Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-09-16


AUTOS 6.031/06 (C.C.Nº19.710) DEL Juzgado Comercial Especial Nº1, CARATULADOS: "BELBRUNO, Emilio - Quiebra - S/Juan Bautista Geretti".- PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2008- del Tº III- Fº19/27.- San Juan, 16 de septiembre de 2008.- Y VISTOS: Estos autos N° 19.710 "BELBRUNO, EMILIO - QUIEBRA - JUAN BAUTISTA GERETTI - III CPO", para resolver el recurso deducido por la actora concedido a fs 402 contra el auto que rechaza la quiebra del 6/02/08.- Como cuestión previa destaca que la petición de quiebra se hizo el 20/12/06 y que más allá de la dilación en la resolución, en el Interín la situación del deudor se ha modificado agravándose, como consecuencia de lo resuelto en autos N° 68.674 "GERETTI, JUAN BAUTISTA C/ BELBRUNO EMILIO - SUMARIO" del Tercer Juzgado Civil y los créditos emergentes del mismo, por aproximadamente pesos Cuarenta y seis mil doscientos ($ 46.200), extremo que el sentenciante debió observar atento lo resuelto por la Corte Suprema Nacional en el caso Ohilner ( 23/12/80).- En los agravios propiamente dichos cuestiona en primer lugar el argumento del fallo de que no se ha acreditado el agotamiento de los trámites de ejecución de sentencia correspondientes a los autos N° 68.674 "GERETTI, JUAN BAUTISTA C/ BELBRUNO EMILIO - SUMARIO", agotando el mismo, lo que no es cierto; pidiendo sea revocado por estar viciado de nulidad absoluta, al haber violado el principio de congruencia y haber incurrido en ostensible arbitrariedad por haber desvirtuado totalmente los hechos sometidos a su juzgamiento, ignorando los términos de la litis.- Señala que la ejecución de sentencia a la que se hace referencia en el fallo (agregada a fs. 306/308) no es por cobro de pesos sino por fijación judicial de plazo y cumplimiento contractual - entrega de formularios 08 debidamente firmados y levantamiento de embargos sobre dos camiones vendidos (ver sentencia de fs. 265/279) - más daños y perjuicios en el caso desestimados.- Alega que están acreditados los presupuestos necesarios para la declaración de quiebra y que por la demora debieron traerse para mejor resolver los autos mencionados supra, citando al efecto jurisprudencia inherente al estado de cesación de pagos y su demostración a través de cualquier hecho y a la luz de lo previsto por los arts. 78; 79 y 80 de la ley falencial.- Explica seguidamente que la pretensión de quiebra se sustentó en la deuda proveniente de los autos N° 5.570/01 "NAVAS, SEBASTIAN C/ BELBRUNO, EMILIO S/ EJECUTIVO" del Juzgado de Paz Letrado de San Martín (constancias de fs. 51/86 I Cuerpo) deuda que se mantiene impaga, existiendo un saldo a favor del actor al 6/6/07 de pesos Seis mil novecientos treinta con noventa y cinco $ 6.930,95 en los autos N° 68.674 ya citados, sin incluir en ello el pago con subrogación efectuado por su parte en dichos autos, cuyas razones explicita, preguntando después de todo ello acerca de si está o no el deudor en estado de impotencia patrimonial y respondiendo que no hay duda de que lo está, a lo que suma las deudas que existirían por los embargos trabados en los autos N° 68.057 "SAVALL, ALBERTO C/ BELBRUNO, EMILIO - EJECUTIVO" del 8° Juzgado Civil y N° 68.160 "CERRATI, RAUL GUSTAVO C/ BELBRUNO - EJECUTIVO" del 9° Juzgado Civil por pesos Veinticuatro mil y Veinte mil ( $ 24.000 y 20.000) respectivamente, que no se han pagado, gravando los camiones adquiridos por su parte.- Agrega a ello las costas impuestas y reguladas a su favor y a favor del Dr. Juan O. Pons también impagas.- Reitera que en los autos 68674 la ejecución de sentencia trata sobre una obligación de hacer, cual es la transferencia de los camiones y en nada obsta a la declaración de quiebra, como tampoco la obstan la ejecución abierta y sin agotar en los autos 5.570/01 "NAVAS C/ BELBRUNO - EJECUTIVO" pues está clara la imposibilidad del deudor de hacer frente en forma regular a las obligaciones contraídas y acreditado el estado objetivo que pide la ley concursal.- Se queja seguidamente de que el fallo le imponga la prueba de la solvencia patrimonial del deudor cuando la mora de éste respecto del crédito base del pedido de quiebra es un hecho revelador del estado de cesación de pago "correspondiendo al deudor producir elementos suficientes para enervar dicha pretensión que éste no ha producido".- Cita jurisprudencia.- Considera el recurrente que es suficiente la mora referida y la impotencia acreditada en varias obligaciones de antigua data no siendo excusa la existencia de ejecuciones no agotadas, más cuando existe una concepción amplia desde el caso TABARIS S.R.L. S/ QUIEBRA - ED 18-622; siendo a cargo del deudor la prueba en contrario cuando el acreedor ha acreditado los hechos reveladores del estado falencial.- Así, dice, la solución debe ser distinta a la que impugna, dada la subsistencia de la cesación de pagos en que se encuentra el deudor desde hace más de diez años, por lo que debe declararse la quiebra revocando la sentencia dictada con costas en ambas instancias.- La queja ha sido resistida por la contraria al contestar el traslado conferido solicitando el rechazo del recurso con costas.- Y CONSIDERANDO:

La apertura de los procesos concursales (concurso preventivo o quiebra) exige la comprobación de que se den ciertos presupuestos, a saber de un lado que el deudor sea un sujeto pasible de concurso o que no estuviere expresamente excluido por la ley y de otro que el patrimonio de ese sujeto está en la condición crítica económico - financiera que constituye la premisa de la apertura concursal, cual es, la cesación de pagos.

Del análisis de la ley vigente se infiere que el art. 1° establece que es presupuesto para la apertura del concurso el estado de cesación de pagos, en tanto el art. 79 en general, prevé que está en cesación de pagos el deudor que se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, cualquiera que sea el carácter de ellas y las causas que las generan.

Históricamente, se ha dicho que quien deja de pagar incumple sus obligaciones, cesa en sus pagos y por ende es pasible de ser declarado en quiebra. El incumplimiento es entonces presupuesto objetivo de la quiebra.

Es cierto también que a pesar del texto de la ley, reiteradamente se ha concluido que no debe declararse en quiebra a quien simplemente ha incumplido, sin analizar la significación de ese incumplimiento dentro del contexto general de las deudas y medios de pago del titular del patrimonio.- En ese contexto y dentro de lo que se diera en llamar teoría materialista se identifica cesación de pagos con incumplimiento, bastando uno de cualquier entidad, para declarar la quiebra, salvo que el deudor oponga fundadas excepciones de buena fe (Vivante). No interesan, en principio, las excusas del incumplimiento, ni el estado patrimonial del deudor. En nuestra doctrina concursal fue seguida por los autores de fines del siglo xx y principios del siglo xx (Moreno, Segovia, Obarrio, Quesada, Armengol, Orione, etcétera).

Esta interpretación del presupuesto objetivo concursal tiene la ventaja de su simplicidad, ya que no exige ahondar en el análisis patrimonial, hace más fácil y más previsible la labor del juez sin perjuicio de la resistencia fundada del deudor para la declaración de quiebra pedida por los acreedores.

Se crítica sin embargo que 1) desconoce el origen histórico de la quiebra, que no sería el de un mero medio ejecutivo contra el solo incumplimiento, no una verdadera defensa contra la insolvencia; 2) desconoce el fundamento económico-jurídico del instituto falencial, que no es provocar la liquidación de un patrimonio por la sola falta de pago de una obligación, y 3) que puede conducir a consecuencias injustas, y convertir a la quiebra en un medio compulsivo de cobro créditos.

Dentro de los que sostienen la teoría amplia la cesación de pagos es un estado del patrimonio, que se revela por hechos exteriores cuya enumeración taxativa es imposible, y que el juez valora como indicios de la impotencia de ese patrimonio. entre los cuales el incumplimiento es sólo un hecho revelador más. Para Bonelli, considerado el padre de esta teoría: "la cesación de pagos no es un hecho (el incumplimiento) - como la expresión literal sugeriría - sino un estado de todo el patrimonio (el estado de insolvencia)". Ese estado se considera instalado en el patrimonio cuando éste es impotente para afrontar, de manera regular, las obligaciones exigibles. Se ha dicho que no es una solución tan simple como la de Vivante, pero es mejor para solucionar los casos prácticos.- En la doctrina nacional y en la jurisprudencia los primeros seguidores de Bonelli, fueron Yadarola y otros que consiguieron unificar el criterio a fin de que se considerara este estado como presupuesto objetivo de los concursos que consiste en la impotencia para satisfacer, con medios regulares (disponibilidades normales o activos corrientes), las obligaciones inmediatamente exigibles (exigibilidades o pasivos corrientes).

No podemos perder de vista que el verdadero estado de cesación de pagos se caracteriza por las notas de generalidad y permanencia. La primera se refiere a la extensión patrimonial: no quiere caracterizar el número de incumplimientos, que es indiferente (puede haber cesación de pagos sin incumplimientos, o sólo con uno, y no haberla pese a la configuración de uno o de algunos incumplimientos), sino la afectación de toda la situación económica del deudor como una verdadera impotencia patrimonial. La segunda se refiere a la extensión temporal, ya que si bien la cesación de pagos no es, necesariamente, un estado perpetuo del patrimonio, tampoco es una situación pasajera. La prolongación en el tiempo de la impotencia aludida permite distinguir al verdadero estado de cesación de pagos de las situaciones de mera iliquidez, indisponibilidad circunstancial de fondos, desequilibrios o dificultades de índole financiera, temporales y transitorias, subsanables con rapidez y facilidad, que no justifican la apertura de un proceso concursal.

Frente a lo taxativo de la ley acerca de los hechos que funcionan como presunciones iuris et de iure y que comprobado, llevarían al juez a declarar la quiebra se advierte la ventaja de su simplicidad, al no obligar a ahondar en la interpretación del significado del hecho con relación al estado del patrimonio, pero también el inconveniente de conducir a erróneas conclusiones con relativa frecuencia. De ahí que el juez deba apreciar esos hechos, según su experiencia y las reglas de la sana crítica para decidir si hay o no insolvencia, y declarar o no la apertura concursal o la quiebra contemplando las circunstancias de cada caso.

Tales hechos se han clasificado de la siguiente manera: 1) Los hechos de manifestación directa, que son aquéllos que aportan reconocimiento, explícito o implícito, por el deudor de su impotencia patrimonial. Entre ellos se distinguen: a) la confesión expresa, que puede ser judicial (presentación del deudor que pide concurso preventivo o su propia quiebra), o extrajudicial (convocatorias privadas, circulares, publicación de balances, etc.), y b) la confesión implícita, inferida de actos como la fuga u ocultación del. deudor, la clausura del negocio, ocultación de mercaderías, distracción de bienes, etcétera.

2) Los hechos de manifestación indirecta que tienen lugar cuando el deudor evita revelarse abiertamente como insolvente y, también, cuando simula una solvencia artificiosa. Se destacan aquí los incumplimientos, y el acudír a recursos dilatorios (renovaciones permanentes de deudas, constitución de hipotecas o prendas en garantía de deudas quirografarias preexistentes, daciones de bienes en pago, etc.), ruinosos, esto es, los que producen pérdida o disminución de activos (liquidación de bienes de capital, toma de préstamos usurarios, la venta a precio irrisorio al contado de bienes adquiridos con crédito, etc.), y fraudulentos, los que ya constituyen delitos (apropiación de fondos retenidos que debían ser depositado, malversación de fondos y otras figuras penales, etcétera).

La ley de concursos 24.522 se enrola dentro de la que ha sido llamada teoría amplia del estado de cesación de pagos, adoptando a éste como presupuesto objetivo de los concursos (art. 1°, L.C.Q.), y al sistema de los hechos reveladores como método de comprobación judicial de dicho estado (arts. 78 y 79).

Empero, puede señalarse un cierto retroceso hacia la teoría intermedia a partir de la ley 24.522, en la modificación introducida por ella al art. 80 de la L.C.Q, que sólo habilita a pedir la quiebra al acreedor "cuyo crédito sea exigible". De tal suerte, en la quiebra necesaria, el presupuesto objetivo de su declaración exige la existencia del incumplimiento de la acreencia del solicitante, con lo cual no podría haber declaración de quiebra a solicitud de acreedor sin incumplimiento, retrotrayéndonos así a la denominada por Fernández, teoría intermedia del estado de cesación de pagos.

En las restantes posibilidades de apertura concursal preventiva y falencial sigue prevaleciendo la teoría amplia, dado que no es menester acreditar la existencia de incumplimientos, pues el estado de cesación de pagos puede demostrarse por medio de cualquiera de los mencionados hechos reveladores.

Compartimos los argumentos del fallo dictado en el caso "GUTIERREZ ADOLFO S/ QUIEBRA" (EXP. Nº 331707/5)por la Sala III en lo Civil de Neuquen en el que entre otras cosas se dijo en lo que aquí nos interesa que."La decisión en crisis rechaza el pedido de quiebra formulado por Eduardo Daniel Esteves con relación a Adolfo Gutierrez con fundamento en que si bien se acredita un crédito líquido y exigible, no se evidencia el estado de cesación de pagos, por cuanto la propia ejecución individual no se haya agotada.

