Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-11


Buenos Aires, 11 de agosto de 2005.

AUTOS Y VISTOS: Los recursos de apelación interpuestos y fundados a fs. 192/201, fs. 209/228 y fs. 231/243, contra la sentencia de fs. 182/187, cuyos autos de concesión obran a fs. 202, fs. 229 y fs. 244 vta., respectivamente. La actora los contestó a fs. 267/270.

Y CONSIDERANDO: I. El señor Francisco Amado Mauri promovió el amparo de autos contra el Estado Nacional -Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación-, el Banco Central de la República Argentina (?B.C.R.A.?), y el BBVA Banco Francés S.A. (?Banco Francés?), con el propósito de que se declarase la inconstitucionalidad de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional números 1570/01, 1606/01, 71/02, 141/02, 214/02 y 320/02, de las resoluciones del Ministerio de Economía demandado números 850/01, 863/01, 6/02, 9/02, 10/02, 23/02 y 46/02 , de las leyes 25.561, 25.557 -art. 15- y de las comunicaciones dictadas por el Banco Central números 3400/01 y 3446/02 (fs. 1/23 y rectificación de fs. 78/79).

El actor fundó su pretensión en su condición de titular de la caja de ahorro n 286/0102463/4 del Banco Francés-cuyo saldo denunció en la suma de U$S 12.907,75 (fs. 2)- y en la, a su juicio, grave afectación de los derechos de propiedad, de libertad ambulatoria y a la salud (fs. 6, 8 y 9 vta) causada por el régimen legal impugnado. Explicó que la acción deducida tenía, naturalmente, el propósito de disponer del dinero depositado en su caja de ahorro en los términos pactados originariamente con la entidad depositaria (ver fs. 13 vta y fs. 86/86 vta.).

II. El señor Juez de primera instancia admitió la demanda, anuló las normas citadas por reputarlas contrarias a la Ley Fundamental y, por ende, condenó al Banco Francés al pago de las sumas que el señor Mauri tenía en las cuentas individualizadas en autos en la misma moneda en que había sido impuestas originariamente o, en su defecto, en la cantidad de pesos necesaria para adquirir los dólares comprometidos en el mercado libre de cambios, con costas a los demandados vencidos (fs. 182/187 vta.).

Tal decisión fue apelada por todos los demandados.

III. a Recurso del B.C.R.A (fs. 192/201) El ente rector del sistema bancario se agravia que el a quo no haya advertido que la vía elegida no es idónea para declarar la inconstitucionalidad de disposiciones normativas. Sostiene que la materia requiere mayor debate y prueba máxime, debido a que no se está en presencia de una palmaria ilegalidad.

En segundo lugar, considera que se ha soslayado el principio de presunción de constitucionalidad de que gozan ?los actos públicos? (fs. 194).

Además, afirma que la cuestión traída al proceso es ?política? (fs. 194, tercer agravio), que involucra el poder de policía ejercido dentro de la órbita permitida por la Constitución en una época de extrema emergencia. Agrega que frente a la necesidad de preservar la organización jurídica del Estado debe restringirse el control de constitucionalidad b. Recurso del Estado Nacional.

El representante del Estado Nacional empieza por aclarar que la admisión indiscriminada de amparos lo conduce a una indefensión total por lo cual ?ADELANTO A V.E. LA IMPOSIBILIDAD DE MI PARTE DE EXTENDERSE TODO LO QUE DESEARÍA PARA REFUTAR LOS ARGUMENTOS DEL SR. JUEZ DE GRADO? (fs. 210, primer párrafo, la mayúscula pertenece al original).

Concuerda, en términos generales, con la línea argumental del B.C.R.A., en particular, con que las leyes, decretos y resoluciones administrativas en tela de juicio fueron la respuesta adecuada para preservar el bien general y el orden público. Reproduce con distinto estilo las causas que condujeron a la fuga de depósitos y a la destrucción del mecanismo de pagos y defiende la razonabilidad de las disposiciones y, al igual que el B.C.R.A. implica que la materia debatida es política y ajena al control judicial (fs. 218/218 vta.). En ese sentido destaca que los decretos 1570/01 y 1606/01 son de necesidad y urgencia y, por ende, deben ser controlados por el Congreso y no por el Poder Judicial. Invoca el precedente ?Bustos? resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 227 vta./228).

c. Recurso del Banco Francés (fs. 231/243 vta).

A fín con las exposiciones de los restantes codemandados, el Banco Francés resalta el dictado de la ley 25.561 de emergencia pública y reforma de régimen cambiario con arreglo a lo establecido en el art. 76 de la Constitución nacional.

El apelante entiende que la crisis aludida impide una interpretación estática de la Constitución nacional y que la admisión de amparos como el de autos obsta a su actividad -ligada al interés estatal- y conduce a la aniquilación del derecho de todos los ahorristas ya que el B.C.R.A. ha informado en otro proceso que la disponibilidad de las entidades financieras para atender a las extracciones al 31/1/01 sólo alcanzaba al 25% de las imposiciones (fs. 234/234 vta.). Agrega que los decretos 494/02, 905/02 y 1836/02, el Poder Ejecutivo ha subsanado los cuestionamientos iniciales al bloque normativo de emergencia que los particulares habían planteado en sede judicial, toda vez que asume -mediante la emisión de las distintas clases de bonos allí previstas- la deuda que la ?pesificación? le causa a los ahorristas. En esa misma línea de atenuación de las restricciones al derecho de propiedad, se encuentra el decreto 739/03 que prescribe la liberación de los depósitos y la asunción de la deuda por parte del Estado de la diferencia entre la pesificación y el valor real del dólar mediante la emisión de BODEN 2013 en dólares (fs. 239). Invoca la doctrina de ?Peralta?. Destaca la dificultad de adquirir dólares para cumplir con la sentencia ya que el B.C.R.A. limita la tenencia de la divisa estadounidense al 5% del patrimonio de la entidad financiera y pide la aplicación del decreto 1316 del 24 de julio de 2002 el cual -al remitir al art. 1 de la ley 25.587- conduce a la suspensión, por 120 días hábiles, el cumplimiento de los amparos como el sub lite (fs. 241 vta.). Por último, recurre la imposición de costas basado en que ?sólo se limitó a cumplir las normas que le impone su ente de control? (fs. 242 vta.), por lo cual, a lo sumo debe ser el Estado y no él quien afronte los gastos del pleito.

IV. Liminarmente corresponde dejar en claro que la invocación de la tesis de los actos propios hecha por el Banco Francés en contra del demandante a fs. 245/257 no puede tener favorable acogimiento.

Efectivamente, la reprogramación de los depósitos realizada de conformidad con las normas vigentes, y la conducta atribuida al amparista -más allá de basarse en meras afirmaciones unilaterales del demandado- debió ser puesta en conocimiento del magistrado de primera de instancia a los efectos de que integrara el ?thema decidendum?. No habiendo sido ello así, cabe desestimar la cuestión por aplicación del principio que surge del art. 277 del Código Procesal.

Con prescindencia de la razón apuntada, la disponibilidad de los saldos reprogramados por parte de su titular no alcanza por sí sola para negarle a éste el derecho de controvertir el régimen legal de emergencia si, al tiempo en que dispuso del remanente, expresó la reserva de sus derechos mediante la iniciación de las acciones legales que creyó pertinentes. De lo contrario, habría que concluir que los depositantes afectados no sólo se ven privados del pago de lo convenido, sino también de sus saldos pesificados, de los cuales sólo podrían disponer después de renunciar compulsivamente a su derecho de acceder la Justicia, lo que es -evidentemente- irrazonable. Por lo demás, la iniciación de este pleito no es otra cosa que la realización de ese derecho -que es de raigambre constitucional (art. 18)-, y que revela que no ha medido conformidad por parte del interesado con las disposiciones que mermaron la cuantía de su crédito (ver cargo de fs. 24).

V. Sentado lo anterior, conviene recordar que la crisis política, económica y social ocurrida en el país en diciembre de 2001 derivó, como es de público conocimiento, en decenas de miles de pleitos en los que se impugnó el régimen legal que se debate en autos; ello, a su vez, dio lugar a líneas jurisprudenciales encontradas de todos los tribunales del país -incluida la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación- todo lo cual, sumado a la incontable cantidad de disposiciones -en su mayor número reglamentarias- que fueron sucediéndose a lo largo del tiempo variando el cuadro de situación sujeto a juzgamiento, ha llevado al Poder Judicial a una situación de colapso que conspira contra la cabal administración de justicia (esta Sala, causa n? 13.330/02, fallada el 19.05.05).

Una de las normas aludidas fue el decreto n? 1316/02 publicado en el Boletín Oficial del 24/7/02 por el que se suspendió -por el plazo de ciento veinte días hábiles- la ejecución de todas las medidas cautelares y sentencias dictadas en los procesos judiciales mencionados en el art. 1? de la ley denominada ?antigoteo? 25.587, decreto este cuya aplicación al sub lite pidió, según se ha visto, el Banco Francés (fs. 241 vta./242), lo que obliga a expedirse sobre él antes de examinar los restantes planteos de los recurrentes.

Ni la letra ni el espíritu de la norma (Fallos: 299: 167 y 302: 973) autorizan a aplicarla en el caso ya que, por un lado, el plazo de suspensión previsto en ella ya venció y, por el otro, el propósito perseguido por el Poder Ejecutivo al decretarla obedeció a la doble necesidad de establecer una tregua procesal para negociar la deuda externa y restructurar la interna en el contexto de aquella crisis, y evitar el agotamiento de las reservas bancarias por el cumplimiento de las mandas judiciales (ver considerando sexto y art. 1?, segunda parte, del decreto cit.). Debido a que han transcurrido casi tres años desde su publicación y a que las presentes circunstancias distan de aquéllas que la motivaron, carece de rigor lógico pretender que rija en este juicio dilatando su trámite o, en caso de confirmarse el fallo recurrido, la ejecución de la sentencia.

VI. Al no controvertir los apelantes los hechos sobre cuya base el actor promovió este pleito, corresponde entrar de lleno en el examen de los agravios vinculados a la constitucionalidad del régimen legal en debate.

En primer término, debe quedar en claro que no es función del Tribunal enjuiciar la formulación de la política gubernamental que subyace en las disposiciones impugnadas, sino la de establecer si éstas son compatibles con la Constitución. Ello, sumado al deber que tienen todos los magistrados de velar por el cumplimiento de la Ley Fundamental en las causas traídas a su conocimiento y decisión (art. 31 de la C.N. y doctrina de Fallos: 149: 122; 302: 1325 y 308: 490) lleva a desestimar los planteos relativos al alegado carácter no justiciable de las restricciones impuestas.

Por otra parte, dado el tiempo transcurrido desde el dictado de las medidas impugnadas, el aporte hecho por la doctrina y la jurisprudencia durante dicho lapso y la ausencia de complejidad técnica en el contrato celebrado entre las partes, también corresponde desechar el primer agravio del Banco Central de la República Argentina (fs. 192 vta., punto 3.1.) basado en el carácter excepcional del amparo (ver causa n? 14.390/03, fallada el 19.05.05), sobre todo, teniendo en cuenta que la reforma constitucional introducida en 1994 exige que no exista un medio más idóneo para proteger el derecho (art. 43), lo que conduce a una mayor flexibilidad en punto a la admisión formal de la vía elegida (conf. art. 2? de la ley 16.986).

Esclarecido este aspecto de la controversia conviene repasar, en primer término, la sucesión temporal de las normas en conflicto.

Por el art. 2? del decreto 1570/01 (B.O. del 3/12/01) se prohibieron ?los retiros en efectivo que superen los pesos doscientos cincuenta ($ 250), por semana, por parte del titular, o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta, del total de sus cuentas en cada entidad financiera?.

Más tarde, la ley 25.557 -sancionada el 20 de diciembre de 2001 y promulgada el 6 de enero de 2002- estableció que ninguna de sus disposiciones importaban la ratificación expresa ni tácita de los decretos 1570/01 y 1606/01 (conf art. 3?). Empero, en la última de las fechas citadas fue sancionada y promulgada parcialmente la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario que tácitamente ratificó el primero de los decretos referidos (arts. 6, 7 y 15). También declaró que ?con arreglo a lo dispuesto en el art. 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente: 1) proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios, 2) reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales, 3) crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública, 4) reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el art. 2??.

El texto es claro en cuanto a que la delegación hecha por el Congreso al Poder Ejecutivo estaba ceñida a las siguientes acciones: a) establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y dictar regulaciones cambiarias (conf art. 2? de la ley cit); b) reestructurar ?las deudas con el sector financiero? (art. 6?, segundo párrafo); c) ?establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras? (art. 6?, párrafo tercero) y d) disponer ?las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas?.

Ulteriormente, el decreto 71/02, reglamentario del régimen cambiario establecido por la ley 25.561, facultó al Ministerio de Economía a reglamentar la oportunidad y el modo de disposición por los titulares de los depósitos en pesos o en divisas extranjeras, lo que vino , a su vez, a ser modificado por el decreto 141/02 respecto de la devolución de saldos en monedas extranjeras. Con apoyo en la delegación aludida, el 17 de enero de 2002, el Ministerio de Economía dictó la resolución 18/02 -reformada por la número 23 del 21 de enero de 2003-que en su anexo establece, entre otras cosas, un cronograma de vencimientos reprogramados de los depósitos existentes en el sistema bancario a la fecha de su entrada en vigencia, bajo el régimen del decreto 1570/01 en el que se mantiene la indisponibilidad de dichos fondos.

Ahora bien, están fuera de toda duda las graves circunstancias políticas, sociales y económicas en medio de las cuales fueron puestas en vigor las disposiciones examinadas. Pero ello no autoriza, por sí solo, a tenerlas por compatibles con la Ley Fundamental, pues es preciso, además, que la restricción a la libre disponibilidad que ellas consagran sea razonable, esto es, que exista una relación adecuada de medio a fin entre la crisis y la medida restrictiva que se adopta para conjurarla (art. 28 de la Constitución Nacional).

Repasando los principios que justifican la instauración de las normas de emergencia -tal es, sin hesitación el carácter que revisten las cuestionadas en esta causa-, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que el fundamento de ellas radica en la necesidad de remediar situaciones cuya gravitación negativa en los planos económico y social conspira contra el orden institucional de la sociedad en su conjunto (Fallos: 136: 161; 317: 1462); por lo que se impone intervenir en las relaciones jurídicas particulares de contenido patrimonial para posibilitar la superación de la crisis y el encauzamiento progresivo de la situación alterada. Con ese enfoque del problema, ha admitido la legalidad de las leyes que suspenden temporaria y razonablemente, tanto los efectos de los contratos como de las sentencias firmes, a condición de que no fuesen alteradas la sustancia del derecho que unos y otras reconocían (Fallos: 243: 467).

En punto a la racionalidad de las medidas encaradas por el Estado en el cuadro de la situación descripta, se ha procurado sintetizarla con las siguientes notas distintivas: que la restricción de los derechos y las garantías sea limitada en el tiempo, constituya un remedio y no una mutación de la sustancia del derecho y esté sometida al control judicial de constitucionalidad, ya que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales (Fallos: 243: 467 y 323: 1566).

VII. A la luz de las pautas reseñadas en el considerando anterior se advierte que la limitaciones impuestas por el decreto 1570, con los alcances definidos por la reglamentación ulterior (v.gr resolución n? 23/02 del Ministerio de Economía del 21/1/02 cit. y su anexo), en cuanto impiden al titular de los fondos en dólares depositados en la entidad financiera bajo la modalidad de caja de ahorro disponer de ellos y prescriben su reprogramación y devolución en períodos mensuales, y por cantidades fijas a un tipo de conversión que no guarda relación con el que el propio Estado autorizó en el mercado libre de cambios -lo que implica que, en el sub lite, el actor vendría a hacerse sólo de una parte de su crédito, en pesos, y después de más de dos años contados desde la vigencia de las normas atacadas-, configuran una afectación irrazonable del derecho de propiedad amparado por la Constitución Nacional (art. 17 de la Constitución Nacional y Fallos: 325: 28).

Conviene enfatizar que el ius utendi -que se traduce en el caso en la facultad de extraer los dólares depositados en la caja de ahorro del actor- encuentra su razón de ser, más allá de los preceptos de derecho común que inmediata y expresamente lo reconozcan, en la Ley Fundamental (art. 14) al ser uno de los aspectos en que se manifiesta el derecho de propiedad. Por lo tanto, los condicionamientos a que las disposiciones cuestionadas lo sujetan -dada la inexistencia de razones decisivas que los justifiquen- no pueden ser entendidos como el fruto de una reglamentación que tenga respaldo constitucional (Fallos: 305: 945). Con tal comprensión, resulta evidente que las sucesivas reglamentaciones -que deben ser interpretadas en forma conjunta con las normas restantes (Fallos:313 : 1293) - han excedido el marco de la delegación legislativa, ya que ésta no pudo haber sido conferida para que la autoridad administrativa avanzara sobre los derechos de los particulares de un modo tan intenso que significara su aniquilamiento.

En lo que concierne al decreto 1570/01, la imposibilidad de disponer libremente de los recursos en moneda extranjera por parte de los titulares de depósitos a la vista o a plazo fijo contraría palmariamente lo prescripto por la ley 25.466, de intangibilidad de los depósitos, promulgada de hecho, poco más de tres meses antes de entrar en vigor aquél (ver B.O. del 25/9/01). Es del caso recordar que la intangibilidad suponía la prohibición, con rango de orden público, de que el Estado Nacional alterase las condiciones pactadas entre los titulares de los fondos y las entidades financieras; expresamente estaba vedado prorrogar la devolución de los depósitos, alterar la moneda convenida e imponer su canje por títulos de la deuda pública. Sobre este último aspecto corresponde tener en cuenta, además, que la delegación legislativa hecha a favor del Poder Ejecutivo mediante la ley 25.414 no sólo no contemplaba la modificación o derogación de la 25.466, sino que tampoco autorizaba a modificar la legislación de fondo vigente (ver art. 1?, apartado II, punto c).

