Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-06-11


SENT Nº 565	San Miguel de Tucumán, 11 de Junio de 2009.-	Y VISTO: Los presentes autos caratulados: "Nello S.A. vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Inconstitucionalidad"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- La parte demandada plantea recurso de casación (cfr. fs. 223/232), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II de fecha 21 de marzo de 2007 obrante a fs. 216/219 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 31-8-2007 (cfr. fs. 244).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, como Tribunal del recurso, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

Al respecto, corresponde efectuar una consideración preliminar. En la especie, se trata de una pretensión recursiva por ante esta Corte Suprema de Justicia de una sentencia definitiva dictada en instancia originaria y única por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II, en una causa en que las partes controvierten la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos 162 y 184 de la Ordenanza N° 430/91, modificada por Ordenanza Nº 925/98, que estatuye sobre materia regida por la Constitución Provincial en su artículo 114, siendo tal controversia la materia de la discusión entre actor y demandado.

En esta perspectiva, en el sub examine se configura el supuesto previsto por el artículo 91 del Código Procesal Constitucional (en adelante CPCT) siendo, por ende, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad que regula el capítulo III, del Título III de la Ley N° 6944 (CPCT), el único carril idóneo para impugnar ante esta Corte una sentencia definitiva de Cámara, con las peculiares características descriptas y no como erróneamente califica la demandada, el recurso extraordinario local de casación.

Ahora bien; la selección del remedio recursivo aplicable no depende de la alegación de las normas legales que haga el recurrente, sino que resultará de la norma que cuadre aplicar según la máxima 'iura curia novit', a la causa petendi invocada por aquél. No es la norma la que individualiza la pretensión recursiva, sino los hechos afirmados en la medida de su idoneidad para producir el determinado efecto jurídico pretendido. De allí que la sentencia de esta Corte debe encuadrar el caso en el ámbito del recurso que le corresponda, pues con eso no varía su causa petendi (como luce palmariamente del escrito en el que se lo incoa) que es siempre la alegada constitucionalidad de una norma jurídica provincial respecto a una norma de la Constitución provincial. Subsistiendo sin alteración ese presupuesto, y no afectándose en el trámite el principio de defensa en juicio, por haber tenido ambas partes la oportunidad de ser oídas en esta instancia extraordinaria local, es lícito subsanar por el tribunal el error en la calificación del recurso intentado, por aplicación del principio contenido en el artículo 34 del CPCC.

Con la precisión que antecede, corresponde destacar que el recurso de "casación" (rectius inconstitucionalidad), deviene admisible, pues: a) ha sido interpuesto en el plazo que prevé el artículo 94 del CPCT; b) el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva con los caracteres previstos en el artículo 91; c) si bien el escrito de presentación del recurso no rebate contundentemente las conclusiones a las que arriba el decisorio impugnado, demostrando acabadamente sus desaciertos, de su lectura puede inferirse lo básico de su cuestionamiento, motivo por el cual y a fin de no incurrir en exceso de rigor formal, se lo tiene por admisible en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos; d) se ha cumplido con el requisito exigido por el artículo 94 segundo párrafo.

III.- Sostiene la recurrente, para fundar su recurso de casación (rectius inconstitucionalidad), los agravios que de inmediato se pasa a referir.

III.1.- Arbitrariamente identifica la redacción del artículo 120 del Código Tributario de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán con la del artículo 162 del Código Tributario de Yerba Buena, por lo que entendió que el cuadro fáctico y normativo era similar en ambos casos y dispuso aplicar los antecedentes jurisprudenciales en virtud de los cuales se declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria municipal de San Miguel de Tucumán.

Sin embargo en el municipio capitalino, las actividades que configuran el hecho imponible son numerosas y puede estimarse en abstracto que no permiten conocer a cuales servicios se refiere. Por el contrario, en el artículo 162 de la Ordenanza Nº 430 reformada por Ordenanza Nº 925/98, de la Municipalidad de Yerba Buena se encuentran perfectamente especificados los servicios de inspección que dan lugar al pago del tributo. Se trata de servicios de inspección sobre higiene, seguridad, salubridad y moralidad en los locales comerciales, industriales o de servicios. La Cámara contradictoriamente, por un lado, sostiene que la falta especificidad impide conocer los servicios por los cuales se paga el tributo y por el otro, describe un servicio colectivo que beneficia a la población.

Alega que los controles y servicios de inspección que debe prestar la municipalidad, habilita a disponer que el costo de los mismos sean solventados por los contribuyentes, a fin de que tales erogaciones no recaigan injustamente en quienes puedan verse afectados en su seguridad, salubridad, moralidad personal, etc.

Por otra parte, sostiene que se trata de un servicio individualizado, sea o no de interés del usuario, aún cuando no aporte beneficios directos al contribuyente, interpretados como incremento patrimonial. Cita fallos en abono de sus afirmaciones.

Asimismo, denuncia que el pronunciamiento no analiza las pruebas arrimadas a la causa, destacando que la convalidación por la CSJN de los fallos sobre la tacha de inconstitucionalidad del referido artículo 120 de la Ordenanza Nº 229/77, del Municipio de San Miguel de Tucumán (menos específico que el 162 de Código Tributario de Yerba Buena), con la condición ya mencionada de la efectiva prestación de servicios, en los votos de la mayoría, se ha limitado a la condición de la prueba del servicio, sin que la descripción más o menos amplia del hecho imponible, tuviera objeción constitucional.

III.2.- Omite aplicar la Constitución Provincial con la reforma de junio de 2006, pues según el artículo 167, sus disposiciones deben aplicarse inmediatamente después de su publicación. Consecuentemente la norma cuya inconstitucionalidad se reclama ha sido derogada y el tema debió analizarse a la luz de las nuevas disposiciones constitucionales, que han consagrado la autonomía municipal, estableciendo la viabilidad de aplicar al tributo cuestionado el principio de capacidad contributiva y habilitando la percepción de cualquier ingreso derivado del ejercicio del poder de policía, lo que despeja cualquier duda respecto a la falta de vinculación con el contribuyente.

III.3.- Para poder cuestionar la gabela, teniendo en cuenta que el hecho generador de la misma se integra con una actividad cumplida con el Estado y vinculada con el sujeto pasivo, donde la existencia de ventajas para éste último constituye un elemento accidental de las tasas, el actor debió plantear la inconstitucionalidad de la nueva Carta Magna de 2006, lo que no se cumplió.

IV.- La sentencia en crisis, ¿incurre en las transgresiones que alega la recurrente? Se advierte dos temas ejes respecto a los agravios que invoca la municipalidad recurrente, que se afrontará de inmediato.

IV.1.- El primero de ellos consiste en la alegación de la presunta arbitrariedad en que incurre el tribunal de grado, en su sentencia en crisis, al asimilar la norma tributaria de la Municipalidad de Yerba Buena con la de San Miguel de Tucumán, aplicando la doctrina jurisprudencial recaída en esta última.

¿Asiste razón a la recurrente, demandada en autos? Para responder al interrogante formulado, resulta oportuno transcribir las normas en juego.

El antiguo artículo 120 de la Ordenanza Nº 229/77, al definir el hecho imponible de las contribuciones que inciden sobre la actividad comercial o industrial, expresamente disponía: "El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios por las que se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al progreso regular y continuo de la ciudad, está sujeta al pago del tributo establecido en el presente Título, conforme a las alícuotas, importes fíjos, índices y mínimos que establezca la Ordenanza Fiscal Anual, en virtud de los servicios municipales de contralor, seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo especial pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población".

Luego, el aludido artículo 120 es reformado, y bajo el Título Segundo referido a "Patentes sobre Actividades Comerciales, Industriales y/o de Servicios", establece que: "Por los servicios de inspección prestados por la Municipalidad, destinados a preservar la seguridad, higiene, salubridad y moralidad de la población, derivados del ejercicio de la actividad comercial, industrial y/o de servicio que desarrollan las empresas unipersonales o asociaciones civiles, sociedades comerciales o de cualquier otro tipo, siempre que posean local establecido o fuente de renta en esta jurisdicción, estarán sujetos al tributo establecido en el presente Título, conforme las alícuotas, importes fijos o mínimo que establezca la Ordenanza Fiscal Anual".

De la lectura de las disposiciones transcriptas se advierte que el artículo 120, con la modificación introducida por la Ordenanza Nº 2018/92, difiere con el texto del artículo 120 de la Ordenanza Nº 1424/90, en lo siguiente: a) en la denominación del tributo, ya que antes el Título Segundo se refería a "Contribuciones que inciden" (CIACIS) y actualmente "Patentes sobre...." (PACIS); b) antes y ahora se grava el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial y/o de servicios, vale decir se mantiene el hecho imponible de idéntico modo, salvo que actualmente se indica que la actividad debe ser desarrollada por empresas unipersonales o asociaciones civiles o sociedades comerciales o de cualquier otro tipo, siempre que posean local establecido o fuente de renta en la jurisdicción; c) en ambos textos normativos se alude expresamente a la prestación de servicios municipales de inspección, destinados a preservar la seguridad, higiene, salubridad y moralidad de la población, aunque con términos diferentes.

Sin embargo, las modificaciones introducidas al texto del artículo 120 por Ordenanza 2018/92, carecen de entidad suficiente como para alterar la naturaleza jurídica del hecho imponible, conforme quedara definido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando se declaró la inconstitucionalidad del artículo 120 en su redacción primigenia, en autos "Cía. Química S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Recurso contencioso administrativo y acción de inconstitucionalidad", cuyo considerando 7º expresó: "...que todos los precedentes citados presupone empero la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, como es que el cobro de dicho tributo debe corresponder siempre a la concreta, efectiva, e individualizada prestación de su servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente" (Fallos 236: 22).

En efecto, tal concepto ha sido receptado constitucionalmente en el artículo 132 de la Carta Magna Provincial de 1907 y precisado aún más en el referido artículo 114 de la reforma de 1990, cuando alude a tasas que fijará por servicios efectivamente prestados.

Asimismo, tanto con el antiguo artículo 120, como con el actual, se trata de una tasa retributiva de un servicio público colectivo que beneficia a toda la comunidad de la jurisdicción, y no al contribuyente en particular.

Por ello, la descripción del hecho imponible contenida en el artículo 120 reformado, tampoco se adapta a la previsión del artículo 114 inciso 1) de la Constitución de Tucumán, al establecer que "los recursos municipales se formarán con: 1) las tasas que fijare el municipio por servicios efectivamente prestados...", toda vez que la prestación efectiva de servicios que la norma constitucional requiere es concreta y los servicios que se mencionan en la norma atacada son generales, relativos a toda la comunidad del municipio y no individualizados, ni vinculados directa y específicamente a las personas físicas o jurídicas que la disposición menciona como contribuyentes o sujetos pasivos consagrando, al decir de Augusto C. Belluscio, una manifiesta iniquidad.

Por otro lado, el artículo 162 de la Ordenanza Nº 430/91 de la Ciudad de Yerba Buena, con la reforma dispuesta por Ordenanza Nº 925/98, denominada PACIS, establece: "Por los servicios municipales de inspección, destinados a reservar la seguridad, higiene, salubridad, moralidad de la población, derivado del ejercicio de la actividad comercial, industrial y/o de servicios que desarrollen las empresas unipersonales o asociaciones civiles, sociedades comerciales o de cualquier otro tipo, siempre que posean local/es establecido/s o fuente de renta en esta jurisdicción, estarán sujetas al tributo establecido en este título, conforme las alícuotas, importes fijos mínimos que establezca la Ordenanza Fiscal Anual".

De la comparación de los textos transcriptos, surge una casi total identidad entre los mismos, en consecuencia, tanto la norma de la Municipalidad de Yerba Buena como la de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, no escapan al vicio que se predica de ésta última, en el precedente jurisprudencial mencionado, ya que el acento debe ponerse en el servicio "efectivamente prestado".

En efecto, no son las actividades más o menos numerosas que configuran el hecho imponible las que deben considerarse, sino el o los servicios que en concreto se presta al contribuyente que abona la tasa. Por ello se discrepa con la afirmación de la recurrente, que en el caso de la ordenanza tributaria de San Miguel de Tucumán, antes de la reforma, en atención al mayor número de actividades que conformaban el hecho imponible (CIACIS) puede considerarse en abstracto la imposibilidad de conocer a cuales servicios se refiere.

Tal indeterminación subsiste en el artículo 162 de la Ordenanza Nº 430 reformada, de la Municipalidad de Yerba Buena, debiéndose desestimar la afirmación del municipio demandado que se encuentran perfectamente especificados los servicios de inspección que dan lugar al pago del tributo. La referencia de la norma a los servicios de inspección sobre higiene, seguridad, salubridad y moralidad en los locales comerciales, industriales o de servicios, peca de la misma falta de especificidad que la norma cotejada.

Si bien desde el fallo Cía. Química S.A. c/ Municipalidad de San Miguel de Tucumán, antecedente tenido en cuenta, las condiciones jurídicas y políticas de los municipios han variado, pues hoy en la Nación se encuentra consagrada constitucionalmente la autonomía municipal, en nuestra Provincia se ha efectuado la reforma constitucional que permite la adecuación correspondiente a la Carta Magna Nacional, ésta no se ha concretado aún, sin embargo, esta cuestión resulta irrelevante a los fines de resolver el tema en debate, pues el mismo gira en torno a la naturaleza jurídica del tributo y su ajuste constitucional.

El principio constitucional de igualdad no ha sido respetado por la imposición tributaria en análisis ya que, tratándose de una tasa retributiva de servicios, el hecho imponible esta dirigido a quienes desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios, cuando en realidad es el resto de la población, sin duda, la beneficiaria de los servicios de inspección destinados a preservar la seguridad, higiene, salubridad y moralidad.

El hecho generador que se integra con la actividad que debe cumplir el municipio no se encuentra vinculado con el sujeto pasivo solamente, sino que alcanza a toda la población, lo que excede con creces lo que debe entenderse por tasa.

Igualmente cabe destacar que si bien es cierto que la sentencia omite mencionar pruebas producidas en autos, surge que algunas solo refieren a la estructura, misiones y funciones de organismos municipales; entre ellos, de control e inspección, como la Dirección de Atención al Vecino -DAV- (fs. 67/68), Honorable Tribunal de Faltas (fs. 142/143), Rentas Municipales (fs. 142/143), o Actas de Rentas referidas al cumplimiento de normas legales y fiscales (ejemplo fs. 146), las que no refieren a servicios concretos prestados al contribuyente, salvo servicios de higiene pública cuyos certificados obran a fs. 64/75, pero que acreditan servicios prestados por una empresa privada, pero no por el Municipio.

Desde esa óptica, la norma contenida en el artículo 162 de la Ordenanza Nº 430/91, resulta irrazonable pues alude a servicios generales, relacionados a toda la comunidad del municipio, no individualizados, ni vinculados específicamente con los contribuyentes.

Por las razones expresadas, se concluye que la norma en análisis conculca el principio constitucional de igualdad y, por ende, resulta inconstitucional.

IV.2.- El segundo eje que sustenta la argumentación de la demandada -la aplicación inmediata de las disposiciones introducidas en el texto de la Constitución Provincial por la convención reformadora de 2006- ¿resulta jurídicamente relevante para composición de la controversia, materia de autos? La pretensión de inconstitucionalidad, objeto de este proceso, ha sido incoada el 14-02-2005 con relación a las exigencias de la Constitución local, contenidas en su artículo 114, inciso 1º (texto según la reforma del año 1990) referencia esta que no puede ser soslayada con fundamento en la posterior reforma constitucional local de 2006, pues la inconstitucionalidad reclamada lo ha sido bajo el régimen constitucional vigente al momento de interponerse la demanda. Por idéntica razón, tampoco resulta admisible el argumento del recurrente relativo a que la actora debió interponer la inconstitucionalidad de las disposiciones de la nueva Constitución local del 2006.

Así, la declaración de inconstitucionalidad queda circunscripta al caso de autos y atañe exclusivamente a la invalidez constitucional de la norma cuestionada en las circunstancias de tiempo y lugar que fueron consideradas.

A mayor abundamiento, cabe agregar que en el caso, no resulta legalmente factible la aplicación inmediata de las normas de la Constitución Provincial de 2006, referidas el régimen municipal, pues se trata de normas programáticas y no operativas, sujetas a que una futura ley establezca los alcances de la autonomía municipal y en base a ella el Municipio regule sus potestades. Por lo tanto, en el caso, se estima que se está en presencia de la excepción contemplada en el artículo 167 de la Constitución Provincial de 2006.

Desde esta perspectiva, el planteo de la recurrente resulta jurídicamente irrelevante para decidir la controversia suscitada en autos.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por improcedente el recurso de "casación" (rectius de inconstitucionalidad) incoado por la Municipalidad demandada.

VI.- En cuanto a las costas, por aplicación del principio objetivo de la derrota se imponen a la demandada, Municipalidad de Yerba Buena (CPCC, artículo 106 primera parte, de aplicación supletoria en la especie en virtud de lo previsto en el artículo 89 del CPA).

Por ello, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación (rectius de inconstitucionalidad) deducido por la parte demandada, contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II de fecha 21 de marzo de 2007, obrante a fs. 216/219 vta. de autos.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ALBERTO JOSÉ BRITO ANTONIO DANIEL ESTOFÁN CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.