Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-15


--- En la ciudad de Trelew, a los días de noviembre del año dos mil diez, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "I., J. C. c/ P. y C. S.A. s/ cobro de haberes e indem. de ley" (Expte. Nº 461 - año 2010) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es técnicamente suficiente el recurso impetrado?, SEGUNDA: En su caso, ¿es justa la sentencia apelada? y TERCERA: ¿Qué pronun-ciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 109.------ ----A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: - ----Vienen estos actuados a conocimiento de este tribunal de alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 91) en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 87/90) por el cual se rechaza la demanda que entablara en contra de la sociedad que gira en el comercio bajo la denominación de "P. y C. S.A.", con costas a su cargo. El escrito de sostenimiento del recurso se encuentra glosado a fs. 96/100 y vta..Ordenado su traslado a la parte demandada (fs. 101), éste no fue evacuado.I.- Previo reseñar lo actuado en el anterior grado, a partir de los términos de su demanda, su contestación y lo finalmente sentenciado; expone cuál es el punto central de la controversia, cual es, el encuadre convencional que corresponde asignar a la relación que lo vinculara a su empleadora. Sostiene que corresponde que sea encuadrado en el C.C.T. 40/89 de camioneros, en la categoría "chofer de segunda", previendo dicho convenio adicionales perfectamente aplicables a la tarea desarrollada por su parte ajustándose a las necesidades inherentes a la rama laboral, ya que la función primordial que desarrollara era la chofer de los vehículos de la demandada realizando él mismo la carga y descarga de los distintos elementos transportados. Por el contrario, dice, la demandada lo mantuvo durante el vínculo encuadrado en el marco del convenio colectivo de trabajo de comercio, bajo la categoría "ventas B" cuando es más que claro -entiende- que la actividad que realizaba era sin dudas de la rama de trabajadores camioneros. Refiere a que la sentencia sustenta el rechazo a su demanda en que no satisfizo su carga de probar las tareas que denunciara haber cumplido y que el art. 2º C.C.T. 130/75 contempla las que indicara haber prestado. Resalta que se agravia que el juzgador a quo aseverara que de la documental surge su calidad de chofer encargado de los tubos de gas pero de continuo considera correcto el encuadre de la relación laboral realizada por la empleadora siendo evidentemente perjudicial para su parte este marco legal. Asegura que se valoraron solo las pruebas traídas por la empresa desestimándose las pruebas documentales, confesional y las testimoniales aportadas por su parte. Indica al respecto que el juzgador le negó importancia a las pruebas documentales, de las que surge su carácter de chofer de acuerdo a la licencia nacional habilitante para el transporte de mercaderías peligrosas y las planillas de reparto. Cita también la prueba confesional de la que se concluye -dice- que laboró en relación de dependencia con la demandada hasta el día 30 de noviembre de 2007, que junto con el Sr. L. se encargaban del reparto de tubos, que P. pide que lo habiliten a ambos como chóferes por lo que los mandaron a hacer un curso para transporte de sustancias peligrosas, que a raíz de los elevados costos del servicio de M., ambos realizaban los repartos de tubos, que no le abonaban las horas extras y que trabajaban a diario con mercaderías peligrosas. Expresa que el Juez de primera instancia se limita a valorar y sustentar la desestimación de la demanda solo en los testimonios de la parte demandada. Trascribe la porción respectiva de los considerando a lo que me remito. Expresa que en dicha valoración se deja de lado el testimonio de V. R. T., quien trabajaba en una empresa distribuidora de bebidas, cuando manifiesta que su parte hacía la venta de tubos de oxígeno, industriales y medicinales, porque siempre lo veía y que se encontraba con él en los viajes a Dolavon, Gaiman y Rawson e inclusive acá en Trelew, cruzándolo en cualquier horario entre las 8 y 20 horas. Señala que el Sr. R. R. C., quien trabajaba como comerciante, expresó que su I. transportaba tubos de oxígeno medicinal e industrial para las ferreterías y talleres mecánicos. Igualmente el Sr. F. A. G. O., quien trabajaba como taxista y en A.-dice- manifestó saber que trabajaba en un camión de reparto llevando tubos de gas, que el camión era frontal, blanco y con la inscripción roja en la puerta de A., que siempre lo veía porque generalmente estaba en la clínica S. M., se estacionaba enfrente y por ahí lo cruzaba en el pasaje del sanatorio Trelew, añadiendo que el actor también manejaba una camioneta Peugeot roja y andaba siempre solo. Apunta que el juzgador a quo debió tener en cuenta que dichos testimonios no provienen de empleados de la demandada sino de terceros totalmente desinteresados que siempre lo veían transportando tubos de gas. Asimismo, continúa diciendo, en la sentencia no se tuvo en cuenta datos objetivos aportados por la Sra. M. C. C., testigo por la otra parte, quien al momento de declarar se encontraba en relación de dependencia de la demandada realizando tareas administrativas y a pesar de la falta de objetividad que ello acarrea y de las contradicciones en su testimonio, surge de sus dichos que su parte fue dado de alta como chofer y tenía a su cargo una camioneta Peugeot 504 con la cual realizaba transporte de tubos a nivel local, que manejaba ocasionalmente un camión de la empresa para realizar viajes en un radio que fuera mayor a los 20 o 25 kilómetros, no quedando claro en su testimonio -interpreta- a que se refiere cuando utiliza el termino ocasionalmente. Tampoco se tuvo en cuenta, expresa, el testimonio del Sr. A. L., quien al momento de declarar también se encontraba en relación de dependencia con la demandada cumpliendo la función de Jefe de Planta, afirmando que su parte tenía a su cargo la camioneta Peugeot 504 y que le dieron el carnet de transporte de sustancias peligrosas. Mismo caso, dice, es el testimonio del Sr. H. R. L. quien al momento de declarar era empleado de la demandada cumpliendo tareas de transportista, quien señaló que su parte tenía a cargo una camioneta Peugeot 504. En el mismo orden de ideas, manifiesta, se dejó a un lado las aseveraciones realizadas en la contestación de la demanda en las que se indicaba que su parte tenía a su cargo una camioneta Peugeot 504, siendo que en la generalidad de los casos no es común que un empleado amparado en el convenio de empleados de comercio posea este tipo de vehículos a su cargo, siendo esta característica -asegura- propia de los trabajadores que transportan carga. Recalca que dicho vehículo esta "a cargo" suyo de lo cual, deduce, que el uso que realizaba del mismo era constante. Se pregunta si eran ocasionales los repartos que realizaba, porqué P. pagó para que realizara un curso en Comodoro Rivadavia para obtener el carnet habilitante por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para el transporte de mercaderías peligrosas?. Por lo tanto, entiende que en esta porción de la sentencia, al realizar la valoración de la prueba no se mantuvo el postulado legal establecido en el art. 9º de la L.C.T., donde se prevé expresamente el principio "in dubio pro operario". Señala que la primera duda objetiva es la concurrencia de dos o más normas aptas para regular una institución determinada, caso en el que se manda escoger la más favorable para el trabajador. Es decir, aduna, ante la duda en cuanto a la concurrencia de dos convenios colectivos de trabajo, el Juez de primera instancia debió resolver de acuerdo a dicho postulado, puesto que no solo regula específicamente el tipo de actividad del trabajador, sino que también prevé los adicionales correspondientes a la real actividad peligrosa que realizaba y sus implicancias. Advierte que de acuerdo a lo establecido en la C.C.T.

40/89 ésta es de aplicación a "la totalidad de los trabajadores ocupados en el transporte de carga por automotor", más allá de las habilitaciones comerciales y demás actividades que realice la empresa. Tal es así que se expresa que la enumeración del ámbito de aplicación es meramente enunciativa y no taxativa ni limitativa. A tal punto, continúa, que "tampoco será condición indispensable para que se considere transporte, que el precio de la prestación sea precisamente denominado flete, pudiendo estar éste precio involucrado en la cosa transportada o en el servicio prestado sin que ello desvirtúe la existencia de un transporte". Añade que sumado a lo expuesto el Juez de la instancia anterior debió contemplar que según el marco legal que dio la demandada al vínculo que los uniera no gozaba económicamente de los distintos adicionales previstos en el convenio pertinente, los cuales le correspondía como consecuencia de sus actividades, adicionales que pasa a indicar: adicional por comida, viático especial por día trabajado, por el hecho de conformar y rendir los remitos y toda otra documentación correspondiente como le fuera ordenado, por transporte de sustancias peligrosas cargando y descargando las mismas del vehículo de la empresa, por antigüedad, por asignación no remunerativa, no reflejando los haberes que cobraba -concluye- las reales situaciones objetivas que caracterizaban sus labores diarias. Por otro lado, señala, su pretensión de hacer valer su derecho al cobro de las horas extras que -afirma- se encuentran sobradamente probado que realizaba por los testimonios de los empleados de la empresa, no fue contemplado ni resuelto por el Juez a quo. A tal efecto puntualiza que se acreditó que laboraba 9 horas diarias y durante los meses invernales 11 horas diarias ya que la demanda era mucho mayor, tal es así, expresa, que la Sra. M. C. C. expresó que laboraban 9 horas diarias de corrido y en invierno, como había mayor flujo de trabajo, realizaban horario extra; y, por su parte el Sr. A. L. y el Sr. H. R. L., manifestaron que realizan horario extra el cual era mayor en invierno. Concluye destacando que se probó que la empleadora siempre lo consideró de acuerdo a sus labores como chofer, lo que se evidencia con el constante reparto de tubos de gas que realizaba, con el carnet habilitante para el transporte de mercadería peligros, el cual fue tramitado y emitido porque así lo exigió la demandada, con la camioneta Peugeot que tenía a su cargo y por la identificación como chofer establecida en las planillas de reparto las que la demandada acompañó con su escrito. Termina diciendo que en el período que reclama no existió un correcto encuadre del vínculo laboral surgiendo así diferencias salariales sumadas a la falta de pago de las horas extras las que, sostiene, han quedado sobradamente probadas, por lo que solicita que se revoque el fallo apelado con costas.----II.- En los límites provistos por los agravios reseñados ingresaré al tratamiento conjunto de los argumento impugnativos expuestos, toda vez que se encuentran todos ellos íntimamente vinculados entre sí pudiéndose individualizar en ellos, como fundamento básico, la persistente disputa relativa al correcto encuadramiento convencional . Pues bien, al respecto el juzgador de grado consideró probado que la distribución de los productos comercializados por la demandada "...era realizada también por I., y digo ello luego de cotejar la documental reservada en la caja de seguridad donde consta quién era el chofer encargado de la entrega de los tubos de gas, hora bien, esto de por sí no implica que deba aplicarse sin más el C.C.T. 40/89, pues la última parte del art. 2 del C.C.T. 130/75 trata la cuestión al decir..."(sic)(ver:

considerando de fs. 88 y vta.). A continuación pasó a ponderar los testimonios prestados en autos por los Sres. T. (fs. 42), C. (fs. 45), G. O. (fs. 46), C. (fs. 43), L. (fs. 47); y, L. (fs. 48), expresando que de tales testimoniales surgiría que I. en algunas ocasiones, más o menos esporádicas conducía como chofer repartiendo los tubos de gas pero nunca con la frecuencia que se afirma en demanda en tanto que afirmó que lo hacía todos los días viajando a las ciudades de Puerto Madryn y Rawson (vide: considerando fs. 88 vta.). -------Ante la valoración probatoria y conclusión transcripta el actor postula en apoyo de su recurso, en primer lugar, que el juzgador no habría valorado la prueba documental, la confesional y las testimoniales aportadas por él al proceso (vide: escrito de expresión de agravios -fs. 97 vta.-). En tal sentido, debo descartar "ab initio" la aseveración de que no se hubiera apreciado la documental adjunta. Por el contrario, el sentenciante aludió explícitamente a la misma aun cuando, quizás, sin acentuar como debía lo que surge de ellas. Esto es, tengo para mi, que de las constancias instrumentales acompañadas emana sin lugar a mayores dudas que la gran masa de traslados eran realizados por el Sr. L., preferentemente; y luego, en segundo orden, en cantidad, por el Sr. M., quienes de tal manera darían a entender las planillas tituladas "Listado de hojas de ruta" que tengo a la vista, eran los chóferes encargados del transporte y distribución de los tubos de gas a las distintas localidades circundantes además de los despachos o entregas que se realizan en ésta ciudad de Trelew. Añado de mi cuño, que de la documental aludida emana que la gran mayoría de los transportes eran realizados por R. H. L. (identificado bajo el seudónimo "L.") y los que no eran realizados por él, los realizaban en cantidades computadas de mayor a menor medida por M. A. M. y M. F. M. (véase su individualización bajo los seudónimos de "M." y de "M.")(ver: documentales de fs. 338/339; 502/503; 1829/1830; 2472/1475; 3154/3155; 3379/3380; 3610; 3732; 3848; 4104 y 7196 ) (conf. art. 386 del C.P.C.C. -actual art. 390 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-). Asimismo, en relación a la omisión de valorar su propia confesional, no se alcanza a interpretar cual sería el sentido de tal alegación toda vez que, como es hartamente sabido, tal medio de prueba consiste en una declaración formulada por quien es parte en el proceso, sobre hechos personales o de su conocimiento personal, desfavorables al confesante y/o favorables a la otra parte. Esto es, la propia declaración dada a las posiciones propuestas para la producción de la prueba confesional prestada a instancias de la parte contraria en el marco de un conflicto de intereses, siempre habrá de carecer de valor de convicción alguno a favor del declarante (Conf. CNCiv., sala C, 20/03/90, J.A. 1990-III-297; id., Cám.Apel.Civ.Com. y Cont.Adm., Villa Dolores, 2/9/99, LLC, 2000-879; ídem., Cám.Apel.Civ. y Com., San Isidro, Sala I, 29/10/98, elDial-W100AF; ver: Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos procesales...", Ed. Abeledo Perrot, ed. año 2010, T. V-B, págs. 4/5 y citas doctrinarias de notas 1º y 2º; ídem, Arazi, Roland, "La prueba en el proceso civil", Ed. La Rocca, ed. año 1986, pág. 180).----- -A todo evento, cuando lo declarado no fuera desfavorable al confesante ni favorable a la parte contraria, esto es, que lo declarado corra en el mismo sentido de su interés, ella no será útil al proceso ni ayudará a esclarecer los hechos controvertido y, por ende, no será susceptible de ser apreciada como valiosa al momento de sentenciar (Conf: Eisner, Isidoro, "La prueba en el proceso civil", Ed. Abeledo Perrot, año 1992, pág. 90).-----En cuanto a la supuesta omisión de valorar la prueba testimonial ofrecida y aportada por su parte, siempre atenido al marco provisto por el tenor y contenido del fundamento utilizado diré, en primer lugar, que no tiene mayor asidero expresar como supuesto agravio que se han valorado los testigos de la contraria y se omitió hacerlo respecto a los testigos aportados por la apelante. Es que no cabe efectuar tal distingo basado en quién ofrece y/o produce o aporta el elemento de prueba por cuanto rigen al respecto los principios de unidad y comunidad de la prueba, de suerte tal que una vez incorporado el medio de prueba que se hubiera producido ya no "pertenece" a quien lo aportara sino que éste es parte del plexo probatorio del proceso que el juzgador apreciará según la regla contemplada por el art. 386 del C.P.C.C., de aplicación al supuesto por vía del art. 45 de la Ley 69 (actuales arts. 390 de la Ley VIII Nº 5 Anexo A; y, art. 44 de la Ley XIV Nº 1). En tal sentido tengo dicho, antes de ahora, que no corresponde distinguir entre aquellos testimonios ofrecidos por la parte actora y los ofrecidos por la parte demandada, en tanto los principios de adquisición y de unidad de la prueba operan plenamente en la materia laboral, vedando la distinción basada sólo en quien aportara el testimonio (Conf. Devis Echandía, Hernando "Compendio de la prueba judicial", Ed. Rubinzal-Culzoni, ed. año 2000, T. I, págs.: 31/32 y 146, nro. 68; id. De Santo "La prueba judicial, teoría y práctica", Ed. Universidad, año 1992, págs. 15 y 16)(Vide: Sala B, S.D.L., Nº 73/09, c. 329; S.D.L., Nº 80/09, c. 261; S.D.L., Nº 51/09, c. 233; S.D.L. 44/09, c. 44; S.D.L., Nº 31/09, c. 112; S.D.L., Nº 45/08, c. 22.739; S.D.L., Nº 42/08, c. 22.760; S.D.L., Nº 38/08, c. 22.454; S.D.L., Nº 22/08, c. 22.566; entre muchas otras, CANE). El juzgador apreció de la prueba producida aquella que le mereció mayor fuerza de convicción para sustentar su veredicto, encontrándose tal prerrogativa dentro de las facultades que le son delegadas expresamente por el Código del rito, en tanto que no tiene obligación de explicitar la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de aquellas que fuesen esenciales y decisivas para fallar la causa (Doct. Art. 386 del C.P.C.C., de aplic. por vía del art. 45 de la Ley 69, ya citados).

----En tal dirección cierto es que el juzgador del anterior grado afincó su mérito preferentemente en los dichos prestados por los testigos C., L. y L., sin perjuicio de lo cual ello no implica de modo alguno que no lo hiciera respecto de los testigos T., C. y G. O., tal como se constata de la lectura de la propia sentencia bajo cuestión, de la cual puede verificarse que el Sr. Juez a quo expuso que sus dichos no aportan más datos que aquellos que puedan surgir de la documental analizada y a la cual se refiriera antes, añadiendo "...en concreto que I. en algunas ocasiones, más o menos esporádicas conducía como chofer repartiendo los tubos de gas pero nunca con la frecuencia que se afirma en demanda, es de hacer notar que en el líbelo promocional afirma el actor que viajaba todos los días a las ciudades de Puerto Madryn y Rawson y esto no es así a la luz de lo que surge de la documental y de los dichos de Mariana C. C., R. A. L. y H. R. L.-fs. 43, 47 y 48-."(sic)(ver: considerando de fs. 88 vta.). Esto es, el juzgador de primera instancia valoró tales declaraciones testimoniales magüer que no lo hiciera en el sentido que pretende el actor ahora impugnante prefiriendo, por la mayor fuerza de convicción que la asignara, los dichos vertidos por otros testigos toda vez que estimó que corroboraban con sus declaración aquello que extrajera de la documental adjunta a esta actuaciones (planillas de "listado de hoja de ruta" y las numerosas planillas de reparto reservadas en caja del tribunal que tengo a la vista) para, de tal modo, sustentar su veredicto desestimatorio de la pretensión de encuadramiento en el C.C.T. 40/89 formulada por el actor como fundamento de su reclamación de diferencias salariales (Conf. arts. 386 y 456 del C.P.C.C. -actuales arts. 390 y 460 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-). ----Y sobre el punto debo recordar nuevamente que en el ámbito de la valoración de las pruebas aportadas al litigio es facultad privativa del magistrado, conforme lo establecido en el citado art. 386 del C.P.C.C., de aplicación al supuesto por vía del art. 45 de la Ley 69 (actuales arts. 390 de la Ley XIII Nº 5 y 44 de la Ley XIV Nº 1) inclinarse por la que le parezca más conducente a la solución del caso y le merezca mayor fe, en concordancia con otros elementos de mérito que pudieran obrar en el expediente. Y ello es lo que ha hecho el Sr. Juez a quo, quien valorando en conciencia la prueba aportada al proceso en el marco fáctico presentado por las partes al trabarse la litis, estimó no acreditada como actividad principal o habitual del actor la de desempeñar las tareas propias de un chofer de 2da. categoría del C.C.T. 40/89 que denunciara en su demanda.

----En cuanto a la licencia habilitante para el transporte de sustancias peligrosas, la cual el actor habría obtenido a instancia de la patronal demandada en autos, no encuentro tampoco que alcance para alterar el sentido del pronunciamiento desde que no basta con contar con tal habilitación ni que, de hecho, tal como se lo aceptara ya desde el mismo momento de trabarse la litis, esporádicamente ejecutara tal tipo de transporte especial en consonancia con su habilitación para hacerlo para de allí concluir como lo postula el impugnante, en el sentido que cumplía de manera relevante tal naturaleza de tareas; añadiré, que tampoco cuenta con incidencia alguna que dicha habilitación hubiera sido obtenida por iniciativa de la empleadora por la misma razón. Bastará con reiterar, entonces, en tal línea de entendimiento que, suprimiendo el hecho de que ocasionalmente hubiera efectuado algún transporte, tal circunstancia no puede derivar por sí sola a que se encuadre la relación laboral habida en el marco del C.C.T. 40/89. Del mismo modo que, la circunstancia de que se hubiere acreditado que algunas veces u ocasionalmente el actor efectuaba el transporte de tubos de gas no trastoca la naturaleza de su tarea en las de un chofer de cargas; esto es, que no prestaba las mismas de la manera predominante y necesaria de tal manera que permita incluirlas en aquellas que son las propias y connaturales a las de un chofer de transporte de cargas y que son enunciadas en el art. 3.1.1. del C.C.T. 40/89.

----Respecto al punto Raúl E. Altamira Gigena explica que según el Diccionario de la Real Academia Española (19º edición) "encuadramiento", es la acción y efecto de encuadrar. "Encuadrar", es "encerrar en un marco o cuadro, incluir dentro de sí una cosa; determinar sus límites". Y con cita de Carlos Etala, precisa que determinar los encuadramientos legales consiste en "discernir qué estatuto legal corresponde aplicar a una determinada relación laboral" (aut. Cit, en "Las facultades administrativas de encuadramiento convencional", D.T. 2000-A-544).

----Y, en general se estima que el encuadre legal es de competencia del Poder Judicial, órgano del Poder del Estado competente para determinar ante una controversia individual de derecho, sobre cual es la norma que corresponde aplicar al caso, pudiendo en algunos supuestos aplicarse conjuntamente -para la hipótesis de superposición ya descartada en la especie- siguiendo para ello el principio de la norma más favorable y mediante el mecanismo nominado como "conglobamiento por institución". A la par, sabido es que para la legislación argentina los convenios colectivos de trabajo que celebran los representantes sindicales de un sector laboral y los empleadores o sus representantes del mismo sector de la actividad, tiene por objeto regular las condiciones (mínimas) de empleo y de trabajo de los contratos individuales el que, una vez homologado, registrado y publicado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, son de cumplimiento obligatorio (Conf. arts. 1º y 8º de las leyes 14.250 y 25.250 -D.T., 2000-A-1284-). Cuando se produce la colisión en la aplicación de varios C.C.T., surge un conflicto de encuadramiento convencional, que debe ser dirimido por medio de la intervención del Poder Judicial declarando cuál es el aplicable a la relación de trabajo bajo conflicto (Conf. Rodríguez Mancini, "Competencia para resolver conflictos de encuadramiento convencional", en D.T. 2000-A-539).

----El Sr. Juez a quo, no tuvo duda luego de su apreciación de la prueba sobre el encuadramiento que ostentara el actor en autos, indicando la norma convencional específica en la cual se englobaba su tareas citando el art. 2º del C.C.T. 130/75. Y no se trata solo de que un convenio sea más o menos perjudicial o beneficioso para el trabajador, porque con tal criterio todos los trabajadores optarían por una u otra norma convencional según los beneficios que éstas les prodigue no siendo ésta, insisto, una pauta con la cual se pueda determinar el ámbito de vigencia personal o profesional de las normas convencionales. Lo determinante es la actividad que tiende a regular (además de las entidades empresariales y de trabajadores representadas en su negociación que da pié a lo que ha sido dado en llamar "primacía de la convención competente"), para lo cual se define el contorno de su vigencia según un ámbito territorial y, prevalentemente, por la categoría profesional que delimita las relaciones laborales comprendidas en su aplicación (Conf. art. 4º de la ley 14.250 -ref. por ley 25.877-). Cuando aludo a la actividad, entonces, estoy queriendo significar que la convención se caracterizaría por referirse a las condiciones de trabajo de una determinada categoría profesional.

----Y se entiende por tal a una serie finita de individuos, de la cual forman parte los trabajadores que actualmente se desempeñan o en el futuro vayan a desempeñarse en una labor determinada, ya que a la categoría se ingresa no por un acto de voluntad, sino por el solo hecho de colocarse en esa posición laboral (Conf. Lorenzetti, Ricardo Luis "Convenciones colectivas de trabajo", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 1988, págs. 52/53; ver: cita de Máximo Monzón, "En torno al concepto de categoría", D.T. 1953-652; ver: Trib.Trab. Nº 1 Bahía Blanca, 29/3/2000, D.T. 2000-B-1443).

----Finalmente, volviendo a lo que indicara someramente "supra" y en consonancia con lo que vengo señalando sobre la norma convencional más beneficiosa, también cabe ponderar que el encuadramiento respecto de un convenio colectivo de trabajo no debe hacerse en función solo de lo que resulta más beneficioso para el trabajador, puesto que de tal manera, en el extremo más absurdo y elocuente de su invalidez, resultaría extensible la vigencia del convenio que se individualice como más favorable a cualquier trabajador que lo invoque. En cambio, si corresponde atender, además de los parámetros convencionales y profesionales previstos en cada norma convencional, a la representación de quienes lo han suscripto y que vincula a sus beneficiarios en virtud de la personaría ejercida respecto de la actividad de la que se trate. Y en tal sentido, hecha de ver que según las partes contratantes, el C.C.T. 40/89, desde tal perspectiva, resulta ajeno a la actividad principal desarrollada por la sociedad demandada en el establecimiento en el que prestara tareas el actor, cual es, la de ser agente de la empresa "A. S.A." en la comercialización de gases medicinales e industriales que distribuye en el mercado en tubos o envases de distintas capacidades y características (ver: habilitación comercial Nº 16983 -fs. 79-; y, contrato accesorio del principal de agencia -fs. 80/92-)(Conf. CNAT, Sala I, "Morales, Luis c/ Servicios y Construcciones SRL y otro", 10/5/99, en Manual de jurisprudencia LexisNexis, pág. 427; ver también: CNAT, en pleno, 22/3/57, D.T. 1957-237; ver: Lorenzetti, Ricardo L., op. Cit., pág. 88; ídem, Krotoschi, Ernesto "Tratado de Derecho del Trabajo", Ed. Depalma, ed. año 1979, T. II, pág. 158). ----Finalmente diré en relación al cuestionamiento de los testimonios valorados preferentemente por el juzgador de la anterior instancia y el realce que pretende otorgar el ahora impugnante al valor probatorio de los dichos de los testigos T., C. y G. O., como asimismo, la valoración distinta o discrepante a la realizada por el a quo respecto a los dichos vertidos por los testigos C. y L., el material probatorio debe ser apreciado en su conjunto mediante la concordancia que ofrezcan los distintos elemento de convicción arrimados al proceso, pues es la única manera de crear la certeza necesaria para dictar sentencia. En tal dirección, declaraciones de testigos que individualmente considerados pueden ser objeto de reparos, en muchos casos se complementan entre sí, de tal modo que, unidas, llevan al ánimo del juzgador la convicción de la verdad de los hechos.

----De otro lado, también pondré de resalto que el hecho o circunstancia de que el testigo sea empleado de la demandada no empece a la posible virtud probatoria de sus dichos si su testimonio aparece suficiente, convincente, concordante con otros elementos de prueba aportados al proceso y no existe ninguna prueba idónea que lo contradiga. ----Asimismo, la aceptación del dicho de un testigo requiere menor análisis y exposición que los necesarios para desecharlo. Esto ocurre porque, en definitiva, el juzgador se apoya en la evidencia común de que los testigos no mienten, tanto por existir un punición legal (y antes moral) para la mentira, cuanto porque el método de interrogación judicial cumplido con su intervención y la de las partes pondría, en principio, de resalto la mendacidad en que hubiere podido incurrir el testigo. Por último, señalo que la buena fe se presume en todos los ámbitos del Derecho. Este principio es extensivo para apreciar el valor de la declaración del testigo, cuya imparcialidad es puesta en duda solo por ostentar la calidad de dependiente de la empleadora demandada (Conf. CNCiv., Sala D, 25/3/82, L.L. 1982-D-390; CNCiv., Sala D, 10/7/81, E.D. 96-517; CNCiv., Sala D, 28/9/00, L.L. 2001-D-214; CNCom., Sala C, 23/12/98, L.L. 2000-A-547; CNCiv., Sala C, 8/5/97, L.L., 1997-E-1018; CNCiv., Sala C, 14/2/90, L.L. 1990-C-258; CNCom., Sala D, 29/6/04, D.J. 2005-1-777). ------- ----Es de observar, por lo demás, que los datos que se resaltan como aportados por los testigos, los que se afirma equívocamente que no fueron apreciados en su debida forma, de cuyos dichos se extrae que indicaron, por caso, que vieron al recurrente en un camión de reparto o que transportaba tubos de oxígeno, o bien, que se cruzaba en algún viaje con él, o que éste tenía "a su cargo" una Pick Up Peugeot 504, no son hechos controvertidos en la especie (vide: escrito contestatario, punto IV, apart. B -fs. 17 vta./119 vta.-). En suma, concluiré proponiendo al acuerdo que se tenga por desierto el presente recurso de apelación; ello así, desde que como viene de exponerse, carece de la debida fundamentación crítica que viabilice atender la pretensión impugnativa, reuniendo más las características de un mero disenso con la valoración probatoria de los elementos de prueba aportados que las de un concreto y razonado señalamiento del o los yerros que deben necesariamente presidir y dar contenido a la materia de análisis con la que se torne factible ejercer la facultad revisora propia de este Tribunal de alzada (Conf. arts. 265 y 266 del C.P.C.C. -actuales arts. 268 y 269 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-). Así lo voto. III.- Conclusión: ----Por lo dicho, pues, corresponderá declarar desierto el recurso venido en apelación, con costas de alzada a cargo de la parte actora vencida en ella (Conf. arts. 59 de la ley 69 y 279 del C.P.C.C. -actuales arts. 57 de la Ley XIV Nº 1; y, art. 282 de la Ley XIII Nº 5 Anexo A-). ---Los honorarios de los Dres. H. A. A. y M. T. M., letrados apoderados de la parte actora, por sus tareas cumplidas ante esta alzada, no corresponderá regularlos toda vez que su actuación en ella devino en inoficiosa (Conf. arts. 3 y 6, incs. "c" y "d" de la ley 2.200 -actuales arts. 3 y 5, incs. "c" y "d" de la Ley XIII Nº 4-). Termino mi intervención pronunciándome en la presente cuestión entonces, por la NEGATIVA. ---A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ----1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 91, que fuera concedido a fs. 92, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 87/90 que rechazó la demanda entablada por J. C. I. contra P. Y C. S.A., con imposición de costas al vencido. -- ----La expresión de agravios luce a fs. 96/100 y vta., el traslado conferido a fs. 101 no fue evacuado por su contraria, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el Dr. Lucero, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar.

----2. La lectura de la demanda, de su contestación, y de la sentencia permite señalar que la controversia versa de modo sustancial sobre el convenio colectivo aplicable a la relación laboral habida entre las partes.

----En tal sentido, el fallo en crisis a fs. 88/vta. llegó a la conclusión que la distribución de los productos comercializados por la demandada era realizada también por I. aun cuando esto de por sí no implica que deba aplicarse sin más el C.C.T. 40/89, pues la ultima parte del art. 2 del C.C.T. 130/75 trata la cuestión al decir que: "Este convenio será de aplicación a todos los trabajadores que se desempeñen como empleados u obreros ... Envasamiento; fraccionamiento; distribución y carga y descarga de gas y otros combustibles o lubricantes ...". ----Asimismo, luego de apreciar la prueba testimonial entendió que I. en algunas ocasiones, más o menos esporádicas conducía como chofer repartiendo los tubos de gas pero nunca con la frecuencia que se afirma en demanda en el sentido de que viajaba todos los días a las ciudades de Puerto Madryn y Rawson y esto no es así a la luz de lo que surge de la documental y de los dichos de M. C. C., R. A. L. y H. R. L. - fs. 43, 47 y 48.-------En este último aspecto, el juzgador a fs. 88 vta./89 ponderó en conjunto los dichos de esos testigos para así concluir que no le asiste razón al demandante, pues no demostró conforme era su carga haber realizado las tareas que denuncia en el escrito de promoción, y en las cuales funda su pretensión, para agregar que tales declaraciones indican que ocasionalmente I. realizaba tareas de trasporte, pero éstas lejos se encontraban de formar parte de las tareas que cotidianamente dice el actor realizaba, sino por el contrario y más bien eran cumplidas de manera ocasional y más que esporádicamente, siendo así, no veo razón alguna por la cual no corresponda aplicar el C.C.T. 130/75 ... ----La ponderación de la prueba y las conclusiones a las que arribara el juzgador dio lugar a la queja del recurrente al señalar que se han valorado únicamente las pruebas traídas por la empresa desestimándose la prueba documental, confesional, y los testimonios de la parte actora. ----- ----Respecto de la ausencia de valoración de la prueba documental no le asiste razón en su planteo pues el juzgador a fs. 88 y vta., parte final del último párrafo y del segundo párrafo, respectivamente, hizo mención expresa de la misma.-- ----Sin perjuicio de ello, agrego que la compulsa de la documental reservada bajo caja acredita que la mayor parte de los transportes fueron realizados por R. H. L., y a continuación en orden decreciente por M. A. M. ("M. M." o "M. A.") y M. F. M. ("M. F."), así individualizados en las planillas de reparto y comprobantes de recepción de envases, según cada caso, en tanto que se los identifica en los listados de hojas de ruta como "L.", "M." y "M.", respectivamente (ver fs. 338/339, 502/503, 1829/1830, 2474/2475, 3154/3155, 3379/3380, 3610, 3732, 3848, 4104, y 7196), lo que así pondero conforme a las reglas de la sana crítica (art. 390 de la Ley XIII Nº 5, Anexo A).-------- ----En cuanto a que se desestimó la prueba confesional de la actora no advierto que relevancia pudo tener la misma a favor del propio absolvente.

----Sabido es que las aclaraciones formuladas por el absolvente son afirmaciones en beneficio propio, y por tanto una alegación que sólo puede tenerse por cierta si recibe sustento probatorio (art. 428, inciso 1º, de la Ley XIII Nº 5, Anexo A).----- ----Cuando el hecho que agrega el confesante es absolutamente separable e independiente del hecho principal, recae en esa parte la carga de probar los hechos favorables que alega (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal ...", Astrea, 1983, T. 2, pág. 434). -------- ----Es que pesa sobre el confesante, según así lo prescribe esta norma, la carga de probar los hechos impeditivos, modificativos o extintivos.

----La prueba del elemento agregado por el confesante (impeditivo, modificativo o extintivo), incumbe al mismo, pues está alegando una defensa sustancial (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1992, T. V-B, pág. 129 y cita de fallo). --- ----Por eso, se estima que la declaración prestada por el absolvente en cuanto le es favorable no es útil al juicio, no ayuda al esclarecimiento de los hechos, ni puede ser apreciada como valiosa en la sentencia (conf. Arazi, Roland, "La prueba en el proceso civil", Ediciones La Rocca, 1991, pág. 180, y cita de doctrina nº 4).-------- ----Tocante a que se valoró únicamente las pruebas traídas por la empresa desestimándose los testimonios ofrecidos por la parte actora, cabe considerar que no cabe diferenciar entre testigos de una parte u otra como consecuencia del principio de adquisición o de comunidad de la prueba.

----Por virtud del denominado principio de adquisición, los resultados de la actividad procesal que realizan las partes dentro del proceso se logran para éste, al margen de quien haya producido los actos respectivos y de la distribución de las cargas de la afirmación y de la prueba. En tal forma, las pruebas constituyen elementos de convicción comunes a todas las partes intervinientes en el proceso, por manera que el juez en el decisorio puede hacer mérito indistintamente de ellas, con prescindencia de cuál haya sido la que le hubiere aportado (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1982, T. 1, págs. 619/620). ----Consecuencia de la unidad de la prueba es su comunidad, esto es, que aquella no pertenece a quien la aporta ... Como el fin del proceso es la realización del derecho mediante la aplicación de la ley al caso concreto y como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el juez para llegar a ese resultado, nada importa quien las haya pedido o aportado; desde el momento que aquellas producen la convicción o certeza necesaria, la función del juez se limita a aplicar la norma reguladora de esa situación de hecho (Devis Echandía, Hernando, "Teoría general de la prueba judicial", Víctor P. de Zavalía, 1970, T. I, par. 31, pág. 118).

----Respecto a que la sentencia desestimó a los testigos de su parte, debe precisarse en primer lugar que el juez no tienen el deber de expresar en la sentencia la ponderación de todas las pruebas producidas. ----- ----En tal sentido, la elección de la prueba es facultad privativa del juzgador, quien puede seleccionar aquellas que estime relevantes y decidirse por una descartando otras, que considere inconducentes o inoperantes. Es suficiente a tal efecto que haga referencia expresa a las que han servido más decididamente a la conclusión, lo cual no supone ni permite afirmar que las otras no hayan sido computadas (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1991, T. V-A, págs. 255/256, y cita de fallos).

----La comparación de los medios probatorios -cuando confluyen- le permite al juez considerar sólo aquellos que sean esenciales y decisivos para la solución de la causa, ya sea porque la prueba que aportan los otros no es pertinente, o porque es insuficiente y débil frente a otro medio de prueba o hecho determinado en el proceso. La selección se hará teniendo en cuenta la pretensión instaurada, las propuestas fácticas de actor y demandado y las consecuencias de aplicar los medios probatorios, según su valor re(la)tivo estático (Falcón, Enrique M., "Tratado de la prueba", Astrea, 2003, T. 1, par. 157, pág. 584). ----Así, por aplicación del art. 390 de la Ley XIII, Nº 5, Anexo A los jueces no tienen el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino las que resultaren esenciales y decisivas para el fallo de la causa.Aplicando la norma legal se decidió que los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las probanzas, pues basta que lo hagan respecto de las que estimen conducentes o decisivas para resolver el caso, pudiendo preferir algunas de las pruebas producidas a otras, y omitir toda referencia a las que estimaren inconducentes o no esenciales (Arazi, ob. cit., págs. 112/113).

----Por lo demás, el sentenciante apreció a fs. 88 vta./89 que los testimonios prestados por C., L., y L. resultaron decisivos para la dilucidación de la causa, en tanto que a fs. 88 vta. al ponderar las declaraciones de los testigos T., C. y G. O. les restó fuerza de convicción ya que a su criterio no aportaron más datos que aquellos que surgen de la prueba documental que analizara previamente.----- ----Esto es. El juzgador ponderó en conjunto la totalidad de la prueba testimonial arrimada en la causa aun cuando tal apreciación no la efectuó en el sentido pretendido por el quejoso pues conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 390 y 460 de la ley XIII Nº 5, Anexo A) estimó como decisivos los testimonios brindados por C., L., y L. en virtud de que sus dichos resultaron coincidentes con las constancias que emanan de la documentación reservada referida a los listados de hojas de ruta, planillas de reparto, y comprobantes de recepción de envases.------Así, sobre dicha base rechazó la pretensión del accionante por diferencias salariales fundadas en el encuadramiento de la relación en el C.C.T. 40/89.

----En cuanto a la manifestación vertida en el sentido de que su calidad de chofer surge de la licencia nacional habilitante para el transporte de mercaderías peligrosas que obtuvo por requerimiento de su empleadora, cabe considerar que el otorgamiento de esa licencia no conmueve el razonamiento del fallo apelado ya que la demandada admitió que en algunas ocasiones efectuó algún reparto (contestación de demanda, p. IV. B., fs. 18), y ese aspecto fue ponderado por el juzgador al analizar asimismo la prueba testimonial a fs. 88 vta., por lo que la circunstancia de poseer esa licencia en modo alguno acredita la postura adoptada por el trabajador al alegar en demanda que cumplía esencialmente la función de chofer (ver demanda, p. III.A, fs. 2 vta.). O sea, la circunstancia de que efectuara algunas veces el accionante transporte de tubos de gas no permite considerar que esas tareas son las inherentes a las de chofer previstas por el art. 3.1.1. del C.C.T. 40/89 ya que las mismas no eran las que de modo predominante realizaba el actor. ----En este aspecto, bien señala el Dr. Lucero que la determinación del estatuto legal que corresponde aplicar a una determinada relación laboral es de competencia de los jueces. ------ ----La jurisprudencia cumple una función relevante en las cuestiones de encuadramiento convencional, pues la "determinación de la convención colectiva aplicable a una relación de trabajo compete, en definitiva, al juez (Rubio, Valentín, "Convenciones colectivas de trabajo", Rubinzal - Culzoni Editores, 2001, pág. 189).------ ----A su vez, es cierto que uno de los mecanismos a considerar en el supuesto de superposición de convenios en virtud del principio de la norma más favorable es el denominado conglobamiento por institución, aun cuando corresponde aclarar que en el presente caso en definitiva se desestimó la posibilidad de superposición toda vez que el juzgador resolvió la presente controversia individual por aplicación del art. 2 del C.C.T. 130/75. ----- ----Sabido es que el conjunto normativo más favorable es un criterio que exige concretamente duda y aplicabilidad de dos CCT para acudir al acuerdo más favorable (Arese, César, "Derecho de la negociación colectiva", Rubinzal - Culzoni Editores, 2008, págs. 413/414).

----Por eso, el sentenciante descartó la existencia de duda y dirimió el conflicto siguiendo el criterio de la actividad principal. Al respecto, la primera pauta para resolver un encuadramiento convencional está ligada a la actividad principal de la empresa o establecimiento (Fernández Madrid, Juan Carlos, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 3ra. ed. act., 2007, T. III, par. 12.12., pág. 241). ----La regla de la actividad principal como criterio de selección convencional de aplicación es la que goza de una mayor preferencia. Deriva del principio general del derecho que manda que lo accesorio siga el destino de lo principal. Esto es, de existir una actividad principal convencionada, el pacto que la comprende absorbe o atrae a las actividades accesorias, colaterales o coadyuvantes. El criterio aquí analizado tiende igualmente a racionalizar la aplicación de los acuerdos (Arese, ob. cit., pág. 400).

----Por lo demás, mal puede adoptarse de modo aislado las normas de un convenio colectivo de trabajo pues de seguirse esa pauta se permitiría que los trabajadores opten por la aplicación de una diversidad de convenios de acuerdo a los beneficios que uno u otro les otorgue, debiendo destacarse que establecida la aplicación de un determinado convenio se desplazan las normas de otra convención a pesar que puedan ser más favorables al trabajador. Así, resulta determinante la actividad que se regula pues de ese modo se respeta la primacía de la convención competente en función del ámbito territorial y preponderantemente de la categoría profesional (art. 4 de la ley 14.250, texto reformado por la ley 25.877). ----Ernesto Krotoschin, seguido por Ricardo Lorenzetti, plantea la necesidad de respetar la "primacía de la convención competente", lo que depende de "clarificar la representación de las partes, gremial y empresaria, según la personería gremial otorgada y la representación concedida a cada una de ellas". Una vez establecida la competencia o aplicación normativa excluyente de una convención, quedan desplazadas las otras posibles, aun cuando sean más favorables para el trabajador (Arese, ob. cit., pág. 398). ----Y a partir de considerar las partes contratantes del C.C.T. 40/89 resulta claramente ajeno ese convenio colectivo respecto de la actividad principal que desplegaba la demandada y para la cual prestaba servicios el actor, referida al ramo de explotación fraccionamiento y venta de gases medicinales en su calidad de agente de A. S.A. en el marco del contrato principal de agencia celebrado entre ambas sociedades (ver habilitación comercial en copia y contrato, fs. 79 y 80/92, respectivamente, de la documentación reservada que se tiene a la vista).

----En lo que hace a la distinta ponderación que el quejoso pretende realizar de los dichos de los testigos T., C., y G. O., y postura discrepante que efectúa respecto del alcance de los testimonios de C., L., y L., debe señalarse que tal apreciación importa un fraccionamiento inadmisible de tales declaraciones. ----Y la prueba testimonial debe valorarse en su conjunto y no atomizando las declaraciones (art. 386 del C.P.C.C.; esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.251, S.D.C. 10/95; c. 11.863, S.D.L. 61/96; c. 11.978, S.D.L. 75/96; sala "A", c. 15.546, S.D.L. 89/99; c. 15.768, S.D.L. 11/2000; sala "B", c. 21.409, S.D.L. 32/06, c. 21.842, S.D.L. 51/2006, entre otros pronunciamientos).

----Así, el análisis fragmentado de la prueba testimonial que efectúa el quejoso resulta inadmisible, pues la prueba debe ser valorada en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 386 del C.P.C.C., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí. Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que la parte que las invoca aproveche lo que le es útil y deseche lo que la perjudica (Fenochietto-Arazi, obra y tomo citado, pág. 357).

----La prueba debe así ser valorada en su totalidad, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos, resultando censurable la descomposición de los elementos, disgregándolos para considerarlos aislada y separadamente (SCBA, D.J.B.A., v. 135, p. 138). ----Por último, en cuanto a la manifestación vertida acerca de que los testigos C., L., y L. se encontraran en relación de dependencia, debe considerarse que ello no desmerece sus respectivas declaraciones toda vez que sus dichos lucen claros, coherentes, y concordantes, por lo que no corresponde excluirlos, lo que así aprecio conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 390 y 460 de la Ley XIII, Nº 5, Anexo A). -- ----En tal sentido, no son descalificables los testigos por el hecho de trabajar para una de las partes, si se reconocen seriedad y credibilidad en sus dichos; tampoco si se trata de testigos necesarios por su intervención personal y directa en diversos aspectos de las vinculaciones entre las partes y sus dichos son coincidentes (Fenochietto-Arazi, obra y tomo citado, pág. 481). A ello cabe agregar que por tratarse de testigos necesarios los más allegados son los que tienen mayor oportunidad para conocer los hechos y son entonces los testigos mejor informados. Es válida la declaración de los testigos que tienen relación con la parte que los presenta, si su testimonio se impone para la averiguación del hecho sucedido en el lugar de su vecindad o trabajo (Alsina, Hugo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", EDIAR, 2da. ed., 1958, T. III, págs. 649 y 650, respectivamente).- ----En síntesis, la pieza de agravios carece de una crítica concreta y razonada del decisorio que se pretende impugnar ya que en definitiva el apelante sólo expone su particular punto de vista al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante.- ----En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto (Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., 1988, T. III, pág. 371, y cita de fallos).- ----No existe, por lo tanto, una crítica razonada de los fundamentos que demuestren el error del fallo, si respecto de cada manifestación falta el necesario desarrollo argumental capaz de cerciorar sobre la pertinencia de lo aseverado. El mismo déficit se ofrece si sólo se exteriorizan generalizaciones subjetivas sobre la prueba, sin indicar de modo concreto dónde existe el error y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad suficiente para destruir los argumentos desarrollados por el juzgador (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, pág. 355). - ----Y el agravio carece de contenido, cuando como en el caso .d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamentos a la oposición o formula apreciaciones subjetivas . h) No ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, ob. cit., T. 1, págs. 838/839).- ----3. En consecuencia, el apelante incurrió en deserción del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 269 y 270, Ley XIII Nº 5, Anexo A), por lo que también propicio al Acuerdo declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 91, que fuera concedido a fs. 92, con costas de esta instancia al actor vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 69, Ley XIII Nº 5, Anexo A).--Sin regular honorarios a los Dres. H. A. A. y M. T. M., letrados apoderados de la parte actora, en atención a la inoficiosidad de los trabajos cumplidos, en los términos de los art. 3 y 5, incisos c) y d), de la ley arancelaria y criterio sentado por esta Cámara, en su composición de sala única, S.D.L. N° 80/93, S.D.C. N° 07/97; sala "A", S.D.L. Nos. 41/98 y 02/99; sala "B", S.D.L. N° 149/99, entre otros pronunciamientos; y asimismo en atención al régimen de imposición de costas y existencia de pacto de cuota litis homologado a fs. 74 (art. 4, 2do. pár., Ley XIII Nº 4).- ----Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA NEGATIVA.- ----A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: ----Atento al modo en que me pronuncio en el tratamiento de la cuestión anterior, la presente ha devenido en vacía de contenido por lo que me eximo de pronunciarme en ella. A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: En atención a los términos vertidos al desarrollar la primera cuestión, no corresponde ingresar en el tratamiento de la presente por devenir cuestión abstracta.- ----A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: - ----El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación deducido por el actor en autos, Sr. J. C. I.. 2) IMPONER las costas de segunda instancia al actor recurrente vencido en ella; sin regular honorarios a los Dres. H. A. A. y M. T. M., por sus tareas de alzada, atento a la inoficiosidad de las mismas.ASÍ LO VOTO. ----A LA TERCERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: -El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado al tratar la primera cuestión.Así lo voto.- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por hallarse en uso de licencia el Sr. Juez de Cámara Dr. Aldo Luis De Cunto al efectuarse el sorteo para el estudio de la causa (Art. 7º Ley V Nº 17), pasándose a dictar: S E N T E N C I A: --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE: ---- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación deducido por el actor en autos, Sr. J. C. I.. IMPONER las costas de segunda instancia al actor recurrente vencido en ella; sin regular honorarios a los Dres. H. A. A. y M. T. M., por sus tareas de alzada, atento a la inoficiosidad de las mismas.

----Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL N°_____DEL AÑO 2010 - SDL - CONSTE.- cg VILMA NOEMI BIRRI SECRETARIA DE CAMARA.