marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Riesgos del trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Echeverría, Jorge c/ Provincia ART SA s/ Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-27

El actor, luego del padecimiento de un infortunio laboral y una vez establecida su incapacidad por la Comisión Médica, recibió de su ART las prestaciones en especie y dinerarias de la ley 24557, pero entabla una demanda por la reparación en concepto de daño físico, psicológico, moral y gastos de tratamiento psicológico, con fundamento en el incumplimiento de deberes a su cargo. Si bien es cierto que el conflicto excede el ámbito de competencia expresado en el art. 20 de la ley 18345, resulta de aplicación el art. 21 que claramente expone que, en especial: "Serán de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo: a) Las causas en las que tenga influencia decisiva la determinación de cuestiones directamente vinculadas con aspectos individuales o colectivos del derecho del trabajo" y el reclamo de autos encuadra en la normativa citada.
Competencia, vista al fiscal
Materia: PENAL
Carátula: xx s/ Incidente de competencia en causa 6203
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-04

La declaración de incompetencia, formulada en el mismo auto que declara cerrado el sumario, resulta prematura. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ampliación de la demanda, prueba pericial, dictamen pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: Constructora Arquitecto Papini c/ Encotel s/ cont. O.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-18

No es admisible que sobre la base de los puntos de pericia, la parte actora transforme su pretensión original en otra más amplia ("Salomone" del 26/5/87, confirmada por la C.S.J.N. el 20/9/88.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: Riesgo Fernández, Abel c/ FERRUM S.A. s/ Cobro de pesos Ciccocioppo, Eduardo Nicolás. c/ Bitzer Argentina SACI s/ Accidente de trabajo. Gramont, Walter Orlando c/ Editorial Abril S.A. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-05-18|1985-03-05|1994-04-12

La arbitrariedad o absurdo que autorizan a revisar la valoración de la prueba es el error grave y manifiesto, con quebrantamiento de las reglas que la gobiernan; tal vicio lógico se configura cuando la apreciación no es coherente y lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre sí.
Leyes, interpretación sistemática, Constitución Nacional, interpretación de la constitución, derechos y garantías constitucionales, voluntad del legislador, bien jurídico protegido
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

El concepto de "justa causa" aparece como un concepto jurídico indeterminado o "abierto", que requiere una labor de precisión del intérprete, a partir de una ponderación de los principios y derechos que colisionan en el caso, la cual deberá realizarse de conformidad a las valoraciones objetivamente plasmadas en el ordenamiento jurídico, con sujeción preponderante al imperativo de "interpretación conforme a la Constitución", derivado del rango normativo de la Ley Suprema, y según el cual, cuando la ley presenta "un contenido ambiguo o indeterminado", el mismo resulta precisado gracias a los contenidos de la Constitución. Así, pues, en el marco de la "interpretación conforme", las normas constitucionales no son sólo "normas parámetro", sino también "normas de contenido" en la determinación del contenido de las leyes ordinarias que imponen proceder a la valorización comparativa de los intereses jurídicamente protegidos, con el fin de salvaguardarlos en la mejor forma posible, dentro de los criterios axiológicos que surgen del mismo orden jurídico y de la medida de la protección que el legislador ha considerado digno de revestir a unos y a otros. (Del Voto del Dr. Vigo)
Administración Pública, entes autárquicos, contrato de trabajo, personal contratado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zacarías, Aníbal Rudecindo y otros c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

Nada obsta a que la administración o sus entes autárquicos celebren convenciones con los particulares que se rijan por normas del derecho privado.
Declaración indagatoria, ampliación de la declaración indagatoria, requerimiento de elevación a juicio, principio de congruencia, auto de procesamiento, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: UZ, María Concepción. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-08

1) La exigencia que el Código Procesal Penal realiza respecto del modo en que debe describirse el hecho en el auto de procesamiento en ningún modo implica que éste deba contener una "descripción precisa y concreta de los hechos imputados", sino que basta con la "somera enunciación de los hechos" (art. 308, C.P.P.N.).

La ley procesal sí demanda una descripción clara precisa y circunstanciada para el requerimiento de elevación a juicio (art. 347, C.P.P.N.).

2) La ampliación de la declaración indagatoria, más allá que se haya denominado a este acto "ampliación", resulta un acto tendiente a precisar la imputación fáctica que se hiciere en el procesamiento, pero de ningún modo tiene la finalidad de poner a la imputada en conocimiento de nuevos hechos que se le atribuyen.

El principio de congruencia debe tener su mayor incidencia al momento de la formulación de la acusación fiscal y posteriormente, en debate oral y público acerca de tal acusación, tendrá el fiscal de instrucción -al momento de formular el requerimiento previsto en el art. 347 del C.P.P.N. la oportunidad de precisar con el mayor detalle posible todos aquellos hechos que entienda corresponde imputar al imputado y que deban ser materia de juicio.

Por ello, debe confirmarse el rechazo del planteo de nulidad que, respecto del auto de procesamiento, dedujo el Ministerio Público Fiscal.
Seguros, peritos, dictamen pericial, reticencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: AVICOLA PATAGONICA  S.A.C.I.A. c/ SUIZO-ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-27

Si bien el principio general en materia de reticencia es que el juicio de peritos es insustituible, ello no ocurre así cuando el informe hubiera tenido que recaer sobre aspectos jurídicos y no de la técnica propia del seguro, ya que hubiera tenido que referirse a si los objetos asegurables eran o no comercializables,o a si la asegurada podía tenerlos sin la correspondiente autorización de la secretaría de comunicaciones. La interpretación de los hechos en base a las leyes 19.798 y 20.840 es función eminentemente judicial, por ser una apreciación de índole legal ajena a la técnica del seguro: en tal caso el dictamen no hubiera sido obligatorio para el juzgador (el juez de grado había desestimado la pretensión de reticencia ante la falta de realización del juicio de peritos).

Si la asegurada omitió declarar la falta de autorización para tener o comercializar los bienes asegurados, ello configura reticencia en los términos de la ley 17.418: 5, porque tal circunstancia constituye una contingencia que influye en la contratación; señalándose, además, que la aseguradora depende en este aspecto de la declaración completa y de buena fe que aquélla debió proporcionar (previamente, el vocal había considerado ilícito el interés asegurable, por entender que la tenencia de equipos transmisores de telecomunicación en infracción a la ley 20.840 encuadraba en tal supuesto).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, almacenamiento de estupefacientes, depósito
Materia: PENAL
Carátula: Cantilo, María y otros s/ Causa 25.477
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-02

El almacenamiento es una especial tenencia por parte de quien puede disponer de la droga que acepta en depósito. La conducta que se penaliza es precisamente la de recibir una importante cantidad para mantenerla en depósito, de allí el sentido de almacenamiento, por cuanto quien lo ejecuta no tiene el poder de disponer sobre una mercadería que obviamente es de otro.

Su misión se limita sólo a la recepción de una gran cantidad de droga con el objeto de retenerla en calidad de depositario. La tenencia simple, indica otra actividad o conducta totalmente distinta.
Proceso contravencional, medidas cautelares, flagrancia, Salud pública, seguridad pública
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: GOb. Cdad. Bs. As. c/ S. s/ Ley Nro. 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-20

El artículo 18 de la Ley de Procedimiento Contravencional, al legislar sobre las Medidas Precautorias, establece: "Las autoridades preventoras sólo pueden adoptar medidas precautorias en los siguientes casos: ...b) Clausura preventiva en caso de flagrante contravención que produzca grave o inminente peligro para la salud o seguridad públicas" Para que se trate de contravención flagrante es indispensable que se haya presenciado su perpetración, El concepto apuntado corresponde a un criterio restrictivo del instituto -flagrancia propia- y deja de lado los supuestos de cuasi y ficta flagrancia -flagrancia en sentido amplio-; sin embargo, siendo que las medidas coercitivas son de carácter excepcional y restringido, ninguna otra posibilidad interpretativa se condice con el ordenamiento jurídico que informa el proceso contravencional.

Con relación al recaudo relativo al peligro para la salud o seguridad públicas, a la que aluden los artículos 18 y 29 de la Ley de Procedimiento Contravencional no puede sino concebirse, dentro del derecho contravencional, como relativa a aquel peligro concreto que emana de la falta de cumplimiento de la normativa vigente en la ciudad que establece condiciones de seguridad vinculadas con materias tales como las edilicias, higiene, prevención de incendios, evacuación de locales públicos, etc. De otra manera carecería de sentido el mandato del artículo 29 citado, en tanto ordena al juez verificar los extremos en que se fincan los peligros, y prevé además que la clausura ha de limitarse "al ámbito estrictamente necesario, hasta que se reparen las causas que dieron motivo a dicha medida, y sin que ello impida la realización de los trabajos necesarios para la reparación". (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Dessanti)
Acordada de la Corte Suprema, improcedencia del recurso, resoluciones irrecurribles, abuso sexual simple
Materia: PROCESAL
Carátula: C., L. c/  s/ Abuso sexual simple agravado s/ Juicio s/ Casación  (media carátula)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-07-11

Los recursos extraordinarios no reúnen los requisitos de la Acordada N° 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que habrán de ser desestimados. En primer lugar se advierte, sin perjuicio de las deficiencias en las carátulas señaladas por la señora Defensora General subrogante, que lo que determina la improcedencia de los remedios intentados es el incumplimiento del art. 3° inc. a) de la norma aplicable (que a su vez recoge las exigencias de los arts. 14 Ley 48 y 6° Ley 45). En efecto, como ya advirtió este Cuerpo al desestimar las respectivas casaciones, lo resuelto por el a quo no constituye "una sentencia definitiva ni equiparable a tal, puesto que lo único que se propicia es la continuidad del proceso".
Prisión preventiva, reaseguro, caución real, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL
Carátula: P., G. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-27

Por último, rechazaron el planteo de la defensa referido al pedido de reaseguros menos gravosos que la prisión preventiva, o una caución real con entrega voluntaria de pasaporte y licencia de conducir.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, agotamiento de la vía judicial, Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento, Corte Suprema de Justicia de la Nación, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Procurador General de la Corte Suprema - Dr. Jorge Bof c/ Dra. Raquel Etchegaray s/ Recurso Extraordinario (Expte.: C.S.J. nro. 346 año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

El Alto Tribunal de la Nación, refiriéndose a decisiones adoptadas por Tribunales de Enjuiciamiento de Magistrados, ha sostenido la necesidad de plantear las eventuales cuestiones federales ante el Superior Tribunal de Justicia local, como imprescindible recaudo de admisibilidad del recurso extraordinario que se decidiera interponer en su caso. A ello se agrega que es ineludible misión de la Corte provincial la de velar por el debido respeto de los derechos fundamentales de la persona, y que su competencia a tales fines surge directamente de las Leyes fundamentales de la Nación y de la Provincia, siendo anterior y preeminente a cualquier otra norma, por lo que resultan inválidas las restricciones que se impongan a la misma cuando se pone en juego cuestiones constitucionales, toda vez que en esas condiciones la reglamentación escaparía de la esfera propia de la autonomía provincial; por ello, estrictamente, la ausencia de previsión legal no obsta en ciertos casos, a la posibilidad de ejercicio de la jurisdicción por parte de la misma.
Ejecución de honorarios, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Joulia, Emilio César (Expte Nº 316/2007) y su acumulada c/ Medisur S.A. s/ Ejecucion de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2014-02-23

Corresponde rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por el demandado en el marco de una ejecución de honorarios, quien argumentó que las copias certificadas glosadas a la causa (copias de la regulación de honorarios de primera y segunda instancia y sus respectivas notificaciones), no eran títulos hábiles para la procedencia de la acción, pues el actor pretende ejecutar la totalidad de lo adeudado, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 499 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Misiones, no requiriéndose la presentación de testimonio alguno.
Indemnización, derechos del acreedor, cláusula penal, mora
Materia: COMERCIAL
Carátula: STAR  RIO  SA c/ DIQUATTRO, JOSE s/ ORD. S/ INC. DE CONTINUACIONDE LAS ACTUACIONES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-18

La cláusula penal tiene por finalidad facilitar el ejercicio de los derechos del acreedor, en cuanto lo exime de la prueba del daño experimentado por la inejecución del deudor, y lo libera del arbitrio judicial acerca de la apreciación del daño;

igualmente resulta ventajosa para el deudor, pues limita su responsabilidad al importe fijado, liberandolo de la contingencia de tener que hacer frente a una indemnización excesiva para sus posibilidades económicas (cfr., Llambias, J.J., T. II-A, p. 425 y sgtes., Abeledo Perrot, Bs. As., 1989).
Dominio, restricciones al dominio, camino de sirga, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: MOXEY SAVON ARGENTINA  S.A.C.E.I. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-31

El camino de sirga importa una restricción y límite de un dominio privado, la que se fundamenta en la legislación vigente y en el hecho de que se encuentra regulado dentro de las restricciones y límites al dominio, y como estas, se caracteriza por la inexistencia de indemnización.

El camino de sirga pertenece al dominio privado de los particulares, pero está sometido a la restricción que le imponen los arts. 2639 y 2640 del Código Civil, que están destinadas a facilitar la circulación por las calles y caminos públicos, en mira a las necesidades de la navegación; no pudiendo hacer en el camino de sirga ninguna construcción ni reparar las antiguas que existan, ni deteriorar el terreno en manera alguna, debiendo soportarla el propietario sin ninguna indemnización.

El Estado sólo tiene derecho a reglamentar el uso de la franja de 35 mts., con el único destino que marca la ley, que obedece a las necesidades de la navegación de la flotación y pesca. Pero no puede utilizar el camino de sirga para la realización de otras obras, por ejemplo muelles, puertos, astilleros, y en estos supuestos es indispensable la expropiación de la superficie necesaria, o para el ensanche de una calle destinada a la circulación por tierra.

La única restricción que emana de la ley y que el propietario debe soportar sin derecho a indemnización, es la que surge de las normas jurídicas reseñadas, toda otra forma de restricción del dominio, que se pretenda imponer, debe ser objeto de afectación a expropiación por la ley y su propietario recibir la justa indemnización y esta conclusión no varía, aún cuando se admitiera que el camino de sirga es una servidumbre administrativa.-
Impugnación de la paternidad, reconocimiento de hijo extramatrimonial, derecho a la identidad
Materia: CIVIL
Carátula: Taffarel, José Luis Ramón c/ Taffarel, María Lucrecia y Otro s/ ordinario (ap. al 8306)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-10-19

La procedencia de la acción de impugnación del reconocimiento de filiación extramatrimonial, no significa desconocer el derecho personalísimo a la identidad de la persona reconocida en su faz dinámica, pues resulta igualmente merecedora de efectiva tutela, circunstancia que se exhibe en sintonía con la flexibilización que rige en la hora actual sobre la modificación del nombre, dándose así importancia "a la identidad en su faz dinámica".
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de la ley, ley federal, Ley de Entidades Financieras, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Caja de Crédito Díaz Vélez Coop. Ltda. (en liquidación) c/ Banco Central de la República Argentina s/ apelación resolución 558/91.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Es admisible el recurso extraordinario si se puso en cuestión la interpretación de normas de naturaleza federal - art. 41, inc. 3° de la ley de entidades financieras (21.526) y decreto 3236/78 - bajo la argución de resultar inconstitucional su aplicación al caso, y la decisión fue contraria al derecho invocado por el recurrente.
Derechos sindicales, tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: FRANCHINO, Luis c/ SCAN S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-28

La protección que brinda la ley 23551 se extiende a todos aquellos trabajadores que detentan cargos gremiales "electivos" (art 48) .

Esta situación abarca también a los suplentes, a quienes fueron nombrados en cargos no previstos en los estatutos de la asociación gremial e incluso a los que no hubiesen cumplido funciones gremiales efectivas (Conf Fallo Plenario N. 135 del 16/7/70 "Monteiro, José C/ Gilera SACI").
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Desimone, Serafín c/ Frigorífico "El Tolosano" s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja Lisondo M. s/ Incidente de pronto pago en "Jockey Club M. del Plata" Conc. prev.  R. de queja J., G. V. c/ D., R. L. s/ Filiación. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26|1993-04-20|2000-03-15

La presentación de remedios procesales improcedentes no interrumpe ni suspende los plazos legales previstos por el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, medida cautelar autónoma, transporte de carga, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GRICER S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 190 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-14

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad intentado contra la sentencia de la Cámara que entendió que la materia en juego era contencioso administrativa y, al no concurrir circunstancias de excepción que autorizaran la vía del amparo, la cautelar resuelta había sido dictada por juez incompetente, por lo cual correspondía su anulación.

Es que el decreto impugnado, como acto administrativo de carácter general, emitido por el Gobernador de la Provincia de Santa Fe en uso de sus facultades, goza de la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, circunstancia que permite colocar la norma cuestionada dentro del mecanismo impugnativo establecido en el artículo 5 de la ley 11330, siendo las alegaciones de la recurrente insuficientes para tener por acreditado el recaudo de la "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta".

Es que las argumentaciones del amparista imputando arbitrariedad por la ruptura de la "libertad de contratación" y "de trabajo" resultan insuficientes para demostrar la fractura entre dicha reglamentación y el marco de atribuciones que le confiere el ordenamiento legal al Poder Ejecutivo, el cual se integra de manera diversa e intrincada con normas de carácter nacional y provincial, circunstancia que abunda en el sentido de afirmar la necesidad de mayor amplitud de debate y prueba que colocan la solución fuera del examen jurídico más superficial que resulta propio del amparo.

Dicha complejidad opera -para el juez no especializado en la materia- como escollo en tanto se presenta como la antítesis de la requeridas "ostensibilidad" y "evidencia" del vicio en el acto impugnado que son exigidas en los casos como el "sub júdice".

Por otra parte, la orfandad de toda pauta tendente a demostrar el perjuicio concreto que le ocasionaba a la empresa la norma impugnada, conlleva a la ausencia de acreditación del por qué el proceso contencioso administrativo no resultaba idóneo para canalizar la pretensión, sobre todo si se atiende al amplio espectro que en materia de tutela cautelar posibilita el artículo 14 de la ley 11330.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fuentes, Roque c/ Tello, Mario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Aunque el automotor dañado sea susceptible de ser refaccionado, la destrucción total opera, desde un punto de vista jurídico, si el costo requerido supera el precio del vehículo, operando el resarcimiento, por vía del valor de reposición o sustitución del bien, en lugar del valor del arreglo material.-
Reajuste jubilatorio, competencia, habilitación de instancia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: TRONCONI, HECTOR c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-17

Atento lo dispuesto por el art. 26 de la ley 24.463, corresponde revocar la sentencia en la que el juez nacional en lo contencioso administrativo federal se declaró incompetente para entender en una demanda por cobro de pesos y reajuste del haber previsional por no haber recaído resolución administrativa previa a su pedido, y remitir las actuaciones a la Secretaría General para que proceda a su sorteo entre los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social. Ello así porque la viabilidad o no de la acción intentada, al igual que el cumplimiento de los requisitos formales que habiliten la acción judicial, han de ser materia de análisis por el juez competente para entender en la cuestión suscitada. (Del voto de la mayoría. El Dr.

Fasciolo votó en disidencia).