marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, competencia por la materia, competencia ordinaria, competencia comercial, competencia federal, servicio telefónico
Materia: COMERCIAL
Carátula: ONITCANSCHI, GUSTAVO GUILLERMO c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-28

Que la prestación del servicio telefónico derive mediatamente de una concesión de derecho público no inviste de tal carácter la menuda, concreta y humilde relación en juego entre la prestadora y usuario, por lo que cuando el litigio comprometa solamente relaciones de derecho privado mantenidas entre la empresa de servicio telefónico y algún usuario, tales cuestiones competerán al fuero en lo comercial (ordinario), siendo, en cambio, procedente su diferimiento a la justicia en lo federal cuando estén en juego directamente reglas de derecho público.
Prescripción, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jurado, Luis Ernesto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-16

A falta de disposiciones expresas de derecho público en materia de prescripción, no cabe duda que debe acudirse al régimen organizado por el Código Civil, partiendo de la índole de la relación jurídica preexistente para encontrar las debidas similitudes, lo que no configura otra cosa que la posibilidad de recurrir a las situaciones análogas a las que reenvía el art. 16 del Código Civil, teniendo en consideración las circunstancias del caso.
Obstrucción de la vía pública, prueba testimonial, apreciación de la prueba, dolo
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, M. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-31

Conforme la testimonial que no fuera refutada en esta causa, cuando manifiesta aludiendo al imputado "... generalmente si no puede estacionar lo deja en la entrada de camiones porque viene con herramientas...", surge en cuanto a la reprochabilidad, que la conducta endilgada, fue con dolo - intención y conocimiento - por lo menos eventual, pues colocó el vehículo de tal forma que afectó, al menos parcialmente, el derecho de los ciudadanos de transitar sin inconvenientes por la acera (vía pública) y fuera de las excepciones que la norma contravencional descripta por el artículo 41 del Código Contravencional autoriza.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia ordinaria, servicio telefónico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Batista, Mercedes s/ Competencia - Por Materia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-24

No habiéndose acreditado, por tratarse de un hecho singular, la afectación del servicio de comunicaciones, como tampoco la defraudación de las rentas de la Nación o el mal desempeño de funcionarios nacionales al ser la empresa prestataria del servicio telefónico de un ente privado, debe intervenir en la investigación la justicia ordinaria de la capital.
Competencia por conexidad, acción de amparo, ley de orden público, conjueces
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: DRAGO, ARMANDO LUIS Y OTROS s/ RECURSO DE AMPARO.    COMPETENCIA.     CSJ EXPTE NRO 371-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-09-02

El artículo 4to de la ley 7053, reguladora del amparo, establece una regla de competencia por conexidad cuando se trata de recursos contra una misma decisión, acto u omisión que afecte a varias personas. Tal mandato, que tiene en miras criterios de orden, seguridad jurídica y justicia, resulta imperativo al ser de orden público la materia en cuestión, siendo igualmente aplicable a casos en que actúa un Conjuez.
Cuestiones de competencia, violencia familiar, competencia de instrucción, competencia civil
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Expte. Nº 152-STJ-2.012 - Juez Civil, Comercial y Laboral del la IV - Circunscripción Judicial Dr. Italico H. Lirussi S/ Rechazo de Incompetencia en Autos: "Expte. Nº 286/2.012 - Cerdan, Juana Isabel s/ Ley 3.325 - Violencia Familiar en Expte. Nº 691/2.011 - Caseres Chamorro, Santiago s/ Amenaza" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-02-14

La contienda de competencia suscitada, admite abordajes desde diferentes ángulos, toda vez que se requiere por un lado, en forma urgente, se tomen medidas adecuadas y eficaces a fines de resguardar la integridad física y moral de la denunciante y de sus hijos menores de edad; y por otra parte, la necesidad de realizar una investigación profunda de los hechos ante la posible configuración de un delito, por lo que corresponde declarar la competencia del Juzgado de Instrucción Penal -a los fines de la investigación del supuesto delito- y del Juzgado Civil, Comercial y Laboral -a los fines que continúe el seguimiento de la causa y adopte, de ser necesarias, nuevas medidas a los efectos de resguardar la integridad física y moral de la denunciante y de su núcleo familiar-, debiendo implementarse para cada Juzgado, dos expedientes para su tramitación inmediata. (del voto por su fundamento de la Dra. Leiva)
Prueba, fundamentación de sentencias, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: Vega Perez Mara Silvina y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-18

Frente al cuadro cargoso reunido en autos el embate de las defensa sobre la evaluación probatoria no alcanza a señalar el vicio de arbitrariedad al que alude sino más bien aparecen tendientes a neutralizar la prueba de cargo, en especial los testimonios de policías y civiles, valorada por el tribunal con arreglo a la sana crítica racional, lo que aleja al fallo de aquélla tacha de arbitrariedad. Se advierte que el a quo realizó un análisis correcto del cuadro probatorio reunido en contra de los encausados, cuyos elementos, debidamente ponderados a partir de un juego armónico acorde con las reglas de la sana crítica, fuerzan a concluir en el temperamento condenatorio. Por lo demás, cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios para su consideración como acto jurisdiccional válido, lo cuales obstan cuestionamientos por arbitrariedad. Es que despejados los cuestionamientos esgrimidos contra la regularidad del procedimiento, repasando el desarrollo central del pronunciamiento, se diluyen sin esfuerzo los agravios de las defensas, pues las conclusiones del Tribunal se encuentran precedidas de un razonamiento lógico en la ponderación probatoria y, en consecuencia a resguardo de toda tacha por arbitrariedad o absurdo notorio. Como se aprecia de todo lo dicho, no se advierten defectos de logicidad en el decisorio ni transgresiones al correcto razonamiento que pudieran dar sustento a la tacha de arbitrariedad que se pretende. Los agravios de los recurrentes sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (Fallos 302:284; 304:415; entre otros). No constituye fundamento para la invocación de arbitrariedad aquel que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida por el juzgador, insuficiente por ende para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (Fallos: 295:140; 302:1491; 323:4028; 324:2460; 326:2156, 2525; 327:2406; 329:2206; 330:133; entre otros).

Se desprende que el tribunal efectuó una adecuada subsunción de la conducta atribuida a los encausados, esto es, la tenencia del material prohibido con evidentes fines de comercialización.
Acción de inconstitucionalidad, emergencia económica, emergencia previsional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bergallo Difiori, Ignacio Luis y otros. s/ Declaración de Inconstitucionalidad (Ley 2910 -art. 1º y 2º).
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-10-21

En la actuaciones incoadas los recurrentes nos han acreditado: 1º) que las jubilaciones de privilegios otorgadas por el Instituto de Previsión Social y a una de las cuales se han acogido, no tengan entidad para quebrar el sistema previsional del Instituto de Previsión Social de la Provincia y el principio ético de solidaridad previsional que como sustento fáctico y jurídico fundamenta como finalidad la ley de emergencia cuestionada; 2º) en cuanto al tiempo de vigencia, de la ley impugnada, que ésta permanente; 3º) que la liquidación y pago de todos los beneficiarios previsionales de privilegio otorgados en virtud de leyes especiales no afecten el normal desenvolvimiento previsional para el pago permanente de los haberes jubilatorios de la totalidad de los afiliados; 4º) que los aportes realizados por los reclamantes al Instituto de Previsión Social, en un sistema de capitalización a los fines previsionales, dé como resultado matemático-financiero el monto que en el carácter de beneficio jubilatorio se reclama, ni que los mismos incluidos en el sistema de reparto que rige en el Instituto de Previsión Social para las jubilaciones ordinarias, correspondan como resultado matemático para cada uno de los demandados el monto mensual que reclaman judicialmente, razón por la cual -a contrario sensu-, considero, que no está probada la confiscatoriedad que invocan, porque tratándose de un carácter de un derecho económico-financiero sustentado en un sistema de capitalización o en un sistema de reparto, a los fines planteados en la demanda, debe probarse en forma indubitable no sólo el derecho declarativo al beneficio jubilatorio, sino el derecho al quantum otorgado, como elemento esencial para configurar sustancialmente el derecho adquirido. (Dra.

Poggiese de Oudín:Según su voto).-
Aplicación errónea de la ley, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: NIEVA, HECTOR GUSTAVO c/ OVEJERO, NESTOR OMAR s/ RESOLUCION DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-10-29

El recurrente en su agravio bajo alegación de errónea aplicación del derecho en el fallo que impugna, intenta por vía de casación introducir una nueva cuestión, ausente al momento de interposición de la demanda, tal es el supuesto incumplimiento del vendedor de proveer a su parte-comprador de la unidad automotor- de la documentación necesaria para realizar la transferencia dominial.

Analizada la demanda en ella nada se dice sobre el supuesto incumplimiento en relación a la documentación del automotor, limitando su petición a la resolución contractual y al reconocimiento de daños y perjuicios en la sola circunstancia de la adulteración del chasis y motor, cuestión develada con motivo del procedimiento de verificación de la unidad ante Gendarmería Nacional, realizada más de un año después de celebrada la transacción. Ello así, advirtiéndose la intención reformuladora de los hechos configuradores de la traba de la litis, y ateniéndose a cómo ella fue planteada al momento de interposición de la demanda y su contestación, límite legal impuesto en materia recursiva, y de particular estrictez en materia de recurso extraordinario de casación, la tarea jurisdiccional desarrollada en el fallo en recurso, resulta más que razonable en orden a su motivación, la que aparece completa en tanto ha justificado la interpretación de las normas aplicadas, la convicción a la que le han conducido los elementos fácticos valorados, enunciando las reglas de elección de tales criterios jurídicos interpretativos o de valor que ha juzgado hábiles para fundar su decisión. En conclusión no se configura en el caso el vicio que se le endilga al fallo de grado y por ello corresponde rechazar el recurso de casación articulado.
Campaña electoral, propaganda política
Materia: ELECTORAL
Carátula: Compromiso para el Cambio y otro s/ infracción Ley 268 268
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-15

El artículo 4, primera parte, de la ley 268 obliga -"debe", dice la norma- a que la propaganda gráfica en la vía pública que los candidatos utilicen durante la campaña electoral contenga, sin excepción, la identificación de la imprenta que la realice.
Genocidio, violaciones masivas de Derechos Humanos, discriminación racial, jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, reforma de la constitución, terrorismo de Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Masacre de Napalpí  c/  s/ Juicio por la Verdad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2022-05-19

El delito de genocidio, tipificado en 1948 en la "Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio", norma convencional que adquirió jerarquía constitucional a partir de la Reforma Constitucional de 1994, define los distintos actos que lo integran, siendo ellos: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que conlleven su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; traslados por la fuerza de niños del grupo a otro grupo, todos actos que deben ser cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Despido, sociedad de responsabilidad limitada, simulación ilícita
Materia: LABORAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Suarez Bustamante, Erick Thomas  c/ Umea SA y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-29

Resulta evidente que desaparecida la sociedad de responsabilidad limitada empleadora del accionante, los propios demandados como titulares de la sociedad anónima continuaron la explotación de la actividad gastronómica, manteniendo el mismo objeto y domicilio social, sin solución de continuidad. Luce configurada a través de un haz de indicios precisos y concordantes la maniobra de simulación ilícita para desligarse de las responsabilidades que ligaban a la sociedad de responsabilidad limitada con el actor. Convergen la defraudación respecto de un crédito líquido exigible por parte de la patronal y la vinculación por relación de parentesco entre los titulares de aquélla y los de la sociedad que continuó con la misma actividad, dinámica e infraestructura. Ello pues, luego de anoticiarse de los créditos laborales reclamados, las personas físicas codemandadas constituyeron una nueva sociedad y no acompañaron documentación que arroje luz sobre el cumplimiento del procedimiento de disolución al que alude el art. 94 de la LSC. Nuestra legislación en diversos ordenamientos, reprueba las conductas que tienen por fin violentar los derechos de los acreedores y es evidente que con la maniobra implementada se ha intentado defraudar al accionante. Toda vez que sociedades constituidas fueron dirigidas y controladas por las personas físicas codemandadas, se impone atribuirles responsabilidad a éstas en su carácter de titulares de las empresas accionadas, las que también deberán responder solidariamente ya que no se aportaron elementos que permitan siquiera inferir que las sociedades involucradas en realidad constituyeran empresas diversas en cuanto a medios, infraestructura y conducción, dado que asimismo, las personas físicas que la integraban eran padres e hijos.
Alimentos, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., A.A. c/ V., G.A. s/ Alimentos (ejecución de alimentos)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21

Teniendo en cuenta que la medida cautelar peticionada tiende a asegurar derechos alimentarios, no resulta excesivo trabar un embargo sobre el 30% de la suma que por todo concepto percibe el demandado por su cargo de Director en el Hospital Municipal de Salazar (arts. 645 y concs. cód. proc.).
Indemnización, incapacidad sobreviniente, prueba pericial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: CASAS Martín Jesús c/ Chirino Gabriel Santos s/ Ordinario Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-08-31

En tanto de la labor pericial analizada no surge cual es la actividad funcional de la persona del actor afectada por alguna minusvalía, puedo afirmar que no existen secuelas incapacitantes en el accionante, resultando por ello improcedente el reclamo con fundamento en incapacidad sobreviniente, tal como lo afirma el recurrente. Cabe a mayor abundamiento expresar que tampoco el accionante ha denunciado en que medida como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente, se ha visto disminuida su capacidad física, su vida de relación y menos aún su vida laboral en tanto no ha acreditado por medio alguno actividad laboral o estudiantil alguna.

En este sentido cabe recordar que la incapacidad para ser resarcible debe ser permanente y subsistente al momento de resolver, pues los daños que pudieren dar lugar a una incapacidad transitoria o definitivamente revertida, como la de autos, están contempladas en otros rubros indemnizatorios como daño moral o lucro cesante. Considero por ello, que el monto acordado por el juez de grado en concepto de incapacidad sobreviniente no tiene respaldo legal ante la inexistencia de secuelas, correspondiendo el rechazo de la pretensión actora en tal concepto.
Falta de prueba, responsabilidad civil, daños y perjuicios, siniestro, indemnización, asegurador
Materia: PROCESAL
Carátula: Reinoso Antonio Eduardo c/ Berckley International Seguros S.A. s/ cumplimiento de obligación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2021-04-28

Valorando que en autos no se ha invocado ni acreditado ni cabe inferir que haya mediado reclamo alguno por responsabilidad civil y/o laboral y/o daños y perjuicios en contra del tomador/beneficiario, ni tampoco que éste tenga un interés/perjuicio económico personal relacionado con el siniestro previsto en la póliza, la sentencia concluyó que el pago de la indemnización al asegurado resultó útil y contractualmente idóneo para liberar a la aseguradora del cumplimiento de su obligación frente al tomador. Ello así, por cuanto se cumplió la finalidad del contrato al resarcir los daños sufridos por el asegurado, a la vez de mantener indemne al tomador de cuanto pudiera reclamársele con motivo del siniestro. Por último, el Sr. Juez a quo valoró que no se evidencia comportamiento desleal de la aseguradora, pues al ser intimada por el actor al pago del seguro, no negó su cobertura sino que informó que la indemnización había sido abonada al asegurado, poniendo a su disposición los comprobantes. A la luz de los principios de buena fe, de abuso del derecho y del enriquecimiento sin causa, merituó que la ausencia de notificación fehaciente al actor como tomador/beneficiario, no habilita por sí misma la procedencia de la pretensión deducida en autos, si no existió perjuicio alguno para aquél, que no invocó ningún daño propio y específico. Finalmente concluyó que ante la ausencia de un interés legítimo del actor, y con el solo sustento del adagio "quien paga mal paga dos veces", la pretensión del actor en su demanda denota un ejercicio abusivo del derecho opuesto a la buena fe, que no puede ser atendido por cuanto daría lugar a un enriquecimiento sin causa.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, caducidad, resolución denegatoria, resoluciones irrecurribles
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Banco Francés del Río de La Palta S.A. c/ Insumos Litoral S.R.L. s/ Recurso de inconstitucionalidad -Quiebra-Incidente de reposición y  nulidad (Expte.: C.S.J. Nro. 130 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-21

El auto que rechaza la caducidad de instancia no encuadra en el concepto de sentencia propiamente definitiva, desde que no se expide sobre el mérito de la causa, ni puede ser equiparable a tal porque no impide la continuación del pleito ni causa un gravamen que no pueda ser reparado en la sentencia definitiva del pleito. La ausencia del requisito de definitividad, con fundamento normativo en lo dispuesto por el artículo primero de la ley 7055, se torna así en valladar insuperable para la admisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto pues, al no impedirse la continuación del pleito, no se cumple con la "ratio essendi" del recurso extraordinario, pues el gravamen cuenta con la posibilidad de ser reparado en instancias ordinarias sin necesidad de recurrir al remedio extremo de la inconstitucionalidad.
Acción de amparo, clausura preventiva, abastecimiento, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, medidas cautelares, razonabilidad tributaria
Materia: PENAL
Carátula: INDUMENTARIA MIX AND MATCH S.A. s/ Acción de amparo Causa 32164
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-09

1- La atribución de clausurar hasta por tres días con carácter preventivo, los locales en donde se constaten infracciones a la ley de Abastecimiento (Ley 20680, Art. 12 inc, "e") es independiente de la clausura que, en calidad de sanción por infracciones a la misma ley se contempla en otras disposiciones de ella (Art. 5, inc. "c") y que puede alcanzar hasta noventa días.- 2- Siendo dicha atribución una cautela precautoria es susceptible de adoptarse antes de ser escuchado o juzgado el presunto infractor, y como puede producir consecuencias irreparables, debe rodearse de elementales resguardos de razonabilidad, máxime que por tratarse de una facultad que la ley delega indiscriminadamente en los funcionarios actuantes, comprende de ese modo a inspectores que actúan por delegación de funcionarios superiores de mayor responsabilidad.- 3- No se trata de una facultad discrecional sino condicionada a razones de mérito, tendiente por un lado a evitar que la infracción se siga cometiendo, lo que supone una ponderación prospectiva y se explica por la aplicación de la ley en determinados supuestos de emergencia, como ser ante escasez de artículos imprescindibles.- 4- La sola verificación constatada mediante un acta fehaciente de las omisiones allí consignadas no hace indispensable ninguna clausura.- 5- La vía del amparo es la única apta, en el caso, para evitar la lesión irreparable de un derecho de rango constitucional, lo cual no obsta a que en caso de juzgárselo responsable de la infracción que se le imputa y habiéndosele dado las garantías de la defensa en juicio, se le impongan las sanciones que corresponden incluso, de ser la apropiada, la de clausura temporal del comercio (Ley 16986, Art. 13 y Ley 20680, Art. 5).