Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-05


COMODORO RIVADAVIA, Cincode octubre de 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "S., P.-A., R. (Legajo de Fotocopias) p.s.a. Homicidio Agravado en conc. con Lesiones Graves", Expediente Nro. 15981 año 2006, venidos del Juzgado de Instrucción Nro. 1 (Expediente Nro. 10083/2006).- Que llegan los presentes autos a conocimiento de la Sala B de esta Cámara de Apelaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 83/86 vta., por la señora abogada adjunta de la Defensa Pública en representación de los inculpados R A y P J S, contra la resolución de fojas 76/80 vta., que decreta el procesamiento y la prisión preventiva de los nombrados en orden al delito de Homicidio agravado en concurso real con lesiones agravadas (arts. 80 inc. 7mo. 89,92 y 55 del C.Penal).- Que la defensa apelante expresa en su presentación del recurso los agravios que la medida recurrida le causa a sus defendidos y en la oportunidad prevista por el artículo 413 del Código Procesal Penal amplia esos fundamentos que se glosan a fojas 103/105.

En primer lugar solicita la nulidad del acta de fojas 4/5, de la declaración de M S de fojas 12/13 vta., y 70/71 y de todos los actos que sean consecuencia directa de los mismos, atento los métodos coactivos por parte del personal policial para la obtención de la declaración por parte del menor S. Considera irregular el procedimiento del acta de fojas 4/5 y la falta de veracidad de la misma.

Además que el procedimiento utilizado para obtener la declaración de S es completamente ilegal, ya que es detenido por personal policial como sospechoso y no como testigo, por ese motivo lo llevan esposado y lo encierran.

Ante este procedimiento y la receptación de la testimonial como válida, vulnera las mas importantes garantías constitucionales, el debido proceso, la detención arbitraria, prueba ilegal, trato indebido expresamente establecidas en la Constitución Nacional.

Constituye agraviante para sus asistidos la ausencia de elementos de convicción suficientes, que el rito exige en su art. 273 CPP., para estimar razonablemente que sus defendidos sean probables responsables de los sucesos investigados.

Que el a-quo elabora el decisorio sin prueba alguna, en relación a la participación que pretende endilgar a sus asistidos.

Cuestiona asimismo la calificación del hecho, que a su entender en el lugar se produjo una riña, en la que intervinieron algunos de los que hoy prestan declaración testimonial, sus asistidos y un tal "P" y que producto de dicha riña se produjeron las lesiones de C y A.

La calificación utilizada por el a-quo es una calificación basada en el resultado de una acción y no en la acción misma y no se debe perder de vista que lo que pena una norma es siempre una acción y no su resultado. Finalmente señala, respecto al dictado de la prisión preventiva, que sabido es que las únicas causales que permiten justificar la privación de libertad durante el proceso, admitidas constitucionalmente, son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación, contemplando el ritual parámetros a efectos de determinar su existencia en un caso concreto y que el a-quo no hace referencia a ninguno de esos parámetros.

También entiende que no se ha respetado la presunción de inocencia.

Hace reserva de casación y cuestión Federal.- De las constancias reunidas en la causa y diligencias practicadas a partir del parte y actuación policial de fojas 1/3 y 4/5 vta., y demás circunstancias de autos, resulta que corresponde la confirmación de medida dispuesta por el señor Juez de Instrucción.

Ello en tanto las mismas tienen entidad suficiente para fundar el procesamiento, teniendo en cuenta el carácter de "juicio provisional de probabilidad", que tiene en nuestro sistema procesal penal el auto de procesamiento del artículo 273 del Código Procesal Penal (Cfme. Reiterada jurispru-dencia de esta Cámara, entre otras resoluciones Nros. 86 y 90/92 y 69/94).- Que para establecer dicha conclusión se han tenido en cuenta, además de las señaladas ut-supra, las circunstancias del desarrollo de los hechos y lugar de producción del delito.

Resultando determinante las constataciones ejecutadas por el personal policial, de las cuales surge en principio, que las personas que se encontraban en las inmediaciones del domicilio de S C M y en el interior de uno de los vehículos allí estacionados, con supuestas intenciones de sustraer el mismo o algún elemento eran R A y P J S.

Al ser advertidos por las personas que se encontraban en el interior de dicho domicilio, se alejan del lugar para volver más tarde portando ambos cuchillos, ocurriendo luego los hechos aquí investigados.

Los testimonios de S C M (fs. 9/9 vta.,y 53/53 vta.), B A (fs. 10/11), P D G (fs. 15/16) y de C B C (fs. 74/75), resultan coincidentes en señalar a A y S como quienes eran los que portaban las armas (cuchillo) y que causaron las heridas a J C -que posteriormente ocasionaron su fallecimiento- y B A, adquieren relevancia probatoria para esta etapa y resulta suficiente para tener acreditada con razonada probabilidad la autoría imputada, tal lo preceptuado por el ya citado artículo 273 del Código Procesal Penal.

Las incógnitas señaladas por la Defensa no resultan impedientes en esta etapa instructoria para fundar el juicio provisional de probabilidad, así como la versión de los hechos alegada por la defensa no resulta atendible a la luz de las constancias obrantes en la causa.- No es exigible la plena convicción de haber obtenido la verdad ni se debe tener la certeza apodíctica.

Lo contrario, tal como se ha señalado "equivaldría a la asunción por parte de los instructores de una tarea que le es impropia .

La inteligencia del instructor radica, pues en colocarse en el lugar que las normas procesales le asignan, posibilitando la apertura del gran debate, en base a la verificación de los elementos mínimos que sostengan la sospecha inicial" (CFr. CNFed. Crim. y Correc. Sala I, 28/12/1999 L.L. Suplemento de Jurisprudencia Penal del 22 de setiembre de 2000, p. 32/33).- En punto a la nulidad de la declaración de M M S, la misma no puede prosperar habida cuenta que al prestar declaración ante el magistrado interviniente y en presencia de la propia defensora, ya sin la supuesta amenaza que dice haber sido víctima y de lo cual el a-quo dispusiera su investigación, relata los hechos, manifestando en una parte del interrogatorio ..."que J dijo "le pegué tres puñaladas en el culo".

Asimismo, ninguna prueba se ha acercado más que los dichos del testigo para in-ferir que el procedimiento de fs. 4/5vta. sea irregular o carezca de veracidad.

Surge de fojas 5/5 vta., que "es trasladado al asiento legal a fin de receptarle declaración testimonial".- Respecto al cambio de calificación impetrado por la defensa, la impuesta por el a-quo se compadece con las constancias de la causa y resulta acertada para la etapa, reiterando que las restantes exigencias por la que se argumenta, son propias de la calidad de la sentencia definitiva, pero no en esta instancia instructoria.

La resolución apelada tiene los extremos necesarios de probabilidad suficiente para su confirmación, sin perjuicio que en el debate respectivo pruebe el apelante el menor grado de responsabilidad y cambio de calificación que pretende(Cfme. entre otras Sent. Int. Nros. 70/94,65/99,3/2003 y 46/06).- A mayor abundamiento es necesario recordar que el Código Penal en los arts. 95 y 96 "castiga las lesiones y el homicidio perpetrados en una riña donde no se puede determinar, con la certeza necesaria, cuales fueron los autores que causaron tales resultados entre todos los intervinientes en ella; la responsabilización por esos resultados se hace depender del grado de la intervención".

"El art. 95 C.P., dispone que "cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los arts. 90 y 91, sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido".

La responsabilidad penal por los resultados requiere: a) la existencia de una riña o agresión entre tres personas por lo menos; b) que los resultados procedan de las violencias ejercidas en esas circunstancias; c) que no se pueda determinar con certeza quiénes fueron, de los intervinientes en la riña o agresión, los que causaron tales resultados; d) que se trate de intervinientes en la riña o agresión que hayan ejercido violencia sobre el sujeto pasivo".

"La riña es el acometimiento recíproco (ataque y defensa como actividades de todos los intervinientes) que se ejerce entre tres personas por los menos ("más de dos personas" dice la ley).

"La agresión es el acometimiento de varios contra otro u otros que se limitan a defenderse pasivamente (parando golpes, huyendo, protegiéndose de los disparos), porque cuando la defensa es activa (devolver los golpes, disparar armas contra los atacantes), ya se estará en presencia de una riña..., debe tratarse de una agresión colectiva espontánea, que no se haya fundamentado en un acuerdo previo para matar o lesionar y que, además se dé en las circunstancias que antes hemos señalado al referirnos a la estructura típica" (Cfme. Carlos Creus "Derecho Penal" Parte Especial Tomo I 2da. edición actualizada Ed. Astrea).- En el caso y de las piezas colectadas no se advierten que se haya probado el cumplimiento de alguno de esos preceptos.

El occiso C, como la otra víctima A, no han sido sindicados como agresores u ofensores de los inculpados.

Los dichos de los testigos, especialmente de la víctima sobreviviente al hecho, indican a los autores de la agresión, en este caso a A y S, no tratándose por lo tanto de una mera presunción.- En relación a los agravios relacionados con la prisión preventiva, corresponde efectuar previo a considerar las particularidades propias de la causa, teniendo presente las genéricas argumentaciones efectuadas por la defensa, una breve reseña de las normas constitucionales y supra nacionales que regulan el instituto de la prisión preventiva. No hay dudas que el derecho de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso emana de los artículos 14, 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y que, también, lo consagran los artículos 18 inciso 4 y 49 de la Constitución Provincial.

Siendo pertinente agregar la previsión del artículo 22 de ésta que ordena la interpretación de los derechos fundamentales y libertades de conformidad con las Declaración Universal de Derechos, los tratados y los acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por la Nación Argentina.- Partiendo de estas normas preeminentes del ordenamiento supranacional, nacional y provincial es dable afirmar el carácter excepcional del encarcelamiento preventivo, tal como con absoluta claridad lo establece la Constitución de la Provincia del Chubut -art. 49- al establecer que la privación de la libertad solo podrá autorizarse cuando sea imprescindible.

En esta misma línea argumental ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe nº 12/96, que la privación de la libertad durante el proceso penal es una medida excepcional en vista al derecho preeminente a la libertad personal y el riesgo que presenta en orden al derecho a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso legal incluyendo el derecho de defensa.

Y solo puede tener como objetivo "asegurar que el acusado no se evadirá o interferirá de otra manera en la investigación judicial".

Ahora bien, en autos concurren extremos que determinan la procedencia de la medida restrictiva de excepción, tal como se verá.

El juez de grado, con basamento en el concurso de los tipos penales seleccionados, entiende que en caso de recaer condena esta sería de cumplimiento efectivo, no resultando viable la aplicación de condena condicional, ante ello ha invocado como sustento de la denegación el peligro de fuga, es decir la primera de las pautas ut supra señaladas.

También se verifica el peligro de entorpecimiento.

"La posibilidad de que el acusado coarte a los testigos u otros sospechosos, o los induzca a falsear su declaración o a sustraerse a su deber de presentarse al llamado judicial, debe necesariamente ser analizada a la luz de su real capacidad para obrar en tal sentido" (Cfr. CNCP, Sala III, fallo del 24/11/2005, causa Nro. 59996, el dial AA2FD7).

Así el máximo tribunal nacional citado ha sostenido que: "son factores que permiten suponer ese extremo, que los testigos habiten la misma zona que el imputado, los antecedentes violentos del imputado... entre otros."(CNCPenal, causa ya individualizada).

El domicilio denunciado por los imputados en sus declaraciones indagatorias (fs. 32 y 33), el lugar en que ocurrieron los hechos, así como la residencia denunciada por los testigos (ver fs. 53, 54, 69 y72) y los damnificados (fs. 52), evidencian la cercanía cotidiana y el peligro procesal al que se hace referencia.

A lo que debe agregarse que tal como lo señala el a quo "resta aun la producción de pruebas", en consecuencia, no habiendo concluido la investigación la posibilidad de interferencia está latente.

Por todo lo expuesto, corresponde el rechazo de los agravios y, en consecuencia, la confirmación -por los fundamentos dados- de la denegación de la excarcelación.- Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia:

R E S U E L V E:

1º).- Confirmar la resolución de fojas 76/80, punto 1º, que ordena el procesamiento y prisión preventiva de R A por resultar "prima-facie" autor probable del delito de Homicidio agravado en concurso real con Lesiones agravadas (arts. 80 inc. 7°, 89, 92 en función del art. 80 inc. 7° y 55 del Código Penal) y traba embargo sobre sus bienes.- 2º).- Confirmar la resolución de fojas 76/80, punto 2º, que ordena el procesamiento y prisión preventiva de P J S por resultar "prima-facie" partícipe necesario del delito de Homicidio agravado en concurso real con Lesiones agravadas (arts. 80 inc. 7°, 89, 92 en función del art. 80 inc. 7°, 45 y 55 del Código Penal) y traba embargo sobre sus bienes.- 3º).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- NÉLIDA SUSANA MELERO - Presidente GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL NRO. 84 AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS