Homicidio con alevosía, sentencia no firme, presunción de legitimidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MERCADO Claudia Elizabeth y Olmos Jorge Luis c/  s/ Homicidio Agravado s/ Casación Homicidio Agravado s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-02-08

"Corresponde destacar que la situación que se presenta en el sub examine es la de dos acusados por delitos graves de homicidio agravado por alevosía que llegan al debate oral en libertad -por vencimiento del plazo prorrogado de prisión preventiva de 3 años- y que luego del juicio, desarrollado con el respeto de todas las garantías procesales y constitucionales, son considerados culpables imponiéndoseles a ambos la pena efectiva de prisión perpetua.

En ese cuadro de situación y a partir del dictado de tamaña condena, aunque aún no se encuentre firme, resulta razonable y lógico el encarcelamiento de los condenados con el objeto de asegurar el eventual cumplimiento de la sanción y lograr los objetivos del proceso penal.

Adviértase que el estatus jurídico de los encartados actualmente se corresponde con la de un condenado -con sentencia no firme- y no con la de un simple procesado. Además téngase en cuenta que el pronunciamiento dictado goza de presunción de legitimidad, en tanto fue emitido por un tribunal competente, con total respeto de las garantías, luego de haber valorado la situación material de los requeridos frente a la acusación que les fuere formulada y a las pruebas producidas a lo largo del juicio.

De modo que resulta imposible la configuración de alguno de los supuestos excarcelatorios previstos por el artículo 373 del Código Procesal Penal; siendo aplicable al caso lo dispuesto en el inciso primero del artículo 375 ibid. (.)En el sub judice considero que la grave sanción impuesta constituye una circunstancia de innegable riesgo procesal de que los condenados en libertad se sustraigan al accionar de la justicia y al cumplimiento de la pena, que ya no existe como simple expectativa sino como realidad.

Luego de una condena de singular magnitud se desvanecen las alternativas beneficiosas para lograr la libertad futura del enjuiciado, quedando únicamente como opción las vías recursivas correspondientes, por lo que a partir de allí la presunción de fuga adquiere especial relevancia y riesgo, teniendo en cuenta el natural instinto de conservación de la libertad que es inherente a toda persona humana.

De modo que la presunción de certeza y legitimidad que ostenta una sentencia definitiva de condena, en ciertos casos, debe prevalecer por encima de los intereses individuales del enjuiciado (.) No cabe perder de vista que la sociedad también tiene derecho a que las sentencias judiciales se cumplan y se hagan efectivas en sus propios términos, no quedando insolutas por cuestiones totalmente previsibles.

Aquí la medida de coerción personal no importa desconocer la vigencia del principio de inocencia sino de disponer lo conducente para adecuar procesalmente el contexto que sienta la decisión condenatoria. A diferencia de cómo lo plantean los recurrentes, el asunto no se trata de una cuestión de ejecución anticipada de la pena, sino de un tema enmarcado en el campo de la eficacia procesal para el futuro y efectivo cumplimiento de la condena que se presume legítima.

Así el encarcelamiento, luego de la sentencia condenatoria mientras no se encuentra firme, mantiene su naturaleza cautelar y no se ejecuta a modo de pena o sanción -con todos los efectos que ello conlleva- hasta tanto la sentencia pase en autoridad de cosa juzgada. La prisión dispuesta no es a titulo de pena, sino como medida cautelar ante el peligro de fuga que importa la sanción impuesta.

En este caso la coerción del Estado está justificada en la tutela efectiva de los fines del proceso".