Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-10


SENTENCIA N° 92599 CAUSA N° 9.857/2006 SALA IV. "CARDOSO MARTIN OMAR C/ SEARCH ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.A. S/ DESPIDO" JUZGADO N° 58 En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 10.10.2007 reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Guisado dijo:

I) A fs. 394/396 la demandada apela la sentencia que hizo lugar a la demanda. Asimismo, recurren el perito contador (fs. 387) y el letrado del actor (fs. 392) por considerar bajos sus respectivos honorarios.

II) La demandada se agravia, en síntesis, porque entiende que: a) la Sra. Jueza no tuvo en cuenta que la causal del despido indirecto fue el supuesto silencio de su parte a la intimación del trabajador (silencio que no fue tal) y no la modificación de las condiciones de trabajo o la doble sanción disciplinaria indicada en la sentencia; b) el traslado del actor no constituyó un castigo o persecución al actor, sino el ejercicio razonable del jus variandi, permitido por el CCT 194/92 y normal en la actividad de vigilancia.

Anticipo que, a mi juicio, no le asiste razón a la recurrente.

Digo esto, pues, según surge del informe del Correo (fs. 195/204), el telegrama intimatorio remitido por el actor el 30 de octubre de 2004 fue recibido por la demandada el martes 12 de noviembre y ésta recién despachó su respuesta el viernes 5 de noviembre, esto es, transcurrido ya el plazo de 48 horas al que alude el art. 57 de la LCT.

Al margen de ello, el silencio a que hace referencia el art. 57 de la LCT no se configura únicamente ante la falta de contestación al telegrama, sino también cuando se da una respuesta ambigua que no se refiere concretamente a las causas o motivos de la intimación (CNAT, Sala II, 18/12/86, LT XXXV-958, citado por Etala, Carlos A. en "Contrato de trabajo", 2da. edición, p. 156).

Esto último es lo que ha ocurrido en el caso de autos, pues la respuesta de la demandada, además de tardía, resultaba insatisfactoria, pues, ante el concreto requerimiento del actor de que se lo restituyera a su correcto lugar de trabajo (fs. 196), aquélla contestó: "niego que se pretenda modificar su categoría laboral y sus condiciones de trabajo", lo cual no se ajustaba a la realidad, dado que -como lo admitió en el responde- la empresa había designado "otro lugar de trabajo" (cfr. fs. 76 vta./78).

Por otra parte, si bien es cierto que el CCT 194/92 permite a la empresa modificar el lugar de trabajo de los vigiladores, también lo es que ese cambio debe responder a razones funcionales de la empresa y no ser utilizado como una sanción disciplinaria (arts. 65, 66 y 69 de la LCT).

En su memorial recursivo la apelante aduce que el traslado en cuestión no constituyó un castigo, pero admite que la falta cometida (utilizar vehículos de la empresa en beneficio propio) "justificaba su traslado del sector de móviles", lo que importa un reconocimiento de que el cambio constituyó una reacción frente a dicha falta. La explicación esgrimida a fs. 395 acerca de que habría trasladado al actor a "otro destino donde no pudiera abusar de la confianza de su empleador nuevamente", esto es "a otro centro de control en el GCBA donde no tuviera vehículos a su cargo", resulta extemporánea, dado que no fue alegada en el responde.

Sugiero entonces confirmar el fallo apelado en lo principal que decide.

III) La demandada se queja de la imposición de costas, pues entiende que sólo debería soportarlas "en función de los rubros sobre los que fue vencido, pero también en relación al monto de la demanda que ha progresado".

La queja resulta inatendible, pues la demanda prosperó en lo principal y, además, los honorarios fueron regulados "en relación al monto de la demanda que ha progresado", dado que fueron fijados en porcentajes del monto de condena, respecto del cual la empleadora reviste indiscutiblemente la calidad de vencida (art. 68 Cód. Procesal).

No está de más recordar que en la distribución de las costas no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico, atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y a los rubros que resultaron procedentes (CNAT, Sala I, 31/3/04, "Urrutia, Débora c/ Mater Dei Asoc. Civil s/ despido"), de manera que si la actora resultó vencedora en el pleito deben imponerse en su totalidad a la demandada, aunque la demanda haya prosperado por una suma inferior a la reclamada (CNAT, Sala II, 25/3/97, S.D.80.678, "Ramírez, Víctor c/ ELMA SA s/ despido"; esta Sala, 16/12/06, S.D.91.956, "Lampón, José Vicente c/ Banco Río de la Plata y otro s/ despido").

IV) En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los honorarios regulados a la representación y patrocinio de la demandada no resultan excesivos; mientras que los fijados a favor del perito contador y de la representación y patrocinio del actor lucen reducidos, por lo que sugiero elevarlos al 7% y 16%, respectivamente, del monto total de condena, incluidos los intereses (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57).

V) En síntesis, voto por: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de recurso por la demandada, con costas a la recurrente (art. 68 Cód. Procesal). 2) Elevar los honorarios del perito contador y de la representación y patrocinio del actor al 7% y 16%, respectivamente, del monto total de condena, incluidos los intereses. 3) Regular los honorarios de los profesionales de ambas partes, por su intervención en la Alzada, en el 25% de los fijados por su actuación en primera instancia (art. 14 ley 21.839).

El doctor Moroni dijo:

Que adhiere por análogos fundamentos al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de recurso por la demandada, con costas a la recurrente (art. 68 Cód. Procesal). 2) Elevar los honorarios del perito contador y de la representación y patrocinio del actor al 7% y 16%, respectivamente, del monto total de condena, incluidos los intereses. 3) Regular los honorarios de los profesionales de ambas partes, por su intervención en la Alzada, en el 25% de los fijados por su actuación en primera instancia (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.