marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tentativa, delito imposible
Materia: PENAL
Carátula: AMANTEGUI, ALICIA SUSANA s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-31

La ley penal no define al delito imposible, limitándose a disponer como procederá el juez en tal caso. Hay delito imposible cuando éste no se consuma por un error de hecho acerca de la idoneidad de la acción. Nuestra ley separa la tentativa del delito imposible, porque ambos son objeto de distinto tratamiento. El criterio diferencial no debe hallarse buscando solamente el aspecto objetivamente y mirados en conjunto; en toda tentativa los hechos resultan inidóneos "ex post facto". En el delito imposible el error se hallaba ínsito en el plan y el autor, por la vía elegida, no podrá llegar a la violación de la ley propuesta (Cf. Soler, S., Tratado de Derecho Penal v.1 p.

225/226).- "La inidoneidad de la acción, en lo atinente al delito imposible, debe apreciarse en concreto. La acción debe encuadrarse en el conjunto de todas las condiciones y circunstancias en que se ejecuta. La inidoneidad debe ser específica, particular, relativa al caso concreto. En cambio, si en el caso concreto la acción resultó idónea pero el evento no se verificó, cuando concurran los otros requisitos, nos hallaremos ante el delito tentado". (Cf. Bettiol, Derecho Penal, Parte General, p. 438 y ss).
Indemnización, sentencia condenatoria, cuota social, cuota sindical
Materia: LABORAL
Carátula: C.T.E.R.A. c/ A.T.E.CH. s/ Cobro de aportes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-02-10

Corresponde hacer lugar al recurso de la demandada en cuanto al quantum condenado, ya que es sobre la sumatoria de los parciales correspondientes a la columna "cuota social" que debe calcularse el 10% que corresponde a C.T.E.R.A., lo cual arroja la suma que para arribar al monto computa los parciales de las columnas cuota social más cuota sindical, procedimiento que resulta erróneo por cuanto los montos de la "cuota sindical" no se tratan de ingresos independientes a los consignados en la columna cuota social que representa el 1% del total del 2% aportado por los afiliados en concepto de cuota sindical.
Revocación de la donación, donación con cargo, constitución en mora, plazo, fijación judicial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GARIBALDI ITALO c/ MUNICIPALIDAD DE P. DESEADO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2008-10-02

Previo a la solicitud de revocación de la donación es necesario la intimación a ejecutar la obligación de cumplir el cargo y no la eventual de devolver la cosa, como en el caso de autos en la cual el donante no ha fijado plazo alguno para el cumplimiento de la prestación impuesta a la Municipalidad donataria y tampoco aquél resulta de la naturaleza y circunstancias de la obligación, no operando en forma automática la mora del deudor.

Ante la falta de plazo éste debe ser fijado judicialmente con arreglo a lo establecido en el Art. 509, tercer párrafo, del Código Civil. Y aún si se considerase que hubiera existido plazo tácito, habría sido necesaria la intimación a ejecutar la obligación -la obligación de cumplir el cargo, y no la eventual de devolver la cosa donada. La inexistencia de plazo de cumplimiento de la prestación a cargo de la donataria, ha tornado inviable la revocación de la donación; razón por la cual tampoco puede hablarse de perjuicio alguno ocasionado al donante.
Financiamiento de los partidos políticos, financiamiento de campaña electoral, terceros, pedido de informes, plazos procesales
Materia: ELECTORAL
Carátula: Incidente de apelación en los autos caratulados: Actuación administrativa interna s/ control patrimonial elecciones 28-06-2009
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-21

Esta Cámara dispuso que, en los pedidos de informe, los jueces deben comunicar a los terceros requeridos el plazo dentro del cual deberán responder -el que no puede ser superior a 15 días, prorrogable sólo por razones fundadas-, bajo apercibimiento de aplicarse las medidas conminatorias y sancionatorias que las normas vigentes prescriben a tal fin.

Munné)
Impuesto sobre los capitales, contribuyentes, sociedad cooperativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TANCHECHA LTDA. s/ RECURSO  POR  RETARDO  DE REPETICION - TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION -  IMPUESTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-23

No procede considerar a las cooperativas excluidas del ámbito del impuesto sobre los capitales, toda vez que se trata de entidades que en materia tributaria encuadran en el concepto del art. 2 inc. a) de la ley 21.287 de sociedades y que tienen capital (art. 2 de la ley 29.337) sobre el que recae el tributo, con independencia de que tenga o no fines de lucro, por ser este elemento ajeno a la economía del impuesto.

Los argumentos dirigidos a la impugnación de inconstitucionalidad del decreto 3617/77 -por el que se considera comprendidas en el art.

2 inc. a) de la ley "a las cooperativas cualquiera se su naturaleza" (art. 2) carecen del debido sustento.
Acusación fiscal, nulidad procesal, estupefacientes, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Gerding, José y Ramallo, Ricardo s/ Acusación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

a)No es nula la acusación que individualiza los hechos motivantes, invoca la prueba de cargo, califica el delito atribuido y, fijando con precisión el objeto procesal, pide la condena de los autores a pena determinada, sin que las circunstancias de que se omita mencionar concretamente la cantidad y calidad de droga incautada, menoscabe los intereses de los procesados, ya que tales caracteres y guarismos surgen de otras actuaciones.

b) No es relevante para dar lugar a la nulidad de la acusación el error material de citar equivocadamente las fojas de un peritaje.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, juicio, partes, representación procesal, absolución de posiciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ORTIZ, MARIA SOLEDAD c/ GNC ROSARIO S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-05-16

La presente queja no ha de tener favorable acogida, desde que la resolución que se impugna -conforme a la cual se confirmó el auto dictado por el juez inferior que, en su momento, hizo lugar a la oposición formulada por la parte actora de que un letrado absolviera posiciones en representación de la demandada, por no estar facultado para ello- no resulta ser definitiva ni equiparable a tal en los términos del artículo 1 de la ley 7055. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 1.
Competencia por el territorio, ejecución fiscal, domicilio, código tributario
Materia: PROCESAL
Carátula: COMITE DE CUENCA CANAL PRINCIPAL SASTRE c/ GENESIO, EULALIA R. s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-09

Teniendo presente que en uso de la atribución del Comité de Cuenca para promover el cobro judicial por vía de ejecución fiscal, previa interpelación extrajudicial, dicho Comité inició demanda de apremio contra la actora y/o contra quien resultare ser jurídicamente responsable y/o titular del inmueble cuyas partidas se adeudan; que, de acuerdo al informe del Servicio de Catastro e Información Territorial obrante en autos, aquél se encuentra ubicado en la localidad de Zenón Pereyra de esta Provincia y su titular se domicilia en la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba; que de las disposiciones del Código Fiscal local -digesto que rige el caso a tenor de lo dispuesto en su artículo 1-, surge que pesa sobre los contribuyentes y responsables la carga de constituir un domicilio fiscal para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, existiendo idéntica carga sobre los contribuyentes o responsables que, debiendo tributar ante esta Provincia, estuvieren domiciliados fuera del territorio de la misma; y que ante la posibilidad de incumplimiento de dicha carga por parte de aquéllos que se domicilien fuera de la Provincia, el Fisco tiene la opción de considerar como domicilio fiscal el domicilio del representante del contribuyente o responsable en la Provincia, el lugar de su establecimiento permanente o principal, donde tenga sus negocios, explotación, o la principal fuente de sus recursos, el lugar donde se encuentre el inmueble gravado por el impuesto, o subsidiariamente, el lugar de su última residencia conocida, debe prevalecer la opción del lugar donde se encuentre el inmueble, no sólo por haber sido efectuada por la propia actora en la demanda, sino también porque es una de las contempladas por el artículo 31 del Código Fiscal que regula especialmente el caso de autos. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 9830, artículo 24; Código Fiscal de Santa Fe, artículos 1, 29 y 31. - Jurisprudencia concordante con Comité de Cuenca Canal Principal Sastre c. Berta, AyS T 312, p 456/461, sumario J0048921.
Daños y perjuicios, sujetos del proceso penal, falsa denuncia, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: R., M.J. c/ R., S.C. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-13

1- Si no se pudo acreditar animosidad en la denuncia penal formulada a efectos de incriminar en una conducta delictiva a quien reclama daños y perjuicios por acusación calumniosa, sino que -en el caso- se actuó con la creencia de que se trataba del verdadero autor de aquélla, no puede atribuirse responsabilidad a los demandados en virtud de lo normado por el art. 1090 del Código Civil, por no concurrir los presupuestos indispensables para su procedencia, como ser el dolo y la relación de causalidad. Ello en tanto la denuncia de lo acontecido efectuada por los padres de los menores víctimas de un delito sexual fue anterior a la identificación del imputado.

2- Las pautas para evaluar la responsabilidad civil de los sujetos del proceso penal (víctimas de delitos, testigos) deben ser consideradas con la máxima restricción, de modo que la protección declarada en la ley 23.984 (art. 79 c), por la que el Estado les garantiza desde el inicio del proceso y hasta su finalización el amparo de su integridad física y moral e inclusive de su familia no se tome ilusoria en lo hechos. Máxime, si el parecido físico entre el delincuente prófugo y el demandante justificó plenamente la imputación que, por ende, no puede ser reputada de dolosa o gravemente negligente.

(Sumario N° 17412 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°13/2007).
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Aumann  Verónica  Susana c/ Est.Mayor  Gral.  de  la  Armada  Dir.Gral.  de Pers. Naval s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-13

La ilegalidad del acto lesivo debe evidenciarse en forma notoria, siendo insuficiente alegar una conducta estatal cuestionable sosteniendo que se afecta o restringe algún derecho constitucional. Es menester, además, que el acto se encuentre desprovisto de todo sustento normativo que le permita tener efectos válidos; vale decir que el acto o conducta en forma ostensible, inequívoca, indudable, no concuerde con la norma que prescribe lo debido.
Concursos, conclusión de la quiebra, pago total, fondos del concurso, gastos del concurso, honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Gasiorowski, Elena Gabriela c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-10

Procede rechazar el pedido de conclusión de quiebra por pago total (LCQ 228) dado a que los montos líquidos habidos en el expediente resultan insuficientes para cancelar el total del pasivo admitido, con más los gastos del concurso. Si bien es cierto que en el caso el síndico en la liquidación presentada contenía dentro del rubro "gastos del concurso" una estimación de honorarios, mal puede entenderse que esos honorarios hubieran sido admitidos por el juez, y mucho menos, que el magistrado haya supeditado la conclusión de la quiebra al previo depósito de esa suma estimada.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor, venta del automóvil dañado
Materia: CIVIL
Carátula: HASE, EDUARDO ISMAEL c/ FERNANDEZ, RAMON VICTOR s/ SUMARIO (ACCIDENTE DE TRANSITO)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

La demora de la aseguradora en resolver el siniestro no puede ser imputada al accionado sino a su aseguradora, quien no puede ser demandada directamente por la víctima del ilícito, tal como lo dispone doctrina plenaria, solución que es aplicable inclusive cuando la acción indemnizatoria se dirige simultáneamente contra asegurador y asegurado.

La venta del automóvil dañado, no exime a la emplazada del pago del rubro privación del uso del automotor, pues si bien ha pretendido que las reparaciones no se llevaron a cabo, transfiriéndose el rodado en la situación en que se encontraba estaba a su cargo la prueba del caso (conf. art. 377 del Código Procesal).
Competencia contencioso administrativa, derechos subjetivos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Sr. Intendente de la Municipalidad de El Alto c/ EdeCat S.A. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-04-26

Nuestro ordenamiento contencioso administrativo se rige por el sistema denominado "subjetivo" para la determinación de la materia de su competencia, es decir, que para la procedencia de la acción contencioso administrativa , es requisito esencial que se invoque la vulneración de un derecho subjetivo administrativo, previamente establecido a favor del reclamante, por una ley, un decreto, reglamento u otra disposición administrativa.

Por oposición, la concepción objetiva de la función administrativa prioriza la actividad en concreto que ejecutan los órganos estatales y no estatales para el logro de sus fines, y que toma en cuenta la participación del Estado en sentido lato, para determinar la competencia.
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Barrios de Escobar, Nidia L. c/ Margot Chamares de Gómez y/o Academia de baile La Montera y/o responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-08-24

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que declara la inexistencia de la relación laboral invocada, ya que, no resulta probada la relación de dependencia de quién en local alquilado por ella misma y por su cuenta, cobraba a los alumnos para enseñar danzas. Usaba el nombre de la Academia de la demandada y establecía sus propios honorarios.

Se trata de un caso atípico de las supuestas academias particulares, que enseñan bailes o música con el nombre que les ponen sus fundadores y que ellos sólo concurren a tomar exámenes cobrando por los mismos y otorgando títulos que sólo tienen un valor moral, pues carecen de valor legal y no acreditan oficialmente nada; quiénes así trabajan, cobran para sí sus propios aranceles y los titulares para examinar a los alumnos.
Prescripción adquisitiva, prescripción veinteñal, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Malossi, Noemí Adriana c/ E.N.A. - O.N.A.B.E. s/ prescripción adquis.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-15

Cabe revocar la sentencia que hizo lugar a la acción de prescripción adquisitiva del dominio deducida por quien declaró adquirido por usucapión un inmueble, pues no existen actos posesorios realizados a título de dueño durante el lapso de 20 años para usucapir, prueba que tiene que ser plena e indubitable, demostrativa y sin ninguna clase de duda, de que están cumplidos todos los requisitos de la ley para poder adquirir por prescripción, sumado a que las constancias de la licitación y del juicio de lanzamiento llevan a considerar que el Estado Nacional y el Organismo Nacional de Administración de Bienes, se comportaron siempre como dueños del terreno objeto del litigio sin reconocer ningún derecho a la actora sobre aquél.
Asociaciones sindicales, elecciones, interventor, junta electoral
Materia: LABORAL
Carátula: AMADINI, DANIEL Y OTRO c/ JUNTA ELECTORAL DE  ATSA  Y OTRO s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

La intervención de la asociación sindical, que sólo tuvo por objeto convocar a una nueva elección de Comisión Directiva, no puede sustituir a los órganos básicos estatutarios que detentan la soberanía de la institución. En el caso se pretendía que el interventor presidiera la Junta Electoral integrándola con otras dos personas ajenas al conjunto de afiliados, violando de esta manera los principios básicos de la democracia sindical contenidos en el art. 8 de la ley 23551.
Marcas, marcas confundibles, marca notoria, uso de marca, cese de uso de marca, uso efectivo de marca, interés legítimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Peralta Martínez, E. c/ Colorín s/ Cese de uso de marca - Oposición registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-17

Es un elemento de juicio insoslayable que el actor sólo ostenta la titularidad de la marca - que se ha incorporado a su patrimonio por herencia -, sin que haya demostrado cabalmente haberla utilizado a pesar de la antiguedad de su título. Sólo se registran, en 1953 y en 1962, aprobaciones de etiquetas para identificar una pomada para calzado y un detergente sintético, sin haberse probado el real empleo de la marca en la individualización de tales productos. Cabe tener en cuenta, asimismo que no es propietario de ningún comercio o industria, y que no lleva libros de comercio. Frente a estos hechos, está reconocido en la demanda que la demandada "es una conocida empresa local que se identifica - y distingue a la mayoría de los productos - con la designación COLORIN", actuación que data de muchos años, según se admite en la absolución de posiciones. Se advierte así que la demandada se limitó a identificar un artículo claramente vinculado con el ramo de la pinturería cuya participación en el mercado es notoria, mientras que el actor persigue la tutela de una marca ociosa. No se trata aquí de decidir la inexistencia del título del actor, como si éste hubiere caducado, pues el hecho de que se valore el empleo efectivo de su marca por parte de la demandada - contrariamente a lo que ocurre con el registro del actor - no tiene otro objetivo que ponderar el distinto interés legítimo en juego.
Calificación legal, cambio de calificación legal, sentencia condenatoria, defensa en juicio, principio de congruencia
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: RECCIA, Antonio y otros s/ Causa 20.354
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-22

No obsta al principio de congruencia, el hecho de que la sentencia condenatoria verse sobre un delito distinto del que lo hicieran la acusación y la defensa durante el proceso, ello es así toda vez que el hecho único que se juzga aparece sometido a las formas sustanciales del juicio y la conducta atribuida no resulta diversa a la penada; además cabe consignar que, la distinta calificación propuesta por las partes, de ninguna manera obliga al juez.
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Artuso, Luis c/ Berrotaran de Reyes s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29

La prescripción adquisitiva de dominio -usucapión- es un modo excepcional de adquirir el dominio, requiriéndose una prueba cabal, insospechada, contundente, que demuestre no solamente el "corpus", sino también el "animus" dado que la usucapión supone el apoderamiento de la cosa con ánimo de dueño (arts. 2351, 2373, 2384 del C. Civil), y ese hecho debe trascender con la publicidad que exige el art. 2473 del mismo cuerpo legal.-
Honorarios, retroactividad de la ley, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GRILLO LUIS SEGUNDO c/ HECTOR LUIS FLORES Y OTRO s/ ORDIANRIO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-03

El derecho a percibir honorarios se origina con motivo de los trabajos efectuados por el profesional a lo largo del juicio, y sometidos al imperio de la ley vigente al tiempo de la realización de cada tarea.No obstante,el cuantum definitivo de tales honorarios cuando no están firmes-debe determinarse mediante la aplicación de la ley nueva, en este caso la ley 8226, porque el art. 120 contiene una norma de orden público y prescribe su inmediata aplicación. Su naturaleza imperativa es insoslayable dirigida a que los jueces la apliquen inmediatamente a todas las causas y actuaciones profesionales en trámite, o pendientes de regulación y a las terminadas donde no se hubiere practicado la misma. (Del voto en mayoría de la Dra. Kaller de Orchansky).
Acción de amparo, carácter excepcional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

La acción de amparo constituye sólo una vía excepcional, especialísima, que cabe utilizar exclusivamente cuando las acciones comunes en la estructura procesal no son realmente eficaces para la salvaguarda de los derechos cuya conculcación se invoca. (Del voto del Dr. Ulla).
Improcedencia del recurso, confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, indemnización por accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente, lucro cesante, prueba, citación en garantía, asegurador
Materia: PROCESAL
Carátula: Mura, Enzo Catriel c/ Zalazar, Franco Adrián s/ Ordinario - Daños y perjuicios - Accidentes de tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-02-10

Procede rechazar el recurso de apelación incoado por la citada en garantía, confirmando la sentencia en todo cuanto decide y fue materia de agravios, ello pues, la determinación de la incapacidad sobreviniente no debe hacerse sólo sobre la base exclusiva de la disminución laboral de la víctima -la cual, sin dudas, constituye un dato relevante a tener en cuenta-, sino que en modo alguno resulta la única variable a considerar, ni siquiera en ciertos casos la más importante. Por el contrario, deben tenerse también en cuenta múltiples aspectos vitales que hacen a la persona humana integralmente valorada; es decir, deben computarse todos los ámbitos de desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los actos cotidianos que generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismos y a su familia. En el caso de incapacidad permanente, dicha situación específica y real legitima a derivar que se verifican los extremos suficientes como para considerar ciertamente -y no de manera eventual o hipotética- la producción de un perjuicio patrimonial a favor del actor, en calidad de lucro cesante -art. 1738 del Código Civil y Comercial-, traduciéndose en esencia en una repercusión negativa para la obtención de ingresos de su parte. Los agravios de la parte recurrente -referidos a la indemnización por incapacidad del actor y lucro cesante- no merecen recibo, máxime cuando surge acreditado que el actor a la fecha del accidente de tránsito se encontraba trabajando; sin perjuicio de ello, cuadra resaltar que la ausencia de actividad laboral regular o registrada no implica que carezca de ingresos, dado que existe en nuestra economía una enorme informalidad, siendo numerosísimas las actividades en las cuales las transacciones comerciales -y sus eventuales derivaciones salariales o laborales- no son asentadas en registro alguno y por ende resulta de difícil acreditación en un proceso.