Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-11


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 11 de 2010.

Y Vistos; Considerando:

I- La Sra. Juez de Primera Instancia resolvió rechazar la presente acción interpuesta por Alejandro Sánchez Kalbermatten, con costas.

Para así decidir, señaló que compartía en su totalidad los argumentos y conclusiones que habían sido expuestos por el Sr. Fiscal en el dictamen de fs. 119/21, a los que remitió por razones de brevedad. Asimismo, destacó que tampoco hubiese resultado procedente la acción de amparo, atento que de las circunstancias de la causa, no se advertía la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que en forma actual o inminente lesionara, restringiese o amenazara los derechos garantizados por la Constitución Nacional (conf. art. 14 C.N. y art. 1º de la ley 16.986), que había sido alegada por la actora (vide fs. 122).

II- Contra la sentencia dictada en la causa, la parte actora interpuso recurso de apelación y nulidad, expresando sus agravios en la misma presentación de fs. 124/41.

El recurrente cuestiona -en primer lugar- la validez de la sentencia por haberse remitido a los fundamentos del dictamen fiscal. Por otra parte, se agravia por cuanto entiende que los argumentos del Ministerio Público Fiscal resultan pobres e inconducentes para el rechazo de la acción. Sostiene que los fundamentos fácticos y jurídicos que tornan procedente esta acción de amparo no han sido vistos ni por el Fiscal ni por la Sra. Juez de la instancia anterior, así como que éstos se sustentan en el accionar arbitrario, ilegítimo y antijurídico de la autoridad pública, respecto al suministro de información pública, amparada constitucionalmente. Formula varias consideraciones en torno al alcance del control judicial en la acción de amparo y a la formalidad de ésta en la tutela de los derechos constitucionales o legales. Afirma que lo expresado en el dictamen fiscal, al que se adhirió "in tottun", en el sentido que el amparo no es una vía idónea para dirimir la cuestión planteada en autos, resulta absurdo y no tuvo en cuenta las normas constitucionales y los tratados internacionales, que resultaron avasallados ante la denegatoria, que califica como intempestiva, autoritaria, ilegítima y antijurídica, irrazonable y contradictoria. Dice que el Sr. Fiscal saca de foco la acción realmente deducida que, está solo circunscripta a determinar la procedencia -o improcedencia- de la información requerida. Afirma que en función del "iura novit curia", los jueces pueden encuadrar debidamente las peticiones y, de ese modo, sea o no hábeas data, es evidente que el amparo es la única vía idónea y expeditiva para remediar esta denegatoria de información pública. Aduce que se encuentran reunidos los requisitos de admisibilidad del amparo, así como que no existe otra vía para conjurar el perjuicio. Critica los argumentos del dictamen en relación con la falta de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Estima que se ha perdido de vista que el informe pretendido es acerca de los antecedentes, registro de denuncias y currículum vital del Magistrado Dr. Sergio Torres, titular del Juzgado Federal Nº 12 de la Capital Federal y que, por lo tanto, dicha información sólo podía ser proporcionada por vía de la Superintendencia de Cámara, que es precisamente el lugar al cual se recurrió a tal fin. Invoca lo dispuesto en el art. 8 de la ley 23.187 y en el decreto 1172/03. Cuestiona que no se haya tenido en cuenta el principio constitucional de publicidad de los actos de gobierno receptado en diversos tratados internacionales. Destaca el derecho de acceso a la información que posee el ciudadano y menciona los fundamentos republicanos que justifican la publicidad de los actos de los funcionarios, aludiendo el principio de publicidad en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Indica que en lo que respecta a la información pública, la regla es el acceso y la excepción es el secreto. Sostiene que la falta de coto a estas actitudes de Superintendencia del Poder Judicial, de denegar autoritariamente peticiones de letrados, implica un extraño encubrimiento que va a contramano con cualquier política de transparencia. Hace referencia a las conductas de la Oficina Anticorrupción creada por la ley 25.233. Pide que este recurso sea tratado libre de presiones políticas, por el bien de las instituciones y de la República Argentina. También se agravia en relación con la imposición de las costas del proceso por cuanto se ha tratado de una causa que intentó ventilar y dar solución a problemas institucionales, más allá de las partes y en la que -en la peor de las hipótesis- debió primar la justificación de haberse obrado en la convicción de tener derecho y consecuentemente, aplicar la excepción que prevé el art. 68, segunda parte del C.P.C.C.

A fs. 159 y 160/4 vta., obran las contestaciones del traslado conferido a fs. 156, que han sido presentadas -respectivamente- por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y por el Estado Nacional-Poder Judicial de la Nación.

El Sr. Fiscal General se ha expedido en autos, mediante el dictamen de fs. 152/5, en el que dejó sentada su opinión favorable para que se confirme el pronunciamiento recurrido.

III- Antes de ingresar al tratamiento de los agravios es importante recordar que el tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento á un pronunciamiento válido (conf. C.S., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, "Torre, Hugo c/ CPACF", del 8/2/07; "Marroquín Urquiolá Ignacio Francisco c/ EN- Mº del Interior Prefectura Naval. Argentina s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.", del 19/7/07; "Sayago Horacio Adrián y otro c/ EN- PFA y otro s/ daños y perjuicios", del 11/10/07; "ATVC y otros- INC MED c/ EN- Mº Planificación- SECOM y otros s/ proceso de conocimiento", del 8/11/07; "Solanas Fernando Ezequiel y otros c/ EN-Mº Economía- Dto. 1953/09 s/ amparo ley 16.986", del 8/3/2010,entre otros).

IV- Sentado ello, cabe destacar que el art. 43, tercer párrafo, de la Ley Fundamental ha consagrado el derecho dé toda persona a interponer una acción expedita y rápida para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, contenidos en registros o bancos de datos públicos y, en caso de falsedad o discriminación, para exigir su supresión, rectificación, actualización y confidencialidad (Fallos 322:259), que ha sido denominada "hábeas data".

Por su parte, la acción de amparo se encuentra prevista contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesiona, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, un tratado o una ley (art. 43, párrafo 1º de la Constitución Nacional).

Si bien el tratamiento de ambos institutos se ubica en la misma norma de la Constitución Nacional, la acción de hábeas data, a diferencia del amparo, tiene un objeto preciso y concreto que consiste básicamente en permitir al interesado controlar la veracidad de la información y el uso que de ella se haga. Por lo que, frente a esa relevante distinción, la procedencia de la acción de hábeas data no se halla sujeta a "la comisión de conductas arbitrarias e ilegítimas", recaudos propios de la acción de amparo, pero no de la mencionada en primer lugar (conf. C.S., Fallos 328:797; disidencia de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).

En este sentido, es dable poner, de relieve que si bien el art. 37 de la ley 25.326 establece que la acción de hábeas data "tramitará" según las disposiciones de esa ley "...y por el procedimiento que corresponde a la acción de amparo común...", no cabe desconocer las diferencias que existen respecto al ámbito de conocimiento de ambas vías procesales (acción de amparo y acción de hábeas data), mas allá de las disposiciones legales que -en cada supuesto- resulte pertinente aplicar para determinar su trámite o procedimiento (esta Sala, "Martín Sergio Alfredo c/ EN- Mº Justicia-PFA s/ hábeas data", del 25/3/09).

Es que, el objeto de ambos no puede ser asimilado, en tanto resultan claramente diversos. Adviértase que, de conformidad con lo establecido por el art. 33 de la ley 25.326, la acción de protección de los datos personales o hábeas data sólo procede para: a) tomar conocimiento de los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes y la finalidad de aquéllos y b) en los casos en que se presuma falsedad, inexactitud; desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido en la presente ley, para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización; rectificación mientras que el ámbito de conocimiento del amparo resulta de notable mayor amplitud, de acuerdo con lo previsto por el art. 43, inc. 1º de la Constitución Nacional y la ley 16.986.

Siendo ello así, para la procedencia del hábeas data no se requiere -en principio- arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, dado que procede frente a la mera falsedad en el contenido de los datos o la discriminación que de ellos pudiere resultar y aún sólo para conocer dichos datos, sin que sea necesario que ellos vulneren inmediatamente derechos o garantías constitucionales (en igual sentido, Sala IV, "Gaziglia, Carlos Raimundo y otro c/ B.C.R.A. y otro s/ amparo ley 16.986), del 4/10/5; Sala II, "Cabaña Arrianita S.A. c/ BCRA y otro s/ hábeas data" del 14/3/00; Sala V, "Zehnanovich Pablo José c/ BCRA s/ hábeas data", del 12/12/01).

V- En el caso, Alejandro Sánchez Kalbermatten promovió esta acción de amparo en relación con la denegatoria de la información requerida a la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional Federal: de esta Ciudad, con el objeto que se le emitiera (ante la presentación efectuada -el 12/3/09- en carácter de ciudadano, periodista y abogado) un informe escrito concerniente a los antecedentes, registro de denuncias y currículum vital del Sr. Juez Federal, Dr. Sergio Torres (v. fs. 2/13 y fs. 86).

En estos términos, se trata de una acción de amparo, promovida por una persona que requiere el acceso a la información -que reputa de carácter pública- sobre determinados datos de un magistrado del Fuero en lo Criminal y Correccional Federal y que ocurre a esta instancia judicial, con motivo de la denegatoria por parte de quien -en carácter de Presidente de la Cámara respectiva- se encontraba en ejercicio de su función de Superintendencia de ese Tribunal.

Frente a ello y más allá de no haber sido el cauce escogido en el escrito de inicio, cabe desechar todo análisis que pretenda ser efectuado en el ámbito de la acción de hábeas data; por lo que no corresponde expedirse acerca de la procedencia o improcedencia de lo pretendido bajo los recaudos de esa vía procesal, a pesar del procedimiento implementado en la causa por aplicación de lo dispuesto en la ley 25.326 (vide fs. 28 y 46).

Es que, sin que resulte necesario formular mayores precisiones al respecto, la inviabilidad de la petición a través de la acción de hábeas data se advierte con sólo repararen las limitaciones establecidas sobre la legitimación activa en el art. 34 de la ley 25.326. Ello es así, pues la acción de hábeas data puede ser ejercida, "...por el afectado, sus tutores o curadores y los sucesores de las personas físicas...", para tomar con conocimiento de los "datos personales". Es decir, que se trata del acceso a los datos concernientes a la parte peticionante en concreto (conf. Sagüés, Néstor P., LA LEY, 1994-D, 1151 y ss.), o en un criterio que no se ajusté -con excesivo rigor formal- a la literalidad del texto del art. 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional, con ampliación a los familiares directo, según doctrina que ha sido fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. precedente "Arteaga, Facundo", en Fallos: 321:2767). Por lo que, más allá de las divergencias interpretativas que se pudieran suscitar a fin de reconocer legitimación activa a personas no titulares de los datos, aunque -en todos los casos- relacionados por vínculos parentales (v. Peyrano, Guillermo F., "Régimen legal de los Datos Personales y Hábeas Data", ap. 1º, Lexis Nexis-Depalma 2002, Lexis Nº 8004/003123, en igual sentido, Quiroga Lavié, Humberto, "Hábeas Data", Zavalía Ed.-2001, pág. 43/4); lo cierto es que -sin duda- no alcanza al caso sub examine; en el que se persigue el acceso a antecedentes correspondientes a un Juez de la Nación.

VI- De este modo, encuadrando la cuestión planteada en la litis en los términos de la acción de amparo, corresponde destacar que la ley 16.986 no ha sido derogada expresamente por la reforma constitucional de 1994 y que, en tanto no se oponga a su letra y espíritu, subsiste la vigencia de los recaudos de admisibilidad establecidos por ésta. Así, su apertura requiere, circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede -eventualmente- ser reparado acudiendo a la vía urgente y expedita del amparo de conformidad con lo establecido en el art. 43 de la Constitución Nacional y el art. 1º de la ley 16.986 (conf.C.S., Fallos 319:2955; 321:1252; 327:2459; 330:2877; etc.; esta Sala, "Kenny Carolina y otros c/ EN-Mº Defensa- Dto. 1386/06 s/ amparo ley 16.986, del 18/12/06; "Horianski Claudia Analía c/ EN- Mº Interior- PSA- Dto. 1088/03 y 147/05 s/ amparo ley 16.986, del 19/9/07; "INSUGRA S.A. c/ EN -ley 26095- Dto. 1216/06- Mº Planificación Res. 2008/06 y/o y otros s/ amparo ley 16.986", del 26/6/08, entre otros).

Además de ello, es indispensable que se acredite -en debida forma- la inoperancia de las vías ordinarias existentes a fin de reparar el perjuicio invocado (C.S., Fallos: 274:13; 300:1231), o que remisión a ellas produzca un gravamen serio no susceptible de reparación ulterior (C. S., Fallos: 263:371; 270:176; 274:13; 293:580; 294:452; LA LEY, 1976-D, 650, 33.836-S; 1976-C, 262; 301:801; 303:419 y 2056; 307:2419; esta Sala, "Asociación Bancaria", del 11/10/96; "Lucas, Osvaldo", del 26/10/00 "Peralta Carlos Luis", del 26/4/06; "Dow Agrosciences Argentina SA", del 3/11/06; "Borrego Stella Maris", del 7/3/07; "Romero Pedro c/ EN- SENAREHAB s/amparo ley 16.986", del 3/9/10, entre otros).

En la especie, teniendo en cuenta las pautas indicadas, no le asiste razón al recurrente en cuanto afirma que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad de la acción de amparo.

En efecto, a pesar del esfuerzo en las argumentaciones propuestas a esta instancia, el actor no ha logrado rebatir lo que ha sido indicado por el Sr. Fiscal ante primera instancia, respecto a que no se advertía arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el proceder de la demandada, ya que no se encontraba acreditado que el demandado hubiese denegado la información solicitada, pues -mediante lo decidido con fecha 12 de marzo de 2009- se remitió a lo ya proveído (fs. 87), en cuanto a la exigencia de aclarar los motivos que fundaban la requisitoria (fs. 88).

Al respecto, cabe poner de relieve que la providencia en cuestión aparece, así, ajustada a las disposiciones de Superintendencia del Fuero respectivo, que fueron fijadas por el Tribunal -en Pleno- en el Acuerdo General del 22/11/06, en el que ha sido ponderada la necesidad de salvaguardar el buen nombre, honor de las personas y el principio de inocencia, al establecer que la Presidencia de esa Cámara examinaría las peticiones en cada caso, cuando se requiriese información sobre los datos, dado que el registro informático de causas no operaba como registro de antecedentes penales, sino como un registro histórico de las carátulas de las causas iniciadas.

En ése orden de ideas, también es preciso recordar -como ha sido destacado en el informe de fs. 101/106- la raigambre constitucional de las disposiciones de superintendencia emanadas de la autoridad judicial, en cuanto el art. 113 de la Constitución Nacional establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictará su reglamento interior; así como que esta indiscutible competencia ha sido, a su vez, delegada en las Cámaras nacionales y federales de apelación mediante el dictado de otras normas.

Así, de cara a la situación planteada en autos, se evidencia que el Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional, en ejercicio de sus funciones, dispuso estar a lo ya proveído, limitándose a la aplicación -al caso- de lo que se hallaba previsto en una disposición de Superintendencia de ese Fuero (vide fs. 87 y 88). De modo tal que el requerimiento de una aclaración sobre los motivos del pedido efectuado, no ha importado -de por sí- una denegatoria de la petición, sino la exigencia de cumplimiento de los recaudos establecidos por el Tribunal en pleno. Y, siendo ello así, no se advierte que -en la causa- pueda considerarse configurado un supuesto de ilegalidad o arbitrariedad de carácter manifiesto, que torne procedente esta excepcional vía de la acción de amparo.

Además, en orden a esa exigencia relativa a la justificación del pedido de acceso a la información, no es dable soslayar la índole penal de algunas de las constancias requeridas, respecto a las que rige -como principio- la limitación que se impone a todo ente oficial que lleve registros de tal naturaleza, atento la obligación de abstenerse de informar sobre tales datos, que emerge de lo dispuesto por el art. 51 del Código Penal.

Asimismo, en cuanto a lo proveído a la solicitud del actor, no es dable soslayar que el art. 7º, inc. 4, de la ley 25.326, establece que los datos relativos "... a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas".

Circunstancias estas, que no han sido debidamente ponderadas por el recurrente, quien invoca lo dispuesto por el decreto 1172/2003, a pesar de que esa normativa que prevé el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, no resulta aplicable a la especie. Además, el apelante en cuanto considera el principio de publicidad respecto de los actos del Poder Judicial, se limita a remitir a la aplicación de las normas que regulan el proceso civil y comercial, omitiendo toda referencia al Código Penal -antes citado- que es el que rige en el ámbito jurisdiccional en el que la información ha sido solicitada y, además, se ajusta a la índole de los datos en cuestión.

Desde esta perspectiva y toda vez que -en autos- no se encuentran configurados los presupuestos que tornan procedente la acción de amparo, corresponde Confirmar la sentencia apelada.

VII- En lo atinente al planteo de nulidad efectuado por el recurrente, cabe destacar que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia (conf. art. 253 del C.P.C.C.) y que, en consecuencia, en la medida que los agravios puedan ser reparados por vía de la apelación no corresponde considerar el de nulidad (C.S.J.N., Fallos 267.293; 273:134; 300:1047; 305:1831; esta Sala, "Naveda Jorge Adrián c/ Estado Nacional- Mº de Justicia s/ daños y perjuicios", del 13/5/08; entre otros).

Además, en la causa, la nulidad planteada no resulta admisible en tanto la sentencia se encontró fundada por remisión -en parte- a las consideraciones vertidas el dictamen fiscal, resolviéndose -así- la controversia suscitada en autos. De esa forma, en el caso, se dio resolución al juicio, mediante una decisión positiva que satisface (equivocada para el actor), los términos que hacen al objeto de la demanda y que, por lo tanto, obsta a la nulidad acusada (conf. C.N.Civ. y Com. Fed., Sala 3, "Descartables Caromar SA", del 31/3/09).

Por lo demás, en la especie, tampoco se advierte perjuicio alguno (conf. art. 172, 2do. del Código Procesal), si el apelante ocurrió a esta instancia, fundó su recurso criticando puntualmente las consideraciones que dieron sustento al dictan en fiscal -a las que remitió la juez de la instancia anterior y, en la presente, se ha dado tratamiento a los mismos, mediante este pronunciamiento por el que se decide confirmar la sentencia apelada.

VIII- Finalmente, tampoco corresponde modificar lo decidido en relación con las costas de primera instancia, que han sido impuestas a la parte vencida.

En efecto, en el caso, no se advierte razón alguna para apartarse del principio objetivo de la derrota, que impone al perdidoso cargar con las costas del proceso (conf. art. 14 de la ley 16.986 y art. 68 del C.P.C.C.). Por lo que, en atención al resultado de autos, corresponde mantener la imposición de las costas de primera instancia y también establecer que las correspondientes a la Alzada, deben ser soportadas por el actor vencido.

Por lo tanto, se Resuelve desestimar el recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia, confirmar la sentencia que rechazó la presente acción de amparo. Costas de ambas instancias, a la parte vencida (art. 14 de la ley 16.986 y art. 68 del C.P.C.C.).

Oportunamente serán regulados los honorarios de los profesionales que intervinieron por ante esta instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. -Jorge Esteban Argento. - Carlos Manuel Grecco. - Sergio Gustavo Fernández.