marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, prioridad de paso, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: BUIGUES, Raúl Angelino c/ González, Sixto Cayetano s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-09-19

Tal como se consideró en la sentencia impugnada, quien ingresa a una encrucijada urbana sin respetar a quien tenía la prioridad de paso y a mayor velocidad que la permitida, defrauda las expectativas de quien circula por la arteria transversal, reduciendo consecuente e invariablemente sus márgenes de actuación. Por lo tanto, con relación al primer agravio, no puede declararse que en este caso -tal como pretende la parte recurrente- existió concurrencia de culpa de la víctima si aparece probado que el accidente tuvo lugar como consecuencia de la violación, por parte del automovilista, de las normas que regulan el tránsito (prioridad de paso y velocidad de circulación), y no habiéndose acreditado, en cambio, que las supuestas violaciones atribuidas al ciclista víctima (falta de atención y dominio de la bicicleta) hayan contribuido de modo jurídicamente relevante a la posibilidad de un accidente ha provocar el hecho dañoso.

En efecto, el ciclista que venía por la derecha respetando la velocidad precautoria reglamentaria, podía confiar en que el conductor del vehículo que circulaba por su izquierda no excediera el límite de velocidad y le permitiría circular sin riesgo alguno, pues la producción del siniestro sólo es explicable por la actitud imprudente del demandado.

A ello se agrega que la carga de la prueba pesa sobre el conductor del rodado embistente, quien debía acreditar que medió culpa de la víctima o de un tercero por el que no debe responder, conforme lo dispuesto por el art. 1113 del Cód.

Civil, aplicable aun en los casos en que intervienen dos cosas generadoras de riesgo de distinta entidad (un automóvil y una bicicleta, en el caso), porque no puede decirse que la presunción legal de culpa del dueño o guardián de cada una de las cosas se compense o se neutralice.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, ejecución hipotecaria, intereses, mora, emergencia económica, sentencia firme, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ARZUBI, JORGE OSVALDO c/ OVER S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad desde que los planteos del compareciente sólo traducen su desacuerdo con lo resuelto por la Sala dentro de los límites atinentes al ejercicio de la función jurisdiccional, en una temática vinculada a cuestiones de hecho y prueba, como ser la determinación de la fecha que tomó la Alzada para la configuración de la mora y la caducidad de los plazos de pago, la valoración de los mismos y la limitada capacidad de discusión del título habilitante en juicio ejecutivo, sin que resulte decisivo para modificar la suerte del litigio la consideración sobre si los plazos para el pago caducaron al vencer una de las cuotas o cuando el actor remitió carta documento intimando al pago , pues la cuestión central radicó para los Camaristas en la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme, es decir, en la existencia de cosa juzgada, a razón de que el reajuste del precio -previsto por la normativa de emergencia pública y reforma del régimen cambiario- ya había sido concedido en el juicio ejecutivo anterior.
Régimen de consolidación de deudas, presupuesto nacional, ejecución de sentencias contra el Estado, comienzo de ejecución de sentencia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: FABRIS, Ricardo c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-30

Diferido un pago en los términos del art. 22 de la ley 23982, en caso de no haberse efectuado la pertinente previsión presupuestaria y habiendo vencido el plazo en que debió realizársela para ser satisfecha en el año siguiente (art. 20 de la ley 24624), el acreedor queda facultado para promover la ejecución a partir de la clausura del período ordinario de sesiones del Congreso de la Nación correspondiente a ese año.-
Concurso de delitos, concurso ideal, falsificación de instrumento privado, estafa, bien jurídico protegido, fe pública
Materia: PENAL
Carátula: Duarte, Sandra s/ Estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-30

Las estafas concurren idealmente con la falsificación de documento privado, ya que revisten dicha naturaleza los cupones de compra utilizados por las entidades crediticias, al poseer circulabilidad y afectar, por su calidad de apócrifos, la fe pública.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador, relación de causalidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Martín Ruiz, Marcelino c/ Conarpesa Continental Armadores de Pesca s/ Enfermedad Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-11

La Ley 24.028 no elimina la posibilidad de concurrencia de causalidad entre factores provenientes del trabajo y fuera del mismo, que en la legislación anterior e indiferencia de la concausa de por medio obligaba a la reparación de la totalidad de la incapacidad. Lo que establece es la falta de presunción responsabilizante para el empleador por las enfermedades laborales, cuando concurran factores laborales y extralaborales, solamente se indemnizará la incidencia de los provenientes del trabajo, poniendo a cargo del reclamante la prueba de la relación causal invocada. La ley entonces no desconoce la posibilidad de concurrencia de causales, pero no extiende el resarcimiento más allá del daño que causen factores laborales, dejando sin indemnizar los que provengan de causas personales del dependiente. Lo que ha cambiado por tanto es la extensión del resarcimiento y no la posibilidad de causales concurrentes que generalmente se presentan asiduamente en las enfermedades laborales.
Acusación fiscal, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: M. R. - G. J. - V. H. - D. P. s/ Amenazas Calificadas y Daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-07-05

En primer lugar cabe señalar con énfasis que uno de los pilares en que se basa nuestro ESTADO DE DERECHO, es el respeto a los postulados constitucinales y en el caso que nos ocupa, se habla nada más ni nada menos que del principio de inocencia consagrado en el art. 18 de nuestra Carta Magna reglamentado por todos los códigos rituales del país, particularmente en el sentido que el silencio no puede siquiera presumir la culpabilidad del prevenido, menos aún que deba colaborar con el descubrimiento de la verdad. Es al Estado, a través del Ministerio Público Fiscal a quien compete tal función, sin perjuicio de que un sujeto eventual del proceso como lo es el querellante, coadyuve en dicha tarea. Para el imputado no hay carga probatoria alguna, probar para él es un derecho y en modo alguno se puede pretender cercenar tal garantía so pena de caer en la degradación de un doloroso pasado reciente, felizmente hoy superado.
Peaje, confiscatoriedad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Estado Nacional c/ Arenera El Libertador  S.R.L. s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Cuando se trata de un "peaje", esto es, el cobro de una suma al usuario para sufragar los gastos de construcción o conservación de una vía que aquel utiliza, la cuestión de las vías alternativas cobra relevancia, en la medida en que la existencia de tales vías pueda incidir en los razonables planteos acerca de la razonabilidad o confiscatoriedad del monto del peaje.
Derechos y garantías constitucionales, principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Procurador Fiscal s/ Nulidad en autos 2300-92-1998
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-12

"La lesión al principio de congruencia desencadena una causal de nulidad absoluta, que debe ser declarada como tal, ya que se vincula con la intervención del imputado en el proceso que implica una violación constitucional al derecho de defensa. Es pertinente recordar que el derecho de defensa se perfecciona - como ya se dijera- con la observancia de las formas sustanciales del proceso, relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia".
Jurisdicción y competencia, competencia provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Ciudadanos    en    defensa   de   sus   derechos s/ supuesto enriquecimiento ilícito.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

Corresponde declarar la competencia del juzgado provincial para conocer en las actuaciones si del análisis de las constancias arrimadas no se advierte que la conducta denunciada tenga entidad para afectar los intereses del Estado Nacional o alguna de sus instituciones, ni el buen servicio de sus agentes, ya que tanto los funcionarios como los fondos involucrados son de carácter local o municipal. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Funcionarios públicos, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: Micoli, Juan Adrián s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-30

El art. 76 bis séptimo párrafo CP es claro en cuanto a que el instituto no procede con relación a ninguno de los imputados cuando al menos uno de ellos hubiera participado en el hecho en su calidad de funcionario público.
Juicio sumarísimo, obras sociales, medicina prepaga, Programa Médico Obligatorio, prueba pericial, cobertura médica
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL-SALUD PUBLICA
Carátula: G., M. E. c/ O.S.D.E. s/ Sumarísimo de Salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-02

Asimismo, es apropiado recordar que la ley N° 25.415 establece en su art. 3°: "Las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio dispuesto por Resolución 939/2000 del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así como la rehabilitación fonoaudiológica".[...] Entonces, si bien es cierto que el magistrado no tiene que inclinarse necesariamente por las opiniones técnicas expuestas en sede administrativa o por las propias de la judicial tampoco lo es menos que para hacerlo es necesario aducir razones fundadas de entidad suficientes, puesto que la naturaleza de la cuestión debatida remite a cuestiones ajenas a la ciencia que el juez está obligado a conocer (conf. Bourguignon, M., "Diferencias entre el consultor técnico y el perito", Revista de Derecho Procesal - Santa Fe, Rubinzal Culzoni.- Tomo: 2012 2; íd. Anapios, E., "La prueba pericial. Actuación de los peritos", Cita Online AR/DOC/1563/2008; íd. L.L. 1980-A-94 y E.D 99-632), lo que no acontece en el caso. Es que analizada la prueba pericial médica -que reviste particular relevancia en un proceso como el de autos, que involucra cuestiones médicas ajenas, por principio, al saber de los jueces- conjuntamente con las demás constancias del expediente y en atención a lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde concluir que le asiste derecho a la Sra. M.E.G. a obtener de O.S.D.E. la cobertura integral de lo aquí reclamado.
Competencia de paz
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: T., E. A. c/ G., N. S. s/ régimen de visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

Careciendo la causa de contenido patrimonial, siendo la competencia improrrogable, y residiendo los menores motivo de autos fuera del partido donde el juez ejerce su jurisdicción, corresponde declarar la incompetencia para entender en los autos, como, asimismo, en el beneficio de pobreza conexo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: MUÑOZ Francisco Oscar c/ Espejo Sandra y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-05-09

Cuando se realiza el razonamiento judicial para determinar la responsabilidad en la producción del accidente en una encrucijada, se debe seguir el siguiente proceso: 1) Determinar que parte de las involucradas en el accidente tenía, inicialmente, la prioridad de paso. 2) Analizar la conducta del obligado a ceder el paso. Y, 3) Verificar si la conducta del beneficiario neutraliza parcial o totalmente el privilegio.

El razonamiento no se puede comenzar por el final revisando la conducta de quien tenía la prioridad de paso sin verificar si quién no la tenía cumplió con los mandatos legales.

La parte que no tiene la prioridad debe ceder el paso al beneficiado deteniendo completamente la marcha y concediendo la libre circulación al otro. Como se dice en algunos precedentes, como si tuviera un semáforo en rojo.
Competencia criminal, competencia correccional, competencia federal, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Superior Tribunal de Justicia, remisión del expediente, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Fole Cavallo, Roberto Aldo c/  s/ Amenazas con armas o anónimas (art. 149 bis) s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Con respecto al conjunto de conductas que se subsumirían en el delito de tenencia de armas de guerra y delitos conexos, el juez interviniente podrá, en caso de encontrar reunidas razones para ello, obrar del modo conducente para que la jurisdicción de excepción sea eventualmente ejercida por los jueces competentes para hacerlo. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tonon, Oscar Adolfo c/ Gausachs, Miguel Angel s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-18

Cuando el art. 551 del CPC prescribe que el ejecutado podrá promover el ordinario una vez cumplida la condena del ejecutivo, debe entenderse que resulta suficiente para tener por cumplido dicho recaudo, que el deudor haya depositado el total de la liquidación en la cuenta de autos, sin que deba esperar la percepción efectiva por parte del ejecutante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, obligaciones del transportador
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ DOMINGO c/ FF.CC s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-18

Cuando se trata de un contrato de transporte el porteador asume la obligación de llevar al pasajero sano y salvo hasta el lugar de destino obligándose a brindarle, no solo durante el trayecto sino también en el ascenso y descenso del vehículo, las seguridades necesarias para que no sufra daños en su integridad personal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Salas, Emidio S. c/ Curt. Fonseca S.A. s/ Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

El supuesto de excepción previsto por el art. 55 de la ley 11.653 se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede, precisamente, tal doctrina en caso similar, hipótesis que no es la de autos en que se trae a consideración cuestiones de índole probatoria y circunstanciales como lo son la determinación de la fecha de toma de conocimiento de la dolencia del trabajador a los efectos de la extensión de responsabilidad a la aseguradora citada en garantía. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Giuliano, Jorge H. y otros c/ Tribunal de Cuentas y ots. c/  s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-02-15

El requisito de razonabilidad, límite al que se halla sometido para su validez constitucional todo el ejercicio de la potestad pública, reclama la existencia de circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio utilizado para su obtención y ausencia de iniquidad manifiesta (art. 28, Const. nac.).(doctor de Lázzari, mayoría)
Accidente de tránsito, costas
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BERNAL, JOSE LUIS c/ ARAOZ, JUAN CARLOS-LA EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A.I.C. s/ SUMARIO: COBRO DE AUSTRALES- PRUEBA ANTICIPADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-09-25

La desestimación de uno de los rubros reclamados solo tiene incidencia en la cuantía de la indemnización, pero la demanda-en su condición de vencida- debe pagar las costas correspondientes a la suma admitida en la sentencia
Responsabilidad objetiva, transporte de pasajeros, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, culpa in vigilando, hurto, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LUNA, EVANGELINA MARIELA c/ T.A.R.S.A.  - TRANSPORTE RIACHUELO  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-14

El conocimiento y consentimiento, por parte del propietario de los colectivos, del uso frecuente que de ellos hacia quien resultara condenado por la comisión de un delito a bordo de uno de los vehículos, importa admitir la culpa -in vigilando- de aquél. En la configuración de la voluntad presunta que menciona el último párrafo del art. 1113 del C.Civil, serán elementos importantes a considerar el permiso anterior, la dependencia, el parentesco o la amistad. No cabe tener por acreditado el hurto de un vehículo, a bordo del cual se cometió un delito, invocado por su propietario como eximente de responsabilidad, sino hubo denuncia formal y concreto del supuesto hurto.
Abuso sexual, dolo
Materia: PENAL
Carátula: L., M. R. s/ Abuso deshonesto s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-01

Además de cuestionar la acreditación del tipo objetivo del art. 119 inc. 1 del Código Penal, la defensa se agravia de la demostración del dolo. Sin embargo, dada la índole de la materialidad reprochada, no admite lugar a dudas que su comisión no puede ser atribuida a la culpa o a la negligencia.

El hecho consiste en una secuencia organizada de actos y revela conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo, que es lo que define al dolo. Huelga decir aquí que no hay práctica kinesiológica alguna que pueda llegar a confundirse con los actos de índole sexual relatados.
Suspensión del juicio a prueba, límites a la discrecionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Norte de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Legajo de juicio en autos Espina, Juan Carlos. s/ Infr. art. 1, Ley 13.944.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-08

En razón de su discrepancia con las valoraciones del Fiscal en torno a las circunstancias que él señaló como relevantes y a través de un alegado control de legalidad, los jueces han ejercido un poder de decisión sobre la suspensión del ejercicio de la acción penal que no les ha sido atribuido, como no se les ha adjudicado un poder autónomo para su promoción o ejercicio (voto del Sr. Juez José O. Casás).
Competencia por conexidad, acumulación de procesos, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CASSINELLI, Daniel c/ OCUPANTES RAULET 147 s/ DESALOJO s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-18

Corresponde que tramiten ante un mismo magistrado aquellos procesos en los que se pretende el desalojo respecto de los ocupantes de un único inmueble no subdividido en unidades funcionales, aunque en las demandas se los haya identificado con distintas letras.
Prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad
Materia: PENAL
Carátula: Giménez, Felipe Nicolás c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-23

El derogado art. 7 ley 24.390 ("2 x 1") no fue la expresión de un cambio en la valoración social de la clase de delitos que han sido atribuidos en este proceso, sino que sólo adoptó, durante un corto período de tiempo, un mecanismo dirigido a disminuir el plazo de los encarcelamientos preventivos, fue un paliativo para una situación circunstancial.
Comunicaciones, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: Triacca, Alberto Jorge c/ Diario La Razón y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

Cuando un órgano periodístico difunde una información, que podría tener entidad difamatoria para un tercero, no responde civilmente por ella en los supuestos que omite la identidad de los presuntos implicados, o utilice un tiempo de verbo potencial, o, por fin, propale la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente.
Retractación de la renuncia, retractación de la oferta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Concejo Deliberante de la ciudad de Palma Sola c/ Intendente de Palma Sola Sr. Darío Portal y concejales: Pedro C. Robles y Victoria Guerrero s/ Acción Autónoma de Inconstitucionalidad-Medida Cautelar  (L.A. Nº 45, Fº 188/192, Nº 113) Intendente de Palma Sola Sr. Darío Portal y concejales: Pedro C. Robles y Victoria Guerrero s/ Acción Autónoma de Inconstitucionalidad-Medida Cautelar (L.A. Nº 45, Fº 188/192, Nº 113)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-07-12

La renuncia, en su sentido lato, es el acto por el cual una persona abdica o abandona un derecho que le pertenece. Y para que sea perfeccionada es necesario la aceptación del beneficiario, o del otro en la relación. Los principios generales del derecho sobre renuncia, deben ser de aplicación también en el ámbito del derecho público y administrativo. Y estos principios se apoyan en lo dispuesto en el art. 875 del Código Civil que establece que la renuncia puede ser retractada mientras no hubiere sido aceptada por la persona en cuyo favor se hace.

De manera entonces que la renuncia es un acto jurídico bilateral y, por consiguiente mientras no haya sido aceptada constituye una simple oferta de la cual el proponente de ella puede retractarse, no existiendo al respecto ninguna limitación en los medios de prueba.-
Registro de la propiedad automotor, registros seccionales, relación funcional, remuneración
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: "Claus  Rolando  Julio c/ EN  -DRNRPA-  Dto. 894/01 s/ proceso deconocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-05

El modo en que el Estado ha organizado el funcionamiento de los Registros Seccionales dependientes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios no justifica la inaplicabilidad del régimen del decreto 894/01, respecto de los Encargados de aquellos Registros Seccionales, habida cuenta que, aunque los mentados Encargados no se desempeñen bajo una "relación de empleo" (art. 2 del decreto 644/89, texto según decreto 2.265/94), "son funcionarios públicos dependientes de la (citada) Dirección Nacional" (idem, art. 1) y perciben como retribución de sus servicios "emolumentos mensuales" que, de conformidad a lo que se encuentra dispuesto por la resolución (MJ y DH) n° 396/02 (y modificatorias), se liquidan -sobre la base de los porcentajes o montos fijos que en cada caso se determina- con relación a los aranceles fijados por el Anexo I de la resolución (MJ y DH) n° 314/02 (y modificatorias) que tienen derecho a percibir los Registros Seccionales -recaudados en el curso del mes respecto del cual se practica la liquidación-, cumpliéndose de tal manera a su respecto los presupuestos de aplicación del decreto 894/01 (Del voto del juez Buján, Cons. II).