marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, prueba confesional, representación de personas jurídicas
Materia: PROCESAL
Carátula: SOL TELA  S.R.L. c/ OBRA SOCIAL DE ARTISTAS DE VARIEDADES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-11

No puede el representante legal de la ejecutada desconocer los hechos que se le preguntan, con sustento en que los mismos acontecieron antes de haber asumido el cargo que ahora inviste, dado que la naturaleza de la representación que ejerce y como órgano mediante el cual se expresa la persona jurídica, lo obliga a conocer y expedirse sobre la realidad o no de la situación fáctica en que se sustenta el proceso.
Recurso extraordinario, facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Yamuni, José María s/ Daños reiterados. atentado a la autoridad agravada. Resistencia a la  autoridad. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-29

Sin perjuicio de señalar que la Cámara, al denegar el recurso extraordinario interpuesto excedió el límite de las facultades que le otorga el art. 356 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y modif.) con relación al exámen de las condiciones de admisibilidad al incursionar en materia privativa de esta Suprema Corte (arts. 353, Cód. cit. y 161 inc. 3 de la Constitución de la Provincia. (Minoría u opinión personal)
Defensa en juicio, derecho a ser oído
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bell, Jesús Angel c/ González, Alfredo y-o Quien Resulte Poseedor s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-30

La violación del derecho consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional se configura cuando se ha privado al litigante de ser oído o hacer valer sus derechos legales, de suerte que si él tuvo tales posibilidades a su alcance el menoscabo no existió.
Actos voluntarios, discernimiento
Materia: CIVIL
Carátula: Zanardi, Ocampo de Hogan, María Elina. c/ Hogan, Carlos Alberto. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-29

A las zonas grises existentes entre los lúcidos y dementes no puede adjudicársele una categoría genérica, ya que sus componentes no solamente responden a fuentes etiológicas dispares, sino que clínicamente nada tienen en común entre ellas (neurosis, personalidades psicopáticas, alcoholismo crónico, debilidad mental, deterioros seniles y preseniles, defectos esquizofrénicos, posconmociones de cráneo, posencefalitis, epilepsias, toxicomanías, encefalopatía, afasias, etc.). Por consiguiente las categorías de alienación y semialienación deben desterrarse de la literatura psiquiátrica, y con mayor razón del terreno penal, sencillamente porque constituyen pautas clasificatorias que hacen que se desvirtúen la realidad del mundo de los enfermos mentales. La tarea diagnóstica debe recaer sobre las constancias clínicas del caso.

Especificar y no generalizar es la consigna médica. El enfermo constituye una realidad única tanto para la medicina como para el derecho. La pretendida correlación entre disminución de los rendimientos mentales y la disminución de la imputabilidad es sólo un presupuesto indemostrado, y en última instancia, sometido a la valoración jurídica. Desde el punto de mira psiquiátrico forense por sobre cualquier otra consideración, priva el criterio de que la enfermedad mental y la inimputabilidad tienen, ambas, una estructura cualitativa que reside en la incapacidad de comprender la criminalidad del acto o dirigir las acciones. Debe estudiarse el caso particular desnudándolo de toda referencia categorial en cuanto se lo ubica dentro de la semialienación se corre el riesgo de razonar deductivamente y aunque estas consideraciones se refieren a cuestiones vinculadas con la psiquiatría forense en el ámbito del derecho penal, su fundamentación también es útil para apreciarla en materia civil, pues en términos generales las regulaciones del tema en ambas ramas del derecho son similares y se ha considerado que ha sido estudiado con mayor acierto por especialistas del derecho penal.
Medicina prepaga, contrato de prestaciones médicas, planes de cobertura médica, medicamentos oncológicos
Materia: CIVIL
Carátula: ROJAS, Liliana Beatriz c/ CEMIC CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIÓN s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-24

1 El contrato de medicina prepaga lleva implícito el cumplimiento de una función social vinculada con la importancia de los bienes en juego, como la salud de las personas, protegida por la Constitución Nacional (arts. 33, 42 párrafo primero, 75 inciso 22) y los Tratados Internacionales. Las prestaciones médicas contratadas parten de un acuerdo de voluntades formalizado a través de un contrato de adhesión y se cumplen bajo la faz de organización empresaria con fines de lucro, por lo que la exigencia de la buena fe debida se torna de interpretación más rígida. En este sentido la actividad que realizan las empresas de medicina prepaga quedan comprendidas en la ley 24.240, cuyo art. 37 brinda un marco de interpretación que no puede ser pasado por alto so pena de consentir cualquier restricción a las prestaciones asumidas, en demérito del interés del adherente y por el sólo hecho de hacer rentable el negocio de la empresa.

2 La finalidad con la que un asociado adhiere a un contrato de medicina prepaga es la protección y el restablecimiento de su salud a la cual está orientada la acción terapéutica para alcanzar la curación del paciente o a aliviar las consecuencias de su enfermedad. Desde este enfoque la ley 24.754 -que recoge la función social de este tipo de contratos- debe cubrir las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales conforme las leyes 23.660, 23.661, 24.455 y sus respectivas reglamentaciones. Corresponde entonces, que la empresa demandada suministre la medicación recetada como coadyuvante del tratamiento prescripto -quimioterapia- para la enfermedad de la paciente portadora de cáncer de mama de alto riesgo, haciéndose cargo de la totalidad del costo.

(Sumario N°18073 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil Boletín N°4/2008).
Cesión de boleto, adquirente en subasta
Materia: CIVIL
Carátula: Bastit s/ Incidente de apelación incoado en autos "B.N.A. c/Herrera, Aldo R. y Otra s/Ejecución hipotecaria"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-01

Resulta improcedente autorizar la cesión de boleto efectuada en autos a favor de un tercero respecto de un inmueble adquirido por medio de subasta judicial, pues no se puede conceder efectos jurídicos al contrato en cuestión, toda vez que no ha sido otorgado por escritura pública, sino tan sólo por instrumento privado con firmas certificadas ante notario, es decir, sin el cumplimiento de los debidos recaudos formales y sin el control judicial pertinente.
Derecho procesal, levantamiento de medidas cautelares, pago por subrogación
Materia: PROCESAL
Carátula: Bilbao, Jorge Oscar c/ Bilbao, Adriana Cecilia s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-17

El único supuesto en que puede obstaculizarse el pago de la deuda por parte de un tercero que quiere subrogarse en los derechos del acreedor, se configura cuando dicho tercero es no interesado y el deudor se opone al pago. No es que esa oposición pueda obstaculizar el pago, porque el mismo si se efectúa es plenamente válido. Lo que no se va a producir es la subrogación legal. (del voto de la Dra. Pamphile). Aún cuando la intervención en estas actuaciones lo fuera en el carácter de tercero coadyuvante, es claro el interés que titulariza el tercero pagador subrogante. De allí, que debía ser escuchado con antelación al levantamiento de la medida, en tanto titulariza un interés suficiente para oponerse a la liberación solicitada. (del voto de la Dra. Pamphile). En tanto en el caso se produjo una sustitución procesal del actor, (cfr. Alvarado Velloso, Adolfo, Sistema Procesal, T. I, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe 2009, p. 411) debido a que fue aceptado el pago por un tercero interesado (art. 881 y 882 del CCyC, art. 44 del CPCyC), el pedido de levantamiento de embargo debió serle notificado por cédula (art. 135 inc. 5° del CPCyC) y no surge del expediente que haya tenido conocimiento antes de la notificación de la providencia, por lo que no puede sostenerse la extemporaneidad de la presentación. (del voto del Dr. Pascuarelli, en adhesión).
Representación de personas jurídicas, representante legal, actos jurídicos, efectos del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: Romero Mercado, Mario César c/ Municipalidad del Departamento Castro Barros s/ Ordinario (Contrato de Locación de Servicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-03-13

Los actos jurídicos realizados por representantes legales de las personas juridicas se refutan como efectuados por ellas mismas siempre que el representante no se exceda en sus atribuciones, arts.33 inc. 1º, 36 y 35 del C.C., la persona jurídica, solo por medio de sus representantes, puede adquirir derecho y ejercer actos. La persona jurídica puede obligarse a través de los actos realizados por ejercer la representación, este tipo de ente puede actuar en relaciones de derecho privado.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS. c/ CLAUMAR S.A.C.I.F. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-16

La legitimación para obrar es una cualidad emanada de la ley para requerir una sentencia favorable respecto del objeto litigioso;

situación que coincide en la mayoría de los casos con la titularidad de la relación jurídica sustancial y conlleva la negativa de ser la persona especialmente habilitada por la ley para asumir tal calidad que se le atribuye. (Sala 1,2148,160983)
Pena, non bis in ídem, reincidencia, individualización de la pena, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Rivero Villasante, Walter Hugo s/ recurso de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-04

Con relación a la transgresión al principio de non bis in idem, cabe señalar que esa garantía prohíbe que una misma persona pueda ser sometida nuevamente a proceso por el mismo hecho o que se le aplique nuevamente pena por el mismo delito, si esas señaladas identidades no están presentes no habrá violación al principio constitucional. No obstante ello, el legislador puede tomar en consideración la condena anterior, como un dato objetivo y formal, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario adecuado para aquellos supuestos en que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal. Ello así, porque evidencia un mayor desprecio por la pena quien pese a haberla sufrido antes, recae en el delito. Resultando evidente que esa insensibilidad ante la eventualidad de un nuevo reproche penal, no formó parte de la valoración integral efectuada en la primera sentencia condenatoria, por lo que mal puede argüirse que han vuelto a juzgar y sancionar la misma conducta. (Voto del Dr. Madueño, adhieren los Dres. Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Cuestiones de competencia, fuero de atracción, concursos, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: G.C.B.A. c/ A.T.C. S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-27

Si se promueve la ejecución fiscal respecto de deudas devengadas con anterioridad a la presentación en concurso del accionado, resulta de aplicación el fuero de atracción previsto por el art. 21 de la ley 24522.-
Control de constitucionalidad, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MASSERA, Natacha Iris s/ S/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-07-04

El control de constitucionalidad de las leyes no se limita a la función negativa de descalificar una norma por lesionar principios de la Carta Magna, sino que se extiende positivamente a la tarea de interpretar las leyes con fecundo y auténtico sentido constitucional, en tanto la letra o el espíritu de aquellas lo permita, toda vez que velar por la constitucionalidad de las leyes no importa solamente descalificarlas por afectar disposiciones constitucionales sino también interpretarlas y aplicarlas con efectivo influjo de los fundamentales principios de dicha Carta, que son los que deben informar intrínsecamente (y así ha de presumirse toda intención del legislador en tanto no resulte lo contrario) las leyes y la vida jurídico-política de la Nación (CSJN, voto de los Dres. Adolfo R. Gabrielli y Abelardo F. Rossi, ob. cit., t. 304, pág. 737) -cfr. doctrina de esta Sala in re: "FARMACITY S.A." -12/03/08- (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Venuto de Barrio, María c/ Barrio, Ricardo A. s/ Alim. y Litis Expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

Resulta improcedente regular en la Alzada honorarios -hasta que no se efectivice en primera instancia una determinación de ellos, toda vez que se carece de la base regulatoria que determina la ley arancelaria (art. 31 del Dec. Ley 8904/77). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Dolo eventual, ley vigente, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Badin, Maximiliano Carlos c/  s/ Robo en grado de tentativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-14

La regulación del derecho positivo vigente en materia de tentativa en modo alguno excluye el dolo eventual, toda vez que la expresión legal contenida en el art. 42 CP, que dice "el que con el fin de cometer un delito determinado.", se refiere a la especie de delito, y no a la forma de dolo. Esto es, lo determinado en la tentativa no es el fin, sino el delito; por ejemplo un robo, un homicidio, un encubrimiento, a los cuales el sujeto activo da inicio mediante actos ejecutivos (sea que lo haga con dolo eventual, sea que lo haga con dolo directo), y que no consuma por razones ajenas a su voluntad. Relacionado con esto último, en el dolo eventual, lo eventual es el resultado y no el dolo; cuyo contenido material no difiere del dolo directo, siendo de caracterización esencialmente valorativa, puesto que el dolo es algo que se imputa a quien sabe lo que hace (voto del juez Días).
Recurso directo, inadmisibilidad formal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: IRAULA JOSE AMBROSIO c/ BOERO Y MANLEY  S.A.C.I.F. s/ RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-02-08

En el escrito de casación sólo se formuló reserva de la vía ahora incoada sin desarrollo alguno, nada se dijo en el recurso directo por denegatorio de aquélla impugnación al respecto y en esta oportunidad se hace referencia a normas constitucionales ni siquiera invocadas. Tampoco se satisface la exigencia de fundamentación en los términos del art. 15 de la Ley 48. Se cuestiona por "arbitrariedad" la interlocutoria de esta Sala, con fundamento en distintas violaciones de garantías y derechos constitucionales. En dicha resolución y según interpretación de las normas de derecho local que regulan el recurso de casación provincial, este Tribunal concluyó por la falta de fundamentación de dicho recurso, luego de señalar los agravios y términos del pronunciamiento de la a quo, porque los quebrantamientos formales alegados no se pusieron de manifiesto o se intentó demostrar de que modo pueda modificar el resultado del pleito. La impugnación es prima facie inadmisible.-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, sentencia definitiva, medidas cautelares, embargo, levantamiento del embargo, protección de la vivienda, bienes inembargables
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Scabuzzo, Carlos A. y otros c/ Lazare, José A. y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de pesos (Expte. CSJ Nº   510-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-11-17

Si bien los autos que deciden sobre medidas cautelares no reúnen el recaudo exigido por el artículo 1 de la ley 7055, cabe hacer una excepción a tal regla cuando se trata del decisorio que rechaza un pedido de levantamiento de embargo sobre un inmueble de propiedad del demandado, quién invoca el carácter de inembargable que reviste el mismo, de conformidad con el régimen previsto por el artículo 38 la ley 14394. En este caso, la resolución debe ser equiparada a definitiva, ya que se pretende hacer valer por el deudor una garantía, que solamente puede exigirse útilmente en oportunidad de resolver el presente remedio.
Regulación de honorarios, facultades discrecionales del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Nacional c/ Cooperativa Poligráfica Editora Mariano Moreno Ltda. s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Corresponde de acuerdo al art. 1° del decreto 1813/92, a los jueces la facultad discrecional de apartarse de los mínimos en aquellos casos en que se acredite que la aplicación estricta de las pautas arancelarias conduce a un resultado desproporcionado (Voto del Dr. Antonio Boggiano y disidencia parcial del Dr. Carlos S.

Fayt).
Contratos innominados, contrato de franquicia, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pezcalandia SA c/ Cuadrado, Guillermo Rodrigo y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-08

En el marco de una demanda por incumplimiento contractual, la pretensión de que el incumplimiento de una obligación "en especie" genera automáticamente un crédito en cabeza del franquiciante no tiene respaldo jurídico y menos lo tiene en el CCCN 1515-e. Además, resulta también improcedente la aplicación de una multa, en tanto la cláusula que la menciona, sólo contempla la viabilidad de aplicarla al franquiciado en caso de que se compruebe que él compra a proveedores no autorizados, o difunde marcas tampoco autorizadas. No es técnicamente posible pretender, entonces, que se apliquen al nombrado tantas multas como incumplimientos de otra índole fueron alegados, dado que, por tratarse de una sanción, corresponde su interpretación estricta y, por ende, acotada sólo a los términos literales que fueron expresados (arg. CCCN 1062).
Acción de amparo, presentación extemporánea, aportes a obras sociales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Navarro, Virginia G. c/ I.O.S.P.E.R. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-11-28

Por Decreto 384/05 GOB -B.O. 4-4-05- que hizo lugar parcialmente a un recurso de apelación jerárquica deducido por la actora contra la Resolución 209/04 del Iosper y dispuso el cese del aporte del 5 por ciento adicional sobre los haberes, en concepto de alícuota por cónyuge adherente. No estando establecido el plazo dentro del cual debía efectuarse el cese de los descuentos que originan la presente acción, la demandante a través de la carta documento del 20-07-05 debió previamente intimar a la demandada el cumplimiento de lo dispuesto en dicho acto administrativo, a los fines de obtener una respuesta positiva o negativa, quedando habilitada en razón de acreditarse el incumplimiento del deber a cargo de la accionada -requisito ineludible para la promoción de la acción- a deducir la presente, pero conforme lo dispuesto en el artículo 3 inciso c) de la Ley 8369, debe rechazarse la acción interpuesta en razón de ser la misma inadmisible por su extemporaneidad.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, comercialización ilegal de estupefacientes, prescripción de la pena, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Flores Lopez, Juan Andrés y Otros Sobre 5 C - Comercio de Estupefacientes o Cualquier Materia Prima para su Producción /Tenencia con Fines de Comercia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-08

La decisión que rechaza el planteo de prescripción de la pena opuesta por la defensa, por considerar que el plazo de prescripción recién comienza a correr en los supuestos de penas de ejecución condicional, desde que adquiere firmeza la decisión de revocación de condicionalidad de la pena, es equiparable a definitiva porque la defensa ha planteado un perjuicio de imposible reparación ulterior. De tener razón, su asistido tendría derecho a repeler cualquier intento estatal de hacerle ejecutar la condena de un año impuesta. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Enfermedad accidente, enfermedad profesional, enfermedades inculpables, indiferencia de la concausa
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA, ANA DELIA c/ PASCUAL HNOS Y OTRO s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-31

La enfermedad accidente requiere la demostración del nexo de causalidad entre la misma y el trabajo cumplido, ya sea desde el punto de vista material, ambiental o de conexión con las tareas desarrolladas, teniendo el carácter de premisa necesaria y que debe surgir en forma convincente de la prueba aportada a la litis. El nexo entre la enfermedad y las tareas cumplidas puede provenir de un hecho súbito o bien de un proceso gradual, siempre que se acredite su repercusión en el desmedro padecido por el trabajador.

La concausa se caracteriza como la interferencia en el resultado de un curso causal cuya génesis es independiente de la condición inicial, que se acopla a la causa originaria y actúa en la misma dirección del daño, como eslabón de un único proceso; ella elimina la ligazón directa con las labores en cuanto al origen de la afección, ampliando así la órbita de la responsabilidad, la que solo procede siempre que se acredite debidamente la incidencia de las condiciones ambientales, tareas cumplidas y demás circunstancias propias de la incumbencia laboral en la enfermedad.
Recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada, querellante particular
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: JUAN CARLOS JORDA s/ RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA INTERPUESTO POR JUAN CARLOS  JORDA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-07-03

Para que la parte querellante pueda recurrir es necesario que la ley le conceda expresamente el derecho de impugnar (art. 413 del C.P.P) siendo en este sentido clara la norma contenida en el art. 307 ibid, el que expresa: los autos de procesamiento y falta de mérito podrán ser revocados y reformados de oficio durante la instrucción, contra ello sólo podrá interponerse apelación con efecto devolutivo del primero por el imputado o el ministerio público del segundo, por éste último.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Reigert, Juan Carlos s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que afirma que la sentencia ha incurrido por medio de afirmaciones contradictorias en el quebrantamiento de las reglas que hacen a la apreciación de la prueba pero no desarrolla su idea ni indica cuáles serían las afirmaciones contradictorias.
Seguridad jurídica, derecho de propiedad, depósito bancario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

La seguridad jurídica, que es imperiosa exigencia del régimen de la propiedad privada, se resentiría gravemente si fuera admisible dejar sin reparación los efectos de una norma dictada con el objeto de lograr una finalidad precisa -inducir al mantenimiento de los depósitos bancarios-, y luego desconocerla, pretendiendo cancelar los efectos de aquel acatamiento y los que de ellos derivaron, ocasionando así grave trastorno a las relaciones patrimoniales.