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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, sentencia definitiva, concursos, quiebra, síndico del concurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Pagani, Marcelo E. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Concurso   preventivo -Hoy quiebra- (Expte. CSJ Nº 489-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-30

El requisito de definitividad de la resolución impugnada surge expresamente de lo normado por el artículo 1 de la ley 7055, y no queda satisfecho cuando el pronunciamiento de la Alzada resuelve una cuestión de naturaleza procedimental - rechazando la nulidad deducida por el concursado contra las medidas investigativas-, desde que a través de dicho decisorio no se decidió cuestión sustancial alguna; ni constituye auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación. Por el contrario, puede advertirse que dicho proceder forma parte de la actividad propia de la Sindicatura en orden a llevar adelante el trámite concursal.
Infracciones aduaneras, atenuantes de la pena, falta de antecedentes penales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: KARABICHIAN ASDGHIK DE DEULETIAN s/ RECURSO DE APELACION - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-16

Según ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la facultad de atenuación prevista por el art. 1056 de las OOAA., no reconoce otro límite en su ejercicio por parte de los jueces que al resultar ella procedente a todas las penalidades.

Cabe desestimar lo argumentado por la representación fiscal, consistente en sostener que las causales de atenuación no surgen del sumario, toda vez que lo decidido por el Tribunal a-quo en punto a la revocación de la multa accesoria, resultó de ponderar lo argumentado por familiares de la actora, al hecho de no haber existido falsa manifestación y la falta de antecedentes de la actora.

La valoración de los elementos fácticos que realizó el tribunal para decidir no es susceptible de revisión, en principio, a través de la competencia limitada de ésta Cámara.
Aportes previsionales, irregularidad de aportes, pago de la remuneración, pago en negro, defraudación, régimen jubilatorio
Materia: LABORAL
Carátula: CONTRERAS, JULIO c/ FRIGORIFICO Y MATADERO LA FORESTA  S.C.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-19

Si el trabajador nunca denunció las anomalías provenientes de su estado previsional, falta de entrega de certificados de aportes y servicios, y percibió sus remuneraciones en negro sin los descuentos correspondientes, es evidente que contribuyó con su conducta a defraudar al régimen contributivo en el cual pretende ampararse, arts. 499, 512 y concordantes del Código Civil.
Reajuste jubilatorio, declaración de puro derecho, hechos controvertidos
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PAJARIÑO, OSVALDO JESUS c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Reconocido expresamente por el accionante que el presupuesto no prevé partidas suficientes para el pago del reajuste del haber jubilatorio que peticiona, corresponde confirmar la decisión que, con fundamento en lo normado por el art. 489, 1er. párrafo, del C.P.C.C., declaró la cuestión de puro derecho, desestimando la defensa del art. 16 de la ley 24.463 y la prueba correspondiente ofrecida por la A.N.Se.S., ya que el punto en cuestión no resulta un hecho controvertido. (Del voto de la mayoría. Argumento del Dr. Laclau. El Dr. Wassner votó en disidencia).
Suspensión del juicio a prueba, delitos tributarios
Materia: PENAL
Carátula: Heit, José Luis s/ inf. art. 1 Ley 24.769
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-25

Los ilícitos fiscales deben quedar excluidos de la aplicación de la probation, por resultar dicho instituto claramente inconciliable con el régimen jurídico que estructura la ley 24.769, bastando dicha circunstancia, sin que sea menester que ello surja de una prohibición expresa del texto de las leyes 24.316 y 24.769; lo contrario soslayaría el propósito que tuvo la ley 24.316 al disponer en su art. 10 "Las disposiciones de la presente ley no alterarán los regímenes especiales dispuestos en las Leyes 23.737 y 23.771".
Hurto calificado, hurto con llave o ganzúa
Materia: PENAL
Carátula: Chichizola, Raúl Rubén s/ recurso de casación. Causa: 604
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

Una de las razones de la agravante surge de la mayor protección dada a la cosa, y que el autor del hecho, sin violencia y con el empleo de los instrumentos que prevé el art. 163 inc. 3ro., debe vencer.

