Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa n° 4.916/2012/CA1 "Arte Gráfico Editorial Argentino SA- DR. c/ Estado Nac. Sria. de Comunic. Publ. Jefatura Gabinete Minis. s/ incumplimiento de contrato". Juzgado n° 9, Secretaría n° 17.- Buenos Aires, 3 de junio de 2014.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1°) La sociedad actora promovió demanda contra el Estado Nacional por el cobro de diversas facturas emitidas por servicios de publicidad contratados por la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros (en adelante, SCP-JGM), a través de TELAM, las que -según denunció-, no fueron cuestionadas ni tampoco canceladas.

Originalmente el juicio quedó radicado en este fuero (confr. dictamen del Fiscal Federal de fs. 260 y proveído de fs. 263), empero posteriormente, con motivo de la excepción deducida por el Estado Nacional al contestar el traslado de la demanda (confr. fs. 415/444 vlta., punto III), el magistrado interviniente se declaró incompetente y atribuyó el conocimiento de la causa al fuero en lo contencioso administrativo federal.

Para así decidir se remitió a los argumentos expuestos por el Fiscal en el dictamen de fs. 468/469, quien puso de manifiesto las normas de derecho público que regulan la contratación de las campañas institucionales de publicidad, concluyendo que la relación de autos revestía las características propias del contrato administrativo. Ello en función del carácter de persona jurídica estatal de una de las intervinientes (TELAM SE), su fin público o propio de la Administración y las clausulas exorbitantes del derecho privado atinentes a las prestaciones y las pautas de facturación y percepción de los particulares contratados.

2°) Disconforme con esa resolución la actora la apeló y presentó el memorial de fs. 474/479vlta., contestado por su adversaria a fs. 483/489 vlta.

En lo sustancial, afirma que no hay norma de derecho administrativo que deba regir la cuestión planteada porque la pretensión no excede el ámbito del derecho común. En ese sentido, precisa que lo reclamado en autos es el cobro de facturas impagas por servicios de publicidad oportunamente brindados, sin que estén en tela de juicio las normas internas del procedimiento de pago ni de atribución de campañas publicitarias. Remarca la inconsistencia del dictamen en que se basó el juez a quo frente a la intervención previa del Ministerio Público Fiscal de fs. 260 y cita jurisprudencia en apoyo de su posición.

Por su parte, el Estado Nacional cuestiona el régimen de costas y pide que sean impuestas a la actora vencida (ver fs. 483 y vlta.), criterio que ésta resiste (confr. contestación de fs. 491 y vlta.).

3°) A fin de resolver la cuestión suscitada cabe recordar que si bien para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión (confr. Fallos 308:229; 310:116; 311:172, entre otros), también se ha dicho que, a tal efecto, se debe tener en cuenta la naturaleza de la pretensión, examinar su origen, así como la relación jurídica existente entre las partes (ver Fallos 321:2917 y 322:617, entre otros), matiz particularmente aplicable cuando se indaga si una determinada causa califica como contenciosa administrativa (confr. Fallos 323:144).

Lo dirimente en tales casos es que la contienda judicial se encuentre regida directa y primordialmente por normas de derecho administrativo federal (confr. Fallos 164:186; 244:252; 253:25; 295:112; 298:446; 300:484 y 1146; 303:568; 306:1591; 308:393; 311:2659, entre otros; Sala II, causa 6.379/12 del 15/11/13).

Ello, como regla, ocurre cuando el organismo estatal, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, actúa potestativamente, gestionando un interés público en forma directa e inmediata, en ejercicio de prerrogativas ajenas a la órbita privada. En cambio, si su intervención es equivalente a la de cualquier otro sujeto, de modo tal que sus actos se rigen por el derecho común, corresponde la intervención del fuero civil y comercial federal (confr. Luqui, Roberto E., Revisión judicial de la actividad administrativa, Astrea, 2005, t. 1, págs. 94 y siguientes, citado por la Sala II, causa 10.019/05 del 30/3/09).

4°) Sentado lo expuesto es dable precisar que el reclamo de autos tendría origen en una contratación celebrada con la SCP-JGM a través de TELAM, regida por el decreto 984/09, sus modificatorios y demás reglamentación complementaria (v. gr. decisión administrativa 448/09 de la JGM y resoluciones 3/11 y 2/13 de la SCP, citadas tanto por el demandado como por el fiscal para sostener la atribución de la causa al fuero contencioso; ver fs. 469 vlta.).

Pues bien, en principio, las disposiciones aludidas carecen de proyección sustancial para determinar la competencia.

En efecto, el decreto 984/09 definió algunos criterios a seguir para la contratación de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación de los organismos del sector público nacional, particularmente su centralización a través de la Secretaría de Medios de Comunicación (actual SCP) y canalización por intermedio de TELAM (confr. arts. 1 y 2). Luego, por el decreto 14/11 se estableció como autoridad de aplicación a la mencionada SCP-JGM, encomendándosele el dictado de las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias para su ejecución e implementación. En tal sentido, por la resolución 2/13 la SCP-JGM aprobó el procedimiento para el trámite de contratación de publicidad institucional que contempla, entre otros aspectos, disposiciones relacionadas con la facturación de los servicios prestados (principalmente, los datos que deben consignarse y a nombre de quién debe ser emitida), supervisión de la documentación exigible (por ej., certificación de la real y efectiva prestación del servicio, factura original, etc.) y autorización del gasto documentado (confr. anexo I, art. 13 y siguientes).

No ha sido explicado de qué forma las previsiones referidas o, en general, las condiciones de contratación exorbitan el derecho privado de modo tal que pueda sostenerse la existencia de un vínculo contractual de derecho administrativo entre las partes, de acuerdo con las pautas fijadas por la Corte para reconocer esta clase de contratos (confr. doctr. Fallos 316:212, entre otras). Es claro que la mera invocación de normas de derecho público no basta para fijar la competencia material (confr. arts. 4 y 5 del Código Procesal). Como se dijo, lo relevante es la exposición hecha en la demanda, y de ésta surge que la actora está persiguiendo el cobro de facturas por servicios acordados por una entidad estatal, pretensión que, en principio, y tal como lo señaló el Fiscal General (confr. el temperamento expuesto a fs. 260, al que se remitió en su dictamen de fs. 495), no parece exceder el ámbito del derecho común.

Por ello, oído el señor Fiscal General, esta Sala RESUELVE: revocar el pronunciamiento apelado, con costas (arts. 68, primer párrafo, y 69, del Código Procesal).

Lo resuelto torna inoficioso el tratamiento del recurso deducido por el demandado (confr. art. 279 del Código Procesal).

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN n° 31/11 y 38/11 (B.O. 17-10-13).

Regístrese, notifíquese -y al señor Fiscal de Cámara en su despacho-, oportunamente publíquese y devuélvase.- Ricardo G. Recondo-Guillermo A. Antelo-Graciela Medina