marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución fiscal, inhabilidad de título, preclusión
Materia: CIVIL
Carátula: "DIRECCION GENERAL DE RENTAS #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: CC c/  s/ nulidad y la excepción de inhabilidad de título
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-17

Las ejecuciones fiscales son procesos ejecutivos especialmente regulados.

Atendiendo al origen y formación del título, responden a una naturaleza administrativa, ya que son creados por entidades públicas con el fin de percibir gravámenes indispensables para su desenvolvimiento (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Comentado", tomo 3, p.171).

El certificado así extendido tiene el valor de un instrumento público (art. 289 inc. c del Código Civil y Comercial) con las consecuencias jurídicas de impedir al accionado desconocer, en principio, sus constancias.

Si no ha logrado el demandado acreditar la inexistencia de deuda, por ya no revestir el carácter de contribuyente, toda vez que se le ha negado la concesión de la baja en el impuesto por los períodos que surgen del certificado de deuda la excepción de inhabilidad de título no resulta procedente.

Si la providencia por la que se llaman autos para resolver no ha sido cuestionado y quedó consentido; mal puede ahora argüir el apelante que la sentencia es nula por haberse dictado sin producción de prueba, cuando fue él quien consintió su dictado. El principio de preclusión procesal impide reeditar etapas que han quedado firmes por haber sido consentidas expresa o tácitamente por las partes.

La apertura a prueba de las excepciones en el juicio ejecutivo es facultad privativa del Juez, quien puede, en consecuencia, prescindir válidamente de esta etapa cuando considere que los elementos obrantes en el expediente son suficientes para resolverlas sin necesidad de recurrir a ese arbitrio (CApelCCSalta, Sala III, año 1996, f° 686/687, íd. Sala V, año 1992, f° 879/883; íd. Sala I, año 1987 f° 78).

Por más amplitud que pretenda asignársele al derecho de defensa en juicio, no puede éste llevar a desconocer el instituto de la preclusión y a dejar de lado las omisiones en que incurrieran las partes y que sólo a ellas cabe imputar (CApelCCSalta, Sala III, t. 2014-I, fº 201/206).
Autonomía provincial, competencia provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Risso, Claudio Jesús y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

El respeto a las autonomías provinciales exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que en lo sustancial versan sobre aspectos propios del derecho provincial o nacen de relaciones jurídicas que en esencia se encuentran regidas por tal derecho.
Costas, tercería de dominio
Materia: CIVIL
Carátula: CAJERVILLE ALFREDO NESTOR S/ TERCERIA DE DOMINIO EN AUTOS: EL ORIENTE C/ MONTOTO ALBERTO S/ COBRO DE PESOS. s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-31

Si el proceder del embargante ha dado motivo más que suficiente a la promoción de la demanda de tercería de dominio, y al haber sido extemporáneo su pedido de sustitución de embargo, en virtud de los artículos 68 y 70 del C.P.C y C., corresponde que cargue con las costas que fueron impuestas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contratos civiles, intervención de terceros
Materia: CIVIL
Carátula: Vallejo, German Carlos c/ Banco de San Juan S.A. s/ Daños  y  Perjuicios-Sumario-Incidente  de  Ejecución  de Honorarios  Deducido  por  los  Dres. Genest y Martín Rizzotti c/ Banco  de  San  Juan.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-06-12

No hay arbitrariedad en la sentencia apelada, cuando aplicando el art. 1195 del C. Civil el A-quo dice que los terceros pueden invocar la existencia de un determinado contrato celebrado por otras partes, pero los efectos del mismo sólo se extienden o producen respecto de esas partes contratantes, y que los contratos no pueden perjudicar a terceros.
Enfermedad accidente, hernia
Materia: LABORAL
Carátula: VERGARA, ALBERTO c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE TRANSPORTE MARITIMO SA. (CIAMAR) s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-10-29

