Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-09


SENTENCIA INTERLOCUTORIA NRO.	28453	SALA V. AUTOS: "GALLO ANGEL ORLANDO C/ LIBERTY ART. S.A S/ ACC.ACCION CIVIL." (JUZG. Nº 7).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 9 días del mes de marzo de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el doctor OSCAR ZAS dijo:

I) Contra la resolución de fs. 74, que homologa el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes a fs. 72/vta. y ratificado personalmente por el actor a fs. 74, apela el Sr. Fiscal de Primera Instancia Dr. Alejandro H. Perugini a través del escrito de fs. 75/vta., contestado por la parte demandada a fs. 78/vta.

A fs. 86 el Sr. Fiscal General ante esta Cámara Dr. Eduardo O. Álvarez, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 37, inc. a) de la ley 24.946, mantiene el recurso oportunamente interpuesto por el Dr. Perugini.

II) En el contexto descripto precedentemente, corresponde el tratamiento de la apelación de fs. 75/vta. mantenida a fs. 86, recurso que propicio admitir por las razones que expondré seguidamente.

Según nuestro más Alto Tribunal, el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, conclusión derivada, no sólo del propio texto del art. 14 bis de la Carta Magna, en tanto dispone que "...el trabajo...gozará de la protección de las leyes..." y éstas "...asegurarán al trabajador...", sino del renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (art. 75, inc. 22, C.N.).

Cuando el art. 14 bis de la Constitución Nacional dispone que las leyes asegurarán al trabajador "...condiciones...equitativas de labor...", enuncia un mandato que traspasa este último marco. Al modo de un común denominador, se proyecta sobre todos los restantes contenidos de la norma que, sin perder su identidad y autonomía, también son susceptibles de integrar el concepto de condiciones de labor. Y "equitativo" significa justo en el caso concreto.

Consentir que la reglamentación del derecho del trabajo reco-nocido por la Constitución Nacional, aduciendo el logro de supuestos frutos futuros, deba hoy resignar el sentido profundamente humanístico y protectorio del trabajador que aquélla le exige; admitir que sean las "leyes" del mercado el modelo al que deban ajustarse las leyes y su hermenéutica; dar cabida en los estrados judiciales, en suma, a estos pensamientos y otros de análoga procedencia, importaría (aunque se admitiere la conveniencia de dichas leyes), pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la Constitución Nacional.

De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamenta-les que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad (conf. C.S.J.N., 14/09/2004, "Vizzoti, Carlos Alberto c/AMSA S.A.").

Desde la perspectiva delineada precedentemente, surge clara-mente que los derechos del trabajador exceden considerablemente el universo de lo meramente patrimonial incluido en el ámbito de tutela del derecho de propiedad.

Cabe tener en cuenta que en el caso "Vizzoti" la Corte Supre-ma resolvió un conflicto donde estaba en juego el monto de la indemnización por despido amparada, en principio, por el derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario y que, según la óptica de nuestro más Alto Tribunal, excede los límites de esa protección, y resulta tutelada por el derecho a condiciones equitativas de labor consagrado por el mentado art. 14 bis y por el derecho al trabajo regulado por normas internacionales en materia de derechos humanos de jerarquía constitucional.

En el supuesto específico de las reparaciones de daños deriva-dos de accidentes y enfermedades del trabajo, entre ellas las prestaciones previstas en la ley 24.557, están en juego derechos fundamentales del trabajador y, en su caso de sus derechohabientes, consagrados para tutelar intereses y valores que van más allá de la esfera patrimonial de aquéllos, subsumibles exclusivamente en el derecho de propiedad: los derechos a la vida, a la integridad psicofísica y a la salud.

En el marco de la tutela de los derechos humanos en el ámbito americano, es menester destacar que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

".Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten carácter angular en la Convención. De conformidad con el artículo 27.2 del referido tratado, esos derechos forman parte del núcleo inderogable, pues se encuentran consagrados como unos de los que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes." ".Este Tribunal ha señalado que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana, por ser el corolario esencial para la realización de los demás derechos..." (conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006).

En esta inteligencia, el art. 11.1 de la ley 24.557 dispone en lo pertinente que "Las prestaciones dinerarias de esta ley.son.irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas".

