marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestión constitucional, actos y diligencias procesales, recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Villarreal, Domingo Alfredo c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-05

La mera denuncia de arbitrariedad en el pronunciamiento no habilita la vía extraordinaria del recurso de inconstitucionalidad cuando la recurrente no demuestra palmariamente que el decisorio atacado -al margen de su acierto o error- se aparta de los criterios que el ordenamiento jurídico vigente suministra a los jueces para resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg y voto coincidente del juez Santiago Otamendi).
Actualización monetaria, desindexación
Materia: CIVIL
Carátula: LOMBARDO, JOAQUIN MARIO c/ JUAN CARLOS MEDINA Y OTRA s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-11

No basta solamente alegar la pertinencia de la utilización de la ley 24283 al caso, sino que es necesario como requisito de aplicabilidad, acreditar el presupuesto de hecho que la justifique.

Ello implicaría la exigencia de demostración de que el índice aplicado al caso no guarda relación con la economía real y el valor de las prestaciones involucradas; en el "sub examine" ello resulta imposible, atento que el contrato fue suscripto en el mes de abril de 1991 y en ningún momento se aplicaron índices de actualización o desvalorización, sino simplemente intereses.
Chantaje, intimidación, extorsión, cambio de calificación legal, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: AMARANTE, Ramiro M. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-29

El hecho que la damnificada al recibir la nota manuscrita en la cual se le exigía la entrega de dinero a fin de no divulgar cuestiones relativas a su intimidad, haya decidido efectuar la denuncia, evidencia que la acción intimidatoria desplegada tuvo la idoneidad requerida.

Con la exigencia dineraria comenzó la ejecución del delito y el medio fue idóneo (ya que efectivamente provocó intimadación en la víctima por el temor de verse afectada en su honra y en su crédito), resultando luego el accionar desplegado frustrado por un hecho ajeno a su voluntad.

No se trata de una extorsión sino que la conducta desplegada encuadra en el delito de chantaje.

Lo que diferencia al chantaje del delito previsto en el art. 168 del C.P. es el medio utilizado, esto es, las amenazas de imputaciones contra el honor o la violación de secretos.

Mientras que el art. 168 además de la propiedad el otro bien jurídico protegido es la libertad de la persona, en el art. 169 del C.P. también está en juego el honor y los secretos de las personas, tal como ocurre al tratarse la amenaza que habría proferido el incuso de una imputación pública y difamatoria que pudo provocar en la víctima un temor al escándalo.

Por ello, debe confirmarse el auto que decreta el procesamiento del imputado modificando la calificación legal.
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Proveedora Industrial S.A. s/ Inconstitucionalidad arts. 16, 38, 39 y concs. de la ley 10.149;  arts. 59, 80, 81 y concs. del dec.regl. 6409/84
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

La intervención del empleador en el procedimiento administrativo -sin perjuicio de la que le confiere el art. 10 de la ley 10.149 para que aporte los antecedentes necesarios a la decisión del debate - se halla garantizada en las normas reglamentarias que establecen en materia de infortunio laboral diversas oportunidades: además de acercar los datos o antecedentes necesarios para determinar la indemnización (art. 60, dec. 6409), le cabe -tanto al patrón como a sus subrogados- efectuar la denuncia del accidente o bien, alegar la imposibilidad de hecho de haberlo conocido (art. 64), proponer facultativos para el examen del trabajador (art. 73), con la notificación de la fecha en que se llevará a cabo la junta médica (art. 75), a la que pueden concurrir los facultativos de las partes e ilustrar a los médicos oficiales (art. 76).
Hábeas corpus, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Acosta, Claudia Beatriz y otros s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín es, en el caso, el superior tribunal de la causa de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 de la ley 23.098, toda vez que el Código Procesal Penal de la Nación no prevé en el trámite de hubiste corpus la intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal (Voto de los Dres. Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert).
Seguros, derechos del asegurador, subrogación en los derechos del asegurado, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA HISPANO ARGENTIA CIA. DE SEGUROS SA c/ STAF SA s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE AEREO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

El crédito del asegurador es de naturaleza dineraria, porque este no paga la deuda de un tercero sino la suya propia resultante del contrato de seguro, y lo que se le transmite en los términos del art. 80, Ley 17.418 son, en rigor, "... Las acciones, derechos y garantías del antiguo acreedor ..." (art. 771, Código Civil), pero no lo sustituye en la titularidad o en el dominio del crédito, sino solamente para que pueda lograr la recuperación de las sumas pagadas "y hasta la concurrencia" de lo que ha desembolsado. De ahí que la causa del derecho recursivo del pagador con subrogación no sea la misma que la causa del crédito en que se subroga, y de ahí que la calificación de crédito de valor que corresponde al asegurado-damnificado, no se traslade al asegurador-subrogante (cfr. Pliner, A. "La Subrogación del Asegurador: Sus Límites", reg. en ED, T. 62, pág. 609 y sgtes.) y porque la aseguradora nunca adquiere el carácter de damnificado, pues este pertenece intransmisiblemente al asegurado. Con respecto a la aseguradora, el origen de su obligación está en el contrato de seguro y no en el daño producido, el cual es condición de hecho que, de darse, recién hacer surgir su obligación de indemnizar según los términos de la cobertura. Así, se aprecia que la aseguradora es deudora de una suma de determinada especie de moneda, y no de una deuda de valor (cfr. Quaglia, A. G. "Seguro - Desvalorización Monetaria", LL, 1975-A, pág. 1319 y sgtes.). (Del voto del Dr. A. Vázquez).
Recurso extraordinario, ejecución fiscal, Superior Tribunal de la Causa
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Fisco Nacional -D.G.I.- c/ Rubrex S.R.L. s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-10

Es el pronunciamiento del tribunal superior de la causa, el dictado por el juez federal en una ejecución fiscal: art. 92 de la ley 11.683, según modificación introducida por la ley 23.658.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CENTRO DE JUBILADOS DE CIENCIAS ECONOMICAS c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE CIENCIAS ECONOMICAS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-09-06

Adolece de falta de fundamentación el razonamiento de la Cámara en torno a que operó un cambio de pretensión al hacerse lugar a la entrega de información disociada o seudonimizada y no encriptada como solicitó el actor en su demanda, por cuanto con su argumentación el Tribunal no logra convencer de por qué no debía entenderse el asunto de la modalidad en que se deben entregar los datos como una cuestión accesoria respecto a la pretensión principal, que consistía en que se entregue información útil a los fines de mejorar los actores sus magros haberes jubilatorios a través del análisis de la misma, información que la Cámara ordenó entregar a la parte actora.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, estabilidad propia, cesantía, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ACOSTA, VILDO EUSEBIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ ACLARATORIA - RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA  JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 116-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-01

El Estatuto General del Personal de la Administración Pública Provincial -Ley 8525-, establece la llamada "estabilidad propia", o sea, la que da derecho -en caso de ilegitimidad del acto de cesantía- a la reanudación de la relación de empleo que fuera extinguida por el acto luego anulado. En el caso, la cesantía fue dispuesta con invocación de causa imputable al empleado por lo que, anulada ésta, debe reconocérsele al agente el derecho a ser reincorporado.
Nulidad procesal, incidente de nulidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Albarracin,  Raúl  Antonio c/ Caja  de  Ret.Jub.  y Pensiones de la Policía Federal y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-22

El art. 172 del Cód. Procesal establece como condición necesaria para la procedencia del incidente de nulidad la manifestación expresa y concreta de las defensas que el incidentista se ha visto privado de oponer (conf. Fassi, S.C., Cód.

Procesal Civil y Com. de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado , t.I, pág. 501, nº 1118, 2da. ed., 1980).
Locación de inmuebles, alquileres, fuerza mayor, caso fortuito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sandoval,    Gustavo-Ramirez   Vda.  de  Sandoval,  Myriam  Isabel y Sandoval, Darío Ramón c/ Weinssenbacher, Juan Carlos s/ Desalojo Myriam  Isabel y Sandoval, Darío Ramón c/ Weinssenbacher, Juan Carlos s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-09-26

La pretensión del accionado respecto a la suspensión de pago de los alquileres por mediar fuerza mayor o caso fortuito que afecta la cosa misma, de manera que es obligado, a no usar o gozar de ella (art.1522 C.C.), debe canalizarse mediante la pertinente acción judicial y no por una mera petición formulada el contestar la demanda.
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHANQUIA PABLO RAMON Y OTRA c/ BURMOR S.A.C.I.F. Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-02

Tratándose de lucro cesante, si bien no cabe exigir total certeza de la futura producción de la víctima, si es necesario una fundada y seria probabilidad objetiva basada en la circunstancia del caso, pues rige también para este daño el requisito de certeza.

Excluyéndose el perjuicio que aparece solo como posible, conjetural e hipotético. Desde ese ángulo, no puede aceptarse el reclamo de sus padres pues el hijo fallecido compartía la vida con su concubina, y que al tiempo de su fallecimiento se encontraba embarazada de dicha unión de hecho; la experiencia enseña, que los escasos ingresos que en la realización de changas obtenía, hubieran sido destinados a la manutención de su pareja y nueva familia, y no a sus padres quienes por otra parte vivían separados. En manera alguna se han acreditado los ingresos que se aducen, y que la víctima contribuyera - en alguna medida - a los gastos de subsistencia de sus progenitores, que no permiten concluir en la pérdida de espectativas de ganancias a raíz de su desaparición, por lo menos, en relación a sus padres.
Seguridad social, pensiones, muerte del cónyuge
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Tarditti, Marta Elena c/ ANSeS s/ pensiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

Si el causante se encontraba formalmente afiliado al régimen para trabajadores en relación de dependencia y aportaba regularmente al momento de su fallecimiento, corresponde aplicar el art. 53, inc. a, de la ley 24.241, que rige para todos los beneficiarios del sistema integrado de jubilaciones y reconoce el derecho de la viuda a obtener la pensión por muerte del afiliado en actividad.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, responsabilidad civil, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PERALTA BERNASCONI, PABLO ARIEL c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-07-08

El plazo de dos años que alude el art. 4037 del Código Civil para ejercitar la acción por responsabilidad extracontractual, en principio comienza desde que el hecho se produjo o se cometió, dado que es el comportamiento antijurídico e imputable la base de la responsabilidad; sin embargo, cuando el daño en relación causal adecuada se manifiesta con posterioridad al hecho, el plazo comienza a contarse desde la producción del daño, desde que éste se exteriorizó o fue conocido por el damnificado. Este conocimiento por el damnificado debe entenderse no como noticia subjetiva y rigurosa, sino como una razonable posibilidad de información de parte del actor.
Contratos, resolución del contrato, pacto comisorio, efecto retroactivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DE BLASI FELIPE c/ BEATRIZ RODRIGUEZ s/ Cobro Pesos (LIBRO: S083 - 009)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-06-07

Si bien es cierto que la resolución del contrato es retroactiva, esa retroactividad se remonta no a la fecha en que se promovió la demanda para que así se lo declarara, ni a cuando la accionada incurre en mora en el pago del saldo, sino a la fecha en que venció el plazo acordado, en virtud del emplazamiento formulado a los términos del art. 1204 CCI, para que la accionada cumpliera su prestación.-
Accidente de tránsito, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: CANAVOSIO, GUILLERMO J. s/ HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21

"En modo alguno la lluvia, como causa externa no imputable al procesado puede ser tomada a los fines de limitar su responsabilidad, como intentara -vanamente- el Sr. Defensor Particular. Reiteradamente he expresado que se impone la obligación de adoptar mayor precaución la escasa visibilidad y el pavimento húmedo por la lluvia compartiendo la jurisprudencia en tal sentido.

Rubianes T.II D.Penal Pág. 556.-"
Concurso preventivo, tasa de justicia, base imponible, crédito verificado, crédito admisible
Materia: COMERCIAL
Carátula: HILU HNOS.  SA s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-12

La ley 23898: 4-e, al describir el monto imponible, establece que la tasa de justicia que corresponde pagar en el concurso preventivo se determina sobre la base de los créditos "verificados". Por tanto, resulta improcedente también considerar los créditos declarados "admisibles".
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Juan de la Cruz y otros c/ Corrientes, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

Quedan excluidos del concepto de "error judicial", los errores in procedendo cometidos por magistrados, funcionarios o auxiliares de la justicia, en los cuales no se pone en ejercicio la potestad de juzgar y que, en su caso dan lugar a una responsabilidad estatal de distinta índole: "la responsabilidad por el irregular servicio de justicia", asimilable a la de la administración por el indebido funcionamiento de los servicios públicos (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Sentencia, cosa juzgada, partes del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional - s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

El pedido de intervención como tercero de una provincia carece de virtualidad si la resolución dictada en el proceso no podrá en modo alguno, menoscabar o vulnerar su derecho ni repercutir dañosamente en su situación jurídica, ya que sólo podrá producir efectos de cosa juzgada respecto de las partes en el juicio (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Emergencia sanitaria, libertad corporal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Petcoff Naidenoff, Luis c/  s/ incidente de inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

Aun ante el escenario de emergencia que se verifica en el marco del COVID-19, las medidas que se adopten para hacer frente a la pandemia y conlleven la regulación de derechos fundamentales deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y la restricción a la libertad corporal debe satisfacer exigencias de razonabilidad.
Daños y perjuicios, indemnización por accidente de trabajo, enfermedad accidente, intereses, cómputo de intereses
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, Angel Oscar c/ RHONE MERIEUX ARGENTINA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-21

En tanto las consecuencias dañosas sufridas por el trabajador afectado de una enfermedad profesional, se produjeron en forma coetánea con el hecho ilícito, el monto indemnizatorio devenga intereses a partir de la fecha del hecho y no de la sentencia.
Asegurador, citación en garantía
Materia: COMERCIAL
Carátula: Castillo de los Santos, Rodolfo c/ Manferro S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Al reconocer al damnificado la facultad de citar en garantía a la aseguradora del demandado, el art. 118 de la ley 17.418 no se limitó a instituir un mero llamado a la causa del asegurador sino que legitimó al actor para acumular a la pretensión deducida contra el responsable otro reclamo de idéntico objeto contra el asegurador.
Feria judicial, habilitación de feria, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: AMERICA TV SA c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-01-03

La habilitación de la feria judicial está restringida a supuestos de verdadera y comprobada urgencia y no deviene de automática aplicación por el sólo hecho de tratarse de medidas cautelares.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CASA COLOMBO S.A. c/ CHIESA, CARLOS CESAR Y OTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -COBRO DE   PESOS- REC. DE RESCISION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 310 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-23

La resolución recaída en un proceso de ejecución no es definitiva en los términos del artículo 1 de la ley 7.055, por lo que éste se cierra con una sentencia contra la que eventualmente se abre la vía ordinaria prevista en el artículo 483 del Código Procesal Civil y Comercial no revistiendo aquélla, en principio, la referida calidad de definitiva.

Ello es así, pues, no dándose los supuestos excepcionales de limitación que prevé el artículo 483 del código de rito, la tutela de los derechos que le puedan asistir a la demandada puede encontrar su cauce por la vía del juicio declarativo posterior, extremo al cual se agrega en orden al rechazo de recurso por inadmisible -la no verificación de un supuesto de gravamen irreparable que permita sortear la falta de definitividad de sentencia, pues claro está que las argumentaciones que trae el impugnante ante esta Sede son insuficientes a tales fines y no permiten -por ello- hacer excepción a la economía diseñada por el legislador en materia de juicios ejecutivos, con un acotado repertorio de excepciones oponibles (art. 475 C.P.C. y C.).
Derecho procesal, interrupción de la prescripción, actos no interruptivos, renuncia del patrocinante, acreditación de la personería
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa Juan Facundo Quiroga s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-02-19

La renuncia al patrocinio del abogado del ejecutante, las providencias y diligencias de comunicación de estas circunstancias, por una parte; y por la otra, la acreditación de personería, el pedido de participación y la solicitud de apercibimiento con base en los mismos hechos, por el apoderado de la contraparte; y finalmente el comparendo a juicio con nuevo patrocinante del ejecutante, son actos procesales de mero trámite, inhábiles como actos interruptivos de la prescripción.
Delitos contra la humanidad, Derechos humanos, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

La imprescriptibilidad de los delitos aberrantes opera como una cláusula de seguridad para evitar que todos los restantes mecanismos adoptados por el derecho internacional y por el derecho nacional se vean burlados mediante el mero transcurso del tiempo. El castigo de estos delitos requiere de medidas excepcionales tanto para reprimir tal conducta como para evitar su repetición futura en cualquier ámbito de la comunidad internacional (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Daños y perjuicios, daño moral, tentativa, violación, publicación periodística, víctima menor de edad
Materia: CIVIL
Carátula: C., S. c/ V., H. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-19

No existe grado de causalidad suficiente entre el hecho dañoso -delito de tentativa de violación- y la aflicción que pudo provocar en la víctima menor de edad, la difusión pública de su nombre. Por ende, si el demandado no es responsable de tal circunstancia, ésta no puede ser considerada a los fines de una indemnización por daño moral
Despido, embarazo
Materia: LABORAL
Carátula: BLANCO, SONIA ISABEL c/ MANAGER S.R.L Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-05-27

Si bien una empleada embarazada tiene determinadas y concretas cargas para gozar de la protección que la Ley le acuerda, ello no puede amparar o beneficiar al empleador de mala fe que, conociendo de algún modo informal la situación de aquella, se apresura a despedirla o a negarle trabajo, "ganándole de mano, antes que ella pueda aportar un certificado médico en regla. (Voto del Dr.

RODRIGUEZ)
Acción de amparo, asistencia médica, tratamiento médico, SIDA
Materia: CIVIL
Carátula: RMG  Y  OTROS c/ OBRA  SOCIAL PARA EL MINISTERIO DE ECONOMIA s/ INCIDENTE DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-16

La acción de amparo entablada por los actores -quienes padecen de HIV-SIDA y, a su vez, la co-actora, de hepatitis C- fue admitida, condenándose a la Obra Social del Ministerio de Economía a garantizar la continuidad de la entrega regular de la medicación que requiera el médico tratante respecto del padecimiento denunciado, mediante receta, con la cobertura del 100% hasta el alta o el cese de la dolencias padecidas, con costas (ver sentencia del 7.4.09, de los autos principales). La aplicación de las astreintes no es procedente frente a cualquier hipótesis de incumplimiento, sino que es menester que se configure una conducta del deudor que manifieste un ánimo doloso o una actitud gravemente negligente. Es que por su intermedio se intenta presionar la voluntad del deudor a fin de constreñirlo al cumplimiento que se le exige bajo amenaza de colocarlo, en la medida en que su incumplimiento persista en el tiempo, en una cada vez más comprometida situación patrimonial (conf. esta Sala, causas 9193/94 del 13.6.96, 8018/92 del 20.8.96, 6426/93 del 17.12.96, 677/97 del 25.3.97 y 5715/99 del 21.10.99).
Juicio sumarísimo, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Iglesias, Roberto y Otros c/ Consejo Pcial. De Educación de la Pcia. de Río Negro s/ Contencioso Administrativo - Inconstitucionalidad (Ley 2989 Art. 7) s/Inaplic. de Ley Conti, María C. y Otros c/ Provincia de Río Negro s/ Inconstitucionalidad art. 7 ley 2989 s/ Inaplicabilidad de ley Godoy José Hernán y otros c/ Provincia de Río Negro s/ Inconstitucionalidad art. 7 ley 2989 s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-11-13|2000-11-13|2000-11-13

El ámbito restrictivo del juicio sum