Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-24


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 24 días del mes de noviembre del año dos mil nueve, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dr. Fernando Nahuelanca y asistencia de los señores Jueces de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "M., N. A. c/ M. SA s/ DEMANDA LABORAL", expte. nro. 317/09, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (expte. nro. 2831/04), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 522), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Fernando Nahuelanca, Dr. Julio Antonio Alexandre y Dra. Silvia N. Alonso de Ariet.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 474/505vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

1) La sentencia se dicta a fs. 474/505vta., por la que se rechaza el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora respecto a los arts. 7 y 10 Ley 23928, modif. por el art. 4 Ley 25561 y por el art. 5 Dec. 214/2002; asimismo, se rechaza la inconstitucionalidad del arts. 16 Ley 25561, Dec. 50/2002, Dec. 883 año 2002, Dec. 256 año 2003, Dec. 662 año 2003 y Dec. 1351 año 2003. Se hace lugar a la demanda y condena a la parte demandada a pagar en 10 días a la parte actora N. A. M., la suma de $9.172,29, con más lo previsto en el considerando. Condena a la demandada a entregar el certificado de trabajo (art. 80 LCT). Rechaza la declaración de conducta temeraria y maliciosa solicitada por la parte actora y regula los honorarios profesionales.

2) Las notificaciones siguen a fs. 507/508; a fs. 509 bajo apoderamiento letrado apela la parte demandada y el recurso se concede a fs. 510.

3) El memorial de agravios de la apelante M. SA (fs. 511/514vta.). Al expresar "Los agravios", en letras mayúsculas insertan los presentantes terminología ajena a la práctica forense. Sigue otro título: "Agravios respecto a la Injuria", donde objeta la conclusión de la sentencia que la relación laboral entre las partes culmina el 11 de julio de 2003 por decisión injustificada de la patronal y que la prueba no alcanza a acreditar el acaecimiento de los hechos alegados por la patronal. Disiente la agraviada con tal conceptualización y sostiene que la prueba demuestra la existencia de los hechos relatados y que impedían la prosecución de la relación laboral. Que no debe olvidarse la previsión del art. 63 LCT y que la declaración del testigo A. ha demostrado la inobservancia de la operaria, quien a los gritos con elevado tono se dirige al encargado, con tratamiento grosero y soez y ello constituye inobservancia del régimen laboral. Ampliando sobre los hechos en la reunión mantenida entre M. y A., éste manifiesta que se le ha faltado el respeto, que M. gritaba, al simple requerimiento de la situación denunciada por una compañera de trabajo. Sostiene que se subestima la exposición del testigo A., en tanto que la sentencia considera incompleta la misma porque "no dice en qué consistió la falta de respeto invocada, y si es increpar verbalmente debió determinar en qué consistió ello". Controvierte el enfoque jurisdiccional, que no está en ningún texto legal ni en la experiencia y si no se hubiera omitido su valoración, hubiera llevado a otra conclusión. Se expide a continuación sobre el posible método para la valoración de la prueba y de la injuria, que no se obtiene muchas veces con la interpretación de elementos aislados, que no es un análisis lineal o matemático y requiere de la aprehensión abstracta de los matices propios las circunstancias del caso y su comparación. Reitera entonces el testimonio de A., a cuyo respecto sostiene una interpretación parcializada y no integral; que se observe que la causa del despido es totalmente coherente con los dichos del encargado, y sin perjuicio de que no se haya exteriorizado textualmente el contenido de los gritos por parte de morales, constituyen un comportamiento injuriante. Continúa a este respecto que la reunión existió, reitera una contestación con gritos de elevado tono y que asimismo la actora tiene numerosos antecedentes desfavorables, que con la última sanción justifican el despido, todo lo que fue puesto en el texto del despido (fs. 513, 2do.párr.). A fs. 513vta. sostiene que el conjunto de sanciones agravan la injuria y critica porque fueron omitidos en la valoración. Alude a jurisprudencia de esta Cámara y de ajena jurisdicción sobre la valoración de la injuria justificante del despido, que debe ser hecho prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración las relaciones que resultan del contrato de trabajo y las circunstancias personales de cada caso. Sostiene en definitiva que la actitud de M. resulta injustificable, la falta de respeto verificado a gritos en elevado tono a un superior. Peticiona la revocatoria del fallo y reserva el caso federal.

