Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-09-17


LEG69318/04 REG. INT. Nº D-147 "LEGUIZAMON, MARIA GUADALUPE C/ INC S.A.-SUPERMECADOS CARREFOUR y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" A C U E R D O En General San Martín, a los 17 días del mes de septiembre de dos mil quince, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín, los Dres. Carlos Ramón Lami y Manuel Augusto Sirvén, en virtud del Acuerdo Extraordinario Nº 666/2008, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "LEGUIZAMON, MARIA GUADALUPE C/ INC S.A.-SUPERMECADOS CARREFOUR Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" y habiéndose practicado oportunamente el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Dres. Sirvén y Lami. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S 1 ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada? 2 ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? V O T A C I O N A la primera cuestión el señor Juez Dr. Sirvén dijo:

I) La sentencia dictada a fs. 302/304 y vta., rechazó la demanda de daños y perjuicios promovida por MARIA GUADALUPE LEGUIZAMON contra INC.S.A. SUPERMERCADOS CARREFOUR y ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

II) Contra dicho pronunciamiento apeló la parte actora (f. 312), sustentando el recurso mediante la memoria de agravios obrante a fs. 327/338, no recibiendo réplica de la contraria.

III) Se agravia la parte actora a través de su letrado apoderado, por el rechazo de la demanda que hiciera la sentencia de grado, por no encontrarse probados los hechos que fundan la demanda.

Sostiene que su mandante a pocas horas del hecho realizó la denuncia policial respectiva, corroborándose la misma, con los dichos de la testigo Vallejos; a su vez, de la pericia contable producida, surge que la demandada efectuó la denuncia del siniestro a la compañía de seguros citada al efecto. En consecuencia, considera que los hechos de autos, a su juicio, resultan probados. Ergo, solicita se revoque la sentencia de grado y se haga lugar a la demanda con costas.

IV) Motiva la demanda, en la circunstancia que con fecha 5 de mayo de 2010, aproximadamente a las 20.50 horas, la actora siendo una persona mayor y discapacitada, ingresó al Supermercado Carrefour de la localidad de Martín Coronado a efectuar diversas compras. Al cruzar la línea de sensores suena la alarma, acercándose una mujer del personal de vigilancia a fin de verificar el contenido de su bolso. Aclara, que pese a explicar que la alarma sonó en razón de una prótesis de titanio que le fue colocada con motivo de una intervención quirúrgica en su columna vertebral y que dicho material es sensible a cualquier sensor, el personal de vigilancia hizo oídos sordos, tratándola mal y a los gritos delante de los demás compradores y usuarios del Hipermercado. No obstante ello, se llamó al personal policial femenino quien enterada del caso, le dijo a la accionante que no debía realizar ningún tipo de reclamo. Ante tal situación, la actora se descompensó por sentirse humillada, discriminada y violentada en su moral al ser acusada de un delito que no cometió. A raíz de los hechos acaecidos, se producen los daños que detalla y reclama.

V) Que el art. 42 de la Constitución Nacional, en su parte pertinente, establece: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos. y a condiciones de trato equitativo y digno".

Dicha cláusula, revela la especial protección que el constituyente decidió otorgar a los usuarios y consumidores en razón de ser sujetos particularmente vulnerables (C.S.J.N., Fallos: 331:819).

Por su parte, la ley 26361 que reformó la ley de Defensa del consumidor (24.240) incorporó en el art. 8 bis, como novedad, la noción de "trato digno".

Al respecto, nuestro máximo Tribunal Provincial, sostuvo, que la mentada norma legal, se refiere a comportamientos vinculados a la relación de consumo, esto es, a las tratativas previas a la constitución del vínculo, a los comportamientos que la oferente desarrolla para crear la situación en la que realiza la prestación, y a las conductas postcontractuales; y como la exigencia de condiciones de atención y trato digno apunta a la situación subjetiva, al respeto del consumidor como persona que no puede ser sometida a menosprecio o desconsideraciones, resulta lógico que frente a su violación se originen no sólo la infracción de la ley 24.240, sino también la de otras normas previstas en leyes especiales: tal el caso del trato discriminatorio y lo regulado por la ley 23.592 (S.C.J.B.A., c. 109005 del 6/11/2012).

