Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2003-02-17


Nro.22·/ En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil tres, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, RAMON RUBEN AVALOS Y RICARDO FERNANDO FRANCO, quienes emitirán su voto en ese orden, asistidos por el Secretario Autorizante MIGUEL ANGEL LUBARY, tomaron conocimiento del expediente n° 52.048/02, caratulado: "SANCHEZ MIRIAN VIVIANA; LEGUIZAMON JOSE ALDO S/ QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS C/ORTIGOZA EDGARDO ALFREDO, con el objeto de dictar sentencia conforme los artículos 434 y 451 del Código Procesal Penal.- Seguidamente la Sala Segunda plantea las siguientes ····C U E S T I O N E S 1°) ¿Son procedentes los recursos de Inaplicabilidad de Ley e Incontitucionalidad interpuestos a fs.187/188 y fs.188/190 respectivamente ? 3°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION, RAMON RUBEN AVALOS, dijo:

I- Que el Juzgado Correccional de la Primera Nominación, de esta ciudad, en sentencia Nro.21 glosada a fs.163/183 vta. dispuso Absolver de Culpa y Cargo a Edgardo Alfredo Ortigoza de los delitos de Calumnias e Injurias (Arts.109 y 110 del C.P.), por atipicidad. Asimismo, no hizo lugar a la acción civil conjuntamente instaurada, determinando que queda expedita la vía para acudir a la justicia civil.- Contra dicho pronunciamiento se alzó la parte querellante interponiendo recursos de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad que fueron concedidos por el a-quo y elevados a esta Sala, donde se imprimió el trámite procesal respectivo, llamándose autos para sentencia.- En el escrito impugnaticio inicialmente introduce lo que denomina apreciaciones previas de forma y de fondo respecto a la sentencia que la agravia, para seguidamente desarrollar los motivos del recurso de inaplicabilidad de ley. Al respecto sostiene que en el fallo prevalece una voluntad judicial impropia de la juez que lo suscribe, en el que se omitió considerar lo normado por el art. 17 del Código Civil porque pareciera que para ella el uso de imputaciones injuriantes y calumniosas, por el solo hecho de tener una militancia política determinada, justificaría que el honor ajeno pueda mancillarse sin sanción de ninguna clase.- Precisa que la justificación del querellado Ortigoza no tiene asidero en ninguna disposición legal, por lo tanto es una justificación extra-legem. Recuerda que aún en los debates parlamentarios las expresiones agresivas para cualquier integrante del cuerpo respectivo dan origen a cuestiones de privilegio y a planteamientos que tienden a restablecer la dignidad atacada; más aún, cuando en este caso, se han publicado en diarios y periódicos de mucho tiraje en la Provincia lo expresado por el imputado de autos.- Sostiene que decir y reiterarlo por distintos medios que los querellantes habían incitado a otras personas a cortar rutas y otras modalidades perturbadoras de la convivencia pacífica, ratificándolo en esta querella, tiene indudablemente una connotación imputativa insuperable que no puede ser dejado de lado, como se hizo en este pronunciamiento, con una argumentación sumamente forzada al hacerla estribar en las distintas militancias políticas de ambas partes de este proceso, lo que implica dar vía libre a la repetición de situaciones similares. Transcribe unos párrafos de la sentencia y define como inexplicable esta particular apreciación de la Juez sobre el hecho, la cual no presenta el más mínimo sostén.- Recuerda que el querellado tuvo oportunidad de retractarse en la audiencia de conciliación y no lo hizo para, finalmente, traer a colación los distintos motivos casatorios previstos por la ley de rito.- En el recurso de inconstitucionalidad conjuntamente articulado, sobre la base de los fundamentos expuestos en el recurso anteriormente referido, agrega que el honor mansillado está cubierto por la garantía constitucional de la querella por difamación y/o calumnia, abundando sobre aspectos ya esbozados, relativos a la tipicidad del hecho probado cometido por el querellado, citando doctrina y jurisprudencia al respecto, razones por las que finaliza peticionando se anule o modifique la sentencia recurrida acogiendo la acción penal y civil emprendida.- A fs.203/206 se agrega memorial potestativo, y en relación al recurso de inaplicabilidad de ley, el mismo es ratificado en todas sus partes, reiterándose los agravios ya expuestos. La quejosa afirma que los eximentes de responsabilidad corresponden a las previsiones que el legislador haya podido darles en su momento al determinar la tipicidad de determinados delitos y en este caso el querellado Ortigoza lo único que adujo en su favor fue que no tenía intención de cometer ningún delito ni ofender a los querellantes, siendo su esquema defensivo que todo esto se trató de una cuestión suscitada entre integrantes de dos partidos políticos, lo que no tiene ningún apoyo legal, porque no había elementos excusantes y no se dieron las condiciones previstas en el art.111 del Código Penal para que el nombrado imputado pudiera ser absuelto por alguna de las tres hipótesis previstas en dicha norma sustantiva. Concluye que esta sentencia absolutoria está viciada por el total apartamiento de la normativa vigente.- En cuanto al recurso de inconstitucionalidad, ratifica los argumentos ya vertidos al interponer los recursos, y realiza consideraciones generales, insistiendo en la arbitrariedad en que incurriera la juez aquo al apartarse de la legislación penal para encontrar, por su sola cuenta y voluntad, una excusa que no tiene justificación legal ni fáctica que permita aceptar como excluyente de responsabilidad penal la distinta militancia partidaria de las partes.- En el memorial potestativo presentado por la defensa del querellado, que obra a fs. 207/209vta., afirma que las expresiones de su pupilo estaban dirigidas a evaluar la conducta de los consejales querellantes, en el contexto político que se vivía en el momento, y están enmarcadas dentro de la crítica a la función pública y en el ejercicio de la libertad de opinión, habiendo quedado demostrado que no existieron términos irritantes que permitan traslucir una intención descalificadora a nivel político o personal.- En cuanto al recurso de inaplicabilidad de ley, sostiene que no puede atacarse la sentencia bajo la excusa que no tiene asidero en ninguna norma legal, toda vez que la conducta desplegada por el querellado encuentra amparo en el art. 14 de la Constitución Nacional que protege la libertad de expresión cuando éstas son efectuadas en el ejercicio de libertades democráticas; y también por el art. 34 inc. 4 del CP ya que fueron realizadas por el querellado en su calidad de funcionario público, en el legítimo ejercicio de su derecho y dirigidas a concejales en su calidad de tales.- Respecto al recurso de inconstitucionalidad, expresa que el mismo se fundamenta en el solo hecho de que el fallo fue en contra de los intereses de los querellantes, lo que da cuenta de la ausencia de elementos reales que lo sustenten.- II- Analizado el caso traído a conocimiento de esta Sala, específicamente en lo atinente al recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la parte querellante, cabe dar repuesta al agravio que fuera materia esencial de la censura, dada su eventual capacidad para revertir el decisorio, razón por lo cual se ingresa al tratamiento del esgrimido motivo sustancial.- Al respecto, es dable apreciar que la Juez a quo tuvo por acreditado que el querellado Edgardo Alfredo Ortigoza envió un comunicado al diario "La Voz del Chaco", el cual fuera publicado el día 11 de enero de 2001, en pg. 7, donde, en su calidad de Intendente Municipal de Puerto Vilelas, consignara textualmente: "PUERTO VILELAS INTENDENTE REPUDIA ACTITUD DE CONCEJALES DE ACHA: a través de un comunicado el intendente de Puerto Vilelas, Edgardo Ortigoza, se refiere a la construcción de 150 viviendas AIPO...destaca que...dos concejales de ACHA Viviana Sanchez y José Aldo Leguizamón, quienes días atrás habían tomado la decisión de INCITAR A LA COMUNIDAD A CORTAR LOS ACCESOS A VILELAS, en demanda de puestos de trabajo para las numerosas familias carenciadas y hoy cuando esta gente necesita su colaboración y apoyo se negaron a apoyarlos argumentando que necesitaban estudiar el tema y llamaron a cuarto intermedio...ALERTA SOBRE EL DOBLE MENSAJE...la comunidad de Vilelas debe estar atenta a estos concejales, VIVIANA SANCHEZ Y JOSE ALDO LEGUIZAMON quienes tienen un doble mensaje, por un lado reclaman puestos de trabajo y por otro impiden que las obras ingresen a Vilelas, cuando de ellos depende el bien de todos...".- No obstante, la magistrada correccional dispuso la absolución de Ortigoza, por considerar que su conducta resultaba atípica, al existir una causal excluyente del elemento subjetivo del delito, toda vez que la crítica realizada por el mismo estuvo dirigida a funcionarios públicos y a raíz de actividades públicas, con connotaciones políticas, por lo cual, aunque haya sido formulada en términos irritantes, encuadra en el ejercicio del derecho de información, en tanto no se hiciera referencia a cualidades personales de los querellantes. Esta decisión provocó el agravio de la representante de los querellantes, porque, básicamente, a su juicio, carece de sustento en disposición legal alguna, lo que la convierte en una justificación extra-legem.- Planteado en tales términos la cuestión debatida en el sub júdice, inicialmente debe considerarse que, conforme a la conocida doctrina judicial de la "real malicia", elaborada por la Suprema Corte de los Estados Unidos en el fallo del pleito "New York Times C. v. Sullivan", la responsabilidad jurídica, civil y penal, de quien formulara manifiestaciones agraviantes para un funcionario gubernamental, una figura pública o un particular involucrado en temas institucionales o de relevante interés público, está condicionada a la prueba fehaciente, por el accionante, de: 1) el carácter difamatorio de la expresión; 2) la inexactitud de las expresiones y 3) que el accionado haya obrado con dolo directo o eventual. (Gregorio Badeni, "Las doctrinas "Campillay" y de la "Real Malicia" en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia", LL 2000-C-1244).- Esta doctrina fue pretorianamente incorporada, con matices propios, como regla constitucional de nuestro país, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incipientemente a partir del precedente "Vago c/Ediciones de la Urraca S.A." (Fallos 314:1517) y luego decididamente en "Morales Solá" (Fallos 319:2741) y "Ramos c/ LR3 Radio Belgrano" (Fallos 319:3428), donde se estableciera que para condenar penalmente por un delito contra el honor al autor de una información que afecta a un funcionario público, encontrándose involucrado un tema de interés general, no basta la acreditación del carácter de no veraz de aquella sino que, además, es necesario -como requisito constitucional mínimo- determinar la disposición subjetiva con la cual el agente había actuado respecto de la información que luego se acreditó objetivamente como no veraz, puesto que la tutela constitucional de la libertad de expresión no puede limitarse a las afirmaciones veraces, extendiéndose a las que, aún no estando ajustadas a la verdad, son emitidas en la creencia de serlo, cuando la naturaleza de los temas expuestos y de las personas involucradas tornan necesario privilegiar un debate libre y desinhibido.- De acuerdo a los precedentes de la Corte Suprema, inclusive anteriores a la adopción de esta doctrina y ratificados por jurisprudencia posterior, se puede advertir que para éste Tribunal la protección del honor de personalidades públicas debe ser atenuada cuando se discuten temas de interés público, en comparación con la que se brinda a simples particulares ( Fallos 310:508 "Costa" y 316:2416 "Triacca"), y por ello las críticas que se efectúan por medio de la prensa al desempeño de las funciones públicas, aún cuando se encuentren formuladas en tono agresivo, con vehemencia excesiva, con dureza o causticidad, apelando a expresiones irritantes, ásperas u hostiles, y siempre que se mantengan dentro de los límites de la buena fe, aunque puedan originar desprestigio y menoscabo para el funcionario de cuyo desempeño se trate, no deben ser sancionadas penalmente como injurias, excepto que resulte de los propios términos de la publicación, o se pruebe de otro modo, la existencia de un propósito primario de lesionar el honor o causar daño, como ocurre cuando se utilizan contra la personas epítetos groseros y denigrantes, o se indague el ámbito de la vida privada del ofendido (Cfr. Fallos 269:200, reproducido Fallos 321:2558, in re "Amarilla", votos Petrachi, Bossert, Beluscio).- En estos casos, el apartamiento de las disposiciones del derecho común se halla justificado en virtud de la naturaleza constitucional de la cuestión involucrada, "...debido a la relevancia que tiene el ejercicio de la libertad de expresión en un sistema político democrático constitucional. A esa interpretación de las normas contenidas en la Ley Fundamental, debe adecuarse la aplicabilidad de las disposiciones legales de jerarquía inferior como son los Códigos Civil y Penal." (Gregorio Badeni, ob cit.).- Además, la aplicación de estas reglas comprende no solo los casos en que la imputación recae sobre un medio de prensa o un periodista sino que ellas tutelan a toda persona que ejerza su libertad de expresión, ya que su fundamento no tiene en cuenta las características personales del emisor de la información sino la naturaleza de ésta última y de la persona afectada por ella, es decir, si se trata de una información que posea interés público o que se refiera a un funcionario público, y además porque la Constitución Nacional reconoce la libertad de prensa a todos los habitantes de la Nación, sin distinción alguna respecto de las distintas calidades que ellas posean. ( Cfr. Fallos 320:1272, in re "Pandolfi c/Rajneri").- Sin embargo, resulta necesario que el hecho verse sobre aseveraciones de las que se pueda predicar verdad o inexactitud y no de un supuesto de expresión de ideas, opiniones o juicios, donde se torna irrelevante el conocimiento de la falsedad o la despreocupación respecto a la verdad o falsedad de la información (Cfr. el citado precedente de Fallos 321:2558, votos Petrachi, Bossert, Beluscio).- Sentado lo expuesto, puede afirmarse que en el pronunciamiento absolutorio dictado en el sub lite se han observado correctamente los principios que fueran reseñados, en tanto se halla configurado el interés público, para los vecinos de Puerto Vilelas, de la noticia difundida y se ha constatado la calidad de funcionarios públicos de los querellantes, que sin duda revestían como concejales municipales de esa localidad, aspectos que no fueran controvertidos por la recurrente.- Asimismo, conforme a los fundamentos del fallo, se ha tenido por acreditada la autoría de la publicación por parte de Ortigoza y el carácter agraviante de las expresiones allí incluidas, como también su inexactitud.- En tales condiciones, y a efecto de determinar la responsabilidad del querellado, los accionantes además debieron probar, con arreglo a la doctrina de la "real malicia", que aquel obró con conocimiento de la falsedad de sus manifestaciones públicas o con absoluta despreocupación sobre su veracidad, ya que la correcta aplicación de sus reglas imponen la prueba sobre el comportamiento doloso del autor, lo que finalmente no aconteciera en autos, donde, por el contrario, la sentenciante inobjetadamente consideró que la puja de carácter político entre las partes llevó la disputa a tales extremos, pero sin incluir referencias de tipo personal, descartando la existencia de un propósito determinado del querellante de ocasionar una lesión al honor o de causar un daño a los accionados.- En tal sentido, la Corte tiene dicho, en Fallos 323:417 (segunda sentencia dictada en la misma causa "Ramos c/LR3 Radio Belgrano", que ratifica el precedente de Fallos 319:3428) que la responsabilidad del querellado, de acuerdo a la doctrina de la "real malicia", solo puede surgir "...de la acreditación, por parte del actor, de que aquel había actuado con conocimiento de la falsedad de la información o, al menos, con total despreocupación acerca de tal circunstancia.", concordando con lo dictaminado en la misma oportunidad por el Procurador Fiscal, quien, entre otras consideraciones, afirmara que "En el referido marco interpretativo, entiendo que, expresado de otra manera, el Tribunal ha venido a sostener que la circunstancia de que el demandado haya dicho que el no tenía pruebas, no conduce necesariamente a concluir que conocía la falsedad de la información o que se despreocupó totalmente de su veracidad...".- Dentro de ese contexto y como consecuencia de lo señalado, cabe concluir que el pronunciamiento atacado se ajusta en lo esencial a las pautas constitucionales elaboradas por la Corte Suprema en materia de libertad de expresión, lo cual desvirtúa la invocada carencia de sustento normativo del fallo y conlleva a que la presentación deba ser desestimada. - En cuanto al recurso de inconstitucionalidad también deducido en autos, resulta ineludible arribar a la conclusión de su improcedencia formal. Ello es así dado lo sostenido por esta Sala Segunda con distintas integraciones a partir del año 1983 en cuanto "...para producir el efectivo afianzamiento de la superlegalidad constitucional, es imprescindible confrontar las sentencias con las pautas de "arbitrariedad" para derribar los actos judiciales que no se fundan en las condiciones objetivas de la ley y del juicio, descartando limitaciones como las existentes en vías de inaplicabilidad de ley. Es decir cuando las limitaciones que contiene el ordenamiento procesal, veden la posibilidad de plantear la arbitrariedad por medio de la casación, ésta debe ser admitida a través del recurso de inconstitucionalidad, específicamente del inciso 2º del art.451 para completar la cobertura recursiva y asegurar la adecuada vigilancia y protección de la legalidad constitucional (Cfr."Westtesten...", 88/83; "Rivero...", 1/89; "Cáceres...", 19/97; "Van de Voorde...", 102/98; "Maggi...", 3/2000; etc.).- En orden a lo que antecede, al no existir en el caso restricciones legales que impidan utilizar la vía de inaplicabilidad de ley, tal como efectivamente aconteciera en autos, habida cuenta lo establecido por la ley adjetiva (art.436 inc.2º CPP), corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, por defectos de forma. ES MI VOTO.- A LA PRIMERA CUESTION, RICARDO FERNANDO FRANCO, dijo:

Compartiendo íntegramente los fundamentos desarrollados por el señor Juez de primer voto, me adhiero específicamente a la conclusión a la que arriba. ASI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION, RAMON RUBEN AVALOS, dijo:

De acuerdo a las conclusiones a las que arribara al responder a la primera cuestión, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs.187/188 y declarar la inadmisibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs.188/190, con costas, debiendo regularse los honorarios profesionales de la Dra. María Teresa Penas en la suma de Pesos Doscientos ($ 200), y los de los Dres. Carlos Roberto Barcesa y Pedro Dinani en la suma de Pesos Cuatrocientos ($400.-), en partes iguales, por la actuación que les cupo en esta sede y de conformidad al arancel vigente. ES MI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION, RICARDO FERNANDO FRANCO, dijo:

Adhiero a las conclusiones expuestas precedentemente por el Sr. Juez preopinante. ASI VOTO.- Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo precedente, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mi, Secretario que doy fe.- ···S E N T E N C I A Nro.· 22···/··· Resistencia, 17 de marzo de 2003.- AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs.187/188 y declarar la inadmisibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad obrante a fs.188/190. Con costas.- II- Regular los honorarios profesionales de la Dra. María Teresa Penas en la suma de Pesos Doscientos ($ 200,00) y de los Dres. Carlos Roberto Barcesa y Pedro Dinandi en la suma de Pesos Cuatrocientos ( $ 400,00), en partes iguales, por la actuación que les cupo en esta sede y de conformidad con la ley arancelaria.- III- Regístrese. Notifíquese. Tome conocimiento Caja Forense y oportunamente devuélvanse los autos.-