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Contratos administrativos, interpretación del contrato, actualización monetaria, liquidación, leyes, aplicación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: MAYO TRANSFORMADORES S.R.L. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 401 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-03

No puede prosperar el planteo de la contratista quien se opone a la aplicación de la ley 24283 por entender que los contratos administrativos se encuentran sometidos a un régimen jurídico específico, impuesto por el Derecho público y que "es impropio, luego, sostener que las leyes pertenecientes al Derecho privado complementan al decreto 3199/93 o a las leyes 23.982 o 10.798", desde que este Tribunal -bien que con integración parcialmente distinta a la actual- se ha expedido en favor de la aplicación de la ley 24.283 al ámbito de los contratos administrativos en la causa "Dycasa" teniendo en cuenta el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentado en el caso "Bolaño" , donde se señaló que la simple lectura de la norma pone de manifiesto que se refiere "al valor de una cosa 'o' bien 'o' cualquier otra prestación", y que "la amplitud y claridad del precepto legal se robustece más aún con su último párrafo, al declarar que será aplicable a 'todas las situaciones jurídicas no consolidadas'...", concluyendo que no hay dudas acerca del "ámbito material omnímodo" establecido por el Poder Legislativo al sancionar la ley 24.283. Dicha conclusión en nada se conmueve con la mención del principio de intangibilidad de la remuneración del contratista , el cual no constituye argumento suficiente para oponerse al ya destacado "ámbito material omnímodo" de aplicación de la ley 24.283.
Diferencias salariales, despido, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: MANZUR GUSTAVO SEBASTIAN c/ SAHIORA S.A. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-24

Resulta procedente la multa del art. 2 de la Ley 25.322, por las diferencias de los montos impagos de rubros correspondientes a la liquidación final por $ 18.588,70. En consecuencia el monto de condena alcanza a $ 9.294,35.
Abogados, honorarios, regulación provisoria, actualización monetaria, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: VENTURUZZI CARLOS JOSE c/ ANIT FEDERICO s/ REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-05-06

La regulación es provisoria, en tanto la base tomada sea también provisoria, y ello se deduce a poco que se repare en lo dispuesto por el art. 29 Ley 7269, según el cual a los fines de la regulación se debe considerar el total de lo pretendido y no el monto por el que, según la sentencia, prospero la demanda. De ahí, entonces, que en tanto la base este dada por una suma de dinero, esta debe ser actualizada de oficio al tiempo de la regulación, así siempre la bases definitiva. De ello se sigue que si el juez no actualiza la base, el profesional consiente la regulación y no recurre, no hay posibilidad posterior de variar los honorarios. En conclusión en los procesos e incidentes regulatorios así como en los procesos en donde el objeto del litigio es una suma de dinero la regulación firme, no puede variar y solo procederá la actualización y los intereses de los mismos honorarios (art. 32), Pero no estos ni tampoco la base tenida en cuenta.
Falta de contestación de la demanda, presunción juris tantum
Materia: PROCESAL
Carátula: Duarte, Ricardo Daniel c/ Puerto Madryn Televisora Color S.R.L. s/ Indemnizaciones por Accidente de Trabajo, por Despido y porEstabilidad  Sindical y Diferencias Remuneratorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-29

La incontestación de la demanda no lleva necesariamente al triunfo del actor en el litigio pues igualmente la sentencia ha de dictarse conforme a derecho, pero produce el preciso efecto consagrado en el art. 56 de la ley 69, es decir que a partir de esa circunstancia debe presumirse la verdad de los hechos alegados en el escrito liminar hasta prueba en contrario.
Derecho civil, rechazo in límine, demanda, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Villar, Roberto Orlando  c/ Ríos, María Teresa  s/ Ordinario Acciones Reales y Posesorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-21

La improponibilidad objetiva debe ser verificada en las distintas etapas del proceso aún luego de trabada la litis, comprendiendo, desde luego, su comprobación en la sentencia definitiva y/o en su revisión por el tribunal de apelación.
Contratos administrativos, interés público, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DPC COMPUTACION SA c/ COMUNA DE FUNES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 281-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-29

La inserción de las llamadas cláusulas exorbitantes en el "bloque negocial", no alcanza por sí sola para generar materia contencioso administrativa -atendiendo al alcance con que ha sido configurada la competencia de la Corte, en el Código Contencioso Administrativo-. Es necesario que esa inclusión denote la especial incidencia del interés público, que justifique el sometimiento del contrato a las normas y principios de derecho privado pero sólo en un rol integrativo del ordenamiento jurídico aplicable; recién allí, no cabrá duda alguna de que las lesiones que se aduzcan, respecto de los derechos que de él deriven, deben ser resueltos por la Corte.
Indemnización por accidente de tránsito, gastos de reparación del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: M.G., R. c/ S., A.D. y otros s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-24

Tiene dicho la jurisprudencia mayoritaria, que si el costo de las reparaciones de la unidad dañada es superior al valor del vehículo en buen estado de conservación, la reparación del daño nunca puede superar el valor de la cosa, pues en tal caso ha de considerarse que la destrucción es total. Por lo tanto se torna injusto que el costo de los arreglos del vehículo pueda superar el valor en el mercado de una unidad de iguales características (Art. 1077 del C.Civil).
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gerez de Toledo, Victoria c/ Erminione, Antonio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-19

Si el automovilista hubiera tenido el dominio pleno del automotor, y en su caso, la pericia adecuada para conducir, pudo evitar embestir al peatón. En efecto, quien circula por la vía pública siempre debe cuidarse de no causar daños a los terceros, lo cual no sólo ha de precaverse en las encrucijadas, sino también en otros sitios, como los lugares donde se halla una garita destinada la uso de los peatones. Siempre el conductor debe estar en condiciones de frenar a la aparición de personas en esos sectores (art. 1113 2do. apart.

Código Civil). En consecuencia, no hallándose ante el caso del cruce a mitad de cuadra, sino ante el supuesto de hecho del paso en un sitio donde ascienden y descienden los pasajeros de los colectivos, al no haber el automovilista logrado detener el locomóvil, queda enhiesta la responsabilidad objetiva (art. 1113 2do. apart. in fine Cód. Civil).
Contrato de trabajo, cosa juzgada, oponibilidad al deudor, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Paz, Rubén Germán c/ C. Castelli S.R.L. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-30

Respecto de la cosa juzgada no se puede soslayar lo dispuesto por el art. 715 del Código Civil, en cuanto establece que la cosa juzgada recaída en juicio no es oponible a los codeudores que no fueron parte en él. (El demandante en autos "Pesoa Sanabria Tomás Alcides c/ Bohr S.A. s/ despido" individualizó a Bohr S.A. como único empleador, se opuso a que Radiotrónica de Argentina S.A. fuera llevada al referido juicio, obtuvo sentencia condenatoria contra Bohr y luego inició un proceso ordinario contra la otra sociedad anónima por extensión de responsabilidad solidaria. En la Alzada se rechazó la demanda con fundamento en las consideraciones citadas anteriormente, entre otras).
Entidades financieras, estados contables, falta de registro de las operaciones, banco central, régimen de garantía de los depósitos
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: MASSA, MARIA MARTA Y OTRA c/ B.C.R.A. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01

Los aspectos que se vinculan con las anomalías incurridas durante la gestión por la ex-caja de Crédito no pueden racaer sobre el inversor toda vez que erigir como requisito la registración contable para asentar entonces la procedencia del reintegro constituye, implícitamente, una pretensión de indilgarle al particular las consecuencias jurídicas de conductas y omisiones atribuibles, de último, al propio Banco.
Acción contencioso administrativa, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Caballero, Eduardo Salvador c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ N.   266-1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

No cabe hacer lugar al agravio del recurrente relativo a que la Junta Examinadora incurrió en excesivo rigor formal por haber evaluado solamente los antecedentes presentados y acreditados en legal forma, en tanto ello no era exigido por el artículo 4 del decreto de convocatoria al concurso, que consideraba declaración jurada a los datos consignados, por lo que si algo no se consideraba real debió corrérsele vista para poder ejercer su derecho de defensa. Ello, desde que no resulta irrazonable pensar que en el supuesto de tratarse de trabajos elaborados para ser presentados ante algún organismo o repartición, para tenérselos por válidos se requiera de algún modo la verificación de su autenticidad (a través, v.gr., de alguna certificación, constancia de presentación, copias de publicaciones, etc.) o se exija el cumplimiento de las formalidades a que alude la Junta. Por otra parte, no surge del artículo 4 del decreto de llamado a concurso que la alusión a "datos consignados" pueda resultar comprensiva de antecedentes o trabajos como los que el recurrente dice omitidos por no reunir las formalidades requeridas, ni que en la hipótesis de considerarse declaración jurada tales trabajos se siga necesariamente que haya debido corrérsele vista alguna, cuando ello no estaba previsto ni el recurrente lo solicitó.
Prescripción, despido indirecto, plazo, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Méndez, Miguel Ramón y otro c/ Guames, Daniel y/o quien o quienes resulten responsables s/ Reclamo laboral o quienes resulten responsables s/ Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-11

En el despido indirecto, la fecha de extinción de la relación laboral que se tiene en cuenta para comenzar el computo de la prescripción es la correspondiente a la remisión del telegrama (que llego a conocimiento de la parte) por el cual el trabajador se consideraba despedido.
Enfermedad profesional, acción civil por accidente de trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: VALET, CLOTILDE ESTER c/ PREMIER SRL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-12-30

En caso de enfermedades profesionales de largo proceso de incubación y desarrollo, a los fines de determinar la responsabilidad de la compañía aseguradora, deben considerarse como siniestros, aquellos que se han exteriorizado durante el lapso de vigencia de la póliza.
Régimen de consolidación de deudas, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Poracchia, Anibal Hector c/ Fiscalia de Estado - Pcia. Bs. As. s/ Ejecucion Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-02-19

Cabe declarar la inconstitucionalidad de la ley 12.836 de la provincia de Buenos Aires y sus modificatorias, de consolidación de deudas, pues resulta lesiva de los artículos 17 de la Constitución Nacional y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, al establecer mayores restricciones a los derechos de quienes deben percibir créditos del Estado Provincial que los previstos por su antecedente nacional, por lo que la situación del acreedor provincial no se encuentra equiparada a la del acreedor nacional.
Eximentes de responsabilidad penal, estado de necesidad, prueba
Materia: PENAL
Carátula: BONZA, JULIO CESAR COMISSI, CARLOS CESAR s/ TENTATIVA DE HURTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-07

Debe rechazarse el planteo de estado de necesidad invocados por los procesados cuando no se ha acreditado en el proceso los extremos fácticos en que aquél se funda sin que quepa asignar tal carácter a la insuficiencia salarial, o a la recesión económica, si es que específicamente no se demuestra que han servido para poner en el dilemático trance de sacrificar un bien de menor entidad ante la inminencia de un mal grave.
Recurso de queja (procesal), caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ingalmet  S.A. c/ Trillo, Manuel y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11

Sólo el cumplimiento íntegro de la providencia que exige la presentación de diversos recaudos interrumpe el plazo de caducidad de la queja.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa, Dora Teresa c/ Paredes, Isabel y ot. s/ Cobro ejecutivo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

El fallo del juez de primera instancia que en la etapa de cumplimiento del juicio ejecutivo se pronuncia sobre la forma de pago de la deuda ejecutada conforme a lo ya decidido y firme, no reviste carácter de definitivo en los términos de los arts.278 y 296 del Código Procesal Civil y comercial, desde que se ha decidido sobre cuestiones que no desbordan la estructura formal del proceso ejecutivo (art.591, Código citado). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, omisión de retener o percibir aportes, caja complementaria, prescripción, docentes, ejecución fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en (RESERVADO) CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE c/ GCBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-22

Corresponde rechazar la queja porque no rebate el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, en tanto sostuvo la inexistencia de un genuino caso constitucional. En efecto, el GCBA desarrolla distintos agravios contra la sentencia de la Cámara que confirmó el rechazo de la excepción de prescripción y el planteo de inconstitucionalidad deducidos por el Estado local, y admitió la demanda de cobro de pesos articulada por la actora, con costas de ambas instancias a la vencida. Esos agravios remiten a la valoración de las actuaciones administrativas y judiciales, y de los restantes hechos de la causa, a la luz de las normas infraconstitucionales aplicables (contenidas en el Código Civil, el decreto ley n° 22804 y en la ley de procedimientos administrativos local) todo lo cual resulta ajeno al ámbito cognoscitivo de la presente vía recursiva extraordinaria y además constituyen una reiteración de planteos que ya fueron analizados y desestimados por la Cámara mediante fundamentos suficientes, lo que permite descartar un supuesto de arbitrariedad de sentencia. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Divorcio, sentencia, hogar conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ SEPARACION PERSONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-03-22

La norma legal es clara en cuanto consagra el derecho a favor del cónyuge desvalido permitiéndole, bajo ciertas circunstancias, conservar el hogar conyugal, pero tal derecho ha de ser invocado recién una vez "dictada la sentencia de separación personal", como indica el precepto legal.

La pretensión de no liquidar el inmueble ganancial, u oponerse a la disponibilidad del cónyuge titular, si fuera propio, cuando el cónyuge sin recursos económicos hubiere continuado ocupándolo, está fundada en el prejuicio grave que podría causarle la partición, cuya demostración está a cargo del peticionante.

Esta pretensión deberá formularla al promover el incidente pertinente dentro de la etapa de liquidación de la sociedad conyugal.

Ese es el momento para tratar la cuestión, pues en el se resuelve como debe liquidarse el acervo ganancial, a consecuencia de la indivisión postcomunicataria inmediata que produce la disolución de pleno derecho de la sociedad conyugal (art. 1306, Cod. Civil).

Ahí, en el auxilio referido en la previsión legal, que reviste carácter excepcional, analizando las circunstancias concretas del caso a fin de discernir sobre la conveniencia de mantener a uno de los cónyuges en la vivienda por ser el único inmueble sujeto a partición.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Mercedes B. c/ Cemeda S.A. s/ Indemnización por despido Moyano, Angel Raimundo c/ Frigorífico Moreno S.A. s/ Enfermedad accidente Hunt de Fara, Alicia Esther c/ Colegio Paula Albarracín de Sarmiento y otro s/ Indemnización por despido, haberes impos, etc. Morandi de Amado N. c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires s/ Cobro de haberes Novoa, Ilda c/ Suavestar S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09|1993-08-31|1995-12-19|1996-12-10|2000-08-30

Evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria se encuentra reservado a la función axiológica de los jueces de grado. El límite que encuentra tal facultad lo constituye la eficaz alegación y demostración de absurdo al evaluar los hechos y pruebas de la causa, o en la afirmación y comprobación de que la evaluación de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242, L.C.T.).
Partes del proceso, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GOROSTIAGA DE CAJAL, REINA c/ FERNANDEZ, MIGUEL ISMAEL Y/O RESPONSABLE s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-09-06

Las partes pueden asumir en el proceso el estado de informantes cuando se les requieran datos, resumen o conclusiones extraídos de documentos u otros elementos que tienen en su poder. Pero, si se le solicita a la aseguradora codemandada la remisión del original de la póliza del contrato de seguro, lo peticionado reviste el carácter de prueba documental en poder de la parte, y no de un informe, ya que no se trata de un dato extraído de la póliza, sino de la elevación de la misma para su agregación al proceso. Su remisión por parte del codemandado no constituye una obligación ni un deber, sino una carga de la parte, por lo que el Juez no puede disponer las medidas de coacción necesarias para que se agregue el documento ni su incumplimiento constituye desobediencia, sino que corresponde, ante la negativa a presentarla, una presunción en contra del intimado.
Costas, costas en el orden causado, daños y perjuicios, responsabilidad médica, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: PRESENTADO DE LECUONA, Mirta Susana c/ T.I.M. S.A. y otros s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-25

Aún ante el rechazo de la demanda por no haber responsabilidad médica imputable a los codemandados, cabe apartarse de lo dispuesto por el art. 68, primera parte del Código Procesal, con basamento en que la actora pudo haberse creído con razones fundadas para litigar, si el daño alegado efectivamente existió, apareció durante su internación en el instituto médico demandado, y dejó secuelas de carácter estético y psicológico. Estas circunstancias, unidas a un tema controvertido, tanto del punto de vista fáctico como jurídico, llevan a disponer el pago de las costas en el orden causado.
Contratos administrativos, equilibrio económico financiero, riesgo empresarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vector Ingeniería Soc.Col. c/ Obras Sanitarias de la Nación s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

La ecuación económica financiera no constituye una especie de seguro del co-contratante contra eventuales déficit de explotación, ni hace desaparecer el umbral de riesgo que el contratista necesariamente asume. Es solamente la relación aproximada entre cargas y ventajas que la empresa tomó en consideración al momento de contratar. Por tal motivo, cuando las variaciones de costos se instrumentan a través de fórmulas polinómicas incorporadas al contrato, ambas partes deben aceptar sus resultados sea que impliquen un aumento o una reducción de los precios ofertados al momento de la licitación. (Esta Sala, in re "Dos Arrollos S.C.A. c/ Dir. Nac. de Vialidad s/ nulidad de acto", del 2/3/89). (Del voto del juez Mordeglia, consid. 7º d).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, contrato de trabajo, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: COSTA, MARIA BELEN c/ VIADANA, ALFREDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -C.P.L.-  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 179 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-11-21

Es inadmisible la queja que se reduce a mera disconformidad con temas de hecho, prueba y derecho común que fueron resueltos con fundamentos suficientes.

En el caso, el A quo juzgó que "...negada por la demandada la existencia del contrato de trabajo, corresponde a quien lo invoca la prueba del hecho cuyo reconocimiento pretende" y que "aun contando con la presunción establecida en el art. 23 del R.C.T., lo primero que debe probarse es, justamente, la prestación, esto es, el factum que -proyectado por la norma- constituye la presunción de la existencia del contrato", concluyendo que no había "...prueba contundente, clara y asertiva que amerite la existencia del vínculo, remarcando que "...no se trata de probar el 'instrumento' contractual, ya que -casi siempre- el contrato de trabajo es verbal, sino el opus, la efectiva prestación del servicio, y aquellos caracteres especiales y elementos esenciales que son su consecuencia y que permiten inferir la existencia del contrato", llegando a la conclusión, finalmente, de que "no existen pruebas concretas que ameriten la existencia de la prestación y, consecuencialmente, del contrato de trabajo".

Por lo demás, estimó que, aun de reputarse probado el vínculo, correspondía igualmente rechazar la pretensión indemnizatoria, desde que el despido verbal debe ser probado por quien lo invoca, sin que en el caso se haya probado la existencia de tal acto rupturista.