Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-12


Reg.: A y S t 282 p 489/493.

Santa Fe, 12 de junio del año 2018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público de la Acusación de Rosario contra el acuerdo 743, del 5 de octubre de 2017, dictado por los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Salvador, Mascali y Beltramone, en autos caratulados "DIANA, GUSTAVO ÁNGEL -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'DIANA, GUSTAVO ÁNGEL S/ LESIONES GRAVES'- (CUIJ 21-06006108-1)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N° 21-0511712-4), y;

CONSIDERANDO:

1. Los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores, Salvador, Mascali y Beltramone, por acuerdo 743, del 5 de octubre de 2017, revocaron la resolución impugnada y absolvieron al condenado de la imputación que por la comisión del delito de lesiones graves se le efectuara (fs. 98/103v.).

2. Contra esta decisión deduce el Fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio N° 2 de la Fiscalía Regional de Rosario, doctor Foppiani, recurso de inconstitucionalidad, invocando arbitrariedad (fs. 105/116v.).

En primer lugar, cuestiona la revisión del fallo impugnado realizada en la Alzada, en el entendimiento de que conforme la doctrina sentada en "Casal", el tribunal de apelación no puede revisar aquello que surge directamente de la inmediación. Por ello, considera irregular que los Magistrados incursionaran en valoraciones acerca del contexto precedente y personal de la víctima y del victimario que -a su juicio- le eran ajenas por no respetar la regla de la inmediatez.

Por otro lado, señala como irregular que la Cámara fundamentara la existencia de una causal de justificación putativa en una rivalidad histórica entre víctima y victimario que, en rigor, fue ajena a la trama del debate, apartándose de esta forma -entiende- del juzgamiento del hecho concreto para incursionar en deducciones sobre la personalidad de la víctima que lo harían parecer como merecedor de la agresión sufrida.

Por último, plantea que los Judicantes "caprichosamente" omitieron valorar prueba objetiva legalmente introducida en el juicio y reconocida por todas las partes. Refiere que este video plasma claramente que el hecho se produjo en forma exactamente igual a como le fue atribuido al imputado, sin que surja la existencia de agresión alguna previa, ni mucho menos situación de riesgo personal hacia el imputado o su entorno familiar.

3. El A quo, por auto 900, del 29 de noviembre de 2017, deniega la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 120/122v.); lo que motiva la presentación directa del interesado ante esta Corte (fs. 56/60v.), la cual -atento a las razones expuestas por el representante del Ministerio Público de la Acusación a fojas 129/v.- debe reputarse temporánea.

4. Cabe anticipar que esta impugnación no ha de prosperar, pues si bien el compareciente estima arbitraria la valoración probatoria que efectuara el Tribunal, en realidad de la lectura del memorial introductor de la vía extraordinaria y su confrontación con la sentencia atacada surge que, en sustancia, se discute la interpretación que de los hechos, pruebas y derecho común efectuó la Cámara en ejercicio de funciones propias, sin que se avizore la presencia de un supuesto de arbitrariedad probatoria que justifique la intervención de esta Corte.

En efecto, los agravios expresados por el presentante en el recurso de inconstitucionalidad refieren a su discrepancia con la ponderación de las pruebas efectuada por el A quo para afirmar que en el caso el imputado falsamente había creído estar en un supuesto fáctico que le permitía defenderse legítimamente aunque en realidad no lo estaba y, por tanto, había actuado inmerso en un error de prohibición invencible, lo que imponía la revocación de la condena dispuesta en primera instancia y su absolución.

Es decir, los Judicantes fundaron acabadamente la solución adoptada, explicando en primer lugar por qué entendían que existía un déficit de argumentación en el fallo del Tribunal de grado que había rechazado este planteo defensivo, haciendo hincapié en que no podía sostenerse desde la lógica la no consideración de lo dicho por ciertos testigos por su presunta parcialidad, así como que se contraponía a las constancias de la causa la afirmación de la Judicante de grado respecto a la inexistencia de amenaza previa y a la posibilidad del imputado de actuar de otra manera.

De este modo, concluyó el A quo a partir de la subsunción de los hechos probados -refiriendo las pruebas en las cuales basaba su razonamiento- en el error de prohibición sobre la configuración de un supuesto fáctico de una causa de justificación, que el mismo se verificaba en la especie, aportando además motivos suficientes y razonables para calificarlo como invencible.

Frente a esta argumentación de la Cámara, se advierte que si bien el recurrente alega arbitrariedad probatoria y afectación de la inmediatez, la justificación ensayada en su respaldo revela que los reproches se limitan a su mero disenso con el alcance asignado al resultado de las pruebas producidas durante el proceso. Y sabido es que tales planteos no constituyen cuestión constitucional alguna cuando, como ocurre en este supuesto, los Judicantes brindaron fundamentos suficientes para acoger el error de prohibición invocado por la defensa, argumentos que, se compartan o no, en modo alguno pueden ser tildados de arbitrarios o irrazonables, al no demostrar prescindencia de las reglas de la sana crítica racional.

Por lo demás, la suerte de la presente impugnación no puede variar a la luz de la afectación a la inmediatez alegada por el actor penal, toda vez que esta postulación se encuentra desprovista de la debida fundamentación respecto a la demostración de la relación directa e inmediata entre el principio invocado y lo ocurrido en la causa.

En conclusión, desde que no ha acreditado el quejoso que las apreciaciones efectuadas por la Alzada encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad, no presentan los cuestionamientos ensayados entidad suficiente como para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.	Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - FALISTOCCO (por su voto) - GASTALDI (por su voto) - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FALISTOCCO Y DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI:

1. Ante todo, debe señalarse que, del análisis de los autos, el recurso directo luce interpuesto ante esta Corte por fuera del plazo previsto en el artículo 8 de la ley 7055, sin que las razones expuestas por el recurrente logren conmover los extremos que se observan de las constancias del caso.

Pero aun superando la falta de tal recaudo formal, que basta para declarar inadmisible la presentación directa, surge de la lectura del memorial introductor de la vía extraordinaria, y su compulsa con la sentencia atacada que, en sustancia, se discute la interpretación que de los hechos, prueba y derecho común efectuó la Cámara en ejercicio de funciones propias, cuestiones ajenas al recurso extraordinario intentado.

En efecto, las postulaciones del recurrente revelan una mera discrepancia con la valoración efectuada por los Magistrados para determinar que en el caso el imputado había actuado bajo un error de prohibición invencible, lo que imponía la revocación de la condena impuesta en primera instancia y su absolución.

Para arribar a dicha conclusión, el Aquo estimó que en la resolución de primera instancia se efectuó una valoración sesgada de los dichos de los testigos, tildándolos de parciales al confrontarlos con la declaración de la víctima, señalando que no podía sostenerse desde la lógica por confrontarse con la realidad de la situación.

En ese sentido, el Tribunal consideró que "...no se entiende cual sería el motivo que lleva a la Judicante a considerar como 'parciales' a personas que depusieron lo que sus sentidos le indicaron, cuando en su juicio valorativo se hace cargo la Magistrada de la personalidad conflictiva, problemática, beligerante de la víctima y de todo lo contrario en cabeza del imputado"(f.102), puntualizando, a su vez, que varios testigos son vecinos de ambos involucrados y tanto Giry y Zeppi estuvieron en los momentos anteriores, concomitantes y posteriores con la víctima.

Asimismo, el A quo estimó que "todas estas características que conformaban la relación de vecindad entre víctima e imputado no termina sino por acreditar que al actuar como lo hizo, Diana se encontraba en una situación de error sobre la configuración de una situación fáctica que le permitía actuar en su defensa, mas como se vio, dicha situación no era tal" (f. 102v.) y, aportando motivos suficientes y razonables, concluyó que el error incurrido por el imputado fue invencible.

Frente a tales fundamentos, se advierte que si bien el compareciente se esfuerza por introducir la existencia de arbitrariedad en la valoración de la prueba y afectación a la regla de inmediatez en el decisorio impugnado, sus alegaciones no alcanzan a desbaratar los argumentos expuestos, sino que denotan un mero disenso con la interpretación efectuada por la Alzada.

A mayor abundamiento, repárese que no obstante el quejoso alega que se prescindió de una prueba objetiva fundamental -refiriéndose al registro visual introducido por la Fiscalía-, lo cierto es que el mismo fue aportado en la instancia de apelación y proyectado en la respectiva audiencia, elemento que fue valorado por el A quo con las demás constancias del caso.

En este contexto, indudablemente, el acierto o error con que el Magistrado resolvió la causa, y la mera discrepancia que denota la compareciente en sus planteos, no deparan caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante esta Corte, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir los Tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional.

Por ello, corresponde desestimar la queja interpuesta.

FDO.: FALISTOCCO - GASTALDI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción de la Provincia, doctores, Salvador, Mascali y Beltramone.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Jueza Penal de Primera Instancia de la ciudad de Rosario, doctora Marcogliese.