Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-10-08


Expte. Nº 6039/13 "FLORES Romina Alejandra c/ Recursos Humanos Auditorias y Servicios S.R.L. - Ordinario - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a ocho ( 08 ) días del mes de octubre del año dos mil trece, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y Carlos Eduardo Balaguer, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en fecha trece de febrero del año dos mil trece, en autos Nº 8985 caratulados: "Flores, Romina Alejandra c/ Recursos Humanos Auditorias y Servicios S.R.L. s/ Apelación de Sentencia"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?------------ --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:------- --- En la sentencia impugnada el Tribunal rechaza la apelación de la demandada. De esta manera, confirma la sentencia de primera instancia que receptó parcialmente la demanda laboral.------------------------------------- --- Al fundar su decisión, y en lo que es materia de recurso, el a quo concluye, en primer lugar, que la valoración de la prueba efectuada en el fallo cuestionado resulta razonable y ajustada al criterio de la sana crítica. Así, en cuanto a la absolución de posiciones de la actora, dice que resulta improcedente la pretensión de la demandada tendiente a que la respuesta de aquella a la cuarta posición se considere como un reconocimiento. Señala que el absolvente debe afirmar o negar la posición, pero también puede formular las aclaraciones que estime pertinentes, y que el juez debe apreciar la respuesta en forma integral. Añade que tampoco adquiere relevancia el reconocimiento de la actora de que nunca fue monotributista, teniendo en cuenta la interpretación lógica de las circunstancias fácticas efectuadas por el Juez, relativa a que existió una relación laboral encubierta. En cuanto a la prueba testimonial, el a quo expresa que la demandada no aporta elemento alguno que permita poner en crisis la valoración efectuada por el Juez de primera instancia. En relación con los rubros por los cuales prospera la condena, el Tribunal señala que la accionada omite considerar que el artículo 92 bis punto 3 de la LCT determina que la falta de registración de un trabajador se interpreta como una renuncia expresa al período de prueba, con lo que no rige para el caso de autos. Afirma también que el artículo 245 ibídem debe interpretarse en forma integral con el 92 bis: teniendo en cuenta la renuncia de la empleadora al período de prueba por falta de registración, se torna aplicable el artículo 245, por lo que debe abonarse un mes de sueldo al trabajador en concepto de indemnización por antigüedad. Agrega que los demás rubros de condena resultan lógica consecuencia de la aplicación de las prescripciones legales (arts. 80, 121, 150, 103, 231, 232, 233 de la LCT y art. 2 de la ley 25.323).------------------------- --- La recurrente encuadra el recurso de casación en la causal del inciso 2º del artículo 15 de la ley 2275. Aduce errónea interpretación de los artículos 92 bis y 245 de la LCT. Afirma que, por un lado, el a quo no interpreta correctamente el artículo 92 bis de la LCT, pues en el caso no hubo contrato de trabajo y, de existir, debió aplicar la norma de conformidad con su texto. Agrega que el artículo 245 no resulta aplicable, ya que, de mediar relación laboral, la actora se desempeñó durante menos de tres meses (desde junio de 2007 al 7 de agosto del mismo año).--------------------- --- La impugnante encuadra el recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. Dice que el fallo resulta arbitrario por no constituir una derivación razonada del derecho vigente, ya que interpreta indebidamente la norma laboral, con lo que vulnera su garantía de defensa en juicio y del debido proceso.------------------------- --- Se agravia, en primer lugar, de que el a quo, excediendo el límite de las posibilidades interpretativas de la ley aplicada -arts. 92 bis y 245 de la LCT-, declare que hubo vínculo laboral entre las partes.-------------- --- En segundo lugar, la recurrente endilga al fallo arbitraria valoración de las pruebas rendidas, al tergiversar la confesional del demandado y prescindir de que la actora reconoció expresamente en la absolución de posiciones que no se encontraba inscripta como monotributista en la AFIP y no se le adeudaban los rubros que reclama. Agrega que el a quo pondera desacertadamente las testimoniales, valorando sólo las de la actora y omitiendo considerar las de su parte.---- --- En tercer lugar, la quejosa se agravia de que el a quo la condene a pagar la indemnización prevista en el artículo 245 de la LCT, el incremento indemnizatorio del artículo 2 de la ley 25.323, la duplicación del artículo 16 de la ley 25.561 y la duplicación prevista en el artículo 15 de la ley 25.013. Refiere que el Tribunal tiene por acreditado el inicio de la relación laboral en junio de 2007 y su finalización en agosto de ese año, por lo que no transcurrieron los tres meses de antigüedad requeridos por el artículo 245 de la LCT. Concluye que la indemnización prevista en la norma y en las leyes consecuentes resulta improcedente.------------ --- Los recursos fueron admitidos formalmente a fojas 272. Se corrió traslado a la parte actora, quien contestó mediante escrito de fojas 278/288. También se corrió traslado al Fiscal General de la Corte, quien ha dictaminado a fojas 291/293.---------------------------- --- Expuestos los antecedentes del planteo, paso a examinar su procedencia sustancial. Por razones vinculadas con la naturaleza de ambos recursos, comenzaré analizando el de inconstitucionalidad. Es que el recurso establecido en el inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275 cuestiona la validez del pronunciamiento, mientras que el de casación objeta el sentido de ese pronunciamiento -al menos en una de sus facetas-, con lo que supone aquella validez (PRE S1ª 2000-II-402). Por ende, sólo si se ratifica la validez del fallo podrá examinarse su sentido.---------------------------------- --- Adelanto que el recurso debe ser rechazado sin mayores consideraciones. En cuanto a los dos primeros agravios, porque involucran cuestiones fácticas y probatorias.-------------------------------------------- --- Repetidamente ha dicho el Tribunal, en efecto, que es cuestión de hecho y prueba determinar si existe o no relación laboral (PRE S2ª 2001-II-225). También ha dicho que el juzgamiento de tales cuestiones está reservado a las instancias de mérito y sólo puede ser revisado en la instancia extraordinaria en casos de palmaria arbitrariedad (PRE S.1ª 1998-II-290, S.2ª 1997-I-67, etc.). En otras palabras, para que se invalide una decisión sobre aspectos fácticos o probatorios, la decisión debe revelar arbitrariedad, y en tales casos la arbitrariedad implica trasgresión a las reglas de la lógica o valoración absurda de la prueba (PRE S1ª 1990-I-48).--------------- --- En la especie, el a quo ha ratificado el criterio del Juez de primera instancia, quien entendió acreditada la relación laboral en función de diversas circunstancias: en primer lugar, que la actora vendía para la demandada espacios de publicidad para un programa televisivo, y esta última le proveía de órdenes de publicidad; que dicha prestación de servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo; que dicha presunción se ve corroborada con numerosos testimonios; y que la demandada no ha acreditado que la actora vendiese la publicidad por su cuenta y orden. En cuanto a la valoración de la prueba confesional del actor, el a quo ha dicho que el sentido de su respuesta a la cuarta posición es indudable en función de la aclaración que ella efectúa, y que carece de relevancia que la misma parte haya reconocido que nunca fue monotributista.---------------- --- Pues bien, tales conclusiones no son irrazonables. Por el contrario, se sustentan en fundamentos que -se compartan o no- son suficientes para fundar la decisión. Ello descarta la existencia de arbitrariedad y, como adelanté, obsta a la apertura de esta instancia.-------- --- Es decir, que estos agravios de la demandada propenden, no a que se controle la legalidad del fallo, sino a que se revise el mérito con que el a quo ha juzgado las cuestiones que integran la litis. No es esa la función que la ley 2275 otorga a esta Corte en el marco de los recursos extraordinarios. Si el Tribunal abriese dicha vía para examinar los enunciados defectos, vendría a actuar como un tribunal de mérito más, en una suerte de tercera instancia no prevista en la ley. Por otra parte, debería extender ese examen a todos los casos y en todos los pleitos, lo que ciertamente perjudicaría su actuación como tribunal de garantías constitucionales (PRE S2ª 1989-I-86; S1ª 1999-I-176; etc.).------------------- --- En cuanto al tercer agravio, relativo a la interpretación de los artículos 92 bis y 245 de la LCT, remite a una cuestión eminentemente normativa. Por esa razón, el agravio resulta inviable en el marco del recurso de inconstitucionalidad y será analizado en el de casación.- --- Ya entrando en el análisis de la casación, comienzo por señalar que -además del tema interpretativo al que acabo de referir- la recurrente enuncia algunas objeciones sobre la existencia de la relación laboral. Las objeciones carecen de sustento pues no conforman propiamente un agravio y porque la cuestión es ajena al recurso de casación. Además y, de existir un agravio, este sería inviable por las razones que enuncié precedentemente, cuando traté el tema de la relación laboral en el recurso de inconstitucionalidad.---------- --- Paso a examinar lo relativo a la interpretación de los artículos 92 bis y 245 de la LCT. En lo pertinente al tema en análisis, los artículos disponen:------------ --- Artículo 245.