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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, aplicación temporal de la ley, reparación integral, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, pautas
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: GATTI, DANIEL ARISTIDES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

Debe declararse inadmisible el recurso deducido desde que la impugnante no demostró que las cuestiones, tal como fueron resueltas, excedan el margen de interpretación que los jueces ordinarios de la causa efectuaron en torno a materias que resultan ajenas a la vía extraordinaria intentada ni acreditó irrazonabilidad en el criterio vertido por la Sala que sustentó su decisión incluso en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que entendió aplicable en la materia y también en el sistema de ajuste establecido por la propia Ley 26.773 (artículo 17, inciso 6º) para las indemnizaciones devengadas pero aún no canceladas.

Y sin que tampoco se demuestre que la solución se aparte de lo referido en el mismo sentido por esta Corte provincial ( De la ampliación de fundamentos de la Dra. Gastaldi).
Regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Martinez Alejandro Daniel c/ Club Nautico De Mar Del Plata Y Otros s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-10

Corresponde confirmar la decisión que condicionó la regulación de honorarios profesionales a la aprobación de la liquidación de la condena, pues la demanda prosperó contra algunos de los demandados y se rechazó contra otros, por lo que la realidad económica para todos los letrados está determinada por el importe por el que se viabilizó la demanda por representar, y no por el monto originario de la pretensión.
Jubilaciones, pensiones, Seguridad social, exceso ritual manifiesto, jueces, interpretación de la ley, aplicación de la ley previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: Ramallo, Ramón Horacio s/ JUBILACION POR INVALIDEZ.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

Teniendo la seguridad social como cometido propio la cobertura integral de las consecuencias negativas producidas por las contingencias sociales, el apego excesivo al texto de las normas sin apreciar las circunstancias particulares de cada caso no se aviene con la cautela con que los jueces deben juzgar las peticiones vinculadas con la materia previsional.
Nulidad procesal, sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: MAGALLAN, DANIEL c/ ELITE SIST. DE SEG. S.R.L. s/ Indemn. y otros -RECURSO DE INAPLICABILIDAD LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-07-07

Resulta ajustada a derecho la sentencia de Cámara que, en forma unánime, presta su conformidad a la de 1ra instancia, tanto en lo dispositivo como en los motivos del pronunciamiento, confirmándola por sus fundamentos, prescindiendo de las formalidades del acuerdo.
Jubilaciones, jubilación por edad avanzada, retiro militar, ordenanzas municipales, ley previsional, interpretación amplia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rubalsky, León c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo (Expte CSJ Nº 928-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-19

Corresponde otorgar la jubilación por edad avanzada al actor (aunque no hubiera cumplido con los diez años efectivos de trabajo municipales), cuando la normativa legal en que la Municipalidad demandada se sustenta para denegarle el pedido (esto es, el artículo 65 in fine de la ley 18037 y el artículo 47 de la ley 18038 que dice: "el goce de la jubilación por edad avanzada es incompatible con el de otra jubilación o retiro nacional, provincial o municipal"), no tiene una norma similar en la ordenanza 6166/70.

Dicha ausencia torna inaplicable al caso la jurisprudencia de los casos "Franquelo" y "Machuca", donde se discutió la constitucionalidad del artículo 65 de la ley 18037.
Fundamentación insuficiente, absurdo
Materia: CIVIL
Carátula: Novales, Miguel Ángel c/ Espósito, Fabio Alejandro y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-04

La mera discrepancia subjetiva resulta insuficiente para poner en evidencia la existencia del error grave y grosero que supone el vicio del "absurdo".(del voto del doctor Negri)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, nulidad procesal, sentencia de primera instancia, jueces, Poder Judicial, nombramiento, recusación, excusación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: A, J A; G, P; L, E R; M, J J s/ APREMIOS ILEGALES     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-18

Resulta idóneo para la apertura de la instancia extraordinaria, el planteo del quejoso que señala la nulidad del fallo de primera instancia por haber sido dictado en forma sorpresiva por una magistrada -que se había desempeñado anteriormente como Secretaria de las actuaciones sumariales de la causa-, sin reunir ésta las condiciones de nombramiento que exige el artículo 83 de la Constitución Provincial, habiendo obviado dictar decreto que hiciera saber a las partes el Juez que iba a entender, impidiéndole de esa manera ejercer el derecho de recusar, o solicitar su excusación, habida cuenta que fue defendido por la Defensora General, cuñada de la Jueza en cuestión.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, resoluciones judiciales, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Santillán, Juan E. y otros c/ C.G.Z. s/ DESPIDO INDIRECTO. COBRO SALARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-28

Corresponde declarar la nulidad de la resolución por la cual se concedió el recurso extraordinario si ésta no aparece debidamente fundada en cuanto al agotamiento de las instancias locales y a la existencia o no de arbitrariedad. En caso contrario, el Tribunal debería admitir que su jurisdicción extraordinaria se viese, en principio, habilitada o denegada sin razones que avalen uno u otro resultado, lo cual irroga un claro perjuicio al derecho de defensa de los litigantes y al adecuado servicio de justicia de la Corte.
Poder Judicial, nombramiento, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

Las sentencias dictadas regularmente por Jueces de facto son válidas con fundamento "en el principio del interés público y la garantía de los derechos" y, el "título de los funcionarios judiciales de facto no es impugnable en un procedimiento colateral".
Estafa, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: KAHN, Claudio A. s/ ESTAFA:REQUISITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-26

La sola presencia del encartado en el lugar no implica participación delictiva, pues en los actos defraudatorios la mera presencia física no denota complicidad en la ejecución del hecho, en los que exige la conducta personal en la manipulación del medio engañoso.
Empleados públicos, personal contratado, personal transitorio, escalafón, categoría administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Amaya, Alberto Regalado c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 581 año 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-18

Si el actor fue encasillado en virtud de lo establecido por la ley 10.201 (escalafonamiento definitivo del personal contratado o transitorio), el único modo concluir en la ilegitimidad de la categoría que le fue asignada depende de la comprobación de que a las funciones que desempeñaba como personal no permanente les correspondía una categoría mayor. Por lo tanto, en el caso, no corresponde declarar procedente el recurso interpuesto desde que aquél no ha probado ello acontezca, lo que exigiría la demostración, en primer lugar de cuáles eran las funciones que se encontraba desempeñando a esa fecha; y, en segundo lugar, de que a esas funciones correspondía la categoría por él reclamada.
Recurso de casación, subasta judicial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Dr. Romero, Oscar Eduardo s/ Autos Corte Nº 20/12: Dr. Romero, Oscar Eduardo en autos Expte. Nº 013/05: Dr. Guaitimalt, Jorge Esteban, en autos Expte. Nº 423/04: Leiva, Amelia Sesto de c/ Editorial Capayán s/ Daños y Perjuicios s/ Incidente de Nulidad de Remate - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-03-18

En autos es absolutamente indiscutible porque así ha quedado acreditado, que el perfeccionamiento de la subasta judicial ha quedado configurado incluyendo el pago del saldo del precio, con sumas que luego fueron percibidas por la misma representación letrada que luego promovió la segunda subasta del bien anteriormente vendido.

Es decir que la ejecutante a sabiendas de todos esos antecedentes, igualmente involucró en una subasta al bien anteriormente rematado y vendido.

Todo ello con fundamento en la imperfección de la compraventa judicial por una supuesta "falta de tradición" de la cosa, más análisis varios para dirimir el carácter adjetivo o fondal de la compraventa ya concretada para, a partir de allí, inquirir que dicho bien nunca fue vendido y que la anterior subasta no es obstáculo para la segunda.

Tal argumentación, a mi juicio, constituye un razonamiento que viola básicos y elementales principios jurídicos tales como el de "buena fe procesal" y el de "buena fe contractual" (Art. 1.198 del CC) y que, aun de aceptarse la tesis de la ocurrente basada en la consabida ausencia de "tradición", con y sin comodato, el planteo igualmente configuraría un evidente "abuso del derecho" (Art. 1.071 del CC) que la ley no podría proteger ni la justicia homologar, a la luz de los hechos ya comprobados de que A. adquirió el inmueble en sana ley.

Ni las extemporaneidades invocadas en el planteo nulificante, aun cuando sean de toda evidencia, podrían obstaculizar el derecho del comprador a invocar su derecho.

Esenciales reglas constitucionales, tales como el señalado en la manda preambular de "consolidar justicia", rigen a todo evento y sobrevuelan por sobre cualquier disquisición formal que se pretenda anteponer respecto a derechos objetivamente adquiridos, acreditados y además conocidos por la ejecutante y casacionista.

De allí entonces, la absoluta improponibilidad del recurso bajo examen.
Caducidad de instancia, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARDOZO, MARIA ISABEL c/ SANTIAGO HIPOLITO GONZALEZ Y OTRA s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO VEINTEAÑAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-12-23

Cuando se solicita en la alzada la caducidad de instancia, y de acuerdo a las constancias de autos surge que este tribunal ha concedido previamente el Recurso de Casación interpuesto contra la sentencia, al haberse agotado su jurisdicción con el dictado de dicha resolución, corresponde elevar el Expediente al Excmo.

Superior Tribunal de Justicia, por ser el competente para intervenir en la perención solicitada.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Vázquez Petrell, Eric c/ Repartos Ya S.A. s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-03

Si bien corresponde tener presente que los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia cuando una decisión favorable altera el estado de hecho o de derecho existente al momento de su dictado y configura un anticipo de jurisdicción respecto del fallo final de la causa, reiteradamente se han considerado procedentes medidas cautelares con prescindencia de su eventual superposición con el fondo de la contienda en aquellos supuestos en los cuales, en principio, se habría soslayado el sistema de exclusión de tutela previsto por los arts. 48 y 52 de la ley 23.551, cuando estuviera acreditada la verosimilitud del derecho.
Medidas cautelares, embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TUMBARELLO c/ APUBD EN J: APUBD s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A069 - 249)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-11-18

La inembargabilidad e inejecutabilidad de un inmuble gravado a favor del Banco Hipotecario Nacional, por préstamos otorgados para única vivienda propia, es una cuestión que sólo puede afectar al titular del mismo y no a un tercero adquirente por boleto.-
Cheque, cuenta corriente bancaria
Materia: CIVIL
Carátula: CAMPAZAS, ALBERTO c/ GIMENEZ, MABEL s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-06

Recordando la fecunda distinción entre "derecho interno" y "derecho externo" del cheque puede determinarse con toda claridad que en el primer aspecto el cheque es una orden de pago destinada a hacer funcionar el servicio de caja que presta el banco girado, tal orden de pago, que es pura y simple, tiene por características ser unilateral, recepticia y por lo tanto, revocable, hasta tanto no sea recibida por el sujeto a quien está dirigida. Tal revocabilidad debe fundarse, taxativamente, en una causal legal o reglamentaria (fuente mediata) de acuerdo el pacto de cheque establecido entre el cliente y el banco (fuente inmediata) en oportunidad de la apertura de la cuenta corriente bancaria correspondiente.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, Estado Provincial, constitucionalidad, Municipalidad, autonomía municipal, prueba, Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 306 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-25

La Corte nacional in re "Municipalidad de La Plata c. Provincia de Buenos Aires", señaló -por mayoría-, en el considerando 4to., que "esta Corte tiene dicho que cuando se impugnan actos emanados del gobierno provincial por poner en peligro la existencia misma del municipio, el interesado debe demostrar claramente de qué maneraaquéllos contrarían la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen, y debe probar, además, que ello ocurre en el caso concreto".

Y agregó: "Que por otra parte, el artículo 123 de la Constitución Nacional -incorporado por la reforma de 1994- no confiere a los municipios el poder de reglar las materias que les son propias sin sujeción a límite alguno. La cláusula constitucional les reconoce autonomía en los órdenes 'institucional, político, administrativo, económico y financiero' e impone a las provincias la obligación de asegurarla, pero deja librado a la reglamentación que éstas realicen la determinación de su 'alcance y contenido'.

Se admite así un marco de autonomía municipal cuyos contornos deben ser delineados por las provincias, con el fin de coordinar el ejercicio de los poderes que éstas conservan (arts. 121, 122, 124 y 125 de la Constitución nacional) con el mayor grado posible de atribuciones municipales en los ámbitos de actuación mencionados por el artículo 123".

Este último párrafo fue expresamente retomado por el Alto Tribunal en un reciente precedente "Cadegua S.A.", en que señaló que "la autonomía municipal consagrada en la Constitución nacional de 1994 en nada modifica" los criterios generales en punto a distribución de competencias entre Nación, Provincia y Municipios, "ni aun cuando la materia en debate fuera considerada de las que la Carta Magna atribuye como propias del Municipio".
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, tipo penal, agravantes de la pena, robo con armas, arma descargada, simulada o defectuosa, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

Cuando el medio empleado para la comisión del ilícito no se encuentra previsto como agravante o adolece de algún recaudo para alcanzar el carácter de tal, no por ello diluye necesariamente su entidad sino que tendrá ponderación en las pautas a considerar en la dosificación penal  arts. 40 y 41 Cód. Penal (fundamentalmente la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla).

En principio, resulta ajena a nuestra sistemática la configuración de agravantes por el impacto subjetivo que la conducta del agente, por distintos motivos, pudo tener sobre la víctima. En este sentido, la referencia al uso de armas en la figura de amenazas simples o coactivas , que ha sido a veces reivindicada en el tratamiento del tema por quienes sostienen la posición contraria, no hace sino convalidar lo que se viene exponiendo a poco que se atienda a la naturaleza de la infracción formal a cuya consumación satisface la mera potencialidad amedrentante de la conducta desplegada. La interpretación sistemática viene a coronar esta línea argumental.

En efecto, atendiendo a las incriminaciones inmediatamente anteriores se observa que el art. 165 reprime el homicidio en ocasión del robo en tanto el art. 166, inc. 1ro. las lesiones graves o gravísimas en similar ocasión. En el inciso siguiente sanciona el robo con armas.

En mi criterio, el hecho de que los arts. 165 y 166, inc. 1ro. reprimen severamente resultados de daño a la vida e integridad físic a de las personas define el alcance de la norma siguiente en que, retornando las agudas expresiones de Soler, se erige una mera murall a defensiva de similares bienes jurídicos mediante una figura calificada en virtud del peligro corrido por aquellos bienes. (De la disidencia del Dr. Giménez).

En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Trabajadores rurales, fondo de desempleo, libreta de aportes patronales, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Monaca Omar y otros c/ Staroselsky y Jaraz Construcciones S.C.C. y/o Staroselsky Jaraz S.C.C. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-06-09

No procede el agravio de la demandada en cuanto se la condena al pago de las indemnizaciones arts. 17, 18 y 19 de la ley 22250, sostiene que probada la entrega de las libretas, salieron de la esfera de custodia de su parte, extremo que obsta a la prueba de la existencia de dichos aportes a cargo de la demandada. La entrega de la libreta por sí sola no prueba que se haya efectuado el correspondiente depósito, la prueba de ello debió ser acompañada por la demandada, pues no escapa a un simple razonamiento que quien deposita las sumas correspondientes al fondo de desempleo, conserva su comprobante de depósito, el que no aparece en autos.
Medidas cautelares, Administración Pública
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Sosa de Rojas, María Nelly c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-12-13

Doctrina y jurisprudencia han establecido que los actos de los poderes públicos tienen como características la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, lo cual determina, en principio, la improcedencia de medidas precautorias en relación a ellos, salvo ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, lo que adquiere mayor significancia en materia tributaria.

En efecto, la CSJN ha sostenido este criterio en reiterados y diversos fallos, ante la afectación que produce sobre el erario público, pues la percepción de la renta del tesoro en tiempo y modo dispuestos legalmente es condición indispensable para el regular funcionamiento del Estado, como también que uno de los peores males que soporta el país es el gravísimo perjuicio social causado por la ilegítima afectación del régimen de ingresos públicos que provienen tanto de la evasión como de la demora excesiva e injustificada en el cumplimiento de obligaciones tributarias y sustantivas y que en la medida en que su competencia lo autorice los Tribunales tienen el deber de contribuir a su eliminación o, en todo caso, a la aminoración de esos dañosos factores, en la bien entendida inteligencia en que lo dicho no implica que no sea posible suspender los efectos de la administración tributaria en caso alguno, sino que tal postergación ha de estar avalada por un análisis serio, detallado y convincente de los efectos insalvables que dicho acto tenga.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Verbitsky, Horacio y otros s/ denuncia apología del crimen.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

Resulta inconveniente confundir derecho de prensa con libertad de expresión, identificando conceptos distintos y protegiendo por igual a medios diferentes.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, debido proceso, recusación, recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PROCURADOR GENERAL DE LA CORTE SUPREMA c/ E., R. s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Jury de enjuiciamiento (Expte. CSJ   Nº 141-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-08

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto al no existir alegación alguna que demuestre la concreta violación de la garantía del debido proceso por menoscabo de la necesaria garantía de imparcialidad de los juzgadores -que haría excepcionalmente procedente el recurso de inconstitucionalidad- cuando resulta obvio que, en el caso, no ha mediado ningún prejuzgamiento y que tampoco existe "escándalo jurídico alguno", toda vez que el Tribunal no ha emitido opinión sobre los decisorios dictados por la enjuiciada (como ella lo sostiene), ni ha descalificado sus sentencias, sino que sólo ha adoptado una decisión liminar o "prima facie", en grado de admisibilidad, que no ingresa en el ámbito de lo sustancial -ni tiene, por ello, la virtualidad de constituir un "pre-juicio" o "un juicio antes de tiempo"- y que, además, resulta imprescindible para dar inicio al procedimiento regulado por la ley 7050.
Honorarios, regulación de honorarios, asesores letrados, organismos del Estado, bancos oficiales, bancos provinciales, resoluciones judiciales
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-BANCARIO
Carátula: Firme Seguridad SA c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-25

Procede confirmar la resolución que autorizó al Banco de la Provincia de Buenos Aires a percibir en el marco de la distribución de fondos presentada en cierta quiebra, los honorarios fijados en favor del letrado reclamante. Ello por cuanto, en el caso, no desvirtuó que su relación con la entidad hubiese sido distinta a una relación de dependencia con la modalidad empleo público, hasta que se acogió a los beneficios de la jubilación, con fundamento en lo establecido por la Resolución Administrativa 1315/95 del Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, y siendo que los trabajos del letrado en este juicio tuvieron su inicio y desenvolvimiento bajo la vigencia de la citada normativa, no puede ahora, al menos sin antes haber ventilado la cuestión por la correspondiente vía administrativa, argüir que los honorarios aquí regulados no se encuentran comprendidos en el régimen establecido por la Resolución. Es que, la citada integra el régimen del derecho público al que se somete quien ingresa a prestar servicios para la administración pública centralizada o descentralizada, reconociéndole la titularidad del banco respecto de los honorarios respectivos. (cfr. CNCom, Sala B, "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Gatic SA" del 10/02/10).