Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-04-18


AUTOS N°88630 (C.C.Nº22473) DEL Octavo Juzgado Civil, CARATULADOS: "CASTRONOVO Francisco C/ Provincia de San Juan (Ministerio de Educación) - Amparo por Mora".

PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2018- del Tº I - Fº138/142- En la Ciudad de San Juan a Dieciocho (18) días del mes de abril de 2018, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, los Sres. Vocales Dres. Elena de la Torre de Yanzón y Oscar Roberto Otiñano, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. 156, contra la resolución de fecha diecinueve de abril del año dos mil doce, recaída en los presentes autos Nº88630 (C.C. Nº22473) caratulados: "CASTRONOVO FRANCISCO C/ PROVINCIA DE SAN JUAN (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) - AMPARO POR MORA -", dictada por el Sr. Juez titular del Octavo Juzgado Civil, obrante a fs. 154.- LA DRA. ELENA DE LA TORRE DE YANZÓN DIJO:

Vienen estos autos a resolver el recurso de apelación concedido a fs. 156 contra la resolución de fs. 154.

I- Antecedentes.

En la providencia recurrida, el Sr. Juez, RESUELVE: "Decrétase embargo ejecutivo contra el deudor, hasta cubrir la suma reclamada, y sobre las sumas que tenga depositadas la Provincia de San Juan en el Banco de San Juan S.A. Para la toma de razón, ofíciese. Pague impuesto de sellos: 0,5% sobre el monto del embargo. Se aclara que el requisito del pago del impuesto de sellos rige, salvo que el peticionario esté eximido de pago en virtud de norma legal o de resolución judicial. Tal eximisión deberá ser constatada por el funcionario del Juzgado que suscriba la comunicación mediante la cual la cautelar sea anotada".- Tal decreto fue dictado a petición de la parte actora que solicitó el embargo de Pesos ... ($ ...) con más el 30% para responder a intereses y costas, sobre las sumas que tuviera depositada la Provincia de San Juan en el Banco de San Juan S.A., con motivo de la ejecución de astreintes iniciada. A fs. 155, la Provincia de San Juan, interpone recurso de apelación el que fue concedido a fs. 156 sin efecto suspensivo. A fs. 157/158 y vta. la recurrente expresa agravios. A fs. 181/182, la parte actora apelada contesta el traslado, solicitando su rechazo y plantea la inconstitucionalidad de las leyes de emergencia. A fs. 204/205, contesta la demandada apelante el traslado de tal cuestión.

II- Agravios del recurrente.

La Provincia de San Juan sostiene que le agravia la traba del embargo por ser contrario a las normas de orden público que impiden no solo el embargo sino también su ejecución. Cita las siguientes disposiciones: Dto. 712-MHF-96, Res. 680-SH-96, Res. 258 MHF-96 y Res. 082-MHF-97 y leyes provinciales n.º 7459, 7668 (art. 3°) 7855, 7976, 8095 y 8247. Señala que tales normas concuerdan en la implementación de un modo administrativo de pago de las deudas estatales, impidiendo el cobro compulsivo y el embargo de los bienes estatales. Dice que tales disposiciones han sido convalidadas en autos nº 3246, caratulados "Calderón Vda. de Gómez c/ Provincia de San Juan - Incont. y Casac" CJSJ, Sala 1° 16/03/05, PRE S.1° 20052-I-50.

Afirma que en otros expedientes que tramitan por ante ese juzgado se impuso, en situaciones similares, el trámite administrativo de cobro y que el agravio se produce al indisponer los fondos para los fines prioritarios del funcionamiento del Estado. Formula reserva de recurrir por vía extraordinaria ante la Corte Provincial y Nacional.

III- Planteo de inconstitucionalidad de las leyes invocadas por Provincia de San Juan.

La parte actora apelada, al contestar el traslado además de manifestar que tales normas no son aplicables al cobro de astreintes, señala que es inconstitucional que la Provincia se ponga en situación de ventaja al no pagar y pedir un trámite administrativo cuando ella, por rentas, automotor u otros impuestos, ejecuta, embarga y remata. Dice que se vulnera la garantía de igualdad ante la ley y el art. 24 de la Constitución Nacional. Señala que el Estado no debe tener privilegios.

IV- Tratamiento de los planteos.

1- La Ley Provincial Nro. 7668, por la cual se declara el Estado de Emergencia Financiera y Administrativa de la Provincia, fue prorrogada por las leyes 7.748 y 7855, 7976, 8095 y 8247, -vigente al momento del planteo- y otras que le sucedieron que fueron prorrogando la emergencia, siendo la vigente a la fecha de la presente resolución, la 783-P que rige hasta el 31 de Diciembre de 2.018.

La normativa, en su artículo tercero establece que "no podrán embargarse, por el plazo de la emergencia, los montos de coparticipación que le correspondan a la provincia, los fondos de todas las cuentas bancarias, cualquiera sea su tipo y los bienes de los entes enumerados por la norma". En su artículo cuarto, ordena la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2018 de los procesos de ejecución de sentencia contra el Estado Provincial y demás organismos comprendidos en esa ley.

La ley no distingue y la prohibición de embargo abarca todas las deudas del Estado, cualquiera sea su origen, por lo que las sumas devengadas por astreintes, también están incluidas en dicha normativa.

Corresponde, entonces, analizar la inconstitucionalidad invocada.

2- La declaración de inconstitucionalidad es un acto de gravedad institucional que procede frente a la manifiesta e inconciliable incompatibilidad de la norma impugnada con el texto constitucional. No basta que alguien se sienta afectado en su derecho para que las garantías constitucionales aparezcan vulneradas, es indispensable que sea antojadiza o contraria a la letra o espíritu de la Constitución. Sólo si su limitación resulta irrazonable o cuando los medios que arbitran no se adecúan a los fines que la ley persigue o consagran una notoria iniquidad, procede la declaración de inconstitucionalidad. (cf. Bidart Campos "La Constitución Reformada" T I, Ed. Ediar, Bs. As. 1998, pág. 516).- Sobre la constitucionalidad de las leyes de emergencia, ya se ha expedido la Corte de Justicia de la Provincia en fallo plenario en los Autos Nº 524 caratulados "Cagliero de Echegaray María y Otro c/ Provincia de San Juan - Exp. Inversa - Inconst", PRE S. 2° 1992-I-190, que resulta vinculante para este tribunal (cf. art. 209 C.Prov.). Si bien, con posterioridad la S.C.J.N. en ese fallo, decretó la inaplicabilidad de las leyes de emergencia a las indemnizaciones por expropiación, por las mismas razones expuestas en la causa "Servicio Nacional de Parques Nacionales c./ Fransini Carlos s./ Expropiación", entre otras; tal plenario resulta aplicable a todos los restantes supuestos.

En dicho precedente se dijo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido "que los derechos declarados por la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos, en tanto no se altere sustancialmente, a las leyes que reglamentan su ejercicio (art. 28). Dichas restricciones pueden ser mayores en épocas de emergencia, pues la necesidad de encauzar la crisis y encontrar soluciones posibles justifica ampliar, dentro del marco constitucional, las facultades atribuidas al legislador) (in re 'María Amelia Laporte v. Instituto Nacional de Previsión Social - Caja de Industria y Comercio', 4-05-95; Fallos, 318:805)".

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que la emergencia "es un hecho cuyo ámbito temporal difiere según circunstancias modales de épocas y sitios. Se trata de una situación extraordinaria que gravita sobre el orden económico - social; con su carga de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza, penuria e indigencia, origina un estado de necesidad al que hay que ponerle fin" (C.Sup. Nación fallos 173-65; C.S.J.N. en el caso "Peralta" de fecha 27/10/90. consid. 43 L.L. 1991-C, 158).- El Poder legislativo está facultado para suspender o limitar los derechos patrimoniales de manera razonable, en aras del bien general de la comunidad, ya que tales derechos no son absolutos y están sujetos a las leyes que las reglamentan. Frente a acontecimientos extraordinarios, se demandan remedios también extraordinarios (CSJN, en Fallos: 243-449).- El accionante apelado no ha invocado ni intentado acreditar que se haya superado la situación de emergencia (cf. CSJN, Fallos: 321:441). Debemos considerar, entonces, en virtud de la presunción de legitimidad de los actos que emanan de los poderes públicos, que se mantiene esa situación que impone al Estado el deber de amparar los intereses de todos los habitantes de la comunidad. Las leyes impugnadas tienen una finalidad legítima, cual es la de proteger los intereses generales de la sociedad y no de determinado grupo de individuos; la inembargabilidad de los fondos públicos se presenta como razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias y su duración está limitada en el tiempo, más cuando el interesado puede ocurrir por la vía administrativa a fin de requerir el pago de las sumas pretendidas.

En este sentido, se ha expedido esta Sala de la Cámara: "Las leyes de emergencia del estado provincial que su sanción responde al legítimo ejercicio del Poder de Policía de emergencia del estado provincial tal como surge en este caso del art. 1° de la ley 7.459; y que ello es congruente con lo dispuesto por los arts. 150 inc. 13 y 15 de la Constitución de la Provincia, siendo esta una facultad no delegada a la nación de acuerdo con la previsión de los arts. 121 y 122 de la Constitución Nacional (conf. criterio de la corte de Justicia local en plenario "Cagliero de Echegaray c/ Provincia de San Juan - expropiación inversa- inconstitucionalidad)".- "(...) La Corte de Justicia de la Nación he reconocido la licitud del ejercicio del Poder de Policía de emergencia por parte del Estado, cuyos precedentes se remontan por lo menos al caso Ercolano c/Lanteri de Renshaw (22/4/1922- Fallos 36: 161) y conservan plena vigencia actual (Fallo 307-326- L.L. 1985-C-84) de allí que en situaciones de emergencia no es dudosa la aplicación de las leyes que suspenden temporalmente tanto los efectos de los contratos libremente ajustados por las partes como los efectos de las sentencias firmes siempre que no se altere lo sustancial de unos y otras a fin de proteger el interés público, en presencia de grandes perturbaciones." (Autos Nº 5283/1 (C.C. Nº 17.911) caratulados "CONSEJO DE PROTECCION DE LA PRODUCCION AGRICOLA C/ DELGADO ANTONIO Y OTRA - EJECUTIVO - INC. EJECUCION HONORARIOS DR. FURLOTTI".- PROT. L.A.-2004-III-106/110 (30-11-2004).- Concluyo, entonces, que se mantiene la validez constitucional de las normas impugnadas frente a la situación de emergencia declarada legalmente. Por ello, voto por rechazar el planteo de inconstitucionalidad.

3- Por lo tanto, atento los claros términos de la ley y su constitucionalidad, voto para que se haga lugar al recurso de apelación, revocando la providencia recurrida y ordenando el levantamiento del embargo decretado.

Atento al resultado del recurso, propongo que las costas se impongan a la vencida, atento que el art. 20 de la ley 883-A, sólo se refiere a la sentencia definitiva.

Por tratarse de una cuestión sin contenido económico, voto para que se regulen honorarios de acuerdo a las pautas establecidas por el art. 13 y 21 de la ley 56-0 cc y ss.

EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Rechazar el planteo de inconstitucionalidad. Costas a la vencida. II- Admitir el recurso de apelación revocando en todas sus partes la providencia de fecha 19 de abril de 2012 (fs. 154), ordenando el levantamiento del embargo trabado. Costas a la vencida. III- Regúlanse honorarios a la Dra. Silvia Inés Coll, por su actuación en doble carácter como vencedor, en el incidente de inconstitucionalidad, en la suma de Pesos ($ ...) a la fecha de la presente regulación. Regúlanse los honorarios al Dr. César A. Porto Maradona por su actuación en doble carácter, como vencido, en dicho incidente, en la suma de Pesos ... ($ ...). IV- Regúlanse honorarios al Dr. Federico Oscar Gutiérrez Evans por su actuación en doble carácter como vencedor, en el recurso de apelación, en la suma de Pesos .. ($ ...) a la fecha de la presente regulación. Regúlanse los honorarios al Dr. César A. Porto Maradona por su actuación en doble carácter, como vencido, en la misma instancia, en la suma de Pesos .. ($ ...), a la misma fecha.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DRA. ELENA DE LA TORRE DE YANZON;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

SECRETARIA DE CAMARA:DRA.ELVA ALVAREZ DE CAIROLI.