marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANSILLA RUIZ, ALICIA M. c/ CLAUDIO A. CID s/ DIVORCIO VINCULAR-INCIDENTE DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-20

Dado que los alimentados deben mantener el nivel de vida a la que estaban acostumbrados habitualmente, todo demandado por cuota alimentaria debe responder a las sumas fijadas con todos sus ingresos.
Accidentes de trabajo, acción civil, asegurador, incumplimiento de las funciones de control
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, JUAN SEBASTIAN c/ GOOD LEAF S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

En los casos en que se concluyera que existe la relación causal entre las patologías padecidas por los trabajadores y el trabajo, sin dudas debe considerarse que la A.R.T. ha incumplido su deber de contralor respecto del cumplimiento del plan de mejoramiento de cada empresa, obligación ésta que la ley pone en cabeza de las aseguradoras, quienes no solo califican el nivel de riesgo de sus clientes al momento de contratar sino que tienen la obligación de elaborar el plan de mejoramiento dispuesto y controlar su cumplimiento íntegro y oportuno.
Ejecución de sentencia, quiebra, empleador, crédito verificado, crédito laboral, competencia por la materia, juez del concurso, crédito no verificado, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: BRIGUERA, ANTONIO c/ ROSEDA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

El art. 135 LO no dispone una forma de desplazamiento de la aptitud jurisdiccional del juez laboral, sino que declara el cese de la competencia de aquél cuando el acreedor intente ejecutar el crédito reconocido a su favor contra el fallido. Por lo tanto, en el supuesto que el crédito no haya sido verificado en el concurso, debe ser el juez laboral quien fije el plazo de cumplimiento, así como los aditamentos del crédito, rigiendo la inhibitoria recién a partir de la etapa del art. 132 de la ley 18345.
Daños y perjuicios, indemnización, monto de la indemnización, bienes inmuebles, valor del bien, registro de la propiedad inmueble, compraventa inmobiliaria, hipoteca, precio
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Mazzotta, José c/ Buenos Aires, Provincia de s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-05

Para establecer el valor del inmueble, a fin de determinar el monto de la indemnización por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones por el Registro de la Propiedad, que posibilitó que se lo enajenara frustrando la garantía hipotecaria, no corresponde tomar el monto de esa operación de compraventa.
Incapacidad laboral, dictamen pericial, cuerpo médico forense, impugnación de la pericia, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: BRANCAMONTE, JUAN CARLOS c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-12

La mera discordancia entre el dictamen del perito y la opinión de una de las partes, cuando se trata de una simple impugnación de la pericia y sus conclusiones, sin argumentos científicos aptos para desvirtuarlos, no resulta atendible. La sana crítica aconseja, como principio, la aprobación del parecer del experto, conclusión que adquiere mayor firmeza cuando se trata del Cuerpo Médico Forense, es decir, de un cuerpo especialmente elegido y entrenado para colaborar con el magistrado en estos menesteres.
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Chodil Tecas, Sergio c/ Bernardis y Cía. Constructora SC. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-28

El uso de la cosa "contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián" según los términos del último párrafo del art. 1113 del Código Civil, resulta una expresión que debe interpretarse restrictivamente, porque de lo contrario permitiría convertirla en una eficaz argucia para borrar todo lo que antecede en dicho precepto, cuya finalidad es la de lograr el cumplimiento efectivo del deber jurídico de reparar.
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: S., E. A. y otra c/ E. D. J. y otros y/o director, propietario y/o quien resulte propietario o responsable s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-31

En el "leading case" "Campillay c/ La Razón" nuestra Corte Suprema Federal sentó tres concretas pautas a seguir por los medios periodísticos para difundir noticias que potencialmente puedan rozar la reputación de las personas sin incurrir en responsabilidad:

a) brindar la información atribuyendo su contenido directamente a la fuente pertinente; b) utilizar en la redacción un modo verbal potencial; c) o dejando en reserva la identidad de los implicados.

