Proceso penal, peculado, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Dres. Jorge Silva Molina, Marcos R.J. Dennet, Tomás H. Aibar s/ Expte. Corte Nº 18/09 y 19/09 en causa Expte. Nº 153/99, caratulado "1) Moreno, Ricardo Héctor, 2) Barroso, Norma del Valle, 3) Delgado, Rubén Wencio, 4) Brizuela, Jorge Omar del V., 5) Nieva, Jorge Anselmo, 6) Pérez César Aníbal p.s.a.a. de 1) Peculado Reiterado (47 hechos) en concurso real; 2) Peculado reiterado (85 hechos) en concurso real; 3) Peculado reiterado (116 hechos) en concurso real y Malversación de Caudales; 4) Peculado reiterado (34 hechos) en concurso real  y Malversación de  Caudales, 5) Partícipe secundario de Peculado (26 hechos) en Concurso Real; 6) Partícipe Primario de Peculado (4 hechos) en Concurso Real - Capital" s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-23

El Ministerio Público Fiscal y los querellantes particulares -representantes de la Fiscalía de Estado- interpusieron recurso de casación en contra de la sentencia que hizo lugar al planteo de insubsistencia de la acción penal y dictó, en consecuencia, los sobreseimientos totales y definitivos de los imputados por distintos hechos de peculado, al considerar vencido el plazo razonable del proceso.

El planteo de insubsistencia de la acción penal remite al examen de la duración del proceso, a fin de establecer si éste se ha desarrollado con la debida celeridad o con dilaciones indebidas, en su caso, si la prolongación resulta intolerable y, en este supuesto, si dicha irregularidad impone, autoriza o justifica, legal y lógicamente, la decisión jurisdiccional puesta en crisis.

Es que, a diferencia de lo que ocurre con la prescripción, no puede medirse a priori, en meses o años, el plazo razonable del proceso. Pero de esa orfandad legislativa de carácter instrumental no puede derivar la virtual derogación o ineficacia de la garantía constitucional de la duración razonable del proceso penal, como natural derivación de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio y del principio de inocencia.

Cabe señalar que las exigencias sobre la duración del proceso son menos estrictas cuando el imputado recupera su libertad después de haber estado en prisión preventiva.

En autos, los más de doce años que ha insumido el desarrollo del proceso constituyen un término ciertamente prolongado, aunque no se ha cumplido el plazo legal de la prescripción de la acción penal, lo que se suma a que la causa está en los umbrales del debate y es inminente la culminación de la situación de incertidumbre que importa su tramitación en sí.

Es decir que, por el avanzado estado de la causa, es inminente el pronunciamiento conclusivo que resolverá el fondo del asunto y atenderá todos los intereses del conflicto, puesto que con el mismo acabará el estado de incertidumbre de los imputados y, a su vez, serán satisfechos los fines últimos del proceso y la expectativa legítima de la sociedad: la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva al caso concreto, de modo que, encontrándose justificadas tanto la suspensión como la retrogradación del proceso, las demoras sufridas hasta ahora se enmarcan en las eventuales contingencias que, como tales, deben ser soportadas por los justiciables, según cabe inferir de lo resuelto por la Corte federal en el precedente "Bolo" (Fallos:307:1030 ).

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a los recursos interpuestos, revocar la resolución interlocutoria recurrida y los sobreseimientos dictados por errónea aplicación de la doctrina de la insubsistencia de la acción penal y ordenar la inmediata remisión de los autos principales a la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación para que continúe el trámite de los mismos según su estado.