Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-26


Causa Nº 17095-00/CC/2006 "BAZARAS, Ricardo Angel s/ inf. art. 74 Ley 1472 -Apelación" - SALA II.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2007, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo y Marcela De Langhe, para resolver estos actuados.

Y VISTOS:

El 20 de noviembre de 2006, la Sra. Fiscal de Primera Instancia -Graciela Eva Navarro- requirió que se imprimiera a la presente causa la modalidad de Juicio Abreviado (art. 43 L.P.C.) -ver fs. 66-. Por entender cumplidas las condiciones para ello, el titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 1, Alfredo Leonardo Durante, mediante la sentencia de fs. 74/75, condenó al Sr. Ricardo Ángel Bazaras, por la conducta prevista en el art. 74 C.C., a la pena de multa de $1.000 (pesos mil) en suspenso, imponiendo las reglas de conducta previstas en los incisos 1º y 2º del art. 45 C.C. durante el término de 6 (seis) meses y ordenando el comiso de los elementos secuestrados, siendo que los mismos fueron utilizados para cometer la contravención.

Contra el punto IV de la sentencia condenatoria, relativo al decomiso, la abogada defensora del Sr. Ricardo Angel Bazaras -Silvia Gómez- interpuso recurso de apelación (fs. 81/82), el cual fundó en los argumentos que se sintetizan a continuación: 1- La cuestión debe ser encuadrada bajo la órbita del art. 61 L.P.C.; 2- El decisorio es contrario a derecho e importa una evidente desproporción punitiva pues refleja la aplicación de dos sanciones: la principal de multa de $1.000 (pesos mil) en suspenso y la accesoria de comiso de los efectos; 3- La Sra. Fiscal de Primera Instancia omitió pronunciarse acerca las peticiones verbales del Sr. Bazaras con respecto a la devolución de los elementos secuestrados y en relación al pedido de sustitución; 4- El comiso fue planteado con posterioridad a la firma del acuerdo de juicio abreviado con el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal, creando ello un estado de inseguridad jurídica para el encartado.

En la misma oportunidad la defensa solicitó se declare nulo el punto IV referenciado.

Radicadas las actuaciones ante esta Alzada, el Sr. Fiscal de Cámara -Walter Fernández- consideró que no puede prosperar el recurso intentado "...por la implicancia que tiene lo afirmado por la Defensa. El núcleo del planteo defensista es el desconocimiento del derecho...no puede fundar su apelación en el vacío legal que concientemente pactó con el Ministerio Público Fiscal. En concreto, la Defensa viene a plantear una circunstancia que no fue negociada por las partes al momento del juicio abreviado. Las razones de esta omisión pueden ser variadas, pero lo concreto es que, se trate de ignorancia, impericia o imprudencia, el recurso de apelación carece de fundamentos serios para habilitar la instancia..." (fs. 87).

Cumplidos los pasos procesales de rigor, la causa se encuentra en condiciones de ser tratada por el Tribunal.

Y CONSIDERANDO:

I.- En primer lugar corresponde efectuar el examen de admisibilidad de la vía incoada. Si bien la defensa encuadró su planteo en el art. 61 L.P.C. -fs. 81- , debe meritarse su intención de hacerlo respecto de lo normado en los arts. 50 y 51 L.P.C. Desde esta perspectiva, el recurso ha sido interpuesto contra una sentencia definitiva (impugnabilidad objetiva), por quien tiene legitimación procesal para hacerlo (impugnabilidad subjetiva), contiene fundamentación autónoma y razonada, y fue introducido dentro del plazo legal ante el juez de la causa. Resulta así formalmente procedente a la luz del articulado citado en última instancia.

Por otro lado, promediando la presentación de la impugnante, somete a discusión -casi casualmente- la nulidad del mismo punto apelado, circunstancia que merece las siguientes aclaraciones: la apelación planteada presupone un desacuerdo con lo resuelto, pero que conlleva el reconocimiento del acto como válido, cuestión que entra en clara contradicción con la tacha de nulidad pretendida, que solo puede proceder contra actos viciados. Sentado ello, queda claro que el camino impugnaticio de la nulidad no puede proceder, toda vez que "...resulta un contrasentido utilizar ambas herramientas para atacar su convalidación por parte del juzgador..." Causa Nº 17095-00/CC/2006. SALA II.

II.- Agotado el análisis de procedencia de la vía intentada, se impone abordar el libelo impugnaticio a fin de verificar si efectivamente la decisión cuestionada es susceptible de generar agravios o sólo importa una estricta aplicación de previsiones normativas expresas que llevaron al magistrado a decidir del modo en que lo hizo.

Al respecto, ya hemos dicho en anteriores pronunciamientos que "...si el comiso es una sanción accesoria (art. 23, inc. 3 C.C.) y la condena por una contravención comprende el desapoderamiento de las cosas que han servido para cometer el hecho (art. 35 C.C.), tal consecuencia es parte de la ley material que el procedimiento contravencional se propone actuar ...", de modo que, difícilmente el decisorio del a quo sea "contrario a derecho", como afirma la apelante, cuando la ley misma prescribe el decomiso de los efectos que sirvieron de instrumento para cometer la contravención al recaer sentencia condenatoria.

Sentado lo anterior queda claro que, si al momento en que fue acordado el juicio abreviado entre el imputado y el fiscal no se hizo referencia al destino de los bienes secuestrados, mal puede hacerse en este estado. Y ello es así porque la medida del interés para ejercer el derecho al recurso respecto de la sentencia recaída en el marco de un juicio abreviado se halla íntimamente vinculada con el alcance de la conformidad prestada por el imputado en el convenio respectivo.

De modo que si la cuestión no fue introducida al momento del acuerdo, dado que la ley es clara cuando estipula el decomiso de los bienes como consecuencia de la sentencia condenatoria, se interpreta que la defensa lo tuvo en consideración como condición de la suscripción de la pieza de fs. 65/67.

Adunado a ésto, cabe mencionar que el art. 35 C.C. establece una regla general; su excepción la configura el supuesto en que -a criterio del juez- la imposición de la pena importe, por las características especiales que revista, una "evidente desproporción punitiva".

No se configuran en el sub lite, los extremos para la verificación de la excepción prevista en el artículo mencionado en último término, ya que a pesar de haberse impuesto la pena principal de multa, debe ponderarse que se aplicó el mínimo de la pena prevista y lo ha sido "en suspenso", y por lo tanto no agrava la situación del acusado. A modo ilustrativo, piénsese en lo que sucede con respecto al Instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba (art. 45 C.C.) en el cual el imputado "debe abandonar a favor del Estado los bienes que necesariamente resultarían decomisados en caso que recayere condena", a pesar de no admitir su responsabilidad en el hecho. Con más razón entonces cuando media aceptación de la imputación, como es en el Juicio Abreviado.

Por todo lo expuesto, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR el punto IV de la resolución obrante a fs. 74/75, en tanto DISPONE EL COMISO de los efectos secuestrados.

Tómese razón, notifíquese por cédula al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones a la primera instancia interviniente la que deberá practicar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Nota: El Fernando Bosch no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.