marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Presunción de inocencia, interpretación de la constitución
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ VICTOR H. Y JUAN CARLOS DIAZ s/ CESE DE PRISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-29

El axioma previsto en el art.18 de la Carta Magna no es una romántica declaración de principios. Constituyó en su momento una reacción contra un sistema de enjuiciamiento penal que precisamente partía de una concepción inversa acerca de la posición que ocupaba ante la ley una persona inculpada en la comisión de un ilícito. La norma sienta no sólo un principio de naturaleza jurídica, sino que, aún más trascendente, rescata una concepción humanista en la organización política del Estado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), pena, salidas transitorias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HURT, HUGO ORLANDO c/  s/ EJECUCION DE LA PENA, ETC-APELACION SALIDAS TRANSITORIAS SUJETAS A LO DISPUESTO POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-09

Teniendo en cuenta que en el presente el Servicio Penitenciario cuestionaba la decisión por medio de la cual se había dispuesto -bajo ciertas condiciones- la reanudación de las salidas transitorias de las que gozaba el interno y que en la nota remitida por el Director del Régimen Correccional de la Provincia a los Jueces de los Colegios de Jueces Penales de Primera y Segunda Instancia de la Provincia de Santa Fe, las Unidades de Control de Ejecución de Penas, los Jueces de los Juzgados Federales y de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Provincia de Santa Fe, y a la Defensora General y los Defensores Regionales del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe, se informa que se ha dispuesto la reanudación de las salidas transitorias de todos los internos alojados en su ámbito, la cuestión aquí debatida ha perdido interés jurídico actual, demostrándose, en consecuencia, la inoficiosidad del dictado de una sentencia de mérito; por lo que, verificada así la concurrencia de un obstáculo insalvable para el ejercicio de la jurisdicción por parte de esta Corte, corresponde declarar que se ha operado en el caso la sustracción de la materia litigiosa por falta de agravio actual, lo cual no supone que este Tribunal haga propias las conclusiones expuestas en las instancias inferiores. - CITAS: CSJN: Fallos 189:245; 248:51; 260:153; 310:937; 311:208; 317:826; 289:238; 301:991; 303:1633; 318:2438; CSJStaFe: AyS T 223, p 394; T 234, p 331; T 246, p 103.
Locación de inmuebles, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: PEIRANO CARLOS c/ ROASCIO LUIS s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-18

El deterioro experimentado en un inmueble locado no puede perturbar los sentimientos íntimos de su propietario a grado tal que pueda provocarle un daño que merezca ser resarcido y ello sin perjuicio del desagrado o de la indignación o molestia que a cualquier persona le causa, pero no hay dudas que no es el desagrado o la molestia lo que autoriza el resarcimiento del agravio moral.
Segunda instancia, tribunal colegiado, falta de firma, firma del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Carello, María Teresa c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

La firma del juez de sentencia es requisito esencial para que un pronunciamiento judicial exista como tal (art. 163, inc. 9°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), máxime si la rúbrica faltante resulta claramente imprescindible para que quede conformada la voluntad mayoritaria del tribunal (arts. 271 y 272 del Código mencionado) (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Automotores, automotor secuestrado, daños y perjuicios, indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: WOUTERLOOD  TERESA  NOEMI  y  otro c/ REGISTRO  DE LA PROPIEDADAUTOMOTOR y otro s/ transferencia e inscripción automotor.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-11

Los actores demandan a la Policía Federal Argentina-Ministerio del Interior y al Registro de la Propiedad Automotor-Ministerio de Justicia a fin de ser resarcidos de los daños y perjuicios producidos como consecuencia del secuestro de un automóvil marca BMW, dominio ATS 841 de su propiedad, y los deterioros sufridos mientras se encontraba bajo la custodia de la mencionada fuerza de seguridad. Refieren que el secuestro del vehículo fue ordenado a raíz de un error incurrido por los funcionarios del registro automotor, quienes al confeccionar los documentos del rodado omitieron la letra "D" que identifica a los duplicados.
Sociedades comerciales, facultades del directorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAS VENTAS S.A.C.F. c/ INGENIO SAN ISIDRO S.A.(HOY CONCURSO PREVENTIVO) s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-10-14

El directorio de una Sociedad Comercial puede obligarla válidamente como deudora hipotecaria, pues aquel, como órgano de administración de la sociedad, es producto de la regulación legal, complementada por el estatuto social, con competencia específica para el ejercicio de funciones indelegables, y obliga a la sociedad cuando actúa dentro del marco señalado en las operaciones que realizare con terceros. Ello sin perjuicio - y en su caso- de las responsabilidades que le pudiera caber frente a los demás socios por violación o exceso en sus obligaciones y facultades. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Obligaciones del empleador, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: G., N.A. c/ F.S. SA s/ Cobro de Pesos (Laboral)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-07

La obligación de otorgar el certificado de trabajo que pesa sobre la patronal una vez extinguida la relación laboral y que se perfecciona con su entrega. solo se satisface si se realiza en tiempo y forma. Y no es irrelevante, la completitud, veracidad y exactitud de la información que debe incluirse en dicha certificación de servicios, lo cual supone un hacer específicamente determinado por el art. 80 de la Ley de contrato de trabajo, y en caso de incumplimiento parcial o defectuoso, implicará como consecuencia que se tenga por no hecha en los términos contemplados por el art. 625 del Código Civil.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pereira dos Santos, Carlos c/ Corporación Médica General San Martin s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-06

El absurdo no queda acreditado con la mera exhibición de un criterio discordante con el del sentenciante, sino que requiere la cabal demostración de que el razonamiento ha arribado a conclusiones contradictorias o incongruentes.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Gramajo,  Carlos  Alberto y otros c/ Ferrocarriles MetropolitanosS.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Si el recurrente no cumplió la intimación para acreditar la efectivización del depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde desestimar la queja, sin que obste a tal conclusión lo manifestado en el recurso de reposición planteado, ya que de la compulsa de la causa se desprende que la constancia documental prevista en el punto 2° de la acordada 47/91 fue acompañada en forma tardía (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Interpretación de la ley, presunción de contrato de trabajo, ejercicio profesional, médicos
Materia: LABORAL
Carátula: FRACK, Sonia c/ SANATORIO GUEMES SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-23

Los médicos de guardia de una institución prestadora de servicios médicos se encuentran insertos en la organización empresaria, prestan servicios acordes con el fin económico de la empresa y, en el caso del sanatorio demandado, se trata de un servicio necesario. De tal modo, la presunción del art 23 LCT se encuentra apoyada por la naturaleza de las tareas mencionadas y en el beneficio que de ellas recibía el sanatorio demandado, lo que de por sí excluye la existencia de un trabajo autónomo.( Del voto del Dr.Fernández Madrid por la mayoría).
Empleados públicos, remuneración, adicional por título, antigüedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESCOBAR CELLO, JOSE MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 94-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

Los artículos 58 y 113 del Decreto 2695-83 otorgan operatividad al artículo 29 de la Ley 8525. El primero dispone que corresponderá percibir el adicional por permanencia en la categoría a los agentes de cualquier agrupamiento que revisten en categorías para las cuales no corresponda promoción automática, comenzando su percepción al cumplir el agente dos años de permanencia en la misma categoría.

Dicho adicional se abonará sobre la diferencia entre la asignación de la categoría de revista y la inmediata superior. El artículo 133, a su vez, estatuye que a partir del 1. de agosto de 1983 corresponderá el pago de los adicionales particulares de título y antigüedad y el resto de los suplementos y compensaciones establecidas por el decreto. En la terminología empleada por éste la "permanencia de la categoría" se encuentra dentro de los "adicionales particulares y suplementos" (artículo 55, inciso 1.3)
Portación de armas, armas de uso civil, secuestro de arma
Materia: PENAL
Carátula: BENITEZ MANUEL Y MEDINA MIGUEL EDUARDO s/ ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMAS Y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL CONDICIONADA SIN LA DEBIDA AUTORIZACION LEGAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2004-04-06

Corresponde admitir la validez de la pieza probatoria atacada por la defensa relacionada con la violación del art. 217 del CPP al efectivizarse el secuestro del arma por parte de las autoridades policiales, pues se advierte que la " noticia criminis" fue dada a los policias intervinientes a través de la R.T. policial de la Unidad de Investigaciones, circunstancia por la cual se constituyeron en el lugar que se les indicara como de ocurrencia del hecho, donde hallaron al imputado portando un arma de fuego, a quien aprehendieron secuestrándole una escopeta con culata y cañón recortado; de tal modo, dichos funcionarios corroboraron la existencia de la actividad delictiva de la que fueron informados, y en el transcurso de ella fue que ha surgido inequívocamente la necesidad de efectuar el secuestro inmediato del arma incriminada que estaba en poder del encartado junto a los cartuchos; esta circunstancia es la desencadenante de la excepción que legitima el accionar policial, al marcar una indiscutible razón de impostergabilidad de ese proceder dirigido a preservar la integridad física tanto de los policías como del propio imputado y eventualmente de terceras personas que pudieren estar en esa zona barrial donde se produjeron los hechos; como también individualizar al culpable, reunir la prueba útil para dar base a la acusación y hacer cesar los efectos del hecho presuntamente delictivo que posteriormente fuera calificado judicialmente como portación de arma de fuego de uso civil condicionada sin la debida autorización ( art. 189 bis 3 p. CP)
Responsabilidad parental, derechos y obligaciones de los padres
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cuello Rosa c/ Olivieri Luis Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-25

La intromisión ilegítima de personas donde no existe acceso permitido más que a los moradores excluye normalmente la responsabilidad, la cual en la especie enlaza la de los padres por la antijuricidad objetiva del niño sin discernimiento al violarse el deber de vigilancia impuesto en los deberes del ejercicio de la patria potestad (art.264 del Código Civil, t.o., ley 23.264).
Honorarios, monto del juicio, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: VARELA, JOSE OSVALDO Y OTROS c/ ALPARGATAS SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-09-17

Es procedente en la regulación de honorarios fijar una suma adicional a la ya regulada, que tenga en cuenta como 'valor del litigio' también la compensación por depreciación monetaria que alteró el capital condenatorio, aplicando un similar porcentual que el utilizado para la regulación original, salvo que tal procedimiento llevare a resultados desproporcionados.
Transporte de estupefacientes, delito de pura actividad, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: RIAMONDE CAMPOS, José M. y otros s/ Inf. arts. 5to., inc. c), 7mo. y 11, inc. c), de la Ley 23.737,  Causa nro. 29.503
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-12

Sostiene este Tribunal que "el delito de transporte de estupefacientes es un delito de actividad en el que el tipo penal se agota en la realización de una acción que, si bien debe ser lesiva de un bien jurídico, no necesita producir un resultado material peligroso alguno razón por la cual no admite su comisión en grado de tentativa".
Voto de los jueces, fundamentación de sentencias
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en  Renaud, Gabriel Luis c/GCBA s/acción meramente declarativa y su acumulado, expte. nº 8539/11: Renaud, Gabriel Luis s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Renaud, Gabriel Luis c/GCBA s/acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-03

La sentencia de impugnada no muestra un voto contradictorio como apunta el GCBA, sino cómo uno de los jueces rectificó su primer parecer en atención al emitido por la otra jueza después de que él había rendido el suyo, de ahí que la lectura del GCBA soslaye nada menos que el elemento tiempo en que se afirman las afirmaciones encontradas, pues leída la actuación cabalmente, queda claro que el juez modifica parcialmente su opinión primera en un aspecto que no estima central, puesto que mantiene la decisión de rechazar la pretensión de que existía una relación de empleo público. (Voto en disidencia del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Paccagnini, Norberto Rubén y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-19

