Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-03


NEUQUEN, 3 de abril de 2014.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "SANCOR COOP. SEGUROS LTDA. C/ LEDDA AUTOMOTORES S.R.L. S/ D. Y P. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL PARTICULAR" (EXP Nº 399870/09) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERIA NRO. 1 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado Cecilia PAMPHILE dijo:

1.- El presente pleito se inicia por Sancor Cooperativa de Seguros Ltda., en los términos del art. 80 de la ley 17.418, que prescribe: "Art. 80. Los derechos que correspondan al asegurado contra un tercero, en razón del siniestro, se transfieren al asegurador hasta el monto de la indemnización abonada..." La sentencia de fs. 677/684 acoge la demanda, y condena a la Daniel Horacio Ledda a pagar, a la compañía de seguros actora, la suma que esta última desembolsara a favor de su asegurado.

Para así decidir, la jueza consideró que la relación jurídica que unió a las partes fue la de un contrato de depósito civil (descartó que fuera de tipo comercial).

A su vez, entendió que medió culpa del depositario en su deber de guarda y conservación del rodado y que no se configuró un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor.

En tal sentido, la magistrada interpretó que, atento la actividad comercial del depositario (compra venta de automotores), resultaba exigible una conducta de diligencia mayor y no solamente el cuidado que pondría en las cosas propias.

Por otra parte, estimó que el robo del vehículo no configuró un hecho irresistible o imprevisible que autorice a eximir al depositario de responsabilidad.

Desde esa perspectiva, puntualizó que pese a que el local comercial contaba con medidas de seguridad, éstas debieron incrementarse dado que allí se alojaban vehículos de considerable valor.

2.- En su recurso de apelación, la accionada cuestiona: a) el encuadre legal realizado en la sentencia, toda vez que el contrato que unió a las partes fue un mandato y no un depósito. b) la errónea interpretación y aplicación de los arts. 512, 513, 2202, 2203 y 2237 del Código Civil. Aquí objeta que la jueza alterara sin fundamento la manda del citado art. 2202, exigiendo al Sr. Ledda mayores diligencias que las adoptadas con respecto a sus bienes, e insiste en que al tratarse de un depósito gratuito no puede requerírsele un esmero mayor que para el cuidado de las cosas propias. Luego detalla las medidas de seguridad existentes e insiste en que eran adecuadas.

c) la no subsunción del robo en un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor.

Transcribe un fallo vinculado al robo de un auto en un taller mecánico.

d) la falta de sustento suficiente en las constancias de la causa. Refiere a las declaraciones de Barceló y de distintos testigos, informativa a AFIP y Autovisiones S.A., etc.

e) el rechazo de un hecho sobreviniente (reaseguro de la póliza contratada con CBS SRL).

3.- La contraria contesta agravios en los términos que surgen de fs. 722/725 vta. Solicita su rechazo, con costas.

4.- Resumidos de este modo los términos del decisorio atacado y los agravios formulados por el apelante, adelanto que el recurso resulta procedente.

En primer lugar, considero que en el caso ha mediado un contrato de mandato, y no de depósito.

Como explica BORDA, muchos son los contratos que obligan a una de las partes a guardar y conservar la cosa de otro. El mandatario debe guardar las cosas cuya administración le ha sido confiada; el empresario las cosas que se ha comprometido a reparar; el comodatario las que se le han prestado; el transportador las que lleva de un lugar a otro. Pero en todos estos casos la obligación de guarda es accesoria de otra principal, que constituye el verdadero objeto del contrato. En el contrato de depósito, en cambio, la finalidad esencial es precisamente la guarda de la cosa. Habrá, por tanto, depósito cuando una de las partes entrega a la otra una cosa con la sola finalidad de custodiarla hasta que aquélla la reclame (aut. cit, Tratado de Derecho Civil, Ed. La Ley, p. 661).

Desde esa perspectiva, explica la doctrina que no hay contrato de depósito sino mandato, si se encarga recibir la cosa de un tercero y guardarla hasta ser entregada al titular (cfr. ZUNINO, Jorge Osvaldo, Depósito y otras relaciones de guarda, Ed. Astrea, p. 20 y 21).

Y esto es lo que sucedió en la especie, si se tiene en cuenta que "ha quedado demostrado que el representante de la empresa asegurada por la actora encomendó al demandado, una vez transportado el rodado a Cipolletti, el retiro de la unidad adquirida y su guarda en el local de venta de automóviles de propiedad del Sr. Ledda, hasta el momento en que el Sr. Barceló la retirara", tal como entendió la jueza de grado a fs. 679 vta.

Es decir, la encomienda no solo abarcaba la guarda del automóvil, sino también su retiro de la empresa transportadora -tercero-.

Nótese que Vélez Sárfield, en la nota al art. 2182 Código Civil, se ha encargado de aclarar que no siempre que se guarda gratuitamente una cosa hay depósito. Y pone como ejemplo "si yo, por ejemplo, os encargo recibir de un tercero una cosa y guardarla hasta que disponga de ella, el contrato es mandato y no depósito".

Por ende, si lo que unía a las partes era un mandato, habiéndose incoado la acción por incumplimiento de los deberes del depositario, es claro que la demanda resulta improcedente.

5.- No obstante, aun cuando se concibiera -tal como lo juzgó la magistrada- que en realidad hubo depósito y no mandato entre el asegurado del actor y el accionado, a mi entender, la sentencia igualmente no ha realizado un correcto tratamiento a la cuestión. Y ello ha acontecido, fundamentalmente, porque se ha soslayado medir la responsabilidad del depositario en función del carácter gratuito del depósito que se reputó habido entre las partes.

La sentencia tuvo en cuenta que no se trató de un depósito de tipo comercial y, por ende, oneroso. Por el contrario, afirmó que el Código Civil establece, como obligación esencial del depositario, el deber de custodia o guarda de la cosa, que lleva ínsita su conservación. Y que este plexo normativo: "hace responsable de las pérdidas al depositario si omite tal obligación, sin que a ello obste la gratuidad del contrato..." (fs. 681 y vta).

Más allá que la gratuidad del vínculo fue establecida en el decisorio, sin que tal calificación fuese motivo de agravio, la prueba arrimada a la causa también da cuenta del carácter no oneroso precitado.

Así, de la declaración testimonial del Sr. Barceló surge que la relación comercial que existió entre CBS y Ledda se circunscribió al monitoreo de alarmas (lo cual aconteció luego del hecho delictivo) y la entrega de un Audi Q7 en el año 2008 para la venta (fs. 429/430 vta.) Luego explicó el motivo por el cual el Audi All Road se encontraba en la concesionaria de Ledda cuando ocurrió el hurto, del siguiente modo: "yo le había pedido a Daniel Ledda en razón de que yo no iba a estar en la ciudad de Neuquén si lo podía retirar y guardar bajo techo, ya que mi parque automotor es totalmente al aire libre, la unidad y me la tuviera hasta que yo volviera de San Martín de los Andes. Iban a pasar 2-3 días hasta que lo patentara e hiciera todos los trámites" .

Asimismo, aclaró que en virtud de tal encomienda no abonó absolutamente nada a Daniel Ledda y que el pedido se lo hizo porque "del trato me pareció un tipo serio, y por los autos que tenía en su concesionaria me daba confianza" (fs. 429 y vta).

En cuanto a las medidas de seguridad, indicó: "de visitas anteriores.. vio que tenía una alarma y era un espacio totalmente cerrado donde quedaba el auto.

Para mi contaba con los elementos de seguridad".

Esto se ve corroborado con el informe emitido a fs. 362/363 por Autovisiones S.A., en punto a que el "Sr. Daniel Ledda no intervino ni como comisionista, ni como intermediario, ni como garante. No tuvo participación en la operatoria comercial" (señalo que del ICC Nº 1524 que tengo a la vista, no se observa que se hubiera librado el oficio a la empresa señalada en los términos del art. 403 CPCC).

Tampoco figura el rodado objeto de autos como ingresado para la venta (por mandato o consignación) en el local comercial de Ledda. Ello se aprecia en la informativa a la AFIP respecto de las altas y bajas respectivas (fs. 457/460) y en la pericial contable (fs. 513/516). En esta última pieza sólo se indica el registro de la gestión de venta del Audi Q7 en el año 2007.

De todo ello se deriva, entonces, que el elemento subjetivo que menta el art. 572 del Código de Comercio tiene sólo un valor presuncional que admite prueba en contrario: sobre esta base se ha descartado la comercialidad del depósito cuando, a pesar de la condición de comerciante de una de las partes, la relación no responde a un acto de comercio (CCivCom, MdelPlata, Sala I, LL 1978-B-530, citado por ZUNINO, p. 27 y 28), como aquí acontece.

6.- Sentado el carácter gratuito de la encomienda y custodia en cuestión, resulta necesario avanzar en el análisis del sistema de responsabilidad que rige en la especie.

El art. 2202 del Código Civil dice específicamente que "El depositario está obligado a poner las mismas diligencias en la guarda de la cosa depositada, que en las suyas propias".

Como explica el ya citado Jorge Zunino, el sistema del Código Civil "recurre, así, a la fórmula clásica de la denominada culpa levis in concreto, con lo cual acota para la especie el criterio de apreciación de la culpa que el art. 512 instituye como base de nuestro sistema" (ob. cit. Pág. 191/2).

En principio, pues, le es suficiente al depositario para acreditar el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la guarda y, por ende, eximir su responsabilidad por pérdida o menoscabo, demostrar que no pone (o no puso en el caso concreto) más esmero en el cuidado de sus propias cosas (BORDA, Contratos, TII, p. 737).

La regla se justifica en la gratuidad de la figura genérica del depósito que, además, como servicio de amigo, se presta en interés del depositante, por lo que cabe suponer en el depositario la intención de ofrecer el cuidado que pone de ordinario en sus cosas, sin que se le pueda exigir una vigilancia mayor (MACHADO, Exposición y comentario, t. VI, p. 39, y ZUNINO, ob. cit, p. 192).

Continúa explicando este último autor: "Cierto es que la regla del art. 2202 tiene como referente concreto los hábitos de la persona y las circunstancias especiales de cada caso, sin que quepa trazar un tipo general y abstracto: desde esta perspectiva se puede discutir si la norma plantea un apartamiento respecto del criterio de apreciación de la culpa dispuesto en el art. 512, como postula mayoritariamente la doctrina tradicional, o si sólo determina un nivel de gradación más indulgente, aunque sin perder de vista el criterio general, estableciendo en definitiva cuales son las diligencias que, para el depósito, exige la naturaleza de la obligación y se corresponden a las circunstancias de la persona, tiempo y lugar.

"En todo caso, estas disquisiciones dependen de la posición dogmática que se sostenga respecto del sistema adoptado por el Código, sin olvidar en lo sustancial la justa observación de Colmo sobre que, en la práctica, ambos sistemas se complementan cuando se los sabe aplicar, porque aun la apreciación concreta supone siempre un principio de fondo que la orienta. De aquí que la correcta interpretación de esta norma en consonancia con el contexto responsabilizatorio general implica reconocer que, si bien no se puede exigir al depositario una vigilancia mayor o cuidados especiales por sobre los que dispensa a sus propias cosas, tampoco cabe descuidar que, desde que aceptó el depósito, asumió una obligación que no puede excusar esgrimiendo simplemente una inveterada negligencia en el cuidado de sus cosas o la total irresponsabilidad de su conducta habitual" (ibid, p. 193/4).

Vemos entonces que la nota de gratuidad no es un dato menor. A contrapelo de ello, debe destacarse que la estipulación remuneratoria altera dicha nota que es el dato normativo básico del contrato de depósito y, por ende, el fundamento de los limitados parámetros responsabilizatorios de esta norma. De aquí que la jurisprudencia sea conteste en que, cuando el depósito es oneroso, recobra su vigencia la regla general del art. 512 CCiv (CNCiv, Sala A, 10/8/70, ED 34-480; íd., Sala B, 23/12/66, ED, 21-351; íd., Sala F, 13/09/79, ED 87-231 citados por ZUNINO, ob. cit, p. 194).

En tal sentido, indica BORDA: "El depositario está obligado a poner la misma diligencia que en el cuidado de las cosas propias (art. 2202). En este caso, la ley se aparta del criterio objetivo de la culpa, para apreciarla en forma más benévola; para eximirse de responsabilidad, no es necesario que el depositario demuestre que obró como lo haría una persona diligente o un buen padre de familia: le basta con demostrar que no pone más esmero en el cuidado de sus propias cosas. La solución se explica porque no es justo ser demasiado exigente con el autor de la liberalidad" (ob. cit, p. 678).

Aplicando estos lineamientos al caso de autos, se observa que el accionado cuidó el Audi All Road con la misma diligencia que dispensara al resto de los automóviles de alta gama que exhibía para la venta en su local.

Según se desprende de la pericia en seguridad y de la actuación policial de foja 1 vta., el local contaba con dispositivos de seguridad: frente vidriado con marcos de metal; rejas sobre el lado norte compuestas por barrotes separados por 10 cm y 3 metros de altura; los portones del lado norte eran de dos hojas y se cerraban con candados; se encontraba un sistema de alarma (fs.635).

Luego, y en lo que refiere al caso fortuito o fuerza mayor, no debe perderse de vista que: "cuando el depósito es gratuito, la culpa excluyente del caso fortuito o la fuerza mayor debe ser apreciada en concreto, sobre la base del cuidado que el depositario dispensa a la cosa propia" (ZUNINO, p. 202).

Por tales razones, teniendo en cuenta la gratuidad del contrato y el beneficio que importa para el depositante, quien no puede pretender cuidados especiales para la cosa depositada, sino los que ordinariamente dispense a las suyas quien aceptó el depósito, es que considero que no cabe responsabilizar al accionado por los incumplimientos que se le atribuyen en la demanda.

En virtud de las consideraciones que anteceden, propongo al Acuerdo revocar la sentencia de grado y, en consecuencia, rechazar la demanda incoada, con costas al actor perdidoso (art. 68 CPCC).

En tal virtud, dejar sin efecto los porcentuales fijados en la primera instancia a los efectos de la regulación de los honorarios profesionales, los cuales, habrán de ajustarse al sentido del presente pronunciamiento (art. 279 CPCC). MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1.- Revocar la sentencia de fs. 677/684 y, en consecuencia, rechazar en todas sus partes la demanda incoada por Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. Contra Daniel Horacio LEDDA.

2.- Imponer las costas de ambas instancias al actor perdidoso (art. 68 CPCC).

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en la anterior instancia los que, adecuados al nuevo pronunciamiento, se fijan en las siguientes sumas: .... Los honorarios regulados a los peritos se confirman por adecuarse al nuevo resultado del pleito.

4.- Regular los honorarios por la actuación en esta instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la instancia de grado a la apoderada de la actora y en el 35% a los letrados de la demandada (art. 15, LA).

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.