Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-09


SENTENCIA Nº 38731 JUZGADO Nº 20 AUTOS: "D´ADDONA Vanina c. SEGAR SEGURIDAD S.R.L. s. Despido" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de marzo de 2012, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de primera, que hizo lugar a la demanda, viene apelada por la demandada.	II.- El recurso de fs. 286/289 es improcedente.

El agravio relacionado con los "dichos de los testigos" es insuficiente, porque la apelante omite precisar tanto como analizar las declaraciones con las que la magistrada desestimó su postura. Su planteo se limita a señalar la verosimilitud de una disímil cuestión de hecho que no es dirigida hacia un resultado determinado de propuesta. En definitiva, las sugerencias de la apelante parten de premisas conjeturales que no acceden a la calidad de agravio en sentido técnico-jurídico. Sostiene que la sentenciante no hizo mención del escrito de impugnación que interpuso contra la declaración de Galia, pero no se hace cargo de que la a quo sí se pronunció al respecto y manifestó que "...la impugnación intentada por la demandada a fs. 188 carece de entidad para refutar los dichos de la testigo Galia, en tanto la misma ha dado suficiente razón de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tomó conocimiento de los hechos sobre los que declara. En consecuencia, he de considerar su declaración en este decisorio, más aún cuando sus dichos se encuentran corroborados con los dichos de los restantes testigos ofrecidos por la propia demandada..." -v. fs. 280-. Era carga incumplida de la apelante demostrar al tribunal, con precisa referencia al material probatorio acumulado, vicios in judicando derivados de la incorrecta apreciación de la prueba o de la indebida aplicación de las normas jurídicas que gobiernan la cuestión (artículo 116 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18.345).

El agravio titulado "constancias que surgen del informe pericial", también es insuficiente. La quejosa se limita a sostener que se encuentra violado "...el principio de bilateralidad, el derecho de igualdad de las partes y en definitiva por la arbitrariedad de la causa que tienen incidencia en la cuestión debatida, sin hacer mención a ellos...". Precisamente se agravia de que la a quo "...omite mencionar y por ende valorar la impugnación de su parte...", pero que "...sí alude a la impugnación que efectuó la parte actora...". En definitiva, la apelante no se hace cargo de que a fs. 283 la sentenciante, refiriéndose a la pericia contable, concluyó que "si bien la parte demandada a fs. 239 impugnó en forma genérica ... por considerar que el experto está emitiendo un criterio respecto a lo que supuestamente debía abonársele a la actora, debo señalar que tal cuestíon fue analizada por la suscripta en este decisorio en párrafos anteriores, por lo que, a mi entender corresponde admitir el criterio utilizado por el experto...". Por lo que corresponde se confirme lo resuelto en grado (artículo 116 ya citado).

En cuanto al tercer agravio, denominado "viáticos", la sociedad demandada sostiene que "...el decisorio se ve invalidado por carecer de fundamentación jurídica..." y agrega que, "...la sentencia de limita a decir ´estimo que tal concepto -los viáticos- reviste carácter remuneratorio´ sin sustento jurídico alguno...". La quejosa, con lo expuesto como defensa, no logra revertir lo resuelto en grado. Esta Sala en autos "Hidalgo Correa, Marlyn Jhanel c. Coto C.I.C. S.A. s. Despido", sentencia definitiva n° 38506 del 12.10.11, ya ha tenido oportunidad de sostener que: "En materia de derecho del trabajo la naturaleza salarial de las prestaciones está expresamente legislada. Como señalara, el artículo 103 de la L.C.T. establece que, a los fines de la ley, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Por lo tanto una resolución ministerial homologatoria no puede calificar un "incremento de salarios" como no remuneratorio porque ello contraría una norma de rango superior y, además, va en contra de principios elementales del derecho del trabajo.Como dice también Fernández Madrid el acto homologatorio no tiene la virtualidad de purgar el vicio de origen, ya que la autoridad de aplicación debe, en todos los casos hacer un control de legalidad de los convenios y acuerdos, en los términos del artículo 7º de la ley 14.250 y 8º de la L.C.T. Y si lo hace mal, la sanción es la nulidad de la cláusula que contraría la ley. El convenio colectivo no puede exceder los límites de la disponibilidad colectiva, particularmente cuando se trata de una materia tan delicada como el salario, que se proyecta sobre numerosas prestaciones laborales. Y la calificación ilegítima de una determinada prestación como no salarial puede originar un grave conflicto para la empresa, pues esta materia está siempre sujeta a la decisión judicial, que tiene la obligación de adecuar lo actuado en la sede administrativa al tipo legal". Finalmente, no puede soslayarse que conforme a lo dispuesto por el artículo 9 de la L.C.T. cabe a los jueces la interpretación de las normas y, dentro de esa tarea, la determinación del verdadero alcance de un acuerdo de salarios, por lo que resulta inoperante que exista homologación ministerial...". El criterio expuesto fue implicitamente ratificado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al confirmar un pronunciamiento de la Sala III de esta Cámara, considerando que, a la luz de los precedentes: "Pérez, Aníbal Raúl c. Disco S.A." (Fallos: 332:2043) y "González, Matín Nicolás c. Polimat S.A. y otro" (Fallos: 333:699 - fs. 803/810), resultaba insustancial entrar al tratamiento de la queja referida al otorgamiento de carácter remuneratorio a pagos realizados por conceptos no integrativos del sueldo (conf. "Sobrino Esteban Aníbal y otros c. Telefónica de Argentina S.A. s. Diferencias de salarios") .

Este criterio es aplicable al caso de autos, aún cuando se trate de viáticos, pues las partes convencionales les otorgaron carácter no remuneratorio aún cuando no existiese obligación de presentar comprobantes y si bien ello pudo ser posible conforme lo establece el artículo 106 de la L.C.T., lo cierto es que el pago de este concepto, al ser de obligación mensual e independiente del traslado o no del empleador (en el caso el actor trabajó en un mismo objetivo) desnaturaliza el sentido del viático, que es el de compensar los gastos incurridos en la prestación de la tarea y no hace sino confirmar que, en el caso específico, a través de su pago se pretendió encubrir un aumento de salarios. Sugiero confirmar este aspecto de la sentencia. Por último, el agravio numerado IV -"supuestas horas extras"-, es insuficiente, ya que el quejoso relata que la magistrada "omite toda consideración sobre las reales circunstacias de hecho y que fueron invocadas por las partes y surgen de los textos del intercambio telegráfico y de los testimonios rendidos, cuyo análisis omitió el a quo o si lo analizó, llegó a una conclusión inversa al sentido del mismo". La censura que formula la quejosa, entraña una mera discrepancia subjetiva que no constituye una crítica concreta y razonada según lo exige el artículo 116 del ordenamiento procesal. Hago esta afirmación porque en la memoria recursiva, la apelante ni siquiera detalla aquéllo que dice que surge del intercambio telegráfico y de los testimonios. En síntesis, debe quedar al abrigo de revisión la condena dictada.

III.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, propongo se la confirme en todo lo que fue materia de agravios; con costas de alzada a la sociedad demandada; y se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior (artículos 68 C.P.C.C.N.; 14 de la ley 21.839).- EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)	Confirmar la sentencia apealda en todo lo que fue materia de agravios;

2)	Imponer las costas de alzada a la sociedad demandada;

3)	Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.- lnp LUIS ALBERTO CATARDO VICTOR ARTURO PESINO JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA	Ante mí:	ALICIA E. MESERI	SECRETARIA