marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, apreciación de la prueba, indemnización, daño moral, lucro cesante
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Archilla, Sergio c/ Citibank N.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Ordinario  (Expte.: C.S.J. Nro. 481 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-03

En el caso, los agravios enderezados contra la fijación del monto por lucro cesante y daño moral, además de su notoria debilidad, conducen al examen de temas relacionados con la valoración de las probanzas rendidas en autos y con las particularidades que signan el reclamo resarcitorio, aspectos que, en principio, escapan a la instancia de excepción y que el recurrente, con su articulación, no logra conmover desde el plano constitucional. También coadyuva al rechazo de la impugnación, la falta de objeción por parte de la apelante del reproche de la Sala sobre que no se ha demostrado con cálculos idóneos que el monto de la reparación no podía llegar a la cifra estimada por el Juez de grado, habiéndose refugiado exclusivamente en un argumento extraño a la cuantificación de los perjuicios (su falta de culpa).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: "CASABUONO, leonardo F. s/ sobreseimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-14

Transcurrido cerca de una década desde que este tribunal dictó el fallo "RIVERO" del 21.9.94, en que se sostuvo la necesidad de interpretar el tipo penal descripto en el segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.737  de modo tal que no violente lo dispuesto en la primera parte del art. 19 de la Constitución Nacional, a través de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el sujeto tuvo el estupefacientes a fin de verificar si es posible afirmar que esta actividad trascendió su ámbito de reserva al afectar el bien jurídico protegido por aquella norma.

Sólo razones de economía procesal conducen a sujetarse a la doctrina de los precedentes emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la totalidad de las Salas de la Cámara Nacional de Casación Penal sin perjuicio de señalar que a esta altura ya resulta evidente la manifiesta inutilidad de la penalización de los consumidores de drogas ilegales en lo que refiere tanto a la finalidad tuitiva que supuestamente la motiva , como a la incidencia en la cadena de tráfico de esas sustancias, argumentos con la que se ha pretendido apuntalar la dudosa legitimación de ese aspecto de la Ley 23.737.
Reincidencia, régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL
Carátula: W.D.L. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-23

La eventual comunicación al Registro Nacional de Reincidencia no genera daños al encausado, pues la normativa vigente admite la tolerancia de una publicidad de carácter interno, entre partes y auxiliares del Poder Judicial y aquellas personas que la magistratura considera conveniente que tengan acceso a las actuaciones. Máxime considerando que el infractor es mayor de edad y fue juzgado por delito cometido como menor, ya siendo adulto.
Accidentes de trabajo, insuficiencia del agravio, prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Pereyra, Leticia c/ Mapfre Argentina A.R.T. S.A. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-07-03

Lucen insuficientes los agravios del recurrente, pues los fundamentos sentenciales expuestos denotan un examen razonado y con suficiente motivación respecto de la vía judicial elegida que requiere de una prueba contundente sobre el hecho cuya reparación a cargo de la aseguradora persigue en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo, toda vez que el eje de la cuestión controvertida consistió en determinar si el fallecimiento como accidente de trabajo tuvo relación de causalidad con la labor misma que desarrollaba el trabajador en la oportunidad en que aconteció. Esto concretamente es lo que la Cámara, en correlato con el material probatorio incorporado al proceso, consideró no acreditado. Y precisamente tal extremo no logra ser destruido por el impugnante.
Divorcio, reconvención, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Luque Ricardo. c/ Julia Gloria de Jesus Peña. s/ Divorcio Vincular.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1990-11-28

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia del a-quo, que desestima la causal pretendida por el mismo, para dar curso a la esgrimida por la demandada. Ello así, ya que la esposa al ser demandada de divorcio por la causal objetiva de separación de hecho prolongada, reconviene y demanda divorcio bajo la causal de adulterio, probando acabadamente que incurrió en infidelidad, punto que no fue rebatido por el actor por lo que se estima consentirlo.
Seguro ambiental, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Fundación Medio Ambiente c/ EN - PEN - dto. 1638/12 - SSN - resol. 37.160 s/ medida cautelar autónoma
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-11

Para sustentar la medida cautelar mediante la cual se suspendió la vigencia del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1638/12, reglamentario del seguro ambiental, y la consecuente resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación 37.160/12, que aprobó las condiciones generales del seguro obligatorio de caución por daño ambiental, no resulta un fundamento constitucionalmente sostenible la mera invocación del artículo 22 de la Ley 25.675 General del Ambiente, ni la pretensión de vincularlo con la obligación de recomponer del artículo 28 de dicho ordenamiento, toda vez que esta obligación legal corre por cuenta y cargo del generador de efectos degradantes.
Contratos, locación, contrato de obra, construcción de gasoducto, subcontratación de servicios, sociedades comerciales, aplicación de la ley, tratados internacionales, derecho extranjero
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Vitale, Guillermo Augusto c/ Espasa SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

1 - Corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto incluyó el impuesto al valor agregado en los montos de condena recaída contra la contratista accionada, con motivo de la injustificada rescisión unilateral del contrato de obra para la construcción de una planta de tratamiento de gas en la República de Bolivia que la uniera con la subcontratista actora.
Procedimiento laboral, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez,  Verónica  Marcela c/ Avanzada en Odontología SRL y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

Las costas del proceso deben imponerse al demandado perdidoso, ya que el hecho objetivo de la derrota no sufre desmedro alguno porque el monto de condena sea inferior al reclamado en el escrito inicial, dado que la imposición de costas judiciales no constituye una cuestión matemática, sino que obedece a factores o elementos de juicio flexibles, en donde la apreciación judicial juega un rol preponderante.
Empleo público, cesantía, abandono del cargo, instrucción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GODOY ELIAS CELEDONIO c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-EMPLEO PUBLICO-CESANTIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-05-06

El requisito del sumario previo se encuentra expresamente excluido en los supuestos de cesantía por abandono del cargo (art.

60 inc. M-ley 6402), siendo suficiente la constitución de haberse excedido en las inasistencias injustificadas y un emplazamiento fehaciente a fin de que se reintegre a sus funciones (art. 64 Penúltimo párrafo ley 6402 y arts. 60 inc. M y 64 decreto reglamentario).
Suspensión del proceso judicial, falta de agravio concreto, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Karlen, Alejandro Hernán c/ Estado Nacional, Poder Ejecutivo de la Nación s/ ejecución de sentencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-03

No procede la suspensión del curso del proceso, toda vez que del planteo articulado no se advierten circunstancias que podrían ocasionar agravios de muy dificultosa reparación ulterior o exigieran preservar la jurisdicción de la Corte para el dictado de una sentencia útil en la causa, ello en cuanto la ejecución del pronunciamiento en crisis no sería, en principio, susceptible de afectar la jurisdicción de la Corte, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto que será objeto de oportuno tratamiento (Disidencia del juez Rosatti).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, non bis in ídem
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: R., R.; R., R; G., M. T. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - USO DEINSTRUMENTO PUBLICO FALSO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 305 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-06-03

Es inadmisible la queja sustentada en la ausencia del tratamiento de la supuesta violación al "nom bis in idem", desde que de la lectura del memorial, no se logra avizorar acabadamente el modo en que se introdujo y mantuvo dicho planteo, máxime cuando el interesado no logra acreditar suficientemente -por lo menos en esta etapa- que el hecho que se pretende enrostrar -más allá de su calificación legal- tenga "identidad objetiva" con el que fuera materia de la anterior persecución penal, presupuesto esencial para la operatividad de la prohibición alegada.
Audiencia, incomparecencia del abogado, suspensión de la audiencia, impulso de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: CACERES, MARTA Y OTROS c/ LA SUPERIORA BODEGAS, VIÑEDOS Y OLIVARES  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-18

El denominado "impulso procesal de oficio" (como desprendimiento del principio de "economía procesal") no significa que el juez deba suplir la omisión negligente de las partes, de modo que la falta de asistencia letrada en un acto de cuya celebración los abogados de aquéllos se encontraban debidamente notificados, de ninguna manera puede provocar la suspensión hasta que el ausente evacue el traslado de las cuestiones suscitadas en la audiencia toda vez que debe interpretarse que las convocatorias a tales actos se consideran efectuadas bajo apercibimiento de ser celebradas por las partes que concurran, art. 125 inc. 3 del código procesal civil y comercial.
Superintendencia de riesgos del trabajo, deberes y facultades del juez, sanciones procesales, procedencia del recurso, entes reguladores
Materia: LABORAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Gobernación de la Provincia de Buenos Aires s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

Las defensas opuestas en relación al alcance obligacional y al carácter de persona pública de la recurrente -relaciones interadministrativas- en virtud de las cuales no serían susceptibles de multa, son inaudibles y no la eximen de responsabilidad, ya que al actuar en el ámbito del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo 24557, tiene idénticas obligaciones que el resto de los afectados, quedando sujeta a la supervisión y fiscalización de la SRT.
Prueba, recurso de casación penal, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL PENAL -CIVIL
Carátula: GOMEZ, ROQUE MARCELO s/ PERSONAS - RECURSO DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-03-05

Aplicó erróneamente los arts. 80, 85 y 87 del C.C., la Cámara a quo, si consideró, a los fines de determinar la edad de la víctima, ante la falta de asiento en el registro civil, solo el certificado parroquial y opino que "debe estarse a lo que en el establecido, sin ser necesario considerar el resto de la prueba, tanto pericial como testimonial".-
Autoría, privación ilegal de la libertad, torturas, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

El Mayor del Ejército Argentino y Oficial de Operaciones del Batallón Logístico resulta autor directo de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos doblemente agravados y homicidio calificado por alevosía ocurridos en la zona donde se desempeñaba no sólo por su cargo, por el que tenía responsabilidad primaria sobre todos los aspectos relacionados con la organización, instrucción y operaciones en dicha zona, ejerciendo pleno control de todos los operativos realizados, sino por su actuación personal, en especial la comunicación telefónica que mantuvo con el personal policial a fin de solicitar la liberación de un militar a su cargo que había sido apresado en ocasión de perseguir a la víctima en su huida del lugar de cautiverio.
Sistema interamericano de Derechos Humanos, principios del derecho internacional de los derechos humanos, derecho a la integridad física, protección de la dignidad, principio de no discriminación, Pacto de San José de Costa Rica, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicaciones
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Admisibilidad No. 280/21 Petición 345/15 - Praxedes Candelmo Correa. República Argentina c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2021-10-09

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado reiteradamente su preocupación por el uso de lenguaje discriminatorio, así como de estereotipos dañinos y perjudiciales en los medios de comunicación, toda vez que dicha conducta además de violentar derechos humanos fundamentales consagrados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, podría incitar a la violencia contra las personas LGTBI, generando responsabilidad internacional del Estado que lo consienta en aplicación del artículo 1.1 -obligación de respetar y garantizar los derechos-, de la Convención.
Exacciones ilegales, cohecho, inspector municipal
Materia: PENAL
Carátula: ASCHERI, H. s/ CONCUNSION - COHECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-14

El accionar del inspector municipal que exige dinero a una persona para no labrar una infracción municipal, configura el delito de concusión y no el de cohecho, dado que regatear sobre el monto de la dádiva que se le exige mientras se menea una infracción que se amenaza instrumentar, sólo está intentando disminuir el perjuicio de la exacción de la que es víctima, pues su oferta menor carece de libertad, se da en un contexto de coerción que elimina la posibilidad del cohecho.
Despido indirecto, salarios adeudados
Materia: LABORAL
Carátula: Casañas, Firmo Oscar c/ El Hogar Obrero s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

No es la mora en el pago de los haberes lo que autoriza la rescisión del contrato de trabajo, sino el carácter injurioso que pueda tener la negativa del empleador de cumplir con su obligación o el atraso en la misma una vez intimado su cumplimiento por el dependiente.
Procedimiento laboral, medidas cautelares, reinstalación en el puesto de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Villagrán Olimpia Mabel c/ Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas y otro s/ Juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-27

La documentación acompañada en la causa acredita, con el grado de verosimilitud necesario para la eventual adopción de una medida cautelar, que la actora habría sido electa delegada y que esto habría sido comunicado a la empleadora, en el caso, el Ministerio de Salud, quien pese a ello habría procedido a desvincular a la demandante. Y si bien es cierto que, en lo sustancial, se presenta un conflicto de cierta complejidad conceptual entre las disposiciones de la ley 23.551, que proveen tutela a la actividad gremial, y el eventual derecho de la demandada a la no renovación de contrataciones temporales -lo cual sería materia ajena a la consideración de un tribunal laboral como la J.N.T.-, lo cierto es que las precisiones de la ley 23.551 no hacen diferencia en orden a la índole del vínculo laboral establecido por el trabajador objeto de una tutela, que las cuestiones relativas al ejercicio de la actividad gremial son propias de la competencia de este fuero, y que, sea o no el ejercicio de un cargo gremial una razón legítima para impedir la rescisión de una contratación temporal, sobre lo cual no cabe consideración alguna en esta instancia, las normas de la ley 23.551 imponen un requerimiento judicial previo en orden a innovar en las condiciones de trabajo de un trabajador amparado por una tutela gremial, sea este un trabajador público o privado, y en el primer caso, de planta permanente o simplemente contratado. Cabe concluir que la medida cautelar solicitada es formalmente admisible al tener por verificado el fumusbonis iuris que se requiere.
Suspensión del juicio a prueba, dictamen fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Asenjo, Claudio Martín s/ recurso de casación Causa: 518
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

Resulta necesaria la expresa conformidad del fiscal de la causa, cuya opinión adversa resulta un impedimento para su otorgamiento, habida cuenta el rol que el Ministerio Público tiene en el proceso oral en función requirente.
Juicio ejecutivo, deudas derivadas de la locación, impuestos, gastos comunes
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ANGEL EDMUNDO ALBERTO c/ NORMA TORRES Y OTRO s/ PREPARA VIA EJECUTIVA - DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-10-14

De la interpretación conjunta de los arts. 1578, 1581 y 1600 del C.C., la acción ejecutiva reconocida al locador y sublocador, abarca también las otras deudas derivadas de la locación, no sólo las legales, sino, además las estipuladas en el contrato; deudas que una vez devengadas integran el precio del alquiler. En consecuencia la acción ejecutiva por cobros de alquileres y demás deudas derivadas de la locación, procede, más aún cuando al excepcionarse por inhabilidad de título, la demandada no ha negado la existencia de la deuda ni su situación de morosa. Conforme lo expresado no resulta atinado el criterio en cuanto deben aplicarse las normas procesales por sobre la ley de fondo sino que la correcta interpretación de esta última nos lleva a admitir que estos créditos por tratarse del conjunto de obligaciones a cargo del inquilino y derivadas del contrato de locación engastan en la previsión del inciso 2do. del art. 819 del C.P.C. y en consecuencia son títulos ejecutivos que traen aparejada ejecución.-
Salarios caídos, límite temporal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDARTE, EDUARDO DANIEL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-16

El art.54 de la Ley 5642 reconoce, al agente público, ilegítimamente separado de su cargo, el derecho a percibir los haberes no cobrados durante el tiempo que medie entre el cese y el reintegro, con un límite determinado, objetivo y certero, que no puede exceder de dos años.
Recurso de casación penal, límites del pronunciamiento, presentación extemporánea, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Pour Pour, Juan Domingo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01

No habré de considerar el tema extemporáneamente propuesto por el Defensor Público Oficial ya que, teniendo en consideración la oportunidad en que ha sido planteado este nuevo reproche -término de oficina-, queda claro que la impugnación en trámite debe limitarse sólo a los agravios oportunamente invocados. (Voto del Tragant, adhiere el Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia parcial).
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zara, Inés C. y otro c/ Cappelani, Sebastián s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-06

Todo aquel a quien el ilícito ha damnificado directamente o indirectamente tiene derecho a reclamar el resarcimiento, a condición de que acredite el nexo de causalidad entre el hecho y los daños.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bornett, Daniel c/ Bravo, Rodolfo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-22

La indemnización por incapacidad parcial y permanente no está referida con exclusividad al aspecto laboral del ser humano, sino también al resto de las áreas de las relaciones interpersonales (la amistad, la vecindad, el deporte, la familia, la constitución de un hogar, etc.) en el que el actor deberá insertarse o reinsertarse con las severas limitaciones derivadas del ilícito que lo afectan en su funcionamiento locomotriz, tanto en situación estática (parado), como dinámica (marcha claudicante, dificultad en el ascenso y descenso de escaleras, etc.).
Cobro de sumas de dinero, entrega del certificado de trabajo, presunciones, producción de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ferroni Nestor Miguel c/ Distribuidora Nani Hernos SRL y Otros s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-02

La relación laboral que mantuvo el actor y las SRL accionadas resultó verificada, en principio, por un número apabullante de indicios serios, precisos, graves y concordantes como reclama el ordenamiento adjetivo (arg. art. 160 CPCC). Y la robustez alcanzada por la presunción de laboralidad edificada sobre ese cúmulo de indicios reseñados no sufre menoscabo alguno a partir de la prueba producida por las accionadas. Siendo así y como desde antiguo se ha dicho, si no hay prueba en contrario ha de estarse a la presunción (stabitur praesumtioni donec probatur contrarium) (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Seguro de responsabilidad civil, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caballero Enrique c/ Comesaña José y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

Es carga de la aseguradora acreditar el presupuesto fáctico-jurídico en el cual se sustenta la exclusión de la cobertura invocada al contestar la demanda (art. 375 Cód. Proc. Civ. y Com.).
Comunicación del despido, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: BILBAO, LUIS c/ ISSPICA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-24

Decir que un trabajador fue despedido por reestructuración equivale a despedirlo sin causa, y como lo expresa el art. 243 LCT, cuando en la comunicación del despido no se expone la causa, la norma citada impide que en el juicio se considere alguna.