Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-05


SENT Nº 477 San Miguel de Tucumán, 05 de Junio de 2006.- Y VISTO: El presente juicio caratulado: "Danesi, Rodolfo Francisco vs.

Provincia de Tucumán s/ Inconstitucionalidad", y C O N S I D E R A N D O I.- Rodolfo Francisco Danesi, por letrado apoderado, interpone ante esta Corte Suprema de Justicia acción declarativa de inconstitucionalidad, en los términos del artículo 89 del CPC, en contra de la Provincia de Tucumán.

II.- Dicha acción tiene por objeto se declare la inconstitucionalidad de los actos, hechos y omisiones de la demandada, durante el proceso electoral para elegir convencionales constituyentes. Como consecuencia de ello, impetra se declare la nulidad del acto eleccionario del 19 de febrero de 2006 (y de los que le son consecuentes, entre ellos las resoluciones de la Junta Electoral Provincial), y que adopte las acciones apropiadas para asegurar que las futuras elecciones no sean conducidas bajo un plan inválido e inconstitucional. En esta dirección requiere se instruya a los Poderes Legislativo y Ejecutivo para que:

1) se prohíba a los partidos políticos y/o candidatos la contratación de taxis, remises, colectivos y/o cualquier otro medio de movilidad, con el objeto de trasladar votantes; 2) se prohíba y sancione el reparto de mercaderías con fines electoralistas o de cualquier otra índole, diez días antes y diez días después del acto eleccionario; 3) la publicidad y la información relativa a los planes sociales, incluyéndose la leyenda "este plan es financiado con dinero de los contribuyentes y no pertenece a ningún partido político"; 4) se dicte una ley de acceso a la información pública, la que deberá incluir la posibilidad de acceso por cualquier ciudadano a la información requerida relativa a: a) gasto público, b) publicidad oficial y c) al diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los planes y beneficios sociales, así como a los padrones de beneficiarios.

Funda la competencia de esta Corte, su legitimación activa y pasiva de la provincia, y la tempestividad del planteo de inconstitucionalidad, en las razones que expone a fs. 165 vta./169 de autos.

Bajo el título de "HECHOS", señala que la Provincia de Tucumán no garantizó una elección justa, libre y auténtica; el derecho al voto universal, igual, libre y secreto; y el derecho a elegir y ser elegido, vulnerando la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos a través de la planificación, ejecución y/o tolerancia de actos, hechos y omisiones, y el dictado de normas inconstitucionales que confluyeron a posibilitar las antidemocráticas prácticas de "clientelismo político" desplegadas por funcionarios del gobierno y por los partidos oficialistas. Añade que la Provincia de Tucumán, particularmente el Poder Ejecutivo, no sólo no hizo nada para garantizar que el proceso para elegir convencionales constituyentes fuera genuino y auténtico, sino que tuvo participación activa en la vulneración de la voluntad general y la pureza del sufragio por medio de:

1).- La compra masiva de votos a cambio de "bolsones" y/o la omisión de su prevención y represión;

2).- La contratación por funcionarios públicos -con fondos públicos- de remises y otros medios de transporte para el traslado de votantes.

Transcribe parte de un artículo del Diario La Gaceta S.A. según el cual los remises "siempre se pusieron a disposición de gobernante de turno, que los utilizó para acarrear votantes, como fuerza de choque y como caudal electoral (15.000choferes, más sus familiares directos, pueden arrimar unos 10.000 votos" (cfr. fs. 169 vta.);

3).- Amenazas a empleados públicos y beneficiarios de planes sociales con pérdida del empleo y beneficios, respectivamente;

4).- Amenazas públicas (a través de la prensa, televisión y radio) del Ministerio de Gobierno de imposición de multas al electorado si no concurría a votar;

5).- Extorsión a Intendentes y Delegados Comunales con amenazas de negarles fondos para el pago de sueldos y obras públicas si "no trabajan electoralmente para el gobierno" (cfr. fs. 170);

6).- La abrumadora y falaz propaganda oficial; la asignación discriminatoria de la publicidad oficial; la censura y los ataques a la libertad de prensa y la negación del derecho humano de acceso a la información pública, dice, fueron un medio importante para viciar la voluntad de los electores con información distorsionada y mendaz;

7).- La anulación de los mecanismos de controles administrativos y judiciales, expresa, fue el último engranaje que favoreció la práctica del "clientelismo político". Puntualiza la inacción del Tribunal de Cuentas de la Contaduría, y con respecto a la falta de controles judiciales destaca que el Gobernador a los fines de restar independencia al Poder Judicial, adoptó tres medidas: a) derogar el Consejo Asesor de la Magistratura y nombrar a "dedo" los nuevos jueces y fiscales; b) modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial reuniendo en una sola Sala Penal la competencia para resolver recursos de apelación (Sala integrada por la hermana del Ministro de Gobierno); y c) Integrar la Comisión de Juicio Político de la Legislatura con 2/3 parte de legisladores del Frente para la Victoria, constituyendo a esta Comisión en la espada de Damocles que tiene el oficialismo sobre la cabeza de los jueces. Asimismo, alude también a la intromisión del Gobernador al encargarse personalmente de que más de 50 jueces se jubilen, para reemplazarlos con jueces adictos al oficialismo y al control que debe realizar la Legislatura de las cuentas de inversión.

A continuación precisa que todos estos hechos -a los que los considera notorios- no deben analizarse separadamente sino en conjunto y como piezas (medios) de un plan estratégico, maquiavélicamente diseñado para vulnerar el proceso político democrático y violentar la voluntad general (fin) y, con ello las bases mismas del sistema representativo, republicano y democrático de gobierno.

Luego de referirse a distintos recortes periodísticos que acreditarían los hechos denunciados, de citar el derecho que en su criterio resulta aplicable y ofrecer pruebas, solicita además se dicte como medida cautelar la suspensión del plazo previsto en el artículo 11 de la Ley Nº 7469 y se ordene a la Convención Constituyente la prohibición de innovar y continuar sesionando hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre el fondo de la presente causa, por los argumentos que expone a fs. 181 y vta. de autos.

III.- En la perspectiva propuesta por el demandante de no analizar los hechos aisladamente sino en conjunto o de forma integral, se advierte con claridad que lo que se denuncia en el escrito de demanda pueden describirse como una serie de conductas u omisiones que, esencialmente, apreciadas desde del punto de vista propuesto, configurarían un cuadro presuntamente delictivo, vinculado a materia electoral, del que el Poder Ejecutivo de la Provincia habría sido activo partícipe o responsable.

En este sentido, del examen liminar del escrito de demanda surge que se denuncian una serie de comportamientos o conductas omisivas, cada uno de las cuales formaría parte o sería el engranaje de un deliberado plan defraudador -que impacta en el campo penal-, que habría sido concebido para vulnerar la voluntad general y la pureza del sufragio, y que vendría a socavar bases mismas de la democracia y del sistema representativo y republicano de gobierno (más allá de que gran parte de los hechos ilícitos descriptos, individualmente considerados, tipifiquen verdaderos delitos penales, de lo que es ejemplo más representativo "la compra masiva de votos a cambio de sufragios que se imputa). Es por lo tanto, en este contexto que se inscriben, por ejemplo, la denuncia referida a cuestionamiento de los mecanismos de controles administrativos y judiciales o lo referido a la propaganda o publicidad oficial.

De allí que, atendiendo a los fundamentos esgrimidos por el denunciante, los hechos y omisiones que sustentan su pretensión requieren una investigación de otro orden, más específicamente, de naturaleza penal, que excede el ámbito de la vía intentada. Ello así por cuanto, si bien la acción declarativa de inconstitucionalidad ha sido concebida para hacer cesar el estado de incertidumbre acerca de la inconstitucionalidad de una relación jurídica (cfr. artículo 89 del CPC), nada autoriza a extender su objeto a situaciones que cabe dirimirlas en un marco legal distinto, en tanto se trata de circunstancias que inciden en la esfera penal, siendo los órganos con competencia al efecto a quienes corresponde afrontar el conocimiento y resolución de las denuncias realizadas en la presentación en examen.

Finalmente, interesa poner de relieve que el mismo demandante ha tenido presente esta situación y, en este inteligencia, ha ofrecido como prueba documental "El expediente penal caratulado 'Danesi, Rodolfo s/ denuncia' que tramita en la Fiscalía V a cargo del Dr.

Noguera, donde se denunció la comisión de los delitos de coacción, malversación de caudales públicos, compeler a votar de determinada manera y enriquecimiento ilícito cometidos por intendentes, concejales, legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo con motivo y en ocasión de las elecciones del 19 de febrero de 2006" (cfr. fs.

175 y vta.) es decir, que no ha sido ajeno al actor la necesidad de una investigación penal en el caso.

En suma, atendiendo a esta circunstancia, no se verifica en autos la existencia de cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción por la vía elegida, razón por la cual deviene in limine inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad deducida en autos.

IV.- Atento a la decisión adoptada, al no ser el proceso ("acción") declarativo de inconstitucionalidad el idóneo para conocer y decidir sobre la pretensión principal, objeto del mismo, impide que esta Corte se pronuncie asimismo sobre la pretensión accesoria, genéricamente de conservación, de la medida cautelar peticionada en autos;, corresponde consecuentemente declarar inadmisible la medida cautelar impetrada en la especie pues, habiendo caído in límine este juicio de inconstitucionalidad, este Tribunal ha quedado privado de "causa" para ejercer su competencia sobre la precautoria de marras.

Por ello, habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs.188/189, y encontrándose excusado el doctor Alfredo Carlos Dato, se R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR IN LIMINE la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por Rodolfo Francisco Danesi.

II.- DECLARAR INADMISIBLE la medida cautelar impetrada en estos autos.

III.- EXTRAÍGASE fotocopias autenticadas por Secretaría de estas actuaciones, y pasen las mismas al señor Juez de Instrucción que corresponda, atento a los supuestos ilícitos penales denunciados y la investidura del funcionario denunciado.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.