Debe entenderse, pues, que quienes eran titulares de depósitos a la vista o a plazo fijo en entidades financieras durante la vigencia de la Ley de Intangibilidad -tal el caso del demandante- adquirieron el derecho a disponer de ellos pues cumplieron todos los actos y condiciones sustanciales que las normas de aquél momento exigían para que tal consecuencia se materializara. Es decir, que la situación jurídica general creada por dicho régimen legal se transformó en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto, por lo que ésta se hace inalterable; y no puede ser suprimida por ley posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado por la Constitución Nacional (art. 17 de la C.N. y Fallos: 314: 1477; 316: 2090 y 317: 1462; ídem, esta Sala, causas n? 3851/93 y 22.267, falladas el 29.06.04 y el 5.11.04, respectivamente).

Concordemente con esta línea argumental se ha sostenido que ni el legislador ni el juez pueden -sea por medio de una ley, sea por su interpretación- arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior ya que, en ese supuesto, el principio de irretroactividad deja de tener carácter infraconstitucional para confundirse con la garantía misma de inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema ( Fallos: 319: 1915 y 320: 31).

Lo expuesto hasta aquí conduce a declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones ya examinadas (decreto n? 1570/01 y resoluciones del Ministerio de Economía nros. 18/02 y 23/02 y su anexo ya cit.). Y dado que la imposibilidad de extraer los recursos en dólares fue consecuencia de normas írritas a la Constitución, cabe concluir que la ?pesificación? dispuesta ulteriormente por el decreto 214/02 no puede alcanzarlas, ya que ésta vino a recaer sobre un conjunto de particulares que se encontraban inermes para retirar los fondos de su propiedad y ponerlos a salvo de esa nueva limitación. Dicho de otra manera, la nulidad de las restricciones opera retroactivamente al tiempo en que fueron impuestas y, por ende, determina la exclusión del crédito del amparista del conjunto de obligaciones a ?pesificar?.

VIII. Con prescindencia de lo anterior, es decir, aunque se admitiera la constitucionalidad del decreto y de la reglamentación examinados, se impone de todas maneras confirmar el fallo y admitir el amparo.

En efecto, tres meses después de la firma del decreto 1570/01, esto es, el 3 de febrero de 2002, el Poder Ejecutivo dictó el n? 214 (B.O. del 4/2/03) cuyo artículo 1? dispone: ?A partir de la fecha del presente decreto quedan transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras existentes a la sanción de la Ley N? 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS?.

En el artículo 2? se estableció que ?Todos los depósitos en DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero, serán convertidas a PESOS a razón de PESOS UNO CON CUARENTA ($1,40) por cada DÓLAR ESTADOUNIDENSE o su equivalente en otra moneda extranjera. La entidad financiera cumplirá con su obligación devolviendo PESOS a la relación indicada?. El artículo 4?, a su vez, prescribe que ?a los depósitos y a las deudas referidos, respectivamente, en los artículos 2?, 3?, 8? y 11 del presente decreto, se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que se será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA?. La aplicación del coeficiente no importaba la derogación de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -de convertibilidad- según el texto aprobado por el art. 4? de la ley 25.561, al tiempo que se mantuvo la prohibición de indexar las obligaciones de cualquier naturaleza u origen posteriores a la sanción de la ley 25.561 (art. 5 del decreto 214/02).

Para los depósitos de hasta U$S 30.000, el art. 9? del decreto citado previó la emisión de un Bono en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, con cargo a los fondos del Tesoro Nacional, por el que pueden optar los depositantes en el sistema financiero, a los que se refiere el art. 2?, en sustitución de sus depósitos.

El decreto 214/02 fue modificado por los decretos 320/02 (del 15 de febrero de 2002), 410/02 (del 1? de marzo de 2002), 471/02 (del 8 de marzo de 2002), 494/02 (del 12 de marzo de 2002), 704/02 (del 30 de abril de 2002), 762/02 (del 6 de mayo de 2002) y 1836/02 (del 16 de setiembre de 2002), los cuales han sido, a su vez, modificados o reglamentados por resoluciones del Ministerio de Economía y comunicaciones del Banco Central de la República Argentina.

Corresponde hacer un alto en la reseña normativa a fin de recapitular sobre los requisitos que hacen a la legitimidad de las medidas de emergencia que puede adoptar el Estado para paliar una situación de ese carácter. Ellos se resumen en: a) la existencia de una situación extrema que demande del Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad; b) que las medidas implementadas por la ley para cumplir con esa finalidad proteja el interés general de la sociedad y no a un grupo de individuos determinados; c) que tales medidas sean razonables en un doble aspecto: por un lado que produzcan un alivio a la emergencia y, por el otro, que estén circunscriptas al tiempo necesario para las causas que la motivaron desaparezcan (?Home Building & Loan Ass?n v. Blaisdell, 290 U.S. 398; ver también,).

La primera observación que suscita la conversión dispuesta por el decreto que se examina es que transgrede, por lo menos, dos de los presupuestos enunciados, a saber, no es limitada en el tiempo ni restringe los derechos de ambos contratantes por igual.

Respecto del primero hay que tener presente que la emergencia no crea poderes fuera de los previstos en la Constitución sino que provee la oportunidad para ejercer los ya existentes (conf. ?Wilson v.New?, 243 U.S. 332, 348). Si se considera que la jurisprudencia estadounidense -de permanente consulta por el Alto Tribunal en razón de las afinidad que nuestra Ley Fundamental tiene con la de aquél país- equipara las crisis que dan lugar a la situación que se examina a los cataclismos naturales (ver voto del juez Olsen en 189 Minn. 437; 249 N.W. 340), lógico es concluir que la restricción a los derechos individuales debe desaparecer junto la situación que la justifica (256 U.S. 198; asimismo, ?Chastleton Corp v. Sinclair, 264 U.S. 543, 547 y 548, concorde con Fallos: 172: 21 y 313: 1513) lo que no ocurre en el sub lite pues el pago que haga la entidad bancaria con arreglo a lo establecido en las normas es cancelatorio de la obligación (art. 6 de la ley 25.561 y art. 2? del decreto 214).

En lo que atañe al segundo de los presupuestos referidos, en la causa ?Bustos? (C.S.J.N. B. 139. XXXIX ?Bustos, Alberto Roque y otros c/E.N. y otros s/amparo?, fallada el 26 de octubre de 2004) el propio Procurador General de la Nación señaló que la validez constitucional de las disposiciones que aquí se cuestionan dependía de que tuviesen ?como finalidad legítima, la de proteger los intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos? (punto VIII, parte final, el subrayado no es del original).

Ahora bien, con arreglo al marco normativo en cuestión, las entidades financieras quedan liberadas de las obligaciones libremente contraídas en los contratos de depósito a plazo fijo, cuenta corriente y caja de ahorro, por un pago sustancialmente inferior al pactado libremente sin que ello represente ningún quebranto para ellas. Y si bien es cierto que la ley que regula su actividad prevé consecuencias cuando su liquidez se vea afectada -tal como ha ocurrido en los supuestos bajo análisis (v.gr art. 44 de la ley 21.526)-, no lo es menos que ninguna de ellas ha dejado de operar. A ello se le agrega que el Estado Nacional ha dispuesto el salvataje de los bancos involucrados mediante el aporte de 2.800 millones de pesos en ?Bonos del Gobierno Nacional en pesos a tasa variable 2013" (ver art. 2? de la ley 25.796), lo que se traduce en una transferencia de los pasivos al sector público en beneficio de los depositarios. En consecuencia, no puede sostenerse que las normas cuestionadas hayan limitado el derecho de propiedad de los depositantes en beneficio de los ?intereses generales? antes citados, ya que son los inversores y el conjunto de la población -éste mediante el pago de sus impuestos- los que soportarán en forma desigual las derivaciones negativas de la crisis.

Ello conduce a confirmar la incompatibilidad constitucional del decreto 214/02 y demás normas que lo complementan.

IX. En un segundo e independiente orden de ideas, conviene recordar que la ley 25. 561 declaró ?con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiara, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente?, las que fueron señaladas a continuación en cuatro incisos.

Es decir que el Congreso de la Nación, investido de las facultades que le confiere la Ley Fundamental, impuso una clara mas no menos severa restricción al ejercicio de las facultades delegadas del Poder Ejecutivo, ya que fijó el ámbito de la emergencia en que ellas habrían de ser ejercidas -esto es, en las materias social, económica, administrativa, financiera y cambiaria- como así también el límite temporal -circunscribiéndolo al 10 de diciembre de 2003- y los objetivos a alcanzar -reordenamiento del sistema financiero, bancario y cambiario, reactivación de la economía etc.- En el decreto 214/02 dictado posteriormente, se reiteraron -en síntesis- las consideraciones precedentes y se expuso sobre la necesidad de mantener las restricciones a la disposición de los fondos depositados en los bancos con el propósito de contribuir a la paulatina normalización del sistema financiero. Empero no se invocó ninguna situación nueva o distinta de la que dio lugar a la declaración de emergencia hecha en la ley 25.561, por lo que el Poder Ejecutivo quedó sujeto, en cuanto a las facultades delegadas, a las limitaciones estrictas que emanan de este último cuerpo legal. En otros términos, no es razonable entender que -frente a una delegación como la que hizo el Congreso en la ley 25.561- el dictado del decreto 214 haya obedecido a facultades excepcionales del Presidente concebidas para materializarse en defecto del órgano legisferante. Por lo tanto, no se da en el caso la hipótesis del art. 99, inc. 3? de la Constitución Nacional.

Aclarado ello, y teniendo en cuenta que una de las cortapisas impuestas por la norma delegante fue la de ?preservar el capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1570/2001...? quedando comprendidos ?los depósitos efectuados en divisas extranjeras? (art. 6? de la ley 25.561), corresponde concluir que el decreto 214/02 incumple ese objetivo al alterar artificialmente el valor de cambio de la moneda convenida en perjuicio del ahorrista, lo que equivale a decir que el Poder Ejecutivo excedió los límites establecidos en los arts. 3, 4, 5, 6, 15, 19 y 21 de la ley 25.561.

Dicha conclusión se hace aun más evidente si se advierte que la ley 25.561 no había derogado -sino que sólo había suspendido- la vigencia de la ley 25.466 de intangibilidad de los depósitos, aplazando los pagos según las previsiones de los arts. 617 y 619 del Código Civil.

X. La invocación del caso ?Peralta? (Fallos: 313: 1513) hecha por los apelantes (ver fs. 238) no surte el efecto propiciado por éstos ya que una cosa es fijar una espera sin afectar sustancialmente la obligación -tal es lo que ocurrió con el decreto 36/90 allí examinado ya que hubo reprogramación de los depósitos sin quita (ver considerando 52)- y otra muy distinta disminuir el crédito por aplicación de una paridad ficticia fijando, como alternativa de pago, bonos emitidos por el Estado en un momento en que el país entró en cesación de pagos.

Además, el empeoramiento progresivo de la situación económica de la Nación configura una circunstancia dinámica que torna, de hecho, impracticables las comparaciones entre épocas separadas por más de una década.

En cuanto a las defensas fundadas en la presunción de legalidad de las leyes y en el ejercicio del poder de policía (punto 3.2. y 3.4. del recurso del B.C.R.A., fs. 193vta/194 vta.), debe decirse que la primera se vincula con un presunción ?juris tantum? y, por ende, cede ante la comprobada incompatibilidad de la disposición con la Ley Fundamental, mientras que la segunda tampoco sirve a la pretensión del recurrente, ya que el poder de policía -como se expresó- queda subordinado a las pautas fijadas por la Constitución (art. 28) las cuales, por lo visto, no fueron acatadas en la especie.

XI. A fin de dar un tratamiento adecuado a los planteos de los recurrentes que contemple la totalidad de las cuestiones involucradas, el Tribunal estima necesario agregar que el criterio adoptado por la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso ?Perry v. United States? (294 US 330) no desvirtúa los fundamentos enunciados a lo largo de esta sentencia.

Ello es efectivamente así, debido a que en ese juicio el demandante, titular de un bono del tesoro de los Estados Unidos pagadero en moneda oro de ese país, reclamaba la diferencia en más derivada de dicha moneda, ello, debido a que el Congreso había derogado la cláusula oro de todas las obligaciones mediante una resolución conjunta de ambas cámaras por considerar que ella obstruía la atribución del órgano legislativo de fijar el valor de la moneda.

En el caso de autos la diferencia perseguida por el amparista deriva de una conversión ficticia de la moneda pactada y no del valor que el Congreso le asignó a la moneda de curso legal en el país.

En cambio, el precedente americano se relaciona con la decisión del gobierno de Roosevelt de expandir la masa monetaria y devaluar el dólar para superar la crisis económica de 1933. Ello, condujo a las autoridades a ?desororizar? y ?dolarizar? todo a una misma tasa fijando un valor uniforme del dólar, lo que provocó una caída del 59% de las deudas convenidas en oro. Todos perdieron por igual en beneficio de la atribución constitucional del Congreso de fijar el valor de la moneda, nada de lo cual ocurre en este pleito (ver Norman vs. Baltimore and Ohio Railroad Co. 1935 294 U.S. 240 citado por Conesa, Eduardo en su artículo ?Por un sistema monetario consistente con la equidad en las relaciones contractuales y el desarrollo económico? publicado por La Ley -suplemento especial ?Pesificación II?, noviembre de 2002, págs. 20 y ss.).

XII. Las distintas razones expuestas en los considerandos precedentes conducen a declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones cuestionadas.

No obsta a tal solución el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ?Bustos? por los siguientes motivos: a) las sentencias dictadas por el Alto Tribunal sólo vinculan en los casos en los que son dictadas (Fallos: 255: 187;262: 101; 263: 145; 264: 13 y 307: 671); 2?) aunque son y serán tenidas en cuenta siempre por esta Cámara en razón de la jerarquía del órgano jurisdiccional que las dicta, ello no significa que los jueces de las instancias inferiores deban abdicar de la función que les confiere la Constitución en punto al control de constitucionalidad, pues el rol institucional de la Corte no supone instaurar una única instancia eliminando, virtualmente, la intervención de las restantes autoridades judiciales del país. En un todo de acuerdo con este postulado se exige que los fallos que se aparten del ?holding? fijado por el Alto Tribunal se sustenten en ?nuevos argumentos? (Fallos: 307: 1096-1097), ya que la disparidad de criterios -bien que circunscripta a los límites indicados- no es ?sino una consecuencia necesaria del sistema federal adoptado en la Ley Fundamental? (disidencia del juez Severo Caballero en Fallos: 311: 460) ; 3?) antes del fallo recaído en ?Bustos? la propia Corte resolvió la inconstitucionalidad del régimen legal atacado en el sub lite (ver Fallos: 326: 417), por lo que no puede decirse -estrictamente hablando- que el presente pronunciamiento se aparte del criterio oportunamente sentado por el máximo Tribunal de la república, máxime, cuando en la causa ?Bustos? no existe una mayoría de votos que conforme una decisión homogénea respecto de la totalidad de operaciones bancarias comprendidas en la legislación del emergencia (conf voto del juez Zaffaroni en el precedente cit con los de los restantes jueces; art. 23 del decreto-ley 1285/58 y CNAp.Cont.Adm.Fed., Sala II, causa ?Fosaro, Juan Carlos y otro c/PEN dto. 1570/01, 71/02 y 214/02 s/amparo? fallada el 4/11/04 y Sala V de dicho tribunal, voto del Dr. Gallegos Fedriani en la causa n? 117.893/02, sentencia del 3/2/05).	En atención a ello, a que no existe una norma que -frente a dos criterios contrapuestos de la Corte- le imponga a los magistrados restantes de la Nación la obligación de seguir uno determinado, y a que no se advierte la razón por la cual, si las disposiciones cuestionadas eran írritas a la Constitución al año de haberse declarado la emergencia, puedan llegar a ser constitucionales tres años más tarde, en un contexto de plena recuperación económica y con un sistema financiero que sigue funcionando con la casi totalidad de las entidades financieras colapsadas por la crisis, corresponde desestimar los agravios de los recurrentes que atañen a la defensa del bloque normativo analizado.

XIII. Distinta suerte ha de correr el cuestionamiento del Banco Francés de la imposición de las costas.

Ello es así, debido a que desde su primera presentación sostuvo que era traída a juicio por el acatamiento de normas reglamentarias que no podía soslayar (fs. 112 vta., punto IX y reiterado en esta instancia a fs. 242 punto VII). En tales circunstancias y ante el carácter atípico de este tipo de procesos corresponde distribuir las costas de ambas instancias en la relación actor-Banco Francés, por su orden (arts. 68, segundo párrafo, y 279 del Código Procesal).

Por ello, y oído el Fiscal General ante esta Cámara SE RESUELVE: confirmar la sentencia de fs. 182/187 en cuanto a la admisión del amparo y modificarla, únicamente, en lo relativo a las costas impuestas al Banco Francés, las cuales se distribuyen por su orden en todas las instancias (arts. 68, segundo párrafo y 279 del Código Procesal). Las costas de los restantes recursos se les imponen a los apelantes vencidos (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Regulados que sean los honorarios por la actuación en primera instancia, se procederá con los correspondientes a esta alzada.

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de liciencia (art. 109 del RPJN).	Regístrese, notifíquese -al señor Fiscal General en su público despacho- y devuélvase.

RICARDO GUSTAVO RECONDO GUILLERMO ALBERTO ANTELO