Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-15


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 15 días del mes de mayo del año dos mil siete, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Juan Pedro Cortelezzi, Jorge Pfleger y Alejandro Javier Panizzi, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "C, A s/ robo r/ damnificado" (Expediente N° 20.660 - 246 - 2006).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 147: Pfleger, Panizzi y Cortelezzi.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. La intervención de la Sala se ha suscitado en razón del recurso de casación deducido por la abogada adjunta de la defensa pública, doctora Marisa Fernández, en perjuicio de un parte de la sentencia del señor Juez Correccional de Trelew, que el día cinco de septiembre del año dos mil seis -y en trámite de juicio abreviado- impuso a M A R, la sanción de un año de prisión en suspenso y costas, como autor material y responsable del delito de encubrimiento (art. 277 inc. 1° ap c) del Código Penal) a la par que estableció, en virtud de la condicionalidad de la pena y por el lapso de dos años, "... las pautas de conducta previstas en los incisos 1°, 2°, 3° y 8° del art. 27 bis a sabe..."(sic).

Específicamente, la letrada impugnó, por considerarlo ausente de motivación, el fragmento de la decisión que impuso a su pupilo procesal el cumplimiento de cincuenta horas de trabajo comunitario "... en el lugar que indique y bajo la coordinación del Patronato de Presos y Liberados de Trelew, las que deberán cumplimentarse dentro de los dos primeros semestres..." (del texto de la hoja 105) e invocó, como sustento normativo a su pretensión de nulidad, el art. 415 inc. 2°, 429 y ccss. del C.P.P.

En el escrito que está añadido desde la hoja numerada 107 hasta su par 110 dio razones.

Señaló la limitada argumentación del Juez al instante de precisar la condición que objetó, hizo mentas de los considerandos, que estimó escuetos, y luego citó fallo de este Superior Tribunal de Justicia en abono de su tesis.

Marcó, en los sucesivos párrafos de su escrito de ella, su disenso con la interpretación que el Juez Correccional hizo del art. 27 del C.P., e hizo una disección de la recurrida en esos puntos, con cita, esta vez, de doctrina, aplicándose en particular en reseñar la naturaleza de los trabajos comunitarios para concluir en que la proposición del Juez Correccional no se motivó de modo razonable, conforme los postulados constitucionales. Hizo cita de un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal.

II. Señalado así el límite de la cuestión y las razones que traen al recurso, comenzaré su tratamiento.

Deseo destacar, en primer término, el tesón puesto de manifiesto por la defensora recurrente en su trabajo. Denota, a mi juicio, un fuerte compromiso con la función que le ha sido encomendada amén de una plausible erudición y sentido común, que merece exaltación en un contexto de escasez de altruismo a la hora de reconocer al prójimo.

Dicho esto, voy al punto.

Adelanto mi opinión adversa al mantenimiento del fallo en lo que ha sido materia de agravio.

Si bien es cierto que las pautas del art. 27 bis del Código Penal implican facultades jurisdiccionales dadas al juez y libradas a su sana discrecionalidad pues aplicará todas o algunas, no menos veraz resulta que las reglas de conducta no constituyen en sí mismas una pena.

Su función es la que la propia ley les asigna cuando edicta específicamente su finalidad, al consagrar que la imposición lo será "... en tanto resulte(n) adecuada(s) para prevenir la comisión de nuevos delitos...".

Cumplen así una función preventiva especial que no puede escindirse de la pena impuesta, evaluada acorde las previsiones de los arts. 40 y 41 del C.P., y en el supuesto de condicionalidad bajo los parámetros del art. 26 del mismo catálogo.

Las opciones que se escojan, y no puede dudarse al respecto, han de estar debidamente motivadas.

Si por motivación hemos de entender a las razones que el Juez expone para justificar el discurso que emite o convenimos en que "motivar" en términos del Diccionario de la Academia implica: " 1. Dar causa o motivo para algo." o "2. Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo", derivamos necesariamente en que ellas, las causas de lo decidido, estarán expresadas con claridad para satisfacer el postulado constitucional que impone la publicidad de los actos de gobierno, y garantir la aprehensión y comprensión por los destinatarios de la resolución para que puedan ejercer con corrección sus derechos, amén de facilitar la actuación de las instancias revisoras en caso de solicitarse que diriman acerca de su corrección.

No satisface esta condición o requisito el uso de una fórmula legal o el lenguaje de la norma vacío de contenido o de cualquier formulación semántica estereotipada. Lo impone la propia naturaleza del instituto y la limitación de derechos que apareja.

III. Cuando examino el caso percibo esa ausencia en la decisión en crisis.

En primer lugar, la naturaleza preventiva de la que se hablaba anteriormente quita eficacia como razón a la invocación de las horas comunitarias a la frase: "...para reparar la afrenta que el delito en que incurriera el hoy prevenido ocasionara..." utilizada en la sentencia.

