Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-11-03


Autos Nº 4.892 (7mo J.P.L.G.S.J., Capital, Nº 25.552/14), caratulados: "GIL, Margarita Inés - Información Sumaria".

--------- San Juan, 3 de noviembre de dos mil dieciséis. ------------------------------------------------------ --------- Y Vistos: --------------------------------------------- --------- Para resolver el recurso de apelación deducido a fs. 36 por la peticionante, quien actúa por derecho propio y con patrocinio letrado, contra la resolución de fs. 32/35. --- --------- Tal recurso fue concedido sin efecto suspensivo y se puso el expediente a disposición de la recurrente para que exprese agravios en los términos del art. 255, inc. 2º, del C.P.C. por providencia de fs. 37. -------------------------- --------- Y Considerando: ------------------------------------ --------- I. Que mediante el pronunciamiento impugnado el a quo desestimó la información sumaria tendiente a acreditar la convivencia entre la peticionante, Sra. Margarita Inés Gil, con el Sr. Ricardo Alberto Aguilera Olivera (fallecido), por considerar que la utilizada ya no es la vía adecuada a tal efecto y que resultaría improcedente una resolución dictada en esta clase de actuaciones judiciales. Ello, sin perjuicio de los derechos que intenta hacer valer la presentante por ante la vía que corresponda -que en su opinión serían- los Juzgados Civiles Ordinarios, en especial el de Familia. Asimismo, dispuso que una vez firme la resolución se procediera al archivo de las actuaciones. ---------------------------------------------------- --------- II.1. Contra dicho pronunciamiento se alzó la peticionante, quien fundó el recurso con el memorial obrante a fs. 38/40 vta. En tal pieza, en síntesis, manifestó: l Que se queja del decisorio recurrido atento a que el Juzgador ha efectuado una interpretación y aplicación erróneas del derecho al planteo que debía resolver, lo cual le causa graves perjuicios de orden patrimonial. ------------- l Que el a quo desestima la causa por una cuestión de fondo que su parte no discute, es decir, si desde la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante: C.C. y C.) corresponde la jurisdicción de los Juzgados de Paz o de los Juzgados Civiles. Agrega que el error se origina en la incorrecta interpretación del art. 7 del nuevo ordenamiento sustancial, con referencia a su competencia para dirimir el planteo. -------------------------- l Que el desarrollo del tema que realiza el Juzgador podría ajustarse a las uniones convivenciales actuales o existentes a la entrada y en vigencia del nuevo C.C. y C., el 1 de agosto de 2015, pero no en el caso bajo examen donde la información sumaria fue iniciada el 15 de octubre de 2014 (ver cargo de fs. 6, infra); todas las actuaciones -diligenciamiento de oficios y cédulas, audiencias testimoniales, etc.- se cumplieron durante el año 2015 antes de la entrada el vigencia del nuevo C.C. y C., por lo tanto, los actos procesales se llevaron a cabo bajo las normas del ordenamiento sustancial derogado. -------------- l Que el a quo se aparta de manera absoluta de lo que establece el art. 7 del C.C. y C. que determina que las leyes no tienen efectos retroactivos, sino desde su entrada en vigencia en adelante. ------------------------------------------ l Que la ilegitimidad de la interpretación normativa se advierte en la circunstancia de que el magistrado incurre en contradicción, cuando admite continuar con el proceso al llevar a cabo las audiencias sin declararse incompetente y luego fallar como lo hace, lo que importa ir contra la doctrina de los actos propios. --------------------------------- --------- 2. A fs. 41 se tuvo por fundado el recurso en tiempo y forma de ley y se dispuso elevar el expediente a la Alzada, lo que se materializó a fs. 41 vta. Ya en este ámbito apelatorio, a fs. 42 se decidió hacer saber a la peticionante de la designación del Dr. Juan Luis Romero como nuevo integrante del Tribunal (ver constancia de fs. 53 vta.). Posteriormente, y previo a proveer lo que corresponda, por Presidencia se ordenó correr vista a la Sra. Agente Fiscal de lo decidido por el Titular del 7mo J.P.L.G.S.J., Capital (fs. 43). ------------------------------------------------------------- --------- A fs. 44 y vta. obra el dictamen de la Dra. Beatriz J. Gil de Usín, Titular de la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral, quien señala que el art. 81, inc. f, de la Ley Prov. N° 358-E (L.O.T.) establece que los Jueces de Paz Letrados tienen competencia en las informaciones sumarias en general. Sostiene que conforme lo dispone el art. 512 del C.C. y C., las uniones convivenciales pueden acreditarse por cualquier medio de prueba, siendo la información sumaria un elemento jurídico idóneo para tal fin. Sigue los lineamientos dados por el Sr. Fiscal General de la Corte en los Autos N° 778 y 780 [Sala 1ª de la Corte de Justicia], quien manifiesta que "la jurisdicción local no ha receptado normativamente el cambio de paradigma de la legislación de fondo y que los conflictos de las uniones convivenciales no están a la fecha contemplados en el art. 53 de la Ley Orgánica" (fs. 44), para concluir dictaminando que no encontrándose reglamentado por la legislación local la determinación de la legislación de fondo, el a quo es competente para intervenir en las informaciones sumarias a los fines de acreditar la unión convivencial. ------------------ --------- Por providencia de fs. 54 se dispuso correr vista a la Fiscalía de Cámara. A fs. 55/56 obra el dictamen de la Dra. Leticia Ferrón de Rago, Titular de la Fiscalía de Cámara N° 2, quien señala que el art. 7 del nuevo Código -de igual tenor que el art. 3 del anterior- consagra el principio de irretroactividad de las leyes. Concluye afirmando que -en su opinión- las consideraciones valoradas por el a quo no ameritan la decisión desestimatoria adoptada, pues advertido de su incompetencia por imperio de las nuevas disposiciones, debió remitir a sus efectos las actuaciones al juez competente, dejando a salvo la validez de los actos cumplidos. ------------------------------------------------------ --------- A fs. 57 se tuvo por contestada la vista conferida y se determinó que el recurso sería resuelto por la totalidad de los miembros del Tribunal, decreto que se encuentra firme y consentido conforme surge de la notificación al letrado patrocinante de la requirente obrante fs. 58 y vta. -- --------- A fs. 59 se dictó el pase de los autos a resolver, y consentido que fue el mismo (fs. 60 y vta.), se procedió al sorteo y a la adjudicación a estudio en el orden dispuesto a fs. 62. ----------------------------------------------------------- --------- III. Conforme a las constancias del expediente que hemos examinado y de acuerdo con el contenido de los agravios formulados por la peticionante, adelantamos nuestro criterio favorable a la admisión del recurso. Ello, en mérito a las consideraciones que infra expondremos: ------- --------- 1. Preliminarmente, es dable poner de manifiesto que la solución que se adoptará en el sub exámine responde a las particularidades que muestra este proceso voluntario, que ha tenido una tramitación con características singulares; lo cual requerirá una respuesta especial para el caso, tendiente a brindar una solución razonable a la cuestión planteada en el mismo, haciendo uso de las facultades de este Tribunal estimuladas por el recurso articulado. --------------------------------------------- --------- 2. En tanto útil para la resolución del recurso, elaboraremos un resumen de la parte pertinente de las actuaciones obrantes en la causa: ---------------------------- a) la presentante, por derecho propio y con patrocinio letrado, inicia información sumaria a fin de acreditar la convivencia de hecho -concubinato- con el Sr. Ricardo Alberto Aguilera Olivera, quien falleció el 24 de junio de 2014, a los fines de ser presentado ante distintas reparticiones del Estado: Subsecretaría de Trabajo y ANSeS (ver fs. 5/6); --------------------------------------------------- b) las actuaciones fueron presentadas ante la Mesa de Entradas General de la Justicia de Paz Letrada el 15 de octubre de 2014 (ver constancia del cargo de fs. 6); -------- c) al día siguiente de su presentación, fue recibido por el 7mo J.P.L.G.S.J, Capital, que resultó sorteado (fs. 6, infra); - d) el 17 de octubre de 2014 se tuvo por iniciada la información sumaria, se dispuso la notificación a la ANSeS, la Subsecretaría de Trabajo y la Fiscalía de Estado, y se fijaron audiencias para recibir la prueba testimonial (fs. 7); --------------------------------------------------------------- e) a fs. 9 el a quo solicita se acompañen partidas del nacimiento de causante y de uno de sus hijos, debidamente legalizadas y fotocopia del D.N.I. de la requirente, a lo que ésta da cumplimiento el 18 de junio de 2015, constando glosada la documentación a fs. 10/14 vta. A fs. 29 y 31 obran las actas de las audiencias de dos de los testigos ofrecidos, realizadas el 10 de agosto de 2015; y ------------ f) el 2 de octubre del mismo año se dicta la resolución impugnada (fs. 32/35). --------------------------------------- --------- 3. Las informaciones sumarias -como el caso bajo estudio- son cuestiones incidentales, extracontenciosas, y al decir de Palacio, su iniciación no se halla determinada, como ocurre en los procesos contenciosos, por la finalidad de obtener una decisión que declare la existencia de algún efecto jurídico en contra o frente a una persona distinta de quien reclama el ejercicio de la actividad judicial, sino por la necesidad de lograr un pronunciamiento al cual la ley condiciona el nacimiento o la eficacia de una determinada relación jurídica. De allí que en los procesos voluntarios las decisiones judiciales se dicten, eventualmente, a favor del peticionario, pero no en contra o frente a un tercero (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1986, Tº I, pág. 300, apart. c). ------------------------------------------------------- --------- En el sub exámine el tema a resolver se centra en dar respuesta a la cuestión de la aplicación o no de la nueva legislación a las situaciones y relaciones jurídicas nacidas bajo el amparo de la legislación anterior. -------------------- --------- Las normas jurídicas tienen una eficacia limitada en el espacio y en el tiempo. Como sucede con cualquier otra realidad humana, ellas surgen en un determinado momento y se extinguen en otro (Hèron, Jacques, Principes du droit transitoire, Paris, Dalloz, 1996, pág. 5, cfr. Claría, Enrique L. y Claría, José O., Ámbito de aplicación temporal de la ley, El Derecho, Tº 56-785). - --------- El problema aparece cuando un cambio legislativo se produce durante la vida de esos hechos, relaciones o situaciones; o sea, entre que nacen y se extinguen. En tal caso, ese cambio legislativo trae aparejada una colisión o conflicto de normas en el tiempo y es necesario decidir qué norma ha de aplicarse. La solución de derecho transitorio requiere, entonces, una ponderación prudente y equilibrada. Lo importante no es la distinción entre situación y relación jurídica, porque ambas se rigen por las mismas reglas, sino las fases en las que éstas se encuentran al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley. ------------------------------------------------------ --------- Efecto propio y normal de toda ley es que se aplica desde que ha sido sancionada y es el sistema que tenía el Código Civil derogado. El nuevo art. 7 del C.C. y C. se aplica a: 1) las relaciones y situaciones jurídicas que se constituyan en el futuro; 2) las existentes, en cuanto no estén agotadas; y 3) las consecuencias que todavía no hayan operado. El nuevo ordenamiento no se proyecta atrás en el tiempo; ni altera el alcance jurídico de las situaciones ni de las consecuencias de los hechos y actos realizados y agotados en su momento bajo un determinado dispositivo legal. Al momento de la entrada en vigencia de una nueva ley, la situación se puede encontrar: constituida; extinguida o en curso. Las leyes que gobiernan la extinción de una situación jurídica no pueden afectar, sin retroactividad, las situaciones anteriormente extinguidas. Ese tocar relaciones pasadas no implica retroactividad porque sólo afecta efectos o tramos futuros. El nuevo ordenamiento no se proyecta atrás en el tiempo; ni altera el alcance jurídico de las situaciones ni de las consecuencias de los hechos y actos realizados y agotados en su momento bajo un determinado dispositivo legal (cfr. mutatis mutandis, Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, parágr. 12, págs. 28/31; Medina, Graciela, Efectos de la ley con relación al tiempo en el Proyecto de Código, La Ley, 2012-E-1305). -- --------- Creemos que las normas del C.C. y C. unificado serán retroactivas cuando se pretenda su aplicación a la constitución o extinción de una situación jurídica constituida o extinguida bajo el amparo del Código Civil derogado; o a efectos de una situación jurídica que se ha producido también bajo la vigencia de la ley sustituida. ---------------- --------- En el sub exámine, se inicia la información sumaria tendiente a acreditar el concubinato -hoy 'unión convivencial'- entre la peticionante, Sra. Margarita Inés Gil y el Sr. Ricardo Alberto Aguilera Olivera, quien falleció el 24 de junio de 2014, a los fines de ser presentado ante distintas reparticiones del Estado: Subsecretaría de Trabajo y ANSeS con el objeto de iniciar -entre otros- los trámites para obtener una pensión (ver fs. 5/6). Es decir, que al producirse la muerte del conviviente la relación concubinaria quedó extinguida ya que el hecho generador de tal extinción fue precisamente su fallecimiento, por lo que si se sanciona una nueva ley al respecto con posterioridad al deceso, las consecuencias se encuentran producidas y los efectos que de dicho hecho se derivan se han cumplido y no pueden ser alcanzados por normas posteriores que lo alteren o modifiquen. Como consecuencia lógica, consideramos que no corresponde aplicar el art. 509 y siguientes del C.C. y C. a la unión constituida y extinguida bajo la vigencia del Código anterior. -------------------------- --------- 4. Es sabido que la competencia es el presupuesto liminar de un proceso tramitado en legal forma, que inviste al juez considerado competente con el deber y el derecho de administrar justicia en el caso concreto con exclusión de todo órgano jurisdiccional. Así, los jueces ejercen su jurisdicción en la medida de su competencia, siendo ésta la que fija los límites dentro de los cuales el órgano judicial puede ejercer su jurisdicción, conceptuada como potestad de administrar justicia. ---------------------------------------- --------- Con relación a los antecedentes a tener en cuenta para resolver la cuestión de competencia, debe estarse a los elementos integrantes de la pretensión o petición. ------ --------- En igual sentido la Corte de Justicia de la Provincia ha resuelto que "...la competencia, jurisdicción y funcionamiento de los tribunales del Poder Judicial de San Juan deben necesariamente ser atribuidas por la Ley Orgánica de Tribunales (art. 210, Constitución de la Provincia) o en su caso, claro está, por otras leyes que pudieran modificar o complementar aquélla..." (Protocolo Causas de Competencia, Fº 15/17, año 1999). ------------------------- --------- No obstante, una de las particularidades que presenta la resolución de fs. 32/35 es que el a quo se pronuncia respecto de la incompetencia de los Jueces de Paz Letrados, a partir de la entrada en vigencia del nuevo C.C. y C., para entender en una información sumaria tendiente a acreditar la convivencia de una pareja, y considera que cualquier cuestión relacionada con la acreditación de una unión convivencial debería tramitarse por un procedimiento que habilite una gran amplitud para la contradicción y la prueba necesaria, por ante los juzgados civiles, específicamente, estima que debiera ser ante un tribunal en asuntos de familia y/o estado de familia (fs. 34); sin embargo, soslaya la cuestión al no declinar oportunamente su competencia, dejando planteado el conflicto negativo de competencia en caso de resistencia por parte del magistrado a quien consideraba competente. - --------- Si bien es cierto que el nuevo C.C. y C. regula las llamadas uniones convivenciales, porque se consideró que las convivencias de pareja constituyen una forma más de vivir en familia y -como tales- merecen un reconocimiento expreso a través de una legislación que determine en forma concreta los alcances y efectos de este tipo de uniones; también lo es que de conformidad con el sistema adoptado por la Constitución Nacional (C.N.), la facultad de legislar en materia procesal pertenece -como principio- a cada una de las provincias y no al Congreso Nacional. ----------------- --------- El federalismo argentino adoptado como forma de Estado según el art. 1 de la C.N. supone la coexistencia de distintos órdenes de gobierno con potestades institucionales, políticas, administrativas, tributarias, propias y concurrentes, que se rigen por el principio sentado en el art. 121, ibíd., en virtud del cual las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación por medio de la Carta Magna. De esta manera, ellas dictan su propia Constitución, tal como lo prescriben los arts. 5 y 123, ibíd. ------------------------------------------------------- --------- En esta tesitura, se advierte que -como bien lo señala el Sr. Fiscal General de la Corte de Justicia, en opinión que compartimos y que el Máximo Tribunal hace suya- reconoce que el nuevo C.C. y C., Libro II, reglamenta las uniones convivenciales, y que el art. 706, inc. b, del mismo cuerpo legal, dispone que los procesos de familia deben ser atendidos por jueces especializados. Señala que, sin embargo, la jurisdicción local no ha receptado normativamente el cambio de paradigma de la legislación de fondo (Sala 1ª, Expte. Nº 778: "Echenique, Pabla Rosa c/ Pineda Carlos - Extinción de unión convivencial s/ Conflicto de competencia" [P. Causas de Competencia, Año 2015, Fº 59] y Expte. Sala 1ª, Nº 780: "Luna, Hugo c/ Gallardo, Graciela - Extinción de unión convivencial s/ Conflicto de competencia" [P. Causas de Competencia, Año 2015, Fº 55]). ------------ --------- Por su parte, la Ley Prov. Nº 358-E (L.O.T.) en su art. 81, inc. f, establece que corresponderá a los Jueces de Paz Letrados el conocimiento y decisión de las constataciones de hechos fuera de juicio y de las sumarias informaciones en general, y considerando que la competencia de la Justicia de Paz está precisamente delimitada, entendemos que el presente procedimiento debe tramitarse y resolverse ante este fuero, salvo modificación normativa posterior. ----------------------------- --------- En líneas generales, la jurisprudencia expresa que la jurisdicción voluntaria comprende procedimientos de carácter unilateral cumplidos ante los jueces, con el objeto de determinar ciertas situaciones jurídicas o cumplir requisitos impuestos por la ley, mediante declaraciones que no adquieren autoridad de cosa juzgada ni pueden causar perjuicios a terceros (Cám. Nac. Civ., Sala L, La Ley, 1992-E-388). - --------- Analizando la petición original de fs. 5/6 se advierte que la postulante inicia el trámite de una información sumaria a los fines de acreditar con prueba documental y testimonial su convivencia con el Sr. Ricardo Alberto Olivera Aguilera, quien falleciera con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo C.C. y C. ----------------------- --------- 5. Como ya lo dijimos, la competencia para intervenir en las mismas ha sido discernida por la L.O.T. a los Jueces de Paz Letrados. Por lo tanto, y de acuerdo con la disposición de la Ley Prov. Nº 358-E en tal sentido, resulta ser competente para intervenir el Titular del Séptimo Juzgado de Paz Letrado del Gran San Juan, Capital. --------------------------------------------------------- --------- Sin embargo, dado que dicho magistrado ya emitió opinión sobre el fondo de la petición, deberá ser reemplazado conforme lo dispuesto por el art. 87, inc. a, de la L.O.T., a cuyos efectos deberán pasar las actuaciones a la Oficina Receptora y Distribuidora de causas entradas en los Juzgados de Paz Letrados del Gran San Juan. ------------ --------- Asimismo y a fin de evitar mayores dilaciones, se insta al/la Titular del J.P.L.G.S.J. que resulte sorteado/a a que dicte sentencia a la mayor brevedad posible. ----------- --------- Por lo expuesto, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas, Se Resuelve: --------------------- --------- 1) Admitir el recurso de apelación deducido a fs. 36 contra el resolutorio de fs. 32/35, el que se deja sin efecto, y en consecuencia remitir las actuaciones a la Oficina Receptora y Distribuidora de causas entradas en los Juzgados de Paz Letrados del Gran San Juan a fin de que en tal ámbito se proceda a realizar un nuevo sorteo del expediente. ---------------- --------- 2) Instar al/la Titular del J.P.L.G.S.J. que resulte sorteado/a a que dicte sentencia a la mayor brevedad posible. -------------------------------------------- --------- 3) Comunicar lo aquí resuelto al Sr. Juez Titular del Séptimo Juzgado de Paz Letrado del Gran San Juan, a cuyo fin ofíciese, con copia de la sentencia. ----------------------------------------------------- --------- 4) Protocolícese y notifíquese, cumplido lo cual pasen a la Oficina Receptora y Distribuidora de causas entradas en los Juzgados de Paz Letrados del Gran San Juan para proseguir con la tramitación pertinente. ---------------------------------------------------- Fdo: Dres. María Esthela Tonelli - Vocal; Víctor Bazán - Vocal; Juan Luis Romero - Presidente. Cámara de Paz Letrada.- P. de A. N° 95, fs.185/192