marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de queja (procesal), depósito previo, acceso a la justicia, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Schneider,  Adriana  Luisa c/ García Darderes, Osvaldo Daniel y otros. s/ deposito previo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

En tanto el derecho al acceso a la justicia es uno de aquellos que resultan operativos con su sola invocación, e irrestricto en su ejercicio, cualquier condicionamiento del trámite judicial tal como el que se deriva de la falta de abono del depósito del art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resulta violatorio de esa garantía constitucional (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Comunidad Homosexual Argentina, asociaciones civiles, objeto de la asociación, homosexuales, bien común
Materia: CIVIL
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

La pública defensa de la condición homosexual con vistas a su aceptación social para luchar por su equiparación como forma de vida merecedora de la misma consideración que las restantes, pudo razonablemente ser considerada una finalidad indigna de apoyo estatal consiguientemente, no requerida por las exigencias del bien común impuestas por el art. 33 del Código Civil.
Procesamiento, defraudación, playas de estacionamiento
Materia: PENAL
Carátula: J., F. R. c/  s/ Procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-17

El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "J., F. R. s/procesamiento" (Causa N° 81.043/2018) resuelta el 17/5/19 donde Julio Marcelo Lucini, Mariano González Palazzo y Magdalena Laíño confirmaron el procesamiento en orden al delito de defraudación por sustracción (art.173, inc.5 del CP) del imputado que sustrajo su propio automóvil de la playa de estacionamiento municipal (Servicio de Control de Estacionamiento- SEC-) donde se encontraba estacionado por infracción de tránsito y, a tal fin, forzó la cerradura del rodado, rompió la barrera de salida y huyó del lugar sin presentar documentación ni abonar suma alguna.
Contaminación por ruidos, competencia contencioso administrativa, Subterráneos de Buenos Aires, concesión de servicio público
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Asociación Vecinal Belgrano C. Manuel Belgrano y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ amparo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-28

El amparo promovido con fundamento en que los ruidos generados por los trenes subterráneos producen daños auditivos, debe continuar su trámite ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, puesto que, a los efectos de resolver la pretensión, será necesario examinar las disposiciones que rigen la concesión del servicio y verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la demandada, todo lo cual remite a la aplicación de normas y principios propios del derecho público, máxime cuando el contrato de concesión prescribe que las partes se someten a los tribunales mencionados con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Carga de la prueba, declaración de insalubridad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Cerullo, Roberto Carlos Evaristo c/ A.N.Se.S. s/ Dependientes - otras prestaciones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-10

El principio que rige en materia de servicios diferenciales es que la generalidad de las tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de agotamiento o vejez presunta, requieren de una previa declaración de insalubridad del lugar o ambiente en que aquellas se prestan habitualmente, de conformidad con lo normado en el art. 1, inc. f) del régimen diferencial básico previsto en el Dec. 4257/68. En ese sentido se ha afirmado que: ".más allá que se dicten normas estableciendo regímenes diferenciales puntuales, la sola calificación de insalubridad por autoridad competente permite acogerse a este régimen" (conf. Payá (h), Fernando H. Martín Yánez, María T.", "Régimen de Jubilaciones y Pensiones", Cap. XX, pág. 814).
Cambio de calificación legal, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Ayala, Aída Beatriz Máxima c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-27

Si el cambio de calificación efectuado por la cámara lo fue en beneficio de la imputada, en el caso no se vislumbra una violación a la garantía prevista por el art. 8 ap. 2) h), CADH, habiéndose controlado así el acierto jurídico del fallo recurrido. Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos.

Fuente del sumario: OFICIAL
Principio de contradicción, domicilio procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Vázquez Patricia B. s/ Ejecución Fiscal - (En Tramite en Juzgado Civil) - Reconstrucción
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-09-27

El decreto que ordena el traslado pertinente fue notificado en el domicilio procesal de la incidentista con lo que se dio la debida bilateralización del trámite de reconstrucción; que el art. 128 del C.P.C. no establece que tal notificación deba dirigirse al domicilio real, como entiende la nulidicente, en tanto el art. 39 del C.P.C. párrafo 4º prescribe; "Se diligenciará en el domicilio procesal toda notificación a domicilio que no deba serlo en el real...".
Injuria laboral, pago, incumplimiento del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: VERA DE ALVAREZ, JUANA Y OTROS c/ BODEGAS Y VIÑEDOS HORACIO NESMAN SA s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-10-02

La injuria laboral es independiente y autónoma del requerimiento de pago. El mero incumplimiento contractual grave, importa la imposibilidad de la continuación del vínculo (en los términos del art. 242 de la L.C.T. 20744); la intimación requiriendo ese cumplimiento, por lo tanto, no hace sino confluir en el derecho que ya le asiste al trabajador injuriado, pero no hace al derecho en sí que le genera la conducta injuriosa de la contraria.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salas, Norma del Valle Frías s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

El criterio bajo el cual deben merituarse los recaudos que hacen a la aplicación de la perención debe ser restrictivo, habida cuenta de los efectos que apareja su declaración y del carácter excepcional de este instituto, circunstancia que lleva a evaluar la impulsoriedad de las actuaciones en sí misma, más allá de la suerte adversa que injustificadamente pudiesen haber sufrido las pretensiones allí enderezadas.
Prescripción de la acción penal, proceso penal, juicio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C. I., H. H. s/ Lesiones Leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-06-06

Si nuestra actual Carta Magna, igual que el texto de 1853, utiliza los términos "juicio", "causa" y "proceso" indistintamente, como sinónimos, se puede aseverar que la expresión "juicio" abarca a todos los estadios procesales.
Excarcelación, abuso sexual calificado, circunstancias que impiden la excarcelación, gravedad y repercusión social del hecho
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Guzman, Walter Andres s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-04

Resulta inviable la excarcelación ante la especial gravedad de los hechos atribuídos, calificado como abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal art. 119 inc. 3° párrafo del Código Penal, la severidad de la pena en expectativa, la verosimilitud del derecho, la circunstancia de que la causa ya ha sido elevada a juicio y especialmente, para el hipotético caso en que procediera la concesión del beneficio -la inconveniencia de cumplir dicho beneficio en el domicilio laboral del imputado- también su residencia y residencia donde hubieran ocurrido los hechos sumado a ello, que del contenido del informe socio ambiental se revela una situación de carencia de contención afectiva estable, y la distante relación con sus tres hijos -que residen en otra ciudad- y no mantienen ningún contacto con el imputado. (Dres. Tragant y Riggi).
Retiro policial, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Balmaceda, Angela. c/ Pcia. de Bs. As. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-28

Debe anularse la decisión del Instituto de Previsión Social que otorgó el beneficio pensionario solicitado 'al solo efecto declarativo' cuestionando los efectos patrimoniales producidos hasta la reincorporación del beneficiario a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Pcia. de Bs.As. Ello pues, a pesar de la cuestión suscitada en torno a la asunción del rol jubilador entre cajas provinciales, fue aquel organismo quien otorgo la pensión cuyos haberes se reclaman.
Derechos y garantías constitucionales, derechos del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: GREMIO JUDICIAL DE EMPLEADOS JUDICIALES DE SANTIAGO DEL ESTERO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-05

Los derechos del hombre que trabaja encuentran su marco regulatorio y protectorio, ante todo, en las garantías constitucionales que configuran el proyecto social de una nación, pero ellos sólo pueden efectivazarse de acuerdo a las posibilidades concretas que brindan los recursos y medios disponibles. Esto no significa mediatizar objetivos de tan elevada jerarquía como la dignidad de la persona del trabajador, supeditándolo a un planteo economista, sino simplemente tener encueta las limitaciones reales con que la voluntad del legislador y la normativa se encuentran cada momento.
Derechos humanos, derecho a la vivienda digna
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ministerio Público - Asesoría Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

Corresponde afirmar que no hay derechos humanos "programáticos", y la plena vigencia de la Constitución no puede estar librada a la voluntad del legislador, ni existen derechos humanos que dependan de su reglamentación para ser exigibles; el derecho a una vivienda adecuada es un derecho vigente: el Estado asumió una obligación susceptible de generar responsabilidad internacional en caso de incumplimiento, que es judicialmente exigible.

(Voto en disidencia parcial Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Derecho procesal, recursos, recurso extraordinario, cuestión federal, procedencia del recurso, aplicación de la ley, incidentes, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: MLG Sh (Klock Sebastian y Gayo Laura) y otros c/ Echt, Mariano Ariel y otros s/ ordinario s/ incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Procede conceder el recurso extraordinario interpuesto por la accionante, con base en que la resolución cuestionada atenta contra la garantía del debido proceso y la defensa en juicio. Asimismo, entiende que la decisión de esta Alzada agravia al derecho de propiedad, refiriendo que lo resuelto por este Tribunal violentaría el principio de prejudicialidad en virtud del cual se debe otorgar "prioridad a la jurisdicción penal sobre la civil". Estima que lo decidido valora en forma inadecuada la prueba y las decisiones arribadas en sede penal, soslayando los medios probatorios aportados, apartándose de la verdad jurídica objetiva y concluyendo en abierta contraposición con las constancias de la causa. De ahí que atribuye a esta Sala haber incumplido la observancia de legislación de orden público y haber violado la división de poderes. Ello así, si bien este Tribunal no comparte dichos cuestionamientos, se estima que, en ese marco, el planteo aparece susceptible de un potencial encuadramiento en el supuesto al que alude la ley 48: 14-3°, por lo que, ante la eventualidad de dicha perspectiva, se considera prudente conceder el recurso extraordinario interpuesto respecto de este punto.
Juicio ejecutivo, verificación de créditos, cosa juzgada formal
Materia: PROCESAL
Carátula: TOMASPOLKY, ENRIQUE c/ EL CHANGO SUPERMERCADOS INTEGRALES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-09-05

El proceso de verificación es un juicio de conocimiento pleno frente al que no puede invocarse la cosa juzgada merametne formal que emana de una sentencia dictada en juicio ejecutivo. No basta la sentencia ejecutiva para pretender la verificación de un crédito, cheques rechazados por falta de provisión de fondos, cuando el pretenso acreedor no ha invocado siquiera cuál sería su causa, pues el real título del peticionante es el cheque y no la sentencia de remate, que no declara derecho alguno del ejecutante, sino que simplemente reconoce a aquél formal habilidad ejecutiva de modo que, en sustancia, nada agregó ni constituyó un nuevo título de crédito. De allí que sea improcedente invocar la existencia de cosa juzgada, pues se juzgó sobre la habilidad ejecutiva del título, pero no se conoció sobre la existencia sustancial del crédito. La cosa juzgada formal resultante de la sentencia de remate, resulta insuficiente pues, como acreditación de la existencia de la causa de la obligación, salvo que la interpretación flexible del principio, hubiese sido cosa juzgada formal, pudiendo acudir las partes al proceso de conocimiento posterior o al de verificación en el concurso del deudro, a efectos de obtener decisión definitiva, tal principio no es de extensión absoluta, pues ha de interpretárselo en consonancia con lo previsto por el artículo 553 del Código Procesal, nuestro artículo 563, en cuanto prescribe que, tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el jucio ejecutivo cuya defensa o prueba tuviese limitaciones establecidas en la ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, crédito laboral, moneda extranjera, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTRO, ANDREA MARCELA c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-04

El proceder de la Sala a quo -al revocar la tasa de interés decidida en Primera Instancia (variación del índice RIPTE, más 15% anual) con fundamento en lo resuelto por este Tribunal in re "Campobasso", y, en su lugar, determinar que una condena en pesos equivalente a un monto en dólares estadounidenses al momento en que la sentencia adquiera firmeza con más una tasa de interés pura del 8% anual-, más allá de encontrarse inspirado en la búsqueda de la solución más justa para el litigio, se apartó del criterio plasmado por esta Corte in re "Olivera", como así también en "Ojeda" y "Mansilla", entre otros, por lo que corresponde descalificar lo resuelto desde una óptica constitucional. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhiere el Dr. Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Campobasso, AyS T 284, p 49/54; Olivera, T 278, p 295; Ojeda, T 280, p 313; y Mansilla, T 280, p 323.
Seguros, seguro colectivo, principios generales del Derecho, beneficiario del seguro, demanda laboral, declaración de inconstitucionalidad, aplicación de la ley, responsabilidad del empleador, indemnización, pago total, acción de repetición, asegurado, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Swiss Medical Art SA c/ Del Tejar Construcciones SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Ello así, pues la sentencia dictada en sede laboral extendió la responsabilidad por daños de la empleadora más allá del límite del seguro sin que ello significase relevar a la aseguradora de los efectos de la cobertura prometida por ella; y, en esa medida, es claro que la empleadora no pueda resistir su contribución -en tanto deudora solidaria, condenada como talen el pago del excedente no cubierto por el seguro, sin que, por ello mismo, quepa establecer diferencia conceptual alguna entre el propio cliente asegurado y la situación que podría incumbir a un tercero responsable del daño, pues la causa de la contribución es la solidaridad judicial establecida con autoridad de cosa juzgada (conf. Busso, E., "Código Civil Anotado", Buenos Aires, 1955, t. V, p. 171, n° 7).
Derecho procesal, competencia, cuestiones de competencia, declinatoria, inhibitoria, acciones de clase, sucursal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Volkswagen SA de Ahorro p/f Determinados y otro  c/ Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen)  s/ inhibitoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-30

Las personas jurídicas que operan comercialmente por medio de sucursales y establecimientos localizados en diferentes lugares del país, pueden ser demandadas en clave colectiva en cualquiera de esas jurisdicciones siempre y cuando alguno de los contratos tipo con relación a los cuales se produce la afectación homogénea de todo el grupo de usuarios se hubiera perfeccionado allí (cfr. Verbic, Francisco, "Competencia territorial en acciones colectivas de consumo", La Ley 2012-E, 475).
Jurisdicción y competencia, tribunal de alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: S. S. F. C c/ A. J. y/o quién resulte responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-03-19

El art. 44, 4° párrafo de nuestra Constitución provincial edicta que "todo proceso debe concluir en un término razonable". Por eso, cuando el legislador procesal estableció un tope monetario mínimo para acceder a la segunda instancia generó una norma congruente con el resto del sistema jurídico, en especial con los postulados constitucionales, tales como el enunciado precedentemente y sin mengua del debido proceso.

El monto -de por sí exiguo- contemplado en la norma del art. 244, del CPCC, constituye una pauta objetiva que, sin más, tiende evidentemente a no desgastar a la jurisdicción de alzada ante agravios económicos de escaso valor pecuniario.
Acción reivindicatoria, legitimación pasiva, tenencia simple, poseedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MENDEZ PIO c/ JORGE ROSALES Y OTRO s/ Reivind (LIBRO: S085 - 153)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-09-12

Si el tenedor demandado, hace conocer el nombre y residencia de la persona por quien posee, queda desligado del proceso y solamente puede continuarse el mismo contra él, al igual que contra el que niega ser poseedor, de la cosa, salvo que el actor sostenga y posteriormente acredite, o bien que realmente poseía para sí, o que la cosa se encontraba en su poder, en el supuesto del art. 2783 C.C.-
Expropiación, expropiación irregular, intereses, voto en disidencia, tasa activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LIGUORI DE DUCOMMUN, LILIANA DELIA DE LOS MILAGROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ EXPROPIACION INVERSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-21

En lo atinente a la tasa de interés a aplicar, en función del principio de integridad de la indemnización expropiatoria -emergente del artículo 17 de la Constitución Nacional- y atento al contexto económico-financiero involucrado, corresponde que los intereses se liquiden a la tasa activa sumada fijada por el Nuevo Banco de Santa Fe SA para operaciones de descuento de documentos. (De la disidencia parcial de los Dres. Netri y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Dirección Provincial de Vialidad c/ Mendizabal, María Teresa, AyS T 244, p 488. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 17.
Concejo deliberante, régimen disciplinario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAMOS, Stella Marys Concejal de la Municipalidad de Valle Viejo) c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Valle Viejo s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-03-29

Disiento en un primer aspecto con el criterio sustentado por el Sr. Procurador General, quien luego de reconocer la facultad sancionatoria del Concejo Deliberarte establecida en el Art. 48 de la Carta Orgánica Municipal, remite, en términos de procedimiento, a los Arts. 139 y 140 del mismo cuerpo legal, confundiendo, a mi criterio, la facultad correctora y sancionatoria interna del propio Concejo Deliberante sobre sus miembros con el procedimiento más general sobre responsabilidad Civil, Penal o Política contemplado en el título tercero -capítulos I y II-, porque si tal remisión fuera legítima quedaría sin sustento razonable la existencia misma del Art. 48 o, al menos, no estipularía expresamente mayorías calificadas y su texto remitiría simplemente a los Arts. 139 y 140.

La Carta Orgánica Municipal contempla dos clases de procesos, uno para el Concejo Deliberante en su propio seno, y otro, el Juicio Político o de responsabilidad Civil y Penal, para una amplia categoría de autoridades y funcionarios que, desbordando a los miembros del Concejo, involucran al Departamento Ejecutivo y a la propia estructura administrativa de la municipalidad en su conjunto, con procedimientos propios no asimilables al del Art. 48. Así lo tiene dicho esta Corte en Autos Nro. 1/02, cuando hace propios los criterios sentados por la Procuración, que en referencia al punto específico expone que: "el procedimiento al que se aferra el accionante (Arts. 140/147 de la Carta Orgánica ) no es el aplicable al caso, ya que claramente se deduce de dicha normativa que lo que regla es la destitución de los Funcionarios a que ella refiere por el procedimiento del juicio político que, a estar de los antecedentes agregados, no se ha solicitado ni iniciado" (igual que en la presente causa), agregándose que: "Por lo tanto ... nada impide aplicar, como ha hecho, el Art. 48 de la C.O. específicamente referido al Concejo Deliberante".

Del voto de la Dra. Sesto de Leiva- En Disidencia
Solidaridad previsional, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vago, Alicia Sara c/ ANSeS s/ amparo por mora de la administración.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

Cuando el legislador ha querido establecer una excepción a las disposiciones contenidas en la ley de solidaridad previsional lo ha hecho de modo expreso, por lo que el art. 21 de la ley 24.463 debe ser interpretado en el sentido amplio que resulta de sus términos y comprensivo - en principio - de la diversidad de procesos y jurisdicciones en que debe actuar la ANSeS.
Empleo público, interpretación del contrato, modificación del contrato, competencia contencioso administrativa, prórroga de la competencia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Jalil, Sandra del Valle y otros c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ HABERES IMPAGOS - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1994-05-18

Como principio general receptado por la doctrina y jurisprudencia en forma unánime, la competencia que surge en materia de contrato administrativo es amplia y comprende al contrato en su faz estática y en su faz dinámica, por lo tanto atrapa aquellas contiendas surgidas en torno a la celebración, ejecución, interpretación, cumplimiento, modificación, etc. Por cierto, el contrato de empleo público queda atrapado en este principio y, por lo tanto, la competencia de esta Corte se hace ineludible.

En el caso de autos, las partes en conflicto se encuentran unidas por un típico contrato administrativo de carácter público, lo que define la competencia por materia de orden público e improrrogable por su propia naturaleza. Corresponde así hacer lugar al recurso interpuesto, declarando la competencia de esta Corte para entender en la causa. (Del voto del Dr. Díaz)