marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, proceso penal, imputado, prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad, derechos y garantías constitucionales, violación, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: D, H. O. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Robo   calificado. Incidente de libertad ley 24390. Pretensión liberatoria   de habeas corpus (Expte. CSJ Nº 802-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-23

Si bien en el caso no hubo una concreta alusión a la "cuestión constitucional" en los términos que una saludable ortodoxia impone, las imputaciones dirigidas al pronunciamiento de primera instancia apuntaban indubitablemente al conculcamiento directo de expresas garantías constitucionales, atento a que la ley 24390 es una ley nacional reglamentaria del artículo 7 inciso 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos que cuenta con jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y la Cámara se hizo cargo de tales reproches, por lo que resultó cumplido el propósito que inspira el requerimiento del planteo oportuno: esto es que la cuestión constitucional pueda ser debatida y resuelta en las instancias ordinarias del proceso.
Concursos, efectos entre partes, escrituración, quiebra, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Tong Chi Chou c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por tong sebastian.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-23

Procede confirmar la resolución mediante la cual la juez de grado rechazó la pretensión verificatoria intentada, consistente en obtener la escrituración de un inmueble a nombre del incidentista. Ello por cuanto, en el caso la adquisición del inmueble se dio en el marco de una relación de representación legal -del padre, fallido, a favor de su hijo por entonces menor de edad- para la cual no era necesario recurrir a la figura del gestor de negocios. En efecto, es ese supuesto se tiene dicho que los padres comparecen al acto escriturario invocando la representación legal del hijo menor de edad y el vendedor transmite a título de venta el inmueble a aquél. Posteriormente, los padres como representantes legales del hijo aceptan la transmisión de dominio. La compra puede ser hecha con dinero de los padres o con dinero del menor de edad. En el primer caso, se está frente a una donación de dinero por parte de los padres, de lo cual debe dejarse constancia. En el segundo caso, corresponde aclarar el origen del dinero utilizado para la compra y de donde fue obtenido (por ejemplo, sucesión testamentaria). Sea cual fuere el origen del dinero, el dominio irrevocable del inmueble recae directa, inmediata y definitivamente en cabeza del menor representado, sin necesidad de ulteriores aceptaciones (Lafranconi María Lucía; "La adquisición de un inmueble para otro, ¿es una estipulación a favor de tercero?, Revista Notarial Año 2017, Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba); lo cual claramente no aconteció en el caso a la luz de la escritura, de la cual resulta que el inmueble fue inscripto -en la proporción correspondiente- a nombre del fallido, procediendo su hijo a aceptar la gestión de negocios con posterioridad al decreto de quiebra.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-01

El recurso de inconstitucionalidad está dirigido contra una sentencia definitiva en los términos del art. 27 de la ley 402, si la Cámara se expidió con relación a la obligación de fondo, impidiendo de esta manera que dicha discusión pueda tener lugar en un proceso ordinario ulterior. (Voto en disidencia del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Cuestiones de competencia, impuestos, percepción de impuestos, Impuesto sobre los ingresos brutos, exenciones impositivas, Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: SIDERAR S.A.I.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

El cobro de impuestos -tal el caso de la exención a los ingresos brutos contenida en el art. 166, inc. j, punto 1, del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (t.o. 1999)- no constituye una causa civil, por ser una carga impuesta a personas o cosas con un interés público, y su percepción, un acto de índole administrativa.
Autoridades del partido, sanciones partidarias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Sagaseta, Luis Andrés y otro s/ Proceso contra persona física o jurídica por violación de normas de financiamiento partidario física o jurídica por violación de normas de financiamiento partidario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03

Corresponde devolver las presentes actuaciones al Ministerio Público Fiscal, ya que en los procesos tendientes a imponer sanciones partidarias, los imputados podrán ejercer el derecho a prestar su declaración también ante el juez federal con competencia electoral del distrito en oportunidad de la audiencia prevista por el art. 65 de la ley 23.298, ya que deben observarse las formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales.
Sobreseimiento, hurto, tentativa, estado de necesidad, principio de insignificancia
Materia: PENAL
Carátula: B., D. A. s/ Procesamiento. Hurto tentado.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-10

Corresponde decretar el sobreseimiento del imputado en orden al delito de hurto en grado de tentativa (CP, arts. 42 y 162), entendiendo que la acción realizada (sustracción de cuatro piezas de queso en un supermercado) reúne los requisitos que demanda el estado de necesidad justificante. Dicha acción importó un mal menor que el que cabe inferir que pretendía evitar, esto es, una afectación de su salud por falta de alimentos.

En lo relativo a la aplicación del denominado principio de insignificancia, la conducta atribuida al imputado no importó una afectación penalmente relevante respecto del bien jurídico propiedad. (Del voto en disidencia del Dr. Divito. - Sumario confeccionado por el SAIJ)
Despido con causa, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: D., S.L. c/ P. y B. SA s/ Cobro de Pesos Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-22

La "confianza" como sentimiento de neto carácter subjetivo y la pérdida de ella, no podría ser considerada como incumplimiento contractual que viabilice un despido, debiendo hallar su fundamento en un hecho objetivo de incumplimiento de las obligaciones del dependiente que, por sus características, no admita la prosecución del vínculo.
Marcas, registro de marca, marca registrada
Materia: CIVIL
Carátula: GIESSO  OSVALDO  JUAN Y OTRO c/ CZERNICKI HILDA Y OTRO s/ CESE DEUSO DE NOMBRE.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-25

La Ley Nº 22.362 ha receptado, como es sabido, el sistema atributivo en materia marcaria, brindando su protección específica a aquellos signos debidamente registrados. De conformidad con lo dispuesto por el art. 8 de la Ley Nº 22.362, el momento a partir del cual se debe tener por configurada la prelación que confiere la titularidad del registro marcario, debe ubicarse en el día y hora en que se presentan las respectivas solicitudes. La circunstancia de que el derecho quede recién perfeccionado con el registro no significa que, a los efectos de establecer la prioridad, sólo se tenga en cuenta este último momento. A tales fines, la registración retrotrae sus efectos al tiempo de la petición en sede administrativa.
Intereses, intereses convencionales, cuenta corriente bancaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bulacio Argenti S.A. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires s/ Revisión contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-19

Si bien los jueces pueden reducir el interés pactado, ello se produce si en conjunto pasa anualmente, el límite conforme al cual se le considera usurario, que varía a medida que cambian las condiciones sociales y económicas del Estado. Si no se ha acreditado expresa o tácitamente que las partes convinieran una tasa determinada de interés, debe entenderse que los valores del crédito y débito de la cuenta corriente autorizada a girar en descubierto, producen intereses legales, entendiéndose que son los que cobren los bancos nacionales y en el caso el Banco de la Provincia de Buenos Aires. No se puede calificar de excesiva una tasa de interés igual o menor que la reconocida por el Estado.
Apelación de honorarios, reformatio in pejus, regulación de honorarios, defensa en juicio, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Aquinos, Serafina c/ Terranova, Daniel. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

La cámara incurrió en una indebida reformatio in pejus al colocar a la única apelante en peor situación que la resultante de la regulación apelada, lo que constituye una violación en forma directa e inmediata de las garantías de defensa en juicio y de propiedad.
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Marconi, Eduardo Héctor y Domínguez, Arturo c/ Bahamonde de Solari, María Luisa s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-07

"La acción de desalojo procederá contra los locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos o cualesquiera otros ocupantes cuya obligación de restituir sea exigible".
Leyes, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Constante, Daniel Antonio; Martínez, Juan Carlos y otro s/ Asociación ilícita - Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-10

Iniciado el procedimiento de apelación, la sorpresiva modificación retroactiva en perjuicio de la recurrente, no sólo sería violatoria del derecho de defensa (art. 18 de la Constitución nacional) sino que, contra lo dispuesto en el art. 145 de la ley 10.358, proyectaría la nueva ley sobre los "actos" de apelación "cuya ejecución" habría comenzado "bajo la vigencia de la ley anterior".
Procedimiento aduanero, jurisdicción administrativa, Tribunal Fiscal de la Nación, facultades del juez, facultades ordenatorias
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Nidera S.A. (T.F. 7161-A) c/ A.N.A. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

El Tribunal Fiscal tiene "amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes..." (art. 1143, C.A.), las que encuentran suficiente fundamento por la naturaleza del órgano dentro de la estructura administrativa como superior jurisdiccional del organismo recaudador. En el ejercicio de esas atribuciones el tribunal a quo tiene como únicos valladares la existencia del recurso, los hechos que se hayan probado en la causa y el respeto al principio de la reformatio in pejus. Nada impide al organismo jurisdiccional, valorando los hechos probados en el juicio, merituar la conducta y calificarla desde el punto de vista penal, con independencia de lo resuelto por el organismo aduanero y sin que ello implique un agravamiento de la sanción impuesta en la instancia anterior.
Jueces, facultades del juez, DICTAMEN NO VINCULANTE
Materia: PROCESAL
Carátula: AZCURRAIN, JUAN c/ CIBA S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE  PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 266 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-26

El juez no está obligado a seguir el dictamen pericial y debe apreciar el mérito de la prueba según su criterio (conf. art. 199 C.P.C. y C.), en base a las reglas de la sana crítica.
Condena condicional, reglas de conducta, patronato de liberados, recurso de casación penal, nulidad del acto jurídico, prescripción de la pena
Materia: PENAL
Carátula: F., O. R. s/ Fraude en perjuicio de la Administración Pública; G., R. D. s/ Fraude en perjuicio de la Administración Pública.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-08-28

Tal como enseña la jurisprudencia del más Alto Tribunal Nacional, constituye una exigencia previa emanada de la función jurisdiccional el control preliminar -aún de oficio- de aspectos en los que se encuentra comprometido el orden público, en tanto la existencia de un vicio capaz de llevar a una nulidad absoluta no podría ser susceptible de convalidación (C.S.J.N., 320:854 y 329:4248, entre otros).

Este vicio, deslizado en la resolución a la que me vengo refiriendo, resulta extensible al auto denegatorio [...] sobre el cual la parte centró su actividad recursiva (art. 155 del C.P.P. y C.).

Despejado ello, surge que la última diligencia jurisdiccional válida en este tópico resulta el decreto de Presidencia que tendió a hacer efectivas las medidas de control y de vigilancia ordenadas en el punto dispositivo XI de la sentencia, datado el 26 de marzo del 2003.

Y desde esa fecha a la actualidad, ha transcurrido con holgura el máximo de la sanción impuesta (tres años), lo que conlleva inexorablemente a declarar la prescripción de la pena que tempranamente venía planteando la Defensa (art. 65 inc. 3 del C.P.)."
Delitos contra la humanidad, hecho notorio, personal militar
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, Pedro Santiago y Feito, Alfredo Omar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-30

La CFCP estableció como regla práctica evitar la reiteración de la tarea de acreditación de hechos notorios no controvertidos (Ac. nº 1/12, Regla Cuarta) y no puede pasarse por alto que a esta altura ya se ha establecido suficientemente que, también en el presente proceso, el gobierno militar instauró un ataque generalizado y sistemático a una parte de la población civil, el que se perpetró en conjunto por diversos estamentos estatales, pero especialmente por las tres armas de la organización militar.
Grupo económico, contrato de distribución, responsabilidad solidaria, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: CASTAÑO, LUIS c/ MASTELLONE HNOS.  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-24

Si bien la actividad principal de la empresa demandada (Mastellone Hnos. s.a. ) no es el transporte, al haber previsto la distribución de sus productos por intermedio de otra empresa, cabe considerarlas como un conjunto económico. En consecuencia, conforme los términos de los arts. 29 y 30 LCT corresponde declarar la responsabilidad solidaria de ambas, en las obligaciones emergentes del despido injustificado del actor que se desempeñaba como ayudante de reparto.
Daños y perjuicios, indemnización, relación de causalidad, responsabilidad del Estado, falta de servicio público, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Salud de la Nación, la ANMAT y la ANLIS (personería unificada) en la causa García, Facundo Nicolás y otros c/ Municipalidad de San Isidro y otros s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

Como en toda pretensión indemnizatoria que involucre una reparación de daños y perjuicios, no puede estar ausente el nexo causal entre el daño invocado y la prescindencia estatal, de manera que las consecuencias dañosas puedan serle imputadas; así, sólo deberá responder el Estado si el perjuicio es consecuencia de la omisión en una relación de causa a efecto y dentro de este marco, quien reclame la correspondiente indemnización deberá probar, como principio, esa relación de causalidad. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. -La jueza Highton de Nolasco, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Jubilaciones, régimen jubilatorio, caja otorgante
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PEREZ, DOLORES OTILIA LUQUE DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24

El decreto-ley 9316 del 2-4-1946, legislativamente ratificado, autorizó el reconocimiento, a los efectos de obtener beneficios en pasividad, de los servicios prestados y remuneraciones percibidas (sucesiva o simultáneamente) en cargos de afiliación a las cajas nacionales y en las provincias o municipalidades adherentes, evitando que se desconozcan servicios prestados por el mero hecho de estar tutelados por sistemas distintos. Consagrado el sistema y producidas las adhesiones, resulta necesario para el mantenimiento de su equilibrio, la determinación de la Caja que debe asumir el pago de la prestación y a cuyo acervo ingresarán, por consecuencia, los aportes efectuados en las restantes. A tal fin tendieron las disposiciones nacionales (artículo 6, decreto-ley 9316-46; artículo 25, ley 14370 y artículo 88, ley 18037; artículo 80, de esta última, t o 1976) y las provinciales dictadas en consonancia con ellas.
Prueba confesional, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Puccio, Arquímedes y otros s/ Secuestro extorsivo, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

El inc. 7º del art. 238 del Código de Procedimiento Penal regula la confesión como prueba de la autoría responsable y no del cuerpo del delito. Esto resulta evidente de sus requerimientos de hallarse legalmente comprobado -fuera del ámbito confesorio- el cuerpo del delito y de concordancia entre sus circunstancias y accidentes y la confesión.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Pizarro, José Jorge; Huechucal, Manuel (Rebelde) s/ HOMICIDIO  Y  ROBO  EN  CONCURSO  REAL  (ARTS.  79,  164 Y SS. DEL CP  )(PIZARRO);HOMICIDIO    SIMPLE    EN   GRADO  DE  PARTíCIPE  PRIMARIO  (HUECHUCAL) S/ CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-02-13

La competencia del Tribunal de casación está rigurosamente circunscripta sólo a las violaciones de derecho, de suerte que toda indagación de hecho se debe considerar sustraída a la competencia de dicho tribunal, el que ha de fundar el juicio de derecho sobre los elementos de hecho tal como fueron verificados por el juez de mérito.
Recurso contencioso administrativo, demanda, contestación de la demanda, acto administrativo, motivación del acto administrativo, empleados públicos, nombramiento, prescindibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FLORES, OSCAR c/ MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 277-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-13

No habiendo la demandada hecho mención de la ley de prescindibilidad 7859 en la escueta e insuficiente motivación del acto administrativo -por el cual se revocó el nombramiento del actor , no puede ahora, en sede judicial, pretender dar un fundamento jurídico distinto a la decisión adoptada, con olvido de que la contencioso administrativa es una jurisdicción revisora de la legalidad de un acto administrativo tal como ha sido dictado por la Administración, quien no puede basar su legitimidad sustituyendo, por vía de defensa en sede judicial, la norma legal en que fundó su potestad de acción.

En el caso, la demandada había fundado el acto impugnado en las leyes 7519 y 8621, pero al contestar la demanda invocó la aplicación de la ley 7859.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, haber jubilatorio, determinación del haber jubilatorio, liquidación, homologación judicial, cosa juzgada
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Blanco, Héctor Benedicto c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. s/ Jubilación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que aprobó la liquidación de un haber jubilatorio si utilizó el argumento formal de la cosa juzgada, omitiendo considerar adecuadamente las objeciones referentes a la desproporción entre los haberes liquidados y los sueldos en actividad.
Acción de amparo, clausura del establecimiento, inactividad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: AGOSTINO, CRISTIAN LEONARDO. s/ Amparo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-12

La acción de amparo no se encuentra prevista para suplir la inactividad del afectado durante el lapso en el que se desperdició la oportunidad de atacar el acto u omisión de que se trate, por los medios ordinarios que por la ley se ponen a disposición de aquel (FALLOS: 248:455), de modo tal que, siendo que el amparo fue deducido con posterioridad a que se notificara al accionante los días en que la clausura impuesta iba a efectivizarse, cuando ya había quedado firme dicha sanción por no haber interpuesto, en término, el recurso de apelación para ante el Juez en lo Penal Económico, la vía intentada no es admisible en tanto existía otra que resulta apta y específica para resguardar los derechos que podía estimar que le asistían.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, cobro de sumas de dinero
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arto, Elida c/ Centro de Empleados de Comercio y otros s/ Resolución de contrato. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-09

El valor del litigio, en el caso, está representado por el capital a cuyo pago condena la sentencia de primera instancia cuya confirmación solicita el recurrente, sin que corresponda adicionar intereses a dicha suma. (Minoría u opinión personal)
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco del Suquia en J: Banco del Suquia S.A. c/ Castellino e Hijos s/ Sustitución Embargo (LIBRO: A140 - 213)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-04-21

Que sobre la base que en la Alzada deben examinarse las cuestiones de hecho y de derecho, se ha precisado que la expresión de agravios debe contener un mínimo de técnica recursiva, por debajo de la cual las consideraciones o quejas carecen de entidad jurídica como agravios, resultando insuficiente la mera disconformidad -como ocurre en el especie al sostener que nunca se invocó el art. 112 del C.P.C. con lo decido por el juez, sin hacerse cargo de los fundamentos de la resolución apelada
Habilitación de instancia, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ranone Carlos c/ P.E.N. (Mº E O S P) Dto. 290/95 y otro s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-28

La exigencia de agotar la vía administrativa, constituiría en el caso sub-examine un ritualismo inútil conforme lo establecido en el art. 32, inc. e) de la ley 19.549, toda vez que la conducta desplegada por el Estado al contestar la demanda en las presentes actuaciones y en gran cantidad de causas que tramitaron y aún tramitan por ante este fuero por el objeto, demuestran su postura irreductible en cuanto a la constitucionalidad del decreto impugnado y al consecuente rechazo de la pretensión aquí esgrimida, razón por la cual, exigir el agotamiento de la vía administrativa implicaría un inconducente y excesivo rigor formal frustratorio de la garantía de la defensa en juicio. En definitiva, resulta aplicable al caso el art. 32, inc. e) de la Ley 19.549, cuando ha mediado una clara conducta por parte del Estado Nacional, que hace presumir -iuris tantum- la ineficacia cierta del procedimiento, transformando el reclamo en un ritualismo inútil (conf. esta Sala, in re:

"Escorihuela de Mathus Hoyos Angelina Rosa C.", del 18/3/96).