Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-31


BOLOGNA, Benito C. contra CAJA ASISTENCIA SOCIAL PCIA. DE SANTA FE Reg.: A y S t 196 p 9-14.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil cuatro se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano, doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "BOLOGNA, Benito C. contra CAJA ASISTENCIA SOCIAL PCIA. DE SANTA FE -Recurso de Amparo- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 914, año 1997). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Vigo, Spuler, Gutiérrez y Netri.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo:

1. La materia litigiosa puede resumirse así:

1.1. Ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Nro. 2 de esta ciudad, Benito C. Bologna, titular de la agencia oficial nro. 8895-00 de la ciudad de Venado Tuerto, promovió demanda de amparo contra la Caja de Asistencia Social de la Provincia de Santa Fe, tendente a dejar sin efecto la "decisión" de ésta de desconectar el sistema informático on/line de su agencia, ordenándose la conexión del servicio.

En síntesis, expuso los siguientes hechos: a) que su agencia contaba con cinco subagentes o agentes menores que actuaban bajo su personal control y subordinación; b) que ello cambió a partir de la instalación por la Caja del sistema on/line para la captación de apuestas, en fecha 5.04.1996, pues con una terminal de computación en cada subagencia, los subagentes ya no recibieron ni entregaron el producto al agente oficial -perdiendo el control sobre su giro comercial-, sino directamente al sistema;

c) que oportunamente puso en conocimiento del ente sus inquietudes respecto del riesgo que debían asumir los agentes, el que no podía equipararse al asumido en el sistema anterior; d) que la Caja le contestó mediante carta de fecha 18 de junio de 1996, "haciéndole saber que -el tema- se halla en estudio, analizándose la posibilidad de disminuir el riesgo ...";

e) que en el sistema anterior, el agente oficial ejercía un control efectivo y total de las actividades del subagente, a través de la entrega de cupones -tal cual lo reglamentaban las circulares que mencionó- por lo que de ninguna manera podía equipararse el riesgo; f) que en fecha 28 y 29 de junio de ese año, uno de sus subagentes, Raúl Troncoso, siguiendo una "martingala", emitió jugadas por la suma de $ 170.000 simulando un robo de la recaudación y un rapto para intentar ocultar su comportamiento, lo que dio lugar a la sustanciación de una causa penal en la que reconoció plenamente su responsabilidad en los hechos, sin que existiera presunción alguna contra su parte de cobro de la suma jugada o de complicidad con aquél;

g) que al ser intimado por la demandada a abonar dicho importe con la deducción de la comisión que le hubiera correspondido ($ 137.898), negó la deuda y la responsabilidad de su parte como fiador u obligado solidario ante el cambio unilateral por la entidad de las condiciones del negocio; h) que tras haber sido constatado por Escribano Público el corte del sistema en fecha 5.08.1996, solicitó a la Caja la confirmación de dicha orden, intimando formalmente la restitución de la línea bajo apercibimiento de iniciar acciones legales, lo cual mereció respuesta mediante carta certificada del 12.08.1996, corroborando la entidad la "desconexión del sistema informático" por "falta de pago de los débitos pendientes", atribuyéndole responsabilidad "por haber aparentemente errado en la propuesta del subagente y en no haberlo controlado lo suficiente", e imputándole impericia y negligencia en el manejo del negocio.

Destacó que ante la definitiva actitud del ente, el amparo -como vía rápida- se mostraba como el único camino para evitar los daños (pérdida de clientela, indemnización por despido de sus empleados, daño moral, lucro cesante, daño en la salud) que calificó de irreparables.

En su opinión, era evidente que "el sistema On/Line es el que falla o el que ha fallado al no ponerle límite alguno a las posibilidades de juego del sub agenciero" (fs. 71/75). 1.2. En la contestación de la demanda, la apoderada de la Provincia de Santa Fe, en esencia, sostuvo que no mediaba ilegalidad manifiesta ni vicio ostensible en la medida cuestionada y que la resolución del caso requería de un debate -"con alcances tales"- que descartaba la idoneidad de la vía elegida, ya que aquélla era la consecuencia lógica y legítima de la falta de cumplimiento por Bologna de las obligaciones asumidas en el contrato celebrado entre ambas partes, habiéndose procedido en el ejercicio de facultades expresas de acuerdo al artículo 49, inciso 5to. del decreto nro. 1919/92. Negó, asimismo, que fuera arbitraria, reiterando que las facultades de la Administración surgían de normas legales y contractuales dispuestas en miras del interés público; especialmente invocó las que prevén la designación del subagente y la responsabilidad del agente por su accionar, y concluyó en que si la responsabilidad del agente oficial respecto del subagente era directa y cobraba un precio por ello, no podía escudarse en hipotéticas dificultades de control por la modificación del sistema de captación de apuestas, por tratarse de un riesgo que debió evaluar y decidir la continuación con la modalidad de las subagencias.(fs. 78/82).

1.3. Posteriormente, Bologna amplió el recurso "a la resolución de la Caja de Asistencia Social que dejó ... (a su parte) sin el Telekino, Toto Bingo y TV Bingo" (f. 84), no contestando la demandada el traslado corrido (f. 88 vto.).

1.4. El magistrado de baja instancia resolvió hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, dejar sin efecto la decisión de la Caja de Asistencia Social, ordenando la pertinente conexión en el término de dos días, como también la reanudación de la comercialización de los juegos referidos en la ampliatoria, en el mismo término (fs. 89/97).

1.5. Apelado que fuera dicho decisorio por la demandada, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad lo revocó, disponiendo el rechazo del amparo incoado, al entender que la medida impugnada no revestía la condición de "manifiestamente ilegal y arbitraria".

Para así resolver, el Vocal de primer voto -a quien se adhiriera el Vocal que votara en último término- tras precisar, con cita de doctrina y jurisprudencia, el alcance del carácter manifiesto del vicio, analizó la conducta asumida por la demandada a la luz de tales conceptos, concluyendo en que no se presentaban los extremos requeridos para su configuración, toda vez que "... si la ilegalidad debe resultar de la mera comparación del acto agraviante con la norma en que se funda ...", ante lo dispuesto por el artículo 49 inciso 5to. del decreto nro. 1911 (rectius: 1919) del 1ro. de julio de 1992, aquélla lucía correcta y acorde con sus facultades frente a la existencia de los débitos del actor por el obrar de su subagente;

y porque "... si la arbitrariedad debe desnudar una absurda interpretación de tal norma ...", tampoco podía ser así calificada la actuación de la Caja, ni mucho menos la de ser manifiesta, pues "... corresponde reparar en que la desconexión provisoria realizada se encontraba autorizada tanto por la disposición legal de mención, cuanto por lo estipulado en el art. 43 del mismo cuerpo legal, cuando en referencia a los subagentes, nos dice que serán considerados tal, aquellos permisionarios que por razones de comercialización se vinculen con la Caja de Asistencia Social a través de los agentes oficiales, siendo éstos los responsables por el accionar de los mismos ..., lo cual importa obviamente que el recurrente al designarlo corre con el riesgo de su eventual responsabilidad por los actos de aquél". Entendió, además, que no había sido debidamente acreditado el quebrantamiento de los derechos fundamentales cuyo reconocimiento se reclamaba.

A su turno, el Vocal de segundo voto estimó, al igual que el preopinante, que respecto de los actos controvertidos no podía sostenerse que lesionaran "con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" derechos y garantías normativamente protegidos, "... desde que la situación fáctica encuadraba en la previsión del inc. 5 art. 49 decreto 1919/92 -Reglamento de Permisionarios de la Caja de Asistencia Social-, y en consecuencia, al faltar dicho requisito de procedencia expresamente establecido en el art. 43 de la Constitución nacional ... sólo cabía su desestimación" (fs. 189/191). 2. Contra dicho pronunciamiento, interpuso el perdidoso recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario, ilegítimo e injusto.

Se agravió, básicamente, de que el decisorio impugnado se había limitado a consignar que la desconexión se encontraba autorizada legalmente y que el artículo 43 del Reglamento de Permisionarios de la Caja considera a los agentes oficiales responsables del accionar de los subagentes, sin interesarse en los hechos, que no fueron de ninguna manera desvirtuados:

el cambio en las condiciones de la venta de apuestas a partir de la instalación del sistema on line; la colocación de una terminal directa en cada subagencia; la actuación del subagente Troncoso; el aviso de su parte a la Caja sobre el peligro que corría, con anterioridad al fraude; el reconocimiento de la Caja y la promesa de estudiar la cuestión; la falta de mérito de su parte; el procesamiento de Troncoso; la falta de instrucciones de la Caja sobre el comportamiento a seguir con el nuevo sistema; la no iniciación de la demanda civil; el no pago de la póliza por la compañía aseguradora. Señaló que de ello no se hablaba en la sentencia, destacando su postura de que la actitud del ente resultaba excesiva y exorbitante porque el perjuicio sufrido había sido sólo numérico, pues -según afirmó- "nadie se quedó con plata de la Caja", siendo "función de la justicia moderar el rigor y la severidad de las normas jurídicas".

Tras endilgarle al fallo falta de consideración de la prueba, reiteró que el cambio en las "condiciones objetivas de la contratación" estaba debidamente acreditado. Alegó que el A quo no tuvo en cuenta que el decreto que establecía la responsabilidad del agente respecto del subagente tenía en vista otra situación jurídica, y que tal "garantía" o responsabilidad quedó sin fundamento ante la alteración unilateral y sorpresiva de la relación con la instauración del sistema informatizado que impidió al primero el control de las jugadas del segundo, por lo que la solución justa y equitativa era desconocer la responsabilidad incompatible con el "nuevo status" del subagente, restándole eficacia a la "cláusula" que la establecía, en tanto su parte tenía a su favor un contrato que no podía ser alterado en su perjuicio.

La arbitrariedad del decisorio radicaba, entonces, en haberse fundado en esa responsabilidad, ignorando el desarrollo de la relación negocial, el sentido unilateral y sorpresivo del cambio y, como consecuencia, la nulidad de la mencionada "cláusula". Expresó que la relación directa del subagente -autor del ilícito- con la Caja dejaba "afuera al agente" y toda sanción por el obrar de aquél "se muestra como injusta", lo cual había sido considerado por la sentencia de primera instancia pero no por la Sala "obsesionada por una simplificación extrema de la cuestión" (fs. 203/210). 3. La Sala concedió el recurso intentado por estimar, en una apreciación provisoria de las hipótesis abstractas de arbitrariedad articuladas, que "podía darse una mínima conexión con la realidad del caso" y, asimismo, ante el riesgo de afectar derechos constitucionales reconocidos (fs. 240/241).

En el examen que le impone a este Cuerpo el artículo 11 de la ley 7055, no encuentro razones para apartarme del criterio sostenido por el A quo y por el señor Procurador General (dictamen de fs. 246/247), correspondiendo, en consecuencia, juzgar admisible la presente impugnación.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Gutiérrez y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en el mismo sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo:

Luego de una detenida reflexión sobre el caso sometido a revisión, he arribado al convencimiento de que la postulación articulada por el recurrente -en cuanto plantea que el decisorio no constituye derivación razonada de los hechos comprobados en el proceso- ostenta perfil constitucional y cuenta con suficiente asidero en las constancias de autos.

En efecto, de la lectura de la sentencia atacada se desprende con total claridad que el A quo evaluó la conducta asumida por la Caja con estricta sujeción a las normas que le sirvieran de fundamento, coligiendo en el rechazo del amparo por entender que aquélla encontraba respaldo en los citados dispositivos legales.

Y si bien en un primer nivel de análisis podría sostenerse la suficiencia de esos motivos para sustentar lo resuelto, tal apreciación varía en forma sustancial a poco que se profundice en el estudio del caso, por cuanto a través de un examen exclusivamente focalizado en la dimensión normativa, el Tribunal dejó de lado una serie de elementos obrantes en autos que, en el particular contexto fáctico de la causa, adquirían relevancia, pues de haber sido debidamente ponderados, podrían haber conducido a los juzgadores a una diversa valoración de la medida cuestionada y también, por ende, a una distinta conclusión en punto a la viabilidad del recurso interpuesto.

Entiendo que dicha anomalía tiñe de arbitrariedad al pronunciamiento recaído en el amparo, lo cual no supone, claro está, desconocer su carácter de remedio excepcional y reservado para muy singulares circunstancias, conforme lo ha destacado este Cuerpo reiteradamente (cfr. "Bacchetta", A. y S. T. 132, p. 67; "Roga", A. y S. T. 159, p. 194, entre otros).

En el sub judice, y conforme surge de la demanda, el reproche al proceder de la Caja se basó en la ausencia de responsabilidad del actor respecto del comportamiento de Troncoso y, por lo tanto, en la inexistencia de obligación de pago de las sumas jugadas fraudulentamente, sobre los siguientes ejes argumentales: la "pérdida" del control de las actividades del subagente desde la instalación del sistema on/line; la falta de reglamentación de la relación entre ambos a partir de esa fecha; y la imputación de una "falla" a dicho sistema al no ponerle límite alguno a las posibilidades de juego del subagente. Acompañó, para ello, profusa prueba documental.

Entre tales piezas, cabe mencionar -a modo de ejemplo- la nota remitida al Director de la Institución en fecha 11 de junio de 1996 y la respuesta que le diera la Caja a su planteo relativo al riesgo comercial y a la forma de asegurarse frente al nuevo sistema de captación de apuestas, (vid. copias anexos "B" y "C", fs. 4/7); y asimismo, las circulares nros. 137, 143 y 156/1996 (vid. copias obrantes anexo "D", fs. 8/16), elementos, éstos, que -al decir del amparista- evidenciarían que con precedencia al sistema on/line el agente oficial ejercía un control "efectivo y total" de las actividades de su dependiente "a través de la entrega de cupones", y que esa situación había cambiado con la implementación de dicho sistema, incidiendo, por lo tanto, en el riesgo y en la responsabilidad que había asumido durante la vigencia de la anterior modalidad.

Ninguna consideración formuló la Cámara en torno a tales extremos y a los medios de confirmación que constaban en la causa, como tampoco tuvo en cuenta que la demandada nada dijo en relación a la ausencia de límites para la captación de apuestas (vid. contestación de la demanda a fs. 78/82). Al omitir en su labor jurisdiccional la valoración de ese cúmulo de circunstancias que remarcaban la especialidad del caso -invocadas puntualmente por el amparista-, el A quo incurrió en una insalvable falencia de fundamentación, al no haberse hecho cargo "de todas las dimensiones o materias involucradas decisivamente" (cfr. A. y S. T. 189, p. 448), careciendo así su razonamiento del sustento necesario como condición de validez. En tales condiciones, la respuesta brindada sólo en apariencia satisface la exigencia del artículo 95 de la Constitución provincial y no resulta acorde con un adecuado servicio de justicia, correspondiendo su anulación y la remisión de la causa a otro tribunal para que sea nuevamente juzgada. A efectos de preservar la primacía de la verdad jurídica objetiva (como exigencia de ese adecuado servicio de justicia, art. 18 C.N.), el órgano jurisdiccional subrogante deberá apreciar también -como esta Corte lo ha hecho- las constancias incorporadas al expediente con posterioridad al dictado de dicha sentencia (así, por ejemplo: testimonio de fojas 194/195; auto de procesamiento de Troncoso, copia a fs. 196/199; carta enviada por "Sancor Coop. de Seguros Ltda."a la Caja rechazando la pretensión de cobro del seguro, copia a fs. 212), e incluso con anterioridad a ello (vid. sobreseimiento definitivo de Bologna, copia a f. 174), en especial, en cuanto las mismas pueden eventualmente conferir sustento a la posición sostenida por el actor en estos autos, sin que lo dicho signifique emitir opinión sobre la suerte que en definitiva deba correr el presente litigio. Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Gutiérrez y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- , el señor Ministro decano doctor Vigo dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas (artículo 12, ley 7.055). Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Gutiérrez y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro decano doctor Vigo y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIO: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas. Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda, a fin de que la misma sea nuevamente juzgada.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe. Fdo.:VIGO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)