Abuso sexual, víctima menor de edad, personas con discapacidad, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: S., J.J. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Rojas, Defensor Técnico de S., J.J. contra Auto Interlocutorio nº 10 de fecha 22 de febrero de 2013
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-06-19

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos -Sala Unipersonal-, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el asistente técnico del encartado en contra del Auto interlocutorio emitido por el Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación (que resolvió no hacer lugar al cese de la prisión preventiva del imputado por abuso sexual con acceso carnal contra menor discapacitada).

Contra el decisorio aludido, comparece el defensor técnico del imputado e interpone recurso de casación.

Surge de las presentes que, por su condición de mujer, menor de edad y con discapacidad mental, la víctima de los hechos ilícitos de que se trata es una persona en situación de particular vulnerabilidad, que demanda una especial protección de la ley y de los tribunales encargados de su aplicación.

Así lo considero, puesto que otras medidas menos gravosas no conjuran de modo suficiente el referido peligro procesal que es preciso evitar con arreglo al compromiso internacional asumido por el Estado argentino (art. 75 inc. 22 C.N.) en la Convención de Belém do Pará y en la Convención sobre los Derechos del Niño -aplicable al caso dada la edad de la supuesta víctima (15 años)-, de asegurar, no sólo la investigación, sino también el juzgamiento y eventual castigo de los hechos que importen un agravio cierto a menores de edad víctimas de abuso sexual, los que, como en el caso, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En este orden de ideas, también cabe destacar que, si bien el imputado se encuentra cautelarmente privado de su libertad, por los fundados motivos reseñados; no se debe perder de vista lo prescripto en normativa supranacional vigente (arts. 75 inc. 22 C.N., art. 7.5 CADH, art. 9.3 PIDCyP, art. 8.1 CADH y 14.3.c PIDCyP), en cuanto se dispone que el plazo de la prisión preventiva debe ser razonable.

En tal sentido, reitérese, que esta causa se encuentra en condiciones de ser elevada a juicio (art. 350 y cctes. C.P.P.), por lo que se exige una especial diligencia y prontitud del órgano acusador a fin de arribar a la brevedad a un juicio rápido sobre el objeto procesal a decidir, que asegurará al aquí imputado, una pronta resolución sobre la situación de la que se agravia porque lo afecta en su libertad personal.

De igual modo, debo destacar que en tal objetivo se encuentran involucrados la totalidad de los operadores del aparato judicial, incluyendo a las partes (esto es, el Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica del imputado), toda vez que conspira contra la consecución de tal propósito la existencia de planteos que, en suma, resultan dilatorios para quien está en situación de detención.

Consecuentemente, siguiendo el criterio fijado por esta Corte en S. nº 8, del 23/04/09 y S. nº 17, del 21/09/2009, y teniendo en cuenta la proximidad del término para que la causa sea elevada a juicio y se fije fecha de debate, considero que resulta impostergable tomar los recaudos indispensables, a fin de evitar más dilaciones en los autos principales, que podrían derivar de la eventual impugnación a esta resolución.