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Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, acto administrativo, suspensión de la ejecutoriedad, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora, vacío legal, aplicación analógica de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kutner Sara c/ Dirección General de Rentas s/ Acción Meramente Declarativa Meramente Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-21

El Código Contencioso Administrativo y Tributario local regula de forma separada del resto de las cautelares la medida de suspensión del acto administrativo, la cual posee regulación específica en el artículo 189 del citado código y cuya procedencia queda supeditada a la verificación de al menos uno de los extremos previstos en el artículo citado, con prescindencia de analizar los requisitos comunes a las demás medidas cautelares, a saber, verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Ello, sin perjuicio de la aplicación analógica de la normativa vigente en materia de medidas cautelares, la cual procederá sólo ante vacíos legales y no por subsidiariedad (Del voto en disidencia de fundamentos del Dr. Esteban Centanaro).
Obras sociales, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Obra  Social  Unión  Personal  de  la Unión del Personal Civil c/ Prevención ART s/ cobro de suma de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24

El art. 38 de la ley 23.660 prevé que las obras sociales se encuentran sometidos "exclusivamente" a la jurisdicción federal.

Y en el caso la actora -agente natural del servicio de salud- no ha ejercido la opción que le confiere la norma a acudir a la jurisdicción ordinaria. Resulta inaplicable la jurisprudencia que invoca el dictamen fiscal de la anterior instancia, en la medida que en esas causas los demandantes no era personas aforadas a la justicia federal: las partes enfrentadas eran el trabajador damnificado y la aseguradora de riesgos de trabajo (ver Fallos 332:1078 y 2738). Cobra relevancia la corriente interpretativa iniciada a partir del precedente "Talarico", según la cual corresponde como regla la competencia federal en los pleitos en los que intervienen las obras sociales. Postura que el Alto Tribunal extendió, incluso, a demandas de neto corte laboral en las que se perseguía el pago de una indemnización por despido (ver Fallos 320:1328).
Excepciones procesales, juicios contra el Estado, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Frias de Ortiz, Ines Teresa c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-23

La doctrina y jurisprudencia imperantes durante la vigencia del art. 4. de la ley 3952 de demandas contra la Nación, hoy implícitamente derogado por los art. 338 y 346 del Código Procesal, reformados en sus segundos párrafos por la ley 22.434, señalaban que el privilegio reconocido por el art. 1. de la citada ley 3952, modificada por la ley 11.634, otorga a la Nación la facultad de oponerse al curso de la causa, cuando no se hubiera agotado el requisito de la previa reclamación administrativa, debía hacerse valer en oportunidad procesal, esto es en la que el art. 4. del primera norma establecía para oponer excepciones.
Prueba compuesta, confesión extrajudicial
Materia: PENAL
Carátula: CORIA, Rubén Esteban s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

La alegación de que la confesión extrajudicial fue extorcada no impide su computación como elemento integrativo de la prueba compuesta, si en la investigación promovida a raíz de la denuncia del inculpado, luego de una exhaustiva investigación, se dictó sobreseimiento provisorio en la causa.-
Incidentes, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez Juan c/ Malatesta Dante y otros s/ Simulación y nulidad de actos jurídicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12

La parte que haya sido condenada en costas en un incidente no puede promover otro "mientras no haya depositado su importe en calidad de embargo", tal como dispone el art.69 del CPCC. Si esta norma considera dicha carga como un "requisito de admisibilidad" del nuevo incidente, no parece dudoso que pueda ser hecha observar de oficio, vale decir que no es indispensable que la esgrima la parte beneficiada con tal disposición. Por otra parte, siendo que es de aplicación aún no habiendo honorarios firmes, no hay obstáculo legal para que se exija una cantidad a embargo interín se procede a la regulación máxime si no se argumenta que exista desmesura en lo requerido. Concuerda tal criterio con la finalidad que inspira el instituto, que no es otra que la de disuadir la articulación indiscriminada, con el consiguiente desmedro para los principios de celeridad, economía y buena fe y sin que ello acarree mengua al derecho de defensa del incidentista perdidoso, desde que sólo implica una reglamentación adecuada del mismo (art.28 Const.Nacional). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad parental, privación de la responsabilidad parental
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: S., C. E.; S., A. S.; S., M. L.; S., M. E.; N.N. o J. M. S. s/ Situación irregular - abandono
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-12

