marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, caída en la vía pública, senda peatonal, defectos en la acera, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: ITZCOVITZ DE KLEIMAN, Adriana Lía c/ M.C.B.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-15

Disidencia de la Dra. Lozano:

Si la capa asfáltica sobre la senda peatonal presentaba una deficiencia y el transeúnte se comportó de acuerdo a lo que siempre se exige: cruzar por la senda peatonal -allí el desnivel-, con semáforo a favor y atendiendo las circunstancias del tránsito, no corresponde atribuirle a la víctima una conducta reprochable, más aún si no se acreditó que aquélla haya utilizado algún tipo de calzado que dificulte su caminar.-
Proceso penal, actos y diligencias procesales, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio, derecho a ser oído, recursos, interposición del recurso, plazos procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Albarenque, Sixto Omar s/ delito  de favorecimiento de evasión enconcurso ideal con el robo  agravado por el uso de armas - causa nº1078 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

Si bien los actos procesales pueden quedar legítimamente sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos, tal la observancia de un plazo para la interposición de los recursos, esas condiciones no pueden estar atadas a fórmulas de tal rigor que conviertan en apenas un buen consejo al derecho constitucional a ser oído con las formas previstas por la ley (Disidencias del Dr. Enrique Santiago Petracchi y del Dr. Antonio Boggiano).
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: PONCE DE LEON SANTIAGO ANGEL C/BANCO SANTANDER RIO SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-04

Procede revocar la resolución apelada en cuanto declaró la inconstitucionalidad de oficio de la ley 27423: 22. Ello por cuanto, si bien tal norma resulta objeto de cuestionamientos doctrinarios en el sentido de que el interés económico discutido no debería variar si la pretensión deducida prosperara totalmente y/o fuera rechazada, y así lo ha interpretado esta Sala invariablemente al amparo del régimen legal anterior; sin embargo, no puede soslayarse que, al dictarse esa nueva normativa, se ha recurrido a criterios jurisprudenciales y doctrinarios de vieja data que, en su momento, consideraron justa una reducción porcentual de la base a considerar, porque no puede obviarse, que hay problemas en ella que la ley arancelaria quizás no logre superar nunca, habida cuenta que siempre existirán posiciones encontradas sobre este tema (véase: Guillermo Pesaresi "Honorarios en la Justicia Nacional y Federal. Ley 27423. Anotada, Comentada y Concordada", págs. 275 y ccdtes.). En este marco pues, no se aprecia que la solución legal, con la reducción porcentual que adopta, pueda ser cuestionada por incompatible con cierta pauta de razonabilidad o por transgredir límites relacionados, por ejemplo, con una idea de expropiación del honorario. En efecto, para que prosperen soluciones como la inconstitucionalidad que aquí se considera, es necesario probar la absorción irrazonable de una parte sustancial de la regulación a la que, por hipótesis, se podría aspirar y, en esta línea, históricamente, el 33% es el único porcentaje que la Corte Suprema ha establecido como parámetro objetivo de confiscatoriedad y como valor determinante de la existencia, o no, de un atentado contra el derecho a la propiedad privada amparado por la CN 17. Así ha sido establecido por la CSJN in re: "Harilaos de Olmos, Adelia M. v. Provincia de Córdoba" del 31/10/45 y en CSJN in re: "Sara Pereyra Iraola v. Provincia de Córdoba", del 22/11/46 (Fallos 206:247) entre muchos otros. Ésa es pues, la pauta que esta Sala estima que debe tomarse como límite de la garantía de razonabilidad que es exigible, en el ejercicio de sus prerrogativas, por parte de los poderes públicos cuando disponen sobre el patrimonio de los gobernados (véanse: Fallos: 210:172; 220:699; 234:129; 239:157).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, jurisprudencia, jueces, facultades del juez, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

La jurisprudencia no se identifica con un fallo aislado ni tampoco con varios diseminados fortuitamente en el tiempo sino que, en cuanto concepto dinámico de adecuación del derecho a las cambiantes condiciones sociales, ella encarna las lineas troncales del pensamiento judicial, que se van gestando a través de la multiplicidad de argumentaciones que en favor de los distintos criterios atinentes a una cuestión, del enriquecimiento de la réplica y de la superación crítica, consolidan en posiciones finales decantadas. Aún la opinión del juez de más bajo rango ha de tenerse por apreciada en esta manifestación vivencial del derecho, y esas opiniones están llamadas a silencio cuando un Tribunal superior falla con fuerza vinculante, frustrándose el debate y el progreso de las ideas jurídicas, lo que resulta directamente abortado cuando esa tarea se la emprende en abstracto para prevenir precisamente lo que es de la esencia de la jurisdicción y reaseguro de la evolución del derecho: la interpretación de la ley por cada juez, con sujeción a su texto, a su jerarquía en la pirámide jurídica y a su propia conciencia. (Del Voto del Dr. Giménez). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Interpretación de la ley, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Tajes, Raúl Eduardo c/ Estado  Nacional (EMGE) s/ retiro militar yfuerzas de seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal si no media debate y declaración de inconstitucionalidad, pues la exégesis de la norma, aún con el fin de adecuación a principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu (Disidencia parcial de los Dres. Julio S. Nazareno, Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert).
Asegurador, control estatal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gamarra, Eva Felicia y otro c/ Fortino, Antonio Carlos y otro s/ Daños y perjuicios. Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-06

Ante la existencia de un interés público comprometido ante la nulidad de asegurados, el Estado debe ejercitar un particularmente intensificado poder de policía, siendo una de las principales razones de tal fiscalización la vinculada a la aprobación de los "elementos contractuales", entre ellos el texto de la propuesta y la póliza de seguros, siendo así función de la Superintendencia de seguros de la Nación ejercer un control de equidad y de claridad de aquellas (arts. 25 ley 20.091; 11 ley 17.418), eliminando toda posibilidad de abuso en las cláusulas del contrato, el cual por naturaleza es contrato de adhesión.
Ley de emergencia económica, plan de pagos, responsabilidad contractual del Estado, régimen de consolidación de deudas
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Sociedad  Italiana  de  Beneficencia en Buenos Aires c/ Dirección de Ayuda Social Congreso de la Nación s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

Deben descartarse los argumentos relativos a que la accionada acordó la modificación de los cronogramas de pago cuando ya se encontraba vigente la ley 25.344, puesto que, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera atribuirse a sus representantes por haber adoptado tal actitud, prescinden de lo dispuesto por esa ley y su decreto reglamentario, que es un régimen de orden público y prevé un sistema específico para cancelar el pasivo estatal. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Jueces, deberes del juez, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: MURO, Héctor Daniel s/ Habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-07

En cuanto se refiere a la pretensión de que en autos se resuelve un "caso federal", hemos de decir que tenemos la certeza de estar decidiendo un caso de derecho común (en la sistemática de la ley 48), en el que la invocada presunción de inocencia cede ante la obligación de perseguir los hechos criminales que pesa sobre el Estado, con la única cortapisa de que se satisfagan las exigencias legales impuestas por la ley procesal, exigencia que, como se ha visto, en el sublite han sido cumplidas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución de la pena, sanciones penitenciarias carcelarias, defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Miño, Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-16

Corresponde anular la sentencia recurrida, puesto que no se advierte de las actuaciones que el imputado haya sido asistido por un letrado defensor durante el trámite de la sanción impuesta. (Dres. Slokar, Figueroa y Ledesma).
Sociedad conyugal, deudas de los cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Seguridad Social p/Odontólogos Pcia. Bs. As. c/ Bongiorno, Mónica Lucía s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28

Si el bien de que se trate fue adquirido por ambos cónyuges, por imperio de lo normado por el art. 1276, 2º párrafo del C. Civil, debe concluírse que su administrador es el marido y así que no responde por la deuda reclamada a la esposa de conf. al art. 5º de la ley 11357. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, trámites judiciales, demanda, contestación de la demanda, falta de contestación de la demanda, presunciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oviedo, German c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 636-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

No existe falta de contestación de la demanda -como lo postula el actor- si se ha acompañado el escrito de responde, no obstante que de su simple lectura se advierte que refiere a hechos y normas que no se relacionan -siquiera de manera aproximada- con la pretensión del recurrente.
Honorarios del perito, perito contador, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: PAPELERA SARANDI  S.A. c/ M.C.B.A. s/ REPETICION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-06

Para regular los honorarios de un perito contador debe tenerse en cuenta que la comprobación de asientos existentes en los libros examinados por el experto, no entrañan una verdadera pericia en el sentido del art. 3 inc. a) del Arancel de Contadores, que torne aplicable la escala de dicho artículo, y por lo tanto, el honorario debe fijarse teniendo en cuenta dicha circunstancia y las normas de orden general contenidas en el art. 6 de la citada norma legal.

Si el informe no constituye un estudio científico que pueda considerarse pericia técnica, sino una detallada compulsa y enumeración de asientos, certificaciones y datos emanados de los libros pertinentes, no es de rigor la aplicación matemática de los índices contenidos en el art. 3 sino la evaluación de los trabajos en el contexto de la causa (decreto ley 16.638) pues no está en discusión la proporcionalidad entre el honorario del experto y el de los demás profesionales, sino la naturaleza misma de su labor.
Recurso contencioso administrativo, actuaciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALVAREZ, MARIO ROBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE TOSTADO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ADMINISIBILIDAD      CSJ EXPTE NRO 553-88 BARREIRO, RAMON ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE s/ RECURSO    CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ADMISIBILIDAD      CSJ EXPTE NRO 641-88 SANTA  CRUZ,  GLADIS BILMA DE; SACCONE, MARIA CRISTINA SANTA CRUZ DE; BIANCHI, SILVIA GABRIELA SANTA CRUZ DE c/ MUNICIPALIDAD DE CORONDA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ADMISIBILIDAD      CSJ EXPTE NRO 512-88 CRACOGNE, MARIA CRISTINA PRONO DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ADMISIBILIDAD      CSJ EXPTE NRO 566-88 COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE VIDELA LTDA c/ COMUNA DE VIDELA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ADMINISIBILIDAD      CSJ EXPTE NRO 700-88 CHIAFFREDO, JOSE MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ADMISIBILIDAD ESCOBAR, FRANCISCO CASILDO c/ COMUNA DE TIMBUES s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ADMISIBILIDAD FANTIN, ARMANDO AMARO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ADMISIBILIDAD MORATA, RAMON c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ADMISIBILIDAD SANTOS, HECTOR MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ADMISIBILIDAD DEBARBORA, RAUL RAMON c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ADMISIBILIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-08-09|1989-09-06|1989-09-06|1989-09-13|1989-12-06|1992-08-12|1992-08-12|1992-08-19|1992-08-19|1992-08-19|1992-08-19

Si conforme a las constancias de autos, la Administración demandada no ha remitido las actuaciones administrativas solicitadas, corresponde entender en la demanda -a efectos de decidir la admisibilidad del recurso contencioso administrativo intentado- tomando como base la exposición del recurrente (artículo 28 ley 4106).
Acto administrativo, competencia, cuestión de fondo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cálix S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección de Vialidad). s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-11

Los actos administrativos denegatorios han tenido la aptitud de producir efectos jurídicos que los tornen o asemejen a actos administrativos definitivos, aunque no ciertamente en el sentido de los emanados de la autoridad jerárquica superior o con competencia delegada suficiente. Más allá de la terminología que en este punto se decida utilizar, debe considerarse que dichos actos -cuya legitimidad no ha sido objetada- han tenido por virtud resolver la cuestión material (o de fondo) que había sido objeto de reclamo por la empresa constructora. Es decir que dichos actos, independientemente del órgano del cual emanaron, crearon, modificaron o extinguieron situaciones jurídicas (cfr. Grau, A. E., "Confusión sobre la resolución definitiva", en R.A.D.A. núm. 13, pp. 63, 75). Concretamente, en cada caso, se rechazó el pedido de devolución de sumas descontadas por "desagio" en cada uno de los certificados de obra referidos (doctor PETTIGIANI, mayoría).
Contrato de trabajo, injuria laboral, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: EXPTE. N°10287 VILLEGAS, ALEJANDRO IVAN c/ DISCO S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-06-03

La pérdida de confianza, como factor subjetivo que justifica la ruptura de la relación, debe necesariamente derivar de un hecho objetivo de por sí injuriante. Sin la existencia de la conducta injuriosa que la determina, la pérdida de confianza por sí sola no puede originar la extinción del contrato de trabajo con justa causa.
Demanda, rechazo in límine
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caja de Previsión Social para Prof. de la Ing. de la Pcia. de Bs. As. s/ Prórroga de Mandatos y desig. de veedores
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-02

El rechazo "in limine" debe ejercerse con la debida prudencia, contrayéndolo a los supuestos en que la inadmisibilidad de la pretensión aparezca en forma manifiesta, por violación de las reglas del artículo 330 del C.P.C.C., a punto tal que su gravedad impida que constituya un requerimiento revestido del grado mínimo de seriedad que debe tener toda actuación ante la justicia. (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia no aplicable, jueces, facultades del juez, proceso penal, imputado, sentencia condenatoria, elevación a juicio, acusación, dictamen fiscal, requerimiento de sobreseimiento, fiscal de Cámara
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: B., C. y otros s/ Recurso de inconstitucionalidad- Homicidio calificado por promesa   remuneratoria (Expte. C.S.J. Nro. 11 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-13

Corresponde desestimar la queja desde que si bien el abogado defensor invoca en sustento de su impugnación sucesivos fallos en los cuales el máximo Tribunal de la Nación ha concluido que las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por jueces naturales no son respetadas cuando "...se ha dictado sentencia condenatoria sin que mediase acusación", no se hace cargo, en su presentación ante la Corte local, de rebatir los argumentos esgrimidos por la Cámara en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad. En esa oportunidad , el A-quo precisó que, "..en nuestro ordenamiento procesal penal, no es de aplicación lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación..." ya que "... en nuestra Provincia lo fundamental radica en sostener que la etapa del plenario del proceso penal se encuentra asentado en la requisitoria de elevación a juicio y que, por ende, el órgano jurisdiccional no queda vinculado por la postura del Fiscal", sustentando tal posición en un antecedente de la Corte. Y, de la lectura de las actuaciones principales, se advierte que en el caso de autos el Fiscal de Primera Instancia no sólo ha formulado la correspondiente requisitoria de elevación a juicio (art. 373 Código Procesal Penal), sino que también, ha mantenido idéntica postura incriminatoria al momento de efectuar las conclusiones (art. 396), ahora ya en la etapa del plenario. De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Concursos, liquidación de entidades financieras, facultades del juez, subasta, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA FINANCIERA MAXFIRM SOCIEDAD ANONIMA s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-29

Las facultades del juez, en orden a establecer las formas de la subasta de bienes que no revisten una especial naturaleza que justifique su enajenación por la entidad liquidadora oficial, así como las condiciones de la enajenación, tanto sea en lo referente a la base como a las particularidades del pago, garantía, etc., asientan en las directivas de los arts. 197 y siguientes de la ley 19.551. Cabe interpretarse que dichas normas son alcanzadas por la derogación que impone la ley 21.526 cuando se trata de la liquidación en sus aspectos técnicos, propios de la actividad financiera.

La limitación de ofertas para la adjudicación del inmueble exclusivamente a entidades financieras comporta "prima facie" una reducción de potenciales interesados, con el consecuente riesgo del fracaso de la venta por oferta pública, o bien la posibilidad de obtención de un precio que por su insuficiencia, puede afectarse a la entidad liquidada. Tal eventualidad no se suple con la mera información al juez del concurso.
Recursos administrativos, caducidad, plazo, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Martín y Martín S.R.L. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 551-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

No corresponde aplicar el plazo de caducidad previsto en la ley administrativa respecto de una demanda por cobro de facturas impagas que no forman parte de los daños y perjuicios causados por un acto administrativo ilegítimo, sino que corresponden a un reclamo al deudor contractual por el incumplimiento de su prestación.
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Garelli, Raúl Martín y otros c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de E.R. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1904-03-06

La significativa modificación introducida por la Constitución al régimen tradicional del Amparo en el ámbito nacional consiste en afirmar su naturaleza jurídica reputándolo como "acción" -no como simple "recursos"- y convertirlo en un procedimiento especial relativamente "alternativo" frente a los comunes y ordinarios, quitándole el carácter meramente subsidiario de los procedimientos administrativos que anteriormente le asignaba la ley nacional de facto.

Ante ello, es menester señalar que tales aspectos no resultan novedosos para la tradición amparista enterriana, habida cuenta que de tal manera ha sido invariablemente comprendido el Amparo, con anterioridad a la reforma de la Constitución Nacional, a través de la vasta jurisprudencia de los tribunales provinciales, interpretando la norma madre de los artículos 26 y 27 de la Constitución de Enter Ríos de 1933 luego de su reglamentación procesal por la ley 8369, verificándose plasmado ese mismo criterio en los pronunciamientos judiciales más modernos dictados a la luz de la vigencia del Decreto 2582/46 -y sus modificatorias- que reglamentara la operatividad procesal del instituto hasta la sanción de aquella.
Costas, honorarios, gastos del proceso, actos y diligencias procesales, recibo
Materia: PROCESAL
Carátula: CORTESFILMS ARGENTINA S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. Y OTRO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22

Los gastos emanados de las diligencias cumplidas fuera de la jurisdicción (esto es, los honorarios del estudio extranjero como así también los gastos de diligenciamiento de documentación en el exterior), suponen una actuación extraordinaria en el desenvolvimiento de la causa, que deben ser, por tanto, retribuidos (cfr. A.M. Morello - G.L. Sosa - R. Berizonce, Códigos procesales en lo civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados, La Plata, 1985, t. II-b, p. 257; Sala II, causa 6715 del 23.5.89). Integran las costas del juicio las erogaciones necesarias para el trámite de la causa y, en la medida en que aparezcan como razonables, corresponde su reembolso, sin que para ello constituya impedimento la falta de comprobantes.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Z. de L., E. c/ B., J. y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-05

Las pruebas y la sentencia definitiva deben recaer sobre los hechos que las partes afirman en sus escritos de demanda y responde y, en su caso, en la reconvención y su contestación y sólo excepcionalmente, se admite la alegación de hechos con posterioridad al cumplimiento de aquellos actos procesales, como lo es el supuesto de "hecho nuevo".