marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho a la intimidad, daño moral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gass Leandro Saul c/ Est. Nac. Mº del Interior - .Subsecretaría de Derechos Humanos s/ Proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-25

El denominado derecho de intimidad, o derecho a la intimidad -también llamado, en sentido más amplio, derecho a la privacidad-, y especialmente, la distinción no siempre clara, entre la esfera íntima o secreta y la esfera privada de las personas quizá no pueda ser definido en términos precisos, tanto por la amplitud de su significado como por la variedad de las situaciones que comprende y las distintas facetas que presenta y que, precisamente por ello, se ha tratado de conceptualizarlo algunas veces como un derecho natural, en otras oportunidades por su esencia constitucional o, en fin, como una especie de derecho personal. Por nuestra parte, entendemos que el derecho que estamos refiriendo tiene rango de derecho natural. Se trata de una clase de derecho que se encuentra ínsito en la naturaleza humana, ya que deriva del derecho que todo individuo tiene a la vida y, por ende, a la integridad psiquica, lo cual lo eleva a la categoría de derecho absoluto y supremo y lo ubica por encima de toda construcción jurídica positiva. Integra así, el elenco de los denominados derechos personalísimos (vida, libertad, honra, honor, etc.) y si bien -como lo hemos hecho notar más atrás- en ciertas situaciones se superpone a alguno de ellos ya que -como se ha dicho en la doctrina nacional- cada vez que se viola un derecho a la personalidad aparece el daño moral, no siempre se confunde con éstos porque, en otras ocasiones, las injerencias en la esfera privada del sujeto, cada vez más cercada por los avances de la técnica y de los medios masivos de información y de difusión, producen disgustos o perturbaciones que a veces no alcanzan la categoría de daño moral en sentido estricto" (conf. Hernán Racciatti "El derecho de intimidad (Algunas reflexiones sobre el artículo 1071 bis del Código Civil)"L:L: t. 1984-C, Sección Doctrina, página 1010 y siguientes). (Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. III). del juez Gallegos Fedriani, cons. III).
Regulación de honorarios, honorarios del perito, perito de oficio, base regulatoria, partes del proceso, quiebra
Materia: PROCESAL
Carátula: Cía.  Swift  de  La  Plata    S.A.    Frigorifica - Deltec Argentina c/ Estado Nacional Argentino (Poder Ejecutivo Nacional) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

En supuestos de rechazo de la demanda, la base regulatoria se encuentra constituida por la suma reclamada en aquélla, criterio que no resulta aquí aplicable en virtud de las peculiaridades del litigio. Conforme lo dispone la doctrina plenaria del Tribunal, el perito de oficio puede perseguir el cobro de sus honorarios de cualquiera de las partes sin mengua del derecho de quien los abone para obtener el reintegro del obligado al pago. Las actoras han sido declaradas en quiebra con la cual el derecho a reintegro que asiste a la demandada en la hipótesis de que tenga que solventar los emolumentos de los peritos aparece como de improbable realización.

Por ello, contabilizar a los fines arancelarios (en cuanto a los expertos se refiere) los distintos capítulos solicitados llevaría a una situación de manifiesta iniquidad. Los antecedentes enunciados conducen a propiciar una distinción de la base regulatoria según se trate de las actoras o del demandado. En el primer caso, no hay razones para prescindir del reclamo formulado. No sucede lo propio con la demandada, que no puede quedar vinculada por la estimación unilateral de la actora. Así, debe considerarse que, respecto del Estado, el juicio es de monto indetermindo, correspondiendo la aplicación de un criterio prudencial y ponderar los trabajos realizados en los términos del art. 6, incs. b) y c) del decreto - ley 16.638/57. El derecho a perseguir el cobro de sus honorarios de cualquiera de las partes, queda así limitado en el sub examen a las respectivas bases regulatorias.
Recursos, acción de revisión, facultades del Superior Tribunal
Materia: PENAL
Carátula: Pcia. de Chubut c/ C., F. A. - M., F. y S.L.A. s/ impugnación extraordinaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-09-26

El régimen de impugnaciones integra un sistema normativo cuya inconsecuencia no debe presumirse. Es así que los recursos, acordados de modo bilateral a acusador y acusado por razones de equidad, procuran "la revisión por parte de un órgano jurisdiccional distinto del que las dictó (de superior jerarquía orgánica), de resoluciones que se denuncian como erróneas (viciadas por equivocadas), procurando que el tribunal del recurso las descalifique por ser tales y las sustituya total o parcialmente por otras, que resuelvan sobre lo mismo, pero en forma opuesta o diferente (revocación o modificación); o que, sin sustituirlas, sólo las deje sin efecto (anulación), lo que tratándose de la sentencia definitiva posterior al juicio, determinará generalmente, el inmediato envío (reenvío) a otro tribunal de la misma competencia y jerarquía del que dictó la anulada".
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: C, A L s/ LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS     EXPTE NRO 77-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-24

Es nula la sentencia en la que se ha omitido considerar una articulación defensiva formulada por el representante de la defensa (en el caso aplicación del principio de extractividad de la ley penal más benigna) que puede resultar fundamental para el resultado del fallo.
Régimen de consolidación de deudas, derechos adquiridos, embargo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Gil de Giménez Colodrero, Dolores, y otros c/ Estado  Nacional  (Ministerio  de  Educación y Justicia de la Nación) s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

El art. 4 de la ley 23.982 no vulnera ningún derecho adquirido desde que no los hay al mantenimiento de las leyes. No cabe alegar la existencia de un derecho adquirido frente a un embargo que, por naturaleza, resulta provisional y no reviste la calidad de un derecho sino la de un simple medio para hacerlo efectivo.
Notificación por cédula, notificación personal, apercibimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: GUSPERO, Julio A. c/ FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Toda intimación, aunque esté establecida directamente por la ley, debe notificarse en forma expresa, dada la gravedad de las consecuencias, que podrían traer aparejadas para las partes, máxime si la sanción recae sobre la pérdida del derecho a contestar la demanda.
Alimentos, indemnización tarifada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: S. de A., J. A. c/ A., E. T. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06

En principio, el alimentista no puede solicitar la parte de la suma percibida por el, alimentante despedido ya que esa indemnización tiene por objeto permitir el desenvolvimiento del agente mientras carezca de trabajo y hasta que pueda iniciar otra actividad lo que se vería afectado si se repartiera proporcionalmente esa suma.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, ley provincial, ley nacional, Constitución Nacional, jerarquía de las leyes, juicios en que es parte una provincia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Abbott Laboratories  S.A.  y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03

Es de competencia originaria de la Corte la causa en que se impugna una ley provincial tanto por ser contraria a una ley nacional como a la Constitución Nacional y se demanda a una provincia, cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de la contraria.
Costas, buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL c/ IVA  S.A.I.C.I.F.I. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-02

En actuaciones donde entre la fecha de pago, y la de expedición del certificado de deuda y/o intimación de pago ha transcurrido un período prolongado (más de cuatro meses), se han morigerado las consecuencias de la inobservancia por el deudor del deber de comunicar, pues se entendió que hay plazo suficiente para que la actora registre las cancelaciones efectuadas por el responsable, al cual no deben trasladarse demoras administrativas irrazonables, imponiéndose las costas en el orden causado.

El principio de la buena fe impide que un litigante fundamente su accionar aportando hechos y razones de derecho que contravengan sus propios actos.
Acción civil, cuestiones prejudiciales, nulidad de sentencia, declaración de oficio
Materia: CIVIL
Carátula: Sotelo, Carlos Alberto y otro c/ Condylha  S.A. s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

Aún cuando el planteo sobre la incidencia de la sentencia penal en la solución de la causa civil no haya sido sometido a la consideración de primer juzgador y, por lo tanto, por imperio de lo determinado por el artículo 277 del Código Procesal Civil y Comercial, no podría ser considerado en la Alzada, tratándose de una norma de orden público la nulidad puede y debe ser declarada de oficio. Corresponde en consecuencia, obviar la aplicación de la norma procesal y en su reemplazo aplicar la norma sustancial, declarando la nulidad de la sentencia.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, sentencia definitiva, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: UTGRA. Unión de Trabajadores Gastronómicos de  la República Argentina c/ DGI. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

No aparece cumplido el recaudo de sentencia definitiva fundado en la sola afirmación de la apelante en el sentido de que la decisión le causa un agravio de imposible reparación ulterior o le genera un gravamen irreparable y que el pronunciamiento reviste gravedad institucional (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Compraventa inmobiliaria, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: COBBE, BRUNO MARIO c/ GONZALEZ, ANGEL RAUL s/ RESOLUCION DE BOLETO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-12

Es desacertado el criterio de estimar inmoral o contrario a las buenas costumbres, o abusivo el ejercicio por el prominente de venta del pacto comisorio en los casos en que se ha pagado una parte importante del precio. Esto implica confundir la facultad conferida al acreedor de obtener la resolución del contrato por el incumplimiento de su contratante, con la sanción estipulada para el caso de incumplimiento, consistente en la pérdida de las sumas entregadas a cuenta de precio. La retención de una parte importante del precio podrá ser, o no, inmoral o antifuncional, pero ello no obsta a que en principio tal calificación no alcance al ejercicio de la facultad resolutoria convenida en el pacto comisorio. El pacto comisorio no es ajeno a la gravitación de directivas como las de los Arts. 953 y 1071, del Código Civil, que expanden su influencia en todo el espectro de los derechos subjetivos, pero el desembolso de una parte significativa del precio total no es suficiente de por sí para obstar al ejercicio del pacto comisorio, por lo que la resolución del contrato es procedente y sólo cabe determinar si la cláusula penal pactada, en caso de hacerse efectiva la facultad resolutoria puede ser calificada de inmoral, contraria a las buenas costumbres o abusiva y si así fuera, sólo correspondería su morigeración. Es inmoral obligar a la vendedora a cumplir con el contrato percibiendo el saldo restante fijado 18 años atrás y dos antes que se produjera en el país el llamado "Rodrigazo", con la consecuente depreciación en forma exorbitante de nuestro signo monetario, semejante solución importaría convalidar un verdadero despojo, por lo que debe hacerse lugar a la demanda de resolución de contrato, con pérdida a favor del vendedor de las sumas abonadas por el comprador, debiendo proceder éste dentro del plazo de 45 días de notificado a devolver la posesión del inmueble (conf. arts. 1204, 1374, 1375 inciso 1, 555 del Código Civil y su nota).
Sucesiones, inventario y avalúo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tessore, Ethel Elena s/ Sucesorio - Incidente de Oposición
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-03-19

La reclamación por inclusión o exclusión de bienes en el sucesorio, procede aún cuando el inventario haya sido aprobado y ello encuentra su razón en que la resolución aprobatoria no prejuzga sobre la propiedad de los bienes.- La oposición referida a la tasación de los bienes, no procede cuando no ha sido interpuesta en tiempo oportuno, es decir dentro de los cinco días de notificada la manifestación y avalúo de bienes.-
Tercerías, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mazzolini de Figueroa María Angélica c/ Ocorso Ricardo y otro s/ Tercería de dominio o de mejor derecho.- Negro Daniel Alberto c/ Negro Héctor Enrique y otro s/ Tercería de dominio o de mejor derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08|1998-09-24

Aunque el tercerista interponga la demanda después de diez días desde que conoció el embargo esa morosidad implica asumir la carga de las costas originadas por la presentación extemporánea en el principal. Pero no así las de la tercería, que dependen de la solución de ésta y conducta de las partes en dicho proceso (art. 97 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires). En función de tal distingo vinculado con la actuación de los codemandados, se exhibe una diferencia sustantiva entre uno y otro, ya que, en el caso específico de uno de ellos, su incomparecencia a juicio y la admisión de la acción tornan operable el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y debe cargar con las costas.-
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Trusso, Francisco Javier s/ incidente de excarcelación. Trusso, Francisco Javier s/ estafa -causa Nº 35.881/98.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18|2002-12-18

