Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-03-21


SENTENCIA NÚMERO: CUATRO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil trece, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 10/12, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Sr. Gonzalo J. Ahumada en contra de Sentencia Nº 97/11, de Expte. Nº 064/10 -Ahumada, Gonzalo Javier -Lesiones culposas -Capital", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la sentencia por inobservancia de las normas que el Código de Procedimientos Penales establece bajo pena de nulidad absoluta? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 97/11, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. Fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 15 los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Sentencia Nº 97/2011, dictada el 27/12/2011, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "1) No hacer lugar al planteo de nulidad absoluta que incoara la defensa técnica por resultar el mismo manifiestamente inadmisible e improcedente (arts. 185, 186, 188, 189, 355, 340, 436 .) y; 2) Declarar culpable a GONZALO JAVIER AHUMADA, de condiciones personales relacionadas en autos, como autor penalmente responsable del delito de LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS por el que viene incriminado (arts. 94 segundo párrafo, 45 y concordantes del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, y a la inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículos automotores por el término de cuatro años (arts. 26, 40, 41 y cctes. del C. Penal)" II. Contra lo decidido, Gonzalo Javier Ahumada, asistido técnicamente por los Dres. Jorge Lionel Toledo e Iván Franco Sotomayor y con el patrocinio del Dr. Pedro Eugenio Despouy Santoro, interpone recurso de casación esgrimiendo los motivos previstos en el inc. 4º del art. 454 del C.P.P.

En tal sentido, el recurrente denuncia la inobservancia de normas que el CPP establece bajo sanción de nulidad.

a) En el Capítulo I), plantea la nulidad de la sentencia por violación del principio de imparcialidad en torno a la constitución del tribunal, en la etapa previa al dictado de la sentencia. Sostiene que juzgador decidió la cuestión sin garantizar la debida imparcialidad, por haber intervenido en la etapa preliminar del debate y luego decidió en perjuicio del imputado, de quien ya se había formado un prejuicio.

Cita doctrina relacionada con la garantía de imparcialidad del juez y solicita que la sentencia recurrida sea declarada nula.

b) En segundo lugar, plantea la violación del derecho al recurso, como forma de intervención del imputado en el proceso penal.

Sostiene que el Juez a quo, en forma arbitraria, omitió considerar la reserva de casación efectuada, tanto en la segunda solicitud de probation como en una presentación posterior, afectando de esta manera el derecho y el libre ejercicio de la actividad recursiva del imputado.	Hace reserva del caso federal.

III) 1. El hecho que venia relatado en la requisitoria fiscal de citación a juicio y por el que fue condenado el imputado Ahumada, es el siguiente: "Que el día 29 de noviembre de 2009, siendo las horas 10:20 aproximadamente, en circunstancias en que el ciudadano Gonzalo Javier Ahumada conducía un vehículo marca Peugeot, modelo 206, dominio HMH-508, de color gris, a la altura del kilómetro 15 de ruta provincial nº 4, con sentido Norte- sur y dirección hacia la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, es que al conducir a una velocidad imprudente e inobservando lo dispuesto por la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24449) perdió el control del vehículo por lo que invadió el carril contrario e impactó al vehículo marca Volkswagen, modelo Gol, dominio FPV-502, en el que se conducían Walter Hugo Miñaura, Ludueña, Gladis Leonor Agüero y el menor de edad Mateo Nicolás Miñaura, en dirección contraria y hacia la villa veraniega El Rodeo. Producto de este impacto resultaron lesionados el ciudadano Walter Hugo Miñaura Ludueña, con 40 días de curación y 30 de incapacidad, y la ciudadana Gladis Leonor Agüero, con 180 de curación e incapacidad".

Sin embargo, los agravios invocados, relacionados con la violación al deber de imparcialidad del juzgador y la afectación a la garantía al recurso, no se vinculan con la acreditación del hecho, ni con la atribución de responsabilidad en el mismo al imputado.

Para el adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas, estimo preciso señalar que, desde su llegada a la etapa del juicio, esta causa, por el delito de lesiones culposas, tuvo el siguiente trámite:

1) El 14/9/2011 fue la fecha inicialmente fijada para celebrar la audiencia de debate.

2) Ese día ingresó el pedido de la defensa de suspensión del juicio a prueba y fue corrida la correspondiente vista al ministerio público y al querellante particular.

3) El 22/9 el juez dictó el Auto Interlocutorio Nº 27/2011 por el que no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba.

4) El día 1/11/11 fue la nueva fecha fijada para la audiencia de debate.

5) La defensa solicitó la suspensión de audiencia de debate por enfermedad de uno de los defensores de Ahumada.

6) El juez hizo lugar a lo solicitado y fijó nueva audiencia para el día 3/11/2011.

7) La defensa presentó nueva solicitud de suspensión de audiencia por enfermedad del imputado.

8) El juez hizo lugar y fijó nueva fecha para el debate el día 6/12/2011.

9) El día 6/12/2011 (en la fecha fijada para el debate) la defensa presentó nuevo pedido de suspensión del juicio a prueba.

10) En la misma fecha el pedido fue rechazado por improcedente.

11) La defensa interpuso recurso de reposición contra el decreto denegatorio. 12) Mediante Auto Interlocutorio de fecha 12 de diciembre (fs.79/80vta.) el juez no hizo lugar a la reposición y ordenó la realización del debate.

13) El 27/12/2011 fue dictada la sentencia condenatoria Nº 97/2011.

Ahora bien, después del correspondiente examen de los planteos efectuados, diversas razones me persuaden de su improcedencia.

2. Por una parte, aunque invoca el art. 454 del Código de Procedimientos para denunciar la supuesta inobservancia de normas del procedimiento que tienen prevista la sanción de nulidad para el caso de incumplimiento, el recurrente no precisa su agravio con la debida indicación de la norma o normas que estima preteridas y, con esa omisión, su pretensión carece de sustento.

Por otra parte, el agravio por la supuesta afectación a la garantía del juez imparcial no puede ser acogido puesto que el recurrente no suministra fundamento del reclamo que deduce, según el cual la nulidad que había articulado al cabo del debate (vinculada con una resolución previa a la audiencia de debate) debía ser resuelta por otro tribunal. Así lo considero en tanto, en principio, con arreglo a lo dispuesto en el art. 189, incs. 2º, 3º y último párrafo; 379; 380; 391; 444 y concordantes del Código de Procedimientos Penales, dada la etapa del proceso en la que fue formulado ese planteo, la cuestión debía (como fue) ser resuelta por el Juez Correccional que estaba a cargo del juicio.

Además, sobre el punto y según el reseñado detalle del trámite de la causa observo que, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, más que la actuación previa del juzgador en el proceso, resalta una profusa actividad desplegada por la defensa del acusado durante todo ese tiempo anterior a la audiencia de debate, dirigida justamente a evitar su realización.

Es entonces que, a fin de dar respuesta a las presentaciones efectuadas en nombre del imputado, el juzgador- juez natural de la causa-, como director del proceso, después de rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba, debió asumir las diligencias conducentes para el avance de la causa a la etapa del debate, ordenando su realización, para luego dictar sentencia sobre el fondo del asunto; por lo que, de ninguna manera, cabe interpretar esas acciones como violatorias de la garantía de imparcialidad del juez.

Sobre el punto, la Corte Federal ha dicho: "Cuando un juez interviene en un proceso, en el marco del ejercicio de sus funciones y deberes específicos, que le imponen la obligación de decidir sobre el tema llevado a su conocimiento, esta situación no puede erigirse como causal para su apartamiento, ya que no constituye prejuzgamiento alguno ni puede entenderse que se halle afectada su imparcialidad (CSJN, Fallos: 287:464; 300:380; 314:416, entre muchos otros). Así las cosas, no resultan admisibles las recusaciones ni excusaciones fundadas en la intervención de los jueces en decisiones anteriores propias de sus funciones legales (CSJN, Fallos 316:2713; 318:2308).

Por ello, concluyo que no es de recibo el reclamo recursivo en este sentido en tanto devienen insuficientes los motivos alegados como expresión de parcialidad del juzgador, sin que quepa admitir que por disponer la realización del debate el Juez interviniente se haya hecho merecedor de sospecha de prejuicio contra el imputado que justifique la pretendida nulidad de los actos por él cumplidos. Observo, asimismo, que el recurrente no demuestra la vinculación de las cuestiones tratadas en los precedentes "Llerena" (CSJN, Fallos 328:1491) y "Dieser" (CSJN, Fallos 329:3034) con la debatida en las presentes; y con esa insuficiencia no demuestra la aplicación al caso de los conceptos que cita de la CSJN y que se refieren a la actuación sucesiva de una misma e idéntica persona, en la etapa de investigación y en la etapa del juzgamiento, supuestos distintos del verificado en estos autos en los que el magistrado cuestionado no tuvo ninguna intervención en la causa hasta la elevación de ésta para la celebración del juicio. Así las cosas, debido a que el caso no presenta la convergencia de las funciones de investigar y probar el hecho imputado con la de juzgar posteriormente la responsabilidad del imputado, el invocado menoscabo a la garantía constitucional referida carece de fundamento.

3. Los argumentos desarrollados en el "Capítulo II" tampoco son idóneos para conmover la sentencia impugnada.

Opino de tal modo, puesto que el derecho al recurso que se invoca como vulnerado no se vincula con la sentencia impugnada sino con resoluciones anteriores del mismo tribunal. En este sentido, lo que denuncia el recurrente es lo siguiente: que el Juez correccional interviniente en la etapa del juicio omitió considerar la reserva efectuada por esa parte de recurrir en casación la resolución por la que antes del juicio le había denegado al imputado la suspensión del juicio a prueba. Sin embargo, como surge de la reseña efectuada, contra esa resolución ni contra la dictada sobre el recurso de reposición interpuesto contra ella ningún recurso fue deducido oportunamente y por las vías previstas en el rito, ni queja por su denegación. El mismo recurrente manifiesta que esas resoluciones "iban a ser recurridas en casación por esa defensa como reiteradamente habíamos anunciado", pero lo cierto es que el recurso no fue deducido y, como consecuencia, ellas resultaron consentidas por esa parte debido a la falta de crítica efectiva por medio de los mecanismos legales dispuestos para su revisión. Así las cosas, resulta notoriamente tardía la pretensión deducida en este recurso de casación en contra de la sentencia definitiva para que el Tribunal revoque ésta y retrotraiga el trámite de la causa para ejercitar las facultades recursivas que omitió articular en la etapa procesal oportuna El trámite mencionado da cuenta asimismo de un pedido anterior de suspensión del juicio a prueba, y de su rechazo; como también de que, por falta de recurso, había quedado firme el auto interlocutorio Nº 27/2011 que así lo dispuso. Sin embargo, en adelante, la actividad de la defensa fue incompatible con esa discrecional actuación o falta de actuación procesal previa que ciertamente importaba consentir dicha resolución y el progreso de la causa a la etapa del debate y, luego de dos pedidos de suspensión por razones de enfermedad, fue formulado el nuevo pedido de suspensión del juicio, tras cuyo rechazo fue realizada la audiencia que culminó con el dictado de la sentencia condenatoria impugnada. A esas circunstancias se refirió el Juez a quo al valorar el planteo formulado por la defensa, de nulidad absoluta del debate, como una maniobra in extremis por haberse vencido el plazo para cuestionar el A.I. Nº 27/2011, y al considerar que la pretensión sólo expresaba una discrepancia con lo decidido en punto a la inadmisibilidad e improcedencia de un nuevo pedido de suspensión el que, según constato, ningún argumento nuevo ofreció con idoneidad para hacer variar la decisión sobre la mencionada solicitud previa, lo que hace más patente el único fin que tuvo esa segunda solicitud: hacer revivir el plazo vencido para interponer un recurso de casación ante la primera denegatoria y, de tal modo, evitar la realización del debate.	Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/07 por Gonzalo Javier Ahumada, asistido técnicamente por los Dres. Jorge Lionel Toledo e Iván Franco Sotomayor y con el patrocinio del Dr. Pedro Eugenio Despouy Santoro. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). .

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/07 por Gonzalo Javier Ahumada, asistido técnicamente por los Dres. Jorge Lionel Toledo e Iván Franco Sotomayor y con el patrocinio del Dr. Pedro Eugenio Despouy Santoro.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.