Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-12


- En la ciudad de Trelew, a los 12 días de abril del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones esta ciudad, con la presidencia a cargo del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia del Sr. Juez del cuerpo Dr. Edgar María de la Fuente, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS CONSUMO Y VIVIENDA RAWSON LIMITADA c/ MUNICIPALIDAD DE RAWSON s/ ACCION DE AMPARO" (Expte. N° 22.097 - año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 138.

- A LA PRIMERA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente dijo:

- I.- Llegan a esta Alzada las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación fundado que fs. 128 presentó la parte demandada, concedido que fuera en relación con efecto devolutivo a fs. 135, contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 120/126 y vta, por la cual se hace lugar a la acción de amparo promovida por la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Ltda. contra la Municipalidad de Rawson, y declara la inconstitucionalidad del artículo 16 incs. "d"1, "d"3, "e", "f" y "m" de la Ordenanza 6160/06 y su inoponibilidad a la entidad actora, con costas a la demandada vencida.- - A fs. 138 pasan los autos a despacho a fin de dictar sentencia.- -II.- Adentrándome a la relación de los agravios vertidos por la accionada, se queja por:

- II.a) Haber expresado el Sr. Juez a-quo que existe un conflicto formativo entre el dictado de la Ordenanza 6160/06 y el artículo 87 de la Constitución Provincial, por entender que la ordenanza cuestionada no respetó debidamente el derecho que le asiste a la Cooperativa accionante, consagrado por la Carta Magna provincial cuando en forma categórica establece que dichas entidades estarán exentas de impuestos.

- Afirma que de ninguna manera los concejales han obviado el artículo 87 de la Constitución Provincial, sino por el contrario, apoyando su postura en las previsiones contenidas en el artículo 233, inc. 3, de la propia ley suprema provincial que concede competencia a los municipios para establecer impuestos, tasas y contribuciones y percibirlos, como así el artículo 240 señala sobre qué tipo de actividades no podrán establecerlos.

- Apuntalándose luego en citas doctrinarias, formula una distinción entre las distintas clases de tributos, distinguiendo de manera especial el concepto y alcances de lo que se entiende por impuesto, y sus diferentes especies.

- Afirma que en nuestra constitución provincial las municipalidades pueden establecer impuestos, tasas y contribuciones, poniendo su acento en que, si bien es cierto que las municipalidades no pueden crear impuestos sobre cooperativas y mutualidades por que éstas se encuentran exentas, conforme al artículo 87 de la Carta Magna provincial, ello no impide que se establezcan otra clase de tributos con la finalidad de solventar gastos que le son propios, expresando referencias doctrinarias y jurisprudenciales que tengo por reproducidas.

- Sostiene que la Municipalidad de Rawson no exige el pago de "impuestos" a la Cooperativa, sino que en pleno ejercicio de sus facultades tributarias percibe tasas, contribuciones y derechos de la entidad cooperativa, ya que de la lectura del Cuadro Seccional de Resultados de la Memoria y Balance del Ejercicio Social N° 25 se desprende que la actora abona Tasas e Impuestos Municipales de las dist9intas secciones que enumera, existiendo también una negociación de deudas sobre facturaciones de ambas partes.

- II.b) En el agravio siguiente afirma que el juzgador de grado ha asumido poderes legislativos y constituyentes que le están expresamente vedados por la diferencia cualitativa que una sentencia tiene frente a la norma legal o constitucional.

- Considera errada la supuesta claridad a la que alude la sentencia en cuanto se refiere a la manda que impone el artículo 87 de la Constitución Nacional de aplicar exenciones impositivas a las cooperativas, echando mano para ello a las opiniones de convencionales constituyentes vertidas en el Diario de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente de 1994.

- Concluye que la Convención constituida en Comisión quitó del texto del actual artículo 87 la palabra "contribución" y sólo exime del pago de "impuestos" con el alcance que derecho tributario le otorga al vocablo, citando doctrina aplicable al caso.

- II.c) Expresa luego que con la interpretación que realiza el Sr. Juez de grado conculca derechos reconocidos constitucionalmente a los municipios.

- Reitera que la autolimitación impositiva que favorece a cooperativas y mutualidades prevista en el artículo 87 de la Constitución Provincial es exclusiva y comprensiva de su régimen económico, y pretender extender sus alcances sobre los municipios significaría avanzar sobre su autonomía financiera, consagrada en el artículo 123 de la Constitución Nacional, y 233 de la Constitución de la Provincia del Chubut.

- Transcribe el pensamiento de autores al respecto, y manifiesta que el Sr. Juez de grado precedente, en su esfuerzo por encuadrar su razonamiento en derecho, recurrió a la Carta Orgánica Municipal de Rawson, y aunque admite que el trato preferencial que el Estado Municipal dispensa a las Cooperativas no incluye incentivos y exenciones, se aferra a su preámbulo para sostener lo que la constitución provincial no dice, es decir que la exención del artículo 87 comprenda impuestos, tasas y contribuciones municipales.

- II.d) Se agravia finalmente, por las citas jurisprudenciales que hace el Sr. Juez anterior, las que se reproducen fuera de su contexto general para dar sustento a su decisorio a favor de los argumentos vertidos por la actora.

- A los fines de confirmar sus asertos transcribe partes del fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero en la causa "C..... Ltda.. c/ Municipalidad de la Capital s/ Acción de Amparo", y que fuera mencionado en el fallo en crisis.

- Sostiene que el absurdo se torna en manifiesta contradicción cuando cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo referencia al caso "Portillo", como así también haciendo referencia al fallo de la misma corte nacional en autos "Telefónica de Argentina c/ Municipalidad de Chascomús", por entenderlo inaplicable al caso de marras.

- Asevera que no ha merecido idéntico análisis el voto mayoritario de la Corte Suprema en fallos que cita, y en todos ellos reconociendo la constitucionalidad del tributo por el uso de ocupación de espacios del dominio público, instrumentado en los Municipios allí indicados, antecedentes a los que se debe sumar la recta aplicación del caso resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, ya mencionado.

- Posteriormente hace reserva del caso federal, funda en derecho y solicita se ha lugar a la apelación deducida y se revoque en todas sus partes las sentencia recurrida, con costas a la actora.

- III.- Ingresando al tratamiento de las quejas volcadas por la demandada apelante, y en el límite del agravio, principiaré por decir que el eje central de la cuestión a dilucidar está vinculado con las facultades tributarias que le competen al municipio de Rawson, en relación a la aplicación de gravámenes de distinto tipo, y de manera especial al aquí discutido con respecto al uso de espacios aéreos o subterráneos del dominio público comunal.

- A los fines de una mejor claridad expositiva de los temas a resolver, que por sí resultan complejos, estimo conveniente realizar primeramente el encuadre jurídico del tema, para luego, a la luz de los elementos que surgen del pronunciamiento recurrido, arribar a la conclusión final.

- III.a) Plataforma jurídica: Así, pues, comenzando entonces por los puntos de derecho que estructuren la decisión a adoptar, y con el objeto de facilitar la explicitación de los fundamentos en que se apoye la sentencia a dictar, estimo conveniente analizar en primer lugar las diferencias conceptuales y alcances entre las distintas clases de tributos; para después referirme a las atribuciones que atañen a los municipios en la órbita de imposición tributaria; y por último enmarcar, dentro del panorama jurídico descripto, la cuestión específica aquí en disputa.

- III.a.1) Partiendo del primer asunto propuesto, y siguiendo el criterio general de numerosos doctrinarios, hemos de coincidir en que con relación a los aspectos tributarios, en la doctrina latinoamericana, y en las democracias de occidente, predomina netamente la clasificación tripartita que los distingue entre impuestos, tasas y contribuciones (conf. Valdés Costa, R., "Curso de Derecho Tributario", De Palma, año 1996, p. 71 y sgts.; Villegas, Héctor B., "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", Ed. Astrea, año 2003, p. 151 y sgts.; entre otros autores), que ha tenido en mira para su procedencia como elementos constitutivos, por un lado el presupuesto de hecho, considerado éste como la condición necesaria y suficiente para que nazca la obligación tributaria, y por el otro, el fin perseguido con su creación o el destino de su producto.

- Siguiendo la clasificación señalada, y de acuerdo a la acertada definición de la Ley General española en su artículo 26, podemos decir entonces que se entiende por impuesto los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o gasto de la renta.

- Dicho esto, cabe puntualizar que en el impuesto el presupuesto de hecho y el destino no presentan ninguna característica especial, dependen únicamente de la voluntad del Estado, pero recordando que en el Estado de Derecho esa voluntad debe estar coordinada con las normas constitucionales que establecen los derechos fundamentales.

- Con respecto a las tasas, y dentro de las diferentes conceptualizaciones ensayadas, ha de considerarse que las mismas son prestaciones tributarias exigidas a aquellos a quienes de alguna manera afecta o beneficia una actividad estatal.

- Es decir, en concurrencia con lo expresado por un prestigioso autor español, la tasa trata de satisfacer una necesidad colectiva que se concreta en prestaciones individualizadas a sujetos determinados, destinadas directa e inmediatamente a ellos, y sobre la base de estas prestaciones se hace pagar a estos sujetos un tributo (idem, Ferreiro Lapatza, "Curso de Derecho Financiero Español", Madrid, Marcial Pons, año 1991, p. 170).

- O sea que en la tasa el presupuesto está constituido por una prestación estatal, y el destino es indudable que está integrado en la misma noción dada que la caracteriza.

- Finalmente vamos a aludir a las contribuciones especiales, sindicándolas como aquellos tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades del Estado.

- Y aquí el presupuesto está conformado por un beneficio especial recibido por el contribuyente, y es indudable que el destino es el mismo que ya imputáramos para las tasas.

- III.a.2) Continuando el orden de tratamiento prefijado en este acápite, abordaremos entonces la cuestión concerniente a los alcances de la potestad tributaria municipal, enfocada especialmente a su regulación en la Provincia del Chubut, y que configura el nudo principal de la acción de amparo que aquí se debate.

- En este punto hemos de partir del entorno constitucional que circunscribe la cuestión. Y conforme lo ha expresado un prestigioso autor, no cabe dudar acerca de la dimensión verdaderamente autonómica del municipio en Chubut (conf. Heredia, José R., "Noticia Acerca de la Potestad Tributaria y el Procedimiento Tributario Municipal en Chubut", en "Revista de Derecho Público", dedicado a "Derecho Municipal", Rubinzal. Culzoni, T.2004-2, p. 143 y sgts.).

- Así, el artículo 233 de la Constitución Provincial al atribuir las competencias de las municipalidades y comisiones de fomento, en su inciso 3, dice: "Establecer impuestos, tasas, contribuciones y percibirlos".

- Por su parte el artículo 239 de la misma ley suprema provincial, en el primer párrafo reza: "Los municipios tienen rentas y bienes propios, siendo exclusiva su facultad de imposición respecto de las personas, cosas o formas de actividad sujetas a jurisdicción municipal." Luego, en el segundo párrafo, se refiere a la coparticipación de tributos, regalías y derechos que perciba la provincia.

- Y según bien lo señala el autor citado, queda definida la autarcía, esto es la autosuficiencia o soberanía de recursos porque se reconoce la capacidad de imposición propia en la jurisdicción municipal sin subordinación a lo que las leyes provinciales estatuyan.

- Es decir, los municipios en Chubut pueden establecer tributos en la órbita de su competencia y, además, esa potestad no cede frente a leyes fiscales de las otras esferas por el sólo hecho de mediar superposición, pues el constituyente ha señalado la exclusividad sobre las personas, cosas y actividades sujetas a jurisdicción municipal (conf., Heredia, J.R., op cit.).

- Sin desconocer la correcta armonización que debe existir en la obligada convivencia de normas provinciales y federales, queda en claro que no por ello el municipio debe obligadamente ceder sus potestades tributarias.

- Y es a partir de la reforma de 1994, que el artículo 123 de la Constitución Nacional instauró la autonomía municipal reglando su contenido y alcance en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

- Y precisamente, la referencia constitucional a la autonomía financiera es demostrativa de que los entes municipales deben contar con poder tributario, aunque según la mayor parte de la doctrina, sería un poder tributario derivado (en igual sentido, Villegas, H.B., op.cit.).

- Y siguiendo la denominada Teoría de la Permisión, que es la que prevalece en materia municipal, conforme lo establece la propia Constitución Nacional en los artículos 5° y 123, y por oposición a la denominada Teoría de la Prohibición, los municipios provinciales pueden gravar libremente (permisión) teniendo como límite lo que les está expresamente vedado.

- En este estado quiero traer a colación, precisamente, una cita constitucional que ambas partes litigantes han invocado con disímil alcance interpretativo, y es el referenciado artículo 87 de la Carta Magna provincial, que al fomentar la formación de cooperativas y mutualidades, y constituidas sobre la base de la cooperación libre sin fines de lucro, expresa que las que así se constituyan y funcionen, están exentas de impuestos.

- Y a mi leal saber y entender, considero que atendiendo a los fundamentos constitucionales que acabo de exponer en los párrafos precedentes, corresponde adjudicar al vocablo impuesto la calidad de tributo sin contraprestación que depende, en principio, de la voluntad del Estado, tal como lo señalara más arriba en Punto II.a.1), y en mérito a los argumentos allí vertidos.

- III.a.3) Sentado lo anterior en los acápites que anteceden, y adentrándome al examen del cuestionado artículo 16, inc. "d1" y "d3", inc. "e", inc. "f" e inc. "m" de la Ordenanza Impositiva N° 6160 de la Municipalidad de Rawson, es dable señalar que dichas normas se hallan contenidas en el Capítulo V, y denominado "Contribución que Incide sobre la Ocupación ó Utilización del Espacio de Dominio Público".

- Y sin intención de extenderme más allá de lo estrictamente necesario en la resolución del caso venido a debate, será necesario trazar un esquema jurídico breve, que nos permita una mejor comprensión de la cuestión a decidir.

- En este contexto, ha de entenderse por dominio público como el conjunto de bienes de propiedad de una persona pública que, por los fines de utilidad común a que responden, están sujetos a un régimen especial de derecho público (conf. Dromi, Roberto, "Derecho Administrativo", Ediciones Ciudad Argentina, año 1999, p. 601 y sgts.).

- En tal sentido, el uso que puede darse a los bienes del dominio público, puede asumir dos características diferenciadas: uso común y uso especial.

- El primero de ellos, es decir el uso común, es el que pueden realizar todas las personas en forma directa, individual o colectivamente, por su sola condición de tales, sujetándose a la obligación de observar las disposiciones reglamentarias dictadas por la autoridad competente (Dromi, R., op. cit.; idem Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", Abeledo Perrot, año 1992, T. V, p. 339 y sgts.).

- Entre los caracteres que identifican al uso común, es dable señalar que el mismo es libre, gratuito, impersonal e ilimitado. Al sólo título de ejemplo podemos mencionar el transitar por calles y lugares públicos, etc, entre otros.

- En cambio el uso especial es aquel que sólo pueden realizar las personas que hayan adquirido la respectiva facultad, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

- A diferencia del uso común, se caracteriza por ser reglado, oneroso, personal y limitado. Y sin agotar los diferentes supuestos que pueden presentarse, podemos mencionar, entre varios, los permisos o concesiones para la instalación de kioscos en la vía pública, la ocupación y uso del espacio aéreo o subterráneo de bienes del dominio público, etc.

- Y con respecto a la aludida onerosidad que distingue al uso especial, ha de puntualizarse que la misma está configurada por el canon que paga el usuario como justa contrapartida por el beneficio patrimonial que se le otorga.

- III.b) Plataforma Fáctica: Trazados, pues, los lineamientos matrices del encuadre jurídico de la cuestión en trato, y a la luz de los mismos, deviene necesario proceder al análisis del fallo recurrido conforme a los antecedentes de la causa y los agravios volcados por la demandada en su libelo impugnaticio.

- III.b.1) Así, la actora finca una de sus defensas apoyándose en el artículo 7° del Código Fiscal de la Municipalidad de Rawson, que indica que cualesquiera sean las denominaciones que se utilicen por dicho código y ordenanzas tributarias para designar obligaciones fiscales, deben ser consideradas genéricas, sin que implique caracterizar tributos ni establecer su naturaleza jurídica (v. fs. 33, in fine/33 vta.).

- No he de compartir el criterio que sustenta la accionante cuando fundamenta su postura sobre este tema, al afirmar que el uso de denominaciones en las Ordenanzas es semántico y no técnico.

- Y ello por cuanto, aceptar tal argumento implicaría caer en un desorden de interpretación normativa al momento de percibir los distintos tributos y/o pagos de derechos que en ejercicio de las atribuciones que le son propias, aplique la Municipalidad, dejando así la puerta abierta y dando carta libre a los contribuyentes para discutir e impugnar cualquier tipo de imposición legal.

- Por ello, pese a la generalidad invocada, considero que los términos del aludido artículo 7° no impiden determinar el encuadre técnico y la naturaleza jurídica de la imposición tributaria.

- Con respecto a la invocada prohibición para la Municipalidad de imponer cualquier tributo que pretenda aplicar a la cooperativa actora, y que, según expresa esta última, surgen de la cláusula primera y tercera del Convenio aprobado por Ley 2184, estimo que de la atenta lectura y examen del mismo (v. fs. 14/19), se deduce que la exclusión señalada está relacionada únicamente con la restricción a gravar la actividad de la Cooperativa de Rawson, pero no significa que se encuentre impedida de realizar el cobro correspondiente por el uso de bienes del dominio público municipal.

- Pretender tal objeto, como lo plantea la demandante, representa desconocer lisa y llanamente las potestades tributarias de los municipios, y a las que hiciera referencia en el Punto III.a.2) precedente.

- Tampoco encuentro que tenga cabida la aducida teoría de los actos propios que trae a colación la actora, apoyándose para ello en los veintitrés años que transcurrieron desde la celebración del convenio aprobado por la Ley 2184, sin que la Municipalidad demandada cobrara la contribución cuestionada.

- Y digo esto, por cuanto dicha doctrina se aplica para conductas contradictorias que pueden asumir las partes en el cumplimiento de las relaciones que las vinculan, pero a mi entender no resulta aplicable para los casos como el presente, en que la demandada dejó pasar el tiempo sin ejercer un derecho que le correspondía, y que no resulta prescriptible o pasible de caducidad.

- Hacer lugar a tal tesitura, significaría mantener cautiva a la Municipalidad de una obligación inexistente.

- Estos argumentos, por tanto, dejan sin sustento alguno, el intento de nulidad propuesto por la actora en su escrito inicial, confirmando así lo determinado por el juzgador anterior con respecto a esta cuestión puntual, con la salvedad de dejar aclarado que, a mi entender, las ordenanzas dictadas por el Concejo Deliberante Municipal en uso de las atribuciones que le competen, no constituyen un acto administrativo, como lo expresa el fallo en crisis, sino un típico acto legislativo, que para su validez y eficacia se rige por normas diferentes.

- III.b.2) Considero que ha quedado claro que la contribución especial que impone el cuestionado artículo 16, inc. "d1" y "d3", inc. "e", inc. "f", e inc. "m", de la Ordenanza 6160/06, fue emitida por el órgano competente del Estado Municipal en el pleno ejercicio de potestades constitucionales que le son inherentes.

- En tal entendimiento, el instrumento mencionado, en su parte pertinente, no resulta violatorio del artículo 87 de la Constitución Provincial, por cuanto la Municipalidad de Rawson no está aplicando un impuesto a la Cooperativa actora, en el sentido lato que debe adjudicarse al término, sino aplicando un canon, que es pago a percibir por el Estado por el uso de espacios del dominio público municipal, ya sea mediante permiso o concesión, y otorgando un beneficio especial a favor del contribuyente, que podemos inscribir dentro de los parámetros conceptuales que expresáramos para los presupuestos que deben contener las contribuciones especiales, ya descriptas en el Punto III.a.1).

- Y esta facultad se encuentra limitada únicamente en aquellos casos en que expresas normas así lo determinen, como podría ejemplificarse en la mención que se utiliza en los antecedentes de la causa al artículo 39 de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, que es una ley federal; o también dicha atribución puede verse condicionada a lo que oportunamente convengan las partes, pero ello siempre sin desconocer el poder tributario municipal, y dentro de la razonabilidad con que el mismo ha de ser ejercido.

- En este sentido no se advierte, pues, que de la misma constitución nacional o provincial, como así de leyes locales u ordenanzas municipales, dicho poder de imposición se encuentre obstaculizado por disposiciones que impidan su aplicación.

- En resumen, he de compartir el criterio sostenido por la demandada apelante, en el sentido que la norma impugnada no resulta inconstitucional, por entender que no afecta garantías consagradas en la Carta Magna.

- Todo lo antedicho, sin perjuicio del arreglo o acuerdos al que pudieran arribar las partes, o del régimen de reciprocidad que utilicen para zanjar sus posiciones, correspondiendo, por lo tanto, hacer lugar a los agravios vertidos por la Municipalidad de Rawson.

- III.c) En consecuencia, y en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, he de proponer al Acuerdo la revocación total de la sentencia apelada, no haciendo lugar a la acción de amparo impetrada por la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda de Rawson Ltda. contra la Municipalidad de Rawson.

- Atendiendo la forma que se resuelve corresponde adecuar las costas fijadas en primera instancia (art. 279 del CPCC), las que conforme las previsiones del artículo 17 de la Ley 4572, y por el principio objetivo de la derrota, serán impuestas a la parte actora. En tal entendimiento se regularán los honorarios de la Dra. L. G. R., patrocinante de la actora, en la suma de $ 1.000,00 (un mil pesos), y los de los Dres. M. D. B. y M. F., patrocinante y apoderado de la demandada, en la suma de $ 1.500,00 (un mil quinientos pesos) y de $ 600,00, respectivamente, a las que se aditará el IVA correspondiente, y de acuerdo a los lineamientos dados por los artículos 6, 7, 9, 36, 47 y concordantes de la ley arancelaria.

- En cuanto a las costas de Alzada, por el mismo principio de la derrota ya señalado, corresponde aplicarlas a la parte demandante perdidosa, y según lo estipulan los artículos 6, 14 y concordantes del la Ley 2.200, por lo que atendiendo a la calidad, eficacia, extensión y resultados obtenidos por sus trabajos en esta segunda instancia, se regularán los honorarios de los Dres. M. D. B. y M. F., en el 35%, respectivamente, de los montos fijados para la instancia precedente, con más el IVA correspondiente.

- Finalizo mi intervención, y a esta primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:-1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 128, que fuera concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 135, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 120/126 y vta. que hizo lugar a la acción de amparo deducida por la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONSUMO Y VIVIENDA RAWSON LIMITADA contra la MUNICIPALIDAD DE RAWSON, declarando la inconstitucionalidad del art. 16, incisos "d"1, "d"3, "e", "f", y "m" de la Ordenanza 6160/06 y su inoponibilidad a la actora, con costas a cargo de la parte vencida.

-Los agravios vertidos por la apelante lucen a fs. 128/134 y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precediera en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las precisiones que en cada caso corresponda realizar.

2. A fin de un debido esclarecimiento de la cuestión traída a esta Alzada resulta necesario poner de relieve que la amparista en su escrito inicial sostuvo que la "Ley 2184 aprueba el Convenio en el cual el propio Municipio de Rawson se obliga en las cláusulas Primera y Tercera in fine a no percibir ni crear impuesto alguno relacionado con los servicios eléctricos y de aguas .". (p. II, fs. 32, reiterado al p. IV b), fs. 33).

-En tal sentido, cabe precisar que el Convenio de Transferencia de Servicios celebrado el 13 de abril de 1983, aprobado por Ley 2184 y ratificado por Decreto 629/83 del 30/05/83 (B.O. N° 4277 del 07/06/83, págs. 2 y 3, respectivamente) establece en la parte final de sus cláusulas primera y tercera que "Se obliga asimismo el Municipio, a no percibir ni crear impuesto alguno relacionado con los servicios eléctricos." "Se obliga el Municipio a no percibir ni crear impuesto alguno relacionado con el servicio de aguas" (fs. 15 vta. y 16 vta.) (el subrayado me pertenece).

Y según la amparista "a tenor del Artículo 7° del propio Código Fiscal de la Municipalidad de Rawson aprobado por la Ordenanza 4993 y sus modificatorias, destacamos la inoponibilidad en el sub-caso de la caracterización del tributo como "contribución" diferenciado del "impuesto" referido en el Convenio .", pues ello "revela que el uso de las denominaciones en las Ordenanzas Tarifarias es semántico y no técnico ." (p. IV b), fs. 33 y vta.).

-Tal postura fue resistida por la demandada en su escrito de contestación, y particularmente al desplegar su queja a fs. 129 y sig. -Y a ese respecto no coincidiré con la interpretación que le pretende dar la amparista al citado art. 7 pues dicha normativa señala que las denominaciones empleadas para designar las obligaciones fiscales ("Contribuciones", "Tasas", "Derechos", "Gravámenes", "Impuestos") deben ser consideradas genéricas, pero a continuación determina que ese alcance (genérico) lo es "sin que implique caracterizar los tributos ni establecer su naturaleza jurídica".

Así, a partir de considerar que en este caso "implicar" está referido a su segunda acepción que es la de "significar" ("Diccionario de la Lengua Española", Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001, T. II, pág. 1254), evidente resulta que la consideración de "genéricas" de las denominaciones empleadas en ese Código Fiscal no impide que se pueda caracterizar los tributos y en función de ello fijar su naturaleza jurídica.

-Y como lo señalara el vocal que me precede en la votación es aceptada la clasificación tripartita que distingue impuestos, tasas y contribuciones.El impuesto es el tributo que se establece sobre los sujetos en razón de la valorización política de una manifestación de la riqueza objetiva . o subjetiva, teniendo en cuenta las circunstancias personales de los sujetos pasivos . Y se diferencia de las otras especies de tributos como las tasas y las contribuciones especiales. Responde al principio de la capacidad contributiva. La tasa es un tributo caracterizado por la prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo. Se entiende que, como tributo, es un recurso cuya fuente es la ley y tiene carácter coercitivo; no tiene, pues, el carácter de precio. Las contribuciones especiales se establecen sobre los dueños de inmuebles, que experimentan un incremento de su valor como consecuencia de una obra pública construida por el Estado u otras entidades públicas territoriales. Existen casos de tributos establecidos a cargo de grupos de habitantes que gozan de beneficios especiales no ya por una obra sino por la prestación de un servicio público que no se individualiza hacia determinadas personas, pero beneficia en forma indirecta y especial a dichos grupos (Jarach, Dino, "Finanzas Públicas y Derecho Tributario", Abeledo-Perrot, 3ra. ed., 1999, págs. 253/254, 234, y 241/242, respectivamente).

-Y con especial referencia a las contribuciones especiales, tercera categoría de tributos, hallan su justificación en los beneficios o ventajas obtenidos por personas o grupos sociales como consecuencia de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Puede definirse como la prestación obligatoria debida en razón de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la realización de obras públicas o de especiales actividades del Estado (Giuliani Fonrouge, Carlos M., "Derecho Financiero", La Ley, 9a. ed., 2004, T. II, págs. 876 y 878, respectivamente). -Asimismo, cabe señalar también que se tratan de tributos de distinta naturaleza y por ello esas categorías (impuestos, tasas y contribuciones) son especies de un mismo género. El impuesto es un tributo que se caracteriza por su exigencia sin contraprestación. Por eso, no tiene más fundamento jurídico justificante que la sujeción a la potestad tributaria del Estado. En virtud de ella éste exige coactivamente a los ciudadanos su contribución para poder cumplir sus fines. Las tasas son prestaciones tributarias exigidas a aquellos a quienes de alguna manera afecta o beneficia una actividad estatal. Y las contribuciones especiales son tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades del Estado (Belisario Villegas, Héctor, "Curso de finanzas, derecho financiero y tributario", Astrea, 2003, par. 87, 89, 90, 94, y 103, págs. 154, 158/9, 169, y 195, respectivamente).

-Y a partir de la reforma constitucional de 1994 el art. 123 asegura la autonomía de los municipios provinciales, a fin de terminar con una vieja discusión doctrinaria, acerca de la naturaleza jurídico política de los municipios, en el sentido si éstos son meras descentralizaciones administrativas de los gobiernos provinciales o, por el contrario, se trata de verdaderas entidades políticas, con autonomía. Esta vexata quaestionis, que dividía a administrativistas (partidarios de la autarquía) y constitucionalistas (partidarios de la autonomía municipal) había también existido en el ámbito jurisprudencial, hasta la aparición del fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa "Martínez Galván de Rivademar, Ángela, c. Municipalidad de Rosario" (Ekmekdjian, Miguel Ángel, "Tratado de Derecho Constitucional", Depalma, 1999, T. V, pág. 724).-Y el art. 224 de la Constitución de la Provincia del Chubut reconoce la existencia del Municipio como una comunidad sociopolítica fundada en relaciones estables de vecindad y como una entidad autónoma.Ese concepto recoge bien la dimensión que siempre tuvo en la historia institucional de la provincia y que cumple con la manda de los arts. 5 y 123 C.N. Se ha mantenido correctamente el principio de la autarcía, antes art. 212, hoy art. 239 (Heredia, José Raúl, "La reforma en la Provincia del Chubut", CEIPA, 1995, págs. 348/349).

A su vez, la distinción de los tributos antes desarrollada se encuentra expresamente contemplada por el art. 233.3. de la Constitución de la Provincia del Chubut al fijar dentro de la competencia de las municipalidades la de establecer impuestos, tasas, y contribuciones.

Con tal alcance, corresponde precisar cual es el sentido que corresponde dar a las obligaciones asumidas por el Municipio respecto a no percibir ni crear "impuesto alguno" relacionado con los servicios eléctricos y de agua" (parte final de las cláusulas primera y tercera del convenio, fs. 15 vta. y 16 vta.).Y en función a la pauta brindada por el art. 217 del Código de Comercio, las palabras de los contratos y convenciones deben entenderse en el sentido que les da el uso general. Ello implica que el punto de partida pasa por el sentido literal de los términos utilizados en el contrato, lo cual presupone su redacción por escrito. Cuando el convenio es claro y preciso no puede ser modificado por interpretaciones sobre la base del espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes o las finalidades perseguidas, pues las palabras se corresponden en sí mismas con la realidad que designan y además, por regla general, traducen con fidelidad el pensamiento (conf. Rouillón, Director, "Código de Comercio Comentado y Anotado", La Ley, 2005, T. I, pág. 455).

En ese marco interpretativo, no puede sostenerse como lo hace la amparista que la obligación asumida por el municipio de no crear impuestos debe ser entendida en forma genérica para así abarcar en esa expresión ("impuestos") otros tributos, y en el caso de autos las contribuciones especiales.

-Es que, al convenirse la transferencia del sistema eléctrico y del sistema de aguas corrientes, la Municipalidad de Rawson se obligó exclusivamente a no gravar con impuestos, entendido ello en el sentido técnico que tiene tal denominación para el derecho tributario, esto es, respecto de la actividad a desplegar en tal sentido por la Cooperativa de Rawson o de los bienes a su cargo (Impuesto a los Ingresos Brutos, Inmobiliario, y al Automotor), tal como lo resalta la quejosa a fs. 130 vta.

Es que, los impuestos forman parte de una categoría de tributos distinta de las tasas y de las contribuciones especiales. Como ya se señalara se tratan de tributos de distinta naturaleza y por ello esas categorías son especies de un mismo género, por lo que la obligación asumida por el municipio no puede extenderse a las contribuciones especiales.

-Y en el marco de la atribución constitucional conferida (art. 233.3.), el artículo 215 del Código Fiscal de la Municipalidad de Rawson (Ordenanza N° 4993/01) determina como hecho imponible la ocupación o utilización del subsuelo, superficie o espacio aéreo del dominio público municipal.-Y la ordenanza Impositiva para el Ejercicio Fiscal 2007 (Ordenanza N° 6160/06) establece en su art. 16 contribuciones por ocupación o utilización del espacio de dominio público.

-Y en ese aspecto referido al régimen jurídico del uso de los bienes públicos cabe distinguir entre el uso común y el uso especial.

-La doctrina consagra el principio de que los bienes públicos están destinados al uso del público, quien los utiliza en función del cometido que corresponde. El principio de igualdad en el goce de los bienes comunes es el que establece el uso general; pertenece a cualquier individuo de la colectividad sin tener en cuenta ninguna distinción o diferencia. Es el uso ordinario y común del bien que todos utilizan y gozan por igual; el usuario anónimo beneficiado. Al lado del usuario común y anónimo existen otros que tienen una situación diferencial por los beneficios provenientes de la situación de sus bienes particulares frente a los públicos. El derecho diferencial puede manifestarse por la instalación de quioscos en la vía pública, carpas en las playas, utilización de corrientes de agua para fuerza motriz, establecimientos de vehículos, ocupación de espacios aéreos, locación de mesas en las aceras, etcétera. Estos derechos de uso diferenciales se obtienen a través de actos administrativos especiales y por lo general se presentan con los permisos y concesiones de uso. Es el derecho general de uso más un goce individualizado (Fiorini, Bartolomé A., "Manual de Derecho Administrativo", La Ley, 1968, Segunda Parte, págs. 960/961) (el resaltado me pertenece).El "uso común" corresponde al uso por el "público", por "todos" los habitantes, por la colectividad; de ahí que en esta clase de usos el usuario, considerado éste como persona, sea "anónimo", "indeterminado", "no individualizado". La adquisición del derecho de uso "especial" o "privativo" de los bienes del dominio público requiere indispensablemente un acto expreso del Estado, en cuyo mérito ese derecho resulte otorgado o reconocido. Este uso "especial" excede del que les corresponde a los habitantes en su calidad de titulares del dominio público. La forma más simple de otorgar derechos de uso especial sobre dependencias del dominio público consisten en el "permiso" de uso, que en ningún momento debe confundirse con la "concesión" de uso. La contribución de referencia denomínase "canon" (Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", Abeledo-Perrot, 3a. ed. act., 1992, T. V, par. 1792, 1804, 1808, y 1813, págs. 351, 381, 387, y 401).

- En síntesis, en el caso de autos la Municipalidad otorga un derecho de uso especial al permitir la utilización del espacio de su dominio público, y por ese beneficio el contribuyente debe abonar un canon.

-En tales condiciones, descartado el argumento esbozado en demanda en el sentido de pretender darle a la expresión "impuestos", contenida en la parte final de las cláusulas primera y tercera del convenio que corre a fs. 15/19, un sentido genérico comprensivo en el caso de las contribuciones especiales, no se advierte en consecuencia que el art. 16, incisos d1), d3), e), f), y m) de la Ordenanza Municipal de Rawson N° 6160/06 lesione con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por la propia concedente.

Corresponde ahora ingresar en el siguiente argumento volcado a fs. 33 vta./34 referido al alcance de la denominación "impuestos" que contiene el art. 87 de la Constitución de la Provincia del Chubut, por lo que considera que la Municipalidad de Rawson viola manifiestamente ese norma que exime de impuestos a las Cooperativas.

Tal argumentación es objeto de especial consideración por la recurrente a fs. 131 y sig. de la pieza de agravios.

Y la normativa constitucional fomenta la formación de cooperativas y mutualidades y prescribe que las que "se constituyan y funcionen están exentas de impuestos".

En ese contexto, esa manda constitucional no puede interpretarse con el alcance que la exención de "impuestos" comprende a otra clase de tributos.Nótese que el despacho único (entonces art. 60) contenía una redacción distinta pues aludía a que las cooperativas y mutualidades "estarán exentas de toda contribución o impuesto" (el subrayado me pertenece) (Diario de Sesiones. Honorable Convención Constituyente. Reunión Plenaria N° 7 del 26 de septiembre de 1994, pág. 258).

Y la convencional Biesa de Abraham sostuvo que entendía que los tributos están formados por impuestos, tasas retributivas de servicios y contribución de mejoras, y que era un exceso eximir de contribución de mejoras, lo que motivo que el Cuerpo se constituyera en Comisión.

-Y en el debate resulta muy clara la posición asumida por el convencional Heredia que textualmente manifestó "que la utilización de la palabra "impuesto" es en el sentido técnico estricto que tiene en el derecho tributario. La aclaración no es ociosa, porque cuando las Constituciones y las leyes no específicamente tributarias utilizan los términos "contribución", "impuestos" o "gravámenes" queda la duda sobre sus alcances. Hacemos la aclaración de que en nuestra Constitución nos referimos al tributo que denominamos "impuesto" en el derecho tributario (el resaltado me pertenece) (Diario de Sesiones citado, pág. 261).

Y luego de votar y aprobar por unanimidad el despacho emanado de la Convención en Comisión que modificó al anterior obrante en presidencia, el dictamen con las modificaciones propuestas dio lugar al nuevo texto que en su parte pertinente alude a que "estarán exentas de impuestos .", girándose el despacho único a la Comisión Redactora (Diario citado, pág. 262), que finalmente en su redacción final contempló exclusivamente la exención de "impuestos" (Diario de Sesiones N° 14 del 10 de octubre de 1994, pág. 615).Y si bien la intención del legislador considerada como causa eficiente del derecho para la escuela clásica ha perdido para los métodos modernos gran parte de su importancia, sin ser decisivo para fijar la interpretación en función de las fuentes de la ley, constituye un elemento de interés para esclarecer en supuestos de duda la plena significación del precepto y el fin social que con el mismo se ha buscado satisfacer (conf. Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil. Parte General", Editorial Perrot, 1964, T. I, pág. 112).

Asimismo, la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, pero además la misión judicial no se agota en ello, ya que los jueces, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma (C.S.J.N., 05/12/989, "Gobierno Nacional c. Rudaz, Martín A. y otra", J.A. 1990-III, 573).- Por tales razones, el art. 16, incisos d1), d3), e), f), y m) de la Ordenanza Municipal de Rawson N°6160/06 no lesiona con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por la Constitución Provincial como pretende sostener la amparista al delimitar el objeto de su pretensión y desarrollar los requisitos de admisibilidad formal (acápite II y IV b), fs. 32 y 33/vta.).Finalmente, ingresaré a la manifestación vertida por la actora a fs. 33 vta. en cuanto a que la Ordenanza Tarifaria al gravar el uso del espacio público a la Concesionaria innova luego de 23 años por lo que "resulta de toda claridad" la aplicación de la doctrina de los actos propios.Y precisando el alcance de esa doctrina, se sostiene que una pretensión o una defensa que se formula dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, ya que ello infringiría el principio de buena fe ante la imposibilidad de "venire contra factum", del cual es derivación necesaria e inmediata (conf. Diez Picazo, "La doctrina de los actos propios", Bosch, Barcelona, 1963, págs. 223 y 163, respectivamente).La esencia de la conducta contradictoria es el impedimento de hacer valer el derecho que en otro caso se podría ejercitar. Lo obstativo se apoya en la ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la que precede. La ilicitud reposa en el hecho de que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico considerado éste inescindíblemente, noción aplicable en el ámbito extracontractual o contractual -y también y fundamentalmente, dentro del proceso judicial- y que conlleva como sanción, la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Morello-Stiglitz, "La doctrina del acto propio", L.L. 1984-A-866; y Morello, "Dinámica del contrato. Enfoques", Editora Platense S.R.L., 1985, Cap. IV, págs. 59/60.

El fundamento estará dado en razón que la conducta anterior ha generado confianza en que, quien la ha emitido, permanecerá en ella, pues de lo contrario importaría incompatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que afectan injustamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse protegido pues había depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado en su dirección de origen (Morello-Stiglitz, ob. cit., pág. 866).Con tal precisión, cabe destacar que esa doctrina no se aplica para invocar una caducidad de los derechos por el sólo transcurso del tiempo, si no se cumplió con un plazo legal de prescripción o caducidad, o si las partes no exteriorizan voluntariamente un término para la duración de un derecho.-Y en el presente caso la circunstancia de que la Municipalidad de Rawson no ejerciera durante varios años los derechos que le corresponden en el marco de las atribuciones conferidas por el art. 233.3. de la Constitución de la Provincia, fijando a la actora la contribución especial por ocupación del espacio de su dominio público, no importa adoptar una conducta anterior que pueda considerarse contradictoria con la decidida al momento de ejercer tales derechos en materia tributaria, por caso el art. 16, incisos d1), d3), e), f) y m) de la Ordenanza 6160/06.

-Es que, no rige la caducidad por retraso desleal, entendida como deslealtad presumida por el mero transcurso del tiempo. Dilatar el ejercicio de un derecho no puede significar un valladar ilevantable contra el que se estrelle una acción cuya legitimidad, bueno es recalcar, confirma la normativa, en lo relativo al término de prescripción (conf. López Mesa, Marcelo J., "La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia", Depalma, 1997, págs. 152 y 154).

No encuentra fundamento objetivo en la ley ni en los principios de buena fe y lealtad, la exigencia de que los derechos deban ser reclamados o ejercidos en un tiempo determinado. El no uso del derecho no extingue de por sí la condigna acción, sino cuando por ley se opera la caducidad o la prescripción en las condiciones en que se requieren. La caducidad o decadencia de los derechos surge cuando la ley o la voluntad de los particulares señalan un término fijo para la duración de un derecho (López Mesa, ob. cit, cita de jurisprudencia, págs. 154 y sig.).

En tales condiciones, inadmisible resulta el planteo realizado por la amparista en el sentido de aplicar al caso la doctrina de los actos propios.-Los fundamentos expuestos conducen a acoger favorablemente los agravios vertidos lo que importa desestimar la nulidad planteada en demanda respecto del art. 16 incisos d1), d3), e), f), y m) de la Ordenanza Municipal de Rawson N° 6160/06.

3. En consecuencia, también propicio al Acuerdo revocar íntegramente la sentencia venida en apelación, rechazando la acción de amparo promovida por la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONSUMO Y VIVIENDA RAWSON LIMITADA contra la MUNICIPALIDAD DE RAWSON, con costas de ambas instancias a la parte actora vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 17 de la ley 4572).

-Por aplicación del art. 279 del C.P.C.C. corresponderá adecuar los honorarios regulados en el anterior grado a la presente decisión, y atendiendo al mérito, extensión y eficacia de los mismos, estimo prudente los emolumentos que propicia el Dr. de la Fuente a favor de la Dra. L. G. R., letrada patrocinante de la parte actora, y de los Dres. M. D. B. y M. A. F., letrados patrocinante y apoderado de la parte demandada, en las sumas de $1.000.-, $1.500.-, y $600.-, respectivamente (arts. 6, 9, 36, y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. pertinente.

Asimismo, con las mismas pautas de apreciación y lo previsto por el art. 14 de la ley del arancel, también estimo prudente establecer los honorarios de los Dres. M. D. B. y M. A. F., por sus tareas de segunda instancia, en las sumas equivalentes al 35% de las cantidades fijadas para los emolumentos de primera instancia, con más el I.V.A. correspondiente.Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.- - A LA SEGUNDA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente expresó:

- El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente: 1) REVOCAR totalmente la sentencia venida en apelación, rechazando la acción de amparo interpuesta por la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Ltda. contra la Municipalidad de Rawson; 2) ADECUAR las costas de primera instancia, imponiéndolas a la parte actora vencida; 3) REGULAR los honorarios de la instancia anterior, fijándolos para la Dra. L. G. R. en la suma de $ 1.000,00; y para los Dres. M. D. B. y M. F., en $ 1.500,00 y $ 600,00, respectivamente, con más el IVA pertinente; 4) IMPONER las costas de Alzada a la parte actora perdidosa; 5) FIJAR los honorarios de segunda instancia, determinándolos en el 35% para los Dres. M. D. B. y M. F., respectivamente, de las sumas estipuladas en la instancia anterior, con el IVA correspondiente.

- ASÍ LO VOTO.

-A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Vergara dijo:-El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. de la Fuente, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.

-Así lo voto.

- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por encontrarse el Dr. Sergio Rubén Lucero en uso de licencia en el momento del sorteo (arts. 9 de la ley 1130 y 271 del C.P.C.C., textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: - - REVOCAR totalmente la sentencia venida en apelación, rechazando la acción de amparo interpuesta por la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Ltda. contra la Municipalidad de Rawson; ADECUAR las costas de primera instancia, imponiéndolas a la parte actora vencida;

REGULAR los honorarios de la instancia anterior, fijándolos para la Dra. L. G. R. en la suma de $ 1.000,00; y para los Dres. M. D. B. y M. F., en $ 1.500,00 y $ 600,00, respectivamente, con más el IVA pertinente; 4) IMPONER las costas de Alzada a la parte actora perdidosa; FIJAR los honorarios de segunda instancia, determinándolos en el 35% para los Dres. M. D. B. y M. F., respectivamente, de las sumas estipuladas en la instancia anterior, con el IVA correspondiente.

- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL N° 10 DE 2007 - SDC.- Conste.- CECILIA INES CORNEO