La decisión que restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa puede equipararse a una sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, ya que podría ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, por afectar un derecho que exige tutela inmediata.
Responsabilidad del corredor, daños y perjuicios, compraventa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Riva, Silvana Lorena c/ Lalosa, Jorge Mario Y Otros s/ Sumario (Expte.:1351)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-04-17

El intermediario en una operación inmobiliaria debe brindar a quien se interese como comprador la información más completa posible acerca de las condiciones de dominio del inmueble a fin de que el negocio pueda realizarse con la seguridad que el tráfico mercantil requiere.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Sanchez, José Miguel c/ Valmarco S.A. s/ Despido Sechi, Liberato c/ Equipos Industriales y de Controles automáticos s/ Enfermedad accidente Chevillard, Haydee c/ Clínica Mariano Moreno S.A.C.I.F.I. s/ Despido y accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-13|1989-03-14|1997-10-07

Determinar las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo es, salvo absurdo, cuestión que no corresponde al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANCHEZ, MIGUEL ORLANDO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE FRIAS Y/O RESPONSABLE s/ RECURSO DE AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-08-16

Si los actos del Interventor Municipal fueron dictados en concordancia con la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal, el argumento esgrimido por los actores de la supuesta privación ilegítima del derecho de gozar de su licencia gremial queda sin encuadramiento en los requisitos del Recurso de Amparo, lo cual lo torna improcedente.-
Obligaciones, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GIOVANINI, VITO c/ CABAÑA SANTA LUCIA Y/U OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-04-22

Con respecto a la carga de la prueba en materia de obligaciones, la parte que reclama el cumplimento de la misma por el demandado, debe probar el hecho que la norma invocada supone como presupuesto de su aplicación, es decir, el nacimiento de su derecho correlativo; y la parte que alega el cumplimiento, o sea que su obligación se extinguió, debe probar el hecho respectivo.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, vehículo detenido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barrios, Faustino c/ Ayala,  Eusebio  y/o  quien  resulte  propietario  y/o quien resulte responsable s/ Sumario resulte  propietario  y/o quien resulte responsable s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-09-08

Si el demandado detuvo su automotor en un lugar inapropiado y peligroso por el ángulo en subida que presentaba, lo que causó que el vehículo se movilizara hacia atrás, provocando el siniestro, corresponde la aplicación del art. 1113 2do. párrafo, a efectos de la determinación de su responsabilidad.
Transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mena, José Rodolfo c/ Citibank N.A. s/ Regulación por diferencia de valor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

Si el riesgo de simulación existe, no es dejando de lado la pauta arancelaria que el legislador estatuyera para determinar el honorario de los abogados por su actuación judicial cuando el proceso concluye por transacción o forzando el principio de la relatividad de los contratos, que puede y debe neutralizarse la misma. En tales casos, los letrados que supieren o sospecharen el actuar fraudulento de las partes de la transacción, tienen a su mano las acciones nulificadoras pertinentes (arts. 955 y 1045 del CC).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Falsificación de documentos, falsificación de instrumento público, tentativa inidónea
Materia: PENAL
Carátula: Colabello, Carlos A. y otra s/ Falsf.de doc. público. Causa 25554
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-21

Si la falsificación instrumental es a todas luces bastarda, torpe e incapaz de pasar inadvertida a primera vista para el común de la gente, descartándose de plano la posibilidad de causar el perjuicio exigido en la figura penal que requiere la posibilidad de éxito del engaño, tal circunstancia priva al documento de toda aptitud lesionadora del bien jurídico excluyendo la tipicidad.
Jornada de trabajo, horas extra, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Tapia, Francisco c/ Sodexho Argentina S.A. y otro s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-05

