marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RUIZ DIAZ DIONISIO JORGE c/ HOSPITAL FELIPE HERAS Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-01

Puesto en cuestión el derecho de acceder a la fijación del honorario, dándose presente el caso de cesación atrapado por el art.

20 de la Ley Nro. 7.046 y sin perjuicio de la secuela que adjetivamente sucederá -lo cual a su turno se proveerá en la sede anterior-, en rigor no hay causal obstativa a la petición regulatoria formalizada por los quejosos.
Asociaciones sindicales, control de legalidad, revisión judicial de actos administrativos
Materia: LABORAL
Carátula: FEDERACION DEL PERSONAL DE VIALIDAD NACIONAL c/ DIRECCION   NACIONAL  DE  ASOCIACIONES  SINDICALES  -  MINISTERIO  DE TRABAJO DE LA NACION s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

En el esquema de la ley 23551, deben interpretarse sistemáticamente los arts. 6, 21, 22, 24, 25 y 56 al 61. De su contexto se infiere que la autoridad de aplicación debe respetar la autonomía sindical, pero, dentro de los límites que fija la legislación vigente, y tiene facultades que la legitiman para ejercer un control de legalidad de diversos actos de la vida sindical, con revisión judicial posterior.
Pensiones, personal municipal, conviviente, ordenanzas municipales, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Cavanna, David Domingo s/ pensión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-03

Ante la ausencia de una disposición expresa que permita aplicar las prescripciones de las leyes 23.226 o 23.570 a los agentes municipales y su grupo conviviente, deben rechazarse los argumentos tendientes a demostrar la invalidez del art. 1 , inc. b ), de la Ordenanza N 40.464.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: De Nicola, José c/ Municipalidad de Lanús s/ Conflicto art. 187 Const. Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

La competencia que le confiere el art. 187 de la Const. Prov. a la Suprema Corte comprende a las contiendas que involucren a los dos departamentos que componen el poder municipal, siempre y cuando se susciten con motivo de sus respectivas atribuciones, como cuando uno desconoce al otro la competencia que éste se atribuye o invade directa o indirectamente la esfera del otro (doct. art.149 inc. 2º Const. Prov.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, personas con discapacidad, medicina prepaga
Materia: CIVIL
Carátula: Siganda  Ema c/ CEMIC s/ incidente  de  apelación  de  medidacautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

Cobertura integral de las prestaciones de a) terapia ocupacional (dos sesiones semanales con la licenciada Cecilia Mc. Dermott;

b) psicomotricidad (cinco sesiones semanales -tres de psicomotricidad y dos de hidroterapia con el licenciado Horacio Sagray y natatorio "Instituto de Natación y Deporte"; c) Maestra de Integración Escolar, media jornada en turno mañana en el Jardín de los Caminos con la profesora de educación especial Mariel Silva; y finalmente, d) traslados desde los domicilios que individualiza hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Por imperio del art. 1 de la ley 24.754, las empresas de medicina o entidades que presten servicios de medicina prepaga deben cubrir, como mínimo, las mismas prestaciones que resulten obligatorias para las obras sociales, lo que comprende -en lo que atañe a las personas con discapacidad- todas las que requiera su rehabilitación. Se debe ponderar que se encuentra acreditado en la causa el padecimiento que afecta a la actora (encefalopatía crónica no evolutiva, v. certificado médico), como así también las indicaciones prescriptas por su médico neuróloga infantil.
Delitos contra el honor, retractación, querella, responsabilidad civil, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: Horowitz, Israel c/ Cuperstein, Peisah.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

Si bien la parte agregó una serie de manifestaciones tendientes a demostrar que sus expresiones no habrían tenido idoneidad ofensiva, al haber sido consideradas como retractación suficiente en la instancia penal, no cabía en sede civil examinar nuevamente su configuración, máxime si se tiene en cuenta que a fin de evitar dispendios procesales el querellado había solicitado expresamente que sus explicaciones fueran tenidas por "formal retractación" (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Adolfo Roberto Vázquez).
Prueba, plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Andrade Abel Nicolas c/ Nestle Argentina S.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-03-21

Ambas Sala de esta Cámara han señalado que cabe distinguir entre plazo probatorio, o sea el fijado judicialmente en consonancia con lo dispuesto en los arts. 373 y 475 CPCC y etapa probatoria.

