Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-20


2º Instancia. - Buenos Aires, noviembre 20 de 2007.

El doctor Pirroni dijo:

I) Contra la sentencia de fs. 592/601 apela la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia a fs. 610/618 y Activa Comercial SA a fs. 621/624. Por su parte, el Sr. perito contador cuestiona la regulación de sus honorarios por considerarlos reducidos (ver fs. 608).

La Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia se queja porque se la consideró incursa en la situación del art. 86 de la LO. Insiste en que el actor habría sido socio cooperativo de la codemandada y por ende, ninguna vinculación contractual lo unía con la apelante. Cuestiona los montos diferidos a condena, señalando que debería tenerse en cuenta el tope salarial de $ 995,04 aplicable y no la remuneración tomada en grado. Apela la solidaridad prevista en el art. 30 LCT a la relación entre dispuesta entre ella y Activa Comercial SA. También cuestiona el rechazo de la citación de terceros oportunamente solicitada por su parte al contestar demanda.

Activa Comercial SA, por su parte, también se agravia porque se la consideró incursa en el art. 82 de la LO. Se queja porque fueron incorrectamente valoradas las declaraciones testimoniales rendidas en autos y especialmente, porque fue omitido considerar que los Sres. Palastanga y Bellota tienen juicio pendiente contra las demandadas. Señala que la falta de exhibición de libros no puede aplicarse cuando se ha negado la existencia de la relación laboral. Finalmente también cuestiona la valoración de la profusa prueba documental adjuntada por la actora.

Tales agravios merecieron oportuna réplica de su contraria, según surge de los memoriales presentados por la actora a fs. 635/643 y fs. 648/663.

II) Ante todo debo destacar que es conclusión firme del fallo apelado que la Sra. Arrechea ingresó a las órdenes de la Asociación demandada el 20 de julio de 2002 como promotora de ventas de planes de salud del Hospital Francés.

También surge de autos que en septiembre de 2004, la Asociación demandada comunica al personal de ventas que comenzarían a depender de Activa Comercial SA.

Asimismo, también se desprende de las constancias de la causa que la actora con fecha 11 de octubre de 2005 intimó a la Asociación accionada con el fin de que sea registrada su relación laboral y, frente a la negativa de la relación laboral comunicada por ésta el 18 de octubre, se consideró injuriada y despedida el 20 de octubre de 2005. De igual modo, respecto de la codemandada Activa Comercial SA: la trabajadora intimó el 11 de octubre de 2005 el debido registro de su relación y, ante la negativa de la vinculación, se consideró injuriada y despedida el 14 de octubre de 2005.

III) En primer lugar, las accionadas se quejan por considerar incorrectos los apercibimientos aplicados, derivados de las situaciones previstas por los arts. 82 y 86 de la LO. Al respecto, cabe señalar que, contrariamente con lo sostenido por las recurrentes, conforme lo establecido en el art. 86 de la LO "el que deba absolver posiciones será tenido por confeso sobre los hechos expuestos en la demanda o contestación, salvo prueba en contrario" y agrega el art. 87 de la LO que si se tratare de personas de existencia ideal -como ocurre en el presente- además de los representantes legales, podrán absolver posiciones sus directores o gerentes con mandato suficiente.

En efecto, tal como bien se precisa en el acta de fs. 251/253 "... la ley busca otorgar personería suficiente a un director o gerente que cumpla funciones de tal en el seno de la sociedad que intenta representar y no que detente el carácter de apoderado para actuar, como en este caso en la audiencia de la prueba oral...", por lo que resulta exacto que, en el caso de autos, quienes intentaron absolver posiciones son apoderados de las empresas demandadas, con facultades conferidas en los respectivos poderes para absolver posiciones pero no cumplen con las exigencias del art. 87 LO que exige, además de la existencia del mandato, la prueba de que quien aparece allí designado desempeña ese cargo.

Considero que para tener por cumplidas las formalidades expresadas en la referida disposición, reitero, no es suficiente haber adjuntado un poder otorgado para absolver posiciones, pues es necesario que sea acompañada constancia demostrativa de la designación de quien pretende ejercer el cargo invocado. De este modo, teniendo en cuenta que quien se presentó para absolver posiciones no forma parte del órgano directivo de la empresa, o en caso de ser así, no fue acreditado en el presente, propongo mantener sin más lo decidido en grado al respecto.

IV) Con relación a la queja intentada por la Asociación demandada por el rechazo de la citación de Provincia Salud y Grupo Bapro SA, como terceros, advierto que tampoco asiste razón a la recurrente toda vez que, según mi criterio, solo procede la intervención de terceros en el proceso cuando éstos tengan en el litigio un interés directo, de tal manera que la sentencia que se dicte les resulte obligatoria (cfr. CSJN en la causa "Zofracor SA c. Estado Nacional", Z 74 XXXV, sentencia del 14 de diciembre de 1999, publicada en Fallos 322:3122).

En efecto, para que la parte pueda llamar a un tercero, es necesario que la misma considere común la causa y, por consiguiente, que aquel sujeto que ha permanecido extraño al proceso, sea titular de una situación jurídica conexa con aquella que es objeto del juicio hasta el punto de tener comunes con esta última el petitum y la causa petendi (cf. del registro de la Sala X, la causa "Frías Juan c. Finexcor SA", sentencia nro. 8071 del 28 de febrero de 2002). La figura de la intervención de terceros comprende, de este modo, aquellas hipótesis en las cuales la parte eventualmente vencida tenga una acción de regreso contra el tercero, o medie conexidad entre la realidad controvertida en el proceso y otra relación existente entre el tercero y alguna de las partes originales, circunstancias que, a mi juicio, no se verifican en la especie y que me llevan a propiciar el rechazo de este aspecto de la queja.

V) En lo que respecta a la relación que uniera a las partes, adelanto que comparto el criterio adoptado en origen en punto a la efectiva prestación de servicios de la Sra. Arrechea para las demandadas. Al respecto, advierto que si bien ambas demandadas negaron haber mantenido una vinculación dependiente con la actora, lo cierto es que ambas requeridas quedaron incursas en la situación prevista por los arts. 82 y 86 de la LO, circunstancia que me lleva a tener por cierta la documentación acompañada por la actora y a presumir como ciertos los hechos afirmados en el relato inicial, salvo prueba en contrario. Sin embargo, tal como se afirma en grado, no surge de autos elemento suficiente alguno que me permita concluir que aquella prueba se llegó a concretar.

Si bien no soslayo las referencias de las declaraciones testimoniales de la Sra. Giani (fs. 385) y Molina de Cuomo (fs. 388), impugnados por la parte actora a fs. 304/395, considero que las mismas no resultan suficientes a los fines pretendidos toda vez que del relato brindado por los citados deponentes no surge elemento suficiente ni idóneo alguno que permita desvirtuar la presunción referida, máxime teniendo en cuenta que no se advierte como la Sra. Molina de Cuomo, en su carácter de gerente de recursos humanos de la Asociación demandada, cumpliendo funciones en la Asociación desde el año 1973, desconoce si se vendían planes de salud y, en su caso, que sector hacía la venta de los mismos.

Por el contrario, del concordante relato brindado por los testigos ofrecidos por la parte actora -no impugnados por las demandadas- Sr. Terg (fs. 374/375), Sra. Bellota (fs. 377/378) y Sra. Palastanga (fs. 386/387), aún teniendo en cuenta que poseen juicio pendiente contra las demandadas, y del testimonio de la Sra. Budini (fs. 383/384), surge que la Sra. Arrechea efectivamente cumplió funciones de promotora de venta de planes de salud del Hospital Francés desde julio de 2002. Asimismo, coinciden al indicar el horario cumplido, que se hacían guardias los días sábados, que recibía órdenes de supervisores de la Asociación, que percibía el sueldo denunciado en el inicio y que no se entregaban recibos de ley.

También dan cuenta del "obligatorio y forzoso" traspaso del personal del sector de ventas de planes de salud a la firma Activa Comercial SA en el año 2004, para realizar las mismas tareas que en la Asociación, bajo las órdenes del mismo supervisor y sin cumplimentar el registro de la trabajadora. Y tales circunstancias, también se ven avaladas por la fecha de firma de un contrato entre la Asociación y Activa Comercial SA por medio del cual esta última se encargaría de vender los planes de salud de la asociación demandada, contrato que tiene una vigencia desde el 10 de noviembre de 2004 hasta el 15 de septiembre de 2005 (ver informe presentado por el Sr. perito contador a fs. 536 - no cuestionado).

Resta señalar que la manifestación vertida por la actora referida a que nunca se registró la relación laboral, cubriéndola bajo la figura de la Cooperativa de Trabajo Primero de Julio Ltda. resulta irrelevante a los fines pretendidos toda vez que, más allá de la existencia formal de la Cooperativa, medió por parte de la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia una efectiva utilización de los servicios de la Sra. Arrechea para lograr el cumplimiento de sus fines.

Debo señalar que, tal como he sostenido en casos análogos al presente, es trabajador subordinado quien pone su energía de trabajo a disposición de otra persona o empresa, resultando indiferente para su determinación que los interesados le hayan denominado de otra forma, de manera que se pretenda excluir la tutela de normas de orden público como lo son las que rigen el contrato de trabajo (ver mi voto en "Roger Juan Carlos c. Simonetti Alberto Horacio s/despido", S. Definitiva nro. 80.605 del 24/04/2003, entre otros).

En tal sentido, cabe indicar que al desempeñarse el actor en tareas que hacen a la actividad específica de la accionada, máxime si se cumplen en el establecimiento de ésta (cfr. entre otros, "Mariani Angel A. c. Biaggi José M.", S. Definitiva nro. 53.073 del 30/06/1986) y recibir pagos periódicos por su labor, me llevan a presumir la existencia de un contrato de trabajo (arg. arts. 4º, 6º, 21, 23, 25 y cc. LCT).

Finalmente cabe precisar que, acreditada la efectiva prestación de la Sra. Arrechea para las demandadas, deviene aplicable la presunción establecida en el art.55 LCT que permite tener por ciertas las afirmaciones de la trabajadora, sobre circunstancias que debían constar en los libros y registros de las demandadas previstos por los arts. 52 y 54 LCT, salvo prueba en contrario -situación que tampoco se ha verificado en la especie-.

En cuanto a las demás alegaciones del memorial recursivo, tengo en cuenta que es jurisprudencia de la CSJN que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (cfr. Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320, entre otros) y, con tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada precedentemente. Por ello, propongo desestimar sin más las quejas intentadas en este aspecto.

VI) En cuanto a la escueta queja esbozada acerca de los montos diferidos a condena, corresponde indicar que la misma tampoco debería prosperar. Si bien de la respuesta brindada por el Ministerio de Trabajo a fs.412 se desprende el tope que sería aplicable respecto del CCT 107/75 (de $ 995,04), lo cierto es que la actora en su demanda denunció la aplicación del CCT 103/75, y la demandada nada indicó al contestar demanda.

De todos modos, teniendo en cuenta las partes intervinientes, signatarias de cada uno de los convenios denunciados, considero que el invocado por la actora y tomado por la Sra. Juez de grado, resulta aplicable por cuanto del texto del mismo surge que las partes intervinientes son "Asociación de Hospitales Particulares, de Beneficencia y Mutualistas de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina" (artículo 1º) y luego, aclara en su artículo 2º el ámbito de aplicación "Hospitales Alemán, Británico, Centro Gallego, Español, Francés, Israelita, Italiano, San Martín, Sirio Libanés y ALPI".

Conforme lo expuesto, teniendo en cuenta lo informado por el Sr. perito contador en el informe agregado a fs. 532/540 y la situación en que se encuentran las demandadas (arts. 86 LO), considero corresponde desechar sin más la queja intentada y mantener la liquidación practicada en grado.

VII) En cuanto a la responsabilidad solidaria dispuesta en grado entre las empresas demandadas, conforme lo manifestado al analizar la queja de las demandadas acerca de la relación laboral mantenida entre las partes (ver punto V del presente), comparto el criterio expuesto en Primera Instancia, teniendo especialmente en consideración el contrato celebrado entre ambas demandadas, el "forzado" traspaso de personal de una empresa a otra (cesión de personal; arg. art. 229 LCT) y los incumplimientos registrales verificados en la especie por ambas accionadas. Por ello, según mi criterio, tal situación encuadra en las previsiones del art. 30 LCT y me lleva también a desechar este punto de la queja intentada.

VIII) De conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los fijados en grado a favor del Sr. Perito contador no resultan reducidos, por lo que propongo sean mantenidos (art. 38 LO y normas arancelarias de aplicación).

IX) Estimo que las costas de Alzada deberían imponerse a cargo de las demandadas, en su carácter de objetivamente vencidas en el pleito (arg. art. 68 CPCC), a cuyo efecto propongo regular los honorarios de los Sres. letrados firmantes a fs. 610/618, fs. 621/624 y fs. 635/644-648/663 en el 25%, 25% y 27%% respectivamente de lo que a cada uno de ellos les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa (art. 38 LO y normas arancelarias de aplicación).

De compartirse mi voto, correspondería: a) Confirmar el fallo apelado en todo cuanto fue materia de recursos y agravios; b) Fijar las costas de Alzada a cargo de las demandadas vencidas; c) Regular los honorarios de los Sres. letrados firmantes a fs. 610/618, fs. 621/624 y fs. 635/644-648/663 en el 25%, 25% y 27%% respectivamente de lo que a cada uno de ellos les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa.

El doctor Vilela dijo:

Por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a) Confirmar el fallo apelado en todo cuanto fue materia de recursos y agravios; b) Fijar las costas de Alzada a cargo de las demandadas vencidas; c) Regular los honorarios de los Sres. letrados firmantes a fs. 610/618, fs. 621/624 y fs. 635/644-648/663 en el 25%, 25% y 27%% respectivamente de lo que a cada uno de ellos les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa. Oscar Norberto Pirroni. - Julio Vilela.