Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-25


2a instancia. áBuenos Aires,á 25 de noviembre de 2009.

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- La parte actora ha apelado, sin razón el pronunciamiento de la anterior instancia que hizo lugar, parcialmente, a la demanda instaurada. También el perito contador, y los Dres. Valencia, Olea y Baigorria, por derecho propio, reprochan por bajos los honorarios que le fueron regulados.

II.- En el primero de los agravios, la actora no se hace cargo de los fundamentos centrales del decisorio, en cuanto señala que el hecho de que la actora no fuera personal convencionado, no obliga a la empresa a reconocer los incrementos acordados al personal categorizado y -además- no hay prueba idónea en cuanto al exceso en la jornada legal, salvo un aislado testimonio -Gambala- que hizo una vaga referencia a que la actora podía ser llamada a las 20 horas.

El segundo de los agravios, centrado en la obtención de la declaración de inconstitucionalidad del Decreto1433/05, no prosperará.

No es admisible la tacha de inconstitucionalidad de la norma indicada, ya que el legislador es libre de elegir, en cada circunstancia concreta - exista o no una situación de emergencia declarada- las modalidades de protección contra el despido arbitrario, conforme a criterios de oportunidad y conveniencia exentos de censura judicial.

La mera referencia al perjuicio económico que implica para su parte la modificación de normas de protección contra el despido, despojada de un análisis particular del decreto cuestionado, y de las razones por las que se lo juzga contrario a normas constitucionales concretas, deviene insuficiente como para habilitar la declaración de inconstitucionalidad que se reclama.

Juzgo correcta la eximición a la multa del artículo 2do. de la Ley 25.323 porque, poco tiempo después del distracto laboral, ocurrió la presentación dispuesta por la jueza "a quo".

Como no se intimó en los términos del Dec. 146/01 que reglamenta el artículo 43 de la Ley 25.345, la multa del artículo 80 L.C.T. es improcedente al igual que la del 132 de dicho cuerpo legal, a la luz de lo normado por el artículo lro. del Dec. mencionado.

En cuanto a la extensión de responsabilidad que se intenta corresponde precisar que la sóla invocación de los artículos 54, 59 y 274 de la Ley de Sociedad Comerciales, más la imputación de que la empresa incurrió en alguna clase de incumplimiento, no basta para extender la responsabilidad a los otros co-demandados ya que, no se encuentra acreditado que se esté en presencia de una sociedad ficticia fraudulenta constituída en abuso de derecho y con el propósito de violar la ley y que, prevaleciéndose de dicha personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas legales, ya que la personalidad diferenciada de la sociedad y de sus socios y administradores constituye el eje sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades anónimas y ésta configura un régimen especial porque aquéllas constituyen una herramienta que el orden jurídico provee al comercio como uno de los relevantes motores de la economía (conf. el voto del Procurador Fiscal Dr. Obarrio al que adhirió el Máximo Tribunal en el famoso precedente "Carballo c/Kannmar SA"). Queda pues, descartado, como principio, que la existencia de relaciones laborales irregulares por falta o incorrecta inscripción registral pueda servir, por si sola, para el reproche de responsabilidad autorizado por normas societarias que, como contrapunto, sólo resultarían operativas en los supuestos de fraude sistemático de la personalidad societaria. Por lo tanto, lo resuelto en grado se encuentra al abrigo de toda revisión.

III.- La regulación de honorarios que ha sido recurrida es equitativa en función de la importancia, mérito, extensión de los trabajos realizados y pautas arancelarias de aplicación, por lo que propongo su confirmación.

IV.-Por lo expuesto, propongo se confirme la sentencia apelada en lo principal que decide y que fue motivo de recurso y agravio; se impongan las costas de la alzada por su orden atento a la naturaleza de las cuestiones planteadas y se regulen los honorarios de los letrados firmantes de las memorias dirigidas a esta Cámara en el 25% de los asignados en origen.

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EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.- LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ no vota (artículo 125 Ley 18.345).

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada;

2) Imponer las costas de alzada por su orden;

3) Regular los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de lo que les fueron regulados en primera instancia Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- lac(cg) LUIS ALBERTO CATARDO JUAN CARLOS E. MORANDO á