Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-06


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 6 de 2007.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta la doctora Ana María Brilla de Serrat, dijo:

I.- La sentencia de fs. 439/47 hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Samuel Bernardino Amarilla Britez contra Autopistas del Sol S.A., tras declarar la existencia de culpa concurrente de las partes en un 50% para cada una de ellas. La demanda prosperó por la cantidad de $ 8.367 más sus intereses, condena que el "a quo" hizo extensiva a la citada en garantía "La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A." en los términos de la cobertura.

Apelaron el pronunciamiento la totalidad de las partes, habiendo expresado agravios la citada en garantía a fs. 499, el actor a fs. 501/3 y la demandada a fs. 515/18. Corrido el traslado de ley, fue contestado únicamente por la aseguradora a fs. 520/21.

II.- El magistrado de grado tuvo por probado que el accidente ocurrió al tiempo de ingresar el rodado del actor en una zona anegada de la Autopista del Sol y sostuvo que la culpa que se le atribuye a la concesionaria demandada encuadra en la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa prevista por el art. 1113 del Código Civil, específicamente en razón del estado de la autopista por la ausencia de adecuado drenaje y/o desagüe del agua de lluvia.

Concluyó que existía responsabilidad de la concesionaria vial en virtud de su obligación de mantener en perfecto estado la calzada, dotándola de material o asfalto antideslizante, así como de un adecuado drenaje a fin de evitar acumulación de agua, sea por intensas lluvias o por inundación de los terrenos circundantes. Pero asimismo atribuyó culpa al actor, en razón de que el clima lluvioso imponía reducir la velocidad para evitar un deslizamiento y pérdida de control del vehículo. Por ello atribuyó responsabilidad a ambas partes en un 50% para cada uno.

El actor se agravia de tal decisión. Señala que al demandar, si bien aseveró que circulaba por el carril rápido de la autopista a 100 km/h, también agregó que al comenzar a cruzar la "laguna", le fue imposible controlar el rodado, " a pesar de haber disminuido la velocidad del mismo" Por su parte, la demandada se queja también de la proporción de responsabilidad que se le atribuyó. Señala que no le corresponde responder por el diseño de la autopista, en caso de que ésta favoreciera la acumulación de agua en días de lluvia, pues el proyecto correspondía al Estado Nacional, al cual debió ajustarse la ejecución de las obras. Cuestiona la verosimilitud del testimonio de Trifina Giménez Pedroso y destaca que debe atribuirse la causación del accidente en su totalidad a la culpa del actor, quien asumió el riesgo de conducir en un sector anegado de la autopista en un día de lluvia y sin adoptar las precauciones del caso.

III.- En cuanto al encuadre legal de la responsabilidad que se atribuye a la concesionaria vial demandada, adelanto que no coincido con el formulado por el juez de la anterior instancia.

Sin desconocer la doctrina y jurisprudencia que sostienen que la responsabilidad del concesionario vial para con el usuario es de índole extracontractual, adelanto mi opinión en contrario, que ya sostuve en autos "MAZA, Jorge Enrique y otro C/NUEVAS RUTAS S.A. CONCESIONARIO VIAL y otro s/daños y perjuicios"(CNCiv Sala J, expte. Nº 88.122/1998, 16/12/2004) y "NIKLISON, Roque Martín y otros C/COVISUR S.A. y otro s/daños y perjuicios" (CNCiv, Sala J, Expte. Nº 53.139/2003, 6/2/06).

Entiendo que debe distinguirse la relación entre el Estado y el concesionario, que se rige por las normas del Derecho Público, el contrato de concesión y el reglamento de explotación, de la que vincula al concesionario con el usuario de la vía, que es de naturaleza contractual y de Derecho Privado, porque éste accede a la ruta, autopsia, etc. mediante el pago de un peaje, como contraprestación por hacer posible la circulación en los términos del contrato administrativo de concesión que le otorgó la explotación, conservación y mantenimiento de la obra (conf. (conf. Vázquez Ferreyra, Roberto, La responsabilidad de los concesionarios viales por los animales sueltos en las rutas: otra sentencia en la senda correcta, en Responsabilidad civil y Seguros t. 1999, pág.472/73, Editorial La Ley; CNCiv. Sala F, "Abba, Miguel c/Huarte SA y otros", 15/5/1991, LA LEY, 1992-D, 194).

Se ha sostenido que "las empresas de peaje asumen un negocio económico a través de una concesión del Estado regida por el derecho administrativo y respecto del usuario, los une un contrato de uso para circulación de autopista. Este contrato está regido por normas de derecho privado por un doble fundamento: el primero porque cuando el Estado era dueño y guardián del corredor vial, también la relación y la responsabilidad se regía por los principios del derecho privado y, en segundo lugar, porque el reemplazo no puede arrastrar la aplicación de un derecho -el administrativo- que tiene normas de exclusión y excepción que sólo son invocables por el Estado. En consecuencia, se trata de un contrato de servicio (iguales a los domiciliarios) por el cual la empresa se obliga a: generar todas las garantías de que el usuario llegará al final del corredor o su destino anterior y además lo hará sano y salvo: obligación tácita de indemnidad similar a un contrato de transporte" (Ghersi, Carlos, Responsabilidad concurrente del Estado, de las empresas de peaje y de los dueños de animales sueltos por accidentes con automotores en rutas, JA 1999-II, pág. 140; en igual sentido, Galdós, Jorge M., Peaje y Ley de Defensa al Consumidor, JA, 2000-I, p. 192).

Mal puede afirmarse que el peaje es una contribución de naturaleza tributaria y no un precio, cuando incluye el pago de IVA, lo que implica a su vez que el usuario es calificado como consumidor final y no como contribuyente (conf. Vázquez Ferreyra, Roberto, op. cit., pág.469).

Como bien ha destacado Galdós, los textos legales administrativos que se refieren al peaje reiteradamente lo definen como " la contraprestación que paga el usuario" (conf. Art. 2.1. título II, Anexo IX, Resolución Ministerio de Obras y Servicios Públicos 221/1989; art. 40 del Reglamento de explotación de los corredores viales, aprobado por Resolución del Subsecretario de Obras y Servicios Públicos 41/1991). Además se admite que los organismos públicos o privados puedan convenir distintas formas de pago por el uso del camino, lo que acerca la contraprestación del peaje al concepto de precio de derecho común y lo aleja de la concepción tributarista que descansa en principios de uniformidad e igualdad y no confiscatoriedad (Galdós, Jorge, op. cit., pág. 192).

Como se ha señalado, el peaje no es una contraprestación para financiar exclusivamente la obra pública de ventaja individual por el aprovechamiento de ella, sino de un ingreso lucrativo de empresas no estatales destinadas a la financiación de otros emprendimientos. En la actualidad, el ingreso derivado de la explotación de las rutas es superior a la amortización de la obra, constituye un verdadero precio por la remuneración de servicios recibidos por los usuarios que excede largamente la financiación de las obras y su mantenimiento Y en el marco de este negocio de derecho privado se genera para el concesionario no sólo la obligación de habilitar el tránsito al usuario, sino también la obligación de seguridad por los daños que éste pueda sufrir durante la circulación en el trayecto concesionado, lo que implica que las rutas estén libres de animales para permitir la normal circulación de los vehículos. Se trata de un factor de atribución objetivo, por lo que sólo cabe liberar de responsabilidad al concesionario si prueba la culpa de un tercero por quien no deba responder o la de la víctima (conf. C7ºCCCórdoba, "Hernández Emilio c/Red Vial Centro SA", 27/5/99, publicado en Responsabilidad civil y Seguros t. 1999, pág. 470/71, Editorial La Ley).

En las VII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal celebradas en 1996, se aprobaron los siguientes despachos en cuanto a la responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos: "En general las obligaciones asumidas por las empresas prestadoras frente al usuario son de resultado y la responsabilidad de carácter objetivo. La empresa prestadora del servicio, además de la obligación específica, asume una obligación de seguridad. Este deber de indemnidad está presente en todo contrato de servicio y es invariablemente de resultado. El concesionario tiene una obligación de seguridad. En virtud de ella es responsable objetivamente aun por los daños producidos por los animales sueltos en la ruta" (v. JA 1996-IV-1027 y s.s.).

La empresa concesionaria responde tanto por los vicios de la propia ruta como por aquellos obstáculos que impiden el libre tránsito. El deber de seguridad es lo suficientemente amplio como para abarcar en su contenido prestaciones tales como la vigilancia permanente de las rutas, la remoción inmediata de obstáculos, el retiro inmediato de animales que transitan en las rutas, la detección inmediata de irregularidades, la subsanación de las dificultades que se crean en el tránsito por gravitación de hechos que ocurren en las mismas rutas o en zonas colindantes (conf. Rinessi, Antonio, La desprotección de los usuarios viales, en Revista de Derecho de daños, Accidentes de Tránsito III. Pág. 131).

Desde otra óptica, se ha fundado asimismo la responsabilidad del concesionario vial en la existencia de una relación de consumo, por lo que el usuario queda bajo la protección del art. 42 de la Constitución Nacional y la ley 24.240, que establece en su art. 5( que los servicios deben ser prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física del usuario (conf. Rinessi, Antonio, op. cit., Pág. 123; Lorenzetti, Ricardo Luis, Concesionarios viales: ¿en qué casos hay responsabilidad?, en Revista de Derecho de daños, Accidentes de Tránsito III. Pág. 166; Galdós, op. cit., pág. 196 y ss.; Vázquez Ferreyra, Roberto, La demanda contra los concesionarios de autopistas, en Revista de Derecho de daños, Accidentes de Tránsito I. Pág. pág. 161).

El 7 de noviembre de 2006, en los autos "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S.A." la CSJN , adoptando un criterio contrario al que había sostenido en el fallo "Colavita" (LA LEY 2000-E, 498), se expidió sobre el tema. Del voto de la mayoría resulta:

"3) Que el vínculo que se establece entre el concesionario de las rutas y los usuarios de las mismas es calificado como una relación de consumo en el derecho vigente.

"Efectuada esta precisión, y sin perjuicio de interpretar que la protección de la relación de consumo tiene sustento en el art. 33 de la Norma Fundamental, lo cierto es que en el caso no es posible la aplicación de la ley 24.240 y sus modificatorias, pues dicha norma se sancionó con posterioridad a la fecha del accidente que origina el reclamo de la parte actora (art. 3 del Código Civil).

"Que en el derecho vigente a la época del evento dañoso, el vínculo era contractual, regulado por el Código Civil, ya que no cabe duda alguna que la relación entre el concesionario y el usuario es diversa a la que el primero tiene con el Estado, y que este último paga un precio o canon para el uso de la ruta y los servicios consiguientes.

"4) Que existiendo una relación contractual, cabe sostener que el concesionario no asume una obligación de dar el uso y goce de una cosa, sino de prestar un servicio. Esta calificación importa que hay una obligación nuclear del contrato, constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos y, también, deberes colaterales con fundamento en la buena fe (art. 1198, Código Civil). Entre estos últimos existe un deber de seguridad, de origen legal e integrado en la relación contractual, que obliga al prestador a la adopción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles".

En la disidencia parcial de los doctores Petracchi y Argibay se afirma:

"4) Que en Fallos: 325:1265, el Tribunal, siguiendo un criterio consolidado, ha señalado que si bien las concesionarias viales están obligadas en términos genéricos a posibilitar la utilización del camino por parte de los usuarios en condiciones normales, suprimiendo cualquier causa que origine molestias o inconvenientes al tránsito, o que represente peligrosidad, "dicha estipulación debe ser interpretada en el contexto de las obligaciones propias del ente concesionario en orden a la remodelación, conservación y explotación del corredor vial conferido, enderezadas al mantenimiento y señalización de calzadas y banquinas, y a la oferta de servicios auxiliares al usuario" (considerando 6).

5) Que, según surge del contrato de concesión, quedaban a cargo de la concesionaria las tareas de conservación y mantenimiento de las obras (art. 1, cap. I) (fs. 494) a cuyo fin se instrumentó un plan de trabajo (ver fs. 500). A su vez, el reglamento respectivo (fs. 518/524) preveía en su art. I.6 las obligaciones genéricas afines a las de otros contratos acerca de la conservación del camino y las condiciones de seguridad para su utilización por los usuarios en condiciones normales (...) Esa omisión se constituyó entonces en un riesgo imprevisible para los conductores con consecuencias para el desarrollo del tránsito vial en la zona, y hace aplicable a su respecto lo dispuesto en el art. 902 del Código Civil".

Desde la óptica mencionada, no cabe duda de que mantener la autopista en condiciones seguras de transitabilidad ante circunstancias climáticas adversas, es un deber de la concesionaria vial, sea que se lo interprete como una obligación emanada del deber de seguridad propio del vínculo contractual mantenido con el usuario, sea que se lo derive de la relación de consumo celebrada por el usuario con el prestador de un servicio. Aunque es de destacar que, aun desde la óptica que encuadra la relación dentro del Derecho Público, igual deber emana del plexo de obligaciones que contienen los contratos de concesión vial celebrados con el Estado.

Pues bien: Se encuentra ampliamente probado en autos que en el lugar de la autopista donde acaeció el accidente objeto de estos autos, se había acumulado agua proveniente de las abundantes precipitaciones pluviales. Pese a las negativas en tal sentido de los empleados de la demandada que declararon a fs.316 y 318, lo cierto es que el testigo Alberto José Lafalla relató que había un gran charco que ocupaba más de la mitad de la autopista, en la bajada de un puente, donde aquélla forma una curva hacia la derecha; que al ingresar en él su automóvil hizo un trompo y quedó junto al guardarail; describió además el sucesivo derrape de otros autos y el de la camioneta del actor, que se montó en el guardarail y avanzó hasta una columna; que, con posterioridad, personal de la autopista colocó balizas y acudieron grúas a retirar a los móviles varados (v. fs. 147/9) El perito ingeniero mecánico informó a fs. 185 y vta. que en el sitio se hallan dos bocas de desagote de reciente construcción. A fs. 208 vta. explicó que, de acuerdo con la inspección del lugar de los hechos, resulta razonable que el aludido charco de agua se haya formado por la acumulación del escurrimiento del agua proveniente del puente existente en la zona anterior, debido a un deficiente desagote. A fs. 187/8 obran croquis de la zona y de la posible trayectoria del vehículo del actor.

Ante la impugnación formulada por la accionada a fs. 201, el experto respondió a fs. 207 vta. que no podía determinar si los desagotes fueron de construcción nueva o solamente remodelados, pero acertadamente restó importancia a la discusión, señalando que, evidentemente, si fueron remodelados lo fueron para mejorar su capacidad de desagote.

Pues bien: indudablemente, el cumplimiento de la obligación de seguridad a cargo de la concesionaria no se satisfacía únicamente con las advertencias a través de carteles luminosos en la autovía en el sentido de que debía reducirse la velocidad debido a las lluvias, sino que requería una conducta activa, esto es realizar un drenaje eficiente de la zona que evitara los anegamientos, como se lo realizó con posterioridad.

Adviértase que la velocidad máxima permitida en el carril por el que circulaba el actor era de 120 Km/h y el perito ingeniero mecánico asevera que la existencia de una capa de agua sobre el pavimento provoca sobre los vehículos el efecto de hidroplaneo a una velocidad superior a los 80 Km/h, debido a la pérdida total de contacto entre el caucho de los neumáticos y la superficie del camino: la adherencia entre ambos resulta casi nula y, en consecuencia, poca o nula la posibilidad de control (v. fs. 186).

Más tarde, el perito explica que "a una velocidad de 80 Km/h y con las condiciones de pavimento húmedo, pero sin formación de una capa de agua sobre el mismo, el dominio de un vehículo hubiera sido de normal control" -...- (v. fs. 195 vta.).

Es decir que ni aun cuando el actor hubiera reducido su velocidad a 80 Km/h hubiera podido evitar el hidroplaneo a que hace referencia sobre la acumulación de agua en la calzada, máxime cuando en ese tramo existe una curva que puede favorecer la pérdida del control del rodado.

De la obligación de seguridad a cargo de la concesionaria vial se deriva una inversión de la carga probatoria en su contra: se encontraba a su cargo probar que el accidente fue causado, total o parcialmente, por una conducta culposa de la víctima. Y no lo ha logrado.

La afirmación del actor al demandar en el sentido de que venía circulando a 100 km/h antes de toparse con la "laguna" formada en la calzada no basta a tal efecto. En primer lugar, porque, como lo destaca en su expresión de agravios, también afirmó haber reducido la velocidad antes de ingresar al sector anegado, por lo que no se puede hacer valer en su contra una expresión aislada fuera de su contexto.

Ningún elemento obra en autos que permita conocer a qué velocidad circulaba.

Por otra parte, lo informado por el perito permite aseverar que ni aun de haberse encontrado circulando a 80 Km/h puede asegurarse que habría mantenido el control del vehículo.

Por el contrario, la circunstancia de que hayan derrapado en la misma oportunidad y el mismo lugar otros automóviles permite inferir que las condiciones de la calzada tornaban altamente dificultoso su tránsito. En efecto, así lo declaró el testigo del actor, Lafalla, y hasta los dependientes de la demandada, Norberto Gerardo De Marco y Santiago Ariel Figueiras, quienes describieron haber encontrado en el lugar, además de la camioneta del actor, a un vehículo cruzado en el carril central y otro detenido en contramano sobre la banquina (v.fs. 316 vta. y fs. 318).

En lo que respecta al testimonio de Trifina Giménez Pedrozo, la crítica formulada en los agravios por la demandada carece de entidad para descartarlo. En primer lugar, porque la declarante no afirmó que el accidente hubiera ocurrido de 12:30 a 1:00 de la mañana, sino "a las doce y media una, por ahí, a la mañana" (v. fs. 150), por lo que no se contradice con las demás constancias de autos que ubican el hecho cronológicamente cerca del mediodía. En segundo lugar, porque tampoco basta para dudar de su veracidad el hecho de que sólo haya mencionado que la camioneta se detuvo en el guardarail, sin hacer mención a su posterior impacto contra el poste de luz.

De todos modos, aun prescindiendo de su declaración, como se ha visto ya, la forma en que ocurrió el accidente se encuentra ampliamente probada, por lo que carece de relevancia su análisis.

De acuerdo con estas consideraciones, entiendo que no se ha logrado probar la culpa concurrente del actor que en la sentencia se le imputa, sino que, por el contrario, el accidente debe ser atribuido causalmente en forma exclusiva a los vicios de construcción o mantenimiento de la autovía, por lo que propicio modificar la sentencia en este sentido, atribuyendo a la demandada la reponsabilidad por la totalidad de los daños que se hayan acreditado en autos.

IV.- Se agravia el actor del rechazo a su reclamo por gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, que el "a quo" fundó en la circunstancia de que de las constancias del Hospital Pirovano no surgía que hubiera experimentado lesiones de entidad.

El siniestro objeto de estos actuados ocurrió el día 16 de abril de 2002. En la historia clínica del hospital mencionado obra una constancia de su atención por clínica médica el día 18 de ese mes -sin que se registre anotación alguna acerca de las lesiones que presentaba- y una nueva consulta en el servicio de traumatología el día 23, ocasión en la cual se consigna la existencia de contusión costal sin lesiones óseas observables en los estudios radiológicos y dolor en cartílago costal, con indicación de venda elástica y analgésicos. (V. fs. 142).

Al realizarse la pericia médica, el actor reconoció al experto que no se sometió a controles médicos con posterioridad. El perito informó que las lesiones debieron curar en un período de entre una y tres semanas y que no le ha quedado secuela alguna incapacitante (v. fs. 179).

Probado, pues, que el reclamante recibió atención médica en dos oportunidades en un hospital público y que se le indicó venda elástica en la zona costal y analgésicos, debe admitirse el rubro, pues, si bien es dable presumir que la atención fue gratuita, el actor debió adquirir, al menos, la venda elástica y la medicación indicada, por un tiempo razonable hasta la desaparición de los síntomas.

En cambio, no corresponde reconocer gastos relacionados con otras lesiones -como el traumatismo de cráneo que se invoca al demandar-, pues no ha sido acreditada su existencia, como tampoco que se haya sometido a un tratamiento kinésico.

Tampoco deben admitirse los gastos de traslado reclamados, dado que de la índole y magnitud de las lesiones no se desprende que no haya podido movilizarse por sus propios medios.

Es por ello que, por costo de medicamentos, propicio hacer lugar al reclamo por la cantidad de $ 250.

V.- Se queja asimismo el actor de que se haya desestimado su reclamo por lucro cesante, destacando que la "a quo" reconoce que se encuentra probada la disminución, a partir del accidente, de los ingresos que obtenía de su actividad en mantenimiento de consorcios. Resalta que se domicilia en Moreno, Provincia de Buenos Aires, y que los dos consorcios donde prestaba servicios se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, por lo que debía usar su camioneta para trasladarse.

Al demandar, el actor alegó que, al momento del siniestro, percibía la suma de $ 800 mensuales de las Administraciones Topper SRL y Torelli Ruiz SRL, y que con posterioridad a él, debió cesar en la prestación de servicios a ambas, limitándose a trabajos de menor cuantía, al verse privado de su camioneta para trasladarse a sí mismo y a sus herramientas. Explicó que, debido a la crisis económica, aún no pudo repararla, por lo que reclamó la suma de $ 8000 en concepto de lucro cesante (v. fs. 22 vta.).

A fs. 161, la Administración Torelli Ruiz SRL informó que durante los tres meses anteriores al accidente se abonó al actor un total de $ 1805 por sus servicios, esto es un promedio de $ 601,67 mensuales, mientras que en los cinco meses posteriores recibió $ 1930, es decir un promedio de $ 386 mensuales.

A fs. 162, la Administración Topper informó los importes cobrados mes a mes por el actor, desde enero hasta septiembre de 2002, en los que se advierte una marcada baja en el mes de mayo y una recuperación posterior, pero sin alcanzar los montos que percibía con anterioridad.

La magistrada de grado desestimó el rubro, tras considerar que el actor no acreditó que sólo trabajara para estas administradoras de consorcios ni que haya dejado de desempeñarse en el rubro desde el accidente, sino que, por el contrario, los informes demuestran que continuó prestando servicios, aunque de menor entidad. Agregó que pudo haber recurrido a otros medios de traslado y que la circunstancia de que no haya podido reparar la camioneta no constituye una consecuencia inmediata o mediata del hecho que amerite indemnización. Concluyó afirmando que el actor no había probado la existencia del daño y su relación causal con el accidente.

En oportunidad de ser examinado por la perito psicóloga, el actor manifestó que en la actualidad trabaja para las dos administradoras mencionadas y que perdió luego del accidente sus trabajos en otras dos -cuestión ésta que no relató al demandar-. Explicó: "estuve en reposo, descansando, pensaba mucho y de a poco tenía que ir retomando las cosas, pero no podía (...) Suerte que un poco me ayudó mi hermano porque si no hubiera perdido todo (...) Me llamaban y decía sí voy a ir y no iba (...) Desde que me pasó eso me faltaban fuerzas o ganas y bueno con la ayuda de mi esposa y mis hijos trato de ir saliendo (...) Estuve más de diez meses así hasta que empecé a agarrar los compromisos" (v. fs. 236 y 237 vta.).

Se desprende de este relato que la disminución de los ingresos provenientes de las administradoras de consorcio oficiadas no se relacionó con la indisponibilidad de la camioneta siniestrada, sino con el estado físico y la situación anímica del actor posterior al accidente.

De hecho, como destaca la juez de grado, ello se evidencia en la circunstancia de que, pese a que aún no reparó su vehículo, continuó trabajando para ellas y recuperó el nivel de ingresos prevenientes de esa fuente, de lo que debe inferirse que suplió la falta de la camioneta con algún otro medio de transporte.

Por otra parte, con respecto al costo que habría importado el suplir de esta manera la falta de la camioneta, ello importaría un daño emergente que no fue alegado al demandar ni, mucho menos, probado.

Propongo, pues, confirmar la sentencia en este punto.

VI.- Se agravia el actor de que la sentenciante de la anterior instancia haya desestimado su reclamo por daño moral, con el argumento de que "no aparece que los daños hayan sido de una entidad tal que provocaran una lesión espiritual de importancia".

Se ha resuelto reiteradamente que en los accidentes de automotores en los que sólo se han producido daños materiales en el vehículo, en principio y salvo circunstancias excepcionales, no puede hablarse de daño moral, ya que las molestias o incomodidades que acarrean no importan un menoscabo de afecciones legítimas, siendo aquellos daños materiales reparables mediante el reconocimiento de los rubros que los integran.

No obstante, no es tal el caso de autos, pues, según se ha visto "supra", se encuentra acreditado que el actor padeció traumatismo costal, que debió recibir atención médica en dos oportunidades y realizar tratamiento con venda elástica y analgésicos hasta su recuperación.

Asimismo, la pericia psicológica da cuenta de la conmoción que ha producido en los sentimientos -además de en la psiquis- del reclamante la ocurrencia del hecho.

Ponderando, pues, los traumatismos sufridos, los dolores físicos, la convalecencia presumible y la imposibilidad de trabajar y realizar las tareas cotidianas durante ese lapso; pero asimismo que no presenta secuelas físicas incapacitantes en la actualidad y que no ha debido ser internado ni sometido a tratamientos prolongados o cruentos, propicio hacer lugar al rubro por la suma de $ 1500.

VII.- En el fallo apelado se dispuso que "La presente condena se hace extensiva a la citada en garantía "La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A." en los términos de la cobertura".

La aseguradora se agravia de ello, argumentando que, tal como oportunamente invocaran, el seguro contratado por la demandada cuenta con una franquicia de U$S 60.000, la cual, por acuerdo entre aseguradora y asegurado, se pesificó al valor de $ 1,40 por dólar más CER, lo que arroja un monto de $ 97.008 (v. fs. 437). Sostiene en virtud de ello que, siendo el capital de condena inferior -$ 8367-, la "a quo" debió disponer que ésta no se hiciera extensiva a la citada en garantía.

En esta instancia se ha modificado el monto de condena, pero, más allá de ello, lo cierto es que la suma a abonar por la empresa condenada será determinada recién en la etapa de liquidación, por lo que resulta prematuro decidir si ésta será inferior a la franquicia deducible estipulada en la póliza.

Lo que decide la suerte de la presente queja es que la sentencia dispone que la condena se hará extensiva a la citada en garantía "en los términos de la cobertura", acogiendo así implícitamente la oponibilidad a la víctima de la franquicia pactada, por lo que no se advierte la existencia de agravio alguno para la apelante, ya que, reitero, recién en la etapa de ejecución podrá decidirse si debe o no cubrir en alguna medida la responsabilidad de la asegurada.

En razón de ello, no cabe más que desestimar la queja.

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:

1) Modificar la sentencia apelada, en los siguientes puntos:

a) Dejando sin efecto la atribución de culpa concurrente al actor, por lo que la demandada deberá responder por la totalidad de las indemnizaciones fijadas;

b) Reconociendo por gastos médicos y de farmacia y por daño moral las sumas de $ 250 y $ 1.500 respectivamente.

2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fuera motivo de apelación y agravio.

3) Imponer las costas de alzada a la demandada y a la citada en garantía, que han resultado vencidas en lo principal (art. 68 CPCC).

Así lo voto.

Los señores jueces de Cámara doctores Miguel Angel Vilar y Diego C. Sánchez, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de cámara doctora Ana María Brilla de Serrat, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, 1) Se modifica la sentencia apelada, en los siguientes puntos: a) Se deja sin efecto la atribución de culpa concurrente al actor, por lo que la demandada deberá responder por la totalidad de las indemnizaciones fijadas; b) Reconociendo por gastos médicos y de farmacia y por daño moral las sumas de $ 250 y $ 1500 respectivamente; 2) Se confirma la sentencia en todo lo demás que decide y fuera motivo de apelación y agravio; 3) Se imponen las costas de alzada a la demandada y a la citada en garantía, que han resultado vencidas en lo principal (art. 68 CPCC).

Conforme al presente pronunciamiento y atento lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal y artículos 1, 6, 7, 9, 11, 37 y 38 del arancel y ley modificatoria 24432, así como la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los de los letrados, se adecuan los honorarios fijándose en pesos cuatro mil ($ 4000) la retribución de los doctores M. G. B., P. B. y V. I. S. G., en conjunto, en pesos un mil ochocientos ($ 1800) la de los doctores M. A. P., A. M., A. C., G. H., C. M. F. R., V. G. F. y J. J. M., en conjunto; en pesos un mil seiscientos ($ 1600) la de los doctores J. L. M. y E. M. B., en conjunto; en pesos ochocientos ($ 800) la de cada uno de los peritos doctor M. C. O., ingeniero A. D. Z., Licenciada L. B. C. y contador A. G., y en pesos cuatrocientos ($ 400) la del consultor técnico doctor J. C. D. B., confirmándose por ser ajustada a derecho la correspondiente al mediador doctor J. J. S. (artículo 21, inc. 3) dec. 91/98).

Por la actuación ante esta alzada se fija en pesos un mil doscientos ($ 1200) el honorario del letrado de la parte actora, en pesos quinientos cuarenta ($ 540) el del doctor M. de E. C. y en pesos cuatrocientos ochenta ($ 480) el del letrado de la citada en garantía (art. 14, ley de arancel 21839). Notifíquese por Secretaría y Devuélvase. -Ana María R. Brilla de Serrat. -Miguel Angel Vilar. -Diego C. Sánchez.