marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Lealtad comercial, competencia, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, competencia nacional, recursos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FORMATOS EFICIENTES S.A. s/ Lealtad comercial.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-16

A partir de la derogación del Código de Procedimientos en Materia Penal de la Capital Federal - Ley 2372 - (CPMP), la remisión supletoria a las disposiciones de la etapa de "plenario" de aquél código contempladas en el Art. 27 de la Ley 22802 ha quedado vacía de contenido y, ante la imposibilidad de remitirse supletoriamente a normas que han sido derogadas, para la intervención recursiva prevista por el Art. 22 de la Ley 22802 deben regir la las disposiciones que regulan el recurso de apelación previstas por el Código Procesal Penal de la Nación - Ley 23984 - (CPPN), solución que se compadece con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Visa Argentina S.A." (Del voto del Dr. Hornos, en disidencia).
Ahorro obligatorio, inimputabilidad, error de hecho (penal), sociedad cooperativa, exenciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO-PENAL
Carátula: Cooperativa Agrícola Tambera James Traik Ltda. (T.F. 9016-I) s/ apelación Tribunal Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

La circunstancia de tratarse la actora de una cooperativa y teniendo en cuenta los regímenes beneficiantes que adujo, se torna aceptable la existencia de un error de hecho justificable, y aún cuando se lo considere como error en la interpretación de normas no penales, resulta equiparable a aquél, pues afectó el contenido fáctico de la culpabilidad y como tal pasa a ser excusable en los términos del art. 34, inc. 1º del Código Penal, cuyo desplazamiento no cabe concluir frente a las normas en juego (conf. doc. esta Sala, in re "Agro Aceitunera S.A.").
Contrato de obra pública, gastos improductivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Cylp SA y Samai SA c/ Provincia de Buenos Aires (SPAR) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

Tratándose de una demora impuesta por la Administración en la obra en el caso paralización por orden de servicio), corresponde el reconocimiento de los gastos improductivos.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, acta de asamblea, deber de información, balance social, sistema de gestión, remuneraciones accesorias, nulidad de asamblea de accionistas
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Fernández, Liliana del Carmen c/ Petrycom SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

1. Corresponde admitir la acción de nulidad asamblearia incoada por una accionista en los términos que establece el art. 251 LS, con motivo de la falta de entrega de documentación y la inexistencia de "balances" adecuados, ya que los aquí cuestionados a la postre se demostró habían sido suscriptos por un profesional matriculado en otra jurisdicción, aunque con su matrícula cancelada, razón por la que resulta justificada la irregularidad atribuida a los balances. 2. En lo concerniente a la aprobación de la gestión de los administradores va de suyo que no aportada la documentación, no existiendo balances conforme prescriben las normas que los regulan, la gestión del directorio no puede siquiera ser ponderada en tal situación y mucho menos aprobada. Y asimismo, cabe mencionar la decisión de retribución de honorarios en violación del valladar impuesto por el art. 261 LS, sin justificación de ningún tipo, que no puede ser convalidada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: LABORAL
Carátula: Contreras, Secundino y otros c/ Autolatina S.A. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-02

La cita de doctrina legal no es sustento suficiente del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si simultáneamente no se denuncia la violación de la norma legal involucrada.
Accidentes de trabajo, reagravación
Materia: LABORAL
Carátula: Vivas, Néstor Omar c/ Municipalidad de Olavarría s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

En el caso de accionarse por reagravación le está vedado al afectado pretender, según el estadio o etapa de evolución de la dolencia, reclamar primero conforme a lo normado por la ley 9688, y luego por la acción común.
Defensa del consumidor, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, autoridad de aplicación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sprayette S.A. -Incidente c/ Dir.Nac. Comercio Interior -Mº de Economía s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

El art. 43 de la ley 24.240, confiere a la Secretaría de Industria y Comercio en su carácter de autoridad de aplicación, una serie de facultades y atribuciones en el marco de las normas de protección y defensa del consumidor -entre otras, la de disponer la realización de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de la ley (inc. d)-, las que prima facie, podrían ser ejercidas en oportunidades diversas a las previstas en el art. 45, que regula lo atinente al procedimiento y sanciones; sobre todo, si se advierte que durante la tramitación de las actuaciones administrativas, la autoridad de aplicación gozará de amplitud para disponer medidas técnicas, admitir pruebas o dictar medidas de no innovar, facultades éstas que, en principio, serían distintas a las reconocidas por el art. 43. (Consid. 3º).
Prescripción adquisitiva, actos posesorios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Díaz Julio c/ Municipalidad de Vicente López s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Si los actos posesorios (y sobre todo un conjunto de ellos, de distinta índole, apropiados a las características del fundo), se han repetido durante un lapso más que suficiente para prescribir sin interrupción y denotando por parte de quien los ejerce una conducta, objetivamente exteriorizada como de dueño, no puede razonablemente decirse que sean una mera presunción de "animus" emanada del "corpus", sino que son la prueba misma de ese "animus rem sibi habendi". La lógica y el sentido común indican que la persistencia de una conducta que bien puede ser la de un poseedor, realmente lo es si no hay motivo para suponer lo contrario (arts.913, 941 y 2384 del Cód.Civil).
Formación y sanción de la ley, proyecto de ley, libertad de prensa, tratados internacionales, ofensas cometidas por medio de la prensa, responsabilidad civil, derecho al honor, funcionarios públicos, personas públicas, doctrina de la real malicia, delitos contra el honor, fuentes de información, reproducción fiel de la fuente
Materia: CIVIL
Carátula: Z., H. W. y Otra c/ F., G. B. y Otra s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-11

La idea básica con que el proyecto (para ajustar las disposiciones de los Códigos Civil y Penal de la Nación referidas a los delitos de injuria y calumnia, a los principios de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional en punto a la protección del derecho a la libre expresión de los Senadores nacionales Dres. JOSE GENOUD y JORGE YOMA) busca sacar las correctas consecuencias de la protección jurídica "débil" de que gozan los funcionarios públicos y personas equiparadas frente a la crítica de cualquier especie concerniente a su obrar, consiste en hacer pasibles sólo de sanciones civiles a los casos de informaciones falsas y producidas con real malicia, en el sentido dado a esta categoría por la jurisprudencia de la Corte Suprema de los EE.UU. (v. "New York Times v. Sullivan" [376 U.S. 254]) que - al menos en algunos casos - ha sido receptada por nuestro alto Tribunal. Por tal motivo se propone incorporar al art. 1089 del Código Civil - referido a las calumnias e injurias - cuatro nuevos parágrafos que corporizan la doctrina resumida anteriormente. Al respecto conviene señalar algunos distingos que se formulan en el texto proyectado. Así, en los dos primeros párrafos agregados (2 y 3 del art. 1089 C. Civil) se trazan las reglas correspondientes a las informaciones falsas o inexactas, que, en los casos de probada real malicia dan lugar a resarcimiento, mientras que en el tercer párrafo (4 del art. 1089 C. Civil) se excluye la responsabilidad por juicios de valor de toda índole. En efecto, la crítica y el debate de los asuntos públicos lleva fácilmente a la causticidad, la aspereza y hasta el improperio, que muchas veces son las manifestaciones de la indignación, motor ético esencial para el mantenimiento y desarrollo del sistema democrático. Por fin, en el cuarto párrafo que se proyecta agregar (5 del art. 1089, C. Civil) se da tratamiento separado a los casos de reproducción fiel de informaciones ajenas, en los que, cuando se consigne la fuente, se quedará exento de toda responsabilidad civil. Con esto se pretende dar una expresa consagración legislativa a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación incorporada a partir del caso "Campillay".
Jueces, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Salamone, Antonio Pascual c/ D. N. V. s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

Los jueces no están obligados a resolver cualquier cuestión que las partes hayan planteado ni a referirse a cada medida de prueba, sino solamente a aquellas que sean pertinentes según la forma en que ha quedado trabada la relación procesal.
Subasta judicial, locación de inmuebles, procesos de conocimiento
Materia: CIVIL
Carátula: Macrosa Crothers Maquinarias SACIFIA c/ Ingeniero Giandana Empresa Constructora s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-29

Si se anunció el remate, con toda la publicidad consecuente, declarándose que el inmueble se entregaría ocupado, los compradores no pueden alterar en su beneficio y en perjuicio de los ocupantes, que invocan la calidad de inquilinos, las condiciones de venta que rigieron la subasta. De ahí que frente al derecho del tercero ocupante extraño al juicio que invoca una tenencia a su favor, y cualquiera sea su legitimidad la cuestión debe sustanciarse en el juicio con él con la amplitud necesaria del debido proceso de conocimiento, lo que no puede tener lugar dentro del estrecho marco de un incidente.-
Acción de amparo, competencia por el territorio, Constitución Provincial, competencia por la materia, acceso a la justicia, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: J., J. A.  c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia  s/ acción de amparo
Fecha: 2023-12-27

La Ley V N° 84 (art. 4°) otorgaba la posibilidad de entender en el proceso de amparo a cualquier ".Juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que la restricción tuviere o debiere tener efecto, el que será plenamente competente para conocer de la acción.", con adecuación al precepto 54 de la Constitución Provincial que atribuye ".a los Jueces." operar la garantía que consagra. Es decir dejaba en manos de todos los jueces, sin distinción de materia, inclusive aquellos pertenecientes a la jurisdicción penal, la posibilidad de entender en el proceso de amparo; privilegiando una posición garantista, en virtud de su naturaleza tutelar, por sobre las reglas distributivas de la competencia en razón de la materia (Bidart Campos, Germán "La Competencia en los juicios de amparo", LL.1999-E-80). La norma original responde a un criterio esencialmente práctico y atiende -nuevamente- a la naturaleza de los derechos afectados. El nuevo ordenamiento -Ley V Nº 180-, en cambio, prevé una doble limitación del derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. * Ley V N° 84 (art. 4°)
Policía, agente encubierto
Materia: PENAL
Carátula: VELIZ, GERARDO ANTONIO. s/ ROBO DE MOTOVEHICULO Y OTROS DELITOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-09

El agente encubierto, mediante la ley 25434, promulgada en el año 2001, se introdujeron en el Código Procesal Penal de la Nación, modificaciones tendientes a otorgar mayores atribuciones a la policía, fundándose estas iniciativas en las necesidades originadas en la creciente inseguridad ciudadana, a partir de la reforma del art. 230 bis, se autoriza a los funcionarios policiales y fuerzas de seguridad a requisar personas sin orden judicial en tanto ello se efectúe mediando circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitieran justificar dichas medidas.- Habíamos dicho que en cuanto a las afectaciones al derecho a la intimidad el tratadista decía: es indudable que un policía que actúa de agente encubierto y ocultando su condición accede de modo engañoso al ámbito de privacidad del sospechoso va a ser el éxito de su propósito investigativo en conseguir un consentimiento erróneo del investigado . " y a esta altura de la narración estamos en condiciones de aseverar que las víctimas de este delito no son agentes encubiertos, son simplemente dos mujeres honestas que fueron víctimas de un delito violento y digo esto porque, por más rigor que emplee el jugador para decidir la estructuración legal y como categoría probatoria específicamente nominada del conocimiento, con lo supuesto que la hacen procedente, con las normas que disciplinan su recepción y su incorporación al debate, no puede prohibirse, mutilándose el contenido de la declaración testimonial, sin apoyo en norma impeditiva y con menosprecio de la exigencia de la realidad, cual es la que todo testigo manifieste, si conoce al imputado presente en la sala, que el testigo indique que la persona que lo asaltó a el es o no la persona que lo asaltó. Y esto es, lo que ha pasado, con las dos mujeres, y la situación procedente, no constituye reconocimiento, aunque así se lo denomine impropiamente, sino un elemento de juicio que, sin la razonable valoración de un reconocimiento verdadero, quedará librado a la estimación conviccional, confiada a los jueces que tienen la responsabilidad de decidir bajo el amplio ámbito de la sana critica racional consagrado como un medio de prueba y también debemos agregar que el reconocimiento impropio o señalamiento del imputado en la audiencia de un debate por parte de un testigo es un medio de prueba que encuentra adecuado fundamento legal, ya que el testigo al deponer sobre los hecho, debe hacerlo sobre toda las circunstancias que lo configura, en cuanto a las personas, al lugar, al tiempo, al modo etc.., para que así su testimonio, integralmente valorado sirva al descubrimiento de la verdad. (Del voto en disidencia del Dr. Pellegri)
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Ferreti, Carmelo A. c/ Cooperativa de Previsión de Electricidad y otros Servicios Públicos de Crédito y Vivienda de Coronel Dorrego Ltda. s/ Reinstalación en puesto de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-25

La comunicación del art. 49 inc. b de la ley 23.551 no es constitutiva del derecho a la estabilidad sindical por lo que deja de ser necesaria si el principal conoce la situación aludida.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, prioridad de paso, bocacalle
Materia: CIVIL
Carátula: Rayotti, Juan Carlos y otro c/ Cadol S.C. y otro s/ Accidente de tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-03-18

La invasión de la calzada de la izquierda por un colectivo, no le quita prioridad de paso, pues su sentido de circulación no se ha modificado, a lo que se agrega que la motocicleta no circulaba por la misma arteria ni con sentido inverso al colectivo.
Acción de amparo, competencia originaria, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CIVIL
Carátula: CUADERNILLO DE APELACION EN "PARRADO, RUBEN c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-05

El Superior Tribunal de Justicia es competente para entender en la presente causa y, en general, el titular de la competencia originaria para entender en los recursos de amparo interpuestos contra los actos emanados de los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo de los municipios autónomos.-
Sentencia definitiva, recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia, recurso de inaplicabilidad de ley, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Lazarte de Lafranca, Marta Cristina y otra c/ Coproa  S.A.C.A.F.M. y S. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-24

No constituye sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario el fallo de la Corte provincial que desestimó el recurso de inaplicabilidad de ley deducido contra la sentencia de Cámara que había considerado que debía tenerse presente el allanamiento formulado por la demandada para el momento de dictarse la sentencia final del proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: S., G. H. Y M., R. A. c/  s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD COACTIVA AGRAVADA POR TRATARSE LA VICTIMA DE MUJER EMBARAZADA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-21

La defensa postula que al imputado se lo ha condenado por el sOlo hecho de ser hombre, valorando la declaración de los encartados de modo tal que se habría invertido la carga probatoria en su perjuicio; no obstante, no se hace cargo de rebatir los argumentos que la mayoría de la Cámara brindara en sustento de su decisión, al explicar fundadamente por qué motivos no debía asignarse el valor que la defensa pretendía a la versión de los justiciables, ni a los elementos arrimados al proceso por éstos, al confrontar su versión y cada extremo puntual aportado precisamente con el resto de las pruebas que obraban en la causa. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta y Dra. Gastaldi)
Contrato de trabajo, actividades laborales, aplicación de la ley laboral, crédito laboral, principios laborales, ley de contrato de trabajo, recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal, trabajadores rurales
Materia: LABORAL
Carátula: APAZA, Pedro Martín c/ PÉREZ, Esteban Anselmo y/o PÉREZ KRALIC, Esteban Anselmo y/o PROPIETARIO de FINCA BELGRANO- FRACCION K s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-09-05

Si bien no es aplicable al trabajo agrario el art. 92 LCT (art. 2 inc. "c" de la misma norma), sí lo es el principio que lo anima, en la medida en que nada puede llevar a presumir que un contrato no sea de carácter permanente.

Debe advertirse, que "el contexto de la legislación laboral argentina, incluído el art. 14 bis de la C.N., lleva a sostener que es lícito presumir, ante la existencia probada o admitida de relación laboral, que ésta es permanente, salvo prueba en contrario que deberá producir quien alegue transitoriedad", como dijo la Sala en autos Gerónimo c. Abilés, 28/5/02.
Reformatio in pejus, depreciación monetaria, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL - CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: UNIONE Y BENEVOLENZA c/ GURDULICH, MARIA A Y-O TERCEROS OCUPANTES s/ DESALOJO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 218-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-31

Puede entenderse configurado el vicio de "reformatio in pejus", si el Tribunal bajo el rótulo de actualización, hubiera fijado honorarios a la fecha de la sentencia de segunda instancia, que superaran el monto reajustado de los regulados en baja instancia.
Recurso de casación penal, prisión preventiva, libertad condicional
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: DENUNCIA S/ PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL BANCO PROVINCIA DE RIO NEGROA; ASUNTO:COERPE s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-11-07

Por sentencia Nro. 137 del 20-09-94 (Causa "Directorio Banco Prov.

de Río Negro"), este Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la casación impetrada y revocó el auto de prisión preventiva, entendiendo allí que el grado no había aplicado correctamente los arts. 291, 298 del CPP y sus remisiones al art. 26 del CP en razón de no haber examinado esta última norma dentro del marco del instituto de la prisión preventiva que debía conjugarse con principios constitucionales de gravitación (inocencia y "favor libertatis"). Cabe destacar que la argumentación expuesta para el análisis de la cuestión se daba en función del caso traído a estudio y en modo alguno de ello se podría deducir su aplicación generalizada, máxime cuando, como en el caso de autos, se presenta una plataforma procesal distinta de la existente en la citada previamente, ya que allí algunos inculpados no registraban auto de procesamiento y prisión preventiva anteriores y otros que sí lo registraban, tales resoluciones, no se encontraban firmes.

Contrariamente, y en la causa bajo examen, los recurrentes detentan a este momento dos procesamientos firmes
Accidente de tránsito, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa, Raúl Alejandro c/ Vío, Miguel y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-31

Teniendo en cuenta que el actor se había colocado detrás del camión conducido por el demandado, a fin de guiarlo en la maniobra de entrar el rodado al local del negocio para cargar mercadería, cabe concluir que el actor contribuyó en buena medida a la producción del accidente, sin dejar de destacar la concurrente responsabilidad del conductor, quien fue advertido para que detuviera el camión, lo cual no hizo. Consecuentemente, apreciando las características del suceso, la responsabilidad debe distribuirse en un cincuenta (50) por ciento para cada uno de los participantes del hecho ilícito.
Recurso de apelación (procesal), competencia por el territorio, declaración de oficio
Materia: PROCESAL
Carátula: CREDIT S.R.L c/ CABRERA Christián s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-11

Si bien es posible la declaración de oficio en razón del territorio cuando se trata de una ley de orden público, si se le dio curso a la demanda, despachando la ejecución, la posterior declaración de oficio resulta extemporánea.
Indemnización, muerte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SEVILLA FRANCISCO Y OTRA c/ ROBERTO DE LA MOTTA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S075 - 013)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-06-04

"... la privacion o disminucion de aquellos bienes que tienen valor precipuo en la vida del hombre y que integran el agravio moral resarcible, en si mismos considerados, resulta inconmensurables dada su propia naturaleza:.- "Por ello considero que el Magistrado tiene amplias facultades para poder valorar las distintas circunstancias a los fines de verificar, si se da o no la posibilidad para esta reparacion, facultades que, conforme a una constante jurisprudencia debe ejercerse con prudencia, para evitar que la indemnizacion acordada en base a su sola invocacion y sin que la condiciones del caso analizado las puedan realmente fundar. De ahi que librado al arbitrio judicial la determinacion del monto del resarcimiento del agravio ocasionado a los intereses morales tutelados por la ley, deben analizarse en profundidad las particularidades de cada caso, para que no se constituyan en una fuente de beneficios o enriquecimiento injustificado".-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Reyna, Bernardo D. c/ Leonardi, Juan C. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-19

Determinar la eficacia de la prueba producida es facultad privativa de los Tribunales del Trabajo y las conclusiones que al respecto establezcan sólo pueden ser revisadas ante la instancia extraordinaria por absurdo valorativo si se concreta denuncia de infracción al art. 44 inc. "e" del dec.ley 7718/71.