Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-13


Buenos Aires, 13 de diciembre de 1999.- EL DOCTOR HORACIO HECTOR DE LA FUENTE DIJO:

Ambas partes vienen en apelación contra la sentencia de primera instancia que admitió sólo en parte la demanda deducida por cobro de una suma de pesos en concepto de diferencias salariales.

La parte demandada cuestiona la admisión del reclamo de diferencias salariales derivadas de la falta de pago del adicional por incremento horario y presentismo.

Como fundamento de los agravios la parte demandada sostiene que la modificación introducida al convencio colectivo 136/90, que sirve de sustento a la condena de esos rubros, no era aplicable porque no había sido homologado.

El recurso debe ser desestimado porque se funda en una afirmación que contradice su propio accionar, puesto de manifiesto en el responde (v. fs.14 vta., 3ro y 4to párrafo y fs.15 3|, 4| y 5| párrafo), al encasillar a la actora en la categoría prevista en ese acuerdo paritario y en el informe pericial contable que demuestra la aplicación de las pautas de ese acuerdo colectivo a su personal (v.fs.263).

Por su parte, la actora cuestiona la desestimación del reclamo fundado en la falta de pago del salario correspondiente a la categoría A que le había sido asignada en el acuerdo paritario del 29 de octubre de 1992 y de los adicionales por jefatura, incremento horario y presentismo en base al salario de esa categoría y del adicional por jefatura previsto en el art. 47 del convenio citado.

En lo que concierne al primero de los planteos -diferencias por categoría-, la queja es autocontradictoria porque mientras reconoce validez al acuerdo paritario del 29 de octubre de 1992, se la desconoce al pacto aclaratorio celebrado por las mismas partes el 11 de febrero de 1993 cuando en realidad se trata de pautas del mismo convenio.

Además, es inatendible el planteo relacionado con la inoponibilidad de la modificación "in pejus" introducida por el convenio celebrado el 11.02.93 porque más allá de tratarse de un acuerdo aclaratorio del suscripto por las mismas partes unos meses antes, lo cierto es que en virtud de haber sido celebrado en las condiciones previstas en la ley 14.250, sus cláusulas pasaron a formar parte del marco imperativo, cambiante y ajeno que rigió las condiciones el contrato de trabajo.

Por tanto, no hay en el caso una condición incorporada al contrato individual, ya que la convención colectiva (ley 14.250) no puede modificar in peius un convenio colectivo anterior de modo que no cabe hablar de derecho adquirido ni de violación al art. 7 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Distinta suerte debe correr el agravio referido al reclamo del Adicional por Jefatura ya que el mismo se fundó en el desempe?o de tareas correspondientes a una categoría superior, y en la falta de pago de la compensación prevista para ese supuesto en el convenio colectivo. El hecho de que la compensación se liquidara en la demanda en base al porcentual correspondiente a la categoría superior que también era objeto de reclamación, no justifica el rechazo dispuesto en la sentencia, porque lo relevante en el caso es que quedó demostrado el fundamento fáctico de la demanda (v.fs.264/265) circunstancia que conforme a lo normado en el convenio colectivo concede fundamento al reclamo, el que habrá de prosperar en medida que resulte de aplicar el porcentual previsto para la categoría B-1, del 15% (conf.art. 37 inc. 5) del Acuerdo Paritario del 29.10.92).

En base a ello, sugiero que en ese aspecto se modifique la sentencia recurrida y se condene a la demandada a las diferencias que resulten de computar el adicional por jefatura del 15% sobre la remuneración efectivamente percibida, y durante el lapso no prescripto (v.fs. 305 y 306).

El importe así obtenido se incrementará con un interés moratorio del 15% anual desde que cada parcial fue debido y hasta el efectivo pago (conf.art. 622 del Código Civil).

Frente a lo resuelto en relación a la categoría pretendida, deviene abstracto el tratamiento del agravio vertido a fs.393 vta. y 394 (tercero y cuarto agravio), con la salvedad del lapso por el que prospera el reclamo de diferencias en concepto de premio por presentismo, que de acuerdo a lo informado por el señor perito contador a fs.305 se inicia en el mes de octubre de 1992 y hasta el mes de junio de 1993, ambos inclusive.

De acuerdo a la modificación propuesta, sugiero que las costas de primera instancia se distribuyan en un 60% a cargo de la parte demandada y en el 40% restante a cargo de la parte actora (conf.arts. 68 y 71 del C_ digo Procesal). Se deje sin efecto las regulaciones de fs.374 y se regule los honorarios de la representación letrada de la parte actora, los de la demandada y los del señor perito contador en el 15%, 14% y 7%, respectivamente, del importe total demandado, liquidado a fs.306, excluídos los intereses (conf.art. 38 de la ley 18.345, ley 21.839 y dec. ley 16.638/57).

Tomando en consideración el resultado obtenido por las partes, propongo que las costas de alzada se distribuyan por su orden (conf.arts. 68 y 71 del Código Procesal) y se regule los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada en el 25% de lo que les fuera regulado a cada una de ambas en la instancia anterior (conf.art. 14 de la ley 21.839). En síntesis voto por que: 1. Se modifique la sentencia recurrida y se condene a la demandada a abonar las diferencias originadas en la falta de pago del "Adicional por Jefatura" que resulten del informe pericial que deberá practicar el señor perito contador en la oportunidad prevista en el art. 132 de la Ley 18.345, en base a las pautas propuestas precedentemente, incrementadas con un interés del 15% anual desde que cada suma fue debida y hasta el efectivo pago. 2. Aclarar que el período que comprende la condena al pago del adicional por presentismo se inicia en el mes de octubre de 1992 y hasta junio de 1993, ambos inclusive. 3. Disponer que las costas de primera instancia se distribuyan en un 60% a cargo de la parte demandada y en el 40% restante a cargo de la parte actora. 4. Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, los de la demandada y los del sr.perito contador en el 15%, 14% y 7% respectivamente, del importe total demandado, liquidado a fs. 306, excluído los intereses. 5. Distribuir las costas de alzada por su orden. 6. Regular los honorarios por los trabajos de esta instancia de la representación letrada de la parte actora y demandada en el 25% de lo que les fuera regulado a cada una de ambas en la instancia anterior. 7. Confirmarla en lo demás que decide. EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

En lo que concierne al recurso de apelación de la parte actora, observo que está fuera de discusión que, con retroactividad al 1| de septiembre de 1992, el convenio colectivo modificado por un acuerdo paritario en el mes de octubre de ese año, dispuso un reencasillamiento de las categorías existentes de acuerdo al cual la actora, que revistaba en la categoría P-1-B, quedó encuadrada como Nivel A-1 (v. texto agregado en fotocopia a fs. 199 y ss.).

Debe establecerse entonces si, la modificación introducida por acuerdo paritario posterior -del 11 de febrero de 1993-, era oponible a ella aún cuando era perjudicial a sus intereses ya que, su reencuadramiento en una categoría inferior a la asignada en el acuerdo modificado, traía aparejada una reducción de su salario (v.texto en fotocopia agregado a fs.326 y ss).

La respuesta es negativa porque el análisis de la cuestión que en el caso plantea la sucesión de normas convencionales, debe realizarse a partir del negocio jurídico que configura el contrato de trabajo, de la intencionalidad inicial de las partes y de la naturaleza de las prestaciones comprometidas (conf. lo expresara en artículo "Marco legal y convencional del contrato individual de trabajo: sus efectos", Errepar DLE n| 169, p.693-699).

En esa inteligencia y en razón de que la modificación introducida por el acuerdo del mes de febrero de 1993 trajo aparejada la rebaja salarial producto del cambio a una categoría inferior -introducido por el acuerdo del mes de febrero de 1993- y la consecuente afectación de un derecho incorporado a su patrimonio, debe desconocerse eficacia a dicho acuerdo.

Por lo demás, la categoría del trabajador forma parte del núcleo del contrato que no puede ser afectado por medidas, en perjuicio, del empleador.

En base a ello, corresponde revocar en ese aspecto la sentencia recurrida y condenar a la demandada a pagar a la actora Haydee Guntin dentro de quinto día las diferencias salariales liquidadas por el señor perito contador a fs-305/306 en medida que incluye los importes reajustados de las diferencias por presentismo y adicional por incremento horario y por jefatura, cuyo total asciende a $55.933,21.

El aludido importe se incrementará con un interés del 15% anual desde que cada parcial fue debido y hasta el efectivo pago (conf.art. 622 del Código Civil).

En cuanto al recurso de apelación de la parte demandada destinado a cuestionar la viabilidad de los reclamos de diferencias por adicionales por jefatura, incremento horario, adhiero a las consideraciones vertidas por el Doctor Horacio Héctor de la Fuente en los ap. 2 y 3 de su voto sin perjuicio de la incidencia que trae aparejada la modificación introducida a través de mi propuesta en lo que hace a la base salarial de cálculo de tales adicionales que debe modular sobre el importe correspondiente a la categoría Nivel A.

Tomando en consideración el nuevo resultado que dejo propuesto, sugiero que las costas de ambas instancias sean soportadas por la parte demandada en su totalidada (conf.art. 68 del Código procesal) y se regule los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada, por la totalidad de los trabajos en el 19%, 16%, respectivamente del capital de condena incrementado con los intereses (conf. art. 38 de la ley 18.345 y ley 21.839) y los del señor perito contador, en el 7% de igual base (conf. art. 38 ib. y dec.ley 16.638/57).

De acuerdo a mi voto corresponde 1. revocar la sentencia de primera instancia y condenar a la demandada a pagar a Haydee Guntin, dentro de quinto día, la suma de $55.933,21, con más lo intereses que resulten de aplicar una tasa del 15% anual desde que cada suma fue debida y hasta el efectivo pago. 2. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada y 3. Regular los honorarios de los letrados de la parte actora, demandada y señor perito contador en el 19%, 16% y 7%, respectivamente, del capital de condena y los intereses. EL DOCTOR RODOLFO ERNESTO CAPON FILAS DIJO:

Respecto a la apelación de la actora cabe resolver:

1. En materia de convenios colectivos, la teoría dominante sostiene que un convenio posterior puede válidamente modificar en peius las condiciones de trabajo pactadas siempre que respete los mínimos legales inderogables. Bajo capa de cientificidad, la teoría esconde sutilmente los intereses de los empleadores, porque, dadas las situaciones económicas y sociales reinantes, provocadas o agravadas por los malos empresarios, los sindicatos, coaptados en su mayoría, negocian condiciones perjudiciales, argumentando que tales negocios "a la baja" (en terminología española) son los únicos posibles. Todo esto, obviamente, sin consulta con las bases sindicales y con los trabajadores afectados, violando así el art.20, b) de la ley 23.551.

2. Por el contrario, a la luz del sentido prospectivo de la directiva constitucional del art.14 bis (el mundo del trabajo "gozará de la protección de las leyes, las que aseguran..." (muy distinto al "gozan"del art.14 CN, ningún nivel alcanzado por los trabajadores puede ser enervado por norma poserior, sea legal, convencional, individual.

3. Por ello, teniendo en cuenta el mandato constitucional, cabe hacer lugar al reclamo de la actora porque la derogación perjudicial de las condiciones de trabajo es directamente inconstitucional.

4. Por tales razones, adhiero al voto del Dr.Juan Carlos Fernández Madrid.

En atención al resultado del presente acuerdo, El Tribunal Resuelve:

1) Revocar la sentencia de primera instancia y condenar a la demandada a pagar a Haydee Guntin, dentro del quinto día la suma de $55.933, 21.- con más los intereses que resultan de aplicar la tasa del 15% anual desde que cada suma fué debida y hasta el efectivo pago. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada. 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, demandada y perito contador en el 19%, 16% y 7%, respectivamente del capital de condena y los intereses.

Cópiese, regístrese, notifíquese y vuelvan.