Debe reputarse la privación de la patria potestad en el marco normativo actual (arts. 307 del C. Civ. 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño y c.c.), más que como reproche a la conducta de los progenitores, como medio de protección de los hijos. (Minoría u opinión personal)
Obligaciones del trabajador, lealtad laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: L., J. G. c/ XHARDEZ Y COZZI S.R.L. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-03-17

Queda reflejado así que si bien el deber que surge de la norma del art. 88 de la LCT importa una de las manifestaciones del principio de la buena fe (art. 63 LCT.), resulta evidente que ella impone la lealtad recíproca de conducta que constituye, en su plena bilateralización, la más alta expresión de los factores jurídicos personales que matizan el contrato.

En este sentido la Suprema Corte de Buenos Aires ha declarado que la Ley de Contrato de Trabajo establece como obligación genérica de las partes, un conjunto de deberes recíprocos inspirados en el espíritu de colaboración y solidaridad que en la práctica se traducen en el cumplimiento honesto y escrupuloso de las obligaciones contractuales.

Se trata de un concepto ético de conducta, de una forma de actuar que rige por igual para ambos contratantes y debe necesariamente caracterizar la relación de empleo. (conf. SCBA, "Tacchella" 11.12.90). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, círculo cerrado, falta de entrega del automotor, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gabrielle Mirella, Juana c/ Fiat Auto SA de Ahorro p/f determinados y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Desde tal perspectiva, no caben dudas que ambas demandadas resultan solidariamente responsables conforme lo dispone la LDC 40, porque no demostraron que la causa les ha sido ajena. Razón por la que deberán proceder a la inmediata restitución de las sumas abonadas por la actora, con más los intereses generados a la tasa activa desde la fecha en que la accionante las intimó a la rescisión del plan por sus incumplimientos hasta el efectivo pago.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez, Julio  Daniel  y  otros c/ Empresa Compañía Argentina de Petróleo S.A. y otra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

El art. 30 de la ley de contrato de trabajo no es aplicable cuando una empresa ha suministrado a otra productos determinados con desligamiento de su ulterior procedimiento ya que lo contrario implicaría extender desmesuradamente el ámbito de su aplicación de un modo que su texto no consiente, desnaturalizando su contenido al asignarle un significado que excede inaceptablemente sus fines.
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BERGENNEAU GLADYS BEATRIZ c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-06-12

Dada la trascendencia y gravedad que trasunta el acto por el cual se recusa con causa a un Magistrado, es preciso que en el escrito donde se la articula contenga argumentaciones serias y razonables de las causales que al efecto se invocan, que deben ser identificadas con claridad dentro de la taxativa enumeración del artículo referido, sin que resulte suficiente una invocación genérica de temor de parcialidad.
Jubilación por invalidez, otorgamiento del beneficio, incapacidad, prueba, sentencia, apreciación de la prueba, determinación de la incapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RUGGIA, Juan Oscar c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

Corresponde otorgar el beneficio de jubilación por invalidez al peticionante que acredita su minusvalía con una sentencia judicial laboral, si tal pieza probatoria persuade que aquél es portador de una incapacidad que le veda toda posibilidad de seguir desarrollando tareas dependientes (establecida conforme los parámetros del art. 56 del Decreto Reglamentario de la ley 9.688), circunstancia que se traduce en una incapacidad de ganancia en los términos del art. 33 de la ley 18.037. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARTORELL CARLOS AROLDO c/ BUDASSI ARMANDO CELESTINO s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1981-02-10

