marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Despido, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz Díaz Rubén Alberto c/ Nuevo Banco del Chaco S.A. y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-02-22

No procede el despido teniendo como causal la pérdida de confianza. No empece a dicha conclusión el que se le hubiese aplicado al actor suspensión, toda vez que la falta objeto de la misma no fue de igual índole que la contemporánea al despido, como para estar en condiciones de poder considerarlo contumaz, menos aún tratándose de una infracción de relativa data, transcurrió mas de un año entre la falta sancionada y ésta otra contemporánea al despido.
Posesión, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GOROSTIAGA, EDUARDO AGUSTIN c/ CASTRO, HUGO ANATOLE s/ INTERDICTO DE RETENER LA POSESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-11-18

El hecho de la posesión tiene que verificarse con rigor y tener en cuenta sólo aquellos testimonios donde quede claramente explicitada la ubicación e individualización del inmueble, los actos materiales concretos a los que cabe tipificar como "actos posesorios", la data de la posesión y su carácter público, continuo y pacífico.
Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ESPAÑA, responsabilidad internacional del Estado, violencia de género, violencia familiar
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - Ángela González Carreño Vs. España  - Derecho a vivir sin violencia - Femicidio vinculado c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2014-07-16

Resulta violado por España el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en tanto no protegió a la actora ni a su hija como víctimas de violencia doméstica continuada a pesar de las reiteradas denuncias, actuando despreocupadamente y en contra del principio de debida diligencia negándose a adoptar medidas razonables en amparo de quienes presentaban un alto riesgo de daño en su vida e integridad física y emocional.
Menores, actos de disposición
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Llanes, Juan Carlos c/ Pastorini, José María y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

Tratándose de un contrato que implica disponer bienes de un menor, la autorización judicial no será dada sino en caso de absoluta necesidad y ventaja evidente.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sesano, O. s/ Rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17

Una de las garantías del debido proceso se encuentra plasmada en el principio de congruencia, por el cual debe mediar conformidad entre la sentencia y los términos en que ha quedado trabada la litis, en función de los hechos articulados en la demanda y contestación, así como en cuanto a la identidad de la personas, objeto y causa;

delimitada así la contienda, el juez no puede exceder de ese marco sin quebrantamiento del aludido principio consagrado, entre otros, en el artículo 163 inciso 6 del Código Procesal del fuero.
Acción de amparo, organización de la justicia, designación de jueces, idoneidad para la función, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Spisso, Rodolfo S. c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

El nombramiento de jueces constituye un acto de naturaleza compleja, pues en él intervienen el Consejo de la Magistratura (integrante del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo al artículo 107 de la Constitución local) y la Legislatura de la Ciudad (por imperio del artículo 118 de la Constitución local).

En consecuencia, la idoneidad del postulante es el criterio que deberá merituar el cuerpo deliberativo al decidir si presta acuerdo al candidato propuesto por el Consejo de la Magistratura. De esta manera, la comprobación de la idoneidad del postulante trasunta dos etapas, por un lado, el examen que a tal efecto lleva a cabo el Consejo de la Magistratura -concurso público- y, por el otro, la valoración que en tal sentido efectúa la Legislatura a través del procedimiento de audiencia pública.
Trabajadores rurales, despido, indemnización agravada, desempleo, ley de emergencia, interpretación de la ley, aplicación de la ley, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: G. C., L. M. c/ C., E. S. s/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-08-02

La intención de la Ley 25561 era evitar los despidos injustificados. Por eso, en caso de producirse, el empleador debía abonar el doble de la indemnización, sin que se excluyera específicamente a ningún trabajador, ya que a mi modo de ver estén o no incluidos en la LCT todos se encuentran en la misma situación. Agrego además que, al momento del despido del actor, el decreto 2014/04 establecía que el incremento indemnizatorio era del ochenta por ciento, el cual debe ser calculado sobre la indemnización por despido percibida por el actor, en conformidad con el art. 76 incs. a y b de la ley 22248.
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, daños y perjuicios, denuncia de venta
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CARREÑO, ALEJANDRO CLAUDIO c/ DANDEO, LEONARDO ALFREDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-11-30

No es correcto sostener que estamos ante una cuestión interpretativa y bajo esa equivocada óptica terminar por desconocer una eximente de responsabilidad consagrada legalmente que, aunque no sea compartida por el sentenciante, no puede ser ignorada porque al hacerlo incurre en inexcusable arbitrariedad. Ello así, pues la reforma introducida por la ley 22977 permite ubicar en un plano la calidad de dueño registral, y en otro distinto la responsabilidad que genera tal carácter, de la que puede liberarse a partir del remedio de la comunicación de tradición contemplado en el artículo 27. (Doctrina: Mundet, Eduardo "El nuevo sistema de responsabilidad civil..." LLC 1985-757; Matilde Zavala de González "Responsabilidad por riesgo. El nuevo artículo 1113 del Código Civil" Ed. Hammurabi; L.Moisset de Espanés "Responsabilidad del Titular Registral" en Revista de Derechos de Daños -Accidentes de tránsito, tomo 1- pág. 303/304; Roitman, Horacio y Di Tulio, José "Responsabilidad del Guardían. Automotores. Titularidad Registral", Revista Derecho de Daños 2002-I-, pág. 231; Trigo Represas, Félix "Legitimados pasivos en la acción de daños por accidentes de automotores" LL 2007 -A- Sección doctrina, pág. 1018. Doctrina Judicial 1996-2-1377; L.L. Gran Cuyo 2010 (setiembre), pág. 751; LLBA2010 (febrero) pág. 52; LLBA 2009 (octubre) 971; LLGranCuyo2006 (diciembre) 1444, etc.).
Fuerza mayor, escrituración
Materia: CIVIL
Carátula: Sztein, Jacobo c/ Benitez, Cruz Mario s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1966-07-07

Dado que no se encuentra acreditada la imposibilidad de escriturar que, según el demandado, estaría dada por la falta de aprobación de planos; ni tampoco se ha probado que esa desaprobación no le fuera imputable, desde que él mismo reconoce que la autoridad interviniente le requirió subir el nivel de los terrenos para lograr la referida aprobación, corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de escrituración, pues la fuerza mayor invocada, fundada en la alegada decisión del organismo de la administración interviniente, no fue probada.
Prueba prohibida, intervención de línea telefónica, facultades discrecionales del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BORRA, RODOLFO A. Y OTRA s/ RECURSO DE CASACION Causa 320
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-17

Es necesaria una orden judicial fundada que permita irrumpir en la vida privada a fin de que tal injerencia no resulte ilegal, arbitraria ni abusiva. Librada la orden por tiempo determinado, y ejecutada ella, su estrictez no puede ceder por influjo de simples errores ajenos a la discrecionalidad del magistrado; ni reposar la legitimidad de las escuchas telefónicas excedidas en el tiempo (voto de la Dra. Berraz de Vidal y del Dr. Hornos).
Cuestiones de competencia, servicio telefónico, contribuciones patronales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Asociación de Consumidores del NOA c/ Telecom Argentina S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-05

Si la asociación actora pretende que se prohíba a la demandada, respecto de los usuarios del servicio de telefonía fija, incluir en las facturas el cobro del concepto "incremento de aportes patronales" y se la condene a reintegrar las sumas que hubieran abonado por dicho rubro, más allá de que funde su pretensión en normas que, como la ley 24.240, integran el derecho común, lo medular de la cuestión planteada exige -esencial e ineludiblemente- interpretar el sentido y los alcances de las normas de naturaleza federal que regulan lo atinente al servicio básico telefónico y que se vinculan con la cuestión discutida en la causa por lo que la materia es de carácter federal y dicho fuero deberá entender en la causa.

-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Derecho laboral, trabajador, enfermedades inculpables
Materia: LABORAL
Carátula: MEINARDI, ENRIQUE FELIX c/ COMUNA DE FRANCK s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 565-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-09

A los fines de eximir al empleador de responsabilidad, en los casos de enfermedad inculpable, debe interpretarse como culposa la conducta del trabajador cuando en forma voluntaria, consciente y totalmente imprudente, ejecuta actos y omite otros que perjudiquen seriamente su salud; debe tratarse de una temeridad casi intencional.
Prueba, plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SCHOELLER CABELMA S.A. c/ ARRUABARRENA MARTIN ALBERTO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-10-11

El aplicable art. 252 del texto ritual expresa que dentro del quinto día de notificada la providencia que tiene por radicados los autos en Cámara -art. 251 CPCC- en un solo escrito, las partes deberán "inc 2)Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia...", si bien fue temporáneamente articulado respecto a la expresión de agravios en él contenida conforme los postulados del art. 251 in fine del CPCC respecto del juicio ordinario, esto es, dentro de los diez días de notificada la providencia respectiva, no lo ha sido respecto al replanteo probatorio, para lo cual contaba con un plazo de cinco días a computarse desde la notificación de dicha providencia.-
Defensa del consumidor, información al consumidor, contratos de adhesión, interpretación de la ley, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Banco  Bansud S.A. c/ D.N.C.I. -Disp. 213/01 (Expte. 64-5930/98 yAC 64-5007/01).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-18

El deber de informar a los consumidores acerca de las características de las cosas o servicios que se comercializan surge del art. 42 de la C.N., y del art. 4 de la ley 24.240 -por la cual se estableció un sistema de protección al consumidor de bienes y servicios para que contrate en condiciones equitativas sin padecer abusos por parte del empresario o profesional- cuyo incumplimiento trae aparejadas las sanciones establecidas en el art. 47 del mismo texto normativo. En ese sentido, conforme surge de la exposición de motivos de la resolución cuestionada, la tipografía y demás caracteres de los textos contractuales deben propender a la fácil lectura del contrato de consumo, toda vez que resultan de suma importancia para la comprensión del contenido negocial, con el eventual perjuicio que la dificultad de su leyenda puede significar para los consumidores.
Jubilaciones, sentencia, ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas, emergencia previsional, Estado Provincial, deuda previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ALE CARNIB, JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- INCIDENTE  DE APREMIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 976 AÑO 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-22

Corresponde rechazar el incidente promovido por el actor con el objeto de que el crédito previsional sea abonado de inmediato por la ejecutada atento lo dispuesto en el decreto 2325/2004, y no según las previsiones presupuestarias efectuadas por el Estado provincial, de conformidad a la normativa vigente (ley 12036), desde que esa norma legal refiere solamente al pago en efectivo de las deudas previsionales consolidadas por imperio del artículo 2 de la ley 11373 cuando el beneficiario hubiese cumplido los ochenta años o se encontrare en grave estado de salud y siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

Deudas que, como la propia normativa citada lo establece en su artículo 3 , deberían ser abonadas mediante la emisión de títulos públicos, y el caso de autos difiere del supuesto enunciado por cuanto estamos en presencia de una importe que debe pagarse en dinero en efectivo y que corresponde a intereses por mora en el pago según criterio del precedente "Fernández, Belkis".
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendaciones de organismos internacionales, informes de organismos internacionales
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Acosta, Claudia Beatriz y otros s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Establecido que los términos y alcances del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dan fundamento a lo peticionado por los apelantes, resulta innecesario expedirse sobre la cuestión del grado de obligatoriedad que tienen las recomendaciones de ese órgano del sistema interamericano (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Proceso penal, recurso de casación, fundamentación del recurso, delitos contra la propiedad, agravantes de la pena, prueba, reglas de la sana crítica, aclaratoria (procesal), sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. c/ MARTOS, MIGUEL ÁNGEL; PORTAL, FEDERICO JAVIER s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-05-14

El Tribunal de Casación no debe subrogar al de juicio avasallando los beneficios de la inmediación que da razón de ser a la etapa plenaria del proceso penal, y le está vedado a la Corte asignar crédito o restárselo a una prueba producida en la audiencia de debate que la Cámara conoció de manera directa, salvo que su apreciación aparezca dotada de un sustento arbitrario por contrariar las normas de la sana crítica racional, o que no se halle acompañada de fundamento alguno.

La sentencia condenatoria sólo sería factible de revocatoria en el marco de un recurso de casación, si aquélla presentara el vicio de arbitrariedad, lo que debe descartarse si los aspectos más importantes del plexo probatorio han sido relacionados con arreglo a las normas de la lógica, la experiencia común y la psicología, para determinar la autoría del hecho, sus motivos y circunstancias.
Declaración de incompetencia, daños y perjuicios, Estados extranjeros
Materia: CONSTITUCIONAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Vergara, Walter Ricardo y Otro c/ Reino de España s/ Civil y comercial - varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-15

Tiene carácter definitivo la sentencia que declaró la incompetencia de los tribunales argentinos para conocer en el reclamo de daños y perjuicios contra un Estado extranjero derivados de las actividad de sus órganos en un puesto de control de fronteras del aeropuerto toda vez que impide obtener el eventual acceso a la instancia federal por agravios de naturaleza constitucional.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vicente, Roberto Oscar c/ Padrone, Luis Humberto y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

Las impugnaciones al material probatorio con el único y exclusivo objetivo de neutralizar la 'culpabilidad' del accionado carecen, en el caso, de toda relevancia, como quiera que no fueron incorporadas otras que tuvieran por efecto acreditar, justamente, la responsabilidad del otro conductor, para atenuar o eximir la que se le atribuye a quien manejaba el automóvil en los términos del art.

1113 párrafo 2do. 'in fine' del cód. civil.-
Falsificación de instrumento público, documentos de identidad, partida de nacimiento
Materia: PENAL
Carátula: "MONTOYA LLANTOP, Javier E. s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

El uso de una partida de nacimiento ajena es un hecho que no constituye el delito previsto en el art. 33 inc. "d" de la Ley 20.974, que solo incrimina el uso ilegítimo de documentos nacionales de identidad. Estos últimos son los que extiende el Registro Nacional de las Personas de acuerdo a lo que establece la propia ley en el art. 2°, inc. "c" (Ver C.C.C. Fed. Sala I "FRETES" del 10.7.2003) y no puede extenderse a cualquiera que, de ser falso, estaría comprendido en el art. 292, 2do. y 3er párrafos del Código Penal porque se haría así una interpretación analógica de la ley penal, violatoria del principio de legalidad que consagra el art. 18 de la Constitución Nacional
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la materia, banco central
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Zajur de Arieu, Graciela Inés c/ B.C.R.A. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-27

Es competente la justicia federal en lo contencioso administrativo de la Capital Federal, si el fundamento principal de la actividad desarrollada por el Banco Central, generadora de la responsabilidad que se le atribuye en la demanda, se ha desplegado en el ámbito de la jurisdicción administrativa, con sustento en leyes especiales de la Nación -19.359, parcialmente modificada por la 22.338- que regulan el régimen cambiario y otorgan intervención a aquella entidad como órgano estatario de fiscalización, investigación y punición, en determinados casos, de las infracciones en ellas previstas.
Riesgos del trabajo, accidente in itinere, trayecto, desvío del recorrido, familiar enfermo, carga de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PÉREZ, JOSÉ LUIS c/ Provincia A.R.T. y otro s/ Ley 24.557".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-16

Quien afirma un hecho controvertido como fundamento de su pretensión defensiva asume la obligación de su prueba. Por ello, si el accionado refiere afirmaciones de descargo y explicita una propia versión de los hechos acontecidos, o sea, se ampara en un cuadro fáctico diverso al imputado, será de su cuenta desplegar la actividad demostrativa que contrarreste la presunción legal. Al respecto, señalan Arazi - Fenocchieto "para distribuir la carga de la prueba no se atiende tanto al carácter de actor o demandado, sino a la naturaleza y categoría de los hechos según sea la función que desempeñen respecto de la pretensión o de la defensa. Normalmente, los primeros serán responsabilidad del actor, y los segundos, a cargo del accionado" (cfr. "Régimen Legal del Código Civil y Comercial de la Nación", pág. 333).
Recurso extraordinario, cuestión federal, Iglesia Católica, Ciudad del Vaticano, tratados internacionales, interpretación de tratados internacionales
Materia: PROCESAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Lastra, Juan c/ Obispado de Venado Tuerto. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

Existe cuestión federal de suficiente trascendencia si se halla en cuestión la aplicación e inteligencia de un Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina.
Graduación de la pena, delitos contra la humanidad, violación de derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: Bettolli, José Tadeo Luis y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-10

En la graduación de la pena por el delito de tormentos agravados cometidos por los policías y militares se debe considerar la gravedad de los hechos y el carácter de lesa humanidad de los mismos, el especial deber de cuidado que recaía en todos los imputados en virtud de su pertenencia a la fuerza militar o policial, el grado de participación y el empleo de una maquinaria estatal con la finalidad de suprimir violentamente a quienes fueron tildados de subversivo, sumado a la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, incumplimiento de los deberes del funcionario público, abuso de autoridad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Armella, Jorge Enrique Gabriel  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos armella, jorge enrique gabriel sobre 248 - abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

El planteo referido a la falta de mayoría de fundamentos en el fallo impugnado por vía de recurso extraordinario federal, se vincula con la forma de la sentencia y con el modo de emitir los votos en los tribunales colegiados. Se trata de cuestiones de naturaleza procesal que son ajenas -por regla- a este tipo de recursos (Fallos: 273:289, 281:306, 304:154 y 307:1068); y el recurrente no muestra que corresponda en el caso, hacer excepción. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Alicia E. C. Ruiz y Marcela De Langhe).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, nulidad procesal, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado   Nacional  -  Dirección  Nacional  de  Transporte  Fluvial  y Marítimo. c/ Alta Comercial y de Transporte  S.A. s/ Ejecución Hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-25

Es jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema que lo relativo a las decisiones recaídas en materia de nulidades procesales y lo resuelto sobre la validez y alcances de las notificaciones no suscita cuestión federal y, por ende, es ajeno al recurso del art.

14 de la Ley 48 (Fallos: 291:396; 296:52 y 302:1078, entre otros).
Contratos administrativos, competencia provincial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Arenera Pueyrredón S.A. c/ AUSA S.A. s/ s/amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de    inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-07

En toda contratación que efectúan autoridades locales de productos o bienes que requieren cierta habilitación, aprobación, autorización, supervisión o cualquier otra forma de intervención habilitante de la autoridad federal, su defecto o carencia no desplaza la competencia a la jurisdicción federal, sino que es uno de los recaudos de suficiencia o idoneidad que debe ser ponderado por el órgano a cargo de la licitación o por la autoridad judicial que interviniera, si le fuere planteado. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhieren las Sras. Juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde).