Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-16


SENT Nro. 341 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 16 de Mayo de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducido por la parte querellante en contra de la sentencia dictada por la Sala VIIa. de la Cámara en lo Penal, del 5/9/2002 (fs. 213/215), que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 29/11/2002 (cfr. fs. 223). En esta sede, la parte querellante presenta memoria ampliando fundamentos de la casación a fs. 233/234 y a fs. 235 corre agregada la memoria del imputado Javier Federico Martensen, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide en el sentido que la resolución recurrida sea casada (fs. 238/240). Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana. Luego de la pertine nte deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a estudio y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte querellante en contra de la sentencia de fecha 5 de septiembre de 2002 dictada por la Sala VIIa. de la Cámara en lo Penal que resolvió confirmar el sobreseimiento de Javier Federico Martensen dictado por el Juzgado de Instrucción de la 3ª Nominación y declarar la nulidad de la decisión apelada en cuanto manda a elevar a juicio el proceso en relación a Jorge Agustín Pantano. El recurso fue concedido por el mismo tribunal en la resolución de fecha 29 de noviembre de 2002.

2.- Entre los hechos que se les imputan a las partes se puede recordar que en fecha 17 de diciembre de 2002, los imputados Jorge Agustín Pantano y Javier Federico Martensen convinieron con la señora Graciela del Valle Dip un mutuo por la suma de $4.000 estableciendo un interés mensual de $1.000. Como garantía de pago se firmó en la escribanía Díaz Márquez un poder irrevocable para la venta de una propiedad sita en Avenida Zenón Santillán nº 3479 a favor de Javier Federico Martensen por la suma de $30.000. Al momento del pago de la última cuota el señor Pantano le manifestó que no quería el dinero sino la propiedad, al no obtener una respuesta positiva llevó adelante una serie de apremios psíquicos a través de terceros.

En el requerimiento de elevación a juicio el fiscal de instrucción doctor Héctor A. Abraham Musi consideró a Jorge Agustín Pantano autor voluntario y responsable del delito de estafa, extorsión y usura en concurso real y a Javier Federico Martensen autor voluntario y responsable del delito de participación secundaria en los delitos de estafa, extorsión y usura en concurso real (fs. 122/126). Por su parte, el señor Juez de Instrucción doctor Juan Carlos Tártalo hizo lugar al pedido de sobreseimiento del acusado Javier Federico Martensen en razón de que no encontró elementos incriminatorios suficientes que determine la autoría que se le imputa. En relación a Jorge Agustín Pantano, indicó que de la investigación sumaria se puede inferir la existencia de maniobras engañosas tendientes a obtener el desbaratamiento de un derecho por lo que rechazó el pedido de sobreseimiento y dispuso la elevación a juicio de la causa instruida en su contra (fs. 162/166).

La parte querellante interpuso recurso de apelación en contra del sobreseimiento del Javier Federico Martensen (fs. 197/200). La Cámara no sólo confirmó dicho sobreseimiento sino que, además, declaró la nulidad de la elevación a juicio del proceso en relación a Jorge Agustín Pantano. El tribunal señaló que su decisión se cimentó en que el fallo de primera instancia carecía de fundamentación adecuada, que no sólo era arbitraria sino también autocontradictoria.

3.- La querella se agravia de que se violentó el art. 456 de CPPT que establece que "El recurso atribuirá al Tribunal de Alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieran los agravios". Señala que la sentencia avanza sobre esta normativa que faculta a las partes -y no al tribunal- a revisar y decidir sobre toda la resolución o sólo respecto a una de las partes decisorias.

Explica que no se configuró un supuesto de nulidad absoluta que autorizaría a la declaración de oficio (art. 186 del CPPT). Que las nulidades conminadas genéricamente no son siempre declarables de oficio, admitiendo que son tales las que impliquen violación a garantías constitucionales, supuesto que no se conformó en autos atendiendo al estado del proceso (art. 354 del CPPT).

Indica que se presume que los aspectos de la sentencia no impugnados fueron consentidos quedando por ello exentos de la jurisdicción de la alzada. Que la afectación a este principio afecta la seguridad jurídica puesto que resulta necesario crear un orden cierto y de seguro cumplimiento garantizando asimismo el derecho a la víctima a que se brinde la respuesta adecuada a sus reclamos.

4.- Estando cumplidos los requisitos de admisibilidad corresponde internarse en la procedencia del recurso.

El agravio central del recurso señala que la Cámara no pudo resolver sobre la elevación a juicio del señor Pantano en razón de que dicha cuestión no se encontraba entre los planteos realizados en el recurso de apelación, por lo que se violentó el principio tantum devolutum quantum appellatium.

La Cámara por su parte, indicó que la sentencia de primera instancia era arbitraria y autocontradictoria en sus términos lo que constituía una situación de nulidad absoluta de acuerdo con el arts. 184 y 185 inc. 3 primer supuesto del CPPT (intervención del imputado). Expresó, también, que le correspondía declarar la nulidad de la elevación a juicio en atención a los arts. 190, 358, 282 y cctes. del CPPT.

5.- Corresponde determinar, en primer lugar, si en el caso en autos se configuró algunos de los supuestos que posibilita el dictado de la nulidad de oficio y, en segundo lugar, si la Cámara se hallaba facultada para conocer y resolver cuestiones que no se encontraban entre los agravios del recurso de apelación.

a) El inciso tercero del art. 185 establece la pena de nulidad para los actos que afecten la intervención, asistencia y representación del imputado. Frente a esta nulidad genérica es necesario precisar -para evitar errores- qué entendemos como intervención del imputado en la presente etapa procesal, es decir, cuáles son los derechos que la norma quiere proteger en la instrucción y que, al ser violentados, posibilitan la declaración de una nulidad absoluta. Francisco J. D`Albora explica puntillosamente, al comentar el art. 167 inc. 3 del CPPN, que en relación a la intervención del imputado las actuaciones protegidas comprenden: "aquellos actos de cumplimiento personalísimo, tal como prestar declaración indagatoria -indagatoria material, con obligatoria notificación de los derechos y garantías de los cuales goza el imputado (TOC Fed. Córdoba, L.L.C., 1998-830)-; o abstenerse de hacerlo -indagatoria formal-, sea en la instrucción o en el debate (arts. 294, 296, 378 y 393 párrafo final); también prevé su asistencia (arts. 104, 107, 197 y 368), cuya observancia exige el control o asesoramiento técnico en ciertas oportunidades procesales". El mismo jurista, al precisar el marco de las nulidades genéricas distingue entre los actos susceptibles de ser anulados que pueden producirse durante la instrucción de los que se originan en el debate, en relación a los primeros indica que abarcan: "afrontar la indagatoria (art. 294), y darle la noticia del hecho imputado... asistir a los actos reproducibles (arts. 200 y 201), escuchar la lectura de la indagatoria o leerla por sí mismo (art. 301); la requisa personal se ha considerado incluida en las nulidades absolutas cuando fuere cumplida por la policía fuera de las circunstancias del art. 230... también se considera causal de invalidación abs oluta a la detención no ordenada por el juez". (Francisco J. D`Albora, Código Procesal Penal de la Nación, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Cuarta Edición, páginas. 266 y 269).

En el presente caso se llevó adelante la declaración del imputado obrante a fojas 86 en cumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 258 como 306 del CPPT. Una vez finalizado el acto la declaración fue leída en voz alta firmándola los presentes de acuerdo con lo establecido en el art. 264 del CPPT (fs. 86 vta.). De igual modo, ante la renuncia del representante legal del señor Pantano se suspendieron los plazos que se encontraban corriendo por el 356 hasta tanto el imputado designara nuevo defensor (fs. 131 vta.). Se puede observar que en el proceso se desarrollaron diferentes actuaciones de la investigación preparatoria atendiendo en todo momento la adecuada intervención del imputado, es decir, sin violentar su derecho de defensa.

Advertimos, entonces, que la doctrina limita la protección de la intervención del imputado en la etapa instructoria a una serie de actos particulares -que fueron cumplidos en autos- los cuales al ser violentados provocan un decaimiento directo del derecho de defensa, posibilitando, sólo en estos casos, la nulidad de oficio de las actuaciones viciadas. En conclusión, considero que en la presente causa resulta errado declarar, fundado en el primer supuesto del inciso 3 del art. 185, la nulidad de oficio del auto de elevación a juicio por fundamentación contradictoria en razón de que no aparece como evidente la relación directa entre la falencia de la resolución y la protección de la debida intervención del imputado en la etapa instructoria.

b) No habiéndose configurado un supuesto de nulidad absoluta corresponde determinar si el tribunal podía resolver cuestiones que se encontraban fuera del marco recursivo. En forma preliminar se debe indicar que las facultades de los tribunales de alzada están limitados por los términos de los recursos deducidos y los agravios de los recurrentes, constituyendo el exceso un "error in procedendo" cuya reparación es la invalidez total o parcial del pronunciamiento así viciado.

Es reiterada la jurisprudencia de la Corte de la Nación y de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en el sentido de que el límite a la jurisdicción impuesto por los agravios reviste jerarquía constitucional, pues prescindir de ellos importa agravio a las garantías de propiedad y defensa en juicio (arts. 17 y 18 CN). El carácter constitucional del principio de congruencia, en lo que hace a los límites de la jurisdicción de las Cámaras dados por el alcance de los recursos concedidos, como expresión de estos derechos, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos, y no a perjudicarlos. Por ello, lo esencial es que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según la ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias (CSJN, Fallo Nro. 93.082 del 13-10-94; CSJTuc., "Barrionuevo, Filemón Marcelino vs. Elena Isidro s/Daños y perjuicios", del 1-4-98).

En coincidencia con lo expuesto, Lino Enrique Palacio señala que concedido el recurso ordinario de apelación "las potestades decisorias del órgano judicial de segunda instancia se encuentran circunscriptas al conocimiento de aquellas cuestiones que hayan sido, por una parte, oportunamente sometidas a la decisión del órgano inferior, y, por otra parte, comprendidas en los agravios expresados por el apelante" (Lino Enrique Palacio, "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo-Perrot, tercera reimpresión, tomo V, pág. 459).

En el presente caso, la Cámara realizó un control sobre la resolución del juez de instrucción que va más allá de su potestad puesto que quebró el límite que le impone el agravio presentado por la querella el cual -al no configurarse la nulidad absoluta del art. 185 inc. 3- circunscribe la facultad de conocimiento y decisión de la Cámara al sobreseimiento del señor Martensen. El tribunal carece de potestades para analizar indiscriminadamente todo tipo de cuestiones, soportando una serie de limitaciones en cuanto al objeto de la apelación puesto que, por vía de principio, sólo posee competencia funcional para examinar el sobreseimiento resuelto por el juez de instrucción dentro de los límites que lo presente el apelante (art. 456 del CPPT).

No obstante resultar redundante podemos agregar que esta Corte Suprema ha señalado que en la instancia ante la alzada, campo específico del recurso de apelación, el principio de congruencia muestra límites más rigurosos en la competencia del Tribunal para resolver los planteos de los apelantes, toda vez que el objeto de la apelación se encuentra circunscripto a las pretensiones impugnativas de los recurrentes, y la voluntad de éstos limita y condiciona al juez del recurso. Sus agravios constituyen el marco referencial sobre el cual el sentenciante de segunda instancia debe resolver "tantum apellatum quantum devolutum" (cfr. CSJTuc., "Romano de Toledo, P.A. vs. José Minetti y Cía. SACI s/Indemnización por accidente", del 15/6/94).

Desde otra perspectiva, se debe indicar que el tribunal tampoco resultaba competente para realizar la verificación de la factibilidad de la elevación a juicio cuando el mismo código procesal fija al inicio de la etapa del plenario el momento en que la misma se efectúa. En efecto, el mismo código procesal establece en su art. 361 que el tribunal competente en la causa realizará un amplio control en el cual verificará de los requisitos establecidos en los arts. 355 (requerimiento de elevación a juicio) y 358 (auto de elevación a juicio) con la citación del fiscal, las partes y defensores para que examinen las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes. "Verificará la existencia y la regularidad de esos actos. Si faltare alguno de ellos cuando la ley los prevé, o si se advierte alguna inobservancia de las normas que lo regulan se declarará de oficio la nulidad correspondiente, devolviéndose el expediente al instructor (o al agente fiscal en su caso), quien lo remitirá para que el procesamiento sea cumplido de acuerdo con la ley" (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, tomo lll, págs. 38 y 39).

Coincidentemente con lo expuesto, Claus Roxin afirma que las partes también tienen en la siguiente etapa procesal la posibilidad de interponer o subsanar los defectos que presenten estos actos producidos en la etapa intermedia previamente a la realización del juicio oral (cfr. Claus Roxin, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos aires, 2001, págs. 350 y 351).

De este modo, no sólo carecía de potestad funcional para ir más allá de los agravios interpuestos sino que, además, carecía de competencia para revisar los requisitos del requerimiento como el auto de elevación a juicio. La ausencia de tal competencia quedó evidenciada en autos cuando la misma Sala mediante los decretos obrantes a fojas 189 vta. señaló que la elevación de Pantano se encontraba firme y que, en relación a la renuncia del representante legal de este imputado, no tenía facultad para resolver su pedido. El decreto señala textualmente que: "Atento a lo informado y no siendo parte la presentante en esta incidencia de alzada, agréguese el presente escrito a fin de que sea considerado oportunamente".

c) Podemos agregar que el requerimiento como el auto de elevación realizan un juicio de probabilidad, el cual -sin acusar en forma acabada al imputado- lo considera, en términos de Claus Roxin, "suficientemente sospechoso" (pág. 349) para que la causa pase al plenario. Esta situación hace que la fundamentación de esa duda suficiente sobre la inocencia del acusado no tenga el mismo rigor argumentativo que el de una sentencia condenatoria. Por lo tanto, debe apreciarse el término fundamentación que establece el artículo 282 dentro del contexto del momento procesal en el que se realiza el acto.

En este sentido, Jorge A. Clariá Olmedo señala que en el auto de elevación a juicio sólo se encuentran previstos bajo sanción de nulidad los elementos estructurales mínimos entre los cuales concurren la identificación del imputado, la relación del hecho con su calificación penal, la fecha y el dispositivo y por tratarse de un auto, debe ser fundado. Pareciera entonces que en la etapa instructoria no resulta necesario una exhaustiva fundamentación en tanto sea suficiente que se encuentre evidenciada la existencia de los hechos imputados y la sospecha suficiente de la atribución de esos hechos al acusado. Situación que se modifica completamente al momento del plenario cuando a partir del artículo 361 se realiza una verificación completa de las actuaciones con participación de todos los involucrados en el proceso.

De este modo y de acuerdo a lo expuesto precedentemente en los puntos a y b, debe casarse el fallo atacado por cuanto la Cámara resolvió cuestiones que se encontraban fuera de su potestad en razón del marco establecido por las pretensiones del apelante como en relación al momento procesal de la causa.

7.- Por lo expresado, corresponde declarar la nulidad del punto II de la sentencia impugnada que declara la nulidad del auto de elevación a juicio respecto a Jorge Agustín Pantano en base a la siguiente doctrina legal: "Es descalificable la sentencia del tribunal de alzada que de oficio declara la nulidad del auto de elevación a juicio de uno de los imputados, cuando tal resolución no fue apelada y no se configura el supuesto del art. 185 inc. 3 del digesto de forma". En consecuencia, se remitirán los autos a la Cámara Penal que corresponda para la continuación del proceso en la etapa pertinente.

8.- Proviniendo la nulidad de errores del órgano jurisdiccional, no corresponde la imposición de costas, que se declaran por el orden causado.

A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte querellante en contra de la sentencia de fecha 5 de septiembre de 2002 dictada por la Sala VIIa. de la Cámara en lo Penal anulando el punto II del fallo en base a la doctrina legal enunciada. En consecuencia, remitir los autos a la Cámara Penal que corresponde para la continuación del proceso en la etapa pertinente.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA