Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-04-20


000127/2010 --- En la ciudad de Trelew, a los días de abril del año dos mil diez, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y la presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C. S. A. c/ T. A. S.A. s/ Cobro de pesos" (Expte. 127 - Año 2010 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 155.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó:	I.- Vino apelada por la demandada la sentencia de primera instancia que la condenara al pago de la indemnización prevista por el art. 80 "in fine" L.C.T. (texto agregado por el art. 45 de la Ley 25.345).- Para fundar su recurso la apelante expuso:

A) Fue errado que la Señora Jueza "a quo" desestimara su ataque de inconstitucionalidad de la citada norma por considerar que la impugnación fue genérica y sin demostrar el perjuicio causado por el precepto, toda vez que al formular el planteo denunció la violación de sus derechos constitucionales de igualdad y defensa en juicio y el carácter expropiatorio de la disposición.-	B) De la documentación agregada al proceso por el propio actor surge que ella entregó a éste el certificado de trabajo. Además, los avances tecnológicos de los últimos años permiten hoy al trabajador la consulta vía internet a las bases de datos de AFIP y A.N.Se.S. en las que aparecen toda la información sobre categoría laboral, período trabajado y aportes ingresados. Añadió la recurrente que el espíritu de la norma es punitivo de la evasión fiscal y en el caso el demandante no demostró haber sufrido perjuicio alguno.-	C) Como la ex-empleadora ya entregó el certificado de trabajo, resulta improcedente la previsión de astreintes para el supuesto de incumplimiento de tal obligación.-	Tales agravios recibieron la réplica del actor a fs. 151/152 vta.-	II.- Es exacto que la empresa en su responde a la demanda apontocó con precisión su planteo de inconstitucionalidad del art. 45 de la Ley 25.345 en la violación de las garantías constitucionales de igualdad y defensa en juicio. Fundó lo primero en que la norma resulta discriminatoria para los trabajadores, en tanto la indemnización es graduada de acuerdo a la remuneración del dependiente, de manera que percibirá una mayor quien tenga un salario superior y otra inferior quien reciba un sueldo más bajo. Apoyó lo segundo en que el precepto de marras posee una naturaleza represiva de la evasión fiscal e impone una sanción al afectado sin darle oportunidad de defensa ante la jurisdicción.-	No lleva razón la apelante en ninguna de esas dos argumentaciones.-	Tocante a lo discriminatorio de mensurar los resarcimientos según las remuneraciones distintas de cada trabajador, diré que tal régimen es típico del derecho laboral, ámbito en el que imperan las indemnizaciones tarifadas o "a forfai", medidas a partir del nivel salarial del interesado (v. gr., arts. 232, 245 L.C.T.), sin que tal discriminación legal repugne a la garantía del art. 16 de la Const. Nac., precepto que no impide, sabido es, que se contemplen en forma distinta situaciones diferentes, siempre que la disparidad de trato no sea arbitraria ni responda a hostilidad a hacia determinadas personas o grupo de ellas o a privilegios personales o grupales (confr.: C.S.N., L.L. 1993-B-509, sum. 1.439; L.L. 1993-C-529, sum. 2.562).-	A propósito del derecho de defensa supuestamente menoscabado por la aplicación sin previa audiencia y prueba del imputado de una sanción por evasión fiscal, he de señalar que la norma agregada por el art. 45 de la Ley 25.345 al art. 80 L.C.T. no apunta exclusiva ni primariamente a perseguir la evasión de aportes al sistema previsional. En todo caso, es ese un objetivo secundario e indirecto, procurado a través del efecto disuasorio de la evasión que la previsión pueda alcanzar, mas que sólo viene por añadidura a unirse a la primordial finalidad tuitiva de los trabajadores, consistente en asegurarles una indemnización especial por el daño que les causa la falta de entrega temporánea de los certificados de trabajo y constancias de aportes. Al efecto de esta disposición no cuenta el delito de evasión -sancionada por otra legislación-, sino el perjuicio ocasionado a los dependientes, titulares del derecho a ser resarcidos. La cuestión no es pues de derecho tributario, cual postula la demandada, sino de índole laboral y en tal esfera ella no vio quebrantado su derecho de defensa en juicio, pues lo ejerció efectivamente en el responde a la demanda de este pleito.-	Atinente a la calidad expropiatoria de la indemnización, encuentro descaminada la crítica. A la demandada no se la "expropia", esto es no se la priva de la posesión de una cosa por razones de utilidad pública en favor del Estado (confr.: Fernández de León, "Diccionario jurídico", 2da. ed., II-387, voz "expropiación"), sino que se la condena a indemnizar, a resarcir por equivalencia con una suma dineraria el daño causado por su incumplimiento de la obligación de entregar al ex-dependiente el certificado de trabajo y los comprobantes de aportes previsionales.-	El rechazo del planteo de inconstitucionalidad merece pues confirmación por estas razones.-	III.- Es del todo inexacto que la indemnización resulte improcedente por haber satisfecho sus obligaciones la ex-empleadora.-	Cual me viera en la necesidad de hacer notar en ya muy numerosos precedentes del cuerpo y lo destaca con acierto precisa doctrina (c. 19.982 S.D.L. 66/04. c. 20.175 S.D.L. 21/05, c. 22.142 S.D.L. 48/07, c. 22.863 S.D.L. 54/08, c. 305/08 S.D.L. 19/09, c. 356/09 S.D.L. 54/09; confr.: Ackerman, "La indemnización por incumplimiento de las obligaciones del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo (t. o.)", D.T. 2001-A-541 y sgts.), el art. 80 L.C.T. impone al empleador, a la extinción de la relación laboral, dos obligaciones cuyos objetos son prestaciones bien diferentes y que corresponde distinguir con claridad para establecer si han sido o no satisfechas, a saber:	A) El párrafo primero del precepto, luego de atribuir en su parte inicial carácter contractual al deber del empleador de ingresar los fondos de seguridad social y sindicales a su cargo, sea como obligado directo o como agente de retención, le impone en la segunda porción la obligación de entregar al trabajador, a requerimiento de éste, constancias documentadas de ello. Es esta una obligación de dar y la prestación debida es la entrega al ex-dependiente de copias de los comprobantes de depósito de las contribuciones, aportes y cuotas de seguridad social y sindicales.-	B) El párrafo segundo de dicha disposición exige al patrono el otorgar al trabajador -espontáneamente, sin necesidad de requerimiento de éste, a diferencia del caso anterior- un certificado de trabajo en el que se indique el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados a los organismos de seguridad social; a ello debe todavía sumarse un informe acerca de la calificación profesional obtenida por el dependiente en el o los puestos de labor desempeñados, haya o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación, según dispone el sexto de los artículos -aún sin numerar- integrantes del Cap. VIII que la ley 24.576 incorporara al Tít. II de la L.C.T. Esta es una obligación de hacer y la prestación que forma su objeto consiste en brindar al ex-empleado la información que la disposición especifica.-	Desde luego, ambas obligaciones se relacionan en la cuestión de los aportes y contribuciones, pero existe entre ellas una diferencia: la indicación a consignarse en el certificado de trabajo del párrafo segundo es sólo información sobre dicho punto, mientras que las constancias documentales a que se refiere el párrafo primero importan la acreditación instrumental de la información anterior.-	Hechas estas primarias y esenciales distinciones, vayamos al caso de autos. Aunque la empleadora entregó el formulario del A.N.Se.S. denominado PS.6.2 (fs. 22), con ello no cumplió con ninguna de las mencionadas obligaciones a su cargo en razón de la incompletitud de ese documento y la falta de entrega de las constancias documentales de aportes. Veamos uno y otro aspecto.-	Dicho formulario PS.6.2 no satisface los requisitos establecidos en el art. 80 párr. 2° L.C.T. y en el ya mencionado artículo 6to. del Cap. VIII del Tít. II del mismo ordenamiento (texto incorporado por la ley 24.576), pues se trata de un certificado de servicios y remuneraciones que, en cambio, no hace constar nada acerca de los aportes y contribuciones efectuados a los organismos de seguridad social, ni sobre la calificación profesional obtenida. Aunque, por mera hipótesis, acogeríamos los argumentos de la apelante acerca de la pretendida innecesariedad de consignar los aportes y contribuciones, quedaría subsistente la otra falencia, esto es el no haber puntualizado la calificación profesional obtenida por el actor en el puesto de labor desempeñado, haya o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación. Así entonces, la empresaria incumplió la obligación de hacer de informar.-	En cuanto a las constancias documentales del ingreso de las cotizaciones al sistema de seguridad social, como también hemos declarado (c. 356/09 S.D.L. 54/09, c. 452/09 S.D.L. 67/09), su entrega no la puede soslayar el empleador por la circunstancia que en el presente la información se halle a disposición de los interesados en bancos de datos informáticos. Es deber de los jueces decidir sobre la pretensión deducida en el juicio calificándola "según correspondiere por ley" (art. 163 inc. 6º C.P.C.C.), sin que resulte lícito a los magistrados, según tiene declarado la Corte Suprema Nacional, proceder a sabiendas con prescindencia de su carácter de órganos de aplicación del derecho vigente ni atribuirse facultades legislativas de que carecen (L.L. 82?101). La circunstancia de que la norma parezca no ajustarse a la realidad actual, no configura un argumento válido para que el juez la deje de lado o le atribuya un espíritu distinto al que surge de la literalidad de sus términos, pues corresponde al Congreso Nacional apreciar las ventajas o inconvenientes de las leyes y legislar en consecuencia (confr.: C.S.N., L.L. 1989?B?604, sum. 38.089 S). Por amplias que sean las facultades judiciales en orden a la aplicación e interpretación de derecho, el principio de separación de poderes, fundamental en el sistema republicano de gobierno adoptado por la Constitución Nacional, no consiente a los magistrado separarse de lo dispuesto expresamente por la ley respecto del caso, en una suerte de derogación pretoriana, so color de su posible injusticia o desacierto (confr.: C.S.N., Fallos 249:425; C.N. Trab., sala I, D.T. 1989?B?1.962). El Poder Judicial es el órgano de aplicación e interpretación de la ley, no de su derogación o reforma (confr.: C.S.N., Fallos 234:310). Estas últimas han de gestionarlas los interesados ante el Poder Legislativo Nacional y no ante los estrados judiciales.-	Resta sobre este tópico señalar que, contra lo alegado por la apelante, no es requisito la procedencia de la indemnización en cuestión que el reclamante acredite el perjuicio sufrido. Es este uno de los supuestos en que el derecho laboral presume la existencia de daño sin más y el empleador no puede exonerarse de responsabilidad alegando que el trabajador no sufrió perjuicios (en análogo orden de ideas y para el art. 245 L.C.T., Sardegna, "Ley de contrato de trabajo", Universidad 1982, pág. 614; este cuerpo, c. 3/10 S.D.L. 11/10).-	Este segundo agravio tampoco es así procedente.-	IV.- Cabe en cambio acoger el tercero de los agravios y revocar en consecuencia el pronunciamiento en cuanto apercibe a la demandada con la imposición de astreintes, bien que por razones distintas a las esgrimidas por la recurrente, cual entra en los poderes del tribunal "ad quem" llevar a cabo, pues si bien él debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos le asisten facultades idénticas a las del órgano "a quo", siéndole dado utilizar fundamentos diferentes a los invocados por las partes y por el juez de la anterior instancia (confr.: C.S.N., L.L. 149-411; esta cámara, c. 12.015 S.D.L. 107/96, c. 12.037 S.D.L. 92/96 c. 16.089 S.D.L. 41/00, c. 16.462 S.D.L. 62/00, entre otras y sus citas).-	Resulta prematuro imponer esas condenaciones conminatorias por anticipado y como una amenaza para la eventualidad de la falta de acatamiento por el deudor a la decisión judicial. Ellas deben aplicarse sólo una vez que ha mediado el incumplimiento del deber impuesto por el fallo definitivo de mérito, esto es agotado ya el plazo de cumplimiento establecido en la sentencia. Tal lo mantenido por la doctrina de los autores y lo declarado reiteradamente por este tribunal (art. 666 bis Cód. Civ., su doc.; confr.: Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", 2da. ed., I-189 y sus citas; esta alzada,13.745 S.D.L. 122/98, c. 14.682 S.D.L. 26/99, c. 16.344 S.D.L. 51/00, c. 16.434 S.D.L. 66/00, c. 19.982 S.D.L. 66/04, c. 474/09 S.D.L. 68/09 ).-	V.- Por lo motivos hasta aquí expuestos considero que la sentencia apelada debe ser revocada en cuanto impone astreintes anticipadas, confirmándosela en cambio en todo lo demás que fuera materia de agravios.-	Visto el progreso de uno sólo de los tres agravios vertidos -que, además, ha sido el de menor importancia y cuantía-, las costas de segunda instancia han de ser distribuidas, imponiéndolas a la demandada en un 90 % y al actor en un 10 % (art. 72 C.P.C.C., ex art. 71).-	En atención a la extensión, calidad y resultado de los trabajos cumplidos, propongo regular los honorarios de los Dres. Y. L. F. y P. O. A., por sus labores de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 4,70 % y al 3,80 % del monto total del proceso que surja de la liquidación a ser practicada en la etapa de ejecución (arts. 5, 6, 8, 13, 18, 46 de la Ley XIII n° 4 (antes, arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del Dec.-ley 2.200).-	Me expido aquí pues PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.-	--- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo López Mesa expresó:-----	--- Que las cuestiones fácticas han sido suficientemente referidas por el colega de primer voto, motivo por el cual no abundaré en ellas, dando por reproducidos aquí los desarrollos efectuados al respecto por el Dr. Velázquez. Me concretaré, para el sustento individual de mi voto, a analizar los aspectos relevantes traídos a revisión de esta Sala.- --- Como primer agravio, plantea la apelante el cuestionamiento del rechazo de la inconstitucionalidad que ella planteara respecto de la ley 25345.---------- --- Los argumentos dados en soporte del agravio son que el art. 45 de la Ley 25.345 viola las garantías constitucionales de igualdad y defensa en juicio; ello, ya que según el criterio de la apelante la graduación de la consecuencia patrimonial del incumplimiento del deber de acuerdo a la remuneración del dependiente, hace que ella se torne discriminatoria, pues percibirá una mayor indemnización quien tenga un salario superior y otra inferior quien reciba un sueldo más bajo.

--- Adujo también la demandada recurrente que el precepto impugnado posee una naturaleza represiva de la evasión fiscal e impone una sanción al afectado sin darle oportunidad de defensa ante la jurisdicción.---- --- En respuesta a tales impugnaciones constitucionales, he de decir, en cuanto a la imputación de discriminación de la mensura del resarcimiento según las remuneraciones debidas a cada trabajador, que dicho régimen no sólo no es extraño, poco corriente o discriminatorio, sino que por el contrario él resulta una constante del derecho laboral, segmento del derecho donde la tarifación hace que a partir de la base salarial del dependiente se calcule la indemnización, no sólo en este sino en varios otros casos (cfr. arts. 232, 245, etc. L.C.T.).---- --- Y, verdad es, que no hallo en la normativa que el apelante impugna desviación constitucional alguna, pues no advierto que la misma tenga por objeto ni establecer distinciones sobre un criterio irrazonable, arbitrario o caprichoso, ni que ella niegue a unos lo que da a otros que se encuentran en similares condiciones, pautas ambas que suelen ser de gran utilidad cuando de determinar comportamientos o situaciones de discriminación se trata.--------- --- La igualdad ante la ley, por otra parte, no tiene el alcance absoluto que parece desprenderse de las presentaciones de la demandada recurrente.------- --- Recientemente en un voto de mi autoría tuve ocasión de deslindar el campo de aplicación y los límites del principio de igualdad ante la ley. Dije allí que debía recordarse en primer lugar, a modo de principio general, que la igualdad ante la ley no es una paridad absoluta o indiscriminada, sino la equivalencia de quienes se hallan en igualdad de circunstancias (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 31/3/10, in re "D., M. J. y Otro c/ L. S.C.T.L s/ Cobro de haberes e indemn. de ley" (Expte. 74 - Año 2010 CAT).------ Dije después, en lo que aquí interesa, que la igualdad ante la ley no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. Lo trascendente en cada caso suscitado por vicio de desigualdad es no sólo comprobar la existencia de un trato distinto, pues si bien ello es necesario no es suficiente para concluir que el principio se ha vulnerado, sino también cuál ha sido el criterio y el propósito seguidos por el legislador para efectuar la distinción de situaciones y de trato (SCBA, 11/4/07, "Zunino, Ana María v. Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Bs.As. s/ Amparo", en Juba sum. B92512).------ --- Que el concepto básico de la igualdad civil consiste en eliminar discriminaciones arbitrarias entre las personas. La igualdad importa un grado suficiente de razonabilidad y de justicia en el trato que se depara a los hombres. En principio, se traduce en el reconocimiento uniforme de los derechos civiles a todos los habitantes (conf. los arts. 14, 16 y 20) (SCBA, 11/4/07, "Zunino, Ana María v. Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Bs.As. s/ Amparo", en Juba sum. B92511 y Cám. Apels. Trelew, Sala A, mi voto, en sentencia de esta Sala del 31/3/10, in re "D., M. J. y Otro c/ L. S.C.T.L s/ Cobro de haberes e indemn. de ley" (Expte. 74 - Año 2010 CAT).-------- --- De tal suerte, el principio o garantía de igualdad ante la ley impone un trato igual a quienes se hallan en iguales circunstancias y, por tanto, no es un principio absoluto, por lo que el legislador tiene plenas facultades para crear categorías y efectuar distinciones en la medida que ellas resulten razonables y no obedezcan a propósitos hostiles o persecutorios (SCBA, 20/9/00, "Barcena, Alicia S. v. Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad art. 18, dec. 7881/84 // I 2022 S", en Juba sum. B89424 y mi voto, en sentencia de esta Sala del 31/3/10, in re "D., M. J. y Otro c/ L. S.C.T.L s/ Cobro de haberes e indemn. de ley" (Expte. 74 - Año 2010 CAT).--------- --- Para examinar la igualdad es necesario establecer previamente los términos de la comparación, pues ningún principio ni garantía es absoluto, pudiendo el legislador establecer categorías, grupos o clasificaciones que supongan un trato diferente. Mas esos distingos no pueden ser arbitrarios y lo son cuando resultan discriminatorios (SCBA, 6/4/05, "Guarnieri, Juan R. v. Mercado Regional de Capitales S.A. s/amparo", en Juba sum. B27784, voto del juez De Lázzari).-------- --- Los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación deben en todos los casos ser aplicados e interpretados a la luz de la razonabilidad. La reglamentación de los derechos constitucionales tiene, entre otras limitaciones, la que impone la necesaria igualdad de trato (SCBA, 11/4/07, "Zunino, Ana María v. Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Bs.As. s/ Amparo", en Juba sum. B92513).--------- --- Del plexo de normas de raigambre constitucional que consagran el principio de igualdad ante la ley, se desprende que, ante nuestra legislación, cualquier desigualdad de trato establecida por el ordenamiento infraconstitucional debería basarse en alguna diferenciación razonable o al menos perseguir una finalidad que la justifique (SCBA, 20/9/00, "Barcena, Alicia S. v. Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad art. 18, dec. 7881/84 // I 2022 S", en Juba sum. B89428; y mi voto, en sentencia de esta Sala del 31/3/10, in re "D., M. J. y Otro c/ L. S.C.T.L s/ Cobro de haberes e indemn. de ley" (Expte. 74 - Año 2010 CAT).

--- La garantía de igualdad debe aplicarse a quienes se encuentran en iguales circunstancias, de manera que, cuando éstas son distintas nada impide un trato también diferente con tal que éste no sea arbitrario o persecutorio. Solo existe discriminación si una diferencia de trato no tiene justificación objetiva o razonable así como cuando no hay proporcionalidad entre el fin perseguido y los medios empleados (SCBA, 20/12/06, "Domingo Ciancio S.R.L. v. Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo", en Juba sum. B28799 y mi voto, en sentencia de esta Sala del 31/3/10, in re "D., M. J. y Otro c/ L. S.C.T.L s/ Cobro de haberes e indemn. de ley" (Expte. 74 - Año 2010 CAT).-------- --- El principio de igualdad exige también el trato diferenciado, ya que la igualdad entendida mecánicamente y aplicada de manera indiscriminada, como un criterio formal y abstracto, podría degenerar en una sucesión de desigualdades reales. La igualdad supone diversas exigencias, entre las que cabe mencionar la equiparación y la diferenciación. La mayor discriminación puede consistir en tratar cosas que son diferentes como si fueran exactamente iguales. Por tanto, cabe concluir que no toda diferenciación es violatoria del principio de igualdad, sino que por el contrario, existen discriminaciones justas e injustas. La diferenciación o distinción de trato es justa cuando tiene como causa una diferencia real que afecta al fundamento y a la razón del derecho o del deber, respecto del cual se establece dicha distinción de trato. Contrariamente, la discriminación injusta consiste en aquella diferencia de trato dado a diversos sujetos que tiene por causa algún motivo que no es una diferencia real que afecte al fundamento y a la razón del derecho o del deber respecto del cual se establece la distinción de trato (SCBA, 6/4/05, "Guarnieri, Juan R. v. Mercado Regional de Capitales S.A. s/amparo", en Juba sum. B27783, voto del juez De Lázzari y mi voto, en sentencia de esta Sala del 31/3/10, in re "D., M. J. y Otro c/ L. S.C.T.L s/ Cobro de haberes e indemn. de ley" (Expte. 74 - Año 2010 CAT).--------- --- De tal manera, la regla de la igualdad se puede formular en términos negativos: es la prohibición contra un trato arbitrario. El test de constitucionalidad, en tales casos, queda superado si se demuestra que hay razones suficientes para establecer el distingo, y si las hay el trato no será discriminatorio (SCBA, 1/3/04, "Obra Social para Empleados de Comercio y Actividades Civiles v. Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires. s/repetición por pago indebido", en Juba sum. B27105; ídem, 6/4/05, "Guarnieri, Juan R. v. Mercado Regional de Capitales S.A. s/amparo", en Juba sum. B27784, voto del juez De Lázzari; mi voto, en sentencia de esta Sala del 31/3/10, in re "D., M. J. y Otro c/ L. S.C.T.L s/ Cobro de haberes e indemn. de ley" (Expte. 74 - Año 2010 CAT).--- --- Es doctrina inveterada de la CSJN que la garantía de igualdad debe aplicarse a quienes se encuentran en iguales circunstancias, de manera que, cuando éstas son distintas nada impide un trato también diferente con tal que éste no sea arbitrario o persecutorio (CSJN, 29/3/88, "Conti, Juan C. v. Ford Motor Argentina S.A. s/ cobro de pesos", Fallos 311:394).------- --- Conforme recordara el Máximo Tribunal de la Provincia del Chubut en su fallo, la Corte Suprema de Justicia Nacional, ha acuñado una fórmula cuasi sacramental para conceptuar la igualdad, afirmando que consiste en consagrar un trato legal e igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, por lo que tal garantía no impide que se contemplen en forma distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal de clase o indebida persecución (Sup. Trib. Just. Chubut, 06/02/2006, "A., R.L. y otra v. Provincia del Chubut s/ demanda Contenciosos Administrativa y de Inconstitucionalidad". ---------- --- De esta doctrina surge claramente que no cualquier diferencia de trato es automáticamente descalificable por violatoria del principio de igualdad ante la ley. Más aún, cuando la diferenciación tenga un correlato con una diferencia de situaciones entre las personas, el trato diverso tendrá justificación y no será cuestionable (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 31/3/10, in re "D., M. J. y Otro c/ L. S.C.T.L s/ Cobro de haberes e indemn. de ley" (Expte. 74 - Año 2010 CAT).-------- A la luz de tales precedentes y de la doctrina legal vigente en esta Provincia, considero que en el caso de autos el derecho de defensa que se dice afectado por la presunta aplicación sin previa audiencia y prueba del imputado de una sanción por evasión fiscal, no queda afectado en la medida necesaria para hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad pretendida por el apelante.- --- Es que, el art. 45 de la Ley 25.345 en su reformulación del art. 80 L.C.T. no establece disposiciones de naturaleza fiscal ni su objeto fundamental o exclusivo es perseguir la evasión de aportes al sistema previsional. La prueba de que el apelante yerra en esta alegación radica en que, si fuera como él dice, el destino de la indemnización no sería el bolsillo del actor, sino la caja del fisco.--------- --- De momento que la indemnización prevista para el caso de incumplimiento del deber de entregar el certificado de trabajo va a parar a manos del trabajador, se entiende claramente cuál es la finalidad fundamental de tal resarcimiento y queda claro que la misma no es represiva de la evasión, sino primordialmente indemnizatoria de los daños que el obrero pudo haber sufrido por la demora en recibir el certificado de aportes.-------- --- A lo sumo, el objetivo fiscal puede ser indirecto, de rondón o de rebote, y en todo caso conseguido por la disuasión que las fuertes multas por el incumplimiento de la entrega del certificado puede provocar en los empleadores.----- --- Para cerrar la cuestión cabe mencionar un fallo de la CNAT, que resolvió que no debe confundirse la obligación formal de extender la certificación prevista por el art. 80 LCT. con el cumplimiento adecuado de las normas de seguridad social ni transformarse la incidencia para la obtención de la certificación en cuestión en un proceso destinado al acatamiento del régimen de la seguridad social, ya que el mismo tramita por vías autónomas predeterminadas y con la legitimación activa del ente recaudador, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a la actora de denunciar al empleador ante el organismo recaudador, para que éste reclame lo debido, de así corresponder (C. Nac. Trab., sala 3ª, 29/8/03, "Del Médico, Mirta v. Haras Las Hortigas S.A. s/despido" e ídem, sent. 47461 del 22/10/1997 "Corigliano, Natalio v. Pedro Corigliano s/suc y otros s/despido", ambas en AbeledoPerrot online).-- --- Además, la apelante no ha planteado que la indemnización otorgada por la ley a los trabajadores que no recibieren en tiempo sea desproporcionada con el monto de los daños que ellos puedan sufrir a consecuencia de la demora, ni ha demostrado argumentalmente que la tarifa fijada por el legislador sea desproporcionada con tales menoscabos. Al no haber demostrado ambos puntos, que serían esenciales para el progreso de una declaración de inconstitucionalidad y ser inanes las alegaciones ensayadas por él en abono de la impugnación constitucional iniciada, debe rechazarse la misma.----- --- La apelante apontoca apodícticamente -y sin fundamentos objetivos que lo validen- el carácter tributario de la indemnización establecida por el nuevo art. 80 LCT. Yerra en su alegación o queda corto en el embate, según se mire. Es que, siendo el destino de la indemnización el bolsillo del trabajador y no la caja fiscal, es difícil sostener la fiscalizad esencial del objetivo de la norma. Y calculándose la indemnización sobre la base del salario del trabajador, la función resarcitoria de la misma salta a la vista.---------- --- Y el desenvolvimiento de su postura por parte del accionado apelante no ha logrado dejar bien sentado ni el carácter fiscal de la indemnización ni la violación del principio de igualdad ante la ley.-- --- Tampoco ha acertado el accionado recurrente con su alegación de expropiación de la indemnización.------ --- Es que, de aceptarse tamaña alegación, toda indemnización debiera considerarse expropiatoria. Y, en verdad, el lenguaje, sobre todo el lenguaje jurídico tiene una función precisa que es permitir la comunicación de los operadores jurídicos sobre la base de un código común.--------- --- La regla del uso común del lenguaje implica que los diversos hablantes deben amoldarse a las expresiones -sobre todo en los lenguajes técnicos- y significados que han adquirido carta de ciudadanía y aceptación entre los diversos operadores. La regla de la libre estipulación del lenguaje ve reducido al mínimo su ámbito en los lenguajes técnicos, no pudiendo convalidarse el intento del apelante de usar esta última regla al máximo, allende toda posibilidad admisible incluso, porque ello implicaría que es aceptable que un operador jurídico varíe a su designio los significados técnicos de vocablos jurídicos aceptados legislativa o jurisprudencialmente desde hace decenios o centurias.----- --- No debe olvidarse que el lenguaje jurídico es un lenguaje técnico, un lenguaje de especialidad. Uno de los llamados "tecnolectos", "que comparte con los otros lenguajes de especialidad la precisión (univocidad terminológica y, por lo tanto, ausencia de sinonimia), la formalidad (neutralidad afectiva y carencia de elementos emotivos), la impersonalidad y el carácter eminentemente funcional del lenguaje (la comunicación tecnolectal es básicamente eficaz y no persigue ningún objetivo de tipo estético)" (Cfr. Carles Duarte -Anna Martínez, "El Lenguaje Jurídico", A-Z editora, Bs. As., p. 30).--------- --- La apelante utiliza el vocablo expropiación en una significación distinta a la aceptada legal, doctrinal y jurisprudencialmente. Utiliza el concepto jurídico "expropiación", queriendo asimilarlo a despojo. Y nada hay más lejano de su real significado.--- --- Es del caso recordar una aguda frase del maestro Ihering transcripta en una obra clásica: "la expropiación es la solución que concilia los intereses de la sociedad con los del propietario; sólo ella hace de la propiedad una institución prácticamente viable que, sin ella, sería para la sociedad un azote" (cfr. Enciclopedia Jurídica Omeba, voz "Expropiación", nota del Dr. Mateo Goldstein).- --- No quisiera pecar de excesivamente puntilloso en el manejo de las expresiones técnicas, pero la alegación del apelante me habilita a darla vuelta y mostrar que ella no se sostiene.-- --- Pretender contraponer dos conceptos necesariamente conexos como expropiación e indemnización es no advertir que la indemnización es el correlato necesario de la expropiación: la privación de un bien de un particular sin indemnización no es una expropiación, sino un despojo.

--- La Corte Suprema ha dejado trazada la relación estrecha entre expropiación e indemnización en varios fallos, de los cuales los más significativos son dos en que se resolvió que el concepto de indemnización que utiliza nuestra Constitución es más amplio que el de "precio" o "compensación" y recuerda el lazo esencial entre el instituto expropiatorio y el principio de la igualdad ante las cargas públicas (CSJN, 5/4/95, "Servicio Nacional de Parques Nacionales v. Franzini, Carlos y sus herederos o quien resulte propietario de Finca Las Pavas s/ expropiación", Fallos 318:445 e ídem, 23/5/06, "Estado Nacional v. Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A. y Juntas de San Andrés S.A. s/expropiación", en AbeledoPerrot online).

--- De tal modo, no advierto cuál ha sido la intención del apelante al hacer este planteo, pero debo concluir necesariamente que el mismo ha sido totalmente descaminado.------- --- No me queda más que concluir que al establecer la ley modificatoria del art. 80 LCT la condena al incumplidor a resarcir al operario, no se está haciendo una "expropiación" ni, menos aún, un despojo, sino simplemente estableciéndose un resarcimiento por equivalente sobre la base de una indemnización tarifada, que no veo cómo puede en este caso resultar inconstitucional.----- --- Llegados a este punto, queda claro que la resolución dada en el grado a la cuestión de la inconstitucionalidad planteada por la demandada, debe ser confirmada, bien que por diferentes razones a las allí consideradas.- --- Sentado ello, debe avanzarse un paso para decir también que no es correcta la aseveración del demandado apelante de que la indemnización -que no es inconstitucional como se viera- resulte improcedente en este caso, al haber cumplido la demandada sus obligaciones.

--- El juez de grado hace una disquisición no solo peligrosa, sino violatoria de la doctrina legal de ambas salas de este Cuerpo, al afirmar a fs. 141vta./142vta. que su postura es acorde a la del demandado. Pese a ello, luego enmienda la plana y se encolumna con la posición correcta que sostienen ambas salas de esta Cámara para adoptarla.

--- La crítica que puede hacerse a la quo en esta materia, es que luego de definir en una larga parrafada su postura personal, la deja de lado para adherir a la de este Cuerpo en un solo párrafo y sin desarrollar concretamente la postura de la Cámara en la materia y solo remitiendo a ella. Corresponde instruir a la Sra. Juez de grado sobre la pertinencia de fundar correctamente los decisorios judiciales, so pena de que ellos puedan ser atacados por inmotivados. Y corresponde precisar también que no hace falta que deje tan a salvo su postura, sino que convendría que desarrolle mejor la doctrina legal, visto que en esta Provincia rige un sistema de obligatoriedad de la doctrina legal a nivel de Superior Tribunal y Cámara de Apelaciones.--- --- El art. 80 L. C. T. impone al empleador, luego de la disolución de la relación laboral, dos obligaciones diferenciadas; de ellas nos interesa aquí solamente la segunda, contemplada por el segundo párrafo de dicha disposición el que exige al empleador entregar al operario, sin necesidad de requerimiento alguno de éste, un certificado de trabajo en el que se indique el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados a los organismos de seguridad social.-------- --- Lo que aquí corresponde precisar y con ello bastaba para la correcta resolución de la causa en este aspecto es que el demandado ha agregado a autos algunas constancias del pago de aportes previsionales, pero ello no llena el deber que el art. 80 LCT cargaba sobre él, con lo que la indemnización que esa norma establece fue bien impuesta en el grado, aunque mal fundamentada.----- --- Corresponde en este punto reiterar el criterio de que la agregación a la causa de los formularios PS 6.1 y PS 6.2. no alcanza para exonerar a la accionada de la responsabilidad establecida por el art. 80 LCT, a consecuencia de la falta de entrega de la documentación allí establecida, como lo ha puesto de resalto reiteradamente esta alzada en diversos fallos (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 21/8/08 in re "F., M. c/ B., O. H. y Otros s/ Cobro de Haberes e Indem. de Ley" (Expte. n° 22.863 - año: 2008) e ídem, mi voto in re "B., A. c/ A. S.A. s/ Cobro de pesos-Laboral" (Expte. 691 - Año 2009 CANE), entre otros.

--- En similar sentido se ha pronunciado la CNAT, expresando que no debe confundirse el "certificado de trabajo" del art. 80 LCT. con la "certificación de servicios y remuneraciones" de la ley 24241 , ya que esta última se expide en un formulario de la ANSeS. (P.S.6.2) en el que se insertan datos similares, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por el citado art. 80 LCT. Además la finalidad de uno y de otro certificado es distinta: el primero sirve al trabajador para conseguir otro empleo, mientras que el segundo se utiliza para gestionar un reconocimiento de servicios o la obtención de un beneficio previsional, y queda archivado en las oficinas de la ANSeS. Tampoco el formulario P.S. 6.2 sustituye las constancias de aportes las que deben ser especialmente expedidas por el empleador de conformidad con las exigencias del art. 80 LCT (C. Nac. Trab., sala 4ª, 27/6/06, "Tavella, Julio C. v. Gigared S.A. y otros s/despido)", en AbeledoPerrot online).- --- En el caso de autos, surge de las constancias de la causa que la principal entregó el formulario PS.6.2 del ANSES (cfr. fs. 22), pero ello no implicaba dar cumplimiento a la obligación establecida por el art. 80 segunda parte; ello, en virtud del carácter parcial de ese instrumento y la falta de entrega de las constancias documentales de aportes.-------- --- En cuanto al argumento del recurrente de que es requisito de procedencia del resarcimiento fijado por el art. 80 LCT la prueba por el reclamante del perjuicio sufrido, yerra sonoramente el apelante en este punto.-- --- No advierte o soslaya el apelante que lo concedido al empleado a quien no se le hiciera entrega del certificado de trabajo por el art. 80 LCT en su texto vigente seg. Ley 25345 no es una indemnización del derecho civil, sino un resarcimiento de índole laboral, que tiene por causa fuente al contrato de trabajo y que constituye una multa para una parte de la jurisprudencia (C. Nac. Trab., sala 6ª, 19/7/07, "Canda Walter Edward v. Ayude Teresa s/despido", en AbeledoPerrot online). Mientras que para otro segmento de la magistratura, entre los que me cuento, constituye una indemnización (cfr. C. Nac. Trab., sala 8ª, 27/9/02, "Biurra Rivero, Julio v. Tecno Seguridad S.R.L. y otros s/despido", en AbeledoPerrot online), indemnización que es tarifada y sui generis, motivo por el cual no existe necesidad de probar el perjuicio que al actor le causa la falta de entrega del certificado, porque el legislador lo presume, lo que implica que lo da por probado, a condición de ponerle un tope o tarifa. No hay entonces necesidad alguna de probar el perjuicio en este caso, siendo la alegación contraria del apelante inadmisible.-- --- De lo anteriormente expuesto se deriva la absoluta improcedencia del segundo agravio.------- --- En cuanto al tercer embate, relativo al cuestionamiento de la imposición de astreintes por el juez de grado, el cuestionamiento habrá de prosperar, aunque no por los argumentos dados por el apelante, sino por otros bien diferentes pero que demuestran nuevamente el desapego de la Sra. Juez de grado a la doctrina legal vigente en este tema.

--- La a quo ha impuesto un apercibimiento de astreintes para el caso de que no se de cumplimiento a la obligación de entregar el certificado de trabajo, dentro del plazo dado por la juez. Se trata de un sensible error que no puede dejarse aquí pasar, porque permitirlo implicaría admitir que se vulnere la esencia misma de las astreintes.-- --- Puede decirse como primera aproximación, que las astreintes son un medio de tutela, protección, o defensa de un derecho reconocido judicialmente. Constituyen un medio, facultad o herramienta que el derecho ha instrumentado para posibilitar y asegurar la eficacia del crédito. Y, dentro de ese instrumental, ostentan un carácter marcadamente excepcional.--- --- En mi concepto, las astreintes son condenaciones conminatorias de carácter pecuniario que los jueces pueden aplicar a quien no cumple una obligación que le fuera impuesta en una resolución judicial, estando en condiciones de cumplirla, perdurando la vigencia de la conminación mientras no cese el incumplimiento, pudiendo aumentarse o disminuirse la misma, si no resultare eficaz y pudiendo también ser dejada sin efecto, si el incumplidor justificare su actitud (LÓPEZ MESA, Marcelo, "Curso de Derecho de Obligaciones", , Editorial Depalma S.A., Bs. As., 2000, tomo 1, p. 145).

--- El derecho francés hace centurias implementó este procedimiento para operar sobre la psiquis del deudor, imponiéndole una multa diaria que se va sumando, hasta que realice la prestación a su cargo. Para el maestro JOSSERAND las astreintes funcionan como vueltas de tuerca o de tornillo, porque son mecanismos graduales y progresivos para vencer la reticencia del deudor.-- --- Las astreintes tienen diversas características esenciales que las identifican; sin reunir estas características puede tratarse de otra medida compulsoria, pero no de una astreinte. Es que, si no entendí mal esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra diversa.

--- Conforme desarrollara en una obra de mi autoría (LÓPEZ MESA, Marcelo, "Curso de Derecho de Obligaciones", cit, tomo 1, pp. 147/151), a tenor del art. 666bis del Código Civil y de la jurisprudencia nacional, las características esenciales de las astreintes son:----- a) Son conminatorias, su finalidad es la compulsión y no el resarcimiento.----- b) Son pecuniarias, pues solamente se pueden imponer en sumas monetarias. --------- c) Son provisionales, no pasan en autoridad de cosa juzgada, ya que conforme al texto de la ley, "podrán ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquel desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder".--- d) Son discrecionales, los jueces pueden o no imponerlas, y pueden aumentarlas, disminuirlas y, aún, disponer su cese. -- e) Son arbitrarias, en el sentido que su monto no debe guardar relación alguna con la prestación debida, ni con el eventual daño a sufrir. La única proporcionalidad que las astreintes deben guardar es con el retardo en el cumplimiento, a razón de x suma por día de retardo (PORCHY-SIMON, Stéphanie, "Droit civil. Les obligations", Edit. Dalloz, 5ª edic., París, 2008, p. 221, Nro. 452).-- f) Son ejecutables, En caso contrario, se asemejarían a "sables de papel" que no sirven para amenazar a nadie, conforme a una feliz expresión del maestro LLAMBÍAS.----- g) Para algunos son subsidiarias, porque las sanciones conminatorias proceden cuando no existe otro medio legal o material para evitar una burla a la autoridad de la justicia, o bien a fin de impedir que el pronunciamiento se torne meramente teórico (CNCiv. A, 13-9-83, Cibeira de Esnaola, Nélida y otra c/ Cipollino, Antonio y otra, LL 1984-A-298).---- h) Se aplican solamente a favor del acreedor:-------- i) Son aplicables en contra del deudor, o de un tercero.--	j) Su campo de aplicación se constriñe al terreno de las obligaciones insustituibles o incanjeables y siempre que el cumplimiento de la obligación conserve interés todavía para el acreedor. k) Son esencialmente flexibles: En cualquier momento de la causa se puede solicitar su aplicación, disponer la misma, y en cualquier estadio se las puede dejar sin efecto.- l) El interés jurídicamente protegido al imponerlas es una mixtura entre el interés individual del acreedor y un interés público del Estado. Y------ ll) Lo más importante para resolver esta causa, ellas no pueden imponerse eventualmente. Por ello, una resolución no puede ir acompañada ab initio de la imposición de astreintes, por si no se cumple (BORDA, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", Nº 45; BELLUSCIO-ZANNONI, "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado", Edit. Astrea, Bs. As., comentario al art. 666 bis; LLAMBÍAS, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", T. 1, Nº 82 bis). ------ Las astreintes presuponen un incumplimiento voluntario y recalcitrante y una obligación de cumplimiento todavía relevante, lo que implica necesariamente tres extremos de hecho: 1) que el incumplidor debe estar en condiciones de cumplir, esto es, que no debe tratarse de una imposibilidad objetiva de incumplimiento; 2) que el incumplimiento debe ya haberse producido y ser persistente y desafiante de todas las medidas de coerción adoptadas, por lo que no cabe su imposición eventual y 3) el cumplimiento debe presentar todavía interés para el acreedor (PORCHY-SIMON, Stéphanie, "Droit civil. Les obligations", Edit. Dalloz, 5ª edic., París, 2008, p. 221, Nro. 452).

--- Ergo, no resultan pasibles las astreintes de una imposición eventual, condicionada a que se incumpla una resolución judicial, puesto que no son una amenaza de sanción ni una forma de agravar una condena, sino solo un mecanismo -de carácter nada corriente u ordinario- de forzar el cumplimiento de una obligación instrumentada en una sentencia judicial (LÓPEZ MESA, Marcelo, "Curso de Derecho de Obligaciones", cit, tomo 1, p. 149).

--- Este último aspecto ya había sido desarrollado en mi voto de la causa "S., E. M. c/ F., R. H. s/ Diferencia de haberes e indemn. de ley" (Expte. 474 - Año 2009 CANE), donde dejé sentado que las astreintes no son pasibles de una imposición eventual. -- --- Por tal motivo, no procedía acoger la solicitud de fijar astreintes, para el caso de que el condenado a entregar las constancias no cumpliera su obligación, pues ello implica la aplicación de astreintes por si acaso, o en forma eventual, forma de imposición que es inconciliable con la esencia y funcionalidad de las astreintes.--- --- Como también dijera hace años en un artículo doctrinario de mi autoría, una de las características de las astreintes es que ellas no pueden imponerse eventualmente: una resolución no puede ir acompañada ab initio de la imposición de astreintes, por si no se cumple. No resultan pasibles las astreintes de una imposición eventual, condicionada a que se incumpla una resolución judicial, puesto que no son una amenaza de sanción ni una forma de agravar una condena, sino solo un mecanismo -de carácter nada corriente u ordinario- de forzar el cumplimiento de una obligación instrumentada en una sentencia judicial (conf. LÓPEZ MESA, Marcelo, "La ejecución de sentencias contra el Estado y las astreintes", en Diario J. A. del 29/9/99 (Nro. 6161), págs. 21 y ss.).-- --- Esta característica de las astreintes se corresponde con los requisitos de aplicación de tal figura, los que deben enunciarse siguiendo un orden necesario:-- --- a) En primer lugar hace falta una resolución judicial que imponga un deber jurídico, no requiriéndose de una sentencia en sentido estricto. Nada importa que ese deber tenga o no carácter patrimonial (FENOCHIETO-ARAZI, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", comentario al art. 37; LÓPEZ MESA, Marcelo, "La ejecución de sentencias contra el Estado y las astreintes", en Diario J. A. del 29/9/99 (Nro. 6161), págs. 18 y ss.).--------- --- b) En segundo lugar es necesario un incumplimiento a ese deber que debe ser recalcitrante o injustificado. Para llegarse a la imposición de astreintes, debe estarse en presencia de una persistencia obstinada del deudor en el incumplimiento, lo que torna recalcitrante la negativa del deudor a satisfacer el crédito de su acreedor.-------- --- Es que no cualquier incumplimiento autoriza a aplicar una medida no del todo corriente como las astreintes. Pudiendo utilizarse otros medios más comunes y menos gravosos para el deudor para forzar el cumplimiento quedaría fuera de toda proporción el recurrir directamente a las sanciones conminatorias ante el menor signo de incumplimiento de un mandato judicial. Ello así, deben reservarse estos eficaces auxiliares para la oportunidad en que los medios normales o de todos los días se demuestren ineficaces para combatir el mal que se pretende derrotar. - --- c) En tercer lugar, se necesita una nueva resolución judicial que disponga la sanción pecuniaria para el caso de persistir en su incumplimiento el sujeto del deber.--- --- Ello así, no estaban dadas las condiciones en autos para imponer astreintes en el grado, como no lo están en este momento tampoco, puesto que su imposición en tanto el incumplimiento de la obligación de hacer en cuestión no se produzca, implicaría una imposición eventual de astreintes, lo que no corresponde convalidar.---- --- Por lo desarrollado hasta este punto, soy de la opinión de que corresponde dejar sin efecto el apercibimiento de imposición de astreintes contenido en la sentencia de grado, debiéndose confirmar el decisorio de primera instancia en los restantes aspectos que fueran objeto de recurso y agravios.--- --- En cuanto a las costas de alzada, en virtud de que solamente uno de los tres agravios planteados ha prosperado, corresponde la distribución de costas en un 90% a la accionada y al actor el 10% restante; ello, de conformidad a lo dispuesto por el art. 72 LEY XIII Nº 5; ex art. 71 CPCyC).------- --- En cuanto a los emolumentos curiales de alzada, comparto la propuesta del Dr. Velázquez de regular los de los Dres. Y. L. F. en el 4,70% del monto del proceso que surja en etapa de ejecución y regular los del Dr. P. O. A., en el 3,80 % de dicho monto, determinaciones arancelarias que se corresponden con la extensión, mérito, calidad, acierto y resultados de las labores cumplidas por cada uno de ellos (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4, ex Ley 2200).- --- Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.-- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:---	Frente al acuerdo antes alcanzado, corresponde revocar la sentencia apelada en cuanto impone a la demandada astreintes por anticipado, confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios, imponiendo las costas de segunda instancia a la demandada en un 90 % y al actor en un 10 % y regulando los honorarios de los Dres. Y. L. F. y P. O. A., por sus labores de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 4,70 % y al 3,80 % del monto total del proceso que surja de la liquidación a ser practicada en la etapa de ejecución.----------	ASÍ LO VOTO.-------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara Doctor Marcelo López Mesa expresó: ---- --- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el Dr. Velázquez en su voto a esta cuestión.---- --- Tal mi voto.---------- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Carlos Dante Ferrari (Art. 7º Ley V Nº 17; antes art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550), -------- --- Trelew, de fabril de 2.010.----	En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:---------- S E N T E N C I A: --------- --- REVOCAR la sentencia apelada en cuanto impone a la demandada astreintes por anticipado, confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios.---------- IMPONER las costas de segunda instancia a la demandada en un 90 % y al actor en un 10 %.--------- REGULAR los honorarios de los Dres. Y. L. F. y P. O. A., por sus labores de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 4,70 % y al 3,80 % del monto total del proceso que surja de la liquidación a ser practicada en la etapa de ejecución. ------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-------- --- REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.010 - SDL.- Conste.-	JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA