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Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, contrato de obra pública, flexibilización salarial, plazo de ejecución de la obra, sentencia definitiva, juicios en que la Nación es parte, valor cuestionado en último término
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Bricons  S.A. c/ Estado    Nacional  (Ministerio  de  Obras  y  Servicios  Públicos  - Secretaría de Comunicaciones) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-24

Es formalmente procedente el recurso ordinario de apelación interpuesto contra la sentencia que desestimó el reclamo por flexibilidad salarial y convalidación del plazo real de ejecución de un contrato de obra pública, pues se trata de una sentencia definitiva recaída en una causa en que la Nación es parte y el valor cuestionado, actualizado a la fecha de interposición del recurso, supera el mínimo establecido por el art. 24, inc. 6 , apartado a) del decreto - ley 1285/58 modificado por la ley 21.708 y reajustado por resolución 1242/88 de la Corte.
Honorarios del abogado, excepciones procesales, base regulatoria
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CUSPIDE. COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ CALLERI, ANTONIO Y/O CALLERI, ANTONIO E HIJOS Y/O BENITEZ, LEONARDO s/ ORDINARIO: REPETICION DE PAGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-06-12

Si se trata de un juicio ordinario, donde la excepción funciona como de previo y especial pronunciamiento, no habiéndose por lo tanto contestado la demanda, los honorarios sólo deben fijarse por el trámite de la excepción, como incidente, en un 20 por ciento por no haberse cumplido por la parte ninguna etapa del juicio principal;

señalándose que la primera etapa-según el articulo 10- sería la demanda y su contestación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación suficiente, embargo, costas en el orden causado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SHELL COMPAÑIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A. c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS (API) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-02-13

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, desde que la Sala brindó -en lo esencial- fundamentos que dan sustento suficiente a lo decidido en torno a la imposición de costas por su orden en el incidente de sustitución de embargo preventivo por un seguro de caución, al tener especialmente en cuenta que el supuesto de autos está enmarcado en el artículo 37 del Código Fiscal de la Provincia, presentando características propias que hace que no resulte trasladable sin más la cuestionada regla de imposición de costas al promotor del incidente de sustitución de embargo preventivo que aplican la mayoría de los fallos en el ámbito local en la sustitución de medidas cautelares propias del Código Procesal Civil y Comercial. Ello por razones no sólo dogmáticas (por tratarse de ámbitos normativos distintos) sino también conceptuales (al referir a distintos sistemas de tutelas); evaluando además que en el marco del artículo 37, la posibilidad que se otorga al embargado de sustituir la medida adoptada constituye un derecho subjetivo que calificó como "administrativo", sólo condicionado a que la garantía real que se proponga sea suficiente para asegurar las legítimas expectativas de cobro de la Administración Provincial de Impuestos. Añadió además que la solución de imponer las costas en el orden causado es no sólo la única normativamente posible sino, incluso, la intrínsecamente más justa y que no puede predicarse tan ligeramente que el proceso incidental sui generis bajo examen se realice en exclusivo interés del peticionante (Citas Jurisprudenciales: CSJStaFe: API c. Citibank, AyS T 243, p 151)
Sentencia interlocutoria, daños y perjuicios, recursos, recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, monto del juicio, procedencia del recurso, determinación del monto
Materia: CIVIL
Carátula: Cardano, Gustavo Fabián c/ Gigli, María Luisa Liliana Margarita s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-02-26

4. Si impugnación extraordinaria (art. 292, C.P.C.C.) se sustenta en el absurdo en la apreciación de la prueba y en la crítica de la interpretación dada por el sentenciante a normas de derecho común y local, como en el caso es la declarada insuficiencia del monto del agravio conforme el contenido del artículo 278 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, y no se exhiben argumentos que prima facie valorados sean suficientes para dar apoyo a la invocación de carácter excepcional, no puede habilitarse esta instancia revisora.(doctor Soria, mayoría)
Condena penal, recurso extraordinario federal, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: V., J.R. s/ Recurso Extraordinario deducido por la Defensora Penal de 5ta. Nom. Dra. Mariana Vera, en Expte. Corte Nº 23/09: Recurso de Casación interp. por la Dra. Mariana Vera -Defens. Penal de 5ta.- en contra Sentencia Nº 5/09 en Expte. Nº 112/07: V., J. R. s.a. Abuso Sexual con Acceso Carnal - Santa Rosa -Valle Viejo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-13

La Cámara en lo Criminal de Primera Nominación condenó al imputado a sufrir la pena de catorce años de prisión, con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del Código Penal), como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (arts. 119 3º párrafo, en función del 1º párrafo, y 45 del Código Penal).

Contra ese pronunciamiento, la Defensora del condenado interpuso recurso de casación, al que no hizo lugar esta Corte, y mediante la sentencia Nº 24/2009, confirmó en todos sus términos la sentencia condenatoria.

En contra de la nominada sentencia, deduce el presente recurso extraordinario federal, fundándolo en la causal de arbitrariedad, por considerar la recurrente que la sentencia apelada carece de motivación suficiente y no constituye una derivación lógica de la prueba existente, con lo que vulnera los principios de raigambre constitucionalidad de razonabilidad, defensa en juicio, inocencia y debido proceso.

El recurso no plantea cuestión federal suficiente, en tanto los planteos que formula remiten al examen de cuestiones de hecho, de prueba y de derecho común, ajenos a la instancia extraordinaria, sin demostrar cómo lo resuelto vulnera los principios constitucionales que invoca y, de tal modo, que sea indispensable desentrañar su sentido y alcance para decidir las cuestiones propuestas, sin que quepa en el caso hacer excepción a esa regla por la sola invocación de la causal de arbitrariedad, en tanto, de tal modo, la jurisdicción de la Corte sería privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (Fallos: 310:2306 y sus citas; 320:1546;324:4411, considerando 2° del voto de los doctores Boggiano y Vázquez, y sus citas; y 327:2291, entre otros).

Por lo expuesto, corresponde no conceder el Recurso Extraordinario deducido.
Leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nicosia, Luis Oscar c/ Coop. Agropecuaria Ind. de Consumo de Electricidad y Telefónica de Pellegrini s/ Restitución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-07

Constituye elemental regla hermenéutica que cuando el texto de la ley es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido.-
Nulidad procesal, declaración indagatoria, abstención de declarar, exhibición de objetos secuestrados, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: THELEMBERG, Jurgen s/ Incidente de nulidad planteado por la defensa Causa nro. 13.027
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-01-07

La exhibición de efectos con posterioridad a su negativa a declarar, lejos de violentar garantías constitucionales, tendió a asegurar el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio, en tanto colocó a disposición del indagado el material incautado. Repárese que ante ello, aún cuando el imputado podía seguir amparándose en su derecho de negarse a declarar, estimó propicio efectuar ciertas aclaraciones, opción que fuera ejercida dentro del estricto marco de garantías vigentes y en presencia de su defensor, de donde mal puede derivar nulidad alguna.
Privación ilegal de la libertad, violencia como vicio de la voluntad
Materia: PENAL
Carátula: S., A.D. s/ Privación ilegítima de la libertad y otro
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-06-18

El hecho es actividad que encaja en el delito de Privación Ilegítima de la Libertad agravada -artículo 142 inciso 1- en concurso ideal con el delito de Lesiones Leves -artículos 89 y 54 todos del Código Penal-; esto es así porque el procesado obligó mediante la violencia física y amenazas a la víctima, a dirigirse a un lugar donde ella no quería ir y la obligó a permanecer encerrada en ese sitio. Las lesiones que sufriera la menor no son nada menos que la consecuencia de la violencia física a la que fue sometida por parte del encartado para lograr el objetivo de privarla de la libertad.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Procuración General de la Suprema Corte de Justicia s/ Inconstitucionalidad de los arts. 13 y 44 de la ley 11.148 y de las  leyes 11.195,11.196 y 11.197.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11

El Señor Procurador General, en su condición de titular del Ministerio Público y en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales de las que está investido, no se halla legitimado para demandar la inconstitucionalidad de disposiciones que no lo afectan institucionalmente. (En el caso, se pretendía la declaración de inconstitucionalidad de las normas que suspendían y derogaban el sist. de cálculo de las remuneraciones de magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial de la Provincia). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, monto del juicio, denegatoria del recurso, queja por apelación denegada
Materia: CIVIL
Carátula: Cajal, Imelda Bernardina c/ Estado Nacional s/ recurso de hecho
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-23

Resulta apelable la sentencia de acuerdo a lo prescripto por el art. 242 del Código Procesal Civil y Comercial modificado por la Ley 26.536, toda vez que el monto comprometido en el recurso - que es el de la diferencia entre el reclamado en la demanda y el concedido en la sentencia- supera el mínimo legal establecido, el cual consiste en una suma inferior al 20% a la reclamada por las partes.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Asociación Edificio VIMEBA II s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-11-02

En cualquier sistema de hermenéutica legal que se adopte, no debe prescindirse de las palabras de la ley para encontrar la solución del caso concreto, según las realidades que informan el texto legislativo. El criterio para interpretar una cuestión es antes que nada las palabras de la ley.
Competencia civil, accidente de tránsito, contrato de transporte
Materia: PROCESAL
Carátula: Armendáriz, Juan José c/ Empresa de Ferrocarriles Argentinos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-04

En las acciones derivadas de la responsabilidad contractual por accidente de tránsito, ampliando de esta forma los márgenes de la excepción contenida en el artículo 42, inciso a), de la Ley 13.998 es competente la justicia civil.
Intención de eludir la acción de la justicia, excarcelación, lesiones graves, robo en poblado y en banda
Materia: PENAL
Carátula: Godoy Javier Damian s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-20

La entidad gravosa de la pena no puede ser considerada condición suficiente para descartar la posibilidad de libertad durante el proceso, toda vez que ello no desobliga al juez de verificar en el caso concreto y de acuerdo a sus particularidades la existencia de riesgo procesal, o sea, fuga o entorpecimiento de la investigación. Corresponde anular la denegatoria de excarcelación ante la total omisión de la evaluación de circunstancias referidas a las condiciones personales del imputado y su posible incidencia a los fines de la concesión -o no- de lo solicitado. La disidencia consideró que la gravedad del delito que se imputa -robo agravado por haberse ocasionado a la víctima lesiones graves, por haber sido cometido en poblado y en banda en tres oportunidades y asociación ilícita-, así como las características del hecho y la severidad de la pena prevista, presentan como posible que el imputado intente evadir la acción de la justicia.
Decreto de necesidad y urgencia, ratificación del decreto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Proveeduría Central S.A. -Incidente c/ FEMESA s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

Ha dicho la Sala III del fuero, que mediante los decretos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo se arroga el ejercicio de competencias propias del Congreso, y que por tanto, esas disposiciones nacen con una validez posteriormente efímera ya que su perdurabilidad en el tiempo está supeditada a la posterior ratificación legislativa y no poseen la majestad de la ley (confr.

Sala III, "Video Cable Comunicación S.A.", del 16/7/92; "Pulichino", del 10/5/95).
Honorarios del abogado, intereses moratorios
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ ARAUJO, Alejo A. y otros c/ CONSORCIO SUIPACHA 467 s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-10

El artículo 61 de la ley 21.839 (t.o. ley 24.432) sólo contempla la existencia de intereses moratorios, de donde éstos son debidos desde que la deuda se torna exigible, para lo cual es preciso contar con un auto regulatorio firme y un plazo de pago vencido.-
Gestor, medidas urgentes
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Martina, Gloria Anahí y otros c/ Serventi, Ennio y otro s/ Simulación s/ Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-03-02

El art. 48 del Código Procesal preceptúa que: "En casos urgentes podrá admitirse la comparencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad, pero si no fueren presentados o no se ratificase la gestión dentro del plazo de sesenta días, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados". Con respecto al vocablo "urgencia" se ha dicho que encierra el sentido descriptivo de las circunstancias que originan un "estado de apremio" frente a una situación impostergable, que coloca a la parte en la necesidad imperiosa de actuar, en la medida de su interés, ante la inminencia de perder su derecho o de comprometer una situación de hecho positiva. La consecuencia procesal que se pretende es lo que constituye el centro de la valoración para determinar cuando realmente existe urgencia, ya que en el proceso de valoración ha de llegarse a ver si por ese medio se facilita la concreción de una intervención procesal, que si no fuera realizada en el momento que ha establecido la ley, no podrá hacerlo en adelante. También se ha declarado que no obstante que la urgencia debe alegarse por el representante, igualmente puede surgir de la petición misma o de la índole del acto de que se trata o resultar de las consecuencias procesales que se persiguen. De los conceptos expuestos se colige, que es suficiente que existan razones de urgencia, y que la misma surja de la índole del acto que realiza el gestor; por lo que no se da en el resolutorio apelado el error "in iudicando" que le atribuye la recurrente, en cuanto en el mismo se admite al gestor sin que se invoca los motivos determinantes de la "ausencia" del co-demandado.

Y ello es así, porque dicho recaudo no es exigido por nuestra legislación adjetiva. Distinto es el caso de la legislación nacional en que -por vía de la reforma introducida por la ley 22434- se incorporó al artículo 48 de la misma el párrafo que reza: "...En su presentación, el gestor,además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, deberá expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido...", requisito éste que -como queda dicho- no es requerido por nuestra legislación adjetiva.
Recurso de queja (procesal), medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: RECURSO DE APELACION EN EXPTE. DE ACCION AUTONOMA DE NULIDAD EN EXPTE. B-10833/90 - CEMENTOS NOA S.A. s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-09-11

Corresponde el rechazo de la medida cautelar solicitada en la queja y que refiere a actos a cumplir en una causa que no se encuentra a consideración de la Corte de Justicia, cuya competencia no ha sido habilitada al respecto, mediante vía idónea alguna.-
REPÚBLICA ARGENTINA, medidas de seguridad y protección, daño irreparable, derecho a la vida, derecho a la integridad física, torturas, ausencia por desaparición forzada, plazo, deber de información
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto Millacurá Llaipén y otros s/ Medidas provisionales respecto de la República Argentina c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2011-11-25

Debe el Estado Argentino mantener vigentes, por un período adicional de ocho meses, las medidas provisionales que hubiere adoptado y asumir todas las que sean necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de María Leontina Millacura Llaipén -madre de Iván Torres Millacurá, quien continúa en situación de desaparecido tras padecer actos de tortura-, sus hijos y nietas, debiendo asimismo remitir al Tribunal informes precisos y detallados que refieran a hechos concretos que indiquen la posible situación actual de riesgo de cada uno de los beneficiarios y las acciones efectivamente realizadas a los fines de cumplir con lo ordenado.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio ordinario, contestación de la demanda
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANTAE SA c/ FANEGAS MAURICIO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-04

Corresponde rechazar la demanda, en tanto ante la negativa de la demandada de la documental y del hecho que se le atribuyó, la actora no produjo prueba idónea, deviniendo imposible tener por demostrados los hechos invocados.

Voto del Dr. Heredia, con la adhesión del Dr. Vassallo:.

De acuerdo a lo preceptuado por el CPCC: 356 - 1º, cuando se está en presencia de una negativa meramente general en la contestación de la demanda, lo que se pueden tener por reconocidos son los hechos (conf. Fenochietto, E. y Arazi, E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, Buenos Aires, 1993, t. 2, ps. 239/240). En cambio, con relación a los documentos, se los tiene por reconocidos o recibidos sólo cuando no se los desconoce expresamente (conf.

CNCom. Sala D, 4/6/2007, "Creatividad y Arte Publicitario S.R.L. c/ Araneta, Edgardo Bautista s/ sumario"; Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, t. 7, p. 436, Santa Fe, 1993). Así, es sólo bajo esta perspectiva interpretativa que incumbió a la parte actora acreditar la autenticidad de los documentos atribuidos al demandado (CPCC: 377).
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, personería, poder, orden público, actos y diligencias procesales, preclusión, Cámara de Apelaciones, jueces, facultades del juez, actuación de oficio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CACERES, LUISA Y OTRO c/ REYNAUDO, SALVADOR TOMAS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 243-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

La personería invalidada por la Cámara, por cuya razón declarara mal concedido el recurso de apelación, no fue cuestionada durante toda la tramitación de primera instancia ni fue materia de la apelación; por lo que la eventual insuficiencia de poder quedó purgada con la preclusión ya que, no afectando al orden público esa presunta falencia, la alzada quedaba limitada a lo que fuera materia de agravio y excluida de tratar oficiosamente lo referente al defecto de la personería hartamente consentido. Lo contrario, aparte de carecer de justificativos sólidos, implica a la postre ese desmesurado sacrificio de la sustancia al rito que la Corte Suprema Nacional ha descalificado reiteradamente por incompatible con el servicio de justicia garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: AZAR, JOSE ROBERTO s/ MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA EN AUTOS: AZAR, JOSE ROBERTO C/GOB. DE LA  PCIA. S/ACCION DE AMPARO.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-07-21

Cuando el amparista ha cumplimentado con los recaudos exigidos para percibir su haber jubilatorio, y la autoridad omite incluirlo en la planilla de beneficiarios del régimen optado, se afectan los derechos previsionales del actor. Ante el peligro que la dilación en expedir el acto le impida concretar el fin pretendido, es procedente la medida cautelar innovativa ordenando al ente respectivo la incorporación provisional del peticionante en dicho listado.
Recurso de inaplicabilidad de ley, violación de la ley o doctrina legal, falta de fundamentación, ordenanzas municipales, personal municipal, ascenso automático, interpretación de la ley, economía procesal, celeridad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: I. F., J. F. c/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-08-29

El otro argumento al que acude la sentencia en crisis para fundamentar el criterio de que la ordenanza no sería aplicable al actor atento a su carácter excepcional es la sanción de otra ordenanza de idéntica fecha, la N° 1378/91, por la que se dispuso el ascenso automático de agentes y empleados municipales ingresados a planta permanente y que se encontraran en las condiciones alli fijadas. Dicha norma en su art. 3° especificaba que era de excepción y que continuaba vigente la Ordenanza N° 1110/89, que prohibía los ascensos automáticos. Al respecto, in re "BENITEZ" y otros, este Cuerpo ratificó la postura del entonces Tribunal sentenciante al convalidar el criterio de complementación entre la Ordenanza N° 1110/89, que establece como regla general el sistema de concursos de antecedentes y oposición, y la Ordenanza N° 1379/91, sólo aplicable a los agentes que cumplan con los requisitos allí establecidos. Se aclaró también que la atribución de tal carácter de excepcionalidad frente a la regla general hacía referencia a la particular situación de todos aquéllos que contaran con la antigüedad y la situación de revista que la norma describe. Si la voluntad del municipio era que la norma se aplicara por una única vez, es evidente que así debió señalarlo, tal como se hizo en la Ordenanza N° 1378/91. En ese contexto normativo resulta irrazonable interpretar que la ordenanza estaba dirigida únicamente a esos agentes que reunieran las pautas especiales exigidas por una única vez. Todo ello determina mi convicción de que la sentencia en crisis debe ser revocada en tanto importa violación de la doctrina legal de este Cuerpo y una infracción al derecho que rige el caso. Atento a ello, por razones de celeridad y economía procesal y en orden a uno de los paradigmas de los tratados en cuanto al tiempo razonable de duración de los procesos y la tutela judicial efectiva, toda vez que el actor reúne los recaudos de antiguedad - más de 20 años -, pertenece a la planta permanente del Municipio y reviste en categoría inferior a 7 (art. 1 Ordenanza N° 1379/91), corresponde hacer lugar al recurso y pronunciarse sobre la cuestión de fondo.