A fs. 515 se corre traslado del memorial de agravios, que no resulta contestado.

Tratamiento de los agravios.

4) El memorial de fs. 511/514vta., se formula con argumentación continuada respecto a un único tema, el rechazo de las causales del despido -la injuria invocada- que analiza la sentencia en el punto II de los considerandos (fs. 485 y ss.).

Debe observarse en principio bajo el título "Los agravios" (fs. 511), dos párrafos en letra mayúscula destacada, que además de no relacionar el fallo en sí, aparenta relaciones internas del apoderamiento pero a cuyo respecto, además de no señalar las razones para su inclusión en el memorial, contiene terminología ajena a la practica forense, por lo que debe llamarse la atención de los profesionales actuantes (Anexo I Ley 4558 - Código de Etica de los Colegios Públicos de Abogados de la Provincia del Chubut, art. 20, inc. a).

5) Agravios respecto a la injuria de fs. 511vta. Conforme la revisión del punto 3) precedente, se advierte que la recurrente solo vierte una opinión contraria a la de la sentencia y donde ésta concluye -como lo señala- que la decisión rescisoria del 11 de julio de 2003 resulta injustificada, disienten con la conclusión y relacionan los mismos hechos considerados por la Sra. Juez, para afirmar que los gritos de elevado tono dirigidos al encargado J. C. A. sí constituyen inobservancia del art. 63 LCT Cuando critica la evaluación de la sentencia respecto a la prueba y sostiene que ésta se encuentra en la testimonial (fs. 512), centra su análisis la apelante en la del testigo J. C. A., dejando sin examen que la Sra. Juez conceptualiza con extensión a partir del considerando II de fs. 485, no solo la declaración del testigo A. (fs. 487vta.), sino que las sopesa con todas las testimoniales, M. V. G., L. M. C. y M. C..

El hecho invocado por la patronal -dice la sentencia- ocurre el 10/7/2003 y se exterioriza en increpar verbalmente y falta al respeto al encargado de la firma Señor J. C. A. delante de otros empleados (fs. 488vta., últ. párr./fs. 489), pero observa que no dice en que consistió la falta de respeto invocada y agrega: "...por lo dicho por los testigos precedentemente individualizados, cabe puntualizar que tales declaraciones no son coincidentes entre sí.".

No controvierte el memorial los puntos precedentes.

En lo que vuelve a la declaración del Sr. A., que responde que M. le faltó el respecto, que le habló en tono elevado y a los gritos, delante del personal, destaca, asimismo, el fallo que no determina quiénes fueron los que presenciaron tal circunstancia ("ni da nombres de testigos presenciales"), ya que ninguno de los testigos declarantes dice haber presenciado y la única "declarante que da cuenta del hecho, Sra. G., no hace referencia a agresión ni a tono elevado o gritos de la Sra. M., sino que sólo se refiere a una charla entre ella y el encargado. Son todas razones y análisis del fallo que deja de lado la apelante. Adviértase otro elemento de valoración por la Sra. Juez, la declaración de L. M. C. (fs. 490), que fue el encargado quien insultó a la parte actora delante de todos y le gritó que era una ladrona. Y finalmente la sentencia afirmó que es preciso considerar las circunstancias en que se dio el hecho, pues no solo basta que se prueben las agresiones, sino que es menester descartar la posibilidad que las mismas sean provocadas (fs. 490, 3er. párr.).

Con los varios elementos de juicio señalados que ha debido confrontar la sentencia y siguen a la declaración de J. C. A., ya no es posible sostener que se subestima sin razón el aporte testimonial de éste.

Es que con la prueba contextual, pierde virtualidad aún la causa justificante del despido, ya que las circunstancias precedentes en el medio laboral mucho más gravosas, demuestran una evidente desconsideración del empleador para evaluar una conducta emergente de la actora que había resultada afectada. Adviértanse las respuestas de la empleada M. V. G. (fs. 234/234vta.), no sabe muy bien el motivo del despido, en ese tiempo le habían robado el DNI y un par cosas y ahí en la panadería habían creído que había sido ella y luego señala la persona que fue y que no trabaja en la panadería (8va. y 9na. de fs. 234); L. M. C. (fs. 235/235vta.), que se la acusaba a N. de haberle robado documentación a V. un día que N. no trabajó, que la autora del robo fue una empleada que trabajaba para M. (9na. y 10ma. fs. 235vta.). Sale entonces a la luz que la causal de despido invocada, aislada de los antecedentes, esconde la injusta acusación de un delito contra la empleada N. A. M:, donde la conducta abrupta tiene naturalmente tal explicación. Con ello, el ejercicio del poder disciplinario no pudo desembocar en la sanción más grave, sino prudencialmente por las circunstancias del caso, comprender que pudo provocar un desborde emocional (art. 242, 2do. párr., LCT).

Es preciso recordar que la interpretación de la prueba en casos concretos deben decidirse a favor del trabajador (art. 9, 2do. párr. LCT, ref. Ley 26428) y aún advertir, conforme con el fallo que los hechos de la comunicación rescisoria no resultaron corroborados con certeza con la prueba rendida. La alegación de la agraviada que, asimismo, debían considerarse los antecedentes de la empleada y por invocadas en el despido, no responden a otro fundamento de la sentencia, cuando establece que las faltas anteriores no pueden ser consideradas si no se acredita suficientemente el hecho actual para ser integrado (fs. 187).

Por lo expuesto, estimo debe rechazarse el memorial de agravios de fs. 511/514vta., con las observaciones realizadas.

Corresponde por el art. 57 Ley XIV - Nº 1 (antes Ley 69) del Digesto Jurídico, la imposición de las costas a la apelante. Para regular los honorarios, rige la Ley XIII Nº 4 (antes Ley 2200) del Digesto Jurídico, arts. 5, 6, 8, 13 y concords., considerando el mérito del trabajo profesional y su resultado; propongo los honorarios conjuntos de los Dres. C. O. y J. M., en el 25% de los que les resulten en la primera instancia.

A la segunda cuestión el Dr. Nahuelanca dijo:

Voto:

1) Rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada M. SA, fundado a fs. 511/514vta., contra la sentencia de fs. 474/505vta., que se confirma en lo que resulta apelado.

2) Llamar la atención a los profesionales actuantes Dres. J. M. y C. O., con los alcances del considerando 4) del presente voto.

3) Costas de la Alzada a la parte demandada, a cuyo fin propongo la regulación de honorarios de conformidad al considerando respectivo.

4) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 514/vta.

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Que la sentencia parcialmente condenatoria de fs. 474/505vta., es apelada por la demandada a tenor del informe de fs. 511/514, tal como en breve prólogo rescata mi colega preopinante, que no tan sólo opina respecto al estilo y suficiencia exigidos en cuanto a la expresión de los agravios, no obstante propiciar que se mantenga abierta la instancia, sino que además reseña el contenido de la queja.

Así, y tras un detenido estudio de los elementos que obran en la causa dentro de los límites jurisdiccionales enmarcado por la recurrente, coincido en cuanto a las insuficiencias detectadas, tanto en el lenguaje y modo de presentación, absolutamente ajenos a nuestro quehacer forense, como en lo que refiere a la crítica del fallo a los efectos de su pretendida revisión.

Y es que, el mensaje resaltado de fs. 511/511vta., resulta inaudible y ajeno al propósito de tal presentación. Ya he tenido oportunidad de advertir, en situaciones cuasi análogas, que la defensa de los intereses del cliente debe ser ejercida con energía y denuedo si es necesario, pero con la indispensable mesura y seriedad que salvaguarde la majestad de la Justicia, tornándose imprescindible conservar el debido equilibrio, evitando los desbordes de palabras (ver en igual sentido v. gr. Rev. ED de 1984/03/09 n° 5943).

Recuerdo haber leído, a propósito de esta cuestión y viene al caso que: "...El abogado debe cuidar su idioma así como el cirujano cuida sus manos. El cirujano entrena y prepara sus manos para acceder a los tejidos o a los órganos en los que deberá intervenir. El abogado debe mejorar su estilo literario y su retórica para acceder eficazmente al intelecto de sus oyentes: el juez, la contraparte, el cliente, los tribunales superiores. Sólo lo logrará si habla con claridad, de una manera coherente y ordenada, persuasiva, utilizando las palabras apropiadas en su respectivo contexto" (ver "Técnica jurídica del proceso civil", Díaz, Silvia Adriana y otros en laleyonline.com.ar).

Se advierte, en consecuencia, a efectos de no caer en la vulgarización de tan rico lenguaje (ver v. gr. las apreciaciones de Sentís Melendo en su obra "La prueba", ed. Ejea, 1979, pág. 355 y ss., cuando se ocupa de indicar como características del mismo, la moderación, la claridad idiomática y la exactitud conceptual). Vale aclarar que no discuerdo con ninguna de las citas doctrinarias y jurisprudenciales transcriptas por la recurrente y que, por el contrario, cuando se ha configurado la situación fáctica, a la luz de la prueba rendida que las tornaba de aplicación, las he utilizado a modo de pauta, antecedente o referencia. Ocurre que en el caso que hoy nos toca atender, de ningún modo justifican su aplicación, ya que la crítica ha parcializado y fragmentado el cúmulo probatorio adquirido y afrontado por el a quo en sus generosos considerandos vertido en el p. II, así, la técnica recursiva intentada peca por inanidad, ya que la testimonial sobre la cual se construye la queja se muestra aislada y respecto del resto de la prueba violando principios esenciales en materia de apreciación.

Tal jerarquía se pretende dar a las declaraciones del encargado, presunto receptor de las ofensas, olvidando que es principio inalterable en la materia que deben apreciarse con carácter riguroso las declaraciones testimoniales, cuando existe la posibilidad de que los testigos se encuentren involucrados en algún aspecto de los hechos sobre los que prestaron testimonio, en el caso por ser un dependiente de mayor jerarquía que respecto de la presunta ofensora, al momento en que acaeció el incidente laboral que originó el litigio (ver en la misma línea, v. gr., CNCiv., sala C, 2000/02/15, DJ, 2000-3-190).

Tal prudencia aconseja que pese a que el testigo sea subordinado de la empresa no los invalida para declarar y sus dichos, prestados bajo juramento tienen validez probatoria en tanto no resulten dudas de su veracidad, máxime cuando tienen carácter de deponentes necesarios en virtud de sus intervenciones personales en los hechos bajo debate (ver, v. gr., DT 1997-B, 2488).

Así, y a modo de preservar la imparcialidad de tales declaraciones se ha resuelto que: "Tratándose de prueba testifical, es condición de credibilidad, conforme las reglas de la sana crítica, la extraneidad del testigo respecto de la parte que lo propone y no cumplido dicho requisito -en el caso, "encargado" de la firma demandada (fs. 153)- es preciso que el testimonio sea tomado en relación con otras probanzas que den color a la versión del relato, ya que por sí solo no puede constituir prueba idónea (ver, v. gr., CNCiv., sala J, 2000/08/23- T., J. M. c. Línea 213 S.A. de Transportes Línea 53- en Rev. La ley de 2001/03/20, pág.6, fallo 43.322-S; CNCiv., sala J, 2000/03/14- Salcedo, Claudio A. c. Mastroiani, Alberto A. y otros- Rev. La ley de 2000/09/26, pág.7, fallo 43.023-S y "Compendio de Pruebas Judiciales" de Hernando Devis Echandía, anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso, ed. Rubinzal Culzoni, 1984, t. II, pág. 62 p. 14). Y así lo hizo la sentenciante y en ejercicio de sus facultades confrontó toda la prueba y concluyó del modo que se impugna.

En tal sentido el magistrado goza de amplias facultades: admite o rechaza la que su justo criterio le indique como acreedora de mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito obrantes en el expediente (ver v. gr. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Comentado", Tomo 2, pág. 446).

En definitiva, la valoración de la prueba testimonial constituye una facultad propia de los magistrados, quienes pueden inclinarse hacia aquellas declaraciones que les merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate. La concordancia que puede descubrirse entre el mayor número, y en definitiva, las reglas de la sana crítica, han de señalar caminos de interpretación del juzgador (conf. Falcón, Enrique, "Código Procesal Civil y Comercial", Tomo III, pág. 365 y sus citas). No existe reproche en tal sentido, sino la mera crítica que conlleva a presumir que la pretensión de la recurrente es la de privilegiar los dichos del presunto ofendido por sobre toda otras prueba contrariando los principios señalados y de un modo extemporáneo, ya que en la oportunidad procesal de hacerlo no se las impugnó debidamente.

De allí que sí sería censurable si se configura aquella situación que llegó a merecer que se diga que "Resulta arbitraria la decisión que sustenta su juicio de reproche en una apreciación fragmentaria y aislada del material probatorio, y se prescindió -sin fundamento suficiente- de la confrontación con prueba contradictoria en menoscabo al adecuado servicio de justicia" (ver, v. gr., CS, febrero 13-996 - Peleriti, Humberto R. En Rev. LA LEY del 14/3/97, p.7, fallo 39312-S y JA del 18/9/96, p.31).

La ley exige, para condenar, la certeza de la verdad de la afirmación de la existencia del hecho resultante de la racional valoración de la prueba de acuerdo al sistema de sana crítica efectuada por el juez, con excepción de supuestos expresamente establecidos por la ley. Por tanto, no puede derivar la persuasión de certeza de meros sentimientos, sospechas, conjeturas, simple voluntad de sentenciante, sino que debe ser consecuencia de la valoración total, razonada, conforme a la sana crítica racional, de toda la prueba conducente y legítima de la verdad de la afirmación de la existencia del hecho controvertido (ver, v.gr., Condena judicial - Prueba - Sana crítica - Certeza, por Pedernera (h.), José Antonio, en Publicado en: LLC 2004 (julio), 565).

Además de todas aquellas imputaciones que han quedado sin prueba se agrega la mera declamación de pautas ajustadas a las de buena fe, olvidando que las mismas insuflan todo el orden jurídico y se potencian en la materia con el principio protectorio y fortalecida con la actual reforma del art. 9 LCT, de allí la reciprocidad en el cumplimiento resulta inatendible, tanto en lo que respecta a la insuficiencia probatoria del hecho imputado, como respecto a las conductas que se denuncian en las testimoniales no impugnadas e ignoradas en el memorial.

En cuanto al resto del discurso, al no resultar conducente a la resolución del conflicto desde la pretensión del recurrente, evita mayores consideraciones (ver, v. gr., Fallos 278:271; 291:390; 305:537; 307:1121 entre otros).

Conforme lo dicho propongo, en concordancia con quien abre el acuerdo, rechazar el recurso de apelación articulado por la demandada, debiendo soportar las costas de la alzada y diferir la regulación de honorarios al momento del acuerdo, en el que se tendrán en cuenta las pautas de la ley de aranceles profesionales. Asimismo, se tiene presente la reserva del llamado "caso federal".

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Habiendo concordado con la propuesta del Dr. Nahuelanca, reitero su fórmula decisoria. En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 274 y 275 del CPCCCh, se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Alonso de Ariet no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar el recurso interpuesto por la parte demandada M. SA, fundado a fs. 511/514vta., contra la sentencia de fs. 474/505vta., que se confirma en lo que resulta apelado.

2) Llamar la atención a los profesionales actuantes Dres. J. M. y C. O., con los alcances de los considerandos pertinentes.

3) Costas de la Alzada a la parte demandada, a cuyo fin se regulan los honorarios conjuntos de los Dres. C. O. y J. M., en el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de los que les resulten en la primera instancia.

4) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 514/vta.

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL nro. 16 DEL AÑO 2009 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "L