marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Denegatoria del recurso, sobreseimiento, nulidad procesal, requisa personal, requisa del automotor, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Sandoval Subiabre, Luis y Torres Quijanes, Pedro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-08

Corresponde rechazar el recurso interpuesto contra la resolución que declaró la nulidad del procedimiento y el sobreseimiento de los imputados toda vez que analizadas las circunstancias del caso y la fundamentación brindada por la Cámara a quo para declarar la nulidad del procedimiento inicial y los actos consecuentes, podemos afirmar que la actividad policial no resultó acorde a las normas procesales por cuanto no se encontró debidamente justificada en una sospecha fundada de conformidad con los requisitos exigidos por el artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación. La requisa practicada en ausencia de orden judicial resultó ilegítima por cuanto no existieron circunstancias previas ni concomitantes que razonable y objetivamente permitieran justificar aquella medida. Es que la presencia de un vehículo automotor, con dos ocupantes, ubicado a la vera de un río, en horas de la noche, no necesariamente resultan circunstancias que justifiquen una requisa. En el caso, los agentes de policía no dieron una explicación suficiente que fundamente cuál fue la conducta de los imputados que los llevó al estado de sospecha requerido por la norma.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: DIAZ, LEONARDO DANIEL c/ ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA s/ ACCIDENTE EN EL AMBITO MILITAR Y F. SEGURIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

De los testimonios se puede inferir que no ha quedado demostrado que el daño sufrido por el actor en su rodilla se haya originado precisamente durante el servicio militar y si a consecuencia de ello fue atendido o no en la enfermería del mismo, máxime si se tiene en cuenta que "las calificaciones que realizan los testigos no tienen carácter normativo ... Son los jueces quienes en base a la realidad demostrada la valoran a través de las normas" (vid. Cossio, Carlos, "La Teoría Egológica del Derecho y el Concepto Jurídico de la Libertad", en su capítulo de introducción, esp. pág. 60 y sgtes., ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1964; Idem, Ross, Alf, "Sobre el Derecho y la Justicia", p. 133, ed. Eudeba, Bs. As. 1974).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: D'Alessio, Genaro c/ E.S.E.B.A. S.A. y D.E.B.A. s/ Enfermedad por trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

No es atendible el agravio que impugna la actualización del importe del salario mínimo vital y móvil establecido por la Resolución 7/89 del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil dispuesta en el fallo objetado si el tribunal del trabajo atendió al planteo de inconstitucionalidad que integró la litis y resolvió la cuestión de conformidad a la doctrina legal de la Suprema Corte establecida en caso similar.
Medidas cautelares, impuestos, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Massalin Particulares  S.A. c/ Dirección General Impositiva. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

El régimen de medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, partidos políticos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Unión  Cívica  Radical  -Inc.  Med c/ E.N. -M° Economía- Resol125/08 Dtos 2752/91 2275/94 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-17

Los partidos políticos, por su esencia articuladora contribuyen con la voluntad formadora de la voluntad estatal, debido a ello es que la Constitución Nacional garantiza su libre funcionamiento, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos en cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. Esta razón justifica -también- que tal disposición constitucional les imponga el deber de formar dirigentes y dar a publicidad el origen y destino de sus fondos y patrimonios. De ello surgen -de acuerdo a las regulaciones vigentes- quienes gobiernan, es decir, aquellos ciudadanos que investidos de autoridad por la C.N. y por las leyes desempeñan las funciones que son la razón de ser del estado (Fallos: 310:819) (cons.VII).
Daños y perjuicios, seguros, derechos del asegurado, obligaciones del asegurador
Materia: CIVIL
Carátula: GARANTIA CIA.DE SEGUROS c/ AUTOPARK S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

Con arreglo a lo dispuesto por el art. 80 de la ley de seguros 17.418, no resulta dudoso que los derechos que corresponden al asegurado contra el tercero responsable del daño se transfieren al asegurador. Consecuentemente si tal derecho concernía a la reparación de un daño, al momento del pago de la indemnización, el asegurador pasa a ser titular del derecho por vía de transferencia, con lo cual la acción destinada a resarcir los daños ha de incluir el reajuste por desvalorización monetaria desde esa misma oportunidad. A la misma conclusión se llega si se tiene en cuenta lo dispuesto en el Código Civil en materia de subrogación, ya que la aseguradora goza de todos los derechos del antiguo acreedor (art. 771) hasta la concurrencia de la suma desembolsada realmente para la liberación del deudor (art. 771, inc. 1), con más sus accesorios, pero solamente desde la fecha de pago.
Permiso de obra, suspensión de obra pública, cómputo del plazo, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: TGLT S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación Civil y Vecinal SOS Caballito por una Mejor Calidad de Vida c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-04

La interpretación que realizó la Cámara respecto de que el plazo de 6 meses a cuyo vencimiento el art. 2.1.5.2 del Código de Edificación manda a la Administración declarar paralizada una obra, comenzaba a correr a partir de que era otorgado el permiso de obra, no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las constancias de la causa, toda vez que contrapone dos institutos regulados en el CE: la paralización de la obra (art. 2.1.5.2) y la caducidad del permiso (art. 3.1.1.7), privando de efectos al segundo. Voto del juez Luis Francisco Lozano.
Emergencia económica, juicio ejecutivo, suspensión de la ejecución, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: AGUAS ARGENTINAS S.A. c/ MAXIMO GAROFOLI s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-11

Dado que la suspensión establecida por el art. 16 de la ley 25.563 refiere al procedimiento de liquidación de bienes, resulta prematura la paralización dispuesta en una etapa anterior.
Aplicación de la ley, medidas cautelares, conflicto intersindical, acción de amparo
Materia: CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Barrera, Claudia Karina y otro c/ Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros de la Patagonia Argentina s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-11

Corresponde revocar la declaración de incompetencia del Juzgado Laboral local para entender en la presente acción de amparo incoada con el objeto de hacer cesar las prácticas antisindicales en las que habría incurrido el sindicato demandado, por cuanto el caso de autos tiene un matiz especial que le otorga relevante gravedad, cuál es que no se trata de la sola expulsión de un afiliado, supuesto que debería canalizarse por la vía indicada en el art. 59 de la ley 23.551 (conforme lo ha resuelto la Sala I de esta Cámara de Apelaciones en el precedente que cita el a quo), sino que previo a ello se ha privado a ese afiliado del cargo de representación sindical que tenía en la comisión directiva del sindicato, para el cual había sido electo por el voto de los afiliados, circunstancia que compromete el principio de democracia sindical, por lo que debe revocarse el resolutorio apelado, y darse curso a la acción interpuesta por la vía del art. 47 de la ley 23.551. (Del voto del Dr. MEDORI, en mayoría).
Obras sociales, cobertura médica, internación, firma, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DEPETRIS, JOSE MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 292-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-29

Habiendo aceptado el actor la existencia del hecho mismo de la internación (y ulterior atención médica), la discusión quedó vinculada a probar si se le había suministrado tratamiento, análisis y medicamentos con la extensión o medida pretendida por la demandada, si ello podía dar origen a una obligación distinta a la cubierta por el pago de las cuotas ordinarias, y si mediante esa asistencia, aún subsistía el crédito a la hora de abandonar la clínica. En ese sentido resulta insuficiente la probanza arrimada por el médico sorteado, quien al admitir que no existen "reglas fijas" respecto al tiempo de internación, monto, volumen o cantidad de visitas médicas, transfusiones y medicamentación, pone en evidencia el carácter de probable o conjetural de los extremos sostenidos por el IAPOS, lo que sumado a la negativa del asistido y a la falta de documentación necesaria para sustentar la pretensión de cobro al afiliado -firma de conformidad en la planilla única de internación y el detalle de medicamentos- hacen procedente el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción intentado.
Recurso extraordinario, entidades financieras, quiebra, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente, recurso de revocatoria (administrativo), defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Banco Integrado Departamental -quiebra- s/ queja por denegación del recurso de  inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02

Corresponde rechazar los agravios que fueron deducidos al interponer el incidente de reposición y recibieron adecuado tratamiento por los tribunales de la causa en todas las instancias, si en el remedio federal no se expone razonadamente por qué habrían podido tener eficacia en la oportunidad del traslado omitido y no en el curso del procedimiento legalmente apto para desvirtuar la existencia de los presupuestos de la declaración de falencia (Voto del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Derecho comercial, Derecho civil, seguros, contratos de consumo, prescripción, prescripción trienal
Materia: COMERCIAL
Carátula: M. D. E. c/ DE S. S.A. s/ sumario cumplimiento de contrato daños y perjuicios c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-15

Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible (Art. 58 Ley 17418). Ahora, dado que el contrato de seguro es un contrato de consumo deviene aplicable la tutela especial de los derechos del consumidor que gozan de jerarquía constitucional y son además de orden público. Corresponde aplicar el plazo de prescripción previsto por la ley 24240 y sus modificatorias en el Art. 50 LDC, esto es, tres años, por ser el más beneficioso para el consumidor. Ergo, la acción para reclamar por el incumplimiento contractual de la actora y daños y perjuicios está prescripta.
Remuneración, reducción salarial
Materia: PROCESAL
Carátula: Cohen,  Leandro José c/ Pistrelli Henry Martín y Asociados S.R.L. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-21

Las normas laborales son de orden público, vale decir que son inderogables e indisponibles por las partes y por ello un acuerdo de rebaja salarial pactado entre trabajador y empleador - sin intervención de la autoridad administrativa o judicial carece de toda eficacia y la supuesta conformidad del actor no tiene la relevancia que aquélla pretende acordarles, ya que el diferente poder negocial existente entre las partes lleva a concluir que ello no constituye más que una imposición unilateral del empleador. En el caso, el acuerdo de rebaja salarial invocado por la demandada es nulo, pues el trabajador no es partícipe de las ganancias y tampoco de las pérdidas de la empresa y además, resulta relevante que el accinante no sólo siguió poniendo su fuerza laboral a disposición de la empleadora, sino que continuó realizando las mismas tareas, por lo que la modificación salarial impuesta por la accionada no resulta admisible a la luz de los dispuesto por el art. 12 de la LCT. (Del voto de la Dra. Porta).
Expropiación irregular, indemnización expropiatoria, valor venal, obras públicas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SILVESTRE CARLOS ALBERTO c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - EXPROPIACION INVERSA O IRREGULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-17

La condena por disminución del valor venal del inmueble debido al retiro obligatorio que ha derivado de las disposiciones comunales como consecuencia de la obra pública, no tiene exacta correlación, con las restricciones y límites al dominio. Estas determinan los límites normales del dominio, porque lo acompañan; son condiciones generales del ejercicio normal del derecho, a diferencia de las servidumbres que importan limitaciones excepcionales, que recaen exclusivamente sobre determinados dominios. Aquí se produce el demérito al dominio en particular, por caída de su valor venal, en virtud de una prohibición o veda al ejercicio pleno del derecho de propiedad, por causa de la obra pública.

El beneficio común que se derive de la obra pública no puede obtenerse a costa del patrimonio de los particulares, por lo que los perjuicios ocasionados por la obra pública deben ser indemnizados.

Debe admitirse la indemnización, limitada a lo estrictamente concreto del daño, representado por la disminución venal del bien, compensable en el futuro, si el expropiante decide la desposesión o el propietario demanda la expropiación irregular, pues el supuesto del retiro obligatorio por parquización (Ordenanza 34.776/79) encuadra en el art. 51 inc. b ley 21.499, siendo suficiente la declaración de utilidad pública de la ley 1583.

Al perjudicado por la obra pública le caben dos vías, una legislada y otra que nace de los principios generales expuesto, o sea, el de la expropiación irregular, que en otros casos se ha admitido.
Hurto impropio, hurto simple, automotor en vía pública, compraventa de automotores, transferencia del automotor, inscripción registral
Materia: PENAL
Carátula: D'OTTAVIO, MIGUEL s/ DEFRAUDACION - APODERAMIENTO VEHICULO PROPIO - HURTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-07-16

El proceder del acusado, que luego de concretar con el denunciante la venta del vehículo de su propiedad, y ya en poder la unidad del comprador y verlo en la calle, se apoderó del vehículo, no configura el delito de hurto, sino el de defraudación del art. 173 inc. 5 C.

Penal, toda vez que la cosa apropiada no revestía para él el carácter de ajena, exigencia del tipo legal contenido en el art. 162 del C. Penal.

Es que conforme lo establece el art. 1 del Decreto-Ley 6582/58, ratificado por Ley 14.467, la transmisión del dominio de los automotores formalizada, sea por instrumento público o privado, debe necesariamente inscribirse en el registro que la citada norma legal creara y recién una vez cumplida dicha exigencia, aquella transferencia de dominio se perfecciona y surte sus efectos no sólo respecto de terceros, sino entre las partes contratantes.
Cláusulas del contrato, cuestiones de hecho y prueba, recurso de casación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pascual, Francisco Alberto c/ Servicios Eléctricos Sanjuaninos s/ Apelación de Sentencia-Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-04-20

Interpretar cláusulas contractuales o convencionales implica interpretar voluntades individuales, lo que constituye una cuestión de hecho, e impide en consecuencia la labor casatoria de la Corte, debiendo en tal sentido tenerse presente la limitación consagrada en el artículo 17 de la ley 2275, que obliga al Tribunal a resolver -cuando ejerce la función casatoria- "con sujeción a los hechos fijados por el Tribunal a-quo".
Poder Judicial, revisión judicial de actos administrativos, Administración Pública, facultades discrecionales, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Orías, Raúl c/ Universidad Nacional de Río Cuarto. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-03

El Poder Judicial, al comprobar la existencia del vicio de un acto dictado en ejercicio de facultades discrecionales, debe limitarse a su declaración, sin obligar a la administración a hacer algo que la ley no manda, sustituyendo su criterio de conveniencia o eficacia por el de los jueces, violando así el principio de división de los poderes del Estado.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, homicidio en ocasión de robo
Materia: PENAL
Carátula: Moreira, Carlos E. s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-20

En la figura del homicidio en ocasión de robo no debe contemplarse las agravantes genéricas de modalidad y peligrosidad, en tanto se hallan ya previstas en el tipo, como figura agravada -específicamente- del delito contra la propiedad.
Abogados, ejercicio profesional, Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, potestad disciplinaria
Materia: FILOSOFIA-ADMINISTRATIVO
Carátula: R., P. A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Reconstrucción de la causa. Sanción  impuesta por el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados (Expte.   CSJ Nº 684-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-20

Corresponde a la naturaleza de todo Derecho profesional que los deberes profesionales de los miembros del estamento no puedan ser descriptos de manera exhaustiva en concretos supuestos de hecho, sino que sean resumidos en una cláusula general, la cual estimula a los miembros de la profesión a un escrupuloso ejercicio profesional y a una conducta digna de confianza dentro y fuera de la profesión, pero deja, sin embargo, a la práctica de vigilancia de los órganos colegiales y a la jurisprudencia de los tribunales profesionales la determinación más concreta de cada uno de los deberes que de ello se derivan.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, bien jurídico protegido
Materia: PROCESAL
Carátula: L., Y. I. c/ D. L. SRL s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-04

A las partes les es dado impugnar por la vía de la apelación el pronunciamiento del "a quo", pero siempre que él les provoque un perjuicio cierto y concreto. Es presupuesto subjetivo del recurso de apelación que quien lo interponga sufra un agravio, entendiéndose por tal la insatisfacción de cualquiera de sus pretensiones u oposiciones, esto es la diferencia perjudicial para el apelante entre lo que peticionara y lo declarado en la resolución judicial cuestionada.

De allí se sigue que el agravio no se configura y por lo tanto carece el apelante de interés para recurrir cuando se ha obtenido la plena satisfacción del planteo formulado. No se concibe que exponga quejas contra un decisorio que le es favorable, que en la parte dispositiva no incluye el ítem a cuyo pago se opusiera la demandada.

Desaparece así el interés jurídico tutelable para criticar el fallo, allende la fundamentación del mismo, porque la existencia o inexistencia de interés cimiento del recurso ha de surgir del confronte entre, de un lado, la pretensión deducida o la oposición a ella y, del otro la porción dispositiva del decisorio.
Falta de acción, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Orlando, Elvecia y otro c/ Tirachio, Juan s/ Indemnización por muerte, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07

Debe descalificarse el fallo que hace lugar a la excepción sine actione agit como previa si, en atención a los términos en que fue deducida la defensa, su resolución sólo pudo tener cabida después de la apertura y rendición de la prueba y con el dictado de la sentencia definitiva.
Emergencia económica, pesificación, intervención de terceros, pretensión, Estado Nacional
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: AIME,  ANIBAL  RAUL c/ HSBC BANK ARGENTINA SA s/ ORD. S/ INC. DEAPEL. ART. 250 CPCC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-23

Procede la pretensión de un codefendido de que se cite al Estado Nacional en los términos del CPCCN art. 94 y con el alcance previsto por el CPCCN art. 96 cuando, -como en el caso-, surge que dicho coaccionado manifestó que si fuera condenado a pagar alguna diferencia por la pesificación de los depósitos, quien pretende hacer citar seria responsable de los perjuicios que habría ocasionado por dicha pesificación. Ello pues, mediante la citación prevista por el CPCCN art. 94 se intenta evitar que el citado pueda alegar en el futuro, en una eventual acción de regreso que pudiera deducirse en su contra, que hubo defensa negligente, o que la demanda debió ser rechazada (arg. CPCCN art. 96; ver en este sentido, entre otros, Cncom C, 28.5.84, "Teran"; Cncom a, 7.3.86, "Peterson"; Cncom E, 15.9.88, "Zielli"; esta sala, 10.11.92, "Exportelisa SA"). Y en tanto en la especie debería discutirse la legitimidad de la pesificación, cabe citar al Estado Nacional -en tanto emisor de las normas legales que impusieron dicha pesificación- a efectos de que sea oído en el juicio.
Concursos, fuero de atracción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aquino, Osvaldo c/ Agosteguis, Néstor Oscar s/ Cobor ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Si se ha decretado con fecha 19-3-97 la quiebra del aquí demandado, cobra plena vigencia el fuero de atracción previsto por el ordenamiento falencial, en virtud del cual -entre otros efectos- se opera la suspensión de todas las acciones de contenido patrimonial contra el fallido (art. 132 ley 24.522). (Minoría u opinión personal)
AFJP, personas jurídicas, persona humana, aportes de empleados, régimen de capitalización, aportes previsionales, cuenta de capitalización individual, sistema integrado previsional argentino, derecho de propiedad, depósito voluntario, acción de amparo, Seguridad social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Goñi, Cristino Javier c/ Estado Nacional y otros s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-11

Los fondos de las cuentas individuales de capitalización hállanse formados por los aportes efectuados por cada uno de sus titulares; por la rentas que, merced a las colocaciones realizadas por la A.F.J.P. pertinente pudieran haberlos incrementado; por los aportes voluntarios que eventualmente pudiera haber efectuado el titular; y por las sumas derivadas de los aportes provenientes de convenciones que el titular hubiese efectuado con cualquier persona física o jurídica para que éstas depositaran en su cuenta de capitalización sumas determinadas de dinero. La sumatoria de todos estos rubros constituye el fondo del cual el titular de cada cuenta es propietario, el que ha de serle entregado en razón de haber desaparecido el régimen previsional al cual había adherido. (Del voto del Dr. Laclau).