Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-29


SENTENCIA DEFINITIVA Nº:100689 SALA II Expediente Nro.:28.710/2005 (Juzg. Nº 27) AUTOS: "SAYD GABRIELA SANDRA C/ INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A. I.H.S.A. S.A. Y OTROS S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	29 junio 2012	, reunidos los inte-grantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia dictada en la instancia previa se al-zan CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., la parte actora y la empleadora a tenor de los memoriales que lucen anejados a fs. 2855/2856, fs. 2857/2909 y a fs, 2910/2918, respectivamente.

La ART finca su disenso con el decisorio de grado, cuestionando el modo de imposición de las costas del litigio, respecto del rechazo de la acción incoada con fundamento en las normas del Código Civil. Asimismo, apela los honorarios regulados a los peritos ingeniero y médicos legista y psiquiatra, por estimarlos elevados.

Por su parte, el demandante apela -en los términos de los arts. 110 y 116 de la LO- la resoluciones dictadas por el juzgado de origen a fs. 371/373, fs. 272 y a fs. 292. También se queja de la desestimación de los siguientes rubros: "horas extras", "premio cumplimiento de plan", "diferencia de comisiones por impedir el cumplimiento del objetivo", "diferencia de vacaciones/2004". Argumenta que se omitió regular sus honorarios respecto del rechazo de la excepción de pres-cripción. Critica, la ausencia de condena del daño moral peticionado por "mobbing", que -a su criterio- se encontraría demostrado en los actuados. Esgrime la operatividad en la causa del art. 55 de la LCT. Objeta, la base salarial adoptada para el cálculo de la liquidación practicada en la sentencia de la anterior instancia. Cuestiona, la aplica-ción al caso de marras, de lo dispuesto por la CSJN en "Vizzotti". Asimismo, apela el rechazo del reclamo impetrado con fundamento en las normas del Código Civil, y en tal sentido, cuestiona la valoración efectuada en la instancia de grado respecto de la prueba pericial médica y psicológica obrante en la causa, como así también del dic-tamen emitido por el Cuerpo Médico Forense, respecto del cual plantea su nulidad. Solicita como medida para mejor proveer la consulta técnica de un organismo de prestigio profesional, idóneo y serio a fin de examinar a la ex trabajadora. También se agravia de la ausencia de condena de la multa del art. 80 de la LCT. Finalmente, critica el modo de imposición de las costas del proceso y apela los honorarios regula-dos a los intervinientes en la causa, por estimarlos elevados.

La empleadora considera que la situación de despido indirecta en que se colocó la trabajadora no resulta -a su criterio- ajustada a derecho. Esgrime, que su parte no ejerció un uso abusivo del "ius variandi". Argumenta que, no se acreditó en la causa la existencia de una reducción de los empleados a cargo de la demandante, cuando éste se reintegró de su licencia por enfermedad. Se queja de la condena dispuesta con fundamento en la multa del art. 2 de la ley 25.323. Por último, critica el modo de imposición de los gastos causídicos del proceso y apela los honorarios regulados, por considerarlos altos.

Liminarmente corresponde dar tratamiento a las apela-ciones vertidas en los términos de los arts. 110 y 116 de la LO.

En tal contexto cabe señalar que, la parte actora a fs. 216 ofreció en la causa la declaración de 24 testigos (fs. 202/234 vta.) y amén de ello solicitó la citación de 77 testigos de reconocimiento (fs. 231/ 234).

El juzgado de origen a fs. 311 intimó a la parte actora para que reduzca a cinco la cantidad de testigos propuestos, bajo apercibimiento de designar de oficio a los cinco primeros.

A fs. 314/318 la parte actora apeló dicha resolución, la que se tuvo presente en los términos del art. 110 del citado cuerpo legal (ver fs. 371 punto V).

Al respecto, cabe ponderar que de conformidad con lo previsto por el art. 89 de la LO cada parte podrá citar hasta 5 testigos y si bien, el juez tiene la facultad de ampliar el número de testigos cuando la naturaleza del juicio así lo requiera, no se advierten razones en el caso en particular que, justifiquen la pretensión de la parte actora, en cuanto a la declaración de un número mayor.

Por lo que en base a ello y en la medida en que, el de-recho de defensa en juicio de la apelante se encuentra -a mi criterio- salvaguardado con la aceptación de la declaración de los cinco primeros testigos ofrecidos, se pro-picia desestimar la queja vertida y confirmar la decisión cuestionada.

Igual solución se propone en relación a la resolución dictada a fs. 271/272 que, rechaza la excepción de falta de personería opuesta por la parte actora con costas a su cargo, decisión que fue oportunamente apelada por la trabajadora a fs. 274, toda vez que, tal como señaló el Ministerio Público a fs. 270 -dictamen al que adhirió la Sra. Juez Subrogante a fs. 271/272 - de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1184 y 1869 del Código Civil el mandato en análisis, alcanza la facultad de contestar la acción judicial, toda vez que la contestación de demanda se trata de un acto de gestión judicial y resultaría sobreabundante especificar particu-larmente todo los actos que el mandato confiere.

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el art. 68 del CPCCN no advierto razones -en el caso de marras- que, justifiquen el apartamiento del mencionado principio general y en consecuencia, se propone con-firmar la decisión cuestionada y mantener las costas de la incidencia a cargo de la vencida.	Razones de orden lógico imponen analizar seguidamente los agravios de Internacional Health Services Argentina S.A.

Cabe poner de resalto que, llega firme a la Alzada que las causales por las cuales la actora se consideró despedida fueron la presunta situa-ción de "mobbing" y la rebaja salarial dispuesta por la empleadora al reintegrarse de su licencia por enfermedad, la que aconteció durante el período comprendido entre octubre 2003 y octubre 2004.

Sentado ello, debe ponerse de resalto que el concepto de injuria refiere a un criterio objetivo que se refleja en el incumplimiento de las obliga-ciones emergentes del contrato de trabajo (C.S.J.N. Fallos 316:1445, V.107 XXXV "Vera, Daniel c/ Droguería Saporiti SACIFI y A" del 9/8/01).

Reiteradamente he sostenido que "cuando son varias las causales invocadas en la notificación del despido, la acreditación de alguna de ellas, con entidad bastante para justificar la medida, es suficiente para admitir la pertinencia de la decisión adoptada" (in re "Aguilar Nestor F. c/ Duque Seguridad S.A. s/ despi-do" S.D. Nº 92.215 del 3/12/2003), por lo que corresponde analizar si se encuentran acreditados en los actuados los incumplimientos imputados a la empleadora.

En tal sentido, en lo que concierne a la reducción sa-larial, si bien sostiene la empresa demandada en su presentación recursiva que, "no existe en la causa elemento probatorio alguno que permita tener por acreditado que se haya registrado una disminución en el número de empleados a cargo de la actora", lo cierto y concreto es que se advierte que, ésta no objetó expresamente las siguientes conclusiones de la Sra. Juez a quo, a saber: 1) Que la empresa demandada reconoció en el intercambio telegráfico habido entre las partes la reducción del plantel de traba-jadores a cargo de Sayd, cuando ésta se reintegró de su licencia por enfermedad. 2) Que si bien la demandada le comunicó a la accionante que eventualmente se confor-maría su nuevo grupo de trabajo, lo que podría ser interpretado como una promesa de la empleadora de reestablecer las condiciones de trabajo, lo cierto y concreto es que, dicha situación no se normalizó aún cuando habían transcurrido más de 7 meses, desde la obtención del alta médica de la actora y el posterior reintegro a su empleo. 3) Que la empleadora le abonó a Sayd, durante algunos meses, comisiones con base en un monto asegurado pero que, la empresa le suprimió dicho beneficio en agosto de 2005. 4) Que la mencionada supresión no fue compensada por otros beneficios que, permitan inferir la preservación de la equivalencia de las prestaciones.	A lo expuesto debe sumarse que, la empleadora no objetó la valoración efectuada en el decisorio anterior de la prueba testimonial aporta-da en la causa por la parte actora y que, incluso la apelante reconoció en su memorial que, la remuneración de Sayd "estaba compuesta en significativa proporción por co-misiones por ventas".

En tal contexto cabe concluir que, la reducción del número de trabajadores a cargo de la demandante -decidida unilateralmente por Inter-nacional Health Services Argentina- trajo aparejado una disminución salarial para la demandante y ello constituye un incumplimiento de gravedad tal que legitima a la dependiente a considerarse en situación de despido indirecto, por lo que coincido con lo decidido en la instancia de grado, en orden a la admisión del reclamo incoado por Sayd.

En consecuencia, por todo lo expuesto se propicia con-firmar la condena al pago de las indemnizaciones legales impetradas por despido, como así también las diferencias salariales que, no fueron oportunamente apeladas por la empleadora.	No enerva lo precedentemente expuesto, la circunstan-cia expuesta por la apelante en cuanto a que -a su criterio-, no se habría ejercido un uso abusivo del "ius variandi".

Me explico. El art. 66 de la LCT establece la facultad del empleador de introducir cambios relativos a las formas y modalidades del trabajo, siempre y cuando éstos no importen un ejercicio irrazonable de dicha prerrogativa, no alteren las condiciones esenciales del contrato y no causen perjuicio material ni moral al dependiente.

En la especie, tal como señalé precedentemente se de-mostró la reducción del plantel de trabajadores a cargo de Sayd, cuando ésta se rein-tegró de su licencia por enfermedad, modificación que provocó la disminución de sus ingresos y sin que se hubiera demostrado alguna circunstancia que justificara dicha reducción. Nótese que la empresa a fs. 2912 se limitó a señalar que, "la conformación de un equipo exactamente igual.integrado por la misma gente. se revelaba imposi-ble", sin explicar razón alguna, en tal sentido, a lo que debe agregarse que tampoco efectuó mención alguna, en orden a la cantidad de trabajadores.	Reiteradamente he sostenido que, la empleadora no puede modificar unilateralmente la contraprestación remuneratoria a su cargo (arts. 130 y 131 LCT), cuando las restantes modalidades del contrato de trabajo se encuen-tran inalteradas.

En la relación laboral, entre las partes no hay una vin-culación asociativa, el trabajador no participa de ningún modo en las pérdidas que pueda experimentar el empresario, por lo que, frente a tales consideraciones no cabría duda que, la actitud asumida por la empleadora resulta reprochable en tanto excede el marco de disponibilidad que emerge del art. 66 de la LCT, por lo que la disposición unilateral adoptada en tal sentido, que rebaja injustificadamente la remuneración de la trabajadora, resultaría desajustada a derecho por contrariar normas de carácter impera-tivo.

Igual suerte seguirá el agravio referido al progreso de la multa del art. 2 de la ley 25.323.

Debe destacarse que, el último párrafo del aludido ar-tículo dispone que "si hubieran existido causas que justificaren la conducta del em-pleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago."	Es decir, que la eximición o reducción del pago del incremento previsto por el art. 2 de la ley 25.323 se encuentra supeditada a la cir-cunstancia de que hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador.

En el presente caso se advierte que la demandada no justificó su proceder al no abonar las indemnizaciones emergentes del despido en que se colocó la trabajadora.

En consecuencia, por todo lo expuesto y en el estricto marco en que fue expuesto el agravio, se propone confirmar lo decidido en la instancia anterior, al respecto.

Corresponde ahora dar tratamiento a los agravios de la parte actora referidos, al reclamo impetrado con fundamento en los normas del Códi-go Civil.

Liminarmente creo necesario poner de resalto que Sayd alegó en el escrito inicial que, "la presente acción se inicia tendiente a obtener una reparación por la enfermedad-accidente causada por la culpa exclusiva y por la con-ducta dolosa de la empresa, respecto del acoso moral de su personal jerárquico, Sr. Agustín Sassone, hasta afectar su salud.que los ataques comenzaron en forma sutil, con gestos, ignorándola, dándole tareas inferiores a las que estaba cumpliendo, trasla-darla a un lugar desfavorable, cambiarle las condiciones de trabajo, aplicarle sancio-nes improcedentes, perseguirla, disminuir sus haberes, etc .todo ello dirigido a que-brarla psicológicamente y a desestabilizarla para obtener su renuncia".

En tal sentido indicó que, "las consecuencias de esta conducta han sido desvastadoras.que desde lo psicológico padece de stress, ansie-dad y depresión severa.que desde lo físico, disminución de sus defensas.que le aparecen nuevos males, agravándose conforme a los hechos narrados".

Ahora bien, examinada la extensa demanda (ver fs. 17/68) advierto que la trabajadora fundó su reclamo, en los términos del Código Ci-vil mencionando los siguientes padecimientos a saber:."bajó 10 kilos de su peso habitual, le salieron nódulos en la garganta por lo que tuvo que ser intervenida" ."comenzó con dolor de espalda, lumbalgias fuertes (ver fs. 21)."padeció infección urinaria, pielonefritis y colon irritable" (fs. 30)."y la aparición y/o manifestación de quiste hepático".

Cabe señalar que, la Dra. Patricia Russo concluyó que, la actora no logró demostrar en la causa que presentara un daño resarcible en los tér-minos de la normativa pretendida y en base a ello dispuso el rechazo de la acción in-coada por Sayd contra su empleadora y la ART -aspecto que es objeto de queja por la trabajadora.

En tal contexto, corresponde examinar las pruebas pe-riciales médica y psiquiátrica aportadas en la causa, cuyas valoraciones cuestiona la parte actora en su apelación.

A fs.2432/2435 obra el informe del perito médico legis-ta.

El mencionado experto indicó que la documentación aportada por la actora resulta ser: "endoscopia digestiva alta de fecha 25/11/06. her-nia hiatal. Gastritis digestiva de cuerpo y antro.RX de colón por enema doble con-traste de fecha 28/12/06".

Asimismo señaló el perito que, "la actora refiere a veces tener molestias a nivel cervical y dorso- lumbar.que a la palpación se observan en ambos segmentos las curvaturas normales para el sexo y la edad.que no se constata contractura paravertebral.que la movilidad tanto activa como pasiva se encuentra conservada.que la demandante también refiere que presenta disnea (sensación de ahogo) y crisis asmática por lo cual se aplica broncodilatadores por vía inhalato-ria.que a la palpación se observa movimiento simétrico de ambos hemotórax. que se constatan vibraciones vocales, simétricas y conservadas.que posee buena entrada de aire bilateral y ausencia de ruidos agregados. que la actora refiere sintomatología a nivel del aparato digestivo.que los trastornos que obligaron al estudio endoscópico mejoraron con tratamiento médico.que el aparato del examen digestivo es normal".

Agregó el perito que, "la RX de columna cervical es normal para su sexo y edad. que las RX de columna dorso-lumbar (frente y perfil): son normales para el sexo y la edad de la actora.que la espirometría: es normal sin cambios".

En tal contexto concluyó que, "la incapacidad que porta la actora al momento de la evaluación es del 0% de la TO", es decir que, la trabajadora no posee incapacidad física.

Si bien, la demandante a fs. 2442/2449 cuestionó el in-forme transcripto precedentemente, lo cierto y concreto es que, el juzgado de origen dispuso tener presente la misma para el momento procesal oportuno (ver fs. 2477) y dicha resolución llega firme a la Alzada.

A fs. 2485/2489 se encuentra agregada la pericial psi-quiátrica.

Expuso el perito, en relación a los antecedentes perso-nales de la actora que, "es profesora de educación física y maestra jardinera.que también refiere ser psicopedagoda.que tiene 44 años edad.que se encuentra ac-tualmente separada. que ella dice tener una mentalidad de dueña..y que fue la me-jor jefa de equipo y la mejor jefa de promoción".	Señaló el perito psiquiatra que, "surge del certificado médico expedido por el Dr. Guillermo Garfinkel del 6/3/2008 que, la paciente Sayd manifiesta un trastorno de humor, con inestabilidad emocional y vulnerabilidad a dis-tintas clases de estresares. Realizó un tratamiento que incluye: antidepresivos, ansiolí-ticos y estabilizadores del ánimo. La sintomatología más severa se desplegó durante un conflicto laboral asociado a su divorcio, enfermedad familiar y muerte de la madre. Las secuelas actualmente limitan su reinserción laboral y social".

En tal sentido, el perito concluyó que, "en base al certi-ficado del médico tratante de la actora ésta presenta un importante trastorno de su personalidad: trastorno límite de la personalidad (CIE 10 o DSM IV F 160.30 F 160.31).que el trastorno límite de la personalidad se caracteriza primariamente por: desregulación emocional, pensamiento extremadamente polarizado y relaciones inter-personales caóticas. El perfil del trastorno también incluye inestabilidad generalizada del estado de ánimo, de autoimagen y de la conducta, así como del sentido de identi-dad que puede llevar a períodos de disociación.que otra característica de este tipo de trastorno de la personalidad es la extrema sensibilidad hacia la forma de trato de los demás hacia ellos.tienen dificultades en sus relaciones de pareja y niveles sintomáticos con anorexia y bulimia.recordemos que Sayd presentó repercusiones somáticas, en forma de dorsalgia persistente, alopecia y gastritis con hemorragia digestiva.que el certificado del Dr. Garfinkel refiere que la sintomatología más severa de la paciente se desplegó durante un conflicto laboral asociado a su divorcio, enfermedad familiar y muerte de su madre, de donde se infiere con claridad que, si bien los problemas del trabajo fueron importantes ellos estaban asociados a otras problemáticas que incidían en la salud psíquica de la paciente.que tiene importancia la conflictiva laboral, pero ella no es la única, sino que hay otros temas importantes de conflictos.otra cuestión que avala el trastorno límite de la personalidad de Sayd es la variada medicación que su psiquiatra le ha indicado.que tanto el divorcio de su esposo, como la enfermedad y muerte de su madre, han sido importantes agentes estresares para la psiquis de la actora.de allí que no pueda inferirse una causa única para las manifestaciones de la misma".

También agregó que no se considera necesario efectuar a la actora tests proyectivos, ni escalas de evaluación de TOC, estrés postraumático, ni TAG, ni ningún otro estudio, por considerar que la certificación del médico tratante ha sido muy esclarecedor en su sintomatología".

En tal contexto concluyó que, " la actora presenta un severo trastorno de la personalidad que actuó como un importante factor concausal en sus conflictos laborales aunque resulten ciertos y efectivos.que posee una persona-lidad de base. que se encuentra incapacitada en el 80% de la TO pero con la siguien-te salvedad: el trastorno de la personalidad previo ( T.L.P) y los agentes estresares no laborales: divorcio conyugal, enfermedad y muerte de la madre configuran el 60% de la TO, mientras que el 20% restante está originado por los factores laborales"	Ahora bien, la mencionada prueba fue impugnada por la ART (fs. 2496/2505 vta), por la parte actora (fs. 2512/2518), como así también por la empleadora (fs. 2520/2521), sin embargo, el perito médico psiquiatra a fs. 2543/2548 ratificó su presentación anterior e indicó que, "quizás una cuestión a controvertir lo sea la severa repercusión psíquica que presenta la actora, hasta el punto de evaluar una incapacidad del 80% de la TO.que su trastorno de personalidad de base T.L.P) condicionaba una mayor vulnerabilidad a los diferentes conflictos que se dieron en su vida, así su separación matrimonial, la enfermedad y la muerte de su madre, por lo que se consideran factores concausales e independientes del trabajo, siempre actuando sobre una personalidad predispuesta. que la actora acentuó sus manifestaciones psíquicas a partir de su desvinculación del trabajo".

La mencionada presentación fue nuevamente impugnada por la parte actora (fs. 2551), la ART (fs. 2558/vta) y la empleadora (fs. 2559) ante lo cual el experto reiteró que, "Sayd tiene un importante trastorno de personali-dad.que no puede inferirse una causa única para las manifestaciones de dicho tras-torno" y detalló nuevamente las características que corresponden al mencionado trastorno (ver fs. 2561/2562).

La respuesta brindada por el perito mereció nuevamente la objeción de la parte actora a fs. 2566/ 2567, como así también de la ART (ver fs. 2569/vta.).	A fs. 2668 el juzgado de origen dispuso -como medida para mejor proveer- la remisión de las presentes actuaciones al Cuerpo Médico Fo-rense.

Del informe brindado por el mencionado organismo surge que, "conforme lo ordenado por el juzgado de origen a fs. 2668 se procedió a la lectura de la causa y se entrevistó a la actora desde el punto de vista Psiquiátrico Fo-rense. que la demandante presenta un Trastorno de la Personalidad que no guarda vinculación etiológica con los hechos denunciados.que del examen realizado, estu-dios complementarios solicitados y análisis de las constancias de autos consideramos que la actora no presenta incapacidad física vinculada a los hechos denunciados en la causa"(ver fs. 2680/2686 vta.).

La parte actora a fs. 2690/2763 impugnó el dictamen transcripto precedentemente e incluso planteó incluso la nulidad del mismo.

A fs. 2748/2751 obra el informe de la Licenciada en Psicología Natalia Kanopliov de Sicardi del Servicio de Psicología del Cuerpo Médi-co Forense, y a fs. 2573 la Secretaria del Juzgado de origen dejó constancia que, ella se comunicó telefónicamente con la mencionada licenciada quién le aclaró que el oficio acompañado a fs. 2750/2751 corresponde al informe psicológico producto de la evaluación que se le efectuara a la actora en los meses de febrero y marzo y que resulta complementario de las demás conclusiones a las que arribara el Cuerpo Médico Forense, aduciendo la licenciada que desconocía la circunstancia de que las actuacio-nes ya se encontraban nuevamente en el Juzgado y presumiendo que tal remisión se debió a un error administrativo involuntario.

En tal contexto, corresponde examinar el informe psico-lógico en cuestión del que surge que, la actora relató que, "la tarea en la empresa fue su despliegue en ventas, en el manejo de la gente a su cargo, hasta que el gerente se unió a una empleada, sin instrucción secundaria y a ella empezaron a exigirle y a darle palos, a maltratarla verbalmente, a descalificarla, a sacarle y cambiarle tareas, para dárselas a la otra empleada, la dejaban en una oficina sin hacer nada y no respondía a sus reclamos a que no la desarmen, lo que fue precipitando que sintiera que ella no servía para nada, que estaba lastimada, que o aguantaba más, pidió entonces licencia y se fue de la empresa.que se terminó su vida.que no tiene motivos para vivir.que respecto a su vida actual no tiene organización, no le interesa nada, no puede desplegarse creativamente.no le gusta nada.lo que le gustaba era acompañar en la conducción de venta a la gente de la empresa.en el negocio del Mario se agota, no le gusta, no resulta creativo.que se mudaron porque tenía conflictos con una vecina que era paranoide.que padece rectificación de columna.que se le duermen los brazos.que su meta es salir de todo estos, que le guste algo, pero tiene miedo porque no quiere que la maltraten más".

En tal sentido, informó la licenciada de Sicardi que del análisis del material psicológico se aprecia que, "la actora manifestó un notorio enojo por tener que realizar los tests psicológicos, que no le interesaban.que en cuanto a sus funciones cognitivas, la capacidad de pensamiento lógico se menoscaba cuando utiliza deducciones ilógicas y por tendencias a falsear la realidad o sobredimensionarla (lo que ni implica un trastorno de juicio). No evidencia trastorno de memoria, con-centración, ni de coordinación viso motriz.que a nivel afectivo presenta una falta de estabilidad emocional.su relación con el entorno deja de ser apropiado, cuando im-pone sus sentimiento y fantasías al mundo circundante.que en cuanto a las caracte-rísticas de su personalidad de base se pueden mencionar: es fantasiosa, susceptible, desconfiada, reivindicativa, centrada en sí misma, con tendencias a influir en los de-más y a encubrir, con baja tolerancias sus frustraciones, necesitada de estima y de aparentar más de lo que es, precisa dar una buena imagen de sus virtudes, no reconoce errores y adjudica la responsabilidad de sus contrariedades al medio".

Agregó la mencionada licenciada que, "en el test de Roschach no se observan indicadores de que la actora parezca alguna situación de efecto traumático. en el test de Inventario Multifacético de Personalidad de Minne-sota se obtienen valores muy altos en la Escala F, construida para detectar la tendencia al fingimiento y a la exageración sintomática, valores que significan que las respuestas que la actora consignó en el protocolo no tienen validez interpretativa o sea se constata que finge una patología y exagera una patología que no tiene.que en las Es-calas Clínicas Básicas, Esquizofrenia, Paranoia, Hipomanía, los valores son inválidos, porque son excesivamente elevados y contradictorios al material psicológico obser-vable en la entrevista y en la calidad de vida de la actora.

Concluye que, "basándose en el material psicológico y previa lectura de autos se estima que Sayd presente una personalidad de base, de ca-racterísticas inmaduras, histriónico paranoide con modalidades de manipulación, ajena a los sucesos descriptos en la demanda. Personalidad que puede acarrearle aprietos en su devenir vital, pero que no la incapacita para el desenvolvimiento en su vida co-tidiana".

La actora impugna también el mencionado informe transcripto y solicitó la realización de una consulta técnica (ver fs. 2578/2763), por lo que a fs. 2765 se resolvió dar vista de dicha presentación al Cuerpo Médico Forense para que se expida a su respecto y que asimismo tenga a bien dar las explicaciones que estime correspondan, en relación al informe de la licenciada en psicología Kanapliov de Sicardi, y que por último se expida en orden a si ratifica, en su caso, las con-clusiones arribadas a fs. 2690/2726 y a fs. 2758/2763.

A fs. 2794/2803 se encuentra agregado el dictamen del Cuerpo Médico Forense que informa que, "se ratifica en un todo el informe de fs. 2684/2685..que el dictamen de la Dra. Laura Mezzena -médica forense- y del Dr. Enrique Ercoli -médico especialista en psiquiatria y medicina legal del mencionado organismo- data del 5/10/2009 que se procedió a citar a la actora para el día 19 de abril de 2011, a efectos de su actualización no habiendo comparecido la misma..que en relación a los planteos relevantes, se destaca que la actora fue debidamente evaluada por dicho Cuerpo Médico en la entrevista de fs. 2682/2683, de acuerdo a la práctica psiquiátrico-forense y médico legal. En ella por medio de la anamnesis y análisis de la semiología psiquiátrica contando con el material obtenido en la causa se arribó a las conclusiones que se detallan a fs. 2682/83..que ignora la impugnante que los dictámenes periciales son interdisciplinarios pero autónomos en su elaboración y establecen sus conclusiones. Los expertos Psicólogo y Psiquiatra elaboran sus dictámenes y establecen sus conclusiones. En el caso de autos no se han corroborado las alteraciones psíquicas alegadas vinculadas causalmente con el ámbito laboral, tanto desde la esfera psiquiátrica como la psicológica. Agregamos que tampoco se han detectado alteraciones físicas vinculadas concausalmente con los hechos denunciados en la demanda. Que no se encuentra en las impugnaciones más que un mero desacuerdo a las conclusiones formulada. Que la impugnante se limita a desgranar un sinnúmero de detalles y circunstancias que no conmueven los fundamentos y conclu-siones del dictamen que se ratifica en todas sus partes".

Por su parte, la Licenciada de Sicardi manifestó que, "ratifica los términos del informe oportunamente presentado.que se ha practicado a la actora un examen psicológico exhaustivo, en función del cual se ha elaborado y se ha confeccionado el dictamen pericial, siguiendo los lineamientos de trabajo del De-partamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense. La conclusión no se basa en opiniones subjetivas como podría suponer un inexperto en la materia psicológica, sino que consta en el "Manual de Psicología Forense" de Withause, en el capítulo "Prueba Pericial", donde se define a la prueba pericial como la opinión fundada de una persona especializada que evalúa en base a sus conocimientos científicos.que el psico-diagnóstico incluye el material obtenido en entrevistas diagnósticas y en la adminis-tración de técnicas psicológicas. El análisis del material psicológico se efectúa en tres niveles: 1) Manifiesto: conducta verbal, gestual, sintomatología observable, 2) Laten-te: significado latente, no manifiesto en lo observado, 3) Vincular: fenómenos emer-gentes del vínculo entrevistado- entrevistador".

Nuevamente la parte actora impugna la presentación del Cuerpo Médico Forense y solicita la realización de una consulta técnica (ver fs. 2818/2823) -que se tuvo presente a fs. 2824- .

En tal contexto cabe puntualizar que, pese a las apre-ciaciones efectuadas por la Dra. Benzaquen en su último escrito se advierte que, las conclusiones del Cuerpo Médico Forense resultan coincidentes con el informe presen-tado por el médico legista designado de oficio en la causa, en cuanto a que Sayd no se encuentra incapacitada físicamente.

Por otra parte, en relación a la incapacidad psíquica si bien el perito médico psiquiatra sorteado en la causa dictaminó que, la actora posee un trastorno límite de la personalidad señaló que, éste no se funda en única causa, sino que por el contrario, existen diversos factores concausales, entre los que, expre-samente detalló: "la personalidad de base de la demandante", "su divorcio matrimo-nial", "la enfermedad y posterior muerte de su madre", por lo que concluyó que, Sa-yd se encuentra incapacitada psíquicamente en forma parcial y permanente en un 80% de la TO, sin embargo, efectuó la siguiente discriminación: 60% de la TO correspon-dería a la personalidad previa y a factores extralaborales, mientras que el 20% de la TO restante, a factores laborales.

Sentado ello, cabe evaluar que, la propia parte actora en su presentación de fs. 2818/2823 consignó que, "la Corte Suprema de la Nación aprobó el Reglamento General para el Cuerpo Médico Forense (Acordada 47/09) que constituye el primer cuerpo normativo orgánico desde sus orígenes y conforme a sus disposiciones es un cuerpo técnico de naturaleza y finalidad exclusivamente periciales cuyo objeto es el auxilio específico a los órganos jurisdiccionales de la Justicia Nacional y Federal dentro de cuyo contexto se erige como el órgano de máxima jerar-quía pericial en materia médica, psicológico, odontológico y químico-legal".

Reiteradamente he sostenido que el informe del Cuer-po Médico Forense consiste en el asesoramiento técnico de auxiliares de la Justicia, cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y por me-dio de otras similares, a las que amparan las actuaciones de los funcionarios judiciales, de conformidad con los incs. a), b) y d) del art. 63 del Dto. Ley 1287/58.

Si bien la parte actora plantea en la presentación re-cursiva la nulidad del mencionado dictamen por los fundamentos expuestos a fs. 2895/2906, se propone en esta instancia su rechazo, tomando especialmente en cuen-ta las explicaciones brindadas en la causa por dicho organismo (ver trascripción efec-tuada precedentemente), por lo que cabe otorgar plena eficacia convictiva a dicho dic-tamen, en los términos del art. 477 del CPCCN, confiriéndole preeminencia por sobre el informe presentado por el experto psiquiatra designado de oficio, máxime que éste fue reiteradamente impugnado por la propia parte actora.

Es más, debe ponderarse que ante la nueva citación de la trabajadora ordenada por el organismo cuestionado, ésta se negó a concurrir sin que exista -a mi criterio- justificación alguna que avale dicha conducta. Repárese que, la demandante se limitó a señalar que considera ".ofensiva y hasta enfermiza la conducta arribada por los integrantes del Cuerpo Médico Forense, que sin evaluar el daño que le están causando con su actuación le provocan un mayor desequilibrio con citaciones que configuran un verdadero vapuleo hacia ella, sin consideración de ningún tipo, sin importarle en absoluto el daño psíquico que le causa seguir concu-rriendo a dicho organismo." (ver fs. 2807/2808 vta.).

En consecuencia considero que las alegaciones de la parte actora carecen de base científica suficiente y no llegan a refutar el informe del Cuerpo Médico Forense, que se encuentra adecuadamente fundado en pautas técnicas y médicas y al que cabe otorgar suficiente valor probatorio, en el caso en análisis.

De acuerdo con lo expuesto, no resulta que en la ins-tancia anterior se haya hecho una valoración que exceda el marco de razonabilidad consagrado en la ley especial.

Asimismo, creo necesario agregar en relación al pedido de consulta médica formulado por la actora que, la medida para mejor proveer es una facultad exclusiva del tribunal y que no se advierte en la causa la necesidad de su pro-ducción.

En base a todo lo expuesto, se propicia desestimar el agravio vertido por la parte actora y confirmar la decisión de grado, en cuanto recha-za el reclamo incoado, con fundamento en las normas del Código Civil.

El modo en que se propone resolver la controversia, me lleva a confirmar también el rechazo de la acción entablada contra la ART.	Corresponde ahora dar tratamiento a la queja de la parte actora, referida a la desestimación del rubro daño moral por "mobbing".

En tal sentido creo menester ponderar que, como lo se-ñalé en reiteradas oportunidades (ver entre otros mi voto en "Aquino, María E. c/Establecimiento Geriátrico Nuestra Señora de Luján SRL y otro s/ despido", SD 99504 del 17/8/11), la violencia laboral en sus múltiples manifestaciones resulta idó-nea para generar daño y consecuentemente, activar la responsabilidad de los sujetos involucrados, aún cuando no reúna determinadas características, ni se revele en face-tas o etapas conforme lo sostiene abundante doctrina y jurisprudencia vigente en torno al mobbing o al acoso moral en el trabajo (ver entre muchos otros, LEYMANN H, Mobbing. La persecution au travail, Editions Senil, París, 1993; GONZALEZ DE RIVERA José Luis "El maltrato psicológico. Como defenderse del mobbing y otras formas de acoso" Espasa Práctico, Madrid 2002; ABAJO OLIVARES Francisco Ja-vier, Mobbing. Acoso psicológico en el ámbito laboral. LexisNexis. Buenos Aires, 2004; HIRIGOYEN Marie-France, El acoso moral. El maltrato psicológico en la vi-da cotidiana. Paidós. Barcelona. 1999; HIRIGOYEN Marie-France, El acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso, Paidós Contextos, Buenos Aires, 2001; PIÑUEL Y ZABALA Iñaki. Mobbing. Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo. Ed.Sal Térrea, Santander, 2001; PIÑUEL Y ZABALA Iñaki. Mob-bing.Manual de autoayuda para superar el acoso psicológico en el trabajo. Ed. Aguilar. Buenos Aires. 2003).

En efecto, aún cuando no se configure un supuesto de "mobbing", la violencia en el ámbito laboral puede manifestarse de muchos modos, por ejemplo, a través de tratos discriminatorios, agresiones físicas, hostigamiento de índole sexual, mal trato organizacional, etc. (ver al respecto conceptualizaciones teó-ricas elaboradas por TOSELLI, Carlos A- GRASSIS, Pablo M.- FERRER, Juan I., en Violencia en las relaciones laborales, Alveroni Ediciones, Córdoba, 2007) y todos ellos generan la responsabilidad del empleador que, en conocimiento o alertado de la situación, no arbitra los múltiples y variados medios a su alcance a fin de revertirla para evitar daños a la integridad psicofísica y moral de sus dependientes.

En el particular caso bajo examen -adelanto mi opinión- en cuanto a que, no se advierte suficientemente demostrado con los testimonios aportados en la causa que el Sr. Sassone ejerciera una conducta tiránica en la empresa, especialmente en relación a Sayd, ni que tratara con violencia a la deman-dante, negándole todo trato de respeto.

Es decir, que -a mi criterio- no se lograron aportar indi-cios suficientes de que existiera un hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre la trabajadora con el fin de lograr su exclusión social, como así tampoco que el ambiente de trabajo en el que ella se desempeñaba fuera agresivo, hostil y denigran-te.

Me explico. Si bien la testigo Andali (fs. 1261/1265) hizo mención que la actora sufría el maltatro de Sassone, no indicó en su declaración en que consistía el mismo, ni aportó ningún dato relevante en relación a dicha cir-cunstancia, a excepción de la mención de un insulto proferido por Sassone, respecto del cual tampoco dio la razón de sus dichos. Es más, se advierte que la deponente Andali incluso adujo que "no se acuerda de ese día".

No se soslaya que la mencionada deponente luego expre-só en su declaración que, "a la actora la veía llorar, que estaba mal, que había tocado fondo", sin embargo, la testigo no detalló los supuestas razones que habrían generado dicho comportamiento de la trabajadora, ni tampoco identificó en qué período ello habría ocurrido, lo que resultaba esencial -a mi criterio- tomando en cuenta la per-sonalidad de base de la demandante, las características del trastorno límite de la per-sonalidad, que fueron detalladas en los dictámenes médicos (ver, entre ellas: "extre-ma sensibilidad hacia la forma de trato de los demás hacia ella."desregulación emo-cional" y "inestabilidad generalizada del estado de ánimo"), como así también los sucesos extralaborales vividos por Sayd y especialmente los puestos de manifiesto por su médico psiquiatra, esto es, su separación matrimonial, la enfermedad y poste-rior muerte de su madre.

Finalmente, la testigo también indicó que, "las presiones eran por las ventas, las metas".

La testigo Gulizia De Roberts (fs. 1320/1328) dijo que, Sassone "cada dos por tres hablaba con la actora, la mandaba a llamar y se escuchaban los gritos", sin embargo, no identificó el origen de los supuestos gritos, ni el contenido de los mismos, a lo que añadió que, "Sassone no tenía buen trato en general", manifestación que por sí sola resulta insuficiente para inferir acerca de una presunta violencia moral ejercida por Sassone hacia la demandante.

También señaló la testigo que, "en el año 1999 el ánimo de la actora era excelente"."que en el año 2004 ó 2005 venía mal", sin embargo, dicha aseveración no permite concluir que el origen del estado de ánimo de la de-mandante, al que hizo referencia la deponente, fuera motivado por la situación laboral denunciada en la demanda, máxime cuanto la trabajadora alegó en el escrito de inicio que, el 7/6/2005 falleció su madre luego de padecer una enfermedad, como así también que, "su hijo sufrió fiebre y broncoespasmo por lo que debió faltar a su tra-bajo, desde el 14/6/05 hasta el 19/6/2005" (ver fs. 30 vta.).

Si bien, el testigo Zannielo (fs. 1432/1435) declaró "que el trato de Sassone hacia la actora era rígido y áspero.que lo dice por el tono de voz.por la expresión y la forma de pedir las cosas" y luego agregó que, "cuando la actora estaba adelante de la gente que trabajaba para ella era cuando el Sr. Sassone más la ridiculizaba", lo cierto y concreto es que, el mencionado testigo no explicó en qué consistía dicha supuesta ridiculización, como así tampoco mencionó ningún hecho puntual, al respecto pese a la extensa relación laboral de la demandante.

Sentado ello no se soslaya que la deponente Cumuniello -ofrecida por la parte demandada a fs. 2203/2205)- señaló que, "que el ambiente de trabajo era muy tenso", sin embargo debe ponderarse que, fue la propia parte actora quién en su apelación, cuando se agravió de la valoración efectuada en el decisorio anterior respecto de los dichos de Cumuniello (ver fs. 2865) argumentó que, ".este testimonio ha sido impugnado.que la sentenciante debió evaluar la enemistad y re-sentimiento manifiesto de la testigo", por lo que considero que esa frase aislada del mencionado deponente -reitero- objetado por la propia trabajadora no logra corrobo-rar los hechos descriptos en la demanda, en relación al ambiente de trabajo donde ella se desempeñaba.

Finalmente, Scivetti (fs.2223/2226) -testigo común de las partes- relató que, "el clima era tenso.si la venta no salía.que recuerda que vio a la actora en el baño, que lloraba porque se le había muerto el perro".

En base a todo lo expuesto y al análisis precedente-mente efectuado de la prueba testimonial cabe concluir que, aún cuando en el mejor de los supuestos pudiera considerarse que, Sayd se desempeñaba en un ambiente de trabajo en el que existía cierto grado de tensión, en relación a las exigencias de ventas de la empresa demandada, ello no alcanza para admitir la condena pretendida por la trabajadora, en la medida en que no se encuentra probado el componente subjetivo, perverso e intencional que permite definir el concepto de "mobbing".

Tampoco advierto suficientemente demostrado con los elementos probatorios colectados en la causa que, la nocividad del ambiente de traba-jo en el que se desempeñó Sayd para activar la responsabilidad del empleador, en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil.

En consecuencia, por todo lo expuesto se propicia confirmar la decisión de grado, en cuanto rechaza el reclamo incoado, al respecto.

No enerva lo precedentemente expuesto la circunstancia esgrimida por la parte actora a fs. 2866 vta. pto. b), referida a que, en la sentencia de la anterior instancia se admitió el reclamo por diferencias salariales por el promedio de comisiones percibidas por ésta, en la medida en que ese hecho no constituye -a mi criterio- un supuesto de mobbing, como así tampoco puede considerarse como una manifestación de violencia en el ámbito laboral.

La queja de la parte actora referida a la ausencia de con-dena de Agustín José Sassone por daño moral será desestimada, en orden a la solu-ción propuesta precedentemente y en el estricto marco en que fueran impuestos los agravios, al respecto.	Ahora bien, en lo que concierne al reclamo por horas extras, debe ponderarse que la parte actora esgrimió en el escrito inicial que, ".trabajó de lunes a sábados de 8.30 hs. a 17.00 hs. (ver fs. 26 vta.), lo que también reiteró a fs. 53. Nótese que allí señaló que, "su horario de trabajo era de lunes a sábados de 8.30 hs. a 17.00 hs."	En igual sentido la demandante indicó que, "efectuó un cálculo de 4 hs. extras después de las 13 hs..que en total reclama 384 hs. extras por el período no prescripto" (ver fs. 56).

Lo expuesto demuestra que, la actora solo peticionó en la causa el pago del trabajo suplementario que habría mediado los días sábados, a partir de las 13.00 hs. y hasta las 17. 00 hs., resultando irrelevante a tal fin la cir-cunstancia -que ahora ésta esgrime en la presentación recursiva- , en cuanto a que también alegó en la demanda que, "en varias ocasiones se quedó hasta las 21.00 hs." (ver fs. 56). Sentado ello, se advierte que llega firme a la Alzada que de conformidad con lo previsto por el art. 377 del CPCCN era la trabajadora quién debía demostrar en la causa la extensión horaria denunciada al demandar, es decir que, se desempeñaba los días sábados de 13.00 a 17.00 hs.

En tal sentido considero que, la queja de la parte actora, referida a la valoración de la prueba testimonial efectuada en el decisorio de grado para acreditar el tópico en cuestión, no constituye una crítica concreta y razonada, sino que solo se muestra como una posición en discrepancia, con lo resuelto en tal sentido. Nótese que, la apelante se limitó a señalar en su presentación recursiva que, "la judicante de grado.sacó de contexto.las declaraciones de Andali. de Guisilla Roberts. y de Pizzola", cuando se advierte que la Dra. Patricia Russo transcribió en su decisión los dichos vertidos por los mencionados testigos, por lo que cabe concluir que la crítica de la parte actora consiste en una mera apreciación personal que no reúne los recaudos del art. 116 de la LO.

A lo expuesto debe sumarse que, ésta también reconoció en su apelación que el testigo Zaniello no aportó ningún dato relevante para probar la extensión horaria pretendida.

En consecuencia, se propicia confirmar la decisión de grado, en cuanto rechaza el reclamo por horas extras.

No modifica la solución propuesta lo consignado por la trabajadora a fs. 2866 segundo párrafo, en relación a que al testigo de reconocimien-to Salvia, respecto del instrumento glosado en el Anexo IV fs. 17 (anexo 3937), to-da vez que, aún cuando en el mejor de los supuestos para la demandante pudiera con-siderarse que Salvia habría reconocido el contenido del mencionado instrumento, ello no acredita la jornada laboral pretendida por Sayd, en la extensión denunciada al demandar.

Repárese que, en la nota en cuestión que data del 16/10/03 y que fue dirigida "a quien corresponda" Salvia indicó que, ".me encuen-tro trabajando desde el 21/8/03 junto a la conducción de Gabriela Sayd.trabajando todos los sábados.entrando a las 8.30 hs. .trabajando a veces hasta las 21.00 hs.", es decir, que en el mejor de los casos solo cabría concluir que Salvia durante el pe-ríodo comprendido entre el 21/8/03 al 16/10/03, trabajó los días sábados "a veces" hasta las 21 hs. Sin embargo dicha aseveración -ni siquiera- permitiría inferir que, Sayd hubiera desempeñado sus labores, durante el breve período al que hizo refe-rencia el testigo de reconocimiento, todos los días sábados hasta las 17.00 hs. inclu-sive.	En lo que concierne a la pretendida aplicación del art. 55 de la LCT en primer término creo necesario reiterar que no se acreditó en la causa que la actora cumplimentaba normalmente la cantidad de horas que dijo haber traba-jado. Por lo demás, observo que el art. 6, inc. c) de la ley 11.544 sólo exige el registro de las horas extra que efectivamente se hubieran realiza-do, por lo que su ausencia no prueba en modo alguno que tales horas extra se hayan trabajado en forma efectiva (ya que la falta del registro también puede obedecer a la inexistencia de trabajo en tiempo suplementario).

A mayor abundamiento, si bien entiendo que la indi-cación de la jornada normal y habitual de trabajo podría considerarse comprendida en la exigencia del art. 52 inc. g) de la L.C.T. y que, por consiguiente, cuando estuviere fehacientemente acreditado el desempeño del trabajador en tiempo suplementario, la falta de exhibición del libro especial que requiere la norma podría generar una pre-sunción favorable a la posible extensión del tiempo extra de trabajo, estimo que dicha presunción no puede considerarse operativa cuando no está efectivamente acreditado que la labor haya excedido los límites fijados por la ley 11.544 porque es obvio que, si no hubo trabajo en tiempo extra, no puede considerarse que haya tenido que regis-trarse en el libro previsto en el art. 52 LCT un exceso inexistente al límite de jornada. En otras palabras, sólo cuando se compruebe el trabajo en tiempo extra puede consi-derarse que el empleador tenía obligación de asentar el exceso en el libro del art. 52 de la LCT y, la eventual falta de exhibición de éste, podría generar una presunción acerca de la extensión del ya comprobado trabajo en tiempo suplementario (art. 55 LCT). Pero, cuando no se prueba el trabajo en tiempo extra, no puede considerarse que el empleador hubiera debido registrar aquello que no ha existido por lo que, en este último supuesto, la ausencia del registro no puede llevar - por vía de presunción- a tener por acreditado aquello de cuya demostración previa dependía la operatividad de la referida presunción.	En el caso de marras, tomando en cuenta lo expuesto precedentemente ninguna operatividad puede tener la directriz del art. 55 de la L.C.T. -pretendida por la parte actora- con relación a la supuesta prestación en tiempo suplementario, por lo que corresponde desestimar la queja en cuestión.

En atención a la solución precedentemente propuesta corresponde también desestimar el agravio vertido a fs. 2879 considerando V a), refe-rido a la ausencia de inclusión en el monto de condena del rubro horas extras.

Ahora bien, se queja la parte actora del rechazo de los rubros: "premios por cumplimiento de plan", "diferencia de comisiones para impedir el cumplimiento del objetivo" y "dif. Vacaciones 2004".

Examinado el escrito inicial en relación al primer rubro se advierte que la trabajadora alegó que, "habiendo imposibilitado la empleadora en forma constante la concreción de cumplimiento de planes, al no dar la infraestructura necesaria, corresponde que se haga lugar al reclamo de un cumplimiento acorde a los antecedentes.que se reclama un promedio de $260 por mes, menos lo percibido se-gún Planilla Excel resulta por el período no prescripto la suma de $4080 más el SAC de $340".

Asimismo, en orden al restante rubro, esto es, "diferen-cia de comisiones por impedir el cumplimiento del objetivo", surge de la demanda que Sayd denunció que, "se calcula conforme a los antecedentes que venía manteniendo la actora con un rol de 60 personas y 13 jefes de equipo, que tenía al comienzo de la licencia.que reclama el monto de $1025 por mes, menos lo percibido que según Planilla Excel resulta por el período no prescripto la suma de $19.980 con más el SAC de $1656,66".

Sentado ello se advierte que, la Sra. Juez a quo conside-ró procedente la reclamación que persigue la percepción de "diferencia de monto promedio de comisiones", según el detalle de fs. 55 y de acuerdo a los cálculos que resultan de la planilla de fs. 13 por considerar que se presentan ajustados a las cons-tancias de los recibos aportados en el Anexo I, del registro reservado nro. 3937 y en tanto la accionada no brindó explicación razonable alguna que justifique las reduccio-nes que se observan en los documentos aludidos, sin embargo, luego indicó que no resulta posible acceder a los reclamos deducidos bajo las denominaciones "premios por cumplimiento de plan" y "diferencia de comisiones por impedir el cumplimiento del objetivo", pues dado que estas pretensiones se sustentan en la omisión de la de-mandada de suministrar a la actora los recursos materiales y personales con los que contó hacia el inicio de su licencia por enfermedad en octubre de 2003, corresponde considerarlos comprendidos en el promedio del rubro precedentemente admitido, esto es, "diferencia de monto promedio de comisiones", porque concluir lo contrario im-portaría que la actora percibiera dos veces un crédito que se deriva de idéntica causa.

Adelanto mi opinión en cuanto a que no le asiste razón a la quejosa en sus planteos en cuanto considero que, los reclamos en cuestión se en-cuentran comprendidos dentro del rubro "diferencia de monto promedio de comisio-nes" -que fue admitido en el decisorio de grado- , en la medida en que ambos se fun-daron en la quita arbitraria por parte de la empresa demandada de los medios perso-nales y materiales puestos originalmente a disposición de Sayd (ver al respecto, lo es-grimido a fs. 28 párrafo segundo, fs. 29 segundo párrafo, fs. 29 vta., fs. 35 tercero y cuarto párrafo, fs. 35 octavo párrafo, fs. 36vta. quinto y sexto párrafo, etc.).

En base a lo expuesto precedentemente corresponde también desestimar el planteo formulado a fs. 2880 vta., consistente en la inclusión en el salario base de la trabajadora de las comisiones cuyo rechazo se propicia confirmar en esta instancia.	Igual suerte seguirá la queja vertida en relación al re-chazo del rubro "diferencia vacaciones/04", en la medida en que la la trabajadora se limitó a consignar en la liquidación practicada a fs. 56 vta. un importe de $999,32.-. sin explicar en su demanda los presupuestos fácticos de dicha pretensión, resultando extemporáneas las manifestaciones que recién -ahora- efectúa en la presentación recursiva.

En tal sentido, cabe poner de resalto que, el art. 65 de la ley 18.345 establece como requisitos de la demanda que, en la misma se designe la cosa demandada con precisión (inc. 3º), a la vez que exige una explicación clara de los hechos en que se funda (inc. 4º) y la realización de una petición en términos claros y positivos (inc. 6º).

Asimismo, mi distinguido colega, el Dr. Miguel Ángel Maza ha sostenido que, "la demanda es un acto de petición por el que se ejercita el derecho de pedir justicia (acción) planteando la pretensión (lo que se quiere obtener de la declaración judicial" (conforme, Ley 18.345 Tomo I, Coordinada por el Dr. Alejandro Sudera, Editores Rubinzal- Culzoni).

En consecuencia, no habiendo la parte actora fundado oportunamente la pretensión del rubro en cuestión, se propicia confirmar lo decidido en la instancia de grado, al respecto.	En lo que concierne al planteo de la parte actora esgri-mido a fs. 2866/vta., corresponde puntualizar que la excepción de prescripción plan-teada en la causa fue tratada con el fondo de la controversia y si bien, la judicante de grado concluyó que, los rubros reclamados en la demanda no se encuentran prescriptos se advierte que, los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora en la decisión dictada en la instancia anterior comprenden los emolumen-tos por todos los trabajos cumplimentados en la etapa anterior, entre los que, se encuentra incluida la presentación de fs. 241 y vta.

Corresponde ahora dar tratamiento a las quejas referidas a la determinación del salario base que, la sentenciante de grado fijó en la suma de $3.561,11.- cuando -a criterio de la parte actora- debió ser de $3.746,67.- La Dra. Patricia Russo indicó en su decisión que la re-tribución determinada resulta de adicionar al salario básico vigente a la fecha del dis-tracto ($1.271,82) la cantidad de $89,03 en concepto de "a cuenta de futuros aumen-tos" y el importe de $2.220,26.- correspondiente al promedio de comisiones.

Asimismo, la sentenciante de grado concluyó que, no comparte la postura asumida por la parte actora a fs. 54, en la medida en que los li-neamientos del art. 245 de la LCT y del Plenario Brandi de la Excma. Cámara Na-cional de Apelaciones del Trabajo no conducen a sumar las retribuciones variables de distintos períodos, del modo que lo hace la pretensora, sino que imponen utilizar la mayor remuneración mensual del período a considerar, siempre que su composición participe de los caracteres de normalidad y habitualidad y contra tal aspecto puntual del decisorio de alza la parte actora.

Adelanto mi opinión en cuanto a que no le asiste razón a la demandante en sus planteos.

Me explico. El art. 245 de la LCT dispone que debe to-marse como base "la mejor remuneración mensual, normal y habitual, percibida du-rante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor.

Por su parte, el plenario nro. 298 de ésta Cámara dispu-so que "para el calculo de las indemnizaciones por despido no deben ser promediadas las remuneraciones variables, mensuales, normales y habituales (art. 245 LCT)".

En el caso de marras, es claro que la remuneración de la actora estaba compuesta -tal como lo señaló la sentenciante de grado-, por un salario básico, el rubro "a cuenta de futuros aumentos" y comisiones, que poseen el carácter de habituales.

En efecto, la habitualidad implica la persistencia de ru-bros remuneratorios en la retribución, es decir, la reiteración de pagos por determina-dos conceptos, puesto que habitual significa aquello que se produce con continuidad, que se repite o que se reitera.

En el caso de remuneraciones variables -como en el pago de comisiones- el salario base de la indemnización por antigüedad debe calcularse tomando el mejor mes siempre y cuando no resulte anormalmente alto o bajo, a causa de algún hecho que por sus características permita calificarlos como extraordinario.

Ahora bien, examinada la base salarial calculada por la trabajadora a fs. 54 se advierte que ésta efectivamente sumó retribuciones variables de distintos períodos, pese a lo que sostiene en la presentación recursiva, por lo que en base a todo lo expuesto y en el estricto marco en que fueran expuestos los agravios en orden al tópico en cuestión, se propicia confirmar el ingreso base fijado por la Dra. Patricia Russo, por reputarlo ajustado a derecho.

Asimismo, cabe poner de resalto que llega firme a la Al-zada que el convenio colectivo aplicable es el nro. 108/75 cuyo tope indemnizatorio en la época del distracto ascendía a la suma de $1.725,60.-.

En tal contexto cabe referir que el Alto Tribunal, en autos "Vizzoti Carlos Alberto c/ AMSA SA s/ despido", de fecha 14.09.2004, sostuvo que no hay dudas en cuanto a la validez constitucional de un régimen tarifado de indemni-zaciones por despido sin justa causa, esto es, un sistema que resigne la puntual esti-mación del daño en pos de determinados objetivos, entre otros, la celeridad, certeza y previsibilidad en la cuantía de aquéllas.

Asimismo, afirmó que si el propósito del instituto es reparar, tampoco hay dudas con respecto a que la modalidad que se adopte, en todo caso, debe guardar una razonable vinculación y proporción con los elementos fácticos que el propio legislador eligió como significativos para calcular la prestación, señalando que no podría considerarse que la ley lograse su declarada finalidad reparadora si ter-minara desconociendo la concreta realidad a la que quiso atender, a causa de limita-ciones en la evaluación de uno de los elementos de cálculo que, precisa e inequívo-camente constituye uno de los dos indicadores de esa realidad: el salario realmente percibido por el trabajador despedido y no por otro u otros.

En tal oportunidad también se sostuvo que, si es válido como principio que la indemnización por despido sin justa causa pueda ser regulada por la ley con carácter tarifado, sin admitir prueba de los daños en más o en menos, también lo será que aquélla someta la evaluación de los elementos determinantes de la reparación a ciertos límites cuantitativos, por lo que para resolver la contienda cabe considerar que conforme los lineamientos expuestos, no resulta razonable, justo ni equitativo, que la base salarial pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de su segundo y tercer párrafos.

Ahora bien, si se tuviese en cuenta el promedio salarial del convenio colectivo, la base salarial a computar para calcular el resarcimiento del art. 245 LCT ascendería a la suma de $1.725,60.-, reducción que resulta inadmisible a tenor de la reseñada doctrina de la Corte Suprema ya que altera la debida proporcio-nalidad que debe existir entre el resarcimiento por despido injusto y la real retribución del dependiente.

Considero, entonces, que tal disminución de la base sa-larial resulta inconstitucional en el presente caso y en tal contexto coincido con la sen-tenciante de grado, en cuanto a que corresponde limitar la operatividad del tope al margen admitido por la reseñada doctrina judicial, es decir al 67% de la mejor remu-neración normal y habitual, que en el subjúdice equivale a $2.385,94.- (67% de $3.561,11.-).

En consecuencia, se propicia desestimar también en este aspecto el agravio de la parte actora y confirmar la base adoptada por la Dra. Patricia Russo, para el cálculo de la indemnización del art. 245 de la LCT.

Con fundamento en lo expuesto precedentemente co-rresponde también rechazar el agravio referido a la determinación del SAC propor-cional 2005 de conformidad con el salario pretendido de $3.746,67.-	Solicita la parte actora que se condene "de oficio" al pa-go de la multa del art. 80 de la LCT.

En primer lugar cabe poner de resalto que, la demandan-te reclamó en su demanda que "se intime a la accionada a presentar los certificados de aportes previsionales y de trabajo conforme art. 80 de la LCT por todo el período trabajado.y conforme a los haberes percibidos.que la demandada no los entregó pese a que fue intimada telegráficamente conforme al decreto 146/01".

Es decir que su petición se fundó exclusivamente en la obligación de hacer dispuesta por el art. 80 de la LCT y se advierte que la judicante de grado condenó a la entrega del certificado, en cuestión.

Sin embargo, se advierte que la multa prevista en el art. 45 de la ley 25.345, incorporada en el último párrafo del art. 80 de la L.C.T. y vigente a partir del 26/11/00, no fue expresamente peticionada en la causa. Es más ni siquiera fue incluida en la liquidación practicada a fs. 56/vta., extremo que es reconocido por la apelante en su presentación recursiva, al sostener que, "el monto de la multa no se introdujo en la liquidación".

En este sentido, cabe ponderar que el escrito introducto-rio, al establecer los términos al que habrá de ceñirse la contienda judicial, necesaria-mente debe contener los presupuestos fácticos en los que se sustenta (conf. arts. 65 L.O. y 365 CPCCN), por lo que sólo pueden admitirse y evaluarse las pruebas que versen sobre hechos litigiosos o controvertidos ya que sabido es que la demanda y la respectiva réplica, conforman el tema del debate sobre el cual se sustanciará la prueba de los hechos controvertidos y sobre los que se dictará sentencia.

Conforme lo señala Centeno (El procedimiento en la Provincia de Buenos Aires, pág. 94 y sgtes.), la demanda determina la apertura de la instancia, quedando fijados los límites de la acción y su naturaleza y a éstos se supedi-tará la contestación de la demanda y la sentencia. De modo que, de conformidad con el principio de congruencia, el juez o tribunal no puede apartarse de los términos en que quedara trabada la litis. En consecuencia, con la traba de la litis quedan fijados en forma definitiva los términos de la controversia, los que no pueden ser alterados, toda vez que lo contrario implicaría una flagrante violación a los principios de defensa en juicio y de congruencia.

Por todo lo expuesto, considero que la deficiencia formal señalada precedentemente no puede ser suplida en esta instancia, tal como pretende la parte actora. En consecuencia corresponde desestimar el agravio, en cuestión.

Cabe ahora dar tratamiento a la queja de la ART, de la empleadora y de la parte actora, referidas al modo de imposición de las costas del litigio.

En lo que respecta a la acción impetrada con funda-mento en las normas del Código Civil, tomando especialmente en cuenta que la actora padece un trastorno psicológico y que pudo considerarse asistida con mejor derecho para litigar se propone mantener el modo de imposición de las costas dispuesto en el decisorio anterior.

Igual solución se propone en relación a la acción incoa-da contra la persona física, toda vez que no se advierten razones en el caso en particu-lar que, justifiquen el apartamiento del principio general que, establece que las costas se impongan a cargo de la vencida (art. 68 CPCCN).

Finalmente respecto del restante reclamo es menester memorar que reiteradamente se ha sostenido que en los supuestos en que la demanda prospera parcialmente, las costas deben ser distribuidas en la forma que prevé el art. 71 del CPCCN, toda vez que aún cuando pueda considerarse que la demandante se vio obligada a litigar, ello es exacto únicamente en relación con la porción admitida de sus reclamos, por lo que no habría fundamento para que quien sólo en parte es vence-dor resulte eximido de las costas y éstas sean íntegramente soportadas por quien tam-bién obtuvo una victoria parcial.

En tal inteligencia, tomando en consideración la impor-tancia de los rubros admitidos y rechazados, se propicia también mantener el modo de imposición de las costas dispuesto en la instancia anterior.

Las argumentaciones vertidas brindan adecuado sustento al pronunciamiento, razón por la que se omite el análisis de las demás cuestiones que se hubieran planteado en tanto resulten inconducentes para la solución del litigio. En tal sentido la C.S.J.N. ha señalado que "los jueces no están obligados a seguir y deci-dir todas las alegaciones de las partes, sino solo a tomar en cuenta lo que estiman per-tinentes para la correcta solución del litigio" (conf. Fallo del 30.4.74 en autos "Tolosa Juan c/ Cía. Argentina de Televisión S.A.", pub. en La Ley, Tomo 155, pág. 750 nú-mero 385). En consecuencia, por todo lo expuesto corresponde con-firmar la sentencia de grado, en todo lo que fue materia de recursos y agravios.

En tal contexto, cabe imponer las costas de Alzada, en el orden causado respecto de todos los reclamos involucrados en atención a la forma de resolverse el litigio (arts. 68 y 71 CPCCN).

A fs. 2842 el perito licenciado en análisis de sistema apela sus emolumentos, por estimarlos reducidos. A fs. 2856 CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo apela los honorarios de los peritos designados en la causa, por considerarlos elevados. A fs. 2908 vta. la parte actora apela los emolumentos de todos los profesionales intervinientes en los actuados, por altos. Asimismo, la Dra. Benza-quen apela por derecho propio sus honorarios, por reputarlos exiguos. A fs. 2917 se agravia la empleadora de los honorarios de la representanción letrada de la parta acto-ra y de los peritos actuantes, por elevados.

En lo que atañe a las apelaciones interpuestas en materia de honorarios, cabría señalar liminarmente al tratamiento de cada una de ellas, que si bien correspondería el análisis de los emolumentos fijados en concepto de honorarios tomándose como pauta las leyes arancelarias vigentes para abogados y procuradores y peritos contadores, en la especie se advierte que de tenerse en cuenta como base regu-latoria el monto reclamado proyectaría honorarios exhorbitantes y desproporcionados que no reflejarían la actividad desarrollada en la causa, puntualizándose que el art. 38 de la L.O. contempla una facultad de ejercicio excepcional, en virtud del cual los jue-ces se encuentran habilitados a apartarse de las normas arancelarias, valorando un conjunto de pautas generales, como ser la naturaleza y complejidad del asunto, resul-tado obtenido, mérito de la labor realizada, eficacia y extensión del trabajo, escalas, mínimos, etc, para fijar una retribución que sea razonable, de tal modo que la validez constitucional de las regulaciones no depende exclusivamente del monto o de las es-calas pertinentes, acotándose que si a los fines de la regulación de honorarios, las ci-fras a las que se llega mediante la estricta aplicación de normas arancelarias devienen irrazonables, para arribar a una retribución justa y razonable, se debe merituar ade-cuadamente la naturaleza y compejidad de las cuestiones ventiladas, el mérito, cali-dad, eficacia y extensión de la labor profesional, la trascendencia jurídica y económica de los pleitos, y el monto del juicio (CSJN. 10-XI-1985, l.l., 1 984-8-13 y CN. COM., Sala B, "Kerbaje Fauzi c/Molinos Río de la Plata S.A.", 11-III-94).

Desde tal perspectiva, en base a lo expuesto preceden-temente, teniéndose en cuenta el resultado del litigio, su valor económico, el mérito y extensión de la labor desarrollada y lo normado por los art. 6 a 9, 19 y 39 de la ley 21839 y art. 13 de la ley 24.432, los honorarios cuestionados resultan adecuados, por lo que se propicia mantenerlos.	Asimismo, cabe regular los honorarios de la representa-ción letrada de la parte actora y codemandadas Internacional Health Services Argen-tina, CNA ART SA por la actuación en la Alzada en un 25%, 25% y 25%, respecti-vamente, de lo que en definitiva les corresponda percibir por su intervención en ori-gen, en mérito a la importancia y extensión de los trabajos realizados (leyes 21.839, 24.432 y art. 38 L.O.).

Miguel Ángel Pirolo dijo:	Que adhiere a las conclusiones del voto de la Dra. Gra-ciela A. González, por análogos fundamentos.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que fue materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de Alzada en el orden causado; 3) Confirmar los honorarios cuestionados; 4) Regular los honorarios de Alzada, en la forma dispuesta en el párrafo respectivo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo Graciela A. González Juez de Cámara Juez de Cámara