marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, honorarios, honorarios del abogado, honorarios del síndico del concurso, síndico ad hoc, intimación de pago
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Central de la República Argentina y ex integrantes Banco de Los Andes. s/ incidente de revisión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

El recurso extraordinario contra la sentencia que dejó firme la intimación de pago inmediato de los honorarios correspondientes al síndico ad hoc y a su letrado patrocinante es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia parcial de los Dres. Carlos S. Fayt y Ricardo Levene (h).
Juicio de apremio, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de La Plata c/ Vellon, Diego s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

Lo dispuesto por el art. 31, incs. "a", "c" y "g" de la Ordenanza Fiscal Municipal, modificada por ordenanza 6898 en ese entonces (sobre actualizaciones hasta la emisión de la liquidación para su pago, multas por omisión que serán graduadas por el Departamento Ejecutivo y, finalmente de los intereses sobre el tributo no ingresado en término por el período que media entre la fecha de vencimiento y la de emisión de la liquidación), está referido a las liquidaciones que por deudas se practiquen en la sede administrativa, siendo título ejecutivo suficiente -a los fines del procedimiento de apremio- la liquidación de deuda expedida por funcionarios autorizados al efecto (arts. 66 de la Ordenanza Fiscal e Impositiva Municipal para el Partido de La Plata y art. 2 de la ley de Apremio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de apremio, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dirección General de Rentas c/ Argain, Domingo W. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-10-13

El excepcionante no ha desconocido ni puesto en cuestión, que voluntariamente adhirió en el año 1995 a la moratoria por los períodos anteriores, siendo la demanda promovida en 1998. El acogimiento a la moratoria implicando un reconocimiento de deuda, interrumpió la prescripción por imperio del artículo 3989 del Código Civil.
Enfermedad profesional, obligaciones del empleador, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Acuña, Rodrigo c/ Marbella S.R.L. s/ Despido indirecto por falta de pago haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-02-01

Aun cuando el diagnóstico final fuera que no hubo impedimento para cumplir con el débito laboral, al haber observado el trabajador lo dispuesto por los arts. 209 y 210 de la LCT, el empleador no puede considerar la conducta de su empleado que se aferra a su diagnóstico inicial como una falta grave que justifique la extinción del contrato, por lo que resultara injustificado el despido directo con motivo del desconocimiento patronal del estado de enfermedad alegado por el trabajador, pese a la comunicación fehaciente comunicada a éste y la negativa del empleador de efectuar el control médico respectivo.
Derechos de los pueblos indígenas, Pacto de San José de Costa Rica, violación de derechos humanos, cambio jurisprudencial
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek c/ Paraguay s/ sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-24

De acuerdo a lo previsto en el artículo 29.b y 29.d de la Convención Americana, resulta procedente incluir en el término "persona" considerada como víctima de violaciones a derechos consagrados por la Norma Internacional, no solo a los miembros de los pueblos indígenas, individualmente considerados, sino también a esos pueblos en tanto tales, con lo que no solo se haría justicia, sino que, además, la jurisprudencia se ubicaría sin margen para equívocos, en la moderna tendencia que se estaría perfilando con cada vez mayor nitidez en el Derecho Internacional que regula la materia. (Del voto concurrente del Juez Eduardo Vio Grossi).
Riesgos del trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: S., A. R. c/ A. T. S.A. P. ART. S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-25

La Corte Suprema establece como doctrina firme y definitiva, la posibilidad de condenar civilmente a la ART respecto de los daños laborales, siempre "que se demuestre que existió un nexo de causalidad adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o cumplimiento defectuoso por parte de la ART de sus deberes legales".
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, sentencia definitiva, juicio ejecutivo, ejecución de sentencia, subasta
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: COMUNA DE SAN JERONIMO SUD c/ HARVEY, HORACIO O QUIEN RESULTE PROPIETARIO s/ APREMIO LEY 5066. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 570-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-05

El planteo de la quejosa, que impugna la resolución de la Cámara confirmatoria de la de primera instancia que, a su turno, había establecido como condición de la subasta, que los impuestos, tasas y/o contribuciones adeudadas por el inmueble a rematar serían a cargo del adquirente; no resulta idóneo en orden al acceso a la instancia extraordinaria, toda vez que es requisito legal para que e l recurso de inconstitucionalidad resulte admisible que el medio impugnatorio se dirija contra sentencia definitiva, dictada en juicio que no admite otro ulterior sobre el mismo objeto o contra auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación. En el sub judice, se impugna una resolución que, dictada con posterioridad a la sentencia final y tendiente a hacerla efectiva, no reviste el carácter de definitiva a los fines del recurso de inconstitucionalidad. (Doctrina: Guastavino, Elías P: "Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad", T II, p 805/806, E d La Rocca, Bs As, 1992).
Agentes auxiliares del comercio, martillero, derechos de las partes, obligaciones de las partes, comisión de servicios
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: España Márquez, Mónica Estela y otro c/ Frigorífico Pilar SA y otros s/ ordinario s/ incidente de ejecución sobre derechos de escrituración inmueble sito en edif. "torres del yacht", dique 4, lado este, pto. madero, frente en la calle t. guevara s/n esq. juana manso 550/90, torre sur
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-26

Cabe revocar la resolución dictada, que elevó a un 10% la comisión del martiliero inicialmente fijada en un 3% por tratarse de derechos a escriturar sobre el 100% del inmueble. Ya que, el CPR 565 primera y segunda parte, dispone que el martillero perciba la comisión que corresponde conforme al bien subastado establecida en la ley, o en su caso la costumbre. Como se ve, no obra legislación específica respecto del porcentual que debe fijarse a su favor en caso de subasta. La ley 20266 si bien regula el orden nacional de la mentada profesión, tampoco establece un parámetro remuneratorio. No obstante, el art. 160 del Reglamento del Fuero indica que: "Los martilleros que llevan a cabo las subastas para las que hayan sido designados percibirán una comisión que podrá llegar a un máximo del tres por ciento (3%) en el caso de inmuebles, y hasta el diez por ciento (10%) en caso de muebles...". Desde esa perspectiva y en tanto los derechos de escrituración que se rematan, tienen como contrapartida la adquisición del 100 % de un bien inmueble ubicado en la exclusiva zona de Puerto Madero, no existe razón para darle un tratamiento diferente al previsto. Ello, por cuanto, además de resultar suficiente remuneración por las tareas que debe desplegar el rematador en la venta, la reducción disipa la posibilidad de influir negativamente en los interesados a la hora de ofertar. Es que de mantenerse la decisión, los interesados deberán so pesar en el precio ofrecido, una suma más que considerable por gastos para adquirir el bien, que además de resultar innecesario por las tareas a realizar, podría privar a los acreedores de obtener un mayor valor en la venta en cuestión. Frente a ello, no existiendo disposición legal alguna al respecto y en tanto el reglamento del fuero art. 160 faculta al juez a fijarla a su arbitrio dentro de determinadas pautas según la naturaleza de los bienes a subastar, corresponde considerar los antecedentes mencionados y reducir la suma fijada para honorarios en el tres por ciento (3%) del precio de remate.
Aduanas, Unidad Especial de Operaciones Aduaneras, promoción industrial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "TEXTIL   RIO   GRANDE  SA c/ EN  DTO.  710/07 s/ PROCESO  DECONOCIMlENTO".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-04

"Los regímenes de promoción Industrial se deben interpretar en su conjunto y atendiendo a la finalidud perseguida con su creación, por lo que no corresponde utilizar criterios de exclusivo contenido fiscal, pues no ha sido éste el móvil que inspiró el dictado" (Sala I, 7-6-1991, "Bolland y Cía SA c/ Estado NacionaL", JA 1992-1-795; Fallos 311: 1323). Y en ese sentido, se ha dicho que "al producirse la incorporación a la legislación promocional de franquicias de naturaleza lmpositiva, quedan ellas puestas al servicio de una finalidad que trasciende lo puramente fiscal y que reviste caracteres propios por los que aún en materia de exenciones tributarias en principio de interpretación estricta- procede considerar la voluntad del legislador, en orden a la finalidad perseguida al dictarse la norma cuestionada (Sala IV, "Radio Victoria Fueguina S.A. (T.F. 7302-A) e/D.G.A.", Expte. 20.526/98, del 7/09/00). Desde esta óptica, y tal como ya se ha expuesto, es claro que la finalidad de la  Ley 19.640 fue la creación de un sistema de promoción para actividades industriales y no comerciales (lo que no era ignorado por el actor); de manera que el Decreto N° 710/07, en tanto procura evitar la incorrecta utilización de los beneficios en operaciones de esta última naturaleza, viene a readecuar los procedimientos de cálculo de ciertas exenciones para dar cabal cumpliento al objetivo originario del sistema.
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, títulos ejecutivos
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PLATA S.A. c/ GOMEZ, EDGARDO G. Y OTRA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-28

Carece de todo asidero jurídico la objeción referida a la integración de la deuda y su descalificación como cuenta corriente mercantil por la inclusión de otros débitos (caja de ahorro, plazo fijo, bonos, fondos, acciones, tarjetas de crédito, etc.) que componen el sistema integral francés, si el cuenta correntista acepto esta modalidad cuando contrato con el banco ejecutor, lo cual emerge de la circular opasi- 2 del B.C.R.A., anexo a la comunicación "a" 2329.
Depósito previo, recursos, igualdad ante la ley, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Aldeca  S.A c/ Ayerbe, Francisco Enrique. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

La exigencia de depósitos previos como requisito para la viabilidad de recursos, no es contraria a la garantía constitucional de la igualdad y de la defensa en juicio.
Recurso de casación, aclaratoria (procesal)
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: RAGGIO, JUAN CARLOS ALBERTO. c/ SECH SA. s/ COBRO DE PESOS. INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-12-18

SI LA RECURRENTE PROMOVIÓ LA ACCIÓN RECLAMANDO EL PAGO DEL FONDO DE DESEMPLEO E INDEMNIZACIÓN CONSECUENTE, ENTRE OTROS RUBROS, LA OMISIÓN DE LA CÁMARA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DICHOS TEMAS, NO RESULTA FUNDAMENTO SUFICIENTE, SI PUDO PEDIR EN LA MISMA INSTANCIA LA ACLARACIÓN QUE CONSIDERABA NECESARIA -ART. 166 INC.2 CPCIV.- Y NO LO HIZO, POR LO QUE DEVIENE EXTEMPORÁNEO E IMPROCEDENTE TODO PLANTEO POR VÍA DEL RECURSO DE CASACIÓN.
Aportes a obras sociales, contribuciones patronales
Materia: LABORAL
Carátula: FEDERACION GRAFICA ARGENTINA c/ KALIFON SRL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1958-08-07

Con anterioridad a la sanción del decreto-ley 6925/56 y del decreto-ley 7106/56, eran compatibles con la norma del artículo 6 del decreto-ley 23852/45 (ley 12921), las cláusulas de los convenios colectivos por las que se imponía el pago de una contribución destinada a la obra social de una asociación profesional de trabajadores.
BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, transferencia del personal, empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASALI, MARIO HORACIO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 502 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

La ley 10.582 en su artículo 31, al regular la situación del persona l del Banco Provincial de Santa Fe que fuera reubicado en nuevas sociedades creadas o a crearse conforme a los lineamientos sentados en la propia ley, garantizó el derecho a la estabilidad hasta la categoría de Sub Gerente Departamental inclusive. Asimismo dispuso que se mantendrían sus derechos y obligaciones en materia previsional y de obra social y que las obligaciones patronales pasarían a las sociedades que se crearan o transformaran, según correspondiera. A su vez, el artículo 32 al facultar a la Sociedad del Estado para reubicar al personal del Banco estableció que ello se haría sin afectar el nivel de remuneración y la categoría de revista. Siguiendo tales lineamientos, en el artículo 49 del Estatuto del EN.FI.RE. S.A.P.E.M. se previó que "...el personal de otros organismos del Estado provincial que pasaren a revistar en esta Sociedad quedará equiparado laboralmente al personal del Banco de Santa Fe Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria que resulte reubicado;...", reiterándose además las previsiones de la ley 10.582 en cuanto a la no afectación del nivel de remuneración y categoría de revista, preservación de los derechos y obligaciones en materia previsional y de obra social y de la estabilidad hasta la categoría ut supra señalada.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, monto mínimo, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: AMABILE, OCTAVIO c/ FAREPA  I.C.S.C.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

La inapelabilidad en razón del monto, art. 106 LO, no se traduce en una restricción absoluta por que el legislador plasmó en los arts. 108 y 105 inc. h de la LO, cuestiones en las que están en juego intereses que exceden una apreciación económica, solucionando el problema de que el justiciable sufra un desamparo jurídico frente a la imposibilidad de contradictorio o defensa en juicio.
Remuneración, comisiones
Materia: LABORAL
Carátula: FILIPPONE, ALBERICO FELFO c/ PAWLUK, JORGE s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-30

Aunque el trabajador haya reconocido el pago de un porcentaje diario en concepto de remuneración, ello no exime al empleador del pago de otros rubros salariales, en virtud de la doctrina sentada en los plenarios 101 y 203 de la CNAT.
Libertad condicional, plazo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MILLANAHUEL, JULIO CESAR s/ LIBERTAD CONDICIONAL S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-12-12

Para renovar el pedido de libertad condicional denegado debe transcurrir el término fijado en el art. 476 in fine del CPP. -un año-.
Pena, condena condicional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Latorre, Juan Gerónimo-Ventura, Higinio del Carmen s/ Robo calificado y privación ilegítima de la libertad en concurso  ideal - Recreo - La Paz - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-02-24

Ha sido una constante en cuanta expresión decisoria he suscripto, mi apego a la consideración no sólo sancionatoria sino sobre todo rehabilitante de la pena fijada para el autor delictivo, debiéndose someter el mismo al tratamiento penitenciario reeducativo que posibilite la reinserción social del condenado, alejándome de toda consideración apriorística que lo vislumbre como irrecuperable, por la sola multiplicidad delictiva verificada judicialmente.

El art. 52 última parte del Código Penal posibilita que los Tribunales por única vez puedan dejar en suspenso la aplicación de la accesoria establecida en la primera parte de dicha norma legal, fundando expresamente su decisión en la forma prevista en el art. 26 de igual catálogo de leyes.

El mentado artículo establece bajo pena de nulidad que esta decisión de suspender la aplicación efectiva tenga razón en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho "y las demás circunstancias que demuestre la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de la libertad". En párrafos anteriores me he referido a la actitud de los enrostrados, posterior a la comisión ilícita, constando en la causa que los mismos al ser requeridos por la autoridad policial se entregaron sin oponer ningún tipo de resistencia, coadyuvando, sobre todo el que reincide por cuarta vez, desde un comienzo con la autoridad investigativa, postura que reedita durante el plenario.

Se ha resaltado la amplitud valorativa del estamento judicial en lo referente a las demás circunstancias que demuestra la inconveniencia, en este caso de la aplicación de la accesoria con carácter efectivo, contenida en la primera parte del art. 52 del Código Penal.

Fijando como norte de mi postura lo pre dicho en relación a la naturaleza y carácter de la pena, y teniendo en cuenta la edad del ahora coimputado y la sanción penal que en definitiva prospera en su contra, a los fines de su reinserción social, cuando las condiciones establecidas por la Ley Penitenciaria faculten su egreso, resultaría inconveniente por esta única vez su discernimiento con carácter efectivo.

Por lo expuesto y en el sentido hasta aquí enunciado, me pronuncio por la aplicación de la medida contenida en la primera parte del art. 52 del Código Penal, en la forma establecida por la última parte de la misma norma legal. (Del voto del Dr. Roselló en disidencia parcial)
Regulación de honorarios, abogados, dación en pago, costas, discrepancia del recurrente, capitalización de intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Enrico Oscar Antonio y otra c/ Compañía de Seguros Rivadavia, Hernández Enrique Gerardo, Zurita de Hernández Rosa y Hernández Carlos Rubén s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-12-17

Además resultan contradictorios los argumentos expuestos, produciéndose un nuevo condicionamiento, esto es, que se regulen los honorarios de los letrados y peritos para recién liberar el pago. Es decir que contrariamente a lo sostenido por la recurrente, el actor estuvo en condiciones de percibir el saldo adeudado a partir del informe actuarial que determinó el monto a retener en concepto de costas a su cargo, por lo que no puede imputársele la demora en la percepción de los fondos. La dación en pago como hecho unilateral, debe ser clara de manera de no inducir a dudas de cuál es la intención de la parte. Pero también debe ser concreta y efectiva, es decir que las sumas en cuestión se encuentren a disposición de los acreedores y que puedan percibir los montos de la condena.
Apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quintana, Silvano c/ Argüello, Emigdio s/ Indemnización por daños y perjuicios por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-07-06

En el proceso formativo, el juzgador excepcionalmente puede lograr una certeza absoluta sobre la forma en que el suceso ocurrió, pero basta para fundar su decisión en haber alcanzado una certeza moral, debiendo entenderse por tal, el grado sumo de probabilidades acerca de la verdad. Y para ello el sentenciante tiene la facultad de seleccionar las pruebas y detenerse en las que son esenciales y decisivas para el fallo de la causa. Fundamento de la Dra. A.

Colman.
Medida de no innovar, verosimilitud del derecho invocado, matrícula profesional, gobierno provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Cadopi, Carlos Humberto c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa. s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

Corresponde decretar la prohibición de innovar solicitada y hacer saber a la Provincia de Buenos Aires que debe abstenerse de exigir al actor la inscripción en la matrícula provincial para poder ejercer su profesión de ingeniero agrónomo si resulta suficientemente acreditada la verosimilitud en el derecho y la configuración de los presupuestos establecidos en los incisos 1. y 2. del artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Municipalidad, facultades del intendente
Materia: PENAL
Carátula: Traficante, Vicente Héctor - Rossi, Angel s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

Siendo el intendente municipal el ciudadano que desempeña la titularidad del Departamento Ejecutivo en las estructuras municipales de esta provincia, su función concerniente a la administración general y la ejecución de las ordenanzas comprende variadas atribuciones, entre ellas la de representar a la Municipalidad en sus relaciones con la Provincia o tercero (arts.

1, 107 y 108 inc. 11 Ley 11582 Orgánica de Municipalidades), por lo que habiendo solicitado el retiro de ciertos bienes de un predio municipal, quienes lo hicieron actuaron legítimamente.
Regulación de honorarios, sucesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nahman Jacobo s/ Sucesión (LIBRO: A079 - 108)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-24

En la sucesión deben distinguirse tres etapas: a) escrito inicial, b) comparendo y declaratoria y c) inventario, liquidación, adjudicación e inscripción de los bienes, a cada cual corresponde asignar un tercio del total.-
Costas, recurso de revisión (procesal), procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: LABORATORIOS OFTALMOLOGICOS ARGENTINOS s/ Abastecimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-14

La imposición de costas en la alzada en una incidencia no puede ser objeto de revisión por el mismo tribunal que las impuso.
Transporte de carga por agua, transporte de contenedores, modalidad house to house, usos y costumbres, inversión de la carga de la prueba, asegurador, consignatarios, conocimiento de embarque, factura, falta de eficacia probatoria
Materia: NAVEGACION-PROCESAL
Carátula: IGUAZU COMPAÑIA DE SEGUROS SA c/ CAP Y/O PROP Y/O ARM BQ BANDERA EXTRANJERA "SEA MERCHANT" s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

Tratándose de un transporte "house to house" se impone considerar válidas las cláusulas de reserva sobre el contenido, puesto que según los usos y costumbres internacionales el unitarizador de carga es entregado cerrado y precintado por el cargador, siendo ello así, ante la total falta de participación del buque en la consolidación del contenedor (ver Causas 6544 del 23.5.89 y 7683 del 18.10.90; Cfr. "Seminario Containers: Aspectos económicos técnico-operativos y jurídicos", inst. Est. Marit., Bs. As. 1982, Segunda Sesión, págs. 22 y ss.), incumbe al consignatario o a su aseguradora demostrar que fue lo efectivamente introducido en el container en el puerto de origen, desde que las cláusulas de reserva (STC) -que forman excepción al principio del art. 280, Ley 20.094-producen una inversión de la carga probatoria (causas 6544, 7687 y 297/93, antes citadas). Y, para acreditar el extremo apuntado son insuficientes los datos de la factura comercial o el informe proporcionado por el propio vendedor extranjero (causa 2978/93), como tampoco puede ser extraído el dato fundamental del conocimiento de embarque desde que sus menciones relativas al contenido carecen de eficacia por el efecto propio de las cláusulas de reserva (cfr. esta Sala, Causa 1282/93 del 18.6.93.).