marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia ordinaria, competencia por el territorio, lugar del hecho, estafa, seguros
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Príolo, Vicente s/ Infr. art. 172 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Es competente la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción para conocer en la causa en la que se investiga la estafa cometida en perjuicio de una compaÑía de seguros, si el delito debe entenderse consumado en la Capital Federal, donde tienen su sede la compaÑía de seguros y la asegurada y además se efectuó la disposición patrimonial.
Liquidación judicial, impugnación de la liquidación, demanda, empleados públicos, remuneración, asignaciones familiares
Materia: PROCESAL
Carátula: Pisacco, María Esther Araujo de c/ Comuna de Wheelwright s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Liquidación  -Impugnación (Expte.: C.S.J. Nro. 656 Año 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-07-30

Corresponde hacer lugar a la impugnación a la planilla liquidatoria por cuanto la accionante erróneamente ha incorporado el rubro "asignaciones familiares", concepto que no formó parte del objeto pretendido en la demanda ni menos aún la sentencia dispuso su reconocimiento y pago, por lo que mal puede incluírselo en la liquidación final del pleito, que, como se sabe, no es más que la expresión numérica de la condena contenida en aquélla y que no puede verse tergiversada en un procedimiento que justamente está destinado a ejecutarla.
Excarcelación, lavado de activos, caución real, dispositivo electrónico de seguridad
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de excarcelación de Lázaro Antonio Báez en la causa Báez, Martín y otro s/ av. de delito c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-08

Corresponde hacer lugar a la solicitud de excarcelación en favor del imputado, en el marco de la causa por la cual se lo investiga en orden al delito de lavado de activos, e imponerle una caución real, dado que, en función de lo dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal que admitió el recurso deducido por la defensa y anuló el fallo del tribunal oral que había denegado la soltura del encartado, corresponde hacer lugar a la solicitud efectuada. El encartado deberá someterse al cuidado o vigilancia de Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico de GPS, con un radio de cien kilómetros a la redonda del lugar de residencia informado.
Derecho penal, robo seguido de lesiones
Materia: PENAL
Carátula: Miszczuk, Máximo A. y otro s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-07

Sólo son calificadoras del robo las lesiones graves y gravísimas quedando las leves "absorbidas" en el concepto general de violencia. (Voto del Dr. Fégoli).
Notificación, notificación personal
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ, CRISTINA AIDA -PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO- s/ SU PRESENTACION - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N.  623-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-30

La notificación efectuada a través de un libro de recibos de las actuaciones en la Fiscalía, suscrito por quien recepciona el expediente, no tiene respaldo jurídico procesal; de lo contrario se estaría tolerando una doble notificación.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, daño moral, empleados públicos, prescindibilidad
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: SIMON FELD. c/ SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES (SEGBA). s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la indemnización por daño moral reclamada por el agente declarado prescindible con fundamento en el art. 6 de la ley 21.274, basándose en que la retractación formal de la autoridad competente reconociendo injustificada su prescindibilidad constituía adecuada reparación al afligimiento moral, pues teniendo en cuenta que tal retractación se llevó a cabo seis años después no pudieron dejar de evaluarse los perjuicios psíquicos y morales sufridos por el actor durante ese período, en especial las grandes dificultades por las que tuvo que atravesar para su reubicación laboral munido de un certificado de trabajo donde se dejaba expresa constancia de que había sido declarado prescindible con base en el mencionado art. 6.
Juicio de apremio, notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fabricio Ricardo Augusto s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-03

A la luz de lo previsto por los artículos 14 del Decreto ley 9122 y 28 de la ley 10397 (T.O. res 173/99), normas mediante las cuales se determina que las notificaciones que deban practicarse en los juicios de apremio se efectuarán en el domicilio fiscal - con carácter de constituído - del deudor o del cumplimiento de la obligación a elección del actor y que dicho domicilio es válido para las notificaciones judiciales no cabe apartarse de las claras disposiciones legales aludidas. (Minoría u opinión personal)
Instrumentos privados, firma
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Mayo Cooperativo limitado c/ Olivares, Hugo Néstor s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

La firma de las partes, por vía de principios, es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada, según lo establece el art. 1012 del Cód. Civil, en correlación con la doctrina del art. 988 del mismo cuerpo legal.
Declaración indagatoria, defensa en juicio, derecho a conocer el hecho imputado, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CISNEROS, Andrés A. s/ DECLARACION INDAGATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

La mera referencia en el acto de indagatoria al "accidente de tránsito ocurrido" en la fecha y lugar que se señala, no satisface las exigencias del art. 298, C.P.P., que impone al Juez informar "detalladamente" al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, pues aunque de todos modos brindara explicaciones sobre el suceso acaecido, aquél desconoce exactamente el alcance de la conducta delictiva que se le adjudica, lo que obstaculiza el derecho para defenderse de la imputación, que permanece ignota cualquiera resulte su interpretación. En tales condiciones el derecho de defensa y la garantía del debido proceso (art. 18, C.N.) se encuentran afectados, correspondiendo la nulificación de la declaración indagatoria recibida y de todos los actos consecutivos.
Ombudsman, tarifa de servicios públicos, ley nacional, Estado Provincial, legitimación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa c/ Estado Nacional s/ amparo ley 16.986 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-25

Corresponde desestimar la demanda colectiva promovida por el Defensor del Pueblo provincial dado que éste carece de legitimación para cuestionar judicialmente resoluciones adoptadas en materia tarifaria por autoridades de carácter nacional.
Contrato de trabajo, embajadas extranjeras, multa laboral, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: AHUMADA, ALBERTO ANTONIO c/ EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ANGOLA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-25

No cabe hacer lugar a la pretensión de una embajada acerca de que la República Argentina carece de facultades para imponerle una multa y/o gravamen en virtud del principio inter pares non habet imperium, habida cuenta de que los arts. 23 y 24 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas prevén que los estados extranjeros están exentos del pago de impuestos o gravámenes personales o reales, nacionales, regionales o municipales con las excepciones establecidas en los distintos incisos del art. 34 antes citado, pero nada dicen acerca de las sanciones o agravamientos indemnizatorios dispuestos en la legislación laboral, debiendo entenderse en atención a la claridad de los preceptos analizados que la exención aludida se encuentra ceñida a los supuestos de impuestos o gravámenes y no a los supuestos de sanciones o agravamientos indemnizatorios previstos en las leyes laborales.
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas, indemnización por accidente de trabajo, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: De Amaral, Ramiro. c/ Parafina del Plata S.A.C.I. y otra. s/ Accidente.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-11

No mediando por parte del beneficiario de que se trate percepción de la indemnización por accidente de trabajo fijada por la autoridad administrativa con arreglo a lo dispuesto por el art. 17 del decreto ley 1005/49, no cabe reconocer 'efecto extintivo' alguno (total o parcial) al depósito efectuado por el empleador en dicha sede. Lo contrario importaría introducir una exigencia inadmisible pues no cabe imponer al trabajador la aceptación del importe depositado por la sola razón de que éste corresponda con la determinación formulada en dicha resolución administrativa.
Competencia laboral, competencia por la materia
Materia: PROCESAL
Carátula: M., f.C. c/ M.E. s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-06-04

"Puede sostenerse que es competencia de la justicia del trabajo en todos los casos en que el trabajador accidentado o enfermo, o sus derechohabientes, reclamen invocando la Ley sobre Riesgos de Trabajo o el Código Civil, a su empleador o a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, pues el infortunio laboral es un hecho derivado del trabajo y ello determina la competencia laboral, sin importar la persona demandada ni las normas jurídicas invocadas, tal como lo prevé la totalidad de los ordenamientos procesales del país".
Seguridad pública, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: PERALTA, HUGO D. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ACCION LEY 10000 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 538 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-24

La seguridad es un problema complejo y que el reconocimiento de esa complejidad es el punto de partida para el diseño de cualquier estrategia y política. Lo otro, la reducción del problema de la seguridad a una sola dimensión -la del uso de la fuerza policial- lo simplifica sin resolverlo.

A su vez restringe las nociones de derechos y de ciudadanía de los actores involucrados. Precisamente esas estrategias y políticas no pueden diseñarse a partir de sentimientos que no razonan, del deseo que las cosas cambien o del puro voluntarismo.

Mucho menos pueden ser el resultado de meras especulaciones, suposiciones o reacciones espasmódicas.

Por el contrario, como en cualquier otro ámbito de las políticas públicas que apuntan a la solución o reducción de graves problemas sociales, demandan seriedad, competencia técnica, conocimientos y responsabilidad política. Y esa responsabilidad no compete a los jueces por ser ajena a la función jurisdiccional y a su competencia profesional (Del voto del Dr. Erbetta).
Recurso de inconstitucionalidad, planteo en segunda instancia, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, habeas corpus colectivo, representación colectiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sánchez, Alan Ariel y Pérez, Lautaro Valentín c/  s/ habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-07-04

La defensa insiste con los agravios esgrimidos en las instancias anteriores, pero sin alcanzar a delinear un vicio propio de la sentencia atacada, pues con sus postulaciones no persuade a esta Corte de que las consideraciones ensayadas por el A quo para confirmar el rechazo del habeas corpus deducido por su parte (no sólo por la ausencia de cumplimiento de ciertos recaudos formales -explicando que no se trataba de un habeas corpus colectivo y que no se advertía con claridad la representación e intereses que invocaba la defensa- y la no configuración en el caso de un supuesto de gravedad institucional que habilitara a sortearlos, sino, fundamentalmente, por no haber demostrado la impugnante un supuesto de arbitrariedad y la existencia de un interés actual) resulten irrazonables o insuficientes para cumplir con la motivación exigida por el artículo 95 de la Constitución provincial y, en consecuencia, de la configuración en autos de un supuesto que habilite la concesión de la vía extraordinaria intentada. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 95
Homicidio, tentativa, homicidio en ocasión de robo
Materia: PENAL
Carátula: Catalano, María Rosa s/ Homicidio simple en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-03-23

Respecto a la adecuación típica a dar a la conducta de la encartada en la especie, en modo alguno ella tiene encaje en la figura de Tentativa de Homicidio como resultó acusada. Tal como está constituida en nuestra legislación material la tentativa, resulta evidentemente excluido el dolo eventual o indeterminado. Es decir que, para la configuración del delito imputado a la encausada, ha de quedar certeramente acreditado el dolo directo. La conducta del sujeto activo debe así estar orientada hacia la causa final de la figura del artículo 79 del Cód. Penal, matar, y su actuar determinado en consecuencia. La existencia de ese elemento intencional volitivo -animus necandi- es esencial y ello no fue aceptado por la encausada, más aún, lo negó y en mi concepto no surge de hechos objetivos que lo exterioricen o evidencien. La actitud concreta de la misma ha sido la de inferir un daño físico a la víctima; pero también veo que estaba en su dominio como posible la extensión de ese daño a algo más que el que ilustran los informes médicos o la conclusión conocida. Pero aún así, dominadora de la situación por su diferencia física, ingesta alcohólica de la víctima e incluso posible sorpresa, no fue más allá. Y no lo hizo, entiendo, porque ese era su límite. Esa era su intención. De tal forma, al no haberse acreditado en forma fehaciente el dolo de Tentativa de Homicidio imputado, la acción típica, antijurídica y culpable que surge conforme al daño efectivo causado, es aprehendido por la figura del artículo 90 del Código Penal, rescatando para ello que el tiempo de inhabilitación laboral en la especie superó en la víctima los treinta días, a estar a los informes médicos pertinentes y glosados en la causa.
Seguros, asegurador, renta vitalicia, obligaciones en moneda extranjera, pesificación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-COMERCIAL
Carátula: "FILGUEIRA,  SILVIA BEATRIZ c/ Estado Nacional y otro s/ Amparos ysumarIsimos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-31

La obligación de la aseguradora de efectuar y mantener las reservas técnicas en la moneda de la póliza gravita, naturalmente, en su situación respecto de la asegurada. Ello así, sobre todo si se repara en el genérico deber de previsión que es dable exigir a aquella (art. 902 del Código Civil) en función de la cláusula a la cual se había sujetado, y que contemplaba que "En caso que se restringiera la libertad de comprar o vender la moneda extranjera que haya elegido y/o se impidiera a las partes cumplir con sus obligaciones en la moneda extranjera elegida en el país, dichas obligaciones se convertirán automáticamente conforme al procedimiento que establezca la Superintendencia de Seguros de la Nación"; hecho éste que no se verificó en la realidad, pues los mercados de compra y venta de divisas operaron normalmente.
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: Cantero, Ruben s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-12-21

Agresión ilegítima es todo ataque sin derecho, no exclusivamente contra la vida, pero siempre deberá ser real, actual, inminente y grave.
Recurso de queja (procesal), cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: RECURSO DE QUEJA PRESENTADO POR LA SRA. FISCAL DE 2 NOMINACION DE FRIAS EN AUTOS: "EXPTE. No. 14.468-POLTI LUIS ALBERTO Y OTROS s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-02

Si desaparecen las circunstancias que han motivado la interposición del recurso directo de queja, trae como consecuencia que la resolución a dictarse carezca de materia, siendo abstracta o meramente declarativa. Si se disipa el interés práctico y jurídico originario, no existe sustento para pronuncimiento alguno.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, cambio de categoría, empleados públicos, prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: Soto, Sandra Patricia c/ Provincia de Salta (Dirección General de Rentas) s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-10-28

Resulta improcedente el recurso de apelación incoado por la demandada, dado que los agravios vertidos resultan insuficientes para modificar las conclusiones a las que arribó la a quo, no logran desvirtuar el fundamento central sobre el que gira la decisión atacada respecto al derecho de la actora a percibir el adicional de bonificación por título, el que se encuentra garantizado por las leyes que rigen los derechos del empleado público de la Provincia de Salta -Leyes 6463 y 5546-. En efecto, si bien con la sola obtención del título universitario no lograba la actora cumplir con todos los requisitos para disponer su recategorización, de la documentación presentada surge que efectivamente cumplió con los presupuestos establecidos por los arts. 16 y 22 del Estatuto de Empleado Público de la Provincia de Salta y por el art. 1º de la Ley 6463 -que habilitan el pago del adicional, circunstancia que la apelante no cuestionó-.
Sentencia, principio de congruencia, incapacidad absoluta, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Mazzera, Dora c/ Meller S.A. s/ Indemnización art. 212 4ta. parte de la Ley de Contrato de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

El fallo que otorga la indemnización del art. 212, cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo peticionada en la demanda de conformidad con la antigüedad del trabajador acreditada en la causa, apartándose de la liquidación practicada en dicha oportunidad procesal sobre la base de un período menor, no transgrede el principio de congruencia porque al prescindir de lo reclamado por la parte actora el tribunal del trabajo no hizo más que una inteligente interpretación del pedimento aplicando correctamente el derecho a los hechos invocados y probados en la causa conforme la normativa de aplicación (arts. 212, cuarto párrafo y 245, L.C.T.).
Prescindibilidad, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jauand, María M. y Trovatelli de Hernández, Nora c/ Poder Ejecutivo s/ Demanda Contencioso Administrativa Solana, Norma Nelly c/ Poder Ejecutivo s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-06|1984-11-06

Si bien el dec-ley 8596 en su art. 7 contempla la posibilidad de suspender el reconocimiento y pago de la indemnización emergente de la prescindibilidad hasta la conclusión del sumario administrativo ello solo importa la autorización para continuar con éste y resolver las cuestiones disciplinarias a fin de convertir en exoneración o cesantía la baja dispuesta por razones de servicio pero no habilita para efectuar una anotación en el legajo si la autoridad administrativa no ejerció la facultad de conversión conferida por la ley.
Juicio ejecutivo, sentencia, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Mulet Construcciones Electromecánicas S.R.L. c/ Armando Lucio González y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-04-06

La sentencia recaída en el proceso ejecutivo es revisable a través de juicio ordinario posterior, según la acción prevista en el artículo 538 del C.P.C.Es decir, que la resolución dictada en juicio ejecutivo sólo configura en principio "cosa juzgada formal", y nada más, en cuanto queda precluída la causa respecto a su prosecución.
Competencia por conexidad, aplicación de la ley, encuadre legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ganga, Nicolás y otros c/  s/ Robo s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-25

Si con relación al delito de daños, la acción nunca fue promovida -sin perjuicio de que pudiera serlo- no hay competencia que atribuir, pues no hay causa que dirimir. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, causales de divorcio y separación personal, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BEIZAGA VALDERRAMA, Julia Simona c/ FLORES, Julio s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-02-15

Toda vez que se solicite decretar el divorcio por la causal objetiva contemplada en los arts. 204 y 214 inc. 2º del Código Civil, por corresponder atento a las constancias de la causa, corresponde hacer lugar si ello tiene la opinión favorable del magistrado interviniente.

La autora Mariela Panigadi (Los principios procesales - Coordinador Roberto O. Berizonce - Librería Editorial Platense) dice que lo que está en juego es el rol del juez y los límites del activismo judicial y, en consecuencia, cómo se aplica el principio de congruencia al caso concreto.

Considera que la decisión de aplicar la causal objetiva a los hechos alegados y probados, cuando no se peticionó un divorcio remedio sino un divorcio sanción, implica una interpretación de las normas aplicables al caso conforme valores positivizados en la Constitución Federal.

Aquellos jueces que eligen la interpretación literal priorizan una solución disvaliosa, pero que responde a sus valores personales. Toda decisión implica ponderar los distintos principios (procesales y constitucionales) en juego en la interpretación de la norma primaria.

La interpretación literal es una elección tan discrecional como las otras interpretaciones: el juez al decidir debe tener en cuenta los aspectos axiológico y sociológico de la sentencia.

Es decir, la interpretación justa, y por ende adecuada a la Constitución, es la que utilizada como norma generará consecuencias deseables en la sociedad.

La autora en cita, reseña los argumentos de la mayoría y minoría del Pleno. Por compartir los de esta última, me permito reproducirlos: 1) la misión de los jueces es resolver los conflictos y aplicar la ley realizando la "interpretación más compatible con los valores de justicia y de bien común y brindar una respuesta útil a los justiciables y a la sociedad en general" (voto de la minoría).

Esta interpretación no invade la función legislativa. El matrimonio ya no existe en los hechos y mantenerlo jurídicamente no responde a la verdad material y afecta más aun al núcleo familiar. La petición principal fue divorciarse.
Contratos, efectos entre partes, resoluciones judiciales, cláusula penal, disolución de sociedades, infracciones formales, competencia, servicios de instalación
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: De Lucia, Alfonso Daniel c/ De Lucia, José y otro s/ ordinario de lucia, alfonso daniel c/ de lucia, josé y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

Para caso de incumplimiento pactaron una multa equivalente a un año de ventas brutas de la sucursal afectada. En ese marco, resulta de aplicación la penalidad prevista, en tanto fue comprobada la instalación de una nueva sucursal de la sociedad presidida por el demandado dentro del límite geográfico (9 kms) y temporal (5 años desde la firma del convenio) acordados, que competía con la sociedad del actor.