Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-08-09


(Libro de Acuerdos Nº 44, Fº 743/747 , Nº 342 ). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los nueve días del mes de agosto de dos mil uno, los señores Jueces titulares del Superior Tribunal de Justicia, doctores Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo, Raúl Octavio Noceti, Héctor Eduardo Tizón y José Manuel del Campo, bajo la presidencia del nombrado en primer término, vieron el Expte. Nº 541/01 caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. Nº B - 52650/99 (Trib. Cont. Ad.) Contencioso Administrativo ...: Perea Humberto c/ Ministerio de Bienestar Social -Estado Provincial-".

El Dr. Valdecantos dijo:

El Dr. Facundo Vargas Durán en representación de Humberto Perea dedujo recurso contenciosos administrativo de plena jurisdicción, en contra del Ministerio de Bienestar Social y Estado Provincial, para que se deje sin efecto el Decreto 926-BS-99, argumentando la ilegitimidad del mismo al disponer la cesantía del actor; y que se le abonen los haberes que se devenguen durante el período que dure el apartamiento de su puesto de trabajo. Asimismo solicitó que con carácter previo se suspenda el acto administrativo que ataca, a los fines de lograr la continuidad laboral inmediata de su mandante, hasta tanto se resuelva la cuestión principal.

Trabada la litis y cumplidos los trámites que corresponden, el Tribunal Contenciosos Administrativo, ante cuyos estrados tramitó la causa, el 22 de noviembre de 2.000 dictó sentencia haciendo lugar a la demanda (fs. 159/162 del expediente principal).

Contra esa sentencia, el Dr. Hugo Alberto Lara en el carácter de Procurador Fiscal y en representación del Estado Provincial, deduce recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

Sostiene que la sentencia impugnada viola la ley, develando una situación totalmente incompatible con el servicio de justicia, que ha merecido el reiterado y permanente rechazo como acto jurisdiccional válido.

Expresa como primer agravio que el decisorio le cercena al Poder Administrador la facultad de hacer uso del régimen disciplinario, conforme a la ley 3161, cuyo artículo 173 prescribe la sanción de cesantía frente a la causal de inasistencias injustificadas que excedan el número de diez en un año y que la conducta desaprensiva del actor se encuentra debidamente probada en el expediente administrativo.

Asimismo, al condenar a su representado a abonar al actor los salarios caídos desde la cesantía hasta la fecha de la reincorporación, olvida el a-quo el principio contenido en el artículo 179 del Estatuto del Empleado Público, conforme al cual, la causa jurídica del derecho del agente a la percepción de sus haberes, es justamente la prestación del servicio.

Por último expresa que el a-quo sostiene que "... la injustificada demora en la sustanciación del sumario constituyó un obstáculo al efectivo derecho de defensa del actor ...", cuando en el sumario que culminó con su cesantía, consta que el actor inclusive estuvo asistido por letrado.

Sustanciado el recurso, a fs. 22/24 contesta el Dr. Facundo Vargas Durán y en representación de Humberto Perea, solicita su rechazo por los argumentos que expone y a los que me remito. Cumplidos los trámites que corresponden, a fs. 29/30 se expide el señor Fiscal General habilitado por el rechazo del recurso deducido, conclusión que anticipando opinión, comparto por los fundamentos que se expresan en el dictamen.

En efecto, en relación al primer agravio expresado por el recurrente, este Superior Tribunal de Justicia ha resuelto que: "... si bien es cierto que la valoración de los hechos que importen transgresiones a los deberes de la función, su gravedad, la determinación de la norma aplicable y la graduación de la sanción son potestades propias del Poder Ejecutivo y ajenas a la revisión del Poder Judicial, no lo es menos que tal principio cede en los casos en que se advierta un ejercicio ilegítimo o arbitrario de aquellas atribuciones" (L.A. Nº 43, Fº 732/734, Nº 276, 1/8/00).

En la causa traída a nuestro conocimiento, el a-quo hizo lugar al recurso deducido por el actor y dejó sin efecto el decreto 926-BS-99 en cuanto dispuso la cesantía del mismo, por no ajustarse al principio de tempestividad o de oportunidad en razón de que los hechos atribuidos al accionante acontecieron en los años 1.989, 1.990 y 1.991, esto es, ocho años antes de dictarse el acto administrativo que dispuso la cesantía.

Al respecto tenemos decidido, que el principio de oportunidad de la sanción es perfectamente admisible en sede administrativa, de modo analógico a lo que sucede en el fuero laboral, junto a los principio de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que, conforme lo señala Marienhoff ("Tratado de Derecho Administrativo", Ed. Abeledo-Perrot, T. III-B, pág. 298), "la cesantía o exoneración del agente público, que implica la pérdida de la "estabilidad" en el empleo, no constituye una facultad "discrecional" de la Administración Pública, sino una facultad "reglada" o "vinculada" (L.A. Nº 47, Fº 395/397, Nº 159; L.A. Nº 48, Fº 1/4, Nº 1).

Es que toda persona que fuere parte en un proceso goza de la garantía de que la sentencia definitiva se dicte dentro de un plazo razonable (artículo 29, apartado 3º, de la Constitución de la provincia de Jujuy), siendo un deber de la Administración Pública la simplificación y agilización de trámites (artículo 33 in fine de la misma Constitución).

Entonces, la sanción -cesantía- aplicada al actor por falta a los deberes de servicio, luego de transcurridos ocho años de cometidas las infracciones disciplinarias, sin dudas, vulnera las garantías constitucionales referidas y, es deber de los Magistrados -cuando se impugna judicialmente el acto administrativo- aplicar la Constitución como ley suprema de la Provincia con prelación a las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos dictados o que dictaren las autoridades provinciales (artículo 15 apartado 2.). Por ello, el decreto Nº 926-BS-99 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial, debe ser -como lo hace el a-quo, con fundamentos suficientes-, dejado sin efecto.

El segundo agravio esgrimido, esto es el pago de los salarios caídos desde la fecha de la cesantía hasta la de reincorporación, la norma que invoca el recurrente en su defensa, no es de aplicación al caso de autos, toda vez que el artículo 179 de la ley 3161/74 contempla el caso de suspensión preventiva de un empleado público, por un término que no supere los sesenta días, cuando ello resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos que se investigan (artículo 178 del mismo plexo normativo). En esos casos, la referida norma autoriza a la Administración a no liquidar haberes por servicios no prestados.

En este caso, el actor que no se encontraba comprendido en ningún Convenio Colectivo de Trabajo -conforme informe de fs.40, solicitado como medida para mejor proveer- y, revisando la doctrina sobre la temática, la disposición expresa del artículo 22 de la ley 3161, denominada: "Estatuto para el Personal de la Administración Pública de la Provincia de Jujuy", resulta de ineludible aplicación, en tanto reconoce el derecho a los agentes a ser reincorporados y, a que se le abonen los haberes que le habrían correspondido durante el tiempo que hayan estado ilegalmente separado del cargo. Siendo ese derecho reconocido por este Superior Tribunal de Justicia en la causa "Carmona c/ Estado Provincial", registrada en L.A. Nº 47, Fº 84/88, Nº 32, 31/3/98, en la que se dispuso la reincorporación del agente "con todas sus consecuencias legales", entre las que obviamente se encuentra el pago de los "haberes caídos".

Finalmente, no puede el recurrente sostener que -por el tiempo que demoró el procedimiento administrativo-, no se vulneró el derecho de defensa del actor, desde que estuvo asistido por letrado, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo: "La garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo razonable" (Fallos 322:663).

Siendo así, propicio rechazar el recurso deducido, con costas a la recurrente desde que no existen motivos para apartarse del principio general contenido en el artículo 102 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al recurso de inconstitucionalidad de autos, difiriendo la regulación de honorarios profesionales, hasta tanto se pueda aplicar el artículo 11 de la ley 1687.

El Dr. Arnedo dijo:

Comparto la solución que para el caso propugna el voto que antecede, teniendo en cuenta que esa postura se corresponde más adecuadamente con los principios de equidad que también deben regir comprendiendo a los empleados de la Administración Pública.

El Dr. Noceti, adhiere al voto del Dr. Valdecantos.

El Dr. Tizón dijo:

El sinalagma básico del contrato de trabajo consiste en la prestación y contraprestación, esto es, trabajo o labores a cambio de remuneración. De donde se deduce que, cuando el trabajo no se cumple -caso de los salarios caídos-, en principio, la paga no corresponde.

Así nos hemos pronunciado no pocas veces, en los casos de vínculo de empleo privado. Y ello es así, puesto que la prestación a cargo del trabajador es el presupuesto de la adquisición del salario, por lo que de no verificarse ese presupuesto de hecho, no nace obligación alguna (art. 826 Cód. Civil), razón por la cual, al negársele derecho a la percepción de salarios que no fueron devengados, no resultan privados de bien jurídico alguno.

Esa es la regla, en principio; pero el de autos constituye un caso de excepción, expresamente citado en el voto precedente, ya que encuentra asidero en la norma del art. 22 de la ley 3161, de empleo público.

Con esta aclaración que creo pertinente, adhiero al voto del Dr. Valdecantos.

El Dr. del Campo dijo:

Comparto plenamente los fundamentos de los votos que anteceden, y como se señala en ellos, el art. 22 de la ley 3161 establece un régimen de excepción a la regla general que frente a la ausencia de prestación laboral no resulta exigible la contraprestación dineraria.

Ante ello, los funcionarios públicos responsables de la decisión de suspender a un agente de la administración deben extremar los cuidados a fin de no cometer excesos que culminen como el caso que nos ocupa, colocando al Estado en la obligación de abonar salarios al personal mal suspendido. Actitudes de esta naturaleza pueden provocar la responsabilidad directa de esos funcionarios.

Con esta aclaración, adhiero a los votos que me preceden.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Dr. Hugo Alberto Lara en el carácter de Procurador Fiscal y en representación del Estado Provincial. 2º) Imponer las costas a la recurrente vencida.

3º) Diferir la regulación de honorarios profesionales, hasta tanto se pueda aplicar el artículo 11 de la ley 1687.

4º) Regístrese, agréguese copia en autos, notifíquese por cédula y dése publicidad al presente Acuerdo.