Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-05-22


Expte. 5741/12 "INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN a favor de Ortega Cristian en autos 12266/11 c/ Peñaloza Ricardo y Ortega Cristian por /robo en perj. de Rodríguez Mabel, Morales Julieta y Carrizo Enzo- Casación".

En la Ciudad de San Juan, a veintidós días del mes de mayo del año dos mil doce, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y José Abel Soria Vega, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal.

No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal - ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:

Contra la resolución de la Sala Tercera de la Cámara en lo penal y correccional, glosada a fs. sub 20/24, deduce recurso de casación, la defensa del imputado Cristian Antonio Ortega (fs. sub 25/32).

El auto recurrido, confirmó la resolución emitida por el Quinto Juzgado de Instrucción, por la cual se denegó la excarcelación de Ortega, en virtud de lo normado por los artículos 375 inc. 1º del C.P.P. y 26 del C.P. y en consideración, además, de la calificación impuesta al imputado; siendo la misma, Robo Simple y Robo Agravado por el uso de arma blanca, en concurso real (fs. Sub 04/06).

Se alza contra lo resuelto por la Cámara, el Sr. Defensor Oficial, acudiendo, por la vía casatoria, a cuestionar el fallo emitido.

Refiere, primeramente, la inobservancia de lo dispuesto en el art. 155 del código ritual, en virtud que el Tribunal de Alzada, se limitó a repetir el razonamiento criticado del Juez Instructor.

Tacha por arbitrario y aparente, el fallo resistido y aboga por su nulificación; aduciendo que se vulneró el esencial derecho del imputado a ser oído.

Invoca, por otra parte, el inciso 1º del art. 574 C.P.P., alegando que pretende la aplicación de los artículos 373 inc.1º y 375 del C.P.P., a la luz de lo prescrito en los Pactos Internacionales, Constitución Nacional y Provincial; etc.-- Asevera que en la causa acompañada, no resulta posible que su defendido pueda obstaculizar u obstruir el proceso; criticando además, que la resolución de la Alzada excediera, conforme explica, los puntos de análisis en que quedara fijado el recurso de apelación.- Arguye que el detenido es persona joven, con una historia de vulnerabilidad y un operar presuntamente delictivo, de torpeza extrema; concluyendo entre otras cosas, en que el pronunciamiento cuestionado sólo fue posible, a partir de consideraciones abstractas de peligro, omitiendo la valoración de circunstancias concretas, etc.-- Introduce por último, reservas del caso federal.

Tramitado que fue el recurso, a fs. sub 40/50, el recurrente procedió a fundar el planteo deducido.

El Ministerio Público Fiscal, por su parte, a fs. 55/58 y vta., solicita la desestimación del recurso impetrado.

Que siendo tales los argumentos del impugnante, como la posición esgrimida por el Ministerio Público, corresponde analizar el tema traído a estudio, citando nuevamente, a tal efecto, lo expresado por esta Sala en P.R.E. S.2ª.- 2006-IV-623.

En tal ocasión, dejó sentado este Tribunal Superior, que: ".El Informe 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sistematizó el conjunto de criterios que las autoridades judiciales deben aplicar para justificar el encarcelamiento preventivo, mencionando la razonable sospecha de culpabilidad, respecto de la que se dijo que no es suficiente por sí sola para justificar una prisión preventiva, sino que debe confluir con la existencia de peligro de fuga, y a fin de determinar cuándo existe tal peligro, se entendió que la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena, eran factores a tener en cuenta para evaluar la posibilidad de que el imputado eluda la acción de la Justicia." Como ya lo sostuve al fundar mi voto en la causa, Nº 5.565/11 "Incidente de excarcelación en favor de Alejo Roberto Carlos." (P.R.E. S.2ª.-2011-IV-834), no obstante haberme inclinado por la posición sostenida en el plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal, "Díaz Bessone", las distintas situaciones traídas a estudio, ameritan un análisis pormenorizado, verificando la existencia o no de peligro procesal de que el imputado en libertad, obstaculizará el accionar de la Justicia".

Luego de examinar las actuaciones principales, advierto que el detenido, si bien no cuenta con condena alguna, registra en su planilla prontuarial, distintos procesos por delitos contra la propiedad, desde el año 2006 a 2011; hallándose actualmente procesado con prisión preventiva, por la supuesta comisión de dos hechos, acaecidos en fecha 05/8/11 y 12/8/11.

El dictado de la cautelar, (que por cierto, se encuentra firme), constituye semiplena prueba de los delitos endilgados, cuya hipotética pena a recaer, por la gravedad de las figuras atribuidas provisoriamente, descarta tajantemente la posibilidad de condena de ejecución condicional.

Así las cosas, el monto de la escala penal a aplicar, que en este caso asciende, de acuerdo con lo normado en el art. 55 del Código Penal, hasta un máximo de 21 años, constituye una circunstancia objetiva a tener en cuenta, a efectos de considerar una posible elusión a la acción de la Justicia.-- Que además de ello, no puedo soslayar, de acuerdo con la vinculación al proceso del menor de edad Ricardo Peñaloza, sobre el cual pesa una declaración provisoria de responsabilidad penal, en carácter de partícipe principal, que la probabilidad de aplicación de la agravante prevista en el art. 41 quater, por el Tribunal de Mérito, se encuentra presente.

El Informe 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluye en el Apartado III, el Punto V, (Riesgo de presión sobre los testigos), que reza: "El riesgo legítimo de que los testigos u otros sospechosos sean amenazados también constituye un fundamento válido para dictar la medida al inicio de la investigación.

Las autoridades judiciales deben demostrar igualmente que existen fundados motivos para temer la intimidación de los testigos o sospechosos por parte del procesado".

Tal apartado, cobra aplicación en virtud de lo obrante a fs. 59 vta., en ocasión de brindar descargo Cristian Ortega y expresar que quería ejercer violencia física sobre Peñaloza, para que le dijera el origen de ciertos elementos secuestrados en el domicilio allanado.-- Todo ello me conduce a pensar, en la concreta posibilidad que, estando en libertad el imputado Ortega, ejerza una presión directa sobre el menor vinculado, para mejorar la situación procesal propia.- Por ende, considero que carece de fundamento el recurso, por hallarse el auto atacado, debidamente fundado y no haber incurrido, asimismo, en inobservancia de derecho sustancial alguno.

Considero, no obstante, que resulta importante mencionar que, en atención al estado procesal de la causa y a la situación de detención del procesado Ortega, deberán extremarse los recaudos a fines de lograr la efectiva y pronta realización del debate.

Voto en consecuencia, por todo lo expuesto y cerrando así la cuestión presentada, por el rechazo del recurso traído a estudio por la defensa.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:-- Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa.

Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos.- Fdo. Dres.: Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y José Abel Soria Vega. Ante mí: Héctor Fabián Meló, Pro-Secretario Letrado.- Cp-5741 E.B.T.

P.R.E. S.2ª 2012-II-362