Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-23


ACUERDO N° 42/2011: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los 23 días de junio de dos mil once, se reúne en Acuerdo la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los doctores LELIA GRACIELA M. DE CORVALÁN y ANTONIO G. LABATE, con la intervención del señor Secretario, Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA, para dictar sentencia en los autos caratulados "ULLOA LIDIA MERCEDES S/ LESIONES CULPOSAS DE CARÁCTER LEVES" (expte. n° 307 - año 2010) del Registro de la Secretaría Penal.

ANTECEDENTES: Que por resolución interlocutoria n° 529/10 (fs. 103/104 vta.), el Juzgado en lo Correccional n° DOS de esta ciudad resolvió decretar el sobreseimiento de Lidia Mercedes Ulloa, con fundamento en la extinción de la acción penal por aplicación de la doctrina de la insubsistencia, en relación al delito de Lesiones culposas de carácter leves (Art. 94 en relación al 89 del C.P.).

En contra de tal decisorio, el señor Agente Fiscal, Dr. Ignacio Armando Di Maggio, dedujo recurso de casación (fs. 105/109) el que fue declarado admisible por resolución interlocutoria nº 69/11, (fs. 119/120) de este Tribunal Superior de Justicia.

Por aplicación de la Ley 2153, de reformas del Código Procesal (Ley 1677) y lo dispuesto en el Art. 424, 2° párrafo, ante el requerimiento formulado, las partes no hicieron uso de la facultad allí acordada por lo que a fs. 125, mediante simple providencia, se produjo el llamado de autos para sentencia.

Llevado a cabo el pertinente sorteo, resultó que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dra. Lelia Graciela M. de Corvalán y Dr. Antonio G. Labate.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el Art. 427 del Código de rito, la Sala se plantea las siguientes:

CUESTIONES: 1°) Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión la Dra. LELIA GRACIELA M. DE CORVALÁN, dijo: I.- En contra de la resolución interlocutoria n° 529/10 (fs. 103/104 vta.), dictada por el Juzgado en lo Correccional n° DOS de esta Circunscripción Judicial, el señor Agente Fiscal, Dr. Ignacio Armando Di Maggio, dedujo recurso de casación (fs. 105/109). Concretamente, el impugnante finca su agravio en el motivo sustancial previsto en el Art. 415, inciso 1°, del C.P.P. y C., alegando errónea aplicación de la ley sustantiva respecto de los efectos extintivos de la acción penal (Art. 59, inc. 3, del C.P.) por vía de la doctrina de la insubsistencia.

Entiende que el presente proceso no denota una prolongación injustificada en su tramitación no obstante admitir que debió llegar a juicio con anterioridad a la fecha señalada para la realización del mismo.

II.- Que luego de efectuado un análisis del recurso, el decisorio y las demás constancias del legajo que guardan relación con el caso, soy de opinión -y así lo propongo al Acuerdo- que la casación deducida debe ser declarada procedente. Veamos:

1) En reiterados pronunciamientos, este Tribunal (con diferentes integraciones) se ha venido pronunciando en contra de la aplicación del instituto de la insubsistencia de la acción penal en la forma en que aquí lo hace la Magistrado de grado. A modo de guisa, pueden citarse los precedentes "Burgos" (Acuerdo N° 47, Año 2007), y ya con la actual integración, los fallos "Encina" (Acuerdo N° 31, Año 2009), "González Flores" (Acuerdo N° 32, Año 2009), "Andrés" (Acuerdo N° 35, Año 2009), "León" (Acuerdo N° 36, Año 2009), "Osses" (Acuerdo N° 39, Año 2009), y "Encina-Pedroza" (Acuerdo N° 24, Año 2010); entre otros, cuyo criterio allí adoptado es el que mantengo y postulo para la solución del presente.

De esta manera, de las constancias de autos surge que:

A) La señora Jueza Correccional decretó, a pedido de la Defensa, el sobreseimiento de la enjuiciada Ulloa por aplicación de la insubsistencia, luego de formular un juicio de valor desfavorable respecto del trámite procesal impreso a la presente causa, considerando que la misma no es compleja -se trató de un accidente de tránsito cuya prueba se recolectó al inicio-, que la imputada estuvo siempre a derecho y que, a la fecha de realización del debate oral, habrán transcurrido los tres años estipulados para el delito enrostrado (fs. 104/vta.).

B) Considero que tales argumentos se apartan ostensiblemente de la línea jurisprudencial que, de manera inveterada, ha sostenido este Cuerpo (como se dijo, a través de diversas integraciones) en esta materia, por lo que discrepo con los mismos. En este sentido, cabe tener presente que:

a) No se desconoce la doctrina de la insubsistencia, creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo -y tal cual lo ha sostenido este Tribunal al fallar el precedente "Trabanco" (Acuerdo nº 17/2005, del Registro de la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia) -recordando el trabajo de Daniel Pastor-: "(.) 'La jurisprudencia argentina ha reconocido que el imputado tiene derecho a ser juzgado tan rápidamente como sea posible. Este reconocimiento data de 1968 y es incluso anterior no sólo a la vigencia entre nosotros de la C.A.D.H., cuyo artículo 8.1 consagra este derecho bajo la fórmula del plazo razonable, sino incluso a la propia existencia del Pacto de San José de Costa Rica. Sin embargo, son pocos los casos en que la Corte ha otorgado vida efectiva a este derecho y de ellos se pueden extraer muy pocas conclusiones seguras. La Corte, por el contrario, se ha reservado la constatación de la violación de un plazo razonable que ella misma construye, caso por caso, sin identificarlo. Y si bien en tiempos recientes (.) se ha acudido a los criterios abiertos e indeterminados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional Español, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema Estadounidense, ya desde 'Mattei' no era otra la idea que presidía las decisiones de la Corte: ponderación, caracterización concreta de un concepto jurídico indeterminado, balance de las circunstancias, en fin, discrecionalidad para decidir, sin apego a ninguna regla, cuándo un proceso es intolerablemente prolongado en su duración'" (Cfr. "El plazo razonable en el proceso del estado de derecho", Ed. Ad Hoc, Bs. As., 2002, pág. 318).

La apreciación que acabo de efectuar, no hace más que confirmar que, aún en los criterios más innovadores del Máximo Tribunal Federal, se mantiene en manos de los órganos jurisdiccionales la determinación de cuándo un proceso penal ha traspasado los límites del plazo razonable de duración y cuándo no.

b) Conforme a ello, este Cuerpo viene sosteniendo desde antiguo que, para que se configure la doctrina de la insubsistencia, debe tratarse de dilaciones groseras; toda vez que, la aplicación de esta doctrina debe ser francamente restrictiva (Cfr., entre otros, lo resuelto in re "Burgos", Año 2007). Y en el fallo que acabo de citar, se dijo además, recepcionándose en esta instancia provincial lo resuelto por la Corte in re "Frades" (Fallos, 312:2434) que la doctrina de la insubsistencia debe aplicarse sobre la base de los siguientes lineamientos: "A) (.) en primer lugar, el carácter excepcional de la misma y B) (.) que correspondía aplicarla (.) sólo en dos grupos de casos: a) Cuando la restricción de la libertad personal haya excedido a la que deriva de un regular trámite legal y b) Cuando la demora en el proceso se haya debido a la invalidez declarada en virtud de consideraciones rituales insuficientes (.)".

En virtud de lo expuesto, resulta evidente que ninguna de estas circunstancias excepcionales se han verificado en la presente causa. Veamos:

a) Por una parte, la aplicación de la doctrina de la insubsistencia toma como base la efectiva duración del proceso. Motivo por el cual, para mensurar la misma, debe estarse a la fecha del acto que lo promueve. En este caso, el sumario se instruyó el 19/08/08 (fs. 29/vta.).

b) En la misma fecha se produjo el primer llamado a prestar declaración indagatoria a la imputada Lidia Mercedes Ulloa (fs. 29), acto procesal que constituye una causal de interrupción de la prescripción de la acción penal, según la previsión del inciso "b" del Art. 67 del Código Penal.

