Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-18


CABAÑA, Manuel Alberto contra TATA RAPIDO S.A.

Reg.: A y S t 216 p 236-239.

Santa Fe, 18 octubre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la resolución nro. 2 del 9.2.2006 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad, en autos "CABAÑA, Manuel Alberto contra TATA RÁPIDO S.A. -C.P.L.- (Expte. 141/05)" (Expte. C.S.J. nro. 230, año 2006); y, CONSIDERANDO:

Surge de las constancias de la causa que el juez inferior hizo "lugar parcialmente a la demanda y condena a "Tata Rápido S.A." a pagar a Manuel Alberto Cabaña, la suma que se determine luego de la liquidación de los rubros detallados en el considerando II- a, las que se incrementarán del modo indicado en el considerando II-b, dentro de los diez días de dicha determinación.

Rechaza la demanda por la pretensión fundada en la falta de pago de las indemnizaciones de la ley 25.323.

Impone las costas 20% al actor y 80% a la demandada".

Ambas partes apelaron el decisorio, resolviendo la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral "...1) Desestimar la nulidad deducida.

2) Revocar la sentencia apelada, rechazándose en consecuencia la demanda entablada.

3) Imponer las costas en ambas instancias a la actora ..."; pronunciamiento este último que impugnara el compareciente mediante el recurso de inconstitucionalidad local (artículo 1 inciso 3, ley 7055).

En el memorial recursivo sostiene la incongruencia del fallo por cuanto resuelve revocar la decisión inferior por considerar que en autos se ha configurado un supuesto de pérdida de confianza que justifica el despido, siendo que el motivo que adujo y comunicó mediante carta documento el empleador para evitar la prosecución de la relación laboral consistió en la denuncia de "...irregularidades en el expendio de boletos ...".

Tal decisión, afirma, vulnera el principio de invariabilidad de la causa de despido que consagra el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo y, consecuentemente, el derecho constitucional de defensa en juicio.

Y en similar orden de ideas, expresa que en el sub examine los jueces de la causa han creado una injuria distinta de la invocada por "Tata Rápido S.A." para tener por operada la rescisión contractual, siendo que la legislación laboral únicamente los faculta a valorar prudencialmente la denuncia del contrato de trabajo -despido- (artículo 242, L.C.T.).

Alega que la sentencia ha soslayado ponderar que su parte carecía de antecedentes disciplinarios ('casi diecinueve años de relación') y que el convenio colectivo aplicable no obliga a quienes se desempeñan como choferes a vender pasajes, circunstancias y modalidades que debieron considerarse conforme lo normado por el artículo 242 antes citado.

Finalmente, afirma, que el pronunciamiento cuestionado no es derivación razonada del derecho vigente por cuanto se sustenta en prueba parcializada (informe suministrado por una empresa proveedora de la demandada: "Teych S.R.L."; no valora que en la prestación de su deber o conducta se ha desempeñado de buena fe, y desconoce los principios que consagran los artículos 14 bis de la Constitución nacional y 10 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La Sala a quo, mediante auto del 16.5.2006, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad, lo que motivó la presentación directa del recurrente ante esta sede.

2. Lo aseverado por la Cámara en oportunidad de efectuar el análisis de admisibilidad que prescribe el artículo 6 de la ley 7055 es correcto y no logra ser desvirtuado por el compareciente en su escrito de queja, quedando así incumplida la carga que impone el artículo 8 de la citada ley.

Ello así, pues al confrontar los agravios esgrimidos con la sentencia impugnada surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que el quejoso aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que el Tribunal a quo analizó los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos y con el que valoró las pruebas, y en función de ello interpretó y aplicó las normas comunes pertinentes, ámbito éste ajeno a la instancia de excepción.

En efecto, no obstante las distintas tachas de arbitrariedad endilgadas al decisorio, el reproche del recurrente puede sintetizarse en su disconformidad con lo resuelto por los jueces de la causa, quienes tras examinar ciertas conductas asumidas por el accionante, que en el decir de aquéllos "rozan el ilícito -al menos laboral-" y las pruebas aportadas en sede judicial (testimoniales de Monti y Romeo; análisis de Teych S.R.L.), concluyeron que la actitud de Cabaña constituyó una evidente falta al deber de buena fe y fidelidad y, que como tal, trae aparejada la pérdida de confianza que justifica el despido por injuria.

Para así sostenerlo, la Cámara señaló que el actor conoció claramente las faltas que se le imputaban, vinculadas precisamente a ciertas conductas que asumiera, tal la descubierta el 30.5.02 por el Inspector Romeo al controlar el coche que manejaba, hecho que fue precedido de una investigación previa y prejudicial en la que tuvo derecho a efectuar su descargo; situación que en sede judicial se corroborara con las testimoniales de Monti y Romeo y se reforzara con la propia declaración de Cabaña acerca de que 'en fecha 30.5.02 viajaban dos personas sin boleto', a lo que se sumó el contundente análisis de "Teych S.R.L.".

Precisamente, en ese contexto, se demostró que el accionante realizó una operación prohibida para un empleado de su jerarquía y antigüedad, exponiéndose a la pérdida de confianza del empleador en relación a la correcta prestación del servicio, por lo que la Alzada consideró que la cesantía dispuesta no era arbitraria ni exorbitante, más aún, en el supuesto de autos, en que el actor a cientos de kilómetros de distancia consumó conductas desleales que podían repetirse a guisa de que estaba fuera de la vista del empleador o supervisor de tareas, faltando así al deber de lealtad o fidelidad.

Y en ese lineamiento, el Tribunal a quo remarcó que comportamientos contrarios al deber de cuidado y preservación de los intereses patronales genera inseguridad, prohijando una pérdida de confianza en el trabajador, que en autos, se erigió en causal de despido.

Explicitó que la pérdida de confianza como factor subjetivo deriva necesariamente de un hecho objetivo de por sí injuriante -como lo fue el cometido por Cabaña-, es decir, si las expectativas acerca de la conducta leal y acorde con el deber de fidelidad creadas con el devenir del vínculo se ven frustradas a raíz de un suceso que lleva a la convicción de que el trabajador ya no es confiable, cabe esperar la reiteración de conductas similares.

Este ha sido el razonamiento trazado por la Cámara frente al cual Cabaña afirma que los jueces de la causa, al apreciar la injuria, han variado la causal denunciada por "Tata Rápido S.A." desconociendo las prescripciones de la ley laboral en cuanto establecen la imposibilidad de modificar la causal de despido consignada en la comunicación que da cuenta de los motivos de ruptura del contrato de trabajo (artículo 243, L.C.T.), situación que le impidió ejercer el derecho constitucional de defensa, quedando en pleno estado de indefensión.

Y conforme la facultad que confiere el artículo 242 de la L.C.T. a los juzgadores, entendió que los mismos no valoraron circunstancias y modalidades del caso, en especial, la ausencia de antecedentes disciplinarios durante 'casi diecinueve años de labor' y tareas atribuidas según el convenio colectivo de trabajo que reglamenta su actividad (chofer), como así, que se apoyaron en prueba parcializada (tal, el informe de "Teych S.R.L".) para considerar que su conducta es causal suficiente de injuria que habilita la ruptura del vínculo laboral, apartándose, en definitiva, del principio de continuidad laboral (artículo 10, L.C.T.).

Lo expuesto demuestra que la Cámara no incurrió en incongruencia, puesto que del hecho objetivo injuriante comprobado -irregularidades en el expendio de boletos- hizo derivar necesariamente la pérdida de confianza (como factor subjetivo) que justificó la ruptura del vínculo por la patronal, quien ante la evidente falta al deber de buena fe y fidelidad de Cabaña le expresó -conforme las exigencias del artículo 243 de la L.C.T.-, en el telegrama los motivos en que fundó la disolución del contrato, lo que le permitió al accionante instrumentar la demanda y su responde, ejercitando plenamente su defensa; ni omitió considerar en su prudencial apreciación elementos o modalidades de la relación laboral sino que, contrariamente a lo argüido por el quejoso ponderó, entre otros, sus antecedentes disciplinarios, labores desempeñadas, informativa rendida por empresas prestatarias de Tata Rápido S.A., en el entendimiento que mayor exigencia habrá cuando mayor resulte el deber de obrar con prudencia, fidelidad y buena fe, conducta ésta no asumida por el actor, motivo por el cual la empleadora quedó expuesta a una situación de inseguridad ante la posible repetición de la conducta de Cabaña que roza "con el ilícito, al menos laboral", razones éstas que no permiten concluir que la sentencia recurrida no resulta derivación razonada del derecho vigente.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)