Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-10


CURTO, Alberto Ricardo y otros contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA Reg.: A y S t 195 p 208-215. Santa Fe, 10 de marzo del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 31 de octubre de 2002, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Número Uno de esta ciudad en autos "CURTO, Alberto Ricardo y otros contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA -Recurso Contencioso Administrativo- (Expte. 294/01)" (Expte. C.S.J. nro. 345, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante el pronunciamiento de mención, la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe declaró improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el actor.

Contra dicha sentencia interpuso el accionante recursos de inconstitucionalidad (art. 1 incs. 2 y 3, ley 7055) y casación (art. 37, ley 11.330).

Afirmó que el decisorio de la Cámara es arbitrario y afecta las garantías consagradas en los artículos 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 31 de la Constitución nacional, en tanto cercena el derecho de propiedad, alterando los principios de legalidad y derechos a la jurisdicción y defensa.

Adujo que el fallo al remitir a las causas "Pirola", "Escalada", "Lobos", "Morra" y "Calderolli", resulta nulo por falta de motivación suficiente.

Agregó que la sentencia es nula porque excede el límite de la sana crítica "al fallar fuera de contexto"; y, que vulnera los derechos de propiedad y a la jurisdicción, al no haber merituado los antecedentes del caso y por soslayar prueba documental; lo resuelto contradice la teoría de los actos propios, ya que en una interpretación que -a su juicio- tergiversa las constancias de autos, se pronunció por la desestimación de su pretensión, a partir de confundir lo que realmente peticionó.

Sostuvo que la sentencia es arbitraria por apartarse de la jurisprudencia de esta Corte, específicamente, el antecedente "Pavón", en referencia a "que las Municipalidades y Comunas pueden establecer mejores condiciones a sus trabajadores que lo normado en la ley provincial o normas comunes de aplicación" (sic). Al respecto, destacó el reconocimiento de mejoras salariales efectuado por la Municipalidad.

Manifestó que esta Corte, en los antecedentes a los que remitió la Cámara, soslayó el verdadero objeto de la demanda, incurriendo en una confusión interpretativa al identificar el reclamo con un incremento de sueldo por vía de la indexación que prohibía la ley 23.928 (aplicable en la Provincia desde la sanción de la ley 10.650), porque dichas sentencias son arbitrarias en cuanto escapan al contexto del caso concreto, ya que admiten el grave apartamiento del derecho a la retribución justa e igualitaria y realizan una interpretación irracional de la prueba documental.

Remarcó que la recomposición salarial fue acordada con posterioridad a la ley 23.928 y por ello "no constituye un mecanismo de actualización anterior, ya que su derecho surge del acta acuerdo 6 y de la comunicación de fecha 23.5.1991, que determinó el incremento cumplido hasta el mes de octubre del mismo año.

Acusó discriminación al desestimar el Tribunal el argumento referido al aumento de sueldos a "personal de gabinete" y Concejo Municipal.

Señaló que la sentencia resulta inconstitucional, contradictoria y "contra legem" por haber interpretado y aplicado la ley 23.928, ley que recién tuvo vigencia en la Provincia de Santa Fe en setiembre de 1991 (adhesión por ley 10.650), por lo que no estaba prohibida la actualización por índices desde el 1.4.1991; violándose, en consecuencia, el artículo 1 de la Constitución nacional. Achacó al fallo del Tribunal a quo incurrir en un razonamiento defectuoso, que lo torna arbitrario, al no ponderar debidamente acreditaciones o fundamentaciones fácticas y normativas, extremo que configura "cuestión constitucional".

Puntualizó que le agravia la imposición de costas, ya que la decisión sobre la materia principal necesariamente determina una solución en costas acorde con aquélla.

Sostuvo que el fallo es nulo por inconstitucional, al haberlo dictado un Tribunal que carece de competencia constitucional para su dictado, la que -entiende- es exclusiva de esta Corte (art. 93 inc. 2, Const. prov.).

Finalmente, fundó el recurso de casación en la causal de grave error en la aplicación de normas de derecho, porque pese a existencia de la ley 10.650, le da plena aplicación a la ley 23928 desde su vigencia. 2. Ante todo, cabe aclarar que resulta formalmente inadmisible el encuadre del remedio extraordinario que efectúa el quejoso en el inciso 2) del artículo 1 de la ley 7055.

Y ello así en tanto el inciso 2) requiere que se haya cuestionado la inteligencia de un precepto de la Constitución y la decisión haya sido contraria al derecho o garantía fundado en él. En autos no ha mediado tal cuestionamiento y, como re Delimitada la impugnación exclusivamente al reproche de arbitrariedad en el decisorio, de la confrontación del memorial introductorio con la sentencia atacada fácilmente se colige que, no obstante que el recurrente invoca vicios de arbitrariedad -interpretación irrazonable de la prueba y ley aplicable, interpretación apartada de criterios del propio Tribunal, autocontradicción, arbitrariedad fáctica y normativa-, y lesión a garantías constitucionales, la esencia de su queja remite a cuestiones de hecho y prueba y a la selección, interpretación y aplicación de normas de derecho común y público local, y sólo trasunta la disconformidad del recurrente con la solución propiciada por la Cámara.

En reiterados pronunciamientos, tanto de esta Corte, como del más Alto Tribunal de la Nación, se ha sostenido que tales cuestiones constituyen una materia que, en principio, escapa a la esfera de aplicación del remedio extraordinario.

En el caso, debe señalarse inicialmente que, pese al esfuerzo argumental del recurrente en fundar su impugnación, no logra demostrar la concurrencia de alguna de las limitadas excepciones a esa regla, pues, en definitiva, el criterio sostenido por la Cámara para concluir en que el recurso contencioso administrativo debía ser rechazado -bajo la óptica de normas del derecho común y público local, y sin que se advierta lesión a cláusulas de rango constitucional-, no resulta irrazonable a tenor de los fundamentos plasmados en la resolución impugnada.

El actor postula que el fallo atacado es arbitrario por falta de motivación suficiente y de congruencia legal (art. 95, Const. prov.) por haberse remitido a causas análogas resueltas por esta Corte sin articular una fundamentación autónoma.

En tal sentido, cabe recordar que esta Corte ha admitido la posibilidad de que los pronunciamientos judiciales se motiven por remisión a un anterior precedente jurisprudencial que guarda analogía con el que se examina (cfr. "Amadio", A. y S. T. 100 pág. 2; "Dillon", A. y S. T. 160, pág. 7; "Toniuti", A. y S. T. 179, pág. 177, entre otros); así también la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado el criterio según el cual se ha considerado improcedente la impugnación extraordinaria sustentada en la falta de fundamentación de la sentencia cuando ésta posee motivación implícita adecuada, clara e inequívoca (Fallos: 262:210; 296:550; etc.).

Máxime en el caso, en el que los precedentes a los que remitió la Cámara son, principalmente, de esta Corte dictados como tribunal de lo contencioso administrativo en causas en las que con idénticos fundamentos se debatieron pretensiones similares a las del actor.

En cuanto a la "crítica razonada" de los considerandos vertidos tanto en la sentencia atacada como de los precedentes de esta Corte a los que remite (contradecir la teoría de los actos propios, apartamiento de los criterios sentados en la causa "Pavón", autocontradicción, apreciación errónea de a los hechos acreditados en la litis y omisión de prueba documental y discriminación), dichas apreciaciones sólo revelan su discrepancia con la solución alcanzada por la Cámara -luego de interpretar las circunstancias aludidas conforme a las probanzas reunidas y la normativa aplicable, con remisión a precedentes tanto de esta Corte como del Máximo Tribunal nacional-, en cuanto a la improcedencia de su pretensión de diferencias salariales por inaplicación del mecanismo pactado a las remuneraciones con posterioridad al 1.4.1991.

En tal sentido, la Cámara sostuvo que "así también lo ha decidido la Corte de Suprema de Justicia de la Nación, según la cual los artículos 7º y 10º de la ley 23.928 vedan cualquier pretensión de ajuste por actualización monetaria por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, aún cuando medie mora en el cumplimiento de la obligación, con posterioridad al 1º de abril de 1991, fecha a partir de la cual quedaron determinadas todas las obligaciones en una concreta suma de dinero (Fallos: 317:665)" (f. 5). Agregó que "no son ajenos al alcance de la Ley de Convertibilidad los mecanismos de negociación colectiva, como el suscripto entre los trabajadores municipales y la Municipalidad de Rafaela, el que, no obstante su particular naturaleza, está sujeto a las limitaciones impuestas por el legislador en protección del interés general, fundadas en la influencia de ciertas estipulaciones en la política económica y social (Fallos: 313:679; 316: 2624)" (f. 5).

Siguiendo la línea expositiva del recurrente, cabe destacar que carece de andamiaje suficiente el reparo referido a que, en razón de que la demandada efectuó pagos por recomposición salarial con posterioridad al 1.4.1991, la sentencia contradice la teoría de los actos propios y que el A quo, siguiendo el criterio de este Cuerpo, propició -a su juicio- una interpretación que deforma los hechos de la causa, al haber confundido el Juzgador lo que se pretendía.

Así pues, la Cámara consideró, reproduciendo los fundamentos del precedente "Pirola" (A. y S. T. 177, pág. 432), que con la vigencia de la Ley de Convertibilidad no puede "...aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior como causa de ajuste en las sumas de australes que corresponda pagar, sino hasta el día 1 de abril de 1991... (art. 10, ley 23.928)", por lo que no puede deducirse que la accionada pretenda prevalerse de una conducta que contraviene anteriores comportamientos en sentido contrario, dado que en el caso, existe una norma expresa que viene a justificar tal circunstancia (arts. 7, 10 y 13, ley 23.928).

De lo expuesto, se advierte que la sentencia se hace cargo de lo peticionado por el recurrente, por cuanto sin perjuicio de los diferentes acuerdos a los que arribaron las partes (acta de compromiso y las actas ante la Secretaría de Trabajo, ajustes de sueldos acordados y recuperos), la causa que vincula a todos estos acuerdos está en un mecanismo de actualización que resultó a la postre inoponible por imperio de una ley de orden público.

Los cuestionamientos formulados sólo dejan traslucir la mera disconformidad del actor con lo decidido, pretendiendo reabrir la discusión sobre cuestiones ya resueltas, intentando imponer su criterio atinente a que, no obstante la vigencia de la Ley de Convertibilidad, los acuerdos arribados por las partes se encontraban fuera del alcance del citado texto legal. Tales achaques son formulados sin traer argumentos de peso en orden a demostrar que el Tribunal, al apreciar las circunstancias antedichas y aplicar la normativa en la cual consideró subsumible el caso, lo haya hecho de un modo irrazonable o conculcando derechos o garantías de raigambre constitucional.

En consecuencia, los agravios del recurrente sobre el punto no pueden prosperar, pues no se vislumbra que el criterio sostenido al respecto por la Cámara (en consonancia con el de este Tribunal) en el fallo impugnado haya desbordado las posibilidades hermenéuticas aceptables desde el plano constitucional, ni que resulte absurdo, inmotivado o irrazonable como para permitir la descalificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido.

A igual solución debe arribarse con relación a la tacha del apartamiento de los criterios sentados en la causa "Pavón". Así, el impugnante plantea que se efectuó una interpretación errónea, y se llega a una conclusión que desvirtúa el antecedente jurisprudencial citado, eludiendo el verdadero objeto de la demanda, que consistía en un recupero de diferencias salariales acordado.

Pero el recurrente no lograr demostrar la configuración de agravio que confronte con el criterio de este Tribunal. Ello sin perjuicio de, como señala la Cámara con cita de "Pirola" (A. y S. T. 183, pág. 484), "el grado de excepción que ostenta la causal de arbitrariedad cuando la solución otorgada en un pleito colisione aun con precedentes propios".

Carecen también de asidero los planteos referidos a la apreciación errónea de los hechos acreditados en la litis y a la señalada omisión de prueba documental que le achaca al pronunciamiento impugnado.

Ello así, por cuanto el Tribunal con cita de precedentes de esta Corte como de la nacional, entendió que los mecanismos de actualización automática basados en índices, como el invocado en autos, estaban indudablemente comprendidos en la ley 23.928, la que en su artículo 13 instituye el carácter de orden público; por tanto, ninguna persona puede alegar frente a ellos derechos irrevocablemente adquiridos. Por ello, la cláusula cuarta del Acta de Compromiso del 31.7.1990 devino inoponible a la Municipalidad de Rafaela, a partir del 1.4.1991.

Ahora bien, la circunstancia de que esas conclusiones sean adversas a la postura del recurrente, no configura causal de arbitrariedad.

En cuanto a la tacha de que la sentencia es discriminatoria, por vulnerarse el principio de igualdad al otorgarse un presunto aumento de sueldo otorgados a los agentes de la Administración Pública provincial y municipal, este razonamiento resulta contradictorio con su argumento basado en que no pretendía un aumento salarial.

Por lo que este reparo trasluce tan sólo el empeño del quejoso en lograr una diferente interpretación y valoración -opuestas a las que efectuó el Tribunal- de las circunstancias fácticas acontecidas en orden a merituar la procedencia del reclamo.

Es que, al igual que en el antecedente "Pirola" al que remite la sentencia, el argumento consistente en que funcionarios municipales hubieran experimentado aumentos de sueldo a pesar de la vigencia de la ley 23.928, resulta insuficiente para mejorar la suerte del planteo pues "...los actores invocando tales extremos sin mayor desarrollo argumental omitiendo demostrar un presupuesto básico para la consideración del agravio de la violación al principio de igualdad: la perfecta identidad de situaciones subjetivas y objetivas -criterio de "Suárez", A. y S. T. 119, pág. 171-". Así, la mera mención en el memorial recursivo de que "...el Municipio incrementó en la proporción peticionada al personal de gabinete del Poder Ejecutivo municipal y al del Concejo Municipal, actuó con criterio discriminatorio al no hacer lo mismo con la parte actora..." sólo trasluce la disconformidad del recurrente con la solución dada a la causa. Y es que, como aclara la Cámara "... a lo largo del plexo recursivo, la parte actora reitera el argumento de que no se pretendía un aumento de sueldo, sino un recupero salarial; aunque después se agravia por la falta de traslado de los incrementos de haberes otorgados a favor de otros agentes provinciales y municipales, trasuntando una clara intencionalidad (ya anunciada) dirigida a variar la interpretación de los hechos efectuada por este Tribunal en orden a la procedencia de su pretensión" (f. 39 vto.).

Igual suerte ha de correr el reproche atinente a que la resolución impugnada resulta "contra legem", violatoria del artículo 1 de la Constitución nacional, por cuanto aplicó una ley avasallante de la autonomía municipal, vulnerando derechos adquiridos, atento que la metodología de actualización era inaplicable, ya que la ley 23.928 no estaba vigente.

No puede desconocerse que las disposiciones de la Ley de Convertibilidad son de orden público (art. 13, ley citada); en tal sentido, el A quo consideró el alcance de la ley 23.928 en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que la interpretación fraccionada que propicia el impugnante, hubiera implicado una afectación al derecho de propiedad, al aplicar las cláusulas de actualización con posterioridad al 1.4.1991, que se cancelaron con "moneda sana".

Tampoco encuentra debido sustento el reproche referente a la imposición de costas fundado en que la decisión sobre la materia principal necesariamente determina una solución en costas con aquella, a poco que se repare que el Tribunal rechazó por improcedente el recurso contencioso administrativo imponiendo las costas al recurrente, aplicando al caso el sistema objetivo de vencimiento, de conformidad con lo normado en el artículo 24 de la ley 11.330, lo que resulta acorde con lo decidido en la materia principal.

Lo expuesto, quiebra la regla de admisibilidad que impone que debe existir relación directa entre la cuestión constitucional planteada y la realidad de la causa.

En suma, el recurrente no logra rebatir la interpretación dada por la Cámara y su argumentación se endereza a anteponer su propio criterio por sobre el del A quo, formulado sobre cuestiones que han sido suficientemente fundadas en antecedentes tanto del propio Tribunal, como de esta Corte y de la nacional, como para sustentarse como acto jurisdiccional válido. Por lo demás, el presente recurso guarda, en sus aspectos relevantes, sustancial analogía con el considerado y resuelto por esta Corte en la causa "Pirola" (A. y S. T. 183, pág. 484), decisorio que se encuentra firme (C.S.J.N. P.2682.XXXVIII, del 5.8.2003).

En cuanto al planteo de nulidad de la sentencia por inconstitucionalidad en esta instancia procesal, lleva razón la Cámara al afirmar que "basta para su rechazo la pacífica aceptación del acto, sin oposición de ningún tipo, al decreto de fecha 18.12.1999, por el que se le hizo saber la aplicación a la causa del Acuerdo 13.3.1996, Acta n 10, punto 12", para concluir que "resulta, pues, que tal acatamiento jurisdiccional, sin reserva y por cierto voluntario, comporta un inequívoco acatamiento que aborta la procedencia de la impugnación ulterior (vid C.S.J.N. Fallos: "Molina", 31.8.1989; "Bidone", 19.8.1993; "Baglieto", 305:419; 247:700; 300:51, 62, etc.)".

Cabe, pues descartar la tacha atinente a que la sentencia es nula por inconstitucionalidad.

En cuanto al recurso de casación deducido, los argumentos desarrollados en precedencia bastan para rechazar el mismo.

Si perjuicio de ello, vale destacar que la Provincia de Santa Fe adhirió, en lo pertinente, a la Ley de Convertibilidad (ley 10.650), instruyendo "al Poder Ejecutivo provincial a dictar los decretos reglamentarios que adecuen la normativa provincial vigente referida a impuestos, tarifas, obras públicas, y todo el régimen jurídico de competencia provincial, a la ley 23.928 citada en el artículo 1 " (art. 2, ley 10.650).

Ya el Poder Ejecutivo provincial, al adherir por decreto 2264/91 a las disposiciones del decreto nacional 941/91 (reglamentario de la ley 23.928 para las contrataciones en curso de ejecución en el sector público nacional), consideró que así correspondía por cuanto "...dichas disposiciones por así expresarlo la norma -dto. 941/91-, son aplicables únicamente en aquella jurisdicción...", mas agregó que no procedía la adhesión al decreto nacional 529/91 por su "... aplicación obligatoria en todo el territorio provincial...".

El decreto 529/91 establece en su artículo 1 que corresponde para la aplicación de la prohibición general de indexación (arts. 7, 8 y 10, ley 23.928) considerar el 1 de abril de 1991, como si fuera el día de pago efectivo previsto en los mecanismos de ajuste derogados o inaplicables...", esto es, la fecha a partir de la cual no son más operativos los mecanismos indexatorios. Asimismo, la Cámara señaló que "en cuanto al carácter de orden público de la ley 23.928, determinado por la materia que trata atribuida expresamente al Poder Legislativo (artículo 75, C.N.), y la calidad de adaptación predominantemente tributaria que reviste la ley 10.650; la cual, de acogerse el criterio del actor, hubiera llevado a la Provincia de Santa Fe a contar con un régimen monetario, y hasta con un sistema económico, laboral, social, etc., diferente al que regía en el resto del país, vulnerándose así las bases del sistema de gobierno, especialmente el federalismo, consagrado por el artículo 1 de la Constitución nacional".

Añadió que "el recurrente y pese introducir extemporáneamente la citada ley 10.650 produciendo una minusvalía defensiva, tampoco ha demostrado para el caso la inobservancia o grave error en la aplicación de las normas de derecho o de la doctrina legal que justifique la casación perseguida; sólo ha manifestado sus discrepancias con la sentencia, la que no aparece divorciada de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental le impone en mérito a su validez" (f. 39 vto.).

Por los motivos expuestos, la presentación del actor no reúne los recaudos fijados por el artículo 37 de la ley 11.330.

En síntesis, el recurrente no logra una feliz demostración de la supuesta lesión de garantías constitucionales y de la existencia de arbitrariedad, quedando el planteo sólo como mera disconformidad acerca de lo decidido por la Cámara en ejercicio de funciones propias, lo cual resulta inidóneo para franquear la instancia extraordinaria.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)