Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-02-27


Expte. Nº 4642 "NAVARRO Luis Emilio - Incidente de Libertad Asistida - Casación" En la Ciudad de San Juan, a veintisiete días del mes de febrero del año dos mil nueve, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Carlos Eduardo Balaguer y Adolfo Caballero, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal -ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos?. En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?. ----- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO: -- --- Contra la resolución dictada por la Señora Jueza de Ejecución Penal en fecha 31/10/2008, interpone recurso de casación el Señor Fiscal de Ejecución Penal, el cual ha sido mantenido en esta instancia por el Señor Fiscal General de la Corte. ------- --- El fallo atacado (fs. sub. 25/29) dispuso conceder al interno penado Luis Emilio Navarro los beneficios de la libertad asistida, conforme lo establecido por los artículos 54 y 55 de la Ley 24.660. - --- Por su parte en la impugnación articulada (fs. sub. 34/39) básicamente se sostiene que el Tribunal de Ejecución ha inobservado las disposiciones contenidas en el artículo 102 inciso "b" del decreto 396/99, modificado por el decreto 1139/00, reglamentarios de la Ley de Ejecución Penal; además de haberse afectado el debido proceso al dictarse una sentencia arbitraria con una fundamentación insuficiente y contradictoria, que la torna nula. -- --- Los agravios del recurrente pueden condensarse del siguiente modo: - --- 1) El a quo no ha exigido el cumplimiento de los requisitos mínimos que debe contener el informe criminológico del Consejo Correccional del Servicio Penitenciario Provincial, y de esa manera se ha pasado por alto las disposiciones que regulan, condicionan y reglamentan la posibilidad de salidas extramuros de internos penados, de donde surge que los tratamientos deben ser programados y obligatorios. En tal sentido expresa que es el Gabinete Técnico Criminológico, quién debe necesariamente efectuar un estudio interdisciplinario mediante el auxilio de la psiquiatría, psicología y asistencia social, llegando a un diagnóstico y pronóstico criminológico; luego el Consejo Correccional del S.P.P., ya munido de todos estos antecedentes sobre el penado, determinará cual es el tratamiento que se aplicará al mismo. El Juez de Ejecución al momento de decidir la salida extramuro debe necesariamente contar con este antecedente que le permita conocer cómo la Institución Penitenciaria ha tratado de corregir las conductas disvaliosas por las que purgan condena, y cumplido con el deber legal de lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley. Y si no se exige que el organismo administrativo cumpla con esta obligación legal, antes de que el interno penado pueda traspasar los muros donde cumple su condena, evidentemente se tendrá una visión miope del estado real y actual de quien va nuevamente a relacionarse con el resto de la sociedad. Además sostiene que la ley no condiciona la aplicación del tratamiento a la existencia de patologías psicológicas o psiquiátricas notorias o evidentes, sino que los estudios deben ser practicados a toda la población penitenciaria.------ --- 2) La Señora Jueza luego de reconocer que no se brinda tratamiento psiquiátrico a los internos (por no contar con profesionales capacitados en dicha área) y de que no se confecciona una minuciosa historia criminológica de cada interno (por carecer de profesionales suficientes) otorga a sabiendas la libertad del condenado, constituyendo ello un típico caso de arbitrariedad por flagrante violación a una norma especial y reglamentaria. Pregunta el recurrente ¿cómo se ha resocializado el delincuente si el propio Juez a quo reconoce que no se le ha provisto de un tratamiento?. -- --- El Señor Fiscal General de la Corte, a fs. sub. 50/52, sostuvo la posición asumida y expresada en el libelo recursivo, en el sentido de que existió inobservancia de la ley sustantiva y el fallo resultó con fundamentación insuficiente, debiendo declararse su nulidad.- --- La defensa no presentó memorial alguno y a fs. sub. 54 se llamó autos a estudio, por lo que corresponde abordar las cuestiones planteadas. -- --- En primer lugar es dable destacar que a la fecha de este voto registran ingreso y tramitación ante la Sala Segunda de la Corte casi una treintena de causas con el mismo planteo de parte del Señor Fiscal de Ejecución Penal, cuestión que conlleva una especial atención y preocupación de mi parte en la solución del asunto, lo más respetuosa posible de todos los derechos y principios que se encuentran en juego en un proceso penal, tanto desde la óptica del condenado como de la sociedad. --- --- El meollo del asunto se centra fundamentalmente en lo normado por el artículo 102 inciso "b" del decreto N° 396/99, modificado por decreto N° 1139/00, que son reglamentarios de la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. La aludida norma reza textualmente: "Los dictámenes que emita el Consejo Correccional, en los casos de salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, libertad asistida, indultos o conmutaciones de pena deberán contener como mínimo: .... b) Informe Criminológico: motivación de la conducta punible, perfil psicológico, tratamientos psiquiátricos o psicológicos aplicados y su resultado, resumen actualizado de la Historia Criminológica precisando la trayectoria del interno en la progresividad del régimen y pronóstico de reinserción social.".- --- De la compulsa de las actuaciones, puntualmente del expediente administrativo perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial e iniciado con motivo del pedido de libertad asistida del interno Luis Emilio Navarro, surge claramente que no se da acabado y fiel cumplimiento a la normativa citada precedentemente. En otras palabras el dictamen emitido por el Consejo Correccional no contempla todas las cuestiones que bajo el título de "Informe Criminológico" exige la normativa. Pero he de remarcar que ello no significa que todos los requisitos se encuentren incumplidos, ya que basta con observar el legajo para advertir que previo al egreso del condenado han tenido intervención distintas dependencias penitenciarias y profesionales con sus respectivos dictámenes y opiniones. ------ --- Asimismo, y relacionado con esta cuestión, el propio director de la institución penitenciaria a fs. sub. 23 y vta. pone en conocimiento de la Sra. Jueza de Ejecución Penal que la falta de personal profesional idóneo en psicología, trabajo social, psiquiatría y sociología impide un adecuado tratamiento, mediante un abordaje individualizado y profundo, de todos los internos alojados en la unidad. --- --- Ahora bien, queda claro que la problemática está referida a cuestiones de índole netamente administrativas vinculadas al proceso de rehabilitación y tratamiento de los internos conforme el régimen de progresividad de la ejecución; y a partir de tal aseveración es que se pueden sentar algunas conclusiones. ---- --- Considero así que el artículo 102 del decreto N° 396/99, modificado por decreto N° 1139/00 es una norma de carácter procedimental que debe cumplimentar la autoridad penitenciaria, ya que regula la forma de actuación y el contenido mínimo de los dictámenes que emita el Consejo Correccional; y como tal no es directamente dispositiva u operativa para el juez de ejecución. Véase que se trata de los requisitos -no previstos bajo sanción de nulidad- que debe cumplir la autoridad administrativa, pero que de ningún modo directo condicionan el otorgamiento de los beneficios extramuros. Entonces desde esta posición en el sub examine, y en estricto sentido jurídico, no ha existido inobservancia de ley sustantiva; desde que no se trata de una regla conforme a la cual el propio juez deba resolver la cuestión propuesta por las partes para su juzgamiento. - --- Por otra parte, las deficiencias administrativas apuntadas -referidas en última instancia a la falta o imperfección de un tratamiento individualizado y profundo de los internos- en modo alguno tornan arbitraria o nula la decisión la Sra. Jueza de Ejecución, que se resiste por el recurrente, toda vez que lo resuelto no aparece como contrario a lo racional y se ajusta a una visión realista de la situación dentro de las posibilidades actuales de la administración penitenciaria. En este sentido soy de opinión que la falta de un concreto y adecuado tratamiento o estudio, al que propende la ley penitenciaria y del que pueda resultar el ideal de un régimen penitenciario, es una cuestión que no puede pesar en desmedro de la situación particular del propio interno condenado que se encuentra sometido obligatoriamente a las directivas y órdenes de la autoridad carcelaria. Es decir que si el Estado no le brinda el tratamiento que debiera corresponder ello no puede impedir el egreso anticipado que la propia ley de ejecución prevé como un derecho básico, cuando el sujeto se encuentra encuadrado formalmente en los requisitos pertinentes del beneficio que impetro. Sostener lo contrario llevaría a que los condenados permanezcan presos del sistema hasta el agotamiento total de la pena con el muy probable riesgo de que al momento del egreso tampoco estén rehabilitados; contrariando así abiertamente los principios y fines de la ley 24.660. -- --- Además que de todo lo actuado no surge la existencia de elementos probatorios -referidos al perfil del condenado o de sus antecedentes carcelarios- que justifiquen la oportuna denegación del beneficio solicitado o ahora su revocación. -- --- Sostiene el recurrente que no debe desatenderse el derecho de la sociedad, lo cual es cierto y notablemente loable, pero dentro de este cuadro de situación considero que constituye una cuestión simplemente conjetural o hipotética sostener que la salida anticipada del condenado -con el apuntado tratamiento recibido- es una amenaza social o un riesgo, ya que significa adelantarnos o imaginar una situación futura carente de actualidad; debiendo entonces primar el derecho concreto y actual del condenado que dentro del proceso penal y el cumplimiento de la condena cuenta a su favor con los principios de interpretación restrictiva e in dubio pro reo (arts. 3 y 4 C.P.P.) y pro libertad (arts. 6, 14 y cc. Ley 24.660). -------- --- Como lo afirma el impugnante esta cuestión es un problema netamente administrativo penitenciario que evidentemente debe ser solucionado en su propio ámbito, con el permanente control judicial; pero esta afirmación debe ir unida siempre a la idea de no perjudicar la situación del interno condenado (cfr. art. 3 Ley 24.660)..--- --- Todo lo dicho me lleva a propiciar que el recurso de casación intentado sea rechazado y confirmada la resolución dictada por la Señora Jueza de Ejecución Penal en fecha 31/10/2008; asimismo que el contenido de lo aquí resuelto sea puesto en conocimiento del Director del Servicio Penitenciario Provincial, Secretario de Seguridad de la Provincia y Ministro de Gobierno de la Provincia -mediante oficios de estilo-, a sus efectos.-------- --- Así voto. --- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. CARLOS EDUARDO BALAGUER Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON: -------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente. --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de casación deducido y confirmar la resolución dictada por la Señora Jueza de Ejecución Penal. II) Ofíciese al Director del Servicio Penitenciario Provincial, Secretario de Seguridad de la Provincia y Ministro de Gobierno de la Provincia a los fines de comunicarles el contenido de la presente resolución, a sus efectos. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos.- Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, Carlos Eduardo Balaguer y Adolfo Caballero. Ante mí: María Graciela Aguilar de Fornés-Secretaria Letrada.

NIL Cp-4642 P.R.E. S.2ª. 2009-I-62.