marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad solidaria, subcontratación laboral, servicio de hotelería
Materia: LABORAL
Carátula: Páez, Augusto y otro c/ Sindicato del Seguro de la República Argentina y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-18

El servicio de hotelería no es una actividad normal y específica para que surja la solidaridad prevista en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo pues, a ese fin, debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, conforme a la implícita remisión que hace la norma al art. 6 del mismo ordenamiento laboral (Disidencia del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ MARIO E. Y JORGE FARES RUIZ Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-03-31

El decreto que manda hacer saber a las partes que un juez designado nuevo titular, va a entender en la causa radicada en dicho tribunal, no tiene efecto interruptivo de la perención.
Sentencia definitiva, Registro Público de Comercio
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: TRES VALLES SA. s/ MODIFICACION CONTRATO S/CASACION. PRISMA SRL. s/ INSC.CONTRATO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-10-16|1993-02-05

La Ley Orgánica del Poder Judicial -art.131- establece que las denegatorias de inscripción o registro -Registro Público de Comercio- serán apelables en relación, en consecuencia hay aquí decisiones judiciales, dictadas por órganos judiciales con el nivel de juez, para las que también se preveen recursos judiciales -si bien no hay litis en el sentido de contienda hay un proceso judicial que culmina con una resolución judicial- y por tanto el recurso de casación es oponible en la medida que tal decisión sea definitiva, caso de autos en que: 1) la decisión contiene una exigencia que el peticionante no está dispuesto a cumplir y que además estima contraria a derecho y sobre todo frente a una clara ausencia de otra oportunidad para replantear su derecho.
Empleados públicos, nombramiento, prescindibilidad, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antonio José CUGLIANDOLO c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA) s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO EXTRAORDINARIO - INTERPRETACION DE NORMAS  Y ACTOS COMUNES - EMPLEADOS  PUBLICOS  -  PRESCINDIBILIDAD - SALARIOS CAIDOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-06

No corresponde el pago de salarios por funciones no desempeñadas durante el período que media entre la separación del agente público dado ilegítimamente de baja y su reincorporación, máxime si no se han acreditado los perjuicios que el apelante pudo haber sufrido y que hubieran hecho necesario considerar la responsabilidad de la Administración, ya que no basta la ilegitimidad del acto de baja para acordar el reclamo por los salarios caídos.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa, cosa inerte, relación de causalidad, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. B. y Otro c/ HOSPITAL AREA PROGRAMATICA DE VILLA REGINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-01

En la jurisprudencia nacional, un importante precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sentado la siguiente doctrina: "Aún cuando se considere que la idea de culpa está ausente en la atribución de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa, de ello no se sigue sin más que pueda presumirse su riesgo o vicio, que fuera apta para repotenciar, recrear o aumentar la posibilidad de daño, máxime si no ha tenido una participación activa en su producción.

Ello es particularmente aplicable al supuesto de cosas inertes, pues la posibilidad de intervención causal de la cosa es menor que si se tratara de cosas en movimiento. Cuando la víctima ha sufrido daños que imputa al riesgo o vicio de la cosa, a ella incumbe demostrar la existencia del riesgo o vicio y la relación de causalidad entre uno y otro y el perjuicio; esto es, el damnificado debe probar que la cosa jugó un papel causal, acreditando, cuando se trata de cosas inertes, la posición o comportamiento anormal de la cosa o su vicio" (CSJN, 19-11-91, "O'Mill c/ Prov. Neuquén", Fallos, 314:1505; en el caso se trataba de un copiloto de avión que se cayó desde el primer escalón de la escalerilla de descenso de la aeronave al bajar la misma en una escala de vuelo).

Como podrá advertirse el criterio de nuestro más alto tribunal es similar al de los tribunales franceses, desde el momento en que atribuye a la víctima la carga de acreditar la posición o el comportamiento anormales de la cosa inerte. Consecuentemente, no rige en la especie de los daños cuya causación se atribuye a una cosa inerte la presunción de causalidad a nivel de autoría, que acreditados el títulos y la causa física resulta del régimen del art. 1113 del Código Civil.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: De la Fuente, Alejandro Antonio s/ Robo agravado por el uso de armas Reynoso, Walter Osvaldo s/ Hurto Farías, Eduardo Adrián s/ Hurtos calificados, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23|1992-04-23|1993-05-11

La inferencia presuncional que impone el inc. 4 del art. 259 es distinta de la descripta en el art. 258 y en los incs. 5 y 6 in fine del art. 259. En primer lugar porque la del inc. 4 se refiere a las presunciones en conjunto y no a sólo cada una de ellas. Y en segundo lugar porque, mediante esta exclusión de la eventual equivocidad del conjunto presuncional, la ley aumenta el grado de certeza que requiere respecto del hecho a probarse pues, más allá de la razonable opinión sobre la existencia de ese hecho (art. 258 cit.), del carácter directo ("de manera que conduzca lógica y naturalmente al hecho de que se trata") (inc. 5 cit.) y de la relación "sin esfuerzo, desde el punto de partida hasta el fin buscado" (inc. 6 cit.) respecto de cada presunción, lo cierto es que el inc. 4 prescribe que en sus efectos presuncionales los indicios en su conjunto "no puedan conducir" a conclusiones distintas de aquéllo que se trata de probar.
Impuestos, actividad industrial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DEBEUS, Julián s/ RECURSO   DE  APELACION  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  C/DECRETO  Nro.  413/83 MEO y SP.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1984-11-26

El régimen legal de promoción industrial Decreto-Ley 6726/81 por el cual se otorgan exenciones impositivas, benefician sólo a aquellas explotaciones comerciales e industriales que se hagan en forma directa por sus propietarios y no cuando se hayan dado en arrendamiento, en atención a que la actividad rentística está excluída del régimen de la ley.
Honorarios, retroactividad de la ley, derechos adquiridos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Estado Nacional (Mº de Economía -Secretaría de Industria) c/ Ford Motor Argentina S.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-15

Los trabajos realizados por los distintos profesionales intervinientes en una causa que hayan sido llevados a cabo íntegramente con anterioridad a la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones del art. 77 del C.P.C.C.N., no pueden aplicársele éstas sin afectar derechos amparados por garantías constitucionales (C.S.J.N., 12/9/96, "Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Buenos Aires, Prov. de s/ daños y perjuicios").
Ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, reordenamiento del sistema financiero, obligaciones en moneda extranjera, irretroactividad de la ley, pesificación, aplicación de la ley, mora del deudor, coeficiente de estabilización de referencia, fallos de la Corte Suprema
Materia: ECONOMIA
Carátula: M., M. c/ R., T. A. s/ EJECUTIVO s/CASACION s/RECONSTRUCCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-04-06

El contexto sigue siendo de emergencia total, pero cambiaron las soluciones que originariamente previó el dispositivo del Art. 11, de la ley 25561, para ser sustituido por la ley 25820, quedando también superado el problema de irretroactividad de la ley, ya que se aplica la misma solución a todos los casos, estén o no en mora, y se aportan nuevas salidas derivadas de la existencia de nuevos instrumentos, como la aplicación de índices de estabilización (CER), o de ajuste salarial (CVS), para una categoría determinada de deudores y con un fin protectorio, antes inexistentes, o vedados por la ley 25561, bajo la formula de prohibición de actualización o indexación, aunque admitidos luego por el Art. 4to. del D/ 214/02.

Y lo que es fundamental, cambió la jurisprudencia de la CSJN, que pese a que no ha logrado edificar una sentencia eficaz, debe ser respetada al menos moralmente por los grandes principios que contiene.
Principios procesales, principio de adquisición
Materia: PROCESAL
Carátula: C. M. de P. M. c/ SANATORIO D. L.C. SRL s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-23

Cualquier afirmación o prueba aportada por una de las partes son elementos de convicción y se adquieren para el proceso, en virtud del principio de adquisición y comunidad probatoria, con independencia de la parte que los haya arrimado.
Obras sociales, cobertura médica, alcance de la cobertura, gastos médicos, derecho a la salud, menores, excesos u omisiones en el pronunciamiento, sentencia arbitraria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa A., S. H. c/ OSFATLYF - Obra Social de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-04

Es arbitraria la sentencia que consideró que la cobertura por parte de la obra social demandada debía limitarse a los valores establecidos por el Ministerio de Salud, pues la cámara -a través de una para mejor proveer- consideró central determinar el impacto que produciría en la economía familiar el tener que afrontar los gastos médicos de la menor, y juzgó necesario comprobar si -a la luz de dichas constancias- el derecho a la salud de la niña estaba en peligro pero finalmente, no tuvo en cuenta dicha incidencia en modo alguno, desentendiéndose del resultado de esa medida ordenada.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-29


EXPEDIENTE DE SECRETARÍA Nº 1504/1981 CNACiv. SALA "D" - 29-10-1981.- "BENZECRY ELIAS c/ Registro de la Propiedad Inmueble s/ Recurso e: 72581/81".- Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

La sociedad conyugal comienza ineludiblemente desde la celebración del matrimonio (art.1261, Código Civil) y se prolonga hasta la separación judicial de bienes, la nulidad de matrimonio o la muerte de uno de los cónyuges (art.1291, cód. cit.).- A su vez, salvo prueba en contrario, se presumen gananciales los bienes existentes a la disolución de la sociedad conyugal (art.1271, cód. civil), en tanto que, específicamente, tienen tal carácter, en principio, los adquiridos por los cónyuges a título oneroso durante la vigencia de la sociedad (art. 1272, cód. cit.).- Ahora bien, la observancia de este esquema es imperativo en sede registral, donde cabe tan solo dejar a salvo la posibilidad a ocurrencia de los interesados por la vía que corresponda a los efectos de orden sustancial que se propongan. Es lo que ha ocurrido a fs. 28 y sin objeción del recurrente, en lo concerniente a la eventual exclusión hereditaria del cónyuge.- Adviértase que la calificación registral, aunque comprensiva del contralor de los requisitos relativos al poder de disposición de las partes (arg. C.N.Civil., en pleno, 27/7/77, L.L. 1977 C-392), se realiza en definitiva siempre, conforme se desprende incluso de la doctrina plenaria recordada, en función de las formas extrínsecas de los documentos que se presenten a registración, habida cuenta que la indagación de su legalidad apunta a comprobar la correspondencia de esos instrumentos y de cuanto de ellos resulta con "los sistemas respectivos" (art. 8º de la Ley 17.801).- En suma al reproche que se le formula a la resolución recurrida, que en última instancia se reduce a atribuirle únicamente un "seco dogmatismo" (conf. fs. 34 vta.) y no resulta fundamental, y en consecuencia, se resuelve rechazar el recurso intentado a fs. 31 / 35. Not. y dev.

FIRMADO: ALBERTO J. BUERES - CARLOS E. AMBROSIONI - PATRICIO J. RAFFO BENEGAS.
Enfermedad accidente, hernia, recidiva
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, ANIBAL c/ ALVAREZ Y COMPAÑIA  S.R.L. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-31

La zona cicatrizal (en el caso de origen quirúrgico motivada en un episodio de eventración imputable a un accidente) se presenta como un factor potencialmente dañoso, en tanto expone al paciente al riesgo de futuras recidivas o nuevas eventraciones, configurando una efectiva incapacidad de ganancia, y como tal resulta indemnizable en los términos de la ley 9688.
Honorarios, honorarios del abogado, distribución de honorarios, error material, rectificación del error, aclaratoria (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: PELOROSSO BLANCA CRISTINA MARIA Y OTROS c/ E.F.A s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-07

Frente al pedido de aclaratoria, adviértase que ha existido un error aritmético en el cálculo de los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte actora, asignando una mayor proporción de las tareas cumplidas a quiénes no las habían desarrollado efectivamente, e incurriendo en confusión en la aplicación del porcentual previsto en el art. 9 del arancel. Por ello, corresponde practicar la pertinente rectificación a fin de que la regulación no se convierta en fuente de indebidos beneficios.
Prescripción, acreedor, deudor
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vergara y Cía. S.R.L. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-09

El instituto de la prescripción liberatoria procede frente a la inactividad del acreedor. Por ello, si la acti-vidad de éste nace -como en el caso- con la comunicación prescripta por el art. 17 de la ley 24.013, es decir, cuando la A.F.I.P. toma conocimiento de la existencia de una deuda o crédito que reclamar, desde ese momento cuenta con la acción para ejercer el derecho que le asiste (cfr. C.N.A.T., Sala IV, sent. del 28.12.84, "De Luca, Antonio"). Por lo tanto, resulta a todas luces irrazonable atribuirle inactividad al acreedor cuando éste desconocía la deuda existente debido a la inconducta imputable al supuesto deudor.
Docentes, pago de la remuneración, falta de pago, salarios adeudados, retención de tareas, excepción de incumplimiento contractual
Materia: LABORAL
Carátula: Royano, Jorge Walter. c/ Rsc. Parroquial Milagroso Niño Jesús de Praga. s/ Ordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2007-02-23

Toda vez que un docente intime el pago de haberes, absteniéndose de trabajar conforme al art. 1201 del C. Civil, resulta improcedente la intimación a reanudar las tareas haciendo caso omiso al ejercicio de abstención de trabajar ejercida por el actor en virtud del art. 1201 C. Civil por salarios adeudados.

Queda en claro que la abstención de trabajar es fundada y no puede servir de fundamento a la figura del abandono de tareas en la medida en que los dependientes no tuvieron voluntad de dejar de trabajar sino sólo de abstenerse de prestar tareas hasta que la patronal cumpliera con su obligación.
Competencia, competencia por el turno
Materia: PROCESAL
Carátula: Sosa, Carlos Alberto s/ Competencia penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-03-24

Cuando con los elementos incorporados a la causa no es posible establecer el momento preciso en que tuvieron lugar las supuestas sustracciones de caudales constitutivas del delito de peculado, corresponde aplicar la pauta subsidiaria de asignación de competencia contemplada en el punto 2 de la Acordada 110 y habilitar la intervención del Juzgado que se hallaba en turno al ingresar el requerimiento instructorio en sede judicial.
Junta Nacional de Carnes, Servicio Nacional de Sanidad Animal, control sanitario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cámara de Industrias Frigoríficas Argentinas y Otros c/ E.N. -SENASA- s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

Las funciones cuya competencia correspondía a la ex Junta Nacional de Carnes instrumentada en la Ley 21.740, y que no se refieren a aquellas regulaciones suprimidas por el art. 3 del decreto 2488/91, siguen vigentes y encomendadas al Servicio Nacional de Sanidad Animal, no verificándose en este aspecto, que el decreto 193/95 desborde reglamentariamente prescripciones constitucionales o legales. (Consid. IV).
Recurso de inconstitucionalidad, excepción de cosa juzgada, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Rozen Frejda s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en: "Rozen Frejda c/ GCBA s/ Expropiación inversa. Retrocesión Inconstitucionalidad denegado en: "Rozen Frejda c/ GCBA s/ Expropiación inversa. Retrocesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-07-02

Con respecto a la naturaleza de la cosa juzgada, la actora postula una conceptualización restringida de dicho instituto que le permitiría dar curso al proceso, pero no rebate las razones dadas en la sentencia de Cámara. El fallo recurrido efectúa una interpretación razonable de la regla procesal prevista en el art. 282, inc. 7, del CCAyT, que -alejado de la clásica caracterización de la cosa juzgada sobre la base de la "triple identidad"- requiere, para que proceda la excepción, que el tribunal efectúe el examen integral de las dos contiendas y verifique si se trata del mismo asunto (o de otro conexo, contenido, accesorio o subsidiario) ya resuelto por la sentencia firme anterior. Así, la solución del caso no se encuentra vinculada directamente con la interpretación de una regla constitucional, sino con el alcance y sentido de una norma de inferior jerarquía, que no ha sido cuestionada en cuanto a su constitucionalidad en el proceso. Además, en uno y otro recurso no se ha dado ningún argumento que señale por qué razón la interpretación que del CCAyT efectúa la Cámara resulta lesiva de algún derecho constitucional.
Denuncia, nulidad procesal, coacción, concurso ideal, abuso deshonesto, víctima menor de edad
Materia: PENAL
Carátula: FLORES, Flavio L. s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-18

No corresponde declarar la nulidad del acto promotor del proceso, toda vez que la fiscalía reprochó por la comisión del delito de coacción, en concurso ideal con abuso deshonesto. El simple hecho que la denuncia la realizara la propia víctima, quien detentaba al momento de los hechos veinte años y no veintiuno como la ley civil requiere y que, no sólo se limitó a denunciarlo ante la autoridad policial, sino también lo ratificó en sede judicial, se careó con el imputado y se sometió a la desagradable revisión médica. Todos ellos resultan ser elementos que prueban acabadamente su intención de instar, no pudiendo -en justicia- ser dejados de lado por el hecho que, por unos días, no alcanzó la mayoría de edad.

De igual manera resultaría un contrasentido que la ley penal permita que un menor de dieciseis años, en ciertos casos, y en otros a los dieciocho, pueda ser acusado de un delito, y, por otra parte, se lo prive a esa edad de denunciar por sí solo un accionar del que ha sido víctima. Finalmente, el art. 72, C.P., está destinado a la protección de la víctima y no a la del victimario.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, ley previsional, interpretación restrictiva, costas, principio objetivo del vencimiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ALBORNOZ, ARGENTINA c/ FRIGORIFICO ROSARIO S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DECLARACION DE INSOLVENCIA DE LA  DEMANDADA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 135 AÑO 2004) ARROYO, JUAN CARLOS c/ PORCELANAS VERBANO s/ DECLARACION DE INSOLVENCIA- RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR LA APODERADA DEL FONDO DE GARANTIA DEPENDIENTE DE LA  ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 368 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-16|2005-04-06

En el estadio actual de la jurisprudencia de la Corte Nacional , se ha abandonado la reiterada doctrina según la cual el artículo 21 de la ley 24.463 (que dispone que las costas serán por su orden en todos los casos) debía ser interpretado en un sentido amplio, comprensivo de la diversidad de procesos y jurisdicciones en que deba actuar la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Por ello, al no tratarse en el caso -como es elemental- de un proceso de impugnación judicial de resoluciones administrativas de la ANSeS, que es la hipótesis contemplada en el artículo 21 de la ley 24.463 (vide artículo 14, ley citada), y no pudiendo extenderse la regla consagrada en dicho precepto a otros supuestos diferentes (como decían los romanos, singularia non sunt extendenda), y atendiendo -además- a que la ley 24.028 nada dice al respecto -no obstante tene r un capítulo especialmente dedicado a las "costas judiciales" (artículo 17)-, forzoso es concluir en que no asiste razón a la impugnante en el planteo de arbitrariedad que formula, al no aportar argumentos que justifiquen un apartamiento (que debe estar necesariamente fundado, bajo pena de nulidad) de la regla básica que consagra la responsabilidad patrimonial derivada de la sustanciación de un proceso judicial, disponiendo que la vencida debe siempre soportar los gastos realizados por la vencedora para obtener el reconocimiento de sus derechos, regla recibida en nuestro código de rito que se asienta en el derecho de propiedad.
Detención, Ministerio Público
Materia: PROCESAL
Carátula: RIOS, ELIAS DAVID c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-06-21

En circunstancias muy excepcionales, cuando exista una situación de confusión inicial que no permita identificar el rol que le cupo a alguien en un hecho determinado, se prevé que se pueda disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí antes de declarar, pudiendo incluso ordenarse el arresto por un plazo no mayor de 24 horas, lo cual no exime de todos modos al fiscal de su obligación de poner inmediatamente en conocimiento de la autoridad jurisdiccional la eventual orden de detención que libre. (Del voto del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 211 y 252
Costas, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: VIDELA RICARDO ALBERTO c/ JOSE JORGE PANTANO s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-01

La conclusión a que arriba el juez de primera instancia al imponer las costas en el orden causado cuando rechaza totalmente la demanda, es equivocada y con todo el respecto que me merece dicha resolución que la fundamenta el a-quo en los arts. 125 Y 126 del c.P.L.;

Entiendo que ello es así, ya que bien el problema de la imposición o exoneración de costas es una cuestión de hecho que los tribunales de méritos estiman y resuelven con criterio soberano; no se aprecia en el caso de autos que le accionante haya litigado con algún derecho y buena fe para aplicar la excepción del art. 125, Cuando su acción fue desestimada por no haber probado la relación laboral con el demandado.