marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, cómputo del plazo, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Ramón Roberto c/ Mercantil Andina S.A.  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-12

El art. 310, inc.2, del CPCCN establece que el plazo de perención en segunda instancia es de tres meses, y la caducidad de instancia procede cuando las partes no impulsan el procedimiento dentro de los plazos legales, siempre que el proceso no dependa de una resolución pendiente y que la demora no sea imputable al Tribunal o a actividades que la ley impone al secretario o al prosecretario. El plazo mencionado debe computarse a partir de la fecha de la última petición de las partes, resolución o actuación del Juez o Tribunal que tenga por efecto impulsar el procedimiento
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Welsch, Verónica Alejandra c/ Clauworld S.R.L. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-04

Es sabido que la interpretación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo ha implicado la existencia de posturas disímiles tanto en la doctrina como en la jurisprudencia; mas, frente a la argumentación desarrollada en sustento de la solución propiciada, las alegaciones de la quejosa resultan insuficientes para derrumbar el pronunciamiento desde una óptica constitucional puesto que no alcanzan a demostrar que los juzgadores hubieran propuesto una hermenéutica de la normativa aplicable que excede los márgenes de razonabilidad tolerados, con la consecuente conculcación de derechos y garantías consagrados en las leyes laborales y en la Constitución.- REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley de Contrato de Trabajo, artículo 30
Homicidio calificado, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: Gimenéz, Nicasio s/ Recurso de Casación interpuesto por agente fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-02-19

El imputado no puede ser condenado en orden al delito previsto en el art. 80 inc. 6° del Código Penal pues dicha figura exige una convergencia intencional, un acuerdo de actuar conjuntamente para matar, es que si no pudo probarse la existencia de un plan sceleris previo, que transformara al acusado y sus consortes de causa como verdaderos y propios coautores, con plena coposesión de la acción final acordada, y para cuya concreción cada uno de ellos realizó una parte del hecho íntegro, no se puede afirmar que se encuentre acreditado el tipo subjetivo, toda vez que falta el acuerdo de voluntades previo para matar, en el sentido de un concurso premeditado.
Requerimiento de elevación a juicio, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: L., C.A. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-06-12

La acusación y la elevación de los autos al Tribunal no provocan automáticamente la apertura del plenario. El rito legal -en aras de garantizar aún más la defensa en juicio -manda: "Recibido el proceso, se verificará el cumplimiento de las prescripciones de los artículos 305 y 309, así como se controlará también que la situación jurídica de todos los imputados esté resuelta y se hayan observado las disposiciones de la instrucción judicial en su trámite. En caso contrario, la Cámara aplicará de oficio la sanción prevista y devolverá el expediente al Juez de Instrucción para que se cumplan los requisitos omitidos, o se rectifiquen o renueven los actos inadmitidos o anulados".
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: Calasso de Antico, Rosa c/ de Olivera, Ramón Néstor y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-17

Cabe reconocerle derecho a reclamar indemnización en concepto de privación de uso del rodado no sólo al propietario, sino también al usufructuario, usuario, guardián o mero tenedor del vehículo. El sólo hecho de verse privado del uso del automóvil importa, para quien lo detenta, un perjuicio indemnizable, pues cabe presumir que quien lo posee es para utilizarlo, sea para su trabajo, comodidad o esparcimiento.
Competencia, competencia por el territorio, competencia de menores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M.E.A., M.B.E. y N.A. s/ Sustracc.de menor y amenaza.-Actuaciones remitidas por Sr.Agente  Fiscal Dr.J.Luciano, Ref.Dcia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

La distribución de la jurisdicción basada únicamente en el ámbito territorial sólo tiene en cuenta el interés del demandado de ser molestado lo menos posible en su vida y en sus negocios, disponiendo que pueda ser citado para responder ante el juez menos oneroso para él, por lo que es renunciable por la parte interesada, aún implícitamente. Por ello, si la compareciente ante el Tribunal de Menores de esta ciudad manifestó conocer el objeto de las actuaciones, como asimismo su sometimiento a las resoluciones del mismo, que aceptaría aún siendo desfavorables -todo ello con patrocinio letrado- y siempre que beneficien al menor, fijando domicilio legal en esta ciudad deviene extemporáneo el cuestionamiento efectuado posteriormente en razón del lugar de su domicilio real. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, honorarios del abogado, aplicación de la ley, apreciación del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: V. G. K. c/ C. D. V. SRL y otra s/ beneficio de litigar sin gastos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-13

La validez constitucional del honorario no depende solamente del monto del pleito o del interés de los litigantes a quienes incumbe su pago, también concierne a la justicia y razonabilidad de la regulación el examen de extremos como el tiempo de la labor desarrollada, su jerarquía intrínseca o complejidad o la responsabilidad profesional comprometida, consideradas en las pautas arancelarias, que pueden resultar conducentes para decidir el punto.
Tercería de dominio, locación de inmuebles, factura, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Discar S.R.L. c/ Ledesma, Mario Ceferino y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-10-08

La factura acompañada y contrato de locación revisten el carácter de documentos privados sin fecha cierta y no oponibles a terceros resultando ambos desconocidos en autos. No habiéndose acreditado por otra prueba la posesión y tradición de los bienes al tercerista, la acción debe desestimarse.
Lavado de activos, admisión del querellante
Materia: PENAL
Carátula: Unidad de Información Financiera c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-10

La disidencia sostuvo que no corresponde desconocerle a la UIF la facultad de constituirse como querellante en el proceso en tanto la hipótesis imputativa esgrimida por su titular luce fundada en cuanto sostiene que las conductas investigadas en la causa podrían constituir un antecedente, en los términos de la ley 25.246, del delito de lavado de activos, presentándose en tal sentido demostrativa, en principio, de un interés particular y legítimo. Dres. Hornos -disidencia-, Borinsky, Figueroa.
Divorcio, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A., C. L. y F., M. G. s/ Conversión de divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

El paralelismo entre "forum et ius" que establecen como principio los arts. 164 y 227 del Código Civil, reformado por la ley 23515, parece justificado y obliga al juez argentino a una doble consideración de conexiones, una, a la prudente certificación de que el último domicilio conyugal efectivo o el domicilio del cónyuge demandado en el país sustenten su jurisdicción evitando así asumirla sobre bases tenues o débiles y, además si lo evita, en la mayoría de los casos podrá asumir jurisdicción sabiendo que aplicará su propio derecho, pero no como "lex fori" meramente, sino como derecho del último domicilio conyugal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, jurisprudencia, intereses, realidad económica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALVAREZ, EDGARDO RAMON c/ EXPERTA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA PARCIALMENTE ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-30

Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, pues al margen de la escasa fundamentación brindada por el Tribunal a los fines de confirmar los accesorios dispuestos en baja instancia, del estudio de los antecedentes relevantes de la causa surge que, conforme las particularidades del caso bajo examen, la determinación de una vez y media la tasa activa sumada del Banco de la Nación Argentina, luce adecuada y efectuada en base a una exégesis posible de las normas en juego y a la situación económica reinante y, por ende, acorde a lineamientos trazados por este Cuerpo in re "Olivera" y por el alto Tribunal nacional en el precedente "Bonet". - CITAS: CSJN: Bonet, Fallos 342:162; CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295.
Indemnización agravada, despido, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: A., M. L. c/C. B. A. SRL s/SUM. - Cobro de pesos e indem. de ley c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-08-11

"El incremento indemnizatorio previsto por la Ley 25323:2, representa una suerte de sanción respecto de aquel empleador que no reconociere extrajudicialmente reclamos por despido, y de tal modo provocare la promoción de actividad administrativa o judicial tendiente a su percepción por parte del trabajador. El sentido de tal apreciación surge de la lectura del último párrafo del mentado artículo 2° de la Ley 25323. Ese apartado prescribe, luego de reconocer aquel incremento del 50% sobre la indemnización laboral, que si hubieran existido causas que justificaren la conducta, del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago. Esta legislación importa una sanción análoga a las conminatorias previstas por el Código Civil art. 666 bis, lo cual da cuenta de la relatividad objetiva en la procedencia de tal rubro, en función de circunstancias eventuales y potestades de los jueces que podrían rebatir este incremento..."
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, Administración Pública
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Lerose, Juan José Amparo - Empleo Público-otros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

Corresponde rechazar la queja en tanto los agravios del GCBA revelan una disconformidad genérica con la decisión adoptada. El recurrente plantea que la sentencia de la Cámara CAyT, al ordenar que adecue la relación laboral a la ley n° 471 -en los términos allí expuestos-, importó un cercenamiento sobre potestades propias de la administración pública y vulneró el principio de división de poderes. Sin embargo, la parte demandada omitió brindar argumentos dirigidos a demostrar que el pronunciamiento cuestionado hubiese transgredido la competencia que tiene asignada el Poder Judicial por el artículo 106 de la CCABA para decidir controversias de derechos entre los demandantes y la autoridad administrativa. En este sentido, el GCBA no se hizo cargo de que los jueces de mérito reconocieron que resultaba improcedente -por mandato constitucional y legal- disponer el ingreso del trabajador a la planta estable de la Administración y, por ello, se limitaron a ordenar la adecuación del vínculo laboral mantenido con el actor a los términos del artículo 44 la ley n° 471 -planta transitoria-, sin desconocer la potestad del GCBA de rescindir el vínculo laboral conforme a derecho. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Tasa de justicia, pago, pago en cuotas, concursado, quiebra, intimación de pago, homologación del acuerdo resolutorio, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMASA  SA s/ CONCURSO S/  INC.  DE PAGO DE LA TASA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-08

Habiéndose intimado a un concursado a oblar la totalidad de la tasa de justicia, puesto que se notificó el auto de homologación del acuerdo, resulta improcedente que aquel pretenda acogerse a la previsión del dl 932/93, en cuanto a las facilidades de pago que concede por haberse acogido al régimen de presentación espontánea, cuando -como en el caso- la citada notificación es posterior a la fecha limite prescripta por la invocada norma (30/4/93). No empece lo expuesto, la circunstancia de que la obligación en cuestión se habría devengado con anterioridad a aquel momento, toda vez que la ley 23898: 9-b, determina que la exigibilidad del tributo se torna vigente a partir de la notificación de la decisión homologatoria del concordato (en el caso, dada el 18.5.93).
Costas, concejo deliberante
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: AMAYA ELPIDIO GUILLEVALDO s/ CONFLICTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE EMBALSE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-09-22

Las costas causadas por el conflicto suscitado entre el departamento ejecutivo y el concejo deliberante de una municipalidad son a cargo de la comuna cuyo patrimonio responde por los honorarios de los abogados que han intervenido en la causa. Aunque el crédito de estos haya sido generado por la actuación del Concejo Deliberante, la obligación recae sobre la comuna puesto que el órgano legislativo no constituye una persona jurídica independiente de aquella.
Derecho contravencional, responsabilidad contravencional, responsabilidad de las personas jurídicas
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: CASINO PUERTO MADERO (responsable) s/ Infr. Art. 60 Ley 1472. Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-31

Algunas posturas han entendido que el artículo 13 del Código Contravencional (Ley Nro. 1472) resulta la única solución y/o medio adecuado para resolver la problemática de imputación a las personas jurídicas, por hechos que se suceden en el ámbito de funcionamiento y de la propia existencia de una persona jurídica que afectan bienes jurídicos tutelados de terceros, ante la falta de respuesta de la dogmática penal clásica.

Con tal conjetura concuerdo parcialmente, habida cuenta que considero que la norma aislada resulta insuficiente para justificar la responsabilidad de las personas jurídicas, debiendo contar la misma forzosamente con una base dogmática constitucionalmente válida que le sirva de soporte y en consecuencia así reconocer definitivamente la coexistencia de dos vías de imputación en base a parámetros teóricos diferenciados.
Contrato de trabajo, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: Simón, Juan Ernesto c/ Gimnasia y Esgrima de la Plata s/ Cobro ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-23

Frente a la ligereza y falta de precisión conceptual que exhiben los instrumentos contractuales en los que se basa la pretensión, corresponde tener en cuenta al entendimiento que mejor tutele el interés contractual que razonablemente las partes pretendieron satisfacer a través de la concertación del negocio; de buena fe, y a partir de lo que verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (art. 1198 del Código Civil). Dicha interpretación, en el caso, tributa en dos máximas de hermenéutica expresamente consagradas en nuestro ordenamiento positivo (art. 218 incs. 1 y 3 del Código de Comercio). Por la primera, frente a la ambigüedad de las palabras, se manda a desentrañar más bien la intención común de las partes, antes que el sentido literal de los términos; mientras que la segunda, dispone que frente a una cláusula susceptible de dos sentidos, el uno de los cuales redundaría en la validez del acto y del otro su nulidad, ordena tener en consideración aquel que permita arribar a la primera alternativa (doctor HITTERS, mayoría).
Patentes, nulidad de patente, caducidad de patente, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Materia: CIVIL
Carátula: ANCASE  S.A. c/ ZUGOLAN  S.A. s/ CESE DE USO DE PATENTE DE INVENCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Toda vez que interesa al orden público contar con el asesoramiento teórico que prevé el art. 51 de la ley 111 devuélvase el expediente a la DNPI haciéndole saber que, a la brevedad, deberá arbitrar los medios necesarios para cumplir estrictamente con lo previsto en aquel precepto legal.
Proceso penal, individualización de la pena
Materia: PENAL
Carátula: S. M. M. s/ HOMICIDIO DE GRADO DE TENTATIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-24

"La mera referencia a la normativa penal (arts. 40 y 41) resulta insuficiente para cumplir con el deber de adecuada motivación respecto a la individualización de la pena, en consecuencia, se torna procedente la declaración de nulidad parcial del pronunciamiento".

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - POSSE.
Contrato de trabajo, trabajadores de la yerba mate, trabajadores temporarios
Materia: LABORAL
Carátula: LUIS JOSE c/ COOPERATIVA DE PRODUCTORES YERBATEROS DE JARDIN AMERICA s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-17

El actor se desempeñaba en la tareas de cintero o cintero foguista, que a mi criterio es lo mismo, -téngase presente que tenía a su cargo el mantenimiento del sistema de presecado y secado de la yerba, que debía controlar la temperatura de ese proceso para que la yerba tenga buena calidad; no laboraba durante todo el año sino de abril/mayo a septiembre/octubre. Por ello concluyo que la actividad desempeñada por el Sr. José Luis, actor en autos, era la de cintero foguista.- Esta categoría no es permanente sino temporaria porque el personal allí categorizado se desempeña en una actividad cíclica o temporaria y no permanente.- Obviamente que al ser trabajador temporario no resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 76 que dispone en sus incisos a) y b) de la Ley 22.248 el pago de ítems indemnizatorios, correspondiente solamente al empleado permanente.
Prueba pericial, anticipo de gastos, remoción del perito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO HIPOTECARIO NAC. c/ FERNANDEZ ADOLFO JOSE. s/ REC.VIVIENDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-29

Habiéndose decidido la remoción del perito, correspondía también disponer la devolución del importe que se le anticipó en virtud de la norma del art. 463 del cód. Proc., Con más el incremento correspondiente al demérito sufrido por la moneda desde que aquél dispuso de los fondos. Ello así, pues el reajuste no constituye en definitiva una ganancia o pérdida si el tema es enfocado desde el punto de vista adquisitivo de la moneda, esto es, atendiendo al papel que a ella cuadra en el intercambio o como medio de satisfacción de daños ocasionados al patrimonio de terceros.
Seguros, siniestro, asegurado, obligaciones, cobertura, prima, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE Nro. 30542 ORTIZ, RAÚL JAVIER c/ MALLEA CASTRO, JUAN ALEJO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-11-21

Aparece con toda su fuerza y claridad la idea de la suspensión de la cobertura que pesa sobre el asegurado cuando éste incumple alguna de las obligaciones a su cargo, entre las que se encuentra el pago de la prima.
Pago, aceptación sin reserva
Materia: CIVIL
Carátula: OBEJERO PAZ, Carlos Arturo c/ CONS. PROP. SANTA FE 2664-66-68 s/ DAÑOS  Y PERJUICIOS - PAGO - EFECTOS - FUERZA CANCELATORIA - ABSOLUTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Para poder discutir la fuerza cancelatoria absoluta del pago es preciso que al recibírselo se haya efectuado la pertinente salvedad, pues de lo contrario, el "accipiens" no puede pretender que lo percibido, al tiempo en que se recibió, no se ajustaba a lo debido, ya que ha consentido la liberación del deudor que constituye un derecho incorporado al patrimonio de éste.
Despido por matrimonio, presunciones, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Palacios, Juan Alberto c/ Calia S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-14

La extinción de la relación laboral adoptada por el empleador dos meses después de haber contraído nupcias el trabajador, sin invocación de causa legítima, equivale a su despido arbitrario, adquiriendo plena vigencia la presunción legal establecida en el art. 181 de la Ley de Contrato de Trabajo y el derecho al cobro de la indemnización prevista en el art. 182 del régimen legal citado.
Excarcelación, resolución denegatoria, circunstancias que impiden la excarcelación, robo calificado, robo con violencia en las personas, víctima del delito, persona de edad avanzada, protección de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: G. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-07

Corresponde confirmar el fallo que denegó la excarcelación a un procesado con prisión preventiva, en orden al delito de robo agravado por haber sido perpetrado mediante escalamiento y por su comisión en poblado y en banda (arts. 45 y 167, inc. 2 y 4, en función de lo dispuesto en el art. 163 inc. 4, del CP), puesto que la gravedad del episodio y la forma violenta de ejecución (ingreso al domicilio de una persona de edad avanzada, robándole dinero y golpeándolo) dan cuenta que la restricción de la libertad es la medida de coerción indispensable para cumplir con los fines del proceso y la protección de la víctima.
Impuestos, medidas cautelares
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Firestone de la Argentina SAIC. s/ recurso de apelación -IVA.- medida de no innovar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

El regimen de medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez.
Emergencia económica, pesificación, interpretación de la ley, equilibrio contractual
Materia: CIVIL
Carátula: Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

La razonabilidad del art. 11, primer párrafo, de la ley 25.561 (texto según ley 25.820) radica en la plausible presunción de que la devaluación general de la economía produjo una desvalorización de los bienes y servicios pactados en los contratos. Por tal motivo, si se mantuviese la obligación de pagar el precio pactado en dólares u otras divisas, el contrato perdería el equilibrio económico original. Esta interpretación se ve confirmada por el segundo párrafo de dicha norma, que autoriza el reajuste cuando dicha presunción general no se cumpla y la regla de pesificación conduzca a una notoria asimetría entre el valor de "la cosa, bien o prestación" y el precio (Voto de la Dra. Carmen M. Argibay).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Roldán, Antonio Benjamín c/ Sáez, Rubén Francisco y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

El abuso no desborda radicalmente el ejercicio de la función, por representar una prolongación, aunque patológica, de la misma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)