Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-15


Salta, 15 de Marzo de 2011.

AUTOS Y VISTO: Este Expte. Nº 26.138/09 de la Cámara de Acusación, Sala II, originario Nº COR 26.072/08 del Juzgado Correccional y de Garantías de Tercera Nominación caratulado: "RAMIREZ, MARTIN HIPOLITO POR LESIONES LEVES A ZUAREZ, DANIEL RAUL", del Distrito Judicial del Centro; y, ______________________CONSIDERANDO El Dr. ENRIQUE GRANATA, dijo:

Que arriban los presentes obrados a esta alzada en virtud del recurso de apelación impetrado a fs.30/32 y vta. por la defensa técnica del imputado en contra del auto resolutorio de fs.28/29 mediante el cual no se hace lugar al pedido de sobreseimiento del imputado Martín Hipólito Ramírez por el delito de lesiones leves de conformidad a lo dispuesto en los considerandos.

Remitidas las actuaciones para notificación de la Sra. Fiscal de Cámara se pronuncia a fs.37/39 y vta. solicitando que, previo a efectuar el análisis en orden a los requisitos de admisibilidad y fundabilidad del recurso interpuesto por la defensa, se declare la nulidad del punto II de la providencia de fs.18 mediante la cual el a-quo dispone la citación a juicio de las partes conforme lo dispuesto en los arts. 360 bis y 410 del C.P.P., una vez vencido el plazo previsto en el art. 359 del C.P.P., porque hubo una concreta violación al debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio. En su planteo nulidicente cuestiona si el Juez Correccional tenía capacidad jurisdiccional para decidir la citación de las partes a juicio cuando aún no se había definido la etapa crítica del Procedimiento Sumario, lo que se evidencia con el resolutorio que agravia a la defensa cuyo dictado fue posterior al proveído discutido, pues si bien se señaló en él que el plazo del art. 360 bis empezaba a correr vencido el plazo del art. 359 del C.P.P., en aquél mandato judicial, donde se marcaban dos etapas del procedimiento distintas y que, por ello correspondía sean dictadas por el órgano jurisdiccional con asignación de competencias diferentes: una como Juez del Procedimiento Sumario y otra como Juez del Debate, se avanza perjudicando a la defensa. Destaca que de no acogerse la impugnación formulada, la decisión que no acogió el planteo de sobreseimiento por atipicidad no tendría respuesta por parte de este Tribunal ad-quem, como también tendría virtualidad, la providencia atacada, para interrumpir el plazo legal de prescripción.

Que resulta necesario atender previamente el planteo nulidicente a fin de establecer la competencia de esta alzada en el expediente de marras. Al respecto debe señalarse que el Juez Correccional guarda competencia durante el curso del procedimiento sumario y después como tribunal unipersonal de sentencia precisamente en esas causas. Prueba de la afirmación antecedente puede certificarse con la correlación de los estadios procesales que adopta el código de forma local al implementar el procedimiento sumario por acta única (desde art. 351 hasta 359 inclusive), con anterioridad al Libro I destinado en su regulación a la construcción plenaria del juicio entre cuyas sub-especies ubicamos aquel que propicia la sentencia conclusiva correccional (desde art. 410 hasta el 416 inclusive).

Corrobora la precedente interpretación sistemática, la circunstancia que la ley de ritos en el art. 459 del C.P.P. con la reforma de la ley 7313 estatuye que el recurso también procederá contra las resoluciones de los Jueces Correccionales y de Garantías en el procedimiento sumario. A su vez, el concordante art. 24 inc. 1º otorga competencia a la Cámara de Acusación para conocer en apelaciones promovidas contra las resoluciones dictadas por los Jueces Correccionales y de Garantías en el procedimiento sumario. Cabría preguntarse entonces, si cuando el a-quo dicta el segundo párrafo del decreto de fs. 18 y el resolutivo desestimatorio del sobreseimiento de fs. 28/29, en qué momento procesal formaliza dichos pronunciamientos?. La respuesta guarda etiología con el núcleo de la incidencia nulificadora, pues el Juez parte de un trámite ordenatorio que se compadece en sus secuencias con el procedimiento sumario y sin que el mismo quede agotado por el principio preclusivo, adopta por otra parte medidas actuacionales propias ya de la etapa del juicio correccional como resulta ser la apertura a prueba y la citación de las partes al juicio.

En este extremo nuestro más Alto Tribunal ha distinguido perfectamente los sucesivos estadios por los que progresa el Procedimiento Sumario entre otros en Fallos 130:863, 130: 869/874 y 135:697/702, determinando que el procedimiento sumario se extiende hasta el decreto de citación a juicio, acto jurisdiccional que da inicio a la etapa del juicio correccional propiamente dicho (arts. 410 y 360 bis del C.P.P.). Tal es su importancia en el curso del proceso, que es uno de los taxativos actos con virtualidad para interrumpir el curso de la prescripción extintiva de la acción penal (art. 67 inc.d) del C.P.) pero además establece la diferencia entre las vías conducentes de impugnación para controvertir las decisiones dictadas sea por los jueces del procedimiento sumario, o bien por los jueces de sentencia correccional.

Si entendemos que el debido proceso legal constituye una secuencia o serie de actos y de etapas judiciales desenvueltos progresivamente, que se consideran una unidad a fin de obtener un pronunciamiento judicial que finalice el proceso o juicio, ha de admitirse que este método de proyectar el proceso como lo hizo el a-quo a través del decreto de fs. 18 en el cual se anticipan etapas sin estar precluidas las anteriores, en la práctica diaria podría suscitar serios inconvenientes tales como el plazo de iniciación de la prescripción, modificaciones en la competencia de esta Alzada ante un planteo de apelación frente a la denegatoria de sobreseimiento solicitada dentro del plazo de tres días previsto en el art. 359 del C.P.P..

Estas circunstancias ameritan a pronunciarme por la invalidez del segundo párrafo del decreto atacado, pues el mismo violenta la garantía constitucional del debido proceso prevista en el art. 18 de la C.N..

Sentado ello y admitida la competencia de este Tribunal ad-quem se impone no entrar a considerar los agravios formulados por la defensa en contra del auto resolutivo que deniega el sobreseimiento solicitado toda vez que de la compulsa de las actuaciones se advierte que el delito investigado podría estar prescripto ya que el hecho que motivara su formación habría ocurrido el día 01/10/2007 (fs.1) y de fs.6/7 y vta. surge que en fecha 12/10/2007 se requirió juicio en contra de Martín Hipólito Ramirez por el delito de Lesiones leves (art. 89 del C.P.), que prevé una pena en abstracto de un mes a un año de prisión.

Asimismo y de conformidad a las previsiones de los arts.59 inc.3º y 62 inc.2º del C.P. surge que la acción penal se extingue por la prescripción y que ésta prescribe después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el ilícito si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años y bajar de dos años.

En razón de ello, surge prima facie que el plazo máximo de la pena prevista para el ilícito atribuido a Ramirez se habría cumplido (el día 12/10/2009), por lo que corresponde remitir las actuaciones al Juzgado de origen a fin de que, previa solicitud de planilla prontuarial actualizada e informes al R.N.R. se resuelva sobre la procedencia o no de la extinción de la acción penal.

A tal decisión corresponde arribar teniendo en cuenta que la prescripción en materia penal es de orden público, y en consecuencia debe declararse de oficio, para lo cual en principio este Tribunal de Alzada tendría la facultad de hacerlo pero a los fines de asegurar la igualdad jurídica de las partes y la doble instancia en una decisión que podría poner fin a la acción, es que el primer pronunciamiento sobre la cuestión (si la acción está o no prescripta) corresponde al Juzgado de 1ª instancia, así lo hemos sostenido en los autos: "Nasra, Miguel; Urgel, Julio Alfredo por Defraudación y falsificación de Documentos Privados a Rolando Rafael Vicente", causa Nº 5644/95, originaria del Juzgado de Instrucción 1º Nom. del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Tartagal, expte. Nº 21.491/93 de esta misma Sala.

Asimismo cabe destacar que este Tribunal encontraría competencia para examinar el planteo de prescripción, exclusivamente por la vía de apelación (art. 339 del C.P.P.) garantizándose de esta manera la doble instancia cuando pueden mediar pronunciamientos definitivos durante la etapa instructoria. De manera que frente a la hipótesis de admitirse la excepción con la consolidación de efectos que prevé el art. 119 del C.P.P., el llamado a voto para resolver la apelación devendría improcedente por haberse extinguido la acción penal y por ende el cierre definitivo del respectivo proceso. De mediar el rechazo de la excepción u otra impugnación suscitada por la nueva materia, a este Tribunal de Alzada le cabría expedirse en primer termino en relación a la cuestión de falta de acción y en su caso la cuestión apelativa originariamente planteada. Tal criterio resulta compatible con el sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación según tiene dicho que " el examen de la subsistencia de la acción penal resulta previa a cualquier otra, por cuanto la prescripción en materia penal es de orden público y debe ser declarada de oficio, produciéndose de pleno derecho y debiendo ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo (del voto del Dr. Fayt en causa Podestá, Arturo y otros, 7/3/06, publicado en Sup. Penal 2006 - junio -, 52 - DJ 7/06/06, 419). En igual sentido lo ha hecho la Corte de Justicia local en causa c/ Peña, Mario Ernesto - Casación, Expte. Nº 20162/98 de Corte, en fecha 01/11/00 (L. 71 991/1000). Allí ha sostenido "La prescripción penal debe ser resuelta previamente a toda otra cuestión, dada su naturaleza jurídica, y la razón de orden público que la fundamenta, a lo que se suma la conveniencia - en su caso - de evitar la continuación de un juicio innecesario". Idéntico criterio se ha plasmado en los autos caratulados "Cardozo, Raúl Cesar - Queja por recurso de casación denegado" (Expte. Nº CJS 29.783/06).

Por todo ello, corresponde remitir estos autos al juzgado de origen para su pronunciamiento, previo trámite de ley, sobre si la acción penal se encuentra o no prescripta.

El Dr. LUIS FELIX COSTAS, dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y el acuerdo que antecede, _________LA SALA II DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, ________________________RESUELVE:

I) DECLARAR la nulidad del segundo párrafo del proveído obrante a fs. 18 y de todos los actos consecutivos que de él dependan de conformidad a lo normado por los arts. 18 C.N. y 163 y 167 del C.P.P..

II) REMITIR estos autos al Juzgado en lo Correccional y de Garantías de 3ra. Nominación, a fin de que se pronuncie sobre la prescripción o no de la acción penal, previo trámite de ley.

III) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE.