marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, verdad jurídica objetiva, exceso ritual manifiesto, economía procesal, error judicial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CABRERA,  CLAUDIA  ANTONIA  Y  OTROS c/ A.N.Se.S. s/ Amparos ysumarísimos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-31

Toda vez que la verdad jurídica objetiva debe primar sobre todo exceso ritual manifiesto (Fallos 238:550; 240:89; 268:71), y por razones de economía procesal a fin de evitar un dispendio jurisdiccional (cfr. C.S.J.N., sent. del 19.04.88, "Achával, Carmen Rosa"; ídem sent. del 18.05.89, "Acelco S.A."; C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala III, sent. del 15.10.91, "E.N. Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo c/ Neumáticos Good Year S.A."), corresponde dejar sin efecto la sentencia errónea. Corrobora dicho criterio la doctrina sentada por el Alto Tribunal en el sentido que el principio de que sus sentencias no son susceptibles del recurso de reconsideración, reconoce excepciones cuando se trata de situaciones serias e inequívocas que demuestren con nitidez manifiesta el error que se pretende subsanar; así como también corresponde dejar sin efecto una sentencia cuando la resolución no guarda relación con el tema que la motivó (cfr. C.S.J.N., sent. del 13.11.95, "Difoto S.A. y otro"; ídem sent. del 21.05.98, "Kraneviter de Stamm, Felicitas"; ídem sent. del 01.09.03, "Calvento, Juan Oscar").
Estafa, delitos, supermercado
Materia: PENAL
Carátula: C., G. R. s/ Estafa - Procesamiento (Resolución Nro. 90, Tomo 57, Folio 156)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-08

Se probabiliza suficientemente la conducta típica enrostrada- estafa- en las actuaciones, desde que los dichos del denunciante no se encuentran solitarios en orden a la incriminación de la conducta imputada a la cajera, sin que se haya probado que no hubiera habido intervención alguna sobre la misma - que aduce haber sido sorprendida por un despido arbitrario. En efecto, la intervención del denunciante ante la cajera se desprende del testimonio que presta una cliente a la que en el momento siguiente interroga sobre la operación, de los que se corrobora que indagaba sobre si efectivamente pagó la mercadería y sobre si la empleada le entregó el ticket correspondiente, extremos que son contestados afirmativamente en punto al primer aspecto y sin poder afirmar ni tampoco encontrar en su poder el ticket correspondiente, lo que no podría haberse dado, en principio, si se le hubiere entregado.
Corte Europea de Derechos Humanos, jurisprudencia aplicable, ingreso de extranjeros, jurisdicción, control fronterizo, ESPAÑA, MARRUECOS, protección internacional de los derechos humanos, control estatal
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto N.D. y N.T. c. España - Expulsión colectiva de extranjeros - Jurisdicción territorial - Criterios aplicables c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Bajo Rin
Fecha: 2017-09-12

A la luz de los principios del derecho Internacional y de los estándares jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resultan indiferentes los acuerdos concernientes al establecimiento de fronteras entre los Estados a los fines de interpretar el alcance de su jurisdicción -en el caso, la valla fronteriza entre los Reinos de Marruecos y España sorteada por quienes al pisar suelo español, fueron detenidos por las autoridades de ese país y posteriormente devueltos a Marruecos-, pues desde el momento en que cualquier autoridad perteneciente a uno de los Estados fronterizos ejerce control sobre los individuos -control que es de jure y de facto-, actúan jurisdiccionalmente y responden por las obligaciones derivadas del artículo 1 del Convenio Europeo.
Compraventa, obligaciones del vendedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Insaurralde, Faustino y otro c/ Ugolini, Patricia s/ Resolución de contrato y desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

La restitución está regida, según los criterios, por las normas de las obligaciones de dar para restituir al dueño, con relación al poseedor de buena fe, lo cual -en materia de compraventa- determina que el vendedor debe indemnizar al comprador las mejoras necesarias y útiles que haya realizado.
Accidentes de trabajo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Gallardo Gabriela Elizabeth c/ Prevención ART SA s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-21

El procedimiento previsto por el art. 7 de la Resolución 298/2017 rompe la regla de la igualdad de que deben gozar las partes del proceso, en tanto las A.R.T. contarán con los equipos médicos de sus propias plantillas, lo que no puede ocurrir con los trabajadores en atención a lo establecido por la ley 18.345, alterando arbitrariamente las reglas del debido proceso. No sólo autoriza la designación de los peritos médicos de parte, sino que les confiere a estos la posibilidad de asistir a las audiencias, ser oídos, presentar los estudios y diagnósticos, antecedentes e informes, generando un desequilibrio a la parte más débil de la relación que debe ser protegida, vaciando de contenidos la introducción de los factores de compensación que la ley de contrato de trabajo incluye para la defensa de los trabajadores (art. 17 bis). Asimismo, cuando la resolución dispone que los cargos que éstos irroguen "estarán a cargo de los proponentes", está suponiendo que son los propios trabajadores los que deberán hacerse cargo de su contratación y costo, rompiendo con el principio de gratuidad que les está asegurado por la Ley de Contrato de Trabajo, como del beneficio de litigar sin gastos consagrado por la L.O.. Ello debe ser entendido como exceso de reglamentación, configurando una violación directa del segundo párrafo del art. 99 C.N., cuando expresamente veda al PEN, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. (Del voto del Dr. Pompa).
Declaración de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: COCERES, Alfredo Gabriel y otros s/ inf. art. 116 CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-16

Quien plantea la inconstitucionalidad de una disposición legal debe fundar en derecho su petición, expresando y demostrando concretamente cuales son las reglas constitucionales que se ofenden mediante la norma atacada.
Accidentes de trabajo, conciliación obligatoria
Materia: LABORAL
Carátula: Fedczuk, Carlos O. c/ Garovaglio y Zorraquín S.A. y otro s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-14

Es inoficioso el tratamiento constitucional del art. 15 de la ley 24.028, si al tiempo de las circunstancias fácticas que motivan el reclamo la norma que contenía dicha disposición se encontraba derogada.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, ley procesal, competencia, competencia por conexidad, economía procesal, unidades de vinculación, sociedades comerciales, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Uno Multimedios SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Procede confirmar la resolución que rechazó el planteo de incompetencia deducido por la concursada. Ello por cuanto, se detectaron vinculaciones entre la concursada con ciertas sociedades, cuyos concursos preventivos habían sido requeridos a la juez de grado en los términos de la LCQ 68. Entonces este concurso debe tramitar en el mismo juzgado que tramitan las restantes sociedades vinculadas, pero no porque existiera grupo económico entre ellas ni nada parecido, sino porque esos sujetos se hallan conectados entre sí por múltiples y variadas circunstancias económico-jurídicas que aconsejan que fuera un único juzgado el que entendiera en sus concursos. No hay ninguna decisión de someter a esos sujetos a las reglas que rigen ni el llamado "concurso del garante", ni a las que regulan el "concurso en caso de agrupamiento": no hay, ni podría haber, pues nada de esto fue requerido, siendo del caso destacar que quienes se encuentran en esa situación no tienen ninguna obligación de concursarse bajo esas figuras, por lo que tampoco el juez podría someterlos a ellas de oficio; si hay una apreciación prima facie acerca de aquellas relaciones de interconexión que, en cambio, parecen exhibir razones de conexidad suficientes para justificar que sea este solo juez quien tomara tal intervención. Esta solución no puede ser entendida, como una admisión de que todos los concursos involucrados deben tramitar de manera unificada o conjunta bajo alguna de aquellas figuras, ni, menos aún, tener el efecto de retrotraer las actuaciones que ya se encuentran avanzadas.
Abogados, ejercicio profesional
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez Alberto José y Otro s/ Divorcio Vincular por presentación conjunta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

Si en la presentación conjunta formulada por los cónyuges, no se advierte litigio alguno, como ocurren en el presente divorcio vincular fundado en los arts. 215 y 236 del Código Civil, el patrocinio de ambos por el mismo abogado, no encuentra impedimento alguno en el art. 61 de la ley 5177.
Sentencia condenatoria, doble instancia, juicio previo, juicio oral, derechos y garantías constitucionales, fundamentación de sentencias, excesos u omisiones en el pronunciamiento, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa de Héctor Gerónimo Di Siervi y Juan Carlos Irazábal en la causa Magallanes, Ernesto Rodrigo y otros c/  s/ homicidio simple
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-28

Es arbitraria la sentencia de la cámara de casación que confirmó la anulación de la absolución y condenó a los imputados, pues omitió tratar adecuadamente el agravio sobre afectación de la garantía constitucional del juicio previo y de los principios que rigen el juicio oral en el proceso penal (artículos 18, 24 y 118 de la Constitución Nacional y 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); omisión ésta que no se remedia a partir de lo desarrollado por el a quo en punto a que la vía establecida en el fallo "Duarte" constituye una solución adecuada para garantizar el derecho del imputado a la doble instancia y a la revisión amplia de una condena, dado que esa conclusión no aborda ni responde el mentado agravio (Voto de los jueces Rosatti y Rosenkrantz).
Juicio ejecutivo, impuestos municipales, títulos ejecutivos, facultades de la Municipalidad
Materia: CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LA BANDA c/ GASNOR S.A. s/ EJECUCIÓN FISCAL - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-18

Existe una necesidad imperiosa de que la certificación de deuda fiscal sea completa, clara, y se baste a sí misma, atento que el interés público que sustenta la emisión de estos títulos ejecutivos fiscales no autoriza, de modo alguno, la arbitrariedad oficial.
Pagaré, garantías procesales, contratos, mutuo comercial, financiación de inversiones, relación de consumo
Materia: COMERCIAL
Carátula: CFN S.A. c/ Bauer Olga Marta s/ monitorio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-26

Si de las condiciones particulares del préstamo se deja sentado que los datos allí volcados son de conformidad al art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, es innegable el carácter del consumidor (suscriptor del pagare ejecutado). En tal sentido, no se puede desconocer la relación de consumo mantenida con el ejecutado, cuando es el mismo ejecutante quien determinó el encuadre legal bajo la norma consumeril.
Competencia, feria judicial, habilitación de feria
Materia: PROCESAL
Carátula: CABLEVISION S.A. c/ ESTADO NACIONAL - SECRETARIA DE COMUNICACIONES s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-01-06

Del mismo modo en que esta Sala no puede -sin violar las normas atributivas de competencia y el principio enunciado en el párrafo octavo del considerando anterior- inmiscuirse en procesos tramitados ante otros magistrados, tampoco éstos pueden hacerlo en los juicios que tramitan ante esta Cámara. Cuando se abordan conflictos de esta envergadura, con una variedad de pleitos en los que las pretensiones y resoluciones judiciales pueden llegar a superponerse (valgan como ejemplo las dos cautelares dictadas en este fuero), o a contradecirse por la complejidad de la materia o de las tácticas procesales empleadas por uno y otro litigante, es preciso conocer qué se decidió en cada caso definiendo el alcance de las sentencias en cuestión. Es el órgano jurisdiccional competente quien debe llevar a cabo ese cometido; empero, no consta en autos que ese extremo se haya cumplido en el expediente tramitado ante el señor Juez subrogante de Mendoza. No es esta Sala de Feria la habilitada para juzgar cuán frustratorias son las medidas adoptadas por el doctor Bento, de los derechos de Cablevisión cautelarmente protegidos. Nada obsta a que el interesado, si aún no lo ha hecho, ponga en conocimiento del fuero federal de esa Provincia los fallos judiciales aludidos.
Plazos procesales, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Córdoba, Oscar Héctor c/ Empresa Coniferal SACIF- Ordinario- Trámite oral, expediente n.° 8982182- Recurso directo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-02-17

El "anoticiamiento" que deriva de la publicidad inherente a la audiencia establecida para la lectura de la sentencia de cámara opera como primer medio por el cual las partes toman conocimiento de la sentencia. Ello, cuando ha sido anunciada debidamente su celebración, sin recibir objeción alguna de las partes. En consecuencia, gracias a la previa notificación de la fecha de lectura, corresponde situar el momento de inicio del cómputo del plazo para recurrir en la oportunidad en que las partes estuvieron en condiciones de conocer la resolución. Es decir, como regla, la fecha válida para el inicio del cómputo a los fines de recurrir cuando la cámara ordena el dictado de la sentencia por acuerdo público en los términos del art. 382 CPCC, equivale al momento en que se pone a disposición de las partes la resolución recaída. Este mecanismo implica que, a los fines del planteo del recurso de casación, el dies a quo sea común a todas las partes. Su razón de ser radica en que la decisión se pone a disposición de las partes en la fecha comunicada para su lectura.
Costas, costas en el orden causado, divorcio, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: D.L.P. ,  M.A.N. c/ K., I. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-22

En la demanda de divorcio vincular fundada en la causal establecida en el art. 204, inc. 2do. del Código Civil, no existe parte vencedora ni vencida, desde que la sentencia afecta por igual a ambos consortes, por lo que no se da el supuesto objetivo de la derrota a que se refiere el párrafo primero del art. 68 del Código Procesal, debiendo acudirse a la preceptiva del párrafo segundo del citado artículo y disponer que las costas corran en el orden causado.
Daños y perjuicios, indemnización, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G., S. c/ S.C. SRL s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-22

En materia de controversias que versan sobre reclamos indemnizatorios las costas deben ser soportadas por el responsable del daño inferido, con abstracción de que las reclamaciones del perjudicado no hayan progresado íntegramente con relación a la totalidad de los rubros resarcitorios o bien por los montos reclamados originariamente, ya que la noción de vencido ha de ser fijada con una visión global del juicio y no por meros análisis aritméticos de las pretensiones y sus respectivos resultados.
Cédula de notificación, domicilio procesal, instrumentos privados, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: SALAS, HERMINIA c/ ALVAREZ s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-26

Llama la atención que un profesional del derecho impugne un instrumento privado en forma poco seria, primero negándolo y luego agregando que la firma es cuasi perfecta, y que hasta podría ser auténtica, a punto que no se atreve a negarla, pero sosteniendo que lo que le crea dudas es el domicilio legal constituido en el que se le notificó el traslado de la demanda, que no existía en el original. Si ni siquiera acompaña el texto del contrato original, pretendiendo en el memorial de agravios que lo extravió, esta afirmación es tardía y la impugnación formulada en el escrito de interposición de la nulidad de la cédula, no contiene una negativa categórica del referido acuerdo por lo que debe tenerse por cierto.

Si la firma del documento es auténtica, también lo es su texto, art.

1028 C.Civil, y dentro de él la constitución del domicilio legal a los fines de su cumplimiento. Si el demandado, con posterioridad a su firma lo cambió, debió notificarlo por medio idóneo al acreedor.

De lo contrario debe soportar las consecuencias de su propia torpeza, máxime si por su condición de abogado se encuentra obligado a obrar con prudencia y mayor conocimiento de las cosas, art. 902, cód. civ.
Gastos del proceso, costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: De Seta, Juan Carlos c/ Banco Central de la República Argentina s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Las costas de todas las instancias deben correr por su orden, si las peculiaridades del caso pudieron llevar a la demandada a considerarse con derecho a sostener su posición.
Herencia vacante, declaración de vacancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SALDAÑA, ANA MARIA s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

La intervención del Fiscal de Estado se hace necesaria, pues a la falta de herederos, se impone lo establecido en el art. 3588 del C.C., quedando reducida la participación del acreedor solo a instar el proceso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Suspensión del juicio a prueba, escala penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DE CICCO, Héctor D. s/ Causa 44.788
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

Corresponde rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba, toda vez que, si bien el "quantum" de la sanción requerida por el Fiscal es inferior a los tres años, la escala penal atribuida a los delitos que se le endilgan al procesado superan aquel tope (art. 76 bis, 1er. párrafo del C.P., "a contrario sensu").
Derecho al beneficio, beneficios previsionales, fuerzas de seguridad
Materia: PROCESAL
Carátula: Abelenda, Irma Josefa c/ A.N.Se.S. s/ Prestaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-30

La sanción de la Circular 67/11 (A.N.Se.S GP) exorbita su potestad reglamentaria, privando al actor de su derecho previsional lícitamente adquirido, violentando los arts. 14 bis, 17 y 28 de la C.N., por lo que corresponde declarar su inconstitucionalidad, pues es procedente la existencia de un beneficio civil y un retiro militar o como en el caso, policial. Siendo ésta una cuestión formal, que no puede contraponerse al derecho superior de índole constitucional como es el acceso al beneficio previsional. Con lo cual, no existe obstáculo legal alguno que impida a la actora acceder al beneficio, deviniendo que el requisito de la autorización que debe extender la Fuerza Policial, un exceso reglamentario al introducir una condición no prevista en la norma en cuestión.
Delegación de la investigación, identificación del imputado, falta de individualización, nulidad procesal, falta de agravio concreto
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, Oscar A. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-01

El Procurador de la Nación dispuso en las resoluciones n° 141/05 y 39/06, la manera en que deben proceder los fiscales cuando por imperio legal les corresponde llevar adelante investigaciones con autores no identificados, a fin que los jueces que por razones de turno intervendrían en esos casos, conozcan el criterio adoptado por el Ministerio Público.

Las directivas impartidas a los fiscales no consisten estructuralmente en una notificación, sino en hacer saber al juez, sea de la forma en que se materialice -en la causa o por oficio-, lo decidido y resuelto en esa actuación preliminar, que no debe considerarse como "proceso" con aptitud de requerir de la necesaria intervención de órganos jurisdiccionales.

Si se imprimió el trámite previsto en el art. 196 bis del C.P.P.N. por no hallarse identificado el autor del ilícito denunciado, decidiendo el fiscal a cargo reservar el legajo previo dar cumplimiento a la resolución 141/05 de la P.G.N., corresponde revocar la resolución que declara la nulidad de la notificación cursada a la juez de grado ya que no existe vicio o lesión alguna con entidad como para generarla.
Partes del proceso, copias, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Friar S.A. c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y S.E.N.A.S.A. s/ daños y perjuicios (ordinario).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-26

El art. 120 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto establece que deberán adjuntarse tantas copias como partes intervengan, ha de interpretarse razonablemente a partir de su finalidad, que es asegurar a las partes interesadas el debido conocimiento de las cuestiones planteadas por la contraria (Disidencia parcial de las Dras. Elena I. Highton de Nolasco y Carmen M. Argibay).
Despojo, posesión clandestina, acción reivindicatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Caamaño, Gustavo José c/ Becerra, María Andrea y-o Quien Resulte Poseedor s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-29

Cuando el verdadero propietario reivindica el dominio de que ha sido privado por el acto ilícito que el despojo comporta, en la transferencia a "non domino" el despojo va ínsito, pues no se la concibe sin que el enajenante se atribuya una posesión de origen violento, clandestino o por abuso de confianza.
Competencia laboral, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lazovich, Felipe N. c/ Provincia de Bs. As. (M.O.P. y D.E.B.A.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

Si el actor pretende la anulación de los actos por los que la demandada dispuso su exoneración, teniendo en consideración que era Jefe de Sección Automotores y que no ha alegado en esta instancia que integrara el Consejo Asesor, es claro que la cuestión resulta ajena a la competencia contencioso administrativa de esta Corte y propia de la competencia de la justicia laboral, en tanto se trata de causas promovidas por agentes estatales comprendidos en convenciones colectivas (C.C.T. 36/75), principio que no se altera porque se invoque una norma de procedimiento dictada por la entidad (R.C.A. 6686/62), que no excluye a los agentes del ámbito de las convenciones colectivas de trabajo que rigen su relación de empleo.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acto administrativo, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RICCI HUGO RUBEN c/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-04-06

Si bien la denegatoria ficta ha sido instituida a favor del administrado, éste no puede instar a la autoridad administrativa a admitir su solicitud. Es la propia ley, la que objetivamente y por el transcurso del plazo en ella determinado, automáticamente asigna el sentido de la denegatoria tácita al reclamo del administrado. Por lo tanto, no es necesario que la parte inste a la administración en tal sentido, como tampoco, que ésta emita un acto administrativo declarando operada la denegatoria tácita. Caso contrario, se desvirtúa el sentido del "silencio de la Administración", en tanto habría una "declaración denegatoria" que como tal habrá de ser impugnada.