Que la Ley de Concursos y Quiebras N°24.522 estipula en el art. 78: "Prueba de la cesación de pagos. El estado de cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el carácter de ellas y las causas que lo generan. ..", y prevé en el art. 79: "Hechos reveladores. Pueden ser considerados hechos reveladores del estado de cesación de pagos, entre otros:1) Reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo, efectuado por el deudor. 2) Mora en el cumplimiento de una obligación. 3) Ocultación o ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad, en su caso, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir sus obligaciones. 4) Clausura de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolle su actividad. 5) Venta a precio vil, ocultación o entrega de bienes en pago. 6) Revocación judicial de actos realizados en fraude de los acreedores. 7) Cualquier medio ruinoso o fraudulento empleado para obtener recursos." Asimismo, el art. 83, particularmente establece que: "Pedido de acreedores. Si la quiebra es pedida por acreedor debe probar sumariamente su crédito, los hechos reveladores de la cesación de pagos y que el deudor está comprendido en el artículo 2º...."(cfme. arts. 17 de la Const. Nac.; 24 de la Const. Prov.; y 505 del Cód. Civil).- La cesación de pagos es un concepto de índole general, que afecta a la totalidad de las obligaciones que gravan el patrimonio del deudor, y en forma más o menos permanente. El incumplimiento de una obligación, no significa automáticamente cesación de pagos. Este es un estado, y aquel, un simple hecho revelador, cuya apreciación en el caso concreto indicara la situación económica del conjunto comercial, y cuando las circunstancias particulares autoricen a juzgarlo como índice de insuficiencia objetiva, avalará el pedido de liquidación. Estos supuestos enumerados enunciativamente en la ley específica operan a modo de presunción judicial, por cuanto el juez goza de la potestad para apreciar a la luz de la sana crítica y conforme las circunstancias del caso, si esos hechos permiten o no presumir ese estado (cfme. arts. 163 inc. 5 y 386 del C.P.C.). El pedido de quiebra no puede utilizarse de manera impropia y abusiva como medio coercitivo para cobrar un crédito, pues así se desnaturaliza el instituto concursal, que no está destinado a la tutela individual de un acreedor, sino a la apertura de un proceso colectivo y universal que garantiza los derechos de propiedad de la masa de acreedores y del deudor, como asimismo el interés general en la actividad comercial".

Entendió que en el caso, no se daba con evidencia el estado general de impotencia económica que habilite el decreto de falencia, ya que si bien se comprueba la sentencia de remate a favor del acreedor peticionante, ninguna diligencia se ha realizado que de cuenta del desconocimiento de bienes o la insuficiencia de los mismos para satisfacer el crédito individual perseguido. La jurisprudencia ha dicho en este sentido que: "El acreedor debe adoptar las precauciones del caso antes de alegar el estado de cesación de pagos del deudor. Este obrar prudente, es exigible al acreedor, pues, si bien esta legitimado para solicitar la quiebra del deudor, tal facultad debe ser ejercida cuidadosamente por la gravedad de los efectos del mentado proceso concursal. Es que el pedido de quiebra no es un procedimiento tendiente al cobro de créditos individuales, sino, a promover la ejecución colectiva del patrimonio del deudor.

De lo expuesto, surge que no es deseable que se transforme a esta vía en un medio compulsivo para ejecutar al deudor. En síntesis, el ejercicio del derecho que el ordenamiento jurídico concursal vigente le acuerda al acreedor debe ser prudente y pone en cabeza del mismo la justificación sumaria del estado de falencia del demandado, pues en caso contrario debe soportar las costas por ser plenamente vigente el principio objetivo de la derrota regado por el art. 106 CPCT, aplicable al caso en ausencia de norma específica en la ley concursal".(DRES.: AVILA - GALLO CAINZO, AZUCARERA Y ALCOHOLERA LEALES S.A. C/ s/QUIEBRA (SALA I), 27/11/96, Sentencia Nº: 317, Sala 3-LDT). "El incumplimiento de una obligación, aunque sea el hecho revelador más típico de la impotencia patrimonial, no significa cesación de pagos. Si el incumplimiento es un hecho y la cesación de pagos un estado, aquél sólo puede ser considerado síntoma revelador de esa situación económica en tanto esta vinculado con la imposibilidad de afrontar el pago, y el vincularlo es una cuestión de hecho, para lo cual el tribunal debe tener en consideración todos los elementos del caso. (Conf. C.N.COM., sala V, MACONSA S.A., del 9-6-86 LL 1986-E-638)". (VIDELA DORNA, CARLOS s/PEDIDO DE QUIEBRA POR COOPERATIVA FARO LTDA. S/CASACION. S STRNSC VIEDMA 00CC 000192 09-12-93 SD LEIVA-LDT). Finaliza dicho fallo diciendo que: Esta Cámara de Apelaciones se ha expedido reiteradamente sosteniendo que el pedido de quiebra intentado por un acreedor no es pertinente si no está agotada la vía individual (SALAZAR OSCAR HUGO S/QUIEBRA EN AUTOS: FUNES ORLANDO LUCIO Y DINICOLO ANTONIO, Expte. Nº 473-CA-98, Sala I). Nº 81 - Tº I - Fº 162/164 Protocolo de INTERLOCUTORIAS -S A L A III- Año 2007.- Entendemos que en el caso de autos no obstante el esfuerzo de la actora peticionante de la quiebra no se ha acreditado fehacientemente que por el solo hecho de no haber cumplimentado las obligaciones emergentes del contrato de compraventa de automotor que vinculara oportunamente a las partes y que en el proceso sumario llevado a cabo por ello que se encuentra en ejecución de sentencia, la demandada padezca de impotencia patrimonial general y permanente, generadora del estado de cesación de pagos, que se requiere conforme los criterios expuestos supra.- Antes bien se advierte que no se trata de una obligación de dar dinero, sino de hacer, que bien puede ser satisfecha por el mismo Juez de la causa, suo tempore y si mediara resistencia del deudor a cumplir la sentencia dictada y que al no haberse resuelto en daños y perjuicios ni cuantificado estos, no es hábil para pedir la quiebra y menos cuando la propia acreedora ha compensado los honorarios pagados en los autos que menciona en favor del Dr. Navas con el saldo deudor que por entonces tenía por los automotores conforme surge de los autos respectivos que tenemos a la vista.- Tampoco acredita fehacientemente los créditos presuntamente impagos por el demandado en las otras causas que solo se ha limitado a citar, extremos todos, que nos persuaden de la improcedencia del pedido por falta de cumplimiento de los recaudos que le impone el art. 83 de la L.C., por lo que votamos por la confirmación del fallo apelado, en todas sus partes con costas.- Por lo expuesto, SE RESUELVE:

Confirmar el fallo apelado, en todas sus partes con costas.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.

EN DISIDENCIA EL DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA DIJO:

La sentencia obrante a fs. 398/400 vta., de fecha 6 de febrero de 2008, resuelve rechazar la petición de quiebra del Sr. Emilio Belbruno instada por el acreedor Sr. Juan Bautista Geretti a fs. 319/321, con costas por su orden. El a-quo estima, para resolver como lo ha hecho, que no se encuentran acreditados los hechos demostrativos de la cesación de pago del deudor, agregando a mayor abundamiento con apoyo jurisprudencial que "quien ha iniciado una acción individual, encontrándose en etapa de ejecución de sentencia, no puede presentar contra su deudor un pedido de quiebra cuando no ha justificado, ni siquiera alegado, que los bienes embargados fuesen insuficientes para garantizar la condena allí recaída. El simple incumplimiento no puede considerarse como revelador del estado de cesación de pagos". (fs. 400).

Contra la aludida sentencia se alza la actora mediante recurso de apelación concedido a fs. 402, sostenido luego a fs. 404/409 vuelta.

Al entrar al estudio del recurso, advierto que se trata de un caso de rechazo de una petición de quiebra instada por un acreedor, resolución que estimo no es apelable como reiterara en mi voto disidente registrado en L.S. 2006 - I - 165/167. Dije allí y ahora reproduzco lo siguiente: "Conforme sostuviera en los fallos de esta Sala registrados en L.A. 1981 - I - 168; L.A. 1982 - I - 78-; L.A. 1986 - II - 373; L.A. 2000 - II - 226/231, estimo que la resolución que rechaza el pedido de quiebra de un acreedor es inapelable. Ello en atención a lo previsto por el art. 273 inc. 3º de la ley 24.522, idéntico al art. 296 inc. 3º de la ley 19.551, y a que el rechazo del pedido de quiebra no acarrea al peticionante un gravamen o agravio irreparable, toda vez que no le impide al acreedor ejercer nuevamente su facultad de instar la declaración de falencia del deudor o de ejercer o proseguir las demás acciones particulares en procura de obtener el pago de su crédito. En el sentido apuntado	se ha expedido la Sala Primera de la Excma. Corte de Justicia en el caso registrado en P.R.E. año 1999, TºI, Fº 166/173".

En consecuencia, voto por que se declare mal concedido el recurso de apelación contra la sentencia de fs. 398/400 vta., que queda firme, con costas por su orden.