Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-16


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.214 CAUSA N° 249 /2010 SALA IV " STOCCO MARIO OSVALDO C/ ROCA ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ DESPIDO" JUZGADO N° 65.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 16 DE ABRIL DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 316/325 que hizo lugar a la demanda, se alzan el actor (fs. 329/330), la codemandada ROCA ARGENTINA SA (fs. 331/339) y la perito contadora (fs. 340), esta última en defensa de sus honorarios.

II) La codemandada se queja, en primer lugar, porque el fallo la condenó en forma solidaria con el empleador del actor (HÉCTOR MARIO STOCCO) con sustento en el art. 30 de la LCT, pese a que, a criterio de la recurrente, el servicio prestado por el contratista (transporte) no corresponde a la actividad normal y específica propia de ROCA ARGENTINA SA.

Anticipo que, a mi juicio, la objeción no merece acogimiento.

En efecto, surge de los términos de la contestación de demanda de la apelante y de la prueba testifical por ella aportada, que: a) el giro comercial de ROCA ARGENTINA SA consiste en la fabricación y comercialización de sanitarios; b) a fin de hacer llegar los productos a sus clientes, se valía de empresas de transporte (como la del codemandado H. M. STOCCO); c) que combinaba con esas empresas la cantidad de camiones que debían enviar para efectuar la carga del día siguiente; d) una vez que los camiones ingresaban a la planta de ROCA ARGENTINA SA, eran cargados exclusivamente por personal de esta firma, que asimismo entregaba a los contratistas los remitos y la hoja de ruta (cfr. fs. 78/86 y declaraciones de fs. 199, 201/202 y 210/211).

Toda vez que la actividad específica de la apelante comprende la fabricación de productos para su posterior comercialización, no resulta posible cumplir con esta última etapa de su actividad sin hacer uso del servicio de transporte suministrado por el contratista, que entrega la mercadería a los clientes, en tanto resulta usual que los productos por ellos adquiridos les sean entregados en las sedes de sus respectivos negocios, situación que queda encuadrada en las previsiones del art. 30 de la LCT (CNAT, Sala III, 15/2/06, S.D. 87.461, "Nocito, Roberto y otro c/ Tibbett & Briten Group Argentina SA y otro s/ despido).

En el mismo orden de ideas se ha resuelto, en un caso sustancialmente idéntico al presente, que "medió la contratación por parte de ROCA ARGENTINA SA de un aspecto o faceta (transporte y distribución de los productos por ella elaborados) de su actividad real propia -entendiendo como tal aquella que completa o complementa su actividad normal- extremo éste que torna aplicable al caso la solidaridad prevista en el art. 30 de la LCT" (CNAT, Sala X, SD 15.862 de fecha 18/02/2008"Andrade, Jorge Luis c/ Brusco, Juan Nicolás y otros s/ despido").	Sugiero entonces confirmar la sentencia apelada en este aspecto	III) La codemandada se queja asimismo porque la sentencia, a mérito de la prueba testifical, tuvo por cierta la fecha de ingreso denunciada por el actor, pese a que -a criterio de la recurrente- dicha prueba sería ineficaz porque dos de los testigos ingresaron a trabajar con posterioridad al demandante.

La objeción no resiste un examen serio, porque la recurrente omite cuestionar en forma concreta y razonada el fundamento de la decisión: que los testigos VALENZUELA, ÁLVAREZ y FOGLIACCO (este último, ni siquiera mencionado en la apelación) dan cuenta de que el actor ingresó a trabajar en fecha anterior a la consignada en los recibos de haberes (cfr. fs. 321). Demostrada entonces la falsedad de la fecha registrada por el empleador, cabe presumir como verdadera la invocada en el escrito inicial (art. 55 LCT), no desvirtuada por prueba en contrario.

Por ello sugiero desestimar la queja.

IV) También se agravia ROCA ARGENTINA SA de la condena al pago de la indemnización del art. 80 de la LCT, pues aduce que el actor no dio cumplimiento a lo dispuesto en el art. 1° del decreto 146/01.

La apelante funda su disenso en un presupuesto falso, pues conforme surge de la prueba documental aportada por el propio empleador, el actor intimó a H. M. STOCCO a entregarle el certificado de trabajo mediante la CD 047816763 librada el 14 de setiembre de 2009 (cfr. fs. 51), esto es, una vez finalizado el plazo de espera de 30 días establecido por el citado decreto.

Se aprecian cumplidos, entonces, los requisitos exigidos por la norma de fondo y por su reglamentación para la viabilidad del resarcimiento en cuestión, por lo que corresponde confirmar el pronunciamiento en este aspecto.

V) La codemandada cuestiona igualmente la admisión del reclamo de horas extras, porque entiende, en síntesis, que no existirían pruebas que acrediten su realización y porque el fallo se atuvo al importe reclamado por el actor, sin verificar su corrección.

En lo que respecta a la primera cuestión (acreditación de las horas extras) el recurso se encuentra manifiestamente desierto, pues el Sr. Juez a quo fundó su decisión en la presunción derivada del incumplimiento del empleador a las cargas impuestas por el art. 6° de la ley 11.544 y 52, inc. "g" de la LCT (cfr. fs. 322) y la apelante no rebate concreta y razonadamente esa motivación, dado que se limita a mencionar, de manera tangencial, que "el sentenciante se basa en una mera presunción (registros horarios) para condenar a su pago" (sic, fs. 335 vta. in fine/336), sin explicar, siquiera mínimamente, los motivos de su disconformidad.

Es sabido que los disensos subjetivos, o la exposición retórica de la posibilidad de haber sido interpretados los hechos de manera diversa de lo apreciado por el juzgador, constituyen modalidades propias del debate dialéctico, mas no de la impugnación judicial. Es carga del impugnante de un decisorio formular, respecto de las partes que lo afectan, una crítica concreta y razonada. Tal carga, impuesta por el art. 265 del Código Procesal (y, en el procedimiento laboral, por el art. 116 de la L.O.) implica que la expresión de agravios debe estar dotada de idoneidad procesal e intelectual, y su incumplimiento provoca la deserción del recurso (CNCom., Sala B, 2/6/89, "Banco Crédito Liniers Cía. Financiera SA c/ Skoko, Ana s/ sum.").

El mismo déficit presenta la segunda parte del agravio, pues la apelante cuestiona genéricamente el importe fijado en el fallo, pero no se toma el trabajo de realizar ningún cálculo que evidencia la posibilidad de algún error o desmesura en la estimación receptada por el magistrado, ni indica cuál sería -a su criterio- el monto que considera adecuado.

Propongo entonces desestimar el agravio.

VI) Asimismo se queja la codemandada del progreso de la indemnización del art. 2° de la ley 25.323 porque -afirma- "al momento del despido del actor, se pusieron a su entera disposición tanto la indemnización por despido como la liquidación final.siendo éste quien jamás concurrió a retirarlos." (sic).

Esta afirmación no se compadece con la realidad, pues el empleador despidió al actor con invocación de una causa (que luego no pudo probar) y, consecuentemente, se negó en todo momento a abonar la indemnización por despido, actitud esta que mantuvieron ambas codemandadas a lo largo del proceso. Por ende, es falso que la indemnización haya estado a "entera disposición" del actor como peregrinamente se afirma en el memorial recursivo.

VII) El actor, a su turno, se agravia, ante todo, porque el fallo tomó en cuenta, a los fines de determinar el monto de condena, la remuneración $ 1.901,53 "correspondiente al mes de febrero de 2009, conforme lo informado por el experto contable a fs. 261 vta." (ver fs. 424), pese a que, a criterio del apelante, el peritaje revelaría que la remuneración más alta del último año fue la de mayo de 2008 ($ 2.301,20).

Estimo que asiste parcial razón al apelante.

Digo esto, porque el Sr. Juez a quo tuvo en cuenta a los efectos del cotejo de las remuneraciones, los totales indicados en la decimoctava columna del cuadro de fs. 261 vta., que refleja la remuneración total bruta.

En cambio, el apelante refiere a una cantidad ($ 2.301,20) consignada en la vigésima columna de ese cuadro, que representa la retribución neta, lo cual resulta incorrecto, pues esa columna incluye rubros "no remunerativos", como, por ejemplo, las asignaciones familiares. Cabe aclarar que el recurrente no cuestiona el carácter no salarial de esos conceptos.

Sin perjuicio de ello, se desprende de la mencionada columna decimoctava que la "mejor remuneración mensual, normal y habitual" del último año fue la del mes que indica el apelante (mayo de 2008) y ascendió a $ 2.019,73, por lo que corresponde reformular el cálculo de los rubros que se liquidan sobre dicha base salarial (es decir: las indemnizaciones de los arts. 245 y 80 de la LCT y sus respectivos incrementos).

En consecuencia, la liquidación de condena sería la siguiente:

1) Indemnización por despido (14 x $ 2.019,73)	$ 28.276,22 2) Preaviso (importe firme)	$ 3.803,06 3) SAC s/ preaviso (importe firme)	$ 316,92 4) Haberes del mes de despido e integración (importe firme)	$ 1.901,53 5) Vacaciones proporcionales 2009 (importe firme)	$ 641,18 6) SAC proporcional 2009 (importe firme)	$ 633,84 7) Indemnización art. 9 ley 24.013 (importe firme)	$ 22.818,36 8) Art. 15 ley 24.013 (28.276,22 + 3.803,06 + 316,92 + 673,24)	$ 33.069,44 9) Art. 2 ley 25.323 (50% de 33.069,44)	$ 16.534,72 10) Art. 45 ley 25.345 -80 LCT (3 x $ 2.019,73)	$ 6.059,19 11) Horas extras mayo 2007 / abril 2009 (importe firme)	$ 22.680 TOTAL	$ 136.734,46	VIII) También se queja el actor de la falta de condena a entregar el certificado de trabajo (art. 80 de la LCT) y estimo que la objeción resulta atendible, porque se trata de un ítem expresamente reclamado en la demanda (ver fs. 7 y 14 vta.) y la empleadora no acreditó el cumplimiento de la obligación establecida en dicho precepto legal.

Propongo entonces condenar al codemandado HÉCTOR MARIO STOCCO a adjuntar dicho certificado dentro del quinto día de notificado de la intimación que oportunamente se practicará, bajo apercibimiento de astreintes.

IX) La codemandada cuestiona la imposición de costas, pues considera que "a pesar de haber resultado vencida, lo fue en un monto inferior al reclamado en la demanda".

La objeción no merece acogimiento, pues la demanda prosperó por la totalidad de los rubros reclamados, de manera que la apelante reviste -como ella misma lo reconoce- el carácter de vencida. Cabe recordar que en la distribución de las costas no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico, atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y a los rubros que resultaron procedentes (CNAT, Sala I, 31/3/04, "Urrutia, Débora c/ Mater Dei Asoc. Civil s/ despido"), de manera que si el actor resultó vencedor en el pleito deben imponerse en su totalidad a la demandada, aunque la demanda haya prosperado por una suma inferior a la reclamada (CNAT, Sala II, 25/3/97, S.D.80.678, "Ramírez, Víctor c/ ELMA SA s/ despido"; esta Sala, 16/12/06, S.D.91.956, "Lampón, José Vicente c/ Banco Río de la Plata y otro s/ despido").

Corresponde entonces confirmar lo decidido al respecto.

X) ROCA ARGENTINA SA apela por altos los honorarios regulados al letrado del actor y a la perito contadora. A su vez, estos profesionales cuestionan sus respectivos emolumentos por bajos.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los honorarios regulados a la representación y patrocinio del actor y a la perito contadora lucen reducidos, por lo que sugiero elevarlos al 16% y 7%, respectivamente, del monto total de condena, incluidos los intereses (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.8739, 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57).

XI) En síntesis, voto por: 1) Modificar la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma total de $ 136.734,46, con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Condenar al codemandado HÉCTOR MARIO STOCCO a adjuntar el certificado de trabajo (art. 80 LCT) dentro del quinto día de notificado de la intimación que oportunamente se practicará, bajo apercibimiento de astreintes. 3) Elevar los honorarios de la representación y patrocinio del actor y de la perito contadora al 16% y 7%, respectivamente, del monto total de condena, incluidos los intereses. 4) Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que ha sido motivo de recurso. 5) Imponer las costas de la alzada a las codemandadas y regular los honorarios de los profesionales del actor y de la codemandada ROCA ARGENTINA SA por su intervención en la alzada, en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma total de $ 136.734,46, con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Condenar al codemandado HÉCTOR MARIO STOCCO a adjuntar el certificado de trabajo (art. 80 LCT) dentro del quinto día de notificado de la intimación que oportunamente se practicará, bajo apercibimiento de astreintes. 3) Elevar los honorarios de la representación y patrocinio del actor y de la perito contadora al 16% y 7%, respectivamente, del monto total de condena, incluidos los intereses. 4) Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que ha sido motivo de recurso. 5) Imponer las costas de la alzada a las codemandadas y regular los honorarios de los profesionales del actor y de la codemandada ROCA ARGENTINA SA por su intervención en la alzada, en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. GRACIELA ELENA MARINO	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI: