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Compraventa inmobiliaria, venta de inmuebles fraccionados en lotes, pacto comisorio, abuso del derecho
Materia: CIVIL
Carátula: PASQUINI, HECTOR L. c/ GONZALEZ, ROBERTO H. s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23

El abuso del derecho, tal como se lo incorporó a nuestro ordenamiento con posterioridad a la concertación del acto vinculante (art. 1071 del Código Civil, reformado por la ley 17.711) ya que el boleto de compraventa se suscribió en el año 1963, tratándose de una venta a plazos según el régimen de la ley 14.005, no es una figura de recambio que permita prescindir, sin más, de un sistema especial que, a su vez, es derogatorio del derecho común y que ha sido instituído en protección de los adquirentes de lotes en mensualidades; ni la valoración del comportamiento del moroso permite al órgano, a través de aquella calificación, hacerla prevalecer sobre ese derecho de excepción.

Cualquiera sea la opinión que subjetivamente pueda merecer la prohibición de ejercicio del pacto comisorio cuando se ha pagado más del veinticinco por ciento del precio (art. 8 de la ley 14.005), esa norma no puede ser soslayada por el intérprete sin caer en arbitrariedad, lo que veda el desplazamiento de esa normativa mediante la aplicación del abuso del derecho invocado por la vendedora.
Administración Pública, facultades discrecionales, razones de oportunidad, mérito o conveniencia, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Boaglio, Carlos J.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

El mayor o menor acierto o error, mérito o conveniencia de la solución adoptada por la autoridad administrativa constituyen puntos sobre los que no cabe al Poder Judicial pronunciarse, en la medida en que el ejercicio de dichas facultades discrecionales no se compruebe como irrazonable, inicuo o arbitrario (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dotto Raúl c/ Argañaraz Manuel y otros s/ Cobro de alquileres Veik Héctor Constantino c/ Gallay Juan José y otra s/ Cobro de alquileres Abrego Eusebio c/ Vaca Edmundo Francisco y otros s/ Cobro de alquileres Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Alonso Héctor J. s/ Juicio ejecutivo Banco Monserrat S.A. c/ Tejerina Rosario y otro s/ Cobro ordinario de australes Basavilbaso Alberto Manuel c/ Cardozo Geronimo Raul s/ Ejecucion hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-17|1996-05-28|1996-03-07|1994-03-22|1994-04-05|1997-04-24

Con posterioridad al 31 de marzo de 1991, y conforme principios connotativos del sistema legal que tienden a evitar el abuso en el reconocimiento de los derechos (arts.656,segunda parte, 953, 1071 del Cód.Civil) es procedente fijar como tope de la tasa de interés la equivalente a dos veces y media de la que cobren los bancos públicos, según la preceptiva legal aplicable al mutuo y extensible a situaciones análogas (arts.16, Cód.Civil; 565,segunda parte, Cód.de Comercio). De tal modo, la tasa aplicable será la que ascienda a dos veces y media de la cobrada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en concepto de interés compensatorio y en las operaciones ordinarias de descuento de documentos.
Personal municipal, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, docentes, jubilaciones, cesación de servicios, cómputo de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: TRUJILLO, JUAN CARLOS c/ Instituto Municipal de Previsión Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

Del art. 53 del Decreto 1645/78 se desprende que los servicios docentes resultan de utilidad para acreditar la continuidad laboral hasta llegar a la edad mínima para jubilarse, pero no se requiere el cese en esa actividad docente, pudiendo continuar desempeñándose en tal carácter aún después de concedida la jubilación. Por ello, es procedentes parcializar el reconocimiento de estos servicios docentes, a los efectos de tomarlos en consideración no más allá de la fecha en que el interesado alcanza la edad exigida por el art.

19 del Dec. referido, y desde ese momento abonar el beneficio.
Enfermedad accidente, relación de causalidad, prueba pericial, várices
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Francisco c/ Swift Armour s/ (Expte. Nro. 380-99, Resol. Nro. 186, Tomo 57, Folio 144)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-09-07

Atribuir incidencia causal en afecciones que por lo demás reconocen un componente congénito luego de haber transcurrido más de veinte años desde que se dejaron de realizar las tareas que hubieran podido originarlas o agravarlas, vulneraría la lógica y el sentido común, que son los constituyentes de sana crítica. Por ello, aún cuando el apelante pretende que el perito responde afirmativamente a su punto pericial en el que si los esfuerzos al producirse una presión positiva abdominal generan un arémara venosa distal que va horadando las fibras elástica de la venas y por consiguiente si al realizar dichas tareas por largos períodos esas fibras elásticas terminan relajándose, no pueden tomarse las respuestas del perito como corroborantes de la postura de la accionante, ya que no se le señala al experto un elemento importantísimo cual es el lapso temporal desde el que no se efectuaron las mencionadas tareas de esfuerzo.
Contrato de deporte profesional, jugador de fútbol, pase a préstamo
Materia: LABORAL
Carátula: Simón, Juan Ernesto c/ Club de Gimnasia y Esgrima de la Plata s/ Cobro ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-23

Aprovechando la especial naturaleza del contrato deportivo y sus particulares características, el empleador (club de fútbol) puede transferir los servicios del trabajador (jugador) a otro empleador (otro club de fútbol), siempre que se cuente con el consentimiento expreso de aquél (art. 229 de la ley 20.744 y art. 14 de la ley 20.160), obteniendo por ello una ganancia económica, que -en la jerga usual del fútbol- se la denomina transferencia o pase (doctor DE LAZZARI, minoría).
Remuneración del juez, intangibilidad de la remuneración, funcionarios judiciales, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: García Sanabria Arturo A. y otros c/ E.N. (M° de Justicia) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-15

El decreto no fijó nuevos montos para las asignaciones correspondientes al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por todo concepto, -excluidos los adicionales de carácter particular- y siendo ello así, resulta inútil invocar la "porcentualidad que establece la ley 22.969 (sentencias del día de la fecha en las causas "Urien", Liporace y "Morales"). (Confr. Sala IV de este fuero, sentencia del 6/4/95 en los autos "Lazo" y "Ansaldo"; y Sala II "Casanbón", del 15/8/95, para empleados del Poder Judicial de la Nación).
Daños y perjuicios, bienes inmuebles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHAMI DORA c/ E.P.O.S. s/ ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-09

Siendo el rubro "locación" un daño "cierto" y no puramente eventual o hipotético, debe ser resarcido. La circunstancia de que el damnificado realice las reparaciones sin desalojar el inmueble dañado (o pida prestada una casa o vaya a vivir con otros familiares) no le quita el carácter de "cierto" al daño, ya que se trata de una consecuencia del acto ilícito, que aparece desde ya como la prolongación inevitable o previsible del daño actual y ya sucedido. El valor a resarcir es el de la locación de otro inmueble de iguales características a las del que se debe desocupar, durante el tiempo que duren los trabajos de reparación del mismo.-
Incapacidad, profesión habitual
Materia: LABORAL
Carátula: ZABALA CARLOS ALBERTO c/ PARANATEX S.A. s/ INDEMNIZACION ENFERMEDAD ACCIDENTE 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-21

La incapacidad laboral debe ser considerada en relación a las tareas habituales del trabajador.
Poder Judicial, jueces, leyes, constitucionalidad, empleados públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA, JUAN PEDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 66-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-08

Declara la inconstitucionalidad de la ley 21258, las cesantías basadas en esa norma, no reconocen causa jurídicamente aceptable siendo en consecuencia injustificadas, en los términos del artículo 116 inciso 4 de la Constitución Provincial que fija para las bajas así caracterizadas y hasta tanto la legislatura sancione el estatuto correspondiente a funcionarios y empleados públicos, una indemnización equivalente al importe de doce meses de sueldo mensual al del cargo que el agente ocupara.
Recurso de casación, tercería de dominio, embargo
Materia: CIVIL - LABORAL
Carátula: LAJMADI NAIAZE c/ EISSEIN SIMON Y OTROS s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-10-31

La búsqueda de la verdad real, no autoriza a desconocer las constancias revestidas de legalidad. Al haberse acreditado suficientemente la propiedad del inmueble en el que se practicó el embargo, así como la de los muebles objeto de la medida, debe casarse el pronunciamiento que rechaza la tercería de dominio interpuesta y entrar al fondo del asunto.-
Prueba testimonial, querellante
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VILLALBA, Carlos Alberto s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-01

Particular ofendido en los términos exigidos por el art. 82 del C.P.P.N. es el individuo concreto y singular que ha resultado víctima del obrar criminal y que, en virtud de los perjuicios que lo han lesionado personalmente, condensa en su accionar toda la actividad querellante viable contra el penalmente imputado. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia).
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, daño emergente, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Juan Carlos Antonio c/ Repetto, Carlos Omar y/o quien resulte responsable s/ Indemnización de Daños y Perjuicios. Fernández, Juan Carlos Antonio c/ Repetto, Carlos Omar y/o quien resulte responsable s/ Indemnización de Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-05-08|1992-05-08

El perjuicio causado al actor por la no devolución en tiempo oportuno de los diarios y revistas, debido al siniestro ocurrido con su automóvil, es un daño emergente inmediato que guarda nexo adecuado de causalidad con el evento dañoso conforme art. 901 del Código Civil. La certeza del daño tiene que ver con el hecho causal, pues es ese hecho el que por producir la privación o desmedro de un bien jurídico, permite atribuir certidumbre al perjuicio; y la falta de prueba concreta sobre el monto preciso de este daño, no constituye obstáculo insalvable a la admisión del reclamo por daño emergente, ya que el mismo puede ser mensurado por el juzgador en función de lo previsto por el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, partiendo a tal efecto del precio de venta de la mercadería mencionada y deduciendo éste, los beneficios o ventajas derivados de la circunstancia de que dichos ejemplares podían tener otro destino productivo para el actor, disminuyendo o compensando el daño causado.
Accidentes de trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Romero, Enrique Alberto c/ Ignacio F. Kasserman S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Frente a la federalización del régimen estatuido por la ley 24.557 obvio resulta que la revisión judicial de las resoluciones de organismos nacionales recaiga en la Justicia Federal (art. 2, inc.

4, Ley 48, C.S.J.N., Fallos 193; 115) (en el caso, jueces federales y ante la Cámara Federal de la Seguridad Social como segunda instancia; art. 46, Ley 24.557). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empresas del Estado, Dirección Nacional de Vialidad, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: GAFFURI, ALBERTO c/ DNV s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-10

El hecho de que la demandada y el gremio, en el ámbito de la concertación prevista por el art. 2 de la ley 23126 hayan suspendido sine die la aplicación de las cláusulas salariales del convenio 1/75E justifica la validez constitucional de la ley 21307.
Recursos administrativos, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Soreire, Sandra Noemí c/ Municipalidad de Huillapima s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-10

En materia de facultades disciplinarias de la Administración Pública, debe partirse de que si el procedimiento administrativo constituye siempre una garantía jurídica, esa característica adquiere especial importancia cuando se trata del trámite cuyo objeto es la imposición de una sanción. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la existencia de recursos posteriores a la sanción no convalida la omisión del debido proceso previo -inexistencia de descargo o sumario administrativo, según el caso-. Aceptar esta postura como la subsanación en el proceso judicial, colocaría al agente o empleado público en una verdadera situación de indefensión, puesto que lo privaría de la posibilidad de destruir en el momento oportuno las imputaciones que se le pudieran hacer, contrariando lo que pretende el debido proceso, que es, precisamente, el respeto de su contenido con anterioridad a la sanción misma. "...De allí que la Constitución alude expresamente al "sumario previo".Así las cosas, la omisión de al menos un mero descargo, no puede en modo alguno considerarse suplida por la posterior instancia recursiva." (Trib.Sup. de Justicia, Córdoba, "Rius, Guillermo C. c/Provincia de Córdoba s/Contencioso Administrativo-Plena Jurisdicción-Rec. Apel.", Sent. 07/12/99). En el caso, al no haberse respetado la garantía del debido proceso, antes del dictado del Decreto que hizo cesar la relación de empleo público de la actora, dicha transgresión fulmina la juridicidad del acto por cuanto se ha contrariado el orden jurídico vigente por incumplimiento del procedimiento legal requerido para su dictado. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad del decreto atacado, hacer lugar a la acción de amparo deducida, ordenar la reincorporación de la actora, en la categoría que sustentaba, en el plazo de diez días de quedar firme la presente, debiendo acudir, en lo referente a su reclamo por haberes y salarios adeudados, por la vía que corresponda.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Rial, Raúl c/ Frigorífico Meatex S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

El tribunal del trabajo no puede, sin incurrir en transgresión del principio de congruencia, condenar por un reclamo no formulado en el escrito inicial.
Competencia de familia, interdicción administrativa, restricciones a la capacidad, cuerpo médico forense, prueba de informes
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: H. M. A.  c/  s/ Determinación de la Capacidad Juridica, Apoyos y Salvaguardas, expte n° 690/2023
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-11-16

El análisis de las presentes actuaciones demuestra que se encuentran cumplimentados los recaudos, tanto formales como sustanciales, que habilitan la declaración de restricción a la capacidad jurídica. Se ha dado intervención al Cuerpo Médico Forense, que dictaminó conforme informe; al Equipo Técnico Interdisciplinario que informó y se ha tomado contacto personal con la Srta. XXX y con sus hermanas, las Sras. XXX y XXX- en la audiencia fijada como constan en el expediente. Con base en estas consideraciones y dado que la interdicción tiene un fin tuitivo, se resuelve confirmar la sentencia venida en consulta.
Sobreseimiento, nulidad procesal, ampliación de la declaración indagatoria, vista de las actuaciones
Materia: PENAL
Carátula: SANATORIO ANTARTIDA s/ SOBRESEIMIENTO. NULIDAD PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-07

Si luego de las vistas evacuadas por la querella y el fiscal, se amplió la declaración de los imputados, habiéndose aportado nuevos elementos de prueba, debió corrérseles a aquellos nuevamente vista antes de sobreseer (art. 441 CPC), debiéndose en consecuencia declarar la nulidad del sobreseimiento y de los actos que han sido consecutivos, por omisión de una forma esencial del procedimiento establecida por motivos de orden público y menoscabo del derecho de las partes legítimamente constituidas.
Acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Correa de Basañes, Elena Concepción c/ O.S.S.E s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-17

En el orden sustancial, solo la ley es fuente de la presunción de legitimidad. En consecuencia, con la consagración normativa de la presunción de legalidad se disipan todas las posibles dudas interpretativas. Además, la presunción de legitimidad de los actos administrativos deriva del principio de interpretación constitucional que consagra la presunción de validez de los actos estatales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace reposar la presunción de legitimidad también en la ausencia de vicios graves y manifiestos o patentes.
Demanda, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RESCALDANI ALEJANDRO MARIO c/ SANCHEZ JERONIMO Y OTRA s/ DEMANDA - EXCEPCION DE LIBELO OSCURO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-10-04

El monto reclamado por el daño moral no escapa a la previsión del inc. 3ro. del art. 155 del Código ritual, en cuanto debe ser designado "con exactitud", en el sentido que tiene que ser cuantificado con precisión. No es obstáculo para ello la circunstancia de que, en ese momento no pueda ser estimado de dicha manera, ya que luego queda la posibilidad de ampliar o moderar la petición hasta el momento oportuno, e inclusive la de iniciar una nueva demanda por el concepto expresado con arreglo a las reservas que se hagan. Prueba también de aquello es que el sentenciante por más arbitrio que tenga, no puede conceder mayor cantidad que la reclamada.
Derechos políticos, derecho de voto, ciudadanía, idioma nacional
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Liu, Cairong s/ solicitud carta de ciudadanía c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

Carece de sustento la afirmación según la cual el conocimiento elemental del idioma nacional resultaría una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos políticos, pues no es evidente que la falta de ese conocimiento constituya en la actualidad una barrera que impida a todo extranjero residente en el país acceder diligentemente a su derecho a votar.
Daño moral, derecho a la intimidad, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: SZEWC, Andrés c/ CARREFOUR ARGENTINA S.A. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-09

La vulneración del derecho a la intimidad se instala justamente en el género de afecciones que configuran el daño moral, perturbando la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, razón por la cual nada necesita agregar el actor para demostrar la configuración de este perjuicio, que surge "in re ipsa" de la acción antijurídica.
Honorarios, interdicto de recobrar, base regulatoria, pautas, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSSI, ALBERTO ARTEMIO Y OTRO. c/ DEHAIS, JOSE. s/ INTERDICTO DE RECOBRAR.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-02-28

Corresponde revocar la resolución en el punto concerniente al incidente de tasación, ello así pues no existen motivos para repartir las costas del incidente cuando la estimación del demandado es equivalente a la del perito tasador. Por ello, considerando que las oposiciones e impugnaciones de la parte actora no tenían razón de ser, corresponde imponer las costas del incidente a su cargo.
Fideicomiso, determinación de impuestos, alícuota, interpretación de la ley, impuesto a las ganancias
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Fideicomiso Edificio La Favorita de Rosario  c/ Dirección General Impositiva  s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-05

Carece de sustento legal la determinación de oficio efectuada por el Fisco respecto del impuesto a las ganancias de un fideicomiso no financiero integrado por fiduciantes-beneficiarios residentes en el país y otros que residían en el exterior - se aplicó la alícuota del 35% sobre la totalidad de la renta obtenida por el fideicomiso-, pues no se desprende de ninguna de las normativas aplicable que la mecánica del impuesto establecida en relación con los fiduciantes-beneficiarios que residan en el país y que ha sido prevista fundamentalmente en el art. 49 de la ley 20.628, se encuentre condicionada a que todos los integrantes del fideicomiso tengan residencia dentro del territorio nacional. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Accidente de tránsito, vehículo embistente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ferraresi, Eduardo Pedro c/ Rombo, Angel Antonio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-08

No es relevante tampoco evaluar la condición de embistente o embestido, y asignarle a ella una significación presuncional de culpabilidad o causalidad, pues además que ello solo traduce un matiz de análisis de orden físico, debe tenerse especialmente en cuenta que esa circunstancia se aprecia en la fase final de eventos de estas características, y siendo determinada la más de las veces por procederes instintivos o inevitables ante el antecedente fáctico que ya tradujo el aporte de culpabilidad o causalidad, y que en definitiva es el determinante causal y donde se asienta la responsabilidad (art. 512, 901,1113 del C. Civil).
Cómputo privilegiado de la privación de libertad, crímenes de lesa humanidad, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Samuel Miara, Oscar Augusto Isidro Rolón, Mario Alberto Gómez Arenas y Eugenio Pereyra Apestegui en la causa Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ privación ilegal libertad agravada (art. 142 inc. 1) y homicidio agravado con ensañamiento y alevosía c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-24

El art. 3 de la ley 27.362 expresa un razonable ejercicio de la potestad interpretativa auténtica del Congreso de la Nación, motivo por el cual, entre otros fundamentos, no resulta aplicable al recurrente el cómputo especial de la prisión preventiva previsto en el derogado artículo 7 de la ley 24.390. La gravedad de las conductas criminales tipificadas como delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional, constituye fundamento suficiente para sustentar la imposibilidad de aplicar a sus autores la ultractividad del beneficio del dos por uno en el cómputo que fuera solicitado por la defensa. (Del precedente "Recurso de hecho deducido por la defensa de Samuel Miara, Oscar Augusto Isidro Rolón, Mario Alberto Gómez Arenas y Eugenio Pereyra Apestegui en la causa Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/ privación ilegal libertad agravada (art. 142 inc. 1) y homicidio agravado con ensañamiento y alevosía", del 04/12/2018, al que adhirió la mayoría de la Corte, por razones de economía procesal)
Declaración de insania, curador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., C. A. s/ tutela R., A. s/ Insania y curatela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04|1998-11-02

La curatela se otorga al mayor de edad incapaz de administrar sus bienes, ya fueran dementes o sordomudos que no sepan darse a entender por escrito, bajo la representación promiscua del Asesor de Menores e Incapaces. ( arts. 153, 468, 469 y cdts. Cód. Civ.; arts. 814, 815 Cód. Proc.; arts. 80 y 91 ley 5827 ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)