Por otra parte, resulta vacío de contenido (aun cuando pudiera aceptarse su vínculo con la categoría "prevención especial") el postulado atinente a la aplicación de la medida "...como forma de internalizar en el condenado los valores que el convivir demanda...", ya que, para poner a pleno el predicado, debió justificar adecuadamente las razones que le impulsaron a tomar la decisión de mandar trabajos comunitarios, determinando, por ejemplo, la capacidad operativa o técnica, la disponibilidad horaria o la posibilidad de relacionarse laboralmente del condenado.

De esta manera, la decisión del Juez Correccional es infundada en los términos del art. 107 del Código Adjetivo y debe casarse, anular la porción de la sentencia en crisis y reenviar el caso para que el tema se debata y dirima por otro Juez, conforme a derecho (art. 429 del C.P.P, Ley 3155).

IV. Considero adecuado establecer en trescientos Pesos ($ 300.-) los honorarios de la defensa pública, ello así por cuanto legisla la Ley 2200 en su pertinente articulado.

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro J. Panizzi dijo:

I) El hecho objeto del proceso, la expresión de los agravios contenidos en el recurso y demás antecedentes del caso, han sido adecuadamente consignados en el voto del doctor Pfleger que precede a éste, lo cual, me dispensa de transcribirlos.

II) El señor Juez en lo Correccional que dictó la sentencia, el doctor Darío Rubén Arguiano, condenó a don M A R a la pena de un año de prisión en suspenso y le impuso como pauta de conducta, entre otras, la realización de cincuenta horas de trabajo comunitario (punto II, "c" de la parte resolutiva). Contra esa decisión, recurrió la defensa, objetando su falta de motivación.

El a quo argumentó que esa medida, la realización de tareas comunitarias, "... Ha de obrar como instrumento apto para reparar la afrenta social que el delito en que incurriera el hoy prevenido ocasionara y además, fundamentalmente, como forma de internalizar en el condenado los valores que el convivir social demanda".

III) Con respecto a la queja de la defensa expresada en el fin del debate, debo decir que concuerdo con el juez en que para el tribunal que dicta una pena de ejecución condicional, es preceptiva la imposición de las reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis. Es por ello, que no constituye una transgresión jurisdiccional del acuerdo convenido con el representante del Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado, porque tales reglas son inherentes a la condena por los delitos y en la modalidad a que se refiere la norma citada.

IV) Sin embargo, la fracción del considerando III de la sentencia, citada previamente, es menos un fundamento jurídico que una afirmación genérica, ya que el juez omitió consignar porqué, a su criterio, las medidas impuestas resultan adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos, ni porqué su aplicación se ajusta al caso concreto ni a las condiciones personales del imputado (artículo 27 bis del Código Penal).

En toda sentencia es necesaria e imperativa la expresión del fundamento lógico y legal del decisorio (artículo 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut).

La resolución impugnada no cumple con ese requisito porque no se expresó suficientemente el motivo jurídico de la imposición de la medida cuestionada. Es decir, que el señor Juez omitió consignar acabadamente la razón principal que constituyó el cimiento en que estribó y sobre el que se apoyó su decisión, en punto al trabajo comunitario que impuso al condenado (artículo 27 bis del Código Penal).

Estas razones me llevan a coincidir con el voto del doctor Pfleger, en cuanto a que debe casarse parcialmente la sentencia recurrida, declarando la nulidad del punto II, "c" de su parte resolutiva, y reenviar la causa para que sea debatida y dirimida por otro Juez, conforme a derecho, en su parte anulada (artículos 107, 358, 363, inc. 3º, 364 y 429 del Código Procesal Penal, Ley N° 3155).

V) Concuerdo con la regulación de honorarios de los señores defensores públicos que hizo el destacado colega preopinante en el punto IV del voto que antecede, por lo cual, adhiero a ella en éste (artículos 6, 10, 14, 45 y concordantes del Dto. ley 2200, T.O. 4335; 59 de la Ley 4920, Dto. 1303, B.O. 24/10/02).

Así voto.- El Juez Cortelezzi dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Jorge Pfleger y Alejandro Javier Panizzi, existe mayoría de votos para conformar la voluntad de la Sala Penal; de modo que haré uso de la facultad que prevé el art. 357 del CPP (texto según ley 4550).

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

- S E N T E N C I A 1º) Hacer lugar al recurso extraordinario de casación, deducido por la abogada adjunta de la defensa pública, doctora Marisa Fernández, en representación de don M A R (artículos 24, inciso 2º, 415 y concordantes del Código Procesal Penal);

2º) Casar parcialmente la sentencia de fs. 102/05 vta., declarando la nulidad del punto II, "c" de su parte resolutiva y ordenar el reenvío de la causa a efectos de que el tema sea debatido y dirimido por otro juez, conforme a derecho, en su parte anulada (artículos 107, 358, 363, inc. 3º, 364 y 429 del Código Procesal Penal, Ley N° 3155);

3°) Regular los honorarios profesionales de la defensa pública, en forma conjunta, por la actuación desarrollada en esta instancia en la suma de TRESCIENTOS PESOS ($300.-), no incluye IVA (arts. 6, 10, 14 y concordantes del Dto. Ley 2200, T.O. 4335; art. 59 de la Ley 4920, Dto. 1303, B.O. 24/10/02);

4°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo: Dres. Cortelezzi, Panizzi, Pfleger.-