Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-06-14


Expte. Nº 6473, caratulado "c/ N. N., N. N., N. N. y N. N. -por tortura seguida de muerte en perjuicio de N. N. s/ juicio s/ Casación" En la Ciudad de San Juan, a catorce días del mes de junio del año dos mil dieciséis, se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, por los doctores Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso los recurrentes de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal -ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Son procedentes los recursos de casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? ------------------------------------------- ---- EL SR. MINISTRO, DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL DIJO: --------------------------------------------------- ---- Contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara Penal y Correccional, cuya parte resolutiva obra a fs. 858/859 y sus fundamentos se agregan a fs. 860/885 vta., deducen recurso de casación el Dr. Fernando R. Castro, defensor de N. N. y de N. N. (fs. 891/905) y Dr. Rolando Aníbal Lozano, por la defensa de N. N. (fs. 906/923). A su vez el titular de la Fiscalía de Cámara Nº 1, Dr. José Eduardo Mallea, a fs. 924/943, impugna el dictum por la misma vía recursiva.---------------------------------- ---- El fallo atacado condenó a N. N. a la pena de prisión perpetua, por considerarlo autor del delito "Tortura seguida de muerte" (art. 144 ter, inc. 2º del Código Penal), en perjuicio de N. N. (Punto I; fs. 858). Asimismo, impuso a los acusados N. N. y N. N. la pena de tres (3) años de prisión en suspenso (art. 26 del C.P.) e inhabilitación especial por el lapso de seis (6) años, por la comisión del delito "Apremios Ilegales" (art. 144 bis, inc. 2º del C.P.), en perjuicio de N. N. (Puntos II y III, respectivamente; fs. 858 y vta.). Por otra parte, absolvió a N. N. de los delitos "Incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "Falsificación Ideológica de documento público", en concurso real (arts. 248; 292 1º párr.; 298 y 55 del C.P.), en perjuicio de la Administración Pública (Punto IV; fs. 258 vta.). Finalmente, dispuso la absolución de N. N., de los delitos "Incumplimiento de los deberes de funcionario público", "Violación de los deberes de evitación de la comisión del delito tortura" y "Omisión de los deberes de vigilancia", en concurso real (arts. 248; 144 quater inc.1º; 144 quinquies y 55 del C.P.), (Punto V; fs. 858 vta./859).------- ---- En cuanto al planteo del Dr. Fernando Castro, se aduce primeramente que el A quo habría incurrido en la hipótesis prevista en el inc 2º del art. 574 del C.P.P. Los agravios que abonan dicho motivo son -entre otros- los siguientes: Se señala que no obstante el pedido de absolución de los imputados N. N. y N. N. efectuado por el Fiscal de Cámara, el Tribunal Sentenciante condenó a ambos acusados por el delito "Apremios Ilegales". En tal contexto, expone el quejoso que sólo N. N. fue acusado de la comisión de tal delito por el querellante pues N. N. no habría afrontado acusación alguna al respecto. Refiere entonces que el A quo se basó en la doctrina fijada por la Corte Federal en el caso "Santillán, Francisco", sin evaluar que el posterior precedente "Mostaccio" retomó la doctrina judicial sentada in re "Tarifeño". Dice que, según lo fijado en estos últimos fallos, se exigiría obligatoriamente la acusación fiscal durante el debate para que recaiga válidamente condena. Afirma también que la ausencia de acusación constituiría un aspecto de orden público, por lo cual, se habría incurrido en un vicio cuya nulidad sería absoluta e inconfirmable (cfr.art. 201 inc.1º del C.P.P). En orden a ello, peticiona que se declare nula la sentencia dictada (cfr. 587 C.P.P.).------------------------------------------------------------- ---- Como segundo motivo de queja se alega que la condena resultaría arbitraria, ya que no constituiría una derivación razonada del derecho vigente en relación a las circunstancias comprobadas en la causa. Los agravios expuestos en tal sentido, son los siguientes: Se sostiene que la solución condenatoria se basó exclusivamente en el testimonio de N. N., cuyas contradicciones y omisiones desautorizarían su versión como prueba de cargo válida. Refiere además el presentante que la versión del nombrado habría experimentado cambios significativos durante el proceso, y que en el acta de inspección y croquis ilustrativo del lugar de detención, N. N. no dejó constancia alguna de agresiones físicas y verbales contra el aprehendido. Sostiene también que la versión rectificatoria de N. N. fue brindada siete días después de acaecido el hecho y que en el debate no pudo sostener sus dichos. Arguye además que del protocolo de autopsia y declaración del médico forense se conoció tanto la causa de muerte, como el estado general de la anatomía del occiso, pero que no existió ninguna indicación vinculada con la época en que cada uno de los estigmas fue producido, ni mucho menos de su posible autor. Juzga que al condenar se habría impreso una lógica personal y voluntarista, en contra de las reglas de la sana crítica racional, por lo cual peticiona que se case el auto recurrido. Formula reservas.-------------------------------------------------- ---- Por su parte, el Dr. Rolando Lozano invoca el vicio in procedendo del dictum, afirmando que la tesis fáctica propuesta como verdad probada no se compadecería con una valoración integral, razonada y objetiva de la prueba incorporada al proceso. Denuncia también que al relatarse los hechos y la calificación jurídica que da base a la imposición de pena, se habrían violado las exigencias del art. 155 C.P.P. Así, los agravios esgrimidos son los siguientes: 1) Se expone que la prueba desacreditaría que la víctima se defecó encima y que tal conclusión surgiría también del Protocolo de Autopsia. Se indica que no resultaría posible que N. N. golpeara a N. N. provocándole heridas tan graves, ya que de haber sido así, N. N. no habría podido desvestirse para defecar, ni realizar otros movimientos en su celda. Se agravia también de la hora que el A quo fijó para la muerte del damnificado, y que sin fundamentos valederos se considerara falsa la constancia de salida de la dependencia policial, plasmada en el Libro de Guardia. Se cuestiona que el horario de la muerte no coincidiría con los signos anatómicos hallados en el cadáver. Por otra parte, se destaca la supuesta contradicción en la determinación del "Tercer Hecho". En relación a ello, alega el quejoso que para fundar la sentencia de condena de N. N. se indicó que el fallecimiento de N. N. tuvo lugar antes de las 6:00 de la mañana, pero que al justificar la absolución del coimputado N. N., el A quo determinó que este último se presentó a las 7:00 hs. a tomar servicio en la Seccional Sexta encontrando viva a la víctima, aunque en mal estado. Todo lo cual revelaría la presunta arbitrariedad del Sentenciante, configurándose el supuesto del art. 480 inc. 3º C.P.P. 2). Se cuestiona por inaceptable la valoración de declaraciones que no concordarían entre sí y resultarían insuficientes para fundar una condena, marcándose distintos aspectos en que los deponentes disintieron. 3) Se aduce que el decisorio no habría satisfecho las exigencias del art. 243 del C.P.P., sino que reposaría en la íntima convicción del Juzgador. En consideración a tales argumentos, peticiona el letrado impugnante que se case el fallo dictado y absuelva lisa y llanamente a N. N., por la acusación efectuada. Formula reservas.------------------------ ---- En lo que hace al recurso deducido por el Ministerio Público Fiscal, los agravios invocados son -sintéticamente- los siguientes: a) En relación al "Primer Hecho", se aduce que los golpes supuestamente recibidos por N. N. en el Parque Municipal de Rawson fueron negados por todos los testigos que presenciaron su aprehensión, y que el fallo exclusivamente se basó en el testimonio del cabo 1º N. N., quien aportó distintas versiones a lo largo del proceso. Se considera además que no es real que N. N. haya sufrido golpes durante la detención, ya que estaba normal cuando se lo trasladó hasta la Central de Policía. Asimismo, se señala que el médico forense fue categórico en precisar que la muerte de la víctima se produjo después de una hora de haber sido golpeado, por lo cual, no condecirían tales datos con la conclusión que se alcanzó. Se critica también que el fallo condenara a N. N. y a N. N. pese al expreso pedido de absolución por parte del Acusador, alegándose que tal solución violentaría la doctrina fijada por este Tribunal Superior en autos Nº 3660 "c/Castañeda González Leonardo Rodrigo...s/casación". Se expresa asimismo que la condena se basó en el precedente "Santillán, Francisco A." de la Corte Federal, siendo que debió privilegiarse lo fijado por dicho Tribunal en in re "Mostaccio". b) En lo atinente al "Segundo Hecho", se alude primero a la situación de N. N., refiriéndose que se habría ignorado el pedido de condena por homicidio agravado por abuso de la función (art. 80 inc.9º C.P.) y mantenido infundadamente la calificación de "tortura seguida de muerte". En cuanto a ello, se considera que esta última figura debiera quedar reservada para los denominados "delitos de lesa humanidad". Por otra parte, se manifiesta que al momento de acusar se optó por la calificación menos gravosa para el imputado, ya que el tipo legal atribuido resultaría imprescriptible. c) Respecto al "Tercer Hecho", se indica que la decisión del Tribunal habría sido contradictoria ya que N. N. debió haber denunciado, o poner en conocimiento de sus superiores, el fallecimiento de la víctima, y no consignar en el Libro de Calabozo que recibía la guardia "sin novedades"; juzgándose que ello constituiría un delito de "Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público". Se critica además que se lo absolviera a N. N. pese a que la sentencia consideró que el libro de calabozos es un instrumento privado y se insertaron falsedades en él. Por otra parte, se sostiene que tal libro es un instrumento público que debe ser llevado con ciertas formalidades, ya que sus constancias darían fe de las aseveraciones o manifestaciones contenidas. d) Se refiere a que no se accedió al cambio de calificación del delito atribuido a N. N. (pese a no tratarse de un hecho nuevo) ya que de la plataforma fáctica surgiría el delito "Homicidio Agravado por abuso de la función" (conf. art. 80 inc. 9º C.P.). En consecuencia, se estima que no resultaba procedente recurrir al trámite previsto en el art. 457 C.P.P., ya que sólo hubo un pedido de ajuste o cambio de calificación jurídica del accionar reprochado. Por otra parte, se advierte que durante todo el proceso al imputado se lo indagó por el delito de "Tortura seguida de muerte" y no solo por las otras figuras menores. Por ende, se considera que en ningún momento hubo un estado de indefensión del acusado, ni vulneración al principio de congruencia. Finalmente, y en función de las consideraciones vertidas, se solicita la absolución de N. N. y N. N. por el delito atribuido en el fallo; que se condene a N. N. y N. N. por el delito previsto en el art. 80 inc. 9º C.P.; y se revoque la absolución dictada a favor de N. N., condenándoselo a la pena solicitada por el recurrente al formular la acusación.------------------------- ---- A fs. 951/954 vta. y 966 y vta., fueron concedidos los recursos de casación interpuestos por los impugnantes.----------------------------------------------------- ---- Tramitados que fueron los respectivos planteos, a fs. 977 la Dra. Gloria Alicia Esquivel Puigros, en carácter de Fiscal General Subrogante, procedió a mantener el recurso de casación incoado por el Sr. Fiscal de Cámara. ---- A fs. 979/996 vta. compareció el Dr. Lozano, quien reiteró los agravios de su planteo recursivo.---------------- En cuanto a la defensa técnica de N. N. y N. N., a fs. 1006/1009 ratificó los agravios presentados. No obstante, amplió su argumentación discrepando con la tesis del Ministerio Fiscal respecto del "Segundo Hecho". Expuso así que el requerimiento de elevación a juicio no es un simple formalismo procesal, sino que constituye la determinación de las reglas de juego a que se ajustará la tensión entre defensa y acusación. Indicó que serían parte de tales reglas la determinación de la plataforma fáctica y su calificación legal, a fines que el imputado y la defensa tengan posibilidades de contradecirlas. Alegó que el sistema penal prevé la ampliación del requerimiento fiscal si de la instrucción o del debate surgieren nuevos elementos no contenidos en el requerimiento de elevación, permitiendo solicitar la suspensión del proceso para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa ante aquellas circunstancias agravatorias para el acusado; señalando que el Acusador obvió tales lineamientos cuando planteó el cambio de calificación. Finalizó afirmando que tampoco sería correcto considerar al delito "Tortura seguida de muerte" como de lesa humanidad. -------------------------------------------------- ---- A fs. 1013/1019 el Ministerio Público Fiscal reiteró -en términos similares- lo vertido en su impugnación.---- ---- Habiendo citado los principales agravios de los recursos deducidos, procederé a efectuar su análisis a fines de verificar si resultan viables.-------------------- ---- En primer lugar, y en lo que atañe a la condena dictada contra N. N. y N. N., por el delito de apremios ilegales, pondero que la queja es admisible. Tal conclusión deriva como consecuencia de que el Tribunal condenó a los acusados pese al expreso pedido de absolución formulado por el Ministerio Público Fiscal (ver fs. 848 vta.). Los argumentos que sustentaron esa decisión estuvieron fincados en que de acuerdo con la doctrina sentada por la Corte Federal in re "Santillán, Francisco A.", la acusación formulada por el querellante conjunto permitió mantener vigente la acusación fiscal.------------------------------------------- ---- Ahora bien, como primera observación a formular, indico que el Dr. Gabriel Adrián Riveros -representante de la querella- le endilgó la presunta comisión de "Apremios Ilegales" únicamente a N. N. (véase fs. 849 y vta.). Desde tal perspectiva, le asiste razón al recurrente en cuanto a que N. N. quedó completamente excluido de la acusación del Ministerio Público Fiscal, como del querellante adhesivo, por tal ilícito. Revisando el acta del juicio, se comprueba que no es cierto que el letrado querellante procedió a "...enrostrarle a N. N. y a N. N. la comisión de apremios ilegales en perjuicio de N. N." (cfr. fs. 873). En consecuencia, juzgo que tal afirmación no se compadece con lo obrado.---------------- ---- En segundo término -e independientemente de todo lo anterior- entiendo que el argumento principal revela una cita jurisprudencial carente de actualidad, ya que posteriores pronunciamientos del Máximo Tribunal sentaron una doctrina contraria a la citada por el Juzgador. En efecto, en la causa "Mostaccio", la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el criterio que impregnara el caso "Tarifeño", sosteniendo que resultaba inválido condenar a un imputado si no se cuenta al final del juicio con una acusación. Tal doctrina fue respetada por esta Sala en el caso "Castañeda", en el cual afirmó que "...dada la titularidad de la acción y la pretensión penal en manos de los Fiscales, hace que su opinión en orden al ejercicio negativo de esta última, obliguen al tribunal de juicio al dictado de una sentencia absolutoria (.) Es verdad que el alegato del Fiscal en la audiencia se encuentra acotado materialmente por el requerimiento fiscal de instrucción pero es indudable que es aquel, y no otro, el acto que asume el carácter de acusación que requiere el proceso justo. Sin el pedido específico de condena no puede hablarse de un verdadero contradictorio, ni aceptarse que el Ministerio Público haya cumplido, cabalmente, su cometido constitucional y legal de promover la acción de la justicia" (cfr. PRE Sala II. Año 2005-III-578). Asimismo, en dicho pronunciamiento se sostuvo que la Corte Federal aplicó tal solución en los posteriores casos: "Cattonar" -Fallos: 318:1234 del 13/6/95 (La Ley, 196-A, 67)- ; "Cáseres" -Fallos: 320:1891 del 25/9/97 (La Ley, 1998-B, 387)-; y que los motivos por los cuales tal doctrina se tornaba obligatoria para los Tribunales inferiores de la República se fundaba -entre otras razones- en la moralidad que ello suponía, el prestigio para la administración de justicia, la economía procesal y otras de idéntica relevancia. También se definió que ".Los jueces no son titulares de la acción penal, no son titulares de la pretensión punitiva y por ello no pueden reemplazar al Ministerio Público en este rol. Si lo hacen, se desemboca en la arbitrariedad, en un incontrastable abuso del poder jurisdiccional y en una abierta violación constitucional. La misión esencial que tienen los magistrados en el proceso no es otra que la de ser árbitros de un conflicto" (cfr. ibídem). Hago mención que dicha doctrina quedó refrendada en PRE S.2ª 2011-III-545, Expte. N° 5372 caratulado "c/ Valenzuela...s/ Casación", de fecha veintidós de septiembre de 2011.------------------------------------------ Es claro entonces que la tesis recursiva halla eco en sendas sentencias del Tribunal Supremo y esta Corte local. En orden a lo cual, no puede convalidarse lo fallado por el Sentenciante pues la falta de acusación afecta la jurisdicción del mismo y se erige como una causal de nulidad de carácter absoluto (cfr. art. 202, inc. 1º del CPP), en tanto se refiere directamente a un vicio de la constitución del Tribunal como órgano para dictar válidamente condena. Expuesta así la opinión negativa del Acusador en relación a la pretensión penal respecto a los apremios ilegales, no cabe otra alternativa que dictar la correspondiente absolución de ambos condenados por las conductas oportunamente atribuidas, resultando innecesario entonces proceder al análisis del agravio por arbitrariedad -incluido en Punto 2), fs. 898/904 vta.- de la impugnación presentada por el Dr. Castro.-------------------- En lo que atañe al planteo casatorio incoado por la defensa de N. N., entiendo que existen vicios de procedimiento tales que justifican decretar la nulidad del fallo, al menos en lo que atañe a su situación procesal. Arribo a tal conclusión tras advertir tanto la falta de valoración de probanzas dirimentes, como la existencia de contradicciones insalvables que violentan lo dispuesto por el art. 155 del CPP.------------------------------------- En primer lugar, pongo de relieve que el dictum dio por acreditado que a consecuencia de una presunta golpiza propinada por N. N. y otro policía desconocido, la víctima falleció a las 6:00 hs., o antes. Según el razonamiento del A quo, la principal prueba de ello se hallaría constituida por una constancia inserta en el denominado "Libro del Calabocero", que indicó que N. N. salió de la Comisaría Sexta en el lapso comprendido entre las 6:00 y 6:40 hs. Para el Juzgador, en tal horario "N. N. ya había muerto y esa constancia obedeció al propósito de exculpar a N. N. y crear la hipótesis de que N. N. fue ultimado por los otros detenidos como reacción a su conducta de abuso sexual de una menor" (cfr. fs. 880). Pues bien, obra una posterior afirmación por la cual el Tribunal se desdice de lo afirmado. En efecto, nótese que al referirse a la conducta del calabocero N. N. -"Tercer Hecho"- el Sentenciante afirmó que "A las 7:00 hs. del mismo día (14/12/2010) se presentó a tomar servicio en la Seccional Sexta el agente N. N. quien recibió la guardia del agente N. N. N. N. fue hasta el calabozo donde estaba N. N., observó que estaba tirado en el suelo, en mal estado, por lo que salió del calabozo e inmediatamente le dio la novedad al oficial N. N. (cfr. fs. 876 y vta.).-------------------------------------------- Además de ello, existen numerosas probanzas que abonan que N. N. estaba vivo cuando N. N. se presentó a su turno laboral, y que no fue sino hasta aproximadamente las 9:00 hs. que se tuvo noticia de la muerte de la víctima, a saber: 1) En el libro de los calabozos se dejó plasmado que a las 7:20 hs. N. N. efectuó un recorrido y encontró a N. N. "auto-agrediéndose" (ver fs. 39); 2) Asimismo, en el "Libro de Guardia" se consignó como "Novedades" que recién a las 9:42 hs. y cuando N. N. se aprestaba a brindarle el desayuno a N. N. lo encontró inmóvil aparentemente fallecido (véase fs. 31); 3) De acuerdo con el acta glosada a fs. 4, a las 9:50 hs. del día indicado, el Comisario Inspector Vázquez tomó conocimiento por parte de N. N. que cuando el calabocero fue hasta las celdas encontró a una persona (N. N.) sin signos vitales; 4) En sede judicial, N. N. testificó lo siguiente: "...N. N. me dijo que había dejado constancia en el "Libro del Calabocero" que N. N. se había estado auto-flagelando" (cfr. fs. 76 vta.); 5) A fs. 236/237 el policía N. N. declaró que llegó a la comisaría alrededor de las nueve de la mañana y pidió ver al detenido N. N. Que entonces N. N. lo acompañó a la celda y lo encontraron muerto a aquel.--------------------------------------------- En mérito a toda la prueba citada, no puede descartarse el hecho de que N. N. estuviera vivo cuando llegó N. N. a la comisaría. Nótese así que el relato del Sentenciante ha contemplado implícitamente tal posibilidad. No obstante, ello violenta la contundente afirmación dando por probado que N. N. murió en el turno de N. N. Tal situación no es una cuestión menor pues atañe directamente a la conducta de ambos imputados en torno al hecho a dilucidar.--------------------------------------------------- Advierto también que el horario de la muerte que el fallo señaló resultó fuertemente cuestionado por la defensa, sobre la base de recalcar distintos aspectos biológicos o tanatológicos que lo desmentirían. En esa inteligencia, habiendo el A quo rechazado tales críticas, no resulta lógico que posteriormente describa que cuando llegó N. N., N. N. vivía. Tal contradicción, como es obvio y de conformidad a las particularidades del presente caso, derrumba inevitablemente los argumentos esgrimidos para fundar la exclusiva culpabilidad de N. N. e imponerle pena por el delito de tortura seguida de muerte.---------- En orden a todo ello, entiendo que la condena no resulta congruente, ya que en ella se afirman dos premisas fácticas de singular relevancia que se excluyen entre sí. Por ende, el decisorio se halla vacío de contenido sustentable, al no constituir una derivación razonada del derecho en relación a las circunstancias comprobadas en la causa y poseer una fundamentación aparente que afecta el debido proceso y demás derechos del imputado. Por tales motivos juzgo que la condena de N. N. es susceptible de anulación por parte de este Tribunal Superior (cfr. art. 574 inc. 2º y 587 del C.P.P.).-------------------------- En cuanto al pedido de absolución que formula el Dr. Lozano, lo pondero improcedente, habida cuenta que ello significaría tergiversar el debido proceso ya que al disponerse únicamente la anulación de la sentencia dictada a su respecto, por resultar manifiestamente contradictoria, y persistiendo un requerimiento de elevación procesalmente válido, la lógica consecuencia es la realización de un nuevo debate y dictado de una sentencia ajustada a derecho, dejando a salvo el derecho a la revisión por el Tribunal Superior.---------------------------------------------- Al respecto, ha dicho la doctrina que "...cuando un Tribunal Superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa (...) el Tribunal de Casación efectúa la remisión para que se realice nuevamente el debate completo, de manera tal que el momento inicial deberá ser el de la apertura del debate, con los mismos elementos probatorios con que se contaba al momento de tramitarse el primer juicio. Este es un supuesto frecuente por vicios in procedendo, que da lugar a un segundo juicio, con resultados diversos en cuanto al fondo del asunto. El Tribunal de Casación en estos casos se limita a la nulidad de la decisión impugnada, y reenvía al Tribunal que corresponde para su nueva sustanciación" (cfr. Código Procesal Penal de la Nación comentado. Tº III-B. Raúl Washington Ávalos. Ed. Jurídicas Cuyo, pág. 985). Por todo lo cual -como lo dije- no corresponde hacer lugar a la absolución solicitada.---------- En lo relativo al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la condena recaída sobre N. N. y N. N. ("Primer Hecho"), doy respuesta a los agravios remitiéndome a lo fundado al tratar el planteo del Dr. Fernando Castro y a la solución allí expresada.------ En lo atinente a la crítica por la calificación jurídica impuesta a la conducta de N. N. ("Segundo Hecho"), entiendo que en razón de corresponder la anulación de la condena a su respecto por los vicios apuntados, huelga analizar la queja del recurrente, debiendo estarse a la conclusión anteriormente propiciada. Formular otras consideraciones resultaría impropio y condicionante del futuro devenir procesal.--------------------------------------- En lo que alude a la absolución del acusado N. N. ("Tercer Hecho"), considero que le asiste razón al impugnante. Ello es así porque la solución del A quo se encuentra afectada por las mismas contradicciones que exhibió la condena de N. N. Así -valga la reiteración- se señaló que a las 7:00 hs. N. N. habría encontrado vivo y en mal estado a N. N. (cfr. fs. 876 y vta.). Pero al brindarse el principal argumento para exculparlo a aquel, el fallo expresó que cuando el calabocero llegó a la Comisaría la victima ya estaba muerta (cfr. 881 vta.). Por otra parte, existen otras apreciaciones del A quo que no resultan lógicas, como cuando relató que pese a haber encontrado al detenido tirado en el suelo y en mal estado, N. N. habría plasmado en el libro respectivo que recibió la guardia "sin novedad", y que tal mención fue asentada por indicación de N. N. (cfr. fs. 881 vta. /882). De donde surge que el acusado no tomó en cuenta el verdadero estado de las cosas y circunstancias comprobadas. Teniendo en cuenta las figuras típicas contenidas en la acusación -arts. 248; 292 1º párr.; 298 y 55 del C.P.- lo fallado significó una solución jurídica no acorde con la conducta descrita, ni con la prueba acopiada. Conforme a ello, siendo ostensibles los defectos del dictum en relación a la situación de N. N., no procede confirmar la absolución dictada, debiendo proceder conforme a lo previsto en el art. 587 C.P.P. y anularse la resolución impugnada a su respecto.------------------------------------------------ ---- En cuanto a la queja de que el Tribunal no accedió al cambio de calificación respecto a N. N., considero que no cabe acoger dicho agravio, ya que la solución del Tribunal resultó correcta. En efecto, valoro que la modificación peticionada implicaba alterar el marco fáctico fijado en el requerimiento de elevación a juicio y que de haberse accedido a tal pretensión, se hubiera consagrado un flagrante menoscabo a las garantías constitucionales y derecho de defensa del acusado.----------------- Cabe señalar que a fs. 670/684, se requirió la elevación a juicio de N. N. por considerarlo presunto autor del delito "Apremios Ilegales" -y de otros ilícitos por los cuales resultó absuelto-, pero no por la figura típico penal de "Homicidio Agravado por abuso de la función" (art. 80 inc. 9 del C.P.). Pues bien, el argumento principal del agraviado resulta equívoco, en razón que en su síntesis alegatoria hubo realmente una mutación de los hechos atribuidos al acusado. Desde tal punto de vista, es inadmisible lo pretendido en el recurso.---------------------------------------------------------- Debe ponderarse que el principio procesal de igualdad de armas exige que las partes puedan presentar el caso bajo condiciones que no impliquen ninguna posición desventajosa respecto de la contraparte (cfr. "La Actividad Procesal del Ministerio Público Fiscal II", Rubinzal-Culzoni, pág. 50/11, 2008). En ese contexto, conviene recordar también que la requisitoria de elevación "... es la base o columna sobre la que se desenvuelve el juicio. Llegar a ella es uno de los objetivos de la investigación penal preparatoria, la misma "...contiene una concreta hipótesis fáctica que el actor penal (Ministerio Público o querellante particular) somete al órgano jurisdiccional como base del juicio, de modo que sobre ella incide todo examen ulterior: la defensa del imputado, la prueba, la discusión y la decisión definitiva del Tribunal". Su trascendencia deviene porque dicha hipótesis "...inspira, determina y circunscribe la actividad de los sujetos procesales, de suerte que éstos no pueden sobrepasar sus límites" (cfr. Ávalos, Raúl W. Código Procesal Penal de la Nación III - A, Ed. Jurídicas Cuyo, pág 286). Dicho autor, ha expresado además que tal requerimiento constituye la hipótesis fáctica que suministra las bases del juicio, en cuyo ámbito tiene que desenvolverse la actividad de los sujetos procesales, de suerte que el debate debe circunscribirse a los hechos en ella incriminados, sobre los cuales, es lícito fundar la sentencia" (ibídem, pág. 289).-------------------------------------------------------- Juzgo entonces que la petición de cambio de calificación modificaba drásticamente los hechos atribuidos, siendo la última subsunción pretendida notoriamente mas gravosa en comparación con la anterior. Ergo, cualquier cambio en la misma por parte del Tribunal habría afectado el sustrato fáctico de la imputación. Como consecuencia de ello, el riesgo de infringir el principio de congruencia era evidente. Al respecto, la Corte Suprema ha sentado que "...cualquiera sea la calificación jurídica que en definitiva efectúen los jueces, el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que el que fue objeto de imputación y debate en el proceso, es decir aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva" (cfr. Fallos 329:4634, "Sircovich, Jorge Oscar y otros...").--------- En contemplación a todo lo expuesto, y como lo anticipé, no puede hallar eco lo pretendido y corresponde confirmar lo actuado al respecto.---------------------------- En suma, y por las razones expresadas, propugno la absolución de los condenados N. N. y N. N. por el delito de apremios ilegales y respecto del cual no existió acusación durante el debate por el titular del Ministerio Público Fiscal. Asimismo propicio la anulación del fallo dictado por la Sala Tercera de la Cámara Penal, solamente en lo que respecta a la condena dictada contra N. N., como de la absolución recaída sobre N. N., por no resultar ambas conclusiones conforme a derecho, manteniendo en todo lo demás lo ya resuelto a fin de no afectar los derechos y/o perjudicar al resto de los involucrados. Conforme a ello, deberá disponerse el apartamiento del Tribunal A quo y proceder a la remisión de la causa a la Sala de la Cámara en lo Penal y Correccional que sigue en orden de nominación, a efectos de la realización de un nuevo debate y dictado de sentencia ajustada a derecho.- ---- Así lo voto.-------------------------------------------- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y ADOLFO CABALLERO DIJERON:------------------------------------ Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.----------------------------------------- ---- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:------------------------------------ ---- I) Hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por los Dres. Fernando Roberto Castro y Rolando Aníbal Lozano en la forma consignada precedentemente.----------- II) Anular la condena dictada contra N. N. y N. N., de demás condiciones personales obrantes en autos, absolviendo a los nombrados de la comisión del delito "Apremios Ilegales" (art. 144 bis, inciso 2º del C.P.), en perjuicio de N. N.---------------------------------------- III) Anular el fallo dictado por la Sala Tercera de la Cámara Penal, en lo que respecta a la condena dictada contra N. N., por el delito "Tortura seguida de muerte" (Art. 144 ter, inc.2º del C.P.), en perjuicio de N. N.------------------------------------- IV) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por el Fiscal de Cámara Nº 1 Dr. José Eduardo Mallea y anular la absolución dictada a favor de N. N., por los delitos "Incumplimiento de los deberes de funcionario público y Falsificación Ideológica de documento público, en concurso real" (arts. 248, 292 primer párrafo., 298 y 55 del C.P.), en perjuicio de la Administración Pública.-------------------------------------- V) Mantener en todo lo demás lo ya resuelto a fin de no afectar los derechos y/o perjudicar al resto de los involucrados.------------------------------------------------ VI) Disponer el apartamiento de la Sala Tercera de la Cámara Penal y Correccional, debiendo remitirse la causa al Tribunal que sigue en orden de nominación, a efectos de la realización de un nuevo debate y dictado de sentencia ajustada a derecho.-------------------------------- VII) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero. Ante Mí; Héctor Fabián Meló, secretario Letrado de la Corte de Justicia.- cp-6473 AL PRE S2º 2016-II-335.