Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-04-04


San Miguel de Tucumán, 04 de abril de 2005.- AUTOS Y VISTOS: La causa caratulada "URUEÑA MARTINEZ CARLOS ALBERTO C/LEMA GUSTAVO ALBERTO S/DAÑO MORAL", y CONSIDERANDO:

Que viene el actor en apelación contra la sentencia del 01-11-2004 (fs. 63/64), donde se hiciera lugar a la defensa de prescripción dilatoria opuesta por la contraria y, por ende, se desestimara su pretensión resarcitoria al encontrarse extinguida la acción.

Los agravios del apelante corren en el memorial de fs. 69/71, los que son contestados en el escrito de fs. 74.

De la secuela de los sucesos que hacen a la cuestión en examen que contiene el fallo en recurso -no objetados por las partes- resulta que la falta contra el honor del actor tiene lugar el 22-06-1998. El 01.07-1999 Carlos Alberto Urueña Martínez promueve querella criminal contra el ofensor y se constituye en actor civil. Mediante resolución del 13-12-1999 la justicia penal declara la caducidad de la acción civil, aparentemente por no haberse concretado la misma. El 31-10-2001 se dicta sentencia condenatoria contra Gustavo Alberto Lema al ser considerado autor responsable del delito de injurias en perjuicio de Carlos Alberto Urueña Martínez, fallo que adquiere firmeza al 16-05.2002. La presente demanda por daños y perjuicios se entabla el 06-02-2004.

Entre la fecha del hecho causal y la asunción por el afectado del rol de actor civil en el proceso penal no había transcurrido el plazo de prescripción de la acción del art. 4037 CC, é importó la interrupción de la prescripción de la acción por responsabilidad aquiliana (arg. art. 3986 CC), al margen de la suspensión de la misma resultante de la promoción de la mentada querella (art. 3982 bis CC).

Se ha resuelto por la doctrina judicial en ese sentido, que tiene carácter interruptivo de la prescripción por aplicación del art. 3986 CC, el pedido de indemnización hecho por el damnificado en el proceso penal seguido al autor del daño (Salas-Trigo Represas, Código Civil Anotado t 3 p316 y 317).

Debe destacarse, a los efectos de evitar equívocos, que la caducidad de la acción civil declarada por la justicia penal no tenía como consecuencia la extinción del derecho indemnizatorio del eventual perjudicado. Sus efectos son únicamente de orden procesal: pierde el derecho de que el resarcimiento sea establecido por la justicia penal al ponderar el delito que se le imputa al acusado.

Por ello es que se ha dicho, que "En cuanto a la acción civil, la providencia de citación (art. 361 CPP) procura el acercamiento de las partes sustanciales y lo hace de un modo imperativo, ya que exige al actor civil que presente su demanda bajo apercibimiento de caducidad y ello es así a fin de que quede trabado formalmente el litigio civil. Si no lo hiciera, debe ser separado del proceso inmediatamente, sin perjuicio del ejercicio de su derecho en el fuero civil" (cfr. Huici Estrebou-Castillo de Ayusa, Código Procesal Penal de la Provincia de Tucumán p 558)".

Pero ello será así, en la medida en que en el ínterin el crédito del demandante no se extinga por prescripción (conf. todo ello esta Sala III en autos "Pérez, Carlos Tomas c/Fauze, Carlos Roberto s/daños" del 15-04-1999).

Es que, no debe olvidarse, que el desistimiento de la demanda, o la deserción de la instancia, según las reglas del Código de Procedimiento, tienen por no sucedida la interrupción de la prescripción causada por la demanda (art. 3987 CC).

Por lo que en las condiciones tratadas se puede afirmar, que la interrupción de la prescripción liberatoria resultante de la presentación de Urueña Martínez como actor civil en el proceso penal (01-07-1999), quedó sin efecto el 13-12-1999 al declararse por el tribunal interviniente la caducidad de la mentada acción. Por lo que en autos debe tenerse por no sucedida la interrupción de la prescripción causada por la demanda.

Desde otra perspectiva, debe puntualizarse que la suspensión de la prescripción provocada por la constitución del actor como querellante (13-12-1999), tiene lugar cuando -según el fallo en recurso, consentido en este aspecto por los litigantes- ha transcurrido un año y ocho días desde la fecha del hecho. Y que -según aquel pronunciamiento-, desde que adquirió firmeza la condena penal contra el demandado (16-05-2002), hasta que se entablara la presente causa (06-02-2004), han pasado un año, ocho meses y seis días.

Por lo que -en esas circunstancias- resulta fundado concluir que al momento de entablarse esta demanda por daños y perjuicios (06-02-2004) el plazo de dos años del art. 4037 CC estaba ya cumplido, porque "el efecto de la suspensión es inutilizar para la prescripción, el tiempo por el cual ella ha durado"; aprovechando para la misma no solo el tiempo posterior a la cesación de la suspensión, sino también el tiempo anterior en que ella se produjo (art. 3983 CC) y que, ante ello, la defensa de prescripción opuesta por el demandado resultaba procedente.