La garantía a ser juzgado en un plazo razonable no se encuentra vulnerada por el juzgamiento de los imputados por los homicidios de los detenidos en la base militar cometidos en el año 1972, cuyo proceso se inició en el año 2005, pues el transcurso del tiempo que se verifica entre la comisión de los hechos y el momento en que los imputados quedaron sometidos a proceso se encuentra ligado a la amnistía dispuesta por la Ley 20.508, que se alzaba contra la judicialización de estos eventos, y no a la conducta de las autoridades judiciales, ello sumado a la complejidad que revisten estas actuaciones, por la gravedad de los hechos investigados, el alto grado de repercusión social e histórica, la cantidad de procesados, querellantes y defensas que intervienen y la cantidad de víctimas y de testigos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Z., M. s/ Adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-20

Es ineficaz el recurso de inaplicabilidad de ley que se nutre de argumentaciones basadas en el propio criterio del recurrente y que no traduce más que meras discrepancias, insuficientes para conducir en esta instancia a la revisión de cuestiones de hecho.
Concursos, homologación del acuerdo, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: SIEMBRA Y COSECHA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-10

Cabe rechazar la distribución a prorrata solicitado por la concursada de los honorarios regulados a los profesionales intervinientes en la homologación del acuerdo preventivo (conf.

ley 24522: 54). Así, hasta tanto no suceda la quiebra de la obligada al pago de los honorarios, resulta inaplicable la regla de prorrateo prevista por la ley 24522: 240 para el cobro de los créditos preferentes. En efecto, esa norma recién se tornará operativa en la hipótesis de falencia, y de resultar insuficientes los fondos obtenidos por la venta de los bienes que componen el patrimonio de la fallida para afrontar los gastos generados en su conservación, administración y liquidación.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, rendición de cuentas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sucesión de Héctor Vicente Marateo c/ Di Paola de Marateo, María Dominga s/ Acción pasiva de rendición de cuentas. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

El pronunciamiento de la Cámara que decide que no resulta procedente dar curso a un nuevo juicio de rendición de cuentas hasta tanto se resuelva el pedido de nulidad planteado en el trámite de ejecución de uno anterior firme, no reviste el carácter de definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del C.P.C.C. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
LEY DE CONCURSOS, fuero de atracción, concurso preventivo, recurso de apelación (procesal), competencia laboral
Materia: PROCESAL-LABORAL-COMERCIAL
Carátula: Bordon M. y otros c/ Instituto Virgen de Andacolla y/o Lila Quintar Salman, Raul Quintar s/ Beneficios laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-07-28

El fuero de atracción establecido por la ley 24522 sólo es aplicable cuando se tramite un proceso concursal en relación al demandado, limitándose su aplicabilidad a estos supuestos y no a todos los juicios universales.

De allí que no invocándose un proceso concursal o de quiebra no puede ningún particular ampararse en el llamado fuero de atracción.

La ley 24522 trasunta como presupuesto insoslayable para la aplicabilidad de la competencia que ella determina, la existencia de un proceso concursal que es precisamente sobre el que se acumularán los otros procesos de orden patrimonial, si los hubiera;por el contrario en los supuestos como el de autos se excepciona reclamando la operatividad del fuero invocando un proceso sucesorio, que de aceptarse, significaría otorgar una solución distinta a la prevista por la propia ley.

En efecto, el alcance del art. 293 L.C., es derogar sólo la primera parte del art. 265 de la L.C.T., en cuanto se refiere al fuero de atracción en los concursos preventivos y quiebras, lo que se infiere también del texto del dispositivo legal en cuanto incorpora la ley al Código de Comercio, ergo su referencia es la materia comercial, y por lo tanto queda subsistente la segunda parte del mencionado art. 265 de la L.C.T., quedando excluido el fuero de atracción en lo referente a la sucesión del empleador.

De recepcionarse la postura del excepcionante en base a lo prescripto por el art. 3284 inc. 4 del Código Civil, se crea un posible conflicto de jurisdicción, habida cuenta que si dicha norma prevé las acciones personales de los acreedores del difunto antes de la división de la herencia cabe preguntarse entonces, si la sucesión atrae un juicio laboral en trámite ¿ se tendría que mantener el estado de indivisión hereditaria hasta su culminación o se partiría la herencia? en cuyo caso ¿sobre quién pesaría la deuda latente?.

En consecuencia, no estando derogado sino en su primera parte el art.265 de la L.C.T., ante la remisión expresa a él que contiene el art. 16 del Código Procesal del Trabajo, corresponde determinar la competencia laboral en todas las situaciones en que no mediare juicio concursal, hipótesis única que desplaza la competencia del trabajo.

Por ello corresponde hacer lugar a la apelación articulada por la actora, revocando la sentencia impugnada y remitir la causa al juzgado laboral de origen.
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: PENAL
Carátula: L.M.A. s/ Abuso de autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-05-21

Con relación al hecho que la imputada es o era funcionaria pública, la Ley Penal prevé especialmente esta situación y precisamente la suspensión de la prescripción de la acción penal se relaciona aquí con los delitos cometidos durante la relación funcional (y es relativa a todos los funcionarios públicos) haciendo la misma al interés social de obtener una justicia eficaz más allá del eventual transcurso del tiempo, sea cual fuera la mayor o menor importancia de los ilícitos perpetrados.
Facultades del juez, ejecución fiscal, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ Queja Por Recurso De Inconstitucionalidad Denegado En Gcba c/ Lin Jian s/ ejecución fiscal - ing.brutos convenio multilateral
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

No cabe negar la facultad de los jueces de regular honorarios debajo de las escalas o los mínimos establecidos por la ley n° 5134 (aún los de su artículo 60, cfr. su artículo 17) cuando existe una evidente e injustificada desproporción entre los que resultarían de su aplicación y las tareas realizadas por los profesionales. Esta facultad debe ser ejercida por los magistrados a partir de una valoración concreta, razonada y explícita del trabajo realizado por los profesionales (a partir de las pautas generales del artículo 17 de la ley citada o de otras desarrolladas por la jurisprudencia), de los honorarios que correspondería regular por aplicación de los pisos de las escalas o de los mínimos, y de los motivos por los que los segundos resultarían evidente e injustificadamente desproporcionados en relación con el primero. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Indemnización por despido, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: Goicoechea, Alicia Antonia c/ Comercial del Oeste S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-05-22

"Sin un hecho o actitud injuriosa que la determine, la pérdida de confianza no es factor eximente de indemnización por despido".
Contrato de trabajo, beneficios sociales, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Sosa Stella Maris c/ Segar Seguridad SRL s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-29

Los vales para comidas o refrigerios no constituyen un concepto remuneratorio incluíble para el cálculo de los otros rubros o beneficios, no siendo ocioso recordar que conforme fallo plenario Nº 264 "Los vales que los empleadores entregan a su personal para comidas o refrigerios a consumir fuera del establecimiento no están comprendidos en el concepto de remuneración del art. 10 de la ley 18.037". El art. 103 L.C.T., con razonabilidad, incluye tanto a los servicios de comedor de la empresa como a los vales de almuerzo y tarjetas de transporte (no debe pasarse por alto que por su envergadura, su situación particular, su ubicación geográfica y otras circunstancias, no cualquier empleador está en condiciones de instalar un comedor en su negocio o empresa); la limitación que la propia norma impone nos habla de su razonabilidad. Los tickets canasta o vales por almuerzo no tienen carácter remuneratorio, se los denomina servicios sociales de la empresa o salario indirecto y no se relacionan con el trabajo realizado (ni en cantidad ni en calidad) y el empleador carece de facultades para suprimirlos o disminuirlos porque una vez otorgados constituyen un derecho adquirido para el dependiente -esto no significa que deban estar comprendidos dentro del concepto de remuneración-. El art. 103 bis de la LCT en cuanto califica de no remunerativos los denominados tickets canasta por tratarse de beneficios o prestaciones sociales, no resulta violatorio del orden constitucional. (Del voto de la Dra. García Margalejo, en minoría).