Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-12-19


PROTOCOLIZADO: L. de Sent.

Año 2007 del Tº III Fº157/163.

San Juan, 19 de diciembre de 2007.

VISTOS: Estos AUTOS 92.553 (C.C.Nº19.562) DEL PRIMER JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, CARATULADOS: "ZALDO DE HEREDIA DORA CECILIA C/ PROVINCIA DE SAN JUAN S/ HABEAS DATA" venidos en razón del recurso de apelación concedido a la Provincia de San Juan a fs. 58 en relación y con efecto devolutivo contra la sentencia de fecha 16 de mayo del año 2007 obrante a fs. 46/50.

Y CONSIDERANDO:

De las constancias de autos surge que la actora promueve acción de Habeas Data contra la Provincia de San Juan a fin de que se ordene que informe cual es el motivo, razón o causa por la cual figura como su deudora por un crédito que le habría cedido el Banco San Juan S.A. y que exhiba la documentación en donde se encontraría instrumentado dicho crédito y que, una vez demostrada la inexistencia de la deuda, se condene a la demandada a eliminarla del padrón o nómina de deudores de los créditos que el Banco de San Juan ha cedido a la Provincia de San Juan (fs.4/6 vta.).

A la acción se le imprime el trámite previsto por el art. 582 y ss. C.P.C. de acuerdo lo dispone la ley provincial nº 7447 y supletoriamente la ley nacional nº 25.326, pidiéndose a la demandada "informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la omisión impugnada, remisión de la información concerniente al accionante, el que deberá ser evacuado dentro del plazo de tres días de notificado (art. 588 del C.P.C.)" (fs.07).

Al contestar la Provincia de San Juan el informe requerido observa que 1) la actora al demandar no especifica ni brinda información respecto a la fecha ni la entidad bancaria que le informó que figuraba como deudora del llamado "Banco San Juan Residual" y que tampoco especifica en qué registro figura como deudora; 2)que la actora ha omitido informar que tramitan por ante el Octavo Juzgado Civil los autos 86.976 caratulados: "Provincia de San Juan c/ Heredia Vicente Hugo y otra Ejecutivo" en los que la provincia procura cobrar al Sr. Vicente Hugo Heredia y la Sra. Zaldo de Heredia por vía judicial créditos adeudados y donde las partes se encuentran discutiendo la procedencia o improcedencia del cobro de las sumas reclamadas y en virtud de las cuales figuraría la accionante en el registro de deudores morosos. Solicita a fin de demostrar tal aserto se oficie requiriendo al Juzgado en donde tramita dicha causa remita el aludido expediente; 3)Que la acción ha sido promovida en forma extemporánea por cuanto el plazo que establece el art. 584 inc. 3º del C.P.C. ya se encontraba vencido. A continuación presenta el informe requerido.

La sentencia que resuelve en definitiva hace lugar a la acción incoada ordenando a la Provincia de San Juan que "en el término de 48 hs. de notificada suprima, dando de baja en todos sus registros (base de datos) como deudora a la Sra. Dora Cecilia Zaldo de Heredia de los créditos cedidos por el Banco de San Juan S.A. a la Provincia de San Juan".

Para resolver como lo hizo la sentenciante consideró esencial para la admisión de la pretensión la circunstancia de no haberse presentado la documentación relacionadas con la deuda por la que figura como morosa la actora de acuerdo a los informes producidos por el Banco de San Juan S.A., por el Comité Ejecutivo ley 6753 del Ministerio de Hacienda y por el Fiscal de Estado, y basa lo resuelto en jurisprudencia que transcribe referida a la procedencia de la acción de Habeas Data cuando existe falsedad o inexistencia de datos.

En el memorial de agravios ( fs.53/57 vta.) la Provincia de San Juan tacha a la sentencia que recurre de arbitraria por la falta de tratamiento de los argumentos esgrimidos por su parte al presentar el informe que se le requiriera. En tal sentido reitera dichos argumentos los que en resumen consisten en 1) que se ha omitido en la sentencia que por ante el Octavo Juzgado en lo Civil tramitan los autos 86.976 caratulados: "Provincia de San Juan c/ Heredia Vicente Hugo y otra Ejecutivo" en los que se pretende el cobro de una deuda que mantiene al Sr. Vicente Hugo Heredia y la Sra. Zaldo de Heredia y por la cual figuraría en el registro de morosos. Señala que en dicha causa los ejecutados opusieron excepciones, las que la Provincia ya contestó. Se plantea el riesgo que correría que en aquél proceso se rechacen las excepciones y en este se ordene la exclusión de la accionante de la lista de deudores. Dice que la accionante desnaturaliza la acción de habeas data al intentar discutir en procesos paralelos aunque en trámites distintos la existencia de una deuda y/o la obligación de abonarla; 2) La extemporaneidad de la promoción de la acción la que debió presentarse dentro de los quince días de tener conocimiento de la situación. Al respecto señala que la accionante fue notificado y/o tomó conocimiento de la supuesta existencia de un registro en el cual figuraría como deudora al menos el día 5 de mayo de 2006, ya que fue en esa fecha que pidió a Fiscalía de Estado que se la excluyera de la lista. 3) Se queja por la imposición de costas a su parte por cuanto no existe constancia alguna de que la cedente Banco de San Juan S.A.

haya remitido la documentación respaldatoria de la deuda que la actora tendría para con la cesionaria (Provincia de San Juan) Agrega que la costa deben imponerse a la actora quien inadecuada e improcedentemente interpuso la acción de Habeas Data. Introduce la cuestión constitucional y efectúa reservas para interponer los recursos extraordinarios reglados en la ley provincial 2.275 y el extraordinario federal (ley nacional nº 48). Pide por todo se haga lugar al recurso de apelación y se revoque la sentencia que ataca.

De la lectura de los planteos efectuados por las partes y de la sentencia venida en revisión, a la luz de la legislación que rige al caso y en especial el espíritu de la que se encuentra imbuida, no cabe duda que tal como la califica la apelante, el resolutorio cuestionado encuadra dentro de la definición de arbitrariedad que ha establecido nuestro Alto Tribunal: "Un pronunciamiento es arbitrario si al dictarlo los jueces han omitido decidir una cuestión oportunamente propuesta y conducente para la solución del litigio. No considerar el planteo de una circunstancia, hecho o defensa, significaría no escuchar a quien la expuso y esto evidentemente, quebranta la garantía de la defensa en juicio" ( P.R.E. S. 1º 1990 I 39).

"La garantía de la defensa en juicio no sólo resulta violada cuando a las partes no se les da la oportunidad de hacerse oír y ejercer sus derechos, sino también, cuando al justiciable se le niega la obtención de un pronunciamiento que defina su posición, esto es, cuando no se atiende en la resolución las cuestiones y argumentaciones expuestas, máxime cuando ellas son de entidad suficiente para influir en el decisorio." (P.R.E. S. 1º-1990-163; S.1º 1991 I -60; S.1º 2000 I 151; P.R.E.

S.1º 2000 II-351; P.R.E. S.1º 2003 -II 384-).

Esto así, porque la a-quo no ha verificado, conforme a la prueba incorporada, concurran los requisitos exigidos por la ley para la admisión de esta especialísima acción, cuestión ésta que tiñe de arbitrariedad el decisorio y obliga a éste Tribunal a asumir la plenitud de la jurisdicción y efectuar el análisis de los requisitos exigidos por la ley para la viabilidad de la acción y en su caso de la pretensión.

En el cometido propuesto, en primer lugar, cabe dejar sentado que el agravio referido a la observación efectuada al producir el informe y reproducido en esta instancia sobre la extemporaneidad de la presentación no es atendible, por cuanto, al igual que en la acción de amparo, cuando de un hecho como es la causa que da lugar a una acción de Habeas Data, es decir, el registro de una persona como moroso en una base de datos que se mantiene de manera continuada o reitera o repite en el tiempo puede contarse válidamente el término desde el último acontecimiento (nueva lesión constitucional) puesto que desde ese momento ya no se quiere dejarlo pasar sin queja ante la jurisdicción (conf. L.S.

2003-Tº I Fº 58/66). En el mismo sentido, CIFUENTES afirma que "la falta de información es una situación continuada, que se renueva y hace renacer temporalmente el derecho de solicitar por amparo su realización". (CIFUENTES, Santos, "Acciones procesales del artículo 43 de la Constitución Nacional", L.L. 1999-A-258).

Asimismo y habida cuenta la naturaleza de los bienes que tutela esta garantía instrumental -verdad, autodeterminación informativa, intimidad, privacidad, voz, imágen, valores familiares, honor-, tenemos presente que el accionante no debe alegar la existencia de gravamen o perjuicio alguno. Ekmekdjian ha puntualizado que el accionante no debe demostrar un daño específico como resultado de la acción ilegítima del sujeto pasivo, pues en materia de derecho a la privacidad la capacidad dañosa de la intrusión se presume juris et de jure ( Ekmekdjian, Miguel A. "El hábeas data en la reforma constitucional", L.L. 1995 -E-949).

Establecido lo expuesto corresponde entrar al tratamiento de los restantes agravios A tal fin debemos tener en cuenta que el origen del hábeas data es explicable en función con el desarrollo de la informática que cuenta con protección constitucional a través de las reglas que tutelan la libertad de comerciar, trabajar, propiedad, etc.. Frente a este avance de la técnica, se alza la situación de los registrados en archivos y bancos de datos, cuya tutela merece análoga protección constitucional, pero en la medida en que aquellos contengan información equivocada, antigua, falsa, con potenciales fines discriminatorios, lesiva del derecho a la intimidad de las personas (conf. Sagüés, N. P., "Amparo, hábeas data y hábeas corpus en la reforma constitucional", LA LEY, 1994-D, 1158).

Dispone el art. 43, párrafo tercero, de la Constitución Nacional: "Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos".

Evaluada la pretensión de la actora en función de la normativa transcripta, el Tribunal entiende que la decisión recurrida debe revocarse, pues en el caso no surge acreditada causa alguna que obligue a ordenar la supresión intentada.

Tenemos a la vista los autos 86.976 caratulados: "Provincia de San Juan c/ Heredia Vicente Hugo y otra Ejecutivo", traídos a esta instancia como medida para mejor resolver en los que la actora en la presente causa es co-ejecutada en los autos que tramitan por ante el Octavo Juzgado en los Civil, en base a un certificado de deuda expedido por la Provincia de San Juan (ley 7053) y en el que si bien ha opuesto excepciones, dicho proceso se encuentra en la etapa de prueba, situación de la que deriva que no se ha dictado sentencia resolviendo las mismas y por ende, no se encuentra definida la existencia o no de la deuda.

De acuerdo a dichas constancias, que la sentenciante ha omitido considerar, mal puede acogerse la pretensión por falta de presentación de la documentación base de la presunta deuda puesto que, como bien lo señala la apelante, la actora en estos autos era conocedora que su condición de deudora surge del certificado de deuda que se ejecuta en los autos mencionado, aunque en el proceso ejecutivo se haya cuestionado, su constitucionalidad, cuestión ésta que todavía no se ha resuelto, por lo que pretensión cognoscitiva pretendida en primer término resulta inadmisible.

En cuanto a la segunda pretensión (supresión del dato) debemos tener presente que la supresión prevista por la norma tiene como finalidad eliminar el dato erróneo, falso o discriminatorio, que afecte la verdad y la igualdad. La solución adecuada, consistirá en eliminar el dato si se logra probar que es falso o que causa algún perjuicio. En este sentido, la tipología que adopta el habeas data, al permitir suprimir el dato sólo si hay discriminación o falsedad, es a los fines de conciliar el derecho de propiedad del operador del banco de datos y la privacidad del individuo registrado (conf. Palazzi, P. A., "Algunas reflexiones sobre el hábeas data...", pub. en "E.D.", t. 174, sección doctrina, p. 939 y ss.; C.N.Civ., Sala C, R.264.922., "in re" "Tirabasso, A. c. Organización Veraz S.A. s/habeas data", del 30-3-99, pub. en "E.D.", t. 184 p. 335) y en el caso de autos, hasta el momento de dictarse la presente las calidades necesarias (erróneo, falso o discriminatorio) que marca la ley para la procedencia de su eliminación no se dan.

Si tenemos en cuenta que lo que la ley quiere evitar precisamente es que circulen datos falsos, desactualizados o aquellos datos que sin ser falsos pueden reflejar diferencias con la realidad, en detrimento del titular del dato, no es el caso presente dado que la actora está en situación litigiosa y que las acciones promovidas procuran fijar judicialmente si mantiene alguna deuda con la cesionaria Provincia de San Juan.

En tales condiciones, no se puede afirmar que los informes son susceptibles de producir confusión en el ámbito de las relaciones jurídicas. La deuda está en litigio por lo que .el dato es verdadero toda vez que refleja la situación real y actual de la persona, no importando en el caso discriminación alguna., razón por la que el dato hasta la fecha de la presente es verdadero en la medida que refleja con mayor grado de precisión la situación patrimonial de la misma. Si consta que es deudora y la circunstancia por la que lo es, el dato es verdadero.

Explica Peyrano Guillermo (Reflexiones sobre la responsabilidad civil por los daños ocasionados por el tratamiento de datos de carácter personal. GUILLERMO F. PEYRANO Publicación: LEXIS NEXIS JURISPRUDENCIA ARGENTINA (Número Especial sobre Habeas Data y Protección de datos personales) J.A 2004-I-fascículo Nro.4, pág. 60., 28 DE ABRIL DE 2004), que "Quien promueve un juicio contra una persona aseverando que esta última es su deudora está generando un dato consistente en la atribución de tal carácter al deudor, es decir que el primero sostiene que el segundo le adeuda. La contestación de la demanda negando la deuda genera otro dato contradictorio con el primero. La sentencia firme declarando que la deuda existe o no existe hace nacer otro dato, que modifica la información. En ese juego la producción de datos se va suscitando y puede ir modificándose en su contenido (como en una investigación y proceso penal se puede ir pasando por los estadios de sospechoso, imputado, sobreseído, absuelto, condenado, indultado, etc.). La existencia del juicio, no obstante la contradicción entre lo sostenido por las partes, es una realidad".

Cabe agregar, a todo evento, que el presente proceso no es el marco de debate y prueba de la existencia o no de la deuda que se atribuye a la actora ni constituye lo resuelto aquí prueba de la existencia o no de la misma y que por lo contrario, una vez que recaiga resolución en el proceso ejecutivo y en el supuesto que la deuda se declare inexistente dicha resolución servirá de antecedente para ser inmediatamente excluido de la lista de deudores y en su caso proceder de conformidad lo autoriza la segunda parte del art. 10 de la ley 7447. Adoptar el criterio que aplica la accionante, implicaría lisa y llanamente desnaturalizar el recurso de "habeas data".

De lo hasta aquí expuesto corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto por la Provincia de San Juan contra la sentencia de fecha 16 de mayo de 2007 obrante a fs. 46/50 la que se revoca en todas sus partes.

Como consecuencia de ello corresponde dejar sin efecto la medida preventiva decretada a fs.7 debiendo oficiarse al Banco Central de la República Argentina la revocación de la medida.

Por ello SE RESUELVE:

1) Admitir el recurso de apelación concedido a la Provincia de San Juan a fs. 58 contra la sentencia de fecha 16 de mayo de 2007 obrante a fs. 46/50 la que se revoca en todas sus partes, disponiendo en su lugar rechazar la acción de habeas data propuesta.

2) Imponer las costas devengadas en ambas instancias a la actora vencida. Diferir la pertinente regulación de honorarios de alzada para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

PROSECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.