Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-05


En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los cinco días del mes de octubre de 2000, siendo las diez horas; reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal bajo la Presidencia de su Titular doctor Juan Carlos Fernández Madrid, los señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, doctores Antonio Vázquez Vialard, Julio Vilela, Jorge del Valle Puppo, Jorge Guillermo Bermúdez, María Laura Rodríguez, Graciela Aída González, Ricardo Alberto Guibourg, Elsa Porta, Roberto Omar Eiras, Bernardo Joaquín Argentino Lasarte, Julio César Moroni, Diana María Guthmann, José Emilio Morell, Roberto Jorge Lescano, Rodolfo Ernesto Capón Filas, Horacio Héctor de la Fuente, Luis Raúl Boutigue, Juan Andrés Ruiz Díaz, Horacio Vicente Billoch, Juan Carlos Eugenio Morando, Alvaro Edmundo Balestrini, Alcira Paula Isabel Pasini, Héctor Jorge Scotti, Julio César Simón y Gregorio Corach; y con la asistencia del señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo doctor Eduardo O. Alvarez, a fin de considerar el expediente Nro. 48.098/95 - Sala VIII, caratulado "BRANDI, Roberto Antonio c/ Lotería Nacional S.E. s/ despido", convocado a acuerdo plenario en virtud de lo dispuesto por el art. 288 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para unificar jurisprudencia sobre la siguiente cuestión: "¿Es "procedente el subsidio por egreso previsto en el art. 25 del decreto "2.115/85, en el caso de los agentes de la demandada que cesaron "por despido sin justa causa, por motivos ajenos a los previstos en el "art. 26 del mencionado decreto (cesantía o exoneración)?".

Abierto el acto por el señor Presidente, el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dijo:

El artículo 25 del Decreto 2.115/85, al que se ciñe el interrogante, establece: "Todo agente que egrese de la Repartición por renuncia aceptada u otro motivo, tendrá derecho a un subsidio cuyo monto será equivalente a la una cuarenta y dosava parte (1/42) de lo percibido nominalmente por el beneficiario durante los dos (2) últimos años desde el mes anterior a la fecha de baja, por cada año real de prestación de servicios en el ámbito determinado por el art. 1ro. de la presente reglamentación, hasta un máximo de cuarenta y dos (42) años".

A su vez, el artículo 26 del citado decreto prevé: "Queda excluido de los alcances del artículo precedente el agente cuyo egreso se produzca por cesantía o exoneración".

En consecuencia, se trata de establecer si los trabajadores que cesaron por despido "sin justa causa" son acreedores al subsidio de marras.

No subyace, pues, un debate complejo y, a mi juicio, se impone una respuesta afirmativa.

Digo esto porque la exclusión del ya transcripto artículo 26 del Decreto 2.115/85 sólo comprende a los supuestos de cesantía o exoneración y no existe ningún motivo para interpretar la norma con una amplitud que incluya a hipótesis no contempladas expresamente.- Repárese en que la solución del decreto, en la expresión literal, es razonable, porque tiende a que no cobre el subsidio aquel trabajador que incurrió en una causal de cesantía o de exoneración, o sea en un proceder antijurídico que no admitía la prosecución del vínculo.

Pero distinta ha de ser la solución en el caso al que alude la convocatoria, porque se trata de un despido sin causa, es decir una ruptura del vínculo que no se debió a la inconducta del dependiente y que le generó un derecho a la indemnización.

En síntesis, una respuesta adversa implicaría extender los alcances de una excepción, más allá de su diáfana literalidad, y no se llega a comprender por qué se le niega el derecho a un agente que vio rescindido el contrato, sin haber cometido incumplimiento alguno constitutivo de injuria.

En mi opinión, la cuestión es clara, pero, si se la juzgara dudosa, la suerte del reclamo no debería ser diversa, ante lo que surge del artículo 9 de la L.C.T.