Dicho acto procesal se concretó el día 22 de octubre de 2008 (fs. 61/vta.) al hacerse lugar a la suspensión solicitada por Ulloa fundada en motivos profesionales (ver fs. 52 y 53).

c) El 04 de noviembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal solicitó la realización de medidas instructorias -remisión de fotocopias certificadas del informe técnico mecánico; copias de las tomas fotográficas tomadas a los vehículos, croquis, planimetría, examen médico de la denunciada; confección de planimetría y croquis del lugar del hecho; remisión de copias de los antecedentes que las Aseguradoras de los rodados del denunciante e imputada tuvieran en su poder, intervención de un perito accidentológico a fin de que determine la mecánica del accidente- (fs. 63/vta.).

d) A posteriori, la Fiscalía formuló requerimiento de elevación a juicio -17 de mayo de 2010- (fs. 90/92) -segundo acto procesal que se erige por la ley penal como causal de interrupción de la prescripción de la acción penal (Art. 67, inc. "c", del C.P.).

e) A fs. 94 se dispuso la clausura de la instrucción y la correspondiente elevación a juicio -28/05/10-.

f) Radicadas ya las actuaciones en sede del Juzgado Correccional, el 12 de octubre de 2010 se dictó decreto de citación a juicio (fs. 95), tercer acto procesal que interrumpe la prescripción de la acción penal (Art. 67, inc. "d", del Código Penal).

Luego de producido el ofrecimiento de pruebas por Fiscalía (fs. 96/vta.), el 11 de noviembre de 2010 se realizó la audiencia preliminar, dictándose en dicha oportunidad el fallo aquí cuestionado.

Así las cosas, el devenir de estos actuados recién referido me decide a sostener que, en el presente legajo, si bien no se advierte la celeridad que resultaría deseable, ello no resulta determinante para considerar que el tiempo que ha llevado el trámite de este proceso sea grosero. Máxime, si se advierte que desde el avocamiento de la instrucción (19/08/08) hasta la fecha de la audiencia en el Juzgado Correccional (11/11/10), en la que se adopta la decisión recurrida, transcurrieron poco más de dos años.

Desde otra perspectiva -y cotejando la situación del legajo con lo resuelto por nuestra máxima instancia federal in re "Frades"- tampoco se dan los extremos allí expresados. Ello así, por cuanto: a) por una parte, la presente es una causa en donde no se produjo detención prolongada ni prisión preventiva de persona alguna y b) desde otro ángulo de análisis, es dable advertir que tampoco el tiempo insumido lo ha sido por retrotraerse el proceso a etapas anteriores por nulidades decretadas.

En consecuencia, entiendo que no ha existido una demora grosera y tampoco se han verificado las circunstancias de excepción que surgen de los precedentes receptados por este Cuerpo; aspectos que, todos valorados en conjunto, me permiten sostener que no resulta aplicable, al caso, la doctrina que invocara el A-quo.

Por lo expuesto, considero haber demostrado la razón por la cual la casación deducida debe ser declarada procedente. Tal es mi voto.

El Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: Adhiero al voto de la señora Vocal preopinante, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Así voto.

A la segunda cuestión, la Dra. LELIA GRACIELA M. DE CORVALÁN, dijo: Atento al modo en que resolviera la cuestión precedente corresponde casar (Arts. 428 y 415, inciso 1°, del C.P.P. y C.) la resolución materia de recurso, revocando el sobreseimiento declarado por errónea aplicación de la doctrina de la insubsistencia de la acción penal; debiendo continuar la causa según su estado por ante el mismo Juzgado que venía interviniendo. Tal es mi voto.

El Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: Atento la solución dada a la primera cuestión, me expido en idéntico sentido a la conclusión a que arriba la señora Vocal preopinante a esta segunda cuestión. Así voto.

A la tercera cuestión, la Dra. LELIA GRACIELA M. DE CORVALÁN, dijo: Sin costas en esta instancia (Arts. 491 y 493, a "contrario sensu" del C.P.P. y C.). Mi voto.

El Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: Comparto lo manifestado por la señora Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.- HACER LUGAR al Recurso de Casación deducido por el señor Agente Fiscal, Dr. Ignacio Armando Di Maggio. II.- CASAR la resolución interlocutoria n° 529/10, obrante a fs. 103/104 vta., dictada por el Juzgado Correccional n° DOS de esta ciudad (Arts. 428 y 415, inciso 1°, del C.P.P. y C.), REVOCANDO EL SOBRESEIMIENTO declarado en favor de Lidia Mercedes Ulloa, por errónea aplicación de la doctrina de la insubsistencia de la acción penal; debiendo continuar la causa según su estado por ante el mismo Juzgado que venía interviniendo. III.- Sin costas (Arts. 491 y 493, a contrario sensu, del C.P.P. y C.). IV.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presentes actuaciones al Juzgado Correccional n° DOS de esta ciudad.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación por ante el Actuario, que certifica.

Dr. ANTONIO G. LABATE - Dra. GRACIELA M. de CORVALÁN Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario