Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-03-11


Nº 148 En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los once días del mes de marzo del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. MARÍA LUISA LUCAS y RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, como jueces de primer y segundo voto respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "ROMERO EUFRACIO C/ BAJTEK LUBOMIRO Y/U OTRO S/ DEMANDA SUMARIA LABORAL", N° 53.413, año 2003, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos a fs. 451/456 vta..

C U E S T I O N E S I.- ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos por el actor a fs. 451/456 vta., contra la sentencia dictada por la Sala del Trabajo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 428/436 vta..

A fs. 467 se radica la causa ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra definitivamente con los suscriptos a fs. 477.

A fs. 471/472 emite su dictamen Nº 728/03 el Sr. Procurador General, llamándose autos para sentencia a fs. 479, hallándose la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- En la consideración de los recursos deducidos, comenzaré por el de inconstitucionalidad, dada su jerarquía y efectos.

a) Recurso de Inconstitucionalidad: En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad formal del recurso en trato, encuentro reunidos los de anuncio e interposición en término, sentencia definitiva, legitimación para recurrir, mediando oportuno planteo de la cuestión constitucional pues los agravios, de existir, habrían surgido en segunda instancia, lo que me aparta de lo dictaminado en este aspecto por el Sr. Procurador General.

En mérito a lo expuesto, he de ingresar al examen del recurso en su faz sustancial.

Sostiene básicamente el quejoso, que el decisorio resulta arbitrario por carecer de fundamentación, apoyándose exclusivamente en afirmaciones dogmáticas, resultando ello atentatorio de los arts. 17 y 18 de la CN. Posteriormente señala que en el fallo se descalifica la valoración que el a quo hizo de la prueba testimonial, otorgándose una apreciación disímil, que avala la postura que niega la existencia de la relación laboral.

Tras el análisis de los agravios precedentemente sintentizados, dejo anticipado desde ya mi voto en el sentido de la improcedencia de la queja, toda vez que lo decidido, más allá que pueda o no ser compartido, en modo alguno resulta pasible de la tacha que se le imputa.

Ello es así, en tanto lo decidido por la Cámara al desestimar la demanda cuenta con fundamentación suficiente, y no constituye un notorio apartamiento de la normativa legal, ni resulta irrazonable, siendo el criterio expuesto por el recurrente, una particular postura diferente a la de la sentencia en recurso, que no justifica la apertura de la instancia extraordinaria.

En tal sentido, ha señalado esta Sala, siguiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y su aplicación no tiene por objeto corregir en tercera instancia pronunciamientos que el recurrente repute equivocados a raíz de su simple discrepancia con la solución acordada al pleito, ni autoriza a suplir el criterio de los jueces en cuestiones que, por su naturaleza, les son propias, si la sentencia expone argumentos suficientes que bastan para sustentarla (conf. Sent. N° 268/95; N° 17/96, entre otras); como así, que no resulta procedente la tacha de arbitrariedad si los fundamentos dados por los sentenciantes tienen como base los hechos de la causa y el derecho estimado aplicable, lo que confiere a la decisión cuestionada sustento suficiente, sin que resulte eficiente la discrepancia del recurrente para otorgar vida a la arbitrariedad (conf. Sent. N° 121/95; N° 301/95, de esta Sala). Además, es de aplicación al caso la doctrina que excluye de la vía extraordinaria las cuestiones que se suscitan entre trabajadores y empleadores que atañen a la relación laboral y debatidos ante los tribunales del fuero, por ser extremos de hecho, prueba y de derecho común, todo ello con arreglo a la jurisprudencia de la Corte (Fallos 286:38; 297:117; 301:1166).

En la especie, resulta atacada la sentencia por la errónea aplicación del principio de la carga probatoria y la valoración de las pruebas producidas, en tanto los sentenciantes concluyen que no se ha acreditado fehacientemente la relación laboral entre las partes, desestimando en consecuencia la demanda. Los argumentos vertidos en este aspecto señalan respecto a la carga de la prueba que " . los accionados nunca manifestaron que el actor realizaba changas "a sus órdenes" . sino que -por el contrario- negaron enfáticamente el vínculo laboral atribuido. Pero aún así, si se pretendiera que la afirmación de realización de "una que otra changa" lo fue para los accionados -aunque estos así no lo reconocen- . referida concretamente a un período determinado (1983), por lo que en las circunstancias de autos . de ningún modo puede autorizar la tajante inversión probatoria .En definitiva, considero que en la situación de autos, el actor debía probar suficiente y contundentemente la existencia de la relación laboral agraria permanente que afirmó desde el año 1966 y hasta octubre de 1995, lo que así no logra". (fs. 431 vta.) Tal como ha quedado expuesta, la solución jurídica que exhibe el fallo se compadece plenamente con el criterio sustentado con anterioridad por esta Sala, respecto a la interpretación que corresponde dar al art. 23 de la LCT. Hemos puntualizado en reiteradas oportunidades, con distintas integraciones, que no basta que el actor pruebe sólo el hecho de la prestación del acto, sino que también es preciso la demostración del carácter de dicho acto, a efectos de la aplicación de la normativa contenida en el citado. (conf. Sent. 308/00).

Se advierte que la Cámara -luego del estudio de los antecedentes de la causa y del análisis pormenorizado de las pruebas rendidas en la misma-, entiende que no se ha acreditado la relación laboral invocada por el actor, conclusión que permite a los sentenciantes afirmar que no se dio el presupuesto de hecho de la norma aplicable, lo que demuestra la posición tomada y la doctrina seguida respecto al tema, dejando sin sustento los agravios que imputan arbitrariedad a lo resuelto por considerar sin fundamentos el criterio adoptado en el fallo, lo que trasluce una mera discrepancia al respecto, que no es suficiente para dar vida al recurso extraordinario intentado, máxime cuando la postura adoptada por la Cámara es coincidente con la sentada por esta Sala en los antecedentes citados.

En lo que respecta al análisis realizado en segunda instancia sobre las pruebas rendidas acerca de las cuestiones fácticas, del que extraen extremos determinantes para sostener la inexistencia del vínculo laboral, y que el recurrente impugna por considerar errónea la tarea de valoración de las testimoniales producidas, debo señalar que resulta inaceptable el agravio que expone respecto a la meritación de estos elementos de prueba, por cuanto la doctrina de la arbitrariedad no cubre discrepancias del apelante con los criterios de selección y valoración de prueba empleados por los jueces en sus decisorios.

Cabe señalar al respecto, que la eficacia de la prueba testimonial debe ser apreciada en su conjunto, después de realizar una tarea de interpretación, análisis y comparación de las declaraciones, lo cual da un panorama claro de la situación, conforme a las reglas de la sana crítica. Es sabido, además, que la valoración de la prueba testimonial constituye una facultad propia de los magistrados, quienes pueden muy bien inclinarse hacia aquellas declaraciones que le merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trata pues, reitero, las reglas de la sana crítica, han de señalar caminos de interpretación del juzgador. La jurisprudencia tiene dicho al respecto: "La evaluación de la prueba testimonial compete privativamente a los tribunales de la instancia ordinaria." (SCBA, 14/10/69, "D.J.B.A.", 9/9/69, N° 106, "D", T. 37, p. 118, N° 66), (fallo citado por Víctor De Santo "El Proceso Civil", Editorial Universidad, edic. 1986, T V, p. 573. En igual sentido, esta Sala en Sentencia N° 19/99, entre otras).

De todo ello resulta que la argumentación del quejoso en orden a la valoración de las pruebas, no logra superar la expresión de una postura personal y distinta de aquélla en que los jueces de mérito fundaron su decisión conforme a las pruebas que estimaron relevantes, contando su razonamiento con suficiente sustento lo que excluye la tacha que se le imputa, mas allá de que pueda o no compartirse la solución que se consagra.

En tal sentido ha expresado nuestro más alto Tribunal Nacional: "Si la decisión apelada cuenta con sustento suficiente en las circunstancias fácticas del caso y las cláusulas constitucionales aplicables, la tacha de arbitrariedad resulta improcedente, pues la misma requiere para su admisión un apartamiento palmario de la solución normativa o decisiva carencia de fundamentación." (julio 3/80, RED, 14-903, N° 502) y, más concretamente, por tratarse de una cuestión de hecho, excluida de revisión extraordinaria, la que tiene por finalidad determinar la existencia de una relación de trabajo subordinado o establecer la existencia de subordinación y dependencia tipificantes del contrato de trabajo.

Por las razones expuestas, me expido por la improcedencia del presente recurso.

b) Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal: También este recurso fue anunciado e interpuesto en término, por la parte legitimada para recurrir y la sentencia atacada reviste el carácter de definitiva, no obstante lo cual, el mismo encuentra un obstáculo insalvable a su procedencia, en la insuficiencia del escrito que lo contiene.

En efecto, impide considerar el recurso, su manifiesta insuficiencia técnica, toda vez que el casacionista no critica pormenorizadamente los argumentos que estructuran la sentencia, todo lo cual importa incumplimiento de lo prescripto por el art. 8 del Decreto Ley Nº 1413/62.

Esta Sala ha venido señalando repetidamente que la adecuada fundamentación del recurso de inaplicabilidad de ley reclama imperativamente que se baste a sí mismo, se cite la ley que se dice infringida, se indique en qué consiste la infracción o inaplicabilidad, se intente, cuanto menos, la precisa demostración de la infracción que se sustenta y además, se impugnen las conclusiones del fallo que pudieran darle consistencia y se demuestre que esas conclusiones son susceptibles de caer bajo la potestad revisora de la jurisdicción casatoria (conf. Sent. Nº 62/98; 335/00).

Además, constantemente se ha puntualizado que lo que distingue a este recurso de la simple apelación, es que en esta última se gestiona la reparación de cualquier error, sea de hecho o de derecho, en tanto que en la casación los hechos no vuelven a ser examinados; el juez de los mismos lo es aquél de segundo o primer grado, según la amplitud de la apelación. En la casación, en cambio, sólo se examina si la ley ha sido bien aplicada a los hechos declarados en segunda instancia (conf. Ibañez Frocham, "Tratado de los Recursos en el Proceso Civil", 4ª edic., pág. 359, cit. por esta Sala en Sent. Nº 260/93, entre otras).

Y dado que las pretensiones del quejoso llevan a incursionar en la plataforma fáctica fijada en las instancias ordinarias, y que ello es materia ajena a la casación, no puedo sino expedirme por el rechazo del recurso, en coincidencia con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, quien sostiene que ".incumbe al justiciable que acude a esta vía impugnativa demostrar el porqué de la procedencia de la casación según las particularidades del caso y las argumentaciones propias de la sentencia impugnada, carga que no se satisface con la sola denuncia de anomalías del fallo. .las meras afirmaciones en las que se dan por sentado los extremos que, justamente, debían haber sido objeto de expresa demostración, no son suficientes para abastecer la referida carga procesal. Tal la discrepancia con el criterio de los sentenciantes acerca de que, en el caso, se ha probado la existencia misma de la relación laboral, la cual es irrelevante por si misma para fundamentar el recurso." (fs. 471 vta./472).

Por los fundamentos expuestos, me expido por el rechazo del recurso en trato, votando negativamente a esta primera cuestión. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. MARÍA LUISA LUCAS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se desestimen los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos por la parte actora, a fs. 451/456 vta., contra la sentencia dictada por la Sala del Trabajo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña que obra a fs. 428/436 vta..

Las costas de esta instancia, dado el resultado que propicio y lo dispuesto por el art. 129 de la ley 2383, deben imponerse al recurrente. Los honorarios profesionales del Dr. Sergio Braillard Poccard deben regularse, tomando como monto el capital demandado adicionándose a los fines regulatorios los intereses -tasa pasiva- que suministra el Banco Central de la República Argentina para uso de justicia y las pautas de los arts. 3, 5, 6, 7 y 11 de la ley arancelaria vigente. Efectuados los cálculos correspondientes, los estimo en las sumas de PESOS UN MIL NOVENTA Y CINCO ($1.095,00), como patrocinante y de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO ($438,00), como apoderado. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta de la Dra. María Luisa Lucas respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y regulación de los honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe. Fdo: Dra. María Luisa Lucas _ Presidente; Dr. Ramón Rubén Ávalos -Juez S E N T E N C I A N°_148 RESISTENCIA, marzo 11 de 2004.

AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, R E S U E L V E:

I.- DESESTIMAR los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal, interpuestos por la parte actora a fs. 451/456 vta., contra la sentencia dictada por la Sala del Trabajo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo, de Presidencia Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 428/436 vta..

II.- IMPONER las costas al recurrente vencido.

III.- REGULAR los honorarios del Dr. Sergio Braillard Poccard en las sumas de PESOS .-..........., como patrocinante y de PESOS ..........., como apoderado.

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación a la señora Presidenta de la Sala del Trabajo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña y remítase copia autenticada de la presente al Sr. Presidente de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.

FDO: DRA MARÍA LUISA LUCAS (JUEZ) DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS (PRESIDENTE) DRA. MARÍA OLGA ALLEVI SECRETARIA SALA PRIMERA CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA CHACO