Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13


Reg.: A y S t 281 p 252/257. En la ciudad de Santa Fe, a los 13 días de marzo del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco y Mario Luis Netri, bajo la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "LAURITO, MARCELA contra MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA FE -AMPARO- (EXPTE. 425/15 CUIJ 21-05093974-7) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00090509-4). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Erbetta, Netri y Gutiérrez. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Mediante resolución registrada en A. y S. T. 276, págs. 488/490, esta Corte admitió la queja y, en consecuencia, concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Provincia de Santa Fe contra la sentencia de fecha 16 de marzo de 2016 dictada por la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, por entender que la postulación de la demandada recurrente contaba "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaba articular con seriedad planteos que podrían configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de la instancia de excepción. En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055 no encuentro motivos para apartarme de aquella conclusión provisoria. Es que el planteo de la Provincia de Santa Fe, concierne a la implementación o a la forma en que se da concreción a la operatividad de derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, que excede del plano de la mera discrepancia con la interpretación de normas de derecho común y procesal que resultaría ajeno al recurso de inconstitucionalidad (Fallos:209:95; 291:572; 302:502; 306:262; 310:405, entre otros) y se dirige a cuestionar la propia aceptabilidad racional y constitucional de las conclusiones de la Alzada. En consecuencia, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 269/274v., voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión los señores Ministros doctores Erbetta, Netri y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. En la presente causa la actora inició una acción de amparo tendente a que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso concreto del artículo 4 inciso b) del Anexo III, Capítulo III del Decreto N° 3029/12 (dictado por el Ministerio de Educación que reglamenta la carrera docente en la Provincia de Santa Fe), artículo 20 inciso a) del decreto 147/07 y su equivalente decreto 1131/82; y toda normativa que imponga como límite de edad los 40 años cumplidos para acceder a la titularización como docente en la Provincia de Santa Fe. La jueza de baja instancia hizo lugar a la acción de amparo promovida por Marcela Laurito y, en consecuencia, declaró inconstitucional e inaplicable al caso concreto el artículo 4 inciso b) del Anexo III, Capítulo III del Decreto N° 3029/12 dictado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe e impuso las costas a la accionada (fs. 102/111). Impugnado que fuera tal pronunciamiento por la accionada, la Alzada rechazó el recurso de apelación y confirmó en su totalidad la sentencia recurrida (fs. 168/179) por estimar lesionado el derecho constitucional de la actora a trabajar así como el principio de igualdad ante la ley, que consideró vulnerados por la discriminación etaria sobreviniente a la que fue sometida, cuando poseía las calidades de idoneidad requeridas para ser docente, puesto que se había desempeñado primero como suplente mas fue luego desestimada para concursar el cargo titular por alcanzar determinada edad. 2. Contra dicho pronunciamiento interpuso la Provincia de Santa Fe su recurso de inconstitucionalidad con sustento en el artículo 1, inciso 3, de la ley 7055. En su escrito recursivo la demandada liminarmente aseveró que la decisión adoptada detrajo competencia constitucionalmente atribuida a esta Corte provincial y delegadas por ley al fuero contencioso administrativo, lo que a su entender denota una clara situación de gravedad institucional. Afirmó que la docente bien habría podido recurrir a la vía administrativa y, en su caso, optar incluso por las cautelares autónomas del artículo 14 de la ley 11330, sin embargo soslayó tales vías e intentó "acortar camino" y aprontar un decisorio judicial a través de la acción de amparo, en claro cercenamiento de la competencia originaria de esta Corte. Citó en apoyo de su posición el precedente de este Cuerpo "Acuña" (A. y S. T. 195, pág. 200) en virtud del cual -afirma- resulta imperativo y es carga procesal que la amparista demuestre los motivos que ameritan el detraimiento de la competencia propia de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo. Achacó asimismo, ausencia de mayoría en la decisión, puesto que -según afirma- los dos votos que forman la mayoría no resultan concordantes, pues si bien la vocal de segundo voto coincidió con la de primer voto, exceptúa las consideraciones efectuadas por este Tribunal en el precedente "Garay" en que se basara la vocal de primer voto, con lo cual -enfatiza- luce palmario la disímil posición de cada vocal y que, en consecuencia, el fallo en cuestión carece de concordancia lógica y argumental. Por otra parte, adujo que el A quo incurrió en arbitrariedad al apartarse del precedente "Coceres" (A. y S. T. 266, pág. 97) de esta Corte, basando el fallo en afirmaciones dogmáticas para declarar la inconstitucionalidad de las normas en cuestión, siendo que éste es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada última ratio del orden jurídico. 3. Debiendo ingresar -conforme a lo decidido al tratar la cuestión anterior- al examen de procedencia de la impugnación extraordinaria, el relato efectuado evidencia que las cuestiones en debate exhiben sustancial analogía con las que han sido específicamente objeto de estudio y decisión por este Tribunal en el citado "Coceres". Cabe recordar que en tal oportunidad, este Tribunal consideró que a diferencia de otros casos fallados con anterioridad por esta Corte -"Viotti" (A. y S. T. 240, pág. 403)- el pronunciamiento impugnado no resultaba derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, por cuanto la cuestión suscitada -es decir, el tope máximo de edad de 40 años para el ingreso a la titularidad docente provincial- no permitía constatar ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en los términos de la ley 10456 que hubieran habilitado al A quo a juzgar, desde el plano constitucional, que el contenido de las cláusulas legales cuestionadas eran caprichosamente discriminatorias arribando a una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta; debiendo tener asimismo presente que el análisis de la razonabilidad señalada se enfrentaba en esas actuaciones, a limitaciones que eran propias de otro ámbito de información y conocimiento técnico, esto es, el relativo a las políticas públicas en materia educativa, por lo que cabía considerar prudentemente las implicancias sistémicas que podían derivar de una resolución judicial que se superponga con aquellos diseños elegidos en ejercicio de facultades reglamentarias por la Administración Pública provincial, en especial, en lo que hacía a la temática relativa a la educación. Asimismo en mi voto en dicho precedente cité expresamente las diferencias con el caso "Viotti" (ant. Cit.), donde este Cuerpo analizó la razonabilidad del límite etario dispuesto por la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe para el ingreso a los sectores administrativos y de personal manual (de 30 y 27 años, respectivamente), concluyendo que dichos límites sí eran discriminatorios, ya que la demandada no había podido justificar suficientemente cuáles fueron las razones que la llevaron a fijar dichas edades, desde que en las circunstancias particulares de aquel caso, los motivos para introducir aquellas distinciones provenían de un "memo" del Directorio, que violentaba la jerarquía de fuentes; lo que difería sustancialmente del caso "Coceres" en que la edad límite (40 años) no sólo superaba con creces la analizada en aquel precedente, sino que se justificaba a partir de que la normativa vigente contempla un régimen jubilatorio opcional para los docentes de la Provincia de Santa Fe, que establece cómputos especiales que posibilitan obtener el beneficio de jubilación ordinaria antes que otros regímenes jubilatorios. Por otro lado in re "Coceres", si bien esta Corte destacó que la idoneidad resultaba el presupuesto esencial para el desempeño de cargos públicos, juzgó centralmente que no era de por sí irrazonable que se establezcan límites de edad para el ejercicio de una actividad, sean éstos mínimos o máximos, siempre que ellos respondan a una finalidad admisible dentro del esquema constitucional de valores -es decir, que medie un razonable interés estatal que justifique la restricción impuesta- y sean aplicados con igual criterio a todos los sujetos comprendidos en el ámbito de actuación de la norma. Esta doctrina resulta especialmente aplicable en el presente caso. 4. Teniendo a la vista tales pautas, es forzoso concluir que el recurso interpuesto merece favorable acogida, toda vez que -al pronunciarse en sentido favorable a la amparista- los jueces de la Cámara a quo (al igual que la magistrada de baja instancia) omitieron ponderar adecuadamente que la prentensión de la actora en estas actuaciones guardaba analogía con la doctrina expuesta in re "Coceres", materia sobre la cual este Tribunal tomó debida nota al fallar en el citado precedente, distinguiéndolo en claros términos del criterio sentado en "Mosqueda" y "Garay". En tales condiciones, y considerando especialmente el valor que exhiben los pronunciamientos de esta Corte -tanto más cuando ellos se refieren a cuestiones que prima facie ponen en juego la propia competencia contencioso administrativa- resulta forzoso concluir en que el fallo impugnado no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, extremo que justifica su anulación, debiendo reenviarse la causa al Tribunal que corresponde a fin de que la misma sea nuevamente juzgada conforme a las pautas que surgen del presente. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo: Coincido con la solución propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco en orden a declarar procedente el recurso interpuesto. Ello así, en tanto el relato efectuado evidencia que la cuestión en debate exhibe sustancial analogía con la que ha sido específicamente objeto de estudio y decisión en el precedente "Coceres" (A. y S. T. 266, págs. 97/110), por lo que "brevitatis causae" me remito a los fundamentos que en mi voto expusiera. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión el señor Ministro doctor Netri dijo: Coincido con la solución propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco en cuanto declara procedente el presente recurso, entendiendo aplicable al caso el criterio seguido por este Cuerpo en la causa "Coceres"(A. y S. T. 266, págs. 97/110) y remitiendo a lo allí expuesto en razón de la brevedad. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Coincido con la decisión propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco en cuanto declara procedente el presente recurso, entendiendo aplicable al caso el criterio seguido por esta Corte en la causa "Coceres"(A. y S. T. 266, págs. 97/110) al cual remito en razón de la brevedad. Voto, pues, por la afirmativa. A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y anular la sentencia impugnada. Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda a fin de que dicte nuevo pronunciamiento. Costas a la vencida (art. 12, ley 7055). Así voto. A la misma cuestión los señores Ministros doctores Erbetta, Netri y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consencuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la causa. Costas a la vencida (art. 12, ley 7055). Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - FALISTOCCO - NETRI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario. Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en Laboral N° 1 de Rosario.