marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Impuestos, IVA, locación de servicios, honorarios, perfeccionamiento del hecho imponible
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Lo Iacono Osvaldo J. (Titular Empresa Osvaldo J. Loiaco y otro) c/ CONET s/ Contrato de Obra Pública.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-20

El art. 5 de la ley de IVA al prever la situación general de la prestación de servicios dispone que la exigibilidad del pago del impuesto resulta alternativamente de la prestación efectiva de los servicios como también de la percepción de las remuneraciones respectivas, lo que quiere decir que es exigible dicho pago cuando se hayan prestado aquellos con independencia de la efectiva contraprestación (art. 5 inc. b) de la ley del IVA texto según la ley 23.871). Sin embargo, el prever la situación especial de los servicios prestados en las causas judiciales y teniendo, indudablemente en cuenta la distancia que suele haber entre la prestación de los servicios y su efectiva remuneración, adopta una regla especial que impone que el tributo recién es exigible cuando se haya materializado la contraprestación (art. citado punto 3) Por consiguiente, no cabe inferir de esa técnica legislativa el propósito de hacer abarcar por la reforma legal, y por consiguiente por la tributación aquellos servicios que fueron prestados y hasta fijada su remuneración con anterioridad a dicha reforma, aún cuando el pago se haya hecho efectivo con posterioridad. (Cons. III)
Despido, ejecución de sentencia, errores en la liquidación
Materia: LABORAL
Carátula: Martinez, Erica Romina ( 4758) c/ Campo del Tesoro S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-30

Si los jueces, al descubrir un error de esa naturaleza, no la modificasen, incurrirían con la omisión en grave falta, pues estarían tolerando que se generara o lesionara un derecho que sólo reconocería como causa el error (doctrina de Fallos 286- 291, 6: considerando 18), pues no pueden prescindir del uso de los medios a su alcance para determinar la verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos (cnf. B 443 XXI "Ballante María Nilda s/pensión del 11.2.88) (ver CSJN, sentencia del 9.10.90 in re "Alcaraz Pascual y otra c/Bertoncini Construcciones SA.).
Reordenamiento del sistema financiero, emergencia económica, intangibilidad de los depósitos, depósito bancario, indemnización, pesificación, derechos y garantías constitucionales, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: TROSINI, ANGEL c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-27

Tratándose de un trabajador que había sido indemnizado por despido y que depositó el producto de tal indemnización en un plazo fijo en dólares en una institución bancaria en momentos en que regía la ley 25466 de intangibilidad de los depósitos y la ley 23928 de convertibilidad, la vigencia posterior de la ley 25561 que sirvió de marco al dictado del decreto 214/02 que ordenaba la pesificación de todos los depósitos a la paridad 1 dólar=1,40 pesos produjo una merma considerable en su patrimonio que carece de razonabilidad en tanto afecta sumas de dinero que poseen naturaleza alimentaria. Por ello, y teniendo en cuenta que la legislación de emergencia a diferencia del estado de sitio no suspene las garantías constitucionales (CSJN Smith, Carlos c/ PEN 1/2/02), corresponde que se declare en el caso concreto la incostitucionalidad del decreto mencionado condenando al Banco a devolver al actor la cantidad de dólares oportunamente depositada o su equivalente en pesos al valor de la moneda estadounidense en el mercado libre.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, incongruencia, policía, culpa, dolo, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER Y OTROS c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

El detenido análisis del pronunciamiento recurrido permite descartar el vicio de autocontradicción endilgado, toda vez que el presentante entiende que se termina reprochando una conducta culposa al agente de la Policía de Acción Táctica cuando todo el razonamiento argumental denota -en su criterio- en forma inequívoca un accionar doloso, tal planteo se diluye apenas se confronte con la motivación brindada por los Sentenciantes; sin embargo, surge con claridad de la resolución que el A quo sólo planteó una previsibilidad en abstracto del resultado y la causalidad, mas explicó que en el caso concreto, conforme a las probanzas reunidas en el debate, no era posible aseverar sin ningún margen de dudas que la muerte de la víctima hubiera integrado el plan de acción del imputado -siquiera como una posibilidad-. (De la disidencia del Dr. Netri)
Sentencia, reglas para dictar sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Efflind, Jorge Ricardo c/ Amancay S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Los fallos judiciales deben estar dotados de claridad y coherencia suficiente para permitir a los justiciables tomar acabado conocimiento de las razones que motivaron su dictado.
Jubilaciones, pensiones, emergencia económica, Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COMUNIDAD BET-EL c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-16

Las directivas del Dec. 2196/86, como toda norma de emergencia, no puede ser analizada prescindiendo de la voluntad concreta del P.E.N. y del contexto histórico en que ha sido dictada. En materia previsional las normas no regulan solamente el derecho de los beneficiarios, sino también, primordialmente, el fondo común con que se hace frente a esas erogaciones (Fallos 219:343); de allí que no es procedente por vía de interpretación judicial, apartarse de lo expresamente dispuesto, de modo tal que puedan resultar alteradas pautas de factibilidad del sistema que fueron tenidas en cuenta por el legislador al momento de su dictado, y cuya valoración es ajena al Poder Judicial (Fallos 234:823; 254:423) salvo el supuesto de irrazonabilidad de la norma (cfr. Bidart Campos, G. J., "Derecho Constitucional", Tomo I, pág. 218 y ss.). (Disidencia del Dr.

Fernández).
Cobro de sumas de dinero, prueba insuficiente
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Attonaty Juan Carlos Alberto  c/ Club Sud América  s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-17

El actor inició este juicio mediante un escrito llamativamente parco en lo atinente a la exposición de los hechos. Respecto a sus tareas, vgr., su relato es particularmente confuso y vago. Refiere que ingresó a trabajar para el Club demandado "realizando distinto tipo de labores y funciones dentro del mismo club, tanto administrativas como mantenimiento y en general del Club, con tareas múltiples....", frase que bien mirada nada dice. ¿Cuáles eran, específicamente, las tareas de mantenimiento que realizaba? ¿Cuáles las "administrativas"? que se arroga. Muchas veces las presunciones "endoprocesales" que el juez extrae al observar la conducta que exhiben las partes en el juicio no se apoyan a afirmaciones vertidas en los escritos iniciales sino, como es el caso, en lo que los litigantes han "olvidado" relatar. Y es obvio que el encomillado del término "olvidar" tiene una connotación irónica porque solo a un muy desatento narrador se le podrían pasar por alto tantos detalles; y en igual medida -añado- solo un muy distraído juzgador podría no advertir y recelar de tales omisiones (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Depreciación monetaria, índices de actualización, contrato de obra pública, rescisión del contrato administrativo, resolución del contrato, índice de precios mayoristas, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MENGOLINI, JORGE. c/ E.N.TEL. s/ COBRO DE PESOS. DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

Si bien las estadísticas oficiales no obligan al juzgador, para apartarse de ellas deben proporcionarse criterios económicos objetivos, debiendo exponerse las causas que sustituyen tal apartamiento, lo que no se da en la especie, donde por otra parte no se encuentran motivos para dejar de lado dichos índices, estimando la Corte que es adecuado utilizar como pauta el art. 3 de la ley 21 392 y aplicar el índice general de precios mayoristas (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Automotores, inscripción registral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO c/ JUNCAL AUTOMOTORES s/ EJECUCION FISCAL AUTOMOTORES s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-04-25

Aunque se admita que la inscripción que establece el art. 1° del decreto ley 6582/58 fuere constitutiva y que en principio, quien figure como titular en el Registro de la Propiedad del Automotor al tiempo del accidente debe responder por los daños ocasionados, ello no significa que esa responsabilidad funcione de manera automática e ineludible, por cuanto el art. 26 del mencionado cuerpo legal establece una presunción de responsabilidad que admite prueba en contrario, quedando esta a cargo del interesado en eximirse de los efectos de aquella inscripción.
Notificación, sociedades comerciales, domicilio legal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ana, Julio Alberto c/ Pampeana Automotores S.A. y otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2014-11-05

El principio sentado en el art. 90 inc.

3° del CC, tiene plena vigencia en la medida en que el domicilio de la persona de existencia ideal figure en los estatutos, actos constitutivos o autoridad administrativa competente, siendo en el caso de las sociedades comerciales, el de su sede social, inscripta en el Registro respectivo
Atenuantes de la pena, tentativa de homicidio, circunstancias extraordinarias de atenuación
Materia: PENAL
Carátula: Z., D. A. s/ Homicidio en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-08-06

La juventud de los cónyuges, su inmadurez, el escaso o nulo compromiso matrimonial, el corto lapso que llevaban unidos en matrimonio y los desajustes en la relación, no conforman un cuadro de tal envergadura que permita subsumir el comportamiento del encartado en las previsiones del art. 80 in fine del Código Penal, -en el caso, se lo imputó por tentativa de homicidio agravado por el vínculo- ya que debe tratarse de actitudes o estados que se exterioricen transgrediendo el orden habitual o común y se presenten con características inusitadas y de extrema gravedad susceptibles de determinar la conducta del sujeto activo del delito.
Daño moral, daño estético
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Louro, Juan Antonio y otra c/ Sucesores de Alberto Lecona y otra s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-02

La circunstancia de haberse reconocido indemnización por el perjuicio patrimonial originado en el daño estético no impide que se pondere su incidencia en el plano del agravio moral. que comprende todo quebrantamiento de la incolumnidad espiritual, abarcando cualquier menoscabo de sus posibilidades de querer, pensar o sentir y de actuar sus potencias o atributos.
Procedimiento contencioso administrativo, obras sociales, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto de Obra Médico Asistencial c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Instituto de Obra Médico Asistencial s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

El afiliado tiene derecho a recibir una prestación de su obra social, quien tiene frente a él una obligación de hacer en los términos del art. 625 y ss. del CCivil. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Retiro policial, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández Vidal, Hebe Susana c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

La Caja de Policía (en el caso de demandada) sólo está obligada a abonar por cada afiliado un monto equivalente al porcentaje que se establezca con respecto a la remuneración del cargo en actividad, sea en concepto de haber jubilatorio o pensionario, toda vez que, de este modo se organiza el sistema previsional sobre la base de los aportes exigidos y beneficios concedidos en su consecuencia, cuyo desequilibrio resultaría indudable si se otorgara más de una retribución previsional por aportante.
Obligaciones de dar sumas de dinero, contratos administrativos, inflación, desagio, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BIGMA  S.R.L. c/ O.S.N. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

En una economía signada por una inflación crónica y de proporciones alarmantes, todo contrato que contiene un plazo para el pago no cubierto por cláusula de ajuste incluye habitualmente un sobreprecio destinado antes, todo contrato que contiene un plazo para el pago no cubo. Por esta razón, y en especial cuando el ajuste se basa en índices asincrónicos, el decreto 1096/85 ha podido presumir la existencia de la "expectativa inflacionaria" en las obligaciones a plazo, con cláusula de ajuste o sin ella.

El decreto 1096/85 optó por presumir la "expectativa inflacionaria", presunción que no peca de irrazonable visto lo que habitualmente acontecía en el mercado económico (y con particular intensidad en los contratos celebrados con la Administración). Llégase así a la conclusión de que quien pretende sustraerse del régimen general establecido por aquel decreto debe aportar la prueba que acredite que, a su respecto, no se dan los extremos de hecho que fundan el desagio. Este principio implica admitir que el contratante puede probar en contra de la presunción.
Constitución Nacional, jerarquía constitucional, declaración de inconstitucionalidad, tasas, aduanas
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Massalín  Particulares  S.A. c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 4° de la ley 566 de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de la resolución reglamentaria 8/03 de la DGR, pues la tasa creada avanza sobre un ámbito de competencia exclusiva del Estado Nacional, cual es la verificación del ingreso de los productos al área aduanera especial creada por la ley 19.640 y afecta el principio de supremacía federal contenido en el art. 31 de la Constitución Nacional.
Ejercicio profesional, abogados, derecho fijo, falta de presentación, sanciones del Colegio Profesional
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MASSA, GRACIELA INES s/ CONDUCTA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

La falta de presentación del bono de derecho fijo del C.P.A.C.F se configura con la comprobación objetiva de incumplimiento, aunque éste no sea "doloso". Para eximirse de la sanción disciplinaria, el matriculado debe acreditar causas que lo exculpan; y esa circunstancia no se ha configurado en autos pues no puede tenerse como tal la mera alegación de que el incumplimiento fue "culposo" o que se debió a una "cuasi negligencia", o el cumplimiento tardío de la prestación.
Costas, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA DEL VALLE LTDA. c/ SILVIA S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-12-19

Ante un allanamiento, corresponde, en principio y como regla general,la condenación en costas a quien se allana;salvo en excepcionales casos, en los que la ley de rito prevé la posibilidad de exención al deber de cargar con las costas de un pleito,en los que deben concurrir, entre otras circunstancias, la inexistencia de conducta omisiva o dilatoria que haya dado lugar a la reclamación.
Falsificación de instrumento privado, nulidad de sentencia, dictamen fiscal, cuestiones de competencia
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ falsificación documento privado c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Corresponde anular la resolución de la cámara de apelaciones que, a su vez, declaró la nulidad del dictamen fiscal que había postulado la incompetencia de la justicia en lo criminal de instrucción por lo establecido en el art. 33 inc. d de la ley 17.671 -criterio compartido por el juez de la instancia-, pues al postular que todo caso en que se desconoce el autor del hecho debe ser investigado por el MPF, no advirtió que -en realidad- el fiscal del caso señalaba que la maniobra que se investiga se habría realizado mediante el uso de datos personales y el empleo en forma fraudulenta de una copia del documento de identidad nacional de la denunciante y que por tal motivo, sostuvo la competencia del fuero de excepción, conclusión que no fue compartida por la justicia federal. Al declarar la nulidad del dictamen que postulaba la incompetencia, el quo omitió considerar que precisamente, esta controversia en torno a si los hechos del caso, por su especialidad, debían ser investigados por la justicia de excepción. En otros términos, no está en discusión que la instrucción de un caso que tramita en la justicia ordinaria y cuyo autor es desconocido deba delegarse en el Ministerio Público (regla que también aplica a los casos con autores desconocidos de competencia federal que, salvo en un número acotado de provincias del país, se rigen por el mismo código procesal). Lo que aquí está en discusión es si el presunto uso de una copia del documento de identidad de la denunciante amerita la declinatoria de competencia en favor del fuero federal, tal como lo postuló, en el caso, el fiscal actuante (voto de los jueces Bruzzone, Llerena y Morin)
Derecho a la salud, medidas cautelares, medicamentos
Materia: PROCESAL
Carátula: MEDRANO MARIA EUGENIA c/ MEDIFE s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-10

La necesidad de M. E., que tiene 45 años y padece cáncer de tiroides con depresión severa, de recibir la medicación que le fue prescripta se encuentra prima facie acreditada, el agravio expresado por la accionada al respecto es inatendible.

La naturaleza de la afección requiere la toma de medidas concretas que tiendan a asegurar la efectiva recepción de una atención apropiada -en el caso: el medicamento "thyrogen"-, a fin de determinar la forma en que debe continuar su tratamiento, según la prescripción efectuada por la doctora endocrinóloga.

Resulta aconsejable disponer la prestación de los servicios médico-asistenciales requeridos hasta tanto se decida definitivamente la materia sometida a conocimiento del órgano jurisdiccional (esta Sala, causa 5.238/02 del 7.3.03), pues a través del dictado de la medida cautelar se intenta evitar las consecuencias perjudiciales que tendría su satisfacción sólo al cabo del desarrollo del proceso de fondo; circunstancia ésta que permite concluir en que concurre el requisito del peligro en la demora (esta Sala, causa 10.690/00 del 18.9.01).
Personal municipal, sumario administrativo, suspensión preventiva, acción de amparo, presentación extemporánea, costas al demandante
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Córdoba, Jorge Daniel c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-09-15

Comparece la parte actora interponiendo acción de amparo en contra de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, persigue se deje sin efecto el Decreto que resuelve ordenar la instrucción de sumario administrativo y suspensión preventiva del actor por el término de noventa días y se ordene mediante el dictado de una medida cautelar la reinstalación en el cargo que venía desempeñando y la restitución de haberes.

Los requisitos procesales extrínsecos de admisión de la demanda deben ser corroborados en esta oportunidad procesal, de cuyo análisis surge que el acto administrativo objeto de impugnación se encuentra representado por el Decreto SG Nº 544/14, de fecha 15/May/14, que le fuera notificado según manifestación del propio amparista, el 18/Jun/14, fecha a partir de la cual el actor se encontraba impuesto de su contenido, habilitándolo para interponer el recurso de revocatoria que da cuenta en su propia presentación.

Que para decidir el Tribunal advierte que el cómputo del plazo de quince días hábiles, previsto en el Art.2, Inc."e", de la Ley N° 4642, para interponer la demanda en tiempo hábil, debe computarse desde el 18/Jun/14, término que fenecía el día 29/Jul/14 en las dos primeras horas, por lo que habiendo sido interpuesta la demanda el 20/Agos/14 luce evidentemente extemporánea, sin que se configure ni se invoque por el amparista excepción alguna que permita apartarse del derecho vigente.

Sin perjuicio de ello, la interposición de recursos por parte del administrado en contra del decreto impugnado pone en evidencia la existencia de vías previas o paralelas administrativas y, por ende, judiciales, que permiten obtener la protección de los derechos que se estiman conculcados por el actuar del poder administrador, mediante las acciones procesales ordinarias.

Por ello, corresponde declarar formalmente inadmisible la acción de amparo interpuesta e imponer las costas al accionante.
Convención de los derechos del niño, menores, proceso penal, derechos y garantías constitucionales, menor procesado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa N° 1174-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-07

Si algún efecto ha de asignársele a la Convención sobre los Derechos del Niño es, sin lugar a duda, que a ellos les alcanza el amparo de las garantías básicas del proceso penal.
Trabajadores ferroviarios, adicional por antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: SANCHEZ, JUAN c/ E.F.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-17

El ámbito de limitación impuesto por la ley 21476 art. 2 inc. d, es el exclusivamente salarial y el ejercicio de las facultades en ese marco de referencia ha sido atribuído al PEN por la ley 21307 cuya vigencia fue mantenida por el congreso en total uso de sus atribuciones constitucionales. En consecuencia la cuestión de la Bonificación por antiguedad del Personal Ferroviario no puede resolverse sin previo examen de las diferentes cláusulas que integran el CCT, las obligaciones o las que fijan baremos salariales que pudieron haber perdido, como obviamente sucedió, toda actualidad como consecuencia de un gravísimo proceso inflacionario, o frente a una situación de crisis generalizada, con lo que el tema se vincula también con el orden público económico.