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Concursos, efectos entre partes, adquirente por boleto, compraventa inmobiliaria, escrituración, interpretación de la ley, adquirente en subasta, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sucesión Stefani, Juan Alfredo c/  s/ incidente de escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-27

Procede confirmar la resolución en la que el juez de grado reconoció a favor de cierta persona el mejor derecho a escriturar una unidad funcional del inmueble subastado de propiedad del fallido. Ello por cuanto, si bien el apelante es el titular dominial del bien adquirido en subasta pública aun permanece registrado como de propiedad del quebrado. Por otro lado, aquella reclamó su derecho sobre la base de un boleto de compraventa suscripto por un tercero quien habría adquirido el bien de parte del apelante supuestamente como parte de pago de una cochera sita en el inmueble en donde este último habitaría. En ese marco, cabe señalar que si bien ésta no pudo aportar un boleto de compraventa que vincule a ambos, la falta del boleto de compraventa no impide que pueda establecerse la existencia del contrato por medios idóneos en el marco de un incidente de escrituración promovido en proceso de quiebra (Di Tullio, José Antonio; "Teoría y Práctica de la Verificación de Créditos", pág. 468, año 2006). A más, el quejoso no explicó por qué razón entregó el inmueble a dicha persona y permitió el ejercicio ininterrumpido de la posesión durante años. Tampoco se entiende por qué no escrituró directamente el bien a su nombre ya que para ello solo debía protocolarizar la compra en subasta pública. En cambio, en lugar de ello, más de 20 años después del remate pretendió obtener una innecesaria declaración jurisdiccional sobre la existencia de su derecho. Decimos que era innecesaria porque nadie controvirtió su condición de comprador en subasta. Por esa razón siempre tuvo la potestad para protocolarizar dicha adquisición del dominio. Otro aspecto, no menos importante, es la calificación de "buena fe" otorgada por el juez a la posesión ejercida por la adquirente que no ha sido criticada por el recurrente. En efecto, el magistrado concluyó su resolución aduciendo que es "tercera adquirente de buena fe" y juzgó, también, que logró acreditar que ejerce la posesión hace mucho tiempo. En sustento de ello, en la causa se aportaron liquidaciones de expensas que desde el año 2002 están a su nombre, acuerdos de pago con el consorcio del año 2006 por deudas de expensas, facturas por instalación y servicio de gas, y facturas de otros servicios como el de TV por cable, telefonía, etc. A esa prolongada posesión de buena fe cabe además distinguirla como pacífica e ininterrumpida. En base a ello, y teniendo en cuenta todos los elementos indiciarios que revelarían como cierto que el reclamante dio en pago a aquel tercero la propiedad del bien en discusión, cabe concluir que el recurso no ha de prosperar.
Contratos, fianza, derechos de las partes, obligaciones de las partes, obligaciones solidarias, principal pagador liso y llano, deudor principal, concursado, novación
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. c/ ISERSKY, GABRIEL MARCELO Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-08

No se ignora la singular situación que se crea, ya que subsiste una obligación accesoria de otra que se ha extinguido por novación. Pero ello se explica porque, en la especie, existe una derogación del principio contenido en el CCIV 525 (actual CCCN 857). Además, es sabido que el principio de accesoriedad no es absoluto ya que tiene múltiple excepciones (Heredia Pablo D. "Tratado Exegético de Derecho Concursal", Buenos Aires, 2000, t. 2, ps. 251/252).
Compraventa de automotores, plan de ahorro previo, reintegro de cuotas, círculo cerrado, extinción del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: MINETTI, ROMILDO c/ PLAN ROMBO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-22

En caso de extinción de un contrato de compraventa automotor a través de un circulo cerrado, por renuncia o resolución, cuando el reintegro de las cuotas abonadas se efectuó con posterioridad al vencimiento del plan, a los efectos de determinar su monto deberá tomarse el valor de la última cuota pura abonada en el grupo, actualizada mediante la aplicación de los índices pertinentes conforme a lo previsto por la resolución 8/82: 2 de la I.G.J.
Daños y perjuicios, responsabilidad profesional, responsabilidad médica, mala praxis, carga de la prueba, carga probatoria dinámica
Materia: CIVIL
Carátula: ECHENIQUE,  Silva  Beatriz c/ PARDAL, Carlos y otros s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-24

1- Cuando se analizan supuestos de responsabilidad médica por mala praxis si bien se sostiene que la prueba de la culpa del profesional recae sobre el paciente, en tanto en principio se trata de una obligación de medios y no de resultado, esta doctrina actualmente está en crisis en razón de la teoría de la carga probatoria dinámica. Se establece así el deber de cooperación que deben asumir los médicos cuando son enjuiciados en tanto quien se encuentre con aptitud y comodidad para ayudar a esclarecer la verdad debe hacerlo a lo que se suma el valor de las presunciones "hominis" con un papel preponderante ante las dificultades probatorias que muchas veces enfrenta el paciente. 2- En definitiva, en materia de responsabilidad profesional son aplicables los principios para la distribución de la carga de la prueba y cuando la responsabilidad se sustenta en la culpa, en orden a las circunstancias del caso, alcance de la pretensión y defensas, situación privilegiada en materia técnica, etc., el profesional tiene la carga exclusiva o concurrente de acreditar su diligencia, lo que equivale a demostrar que no tuvo culpa. (Sumario N°20152 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Acción de amparo, remuneración, diferencias salariales, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Ingrosso  Daniel  Eduardo  Víctor c/ EN- M Justicia-  PSA- Dto836/08 Dto 5592/68 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-21

"De los términos de la norma cuya constitucionalidad cuestiona el actor, resulta -en una primera interpretación- que el suplemento "por cambio de situación escalafonaria" que motiva esta controversia y por el que se procura equiparar los nuevos haberes del personal reescalafonado con los que eran percibidos con anterioridad, a fin de evitar una disminución de los ingresos (como consecuencia de la retribución correspondiente al cargo en el cual se lo reubica), es de carácter transitorio y de monto variable, en tanto se extingue ante posteriores aumentos (por promoción o por cualquier otra causa), sin perjuicio del resguardo del nivel remuneratorio alcanzado en el organismo de origen que en el mismo decreto se prevé, al indicarse que las remuneraciones "no serán nunca disminuidas". "En el caso, no se exhibe configurada la ilegalidad o arbitrariedad aducida, ni se encuentra acreditado -en el reducido marco de conocimiento de esta acción de amparo- el perjuicio que ha sido invocado en autos". (Ver en igual sentido, esta Sala "Cortinez Osvaldo Anibal c/EN -Mº Justicia- SPA -Dto. 5592/68 s/amparo ley 16.986", del 4/2/11).
Regulación de honorarios, falta de mérito, confirmación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: A., C. c/  s/ honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-22

Precisaron que "(..) Al respecto, se evalúa que el proceso se encuentra en pleno trámite (se decretó que no existía mérito suficiente para procesar o sobreseer a su asistido, (.)) y que hasta la fecha la letrada no cesó en su actuación como abogada del nombrado .., sin que se haya acreditado ninguno de los supuestos previstos en el artículo 12 de la ley 27.423 (.)"..
Instrumentos privados, firma
Materia: LABORAL
Carátula: Briccola, Carlos H. c/ Jockey Club (Asoc.Civil) s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26

Si bien el principio consagrado en el art. 1028 del Código Civil por el cual el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del instrumento se tenga también por válido es "iuris tantum", o sea que admite prueba en contrario, no es suficiente para acreditar la falsedad del texto el desconocimiento que del mismo realice el signatario que reconoció su firma (art. 1017, Cód.

Civil).
Retiro militar, haber de retiro, determinación del haber de retiro, adicionales de remuneración, carácter no remuneratorio
Materia: MILITAR-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bovari de Díaz, Aída y otros c/ Estado Nacional- M° de Defensa s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

Las asignaciones instituidas y aplicadas con carácter particular y como compensaciones de ciertos gastos (arts. 57 y 58 de la ley 19.101), en tanto participan de tal naturaleza, no pueden considerarse acordadas en concepto de sueldo y, por lo tanto, no deben ser computadas para determinar el haber de retiro.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, exceso ritual manifiesto
Materia: PENAL
Carátula: Minervino, Juan Carlos; Arias, José A.; López, Andrés S. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-27

Constituiría exceso ritual rechazar el recurso interpuesto por la defensa por insuficiente cuando de la índole de sus reclamos es posible colegirlos y relacionarlos con cada hecho ilícito y con los distintos intervinientes en cada supuesto. (Minoría u opinión personal)
Competencia, cuestiones de competencia, declaración de incompetencia, declaración de oficio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P, J.M. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-12

Resulta improcedente el tratamiento por el Tribunal de la cuestión relativa a la competencia, en tanto este tema no ha sido objeto de cuestionamiento por las partes del proceso. (Del voto en disidencia del Dr. Ventureira)
Sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, facultades del juez, iura novit curia, representación procesal, personería, falta de personería
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor s/ encuadramiento sindical.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

No apoya las expresiones del fallo relacionadas con la caducidad de la personería gremial de una de las partes el principio "iura novit curia" ya que no se trata de que los jueces hayan determinado el derecho que lo rige sino que, con prescindencia de los argumentos jurídicos expresados por las partes, se pronunciaron sobre la naturaleza de dicha personería cuando lo que estaba en discusión era el encuadramiento del personal de una empresa en particular.
Revocación de sentencia, habilitación de instancia, organismos previsionales, silencio de la administración, beneficios previsionales
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Villareal, Clara Baudilia c/ ANSeS s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-24

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró in limine litis no habilitada la instancia judicial por ausencia de la resolución expresa del organismo previsional, pues -al dilatar en forma ilegítima la decisión del litigio y negar a los agentes en pasividad una acción reconocida al resto de los administrados- se privó al actor del ejercicio de una acción establecida por el orden jurídico a su favor, como medio técnico para la eficaz protección de sus derechos, sobre la base de una doctrina judicial que carece de sustento a la luz de las disposiciones legales vigentes.
Facultades del Poder Legislativo, facultades delegadas, poder de policía municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de Arroyito s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

La facultad conferida a la Nación de dictar los códigos y leyes comunes es de naturaleza exclusiva y, por consiguiente, el Congreso, al ejercitarla, puede impedir que las provincias alteren o modifiquen el contenido de las leyes sustantivas, pues de lo contrario, la delegación hecha al gobierno de la Nación para dictar los códigos comunes habría quedado reducida a una mera fórmula, en tanto la mayor parte de las instituciones comprendidas en aquellos son susceptibles de considerables restricciones motivadas en razones de policía (Disidencia de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco).
Contrato de suministros, ejecución del contrato, recepción de la cosa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cía. Austral de Servicios S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Adm. Gral. de Obras Sanitarias) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

La tardía entrega por su proveedor de un caucalímetro de agua no puede ser traída como motivo excusante de imprevisión contractual (art. 512, Cód. Civil), no sólo si aquélla no aparece rodeada de las características propias del caso fortuito (art. 513, Cód. Civil), sino también si en conocimiento del criterio técnico de la Administración contrario a cualquier modificación del plazo contractual omite toda aclaratoria o cuestionamiento al respecto.
Derechos y garantías constitucionales, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: González, Alejandro Fabián s/ Robo calificado en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

El debido proceso debe entenderse como aquél que avanza inexorablemente hacia una resolución definitva -sea cual fuere- pero que le ponga fin de una vez y para siempre al tema tratado, proveyéndole las herramientas necesarias para la consecución de tal fin, y aquí es donde adquiere importancia y sentido el concepto de preclusión de los actos procesales, que no es más que un remedio del que se vale el proceso par afianzar lo hecho y darse nuevo impulso hacia lo que se va a hacer, en dirección hacia la resolución definitiva. A su vez, el principio de progresividad impide que el juicio criminal se retrotraiga a etapas superadas, pues los actos procesales se precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas legales. Además, el proceso penal a través de sus diferentes etapas tiende a la solución del caso concreto, en tal empresa es imprescindible que se desarrolle sobre la superación de sus diferentes fases, que deben estar dotadas de una consistencia tal que permitan ir construyendo este proceso sobre un base lo suficientemente sólida como para llegar con rapidez y justicia a la decisión final. Difícil resultaría tal empresa si estas etapas, que se van sucediendo unas a otras, pudieran ser reexaminadas constantemente en el tiempo, con la consecuente imposibilidad del normal desarrollo del proceso hacia esa decisión final. Donde resulta claro la necesidad de dotar a los diferentes actos procesles de esta suerte de incolumnidad necesaria para la consecución de los fines delproceso legal, siempre observando las formas legales y que aseguren las garantías del debido proceso (arts. 18 Const. nac. y 8 de la Conv. Americana de Derechos Humanos). De modo que el derecho a declarar preconizado por el art. 136 del Código de Procedimiento Penal (texto según ley 3589 y sus modif.) se ve limitado por un serie de disposiciones que hacen a la regular tramitación del proceso, en el marco de los principios rectores que dan sustento y efectiva actuación no sólo a la garantía denunciada como inobservada, sino a la vinculada con el debido proceso, al amparo de los invocados principios de preclusión y progresividad, que resultan ser los pilares básicos en que descansa toda la arquitectura del digesto adjetivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso contravencional, juicio abreviado, facultades del juez
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: R, G. s/ Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-03

Los Magistrados de Primera Instancia, en los casos de pedido de Juicio Abreviado, no tienen más alternativas que aceptar y dictar sentencia calificando el hecho en la forma que lo estimen procedente o, por el contrario, designar la audiencia de juicio para un mejor conocimiento de los hechos, resultando en consecuencia improcedente fijar actos procesales no previstos por la ley y olvidando, en un excesivo afán de perfeccionamiento, la voluntad que ya expresó el imputado con el debido asesoramiento técnico de terminar con el litigio naciendo a partir de su actitud un derecho paralelo a evitar futuras perturbaciones innecesarias, especialmente, cuando adquirió el compromiso de cumplir la penalidad impuesta. (Del voto del Dr. Ventureira)
Obras sociales, cobertura médica, accidente de tránsito, acción de repetición
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GOBETTO, Alejandro Gabriel y TRENTIN, María del Carmen c/ IOSPER s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-09-07

Si bien el IOSPER está obligado a cubrir la contingencia, esto no significa que deba hacerlo en forma gratuita, no dándose ninguno de los supuestos que determinen que sea de tal modo.- Tanto el demandado como los amparistas, a posteriori y si se acreditan los presupuestos habilitantes de la responsabilidad del conductor del otro rodado involucrado en el accidente, podrán repetir contra el mismo o su aseguradora lo que cada uno tuvo que abonar en el caso.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación suficiente, robo con armas, prueba
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Villa, Daniel Tomás s/ ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-08

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que entendió que no estaba probada la agravante del robo constituida por el uso de arma, porque en la peritación practicada para establecer su idoneidad intervino otro juez que el de la causa, por lo que no se ajustaría a los arts. 322 a 347 del Código de Procedimientos en Materia Penal, pues se apoya en fundamentos sólo aparentes, porque ninguna de esas disposiciones autoriza a restarle valor a la prueba pericial rendida en extraña jurisdicción y, asimismo, importa un claro apartamiento de lo dispuesto por el art. 7 de la Constitución Nacional.
Nulidad del acto administrativo, resolución administrativa, vicios de forma, saneamiento del acto administrativo, multa administrativa, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUNGE Y BORN  S.A. c/ JUNTA NACIONAL DE GRANOS s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-15

No procede declarar la nulidad de la resolución que impuso una multa a la recurrente en los términos del art. 78, inc. h del decreto 6698/63, pues sus vicios formales, en caso de existir, habrían quedado salvados al considerarse al rechazar el recurso de reconsideración las defensas opuestas. Ambos actos administrativos integran el objeto sometido a la revisión judicial, no subsistiendo defectos de motivación que haya impedido a la entidad sancionada ejercer suficientemente su derecho o que obsten al cabal ejercicio de la revisión judicial.
Procedimiento laboral, competencia por la materia, competencia por el territorio, incompetencia
Materia: LABORAL
Carátula: Carreira Ariel Sebastian c/ Estado Nacional Ministerio de Cultura s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-27

Dejando a salvo la opinión de la Sala que en precedentes similares resolvió que corresponde a la J.N.T. asumir la competencia, teniendo en cuenta los principios de economía y celeridad procesal, cabe propiciar en el caso la aplicación de la doctrina que dimana del fallo de la C.S.J.N. "Sapienza Matías Ezequiel y otros c/Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y otro s/acción de amparo" del 21/02/2017, que considera desplazada en este tipo de casos las disposiciones del Derecho del Trabajo Privado. Este fallo resulta ser respaldatorio de la doctrina de los casos "Ramos" y "Cerigliano", también de nuestro Alto Tribunal. Cabe remitir la presente causa a la Justicia Nacional en lo Contencioso y Administrativo Federal.
Recurso extraordinario, recurso de apelación (procesal), monto del juicio, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañía  de Transporte y Comercio Internacional S.A.C.I.F.I.A. yde Mandatos c/ Y.P.F. S.A  y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07

Existiendo la vía del recurso extraordinario, la circunstancia de que el decreto-ley 1285/58 requiera para la procedencia del recurso ordinario de apelación para ante la Corte -entre otros requisitos- la existencia de un valor económico mínimo en disputa, no ocasiona agravio constitucional alguno, máxime cuando la Constitución Nacional prescribe que el Tribunal ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso (art. 117).
Derecho electoral, elecciones, Estado Provincial, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-POLITICO-ELECTORAL
Carátula: Apoderado del Partido Justicialista y otros s/ Amparo e Inconstitucionalidad s/ Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-05-04

La materia electoral no es, como se pretende, tema eminentemente comunal. Ni aún la sola convocatoria a elecciones. Es tema de derecho público propio del Estado que integra el municipio la legislación en materia electoral local (provincial), y ello surge de forma "evidente" de la circunstancia de que la propia Constitución Provincial contiene de modo expreso una Sección que bajo el título de "Régimen Electoral" (art. 121) prevé el dictado de una ley electoral a cargo de la Legislatura Provincial (Cf. Res. Nro. 23/91-TEP. del 30/4/91).
Notificación, libro de asistencia
Materia: PROCESAL
Carátula: H.,  C.A. c/ M.,  M.I. s/ Alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Una correcta interpretación de los términos en que se encuentra redactado el art. 133 del Código Procesal, determina que los hechos relevantes para que no se considere cumplida la notificación automática de una providencia judicial los configuran la falta del expediente en Secretaría para que pueda ser consultado por las partes y la constancia de esa falta asentada en el libro de asistencia respectivo.

La norma no impone a ninguna persona en particular la carga de hacer constar la referida circunstancia, por lo que, cualquiera de los habilitados para hacerlo que deje la correspondiente nota produce la prueba requerida y, por ende, esa constancia es suficiente para que la notificación no se opere para ninguno de los litigantes. Así surge el segundo párrafo del art. 133, cuando genéricamente menciona que la ausencia del expediente en secretaría "se hiciere" constar en el libro de asistencia, sin aludir a quien pretenda hacerla valer.