Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-06-19


Reg.: A y S t 283 p 209/212.

Santa Fe, 19 de junio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Fiscal de Cámara N° 3, contra el acuerdo 437 del 14 de junio de 2017, del Tribunal Oral Unipersonal del Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, en autos "CATTANEO, RAMIRO -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'CATTANEO, RAMIRO S/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA'- (CUIJ 21-07008127-7)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511450-8); y, CONSIDERANDO:

1. En el caso, por resolución 27, del 7 de marzo de 2017, el Juzgado en lo Penal de Sentencia de Octava Nominación de Rosario, rechazó una solicitud de prescripción de la acción penal peticionada por la defensa de Ramiro Cattaneo (art. 67, cuarto párr., inc. c), del C.P.) tomando para su cómputo la calificación penal y participación atribuida por el Fiscal en la requisitoria de elevación a juicio, administración fraudulenta en carácter de coautor (arts. 173, inc. 7, y 45, C.P.; fs. 1/2v.). Y apelada dicha resolución por la Defensa técnica de Cattaneo, se le corrió traslado a la Fiscalía, y el Tribunal Oral Unipersonal del Colegio de Cámara de Apelaciones, por Acuerdo 437, de fecha 14 de junio de 2017, revocó la resolución de grado y, acogiendo el planteo defensivo, declaró el sobreseimiento por prescripción de la acción penal del justiciable -cfr. arts. 356, inc. 1, apdo. "a" e inc. 2, párr. 2, del C.P.P. ley 12912- (fs. 3/5), fundamentando su cómputo según el plazo de la figura y participación por la cual se lo procesara -administración fraudulenta en carácter de partícipe secundario (arts. 173, inc. 7 y 46, C.P.; fs. 3/5).

2. Contra el decisorio del A quo, la Fiscalía de Cámara interpone recurso de inconstitucionalidad achacando "arbitrariedad sorpresiva" y carencia de fundamentación suficiente -art. 95, C. prov.- (fs. 6/18v.).

Reprocha la afectación de los principios de "debido proceso", "legalidad", "republicano de gobierno", "defensa en juicio", y el que nomina como "principio de jerarquía normativa en cuanto división de atribuciones legislativas entre la nación y la provincia" (fs. 11/v.), invocando la concurrencia de "gravedad institucional" por existir -a su criterio- afectaciones que exceden el mero interés individual (f. 12).

Afirma que la Alzada, para revocar la sentencia de grado que rechazara la prescripción de la acción penal peticionada, tomó en cuenta la calificación jurídica de un auto provisorio como es el procesamiento; soslayando su requisitoria de elevación a juicio, extralimitándose de su labor, al efectuar un análisis subjetivo sobre una cuestión no debatida e inoficiosa, dado que la prescripción requiere un análisis objetivo basado en el transcurso de tiempo y la confirmación de causales para interrumpirla o suspenderla.

3. La Alzada, por resolución 602 del 15 de agosto de 2017, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Fiscalía (fs. 24/28v.); lo que motivó la presentación directa ante esta sede (fs. 29/34v.).

4. Es de hacer notar que radicada la queja ante esta Corte, obra un comparendo en representación del actor civil, "Club Atlético Newell´s Old Boys", solicitando la nulificación del trámite afirmando -sustancialmente- haberse omitido los traslados a su parte tanto en la etapa apelatoria como en el recurso de inconstitucionalidad (fs. 44/46). De lo cual, se dio traslado a la Fiscalía recurrente, quien formula oposición al planteo anulatorio, al entender que no encuadra su petición en ningún recurso procesal previsto por ley (recurso de inconstitucionalidad o queja) remedios legales que no fueron deducidos. Y señala la falta de agravio o gravamen irreparable, toda vez que nada impide que el actor civil, pueda recurrir y plantear su pretensión ante la sede civil.

5. Señalado lo que antecede y adentrándonos en la consideración de los presentes, se adelanta que el recurso queja impetrado no ha de prosperar. Ello así, por cuanto las alegaciones recursivas del Ministerio Fiscal no logran demostrar la arbitrariedad achacada al pronunciamiento y solo traducen su mero disenso y particular enfoque del caso.

En efecto, dichas postulaciones -a pesar del matiz constitucional que aspira otorgarle la Fiscalía recurrente- encierran tan sólo la discrepancia de la impugnante con la hermenéutica propuesta de las apreciaciones de los extremos del caso y las normas comprometidas. Cuestión que -por regla- queda exenta de revisión por esta Corte por vía del recurso extraordinario, a menos que se demuestre arbitrariedad. Lo cual, tampoco logra evidenciarse.

En tal sentido, las alegaciones de la recurrente carecen de entidad para invalidar lo decidido cuando reprocha que debió tomarse para el cómputo de la prescripción la figura y participación acusada por la Fiscalía -administración fraudulenta en carácter de coautor-. En este aspecto echa de verse, que a su hora, para acoger los agravios defensivos la Alzada al revocar el rechazo de la prescripción de la acción penal, razonó y se fundamentó en los alcances interpretativos del plazo según la figura y participación por la cual se procesara al justiciable. Esto es, administración fraudulenta en carácter de partícipe secundario; considerando a ésta "como la única figura que se podría seleccionar" por ser "superadora" atento el "grado de condición y evidencia a la seleccionada al momento de la indagatoria" (fs. 26v./27). En este punto, haciendo mérito de la cuestión, reflexionó la Alzada señalando: "la conglobante imputación de coautoría repartida para un gran número de imputados con distintos roles en la administración del Club Newell's Old Boys, con la consiguiente perplejidad que ello implica, por primera vez fue analizada por la jurisdicción en dicho auto [procesamiento] en el cual se desligó del carácter de coautor a un grupo importante de coimputados, seleccionando la A quo la figura de participación secundaria para la mayoría de los encartados y reservando el rol de coautor solo para tres imputados, por entender la magistrada que éstos últimos integraban la mesa ejecutiva de la administración económica de la Institución, con atribuciones de disposición y el manejo de negocios determinados, quienes debían comunicar y poner en consideración con la Comisión Directiva, que además tenían la custodia y el control de las decisiones que tomada dicha mesa ejecutiva (f. 4174v.); de partícipes primarios para dos, y para el resto la figura de partícipes secundarios, tipo en el que se encuentra el Dr. Cattaneo en su carácter de Secretario de Actas" (f. 3v.).

Y partiendo de ese entendimiento, el Tribunal consideró que a la fecha del hecho -que no fue cuestionada por las partes- (14.12.2008) y el primer llamado a indagatoria para Cattaneo (09.12.2013) transcurrieron casi cinco años, excediéndose con creces el máximo de la pena prevista para la participación secundaria conforme el cómputo que debía hacerse a tenor del artículo 46 del Código Penal. Concluyendo la Alzada que "no hay duda que a la fecha de la selección de la participación referida, la acción penal en contra del postulante se encontraba prescripta careciendo de toda virtualidad no sólo la requisitoria fiscal sino también la calificación más gravosa del hecho que se hace en ella (f. 4).

Que ante tales fundamentos, la Fiscalía impugnante se conforma con alegar su propia postura interpretativa sobre la cual pivotean todos sus reproches, mas sin indicar siquiera, cómo a su hora hubiera en todo caso cuestionado la referida participación por la cual se lo procesara. Auto éste de cuya firmeza partiera la Alzada al fundamentar su cómputo al declarar la extinción de la acción penal. De tal modo, la recurrente se conforma en insistir en su tesitura, según la cual debía tomarse la figura penal y participación de su propia acusación fiscal. Quedando de tal modo incólumes los fundamentos del A quo al considerar extinguida la acción penal por prescripción para el caso concreto.

Y si la acción penal se extinguió -conforme dicha resolución- en el plazo que transcurre desde la fecha del hecho al llamado a indagatoria; cesa desde ese momento el poder punitivo como contenido del proceso. Razones por las cuales, debe declararse inadmisible el recurso de queja impetrado por la fiscalía recurrente.

6. En tal contexto, conforme lo señalado en precedencia, se infiere necesariamente la desestimación por inadmisible de la presentación efectuada por la parte civil (de fs. 44/46). En tal sentido, y solo a mayor abundamiento, cabe remarcar que conforme además surge de los antecedentes, el auto de procesamiento en el cual se determinara el grado de participación de Cattaneo quedó firme. No advirtiéndose excepcionales razones que ameriten admitir la presentación efectuada por el actor civil, a lo que ya aludiera la propia Fiscalía recurrente (fs. 50/51), indicando además la posibilidad de concurrir y plantear su pretensión ante la sede civil correspondiente (f. 51).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: 1. Rechazar la queja interpuesta. 2. Declarar inadmisible la presentación efectuada en favor del actor civil.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Tribunal Oral Unipersonal del Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, doctor Carlos Alberto Carbone.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado en lo Penal de Sentencia de la Octava Nominación de Rosario, doctora Marisol Usandizaga.