Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-05


Buenos Aires,5 de julio de 2006 Visto: el expediente indicado en el epígrafe, resulta:

1. La Sra. Mercedes Beatriz Batlle interpuso demanda contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contra Metrovías S.A ante la justicia contencioso administrativa local, tendiente al resarcimiento de los daños y perjuicios que habría sufrido cuando "a pasos del descanso de la escalera mecánica y al pretender acceder a la calzada, un piso resbaladizo con sorpresivo y pronunciado desnivel, hizo que cayera pesadamente sobre la acera produciéndome fracturas con los consiguientes daños y perjuicios..." (fs. 1). Atribuye a Metrovías SA responsabilidad por la instalación de la escalera mecánica que, con riesgo para las personas, culmina sobre el nivel de la calzada (fs. 1 vuelta, 3 y 3 vuelta) y al Gobierno local por "el deber de custodia de los ciudadanos y contralor de toda obra que pueda afectarlos..." (fs. 3 vuelta).

Al contestar el traslado, Metrovías S.A. planteó las excepciones de incompetencia y de falta de legitimación pasiva (fs. 53/58 vuelta). La primera, basada en el art. 129 de la Constitución Nacional, arts. 5º y 8º de la ley 24.588 y art. 43 de la ley nº 23.637. Sostiene que la justicia de la Ciudad es incompetente para entender en un proceso de esta naturaleza y que éste debe tramitar ante la justicia nacional en lo civil (fs. 53/58 vuelta).

2. En lo que interesa a los fines de esta queja, la jueza de primera instancia rechazó la excepción, con remisión a los fundamentos del dictamen fiscal, que no fue acompañado por la recurrente (fs. 62). Metrovías S.A planteó recurso de apelación contra ese sentencia (fs. 63/68). La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la decisión (fs. 69), por los fundamentos expuestos por la Fiscal de Cámara en su dictamen (fs. 70/73).

3. Contra esa decisión Metrovías S.A. interpuso recurso de inconstitucionalidad. Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y sostuvo que la Cámara no había analizado los fundamentos que expresó en su apelación (fs. 74/80 vuelta).

El tribunal a quo denegó el recurso de inconstitucionalidad porque el pronunciamiento recurrido no tiene el carácter de definitivo ni equiparable a tal y porque la recurrente no introdujo, de manera clara y precisa, una cuestión constitucional (fs. 81).

4. Metrovías S.A. dedujo el recurso de queja previsto en el art. 33 de la ley nº 402 (fs. 85/96). Requerido su dictamen, el Fiscal General propuso que se rechazara la queja por no cuestionarse una sentencia definitiva ni equiparable a ella (fs. 105/107).

Fundamentos:

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. La queja ha sido planteada en tiempo y forma. Sin perjuicio de ello es preciso efectuar ciertas aclaraciones previas a decidir su admisión o rechazo.

2. La recurrente expresa en sus escritos que la sentencia que rechaza la excepción de incompetencia por ella planteada (para que el caso sea juzgado por la justicia nacional en lo civil y no por la justicia local) permite que tal decisión sea considerada "sentencia definitiva" a los fines del recurso extraordinario federal. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que transcribe en apoyo de su petición no se vincula directamente con la cuestión debatida en la causa, ya que se refiere a la denegatoria del fuero federal. Es claro que la decisión de la Corte Suprema de equiparar a "sentencia definitiva" las decisiones que, en las etapas iniciales de un proceso, deniegan el fuero federal cumple la función de permitirle una vía de control inicial de aquellas causas en que alguna de las partes postule la existencia de un interés federal involucrado, que justifique la competencia que la Constitución de la Nación y las leyes establecen para los tribunales del gobierno federal. La invocación por la recurrente de esa corriente jurisprudencial debió ser seguida de la explicación de las razones por las que tal criterio resultaría igualmente aplicable en los casos en los que se deniega la competencia de la justicia ordinaria, que en la Ciudad de Buenos Aires ejercen, hasta hoy, los denominados jueces nacionales.

3. Más allá de no haber sido objeto de invocación por la quejosa, no desconozco lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -por remisión al dictamen del Procurador Fiscal- en la causa "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires v. Alberto Sabino Soto" (Fallos: 325:1520), sentencia del 27 de junio de 2002, en donde se expresó que la resolución que "importa la denegación del fuero nacional oportunamente invocado por el apelante" se equipara a sentencia definitiva. Según el fallo citado, esta cuestión pone "en juego el principio del juez natural, regido por disposiciones constitucionales". Sin embargo, la insuficiencia argumental señalada a la recurrente en el párrafo anterior, es igualmente ostensible en el dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte. La lectura de su dictamen, al que la Corte Suprema se remite en su sentencia, revela que no ha ponderado esa cuestión, con la grave consecuencia de haber inaplicado una disposición local válida y vigente, sin justificar las razones por las que ella debía excluirse para la solución de la controversia.

4. De tal suerte, no corresponde someterse, en esta causa, al criterio sentado por la Corte Federal en aquel aislado precedente. Los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia sólo obligan -por regla general, y salvo supuestos especiales de derecho federal, Fallos: 307:1294-, a los tribunales de instancias inferiores en los casos en los que han sido dictados. Las doctrinas emergentes de esos pronunciamientos no son de acatamiento general, pues -entre otras razones- no constituyen una fuente formal de Derecho prevista en el art. 31 de la Constitución nacional. Aunque la interpretación que el Alto Tribunal efectúa de una ley es una guía para los jueces de las instancias anteriores es posible apartarse de esa interpretación dando nuevos argumentos que justifiquen no seguir la posición sentada por la Corte Suprema, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia.

La prevención consignada en el párrafo anterior toma en cuenta el precedente de esa cátedra de doctrina constitucional, in re: "D. Bernardo Pastorino, capitán de la barca 'Nuovo Principio' contra Ronillon Marini y Cª, sobre pago de sobreestadías" (Fallos: 25:364), sentencia del 23 de junio de 1883. Allí, por remisión al considerando 9º de la sentencia del Juez Federal de Sección doctor Virgilio M. Tedín, recaída en la causa, se dijo: "Que por otra parte las resoluciones de la Corte Suprema solo deciden el caso concreto sometido a su fallo y no obligan legalmente sino en él, en lo que consiste particularmente la diferencia entre la función legislativa y la judicial; y si bien hay un deber moral para los jueces inferiores en conformar sus decisiones como la misma Corte lo tiene decidido en casos análogos, a los fallos de aquél alto Tribunal, él se funda principalmente en la presunción de verdad y justicia que a sus doctrinas da la sabiduría e integridad que caracteriza a los magistrados que la componen, y tiene por objeto evitar recursos inútiles, sin que esto quite a los jueces la facultad de apreciar con su criterio propio esas resoluciones y apartarse de ellas cuando a su juicio no sean conforme a los preceptos claros del Derecho, porque ningún Tribunal es infalible y no faltan precedentes de que aquellos han vuelto contra resoluciones anteriores en casos análogos".

5. Lo expresado en los puntos precedentes resulta suficiente para rechazar la queja, pues la decisión que pretende traer a revisión del Tribunal no es una sentencia definitiva ni puede ser equiparada a tal tipo de resoluciones. Consecuentemente, el recurso de inconstitucionalidad fue correctamente denegado por la alzada.

6. Sin perjuicio de lo expuesto, estimo que la importancia de la cuestión que es dable advertir en la reiterada jurisprudencia de la justicia nacional en lo civil que cita la recurrente referida a la jurisdicción y competencia de ese fuero en asuntos como el de autos, justifica que formule ciertas precisiones adicionales.

a) Los agravios constitucionales formulados por Metrovias SA exigen exponer sucintamente las diversas reglas involucradas en la solución del caso.

El art. 129, párrafos 1° y 2°, CN, dispone: "La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de Gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación".

El Congreso de la Nación dictó la ley n° 24.588 que en su art. 8, 2° párrafo, establece: "La Ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contenciosoadministrativa y tributaria locales".

Por su parte, el art. 106, CCBA, dispone que "corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales...".

La ley n° 7, en su art. 39, establece la composición y competencia de los juzgados de primera instancia en lo civil en los siguientes términos: "La justicia de primera instancia en lo civil está integrada por ciento diez (110) juzgados, que entienden en los asuntos regidos por las leyes civiles cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces y juezas de otro fuero. // Conocen, además, en las siguientes causas: // En las que se reclame indemnización por daños y perjuicios provocados por hechos ilícitos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal; y // En las relativas a las relaciones contractuales entre los profesionales y sus clientes a la responsabilidad civil de aquéllos/as. A los efectos de esta ley, sólo se consideran profesionales las actividades reglamentadas por el Gobierno de la Ciudad".

El art. 48 hace lo suyo respecto de los juzgados en lo contencioso-administrativo y tributario: "La justicia en lo contencioso administrativo y tributario está integrada por quince (15) juzgados que entienden en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado".

Corresponde destacar, asimismo, la disposición complementaria y transitoria primera (sustituida por el art. 4 de la ley n° 189), párrafo 1°: "Los artículos 27 al 35 y 38 al 47, quedan suspendidos en su vigencia. El funcionamiento de estos tribunales queda sujeto al acuerdo que el Gobierno de la Ciudad celebre con el Gobierno Federal con el objeto de transferir los juzgados nacionales de los fueros ordinarios, su competencia y partidas presupuestarias, en los términos de la cláusula decimotercera de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se debe prever las partidas presupuestarias pertinentes para atender las causas, que, en trámite ante el Poder Judicial de la Nación, se remitan al fuero Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires". Finalmente, el art. 2 de la ley n° 189 recepta la especificación del concepto de causa contencioso-administrativa, ya perfilada en el citado art. 48 de la ley n° 7: "Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público" (sic - el destacado ha sido añadido).

Respecto a lo que aquí interesa, la ley n° 24.588 reconoció a la Ciudad de Buenos Aires facultades propias de jurisdicción en materia contencioso-administrativa, entre otras.

La Legislatura de la Ciudad especificó el concepto de causa contencioso-administrativa, en el art. 2 del CCAyT (ley n° 189). Para ello escogió una de las formas posibles para delimitarla, que, como lo señala el dictamen al que remite el fallo recurrido, no resulta novedosa en el ámbito de la Ciudad, pues ya la ley n° 19.987 asignaba a la justicia civil o a la especial en lo civil y comercial, el conocimiento en todas las causas originadas por la actividad de la ex Municipalidad, sean de derecho público o privado.

Como puede verse de la reseña efectuada, tanto en el estado actual del proceso de integración del Poder Judicial local como cuando culmine la constitución de todos los fueros cuya competencia corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la causa debe (y deberá) radicarse ante los juzgados en lo contencioso administrativo y tributario de esta jurisdicción.

b) Más allá de que la caracterización antedicha pudiera haber motivado alguna observación sobre el acierto de tal diseño, no cabe duda que la decisión a la que adscribe el Código, es satisfactoria, razonable y perfectamente compatible con el desarrollo normativo que se inició con la reforma constitucional de 1994.

También es claro que la actividad legislativa de la Ciudad al delimitar la competencia contencioso-administrativa, de ninguna manera vulnera los intereses del Estado nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras ésta sea capital de la República, que el art. 129, CN, ordena preservar. La única competencia especial que el gobierno federal puede ejercer en la Ciudad de Buenos Aires está condicionada, según la regla constitucional citada, a que exista algún interés del Estado nacional que sea necesario garantizar.

c) En el caso, la actora demanda a Metrovias S.A. por los perjuicios ocasionados en ocasión del uso de una rampa de descenso a la vereda desde una escalera mecánica que permite acceder desde los andenes a la acera pública. Y al Gobierno local por haber permitido esa obra. Es claro que la solución de la controversia exigirá considerar disposiciones legales, reglamentarias y aun contractuales referidas a los bienes afectados al servicio público de trenes subterráneos (preceptos locales) y a la responsabilidad (también demarcada por reglas locales) por la correcta instalación de los accesos a las bocas de las estaciones de subterráneos. También deberá ponderarse si el espacio físico en el que ocurrió el hecho estaba bajo el deber de cuidado del Estado local o de la empresa concesionaria (cuestión planteada por Metrovias en la excepción de falta de legitimación pasiva), entre otras cuestiones que deberán ser decididas mediante el examen de reglas de derecho local.

Adviértase que Metrovías S.A. es demandada aquí por las consecuencias de su obrar (instalación de una escalera mecánica que finaliza a cincuenta centímetros por encima del nivel de la vereda y de una rampa de descenso) como concesionaria de un servicio público eminentemente local (los trenes subterráneos) y por el estado de seguridad de los bienes afectados a la concesión, lo que habilita su demandabilidad ante los tribunales locales bajo las reglas del art. 1 del CCAyT.

d) Finalmente, cabe tener presente lo resuelto recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa B. 2303, Libro XL. - "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios", sentencia del 21 de marzo de 2006, al no habilitar su competencia originaria por no constituir una causa civil y reconocer la de los tribunales locales en "...los supuestos en los que, a pesar de demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones de carácter civil, se requiere para su solución la aplicación de normas de derecho público provincial o el examen o revisión, en sentido estricto, de actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias en los que éstas procedieron dentro de las facultades propias reconocidas por los arts. 121 y sgtes. de la Constitución Nacional (Fallos: 180:87; 187:436; 311:1597, entre otros)" -conf. cons. 8)-, si "la pretensión procesal subsume el caso, entonces, en un supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado local por la presunta "falta de servicio" en que habría incurrido un órgano de la Provincia de Buenos Aires derivada del cumplimiento irregular de las funciones estatales que le son propias (Fallos: 306:2030 y sus citas; 320:1999, dictamen de la señora Procuradora Fiscal al que adhiere este Tribunal)" -cf. cons 9)-.

En este sentido, el Alto Tribunal federal agregó: "10) Que se trata, pues, de un daño que los actores atribuyen a la actuación del Estado provincial en el ámbito del derecho público, como consecuencia del ejercicio imperativo del "poder de policía de seguridad" entendido como una "potestad pública" propia del Estado, quien la ejerce cuando lo estima conveniente para satisfacer exigencias de bien público o de interés general; materia cuya regulación corresponde al campo del derecho administrativo y de resorte exclusivo, por ende, de los gobiernos locales, de conformidad con lo dispuesto por el art. 121 y concordantes de la Constitución Nacional; y que encuentra su fundamento en principios extraños a los propios del derecho privado (confr. Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho, Administrativo", Abeledo Perrot, Buenos Aires, segunda edición actualizada, T. IV, nros. 1527, 1601, 1625, 1648, 1686, 1687 y 1688; Fiorini, Bartolomé A., "Manual de Derecho Administrativo", La Ley S.A., Buenos Aires, 1968, Primera Parte, capitulo IV, págs. 82, 83, Segunda Parte, capítulo I, págs. 1103, 1112, 1113, 1131; Forsthoff, Ernst, "Tratado de Derecho Administrativo", Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958, págs. 427). // 11) Que lo expuesto conduce necesariamente -a fin de resolver el caso- al estudio del régimen jurídico administrativo local (...), interpretándolo en su espíritu y en los efectos que la soberanía provincial ha querido darle, todo lo cual no es del resorte de la Corte Suprema (Fallos: 312:606; 319:1407; 322:617).- // 12) Que no obsta a tal conclusión la circunstancia de que para resolver el sub lite se invoquen eventualmente disposiciones contenidas en el Código Civil, pues todos los principios jurídicos -entre los que se encuentra el de la responsabilidad y el resarcimiento por daños ocasionados- aunque contenidos en aquel cuerpo legal no son patrimonio exclusivo de ninguna disciplina jurídica y menos aun del derecho privado, pues constituyen principios generales del derecho aplicables a cualquiera de ellas, aunque interpretándolos teniendo en cuenta el origen y naturaleza de la relación jurídica de que se trate (Fiorini, op. cit., primera parte, págs. 90 y sgtes.). / Tampoco obsta a lo expuesto la circunstancia de que, ante la ausencia de normas propias del derecho público local se apliquen subsidiariamente disposiciones de derecho común, toda vez que ellas pasan a integrarse en el plexo de principios de derecho administrativo en el que, prima facie, se encuadra el presente caso (Fiorini, op. cit., primera parte, pág. 92 y sgtes.; Fallos: 187:436; 306:2030; 307:1942; 312:1297; 314:620; 315:1231)." 7. En suma, en tanto el caso trata sobre la responsabilidad de un concesionario de un servicio público y del Estado frente a un tercero que invoca daños ocasionados por la deficiente conformación de las estructuras mecánicas y obras civiles afectadas al servicio, la causa corresponde a la competencia de la justicia local (arts. 1 y 2, CCAyT, reglas que no han sido tachadas de inconstitucionales por la codemanda Metrovias S.A.), en atención a la ausencia de intereses del Gobierno federal que justifique la intervención de tribunales de otra jurisdicción.

8. Por lo demás, no se advierten motivos institucionales para que el Tribunal cimero extienda su competencia para conocer, por vía de recurso extraordinario federal y equiparando a sentencia definitiva, una decisión que radica la causa en la justicia local, cuando, preservado su rol de intérprete final de la Constitución y garante de los derecho consagrados en ella, su actual composición ha limitado el acceso al estrado de causas que lo alejaban de su cometido nuclear (doctrina sentada in re "Itzcovich, Mabel c/ ANSeS s/ reajustes varios", sentencia del 29/3/2005, I. 349, Libro XXXIX).

9. Tal como fuera señalado por el doctor Augusto M. Morello y otro en un cometario laudatorio del fallo antes citado, "(a)parece cada día más clara la necesidad de que la Corte Suprema limite su labor a velar por la supremacía constitucional, negándose a conocer en cualquier acción o recurso que no involucre cuestiones federales de entidad suficiente. Esto que parece simple no lo es, como lo demuestra el elevado número de fallos que dicta por año en ejercicio de la casación, para lo cual no está llamada. La Corte debe volver a ser el ¨tribunal de garantías constitucionales¨ -como la llamara el recordado Bidart Campos-, desligándose de todas las materias que versen exclusivamente sobre cuestiones de derecho común, como expresamente lo dicen los arts. 75 inc. 12 y 116" (v. "La Corte Suprema reasume su rol institucional", en Jurisprudencia Argentina, 2006-I, Fascículo 5, del 1/02/2006).

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado en sentido concordante por el Sr. Fiscal General Adjunto, propongo rechazar el recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado incoado por la codemandada Metrovías S.A. y dar por perdido el depósito efectuado a fs. 101.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al fundado voto del Dr. José O. Casás Los jueces Luis Francisco Lozano y Alicia E. C. Ruiz dijeron:

Adherimos al voto del juez de trámite, Dr. José Osvaldo Casás.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Coincido con el voto del Sr. juez de trámite, más aún cuando, a mi juicio, las decisiones de la Corte Suprema que amplían el significado de sentencia definitiva a decisiones interlocutorias iniciales de un procedimiento judicial, no son correlato de una interpretación correcta del art. 14 de la ley n° 48 (ver "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ sumarísimo", expte. n° 4412, resolución del 21 de marzo de 2001; "GCBA s/ queja por recurso de apelación ordinario denegado" en "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTESA) s/ ejecución fiscal", expte. n° 1892/02, resolución del 12 de febrero de 2003; "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "GCBA c/ Osvaldo Buzzetti SA s/ otras causas donde la autoridad administrativa es actora", expte. nº 2270/03, resolución del 11 de junio de 2003; "GCBA c/ Ledesma Miguel Ángel s/ medida cautelar s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 2314/03, sentencia del 5 de noviembre de 2003; "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Laguna, Guillermo Mario c/ GCBA y otro s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)", expte. n° 2330/03, 11 de diciembre de 2003; "OSCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Herrero, José Javier c/ GCBA s/ cobro de pesos", expte. n° 3195/04, resolución del 30 de marzo de 2005).

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado planteado por Metrovías S.A. a fs. 85/96 y dar por perdido el depósito efectuado a fs. 101.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita la queja para que sea agregada a los autos principales.