Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-23


PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17.836 EXPEDIENTE Nº 11.892/09 SALA IX JUZGADO Nº 23 En la ciudad de Buenos Aires, el 23-5-12, para dictar sentencia en los autos caratulados: "BOJORGE, JOSE LUIS C/ INC S.A. S/ DESPIDO", se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR ROBERTO C. POMPA dijo:

I- Contra la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda incoada, recurre la parte actora, según el escrito de fs. 279/284, que mereció réplica de la contraria a fs. 287/289.	II- Cuestiona la parte la decisión de la Sra. Juez "a quo" de considerar justificado el despido decidido por la empleadora, y a mi juicio no le asiste razón.	Ello pues, no resulta controvertido ante esta Alzada que el trabajador fue despedido por la demandada mediante telegrama rescisorio de fecha 24/09/08, cuyas partes pertinentes han sido transcriptas a fs. 268 y 268 vta. del fallo apelado (ver también fs. 3 del sobre de prueba).

Ahora bien, respecto de la legitimidad de la aludida medida rescisoria fundada "en el grave y reiterado incumplimiento de sus obligaciones laborales consistente en haber adquirido mercadería del hipermercado a un valor que no se correspondía con la realidad de lo adquirido", y en la consecuente "pérdida de confianza" que ello habría generado en la empleadora, comparto el criterio expuesto por la Sra. Juez "a quo" en punto a la suficiencia de los elementos probatorios colectados en la causa -en especial las testificales de fs. 214, 217, 220 y 226- a fin de acreditar la irregularidad imputada al actor en el aludido despacho telegráfico, y lo cierto es que las insistencias de la apelante no superan -en este aspecto- el marco de una oposición genéricamente que no resulta eficaz para revertir el panorama adverso que surge de la sentencia apelada (cfr. art. 116 de la L.O.).

En efecto, la testigo Torres -cajera identificada para cobrar a los empleados de Carrefour- (fs. 214) al especificar el procedimiento a seguir para el cobro de mercaderías de los empleados de Carrefour, adujo que cuando la compra la efectúa un jefe, puede pasar por cualquier caja y en cualquier horario, entonces le cobra el producto viendo los códigos de barra, a lo cual agregó que esto es normal. Que ese día le cobró al actor los productos viendo los códigos de barra, pero no los productos. Por su parte Maturano -Jefe de Cajas- (fs. 220) afirma que el envío a domicilio no estaba abonado, que entonces cuando ve el volumen de mercaderías, que era una silla, una mesa y tres tipos de alacenas, nota que las alacenas estaban muy baratas en el código que estaba pegado sobre los muebles con una cinta, que esto lo sabe porque lo vio.

Asimismo, el testigo Masroberti -Jefe de Personal- (fs. 217) manifiesta que la desvinculación del actor obedeció a que pagó tres muñecas y en realidad eran unos muebles los que pretendía llevarse en lugar de los juguetes que figuraban en el ticket, que lo sabe porque el jefe de caja le mostró el ticket y ahí tomó conocimiento del hecho. Finalmente el testigo González -Encargado de envíos a domicilio en ese momento- (fs. 226) declara que vio el valor del ticket que pagó el actor y era alrededor de $100 ó $110, que no se correspondería con los muebles que pretendía llevar. Tales probanzas tornan verosímil la versión de los hechos brindada en el responde, y de ellas puede inferirse que hubo una intención real del actor de sustraer mercaderías de mayor valor a las declaradas, extremo que contribuye a sustentar la pretendida "falta de confianza" invocada por la demandada en sustento del distracto, y torna insuficiente el planteo de la demandada que insiste en la conclusión contraria, con alusión a referencias aisladas de los testigos, que tampoco tienen el alcance que pretende atribuírseles en la expresión de agravios Por lo demás, el actor intenta justificar dicho incidente, afirmando una supuesta persecución por parte de Maturano (Jefe de cajas) hacía su personal, que tampoco ha sido invocado y probado en autos (cfr, art, 277 del C.P.C.C.N. y 18 C.N.), repárese que todos los testigos son coincidentes en afirmar que el actor tenía buen trato con todos sus compañeros (ver fs. 197, 212, 215 y 228).

Finalmente y a fin de dar respuesta al agravio, en relación a la proporcionalidad de la medida adoptada, es dable señalar que la falta cometida por un empleado de mayor jerarquía debe se apreciada con mayor severidad, toda vez que en este caso el poder disciplinario del empleador no tiene el grado de elasticidad que puede tener el ejercicio de dicho poder respecto de un trabajador de menor jerarquía.

Por ello cabe señalar, que según las directivas de nuestro derecho positivo (cfr. arts. 625 y 512 del Código Civil), la diligencia en materia de contrato de trabajo no está referida al comportamiento abstractamente supuesto del "buen trabajador" sino al comportamiento que en cada caso corresponde a un buen trabajador, según la naturaleza de que se trate, la categoría laboral y todas aquellas particularidades de hecho que conforman la prestación real del dependiente, a saber, antigüedad, experiencia, educación técnica, o falta de ella, etc. (cfr. Juan Carlos Fernández Madrid, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, tomo II, 3º edición, La Ley, Buenos Aires, 2007).

En este contexto considero que, en el caso que nos ocupa, la falta cometida debe ser ponderada a luz de las circunstancias personales, tomando especialmente en consideración las funciones que desarrollaba el actor, dentro de la empresa demandada y la conducta que le era requerible de acuerdo con la índole de las tareas a su cargo -en virtud de la categoría de "Jefe de Bazar", extremo que no resulta controvertido en esta Alzada-, elementos todos éstos que resultan determinantes para la consideración de la injuria y que, como dije, deben ser valorados a la hora de determinar la existencia de justa causa de despido.

El recurrente insiste en la conclusión contraria, pero su planteo se circunscribe a referencias aisladas de los testigos, que tampoco tienen el alcance que pretende atribuírseles en la expresión de agravios.	Todas estas consideraciones me persuaden acerca de que la actitud adoptada por la demandada frente a la falta cometida, amén del antecedente disciplinario invocado en el telegrama rescisorio -que obra documentado a fs. 140 y reconocido por el actor a fs. 189-, devino proporcionada, y por tanto, que el despido directo decidido por su empleadora, resultó ajustado a derecho (cfr. art. 242 de la L.C.T.), lo que así voto.

III- El agravio sobre las costas impuestas en la anterior instancia, se sustenta en la queja expuesta y resuelta en el considerando II -nótese que reitera los argumentos allí esbozados en el sentido de que el despido resultó arbitrario y apresurado-, por lo que ha de seguir su misma suerte y en consecuencia, su confirmación.

IV- En cuanto a la regulación de honorarios de la representación letrada de la parte demandada y perito contador, que mereció impugnación de la parte actora a fs. 283vta./284 por estimarlos elevados, en atención al mérito, calidad y extensión de las tareas llevadas a cabo en la anterior instancia, evaluadas en el marco del valor económico en juego y de conformidad con los parámetros arancelarios previstos en los arts. 6, 7 y concs. de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432, 3 y concs. del dto. ley 16.638/57 y lo dispuesto en el art. 38 de la L.O., estimo que los emolumentos discernidos a dichos profesionales lucen excesivos, por lo que propongo se reduzcan a las sumas de $8.500 (demandada) y $2.000 (contador), respectivamente, y a valores actuales.

V- Sugiero imponer las costas originadas en esta sede a cargo de la parte actora vencida (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.N.) y, a tal fin, regular los honorarios de la representación letrada de cada parte, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus labores en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

EL DOCTOR ALVARO E. BALESTRINI dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR GREGORIO CORACH no vota (art. 125 L.O.).-	A mérito del acuerdo que precede el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia dictada en la anterior instancia, y reducir los honorarios regulados a la representación letrada de la parte demandada, y al perito contador, a las sumas de $8.500 (pesos ocho mil quinientos) y $2.000 (pesos dos mil), respectivamente, y a valores actuales; 2) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 3) Imponer las costas de la alzada a la parte actora; 4)Regular los honorarios de la representación letrada de cada parte, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus labores en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.- Ante mí.-