marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitución Nacional, Poder Legislativo Nacional, pueblos originarios, personería jurídica, derechos del aborigen, propiedad comunitaria de la tierra
Materia: CULTURA
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

Gonzalo y Juan F. Linares opinan que esta frase otorga a las comunidades indígenas, personería de derecho público, porque la Constitución les reconoce expresamente personería jurídica, lo que no sucede ni con los sindicatos ni con la Iglesia Católica. No estamos de acuerdo con esta opinión, ya que la mera referencia a la personería jurídica, sin aditamento alguno, no define su carácter público o privado. Esto sucede también con las asociaciones de usuarios y consumidores (art. 43, segundo párrafo), sin que ello implique reconocerles el carácter de personas de derecho público.

Bidart Campos, en cambio, sostiene que esta disposición constitucional deja a un lado vieja jurisprudencia de la Corte, imponiendo al Congreso dictar las leyes necesarias para reconocer a las comunidades como personas colectivas. Un problema jurídico más grave conlleva el reconocimiento de la "propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan".

No existe en el Código Civil este tipo de "propiedad comunitaria", por lo que debiera ser definido en una ley especial. Ahora bien, ¿será quizá algo similar a los "Ayllu" del imperio inca, en la América precolombina? Además, ¿estarán cansadas las tierras que estos pueblos o grupos tradicionalmente ocupan? ¿Acaso esto significa que ninguna comunidad indígena podrá tener tierras bajo el régimen de la propiedad privada clásica? ¿Esto no dará lugar a litigios interminables? Si nos remitimos al pasado histórico, todo el territorio de nuestro país y de América entera fue propiedad tradicional de las comunidades indígenas, lo que no significa que toda relación o situación jurídica deba resolverse de la misma manera sino atendiendo a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar.
Recursos, falta de fundamentación, Impuesto sobre los ingresos brutos, determinación de oficio, determinación sobre base presunta, acción de nulidad
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Pellegrino, Luis y otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-17

La sentencia de Cámara que en último término se cuestiona declaró la nulidad de la determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos brutos realizada por el GCBA sobre base presunta, por considerar que no se encontraba sustentada en los hechos y antecedentes que le sirvieron de causa y en el derecho aplicable. Con ello, la Cámara pudo venir a decir que el fisco local había excedido sus facultades al gravar los ingresos obtenidos por el contribuyente en otras jurisdicciones, en virtud del principio de territorialidad en el ISIB. También puede leerse que, para la Cámara, resultaba arbitrario el criterio del fisco de estimar que los ingresos de la parte actora por las ventas en su local gastronómico de la CABA para los períodos debatidos debían ser de la misma magnitud que los que había declarado en la Provincia de Buenos Aires por la actividad de los locales allí ubicados. Ello así, corresponde rechazar la queja, toda vez que ninguna de esas lecturas posibles viene discutida por el recurrente. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere parcialmente la juez Inés M. Weinberg).
Delitos, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: F, V P Y OTRA s/ ROBO CALIFICADO DE AUTOMOTOR Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA  LIBERTAD - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD  (CSJ EXPTE Nº 398-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-03

La tentativa es por definición "comienzo de ejecución de un delito determinado, con dolo de consumación y medios idóneos, que no llega a consumarse por causas ajenas a la voluntad del actor". En la acción de tentativa, el "tipo objetivo no debe cumplirse totalmente.

Tentativa es comienzo de ejecución sin llegar a la consumación", entendiéndose que el delito se ha consumado "cuando el autor ha concretado todas las condiciones contenidas en el tipo y de ese modo lesionado o puesto en peligro el bien jurídico tutelado".
Recurso de casación penal, falta de acción, tribunal de alzada, sentencia definitiva, doble instancia, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MARCER, Ernesto R. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-25

El art. 457 del C.P.P.N. determina las resoluciones pasibles de remedio de excepción, al mencionar a las sentencias definitivas y a los autos que "...pongan fin a la acción, a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena".

"...las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen esa calidad [de sentencia definitiva o equiparable a tal], aun cuando se invoquen presuntas afecciones a garantías constitucionales".

"La resolución de la cámara de apelaciones por la que se confirmó la decisión del instructor de no hacer lugar a la excepción de falta de acción por inexistencia de delito articulada por la defensa no puede ser impugnada por la vía del recurso previsto en el artículo 456 del rito. Debe tenerse en cuenta que la decisión que se pretende impugnar ha sido dictada por aquella en su carácter de órgano revisor de las resoluciones emanadas de los magistrados a cargo de la instrucción, por lo que se encuentra satisfecha la garantía constitucional de la doble instancia y resulta de aplicación la doctrina sostenida por la Corte Suprema in re "Rizzo, Carlos Salvador s/incidente de exención de prisión", en cuanto a que a los fines del artículo 14 de la ley 48 es dicho tribunal de alzada "el superior tribunal de la causa, pues la cuestión debatida en el pleito es insusceptible de ser revisada por otro órgano dentro del ordenamiento procesal vigente".
Proceso judicial, tasa de justicia, acción meramente declarativa, reordenamiento del sistema financiero
Materia: ECONOMIA-PROCESAL
Carátula: "Banegas  de  Oliva  Argentina c/ PEN-Ley 25.561- Dtos 1.570/01214/02 (Citibank Nación) s/ Proceso de Conocimiento-Ley 25.561".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-15

La acción declarativa en los términos del art. 322 del C.P.C.C.N. que persigue la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1570/01 y demás normas que establecieron el denominado sistema de indisponibilidad financiera y que se pongan a disposición de la ahorrista actora los dolares estadounidenses ordenandose al banco depositario la entrega de los montos depositados es una pretensión que comprende la entrega de una suma de dinero, más allá de la calificación de la acción por parte de quien intenta que resulta susceptible de apreciación pecuniaria y en consecuencia par el cálculo de la tasa de justicia corresponde aplicar los arts. 2, 4 inc. a) y 9 de la ley 23.898
Recurso de apelación (procesal), honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: VARIZAT DANIEL ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-29

Si bien es facultativo el recurso de apelación contra la regulación de honorarios, ello no eximiría de discriminar el agravio que invoca, sin embargo, toda vez que la queja es formulada por el condenado en costas, el que estaba compelido legalmente a agraviarse del decisorio cuestionado, permite inferir el perjuicio que la resolución le acarrea. Por lo que deberán considerarse los honorarios en cuestión respecto a su adecuación a los términos de la normativa arancelaria.
Locación de cosas, plazo de la locación, vencimiento del plazo, prórroga del plazo, prueba, aumento del alquiler
Materia: CIVIL
Carátula: VILAR ROBERTO ANTONIO c/ ARBINI PEDRO JORGE s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-13

A los efectos de la prueba de la prórroga de un contrato de locación, el aumento del canon locativo con posterioridad al vencimiento del término contractual, constituye sólo un indicio cuando el mismo supera los índices de actualización corrientes en plaza, pero que debe ser robustecido por otros medios probatorios que lo corroboren.
Competencia federal, sistema informático, medios de comunicación electrónica, correo electrónico, código penal, datos personales, delitos informáticos, redes sociales, telecomunicaciones
Materia: PENAL
Carátula: Arruvito, Maria Paz  c/  s/ su denuncia (violación de sistema informático art. 153 bis 1er. párr.)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-08

Corresponde al fuero federal investigar la denuncia por violación del sistema informático a través del acceso del usuario a una red social y a una cuenta de correo electrónico toda vez que ambos constituyen una "comunicación electrónica" o "dato informático de acceso restringido", en los términos de los artículos 153 y 153 bis del Código Penal, según la ley 26.388, cuyo acceso sólo es posible a través de un medio que por sus características propias se encuentra dentro de los servicios de telecomunicaciones que son de interés de la Nación (artículos 2° y 3° de la ley 19.798).
Caducidad de instancia, incidente de caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Optar S. A. c/ Wilson Eduardo y otra s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-28

El incidente de caducidad de instancia puede a su vez perimir, debiendo resolverse este último planteo antes que la perención del principal. (Minoría u opinión personal)
Recurso contencioso administrativo, Superior Tribunal de Justicia, avocación jurisdiccional, acción de amparo, competencia contencioso administrativa, prórroga de la competencia, consentimiento, competencia por la materia, improrrogabilidad de la competencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: ACUÑA, FRANCISCO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LAS PAREJAS s/ AVOCACION - ACCION DE AMPARO - MEDIDA CAUTELAR (EXPTE.: C.S.J. NRO.  2 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-10

No puede prosperar el planteo de los actores que cuestionan la potestad de la Corte local de intervenir en el pedido de avocación formalizado por la Municipalidad demandada, en razón - básicamente- de que ello le estaría vedado por haber la Municipalidad consentido la competencia del juez donde se planteó el amparo. Ello así, por cuanto la Corte provincial sostiene desde antaño la absoluta inoperancia de los pactos sobre prórroga de competencia, cualesquiera sean las razones que se aduzcan para concertarlos o admitirlos en sede jurisdiccional; agregando, además, que tampoco puede ser consentida la que puedan asumir otros jueces. Al respecto, ha considerado que el control de esa competencia constituye una potestad cuyo ejercicio, que puede ser aun de oficio, no se paraliza con el consentimiento que las partes hayan podido dar respecto de la competencia de otros jueces. Así, al considerar planteos basados en el artículo 2, in fine, de la ley 10.160, el Tribunal expresó que esa norma "no puede incluir competencia 'ratione materiae' que deriva de la Constitución provincial (artículo 93)" y ha sido asignada a esta Corte Suprema de Justicia y a las Cámaras de lo Contencioso Administrativo".
Recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: ELECTORAL
Carátula: Basteiro Sergio Ariel y otros s/ se presentan y hacen parte. Interponen recurso de revocatoria y apelación en subsidio  contra  resolución de fecha 14 de octubre de 2009  -fs. 1329- en autos principales Partido Socialista, Letra P, Nº 41, Año 2003
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-29

Resulta indispensable que la solución de la causa requiera necesariamente la interpretación del precepto federal invocado (cf. Fallos 121:458; 125:292; 143:74; 187:624; 248:129; 268:247; 265:551; 276:365; 294:376; 299:156; 300:711; 307:2131 y 314:1081, entre otros), pues lo contrario importaría privar indebidamente a la jurisdicción de la Corte Suprema de todo límite, dado que no hay derecho que -en definitiva- no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cf. Fallos 238:488; 295:335; 310:2306 y 320:1546, entre otros).
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, habeas data
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Alderete Ramona Ros c/ Caja Popular de Ahorro de Tucumán s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-04-22

Resulta improcedente el recurso de apelación incoado por la demandada contra la sentencia que hizo lugar a la acción de hábeas data, pues no ha cumplido acabadamente con el requerimiento efectuado por la actora toda vez que omitió brindar la información relacionada con los descuentos por seguro colectivo obligatorio y seguros colectivos adherentes. No se trata de una mera diferencia de datos entre el Municipio y la demandada como sostiene al agraviarse, sino que es una falta de información; lo cierto es que la recurrente omitió proporcionar datos relacionados con los descuentos efectuados en los términos requeridos en el pedido de informe del art. 21 de la Ley 6944, ameritando la procedencia de la acción.
Acto administrativo, nulidad de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Figliola, Elsa Liliana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

El ejercicio de la potestad anulatoria de la administración se encuentra necesariamente vinculado a la dilucidación de la regularidad del acto administrativo, examen que ha de referirse al carácter y particularidades del vicio en que se sustenta la invalidez. La validez o nulidad de los actos administrativos debe juzgarse a la luz de las disposiciones vigentes en el momento en que se dictan, juicio que se facilita cuando la irregularidad o vicio es tan patente que no presenta ninguna duda, es decir, cuando la irregularidad del acto se destaca en forma certera e indiscutible.
Régimen de consolidación de deudas, cancelación de deudas
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Nuñez, Luis Ramón c/ Ministerio del Interior y Otro s/ Accidente en el ámbito militar y fuerzas de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-09

La fecha en que se reconoció en sede judicial la obligación o en que ingresó a la Oficina Nacional de Crédito Público (art. 59 de la ley 26.546), no aparece en el caso como una pauta razonable para establecer diferencias sustanciales en la forma de cancelación de deudas sujetas a una misma ley de consolidación de acuerdo con la fecha de su título o causa (art. 16 de la Constitución Nacional), máxime cuando se trata de contingencias procesales y/o administrativas que, en gran medida, no dependen exclusivamente del actor y que tienen por consecuencia un menoscabo sustancial del derecho que le fue reconocido en la sentencia (cfr. en tal sentido, Sala 2, doctrina de la causa 1998/99 del 20-11-2007, Consid. 10°).
Divorcio, prueba testimonial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CAMPOS DE HERRERA, NILDA c/ HERRERA, RAMON BERNARDO s/ DIVORCIO Y SEPARACION DE BIENES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-11-13

Las deposiciones de los testigos parientes, amigos, dependientes de las partes, no obstante la relevancia que tienen en los juicios de divorcio, deben también valorarse sin desconocer la natural proclividad a beneficiar a la parte con la que están vinculadas.
Competencia comercial, accidente de tránsito, contrato de transporte
Materia: PROCESAL
Carátula: CENTURION, S.T. c/ TRANSP. JUAN B. JUSTO  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-29

La actividad organizada por una empresa con el fin de obtener beneficios económicos, configurados a través de contratos de transporte, reviste carácter mercantil, por lo que el juicio de daños y perjuicios iniciado por las lesiones que sufriera un pasajero, debe tramitar ante la Justicia Nacional en lo Comercial.
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: José Norberto Ojeda. c/ Empresa Vercelli Hnos. s/ Laboral.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-10-20

No constituye por si sola, circunstancia definitoria de existencia de la mentada relación laboral habida, la incontestación de los telegramas cursados, toda vez que no se ha acreditado la concreta prestación de las labores invocadas que es la expresión objetiva de la relación laboral subordinada.
Concursos, homologación del acuerdo preventivo, fiador, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  SAN  LUIS  SA  BANCO  COMERCIAL  MINORISTA c/ GAWIANSKI,ABRAHAM Y OTRO S/ s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

Resulta improcedente que un fiador pretenda la aplicación de la L.C. art. 55 (texto según Ley 25563, promulgada el 14.2.02, y derogado por Ley 25589 art. 6  el 15.5.02), si como acontece en el caso, el acuerdo fue homologado el 17.05.01, durante la vigencia de la Ley 24522, pues la Ley 25589 restableció el art. 55 según la redacción anterior. Ello así en orden a la operatividad inmediata de la  Ley 25589 (Conf. art. 20), siempre y cuando no resulte de aplicación el CCIV art. 3-1° Párr. (2° parte), y no se presenten situaciones definitivamente consumadas o derechos irrevocablemente adquiridos, amparados por preceptos de rango constitucional, y no se trate del caso en que de la aplicación de la nueva ley se siga una manifiesta incompatibilidad con el estado del tramite cumplido bajo la vigencia de la ley anterior.
Defensa del consumidor, cumplimiento de la obligación, asegurador
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: " Zurich Internacional Life Limited Sucursal Argentina c/ GCBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-16

No quedó demostrado que la prestación del servicio brindado por la compañía aseguradora no haya respetado los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos según la exigencia del art. 19 de la LDC, puesto que ni la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor ni la Cámara al revisar su decisión expresaron razón alguna que avalase que, no obstante las circunstancias en que se produjo el fallecimiento del tomador -extremo no controvertido-, la mentada opinión de un profesional resultaba atinente para que la aseguradora se pronunciase acerca de la procedencia de la pretensión del beneficiario, es decir, para que brindase el servicio contratado.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sentencia, sobreseimiento definitivo, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Rico, Aldo; Saborido, Ricardo y otros s/ INV.ORD,POR  EL Sr.JUEZ FEDERAL DE PASO DE LOS LIBRES POR LA SUP.INF.  ARTS.226 Y 234 DEL C.P. - CAUSA NRO.11701 -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-20

Si bien el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que -definiendo su posición frente a la ley y la sociedad- ponga término del modo más rápido posible a la innegable situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal, está incluido en la garantía constitucional de la defensa en juicio, no se advierte en el presente caso -en el que se rechazó el sobreseimiento definitivo por considerar al peticionante , pese a su condición de civil, partícipe del delito de motín- que la continuación del proceso importe un gravamen que exceda del que se deriva del regular trámite legal.
Nulidad procesal, principio de trascendencia, agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Luis Santiago y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-14

El principio de trascendencia, que regula el instituto de la invalidación de los actos procesales, exige la existencia de un vicio de tal carácter que afecte un principio constitucional, y que ello sólo se materializa con la generación de un perjuicio concreto que no haya sido subsanado, porque las formas procesales han sido establecidas como garantía de juzgamiento y no como meros ritos formales carentes de interés jurídico.
Violación de las formas procesales, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Serio, Horacio Nicolás y Otros s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-12-18

Los agravios que atribuyen violacion a las formas procesales, no puede tener andamiento por no cumplirse ninguno de los recaudos que autorizan a deducir incidentes de nulidad, en consecuencia no cualquier vicio autoriza a descalificar el pronunciamiento sino solo aquellos que por su gravedad y ausencia de consentimiento por el agraviado hacen necesaria su remoción.

Las normas que se citan no han sido impuestas bajo expresa sanción de nulidad, ni son de las que impiden al acto cumplir su finalidad a que está destinado, por lo que cabe su rechazo.
Denegatoria del recurso, juicio oral, apreciación de la prueba, insuficiencia del agravio, Gendarmería Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Schennovalt, Lorenzo Mario c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

Corresponde rechazar la solicitud de nulidad formulada toda vez que teniendo en cuenta el caudal probatorio reunido en el juicio oral como así también la naturaleza del acto cuestionado, no se observa ninguna irregularidad ni afectación a los derechos del imputado, extremo que no ha sido demostrado mínimamente por la parte recurrente. Los distintos elementos probatorios surgidos de la audiencia oral concluyeron con la ratificación de la información plasmada en el acta de procedimiento, Cabe agregar, que la información que surge del juicio oral siempre genera mayor conocimiento de los hechos imputados, y eso puede significar la variación de algunos aspectos o acontecimientos. En este caso las supuestas imprecisiones a las que se refiere la defensa, no modifican la información esencial del caso. Tanto el personal de Gendarmería Nacional, como los testigos de actuación, fueron cónsonos en los pormenores que rodearon a la detención del imputado y que fueron plasmadas en el acta correspondiente. A partir de ello, se pudo controlar tanto la veracidad como la legalidad del acto de la prevención.
Convención sobre los derechos del niño, interés superior del niño, estado de familia, derechos de las niñas, niños y adolescentes, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

La Convención de los Derechos del Niño ha concedido una protección especial a los menores aún en el caso en que la sociedad podría estar interesada sobre la comisión de delitos, tanto más en el de su propia filiación (Voto de los Dres. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Notificación por cédula, nulidad procesal, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "FAGIANI, Walter s/ nulidad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-28

La notificación por cédula practicada con los requisitos exigidos por el  art. 197 del C.P.P.N., es válida aún cuando no se acompañe copia del auto de procesamiento que la motivara.