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Derechos y garantías constitucionales, ley procesal, exceso ritual manifiesto, verdad jurídica objetiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Rosario Compañía de Seguros c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

Las cargas rituales nutren su legitimidad en el supremo interés de coadyuvar al correcto desenvolvimiento del juicio, en aras del principio de seguridad y del resguardo de la verdad objetiva, pero en cambio, reforzadas y desnaturalizadas exacerbándolas en sí mismas en desmedro de dicha verdad, sólo se transmutan en valladares vacíos de derecho, que sólo dificultan o bien frustran el servicio de justicia.
Sentencia consentida, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones La Plata S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

La circunstancia de que la autoridad administrativa se haya abocado al tratamiento de la cuestión de fondo que había quedado firme formalmente por el transcurso de los plazos de impugnación, no genera el derecho de replantearla por vía judicial.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOngora Erminda c/ Fiore Prisapio y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-22

Para que la frustración de la chance sea resarcible, deviene insoslayable que se trate de una posibilidad a concretarse en un tiempo más o menos cercano, pues lo que constituye su esencia es la existencia de suficientes elementos que permitan sostener fundadamente la probabilidad de su materialización.-
Indemnización por accidente de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, ISIDRO c/ ASEMP S.A. Y OTROS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-07

Tal como lo sostuve al votar en la causa "Díaz, Deciderio c/ Campaño, Claudio y otro s/ accidente" (SD 82016 del 20/03/01), el sistema establecido por el art. 39 de la ley 24557 (inc. 1 y 2) implica un agravio constitucional, lo que, en definitiva, impone declarar su ineficacia jurídica. La adopción de las medidas más convenientes, según las circunstancias históricas dadas, para la buena marcha de la economía, o el bienestar de los ciudadanos es de competencia legislativa, y obedece a consideraciones políticas que no es dado a este Tribunal revisar. Pero, cualquiera sean esas motivaciones o razones, las medidas legislativas tienen por marco la competencia de los órganos que las dicten y por límite las garantías constitucionales. Cualquier exceso de ese marco o abuso de esos límites, como en el caso concreto, donde se encuentra afectada la garantía de igualdad, obliga al Poder Judicial a restablecer la primacía de la constitución sobre las normas inferiores que la conculquen. (Del voto del Dr. Guibourg).
Plan de parentalidad, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F., A. M. c/ Z., E. F. s/ Cambio reg. visitas. Abone cuotas aliment. atrasadas. Se eleve.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-01

La jurisdicción internacional del juez de España, determinada con un criterio acorde al que establece el art. 227 del Cód. Civil, no se agotó con el dictado de la sentencia que declarara la separación del matrimonio y que a su vez mantuviera en su totalidad las medidas que han versado sobre la guarda y custodia de las hijas del matrimonio, así como el régimen de visitas, el uso del domicilio conyugal y los alimentos para las hijas y esposa, medidas que hacen al cumplimiento o ejecución de dicha sentencia y, por lo tanto, subsiste la competencia en la esfera internacional para conocer de dichas cuestiones por aplicación de la doctrina que emerge del art. 499 inc. 1 del Cód. Procesal. De allí que todo lo relativo a la modificación o cesación de las aludidas medidas hace la jurisdicción internacional del juez de dicha causa.
Subasta judicial, adquirente en subasta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Comercial del Tandil S.A. c/ Esquerdo y Figueroa, Elena A. y otra s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-10

No hay una norma expresa que imposibilite al ejecutante -o a alguna sociedad que estuviera con él vinculada- a presentarse para ofertar en la subasta junto con otros terceros, lo que expresamente se le reconoce en algunos códigos procesales provinciales y admite la doctrina.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Canzoneiro, Carlos Arturo s/ Lesiones culposas Daga, Filiberto s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10|1997-09-16

Para determinar qué se ha querido significar cuando el art. 67 del Código Penal se refiere a "juicio" se debe considerar que los antecedentes parlamentarios de la ley 13.569 -que sustituyó el art.

67 del Código Penal- revelan que, en materia de interrupción de la prescripción de la acción, dicha ley tenía por finalidad impedir las maniobras dilatorias que en los procesos perseguían el propósito de obtener la prescripción. De modo que una interpretación teleológica de la norma permite ver que, al incorporar como causal de interrupción de la prescripción a la "secuela del juicio", la ley ha querido referirse a la acepción amplia de "juicio", toda vez que es evidente que tales maniobras podrían producirse en cualquier etapa del proceso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: LABORAL
Carátula: Caruso, Pablo C c/ Eland SA y otros s/ Daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-27

Salvo circunstancias especiales, las responsabilidades del dueño y del guardián de la cosa no son subsidiarias ni excluyentes sino conjuntas o concurrentes, de donde la presencia de uno no exime el deber de resarcir del otro.
Costas, costas al vencido, vencimiento parcial y mutuo, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: Y. M., J. L. c/ S. W. T. S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-10-07

En materia de costas rige el principio de imposición al vencido, esto es, a quien el rechazo total de la demanda obtiene un pronunciamiento adverso, aún cuando la pretensión del actor sólo prospere en parte.

En consecuencia, no puede hablarse de vencimiento mutuo si no existen pretensiones recíprocas entre las partes, como sucede en el caso de la reconvención, en el cual las costas se distribuyen en proporción al éxito obtenido por cada una de ellas.
Acción meramente declarativa, revisión judicial de actos administrativos, acto administrativo, dictámenes, Comunicaciones, habilitación del establecimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Productores de Frutas y Hortalizas S.A.C.I. c/ Gobierno de la Cdad. de BS. As. s/ Acción Meramente Declarativa de la Cdad. de BS. As. s/ Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-05

En el caso, la apelante promovió acción declarativa de certeza, solicitando se dicte sentencia que declare válida y en vigencia la habilitación dispuesta por la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para el ejercicio de la actividad de depósito y venta de frutas y hortalizas en un determinado predio. El juez de primera instancia tiene por no habilitada la instancia judicial y declara improcedente la acción.

Este tribunal considera que, en el sub lite, debe hacerse expresa referencia, a los fines de considerar la procedencia de la acción que se intenta, a los elementos probatorios producidos en autos. Estas constancias se refieren a diversas publicaciones de noticias que informan de una clausura "ordenada" por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. De la inmediata lectura de estas evidencias se desprende que el referido dictamen de la Procuración local efectivamente ha producido un perjuicio en cabeza de la actora, en razón de que el mismo ha suscitado sendas intimaciones cursadas mediante carta documento requiriendo a la presentante que informe si cuenta con la debida habilitación, con la advertencia de reclamar daños y perjuicios en virtud del ilícito contractual que quedaría configurado.

Es por ello que, merced a las circunstancias de hecho por las cuales un mero dictamen se ha confundido públicamente con una decisión final de la administración, corresponde hacer lugar a la acción intentada. Requerir un pronunciamiento de la administración y, eventualmente -de confirmarse la opinión de la Procuración-, iniciar el proceso impugnatorio en sede judicial, implica, ante la trascendencia que han tomado los hechos del caso, negar a la actora un accionar positivo, como es la acción declarativa de certeza, que despeje la incertidumbre y el temor que un dictamen, sin la entidad legal para ello pero en función de trascendidos usualmente ajenos a cuestiones de técnica jurídica, ha suscitado. En tal sentido, existiendo vías de acceso a la justicia que en forma positiva despejen el dilema planteado, resulta reñido con una efectiva tutela judicial remitir a la presentante a la espera del acto administrativo o de la conformación del silencio de la administración, en tanto denegatoria tácita. Máxime apreciando los intentos de iniciar acciones judiciales con que se apremiara a la actora ante la publicidad de la actuación de la Procuración. De este reconocimiento, surge netamente el carácter preventivo de la acción declarativa, la cual no requiere de la existencia de un daño consumado en resguardo de los derechos (cf. Fallos 311:2104).
Actos y diligencias procesales, proceso judicial, incidentes, nulidad del acto jurídico, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO COMERCIAL DEL NORTE c/ CORREA LLANO s/ Ejec (LIBRO: A063 - 231)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-05-05

La publicacion edictal, como medio de notificación, es especial y hace presumir el consentimiento de la persona a quién o quiénes va dirigida, computándose el plazo desde la primera publicación. En este supuesto cabe tener presente lo que dispone el art. 72 y en especial el art. 250 inc. 7o. CPC. que contempla especificamente la cuestión controvertida.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, titular del automotor, responsabilidad del titular del automotor, denuncia de venta
Materia: CIVIL
Carátula: COVEY,  Marta Susana c/ RAFFIN, Roberto Fabián y otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-06

El titular registral del vehículo es civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el vehículo en su carácter de dueño de la cosa hasta que inscriba la transferencia (art. 27 del decreto ley 6583/58 reformado por la ley 22.977). Para evitar situaciones injustas derivadas de la aplicación estricta de este principio, la ley posibilita la eximición de responsabilidad si el titular efectúa la denuncia de venta de la unidad ante el Registro. Con esta comunicación opera la revocación de la autorización para circular, si el titular la hubiese otorgado y no se efectuó la transferencia en el término fijado por el art. 15. Del voto de la mayoría (Dras. Castro y Ubiedo)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, doctrina legal, industria metalúrgica, laudo arbitral
Materia: LABORAL
Carátula: Gigena, Raul y otros c/ Cametal SA s/ ¿Son aplicables las disposiciones del laudo 29-75 a los  establecimientos metalúrgicos que como actividad de la industria  metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros  en general? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

Las disposiciones del Laudo 29-75 son aplicables a los Establecimientos Metalúrgicos que como actividad de la industria metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros en general.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Derecho laboral, despido
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTAGNINO, JOSE LUIS c/ MOLINOS Y ESTABLECIMIENTOS HARINEROS BRUNING S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-21

El planteo consistente en que el despido aparece como desproporcionado con la falta cometida resulta insuficiente en orden a desvirtuar las consideraciones expuestas por el Tribunal respecto a que tanto la antigüedad laboral del actor, como el hecho de haber registrado anteriormente sanciones de escasa entidad, no impiden sostener que su conducta de modo autónomo califica en el estándar de gravedad incompatible con la prosecución del vínculo.
Accidente de tránsito, prueba, titularidad del dominio, titular del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: QUIJADA HECTOR c/ PASKVAN ALBERTO RODOLFO s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-19

El art. 1110 del Cód. Civil, confiere derecho a reclamar los daños y perjuicios emergentes de un hecho ilícito, no sólo al dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño, sino también al usufructuario o al usuario, si el daño irrogase perjuicios a su derecho. De esta manera se deduce que para que el propietario y el usuario o usufructuario puedan obtener el resarcimiento de los perjuicios, es necesario que hayan sufrido un daño. El nudo propietario, no puede exigir el pago de los derivados de la privación del uso y, a su vez el usuario, usufructuario o tenedor, carecen de derecho a reclamar por la minusvalía o pérdida total experimentada por un automóvil, o por una motocicleta, porque no revisten el carácter de propietarios, salvo que tengan obligación de responder por ello y que el dueño esté ausente (conf. art. 1110 del Cód. Civil, última parte). En determinados casos puede haber pluralidad de sujetos damnificados que reclaman daños distintos derivados del mismo hecho. El demandado por los daños y perjuicios emergentes de un accidente tiene derecho que, en el caso que se reclame el valor de reposición del vehículo, se acredite la propiedad o los extremos indicados -que deba responder por él como usuario, usufructuario o tenedor o que el propietario se encuentre ausente- porque sólo está obligada a pagara a quien corresponde (art. 731 del Cód. Civil). Si el pago es efectuado a favor de un tercero que no está legitimado para recibirlo, tal pago es inválido frente al acreedor, para quien sería inoponible, pues la recepción del pago por parte del tercero, sería para él "res inter alios", conservando intacta su acción de cobro contra el deudor, quien se verá precisado a reiterar el pago a favor del acreedor. Quien paga mal, paga dos veces, por lo que cabe rechazar el rubro gastos de la motocicleta destruida.
Empleados públicos, remuneración, adicional por subrogancia, asignación de funciones, cargo, relación de dependencia, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Iskandar, Norberto Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 54-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

No puede prosperar el recurso interpuesto por el que se pretende diferencias salariales entre la categoría 5 con la 11, si de ninguna de las constancias obrantes en la causa surge que las tareas prestadas deban ser remuneradas con una categoría superior a aquellas en que revistaba el recurrente en los períodos que motivaron sus reclamos, ni que se hayan asignado funciones que signifiquen un "ascenso" de categoría para él, razón por la cual no puede otorgarse a la situación que derivó en sus reclamos otro alcance que el de, en todo caso, una modificación que no excede el contenido normal de la relación de empleo, estando habilitada la Administración para decidirlo así, pues si bien la persona nombrada está solamente comprometida para los servicios que entran en la especie de la función indicada, dentro de esa especie está sometida a las disposiciones unilaterales de la autoridad jerárquica, de modo que la atribución de funciones razonablemente comprendidas en el contenido de la obligación de servir resulta legítima y responde a la supremacía jurídica especial, accesoria a la relación de empleo público, que ostenta la Administración demandada.
Vivienda adecuada, Municipalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Defensora de los Derechos del Niño y Adolescente e/r de los menores C.M.E; C.L.S.; G.M.A. Y B.O.M. c/ Provincia del Neuquén s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-02-26

Deviene acertado el rechazo del sentenciante de grado, a la solicitud de citación de la Municipalidad de Zapala, en un amparo iniciado a fin de que se haga efectiva la operatividad derivada del derecho a una vivienda digna para los menores de autos, entendiendo el quejoso que necesariamente dicho municipio se encuentra alcanzado por la sentencia, dado que es quien brinda ayuda económica a los menores conjuntamente con el Estado Provincial, pues la intervención de terceros en el marco de la acción de amparo, es de carácter restrictivo. Y, si bien asumo la trascendencia que posee la articulación de políticas entre los distintos estamentos estatales dentro del plan constituyente local, como expresión del federalismo de concertación que ha campeado el espíritu del poder constituyente reformador de 2006, no encuentro que el rechazo del
Medida cautelar genérica, acción declarativa de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Corporación de rematadores y corredores inmobiliarios - Mutual c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-02

El Tribunal ha expresado reiteradamente que, por principio, el dictado de medidas cautelares no resulta compatible con el instituto previsto en el art. 113, inc. 2, de la CCBA.
Cosa juzgada, monto de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Blanco, Adolfo c/ SA Organización Coordinadora Argentina s/ Mobbing
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-10

El actor obtuvo, a través de la causa originaria, una reparación integral dirigida a reparar los efectos dañosos de la ilicitud que imputara a su ex empleadora. Luego, con nuevos fundamentos jurídicos, esgrime un nuevo proceso, pero ellos no son hábiles para renovar el mismo planteo, que fue juzgado con anterioridad, en toda su extensión y sobre la base de una plataforma fáctica que reconoce identidad. Las objeciones al quantum del resarcimiento que fue fijado en el proceso precedente por los jueces de la causa, debieron ser canalizadas a través de los recursos que prevé el ordenamiento procesal, tanto ordinarios como extraordinarios; no a través de la reedición de una contienda que ya fue zanjada con amplitud, pues ello conllevaría el desconocimiento de los efectos de la res iudicata y la lesión consiguiente de la garantía constitucional de propiedad.
Encargados de casas de renta, empresa de limpieza, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: APLICHE, HIPOLITO c/ SURASSUR SACIF. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-07-30

El trabajador no es sujeto de un contrato laboral, cuando trabajando como mayordomo en un consorcio de propietarios, con un horario determinado, se desempeña durante el mismo, en una pequeña empresa de su propiedad, de limpieza de oficinas, ejecutándolo por sí, para obtener finalidades económicas concretas, con objeto y dirección precisos, y de un modo estable y permanente.
Responsabilidad objetiva, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Martinez, Pedro Marcelo c/ Autopista Del Sol S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-05

Cabe rechazar una demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente que habría ocurrido en una autopista en razón de una supuesta boca de tormenta sin tapa, y sin indicación alguna, pues tratándose de una responsabilidad objetiva, incumbía a la actora demostrar no sólo el daño sino también la participación en el hecho de una cosa viciada o generadora de riesgo, de la que el demandado sea dueño o guardián, y la relación de causalidad entre el primero, el hecho y la cosa, mientras que el recurrente sólo presentó las constancias de pago del peaje, y certificados de atención médica, que si bien acreditan que el actor sufrió lesiones, no constituyen prueba de que las mismas fueran consecuencia de su caída en la boca de tormenta.
Despido sin causa, pérdida de confianza, redes sociales, comunicación de la causa del despido, defensa en juicio, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: B. F., H. G. c/ Federación Argentina de Empleados de Comercio y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-29

Resulta injustificado el despido de la trabajadora que fue acusada de divulgar información de índole privada y laboral de uno de sus superiores a través de redes sociales, dado que, con los términos en que quedó trabada la litis, era carga de la parte demandada acreditar la existencia y la magnitud injuriante de los hechos que invocó como causa del despido, y la comunicación que adquirió plenos efectos extintivos de la relación laboral, no satisface con estrictez lo establecido por el art. 243 de la LCT, cuyas pautas velan por salvaguardar el ejercicio del derecho de defensa en juicio de la trabajadora despedida. Además, tampoco hay evidencia de que, previo al despido, la empleadora haya realizado una investigación o sumario interno en pos de demostrar las imputaciones que dirigió contra la trabajadora como configurativas de una pérdida de confianza que hace imposible la continuidad de la relación, lo cual implica un total apartamiento por parte de la empleadora de los principios y deberes consagrados en los arts. 10, 62 y 63 de la LCT.
Procedimiento judicial de la seguridad social, beneficios previsionales, carácter alimentario, caducidad de instancia, seguridad jurídica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: PALMA, RAFAEL RAMON c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-28

Afectaría el principio de seguridad jurídica revertir la doctrina sentada por el Tribunal en la causa Lanata, Norberto Abel (sent.

del 10.09.97), luego de tres años de pacífica vigencia en la Sala, sin que ningún litigante la objetara ni surgiera hecho alguno que justificara el repliegue de la misma; tanto menos si se repara que ella coadyuvó a atenuar el rigor interpretativo de la norma en lo tocante a su aplicación ex officio. (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Herrero)
Sociedad anónima, responsabilidad de los directores, actos en competencia con la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEREZ COTAPOS LARRAIN, JULIO c/ HINZ, PABLO s/ MED. PRECAUTORIA S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-08

La prohibición descripta por la LS: 273, no solo se refiere a la actividad de los administradores actuando en nombre y por cuenta propia, sino también por cuenta de terceros, ya sea como directores, ya sea como directores de otra sociedad que desarrolla idénticas actividades o como mandatarios, comisionistas, gestores de negocios, etc.
Beneficios previsionales, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BENITEZ, JUAN ANDRES c/ ESTADO PROVINCIAL Y CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-03

Una vez que ha cesado o que ha fallecido, su derecho queda fijado, en lo sustancial, por el hecho de la cesación o de la muerte y, por ende, se va a regular de acuerdo con la ley vigente en ese instante.