Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-08


En la ciudad de Puerto Madryn, a los días del mes de septiembre del año dos mil diez, se reúne la Exma. Cámara de Apelaciones con la Presidencia de Mario Luis VIVAS y presencia de la Sra. Jueza de Cámara subrogante Dra. Claudia ABRAHAM y Sra. Jueza de Cámara Subrogante Dra. Etelvina PEREZ, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P., E. O. c/ B. C. SA s/ Habeas Data (Expte. 3-2010), venidos del juzgado Civil y Comercial, en apelación.

Los magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Deben modificarse los honorarios apelados?, TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?, y expedirse en orden al sorteo practicado.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas, dijo:

I. La sentencia A fs. 223 la jueza de grado rechaza la acción de habeas data promovida por el Sr. E. O. P. contra el B. C. S. A. imponiendo las costas al actor.

Entendió la magistrado que se promueve acción a fin de que la demandada ponga a disposición la información crediticia y proceda a la rectificación de los datos informados en cuanto calificaron erróneamente al apelante como deudor irrecuperable o de difícil recuperación.

Consideró que el retraso en los pagos había sido reconocido aunque tanto dicho extremo, como la falta de información alegada no fueron probados. Asimismo consideró que al tiempo de la demanda y conforme la evolución de sus pagos el Sr. P. cuenta con una calificación normal (1) que sostenía al tiempo de la contestación de la demanda.

En ese sentido rechaza la acción intentada de habeas data teniendo en cuenta que no ha logrado el apelante justificar que la información brindada es falsa e incompleta y que la regla para la modificación es de interpretación restrictiva.

II. Los agravios:

A fs. 226/239 vta. la parte actora apela la mencionada resolución. En su líbelo expone que con fecha 1 de julio de 1997 celebró un contrato de mutuo por la suma de $ 26.800. En el mes de enero de 2008 ante la presentación de una solicitud de crédito, el personal del B.. S. R. S.A. informó que según surgía de los informes de riesgo crediticio emitidos por la firma O. V. SA, el Sr. E. P. tenía una muy mala condición crediticia.

Explica que ante el pedido de informe realizado por el interesado en V. S.A. se obtuvo el informe de fecha 30-01-08 de donde surge que el Sr. P. tenía una pésima evolución de la situación financiera respecto del B.. C. S. A. en función de lo informado por éste a la Central de deudores del Bco. Central de la Rep. Argentina. En el referido informe, durante el año 2006 el apelante se encontró en situación 4 entre los meses de febrero y junio, para luego pasar a estar en situación 5. La situación 4 corresponde a un deudor de difícil recuperación y la situación 5 alude a un deudor irrecuperable.

Se agravia en que existe una lectura incorrecta del objeto de la demanda la cual según el juez de grado se centró en la solicitud de la tutela judicial a fin de que se ponga a disposición la información crediticia que exista a su nombre y se proceda a su rectificación. En la demanda se señala que se promueve acción a fin que la demandada ponga a disposición la información crediticia y proceda a la rectificación de los datos informados en cuanto calificaron erróneamente al apelante como deudor irrecuperable o de difícil recuperación durante varios meses del año 2007. Es decir, la acción se circunscribía a los periodos del año 2007 donde se consignaron calificaciones crediticias erróneas.

Considera que el B. C. S.A no remitió el extracto de cuenta en donde se encontraba el detalle preciso de su estado. En consecuencia, considera que lo consignado por el sentenciante es falso. Ello por cuanto la demandada recién cumplió con remitir la documentación correspondiente, cuando fue intimada a hacerlo por una nueva presentación que hiciera el apelante, siendo esta circunstancia suficiente para hacer lugar a la demanda.

Por su parte se agravia en que la a quo omitió dar debido tratamiento a la cuestión principal planteada en el proceso, que era la rectificación de información errónea sobre la evaluación crediticia del actor respecto de ciertos períodos del año 2007. Desde esta perspectiva sostiene que jamás solicitó la supresión de la calificación, sino la rectificación de la misma, lo que constituyen supuestos diferentes que el propio ordenamiento se encarga de consignar por separado.

Considera que la falta de debida lectura de las actuaciones hace que la sentenciante de grado incurra en arbitrariedad, ya que se refiere a la remisión de resúmenes y la situación de crisis económica vividas por el país en el año 2002, pero que se vinculan con períodos previos y ajenos al 2007.

Expone que para dictar sentencia en estas actuaciones se prescindió por completo de prueba esencial para resolver la cuestión, lo que constituye un supuesto de arbitrariedad. Considera asimismo que la a quo, al pronunciarse, ha prescindido abiertamente de la valoración de la prueba documental obrante a fs. 162 a 207 en donde consta el detalle del cumplimento de las obligaciones a cargo del deudor.

Solicita que se proceda a ordenar la rectificación de dicha información respecto de los períodos correspondientes al año 2007, ya que durante los meses de enero y febrero de ese año el Sr. P. fue calificado como deudor de "cumplimiento normal" e inexplicablemente fue modificada su calificación a la peor posible.

En este orden argumental entiende que la sentencia atacada es arbitraria en cuanto sostiene que por lo expuesto, y considerando que no ha logrado el actor justificar que la información brindada es falsa e incompleta y que la regla para la modificación es de interpretación restrictiva, corresponde rechazar la acción intentada. Por último, apela los honorarios de los letrados de la parte demandada.

III. Se agravia el apelante por cuanto la Sra. Juez de la otra Instancia realizó, a su juicio, una incorrecta lectura del objeto de la demanda, poniendo énfasis el quejoso en cuanto a que su reclamo tendía a que se pusiera a su disposición la información crediticia existente a su nombre, con el soporte de sus sucesivas calificaciones en la central de deudores de la autoridad bancaria y se procediese a la rectificación de los datos informados erróneamente durante el año 2007.

El marco normativo de la cuestión hunde sus raíces en el art. 43 de la Constitución Nacional, en la Ley 25.326, por imperio de lo establecido en su art. 44, (confiriendo a ésta norma el carácter de orden público), el art. 56 de la Constitución Provincial y la ley reglamentaria V - N° 74 (antes Ley 4244).

El propósito de la cláusula de nuestra carta magna es evitar que, mediante el uso incorrecto de la informática, se pueda lesionar el honor, la intimidad y los restantes derechos de las personas como consecuencia de una difusión de datos erróneos, incompletos o inexactos referentes a ellas. La protección se extiende también para evitar la difusión de datos sensibles concernientes a los individuos, tales como los relacionados con sus creencias religiosas o ideológicas, y lógicamente en esa línea se ordena el resto del plexo normativo ya reseñado (cfr. BADENI, Gregorio, "Tratado de Derecho Constitucional", T° II, Ed. La Ley, 2004, p. 871).

En atención a lo expresado y pretendido por la actora a fs. 226/239 y de conformidad con lo que resulta de la documentación acompañada a fs. 280/284 por V. R. en ocasión de informar lo requerido por este Tribunal de Alzada en virtud de la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 251, corresponde señalar que este proceso carece de objeto actual.

Y si bien nos encontramos frente a una acción constitucional específica, que en sintonía con lo expresado precedentemente, tiene por objeto tomar conocimiento de los datos y en su caso, al advertirse falsedad, inexactitud, desactualización de información se pueda es susceptible de rectificación, la requerida V. R.- cuya información proviene del Régimen Informativo de Deudores de Entidades financieras del Banco Central - asevera que a la fecha - y desde hace dos años - no registra antecedentes.

Tal ausencia de objeto se debe a que las circunstancias que pudieron dar motivo al pedido liminar -y que no entraré a analizar- han desaparecido en la actualidad, lo que permite colegir que el supuesto agravio invocado, si existió, ha sido reparado. Tal afirmación obsta a cualquier consideración de esta Cámara en la medida en que le está vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos, condición que torna inoficioso todo pronunciamiento (cfr. CSJN, in re " Cía. Azucarera Concepción S.A. c/ Tucumán, Provincia de y otro s/ acción de hábeas data, 07.02.2006; MJ-JU-M-7052-AR | MJJ7052 | MJJ7052; (Fallos: 216:147; 231:288; 243:146; 244:298; 253:346; 259: 76; 267:499; 307:2061; 308:1087; 310:670; 312:995; 313:701; arg. 313:1497; arg. 315:46, 1185, 2074, 2092; 316:664; 318:550; 320:2603; 322:1436, entre muchos otros). Esto es, esta Cámara debe ejercer sus atribuciones jurisdiccionales sólo cuando se someta a su decisión un caso concreto y no una cuestión abstracta. (cfr. CSJN, in re: "Balza, Oscar c. Poder Ejecutivo Nacional (Comité Federal de Radiodifusión y Secretaría de Comunicaciones de la Nación)", del 7/8/90, t. 313, p. 701).

Así las cosas, aunque por fundamento distinto al esgrimido por la sentenciante de grado, y toda vez que los agravios vertidos ingresan en un terreno inhábil que ameriten su tratamiento, propondré al Acuerdo la confirmación del decisorio.

IV. En cuanto a las costas, entiendo que es de toda justicia que las mismas sean soportadas en el orden causado, ya que el actor bien pudo haberse creído con derecho a accionar del modo en que lo hizo (art. 69, 2ª. Parte del CPCC).

Así lo ha señalado nuestro Máximo Tribunal nacional, al sostener que "...corresponde imponer las costas por su orden...si se declara que actualmente es inoficioso un pronunciamiento en la causa..." (Fallos 314: 568, entre otros) (cfr. Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala II, Expte. 15.395/08 , in re "Club Atlético San Miguel c/ AFIP s/ demanda contenciosa", 02/12/2008, elDial.com - AA4F39).

Idéntico temperamento - por idénticas razones- he de adoptar respecto de las costas de la Alzada.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Sra. Jueza de Cámara subrogante Dra. Claudia ABRAHAM, dijo:

I. Cabe precisar, a partir del objeto de la demanda (fs. 61 - pto I), que lo que solicita el actor es que "...se ponga a su disposición la información crediticia que exista a su nombre con el soporte de las razones de las sucesivas calificaciones en la central de deudores del Banco Central de la República Argentina y se proceda a la rectificación de los datos informados en cuanto calificaron erróneamente al mismo como deudor irrecuperable o de difícil recuperación durante varios meses del año 2.007..." Desde esta arista la rectificación que se solicita es la que versa sobre el carácter irrecuperable (calificación 5) o de difícil recuperación (calificación 4) de los meses sobre los que recayó tal calificación, es decir de Marzo a Junio (ambos meses inclusive - calificación 5) y Julio (de difícil recuperación - calificación 4), no así en relación a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre sobre los que recayó otra calificación distinta a las cuestionadas. Ello en razón de que en su apelación el actor hace extensivo su pedido al período Marzo a Octubre del año 2.007.

Tal como está concebido en nuestro ordenamiento jurídico, el habeas data tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad con lo establecido en el art. 43 de la Constitución Nacional y 56 de la Constitución provincial.

De la lectura de la causa, se advierte que la cuestión sometida a decisión judicial se ha vuelto abstracta. En efecto, del informe acompañado por la Organización Veraz S.A. (a fs. 280/284), se desprende que la situación del apelante es normal ("1") y de allí no surge la existencia de deuda alguna.

De todos modos carecería de objeto actual pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya que se ha producido la evacuación de la instancia o, empleando la terminología de PEYRANO, lo que también ha dado en denominarse agotamiento de la materia justiciable por "sustracción de la materia", deviniendo así en cuestión abstracta, que impide al tribunal interviniente emitir un pronunciamiento de mérito sobre el fondo de la cuestión (conf. Cámara Apel. de Trelew, Sala A, votos del Dr. VELÁZQUEZ en Exptes. 11907;15898; 20483; 21511, 19414. en igual sentido PEYRANO, "El proceso atípico", Ed. Universidad, 1983, Pág. 129), en el caso, motivado por el solo transcurso del tiempo. Sobre la base de estos elementos, entonces, carece de virtualidad exigir a la demandada la modificación de una información que, como se viera, ya no existe.

Como puede observarse, está claro que al presente la cuestión ha perdido virtualidad, tornándose abstracta, de aquellas sobre las que los jueces no deben expedirse, en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no tener que decidir un contenido litigioso actual. (Conf. C. Apel. de Trelew, Sala A, Sentencia def. 009/2009, id. C.S.J.N., 23/09/2008, A., J. F. c. Consejo de la Magistratura de la Nación, id. C.S.J.N., 20/08/2008, Aguirre de Victoria, María del Carmen, id. C.S.J.N., 25/09/2007, E. S.A.P.A. c. Provincia del Chubut, La Ley Online; entre muchos otros) En este sentido, el dictado de la sentencia que hiciera lugar a la pretensión del actor estaba supeditada a que los informes requeridos corroboren los hechos mencionados en su demanda, por lo tanto, comparto el criterio del Dr. VIVAS en cuanto a que esta Cámara debe ejercer sus atribuciones jurisdiccionales solo cuando se someta a su decisión un caso concreto y no una cuestión abstracta, por ello voto por la confirmación del decisorio de grado.

II. Establecido lo anterior resta ahora analizar el tema de las costas del proceso, impuestas en la instancia de grado al actor. El ordenamiento procesal vigente adhiere al principio generalmente aceptado en la legislación nacional y extranjera cuyo fundamento reside básicamente en el hecho objetivo de la derrota, como base de la imposición de la condena en costas.

Sin embargo, el referido principio no es absoluto, ya que el propio Código Procesal contempla distintas excepciones, algunas impuestas por la ley y otras libradas al arbitrio judicial, tal como lo dispone el artículo 69 del CPCC en su segundo párrafo. Esa norma importa una sensible atenuación al principio general al acordar a los jueces un adecuado marco de arbitrio que deberá ser ponderado en cada caso particular y siempre que resulte justificada tal exención. (CNCiv., Sala A, R. 44.344 del 17/4/89; ídem., R. 72.781 del 14/8/90; ídem., T. 136.124 del 16/11/93; R. 150.684 del 4/7/94).

En tal sentido, considero que la sola creencia subjetiva de la razón probable para litigar, no es por sí suficiente para eximir del pago de las costas al perdidoso, pues es indudable que -salvo hipótesis de actitudes maliciosas- todo aquél que somete una cuestión a los tribunales de justicia es porque cree tener la razón de su parte, más ello no lo exime del pago de los gastos del contrario si el resultado no le es favorable. Sólo es admisible esta causal de eximición frente a las características peculiares y dificultades del asunto, pero en tales supuestos, la razón probable para litigar debe encontrarse avalada por elementos objetivos de apreciación, de los que se infiera la misma sin lugar a dudas (CNCiv., Sala A, L. 112.907 del 11/8/92).

En autos, con relación al demandado no puede existir duda alguna de que su conducta fue la que motivó la promoción del presente proceso, habida cuenta que fue tal entidad la que originó la información proporcionada al Banco Central de la República Argentina y a Veraz, por lo tanto, los gastos causídicos a su respecto deberán distribuirse en el orden causado, en ambas instancias (art. 69, 2da. parte, CPCC).

A LA SEGUNDACUESTIÓN, el juez de Cámara Mario Luis VIVAS dijo:

Con relación a los honorarios profesionales de los letrados de la parte demandada, corresponde señalar que en atención al mérito y resultado de la cuestión tratada, los emolumentos de dichos letrados deben confirmarse.

Por las razones expuestas, y sin perjuicio de haber sido otros los fundamentos esgrimidos en el presente, voto por la NEGATIVA.

A LA SEGUNDACUESTIÓN, la Sra. Jueza DE Cámara subrogante Dra. Claudia ABRAHAM dijo:

Atento lo resuelto precedentemente, valorando la extensión, importancia, el mérito y el resultado de los trabajos realizados, debe confirmarse lo resuelto por el a quo en torno a la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, en tal sentido comparto la opinión del magistrado que me precede y voto por la NEGATIVA.

A LA TERCERA CUESTIÓN, el Sr. Juez de Cámara Dr. Mario Luis Vivas, dijo:

En caso de ser acompañado mi voto por la Sra. Jueza de Cámara subrogante el pronunciamiento que correspondería dictar es el siguiente:

1. CONFIRMAR el decisorio de fs. 221/223 en cuanto fuera materia de agravios en lo principal;

2. IMPONER las costas de ambas Instancias en el orden causado (cfr. art. 69, 2ª parte del CPCC);

3. REGULAR los honorarios del Ab. R. O. G. en el 25 % de los de Primera Instancia (art. 5, 13, 35 y cc., Ley XIII - N° 4 - antes Ley 2.200).- Así lo voto.

A LA TERCERA CUESTIÓN, la Sra. Jueza de Cámara subrogante Dra. Claudia ABRAHAM dijo:

En vista del acuerdo alcanzado precedentemte corresponderá pronunciarse en el modo en que lo hace el Magistrado que me antecede en el voto.

Así lo voto.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 274 y 275 del CPCC (Ley XIII-5-DJ, Anexo A), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. PEREZ no emite su voto.

Puerto Madryn, de septiembre de 2010.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn pronuncia la siguiente:

SENTENCIA:

1.CONFIRMAR el decisorio de fs. 221/223 en cuanto fuera materia de agravios en lo principal;

2.IMPONER las costas de ambas Instancias en el orden causado (cfr. art. 69, 2ª parte del CPCC);

3.REGULAR los honorarios del Ab. R. O. G. en el 25 % de los de Primera Instancia (art. 5, 13, 35 y cc., Ley XIII - N° 4 - antes Ley 2.200-);

4.REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.- REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.010 - SDC. Conste.