marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Divorcio, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Coccia, Rosa y otro s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-13

Si las regulaciones de honorarios efectuadas, no guardan relación ni con la distribución por su orden de las costas correspondientes al trámite de liquidación de sociedad conyugal, ni con la trascendencia económica real de dicha etapa del proceso, no resulta posible realizar de manera efectiva la tarea revisora, por lo que corresponde dejar sin efecto los autos regulatorios, debiendo en la instancia de origen procederse a efectuar las distintas regulaciones que correspondieren con expresa indicación de las etapas involucradas, su valor económico, atendiendo a las distintas imposiciones de costas oportunamente dispuestas (arts.14,16,26 y concods. del dec. ley 8904/77). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, incongruencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Continanza Mario Daniel - Weis Adriana Noemí s/ Divorcio Vincular - Inicidente de Autorización para viajar
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-18

Ante autocontradicciones- que en el caso han permitido a la contraria calificar a la pareja de la incidentante como "itinerante" - resulta de aplicación la máxima "falsus in uno, falsus in omnibus"; "el hecho de la falta de veracidad de una parte al producir ciertas afirmaciones logra que la convicción del juez se extienda también a no considerar como veraces algunos otros extermos del relato que quedaron en punto muerto o débilmente demostrados."
Pagaré, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Motomel SA. c/ Juan Mario F. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

Cuando se trata de la regulación de actos de comercio, naturaleza que posee el pagaré (art. 8, inc. 4to. Código de Comercio) tienen preminencia las normas comerciales sobre las del Código Civil (Título preliminar y art. 207 Código Comercio).Por eso los intereses al "tipo corriente" que manda pagar el art. 52, inc. 2do. del Decreto Ley 5965/63 no son otros que aquellos que cobra el banco, ya que, conforme lo establece el art. 565, 3er. parte del Código de comercial , cuando la ley habla de intereses de plaza o intereses corrientes a ellos se refiere. Por ende, existiendo ley especial que determina el tipo de interés, el juez carece de facultad para disponer otro (doctr. art. 622, 1er. ap. Código Civil).-
Procesos de ejecución, juicio ejecutivo, subasta, bienes inmuebles, compraventa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RUIZ ROBERTO Y OTROS c/ RIVECO CATAMARCA SA Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-04

El Cpr: 566 - 4º ha posibilitado sostener que el contenido de los edictos vinculado con la subasta de un inmueble ocupado por presuntos inquilinos, debe reflejar tal estado de hecho, sin que esto implique pronunciamiento acerca de la legalidad del título invocado por los ocupantes (esta Sala, "Banco de Avellaneda SA C/ La Bolsa de Art. Para el Hogar", del 21/8/75, JA, 1976-521). En el mismo sentido, ha sido dicho que, además de la concreta y precisa individualización del inmueble a subastar, en los edictos se debe mencionar su estado de ocupación y demás situaciones de orden legal que pudieran afectarlo, permitiendo que los posibles compradores conozcan con detalle la situación que registra el bien (Colombo Carlos J.

Kiper Claudio M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado" La Ley, Buenos Aires, 2006, Tº V, pagina 367, y jurisprudencia allí citada). Y esto, puesto que la consignación del estado de ocupación en los edictos tiene que ver con la protección de los futuros adquirentes: tal ocupación es una situación de hecho que puede o no estar fundada en un derecho, pero, cualquiera sea el caso, es obligatoria su mención para no tomar desprevenidos a esos adquirentes.
Intervención de línea telefónica, fundamentación de la resolución, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Matte, Domingo Luis; Irigoin, Néstor Félix y otros s/ tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -causa nº2246-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró la nulidad de la intervención de una línea telefónica y de los demás actos que fueran su inmediata consecuencia, disponiendo la absolución de los imputados, si el a quo extendió el alcance del art. 236 del Código Procesal Penal de la NACION a un supuesto no expresamente contemplado y, luego de destacar las especiales características que rodeaban al hecho, resolvió, sin más, en base a un criterio que había reconocido previamente como aplicable a circunstancias en principio diferentes.
Recurso extraordinario, caducidad de instancia, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: ZURITA CARLOS ROBERTO c/ EDITORIAL EL LIBERAL S.R.L. Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-31

En materia de caducidad de instancia, el recurso extraordinario se gobierna por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Bricka, Raúl Fernando y otros c/ Calera Avellaneda S.A. s/ Diferencia de sueldos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

Es improcedente el recurso de nulidad extraordinario si en el pronunciamiento se dio respuesta implícita y negativa a la cuestión que se invoca preterida, siendo ajeno a su ámbito el acierto de la decisión.
Competencia, justicia militar, procedimiento ordinario en tiempo de paz, privación ilegal de la libertad, constitucionalidad
Materia: PROCESAL - MILITAR
Carátula: TIMERMAN, Jacobo s/ COMPETENCIA MILITAR. CONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-02

Es constitucional el art. 10 de la ley 23049 y el art. 108 del Cód. de Justicia Militar (redacción ley 14029), declarándose la competencia de la justicia militar (Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas), para conocer en la presente causa en que se imputa a personal militar y de seguridad, el delito de privación ilegal de la libertad.
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios judiciales, cesación de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pereyra, Dionisio Angel y otra (sus sucesiones) c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-23

Entre las separaciones por causas políticas mencionadas por la ley 8118 estaban comprendidas las cesantías dispuestas por el dec. 613 /55, pues la ley 8123 expresamente las había incluido dentro de tal categoría.
Juicio político, Constitución Nacional, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nicosia, Alberto Oscar s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-09

Del carácter no justiciable de la decisión sobre el fondo del juicio político no es dable inferir que análoga condición invista todo lo atinente a los recaudos impuestos por la Constitución Nacional para el ejercicio de esa atribución, mayormente cuando por ser la regla el control judicial (arts. 31 y 100 de la Ley Fundamental), toda excepción exige una interpretación cuidadosa y restrictiva.
Contratos administrativos, concesión de servicio público, interpretación del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SIDECO AMERICANA S.A. c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-16

Si se trata de un privilegio, la interpretación de las cláusulas contractuales que lo otorgan en exclusividad a concesionarios de servicios públicos, debe estar presidida por un criterio restrictivo; y, en caso de duda, debe resolverse en contra de los derechos de éstos últimos. Nada debe tomarse por concedido, sino cuando fue dado en términos inequívocos, con afirmativa demostrada, puesto que el silencio es negación y la duda impide reconocer lo pretendido.-
Personal dependiente de embajadas, agregado naval, empleo público, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Anaut, Roberto Javier c/ Estado Nacional Armada Argentina s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-17

Corresponde revocar la sentencia que aplicó el régimen indemnizatorio de la Ley de Contrato de Trabajo al pronunciarse sobre el reclamo deducido por un empleado administrativo que se había desempeñado en una Agregación Naval de la Embajada Argentina, ya que la protección contra la disolución inmotivada del vínculo que surge del régimen especial dictado en consecuencia del decreto 1340/66 coloca al trabajador al margen del ordenamiento laboral común y de la normativa que rige el empleo público, por lo que lo expuesto sobre la ausencia de tutela del empleado carece de sustento, máxime si no se ha demostrado que lo percibido en función de aquél, por su magnitud, pueda tacharse de irrazonable o insuficiente, ni aparezca inadecuado en relación con la garantía reconocida por el art. 14 bis de la Constitución Nacional
Apreciación de la prueba, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Cornejo Torino, Jorge Antonio y otros c/  s/ recurso de casación registro 1673
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-19

El sensato, minucioso y razonado análisis del plexo probatorio reunido ha logrado demostrar que el hecho investigado consistió en la causación y expansión intencional, programada y organizada de un incendio en la Fábrica Militar de Río Tercero y las explosiones que de ese incendio derivaron como su consecuencia buscada por los autores con la finalidad de ocultar el faltante de armas de esa fábrica por las operaciones de venta ilegal de las mismas que se habían llevado a cabo; y que ese hecho fue ejecutado como consecuencia de decisiones adoptados desde las más altas estructuras de poder, transmitidas, organizadas y llevadas acabo por funcionarios tanto de la Dirección General de Fabricaciones Militares como de la Fábrica Militar de Río Tercero.
Caducidad de instancia, autos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: LAOS ESTRADA VÍCTOR EN J° 9014/10618 LAOS ESTRADA VÍCTOR SEBASTIÁN EN J° 9982 CARMELO FAZIO S.R.L. P/ QUIEBRA P/ INC. REV. P/ INC. CADUCIDAD S/ INC. CAS. EXPE. N° 86085 - s/ QUIEBRA P/ INC. REV. P/ INC. CADUCIDAD S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-09-11

Es actuación útil el acto procesal por el cual el tribunal superior recepciona el expediente remitido por el inferior a los efectos de la resolución de un recurso planteado. En consecuencia, no debe dudarse de la utilidad de la actuación judicial que decepciona el expediente que debe ser resuelto por el superior y que el inferior ha remitido, máxime si el expediente ha deambulado por otra cámara de apelaciones que finalmente no era la competente en razón de los dispuesto por la acordada 6262, siendo a tal efecto último acto útil el de recepción del expediente por parte de la Cámara competente.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, trámites judiciales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: R.E.E. c/ E.A.J. s/ RESTITUCION DEL EJERCICIO DE LA GUARDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-12

Toda decisión que se adopta por un Tribunal de Menor es reformable, concediéndosela ante el Tribunal de Alzada quien revisa la decisión y decide mantenerla o revocarla.
Retiro voluntario, aplicación de la ley, caducidad, agotamiento de la instancia administrativa, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Cano, Luis Alberto c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-12-03

Configura un acto administrativo de carácter general por razones de política financiera tendiente a la racionalización del Estado con el fin de disminuir el gasto público -el Decreto-Acuerdo- que transfirió la Caja Provincial de Jubilaciones a la Nación y a cuyo régimen adhirió la demandada -Municipalidad de la Capital- sin reservas que lo alteren en lo sustancial.

Ello así, si el Estado ha tenido interés propio en retirar gente de la administración pública y emitió a tal fin normas legales ordenando el pago de una suma de dinero como adelanto de la jubilación y en caso de no ser concedida se previó devolver al agente otra suma de dinero hasta integrar lo que hubiere sido su sueldo si hubiere prestado servicios, la negativa de la Administración Municipal a reconocer al actor un derecho preexistente no requiere que éste sea reconocido por un acto administrativo particular y por ello no se requiere actividad impugnatoria en sede administrativa a los fines de agotar la vía, toda vez que no hay plazo de caducidad por tratarse de una acción creditoria cuyo único modo de extinción del derecho en relación al factor tiempo sería la prescripción, cuestión no debatida en autos.

Por lo tanto las actuaciones realizadas por la Municipalidad son meros pronunciamientos administrativos tal como los ha denominado doctrina y jurisprudencia y por ello inhábiles para afectar el derecho que le asiste al actor.(Del voto de la mayoría).
Ley de empleo, indemnización por despido, despido indirecto
Materia: LABORAL
Carátula: Vargas, David c/ Conarpesa S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-21

También procede la multa del art. 15º de la LNE., por cuanto decidido el despido por varias causales, algunas de ellas sin vinculación con la LNE., mas inexistiendo la prueba fehaciente de la conducta del empleador no inspirativa de llevar al dependiente a la denuncia del contrato, la presunta invocación de la "salvedad" del art. 15º obstativa a la duplicación de las indemnizaciones por despido no puede tener cabida en el caso.
Ley de emergencia, régimen de consolidación de deudas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Kasdorf  s.a. c/ Jujuy, Provincia de s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-23

El art. 6to., inc. "a", del decreto 2.140/91 - reglamento de la ley 23.982 - aclara que el régimen de consolidación no afecta el cumplimiento parcial de las sentencias o demás actos jurisdiccionales que impongan obligaciones dinerarias. O sea, que no altera la cancelación parcial obtenida mediante el efectivo pago, sino los aspectos no cumplidos de tales obligaciones, que ingresan en el sistema por más que se haya iniciado el procedimiento judicial para su cobro compulsivo.
Acción de amparo, personas con discapacidad, cobertura médica, obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: Rojo Rouviere, Rogelio Enrique c/ Caja de Seguridad y Previsión Social de Abogados y Procuradores de la Provincia s/ amparo - recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-04-12

En el subexamen, si bien es cierto como acertadamente lo pone en resalto la Camara aquo que la Caja de Previsión Social demandada no es una obra social, ella cumple la misma función de trascedencia que dichas entidades: otorga un seguro de salud a sus beneficiarios a fin de que éstos obtengan una adecuada asistencia médica, finalidad que lleva ínsita una proyección social esencial, al ser custodia del derecho a la salud de sus afiliados. En efecto, cuando la Caja crea su propio servicio de salud asume para sí un compromiso con sus afiliados que excede ampliamente su faz privatista y que merece atención especial. Abona tal afirmación el propio texto del reglamento, que en su primer artículo lo nomina "Servicio de Salud Solidario". En este sentido se ha pronunciado recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a las empresas de medicina prepaga: "Si bien la actividad que asumen presenta rasgos comerciales, en tanto ellas tienden a proteger las garantías a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas, adquieren también un compromiso que excede o trasciende el mero plano negocial..." (C.S.J.N. "V., W.J. c/ Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles s/ sumarísimo, 02/12/04, El Diario Jurídico del 9/12/04 pág. 2). De conformidad a lo reseñado precedentemente, idénticas consideraciones son aplicables al caso de marras. En virtud de ello, mas allá de las diferencias apuntadas por la Cámara aquo desde la perpectiva organizacional que posee la demandada con las obras sociales -las cuales integran el sistema nacional de seguro de salud, y por tanto están sometidas a un estricto régimen y control a través de las leyes N° 23.660 y N° 23.661 comparte con éstas el mismo objetivo, atender las prestaciones de salud otorgadas a favor de sus afiliados, finalidad que inexorablemente las coloca en igualdad de condiciones frente a la ley de discapacitados, y por tanto, habilita su aplicación analógica en la especie. Asimismo, va de suyo que por cumplir idéntica función que aquellas tiene en sus manos similares instrumentos para el efectivo y oportuno logro de las prestaciones que requieren las especiales condiciones del discapacitado de autos. Ello sumado a que, como se expresara anteriormente, el fin de la entidad demandada trasciende el plano meramente privatista para entrar a participar de cuestiones de corte netamente social como son el derecho a la salud y a la vida, es que la Caja de Seguridad y Previsión Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba debe asumir la cobertura de las contingencias de salud que requiera el hijo del amparista, cuyos padecimientos lo ubican dentro del ámbito subjetivo de aplicación previsto en el art. 2 de la Ley 22431. (Voto de los Dres. Sesin, Cafure de Battistelli y Lafranconi, en disidencia).
Buena fe, trabajador, conducta de las partes
Materia: LABORAL
Carátula: Aranda, Gustavo Javier c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro Aseguradora de riesgos del trabajo s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-20

La ocultación de los hechos contraría al deber de veracidad y buena fe, que es exigible a las partes y, con mayor razón, al trabajador, a favor de quien se alza el sistema jurídico para darle protección, por lo que mal puede valerse del mismo para demandar sobre una hipótesis fáctica insincera.
Acción civil en el proceso penal, indemnización, actualización monetaria, expresión de agravios, traslado
Materia: PENAL
Carátula: VAIRO, CESAR s/ ACCION CIVIL. DESVALORIZACION MONETARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-17

Si bien en la alzada se puede requerir el reajuste por desvalorización monetaria, su procedencia se halla subordinada a que se otorgue a la otra parte la oportunidad de hacer valer las defensas que estime corresponderle y como actualmente en el trámite de la alzada no se corre traslado de los escritos de expresión de agravios y de mejoramiento de fundamentos, el obligado al pago ha carecido de oportunidad para expedirse, razón por la cual debe rechazarse el incremento peticionado.
Daños y perjuicios, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BARCALA  DE  ROMERO  RAMONA  DOLORES Y EN REPRESENTACION DE SUS HIJOS MENORES c/ SUPERIOR GOBIERN0 DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-28

Habiendo renunciado el actor al regimen de la ley de accidente de trabajo, por haber efectuado la opción del derecho común, incumbe al mismo la justificación de los presupuestos por la aplicación de ese sistema normativo.
Acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: La Porta, Norberto Luis c/ Poder Ejecutivo  Nacional s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

La existencia de otras vías procesales aptas no es postulable en abstracto sino que depende de la situación concreta de cada demandante, cuya evaluación es propia del tribunal de grado (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Cosas, hurto
Materia: CIVIL
Carátula: F., C. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-26

Se llaman cosas en el Código Civil, los objetos materiales susceptibles de tener un valor y las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, de manera que el criterio de la ley -con buena o mala técnica- distinguió entre objetos materiales susceptibles de tener un valor, energía y fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Aunque la norma señaló tres realidades -una dotada de naturaleza corporal, otras -más allá de la exactitud de la clasificación- inmateriales-, ordenó que todas ellas se sujetaran a las mismas disposiciones, en tanto cosas susceptibles de tener un valor y susceptibles de apropiación. Tal equivalencia entre entes distinguibles -acaso real o convencional- y la remisión a las disposiciones comunes al régimen de las cosas no se limita a la órbita civil sino que alcanza al derecho penal. Es por esta vía que la regla del C.P., art. 162 recibió la influencia de otro sector del derecho vigente, dilatándose el concepto cosa mueble objeto del Hurto.
Recurso de inconstitucionalidad, entidades financieras, liquidación, quiebra, leyes, aplicación analógica de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Departamental s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Quiebra   (Expte CSJ Nº 756-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-29

No resulta irrazonable la apreciación formulada por el Tribunal A-quo en el fallo impugnado respecto que la norma del artículo 50, cuarto párrafo de la Ley de Entidades Financieras (t.o. ley 24627) -que invocara el banco para fundar su derecho a la audiencia previa al dictado de la quiebra- no resulta aplicable, toda vez que aquélla presupone la preexistencia de una decisión judicial que dispuso la liquidación de los artículos 48 y 49, y de un pedido proveniente del liquidador judicial designado, supuesto que, conforme lo expone la Alzada, resulta diferente al acontecido respecto del fallido, donde la decisión ordenatoria de los efectos de la revocación de la autorización para funcionar comenzó, ab origine, directamente, con una liquidación judicial con quiebra dictada de oficio por el Magistrado. Por ello, esa diversidad de casos se traduce en un límite insuperable al recurso de la "analogía legis", al que se agrega la inexistencia de otro de los presupuestos para la procedencia del mismo, como es el que se trate de casos expresamente previstos por el legislador.