Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-30


GAMBINO, Francisco contra NUEVO FEDERAL S.A.

Reg.: A y S t 203 p 280-284.

Santa Fe, 30 de noviembre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia 288 del 26 de diciembre de 2001 dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario en autos "GAMBINO, Francisco contra NUEVO FEDERAL S.A. -Cobro de Australes- (Expte. 309/00)" (Expte. C.S.J. nro. 71, año 2003); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de autos que Francisco Gambino promovió demanda laboral contra Nuevo Federal S.A. afirmando que trabajó para la accionada -y su antecesora- como viajante de comercio desde el 1 de noviembre de 1979; que fue despedido el 23 de octubre de 1987; y que a raíz de dicha desvinculación reclama: comisiones directas no abonadas, reajuste de comisiones directas mal liquidadas, comisiones indirectas, pago de días feriados y vacaciones, reajuste de S.A.C, consecuente reajuste de la indemnización por distracto abonada en modo insuficiente, e indemnización por enfermedad accidente.

El Juez de primer grado de conocimiento, rechazó totalmente su pretensión.

A su turno, la Sala receptó en forma parcial el recurso de apelación deducido por el accionante; modificó el fallo impugnado y acogió -en consecuencia- el pago de las comisiones directas según detalló, el reajuste de las indemnizaciones provenientes del distracto en función de las comisiones que se admitieron; y el reajuste del S.A.C. de acuerdo a su detalle; confirmándolo en lo demás.

Es contra este decisorio que el actor endereza su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por lesionar derechos y garantías de rango constitucional.

Sostiene que el Juzgador prescinde de prueba decisiva y de constancias fundamentales para la solución de la causa -absolución de posiciones de la accionada y pericial- y como consecuencia de tal falencia rechaza la reparación por enfermedad laboral.

Afirma que de la confesional de la demandada resulta que ésta reconoce que existió una enfermedad laboral profesional durante la época en que el actor trabajaba para la firma antecesora, y dicha admisión impide al Juzgador desconocerla; máxime cuando el alta médica invocada por la accionada para eximirse de responsabilidad es un hecho extintivo que debió se probado y no lo fue.

En punto al dictamen pericial, afirma que la demandada lo conformó -y del mismo surge que la incapacidad del actor fue la consecuencia que el desfasaje laborativo y posterior despido ejercieron en su psiquismo, favorecedores de la eclosión de un cuadro psiquiátrico- y añade que la peritación fue realizada con la participación del delegado técnico de la accionada que declaró coincidir con el dictamen del perito en que la incapacidad equivalía al 40% de la T.O.. Por todo ello, critica a la Sala por soslayar totalmente de dicho dictamen.

Recalca que la prescindencia de la pericial resulta indebida en el caso puesto que si bien el Magistrado tiene facultades para decidir en punto a la causalidad del accidente o enfermedad sin atarse al dictamen del experto, dicha facultad encuentra limitaciones en la traba de la litis y en las restantes constancias de la causa; destaca que no puede prescindir del dictamen sin la debida fundamentación so pena de incurrir en arbitrariedad y que para hacerlo debió basarse en razones científicas que, en el caso, se encuentran totalmente ausentes. Se queja, básicamente, de que el Juzgador haya omitido tener en cuenta que la ciencia psíquica se basa en la verbalización del paciente y su discurso y por ello no pudo desecharla sin fundamentaciones de igual índole.

Por otra parte, y en punto a las comisiones indirectas, achaca al Tribunal caer en autocontradicción al aceptar -por un lado- el pleno efecto probatorio de la declaración jurada, pero prescindir Finalmente, sostiene que la Sala introduce una cuestión no planteada en autos respecto al pago de reajuste del aguinaldo. Concretamente, se queja que la sentencia resuelva el reajuste del aguinaldo pero no sobre los viáticos -tema no propuesto por la demandada- cuando es regla que los viáticos integran la remuneración. 2. Los agravios vertidos por el impugnante, se adelanta, no pueden prosperar. Con relación a los reproches que giran en torno al rechazo de la pretensión indemnizatoria de incapacidad se observa que bajo la invocación de violación de garantías constitucionales y a la existencia de vicios de arbitrariedad, sólo puede inferirse la mera discrepancia del recurrente sobre cuestiones atinentes a la interpretación de hechos, pruebas y normas de derecho común efectuada por el Juzgador, materia que -dentro de un margen de razonabilidad que no se demuestra no se haya respetado en la especie- está reservada a los jueces ordinarios y es ajena, en principio, a esta instancia extraordinaria.

En efecto, el desarrollo argumental de los agravios de la accionante (soslayar la confesional de la demandada y la prueba pericial sin dar razón plausible) converge, esencialmente, en una única cuestión, cual es que el Tribunal no consideró acreditada la relación causal o concausal entre la dolencia que padecía el actor y las tareas desempeñadas a las órdenes de la demandada, apartándose así -a criterio del quejoso- del reconocimiento expreso de la accionada y de la pericial médica, sin dar razón plausible para ello.

En este aspecto, vale la pena recordar que la valoración de la prueba es, por regla, función privativa de los jueces de la causa, irrevisable, en principio, en esta instancia extraordinaria, salvo que la misma luzca irrazonable o caprichosa. Con relación a los dictámenes periciales, ha dicho nuestro más Alto Tribunal que los mismos no son obligatorios para los jueces cuando las circunstancias objetivas de la causa aconsejan no aceptar totalmente sus conclusiones ("Ibarra, Raquel c. Estado Nacional", del 24.11.1992).

En el mismo sentido, ha dicho esta Corte (Cfr. "Nogaló" A. y S. T. 103, pág. 241) que señala Palacio (al comentar el régimen del Código Procesal de la Nación) que "la libertad judicial de apartarse de las conclusiones del perito no significa, desde luego, arbitrariedad. Aunque el apartamiento no necesita apoyarse en consideraciones de orden técnico, debe fundarse en un análisis crítico a las opiniones del perito, confrontándolas con los restantes elementos de juicio obrantes en el proceso..." ("Manual de Derecho Procesal Civil", T. I, Bs. As., 1987, pág. 597).

Obviamente, la opinión del perito nunca podrá sustituir a la del Juez y sólo lo asesora en aspectos eminentemente técnicos, situación ésta que se acentúa aún mas cuando se trata de la determinación de la existencia o no de relación causal, cuya apreciación es una cuestión de derecho efectuada a través del análisis de la totalidad del material probatorio (Cfr. "Baez", A. y S. T. 114, pág. 281).

Desde este punto de vista, cabe destacar que -en el "sub examine"- el recurrente no rebate un argumento de la Sala, esencial al respecto, y que refirió concretamente a que si bien el trabajador padece una patología grave y lamentable, no ha probado que las condiciones en que debió prestar sus servicios para la accionada configuraran un motivo de agravación de su depresión mayor que el que las vicisitudes de la vida cotidiana le pudieran generar; a lo que añadió que a pesar que el profesional médico hace referencia a la incidencia que ha tenido el factor laboral en la minusvalía no especifica cuáles fueron esos factores.

Fundamentalmente pues, no logra el impugnante revertir la aseveración del Juzgador en punto a que más allá del dictamen del experto el accionante no acreditó suficientemente los hechos objetivos, -cuya probanza es de carácter jurídico y cuya apreciación a las luces de las reglas de la sana crítica se encuentran a cargo del Juzgador- de los cuales provenga la minoración en la salud (cfr. f. 26vto.). Sobre el tópico destacó que las alusiones de la psicóloga a descalificaciones, humillaciones o sanciones encubiertas fueron solo referidas por el accionante pero no se encuentran avaladas por ningún elemento de convicción; y lo propio predicó respecto de las circunstancias relatadas por el actor y por el perito médico de tener que presentarse ante clientes y soportar rechazos como suficientemente idóneas para contribuir al cuadro psíquico pero que el Tribual no considera acreditadas; y destacó que, además, dichas circunstancias son propias de la actividad del viajante.

Igual suerte adversa merecen los reparos que enrostran al Juzgador soslayar el reconocimiento de la accionada de que la minusvalía es de origen laboral. En primer lugar, porque tal como se adelantara, la ponderación del alcance de los dichos de la accionada que la actora reputa reconocimiento y su fuerza convictiva, son del resorte exclusivo de los magistrados ordinarios; y, en segundo lugar, porque las fundamentaciones sobre el tema que el Tribunal efectuó en el auto denegatorio -contestando las impugnaciones del accionante y robusteciendo la línea argumental seguida en el fallo que resolvió sobre el fondo del asunto- no fueron rebatidas satisfactoriamente en el escrito de queja.

Puntualmente, la Sala se explayó en dicha oportunidad en punto a la absolución de posiciones de la demandada y destacó que de acuerdo al contenido de la posición (que no refiere a incapacidad sino a enfermedad; que no indica de qué tipo de enfermedad se trata; y que requiere respuesta acerca de una enfermedad laboral "profesional" en tanto que el diagnóstico del perito médico es que el actor padece de un síndrome que no está comprendido dentro del tipo de enfermedades profesionales como patología propia del trabajo) la respuesta de la accionada no podía ser interpretada como un reconocimiento que le genere responsabilidad; y respecto a la pericial, recalcó que se habían precisado las razones por las cuales no podía concluirse de ella el nexo causal (cfr. fs. 51vto./52). Frente a estos argumentos, el apelante solo reedita sus reparos tal como fueran postulados en su escrito introductorio del recurso de inconstitucionalidad, incumpliendo así la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7055.

Puede advertirse, en suma, que la resolución del A quo, más allá de su grado de acierto o error, no luce caprichosa ni irrazonable al decidir apartarse de lo dictaminado por la pericia médica y al no considerar reconocida la índole laboral de la dolencia; y queda sin ser conmovida de acuerdo a los reparos vertidos en el recurso, teniendo en cuenta, además, las constancias del expediente con los que cuenta este Tribunal por haber sido solicitado "ad effectum videndi".

También habrán de desestimarse los agravios referidos a las comisiones indirectas cuyo reclamo fue rechazado por el A quo, ya que, contrariamente a lo que aduce el quejoso, el Sentenciante dio razón fundada de su rechazo, al encontrar insuficientes las afirmaciones del actor por no haber brindado éste detalle alguno de las operaciones en las cuales se respaldaban y le daban origen y fundamento; puntualmente, dijo la Sala que no se ha probado en forma alguna la existencia de ventas de la empresa a clientes de la zona del actor sin intervención de este último.

Al respecto, el quejoso asevera que dichas operaciones deben considerarse acreditadas con la declaración jurada del viajante y destaca que a raíz de la inversión de la carga probatoria, era la accionada quien debía probarlas y no lo hizo.

Sobre el punto vale la pena recordar que se ha sostenido que la regla de que el juramento del viajante (art. 11, ley 14546) que genera una presunción favorable sobre los hechos que deben asentarse en el libro especial que determina el artículo 10 (inviertiendo la carga probatoria) exige para que opere dicha presunción que se individualicen concretamente los hechos respectivos. Esta individualización, reconoce una importante excepción en materia de comisiones indirectas donde se considera que se individualiza suficientemente la cosa demandada si el viajante denuncia los datos que permitan la comprobación de los negocios realizados, aunque no detalle las operaciones (Cfr. Vazquez Vialard, Antonio "Tratado de Derecho del Trabajo", Tomo 6, pág. 1122 y 1123; Editorial Astrea, año 1985).

En la causa, de la compulsa del expediente -solicitado "ad effectum videndi"- no surge que el accionante haya realizado las referencias mínimas requeridas a fin de que pueda jugar la presunción -así, no se advierten manifestaciones en el escrito de demanda, ni en la declaración jurada; como tampoco la producción de la pericial contable a la que había propuesto como punto de pericia el tema en debate-, por lo que la conclusión del Sentenciante no puede merecer descalificación en esta instancia extraordinaria.

Y, si bien es cierto -tal como lo señala el quejoso- que existen posturas que no prescriben la aludida exigencia -el autor citado más arriba también refiere a dichas posiciones- se ha sostenido reiteradamente que el hecho de que los Juzgadores se enrolen en una postura de las muchas lógicamente admisibles, no constituye arbitrariedad.

No corre mejor suerte el agravio del quejoso respecto al reajuste de S.A.C. ya que contrariamente a lo que aduce, el A quo fundó su respuesta de acuerdo al tratamiento de las cuestiones que revisaba; y ante los reparos de la accionante, se explayó sobre ellos en el auto denegatorio (cfr. fs. 52vto./53) sin que fueran refutados satisfactoriamente en el escrito de presentación directa.

En suma, el planteo del quejoso sólo revela el propósito de reabrir el debate acerca de cuestiones interpretativas, de hecho, prueba y derecho común, que transformaría a esta Corte en una tercera instancia ordinaria, lo cual es totalmente ajeno al remedio intentado.

Debe tenerse presente que, mediante la vía impugnatoria del recurso de inconstitucionalidad, no se trata de reproducir el debate ordinario en orden a los hechos litigiosos y al derecho que los regula; la arbitrariedad es de excepción, y so color de tal vicio, no cabe que las partes renueven un debate agotado, para controvertir la interpretación que de la ley común o del material fáctico hayan hecho los jueces ordinarios. Arbitrariedad significa pura y exclusivamente, verse privado a los niveles más mínimos del "derecho a la jurisdicción, y víctima de ella es quien no gozó de un genuino proceso, siendo la sentencia arbitraria, una 'no sentencia'" (Cfr. A. y S. T. 36, pág. 70; T. 130, pág. 206).

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)