Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06


FLORINDA S.A. Contra CONSORCIO PROPIETARIOS EDIFICIO GOLETA Reg.: A y S t 206 p 88-93.

Santa Fe, 6 de abril del año 2.005. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia 383 de fecha 20 de mayo de 2002, dictada por la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario en autos "FLORINDA S.A. Contra CONSORCIO PROPIETARIOS EDIFICIO GOLETA -Cobro de Pesos por repetición- (Expte. 302/02) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 164, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante la sentencia impugnada, la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, revocó el pronunciamiento inferior -que a su turno había acogido parcialmente la demanda de repetición por diferencias de cánones locativos interpuesta por Florinda S.A. y rechazado las excepciones de prescripción y falta de acción opuestas por la accionada- y, en consecuencia, hizo lugar parcialmente a la reconvención deducida por el Consorcio Propietarios Edificio Goleta, condenando a la actora a abonar a la reconviniente la suma de dinero que especifica con más intereses y costas (fs. 8/10).

Contra dicho pronunciamiento interpone Florinda S.A. su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario como así también violatorio de derechos constitucionalmente tutelados como lo son: el derecho de propiedad, la defensa en juicio, el derecho a la jurisdicción, la igualdad ante la ley, el debido proceso, y la seguridad jurídica.

En el memorial introductorio del recurso, luego de referir al cumplimiento de los recaudos formales de admisibilidad y los antecedentes del caso, invoca diversas causales de arbitrariedad, que a su criterio se configuran en la sentencia impugnada, entre ellas: a) autocontradicción b) contradicción con los fundamentos normativos aplicables al caso, c) falta de fundamentación suficiente, d) exceso ritual manifiesto y e) omisión de considerar defensas y pruebas alegadas por su parte.

Asimismo, refiere que los vicios que achaca al resolutorio en términos generales, estriban puntualmente en: 1) haber desconocido la aplicación del artículo 790 C.C. -que permite la repetición de lo pagado por quien abona indebidamente-; 2) negar la posibilidad de repetir, y consecuentemente autorizar la ilicitud que supone un enriquecimiento ilícito con el argumento de que lo actuado se trata de un error inexcusable; 3) exigir y obligar al justiciable que tenga un asesoramiento jurídico -que no le exige a la contraparte- y, en virtud de tal exigencia ilegal, atribuirle la inexcusabilidad de su error; 4) aplicar en forma arbitraria la doctrina de los actos propios al caso de pago indebido o por error. Al puntualizar en forma concreta los agravios englobados en las causales descriptas, aduce que el pronunciamiento que impugna omite -en principio- resolver sobre la defensa de prescripción opuesta por la accionada. Sostiene en tal sentido que de las afirmaciones textuales de la Sala cuando expresa: "...liminarmente observo que, aunque se desestimare por vía de hipótesis la defensa de prescripción...", se evidencia que ésta refiere sólo potencialmente a la cuestión sin determinar si en definitiva el Tribunal acepta o no la defensa esgrimida, conclusión que a su entender resultaba determinante para verificar si la postura adoptada se condecía o no con los considerandos posteriores del acuerdo.

Indica además que la cita normativa invocada en la sentencia -artículo 774 C.C.- fue errónea y ajena a lo debatido en el proceso, remarcando al respecto que al haberse utilizado para admitir la defensa de falta de acción y como un fundamento de importancia, al menos la cita debía ser exacta.

Por otra parte afirma que el Tribunal confunde la cuestión al otorgar falta de acción a su parte aduciendo que la inquilina tiene "derecho " a repetir lo que supuestamente pagó (que no ha sido probado en autos) y que además tiene "acción", o sea legitimación activa para iniciar un juicio de repetición, solamente porque tiene "derecho".

Afirma en tal sentido que dicho razonamiento -que equipara a la inquilina a la calidad de propietaria, cuando entre el consorcio y ésta no existe ninguna relación contractual- viola lo estipulado por la ley de Propiedad Horizontal, el Código Civil y el Código Procesal, Civil y Comercial. En otro orden de ideas, destaca que el Tribunal utiliza la cita doctrinaria de Raymundo Salvat relativa a las condiciones necesarias para que proceda la repetición (la existencia de un pago; que el pago sea indebido; y que este pago haya sido por error), pero no aclara en qué sentido fija su posición, ya que termina resolviendo contra la mencionada cita.

Asimismo indica que resulta confuso el argumento brindado en uso de la teoría de los actos propios argumentando que ésta fue invocada por el apelante en la expresión de agravios, cuando ésta última nada dice al respecto, y menos aún menciona que el actor no puede prevalerse de pagos hechos conforme a su propia decisión.

Alega que su comportamiento no pudo nunca ser tildado de autocontradictorio, desde que ante la observancia de que el Reglamento de Copropiedad enunciaba que sólo debía pagar el 30% de lo que se venía abonando, inició reclamos verbales y telegráficos hasta concluir con el inicio de la presente acción. Se queja además, de que a fin de fundar la inexcusabilidad del error en el pago, la Sala utilice como fundamento jurídico y elemento relevante el argumento de que su parte debió tener un asesoramiento jurídico que le indicara que estaba pagando mal. Sostiene que tal decisión resulta inequívocamente "contra legem" ya que ni la ley de Sociedades, ni el Código Civil determinan tal situación, y menos aún que dicho elemento sea fundamental para dictaminar que el error es inexcusable.

Sostiene asimismo, que la sentencia que impugna incurre en exceso ritual manifiesto al no realizar un estudio justo y legal de la cuestión de fondo, dándole primacía a normas jurídicas formales (sin perjuicio de no ser las aplicables) que conllevan a la imposibilidad de obtener la verdad jurídica del caso.

Por último, invoca omisión de defensas y pruebas reiterando las manifestaciones vertidas al encasillar los agravios en cada una de las causales de arbitrariedad invocadas.

2. La Sala, a su turno, mediante resolución 120 del 30.04.04 denegó la concesión del remedio extraordinario intentado, lo que motivó la presentación directa de la perdidosa ante esta sede.

3. Aún de juzgarse superado el recaudo formal que la Sala consideró insatisfecho, relativo a la introducción oportuna de la cuestión constitucional (artículo 1 "in fine" de la ley 7055), cabe señalar que la presente queja igualmente no ha de prosperar, pues de la confrontación de la sentencia impugnada con los agravios mencionados surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que la quejosa aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que el Tribunal a quo analizó los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos, con el que valoró las pruebas y, en función de ellos interpretó y aplicó las normas comunes pertinentes, ámbito éste reservado a los jueces de la causa y ajeno, por ende, a esta instancia extraordinaria.

En efecto, el Tribunal a quo acogió la defensa de falta de legitimación activa postulada por la accionada, en el entendimiento de que no habiendo sido la parte actora -sino una inquilina- quien durante ciertos meses satisfizo las expensas del caso, no correspondía hacer lugar a la reclamación impetrada por Florinda S.A. respecto a los períodos pertinentes, puesto que quien no pagó carece de derecho a reclamar un pago indebido.

Asimismo -y emparentando el tema con la doctrina de los actos propios invocada por la apelante- agregó que para alegar error en el pago, éste debe ser excusable, y en el caso, dicho error podría haber sido fácilmente disipado con la consulta diligente del Reglamento de Copropiedad y Administración invocado por la actora en su demanda, máxime tratándose de una empresa que por su conformación se supone que contaba con asesoramiento jurídico.

Frente a tales consideraciones, la recurrente intenta oponer su particular enfoque de la cuestión, centrando sus agravios sobre la base de los fundamentos brindados por el Sentenciante de baja instancia en orden a considerar que la ausencia de vínculo contractual entre la inquilina y el consorcio determinaban la falta de legitimación de ésta última para accionar en virtud de estar sometido el inmueble al régimen de copropiedad horizontal y ser la unidad la que origina y devenga las erogaciones respectivas; y en que se haya utilizado un fundamento jurídico inequívocamente contrario a la ley para fundar la supuesta inexcusabilidad del error, basado en que su parte debió tener un asesoramiento jurídico que le indicara que estaba pagando mal.

Sin embargo, las alegaciones de la perdidosa dirigidas a cuestionar las consideraciones formuladas por los Sentenciantes, resultan claramente insuficientes para demostrar -siquiera liminarmente- la inexorable conexión que debe existir entre los elementos relevantes de la causa y la cuestión constitucional que se intenta someter a esta Corte, sin que tal exigencia pueda tenerse por cumplida con la mera invocación de arbitrariedades, o la preterición de pruebas, ya que no explicita adecuadamente ni demuestra en concreto cómo efectivamente ha operado la lesión patrimonial que invoca y cómo ha sido afectado el derecho de propiedad constitucionalmente tutelado. Es que, en tal tarea, no logra la recurrente aportar motivos o razones de peso con suficiencia para derrumbar -desde la óptica constitucional- el pilar fundamental del razonamiento del Tribunal -relativo a que al no haber sido la actora quien efectuó los pagos respecto de los períodos pertinentes, ésta carecía de derecho a reclamar por el pago indebido- y menos aún alcanza a convencer a éste Cuerpo, que en la tarea de sentenciar, la Sala -mas allá de su mayor o menor grado de acierto o de las imprecisiones que pudieran achacársele- excediera el marco propio de su función jurisdiccional, o que haya acometido contra reglas de la lógica o propiciado una hermenéutica de las normas del derecho civil que exceda los límites de razonabilidad tolerados, de modo tal de merecer ser descalificada desde el plano constitucional.

De tal manera, la suerte adversa de la admisibilidad de la presente queja halla su razón de ser en que se pretende impugnar constitucionalmente una sentencia sin demostrar el gravamen constitucional en concreto. Por ello, en el caso, tal como ha sido presentado, el planteo no logra traspasar el límite de la disconformidad de la apelante en torno a la solución a que arribaran los Juzgadores, con sustento en el derecho que reputaron aplicable al "sub lite", aspectos propios de las instancias ordinarias y por ello excluídos de este control.

Indudablemente, el acierto o error con que los Sentenciantes ponderaron los hechos y pruebas, fallaron la causa, y la mera disconformidad que denota la perdidosa en su planteo no depara cuestión constitucional idónea para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante esta Corte cuya misión es efectuar el control de adecuación de la sentencia al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado, Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI (Por sus fundamentos)-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) FUNDAMENTOS DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR NETRI: 2. Por decisorio de fecha 30 de abril de 2004 la Sala resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto con fundamento, entre otras razones, en la falta de planteo oportuno de la cuestión constitucional al no haberse introducido en la primera oportunidad posible del procedimiento, sin que pudiera alegarse configurado en autos un supuesto de arbitrariedad sorpresiva (fs. 42/42v.).

3. Si bien la recurrente en su presentación directa, en cumplimiento de la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7055 intenta rebatir los fundamentos del auto denegatorio, con lo alegado en modo alguno logra desvirtuarlos.

Adviértase al respecto, que la Sala al declarar inadmisible el remedio excepcional intentado expone claramente las razones por las cuales ha de tenerse por no satisfecho el recaudo formal de planteo oportuno de la cuestión constitucional, al considerar que "en el caso de autos, la actora, al contestar los agravios de fs. 377/85, trató básicamente los temas que ahora discute en el recurso de inconstitucionalidad (prescripción, reconvención, pago por error, falta de legitimación, etc.) pero sin introducir ni plantear en definitiva cuestión constitucional alguna (v. fs. 385 vta.), con lo que, como bien apunta la contraparte (fs. 423), la actual articulación de la cuestión constitucional deviene una reflexión tardía..."; a lo que agregó que no podía invocarse arbitrariedad sorpresiva en la sentencia, ya que tanto la admisión como el rechazo de las pretensiones de las partes por un fallo son contingencias o eventualidades previsibles (f. 42).

Frente a tan precisas consideraciones, la recurrente, en su presentación directa se limita a manifestar que la cuestión constitucional fue planteada y mantenida en todas las instancias el juicio, y que independientemente de ello surge una nueva cuestión constitucional con la sentencia de Cámara generadora de la arbitrariedad sorpresiva, que se configura en los fundamentos dados al revocar la sentencia apelada (f. 51). Mas tales alegaciones resultan claramente insuficientes en orden a desvirtuar lo afirmado por el A quo; en primer término, porque no demuestra la impugnante la certeza de sus afirmaciones relativas a que la cuestión constitucional fue introducida y mantenida en todas las instancias, y menos aún justifica que en el caso aparezca configurado un supuesto de arbitrariedad sorpresiva, que le impidiera el debido cumplimiento del recaudo que se señala como insatisfecho al contestar los agravios ante la Sala. Debe tenerse especialmente en cuenta que, a la luz de la jurisprudencia de este Tribunal, la exigencia de planteamiento en tiempo no responde a un mero ritualismo, sino a nuestro sistema de control constitucional y al debido respeto a la defensa en juicio (A.

y S., T. 52, pág. 421; T. 55 pág. 159, T.64, pág. 461; T. 101, pág. 195; T. 103, pág. 37, entre muchos otros), ya que es necesario que las cuestiones tratadas por las partes reciban en lo posible la consideración y resolución que corresponde a tenor de los procedimientos ordinarios establecidos (A y S., T. 52, pág. 421; T.56, pág. 82; T. 64, pág. 461, entre otros). El incumplimiento de tal exigencia frustra la intención que tuvo el legislador al consagrar dicha carga, ello es, que siendo posible, la cuestión sea concretamente sometida a tratamiento y decisión de los jueces ordinarios de la causa, en procura de un pronunciamiento constitucionalmente válido (A. y S., T.59, pág. 150).

En consecuencia, el tema resulta así, traído directamente ante esta Corte, con incumplimiento del requisito del artículo 1, "in fine" de la ley 7055, lo que determinaría su inadmisibilidad (cfr. A. y S., T. 60, pág. 421; T. 64, pág. 461; T. 69, pág. 462; T.

99, pág. 307; T. 114, pág. 381, entre otros).

Y si bien dicha inobservancia sella la suerte adversa del remedio intentado cabe señalar que, aún cuando esta no existiera, el presente recurso no podría prosperar desde que la compareciente tampoco logra demostrar que su planteo supere el campo de la mera discrepancia con el encuadre jurídico y la apreciación de los hechos y la prueba efectuada por los Juzgadores en ejercicio de funciones propias.

Ello así, desde que la lectura del fallo impugnado, en su confrontación con el escrito recursivo, revela que los Sentenciantes brindaron fundamentos suficientes en orden a la solución propuesta, sin que las alegaciones de la impugnante -propias de una expresión de agravios- logren persuadir al suscripto que la Sala haya incurrido en alguna causal de arbitrariedad que habilite la instancia excepcional intentada.

Fdo.:NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)