Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 30.11.09 , reunidos en la Sala de Acuerdo los señores miembros integrantes de este Tribunal a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oir las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Porta dijo:

Las demandadas cuestionan la sentencia de la instancia anterior en los términos de los memoriales de fs. 407/409 vta., fs. 411/414 y fs. 415/416 vta. La codemandada Grosso también apela todos los honorarios por considerarlos altos, mientras que su representación letrada cuestiona los suyos por bajos (fs. 410 y fs. 414).

Por razones de mejor orden trataré en primer lugar el recurso de la demandada Qenko SRL, quien actualiza la apelación contra la resolución que la tuvo por incursa en la situación prevista por el art. 71 de la ley 18345, con el argumento de que el poder general de administración conferido a la Sra. Natalia Lacaroz se encuentra comprendido en los casos de excepción previstos en el art. 15 de la ley 10.996. Se queja porque la Sra. Juez concluyó que era ajustada a derecho la conducta de la actora al considerarse despedida, pues la sociedad nunca tuvo relación laboral con aquella. Finalmente, cuestiona la forma en que se impusieron las costas del pleito.

En mi criterio no asiste razón a la recurrente respecto de la rebeldía, pues la apelación resulta formalmente inadmisible ya que se interpuso tardíamente, es decir, más allá de los tres días previstos por la ley procesal laboral (arts. 96, 97 y 110). En efecto, el recurso fue deducido el día 31 de octubre de 2008 (fs. 163) y la resolución fue notificada el 22 de octubre (fs. 155 y vta.).

Cabe recordar que es a la Alzada a la que, en definitiva, le corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de apelación sin que al respecto deba ceñirse a lo resuelto por el Sr. Juez respecto de la concesión del remedio procesal en análisis, aun cuando la providencia que lo concedió se encontrase consentida (en sentido análogo, sentencia Nº 71.497 del 29.5.96, en autos "Díaz, Silvia Marcela c/ Carnicerías Integradas Coto S.A. s/ despido", del registro de esta Sala).

Por lo tanto, dicha resolución se encuentra firme y en consecuencia cabe tener a la demandada Qenko SRL por incursa en la situación procesal prevista pro el art. 71.

Es criterio de este Tribunal que cuando se trata de un litis consorcio pasivo, las defensas opuestas por uno de los litis consortes también favorecen a los demás (en sentido análogo, sentencia Nº 83.067 del 11.12.01, en autos "Landi, Andrés y otros c/ E.N.T.E.L. s/ diferencias de salarios", sentencia Nº 57.238 del 10.11.88, en autos "Álvarez, Stella Maris y otra c/ L.R. 3 Radio Belgrano y otros", ambas del registro de esta Sala).

En el caso, la actora en la demanda denunció que la verdadera empleadora era Qenko SRL pero que aparecían como tales terceras personas, entre las que se encontraban las codemandadas, que Urdinez era gerente de esa sociedad y que daba las órdenes de trabajo, mientras que en los recibos de sueldo figuraba Grosso como empleadora, que siempre trabajó en el mismo lugar, es decir en San Martín 954, local 25 de Capital Federal, que ingresó a trabajar el 20 de junio de 2005 como vendedora-cajera de lunes a viernes de 10 a 20 hs. y los sábados de 10 a 14 hs. y que se consideró despedida el 27.12.06, mediante CD Nº 839804439, por el incorrecto registro del vínculo laboral y por deudas salariales (fs. 4, fs. 23/39, fs. 207).

La codemandada Urdinez, en el responde, negó la relación laboral y denunció que la codemandada Grosso era la empleadora de la actora; mientras que esta última invocó que la empleadora de la accionante era Qenko SRL, empresa que se dedica a la comercialización de ropa (fs. 107/109); sin embargo, reconoció su firma en los recibos de sueldo acompañados por la reclamante donde figura como empleadora (fs. 10/19, fs. 117/119 vta., fs. 177).