Es indemnizable como incapacidad parcial y permanente, una hernia inguinal sufrida por un trabajador, concausalmente atribuible a sus tareas, clínica y quirúrgicamente curada y sin secuelas perceptibles, ya que este tipo de lesiones deja en quien las padece una predisposición para el mismo tipo de dolencia, afectando potencialmente su 'capacidad de ganancia'.
Fundamentación de sentencias, sentencia condenatoria, mercadería falsificada
Materia: PENAL
Carátula: OXANCE, Cristian Darío c/  s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-23

Está debidamente fundada la condena en los términos del art. 31 inc."d" ley 22.362, si el imputado puso a la venta 266 productos con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, honorarios, honorarios del perito
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: De Souza, Daniel Omar y otros c/ Empresa Obras Sanitarias de la Nación s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

El recurso extraordinario contra la sentencia que redujo los honorarios regulados a la perito contadora es inadmisible (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Defensa del consumidor, contrato de turismo, cláusulas leoninas, abogados
Materia: COMERCIAL
Carátula: PLA CARDENAS, RAMON c/ ALL SEASON SRL s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-06

Cabe admitir el reclamo de rendición de cuentas contra un agente de viajes turístico a fin de que acredite cual fue la utilización dada a fondos adelantados por el pasajero cuando, se aprecia un exceso en lo percibido, aún ante la existencia de una claúsula prevista en las condiciones generales del contrato de servicios turisticos, según la cual "...una vez comenzado el viaje, la suspensión, modificación o interrupción de servicios por parte del pasajero por razones personales de cualquier indole, no dará lugar a reclamo, reembolso o devolución alguna..." y sin que obste a ello la condición de abogado del accionante, toda vez que tal condición no lo priva de su calidad de consumidor amparado por la ley 24240; ya que la condición de consumidor la tiene cualquier abogado cuando contrata para su consumo final o beneficio propio -ley 24240: 1- (cfr. Farina, J., "Defensa del consumidor y del usuario", Bs. As., 2004, p.56); por lo que resulta improcedente hacer pie en el caracter de abogado del accionante para establecer en su contra un standard de apreciación riguroso en cuanto a la oponibilidad a su respecto de las claúsulas del contrato de viaje o turismo.
Mandamiento de ejecución, acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: PROCESAL
Carátula: J., J. A.  c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia  s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-12-27

La acción promovida es un mandamiento de ejecución, cuya procedencia requiere satisfacer las estrictas exigencias establecidas por el art. 58 de la Constitución Provincial, norma ya transcripta por el colega pre-votante. Así, la Carta Magna Provincial exige: a) una norma que imponga a un funcionario o autoridad pública un deber "expresamente" determinado; b) la presencia de un perjuicio material, moral o político debido a su incumplimiento; c) el reclamo ante el juez competente; y, d) la "comprobación sumaria" de la obligación legal y del derecho del reclamante. A su vez, la ley que reglamenta el instituto dispone que se rige por las mismas normas que la acción de amparo. Agrega que la demanda debe promoverse contra el funcionario o autoridad pública responsable del hecho u omisión y que le está vedado a la Fiscalía del Estado y a los abogados del estado, representar y/o patrocinar al funcionario (art. 18, Ley V, N° 84). En consecuencia, el trámite es sumarísimo, procedimiento abreviado que prevé los siguientes pasos: demanda, admisibilidad preliminar, traslado de la demanda por no más de cinco días, plazo brevísimo para la producción de la prueba pendiente de realización y, vencido ese lapso, sentencia en el término improrrogable de tres días. La ley especial exige, además, que la situación denunciada adolezca de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y que la acción se promueva dentro de los treinta días de producido el agravio (arts. 2 a 10, Ley V, N° 84).
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, incompetencia, empleados públicos, cesantía, nombramiento, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MARTINEZ DELFA, NORBERTO QUINTO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA.     CSJ EXPTE NRO 19-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-04-24

Si la cesantía fue dispuesta por autoridad legalmente facultada para ello, y la razón invocada por el actor es la carencia de facultad para declarar por sí la nulidad del acto de nombramiento, el planteo requiere el análisis de extremos fácticos y jurídicos que no corresponde efectuar en esta apreciación provisional de la solicitud -suspensión de la medida administrativa-, no pudiendo entenderse configurada "prima facie" la incompetencia, máxime cuando lo referente al alcance de la facultad de anulación de los propios actos por la administración y su concreta aplicación en razón de la gravedad del vicio que afecte el acto administrativo ha sido objeto de reiterada discusión y contradictorias soluciones en la jurisprudencia del tribunal.

Citas jurisprudenciales: A y S T 28 p 369-376; t 34 p 488-500;

t 36 p 137-147; t 43 p 27-34.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, ejecución de la pena, reincidencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: GONZALEZ, GONZALO LUIS s/ APELA DENEGATORIA LIBERTAD CONDICIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-12-16

Que la regulación legal de la reincidencia y sus agravantes constituya una facultad legislativa dentro del amplio margen que ofrece la política criminal no supone necesariamente el deber de asumir una actitud "acríticamente contemplativa", en tanto una aplicación mecánica de la ley llevaría a resignar el ejercicio de la función preeminente de la jurisdicción: asegurar la supremacía de la Constitución nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos mediante el control de constitucionalidad y convencionalidad que debe efectuarse incluso de oficio. Por tanto, no se pretende invadir una esfera propia del Poder Legislativo, sino advertir que, dada su naturaleza, en la habilitación del poder punitivo, la Constitución no sólo condiciona la actividad de interpretación y aplicación de la ley sino, antes bien y expresamente, la producción legislativa, así como que si bien la lucha política por el Derecho es de rango legislativo, la primera formulación de la política criminal está en la propia Constitución y sus principios penales.( De la disidencia del Dr.

Erbetta).
Trámites judiciales, falta de mérito
Materia: PENAL
Carátula: RIVEROS, CARLOS LEONIDAS s/ VIOLACION EN PERJUICIO DE N.N.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-20

La falta de mérito no cierra el proceso, solo declara que no hay mérito para ordenar el procesamiento, ni tampoco para sobreseer, dejando abierta la instrucción por el término establecido por la ley para continuar la investigación.
Regímenes jubilatorios especiales, odontólogos, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Salas, Pedro José Samuel c/ Caja Seg. Soc. Odontólogos Pcia. de Bs.As. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-04

Si bien a la fecha de sanción de la ley provincial 8119, se hallaba vigente el art. 53 de la ley nacional 18.038 -que prohibía la creación o puesta en funcionamiento de regímenes jubilatorios provinciales o municipales que con carácter forzoso cubrieran a las personas obligatoriamente comprendidas en el régimen de la ley 18.030-, el conflicto que de ello podía surgir, quedó superado al suprimirse en el año 1980 dicha norma -art. 53 cit.- por razones que respaldan las facultades provinciales para legislar sobre la materia (art. 1 inc. 42 ley 22.193 modificatoria de la ley 18.038 y nota al Poder Ejecutivo acompañando el proyecto de esa ley 22.193 -ADLA XL-B p. 897 y sgts., esp. p. 900-).
Cuestiones prejudiciales, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Gómez de Cuadra, Mónica E. c/ José Luis Gadea y/o Cía. de Seguros y/o Instituto Provincial de Seguro y/o responsable s/ Indemnización de Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-06-16

Habiendo resultado condenado en sede criminal el demandado, resulta imposible discutir su culpabilidad en esta sede, conforme los claros términos del art. 1102 del Código Civil. Sin perjuicio de ello, corresponde examinar la conducta de la víctima a fin de determinar si la misma configura la: culpa concurrente, de ésta en los términos del art.1113 del mismo cuerpo legal, y ateniéndose al, hecho principal, declarado por el Juez Penal, el que conforme la norma citada en primer término resulta incontestable en esta sede.
Locación de obra, honorarios del arquitecto, planos y proyectos, responsabilidad precontractual, etapas precontractuales
Materia: CIVIL
Carátula: SERRA, Fernando Horacio y otro c/ PIERO SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL s/ COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-02

Quien consintió entrar en tratativas con un arquitecto para lograr la celebración de un contrato de obra, no puede apartarse, sin consecuencias para él, salvo que medie algún motivo justificado para hacerlo (art. 512 del Código Civil). Pues la responsabilidad precontractual se extiende a cualquier caso de brusca ruptura de los preliminares, aún cuando éstos no se hubiesen concretado todavía en oferta definitiva, siempre que se hubieran realizado trabajos preparatorios con la autorización expresa o tácita de la parte.
Honorarios del perito, acción de repetición
Materia: LABORAL
Carátula: Rastellini, Cecilia c/ Chambers SA y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-08

La parte que por imperio del art. 9 de la ley 24432 tenga que afrontar el eventual reclamo del perito por el 50% de sus honorarios, sin que haya sido condenada en costas, puede repetir lo que ha sufragado de quien sí resultó condenado, dado que a quien no le han sido impuestas las costas concurre sólo a garantizar (parcialmente) los emolumentos de los auxiliares de la justicia. Temático 19. toq. 1182.
Intervención de terceros, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: BARRAZA, RAMON ATILIO c/ HECTOR BOUZAS Y COMPAÑIA  S.A. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-30

Si bien, en principio, resulta improcedente la condena de quien es citada como tercero al juicio, la misma es válida cuando ésta se convierte en contradictoria activa tanto del actor como de la empleadora del siniestrado.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, tribunal de cuentas, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Inés A. D'ARGENIO c/ TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  TRIBUNAL DE CUENTAS - ACTO ADMINISTRATIVO -  MEDIDAS DISCIPLINARIAS -  RAZONABILIDAD    -   FACULTADES DISCRECIONALES  -  PODER    JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-13

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que dejó sin efecto las resoluciones por las que se había declarado la responsabilidad disciplinaria de una funcionaria del Tribunal de Cuentas. Ello es así, pues lo decidido no carece de fundamentación, ya que el a quo examinó las constancias del expediente penal promovido contra aquélla, de las que concluyó que el mismo había finalizado con sobreseimiento provisional en la causa, que su desempeño en la docencia universitaria por el que se la acusó de violar el régimen de incompatibilidades era conocido por los miembros del Tribunal de Cuentas después de designarla, que la incompatibilidad horaria fue subsanada porque la profesional comenzó a dictar sus clases los días sábado por la mañana, que en el citado Tribunal cumplía por demás con el horario establecido, y que resulta admisible la explicación que brindó sobre el horario consignado en la declaración jurada presentada ante la Universidad de La Plata.
Impuestos, falta de facturación, sanciones administrativas, sanciones pecuniarias, clausura del establecimiento, eximentes de responsabilidad
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: KIM YOUNG SIN. s/ Infracciones tributarias.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

Las sanciones previstas para la infracción del contribuyente de omitir la emisión y entrega de factura o documento equivalente por la venta de mercadería pueden ser eximidas teniendo en cuenta la condición del contribuyente y la gravedad del hecho, conforme lo contempla el Art. 49 de la ley 11683, y en tanto la infracción constatada se trató de la omisión de emitir una factura de escaso valor (en el caso, cuarenta y siete pesos), no surge ni ha sido invocado cuál es la mayor gravedad de dicha infracción, por lo que la eximición de la sanción de clausura y la reducción del monto de la multa resultan ajustadas a derecho.

En igual sentido: Sala A, Reg. 61/2005, "Imbe Sofia", Mar.3.05. Reg. 75/2005, "Borges 1757 S.A.", Mar.9.05. Reg. 361/2005, "Blinder, Sergio C.", Jun.17.05, Públ. en LL-2005.Nov.8, Sum. 109620, p.7.
Accidente ferroviario, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SANCHEZ, Juan C. s/ infr. art. 196 C.P. Causa nro. 11544
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-14

El mentado artículo 196 reprime al que ..."por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo". Aquí la conectiva "u", anterior a "otro accidente", implica una disyunción, esto es, basta con que se produzca cualquiera de las alternativas previstas, por ejemplo un accidente de los previstos en el capitulo, y no necesariamente un descarrilamiento, para que la acción quede subsumida en ese tipo penal, extremo que en este caso se halla cumplido.

Si bien la conducta analizada se halla encuadrada en el artículo 196, no lo es en función del derogado artículo 190 bis, como sostiene el "a quo", sino en función del artículo 191, inc.

2do., en cuanto reprime al "que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerle descarrilar...si se produjere descarrilamiento u otro accidente".
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Kalnisky, Roberto c/ Mitre, María Elena del Rosario. s/ imposicion de costas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

La doctrina de la arbitrariedad no es invocable si la sentencia contiene fundamentos jurídicos mínimos que impiden su descalificación como acto judicial (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Cincotta, Graciela c/ La Ley S.A. s/ Indemnización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

Las sumas o montos que conforman la remuneración deben traducirse a valores constantes a fin de paliar los efectos distorsivos que provoca el proceso inflacionario. En ese marco, no cumplimenta adecuadamente el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo el fallo que fija la indemnización por antigüedad sobre la base de una remuneración anterior en varios meses al despido sin actualizarla hasta la fecha del distracto.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, violación del reglamento de copropiedad
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE LA AVENIDA ENTRE RIOS 958/74 c/ PROPIETARIO DE LA UF 34 s/ CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE COPROPIEDAD CONSORCIO VIRREY OLAGUER Y FELIU 2555 c/ MASCORT, Raúl Alejandro Claudio s/ CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE COPROPIEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18|1998-09-21

Acreditada la existencia de una violación al Reglamento de Copropiedad, el hecho de que se hubieran producido otros hechos similares con anterioridad, no transforma al comprobado en legítimo y permitido, pues ello daría pie a que cualquier otro propietario altere las partes comunes a su capricho, con el lógico detrimento del edificio y de la autoridad del Reglamento en cuestión.
Violencia familiar, dispensa de la prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ, JOSE SAMUEL. c/ MILLAPE, NINFA JAQUELINA. s/ ACCION POSESORIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-13

El hecho de que al aquí actor se le haya prohibido, por orden judicial, acercarse al domicilio de la propiedad que habita la demandada, no autoriza sin más la suspensión de la prescripción, pues la medida ha sido consecuencia de una orden judicial que ha respondido a motivos distintos de los aquí ventilados, por lo que no le ha impedido el ejercicio de la acción que considere pertinente a los fines de recuperar la posesión del inmueble.
Juicio de desalojo, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernando Raúl Manuel Zurueta c/ Teresa Portal de Vargas y/o Terceros ocupantes s/ Recurso de Casación e inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº 6128/02 Desalojo. L.A. N 46 F 909/914 N 368 y/o Terceros ocupantes s/ Recurso de Casación e inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº 6128/02 Desalojo. L.A. N 46 F 909/914 N 368
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-10-29

"Como presunción juris tantum cabe suponer la precariedad de la ocupación del inmueble, sin una correlativa contraprestación por su uso y goce, cuya destrucción o desvirtuación es de cargo del demandado, por ejemplo con la acreditación de un título que lo autorice a continuar en la ocupación, por ejemplo, en el caso de autos, haber probado la invocada dación en pago por servicios profesionales prestados o la posesión con ánimo de dueño. Ante la carencia de un título que justifique la ocupación y el no pago de un precio en contraprestación por el uso y goce, no cabe exigirle al actor propietario la prueba de que dio en tenencia precaria; sino que es el accionado quien debe probar, aunque sea mínimamente, que su ocupación no es precaria por tener algún derecho a proseguir en la misma." (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 4a Nominación de Córdoba, 05/05/1998, Apeco S.A. c. Sessa, Miguel A. (1), LA LEY, 1999­B, 810 (41.373­S) ­ LLC, 1998-1444)
Empleador, obligaciones solidarias, trabajadores de la construcción
Materia: LABORAL
Carátula: Escalera, Manuel G. c/ Galván, Samuel y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

El art. 32 de la ley 22.250 no requiere que el constructor de obra se dedique a la construcción como actividad habitual ni lucrativa.
Libertad de prensa, Municipalidad, Comunicaciones, publicidad de los actos de gobierno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Emisiones Platenses S.A. s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

Resulta improcedente considerar que un municipio pueda ser compelido - mediante la cita de la libertad de prensa - a distribuir sin justificación suficiente la publicidad oficial de sus decisiones o actos entre todos los medios que requieran indiscriminadamente su reproducción.