Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-04-27


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintisiete (27) de Abril de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane, Antonio Gandur y Alberto José Brito -por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Carpintieri, Salvador vs. Esso Petrolera Argentina S.R.L. s/ Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane, Antonio Gandur y Alberto José Brito, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, con fecha 18 de setiembre de 2003 (fs. 463/467), la demandada a través de apoderado interpone recurso de casación, el que es concedido mediante auto del 8 de junio de 2004 (fs. 530). Consta en el informe actuarial de fs. 544 que sólo ha presentado memorial facultativo la accionada.

2.- El fallo atacado acoge la demanda por la suma de $233.170,47, en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso omitido, aguinaldo por dos años, asignaciones familiares por esposa de dos años y vacaciones proporcionales año 1991. Impone las costas a la vencida y regula honorarios a los profesionales actuantes.

Al dividir las consideraciones en dos cuestiones aborda en primer lugar la referida al tipo de relación que vinculaba a las partes, definiendo en base a una precisa cita doctrinaria, cuales son los caracteres que determinan que se trate de un contrato laboral o mercantil.

Mediante cita de un plenario que condiciona la calificación a la prueba producida y algunas consideraciones acerca de la presunción consagrada por el art. 23 LCT, aborda la cuestión en función de las comprobaciones producidas en autos.

De esa manera recorre las declaraciones testimoniales, la no tacha de los mismos, la existencia del logo de la demandada en la unidad con que se realizaba la tarea y algunos instrumentos reconocidos como ser el ejemplar de Política y Procedimientos para Transportistas, como así también instrucciones y normas de las que en concepto de la Sala emergen la naturaleza laboral de la vinculación.

Seguidamente refiere la modalidad de facturación y precios que determinaba la misma demandada lo que daba a su actuación personal permanencia y continuidad dentro de una zona con horarios, listas de cobranzas y clientes, asignada para el reparto de los productos de la accionada, notas todas ellas tipificantes de la existencia de una relación exclusiva.

Que por lo demás ello se veía corroborado en los informes negativos producidos por la AFIP y Dirección General de Rentas Municipales, y lo dictaminado por el señor perito contador en autos.

3.- La expresión de agravios comienza refiriendo el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad, incluido el afianzamiento por póliza, con una circunstanciada puntualización de los antecedentes de la causa.

Plantea como primer agravio la violación y errónea interpretación de los arts. 21, 22 y 23 LCT, resaltando aspectos vinculados a una interpretación de los hechos no muy alejada de la posición asumida en el responde, en orden a que el actor era empleador y formaba una sociedad, asumiendo el riesgo de su actividad, según surge de su propia absolución. Resalta que contradice sus propios actos, desde que nunca efectuó reclamo alguno, concluyendo así que la sentencia resulta arbitraria en razón de haber efectuado una irrazonable interpretación de las pruebas.

Seguidamente aborda imputando el mismo defecto, lo referido a los arts. 245, 232, 156 y 123 LCT, ello en virtud de que la causal de despido fue negada, no pudiendo aplicarse esa norma, en virtud de que a la fecha del supuesto distracto llevaba el actor dos años de jubilado, circunstancia que considera acreditada, no sólo mediante la respuesta a su posición a fs. 199, sino que también emerge del informe pericial producido (fs. 457 vta.). La situación apuntada, descalifica en su concepto al fallo en cuanto no ha merecido consideración alguna la señalada circunstancia.

Luego plantea lo referido a la aplicación de la ley 24.241, en cuanto a la obligatoriedad de inscribirse como trabajador autónomo, por lo que así demuestra que no resultaba ello de una exigencia de la demandada, lo que impacta en que no podía tener por prohibición legal naturaleza laboral la relación.

También se agravia de que el fallo haya ignorado la doctrina de los actos propios, habida cuenta de una previa obtención de jubilación ordinaria, para luego armar en concepto de la recurrente un despido, silencio que se mantuvo durante 27 años, afectando la congruencia y el principio de la defensa en juicio.

Con argumentación similar pero enfocada desde otro ángulo, postula que la sentencia no merituó en modo alguno la mala fe del proceder del actor, resaltando de ello que el fallo no ha hecho mérito alguno de la prueba producida por el propio actor.

Funda asimismo el planteo de la violación y errónea interpretación del art. 273 CPCCT, 28 de la Constitución Provincial y 18 de la Nacional, en el hecho de que el cálculo de los ingresos mensuales está tomado sólo de la invocación del actor, sin consideración ni soporte en prueba alguna.

Seguidamente expresa que hay un enriquecimiento sin causa por el actor, claramente violatorio del art. 792 del Código Civil y 499 del mismo ordenamiento, pues resulta una obligación sin causa, ya que de la condena resulta un salario de $4.773,80 como básico para el cálculo, generándose un crédito sobre el que se ha demostrado era imposible que naciera.

Antes de proponer doctrina legal e introducir la cuestión federal, arguye como último agravio el que la cuestión arduamente debatida de los fleteros, fue finalmente zanjada por el decreto 1494/92, que contundentemente en su art. 8° lo define como un contrato de transporte y no como una relación laboral.

4.- Reexaminada la admisibilidad se advierte temporánea interposición contra sentencia definitiva, cumplido el afianzamiento del art. 133 CPTT, más tanto el motivo casatorio (art. 131 inc. "a"), cuanto a suficiencia de los planteos serán examinados con cada uno de los agravios.

4.1.- En lo referido a la existencia de relación laboral, en un caso similar pero con una conclusión inversa en el grado esta Corte dijo: "el tema traído en casación, orientado a demostrar que es erróneo el temperamento adoptado por el tribunal referido a la inaplicabilidad al caso de la presunción favorable al trabajador, relativa a la existencia del contrato de trabajo a partir de la demostración de la prestación de servicios, con fundamento en que se encontrarían acreditadas en el actor transportista, notas tipificantes de un verdadero trabajador autónomo (art.23 LCT.), requiere necesariamente de la revisión del procedimiento valorativo de las pruebas de la causa que determinaron la convicción en el tribunal acerca del carácter de trabajador autónomo del sector, lo que en principio está vedado a esta Corte, pues no constituye la casación una ulterior instancia ordinaria sino un remedio extraordinario y por ende excepcional, salvo que se invoque fundadamente el vicio de arbitrariedad" (CSJT sent. n° 31 del 17/2/97).

Así nada ha dicho de la merituación de las declaraciones testimoniales, las instrucciones en cuanto a como debía conducirse en la prestación como así también lo referido a la facturación y precios definidos por la demandada, circunstancia a la que debe agregarse la aseveración acerca del cumplimiento de directivas referido a zonas de actuación, donde no había discrecionalidad alguna en cabeza del actor.

Los aspectos vinculados al vehículo con que se realizaba la tarea, forma parte de lo que constituye la plataforma fáctica de la causa, no obstante lo cual debemos señalar que calificada jurisprudencia ha dicho que "acreditada la existencia de un contrato laboral (conf. arts. 21, y 68 de la LCT.) y consecuentemente la calidad de fletero del trabajador, la circunstancia de ser éste propietario del camión o de asumir determinados riesgos no obsta a aquella configuración, debiendo el empleador que alegó el carácter independiente del mismo probar la existencia de un contrato de transporte en los términos de los arts. 8, inc. 5 y 162 C. Com. (Conf. art. 23, 2ª parte de la LCT.) (Conf. Sala VII, sent. 6176, del 24/03/84, "Torreiro, Manuel v. COHEN S.A. s/ Despido") (C. Nac. Trab., sala 7ª, 15/05/1985 - PEDACE, ROBERTO O. v. CIA. EMBOTELLADORA ARGENTINA S.A.I.C.).(Jurisprudencia Citar Lexis n° 13/6174).

También la expresión de agravios omite hacerse cargo de un aspecto central en orden a formar la convicción que funda la condena, desde que nada dice acerca de lo que el fallo llama lista de clientes, cuestión que resulta relevante al momento de determinar la naturaleza de la relación, pues como se ha dicho "para que un transportista pueda ser considerado un empresario y no un dependiente, la clientela debe ser suya, porque sin clientela no hay empresa. Si dicha clientela pertenecía a la empleadora demandada, el actor, ayudante de fletero, debe ser considerado en relación directa con aquélla, debiendo aplicarse al caso lo dispuesto por el art. 28 LCT.(C. Nac. Trab., sala 4ª, 23/04/1991-ORTIZ, HUGO v. BODEGAS Y VIÑEDOS LÓPEZ S.A. s/ DESPIDO). Citar Lexis nº 13/3749.

La crítica a la conclusión de la Sala, transcurre por una manera distinta de interpretar algunas pruebas por un lado, y la omisión de atacar otras y sólo se discrepa con la valoración y análisis que el juzgador efectúa, sin que aparezcan conculcadas como se expresa las reglas de la sana crítica. Y si bien el recurrente invoca la doctrina de la arbitrariedad, las criticas expresadas como fundamento del vicio alegado, no exhiben sino la falta de acuerdo del demandado con alguna de las pautas, originadas en la valoración de las pruebas aportadas, determinantes del criterio interpretativo adoptado respecto de la existencia de relación de dependencia. De allí que en este aspecto el recurso deba declararse mal concedido.

4.2.- Igual suerte correrá lo que por dos veces está planteado como vicio de la sentencia, en cuanto a la doctrina de los actos propios, que este Tribunal ha definido como " es aplicable al derecho procesal, cuando se advierte una falta de coherencia en el comportamiento, una incompatibilidad manifiesta en la conducta del litigante. Todo ello, en resguardo de los principios que informan el proceso" (CSJT sent. n° 694 del 22/9/03).

Evidentemente que la imputada transgresión no es la que intenta fundar la crítica a la sentencia, sino que trata por ese camino que la Sala examine lo que el recurrente considera ocurrió sin problema alguno durante 27 años, cuestión sobre la que pretende fundar la arbitrariedad al comparar la calidad de una confesión frente a una presunción.

Lo que es determinante de que la decisión no está afectada por el vicio en este aspecto es que esta teoría no puede ser extendida a la materia laboral en perjuicio del trabajador, atento lo dispuesto por los arts. 12 y 58 LCT que expresamente consagran el principio de irrenunciabilidad de los derechos y la exclusión de las presunciones que deriven del silencio del dependiente.

5.- Presenta como violación a los arts.792 y 499 del C. Civil, lo referido a los montos de la condena, aseverando la existencia de un enriquecimiento y obligación sin causa, omitiendo el contenido real y naturaleza jurídica de la cifra base con la que se efectúa la liquidación.

En ese marco es central como se produce la traba de la litis, pues frente a la planilla de fs. 18, hay una negativa específica, refiriendo que la última remuneración percibida, fue en mayo de 1963, sujetando la probanza a la producción de prueba pericial.

Pero cuando da su propia versión de los hechos, conforme a su reconocida obligación procesal, circunscribe a la argumentación en torno a que no se trataba sino de una relación de carácter comercial.

Debido a ello, es que la Sala actúa en el caso, en el marco de las atribuciones que la da el art. 60 CPTT, en cuanto puede valorar la posición hasta tenerlo por conforme, a pesar de su negativa.

Tales razones determinan el rechazo del este agravio.

6.- La misma suerte correrá lo referido a la aplicación de la ley 24.241, pues ha sido publicada en el boletín oficial del 18 de octubre de 1993 y el decreto 1494 que es del 20 de agosto de 1992 y ha sido derogado por el art.13 de la ley 24.653 del 16 de julio de 1996 que regulan situaciones con posterioridad al despido denunciado como ocurrido en setiembre de 1991.

7.- Si aparece nítidamente como una omisión sentencial lo referido a la condición de jubilado adquirida por el actor durante la relación laboral, cuestión que aparece probada, determinante que en el transcurso del tiempo las posiciones doctrinarias jurisprudenciales y modificaciones legales en cuanto al cómputo de los derechos indemnizatorios se efectuara de distinta manera.

Con respecto a este tema la Cámara Nacional del Trabajo, Sala 9ª, con fecha 20/5/98 en autos "Estévez, Salinas A. v. La Pampa 1770), dijo resumiendo esta cuestión que " tal como sostuvo la sala, in re "Zone, Nidea M. L. v. S.A. Establecimientos Vitivinícolas Escorihuela s/despido" (SD 2235 del 30/9/1997), de conformidad con la innovación introducida el 29/6/1994 por el art. 7 ley 24.347 al art. 253 LCT. -que agrega el último párrafo a la norma, corresponde en el caso del trabajador jubilado que reingresa a las órdenes del mismo empleador, con quien trabajaba cuando se produjo el cese, a fin de obtener su jubilación ordinaria, computar como tiempo de servicio aquel ganado desde su reingreso, excluyendo del cómputo el período anterior laborado para el mismo empleador con anterioridad a su cese".

Y agrega "para arribar a esta interpretación cabe memorar que el último párrafo del art. 253 LCT., introducido con la última reforma, recepta la opinión doctrinaria de Deveali, López, Fernández Madrid, Zureti (h), Herrera, entre otros, que sostenía una interpretación distinta a la adoptada hasta ese momento por la jurisprudencia de nuestra C. Nac. Trab. (ver sala 3ª, in re "Díaz de Bagnate, Juliana v. Sociedad Italiana de Beneficencia", del 28/11/1976; sala 1ª, in re "Tipping de Golan, Esther v. Havero S.A.", del 25/4/1977; sala 8ª, in re "Chaperri, Osman v. Antonio Delgado S.A.I.C.", del 21/8/1984; y sala 5ª, in re "Dip Saaid v. Cartotécnica S.R.L.", del 21/4/1988), la que receptaba la aplicación del art. 18 LCT. para el cómputo de la antigüedad en el caso del art. 253 en su anterior redacción" A continuación expresó que "la opinión doctrinaria -inspirada básicamente en el argumento de que no luce razonable cargar al empleador con la obligación de reconocerle frente a un despido ulterior, toda la antigüedad desde su ingreso, pues aquél logró liberarse de pagar la indemnización por antigüedad del empleado que cesó para acogerse al beneficio jubilatorio en los términos del art. 252 LCT, reconoce ahora consagración legislativa, sellando así, en mi opinión, la suerte de la petición actora, quien no cuestionó la validez de la norma aplicable al caso de marras." También refirió que " en una primera época, anterior a la ley 18.037, la C. Nac. Trab. reconoció al trabajador jubilado que reingresaba a la actividad y era despedido, el derecho a percibir una indemnización por ese motivo, ya que se trataba de evitar la aparición de un mercado negro de trabajadores jubilados que, si bien con mayor experiencia, podían ser contratados y despedidos sin protección alguna".

Seguidamente dijo que "más tarde, la Corte Sup., en autos "Domínguez, Manuel v. La Emilia S.A." (LT XV-629) y la Sup. Corte Bs. As., in re "Rivero de Pérez, E. v. Talleres Metalúrgicos Miliz Gutiérrez y Millefante S.A." (DT 1977-88) llegaron a una solución contraria negando el derecho a indemnización, lo cual llevó a la C. Nac. Trab. a ponerse también a tono con la nueva doctrina sentada, pronunciándose así en el plenario "Vitón, María de las Mercedes v. Muchnick Editores S.R.L.", en el que se sostuvo que el trabajador jubilado despedido sin justa causa carecía de derecho a indemnización a menos que una norma especial así lo estableciera".

Así refiere que "con la sanción de la ley 18.037 en 1968 y la ley 20.744 en 1974, aparece la ley especial a la que hiciera referencia el plenario, consagrándose finalmente la protección contra el despido arbitrario del trabajador jubilado vuelto a la actividad, quien podía hacerlo (siempre y cuando no hubiera obtenido una jubilación por invalidez) en la medida que no viole la normativa previsional vigente".

Explica que "esto último no importaba otra cosa más que dar cumplimiento a las previsiones de la ley 18.037, que imponían la obligación tanto al jubilado como al empleador que lo contrataba, de notificar a la autoridad previsional el reingreso del pasivo a la actividad, a fin de proceder a la reducción del haber de jubilación al mínimo en tanto se mantuviera en dicha situación (conf. arts. 55, 56 inc. i, 58 inc. c, 68), ya que el incumplimiento de dicha carga importaba la imposición de multas al empleador y sanciones al trabajador".

Finalmente asevera que "con la sanción de la ley 24.347 la compatibilidad entre jubilación y nuevo empleo se mantiene con algunas diferencias, destacándose que ya no se reduce el haber previsional al mínimo al reintegrarse a la actividad (conf. art. 34 ley 24.241, modificado por el art. 1 ley 24.347), y que la incorporación de los nuevos servicios no le otorgan al pasivo derecho alguno a reajuste de la prestación, pero se mantiene el régimen de doble comunicación a la autoridad previsional por parte del empleado y empleador, tal como lo expresara en el párrafo anterior" (Citar Lexis Nexis 30000258).

Lo hasta aquí dicho permite advertir que a los efectos de la determinación de la condena la Sala debió examinar la situación del actor, por lo que la sentencia debe ser revocada a tenor de la siguiente doctrina legal: "Es nula la sentencia que omite la consideración de una prueba que resulta pertinente a los efectos de la resolución del litigio" y en consecuencia disponer se reenvíen los autos la Excma. Cámara, para que con la composición que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento sobre el punto.

8.- Las costas del recurso atento los vencimientos recíprocos se imponen de la siguiente manera: la demandada cargará con el 50% de las de la actora y el resto por su orden en razón de provenir la nulidad parcial de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPTT y 109 CPTT).

El señor vocal doctor Rene Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 501/528, la parte demandada presenta recurso de casación contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, dictada el 18 de septiembre de 2003, obrante a fs. 463/467, por la que se hace lugar parcialmente a la demanda incoada por el actor en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso omitido, aguinaldo dos años, asignaciones familiares por esposa por dos años y vacaciones proporcionales año/91".

II.- En lo atinente a lo decidido por la sentencia atacada, como así también, a los agravios que sustentan el recurso en examen, me remito a la prolija reseña contenida en el voto del doctor Alfredo Carlos Dato.

III.- Siendo competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, juzgar de la admisibilidad del referido recurso de casación, corresponde examinar si el mismo cumple los requisitos exigidos por el artículo 132 del CPT.

Al respecto, coincido con los fundamentos y conclusiones expresados por el doctor Dato, salvo en lo referido a los fundamentos y conclusiones contenidos en el punto 5 de su voto, con relación al agravio referido a los montos de los salarios tomados como base para la liquidación de las indemnizaciones.

Sobre el punto la sentencia sostiene que, para el cálculo de los rubros por los que progresa la demanda, se tomará como base el sueldo denunciado a fs. 18 y que asciende a $ 2000 mensuales. Aunque el fallo no lo expresa, del texto precedente surge que el sentenciante ha aplicado al caso lo dispuesto por el artículo 60 del CPT, por considerar que el accionado no constituyó en litigiosos los créditos reclamados por la actora ni dio su versión sobre el correcto cálculo de los mismos.

Estimo errónea la aplicación elíptica, por parte del Tribunal sentenciador, de la precitada norma del CPT. En efecto, a partir de la negativa expresa de la demandada a reconocer la existencia de relación de trabajo, también se reputan negadas las circunstancias vinculadas a él, como es por ejemplo el salario percibido, o la antigüedad, etc. Consecuentemente, corresponde al actor acreditar no sólo la existencia de la relación de trabajo, cuestión que sí se tuvo por probada en autos, sino también las circunstancias antes aludidas.

Por ser ello así, el reconocimiento ficto de estos hechos, expuestos en la demanda que realiza la sentencia a tenor de la doctrina del artículo 60, segundo párrafo del CPT, no puede prosperar, toda vez que la negativa concreta respecto a la existencia de relación de dependencia ha sido realizada en el responde y, reitero, comprende implícitamente a las cuestiones vinculadas a dicha relación.

No se trata, pues, de silencio o evasivas a los hechos en que se funda la demanda, sino que la accionada negó expresamente la existencia de relación laboral y de deuda alguna nacida de la misma. Mal puede entonces interpretarse que, con relación al monto del salario, hubo reconocimiento ficto.

Por las razones expresadas, considero que corresponde hacer lugar al recurso, en lo que a esta cuestión se refiere, casando la sentencia en este punto, a tenor de la siguiente doctrina legal: "Constituye un supuesto de falsa o errónea aplicación de la norma contenida en el artículo 60, segundo parágrafo del Código de Procedimiento de Trabajo, cuando la misma se efectúa en un juicio en el que la parte demandada, en su escrito de responde, niega expresamente la existencia de relación de trabajo con la actora y de deuda alguna nacida de la misma". Siendo ello así, por las razones prolijamente expresadas en sentencia N° 759 del 29-9-97, se dispone la remisión de estos actuados a la Excma. Cámara del Trabajo para que, por la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

Atendiendo al resultado del recurso, parcialmente favorable a ambos litigantes, y teniendo en cuenta el éxito obtenido por cada uno de ellos; corresponde imponer las costas de la instancia casatoria por el orden causado.

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Alberto José Brito, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR PARCIALMENTE INADMISIBLE, y por ende mal concedido, el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, con fecha 18 de setiembre de 2003 (fs. 463/467) en lo tratado como puntos "4.1" y "4.2". HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la demandada en cuanto al agravio referido a los montos de los salarios tomados como base para la liquidación de las indemnizaciones, como así también en lo que respecta a la condición de jubilado adquirida por el actor durante la relación laboral, en basev a las doctrinas legales dictadas en los considerandos. NO HACER LUGAR, también parcialmente, al recurso de marras en lo considerado como apartado "6" y REMITIR estos actuados a la Excma. Cámara para que por la sala que por turno corresda, dicte nuevo pronunciamiento al respecto.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO (en disidencia parcial) RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA