Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-22


2º Instancia.- Buenos Aires, julio 22 de 2008.

Considerando: 1. Apeló el Fisco Nacional la resolución de fs. 165/168 en cuanto admitió en forma parcial la pretensión revisoria incoada por su parte y le aplicó las costas. Sostuvo el recurso con la memoria de fs. 176/180 contestada por el síndico a fs. 182/183.

2. a) La facultad de los jueces de morigerar la tasa de interés cuando éstos resultan abusivos o contrarios a las buenas costumbres (cód.civ. 953, 1071) alcanza también a los aplicados por el Fisco con apoyo en la ley 11.683 y las resoluciones pertinentes de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

Ello no supone controvertir la constitucionalidad de la ley tributaria o de la atribución delegada al fisco, sino de compatibilizarla con la normativa de que se trata y sus principios: el régimen concursal y el tratamiento igualitario de los acreedores (cfr. SCJ Mendoza, sala I, 11.4.03, "Afip s/ inc. de rev. en Zapata, Jorge Julio s/ conc. Prev.").

Sin embargo, la facultad morigeradora no deberá desatender, por un lado, que las elevadas tasas de interés que fija el organismo recaudador opera como mecanismo compulsivo para asegurar la recaudación a efectos de que el Estado cumpla sus actividades fundamentales y, por otro, que frente a la situación de insolvencia del deudor esa finalidad disuasiva pierde significación y es susceptible de afectar el derecho de los terceros acreedores en orden a la percepción de sus créditos.

En ese contexto, deviene prudente admitir las tasas aplicadas por el Fisco pero establecer como límite máximo de los intereses por todo concepto para este tipo de obligaciones, el que resulte de aplicar dos veces y media la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento (CNCom., Sala C, 25-10-02, "Polyfilm S.R.L."; idem Sala E, 22-04-03, "Automotores Ruta 8").

b) Cuando las multas aparecen excesivas deben ser morigeradas. Si bien se hace necesario dejar de lado el principio de la inmutabilidad de la pena legalmente dispuesta, lo que repugna a la moral no es la multa sino la magnitud de la pena, en cuanto puede configurar un medio de absorción patrimonial del deudor por el acreedor (CNCom., esta Sala in re "Ormas S.A. s/ concurso preventivo (hoy quiebra) s/ incidente de verificación de crédito por AFIP DGI", del 20.06.08; id Sala A, in re "International Center Food S.A. s/concurso preventivo s/incidente de revisión por Fisco Nacional", del 26.10.06).

De igual modo, y por vía conjetural, la admisión del crédito pretendido en su totalidad podría llegar a transformarse en un verdadero menoscabo en perjuicio de los restantes acreedores quienes verían afectadas sus posibilidades de cobro frente a un escenario -hipotético, por cierto- de quiebra.

En base a ello la queja formulada sobre el particular será desestimada.

c) Tratándose el presente de un incidente de revisión, donde la cuestión debatida está relacionada con los intereses y multas aplicadas por el Fisco y resulta susceptible de disímil interpretación jurisprudencial, corresponde distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 68 in fine y 69 cpr).

3. Se desestima parcialmente el recurso de fs. 173 y se confirma en sustancia la decisión apelada, con excepción de las costas que se distribuyen en el orden causado en ambas instancias. Notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho. Cumplido, devuélvase encomendándose a la a quo las notificaciones. El Señor juez Miguel F. Bargalló actúa de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones 261/06 y 261/07 del Consejo de la Magistratura y los Acuerdos del 15/06/06 y 01/06/07 de esta Cámara.- Ana I. Piaggi (por sus fundamentos).- María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero (por sus fundamentos).- Miguel F. Bargalló.

La doctora Gómez Alonso de Díaz Cordero agrega:

En principio no corresponde la morigeración de intereses. Ello así en tanto no existe previsión legal que posibilite "morigerar" pautas legales concernientes al cálculo de accesorios (in re "Leader S.R.L. s/quiebra s/incidente de revisión por Fisco Nacional, del 26.11.97; id. "Correcaminos S.R.L. s/quiebra s/incidente de revisión por Fisco Nacional, del 9.8.99; id. "Pet Supplies Intl. S.A. s/concurso preventivo s/incidente de revisión por AFIP, del 16.6.05). Sin perjuicio de ello entiendo procedente establecer como límite máximo de los intereses para este tipo de obligaciones, el que resulte de aplicar dos veces y media la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento (cciv 953). Es copia fiel del original que corre a fs. 190/193 de los autos de la materia.- María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero.

La doctora Piaggi agrega:

1. a) En nuestro país por más que el Fisco sea el encargado de recaudar para proveer al bien común -desde hace mucho tiempo es inexacto que lo haga- desde hace décadas este organismo no provee ni a las necesidades ni a la gestión del bien común.

En una República donde la mitad de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza, donde la educación está absolutamente deteriorada, la igualdad no existe (art. 16, CN), el sistema de salud (art. 42, CN) tampoco, donde los servicios públicos son absolutamente ineficientes, los lugares públicos lindan con la inmundicia, la suciedad y los mendigos cunden por toda la ciudad y la seguridad de los ciudadanos queda librada a la suerte, el sistema carcelario es deplorable (art. 18, CN) y la seguridad jurídica (implícita en el art. 38 de la CN) es inexistente, sostener lo consignado en el punto 2 del presente, significa un eufemismo macabro.

El fisco no cumple funcionalmente sus fines más elementales y a ello me refiero infra.

b) Lo anterior trae como consecuencia lógica, recordar que corresponde al Poder Judicial equilibrar los costos y cargas y la proporción entre medios y fines. En tal sentido, a partir del art. 28 de la Constitución Nacional cabe considerar al menos dos aspectos: 1) el de la idoneidad de la medida para obtener el fin perseguido; 2) el de proporcionalidad en sentido estricto; es decir, la ponderación entre los beneficios y ventajas para el interés general y los perjuicios sobre bienes o valores en conflicto.

Además, todos los órganos de poder están obligados a respetar el principio de razonabilidad como constitutivo del estado de derecho. Y ésta es una norma operativa. Y aunque la Constitución refiere a la igualdad de todos ante la ley -la que por fuerza crea categorías normativas- la igualdad de trato obra del mismo modo ante el poder administrador y el poder judicial.

En tal sentido resultan compatibles con el principio igualitario los llamados fueros de materia, reales o de causa siempre que sean funcionales y hasta la medida de su funcionalidad. Es copia fiel del original que corre a fs. 190/193 de los autos de la materia.- Ana I. Piaggi.