Pero no es menos exacto que el Alto Tribunal Nacional no fijó tales requisitos con carácter de acumulativos, sino de alternativos, bastando el cumplimiento de uno de ellos para que la responsabilidad del órgano de prensa quede a salvo, cual lo revela el uso por el Cuerpo de la conjunción disyuntiva "o".
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, Poder Judicial, personal subrogante, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: F, O. V. E. s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal (Expte. Nro. 9- 87)  -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-30

Se fija como doctrina del Tribunal Plenario la siguiente: Es válido el ejercicio de la jurisdicción por quién ha sido investido como Juez por disposición de la Excma. Corte Suprema de Justicia, aplicando las reglas de subrogación previstas por la Ley Orgánica de Tribunales N 9736 (t.o.).
Declaración indagatoria, exhibición de documentos, omisión de exhibir documentos, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: AÑES CARREÑO, ORLANDO s/ NULIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-08

La ausencia de la exhibición de los documentos personales no puede acarrear la nulidad del acto indagatorio de que se trata, ello así, habida cuenta que la ley procesal ha señalado de manera expresa, cuales vicios hacen obligatoria tal sanción, además de enfatizar acerca del carácter restrictivo de las nulidades en la materia (art. 696 CPMP), siendo, por demás, subsanable mediante una ampliación.
Intereses, tasas de interés, jurisprudencia aplicable, modificación de la tasa de interés
Materia: CIVIL
Carátula: Creditia Fideicomiso Financiero c/ Achaval, Julio César s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-18

Este Tribunal sostuvo (con anterioridad a que rigiera la unificación de los códigos civil y comercial) que el control de los intereses excesivos atribuido a los tribunales, tenía sustento en el CCIV 502 y 953, cuando ellos constituían una causa ilegítima de las obligaciones. Por ello y advertida esa circunstancia, correspondía reducirlos en términos de equidad, decretando la nulidad parcial de los intereses excesivos (CNCom, Sala, in re, "Banco Itaú Buen Ayre SA c/ Pino, Francisco y otros/ ejecutivo", 19-10-16; y sus citas).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivera, Horacio c/ Vedovaldi, Ricardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-04

La sentencia absolutoria dictada en sede penal fundada en la duda sobre la culpabilidad del imputado, no hace cosa juzgada en sede civil, pues ésta puede decidir sobre la existencia de causal generadora de responsabilidad. La reserva de la Cámara de Apelación Criminal y Correccional cuando funda la absolución sin perjuicio de lo que resuelva el fuero Civil, resalta la falta de impedimento para desentrañar la responsabilidad civil y la diferencia de sustento en atención a lo dispuesto por el art. 1113 del Código Civil.
Banco Hipotecario Nacional, Ministerio de Bienestar Social, créditos hipotecarios para la vivienda, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Consorcio Damnificados de PROMOBRA Soc. Civil. c/ Bco. Hipotecario Nacional s/ cumplimiento de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-04

La resolución del Ministerio de Bienestar Social que autoriza al Banco Hipotecario para que actúe como agente financiero y otorgue préstamos, únicamente produce efectos entre el órgano del cual emana la autorización y su destinatario mas no respecto de los particulares, para quienes se requiere la emisión de un segundo acto. Como consecuencias de ello, el organismo que recibe la autorización puede decidir no realizar lo sugerido sin que tenga influencia el acto emitido por la Administración y los efectos del acto autorizado se producirán a partir del momento en el que sea emitido
Sociedad anónima, impugnación de decisión asamblearia, suspensión de decisión asamblearia, estados contables
Materia: COMERCIAL
Carátula: MASRI, JULIO c/ PERCUYEN  S.A. s/ SUM. S/ INC. DE APELACION CPR 250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07

La alegación del socio que en la asamblea se habrían aprobado los estados contables denegándosele información acerca de determinados aspectos no evidencia la existencia de un motivo grave a que hace referencia la LS: 252 para autorizar la suspensión preventiva de las decisiones asamblearias, máxime si no ha invocado la consumación de un hecho que cause un perjuicio irreparable y el mismo no aparece manifiesto.
REPÚBLICA DEL PARAGUAY, pueblos originarios, morosidad del proceso, procedimiento administrativo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, violación al debido proceso, debido proceso administrativo, derecho a la identidad, personería jurídica, acceso a la tierra
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay s/ Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2005-06-17

Dado que el artículo 62 de la Constitución del Paraguay reconoce la existencia de los pueblos indígenas como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado y la Ley No. 904/81 indica el procedimiento para la reivindicación de tierras, la Corte Interamericana concluye que si bien el otorgamiento de personería jurídica resulta indispensable para la transferencia de la tierra, no lo es para la iniciación del trámite de reivindicación puesto que sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, así como la designación de sus propios líderes y el derecho a reclamar sus tierras tradicionales, son reconocidos no a la persona jurídica que nace con aquél otorgamiento, sino a la comunidad en sí misma que la propia Constitución paraguaya reconoce como preexistente al Estado.
Tercería de dominio, sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TERCERIA  DE  DOMINIO  EN  AUTOS  BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUILLERMO INAUDI - EJECUTIVO s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-10-17

En el régimen legal argentino y durante la vigencia de la sociedad conyugal los bienes gananciales pertenecen al cónyuge titular y no a ambos esposos,de suerte que responden íntegramente frente a los acreedores del primero, sin que el cónyuge no titular pueda alegar derecho alguno sobre ellos (C. Civil art. 1276; Ley 11357, arts. 5 y 6). Este régimen jurídico subsiste inalterado luego de las reformas que introdujeron las leyes 23264 de 1985 y 23515 de 1987 en materia de derecho de familia. Por otra parte, no hay ninguna disposición de la ley en virtud de la cual las personas casadas deban contar con asentimiento de su cónyuge para contraer validamente obligaciones. Ese recaudo solo es exigible en los actos de disposición y constitución de gravámenes cuando se trata de un bien registrable ganancial o propio en el que está radicado el hogar conyugal y hay hijos menores o incapaces (C. Civil art. 1277).-
Accidente de tránsito, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Milone, Liliana c/ Guillen, Pedro y otro s/ Daños y perjuicios Alfano, José c/ Canggianelli, Juan s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-01|2001-09-25

Sólo habiéndose comunicado por el propietario vendedor al Registro la tradición del automotor con antelación al hecho dañoso, la reponsabilidad del titular registral por los daños y perjuicios que se produzcan con el vehículo se revierte y genera la exención en su calidad de dueño de ella, por cuanto debe entenderse producido por un tercero por quién él no debe responder, en una interpretación acorde con el contenido del art. 1113 del C. Civil, de donde el adquirente que no es el titular de dominio, pasa a ser tercero responsable desde la perspectiva de la "suplencia" de la responsabilidad presumida del dueño de la cosa toda vez que reemplaza en el alcance normativo (cit. art. 1113 de la ley 340) al dueño de ella con la asunción frente a la víctima de la aludida responsabilidad en relación al daño generado y vinculando el dominio del automotor, cuya situación legal en este último aspecto no se encuentra regularizada precisamente por la omisión del adquirente de satisfacer adecuada y temporáneamente las exigencias legales.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Angela c/ Swift Armour S.A.A. s/ Daños y perjuicios. ¿Es oponible la defensa post-siniestral de no  Denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando  La citación la formúla el asegurado? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

En materia de seguros de accidentes de trabajo deben diferenciarse los elementos de caducidad de los supuestos de ausencia de cobertura o no seguro. La caducidad es la sanción que normalmente se establece en un contrato de seguros para el caso de incumplimiento de los deberes de conducta requeridos al asegurado y no es oponible al trabajador. En cambio, si no hay contrato de seguro por rescisión anterior al siniestro ningún derecho puede invocar el trabajador.

(Del Voto del Dr. Angelides). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿es oponible la defensa post-siniestral de no denuncia del siniestro en el juicio promovido por la víctima, cuando la citación la formula el asegurado?
Franquicias aduaneras, certificado de origen, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
Materia: ADUANERO
Carátula: Nuevos Vientos S.R.L. (T.F. 8737-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-30

Para poder ver beneficiada a determinada mercadería de los tratamientos preferenciales que se hayan suscripto al amparo del Tratado de Montevideo es necesario un certificado en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos de origen.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO c/ DE LA CANAL, OSCAR E. s/ EJECUTIVO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-06-17

Decidir cuando existe una complejidad que excede el requerimiento del art. 520 del CPC -fácilmente liquidables-, es una tarea propia del grado y no apta como agravio suficiente del recurso de casación.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, pena, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MACHUCA, RAMON EZEQUIEL c/  s/ ASOCIACION ILICITA, ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

Los agravios relacionados con el monto de pena impuesta al imputado, no ostentan entidad invalidante, toda vez que la Alzada repasó las figuras penales por las cuales fue condenado -asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y cuatro hechos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de instigador, todos en concurso real- para luego brindar las razones por las cuales cabía desestimarse el esquema propuesto por la defensa en torno a la aplicación al sub lite de la ley 26200; y frente a ello, la recurrente debió extremar los recaudos argumentativos en orden a demostrar que en el caso la pena impuesta resulta excesiva o irrazonable en función del contenido del injusto y la culpabilidad de los hechos reprochados, pues no basta reiterar la afirmación de que una pena de veinticinco años resulta suficiente para alcanzar la finalidad de resocialización y que la ley 26200 vedaría la aplicación de una pena temporal superior a este monto. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26200
Competencia por el turno, ley procesal penal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: R., V. D. s/ Competencia (Expte Nº  115-92, Resolucion Nº  86, Tomo 1, Folio 193)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-18

La pauta de fijación de la competencia en razón del turno atendiendo a la fecha de inicio de las actuaciones, es puramente objetiva y no debe relativizarse según sea el delito y/o el imputado hacia el que deriven (caso de un procedimiento común derivado en dos actuaciones paralelas en una de las cuales se operó con fotocopias) ya que ello implicaría utilizar un elemento interpretativo no presente en el reglamento de turno introduciendo en él un factor generante de las dudas que precisamente habría tratado de alejar.
Seguros, asegurador, citación en garantía, obligaciones del asegurador, póliza, cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS SA c/ SERVICIOS DE TRANSPORTES FUEGUINOS Y OTRO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-05

La suma por la que responderá el asegurador con relación al tercero, será igual al monto de la deuda que tenga su asegurado, calculada sobre la base de la responsabilidad de este último por el acaecimiento del hecho dañoso. Ello con las variaciones y limitaciones que surjan de las sumas aseguradas, la franquicia, simple o absoluta, si se hubiere estipulado, regla de proporcionalidad si así correspondiere. En este sentido, el asegurador citado en garantía responde frente al damnificado en la extensión del seguro contratado (Ley 17.418, art. 118, Cláusula 3°), pues si el contrato pone a cargo del asegurado la absorción de una cuota parte de la indemnización ("descubierto obligatorio"), esta deberá computarse para fijar el límite de la obligación de la citada en garantía (cfr. en este sentido esta Sala la Causa 4397 "Cortesfilms c/Aerolíneas Argentinas s/Faltante" del 16.11.94.).
Recurso extraordinario de nulidad, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ovejero, María E. s/ Infr. art. 96 inc. f), ley 8031 Sangregorio, Rubén s/ Infracción ley 11.748 y decreto 1555/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26|2000-05-03

El recurso extraordinario de nulidad interpuesto no reúne los requisitos previstos en el art. 349 inc. 1 del Código de Procedimiento penal (según ley 3589 y sus modif.), ya que si bien denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial no se funda en el contenido normativo de dichos preceptos, sino que se intenta traer a examen de este Tribunal supuestos errores de juzgamiento como la infracción de expresas normas procesales, así como la forma en que la cuestión ha sido resuelta, temas éstos ajenos al restringido ámbito de conocimiento del recurso intentado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sucesiones, bienes, adjudicación
Materia: CIVIL
Carátula: PALAVECINO MARIANA ELENA S/TERCERIA DE DOMINIO EN AUTOS c/ MACHADO LÁZARO ESTEBAN DEL PILAR C/IOA DISTRIBUIDORA ELECTROMEDICA ARGENTINA Y/U OTROS S/HABERES IMPAGOS s/ CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-13

En materia sucesoria el Código Civil recepta el principio de la división y adjudicación en especie de los bienes comunes, salvo acuerdo de todos los copartícipes, imposibilidad en función de circunstancias especiales o fraccionamiento cuyo aprovechamiento fuera antieconómico. Consigna una regla de gran trascendencia, y una medida de prudencia que se impone, pues la partición debe ser hecha atendiendo a los deseos de los herederos, que son los verdaderos interesados.
Empleados públicos, remuneración, Superior Tribunal de Justicia, competencia, competencia contencioso administrativa, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMPBELL, TOMAS SEAN c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA (CSJ EXPTE Nº 509-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-04

Frente a la pretensión de los recurrentes, los que - invocando una relación de empleo público-, reclaman el cumplimiento de un derecho pecuniario derivado de una norma de contenido materialmente administrativo, se concluye que la materia es de naturaleza contencioso administrativa, lo que no se altera por la circunstancia de que la demanda se sustente en la ley 23592, norma ésta cuya sola invocación en modo alguno puede sin más alterar la competencia constitucional y legalmente atribuida a la Corte Suprema, por lo que ha debido encauzarse por las vías legales correspondientes ante la Administración pública y, eventualmente, ante esta Corte (artículo 93, inciso 2 de la Constitución Provincial). En tal sentido, corresponde declarar la competencia de este Tribunal para entender en el presente caso, otorgándose a los actores el plazo de treinta días a fin de que adecuen sus pretensiones sustanciales y cautelares a los términos de la ley 11330.
Derechos y garantías constitucionales, doble instancia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: HERRERA, LUCIA MIRTA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-12-22

Conforme se desprende de una detenida lectura de la más variada doctrina sobre el debido respeto a la garantía de la doble instancia en materia penal -aún antes del decisorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Casal" (Fallos:328:3399)-, lo que se exige es que no se cercene al imputado la posibilidad de contar con un recurso que le garantice que un tribunal superior revise en forma amplia la sentencia de condena que le fuera dictada en primer término.

Dentro de esos parámetros y existiendo en el ordenamiento procesal santafesino el recurso de inconstitucionalidad que brinda al imputado la posibilidad de que se revise la sentencia emanada de un Tribunal de Alzada ante el Máximo Tribunal de la Provincia, compete a esta Corte, en las especiales circunstancias del caso, como tribunal superior de aquél que dictó la primera condena ahora impugnada, revisar -flexibilizando la vía impugnativa extraordinaria y con los alcances que surgen del criterio sentado en el precedente del Alto Tribunal nacional antes referido- la resolución dictada por la Cámara de Apelación constituida como Tribunal de Juicio Oral.

La garantía en cuestión, entonces, se encuentra debidamente resguardada con los argumentos reseñados en precedencia. (Del Voto del Dr. Erbetta)
Daño moral, indemnización, derechos del consumidor, entidades financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: Castelli, María Cecilia c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ Nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

El art. 52 bis de la ley 24.240, incorporado por la ley 26.361 (B.O. del 7-IV-2008) es claro en cuanto impone una sola exigencia para la aplicación de la multa o resarcimiento del daño punitivo: que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. (doctor de Lázzari, sin disidencia)