Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-13


///la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto del año dos mil siete, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Pedro R. David como Presidente y los doctores Juan E. Fégoli y W. Gustavo Mitchell como Vocales, asistidos por la Secretaria, doctora Gabriela García, a los efectos de resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 14/15 vta. de la causa n° 7345 del registro de esta Sala, caratulada: "Gil Ramírez, Jorge Alberto s/ recurso de casación", representado el Ministerio Público por el señor Fiscal General doctor Ricardo Gustavo Wechsler y la Defensa Pública Oficial por el doctor Guillermo Lozano.

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor Pedro R. David y en segundo y tercer lugar los doctores W. Gustavo Mitchel y Juan E. Fégoli, respectivamente (fs. 45).

El señor juez doctor Pedro R. David dijo:	I- 1°) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, resolvió condenar a Jorge Alberto Gil Ramírez como autor penalmente responsable del delito de contrabando de importación de estupefacientes, agravado por el presunto destino de comercialización en grado de tentativa, a las penas de cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación especial para ejercer el comercio por seis meses, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como funcionario o empleado aduanero, miembro de la policía auxiliar aduanera, o de las fuerzas de seguridad, despachante de aduana, agente de transporte aduanero o proveedor de abordo de cualquier medio de transporte internacional y como apoderado o dependiente de cualquiera de estos tres últimos e inhabilitación absoluta por el doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario o empleado público -fs. 130/132 vta. de los autos principales-.

Posteriormente, Jorge Alberto Gil Ramírez solicitó la devolución de las pertenencias que le fueran secuestradas al momento de su detención, bienes que fueron descriptos en el informe actuarial de fs. 5. A fs. 12 se reiteró la devolución y a fs. 14 el tribunal a quo resolvió devolver al imputado sólo algunos efectos que allí se detallan, no haciendo lugar a la devolución de los demás bienes y dinero especificado en el informe de fs. 5.

Contra dicha resolución, la defensa particular del nombrado interpuso recurso de casación a fs. 19/24 vta., el que concedido a fs. 26/28, fue mantenido a fs. 35.

2°) Que el recurrente se agravió, pues sostuvo la existencia del error en que incurre el tribunal, "al no diferenciar la naturaleza jurídica de dos institutos perfectamente distinguibles (secuestro y decomiso), lo que se traduce en una errónea aplicación de la ley". A su vez, indicó que "el secuestro de los bienes, propiedad de mi asistido, ha sufrido el efecto del decomiso, y por supuesto en forma improcedente, debido a que no condice en absoluto con la naturaleza jurídica ni la finalidad del mencionado instituto. Más aún si se tiene en cuenta que el decomiso, significa la incautación de una cosa por la comisión de un delito, específicamente se refiere a los objetos e instrumentos del delito y a los efectos de procedencia delictual, ya que una de las consecuencias de la condena -carácter accesorio- importa la pérdida de ellos".

Por otra parte, expresó que el delito juzgado es contrabando de estupefacientes en grado de tentativa y que este delito no subsume el contrabando menor de mercadería, del que tampoco se deja ninguna constancia en ninguna parte del proceso.

También se agravió acerca de la falta de pronunciamiento en la sentencia definitiva respecto de los bienes retenidos a Jorge Alberto Gil Ramírez en el momento del procedimiento, sosteniendo que el tribunal a quo ha dictado una nueva resolución posterior a la sentencia definitiva, disponiendo de los bienes en cuestión, después de que se aquélla encontrara firme.

3°) Que, durante el plazo del art. 465 del Código Procesal Penal de la Nación y en la oportunidad del art. 466 ibídem, la Defensa Pública Oficial ante esta Cámara solicitó que se haga lugar al recurso de casación, expresando que los bienes retenidos no constituyen el objeto del delito ni han sido valorados como prueba en el presente proceso, al tiempo que señaló que la resolución recurrida implica una vulneración a la garantía de la cosa juzgada -fs. 38 y vta.-.

En igual oportunidad procesal, el señor Fiscal de Cámara presentó el escrito glosado a fs. 40 y vta., donde sostuvo que el recurso intentado debe ser rechazado ya que "las razones volcadas por el Tribunal para la denegación de la devolución de los bienes son suficientes y fundadas; ello basándose en las previsiones del art. 523 del C.P.P.N. el cual establece que dichos bienes constituyen la garantía tanto al pago de las costas del proceso judicial, como así también de las sanciones que pueda imponer la autoridad aduanera".

4°) Que a fs. 45 se dejó debida constancia de haberse superado la etapa prevista en el art. 468 del C.P.P.N..

II- Llegadas las actuaciones a este Tribunal estimo que el recurso de casación interpuesto con invocación de lo normado en el art. 456, inc. 2°, del Código Procesal Penal de la Nación es formalmente admisible toda vez que del estudio de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional surge que el recurrente invocó fundadamente la errónea aplicación de la ley procesal; además el pronunciamiento mencionado es recurrible en virtud de lo dispuesto por el art. 457 del citado Código.

III- El tribunal de mérito decidió condenar a Jorge Alberto Gil Ramirez por el delito de contrabando de importación de estupefacientes, agravado por el presunto destino de comercialización en grado de tentativa. Para así decidir tuvo por acreditado que "el 28 de mayo del corriente año, cuando Jorge Alberto Gil Ramírez se presentó en la guardia de la Sub unidad 'Puente Internacional' dependiente del Escuadrón 21 'La Quiaca' de Gendarmería Nacional', a los fines de solicitar permiso para ingresar al país, al procederse al control aduanero migratorio de rutina sobre las pertenencias del mismo, se constató que transportaba una bolsa de dormir adherida a una mochila de campaña y al proceder a separar ambos objetos se advirtió que poseían un peso anormal, reaccionando el can detector de narcóticos a la presencia de estupefacientes. Ante ello se procedió a abrir la cubierta que poseía la bolsa de dormir, observándose en su interior, una tela de color verde de la que emanaba un olor penetrante, por lo que se procedió a extraer un retazo de la misma, el que sometido a la prueba de orientación de narcotest reaccionó positivamente a la presencia de cocaína. Posteriormente se procedió al control de la mochila, constatándose que contenía en forma oculta, en toda su estructura telas similares a la mencionada en la bolsa de dormir, extrayéndose muestras de las mismas, reaccionando en su totalidad cromáticamente a la presencia de cocaína" -fs. 131 de los autos principales-.

Es del caso destacar que el tribunal de mérito en ningún momento hace mención de las pertenencias retenidas al imputado al momento de la detención, por lo que surge claro que no son éstas las probanzas que el tribunal oral tuvo en cuenta al momento de condenar a Gil Ramírez.

Cabe sostener que esta Sala ha dicho en la causa n° 4757, "Gómez, Carlos Alberto s/ recurso de casación", reg. n° 6393, rta. el 08/03/04, que "el decomiso constituye una pena pecuniaria accesoria que recae sobre aquellos objetos que les pertenecen a los condenados por un hecho delictivo cualquiera sea su grado de participación; y que fueron intencionalmente utilizados para consumar o intentar el delito, sin importar que hayan servido a todos los participantes, a uno o a alguno de ellos" (conf. Ricardo C. Núñez, "Tratado de Derecho Penal", Parte General, T° II, Córdoba, 1988, págs. 445/446 y Jorge De La Rúa, "Código Penal Argentino", Parte General, Buenos Aires, 1997, págs. 343 y 347); y que "en igual sentido se expide Fontán Balestra, para quien resulta indiferente que el objeto utilizado haya servido a cualquiera de los partícipes, siempre que sea de propiedad de alguno de los sujetos penalmente responsables por el hecho ilícito cometido" (conf. Carlos Fontán Balestra, "Tratado de Derecho Penal", Parte General, T° III, pág. 266).

En esta misma inteligencia, este Tribunal sostuvo en la causa n° 3960, "Millapel, Julio César y Oller, Marcelo Iván s/ recurso de casación", reg. n° 5326, rta. el 21/11/02, que el art. 30 de la ley 23.737, que los instrumentos del delito -a los que se refiere el art. 23 del Código Penal-, "son, en general, los utilizados como tales o los objetos intencionalmente utilizados para consumar o intentar el delito" (confr. De la Rúa, Jorge, "Código Penal Argentino. Parte General", Ed. Depalma, 2° edición, Buenos Aires, 1997, pág. 345).

En el presente caso, el tribunal a quo no dispuso el decomiso de los bienes del imputado en la sentencia -ni tampoco impuso ninguna pena pecuniaria que se deba hacer efectiva-, por lo que no hay razón valedera alguna para que estos no sean restituidos a su propietario.

Asimismo, carece de razonabilidad y fundamentación jurídica la referencia que se efectúa en la resolución recurrida -a fin de denegar la devolución de los bienes- acerca de "las sanciones que la autoridad aduanera imponga por ese delito ya juzgado", desde que allí no se menciona -y ni siquiera se deja entrever en la decisión puesta en crisis- qué sanciones económicas podría imponer la autoridad de aplicación administrativa ante un conato de contrabando de estupefacientes.

IV- Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso deducido por la defensa oficial de Jorge Alberto Gil Ramírez a fs. 19/24 vta., sin costas, y en consecuencia, anular la resolución de fs. 14/15 vta. y remitir las presentes actuaciones al tribunal a quo a los efectos de un nuevo pronunciamiento. Tal es mi voto.

Los señores jueces doctores W. Gustavo Mitchell y Juan E. Fégoli dijeron:

Que adhieren al voto precedente.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal RESUELVE: Hacer lugar al recurso deducido por la defensa oficial de Jorge Alberto Gil Ramírez a fs. 19/24 vta., sin costas, y en consecuencia, anular la resolución de fs. 14/15 vta. y remitir las presentes actuaciones al tribunal a quo a los efectos de un nuevo pronunciamiento (arts. 471, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación) Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a los fines del artículo 400, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación en función del artículo 469, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal y remítase al tribunal de procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Firmado: señores jueces doctores Pedro R. David, W. Gustavo Mitchell y Eduardo E. Fégoli. Ante mí: Gabriela García.