El primero demora en principio hasta que se agote la capacidad receptiva del pleito; de allí que salvo desistimiento o pérdida por negligencia en tanto se ha producido toda la prueba ofrecida por las partes, la finalización del plazo establecido no significa en principio, la pérdida del derecho ha finiquitar las medidas pendientes.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria, violación de las formas procesales, promiscuidad de causales
Materia: PROCESAL
Carátula: Ivanovich, Jorge Nicolás c/ Lorenzo, Alejandro s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-11-13

Analizado el sub-exámine surge que el quejoso no demuestra en forma clara y precisa cual es la solución del caso que él propone por lo que en este aspecto el recurso es insuficiente toda vez que no es posible invocar promiscuamente ambas causales y que no se cumple de forma adecuada con la exigencia legal de que los recursos han de ser deducidos en términos claros y concretos posición ésta sostenida invariablemente por este Cuerpo.
Procedimiento administrativo, pronto despacho, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Aroca, Aldo Hugo c/ Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú s/ Acción de Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-06-29

En autos Corte Nº 68/07 "Perdigón, O.E. c/D.M.A. y/o Ministerio de Salud de la Provincia s/Acción de Amparo por Mora de la Administración", Sentencia Definitiva Nº 15 de fecha 24/09/08, este Tribunal resolvó que:"Atento a las constancias de autos, el administrado en esta causa no ha optado por asignarle sentido al silencio administrativo para agotar la vía que le habilite la instancia jurisdiccional mediante la articulación de las acciones contencioso administrativas, sino que ha optado por otro procedimiento que le brinda el ordenamiento jurídico, reencaminado como acción de amparo por mora de la administración, que conforme se reseñara reviste características perfectamente diferenciadas. En tal sentido deben entenderse encaminadas las sucesivas peticiones de la accionante tendientes a lograr un pronunciamiento expreso de la administración, sin que hasta la fecha de interposición de la demanda, 01/11/07, y presentación de la accionada de fecha 23/05/08, medie decisión alguna".
Competencia de la Corte Suprema, recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CABLEVISION  SA c/ ESTADO NACIONAL SECRETARIA DE COMUNICACIONES YOTRO S/ s/ EDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

En punto a la arbitrariedad planteada, la Corte Suprema no ha dejado de advertir reiteradamente, que no es su función sustituir su propio criterio al que, en materia no federal, está reservado a los jueces de la instancia ordinaria y que, por eso mismo, en tanto las sentencias contengan fundamentos jurídicos mínimos que impidan su descalificación como acto judicial, la doctrina de la arbitrariedad no es invocable en torno a supuestos de error en la solución acordada, incluso en los casos en que tal error pudiera existir a juicio del propio Tribunal ( Fallos: 251:243; 254:505; 255:211; 261:223; 290:95 y 295:365, entre otros), pues la existencia del recurso extraordinario no se ha pensado para rectificar toda injusticia que pueda existir en un fallo apelado por ese medio (Fallos: 172:149), ni importa extender la jurisdicción de la Corte más allá de sus prerrogativas constitucionales y legales, sino que significa -ni más ni menos- la facultad de rever toda resolución definitiva de cualquier autoridad del país, en la cual se hayan resuelto cuestiones que afecten principios constitucionales y aquélla haya sido contraria a la letra o espíritu de la supremacía de la Constitución, tratados o leyes nacionales invocados (Fallos:

186:497 entre otros).
Fianza comercial, obligaciones del fiador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JUNTA NACIONAL DE GRANOS c/ SBAIZERO, JUAN ANGEL Y OTROS. s/ JUICIO  EJECUTIVO.  COSTAS. FIANZA. SOLIDARIDAD. PAGARE. QUITA ESPERA Y  REMISION.  ACUERDO  CONCORDATORIO.    COMPETITIVIDAD   DE  TITULOS  EMITIDOS POR LA JUNTA NACIONAL DE GRANOS. LIQUIDACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-30

Dijo el a quo en su sentencia que el art. 482, inc. 4 del Código de Comercio se halla referido a la liberación del fiador con relación al deudor afianzado y no respecto del acreedor de este último, quien no puede verse perjudicado. Y ello es correcto.

Al margen de la postura del apelante en el sentido de que la accesoriedad no desaparece (aún en la fianza solidaria) y que no se puede deducir o interpretar el artículo mencionado que refiere únicamente a la liberación fiador-deudor- por cuanto la norma no distingue y debe otorgársele la amplitud que merece- lo cierto es que unánimamente se ha afirmado que en los casos contemplados en el art. 482 del Código de Comercio, el fiador puede reclamar sólo del deudor principal su liberación, porque ello en modo alguno puede perjudicar al acreedor que tiene derecho a que se mantenga la garantía o seguridad de su crédito en la forma estipulada; por manera que aquella cuestión atañe exclusivamente a las relaciones entre fiador y deudor y en nada afectan la vinculación jurídica establecida por el contrato de fianza entre fiador y acreedor de la obligación principal, puesto que la acción del fiador sólo está autorizada contra el deudor afianzado y por los hechos relativos a éste.-
Competencia por conexidad, disposición ilícita de fondos partidarios, corrupción de menores, publicaciones obscenas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Quantín, Norberto Julio s/ Denuncia  por  infr.  arts.  25 y 128 del Código Penal e infr. ley 23  298
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Al ser posible separar el juzgamiento del delito de naturaleza federal - disposición ilícita de fondos partidarios, ley 23.298 - art. 125 y 218 del Código Penal - es conveniente hacer jugar la excepción que prevé el art. 40 del Código de Procedimientos en Materia Penal, aunque mediare entre ellos la relación de conexidad establecida por el art. 37 de ese cuerpo legal.
Alimentos, cuota alimentaria, porcentaje de los ingresos
Materia: CIVIL
Carátula: S., G.B. c/ L.A., J.A. s/ DIVORCIO ART. 215 DEL CODIGO CIVIL PROCESAL ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

Las sumas que se reciben en concepto de viáticos y gastos de traslado, salvo que se demuestre lo contrario, debe entenderse que fueron percibidas para atender erogaciones específicas y fueron consumidas en ellas, razón por la cual, sin duda, no sería aplicable a su respecto el porcentaje convenido como prestación alimentaria.-
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casolari, José c/ Benitez, Adrián Flavio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-28

La calidad de embistente, el exceso de velocidad para ingresar a un cruce, la violencia del impacto contra la zona media del vehículo que cruzaba en ese momento la encrucijada, la carencia de derecho de paso preferente y de la habilitación para conducir rodados, muestran claramente por su número y gravedad, el rostro de la culpa, con entidad tal, que ha desplazado el factor riesgo que engendraba el vehículo embestido, para erigirse en la única causa del daño.
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo, reticencia, resolución denegatoria, Poder Judicial, garantías procesales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Ale Ro SACIFIA  c/ En - M. Economía y FP - UCESCI  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-26

En un pleito entre una firma titular de un establecimiento dedicado al engorde de ganado bovino a corral (feed-lot) y el Estado Nacional, la sala declaró originalmente la nulidad de una resolución denegatoria de las compensaciones tramitadas por Ale-Ro ante la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). En tales condiciones, le encomendó el dictado de un nuevo acto en el que se contemplasen los antecedentes fácticos y jurídicos involucrados, toda vez que el acto inicial había implicado un rechazo genérico y abstracto de la cuestión. En 2021, la administración dictó otra disposición, en la que rechazó el planteo por falta de cumplimiento de requisitos formales. Sin embargo, tanto la instancia de grado como el tribunal de alzada declararon la nulidad de este nuevo acto. Por lo tanto, reclamó el dictado de otro acto que diese efectivo cumplimiento a la manda encomendada. En 2023, la administración dictó una tercera disposición, en la cual reiteró la denegación de la solicitud de compensaciones por otra doble omisión de extremos formales -siendo uno de ellos, la misma ausencia de documentación que había sido materia de análisis en 2021-. Empero, tanto la magistrada de grado como el tribunal de alzada sostuvieron la nulidad de este flamante acto, al incumplir "manifiestamente" las exigencias formuladas por el pronunciamiento inicial; máxime cuando había reeditado -de modo ilegítimo- una cuestión previamente zanjada, contrariando lo ya resuelto en la causa. La sala añadió que la irrefutable reticencia en que había incurrido el Estado Nacional lucía aún más evidente a poco que se considerara que descartar los elementos incorporados en sede judicial hubiese implicado -tras casi ocho años de tramitación- un inadmisible desconocimiento de las garantías más elementales que el ordenamiento normativo nacional ha conferido al administrado, al privárselo no sólo del ofrecimiento y producción de la prueba conducente a la resolución del litigio, sino también de una decisión fundada que hiciese mérito de los antecedentes de su situación (cfr. art. 1°, ley 19.549).
Identidad de objeto procesal, derechos y garantías constitucionales, non bis in ídem, nomen iuris
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Videla, Jorge Rafael s/ Incidente de falta de jurisdicción y cosa juzgada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-21

El objeto de la persecución penal es idéntico cuando se refiere al mismo comportamiento, atribuido a la misma persona, cualquiera que sea el significado jurídico que se le ha otorgado en una y otra ocasión, es decir el nomen juris empleado para calificar la imputación o designar el hecho.
Concursos, desistimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Heffer, Juan Carlos s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-14

Debe ceder en casos extremos, el principio conforme al cual corresponde tener por desistido de su concurso preventivo, al deudor que no justificó en término haber encomendado oportunamente la publicación de los edictos ordenados.-
Prescripción, suspensión de la prescripción, querella
Materia: CIVIL
Carátula: ARRIETA GENARA RAMONA c/ GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIO DEL INTERIOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-09

La querella promovida contra el autor del delito tiene efecto suspensivo de la prescripción (art. 3982 del Código Civil; esta Sala, Causa 24.188/94 del 11.4.95; Sala II, Causas 1878 del 21.6.83;

2034 del 28.6.83; etc.).
Homicidio, dolo eventual, cambio de calificación legal, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: S.,F.M. s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-03

Se debe confirmar el procesamiento del imputado por el delito de homicidio simple cometido con dolo eventual, agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con la portación de arma de guerra sin la debida autorización legal; desechando el cambio de calificación legal por el delito de homicidio culposo. En este sentido, y conforme las constancias de la causa, el imputado que poseía una relación de amistad con la víctima, detonó el arma de fuego mientras conducía este último; ello pese a que la víctima le manifestó varias veces que le daba miedo que le muestre el arma. De esta forma, y al haberse acreditado que el imputado era una persona experta en el manejo de armas, sumado a que no controló que estuviera descargada o colocado los seguros correspondientes; es que se pudo representar el resultado final de su conducta y ante tal situación no cesó con su accionar.
Demanda, rectificación de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carballo Ramon Domingo c/ Maquiavelo Jorge s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

No puede considerarse una transformación de demanda al pedido formulado si del requerimiento de informes acerca de la identidad de la persona demandada, los que no han merecido impugnaciones por parte de los litigantes que fueran debidamente notificados de su agregación (art. 401 del CPC), los datos personales de Jorge Vera - emergentes de las actuaciones-, coinciden en su totalidad con los correspondientes a Jorge Maquiavelo, descartándose de plano la posibilidad planteada enérgicamente por el apoderado de la citada en garantía en cuanto a que se traten de personas distintas (art.331 del CPC).
Posesión, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Molina, Guillermo Tomás c/ Juárez, Osvaldo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-06-19

La prueba de la ocupación no es prueba de la posesión. La posesión en nuestro derecho requiere de corpus y animus (art. 2351 C. Civil).

El elemento material, el corpus, está efectivamente cumplido con la tenencia del inmueble por el demandado. Pero el animus, la intención de tener la cosa bajo su poder como dueño, debe probarse en el origen de la posesión o, en su caso, ha de acreditarse la reversión del título.
Responsabilidad del banco, depósito a plazo fijo, plazo fijo nominativo intransferible, eximentes de responsabilidad, fuerza mayor
Materia: COMERCIAL
Carátula: MONTERO VIUDA DE SALICE, ELSA c/ BANCO DE BOSTON s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02

No resulta responsable la entidad bancaria que al vencimiento de un certificado de plazo fijo intransferible no restituyó en término a su cliente la suma en las condiciones pactadas, si obro de conformidad con las pautas normativas del decreto del pen 36/90, toda vez que configura un supuesto de fuerza mayor sobreviniente a la constitución de la obligación que pone en juego la exención de responsabilidad (en el caso, el cliente retiró el efectivo disponible, canjeándosele el saldo por Bonex Serie 1989).
Indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Pino, Aladino y Otra c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-17

La fijación de la cuantía de la indemnización por daño moral, es asunto actualmente librado a la personal apreciación y decisión del magistrado, sin más guía que su intuición al efecto de esclarecer la equidad de la suma indemnizatoria.
Contrato de trabajo, jornada de trabajo, horas extra, prueba confesional, inversión de la carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Neri Héctor Enrique c/ Díaz Adolfo Ruben s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

La rebeldía del art. 86 L.O. produce la inversión de la carga de la prueba sobre todos los hechos expuestos en el responde. Respecto de las horas extra, si bien es cierto que por vía de principio, la prueba de la existencia del trabajo extraordinario debe ser convictiva, ello no implica que deba prescindirse de la consecuencia legal para el litigante que, cargado con la asistencia al tribunal para responder a las posiciones de la contraria no lo hace, sin justificativo alguno. No es correcto sostener la insuficiencia de la "rebeldía" en materia de horas extraordinarias, pues cuando un dependiente afirma que cumplió horario suplementario, simplemente está sosteniendo un hecho intrísecamente natural u ordinario. El juez está obligado a dispensarlo de la prueba del hecho presunto; no hay facultad judicial, sino un deber judicial impuesto por una norma (en el caso del art. 86 L.O.) de la que sólo se puede apartar si se considera que existe colisión con una norma superior -declaración de inconstitucionalidad del mandato legal-. En otras palabras: la confesión ficta no desvirtuada por prueba en contrario, constituye prueba suficiente de que el horario del trabajador excedía la jornada legal.
Despido, presunción de contrato de trabajo, residencia médica
Materia: LABORAL
Carátula: Vargas Carballo, Embert  c/ Sociedad Española de Beneficencia Asociación Civil y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-16

El actor laboró durante cuatro años como médico residente en el Hospital Español. Según la ley 22.127 que estableció el Sistema Nacional de Residencias de Salud de residencia completa "...la formación del profesional mediante la adjudicación y ejecución personal supervisada de actos de progresiva complejidad y responsabilidad (art. 1) "bajo un régimen de actividad a tiempo completo y con dedicación exclusiva (art. 2)". Las residencias médicas constituyen un sistema de posgrado mediante el cual el médico con título habilitante pasa a capacitarse en la especialidad que ha elegido. El cargo de médico residente no debe ser considerado un empleo, sino que es una oportunidad de formar parte de un curso de postgraduados de carácter práctico, y el sistema de veces que las residencias suponen, no debe ser confundido con uno remuneratorio en el sentido del derecho laboral. Es decir que en los primeros cuatro años las partes no estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo, y que cumplido ese lapso las partes recién estuvieron unidas por una relación laboral a partir de la aplicación de la presunción prevista en el art. 23 LCT