marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos administrativos, responsabilidad del Estado, validez del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S. G. SA c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ Sumario (Daños y Perjuicios)"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-22

"...el Estado no es un contratista común; no es una persona privada dueña de su capital y sus rentas, que puede disponer de ellas a su antojo.- El Estado -en particular el Poder Ejecutivo- administra los intereses públicos; los dineros no pertenecen a los funcionarios sino a la sociedad, es gestor del interés general y sus agentes deben por ello, rendir cuentas.- La gestión patrimonial -la administración financiera del Estado- importa responsabilidad constitucional y debe efectuarse de conformidad con las normas presupuestarias, que éste proyecta y la Legislatura autoriza.
Jurisprudencia aplicable, libertad de expresión, democracia, obligatoriedad del precedente, periodistas
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.  c/ Estado Nacional - JGM - SMC  s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-11

El valor de los precedentes y el cumplimiento obligatorio de las sentencias judiciales tienen una relevancia fundamental en el ámbito de la libertad de expresión, importante en el régimen democrático, tanto en lo referente a la libertad que tienen los ciudadanos de expresar sus ideas, como en la protección de la actividad crítica de los periodistas, y en el rechazo de todo tipo de censura, por lo que tales precedentes y la aplicación de la legislación vigente obligan al Estado no solo a la abstención sino también a la promoción activa de los valores de la libertad de expresión, y en consecuencia, toda conducta que se aparte de estos valores esenciales del sistema democrático, sea en el proceso de aplicación de la ley o en cumplimiento de sentencias, viola la función de garante que tiene el Estado en dicha materia.
Administración Pública, vacaciones, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Sosa, Gustavo Adolfo c/ Estado Provincial - Ministerio de Educación s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción y de Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-02-10

El ordenamiento normativo especifico no sólo reconoce el derecho a gozar de las vacaciones anuales, sino que establece que su concesión y uso importa una obligación, con lo que se recepta la naturaleza de "derecho- deber" que caracteriza a las vacaciones.

Del análisis de la Resolución impugnada, extraigo que el primer fundamento que esbozó la Administración para rechazar el reclamo que en su momento formuló el actor-reconocimiento de licencias no gozadas-, fue la ausencia en el trámite del expediente administrativo del acto que hubiera transferido o suspendido por razones de servicio el goce de la licencia anual ordinaria.

Dicho fundamento refirió sin duda a la omisión en que incurrió el actor y que se reiteró año tras año, en cuanto al requerimiento oportuno de la concesión de la licencia, pedido que debía materializarse en los respectivos períodos anuales en que el derecho a su goce se iba generando, dato que no puede soslayarse sobre todo si se tiene en cuenta que las vacaciones se otorgan a título de solaz y esparcimiento, para fortalecer la salud física y moral del funcionario o del empleado.

De las constancias que obran en la causa, no surge en aquella época ninguna petición que hubiera formulado el interesado respecto a su otorgamiento, tampoco surge como consecuencia lógica y necesaria, ningún acto administrativo que hubiera concedido o suspendido el goce de las mismas como lo exige la norma que reglamenta la cuestión; sólo existe la presentación del día 13/5/99 ante el Ministro de Cultura y Educación de la Provincia mediante la cual el recurrente solicitó el reconocimiento a los efectos del pago de las licencias devengadas correspondientes a los años 1996/97/98 y proporcional del 99.

Tal es la interpretación que corresponde formular de acuerdo a la constancia que obra en el expediente administrativo, en la cual se aclara que lo solicitado el día 13/5/99 es el pago de las licencias anuales ordinarias.

Esta cuestión constituyó el primer obstáculo que encontró la Administración para reconocer el pedido del actor, argumento que se formuló en pocas palabras aunque suficientes para poner de resalto cuándo el incumplimiento de una carga genera la pérdida del derecho conexo.

En conclusión, el comportamiento seguido por el actor no puede omitirse en la consideración de la cuestión traída a resolver, el que constituye fundamento suficiente para rechazar la pretensión formulada, razón que me exime del análisis y tratamiento de la cuestión en torno a la prohibición de la conversión en dinero de las vacaciones no usufructuadas dispuesta por la Ley N°4983.

En definitiva, los motivos expuestos llevan a rechazar la acción deducida.

Del voto del Dr. Cáceres, por la mayoría.
Policía, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Nocetti, Julio César y Otros c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-08-11

Más allá de la calificación formal otorgada por la norma de creación, de la prueba producida a instancias de la actora surge que el adicional reclamado fue percibido de manera ininterrumpida por el personal que revistaba en las mismas categorías que los accionantes, sin que se exigiese la realización de trabajos diversos o el cumplimiento de requisitos especiales respecto de las que prestaban con anterioridad al dictado de las normas en cuestión (del voto del doctor NEGRI).
Enjuiciamiento de magistrados, remoción de jueces, queja por denegación del recurso extraordinario, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Señor Procurador General s/ acusación c/ Daniel Enrique Freytes - Juez de Instrucción N° 1 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-26

Cabe desestimar la queja deducida por denegación del recurso extraordinario que pretendía la revisión de la sentencia del Superior Tribunal local, que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad local y dejó firme la sentencia del Jurado de Enjuicimamiento provincial que destituyó a un juez, pues en el marco del juicio político que se examina, pues el afectado no ha logrado demostrar que la entidad del agravio que pregona permita sortear el limitado margen de revisión que se admite en asuntos de esta naturaleza, máxime, cuando la pretensión del recurrente se asienta básicamente en la extrapolación de un criterio fijado en torno a un proceso penal regido por reglas que no guardan necesaria identidad con la natraleza del régimen del juicio politico de que se trata. -Disidencia de los jueces Ricardo L. Lorenzetti, Elena I. Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda-
Revocación de sentencia, impuesto a la ganancia mínima presunta, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, jurisprudencia aplicable, presunción legal
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Diario Perfil S.A. c/ AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-14

Cabe revocar la sentencia en la cual se expresa- apartándose del precedente "Hermitage S.A" (Fallos:333.993) que la Corte le ordenó aplicar- que el impuesto a la ganancia mínima presunta contempla como manifestación de capacidad contributiva, la existencia de un patrimonio empresario, del cual se presume que es susceptible de generar ingresos aún potencialmente, pues la doctrina que surge de ese precedente no exige que deba demostrarse la imposibilidad de que los activos generen la renta presumida por la ley -o que no tengan capacidad para hacerlo- sino, simplemente, que esa renta, en el período examinado, no existió, razón por la cual, el pronunciamiento dictado por la cámara, pese a que dice seguir el criterio de "Hermitage", en realidad se aparta de éste.
Acción contencioso administrativa, obras públicas, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GOTTI  S.A.C.C.I.F. y A. c/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS s/ ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-DEMANDA DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-04-02

En los expedientes administrativos ofrecidos como prueba por la parte actora, no se acredita que hubiere reclamado periódicamente, y al presentar la certificación de obra para su cobro, surge de las actuaciones, que la firma accionante percibió los pagos con índices varios que reflejaban mayores costos. La pretensión de la actora se ve así desprovista de apoyatura probatoria y legal, dado que la resolución del M.O.P. 249/89 dictada en mérito a lo establecido por el inc. "b" del art. 49 de la Ley 23.696 no le es aplicable, por ausencia de norma jurídica municipal, y además la empresa accionante con los elementos probatorios presentados no ha logrado acreditar dificultades de tal magnitud que le impidieran continuar con los trabajos convenidos, sino que, reitero, percibió los importes con índices adecuados a las circunstancias del tiempo y lugar de la ejecución de esos trabajos. VOTO: DRA. SALAZAR
Enjuiciamiento de magistrados, Consejo de la Magistratura
Materia: PROCESAL
Carátula: L. G., G. R. s/ QUEJA EN: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL s/INVESTIGACIÓN L. G. s/PTO. INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO" (Expte. Nº 21197/06 - STJ-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-02

Respecto a la impugnación en autos de la actuación de un consejero instructor en la etapa sumarial, corresponde una vez más reiterar las consideraciones ya realizadas. Esto es, que finalizada la misma, no ha integrado el instructor el jurado de enjuiciamiento, no habiendo por ende conformado la sentencia de juicio político. Por ello, esta crítica es notoriamente extemporánea e ineficaz para provocar la nulidad del decisorio adoptado, que ha sido el resultado final del debate correspondiente, siendo éste quien garantiza el verdadero juicio.
Gas, distribución de gas, transporte de gas, defensa del consumidor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GAS NATURAL BAN S.A. c/ ENARGAS s/ REC. DIR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-20

La ley 24.076 regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional (confr. art. 1) y entre cuyos objetivos políticos se encuentra la protección de los derechos de los consumidores incentivando la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas natural, para lo cual crea en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos el Ente Regulador del Gas, organismo específico para regular e interpretar la relación entre las empresas distribuidoras y los usuarios.
Concursos, verificación de créditos, pago con subrogación, subrogación convencional
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRODUCTOS   SUDAMERICANOS   SA s/ CONCURSO  PREV.  S/  INC.  DEIMPUGNACION POR VIA MARSELLA SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-06

Resulta improcedente denegar la subrogación postulada por un acreedor de un incidentista, toda vez que si un tercero interesado -acreedor concurrente-, ofreció pagar el crédito de quien era titular de determinada acreencia pretendiendo subrogarse en sus derechos a fin de desistir de la impugnación al acuerdo, y posteriormente, la apelación contra la sentencia homologatoria, no cabe desestimar la pretensión del tercero si, -como en el caso-, surge que: a) el mentado tercero depositó cierta suma de dinero (que ofreció en pago de capital e intereses); b) para la categoría a la que pertenece el disidente, la concursada ofreció el pago del 43,5% de la acreencia verificada, con recursos previsionados a los 90 días de su homologación. Ello pues, en tales condiciones el derecho patrimonial del acreedor disidente se vió sustancialmente incrementado con relación al monto que fuera depositado a efectos de obtener la subrogación. A mas, procede el desistimiento de la apelación formulada por el tercero pues la subrogación traspasa al nuevo acreedor todos los derechos y acciones del antiguo acreedor hasta la concurrencia de la suma que aquel había desembolsado realmente para la liberación del deudor; además el acreedor no puede repudiar el pago, ni debe existir una mención expresa de cesión por parte de este (Cod. Civil arts. 729 y 768) (Cncom, sala A, 23.8.01, in re: "Kossevich, Julio s/ Quiebra s/ inc. de Apelación -CPCCN art. 250-").
Ley de empleo, decretos, interpretación sistemática, salario mínimo, vital y móvil, leyes
Materia: LABORAL
Carátula: FERRANDO, GUILLERMO DANIEL y FORCHETTI, ALICIA GLADYS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-23

El decreto nacional 388/03, teniendo en cuenta el artículo 140 de la ley 24013 y considerando que habiendo transcurrido tanto tiempo desde la última fijación del salario y la necesidad de proteger a los trabajadores que se encuentran en inferioridad de condiciones, fijó el monto del salario mínimo, vital y móvil, sujetándose a lo establecido por el artículo 141 en cuanto prohíbe tomarlo como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún otro instituto legal o convencional.

De esta forma, resulta claro que lo que se garantiza por medio de dichas normas es la percepción por parte del trabajador de una remuneración no inferior al salario mínimo, vital y móvil, prohibiéndose que éste sea tomado como base para calcular otros institutos.
Responsabilidad internacional del Estado, derecho a la salud, derecho a la integridad física, mala praxis, responsabilidad médica
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Caso Suárez Peralta c/ Ecuador s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Ecuador s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Ecuador s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-05-21

El Estado ecuatoriano es responsable por la violación del deber de garantía del derecho a la integridad personal, directa e inmediatamente vinculado con la atención a la salud humana, -artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1-, en perjuicio de quien padeció graves e irreparables consecuencias derivadas de una mala práctica médica, a raíz de una cirugía efectuada en una clínica privada por un médico que operaba sin la debida autorización laboral, pues la obligación de fiscalización estatal comprende tanto a servicios prestados por el Estado en forma directa o indirecta, como a los ofrecidos por particulares, incluyendo, asimismo, la supervisión de servicios privados relativos a bienes del más alto interés social.
Extinción de la acción penal, muerte del imputado, sobreseimiento provisional, sobreseimiento definitivo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VISINO, VICENTE E. s/ EXTINCION DE LA ACCION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-22

En caso de muerte del apelante que fuera sobreseído provisionalmente corresponde se declare la extinción de la acción penal, no el sobreseimiento definitivo, por cuanto la acción penal subsistiría ante la eventualidad de la reapertura de la investigación (arts. 59 inc. 1 del C.P.C. art. 454 in fine del C. P. Crim.).
Instrumentos públicos, redargución de falsedad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: San Millan, Bernardo s/Incidente de redargución de falsedad en autos San Millan, Bernardo c/ San Millan, Diego Sergio s/ Nulidad de actos jurídicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-13

Si la vía del incidente que contempla el art. 393 del ordenamiento ritual es apta para discutirse la falsedad ideológica de un instrumento público o privado, se torna inaudible la nulidad de lo actuado con sustento en que el trámite incidental se circunscribe al supuesto de falsedad material del instrumento únicamente.
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Thomann, Federico F. y otros c/ Municipalidad de Alte. Brown s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-07

Si el dec.ley 7647/70 dispone que el trámite administrativo podrá iniciarse por cualquier persona que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo (art. 10), y si los recursos pueden intentarse con la misma legitimación (art. 88; conc. arts. 10 y 88 de la Ordenanza General numero 267/80), nada justifica un cercenamiento de la legitimación contencioso administrativa reduciéndola a la hipótesis de derecho subjetivo, interpretación ésta que es coherente con el carácter revisor de la competencia del Tribunal en la materia (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estado Provincial, contratos administrativos, juicio ejecutivo, aplicación de la ley, Superior Tribunal de Justicia, competencia contencioso administrativa, cámara contencioso administrativa, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.I. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Ejecutivo (Expte.: C.S.J. Nro. 35   Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-03

A los efectos de entender en los casos donde se discute el cobro ejecutivo de pagarés emitidos con el fin de negociar deudas provinciales emergentes de contratos administrativos, resultan competentes los tribunales con competencia en la materia Contencioso Administrativa, que son las Cámaras de lo Contencioso Administrativo y la corte local (art. 93 de la Constitución Provincial y las leyes 11.329 y 11.330). Dicha instancia es la más idónea a efectos de garantizar la mayor amplitud de debate y actividad probatoria en defensa de los derechos e intereses invocados por las partes. Por lo tanto, resulta inconsistente la invocación que hace la Sala de la doctrina de los propios actos, en el sentido que "el sometimiento a un régimen jurídico sin reserva expresa obsta a su ulterior impugnación", desde que esa reflexión se desentiende no sólo de las características que, en nuestro sistema, reviste la competencia contencioso administrativa sino también del particular régimen jurídico aplicable a los títulos que se pretenden ejecutar. (Del Voto de la Dra. Gastaldi)
Designación de jueces, control de constitucionalidad, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gil Domínguez, Andrés c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-20

Las garantías institucionales protegen bienes o valores constitucionales, pero de su sola consagración no puede inferirse la existencia de un derecho subjetivo, y menos aún, de un derecho fundamental involucrado.

La garantía institucional establecida por el juego de los artículos 118 y 120, de la CCBA, no resulta prevista en favor de los candidatos a jueces, para concederles un derecho; sino que existe una expectativa del candidato a juez, respecto del procedimiento legal, pero no un derecho a ser consagrado juez -como muestra de ello, basta recordar la facultad discrecional de la Legislatura de no otorgar acuerdo a los candidatos.

Así, una garantía institucional puede ser reglamentada, porque la Legislatura es soberana para reglar detalles de la misma, en la medida en que no desnaturalice sus fines. Esto no exime a la reglamentación del control judicial de constitucionalidad, sino que la reconduce al clásico examen de razonabilidad.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, principio de legalidad
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-25

La acción penal que persigue los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares durante el sistema de represión ilegal no se encuentra prescripta, pues son aplicables las normas sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, en especial la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, sin que ello vulnere el principio de legalidad, dado que la Convención se encontraba aprobada por la Asamblea de la ONU desde 1968 y en cualquier momento que hubiese sido ratificada por Argentina el efecto hubiera sido el mismo: implantar la imprescriptibilidad retroactiva y prospectiva para los delitos de lesa humanidad cometidos en territorio argentino.
Extinción por quiebra o concurso del empleador, actualización monetaria, juez del concurso
Materia: LABORAL
Carátula: BARRETO, ROMAN c/ RODRIGUEZ BARRO SACIF. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-05-12

En los casos en que la demandada está concursada, no existe impedimento para que la condena en el juicio laboral incluya la depreciación monetaria, aunque ésta quede sujeta en definitiva a lo que oportunamente decida el Juez del concurso, con arreglo a lo dispuesto en la Ley número 21488.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Consejo de la Magistratura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Federación Argentina de la Magistratura y otra c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

Tanto la inclusión del Consejo de la Magistratura en el diseño institucional de la Provincia del Neuquén, como las funciones que el poder constituyente le ha asignado a ese órgano son asuntos que conciernen al procedimiento jurídico político de organización de ese estado que resultan ajenos al control y la intervención de la Corte a través de su competencia originaria, por cuanto el cuestionamiento que de ellos se formula no remite directa y exclusivamente a la aplicación de prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso, o tratados, sino al examen de temas de índole local y de competencia de los poderes locales, circunstancia que determina que sean los jueces provinciales quienes deban expedirse al respecto, ya que es imposible resolver el planteo sin pronunciarse sobre cada una de las disposiciones en virtud de las cuales el poder constituyente de la provincia estableció la mentada atribución, interpretándolas en su espíritu y en los efectos que la soberanía local ha querido darles.
Sobreseimiento, nulidad del acto jurídico, evasión fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Place, Francisco Mariano y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-27

Corresponde declarar la nulidad del sobreseimiento si no puede descartarse que las confusas maniobras pesquisadas resulten afectadas por el Régimen Penal Tributario y corresponde adoptar las medidas solicitadas por el fiscal en cuanto propuso la intervención de la AFIP a fin de precisar el hecho imponible, el monto de la evasión y todo otro dato que el ente fiscalizador considere necesario especificar a partir de los argumentos aducidos por los contribuyentes sospechados.