Razón jurídica ésta que se da por la necesidad de salvaguardar la propiedad de los que han tomado todas las precauciones posibles para conservar su fortuna y han buscado, con prudencia y diligencia, defenderse contra la rapacidad ajena.
Cheque sin fondos, interpelación, aviso bancario
Materia: PENAL
Carátula: GALEANO, ALFREDO s/ Cheque sin fondos, Causa: 38224.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-29

La comunicación que la ley requiere para que se configure el delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos, puede ser mediante aviso bancario.
Recurso directo, juicio ejecutivo, prueba, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bodegas y Viñedos El Plata S.A. c/ Fernandez Francisco s/ Recurso Directo (LIBRO: A112 - 245)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-08-11

El art. 245 del C.P.C. limita en principio expresamente las resoluciones apelables en el juicio ejecutivo, por lo que se aprecia no es lícito marginarlo y acudir a las normas supletorios (art. 180 del C.P.C.), valiéndose de ellas para sostener la apelabilidad del auto que rechaza pruebas
Sociedades comerciales, órganos sociales, administración de la sociedad, administrador de la sociedad, representación de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: VICENTE ROBLES SA c/ NISALCO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-11

Las atribuciones del órgano de administración en cumplimiento de las funciones operativas y empresarias de la sociedad resultan realmente amplias, no obstante que sus actividades deben quedar enmarcadas a las gestiones que le han sido asignadas en interés de la sociedad, como así también por el propio sometimiento que al marco legal y estatutario cabe ajustarse como consecuencia natural de la necesidad de la existencia permanente de un órgano externo de actuación que le permita al ente llevar adelante sus negocios. Pero estos aspectos sustanciales de la administración de la hacienda común, si bien fueron ejercidos en sus orígenes por un representante convencional, tal institución se vio colapsada con el consiguiente colosal crecimiento de la empresa del siglo XIX, en virtud del cual cabe conceptualizar en la actualidad al administrador de sociedades como "un funcionario cuya competencia abarca la gestión operativa de los negocios sociales como así también, la organización y dirección de la empresa anexa a la sociedad, el cumplimiento del estatuto del comerciante, la participación en el funcionamiento interno de la sociedad, y la representación de la sociedad ante terceros" (Otaegui, Julio, "Administración Societaria", pag. 40).
Simulación, causa simulandi
Materia: CIVIL
Carátula: Lloveras Luis Alfredo c/ Videla Aida Estela s/ Acción de Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-10-01

La causa simulandi que no constituye requisito de la simulación, ni antecedente necesario para invalidar el acto atacado, es un elemento de juicio eficaz para comprobar su caracter ficticio; no sólo es útil para explicar el acto, sino que por sí misma constituye una presunción.
Agentes de propaganda médica, viajantes de comercio
Materia: LABORAL
Carátula: Enriquez, Juan Alberto c/ S.A. Nestlé de Productos Alimenticios s/ Indemnización clientela, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

Está comprendido en el régimen de viajantes de comercio el agente de propaganda médica que realiza con habitualidad la comercialización de los productos por cuenta ajena.
Pago de tributos, Impuesto sobre los ingresos brutos, métodos alternativos de solución de conflictos, sujetos imponibles, repetición de impuestos, comercio interior, facultades jurisdiccionales
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Centrifugal S.A. c/ Gobierno de la Cdad de Buenos Aires s/ Impugnación de Actos Administrativos s/ Impugnación de Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-05

Para los fiscos firmantes del Convenio Multilateral sobre Ingresos Brutos resulta obligatorio ventilar los diferendos entre ellos en los casos concretos ante los órganos creados para su aplicación e interpretación. Ello así pues, en tanto signatarios del tratado, han renunciado a plantear en otro ámbito sus potenciales conflictos sobre las materias regidas por él. Por su parte, los contribuyentes a quienes se determinen diferencias impositivas, tienen derecho a reclamar por ante la Comisión Arbitral si se consideran agraviados por la interpretación del fisco interviniente sobre las normas del convenio ya que la facultad de los contribuyentes de impugnar ante los órganos del Convenio la conducta de cualquiera de sus partícipes que considere contraria a sus preceptos, configura el mejor control de las autolimitaciones que se han impuesto a las entidades que lo suscribieron.

Luego, si de la decisión de las autoridades del convenio resulta que el tributo ha sido incorrectamente ingresado al erario de un fisco al que no le corresponde percibirlo, el particular podrá repetir el impuesto. Además de la última posibilidad mencionada, le cabe al contribuyente gestionar la repetición por la vía especial que prevé el artículo 2 del Protocolo Adicional del 18/12/80, dentro del plazo de diez días allí establecido, transcurrido el cual, deberá intentar la repetición conforme a las normas locales respectivas.

El Convenio Multilateral contiene normas destinadas a regular -en lo relativo a su ámbito de aplicación- el ejercicio de la potestad tributaria de los estados signatarios. De ello deriva que, una vez ratificado el tratado por cada legislatura, sus disposiciones pasaron a integrar el derecho público local (CSJN, Fallos 303:1247; 304:508).

En consecuencia, las normas del Convenio Multilateral integran el ordenamiento jurídico y, en tal medida, resultan vinculantes para la administración y los particulares cuyas actividades se ven alcanzadas por sus previsiones.

Por ello, como toda norma jurídica vigente, debe ser aplicado por los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial de cada estado partícipe, en la medida en que corresponda para la resolución de los casos propuestos a su conocimiento.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Pacheco, Tito Rigoberto c/ Arena, Alfredo y otro s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-06-06

Resulta inatendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se intenta una postura novedosa al pretender modificar ante la Suprema Corte la causa de la cesantía, postura totalmente inaceptable habida cuenta que implicaría resignar la garantía del debido proceso, en el sentido de que las partes puedan ejercer su plena y oportuna defensa.
Factura, compraventa de mercaderías
Materia: COMERCIAL
Carátula: Bogado, Antonio c/ Saleg, Juan Carlos s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1976-08-25

"La finalidad natural del documento "sub-examine" -factura- es acredita, en las condiciones establecidas por la ley, la existencia de un contrato ya concluido entre el comerciante remitente de la factura y el que la recibe. Prueba no solamente el contrato sino también las condiciones y términos consignados en el texto. Aceptada y reconocida la factura, ella prueba no sólo la conclusión del negocio, sino las cláusulas, condiciones y modos en ella impresos.

Conclusión. Creemos que las facturas comerciales constituyen, en las condiciones arriba expuestas, medios probatorios de un negocio concluido, comúnmente el de compraventa".
Transferencia de fondo de comercio, responsabilidad solidaria, simulación
Materia: COMERCIAL
Carátula: Choqui Silvia Ines c/ Machuca Gladis Ester, Patchman, Lorena Y Otros s/ Indemnización por despido incausado y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-12-04

Quienes transfirieron el fondo de comercio a sucesivos titulares, resultan responsables solidariamente por los créditos laborales reclamados por un trabajador, pues no se verifica una novación subjetiva en la persona del empleador, sino que la prestación de servicios del establecimiento comercial siguió efectuándose bajo las órdenes y la dirección de aquéllos, por lo que, no se configuran sucesivas transferencias de establecimiento, sino maniobras preconcebidas para eludir responsabilidades arropadas bajo un manto de simulación, máxime cuando la transferencia le es inoponible al dependiente porque no fue inscripta conforme lo dispuesto por la Ley Nº 11.687.
Extinción del contrato de trabajo, muerte del trabajador, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: MOYANO DE VARGAS MARIA INES c/ SUQUIA  S.A.C.I.F. s/ DEMANDA POR MUERTE DEL TRABAJADOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-07

La muerte del trabajador determina la imposibilidad de continuar con el vínculo laboral, dado el carácter personalísimo e infungible y pese a la ajenidad del hecho del fallecimiento respecto del empleador, la ley (art. 248 L.C.T.) le impone una carga económica con el objeto de prestar asistencia a la familia que lo sobrevive.

