Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-10-12


AUTOS 56.743 (C.C.Nº19.232) DEL Cuarto Juzgado Civil, CARATULADOS: "ORTIZ María Gladys C/ Alvarez Jorge Daniel y Otros - Mónica Luisa Fernández - Daños y Perjuicios - Sumario".- PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2007- del Tº III- Fº6/16.- confirmada: P.R.E.-S.1ª- 2008- III- 401 En la Ciudad de San Juan a 12 días del mes de octubre de 2007, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Octavio Augusto Sánchez y los Sres. Vocales Dres. Oscar Roberto Otiñano y Alejandro Largacha Quiroga, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decretos de fs. 168 y 171, contra la sentencia de fecha siete de diciembre del año dos mil seis, recaída en los presentes autos Nº56.743 (C.C. Nº19.232) caratulados: "ORTIZ MARÍA GLADYS C/ ALVAREZ JORGE DANIÉL Y OTROS - MONICA LUISA FERNANDEZ - DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO", dictada por el Sr. Juez titular del Cuarto Juzgado Civil, obrante a fs. 163/166 vta..- EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO: En la sentencia de fecha siete de diciembre del año dos mil seis agregada a fs. 163/166 vta. se condenó a los demandados y a la aseguradora "Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada" a pagar a la actora la cantidad de Pesos Cuarenta Mil Quinientos ($40.500) con más los intereses legales hasta su efectivo pago.- Para resolver como lo hizo, el sentenciante atribuyó la exclusividad de la culpa en la producción del accidente al co-demandado Alvarez quien "embistió a una peatón luego de realizar una maniobra evasiva para evitar el accidente y al no frenar a tiempo" y por ende, condenó al resarcimiento de los daños causados, otorgando por el rubro "incapacidad sobreviniente" la cantidad de Pesos Treinta Mil ($30.000) a la fecha del siniestro, por el rubro "daño moral" la cantidad de Pesos Diez Mil ($10.000) y por "gastos médicos y de farmacia" la cantidad de Pesos Quinientos ($500).- El antecedente fáctico del resolutorio atacado es el accidente de tránsito ocurrido el día 1 de enero del año 2001 alrededor de las 2 hs. en Avda. España casi intersección con calle 12 de octubre en circunstancias en que la actora, en compañía de su hermano, intentando terminar de cruzar Avda. España de este a oeste fue embestida por el vehículo Ford Transit dominio CLC - 545 conducido por el Sr. Jorge Daniel Alvarez quien transitaba por Avda. España de Sur a Norte.- Contra lo resuelto se alzan la actora y la aseguradora a quienes se les concedieron los recursos a fs. 168 y 171 respectivamente. La expresión de agravios de la actora se encuentra agregada a fs. 178/189 vta. y la expresión de agravios de la citada en garantía está anejada a fs.191/ 197. Ambas son contestadas a fs.199/213 y 214/217 vta..- Agravios de la actora: Del extenso líbelo impugnativo presentado por la parte actora emerge que en lo esencial la queja está referida a: 1) Al monto otorgado por el rubro "incapacidad sobreviniente". Al fundar su pretensión recursiva califica a la sentencia de arbitraria por establecer el monto resarcitorio sin haber tenido en cuenta el informe del perito traumatólogo (fs.77/79)quien dictamina que la Sra. Ortiz tiene una incapacidad parcial y permanente del 42% como tampoco valoró el informe producido por el perito en medicina general quien informa que la actora ha quedado con una incapacidad parcial y permanente del 68%. Transcribe dichos informes. Agrega que si el sentenciante los hubiera considerado no hubiera establecido $30.000 como cantidad indemnizatoria. Explica cuales son los elementos que debió valorar el Juez para cuantificar el daño. Transcribe jurisprudencia, doctrina y "pega" abundantes antecedentes jurisprudenciales de montos indemnizatorios otorgados por Tribunales nacionales publicados en internet a los que considera que son asimilables al caso de autos y que por ello deben aplicarse esos criterios para cuantificar el daño. En el segundo agravio critica a la sentencia por el escaso monto otorgado en concepto de "daño moral", señalando que ello es consecuencia de la errónea cuantificación del daño físico. Indica que el sentenciante para bien merituar el daño debió efectuar un análisis, y así lo hace el apelante del "hecho mismo", los sufrimientos "... relativos al período de curación y convalecencia" y los de "luego del tratamiento". Pide en razón de ello que se eleve el monto; El tercer agravio está referido al monto de condena por los gastos médicos y de farmacia al que considera exigüo puesto que no se ha tenido en cuenta las facturas acompañadas como documental que obran a fs. 07/17 y que han quedado suficientemente sustentadas con la Historia Clínica y las pericias médicas. Señala que la suma de ellas arrojan un gasto médico y de farmacia por un valor de Pesos Cinco Mil Seiscientos Noventa y Siete con Sesenta y Cinco Ctvs. ($5.697,65) y que además faltaría computarse los gastos posteriores a las intervenciones quirúrgicas y hasta la actualidad y por ello es que demanda la cantidad de Pesos Cinco Mil Ochocientos ($5.800). Pide se modifique la sentencia en la forma que lo solicita.- Agravios de la Aseguradora: En el primer agravio se queja de la atribución exclusiva de la culpa al conductor del vehículo por cuanto la sentencia se basa en la confesión ficta del mismo cuando es sabido que en nuestro ordenamiento legal la misma no establece consecuencias terminantes y que se deben tener en cuenta las circunstancias de la causa y las demás pruebas producidas que obran en el proceso. Además, agrega que el sentenciante ha obviado merituar la prueba testimonial rendida, especialmente la declaración de la Sra. María Alejandra Noguera (fs.63 y vta.) quien primeramente no vió el accidente pero que dijo que la actora se encontraba parada en el medio de la calle sobre los pianitos, es decir, que a una hora de la madrugada cuando la iluminación es escasa, se encontraba parada sobre un lugar prohibido, coincidiendo ello con lo manifestado por su parte. Transcribe jurisprudencia. También es motivo de agravio que el sentenciante considere que el sobreseimiento definitivo recaído en Sede Penal no tiene influencia en esta litis. Manifiesta al respecto que el valor penal del sobreseimiento es el de cerrar en forma definitiva e irrevocable el proceso a favor de quien ha sido dictado, por lo que cuando contiene un pronunciamiento de fondo no presenta ninguna diferencia con la sentencia absolutoria y los efectos en uno y otro pronunciamiento son idénticos. Agrega que el sobreseimiento será vinculante para el Juez cuando se funde en la inexistencia del hecho o en el que hecho no se cometió o no fue cometido por el imputado. Pide por ello que se deslinde de todo tipo de culpabilidad o responsabilidad al demandado. En el segundo agravio se queja de los montos indemnizatorios otorgando por "incapacidad sobreviniente" la cantidad de Pesos Treinta Mil basándose en la pericial médica que ha sido oportuna y debidamente impugnada y atacada por su parte, pero que el Aquo no se ha expedido al respecto. Así expresa que el perito se refiere a la existencia de una cicatriz post-traumática frontal pero no especifica su longitud o si la misma se encuentra cubierta por el cabello o en zona descubierta de implante de cabello. La cicatriz debe ser considerada como parte de la operación de cráneo realizada y como secuela propia de la intervención pero no es una patología separada. Señala que la detectada limitación del movimiento de la columna cervical es propia de la edad de la actora a igual que la artrosis y los pinzamientos en las vértebras que presenta la paciente son preexistente y no guardan relación con el accidente de autos por lo que se opone a la existencia de dicha incapacidad y al porcentaje referido a la columna vertebral; entiende que la limitación del movimiento del hombro como la artrosis que presenta es propia de la edad de la actora y preexistente al accidente por lo que el perito no debió mezclar enfermedades y síntomas preexistentes con las posibles lesiones propias del accidente, como tampoco se deben sumar las patologías que se encuentren relacionadas con el evento dañoso sino que deben ser cuantificadas como una sola patología. En base a ello también se queja del monto de condena por "daño moral". En cuanto al monto de resarcimiento por "gastos médicos y de farmacia" dice que el sentenciante no ha tenido en cuenta que la actora contaba con obra social, AMOES, la que cubrió todos los gastos médicos, honorarios, tratamientos, etc. razón por la que el rubro debió rechazarse.- Tratamiento de los agravios: En primer lugar trataré la imputación de la culpa en la producción del accidente cuestionada por el demandado y la aseguradora porque de su resultado depende el tratamiento de los restante agravios.- Culpa: Este Tribunal en sus distintas integraciones ha sostenido que en materia de responsabilidad en accidentes de tránsito entre un automotor y vehículos menores o con un peatón nos regimos por el art. 1113 modificado por la ley 17.711, que consagra la "teoría del riesgo creado" o responsabilidad objetiva o sin culpa. Y al respecto dijimos: "La consagración de la teoría de la responsabilidad objetiva significa que el daño ocasionado por el uso lícito de una cosa peligrosa debe ser reparado por quien la usa" (L.S. 1973- TºI Fº 1/5; L.S. 1986-II-274/278; L.S. 1979-II- 336/338) y "la única manera en que el demandado puede eximirse de responsabilidad es demostrando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, o un caso fortuito extraño al riesgo o vicio de la cosa, esto es, demostrando que la causa del daño no le es atribuible a su parte sino a otra causa no introducida por ella misma" (L.S. 1984 -I- 52/59) y en el mismo sentido este Tribunal ha dicho antes de ahora que "... todos los vehículos que ingresan al tránsito son productores de riesgo, y de acuerdo al principio de la responsabilidad objetiva, incumbe al guardián del objeto peligroso demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder" (LS.1984 -II- 135-141; L.S.2002-I-10-19). En tal sentido Mosset Iturraspe ("Responsabilidad por daños Eximentes" Edit. Bs. As. Tº III-p.62 nota 67) explica al respecto: "La exoneración del autor presunto no debe buscarse por el lado de la culpa sino de la relación causal. Si demuestra que su obrar no es la causa del daño porque esa causa se halla en la conducta del propio perjudicado, se exime como consecuencia de la falta de un requisito de responsabilidad".(L.S.-2006- Tº III- Fº27/35).- Así considerado y habida cuenta que la responsabilidad por el riesgo creado subsiste mientras el dueño o guardián del automóvil no pruebe la culpa de la víctima o de un tercero por el cual no deba responder, y esto aunque el peatón damnificado no haya probado que el accidente se produjera de la manera por él indicada en la demanda (con tal que el accidente, sus protagonistas y el daño derivado de aquél existan), corresponde analizar si en el caso hay prueba de culpa de la víctima o de un tercero que excluyan la responsabilidad del demandado tal como el mismo lo pretende. (conf. L.S.-2007-Tº II-Fº 106/112).- En ese cometido y respecto a la queja del apelante por la primacía otorgada por el sentenciante a la confesión ficta del demandado para arribar a la imputación de culpa del demandado, considero que en principio le asiste razón. Con referencia a ello hemos dicho que (L.S.1998- TºII- Fº374/376): "El silencio opuesto a actos, o a una interrogación -en el caso ausencia injustificada al acto-, vale como manifestación positiva de voluntad en los actos jurídicos cuando hay una obligación de explicarse impuesta por la ley (Conf.art. 919 C.C.). En autos el demandado estaba obligado legalmente a comparecer y responder (conf. arts. 393 y 401 C.P.C.) y pese a conocer los apercibimientos bajo los cuales fue citado no concurrió a la audiencia pero, no obstante lo dicho, ello sólo sería insuficiente si no hubiesen otros elementos corroborantes de ese reconocimiento y, mucho menos, si llegare a existir alguna prueba que lo desvirtuare" cuestión que verificaré al merituar la prueba producida en el proceso.- Con respecto a la objeción referida a que el Juez Aquo no ha merituado que en la sentencia dictada en sede penal al demandado se lo ha sobreseído, resulta inatendible. Ello es así porque tal como ha sido considerado en la sentencia cuestionada, este Tribunal ha dicho (L.S.-2005- II- 10/16): "La sentencia absolutoria penal y con más razón la de sobreseimiento no impiden que el juez civil investigue y se pronuncie sobre la culpa del imputado en este fuero siempre que el hecho y la participación de aquél no hubiesen sido excluidos en sede penal: "La influencia del juicio penal sobre el civil, se concreta a lo decidido acerca de la existencia del hecho y de su autoría. Lo decidido por el juez penal en esos puntos hace cosa juzgada. En lo demás el juez civil conserva su independencia y poder para decidir sobre si el hecho constituye o no un delito o cuasidelito de dicho fuero y apreciar el grado de culpa del demandado si su participación no hubiese sido excluida en sede penal (Conf. Corte de Justicia Sn. Jn. Prot. de Sent. año 1968 - I - 124/126)". (L. S. 1982 - II - 385/393; L. S. 1986 - II - 274/278; L. S. 1994 - I - 56/95; L. S. 2002 - II - 181/194, etc.).

En igual sentido se ha pronunciado la Sala 1era. de la Excma. Corte local, diciendo: "Del mismo texto del art. 1103 C.C., como anteriormente ya lo destacara este Tribunal, surge una primera y clara precisión cual es que ". . . el único límite que ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal, en que se ha sobreseído penalmente al imputado, está referido a cuando ese sobreseimiento se fundó en la inexistencia del hecho o en la no intervención del procesado en su producción, cuestiones sobre las que hace cosa juzgada lo así decidido y que no puede revisar el juez civil. En lo que respecta al resto de los supuestos, el juez civil que entiende en la acción resarcitoria es libre para determinar si existe o no culpa civil que haga procedente la pretensión. . ." (P. R. E. S. 1ª 1992 - II - 87). En igual sentido este Tribunal se pronunció en el caso que se registra en P.R.E. S. 1ª 1991 - I - 92. Coincidentemente, Llambías expresa: ". . . que le está vedado a los tribunales civiles aceptar como existentes hechos que según los tribunales represivos no han ocurrido, o atribuir al demandado actos con respecto a los cuales estos tribunales decidieron que no fue su autor. . . " (Límite de la Cosa Juzgada, Jorge J. Llambías, E.D. Tº 84, pag. 772 y sgtes., nº 11 y 17) (. . .) Esta Corte además de reiterar que: "... el sobreseimiento definitivo dictado por los tribunales penales no obsta a la pretensión de resarcimiento de los daños en tanto aquél no se haya fundado en la inexistencia del acto o en que el procesado no intervino en su producción. . . ", luego, a continuación precisó, en forma categórica, que "Estos supuestos son los únicos casos en que lo resuelto hace cosa juzgada en sede civil, pero no ocurre lo mismo cuando tras reconocer la intervención del procesado en la producción material de ese hecho se lo sobresee por entender que está exento de responsabilidad penal por inexistencia de dolo o culpa. . . Nada se opone a que absuelto el imputado por falta de culpa, el tribunal civil lo encuentre culpable. Una cosa es la culpa penal (que los jueces de esa jurisdicción analizan con criterio riguroso, inclinándose en caso de duda, en el sentido de que no la hubo), y otra la culpa civil (que los jueces de este fuero analizan con criterio amplio, inclinándose en caso de duda, por favorecer a la víctima). . ." (P.R.E., S.1ª 2001 - III - 483)".- En el caso, el sobreseimiento dictado en la sentencia recaída en el sumario penal nº 12.120/01 caratulados: "Alvarez Jorge Daniel por lesiones culposas (art. 94 C.P.) en perjuicios de María Gladyz Ortiz y Mario César Ortiz" fue un "sobreseimiento objetivo" (art.399 inc.1º del C.P.P), es decir "de la causa" en la que se vinculara al Sr. Alvarez a quien no se le recibió declaración indagatoria y por ende no se le inició proceso penal y, a esa fecha, ya se habían vencido los plazos procesales previstos para la instrucción. De ello deriva que el Sr. Juez en lo Criminal no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la existencia o no del hecho o en la intervención o no del aquí demandado en su producción, razón por la que no existe cosa juzgada en sede civil en este caso como pretende el apelante.

No obstante ello es dable valorar las actuaciones efectuadas en el ámbito de la Policía de San Juan porque "Las constancias de la causa penal promovida por el accidente de tránsito reúnen un caudal probatorio formativo de convicción para el juez que de ninguna manera puede desecharse, no sólo porque tienen la fe que la ley asigna a los funcionarios públicos dentro de la esfera de sus atribuciones, sino porque estos son ajenos a las partes y carecen de interés en relación al resultado final del pleito" (C.N.Civ., sala L, 29/04/994, "in re" "Bustos, Juan M. c. Vazquez, Jorge A.", f. 92.580, diario LA LEY, 1994-E, 10). (L.S.- Año 2007- del Tº II- Fº53/59).- Establecido lo expuesto considero que en autos hay elementos de prueba suficientes para concluir que la pretensión actora es procedente, tal como fue acogida en la sentencia ya que, como ya señalé, es a la demandada a quien le correspondía la prueba de la influencia decisiva de la conducta de la víctima en la producción del accidente, pero no se produjo en el proceso prueba alguna para demostrar lo que afirmó al contestar la demanda (art. 1113 del C. Civil y art. 361 C.P.C.).- Así es, no está discutido que el automóvil transitaba por Avda. España de Sur a Norte y que, conforme el Sr. Alvarez lo relata al contestar la demanda (ver fs. 35), al momento que está por llegar a la intersección de dicha avenida con la calle 12 de octubre, dos peatones se encontraban en el medio de la avenida sobre el denominado vulgarmente "pianito" (separador de las distintas direcciones del tránsito por dicha arteria), pretendiendo cruzar el carril oeste, es decir que los peatones ya habían cruzado el carril por donde transitaba el demandado.- Siendo esa la situación preliminar y no habiendo el demandado demostrado la conducta que, al contestar la demanda le atribuye a las víctimas, es decir, que imprevisiblemente retrocedieron ingresando al carril por donde transitaba, que tampoco se encontraban parados sobre un lugar prohibido puesto que, como el mismo conductor señala, lo afirma la testigo Noguera (fs.63 y vta.) y es corroborado por el lugar en el que quedaron esas personas luego de ser embestidas que da cuenta el acta de Inspección ocular y Croquis ilustrativo labrado por la Policía de San Juan (fs. 6, 7 y 8 del expediente penal), que al cruce lo efectuaban- atento a que la senda peatonal no se encuentra demarcada en esa zona- por la senda imaginaria lateral a la prolongación de la calle transversal a la calle que intentaban trasponer, o sea, por el lugar habilitado para los peatones (art.38 inc. 2º Ley 24449) y que frente a su presencia los automovilistas están obligados a ceder el paso (art.48 inc.f ibid), son extremos que sumado a que advirtió la presencia de los peatones sin tomar ninguna precaución, son conducentes para arribar a la resolución condenatoria toda vez que la interrupción total del nexo causal y el funcionamiento pleno de la eximente del artículo 1113 pár. 2º apdo. 2º Código Civil sólo tiene lugar en aquellos supuestos en que la aparición del peatón ante la línea de marcha del automotor tiene todas las características del hecho súbito e imprevisible que impide o no deja margen de tiempo al conductor para realizar maniobra elusiva alguna o intentar el frenaje de su máquina en tiempo adecuado como para evitar la colisión, cuestión que no es el caso en estudio.- Por ello propongo y así voto rechazar la pretensión del recurso sobre este punto.- Indemnización de los daños: Ambos apelantes se quejan por los montos indemnizatorios establecidos en la sentencia, cada uno en la medida de su interés.- Incapacidad sobreviniente: El sentenciante ha otorgado por este rubro la cantidad de Pesos Treinta Mil ($30.000). A fin de establecer la justicia o no del monto de reparación determinado en la sentencia, previamente se hace necesario recordar que la incapacidad sobreviniente "comprende la disminución de aptitudes para cualquier actividad en la vida, tanto social como deportiva o laboral, y que tal alteración de su persona debe ser indemnizada teniendo presente que el ser humano es una integralidad y que no solamente deben observarse sus aminoradas aptitudes laborales, sino también las consecuencias que las lesiones pueden producir en la vida diaria" (L.S.-2003- 67/70). A mayor precisión también dijimos que "se configura cuando el hecho ilícito deja una secuela irreversible que se traduce en disminución de la salud y la integridad física - total o parcial- pero permanente y tiende al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración constituye en sí un daño resarcible, pero como todo daño necesita que sea acabadamente probado" (L.S. - 2002 T° I- F° 169/183; 2003- I- 148/158; L.S. - 2004 -III- 49/59).- A fin de demostrar la alegada incapacidad obran en la causa dos informes periciales médicos (fs. 77/79 y 117/126). Del primero de ellos, Dr. Gonzalez Testi, surge que en general los movimientos se presentan sin particularidades con excepción de la columna vertebral y el hombro izquierdo cuyos movimientos se encuentran limitados y la paciente refiere dolor en las maniobras y llega a la conclusión que la actora tiene una incapacidad parcial y permanente del 45%. Por su parte el Dr. Tallerico en forma minuciosa detalla las algias y limitaciones de cada una de las extremidades de la paciente, de la columna cervical y exámen neurológico atribuyendo a cada una un porcentual de incapacidad de conformidad a la ley 24457 de cuya sumatoria resulta el 68% de incapacidad parcial y permanente.- Al respecto cabe dejar sentado que "Si bien es verdad que el Juez está facultado en virtud de la norma del art. 370 del C.P.C. para valorar la prueba pericial conforme a las reglas de la sana crítica, para apartarse de las conclusiones a las que arriba el perito "debe tener razones muy fundadas" (L.S.-2002-TºI- Fº 59/67; L.S.2003 - Tº III- 10/16). Es así que el sentenciante cuando va a la fuente a palpar las bases mismas del conocimiento del perito, debe proceder con pleno dominio de las reglas de la sana crítica, pero sin necesidad de inmiscuirse en temas técnicos que desconoce. Cabe aclarar que cuando el Juez analiza la pericia, lo que está manejando es la técnica de apreciar la prueba, en la cual sí es experto". (L. de S. - 2003- Tº III- F º 28/33-)	También debo tener en cuenta que los porcentuales de incapacidad estimados por los galenos que han merecido impugnación por parte de la aseguradora, además de ser equivocado el sumar los distintos porcentajes de incapacidad sufridos por la víctima, como lo ha hecho el perito y lo pretende la actora, pues esa acumulación indiscriminada de los efectos de las lesiones sufridas podría llegarse al absurdo de superar el 100% para estimar una incapacidad parcial cuando por ejemplo, la ley 24241 determina como total y procedente para otorgar el beneficio jubilatorio el 66% de incapacidad (art. 48), es criterio de este Tribunal como de la jurisprudencia en general, que la cuantía indemnizatoria en sede civil no puede fijarse en base a un porcentual tabulado sino a las limitaciones concretas en la vida activa de una persona donde el Juzgador goza de un amplio margen de valoración.- Así considerado, y teniendo en cuenta las secuelas dejadas en su persona por el accidente las que ya fueron detalladas, la edad de la víctima a la fecha del mismo (59 años), que no posee actividad lucrativa alguna, que tampoco contamos con ningún dato sobre actividades sociales o recreativas, como tampoco de que convivan con ella otras personas que dependan de sus quehaceres domésticos, datos estos de gran importancia a la hora de cuantificar el menoscabo producido y que habiéndose fijado la suma indemnizatoria ($30.000) a la fecha del accidente (enero de 2001), la que al compararla con casos similares al presente en los que se ha expedido este Tribunal (L.S.-2004-III- 108/119; L.S.-2005-I- 176/179) considero que corresponde disminuirla a fin de adecuarla al principio de equidad y a la justicia, a la cantidad de Pesos Quince Mil ($15.000).- A tenor de lo expuesto propongo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Aseguradora y rechazar el de la actora.- Daño Moral: Debiendo en este ítem valorarse los sufrimiento padecidos en el momento del hecho y durante su convalecencia (dos intervenciones quirúrgicas. por luxación de hombro y craneoplastía), los que surgen de la historia clínica (fs. 83/96) obrante en la causa, de los que no sólo es computable el dolor físico sino también la angustia por un futuro incierto, los tratamientos posteriores y la sensación de minusvalía que la incapacidad provocará durante el resto de su vida, debe reconocerse una compensación pecuniaria que haga asequible algunas satisfacciones que mengüen ese dolor moral que ha sufrido y continuará sufriendo.- En razón de ello considero que el monto indemnizatorio otorgado ($10.000) no alcanza a resarcir el padecimiento descripto por lo que propongo elevarlo a la cantidad de Pesos Diez Mil Trescientos ($10.300) como se pidiera en la demanda. Así voto.- Gastos médicos y de farmacia: Si bien esta Sala se ha pronunciado por la procedencia del reintegro de los gastos por atención médica y compra de medicamentos derivados de las consecuencia lesivas del accidente sin requerir una acreditación efectiva y precisa sobre los desembolsos y su cuantía (L.S.-2002- I -1/8), este concepto dista mucho de ser absoluto y resultar una concesión graciosa de los jueces debiendo acreditarse por lo menos qué medicamentos o drogas fueron recetadas y que las mismas tengan relación con las lesiones experimentadas y tratamiento médico efectuado. (conf. L.S. 2002- II- 97/110).- Sin embargo, no es óbice para su acogimiento cuando a través de la prueba rendida surge la necesidad de efectuarlos de la propia naturaleza de las lesiones sufridas (conf. L.S.-2001-III- 115/122).- No obstante que la actora gozaba de una mutual (AMOES) al momento del accidente según figura en algunas de las facturas que acompaña, es sabido que si bien durante el tiempo de internación éstas cubren todos los gastos que el paciente se ve obligado a realizar no es así a posteriori del que sólo cubren un porcentual sumado a ello que el paciente debe trasladarse para su atención, pero el hecho de no haber aportado todos los elementos de juicio claros y concretos, su estimación debe ser prudente por cuanto se trata de un supuesto en el que se aplica la facultad que otorga el art. 171 del C.P.C. (L.S.-2003- I- 129/135; L.S.-2004-III- 49/59).- En razón de ello y que la actora debió continuar con la ingesta de anticonvulsivantes y analgésicos, el monto otorgado para la compensación de esos gastos considero que es exigua por lo que propongo elevarlo a la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($1.500), haciendo lugar a la queja de la actora.- Costas: Las costas de devengadas en la Alzada, dado el resultado de ambos recurso, propicio imponerlas en un noventa por ciento (90%) a los demandados y Aseguradora vencidos y el 10% restante por su orden.- EL DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	EL DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:	Por razones análogas a las aducidas por el Dr. Oscar Roberto Otiñano, voto en el mismo sentido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

1) Admitir parcialmente el recurso de apelación concedido a la actora a fs. 168 contra la sentencia de fs. 163/166 la que se modifica elevando a la cantidad de Pesos: Diez Mil Trescientos ($10.300) el monto resarcitorio por "Daño Moral" y a la cantidad de Un Mil Quinientos ($1.500) la indemnización por los gastos médicos y de farmacia.- 2) Admitir parcialmente el recurso de apelación concedido a la Aseguradora a fs. 171 contra la sentencia de fecha 163/166 la que se modifica disminuyendo a la cantidad de Pesos Quince Mil ($15.000) el resarcimiento por "Incapacidad sobreviniente" .- 3) Aclarar que dichas sumas se han calculado a la fecha del hecho dañoso desde la que debían adicionarse los intereses correspondientes.- 4) Imponer las costas en un noventa por ciento (90%) a los demandados y Aseguradora vencidos y el 10% restante por su orden. Diferir la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.