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Competencia contenciosa de la Corte Interamericana, medidas provisionales, daño irreparable, COLOMBIA, responsabilidad internacional del Estado, incumplimiento de resolución judicial, desaparecidos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia S/Solicitud de medidas provisionales c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-08-26

Si bien la Corte Interamericana valora la información presentada por Colombia en relación con las medidas de protección implementadas a raíz de la resolución que en tal sentido ha emitido el Tribunal el 8 de julio de 2009, en el caso de los familiares de los 19 comerciantes colombianos desaparecidos, luego de haber sido arbitrariamente detenidos -motivando la declaración de responsabilidad internacional de dicho Estado por violación a la Convención Americana, según Sentencia del 5 de julio de 2004, Serie C No. 109-, dicha información no puede ser analizada adecuadamente pues no da cuenta de la situación de riesgo particular de los beneficiarios, ni indica medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes, tal como fue ordenado por el Tribunal.
Fundamentación de sentencias, prueba, insuficiencia del agravio, calificación legal, tenencia de estupefacientes, intervención de línea telefónica, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: Ramos Olaya, Juan Francisco y otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-03

En relación a la arbitrariedad de la sentencia aducida por la defensa, e concluye que, a la luz de los elementos de prueba reseñados, el tribunal sentenciante ha valorado fundadamente el cuadro probatorio reunido en autos en contra de los imputados. De esta manera, la conclusión a la que arribó el a quo en cuanto a la acreditación del cuadro fáctico descripto a partir del análisis razonado de la prueba colectada en autos - contrariamente a lo sostenido por las defensas- luce ajustada a derecho y a las particulares circunstancias de la causa. En efecto, los agravios de los recurrentes resultan demostrativos de la existencia de una fundamentación que, si bien intentan rebatir, no logran acreditar la arbitrariedad invocada. La calificación legal pretendida por las defensas -tenencia para consumo personal- no luce ajustada a los diversos elementos de prueba reunidos en autos que fueran valorados por el a quo. En efecto, la conclusión a la que se arribó resulta ser el fruto de una valoración amplia y crítica del conjunto del material probatorio reunido en la presente, por lo que puede afirmarse que la conducta desplegada por los imputados se encuentra comprobada en la presente causa y satisface los requisitos de tipicidad objetiva y subjetiva del delito de tenencia simple de estupefacientes (art. 14 primer párrafo de la ley 23.737). Asimismo, las defensas no han expuesto razones que logren conmover la significación jurídica discernida por el tribunal anterior, ya que la cantidad de estupefaciente secuestrado, las condiciones y el lugar en el que se produjo el hallazgo permiten descartar que la tenencia del estupefaciente fuera inequívocamente para consumo personal y avalan la aplicación de la figura de tenencia simple. Los argumentos defensistas tendientes a impugnar la calidad de coautores de los condenados no logran rebatir los fundamentos expuestos por los magistrados en la sentencia condenatoria. Por el contrario, el análisis integral y conjunto del cuadro probatorio con el que cuenta la causa permite acreditar la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal de los imputados. De las pruebas reunidas en autos se advierte que la sustancia estupefaciente y los demás elementos secuestrados se encontraban dentro del ámbito de disposición de los agentes condenados. Ello, al haberse acreditado que los imputados hacían uso de la oficina donde se secuestraron los elementos, que cuando se retiraban de la Comisaría cerraban la puerta con llave -único espacio de la dependencia policial que se encontraba cerrado con llave al momento de realizarse el allanamiento- y al haberse probado mediante las intervenciones telefónicas dictadas en autos -de las que se observaron conversaciones entre los miembros de la brigada- el modo irregular de llevar acabo los procedimientos.
Procedimiento laboral, honorarios del abogado, base regulatoria, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: CANAVERI, GONZALO I. c/ METROPOL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. s/ HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

Los honorarios en el proceso se establecen como compensación pecuniaria por los trabajos que durante su curso, cumplió el representante letrado en defensa de su cliente y por ello se tiene en cuenta la labor desarrollada y el valor del litigio, art. 38 Ley Orgánica y art. 6 ley 21839, aún cuando percibiese más que lo que le corresponda a su representado, pues son diferentes los conceptos con los cuales se reciben uno y otro importe.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Petrella, Miguel Angel c/ Lell, Andrés B. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-28

Tratándose de un juicio ejecutivo en el que no es posible discutir sobre la causa de la obligación, artículo 506 y concordantes del Cód. Procesal Civil y Comercial, como tampoco el abuso de firmar en blanco, puede servir de base a la excepción planteada, estimando que debe rechazarse el recurso interpuesto.
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior, caución real
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DEL OESTE  S.A. c/ CIA. MASSEY FERGUSON  S.R.L. s/ JUICIO EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

La finalidad que inspira a la fianza del cpr:591 es que el ejecutado en caso de concretarse la hipótesis de un resultado favorable a su parte en el juicio ordinario de repetición del cpr:553 pueda resarcirse del desembolso que se ve impelido a afrontar.

En tal sentido, esa garantía no se ve cumplimentada acabadamente con una mera reserva en la distribución de fondos del concurso del ejecutante, sino que debe ser efectiva e integral a través de la imposición de los fondos respectivos en una cuenta adecuadamente redituable que garantice su entidad real a través del tiempo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carta de Plata S.A. c/ Reyes, Juan Carlos y otros s/ Prepara vía ejecutiva. Recurso de queja Banco Provincia c/ Martín, Raúl J. s/ Prepara vía ejec.. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05|1997-12-23

El valor económico del litigio es de monto determinado, y está representado para el recurrente por el monto del capital cuya ejecución se persigue. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, apreciación de la prueba, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: LLANOS DE FERREYRA VENANCIA c/ ABDENUR ABRAHAM ALBERTO Y OTROS s/ ACCION DE NULIDAD-CASACION ACCION TECNICA INDUSTRIAL c/ NAVIERA, ALFONSO R. Y OTROS s/ REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-05-07|2003-02-26

Corresponde rechazar el recurso de casación, cuando las discrepancias en la valoración de las probanzas y en cuestiones de derecho procesal con el criterio seguido por los Jueces, no sustentan la tacha de arbitrariedad en que se pretende fundar la casación si estos planteos fueron definitivamente juzgados con fundamentos que resultan ser suficientes.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Salas, Edgardo Daniel s/ Privación ilegítima de la libertad, robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

No existe precepto que descalifique "a priori" el dicho testimonial de los funcionarios policiales que participaron en las diligencias sumariales, de modo que, habiéndose observado las formalidades propias de la prueba de testigos al recibirse las declaraciones, la valoración de su fuerza probatoria corresponde a los jueces de las instancias ordinarias en función de las reglas de la sana crítica.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguros, seguro colectivo, principios generales del Derecho, riesgos del trabajo, accidentes de trabajo, indemnización, acción de repetición, empleador
Materia: COMERCIAL-CIVIL-LABORAL
Carátula: Asociart SA Aseguradora de Riesgos de Trabajo c/ Corpuey SRL y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-14

Procede confirmar la resolución que consideró acreditado que el empleador inscribió al trabajador después de producido el siniestro que le costara la vida, por lo que condenó a la sociedad a reintegrar a la aseguradora la totalidad de lo abonado en virtud del siniestro producido. Ello así, procede extender la condena a los socios gerentes por cuanto fue demostrado que actuaron en violación a la ley y en perjuicio de terceros al realizar el alta del trabajador de forma tardía, pues el empleado fallecido había comenzado a trabajar cinco días antes de su deceso, teniendo ese tiempo antes para realizar la inscripción. Ese hecho provocó el daño a la aseguradora de riesgos de trabajo quien debió pagar de la indemnización por fallecimiento, pago que debió ser asumido por los demandados. La responsabilidad, entonces, no se vincula con la mera presencia del poder de dirección, sino con la conducta observada por el director -socio gerente en este caso- en el ejercicio de tal poder (esto es no haberse conducido con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, o haberlo hecho con culpa, dolo o abuso de facultades); y por ende, para que se configure la responsabilidad civil es necesario que los hechos u omisiones hayan ocasionado un perjuicio (cfr. Halperín, en "Sociedades anónimas", Buenos Aires,1975, págs. 449 y sig.; esta Sala, "Devoreal SA s/ quiebra c/ Moreno", 1/11/16). Y la solidaridad impuesta entre los directores surge de integrar ellos un cuerpo colegiado, en el que la voluntad del órgano resulta de la coincidencia de la mayor parte de las voluntades individuales que lo integran, por lo que todos los que forman parte del cuerpo están vinculados por una sola responsabilidad (confr. Verón, Alberto V., en "Sociedades Comerciales", Buenos Aires, 2007, Tomo 3, pág. 206).
Propiedad intelectual, derechos de autor
Materia: CIVIL
Carátula: QUIROGA ROBERTO RODOLFO c/ SICAMERICANA  S.A.C.I.F.I. s/ COBRO DE PESOS - PROPIEDAD LITERARIA Y ARTISTICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

La violación del derecho intelectual del intérprete está integrada no sólo por la privación de la remuneración material, sino por la alteración o tergiversación de su actualización omitiendo su nombre o atribuyéndoselo a otro.

Existe también, paralelamente al derecho moral de autor, un derecho moral del intérprete, cuando la reproducción de la misma sea hecha de tal manera que pueda producir grave e injusto perjuicio a sus intereses artísticos.
Menores, acciones de estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: A. ,H. J. c/ H. ,G. S. s/ Patria Potestad. Ejercicio.Sanciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

En materia de menores todo está signado por la provisoriedad; lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no serlo, y a la inversa, lo que hoy aparece como inoportuno puede en el futuro transformarse en algo pertinente.(del voto del doctor Pettigiani)
Importación de automotores, franquicia para personas con discapacidad, Dirección Nacional de Rehabilitación
Materia: ADUANERO
Carátula: Vigil, Constancio y otros s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

La finalidad de la ley 19.279 fue facilitar mediante una franquicia estatal la adquisición de automóviles a personas lisiadas, además, estableció en su art. 7º que el Servicio Nacional de Rehabilitación será la autoridad de aplicación y control de esta ley, a cuyo fin los organismos nacionales, provinciales y municipales prestarán toda la colaboración que aquélla les requiera y que sea necesaria para el mejor cumplimiento de sus disposiciones (Voto del Dr. Luis René Herrero).
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, empleo público, cesantía, diferencias salariales
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Riccelli, Sandra Elizabeth contra GCBA sobre otros procesos incidentales - empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público - diferencias salariales c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-15

Corresponde rechazar la queja ya que frente a los argumentos dados por los jueces de la Cámara en el auto denegatorio (falta ausencia de caso constitucional y cuestiones de hecho y prueba), la actora debía demostrar que sus planteos -a diferencia de lo sostenido por la Cámara- podían ser abordados por este Estrado en el marco de un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, sus esfuerzos en ese sentido no son exitosos para habilitar la revisión que pretende pues, más allá de que enumere una serie de principios constitucionales que estima vulnerados, no logra establecer una conexión directa entre estos y la decisión de la Sala que limitó temporalmente la condena a pagar a los actores las diferencias salariales en concepto de participación en la recaudación del Sistema de Atención Médica de Emergencias en los términos de los artículos 1 y 2 de la ordenanza 45241/1991 y encuadró la cuestión de la prescripción en la excepción prevista en el art. 2537 del Código Civil y Comercial de la Nación. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso contencioso administrativo, sellado judicial, tributos, juicio, trámites judiciales, formalidades procesales, fianza, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: LOPEZ, EDUARDO JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - REVOCATORIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 739 AÑO 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-03-19

Debe desestimarse la postulación de tramitar por separado las cuestiones relativas a la determinación de la tasa de actuación judicial, atento a lo dispuesto por los artículos 242 y 326 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (suplet. aplic., art. 1, ley 11.330) y 244 del Código Fiscal, desde que el propio impugnante no ha procurado valerse de los medios que el mismo ordenamiento legal establece para asegurar la prestación del servicio de justicia requerido.

En efecto, por un lado, la posibilidad de ofrecer fianza suficiente conforme lo prevé la última parte del propio artículo cuestionado -244 Cód. Fiscal- y, por el otro, la de recurrir al beneficio de litigar sin gastos que "comprende el derecho de actuar en juicio libre de todo impuesto, tasa o contribución de carácter fiscal..." (art. 335 C.P.C.C.) promoviendo la respectiva declaratoria de pobreza ante el juzgado competente (art. 24, ley 11.330).

Lo dicho no implica coartar el derecho de acceso a la jurisdicción, que tiene raigambre constitucional y que puede determinar, en supuestos en que así se justifique, hacer excepción a las exigencias fiscales, sino poner de resalto que las normas legales contemplan soluciones que tornan compatibles el derecho a acceder a la jurisdicción y el que tiene el Estado de percibir los ingresos necesarios para su desenvolvimiento.
Unificación de penas, pena única, cómputo de la pena, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: CALDERON, DIEGO s/ CONDENA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

El art. 58 del CP. impone a los jueces, en caso de violación a las reglas, el dictado de una pena única sin que ello implique la transgresión a la "reformatio in pejus".

El cómputo de las penas impuestas puede ser reformado aun de oficio cuando se advierta diferencias aritméticas en uno u otro sentido, dada la índole administrativa y no jurisdiccional de tal actividad, excluida del principio rector de la cosa juzgada.
Instrumentos privados, valor probatorio, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pesce, Ernesto y otra c/ Robles de la Hoz, José y otros s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

El instrumento privado produce los efectos previstos por el art.

1026 del C.C., no sólo contra quien lo reconoce, sino contra quien lo presenta en el proceso en virtud, del principio de la indivisibilidad de la prueba.
Policía, sanciones disciplinarias, pena, graduación de la pena, falsificación de instrumento público
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ, RUBEN IGNACIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 324-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-07-04

Para comprender el verdadero sentido de la gravedad de la pena prevista por el artículo 62 de la ley del personal policial -Nro 6769-, ha de adoptarse un criterio de suma ponderación. Una pena prevista de seis años y un delito consistente en la falsificación de instrumentos públicos en forma reiterada, por parte de un funcionario público investido de autoridad, permiten calificar de grave el ilícito, sin pecar de arbitrariedad.
Despido por falta o disminución de trabajo, empresa, empleador, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CAÑETE, ESPIDIO c/ COMERCIO INTERNACIONAL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-28

La falta o disminución de trabajo es una figura creada por el dec. 33302/46 en forma temporaria, cuando se legalizó y se extendió a todos los trabajadores la protección contra el despido arbitrario.

Luego se eliminó su temporalidad y se mantuvo la figura, incluso cuando se sancionó la ley 20744. Pero se comete un error conceptual cuando se argumenta, para demostrar la existencia de una crisis general y particular que se proyecta sobre una empresa determinada, sin atender que lo que está en discusión es el derecho subjetivo del trabajador concretamente considerando, que es con relación a quien la empleadora debe demostrar que disminuyó o faltó trabajo inimputablemente.
Honorarios del abogado, convenio de honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: OROÑO ROGELIO, CANDIA DE PAVIA JUANA RAQUEL Y FLOR EMILIO c/ FRIGORIFICO REGIONAL SANTA ELENA S.A  Y/O RESPONSABLES s/ INCIDENTE DE EMBARGO PREVENTIVO Y HOMOLOGACION DE CONVENIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-10-13

Cuando las partes de común acuerdo formulan el convenio que luego obtiene la homologación judicial, se comprenden los honorarios profesionales de los juicios que tramitaban y a los cuales el Superior Gobierno de la Provincia asumió el compromiso de pagarlo en la forma y el modo establecido, y la homologación de tal convenio que forma parte de ese proceso, es continuación de los procesos individuales que estaban en trámite. Es por ello que el Juez a-quo correctamente afirma que es de aplicación el 2do. párrafo del artículo 90 de la ley de aranceles 7046, en donde se ha dejado de lado la regla general establecida en el encabezamiento del citado artículo.
Pensiones, separación de hecho, culpa, improcedencia del recurso, apreciación de la prueba, estado de necesidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CAJAL ROSA ESTER c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-14

No corresponde otorgar la pensión por fallecimiento a la viuda si ha transcurrido un tiempo prolongado entre la separación de la actora con el causante sin que se haya demostrado una dependencia económica a través de los años y que, a raíz de la muerte de aquel, haya colocado a la actora en un estado de necesidad que amerite el reconocimiento de la pensión. (Disidencia del Dr. Fantini).
Actuaciones administrativas, medios de prueba, proceso judicial, vista de las actuaciones, expediente reservado, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: AGROMETAL INTERNATIONAL CORPORATION c/ MINISTERIO DE DEFENSA Y TAMSE s/ EJECUTIVO U$S 10.000.000
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-10

Las actuaciones administrativas han sido remitidas a este Tribunal, encontrándose incorporadas como prueba a un proceso judicial, por lo que siguen la suerte genérica de toda prueba de tal tipo, cual es el acceso sin restricciones de los contendientes. No puede desconocerse que los expedientes administrativos en análisis, en los términos de la ley 23.696, han tenido el carácter de secretos conforme la excepción al principio general de la vista preceptuado en el decreto 1759/72, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos; mas tampoco puede negarse que los términos de tal norma han fenecido y que la "reserva" de las actuaciones administrativas, de mantenerse en este expediente judicial podría afectar el derecho de defensa en juicio, de raigambre constitucional.
Remuneración en especie, vales de comida, carácter remuneratorio, contrato de trabajo, presunción de onerosidad
Materia: LABORAL
Carátula: Cervecería Santa Fe (T.F. 14960-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-30

Como la relación jurídico laboral se tipifica por la reciprocidad de las prestaciones, toda entrega de bienes efectuada por el empleador tiene carácter oneroso y, por lo tanto, siempre representa una ventaja patrimonial para el trabajador, debiendo considerarse como tal a cualquier beneficio susceptible de ser evaluado en dinero. Así, aun cuando los vales entregados por la empresa no puedan ser canjeados directamente por dinero, sí representan una ventaja patrimonial para el trabajador ya sea por su consumo sin gasto directo de dinero alguno o a través de su venta a terceros. De allí que se torna razonable que tales entregas sean consideradas salario en especie.
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, proceso penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Abella, Juan C. y otros s/ hechos  ocurridos  los  días 23 y 24 de enero de 1989 en el RIM. Nx 3  de la Tablada - Causa No. 231/89
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

Las resoluciones cuya consencuencia sea la obligación de seguir sometido al proceso criminal, no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a ella, pues no ponen fin al proceso ni impiden su continuación.
Nulidad de sentencia, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: B., J.M. y Otros s/ Falsedad de Instrumento Público, etc...
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-04

Prestigiosa jurisprudencia explica que cuando la competencia del Superior Tribunal es abierta por un recurso admisible, sin que interese por cuál de los motivos de casación se ha deducido, puede este Tribunal de oficio declarar la nulidad de la sentencia si ésta presenta algún defecto que merezca esa sanción y, por supuesto, siempre que se tratare de nulidades de carácter absoluto que son las únicas que pueden declararse en cualquier estado y grado del proceso.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación, tasas de interés, tasa promedio de caja de ahorro, capitalización de intereses, ley de consolidación de la deuda pública
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANATORIO COLEGIALES SA. c/ OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-05

Se efectúa una capitalización de la tasa de interés efectiva mensual promedio ponderada de los depósitos en Caja de Ahorro común, tomando la variación experimentada entre los 5 días anteriores al comienzo de cada período de renta. Lo dicho rige desde el 1.4.91 y durante 72 meses los intereses se capitalizarán en la forma descripta;

y a partir del 1.4.97, se pagarán intereses sobre el monto ya capitalizado. (Comunicación BC "A" 1938 Decreto 2140/91 y Resolución 261/92, Ministerio de Economía, información proporcionada por el Ministerio de Economía, Registro de la Deuda Pública).