La prueba producida en autos no alcanza para desvirtuar la presunción legal prevista en el art. 71 de la LO en cuanto a la calidad de empleadora de Qenko SRL y los testigos Siciliano, Fernández y Romero coinciden en que vieron a la accionante trabajar como vendedora y cajera en el local de la galería Larreta de la calle San Martín denominado Portofem (fs. 210/213, fs. 214/216, fs. 357/359).

Reconozco plena eficacia probatoria a los dichos de estos testigos, que declararon a propuesta de la codemandada Grosso, pues resultan coincidentes, dieron suficiente razón de sus declaraciones, las que no recibieron ninguna impugnación de la contraria (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.N.).

En consecuencia, concluyo que la accionante logró acreditar en autos que trabajó para la demandada Qenko SRL, por lo cual propicio confirmar en el punto el fallo apelado.

Las codemandadas Grosso y Urdinez se quejan porque la Sra. Juez las condenó en forma solidaria. La primera afirma que la actora no trabajó para ella, que sus verdaderas empleadoras eran Qenko SRL y Lidia Urdinez, que la recurrente firmó los recibos de sueldo de la actora en representación de sus mandantes Qenko SRL y Urdinez, que es la gerente de esa sociedad y porque al no estar en la Capital Federal le delegaron esa función y que ella nunca participó de las ganancias de la empresa.

La codemandada Urdinez hace hincapié en que el testigo Romero manifestó que era el franquiciado de la marca Portofem y que él tomó por primera vez a la actora para trabajar en el local de la calle San Martín en la galería Larreta y que con posterioridad cedió la franquicia a la codemandada Grosso. Argumenta que la circunstancia de que el servicio de Internet del local figurara a su nombre no significa que ella sea la empleadora de la actora, que solo es propietaria de la marca Portofem y convino las franquicias tanto con Romero como con la codemandada Grosso, en su carácter de franquiciados. El hecho de que sea socia gerente de Qenko SRL no la convierte en responsable laboral de los empleados de todas las franquicias.

En mi criterio no asiste razón a las recurrentes. La cuestión relativa a la franquicia no fue una cuestión articulada al trabarse el litigio, ya que ninguna de las demandadas la invocó al contestar la demanda, por lo que a este Tribunal le está vedado su tratamiento (fs. 107/109 vta., fs. 117/119 vta., art. 277 del CPCCN).

La codemandada Grosso reconoció su firma en los recibos de sueldo de la actora, por lo que se tiene por reconocido el contenido de aquellos y en estos figura como empleadora (fs. 10/19, fs. 177, art. 1028 del Código Civil) La codemandada Urdinez no compareció a la audiencia designada a los fines de reconocer la documental y, en consecuencia, cabe tenerla por reconocida (fs. 165, fs. 174, art. 82 inc. b) de la ley 18345), entre la cual se encuentra la pieza de fs. 87 (boleta de Fibertel por la banda ancha de Internet) que está a nombre de Lidia Urdinez, con domicilio en San Martín 954 de Capital Federal, que es el domicilio laboral de la actora (fs. 177/178, art. 386 del CPCCN).

El testigo Siciliano -propuesto por la demandada Grosso- dijo que conoce a la codemandada Grosso porque fue contratado por Portofem para hacer una reparación en el local de ropa, que el servicio de Internet figuraba a nombre de la codemandada Urdinez, que era de ella el servicio, que el dicente empezó a trabajar en el 2001 en el local de San Martín al 900 de la galería Larreta, que era de la codemandada Grosso y que afuera decía Portofem, que conoció personalmente a la actora cuando fue a hacer las reparaciones allí, que eso fue en el 2006, que tiene entendido que la actora era vendedora y cajera, que a veces estaba Grosso que era otra vendedora que trabajaba ahí, que la actora era cajera vendedora porque primero la ha visto y ha interrumpido la conversación cuando le explicaba cual era el problema cuando entraba el cliente, lo mismo que Grosso que llamaban a Mar del Plata para autorizar el cobro del trabajo del testigo, que la que llamaba era la Sra. Grosso, que Lidia Urdinez figuraba en el servicio de Internet del local, que le consta eso por la factura de Fibertel que le dieron al dicente para llamar y hacer el reclamo porque justamente tenían un problema con Internet (fs. 212/213).

Si bien Fernández no aporta demasiadas precisiones, manifestó que conoce a la reclamante del local de la calle San Martín, que la vio en el negocio como vendedora del local, que Grosso recibía órdenes de Urdinez supone que la otra chica (la actora) también, que concurrió al local de la calle San Martín al 900 donde trabajaba la Sra. Alicia (actora) y la Sra. Grosso unas tres o cuatro veces, que concurría a la tarde o al mediodía (fs. 214/216).

Romero expresó que conoce a la actora desde el año 2005 porque él la tomó, que la reclamante hacía tareas de vendedora en la galería Larreta, que no recuerda el horario de trabajo, que trabajaba de lunes a sábado, que lo sabe porque trabajaba con el dicente, que el testigo era franquiciado y trabajaba de cero a 24 hs., que no recuerda cuánto cobraba la actora, que trabajó para él hasta septiembre u octubre de 2005, que conoce a la Sra. Grosso que cuando el dicente terminó la franquicia le hizo cesión del alquiler del local a ella, que lo hizo porque la Sra. Urdinez le indicó al dicente que quede ese local abierto y que se iba a hacer una cesión Grosso, que la relación existente entre Urdinez y Qenko SRL entiende que era una sociedad comercial con el nombre de Portofem, que desconoce la relación entre Grosso y Urdinez (fs. 358/359).

Por todo ello, concluyo que es acertada la decisión de grado que responsabiliza a la sociedad y a las personas físicas demandadas atento que todas ellas han utilizado los servicios de la accionante que fueron prestados en el marco de un contrato laboral único (art. 26 LCT). La Sra. Juez señaló que Urdinez también resulta responsable solidaria con fundamento en lo dispuesto por los arts. 59 y 157 de la ley 19550, aun si se prescindiese de su carácter de empleadora, pues en el caso está acreditado tanto su carácter de gerente de la sociedad demandada como el deficiente registro del vínculo.

Por todo lo expuesto, entiendo ajustada a derecho tanto la condena solidaria dispuesta por la Sra. Juez en la instancia previa, como la conclusión referida a que el despido indirecto en que se colocó la accionante resultó justificado (arts. 62, 63, 242 245 LCT). En consecuencia, propicio confirmar la sentencia apelada también en estos puntos.

Auspicio imponer las costas, por ambas instancias, a las demandadas, vencidas (art. 68 del C.P.C.C.N.).

En atención al monto de condena, al mérito e importancia de las tareas realizadas por los profesionales intervinientes y lo dispuesto por el art. 38 de la ley 21.839, arts. 6,7,8,9,15,17,19,37,39 y concs. de la ley 21.839 y demás leyes arancelarias vigentes, los honorarios regulados en la instancia anterior resultan adecuados por lo que propicio confirmarlos.

Asimismo, auspicio regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 409 vta., fs. 414 y fs. 416, por las labores realizadas en la alzada, en 25% para cada uno de ellos, de lo que -en definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior, con más el impuesto al valor agregado.

Al respecto, esta Sala ha decidido en la sentencia Nº 65.569 del 27 de septiembre de 1993 en autos "Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidente - ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto, grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación" (C. 181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

De prosperar mi voto propiciaré: I.- Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fuera materia de recursos y agravios. II.- Imponer las costas, de ambas instancias, a las demandadas vencidas. III.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 409 vta., fs. 414 y fs. 416 en 25% para cada uno de ellos, de lo que -en definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior, con más el impuesto al valor agregado.

El doctor Guibourg dijo:

Que adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fuera materia de recursos y agravios. II.- Imponer las costas, de ambas instancias, a las demandadas vencidas. III.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 409 vta., fs. 414 y fs. 416 en 25% para cada uno de ellos, de lo que -en definitiva- les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior, con más el impuesto al valor agregado.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Ricardo A. GuibourgElsa Porta Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: Leonardo G. Bloise IM Secretario