marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Impuesto a la ganancia mínima presunta, aplicación temporal de la ley, declaración de inconstitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: AMF Playcenter S.A. c/ E.N. -AFIP- Resol. 328/99
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

Corresponde desestimar la apelación de la sentencia que rechazó in limine la acción meramente declarativa solicitada tendiente a lograr la inconstitucionalidad de la RG (AFIP) nº 328/99 y de la ley 25.063 que remite a la RG 4150, en los términos del art. 322 del C.P. Civil; por cuanto aquellas normas incluyen los ejercicios cerrados el 31/12/98 en el impuesto a las ganancias mínimas presuntas, creado por el Título V de esa norma, contrariando lo dispuesto en el art. 12, que establece la vigencia de la ley al día siguiente al de su publicación y el inc. e, que surtirán efecto para los ejercicios que cierren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Honorarios, inconstitucionalidad, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Aguilera, David Edgardo c/ consorcio de propietarios de la calle Maturin 2337 CABA y otro s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-17

Cabe confirmar la resolución que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del CCCN 730, e hizo lugar a la pretensión del consorcio demandado de limitar el pago de los honorarios a su cargo al tope establecido en la referida norma. Ello por cuanto no se soslaya que lo atinente a la ley procesal es de índole local, pero esa circunstancia no obsta a la validez constitucional de numerosas disposiciones de esa especie incorporadas a normas nacionales, lo cual ocurre cuando ese modo de legislar es exigido para la regulación del instituto del derecho sustancial - que corresponde al legislador nacional- de que se trate (como lo es, en el caso que nos ocupa, el atinente a la responsabilidad en la que, en términos generales, incurre quien se deja demandar).
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUALPA CARLOS c/ BETRIZ BRAYN s/ Divorcio Vincular (LIBRO: S069 - 466)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-05-28

El Juez debe formar su criterio, porque no cualquier injuria constituye la causal, sino solo la que es grave, concretando la norma un standard o directiva de carácter jurídico, que debe ser apreciada según la cultura de los cónyuges o la clase social a la que pertenecen, dado que el mismo hecho, tal vez no tenga igual importancia entre cónyuge de escasa o nula cultura, que correspondan a una clase social baja. El trato recíproco que se brindan los cónyuges, debe ser coherente con las exigencias del medio social que integran.
Cuenta corriente mercantil, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Arroceros de Gualeguaychú Ltda. c/ Fellay Oldemar s/ Sumario por cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-06-29

Habiendo las partes reconocido la existencia de una cuenta corriente comercial en la que se registraban las operaciones inherentes a su relación, corresponde aplicar la normativa del Código de Comercio, por cuanto ésta aunque tenga lugar entre no comercintes es de naturaleza mercantil en virtud de lo dispuesto por el artículo 8 inciso 11, pues se trata de una institución especialmente legislada.

Tal naturaleza no se modifica por el carácter de las negociaciones, ni por la calidad de las personas que intervienen. Además, tal encuadramiento resulta de los propios términos de la certificación contable en la cual el crédito del demandado emergente de la liquidación se debitó sin referencia a ninguna de las operaciones de venta registradas en la misma, lo que excluye la aplicación al caso de lo dispuesto en el artículo 847 inciso 1 -en que el apelante sustenta su pretensión revocatoria-, debiendo utilizar el artículo 790 del Código de Comercio, no habiéndose operado la prescripción de la deuda ejecutada dado que el plazo de cinco años fijado a ese efecto comienza a correr "desde la clausura definitiva de la cuenta, sea ella convencional o de pleno derecho; en todo caso cuando se trata de una cuenta en la que, desde determinada fecha no se ha producido movimiento, el término corre desde el asiento desde la última operación efectivamente realizada".
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CUADERNO DE PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA EN AUTOS:TURCO ALBERTO Y OTRA c/ SANTIAGO AMADEO SIVORI s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-04-12

