Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30


F., H. F.

Reg.: A y S t 205 p 481-487.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil cinco se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia de su titular señor Ministro doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "F., H. F. -Homicidio culposo- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J.N 113, año 2002).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA:¿qué resolución corresponde dictar?.

Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Vigo, Gutiérrez, Falistocco y Netri A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: Mediante resolución registrada en A. y S. T. 178, págs.2/5, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el señor Fiscal de Cámara N 2 contra la resolución de fecha 20 de diciembre de 2000, dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, por entender que la postulación del recurrente contaba -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de autos e importaba articular con seriedad planteos que podían configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción.

En el análisis que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, considero que el planteo constitucional esbozado satisface las exigencias de admisibilidad del recurso, no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador General (f.26), debiendo -en particular- tenerse por cumplido el recaudo del oportuno planteo de la cuestión constitucional -objetado por la Alzada en el auto denegatorio de la concesión del recurso de inconstitucionalidad-.

En efecto, dado la naturaleza de las impugnaciones efectuadas al pronunciamiento en crisis -omisión de considerar cuestiones oportunamente propuestas, prescindir del texto legal sin dar razón plausible, prescindir de prueba decisiva, incurrir en afirmaciones dogmáticas- la arbitrariedad denunciada aparecería como sorpresiva, pues se originaría en vicios propios de la sentencia, no requiriéndose previo planteamiento.

Sobre todo si se advierte, que los argumentos tanto del Sr. Defensor de Cámaras al expresar agravios (fs.130/131) como del Sr. Fiscal al contestarlos, se centraron en si el cruce en rojo por parte de F. quedaba comprendido o no dentro de la excepcionalidad y justificación prevista por las normas de tránsito (aspecto también valorado por el Sr. Juez de Primera Instancia, fs.114 vto.-115), mientras que la Sala consideró que no correspondía merituar dicha circunstancia dentro del ámbito del proceso penal.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Vigo dijo: 1. Surge de las constancias de autos que el señor Juez en lo Penal Correccional de la 3 Nominación de la ciudad de Rosario condenó a H. F. F. a la pena de seis meses de prisión en suspenso, inhabilitación especial para conducir por el término de cinco años y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo.

El imputado, a través del señor Defensor General de Cámaras apeló el decisorio inferior, resolviendo la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de aquella ciudad revocar la sentencia apelada, absolviéndolo de culpa y cargo (artículos 5, 7 y 297 C.P.P.).

Contra este último pronunciamiento deduce el señor Fiscal de Cámara Nro.

2 recurso de inconstitucionalidad por considerar que el mismo no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia (artículo 1, inciso 3 de la ley 7055).

En el memorial recursivo relata que el imputado H. F. F. conducía una ambulancia del SIES trasladando un paciente del Hospital Centenario al Hospital de Emergencias, viajando en el vehículo el Dr. Carlos Morenghi, que se encontraba a cargo del paciente durante el traslado.

Señala que en circunstancias en que la ambulancia transitaba por calle Ovidio Lagos, vía esta con semaforización coordinada, al arribar a la intersección con Montevideo, traspuso el cruce con luz roja, embistiendo a una velocidad estimada en 64 kms/h, a una motocicleta que cruzaba por Montevideo con luz verde, causando la muerte de su conductor J. L. A. Los reproches tendentes a descalificar el pronunciamiento de la Alzada, son enunciados por el recurrente en los siguientes términos: 1) omite considerar y resolver cuestiones oportunamente propuestas, tal como es la que se refiere a la ausencia de urgencia en el traslado, por lo que no resultaba absolutamente imprescindible al conductor de la ambulancia abstenerse de respetar las normas referentes a la circulación y velocidad.

2) Prescinde del texto legal sin dar razón plausible alguna, ya que -dice- se invoca el art. 61 de la ley de transito aplicando el párrafo referido a la utilización de balizas y sirenas, pero ignora el primer párrafo de la norma -que a su criterio es el fundamental- en cuanto autoriza a los vehículos de emergencia, excepcionalmente a no respetar las normas de tránsito si ello le fuera absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate y cuando no ocasionen un mal mayor de aquel que intenten resolver.

3) Prescinde de prueba decisiva, al no tomar en cuenta la declaración del médico que viajaba en la ambulancia (quien declaró enfáticamente -afirma- que el traslado no requería urgencia).

4) Se agregó a la causa, en forma irregular, una prueba documental que fue utilizada como prueba de descargo fundamental por la defensa en su exitosa impugnación.

5) Se hacen afirmaciones dogmáticas, que sólo constituyen fundamento aparente (al sostener que F. venía circulando por una avenida donde la velocidad permitida es de 60 km/h, ya que -puntualiza- Ovidio Lagos es una avenida con red de semáforos sincronizados, por lo que de acuerdo a las normas de tránsito la velocidad es la que permite la onda verde y, por lo tanto, si cruzó el semáforo en rojo es obvio que no circulaba a velocidad reglamentaria).

Recalca que en el supuesto bajo análisis no se dan las condiciones legales establecidas en la propia norma legal en que se apoya el Tribunal para decidir el caso.

En efecto -dice- el art. 57 del Código de Tránsito establece en su primera parte que los vehículos de los servicios de emergencias pueden, excepcionalmente y en cumplimiento estricto de su misión específica, no respetar las normas referentes a la circulación, velocidad y estacionamiento, si ello le fuera absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate y cuando no ocasionen un mal mayor al que se intente resolver.

Esta norma - continúa- coincide textualmente en su primer párrafo con el art. 61 de la ley 24.449 que rige en la provincia a partir del 23 de octubre de 1998, ley N 11.583.

Por ello, sostiene, el quid de la cuestión consiste primordialmente en establecer si existió o no la situación de emergencia que justificara el incumplimiento de las normas de tránsito y, a la luz de ello, recién entonces analizar la conducta del acusado, porque si bien las ambulancias, en cumplimiento de sus funciones, pueden excepcionalmente violar las reglas de tránsito, ello no implica que puedan dejarse de lado precauciones elementales, colocando en serio peligro a terceros como a los propios transportados; ya que siempre se debe observar el deber de respeto a las personas y a la seguridad del tránsito.

Por tal razón, le agravia que el Tribunal a quo se limitara a valorar la conducta de la víctima e hiciera hincapié en que la ambulancia anunciaba su paso mediante la sirena y las luces reglamentarias, omitiendo tratar el planteo relativo a la "existencia o no de la situación de urgencia", que fuera formulado tanto por su parte como por la defensa del imputado. Luego de reconocer que puede atribuírsele "una cuota" de culpa al conductor de la moto, si éste pese a oír que se aproximaba una ambulancia, traspuso no obstante la esquina - desde que su obligación era detener la marcha-, señala que en materia penal las culpas no se compensan y que lo que se trata de establecer es si hubo o no conducta culposa por parte del autor del hecho.

Afirma que no existe duda sobre la conducta culposa de F.

En primer lugar, sostiene, que está probado en base a la declaración del médico responsable de la salud del enfermo transportado, que no había ninguna urgencia, ya que estaba estabilizado y medicado y que el objeto del traslado desde el Centenario al HECA era simplemente un problema de falta de cama del primero de los nosocomios mencionados y en modo alguno que estuviera corriendo algún riesgo que implicara necesariamente ganar algunos minutos en su traslado con el objeto de salvar su vida .

Aduce que este elemento convictivo -que por sí solo descarta la existencia de la situación de emergencia que hace tolerable legalmente la transgresión por parte de los conductores de ambulancias a las normas del tránsito- no fue ni siquiera tenido en cuenta por el Tribunal, lo que implica prescindir de prueba decisiva para la dilucidación de aquellas cuestiones propuestas e ignoradas. Tampoco -agrega- se ha tenido en cuenta que dicha tolerancia, no los deja exentos de observar tales normas en la medida del respeto que se debe a las personas y seguridad en el tránsito, y que en los casos que fuera absolutamente necesario infringirlas (que en el caso no lo fue), la excepción funciona cuando no ocasionen un mal mayor al que se intenta resolver.

Por ello entiende que aún cuando el imputado hiciera sonar la sirena al traspasar el semáforo en rojo, no se encontraba exento de adoptar las precauciones elementales que le permitieran cruzar sin inconvenientes, pues indiscutiblemente, una leve disminución en la marcha hubiera evitado el accidente o bien disminuido las consecuencias.

Asimismo, considera que la Cámara interpreta y aplica erróneamente las normas de tránsito (artículos 47y 48 del Código de Tránsito), al sostener que la velocidad a que se desplazaba la ambulancia no era excesiva, ya que superaba apenas la velocidad permitida para la Avenida Ovidio Lagos, que según lo considera es de 60 kms por hora. A su criterio dicha velocidad de 60 kms. -prevista en el art. 47 del Código de Tránsito-, está limitada por el art. 48 del mismo cuerpo legal, que contempla que debe moderarse la marcha siempre que las circunstancias de la circulación o de la seguridad lo exijan, según criterios de elemental prudencia y, en especial, en los cruces y curvas al llegar a zonas de precaución y cruces peatonales y ante los semáforos que indiquen luz amarilla.

Además, continúa, el mismo art. 47 establece que en vías de semaforización coordinada la velocidad es de la coordinación de los semáforos. Por tal motivo, dice, es evidente que si F. traspuso el semáforo en rojo, no estaba respetando la onda verde y, por lo tanto, la velocidad no era reglamentaria.

Finalmente, alega gravedad institucional atento a la incidencia que habrá de proyectar el decisorio sobre el interés comunitario, pues de mantenerse el criterio de la Sala, cualquier conductor de vehículo de emergencia gozaría de absoluta impunidad para atropellar "a quien sea en cualquier circunstancia" siempre que lleve encendida la baliza y aunque esté utilizando el vehículo sin responder a una situación de emergencia.

La Sala a quo, mediante auto nro. 46 del 22.3.2001 denegó la concesión del remedio extraordinario intentado, logrando el recurrente la apertura de esta instancia a través de la queja deducida.

2. De la lectura de los antecedentes del caso se desprende que la postulación recursiva es, en esencia, la relativa a que el A quo -incurriendo en diversas tachas descalificantes, como lo son: omisión de considerar pruebas y cuestiones sustanciales para la adecuada solución del caso, prescindir del texto legal aplicable y efectuar afirmaciones dogmáticas- revoca la sentencia apelada, absolviendo de culpa y cargo a H. F. F., limitándose a valorar la conducta de la víctima y haciendo hincapié en que la ambulancia anunciaba su paso mediante la sirena y las luces reglamentarias, desentendiéndose del planteo relativo a la "existencia o no de la situación de urgencia". Entiendo que le asiste razón al recurrente.

Ello así, pues la Alzada, con el dogmático argumento de que no correspondía merituar en el ámbito del proceso penal si era legítima o no la causa por la cual el conductor decidió emitir esa señal de urgencia, "aunque sí donde se ventile la hipotética acción civil" (f.135 vto.)., renuncia al análisis de una circunstancia que tenía especial trascendencia en la resolución del caso.

Efectivamente, siendo el delito un "hecho típico, antijurídico y culpable" (Núñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", T.I, Ed. Lerner, ed.1978, pág. 210; Creus, Carlos, "Derecho Penal.Parte General", Ed. Astrea, Ed.1999, pág. 125; Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino," T.T, Ed. Tea, ed. 1987, pág. 276), resulta indudable, liminarmente, que la Alzada no podía desentenderse de un aspecto que hace a la estructura misma del delito: la antijuridicidad, y en su caso, las excepciones justificadoras (entendidas éstas como "las reglas que, tomando en consideración situaciones en las cuales las conductas descriptas por las figuras delictivas aparecen como medios admitidos por el Derecho positivo para lograr la prevalencia de otros intereses jurídicos a los que les atribuye mayor valor, deciden en favor de éstos.

Estas son las llamadas causas de justificación" -Núñez, op.cit, T.I, .pág. 306-), adquiriendo -en consecuencia- entidad suficiente los planteos del recurrente en cuanto a que la Sala omite considerar cuestiones sustanciales propuestas, prescindiendo del texto legal aplicable sin dar razones plausibles.

Por otra parte, igualmente, el decisorio no luce suficientemente fundado en relación al análisis que efectúa de la conducta de F., en orden a determinar su culpabilidad. Al respecto, debe destacarse, en primer lugar, como lo señala Núñez (op. cit. T. II, pág. 91) que: "Tampoco tiene eficacia en el orden penal, la llamada concurrencia de culpas.

Esta se presenta cada vez que el resultado delictivo se debe a la concurrencia de actos culposos del autor y de la víctima. La concurrencia de culpas, así entendida, no modifica en absoluto la imputación penal culposa, porque ésta es personal y sólo exige que el autor haya obrado con culpa. Pero la participación culposa de la víctima en el hecho, debe apreciarse para considerar la medida de la pena, porque limita la responsabilidad del autor respecto del daño causado (C.P., art. 41, inc. 1 ) y la importancia de su participación en el hecho (C.P., art. 41, inc. 2 )." (Vide también Soler, op. cit. T. II, pág. 180).

Y que la "culpa" es "una omisión de cuidado en el obrar o en el omitir..., porque sin la inobservancia de un deber que lo prohíba en el caso, el descuido no es reprochable.

La omisión tampoco es aquí un no hacer en el vacío, sino la infracción de un deber." Y "El deber de cuidado sobre el cual se estructura la omisión culpable, se fundamenta en la previsibilidad de que de la propia conducta derive un daño para los terceros" (Núñez, op. cit, T. II, págs. 74/75; vide -asimismo- Creus, op. cit., págs. 248 y ss.).

Aplicando Por ello, tanto su uso indebido, como justificado pero desentendiéndose del "deber de cuidado" que impone adoptar ciertas conductas de seguridad, puede constituir -según las circunstancias del caso- una temeridad o ligereza que en sí misma crea un peligro, exteriorizando un comportamiento negligente o imprudente.

Lo dicho me conduce a sostener que el fallo en crisis adolece de un déficit de fundamentación y motivación, vulnerando la norma del art. 95 de la Constitución Provincial, por lo que debe ser anulado.

Voto, pues por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo y votó en igual sentido.

A la misma cuestión el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Comparto los fundamentos expuestos por el señor Ministro doctor Vigo.

No obstante lo cual, considero necesario efectuar las siguientes consideraciones.

En el caso bajo análisis no se configuran las circunstancias que fueron tenidas en cuenta por este Tribunal al resolver la causa "Gázquez" (A. y S. T. 87, pág. 43) pues allí sí se consideró acreditado que la conducta desplegada por el imputado -de circular a una excesiva velocidad y transponer una encrucijada cuando el semáforo estaba en rojo- se circunscribía a una excepcional situación de emergencia que en todo caso le permitía al conductor del taxi el incumplimiento de distintas reglas establecidas en el Reglamento de Tránsito, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Reglamento General de Tránsito -ley 13.893-.

En el caso de autos, en cambio, la lectura del decisorio impugnado permite concluir que la Cámara omitió ponderar una cuestión que devenía insoslayable, esto es_ la acreditación de un efectivo estado de emergencia que eximiera al conductor de respetar las normas referentes a circulación y velocidad tal como lo establece el artículo 61 de la ley 24.449.

Es que dicha norma exonera a los conductores de "vehículos de emergencia" del cumplimiento de las exigencias legales atinentes a la circulación solo "si ello fuera absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate, y siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquel que intenten resolver".

En mi criterio las exenciones y prioridad de paso conferidas por la normativa a los vehículos en emergencia, no otorgan a sus conductores una verdadera inmunidad en cuanto al respeto de las normas que rigen la circulación vehicular.

Por el contrario, aquellas prerrogativas tiene como fundamento la necesidad de urgencia que poseen los servicios que ellas prestan, pesando sobre sus conductores el deber de seguridad y prudencia con el que deben obrar, más aún en un caso como el aquí analizado donde se debía trasponer una encrucijada cuando la señalización lumínica no se lo permitía, lo que imponía el deber de -al menos- cerciorarse antes de emprender el cruce de la calle. La apuntada falencia en la fundamentación del decisorio impugnado permite sin más descalificarlo desde la óptica constitucional.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión el señor Ministro doctor Netri, expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo y votó en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal que corresponde para que juzgue nuevamente la causa, conforme surge de los considerandos precedentes. Costas a la vencida.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido. En mérito a los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIO:

Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal que corresponde para que juzgue nuevamente la causa conforme surge de los considerandos precedentes. Costas a la vencida.

Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el Acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)