Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-23


UNIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA S/ SUMARÍSIMO Buenos Aires, 23 de mayo de 2014.- HE VISTO y CONSIDERANDO:

1°) En la sentencia de fs. 123/127 la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el pronunciamiento de la Sala I de esta Cámara que había confirmado el rechazo in limine de la acción planteada por estimar que la asociación demandante carecía de legitimación en atención a la índole del reclamo efectuado.

Para así decidir, el alto tribunal estimó que la cuestión debatida era análoga a la examinada en el precedente "Padec", razón por la cual reconoció legitimación procesal a la actora. Asimismo precisó que debía otorgarse al Ministerio Público la intervención que le corresponde en virtud de lo previsto en las leyes 24.240 y 24.946. Y finalmente dispuso que el tribunal de origen debía encuadrar el trámite de la causa en los términos del art. 54 de la ley 24.240 y que a tales efectos correspondía: a) identificar en forma precisa el colectivo involucrado en el caso; b) supervisar que la idoneidad de quien asumió su representación se mantenga a lo largo del proceso; c) arbitrar un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio -de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar afuera del pleito como la de comparecer en el él como parte o contraparte-; y d) implementar medidas de publicidad destinadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con idéntico objeto al presente.

Dispuso, por ende, el dictado de un nuevo pronunciamiento.

2°) Así planteada la cuestión, tal cual lo precisa el señor Fiscal General en su dictamen de fs. 137, los términos del fallo dictado por la Corte en esta causa conducen a la revocación de la decisión de fs. 50/52 que rechazó in limine la acción entablada por la Unión de usuarios y Consumidores.

3°) Ahora bien, la tarea jurisdiccional de la Sala no queda limitada a la función revisora derivada del recurso de apelación interpuesto por la actora. También corresponde disponer lo conducente para la adecuada tramitación de la causa, conforme las pautas indicadas en el punto 7°) del pronunciamiento del alto tribunal. Lógicamente, la aplicación concreta de tales medidas recae en el señor juez de primera instancia, ante quien se instruirá el expediente.

3.1) En lo que se refiere a la identificación del colectivo involucrado en el caso, conviene tener presente que la demanda planteada en contra de Telefónica de Argentina SA persigue dos pretensiones de fondo:

a) Que se ordene el pago a los usuarios de esa empresa que a partir del 11.5.99 hayan sido objeto de interrupciones del servicio telefónico por más de 3 días hábiles -siempre que dicha interrupción no hubiese sido producto de su propia responsabilidad-, un importe equivalente al doble del valor del abono correspondiente a los días sin servicio, conforme lo previsto en el art. 33 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico -anexo I de la resolución SC n° 10059/99-. Y para los casos en los que se hubiese pagado una suma menor a la indicada, reclama la diferencia correspondiente, con intereses.

b) Que se obligue a futuro a Telefónica a pagar dicha compensación a los clientes afectados por las mencionadas interrupciones, mediante la acreditación del importe correspondiente en la factura, con indicación de los días que duró el corte.

Así las cosas, por el momento no es posible precisar el colectivo involucrado en el caso. La demanda persigue el pago de sumas de dinero a favor de los usuarios del servicio básico telefónico y se apoya en cierta previsión reglamentaria que contempla una compensación para el cliente de ese servicio. La calidad de cliente se adquiere, de acuerdo con la reglamentación, con la celebración del contrato de prestación del servicio o bien por decisión de la autoridad administrativa o judicial (conf. art. 4 del Reglamento citado). En cambio, el carácter de usuario tutelado en la ley 24.240 se vincula con el destinatario final del servicio (conf. art. 1°, texto según ley 26.361). De ahí que no necesariamente el titular del servicio -cliente-, es el usuario según la definición de la ley de defensa del consumidor, sobre todo en supuestos en los cuales éste es quien abona la factura respectiva (vgr. en líneas instaladas en inmuebles alquilados). Y en este punto, tampoco puede obviarse que la demanda plantea como posibilidad que la compensación se reintegre personalmente, lo cual supone que podría cobrarla quienes no son clientes según la definición de la regulación invocada en sustento del reclamo.

De modo tal que a fin de establecer el colectivo representado en este juicio la actora precisará ante el señor juez de primera instancia si los beneficiarios de esta acción, identificados como usuarios en la demanda, son los clientes/titulares de la línea. Asimismo, deberá indicar cuál es el ámbito temporal a considerar para la delimitación de la clase en función de los cortes de servicio ya consumados y propondrá cómo se hará efectiva una eventual sentencia de condena para el caso en una misma línea haya visto modificado su titular/usuario en el transcurso del tiempo. Naturalmente, esto no implica emitir juicio sobre la procedencia de los reclamos efectuados y tampoco supone que la extensión del colectivo sea inmutable, estando facultado el a quo a modificar la integración de la clase en función de las contingencias de la causa, respetando claro está el derecho de defensa de las partes. Asimismo, deberá supervisar que la idoneidad de la representación asumida por la demandante se mantenga a lo largo del proceso.

3.2) En lo que se refiere a la notificación de todas las personas que pudieran tener interés en el resultado del litigio, se concretará mediante publicaciones en medios de circulación masiva que el a quo estime pertinentes, según la propuesta que deberá formular la actora. También podrá realizarse la mencionada publicación a través los canales de comunicación institucionales del Poder Judicial de la Nación o de organismos administrativos dedicados a esta materia, en la forma y con la periodicidad que establezca el tribunal de grado. En todos los casos, se dejará en claro quiénes son los destinatarios de la notificación, qué plazo tienen para para manifestar su desinterés en el resultado de la acción entablada -opt out- y de qué forma pueden ejercer ese derecho.

Dadas las particularidades que presenta el caso, a priori todavía no parece posible efectuar la mentada notificación exclusivamente a través de los canales de comunicación que utiliza la empresa demandada para emitir las respectivas facturas. Además de que falta precisar el colectivo representado por la actora, los términos de la pretensión sugieren que podrían existir interesados que ya no son usuarios del servicio razón por la cual ese medio no parece idóneo a los fines indicados por la Corte Suprema.

De todos modos, el juez podrá volver a evaluar este aspecto si lo estima procedente en función de las circunstancias del caso. Asimismo, en el supuesto que la vía de comunicación elegida requiera el pago de una suma de dinero, deberá determinar a cargo de cuál de las partes quedará el desembolso.

3.3) Lo expuesto en el punto anterior también tiene en miras evitar la superposición de procesos con el mismo objeto. Naturalmente, se podrán adoptar otras medidas de publicidad a tales efectos -vgr. solicitar a la autoridad de aplicación de la ley de defensa del consumidor que comunique a las asociaciones registradas la existencia de este pleito-, sin perjuicio de utilizar cuando corresponda los institutos procesales que tienen por finalidad evitar el dictado de sentencias contradictorias.

3.4) En la resolución del presente hemos tenido en cuenta que el Congreso Nacional continúa siendo moroso en sancionar una ley que regule los procesos colectivos, desoyendo el reclamo de la Corte Suprema expuesto en el caso "Halabi" (conf. Fallos 332:111).

Va de suyo que tal omisión del legislador no puede ir en desmedro del ejercicio de los derechos reconocidos en los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General, esta Sala RESUELVE: revocar la resolución de fs. 50/52 y disponer que se realicen las medidas ordenatorias indicadas en el punto 3 de la presente.

Hágase saber al letrado de la actora la vigencia de las acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13, en materia de notificaciones electrónicas.

Regístrese, notifíquese, al señor Fiscal de Cámara en su despacho, y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI ALFREDO SILVERIO GUSMAN GRACIELA MEDINA