marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Derecho laboral, despido indirecto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RZEMYK, MARIELA c/ FUNDACION IBEROAMERICANA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-04

Del análisis íntegro del fallo cuestionado surge que la Cámara -de conformidad al derecho vigente aplicable al caso y a las reglas de la sana crítica racional- proporcionó argumentos suficientes en orden a dar por no justificado el despido indirecto, al entender que la decisión tomada por la trabajadora había sido por demás de apresurada frente a la sanción disciplinaria que se le aplicara; que tampoco le asistía razón en su intimación al pago de los adicionales; y que la supresión por dos meses de tickets canasta no revestía suficiente entidad como para justificar la extinción del vínculo; sin que la compareciente demuestre un supuesto de falta de fundamentación de lo decidido, ni pueda vislumbrarse que se hayan puesto en crisis derechos constitucionales o vulnerado elementales pautas de razonabilidad y logicidad que ameriten la descalificación del pronunciamiento por arbitrariedad. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 8.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal), instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recursos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Anza, Monica Beatriz Mingarini de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Recurso   de revocatoria (Expte. C.S.J. Nro. 494 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-27

La lectura e interpretación congruente de los artículos 4 y 10 de la ley 4106 revela que es condición ineludible que se agote la vía administrativa mediante los recursos reglamentados en el trámite administrativo, y que la resolución impugnada "sea definitiva" y "cause estado"; esto es, decida sobre el fondo del asunto y haya sido dictada por la más alta autoridad administrativa competente, una vez agotados los medios de impugnación establecidos en las normas que regulan el procedimiento administrativo. En el caso, los argumentos en que la recurrente basa la revocatoria interpuesta no justifican apartarse del criterio expuesto en el auto de Presidencia, sustentado en los artículos 4 de la ley 4106 y 42 y ss.

del decreto-acuerdo 10.204/58, referente a la inexorable interposición del recurso de revocatoria para considerar agotada la vía administrativa previa al contencioso administrativo de plena jurisdicción.
Interpretación de sentencias, Pacto de San José de Costa Rica, sentencia condenatoria, derecho a la nacionalidad, ciudadanía por naturalización, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Perú, daño material, reintegro de gastos, costas, aplicación de la ley, derecho interno
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Ivcher Bronstein c/ Perú s/ Interpretación de la Sentencia de Fondo
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2001-09-04

A la luz de la sentencia de la Corte Interamericana del 6 de febrero de 2001 - en el caso en que resultó condenada la República del Perú por la privación arbitraria del título de nacionalidad a quien era ciudadano peruano por naturalización-, en especial, los puntos resolutivos que indican cuánto y cómo debe abonársele al demandante en concepto de indemnización y reintegro de gastos y costas, se deberá atender a lo que resulte procedente en los términos de la legislación peruana, formulando las reclamaciones respectivas ante las autoridades nacionales competentes para resolverlas.
Abogados, Colegio Público de Abogados, ética profesional, Código de Ética
Materia: CIVIL
Carátula: Cortiñas, Marta L. y Renteria, Francisco c/ C.P.A.C.F. s/ Recurso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-11

Este Tribunal ha decidido en varios precedentes que la falta de apelación de la sentencia de primera instancia no constituye per se falta de ética. Ello así pues, la función del abogado no consiste sólo en preparar escritos que necesariamente deben llevar su firma, sino en el ejercicio pleno de la dirección del proceso. Además, la exigencia de más de una instancia, no es requisito constitucional.
Ley provincial, ley procesal, control de constitucionalidad, recurso de casación, procedencia del recurso, abogados
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Miranda, Mario Benito s/ homicidio culposo y lesiones culposas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-24

La validez constitucional de las normas procesales penales de la Provincia de Corrientes regulatorias del recurso de casación (arts.

494, 496, 498 y concordantes del Código Procesal Penal de Corrientes) que vedarían su otorgamiento a los letrados y defensores de las partes cuando recurren por sus propios derechos, se halla supeditada a que ese límite sea obviado cuando se encuentran involucradas cuestiones de naturaleza federal.
Cheque sin fondos, interpelación, plazo
Materia: PENAL
Carátula: SCHENQUERMAN, EUGENIA SARA s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-06

La intimación a que alude el art. 302 del Código Penal en su inc. 1° debe realizarse dentro del plazo previsto en el art. 25 del Decreto-Ley 4776/63, es decir dentro de los 30 días, debiendo contarse ese lapso desde la fecha en que se encuentra datado el cheque.
Despido indirecto, daño moral, injuria laboral
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Morresi, Jorge Oscar c/ A.N.Se.S. s/ indemniz. por despido, etc.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-06

En una demanda por despido indirecto, resulta improcedente el daño moral reclamado por el trabajador, pues la falta de pago de los salarios queda incluida dentro del concepto de injuria laboral que se resarce por la indemnización tarifada prevista en el art. 245 de la LCT y el daño moral sólo deviene procedente cuando el dependiente haya sido objeto de actitudes patronales que merezcan una reprobación particular y autónoma.
Tribunal de enjuiciamiento, Superior Tribunal de Justicia, competencia, superintendencia, Poder Judicial, jueces, derechos y garantías constitucionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROCURADOR GENERAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DR. JORGE BOF c/ JUEZ DE 1RA. INST. EN LO LABORAL 6TA. NOM. DE ROSARIO DR. OSVALDO CINGOLANI s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- PROCURADOR GENERAL CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA - DR. JORGE BOF - ELEVA DENUNCIA A TENOR DE LA LEY 7050 CONTRA EL JUEZ DE 1RA. INST. EN LO LABORAL 6TA. NOM. DE ROSARIO DR.  OSVALDO CINGOLANI (EXPTE.: C.S.J. NRO. 78 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-08

Esta Corte ha sostenido que por imperativo constitucional, el Tribunal de Enjuiciamiento constituye un cuerpo distinto de los que forman el complejo de los órganos jurisdiccionales ordinarios y de la misma Corte, cuando actúa como tal, en el ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 92 (Superintendencia o Gobierno) y 93 (Jurisdiccional) de la Constitución provincial; en otras palabras, tal Órgano no forma parte del Poder Judicial por lo que debe caracterizárselo como un tribunal de naturaleza político, jurídico e institucional; trátese, en consecuencia, de una "justicia política o constitucional" que tiene en miras la tutela de una recta Administración de Justicia que se vería seriamente dañada con la permanencia en sus cargos de quienes estuvieran incursos en algunas de las causales del artículo 7 de la ley 7050; de allí se deriva que la intervención que a los miembros de este Cuerpo les corresponde en el referido Jury de Enjuiciamiento -destinada a efectuar el control de idoneidad de un Juez en el desempeño de su función- difiere sustancialmente del control de constitucionalidad que le atribuye la Constitución y la ley, sólo concebido para verificar si se ha conculcado alguna garantía consagrada en la Carta Magna.

Ahora bien, siendo que la Corte nacional ha fijado un nuevo alcance de la garantía de imparcialidad (art. 33 y 18, C.N.), doctrina constitucional que comienza en el caso "Llerena" , reiterada en otros pronunciamientos y cuya vigencia no puede ser puesta en discusión, la aplicación de aquellos postulados iniciales de esta Corte debe ser analizada a la luz de estos últimos criterios rectores a fin de ponderar si el ejercicio del control constitucional (ley 7055) respecto de lo decidido por el Tribunal de Enjuiciamiento (ley 7050) implica afectación -o no- a la garantía de rango superior en discusión. (De los Fundamentos del Dr. Netri)
Concursos, igualdad entre acreedores
Materia: COMERCIAL
Carátula: PLAZA, Carlos s/ INCIDENTE DE REVISION, CONCURSO SAN ISIDRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-05-16

El principio de la pars condictio creditorum, no es absoluto, y esta sometido a numerosas excepciones, que pueden proceder tanto del mismo derecho concursal, como de normas extrañas a el, como son (en el caso), las que construyen el derecho del trabajo. En este sentido si bien, la paridad de trato en los créditos es un principio elemental de los procedimientos concursales, ello no es obice para que se pueda atender con distinto alcance las diversas categorias de acreedores, como se plasma en la ley de contrato de trabajo para los créditos laborales. De ahi que el tratamiento paritario se aplique sin obstar a la configuración de grupos de acreedores con las limitaciones que la ley establece.La Corte Suprema, a su vez ha dicho que el principio de la pars condictio creditorum no implica proporción matemática, sino justa distribución de bienes.-
Constitucionalidad, cambio de sexo
Materia: CIVIL
Carátula: R V. E. s/ Accion de Autorizacion Judicial para la Reasignacion de Cambio de Sexo (reservado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-02-17

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 26 inc. d) de la ley 3338 de la provincia de Río Negro y hacer saber a la dirección de un hospital público provincial que podrá efectuar la práctica de cambio de sexo a requerimiento del accionante, sin otro requerimiento legal que el consentimiento informado, pues el peticionante ha aportado todos los elementos de decisión que evidencian que se ha sometido a un proceso de decisión responsable y concienzudo, y la Constitución Nacional impone al estado y a los particulares la obligación de no discriminar y hasta define -art. 75 inc. 23- las acciones positivas que deben adoptarse y que garanticen la igualdad real de oportunidades, trato y pleno goce de los derechos reconocidos por la propia Carta Marta y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Responsabilidad de la empresa ferroviaria, caso fortuito, hechos vandálicos
Materia: CIVIL
Carátula: GRAMAJO,  Roberto  Ángel  y  otro c/ FERROVÍAS  S.A. s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-16

No corresponde atribuirle responsabilidad a la empresa transportista por los daños sufridos por un pasajero al recibir el impacto de unas piedras arrojadas desde el exterior de la formación de ferrocarril en la que se trasladaba. Es que si bien la admisión de cierta reiteración o frecuencia de hechos vandálicos tornaría previsible para la empresa este tipo de agresiones, no se advierte de qué modo podría prevenírselo eficientemente por parte de la empresa de ferrocarril o de cualquier otra que esté afectada al transporte público. Por lo que es insuficiente afirmar genéricamente que el transportador debería tomar medidas de previsión para excluir la eximente de responsabilidad que significa el hecho de terceros.

Si bien es cierto que se podría recurrir a la colocación de telas metálicas o vidrios laminados que no se rompan, dada la magnitud del costo que significaría ese equipamiento, es de muy difícil concreción debido a las reales posibilidades con que se presta y puede prestarse el servicio de transporte público en nuestro país. La conducta del transportador debe juzgarse conforma las circunstancias de tiempo y lugar (art. 512 del Código Civil)para determinar si ella, por negligencia, presentó una concausa del hecho del tercero.

El hecho del tercero agresor, que representa una de las formas del caso fortuito, aun cuando pueda firmarse que es previsible -puede referirse a una previsibilidad abstracta, en general, y no a un viaje y a un momento determinado- no pudo evitarse por parte de la demandada, reuniéndose así el requisito del art. 514 del Código Civil.

El transportista no es responsable por el hecho de terceros, siempre que se demuestre que el daño provino de un comportamiento de aquellos que no pudo ser previsto o evitado y no está a su cargo la persecución ni la investigación de la identidad del agresor cuando el suceso tiene las características del caso fortuito.
Tribunal de enjuiciamiento, remoción de jueces, desinsaculación del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Parrilli, Rosa Elsa s/ recurso en SCD-187/09 s/ denuncia efectuada por el señor Ministro de Justicia y Seguridad del GCBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-15

La finalidad perseguida por el constituyente, al dar participación a diversos sectores en el jurado de enjuiciamiento (abogados, jueces, legisladores) es garantizar el pluralismo y la transparencia en el proceso de destitución de los magistrados. (Voto del Sr. Juez Carlos F. Balbín).
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, multa, uber, habilitación del vehículo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aranguren Ortega, Joel Rafael s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Aranguren Ortega, Joel Rafael sobre 6.1.47 - requisitos de los vehículos de transporte de pasajeros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-29

El recurso de inconstitucionalidad no satisface la carga de contener una crítica adecuada de la sentencia de Cámara que confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia y condenó al recurrente al pago de una multa de quinientas unidades fijas (500 UF), cuyo cumplimiento dejó en suspenso, al encontrarlo responsable de la falta prevista en el art. 6.1.94 de la ley n° 451 por haber transportado un pasajero mediante la aplicación "UBER". Ello así, en tanto el recurrente no ha negado ser el titular o responsable del vehículo, ni que ese vehículo fuera utilizado para el transporte de pasajeros, o que ese servicio no fuera remunerado, ni tampoco contar con habilitación alguna o cuestionar un acto administrativo que se la haya denegado. Si lo que la parte recurrente pretende demostrar es que no se encuentra alcanzada por la exigencia de habilitación del artículo 6.1.49, segundo párrafo, debió desvirtuar la existencia de los requisitos exigidos por esta. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso contencioso administrativo, caducidad, allanamiento, costas, leyes, constitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Scatena, Juan Pablo y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Caducidad  (Expte. C.S.J. Nro. 335 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-06

No puede ser atendido el planteo relativo a la inconstitucionalidad del art. 87 de la ley 4106 cuando el recurrente no logra rebatir los argumentos con que el Tribunal ha sostenido su constitucionalidad.

El actor desarrolla una crítica de lo que expresara la Corte local, con integración parcialmente diferente, en la causa "Petzold" sosteniendo que al tramitarse los recursos contencioso administrativos por ante ese Tribunal en una instancia única, no resulta factible asimilar el régimen de costas al que rige en materia civil y comercial para los recursos de apelación. Empero y más allá de que resulte cierto lo expuesto, obvia el recurrente que se destacó en ese pronunciamiento que también el proceso contencioso tiene naturaleza revisora y que, por ende, "... tratándose de una instancia recursiva, se encuentra a cargo de la parte actora instar el procedimiento de declaración de ilegitimidad de un acto que se presume legítimo" , lo que se confirma también con los efectos de la declaración de caducidad en ambos supuestos, esto es, acordar firmeza a los actos recurridos.
Locación, rescisión del contrato, juicio de desalojo, restitución del inmueble
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Spavento, Ricardo Domingo c/ Cásares de Rivas, Hilda Teresa s/ Restitución de inmueble
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-01

En virtud de la existencia de desperfectos en los inmuebles locados cuya reparación es por cuenta y a cargo del inquilino, el efecto de cesación de la obligación de pago de arriendos que prevé el artículo 1611 habrá de prolongarse dos meses más allá de la fecha en que fuera notificada la demanda, tiempo éste que estimo necesario para la materialización de la restitución del bien, constatación de su estado y realización de las reparaciones necesarias (arts. 1514, 1556, 1568 y 1616 del C.C.).
Recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso, medidas cautelares, hechos nuevos
Materia: PROCESAL
Carátula: Yacylec S.A. c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-17

Corresponde revisar la denegatoria de una medida cautelar cuando las circunstancias de hecho que acompañan al nuevo pedido resultan novedosas respecto de las ocurridas al momento de su rechazo.
Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, supervisión de cumplimiento de sentencia, Pacto de San José de Costa Rica, obligaciones del Estado miembro, deber de información, ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, responsabilidad internacional del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de las Niñas Yean y Bosico c/ República Dominicana s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-10-10

La oportuna observancia, de parte de los estados declarados internacionalmente responsables por la Corte Interamericana, del cumplimiento de la obligación de indicar al Tribunal cómo está respondiendo a cada uno de los puntos ordenados, resulta fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la sentencia en su conjunto, afectando seriamente, al punto de impedirle, cumplir con la obligación de informar sobre el cumplimiento de sus fallos conforme lo sostenido por la Organización de los Estados Americanos.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, agentes diplomáticos, cónsules, relaciones diplomáticas, Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: San José Fernández, María Yolanda c/ Luparelli, Raúl s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

Los sujetos titulares del privilegio conferido por el art. 117 de la Constitución Nacional en cuanto a la competencia originaria de la Corte son tan sólo los agentes extranjeros que se encuentran acreditados en nuestro país en algún cargo que les confiera status de agente diplomático en los términos del art. 1°, inc. e de la "Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".
Confirmación de sentencia, habeas data
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramos, Sebastián Joaquín  c/ c/ ENM Interior -DNM  s/ habeas data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-11

La sala decidió confirmar la resolución de primera instancia, al considerar que no se verificaba una situación que tornase admisible una defensa de previo pronunciamiento (que había sido denominada por la parte demandada como "falta de aptitud jurisdiccional") y que hubiese importado -en definitiva- resolver anticipadamente el fondo de la pretensión articulada en la acción de habeas data.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HOBECA S.A. c/ Lobaccaro, Susana Alejandra y otro s/ Cobro Ejecutivo de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18

Se debe probar el presupuesto de hecho de la norma que se invoca como fundamento de la pretensión (S.C.B.A., Ac. 21036, en "Ac. y Sent.", 1976-I, págs. 429 y sgts.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Miranda, Aída c/ de Ruiz, Cristian s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-10-31

El principio del favor probationes es "sencillamente una necesidad que siente el juzgador, a veces intuitivamente, de salirse de su estática y fría posición de espectador para coadyuvar en pro de la parte que más dificultades objetivas encuentre en la producción y estimación de su prueba. A veces es un enfrentamiento a los postulados que rigen la misma, como en el caso de alteración directa o indirecta del onus probandi, otras será la práctica responsable del principio de inmediación, en ocasiones será un criterio más elástico de admisibilidad. También puede consistir en un análisis más a fondo de la presunción, sin dejarse arrastrar por tópicos hipovaluatorios, ora buscando, ora provocando, ora estudiando indicios, en una palabra, son muchos y eficaces los recursos que un juzgador preocupado en la búsqueda de la verdad puede poner en servicio cuando corre serio peligro de sucumbir ante una materia de difícil prueba".
Sentencia condenatoria, abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, abuso sexual de menores, condena condicional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: F., A. R. por abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de L., A. A. (M) - P., M. M. D. M. (DEN) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-04-28

Corresponde condenar al imputado a la pena de tres años de prisión condicional, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante -art. 119 2º párr. del CP y en función de los arts. 26, 29 inc. 3, 40 y 41 del mismo cuerpo legal, art. 513 CPP y ccdtes-, disponiendo su inmediata libertad. Ello así, resulta ajustada a Derecho la pena impuesta ya que se ha tenido en cuenta las circunstancias de los hechos, la edad del imputado (21 años) y de la víctima (niña de 6 años), su actitud después del hecho, su educación ya que cuenta con estudios secundarios incompletos lo que le permite motivarse en la norma y la falta de antecedentes penales. Asimismo se le impone al condenado reglas de conducta a tenor del art. 27 bis CP por el término de tres años.
Recurso extraordinario, cuestión constitucional, sentencia suficientemente fundada, dominio, pago, aceptación, legitimación procesal, depreciación monetaria, intereses, instrumentos públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: BAYOL, LEOPOLDO AUGUSTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO EXTRAORDINARIO PARA  ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.     CSJ EXPTE NRO 8-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-12-19

Si el Tribunal llegó a la conclusión de que el pago efectuado por la Provincia al actor en el acto de transferencia de dominio, sin ningún tipo de reserva y otorgando "el más eficaz recibo y carta de adeudo en forma", era cancelatorio de la deuda, y que por ello el actor carecería de legitimación sustancial para reclamar luego intereses e indexación, partiendo de los efectos jurídicos que el derecho asigna al pago expresamente aceptado como total por el acreedor, no corresponde conceder el recurso extraordinario porque el planteo del recurrente no se ajusta a la realidad de la sentencia, ya que ésta no se sustenta en ninguna presunción de renuncia, sino en un hecho concretamente demostrado mediante instrumento público.