marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, contratos bancarios, Organización Veraz, banco de datos, supresión de datos
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ,  DARIO  GUSTAVO c/ BANCO RIO DE LA PLATA SA Y OTRO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-28

En una acción mediante la cual el pretensor persigue de una entidad bancaria y de una sociedad anónima que proporciona informes comerciales, crediticios y financieros, la cesación de ciertas inscripciones como deudor y el pago de cierta suma de dinero por los daños derivados de la omisión de la conducta reclamada, resulta improcedente que la codefendida -Organización Veraz- alegue que no se acredito que ella haya influido en ciertas denegaciones propiciada por dos bancos, con base en que cada cliente suyo decide con independencia, y que deja a salvo la insolvencia de los deudores incluidos en el registro cuando, -como en el caso-, de cierto informe emitido por la coaccionada, se desprende que los mentados bancos lo consultaron. En tal sentido cabe precisar, que debió ejercer la guardia o custodia de la "cosa" entendiendo por esta la empresa que dirige hacia la prestación de un servicio que pone a disposición de terceros, de lo que surge una suerte de obligación de seguridad (incumplida en la especie). Lo expuesto, no implica insinuar que su actividad sea dañosa "per se" ni que sea capaz de causar un daño de manera causal y directa. Pero es innegable, el deber de custodia que recae sobre la codefendida, mas aun en el sub.

examine en que la negligencia en la custodia de los datos que recaba y ofrece ponen en peligro bienes jurídicos consagrados y tutelados constitucional y penalmente. Máxime, si dicho deber se encuentra incumplido, atento al tiempo que mantuvo la errónea información, demostrando un obrar negligente al no actualizarla con la misma avidez con que la obtiene, deber con el que carga dada la hacienda profesional y especializada emprendida para lo cual debió contar con los elementos técnicos y jurídicos necesarios para desplegar su actividad con arreglo a derecho.
Excepción de pago, cheque
Materia: COMERCIAL
Carátula: Delgado, Carlos c/ Espeche Agüero de Michel, Edith s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-04-06

Si la prueba no aporta nada respecto al pago, ni ha mediado restitución del documento no procede la excepción de pago.
Accidente ferroviario, servicio público, indemnización, responsabilidad del concesionario vial
Materia: CIVIL
Carátula: Aldao Carlos Alberto c/ Trenes de Buenos Aires S.A. y otro s/ Lesión y/o muerte pasajeros trans. ferroviario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-23

La responsabilidad por daños causados con motivo de la prestación del servicio en cuestión, se traslada a los prestatarios, ya que los contratos establecen que el concesionario o licenciatario, en su caso, deben asumir la obligación de sustituir al Estado en cualquier planteo de responsabilidad que pudiere hacérsele con motivo de la dinámica de la concesión o licencia (Cám. Nac. Civil, Sala F, del 18/02/2011 en autos "SAUCEDO, Benigno Octavio c/ METROVIAS S.A. y otro s/ DAÑOS YPERJUICIOS", Sumario N°21052 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, industria metalúrgica, laudo arbitral, leyes
Materia: LABORAL
Carátula: Gigena, Raul y otros c/ Cametal SA s/ ¿Son aplicables las disposiciones del laudo 29-75 a los  establecimientos metalúrgicos que como actividad de la industria  metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros  en general? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

Cuando la comisión paritaria del Convenio Colectivo 260-75 no arriba a acuerdo alguno respecto a la rama "automotor", se sometió el punto a arbitraje obligatorio pero ninguna discrepancia había sobre la actividad contemplada en el capítulo 10 del Título VI (fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías) por lo que resulta obvio que éste no integró la materia conflictiva. No obstante ello, al laudar el árbitro incluyó en el texto "la fabricación y reparación de carrocerías" sin formular distinciones y sin derogar expresamente el capítulo 10 del Título VI del Convenio Colectivo 260-75. Por ello urge la diferencia entre ambos supuestos contemplados (el capítulo 4 y el capítulo 10), ya que no hubiera podido el laudador extralimitarse abarcando una materia que no fue sometida a arbitraje, que además estaba ya incluida en el originario convenio y donde había homologación de la autoridad competente.

Hacerlo habría implicado tanto como derogar el capítulo 10 del Convenio Colectivo, "rama carrocería", lo que hubiera importado la nulidad del arbitraje al laudarse sobre un tema no incluido en la convocatoria. (Del Voto del Dr. Rodini -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad de las disposiciones del Laudo 29-75 a los Establecimientos Metalúrgicos que como actividad de la industria metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros en general.
Relación de dependencia, prueba documental, carga probatoria dinámica
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: S., E. A. c/ E.  S.R.L. s/ despido
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2003-07-11

Acreditada la relación laboral, la fecha de ingreso debió ser probada mediante la documentación que obligatoriamente debió llevar la empleadora: libro especial y recibos de sueldos donde constare el dato (arts. 52 y 140, LCT). La apelante era, pues, la parte que estaba en mejores condiciones de esclarecer el punto, de modo que el principio de la carga dinámica de la prueba la perjudica. El juez, con acierto, se atuvo a lo declarado en el sentido de que el actor comenzó a trabajar en el año 1999 y tuvo por cierta la fecha indicada por él.-
Drogas experimentales, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
Materia: CIVIL
Carátula: MONASTRA  MAURO  BRIAN c/ ORGANIZACION  DE  SERVICIOS  DIRECTOSEMPRESARIOS s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-29

Los pacientes que acepten, con consentimiento informado, someterse a la evaluación de un tratamiento aún no definitivamente demostrado ni aprobado, lo deberían hacer exclusivamente en el marco de un ensayo de investigación clínica debidamente autorizado por la autoridad regulatoria oficial (en Argentina, el ANMAT). La participación de los pacientes en tales ensayos clínicos debe ser absolutamente gratuita y subvencionada por los organismos públicos y/o privados involucrados en la investigación. Éticamente no puede comercializarse un tratamiento de efecto incierto, porque se estaría cobrando al paciente o sus pagadores por un beneficio supuesto. Todo ello agravado por la circunstancia de que, el Instituto Regina Mater, en donde se provee dicho tratamiento fue clausurado por las autoridades de salud, sin que conste que, hasta la fecha, se haya obtenido el levantamiento de esa clausura.
Robo simple, tentativa, vidrio roto, robo de automotor
Materia: PENAL
Carátula: Causa 148 s/ ROBO SIMPLE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-26

Constituye el delito de robo simple en grado de conato (arts.

42, 45 y 164 del Código Penal) el individuo que utilizando una bujía, rompe el ventilete de un rodado con intención de sustraer elementos de su interior, acción que fue frustrada por la rápida intervención del propietario del vehículo, que se trabó en lucha con el caco, hasta que fue reducido por un Agente de la Policía Federal, secuestrándose de entre sus ropas un arma, que resultó ser de juguete similar a las verdaderas, la que intentó extraer ante la presencia policial.
Costas en el orden causado, responsabilidad extracontractual, culpa concurrente
Materia: PROCESAL
Carátula: PASSERI, ORLANDO c/ CARDINALE, SERGIO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-21

Las costas de los juicios originados en la responsabilidad extracontractual, deben ser soportadas a tenor de la porcentual incidencia culposa de los protagonistas del evento, pues si bien es criterio aceptado que dichos gastos forman parte de la indemnización, y como tales deben serle impuesto al responsable, aunque no prosperen íntegramente los capítulos resarcitorios contenidos en la demanda, dicha interpretación cede frente a la concurrencia de culpabilidades, donde al decidirse que el ilícito se operó por culpa de ambos litigantes, debe concluirse que los mismos sufrieron en el pleito un vencimiento recíproco que obliga a aplicar el régimen del art. 71 del C. Procesal.
Delitos contra la humanidad, error de prohibición
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

El error de prohibición resulta improcedente en el caso de los crímenes contra la humanidad, puesto que ellos son los delitos mala in se por antonomasia: su comisión supone la vulneración, desde el propio Estado o con su aquiescencia, de los derechos fundamentales de las víctimas y como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
Exportaciones, repetición de impuestos, tasa de estadística
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Bunge y Born Comercial S.A. (T.F. 6954-A) c/ A.N.A. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Debe revocarse la sentencia y hacerse lugar a la demanda de repetición de sumas abonadas en concepto de tasa de estadística por exportaciones documentadas con posterioridad al 1º de noviembre de 1991 (fecha de vigencia del decreto 2284/91 que suprimió dicho tributo) pero cuya correspondiente declaración jurada de venta al exterior fue registrada antes de ese día.
Haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, intereses moratorios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gagliardi, José s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-07-01

"Hacer correr el curso de los intereses sólo a partir del reclamo administrativo de reajuste de haberes jubilatorios comporta retacear el crédito por incumplimiento de una obligación accesoria a la obligación principal que debió ser satisfecha desde que cada suma fue devengada".
Medicamentos, control de medicamentos, sanciones administrativas, recurso de apelación (administrativo), ejecución fiscal, tribunal de alzada, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: LABORATORIO ANDROMACO S.A.C.I.; CARVALLO, FRANCISCO PEDRO s/ Ley de Medicamentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-13

Debe declararse mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la ANMAT contra la resolución por la que se declaró abstracta la cuestión referente a la ejecución fiscal iniciada por la apelante, pues los Jueces en lo Penal Económico conocen como Tribunal de Alzada en las apelaciones deducidas contra las sanciones impuestas por el organismo dependiente de Ministerio de Salud y Acción Social por aplicación de la ley 16463 y dicha norma no prevé la revisión, por parte de la Cámara de Apelaciones, de la resolución dictada.
Nulidad de la notificación, domicilio constituido, renuncia del patrocinante
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: ZAED, Judith c/ LUQUE, María Cristina s/ DESALOJO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

Los domicilios procesales y denunciados subsisten para los efectos legales hasta la terminación del proceso o su archivo. Así, frente a todo cambio de domicilio subsistirá el anterior, hasta que se notifique el nuevo domicilio por cédula a la otra parte. De tal manera, serán válidas las notificaciones dirigidas al domicilio constituido en el expediente -no obstante la renuncia del profesional al patrocinio- pues subsiste hasta la terminación del juicio mientras no se constituya otro y se notifique a la contraparte.

Es improcedente el planteo de nulidad de notificación en tanto el domicilio constituido por la parte en ejercicio de un derecho propio subsiste con independencia del patrocinio que dejó de intervenir, pues es la parte por su derecho la que allí constituyó y nada justifica que quien tomó sobre si la carga personal de litigar se desentienda del proceso como para ignorar la renuncia del anterior patrocinante y deje de indagar sobre la suerte del debate.
Régimen penal cambiario, ley penal más benigna, tratados internacionales, ley penal en blanco, control de cambio, liquidación de divisas
Materia: PENAL
Carátula: CURTIEMBRE LA FAVORITA S.R.L. s/ Régimen penal cambiario, Causa: 35574.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-04

1 - En las leyes vinculadas al proceso económico no corresponde aplicar indiscriminadamente el principio de retroactividad de la ley más benigna previsto en el art. 2 del CP, en resguardo del orden público y su consiguiente incolumidad. (Del voto del Dr. Hornos).- 2 - Las determinaciones adoptadas por el Poder Ejecutivo o por las reparticiones que de él dependen, sólo modifican las previsiones que completan la ley penal en blanco, en materia de infracciones cambiarias, pero no alcanzan a derogar la ley mismas. (Del voto del Dr. Hornos).- 3 - La sanción del Decr. 530/91 (que dejó sin efecto el Art. 1 del Decr. 2581/64 que determinaba la obligatoriedad de ingresar y negociar las divisas provenientes de importaciones o exportaciones) sólo modificó las previsiones por las que se complementa la ley penal cambiaria, pero no derogó las infracciones en ésta previstas, y admitir lo contrario implicaría otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de derogar una ley penal. (Del voto del Dr. Hornos).- 4 - La CSJN ha aceptado favorablemente la posibilidad que en leyes vinculadas al proceso económico no se aplique indiscriminadamente el principio de retroactividad de la ley penal más benigna previsto en el Art. 2 del CP, admitiendo la ultractividad de esas normas en resguardo implícito - en razón de la especificidad de la materia - del orden público económico y su consiguiente incolumidad (Cf.

"Cerámica San Lorenzo", Dic.1.88) (Del voto del Dr. Hornos).- 5 - El Poder Legislativo no derogó el Régimen Penal Cambiario; ni la ley 23928 ni la 23697, que puso en ejercicio el llamado "Poder de Policía de Emergencia del Estado" se ocuparon de dicho régimen, pese a que lo hicieron con muchos aspectos del ordenamiento jurídico introduciendo importantes modificaciones y derogando leyes; la omisión de hacerlo con la ley 19359 no puede entenderse que tenga otro significado que el de mantener su vigencia (Del voto del Dr.

Hornos).- 6 - La jerarquía constitucional adquirida por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no modifica la prohibición expresa de la ley penal cambiaria de aplicación del principio de la ley penal más benigna. (Del voto del Dr. Grabivker).
Leyes, ley nacional, jerarquía administrativa, vacío legal, fuentes del derecho, empleados públicos, relación de dependencia, Derecho civil
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Leones, Jalime María c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral (Expte.: C.S.J. nro. 745 año  2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

Es sabido que la legislación nacional no puede ser aplicada directamente, sin ninguna cortapisa, para resolver cuestiones de naturaleza administrativa suscitadas en el orden local. La solución debe buscarse, en primer lugar, en el ordenamiento jurídico provincial, recurriendo a sus propias fuentes de derecho administrativo, o sea, en gradación jerárquica: la Constitución, las leyes formales con contenido administrativo, los decretos-leyes de los gobiernos de jure, los reglamentos del Poder Ejecutivo, los reglamentos de los entes territoriales menores -municipios y comunas- y la costumbre. En esas fuentes, no se encontraba una norma expresa que contemplara el plazo de prescripción de los créditos surgidos de una relación de empleo público; tampoco existían normas provinciales aplicables por analogía ni principios generales de derecho administrativo ni de derecho público local que permitieran resolver la cuestión. Pero sí se encontraba una norma que preveía que la sentencia a dictarse en juicio contencioso administrativo debía fundarse, si bien sólo "...subsidiariamente, en disposiciones legales y principios de Derecho Civil..." (art. 68, ley 4106), incorporando, así, a la normativa provincial, aunque como fuente subsidiaria, las normas y principios de esa rama del ordenamiento jurídico. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr. Falistocco.

Fundamentos del Dr. Netri)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Estado, sistema republicano, jurisprudencia, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

Además de atentar contra el sistema republicano de gobierno, favorecer los Acuerdos plenarios en abstracto, implicaría cercenar la natural libertad del juez en su función. Se le quitaría facultad, no obviamente para crear normas, porque esa no es su misión, sino para enriquecer la interpretación en desmedro de la jurisprudencia como fuente de derecho, ello por cuanto de prosperar los acuerdos plenarios en abstracto, los jueces se verían limitados en su misión, circunscribiendo su aporte a un mero aplicador cuasi matemático de tal o cual resolución plenaria, por un lapso de tiempo, limitando, poniendo en peligro y eventualmente destruyendo la riqueza que significa la evolución natural de la jurisprudencia como fuente de derecho, que se vería detenida en el tiempo en desmedro de su evolución en la materia. (Del Voto del Dr. Pangia). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Recurso de nulidad, facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Livschitz, Norberto Adrían c/ Ailan, Durval s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

Cuando el decisorio sólo contiene, una fundamentación aparente, la nulidad del mismo puede y debe ser declarada por la Cámara, incluso oficiosamente, en cuanto exista apelación abierta.
Prueba, competencia penal, reconocimiento en rueda de personas, allanamiento domiciliario, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL. PROCESAL PENAL
Carátula: G, R O; M, D M s/ ROBO CALIFICADO Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA. QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   442-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-10

No pueden prosperar los argumentos que expone el impugnante que pretende vulnerar la exégesis que de manera circunstanciada, con exposición de motivos y apoyo legal, hiciera el fallo impugnado, primordialmente en lo que refiere al valor acordado al reconocimiento efectuado por las víctimas del imputado y al allanamiento practicado. Sin embargo, es de señalar que las objeciones formuladas fueron tratadas en la sentencia con sustento en el análisis y valoración de los hechos probados reunidos en la causa, y en la interpretación de normas de derecho común (artículos 205 y 218 Código Procesal Penal), concluyendo que el principio de legalidad de la actividad procesal, y de la prueba en especial, no ha sido enervada en el caso, en el que los elementos de convicción incorporados han respetado las normas constitucionales y procesales para su obtención y producción, no siendo procedente la regla de la exclusión probatoria.
Detención, situación del imputado, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: ARIAS, ANDRES s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 1232
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-23

Según la regla establecida en el artículo 2 del código procesal penal, las disposiciones restrictivas de la libertad deben interpretarse en el sentido más favorable al peticionante, razón por la cual, si éste revestía simultaneamente el carácter de procesado y condenado en diversas causas, debía aplicarse el beneficio de la ley en cada una de ellas.
Acción de amparo, Derecho administrativo, Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hernández, Gabriel Osvaldo c/ Municipalidad de la Ciudad de Formosa s/ Acción de Amparo Ciudad de Formosa s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-03-14

El artículo 43 de la Constitución Nacional, si bien ha ampliado el concepto y alcance del amparo, no ha alterado la jurisdicción local en lo que es materia reservada por las Provincias, ni consecuente el procedimiento y reglas de competencia vigentes en cada una de ellas, en tanto y en cuanto garanticen una acción sumarísima, vale decir que "no obstante su aptitud para culminar en una resolución total y definitiva del conflicto, y sin relegar a un posible proceso ulterior el examen y decisión de determinadas cuestiones, se hallan sujetos en máxima medida a la vigencia del principio de economía, particularmente a las variantes de concentración, eventualidad y celeridad que de aquél derivan. En consecuencia, la acción de amparo administrativo se sigue rigiendo en nuestra Provincia por la Ley Nº 749, cuyo artículo 1º establece la competencia de los jueces de primera instancia para entender en dichas acciones. Por otra parte la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia surge exclusivamente de la Constitución Provincial y no puede ser modificada por ley.
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DUSCHKIN, EDUARDO Y OTRA c/ PEREZ, RAMON s/ ORDINARIO.   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 162-86 GANDOLFO, HECTOR c/ PEREZ, RAMON s/ ORDINARIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 168-86 D, M A s/ LESIONES CULPOSAS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 196-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-03-04|1987-03-04|1990-06-14

Si bien la custodia de las formas a que deben ajustarse los procesos, se halla depositada en los magistrados judiciales, éstos deben atender en todo momento al fin último a que esa actividad se endereza, cual es la realización de la justicia como valor. En esencia y en suma, la función judicial constituye una actividad de asignación -o imputación- axiológica.

En el caso, se le otorga a determinado formulismo un carácter de solemnidad que en rigor no posee, desconociéndose el correcto sentido que tiene el acto de la parte, el cual surge claramente de las constancias de la causa; el vicio de exceso ritual aparece de modo manifiesto y se constituye en una causal descalificatoria del pronunciamiento.
Medidas para mejor proveer, jueces, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: ALONSO, JORGE FRANCISCO s/ Contrabando, Recurso de queja por apelación denegada Causa 34814
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14

Corresponde rechazar al recurso de queja por apelación denegada interpuesto contra el auto por el que se denegó la solicitud- como medida para mejor proveer-de una nueva pericia caligráfica propuesta por el defensor, por cuanto ordenar medidas para mejor proveer es facultad privativa y discrecional del juez, y lo que se decida al respecto no es recurrible. Un criterio contrario significaría, en definitiva, que el Tribunal de Alzada pudiera condicionar la elaboración del fallo del inferior.