Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-28


SENT Nro. 277 San Miguel de Tucumán, 28 DE ABRIL de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por inconstitucionalidad denegada interpuesto por el tercero coadyuvante Juan Andrés Arroyo en autos: "Lizárraga, Juan Carlos s/Amparo"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala Ia., en fecha 25 de octubre del año ppdo., el tercero coadyuvante dedujo recurso de inconstitucionalidad, el que es denegado por Resolución de dicho tribunal, de fecha 21 de febrero de 2003 (cfr. fs. 9 y vta.). En razón de ello, ocurre directamente ante esta Corte en recurso directo de queja (cfr. fs. 11/12 vta.).

Es del caso destacar que el recurso de inconstitucionalidad fue denegado con fundamento en que no satisface los requisitos de admisibilidad que se infieren de lo normado en la parte pertinente de los artículos 91 y 93 del CPC.

¿Asiste razón al tribunal a quo? Según se desprende del citado artículo 91 -que sienta el principio fundamental y determinante en la materia-, es requisito ineludible de admisibilidad de este recurso, que la cuestión constitucional haya constituido la materia principal de discusión entre las partes.

Con idéntico sentido jurídico, el referido artículo 93, dispone que "Cuando se entable el recurso de inconstitucionalidad que autoriza el artículo anterior, debe deducirse el mismo con arreglo a lo allí prescripto, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de las disposiciones de la Constitución Provincial." Es entonces, cimentado sobre estas premisas, que debe abordarse la interpretación del inciso 2º del artículo 92, que autoriza la procedencia de esta pretensión impugnativa, "Cuando la validez de una ley, decreto, norma con fuerza de ley o acto de autoridad provincial haya sido puesto en cuestión bajo la pretensión de ser contrario a la Constitución Provincial". Es decir, que no basta que la cuestión suscitada en torno a la validez de algún acto estatal pueda repercutir de alguna manera en la Constitución local, porque siempre todo planteo, en definitiva, tiene incidencia, en mayor o menor grado, en la misma, sino que se requiere que la cuestión constitucional haya sido la materia principal de la discusión, y que exista una relación directa e inmediata entre el o los actos de autoridad provincial que se cuestionan, con alguna disposición de la Carta Magna local.

De la simple lectura de la sentencia, cuya impugnación se pretende por el recurso de inconstitucionalidad, surge sin hesitación que el tema central planteado guarda estrecha, directa y exclusiva relación con la interpretación y alcance de lo normado por las leyes 5529 y 6146, en lo referente al supuesto de cómo debe ser reemplazado un concejal en caso de vacancia de su cargo. De lo que cabe inferir la absoluta inexistencia, en autos, de toda controversia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ordenamiento legal o reglamentario alguno. Por lo expuesto, asiste razón al tribunal a quo al denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, corresponde no hacer lugar al recurso de queja incoado por Juan Andrés Arroyo.

Por todo ello, y habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 14, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja, por inconstitucionalidad denegado, promovido en estos actuados por Juan Andrés Arroyo, en el carácter invocado.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA