Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-10


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los diez días del mes de mayo del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"C., R. E. c/ BANCO R. D. L. P. S.A. s/ DAÑO MORAL", Expte. nro. 15.498/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (Expte. nro. 318/04), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 95), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 77/vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra Juez de cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que se inician las actuaciones con el objeto que el demandado Banco R. d. l. P. abone al actor R. C., la suma de $10.000 con más los intereses desde que la demandada denunció irregularmente a su mandante en el registro de deudores V. S.A., y las costas, por el daño moral que tal situación le infligiera.

Petición a la que se opone el demandado.

Relata y prueba el actor, el acuerdo entre las partes y el reconocimiento por parte del demandado que el actor nada debía, comprometiéndose a solicitar la baja de información de deudores (fs 15 de la documentación reservada).

No obstante con la información de fs 65 se acreditó que el 22 de diciembre de 2004, el actor figuraba en el V. como deudor moroso.

Aludió el accionante que en circunstancias que solicitó créditos, en el Banco B. (septiembre de 2004) y en Banco S. C. (febrero de 2004) le fueron negados por encontrarse inscripto como deudor. Tal situación fue acreditada, respecto de la última de las instituciones nombradas, con el informe de fs 66.

El Sr. Juez, admitió la demanda y declaró la culpa del Banco R. d. l. P. S.A y condenó al pago de $10.000 en concepto de daño moral, estableciendo que los intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, se devengarán desde la fecha en que el propio banco reconoce a fs 22 que el 11 de mayo de 2000 la situación estaba regularizada. Impone las costas al demandado y regula los honorarios.

Se alza el quejoso, circunscribiéndose la controversia a los agravios del demandado sobre el monto de la indemnización concedida en concepto de daño moral y la fecha a partir de donde fija los intereses, la primera instancia.

Entiende, el apelante, que el monto es exagerado en relación a las probanzas de autos, y que esa orfandad tanto en la descripción fáctica en la demanda, como probatoria, permiten restringir la cuantificación.

Agrega que el juez presume que puede acarrear serios problemas en su vida laboral, social o financiera, todos ellos conjeturales, cuantificando el daño moral en base a meras subjetividades.

Indica que equivoca el sentenciante al condenar a pagar intereses desde el 11 de mayo de 2000, confundiendo la fecha en que la deuda del actor con la entidad quedó regularizada con la fecha en que se produce el daño.

Considera que el daño se produjo, en febrero de 2004, momento en que el actor solicitó un crédito y le fue denegado .

A fs 91 /92 se agrega la contestación por parte del actor de los agravios.

He de transcribir algunos conceptos ver-tidos por el STJ en autos "V., J. R. c/ B. S.A. s/ Ordinario" (Expte. Nº 17.220-V-1999).

"La reparación del daño moral, en ello es conteste la doctrina y la jurisprudencia, tiene vinculación con los sentimientos del sujeto, por su naturaleza o esencia, el daño moral está referido a intereses y afecciones de carácter extrapatrimonial (Conf. Eduardo. A. Zannoni, "El daño en la responsabi-lidad civil", Ed. Astrea, año 1982, pág. 231).

Con mayor precisión se dice que es una modificación disva-liosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer, o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (Ramón D. Pizarro Daño Moral, Ed. Hammurabi, año 1996, pág. 47).

Tampoco existen dudas, respecto a que la suma de dinero que se otorgue en concepto de reparación sólo tendrá efectos sucedáneos. Como consecuencia de ello es que el sentenciante no puede manejarse con términos absolutos, ni puede exigir prueba acabada del daño sufrido, antes bien evalúa indicios y presunciones.

La fórmula más precisa para individualizar la reparación debe tener en cuenta que lo indemnizado es el daño, el que debe mensurarse en cada caso en particular, y que la determinación del quantum debe guardar razonable proporción con la calidad de agravio. Allí es precisamente donde radica la dificultad, por cuanto en ese campo de actuación de los magistrados -el de la valoración y cuantificación del daño- imperan criterios judiciales en extremo...".

A fin de determinar el perjuicio no basta una alusión genérica, sino que es preciso señalar en qué consiste éste, así como las circunstancias del caso, y qué incidencia tuvo en la vida del damnificado, de acuerdo a la condición social, la actividad, así como la repercusión que tal medida tuvo.

Y si bien es cierto que no surge de la causa elemento alguno que pueda ser utilizado para merituar dichas pautas, no es menos cierto que tratándose de la aplicación el art. 1078 del cod. civil, se presume la existencia de lesión en los sentimientos del damnificado, salvo que la deudora destruya esa presunción mediante prueba en contrario, y ello no ha ocurrido en el caso.

El daño moral se presume en caso de ataque a la intimidad por la sola realización del hecho antijurídico que provoca la ofensa a las afecciones legítimas del sujeto perturbado y tornan exigibles un resarcimiento.

Sostiene Goldemberg que para graduar la reparación del daño moral hay que tener en cuenta la personalidad del afectado (profesión, popularidad, cultura, sensibilidad, ámbito de actuación, etc.), la naturaleza de la intrusión, la finalidad perseguida, la potencialidad dañosa del medio empleado, el grado de difusión y la incidencia futura que pueda acarrear en la vida familiar, de relación o en el empleo o función del damnificado.

Y siguiendo tales conceptos, valoraré, no sólo el tiempo durante el cual se mantuvo el registro erróneo en Organización V. con las consecuencias que de ello se derivaron, como la negativa del banco a otorgarle el préstamo solicitado, de lo que da cuenta el informe de fs. 66, sino que la inclusión no correspondía, pero sin olvidar que se carece de otros datos que puedan incidir para su cuantificación.

Con tales parámetros entiendo que el monto otorgado por el sentenciante debe reducirse. Ello así, teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en el párrafo anterior, estimo prudente fijar el monto de la indemnización en la suma de $7.000, Art. 165 del CPCCCh y evaluando los antecedentes análogos de esta Cámara de Apelaciones, que constituyen parámetros objetivos en esta materia tan "cargada de subjetividad como es el dolor espiritual".

Con relación a la queja del actor en punto al momento desde cuando deben computarse los intereses, que el sentenciante los fijara a la fecha de homologación del convenio, la sentencia, es doctrina constante y reiterada de esta Cámara y del STJ, los intereses deben computarse desde el momento en que se produce el daño.

Y esta es la decisión que he de tomar, siguiendo jurisprudencia que transcribo por compartir "Nosotros -fieles a la doctrina del resarcimiento- sostenemos que los intereses moratorios deben proceder desde el mismo momento en que se produce el daño moral-generándose la obligación de resarcirlo, sea la responsabilidad contractual o extracontractual". "la doctrina dominante entiende que en materia de responsabilidad extracontractual, la mora opera automáticamente desde el mismo momento en que se produce el daño, vale decir desde el momento en que la víctima adquiere derecho al resarcimiento (arg. art. 509 y su nota).

Si la indemni-zación no es satisfecha en dicha oportunidad, la demora genera una pérdida adicional resarcible a título de interés, que los jueces no pueden desconocer sin privar al damnificado del legítimo derecho a la reparación integral del perjuicio", "Daño Moral", Ramón Daniel Pizarro, pág. 391 y sgte.

En autos el actor reclama los intereses desde el la fecha en que la demandada lo denunció irregularmente en el registro de morosos de deudores del V..

El demandado, al contestar entiende que se deben desde que se produjo el daño, sin precisar el mismo.

Y es a partir del conocimiento que adquiere el actor, que aún se encontraba inscripto en el V., es cuando se produce el daño que se reclama, pues es ese el comienzo del daño invocado. En consecuencia coincidiré con el quejoso que la fecha a tener en cuenta es febrero de 2004, que es la que el Sr. C., señala que solicitó el crédito al Banco S. C..

Atento a cómo se resuelve corresponde adecuar costas y honorarios. Las costas de la primera instancia estarán a cargo del demandado, pues es la actitud errada y persistente lo que ha obligado al actor al reclamo judicial. Las de esta instancia no obstante cómo se resuelve, las impongo en el orden causado, pues la decisión a la que se arriba, más tratándose del daño moral, es como consecuencia de la potestad del juzgador, y las partes pudieron creerse que lo reclamado era justo.

A fin de regular los honorarios, valoraré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los arts. 6, 7 y 14 de la ley 2200 y su modificatoria.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Receptar los agravios de demandada.

2) Modificar parcialmente el punto 1) de la sentencia y, en consecuencia, condenar al Banco R. de l. P. S.A., a pagar al Actor R. E. C., la suma de $7000, más los intereses que fijara el sentenciante, los que se imputarán a partir de febrero de 2004.

3) Las costas de la primera instancia las impongo al demandado vencido y las de la Alzada por su orden.

4)Diferir la regulación de los honorarios para el momento desacuerdo.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut, es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien vota precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a las mismas me remito.

I.A-1) En lo atinente al agravio expuesto por la apelante demandada (fs. 88/89) respecto del monto fijado en concepto de daño moral por el a-quo, es criterio de la suscripta, que es de asaz difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, ni a procedimiento matemático alguno, por cuanto corresponde atenerse a un criterio fluido que permita computar todas las circunstancias del caso, sobre la base de la prudente ponderación de la lesión a las afecciones íntimas del damnificado y a los padecimientos experimentados, es decir, a agravios que se configuran en el ámbito espiritual del reclamante y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose sujeto su monto a la circunspección y discrecionalidad del juzgador ("V., J. R. c/ B. S.A. s/ Ordinario", Expdte. nro. 10.977/99, sent. nro. 09/09/99).

En los mismos autos, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut determinó que: "La reparación del daño moral, en ello es conteste la doctrina y la jurisprudencia, tiene vinculación con los sentimientos del sujeto, por su naturaleza o esencia, el daño moral está referido a intereses y afecciones de carácter extrapatrimonial.

El daño moral es una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer, o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial" (expdte. nro. 17.220 - V - 1999, Sentencia Definitiva nro. 21 del 12/09/00, Publicaciones: Eduardo. A. Zannoni, "El daño en la responsabilidad civil", Ed. Astrea, año 1982, pág. 231 Ramón D. Pizzarro, "Daño Moral", Ed. Hammurabi, año 1996, pág. 47, CCO101, MP, 98116, RSD.33096, 19-11-96; Cám.Civ.Com. y Min. de Neuquén, Sala II, 10-02-98, Ps.1998-69-74, CA601, RSD.69-989; en igual sentido STJCH, 12-08-2002, Sentencia Definitiva, "B., R. D. s/ Demanda por Acción de Nulidad de Acto Administrativo. Daño Moral").

Tengo en cuenta que todo individuo que adquiere un bien o utiliza un servicio ha de ser considerado consumidor o usuario para el ejercicio individual de los derechos que la ley 24.240 establece, salvo prueba o presunción fundada en contrario, regu-lando el art. 4 de la ley DFC, el deber de información al consumidor o usuario sobre la naturaleza y demás características de los bienes y servicios que adquiere; esta obligación comprende otros deberes accesorios o secundarios que acompañan al cumplimiento.

Se trata de los deberes de conducta, tales como los de actuar de buena fe, con la cooperación y diligencia debidas que dependen según sea la naturaleza de la obligación de que se trate. Ahora bien, el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de este deber de información, en el caso que ocasione daños puede acarrear la responsabilidad fijada en el art. 40 de la ley, que refiere al daño ocasionado al consumidor en sentido amplio; por lo que al usuario o consumidor le asiste el derecho a reclamar no sólo por el daño físico sufrido y por los perjuicios patrimoniales, sino también por el daño moral.

Ello es así ya que las empresas prestatarias de servicios que se vinculan al usuario mediante contratos por adhesión a condiciones generales, también han de responder por el daño que causen, sin interesar la prueba de la culpa; esto permite captar en la actualidad el fenómeno de la unicidad de lo ilícito.

Advierto que en su contestación a la demanda (pto. V - fs. 38) la accionada expuso que en forma inmediata a la audiencia celebrada en la ciudad de Córdoba, por intermedio de la Casa Matriz informó a O. V. SA que el actor había cancelado las obligaciones que mantenía con la entidad, desconociendo responsabilidad alguna en el caso de que el accionante figurara en el Banco de Datos de esa organización por los años 2003 y 2004, no agregando ni ofreciendo prueba alguna para avalar tales argumentos, produciéndose en el desarrollo del proceso la confesión ficta de la parte demandada (fs. 57 y 63), deviniéndose inexorable con tal circunstancia la inversión de la carga probatoria al demandado el que no produjo prueba alguna en contrario que permitiera desvirtuar los efectos de la presunción generada.

En este contexto es criterio que comparto que: "La negativa de los hechos en la contestación de la demanda no desmerece la eficacia de la confesión ficta, a menos que existan pruebas que desvirtúen las posiciones absueltas en rebeldía (Cámara de Apelaciones - Sala A - Comodoro Rivadavia, 18-03-1996, Sentencia Definitiva, "L., J. L. c/ C. de C., N. s/ Daños y Perjuicios").

En virtud de la analizado en el párrafo anterior ha quedado reconocido por el demandado que aquella posición deudora generada y comunicada por el demandado al BCRA motivó que el actor se hallase informado en V., y que ante las protestas del mismo el accionado no hizo gestión alguna para rectificar dicha situación conforme surge de la informativa prestada por V. (fs. 615).

Procede juzgar suficientemente probado el daño moral padecido por el actor por la conducta omisiva en que incurrió el banco demandado (R. d. L. P. S.A.). Daño que, además, puede valorarse como notorio, pues es conocido en general por todos quienes desarrollan actividades financieras, comerciales, industriales, profesionales o laborales, el efecto negativo -justificado o no- que tiene para una persona aparecer como deudor moroso en una publicación como la que efectúa Organización V. SA" (conf. crit. causa nro. 8.658/99; "M., M. E. c/ C. N.A. s/ ordinario"; CNCom - Sala D - 20/11/2001; elDial - AAC4B; en igual sentido causa nro. 30247/2000 - "D. C. c/C. N.A. s/sumario" - CNCom - Sala B - 12/09/2002; elDial - AAC4B: elDial - AA1334; CNCiv. - Sala F, 6/11/2003, "F. c/ H... Banco R. SA", elDial - AA1DD0; L. 396938; ídem. 07/09/2004 "V., J. C. y otro c/ L. T.. B. s/ daños y perjuicios", elDial - AA243E).

Por las consideraciones y criterios expuestos precedentemente, considero ajustada y prudente la suma determinada por el a-quo en el pto. V (fs. 79vta.), razones éstas por las cuales corresponde no hacer lugar a los agravios expuestos por el apelante demandado a fs. 88/89 y confirmar en este sentido la sentencia.

I.A-2) En cuanto al agravio expuesto por el apelante demandado respecto al inicio del curso de los intereses (pto. 2 - fs. 89/vta) ha sostenido el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia que: "Los intereses compensan el precio del dinero en el mercado, y su encarecimiento, consecuencia de los avatares del proceso económico, "es un factor que los jueces no pueden desconocer ni dejar de lado en sus sentencias", adeudándose los mismos desde el hecho ilícito, porque es en ese momento en que se dañó el patrimonio del reclamante, compensándose así la demora en efectuar la reparación" (STJCH,29-12-2000, Sentencia Definitiva: "A., B. d. C. c/ T. M. S.R.L. y-o Quien Resulte Responsable S/ Daños y Perjuicios"; 01-11-1999; Sentencia Definitiva, "C., O. C. c/ L., A. y-o F. S.A.C.I.F. y-o Quien Resulte Poseedor y-o Propietario s/Daños y Perjuicios", Sent. Def. n° 17, año 1994; 30-12-1992, sent. Int., "T. D. M., S. M. c/ Provincia del Chubut y Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativa").

Teniendo en cuenta que conforme emerge de la documental agregada por el actor a fs. 22, expresamente reconocida en su contenido por la demandada de acuerdo al relato que expone en su contestación de demanda a fs. 38, considero que la decisión del a-quo en cuanto a que la accionada adeuda dichos intereses desde el 11/05/00 (conf. pto. V, fs. 77 vta.) es la correcta ya fue en esa fecha el día a partir de la cual la demandada debía haber comunicado la cesación del estado moroso del acto, habiendo suscitado con su incumplimiento la necesidad del actor de iniciar el expte. nro. 0069-16.984/00, la realización de tres audiencias a los efectos de lograr que la demandada cumpliera con su obligación a aviso de baja de la Organización V.. Como corolario de las precedentes consideraciones, juzgo que no proceden los agravios levantados por el apelante Banco R. d. L. P. S.A. (fs. 89/vta.) y, en consecuencia, corresponde confirmar la sentencia en este sentido.

I.B) Las costas son impuestas al apelante demandado vencido (art. 68 del CPCCh). Se difiere la regulación de los honorarios profesionales para el momento del acuerdo donde se tendrá en cuenta para su regulación la importancia del tema traído a decisión, la labor profesional desarrollada y el éxito obtenido, en un todo de acuerdo a lo establecido por los arts. 6, 7, 14, 19, 47 y ccdtes del Dto. Ley Pcial Nro. 2.200 y su modificatoria Ley Pcial Nro. 4335).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Propongo como fórmula postulatoria para el momento del acuerdo la siguiente:

1) Desestimar la apelación mantenida en fs. 88/89 vta. y confirmar la sentencia producida en fs. 77/vta.

2) Imponer las costas al apelante demandado vencido (art. 68 del CPCCh). Diferir la regulación de los honorarios profesionales para el momento del acuerdo (arts. 6, 7, 14, 19, 47 y ccdtes del Dto. Ley Pcial Nro. 2.200 y su modificatoria Ley Pcial Nro. 4335).

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por el banco demandado contra sentencia definitiva nro. 109/2005 que hizo lugar a la demanda declarando la culpabilidad de la demandada Banco R. d. l. P. SA y condenó a abonar al actor R. E. C. la suma de $10.000 en concepto de daño moral, con más los intereses y costas del proceso (fs. 77y vta., fs. 79).

Las Sras. Camaristas preintervinientes detallaron los motivos de queja del demandado apelante con lo cual se encuentra cumplimentada la forma procesal requerida y la manda constitucional, por lo que me eximo de efectuarla en este voto.

Se limita el pronunciamiento a la cuestión del quantum del monto indemnizatorio por daño moral y el momento a partir del cual se considera para el cálculo de los intereses como el hecho generador del daño, toda vez que las Magistradas prevotantes han resuelto en forma diversa para el apelante las circunstancias criticadas.

He de reiterar lo dicho en anteriores oportunidades respecto de este tema, que, en el estado actual del derecho argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva.

Ello es así, evidentemente por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero además debido a que falta todo un criterio normativo regulador que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición y discrecionalidad judicial (Bueres, A. "Código Civil ...", Tomo 3 A, pág.182 Ed. Hammurabi-99).

No obstante, el derecho de daños no es sancionatorio, sino resarcitorio, por ello, no se detiene en la lesión, sino que averigua sus resultados; si y como la lesión ha gravitado en la esfera patrimonial o espiritual (tal el presente caso) de la víctima. La lesión no es el daño y sí su causa (Zavala de González, M., "Resarcimiento de daños", t.2, p.105).

Así la indemnización tiene por objeto, en la medida de lo posible, la reposición de las cosas a su estado anterior (Art.1083 CC) sin convertirse en fuente de lucro para el damnificado y correlativamente en un factor de expoliación para el dañador, lo que ocurre cuando este se ve compelido a indemnizar un daño total o parcialmente inexistente (Pizarro, Ramón "Daño Moral. Prevención. Punición" pág.35).

En síntesis, la rectora doctrina sostuvo que el demandante tiene que probar la existencia del daño, inexcusablemente, so pena de no recibir reparación alguna, en razón de que como ya se dijo anteriormente debe haber algo que reparar (Belluscio "Cod.Civ.", Ed. Astrea, pág.705).

La indemnización de daños y perjuicios lleva implícita la realidad de estos, para su establecimiento judicial, se requiere la comprobación suficiente de tal realidad (CS, 1-11-99 "R., C. A. c/ Estado Nacional RED 35-521, p, VIII-A-101).

La entidad e importancia del daño resarcible es carga probatoria de quien la invoca (Llambías, "Obligaciones", t.1 n.248, pág. 281, LL,130-769).

En este orden de ideas, siguiendo y completado los concepto volcados, debo decir que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que incoara como fundamento de su pretensión, defensa o excepción (Alterini, Atilio y Roberto López Cabana "Temas de responsabilidad civil", Ed. Ciudad Argentina, pág. 160).

Del escrito de agravios surge que el banco demandado se queja del monto de condena sosteniendo que no hubo pruebas por lo que la indemnización resarcitoria por daño moral debió limitarse a las pruebas que fueron inexistentes y por lo tanto la sentencia se basó en conjeturas y fue basada en subjetividades sobre las cualidades personales del actor (fs. 88 vta. y fs.89).

El V. en informe de fs. 65 no precisa cuándo fue excluido de la nomina el actor, la contestación al oficio del Banco de S. C. de fs. 66 da cuenta que en febrero del 2004 le dijeron al actor que no continúe el trámite hasta tanto regularice su situación, constituyendo estas las únicas constancias con las que se cuenta para evaluar el pedido formulado en la demanda de resarcimiento por el daño moral que atribuye al banco demandado; pero además debe tenerse en consideración que la entidad no tuvo un cumplimiento acorde con el deber de obrar con prudencia y diligencia, excluyendo en forma inmediata al accionante tal como se había comprometido por acuerdo celebrado y homologado en la ciudad de Córdoba y reconocido en el momento de contestar demanda (fs. 19, fs. 22 y 22 vta.).

En qué afectó la vida espiritual del Sr. C. poco nos informa lo actuado, y teniendo en cuenta que no fue materia de apelación la existencia del daño moral, por lo tanto no revisable en esta instancia, sino el monto indemnizatorio, a los fines de decidir deben considerarse que no hay dos daños morales idénticos, por lo cual su agrupamiento resulta difícil, pero existe doctrina que sustenta la posición que algunos daños morales son parecidos y solo así se concibe que los tribunales tengan en cuenta fallos anteriores con el objetivo de armonizar decisiones entre casos análogos (Matilde Zavala de González "¿Cuánto por daño moral?" LL1998-E-1058).

Si bien no puede aspirarse a una objetivación total de los elementos de juicio para fijar el daño moral, sí que partiendo de ciertos parámetros comunes el juez deberá luego llegar a la cifra que estima justa de acuerdo a las especiales circunstancias de cada caso concreto. Siendo para ello imprescindible conocer permanentemente los montos que se están manejando por la jurisprudencia, como base del cálculo sobre los cuales luego harán los ajustes particulares atendiendo a criterios subjetivos (Venturini, Beatriz "El daño moral en nuestra jurisprudencia y en el derecho comparado" LL1993-D 151 cit.).

Con los imprecisos elementos aportados a la causa, los parámetros de este cuerpo en este tipo de contiendas encuentro que la decisión del Aquo se ajusta a estas premisas, por lo cual no recepto los agravios de la entidad bancaria y confirmo el monto de la instancia de grado.

Con respecto al momento en que comienzan a correr los intereses, cuestión peticionada y retrucada al contestar demanda, que observo fue débilmente atendida en la sentencia recurrida fs. 38 vta. y fs. 77 vta.

Remonto necesariamente al tratar este punto a la lesión en el espíritu del actor, los acuerdos celebrados y homologados que lucen a fs. 19, fs. 22 y 22 vta. y suscriptos por un funcionario publico, por medio de los cuales el banco se comprometió con fecha 25-9-00 a dar de baja, y más allá de reconocer en el escrito de contestación que había cumplido, ello no surge del expediente, es más no lo hizo sosteniendo que no le constaba los motivos por los cuales aun en el año 2004 estaba en el V. el Sr. C. (fs. 23 vta. y 24, fs. 37, fs. 38). Considero innecesario explayarme sobre el carácter de público o privado de dicha documental, toda vez que fue reconocida al contestar demanda la circunstancias de las que da cuenta dichos documentos.

Bien vale reflexionar sobre el punto, si ignora la entidad bancaria demandada por qué figura en el listado del V. el actor después de comprometerse a modificar la situación (a darle de baja) por qué no peticionó la incorporación al pleito del V. con el fin de deslindar responsabilidades y no limitarse al simple desconocimiento, del hecho, no del compromiso asumido.

Dijo la jurisprudencia: "Según lo dispuesto en el Art. 46 de la ley 24240, el incumplimiento de acuerdos conciliatorios será considerado violación a la ley y, en tal caso, el será pasible de las sanciones establecidas en ella sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieran acordado (Consid. 4º).

El acuerdo conciliatorio otorga al interesado un título para demandar directamente su cumplimiento (conf. Art. 46 de la ley 24.240) (Considerando 6º).

Según lo dispuesto por el Art. 46 de la ley 24.240 el incumplimiento de acuerdos conciliatorios será considerado violación a la ley y, en tal caso, el infractor será pasible de las sanciones establecidas en ella sin perjuicio del cumplimiento imperativo de la obligación que las partes hubieran acordado.

Verificado el incumplimiento del acuerdo celebrado ante la Sec. de Comercio e Industria debidamente homologado, corresponde aplicar sanción. Dicho acuerdo otorga al interesado un título para demandar directamente su cumplimiento". "La condición de orden público de los derechos de consumidores y usuarios obedece a la necesidad de fijar directrices para el mercado, desde una perspectiva realista, lo que impone al Juez una interpretación amplia, extensiva y sistemática del dispositivo legal.

Y si bien la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24240) no menciona explícitamente a las entidades bancarias -salvo en lo referente a los créditos para el consumo- éstas quedan incluidas dentro de las personas jurídicas mencionadas en su artículo 2°" (ver causas: "A. S. SA c/ Secretaría de Comercio e Inversiones - DISP. DNCI 2597/95" - CNACAF - SALA II - 08/05/1997. "C. R. J. c/ Banco C. d. A. S.A. s/ ordina-rio" - CNCOM - SALA B - 01/04/2003).

Son coincidentes quienes me precedieron en que los intereses comienzan a computarse a partir del hecho dañoso. Pero surge la discrepancia respecto de cuál es el hecho que se considera como generador del daño que se resarce.

Mayo del 2000 fecha en que inicio las acciones administrativas el actor, o bien la finalización con la homologación que fue el 25 septiembre del mismo año, o la fecha en que fue a sacar un crédito según el informe acompañado y se lo negaron por estar incluido en el V. el 16 de noviembre del 2004 según surge de fs. 66.

No puede admitirse que habiendo pactado voluntariamente gestionar la exclusión en el V. en forma inmediata el 25 de septiembre del 2000, en agosto de ese año 2000 y junio del 2001 la entidad bancaria demandada puso en conocimiento de ese centro de informes la morosidad del actor, es decir, más que eludir su propio compromiso actuó contrario sensu (fs. 65).

Incumplió su propia palabra el banco demandado contraída el 25 de septiembre del 2000, si bien, se trata a mi modo de ver de un incumplimiento convencional, sin sujeción a fecha, que el actor damnificado, no lo sufrió. Es evidente que se satisfizo con el compromiso.

Si parto de la demanda que es por daño moral que ello implica un sufrimiento en el espíritu, el incumplimiento de la conducta esperada por el banco al no gestionar la exclusión conforme lo convenido de los registros, no alcanzó a provocar en el ánimo del actor deterioro o mella alguna, que es lo que intenta repararse por esta vía, ya que no verificó que hubiera actuado el banco conforme lo esperado, tomando conocimiento recién al momento en que fue a sacar un nuevo crédito, y con las consiguientes derivaciones negativas, las cuales son, además, presumibles de modo inequívoco, resulta incuestionable, entonces, que en la especie se ha configurado agravio moral en los términos del Art. 1078 del Código Civil.

Sabido es que por tal debe entenderse cualquier lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o, en fin, cuando de una manera u otra se ha perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado (conf. Sala "D", E.D. 61-779; íd., E.D. 69-377; Sala "F", E.D. 42-311; íd., E.D. 53-350; Sala "G", E.D. 100-300; esta Sala, causas 502 del 26-12-83, 66.984 del 30-5-90, 77.842 del 7-11-90, 124.140 del 16-11-94 y 161.002 del 8-2-95)" (Citar: elDial - AA2E1B).

Siendo en esa oportunidad a mi modo de ver se genera la situación que puede calificarse de dolorosa surgiendo el daño en el espíritu, o en el animo, en síntesis el daño moral objeto de la presente causa, pues es esa la ocasión en que se enteró que aun estaba, pues con anterioridad el actor desconoció esa circunstancia, mas no pudo sentirse afectado o dolido por lo que desconocía. Con estos fundamentos propicio que los intereses se computen a partir de febrero del 2004.

Las modificaciones introducidas por la alzada no importan en el caso una alteración de la condición de vencedor del actor de la instancia de grado, se mantienen las costas y los honorarios como fueran dispuestas por el Aquo, en igual sentido las correspondientes a la Alzada, toda vez que prospero parcialmente el agravio respecto del momento del cómputo de los intereses, conforme criterio casuístico y por las constancia de autos, se difieren su regulación para el momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Esta vocalía propone para el Acuerdo:

1.- Receptar parcialmente los agravios y modificar la sentencia venida en crisis en cuanto al momento de cómputo de los intereses, que será a partir de febrero del 2004 conforme considerando respectivo.

2.- Las costas de la Alzada se imponen al demandado, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo, conforme considerando respectivo.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con las disidencias parciales señaladas, la siguiente SENTENCIA:

1) Receptar parcialmente los agravios de la parte demandada y modificar la sentencia de fs. 77/vta. venida en crisis en cuanto al momento de cómputo de los intereses, que será a partir de febrero del 2004 conforme los considerandos pertinentes 2) Costas de la Alzada a la demandada, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de los Dres. L. S. G. y G. O. G., conjuntamente, en la suma de PESOS SEISCIENTOS ($600) y del Dr. C. S. K. en la suma de PESOS QUINIENTOS ($500).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Nélida Susana MELERO - Presidente.

Graciela Mercedes GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara.

Marta Susana REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL Nº 23 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS