Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29


TS07D44143 PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº 44143 CAUSA Nº 7.257-10 - SALA VII - JUZGADO Nº 55 En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de febrero de 2012, para dictar sentencia en los autos: "BURINIGO MARCOS ADRIANO c/ GUTIERREZ MARIA ESTHER s/ DESPIDO" se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs. 14/27vta. y fs. 55, se presenta el actor Marcos Adriano Burinigo e inicia demanda contra María Esther Gutiérrez, en procura del cobro de unas sumas e indemnizaciones a las que se considera acreedor, con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Relata haber ingresado a trabajar bajo la dependencia laboral de la demandada el 1 de junio de 2006, desempeñándose en funciones de "operario Lavador". Señala que fue contratado por la accionada para trabajar en jornada completa, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y los sábados de 08:00 a 18:00, sin embargo estaba registrado como trabajador de media jornada.

Describe que las tareas que realizaba eran principalmente la de lavado de autos en forma total, lubricación y engrases de vehículos.

Manifiesta que el establecimiento de la accionada era un lubricentro con servicio de lubricación y lavado de autos -interior y exterior- también tenían un local de venta de accesorios, repuestos y productos de lubricación y limpieza para rodados. Indica que realizaba cuantiosas horas extras, las cuales no fueron abonadas.

Resalta que estaba registrado como "Auxiliar de media jornada" como empleado de comercio, aplicándosele el CCT 130/75, cuando debió estar registrado como "operario lavador" por jornada completa y estar amparado por el CCT 427/05. Percibía una remuneración mensual de $1.645,28 correspondientes al mes de noviembre de 2008. Sostiene que la empleadora tampoco le proveyó la ropa de trabajo para realizar sus tareas, por tal motivo se vio obligado a destinar parte de su dinero para la compra de la misma. Ante estas irregularidades, el 13 de diciembre del 2008, el actor intima a la accionada para que aclare su situación laboral, pago de diferencias salariales, adicionales convencionales, entrega del uniforme de trabajo, pago de horas extras, rectificación de su jornada de trabajo, el reintegro de las sumas entregadas en concepto de propinas, entrega de recibos de sueldos en legal forma y la correcta registración de la relación laboral -ver CD transcripta a fs. 16/17vta.-.

El 17 de diciembre del mismo años la demandada contesta rechazando el reclamo del actor -ver TCL transcripto a fs. 17-.

En consecuencia de ello el 22 de abril del 2008 el accionante se considera despedido -ver CD., transcripta a fs. 17vta.-.

Viene a reclamar las indemnizaciones correspondientes al despido, multas y recargos previstos en el ordenamiento laboral, por las circunstancias que explica.

A fs. 103/109, responde demanda la accionada.

Desconoce todos los extremos invocados por el actor en su escrito de inicio.

Manifiesta que el establecimiento en el que se desempeñaba el actor lleva como nombre de fantasía "El master lubricantes" y que en el ramo de servicio para el automotor se dedican específicamente a la tarea de lubricentro.

Destaca que la tarea principal que se realizaba en el establecimiento era el cambio de aceite, filtros, revisión de niveles de otros fluidos utilizados por lo rodados modernos, control de lubricación, etc.

Señala que las tareas que realizaba el actor eran actividades sencillas tales como proveer de los elementos necesarios al personal que laboraba en el sector lubricentro y mecánica ligera, acomodamiento de mercaderías en el local, etc.

Resalta que la relación laboral estaba encuadrada bajo las normas del CCT Nº 130/75 de empleados de comercio conforme arts. 1 y 2 de dicha norma.

Expresa que la categoría que le correspondía al actor era la de auxiliar.

Indica que el accionante fue contratado para desempeñarse en el horario de 08:00 a 12:00 horas, sin realización de horas extras.

Aduce que conforme el CCT aplicable a la relación se le entregaba al actor dos mudas de ropa de trabajo por año.

Describe el intercambio telegráfico producido entre las partes con motivos de las constantes inasistencias del actor. Impugna liquidación y solicita el rechazo de la demanda.

La sentencia de primera instancia obra a fs. 290/299.

En ella el "a-quo", luego de analizar los extremos fácticos y jurídicos de la causa, decide en sentido parcialmente favorable a las pretensiones del actor y condena a la demandada al pago de las indemnizaciones por despido incausado por considerar justificada la decisión resolutoria adoptada por el Sr. Burinigo.

A fs. 302/308, apela la demandada el fondo de la cuestión, mereciendo la réplica de la contraria a fs. 310/374.

II.- Respecto al fondo de la sentencia, varios son los planteos que formula la accionada.

a.- Despido:

La apelante cuestiona que en el fallo se haya considerado legítimo el despido dispuesto por el reclamante, al sentirse injuriado por diferencias salariales conforme escala salarial vigente categoría operario lavador CCT 427/05 y deficiente registro de la jornada laboral consignada.

Pero a mi ver el recurso no resulta eficaz en estos aspectos.

Debo señalar con respecto a la ruptura del vínculo, que la situación fáctica indica que el accionante intimó por dación de tareas, deuda de diferencias salariales conforme escala salarial vigente categoría operario lavador CCT 427/05, deuda de adicionales por "premio de asistencia" (art. 11) y "antigüedad" (art. 9) CCT 427/05, deuda de horas extras efectivamente laboradas y no abonadas oportunamente denunciadas con mas la diferencia sobre S.A.C. y vacaciones gozadas, deficiente registro de la jornada laboral consignada, retención y omisión de entrega de sumas entregadas en concepto de propinas extendidas por los clientes, expresa negativa a registrar correctamente el vínculo en los términos de la ley 24.013 -ver CD transcripta a fs. 16vta./17-, lo que considera incumplimiento injurioso, y lo hace bajo apercibimiento de considerarse despedido, el que a posteriori ante las negativas de la demandada hace efectivo. En el presente caso, de acuerdo con las pruebas producidas -declaraciones testimoniales aportadas por ambas partes-, el actor logra acreditar y demostrar de manera prístina las diferencias salariales conforme escala salarial vigente categoría operario lavador por aplicación del CCT 427/05 y diferencias salariales por deficiente registro de la jornada laboral consignada. Me explicaré:

En cuanto a las diferencias salariales respecto al encuadre convencional de la relación laboral que existía entre las partes, surge acreditada por los testimonios de los deponentes propuestos en autos, al coincidir todos en sus declaraciones que la actividad principal de la demandada era lubricentro (ver declaraciones de Acosta; fs. 222/223, Vega; fs. 220/221, Ortiz Mariela; fs. 215/216, Barrientos; fs. 218/219 y Ortiz Raúl; fs. 275/276).

Asimismo, es de señalar que el Convenio Colectivo Nº427/05, según su texto, se aplica a todo el personal que se desempeñe en "lavaderos automáticos y manuales como también personal del interior del mismo, lubricentros y anexos", encontrándose la demandada incluída entre las que se dedican a dicha actividad.

Además de lo expuesto, tal como se indica en el fallo, el informe del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Automotores de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, informó que la demandada se encuentra inscripta en el Registro Nº 002473, sita en la calle Fernández de la Cruz 2932 (1437) CABA, inicio de actividades fecha 01/12/2004, rubro lavadero. CCT aplicable es el 427/05 Trabajadores de lavaderos automáticos y manuales (fs. 251).

En tales condiciones, propongo confirmar este punto del fallo. En cuanto a las diferencias salariales respecto a la jornada de trabajo, la misma también surge probada por medio de la prueba testimonial. Veamos:

Vega (fs. 220/221), expresa que ".el lubricentro abría de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, que los sábados abría de 08:00 a 16:00 horas.".

Barrientos (fs. 218/219), manifiesta que ".el negocio abre a las 08:00 o 09:00 de la mañana pero que no va ha esa hora; y que el negocio cierra a la tardecita, que esto lo sabe porque fue a las 17:00 horas y lo atendieron.".

Nótese además que dichas declaraciones constituyen prueba testifical idónea en tanto han sido concordantes en las cuestiones sustanciales que declaran (arts. 90 de la Ley 18.345, 386 y 456 del Código Procesal). En el caso en examen, todos los testigos al declarar manifiestan noticias claras que permiten inferir que el lubricentro abría a la mañana hasta la tarde de lunes a viernes y los sábados.

Sin perjuicio de ello, considero que en este caso le correspondía probar a la demandada que el trabajador realizaba media jornada por tratarse la misma jornada de excepción conforme lo establecido en el art. 92 ter de la LCT., pero ello no sucedió en autos.

Además, debo señalar que por exclusiva responsabilidad de la demandada se dejo sin efecto la realización de la prueba pericial contable, toda vez que la accionada no exhibió sus registros contables, por lo que corresponde la aplicación del art. 55 de la LCT. -ver fs. 163-. Por los motivos expuestos, quedó acreditado que el actor realizó jornada completa.

Teniendo en cuenta todo lo analizado en los párrafos anteriores considero que lo expresado anteriormente ha sido el motivo determinante del despido, conducta, a mi modo de ver, suficientemente injuriante como para impedir la continuidad de la relación (art. 242 de la L.C.T.); y la demandada no logra indicar una sola prueba que pueda desvirtuarlo.

A mayor abundamiento, deseo señalar al respecto que cuando son varias las causales invocadas en la notificación del auto-despido, la acreditación de alguna de ellas, que tenga bastante virtualidad o entidad como injuria, es suficiente para justificar la medida y admitir el reclamo indemnizatorio pertinente. Por todo lo expuesto, propicio confirmar estos puntos del fallo.

b.- ROPA DE TRABAJO:

Cuestiona la accionada que el Juez de grado haya hecho lugar a la compensación por desgaste del uniforme de trabajo, teniendo en cuenta el art. 41 del CCT. Nº 427/05 por un importe de $1.800., sin aclarar de que manera llega a ese monto.

Señala en su defensa que conforme al CCT Nº 130/75, art. 66, el empleador estaba obligado a proveer al trabajador dos mudas de ropa al año, lo cual lo había cumplido y estaba acreditado por las constancias agregadas a fs. 61, testimonios del Sr. Raúl Ortiz y por las fotografías que constan a fs. 65,66 y 67.

Sobre este punto, considero que no asiste razón a la apelante.

Digo ello, porque de acuerdo con lo expresado en el punto a.- del presente considerando, la accionada debió entregar al actor tres uniforme de ropa por año, además de otros accesorios para la realización de las tareas en la empresa sin ningún cargo -conforme art. 41 del CCT Nº 427/05-.

Dicha obligación no fue cumplida por la misma ya que en autos no se encuentra acreditada por ninguna prueba la entrega de los uniformes mencionados al actor.

Resalto además que la documental de fs. 65, 66, 67 y declaración del Sr. Raúl Ortiz no pueden probar que la demandada había cumplido con dicha obligación, ya que las mismas fueron desconocidas por el actor a fs. 112vta. y la accionada no demostró su autenticidad por otro medio de prueba.

Respecto al importe de $1.800, considero que el sentenciante hizo lugar a dicha suma teniendo en cuanta los gastos que debió afrontar el actor por la utilización de su propia ropa conforme a lo establecido en el art. 76 de la LCT.

Por lo expuesto, propongo confirmar este aspecto del fallo.

c.- INTERESES PUNITORIOS:

Se agravia la reclamante que el sentenciante le haya impuesto intereses punitorios en caso de que no abonara en el plazo procesal oportuno el monto de condena luego de practicada la liquidación final establecida por el 132 de la L.O.

Señala que dicha decisión es confiscatoria y totalmente desproporcionada.

Llama profundamente mi atención el agravio de la demandada por intereses punitorios, instituto ampliamente aceptado en el derecho basal argentino e institucional.

Más allá de que no existe un agravio actual, salvo que la demandada haya resuelto ya, no cumplir la condena, no hay obstáculo a su tratamiento y no he de extenderme demasiado en la consideración del instituto, porque no es el caso de explicitar el derecho en general, empero es obvio, el necesario compromiso de los jueces con el resultado de las sentencias.

La extensamente bien fundamentada decisión del Juez, da cuentas de su adecuada incursión en el derecho común, como avalador de las especificidades del Derecho del Trabajo.

Los incumplimientos graves y altamente reprochables, como el desconocimiento de las resoluciones judiciales, requieren no solo sanciones especiales, sino también disuasivas de futuras limitaciones, en el orden social general (conf. Ferreirós Estela, Incumplimiento Obligacional, Ed. La Rocca).

De tal manera resulta que debe confirmarse lo resuelto y lo propongo con una visión resarcitoria, preventiva y ejemplificativa. d.- La accionada cuestiona que el "a-quo" la haya condenado a pagar la alícuota correspondiente del impuesto al valor agregado (IVA) sobre la regulación de los honorarios de la letrada patrocinante del actor sin haber aclarado que la misma corresponde únicamente si el profesional acredita su condición de responsable inscripto.

Este agravio tendrá favorable acogida.

Considero al respecto que sobre la regulación de los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, deberá adicionarse la parte proporcional del Impuesto al Valor Agregado siempre que dicho profesional acredite su condición de Responsable Inscripto, lo que puede hacer en cualquier etapa del presente, ya que éste es un impuesto indirecto esencialmente trasladable, teniendo en cuenta la doctrina de la C.S.J.N in re "Cía. General de Combustibles S.A. s/ Recurso de Apelación" del 16.9.93. e.- Agravia a la demandada que el sentenciante la haya condenado también al pago de la contribución a CASSABA prevista en el art. 62 de la Ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto en relación de los honorarios regulados (inc. 2) como así también respecto de la Tasa de Justicia a oblarse (inc. 3).

Al respecto considero que le asiste razón a la apelante.

Digo ello porque la Caja de Seguridad Social de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA), dejó de existir mediante el dictado de la Ley 2811 sancionada con fecha 24-07-2008 a través de la cual se decidió su disolución y liquidación.

Por tal motivo, propongo dejar sin efecto la aplicación de dicha ley por haber sido derogada. f.- ART. 80 L.C.T.:

La demandada se agravia de la condena al pago de la multa prevista en el art. 80 de la LCT (con la reforma del art. 45 de la Ley 25.345), en tanto según sostiene los certificados siempre estuvieron a su disposición.

Tampoco le veo razón en este planteo.

Digo ello ya que la obligación de entregar dichos instrumentos nace en el mismo momento de la extinción del contrato o, a lo menos, en el tiempo que razonablemente pueda demorar su confección y no puede sujetarse el cumplimiento de la misma a que el trabajador concurra a la sede de la empresa a retirarlos.

Si la demandada los puso a disposición, es decir tuvo esa voluntad de entregarlos de inmediato, debió en todo caso consignarlos judicialmente y no lo hizo -art. 756 del Código Civil-.

Además, la certificación de servicios y remuneraciones cuya copia es acompañada por la demandada con su contestación de demanda a fs. 100/101, no resulta suficiente por carecer de fecha la certificación bancaria, lo cual trae como consecuencia que no se pueda determinar que a la fecha de la intimación del actor el certificado de trabajo se encontraba a su disposición conforme los requisitos establecidos en el art. 80 de la LCT.

Por lo tanto, habiendo el actor cumplido con los requisitos impuestos en la ley, resulta también acreedor de la multa en cuestión.

III.- De compartirse mi tesitura, propicio que las costas de alzada sean declaradas a cargo de la demandada (art. 68 C.P.C.C.N.) y se regulen honorarios a su representación letrada y a la del actor en el 25%, para cada uno de ellos, de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores). EL DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO: no vota (art. 125 de la Ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios. 2) Dejar sin efecto lo decidido sobre CASSABA. 3) Costas de alzada a cargo de la parte demandada. 4) Regular honorarios a la representación letrada de la demandada y del actor en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), para cada una de ellas, de los determinados para la primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.