Prisión preventiva, prisión domiciliaria, denegatoria del recurso, pandemia, coronavirus, crímenes de lesa humanidad, asistencia médica, acordadas, establecimientos penitenciarios, cuestiones procesales, rebeldía, faltas relacionadas con la higiene y la salud
Materia: PROCESAL
Carátula: Sandoval, Mario Alfredo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-09

Corresponde rechazar el recurso deducido contra la decisión que no hizo lugar al pedido de arresto domiciliario, pues se advierte que el tribunal fundó su decisión en la necesidad del mantenimiento de la modalidad de detención aquí cuestionada, en línea también con lo argumentado por el Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes. Al respecto, cabe poner de resalto lo indicado en oportunidad de sufragar de forma concordante y en modo reciente en este mismo legajo in re "Sandoval, Mario Alfredo s/ recurso de casación" (incidente CFC175, rto. el 26/6/20, reg. N° 603/20), como así también en hipótesis análogas al sub lite, en orden a que "en los alcances de la Acordada N° 9/20 de esta Cámara, operan en la especie pautas de estricta ponderación que exigen 'meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso'". También supe señalar acerca de la precitada acordada del pleno de esta Cámara, que la instrumentación de medidas alternativas desde el basamento humanitario en respuesta al llamamiento formulado por múltiples organizaciones internacionales, debe guardar un criterio racional y ordenado, y tener alcance restrictivo frente a atentados de gravedad -como los de mayor magnitud, tal como encierra la especie- en donde, además, cabe considerar especialmente la posición de las víctimas. En la especie, se advierte que el cuadro clínico de Sandoval ha evolucionado favorablemente, pues tal como fue informado por las autoridades penitenciarias, fue dado de alta del Hospital Churruca y derivado a la Unidad 34 del SPF el 14 de septiembre ppdo. Allí recibe seguimiento desde diversas especialidades por las patologías que presenta y permanece bajo control periódico de su salud, con los tratamientos médicos correspondientes. En ese marco, resulta menester resaltar también que el sector donde está alojado se encuentra subpoblado, de acuerdo a lo que surge del informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación sobre los presos con riesgo de salud a partir del CORONAVIRUS-COVID 19 en la órbita del Servicio Penitenciario Federal (recibido en esta Cámara el 26 de marzo ppdo.) que indica -entre otros factores- la tasa de ocupación en las unidades carcelarias, registrando la Unidad N° 34, ya para el momento de la elaboración del informe, uno de los guarismos más bajos (64,29%). Más aún: en la actualidad se encuentran alojadas 63 personas, con una capacidad operativa para 112, habiendo bajado al 56,25% la tasa de ocupación (cfr. https://reporteestadisticas.spf.gob.ar, al 9/12/20). Por otra parte, se impone remarcar que el incuso Sandoval -que a la fecha cuenta con 67 años de edad y siquiera reúne la exigencia etaria (cfr. arts. 10, inc. "d" del CP y 32, inc. "d" de la Ley 24.660)- se encuentra detenido desde el 15 de diciembre de 2019 y procesado por el tramo de la causa ESMA N° 2791 radicado ante el a quo el pasado 25 de marzo del corriente año (art. 354, CPPN), como partícipe necesario del delito de privación ilegal de la libertad agravada por haber cometido sin las formalidades establecidas por la ley y con exceso en sus funciones, con relación con el hecho cometido en perjuicio de Hernán Abriata. Ello sumado a que, tal como lo remarcó la parte querellante en esta instancia, el encartado se mantuvo prófugo durante años en Francia, desde donde fue extraditado hace un año. En consecuencia, en hipótesis como el sub lite no puede prescindirse de una ponderación de las distintas pautas aquí asentadas, a fin de ajustarse a los compromisos internacionales asumidos por el estado argentino, en particular, el que llama a erradicar la impunidad (cfr. Corte IDH, Caso "La Cantuta vs. Perú", sentencia del 29 de noviembre de 2006, Serie C n° 162, parág. 167). Sin perjuicio de lo expuesto, deberá encomendarse al a quo que disponga lo pertinente para que la Unidad Carcelaria donde se encuentra detenido, arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene, como así también continuar brindando -en tiempo y forma- la debida atención médica al imputado; de conformidad con lo establecido en las Acordadas N° 3/20 y 9/20 de esta Cámara, con más la Resolución N° 4/20 de la CIDH que establece las Directrices Interamericanas sobre los "Derechos Humanos de las personas con COVID-19". El voto concurrente sostuvo que, aun cuando las circunstancias personales del impugnante lo sitúen en una hipotética y genérica situación de peligro frente a los efectos que pudiera tener la pandemia de COVID-19 en el ámbito penitenciario, la sola pertenencia a un grupo de riesgo no configura per se, un supuesto de peligro concreto que amerite la concesión del instituto solicitado. Indicó que dicho peligro efectivo se presentaría cuando se advierta una proximidad concreta e inminente de grave afectación a la salud e integridad psicofísica del interno -en los términos de la emergencia sanitaria-, circunstancia que debe ser invocada y demostrada por quien la alega. Señaló que, en el presente, la parte recurrente no demostró cuál sería el peligro concreto y actual corrido por el interno ni medió evidencia de aquello. En ese marco, destacó que, sin perjuicio de que el interno se hallaría genéricamente dentro de la población de riesgo, es posible afirmar que los mecanismos preventivos y sanitarios adoptados dentro de la unidad carcelaria donde cumple su detención, guardan adecuado correlato con los criterios sugeridos en las Acordadas N° 3/20 y 9/20 de este cuerpo. Agregó que, en el caso, incluso ha quedado comprobado que el interno fue correctamente atendido en el ámbito de la competencia y a través de la asistencia prestada por el Servicio Penitenciario. La disidencia parcial dejó asentada su opinión sobre la razonabilidad del arresto domiciliario mientras persistan los riesgos concretos para su salud. Dres. Slokar, Mahiques -voto concurrente- y Yacobucci -en disidencia parcial-.