marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sobreseimiento, contrabando, infracciones aduaneras
Materia: PENAL
Carátula: Vellajo, Ernesto Luis y otra s/ recurso de revisión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-07

Corresponde confirmar el sobreseimiento de los imputados, en la medida que la conducta recriminada no se subsume en los tipos penales por los que fueron reprochados ya que no se discute que los encartados llevaban más dinero del permitido, entre sus ropas, del modo usual de transporte, sin disimularlo ni camuflarlo con el fin de sustraerlo del control aduanero, todo lo cual no satisface el supuesto de hecho del art. 864 inc. a, ni tampoco las demás formas del inc. d, ley 22.415, lo que no prejuzga acerca de la eventual caracterización como infracción aduanera, resultando insustancial abordar la pretensión de que el dinero resulta mercadería a los fines del objeto del delito de contrabando. (Dres. Mitchell, García y Yacobucci).
Concesión para la venta de automotores, rechazo de la demanda, rescisión del contrato, indemnización, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Airox SA c/ Ford Argentina SCA s/ ordinario - Airox SA C/ Ford Argentina SCA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-23

Consecuentemente, no resultó abusiva la rescisión unilateral de la concesión que otorgó el preaviso de treinta días previsto en el contrato, pues la intimación cursada por la actora al pago de cierta suma en dólares (U$S 1.500.000) en concepto de pérdida de valor comercial y daño moral, así como una cantidad indeterminada por pérdida de ganancias, bajo apercibimiento de reclamar ante la justicia, fue un acto de la actora que la concedente interpretó como contrario a las obligaciones asumidas en el Reglamento para Concesionarios, mediante la cual ésta se obligaba a "...evitar en toda forma, en cuanto atañe a su competencia con otros Concesionarios (...) aquella prácticas comerciales que puedan ser perjudiciales para el buen nombre de la compañía...".
Adopción, responsabilidad parental, derechos y obligaciones de los padres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., A. C. s/ Adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-09

Quienes han dado la vida a un ser, no sólo cargan con deberes sino que tienen intangibles derechos; el más importante de todos, no ser privados de la patria potestad sin justos motivos, lo cierto es que en uso de esos derechos nadie puede verse impedido de convalidar un destino distinto para el ser que -concientemente- no pueden amparar y corresponder con obligaciones y mucho menos, con afectos esenciales.
Calificación legal, apropiación de cosa perdida, hurto de automotor
Materia: PENAL
Carátula: NOVOA, RUBEN s/ HURTO    -  AUTOMOTOR  -  DEFRAUDACION  -  APROPIACION  COSA  PERDIDA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

En asunto anterior (c. 30.921, "DALMAUD, H.E." del 9/9/86), sostuve un criterio coincidente con el explicitado por el Sr. Juez de Sentencia y, por ende, opuesto al que abona el ilustrado voto del colega que me procede.

Dije entonces que a mi juicio son los aspectos objetivos del tipo penal en juego los que delinean de modo sustancial el encasillamiento de la conducta del agente, al menos en casos como el que juzgamos, donde los procesados se apoderaron de un vehículo que presentaba indicios de haber sido abandonado (la ventanilla abierta, cables de contacto sueltos) y resultó objeto de una sustracción siete días antes, perpetrada por autor o autores ignorados. Que los inocentes hayan tenido dolo de hurtar no modifica, entonces, la calificación sostenida por el Sr. Juez de primera instancia, cuya confirmación propiciaré.
Despido, responsabilidad solidaria, asociaciones civiles
Materia: LABORAL
Carátula: Segui, Andrés c/ Casa de Madrid en Argentina Asoc. Civil y Cultural sin fines de lucro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-20

Tal como lo ha sostenido esta Sala, no existe norma alguna que contemple la responsabilidad solidaria de los integrantes del órgano directivo de las asociaciones civiles frente a terceros y tampoco corresponde aplicar en forma analógica las disposiciones que la ley 19550 establece al respecto, pues las sociedades comerciales tienen por objeto obtener alguna utilidad apreciable en dinero, mientras que las asociaciones civiles se caracterizan por ser personas jurídicas que se constituyen con un objeto de bien común y sin propósito de lucro. Por ende, aun en el caso de que se hubiera demostrado que entre actor y demandada se mantuvo un vínculo en la clandestinidad -lo que no se da en el caso-, de ello no podría inferirse un enriquecimiento ilícito por parte del presidente de la entidad. En consecuencia no se encuentra configurado uno de los presupuestos que habilitan la responsabilidad personal del presidente.
Nulidad de sentencia, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Aliaga, Diego Alfredo c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-11

La disidencia postuló anular lo resuelto en tanto el a quo resolvió el caso sin dar intervención al letrado en el marco del procedimiento recursivo, tal como lo prevé el art. 454 CPPN, privándolo de exponer los fundamentos del recurso y cercenando, de ese modo, su derecho de defensa.Dres. Ledesma -disidencia-, Yacobucci, Slokar.
Proceso penal, defensa en juicio, principio de progresividad, preclusión, imputado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: G, N P s/ HOMICIDIO CON EXCESO DE LEGITIMA DEFENSA. RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 18-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

La garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal. Así, el principio de progresividad impide que el juicio criminal se retrotraiga a etapas ya superadas, pues los actos procesales se precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas legales. Tanto dicho principio, como el de preclusión, reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente; pero además -y esto es esencial- atento a que los valores que entran en juego en el juicio penal, obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca de una vez para siempre, su situación frente a la ley penal.
Hábeas corpus, privación ilegal de la libertad
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CONTI, Haroldo s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-28

La acción de hábeas corpus tiene por objeto exclusivo la realización urgente de todas las medidas y diligencias que puedan conducir a la rápida libertad del beneficiario.

Sin perjuicio de lo cual, mediando una presunción de privación ilegítima de la libertad, debe investigarse ante el Juez que corresponda dicho ilícito.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Almirón, Carlos Alberto s/ Lesiones culposas Tosi, Mario Andrés; Sleidel, Daniel Ricardo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03|1998-02-24

Si bien en la etapa sumarial puede haber "secuela del juicio", no puede considerarse como tal la providencia en la que se ordena -encontrándose prima facie prescripta la acción- se actualicen los antecedentes del procesado, toda vez que las mismas -en tal contexto - sólo se dirigen a constatar la inexistencia de la otra causal interruptiva prevista por el art. 67 párrafo 4to. del Código Penal. (Minoría u opinión personal)
Aplicación de la ley, notariado
Materia: PROCESAL
Carátula: Turacción S.R.L. s/ MODIFICACIóN DE CONTRATO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-12

El Código Procesal Civil y Comercial no puede ser considerado -en el caso- la ley especial que deroga en lo que a la exigencia o no del patrocinio letrado para el cumplimiento de trámites notariales establece la Ley 1340 -del Notariado-. Ello, dado que aún dictada la aludida legislación- con anterioridad al vigente Código Procesal, el art. 185 -Ley 1340- deroga de modo expreso "todas las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias que se opongan a la presente ley, resultando coherente dicha derogación con el régimen especial establecido por esta.
Derecho de propiedad, acción de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GOMEZ RIVAS NESTOR ANGEL c/ ANSES s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-12

Surgiendo de las constancias de autos que el titular acreditó más de 35 años de servicios con aportes previos a julio de 1994 para la P.C., ha de concluirse que "corresponde hacer lugar al pedido de inconstitucionalidad del tope de 35 años a computar para el cálculo de la P.C. dispuesto por el art. 24 inc. a) de la ley 24.241, en la medida que priva de efectos -sin razón alguna que lo justifique- y convierte en un impuesto al trabajo estéril e ilegal, a los aportes realizados por servicios prestados con anterioridad al 14.7.94, fecha de entrada en vigencia del S.I.J.P., más allá de esa criba,. por los que no se reconoce al afiliado prestación alguna", pues "el no reconocimiento del excedente apuntado conspira contra el carácter integral e irrenunciable que la C.N. reconoce a los derechos de la seguridad social, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, resguardados en los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Carta Magna.". (cfr. C.F.S.S., Sala III, sent. del 26.12.06, "Giachino, Luis Arturo"; C.S.J.N., sent. del 21.08.13, "Barrios, Idilio Anelio"). (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere el Dr. Poclava Lafuente).
Recursos administrativos, plazo, empleados públicos, derechos de los agentes de la administración pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORLANDO, MARCELO H c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 525-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-29

El lapso necesario para deducir "recursos" -revocatoria y apelación- previsto en el decreto acuerdo 10204/58 (que en su artículo 42 concede un plazo de 10 días a partir de la notificación), no se debe confundir con el lapso en que se deben efectuar los "reclamos". En principio, el consentimiento de una situación no puede interpretarse como renuncia y sólo el transcurso del plazo de prescripción podría operar como óbice del reclamo.
Sucesiones, administración de la herencia, indivisión hereditaria, valor locativo, uso exclusivo de la cosa común, bienes inmuebles
Materia: CIVIL
Carátula: VAL DE CAMPITELLI IRMA R.A. c/ VAL JORGE JOSE ANTONIO s/ COBRO DE PESOS - VALOR LOCATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-08

Demandado el cobro de valor locativo, (33,33%) por el uso de la parte proporcional que le corresponde a la accionante sobre el inmueble comprendido en el haber relicto de las sucesiones de los padres, corresponde hacer lugar al mismo pero reducirlo en un 25% del total de la unidad, si se encuentra acreditado que el accionado solamente utiliza la mitad del único ambiente del departamento en el que tenía instalado un consultorio médico y el otro sector separado por una puerta corrediza se encontraba ocupado por los muebles integrantes del haber relicto de las sucesiones de los padres, máxime si el baño era utilizado junto con el consultorio y aún la cocina estaba a disposición del accionante. Procede, asimismo la actualización de los gastos e impuestos a cargo de la accionante por el mismo período que el valor locativo, pues esas expensas deben descontarse del mismo en valores reales homogéneos.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la constitución, defensa en juicio, debido proceso, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Francomano, Alberto Daniel s/ inf. ley 20.840.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

Existe cuestión federal bastante, si el agravio del apelante conduce en definitiva a determinar el alcance de la garantía constitucional del debido proceso y del derecho de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) toda vez que se ha impugnado la validez de constancias probatorias originadas a partir de actuaciones supuestamente inválidas y que en el caso particular se encuentran de tal modo ligadas al planteo federal, que resulta imposible su solución sin atender a las circunstancias fácticas del hecho.
Ejecución fiscal, control de constitucionalidad, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: EDESUR SA c/ MERCADO DEL PROGRESO s/ EJECUCION FISCAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-09

La defensa de incostitucionalidad es, como principio, inadmisible en las ejecuciones fiscales (cfr. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado", T. 3, Pág. 187, Coment. Art. 605, N° 3, apart. G);

Colombo, C. J. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado", T. II, pág. 230; esta Cámara, Sala I, causa 2481 del 28.3.84; etc.), a menos que se alegue y demuestre que la resolución puede frustrar un derecho federal o causar un perjuicio de imposible reparación ulterior (cfr. Podetti, J. R., "Tratado de las Ejecuciones", T. VII-B, pág. 233; esta Cámara, Sala II, causa 2823 del 11.5.84).
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-07


Salta, 7 de febrero de 2011.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "GEOMAP S.A. vs. EDESA - RECURSO DE APELACION DIRECTA" Expte. N° CAM 308.081/10 de Sala II, y, CONSIDERANDO:

A fojas 61/62, el actor plantea caducidad de segunda instancia respecto de la apelación deducida por la demandada contra la resolución Nº 396/10 de fojas 28/30 del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Sustanciado el incidente la demandada contesta a fs. 65, allanándose a la caducidad interpuesta y solicitando eximición de costas.

Implicando el allanamiento un reconocimiento a la pretensión del incidentista y no estando comprometido el orden público en el asunto planteado, corresponde aceptar el mismo y en consecuencia hacer lugar a la caducidad de segunda instancia planteada a fojas 61/62, con costas a la vencida atento que el abandono de la instancia recursiva obligó al actor a plantear este incidente.

Por ello, se declara la caducidad de la segunda instancia respecto de la apelación interpuesta a fs. 32 contra la resolución nº 396/10 del Ente Regulador de los Servicios Públicos de fs.28/30. Con costas a la apelante.

REGÍSTRESE, notifíquese y baje.
Levantamiento del embargo, obras públicas, pagaré
Materia: COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA  DE  CREDITO SAN JORGE LTDA. c/ COLTARCO SA Y OTRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

Resulta improcedente ordenar el levantamiento de un embargo ordenado, con base en lo normado por la Ley 13064 Art. 47 de obras publicas cuando, -como en el caso-, se demando sobre la base de un pagare, con lo que no es posible inferir, en principio, que el negocio que motivo su suscripción sea de las excepcionales especies previstas en la citada norma. En tal sentido cabe precisar, que cierto es que el límite de las abstracción procesal en este tipo de juicio esta dado por el C.P.C.C. Art. 544, que se refiere al marco discursivo de las excepciones oponibles, por lo que la norma no impide que el juzgador considere la causa de deber en los términos del precepto referido, cuando ello se presente con evidencia conducente, más ello no ocurre en la especie.
Proceso contravencional, acta contravencional, control de legalidad, facultades del juez, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: VAZQUEZ CHACON, Sabina s/ Art. 83, ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

En el caso, no se puede considerar válida la trascripción mecanográfica hecha por personal de la Comisaría, del acta contravencional dado que no se corresponde con el acta manuscrita que le antecede y que no ha sido firmada por la imputada ni por los testigos.
Publicidad de los actos de gobierno, publicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Municipalidad de Junín c/ Akapol S.A. s/ apremio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-22

Del mandato constitucional de publicar la ley, se sigue la obligación de la autoridad estatal de organizar un sistema confiable de registración, divulgación y conservación, que dé fecha cierta a la publicación, garantice la autenticidad del texto normativo y haga posible su consulta por la comunidad (Voto del juez Rosatti).
Locación de obra, locación de servicios, robo de automotor, lavadero de autos, guarda de la cosa, responsabilidad civil, prueba del contrato, prueba testimonial
Materia: CIVIL
Carátula: STORTO, RUBEN c/ ANTONIO PIÑEIRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

De la relación habida entre quien entrega su vehículo al personal de un establecimiento de lavado de automóviles para su limpieza y el titular de dicho establecimiento, surge para éste una obligación principal -la de lavarlo- y una accesoria de guarda y custodia del rodado, configurando la primera una locación de servicios y la segunda una prestación de depósito. Por tanto en caso de robo del vehículo, para responsabilizar al titular del establecimiento, tal depósito no puede probarse por testigos atento el valor del bien en cuestión (cciv 2201).
Daño moral, monto de la indemnización, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GREGORIO DE LIRANGI ROSANA Y OTRO c/ EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORODOBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-02-21

La cuantía de la indemnización por daño moral no traduce una equivalencia económica con el desmedro espiritual sufrido, sino que se trata de compensar ese perjuicio espiritual. No hay una equivalencia entre daño e indemnización como el daño material. Por ello es que para su cuantificación el judicante no debe salir de lo razonable, de la equidad, de lo que considere justo conforme a esos parámetros. Pero, como ser humano, no es infalible, ni todos pueden compartir el importe que se fije. Lo importante y decisivo es que éste sea conforme pautas de razonabilidad y equidad.

Conforme doctrina del Tribunal Superior la condena al pago de intereses sobre el importe del daño moral a partir del día del hecho productor del daño, se presenta conforme a derecho.-
Marcas, legitimación activa, asociaciones civiles, interés legítimo
Materia: CIVIL Y COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION ARGENTINA DEL KIWI c/ CONFORTI OMAR R. s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-14

Esta Sala ha reconocido legitimación a asociaciones civiles, señalando que el interés legítimo que exige el articulo citado comprende cualquier utilidad de la vida del solicitante o del oponente y abarca tanto las ventajas de índole patrimonial como aquellas otras excediendo la pura dimensión económica incidan en la esfera individual. Y ha dicho también que lo que la ley veda es el planteo de quien solo persigue la consumación de la pura legitimidad, sin comprender la defensa de ventaja o utilidad alguna, porque de ese modo se consagraría una suerte de acción popular que no encuentra apoyo en el sistema legal vigente.
Peaje, comercio interior, Derecho de la navegación, Canal Mitre
Materia: CONSTITUCIONAL - NAVEGACION - TRIBUTARIO
Carátula: ESTADO  NACIONAL  - Mrio. DE ECONOMIA - Sec. DE INTERESES MARITIMOS Y BUQUE "FORTUNA" c/ ARENERA "EL LIBERTADOR SRL." s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-29

El peaje establecido mediante la Ley N. 22.424 tiene como finalidad sufragar el dragado, balizamiento, ensanche, profundización y todo otro trabajo destinado a la mejor utilización del canal, como así también la construcción y mantenimiento de cualquier otra obra accesoria o complementaria de Aduana interior.

Derecho de enilidad, seguridad y apoyo a la navegación y al mantenimiento de los elementos utilizados para dichos fines. Dichos objetivos están comprendidos, en las amplias facultades que el art. 67, inc. 12, de la Constitución Nacional ha otorgado al Congreso de la Nación para reglar el comercio interprovincial.
Ley de emergencia económica, facultades del Poder Ejecutivo, empleo público, reducción salarial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Tobar, Leónidas c/ Estado Nacional -Ministerio de Defensa Contaduría General del Ejército - Ley 25.453 s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-22

La derogación de los decretos 430/00 y 896/01 mediante la ley 25.453 sólo se tradujo en el agravamiento de la situación normativa preexistente, dado que dejó al arbitrio del Poder Ejecutivo la oportunidad y la proporción de reducción salarial del sector público, con la sola referencia a su aptitud para lograr el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios.
Determinación de impuestos, deducciones impositivas, créditos dudosos o incobrables, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sullair Argentina SA (TF 24732-I) c/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-21

Carece de sustento el criterio de la Administración Federal de Ingresos Públicos en cuanto en la determinación de oficio supeditó la configuración y deducción de los "malos créditos", originados en operaciones sin garantías, al ineludible inicio de la acción judicial de cobro, cuando el contribuyente invocó haber ajustado su conducta a los usos y costumbres del ramo -a los que remite la ley- y el organismo recaudador invalidó su aptitud probatoria sin siquiera haber controvertido su existencia dentro del marco financiero, lo que adquiere especial relevancia por cuanto la expresión "malos créditos" que trae el art. 87 de la ley del tributo, alude tanto a los "créditos dudosos" como a "los incobrables" -art. 139 del decreto reglamentario- mientras que el art. 142 del citado reglamento enumera "indicios de incobrabilidad" aplicables sólo a estos últimos por remitir a supuestos de hecho que confieren semiplena certeza acerca de la insolvencia del deudor y la imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones, incluso con antelación al término del plazo estipulado. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. -Del precedente de Fallos:333:2065, invocado por la Procuración en su dictamen.
Honorarios del abogado, deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Buktenica, Juan José c/ I.A.P.V. s/ Ejecuión de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-09

Según se desprende del contenido mostrado por dichos documentos el letrado actor, a su turno, sujetó el poderío de la propia voluntad a los términos claros y precisos de las cláusulas insertas en los sucesivos contratos de locación de obra con anuencia incorporados al proceso.- A merced de ellos acotó la posibilidad de convertirse en acreedor del IAPV, en virtud de aranceles devengados en aquellos pleitos en que le cupiere intervenir ejercitando la confiada representación procesal.- Entonces, la reunión armónica de la norma material del art. 1197 y arancelaria del art. 15 nos indica que el actor estuvo y está impedido de invocar los beneficios de la Ley Nro. 7046 en base a los cuales, precisamente, solicitó y obtuvo el mencionado auto regulatorio del honorario ejecutado.- Por tanto, el crédito no deviene exigible al demandado.-