Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-19


Salta, de mayo de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados "FERLATTI, José Domingo; LOPEZ DE FERLATTI, Juana - Quiebra", Expte. Nº B- 63.989/95 del Juz-gado de 1ª Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades 2ª Nominación; Expte. Nº 104481/04 de Sala, y ___________________C O N S I D E R A N D O I) Vienen los autos a la alzada a los fines del recurso de apelación deducido por AFIP a fs. 905/909 en contra de la resolución de fs. 903/904, que hizo lugar al planteo de prescripción formulado a fs. 891, declaró prescripto el crédito correspondiente al IVA en relación a las subastas, ventas y alquileres efectuados en autos y reservó el pedido efectuado por la sindicatura a fs. 891 in fine.

Al fundar el recurso (fs. 913/917) manifiesta que en fecha 31/3/05 la sindicatura determinó el IVA adeudado por las operatorias detalladas a fs. 687 vta., y por ello, previo a distribuir el producido de la liquidación de bienes, restó la suma de $ 9.250,27. Agrega que la misma tesitura siguió según lo consignado a fs. 835 vta. al reformular el proyecto de distribución, con lo que queda claro que dichos fondos no formaron ni forman parte del dividendo concusal. Que a fs. 881 detalló un listado de los créditos percibidos, exponiendo que los restantes se encuentran alcanzados por la caducidad dispuesta a fs. 874, con la salvedad del IVA por las ventas consignadas a fs. 835. Continúa efectuando un relato de los hechos, al que cabe remitirse por razones de brevedad. Señala que se agravia por cuanto la resolución carece de sustento en los precedentes obrantes en la causa, los que por sí solos, valorados en su integridad, son suficientes para dejarla sin efecto, ya que la sentenciante analizó el planteo de la sindicatura desprendido de todos los antecedentes sentados por la misma. Destaca que el planteo de fs. 891 no resulta consecuente con la conducta asumida con anterioridad por la sindicatura. Reseña el rol que le cabe a la sindicatura dentro del proceso falencial, concluyendo que se encuentra vedada la facultad de plantear la prescripción del crédito impositivo por parte de dicho órgano, como lo hizo en autos. Que ello más aún en el caso concreto, ya que la sindicatura no tiene posibilidad alguna de menguar dicho crédito al organismo, con destino a la educación común, ya que en el único caso en que se podría admitir una intervención de este tipo sería en beneficio de la masa. Señala que la prescripción no puede ser declarada de oficio y formula consideraciones respecto de la oportunidad de su planteo, de la legitimación para solicitarla y de la interpretación restrictiva que rige en la materia, y dice que no debió darse curso al planteo de la sindicatura. Por otra parte, se agravia por cuanto se ha dado un significado distinto a lo sostenido por su parte en su presentación de fecha 3/7/09. Que allí se expresó, que no dependía del fallido ni la determinación ni el ingreso del gravamen, ya que en el sistema su acceso se encuentra bloqueado dada su condición de fallido, a menos que el juez hubiere autorizado la continuidad de sus actividades o por cualquier otro motivo se autorice la habilitación del fallido para operar personalmente como contribuyente, siendo el único habilitado para hacerlo el síndico. Agrega que ello no implica que el ingreso del impuesto no se haga con declaración jurada del fallido, en la condición tributaria que se encuentre inscripto el mismo y el ingreso del impuesto determinado por la sindicatura se haga con los fondos de la quiebra. Sostiene que se agravia por cuanto en la resolución apelada no se ha tenido en cuenta ni valorado la responsabilidad de la sindicatura y el rol que compete al mismo, en la medida que dichos aspectos son determinantes para resolver la cuestión, ya que no se puede pasar por alto el hecho de quién tiene la obligación y responsabilidad legal de determinar e ingresar el tributo. Agrega que a los fines de tener por prescripto el crédito fiscal, se ha acudido a citas parciales de la normativa aplicable en materia fiscal. Sostiene que la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva (art. 69, inc. a, ley 11683), lo que aconteció con las sucesivas intervenciones de la sindicatura determinando el impuesto y los intereses y con la solicitud de orden de pago para su depósito. Entiende que la sentencia ha incurrido en un exceso ritual manifiesto. Cita doctrina y jurisprudencia y hace reserva del caso federal. Solicita se haga lugar al recurso interpuesto y se libre orden de pago a su favor por la suma determinada por la sindicatura con el recálculo de los intereses, señalando que resulta innecesario en el caso hacer efectiva la responsabilidad del síndico, en la medida que existen fondos suficientes en el proceso para cubrir la deuda y destinar el remanente a la educación común. Pide se impongan las costas a la sindicatura en caso de oposición.

A fs. 926 dictamina la sindicatura, oportunidad en la cual manifiesta que ninguna de las presentaciones efectuadas por su parte, impedían a la AFIP ejercitar sus tareas de control, fiscalización y posterior percepción del impuesto, del mismo modo en que puede y debe hacerlo con un contribuyente no fallido. Agrega que de las constancias de autos se desprende que el fisco no realizó ninguna gestión tendiente a la percepción de su acreencia, dejando transcurrir los plazos prescriptos que fija la ley 11683. Sostiene en suma, que si el fisco no percibió su crédito por el IVA devengado, se debe, al igual que en el caso del dividendo concursal, a su inacción para presentarse en autos y requerir su pago. Formula consideraciones respecto de sus presentaciones y del rol que le cabe en autos, y concluye que la recurrente pretende la revocación de la sentencia, atacando la actividad de la sindicatura y tratando de ocultar con ello su propia inacción en efectuar gestiones tendientes a percibir sus acreencias._ A fs. 933/934 emite dictamen la señora Fiscal de Cámara, expidiéndose por la revocación de la sentencia recurrida.

II) De la compulsa de autos surge que por resolución de fs. 839 se aprobó el informe final y proyecto de distribución presentado por la sindicatura a fs. 835/837, y a fs. 874 se declaró la caducidad del derecho de los acreedores a percibir los importes consignados en el mencionado proyecto de distribución, que hasta la fecha de dicho pronunciamiento no habían solicitado el libramiento de la orden de pago. A fs. 878 se ordenó a la sindicatura informe a cuánto asciende el monto que debe transferirse al Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, en los términos del art. 224 in fine de la LCQ; a fs. 881 la sindicatura informó cuáles son los créditos que habían sido percibidos y se-ñaló que los restantes se encuentran alcanzados por la caducidad dispuesta a fs. 874, con excepción del IVA por las ventas consignadas a fs. 835, que a la fecha del proyecto ascendía a la suma de $ 9250,27. En dicha oportunidad solicitó se libre orden de pago a su favor a los fines de la cancelación del mencionado tributo, por la suma de $ 21.980,20, comprensiva de capital e intereses.

Ante las explicaciones requeridas por providencia de fs. 882, la sindicatura señaló los motivos por los cuales no abonó oportunamente el impuesto referenciado (cfr. fs. 884); y en virtud de lo ordenado a fs. 885, informó que la venta del inmueble identificado con catastro nº 13.427 se efectivizó el día 27/12/02, la de los vehículos en fecha 18/6/03, y los alquileres de las maquinarias en fechas 13/12/02 y 6/3/03, y consignó las fechas en las cuales operaron los respectivos vencimientos (cfr. fs. 888/890).

Seguidamente, señaló que al concluir el período fiscal del año 2008, todas las obligaciones derivadas de las ventas y alquileres en cuestión, quedaron prescriptas (cfr. fs. 891). Previa sustanciación con el organismo fiscal (cfr. fs. 899/901), la resolución recurrida declaró prescripto el IVA en relación a las subastas, ventas y alquileres efectuados en autos (fs. 903/904).

Corresponde dejar sentado que la cuestión relativa a la responsabilidad que le podría caber a la sindicatura por no haber determinado e ingresado el impuesto en debido tiempo, no es materia de análisis en esta oportunidad, en la cual se encuentra apelada la prescripción declarada en la instancia de grado. Es decir, lo que debe analizarse es si ha transcurrido o no el plazo legal establecido para que opere la prescripción del impuesto en cuestión, independientemente de la responsabilidad que puede o no caberle a dicho órgano, cuestión respecto de la cual no cabe emitir pronunciamiento. En base a estos fundamentos, no se comparte la opinión de la señora Fiscal de Cámara.

Asimismo, cabe destacar que dicha responsabilidad no constituye motivo suficiente para desestimar el planteo de prescripción del crédito, como parece entender la apelante. En efecto, debe tenerse en cuenta que en virtud de la prescripción liberatoria establecida en la ley tributaria fiscal, el contribuyente queda liberado de ingresar la deuda impositiva, como consecuencia de la inacción del Estado, esto es, cuando el fisco no arbitró los medios con los que contaba para cobrar el tributo durante un lapso determinado de tiempo (cf. Alegre-Chicolino, "Procedimiento tributario. Interrupción de la prescripción", Doctrina Tributaria Errepar, t. XXX, p. 866, consultado en Errepar on line). Es decir, si se constata la inacción por parte del sujeto activo de la relación jurídico tributaria -AFIP-, y el transcurso del plazo legal establecido, debe declararse la prescripción del impuesto, sin perjuicio de la responsabilidad que le podría caber al funcionario concursal.

III. Ahora bien, en cuanto a la legitimación de la sindicatura para formular el planteo de prescripción -aún cuando dicha cuestión no ha sido introducida en debida forma en la instancia de grado, en la cual el organismo recaudador se limitó a formular consideraciones respecto de la responsabilidad de dicho funcionario concursal (cfr. fs. 899/901)-, cabe decir que como responsable del cumplimiento de la deuda ajena (inc. c del art. 6, ley 11.683), el síndico se encuentra facultado para peticionar la prescripción; máxime si se tiene en cuenta lo dispuesto por el art. 110 de la LCQ, en virtud del cual el fallido pierde la legitimación procesal en todo litigio referido a los bienes desapoderados, debiendo actuar en ellos el síndico.

En tal sentido, se ha sostenido ".Respecto al planteo de nulidad con fundamento en que el fisco centró su accionar contra el síndico omitiendo actuar sobre los sujetos principales, cabe adelantar que el mismo no puede prosperar. Ello, toda vez que surge de las constancias de las actuaciones administrativas, que con motivo de la fiscalización realizada en el expediente judicial correspondiente a la quiebra de "Sefag S.A", empresas vinculadas e incidentes de liquidación, el organismo fiscal, aplicando la normativa que rige en la materia, y teniendo en cuenta que la actora estaba en quiebra dirigió su accionar hacia el síndico, como representante legal de la misma, y como responsable del cumplimiento de la deuda ajena en los términos del art. 16, ley 11683 (t.o. en 1978 y sus modif.)." (Trib. Fiscal Nac., sala A, 25/10/07, lexis nexis nº 70047334).

IV. Sentado ello, cabe recordar que el art. 56 de la ley 11.683, dispone que las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por dicha ley, prescriben por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes inscriptos.

A su vez, el art. 57 de dicha normativa establece que el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.

En el caso, por resolución de fs. 307/308 se autorizó la celebración de un contrato de locación de los bienes allí detallados, obrando a fs. 365/366 y 400/401 constancias de depósitos de los pagos efectuados por los meses de octubre de 2002 hasta enero de 2003 inclusive, habiendo concluido el contrato en fecha 17/3/04 (cfr. fs. 404). Por otra parte, el día 27/12/02 se efectuó la su-basta de algunos bienes (cfr. fs. 378/379), la que fue aprobada en fecha 28/2/03 (cfr. fs. 394); y en fecha 18/6/03 se celebró la venta autorizada por resolución de fs. 431 (cfr. fs. 450), la que se aprobó en fecha 8/7/03 (cfr. fs. 472).

Debe tenerse en cuenta que el gravamen que surge del remate de los bienes del fallido constituye débito fiscal del mismo y, como tal, debe ser liquidado en el período fiscal en que quede firme el auto de aprobación del remate, como un integrante más de la declaración jurada mensual (Marchevsky, Rubén A., "Impuesto al valor agregado, análisis integral", ed. Errepar, p. 937).

Consecuentemente, en base a las fechas en las cuales quedaron firmes la aprobación de la subasta y venta directa referenciadas, y teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los pagos mensuales del contrato de locación celebrado en autos, el plazo establecido en el art. 56 de la ley 11.683 debe computarse a partir del día 01/01/04 para todas las operaciones (art. 57 de la ley 11.683). Ello así, desde que el vencimiento para la presentación de la declaración jurada venció en febrero de 2.003, en relación al último mes de alquiler; en abril de 2.003, en relación a la subasta aprobada a fs. 394 (cfr. fs. 402 vta.); y en agosto de 2.003 por la venta directa aprobada a fs. 472 (cfr. fs. 472 vta.).

Siendo así, al momento del planteo de prescripción efectuado el día 14/4/09 (fs. 891), el plazo de cinco años establecido en el art. 56 de la ley 11.683 se encontraba vencido, tal como se dispuso en la sentencia de grado.

V) No empece a ello lo señalado por la apelante en relación a que la prescripción se ha interrumpido por las presentaciones efectuadas por la sindicatura en estos autos; así como tampoco la cuestión relativa a la conducta desplegada por la sindicatura con anterioridad al planteo, ni la relativa a la extemporaneidad del mismo, desde que, por tratarse de argumentos que no han sido introducidos oportunamente en la instancia en grado (cfr. fs. 899/901), rige en el caso la limitación impuesta por el art. 271 del Código Procesal, en virtud de la cual, no corresponde al tribunal pronunciarse sobre capítulos no propuestos en origen y que fueron introducidos en la alzada por el recurrente.

Al respecto, se ha sostenido que de conformidad a lo dispuesto por el art. 271 del Código Procesal, el tribunal de segunda instancia no puede entender respecto de aquellas cuestiones que no hubiesen sido sometidas a conocimiento de la instancia anterior. En tal sentido, se ha resuelto que si el recurrente introduce nuevas cuestiones en el escrito de expresión de agravios que no fueron puestas a consideración del juez de la instancia anterior, la alzada no puede revisar las mismas (CApelCCSalta, sala III, fallos año 1982, fº 1069; Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", t. V, 1975, p. 460). Es que la función del tribunal ad quen no es la de fallar en primer grado sino la de controlar la decisión de los magistrados de primera instancia (Hitters, "Técnica de los Recursos Ordinarios", 1986, pág. 406, CApelCCSalta, sala IV, t. XXVIII, fº 358).

En tal orden de ideas, se dijo que es inadmisible la introducción en la alzada de materias no propuestas en primera instancia, en virtud del principio de congruencia, que entronca directamente con la garantía constitucional de defensa en juicio de la contraparte (CNFed. Civ. y Com., sala II, La Ley, 2001-B-650). Así, son inatendibles en segunda instancia los argumentos que el demandado omitió invocar en la instancia anterior -como en el caso, la cuestión relativa a la interrupción del plazo de prescripción-. Ello así, por cuanto si bien el recurso de apelación abre la jurisdicción de alzada a los efectos de resolver la justicia de las resoluciones impugnadas, de ninguna manera posibilita decidir en grado de apelación con prescindencia o mas allá de las cuestiones planteadas ante el juez de primer grado (SCMendoza, sala I, LL Gran Cuyo, 2001-643; CApelCCSalta, sala IV, t. XXXI, fº 818; íd. t. XXXI, fº 842).

En base a lo expuesto, no cabe sino desestimar el recurso de apelación interpuesto.

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido por AFIP-DGI a fs. 905/909.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.