Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-05-06


NEUQUEN, 6 de mayo de 2008.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "N.A., J. A. C/ S.G., M. S/ DIVISIÓN DE BIENES" (EXP Nº 8094/2) venidos en apelación del JUZGADO DE FAMILIA Nº 1 a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Luis E. SILVA ZAMBRANO con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO de GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Lorenzo W. GARCIA dijo:

I.- El acreedor de la compensación determinada en el pronunciamiento de esta Sala de fs. 248/275, apela la decisión del a quo -fs. 311- que ante el fracaso de las instancias conciliatorias indicadas en el fallo de Alzada, decidió conceder un plan de pago consistente en 20 cuotas mensuales iguales de $1033,50, por considerarlo "justo y equitativo".

Argumenta el recurrente -fs. 316/317- que la planilla de liquidación aprobada de fs. 287 arrojó un saldo impago de $24.803,75 a septiembre de 2007, habiéndose instado su ejecución con el resultado que motiva el recurso.

Destaca, en primer lugar, el error numérico en que incurrió el a quo al fijar las cuotas en $1033,50, siendo que la vigésima parte de $24.803 es superior a tal monto, y que no existe norma legal que autorice al juez a conceder un plan de pago sin comprender intereses y contra la voluntad del acreedor.

Controvierte la interpretación del último párrafo de los considerandos de la sentencia de Cámara, en cuanto dispone la convocatoria de las partes a los efectos de acordar la forma de pago de la compensación reconocida a su parte, debiendo decidir el juez en caso contrario.

Contestando el traslado de los agravios, la demandada a fs. 319/320 sostiene que las compensaciones derivadas de la liquidación de la sociedad conyugal no pueden equipararse a una mera relación entre acreedor y deudor comunes.

II.- Entrando a considerar el recurso, he de señalar que la naturaleza del crédito en ejecución -consistente en una compensación derivada de la distribución de los bienes de la sociedad conyugal disuelta por el divorcio de las partes-, justifica el agotamiento de las instancias conciliatorias enderezadas a obtener la satisfacción de la misma en la forma menos perjudicial.

Tal es el sentido de la ingerencia que otorga al juez el Art. 236 (t.0. ley 23.515) al evaluar los acuerdos entre los cónyuges con miras a resolver sobre los bienes de la sociedad conyugal, instándolo a agotar la vía conciliatoria y a objetar tales acuerdos cuando afectasen gravemente los intereses de una de las partes o el bienestar de los hijos.

Siguiendo tal tesitura legal, ha sido razonable que esta Sala instase al juez de grado a procurar un acuerdo que atempere la obligación de la demandada a través de facilidades de pago, pero no puede interpretarse que al expresar que, en defecto de acuerdo deberá resolver el juez, esta Alzada haya habilitado al a quo para suplir o sustituir el consenso de los interesados mediante el otorgamiento de un plan de pago.

Antes bien, en el caso que nos ocupa no se encuentran involucrados hijos menores ni se avizora como gravemente afectado el interés de la deudora, por lo que corresponde llevar adelante la ejecución por la vía procesal común.

Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar a la apelación de la actora, revocando el pronunciamiento de fs. 311 en cuanto fija plan de pago para el cumplimiento de la deuda proveniente de compensación a favor del recurrente, e imponiendo las costas en el orden causado en atención a que la demandada pudo considerarse con derecho a beneficiarse con facilidades de pago a partir de lo resuelto oportunamente por esta Alzada (art. 68 2ª parr. cód. proc.), supeditando la regulación de los honorarios a la previa de primera instancia (art. 15 LA).

Así lo voto.

El Dr. Luis SILVA ZAMBRANO dijo:

1.- A mi juicio la decisión recurrida ha de ser confirmada.

Adviértase ya desde un comienzo, en efecto, que el magistrado "a quo" fundamentó, tanto el procedimiento solutorio de la acreencia del actor en concepto de los intereses devengados a partir de la condena dineraria que esta Cámara estableciera a su favor en sentencia de fecha 5 de julio de 2.007 (fs. 268/275), como su decisión ante el fracaso conciliatorio de las partes, en dicha sentencia de esta Cámara.

Por ello, en lo pertinente, edicta:

"...De conformidad a lo resuelto por la Cámara de Apelaciones...convoco a las partes a la audiencia..." "Sin perjuicio de lo manifestado a fs. 290 (escrito del accionante que manifiesta que no existe "ninguna posibilidad de conciliar") y, en cumplimiento de lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones, convoco a las partes a la audiencia...Hágase saber a las partes que para el supuesto de no conciliar se procederá conforme dispuesto a fs. 274 vta., 2° párrafo". (Fs. 289 y 297 respectivamente).

Por fin, en consonancia con lo anterior, en el decisorio del 28 de diciembre de 2.007, expone:

"Que luego de ser convocadas las partes a las audiencias fijadas éstas se presentan, conforme acta que luce a fs. 309, no lográndose una conciliación respecto a la modalidad de pago, consecuentemente y, de conformidad a lo resuelto a fs. 268/275, corresponde determinar en esta instancia la forma en que la demandada deberá desinteresar al actor del crédito estimando, atento constancias de autos razonable, justo y equitativo, que se la cancele en veinte cuotas iguales, mensuales y consecutivas..." (fs. 311).

Ahora bien, de su lado esta Alzada, en el citado párrafo 2° de fs. 274 vta., había definido que:

"A los efectos de determinar la forma en que la demandada desinterese al actor del crédito que aquí surge, aparece razonable que en la instancia anterior se les convoque para que, tomando en consideración que el origen de tal crédito surge de la pretérita coincidencia de ambos en una sociedad conyugal surgida de su matrimonio, acuerden sobre ello, o en su defecto decida el Juez".

Acoto a esta altura que dicha sentencia, pasada en autoridad de cosa juzgada, coincidentemente con la anterior definición, en su parte dispositiva establece:

"1.- ... Disponer que, en la instancia de grado, a efectos de determinar la forma en que la demandada desinterese al actor del crédito que aquí surge, se proceda conforme lo expresado en el último de los Considerandos que forman parte integrativa del presente fallo..." (fs. 274 vta.).

Así pues, aun cuando no se la haya mencionado explícitamente, la norma que ha fundamentado la decisión de la Cámara de Apelaciones y el consecuente proceder de la instancia de origen, ha sido la del art. 536 del C. Procesal que, si bien aparece contemplada en el Título II del Libro III del Código ("Juicio Ejecutivo"), resulta en realidad aplicable a la ejecución de todo tipo de sentencias pues, no es sólo que el "juicio ejecutivo" comporta una "especie" dentro del género de los "Procesos de Ejecución" (así se intitula aquel Libro III), sino que así lo explicita el propio texto del dispositivo:

"Durante el curso del proceso de la ejecución de la sentencia, el juez podrá, de oficio o a petición de parte...fijar una audiencia para que comparezcan ejecutante y ejecutado con el objeto de establecer la forma más rápida y eficaz de satisfacer el crédito, procurando evitar perjuicios innecesarios..." 2.- Entonces, cuando el Tribunal de Alzada determina no solamente el monto dinerario de condena, sino también la "forma" en que él habría de solventarse, lo ha hecho bajo el fundamento de la "peculiaridad" entrañada en su decisión, esto es, la existencia de una suerte de "indivisión poscomunitaria" a partir del momento de la separación de hecho (enero de 2.000; véanse sentencias de primera instancia, fs. 226 y de alzada, fs. 271 y ss.), peculiaridad que, naturalmente, comprende el caso de los "intereses", como "accesorios" de dicho capital aun cuando la Cámara de Apelaciones no se haya pronunciado acerca de estos últimos (véase la misma sentencia y la denegación de aclaratoria a fs. 278).

A dicha circunstancia ameritada en aquel entonces por este Tribunal (en integración diferente), añado como valoración actual la condición de "pobreza" de la demandada ya que, más allá de su posible condición de titular dominial de un automóvil (Volkswagen Gol, mod. 2.002, fs. 305/306), lo cierto es que, objetivamente, ella actúa en este proceso bajo patrocinio de la Defensoría Oficial, con el agravante de que el ejecutante ha solicitado el embargo del único inmueble, componente del acervo conyugal y que fuera asiento del hogar (véase escrito de promoción de la ejecución, fs. 300).

Motivaciones ésas que, a no dudar, aunque no explicitadas, subyacen a las expresiones, "razonable, justo y equitativo", con que el magistrado fundamenta la decisión bajo recurso (fs. 311).

Como fin de este punto: mal se podría aducir en contraposición con lo anterior, que la Cámara, al establecer el procedimiento del citado art. 536, se refirió únicamente al "capital" mas no a los "intereses" que se hallaban fuera de su ámbito de competencia al no haber sido materia del recurso pues es claro -como queda dicho- que estos últimos son accesorios de aquél y que, además, la ejecución de la sentencia resulta conceptualmente inescindible en su unicidad, argumentos a los que se suma que, si mediaban razones justificativas para aplicar semejante procedimiento al capital, naturalmente, así lo será "a fortiori" respecto de los intereses.

3.- Respecto de la previsión del art. 536, ha sostenido esta Sala in re: "CAMPOS RAUL OSVALDO Y OTRO C/BALDERRAMA MIGUEL JAVIER Y OTRO S/COBRO EJECUTIVO" (Expte. Nº 142-CA-0; PI 2000 Nº134 TºII Fº265/272):

"Median pues ante todo (amén de otras razones que se expondrán) motivos de humanización del proceso -aún del juicio ejecutivo- que esta Cámara ha tenido en cuenta en distintas causas.

"Así, por caso, recientemente in re: 'Anzorena, Héctor R. y otro c/Gonzomar SA' s/despido", expte. N° 190 de 2.000, esta Sala a través de un voto del Dr. García, expresó citando un precedente anterior de este mismo Tribunal:

'Por eso, el arduo intento actual viene dado por la búsqueda de una equilibrada compatibilización de ambos principios: la rápida y eficaz tutela del crédito a través de un proceso 'humanizado' y de consideración hacia la persona y situación del deudor en donde, claro está, la clave pasa por el decidir con prudencia en cada caso concreto acerca de la prevalencia de uno u otro de ellos.Sin embargo, no obstante la dificultad de la tarea, ella no excede de la mera misión de impartir justicia que es propia de los jueces y tribunales, según la constante admonición del más Alto Tribunal de la Nación'. (Acerca de la temática general de la 'humanización del proceso', consúltese además, Devis Echandía, 'Teoría General del Proceso', T. I, ps. 51/52 y, específicamente, en lo que concierne a la 'humanización del juicio ejecutivo', véase Gozaíni, 'Respuestas Procesales', p. 56 y ss.; sin perjuicio de ello, ha de tenerse en cuenta que la CSN ha admitido dentro del mismo proceso ejecutivo, la defensa del 'abuso de derecho' y la de la teoría de la 'imprevisión contractual', cf. Gozaíni, ídem, p. 67 y ss.).

"...Amén de lo expuesto, in re: 'Banco Provincia del Neuquen c/Diez Máximo y otros' s/cobro ejecutivo, Expte. 1000-CA-99, PS, Sala I, 2000-I-114/133, hemos sentado la siguiente doctrina:

'... b) la posibilidad de análisis de la causalidad en los procesos de ejecución comporta un concepto admitido por importante doctrina y jurisprudencia, aquélla, en referencia específica a los títulos circulatorios cuando se trata, la llevada a juicio, de una 'relación entre obligados directos';

'c) en ese sentido, en diversas especies traídas a juzgamiento de esta Cámara, he dicho:

'Todo ello tiene su antecedente, o de alguna manera se relaciona con la posibilidad de analizar la causa de la obligación, cuando se tratare de obligados directos de un título cambiario, como lo sostiene la doctrina de los autores más prestigiados del Derecho Comercial (Así Yadarola, 'Títulos de Derecho Comercial', Tº II, página 139; Cámara, 'Letra de Cambio y Vale o Pagaré', Tº III, página 258 y ss; Fontanarrosa, 'Breves Consideraciones sobre la reforma en materia cambiaria', ED 8-911; Quintana Ferreyra, 'El problema de la causa de los títulos de crédito y en particular en la letra de cambio', página 160; Bergel, 'Oponibilidad de excepciones causales al Tomador Inmediato en el proceso ejecutivo cambiario', LL 20-1081; Legón, 'Letra de cambio y pagaré', página 231 y ss...' (in re: 'Banco del Sud SA v. Abolengo SRL' s/ejec., expte. N° 239-CA-1997; en mayor amplitud dicha temática, 'Municipalidad de Neuquen v. Casino Magic Neuquen SA' s/apremio, expte. N°466-CA-1997; PS III-1997-526/528; PS 1998-III-437/439, etc.;).

"...Pues bien, dichos conceptos son de entera aplicación al caso bajo juzgamiento. En efecto: por más que medie sentencia de trance y remate circunstancia que, obviamente, no constituye cosa juzgada en sentido material, esta Cámara jamás podría soslayar la realidad de los pagos evidenciada en la audiencia mencionada porque, de lo contrario, admitiría que se consolidara en la causa un flagrante abuso de derecho por parte de los acreedores, abuso, en la especie, tanto más grave si se tiene en cuenta que la mayor parte de la acreencia ha sido cancelada con anterioridad y que se halla en juego la vivienda familiar de un modesto jubilado de escasos recursos económicos.

"El Alto Tribunal de la Nación ha superado evidentes 'ápices formales' cuando, a través del remedio absolutamente excepcional entrañado en el recurso extraordinario, no ha vacilado en admitir el 'abuso de derecho' en un proceso ejecutivo en ocasión en que, precisamente, se trataba de la 'vivienda del deudor y su familia' (Así, in re 'Burman', Fallos 305: 226).

"Y fuera del caso de la 'vivienda' (circunstancia que para la CNCom. Sala C, parece ser absolutamente imprescindible para la consideración de una defensa de esa naturaleza dentro del juicio ejecutivo, véase LD, voz: 'abuso de derecho juicio ejecutivo', n° 21), otros tribunales han admitido de una u otra manera esta defensa en dicho tipo de procesos.

"Así, por ejemplo:

'Cuando la sentencia de trance y remate condena al pago del capital con su reajuste y le adiciona además intereses 'puros' y punitorios pactados, aparece nítido el ejercicio abusivo de su derecho por parte del ejecutante, contrario a la moral y buenas costumbres. Para el caso, debe actuar la facultad morigeradora de los jueces' (CC0000 DO 66266 RSD-118-90 S 4-9-90, Juez EYHERABIDE; 'Rodríguez, Víctor c/Castillo Marcelo' s/Preparación vía ejecutiva; MAG. VOTANTES: Eyherabide - Pegenaute - Fontana; LD, voz: 'abuso de derecho juicio ejecutivo', n° 36).

'Con orientación similar, también se ha establecido:

'Si se inicia la ejecución al borde del plazo de la prescripción -casi a los diez años de la fecha de expedición del certificado- se desprende la negligencia y el desinterés del acreedor en el cobro de su crédito, y hace suponer que durante ese lapso hubo un abandono de su derecho. Hacer recaer sobre el deudor las consecuencias de la inacción del ejecutante daría lugar a una situación de inequidad y abuso' (CC0001 SM 30881 RSD-21307- S 26-11-91, Juez OLCESE; 'Sociedad Anónima de Oeste c/Mayer, J.' s/Cobro Ejecutivo; MAG. VOTANTES: Olcese - Biocca - Uhart; LD, ídem, n° 38).

"También se ha pronunciado a este respecto la Corte Suprema de Santa Fe en oportunidad de pretenderse la aplicación de una pauta de actualización financiera injusta expresando que:

'El carácter limitativo de las postulaciones en los procesos de naturaleza ejecutiva no puede llevarse al extremo de consagrar un exceso ritual manifiesto, incompatible con el derecho de defensa, si se tiene en cuenta que la pauta de actualización financiera constituyó una creación pretoriana desarrollada, si no al margen de la preceptiva, a despecho de una regla expresa autorizante; y conforme a una hermenéutica teleológica de textos, ajustada a determinados principios y valores de derecho que imponen al pretorio componer la litis resguardando los principios de equidad y justicia conmutativa, de la que debe tomar las variables axiológicas que le den fundamento (la integridad del resarcimiento, el equilibrio de las prestaciones, el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho, la intangibilidad de la propiedad, la equidad, etc.) postulados todos estos que debe el Juez tener presentes a la hora de componer un litigio y aun cuando éste tenga carácter ejecutivo"; (C.S.J. N 484, Año 1991, 27/12/95 'TISSEMBAUM, MABEL GARCIA DE C/PROVINCIA DE SANTA FE', RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN; MAG. VOTANTES: ULLA - ALVAREZ - BARRAGUIRRE - FALISTOCCO - IRIBARREN - VIGO; LD, ídem, n° 47).

"...Sentado todo ello, cabe ahora decir que, aun cuando el recurrente haya impetrado la 'suspensión de la subasta dispuesta en autos y la nulidad de todo lo actuado en los mismos' (fs. 123) sobre la base de las razones a las que se viene haciendo alusión, 'suspensión de la subasta' sobre la que torna a insistirse en el libelo recursorio (vid. Pto. 2 del Petitorio a fs. 165), la cuestión ha de canalizarse a través del dispositivo de la primera parte del art. 536 del C. Procesal. Ello así, por aplicación del brocárdico 'iura curia novit' y toda vez que el Tribunal de Alzada Ordinaria es un 'tribunal de plena jurisdicción' aun cuando acotada la misma a la materia que es objeto de agravio.

"Respecto a la inteligencia de esta norma, expresan Morello y colaboradores:

'Con base en lo dispuesto en el contenido sustancioso del art. 1071 del Código Civil ...el juez tiene facultades para fijar una audiencia y resolver entre las partes la forma más rápida y eficaz de satisfacer el crédito evitando perjuicios innecesarios, en la cual no debe ser un simple espectador, pues de lo contrario la disposición resultaría inútil, debiendo resolver la cuestión, y si la concesión de un plazo de gracia resulta ser la solución, podrá imponerlo", (en "Códigos Procesales... ", T. VI-B, p. 31; el énfasis es nuestro).

"Y Bustos Berrondo, citando a Berizonce:

'Tras una evocación de Piero Calamandrei en su aspiración por la vigencia de un sistema procesal colmado de Justicia, sostiene el jurista platense que en adecuada coherencia con el proceso sustancial, el soplo solidarista que en éste se expande debe alumbrar también al proceso, cuya marcha no puede ser desacompasada con aquél...

'Al calor de tales principios destaca luego...que el proceso debe enmarcarse dentro de los siguientes principios:

'1) satisfacción integral de la pretensión ejecutiva; 2) mínimo sacrificio de los intereses del deudor, compatible con lo anterior; 3) por sobre todo ello: preservación del interés económico social cuando aparezca comprometido.

'A fin de alcanzar tales objetivos se hace menester actuar el rol protagónico del Juez en el proceso...

'...La fijación de audiencia tiene carácter suspensivo del procedimiento, correspondiendo destacar que el carácter de ese acto no es meramente 'conciliatorio'...sino que la télesis del texto legal apunta a objetivos más amplios: posibilitar que el juez ejercite sus facultades, a efectos de imponer fórmulas solutorias que contemplen el interés general con carácter prioritario a eventuales intereses privados..." (en 'Juicio Ejecutivo', 7ª Ed., ps. 250/251; el op. que se cita de Berizonce es 'Solidarismo y humanización del proceso' en 'Problemática actual del derecho procesal', Platense, La Plata, 1971, ps. 248, 261, y 262/267; aquí también el énfasis nos corresponde).

"Y bien: el fracaso de la audiencia aludida, tal como surge del acta mencionada, impone ahora a esta Alzada la necesidad de establecer una fórmula solutoria que, como se ha dicho, permita la pronta satisfacción del crédito pero atendiendo a su justa medida y con el menor daño posible para el deudor, a quien, como también ha quedado expresado, pese a haber abonado en su mayor extensión la deuda y a tratarse de un modesto jubilado, pretende subastársele la vivienda en la que habita con su familia.

"Así las cosas, habrá de considerarse el saldo de la planilla de fs. 149 -de la que, bueno es decirlo, se desprende el pago de la totalidad de las cuotas correspondientes al capital- que asciende a la suma de $560,53 al 4/3/96 incrementado en un 46,40%, proporción ésta que corresponde a los intereses según tasa Mix del Banco oficial de esta Provincia y que resulta aplicable a esta especie según es jurisprudencia constante de esta Cámara y por el período que corre entre marzo de 1.996 y la totalidad del mes de junio del año en curso. Vale aclarar que respecto a los meses mayo y junio de este año, se toman las tasas correspondientes a los últimos períodos mensuales que, prácticamente, no se han visto sometidas a variaciones.

("...") "En resumidas cuentas: la demandada adeuda por los diversos 'ítem' expuestos, la suma total de $... para cuyo pago contará con un plazo que se extenderá hasta el día 30 de junio (inclusive) del año en curso bajo apercibimiento de continuarse con la ejecución a partir de ese momento. Dicha cifra satisface la totalidad de la acreencia objeto de la pretensión ejecutiva, sus intereses y la totalidad de las costas causídicas" (Voto del Dr. Silva Zambrano al que adhirió el Dr. García).

4.- En síntesis: el sentido del pronunciamiento es la "flexibilización" de los procesos de ejecución en los que se destaquen con relevancia aspectos humanitarios y solidaristas, de suerte tal de alcanzar una composición razonable y justa entre los derechos de acreedor y deudor, en cuanto los de aquél implican el pronto pago de lo que realmente se le adeuda, en tanto los de éste están ceñidos por dicha realidad de la acreencia, pero también refieren a que la ejecución no lo reduzca a un estado de postración económica o de seria afectación o menoscabo de bienes considerados, en el estadio actual de nuestra civilización (uno de cuyos capítulos más preciados es, justamente, la tutela eficaz de los derechos humanos), como muy sensibles y valiosos para el desarrollo de una vida digna, tal como es el caso de la vivienda propia; ahora bien, según se advierte en la reseña enunciada en ese pronunciamiento, la doctrina y la jurisprudencia han utilizado diversas herramientas jurídicas: en determinados casos puntuales, la posibilidad de excepciones causales en el marco reducido del proceso ejecutivo, la admisión aun de las defensas de abuso de derecho, imprevisión contractual, la apertura del recurso extraordinario a través del exceso ritual manifiesto... y la potestad morigeradora de los jueces, sobre todo cuando se hallan en juego valores o bienes superiores como el de la única vivienda propia que, cuadra recordar, ha sido repetidamente tutelado por legislaciones de emergencia de distintas épocas.

Como señalara, estimo que los valores en juego en la especie (indivisión poscomunitaria de la sociedad conyugal como circunstancia originante del crédito y sus accesorios, situación de "pobreza" de la accionada, pretensión ejecutoria ejercida respecto de la única vivienda propia en la que se asentara el hogar conyugal), justifican cabalmente su inclusión en la solución que consagra la resolución de origen en cuanto a fraccionar en cuotas mensuales y consecutivas de algo más de $1.000 (monto no desdeñable para las partes si atendemos a su nivel socioeconómico), el pago de la acreencia por intereses.

5.- Propicio, en suma, al Acuerdo la confirmación del decisorio apelado con costas de alzada en el orden causado dada la naturaleza de la cuestión.

Así voto.

Existiendo disidencia en los votos emitidos precedentemente, se integra Sala con el Dr. Enrique VIDELA SANCHEZ, quien manifiesta:

Adhiero al razonamiento y conclusión que expone el Dr. Silva Zambrano. Simplemente deseo hacer algunas breves consideraciones.

El segundo votante cita el último párrafo de mi voto en la apelación contra la sentencia definitiva, que se transformara en la decisión de la sala I por adhesión del Dr. Lorenzo García. Allí señalaba que debía tomarse en consideración que el origen del crédito en cuestión surge de la pretérita coincidencia de ambas partes en una sociedad conyugal, surgida de su matrimonio.

En esa orientación considero que cabe acentuar ahora la naturaleza disímil de lo que se está discutiendo respecto a lo que sería alguna deuda proveniente de otro tipo de relación jurídica. Entiendo que no puede abordarse el tema como si ambas partes hubiesen sido simples desconocidos entre sí antes del surgimiento de la deuda en discusión. Y es por ello que arribo a que el último voto se compadece con ello.

Por lo expuesto, POR MAYORIA SE RESUELVE:

1.- Confirmar la resolución de fs. 311 en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado (art. 68, 2º párrafo del CPCC).

3.- Diferir la regulación de honorarios correspondientes a esta Instancia hasta tanto se cuente con pautas para ello (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Luis SILVA ZAMBRANO - Dr. Lorenzo W. GARCIA - Dr. Enrique VIDELA SANCHEZ Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 43 - Tº I - Fº 186 / 194 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A I- Año 2008.