Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03


CUELLO, Hilda Inés CAZANEUVE de contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 194 p 19-22.Santa Fe, 3 de diciembre del año 2.003.

VISTOS: Los autos "CUELLO, Hilda Inés CAZANEUVE de contra PROVINCIA DE SANTA FE -R.C.A.- sobre MEDIDA CAUTELAR" (Expte. C.S.J. nro. 117, año 2.000), venidos para resolverla concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justiciade la Nación;

y, CONSIDERANDO: 1. Contra el decisorio de este Cuerpo, registrado en A. y S. T. 167, págs. 248/252,que no hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora, interpuso ésta el recurso extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48.

En primer término, en el título "procedencia formal", expresó que impugna unasentencia definitiva, por cuanto el agravio es de imposible o insuficiente reparación ulterior, lo que fundó en el carácter alimentario de la prestación que lleva implícito elpeligro de su integridad física y síquica, por lo que alegó que el pronunciamiento constituye una verdadera denegación de justicia, en tanto con la demora en los trámitesel derecho postulado se convertirá en ilusorio.

Tachó de arbitrario al decisorio por incurrir en "excesivo rigor formal,apartamiento de la ley y falta de fundamentación suficiente". Bajo el acápite "procedencia sustancial", adujo en síntesis, que su pretensión se funda en lo dispuesto en los artículos 25 in fine y 30 inciso b) de la ley 6.915. Ajuicio de la recurrente, la interpretación de la norma citada en último término -acontrario sensu- es clara, precisa y hace nacer un derecho a la pensión en la proporciónde ley, por el carácter de alimentada del causante.

Expresó, en ese sentido, que cualquier otro matrimonio que hubiere contraído el Sr.Cuello no cercena su derecho a la seguridad social, nacido de una convención alimentariaconsiderada en la propia ley de jubilaciones, que simplemente la puede limitar en cuantoal monto, -según entiende-, de acuerdo a lo dispuesto en la norma jurídica antes citada(art. 25).

Dijo que tenía conocimiento que el causante convivía con la Sra. Dora Selva Grilloy que habida cuenta que, conforme lo sostuvo el Tribunal en el fallo, consta en elexpediente administrativo que éste contrajo matrimonio, corresponde compartir el beneficiode pensión.

Aseveró, respecto a la necesidad de prueba de la irreparabilidad de los daños -invocada por la demandada en su responde de la cautelar-, que la misma no resulta necesaria para admitir la edad avanzada, que surge de la documental agregada en los expedientes tramitados en los tribunales de familia.

Agregó, que el debate sobre los alimentos dado en sede judicial en los expedientes citados y admitidos por el causante, como único medio de subsistencia, evidencia elexcesivo rigorismo formal en la petición de la accionada, que la Corte convalidó con la resolución hoy puesta en crisis.

Alegó que si bien es cierto que la sra. Luisa Catalina Sarsfield reclamó elbeneficio de pensión, en su carácter de conviviente, torna imposible probar la convivencia ininterrumpida por cinco años, debido a que el causante contrajo matrimonio un año antesde su fallecimiento con la sra. Selva Grillo, por lo que dijo que quedaría excluida lapresunta concubina del beneficio y hace verosímil el derecho de su parte, que es esposadivorciada con prestación alimentaria.

Consideró que la ley le otorga el beneficio en forma clara, precisa, sin cortapisasy transcribió el artículo 25 de la ley 6915 t.o. 11373, que dispone el goce de la pensión por partes iguales, al cónyuge separado que percibe alimentos y al conviviente. Afirmó además, que no se encuentra comprendida en la exclusión legal referida al cónyuge que hubiere sido declarado culpable del divorcio.

Sostuvo que el inciso b) del artículo 30, dispone que no tendrán derecho a pensiónel cónyuge divorciado o separado de hecho por mutuo consentimiento que no perciba alimentos; por lo que interpreta que,a contario sensu, tienen derecho los que se encuentren en la situación establecida en la norma negativamente, como es su caso,divorciada por mutuo con percepción de alimentos convenidos y cuyos expedientesjudiciales fueron acompañados.

Consideró que del examen normativo, surge claramente la verosimilitud del derechoinvocado por la recurrente. Citó en apoyo de su tesitura, jurisprudencia de la Cámara Civil y Comercial Fed. en la causa "Czumadenski", en el que se hizo lugar a una cautelar en materia deasistencias médicas asistenciales.

Aseveró que cuando la ley establece un beneficio en materia previsional oasistencial y hubiere riesgo por la vida o la integridad física del peticionante y seencuentran probados los extremos, ya sea implícita o explícitamente, no se puede a tenorde un excesivo rigorismo formal, impedir el ejercicio del derecho por falta de debatey prueba, cuando por vía documental los extremos fijados en la norma han sido debidamenteacompañados en el escrito de demanda y de cautelar que ingresaron en forma conjunta.

Sostuvo que hay imposibilidad absoluta de reparación ulterior, debido a la edad dela recurrente y alegó acerca de las privaciones por la falta de medios y el deterioro dela salud que no necesita prueba, en atención a la edad acreditada en el expedienteadministrativo.

Concluyó, alegando la inconstitucionalidad del pronunciamiento por falta derazonabilidad; exceso ritual manifiesto fundado en el desconocimiento o menosprecio dela verdad objetiva; prescindir del texto legal y haber generado una iniquidad manifiesta,producto del apartamiento del valor justicia. Citó además, la garantía del artículo 14bis de la Constitución Nacional que tutela los derechos previsionales.

Corrido traslado a la contraria, está contestó a fojas 40/44 postulando su rechazo, fundado en la inadmisibilidad e improcedencia del mismo.

2. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso extraordinario federal intentado. Cabe señalar que la mera interposición del recurso, así se lo base en laarbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remediofederal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad (A. y S.T. 67, p. 441; T. 71, p. 276; T. 77, p. 439; T. 89,p. 58 y T. 94, p. 5).

A tales efectos, es menester que en el escrito de interposición del recurso federalse rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por la Corte para fundar sudecisión, trayendo razones de peso en orden a destruir la fundamentación de tal decisorio por considerarlo lesivo de derechos constitucionales.

Ello es así, por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la Ley 48 -recurso extraordinario de apelación-, demanda que elrecurrente impugne el pronunciamiento que objeta, demostrando asimismo ante la Corte porqué considera que el decisorio impugnado no satisface el derecho federal invocado.

Realizando el análisis señalado precedentemente, surge que el pronunciamiento recurrido, carece de la definitividad requerida por el artículo 14 de la ley 48 parafranquear la apertura de esta instancia de excepción.En efecto, la resolución impugnada, en cuanto desestimó una medida cautelar, no essentencia definitiva ni auto interlocutorio con fuerza de tal.

Es doctrina de la Corte nacional y de este Tribunal local que, como regla, lasresoluciones anteriores a la sentencia final o que no causan estado, no hacen concluir el proceso y además encuentran habitualmente vía de neutralización con las sentencias finaleso con los recursos articulados contras las sentencias definitivas propiamente dichas (Fallos 213: 274; 219: 664; A. y S. T. 84, pág. 408; A. y S. T. 138, pág. 321).

En ese orden de ideas, reafirmó tal doctrina el más Alto Tribunal nacional, señalando que la garantía de defensa en juicio que establece la Constitución Nacional ensu artículo 18, no autoriza al otorgamiento del recurso extraordinario cada vez que seinvoque la violación de aquella, sin perjuicio de que el recurso pueda articularse contrala sentencia final de la causa (Fallos 300:1136, entre otros).

Más concretamente en materia de medidas cautelares, ha entendido que las resoluciones atinentes a ellas, no constituyen sentencia definitiva en los términos delartículo 14 de la ley 48 (Fallos 271: 319; 297: 37).

Aún en el supuesto de considerarse superado ese obstáculo formal, en virtud del presunto agravio irreparable que en esta instancia recursiva invoca, de la lectura deldecisorio recurrido surge que al rechazar la cautelar planteada, este Tribunal dió las razones por las que entendió que excede el marco de conocimiento de una cautelar análisis que por su complejidad resultan propios de la sentencia de mérito, fudamentos que no logradescalificar la recurrente, lo que sella sin más la suerte adversa del presente recurso.

En efecto, la quejosa -que solicitó el beneficio de pensión, en su cáracter decónyuge divorciada que percibe alimentos-, en el desarrollo de su propia tesitura en la interpretación de la norma del artículo 25 in fine de la ley 6915 t.o. ley 11.373 -que nocontempla, en principio, en su letra, el supuesto fáctico de autos-, argumenta que leotorga el derecho pretendido, en forma clara, sin cortapisas, cuando establece elotorgamiento del beneficio por partes iguales al cónguge separado o divorciado quepercibe alimentos y al conviviente.

Se advierte, y pese al matiz constitucional que pretende darle a sus planteos, que no logra hacerse cargo de los fundamentos del decisorio. Así, para resolver como lo hizo, este Cuerpo meritó que "el análisis de lascuestiones normativas y fácticas que se plantean -de las que no pueden soslayarse lasolicitud de pensión de la viuda, sra. Dora Grillo (f. 1 expte. adm.) y, en su cáracterde conviviente, de la sra. Luisa Sarsfield (foja refoliada 26 expte. cit.)-, resultanecesariamente la interpretación de un sistema normativo integrado por normas del sistemaprevisional de la ley 6.915, en consonancia con el derecho sustancial", que exorbita el marco de conocimiento que caracteriza a las medidas cautelares.

Por lo que, no encuentran debido sustento las tachas de arbitrariedad -vg.apartamiento de la ley, exceso ritual- y la invocación de derechos constitucionales supuestamente conculcados, cuando en realidad las argumentaciones de la recurrente devienen de su propio enfoque acerca de las cuestiones fácticas de la causa, -de las quees dable señalar que resultan diferentes a las que tuvo en cuenta para fundar el pedidode la cautelar (quién indicara como conviviente del causante es su viuda y presentaciónde conviviente como pretensora del beneficio)-, y jurídicas, respecto de la aplicación y alcance de las normas que invoca, que deben ser ponderadas al momento de fallar lacausa, en tanto requieren la valoración probatoria e interpretación normativa de ese ámbito de conocimiento, pero no puede traerse anticipadamente como fundamento del recursoextraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por tanto, carece de andamiaje suficiente el reparo atinente a que el fallo sebasa en afirmaciones dogmáticas, a poco que se repare que, -conforme a lo reseñado- el Tribunal fundó suficientemente el rechazo de la cautelar, sin que pueda decirse que en losconsiderandos del mismo se hallan efectuados enunciados como verdades indiscutibles, sin el respaldo del debido fundamento. Adviertáse además, en relación a la motivación, que lasdecisiones que resuelven sobre pretensiones cautelares, -como se dijo- no suponen eldebate, la prueba ni la hermenéutica normativa, propios de las sentencias que resuelvenel fondo del asunto.

En suma, no logra demostrar la impugnante la supuesta lesión a garantías constitucionales que surgirían de la resolución impugnada, la que puede encontrar vía deneutralización en la sentencia de mérito, ni la configuración de las hipótesis dearbitrariedad formuladas, que traducen solamente su discrepancia con los fundamentos deldecisorio impugnado y no autorizan a tener por configurada una cuestión constitucionalidónea para habilitar la instancia de excepción prevista en el artículo 14 de la ley 48,al no haberse demostrado que tales apreciaciones resulten ilógicas o irracionales.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegarla concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justiciade la Nación, con costas.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)