Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-10


SENT Nº 377 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diez (10) de Junio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la apoderada de la parte actora en autos: "Matías Adolfo de Jesús vs. HSBC Bank Argentina S.A. s/ Cumplimiento de contrato".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la apoderada de la parte actora (fs. 480/489 y vta), contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, de fecha 14/9/2010 (fs. 473/476 y vta.), que rechaza el recurso de apelación deducido contra el fallo de primera instancia (fs. 432/434), que desestimó la demanda promovida en autos.

El recurso ha sido concedido por auto interlocutorio del 23/11/2010. Corresponde en esta instancia verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la casación; y, en su caso, abocarse al examen de su procedencia.

2.- El primer motivo de casación invocado es la arbitrariedad normativa de la sentencia.

Sostiene el recurrente que la arbitrariedad normativa se configura porque el a quo parte en su razonamiento de una interpretación errónea de la ley sustantiva, en infracción al principio de congruencia y a las reglas de la lógica y de la sana crítica; y, en consecuencia, resuelve las cuestiones planteadas apartándose de las normas aplicables y sin fundamentos válidos.

Expresa que la sentencia omitió calificar correctamente la relación jurídica entre las partes como un "contrato de consumo", al que debieron aplicarse las normas y principios de orden público de la Ley 24.240.

Considera errado el enfoque normativo que efectúa la Sala de instancia, en tanto sostiene que el contrato base es un contrato de locación de servicios bancarios, aun cuando presente "objeto múltiple" (uso de cuenta corriente, tarjeta de crédito y caja de ahorros), que encuadra en el art. 522 CC que regula la locación de servicios en tanto que contrato por el cual una de las partes se obliga a prestar un servicio y la otra a pagarle un precio en dinero. Afirma que ese error en la subsunción normativa de los hechos invocados, condujo al a quo a decidir la cuestión sobre la base de normas y principios reservados para los "contratos paritarios", en los que ambas partes tiene libertad de conclusión y de configuración del contrato; situación que difiere sustancialmente de la planteada en autos, donde existe una clara relación de consumo, con todos los elementos que la determinan como tal en orden a los sujetos (consumidor y proveedor, arts. 1 y 2 de la Ley de Defensa del Consumidor -LDC-), al objeto (contratos de adhesión, estándar o predispuesto, con cláusulas abusivas, arts. 1, 37, 38 LDC), y a la causa (consumo final, art. 1 LDC).

Considera que la correcta perspectiva desde la que debió analizarse este caso pone en evidencia la arbitrariedad del fallo, de cuyos argumentos se desprende que el Tribunal no comprendió que el contrato que vinculó a las partes es un contrato predispuesto, formulario y de adhesión, en el que algunas de sus cláusulas están descalificadas por abusivas e ineficaces, y se tienen como no convenidas por imperio de la ley 24.240 (art. 37 LDC).

Señala que la supuesta deuda del actor en su caja de ahorros, no habilitaba al banco a cerrar intempestivamente la cuenta corriente y la tarjeta de crédito; y que reiteradamente la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que tal comportamiento es abusivo e inválido, y genera la obligación de resarcir los daños ocasionados al consumidor.

Puntualiza que la sentencia no tuvo en cuenta que el Banco demandado no acreditó causales válidas que justifiquen la rescisión contractual concretada con el cierre de la cuenta corriente y la tarjeta de crédito; y el incumplimiento de los deberes a su cargo, particularmente el deber de información y el de trato digno (art. 8 bis LDC; art. 42 CN).

Desde otra perspectiva advierte que la errónea valoración e interpretación de las normas aplicables se refleja en las conclusiones de la sentencia. Ello así, prosigue, particularmente en cuanto afirma que "más allá de que la entrega de los fondos en exceso al saldo disponible haya sido o no un error del sistema electrónico", lo cierto y concreto es que la extracción ha sido debidamente probada, y, por tanto, la defensa del Banco "ha sido correctamente enmarcada ya que no está obligado a cumplir con el contrato si la otra parte no cumple primero con su propia obligación".

Observa que, si bien el a quo reconoce que existió un error bancario, exculpa "livianamente" de responsabilidad a la demandada con el argumento de que si no cumple el consumidor tampoco ella debe cumplir.

Advierte que, de tal modo, se desconoce el art. 902 CC que impone un mayor deber de cuidado y previsión al profesional; y también las normas de protección al consumidor, que establecen la objetivación del deber de previsión del proveedor por su calidad profesional. Cita doctrina.

En la misma dirección apunta que el erróneo encuadre normativo que efectúa el Tribunal se pone de manifiesto cuando expresa que "el actor tampoco ha probado que la extracción en exceso no le sea imputable". Al respecto pone de relieve que la LDC, que es de orden público y debe ser aplicada aún de oficio, se estructura sobre el principio "in dubio pro consumidor" (art. 3 LDC); a la vez que por mandato constitucional (art. 42 CN) se estableció la obligación de seguridad. Sobre esa base afirma que resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que pone en cabeza del consumidor la prueba de "su no culpa" (no pesa sobre él tal carga probatoria), a lo que se añade que el art. 37 inc. 3° LDC considera abusiva toda cláusula que implique inversión de la carga de la prueba en las relaciones de consumo. Cita jurisprudencia. 2.1.- El segundo motivo de casación es la arbitrariedad fáctica del fallo. Alega que la sentencia prescindió -y aún resolvió en contra- de elementos probatorios regularmente incorporados; se fundó en pruebas inexistentes, y se apartó de la lógica y de la sana crítica racional en la apreciación de los hechos y de las pruebas del proceso.

En esa dirección señala que el a quo tuvo por acreditado que el actor realizó una extracción por cajero automático en exceso de los fondos disponibles, basándose en el dictamen pericial contable realizado con los datos de la pantalla de contabilidad del banco demandado. Estima que la sentencia realiza una interpretación errada e injusta del valor probatorio de los libros de comercio, por cuanto le otorga plena validez a este "hecho aislado" que surge de la contabilidad bancaria, sin tener en cuenta lo siguiente: a.-que el perito tiene el deber de compulsar la documentación respaldatoria de los asientos contables (arts. 43, 44 y 67 C.Com); b.-que las registraciones y su documentación respaldatoria no son excluyentes ni alternativas, sino que deben coexistir y complementarse; y de no ser posible, deberán considerarse otras pruebas existentes y las restantes circunstancias de la causa, de conformidad con las precisiones que aporta a fs. 485 vta.; c.-que el comerciante debe llevar los libros y otros registros contables que sean necesarios y suficientes para lograr un sistema contable organizado y uniforme, respaldado documentalmente, de donde surjan con claridad y veracidad sus operaciones y su situación patrimonial.

Remarca que el banco demandado no acreditó con la documentación pertinente que en la caja de ahorros en cuestión haya existido la suma de $ 500; ni que haya existido por error imputable al actor, ni que éste la hubiera extraído. De ello hace derivar que la sentencia tiene por acreditados hechos alegados por la demandada, que no aparecen respaldados por ninguna prueba. Así, prosigue, se asevera que el Banco cometió el error de acreditar dinero de más en la cuenta del actor, y al mismo tiempo que no cometió ningún error al registrar contablemente la extracción del dinero que erróneamente habría acreditado de más.

Puntualiza que pesaba sobre la entidad bancaria la carga de probar que por error se habían acreditado fondos en la cuenta y que el actor había realizado la extracción aludida. Empero, prosigue, la demandada no citó al titular de la caja de ahorro para que reconozca la documentación (que posteriormente desconoció), no obstante haberse demostrado que el Sr. Matías no podía girar en descubierto en su Caja de Ahorros (informes de fs. 270/277, 288, 290 y 291); ni demostró de ninguna manera los extremos mencionados (acreditación de fondos en la cuenta y extracción por parte del actor), en infracción a la regla procesal que establece que quien invoca un hecho debe probarlo. Agrega que no se tuvo en cuenta la conducta reprochable del Banco, que cerró los servicios de cuenta corriente y tarjeta de crédito sin previo aviso, alegando hechos del actor que no pudo probar.

Concluye afirmando que se ha probado que la actora no incumplió sus obligaciones; y, por ende, que el banco tenía que cumplir el contrato.

2.2.- El tercer motivo de casación se vincula con el rechazo del resarcimiento por daño moral basado en la consideración de que no se había acreditado el incumplimiento contractual de la demandada, y que la inclusión en el "Veraz" y el cierre de los servicios de cuenta corriente y tarjeta de crédito estarían justificados por la mora del actor.

Al respecto sostiene que el a quo parte de una premisa errada según la cual la actora debía cumplir con una conducta que el banco arbitrariamente le imputa; a la vez que el rechazo del rubro resulta arbitrario, ya que la sentencia no valoró los elementos probatorios aportados por su parte, no obstante lo cual estimó que, de conformidad con las pruebas producidas, no se configuraba el supuesto que habilita el resarcimiento del daño moral en el ámbito contractual, que requiere que se haya turbado seriamente la moral. Advierte que no se han tenido en cuenta circunstancias debidamente comprobadas, que proveen sustento a la pretensión resarcitoria del daño moral. Así, dice, ha quedado acreditado que cuando el actor fue informado en el "Veraz", era Concejal de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (fs. 99); que estaba gestionando su jubilación (fs. 97); que inició un amparo contra la entidad Bancaria por razones de salud (fs. 114); que contrató un seguro para su automóvil con la tarjeta Mastercard (fs. 166), la que al ser dada de baja en forma arbitraria, unilateral y sin previo aviso dejó sin cobertura al automóvil (fs 197 y vta); que el actor se encontraba afectado en el "Veraz" en categoría N° 5 por informe del Banco demandado (fs. 230); y que es requisito para obtener un crédito que el peticionante no se encuentre afectado en dicho registro de datos. Estima que con ello quedó suficientemente probado que por causa de la arbitraria afectación dispuesta por la entidad bancaria, el actor se vio en la imposibilidad de obtener crédito para emprender un negocio. Juzga que en las condiciones descriptas resulta evidente el daño moral sufrido, en razón de la penuria anímica a la que injustamente fue sometido al ser inhabilitado por error y haber permanecido en esa situación no obstante los múltiples esfuerzos realizados para obtener una respuesta de la entidad bancaria. Indica que la sola inclusión injustificada de una persona en la base de datos de deudores del sistema financiero del BCRA requerida por una entidad bancaria especialmente calificada a tales efectos, genera una lesión que debe ser reparada, pues resultan innegables los padecimientos causados en la tranquilidad anímica del agraviado. No obstante, continúa, el a quo no tuvo en cuenta ninguno de los elementos demostrativos del daño moral causado por el arbitrario accionar de la entidad demandada.

2.3.- Cita las normas que estima violadas, propone doctrinas legales, formula reserva del caso federal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso intentado.

Corrido el traslado de ley, la demandada solicita el rechazo del recurso de casación, de conformidad con los fundamentos que expone a fs. 492/496.

3.- La sentencia impugnada calificó al contrato celebrado entre las partes como una locación de servicios bancarios. Advirtió que tal conclusión no se veía modificada porque el contrato tuviera "objeto múltiple", pues la sumatoria de las operatorias involucradas (uso de cuenta corriente, tarjeta de crédito y caja de ahorro) configuraba una "locación de servicios" definida como el contrato en el que una de las partes se obliga a prestar un servicio y la otra a pagarle un precio en dinero.

En orden al agravio vinculado al rechazo de la demanda por incumplimiento contractual, refirió que en primera instancia se dejó establecido que el actor adeudaba al HSBC la suma de $ 455,92, por cuanto se tuvo por acreditado que efectuó una extracción por cajero automático en exceso de los fondos que tenía disponibles en su caja de ahorros. Tal conclusión se basó en los resultados de la pericia contable ofrecida por la demandada (fs. 339) y ampliada por la actora, de donde surge (fs. 371) que el 14/12/2001 el actor extrajo de su caja de ahorros en pesos $ 1.500, quedando un saldo de $ 44,08; que las pantallas de contabilidad del banco reflejan la extracción en exceso, ya que la microfilmación del cajero automático determinó que el 17/12/2001 se extrajo de la cuenta 052-6-06243-4 la suma de $ 500, y no habiéndose realizado depósitos entre ambas fechas (14/12 y 17/12/2001), la cuenta quedó con un saldo negativo de $ 455,92; que en el banco no existen documentos o constancias suscriptos por el actor donde conste la extracción del 17/12/2001; y que quedó demostrado que no es posible girar en descubierto en una caja de ahorros. Señaló que los agravios no habían logrado desvirtuar las conclusiones de la pericia que aparecían convalidadas por la documentación adjuntada por el Banco, en tanto que el actor no había aportado ninguna prueba en tal sentido. Recordó que en orden al valor probatorio de los libros de comercio, los arts. 63 y 64 C. Com establecen como principio que el adversario no puede aceptar solo lo que le sea favorable y descartar lo que lo perjudique, por lo que consideró inatendible el agravio consistente en que la decisión se habría basado "en papeles aportados arbitraria y unilateralmente por banco y que no cuentan con el aval del actor, y cuyo valor probatorio es nulo" (fs. 450).

Sostuvo que más allá de que la entrega de fondos en exceso del saldo disponible haya sido o no un error del sistema electrónico, lo cierto y concreto es que se había probado fehacientemente que existió la extracción, y que el actor no había realizado ningún depósito previo para respaldarla.

Estimó que no se había configurado el incumplimiento contractual incausado atribuido a la demandada. Y apoyándose en dicha conclusión dijo que tampoco existía daño moral indemnizable, pues se había acreditado la morosidad del actor por la suma extraída en exceso; y, por tanto, su inclusión en el registro de deudores del sistema "Veraz" aparecía justificada. Luego de referirse al concepto de daño moral en el ámbito contractual, señaló que en el sublite no se verificaba el hecho generador del daño moral, pues la actora no había probado que sus problemas cardíacos sean consecuencia directa del enfrentamiento que mantenía con el banco demandado; ni que su inclusión en el "Veraz" sea contraria a derecho, o que los inconvenientes que de ella derivaron sean imputables al banco demandado, cuyo comportamiento -a juicio del sentenciante- era más bien una consecuencia del previo incumplimiento de las obligaciones contractuales que pesaban sobre el actor como titular de una caja de ahorro. Manifestó que no podía considerarse maliciosa la conducta de la demandada (art. 521 CC), toda vez que el deudor debió prever el daño que su condición le produciría, causándole incertidumbre, desasosiego, inquietud y otros padecimientos de tipo espiritual o psicológico. Concluyó entonces afirmando que "no habiéndose probado que los problemas de salud o de daño moral que puedan afectar a Matías encuentren su génesis en un incumplimiento culpable o dañoso del banco accionado respecto a los contratos celebrados con aquél, por cuanto no se ha probado en autos que éste los haya incumplido", la pretensión resarcitoria del daño moral debía desestimarse, y rechazó la apelación.

4.- En orden al juicio de admisibilidad del recurso de casación, se verifica que ha sido interpuesto en término, contra una sentencia definitiva, y que se ha cumplido con el requisito del depósito impuesto por el art. 752 CPCC-TC. A su vez, los motivos de casación invocados satisfacen los restantes recaudos de admisibilidad impuestos por los arts. 750 y 751 CPCC-TC. En consecuencia, corresponde ingresar en el análisis de la procedencia de la casación intentada.

4.1.- De modo liminar cabe advertir que si bien la constatación de la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad civil -el hecho generador, el daño, la relación causal y el factor de atribución- remite necesariamente a la valoración del cuadro fáctico y de las pruebas arrimadas al proceso; y, por ende y en principio, resulta ajena al control que se ejerce por vía del recurso de casación, la vía extraordinaria local debe admitirse cuando se invoca fundadamente la arbitrariedad de la sentencia por deficiente valoración de los hechos y de las pruebas y de la causa y falta de fundamentación suficiente.

4.2.- En el caso, atento a la naturaleza de la acción interpuesta, al sujeto contra el cual se dirige la acción en cuestión y a los hechos en los que concretamente se funda la pretensión resarcitoria, resulta ineludible para la solución del caso analizar el contrato que sirve de marco a la contienda, las obligaciones contractualmente asumidas por las partes, y las que resultan legalmente impuestas de acuerdo al derecho aplicable.

Desde esa perspectiva, cabe advertir que la relación jurídica entre el actor y la entidad accionada reúne los elementos que definen la llamada relación de consumo y que, por tanto, queda aprehendida por el régimen de tutela consagrado por la Ley de Defensa del Consumidor (LDC). La doctrina ha expresado en forma categórica que los contratos bancarios están comprendidos entre los servicios mencionados en el art. 1 de la ley 24.240 y que el banco es uno de los proveedores de servicios mencionados en el art. 2 de la misma ley (Cfr., por todos Lorenzetti, Ricardo, Consumidores, p. 341 y ss). Asimismo, debe tenerse en cuenta que pesa sobre el proveedor de servicios (en el caso la entidad financiera) un deber de información (cfr. art. 4 de la ley 24.240) que debe cumplirse en la etapa previa a la contratación y mantenerse durante todo el íter contractual; como también, la carga de acreditar el cumplimiento de la obligación de informar, toda vez que el proveedor es quien se encuentra en mejores condiciones para probar el hecho que revela el cumplimiento del deber de información legalmente impuesto.

Uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento procesal es el principio "iura novit curia", en virtud del cual corresponde al juzgador no sólo la determinación del derecho aplicable, sino también la calificación de la relación jurídica substancial establecida entre las partes.

En la especie, la Sala de instancia, en ejercicio de atribuciones propias y en el marco que proporciona el invocado principio procesal, pudo y debió calificar correctamente la relación jurídica existente entre las partes, determinando la normativa aplicable; y no lo hizo.

4.3.- En el concreto caso de autos resulta manifiesto que el actor reviste la calidad de consumidor en los términos del art. 1 de la ley 24.240, por lo que le corresponde la tutela prevista en ese cuerpo legal que ha venido a enriquecer el contenido del negocio; y sostenido en la buena fe origina deberes de conducta como el que hace a la información en las etapas de negociación, diligencia y atención, seguridad, y conservación.

De allí que, para la adecuada resolución de la cuestión planteada, era preciso que el a quo encuadre correctamente los hechos invocados en la normativa aplicable, que, en el caso, remite al régimen tuitivo y de orden público contenido en la LDC, del que derivan derechos y obligaciones para las partes. Mas ello no aconteció en la especie.

Las consideraciones del tribunal sentenciante en tanto afirma que "el contrato base de la presente demanda es esencialmente un contrato de locación de servicios bancarios aún cuando presente "objeto múltiple"....pues "involucra el uso de cuenta corriente, tarjeta de crédito y caja de ahorros; operatorias que sumadas, configuran perfectamente una "locación de servicios" entendida como el contrato por el cual una de las partes se obliga a prestar un servicio y la otra a pagarle un precio en dinero" (cfr. fs. 474 vta), no comportan un correcto encuadramiento normativo de la cuestión planteada. La premisa de la que parte la sentencia resulta claramente insuficiente para la resolución del caso, toda vez que la afirmación reseñada no tiene en cuenta las concretas circunstancias de la relación establecida entre las partes, y que resultan de la aplicación de las normas de la LDC. Y esa insuficiencia en el enfoque inicial, determina también la insuficiencia del fallo en el tratamiento de los agravios y en los fundamentos aportados para sustentar el rechazo de la apelación, que dejó firme la desestimación de la demanda promovida en estos autos.

En ese sentido cabe señalar, a modo de ejemplo, que al deducir el recurso de apelación el actor denunció que cuando el Banco cerró su cuenta corriente y la tarjeta de crédito con la que pagaba el seguro del auto, intentó obtener una explicación y la entidad respondió con evasivas; como asimismo, que el 24/3/2002 el actor intimó al banco para que pusiera a su disposición la documentación que avalaba una supuesta deuda existente en caja de ahorro, y que la intimación no fue contestada por la demandada (extremos estos que, prima facie, encontrarían respaldo en las constancias agregadas al expediente traído a decisión de esta Corte de Justicia, cfr. fs. 20, 19, 15). Y de allí que -según afirma el recurrente- consideró que la entidad había incurrido en incumplimiento contractual al disponer en forma unilateral e infundada la indisponibilidad de la caja de ahorro de la actora y la inhabilitación de todos los servicios contratados con la entidad bancaria (fs. 449 y vta).

Estos agravios, que se vinculan con la falta de información y de exhibición oportuna de la documentación respaldatoria de la extracción de fondos en exceso, no fueron debidamente valorados por el a quo.

No se explica en la sentencia si se ha considerado o no acreditada la conducta que el actor imputa a la demandada; ni, tampoco, si en el marco normativo de la LDC existió un incumplimiento de los deberes a cargo de la entidad bancaria; y, en su caso, si ha quedado acreditado el nexo causal adecuado entre ese supuesto incumplimiento y el perjuicio que invoca la actora.

Dicho de otro modo, el fallo en crisis no analiza, desde la perspectiva de la LDC, si hubo o no un incumplimiento contractual por parte del Banco. No examina cuál era la extensión y alcance del deber de informar que como proveedor de servicios financieros (art. 4 LDC) debía cumplir en la especie. Y en caso de que se determinara que tal deber fue incumplido, cuál fue su incidencia causal en el daño que el actor invoca.

Tales déficit ponen de manifiesto la insuficiente motivación de la sentencia, que la descalifica como acto jurisdiccional válido.

4.4.- Esta Corte tiene dicho que la sentencia constituye una unidad lógico-jurídica cuya dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria por derivación razonada del examen de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación. No es, pues, sólo el imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances de la sentencia (CSJTuc, por todas, sentencia Nº 1157 del 29/11/2006).

El deber de motivación impuesto por el art. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán y previsto en el art. 264 CPCC-TC, exige a los jueces que expresen el razonamiento crítico, valorativo y lógico, mediante el cual han apreciado las cuestiones sometidas a su conocimiento, explicitando el sentido de su decisión. El déficit de fundamentación de la sentencia constituye una infracción a un deber constitucionalmente impuesto, que vicia de arbitrariedad al pronunciamien-to y determina su nulidad.

De conformidad con lo expuesto, y siendo que en el caso resulta aplicable la ley de defensa del consumidor, corresponde que a partir de dicho encuadramiento normativo se examinen los agravios invocados en el recurso de apelación y se dicte un nuevo pronunciamiento que resuelva fundadamente la cuestión debatida en estos autos.

En consecuencia, procede hacer lugar al recurso de casación interpuesto, de conformidad con la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria, y por ende nula, la sentencia que no cuenta con fundamentos fácticos y jurídicos suficientes". Los autos deberán ser reenviados al tribunal de origen a fin de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento.

Las consideraciones precedentes de ningún modo implican sugerir el sentido del pronunciamiento a dictarse. El tribunal de reenvío analizará las cuestiones propuestas al debate en la instancia de apelación, con ajuste a la normativa aplicable de acuerdo a lo considerado; y de conformidad con los antecedentes del caso, con la prueba producida valorada integralmente, y expresando las razones que respaldan el criterio adoptado.

5.- Atento al modo y a los fundamentos por los que se resuelve la cuestión, las costas de la instancia se imponen en el orden causado (arts. 107, 105 inc. 1 y conc. CPCC-TC).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

A mi entender, la vía casatoria resulta admisible toda vez que la parte actora plantea fundadamente arbitrariedad normativa en la calificación de la relación jurídica que vinculara a las partes, con decisiva incidencia en el tratamiento de los agravios esgrimidos por los apelantes.

La recurrente denuncia además arbitrariedad fáctica en la apreciación de los hechos de la causa, relevantes para establecer dicho encuadre normativo. Acerca de esto último, he sostenido que la atribución del vicio de arbitrariedad a la sentencia del Tribunal de grado remite a un vicio in iuris iudicando, cuyo examen por esta Corte Suprema de Justicia debe verificarse como una cuestión atinente a la procedencia del recurso de casación, y no a su admisibilidad (cfr. CSJT, Sala Laboral y Contencioso Administrativa, sentencia Nº 513 del 03/8/2010, causa "Assaf, Hugo Fabio vs. El Cóndor S.R.L. y otro s/ Cobro de pesos").

Con esta precisión, comparto la solución del caso propuesta por el señor vocal, doctor Daniel Oscar Posse, y la doctrina legal de aplicación al caso.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la apoderada de la parte actora, contra la sentencia del 14/9/2010 dictada por la Sala III de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones; en consecuencia, se casa y anula la misma a tenor de la doctrina legal enunciada. Remítanse los autos al tribunal de alzada para que, por intermedio de quien corresponda, proceda a dictar nueva sentencia en la causa. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS del recurso de casación por su orden.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN	(con su voto) ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA .