Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 87480 CAUSA Nº 16.038/10 AUTOS: "BRACHO ESPINOLA JOSE ANTONIO C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO ACEVEDO 75/77/83/85 Y OTRO S/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL" JUZGADO Nº 12 SALA PRIMERA	En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo de 2012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe y de acuerdo a al correspondiente sorteo se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I.- La señora jueza "a quo" admitió la demanda, fundada en el derecho común, orientada al cobro de una indemnización por accidente de trabajo (fs.515/529).

Tal decisión es apelada por el actor, por el consorcio Acevedo 75/78 y por el codemandado Lavorano (fs.526 I/531; 538/542; 543/549; 560/564; 567/568). También se cuestionan los honorarios regulados, por altos y por bajos, el señor perito médico y las representaciones letradas de las partes (fs.540 vta.; 548; 552 y 554).	II.- Recuerdo que el señor José Bracho Espínola sufrió un accidente el 7 de agosto de 2008. Cayó desde un 5to piso del edificio cito en la calle Acevedo 75/78 de CABA mientras se encontraba realizando trabajos de reparación del exterior del inmueble; golpeó sobre la chapa de defensa de la obra y recibió múltiples traumatismos que le provocaron una incapacidad física y psíquica del 40% t. o.

La señora jueza de origen, luego de resaltar que no había sido contratada cobertura alguna de seguro, condenó solidariamente al Consorcio, a su administrador en el momento de los hechos (Sr. Lavorano) y al tercero citado por éste, Jorge Rafael Sanabria, titular de la empresa a quien se le encargaran los trabajos de refacción. Para así decidir, la doctora Echevers dijo que como el siniestro se produjo por la rotura de los hierros de la pasteca que sostenían al balancín utilizado para realizar los trabajos, tanto el contratista Sanabria como el Consorcio, en tanto guardianes al menos de la cosa que produjo el daño, son jurídicamente responsables y aludió además a que el trabajo en altura es de por sí una actividad riesgosa. Añadió por lo demás a que hubo culpa tanto del consorcio como del contratista, por ausencia de medidas de seguridad adecuadas. Fundó la condena en las previsiones de los artículos 1109 y 1113 segundo párrafo del Código Civil. Con respecto a la responsabilidad del codemandado Lavorano, la magistrada dijo que en su condición de representante legal del consorcio, según la ley 13.512 de Propiedad Horizontal, omitió velar por el cumplimiento de "las pautas de seguridad propios del trabajo de altura" contemplados en el contrato, así como que tal incumplimiento fue agravado por la ausencia de control previo a la iniciación de los trabajos, acerca de la existencia y vigencia de la cobertura de seguro comprometido.	III.- La crítica del Consorcio de Propietarios de la calle Acevedo 75/87, de fs.543/549 es improcedente. En primer lugar, no fue condenado como empleador ni por haber omitido el cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 75 LCT, sino con base en el derecho común y concretamente en razón de un factor objetivo de atribución.

Al respecto, no se controvierte que el consorcio contrató a través de su administrador la ejecución de trabajos de refacción y pintura del frente del edificio situado en la calle Acevedo 75/85 y que el accidente se produjo al caer el trabajador cuando se encontraba cumpliendo tareas de altura en el ese lugar.

La responsabilidad que asume el consorcio frente al operario es la que derivada del segundo párrafo, segundo apartado del art. 1113 del Código Civil, toda vez que no está en discusión que el consorcio se benefició con los arreglos efectuados y que es en definitiva, el "dueño" en verdad los copropietarios del edificio y partes comunes donde se efectuaron los trabajos de construcción y, en ese carácter, cabe también atribuirle las consecuencias dañosas que pudieron haberse derivado durante la ejecución de la obra, máxime cuando dicho precepto consagra el factor objetivo del riesgo creado, determinándose que quien es dueño o se sirve de cosas que,por su naturaleza o modo de empleo generan riesgos potenciales a terceros, debe responder por los daños que ellas originan.

En el sub lite no hay duda que la actividad que desarrollan los operarios en altura y colgados del balancin es per se riesgosa, por lo tanto, como no se acreditó que haya habido culpa de la víctima - como parece presumirlo la quejosa - ni culpa de un tercero por quien no deba responder, lo decidido se ajusta a derecho.

La doctrina jurisprudencial que cita el apelante no se comparte ya que, en mi opinión, desoye la previsión expresa del artículo 1113 del Código Civil, pues no es sostenible que pueda negarse la calidad de responsable por lo daños a quien permite ingresar a trabajadores a realizar labores de riesgo en el inmueble de su propiedad y en su beneficio, máxime si se suma que no se controló que contasen con cobertura de seguro para daños personales. No es relevante que los instrumentos de trabajo no fueran de propiedad del consorcio ya que éste era el dueño de la obra que involucraba en su desarrollo tareas de riesgo. Por cierto, la responsabilidad que se declara no implica que se encuentre vedada la acción de regreso respecto de la contratista si asumió la responsabilidad por los daños en el respectivo acuerdo.

Tampoco es admisible la crítica al porcentaje de incapacidad reconocido en origen. Que el actor haya estimado su incapacidad en el 30% es intrascendente, porque lo denunciado al inicio fue sólo, valga la redundancia, una estimación que no veda la constatación de una incapacidad superior. A todo evento, la magistratura del trabajo está habilitada a fallar ultra petita (Art. 56 Ley 18.345).

Tampoco son válidas las críticas dirigidas a invalidar las conclusiones arrimadas por el médico legista en relación con las afecciones psicológicas del actor. En efecto, en el auto de apertura a prueba (fs.229, d) la jueza "a quo" dispuso la designación de médico legista para contestar los puntos de fs.204 y vta, que incluyen los aspectos psíquicos del actor (véase fs.204 vta.) y esa resolución, objetable o no, no fue criticada y pasó en autoridad de cosa juzgada. Por otra parte, el médico legista fue quien emitió el dictamen sobre tales aspectos personales del trabajador, lo que estaba dentro de las competencias profesionales. En ese orden, el reproche adjetivo que sobre el tópico realiza la quejosa sólo entraña un exceso de rigor formal que debe desecharse, desestimándose al mismo tiempo la apertura a prueba en esta instancia, por improcedente además de inconducente.

Tampoco es admisible la crítica relativa a que se habrían reconocido partidas múltiples por daño psicológico, pues el apelante pasa por alto que una cosa es el daño por la incapacidad laboral derivada de perturbaciones psíquicas perdurables - indemnizable como mengua de la capacidad productiva en el plano económico - y otros muy distintos son, tanto el daño patrimonial que genera la necesidad de atención médica por la dolencia y el agravio moral que produce en la persona, ya el episodio traumático y el hecho de vivir en lo sucesivo con disminuciones no sólo en el ámbito del trabajo sino en las distintas esferas de relación.

La referencia constante a la ocurrencia de culpa de la víctima ya se ha señalado que no es admisible pues en el memorial se lo afirma de manera dogmática, en base a meras suposiciones, sin hacerse referencia a pruebas concretas de la virtual temeridad. Por otro lado, está claro que ni el contratista ni el consorcio, que se beneficiaba de los trabajos, controló que la actividad riesgosa a realizarse en altura, fuera rodeada de todas aquellas medidas dirigidas a prevenir siniestros. La inobservancia de las medidas de seguridad, como las que referencia en grado la doctora Ana Echevers, impide la invocación del casus.

La crítica a la aplicación de la tasa activa desde la fecha del evento dañoso debe correr idéntica suerte. En los sistemas nominalistas, es necesario que la tasa contemple el envilecimiento del signo monetario. La tasa activa es la adecuada según mi opinión (artículo 622 del Código Civil) y coincide con lo sugerido por esta Cámara en el Acta 2357/02 y Resolución Nro.8 del 2002.

La demandada reclama se aplique a su respecto el principio de equidad. Afirma que no está en condiciones de afrontar la condena porque el edificio consta de diecisiete unidades, con habitantes, en su mayoría, de ingresos fijos. Que al contratar a Sanabria para realizar los trabajos no podían presuponer los eventuales incumplimientos de éste. En verdad, el principio de no dañar a otro, emplazado en el Art.19 de la Constitución Nacional, impide admitir esta pretensión, aún desde la óptica del artículo 1069 CC, sin transgredir, en perjuicio de la víctima, no sólo la garantía constitucional citada sino también la de propiedad (Art.17 CN). Ello, por cierto, sin perjuicio de las acciones de regreso que conserva la apelante, en la medida del perjuicio, contra el codemandado Sanabria, quien incumplió el contrato de obra (ver fs.27/32, especialmente "claúsula especial", que contiene un compromiso de indemnidad).

En otro orden, no le asiste razón cuando pretende que se declare que la responsabilidad del consorcio es sólo subsidiaria y para el caso de insolvencia de los codemandados condenados. En verdad, la responsabilidad de la quejosa es principal y directa, ya que su obligación de resarcir deriva de su calidad de dueña de la obra que, en razón de los trabajos de altura, entrañaba un riesgo considerablemente alto (Art.1113 segundo párrafo del CC).

El reclamo de plazo para el pago no es procedente ya que el crédito que aquí se declara data del 7 de agosto de 2008 y la mora ex re se produjo en esa oportunidad. Lo señalado, es sin perjuicio de la eventual espera que de manera voluntaria pudiese admitir el actor, consentimiento que no corresponde a este tribunal imponer.

Por lo expuesto, propongo se desestime la queja en examen y quede la sentencia al abrigo de revisión.

IV.- La impugnación del codemandado Javier Jorge Lavorano es improcedente. En efecto, si bien su intervención en el contrato de obra lo fue en calidad de representante legal del consorcio de propietarios y en ese marco no se obligó personalmente; lo cierto es que su responsabilidad civil frente al trabajador accidentado remite a un factor de atribución subjetivo y a una fuente extracontractual.

En efecto, es sabido que según el Art.8° de la ley n ° 941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los administradores de consorcios sólo pueden contratar la provisión de bienes, servicios o la realización de obras con aquellos prestadores que reúnan, entre otros requisitos: "Seguros de riesgos del trabajo del personal a su cargo, en los casos que así lo exija la legislación vigente" (inciso 2°).

En el caso, la omisión en el control de acceso de trabajadores a la obra provistos de adecuado aseguramiento tiene relación causal adecuada con los daños que se produjeron. En efecto, de haber constatado la contratación de un seguro de riesgos del trabajo, la aseguradora de riesgos, anoticiada de la fecha de inicio de la obra, habría podido controlar el cumplimiento de las normas de seguridad en la obra a encararse en el edificio (artículo 4° de la ley 24.557).

La obligación que impone la ley local tiene un sentido claramente preventivo de los eventuales daños e impone al administrador del consorcio responsabilidades específicas, que además, en el caso, no podía obviar en función de su profesionalidad y experticia en los asuntos de administración consorcial. Y su incumplimiento - acreditado en la especie, ya que los operarios ingresaron sin obstáculo alguno - permite atribuir responsabilidad por culpa a quien desoyó el imperatrivo legal (Art.1109 CC).

En ese marco conceptual, no puede reprocharse a la sentencia en crisis vaguedad alguna, como pretende el quejoso, pues el factor de atribución en que se funda el pronunciamiento condenatorio es subjetivo (Art.1109 y 1074 CC) y desde la óptica del artículo 902 del CC, la omisión del deber legal señalado, que es imperativo para todo administrador de consorcio, permite concluir en la existencia de relación causal adecuada entre la antijuridicidad y el daño, ya que los efectos dañosos pudieron ser previstos por el autor del ilícito, tanto en abstracto como en concreto.

V.- Tanto el actor como los demandados cuestionan el quantum resarcitorio diferido a condena. El actor lo objeta por insuficiente y tanto el Consorcio como Lavorano por exhorbitante.

Ninguna de las piezas recursivas constituyen - en torno de este tópico - una crítica concreta y razonada del fallo apelado y en consecuencia deben ser consideradas desiertas según el artículo 116 de la ley 18.345.

La crítica del demandante (fs.538/540) es dogmática y no especifica la causa por la que considera que el capital es exiguo; sólo se limita a reprochar que es inferior al monto reclamado sin mayor argumentación.

La misma calificación merece la impugnación del Consorcio (fs.546 y vuelta) pues se limita a resaltar que impugnó la pericia médica sin referencia puntual, más allá de lo que supra se consideró improcedente respecto de las derivaciones dañosas del accidente en el plano psicológico. Por otro lado, insinúa que como el actor actualmente estaría trabajando - no específica en qué - el porcentaje de incapacidad estimado por el perito sería excesivo. Esta crítica carece de referencia probatoria que lo avale, por lo que debe ser desechada.

El codemandado Lavorano también omite fundamentación sobre este punto y su discurso refleja una mera discrepancia con la cuantificación realizada en origen que no se funda sino en meras remisiones a presentaciones anteriores inidóneas para constituir agravio, en el sentido técnico jurídico (artículo 116 de la ley 18.345).

Por lo expuesto, propongo que se confirme la cuantificación realizada en la instancia anterior, en la suma de $ 186.000, capital al que se ordenó adicionar intereses a la tasa activa desde la fecha del accidente (7-8-2008).

VI.- Los honorarios regulados al perito médico en el 7,5% del monto del proceso, es adecuado a la importancia de los trabajos realizados y a su importancia para la solución de la controversia. Propongo que se mantengan. La crítica del Consorcio referida a que en grado se dispuso que el porcentual se aplicará sobre el "capital actualizado más intereses" es improcedente, porque la señora jueza de grado no ordenó actualización del capital, por otra parte vedada por la legislación vigente. La objeción es improcedente por ausencia de perjuicio. El porcentual se aplica sobre el monto total de condena, incluidos capital e intereses.

VII.- Las restantes regulaciones de honorarios objetadas, tanto de las representaciones letradas de las partes como del perito contador, como retribución de los trabajos de origen (14% actor; 10% cada una de las demandadas y 6% el perito contador) se ajustan a las pautas arancelarias en vigor y son adecuadas a la importancia de los trabajos realizados. Propicio que se confirmen (artículos 6°, 7°, 9° y concordantes de la ley 21.839 y artículo 3° del decreto 16.638/57).

VIII.- Las costas de alzada deben imponerse a los codemandados vencidos en lo principal de los recursos (artículo 68 CPCCN) y regularse los honorarios de la representación letrada del actor, codemandado Consorcio y codemandado Lavorano, en el 25% de lo que ha sido fijado por los trabajos de origen (artículo 14 de la ley 21.839).

IX.- Por lo expuesto, propongo en este voto: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio; 2) Imponer las costas de alzada a las demandadas y 3) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes según lo establecido en el considerando VII de este voto.

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio; 2) Imponer las costas de alzada a las demandadas y 3) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes según lo establecido en el considerando VII de este voto.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gabriela Alejandra Vázquez Gloria M. Pasten de Ishihara Jueza de Cámara Jueza de Cámara Mab Ante mí:

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de 2012 se dispone el libramiento de cédulas. Conste.

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de 2012 se notifica el Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.

Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara