Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-19


Reg.: A y S t 280 p 199/202. Santa Fe, 19 de diciembre del año 2.017. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la AFIP-DGI contra la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2016, dictada por la Sala Tercera de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "ACEVEDO, EVA MARÍA Y OTROS contra MANUFACTURA TEXTIL SAN JUSTO -QUIEBRA- (CUIJ 21-04896616-8)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511553-9); y, CONSIDERANDO: 1. Por resolución 149, la Alzada hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Sindicatura, revocó el auto impugnado y dejó sin efecto la orden de reformular el proyecto de distribución que había practicado ese órgano. Fundamentó el a quo su resolución en la interpretación que podía colegirse del criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Pinturas y Revestimientos Aplicados S.A. s/quiebra" (fs. 2/6v.). Contra este pronunciamiento, la Administración Federal de Ingresos Públicos deduce recurso de inconstitucionalidad (art. 1, inc. 3, ley 7055), agraviándose de que lo resuelto vulnera la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio, y afecta el derecho de propiedad y los principios de legalidad, razonabilidad y división de poderes, al convalidar el proyecto de distribución presentado por la Sindicatura, el cual se efectuó exclusivamente a favor de los créditos laborales verificados, con exclusión de los créditos de AFIP-DGI. En concreto, destaca que la arbitrariedad surge en tanto se convalida el proyecto de distribución que la Sindicatura confeccionó con base en el precedente jurisprudencial del Máximo Tribunal de la Nación que reconoce la plena operatividad en nuestro Derecho del Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo, dejando de lado el sistema de privilegios establecido por la ley 24522. Añade que el aludido Convenio no integra el derecho argentino al no haber sido ratificado por el Poder Ejecutivo, tal como -entiende- lo requiere la Constitución nacional. Concluye que la sentencia atacada satisface de manera aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente aplicable a los hechos comprobados de la causa, y sólo traduce las posturas subjetivas de los Jueces de la Sala. 2. Por auto de fecha 28 de septiembre de 2017, la Alzada denegó la concesión del recurso interpuesto por entender que -más allá de no cumplir con la exigencia legal de oportuno planteo de la cuestión constitucional (art. 1, "in fine", ley 7055)- las manifestaciones de la impugnante se limitaban a una mera reiteración de lo afirmado en la primera instancia, sin demostrar arbitrariedad alguna en la decisión atacada. Concluyó que el recurso sólo traducía la mera disconformidad de la recurrente con lo resuelto, extremo adverso al franqueamiento de la vía extraordinario (fs. 40/42). Dicha denegatoria motivó que la impugnante ocurra en queja ante esta Corte. 3. Se adelanta que la presente queja no ha de prosperar. Es que aun cuando pudiera reputarse rebatido el primer cimiento del auto denegatorio -relativo a la introducción oportuna de la cuestión constitucional-, la lectura de los argumentos traídos a consideración de este Cuerpo, en confrontación con la resolución atacada, no revela más que una simple discrepancia de la quejosa con los fundamentos expuestos por el A quo, sin invocar razones de peso a fin de neutralizar la fundamentación que determina la denegación recursiva, quedando así incumplida la carga que contempla el artículo 8 de la ley 7055. En efecto, la Alzada revocó la sentencia del Juez de grado al advertir que éste no había brindado argumentos de contundencia para apartarse de la doctrina jurisprundencial que la Sindicatura había tomado de base en la confección del proyecto de distribución, recordando jurisprudencia de esta Corte sobre la obligación que pesa sobre los jueces de aportar nuevos argumentos para justificar el apartamiento o modificación de la posición sentada por el máximo Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia. A partir de ello, la Sala convalidó el proyecto de distribución -obrante a fs. 1199/1203- practicado en base a los parámetros fijados por el más alto Tribunal en "Pinturas y Revestimientos aplicados S.A." (Fallos: 337:315, de fecha 26.03.2014), por entender que la cuestión allí debatida lucía sustancialmente análoga a la emergente de autos y en razón de la autoridad institucional de aquella jurisprudencia y el deber moral de acatamiento de los jueces inferiores a la misma. En dicho orden, los Magistrados señalaron que el basamento fundamental del precedente seguido por la Sindicatura fueron las disposiciones del Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por ley 24285, en cuanto disponen que el crédito del trabajador debe estar resguardado por un privilegio que lo coloque en un plano superior al de los demás créditos privilegiados, en especial, a los del Estado y a los de la Seguridad Social (art. 8° del citado Convenio). Frente a lo resuelto por la Sala, la recurrente se limita a negar la eficacia jurídica -y consecuente aplicación- en nuestro país del aludido Convenio, pero sin lograr demostrar -en una aproximación liminar a lo sustancial- un supuesto de arbitrariedad o afectación de garantías fundamentales, en virtud de los cuales se hubiera impuesto necesariamente otra solución. Al respecto, la Sala destacó -esencialmente- el segundo párrafo del octavo considerando del fallo analizado, por cuanto el Máximo Tribunal de la Nación entendió allí que "con la ratificación por el Congreso del Convenio n° 173 de la OIT, mediante la citada ley 24.285, sus normas se incorporaron al sistema jurídico argentino, con un rango superior al de las leyes (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional)...", añadiendo que "... las claras directivas contenidas en la norma respecto del alcance de la protección que debe otorgarse al crédito laboral ante un supuesto de insolvencia del empleador, no son de carácter meramente programático sino que pueden ser directamente aplicadas a los casos concretos en el ámbito local sin necesidad de que una medida legislativa, adicional a la ratificación ya acordada al instrumento internacional, les confiera operatividad". Se observa, pues, que los cuestionamientos de la impugnante han tenido respuesta por la Alzada con fundamentos suficientes y con basamento en una valoración integral de las constancias de la causa y en una exégesis razonable de las normas en juego, conformando un decisorio que no aparece "prima facie" disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida. Vale ver, asimismo, que la postura sostenida en el fallo aplicado por la Alzada no es aislada, sino que puede decirse que se trata de doctrina consolidada del Alto Tribunal desde que resulta reiteración de precedentes donde se concluyó que la aplicación del Convenio 173 sobre Protección de los Créditos Laborales en caso de Insolvencia del Empleador de la Organización Internacional del Trabajo era conducente para la solución de la controversia (Fallos: 335:2019, del 09.10.2012; Fallos:336:908, del 01.08.2013, entre otros). Lo expuesto en precedencia descarta la alegada arbitrariedad por apartamiento normativo toda vez que el Máximo Tribunal de la Nación en la jurisprudencia señalada no hace más que determinar la operatividad del mencionado Convenio y definir el alcance de los créditos laborales en el régimen de privilegios en el proceso falencial, asumiendo el carácter de "intérprete final de la Constitución" (Fallos:1:340). En consecuencia, las alegaciones de la quejosa sólo intentan oponer una singular interpretación de las circunstancias fácticas, de las normas en juego y de las constancias de la causa, no demostrando -en las particularidades del "sub examine"- cómo se habría configurado la arbitrariedad que aduce ni tampoco la decisividad de sus planteos, ello a fin de lograr la descalificación constitucional de lo decidido. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: ERBETTA - GASTALDI - GUTIÉRREZ - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe.