Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14


SENT Nro. 763 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la parte actora como por la parte demandada en autos: "Molina, Luis María vs. Frigorífico Paladini S.A. s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, con fecha 30 de marzo de 2001 (fs. 1040/1046), ambas partes, luego de resueltas las respectivas aclaratorias y revocatoria de la demandada (fs. 1120/1122 y vta.), interponen recurso de casación, el que es concedido por sendos autos del 14 de diciembre de 2001 (fs. 1136) y 19 de marzo de 2002 (fs. 1174).Consta en el informe actuarial de fs. 1227, que sólo ha presentado memorial facultativo la parte actora.

2.- El fallo atacado y luego aclarado acoge la demanda por la suma de $405.638,39, en concepto de comisiones por ventas y cobranzas, integración mes de despido, indemnización por preaviso, antigüedad y clientela, y comisiones y aguinaldos por los períodos que allí se indican. Impone las costas a la vencida en el principal y por su orden en las aclaratorias y revocatoria.

Trata en primer lugar lo referido a la categoría profesional, tareas, modalidad de la prestación, lo que en su concepto lleva implícita la real fecha de ingreso bajo la dependencia de la demandada.

Resume las posturas de las partes en cuanto en primer lugar está acreditada una contratación con una firma entre el 16/3/95 y el 30 de setiembre del mismo año, adjuntando actuación notarial sobre las tareas que cumplía de venta y cobranzas a favor de la demandada, relatando a continuación la posición de esta última, en cuanto a que se trataba de un contrato de fomento de empleo, por tiempo determinado, que con sus sucesivas prórrogas tuvo vigencia hasta el 16/4/97, habiéndole remitido telegrama en los términos del art. 44 de la ley 24.013, razón por la que niega que el actor haya cumplido funciones de viajante de comercio.

Adelanta su opinión acerca de que la actividad del actor se desarrollaba en función del CCT 56/75 y la ley 14.546, lo que considera acreditado con los informes y testimonios que detalla, rechazando o acogiendo tachas.

Estima que hay probado incumplimiento ante la fehaciente notificación judicial de exhibición, con respecto a las operaciones de ventas, notas de pedidos, recibos de cobranza y totalidad de facturas correspondientes a las diversas actividades cumplidas por el actor, teniendo por ciertas las afirmaciones del accionante a tenor de los arts. 61 y 91 CPTT.

Refiere la pericial producida en el sentido de que de la documentación de la demandada no surge que lleve el libro de viajantes del art. 10 de la ley 14.546, habiendo sido en su concepto fraudulentamente registrado en el libro de remuneraciones del art. 52 del CCT 422/75, resultando que todas las operaciones declaradas entre las partes están reconocidas por los clientes, y que las ventas fueron realizadas por el actor Luis María Molina.

Explica que la propia demandada reconoce que en los contratos de fomento que el convenio aplicable es el de la carne 56/75, incurriendo en una contradicción, y un fraude laboral, analizada la situación a luz de la teoría de los actos propios, además de que las firmas de las fichas personales no pertenecen al actor, y que ofrecidas como instrumental al contestar la demanda se utilizaron para justificar la existencia de una modalidad de contratación al amparo de los arts. 43 a 46 de la ley 24.013.

Agrega además lo referido a la fianza constituida a favor de la demandada por las gestiones de cobranzas que realizara Molina, reiterando lo de la prueba producida a través de informes y el cumplimiento que hace el demandante de la declaración jurada del art. 11 de la ley 14.546. operándose la inversión del onus probandi, cuando no lleva el libro especial que prevé el mencionado ordenamiento.

Como segunda cuestión, cuando analiza la comunicación, y en virtud de lo considerado con anterioridad dice que se está en presencia de una relación por tiempo indeterminado, ya que cumplía tareas de viajante y los contratos celebrados lo han sido en fraude de la legislación laboral y previsional, discriminando en planilla los rubros de condena.

3.1.- La expresión de agravios de la actora comienza con algunas consideraciones en torno a la admisibilidad del mismo postulando que la Sala ha cometido un error in iudicando, desde que se trata de un error en la aplicación del art. 245 LCT, al liquidar la indemnización por antigüedad con el tope del convenio colectivo nro. 56/75.

En esa línea agrega que ha habido un error interpretativo de esa disposición que precisamente manda que el importe de la indemnización en ningún caso podrá ser inferior a dos meses de sueldo calculados en base al sistema del primer párrafo, sin que la modificación dispuesta por el art. 153 de la ley 24.013 refiera tope alguno.

Así explica que la indemnización no puede ser inferior a dos meses de sueldo, por lo que debió tomar como base el promediado de $ 13.241,11 por dos, lo que tiene como consecuencia la modificación de la indemnización por clientela y el preaviso en los términos del art. 14 de la ley 14.546, proponiendo doctrina legal al respecto.

3.2.- A su turno la demandada hace un breve referencia a los requisitos de admisibilidad, imputando arbitrariedad al decisorio, en cuanto omite la consideración de pruebas sustanciales, violando las reglas de la sana crítica, considerando no son de aplicación al supuesto de autos las disposiciones de la ley 14.546.

Imputa que la primera contradicción surge de la afirmación que transcribe, en el sentido de que la demandada no lleva el libro especial previsto por el artículo 10 del ordenamiento de los viajantes de comercio.

Explica que en la prueba producida mediante oficio ley 22.172 librado al Centro Judicial de Rosario consta ello, advirtiendo que por una parte al rechazar la oposición a la prueba la Sala le da relevancia, omitiendo luego la consideración de la misma.

Pregona que debe descalificarse también la decisión desde que la calidad de viajante del actor se funda únicamente en las testimoniales, en contradicción con la pericia contable producida en los registros de la demandada.

Hace algunas apreciaciones sobre cada uno de los testigos, entre las que incluye la vinculación de ellos con algunas firmas del medio, para abordar lo referido al contenido de la pericial, en cuanto de ellas surge que se trata de ventas directas, bajo el código nro. 25.

Agrega que en los listados no figura el actor en las liquidaciones por ventas y cobranzas, no existiendo la planilla que se menciona, ya que sólo hay facturas de ventas y recibos de cobranzas a los que tenía acceso por su función de supervisor.

Luego en subsidio plantea que lo que la sentencia admite como probados en base a la falta de exhibición, en función de las constancias de fs. 531 y 539/541, cuando ha dado cumplimiento a fs. 543, según el mismo juzgado lo provee a fs. 545 vta..

Expresa que en la pericial tramitada por oficio ley 22.172 se ha constatado que la demandada lleva el libro del art. 10 de la ley 14.546 y 52 LCT, a lo que se agregan las respuestas que dan cuenta de la autorización administrativa para utilizar el sistema de registración por computadora, que incluye el mencionado libro, situaciones todas estas que en su concepto demuestran que no pueden admitirse la totalidad de ventas y cobranzas por la falta de exhibición.

Se agravia asimismo de las desmedidas comisiones receptadas por el fallo en forma implícita, cuestión controvertida en autos, sólo con una frase que reenvía a la liquidación practicada por el perito y la demandada, rechazando en su concepto indebidamente la aclaratoria planteada sobre el punto.

Todo ello cuando era el propio auxiliar el que manifiesta que no ha podido determinar las comisiones de ventas y cobranzas, agregando que en el informe se explica que no podía realizar un muestreo de las comisiones de empresas similares y la planilla es sólo un recálculo de la efectuada por el actor.

Refiere los porcentajes de las comisiones que surgen de los autos "Del Barco, Juan Carlos vs Frigorífico Paladini S.A. s/Cobros", traídos como hecho nuevo a esta causa, agregado que de la mencionada pericial contable producida por oficio se informe que las comisiones de ventas eran del orden de 1,10%; 0,55%; 0,45% y 0,90%, mientras que por cobranzas 0,45%, conclusiones todas ellas no impugnadas.

Con respecto a que Molina se consideraba viajante como continuador de Alberto Lino Espinosa, explica que este último no era viajante, sino que tenía un contrato de locación, depósito y mandato, al que sí se le pagaba un 5% después de todas las deducciones que correspondieren, resultando en consecuencia servicios distintos a los aquí demandados, por los que retribuirlos con el mismo porcentaje, significaría un enriquecimiento sin causa del actor.

Por último plantea que el sentenciante al cambiar la calificación de supervisor de ventas por el de viajante de comercio, no manda descontar los importes percibidos por otros conceptos, quedando sin causa jurídica los pagos efectuados, lo que deben ser tomados como a cuenta en función del art. 260 LCT.

4.- Reexaminadas la admisibilidad de ambos recursos se advierte que estamos en presencia de presentaciones temporáneas contra sentencia definitiva, existe motivo casatorio bastante, habiendo cumplido la demandada con el afianzamiento, y planteada fundadamente la arbitrariedad del fallo, por lo que corresponde abordar su procedencia.

5.- Reiteradamente se afirmó que el tópico referido a la relación laboral que vinculó a las partes y a la calidad de trabajador dependiente en carácter de viajante de comercio del actor, constituyen cuestiones fácticas, fijadas en base a la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa, e irrevisable en la instancia de la casación.

Así se ha dicho que "la determinación precisa de los actos que caracterizan debidamente la categoría profesional del viajante de comercio, ha tropezado con dificultades de la más variada índole y en muchos casos ha exigido la labor interpretativa de los jueces en procura de aclarar debidamente los hechos sometidos a su consideración" (C.Trab. de Córdoba, Sala 3, 26/12/78, publicado en BJC, XXII-957).

Estas cuestiones necesitan del análisis de las pruebas reunidas en el juicio, donde no prevalecerá sólo el aspecto formal de los instrumentos pero sí la existencia de determinadas constancias registrales, que incluso acarrea consecuencias presuntivas de gran trascendencia.

Teniendo en cuenta ese marco, el agravio referido a la omisión de la consideración de la pericial contable, debe receptarse, en razón de que las cuestiones de hecho y prueba deben ser consideradas en casación cuando el decisorio se ve afectado por una omisión de las mismas o al haber transgredido las reglas de la sana crítica en su valoración.

No se está en presencia de un pronunciamiento que contiene decisiones contradictorias, por el hecho de que a fs. 1015 se haya dictado una resolución que rechaza la oposición a la agregación de la prueba pericial, ni aun cuando entre los argumentos se haya expuesto acerca de la "necesidad de contar con la prueba pericial producida", pues la libertad en la selección de los medios que tiene el juez de grado aparece como indiscutible.

Pero en el caso, la sola lectura del cuestionario y las respuestas que se dan al mismo, según las copias que se agregan desde fs. 987 a 1088, ya que según el cargo actuarial de fs. 1011 se trata de un expediente con 344 fojas, revelan un contenido, cuya consideración era inevitable en orden a la totalidad de los aspectos en juego, esto es calidad y características de la vinculación, existencia de despido y si correspondiere el mismo montos que se adeuda.

En razón de ello la sentencia debe ser revocada a tenor de la siguiente doctrina legal "Configura un supuesto de sentencia arbitraria y, por ende, jurídicamente descalificable, la que prescinde de pruebas que obran en el juicio, respecto de los hechos alegados por las partes, cuando éstas revisten el carácter de pertinentes para la solución del litigio", y como consecuencia de ello reenviar los autos a la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponda dicte nuevo pronunciamiento.

6.- Atento el resultado que se arriba resulta inoficioso el tratamiento de los restantes agravios, incluidos los de la actora, debiéndose imponer las costas por su orden en razón de provenir la nulidad de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPTT y 106 inc. 1° CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, con fecha 30 de marzo de 2001(fs. 1040/1046), en base a la doctrina legal que da cuenta el punto "5" de las considerandos y REENVIAR los autos a la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponda dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, como se tratan.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO