Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-28


Trelew, 28 de abril de 2.008. -- VISTO: - El recurso de apelación interpuesto a fs. 125, contra la sentencia de fs. 117/118, concedido que fuera el mismo a fs. 127, fundado mediante el memorial de fs. 132/136, corrido traslado a la contraria a fs. 137, contestado el traslado conferido a fs. 138/140; y las apelaciones interpuestas y fundadas a fs. 121 y 124, contra los honorarios regulados a fs. 117/118, concedidas que fueran estas últimas a fs. 123 y 127. - Y CONSIDERANDO: --- I.- A fs. 117/118 el Sentenciante de Grado hace lugar a la excepción de inhabilidad de título interpuesta a fs. 69/75, rechazando la presente ejecución. Funda lo resuelto en no haber acompañado los ejecutantes la constancia exigida por el ap. 1 del convenio de fs. 3/5 de no haber sido ingresado el dinero en el plazo establecido y en la cuenta designada. Puntualiza que el contrato que se pretende ejecutar reviste el carácter de sinalagmático y de él no surge que el ejecutor haya cumplido con las obligaciones que se encontraban a su cargo, por lo que entiende que la exigibilidad del crédito no surge del título. Señala que este procedimiento sumario, de defensas muy limitadas y taxativas, exige que su beneficiario acredite in limine ser merecedor de ese trato privilegiado, debiendo en consecuencia el título bastarse a sí mismo. Argumenta que la norma formal que reglamenta el juicio ejecutivo no contempla el interés del acreedor ni el del deudor. Con fundamento en lo dispuesto por los arts. 520, 531 y 544 inc. 4 concluye que el contrato creado por las partes no constituye título que traiga aparejada ejecución en el presente proceso. II.- A fs. 125 apela lo resuelto la Dra. M M P, letrada apoderada de la parte actora. Concedido a fs. 127 el recurso interpuesto, con el patrocinio del Dr. J G expresan agravios mediante el memorial de fs. 132/136. Puntualizan dos agravios. Primer agravio: DECISIÓN CONTRA LEGEM. Invocan que el Juez hizo caso omiso de lo dispuesto por el art 544, inc. 4° del rito, y resolvió la excepción de inhabilidad de título como si no hubiera existido ni la excepción de pago ni la inadmisibilidad legal. Destacan que la excepción de inhabilidad de título es inadmisible si no se ha negado la existencia de la deuda y que al aducirse pago se reconoció la validez de la obligación. Citan jurisprudencia y doctrina. Señalan que los jueces no pueden apartarse de las soluciones impuestas por la ley en determinados supuestos y que el código adjetivo instruye al juez y a las partes sobre la inadmisibilidad de la excepción de inhabilidad de título si conjuntamente se opone la excepción de pago. Segundo agravio: ERRONEA LECTURA DEL INSTRUMENTO. CONSTITUCIÓN DE DEUDA. INCONGRUENCIA. Analizan la modificación del criterio del juez respecto a qué tipo de instrumento es el que analizó dos veces. Puntualizan las posiciones asumidas por cada una de las partes. Invocan que el juzgador no tomó ninguno de los argumentos expuestos por la excepcionante, sino sólo el que vagamente decía que el título con que se promovió la ejecución tenía carácter sinalagmático, pero sin explicar cuáles eran las obligaciones incumplidas a cargo de la ejecutante. Analizan que pareciera ser que una obligación del ejecutante sería la obtención de un certificado bancario acreditativo de que los ejecutados no abonaron la totalidad de sus obligaciones. Argumentan que de ser así confundió una facilitación de prueba pactada entre las partes en beneficio del acreedor con una obligación contractual. Invocan que dado el intercambio epistolar previo al inicio del trámite del juicio ejecutivo, donde V A S.A. reconocía la falta de pago y su alegación de garantía de evicción, era innecesario obtener la constancia bancaria negativa. Afirman que exigir al ejecutante una probanza que fue pactada en su favor al sólo efecto probatorio no resiste el menor análisis, especialmente si existen manifestaciones de la ejecutada sobre la existencia de un saldo de precio. Invocan que la certificación referida era una facultad y no una obligación del ejecutante por lo que el magistrado nunca pudo considerarlo un requisito sine qua non para promover la ejecución de la acreencia. Señalan que el ejecutado en el escrito donde interpuso la excepción de inhabilidad de título en ningún momento se refirió a la existencia o inexistencia de esa certificación bancaria, por lo que se encuentra violado el principio de congruencia por haberse decidido sobre cuestiones no planteadas por las partes y se anuló la oportunidad de defensa del excepcionado porque la materia no comprendió la excepción y por lo tanto no fue tratada al contestarse el traslado respectivo. Califican de contradictoria a la posición asumida por el Juez. Cuestionan la aplicación de costas a la ejecutante cuando ningún argumento en tal sentido producido por la ejecutada fue acogido, de donde se imponía su aplicación en el orden causado, ya que la decisión se debió a un voluntarismo del magistrado y no a la actividad de las partes. Sostienen que la validez otorgada al despachar la vía ejecutiva sin ninguna actuación argumental o probatoria de la ejecutada no pudo ser desdecida por el Magistrado que ya había declarado en la primera oportunidad la habilidad del título. Sostienen que el juez puede modificar el criterio adoptado en oportunidad del primer examen cuando dicta sentencia respecto a un planteo expreso expuesto en la excepción de inhabilidad de título, pero no cuando el mismo no existió. En segundo término destacan que el juzgador confundió la comprensión del tipo de instrumento con el que se promovió la ejecución. Resaltan que no existen obligaciones recíprocas. Subrayan que careciendo el contrato de obligaciones recíprocas, mal puede revestir el carácter de sinalagmático que en la sentencia se sostiene. Puntualizan que el 'a quo' debió cuanto menos para considerar fundado su fallo haber indicado cuales eran las obligaciones a cargo de la actora. Invocan que no existe ninguna obligación incumplida por parte de la Sra. M y del Sr. B que figure en el instrumento de marras. Analizan los términos del contrato. Argumentan que surge patente que los actores (vendedores) transfirieron y entregaron en forma previa y con anterioridad a la firma del convenio de venta de acciones a la compradora (hoy demandada), esto es que la única obligación asumida se encontraba ya cumplida por los vendedores al tiempo de la firma del instrumento de ejecución. Afirman que la única obligación resultante del convenio, pendiente al tiempo de la firma del instrumento, era el pago de esas acciones por parte de la demandada. Señalan que deben tenerse muy en claro los tiempos verbales. Invocan que solo interesa para este juicio lo redactado en el encabezamiento del convenio y las cláusulas primera y segunda. Insisten en que el convenio tuvo por objetivo acordar el plazo y formas de pago de las acciones ya transferidas y entregadas, como también constituir el título ejecutivo, las garantías y el reglamento de transferencia de acciones futuras. Afirman que las acciones se transfirieron conforme lo establece el art. 215 de la ley de sociedades, esto es mediante el endoso y registro, sin necesidad de extender ningún instrumento adicional. Argumentan que el 'a quo' no advirtió que el instrumento en ejecución no era el contrato de compraventa de acciones, sino sólo lo que el encabezamiento decía mas el reglamento de uso posterior ajeno a la cuestión que se debate en autos. Invocan que se trata de un instrumento que contiene en su cláusula segunda una obligación pura y simple en cabeza del ejecutado de pagar determinadas sumas de dinero en fechas precisas conforme a las cuotas acordada. Resaltan que se trata de un reconocimiento de deuda y compromiso de pago por parte de V A S.A., documentado en un instrumento privado que además de certificada la firma notarialmente, ha sido reconocido por el ejecutado, al punto de aducir haber cumplido sus obligaciones. Puntualizan que ex profeso se insertaron dos incisos referidos al carácter de título ejecutivo. Concluyen que se han dado todos los requisitos para que pueda considerarse título que traiga aparejada ejecución el acompañado con la demanda. Citan doctrina. En síntesis destacan que se trata de un instrumento que contiene la asunción de una obligación de pago unilateral por parte del ejecutado y que encontrar una relación contractual sinalagmática en esa constitución de deuda, es forzar ilegítimamente el texto redactado libremente por las partes. Peticionan se revoque la sentencia de la instancia anterior, desestimándose la excepción de inhabilidad de título y mandando proseguir el juicio conforme a derecho, con costas.

III.- A fs. 138/140 contesta la contraria el traslado que le fuera conferido a fs. 137. Peticiona se declare desierta la apelación y en subsidio se desestime con costas. Puntualiza que su representada planteó que los ejecutantes no cumplieron acabadamente con su obligación de entregar las acciones, ya que si bien reconocía la entrega formal de las acciones, se señalaba que dicha entrega había sido incompleta por defecto del contenido patrimonial representado por las mismas. Señala que este incumplimiento se había explicitado por los accionantes mucho después de la entrega de las acciones, al reclamar la devolución de ciertos terrenos que formaban parte de la planta vendida y otros vicios ocultos. Argumenta que lo que estaba en discusión en este aspecto era si las acciones se habían entregado acabada o insuficientemente. Afirma que los ejecutantes han utilizado el convenio del 09/08/04 de modo deliberadamente confuso y mezclado con el del 22/06/04 que ejecutan probablemente para sorprender la buena fe del Tribunal. Puntualiza que la deuda fue expresamente negada; que el art. 544, inc. 4, sólo exige la negación de la deuda y no la omisión de oponer el pago; que no existe incompatibilidad cuando se negó la deuda y el cumplimiento de la recíproca obligación de los ejecutantes; que tampoco existe incompatibilidad cuando el pago se opone de manera subsidiaria. Afirma que en la situación de autos no hay incompatibilidad alguna entre las excepciones de pago y la de inhabilidad. Señala que las transcripciones efectuadas por la quejosa son del acuerdo del 09/08/04 el que se suscribió a los solos fines tributarios, en tanto que al promover la demanda dijeron que el convenio del 22/06/04 constituía título ejecutivo. Peticiona se confirme el decisorio en crisis con costas de ambas instancias a cargo de la contraria.

IV.- A criterio de este tribunal el memorial de fs. 132/136 contiene una crítica concreta del decisorio impugnado en los términos previstos por el art. 265 del código adjetivo, por lo que ha de ingresarse en el análisis de los agravios vertidos, sin perjuicio del resultado al que en definitiva se arribe. - A M y E B, por su propio derecho, con el patrocinio de la Dra. M M P, promueven a fs. 11/12 juicio ejecutivo contra la firma V A S.A. por la suma de U$S 220.000 o su equivalente en pesos de curso legal en la República. Reseñan que entre los actores y la demandada el día 22/06/04 se celebró un convenio de venta de acciones y acuerdo de partes, que la cláusula segunda detallaba el precio de venta de las acciones pagadero en seis cuotas, que las primeras cinco fueron pagadas aunque con retrasos, que la última fue parcialmente pagada solo en un 50 % y que no obstante el reclamo intimidatorio del día 13/08/07 no se verificó el pago. Puntualizan que el convenio de venta de acciones y acuerdo de partes del 22/06/04 constituye título ejecutivo conforme lo preceptuado por los artículos 520 y 523 inc. 2 del C.P.C.C Como documento base de la ejecución, incorporan los actores un convenio de venta y reglamento de transferencia de acciones de fecha 09/08/04, distinto del título ejecutivo al que hicieran referencia Esto por sí solo hubiera justificado el rechazo de la ejecución promovida, o al menos la necesidad de que los ejecutantes aclararan las inconsistencias señaladas.

Aún obviando la discrepancia puntualizada, el documento que en copia certificada obra agregado a fs. 3/5 en su cláusula segunda textualmente reza: "Los firmantes dan carácter de título ejecutivo al presente documento y en consecuencia podrá ser ejecutado sin más trámite que la prueba por parte de los 'vendedores' de no haberse ingresado el dinero en cada uno de los pagos en el plazo establecido, y en la cuenta designada por los 'vendedores'". - Surge con claridad de la cláusula transcripta que para su ejecución el título acompañado a fs. 3/5 debía ser integrado con la prueba por parte de los vendedores (actuales ejecutantes) de no haberse ingresado el dinero en cada uno de los pagos en el plazo establecido y en la cuenta designada. Esto era una exigencia y no una facultad como lo pretenden los apelantes El título puede materializarse en un solo instrumento o en dos o más que se complementen recíprocamente, a condición de que su presentación a juicio sea simultánea o, cuando menos, que se reúnan en el expediente antes de la intimación de pago. La documentación acompañada con el escrito de inicio, integrativa del título, debe contener todos los elementos necesarios para que el procedimiento sumario de ejecución resulte viable (Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996, t. VI-B, pág. 3).

En tal sentido, las cartas documento acompañadas por los actores, glosadas a fs. 8/9, resultan insuficientes a fin de acreditar el extremo exigido por la cláusula segunda que fuera ut supra transcripta.

El título en cuanto al derecho, debe ser cierto, líquido, exigible y aparecer del título; en cuanto a sujetos debe haber legitimación, debiendo surgir la calidad de acreedor o deudor del título; en cuanto a él mismo, debe ser autónomo, completo, necesario y constitutivo de derechos. La falta de alguno de estos requisitos concierne a la habilidad del título y autoriza la articulación de la excepción (esta Sala, SIC 222/05).

Por otra parte, la facultad judicial de examinar el título que se ejecuta resulta deber ineludible de los magistrados. La ausencia de los requisitos intrínsecos del título ejecutivo puede ser verificado por el juez aún sin pedido de parte. La ineficacia del título que sirve de sostén a la demanda puede ser examinada, inclusive de oficio, por el juzgador, en cualquier instancia, en razón de recaer el problema sobre un presupuesto esencial de la acción (esta Sala, SIC 222/05).

En el proceso ejecutivo, el magistrado tiene varias oportunidades para investigar la habilidad del título en ejecución y si éste contiene todos los requisitos extrínsecos. La primera oportunidad es con la promoción de la demanda, y con posterioridad a ella, puede verificarlo en caso de oposición a la presentación ejecutiva, es decir, al interponerse la excepción de inhabilidad de título. Por último, puede el juez examinar el instrumento en el momento de dictar sentencia de remate. También puede practicar dicho examen el tribunal de alzada con motivo del recurso interpuesto contra la sentencia, y declarar de oficio la existencia de una inhabilidad del título en ejecución (esta Sala, SIC 163/05, 239/05). No existe ejecución sin título. Este, tiene que estar completo, ser autosuficiente, y debe agregarse -en original- con la demanda ejecutiva. Aun de oficio, el juez debe examinarlo y determinar si trae aparejada o no ejecución (CCiv. y Com. Contenciosoadministrativo de San Francisco, 13/09/1996, "Araoz, Oscar G. c. Dogliani, Alejandro", LLC 1997, 460, laleyonline).

La situación planteada patentiza que, más allá de las excepciones opuestas, este es el cauce, el del análisis de oficio, por el que se resolvió el rechazo de la ejecución. Y, en tal sentido, la facultad judicial de examinar el título que se ejecuta resulta ser deber ineludible de los magistrados. La ausencia de los requisitos intrínsecos del título ejecutivo puede ser verificado por el juez aún sin pedido de parte y más allá de las incompatibilidades denunciadas respecto de las excepciones opuestas, sin que se encuentre restringido el sentenciante a lo específicamente alegado por ejecutantes y ejecutados, ni limitado a lo estrictamente alegado en virtud del principio de congruencia.

Por otra parte, en autos, la oportunidad de defensa se encontró claramente asegurada al analizar este tribunal los agravios vertidos por los apelantes de fs. 125.

Ello así, ha de confirmarse el decisorio de fs. 117/118 en cuanto rechaza la ejecución promovida- En lo que refiere al cuestionamiento del modo en que las costas fueron impuestas, si bien asiste razón a los apelante en cuanto a que lo resuelto no es consecuencia directa de la actividad desplegada por la ejecutada, cabe puntualizar que en los procesos de ejecución no rige el art. 68 del rito sino por el contrario el art. 558 del código adjetivo.- El art. 558 del Código Procesal, a diferencia de lo contemplado por párrafo segundo del art. 68 del rito, prescribe que la carga de las costas en los procesos ejecutivos se fundará en el hecho objetivo de la derrota sin excepción. En el juicio ejecutivo, el régimen de costas queda determinado por el progreso o rechazo de la ejecución, sin que quepa apartarse del principio objetivo de la derrota plasmado en el artículo 558 del Código Procesal. Es que, en el proceso ejecutivo no se juzga la conducta subjetiva del vencido como fundamento de la exención, sino objetivamente en vista de lo que decide la sentencia, si se rechaza, imponiéndoselas al ejecutante (esta Sala, SIC 221 y 222/05, entre otras).

Ello así, acertada entiende este Tribunal la imposición de costas resuelta en la instancia antecedente.

V.- A fs. 121 el Dr. C J C, por su propio derecho, apela los honorarios a su favor regulados por considerarlos bajos, recurso que fuera concedido a fs. 123.

A fs. 124 la Dra. M M P, apoderada de la parte actora, apela los honorarios regulados a favor de los profesionales de la demandada por considerarlos elevados. Ello así, se encuentran apelados, tanto por bajos como por altos, los honorarios fijados a favor del Dr. C J C, letrado apoderado de la demandada, los que fueron regulados por el 'a quo' en un 12,9% del monto del proceso (arts. 6, 7, 8, 9, 10, 40 y concs., ley 2.200 y modif.). -- Analizada la intervención que le cupo al Dr. C J C en la instancia antecedente, el mérito, la extensión, la calidad y eficacia de la misma, la etapa cumplida, primera de las previstas por el art. 40 del ordenamiento arancelario, y el monto del presente proceso, elevados entiende este Tribunal los honorarios regulados, resultando pertinente reducir los mismos para fijarlos en el 6,7 % del monto pretendido en la demanda, comprensivo de capital e intereses (arts. 6, 7, 9, 40 y concs., ley 2.200 y modif).

Cabe señalar que limitado este tribunal en su intervención por el límite de los agravios vertidos, resulta improcedente efectuar cualquier valoración respecto de los estipendios fijados a favor de la Dra. M P, los que no fueran apelados.

En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut RESUELVE I.- CONFIRMAR la sentencia de fs. 117/118 en cuanto rechaza la ejecución promovida e impone las costas a la parte ejecutante vencida IMPONER las costas de Alzada a la parte apelante vencida (art. 558, C.P.C.C.), regulando los honorarios correspondientes a la Dra. M M P, letrada apoderada de la parte actora, y al Dr. J G, su patrocinante, en conjunto, en mérito a la extensión calidad, eficacia de la labor profesional cumplida y al resultado obtenido, en un 25 % de los que a favor de la representación letrada de la parte actora han sido regulados por su actuación en la instancia antecedente, y los correspondientes al Dr. Carlos J. C, letrado apoderado de la parte demandada, y a la Dra. D F P, su patrocinante, en un 30 % de los que a favor de la representación letrada de la parte demandada sean fijados por su actuación en la instancia antecedente (art. 14, ley 2.200 y modif). - II.- MODIFICAR la regulación de honorarios resuelta en la instancia antecedente a favor del Dr. C J. C para fijar los honorarios a su favor debidos en un 6,7 % del monto pretendido en la demanda, comprensivo de capital e intereses (arts. 6, 7, 9, 40 y concs., ley 2.200 y modif). - Sin costas de Alzada dado que en materia de honorarios los memoriales y sus contestaciones en principio no devengan costas. -- La presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Aldo Luis De Cunto (art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550). - Regístrese, notifíquese y devuélvase. --- Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL Nº 67 DE 2008 - SIC.- CONSTE.-