Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-03


2º instancia. - Buenos Aires, junio 3 de 2008.

1. La sentencia de primera instancia dictada en fs. 439/440, aclarada en fs. 442, rechazó el ataque constitucional formulado por el actor respecto a las leyes 25.561 y 25.820 y de los decretos 214/02 y 320/02 y 762/02 y mandó llevar adelante la ejecución contra los demandados Oscar Muela, Dalinda Olga Blanco, Anibal Gabriel Muela, Edgardo Oscar Muela y Liliana Beatriz Gonzalez, hasta hacer al acreedor Miguel Ángel Vélez, íntegro pago del capital reclamado de $7600, con más los intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días desde la mora acaecida el 2/04/00 hasta el efectivo pago.

2. El ejecutante apeló dicho pronunciamiento en fs. 441, y los incontestados fundamentos de su recurso obran expuestos en fs. 489/548, donde insistió en la pertinencia del planteo de inconstitucionalidad de las leyes 25.561 y 25.820 y de los decretos 214/02 y 320/02 y 762/02 a la vez que solicitó se eleve la tasa de interés fijada hasta el máximo de intereses compensatorios y punitorios autorizados por la jurisprudencia, esto es: dos veces y media la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento.

En fs. 834 fue oída la señora Fiscal General ante la Cámara.

3.a) En cuanto a la procedencia del planteo de inconstitucionalidad formulado por el accionante, los jueces Vassallo y Heredia remiten brevitatis causae a sus respectivos votos en la causa "Papamundo S.A. y otro c/ Solvay Indupa S.A. s/ ordinario", sentencia del 8/3/07, en la que declararon la constitucionalidad de las normas de emergencia que "pesificaron" las obligaciones no vinculadas al sistema financiero existentes con anterioridad al 6 de enero de 2002, hubiera o no mora del deudor a esa fecha.

En función de ello, por mayoría integrada por tales vocales, se decide rechazar el planteo de inconstitucionalidad de las leyes 25.561, 25.580 y los decretos: 214/02, 320/02 y 762/02.

El juez Dieuzeide deja a salvo su opinión disidente expuesta en el citado precedente "Papamundo"; y concurre a votar en los aspectos que siguen, de conformidad con la doctrina de la CSJN según la cual la mayoría en una decisión previa obliga a la minoría en todo tribunal colegiado (Fallos 310:2845).

b) Con respecto al agravio en punto a los réditos fijados en la sentencia, ellos serán readecuados a las pautas establecidas en la ley 25.796:1 y D. 1242/02 conforme lo resuelto por esta Sala el 21.11.2007, "Soula Marta Susana c/ Pérez Darío s/ Ejecución Prendaria".

Así la condena progresará por la suma de $ 7.600 (conversión legal a la relación U$S 1 = $ 1), la que se ajustará conforme el C.V.S. (art. 2º inc. c) y 4º de la ley 25.713 y en el anterior decreto 762/2002) a partir del 1º de octubre de 2002 y hasta el 31 de marzo de 2004, período en que la ley otorga vigencia a este coeficiente (conf. art. 1º de la ley 25.796).

A su vez, desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago, se aplicará el interés nominal anual pactado en el contrato vigente al 2 de febrero de 2002 (fs. 4), salvo que superara al promedio de las tasas vigentes en el sistema financiero durante el año 2001; y en ese caso se aplicará esta última. Ello conforme el art. 4 de la ley 25.796, reforma que recogió el texto del art. 9 del decreto 1242/2002.

En cuanto al período anterior al 1º de octubre de 2002 también se aplicará la tasa convenida, con igual límite al señalado (tasa vigente promedio en el sistema financiero durante el año 2001); con la salvedad de que se calculará sobre el capital pesificado sin la actualización del C.V.S., hasta la fecha en que la aplicación del coeficiente comienza a regir.

En cambio, desde el 1º de octubre de 2002 hasta el 31 de marzo de 2004 el interés debe calcularse sobre el capital actualizado por el C.V.S., pues a partir de ese momento comienza a correr el coeficiente.

4. Por lo expuesto, se Resuelve:

a) Confirmar la sentencia de la anterior instancia en cuanto pesificó la obligación, modificándola con el alcance establecido en el considerando 3.b.

b) Sin costas de alzada por no mediar contradictorio.

Notifíquese a la señora Fiscal General en su despacho y, oportunamente, devuélvase a primera instancia, encomendándose a la señora juez a quo practicar las notificaciones y diligencias ulteriores (art. 36. inc. 1º, del Código Procesal). -Gerardo G. Vassallo. -Juan José Dieuzeide. -Pablo D. Heredia.