Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-12-05


Buenos Aires, diciembre 5 de 2003.

Resultando: I. Que a fojas 4/9vta., la actora interpone recurso de apelación contra una resolución de la AFIP-DGI de fecha 15 de mayo de 2003, mediante la cual se le aplica una multa de $18.000, en los términos del art. 39, tercer párrafo de la ley 11.683.

La recurrente plantea en primer lugar la nulidad de la sanción impuesta, por entender que carece la misma de causa. Destaca que el hecho verificado y enunciado en los "Vistos" no encuadra en el tercer párrafo del art. 39 de la ley de rito, el que reprime los reiterados incumplimientos a dos o más requerimientos a un mismo deber formal.

Manifiesta que el hecho que aquí se sanciona consiste en la no presentación de la declaración jurada (res. general 4120) dentro del plazo del vencimiento general, como tampoco dentro de los quince días otorgados en la intimación del 6/11/02. Aclara que no existe resolución condenatoria como tampoco otros requerimientos incumplidos a no ser la intimación antes mencionada.

También hace referencia a que la resolución apelada adolece de vicio en su objeto, ya que existe una falta de proporcionalidad entre los hechos que determinan el acto y lo que éste dispone. Considera que la sanción resulta excesiva y arbitraria con relación del deber formal incumplido; por lo que pide que de no ser aceptada la nulidad que plantea; se reduzca la presente multa a su mínimo legal.

Plantea la nulidad de la resolución por ausencia de motivación, ya que dice que en la misma, sin fundamentación, se aplica una multa del 40% del máximo legal previsto en el art. 39 de la ley ritual, limitándose a indicar que no se reúnen los requisitos que hacen factible la aplicación del mínimo legal, sin dar fundamentos de ello.

Sostiene que el incumplimiento sancionado no tiene la entidad suficiente para provocar lesión alguna del bien tutelado y no tiene la peligrosidad de la acción reprimida por el art. 39.

Alega que la aplicación de una multa de $18.000, demuestra que no hay proporción entre el hecho y la pena aplicada en relación con el retraso, lo que -dice- lleva a concluir que se está en presencia del ejercicio desproporcionado de la potestad administrativa de punición, lo que a su entender se traduce en un abuso de derecho y conculca la garantía de razonabilidad, ya que la falta de cumplimiento en el plazo intimado no encuadra en el tipo previsto en el tercer párrafo del art. 39.

Manifiesta que no desconoció la infracción cometida, por lo que considera que el monto de la multa es desproporcionado y, entiende que debería haberse aplicado el mínimo de la escala legal, como lo dispone el art. 50 de la ley 11.683. Finalmente hace reserva del caso federal.

II. Que a fojas 15/19 contesta el recurso la representación fiscal, y manifiesta que la naturaleza formal de la presente sanción, hace que sea aplicable por la sola existencia de la transgresión, no siendo necesario que el fisco sufra un perjuicio por el incumplimiento, siendo suficiente que dicho incumplimiento sea capaz de causar daño, aunque no se produzca tal efecto.

Expresa que tratándose el requerimiento que se le cursara a la actora, de la aportación de la constancia de haber presentado la declaración jurada del período 2001 de conformidad con lo establecido en la res. general 4120/96, sostiene que dicho incumplimiento está referido a un régimen de información de terceros, por lo que entiende que la conducta que se le reprocha se encuentra encuadrada en el art. 39.

Con respecto a la falta de proporcionalidad de la multa, dice que la actora presentó la declaración jurada res. general 4120/96 el 19 de junio de 2003, cuando ya había vencido en exceso el plazo otorgado y, con fecha posterior a la iniciación del sumario y a la aplicación de multa aquí apelada.

Agrega que el acto apelado hace mención a los supuestos de hecho que dieron lugar al sumario, como también aplica la sanción conforme a derecho, a su vez hace saber a la recurrente los cargos que se le imputan para que efectúe su defensa. Además expresa que queda a cargo de la actora demostrar su causal de exculpación, lo que no hizo. Ofrece como prueba los antecedentes administrativos y hace reserva del caso federal.

III. Que no habiendo prueba a producir, a fs. 20 se elevan las actuaciones a la sala A.

A fs. 21 se ponen los autos para sentencia.

Considerando: I. Que en primer lugar corresponde resolver los planteos de nulidad efectuados por la apelante.

Con respecto a la falta de causa, objeto y motivación del acto determinativo, al respecto interesa destacar que la nulidad no procede por un mero prurito ritualista, sino que debe tratarse de una violación al debido proceso adjetivo, con entidad suficiente para producir un menoscabo cierto en el derecho de defensa del contribuyente.

En este sentido, si bien el actor considera que el hecho verificado y enunciado en la resolución no encuadra en el tercer párrafo del art. 39 de la ley 11.683, ya que el mismo reprime los sucesivos incumplimientos a dos o más requerimientos formulados con relación a un mismo deber formal, cabe hacer notar que la naturaleza formal de la infracción que aquí se trata, hace que en principio la sola existencia de la transgresión haga aplicable la sanción, bastando que dicho incumplimiento sea capaz de causar daño, o aunque no lo haya producido y le sea imputable. Y siempre, claro está, que se encuentre presente el elemento subjetivo que requiere el ilícito.

Además, el art. 39 en su último párrafo establece que, si existiera resolución condenatoria respecto del incumplimiento a un requerimiento de la AFIP -como lo es el caso de autos- las sucesivas reiteraciones que se formulen a partir de ese momento y que tuvieren por objeto el mismo deber formal, serán pasibles en su caso de la aplicación de multas independientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de discusión; lo que demuestra que para configurarse la infracción del tercer párrafo del artículo citado, basta con el incumplimiento a un único requerimiento.

Con respecto al vicio en el objeto a que alude la actora, debe repararse que dicho objeto consiste en el requerimiento que se le efectuó a la recurrente, o sea, en la aportación de la constancia de haber presentado la declaración jurada res. general 4120/96, período 2001, y tratándose el incumplimiento a un requerimiento de información de terceros, la conducta imputada se encuentra por tanto encuadrada en el tercer párrafo del art. 39 citado, o sea, que el objeto de la resolución apelada, es el determinado por la ley para el caso concreto.

Con referencia al agravio de la actora relacionado a la falta de proporcionalidad entre el hecho y la pena aplicada, debe señalarse que es facultad del juez administrativo su graduación, el que debe fijarla entre un monto mínimo y máximo que prevé la norma, como también valorar el accionar del responsable, ya que el incumplimiento por parte de éste, impide al ente recaudador cumplir con su deber de control y el fin es desalentar el incumplimiento.

De lo expresado precedentemente y de la lectura de la resolución apelada, de la cual surgen los elementos y requisitos indispensables para otorgar validez a la misma se concluye que corresponde rechazar las nulidades planteadas por la apelante, con costas.

II. Que en cuanto a la cuestión de fondo, cabe destacar que el art. 39 -t.o. en 1998- establece que serán sancionados con multas de $150 a $2500, las violaciones a las disposiciones de esa ley, de las respectivas leyes tributarias, de los decretos reglamentarios dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y por toda otra norma de cumplimiento obligatorio, que establezcan o requieran el cumplimiento de deberes formales tendientes a determinar la obligación tributaria, a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los responsables.

Asimismo el párrafo tercero del artículo antes citado prevé en los casos que dichos incumplimientos se refieran a regímenes generales de información de terceros establecidos por resolución general de la AFIP, la multa prevista en el párrafo anterior se graduará entre $2.500 y $45.000.

En efecto, como ya lo sostuviéramos in re "Indigar SRL s/apelación (26/11/97)", en el caso de la conducta que reprime el art. 43 -ahora art. 39- de la ley 11.683, lo que se busca proteger es el bien jurídico "administración tributaria" y apunta a castigar la violación a deberes formales de colaboración. Ha dicho la CSJN que aquella reprime el incumplimiento de deberes formales que ayudan a "determinar la obligación tributaria y a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los responsables" ("Moño Azul S.A.", 15/4/93).

Al respecto, debe reiterarse que no se requiere para la configuración del ilícito que se infrinja una lesión patrimonial al Fisco, al no tener relevancia el resultado de la acción.

En el caso de autos, ha quedado debidamente acreditado que la apelante no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado por el Fisco -que dio origen al sumario 4/942/2003/00080, y luego al acto aquí recurrido-, razón por la cual su conducta encuadra en la figura que prevé y reprime el art. 39. De las actuaciones administrativas que corren por cuerda, se desprende que el contribuyente no ha realizado presentación alguna con relación al sumario y presentó las declaraciones juradas requeridas el 19/6/03, o sea, con posterioridad a la aplicación de la multa que se apelada y, una vez configurado el ilícito que se le imputa. (ver fs. 17 de los ant. adm.). Tampoco le corresponde la reducción prevista en el art. 50 de la ley de rito, ya que tuvo oportunidad de reconocer la materia de la infracción cometida en la etapa sumarial y no lo hizo.

En ese contexto, la multa aplicada ha sido correctamente graduada, dadas las circunstancias apuntadas, siendo de destacar que en la especie se trata de la aplicación de la sanción prevista en el tercer párrafo del art. 39 de la ley 11.683 con relación al incumplimiento incurrido.

Por lo demás, la recurrente tampoco aduce ninguna causa eliminatoria de subjetividad, -sino que reconoce su conducta omisiva- elemento que, a juicio de los suscriptos, debe encontrarse presente en todas las infracciones tributarias, sin perjuicio de que el incumplimiento de los deberes formales de colaboración con la administración fiscal crea una razonable presunción "iuris tantum" que debe ser ponderada con las circunstancias personales de tiempo y lugar de forma tal que permitan en la convicción del juzgador encontrar configurada la infracción.

Por lo expuesto, corresponde confirmar la sanción impuesta, con costas.

Por ello, se resuelve:

1) Rechazar las nulidades planteadas por la actora. Con costas.

2) Confirmar la resolución apelada. Con costas. - Ernesto C. Celdeiro. - José E. Bosco. - Ignacio J. Buitrago.