Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-12


ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)" , EXPTE: EXP 19276 / 0 Buenos Aires, 12 de diciembre de 2006. Y VISTOS: Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fojas 86/88, memorial cuyo traslado fue contestado por la accionante a fojas 92/95- contra la sentencia de fojas 82, por medio de la que la señora jueza de grado admitió parcialmente la acción de amparo en los términos de la ley nº 104 e impuso las costas a la demandada. La señora Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 99/100. I. El recurso (fs. 86/88) fue fundado en las siguientes quejas: 1) la sentencia de grado prescindió de los argumentos y las pruebas que demostraban que la cuestión se había tornado abstracta al momento de fallar; 2) el plazo para cumplir con la manda judicial (5 días) era exiguo; y 3) la imposición de las costas. Tras la substanciación del recurso y una vez elevado el expediente a esta Alzada-más aún, después de haber contestado la vista la señora Fiscal de Cámara-, la accionada presentó la documentación obrante a fs. 102/166. De dicho informe se corrió traslado a la demandante (169/170), mereciendo la contestación de fs. 171/174. En el mencionado responde, la amparista señaló expresamente que la documentación acompañada "...satisface la pretensión de esta parte por cuanto completa la información solicitada en el pedido de informe efectuado con fecha 1º de diciembre del pasado año, cuya falta de respuesta en tiempo y forma originó la presente acción. Por lo tanto, es dable concluir que la cuestión ha devenido abstracta por haberse satisfecho la pretensión de esta parte" (sic. fs. 171 vta., in fine). Por lo expuesto, corresponde declarar abstractos los agravios identificados con los números 1) y 2) del primer párrafo de este considerando. II.- Conforme lo expuesto, cabe expedirse sobre la imposición de las costas efectuada en primera instancia, que entiende improcedente en virtud de la gratuidad de la acción prevista por el art. 14 CCABA y art. 14 de ley de amparo. Así las cosas -y sin perjuicio del criterio del Tribunal sobre la naturaleza de la acción entablada (esta Sala, in re "Pampin, Gustavo Leonardo c/ GCBA s/ Amparo", expte. nº 1305/01)- corresponde señalar que el texto constitucional invocado no admite la interpretación efectuada por la recurrente. En efecto, el cuarto párrafo del artículo 14 C.C.A.B.A. dispone que el accionante está exento de costas, salvo temeridad o malicia. Dado que el precepto se refiere claramente sólo al actor y no a las partes, la exención dispuesta por la norma alcanza únicamente al amparista y no puede extendérsela a su contraparte, quien, en caso de resultar vencida, debe cargar con las costas pertinentes conforme a las normas generales contenidas en el Código Contencioso Administrativo y Tributario (esta Sala, in re "J.C. Taxi S.R.L. c/ G.C.B.A. s/ Amparo", pronunciamiento del 4/12/00; "Fundación Mujeres en Igualdad c/ G.C.B.A. s/ Amparo", pronunciamiento del 12/12/00, entre muchos otros precedentes). Cabe poner de relieve que, en la especie, la parte demandada dio motivo a la promoción del juicio. En efecto, la información solicitada por la amparista recién fue acompañada al presentar el informe obrante a fs. 73. Más aún, aquélla fue parcial conforme la decisión de primera instancia, circunstancia que se encuentra corroborada por la agregación de la documental de fs. 102/166 ante esta Alzada. En consecuencia, la imposición de costas efectuada en la instancia de grado resulta ajustada a derecho, en la m edida en que se adecua al principio objetivo de la derrota receptado por el art. 62 CCAyT (esta Sala, in re "Davidjan, Rubén Sergio c/ G.C.B.A. s/ Amparo" expte. nº 953/01). III.- Expuesto lo anterior, debe analizarse el planteo esgrimido por la amparista a fs. 172 vta., con relación a la aplicación de una sanción a la Procuración General con sustento en la interposición del recurso de apelación al sólo efecto dilatorio, lo que es demostrativo de una conducta maliciosa y contraria a los principios de lealtad, probidad y buena fe (cf. fs. 173). Conforme al art. 27, inc. 5º, "d", CCAyT, es deber de los jueces prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. Por su parte, el art. 39 del mismo cuerpo legal establece que, cuando se declare maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente, el juez puede sancionar al vencido mediante la imposición de una multa, cuyo importe es a favor de los hospitales públicos de la Ciudad y debe fij arse -en los procesos con monto determinado- entre el 5% y el 30% del valor del juicio y -en los procesos de monto indeterminado- entre pesos doscientos y cuatro mil. La potestad judicial sancionatoria de las conductas temerarias o maliciosas, tiene por objeto evitar el perjuicio que de ellas puede derivar para la instrucción y decisión de los procesos, promover la observancia del respeto a la investidura de la magistratura y el cumplimiento de los deberes de probidad, lealtad y buena fe que en todo tiempo han de observar quienes someten a decisión de la jurisdicción el conocimiento y resolución de su conflicto. De ello deriva para el juez el deber de sancionar -en ejercicio de las facultades ínsitas en su imperium- al improbus litigatur que con su proceder incurre en abuso de la jurisdicción, ya que el principio de buena fe debe primar en el desempeño procesal (CSJN, 30/06/88, LL 1989-A-220). Corresponde recordar que incurre en temeridad aquél que litiga -sea como actor o demandado- sin razón válida y con co nocimiento de ello. En consecuencia, el concepto se integra con dos presupuestos, uno objetivo y otro subjetivo. Mientras el primero consiste en la ausencia de razón para obrar en juicio en defensa de una postura, el segundo apunta al positivo conocimiento de lo infundado de esta última. Por ello, la sola derrota en juicio es insuficiente para caracterizar como temerario el proceder observado durante el juicio por uno de los litigantes, pues debe adicionarse la mala fe en el obrar. La malicia, en cambio, consiste en la inconducta procesal que se manifiesta mediante la formulación de peticiones exclusivamente destinadas a obstruir el curso normal del proceso o a retardar su resolución. Según se advierte, ambas especies de conductas reprochables resultan contrarias a los deberes de lealtad, probidad, buena fe y decoro. En orden a los criterios que deben tomarse como pauta valorativa, ante el estrecho vínculo que media entre la materia examinada y el derecho de defensa en juicio -amparado por los artículos 18 C.

N. y 13 inc. 3 CCABA- se ha interpretado pacíficamente por la jurisprudencia y la doctrina que, en casos de duda, debe considerarse que el justiciable ha ejercido regularmente ese derecho. Ello conduce a concluir que, como pauta general, la procedencia de la aplicación de la sanción ha de apreciarse con criterio riguroso, debiendo evaluarse su pertinencia con suma cautela y prudencia, y sobre la base de la concurrencia indudable de los factores objetivos y subjetivos anteriormente enunciados. Tales son los parámetros básicos que deben tenerse en consideración a fin de resolver la cuestión propuesta en la especie a conocimiento del Tribunal. IV.- El criterio de interpretación restrictiva cede ante pruebas contundentes respecto de la configuración de una maniobra temeraria o maliciosa. En el caso, a fs. 164, se encuentra anejada la Nota nº 381-PGAAC-06, donde textualmente se lee: "...se hace saber que se ha procedido a interponer el pertinente recurso de apelación, a los únicos fines dilatorios. En consecuencia , es necesario que se nos haga llegar a la mayor brevedad posible la información requerida por el Tribunal que entiende en la causa". De la transcripción efectuada surge claramente que el recurso de apelación fue planteado al solo efecto de "obstruir el curso normal del proceso o a retardar su resolución", es decir, la conducta asumida por la demandada resulta, pues, maliciosa. Debe recordarse, al respecto, que "No basta, para la configuración de la conducta que aprehende el art. 45 del Cód. Procesal...la articulación de pretensiones que no son acogidas ni de recursos que se desestiman; es necesario, la conciencia de la propia sin razón" (cf. CNAC, Sala G, 05/03/1986, "W. de X., E. A. c. X., H. A.", LL 1986-D, 543). Más todavía, la jurisprudencia destacó que "La multa por haber litigado el ejecutado sin razón valedera, obstruido el curso normal del juicio...con articulaciones manifiestamente improcedentes o demorado injustificadamente su trámite -art. 551, Cód. Procesal- es procedente cuando se verifica en fo rma objetiva un ánimo dilatorio..., atentando dicha conducta contra el deber de lealtad, probidad y buena fe inherente a todo proceso judicial" (énfasis agregado, cf. CNAC, sala K, 16/11/2001, "Caja de Crédito Floresta Luro Vélez Coop. Ltda. c. Buchner, León", LL 2002-B, 285). Así las cosas, sólo cabe concluir que la demandada incurrió en conducta maliciosa. V.- De acuerdo a lo decidido, resta determinar la sanción a aplicar. Toda vez que se trata de un amparo con sustento en la ley nº 104, el presente es un juicio sin monto determinado. Por ello, el art. 39, CCAyT, establece, para este tipo de procesos, la pena de multa que oscila entre las sumas de pesos doscientos y cuatro mil. Ahora bien, a los fines de fijar el quantum, es dable observar, por un lado, que la demandada apeló por exiguo el plazo establecido por la jueza de grado para dar cumplimiento cabal a su resolución (5 días). Por el otro, de la nota de fs. 164, surge que la apelación incoada al único efecto dilatorio, responde a la necesidad de obten er la información que dio origen a estos actuados. Tal es así que dicha nota expresamente le expone a la Dirección de Educación Inicial que "...es necesario que se nos haga llegar a la mayor brevedad posible la información requerida por el tribunal que entiende en la causa" (vid. fs. 164), hechos que podrían erigirse en posibles atenuantes al momento de determinar la sanción. Empero, esta Alzada no puede dejar de tener en cuenta, por un lado, que la actitud dilatoria fue la que originó la intervención de esta segunda instancia, con la necesaria actuación del Ministerio Público y todas las actividades desplegadas con posterioridad hasta este mismo acto procesal. Por el otro, que la accionada podría haber actuado más diligentemente en la obtención de la información (dado que el pedido de la amparista data de fines del año 2005) o en la presentación de escritos idóneos que le permitiera ampliar los plazos establecidos en la sentencia a tal fin. Tampoco puede perderse de vista que estaba en juego el derecho a la información de clara raigambre constitucional. Más aún, la Constitución de la Ciudad garantiza este derecho en su art. 12, inc. 2, y demás preceptos concordantes. Ahora bien, en lo que se refiere a la información pública, debe remarcarse que el acceso a la misma se erige, entre otras cosas, en un resguardo de los derechos de los habitantes al permitirles controlar la actividad desplegada por los organismos estatales. Ello, deriva en la exigencia constitucional que impone que la información deba ser completa, veraz y oportuna. Es por ello que la sanción aplicable debe tener en cuenta todas las pautas reseñadas precedentemente. En ese entendimiento, corresponde aplicar a la demandada una multa de pesos dos mil ($ 2.000) por haber incurrido en una conducta maliciosa durante el trámite de este juicio, suma que será destinada -de conformidad con los términos del art. 39, CCAyT- a los hospitales públicos de la Ciudad. VI.- Las costas de la Alzada se imponen a la demandada vencida (art. 62, CCAyT). Ello, en virtud d e que -conforme sus propios dichos- el recurso fue incoado innecesariamente y, además, su agravio respecto de las costas fijadas en primera instancia no tuvo favorable acogida. DISIDENCIA DEL DR. HORACIO G. CORTI: I.- Adhiero al relato de los hechos realizado en el considerando I del voto de la mayoría y a la solución adoptada en materia de costas (considerando II). II.- Empero, no comparto la solución adoptada con respecto de la sanción aplicada a la Procuración General. En efecto, si bien del texto de fs. 164 (Nota nº 381-PGAAC-06), surge expresamente que la accionada interpuso el recurso de apelación "a los únicos fines dilatorios", y que dicha conducta resulta impropia en virtud de los deberes de lealtad, probidad, buena fe y decoro que debe presidir la actividad desplegada por las partes en la tramitación de las causas, no puede dejar de observarse que el recurso incoado no se basó exclusivamente en la cuestión de fondo, esto es, en la concesión de la información requerida por la parte actora referida a las vacantes existentes en el nivel de educación inicial en cada uno de los distritos escolares de la Ciudad de Buenos Aires (cf. fs. 1 vta.), sino que también se cuestionó la imposición de las costas y el plazo para cumplir con la sentencia. Así pues, sólo el agravio vertido en el punto IV.1 de la expresión de agravios (fs. 86 vta.) puede tener el mentado efecto dilatorio, toda vez que el resto de las cuestiones han sido tratadas por esta Alzada en la presente sentencia (costas) o han devenido abstractas con motivo de su cumplimiento por parte de la accionada con posterioridad a la sentencia (plazo para brindar la información de manera completa). En consecuencia, entiendo que el recurso no fue planteado en su totalidad al solo efecto dilatorio. Esta circunstancia, sumada al carácter restrictivo con que debe evaluarse la aplicación de este tipo de sanciones, permiten concluir que no se configuró en la especie una conducta temeraria o maliciosa de entidad tal que deba ser sancionada mediante la aplicación de u na multa. Ello, sin perjuicio de advertir, nuevamente, que la actitud asumida no se ajustó al decoro que debe existir entre las partes en su actuación judicial. A fin de avalar lo expuesto, vale recordar que "Toda vez que las sanciones impuestas en los procesos judiciales tienen por principal objeto reparar los perjuicios que la otra parte le ocasionó la inconducta procesal al dilatar indebidamente el trámite del expediente, las mismas deben ser adoptadas con un criterio restrictivo" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, 24/05/2002, "Do Carmo Mendonça, María G. c. Conde, José L. y otro", JA 05/02/2003, 58). Conforme lo manifestado, corresponde rechazar el pedido de la actora referido a la aplicación de una sanción por no haber incurrido la accionada en una conducta maliciosa. En mérito a las consideraciones vertidas, jurisprudencia, doctrina y textos legales citados; y oída la señora Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar abstracto el recurso de apelación en lo que se refiere a la cuestión de fondo. 2) Confirmar la imposición de costas efectuada en la sentencia apelada; 3) Imponer a la demandada una multa de pesos dos mil ($ 2.000) por haber incurrido en conducta maliciosa (art. 39, CCAyT); y 4) Imponer las costas de la Alzada a la vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 62, CCAyT). Regístrese. Notifíquese y a la Señora Fiscal de Cámara en su despacho. Fecho, devuélvase al juzgado de origen.- Carlos F. Balbín Horacio G. A. Corti (en disidencia) Esteban Centanaro