- Indemnización por antigüedad o despido. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor.-- --- (.)------------------------------------------------- --- El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo.--- --- En tanto, el artículo 92 bis, incorporado por ley 25.877 del 2004, reza:---------------------------------- --- Artículo 92 Bis- El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros TRES (3) meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecido en los artículos 231 y 232.----------------- --- El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:------------------------------------------------- --- (.)------------------------------------------------- --- 3. El empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el período de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho período.-------------- --- (.)------------------------------------------------- --- Las instancias de mérito han establecido que la actora trabajó desde el mes de junio hasta el 7 de agosto de 2007. En cuanto al tema normativo, el a quo, confirmando el fallo de primera instancia, ha decidido que el citado artículo 92 bis punto 3 de la LCT determina que la falta de registración del trabajador se interpreta como una renuncia expresa al período de prueba, con lo que no rige para el caso de autos. Y que dicha renuncia torna aplicable el artículo 245, por lo que debe abonarse un mes de sueldo al trabajador en concepto de indemnización por antigüedad.--------------- --- Adelanto que concuerdo con la interpretación efectuada por el Tribunal a quo. Me parece decisivo, en primer lugar, lo dispuesto en el último párrafo del transcripto artículo 245, según el cual el importe de la indemnización por antigüedad o despido en ningún caso puede ser inferior a un mes de sueldo. Ha dicho este Tribunal, siguiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley (PRE S2ª 2009-III-571). Considero que, en la especie, la ley es clara cuando establece que el importe mínimo de indemnización es el correspondiente a un mes.------------------------- --- No desconozco la existencia de antigua jurisprudencia en sentido contrario al que propongo, como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (autos "Jimena, Sandra c/Safo de Babi, Mirta", del 3/10/1978) y sobre todo el plenario Nº 218 dictado en 1979 por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (autos "Sawady Manfredo c/ S.A.D.A.I.C.", La Ley, 1979-B, 339; DT, 1979-371). Según dicha jurisprudencia, para ser acreedor a la indemnización prevista en el antiguo artículo 266 de la LCT (actual art. 245), el trabajador debía tener una antigüedad superior a los tres meses.------------------- --- Considero, sin embargo, que la incorporación a la LCT del "período de prueba" y su regulación actual (ley 25.877/2004) dan sustento a la doctrina que propicio. Es que si el artículo 92 bis permite extinguir la relación durante el período de prueba sin derecho a indemnización, resulta ilógico que por vía jurisprudencial se concluya que tampoco tiene dicho derecho el trabajador que no estuvo a prueba (en el caso, por renuncia del empleador presumida por la ley). En otras palabras, aplicar el criterio de la jurisprudencia citada quitaría trascendencia a la actual regulación del período de prueba.----------------------- --- Cabe agregar que el criterio que niega la indemnización conduce a un resultado absurdo en el contexto resultante de la ley 25.323/2000. Dicha norma ha establecido un "incremento en las indemnizaciones por despido en relaciones laborales no registradas" y el artículo 1 específicamente dispone que las indemnizaciones laborales se duplicarán en caso de relaciones no registradas. Pues bien, si el trabajador no registrado con menos de tres meses de antigüedad carece de derecho a indemnización por despido, el empleador que lo despidiese no abonaría dicha indemnización, con lo que tampoco habría monto a duplicar en los términos del citado artículo 1. Ello configura el resultado absurdo al que aludo, ya que, en tal caso, el empleador que omitió registrar al trabajador no abonaría la multa del artículo 1.--------- --- Por todo ello, voto por rechazar los recursos planteados e imponer las costas a la recurrente, vencida.--- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJERON:--------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- I) Rechazar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos.---------------------------------- --- II) Imponer las costas a la recurrente vencida.----- --- III) Ordenar que se protocolice la presente, que se agregue copia al expediente y a los autos principales y que estos bajen al Tribunal de origen. Notifíquese y oportunamente archívese. Fdo. Dres.: Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y Carlos Eduardo Balaguer. Ante mí: Andrés de Cara, Secretario Letrado de la Corte de Justicia.- Ef-6039 E.B.T.

PRE S.2ª 2013-III-583