marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Administración Pública, actuaciones administrativas, trámites judiciales, personería, acreditación de la personería, poder, recursos administrativos, informalismo a favor del administrado
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA CARLOS PELLEGRINI LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 82-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-26

Con respecto a lo sostenido por la actora, de que la Administración tiene el deber de intimar al administrado la subsanación de los defectos de representación que pudiesen presentarse, haciendo aplicación del principio de atenuación del rigor formal en favor del administrado, cabe acotar que la reglamentación para el trámite de las actuaciones administrativas, decreto-acuerdo 10204/58, prevé en su artículo 10 que: "Cuando se actúe ante la Administración en representación de terceros, deberá justificarse la personería".

Dicho precepto coloca en cabeza del interesado el deber de justificar la representación que se invoca. El inciso c), especialmente referido a las personas jurídicas, indica concretamente que quienes invoquen su representación deberán presentar el respectivo documento habilitante. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr. Ulla).
Concursos, bancos, fondos del concurso, inversiones
Materia: COMERCIAL
Carátula: PINFRUTA  SA s/ QUIEBRA  S/  INC. DE RENDICION DE CUENTAS DE LASINDICATURA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-06

Corresponde intimar al banco depositario de los fondos de una quiebra, a respetar la tasa de inversion a plazo fijo ofrecida por aquel en el marco de cierto llamado a licitación oportunamente ordenado para determinar el destino de dichos fondos, toda vez que no cumplió con la estipulación según la cual en caso de intentar desvincularse de la oferta debía comunicarlo con cierto plazo de anticipación, lo que no hizo ni puso de manifiesto las circunstancias que le impedían mantenerla, modificándola en forma unilateral.
Testamentos, incapacidad, prueba, defraudación, dolo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: G., S. A. Y OTROS c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-02-23

Corresponde rechazar la queja interpuesta por los actores civiles por cuanto, más allá del acierto o error de lo decidido, los mismos no han logrado acreditar que exista arbitrariedad en la decisión de la Cámara, que -luego de efectuar una detallada valoración de las pruebas producidas en el proceso- consideró que aun cuando fuera muy probable que el testador hubiera ya perdido sus atributos psíquicos al momento de testar, no lograron despejar todas las dudas sobre su estado; como así también, existiendo dudas acerca del estado de certeza respecto del conocimiento por parte de los imputados de su eventual incapacidad, no había suficiente convicción acerca de la presencia del elemento subjetivo -dolo- de los delitos de defraudación por los cuales se los acusara, toda vez que si existían discrepancias entre los médicos que dictaminaron acerca de su capacidad, difícilmente podía exigírsele ese conocimiento a quienes no lo son.
Ejecución de sentencia, sentencia definitiva, pago, régimen jubilatorio, cobro de retroactivo, deberes de la administración, Administración Nacional de la Seguridad Social, presupuesto
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GERMAN, ARON c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

La actual ley de presupuesto -25.237- establece, en sus arts. 45 a 48, un crédito destinado al pago de resoluciones judiciales como consecuencia de retroactivos originados en las prestaciones del régimen previsional público, debiéndose respetar el orden de notificación de las sentencias definitivas. Por ello, encontrándose firme la liquidación practicada en autos y atento la fecha de la sentencia que se ejecuta (en el caso, de marzo de 1992), corresponde intimar a la A.N.Se.S. para que en el término de diez días haga saber al Tribunal si dispone de crédito presupuestario para afrontar la obligación, y en caso afirmativo, dé inmediato cumplimiento a la sentencia que se ejecuta conforme lo dispuesto por los arts. 510 y 561 del C.P.C.C. Para el caso de carecer de crédito deberá , también en el plazo de diez días, acreditar haber notificado fehacientemente a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a fin que se incluya el monto resultante de aquélla liquidación en el proyecto del ejercicio financiero para el siguiente año (cfr. art. 62, 2do. párrafo, ley 11.672).
Accidente de tránsito, transporte benévolo, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ, Oscar Adolfo y otro c/ MOMESSO, Ricardo Luis y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

La circunstancia de que la víctima viajara con dos personas más en el asiento delantero de un automotor, cuando ello no era posible en razón de la capacidad del mismo, lo que además imposibilitaba el uso del cinturón de seguridad, constituye una imprudencia de su parte que la hace pasible de cierto grado de culpa por los daños sufridos.-
Mutuo, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: OPAL  S.C.A. c/ PALACIOS, M.G. Y OTRO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-31

En principio, las obligaciones en dinero no llevan intereses compensatorios. En este sentido ha de interpretarse el art. 621 en conexión con el art. 2248 del Código Civil. Según el primero "la obligación puede llevar intereses", lo que significa que no es forzoso que los lleve. Y, en igual sentido, completa esta idea el art 2248: "No habiendo convención expresa sobre intereses, el mutuo se supone gratuito, y el mutante sólo podrá exigir los intereses moratorios, o las pérdidas o intereses de la mora". En consecuencia, cuando la obligación de dar una suma de dinero proviene de un préstamo, no hay deuda de intereses compensatorios, salvo convención en contrario.

Cuando en el mutuo base de una ejecución no se pactaron intereses compensatorios, y la suma de dinero se prestaba sin intereses, estos no resultan exigibles. Sólo pueden pretenderse los intereses punitorios convenidos expresamente.

No hay una tasa legal que fije la cuantía de los intereses y que indirectamente determine cuál es la cuota que ya puede reputarse excesiva o usuraria. Es una calificación que varía en función de las circunstancias prevalecientes en los distintos períodos de tiempo.

Especialmente influyen esa apreciación el ritmo de la inflación que ha presionado a favor de un continuo aumento de la tasa de interés reconocido como legítimo.

Al no haberse convenido intereses por el uso del capital, la cuantía de los intereses moratorios, debe fijarse en el nueve por ciento anual.
Recurso de apelación (procesal), tasa de justicia, falta de pago
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ÁBREGO, LUIS ALBERTO EN J° 29.813/111.740 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. (EXPTE. N° 87.567 ) c/ ÁBREGO LUIS ALBERTO s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-03-06

El art. 302 del Código Fiscal, en lo atinente al momento, en que debe efectuarse el pago de la gabela, remite al art. 299 del mismo cuerpo legal, remisión que supone que el plazo comienza a correr desde la interposición del recurso.

Ante la insuficiencia del depósito, advertida con posterioridad al acto procesal que dio trámite a la apelación, la omisión legal en prever este hecho, no puede significar que, automáticamente, el plazo comience a computarse a partir de un momento distinto al previsto en la norma, sustituyendo el juez la voluntad del legislador.

Sin embargo en el caso concreto, la aplicación de esta regla, podría violar de modo manifiesto el acceso a la justicia, ya que si firme el decreto que dio trámite al recurso, el tribunal advierte la insuficiencia del pago de la tasa en los días previos al vencimiento del plazo, el litigante, que confió en la actuación judicial, cae en una verdadera trampa procesal.
Prenda, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CIRCULO DE INVERSORES  S.A. c/ COZZANI, ANDRES s/ CONTRATO DE PRENDA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-01

El contrato de prenda debidamente inscripto es título ejecutivo hábil sin necesidad de previo reconocimiento de firma (ley 12962:26), presunción de autenticidad de la que se deriva la eficacia del domicilio en el constituido, lugar ese en el cual puede practicarse la intimación de pago.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: CHAREU,MIGUEL ANGEL s/ ROBO CON ARMAS EN DESPOBLADO Y EN BANDA"EXPTE. N13005/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-05-23

El deber de motivar la sentencia se trata de una exigencia que constituye una garantía constitucional y así lo reconocen numerosos fallos de los Tribunales nacionales, la Corte Suprema Nacional ha declarado que "la exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional" y que la sentencia que aparece destituida de fundamentos legales, viola la garantía constitucional de la defensa en juicio.La Casación, al controlar la motivacion, considera el juicio de hecho unicamente bajo el perfil de su estructura, es decir, del proceder, como resulta de la motivación de la sentencia. El elemento discrecional del juicio esta siempre inmune a la censura, aun en cuanto a las razones de su determinación.Solo es preciso que estas razones subsistan y que se manifiesten a traves de la motivacion, de modo de consentir el control del juicio.
Municipalidad, exoneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORELLANO, CARLOS ALCIDES c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 275-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-05-30

No se vulnera el derecho de defensa del agente cesanteado, aun cuando no medie la instrucción de un sumario formal, cuando aquél tuvo oportunidad de ser oído.
Contrato de transporte, responsabilidad del transportador
Materia: COMERCIAL
Carátula: L.P.M. ARGENTINA SRL c/ PC ARTS ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-16

Es sabido que la obligación del transportista es de resultado y, por ello, la falta de entrega de mercadería le es como principio imputable a título de incumplimiento contractual, a menos que pruebe que ese evento es la consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor (artículo 172 del Código de Comercio). Al ser ello así, en algunos casos, para eximir su responsabilidad, no basta a la porteadora alegar y probar que la falta de entrega deriva de la sustracción ilícita de la mercadería por parte de terceros, sino que debe demostrar que dicho actuar delictivo le ha sido irresistible o inevitable (conf. CNFed. Civ. Com., Sala I, 18/9/79, "L´Unión des Assurances de París I.A.R.D. s/ González, Luis", LL 1980-B, p. 85).
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: PENAL
Carátula: Vargas, Rosa s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad que denuncia la transgresión del art. 159 de la Constitución Provincial, si la Cámara resolvió rechazar el pedido de nulidad de la declaración indagatoria efectuado por el Fiscal de Cámaras, fundamentándose en los arts. 18 de la Constitución Nacional, 13, 16 y concs. de la Constitución Provincial y 305 y concs. del Código de Procedimiento Penal, y así aparecería vinculada la posterior resolución que desplaza el saneamiento de la nulidad por la ulterior absolución.
Recurso de inconstitucionalidad, jueces, sentencia, servicio penitenciario, Estado Provincial, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: DRA. BALANGIONE, JAQUELINA c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-28

Se advierte que la Alzada, en el marco de su competencia funcional, al tener por constatada la alegada falta de acreditación de un extremo esencial para la efectiva procedencia de la acción entablada, concluyó que las medidas dispuestas en su consecuencia por el Juez de grado excedían del marco de actuación judicial, en tanto se relacionaban con el diseño de políticas públicas, enmarcándose estos argumentos dentro de límites interpretativos posibles, sin que la impugnante demuestre su irrazonabilidad o exceso, o defecto en dicha labor, guardando este criterio, por lo demás, correspondencia y apoyándose en lo sostenido por esta Corte en orden que a la hora de resolver los reclamos canalizados a través de los hábeas corpus correctivos y colectivos los magistrados deben extremar los recaudos para no excederse en su función; puesto que no le corresponde al Poder Judicial inmiscuirse en cuestiones que constituyen una decisión de resorte exclusivo del Servicio Penitenciario, ni asumir funciones de gestión política que no es la que tiene asignada por la Constitución, por cuanto, más allá de poder llegar a confrontar con la división de poderes, no puede desconocerse que en muchos casos se trata de problemáticas relacionadas con cuestiones de discrecionalidad técnica, cuya solución exige conocimientos y capacitación específica en el área respectiva. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 265, p 359/376; T 302, p 80/86. (Del voto de la Dra. Gastaldi, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Erbetta, Falistocco y Llaudet Maza)
Robo en poblado y en banda, robo con armas, cambio de calificación legal, pericia balística, idoneidad del arma
Materia: PENAL
Carátula: HEREDIA, RICARDO. s/ ROBO. POBLADO. BANDA. SENTENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-14

Si bien no es posible aplicar la agravante del art. 166 inc. 2do C.P., al no poder determinarse si las armas eran funcionalmente útiles, debe en cambio aplicarse la del art. 167 inc. 2do y admitirse plenamente la figura de "robo en poblado y en banda", dado que en el hecho actuaron tres sujetos, sin que sea obstáculo para ello la circunstancia de que uno de los autores se encuentra prófugo; el cambio de calificación jurídica no agravia a los encausados, porque tratándose del mismo tipo penal vinculante no hay mutación esencial del delito en sus elementos materiales o psíquicos por otros distintos o más graves que modifiquen el hecho imputado.
Honorarios, base regulatoria
Materia: LABORAL
Carátula: SOTO ANGEL FORTUNATO c/ PINDAPOY S.A. s/ INDEMNIZACIONES-DAÑO MORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-04-30

Del análisis del artículo 227 de la Ley de Contrato de Trabajo resulta la vigencia de un límite en la cuantía de las costas derivadas de los juicios laborales, más allá del cual el legislador las ha considerado excesivas y ha dispuesto, en consecuencia, su obligada y oficiosa reducción por los jueces. La pauta a tener en cuenta para determinar la existencia del exceso y, por ende, proceder a la aludida reducción está dada por la relación entre el monto de la sentencia, laudo, etc. que pone fin al juicio y el de las costas procesales, incluidos los honorarios de todo tipo allí devengados en la primera instancia, cuyo monto, con exclusión de las correspondientes a los profesionales que representaron, patrocinaron o asistieron a la parte condenada en costas, no podrá exceder del 25 por ciento de aquella condena o transacción.
Instrucción, agente fiscal, requerimiento de instrucción
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ARNES, JOSE R. s/ INSTRUCCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Comenzadas las actuaciones por vía de actividad policial, se configura una de las alternativas de génesis sumarial previstas en el art. 195 del C.P.P. , no siendo menester, en tal caso, requerimiento formal por parte de la fiscalía para que las actuaciones progresen, dentro del armónico juego propuesto por ese precepto con los arts. 186 y 188 del mismo cuerpo legal.
Secuestro extorsivo, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ ARMANDO REGINO Y OTROS s/ SECUESTRO  EXTORSIVO - JURISDICCION FEDERAL - JURISDICCION ORDINARIA   SUSTRACCION DE MENORES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-06-09

Este delito -secuestro extorsivo- no ha sido incluido en los títulos noveno (delitos contra la seguridad de la nación) o décimo (delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional), sino en el título quinto (delitos contra la libertad) y, específicamente, en el capitulo que resguarda la libertad individual de modo que solo este es el bien jurídico protegido por la norma.
Beneficios previsionales, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vargas Juan Carlos c/ Poder Ejecutivo de San Juan s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-09-10

En la época en que fue sancionada la ley 4266 (art. 34) se justificaba, teniendo en cuenta la posición protegida de la mujer en la sociedad, quedando a cargo, casi exclusivo, del esposo el mantenimiento del hogar conyugal. Esta situación ha cambiado con los tiempos, hoy, en su gran mayoría es común la contribución de ambos cónyuges en el sostenimiento del hogar, presentándose casos, en los cuales la esposa era su sostén principal.

La transferencia del Sistema Previsional Provincial al Estado Nacional, aún cuando deba el caso regirse por la ley provincial, crea un trato discriminatorio entre lo contemplado por el art. 1 de la ley 23.570, que reconoce el derecho de pensión al viudo sin requisito alguno y la norma Provincial comentada. Se vulnera así el principio constitucional de igualdad ante la ley en igualdad de circunstancias; principio reconocido, también, por los Tratados Internacionales, incorporados a la Constitución Nacional.

Otra interpretación de la norma cuestionada es lesiva de los principios de solidaridad que impera en el moderno sistema previsional, y el de protección integral de la familia consagrado por la Constitución Provincial; impregnada, también, de un sentido de solidaridad social al estimular "una sociedad abierta y solidaria", como lo expresa en el Preámbulo. Corresponde en consecuencia, con los fundamentos expuestos, decretar la inconstitucionalidad del art. 34 de la ley 4266.
Intereses, tasas de interés
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Nuñez Valentín c/ Bodegas y Viñedos Giol E.E.I.C. y/o quien resulte responsable s/ Integración mes de despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-05-06

A partir del fallo de la Corte Suprema, dictado en el caso Banco Sudameris c/Belcam S.A., se desfederalizó la cuestión referida a intereses, quedando desde el dictado del mismo la aplicación de intereses librada a la prudente apreciación de los Jueces para su determinación. En virtud de ello, la aplicación de una tasa de interés intermedia, resultante de promediar las tasas activa y pasiva, en el entendimiento de que dicha tasa intermedia o promedio resulta más justa y equitativa para ambas partes, en tanto la tasa activa contiene un costo operativo que no puede trasladarse en beneficio de una parte y en perjuicio de la otra, y la tasa pasiva no evita el deterioro del capital llegando a convenir al deudor no pagar, con el consiguiente perjuicio al acreedor, en consecuencia la tasa de interés a aplicar ser la que resulta de promediar la tasa activa y pasiva que aplica el Banco de la Nación Argentina.
Marcas, oposición al registro de marca, medicamentos, cotejo de marcas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Laboratorios Bagó  S.A. c/ Laboratorios Elea  S.A. s/ Oposición registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-04

En todo lo relativo a marcas de productos medicinales los principios generales adquieren un rol muy peculiar, por varias razones:

a) Que existe un "consumidor profesional calificado", característica que se afirma, cuando el que receta o consume, es un médico.

b) Las recetas que son prescriptas en recetarios médicos y expedidas por las farmacias, que se presumen controladas en ambos extremos, por lo menos dos profesionales: médicos y farmacéuticos, y su accionar se esmera ante posibles fallas no aceptadas en los profesionales que agravan su responsabilidad.

c) Las marcas, se asocian generalmente con el nombre de la empresa (léase laboratorio), titular de su fabricación, distribución directa a través de droguerías y ventas generalmente al por mayor.

d) El envase, color, emblema, presentación, de cada laboratorio, difiere uno de otro; e incluso los propios productos de cada fabricante se diferencian entre sí, lo que tiende a evitar confusiones.

e) El público, afina su control en todo lo relativo a los remedios recetados, a tal punto que lo usual es que lean los prospectos, en particular sus indicaciones, componentes y la posología. A nadie hoy escapa fijarse en la fecha de vencimiento de envase. Esta es la cultura media de público y notorio, en particular observada por las amas de casa, que se agudiza en las madres de familia.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calcagno, Alfredo Eduardo c/ Tevimaq S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

Las "estimaciones" de las partes efectuadas en los escritos introductivos del proceso no atan al Magistrado, quien debe decidir conforme su prudente arbitrio salvo el tope cuantitativo que se hubiese establecido por el justiciable y la consideración eventual del Magistrado de que lo prudente hubiese sido superior a ese tope art. 165 CPCC), sin dejar de lado que la merituación del juez debe tender a establecer la resultante equitativa de la real medida del daño (cit. art. 1068 del C. Civil).
Quiebra fraudulenta, levantamiento del embargo, oficios, falsificación de instrumento público, participación necesaria, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GALVAN, Ebar Oscar. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-22

El delito de quiebra fraudulenta se configura cuando: "la posibilidad de percibir los créditos se reduzca tanto que resulte muy dudoso".

La no justificación de la salida o existencia de bienes que el comerciante debiera tener o la sustracción u ocultamiento de alguna cosa que correspondiere a la masa, es otra manera de comisión del delito de quiebra fraudulenta.

Si se lo que se le imputa al incuso consiste en haber sustraído los bienes embargados que le fueron confiados en depósito judicial, su procesamiento ha sido bien decretado.

En cuanto a la falsificación de instrumento público, si se encuentra comprobado que la falsificación del oficio librado al Registro de la propiedad Inmueble, con el fin de levantar la inhibición general de bienes decretada en el expediente comercial, sólo tendría por beneficiario al imputado en perjuicio de los acreedores y toda vez que el encausado no podía desconocer la ilicitud de su conducta, pues el levantamiento de la inhibición general sólo puede ser dictada por el juez competente y no por terceros, corresponde confirmar su procesamiento en orden al delito de falsificación de documento público en calidad de participe necesario.
Recurso extraordinario, cuestión federal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Quadrum S.A. c/ Ciccone Calcográfica S.A. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

Con amparo en lo dispuesto en el art. 14 de la ley 48, siempre que esté en tela de juicio la interpretación de un pronunciamiento de la Corte Suprema en el que el peticionario funde su derecho, se configura una hipótesis que hace formalmente viable el recurso extraordinario, cuando la resolución impugnada consagra un inequívoco apartamiento de lo resuelto en el caso por el Tribunal.