El ofrecimiento prematuro de pruebas, sin que ello haya devengado desorden en los procedimientos ni lesión a la defensa de la otra parte, y habiendo resultado incólumes los derechos del demandado de proponer los propios medios de prueba y de controlar los de su adversaria, no puede acarrear una sanción tan grave como es la pérdida de toda la prueba sin caer en exceso ritual.
Peculado, peculado de uso, peculado de trabajos o servicios
Materia: PENAL
Carátula: D'ONOFRIO, José Carmelo s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-03

El peculado de uso de cosas, bienes o máquinas no se pena, sino el aprovechamiento de trabajos y servicios, haciendo referencia a la actividad humana corporal o intelectual que son pagados por una administración pública.
Homicidio, pena, debido proceso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., N. F. s/ Homicidio R/ Víctima s/ impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-09

Es cierto que a la figura del homicidio agravado (artículo 80, inciso 8º) el Código Penal le asigna una pena de reclusión perpetua o prisión perpetua (única e indivisible), pero también lo es que esa circunstancia no puede privar al imputado de su derecho al recurso contra la sentencia y la pena (artículos 29 y concordantes del Código Procesal Penal, 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8, 2. h de la ; 14, 5, P.I.D.C.P.).

La garantía del debido proceso, que tradicionalmente se aseguraba con "acusación, defensa, prueba y sentencia", ahora se ha extendido a "acusación, defensa, prueba, sentencia y recurso". Esos son los patrones sentados en el país por el precedente "C...." y ya lo eran en la Provincia del Chubut por el artículo 179, inc. 2°, desde 1994.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agravio concreto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SIRIMARCO, María c/ VENDITTI, Angel s/ Acción ordinaria de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no pone de relieve la violación o la errónea aplicación de normas actuadas en la sentencia ni indica, en términos claros y concretos en que consiste la violación o el error que denuncia.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Niz, Sergio Omar c/ Unión Gandarense S.A.C.I.A. s/ Indemnización por accidente de trabajo Coelho Alves, Antonio c/ Empresa del Oeste S.A. s/ Enfermedad accidente (ley 9688) Furci, Carlos c/ Transporte La Perlita S.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27|1996-10-01|1997-04-08

Infringe el art. 8 inc."a" de la ley 9688 modificada por ley 23643 el fallo que omite aplicar el tope indemnizatorio que establece la norma legal indicada.
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendeguia, Alberto O. y otra c/ Diaz de Souza, José Luis s/ Posesión veiteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

Cuando los ordenamientos vigentes estatuyen que es admisible toda clase de pruebas, pero que el fallo no puede basarse exclusivamente en la testimonial (art. 24 inc. c, 1ra. parte, ley nac. 14159; art.

679 inc. 1 CPCC), ello no importa una descalificación de esta última ni su relegamiento a un rol secundario, sino que, al contrario, en el proceso de usucapión la prueba de testigos es por lo común la más importante y convincente porque se trata de acreditar hechos materiales, si bien la ley, con justificada desconfianza, ha querido que los testimonios sean contemplados y corroborados por elementos de juicio objetivos e independientes.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: LABORAL
Carátula: SAGRETTI, GERARDO DOMINGO c/ YPF. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-29

El hecho de que el accidente sufrido por el trabajador (introducción de un cuerpo extraño en un ojo) en dependencias del empleador suela ocurrirle a gran cantidad de operarios y la existencia de desprendimientos de partículas, luego arrastradas por el viento, de las cañerías de la destilería, constituyen circunstancias reales que por su número, precisión, gravedad y concordancia producen suficiente convicción (artículos 163, inciso 5 y 386, CPCCN.) acerca de la propiedad o, por lo menos, guarda del principal sobre la cosa dañosa en los términos del artículo 1113, segundo párrafo, Código Civil.
Contratos, resoluciones, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PIOVANO, MIRTA Y OTROS c/ PICONE, JOSE Y OTROS s/ ORDINARIO- DAÑOS Y PERJUICIOS - RESOLUCION DE CONTRATO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-25

En caso de resolución del contrato por culpa de una de las partes, la indemnización tratara de restituir a la parte inocente a la situación anterior a la celebración del contrato , de manera que no sufra menoscabo por la celebración del negocio que se ha visto frustrado por la conducta de la otra parte, pero quien reclama la resolución del contrato no puede solicitar una indemnización equivalente a las prestaciones debidas en razón del negocio que opto por resolver, que responden a un interés en el cumplimiento del contrato y no se compadece con la acción resolutoria intentada .-El reclamo del valor locativo de un inmueble similar al comprometido en venta por los demandados desde la fecha pactada , hasta la restitución del capital, y la diferencia entre el precio pactado y el valor actual del inmueble, son rubros que no pueden integrar la indemnización en caso de resolución del contrato, pues responden a un interés de cumplimiento del contrato, incompatible con la acción incoada.
Universidades, gobierno de facto, normalización universitaria, actos del gobierno de facto, ratificación de actos de gobierno
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Budano, Raúl Alberto c/ Fac. Arquitectura. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

La ley 23.068, tendiente a establecer un régimen provisorio de normalización de las universidades nacionales, debe interpretarse con arreglo al principio según el cual la restitución del orden constitucional en el país requiere que los poderes del Estado Nacional o de las Provincias, en su caso, rectifiquen o desechen explícita o implícitamente los actos del gobierno de facto.
Cuestiones de competencia, reglamento de copropiedad y administración
Materia: CIVIL
Carátula: Consorcio de Propietarios Edificio Calle Güemes 4744 c/ Goldschmidt, Lucas Sobre Contratos y Daños - Rc - Otros s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde radicar la causa ante el Juzgado Nacional en lo Civil si el consorcio accionante fundó su pretensión en el Código Civil y Comercial de la Nación y en su reglamento de copropiedad. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Contratos, consentimiento, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: González, Modestino Jaime c/ Rojas Rodriguez, Pedro y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-07

No hay nulidad del contrato médico si la paciente, a pesar de su condición de oligofrénica, concurre a determinadas consultas en compañía de sus padres, contribuyendo así a la gestación y sana consolidación del consentimiento o acuerdo de voluntades.
Juicio ejecutivo, aplicación de la ley, competencia, competencia contencioso administrativa, Administración Pública
Materia: COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.I. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Ejecutivo (Expte.: C.S.J. Nro. 35   Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

Una pretensión ejecutiva contra el Estado es susceptible de análisis en función de la eventual competencia contencioso administrativa subyacente. Ello así, por cuanto se puede franquear el valladar hacia la relación causal en el juicio si es dable inferir que esta en juego esa competencia, que por mandato del constituyente, ha sido atribuida a los tribunales especializados. En el caso, si bien el Estado ha instrumentado cartularmente una obligación sometiéndose así a un determinado régimen que excluiría la jurisdicción contencioso administrativa, dicha exclusión goza de una presunción juris tantum habida cuenta que, perfilados que fueran los contornos de esa competencia constitucional, el límite cognoscitivo de los procesos de ejecución no puede ser un obstáculo válido para fundamentar un desplazamiento de la competencia que tiene por fin, nada más ni nada menos que controlar los actos de la Administración Pública. (Del Voto del Dr. Netri)
Seguridad social, haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, presupuesto nacional, modificación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Heit Rupp,  Clementina c/ Administración Nacional de la SeguridadSocial.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

Lo establecido por el art. 7°, inc. 2°, apartado segundo, de la ley 24.463, en el sentido de que en ningún caso la movilidad que establezca la ley de presupuesto "podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y la remuneración de los activos", significa que el Congreso se ha fijado para sí una directiva a cumplir sobre el modo de reglar el derecho constitucional respectivo. Pero ello no representa un perjuicio concreto y actual que suscite la intervención de la Corte, intervención que tendría lugar, eventualmente, si se demuestra que la modalidad adoptada significa una abrasión al carácter sustitutivo de la prestación previsional (Voto del Dr. Carlos S.

Fayt).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: U., V.A. c/ A.S. SRL s/ Pago de Consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-15

La congruencia de la sentencia respecto de una causa entablada alude a los hechos que constituyen la causa petendi; y la conformidad de la sentencia con la pretensión deducida no tiene que ser absoluta y literal, sino ajustarse a lo discutido y no a las palabras, vocablos o cursos de discusión conque se ha litigado; la sentencia debe ceñirse a la esencia, al contenido de la demanda.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, habeas corpus correctivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARTINEZ SALIBA, JUAN MANUEL c/  s/ CONFLICTO DE ATRIBUCIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-18

Debe desestimarse el conflicto de atribuciones cuya resolución se solicita, toda vez que la presente cuestión tiene lugar en el marco de un habeas corpus correctivo, cuando la Jueza a cargo del Juzgado de Ejecución Penal -pese a rechazar el planteo de la defensa por entender que no existió un agravamiento ilegal de las condiciones de detención ni cercenamiento de derecho alguno- ordenó la realización de obras de infraestructura en la Unidad Penitenciaria en cuestión y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, en el intento de revisar lo dispuesto por la Magistrada respecto a las reformas edilicias, interpretó que debía encausar sus cuestionamientos a través de la vía prevista en el inciso 6 del artículo 93 de la Constitución Provincial; y el conflicto de poderes que tiende a solucionar la competencia atribuida a esta Corte mediante la aludida norma constitucional - que se configura cuando se observa la imposibilidad de que decisiones dispuestas por el Poder Judicial y por el Poder Ejecutivo sean simultáneamente cumplidas, ya que la ejecución de una, inexorablemente lleva a la frustración de la otra-, no se configuraría en este caso, en que se trata de decisiones adoptadas en procesos judiciales donde Organismos del Poder Ejecutivo han tomado intervención y se encontrarían legitimados para hacer valer sus derechos a través de los diferentes recursos procesales regulados en la ley ritual aplicable. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Provincial, artículo 93, inciso 6.
Derecho procesal, sanciones procesales, principio de proporcionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Carballo, María Isabel  c/ Rex Argentina S.A.  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-14

La denominada oportunidad para la sanción, también conocida como contemporaneidad reviste carácter eminentemente casuístico y no debe apreciarse de manera rígida suponiendo una absolutas inmediatez en todos los casos, sino una prudencial proximidad entre el tiempo que relacione la falta y la sanción, debiendo dejarse a la parte afectada el tiempo necesario para examinar y meditar la situación. Para constituir una justa causa de despido el hecho debe revestir una magnitud de suficiente importancia a fin de desplazar del primer plano el principio de conservación del empleo al que hace referencia el art. 10 de la LCT
Abuso de armas, amenazas calificadas, amenaza con arma
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ, JORGE s/ ABUSO - ARMA - NECESIDAD APUNTAR HACIA PERSONA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

1) La acción de disparar un arma sin apuntar sobre persona alguna, no satisface el requisito expresamente requerido por el art.

104 C.P.

2) La omisión de probar con el grado de certeza necesario el elemento subjetivo, impide tener por configurado el delito de amenazas calificadas por el uso de arma.
Divorcio, convenio de divorcio, costas, costas en el orden causado, mediación, honorarios del mediador
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: V., S.M. c/ S., M.A. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-15

La circunstancia de haber convenido las partes con posterioridad al inicio del pleito que las costas del juicio de divorcio y por la homologación del acuerdo, serían soportadas por su orden, no impide la aplicación de las normas contenidas en los arts. 26, 29 y 30 del decreto 1021/95, relativas a los honorarios del mediador, ni es óbice para que aquél persiga el cobro de la diferencia del honorario que le corresponde.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hydrodrill Argentina S.A. c/ Bohoslavsky, Guillermo s/ Acción de responsabilidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-04

No existe omisión si la alzada desplaza la cuestión que se dice preterida al expedirse sobre otra.
Sentencia interlocutoria, recurso de apelación (procesal), ejecución de sentencia, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: FASSORA, Ruben Arturo c/ PRIMER CIRCULO ARGENTINO S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-02-15

Al ser las costas parte integrante de una resolución interlocutoria y habiéndose dictado ésta última en un proceso de ejecución de sentencia, las costas impuestas en la misma son inapelables al igual que la resolución en la que se determinaron.
Robo calificado, robo en despoblado, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: R. A. N. - D. N. D. P. s/ Robo Agravado por el Uso de Armas en despoblado y en banda (arts. 166 inc. 2° del C. Penal)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-04-23

El robo se efectúa en despoblado, cuando se comete en un paraje situado fuera del radio poblado, donde sus víctimas no pueden recibir auxilio inmediato de terceros..." o "....cuando se trata de un lugar fuera del radio poblado de ciudades, villas o parajes, cuando hay dificultad para el auxilio de terceros o favorecimiento de la impunidad por ausencia de pobladores...".- "...El despoblado es, entonces, el lugar poco poblado o frecuentado, y distante de casas habitadas, lo cual constituye un elemento que significa desamparo para la víctima o sus bienes, e impunidad para el ofensor.
Administración Pública, personas privadas de la libertad, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALLUB RICARDO F. Y PEREYRA TERESA DEL V. c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-REC.CONTENC.ADMINIST.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-09-09

Si bien en el ámbito de la administración pública rige el principio general de la ejecutoriedad de las resoluciones judiciales, la ley procesal administrativa local establece dos excepciones al mismo. Por un lado, el art. 87 estatuye la posibilidad de la suspensión de la condena por graves motivos de interés público, con la declaración de estar dispuesto a indemnizar los perjuicios que causare, y sólo por las causales enumeradas en el art. 92, las cuales deberán ser adecuadamente merituadas por el Tribunal. Por otro lado, el art. 95 incluye la posibilidad de la sustitución de la condena por el pago de una indemnización.
Contrato de trabajo, transferencia del personal, cómputo de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: TRONCOZO, NÉSTOR HUGO c/ AHYNARCA S.A. Y/O SAETA S.A. s/ Recurso de Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-12-16

La sentencia confirmó la condena a la empresa prestataria del servicio de transporte interurbano de pasajeros a pagar al trabajador la indemnización por antigüedad debida y el rechazo de la demanda contra SAETA S.A. ( Sociedad Anónima de Transporte Automotor del Estado) y contra la Autoridad Metropolitana de Transporte.

Así como las pautas de la nueva negociación instrumentada en el Convenio para la Prestación del Servicio de Transporte en el Marco del Nuevo Sistema Metropolitano de Transporte de Pasajeros, ubicaron al empresario del transporte en una situación costo-beneficio mucho más conveniente que aquella en que se encontraba, por ejemplo, unos doce años atrás, así también le fueron impuestos ciertos compromisos, uno de los cuales fue hacerse cargo de personal proveniente de otras líneas de transporte urbano con el reconocimiento de su antigüedad.

La obligación de pagar los haberes -exclusiva causa fin de la persona que decide enajenar su tiempo a favor de otro- solo podría cumplirse sobre las bases retributivas preexistentes y que una interpretación contraria implicaría una nueva negociación contractual, pese al deber claro de mantener la fuente de trabajo sin alteraciones para los trabajadores a los cuales el ordenamiento de la adjudicación aspiró a proteger, de acuerdo a lo ya tratado.

Por lo tanto, el compromiso de tomar al personal que venía prestando servicios en diversas empresas de transporte público de pasajeros contiene ínsitamente el de mantenerle el status que tenían con su anterior empleador, vale decir respetando, en este caso, su antigüedad.

La Autoridad Metropolitana de Transporte Provincial se trata, de manera indudable, de un ente estatal que cumple actividad propia de la administración pública descentralizada, al que no es posible responsabilizar en el marco de estas actuaciones por el incumplimiento observado por un administrado, como lo es Ahynarca S.A., como tampoco es posible atribuir responsabilidad patrimonial al Ente Regulador de los Servicios Públicos ante incumplimientos verificados por la empresa que provee servicio de suministro de energía eléctrica, cuando, por ejemplo, omite cumplir con algún aspecto de la prestación para con los usuarios.

Por demás corresponde advertir que SAETA S.A. no se relaciona de manera inmediata ni mediata con el actor como empleado de Ahynarca S.A. porque lo que vincula a aquella con esta es un contrato administrativo de concesión de servicio público, motivo por el cual le resulta inaplicable la integridad del derecho individual del trabajo en relación a los empleados de las empresas que prestan el servicio urbano de pasajeros.