Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-21


"RICOY, ELSA MARIA CONTRA GCBA SOBRE ACCION MERAMENTE DECLARATIVA (ART. 277 CCAyT)" , EXPTE: EXP 697 En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de abril de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Nélida Mabel Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo Ángel Russo, para conocer en el recurso de apelación judicial interpuesto por la denunciada contra la resolución administrativa que le impuso la sanción de multa en autos "RICOY, ELSA MARIA CONTRA GCBA SOBRE ACCION MERAMENTE DECLARATIVA (ART. 277 CCAyT)" , EXPTE: EXP 697/0 y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Eduardo Ángel Russo, el Dr. Esteban Centanaro y la Dra. Nélida Mabel Daniele, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la resolución apelada? El Dr. Eduardo Ángel Russo dijo: ANTECEDENTES: Se inician las presenten actuaciones, con la demanda incoada por el Dr. Ricardo D´Alessandro, en su carácter de apoderado y en representación de Elsa María Ricoy, Julio Dieguez y Adela Lozano de Dieguez, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con motivo de la pretensión de esta última de cobrar retroactivamente, desde la fecha del revalúo, la tasa por alumbrado, barrido y limpieza del inmueble ubicado el la calle Monroe 4824/26/28 y 30, partida nº 0345136. Al mismo tiempo solicitó se declare la inconstitucionalidad del Decreto 6137/91, ya que considera que con el contenido del mismo se pretende el cobro retroactivo de la tasa del impuesto citado. Corresponde mencionar que la deuda reclamada corresponde a los períodos 1992/1997. Consideró que el cobro retroactivo de la mencionada tasa viola lo establecido en el art. 17 de la Carta Magna y agregó que abonó puntualmente el tributo por débito automático, en el Banco de Galicia, sucursal 39, cuenta 2995/5-039/1, durante todo el período que le reclama la ex Municipalidad e inclusive en la actualidad. Manifestó que ante esos pagos, la demandada nunca hizo reserva alguna, por lo que entendieron que la obligación de los actores se encontraba completamente extinguida. Partiendo del abono puntual del tributo mencionado, hizo mención a los casos Bernasconi SA c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/Acción declarativa y Guerrero de Louge, Susana Ernestina Teresa c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/Acción declarativa, en el que el principio de "irretroactividad" dejo de ser un mero criter io interpretativo para pasar a ser una exigencia constitucional. En este orden agregó que lo pagos efectuados a la ex-Municipalidad son los llamado "instantáneos", o sea que generan un crédito fiscal que puede ser cancelado por pago de la imputación correspondiente. Sostuvo que en el inmueble de marras se efectuó una ampliación al construirse la unidad 3 del plano que oportunamente agregó, pero que el tributo se encuentra abonado, que la obra nueva se encuentra terminada, pero la recategorización y su consecuente revaluación, si bien se debe en parte a ese motivo, no se la puede cobrar con efecto retroactivo. Agregó que no discute la ampliación efectuada de acuerdo al plano, ni su nueva valuación fiscal, sino al hecho de que todo el inmueble de la calle Monroe 4824/26/28/30 ha sido revaluado y que se trate de cobrar retroactivamente el tributo desde 1992 inclusive a la fecha de la demanda. Finalmente, puso de manifiesto que la presunta deuda con retroactividad que reclama el GCBA, trajo muchos problemas a las partes que quieren vender el inmueble, ya que la misma figura en los certificados que solicitan los escribanos para justificar que el bien que se vende se encuentra al día en los pagos de ese impuesto. En esta oportunidad ofreció prueba y fundó su derecho en los arts. 17 de la Constitución Nacional, 3 y 322 del Código Civil, haciendo además reserva del caso federal. Agregó que la presentación del plano ampliatorio de la unidad funcional nº 3, que hiciera en su oportunidad, se encuentra para su aprobación y que fue ingresado con fecha 20/3/99, por lo que solicitó la inscripción del mismo, sin tener en cuenta la deuda por recategorizaición que pueda surgir. Se agregó al presente constancia de deuda expedida por la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario (fs. 46), detalle de liquidación practicada por la misma entidad, certificados de dominio de las unidades funcionales. A fs. 116 la actora dejó constancia que en el inmueble de la calle Monroe 4830, existe un garage cuyo plano está por aproba rse en la ex-Municipalidad, pero que fue informada que tal aprobación se encuentra sujeta a que se abonen las tasas cuestionadas en el presente expediente. Agregó que esto acarrea un enorme perjuicio a su parte por lo que en oportunidad de interponer demanda solicitó una medida cautelar para que se ordene la aprobación del plano citado. Que a efectos de expedirse sobre la medida solicitada, la a quo, a fs. 118, solicitó una medida para mejor proveer, la que fue cumplida a fs. 166. A fs. 292 fue rechazada la medida cautelar por considerarse que del estado del proceso, las pruebas aportadas por la actora y las requeridas por el tribunal, no puede concluirse que el accionar del GCBA resulte manifiestamente arbitrario o ilegítimo o que resulte verosímil el derecho invocado de forma suficiente para el otorgamiento de la misma. A fs. 184 contestó demanda la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a fs. 257 se abrió la causa a prueba y se cerró el período probatorio a fs. 404. A fs. 476 dictó sentencia la Sra. Juez de la instancia anterior, quien rechazó la demanda en todas sus partes, imponiendo las costas a la vencida. Reguló los honorarios del Dr. Maximiliano Gastón Ricciardi en su carácter de apoderado y patrocinante de la demandada en la suma de $1450 (pesos mil cuatrocientos cincuenta) y los del Dr. Ricardo Jerónimo D´Alessandro en su doble carácter de patrocinante y apoderado de la actora en la suma de $950 (pesos novecientos cincuenta). Fundó su decisorio aclarando que "en la asignación de los nuevos registros de empadronamiento se constata la realidad física del inmueble a la fecha de la inspección con los registros informáticos desde el 1/1/84, realizándose un análisis comparativo de los registros que se encontraban en el padrón con los datos que se obtienen en la verificación del inmueble como producto de la inspección". Agregó que a fs. 312 obra el informe de la empresa Catrel S.A., que señaló que la inspección al inmueble de marras se llevó a cabo el 22/10/96, detallando las superficies empadronad as anteriormente y la actual, con su categoría y antigüedad, estas determinadas en base a las pautas de la Ordenanza Tarifaria de 1996. Que los antecedentes fueron remitidos a la Dirección de Empadronamiento Inmobiliarios el 30/12/96 y aclaró que la liquidación de las diferencias fueron notificadas el 16/1/97. Que a fs. 324 consta el informe de la DGR del cual surgen los montos pendientes de pago en concepto de ABL a de Octubre de 2002. Agregó que es evidente, de acuerdo a las probanzas analizadas, que el inmueble de la calle Monroe fue objeto de importantes refacciones, que trajeron aparejadas también el cambio de destino constructivo y de categoría. Sostuvo que lo expuesto constituye el sustento fáctico de las retroactividades liquidadas y reclamadas por la actora. Coincidió con el dictamen fiscal obrante a fs. 473, al sostener que la doctrina de los casos jurisprudenciales allí citados y en los que la actora habría basado su derecho, "es aplicable a aquellos casos en los cuales la liquidación retroactiva s e deba para limpiar errores atribuibles a la Administración, lo que no ocurre en este pleito siendo que por otra parte, la actora no ha demostrado que así sucediera". (sic). Hizo referencia además, que respecto del informe de fs. 303 surge que en el sub examine la Unidad Funcional nº 3 fue demolida en su totalidad y la construcción realizada significó un cambio de superficie y de destino y que estas circunstancias no llevaron a la apertura del correspondiente plano. Manifestó que de lo expuesto se desprende que el inmueble de marras fue objeto de diversas modificaciones y refacciones que no fueron comunicadas debidamente a la administración a los fines tributarios correspondientes. Esto comprueba que la actora nada ha dicho al respecto, siendo precisamente la omisión de esa conducta la que generara el reclamo de la administración en virtud de la cual se demanda. A fs. 481 apeló el decisorio de la a quo la actora y a fs. 482 apeló los honorarios regulados a su favor, por bajos, la demandada. A fs. 488 expresó agravios la demandante, solicitando se revoque la sentencia de primera instancia con costas. Sostuvo que cuando reconoció oportunamente las ampliaciones, se refirió exclusivamente a las construcciones denunciadas por el plano 82162/94, que presentara en la Dirección General de Fiscalizaciones de Obras y Catastro con fecha 28/4/95, obras que tuvieron inicio el 10/12/94 y finalizaron el 22/4/97. Manifestó que la demandada expuso "los registros de empadronamiento originarios de 1997 y 1982 (sentencia), con modificaciones del año 1991, nueva modificación con vigencia al 1º de Enero de 1996, con otro agregado de 455 m2, o sea que de 42 m2 de garage, se ha cambiado la categoría E en D y que ha sido agregado otro garage de 455 m2, corrborado ello por inspecciones del 18/10/96 y 24/6/97, destacándose que las refacciones y cambios que fueron denunciados". (sic). Aclaró por lo expuesto supra que nunca hubo dos garages y que la única construcción que se llevó a cabo es la que se construyó de acuerdo al plano ya citado.

Destacó que en la inspección del 26/6/97 figura la existencia del plano MH 2033/79, que no se abrió porque la unidad 3 fue demolida en su totalidad, cambiándose de superficie y de destino. Agregó que se tomaron para los revaluos, elementos que datan del año 1947 a la fecha, tomando la sentencia el metraje desde 45 a 744 m2, a pesar que la misma demandada aclaró que la adecuación correspondía a los años 1992 a 1997, es decir que se tomaron elementos que no formaron parte de la demanda. Sostuvo que no surge de autos ninguna notificación por parte de la administración, ni a los anteriores dueños, ni a los actuales, los que tomaron conocimiento a partir de la promoción de la demanda. En la misma oportunidad de expresar agravios citó jurisprudencia y destacó que los Sres. Dieguez son propietarios desde el 19/10/84 y que no han efectuado mejoras a excepción de las denunciadas al plano agregado en el expediente. Que existe un solo garage y no dos como lo establece la a quo. Que en la sentencia de la instancia anteri or se tomaron antecedentes que datan del año 1947. Que las valuaciones correspondientes a los años 1982, 1987 y 1991 nunca le fueron notificadas, salvo por la promoción de la presente causa y finalmente agregó que la jurisprudencia es conteste con la ilegitimidad del cobro retroactivo, por los motivos antes señalados. Continuó su relato expresando que la demandada en sus inspecciones del 18/10/96 y del 24/6/97, manifestó que se detectaron ampliaciones, pero que existen antecedentes técnicos valorativos de la declaración jurada y del plano ya mencionado. Enfatizó en que "es evidente que no se han tenido en cuenta las constancias del plano ya mencionado por la demandada y por Su Señoría, cuando del mismo surgen evidencias claras y distintas, especialmente por el metraje ya construído", y sostuvo además que al momento de realizarse la primera inspección la obra estaba avanzada y ya en la segunda inspección la misma estaba terminada. En el mismo sentido agregó que es evidente que la omisión y demora surgen de la administración, que debía determinar el tributo en cuestión, de acuerdo a la normativa vigente. Continuó la quejosa manifestando que la Sra. Juez de la anterior instancia hizo caso omiso de la presentación del plano aprobado, ni tuvo en cuenta el dictamen del Sr. Fiscal. Finalmente solicitó tener presente que nunca realizaron mejoras o construcciones, desde que son propietarios del inmueble, con excepción del plano 82162/94, que a raíz de la falta de notificaciones de las valuaciones por parte del GCBA, se declare ilegítimo el cobro retroactivo que el mismo pretende y la inconstitucionalidad del decreto 6371/91. Agregó que no fueron remisos en declarar ante la demandada la existencia de una obra, al presentar el plano 82162/94, que fuera aprobado y el certificado final de la misma. Advirtió una omisión por parte de la administración en ejercer facultades determinadas que le son propias y reiteró se declare ilegítimo el cobro retroactivo, declarándose la inconstitucionalidad del decreto 6137/91. A fs. 500 cont estó agravios la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, quien sostuvo la falta de cumplimiento del art. 236, ya que de la expresión de agravios no surge ninguna crítica razonada de la sentencia en crisis, ya que solo se limitó a resaltar su desacuerdo y cuestiones probatorias sin sustento fáctico. Hizo mención a las partes medulares de la sentencia y consideró que la actora no se agravió en momento alguno por las misma y por ello solicitó se declare desierto el recurso presentado por la demandante. En subsidio contestó agravios y enfatizó en lo dicho por la actora cuando manifestó que "nunca hubo dos garage", que en relación al cuadro de empadronamiento al que se remitió por cuestiones de brevedad, agregó que si la actora consideraba que no asistía razón a la administración, debió por los menos efectuar la prueba pertinente y no guardar silencio, ya que, caso contrario, se invertiría la carga de la prueba. Que del plano MH2033-79 presentado por la propia demandante, se verifica la existencia de dos garajes , por lo que no comprende cuál es el agravio de la misma. Manifestó que en ninguna parte de la sentencia en crisis, se menciona el metraje de 45 a 744, tal como lo expresara a fs. 489 la actora, agregando que la misma no comprendió el modo en que se determinan las diferencias fiscales. Continuó su exposición manifestando que en momento alguno habló de modificaciones edilicias en el año 1947, tal como lo manifestara la demandante y que la misma pretende que la administración le notifique las mejoras que ella misma realizó, lo que es prácticamente imposible. Por otra parte destacó que cuando la administración llevó a cabo la verificación del inmueble, tuvo en cuenta las diferencias estructurales verificadas y las ampliaciones, las que elevan los ciclos constructivos y que aplicó la normativa vigente a los períodos no prescriptos. Sostuvo que si la actora no denunció las refacciones llevadas a cabo por ella en el inmueble objeto de la presente, es culpable por omisión, por lo que solicitó se rechace el recurso i nterpuesto por la contraria. En esta misma oportunidad citó jurisprudencia y efectuó un ejemplo para el cálculo del ciclo constructivo. A fs. 506 emitió su dictamen la Sra. Fiscal de Cámara y a fs. 507 pasaron los autos a resolver. CONSIDERANDO: 1. Analizaré en primer término la cuestión del planteamiento de la acción meramente declarativa. Esta es una acción que tiende en forma exclusiva a obtener una sentencia que declare certeza de una situación jurídica que presenta dudas sobre su existencia, alcance o modalidad. El art. 277 del CCAyT reza "Puede deducirse demanda que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al/la actor/a y éste/a no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente" Lo mencionado, afirma que de negarse la procedencia de la acción, el Gobierno de la Ciudad podría proceder al cobro inmediato, infiriendo un perjuicio cierto al contribuyente hasta tanto se obtuviera el reconocimiento de su derecho. (conf. Pagano Sánchez c/GCBA s/acción meramente declarativa, CNCiv. Sala H, 12/7/2000). Es por lo expuesto que considero viable la vía elegida, es decir la acción meramente declarativa. 2. En segundo lugar, es menester tratar los agravios presentados por la actora, los que prima facie no realizan una crítica concreta y razonada de la sentencia de primera instancia. Es coincidente la doctrina en sostener, respecto al fundamento de la apelación, que así como el interés es la medida de las acciones, el agravio lo es de la apelación. La procedencia del recurso depende de la existencia de un interés jurídico que lo justifique, interés que está determinado por el gravamen o perjuicio que la resolución de primera instancia cause al apelante. (Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Comentado y Concordado, Lexis Nexis, p. 447) En el mismo sentido ha sosten ido Alsina que se entiende por expresión de agravios el escrito en el cual el apelante examina los fundamentos de la sentencia y concreta los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan los agravios de que clama. (op. cit.). Debe el apelante mostrar, poner de manifiesto, expresar, lo mas objetiva y claramente posible el daño o perjuicio que de manera injusta le ocasionara la sentencia de la anterior instancia. En el sub examine ha efectuado la parte actora, un detalle pormenorizado de casos jurisprudenciales, pero no ha podido establecer en momento alguno la conexión existente entre ellos y el fallo de la Sra. Juez de la anterior instancia. No efectuó una crítica razonada y concreta a la resolución de la a quo, dedicándose en la mayor parte de la expresión de agravios a realizar citas de jurisprudencia y reiterar los términos en que fue deducida la demanda. 3. Sin embargo es menester tratar el agravio sostenido por la recurrente en cuanto a la falta de notificación, por parte de la Administra ción, de la nueva valuación inmobiliaria. En estos términos sostuvo en la expresión de agravios que "Si la demandada sabía, por las inspecciones, de los años 1947, 1982, 1987, 1991 y 1196, la existencia de una mayor cantidad de metros cuadrados, distintos destinos, etc., no denunciados, por qué omitió notificar las modificaciones que en su momento, hipotéticamente, se hicieron, es decir las del año 1947, notificarlas en el año 1947, las del año 1982, también en ese año y así sucesivamente. Así surge de autos." "Considero relevante el agravio, ya que, como digo, no surge de autos notificación alguna, a los anteriores dueños y a mis mandantes, los que se enteraron, mucho tiempo después, por la promoción de esta demanda". (sic). Tal como lo expresara en su informe, la Dirección de Empadronamiento Inmobiliario de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la actora fue notificada de la nueva valuación inmobiliaria, con fecha 17/1/97, constancia que obra a fs. 3 de la nota nº 16914 PG-2001, además, en la misma oportunidad y ante la solicitud sobre si los avalúos fueron motivo de impugnación alguna por parte de los actores, sostuvo que "...es de hacer constar que no existe constancia respecto que las nuevas valuaciones fueran recurridas por el contribuyente" (el destacado me pertenece). Por lo expresado, considero oportuno señalar que, no existen certezas en este sub examine, que la actora en momento alguno haya impugnado las nuevas valuaciones notificadas por la administración. Es decir, y continuando en este orden de ideas, que ante las nuevas modificaciones y ante las nuevas valuaciones notificadas, continuó abonando una suma menor a la real, con el consiguiente beneficio económico que ello implica. Además es dable destacar que la demanda recién es interpuesta en el año 2001, es decir, una vez transcurrido un lapso considerable de tiempo, en el que nada dijo, teniendo en cuenta además, que es la propia actora quien manifestó en varias oportunidades haber efectuado modificaciones al inmueble de marras. Por otro lado, he de señalar que, según las constancias arrimadas a estos actuados, se han efectuado refacciones en el citado inmueble, lo que produjo un cambio en el destino constructivo del mismo y un cambio de categoría, lo que produce una nueva valuación a la que el contribuyente debe responder. 4. Considero oportuno destacar que los restantes argumentos expuestos por la quejosa, más allá del aquí tratado sobre la falta de notificación de la Administración sobre la nueva valuación, no lograron conmover el pronunciamiento de grado. Ello, por cuanto entiendo que la Sra. Juez de la anterior instancia ha valorado adecuadamente las pruebas arrimadas a estos actuados, las que, no han sido desvirtuadas en esta alzada. 5. En cuanto a los honorarios apelados por la demandada por considerarlos bajos, entiendo oportuno mencionar que los mismo se encuentran ajustados a derecho. En cuanto a los honorarios de esta instancia, regulo los mismos de la siguiente manera: en atención a la naturaleza, extensión, calidad y eficaci a de la laboral desarrollada en esta instancia, los del Dr. Maximiliano Gastón Ricciardi en su carácter de apoderado y patrocinante de la demandada, en la suma de $507.5 (pesos quinientos siete con cincuenta centavos) y los del Dr. Ricardo Jerónimo D`Alessandro en su carácter de apoderado y patrocinante de la actora, en la suma de $237.5 (pesos doscientos treinta y siete con cincuenta centavos). El Dr. Esteban Centanaro y la Dra. Nélida Mabel Daniele adhieren al voto del Dr. Eduardo Ángel Russo. 6. Por todo lo expuesto, este Tribunal por unanimidad RESUELVE: I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora. II. Confirmar la sentencia de grado. III. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, de acuerdo a lo expuesto en el punto 5 de los considerandos. IV. Imponer las costas de esta instancia a la vencida, por no encontrar mérito para apartarme del principio objetivo de la derrota (art. 62 del CCAyT). Regístrese, notifíquese a las partes y a la Sra. Fiscal en su público despacho. O portunamente devuélvase.