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Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-04


2º Instancia.- Buenos Aires, agosto 4 de 2009.

Considerando: I. El señor juez "a quo", a fs.16, de conformidad con el dictamen fiscal emitido a fs. 15, rechazó la medida cautelar pretendida por los actores dirigida a que se anote la litis en el folio correspondiente a los inmuebles de titularidad registral de los tres hijos del demandado -no demandados- a quienes éste los habría donado en el año 2006, reservándose el usufructo. Para así decidir, el magistrado expresó que, según el artículo 229 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tal cautela no es procedente en los procesos en los que se reclama el pago de una suma de dinero, ya que sólo lo es en los que la sentencia pueda tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el registro correspondiente al bien de que se trate.

II. Tal decisión es apelada por los actores, a tenor de la memoria de fs. 20/21 y corresponde confirmar lo resuelto. En efecto, es recaudo imprescindible para la procedencia de la anotación de litis la existencia de un juicio en el que se vea involucrado el bien o cosa que se intenta cautelar, de manera que el fallo que en su caso se dicte pueda traer aparejada la modificación del asiento registral.

Es que la anotación de la litis es la manera de poner en conocimiento de terceros que existe un litigio sobre determinado bien a fin de que no puedan ulteriormente invocar la buena fe de una adquisición, es decir, publicitar un pleito sobre determinado bien registrable.

En el sub lite, los actores demandan el pago de una suma de dinero en concepto de indemnización por despido, es decir, no se dilucidará ningún planteo que implique la mutación de la inscripción registral de los inmuebles que pretenden cautelar. La sentencia sólo puede llegar a declarar que los actores resultan acreedores de una deuda dineraria porque el objeto de la demanda articulada ante este fuero no consiste en poner en tela de juicio la eficacia del negocio jurídico por el cual se adquirió el dominio de los inmuebles donados, sin perjuicio de las acciones que pudieren conservar los interesados dirigidas a ese fin.

Por ello, el Tribunal resuelve: I. Confirmar lo resuelto a fs. 16. II. Sin costas.- Gabriela A. Vázquez.- Juan C. E. M orando.
Contratos de colaboración empresaria, rescisión del contrato, plazo indeterminado
Materia: COMERCIAL
Carátula: BONI  S.A. c/ CENTRO ARGENTINO MEDICINA INTEGRAL  SA  (CAMISA) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-28

Teniendo en cuenta las características y los vínculos convencionales de los supuestos de colaboración empresaria, es que la jurisprudencia ha repudiado unánimemente la rescisión intempestiva de una relación contractual de colaboración empresaria, "aún de plazo indeterminado". Reiteradamente se ha dicho que si bien un vínculo contractual de plazo indeterminado no puede ser considerad eterno, su cesación no puede ser dispuesta intempestiva y abruptamente por uno de los sujetos pues ello ocasionara, generalmente, un daño notorio a la otra parte, que quedara impedida de seguir operando comercialmente, o con dificultades para continuar su actividad.
Recurso de inaplicabilidad de ley, voto en minoría
Materia: LABORAL
Carátula: Navarro, Diana A. c/ Avellaneda Cooperativa de Trabajo Limitada y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-25

No resulta idóneo a los fines de fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley acudir a los argumentos que nutren el voto del juez de grado que quedó la minoría, que sólo traduce la convicción personal de aquél (doctor HITTERS, sin disidencia).
Caducidad de instancia, costas al demandante
Materia: PROCESAL
Carátula: Spinetto, Nora C. c/ ENTEL s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-27

Corresponde imponer las costas a la actora cuando ella consintió la declaración de caducidad de la instancia (art. 310 inc. 2 C.P.C.C N.) cuando no se advierten razones suficientes que permitan un apartamiento del principio general de la derrota en juicio cuando a través de la sentencia prosperó en su totalidad la pretensión de la demandada.
Competencia, competencia por la persona
Materia: LABORAL
Carátula: Barrera, Carlos Ramón y otro c/ Banco Nación Argentina y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

En las controversias suscitadas con el Banco de la Nación Argentina está expresamente establecida la jurisdicción federal con carácter exclusivo por el art. 27 de la ley 21.799 y 116 de la Constitución Nacional.
Tribunales arbitrales, averías
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Compañía Rio de la Plata c/ Watson, Claudio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-09-28

Los nombrados para un juicio de averías pueden fijar la indemnización de perjuicios, y comprender en ella los provenientes de un embargo trabado bajo la responsabilidad de una de las partes.
Costas, jurisprudencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: La Internacional Empresa de Transporte de Pasajeros S.A.C.I.I. y F. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ  Nº 642-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-18

Respecto del régimen de costas, debe decidirse por su orden, atento a que la jurisprudencia en que fundó la recurrente su pretensión, pudo razonablemente generar en ella la creencia de que existía razón bastante para litigar (artículo 84 inciso c de la ley 4106). (Del voto del Dr. Alvarez al que adhiere la mayoría. En disidencia el Dr.

Iribarren).
Recurso extraordinario, interposición del recurso, planteo oportuno, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: PROCESAL
Carátula: ODONE, LUIS ALBERTO c/ ESTADO PCIA SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO POR ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL - QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -  COBRO DE PESOS - DAÑO MORAL  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 509 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-10

La omisión de oportuno planteo no se erige en óbice formal a la viabilidad del recurso extraordinario interpuesto por la actora, pues el fundamento del mismo estribó en la supuesta arbitrariedad de la sentencia de la Corte provincial que desestimó el recurso de hecho deducido ante la denegación por el A quo del recurso de inconstitucionalidad articulado por el recurrente, y si bien mediante ella se ha confirmado, en definitiva, la decisión de no admitir dicho remedio extraordinario local, podría entenderse que no fueron totalmente idénticos los motivos en que el Cuerpo se sustentó. Por ello, y a fin de evitar incurrir en una apreciación excesivamente formalista de la concurrencia del requisito en cuestión incompatible con el debido proceso, cabe aplicar en el sub judice la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de que no cabe exigir el cumplimiento del oportuno planteo a la cuestión constitucional que surge con motivo de una sentencia que se tacha de arbitraria.
Acción de amparo, interpretación restrictiva, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Olima, Juan Pedro c/ O.S.E.P. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-11-07

El dictado de medidas cautelares en contra de la administración pública, ante la presunción de validez de que gozan sus actos, exige de una interpretación restrictiva en la determinación de su procedencia. Sin perjuicio de ello, el análisis que debe efectuar el juzgador para su dictado no es definitivo, en consecuencia, para su procedencia no se exige el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud, lo que requiere la acreditación prima facie de la irregularidad del actuar de la administración, como asimismo el peligro de que cause un daño grave e irreparable, en razón del debido resguardo del interés público.

En el caso el fumus bonis iuris se encuentra acreditado prima facie debido a que el presupuesto fáctico sobre el que se asienta la acción goza de la apariencia de que el derecho cuya declaración se pretende tiene visos de verdadero, al constar en autos la condición de empleado público del actor y, en consecuencia, de afiliado obligatorio a la obra social de los empleados públicos, con aportes al sistema (Art. 8, inc. a, Ley 3509), sin que ello implique abrir juicio de valor sobre la existencia real del mismo que será objeto de estudio en el posterior juicio de procedibilidad de la acción. Que en relación al peligro en la demora se ve configurado por el estado de salud del amparista del que dan cuenta las historias clínicas que se adjuntan con la demanda.

En consecuencia, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la Obra Social de los Empleados Públicos que habilite al actor en el padrón de afiliados del sistema informático, para que pueda gozar de cobertura médica y demás beneficios que otorga a los afiliados, debiendo el actor prestar caución juratoria de responder por los daños y perjuicios que la medida pudiera irrogar en caso de haber sido pedida sin derecho.
Concurso preventivo, apertura del concurso, ejecución prendaria, ejecución hipotecaria, fuero de atracción
Materia: COMERCIAL
Carátula: JOSE  EMILIO  PEÑEIRO    S.A.IND.  Y  COM.   SOBRE CONCURSOS ESPECIAL PROMOVIDO POR RICARDO ENRIQUE PINEIRO s/ CONCURSO ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-08

Si bien el fuero de atracción del concurso preventivo no alcanza las ejecuciones prendarias e hipotecarias (lc 20), nada obsta a que ellas puedan ser iniciadas ante el juzgado donde tramita el proceso universal: y la ventaja de esto es evidente, pues la suerte final de dichas ejecuciones está subordinada a la verificación del crédito por el cual se constituyeron las garantías.
Recursos, recurso de inaplicabilidad de ley, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: MENDIVIL  ROSA  EDITH  y  otro c/ YPF  SA  y  otro s/ daños yperjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-18

La resolución dictada por la Sala II no reúne los caracteres que establece el art. 289 del Código Procesal, es decir, no se trata de una sentencia definitiva; ni siquiera de una resolución equiparable a tal, ya que lo decidido no priva al interesado de toda posibilidad de una ulterior tutela judicial de sus derechos. Los antecedentes que cita el recurrente como favorables a su postura, no pueden ser admitidos en razón de que: a) no puede computarse la contradicción que pudiera haber entre un fallo de primera instancia y la resolución de la Cámara; así como tampoco de la misma Sala; b) tampoco se puede tener como válido el precedente emanado de otra Cámara, o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y c) en relación a los fallos citados de las Salas III y I, que señala como contrarios a la doctrina fijada por la Sala II, si bien se refieren al pago de honorarios, no tienen relación al supuesto de hecho verificado en estas actuaciones que se refiere al pago de honorarios provisorios, tema que no fue materia de debate en los mencionados casos. En consecuencia, al no haber contradicción entre los precedentes señalados y el caso sub examen, el recurso resulta manifiestamente inadmisible.
Prueba testimonial, declaración testimonial, declaraciones contradictorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Windey, Carlos L. c/ Coldesina Hnos. S.R.L. s/ Laboral (Expte Nro. 422-01, Resolución Nro. 94, Tomo 20, Folio 444/447)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-05

La contradicción entre los testigos sobre los hechos fundamentales sobre los que han declarado, sin que sea posible determinar cual de ellos resulta más verosímil, determina que deba prescindirse de este medio probatorio.
Agotamiento de la instancia administrativa, aclaratoria (procesal), acción contencioso administrativa, incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bochatey, Matilde Mónica Pomsztein c/ Poder Ejecutivo s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-06-14

En el caso se evidencia una notoria ausencia de la mecánica procesal administrativa previa, a fin de habilitar la vía contencioso administrativa, al reducirse su reclamo a un pedido de aclaratoria, toda vez que éste no participa de la naturaleza y objetivo de los recursos, pues su finalidad no es la rescisión de una resolución y su reemplazo por otra, su objetivo es lograr que el juez corrija sus errores materiales, precise sus términos o subsane omisiones sin asumir la función que le corresponde a otros recursos.

En consecuencia, habiendo sido respondida la aclaratoria por la hoy demandada, y la actora permanecer en total pasividad por el tiempo de ocho años, cinco meses y catorce días hasta instar la presente con el propósito de requerir lo que nunca antes exigió y por ende, tampoco le fue negado, debe acogerse la excepción de incompetencia articulada. (Del voto del Dr. Oviedo)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, preclusión
Materia: LABORAL
Carátula: Mendivil, Roberto César c/ Angel C. Castelar e Hijo S.R.L. s/ Cobro de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-30

Los actos preclusos son ajenos a la sentencia apelada y, por lo tanto, al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Recursos, recurso de inconstitucionalidad, apreciación de la prueba, planteo oportuno, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: O., S. C. c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ O., S. C. c/ GCBA s/ amparo - habitacionales y otros subsidios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

El hecho de haberse agregado al expediente nuevos elementos de prueba no permite hacer variar la suerte del examen de admisibilidad del recurso de queja intentado, pues las instancias revisoras -tanto ordinarias como extraordinarias- no pueden ponderar extremos de hecho que no fueron oportunamente propuestos a los jueces. Sin perjuicio de lo cual, nada obstará a que recurra a la Administración en busca de la tutela que entienda le asista conforme al régimen jurídico vigente. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhieren los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi)
Homicidio culposo, lesiones culposas, concurso ideal, responsabilidad penal, responsabilidad del arquitecto, obra en construcción, desmoronamiento de pared
Materia: PENAL
Carátula: CORTESE, María s/ HOMICIDIO  CULPOSO  - ESTRAGOS - INHABILITACION - LESIONES CULPOSAS -  CONCURSO IDEAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-07-07

Por cuanto el desmoronamiento de la pared de una obra en construcción era previsible para la arquitecta, debe ser responsabilizada de los delitos de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas, destacándose las conclusiones de la peritación al señalar que el hecho se posibilitó por la excesiva y antirreglamentaria profundidad de la canaleta que dejó al muro sometido a tensiones inadmisibles de tracción, calificando de "grosera" la apertura de la canaleta en la vetusta medianería.

En consecuencia, la caída de la parte superior de la pared se produjo por impericia o negligencia y el empleo de una mínima dosis de atención y cuidado habría llevado a la responsable de la construcción a rebajar prudentemente la altura del mural, alejando las probabilidades de un desmoronamiento.
Caducidad de instancia, inactividad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL  DNRP c/ LANIN S.A.C.I.F.E..I. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

La inactividad procesal que configura el presupuesto de la caducidad de la instancia que significa la paralización total del trámite judicial, exteriorizándose en la no ejecución de acto alguno, por ambas partes o por el órgano judicial, pero que también se presenta en la hipótesis de que se cumplan actos carentes de idoneidad para impulsar el procedimiento; en otras palabras la inactividad que produce la perención puede consistir en una inacción total o en una acción o conjunto de acciones notoriamente inoperantes.
Contrato de obra pública, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Astilleros Costaguta  SA c/ Estado  Nacional  (PEN. -Ministerio de Economía- Sec. Int. Marítimos) s/ nulidad de resolución y daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

La violación al principio de buena fe contractual opera como causal de rescisión independiente de la efectiva producción de un daño o de los créditos o débitos que la administración tenga con el contratista.
Nulidad del acto administrativo, conversión del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GUGLIANDOLO, ANTONIO JOSE c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA) s/ ORDINARIO - ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-04

Siendo el primitivo acto de cese nulo, de nulidad absoluta, la Administración decide convertir el acto, desde el momento que integró los elementos del primitivo acto con el segundo -mantuvo el cese pero acordando indemnización-. Si bien dicha conversión es posible, para que ella tenga validez se requiere el consentimiento del interesado, cosa que en autos estuvo lejos de haber ocurrido.

Por ello falta un requisito esencial para acordarle validez a esta especial forma de modificación del acto. Por ello el segundo acto es tan nulo como el primero.-
Fundamentación de sentencias, principio de congruencia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ramonda Ana Maria c/ Obispado de la Provincia de Catamarca s/ Incumplimiento de Contrato y Daños y Perjucios s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-10-09

El empleo del principio iura novit curia debe ser respetuoso del de congruencia, dado que el juez debe aplicar la norma inherente al caso, pero siempre enmarcado dentro de las situaciones presentadas por las partes, pues tal adagio no autoriza a cambiar la pretensión interpuesta ni modificar los términos en que ha quedado trabada la litis. Lo contrario importaría conculcar la garantía de defensa en juicio y las reglas del debido proceso.

Vale decir que conforme a dicho principio el juez debe atender a la sustancia de la acción ejercitada, pudiendo asignarle a la pretensión un diferente nomen iuris.

Por su parte, el imperativo de congruencia en la sentencia exige que medie conformidad entre ésta y la demanda, vale decir, que la decisión se ajuste a la materia fáctica oportunamente introducida y debidamente sustanciada en el juicio.
Proceso penal, defensa en juicio, derecho a la sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Sigra SRL. s/ ley 23.771 - Causa n° 2953.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

La garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Prisión preventiva, culpabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: CRUZADO MARIA CRISTINA s/ DENUNCIA   INCUMPLIMIENTO  DE LOS  DEBERES  DE  ASISTENCIA  FAMILIAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-04-18

La fundamentación efectuada por la Defensa en cuanto al aspecto subjetivo que hacen a elementos de culpabilidad, tema que se reservan para el siguiente período procesal, durante el cual podrán las partes ventilar dicha cuestión dentro de un proceso amplio y generoso por lo que ponderando los elementos de juicio de los que resulta "prima-facie" acreditada la existencia de delito y la responsabilidad del procesado, motivos que conllevan a la confirmación del interlocutorio apelado.
Acto administrativo, facultades discrecionales, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUIZ PEDRO F. J c/ M.C.B.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-08

La obligación de motivar el acto administrativo discrecional es consecuencia de que este no está sometido a control sobre la justicia de su fondo y por lo tanto se exige de estos que tengan un elemento externo que pruebe que este poder no transgredió los límites legales.
Justicia militar, actos de servicio, Fuerzas Armadas, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: COMANDO  IV  BRIGADA DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADA (VILLEGAS, CARLOS EUSEBIO) s/ COMPETENCIA MILITAR- FUEROS REALES    ACTOS DE SERVICIO MILITAR    DELITO DE COACCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-03

La validez constitucional que se ha reconocido a la justicia castrense se funda en la relación que existe entre el hecho y la afectación o la amenaza a los principios que hacen a la disciplina de las fuerzas armadas y comprometen su existencia. Cuando el hecho no se relaciona directamente con la ejecución de un acto de servicio, ni resulta apto para la afectación de esos intereses, la aplicación extensiva del art. 108, inc. 2do., del Código de Justicia Militar excedería el marco que le fija la Carta Fundamental a la justicia castrense como fuero real o de causa.
Letra de cambio, pagaré, cancelación del endoso, portador del título
Materia: COMERCIAL
Carátula: THOMPSON  C.G.R. c/ ANTONELLI Carlos s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-12

Coincidiendo la persona del beneficiario y primer endosante con la del segundo y último, la cancelación del primer endoso no priva de legitimación al portador.
Empleados públicos, prescindibilidad, Administración Pública, razones de servicio, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORTEGA, ELSA BEATRIZ SCHROEDER c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 131-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-02-28

La actividad discrecional de la administración, que permite cesantías por causales no imputables al empleado, motivada por necesidades de reorganización, debe responder también a reglas objetivas ya que no se la puede concebir "como una esfera ilimitada de acción", que permita cobijar procederes infundados o arbitrarios generalmente no responden a tales reglas objetivas las cesantías dispuestas "por razones de servicio" o mediante otra fórmula análoga, que constituyen expresiones ambiguas aptas para ese tipo de procederes del órgano administrador.

Citas jurisprudenciales: A y S T 33 p 396-398; 399-401; 407 409; j a 1966-2 p 63.
Viáticos, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CHAPA, LISARDO c/ DEMACO S.A.C.I.F.I.C. Y/O RESP. s/ DIFERENCIAS DE JORNALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-05-16

Surgiendo de manifestaciones del trabajador el trabajo realizado en lugares distantes, con traslados diarios y de jornada completa, es oblligación del accionado probar la retribución del rubro viáticos.