Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-02


SENT Nro. 971 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 02 DE DICIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la demandada en autos: "Comuna Rural de El Manantial vs. Abraham, Irma s/Apremios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de la Sala II de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, del 11/6/2003, por la cual se confirmó la sentencia de primera instancia de fecha 14/02/2003.

II.- El recurrente expresa que la sentencia ha descontextualizado su defensa y no se ha ceñido a las pruebas rendidas por su parte. Entiende que al interponer la defensa de inhabilidad de título ha pretendido cuestionar el mismo y la propia prueba instrumental acompañada por la actora. Que el principio de que no puede indagarse sobre la causa de la obligación en los juicios ejecutivos, y que la inhabilidad del título está reservada sólo a cuestiones extrínsecas cede ante ciertos supuestos y, que en el caso particular, su parte ha cuestionado y probado la inhabilidad de título que se pretende ejecutar sólo con la prueba rendida por la parte actora en autos, es decir con la documental acompañada en el escrito de demanda, de la que surgen los elementos que sustentan la inhabilidad del título. Le agravia entonces, que las sentencias dictadas en primera y segunda instancia hayan efectuado una aplicación dogmática y arbitraria de la excepción de inhabilidad de título no permitiendo el análisis de la prueba arrimada a la causa por la misma parte actora, impidiendo el ejercicio del legítimo derecho de defensa por su parte.

Sostiene que no puede argumentarse con la hipótesis de su derecho a un juicio posterior por cuanto para llegar a tal juicio el ejecutado deberá haber cumplido las condenas impuestas, cancelando el capital reclamado y que, aún cuando le fuera favorable el juicio ordinario posterior, lo que obtendrá será un título por el valor de la deuda ya que el Estado estará protegido por la Ley de Emergencia. Efectúa otras conclusiones.

Explicita que su parte ataca el instrumento público base de la presente acción a través de una denuncia penal, incluso antes de apersonarse al juicio presente. Que en autos consta que se han efectuado diligencias probatorias en la causa penal tendientes a determinar si la firma inserta en la documental agregada a la causa pertenecía o no a la Sra. Lidia Corbalán. Que su parte acompañó escrito agregando las copias certificadas expresamente del dictamen pericial practicado en los autos caratulados "Abraham Irma s/su denuncia" que tramitan por ante la Fiscalía de Instrucción de la Sexta Nominación de este Centro Judicial donde el perito concluye en que la firma inserta al pie de la resolución de la Comuna Rural de El Manantial no pertenece a la mano caligráfica de la Sra. Lidia Corbalán, siendo falsa. Que esta presentación fue devuelta por el Juzgado. Entiende entonces que la actuación del Juzgado y del Tribunal deviene arbitraria desde que rechaza enfáticamente las defensas ensayadas por su parte sin considerar las particulares circunstancias del caso, ciñéndose a alegar principios dogmáticos.

Así, le causa gravamen que se considere que las pruebas ofrecidas por su parte y que eran relevantes para la solución del litigio sean simples manifestaciones sin fundamento alguno; que es lo mismo que no considerarlas, que ello tacha de arbitraria la sentencia. Y añade que la falsificación de la firma no es un hecho menor desde que probado que fuera la misma, la fiscalía recaratuló la causa por el nombre del imputado: "Monteros Alberto Justo s/Falsedad ideológica" y que tal falsedad es una de las vías para atacar la autenticidad de un instrumento público.

Expresa que la segunda prueba ignorada es la existencia del juicio de inconstitucionalidad iniciado por su parte, estando acreditado tal hecho. Se pregunta qué hubiera pasado si hubiera elegido la vía de la excepción para obtener la declaración de inconstitucionalidad, cuya validez se ha reconocido en reiterados fallos. Por lo que, colige, no puede tenerse a la alegación de inconstitucionalidad como una simple declaración carente de contenido.

Cita doctrina y jurisprudencia en su apoyo; propone doctrina legal; hace reserva del caso federal y concluye solicitando se conceda el recurso tentado y se haga lugar al mismo en todas sus partes.

III.- Por auto interlocutorio de fecha 04/9/2003 la Cámara hace lugar al recurso, correspondiendo ahora el análisis de su admisibilidad definitiva y procedencia.

IV.- La sentencia en recurso entiende, en cuanto al pedido de aplicación del art. 16 de la ley 25.563, que el plazo de suspensión se encuentra vencido y que tampoco resulta aplicable la ley 25.737 que establece una nueva suspensión de las ejecuciones por 90 días, toda vez que está limitado a los casos que tienen por objeto vivienda única, que no es el de autos.

En cuanto a la excepción de inhabilidad de título fundada en las irregularidades producidas durante la actuación del procedimiento administrativo previa a la confección de la boleta de deuda que se reclama, falsificación de firma de la Sra. Corbalán denunciado ante la Fiscalía de Instrucción de la 6° Nominación, y que reclamara ante la Cámara Contencioso Administrativo inconstitucionalidad de las contribuciones que inciden sobre la actividad comercial y/o servicios, obteniendo una medida cautelar para que no se clausure el local, como lo expresa la sentencia apelada, lo alegado por la recurrente no pasa de ser meras manifestaciones sin fundamento jurídico alguno para enervar la acción fiscal promovida en su contra. Agrega que la excepción de inhabilidad de título puede fundarse únicamente en vicios formales, extrínsecos de la boleta de deuda que sirve de base para la ejecución. Que se refiere exclusivamente a los recaudos básicos que enumera el art. 157 de la ley 5121, vicios exteriores, que quedan excluidos de esta defensa aquellos aspectos que no hacen a la mera forma de la documentación, sino a cuestiones sustanciales sobre el origen de la obligación o impugnaciones basadas en la inobservancia del trámite administrativo, como son las que aborda la demandada en autos. Por lo que concluye confirmando la sentencia apelada en todas sus partes.

V.- En orden al juicio de admisibilidad, se observan cumplidos los requisitos de depósito judicial, presentación temporánea por quien se encuentra legitimado para ello y definitividad de la sentencia recurrida. Esto último en atención a que si bien es doctrina pacífica y reiterada de esta Corte Suprema de Justicia, que la sentencia emanada del juicio ejecutivo no reviste, en principio, la calidad de definitiva a los fines del recurso de casación, ello es así en tanto proceda una vía posterior mediante el juicio de conocimiento (art. 544 y 814 CPCC), pues existe una excepción restringida al supuesto del rechazo de una excepción de inhabilidad de título, en aquellas cuestiones inherentes, exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, adquiere la calidad de cosa juzgada material, y siendo que tampoco pueden discutirse nuevamente las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (arg. art. 544 3° párr., CPCC), admite su encuadramiento dentro de la preceptiva del art. 813 inc. a) de la ley adjetiva (cfr.: CSJTuc., in re: "Banco de Galicia y Bs.As. S.A. vs. Cano, Mario Roberto s/Ejecución hipotecaria", del 25/3/98; Banco de Catamarca vs. Pio Marchetti Soc. de Hecho s/Cobro ejecutivo", del 17/3/95; "León Alperovich vs. Sánchez, Maximiliano Juan s/Cobro ejecutivo", del 8/11/2001; etc.).

Ahora bien, los agravios del recurrente básicamente consisten en la arbitrariedad sentencial puesto que, dice, el fallo, aplicando dogmáticamente y en forma cerrada el alcance de las defensa de inhabilidad de título, no ha considerado las defensa ensayadas de su parte, la prueba producida referida a la denuncia de falsificación del instrumento público adjuntado a la demanda y a la acción de inconstitucionalidad del tributo que da origen a la ejecución de autos. Sostiene que aquéllas debían considerarse porque el principio referido a que no puede indagarse sobre la causa de la obligación cede frente al caso de autos.

Al respecto, cabe considerar que no se advierte yerro sentencial en la aplicación de tal principio por cuanto, en relación al procedimiento administrativo que se debe observar para dar nacimiento al cargo tributario, cabe expresar que esta Corte, en anteriores pronunciamientos, ha manifestado que el Código Tributario, Ley 5121, en su Título VI, De la Ejecución Fiscal, legisla sobre la boleta de deuda, y establece que los créditos tributarios se harán efectivos de acuerdo al procedimiento establecido en el Código y que a ese efecto constituye título suficiente la boleta de deuda expedida por la autoridad de aplicación, determinando los requisitos que la misma debe contener (art. 157). La forma del título, su fuerza ejecutiva, y el procedimiento para el cobro del mismo están determinados por la legislación fiscal. Se trata de un título ejecutivo fiscal, creado unilateralmente por el ejecutante, y que comprueba la existencia de un crédito fiscal exigible. En la ejecución del mismo no cabe el cuestionamiento del procedimiento para la determinación de la obligación, cuestión que excede el marco del juicio de apremio (CSJTuc., sentencia Nro. 454 del 9/8/94; sentencia Nro.1034 del 14/11/2002). En igual sentido la jurisprudencia de nuestra Corte Nacional tiene dicho que "en el juicio de ejecución fiscal no puede revisarse el proceso de formación del certificado de deuda suscripto por el funcionario competente" (CSJN, sentencia del 6/02/96; LL, 1996-D,256; DJ 1996-2, 531).

Y es que el planteo de inhabilidad de título debe limitarse a las formas extrínsecas del instrumento y sólo es viable si se cuestiona la idoneidad jurídica de aquél, sea porque no figura entre los mencionados por la ley, o porque no reúne los requisitos a que ésta condiciona su fuerza ejecutiva (obligación dineraria, líquida, exigible no sometida a condición o prestación), o bien porque el ejecutante o ejecutado carecen de legitimación procesal por no ser las personas que figuran en el título como acreedor o deudor (conf. CSJTuc., sentencia Nro. 713 del 21/9/99). Desde esta perspectiva, los fundamentos expresados no permiten tener por configurada la infracción a las normas invocadas por el recurrente.

Cabe destacar que, en autos, resulta claro que la falsedad no se opone con fundamento en la adulteración de algunos de los elementos esenciales del título mismo (boleta de deuda) sino que el recurrente alega, en verdad, la falsedad de la firma inserta en la notificación de la resolución que hace parte del procedimiento de determinación tributaria con lo que no corresponde admitir, por lo dicho supra, tales alegaciones en el presente proceso; más allá de la circunstancia de tratarse de un instrumento público y de que no está acreditada la culminación del proceso penal citado.

Asimismo, cabe hacer notar que las copias certificadas del dictamen pericial sobre la falsificación de firma efectuado en el juicio "Abraham, Irma s/su denuncia" (recaratulado: "Monteros Alberto Justo s/Falsedad ideológica") -de las que alega falta de consideración el recurrente- no forman parte de las constancias de autos en mérito a que ellas no correspondían "a prueba alguna ofrecida por la accionada" (conf. decreto del 09/9/2002 que glosa a fs. 65 de autos) y ello en relación a que, habiéndose ofrecido en el presente litigio pericial caligráfica a iguales efectos, la actora interpuso revocatoria contra el decreto que admitía la producción de dicha probanza; la demandada, aquí recurrente, no contestó el traslado y, por las razones expuestas en resolución de fecha 21/8/2002, se hace lugar a la revocatoria incoada, rechazándose la pericial caligráfica ofrecida, según art. 306 CPCCT.

Por lo expuesto, cabe rechazar este agravio.

A idéntica conclusión debe llegarse en relación a la acción de inconstitucionalidad que el recurrente dice haber iniciado en la Cámara Contencioso Administrativo y ello, por cuanto el juicio así iniciado en nada empece a la continuación del presente litigio ni a la adopción de la solución sentencial que ahora se recurre puesto que, obviamente no existe, para el caso, la previa declaración de inconstitucionalidad del tributo materia de la actual ejecución. Tampoco luce actual -y por ello es inadmisible- el gravamen fundado en la eventualidad de haber planteado en el presente, una excepción de inconstitucionalidad (que, más allá de la cuestión de su procedencia o no en juicios como el del caso, no fue interpuesta por el impugnante).

En definitiva, no puede agraviar al recurrente -por dogmática o cerrada- la aplicación expresa que la sentencia hace de la ley tributaria y procesal. Tampoco puede causarle gravamen que en este juicio no pueda examinarse los supuestos vicios intrínsecos del título, o la causa de la obligación; que la sentencia recaída en él no haga cosa juzgada material; que deba, antes de iniciar el juicio de conocimiento, cancelar el capital adeudado; o que en el presente se hallen suspendidas las ejecuciones contra el Estado, pues todo ello es equivalente a decir que todo el sistema legal actual -que reglamenta la cuestión objeto del sub judice- le es perjudicial, siendo evidente que ello no puede ser alegado como gravamen con virtualidad jurídica alguna, a menos que se invoque y pruebe por la vía correspondiente la inconstitucionalidad de las normas pertinentes.

En definitiva, en principio, la sola presentación del título de deuda habilita la vía ejecutiva, siempre que el mismo contenga los requisitos legales exigidos. Ahora bien, las sentencias inferiores han sentado que la boleta adjuntada a la demanda posee todas las exigencias enumeradas por el art. 157 de la ley tributaria provincial; a su vez, ello no ha sido motivo de gravamen concreto del recurrente sino que las alegaciones versan sobre cuestiones que aparecen, por lo expuesto, manifiestamente extrañas y ajenas a la formalidad del título presentado en autos, por lo que no pueden impedir su virtualidad ejecutiva.

Por todo lo expuesto, no corresponde hacer lugar a los agravios de la casación, con costas al recurrente vencido, según los principios de la materia (art. 106 procesal).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de la Sala II de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, del 11/6/2003 conforme a lo considerado, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA