marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Universidades, concursos docentes, resolución ministerial, Ministerio de Educación, recurso de alzada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: WAINSTEIN, MARIO c/ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-11

La atribución de revisar los concursos realizados bajo el imperio de la ley 22.207 fue conferida a la Universidad con subordinación a normas que debían ser aprobadas por el Ministerio de Educación (art.

8, D. 154/83, ratif. por art. 1, ley 23.068 y no modificado por su art. 9), y una vez aprobadas éstas por la resolución ministerial N.

1946/84 careció la Universidad de facultades para derogar -y menos a con retroactividad- el recurso ante el Ministerio previsto por el art. 10 de dichas reglas: res. CS 306/84.
Transporte de contenedores, locación de contenedores, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: E.L.M.A. c/ Pratti Vázquez Iglesias S.A. s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-11

El alquiler de contenedores es un contrato jurídicamente autónomo del de transporte marítimo, prescribiendo a los cuatro años.

La demora en la devolución de los contenedores, hace nacer el derecho a ser compensado por el uso oneroso de aquéllos durante el plazo de disposición convenido y una vez transcurrido éste, se encuentra legitimado para obtener el resarcimiento de los daños derivados en la demora, sin necesidad de interpelación alguna, puesto que su derecho emergente automáticamente de la inejecución de la obligación al operarse el vencimiento del plazo concertado.

La prescripción comienza cuando el derecho es exigible, desde que el derecho existe, esto es cuando ha pasado el plazo de gracia, - 10 días -, y nacería día tras día, con relación al día anterior.
Resoluciones judiciales, plazo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: GUTIERREZ, LUIS A. s/ DENUNCIA LESIONES LEVES EN ACCIDENTE DE TRANDITO.(IMP.: DE LIBERATO,  ROSA) S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-04-11

Vencido el término estipulado por la norma del art. 113 del CPP (tres días), ya no se hace posible la rectificación puesto que este plazo es preclusivo y no meramente ordenatorio.
Homicidio calificado por el vínculo, estado de inconsciencia, trastorno mental transitorio, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: S., A. s/ Homicidio calificado por el vínculo s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-07-13

Además, permiten excluir el trastorno mental transitorio otros datos fácticos rescatados por el tribunal a quo, entre ellos, la circunstancia de que (la imputada) sabía que la víctima se encontraba en la casa vecina y que, para cometer el hecho, consiguió líquido inflamable, construyó un objeto incendiable y fue hasta la casa en la que sucedió lo relatado, para finalmente indicar que se utilizara una manta para terminar con el resultado de su agresión - apagar el fuego en el cuerpo de la víctima. Todo ello lleva a concluir que actuó motivadamente, con una preparación previa y una preocupación final, en cumplimiento de objetivos, lo que descarta un comportamiento maquinal.
Defraudación, retención indebida, desestimación de la denuncia, inexistencia de delito, compraventa
Materia: PENAL
Carátula: MARCHESISNI, José s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-01

No debe desestimarse por inexistencia de delito la denuncia efectuada, aun cuando el fiscal y el juez de grado estimen que el contrato que vincula a la denunciante con el denunciado es una compraventa y que la no devolución del objeto adquirido no constituye defraudación por retención indebida, ya que si el acuerdo posee características que lo alejan de la compraventa no será así juzgado si para ser tal le faltase algún requisito esencial, art. 1326, C.C.
Emergencia económica, ley de emergencia, apertura del concurso, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: P., M.A. c/ C.P.S.P.y V. Puerto Madryn s/ Cobro de Pesos -Laboral-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-02-06

Cuando se alude a una situación y legislación de emergencia es necesario que exista una finalidad de proteger los intereses generales de la sociedad y no los de determinados individuos (aún cuando mediatamente se puede postular que en definitiva la solución concursal atiende al interés general), con medidas que sean temporales y limitadas en el tiempo solo al indispensable para que desaparezcan las causas que las hicieron necesaria, circunstancias todas ellas ajenas a las razones históricas, económicas, jurídicas y sociales que dieron origen a la incorporación del mentado párrafo 4to. del Art. 20 de la Ley de Concursos y Quiebras.
Allanamiento, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DECIMA JUAN ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-12-02

Corresponde aplicar las costas a la municipalidad demandada, a pesar de su allanamiento puesto que reconoce la procedencia de la petición del actor, como también la falta de derecho con que hizo incurrir al agente en la erogación de gastos causídicos que han sido innecesarios, ya que no habría la necesidad de incurrir en ellos si se hubiese reconocido oportunamente en sede administrativa. el derecho que es reconocido en la instancia contencioso administrativa.
Remuneración, propinas, casinos
Materia: LABORAL
Carátula: Monasterio,   Marilina c/ Sobreaguas   SA  y  otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-31

En el caso de la trabajadora que se desempeñó como camarera para una empresa que prestaba servicio de restaurante en el Casino, no puede predicarse que las propinas estuvieran prohibidas, y si se acreditó que las mismas eran habituales corresponde que se considere a dicho rubro como integrante de la remuneración de la trabajadora, en los términos del art. 113 de la LCT. En cuanto al monto mencual de las mismas, corresponde calcularlas en base a las facultades de los arts. 56 de la LCT y 56 de la LO, teniendo en cuenta las características de la actividad de que se trata y la apreciación global de la relación laboral.
Medida de no innovar, cese de uso de nombre comercial, marcas confundibles
Materia: COMERCIAL
Carátula: Girotti, Alberto Norman c/ Latini, Patricia Beatriz s/ Cese de uso de nombre comercial- medica cautelar- ordinario s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-09-05

Procede la medida cautelar de no innovar tendiente al cese de uso de un nombre comercial compuesto por el mismo apellido que el de la demandante, pues ésta y la demandada tienen como objeto de comercialización la prestación de servicios inmobiliarios, por lo que la utilización por ambas de la marca genera una situación de confundibilidad que podría irrogar un grave perjuicio irreparable a la accionante y a los consumidores, que se renueva en cada acto de confundibilidad de prestación del servicio inmobiliario, que al no ser una cosa fungible, resulta insusceptible de repetición.
Costas al vencido, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: Salinas, Segundo Elvio c/ Ruiz Hnos. S.R.L. s/ Cobro de Indemnización por Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-29

Aunque por sumas notoriamente inferiores a las citadas en la demanda, los rubros reclamados por el actor, o las acciones esgrimidas por éste, resultaron triunfantes al acogérselas y desechar la defensa de la demandada, de que la demanda se rechazara totalmente con costas.

Entonces la cuestión está clara. Hubo un ganador y un perdedor. Y el perdedor carga con las costas, aunque en la medida y por el monto del proceso que es el de la condena según el art. 19 de la ley 2.200.
Proceso judicial, tasa de justicia, acción meramente declarativa, impuestos, impuesto a las ganancias, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: "Las  Margaritas S.A. -INC TASA- c/ EN -AFIP- DGI- Ley 24.073 Dto214/02 s/ Proceso de Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-23

En una acción declarativa que persigue la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los arts. 39 de la ley 24.073, 4 de la ley 25.561 y 5 del decreto 214/02 en cuanto obstan a la aplicación de índices correctores de los valores nominales que reflejen la depreciación de la moneda a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias por el período fiscal 2002 ya que comprende el no pago de parte del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio del año 2002 más allá de la calificación de la acción por parte de quien la intenta, la pretensión resulta suceptible de apreciación pecuniaria y en consecuencia se le aplica la tasa de justicia del 3% (conf. arts. 2 y 4 de la ley 23.898).
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferrer, José c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

No se vulnera el principio que tiende a mantener la equivalencia de las prestaciones al no alterarse la situación proporcionada a la que le correspondería de haber continuado con el desempeño del cargo tenido en cuenta para la determinación del haber, aún cuando, como sucede en el caso, el agente haya percibido por un tiempo un haber superior en razón del pago de un adicional luego sustituido.
Accidente de tránsito, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garré, Roberto c/ Bonta Garcés Castella, Paula María y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-28

Si lo que se discute no es la existencia del accidente sino la culpa en su producción, ésta (la culpa) es el hecho que debe ser probado.
Divorcio, deber de fidelidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: F. del C., C. R. c/ A., E. N. s/ Incidente de cesación de alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

No es posible considerar atenuado o extinguido por el divorcio vincular el deber de fidelidad sexual y, simultáneamente, considerar subsistente el deber de fidelidad asistencial. (Minoría u opinión personal)
Certificado de trabajo, entrega del certificado de trabajo, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Puca, Norma Amalia c/ La Cabaña Generosa S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-17

El reclamo efectuado ante el SECLO que incluyó la pretensión de entrega del certificado de trabajo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo -art.80- debe considerarse constitutivo del requerimiento formal -art. 3 del Decreto 146/01- que debe cursarse al empleador que está en mora en su cumplimiento del deber de entregar las certificaciones. (en disidencia parcial del Dr. Miguel Ángel Pirolo)
Efecto suspensivo, procedencia del recurso, recurso de queja (procesal), cobro de sumas de dinero
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Legislatura de C.A.B.A. c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Vargas, Jorge Abraham contra Legislatura CABA sobre cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

Corresponde denegar el pedido para que conceda el efecto suspensivo de la queja. Ello así, debido a que la quejosa no brinda fundamento alguno que permita apartarse de la reiterada jurisprudencia de este Estrado según la cual la falta de acreditación de razones que permitan hacer excepción a dicha regla conduce al rechazo del pedido. En efecto, la queja no expresa cuál sería, siquiera estimativamente, el monto que debería abonarse al actor, de forma tal que el Tribunal se encuentre en condiciones de evaluar los posibles perjuicios que la recurrente invoca en la queja. Esa omisión impide que el Tribunal pueda considerar, primero, la magnitud económica del gravamen que se invoca y, luego, si estamos ante un "caso de gravedad extrema", como se afirma sin mayores fundamentos en la queja. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JUAN, HORACIO RAÚL c/ CAROZZO,LUIS CARLOS s/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.RECURSO DIRECTO.    QUEJA   POR  DENEGACIÓN DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    EXPTE NRO 194-83 INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.RECURSO DIRECTO.    QUEJA   POR  DENEGACIÓN DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    EXPTE NRO 194-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-03-07

Si bien en principio las decisiones sobre la procedencia o improcedencia de los recursos son insusceptibles de remedios extraordinarios...Ello es así siempre que no adolezcan de arbitrariedad, como ha ocurrido -según el recurrente- al sostener la sala que la "arbitrariedad" no encuadra en los arts 564, inc 1) y art 565 del Código Procesal Civil y Comercial, insistiendo en que se trataba de un error in judicando.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, integración del tribunal, recusación y excusación, deber de inhibirse
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-24

Concurriendo la causal de excusación del art. 22 inc. 4 del C.P.P.

art. 33 del mismo cuerpo) respecto de uno de los jueces de la cámara, si el magistrado no se excusó, el tribunal se integró "con violación de la ley" (art. 349 del C.P.P.).
Juicio de desalojo, mandato, cónyuge
Materia: CIVIL
Carátula: F., M.A. c/ C., R. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-28

Cualquier hipotético exceso de la cónyuge mandante ha quedado cubierto por la ratificación del mandante, que también puede ser tácita cuando resultare de cualquier hecho de él que necesariamente importe una aprobación de lo que hubiese hecho el mandatario (art. 1935 cód. civil).

En el caso, demandar el desalojo del locatario por incumplimiento de éste en la obligación de abonar los alquileres, forzosamente significó que el mandante aprobaba la locación contratada por la mandataria, pues tal reclamo judicial vale tanto como demandar la resolución del contrato (arts. 1579 y 1604 inc. 7 Cód. Civ.), pretensión que parte de un presupuesto lógico: la existencia y validez del pacto.

Puesto que la ratificación equivale al mandato con efecto retroactivo al día del acto (art. 1936 ídem) y éste, ejecutado en los límites de los poderes, es considerado como hecho por el mandante personalmente (art. 1946 íd.), en esta causa ha de tenerse al actor por auténtico locador, legitimado pues para reclamar el desalojo.
Resolución del contrato, extinción del contrato, resolución extrajudicial del contrato, resolución judicial del contrato, imposibilidad de escriturar, restitución de sumas de dinero
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: NIEVA, Aurora Elizabeth c/ LAMAS, Victor Manuel y otra s/ RESOLUCIÓN CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-02-08

Si tenemos en cuenta el disfavor con el que el Código Civil reguló la figura del condominio, su condición de inestabilidad, las exigencias para la administración de la cosa común y la facultad irrenunciable de pedir en cualquier momento la división (art. 2692 del Cód. Civil, y concordantes), y adicionamos a ello las circunstancias concretas que rodean el caso que, indudablemente no se avizoran auspiciosas para una coexistencia estable en la comunidad dominial, no puede inferirse de ninguna manera el normal desarrollo de la base del negocio jurídico (la constitución del condominio), ya inequívocamente frustrada desde el inicio mismo de la relación emergente del contrato.

Son muchas y esenciales divergencias y dudas objetivamente apoyadas, que enervan las pocas certezas que podrían soportar el vínculo.

Es el aspecto funcional de la base del negocio jurídico, esa común finalidad objetiva del contrato expresada en su contenido (la coexistencia en la propiedad común de la cosa), la que aparece como definitivamente inalcanzable (cf. Mosset Iturraspe, siguiendo a Larenz, en La Frustración del Contrato y la Pesificación, p. 106).

Extremar el esfuerzo para mantener incólume el vínculo contractual que ambas partes repudian, y que inevitablemente romperán por otro conducto, no satisface el paradigma consecuencialista de la sentencia que debe tomar en cuenta siempre la finalidad económica y social en conjugación con la intención de las partes en el negocio y los derechos protectorios de los intereses de cada uno en particular (cf. Ricardo Luis Lorenzetti, Teoría de la Decisión Judicial, p. 463).
Nulidad de sentencia, admisibilidad de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Garófoli, Miguel Angel y otra s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-11

Es nula por omisión de fundamento la sentencia que en el marco de una ejecución hipotecaria hizo lugar a la excepción de prescripción, rechazando la prueba ofrecida por el accionante tendiente a acreditar la suspensión del plazo para iniciar acciones judiciales, ya que el a quo no se pronunció categóricamente acerca de la admisibilidad de esta prueba, y dictó la sentencia sin enunciar los fundamentos que sustentaran su criterio, y si bien, en función del principio consagrado por nuestra jurisprudencia es que la apertura a prueba es una facultad privativa del juez, siempre deberá hacerlo en forma fundada.
Proceso en trámite, cómputo privilegiado de la privación de libertad
Materia: PENAL
Carátula: Ramos, Diego s/ Incidente de Excarcelación presentado por la Dra. Adriana Cabrera de  Pandiella a favor de Diego Ramos.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-04-30

La restricción de la libertad de una persona sometida a proceso debe ser de carácter excepcional, en la medida en que tal restricción se encuentre dirigida a garantizar el fin último del proceso, y en tanto se acredite la existencia de los recaudos impuestos por la ley procesal para su procedencia.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, lugar del hecho, sociedades comerciales, domicilio social, domicilio falso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gómez,   Hernán   Domingo   y  otros s/ quiebra  fraudulenta  yasociación ilícita.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31

Si puede sospecharse seriamente que el domicilio social es ficticio o ha sido elegido para eludir la competencia de determinados tribunales, debe conocer en los delitos previstos en los arts. 176, 177 y 178 del Código Penal el juez del lugar donde se encuentra tanto el asiento de los negocios, como la sede de la administración fallida.
Culpabilidad, inimputabilidad
Materia: PENAL
Carátula: V., M.O. s/ Abuso sexual c/acceso carnal agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-06-22

Se estructura la imputabilidad según dos peldaños, en primer lugar la verificación de los tres estados psicopatológicos previstos en la norma y luego de que se constate la concurrencia de alguno de ellos, se debe dirimir si el sujeto no pudo en el momento del hecho comprender la criminalidad de su acto o dirigir sus acciones, o bien si en el momento del hecho, el individuo estaba en una situación personal que no le permitiera determinarse por la norma.
Despido indirecto, suspensión del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Violante, Patricia Mercedes c/ Asociación Bancaria s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

Es infundado el despido indirecto del trabajador sustentado únicamente en la injuria que le ocasionaría una suspensión precautoria dispuesta por el principal.
Resolución del contrato, incumplimiento del contrato, intimación de pago
Materia: CIVIL
Carátula: Di Giano, Osvaldo Horacio y Otros c/ Calo, Guillermo Alfredo s/ Resolución de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-06-13

La resolución del contrato de compraventa solicitada por el vendedor -arts. 1203, 1204 y conc. del Código Civil- resulta procedente, pues si bien el comprador ya abono el 83,33% del precio del inmueble, han transcurrido algo más de seis años sin que abonara el saldo de precio y el factor "tiempo" es un elemento que necesariamente debe evaluarse junto con la importancia del incumplimiento, ya que no es lo mismo una demora por un período breve que un incumplimiento que se mantiene durante muchos años; máxime cuando existe una intimación a cumplir el pago del saldo bajo apercibimiento de resolución y el accionado ha permanecido en el inmueble y postergado la integración del saldo mediante distintos argumentos que fue mutando a lo largo del proceso.
Indemnización por accidente de tránsito, gastos de reparación del automotor, reembolso de gastos, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: N. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-21

Los intereses correspondientes a la suma otorgada por reparaciones en el rodado cuando no obra en autos prueba alguna del momento en que se realizó el desembolso, deben correr desde la fecha de la sentencia que admite el reclamo.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, contadores públicos, honorarios, ejercicio profesional, relación con el cliente, mandato, sociedad de hecho
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Visintini, Gabriel A. c/ Forciniti, Adriana M. s/ Recurso de inconstitucionalidad- Demanda ordinaria (Expte. C.S.J.   Nro. 308 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-27

No incurre en vicios descalificantes la Alzada al tener por acreditado "el negocio común", para tener por operada la solidaridad de los mandantes cuando ha brindado razones suficientes para ello, como lo son que las tareas llevadas a cabo por el actor -contador- concernían a la relación global con el fisco como también que tratándose de una regularización impositiva de personas individuales que, a su vez, conformaban un grupo societario de los cuales eran los únicos titulares, a los efectos de la labor contable constituía un todo inescindible. Esas motivaciones podrán compartirse o no pero lo cierto es que no se alcanza a demostrar que ellas sean, en verdad, irrazonables en tanto la sola afirmación de que ostentan ese carácter o el aporte de datos que no se avizoran "prima facie" relevantes (así, v.gr., se afirma, que aludió a una asistencia global más luego se aclaró que las retribuciones de las empresas eran por separado) o bien la formulación de una pregunta (por qué la tarea del contador era inescindible) carecen de contundencia para conmover lo decidido. Descartado, pues, que el Tribunal haya incurrido en alguna causal descalificante al entender por configurado en la especie un mandato en los términos del artículo 1945 del Código Civil, queda seriamente debilitada la postulación atinente a la extensión de la condena al integrante de la sociedad de hecho, en tanto ella se justifica a partir de la solidaridad que, entre la pluralidad de mandantes, consagra la norma.