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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, trámites judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C, R s/ TENTATIVA DE HOMICIDIO     INCIDENTE DE RECUSACION     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD    RECUSACIONES  CON  CAUSA  PLANTEADAS  RESPECTO  DEL  PRESIDENTE Y UN  MIEMBRO DE  LA  CORTE  Y  LAS EXCUSACIONES DE DOS MINISTROS  DE  ESE  TRIBUNAL      CSJ EXPTE NRO 146-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-08-19

La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, es el medio instituido por la ley a los efectos de decidir exclusivamente, si el remedio extraordinario ha sido bien o mal denegado por el a quo, careciendo de facultades esta Corte para juzgar en esa oportunidad acerca de la constitucionalidad del decisorio contra el cual se enderezó la impugnación, ya que sólo en el recurso concedido, y luego de analizada la admisibilidad, puede el Tribunal expedirse sobre la procedencia del mismo (artículos 7, 8 y 11 de la ley 7055).

De la disidencia de los Dres Lara y Vigo
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, recurso de queja (procesal), cuestión no decisiva, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, imputado, sentencia condenatoria, abuso sexual, prueba, prueba testimonial, testigos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: O., I. R. c/  s/ APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

Más allá de las motivaciones que esgrimiera la Alzada respecto a las particularidades en que se recibió la declaración a la niña víctima y cómo ella fue introducida al debate, se desprende que en las especiales circunstancias del caso, la condena se apoyó también en prueba independiente a la misma, valorando el relato que efectuó la menor desde el inicio de la investigación a personas que luego depusieron en el juicio y manifestaron en forma coincidente en qué consistieron los abusos: sus tíos, los policías, las psicólogas y la funcionaria de la Sub Secretaría de la Niñez, testigos que expusieron aquello que la niña les contó respecto a lo ocurrido y que fue ponderado por los Magistrados junto a la revisión física realizada por el médico, quien observó dilatación anal y borramiento de los pliegues perianales y los consideró signos posibles de abuso sexual; y frente a todos estos elementos que sustentaron la confirmación de la condena y que no fueron objeto de ningún agravio de la defensa en su memorial recursivo, se desvanece el intento de la recurrente de evidenciar la centralidad de su crítica en el desenlace final de la causa, no pudiendo ser acogido el planteo al no fundamentar la quejosa idóneamente sobre la decisividad del mismo. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta).
Caducidad de instancia, actos no interruptivos
Materia: PROCESAL
Carátula: Quiroga, Olga Josefina c/ Agronomía Integral SRL. y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

No interrumpe la caducidad de la instancia la observación por el juzgado a un proyecto de oficio por haber sido ya librado.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Acosta, Rafael Domingo y otro c/ Birocchio, Luis María s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-03

Si en principio puede decirse que el sobreseimiento no descarta ni impide que el juez civil pueda considerar civilmente responsable al sobreseído, de la mano del factor objetivo de atribución que se diseña en el 2do. párrafo, 2da. parte del art. 1113 del Cód. Civil, también ha de afirmarse que, bajo esta óptica, el aquí demandado -el propietario o guardián- puede escapar a tal imputación acreditando que aquella relación causal entre su cosa y los daños de la víctima, fue interrumpida por un hecho de esta última o de un tercero por quien no debía responder.
Recurso de casación penal, mantenimiento del recurso, querellante particular, audiencia de debate
Materia: PROCESAL
Carátula: Tiseyra, Florentino por el delito de Homicidio Agravado por Alevosía; y Zurita, Héctor Luis por el delito de Participación Secundaria en el delito de Homicidio Agravado por Alevosía. s/ Homicidio agravado con alevosía
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-04-04

Habiendo adherido a la defensa el Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, desistiendo a la posición acusatoria, en oportunidad de desarrollarse la audiencia de conformidad a lo establecido en los Arts. 448, segundo párrafo, y 451 del Código Procesal Penal, procede la petición del querellante destinada a mantener los términos acusatorios, manteniendo la bilateralidad en el caso, acorde lo dispuesto por el Art. 376 del Código Procesal Penal, por cuanto el Fiscal ante este Cuerpo no puede disponer de la pretensión, que ha sido ejercida en el requerimiento de instrucción y en la etapa del juicio, debiendo este Alto Cuerpo en consecuencia, pronunciar una adecuada respuesta jurisdiccional al recurso de casación. En el caso, cabe concluir y reiterar que el principio constitucional del debido proceso legal, con resguardo de la bilateralidad procesal, se encuentra suficientemente abastecido, ya que existe acusación pública... y acusación particular... y ejercicio del derecho de defensa en orden a ambas acusaciones..., habiendo la parte querellante contestado los agravios. .., solicitando se confirme la sentencia de condena, debiendo este Alto Cuerpo en consecuencia, como correlato necesario e ineludible, pronunciar una adecuada respuesta jurisdiccional al recurso de casación.
Cómputo de servicios, evasión previsional, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SAAVEDRA, JUAN c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-31

El art. 25 de la ley 18.037 está dirigido a proteger el acervo común de los afiliados y a tratar de evitar que los empleadores omitan realizar los descuentos y contribuciones que la ley les impone, sin que ello importe desatender el interés de los trabajadores, toda vez que la disposición les proporciona la vía apta para defender sus derechos a través de la denuncia correspondiente (cfr. C.S.J.N., sent. del 4.12.84, O'Gorman, Jorge" y sent. del 12.4.92, "Pérez, José"). Por ello, las previsiones del artículo referido no resultan violatorias de garantías constitucionales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, juicio, tasa de justicia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c/ EMPRESA TELECOM ARGENTINA -STET-FRANCE-TELECOM SA- s/ APREMIO. INCIDENTE DE SUSTITUCION DE EMBARGO PROMOVIDO POR LA PARTE   EJECUTADA. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (CSJ EXPTE N. 962-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-18

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la ley 7055, se encuentran eximidos del depósito los que gozaren de exención del impuesto a las actuaciones y tasas de justicia. En tal sentido, el inciso e) del artículo 228 del Código Fiscal exceptúa de la tasa de justicia a las actuaciones y diligencias para obtener carta de pobreza y, a su vez, el artículo 334 del Código Procesal Civil y Comercial impone considerar pobre al peticionario al solo efecto de solicitar medidas urgentes o de seguridad o formular pedidos que deban interrumpir la prescripción o la perención de la instancia, solo cuando la declaratoria de pobreza hubiera paralizado el procedimiento principal. A su vez el inciso j) de la citada norma del Código Fiscal exime a todo escrito, pedido de reconsideración o de apelación relacionado con las leyes de trabajo y previsión social que presenten o interpongan los obreros y empleados o sus causahabientes.
Elevación en consulta, constitucionalidad, presunción de legitimidad, Ministerio Público Fiscal, ejercicio de la acción pública, voto en disidencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MARESCA, Alejandro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-08

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en nuestra Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (*).

Si bien el art. 120 de la C.N. dispone la independencia del Ministerio Público, también explicita que su función se llevará a cabo en coordinación con las demás autoridades de la República, por lo que resulta razonable que, a partir de una divergencia entre el juez y el fiscal acerca de si los hechos y la prueba derivada de la etapa sumarial ameritan o no elevar a juicio los actuados, a los efectos de salvaguardar los derechos de la víctima o del imputado, sea un Tribunal colegiado quien fije la postura en el caso de que se trate. Se trata de una actividad de control sobre la actividad del Ministerio Público (**).

En tanto, no se produjo una derogación orgánica o institucional del art. 348 del código adjetivo, a partir de la sanción de la ley 24.946, art. 76 y dado que la aplicación del art. 348 del C.P.P.N. no se opone en ningún modo al texto constitucional, debe sostenerse su validez.

Disidencia del Dr. Bunge Campos: Fundado en el art. 120 de la C.N., 1° y cc. de la ley 24.946, 14, 15, 16 y cc. de la ley 48, corresponde declarar expresamente derogado el art. 348 del C.P.P.N. (***).

Hacer que el Ministerio Público Fiscal esté sujeto a órdenes de otro poder, está expresamente prohibido por la ley 24.946 (Ley Orgánica del Ministerio Público de la Nación), la que en su art.

1° expresa que el "Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia, en coordinación con las demás autoridades de la República, pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura".

Por ello, la resolución atacada resulta nula, por falta de fundamento jurídico (art. 123 del C.P.P.N.), puesto que el procedimiento de consulta efectuado por la Cámara implica su subrogación en el rol del Fiscal.
Municipalidad, costas, recurso contencioso administrativo sumario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SUMARIO LEY 10000- - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 176-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

Si el municipio pidió participación en autos y le fue concedida como tercero coadyuvante autónomo, según auto consentido por las partes, tal tercería implica el goce de amplias facultades ya que el sujeto puede, inclusive, contradecir a la parte que coadyuva.

Consecuencia de ello será la carga de soportar las costas generadas por la actitud procesal que asuma. La ley 7055 establece el principio de costas al vencido, al igual que el Código Procesal Civil y Comercial al que tanto esa ley como la 10000 remiten y dicha solución no fue variada por esta última.

En el caso, la Municipalidad de Rosario buscó instaurar una vía procesal cómoda y poco costosa, y estableció para ello un régimen liberal de costas en favor del actor, ya que sólo si el recurso es rechazado está prevista su imposición "en el orden causado" (y salvo propósito manifiestamente malicioso del vencido); en cambio, no estableció -para el supuesto en que se acoja el recurso sin excepción alguna al régimen de costas regulado en el Código Procesal Civil y Comercial y en la ley 7055, que pueda invocarse como criterio que justifique variar en el caso el principio de vencimiento.
Contratos, efectos entre partes, resoluciones judiciales, cláusula penal, disolución de sociedades, infracciones formales, competencia, servicios de instalación
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: De Lucia, Alfonso Daniel c/ De Lucia, José y otro s/ ordinario de lucia, alfonso daniel c/ de lucia, josé y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

Corresponde rechazar el pedido de morigeración de una cláusula penal, aplicable por incumplimiento del deber de no competencia pactado entre dos hermanos en el marco de un convenio de disolución de la sociedad familiar que conformaban, en tanto el demandado solicita la reducción judicial de la pena por aplicación del CCIV 656, 2° párrafo. Ello así, pues los bienes involucrados en la disolución de la relación comercial entre los hermanos dan cuenta de la envergadura de los negocios de los contendientes, extremo que resta peso a la pretendida desproporción de la cláusula penal. No procede en ese marco la morigeración si la demandada no ha probado la desproporción del monto de la cláusula dentro del negocio jurídico mayor (CNCiv, Sala B, in re "Cebrian Inmobiliaria SA c/ Cebrian Hermanos SA s/ cobro de sumas de dinero", del 06/03/17).
Cobro de sumas de dinero, daño irreparable, carga de la prueba, cambio de horario, compensaciones salariales
Materia: LABORAL
Carátula: Troncoso Héctor Martín c/ Frigorífico de Aves Soychú SAICFIA s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-12

El nudo litigioso gira en torno a la existencia de los "perjuicios irreparables" que la variación horaria le habría ocasionado al accionante, según esgrimió desde un inicio del conflicto. Si un trabajador alega perjuicio por el cambio de horario programado, a él le incumbe demostrar la existencia y entidad del daño. En el sub judice el demandante incumplió ambas conductas que eran esperables de quien acciona invocando recibir un perjuicio por una medida ilegítima adoptada por su empleador: no acreditó la existencia del daño y, menos, su extensión. Incluso más, su ex-empleadora le ofreció compensar la posible pérdida económica que pudiera irrogarle el cambio en el horario de prestación de servicios (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Auto de procesamiento, deber de imparcialidad, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Dieser, María Graciela y Fraticelli, Carlos Andrés c/  s/ María Graciela y Fraticelli, Carlos Andrés s/ homicidio calificado por el vínculo y por alevosía
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-08

Si la decisión que confirmó el auto de procesamiento implicó un estudio minucioso de la cuestión en cuanto a consideraciones de hecho, prueba, calificación legal y determinación de responsabilidad por la realización de conductas desde el punto de vista de la culpabilidad, verosímilmente pudo haberse afectado la posibilidad de un reexamen de la condena por parte de los mismos jueces sin prejuzgamiento del caso. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, incompetencia, comuna, nombramiento, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CECCHI, ARNALDO OSVALDO c/ COMUNA DE VILLADA s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA.     CSJ EXPTE NRO 82-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-16

La ley 4106 le otorga a la Corte Suprema de Justicia la facultad de suspender la medida administrativa, con relación a los actos susceptibles de ser impugnados por vía de recurso de plena jurisdicción, si, "prima facie" desde el plano de apreciación provisoria que la preceptiva autoriza, puede entenderse configurada la supuesta "incompetencia del órgano" alegada por el recurrente. Y en el caso, la cesantía fue dispuesta por el presidente comunal, autorizado legalmente para ello (artículo 41 inciso 8 ley 2756), y la razón invocada por la parte: carencia de facultad para declarar por sí la nulidad del acto de nombramiento, es aspecto que requiere el análisis de extremos fácticos y jurídicos que justamente constituyen la materia del proceso principal. Por ello no corresponde suspender la medida administrativa impugnada.
Escritos judiciales, firma
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sanabria, Juana c/ Fernández Gallardo, María del Carmen y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-11-05

Configurada la falta de firma del aparente peticionario de un escrito judicial, por su ausencia o por no ser auténtica y resultando jurídicamente vedada su subsanación posterior conforme lo expresado ut supra, puede concluirse que tal escrito no reúne la condición de acto procesal. No se está en presencia de una actuación nula, sino mas bien de un acto inexistente para el proceso y no susceptible de convalidación posterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley sobre riesgos del trabajo, prescripción, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Arce, Marco Antonio c/ Coto CIC SA y otro s/ Accidente - Acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29

En el caso de enfermedades de evolución progresiva se entiende que el plazo de prescripción debe computarse desde el momento en que el trabajador tuvo pleno conocimiento de hallarse incapacitado y que su minusvalía guardaba vinculación con las tareas o el ambiente laborativo. Tal principio se aplica tanto a las acciones que se inician con fundamento en la ley especial, como en cuanto a aquellas que se fundan en el derecho común. La mera existencia de la sintomatología o de episodios aislados impeditivos de la aptitud laboral no basta de ordinario para inferir que el daño resultaba definitivo. Para ello es además menester que medie una determinación de carácter objetivo que aleje toda duda en el afectado. En otras palabras, no basta que el actor haya podido conocer la existencia de la enfermedad, sino además que ésta alcanzó su mayor grado invalidante y guarda vinculación con el factor laboral (confr. CNAT, Sala X, en autos "Leguizamón Marcelo Alfredo c/ Andrés Lagomarsino e hijos S.A. y otros s/accidente-acción civil", S.D. 16.227 del 28/07/08). En tal inteligencia, cuando se trata de dolencias de pausada y prolongada evolución, para calcular el lapso de prescripción, el momento más adecuado es, por su objetividad aquel en que ha cesado la relación laboral ya que con ello indudablemente se ha puesto fin a los factores lesivos que eventualmente pudieren resultar atribuibles como relación causal.
Contrato de trabajo por tiempo indeterminado, carga de la prueba, presunción legal
Materia: LABORAL
Carátula: Correa, Alicia Nilda c/ Poseidón S.A. s/ Accidente de Trabajo e Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-12

La regla en nuestro derecho laboral es el contrato por tiempo indeterminado y quien invoca en su favor la estipulación de un plazo fijo procura ampararse en una excepción legal, pesando entonces sobre él "onus probandi" de los requisitos de la misma, esto es el supuesto de hecho para la aplicación de la norma sustento de su defensa.
Sesiones legislativas virtuales, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Negri, Mario Raúl y otros c/ E.N. / Honorable Cámara de Diputados de la Nación s/ amparo ley 16986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-06

La Corte Suprema de Justicia señaló que la posibilidad de que se sesione en forma remota no interfiere con el modo en que la Constitución le impone a la Cámara -en el caso, haciendo referencia al Honorable Senado de la Nación- ejercer sus atribuciones y que la Constitución no hace referencia sobre el lugar o la forma presencial o remota en que deben encontrarse para sesionar, deliberar y votar los legisladores de cada Cámara (CSJN "Fernández de Kirchner, Cristina en carácter de Presidenta del Honorable Senado de la Nación s/ acción declarativa de certeza, del 24/04/2020)
Cuestiones de competencia, competencia federal, Estado Provincial, inhibitoria, acciones de clase, sentencias contradictorias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio de Salud de la Nación c/  s/ inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-26

Resulta ineficaz que en el ámbito de procesos colectivos se procure evitar sentencias contradictorias mediante un planteo de inhibitoria, a fin de que se decida traer a la jurisdicción de la Capital Federal diversos pleitos que tramitan por distintos tribunales federales con sede en algunas de las provincias.
Juicio por delitos de acción privada, actuación de oficio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CAPITSKY, JORGE s/ INCIDENTE DE NULIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-15

En los juicios por calumnias e injurias el ejercicio de la acción penal le incumbe a las personas ofendidas o damnificadas o a sus representantes legales, no pudiendo ser sustanciado el procedimiento de oficio, razón por la cual corresponde declarar la nulidad de lo actuado.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, empleo no registrado, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Miranda  Chávez,  Isidro c/ Technicals  SRL  y  otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-15

No procede el agravamiento de las indemnizaciones por despido que prevén los arts. 1 y 2 de la ley 25323, cuando la relación laboral se halla regida por un régimen espedífico como es la ley 22250, que contempla expresamente los resarcimientos para el caso de despido injustificado, los que excluyen las indemnizaciones que para el mismo supuesto dispone la ley de contrato de trabajo (art. 2 LCT). Frente a la claridad de las normas, no corresponde acudir a interpretaciones analógicas, más allá de las consideraciones que se podrían formular acerca de la conveniencia de que la solución prevista en la norma en análisis alcanzase también, en lo que a indemnizaciones por despido se refiere, a los trabajadores amparados por regímenes especiales.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, honorarios, regulación de honorarios, juicio
Materia: PROCESAL CIVIL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREZ VILLA, HORACIO c/ SANATORIO RAWSON SRL s/ NULIDAD DE ASAMBLEA     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     CSJ EXPTE NRO 378-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-01

Corresponde admitir la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, a fin de juzgar luego si efectivamente la sentencia viola el derecho a la jurisdicción, si el planteo recursorio consiste en que la base regulatoria tomada en cuenta fue el activo social, cuando lo que se debió tener en cuenta es el patrimonio neto del ente social y que debe haberse tenido en cuenta tal regulación, sería un 50% menos de lo establecido en el auto recurrido.