Quien se encuentra apareado a un vehículo que por su naturaleza y tamaño impedía de manera absoluta y total conocer cuáles eran las circunstancias modales de tránsito vehicular que se cumplía precisamente por aquél sector de las vías que se ocupaban y que no se podía conocer a causa misma de tal obstrucción visual, no puede asumir -por que el asumirla es colocarse en clara situación de peligro para sí y para terceros- el comportamiento consistente en imprimir al rodado una velocidad de arranque de suyo inadecuada para sin más adelantarse al que en las condiciones ya señaladas estaba a su lado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Muñoz, Sixto c/ Santa Cruz, Blanca s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-20

Resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que ni siquiera explica en qué consiste o cuál ha sido el error jurídico del fallo.
Carácter excepcional, jueces
Materia: CIVIL
Carátula: CUADERNILLO DE APELACION, EN AUTOS: "VILLAREAL DE CONCHA, SUSANA MAGALI c/ DIRECCION DE NIVEL PRIMARIO Y/U OTRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-12-30

La medida innovativa es aquella cautela excepcional que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho existente antes de su dictado. Se traduce en la ingerencia del juez a través de la orden de que cese una actividad contraria a derecho o de que se retrotraigan las resultas consumadas de una actividad de igual tenor. A diferencia de otro tipo de aseguramientos, sin que medie sentencia firme, ordena que alguien haga o deje de hacer algo en sentido contrario al representado por la situación existente.- (Minoría u opinión personal)
Recurso de casación, recurso extraordinario federal, recusación, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Vázquez, Héctor O. c/ Del Rivero, Antonio E. s/ Resolución de Contrato y Daños y Perjuicios - Casación - Recurso  Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-09-02

No es atendible el agravio del recurrente que funda el Recurso Extraordinario Federal en la circunstancia de que considera vulnerado su derecho de defensa en juicio porque uno de los integrantes del Tribunal se habría encontrado inhabilitado para concurrir a pronunciar la resolución jurisdiccional descalificadora del Recurso de Casación por haber sido el Magistrado cuestionado -según lo sostiene el recurrente- apoderado de la contraparte en causa que fuera origen de la resuelta, puesto que tal mandato y representación -como todo otro que hubiera asumido en ejercicio profesional- hubo cesado en oportunidad de asumir cargo público incompatible con tal ejercicio.

Además, no se advierte la identificación de temas entre el caso en que desarrollara la actividad profesional y el planteado en los autos bajo Recurso de Casación, el que fue rechazado -sin considerar las cuestiones de fondo- por inadmisibilidad formal, en tanto el recurrente no respetó o cumplió normas básicas formales que permitieran la consideración de cuestiones de fondo, de donde mal podría haberse producido el prejuzgamiento o adelanto de opinión del Magistrado en relación a la inhabilidad formal producida por el recurrente, la que fuera causa del rechazo del Recurso de Casación.

Finalmente, el recurrente tuvo inconculcado su derecho a la recusación con causa, el que no ejercitó en intento de apartamiento y, en cambio, pretendió hacer valer ahora como alegado fundamento de inexistente nulidad sustentadora del Recurso Extraordinario.
Demanda, contenido de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villarroel Barsavia, Elvio c/ Municipalidad de Avellaneda s/ D.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

La falta de impugnación de los actos administrativos en el escrito de demanda importa la imposibilidad de juzgar sobre su legitimidad que solo puede ser revisada a instancia de parte. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reparación integral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Mansilla, José Aladino c/ Eslava, Miguel César y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-06-01

El concepto de reparación integral comprende la recomposición del patrimonio afectado por el daño causado, reuniendo tal característica el efectuado a los efectos del funeral de la víctima, máxime cuando se trata de los padres del causante.
Deber de prevención del daño, regulación de honorarios, desistimiento de la acción
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Fruticultores Unidos Centenario SRL c/ Sanchez, Gladys Mabel  s/ acción preventiva art. 1711 ccc
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-07-26

No resulta procedente tomar la base regulatoria para fijar los honorarios del interventor y luego coadministrador designado en autos para determinar la retribución de los letrados de las partes. Por lo tanto, justipreciando la labor de los profesionales apelantes, y la etapa procesal en la que se produjo el desistimiento del proceso, estimamos que los honorarios fijados en la instancia de grado resultan bajos, debiendo ser elevados.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: Jakim, Horacio Salvador c/ Amparo CompaÑía Argentina de Seguros  SA. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

Es regla de interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante, sin que pueda suponerse la inconsecuencia o falta de previsión en el legislador.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, expresión de agravios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mar Austral S.A. s/ Incidente revisión en "Mar Austral S.A. Conc. prev." Cr. Vincent,  Juan Manuel
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

La apreciación del contenido de la expresión o memorial de agravios constituye una tarea propia de los tribunales de apelación y las conclusiones derivadas de ella no pueden ser objeto de revisión ante esta instancia a menos que se acredite fehacientemente que aquellas son el resultado de una interpretación absurda de tales escritos.
Deuda pública, títulos de deuda pública, emergencia económica, pago diferido
Materia: ECONOMIA
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Balbiani, Carlos Ignacio c/ PEN ley 25.561 dtos. 1570/01 214/02 (Bontes) s/ proceso de conocimiento ley 25.561
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-27

Deben considerarse cumplidos los requisitos para que la totalidad de los títulos reclamados por el actor sean incluidos en la excepción al diferimiento de pagos de la deuda pública si no se encuentra discutido que aquél los adquirió con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, fecha de corte establecida por las normas aplicables, lo que resulta con claridad de las pruebas acompañadas, como así también surge que la totalidad de los títulos en cuestión continuaron dentro del patrimonio del actor en forma ininterrumpida, pudiendo reconstruirse los movimientos que tuvieron con anterioridad y posterioridad a la fecha de corte (Voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco).
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en zapata, maría noelia contra gcba sobre amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

El GCBA pretende que este Tribunal revise la sentencia de la Cámara que confirmó la nulidad de la resolución que había rechazado la inclusión de la actora en el Registro de Medios Vecinales y había ordenado al GCBA el dictado de un nuevo acto que dispusiera su incorporación. Sin embargo, corresponde rechazar la queja debido a que el recurrente no logra poner en crisis los fundamentos por los cuales la alzada denegó su recurso de inconstitucionalidad: ausencia de caso constitucional y de sentencia arbitraria. En efecto, dicha revisión remite al examen de la valoración de los hechos, las pruebas y la interpretación de normativa infraconstitucional (ley n° 2587, decreto n° 933/2009 y DNU n° 1510/1997 de Procedimiento Administrativo de la Ciudad) tenidos en cuenta por la alzada para decidir del modo en que lo hizo. Todo ello priva a los preceptos constitucionales (defensa en juicio, debido proceso, igualdad, y los principios de razonabilidad y división de poderes) que el GCBA dice afectados, de la necesaria e inmediata relación que debe existir entre ellos y los fundamentos de la solución cuestionada. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg y Luis Francisco Lozano).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, transporte de carga, robo de mercaderías, deber de vigilancia, servicios de custodia, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: SNA-E Argentina SRL c/ Expreso Transitar SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

Procede hacer lugar a la acción por daños y perjuicios cuando, como en el caso, la omisión imputable a la transportista demandada, de arbitrar los medios adecuados para la protección de la carga que transportaba, facilitó el acontecimiento ilícito que derivó en la pérdida del cargamento de la actora, lo que implica culpa de su parte e impide la configuración de un supuesto de fuerza mayor y su invocación como causa de exoneración de su responsabilidad. Por lo tanto, debe responder por las consecuencias derivadas de su obrar (CCCN 1280 y 1306), que -en este caso- se traducen en los daños infligidos a la accionante por la pérdida del valor de las mercaderías robadas. Ello en tanto, la transportista demandada asumió los riesgos inherentes al transporte de la mercadería que la actora le entregó y, por ende deberá responder por los daños y perjuicios derivados del ilícito acaecido en la especie. Es que no se encuentra controvertido que el transporte que finalmente resultó siniestrado no contaba con el seguimiento satelital exigido en el contrato de seguro y tampoco poseía custodia armada y conforme a las probanzas de autos, la transportista demandada no pudo desvirtuar tampoco en esta instancia que la asignación de esa custodia estaba a su cargo. Cabe señalar que los robos de vehículos y sus cargas en viajes cortos o largos no son imprevisibles, por lo que las empresas de transporte -a las que suele confiarse para su traslado cargamentos de significativa trascendencia económica- deben extremar las medidas de seguridad para el cumplimiento de la prestación onerosa que le ha sido encomendada, lo que implica obviamente arbitrar los medios adecuados para la protección y custodia de la carga (conf. CNCivyComFed., Sala III, "Zurich..." 11/02/03). Desde esta óptica, puede afirmarse que la transportista demandada incumplió con su deber de vigilancia y/o seguridad, al haber permitido que se realizara el transporte sin la custodia que le era requerida e incluso, sin todos los recaudos de seguridad que ella misma prometía al publicitar u ofrecer sus servicios.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis, carga de la prueba, rechazo de la demanda, nulidad del contrato, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: Leito Mario Alberto c/ Giménez Mirian del Carmen y otros s/ ejecución de convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-10-10

Debe rechazarse la demanda por cobro de honorarios profesionales en base a un pacto de cuota Litis, suscripto por la accionada por sí y en representación de sus hijos menores por el accidente de tránsito del que resultara víctima fatal su concubino y padre de los menores, ya que resulta nulo por ser un acto de disposición sobre el patrimonio de los menores y debió ser celebrado con autorización judicial, previa intervención del representante del ministerio pupilar. Sin perjuicio de ello, aún en el supuesto que el convenio sea válido, la percepción de los emolumentos se encuentra condicionada al cumplimiento de los deberes asumidos por el profesional, lo cual no fue probado, estando la carga probatoria a cargo de éste. La única gestión que aparentemente habría realizado el letrado es la presentación de una nota ante la aseguradora que no fue probada su autenticidad y en la cual no consta la firma del profesional.
Tenencia de hijos menores, tenencia compartida de hijos menores
Materia: CIVIL
Carátula: B.G.B. c/ D.A.A. s/ TENENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-25

Si bien es cierto que el art. 76 de la ley 2393 estatuye que, salvo causas graves, los hijos menores de cinco años quedarán a cargo de la madre, también lo es que este principio no es absoluto, dado que en esta materia debe prevalecer sobre cualquier otro factor el interés moral y material de aquéllos (conf. Llambías, "Código Civil Anotado", t. I pág. 637, nro. 2; Belluscio, "Derecho de Familia", t.

2 pág. 143, nro. 586 y nota nro. 235; C.N.Civ., Sala A, J.A. 1954 III-31; íd. Sala B, E.D. 45-194; íd, Sala C, E.D. 42-678; íd. Sala D, E.D. 88-626; íd. Sala E, c.9058 del 2/11/84; íd. c.9460 del 28/11/84; íd., Sala F, c. 15.209 del 3/7/85).- El interés de los progenitores debe ceder ante lo que resulte más conveniente para sus hijos (conf. C.N.Civ. Sala A, E.D. 97-682; íd.

Sala D, E.D. 52-279), por lo que es posible prescindir de otorgar su tenencia a ambos padres cuando su ejercicio por ellos es inadecuado para el bienestar espiritual o moral de aquéllos (conf. C.N.Civ.

Sala E, E.D. 15-814).-