Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-16


INGALFA S.A.C. y de M.; BRAVE S.A. y MENDEZ, Ricardo contra MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ Reg.: A y S t 198 p 50-52. Santa Fe, 16 de junio del año 2.004.

VISTOS: los autos "INGALFA S.A.C. y de M.; BRAVE S.A. y MENDEZ, Ricardo contra MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. Nro. 453, año 1992); y, CONSIDERANDO:

1. A fojas 139/140 la actora impugnó la liquidación practicada por la Administración Provincial de Impuestos representativa del importe que en concepto de tasas judiciales debe reponer en autos.

Expresó, en primer lugar, que no existe controversia respecto de la suma determinada como tasa ($79.179,84), pero sí se agravia en cuanto a la exigencia de reponer el 100% de ella, por cuanto le asiste el derecho de abonar solamente el 50%.

Dijo, que caso contrario, se conlleva a un agravamiento del daño patrimonial ya causado, actuando como una suerte de impedimento de acceder y ejercer en igualdad de condiciones el derecho a la jurisdicción.

Además, objetó la determinación de intereses desde la interposición de presente recurso, máxime cuando recién la liquidación la practica el ente fiscal a requerimiento del Tribunal en el curso del mes de enero de 1993, y cuando aún está en el plazo legal de quince días para el ingreso del tributo.

Recalcó, que en consecuencia, no existe mora alguna de su parte.

Subsidiariamente, respecto de este último aspecto, impugnó la tasa aplicada por resultar en más de un 4% mensual, por lo que no tiene asidero legal, resultando lesiva del derecho de propiedad y contradiciendo normas sobre convertibilidad de la moneda, según lo sostenido por el Máximo Tribunal nacional en la causa "Y.P.F. c. Pcia. de Corrientes".

Por último, con fundamento en el artículo 218 del Código Fiscal, ofreció fianza.

Corrida vista a la Administración Provincial de Impuestos, la contestó a fojas 142/147, reafirmando los fundamentos esgrimidos al practicar la liquidación.

Es decir, la exigencia de reponer el 100% de la tasa determinada, la imposición de intereses dado que no fue satisfecha en su totalidad al deducirse la demanda y la tasa de interés aplicada, que según constancia de foja 142 surge de instrucciones internas de esa repartición estatal.

2. El actor fundamenta sus agravios en diversas impugnaciones que pueden ser divididas en: a) aquéllas que hacen referencia a la procedencia de pago de sólo el 50% de las tasas; b) aquéllas que se dirigen a cuestionar la inclusión de intereses por parte de la Administración Provincial de Impuestos; y c) la pretensión subsidiaria de constitución de fianza.

a) En cuanto a la primera cuestión, asiste razón a la actora.

En este sentido, es clara la norma del artículo 228 -inc. a)- del Código Fiscal -t.o. dec. 2350/97- que establece que al deducirse la demanda se pagará la mitad de la tasa de justicia, la que comprende a la tasa de actuación prevista por el artículo 226 del citado digesto -t.o. dec. 2350/97- y 35 -inc. a)- de la Ley Impositiva Anual; desde que esta última se paga conjuntamente con aquélla, integrando ambas las tasas retributivas de servicios reguladas en el Titulo Cuarto del Código Fiscal ("Transportes Maxi y Maidana", A. y S. T. 101, págs. 76/78).

La correcta interpretación de artículo 233 inciso a) confrontado con el artículo 228 inciso a), ambos del Código Fiscal -t.o. dec. 2350/97-, impone el pago del 50% del sellado al actor cuando interpone la demanda, liberando a la demandada -alcanzada por alguna excepción- de reponer el resto al contestarla ("Nisalco S.A.", A y S. T. 169, pág. 349). Esto, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 230 del citado cuerpo legal -t.o. dec. 2350/97-.

b) Debe rechazarse la súplica referida al cuestionamiento de los intereses.

En efecto, y más allá de que el Ente provincial recaudador no explicita las normas en las cuales funda su inclusión en la planilla liquidadora, conforme disposiciones legales, los intereses resarcitorios se deben sobre las sumas que debían ingresarse desde la interposición de la demanda (arts. 37, 5 párrafo, 222 y 223 inc. a, Cód. Fiscal, t.o. 1990; 43, 5 párrafo y 227 y 228 inc. a, texto vigente).

Lo precedente no empece a la distinción que cabe efectuar respecto a las sanciones contenidas en el Código Fiscal -arts. 236, t.o. 1990 y 241, t.o. 1997, Cód. Fiscal-, cuya efectivización sólo resultaría posible como consecuencia del incumplimiento de la intimación al pago de la misma, circunstancias éstas que no concurren en la especie ya que ante la orden de reposición del sellado liquidado por el ente fiscal (f. 136 vto.) la actora impugnó la liquidación.

Tampoco puede prosperar la impugnación a la tasa del interés aplicada.

Resulta necesario puntualizar que si bien es propio de la tutela de los créditos del Fisco que se establezcan tasas de corte disuasivo, ello no habilita de por sí que se institucionalicen tasas que puedan resultar abusivas (CSJN "Cukierman", del 11.9.1990), siendo necesaria la demostración de su irrazonabilidad o confiscatoriedad.

En el caso, la parte actora ha incumplido tal carga, pues sus argumentos (falta de asidero legal, resultar lesiva del derecho de propiedad y contradecir normas de la ley 23.928, conforme el criterio del Máximo Tribunal nacional in re "YPF c/Pcia. de Corrientes") resultan insuficiente para desplazar la normativa fiscal (cfr. Fallos: 315:2555) y sin que se demostrara, por lo demás, su irrazonabilidad, lo cual, como se expresó, de ninguna manera lleva a sostener que cualquier tipo de tasa quede convalidada, a tenor de la doctrina de la Corte que ha descalificado las tasas abusivas.

c) Por su parte, la pretensión subsidiaria de constitución de fianza suficiente no puede ser acogida.

Efectivamente, la actora no ha demostrado "que sufrirá perjuicio inminente con el cumplimiento estricto del pago", tal como lo exige la norma en que basa su postura -art. 244, t.o. dec. 2350/97-, siendo insuficientes a tal fin las afirmaciones que efectúa por no estar acompañadas de elemento alguno que autorice a sostener que dicho pago sea de imposible cumplimiento".

"En suma, no se ha acreditado el perjuicio inminente que el pago exigido le provocará, ni la falta de los medios pertinentes para enfrentar la erogación ("Vialco S.A.", A. y S. T. 96, pág. 448).

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Hacer lugar parcialmente a la impugnación formulada, con los alcances que surgen de los considerandos que anteceden.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)