Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-16


NEUQUEN, 16 de diciembre de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "LONAC NELIDA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO S/ ESCRITURACION" (Exp. Nº 459084/2011) venidos en apelación del Juzgado Civil N° CUATRO a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y CONSIDERANDO:

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

I.- Los presentes vienen a esta Sala a efectos de tratar el recurso arancelario incoado a fs. 328/330 por la Fiscalía de Estado, contra la totalidad de los montos fijados en el auto regulatorio de fojas 326, por elevados.

El agravio del recurrente consiste en que no se verifica en autos que los letrados de la Municipalidad de Centenario hubiesen tenido activa y debida participación. Aclara que considera tener suficiente legitimación para efectuar su recurso. Agrega que la resolución le causa un evidente gravamen irreparable al Municipio, al regular honorarios tan exorbitantes y desproporcionados a los letrados intervinientes cuyo pago le sería reclamado. Por ello dichos montos pueden llegar a afectar el normal desenvolvimiento del Estado Municipal.

II.- Ingresando al análisis de las cuestiones planteadas, entiendo que resulta procedente el recurso de la Fiscalía de Estado.

En forma preliminar es necesario resaltar la conducta procesal de la demandada y sus letrados. Es que la Municipalidad no compareció a tomar intervención luego de la comunicación de la renuncia de su representante (fs. 317/318), como tampoco impugnó la estimación de fs. 316 y vta. ni recurrió la regulación efectuada en la resolución de fs. 326, lo cual tampoco hizo su apoderada conforme el art. 53 inc. 2, del C.P.C. y C.

Luego, en punto al recurso de fs. 328/330 vta. la legitimación de la Fiscalía de Estado para recurrir surge del artículo 252 de la Constitución Provincial y de la ley 1575 (cfr. TSJ en autos "Centro de Residentes de la Provincia de Santa Fe `Brig. Gral. Estanislao López´c/ Municipalidad de Neuquén s/ Escrituración", Exp. N°025, F°128, año 1984, R.I. N°255/85 del Registro de la Secretaría de Demandas Originarias y Recursos Extraordinarios; "PETROLERA PIEDRA DEL ÁGUILA S.A. C/ CURRUHUINCA VICTORINO Y OTROS S/ ACCIÓN DE AMPARO S/ INCIDENTE MEDIDA CAUTELAR S/ INCIDENTE DE APELACIÓN", Exp. N° 35 - año 2011, Ac. N° 65/11, de la Sala Civil).

En la sentencia de primera instancia se difirieron las regulaciones de honorarios para cuando se determinara el valor del inmueble, conforme el art. 24 de la ley 1594 (fs. 275 vta.). A fs. 316 y vta. los letrados de la demandada estimaron dicho valor en la suma de $ 28.400.000 y en base a ello se regularon los honorarios, a fs. 326.

Al fundar la apelación, la recurrente se queja porque entiende que no se consideró que se trata de un juicio de trámite sumario no complejo y que la decisión se aparta del criterio establecido por el Tribunal Superior de Justicia en los precedentes que cita.

Al respecto, entiendo que le asiste razón teniendo en cuenta la doctrina de nuestro Tribunal, las pautas establecidas en el artículo 6 de la ley 1594 y lo establecido en el art. 1627 del Código Civil.

En autos "SHOPPING NEUQUEN S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA", RI 341/10 de la Secretaria de Demandas Originarias, el Tribunal Superior de Justicia sostuvo: "En este sentido, tal como se expidiera este Tribunal en el antecedente "Gómez Saavedra" (R.I. 7129/09), cabe precisar que el caso exhibe una significación patrimonial de excepción que demanda un esfuerzo valorativo por parte del juzgador a fin de no afectar garantías constitucionales." "Es que en casos como el presente, donde la base regulatoria asciende a la suma de $ 121.876.577,35, no puede considerarse constitucionalmente satisfecha la exigencia de una "retribución justa" con la estricta aplicación de las fórmulas aritméticas previstas en las leyes arancelarias." "La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que "la justa retribución que reconoce la Carta Magna a favor de los acreedores debe ser, por un lado conciliada con la garantía -en igual grado- que asiste a los deudores de no ser privados ilegítimamente de su propiedad al verse obligados a afrontar -con sus patrimonios- honorarios exorbitantes, además de que no puede ser invocada para legitimar una solución que represente un lucro absolutamente irracional, desnaturalizando el principio rector sentado por la Constitución Nacional para la tutela de las garantías reconocidas (Art. 28)." (Fallos 320:495)." "En la tarea regulatoria, el juez no sólo debe basar su estimación en el monto del juicio -que deviene en el aspecto objetivo de la labor- sino que debe ponderar otras pautas generales como la naturaleza y complejidad del asunto, resultado obtenido, mérito de la labor, calidad, eficacia y extensión del trabajo, escalas arancelarias, etc. (art. 6 LA), todos ellos elementos que deben ser apreciados libremente por el juzgador y que constituyen una guía pertinente para llegar a una retribución justa y razonable (Fallos 257:142, 296:126, 302:534, 320:495 entre otros)." "La validez constitucional de las regulaciones no depende en forma exclusiva de la aplicación estricta de la escala arancelaria sobre el monto del proceso, sino de todo un conjunto de pautas, previstas en el régimen arancelario citado, que pueden ser evaluadas por los jueces, en las situaciones extremas, con un razonable margen de discrecionalidad." "Una estricta aplicación de la escala arancelaria, sin la ponderación de las circunstancias excepcionales del caso, puede acarrear la imposición de honorarios profesionales desmedidos que, en última instancia, desalentarán a los litigantes a buscar soluciones a sus conflictos en sede judicial y devendrían en un incumplimiento de lo pactado en el orden internacional, con la correlativa responsabilidad que ello implica." "Como conclusión, resta decir que la clave está dada por la correcta ponderación de las circunstancias del caso y la actuación del profesional. Para ello, el juez cuenta con parámetros reales y eficaces de aplicación, permitiendo morigerar los casos extremos para adecuarlos a criterios de razonabilidad y justicia (R.I. Nº 4.989/05)." "Sobre estas pautas, teniendo en cuenta el monto del proceso, la importancia, complejidad, novedad y eficacia de las tareas realizadas por los distintos profesionales y las etapas cumplidas, habrán de regularse los honorarios pretendidos." "A tal efecto se han de conjugar las características de cada caso, la calidad y eficacia de los trabajos realizados, la complejidad de los puntos a dictaminar, las etapas procesales cumplidas y el monto del pleito. Tales pautas nos permiten arribar a una retribución justa y razonable." Entiendo que en el presente resulta determinante, para la razonabilidad de la regulación de honorarios, la consideración de la naturaleza y complejidad del asunto o proceso y la labor realizada (art. 6 ley 1594). Repárese que en la sentencia de primera instancia se expresó que no hay controversia respecto a la pretensión, que la contestación de la demanda importaba un allanamiento al derecho alegado y que lo que controvertían las partes era quién debía cargar las costas (fs. 272) y en la de esta Alzada se destacó que no se encontraba discutido el derecho de los actores a la escrituración del lote (fs. 308). A esto debe agregarse que la única prueba producida, además de la agregación de la documental, consistió en un informe de dominio (conforme certificación de fs. 233 y vta.), así como señalar que la adjudicación de la tierra se efectuó a un valor simbólico de $ 56,80 (Decreto Municipal N° 672/96, fs. 142) y deben considerarse esta pautas porque "La validez constitucional de las regulaciones no depende en forma exclusiva de la aplicación estricta de la escala arancelaria sobre el monto del proceso" (RI 341/10).

Es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: "La validez de las regulaciones no depende exclusivamente del monto del juicio y de la escala que contemplan los aranceles profesionales, no correspondiendo sujetarse a éste en forma estricta y atender al resultado y a su proporción con los trabajos realizados cuando, de lo contrario, resultarían emolumentos desproporcionados con la índole y extensión de la labor profesional", (FALLOS 328:2725, del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema).

Además, la Corte Interamericana de Justicia ha observado que: "[.] existen normas internas en la Argentina que ordenan liquidar y pagar por concepto de tasa de justicia y de honorarios de abogados y peritos sumas exorbitantes, que van mucho más allá de los límites que corresponderían al cubrimiento razonable de los costos y costas generados por la administración de justicia y a la equitativa remuneración de un trabajo profesional calificado. Por otra parte, también existen disposiciones que facultan a los jueces para reducir el cálculo de la tasa y de los honorarios aludidos a límites que los hagan razonables y equitativos [.]", y que corresponde fijar en un monto razonable los honorarios regulados (Caso Cantos Vs. Argentina, Sentencia de 28 de noviembre de 2002, Fondo, Reparaciones y Costas).

En base a ello entiendo que resulta procedente la apelación y debe efectuarse una nueva regulación de honorarios reduciéndolos a la suma de $ 800.000, para el letrado patrocinante de la parte actora y a la suma de $ 320.000, para el apoderado de esa misma parte (arts. 6, 7, 10 y cctes., de la ley 1594) y por aplicación del art. 2 de la ley 1594 no corresponde regular los honorarios de las letradas de la Municipalidad demandada (cfr. TSJ Ac. N° 1574/09).

Tal mi voto.

La Dra. Cecilia Pamphile dijo:

Adhiero al voto del Dr. Pascuarelli. Como mi colega señala, el TSJ ha indicado que cuando se trata de tierras fiscales "la base regulatoria de los honorarios profesionales no puede determinarse razonablemente conforme valores de mercado.

Dichas tierras no están destinadas a generar una renta o especulación comercial y rigen respecto de ellas una serie de limitaciones al dominio condignas con la función social que persigue el régimen aplicable. ." (cfr. ACUERDO N° 26/14).

En igual sentido señaló: ".Tales extremos, determinan que, en este caso, el valor real de las mismas no puede ser el valor de mercado que podrían tener dichos inmuebles luego de la subdivisión y urbanización.

Por lo tanto, la valuación que de los mismos se haga debe representar el valor que -razonablemente- pudieran tener las fracciones de tierra involucradas, ponderadas a la luz de las circunstancias puestas de manifiesto en los párrafos precedentes.

A tal efecto, debe considerarse que la Municipalidad vendió -y pretendía recuperar- terrenos fiscales y, como consecuencia de ello, no corresponde la aplicación directa de lo establecido en el art. 24 de la ley arancelaria.

Desde esta premisa, la previsión puesta en dicha norma debe interpretarse dirigida a operaciones de inmuebles comerciales, respecto de los cuales, tomar como base regulatoria su valor fiscal representaría una lesión al derecho a una retribución justa.

Asimismo, desde esta perspectiva, si se admite que considerar el valor fiscal para tierras comerciales es injusto, también ha de aceptarse que, tomar el valor comercial cuando de tierras fiscales se trata, también lo es, pues se vulneraría el derecho de propiedad del obligado al pago de los emolumentos." (cfr. ACUERDO N° 77/12).

Por estos motivos, en línea coincidente con la propuesta del Dr. Pascuarelli, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de apelación, adhiriendo a su voto.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1.- Reducir los honorarios regulados en la resolución de fojas 326 a las siguientes sumas: para el Dr. ..., patrocinante de la actora, de PESOS ... ($...); para el Dr. ..., apoderado de dicha parte, PESOS ... ($...)(arts. 6, 7, 10 y cctes. de la Ley N° 1594) y por aplicación del art. 2 de dicha norma no corresponde regular los honorarios de las letradas de la Municipalidad demandada (cfr. TSJ Ac. N° 1574/09).

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Mónica MORALEJO - SECRETARIA.