Aun cuando la LRT no consagrara expresamente la irrenun-ciabilidad de las prestaciones dinerarias, se llegaría a la misma conclusión por aplicación del art. 2.e) de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales cuyo texto reza:

"Considéranse como básicos en el derecho social de los países americanos los siguientes principios:." ".e)Los derechos consagrados a favor de los trabajadores no son renunciables y las leyes que los reconocen obligan y benefician a todos los habitantes del territorio, sean nacionales o extranjeros".

La eficacia jurídica de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales ha sido reconocida por nuestro más Alto Tribunal (conf. C.S.J.N., A. 1792. XLII., 24/02/2009, "Aerolíneas Argentinas S.A. c/Ministerio de Trabajo", considerando 9º del voto concurrente de los Jueces Dres. Ricardo Luis Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni y considerando 10º del voto concurrente de los Dres. Carlos S. Fayt y Enrique Santiago Petracchi).

Es más, en un reciente fallo el Supremo Tribunal Federal des-taca que la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales fue adoptada por los Estados americanos al mismo tiempo y en el mismo marco en que fueron adoptadas la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, relación esta por la cual, además, la primera debe servir para la adecuada interpretación y el desarrollo de las normas de esta última, i.e., la Declaración Americana (Gros Espiell, Héctor, "Estudios sobre derechos humanos II, IIDH/Civitas, Madrid, 1988, p. 110). La mencionada Carta tuvo por objeto "declarar los principios fundamentales que deben amparar a los trabajadores de toda clase y constituye el mínimum de derechos de que ellos deben gozar en los Estados Americanos, sin perjuicio de que las leyes de cada uno puedan ampliar esos derechos o reconocerles otros más favorables" (art. 1; conf. C.S.J.N., A. 374. XLIII, 10/08/2010, "Ascua, Luis Ricardo c/SOMISA").

III) Cabe recordar que la ley 9.688, entre las garantías de la indemnización que regulaba, consagraba la prohibición de la transacción (art. 13).

Si bien la ley 24.028 admitió expresamente la conciliación y la transacción, en la parte pertinente de su art. 13 incluido en el título "Protección del crédito del trabajador", disponía:

".Los acuerdos conciliatorios o transacciones sólo serán válidos cuando cumplan los requisitos previstos en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976)".

"En caso de incapacidad permanente será condición nece-saria para la homologación del acuerdo la determinación del grado de incapacidad del trabajador mediante pericia o dictamen médico producido en sede judicial.".

Si bien es cierto que a partir de la entrada en vigencia de la ley 24.557 quedó derogada la ley 24.028 (conf. Disposición final tercera, ap. 3 de la L.R.T.), la necesidad de evitar la convalidación de la renuncia de derechos del trabajador, de salvaguardar los principios y reglas del orden público y de constatar objetivamente la existencia de una justa composición de los derechos e intereses de las partes, imponen la exigencia de dictamen médico como condición necesaria para la homologación en sede judicial de acuerdos como los propuestos por las partes en este proceso.

IV) En el "sub-lite" el actor reclamó a la aseguradora de ries-gos del trabajo demandada -entre otras partidas- la suma de $ 35.714,29 en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral definitiva permanente parcial a la que se creyó con derecho con motivo de las enfermedades invocadas, planteando la inconstitu-cionalidad de distintas normas de la L.R.T. e invocando precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la finalidad -entre otras- de no someterse al procedimiento diseñado por los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 por el dec. 717/96 y las normas reglamentarias, y de que la incapacidad fuera determinada por un perito médico designado en sede judicial (fs. 4/10).

Por su parte, la demandada también ofreció oportunamente prueba pericial médica y pericial psiquiátrica (fs. 58 vta./59).

El 14 de julio de 2011 las parte presentaron un acuerdo conci-liatorio mediante el cual Liberty ART S.A., sin reconocer hechos ni derechos, ofrece abonar al actor $ 4.000, suma que este último acepta en concepto de pago total y definitivo por los conceptos indemnizatorios reclamados en autos. Liberty ART S.A. también asume el pago de las costas del proceso, pactándose los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en la suma de $ 800 (fs. 72/vta.).

Con el acuerdo precitado las partes acompañaron un docu-mento suscripto y firmado por el Dr. Gerardo D. Glucksmann, médico legista, M.N. 52288 y M.P. 956 (fs. 71), que reza en lo pertinente:

"Apellido y nombre: GALLO ANGEL ORLANDO." ".Examen Médico" "Hombros y muñecas sin deformidades ni compromiso fun-cional, movilidad lumbar conservada, marcha en talón y punta de pie conservada, lasegue negativo bilateral, piernas sin complejos varicosos" "Exámenes complementarios: se vieron antecedentes" "Por lo expuesto podemos considerar que la secuela que pre-senta puede tener relación con su actividad laboral de 3 años" "Diagnóstico: dolor de muñecas, lumbalgia, várices" "Conclusiones" "Incapacidad: 3% (tres por ciento)" El aludido informe luce desprovisto de los estudios, constan-cias médicas y principios científicos que habrían servido de apoyo a las conclusiones expuestas, sin que baste para suplir esa omisión la referencia a la vista de "antecedentes" que no describe ni permite ubicar. Por otra parte, le diagnostica várices al actor cuando esta enfermedad no fue invocada en el escrito de inicio.

El art. 91 de la L.O. reza en lo pertinente:

"Si la apreciación de los hechos controvertidos requiere co-nocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especiali-zada, se podrá proponer prueba de peritos, indicando los puntos sobre los cuales habrán de expedirse. Los peritos serán nombrados de oficio en todos los casos y su número podrá variar de uno a tres, a criterio del juez y de acuerdo con la índole o monto del asunto, circunstancia que también se tomarán en cuenta para fijar el plazo dentro del cual deberán expedirse.".

A su vez, el art. 92 de la L.O. dispone:

"El juez podrá designar peritos a profesionales o técnicos dependientes de la Administración nacional".

Es decir, además de la ausencia de rigor técnico, científico y profesional en el instrumento agregado a fs. 71, el mismo no fue suscripto por un profesional designado de oficio por la jueza de grado conforme lo establecido por los arts. 91 y 92, L.O., circunstancias que llevan a descartar su admisibilidad como dictamen médico en este proceso.

Por las razones expuestas, y al no existir un dictamen médico que permita evaluar objetivamente la existencia de una justa composición de los derechos e intereses de las partes, no corresponde pronunciarse fundadamente por el momento acerca del acuerdo celebrado por las partes a fs. 72/vta., por lo que -acogiendo el recurso interpuesto por el Fiscal de Primera Instancia a fs. 75/vta., mantenido por el Fiscal General ante esta Cámara a fs. 86- propicio revocar la resolución de fs. 74 que homologa el convenio precitado.

V) Teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos involu-crados, los términos de la controversia y el modo en que fue resuelta, estimo justo y equitativo distribuir las costas de la alzada en el orden causado y diferir la regulación de los honorarios para el momento de terminación del proceso.

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

El Ministerio Público Fiscal recurre la sentencia de grado que homologa el acuerdo conciliatorio formulado por las partes. Sostiene que no corresponde emitir la declaración de voluntad relativa a una justa composición de los derechos e intereses de las partes exigida por el artículo 15 RCT si en el caso no medio pericia médica.

Una de las consecuencias de la admisión del derecho a la propiedad pri-vada, admitido por el régimen constitucional argentino, es la capacidad de las partes de disponer de sus derechos. Es lo que la doctrina alemana ha considerado como el elemento fundamental de principio dispositivo, separando de este núcleo duro vinculado directamente al derecho de propiedad del principio de aportación de parte respecto de la introducción y prueba de los hechos a los que el juez ha estado llamado a decidir.

En este orden de ideas, toda limitación del derecho de disposición de per-sonas capaces debe contemplarse restrictivamente y adecuando la decisión a las pautas legales que impiden la realización del acto por efecto del principio constitucional por el cual nadie esté obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de hacer lo que ella no prohíbe. Jorge Peyrano distingue estos supuestos como "principio dispositivo material" o como "principio dispositivo procesal" con diferente protección constitucional. Mientras el primero se vincula a la libre disponibilidad de la parte respecto de sus bienes, el segundo se refiere a la capacidad de indicar los hechos o plataforma fáctica relevante y proponer la prueba relativa a ellas. En otras palabras, mientras en el primero está en juego directamente el derecho de propiedad reconocido por el artículo 17 de la Constitución Nacional, en el otro la regla que lo vertebra está fundada en un juicio técnico de conveniencia destinado a dotar la iniciativa de la alegación y prueba de los hechos al propio interesado como, a su vez, una función profiláctica para asegurar la independencia de quien es llamado a juzgar y el principio procesal, de raiz en los tratados de DDHH, de igualdad de armas.

De este modo, mientras el principio dispositivo procesal puede ser objeto de una mayor flexibilidad a nombre del principio de autoridad para evitar que el proceso se convierta en un simple juego de habilidades y destrezas con mengua de la función de afianzar la justicia, las reglas relativas al principio dispositivo material se encuentran imbricadas directamente con garantías constitucionales relativas al derecho de propiedad en su sentido más íntimo.

En la medida de que se trate de un derecho patrimonial asignado por la Constitución a un sujeto de derecho (de allí que algunas de estas conclusiones no sean aplicables a derechos o intereses difusos o colectivos), son estos sujetos quienes tienen la disponibilidad de esos bienes. El acceso a la justicia es una facultad de la persona y, al mismo tiempo, una garantía brindada por el Estado. El juez no es el dueño de los derechos del justiciable sino el encargado de brindar la tutela estatal a estos derechos en la medida que se inicie la acción destinada a ella. El principio ne procedat judex ex officio es consecuencia directa de esta disponibilidad de los derechos patrimoniales por el sujeto.

Este principio dispositivo material se manifiesta fundamentalmente en los siguientes aspectos.

1.	El juez sólo puede actuar a petición de parte que solicita la tutela de un derecho (nemo judex sine actore).

2.	Corresponde exclusivamente a los litigantes la determinación del objeto del proceso, manifiesto en la causa petendi y en el petitum. Los contornos del derecho particular en juego son el efecto de lo que los sujetos entienden como litigioso pues la disponibilidad sobre el bien objeto de la acción corresponde al ejercicio del derecho de propiedad.

3.	Correlativo con ello, en la medida que el objeto es titularidad de los litigantes y no del tribunal, surge el principio de congruencia en su contenido más básico que impide al juez alterar el contorno del objeto litigioso fijado por las partes. De otro modo, el dueño del objeto litigioso no serían las partes sino el juez.

4.	Finalmente, y como consecuencia de ello, son las partes que iniciaron el proceso quienes tienen la facultad de poner fin al proceso por desistimiento de la acción o del derecho, allanamiento o conciliación. No es el juez quien puede disponer del bien sino las partes. El juez es el llamado a decidir sobre un derecho que es necesariamente de otro.

Como señalara Joan Picó i Junoy:

...la virtualidad de esta distinción se encuentra en el he-cho de diferenciar con precisión el esencial y básico principio disposi-tivo del eventual principio de aportación de parte. Así, mientras el le-gislador no puede, sin comprometer el carácter disponible del interés discutible en el proceso civil y el fundamento constitucional en el que se basa, consentir al juez tutelar dicho interés en ausencia de una de-manda de parte o extralimitarse en su tutela más allá de lo dispuesto por los litigantes, sí puede sustraerles el poder monopolístico de inicia-tiva probatoria incrementando, viceversa, los poderes del juez. En este orden de ideas, resulta claro que la decisión del juzgador que res-trinja las decisiones de las partes emergentes del principio de disponibilidad del bien propio, debe estar seriamente justificada. Si para el cumplimiento de la tutela judicial efectiva resulta inadmisible el juez expectador, para la tutela del derecho de propiedad en sentido constitucional es inadmisible el juez dictador. Barberio y García Solá señalan:

Resulta desechable propiciar o consentir a un juez "dic-tador" que inicie el proceso sin impulso de parte, impida el monopolio de las posiciones jurídicas individuales, alegue hechos propios u ordene prueba sobre los no controvertidos. Esta perspectiva, propia de un sistema totalitario, desnaturalizaría de raíz la idea del proceso al servi-cio de los derechos de las partes e identificaría impropiamente el obje-tivo y funcionamiento del proceso civil al penal.

Por ello, el requerimiento de una declaración relativa a la justa composi-ción de derechos e intereses de las partes, exigido por la norma del artículo 15 RCT, como excepción al principio general de disponibilidad absoluta del bien propio está en relación directa con la situación de desigualdad negocial en la que se encuentra el trabajador. Esta declaración de la autoridad competente, sea judicial o administrativa, tiene una función profiláctica de la validez de los acuerdos transaccionales o conciliato-rios. Es que, como señala el artículo 857 del Código Civil:

Las transacciones hechas por error, dolo, miedo, violen-cia o falsedad de documentos, son nulas, o pueden ser anuladas en los casos en que pueden serlo los contratos que tengan estos vicios.

Obviamente es causa de nulidad de un contrato que está afectado de le-sión subjetiva. Como señala el segundo párrafo del artículo 954 del Código Civil:

También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.

Por este motivo en tutela de la parte más débil de la relación laboral, obje-to del orden público de protección, se requiere la existencia de justa composición que importa una tutela preventiva de la posibilidad de ocurrencia del vicio. Pero ello en modo alguno importa olvidar que el trabajador es titular del bien o prestación objeto del litigio. Por esta misma razón, la declaración de la justa composición de derechos e intereses tiene un sujeto prevalente. Aquel que por necesidad puede ser objeto de la lesión subjetiva y que, en particular encuentra limitada -en defensa de su libertad - la capacidad de renunciar el derecho propio en los términos del artículo 12 RCT. Como ya lo ponía de resalto Justo López, existe una ligazón entre las normas de los artículos 15 y 12 RCT en el que la existencia de irrenunciabilidad de derechos por parte del trabajador es la causa fundante de la exigencia de la declaración de la autoridad competente requerida por el artículo 15 RCT.

Por este motivo, no puede el juez oponerse -en la gráfica expresión de Lyon Caen - al acuerdo con base en una abstracción. Si el empleador con capacidad y sin vicios del consentimiento presta su conformidad al acuerdo, no se está ante derecho irrenunciable alguno ni puede presumirse la existencia de una lesión subjetiva en su perjuicio. Todo sujeto libre sabe lo que gana y lo que pierde con la finalización de un litigio sin tener porqué rendir cuentas a un juez -devenido en curador de un sujeto capaz- sobre la razonabilidad de sus actos.

En el caso, el actor demanda por afección en la columna lumbar, tendinitis y depresión. No comparto la valoración que le atribuye al dictamen médico quien contesta agravios pero, a los fines de la determinación de una justa composición de los derechos e intereses no cabe duda que la opinión de un profesional médico legista presentado con conformidad de ambas partes tiene un claro carácter indiciario a los fines de dictaminar la existencia de una justa composición de derechos e intereses. Quitarle todo valor a la opinión de un profesional calificado presentada con anuencia de ambos letrados importa suponer la existencia de una colisión dolosa de todos los profesionales con el fin de perjudicar al actor. Esto no puede suponerse y, en el supuesto hipotético de que efectivamente hubiera ocurrido no afecta el derecho del trabajador pues en ese caso aún la sentencia homologatoria sería pasible de ser considerada sentencia írrita pasible de revisión.

En este orden de ideas la sentencia de grado que homologa el acuerdo dado que el carácter eventual de los créditos y el carácter indiciario del dictamen presentado con conformidad de partes convierte al acuerdo propuesto en una justa composición de los derechos e intereses de las partes resulta ajustada a derecho. El fiscal cuando ejerce un recurso está ceñido por las mismas cargas que ciñen a los litigantes y en el caso ni siquiera intentó demostrar que la conclusión del juez de grado que sostiene que el acuerdo arribado es una justa composición de derechos e intereses es falsa, limitándose a manifestar su mera discordancia, por lo que el recurso debe ser declarado desierto (artículo 116 LO) En este orden de ideas, la sentencia de grado debe ser confirmada. Los honorarios de los letrados intervinientes deben ser regulados en el 25% de lo que les fuera regulado en la instancia anterior con costas al fisco.

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

Disienten los colegas preopinantes en cuanto a si corresponde revocar -primer voto- o confirmar -segundo voto- la decisión de fs. 74, que homologó el acuerdo plasmado a fs. 72 luego de que se incorporara a fs. 71 una constancia con membrete del Dr. Gerardo D. Glucksmann, según la cual el Sr. Ángel Orlando Gallo padece una incapacidad de 3%. Esa homologación fue apelada por el Sr. Fiscal de 1ª instancia a fs. 75 y tal recurso fue mantenido por el Sr. Fiscal Gral. ante esta Cámara conforme luce a fs. 86.

Ya me expedí en un caso de parecidas aristas ("Juárez, Santiago Gastón c/ Interacción ART S.A.", sentencia interlocutoria nº 28.228 del 6-12-2011).

Tal como allí expresé, en todos los pleitos de contenido patrimonial está comprometido -en forma directa- respecto de todas las partes intervinientes, el derecho de propiedad, que obviamente es inviolable (art. 17 C.N.), sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio. No obstante, en el marco del derecho laboral rigen, además, otros principios, entre ellos el de irrenunciabilidad (arts. 12 y conc. L.C.T.) que limita la libre disponibilidad por parte del trabajador. Y es el art. 11 L.R.T. el que determina concretamente que las prestaciones dinerarias que su régimen establece son irrenuncia-bles, y no pueden ser cedidas ni enajenadas. Adviértase que en el presente caso, más allá de otras consideraciones y peticiones que se efectúan, se reclaman las prestaciones de aquella ley (ver fs. 9, punto II, OBJETO).

Obsérvese que incluso la ley procesal civil limita en algunos casos la posibilidad de transar y hasta de allanarse por parte del demandado; así, el art. 307 C.P.C.C.N. dispone que " El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. El juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de eficacia y continuará el proceso según su estado ."; y el art. 308 del mismo código reza: " Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio, con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o no. En este último caso, continuarán los procedimientos del juicio" (los destacados me pertenecen). En el caso de los pleitos laborales, rige el art. 15 L.C.T. al que me referiré más abajo.

En la historia legislativa propia de los accidentes de trabajo en nuestro país, existieron épocas en las que, incluso, estaba vedada la posibilidad de transar; el art. 13 de la ley 9.688 establecía que "La indemnización por accidente del trabajo no puede ser objeto de embargo, cesión, transacción o renuncia .".

Aunque actualmente no hay una disposición legal similar a la precedentemente transcripta, el juez está obligado de todos modos en pleitos como el del sub lite, a verificar que mediante el acuerdo transaccional o conciliatorio, se alcanza una justa composición de los derechos e intereses de las partes (art. 15 L.C.T.). En esa ilación, y ante una denuncia de hechos tales como los aquí alegados a fs. 4 vta./6, no resulta irrazonable sino por el contrario necesario, que el juez cuente en forma previa, con un informe médico fundado, que se halle sujeto al margen de garantías propio del proceso judicial. Véase que en este caso la única objeción concreta de fs. 75 vta. por parte del Ministerio Público, está referida a la ausencia de la prueba pericial médica, y que tal como lo pone de resalto el distinguido colega que se expide en primer término, el informe del Dr. Glucksmann luce desprovisto de los estudios, constancias médicas y principios científicos que habrían servido de apoyo a las conclusiones expuestas. Aquel requisito pues no está configurado en el presente, ni por tanto se dan -en este estado- las circunstancias exigidas por el art. 15 antes citado.

Por ello, y sin que lo que aquí propicio implique de manera alguna emitir una opinión definitiva acerca de la propuesta de acuerdo formulada por las partes, voto en similar sentido en que lo ha hecho el Dr. Zas; mi adhesión a su propuesta abarca las accesorias de costas y honorarios.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MA-YORIA RESUELVE: 1º) Revocar la resolución homologatoria de fs. 74. 2º) Costas de alzada en el orden causado. 3º) Diferir la regulación de honorarios para el momento de terminación del proceso. Reg., not. y dev.. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe..

Oscar Zas Enrique Néstor Arias Gibert Juez de Cámara Juez de Cámara María C.García Margalejo Juez de Cámara