La interpretación del art. 2° del decreto 16115/33 debe llevarse a cabo en forma armónica con el art. 3° de la ley 11544 y, en caso de contradicción, deberá estarse a la interpretación más favorable al trabajador -art. 9 LCT- priorizando la norma de la ley por sobre la del decreto reglamentario -conf art. 28 de la CN-. Así, el término medio de las horas de trabajo dentro del ciclo no debe exceder de 8 horas por día o 48 semanales y, en tanto se refiere al promedio dentro del ciclo, el tope de 56 horas está establecido para que en ningún caso resulte excedido.
Recurso de reposición (procesal), Superior Tribunal de Justicia, vocal del Tribunal, acción de amparo, competencia laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: MINEUR FERREIRA, MARIA LAURA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-10-08

Corresponde rechazar la revocatoria interpuesta, en razón de que -de conformidad a lo ordenado en el artículo 13 de la ley 10160- la integración de esta Corte deberá efectuarse, tal como se dispuso en la providencia cuestionada, con un Juez de Cámara de Apelación en lo Laboral, toda vez que en la especie el conocimiento de la materia debatida en el amparo recayó en el fuero del trabajo.
Inscripción registral, bloqueo registral
Materia: CIVIL
Carátula: Del Blanco Susana s/ Recalificación ins. Reg.Prop. Inmueble
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-29

El art.. 25 del decreto ley mencionado dispone que una vez otorgado el certificado que informa el estado jurídico del inmueble, se produce el denominado "bloqueo registral", el cual, si bien no impide el ingreso de otros documentos, condiciona su anotación definitiva al ingreso en término del instrumento para el cual se expidió el informe que lo produjo. Es decir, que si el escribano no realiza el acto para el cual había pedido el certificado, o lo realiza una vez vencido su vigencia, se levanta el bloqueo y adquieren plena validez los otros actos (embargos, gravámenes, transmisiones, etc.) desde la fecha en que hubiesen sido presentados.
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cambiasso, Jorge  Roberto c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-06-08

Es a partir de la desposesión, momento en el cual el titular del fundo expropiado ha de recibir el equivalente dinerario como justa indemnización de su privación, que ha devengar los correspondientes intereses por el no pago en esa oportunidad, apareciendo de tal modo el equilibrio en la ecuación indemnizatoria, en tanto "se compensa" también la no disponibilidad oportuna de la suma correspondiente.
Enfermedad profesional, indemnización por incapacidad, pretensión resarcitoria, reparación integral, jueces, facultades del juez, equidad
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Carballo, Daniel A. c/ SCIMACA S.R.L. s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 97-00, Resol. Nro. 213, Tomo 24, Folio  457)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-15

A los fines de que prevalezca la reparación dineraria integral a los efectos del resarcimiento, debe restablecerse en cuanto sea posible el equilibrio destruido por el evento. Por ello la valoración debe efectuarse mediante el prudente arbitrio judicial, dado el carácter trascendente de la vida humana, que no puede traducirse en un materialismo matemático monetario, ni en rigorismos invariables, porque cada caso concreto está sujeto a distintas ponderaciones. En esta acción los magistrados cuentan con amplias atribuciones para encuadrar la fijación del monto resarcitorio en mérito a lo previsto por los arts. 1073 y 1074 del Código Civil.
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: VEGA, Juan Carlos c/ CJPER s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-17

No aparece como justo y equitativo eximir a la accionada del pago de las costas, toda vez que la actora tenía válidos y suficientes motivos para litigar al momento de presentar su demanda.-
Constitución Nacional, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Ramona Esther y otro c/ PEN - ley 25.561 dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo sobre ley 25.561
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

El sometimiento voluntario sin reserva expresa a un régimen jurídico obsta a su ulterior impugnación con base constitucional toda vez que no puede ejercerse una pretensión judicial manifiestamente contradictoria e incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Disidencia de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda). -Del precedente "Cabrera"al que remitió la disidencia-.