Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-17


En la ciudad de Trelew, a los 17 días de octubre del año dos mil seis, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones bajo la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Juan Humberto Manino y Carlos Alberto Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G. A., F. I. y Otra c/ BANCO DEL C. S.A. s/ RECTIFICACIÓN CUENTA BANCARIA" (Expte. nº 20585 - año: 2006).

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 182.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Manino manifestó:

Iº .- La sentencia y los agravios.

La sentencia de fs. 153/159 que hiciera lugar parcialmente a la demanda de rectificación y revisión del saldo de la cuenta corriente bancaria de los actores en el Banco demandado, respecto de los ítemes contenidos en el punto 1) del resolutorio y rechazara en el punto 2) de aquél, las demás pretensiones ejercitadas respecto de otros rubros de la cuenta en cuestión, tales como intereses debitados o declaración pedida de nulidad de las garantías reales, viene apelada por la actora según su expresión de agravios de fs. 171/176.

De sus argumentos recursivos, en la necesaria síntesis a efectuar, cabe resumir que su queja versa sobre lo que considera un error de la Sra. Jueza a-quo al no haberle permitido producir la prueba que hubiera hecho a su derecho (apartados IIIº - "A" y "B" de su memorial), donde con largueza se explaya en que ofreció la prueba de su parte y que las contingencias posteriores por las cuales se le dio por decaído el derecho a producirlas (fs. 103/105), constituyó un grueso apartamiento de la tarea de la juzgadora de procurar la verdad objetiva del litigio planteado.

Postura que estima retrograda e impropia de las nuevas corrientes doctrinarias que cita, como de antecedentes jurisprudenciales; que hubo un excesivo rigorismo ritual que no puede ser aceptado por lo que el fallo debe ser revocado.

Para ello vuelve a reiterar las incidencias que rodearon las pruebas que ofreciera, la tramitación de la presente causa como juicio ordinario, admite no haber agregado los elementos para la formación del respectivo cuaderno de prueba de su parte -con los variados proveídos en que se le exigió que así lo hiciera-, distinguiendo entre el caso de aquél que no ofrece la prueba de los hechos que invoca del supuesto en que lo hace al promover la demanda y luego pide se provean los medios probatorios ofrecidos.

De lo cual desprende que no puede juzgarse procesalmente con la misma vara ambas situaciones sino distinguir entre lo que -su parte- considera que ha sido una efectiva actividad tendente a producir su prueba.

Luego (fs. 174 vta., pto. IIIº "C"), referido a la revisión de los intereses que solicitara, afirma que por el contrario de lo aseverado por la Sra. Jueza a-quo, no hubo carencia alguna en la cosa demandada, transcribiendo para ello conclusiones de la sentencia.

Cita un dictamen profesional que menciona haber presentado al Banco en reclamo administrativo, del cual surgiría la prueba necesaria.

Cabe acotar aquí que fue expresamente negado por la demandada (fs. 67, IIº, ap. 5to.) tal presentación. Además detalla que el exceso en los intereses por los cuales demandara su parte, lo haría presumible el indicio suministrado por las hojas del resumen de cuenta acompañadas por el Banco demandado (fs. 175 "in fine").

Además de volver sobre la improcedencia de la declaración que le diera por decaído el derecho a producir su prueba, reiterando apreciaciones anteriores, vuelve a solicitar la apertura a prueba en esta sede (fs. 175 vta. "in fine"), que fuera desestimada mediante la S.I.C. 67/06 de fs. 178, finalizando con el petitorio de estilo de revocar el fallo y producir la prueba de su parte haciendo así lugar a la demanda promovida.

En mérito al orden de queja, trataré los agravios del siguiente modo.

IIº .- La cuestión de la prueba y la preclusión.

Entiendo, opino y concluyo desde ya que esta queja no es procedente.

Luego del estudio de la causa (Art. 270, CPCC.), surge de manera indubitable que toda la profusa, extensa y reiterativa queja sobre este punto, se refiere, reitera y renueva una cuestión que se encuentra totalmente precluída .

A fs. 103/105 la a-quo le dio por decaído el derecho a producir la prueba a su parte en una interlocutoria meditada, razonada y totalmente ajustada a derecho, hasta donde y en pleno cumplimiento del deber de procurar la verdad objetiva, que ahora se afirma como conculcada, anotó la liberalidad del juzgado de hacerle saber en varias oportunidades los trámites procesales que debía efectuar en el tema.

Recordando para ello que al presente se le confirió el trámite de juicio ordinario a fs. 32 en providencia que quedara firme.

Decisión de fs. 103/105 que ganara firmeza, toda vez que apelada la misma por la hoy recurrente, este cuerpo declaró la deserción del recurso por insuficiencia técnica del memorial de agravios (fs. 177 y vta., S.I.C. 127/05).

Con lo que no cabe duda alguna que estamos en presencia de una cuestión de plena aplicación del principio de la preclusión.

En el ordenamiento ritual vigente existe el denominado principio de preclusión, plasmado en el Art. 155 del CPCC., por el cual una vez cumplimentada una actividad o etapa del juicio no es dable volver sobre la misma o replantearla como ahora lo pretende la apelante.

Las distintas y diversas etapas de una contienda judicial se desarrollan en forma sucesiva unas de otras.

Al cerrarse y clausurarse cada uno de los estadios debe pasarse al siguiente, para lograr así el avance del proceso, impidiendo esto el regreso a etapas ya consumadas.

De esta forma, el acto o actividad que una parte deje de cumplir o pretenda cumplir con posterioridad resulta ineficaz y contrario a la dinámica del litigio.

Quien no ejerce una facultad o prerrogativa inherente a la defensa de sus intereses en un pleito, interna dicha facultad no ejercitada en la preclusión de lo procesalmente ya cumplido; no puede por tanto luego pretender retrotraer a la etapa no cumplimentada, ya que la preclusión tiene por objeto precisamente avanzar con los distintos estadios de un procedimiento judicial (confr. Morello y otros, "Códigos...", 2da. ed., 1982, Ed. Platense, Tomo Iº, pág.621 y ss.).

Es que la preclusión incumbe a la misma estructura del juicio, en el que las diversas estaciones del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados (confr., CNCiv., Sala"B", 24/7/64, L.L., 117 831, 11.561 S); toda vez que los efectos de la preclusión tienen como fundamento impedir el retroceso de actos firmes cuya revisión daría la más completa inseguridad acerca de las decisiones judiciales (confr., íd. íd., 2/6/67, L.L., 127 1146, 15.737 S).

O para precisar mejor la noción, puede agregarse que pese a que no existe un concepto único de preclusión, ya que el mismo se manifiesta bajo diferentes modalidades, su fisonomía no carece de individualidad.

De la misma manera, al impedirse a un litigante la renovación de una cuestión ya decidida o impugnar tardíamente una providencia, se suele expresar que resulta improcedente por haberse operado la preclusión (confr., CNCiv.,Sala "F", 4/3/76, L.L. 1977 A 540, 33.916 S; Falcón, "Cód. Proc. C.C.", Ed. Abeledo Perrot, T° II°, pág. 110, comentario al Art.155).

Como, por otra parte, así lo hemos venido decidiendo en variados pronunciamientos de esta Alzada (confr. S.D.L. 50/95; S.D.C. 05/96, exp. 11678; 07/97, exp. 12067; 21/97, exp. 12107; 24/97, exp. 12255; esta Sala "A", S.D.L. 149/98, exp. 13933, etc.).

En consecuencia, tratándose este agravio de una cuestión donde ha operado la preclusión, rechazo la queja de la actora al respecto.

IIIº .- La cuestión de los intereses.

La prueba de indicios.

También es improcedente esta queja cuando indica que el exceso en los intereses lo haría presumible el indicio suministrado por las hojas de resumen de cuentas acompañadas por el Banco demandado.

Sabido es que las presunciones judiciales deben fundarse en hechos reales y probados (Art. 163, inc. 5º, párr. 2º, CPCC.).

Y en este caso tales constancias de las hojas de resúmenes no pueden considerarse "reales y probadas", toda vez que los propios actores les negaron "autenticidad y valor jurígeno" a toda la documental glosada por el banco que no fuese "motivo de especial reconocimiento" (fs. 83 vta., pto. IIIº).

Reconocimiento específico este que no formularon en relación a dichos resúmenes de cuenta.

Por ende esta queja tampoco puede ser aceptada como precedente.

Conclusión.

Por las razones hasta aquí vertidas, concluyo que los agravios de la actora no conmueven la solidez del fallo en lo que fuera apelado, por lo que debe confirmarse la sentencia en tales aspectos.

La suerte adversa de la vía recursiva intentada, impone aplicar las costas de Alzada a la parte actora (Art. 68, CPCC.).

Los honorarios de su letrado apoderado, Dr. H. I., por sus tareas en la Alzada, atendiendo a la labor cumplida, mérito y resultado, estimo deben fijarse en el 25 % de los honorarios que le correspondan por sus trabajos en la sede de origen (Arts., 6, 7, 9, 14, 19, 47 y concs. de la Ley 2.200).

A los cuales deberá adicionarse el IVA (Leyes 23.349/23.871).

Voto la cuestión por la AFIRMATIVA.

A LA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari:

I. El colega preopinante ha efectuado una adecuada síntesis de los antecedentes que informan el caso y de los motivos de agravios expuestos por la parte apelante.

En consecuencia, abordaré directamente las cuestiones planteadas.

II. La prueba frustrada:

Las alegaciones referidas a la frustración de la prueba que motivan la queja de los apelantes en esta instancia no merecerá mayores consideraciones, por cuanto se trata de un artículo ya decidido por esta Alzada (conf. S.I.C. 127/05 - fs. 117/vta. y S.I.C. 67/06 - fs. 178) sobre el que no es posible reabrir el debate.

En efecto, como lo señala con acierto el Dr. Manino, ha operado a su respecto el efecto propio de la preclusión, consistente en la pérdida, extensión o consumación irreversible de una facultad procesal.

En consecuencia, si las razones o motivaciones fácticas y jurídicas expresadas por el apelante -como ocurre en la especie- no son sino la repetición de cuestiones ya propuestas y decididas sobre las que ha recaído decisión firme, opera este principio procesal, que es de orden público e imposibilita reeditar dicho planteo en esta instancia.

Es decir que, con independencia del acierto o error de la medida judicial dispuesta sobre el punto en la anterior instancia - aspecto sobre el que no cabe ahora abrir juicio- no resulta factible revisar ahora lo allí actuado (conf. mi voto en Expte. 18823 C.A.N.E.; entre otros).

Esta sola circunstancia sella desde ya la suerte adversa del agravio vertido.

III. Los intereses aplicados por el Banco:

Sostiene la parte recurrente que de la documental adjuntada por el Banco demandado surgen indicios claros, precisos y concordantes de que efectivamente dicha institución liquidaba y percibía intereses que excedían con creces las tasas informadas a sus clientes, pudiendo calificarse a los mismos de exorbitantes y usurarios, confirme a las hojas de resumen y tasas que cita al efecto.

En primer lugar, esta argumentación no se hace debido cargo de dos fundamentos dirimentes del fallo de primera instancia, a saber: 1) que en su demanda los actores omitieron explicar en qué período o períodos se habría configurado los excesos reprochados y cuál debía ser, a su criterio, la tasa aplicable, conforme a la exigencia procesal del art. 330, inc. 3° C.P.C.C.; 2) que debió producir las pruebas destinadas aese propósito, entre ellas, la pericial contable que era, por excelencia, la adecuada para acreditar sus afirmaciones (conf. fallo, fs. 157).

Tales aspectos del razonamiento no han recibido una crítica superadora, cual lo reclama como requisito técnico en materia apelatoria el art. 265 C.P.C.C.

Tales fundamentos no son conmovidos por las manifestaciones vertidas en la pieza recursiva, pues como bien lo destaca el Dr. Manino, si por una parte resulta contradictorio que en este estadio los actores pretendan hacer valer elementos documentales cuya autenticidad negaron en forme genérica, salvo la que fuera motivo de expreso reconocimiento -y ellos no lo fueron-, tampoco resulta posible extraer de los mismos la certeza y precisión imprescindibles para tener por demostrado este hecho controvertido.

En efecto, obsta a ello la previsión del art. 163, inc. 5°, 2do. párrafo del C.P.C.C. y las reglas de la sana crítica (art. 386, C.P.C.C.), en tanto dichos elementos impiden aquilatar un adecuado grado de convicción sobre el punto.

IV. Conclusiones:

A mérito de lo expresado, comparto la solución propuesta por el colega preopinante de confirmar el decisorio en todo cuanto ha sido materia de recurso, con costas a la parte vencida (conf. art. 68, C.P.C.C.).

También coincido en las retribuciones por las tareas profesionales desplegadas en esta sede por el letrado actuante, Dr. H. I. (25% de las que les correspondieron por su desempeño en la anterior instancia, con más el I.V.A. pertinente), atendiendo a su extensión, eficacia y al resultado obtenido, según las escalas arancelarias vigentes (arts. 6, 14, 47 y conc., Ley 2.200).

Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION dijo el Dr. Manino:

Visto el acuerdo arribado, corresponde:

CONFIRMAR el fallo apelado en lo que fuera materia de recurso, imponiendo las costas de Alzada a la actora y regulando los honorarios del Dr. H. I. en el 25 % de los que le correspondan por sus trabajos en la sede de origen, a los cuales deberá adicionarse el IVA..

ASI LO VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó:

Tal como ya lo adelantara, comparto la resolución propuesta por el Dr. Manino en todos sus términos, votando en sentido idéntico.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. de la ley 4550).

Trelew, 17 de octubre de 2006.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones; pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A:

CONFIRMAR el fallo apelado en lo que fuera materia de recurso, imponiendo las costas de Alzada a la actora y regulando los honorarios del Dr. H. I. en el 25 % de los que le correspondan por sus trabajos en la sede de origen, a los cuales deberá adicionarse el IVA..

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l.

Fdo: CARLOS DANTE FERRARI - JUAN HUMBERTO MANINO REGISTRADA BAJO EL N° 49 DE 2006 - SDC.- Conste.-