Siguiendo al autor Enrique Herrera ("Extinción de la relación de trabajo", pag. 547 y sgtes.), diremos que se trata de una verdadera prestación asistencial o de segurdiad social. Siendo esta indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el art. 245 L C.T.-
Levantamiento del embargo, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DIAZ JUAN PABLO Y OTRO c/ BUCAI RAFAEL s/ EJECUTIVO PARTICULAR - RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2004-02-17

La conducta procesal desplegada por la actora, consistente en mantener silencio ante el pedido de levantamiento de embargo introducido por el demandado, no alcanza per se para imponerle costas, ni para considerarla vencida, toda vez que el planteo fue articulado dentro del marco del proceso principal, y como una consecuencia lógica de su conclusión definitiva, consentida por el embargante, primero en forma tácita y luego explícita.

Tal desarrollo de la litis impide, generar costas con independencia de las originadas en la cuestión principal.
Proceso penal, etapas del proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Chamorro, José Oscar s/ art. 156 del Código Penal -Causa Nx 38.038.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

El respeto de la garantía de la defensa en juicio consiste en la observancia de las formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia.
Sentencia arbitraria, daño moral, indemnización por accidente de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Slobayen, Sofia Anastacia c/ Rotzen Hermanos S.R.L. s/ Laboral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-15

Es arbitraria la sentencia que, sin fundamento razonable, cuantifica el daño moral correspondiente a los hijos del fallecido en un accidente de trabajo en sumas diferentes sobre la base de que uno de ellos era menor de edad al momento del dictado de la sentencia pues, el hecho que dos de ellos hayan adquirido la mayoría de edad en el transcurso del proceso no hace diferente el sufrimiento padecido por la pérdida del progenitor. (Del Dictamen de la Procuración General al que la Corte remite).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, obras sociales, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: A., L. c/ OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS, REASEGUROS (OSSEG) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-03

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad deducido desde que no se encuentra en discusión ni están en juego los principios involucrados en la ley 23661, sino que la pretensión de los actores versa exclusivamente sobre normas de derecho común excediendo las previsiones de las normas federales y afectando sólo el patrimonio de la obra social demandada pero sin dañar -en términos de la Corte Nacional- la instrumentación o planificación de la entidad, por lo que la decisión de la Cámara-que desestimó la competencia federal- no sólo no resulta irrazonable al no exceder las posibilidades hermenéuticas de las normas en juego sino que además, se inserta en la doctrina constitucional sobre la materia elaborada por el Máximo Tribunal de la Nación y seguida por esta Corte (Del voto del Dr. Falistocco).
Empleados públicos, movilidad del haber jubilatorio, remuneración, fondo de estímulo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ARTURI, FRANCISCO HECTOR c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal de Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

La movilidad de las prestaciones establecidas por la ley 22.955 debe fijarse conforme a la evolución de las remuneraciones de quienes se encuentran en actividad, no correspondiendo efectuar distinción alguna en cuanto a la denominación que se le asigne a la forma de determinarlo siempre que el incremento salarial sea efectivamente de naturaleza remuneratoria. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la solicitud de inclusión en el haber jubilatorio de las sumas que, en concepto de Fondo Estímulo creado por la ley 23.013, perciben quienes se mantienen en actividad.
Agregación de la prueba documental, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: KOMEX  S.A.C.I.F.I.M. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ ORDINARIO - PROCEDIMIENTO JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-02

Hace el derecho de defensa de la accionante arrimar la documentación que considere conducente para despejar la sospecha sobre la legitimidad de su crédito. Máxime cuando no está comprobado en autos que conociera, al tiempo de promover la demanda, las irregularidades a los que alude el Banco Central; al contestar la acción, ni que éste estuviera investigando la autenticidad de las imposiciones cuyo cobro se persigue.

Exigir, por otra parte, que la actora acompaña de antemano la prueba dirigida a acreditar el origen de los fondos depositados, equivaldría a imponerle la violencia de colocarse motu propio, en la hipótesis de haber procedido con ilicitud, lo que no es razonable, pues la buena fe se presume.
Recurso de inconstitucionalidad, pronunciamiento inoficioso, Derecho laboral, trabajador, salarios adeudados, situación de despido
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: ORONAO, OSCAR ALBERTO c/ SPEEDAGRO S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-14

De la lectura de las constancias de las presentes actuaciones, se advierte que, con posterioridad a la interposición del recurso de inconstitucionalidad, las partes han arribado y celebrado voluntariamente un acuerdo de pago por los salarios adeudados y reconocidos en el presente expediente y que el trabajador, por telegrama laboral se consideró en situación de despido, por lo que ha quedado en materia abstracta su solicitud de reinstalación en su trabajo, por lo que cabe concluir que el propio accionar de la recurrente ha tornando inoficiosa la decisión aquí pendiente por haberse vuelto abstractas las cuestiones debatidas, consistentes en la reinstalación o, mejor dicho, el restablecimiento de las condiciones laborales del trabajador ante la extinción del contrato de trabajo aludido por la demandada, y la condena al pago de los salarios caídos, atento que el pago por acuerdo voluntario -sin reserva- de la propia recurrente importa una renuncia o desistimiento tácito del presente recurso extraordinario por incompatibilidad manifiesta entre ambos actos procesales.
Expropiación, prueba pericial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Indutec S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación irregular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-10

La regulación del ejercicio de profesiones universitarias es cuestión propia del poder de policía del estado provincial, no delegado a la legislación federal (arts.90 inc.13 de la Const.de la Pcia.de Buenos Aires y 67 y 104 de la Const.Nacional), rigiendo como consecuencia de aquél el recaudo de la matriculación en territorio provincial para los profesionales de la arquitectura, que no se satisface con la inscripción en una matrícula de diferente jurisdicción. El nombramiento de un perito a pedido del expropiado tiene, como presupuesto de validez, la preexistencia de aquella matriculación y consiguiente sujeción del profesional al poder de policía referido, puesto que las provincias tienen facultad de reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, con la limitación natural que establece el art.28 de la Const.Nacional, la razonabilidad de la norma y la necesaria igualdad excluyente de ilegítima discriminación (CSJN, "Fallos" 289:315).
Superior Tribunal de Justicia, acordadas, constitucionalidad, recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), interposición del recurso, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: FIGUEREDO, NESTOR JOSE c/ INDUSTRIA METALURGICA SUDAMERICANA S.A.C.E.I. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-10-19

No resulta admisible la achacada inconstitucionalidad de la acordada 126 del año 1989, la cual-a juicio del impugnante- interpreta la ley fuera de la función de órgano jurisdiccional como si fuera el Poder Ejecutivo emitiendo un decreto reglamentario o de integración, aseverando que la citada acordada cambia el sentido potestativo claramente plasmado en la ley 10241 "podrá" por "deberá", variando en forma sustancial la voluntad y los objetivos tenidos en miras por el legislador. A pesar de dichas críticas, no se advierte que la inconstitucionalidad de la acordada pueda ser declarada, concretamente, porque las razones de las cuales derivarían los vicios que se achacan no resultan suficientes para poner en evidencia la colisión con la Carta Magna local por cercenar algún derecho esencial del justiciable. Además, la tacha de inconstitucionalidad -que, como es sabido constituye la última ratio en el sistema de control constitucional de las disposiciones de contenido normativo- se sustenta en la particular perspectiva del impugnante acerca de la voluntad del legislador, sin hacerse debidamente cargo de demostrar la irrazonabilidad -que conduzca a la descalificación- del criterio conforme al cual a partir de la creación de una mesa de entradas en la ciudad de Rosario -habilitada para recibir los recursos de queja- se convierte al litigante con domicilio en esa ciudad en vecino que reside en el lugar del juicio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL
Carátula: Valentini, P.; Papalía, H.; Sosa, Graciela. s/ Robos calificados y encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

Las cuestiones de hecho -como en el caso la valoración de la prueba- son ajenas a la Instancia Extraordinaria, salvo supuestos de absurdo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)