Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-28


Causa N° 11217-01-CC/2006 (75/06) "Recurso de queja en autos Ali, Oscar Néstor s/ infr. art. 83 Ley 1472".

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2006 - AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente Causa N° 11217-01-CC/2006 (75/06) "Recurso -de queja en autos Ali, Oscar Néstor s/ infr. art. 83 Ley 1472".

RESULTA:

I.- Que a fs. 1 de la presente queja, el titular interino a cargo de la Defensoría Contravencional y de Faltas n° 7, Sergio Julián Pistone, solicita que se le amplíe a su defendido, Oscar Néstor Ali, la declaración prevista en el art. 41 LPC, a quien se le imputa la comercialización de gorritos y cornetas de plástico en la vía pública sin el permiso correspondiente.

II.- Que a fs. 2, en ocasión de mantener una entrevista personal con el Defensor Oficial y previo a ampliar su declaración, el imputado manifiesta su voluntad de acogerse al instituto de la suspensión del juicio a prueba (art. 45 LPC). Luego de consultada la Sra. Fiscal se le comunicó que por un lapso de dos meses se comprometerá a cumplir con las siguientes pautas de conducta: 1) fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta; 2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere; y 3) realizar tareas comunitarias consistente en la realización de un total de dos días de cuatro horas cada uno, de trabajos de utilidad pública en el Hospital de Agudos Parmenio Piñero, sito en Varela 1307 de esta Ciudad, manifestando el imputado su conformidad con las condiciones pactadas.

III.- Que a fs. 3 y vta., obra copia del acta de ampliación de la audiencia fiscal, donde el imputado solicita al Juez de Grado la suspensión del proceso a prueba, abandonando en favor del Estado los elementos incautados. La Sra. Fiscal presta su acuerdo para tal suspensión por el término de dos meses y bajo el cumplimiento de las pautas de conducta expresadas precedentemente.

IV.- Que a fs 4 y vta., corre agregada copia del acta de audiencia, en la que el Magistrado a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas n° 19, Carlos Aostri, resuelve suspender el juicio a prueba por el término de dos meses, durante el cual el imputado deberá cumplir con las siguientes pautas: 1) fijar residencia en el lugar que diera como domicilio, debiendo comunicar a la Fiscalía n° 3 cualquier cambio en el mismo; 2) cumplir con las citaciones o requerimientos de la Fiscalía interviniente o del Juzgado; 3) eximirlo de lo dispuesto en los incisos 3, 4, 5, 6 y 7 del art. 45 CC; 4) tener presente el abandono de los bienes oportunamente secuestrados, a favor del Estado, 5) extraer copias de la presente a efectos de formar legajo de ejecución a fin de remitirlo a la Secretaría de Coordinación y Ejecución de Sentencias.

V.- Que a fs.5/7 vta. luce copia del recurso de reposición y apelación en subsidio interpuesto por la cotitular de la Fiscalía Contravencional y de Faltas Nro. 12, Gabriela Inés Morelli, contra la resolución mencionada supra, pues la misma homologa la suspensión del juicio a prueba alterando el acuerdo arribado por las partes, vulnerando el debido proceso y el principio acusatorio.

Ello, toda vez que el Magistrado eximió al imputado del cumplimiento de las tareas comunitarias pactadas, constituyéndose, a su entender, en el "autor" del acuerdo, desobedeciendo, así, lo prescripto por el art. 45 CC. Entiende que de esta manera, la firmeza de dicha resolución implicaría que el solo transcurso de los dos meses fijados acarrearía la extinción de la acción contravencional.

Por otra parte, refiere que el Magistrado convocó al Sr. Alí a una audiencia no prevista en la normativa aplicable al caso, derivando, según ella, en la modificación pretoriana del acuerdo.

VI.- Que a fs. 8/9 vta. el Sr. Juez de grado resuelve no hace lugar a los recursos de reposición y de apelación en subsidio, entendiendo que no queda demostrado el gravamen irreparable que la resolución criticada le irroga. En relación a la entrevista personal mantenida con el imputado señala que, si bien no hay norma que la prevea, tal situación coadyuva a su tarea de tener un acabado conocimiento de la situación personal del encartado, advirtiendo que de acuerdo a las especiales condiciones de salud del Sr. Alí, la imposición de tareas comunitarias en una unidad hospitalaria importaría una situación riesgosa ante el posible contagio de enfermedades.

Por último, manifiesta que si un Juez tiene la facultad de rechazar un acuerdo al que hubieren llegado las partes, resulta viable que pueda modificarlo con el fin de velar por los derechos y garantías del imputado.

VII.- Que a fs. 10/11 vta. obra el recurso de queja interpuesto por el Cotitular de la Fiscalía Contravencional y de Faltas n° 12, Federico Andrés Villalba Díaz, contra la resolución mencionada supra, señalando que se agravia por dos cuestiones: el llamado a audiencia realizada por el Magistrado para resolver la homologación de la suspensión del juicio a prueba y por la posibilidad o no del Juez de rediseñar el acuerdo al que arribaron las partes para suspender el juicio a prueba.

Entiende que la resolución en crisis afecta el debido proceso y el sistema acusatorio, toda vez que sustituyó el consentimiento acordado por el Ministerio Público Fiscal, modificando las condiciones del acuerdo al eximir al encartado de la obligación de realizar las tareas comunitarias pactadas, no mediando en las actuales condiciones impuestas por el a quo acuerdo de la Fiscalía. Manifiesta que el imputado se sometió voluntariamente al cumplimiento de las mismas para acceder al beneficio de la suspensión del juicio a prueba, por lo que si considera que no podrá cumplirlas hubiera correspondido celebrar un nuevo acuerdo con la Fiscalía o renunciar al beneficio.

Manifiesta que ante la imposibilidad de cumplimiento de las condiciones pactadas bastaría con que el propio imputado o su defensor lo manifestara y a partir de allí correspondería al Ministerio Público Fiscal la renegociación de las condiciones del acuerdo, sin embargo el Magistrado no remitió en devolución el expediente ante las manifestaciones del imputado, arrogándose la facultad de rediseñar las condiciones de la suspensión y, a su vez, requerir ante la Fiscalía una ampliación de la audiencia del art. 41 LPC, contrario a la manda del art. 45 CC. Señala que la suspensión del juicio a prueba es un instituto propio de la disponibilidad de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal.

Entiende que en casos como el de autos y, más allá de que no se le aplique pena, es importante que el justiciable internalice que la conducta desarrollada no está permitida y de acuerdo a sus posibilidades busque un modo de adecuarla a derecho. Es decir, que las tareas comunitarias tienen como finalidad que quien resulte beneficiado registre que hay consecuencias de su acción disvaliosa.

VIII.- Que a fs. 14 y vta., obra dictamen de la Fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, quien manifiesta que debe hacerse lugar al recurso de queja y declarar mal denegado el recurso de apelación oportunamente interpuesto. Entiende que los argumentos aportados por el recurrente resultan suficientes para demostrar el gravamen irreparable que le irroga la decisión en crisis.

Sostiene que de quedar firme la resolución atacada y luego de transcurridos dos meses la acción penal se extinguirá y así, cualquier oportunidad procesal para reparar el perjuicio que le ocasiona la decisión a los representantes del Ministerio Público Fiscal. Señala que el mencionado gravamen resulta cierto y actual y se relaciona con el ejercicio de la acción penal. Manifiesta que el art. 45 CC, a diferencia del art. 76 bis del CP, impone expresamente un acuerdo de partes, por lo que entiende que su aplicación depende del juicio del Fiscal. El juez solamente podrá desaprobar el acuerdo arribado cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que haya actuado bajo coacción o amenaza. Ello, toda vez que el instituto se encuentra íntimamente relacionado con la disponibilidad de la acción, y es al Ministerio Público Fiscal a quien le incumbe la promoción y ejercicio de la acción pública por mandato constitucional. Por último señala que el otorgamiento del beneficio de la suspensión del proceso a prueba, bajo una modalidad distinta a la que pactaron las partes, violenta el sistema acusatorio, el principio de imparcialidad, y el debido proceso.

X.- Que a fs. 15 pasan los autos a resolver.

PRIMERA CUESTIÓN El recurso de queja resulta formalmente admisible ya que ha sido interpuesto en la forma y en los términos del art. 477 CPPN, aplicable supletoriamente de acuerdo a lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 12. Es decir, el remedio de marras ha sido presentado por escrito dentro de los tres (3) días de notificada la resolución denegatoria del recurso de apelación (conforme constancias de fs. 9 vta. y 11 vta.), y con copias de las resoluciones pertinentes que se cuestionan.

De este modo, y siendo que el recurso resulta autosuficiente -pues del mismo se desprende un orden razonado en el desarrollo de los antecedentes del caso y presenta una crítica concreta a la resolución impugnada-, corresponde a este Tribunal evaluar si el decisorio recurrido causa un gravamen irreparable que habilite la vía recursiva denegada (art. 449 in fine, CPPN).

Al respecto, esta Sala ha afirmado que tal extremo se configura cuando el decisorio recurrido cause un perjuicio tal que no habría oportunidad en adelante de volver a lo resuelto, vedando así, en forma definitiva el acceso a la jurisdicción (Causas Nro 121-01-CC/2005 Incidente de devolución de elementos en autos "Pantano, Angel Enrique s/inf. art. 83 CC, rta el 20/05/05 y Nro. 315-01-CC/2005 Recurso de Queja en autos "Alonso, Mónica Gregoria y otra s/infr. art. 72 CC, rta. el 29/09/05).

En el caso de autos el recurrente manifiesta que la decisión del a quo del 20/07/2006 lo agravia por dos circunstancias: por un lado, el llamado a audiencia efectuado por el Sr. Juez de Grado para resolver la homologación del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, la cual no está prevista en el art. 45 CC y, a su vez, por la posibilidad del Magistrado de "rediseñar" el acuerdo arribado por las partes para dicha suspensión. Entiende que se vulnera el principio acusatorio y las prescripciones legales previstas para acceder al citado beneficio.

Tal como surge de las actuaciones, si bien el Juez homologó la suspensión del juicio a prueba, lo hizo eximiendo al imputado del cumplimiento de las tareas comunitarias que la Fiscalía había acordado con el imputado y la Defensa Oficial (conf. punto 3° de la resolución). Al respecto, el recurrente señala que tal decisión fue adoptada a posteriori y en base a la audiencia personal que el Sr. Magistrado mantuvo con el Sr. Alí, donde éste le manifestara sus problemas de salud, a la vez que solicitara ser eximido de las citadas tareas comunitarias en tanto se ve imposibilitado para realizar esfuerzos y ante el peligro de contagiarse en el Hospital alguna enfermedad que podría alterar su problema de salud existente.

Ahora bien, en primer lugar, cabe señalar que del art. 45 CC no surge que el Magistrado deba someter al imputado a una audiencia a los fines de homologar el acuerdo arribado por las partes. Sin embargo, los motivos por los cuales el Juez estaría facultado para rechazar el acuerdo ("...cuando tuviera fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza") surgen de una apreciación más certera del caso en el marco de una audiencia oral, con la intervención directa de los interesados, lo cual resulta armónico con los principios de inmediatez y publicidad referidos en el art. 13 de la CCABA. A ello se aduna que la circunstancia de que el Sr. Juez haya decidido conocer al imputado antes de resolver no causa agravio alguno al Fiscal, pues ello en sí mismo, ningún perjuicio le podría ocasionar y coadyuva en un ejercicio responsable de la jurisdicción.

Por ello, que en relación a este agravio, el recurso de apelación ha sido correctamente denegado.

Aclarado ello, corresponde expedirse acerca de la segunda cuestión introducida por el recurrente, relacionado con la facultad del a quo de rediseñar el acuerdo de suspensión del juicio a prueba y, su desacuerdo respecto a la exclusión de la tarea comunitaria, pues a su juicio ello impide que registre que su acción es disvaliosa.

Al respecto, si bien es cierto que el Magistrado de Grado al momento de resolver el acuerdo arribado por las partes lo homologa, y suspende el juicio a prueba por el término de dos meses, lo hace alterando uno de los puntos oportunamente convenidos por los partícipes del mismo, eximiendo al encartado del cumplimiento de las tareas comunitarias determinadas en él. Dicha modificación irroga al impugnante un gravamen de insusceptible reparación ulterior, pues a su criterio su imposición resulta relevante para el cumplimiento de los fines propios del instituto.

Ello, sin perjuicio del sentido en que se resuelva la cuestión de fondo que oportunamente sea objeto de análisis. Por lo expuesto corresponde declarar admisible la queja impetrada, y por lo tanto mal denegado el recurso de apelación.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE:

I. DECLARAR ADMISIBLE LA QUEJA INTERPUESTA y en consecuencia DECLARAR MAL DENEGADO y CONCEDER el recurso de apelación interpuesto contra el punto 3) de la resolución que obra en copia a fs. 4 y vta. (arts. 478 CPPN y art. 6 LPC).

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y remítase al Juzgado de origen a sus efectos.

Ante mi:

Se deja constancia que la Elizabeth A. Marum no firma por encontrarse en uso de licencia.