marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Protección de la vivienda, inscripción registral
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Centro S.B.Z. c/ Cortez de Perez Mirta Guadalupe s/ Aseguramiento de bienes Aseguramiento de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-03-03

No pudiendo las provincias dictar leyes que abroguen aquellas dictadas por la Nación en ejercicio de las facultades delegadas, no están facultadas para dejar sin efecto la disposición de orden nacional que establece "la constitución de bien de familia produce efectos "la constitución de bien de familia produce efectos a partir de la inscripción en el Registro Inmobiliario correspondiente".

Por ello cuando la ley cordobesa 8067 dice de inscripción automática de pleno derecho del bien de familia "...que cumpla con los requisitos de la ley nacional 14.394", implícitamente está exigiendo el requisito de la inscripción registral para que tenga efectos contra terceros exigencia establecida por esta última ley. Por tanto si no se acredita la inscripción registral, como "bien de familia" del inmueble embargado, esta carece de efectos contra terceros.-
Indemnización por accidente de trabajo, tope indemnizatorio, salario mínimo, vital y móvil
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, JUAN RAMON c/ ALPARGATAS  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-22

El tope de 260 salarios establecido por el art. 8 inc. a de la ley de accidentes, según la reforma de la ley 23643, debe ser considerado tomando como punto de partida el SMVM vigente al momento de la sentencia, pues la ley refiere al salario vigente al tiempo de la determinación de la indemnización y no hay nada que pueda llevar a considerar que a literalidad de la norma no refleje la intención del legislador.
Contrabando, calidad de la mercadería, papel moneda
Materia: PENAL
Carátula: MONTAÑO ABASTOFLOR, Juan Pablo y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

El dinero en efectivo constituye "mercadería", en cuanto se trata de un bien susceptible de ser importado o exportado (art. 10 CN y 10.1 CA) y se encuentra contemplado y tiene nomenclatura en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías clasificables en la posición arancelaria 4907.00.10 como "billete banco", de acuerdo al Decreto PEN nro. 509/2007, por lo que se encuentra individualizado y clasificado a los fines de la normativa que regula el tráfico internacional de mercadería.
Extinción del contrato de trabajo, despido indirecto, telemarketer, call center, mobbing, hostigamiento o maltrato
Materia: LABORAL
Carátula: Cubo, Julieta Mariana y otro c/ FST S.A. y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-28

Resultó ajustado a derecho el despido dispuesto por un grupo de trabajadores que se desempeñaban como telemarketers, ante la negativa de la empleadora a sus reclamos, pues habiéndose demostrado que trabajaban en un ambiente de acoso laboral, trato abusivo y discriminatorio, padeciendo persecución permanente, acoso mediante el cambio constante de horarios, extensión del horario de trabajo, e inexistencia de descansos entre llamada y llamada, la respuesta de la empleadora a sus emplazamientos resultó injuriosa en los términos del art. 242 de la LCT.
Delito de acción privada, instrucción, querella
Materia: PENAL
Carátula: De Oña, Leila c/  s/ calumnias o falsa imputación e injurias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-15

No le es aplicable al procedimiento especial por delitos de acción privada, ninguna de las prescripciones del art. 193 del Código Procesal Penal de la Nación, puesto que por su naturaleza y características no tiene una etapa de instrucción de modo que no puede servir de base legal para argumentar que el juzgamiento deba realizarse en etapas diferenciadas y asignarse a distintos magistrados. En todo caso, el procedimiento especial por delitos de acción privada contiene una regla específica en el art. 426 del C.P.P.N., que asigna al juez la autoridad para ordenar a pedido de la querella.
Pacto de cuota litis, homologación judicial, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CASO DIEGO SEBASTIAN c/ BERTORELLO J, MODENUTTI A.S.H. Y OTRO s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-28

El art. 277 de la LCT, prevé la posibilidad de celebrar pactos de cuota Litis, sometidos a un límite: 20% y a unas formalidades: ratificación personal y homologación judicial, sin tocar el tema de las costas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, cuestiones de hecho y prueba, daños y perjuicios, publicación periodística, violencia de género
Materia: CIVIL
Carátula: U., L. A. B. c/ EDITORIAL PERFIL S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-14

Conforme surge del relato de los antecedentes de la causa brindado por la recurrente y de las constancias del recurso directo tal como ha sido traído ante estos estrados, la actora promovió juicio resarcitorio -del daño moral que dijo haber sufrido a título personal y asimismo del daño colectivo que afirmó ocasionado, además de la aplicación de la multa civil prevista en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor- a partir del accionar pretendidamente ilícito endilgado a la editorial demandada, a la que acusó de haber perpetrado -mediante la publicación de una nota de tapa con producción fotográfica en una revista- violencia contra las mujeres en los términos de la ley 26485, de tipo simbólica y bajo la modalidad mediática; pretensión cuya desestimación fue desestimada por la Sala por entender que la publicación atacada tendía a exponer la narrativa de una mujer famosa acerca de su vivencia de desilusión amorosa, quien además había prestado su imagen voluntariamente para acompañar sus dichos con una producción fotográfica, la cual de alguna manera los ilustraba; y que si bien tal producción no estaba exenta de discusión o polémica, y más allá del posible disenso o desagrado con lo publicado y su forma, las constancias de la causa no bastaban para predicar su ilicitud ni, en consecuencia, obligación de responder civilmente por daño alguno, argumentos estos que la presentante no logra rebatir eficazmente. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 26485, artículos 4, 5 inciso 5) y 6 inciso f)
Contratos, efectos entre partes, incumplimiento del contrato, pacto comisorio, pacto comisorio tácito, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Axel Group SA c/ Nextel Comunications Argentina SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-13

Voto del Dr. Heredia:. Si media incumplimiento recíproco el pacto comisorio no se puede hacer valer por ninguna de las partes (conf. Cámara, H., "El nuevo art. 1204 del Código Civil: pacto comisorio", rev. del Notariado, n° 702, noviembre 1968, p. 1335; Miquel, J., "Resolución de los contratos por incumplimiento", Buenos Aires, 1979, p. 124, texto y nota n° 183; Ramella, A., "La resolución por incumplimiento", ps. 124/125, n° 38; CNCom, Sala A, in re "Emagny SA c/ GOT SRL s/ ordinario", del 09/11/10). Es decir, ni actora ni demandada pueden prevalerse de cláusula resolutoria alguna, expresa o tácita quedando ambas impedidas de obtener de la otra cualquier tipo de resarcimiento de daños y perjuicios (CNCom, Sala D, in re "Marlupa SRL c/ Colegio San Eduardo SA", del 05/07/07; Ramella, A., ob. cit. ps. 124/125, n° 38, y p. 247, n° 91; Halperín, I., "Resolución de los contratos comerciales", Buenos Aires, 1968, p. 29, n° 8, texto y notas n° 36 y 37; Miquel, J., ob. cit., p. 151; Borda, G., "Tratado de derecho civil argentino - Contratos", Buenos Aires, 2005, t. I, ps. 226/227, n° 308-5), solución que interpretativamente se mantiene en el derecho vigente y que se funda en un razonamiento evidente: si quien ha incumplido un contrato no puede resolverlo, cuando ambos contratantes se encuentran en esta situación y los incumplimientos son independientes uno de otro, la prohibición los afecta a los dos (conf. Sánchez Herrero, A., "La facultad resolutoria y los incumplimientos recíprocos", LL 2015-B, p. 706, caps. II.4.1 y II.4.3: Aparicio, J., "Contratos", Buenos Aires, 2012, t. 3, p. 512).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede laboral
Materia: LABORAL
Carátula: De la Calle, Juan O c/ Frigorífico Prana S.A. s/ Despido Riva, Jorge Abel c/ Club El Carmen S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29|1997-04-22

Si el mismo hecho que motivó la cesantía del trabajador originó una causa penal, media la prejudicialidad prevista en el art. 1101 del Código Civil, de modo tal que el tribunal del trabajo no puede válidamente dictar la sentencia hasta que no recaiga fallo definitivo en el fuero criminal, al que no es equiparable el sobreseimiento provisorio.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Michelmann, Débora Elena c/ Chauvin de Vicens, Alicia Noemí s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-10

El recurso de nulidad extraordinario es impropio para lograr el análisis del acierto jurídico del fallo o la revisión de la apreciación del material probatorio.
Violencia de género, femicidio, procesamiento, homicidio calificado por el vínculo
Materia: PENAL
Carátula: Sosa García, Adrián Walter Edgardo s/ Sup. Homicidio Agravado por la Relación de Pareja con la Víctima, cometido contra una mujer mediando violencia de género. VTMA.: Elizabet Antonia Verón - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-08-08

El art. 80 inc.1 del Código Penal en cuanto describe la agravante del vínculo, en el delito de homicidio, al referirse con el término "relación de pareja", y no exigir "convivencia" debe ser entendido, mínimamente, como una relación meramente afectiva, que puede o no presuponer convivencia o vida en común. De manera que, de acuerdo a esta interpretación, tendrá la misma pena (prisión o reclusión perpetua) matar a la esposa, a la concubina o a la novia, toda vez que la relación de convivencia no es exigible por el tipo penal en cuestión, ni tampoco que la muerte se haya producido en un contexto de género.
Recurso de casación, depósito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: AGROVAL S.A. c/ FERNANDEZ, RUBEN Y/U OTROS s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-10-16

En casos en que no surjan presunciones de que el beneficio sea denegado, el relevo de la contracautela debe otorgarse transitoriamente antes de que se resuelva sobre la procedencia de aquel, que en ese caso se tuvo en cuenta la documental agregada que daba a conocer los bajos ingresos del actor para inclinarme por el relevo de la contracautela antes de que se resuelva sobre la procedencia del beneficio.
Medidas cautelares, Colegio Público de Abogados, libertad de circulación, responsabilidad profesional, emergencia sanitaria, protocolo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Incidente de medida cautelar en autos: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ EN y otro s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-23

Resulta imposible negar que la circulación de los letrados con el alcance que ha sido autorizada con anterioridad a que concluyera la feria judicial extraordinaria -en la actualidad sólo pueden concurrir a sus estudios una vez por semana, conforme el cronograma establecido en función al número con que finaliza el DNI de cada profesional-, se presenta como manifiestamente insuficiente para que aquéllos puedan cumplir con sus obligaciones procesales y con el deber de responsabilidad profesional, sin incurrir tampoco en una infracción, en los hechos, al impedimento o prohibición de transitar durante los días no correspondientes a su terminación de DNI.
Tarjeta de crédito, cuenta corriente bancaria, mandato
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO COOPERATIVO DE CASEROS c/ ROBERTO CASO s/ CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-19

Es lícita la cláusula mediante la cual los solicitantes de una tarjeta de crédito confieren al banco poder irrevocable para proceder a la apertura de una cuenta bancaria, destinada a debitar en ella las deudas generadas por el uso de la tarjeta; nada impide el otorgamiento de tal mandato, incluso en cuanto a su irrevocabilidad, expresamente prevista y permitida por la ley (CCIV 1977).
Daños y perjuicios, tasas de interés, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: Reveco, José Marcelo c/ Y.P.F. S.A
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2009-06-24

Corresponde a partir del 6 de enero de 2002 aplicar a los resarcimientos por daños de naturaleza civil, un interés igual a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento en documentos comerciales.-
Corporaciones municipales, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-07-07

La Ley de Corporaciones Municipales no ha establecido, como sí lo hacen otros ordenamientos -y debiera hacerse- ninguna diferencia entre los supuestos de "agotamiento de la instancia administrativa" y el de "reclamación administrativa previa", en el contexto de esta ley las palabras "recurso", "reclamo" "reclamación", no tienen una acepción concreta. Son "intercambiables", y la decisión que los resuelve es el acto "que causa estado", por decidir la cuestión definitivamente en esa sede. Y el acto "causa estado", cuando se han ejercido contra él, agotado, los recursos administrativos disponibles o, como diría HUTCHINSON, cuando el acto ha recorrido toda la vía administrativa, y contra él se interpuso todo recurso o reclamo según corresponda, e importa una decisión final, firme, contra la que nada deba argüirse en sede administrativa
Jubilaciones, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, relación de dependencia, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ORELLANO, ARMANDO EDUARDO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 141-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-11-14

Limitar el beneficio de la indemnización especial y extraordinaria que el banco otorga a quienes se acogen a los beneficios de la jubilación ordinaria a un tipo determinado de personal, al agregar arbitrariamente el concepto de "dependencia", importa partir de una premisa incorrecta, sin apoyo normativo, en una interpretación equívoca de un texto que no aparece ambiguo ni en su aspecto gramatical ni en su propósito.

En el caso de autos, el texto del decreto 1409-52 expresa que se acuerda el beneficio especial y extraordinario "a todo el personal de la institución que se retire para acogerse a los beneficios jubilatorios y que haya estado al servicio del banco veinticinco años como mínimo", no surgiendo del propio texto distinciones respecto a la modalidad de los servicios prestados.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ JOSE DOMINGO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-RECURSO EXTRAORDINARIO  INTERPUESTO POR DRA.GALVAN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-23

La introducción de una cuestión federal en el juicio no requiere ninguna fórmula especial bastando la mención de las normas federales sobre las que se funda el derecho invocado y la demostración del vínculo con la materia del pleito.Carece de todo sentido la utilización sacramental de la expresión "reserva del caso federal", y no ocasiona gravamen alguno por ende la decisión judicial que la tenga o no presente, pues en definitiva no depende de esto el acceso a la vía extraordinaria del art.14 de la Ley 48. (Minoría u opinión personal)
Honorarios del abogado, recurso de apelación (procesal)
Materia: LABORAL
Carátula: Legal, Clemente c/ Anthonioz Blanc S.A. s/ Cobro de Pesos-Salarios adeudados y otros rubros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-11-22

Esta Sala ha dicho reiteradamente que la ley de aranceles de abogados establece en forma clara y precisa que el recurso "deberá" fundarse si se deduce por escrito, no bastando la simple manifestación de que se apela "por bajos" (Voto mayoría: Dres.

Spinelli y Ponce).Si la ley ha legitimado la apelación de honorarios en forma verbal, en diligencia, no puede ser causa de caducidad de la apelación el hecho de no fundarse cuando se lo deduce por escrito (Voto minoría: Dr.Gómez).
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: Ortiz, Carlos c/ Massari, Esmildo s/ Resolución de Contrato - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-07-11

Si la falta de legitimación opuesta por el demandado no prospera -pero otras defensas obtienen éxito y por sí solas deciden la suerte del pleito al rechazarse la demanda instaurada-, la calidad de vencido es configurada en la persona del actor y consecuentemente con tal situación, corresponde que el mismo cargue con las costas del proceso.
Suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación, pago de la multa, facultades del querellante, recursos
Materia: PENAL
Carátula: Gomez, Myriam Susana s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-11

Para la procedencia del instituto de la suspensión del juicio a prueba se requiere, como condición, en los delitos conminados con pena de multa, en forma alternativa o conjunta con la pena privativa de la libertad, será requisito para el otorgamiento de la suspensión del proceso el pago del mínimo de la multa, cuyo mínimo debe ser impuesto por el tribunal. Por otra parte, la auto-inhabilitación, aún ante el supuesto de un delito doloso, constituye el medio idóneo para satisfacer la finalidad que persigue la sanción de inhabilitación especial que conmina al tipo penal discernido en la especie. La disidencia parcial sostuvo que la multa sólo se aplica a aquellos delitos en donde esta pena sea aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisión y no en casos como el presente en los que la multa resulta una sanción accesoria al delito de contrabando atribuido, cuya imposición corresponde a la autoridad aduanera. (Dres. Borinsky, Hornos -en disidencia parcial- y Gemignani).
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Maria Cristina y otro c/ Doblores, Jose Luis y otros s/ Daños y perjuicios Pachelo, Luis Domingo c/ Provenzano, José O. y Empresa de Transportes "Acordino Hnos". s/ Indemnización daños y perjuicios Rosi, Jorge c/ Donodía, Juan Osvaldo s/ Daños y perjuicios López, Julio c/ Empresa San Vicente S.A.T. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27|1987-11-26|1993-06-08|1997-09-02

En los casos de riesgo o vicio de la cosa, la culpa o negligencia o la falta de previsión no constituyen elementos exigidos por la norma para atribuir responsabilidad, sino de indicar que, al tiempo de computarse una eventual situación que excluya su responsabilidad, no podrá dejar de valorarse el cuadro total de la conducta de todos los protagonistas, desde una perspectiva integral.
Prescripción tributaria, aplicación de la ley tributaria, pago de tributos, impugnaciones reiteradas
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Claro, Zulema Haydee y otros c/ AGIP y otros s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Si el juez de grado, por aplicación del art. 3987 del Código Civil, hizo lugar a la acción declarativa de certeza y declaró prescriptas las obligaciones fiscales cuya ejecución aun está en trámite, tal resolución carece de toda fundamentación. Ello así, en tanto no se les aplica el art. 3987 citado, por no haber mediado desistimiento, caducidad de la instancia o absolución definitiva del demandado. Por su parte, y conforme el Código Fiscal, cualquier interrupción de la prescripción o de la caducidad en favor o en contra de uno de los deudores favorece o perjudica a los demás, por lo cual, la admisión de la demanda respecto de estas obligaciones carece de toda fundamentación. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, interpretación de sentencias, obras sociales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Consumidores en Acción Asociación Civil c/ Osde s/ sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-15

Procede admitir la excepción de incompetencia opuesta por la accionada, y en consecuencia, ante la expresa opción ejercida por la demandada, debe entender en las presentes actuaciones la Justicia en lo Civil y Comercial Federal. Cabe recordar que, con el régimen actualmente vigente en materia de organización de sistema de "obras sociales" y "seguro nacional de salud" (leyes 23660 y 23661), cuando una obra social se encuentra demandada, la pretensión procesal queda sometida exclusivamente a la jurisdicción federal pudiendo optar por la correspondiente justicia ordinaria cuando fueren actoras (ley 23661: 38). Tiene dicho esta Sala que no obsta a ello la circunstancia de que la relación jurídica mantenida entre las partes se encuentre regida por el derecho civil y comercial y sea en principio ajena a la materia federal, pues no se trata aquí de establecer la competencia del Tribunal ratione materiae sino ratione personae, supuesto en el que la atribución de jurisdicción se efectúa en razón de la calidad de los sujetos involucrados, aun cuando la materia no sea federal, como ocurre en gran parte de los conflictos ventilados ante la justicia civil y comercial federal.
Régimen penal de la minoridad, abuso sexual, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: C.C.J s/ HOMICIDIO - s/IMPUGNACION EXTRAORDINARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2015-04-27

Debe declararse la nulidad de la sentencia que condenó a la pena de catorce años de prisión a un joven que siendo menor de edad abusó sexualmente de un niño de seis años y luego lo asesinó, pues la sentencia integrativa no analiza adecuadamente el tratamiento tutelar y, sobre todo, la necesidad y conveniencia de imponer esa pena, y a pesar de invocar en sus argumentos la Convención de los Derechos del Niños y los demás Tratados internacionales constitucionalizados, para establecer básicamente que debía responder al Régimen de Prevención especial, luego utiliza sólo argumentos de prevención general positiva para determinar la necesidad de pena y la establece prácticamente en el máximo de la escala que entiende aplicable. (Del voto en disidencia del Dr. Carubia)
Desbaratamiento de derechos acordados, compraventa de automotores, automotor prendado
Materia: PENAL
Carátula: GUTIERREZ AMOROS s/ DEFRAUDACION. DESBARATAMIENTO DERECHOS ACORDADOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-28

Constituye el delito de desbaratamiento de derechos acordados, la acción del procesado que, con conocimiento de la virtualidad de la prenda que gravaba el vehículo que adquiriera, vendió el mismo a un tercero, tornando litigiosos los derechos del acreedor prendario una institución bancaria- sobre el rodado.