marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revocación de sentencia, daños y perjuicios, acción de repetición, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MACHERONI GASTÓN EDUARDO c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-16

Se revocó la sentencia de primera instancia que rechazó el pedido del GCBA de reintegro de la suma correspondiente al porcentaje cuyo pago le corresponde al Estado Nacional, ordenando que la repetición debía tramitarse autónomamente. La sentencia dictada fijó porcentajes que debían afrontar el demandado y los terceros citados fijando el alcance de las acciones de regreso. Exigir la iniciación de una nueva acción principal devendría en un dispendio jurisdiccional injustificable y por imperativo procesal, debe ser conocida y resuelta por el juez del pleito original. Acreditación de previsión presupuestaria. Condiciones de exigibilidad. Nace -en el caso de autos- a partir del pago efectuado por el único condenado en autos y del consiguiente reclamo de repetición. No era deber del Estado Nacional presupuestar suma alguna con motivo de la sentencia. Hasta el inicio de la acción repetición, no había deuda líquida. Intereses, se devengarán intereses a partir del requerimiento expreso formulado y hasta el efectivo pago, a la misma tasa establecida en la sentencia respecto de la indemnización del actor.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Reynoso, Néstor Rodolfo y otros c/ Tintorería Industrial Modelo S.A.I.C. s/ Salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

Constituye facultad privativa de los tribunales del trabajo interpretar los alcances de acuerdos salariales.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Calistro, Jacqueline c/ Muñoz, David Antonio s/ Cobro de pesos-Reivindicación rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

El artículo 28, último párrafo del decreto ley 8904/77, consigna que para todo trabajo posterior a las etapas procesales que enumera, deberá regularse en forma independiente y hasta una tercera parte de la regulación principal. (Minoría u opinión personal)
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, falta de traslado, resolución inaudita parte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sac. Sociedad Anónima Cinematográfica c/ Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires s/ Acción meramente declarativa Cdad. de Buenos Aires s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-19

La necesidad de correr traslado a la Administración en forma previa al dictado de la medida cautelar colisiona abiertamente con el principio de conformidad con el cual las medidas cautelares se dictan inaudita parte.
Graduación de la pena, fundamentación del recurso, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Robles, Gustavo Leonardo c/  s/ Coacción (art. 149 bis)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-18

Para que proceda la impugnación sobre la determinación de la pena impuesta es necesario que la recurrente demuestre en la determinación fáctica de las circunstancias valoradas en calidad de agravantes o atenuantes, una errónea aplicación de las respectivas normas sustantivas, una vulneración a garantías constitucionales que puedan incidir en la determinación del quantum de pena, tornándola inusitada o desproporcionada, o en definitiva, una decisiva carencia de motivación que impidiese conocer acabadamente cuáles fueron las razones que llevaron al tribunal de mérito a determinar el monto en concreto (voto del juez Huarte Petite)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Di Bastiano, Gustavo Daniel; Pereyra, Juan José y ot. s/ Asociación ilícita y robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia infracción al art. 238 inc. 6 del Código de Procedimiento Penal alegando que se han atribuído al procesado "manifestaciones que no ha formulado" y apartado de "las que así formulara", si no demuestra que el tribunal haya incluido en la confesión referencias que no recayeran "sobre hechos que él mismo" no conociera "por la evidencia de los sentidos" sino por "inducción" (art. 238 inc. 6 cit.)
Contratos, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CIVIL
Carátula: SUCESORES de E. M. P. c/ H., G. E. s/ SUMARIO (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-09

El contrato y la propiedad tienen protección constitucional en el derecho argentino y, en consecuencia, toda limitación que se disponga es de interpretación restrictiva.

Esta tutela comprende tanto la libertad de contratar, que es un aspecto de la autonomía personal a la que todo ciudadano tiene derecho (art. 19 del la Constitución Nacional), como la de configurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer una industria lícita (rt. 14 de la Constitución Nacional) y de la libertad económica dentro de las relaciones de competencia (art. 43 Constitución Nacional).

La libertad de contratar, de competir y de configurar el contenido de un contrato, constituyen una posición jurídica que esta Corte debe proteger como tribunal de las garantías constitucionales.
Cuestiones de competencia, competencia por conexidad, patria potestad, divorcio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ríos, Rubén Eduardo c/ Brisson, Cecilia María s/ inhibitoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-04

Es competente para conocer en el proceso ordinario de pérdida de la patria potestad el juez competente en el divorcio, ya que ello coadyuva a una necesaria concentración ante un solo magistrado, de todas las cuestiones derivadas de la misma relación matrimonial.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nuzzi, Nilda c/ López Rodríguez Herminio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-21

La extremada susceptibilidad anímica de la reclamante del daño moral, en la medida que no se pruebe que es efecto del hecho, no puede motivar una mayor indemnización del daño.
Demanda, juicios contra el Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: J., G.D. c/ Instituto de Asistencia Social s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-11-03

El hecho de que la Provincia sea la parte demandada en el juicio, y que haya existido una relación laboral entre ella y el actor, no implica necesariamente que estemos ante el juicio contencioso-administrativo previsto en el art. 32 inc. 3° de la Ley 37.

Para que se dé esta circunstancia debe tratarse de una decisión (valga la redundancia) administrativa, lo que resulta cuestionado en autos, al pretender la actora, precisamente se considere a la relación como de derecho privado.
Procesos de conocimiento, procedencia parcial, AFIP DGI
Materia: COMERCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: TABACALERA SARANDÍ S.A. c/ EN-AFIP-DGI s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-26

Se confirmó parcialmente la sentencia respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 3, incisos d) y e), y 9 de la resolución 4075-E/2017, y se revocó lo decidido respecto del resto de su articulado. La actora había cuestionado el tiempo de demora entre la posibilidad de llevar a cabo la eliminación de productos contaminados y su realización. Para habilitar la apertura de la acción establecida por el art. 322 del CPCCN, debe verificarse la existencia de "caso judicial" y la ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal. La falta de certeza debe recaer sobre una relación jurídica o en los sujetos. Juez se apartó de lo solicitado por el demandante al ampliar la inconstitucionalidad respecto de toda la norma. El artículo 3° incisos d) y e) y la obligación contenida en el artículo 9° de la Res. Gral. dictada por la AFIP exceden las propias finalidades de control y fiscalización de la Administración Tributaria y corresponde a organismos sanitarios. La competencia de la "policía sanitaria animal y vegetal" es una facultad eminentemente nacional, la cual en el caso del tabaco se encuentra regulada por la Leyes Nros. 19.800 y 27.233 -y su Decreto Reglamentario N° 3478/75 y para la regulación de un permiso con tiempos mínimos en cuanto a lo concerniente a la destrucción del material afectado, la AFIP-DGI resulta incompetente.
Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-23


Causa N° 9607-01-CC/2006 (int. 14/06) Incidente de Apelación en autos "Muscia, Rubén Darío s/inf. art. 83 CC".

En nos Aires, 23 mayo de 2006.

Y VISTOS:

Para resolver en la Causa N° 9607-01-CC-2006 (int. 14/06) caratulada Incidente de apelación en autos "Muscia, Rubén Darío s/inf. art. 83 CC" Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 12/15, obra copia del recurso de apelación interpuesto por la co-titular de la Fiscalía Contravencional y de Faltas Nº 10, Elsa Isabel Miranda, contra el decisorio del Sr. Juez de Grado, Norberto R. Tavosnanska, en cuanto resuelve no convalidar el secuestro y devolver la mercadería secuestrada el 18/3/2006 a Rubén Darío Muscia.

II.- Que a fs. 22 del presente, se agrega copia del decisorio del Magistrado que resuelve conceder el recurso de apelación interpuesto por la titular del Ministerio Público Fiscal.

III.- Que a fs. 37/38, obra el dictamen Nº 077/FC2/2006 por el que la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, no obstante efectuar una crítica a la resolución del Magistrado de Grado, expresa su desistimiento por entender que de acuerdo al criterio de ambas salas, las decisiones que se limitan a confirmar o no medidas de secuestro son inhábiles para producir el gravamen requerido para habilitar la vía recursiva intentada.

IV.- En virtud de ello, cuando como en el caso de autos la Sra. Fiscal de Cámara afirma que un recurso presentado por una unidad fiscal de primera instancia ha sido mal concedido, fundamentando así su desistimiento, el trámite de la causa no puede continuar por decisión de quien debía sostenerlo y no lo hizo.

Ello, teniendo en cuenta que existe unidad de actuación entre los miembros del Ministerio Público, y que la Fiscalía de Cámara se encuentra facultada para desistir la intervención que el Ministerio Público Fiscal haya tenido en instancias anteriores, mediante dictamen fundado (conf. arts. 4 y 33 inc. 1, Ley Nº 1903).

Que por lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE:

Tener por desistido el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal de Grado, obrante a fs. a fs. 12/15 (arts. 4 y 33 inc. 1, Ley Nº 1903).

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen a sus efectos.

Ante mí RI
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, transferencia del personal, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BENITEZ, JOSE MARIA c/ NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-26

Corresponde rechazar la queja, pues la decisión de la Sala -más allá de su grado de acierto o error- no exhibe exceso en el uso de sus potestades respecto de la apreciación del material probatorio producido ni de la interpretación de las normas aplicables a los hechos del caso. En efecto, con relación a los rubros de naturaleza reclamados, la Sala entendió que -atento que el actor ingresó en el Banco Provincial, luego fue transferido al Banco de Santa Fe SAPEM y finalmente, en el marco del proceso de privatización, al Nuevo Banco de Santa Fe SA, optando por su reubicación en la Administración Pública Provincial- el pago de aquéllos debía ser soportado por el Nuevo Banco, desde la toma de posesión hasta la reubicación del actor en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto. Esta clara distinción de la fuente de responsabilidad frente al trabajador según los períodos reclamados echa por tierra los agravios de la perdidosa que se asientan en el desconocimiento del carácter de empleado público del accionante mientras estuvo bajo las órdenes del SAPEM y luego de su reubicación definitiva en el Ministerio. (De la disidencia del Dr. Erbetta)
Sentencia definitiva, sentencia condenatoria, comisión de delitos, homicidio, fundamentación de la resolución, apreciación de la prueba, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Carabajal, Jesús Francisco c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-11

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Jesús Francisco Carabajal contra la Resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia que dispuso condenar al nombrado como autor penalmente responsable del delito de homicidio a la pena de ocho años de prisión y las accesorias legales. Con costas (arts. 12, 19, 29, 45 y 79 de Código Penal, art. 531 del CPPN). Ello así, por cuanto los agravios efectuados en la presentación casatoria, constituyen una reedición de los planteos que ya fueron correctamente tratados por el a quo, no habiendo logrado demostrar la parte el vicio que alega. En lo que respecta al agravio relativo a la adecuación justificante del accionar endilgado a Carabajal dentro de la eximente de la antijuridicidad contenida en el art. 34, inc. 6°, del CP, he de rechazar el planteo efectuado toda vez que la plataforma fáctica tenida por acreditada, la que asimismo fue objeto de revisión en el acápite anterior, echa por tierra la subsunción pretendida por la defensa atento a que las circunstancias de hecho alegadas por esa parte han sido descartadas y en consecuencia, no se ha probado el accionar justificado del encartado. Sobre el punto cabe recordar que el tribunal desechó el planteo frente a la ausencia de los extremos exigidos por el art. 34, inc. 6, del CP para la configuración de la justificante. Cabe concluir que del examen de todas las circunstancias apuntadas por los sentenciantes, no se advierte fisura lógica en el razonamiento practicado, por cuanto cada una de las aseveraciones y conclusiones elaboradas por los señores jueces guardan correlato directo en el plexo probatorio obrante en autos. Tal como acertadamente lo afirma el tribunal de instancia anterior, la versión del encartado, según la cual habría actuado o bien en legítima defensa o bien en un supuesto de exceso de la misma, no encuentra sustento probatorio ni lógico. Conforme el cuadro probatorio reunido en autos, y en coincidencia con lo afirmado por el tribunal a quo, corresponde concluir que la versión del encartado Carabajal no resiste el menor análisis y, en consecuencia, el agravio debe ser rechazado. Finalmente, en torno al pretendido exceso en la legitima defensa entiendo que tampoco corresponde sobre la base de que la falta de un accionar justificado, resulta ser premisa inevitable para su eventual estudio.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, preclusión, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Electromecánica Argentina  S.A. c/ Provincia del Chaco s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la acción, fundada en que la actora no había agotado la vía administrativa previa, si con anterioridad, al resolver la excepción de incompetencia, admitió la procedencia formal de la demanda por resolución firme, pues desbarató una situación procesal ya consolidada al amparo de la preclusión.
Quiebra, clausura por falta de activo, calificación de conducta, detención del fallido
Materia: COMERCIAL
Carátula: AUAD LEONARDO NELSON s/ QUIEBRA PEDIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-05-13

La detención del fallido que establece la ley 19551, es consecuencia de la presunción legal de fraude de éste respecto a sus acreedores, ante la falta absoluta de activo en su patrimonio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Espósito, José c/ Touring Club Argentino s/ Salarios adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite controvertir la motivación del fallo y, en consecuencia, que el pronunciamiento no se ajusta a derecho.
Prueba, incumplimiento de los deberes del funcionario público
Materia: PROCESAL
Carátula: Godoy, Jorge Omar, reg. 240/17 c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-16

Cuando el efectivo control es acreditado, esto es, cuando se puede acreditar que el acusado tenía habilidad material para prevenir y castigar las insubordinaciones de sus inferiores, el Derecho internacional impone que sea juzgado bajo la doctrina antes referida, los imputados pueden ser hallados responsables bien por ordenar la ejecución de los delitos, lo que equivale a una conducta activa, bien por no evitar la ejecución de aquellos por sus subordinados o bien por no haber ejercido un control apropiado sobre estos, es decir, por una conducta omisiva.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arnaudo, Facundo Leandro y otros s/ Inconstitucionalidad arts. 1, 6 y 9 Ley 11.582
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

Las leyes deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico, desde que el derecho es un sistema en el que las normas de menor jerarquía se nutren de las superiores, debiendo indagarse lo que ellas dicen jurídicamente, es decir, en conexión con los demás preceptos de dicho ordenamiento, especialmente los constitucionales, evitando siempre asignarles un sentido que las ponga en pugna con las restantes normas y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto.
Sanciones laborales, impugnación de la sanción, prescripción, revisión judicial
Materia: LABORAL
Carátula: R., L.A. c/ T.C. SA s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-05-14

Respecto de la cuestión planteada sobre el término para impugnar la suspensión determinada como medida disciplinaria, es dable aclarar que es entendimiento de la suscripta en cuanto a dicha temática que si bien la ley ha sido clara al establecer un procedimiento que otorgue firmeza a las relaciones jurídicas entre las partes, queriendo que el trabajador, con el tiempo suficiente para analizar el caso (30 días) impugne la medida ante el empleador, requiriéndole su supresión o modificación, no menos cierto es que ello de manera alguna impide el reclamo judicial dentro del término de la prescripción, pleito en el cual se ventilarán todas estas cuestiones de procedimiento, previo al análisis del petitum principal.
Riesgos del trabajo, competencia, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Zangirolami, Luciano c/ Banco Río de la Plata SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-28

No existe norma alguna que atribuya competencia a la Justicia Nacional del Trabajo para conocer en reclamos que impliquen acatamiento del diseño de la LRT, que concluye en el sistema de revisión judicial plena en el ámbito de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Por su parte la peticionaria no ha alegado, en este caso, circunstancia previa alguna que permita sostener, sin dogmatismos, la ineficacia de este sistema legal de acceso a la jurisdicción, y cabe recordar que la CSJN ha admitido reiteradamente la validez constitucional de instancias administrativas previas a la intervención del Poder Judicial, condicionándolas a la revisión plena por parte de éste, salvo que se alegue y acredite que, por las características singulares del caso, el diseño conlleve una privación de justicia. Esta conclusión no soslaya la tesis sentada por la Corte dictada el 7/9/04 en autos: "Castillo, Ángel c/ Cerámica Alberdi SA" pero lo cierto es que dicho precedente no resulta aplicable a la controversia de autos, puesto que en el caso aludido existía un cuestionamiento serio a la vía de acceso a las prestaciones del sistema en cuanto detraía la intervención de la justicia local. (Del dictamen del Fiscal general N° 42020 5/4/06 al que adhiere la Sala).
Recurso extraordinario federal, ejecución fiscal, sentencia definitiva, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de La Quiaca c/ Aduana Nacional (delegación La Quiaca) s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Si bien, en principio, las decisiones dictadas en proceso de ejecución fiscal no constituyen sentencias definitivas a los fines del recurso extraordinario, cabe hacer excepción a ese principio cuando la pretensión fue rechazada en términos que determinan que la recurrente no dispondrá en el futuro de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos (art. 553, párrafo cuarto, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Acuerdo de partes, Derecho procesal, honorarios, pacto de cuota litis
Materia: COMERCIAL
Carátula: Bueno Mabel Lucy c/ Club Cultural y Deportivo 17 de Agosto s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-27

Resulta procedente la traba del embargo basado en el pacto de cuota litis del que resulta que la demandante reconoció a favor de su ex letrada en concepto de honorarios el 20% de toda suma que ella percibiese como consecuencia de este juicio. El hecho de que el abogado celebre con su cliente un pacto de cuota litis no obsta a que aquel reclame, además, los honorarios que pudieran encontrarse a cargo de la contraparte que resultó vencida (arg. in fine de la ley 27423: 4). Del mismo modo, el art. 6 inc. e) de la ley citada, autoriza la presentación judicial del acuerdo "en cualquier momento", lo que descarta la pretendida exigencia de que él debió ser adjuntado luego de la sentencia de primera instancia. No se ignora que, como principio, se ha señalado que la renuncia del profesional deja sin efecto el contrato de honorarios, sin perjuicio del derecho que le asiste a éste de obtener su regulación judicial (ley 27423: 6 inciso h). No obstante, en el caso, esa renuncia se materializó luego de que la ex letrada cumpliera con todas las actuaciones tendientes a obtener el reconocimiento del derecho que para sí había invocado su ex cliente. Por lo demás, la alegación de que el referido instrumento no fue redactado en doble ejemplar soslaya sus propias constancias, que dan cuenta, precisamente, de lo contrario (ver 673 in fine). Finalmente, la falta de homologación de lo acordado no obsta al dictado de una medida cautelar cuando, como ocurre en el caso, la propia recurrente admitió la suscripción del convenio.