Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-30


//la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 30 días del mes de marzo de 2012, se reúne la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor Raúl R. Madueño como Presidente y los doctores Luis María Cabral y Mariano H. Borinsky como Vocales, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en es-ta causa registrada bajo el Nº 15.748 bis caratulada "Bedoya, Mario Alberto s/recurso de casación", de cuyas constancias RESULTA:

1º) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 15 de esta ciudad no hizo lugar la excarcelación de Mario Alber-to Bedoya, bajo ningún tipo de caución (art. 319 del C.P.P.N.).	Contra esta decisión la defensa particular, a cargo de los doctores Humberto Oscar Próspero y Graciela Inés Cavrotti, interpuso recurso de casación, que fue concedido a fs. 30.

2º) Que la recurrente fundó la vía impugnati-cia impetrada los artículos 456, incisos 1º y 2º, 457 y 463 del C.P.P.N., alegando que la resolución puesta en crisis adolece de vicios in procedendo e in iudicando por inobser-vancia de la ley sustantiva y las normas adjetivas estableci-das bajo pena de nulidad.

Consideró que la fundamentación pretendida por el Ministerio Público Fiscal y los jueces de la mayoría no revela la realidad objetiva de la conducta desarrollada por el encartado en sus procesos anteriores, toda vez que siempre estuvo a disposición de la justicia cumpliendo efectivamente sus condenas.

En ese sentido, sostuvo que el a quo interpre-ta en forma restrictiva el artículo 14 de la Constitución Na-cional que reconoce el derecho a gozar de la libertad ambula-toria hasta tanto sea condenado con sentencia firme.

Sobre el criterio referido a la razonabilidad del tiempo de detención, consideró que no se ha contemplado lo normado por el artículo 13 del Código Penal en cuanto a la escala punitiva que correspondería en caso de recaer condena y el tiempo de detención mínimo, que a su criterio se encuen-tra altamente excedido en el caso de su defendido.

Por otra parte, observó que si bien el tribu-nal establece la presunción de que en caso de recuperar su libertad el encausado podría comprometer el éxito de las me-didas en curso, lo cierto es que en la resolución no indica de manera clara y concisa cual sería el peligro para la in-vestigación con su soltura.

Sobre ello, agregó que en la causa no existen los peligros procesales que se requieren para denegar la me-dida, toda vez que Mario Alberto Bedoya tiene domicilio fijo -por lo que resulta ubicable- y se hará presente en cada oportunidad que la justicia lo requiera como lo ha hecho has-ta ahora.

Citando el plenario nº 13 "Díaz Bessone" de esta Cámara, indicó que el legislador estimó oportuno indicar una serie de circunstancias a tener en cuenta para valorar la peligrosidad procesal, y que tales pautas no configuran pre-sunciones iuris et de iure sino que se encuentran subordina-das al objetivo de preservar el adecuado funcionamiento del servicio de justicia.

En ese sentido, afirmó que la sola invocación de la referida presunción resulta insuficiente en orden a la acreditación del riesgo de elusión de la justicia o peligro procesal alegado por el tribunal.

Por último, citando profusa doctrina y juris-prudencia, solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto y se conceda la excarcelación de Mario Alberto Bedoya bajo la aplicación de una caución juratoria.

3º) Que, superada la etapa prevista en el ar-tículo 454 en función de lo previsto en el artículo 465 bis del Código Procesal Penal de la Nación, y habiéndose efectua-do el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, re-sultó designado para hacerlo en primer término el doctor Raúl R. Madueño y en segundo y tercer lugar los doctores Luis Ma-ría Cabral y Mariano H. Borinsky respectivamente, el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del C.P.P.N.).

El señor juez doctor Raúl R. Madueño dijo:

I. En referencia al principio constitucional de presunción de inocencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el artículo 18 de la Constitución Nacional dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, estableciendo el prin-cipio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contra-rio mediante una sentencia firme (Fallos 321:3630).

En esa inteligencia, ha conferido jerarquía constitucional al derecho de gozar de la libertad durante el proceso (Fallos 314:451), sujeto a leyes que reglamenten su ejercicio (Fallos 304:319).

Asimismo, dejando a salvo la distinta opinión del suscripto, corresponde resolver el caso traído a estudio con arreglo a la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Nacional de Casación Penal, in re: "Díaz Bessone, Ramón Gena-ro s/ recurso de inaplicabilidad de ley", Plenario nº 13, Acuerdo 1/2008, del 30 de octubre de 2008, en donde se esta-bleció que: "no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegatoria la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponder-le al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben va-lorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el artículo 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal".

Por su parte, el artículo 319 del Código Pro-cesal Penal de la Nación establece pautas que impedirían la concesión de la excarcelación o exención de prisión cuando no obstante verificarse la concurrencia de los recaudos objeti-vos previstos en los artículos 316 y 317, las particulares circunstancias del caso hicieran presumir que el imputado po-dría intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación, circunstancias que obedecen a da-tos de la realidad y que han sido contempladas expresamente por el legislador como causales que obstan justificadamente a la concesión del beneficio.	El fundamento de esta norma ra-dica en que en aquellos casos en los que la liberación podría significar una frustración a los fines del proceso, debe ha-cerse prevalecer el interés general de la sociedad en la prevención y represión del delito (cfr. "Alessi, Eduardo Ati-lio José s/recurso extraordinario", Sala II, causa nº 4974, reg. nº 6599, rta. el 01/12/04).	Cabe advertir que la disposición del ordena-miento procesal penal que es de aplicación al sub lite en-cuentra aval en normas supralegales incorporadas a nuestra Constitución Nacional -artículo 75 inciso 22-, tales como el artículo 9 del P.I.D.C.P., el XXV de la D.A.D.D.H. y el artí-culo 7 inciso 2º de la C.A.D.H., toda vez que éstos prevén el ejercicio de la facultad del Estado de encarcelar al imputado durante el proceso con anterioridad al dictado de una senten-cia condenatoria firme.

II. En el particular caso de autos, Mario Al-berto Bedoya se encuentra procesado y ha sido dictada su pri-sión preventiva en orden al delito de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada en grado de tentativa, en concurso real con el de tenencia de arma de guerra en calidad de autor (art. 42, 44, 55 166 último párrafo y 189 bis apartado 2º, segundo párrafo del C.P.).

Por otra parte, entiendo que el tiempo de pri-vación de libertad que lleva al presente por estas actuacio-nes -desde el 7 de marzo de 2011- no resulta excesivo acorde al trámite que lleva el proceso y a la complejidad de la in-vestigación.

Asimismo, la magnitud de la pena en expectati-va por el hecho atribuido y la gravedad del ilícito investi-gado deben ser tenidas en cuenta como pautas lógicas para pronosticar la actitud que podría asumir el encartado en el caso de recuperar su libertad -elusión de la acción de la justicia-.

En ese sentido, no puede soslayarse -tal como lo hizo el a quo- que el detenido registra una condena ante-rior que data del 18 de diciembre de 2007, impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 5 a la pena de siete años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, por lo que en el caso de recaer condena en estos autos la misma será de efectivo cumplimiento y deberá ser declarado reincidente, de conformidad con el artículo 319 del C.P.P.N.	Por último, considero que es menester atento el tiempo transcurrido y en favor de la buena marcha del pro-ceso y de los principios fundamentales que inspiran al orde-namiento procesal como es el de la celeridad, estrechamente vinculado con la garantía de obtener un pronunciamiento judi-cial en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas, deriva-do del art. 18 de la Constitución Nacional y los tratados in-ternacionales referidos a ella, instar al a quo a que en la medida de lo posible disponga en el más breve plazo lo perti-nente para la realización del juicio de debate.

III. En virtud de las consideraciones expues-tas, concluyo que los planteos vertidos por la recurrente no han logrado rebatir adecuadamente los sólidos argumentos con que cuenta la resolución puesta en crisis en torno a la posi-bilidad de que el imputado eluda el accionar de la justicia o la posibilidad cierta de que entorpezca la investigación, por lo que voto por el rechazo del recurso de casación interpues-to por la defensa particular de Mario Alberto Bedoya, con costas.	Los señores jueces doctores Luis María Cabral y Mariano H. Borinsky dijeron:

Que adhieren al voto del doctor Raúl R. Madue-ño.

Por ello, y en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal, RESUELVE: Rechazar el recurso de casación inter-puesto por la defensa particular de Mario Alberto Bedoya, con costas (arts. 471 a contrario sensu, 530, 531 y ccdtes del Código Procesal Penal de la Nación).	Regístrese, notifíquese y remítase al tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fdo. Raúl Madueño, Luis M. Cabral y Mariano H. Borinsky Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretario de Cámara.