marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derechos y garantías constitucionales, domicilio, allanamiento domiciliario, derechos individuales, derecho a la libertad, derecho a la intimidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: M., M. A. y S., J. C. s/ Secuestro extorsivo. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº   235-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-25

Como resulta del propio texto del artículo 18 de la Constitución Nacional, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, no es ilimitado, y su alcance puede restringirse por vía legal; más, tales restricciones han de sujetarse siempre a la pauta genérica del artículo 28 de la Carta Magna, que dispone que los principios, garantías y derechos reconocidos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, exigencia ésta que resulta particularmente intensa en este campo, toda vez que la íntima conexión existente entre la inviolabilidad del domicilio, y especialmente de la morada, con la dignidad de la persona y el respeto a su libertad, imponen a la reglamentación condiciones más estrictas que las reconocidas respecto de otras garantías. Y, en la materia en examen, las condiciones razonables que el legislador se encuentra autorizado a establecer para el ejercicio del derecho constitucionalmente reconocido, deben ser consideradas con particular detenimiento y según pautas especialmente rigurosas, pues está en juego una inestimable libertad personal básica.
Derechos y garantías constitucionales, derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social, movilidad del haber jubilatorio, decretos, inconstitucionalidad, acceso a la justicia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALBISTUR DE BAGNAT, MARTA BEATRIZ c/ DECRETO 2196/86 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-13

El decreto 2196/86 del Poder Ejecutivo Nacional conculca abiertamente el derecho de defensa en juicio (artículo 18 Constitución Nacional) ya que priva de acceder a la jurisdicción por un lapso cuya prolongación (más de dos años) reviste una gravedad que se patetiza si se tiene presente que se trata de acreedores a un haber previsional alimentario.
Excarcelación, cauciones, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CALATAYUD, Hugo Alberto s/ excarcelación Causa nro. 27.029
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-13

Al no haber recaído sobre el procesado la medida cautelar contenida en el artículo 312 del Código Procesal Penal de la Nación, la discusión en punto a la caución que debe gravar la excarcelación se ha tornado en una cuestión abstracta, dado que sólo puede imponerse al procesado el cumplimiento de las restricciones contenidas en el artículo 310 del ordenamiento adjetivo.
Competencia, concurso aparente de leyes
Materia: CONTRAVENCIONAL-PROCESAL
Carátula: Oroz, Carlos Enrique s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Oroz, Carlos Enrique s/ infr. art. 78 CC'.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-02

Los jueces trataron como un problema de competencia un supuesto que no era tal sino que se trataba de un posible concurso aparente entre una contravención y el delito que prevé el art. 194 del Código Penal. (Voto de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Esquibela, Ismael Francisco c/ Rivello, Nestor Raúl y otros s/ Daños y perjuicios Quintana, Héctor c/ Barrios, Orlando y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-15|1991-10-24

Es facultad privativa de los jueces de grado la elección de pautas para determinar la indemnización por daños y perjuicios, conforme con los elementos de juicio aportados a su consideración, habida cuenta que no están constreñidos a la aplicación de fórmula matemática alguna.-
Concursos, defecto legal, falta de acción
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: JEREZ, OMAR LUCIANO s/ CONCURSO COMERCIAL PREVENTIVO     EXPTE NRO 7-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-07-22

La cuestión del defecto en el modo de proponer la demanda y la falta de acción, en el caso de concurso, debe ser analizada con mayor rigor que en un juicio ordinario, por la simple razón que en aquél está en juego no sólo el interés particular del concursado, sino también y principalmente el de la totalidad de la masa de acreedores, que se verían perjudicados con una reclamación de un tercero que no dice con claridad, cuál es la fuente o causa de su acreencia.
Reglas para dictar sentencias, fundamentación de sentencias, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Farías, Roberto- Amenazas s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-11-19

Si el sentenciante al fundar el hecho que tiene por cierto se limita a asentar que surge de los dichos de los testigos presenciales que depusieron, no aclarando en la sentencia penal que fue lo que dijo cada testigo; y, al no enunciar ni valorar el contenido de las probanzas que le dan pie, incumple la exigencia constitucional de fundamentar sus conclusiones fácticas, o sea de dar el por qué de su decisión y de esta forma ni las partes, ni el Tribunal de Casación, ni ningún ciudadano como destinatario del servicio de justicia, pueden conocer las razones por las cuales los testigos a que alude, efectivamente, habrían depuesto en manera conteste, respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del factum que se investigó.

Esta falencia apareja la nulidad absoluta del documento sentencial y del debate que le antecedió, debiendo los autos volver a la Cámara de origen para que con debida integración practique nuevo debate y dicte sentencia.
Personal militar, beneficios previsionales, suplementos del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Gallo, Ramón Augusto c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-09

Conforme el art. 10 del Decreto 883/10 el importe correspondiente a la compensación dispuesta por el Decreto 894/10 se considerará comprendido en el incremento que perciban los retirados y pensionistas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en virtud de lo dispuesto en los restantes artículos de aquél decreto, en la medida que éste último iguale o supere las pautas establecidas y, que se establezcan para el presente ejercicio, en el marco de las disposiciones de la Ley 26.417
Seguro de vida, alimentos
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rodríguez, Juan Gabriel c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

El Seguro Colectivo de Vida para el personal al servicio del Estado y el Seguro de Vida Obligatorio para el personal en relación de dependencia, instituidos por la ley 13.003 y el decreto 1567/74, tienen carácter alimentario.
Daños y perjuicios, mala praxis, daño moral, legitimación activa, conviviente
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: VELAZQUEZ  SABINA,  BENITA c/ CLINICA  SAN  RAMON SA s/ DAÑOS YPERJUICIOS. DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

Cabe rechazar el reclamo de indemnización de daño moral reclamado por la concubina de quien falleciera como consecuencia de mala praxis médica, toda vez que el cciv: 1078, admite tal acción solamente a los herederos forzosos, por tratarse de un derecho personalísimo (cfr. Bustamante Alsina, j., "teoria general de la responsabilidad civil", Abeledo-Perrot, 1987, p.

212, ap. 578) en el que se ha fijado una pauta precisa que resulta razonable, frente a la alternativa de considerar legitimados a todos aquellos que acrediten un daño jurídico cierto (cfr. Belluscio, a. -dir.-, Zanonni, e. -coord.- en "codigo civil y leyes complementarias", ed. Astrea, 1990, t. 5, p. 118); tal norma resulta razonable al impedir la sucesión indefinida de damnificados indirectos legitimados para reclamar el daño moral (cfr. cnciv, sala g, 13.8.93, "Casafus, Dominga f.

c/ Romagnoli, Ariel m.").
Sentencia, prejuzgamiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: IBAÑEZ, CARLOS ANTONIO c/ MONTENEGRO, CRISTOBAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-EXPDTE Nº 143- AÑO 1990 (ACUMULADOS:"SOSA,  EUSEBIO M. C/ MONTENEGRO, CRISTOBAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" Y  "PEREZ, RAMON ELISEO Y OTRO C/MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y OTRO S/  DAÑOS Y PERJUICIOS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-12

Si ante la acumulación de varios procesos el juez se expide por sendas sentencias independientes dictadas en la misma fecha, no se exteriorizan preconceptos jurisdiccionales capaces de generar prejuzgamiento.
Sistema electoral, sufragio
Materia: ELECTORAL
Carátula: Beraza JuanCarlos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-17

Los sistemas electorales son entendidos como el mecanismo utilizado para convertir votos en bancas, en la composición de la representación política.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: VILLAREAL M. GRACIELA;ROMERO R WALTER, ALARCON M. ALBERTO s.d. HOMICIDIO CALIFICADO POR ALEVOSÍA Y ENCUBRIMIENTO e.p. DE LEDESMA ANTONIO Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-23

Cuando la decisión judicial incurre en generalizaciones impropias precipita su nulidad, máxime si además no cuenta con una adecuada ponderación de las piezas de cargo obrantes en el expediente.-
Ente Nacional Regulador de la Electricidad, suministro de energía eléctrica, daños y perjuicios, acción civil
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Edesur   SA c/ Resolución  736/08  -SE-  RS  5920/05  ENRE  (Ex219402/05)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-16

La C.S.J.N. ha resuelto en "Angel Estrada y Cía. SA c/resol.

71/96 Sec. Ener. y Puertos (Expte. N° 750-002119/96)", del 5/4/2005, que "no resulta que el legislador haya querido atribuir al ente la resolución de controversias sobre daños y perjuicios reclamados por los usuarios con motivo de la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, pues el poder de policía atribuido al ente para regular y controlar aquélla no sirve de fundamento para decidir litigios entre particulares que deben resolverse, sustancialmente, por aplicación de las normas del derecho común" (Cons. III). (Del voto del juez Morán, cons. VI).
Acta de secuestro, proceso penal, interpretación restrictiva, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: F., V. H. por tenencia de estupefacientes con fines de comercialiación c/  s/ queja por rec. de inconst. denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-05-13

El acta de secuestro no es un elemento de carácter sacramental sino una prueba más, que debe ser apreciada con los restantes medios de convicción para establecer su aptitud probatoria, lo que determina el carácter relativo de la nulidad y la que requiere la comprobación de la finalidad de adjudicarle al acusado un hecho que no cometió, por lo que, en base al principio de interpretación restrictiva que rige la materia y al omitir toda consideración al concreto perjuicio causado por la pretendida irregularidad, de la que el afectado o su defensa no se agraviaron en absoluto, corresponde desestimar la queja.Abona esta postura el hecho de que las actas cuestionadas se encuentran suscriptas, autorizadas y no cuestionadas por el quejoso en la etapa procesal pertinente, antes del término de citación a juicio y no al momento de formular alegatos al clausurar el debate. Por lo demás, no sólo no desconoció el estupefaciente secuestrado en su poder sino que tampoco invocó el perjuicio concreto que el acto impugnado le habría ocasionado al no puntualizar qué defensas, pruebas o alegaciones se habría visto impedida de producir.
Procedimiento administrativo, resolución que no causa estado, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sosa, Jorge Guillermo c/ Municipalidad de Valle Viejo s/ Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-15

Siguiendo la jurisprudencia de esta Corte de Justicia, sentada en numerosos precedentes, la admisión de la acción en los términos del Art.3 del CCA es "prima facie" y no causa estado, puesto que los verdaderos antecedentes surgen del estudio prolijo y circunstanciado de las actuaciones cumplidas en la causa, y el Tribunal se encuentra habilitado -aún de oficio- para verificar la satisfacción de los presupuestos procesales al resolver en definitiva, o cuando su incompetencia se plantea como excepción de artículo de previo y especial pronunciamiento, como acontece en el sub lite.

De allí que, en ejercicio de su jurisdicción, esta Corte debe proceder a tratar la excepción de incompetencia en los términos del Art. 25, inc.1, del CCA y analizar la concurrencia de los requisitos de procedibilidad de la acción.
Homicidio, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: Aguilar, Camilo Abelardo s/ Homicidio en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-15

La localización de las heridas, el poder vulnerante del arma empleada y el ámbito donde el disparo se produjo, que revela la corta distancia existente entre la víctima y el victimario, llevan a afirmar el intento homicida.-
Estafa, compraventa mercantil, pago, rechazo del cheque, cheque sin fondos, cheque de pago diferido
Materia: PENAL
Carátula: Bosco, Héctor Horacio s/ defraudación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-04

La circunstancia de que los cheques entregados en pago de operaciones comerciales llevaran fechas diferidas, o el denunciante tuviera conocimiento de los motivos por los cuales el imputado solicitó los plazos acordados, no obsta al encuadramiento de los hechos en la figura de estafa.
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: Gimenez, Néstor Horacio c/ Simondi, Mateo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-10

El art. 1113 del C.C. no habla de "cosa riesgosa" -es decir, de cosa peligrosa- sino del "riesgo de la cosa", o sea, del peligro que puede generar una cosa, pero ello no autoriza a concluir que exista un riesgo específico y un riesgo genérico (presentado "a priori" por algunos objetos) que haría que las cosas que poseen esta última característica sean "normalmente riesgosas" sino que en cada oportunidad el juez debe preguntarse si la cosa, por cualquier circunstancia del caso, genera un riesgo en el que pueda ser comprendido el daño sufrido por la víctima.
Tarjeta de crédito, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Multicompras c/ Montes, Elba Graciela s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11

Por encima de las disquisiciones doctrinarias en punto a la naturaleza jurídica de la tarjeta de crédito, es lo cierto que la fuerza ejecutiva de un título emana de la ley (arg. art. 521 inc.17 código Procesal), motivo por el cual, al no mediar disposición legal que le insufle tales características, los saldos surgentes de la utilización del prealudido medio de pago, carentes de la firma del pretenso deudor, y, por implicancia, ausente un reconocimiento de deuda exigible, dista de bastarse a sí mismo, por lo que deviene impropio en un proceso de brevedad congnoscitiva, intentar complementarlo con el argüido vínculo contractual que lo originó, habida cuenta que el trámite de un proceso como el intentado soslaya, a la manera de la "estipulatio" romana cualquier intento de transitar aspectos causales que se vinculan con el origen de la obligación y revela, a contrario sensu, su inidoneidad para motorizar la acción entablada.
Honorarios, regulación de honorarios, cobro de sumas de dinero, prescripción, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MARTIN, JULIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 300 AÑO 1988)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-22

Los antecedentes de la jurisprudencia elaborada por el Máximo Tribunal de la Nación son oscilantes sin marcar un rumbo definido en la cuestión. Así, verbigracia in re "Milberg" y "Ford Motor Argentina", entendió que el derecho a cobrar los honorarios cuando ya han sido regulados debe distinguirse del derecho a que se regulen, dado que en el primer supuesto se aplica la prescripción decenal, mientras que en el segundo rige la bienal. En cambio, en la causa "Cinturón Ecológico S.E." consideró que el plazo bienal se limita a la acción del profesional contra su cliente, no siendo aplicable a supuestos donde se persigue el cobro de la parte vencida en costas, ya que su imposición determina no sólo el nacimiento del crédito sino también la intervención del plazo en tanto se impone e l principio de la actio judicati. Pero en los casos "Provincia de Formosa" y "Escorotín de Bosetto" volvió a la tesis anterior, es decir la pretensión de regulación prescribe a los dos años (art. 4032, inc. 1 C.C.) en tanto la de cobro de honorarios se rige por el plazo decenal (art. 4023, C.C.). De manera entonces que no se advierte una única línea rectora en la materia que conduzca a un acatamiento obligatorio a la jurisprudencia del Más Alto Tribunal de la Nación, circunstancia que se atempera aún más a poco de considerar que en otros fallos ha declarado inadmisible el recurso federal en donde se encontraban en debate cuestiones atinentes a la prescripción de emolumentos de abogados. En definitiva, la ausencia de una doctrina consolidada de la Corte Federal y el matiz interpretativo que ha dado a la cuestión a partir de estos últimos precedentes señalados, permiten sostener que no es de aplicación la paladina jurisprudencia de ese Tribunal acerca del sometimiento obligatorio a sus fallos, por lo cual no se advierten razones de peso que permitan variar la interpretación asignada por este Órgano a las normas involucradas. (del voto en disidencia del Dr. Falistocco).
Prueba confesional, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Carranza, Bonifacio Sixto c/ Bitochi, Raúl Juan s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

La confesión prueba en contra, pero no a favor del absolvente.
Proceso contravencional, facultades del fiscal, prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: D., L. s/ Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

El artículo 44 de la Ley de Procedimiento Contravencional, dispone que al requerir el juicio el fiscal debe exponer la prueba en que se funda por un lado, y ofrecer la prueba para el debate por el otro. De tal modo que no resulta válido suponer que se trata de idénticos elementos del requerimiento.
Interdicto de recobrar, turbación de la posesión, subdivisión del inmueble, turbaciones de hecho, despojo, restitución de bienes
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN. c/ ZAYAS, EMILIO RICARDO Y OTROS. s/ INTERDICTO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-02-04

Corresponde revocar la sentencia de grado que rechazara el interdicto de recobrar intentado por el municipio y en consecuencia condenar a los ocupantes del predio en cuestión, a restituir el inmueble y, a cesar en la turbación de la posesión -en el plazo de cinco días-, bajo apercibimiento de establecerse, de así no cumplirse, lo que en derecho corresponda a fin de hacerla cesar -la turbación-, pues para la procedencia de la acción posesoria de recuperar resulta irrelevante si la posesión ejercida por el demandado ha sido más ostensible, más pública, que la que invoca el actor. (Del voto de la mayoría integrada por los doctores Silva Zambrano y García).
Trabajadores de Luz y Fuerza, salario básico de convenio, adicionales de remuneración, carácter no remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: ANGEMI, VICENTE Y OTROS c/ SEGBA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-29

No corresponde considerar en el cómputo de la base salarial el importe previsto en el artículo 1 del decreto 439/82, en razón que la norma resulta clara al establecer que se trata de una asignación especial no remunerativa, que se percibía por única vez. Por ello, no cabe computarla para incrementar los básicos de convenio.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario
Materia: LABORAL
Carátula: Ucin  Eliana  Betina c/ Timistit y Asociados Soc. de Hecho y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-28

Al momento de producido el despido se encontraba vigente la ley 25.972 que, en su articulo 4º, dispuso "en caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el P.E.N. por sobre la indemnización que les correspondiera conforme a lo establecido en el art. 245 de la L.C.T.". En el caso, el despido acaeció durante la vigencia del Decreto 2014/04, por lo que corresponde limitar el recargo al 80% de la indemnización del artículo 245
Declaración indagatoria, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Piacquadio, Jorge Carmelo s/ Abuso deshonesto y homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

La declaración indagatoria es un paso esencial en el procedimiento, cuyas formalidades determinadas en el Código procesal (arts. 128 a 136) tienden a asegurar el ejercicio del derecho de defensa garantido en los arts. 18 de la Constitución nacional y 9 -n.a.- de la Constitución de la Provincia, lo que supone que quien produce un acto de esa naturaleza debe hallarse en un estado normal de sus facultades mentales.
Compraventa mercantil, compraventa internacional, responsabilidad del importador, responsabilidad solidaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: NIMBUR DE DOMINGO POGGI Y COMPAÑIA SOCIEDAD COLECTIVA c/ GARDAY  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

Incurre en grave negligencia la importadora que anoticiada fehacientemente de la insuficiencia de los fondos aplicados a los gastos portuarios y despacho de la mercadería con su inactividad faculta a la aduana a iniciar el trámite de embargo y ejecución de la mercadería (CCOM 245 y 248; ley 21.369).

Ello así pues fue su obligación manejar los intereses de su comitente como lo haría en negocio propio (CCOM. 238-2), debiendo en tal caso, comunicar a aquel la insuficiencia de fondos señalada para obrar en consecuencia.

Si frente al comitente su mandatario (despachante de aduana) y el comisionista en su carácter de firma importadora y responsable han incurrido en grave negligencia (como se señala sub 1) tal realidad presenta similitudes con la actuación de una sociedad en participación, correspondiendo aplicar a su respecto el principio de solidaridad que obliga a los gestores de una tal sociedad (ls: 363 y 364). Y así, deben ambos indemnizar al comitente los perjuicios que ocasionó su negligente actuación.
Universidades, obras sociales, Instituto Nacional de Obras Sociales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sargenti, Amalia  y  otros c/ Instituto Nacional de Obras Sociales(INOS) s/ amparo - ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

A partir de la sanción del nuevo régimen legal de obras sociales universitarias - ley 24.741 - no cabe ya entender que el Instituto Nacional de Obras Sociales esté palmariamente inhabilitado para disponer la inscripción de la obra social organizada por la Federación de Trabajadores no Docentes de las Universidades Nacionales.