugnado los siguientes: a) que la sentencia padece de una fundamentación inexistente al apoyarse en elementos probatorios insuficientes para acreditar el ilícito imputado a L., llegando a realizar una apreciación arbitraria de la prueba al valorar en contra del imputado las declaraciones de testigos de "oídas"; b) que la sentencia se sirve de prueba obtenida en forma ilegal violentando el principio de oralidad al incorporarse por lectura declaraciones recogidas en sede instructoria, desdeñando infundadamente la obtenida en el debate; en tal orden de ideas también impugna los informes de fs. 27/28 y 58 por haber sido incorporados a la instrucción en abierta violación a la garantía del debido proceso al ser producidos en un Juzgado distinto al que ordenó la medida y bajo la supervisión de un magistrado de otro fuero, contradiciendo lo mandado por el artículo 227 bis del Código Procesal Penal; c) que la Juez del Primer voto, y por ende los restantes que se adhieren a ella, realizan una interpretación arbitraria de los dichos de la menor M. E. L. asignándole a sus palabras significaciones que las mismas no tuvieron y atribuyendo a la testigo expresiones que no formuló, mostrando con ello la insuficiencia de dicho testimonio; d) que en el fallo los jueces niegan arbitrariamente la posición del imputado, violando francamente el principio de inocencia al no dar razón suficiente para dicha negación, evidenciando así su parcial visión del proceso; e) finalmente, entiende la Defensa que en el fallo impugnado falta la mayoría racional y jurídicamente valida de votos para conformar un sentencia legal evidenciando ausencia de deliberación, actuando más como un tribunal unipersonal que como uno colegiado.

Que por dichos motivos, la Defensa de L. peticiona se case el fallo impugnado absolviendo al mismo del delito que se le acusa; subsidiariamente solicita se dicte la nulidad de la sentencia impugnada y se mande llevar adelante un nuevo juicio conforme a derecho.

III. Que al momento de su intervención el señor Procurador General, luego de contestar y rechazar cada uno de los agravios de la defensa, solicitó el rechazo del recurso de casación incoado por L. y la confirmación del fallo Nº 4696 - Tomo 2007 de la Excma. Cámara Segunda en lo Criminal, argumentos y peticiones que, por compartirse, reitera la señora Asesora de Menores de Cámara.

IV.1. Que puestos en la labor de dar respuesta a los agravios de la Defensa seguiremos en tal cometido el mismo orden que ella propusiera y que respetaran los representantes del Ministerio Público al momento de la Audiencia de Informes.

IV.2. Que en primer lugar la Defensa se agravia indicando que no hay verdadera acreditación de la autoría material de L. en los hechos de abuso sexual por los que se lo condenara y que el Tribunal de Juicio llega a una sentencia de culpabilidad descalificando los dichos del mismo y dándole desmedida importancia a los testimonios rendidos en autos (se cita a la licenciada H., a la doctora S. y a la señora M. E. V.) atento a que los mismos son de orden indirecto, de segundo grado, "de oídas", y sólo cuentan lo que les contaron.

El Procurador General rechaza este agravio por entender que no hay obstáculo legal para la aceptación de este tipo de pruebas. Máxime cuando las personas aludidas en dichas declaraciones declaran al momento del debate (menciona la circunstancia de que los menores involucrados han ratificado sus declaraciones), que los "testigos de oídas" también deponen sobre hechos a los que accedieron en forma directa y que corroboran o refuerzan sus otras declaraciones y las de los menores (cita el caso de la médica S.) y que dichas declaraciones no son las únicas y exclusivas pruebas de cargo en las que se basa el Tribunal para condenar a L..

Que cotejado que fuera el expediente debemos concluir que asiste razón en este punto al señor Procurador General. Los testimonios de segundo grado no es que no valen sino que su poder convictivo depende siempre del sostén que les puedan brindar otros medios probatorios incorporados a autos. Como adelantara el representante del Ministerio Fiscal, los testimonios que critica la Defensa fueron corroborados por los dichos de los menores, amén de ilustrar los momentos inmediatos en que la madre de las menores acusa la información de que sus hijos fueron abusados por su pareja, y la reacción de éste cuando Valdez iba a proceder a la denuncia de los hechos.

Que asimismo el fallo impugnado expone que amen de estos testimonios, el Tribunal de Juicio también se valió para formar su convicción en: a) el informe médico de fs. 22 de la médica M. P. -el que fuera explicado en debate por la misma; b) más de diez testimoniales (entre las que hay que destacar, aparte de las nombradas, a S. D. O.); c) en el informe psiquiátrico de fs. 80; d) en los informes psicológicos de fs. 27/28 y 58 (más allá de las criticas que le merecen a la Defensa estos informes y que se abordarán más adelante); e) actas de inspección ocular; f) informes socio-ambientales; g) acta de careo; etcétera. Es decir que no fueron sólo los testimonios de S., H. y V., más allá de su contundencia, los que estuvieron en consideración de los señores jueces para condenar a L.; la lectura de la sentencia impugnada es una cabal muestra de cómo, en ejercicio de la sana critica racional, los magistrados extraen consecuencias lógicas de los hechos acaecidos en autos y le dan el correcto sentido e interpretación que la experiencia y las ciencias indican. Interpretación con la que -claro está- discrepa la Defensa, pero no antes de reconocer las circunstancias de tiempo y lugar que indicara en su momento la menor abusada.

Que en el fallo atacado no se vislumbra un intento de socavar arbitrariamente las posiciones defensistas de L. o, como señala en otra parte de su escrito casatorio, rechazar sin razón suficiente la versión del imputado. Los testimonios ofrecidos por su parte son debidamente considerados y correctamente desechados por el Tribunal de Juicio en el análisis global de las pruebas, donde terminan por inclinar la balanza las pruebas de cargo atento su contundencia, claramente evidenciada por el razonamiento de la Juez Z.

Que por todo ello, y no evidenciándose en este punto una violación a las reglas de la sana critica racional en el modo de valorar las pruebas se impone el rechazo del presente agravio de la Defensa.

IV.3. Que a continuación la Defensa critica los informes de la licenciada en Psicología S. A. de P. de fs. 27/28 y 58, y lo hace desde una doble vertiente.

IV.3.1. En primer lugar dice que con la consideración de dichos informes en la sentencia lo que se hace es violar el principio de oralidad del proceso penal sacrificando las garantías y derechos de V. L. Ello porque introduciendo por lectura dichos informes se veda la posibilidad de la defensa de repreguntar, amén de completar, sustituir y reconstruir en forma ilegal los testimonios de los menores en debate. Es por todo ello que, en base a lo mandado en el artículo 330 del Código Procesal Penal, solicita la nulidad de todo lo actuado en base a esos informes, incluida la sentencia.

En lo que respecta a este tópico se impone señalar la dinámica procesal con que las mismas fueron incorporadas al resto del caudal probatorio para su consideración de la sentencia final. Resultando ello importante porque de la lectura del acta de debate no surge oposición alguna por parte de la Defensa a la mentada incorporación; advirtiéndose, no obstante, un detalle no menor, las pruebas contenidas en las fojas 27/28 y 58 no son testimonios de los menores víctimas en autos, antes bien son informes confeccionados por la perito psicóloga y dispuestos en el ámbito de la instrucción del proceso penal, por lo que mal puede hablarse de sustitución o cambio en los testimonios de los menores. Dice bien el señor Procurador General que los informes de fs. 27/28 y 58 no pueden equipararse a una declaración testifical, sino que se tratan más bien de pruebas documentales respecto a la cuales el Tribunal tiene la facultad de incorporarlos por lectura, y más aun cuando no hubo oposición de la Defensa (Conf. artículo 359 primera parte del Código Procesal Penal).

IV.3.2. Que en un segundo momento la Defensa de L. impugna los informes de fs. 27/28 y 58 por haber sido incorporados a la instrucción en abierta violación a la garantía del debido proceso al ser producidos en un Juzgado distinto al que ordenó la medida y bajo la supervisión de un magistrado de otro fuero, contradiciendo lo mandado por el artículo 227 bis del Código Procesal Penal.

Que respecto a este agravio el Procurador General indica que se trata tan solo de reiteraciones de pedidos de nulidades que ya fueron rechazados tanto por el Juez Instructor como por el Tribunal de Apelaciones en materia Penal y con sólidos argumentos; argumentos a los que la defensa no hace mención ni intenta rebatir.

Esto último sella la suerte de este agravio porque en los fundamentos del fallo Nº 6.868 - Tomo 2006 -por la que se resuelve no hacer lugar a la nulidad de las diligencias de fs. 27/28, 58 y 63- expresamente la Excma. Cámara Primera del Crimen señala que bien puede reproducirse la prueba del artículo 227 bis del Código Procesal Penal mediante la sola petición de las partes. La Defensa no realizó tal petición, debiendo entenderse entonces que se conforma con la declaración que se tomó bajo tales reglas en el momento del debate de la causa y donde tenía no solo el derecho, sino la posibilidad de realizar las preguntas que quisiera y que hacían a su derecho.

Cuando la Defensa señala que se ha violentado la norma del articulo 178 del Código Procesal Penal -aquella que señala que el juez de la instrucción deberá proceder directa e inmediatamente a investigar los hechos que aparezcan cometidos en su circunscripción judicial- olvida precisar que más allá que la declaración de los menores fue recibida en la sede del Juzgado de Menores de la Segunda Circunscripción Judicial y ante la psicóloga afectada ante dicho Juzgado, lo fue bajo una disposición del Juez Instructor (fs. 23), quien solicita colaboración a la señora Juez de Menores. Es decir que nunca hubo una delegación de funciones como lo indicara el señor Defensor.

Finalmente una serie de aclaraciones sobre la cita que hace la defensa del fallo "Galeano" de este Alto Cuerpo. En primer lugar urge señalar que en el mismo existen sobre la constitucionalidad de las declaraciones de menores víctimas de delitos sexuales -ley Nº 1453- tres opiniones distintas, limitándose la Defensa a puntualizar una de ellas. Pero esta opinión citada, bien lo señaló la Cámara Primera en lo Criminal a la Defensa en su oportunidad, puntualiza el tema de la declaración de los menores víctimas en la audiencia de debate, no en la instrucción; por lo que la cita viene, cuanto menos, extraña para la etapa procesal de autos donde acaecieron las declaraciones e informes que ahora impugna. Amen que, como ya se señalara, al momento en que se realizaron las declaraciones en debate, ninguna crítica formuló sobre la forma de realización de la misma.

Que por todo ello, este punto de agravio también debe desestimarse.

IV.4. Que la Defensa señala que los hechos por los que se condena a su defendido no poseen una connotación sexual inequívoca y admiten diversas interpretaciones; obligando a los jueces a rastrear en los informes de fs. 27/28 y 58 lo que los menores callan al momento de su declaración en debate. Es más, señala la Defensa que el fallo impugnado realiza una interpretación arbitraria de los dichos de la menor M. E. L. A los fines de aclarar suficientemente este tópico, la defensa ensaya una serie de explicaciones alternativas para justificar el actuar de L. e intentando mostrar como es que dichas acciones no poseen el grado de contenido sexual que la sentencia termina validando.

Ahora bien, puede llegar a entenderse a la Defensa en su intento de dar explicación a los hechos de L. a los fines de quitarle el contenido sexual que los actos conllevan; pero, ir en ese sentido, evidentemente, es alejarnos de las reglas de la sana critica racional. De la sentencia impugnada surge con prístina claridad como es que los actos por los que fuera acusado V. L. guardaban y poseían el contenido delictual para achacársele responsabilidad por ellos. Señala bien el Procurador General que del acta de debate y de la sentencia en crisis surge que la menor víctima relató puntualmente los tres hechos tenidos en vista durante todo el proceso y por los que se condenara al imputado, a saber: a) los tocamientos e introducción del dedo en la zona vaginal y anal mientras la menor se bañaba; b) tocamientos cuando la menor estaba acostada en su cama y su padre -el acusado- se subió encima de ella, estando presente bajo una cama contigua su hermano menor M.; c) cuando la colocó sobre una caja de ropas y se le subió encima abriéndole las piernas.

La Defensa busca separar cada uno de esos hechos del contexto general del proceso e intentar fundar el por qué cada una de esas situaciones carecían y carecen de un explícito contenido sexual; pero del estudio de sus argumentos y confrontándolos que fueran con las constancias de la causa encontramos más bien que la defensa se limita en su crítica a extraer consecuencias distintas a las elaboradas por los magistrados, tomando los indicios y pruebas recolectadas en el proceso en forma separada y parcial. Resulta claro que con este proceder cualquier situación admitirá una doble, triple y hasta muchas más interpretaciones; pero lo que la Defensa no tiene presente es que el Tribunal de Juicio -en la ilación de su razonamiento- va engarzando los hechos en una secuencia fáctica clara, tanto en lógica interna como en interpretación, siendo allí, en la secuencia y devenir del hecho histórico donde la suma de los indicios y de las pruebas recolectadas en la causa solo admiten una conclusión: la claramente establecida por la Cámara del Crimen al momento de condenar a L.

Por lo que este punto de agravio también debe ser rechazado.

IV.5. Finalmente la Defensa entiende que en la sentencia Nº 4696 - Tomo 2007 es nula por la existencia de un solo voto formando la mayoría, mostrando a las claras con ello no sólo la inexistencia de deliberación entre los magistrados sino también la patente violación del artículo 107 del ritual. En otras palabras, señala que el Tribunal de Juicio actuó como si fuera un tribunal unipersonal atento a que los jueces del segundo y tercer voto se limitaron a adherirse a las conclusiones de la doctora Z.

Respecto a este agravio tan solo dos ideas muestran la sin razón de los argumentos defensistas.

Que en primer lugar debemos estar a la reforma que impusiera la Ley Provincial Nº 1491/06 al articulado del Código Procesal Penal (concretamente a los artículos 363, 365 y 434) y donde se autoriza a los Magistrados del segundo y tercer voto a adherirse lisa y llanamente a lo manifestado por el preopinante; siendo un posible fundamento que justifique la reforma, la segunda idea que quiero señalar. Y es que justamente la existencia de un solo voto coincidente y unánimemente sostenido por los tres jueces evidencia la deliberación requerida por la ley y la uniformidad de criterio en el tribunal que opta decir todo lo que piensa sobre el caso juzgado en un solo voto antes que en tres. Por lo que este punto de agravio debe desestimarse sin más por su manifiesta insubstancialidad.

V. Que por todo lo expuesto soy de la opinión de rechazar en su totalidad el recurso de casación incoado por la Defensa respecto del fallo Nº 4696 - Tomo 2007 perteneciente a la Excma. Cámara Segunda en lo Criminal, regulando los honorarios profesionales del abogado A. L. C. en la suma de doce (12) "jus" y los del abogado J. E. D. en la suma de doce (12) "jus" por la participación de cada uno de los nombrados en la tramitación del presente recurso de casación (Conf. artículo 15 Ley Nº 512). Así voto.

El doctor Héctor Tievas dijo:

Que vengo a emitir mi voto después de haberse realizado la audiencia de debate prevista en el art. 443 del C.P.P. en el presente recurso de casación, coincidiendo en todo lo manifestado en la narración de los hechos que fuera realizado por la Señora Ministro que me precede, como asimismo también coincido y comparto las consideraciones y conclusiones que la misma realizara, todo ello en los términos de lo normado en el segundo párrafo del art. 365 del C.P.P.

Que al no haberse demostrado contradicciones o ilogicidad en el razonamiento de los juzgadores conforme a lo que exigía el art. 371 del C.P.P. para declarar la nulidad del fallo en base a los agravios de fundamentación inexistente, prueba ilegal, interpretación arbitraria y el defecto procesal de falta de mayoría racional y jurídicamente valida para conformar una sentencia legal, corresponde confirmar la misma en todas sus partes, votando en consecuencia por el rechazo del recurso de casación.

Que expresamente también adhiero a los honorarios regulados.

El doctor Carlos Gerardo González dijo:

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 365 del C.P.P. me adhiero a las consideraciones y conclusiones arribadas por la Señora Ministro preopinante Dra. Arminda del Carmen Colman.

El doctor Ariel Gustavo Coll dijo:

Que debiendo emitir mi voto en orden al recurso de casación que promueve la defensa, y en atención a la atribución que confiere el art. 365 del C.P.P. vengo a adherirme íntegramente al desarrollo y conclusiones del voto emitido por la Señora Ministro Dra. Arminda del Carmen Colman, en tanto analiza adecuadamente los agravios vertidos por el recurrente, explicitando motivadamente el rechazo de los mismos y la confirmación de la sentencia impugnada.

El doctor Eduardo Manuel Hang dijo:

Con respecto al testimonio de oídas debo señalar que ellos no están prohibidos por nuestra ley.

Una cosa es la incorporación de prueba ilegal o prohibida y otra la valoración crítica que merece la prueba y que dependerá en cada situación de la sana crítica. Va de suyo que un testigo directo es mucho más que uno de oídas, pero no está impedida esta prueba dentro del proceso.

Por otra parte la prueba llamada "Hearsay" en el mundo jurídico anglosajón refiere al testigo de oídas que no concurre al debate y por tanto no puede ser controlado por la Defensa, no acaece esto en el "sub-judice" donde los cuestionados testigos de oídas fueron al debate. Esa característica de los testigos surge de la cita doctrinaria que se hace en el propio escrito recursivo.

Cuando se analiza el voto fundante de la juez Z. se advierte claramente que al tomar el testimonio de la médica y el de su marido lo refieren a la actitud de ánimo de la madre y la menor al concurrir para ser atendida. Es en ese sentido que se usan los dichos de esos testigos para reforzar lo que expresaran aquellas. Son en puridad, testigos directos e indirectos tangencialmente. Puede dudarse de los dichos de la menor y su madre, como utilizando un efecto teatral frente a terceros (situación que bien se descarta) pero no puede negarse que los testigos percibieron directamente la actitud conmocionada de madre e hija.

Con respecto al tema de los votos y la mera adhesión de los Jueces de segundo y tercer término es notorio que lo importante es la deliberación (que está acreditada en el proceso con el Acta de fojas 260/265 vta.) Es en este acto que los jueces discuten el valor convictorio de la prueba y muchas veces el fundamento liminar lo da el Juez de tercer voto, pero por necesidad de ordenación lo pone el primero al desarrollar el suyo. Por eso puede también dictarse una sentencia impersonal, sin diferenciación de votos. Estamos frente a un proceso oral de adquisición probatoria con inmediatez y no ante el pesado régimen escritural, en que los jueces se "pasan" el expediente. Lo que los Jueces fallan es lo vivido en la Audiencia y lo discutido en la Deliberación, la experiencia de años en el tema me llevan a estas consideraciones y me llevan también a sostener que es erróneo creer que porque cada Juez repita lo dicho por otro con diferentes términos para simular una "motivación", se llegará a una mejor sentencia. Y no se diga que los jueces a través de la deliberación no pueden modificar la opinión con que llegan a ella. Deliberar es considerar el pro y el contra de la decisión a tomar, implica entonces intercambio de opiniones y posibles modificaciones en los argumentos y sus consecuencias. Una repetición disimulada de argumentos no es entonces superior a una adhesión consciente.

Voto en consecuencia adhiriendo al primer votante en todas sus consideraciones.

Que con las opiniones concordantes de los doctores Arminda del Carmen Colman, Héctor Tievas, Carlos Gerardo González, Ariel Gustavo Coll y Eduardo Manuel Hang, se forma la mayoría que prescribe el articulo 25 de la ley 521 y sus modificatorias y artículo 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia.

Por lo que el, EXCMO. TRIBUNAL DE CASACION RESUELVE: 1º) Rechazar el recurso de casación incoado por la defensa respecto al fallo Nº 4696 - Tomo 2007 perteneciente a la Excma. Cámara Segunda en lo Criminal. 2º) Regular los honorarios profesionales del abogado A. L. C. en la suma de doce (12) "jus" y los del abogado J. E. D. en la suma de doce (12) "jus" (Conf. Art. 15 de la ley Nº 512). - Arminda Del C. Colman. - Héctor Tievas. - Carlos Gerardo González. - Ariel Gustavo Coll. - Eduardo Manuel Hang.