marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Arresto domiciliario, prueba pericial, pericia médica, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/ incidente de prisión domiciliaria c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-30

Corresponde revocar el arresto domiciliario dispuesto en favor del condenado, habida cuenta que en el caso resulta pertinente lo resuelto por el tribunal en el precedente "Bergés, Jorge Antonio s/ recurso de casación", resuelta el 26/04/2016, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse en razón de brevedad.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: ARGUELLES, JOSE REMIGIO c/ CUNNIGTON  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-26

Si bien la existencia de remuneración es determinante para calificar una relación laboral como subordinada o no, no lo es su quantum, desde que el mismo puede variar según las modalidades de cada relación en particular y en base a las características de cada trabajador.
Mandato, obligaciones del mandatario, rendición de cuentas, bien de familia, afectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: ORTIZ DE MAGGI, Dominga c/ PEÑALVER, Cristina s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-15

La inscripción de un inmueble como bien de familia no resulta oponible al acreedor cuya pretensión tiene por objeto una rendición de cuentas que tiene su origen en el cumplimiento de la obligación establecida por el art. 1909 del Código Civil respecto de un contrato de mandato cuya fecha de celebración fue anterior a dicha inscripción.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fiel, Hugo Rubén c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Fiel, Hugo Rubén c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-09|1993-09-09

En materia de desvalorización de vehículo no obstante la antigüedad del mismo, acreditados que fueron previamente la naturaleza e importancia de los daños, mientras mantenga un valor de venta en el mercado (que se sobreentiende debe darse como el necesario para la adquisición del vehículo para su uso acorde a los fines para el que originariamente ha sido creado) existe desvalorización si ese valor con relación al mismo en el estado de la cosa inmediata anterior al hecho se ve disminuido con relación a otra unidad similar pero sin daños.
Culpabilidad, tentativa, dolo
Materia: PENAL
Carátula: M., M. s/ Tentativa de Homicidio Reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-29

La letra del art. 42 -"El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad..."- etc., prescinde de toda mención acerca del dolo que debe guiar la finalidad y el comienzo de ejecución punible como tentativa. Pero el art. 34 manda la impunidad del que no haya podido en el momento del hecho comprender la criminalidad del acto. Al revés, es punible el que, en el momento del hecho, pueda comprender la criminalidad del acto; y la comprensión de la criminalidad -el dolo- no se excluye con una comprensión que sólo advierta como probable un resultado delictivo: la comprensión de la criminalidad -para la tentativa, de un delito "determinado"- es francamente armónica con la eventualidad de daño al objeto del bien jurídico. En consecuencia, tanto se procura un delito determinado cuando el intelecto del autor capta y ejercita una relación de causalidad segura hacia el resultado como cuando reconoce una relación meramente eventual. En uno y en otro caso "sabe" que mata.
Juicio abreviado, sentencia absolutoria, graduación de la pena, facultades del juez, jurisprudencia aplicable
Materia: PROCESAL
Carátula: ESTADIO VELEZ SARSFIELD s/ s/infr. Arts. 96, 98, 99, 101 y 102 ley 1472-apelación 101 y 102 ley 1472-apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

"La admisión del hecho y la calificación dada en el requerimiento fiscal de elevación a juicio no impide la absolución del imputado en el marco de un proceso penal tramitado bajo las previsiones del juicio abreviado (art. 431 bis del CPPN), pues corresponde al Tribunal de juicio decidir si se cometió o no el delito y si procede o no la imposición de pena" (TOC N° 7, 27/02/01, "Verón, Ernesto y otros", publicada en L.L., 2001-C, pág. 593);
Daños y perjuicios, relación de causalidad, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Lezcano, Daniela c/ GCBA s/ Daños y perjuicios (excepto res. médica) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

No es jurídicamente posible afirmar que la relación causal resulte presumida en cualquier caso en que una parte atribuya el daño al hecho o a la cosa de otro, quedando aquélla eximida de probar ese nexo. (Del voto en disidencia del juez José Osvaldo Casás, al que adhiere la jueza Ana María Conde)
Acción de amparo, clausura preventiva, medidas cautelares, razonabilidad tributaria, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: PINZOWETCKI, JORGE s/ Acción de amparo Causa 32346
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

1- La clausura preventiva de comercios impuesta por la Secretaría de Industria y Comercio en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley de abastecimiento pero apuntando a supuestas infracciones tributarias (de competencia de la Dirección General Impositiva (D.G.I.)), son actos administrativos contrarios al principio de coherencia, controvierten una elemental equidad y son ilegítimos pues mediante el ritual de un plexo legal ajeno se pretende remediar falencias que el comercio pudiera presentar en relación a otra normativa cuya aplicación compete al órgano recaudador (1) (Del voto del Dr. Landaburu).- 2- Ante la presunta infracción, debió ser la D.G.I. la que instruyera el pertinente sumario conforme a las previsiones de la Ley 11683, dando todas las garantías de defensa y no hubiera llegado a una clausura preventiva arbitraria y apresurada, con el perjuicio consiguiente que ello acarrea (2) (Del voto del Dr. Landaburu).- 3- La aplicación simultánea de los regímenes contenidos en la Ley Penal Tributaria y la Ley de Abastecimiento podría dar lugar eventualmente a un doble juzgamiento sobre un mismo hecho, violatorio del principio "non bis in idem", de raigambre constitucional. (Del voto del Dr. Landaburu).- 4- El ejercicio de la facultad de clausurar preventivamente a locales comerciales por infracción a la Ley de Abastecimiento supone una cautela precautoria susceptible de adoptarse antes de ser escuchado o juzgado el presunto infractor y tiene consecuencias irreparables, por lo que debe rodearse a la misma de elementales resguardos de razonabilidad y prudencia, tanto más cuando se trata de una facultad que la ley delega indiscriminadamente en los funcionarios actuantes, comprendiendo de ese modo a inspectores que obran por delegación de los funcionarios de mayor responsabilidad.

(3) (Del voto del Dr. Oyuela).- 5- La vía del amparo es la única apta en el caso para evitar la lesión irreparable del derecho de rango constitucional sin perjuicio de lo cual no existe ningún obstáculo para que, en el caso de juzgárselo responsable de la infracción que se le imputa y habiéndoselo escuchado y dado oportunidad de probar sus posibles descargos, se le impongan las sanciones legales correspondientes, entre ellas y de resultar apropiada, la de clausura del comercio o local de que se trate, como pena (4). (Del voto del Dr. Oyuela).
Honorarios, regulación de honorarios, base
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO  COOPERATIVO  AGRARIO  EN  LIQUIDACION  POR  BANCO  CENTRAL EN: RAMONDELLI AMILCAR CONCURSO CIVIL PREVENTIVO s/ HONORARIOS - RECURSO DE REVISION -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-02-12

En el sistema del art. 57 De la ley 6052 lo mismo que en el régimen a del art. 27 del actual código arancelario toda regulación es considerada provisoria mientras no haya sido determinada con relación al monto definitivo del juicio, independientemente que esa base exista o no al momento del auto regulatorio.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, quiebra, liquidación, avenimiento, acuerdo preventivo, síndico del concurso, honorarios, regulación de honorarios, LEY DE CONCURSOS
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: XX s/ En la quiebra liquidativa, si los tres sueldos de secretario de   primera instancia de la jurisdicción en que tramita el concurso  preventivo como mínimo a los fines de regular honorarios implican un  monto superior al 12% del activo realizado ¿Cuál de las dos partes   se aplica? (-Tribunal pleno-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-05

Una interpretación armónica de los artículos 266 y 267 de la Ley de Concursos permite concluir que los tres sueldos de secretario regulados en el primero no operan como tope insuperable en materia regulación de honorarios en caso de quiebra liquidada o avenimiento.

En efecto, el artículo 266 -que refiere a la regulación en caso de acuerdo preventivo- toma como pauta regulatoria mínima el sueldo del Secretario (en este caso dos sueldos), pero con mayor precisión, establece que la regulación se hará en proporción no inferior al uno por ciento ni superior al cuatro por ciento, para recién luego sentar que no podrá ser inferior a dos sueldos del Secretario en primera instancia. De tal manera, no cabe sino entender que tanto en uno como en el otro caso la ley establece un piso mínimo o sostén, que es el monto de una cantidad de sueldos del Secretario del juzgado concursal, aplicable cuando, luego de realizados los cálculos sobre el activo (en uno el realizado -artículo 267- y en el otro el estimado prudencialmente por el juez -artículo 266-), el resultado arrojase un importe inferior a aquél monto. (Del Voto del Dr. Serralunga).
Contratos, precio, inflación
Materia: CIVIL
Carátula: ROMAGNOLI HNOS S.R.L. c/ SUCESORES DE ASENCIO GIGENA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-11-08

Las libertades que imperan para las contrataciones (art. 1197 C.C.), se hacen extensivas a las formas de pago o modalidades de cumplimiento pactadas. Si bien podría inferirse que el precio pactado era inferior al vigente en plaza a la fecha del acto, ello no permite descubrir una evidente desproporción, un precio arbitrario, chocante, que puede suponer un aprovechamiento en los términos de la ley, luego de haber descartado el requisito del elemento subjetivo. En todo caso, el elevado saldo de precio pagadero a los 180 días sin intereses, ni actualización podría hacer aplicable el art. 1198 C.C., esto es la nulidad por la lesión sobreviniente. Si el contrato se celebra en pleno proceso inflacionario, los jueces no pueden por va de la revisión judicial suplir la falta de previsión contractual de las partes y simultáneamente tampoco la variación de valores de las cosas, motivado ello por la propia inflación, quedaba excluido el análisis propio de la lesión sobreviniente. Lo fundamental es que se trata de hechos imprevisibles además de extraordinarios.

Imprevisibles en el sentido de que las partes ni siquiera vislumbraron la posibilidad de que efectivamente sucedieran tal como ocurrió con el golpe inflacionario denominado "Rodrigazo" y a la vez extraordinario en el sentido de que tuvo tal entidad que rompió definitivamente la noción mínima de equivalencia de contraprestaciones.
Honorarios, acción de despojo, base
Materia: PROCESAL
Carátula: PISTOIA NORIS c/ MONTOYA HECTOR Y OTRO s/ DESPOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-10

La interpretación cabal del art. 60 de la ley 7269, nos permite concluir que, en los casos en que se debatan cuestiones tendientes a obtener la restitución del bien del que fuera despojado una de las partes, se determinarán los honorarios de los abogados aplicando la escala del art. 34 sobre el valor de los bienes objeto del juicio.-
Universidades, autonomía universitaria
Materia: EDUCACION
Carátula: Barsanti, Agustina c/ UBA. (Universidad de Buenos Aires) Resolución 2314/95. s/ UNIVERSIDADES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

El art. 50 in fine de la ley 24.521, en cuanto dispone que en las universidades con más de cincuenta mil estudiantes el régimen de admisión, permanencia y promoción será definido a nivel de cada facultad o unidad académica equivalente, concreta una delegación en favor de un órgano dependiente de las universidades que es inconstitucional por cuanto limita sustancialmente una atribución que, por mandato del poder constituyente, corresponde a la universidad como centro unitario (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Contratos, compraventa, automotores, círculo cerrado, derechos de las partes, obligaciones de las partes, obligaciones del fiador, notificación, responsabilidad de la administradora del plan, responsabilidad de la concesionaria, responsabilidad del fabricante, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Mps Medicina Platense Solidaria SA c/ Fiat Auto Argentina SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-31

Y si bien la administradora del plan de ahorro es la principal responsable ante el incumplimiento del contrato, no obstante, corresponde extender la condena a la codemandada fabricante, con motivo de su estrecha vinculación funcional con la administradora. Ello se verifica de la solicitud de adhesión suscripta en donde aparecen estampadas las razones sociales de ambas empresas (así como recibos de pago y demás documentos). En esas condiciones, la empresa fabricante terminal queda obligada frente a los adjudicatarios de un modo directo, debiendo cumplir con las obligaciones que recaen sobre todo vendedor (ver CNCom, Sala C, in re, "Caputi, María Rosa c/ Maldonado Automotores SA y otros s/ ordinario" del 19/03/10).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, recurso de revisión (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ERNESTO FELIPE SHORT c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ CUESTION  FEDERAL - ABASTECIMIENTO - INTERPRETACION DE LA LEY - DAÑOS  Y  PERJUICIOS   -  PRESCRIPCION  -  RECURSO  DE  REVISION  -  RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

Si los agravios del recurrente contra la decisión apelada fueron objeto de tratamiento por el mismo tribunal al conocer y desestimar el recurso de revisión local, la resolución recaída en este último, es la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa a que se refiere el art. 14 de la ley 48.
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral, indemnización sustitutiva de preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: FIORENZO, NICOLAS c/ ELMA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-09-10

Se encuentren agotados o no los plazos de suspensión de la obligación de prestar trabajo, en el caso de accidentes o enfermedades no inculpables, no procede otorgar preaviso o abonarle la indemnización substitutiva al trabajador que perdiera la totalidad de la capacidad laborativa y a quien su estado físico le impide cumplir con la finalidad que persigue el instituto: buscar un nuevo empleo. (Conforme CNAT., Sala 6, sentencia 12881, 1 de septiembre de 1980, Russo, Orlando c/ Boward argentina).
Fianza, fiador, obligaciones accesorias, extinción de la fianza
Materia: CIVIL
Carátula: D., J. C. c/ EMPREDIMIENTOS BARILOCHE y Otros (CUMPL. CONTRATO Y COBRO PESOS) s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

Es importante destacar que en el mismo sentido, FRESNEDA, ESBORRAZ Y HERNADEZ, con sustento en el carácter de obligado accesorio que reviste el principal pagador, postulan la posibilidad de recurrir a las causas de extinción contempladas en el Título "De la fianza". Los planteos en esta dirección se han multiplicado en los últimos años (los ya citados Anaya - Trigo Represas; Nicolau), pero el que mayor esfuerzo ha dedicado al tema es LOPEZ de ZAVALIA, quien admite expresamente que el fiador principal pagador puede invocar todas las normas relativas a la extinción de la fianza tanto por vía de consecuencia, esto es, las concernientes a la novación (art. 2047), renuncia y remisión (art. 2049) y dación en pago (art. 2050), como también las causales reguladas en los artículo 2043/2046).
Abogados, honorarios, honorarios del abogado, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G.C.B.A. c/ Alcetegaray, Edgardo D s/ s/ Ejecución de multas - Regulación de honorarios - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

Si bien del artículo 8 de la Ley Nro. 21.839 (cfr. modif. Ley Nº 24.432) surge que: "... los honorarios de los abogados no podrán ser regulados en sumas inferiores a ...trescientos pesos ($ 300) en los procesos de ejecución...", lo cierto es que si tomamos en cuenta el monto total del proceso, que ascendió a una multa de Pesos Doscientos ($ 200) y la calidad y extensión de la labor desarrollada, resulta adecuado el monto de honorarios regulados en la suma de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150) en el caso de conformidad a lo previsto en el artículo 13 de la Ley Nro. 24.432 en cuanto prevé una regulación de menor monto cuando "la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta, lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción".
Procedimiento administrativo, interpretación de la ley, silencio de la administración, defensa en juicio, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: ANDRETTA, ATILIO AGUSTIN c/ A.N.Se.S s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

Cuando el art. 15 de la ley 24.463 se refiere a "resolución", se impone una interpretación que no olvide a la actitud silente u omisiva de la administración; y en resguardo del derecho de defensa en juicio -una de cuyas facetas comporta la tramitación y finalización del proceso en tiempo propio- no cabe sino concluir en el carácter comprensivo de los dos modos en que la administración manifiesta su voluntad (expresa o tácita, cfr. arts. 63, 64 y 65 RLNPA), ya que ellas guardan analogía conceptual en cuanto adquieren similar grado de virtualidad o eficacia jurídica. Una exégesis contraria condenaría al administrado a un estado de indefensión al quedar desprotegido frente a la inactividad administrativa con demoras impredecibles.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: D., S. R. c/ B., A. F. s/ incidente familia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-28

En aquellos casos en donde se encuentran involucrados los derechos de menores, la solución a la que arribe el tribunal debe atender al interés superior del niño, concepto que representa el reconocimiento del menor como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo. De esta forma, resultará en interés del menor toda acción o medida que tienda a respetar sus derechos y perjudicial la que pueda vulnerarlos.
Robo con armas, arma propia, idoneidad del arma, pericia balística, falta de prueba, robo en poblado y en banda
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, GABRIEL s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-10

1) El hecho que no haya pericia sobre el arma, determina que no se pueda precisar si la misma podía ser usada como tal, con lo cual no se puede saber si el arma en cuestión era apta y si realmente podía a la misma dársele ese nombre, no dándose en consecuencia la agravante del art. 166 inc. 2 C.P.

2) No obstante que en el hecho intervinieron cuatro sujetos, no se da la calificante de robo cometido en lugar poblado y en banda (art.

167 inc. 2 C.P.), porque ésta para que sea incriminable debe reunir los tradicionales requisitos de la asociación ilícita, cuales son:

el acuerdo previo para la comisión de delitos múltiples e indeterminados, lo que no surge de la prueba de autos.
Prueba, grabaciones, valor probatorio, derechos y garantías constitucionales, garantías procesales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: CICCONE, Enrique s/ nulidad de llamado a indagatoria, grabación de conversaciones Causa  nro. 28.442
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Las grabaciones de las reuniones que fueran acercadas a la causa por el denunciante también tienen plena validez, ello conforme con lo sostenido por el Tribunal cuando se estableció que la prueba obtenida por un particular consistente en ese caso en una videograbación realizada sin el consentimiento de quien resultara involucrado, no contravierte norma constitucional o procesal alguna, sin perjuicio del valor probatorio, discusión cuyo examen en profundidad es distinto al de su validez.
Depósito judicial, emergencia económica, pesificación, Estado, división de poderes, Poder Judicial
Materia: CIVIL
Carátula: COSENZA, JOSE ANTONIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA  POR EL NUEVO BANCO DE SANTA FE SA.-VENIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 219  AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-09-04

La administración y disposición de fondos en los procesos judiciales implica el ejercicio del poder público estatal a cargo de los jueces, que se encuentra legalmente regulado en tanto las inversiones sólo pueden realizarse en instituciones oficiales: su manejo 'es propio y privativo del Poder Judicial y afectaría la división de poderes cualquier disposición emanada de los otros dos poderes, que limite, condicione o restrinja dicha facultad'...". Sin embargo, "tal argumento -que opera enérgicamente respecto de las restricciones a la disponibilidad de los fondos- no es suficiente para sostener la no pesificación de ellos", pues al respecto convergen otras razones. "Los depósitos judiciales no nacen de una negociación entre particulares y el banco que los recibe, el que se convierte en custodia de sumas de dinero a la orden de los órganos judiciales; tal guarda no puede considerarse una inversión en el sistema financiero ni los jueces -que no son los propietarios de dichos fondos, aunque las cuentas figuren a su nombre- pueden catalogarse como clientes".
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves, homosexuales, fotografía, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: A.C. c/ O.S. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-22

1- Si bien las fotografías podrían llegar a ser insuficientes como prueba, ellas adquieren un adecuado valor probatorio cuando se encuentran corroboradas por tres testimonios que, en forma coincidente, describen la conducta homosexual del demandado.

2- La inclinación homosexual, como cuestión íntima y particular, es ajena al conocimiento de los magistrados, salvo por la circunstancia de hallarse vinculada a una ruptura matrimonial, por cuanto se erige en una gravísima injuria contra la esposa.