Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-10-13


(Libro de Acuerdos Nº 47, Fº 1651/1653, Nº 711) En San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los trece días de octubre de dos mil cuatro, el Superior Tribunal de Justicia integrado por los señores jueces José Manuel del Campo, Héctor Fernando Arnedo, Héctor Eduardo Tizón y, por habilitación, Enrique Rogelio Mateo -bajo la presidencia del nombrado en primer término- y de conformidad con lo dispuesto mediante Acordadas nº 37, 56 y 79/04, vieron el Expte. Nº 2129/03, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº: 6913/03 (Sala II Cámara de Apelaciones Civil y Comercial) Sumario: Asociación de Autores, Intérpretes y Compositores c/ Poder Ejecutivo de la Provincia", del cual, El doctor del Campo dijo:

La Asociación de Autores, Intérpretes y Compositores de Música (en adelante ADAICO) promovió demanda contra el Estado provincial a fin de obtener la anulación del Decreto Nº 2.818-G-97 que le había revocado la personería jurídica otorgada mediante los Decretos Nº 2.679-G-92 y Nº 876-G-96. Esta pretensión fue rechazada por el juez de primera instancia (fs. 397/401) con fundamento, en primer lugar, en que el Poder Ejecutivo está facultado para dejar sin efecto las autorizaciones para funcionar en los casos en que advierta una ilegalidad.

En segundo término, entendió que la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (en lo sucesivo SADAIC) -en razón de las prescripciones de la Ley Nº 17.648 y del decreto reglamentario Nº 5146/69- tiene un monopolio legal sobre la administración y percepción de los derechos de autor que es excluyente de la actuación de cualquier entidad con idéntico objeto en todo el territorio nacional; que tal monopolio -por un lado- no lesiona el artículo 17 de la Constitución Nacional (que declara que "todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley"), porque como cualquier derecho está sometido a las leyes que reglamenten su ejercicio y -por el otro- resulta justificado en razón de las particularidades propias del derecho de autor y su ejercicio. Con relación a esto último afirmó que "en el caso de las obras musicales, 'sobre las que habitualmente concurre una pluralidad de titularidades (del compositor, del autor de la letra, del arreglador musical, del versionista, del editor y del subeditor) y que son objeto de utilizaciones múltiples, simultáneas, fugaces y dispersas, su explotación y su control, el ejercicio efectivo de los derechos que las leyes reconocen a los autores solo puede lograrse a través de la gestión colectiva, sistema que presta servicio tanto al creador como al difusor' (Lipszyc, Delia, ob. cit., pag. 409)".

En tercer orden, descartó la aplicación al caso del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2284/91 -denominado de desregulación económica- en función de la Resolución Nº 618/97 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, que excluyó a SADAIC de los alcances del citado decreto. Desestimó, por último, la lesión a tratados internacionales.

Tal pronunciamiento -en cuanto aquí interesa- fue apelado por ADAICO (fs. 599/665). A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (fs. 724/732 y 739), al hacer lugar a la apelación, admitió la demanda y, en consecuencia, revocó el Decreto Nº 2.818-G-97. Disconformes con esa decisión tanto SADAIC -tercero coadyuvante de acuerdo a la participación otorgada (fs. 200/202, Expte. Nº B-27414)-, como el Estado provincial interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad (fs. 15/24 y 39/53).

Para así resolver, la alzada, sostuvo -en síntesis- que el nuevo régimen de desregulación económica instituido por el Decreto 2284/91, ratificado por Ley Nº 24.307, derogó implícitamente la Ley Nº 17.648 (artículo 118); por lo tanto SADAIC carece de "facultades de cobro centralizado de los derechos de autor que le confería en forma exclusiva y excluyente dicha ley y su decreto reglamentario" (sic). Señaló, además, que el Ministerio de Economía de la Nación al dictar la Resolución Nº 618/97 -que, como se dijo, consideró que el Decreto Nº 2284/91 no es aplicable a los derechos de autor- se excedió en el marco de las atribuciones conferidas toda vez que sólo podía excluir aquellas actividades vinculadas directamente con la defensa nacional, seguridad interior o provisión de servicios públicos que constituyan monopolios naturales o jurídicos regulados por leyes específicas (artículo 1º, Decreto Nº 2284/91). Citó, por otra parte, la Ley de Defensa de la Competencia en cuanto "prohíbe las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia (art. 7 Ley 25.156 mod. por art. 1 decreto 396/01)" (sic).

Los agravios que los interesados traen a consideración del Superior Tribunal de Justicia -fundados en una errónea interpretación de la ley- son atendibles toda vez que la alzada ha efectuado una exégesis inadecuada de las normas aplicables, lo que descalifica al fallo en los términos de la doctrina de la arbitrariedad.

Ante todo cuadra recordar que es propio de la interpretación indagar lo que las leyes dicen jurídicamente, computando para ello, de modo razonable y sistemático, la totalidad de sus preceptos. En esta tarea debe buscarse "su verdadero alcance mediante un examen de sus términos que consulte la racionalidad del precepto, no de manera aislada o literal, sino armonizándolo con el resto del ordenamiento específico, esto es, haciendo de éste como totalidad el objeto de una razonable y discreta hermenéutica" (Fallos 315:285). A más de ello, debe tenerse presente que la inconsecuencia o falta de previsión no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como regla "que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones para adoptar como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto" (Fallos 258:75 y 306:721).

Pues bien, con arreglo a tales pautas hermenéuticas corresponde señalar que, el a quo, al juzgar que la Ley Nº 17.648 había quedado derogada con la fórmula genérica contenida en el Decreto de Desregulación Económica Nº 2284/91 (artículo 118, en cuanto establece: "Deróganse todas las normas o disposiciones que se opongan a las del presente Decreto), efectuó un examen parcial y desarticulado de los textos involucrados. Esto es así no sólo porque la decisión importó desconocer el principio que establece que la ley general no deroga a la ley especial -como lo es la Ley Nº 17.648-, sino también porque implicó desatender que ese decreto de necesidad y urgencia -ratificado por el artículo 29 de la Ley Nº 24.307- dispuso que el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos será la autoridad de aplicación, con facultades expresas para dictar "las normas reglamentarias y de interpretación" y "para determinar en cada caso el alcance de las normas aprobadas" por ese decreto (artículo 116; el subrayado no pertenece al texto).

De allí, entonces, es dable sostener que la Resolución Nº 618/97 (Boletín Oficial 28658), del Ministerio de Economía de la Nación, que excluyó del Decreto Nº 2284/91 a los derechos de autor regidos por la Ley Nº 17.648, ha sido dictada dentro de la esfera de atribuciones conferidas por la ley. Dicho órgano simplemente se limitó -por mandato del legislador y dentro del espacio de razonable libertad confiado- a precisar en el caso "el alcance de las normas" y no parece que tal decisión hubiese desnaturalizado con una excepción injustificada la política de apertura económica perseguida por el Gobierno de la Nación o que resultare irrazonable con respecto a la finalidad definida en las normas de desregulación de la economía. Corrobora, asimismo, la legitimidad de la disposición ministerial los serios motivos de conveniencia expresados en sus considerandos, los que por su inocultable elocuencia merecen ser transcriptos: "Que los estudios realizados en el ámbito de la Subsecretaría de Comercio Interior de la Secretaría de Industria Comercio y Minería de este Ministerio, sobre ese cuerpo normativo determinan la conveniencia que hasta tanto no se disponga de un proyecto de marco legal substitutivo que corrija los posibles desvíos y efectos no deseados de las estructuras vigentes, se propicie un acto resolutorio que exceptúe de la aplicación de las disposiciones del Decreto de Desregulación Económica Nº 2284/91 a los derechos de autor regidos por la Ley Nº 17.648 y el Decreto-Ley 20115/73" (énfasis añadido). En función de lo expresado, corresponde hacer lugar a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por SADAIC y por el Estado provincial y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (fs. 724/732 y 739) y confirmar la decisión del juez de grado (fs. 397/401 y 407). Las costas de la alzada se imponen al vencido (artículo 102 del Código Procesal Civil) y se regulan los honorarios de los doctores Sergio E. Stephan y Samuel José Cruz en las sumas de cuatrocientos cincuenta pesos ($ 450) para cada uno y en la cantidad de trescientos sesenta pesos ($ 360) para el doctor Venancio Llanes por aplicación de la doctrina sentada en los precedentes "Argentores c/ Video Bar Luisiño" y en atención a la extensión, naturaleza y calidad de las tareas cumplidas (artículo 4º de la Ley de Aranceles). Cabe, asimismo, imponer las costas de esta instancia al vencido (artículo 102 del Código Procesal Civil) y regular los honorarios de los doctores Néstor Alberto de Diego y Samuel José Cruz en las cantidades de cuatrocientos cincuenta pesos ($ 450) para cada uno y en la suma de trescientos sesenta pesos ($ 360) para el doctor Venancio Llanes, por aplicación de la doctrina citada. En todos los casos deberá añadirse el impuesto al valor agregado, si correspondiere.

Los doctores Héctor Fernando Arnedo, Héctor Eduardo Tizón y Enrique Rogelio Mateo adhieren al voto que antecede.

Por ello y oído el Fiscal General (fs. 156/159), el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

1º)Hacer lugar a los recursos de inconstitucionalidad deducidos por SADAIC y por el Estado provincial. En consecuencia, revocar la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial -del 2 de septiembre de 2003- y confirmar la sentencia del juez de grado. Las costas de la alzada se imponen al vencido y se regulan los honorarios de los doctores Sergio E. Stephan y Samuel José Cruz en las sumas de cuatrocientos cincuenta pesos ($ 450) para cada uno y en la cantidad de trescientos sesenta pesos ($ 360) para el doctor Venancio Llanes.

2º) Imponer las costas de la presente instancia al vencido y regular los honorarios de los doctores Néstor Alberto de Diego y Samuel José Cruz en las cantidades de cuatrocientos cincuenta pesos ($ 450) para cada uno y en la suma de trescientos sesenta pesos ($ 360) para el doctor Venancio Llanes. 3º)Regístrese, agréguese copia en autos y notifíquese por cédula.