Dichas normativas legales y criterios jurisprudenciales, incidieron y reverdecieron en el actual Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26994) cuya vigencia comenzó el 1° de agosto del corriente año, incorporándose una serie de principios generales de protección al consumidor que actúan como una "protección mínima" (Fundamentos del anteproyecto del C.C.C. conforme Decreto PEN 191/2001), regulándose lo atinente a la relación de consumo, contrato de consumo e interpretación y prelación normativa.

VI) Sobre dicha plataforma jurídica, se examinarán los hechos que dieron lugar al reclamo de autos.

La actora, para probar la discapacidad alegada, adjuntó el certificado respectivo que obra a fs. 11. A fin de comprobar el contrato de consumo celebrado en el día y horas señalado con la demandada, adjunta sendas constancias agregadas a fs. 5/6. En la etapa posterior a dicho contrato pero dentro de la relación de consumo, acontecen los hechos relatados, dando lugar a que aproximadamente a la hora -21,56- de acaecidos aquéllos, la accionante procede a realizar la pertinente denuncia ante la autoridad policial conforme se desprende del acta agregada a fs. 7 y corroborada mediante contestación del oficio obrante a fs. 138/139. Dichas circunstancias, se corroboran con el testimonio de la testigo Noelia Jorgelina Vallejos (acta de fs. 187/288 y vta.), quien declaró: "conoció a María Guadalupe Leguizamón en el día del supermercado por el inconveniente que tuvo ahí.Ese día me encontraba en la primera caja donde veo una cierta situación. en el sector donde salís, en los detectores. Se lo ve al muchacho de seguridad insistentemente y atropelladamente, verbalmente como no corresponde, pedirle que muestre el bolso. La señora le dice que no era forma de pedírselo ya que no era una delincuente, sino una clienta del supermercado. Fue ahí, donde la Sra. le puso todas las cosas que tenía en cartera sobre el puesto que tiene ello.había mucha gente alrededor. La señora sigue teniendo discusión con los de seguridad y la policía, la mujer policía le pide que deje de gritar, cuando en realidad la Sra. No estaba gritando solo tenía un temperamento nervioso.ahí la mujer policía le comienza a decir a la Sra. Si ella tenía problemas psicológicos, si estaba loca. La Sra. Le dice que no era la forma que tenían que actuar con ella.cree que estaba reclamando lo justo, para ella como cliente.llama la atención que no tuvieran en cuenta el problema motriz de la Sra." Dicho testimonio, se encuentra respaldado por haber presenciado los hechos relatados y por ende haber acontecido bajo sus sentidos. Por otra parte, el hecho de haber sido "testigo único" no le resta eficacia probatoria, (SCJBA DJBA 116-157) ya que sus dichos no se encuentran desvirtuados por otros medios probatorios, produciendo en consecuencia convicción conforme las reglas de la sana crítica (art. 384 del C.P.C.C.). Finalmente, de la pericia contable obrante a fs. 212/228 punto "4", el experto informa que ".En la página 358 con fecha 3/5/2013, en el libro Registro de Siniestros Ingresado Sección: 14 Responsabilidad Civil General y Prod.com ingresado el día 14/1/2013 en el renglón 11, se encuentra registrado el siniestro 140007165, póliza 140003622, fecha de sinestro 05 de mayo de 2010 fecha de denuncia 14 de Enero de 2013, reclamante LEGILZAMON MARIA GUADALUPE. Asegurado INV S.A., causa del siniestro: Otros daños. Se rechaza el siniestro".

Así pues, conforme al tal cúmulo de probanzas, me permiten concluir que en el contexto de la relación de consumo acreditada y en particular en el tramo postcontractual (art. 1° de la ley 24240 y ref), encuentro que actora no ha recibido un trato digno conforme se desprende de las normas citadas "supra" en consonancia con la conducta desplegada por el personal de servicio de la demandada (arts. 384 del C.P.C.C.).

Es que la persona humana es inviolable, y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respecto de su dignidad (art. 51 del CCC), refiriéndose el trato digno al derecho que tiene todo hombre de ser respetado como tal, es decir, como ser humano con todos los atributos de su humanidad, de ahí que el mal trato, la falta de colaboración de los dependientes de una empresa para con el consumidor o usuario, que en el caso particular resulta una persona discapacitada, configuran una violación a la obligación de trato digo, debiendo, en consecuencia, exigirse con mayor rigor el cumplimiento de los deberes a cargo del polo más fuerte en la relación de consumo.

Destacan notables juristas que "El artículo 42 de la Carta Magna al utilizar la expresión "trato equitativo y digno", se refiere a un aspecto social o externo, es decir al honor y el respeto que se le debe a la persona. La dignidad es un principio elemental y de carácter supraestatal" (Ekmekdjian, Miguel Ángel "El valor de la dignidad y la teoría del Orden Jerárquico de los derechos Individuales". Coord. Germán Bidart Campos. Ediar Bs. As. 1999).

En tal orden de ideas y lo que surge del plexo probatorio analizado, no he de compartir con las conclusiones arribadas por la a quo, tanto en la valoración de los hechos de autos, como el encuadre jurídico realizado, en razón que la exigencia de condiciones de atención y trato digno apunta al respeto del consumidor como persona que no puede ser sometida a menosprecio o desconsideraciones, de modo tal, resulta lógico que frente a su violación se originen no sólo la infracción de la ley 24.240 reformada por la leyes 24568, 24787, 24999 y 26361, sino también la de otras normas previstas en leyes especiales: tal el caso del trato discriminatorio y lo regulado por la ley 23.592. En consecuencia, encontrándose acreditados los hechos fundantes de la demanda de autos, los cuales han producido un menoscabo en la esfera de los derechos de la accionante, propongo revocar la sentencia de grado, acogiendo la demanda promovida.

VI) Seguidamente, se pasará a analizar los rubros reclamados por la actora.

1) Daño Psicológico: la actora solicita por la partida la cantidad de $ 30.000 en virtud del shock traumático que le produjera la situación de autos.

La pericia psiquiátrica producida y agregada a fs. 165/166 y vta., concluye que "la actora padece un cuadro depresivo crónico, sus causas son diversas y confluyen en importantes experiencias de pérdidas. Este cuadro tiene un desarrollo histórico evolutivo, que por su naturaleza, no tiene causa en los hechos denunciados. Los incidentes denunciados afectaron su autoestima. La actora no presenta incapacidad psíquica ni necesita psicoterapia a causa del hecho de autos". El informe está basado en una batería de tests aplicada, en el desarrollo de una entrevista con la accionante y de consideraciones técnicas. De tal modo, que el dictamen se encuentra fundado en los principios científicos que gobiernan la materia. Por otra parte, las satisfactorias explicaciones brindadas a fs. 200, desvanece las impugnaciones planteadas en el escrito de fs. 192. En consecuencia, no mediando otros elementos desvirtuantes que contradigan las conclusiones arribadas por la experta, he de compartir con las mismas; y en virtud de ellas y puntualmente en cuanto a que la actora no presenta incapacidad psíquica a causa del hecho de autos, propicio el rechazo de la partida.

2) Daño Moral: El derecho del consumidor debe buscar la vuelta al equilibrio a través de un severo sistema de protección jurídica, que en el campo resarcitorio incluye la recta aplicación - sin restricciones - del art. 522 del ordenamiento sustantivo pues, en verdad, el carácter del perjuicio moral es el mismo, tanto si proviene de un hecho ilícito, como del incumplimiento de una obligación contractual y daño moral al consumidor ( CC0002 QL 16312 49/15 S 16/04/2015).

Por su parte, Bustamante Alsina ha sostenido que, "...la cuestión constituye actualmente una materia que desborda el ámbito de la responsabilidad civil y se introduce en la órbita de la solidaridad social. La defensa del consumidor se presenta como una cuestión social, tal como a fines del siglo XIX el industrialismo trajo la necesidad de la protección del trabajador contra el riesgo profesional de los accidentes del trabajo (Ver Bustamante Alsina "Responsabilidad civil por productos elaborados o defectuosos", LL 1992-E-1064). Y ello, implica que dentro del marco de esta normativa - el consumo- la responsabilidad de la ley 24.240 (arts. 5, 10 y 40), es objetiva y nace de ese contrato previsto en esa norma sin que sea procedente referirla a las de la responsabilidad contractual o extracontractual prevista en la normativa del Código Civil (conf. Jorge Mosset Iturraspe; Javier Wajntraub "Ley de Defensa del Consumidor", pág. 243). De ello se desprende "...que el interesado puede probar la magnitud de su afección, pero esa prueba habrá de ser considerada, si cabe, para fijar la extensión del resarcimiento y no para tener por probada la existencia misma del daño" (Cam. Nac. CivilCom. Fed, Sala II, 19-2-08 citado por Farina, Juan M. en "Defensa del consumidor y del Usuario" Ed. Astrea, Ag. 2008, pág. 481). Amén de ello, debe destacarse que el Daño Moral ha adquirido rango constitucional por la vía del art. 75 inc. 22, que incorpora -entre otros- el Pacto de San José de Costa Rica (art. 5 incs. 1 y 2 y art. 11), encuentra recepción y tutela en el art. 1737 del nuevo Código Civil en vigencia a partir del 1/8/2015 (El Daño Resarcible, Paola Alejandra Urbina, nota de fallo, LL. 22/5/2015).

En tal orden de ideas, el mal trato recibido por la actora, tal como se encuentra acreditado, provocó un daño de carácter moral, independiente de la inexistencia de una patología psicológica, ya que significó una afección en los sentimientos de la actora, viéndose vulnerado a su derecho a la paz y tranquilidad, experimentando angustias y ansiedades.

Así pues, propicio justipreciar la partida e la cantidad de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) (art. 165 del C.P.C.C.).

VII) Excepción de Falta de Legitimación para obrar: La Citada en Garantía, en el líbelo de responde (fs. 92/95) a través de su letrado apoderado, opone la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar con base en la exclusión de cobertura. Reconoce la existencia de un contrato de seguro con la codemandada INC S.A., instrumentado conforme la póliza n° 14-3622 que en copia se adjunta. Expresa que dentro de los diversos riesgos que cubre dicha póliza, la misma no ampara al asegurado por el hecho que se reclama en autos.

Fundamenta el planteo en lo dispuesto en la "cláusula 14/002, Cláusula 14/001 Anexo I, apartado C", el cual establece: "Exclusiones relativas a ambas coberturas:(.) Inc. 5°: Reclamos que consisten exclusivamente en perjuicios que no resulten o sean consecuencias directa de daños materiales y/o lesiones". Agrega, a su juicio, los hechos de autos se habrían producido en un altercado entre la actora con el personal del Supermercado y Oficiales de la Policía de la Provincia de Bs. As., en donde a su entender, no se produjeron sean en forma directa o indirecta daño material y/o lesión alguna. Manifiesta que no obstante ello, su mandante comunicó dicha situación a INC S.A. mediante CD n° 21955466 dentro del plazo establecido por la ley de Seguros.

La actora contestó el traslado conferido (fs. 108), aduciendo que la Citada en garantía, a su juicio, hizo una interpretación errónea de la cláusula de la póliza adjuntada en autos. Expresa, que el daño que se reclama en la demanda es un Daño Moral y Psicológico, producto de las lesiones padecidas por el accionar de personal de la empresa demandada, razón por la cual, considera que dichos daños se encuadrarían dentro de la cobertura de la Póliza señalada. Solicita el rechazo de la excepción.

Si bien para determinar los derechos y obligaciones de las partes de un contrato de Seguro es preciso atenerse a los términos estrictos de las estipulaciones respectivas, puesto que el riesgo que toma el asegurador debe estar necesariamente en relación con la suma que se fija como prima a cargo el asegurado, su interpretación debe realizarse conforme a los principios que informan los arts. 9 y 10 de CCC. Adúnase a ello, que al tratarse de un contrato de consumo, se aplica el art. 37 de la ley 24240 y ref. que establece "La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, estará a la que sea menos gravosa". Este criterio de interpretación, fue expresamente acogido por la C.S.J.N: "En caso de duda debía considerarse subsistente la obligación del asegurador, que no sólo redactó las condiciones del contrato sino que por ser quien realiza las previsiones de los siniestros mediante cálculos actuariales, estaba en condiciones técnicas de fijar en forma clara, precisa e indubitada la extensión de sus obligaciones" (Fallos 317:1684).

En tal orden de ideas y a fin de desentrañar la inteligencia del cláusula en cuestión, se advierte que la misma limita la cobertura a "las consecuencias directa de los Daños Materiales y/o Lesiones", al respecto debe evitarse, lo que Stigliz denomina una "aplicación mecánica o rígida" de los expresado en la póliza, sin atender a la razonabilidad de su adaptación al caso concreto ("Derecho de Seguros, Abeledo Perrot, Bs. As., 1998 t. I n° 120 bis pág. 181).

Así, nótese que el art. 1068 del C.Civ., vigente a la época de la celebración del contrato de marras, previó el concepto de daño como algún perjuicio sobre las cosas, derechos o facultades de la persona, (lo subrayado me pertenece). Dicho concepción se reafirma en el nuevo art. 1737 del CCC, que define al daño "como se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio." (lo subrayado me pertenece).

Es decir que el daño en definitiva consiste en la lesión de un interés legítimo o derecho subjetivo, comprendiendo tanto el daño material o patrimonial como el daño moral o extrapatrimonial (Cód. Civil Arg. Conc. y Com por Marcelo Salerrno y Carlos Lagomarsino, Ed. Heliasta, Bs. As. pág. 307) Así pues, considero que de una correcta hermenéutica de la cláusula en análisis a la luz de los principios precedentemente señalados, cuando alude a la "Daño Material y/o Lesiones", queda comprendido en el concepto de lesiones, el daño extrapatrimonial conforme expresamente se solicita en las presentes actuaciones y que fueran tratados en el acápite anterior. Consecuentemente propongo el rechazo de la excepción de exclusión de cobertura planteada por la Citada en Garantía de autos.

En cuanto a las costas de la presente defensa, propicio que se impongan por orden, en atención al alcance dado a la cláusula examinada y habida cuenta que la empresa de seguros pudo razonablemente considerarse con derecho a interponer la excepción tratada (art. 68 segunda parte del C.Civ.) VIII) Intereses la Suprema Corte de Justicia Provincial, en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (ambas sentencias del 21-X-2009) decidió -por mayoría- ratificar la doctrina que sostiene que a partir del 1° de abril de 1991, los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Código Civil) con arreglo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928 modificada por ley 25.561-; 622, Código Civil; causas Ac. 43.448, "Cuadern", sent. del 21-V-1991; Ac. 49.439, "Cardozo", sent. del 31-VIII-1993; Ac. 68.681, "Mena de Benítez", sent. del 5-IV-2000; L. 80.710, sent. del 7-IX-2005; entre otras). Criterio ratificado actualmente en las causas 107.394 del 9/6/2010 "Brancaleone de Riva, Ana Nora c/ Passo, Eduardo. y otro s/ Daños y Perjuicios" y en la causa n° 93.136 del 9/6/2.010 "Raimundo, Carlos Romualdo c/ Bianco, Alberto y otro s/ Daños y Perjuicios". Por ello, esta Sala ha seguido dicha doctrina legal (art. 278 del C.P.C.C.) plasmada en diversas causas (45.107, 52.887, 52.743 y 59.032 entre muchas otras), criterio éste que no ha variado hasta el presente.

Sin perjuicio de ello, en la causa n° 56639 caratulada "Gutiérrez, Marta c/ Ortiz, Roberto Marcelo y otros s/ Cobro de Pesos", esta Sala I consideró que ante la existencia de distintas "tasas pasivas" publicadas por el Banco de la Provincia de Bs. As., correspondía determinar cuál de ellas deberá ser utilizada para efectuar el cálculo de los intereses devengados en autos.

Así, se decidió confirmar la aplicación de la tasa pasiva para las operaciones a treinta días conforme la doctrina legal precedentemente expuesta, con la salvedad, de que en el momento de practicarse el cálculo deberá utilizarse la denominada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires como "Tasa pasiva-plazo fijo digital", a partir del tramo en que comenzó a regir la misma. Criterio éste que deberá aplicarse en las presentes actuaciones.

IX) Las costas de ambas instancias, por la pretensión deducida, se propone imponerlas a la parte demandada vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota acuñado por el art. 68 del C.P.C.C.)	Con los alcances expresados voto por la afirmativa El señor Juez Dr. Lami, votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A la segunda cuestión el señor Juez, Dr. Sirvén, dijo:

Atento el resultado de la votación a la cuestión anterior, corresponde: I) REVOCAR la sentencia apelada. II) Hacer lugar a la demanda, promovida por MARIA GUADALUPE LEGUIZAMON contra INC.S.A. SUPERMERCADOS CARREFOUR III) Condenando a la demandada a abonar la suma total de PESOS VEINTE MIL en concepto de Daño Moral, dentro del plazo de DIEZ días de quedar consentida o ejecutoriada la presente, con más los intereses establecidos en el considerando IX desde la fecha del ilícito, 5 de mayo de 2.010, hasta su efectivo pago, III) RECHAZAR, la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar-Exclusión de Cobertura articulada por ZURICH COMOAÑIA DE SEGUROS S.A. y en consecuencia, extender "in solidum" los efectos condenatorios de este pronunciamiento a dicha Empresa de Seguros en la medida del contrato de seguro (art. 118 de la ley 17418), con costas por su orden. IV) Las costas del proceso, en ambas instancias se propone imponerlas a la parte demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.), difiriendo la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 del Decreto Ley 8904).

Así lo voto.

El Sr. Juez Dr. Lami, votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto: I) SE REVOCA la sentencia apelada. II) SE HACE LUGAR A LA DEMANDA, promovida por MARIA GUADALUPE LEGUIZAMON contra INC.S.A. SUPERMERCADOS CARREFOUR; condenando a la demandada a abonar la suma total de PESOS VEINTE MIL en concepto de Daño Moral, dentro del plazo de DIEZ días de quedar consentida o ejecutoriada la presente, con más los intereses establecidos en el considerando IX desde la fecha del ilícito, 5 de mayo de 2.010, hasta su efectivo pago. III) SE RECHAZA la partida en concepto de Daño Psicológico. III) SE RECHAZA, la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar-Exclusión de Cobertura articulada por ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. y en consecuencia, se extiende "in solidum" los efectos condenatorios de este pronunciamiento a dicha Empresa de Seguros en la medida del contrato de seguro (art. 118 de la ley 17418), con costas por su orden. IV) SE IMPONEN LAS COSTAS del proceso, en ambas instancias a la parte demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.), difiriendo la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 del Decreto Ley 8904). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.

Fdo. Jueces Carlos Ramón Lami y Manuel Augusto Sirvén Secretario Martín Arnaldo Llambías