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Recurso de casación, inadmisibilidad formal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Carabus, José Ginés c/ Carabus, Pablo Oscar s/ Acción de Nulidad s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-12-21

Contra el pronunciamiento de la Cámara Civil de Apelaciones de Tercera Nominación, que confirmó la sentencia dictada por el Juez de Grado que deniega la nulidad de la inscripción en el Registro Público de Comercio, solicitada por la parte actora, ésta interpone recurso extraordinario de casación.

A más de la falta de fundamentación autónoma del recurso, se observa el incumplimiento de las disposiciones de la Acordada Nº 4070/08 dictada por este Tribunal que derivan de la ausencia de los requisitos formales puntualizados precedentes, es así que respecto al art. 3) inc. c) no efectuado un relato claro y preciso de las circunstancias relevante de la causa puesto que ha incurrido en consideraciones propias que tornan confuso dicho relato, por lo que el recurso no cumple con el requisito de bastarse a si mismo; inc. e) carece del desarrollo independiente de cada una de las causales invocadas, habiendo omitido por completo el desarrollo de las mismas, lo que conduce a una falta de fundamentación autónoma; inc. f) no ha demostrado que el pronunciamiento impugnado le ocasiona al recurrente un gravamen personal concreto y actual.

En tales condiciones, no habiéndose dado cumplimiento con los requisitos de forma propios de este medio excepcional de impugnación y carecer de una crítica correcta, la misma deviene inadmisible toda vez que por su contenido no le es aplicable la doctrina de la arbitrariedad, y menos aún de las demás causales denunciadas por la recurrente que no fueron minimamente desarrolladas.
Acción de amparo, afiliación a obras sociales, progenitor afín, responsabilidad parental, responsabilidad del Estado, obligaciones de la obra social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C. M. L. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-30

Debe reconocerse al progenitor afín los deberes y derechos que se derivan del ejercicio de la protección integral del niño a su cargo, con las consiguientes co-responsabilidades que para los organismos públicos y privados se generan -arts. 4 y 5 Convención sobre los Derechos del Niño, entre ellos, para la Obra Social demandada como garante del derecho a la salud y a la asistencia integral de la discapacidad del niño a cargo de su afiliado obligatorio.
BANCO DE SANTA FE SAPEM, remuneración, subsidio vacacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martinelli, Claudio Victor c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.   C.S.J. Nro. 428 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-20

La retribución por licencia (plus vacacional) -reconocida mediante acta de Directorio del Banco de Santa Fe N 548 del 4.10.1988-, consiste en una suma a percibir durante el transcurso del mes de noviembre de cada año, por año adelantado, en base a los plazos que por antigüedad correspondan a cada trabajador, a los haberes remunerativos del mes de octubre anterior y conforme a una determinada fórmula de cálculo (punto 1 de la reglamentación adjunta al acta 548). En el instrumento citado también se previó, teniendo en cuenta la especial modalidad de pago por año adelantado adoptada para este suplemento, que el personal que cesara en su relación con el Banco antes de corresponderle el goce total de la licencia ordinaria, debería devolver el importe correspondiente de la retribución por licencia, en forma proporcional al período de prestación de servicios (punto 5 de la reglamentación). En el presente caso, de acuerdo a la mecánica recién descripta, el actor percibió la retribución por licencia correspondiente al año 1992 en noviembre de 1991, cuando todavía se desempeñaba en el Banco; siendo ésta la última oportunidad en la que el actor tenía derecho a percibir, por resultar aplicable a su respecto las normas laborales bancarias, el suplemento en cuestión, por lo que debe rechazarse su reclamo con relación al período en que prestó funciones en el EN.FI.RE. S.A.P.E.M.
Proceso penal, juicio oral, opción de juicio oral
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: S., J. E. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Homicidio (Expte.: C.S.J. Nro. 476  año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-04

Bidart Campos diferencia las situaciones ante las cuales eventualmente se puede encontrar un sujeto, y las consecuencias que de ello se derivan, en cuanto a la sujeción voluntaria que pueda experimentarse respecto de un determinado régimen jurídico. Así, para el citado autor "...hay sumisiones que no son voluntarias, sino obligatoriamente impuestas por la ley, citando como ejemplo el hecho que en una Provincia se implante un sistema de colegiación obligatoria para profesionales, y estos no puedan ejercer su profesión sin ingresar al respectivo colegio, no puede hablarse de sometimiento voluntario a ese régimen. Al contrario, quien se incorpora a él cumpliendo una obligación legal no ha tenido otra opción, salvo la de quedar impedido de su ejercicio profesional....

Algo similar ocurre con los sistemas impositivos...para lo cual no vale oponerle el argumento de que se sometió voluntariamente al régimen". Por otra parte, acepta que pueda considerarse que una persona se somete a un régimen jurídico cuando "...su sujeción haya sido realmente libre, espontánea, y voluntaria -por ej. la de quien teniendo opción entre una vía administrativa y otra judicial elige la primera-... Pero extender el principio a situaciones en que el sometimiento obedece al cumplimiento de una obligación legal resulta totalmente abusivo e improcedente".En el caso bajo examen, no se trata de que el imputado se haya visto compelido al cumplimiento de una obligación legal -acudir al procedimiento oral y de instancia única- por el contrario pudo haber escogido la vía común, y ante la posibilidad del dictado de una sentencia condenatoria, recurrirla ante la Cámara de Apelación en lo Penal. Sin embargo, el encartado optó por un procedimiento, introduciéndose así en un régimen jurídico de forma voluntaria, por lo que, no puede ocurrir ante esta instancia aduciendo que se ha violado el debido proceso, y en consecuencia -al carecerse de posibilidad de recurrir ante un tribunal superior-, pretender que el mismo resulte inconstitucional.

(De los Fundamentos del Dr. Falistocco)
Beneficio de litigar sin gastos, resolución denegatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Avallone, Mario Ricardo c/ Isla Santa Mónica S.A. y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-08

La resolución que deniega o acuerda el beneficio de litigar sin gastos no causa estado ni tiene efectos retroactivos.
Falsificación de instrumento público, declinatoria de jurisdicción, titular del automotor
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Pujol, Rubén Miguel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-27

Corresponde hacer lugar a la declinatoria de competencia solicitada a favor de la Justicia en lo Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si la maniobra investigada -ocultación de parte de los datos consignados en las chapas patentes colocadas en un automotor mediante elementos removibles de manera que aquéllos luzcan distorsionados- carece de virtualidad para engañar acerca de la titularidad del automotor, por cuanto tal artificio no persigue sino dificultar la individualización del vehículo, pero sin conducir a otro automóvil que ostente similares características a las propias de aquel objeto de ardid. La disidencia sostuvo que la cuestión de competencia constituye un planteo sobre la atipicidad de la conducta e implica un análisis del fondo del asunto impropio de la índole de la excepción tratada y propia del debate. (Dres. Madueño, Fégoli y Rodríguez Basavilbaso -en disidencia-).
Poder general, instrumentos privados
Materia: CIVIL
Carátula: SEGOVIA MARIA EUGENIA C/ KENT CHRISTIAN Y OTROS S/ DESPIDO Y COBRO DE HABERES c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2022-02-08

El poder general judicial para llevar a cabo actos procesales necesarios puede ser otorgado por instrumento privado. (Del voto de la Dra. Cecilia Pamphile, en minoría).
Cesión de derechos, responsabilidad del cedente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sarraude, Pedro Vicente c/ Albizu, Máximo Alberto s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-26

Si vender significa, como ceder onerosamente, obligarse a transferir un derecho por un precio en dinero, debe reservarse el primer término para los casos en que el derecho a transferirse es el dominio, o el condominio en su caso, y emplearse el de cesión en todas las demás hipótesis.-
Competencia contencioso administrativa, medidas cautelares, interpretación restrictiva, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Varela Dalla Lasta, Carlos c/ Administración General de Asuntos Previsionales de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-05-18

Comparece el actor, por intermedio de letrado patrocinante, incoando acción de amparo en contra de la Administración General de Asuntos Previsionales dependiente del Gobierno Provincial, persiguiendo se ordene la correcta liquidación de sus haberes provisionales conforme al convenio de transferencia y la garantía del 82% móvil; invoca vulneración a los derechos contemplados en los Arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Acorde a la materia que involucra la acción, este Tribunal resulta competente en virtud de lo establecido por el Art. 204 de la CP, Art. 4 de la Ley de Amparo y doctrina legal pacifica y uniforme de este Cuerpo.

Conforme a los hechos expuestos en la demanda y documentación agregada por la parte, se encuentran satisfechos los requisitos procesales extrínsecos de admisibilidad de la acción, en razón de que prima facie valorados, los actos de autoridad pública lesionarían garantías y derechos reconocidos explícitamente por nuestro ordenamiento constitucional.

Este preliminar juicio de admisibilidad se resuelve sin perjuicio de que los recaudos de procedibilidad de la acción, sean merituados en la etapa procesal oportuna en la que el Tribunal hace pleno uso de sus facultades jurisdiccionales.

Con respecto a la tutela cautelar peticionada, resulta doctrina conteste de este Superior Tribunal que su procedencia contra leyes o actos administrativos debe juzgarse con criterio restrictivo, en atención a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad que ampara a los actos de los Poderes Públicos (Conf.:SI nº223/98; 112/06; 88/08, entre muchas otras), por lo que sólo resultan admisibles cuando además de la existencia de los requisitos legales comunes, concurran requisitos específicos como daño irreparable, ilegalidad manifiesta e indudables razones de interés público. (conf.: CSJN 210:48; 195:383).- Conforme a ello, no se advierte ni se justifican en el memorial introductivo tales extremos, lo que implica un obstáculo de orden procesal que obsta a su procedencia, por lo que se impone el rechazo de la medida peticionada.

Por ello, corresponde declarar la procedencia formal de la acción de amparo interpuesta y no hacer lugar a la medida cautelar solicitada.
Honorarios, doble regulación, abogados, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: STAMBURGO CARLOS c/ MICRO SISTEMAS  S.A. s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-04

Corresponde aplicar la ley vigente al tiempo en que la a quo efectuó la regulación de honorarios, esto es, tal como aquélla lo hizo, la situación en primer lugar, debía analizarse a la luz del nuevo Código de Procedimiento del Trabajo (Ley 7987) cuyo art. 127 regló en forma transitoria la materia relativa a regulación de honorarios de abogados "hasta tanto sean adecuadas al procedimiento establecido en la presente ley las disposiciones de la ley 7269...".

Y como la nueva normativa nada dice acerca de la doble regulación para el supuesto en que una misma persona hubiese cumplido las funciones de abogado y procurador, el Tribunal interviniente interpretó -y dio razones para ello- que se había derogado (por lo menos en ese aspecto) la ley 7269. (Voto del Dr. Moisset de Espanes) -
Renta vitalicia, pacta sunt servanda, obligaciones de las partes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PETROLI, AMALIA SUSANA c/ Poder Ejecutivo Nacional". s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

Las condiciones originarias del contrato de renta vitalicia previsional deben mantenerse tal como lo pactaron las partes (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 31.03.04, "García Camed, José Omar"). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Chirinos. El Dr. Díaz votó en disidencia).
Tenencia ilegítima de armas de guerra, disparo de arma, coacción calificada, amenaza con arma, funcionarios públicos, actividades subversivas
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, JULIO ALBERTO s/ COMPETENCIA - FUNCIONARIO FEDERAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-05-18

Los disparos de arma de guerra contra el domicilio de un funcionario federal custodiado por personal de la Policía Federal no es simplemente un disparo de arma del art. 104 del Cód. Penal o 149 ter, pues se tiñe inexcusablemente de atentado subversivo, y, en el caso, además, las cápsulas secuestradas y peritadas ponen en evidencia la comisión del delito del art. 189 bis del Código Penal.
Recusación con causa, recusación por enemistad, recusación por denuncia o acusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Alvarez, Roberto A. y otros s/ Recusación en autos "Alvarez c/P.E. Municipalidad Andalgalá s/Acción  de Amparo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-03-10

En autos, el letrado formula recusación fundada en que el Juez entiende en otra causa con idéntica materia, causal que no está contemplada en ninguno de los incisos del art. 17 del CPC. La situación es una consecuencia natural de la estructura judicial y del ejercicio de las facultades jurisdiccionales que les son propias a los magistrados. La recusación con causa requiere la concreta invocación y eventual prueba de alguna de las circunstancias, lo que no ocurre en autos, por lo que la recusación debe ser desestimada.

También plantea recusación fundada en enemistad manifiesta y denuncia contra el Juez. Esta causal debe referirse a las partes y no a los letrados que las patrocinan o representan. En el caso, se pretende basarla en enemistad del apoderado y denuncia formulada por el profesional en contra del magistrado, lo cual es un inconveniente para atenderla, inconveniente que no se supera por anteriores excusaciones que pudiera haber planteado el magistrado, pues es distinta cosa que por una situación de violencia moral que generen las manifestaciones de un litigante contra un Juez éste se excuse de entender en la causa. En cuanto a las denuncias penales invocadas, cabe advertir, en primer lugar, que las constancias fueron agregadas con posterioridad al escrito inicial y, en segundo lugar, que no basta el mero hecho de la denuncia o querella para fundar la recusación: es menester que la denuncia de los litigantes hayan tenido curso favorable. En el caso, por las fechas de que datan las denuncias, el interesado pudo haber acreditado la suerte que corrieron, cosa que no hizo.

En cuanto al adelantamiento de opinión en el que dice que habría incurrido el Magistrado, los hechos traídos a consideración con los que pretende dar forma a esta causal resultan insuficientes y carentes de sustento serio y concreto y solo dan cuenta de dichos de terceros sobre el supuesto adelantamiento de opinión.

Por ello, corresponde no hacer lugar a la recusación articulada.
Nulidad de matrimonio, celebración del matrimonio, consentimiento matrimonial, error sobre modalidades personales
Materia: CIVIL
Carátula: Basualdo, Eduardo Aurelio. s/ Nulidad de matrimonio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-11-03

El art. 175 del Código Civil texto ordenado por ley 23515, mantiene la nulidad relativa del matrimonio en cuya celebración el consentimiento ha sido afectado por el error, el dolo o la violencia. No sería pleno el consentimiento afectado por el error al que alude la norma, tampoco sería libre el provocado por la violencia, y en ninguno de estos casos podrá decirse que existe el matrimonio.

Se trata de una nulidad relativa de las nupcias (Vidal Taquín, Matrimonio civil, p. 123), pues no todo error, como tampoco, no todo dolo o violencia, posee sustantividad suficiente de enviciamiento y la evaluación de su virtualidad legal ser materia de valoración judicial en cada caso particular (cf. Alberto J. Bueres-Elena I. Highton, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, t. 1, p. 863 y sgtes.).

El error que viciar el acto se refiere no solo a la identidad de la persona sino a las cualidades personales del contrayente "error qualitatis" (Zannoni, Derecho Civil, Derecho de familia, t. 1, p. 229), si se prueba que no habría habido consentimiento "de haberse conocido el estado de cosas y apreciado razonablemente la unión contraída", es decir debe ser grave y determinante.
Empleados de banco, gratificaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Jorge Orlando Alberto c/ Banco de Entre Ríos S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-08-28

En los casos de la ley 8531 se resolvió favorablemente a los peticionantes porque ésta última no establecía absolutamente nada al respecto, lo que no ocurre con la legislación vigente al momento en que el actor a su jubilación anticipada, en virtud de lo dispuesto por el artículo 19 que el recurrente tacha de inconstitucional.
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Soutelinio Andrade, Antonio c/ Ratto, Raúl N. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

La circunstancia de que un vehículo sea explotado como taxi no impide que también sea utilizado para transporte familiar o esparcimiento, por tanto ambos resarcimientos se corresponden con la inmovilidad que motiva la reparación, debiendo en tal caso fijarse con prudencia la indemnización de privación de uso para que por razón de su monto no se convierta en un enriquecimiento injusto.
Recurso extraordinario federal, gravedad institucional
Materia: PENAL
Carátula: BLANCO JUAN MANUEL FERNANDO; MANSILLA ARIEL; BLANCO ANGEL; SILVA RAMON ALEJANDRO s/ S.D. HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO POR ENSAÑAMIENTO Y CRIMINIS  CAUSA Y ENCUBRIMIENTO E.P. CALDERON HECTOR EDUARDO - RECURSO PER  SALTUM
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-03-05

La gravedad institucional se manifiesta cuando la cuestión, que es objeto del recurso extraordinario, excede el mero interés de las partes del proceso y tiene entidad como para comprometer la buena marcha de las instituciones. En otros términos, la cuestión debe tener virtualidad para afectar el interés de toda la comunidad, principios del orden social o proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano. En consecuencia, no habrá gravedad institucional cuando la cuestión planteada no tenga otro objeto que el de proteger intereses particulares.
Carga de la notificación, telegrama, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: MANCILLA, ELBA c/ EDREDON'S SRL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Quien elige un medio para comunicar corre con los riesgos del medio elegido. Así, el argumento de que no pudo probar la recepción del telegrama porque el Correo los destruye después de transcurrido un año, no resulta sino uno de los riesgos que aceptó quien eligió comunicar su decisión por ese medio.
Ley de emergencia económica, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONO SUR S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Formosa s/ Acción Administrativa s/ Acción Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-10-26

Si bien una ley de emergencia no puede frustrar un derecho constitucional, si puede suspender su goce de modo razonable, y en el presente caso no se trata de la negación del derecho de propiedad sino de una limitación parcial que si permite su goce inmediato, es decir que se trata de una situación aún menos gravosa que la que la jurisprudencia en general, entre ellas la de este Superior Tribunal de Justicia y la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han justificado en materia de leyes de emergencia económica, al sostener que no se trata de la negación del derecho de propiedad sino solamente una limitación temporal en la percepción del beneficio.
Contrato de trabajo, mora, indemnización, muerte del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: S., J. H. Y OTRA. c/ GREENLEAF TURISMO S.R.L. s/ SUMARIO   (I) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. (Expte Nº 25879/12-STJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-04-09

La actitud reticente de la demandada que no pagó la indemnización por fallecimiento del trabajador ni la depositó al momento de contestar demanda (recién lo hizo luego de dictada la sentencia, más de dos años y medio después de sucedido el deceso), habilitan la imposición del incremento fundado en el art. 2 de la Ley 25323, máxime teniendo en cuenta que, la parte actora ha cumplido con el recaudo de intimación previa que exige la norma. (Minoría: Dra. Zaratiegui y Dra. Piccinini)
Subasta judicial, acreedor hipotecario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Pcia. de Buenos Aires c/ Ingenieros Costamagna y S.P.S. SCA. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-27

La intervención del acreedor hipotecario en los casos de subasta judicial del bien gravado con tal derecho real de garantía, tiene el propósito de legitimar a dicho acreedor para intervenir en todo lo referente a la base en que ha de efectuarse la subasta; o sea, en resguardar su crédito, posibilitándole que solicite el aumento de la base hasta cubrir el importe del mismo.
Procedimiento administrativo, denuncia de ilegitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: D.G., O. y Otro c/ Provincia del Chubut y Otros s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-08

El sistema de impugnación que consagra el procedimiento administrativo (denuncia de ilegitimidad incluida) tiene por finalidad, amén de proteger y garantizar los derechos subjetivos de los administrados, el control de la juridicidad administrativa, consecuencia natural del Estado de Derecho, cuya nota es la supremacía de la Ley, que es la que funda y sostiene toda la acción de los poderes del Estado, pues "por encima de la presunción de legitimidad de la que gozan los actos estatales, se encuentra la necesidad de que esa actividad sea realmente legítima".
Prisión domiciliaria, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Marin Zurbano, Ana Indira s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-09

Corresponde confirmar el rechazo de la solicitud de prisión domiciliaria, por cuanto surge del informe correspondiente que la vinculación entre madre e hijo se viene cumpliendo de manera regular, y por otra parte, las salidas excepcionales requieren por lo menos que la interna se encuentre incorporada a los regímenes de confianza o a alguna de las modalidades alternativas del encierro carcelario, situación que no se verifica y, además, la comunicación familiar se mantiene en forma asidua por teléfono. La disidencia consideró que debía revocarse la denegatoria, puesto que se encuentra viciada de nulidad absoluta por haber sido dictada sin la intervención previa del Defensor Público de Menores, para que pueda expresarse por el niño discapacitado hijo de la imputada. (Dres. Fégoli, Madueño y Cabral -en disidencia-).