El cómputo del plazo de prescripción desde el momento en que adquiriera firmeza la condena penal por injurias contra el demandado, en la especie, no resulta procedente.

A diferencia del supuesto de excepción de denuncias infundadas o calumniosas (art. 1090 CC), en que la configuración del hecho ilícito causa del reclamo resarcitorio depende de una resolución judicial previa, por lo que el curso de la prescripción corre desde que la sentencia que así lo declarare pase en autoridad de cosa juzgada (esta Sala III in re "Foschi, Luis c/PYC SA" del 10-05-1994; "Trigo, Manuel E. c/Banco Municipal de Tucumán" del 26-06-1996; "Díaz, Oscar H. C/Miglio, Raúl C" del 16-10-1997), tratándose del delito de injurias o calumnia (art. 1089 CC) rige, por el contrario, la regla general de la materia para la responsabilidad extracontractual, es decir, que la acción por indemnización de daños y perjuicios corre desde en que se produjo el hecho, salvo el caso de desconocimiento por el damnificado de la causa generadora del daño, la existencia de este o quien es el responsable, donde el plazo de prescripción se computa desde que estos extremos llegan a conocimiento del damnificado.

Tanto es así, que ha expresado la jurisprudencia "que procede la indemnización del daño que se acredita, si se trata de calumnia o injuria de cualquier especie, aunque no haya mediado intervención de la justicia represiva" (LL 137-598).

Que "la acción por resarcimiento del perjuicio sufrido por el calumniado o injuriado no esta supeditada a la previa querella penal" (Llambías, Código Civil Anotado t II-B p 378) De promoverse la acción penal, si bien rigen las normativas de los arts. 1101, 1102 y 1103 CC, pero de ello no cabe concluir que recién a partir de la firmeza de la condena penal por injurias quede expedita la acción resarcitoria contra el imputado.

La procedencia de la acción indemnizatoria del injuriado no exige como presupuesto objetivo y necesario la condena del imputado en el juicio penal.

Es que en la materia que se trata puede haber condena penal sin responsabilidad civil y condena civil sin responsabilidad penal.

Se ha sostenido al respecto, que "El delito de injuria o de calumnia no exige la deshonra o el descrédito del ofendido (basta una conducta idónea para deshonrarlo o desacreditarlo), mientras que la responsabilidad civil presupone la efectiva lesión del honor de la víctima. Por tanto, puede ocurrir que, aun mediando condena penal por injurias o calumnias, no surja responsabilidad civil resarcitoria si el hecho no ha causado un daño acorde con lo exigido por el art. 1067 CC)". Y que "la absolución penal del querellado por calumnias o injurias sólo influye en la acción civil, si se funda en la inexistencia del hecho principal o en la falta de participación en él del imputado (art. 113 CC); es decir, en relación con este tema, cuando el juez penal concluye en que no se vertió la injuria motivo del proceso o en que no fue autor de ella el procesado. En cambio, si la absolución se dicta por no encontrarse satisfechos todos los requisitos de las figuras de los arts. 109 y 110 CP, ello no impedirá el surgimiento de responsabilidad civil, si concurren los presupuestos generales del resarcimiento y a despecho de la inexistencia de tipicidad penal"..."Tampoco incide en la acción civil la absolución penal por inculpabilidad. En efecto, al margen del problema general sobre la unidad o pluralidad de la culpa penal y civil y de su diferente valoración en ambas sedes, lo cierto es que en los delitos contra el honor el derecho penal exige dolo, mientras que a los efectos civiles basta la culpa"..."a los efectos resarcitorios civiles, basta ese "liviano tratamiento de la honra" o la "falta de cuidado", pues estas actitudes subjetivas entrañan culpa y, por ende, se integra el factor de atribución normado en el art. 1109 CC" (cfr. M. Zavala de González, Resarcimiento de daños, 2 C-Daños a las personas- p 535 y sgtes).

Por todo lo expuesto, resulta plenamente aplicable al caso la doctrina que sostiene que "la circunstancia de que el hecho ilícito haya dado origen a un juicio criminal no influye sobre el cómputo de la prescripción, no siendo necesario que recaiga sentencia en aquél para iniciar la acción civil, aunque esta se acumule al proceso penal" (cfr. Salas-Trigo Represas ob cit p 371).

Por lo tanto se desestimarán los agravios del demandante y se mantendrá la sentencia en recurso, en cuanto fuera materia de agravios.

Las costas de la instancia deben ser soportadas por el apelante vencido en la contienda (arts 106 y 108 CPCC).

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I.- DESESTIMAR la apelación del actor contra la sentencia del 01 de noviembre de 2.004 (fs. 63/64), la que en consecuencia se mantiene.

II.- COSTAS DE LA ALZADA al apelante.

III.- RESERVAR honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- SANTIAGO GALLO CAINZO - CARLOS MIGUEL IBÁÑEZ.