marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Remuneración, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: ROMANA CHOQUE,  Sebastián c/ CASTILLO, Juan Carlos s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

En materia de prueba de la remuneración no se deben aplicar principios rígidos y las controversias que se planteen deben resolverse en cada caso de acuerdo a sus particularidades. Desde tal perspectiva, la negativa genérica formulada en el responde acerca de la remuneración que percibía el actor, no exime a la demandada de asumir la carga probatoria que resulta del segundo párrafo del art 377 del CPCCN.
Constitución Nacional, debido proceso, defensa en juicio, prescripción de la acción penal, derecho a la sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kipperband,  Benjamín s/ estafas reiteradas por falsificación dedocumentos  -  incidente de  excepción previa de prescripción de laacción penal -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

Si la duración del proceso, por la magnitud del tiempo transcurrido resulta, en sí, violatoria de la defensa en juicio y el debido proceso, corresponde declarar prescripta la acción penal, pues esta medida constituye la vía jurídica idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo y salvaguardar de este modo el derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (Disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Antonio Boggiano).
Despido por matrimonio, trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: CASAS, Rodolfo c/ PORRAS, Ricardo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1991-02-28

El despido del trabajador por matrimonio debe apreciarse con criterio restrictivo. La indemnización especial para el supuesto del matrimonio del dependiente sólo es aplicable al trabajador varón cuando acredite que el despido reconoce como causa tal circunstancia.
Subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, obligaciones del empleador, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MIÑO, RAUL c/ SANCRO SRL Y OTROS s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

El art. 30 LCT consagra un sistema de responsabilidad por las obligaciones emergentes de la relación laboral, incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social, sin distinguir entre obligaciones de dar sumas de dinero o de hacer.
Causas de justificación, legítima defensa, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: M, R C s/ HOMICIDIO      EXPTE NRO 38-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-06-06

Tomando como cierto los golpes recibidos en un primer momento traducible en una agresión consumada, esta acción ya había concluido, pues transcurrió un lapso no sólo temporal sino que cuando el agresor emprendió veloz carrera también había tomado distancia y toda la actividad posterior desplegada está nítidamente dirigida a una aceptación por parte del justiciable a iniciar, o al menos a no rehuir la pelea y por dicha vía a terminar con la situación en que se encontrara inmerso.

Para que pueda considerarse que se ha obrado en defensa propia es menester la concurrencia de todas las circunstancias que la ley taxativamente enuncia, las que para más, tienen que resultar liminarmente acreditadas. Es decir, que en su apreciación es necesario que hayan concurrido en la ejecución del hecho los tres elementos de mención, pues si no se encuentra conformada la existencia de un peligro real y no provocado, que debe ser actual, grave e inminente para justificar la defensa, no hay cabida a su legitimación.

La figura del artículo 35 del Código Penal supone una graduación estéril de aquella defensa por parte del actor, o sea la intensificación innecesaria de la acción inicialmente justificada, pero siempre dentro de los cánones de una licitud inicial en la acción desplegada.
Aclaratoria (procesal), sentencia ultra petita
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Suárez, Andrés Cristián s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-23

Corresponde dejar sin efecto la aclaratoria que, sin sustanciación ni traslado a la defensa, elevó la sanción impuesta en la sentencia anterior, ya que se configura un exceso jurisdiccional que lesiona las garantía de los arts. 17 y 18 CN. (Dres. Catucci, David y Slokar).
Concursos, fondos del concurso, depósito judicial, síndico del concurso, pesificación, acción por omisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASTELAR SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE MOVIMIENTO DE FONDOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-28

Del dictamen fiscal 89408:

Cabe rechazar el recurso interpuesto por el síndico de la quiebra contra la resolución que ordenó al Banco de la Ciudad de Buenos Aires la conversión a pesos de ciertos fondos de la quiebra, originariamente depositados en dólares, de acuerdo al valor de la divisa extranjera en el mercado libre a la fecha de vencimiento de los plazos fijos, ya operados o que se operen, toda vez que se trata de un aspecto consentido por la sindicatura, al haber asistido personalmente a la audiencia en la que dos bancos realizaron ofertas de tasas de interés para la imposición en pesos de los fondos de la quiebra, y nada objeto al respecto, de lo que cabe inferir su consentimiento acerca de dicha colocación de los fondos en pesos, y a raíz de la cual la jueza dispuso, congruentemente con ello, la pesificación de los depósitos y su imposición a plazo fijo por 60 días en el Banco que ofertó la más alta tasa de interés (Banco de la Ciudad de Buenos Aires).
Responsabilidad periodística, transmisión televisiva, escrache, derecho a la información
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: La Forgia, Daniel Mario y otro c/ América TV S.A. y otros  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-06

Cabe descartar la responsabilidad de los medios televisivos que transmitieron en directo el escrache organizado contra los actores, entendiendo que no asumieron en ningún momento una postura activa dirigida a afectar el honor de los accionantes, ni a dar por efectivamente ocurridos los hechos que los manifestantes les atribuyeron y, por lo tanto, no se advierte que el derecho a informar se hubiera ejercido de un modo abusivo, de conformidad con lo establecido por el art. 10 del Código Civil y Comercial
Prescripción, prescripción bienal, cómputo del plazo, cese del patrocinio
Materia: CIVIL
Carátula: Asorte S.A. c/ Balude Miguel Angel s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-16

La prescripción bienal contemplada en el art. 4032 inc. 1ro.

del Cód. Civil, rige para aquellos supuestos en que el mandatario o patrocinante ha cesado en su ministerio, ya sea por terminación del pleito o conclusión de su vínculo (cfr. CNCiv. Sala A, R.230.643, set. 28-978). En este último supuesto, el plazo de prescripción se cuenta desde la fecha en que el letrado renuncia al mandato o al patrocinio ejercido o desde que le es notificada la revocación del poder o del patrocinio (cfr. Llambías "Tratado.. Obligaciones", T.III, nro.2087; Borda, "Tratado..

Obligaciones", T.II, nro. 1112; Spota, "Tratado de Derecho Civil", T.I, parte gral., Vol.10 nro.2249, p.563; Salvat-Galli, "Tratado.. Obligaciones en Gral.", 6ta. ed. T.III. nro.2233, p.569), pues sólo a partir de ese entonces quedará expedita la vía para ejercer las acciones cuya prescripción se pretende (cfr.

CNCiv. Sala A r.182.299, abril 5-973).
Recurso de casación, Ministerio Público
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERREYRA, JULIO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

El art. 381 del C.P.P.N., que brinda al fiscal de juicio la posibilidad de 'ampliar la acusación', debe ser entendido en el sentido de que establece una excepción a la regla según la cual el requerimiento de elevación a juicio fija la base fáctica del juicio. El fiscal se encuentra autorizado, según esa norma, no sólo a acusar por aquellos hechos contenidos en el requerimiento, sino, además, a ampliar la acusación en los casos de hechos que integren un delito continuado o de circunstancias agravantes no contenidas en él".
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa, culpa de la víctima, violación al deber de cuidado
Materia: CIVIL
Carátula: G., G. s/ Lesiones culposas (Expte Nº218-97, Resolución Nº25, Tomo 5, Folio  104)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-28

Establecida la existencia de un daño y su vinculación con el riesgo generado a partir del uso de una cosa, resta establecer si la presunción de responsabilidad derivada del art. 1113 del Código Civil opera o resulta excluida por culpa de la víctima (culpa entendible como la violación de deberes de cuidado particularmente exigibles). Así entonces corresponde determinar cuáles deberes de cuidado eran exigibles a la víctima -este análisis me lo exige el artículo 1113 del Código Civil-, tarea para la cual es menester registrar a su vez cuáles serían los elementos constitutivos de tales deberes, o, dicho en otras palabras, cuáles datos debieron haber sido tenidos en cuenta por la aludida al momento decidir cómo actuar en forma prudente. Las normas dictadas para regular el tránsito automotor y especialmente las destinadas a hacerlo para el caso de intersección o cruce de calles, obviamente han de figurar entre esos datos, como también han de hacerlo las condiciones del pavimento, la visibilidad imperante, las circunstancias del tránsito y las de las calles por las que se avanza.
Derecho procesal, recursos, acción revocatoria, procedencia del recurso, reposición in extremis
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dachen Kume SRL c/  s/ quiebra s/incidente de verificación de crédito por rame productos químicos srl
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-22

Procede hacer lugar al recurso de reposición in extremis contra la resolución en cuanto allí se redujeron los honorarios regulados a favor del letrado reclamante, cuando, de hecho, la incidentista - condenada en costas- no había apelados por altos dichos estipendios. En consecuencia, visto que los alcances del único recurso interpuesto por el propio beneficiario respecto a los mencionados emolumentos no permiten su reducción de acuerdo a los cálculos efectuados por la Sala, corresponderá dejar sin efecto lo decidido y, en consecuencia, confirmar por bajos los honorarios regulados en primera instancia a favor del referido letrado.
Daños y perjuicios, responsabilidad indirecta, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes, pirotecnia
Materia: CIVIL
Carátula: PELOSO, RUBEN DARIO Y OTRO c/ CONS. PROP. JUNCAL 2431-33 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-08

Demandados daños y perjuicios como consecuencia de la explosión producida en el edificio que habitan los demandantes, dada la autorización concedida por el encargado del mismo a su hermana y cuñado para que descargaran mercadería, siendo material pirotécnico, su negligencia consistió en no intentar saber, ni verificar lo que se descargaba. Las funciones del encargado de un edificio abarcan el mantener bajo su exclusiva vigilancia ciertas partes de aquél, como los subsuelos donde se guardó dicho material, ya que las llaves sólo él las poseía y es justamente la negligencia en este aspecto del ejercicio de sus funciones lo que derivó en la explosión que produjo los daños en el inmueble. Aun cuando no se configure un hecho cometido por comisión en ejercicio de las funciones, sino sólo en ocasión de ellas la función sólo ha brindado la oportunidad de desarrollar la conducta que derivó en daño, pero igualmente el principal debe responder.

Responde el principal, cuando el hecho dañoso no hubiese podido realizarse de no mediar la función del dependiente.

En cambio no habrá responsabilidad del principal cuando el hecho habría podido cometerse igualmente aunque no se hubiese estado al servicio del principal.

Tras la reforma del art. 43 del Código Civil, introducida por la ley 17.711, se sostiene que ha quedado ratificada la interpretación que sostiene la responsabilidad del principal cuando el hecho lo cometió el dependiente "en ocasión o con motivo" de sus funciones, ya que lo dispuesto ahora en esa norma y que se refiere a la responsabilidad de las personas jurídicas proyecta sus efectos, por aplicación analógica, en virtud de "la notoria similitud de las situaciones contempladas en los arts. 43 y 1113, primera parte del código citado.
Nombre comercial, cese de uso de nombre comercial, nombres confundibles
Materia: COMERCIAL
Carátula: I.M.P.A.    INDUSTRIA  METALURGICA  PLASTICA  ARQ.  COOP.  TRABAJO Y CONSUMO c/ IMPLAR  S.R.L. s/ CESE USO DESIGNACION SOCIAL Y SU MODIFICACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

Para realizar el cotejo entre las dos designaciones comerciales la comparación se debe centrar en las partes principales: "IMPA", por un lado, e "IMPLAR", por el otro. Pues las menciones complementarias que siguen a ambas ("Industria Metalúrgica y plástica Argentina Cooperativa Limitada de Trabajo y Consumo" y "Sociedad de Responsabilidad Limitada", respectivamente) apuntan a indicar la actividad y el tipo societario, de modo que constituyen agregados secundarios que no gravitan para determinar si existe o no confundibilidad.
Acción de amparo, derechos y garantías constitucionales, personas con discapacidad
Materia: PENAL
Carátula: A. L. del R. y otro c/ OSDE s/ amparo de salud.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-06

El juez de primera instancia, previo a resolver, requirió a la actora que adjunte una prescripción médica actualizada. Luego de esta breve reseña de las circunstancias fácticas, cabe adelantar que asiste razón a los apelantes. Ello así, pues, en orden a la posibilidad de que la actora obtenga un pronunciamiento respecto del derecho de su hijo discapacitado a las prestaciones de salud requeridas, cabe destacar que por la naturaleza de los derechos en juego, garantizados en el art. 43 de la Constitución Nacional, no es razonable una interpretación restrictiva de los principios y las normas procesales, en beneficio de la finalidad prioritaria perseguida por el constituyente, cual es la de dotar a las personas de una vía procesal expeditiva mediante la cual éstos puedan proteger los derechos que la propia Constitución les reconoce frente a los actos u omisiones lesivos, sea que ellos provengan de autoridades públicas o de particulares (cfr. esta Sala, causa n° 5348/2005, del 15.06.2006).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, derecho a la salud, medicamentos, obligaciones de la obra social
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: C., M. L. y B., H. M. en nombre de su hija menor, V. A. B.  c/ Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-11

El recurso extraordinario es admisible en los términos en los que ha sido promovido, en la medida en que se ha cuestionado el alcance de normas federales que tutelan el derecho a la salud de las personas con discapacidad sobre las que se apoya el fallo (22.431, 24.901), así como de aquellas sobre las que se estructura el Sistema Nacional del Seguro de Salud (23.660, 23.661) y la decisión adoptada es contraria a la pretensión que la recurrente funda en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).
Tribunal oral, resoluciones judiciales, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ojeda, Dina y Pujolas, Ricardo s/ conflicto. Causa: 602
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-21

Las decisiones de los tribunales orales deben ser acatadas por los jueces instructores cuando hubiesen sido dictadas en el marco de sus facultades.
Honorarios del abogado, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Premazzi y Bertora, Angelina c/ Cionci, Antonio s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

Si media un auto regulatorio de honorarios, resulta indudable que el plazo prescriptivo a tener en cuenta es el que determina el art.

4023 del Código Civil.
Recusación, delitos contra la humanidad, deber de imparcialidad
Materia: PENAL
Carátula: MARTÍNEZ, Manlio Torcuato c/  s/ recuurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-29

Si el imputado nunca recusó al secretario del tribunal oral, la excusación de éste -en razón del vínculo laboral con un hijo del encartado y por haber sido presuntamente víctima de un hecho ilícito perpetrado por agentes de la dictadura- no entraña una causal de nulidad de su anterior intervención, máxime teniendo en cuenta que el standart de evaluación no puede ser el mismo que rige la actuación independiente e imparcial de los jueces.
Jubilaciones, acumulación de beneficios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PAILLAS, CARLOS ALBERTO s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

Corresponde sumar a la totalidad del haber jubilatorio a que tenga derecho el solicitante por el régimen especial (ley 22955), la que resulta de la obtención de otro beneficio por el régimen común, hasta el tope máximo establecido en el mismo régimen general (artículo 79 de la ley 18037) pero únicamente cuando al cese de los servicios se acredite derecho a la prestación, independientemente, en los respectivos regímenes que los comprenden (artículo 9 decreto 3319/83).
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, cosa riesgosa, ambiente de trabajo ruidoso
Materia: LABORAL
Carátula: VULCANO, DOMINGO c/ MEDIAS PARIS SA. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-26

Si bien en sí el ruido escapa de la conceptualización que brinda el artículo 2311 del Código Civil para definir a la 'cosa', no es menos cierto que él no es sino la forma y modo como se exterioriza el riesgo de la cosa, que lo es, sin lugar a duda la máquina en funcionamiento (conforme Sala VII, del 31 de agosto de 1983, JA.

1984 I, síntesis).
Responsabilidad del Estado, obligación de seguridad, régimen penitenciario, Constitución Nacional, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: MANJON VICTOR HUGO c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-17

El deber de seguridad estipulado tanto en favor de los reclusos como primordialmente del resto de la sociedad en general, surge claramente del art. 18 de nuestra Constitución Nacional. Entonces pues siendo insoslayable la función garantizadora de la integridad de todos los habitantes (incluso la del internado en tanto que no participó en el motín) parte del Estado; y dado que la ley penitenciaria nacional (20.416) establece que la ejecución de las penas privativas de la libertad, tiene por objeto básico y esencial la readaptación social del condenado, finalidad que tiende a velar por la custodia de las personas sometidas a proceso, procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales, su educación y su salud física y mental; todo enmarcado en el beneficio de la indicada sociedad general o común que sufraga con sus impuestos tales objetivos, que deben ser prioritariamente alcanzados teniendo en cuenta la seguridad y bienestar individual y colectivo. Creo que como corolario de los fundamentos vertidos, cabe destacar el mandato de nuestros constituyentes de 1853, mantenido en sucesivas reformas, pioneros en remarcar la función resocializadora del sistema penitenciario establecido en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Competencia electoral, elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, postulación como candidato
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Juntos por el Cambio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sobre Incidente de Apelación - Causas Electorales - Reconocimiento de Alianza/Oficialización de Candidatos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-21

El Tribunal Electoral es el órgano integrante del Poder Judicial al que el Código Electoral ha confiado el ejercicio de las competencias electorales centrales. En ese ejercicio, el referido tribunal ha entendido que en las PASO, los artículos 83, ss. y cc. del Código Electoral reservan a la Junta Electoral el primer examen y pronunciamiento en lo que hace a la oficialización de listas de precandidatos/as que se presentan en la elección interna de la agrupación política que la instituye; y es ella la que rechaza o admite las solicitudes de oficialización de listas de precandidatos/as a las elecciones internas abiertas. Al tiempo de ejercer esa competencia le incumbe pronunciarse acerca de las impugnaciones que pudieron presentar los/las ciudadanos/as de la CABA a la postulación de algún/alguna precandidato/a (cf. los arts. 83 y 84 del CE). Pero, son las listas (no las personas impugnantes) las que pueden apelar la resolución de la Junta Electoral ante el Tribunal Electoral (cf. el art. 86 del CE). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, doble instancia, competencia contencioso administrativa, cesantía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CENA, NORBERTO JORGE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25

El remedio planteado no puede prosperar habida cuenta que los Sentenciantes, analizando la cuestión vinculada con la violación al derecho de defensa por afectar el principio de la doble instancia, por carecer el actor -empleado municipal declarado cesante por la comisión de una grave infracción a sus deberes- de apelación ordinaria, entendió que ella, salvo materia criminal, no es por sí misma, requisito de naturaleza constitucional ni exigencia del debido proceso, integrando tal garantía sólo cuando está instituida por ley y con los alcances que ella señala; y frente a dicha afirmación, el impugnante trae sobre el tema argumentos en los cuales funda su particular y propia posición, pero, sin aportar nuevos elementos que conmuevan a este Tribunal a franquear el acceso a esta instancia de excepción. - CITAS: CSJN: Fallos 330:1036.
Reclamo administrativo previo, habilitación de instancia, cuestión de derecho público local
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berwyn de Fara, Shirley y Otros c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia delChubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-18

"... aunque no prevista, ni exigible en el derecho público provincial como requisito previo para habilitar la instancia contencioso-administrativa cuando la Provincia es demandada, la vía reclamatoria sustentada en derechos subjetivos públicos de carácter administrativo, encajará siempre en el derecho de peticionar del administrado, siendo su objetivo claro la obtención, por parte del poder público de un pronunciamiento expreso".
Accidentes de trabajo, condiciones de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CARBALLEDA, ALCIDES JORGE RAUL c/ BAYER ARGENTINA  S.A.C.I.F.I.M. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

Aún cuando no sea determinable en términos absolutos la incidencia que pudieran tener las modalidades del trabajo en la eclosión de la enfermedad, corresponde la indemnización cuando no es descartable la gravitación de aquéllas y existen circunstancias especiales que conducen, por vía de presunción, a concluir en este último sentido (conforme Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala V, 28 de febrero de 1974, TSS 1973/74, página 536).