Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-05


Buenos Aires,	cinco de marzo de 2009.

Visto: el expediente citado en el epígrafe, resulta:

1. La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interpone "acción declarativa de certeza en los términos del art. 277 sstes. y cctes. del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (...) contra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (...) y la Subsecretaría de Justicia y Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" (fs. 328), con el fin de "determinar cuál es el derecho aplicable y la autoridad de aplicación, en relación a la celebración del primer convenio colectivo para los empleados públicos de la AGBA" (fs. 331 vuelta).

2. Funda la competencia del Tribunal en los arts. 113, inc. 1 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el art. 136, inc. j) de la ley nº 70 y en el art. 16, ley nº 402 (fs. 329, acápite IV).

3. A fs. 342/344 el Sr. Fiscal General opina que "el planteo efectuado, en la medida en que no se vincula con el ejercicio propio del rol que la Constitución local ha otorgado a la Auditoría General en el artículo 135, no corresponde a la competencia originaria del Tribunal Superior", toda vez que su intervención "originaria y exclusiva tiene por fundamento la protección de cuestiones esenciales que hacen a la organización del poder y la protección de los derechos reconocidos en la Constitución de la Ciudad".

Finalmente concluye que corresponde atribuir el conocimiento de la demanda instaurada al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario que por turno corresponda (cf. art. 286, inc. 1º, CCAyT).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La Auditoria General de la Ciudad (en adelante AGCABA) promueve el dictado de una decisión jurisdiccional del Tribunal que otorgue certeza acerca de la normativa aplicable al trámite de suscripción del primer convenio colectivo de trabajo para sus agentes -asociados a distintas organizaciones sindicales- y de la autoridad de aplicación que debe entender en dicha materia, ya que la indefinición que se alega en torno a estas cuestiones -materializada en un "conflicto positivo de competencia" entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires ante los trámites iniciados por sendas asociaciones sindicales en ambas jurisdicciones-, además de afectar el legítimo interés de los trabajadores y las organizaciones sindicales involucradas en la celebración del primer convenio colectivo, incide en "la armonía" de la relación de la Auditoría con sus agentes y, por ende, en el cumplimiento de la función constitucional de dicho organismo, que se "realiza a través de sus agentes, la mayoría de ellos altamente profesionalizados y técnicos" (fs. 332).	2. Como bien lo señala el Sr. Fiscal General en su dictamen de fs. 342/344, la pretensión deducida no resulta hábil para incitar la competencia conferida al Tribunal por el art. 113, inc. 1º, CCBA ["Es competencia del Tribunal Superior de Justicia conocer: 1. Originaria y exclusivamente. en las demandas que promueva la Auditoría General de la Ciudad de acuerdo con lo que autoriza esta Constitución].

En efecto, una interpretación meditada del precepto constitucional aludido -que tiene en cuenta su letra y su finalidad, así como la integridad del ordenamiento que la contiene- me permite sostener que la AGCABA se encuentra aforada como sujeto procesal activo para ventilar por la vía allí prevista sólo aquellas cuestiones relacionadas de manera directa al ejercicio de los cometidos específicos que la propia Constitución local le ha atribuido en su art. 135 -control externo del sector público en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad-.

En pocas palabras, el art. 113, inc. 1º, de la Constitución no ha establecido una pura y simple causal en razón de la persona, pues la presencia de la Auditoría debe ser conjugada con una determinada materia o causa, en atención a que, en el caso, la calidad de aforada ha sido instituida para proteger intereses públicos y no de personas. De manera tal que cuando la causa no existe, el fuero no existe [ver otros ejemplos en Fallos: 9:533; 101:401 y 236:588 -entre otros- y el supuesto en el orden federal que permite habilitar la competencia originaria de la CSJN cuando litiga una provincia contra un vecino de otra (elemento subjetivo) en el marco de una "causa civil" (elemento material)].

De lo contrario, no se explicaría por qué motivo el constituyente en el inciso 1º del art. 113 decidió referirse a los casos en que la AGCABA promueva una demanda de acuerdo con lo que autoriza la Constitución. En primer lugar, porque también a partir de un litigio en que dicho órgano se encuentre demandado podría llegar a afectarse su funcionamiento, de acuerdo a la índole de la cuestión por la que sea llevada a juicio. En segundo término, porque al tratarse de un órgano con personería jurídica y legitimación procesal (art. 135, CCABA), a los fines que ahora importan no resultaba necesario ningún tipo de aclaración adicional del estilo de la incluida en la última parte del inciso 1º ("de acuerdo con lo que autoriza esta Constitución"), pues bastaba referirse a la persona.

Además, si se interpretara que la competencia que se desea incitar en esta ocasión puede abarcar cualquier tema susceptible de incidir aún de modo indirecto o tangencial en el funcionamiento de la AGCABA, ella podría desplazarse hasta límites indeterminados, situación que, mi concepto, no se compadece con el diseño estricto y limitado que la propia Constitución local le ha dado a la competencia originaria y exclusiva del Tribunal, a partir de la trascendencia institucional de los casos previstos para habilitarla.

3. Sentado lo expuesto, entiendo que la pretensión incoada no se relaciona de modo directo con el ejercicio de las funciones de la Auditoría en su carácter de órgano de control externo del sector público. Ello así, en tanto el problema en torno a la incertidumbre que se denuncia involucra cuestiones relativas al régimen laboral de los agentes que se desempeñan en dicho órgano, sin remitir a la consideración de hechos, trámites y/o normas que se vinculen con tales cometidos constitucionales. Ello sin perjuicio de que pueda presumirse que la situación denunciada, de manera indirecta, sea susceptible de alterar en alguna medida el normal funcionamiento interno del organismo -escenario cuya solución escapa a las competencias jurisdiccionales de este Tribunal por la vía intentada-.

En suma, la pretensión deducida es formal y materialmente ajena al ejercicio de la misión constitucional de la Auditoría y por ello no permite habilitar la competencia originaria y exclusiva del Tribunal prevista en el inciso 1º del art. 113, CCABA.

4. Establecida la incompetencia del Tribunal y teniendo en cuenta lo estipulado por el art. 2 del CCAyT, corresponde remitir el expediente a la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo y Tributario para que se asigne el caso al juzgado que por turno corresponda. Ello sin perjuicio de las facultades del juez local para ponderar si, por la naturaleza de la cuestión planteada o la calidad de los sujetos demandados, corresponde la radicación definitiva del proceso en su jurisdicción.

La jueza Ana María Conde dijo:

Me adhiero al voto del Dr. José Osvaldo Casás.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Que adhiere al voto del Sr. juez del trámite, con la salvedad del punto 4: como no se trata de una acción oficial que se ejerce de oficio, según la ley , sólo corresponde al actor la decisión de radicar el litigio ante otro tribunal y, en ese caso, elegir el tribunal ante el cual cree conveniente radicar el asunto.

El juez Luis Francisco Lozano:

1. En lo que aquí importa, la jurisdicción originaria está prevista para "...las demandas que promueva la Auditoría General de la Ciudad de acuerdo con lo que autoriza esta Constitución". Esta presentación versa acerca de cuestiones contempladas en la ley nº 471 y la ley nacional nº 23.551 (de asociaciones sindicales) así como en diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, esto es, cuestiones que aunque pueden tener importancia para el desarrollo de las funciones que la CCABA encomienda a la Auditoría, son distintas de ellas. Consecuentemente, no encuadran en el supuesto de jurisdicción originaria del art. 113 inc. 1. Así las cosas, resulta claro que, como dice mi colega, José Osvaldo Casás, la cuestión que se pretende debatir no corresponde a la competencia originaria de este Tribunal. para cualquier pleito en que dicho órgano sea parte actora.

2. Lo antedicho no implica reconocer que el actor traiga en su demanda una cuestión susceptible de ser atendida por los órganos permanentes del Poder Judicial. Del relato de la demanda no se desprende cuál sería la controversia o conflicto que mantiene con los organismos demandados, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación ni con la Subsecretaria de Justicia y Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Así las cosas, la petición de que dicte sentencia "aclarando cuál es la normativa aplicable al caso y autoridad de aplicación" (punto 7 del petitorio; fs. 339) no constituye sino una mera consulta que, por ende, no puede ser traída a conocimiento de un tribunal de justicia de esta Ciudad.

3. Por las razones expuestas, corresponde declarar la incompetencia del Tribunal para conocer en estas actuaciones y ordenar su archivo.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Me adhiero al voto de mi colega Luis F. Lozano.

Por ello, emitido el dictamen del señor Fiscal General, y por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1.	Declarar la incompetencia del Tribunal para conocer en estas actuaciones.

2.	Mandar que se registre, se notifique y se archive.

Fdo. Lozano. Conde. Maier. Casás. Ruiz.