Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-20


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17.749 EXPTE. N° 47.770/2009. SALA IX. JUZGADO N° 75.

En la ciudad de Buenos Aires, el 20 de abril de 2012, para dictar sentencia en los autos: "SERRATE JORGE FEDERICO C/NUEVA CHEVALLIER S.A. Y OTRO S/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL", se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I. La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda en lo principal (v. fs. 352/8), ha sido apelada por las partes actora y codemandadas Nueva Chevallier S.A. y A.R.T. Interacción S.A., a mérito de los recursos que lucen agregados a fs. 363/5, fs. 369/70 y fs. 371 y vta., respectivamente. Los dos primeros recursos fueron respondidos por las contrarias, a fs. 374 y fs. 379/80, en ese orden, y el recurso de la aseguradora fue contestado por la empleadora y por el trabajador, a fs. 387 y fs. 388, respectivamente. Por su parte, la perito contadora recurre sus estipendios por considerarlos bajos (v. fs. 366).

II. El recurso de apelación interpuesto por la empleadora, de prosperar mi voto, no ha de obtener favorable recepción.

En lo que atañe a la relación del accidente con las tareas desarrolladas por el trabajador, el apelante dice que no se tuvieron en cuenta sus antecedentes ya que al ingresar a laborar para la demandada hacía varios años que se desempeñaba como mecánico lo que conlleva en la práctica un esfuerzo físico constante.

Sin embargo, la apelante no rebate que en el caso particular de autos medió un accidente de trabajo, es decir, un acontecimiento súbito y violento que le provocó un aplastamiento de la mano izquierda al bajar la caja de velocidad de un ómnibus, y no se trata de una dolencia en la que el trabajo habría incidido de manera paulatina y progresiva, de modo que en el contexto expuesto dicho fundamento resultaría irrelevante, ello sin perjuicio de señalar que no fue introducido de manera oportuna por la parte interesada, por lo que su tratamiento en esta instancia resultaría innovativo y contrario al principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio (conf. arts. 18, Constitución Nacional y 277 del CPCCN).

Tampoco ha de prosperar el argumento dado en el recurso en cuanto se invocó culpa de la víctima ya que se trata de un fundamento alegado extemporáneamente, de modo que su tratamiento en esta sede resultaría innovativo de conformidad con lo expuesto en el punto anterior. Pero además que el testigo Korostynski (v. fs. 328/30) haya declarado que ". el actor era medio distraído", no prueba la culpa de la víctima al momento puntual del accidente ya que lo expuesto constituye una manifestación meramente genérica y tampoco se circunscribe temporalmente a la época del infortunio (art. 445, último párrafo, CPCCN).

Refiere el apelante que el perito médico sostuvo que los diagnósticos iniciales de interacción fueron incorrectos y dice que contrató un seguro. Pero su responsabilidad deriva de ser dueño o guardián de la cosa peligrosa y los daños son consecuencia directa con las tareas desarrolladas por el trabajador (conf. art. 1113 Código Civil y su doctrina), por lo que el argumento expuesto no logra rebatir el acertado análisis desarrollado en la instancia anterior.

III. La misma suerte adversa ha de seguir el recurso de apelación interpuesto por ART Interacción S.A.

El recurrente dice que es sólo responsable en los límites del seguro.

Sin embargo no le asiste razón ya que decide la suerte adversa del agravio la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada en la causa "Torrillo Atilio Amadeo y otro c/Gulf Oil Argentina S.A. y otro", del 31/3/2009, en este específico supuesto y de conformidad con las constancias probatorias reunidas en la especie se desprende que la ART resulta ser el sujeto obligado de acuerdo al correcto análisis efectuado por el Sr. Juez de grado.

El Máximo Tribunal en dicho precedente señaló que "no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales. Tampoco las hay, dada la variedad de estos deberes, para que la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos, encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a las empleadoras aseguradas a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos. Esta postura, sin rebozos, conduciría a una exención general y permanente, por cuanto se funda en limitaciones no menos generales y permanentes. Asimismo, pasa por alto dos circunstancias. Por un lado, al hacer hincapié en lo que no les está permitido a las ART, soslaya aquello a lo que están obligadas: no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que le son ajenos, puedan evitarse. Por el otro, olvida que no es propio de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de sus funciones preventivas. Es condición inexcusable del empleo que éste se preste en condiciones dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, tanto en general, como en lo que concierne a las propias de cada actividad. La prevención en la protección de la salud y de la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios, que no puede ya concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la persona humana" (ver considerando 8º).

En el contexto precedentemente descripto, es dable señalar que en la apelación no se desvirtúa lo resuelto en la instancia anterior en cuanto a que no se demostró la realización de medidas tendientes a prevenir los riesgos que podían generar las tareas realizadas por el actor, conforme lo establecido a fs. 357, punto VII.

Tampoco ha de prosperar el agravio expuesto en torno a que el decreto 1694/2009 no debió aplicarse a la liquidación de autos ya que al momento del siniestro dicha normativa no se encontraría vigente.

Ello es así pues no resulta procedente dicho fundamento debido a que estamos en presencia de una reparación integral en el marco del derecho civil y de conformidad con lo establecido en el artículo 1113 del Código Civil y normativa concordante, por lo que en el contexto descripto, se ha de desechar el argumento señalado.

IV. El recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en mi opinión, ha de progresar en lo substancial.

El agravio expuesto por el apelante en torno a la sumatoria de los porcentajes de incapacidad por las dolencias física y psicológica diagnosticadas por la médica no ha de obtener favorable recepción.

Digo ello por cuanto en el recurso objeto de análisis no se rebate fundadamente lo establecido por el Señor Juez de Grado en cuanto aplicó la fórmula de Balthazar conforme lo decidido a fs. 356, 4° párrafo y consecuentemente arribó a un porcentaje de incapacidad del orden del 16,4% de la total obrera.

En cambio, corresponde hacer lugar a la queja expuesta por considerar reducido el monto indemnizatorio establecido en concepto de daño material y daño moral.

Ello es así pues teniendo en cuenta la edad del trabajador al momento del accidente (46 años), la índole del daño sufrido y la incapacidad física padecida, que representa un 16,4% de la total obrera, su repercusión en la vida laboral, el lapso estimado de vida útil y la pérdida de capacidad de ganancia en dicho período de la vida y el salario mensual tenido en cuenta en la anterior sede ($ 2.592,29) y atento a la doctrina que emerge del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Arostegui Pablo Martín c. Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A" del 8 de abril de 2008, en atención a una comprensión plena del ser humano y su integridad física, psíquica y moral, sumado a las particulares circunstancias reunidas en este caso y los fundamentos que surgen del Plenario de esta Cámara, N° 243, dictado en la causa: "Vieytes Eliseo c/Ford Motor de Argentina SA", considero que el monto establecido en la sentencia de Grado en concepto de daño material y moral es reducido, por lo que sugiero elevarlos a las respectivas sumas de $ 120.000 (Pesos ciento veinte mil) y $ 24.000 (Pesos veinticuatro mil), por lo que se arriba a un capital de condena de $ 144.000 (Pesos ciento cuarenta y cuatro mil).

V. La demandada recurre la totalidad de los honorarios por considerarlos elevados. La parte actora recurre los emolumentos fijados a su representación letrada por entenderlos bajos. La perito contadora apela los suyos en igual sentido.

Teniendo en cuenta el mérito, labor e importancia de los trabajos profesionales desarrollados en estas actuaciones, evaluados en el marco del valor económico del litigio, configurado en la especie por el nuevo capital e intereses de condena, entiendo que los honorarios de la representación letrada de la partes actora y codemandadas lucen adecuados por lo que sugiero confirmarlos. En cambio, resultan altos los regulados a los peritos médico y contadora de modo que propongo reducirlos al 8% y 6% respectivamente, sobre el nuevo capital e intereses de condena (conf. art. 6, 7 y concs. de la ley 21.839; 3 y concs. dto.ley 16.638/57 y 38 Ley Org.).

VI. Por lo expuesto, sugiero imponer las costas de alzada solidariamente a cargo de las codemandadas atento resultar vencidas en lo sustancial en esta Sede (conf. Art. 68, CPCCN) y, a tal fin, regular por las labores profesionales desarrolladas en esta etapa, a la representación letrada de cada una de las partes, el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir a cada una por los trabajos efectuados en la instancia anterior (art. 14, ley 2.1839).

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

Comparto, en lo principal que decide e incluso en la conclusión a la que se arriba, el voto de mi distinguido colega preopinante, sin perjuicio de lo cual, estimo prudente efectuar una aclaración para dejar a salvo el criterio del suscripto en lo que atañe al modo de determinación del porcentaje de la incapacidad que resulta indemnizable en el caso de marras, en virtud de lo que se esgrime en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y que ha sido analizado en el voto del Dr. Roberto C. Pompa.

En efecto, si bien el planteo de la parte actora se dirige contra la utilización de la fórmula de la capacidad restante (denominada Fórmula Balthazard), fórmula cuya utilización no comparto, lo cierto es que no puede perderse de vista que la determinación de la incapacidad como así también la existencia de la relación de causalidad y concausalidad es una atribución exclusiva de los jueces, evaluadas las circunstancias de cada caso concreto.	En tal contexto, y toda vez que aún pasando por alto este segmento del voto que antecede, se ha decidido elevar el importe de la reparación decidida en grado, estimo que esta última luce adecuada y ajustada a derecho, razón por la cual, adhiero al voto de mi colega preopinante.

El Dr. Gregorio Corach no vota (art. 125 de la L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de primera instancia y elevar el capital de condena a la suma de $ 144.000 (Pesos ciento cuarenta y cuatro mil), con los intereses fijados en la anterior sede; 2) Reducir los honorarios de los peritos médico y contadora, al 8% y 6% respectivamente, sobre el nuevo capital e intereses de condena; 3) Confirmar la sentencia de la anterior instancia en lo demás que decide y ha sido materia de apelación; 4) Imponer las costas de Alzada solidariamente a cargo de las codemandadas; 5) A tal fin y por los trabajos efectuados en esta sede, regular a la representación letrada de cada una de las partes, el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir a cada una por los trabajos efectuados en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.