Por la AFIRMATIVA en MAYORIA votan los doctores: GONZALEZ, VAZQUEZ VIALARD, SCOTTI, PORTA, CAPON FILAS, BOUTIGUE, FERNANDEZ MADRID, SIMON, RUIZ DIAZ, PASINI, BALESTRINI, BERMUDEZ, DE LA FUENTE, PUPPO, VILELA, EIRAS, GUIBOURG, RODRIGUEZ, LASARTE, MORONI, GUTHMANN, MORELL, LESCANO y CORACH.

LA DOCTORA GONZALEZ, dijo:

La norma cuya interpretación provoca la presente convocatoria plenaria prevé expresamente el reconocimiento de un subsidio por egreso en beneficio de los dependientes de la empresa demandada, que tengan la antigüedad requerida, disponiendo asimismo que solo quedarán excluidos del derecho conferido, quienes egresen por cesantía o exoneración.

El beneficio corresponderá en todos los casos en que la desvinculación contractual reconoce como causa la renuncia aceptada u otro motivo, y a influjo del cambio de régimen jurídico sobreviniente -de empleo público a contrato de trabajo- tales previsiones deben reputarse comprensivas de diversos supuestos que resultan así necesariamente tutelados, en tanto el concepto sustitutivo de la hipótesis de exclusión originaria solo comprendería los casos de ruptura por voluntad unilateral del empleador con justa causa, pero de ninguna forma alcanzaría a otras extinción.

Consecuentemente, no cabe efectuar distinciones donde la ley no las impone y en el caso, debe reconocerse el derecho a percibir el beneficio, a todo agente que egrese de la institución, salvo que lo hiciere por cesantía o exoneración, extremos que presuponen la responsabilidad del dependiente por violación de deberes y que no admiten identidad con el supuesto de despido sin causa.

Es regla de la interpretación de las leyes que la misma se practique con la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (fallos: 304, 578).

En la oportunidad en que llegara a conocimiento de la Sala II que integro la causa caratulada "Ratto, Pedro Salvador c/ Lotería Nacional Sociedad del Estado s/ despido" (sentencia definitiva Nro. 86.699 del 15 de septiembre de 1999), procedí a analizar la norma sometida a consideración en la presente convocatoria, expidiéndome conforme a la interpretación precedentemente esbozada, y declarando la procedencia del derecho, en un supuesto de despido indirecto.

Por los argumentos que llevo expuestos y por compartir el dictamen del Sr. Fiscal General, voto en forma afirmativa respecto del interrogante planteado.

EL DOCTOR VAZQUEZ VIALARD, dijo:

El tema de este plenario gira alrededor de la interpretación de la expresión "cesantía" a que hace referencia el art. 26 del dto. 2.115/85, a fin de excluir a las personas que se encuentran en dicha situación, del "subsidio" establecido en el art. 25 de esa norma.

Considero que la misma, corresponde al distracto de la relación de trabajo declarada por el empleador, por una causa imputable al empleado. Se trata de la figura a que hace referencia el art. 242 L.C.T..

Por lo tanto, estimo que corresponde darle a la expresión a que hace referencia el art. 26 de la referida norma, el indicado sentido: ruptura de la relación por una causa imputable al empleado.

De acuerdo con ello, el despido sin causa, no empece los derechos del trabajador -en la medida que haya cumplido los requisitos establecidos en la norma- para percibir el subsidio que prevé el art. 25 del dto. 2.115/85. Así lo voto.

EL DOCTOR SCOTTI, dijo:

Se discute en esta instancia si tienen derecho al subsidio por egreso previsto en el art. 25 del dec. 2.115/85 los agentes de Lotería Nacional que cesaron por despido sin justa causa y por motivos ajenos a los consignados en el art. 26 de dicho decreto, interrogante que a mi juicio, debe ser respondido de manera afirmativa.

Coincido así con lo expuesto por el señor Fiscal General en el dictamen que antecede y lo resuelto por las Salas IV (ver S.D. 83.008 del 19-2-99 "Voskian, Mauricio c/ Lotería Nacional S.E. s/ despido"), V (ver S.D. 58.417 del 30-4-98 "Groppa, Osvaldo c/ Lotería Nacional S.E. s/ despido") y IX (ver S.D. 4.974 del 7-12-98 "Millo, Liliana B. c/ Lotería Nacional S.E. s/ despido") del Tribunal en el sentido de que la literalidad de la normativa aplicable no permite una interpretación distinta.

Es que si el art. 25 del decreto de marras dispone que el mentado subsidio se abonará a todo agente que egrese por renuncia u otro motivo, mientras que el art. 26 excluye de sus alcances sólo a aquéllos cuyo cese se produzca por cesantía o exoneración parece claro que quienes se alejaron de la empresa por despido incausado (ese es el presupuesto de la convocatoria), no se encuentran incluidos en la única excepción prevista (cesantía o exoneración).

Cabe recordar al respecto, que al momento de dictarse el decreto 2.115/85 no regían -para el personal comprendido en el mismo- las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo lo cual explica que no se haya incluido en el art. 25 los casos de despido incausado. Sin embargo, resulta evidente, a mi criterio, que en la regulación normativa subyace la intención de otorgar el aludido subsidio a todos los agentes que hayan egresado del ente sin haber dado motivo justificado para ello y es por ello que excluye del beneficio solamente a los que hubieran sido separados de su cargo por razones disciplinarias.

Por estas breves consideraciones y las concordantes del dictamen fiscal, voto por la afirmativa al interrogante suscitado.

LA DOCTORA PORTA, dijo:

Si bien nunca antes de ahora tuve ocasión de pronunciarme sobre la cuestión planteada, considero que de la lectura de las normas en juego resulta de modo claro que la respuesta al interrogante que motiva este acuerdo plenario debe ser positiva.

Las disposiciones que instituyen el llamado "subsidio por egreso" parten de lo general a lo particular al momento de determinar quienes son los beneficiarios. Así el art. 23 del decreto 2.115/85 dispone que será acreedor el personal comprendido en el ámbito del art. 1 debiendo cumplir el requisito de la antigüedad que la norma establece. El artículo siguiente contempla el caso del trabajador que egresa de la sociedad demandada por motivos de salud que lo imposibiliten para la función o por jubilación. El art. 25 dispone que tendrá derecho al subsidio todo agente que egrese por renuncia aceptada u otro motivo, fórmula que permite la aplicación del precepto a cualquier otra situación que determine la extinción del vínculo, por lo que es válido concluir que el trabajador que egresa por un despido injustificado tiene derecho a cobrar este beneficio.

Si alguna duda quedase el artículo siguiente define cuáles son los trabajadores taxativamente excluidos del cobro de la gratificación; aquéllos cuyo egreso se produzca por cesantía o exoneración. En mi criterio esta restricción evidencia que el legislador únicamente marginó del beneficio en cuestión a aquellos agentes cuya conducta motivó la ruptura de la relación.

Por lo expuesto toda vez que en el caso de un despido injustificado no se configura tal supuesto, asiste derecho al trabajador a percibir el aludido subsidio.

En definitiva y por lo que antecede, voto por la afirmativa.- EL DOCTOR CAPON FILAS, dijo:

1.- La construcción normativa de los arts. 25 y 26 del decreto 2.115/85 es la siguiente: en caso de extinción de la relación (A) por cualquier causa (n), el trabajador devenga una suma adicional (b), salvo que el egreso se haya producido por cesantía (d) o exoneración (e).

Esta construcción puede formularse: A n = b salvo d ó e.

2.- El despido sin causa (A1) no equivale a cesantía o exoneración, lo que puede formularse: A1 = / = d ó e.

Por ello, en ese caso corresponde la suma adicional, lo que puede formularse: A 1 = b.

3.- Planteado así el tema, por un mero ejercicio lógico, la respuesta a la pregunta formulada al plenario es positiva.

EL DOCTOR BOUTIGUE, dijo:

Poco me queda por agregar a lo expresado por el señor Fiscal General, en orden a fundar su conclusión por la respuesta en sentido afirmativa al interrogante propuesto, que -obvio es decirlo- comparto plenamente.

Voy simplemente a los textos normativos que en su dictamen están transcriptos (para no extenderme innecesariamente), y sólo me queda por decir que, en tanto se trata de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional destinado a regir en el ámbito de sólo una de las sociedades "del Estado", podría entenderse que se trata de un beneficio de excepción en relación al régimen general aplicable al contrato de trabajo en el ámbito privado, puesto que no ha sido instituido así en la Ley de Contrato de Trabajo; y por consiguiente -también- de interpretación más bien restrictiva en cuanto a su alcance.

Pero esto último solo cuadraría ante un texto dudoso, y que en una norma especial de excepción, justificara apartarse del principio rector "pro operario" en el que vengo insistiendo en varios pronunciamientos plenarios de esta Cámara, con base en lo dispuesto en el art. 9, 2a. parte, de la Ley de Contrato de Trabajo (remito a la cita de precedentes en tal sentido que hago al votar en el plenario, que en esta misma causa contra "Lotería Nacional S.E.", ha sido convocado por otro tema).

Sin embargo, al igual que como lo apunta el señor Fiscal General, no encuentro nada dudoso en el texto normativo en análisis, puesto que queda remediada ( si lo fuera) con la única situación de excepción al otorgamiento del subsidio que, para los supuestos de egreso de personal, instituye el art. 25 del Decreto 2.115/85: los casos de "cesantía o exoneración" (art. 26 ib.). Y no hay otra excepción. Luego, el beneficio en cuestión es viable, aún cuando el trabajador sea -además- acreedor a la indemnización por despido sin justa causa, prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Voto, en consecuencia -como ya lo anticipé- por la afirmativa.

EL DOCTOR FERNANDEZ MADRID, dijo:

El art. 26 del decreto Nro. 2.115/85 prevé como únicas causales para quedar excluido de los alcances del subsidio consagrado en el art. 25 que el egreso del agente se haya producido por cesantía o exoneración.

Por otra parte, el art. 25 del decreto en cuestión estipula que el agente que egresó por "... renuncia aceptada u otro motivo, tendrá derecho a un subsidio...".

Por lo que, si el vínculo se disolvió por alguna otra forma que no fuere la cesantía o exoneración del agente, éste no puede verse privado del subsidio previsto por el art. 25 del decreto Nro. 2.115/85.

Resolver de otra forma significaría ampliar las excepciones que taxativamente ha contemplado el ya citado art. 26. Máxime en circunstancias que, como la de autos, al actor se lo ha despedido sin causa es decir, sin invocación del alguna injuria cometida por el agente.

En consecuencia, la respuesta al interrogatorio propuesto debe ser afirmativa.

EL DOCTOR SIMON, dijo:

El interrogante versa sobre la interpretación a otorgar al art. 25 del Decreto 2.115/85 que prevé un subsidio para todo agente que egrese de la Lotería Nacional del que según el art. 26 del mismo ordenamiento queda excluido el agente cuyo egreso se produzca por "cesantía o exoneración".

Si bien la Sala que integro no tuvo oportunidad de pronunciarse con anterioridad a la respuesta a dar al interrogante de estas actuaciones, pareciera que el texto mismo de las disposiciones a tener en cuenta y de las reglas de interpretación que estimo aplicables, así como de la jurisprudencia de la C.S.J.N., no puede concluirse sino en una respuesta afirmativa.

En efecto, en el caso de un despido sin justa causa no nos encontramos frente a ninguna de las causales de exclusión prevista en el citado art. 26 que, como bien señala el Sr. Fiscal General, tiene un objeto claro, cual es que no cobre el subsidio quien incurrió en una causal de cesantía o exoneración, hipótesis ésta, precisamente contraria a la que nos ocupa, en la que fue la empleadora la que dio origen injustificado a la ruptura del vínculo.

A mi criterio, es claro que no se puede extender las causales de exclusión sin violentar el texto expreso y el espíritu de la norma, lo que por sí sería contrario a la jurisprudencia del más Alta Tribunal (Fallos: t. 301: p. 595; 304: p. 1.745; t. 300: p. 687; t. 301:958; t. 301: p. 849, entre otros). Debe recordarse que, como afirmó la C.S.J.N., la inconsecuencia o la falta de previsión del legislador no se supone, y las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de sus palabras, sin que sea admisible atribuirle una inteligencia que le equivalga prescindir de la letra de la ley (C.S.J.N. 2/12/93, Kreimbohn, Germán y otro c/ Caja Administradora del Fondo Especial del Seguro", D.T., 1994-B, pág. 1.733).

Alvarez Gardiol, citado por Carlos Pose en el comentario al fallo citado en el párrafo anterior, indica que la "interpretación de todo texto normativo, y el de la ley por consiguiente, comienza con el estudio de su sentido literal. Es, por tanto, el criterio gramaticalista, mediante la lectura y la captación del sentido de las palabras contenidas en la ley, la primera pauta a que debe atender, ya que la norma legislada está integrada por palabras que provienen del lenguaje natural y cuyo significado no es posible descubrir con arreglo a él" ("Introducción a la teoría general del derecho", pág. 208).

Pues bien, reitero que agregar supuestos de exclusión del beneficio que no resultan del texto expreso citado no se comparece con tal jurisprudencia y tampoco con las reglas interpretativas que derivan del principio protectorio que, claramente, imprime al Derecho Individual del Trabajo el primer párrafo del art. 14 bis de la Constitución Nacional, disposiciones que incluyen -como resulta de su propio texto- al empleo público, incluso acentuando tal carácter en lo relativo a la estabilidad.

Por ello y por los fundamentos del dictamen del Fiscal General voto por la afirmativa.

EL DOCTOR RUIZ DIAZ, dijo:

El artículo 26 del decreto 2.115/85, al establecer los supuestos que impiden percibir a los trabajadores de la demandada el subsidio establecido en el art. 25, sólo contempla taxativamente dos causales; cesantía y exoneración; estas causales claramente presuponen una conducta por parte del trabajador que de ningún modo podría atribuírsele a quien es despedido sin justa causa.

Va de suyo, entonces, que los agentes que hayan cesado por despido sin justa causa gozan del beneficio en cuestión.

"A fortiori", si alguna duda pudiere caber -no es mi caso- habría que estarse al principio establecido en el art. 9, segunda parte, de la Ley de Contrato de Trabajo.

Consecuentemente, formulo mi voto por la afirmativa.

LA DOCTORA PASINI, dijo:

El interrogante que nos convoca acerca de si es procedente el subsidio por egreso previsto en el art. 25 del dec. 2.115/85, en el caso de los agentes de Lotería Nacional Sociedad del Estado que cesaron por despido sin justa causa, por motivos ajenos a los previstos en el art. 26 del mencionado decreto (cesantía o exoneración), en mi opinión merece una respuesta afirmativa.

Efectivamente, tal como lo sostuviera al integrar el voto del Tribunal en los autos "Millo, Liliana Beatriz c/ Lotería Nacional S.E. s/despido" causa 13.040/96, Sent. Def. Nro. 4.974 del 7/12/98 del registro de la Sala IX, una lectura de la norma en cuestión ilustra que el beneficio estatuido por ella será gozado por "todo agente que egrese de la repartición por renuncia aceptada u otro motivo", previendo el art. 26 de la citada normativa, que sólo "queda excluido de los alcances del artículo anterior, el agente cuyo egreso se produzca por cesantía o exoneración", causales estas últimas de exclusión del goce del beneficio, que no se configuran en el caso de despido sin causa.

Es decir, sólo en el caso de "cesantía con culpa u exoneración" de la repartición, el agente se encontraría privado de percibir el beneficio, pero no resulta aceptable, en mi opinión, extender los alcances de la excepción taxativamente determinada por el artículo 26 del referido decreto.

Por lo expuesto, voto en forma afirmativa respecto al interrogante planteado.

EL DOCTOR BALESTRINI, dijo:

El interrogante planteado merece de mi parte una respuesta afirmativa. Ello, porque tal como lo tiene resuelto esta Sala IX que integro, la normativa en cuestión (art. 25 decreto 2.115/85) ilustra acabadamente que el beneficio por ella estatuido será gozado por "...todo agente que egrese de la repartición por renuncia aceptada u otro motivo...", dentro del cual, sin lugar a dudas, se encuentra el caso en que se hubiera producido el despido sin causa justificada del trabajador -ya sea tanto en los términos del art. 245 L.C.T., por el despido directo dispuesto por el empleador, como al colocarse en situación de despido indirecto el trabajador, de conformidad con el art. 246 de la misma ley, circunstancia que, además, resulta ser la acreditada en el presente caso sometido a debate- (in re, "Millo, Liliana Beatriz c/ Lotería Nacional S.E. s/ despido", S.D. Nro. 4.974 del 7/12/98 y "Dodino, Néstor Eduardo c/ Lotería Nacional S.E. s/ despido", S.D. Nro. 6.020 del 25/6/99).

A tal conclusión debe arribarse, porque el art. 26 del decreto antes mencionado, sólo excluye de los alcances del beneficio aludido, a quien egrese por cesantía o exoneración, causales que en modo alguno se condicen -como adelantara- con la situación del egreso ocurrido por despido sin justa causa, que sí encuentra sustento con el "...otro motivo" señalado en el art. 25 antes citado.

Tal solución no es otra que la relación lógica entre la extensión, concepto y alcance de las normas citadas del decreto 2.115/85, circunstancia por la cual, interpretar que los casos de egreso por despido sin justa causa se asemejan a los motivos de exclusión por cesantía o exoneración, no sólo excedería el sentido exacto y propio de la letra del texto legal, sino también al que por extensión se pueda dar al mismo, ocasión que configuraría forzar la interpretación de las normas involucradas, para que denoten una idea diversa de la que recta y literalmente significan.

Por lo expuesto, reitero, propongo una respuesta afirmativa al interrogante planteado.

EL DOCTOR BERMUDEZ, dijo:

Adhiero a los fundamentos expuestos por la Dra. Graciela A. González, y voto por la afirmativa.

EL DOCTOR DE LA FUENTE, dijo:

Que adhiero a los fundamentos expuestos por la Dra. González, por lo que voto en forma afirmativa.

EL DOCTOR PUPPO, dijo:

Respecto del interrogante que se nos propone en el sentido de si es procedente el subsidio por egreso previsto en el art. 25 del Decreto 2.115/85, en el caso de los agentes de la demandada que "cesaron por despido sin justa causa, por motivos ajenos a los previstos en el art. 26 del mentado decreto (cesantía o exoneración)" coincido con lo opinado por el Dr. Vázquez Vialard en el sentido que el despido sin causa -en la medida que se hubieran cumplido los recaudos establecidos en la norma- no empece los derechos del trabajador para percibir el subsidio que prevé el art. 25 del Decreto 2.115/85 de modo que el interrogatorio a la propuesta debe ser afirmativo.

EL DOCTOR VILELA, dijo:

Adhiero a los fundamentos del dictamen del señor Fiscal General y a los vertidos por el Dr. Vázquez Vialard, por lo que voto por la afirmativa.

EL DOCTOR EIRAS, dijo:

De conformidad con el dictamen del señor Fiscal General ante la Excma. Cámara, y compartiendo las consideraciones brindadas por el Dr. Scotti, voto por la afirmativa al interrogante planteado EL DOCTOR GUIBOURG, dijo:

Por compartir los fundamentos expuestos por los Dres. Porta y Scotti, voto por la afirmativa.

LA DOCTORA RODRIGUEZ, dijo:

El decreto 2.115/85 establece como principio general que tendrá derecho a la percepción del subsidio por egreso previsto en su art. 25 "todo agente que egrese de la Repartición por renuncia aceptada u otro motivo" y sólo excluye de su aplicación a "el agente cuyo egreso se produzca por cesantía o exoneración" (conf. art. 26 dec. 2.115/85).

El despido directo "sin justa causa" no resulta asimilable al supuesto de cesantía o exoneración en tanto ambos casos suponen la existencia de una causal que torne legítima la medida, por lo que frente a lo expuesto y al adherir al dictamen del Sr. Fiscal General -cuyos fundamentos comparto y doy aquí por reproducidos en homenaje a la brevedad- voto en forma afirmativa respecto del interrogante planteado EL DOCTOR LASARTE, dijo:

Como sostuve con el doctor Moroni al votar la causa "Voskian" (Sentencia Nro. 83.008 de esta Sala del 19 de febrero de 1999) me expido por la afirmativa al interrogatorio planteado adhiriendo a la posición sostenida por el señor Fiscal General.

EL DOCTOR MORONI, dijo:

De conformidad con los fundamentos vertidos por el Sr. Fiscal General del Trabajo me pronuncio por la afirmativa LA DOCTORA GUTHMANN, dijo:

Por compartir los argumentos contenidos en el dictamen del señor Fiscal General del Trabajo, voto por la afirmativa respecto al interrogante que convoca a este plenario.

EL DOCTOR MORELL, dijo:

Adhiero al dictamen del Sr. Fiscal General ante esta Cámara doctor Alvarez.

La Sala V que integro, resolvió en dicho sentido los autos "Groppa, Osvaldo c/ Lotería Nacional Sociedad del Estado s/ despido", sentencia definitiva 58.417 del registro de la Sala, de fecha 30.4.1998, por medio del primer voto del juez Dr. Vaccari (hoy fallecido) con adhesión del Dr. Lescano. Aunque allí no voté por vía del art. 125 de la ley 18.345, hago mía la interpretación acuñada entonces.

Por lo expuesto, voto por la afirmativa.

EL DOCTOR LESCANO, dijo:

Al interrogante que se plantea al convocar este Acuerdo Plenario, acerca de si es procedente el subsidio por egreso previsto en el art. 25 del dec. 2.115/85 para los agentes de Lotería Nacional que cesaron por despido sin justa causa y por motivos ajenos a los consignados en el art. 26 de dicho decreto, emito opinión por la afirmativa, por corresponderse con los fundamentos vertidos por esta Sala en los autos "Groppa, Osvaldo c/ Lotería Nacional Sociedad del estado", sent. nro. 58.417.

EL DOCTOR CORACH, dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Héctor J. Scotti.

Por la NEGATIVA en MINORIA votan los doctores: MORANDO y BILLOCH.

EL DOCTOR MORANDO, dijo:

I.- Reitero las consideraciones expuestas al votar en la causa del epígrafe, origen de la convocatoria que convoca a esta Cámara.

El subsidio por egreso establecido por el Decreto 2.115/85 se inserta en la regulación de contratos de empleo público, que no prevén como actos extintivos normales, la denuncia con justa causa, emanada del trabajador, ni consecuencias indemnizatorias para la extinción. Fue instituido, como resulta de sus considerandos, para el personal que "egresa por incapacidad laboral, para acogerse a la jubilación u otros motivos", es decir, para los egresantes por renuncia, no, por cesantía o exoneración. La parte final del período transcripto alude genéricamente a "otras causas", además de la incapacidad o la jubilación, no a otros actos extintivos, que no se encuentran previstos en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública y son propios del derecho privado, tanto como ajenos al derecho administrativo.

II.- El decreto 290/95 dispuso, en lo que aquí interesa, una reducción de las remuneraciones de los agentes del sector público. El art. 4 reconoció, al sólo efecto de la aplicación de la norma, el derecho de los agentes afectados de considerarse despedido con motivo de la rebaja de sus remuneraciones, "en los términos del art. 246 de la ley de contrato de trabajo". Creó, para la situación concreta creada por la reducción de haberes, una alternativa ajena a la regulación de la relación de empleo público, a través de la recepción, limitada a ese supuesto, de una de las categorías del derecho privado -con vigencia temporal, incluso, limitada a diez días- para los agentes comprendidos en convenciones colectivas de trabajo, autorizando el despido indirecto, conforme al art. 246 L.C.T. -esto es, con derecho al cobro de las indemnizaciones de los arts. 232 y 245-.

Los sujetos, como se advierte, de los decretos 2.115/85 y 290/95 no son los mismos, ya que a los comprendidos en convenciones colectivas de trabajo se les aplica la legislación laboral común, con exclusión de la Ley 21.420 y de la legislación estatutaria específica -lo que no significa mutación de la naturaleza de las relaciones en sí mismas, que siguen siendo de empleo público, aunque sí de las normas regulatorias-. Lo que, conforme al art. 2 L.C.T., se produce, es la recepción por el derecho administrativo de normas de derecho privado, que, en cuanto pasan a regular ciertas relaciones de derecho público, adquieren carácter de tales, en esa medida. Lo que, incidentalmente, determina la competencia de los tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal.

Por ello sostuve, al votar en esta causa: (a) que en el contexto normativo de su dictado, el Decreto 2.115/85 tuvo como finalidad proporcionar un auxilio económico en situaciones de emergencia derivadas de la extinción de la relación de empleo público, que no genera consecuencias indemnizatorias. Dada la naturaleza de dicha relación, cobra relevancia el dictamen 2.904/96 de la Procuración del Tesoro que reconoció que el subsidio sólo procede cuando no median indemnizaciones; (b) que ello no fue alterado por el art. 4to. del Decreto 290/95, cuya referencia al art. 246 L.C.T., que remite implícitamente a los arts. 232 y 245, agota en sí misma las consecuencias indemnizatorias de lo que, materialmente, constituye un supuesto autónomo de extinción por denuncia de contratos de empleo público, limitado al supuesto que le dio lugar: la reducción compulsiva de las remuneraciones establecidas por un decreto de necesidad y urgencia.

III.- Sólo a mayor abundamiento, considero pertinente señalar que la regla in dubio pro operario, en los casos en los que resulta aplicable, regula dos situaciones bien delimitadas de duda. La primera, duda objetiva, es la concurrencia de dos o más normas aptas para regular una institución determinada, caso en el que manda escoger la más favorable para el trabajador. La segunda, duda subjetiva, es la de dos o más interpretaciones igualmente válidas de la norma ya definida como aplicable, caso en el que dispone que se debe optar por la que resulte más favorable para el trabajador. No constituye un recurso para definir el ámbito subjetivo de vigencia de una norma dada, elemento que, como los ámbitos material, temporal y espacial, son los estrictamente establecidos por el legislador, como presupuestos de la operatividad de la consecuencia jurídica prevista en la norma -hecho jurídico, o fattispecie-.

Voto por la negativa.

EL DOCTOR BILLOCH, dijo:

Tal como lo hice al pronunciarme en autos "Brandi, Roberto Antonio c/ Lotería Nacional Sociedad del Estado", adhiero al criterio de mi distinguido colega, el doctor Morando, y consecuentemente voto por la negativa.

Acto seguido, el TRIBUNAL por MAYORIA, RESUELVE: Fijar la siguiente doctrina:

"Es procedente el subsidio por egreso previsto en el art. 25 del "decreto 2.115/85, en el caso de los agentes de la demandada que "cesaron por despido sin justa causa, por motivos ajenos a los "previstos en el art. 26 del mencionado decreto (cesantía o "exoneración)".

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces y el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,