Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-19


Causa Nº 096-10-CC/ 2006 (64/07)"Incidente de devolución de efectos solicitado por Vallejos, Erica Beatriz en autos "Esquilache, Patricia; Longobucco, Adrián Claudio y otros s/Infr. arts. 116 y 117 -ley 1472- Apelación" //n la ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de junio del año 2007, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa a fs. 52/54 del presente, del que:

RESULTA:

I.- Que a fs. 6 vta., obra copia de la trascripción del acta del allanamiento efectuado el día 21/4/2006 en el inmueble sito en el Pasaje Vicente Fidel López nº 1811, de esta Ciudad -en virtud de la orden librada por el titular a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas nº 12, Germán Garavano, cuya copia obra a fs. 3/vta.-, ocasión en la que se secuestraron -entre otros elementos- catorce CD de distintos autores, un teléfono celular color gris y negro marca "Nokia" y una agenda personal, todo esto propiedad de Erica B. Vallejos.

II.- Que a fs. 37/48 vta., luce copia del acta de la audiencia prevista en el art. 41 del CPC, en la cual la encartada, luego de efectuar su declaración, solicita la devolución de los elementos de su propiedad secuestrados en el allanamiento reseñado supra.

III.- Que a fs. 50, el a quo, resuelve no hacer lugar, por el momento, a la solicitud de restitución planteada por la imputada, toda vez que en la presente causa se investiga la presunta existencia de una organización dedicada a captar apuestas de quiniela clandestina, y los efectos reclamados podrían guardar relación con el objeto de esta pesquisa. Asimismo, agrega que resultaría de aplicación lo previsto en el art. 35 CC, en el caso de recaer sentencia condenatoria, lo que implicaría el comiso de los elementos secuestrados. Por último, solicita a la Fiscalía que adopte las medidas de prueba pertinentes a los fines de determinar pericialmente cuales de los elementos cuya devolución se solicita guardan relación con el objeto de la presente investigación.

IV.- Que a fs. 52/54, obra el recurso de apelación interpuesto por el defensor oficial, Gustavo Eduardo Aboso, contra la resolución precedentemente mencionada. Ello, por entender que los elementos incautados no guardan relación con la explotación no autorizada de juegos de azar. Respecto de los CDs secuestrados señala que los registros musicales resultan inválidos como prueba útil. En cuanto al teléfono celular incautado, sostiene que éste posee una clara función como medio de comunicación, donde aparecen registrados números telefónicos de particulares que no poseen vinculación alguna con las personas imputadas. Sin embargo, indica que en caso de que dichos registros fueran necesarios para la investigación, lo cierto es que en el expediente principal no se adoptó medida probatoria alguna para comprobar este extremo, pese al tiempo que transcurrió entre el secuestro y la solicitud de restitución. Entiende que de esta manera queda claramente expuesto que el Fiscal de grado pudo haber ordenado la peritación de los números abonados registrados o realizar una copia de dicha información, lo cual no fue realizada, tornando arbitraria la medida adoptada. Por último, respecto de la agenda personal igualmente incautada, sostiene que ella se encuentra amparada por el art. 18 de la Constitución Nacional cuando se refiere a los papeles privados, por cuanto goza de la presunción de privacidad. Aduce que se debió analizar de manera perentoria si dicha agenda demostraba alguna utilidad para el proceso y no dejar en suspenso dicha hipótesis, ya que transcurrió tiempo suficiente para cumplir con la manda constitucional y con lo previsto en el art. 234 y siguientes del CPPN. Sostiene además, que el art. 23 8 del CPPN establece como pauta la entrega de los efectos secuestrados que no estén sometidos a la confiscación, restitución o embargo, por lo que la agenda -al contener números de personas allegadas a la encartada- no es pasible de ser decomisada puesto que posee un carácter estrictamente personal.

V.- Que a fs. 55, el a quo resuelve conceder el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

VI.- Que a fs. 61/vta., obra el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, Sandra Guagnino, manifestando que debe confirmarse la resolución apelada. Señala que la Sala I del fuero ya se ha expedido en estas mismas actuaciones, rechazando otro pedido de restitución de efectos relacionados con la contravención. Por otra parte, considera que tampoco el recurrente logró probar las eventuales circunstancias que permitirían desvincular las agendas de la presunta infracción a los arts. 116 y 117 CC. Agrega que, al menos en esta etapa del proceso, no es posible afirmar que los efectos secuestrados carezcan de relación con la presunta contravención investigada, pues es la evolución del proceso lo que va a permitir al Fiscal acreditar el hecho y dicha relación.

VII.- Que a fs. 63/64, la defensa oficial contesta vista manifestando que el agravio concreto esta centrado en la razonabilidad del secuestro de los elementos. Entiende que el rechazo de devolución de los efectos secuestrados en el procedimiento realizado, basado en la provisoriedad de dicha medida y los fines de la investigación, resulta arbitraria dado que no se ajusta a las constancias de la causa, como tampoco analiza el alcance de la razonabilidad de dicha medida, cuando el tiempo transcurrido indica que, más que provisoria, resulta definitiva para la afectación del derecho de la encartada.

VIII.- Que a fs. 65 pasan los autos a resolver.

PRIMERA CUESTION En cuanto a la admisibilidad del recurso impetrado, cabe mencionar que el mismo ha sido interpuesto en las condiciones y plazo establecidos por el artículo 50 de la Ley Nº 12, y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo.

Ahora bien, es dable recordar que esta Sala tiene dicho que la norma antes citada prevé expresamente la apelación de la sentencia, pero es de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 449 in fine CPPN -art. 6 LPC- que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen gravamen irreparable al imputado. El mismo "...aparece como una cuestión de hecho que debe ser considerada en cada caso. Se configura, ... cuando aparece un perjuicio jurídico que no puede ser reparado durante el trámite del juicio ni en la sentencia definitiva..." (conf. Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación"- Tomo II, Pensamiento Jurídico Editora, Bs. As. 1997 pág. 186).

A partir de lo expresado, cabe mencionar que es criterio de este Tribunal que las decisiones que rechazan un pedido de restitución de efectos secuestrados cuando se alega la vulneración de derechos y principios constitucionales habilitaría, en principio, la revisión de dicha medida por esta Alzada (causas nº. 70-01-CC/2005, "Recurso de Queja en autos Gimenez, Julio Orlando s/ inf. art. 83 CC", rta. el 18/04/2005, nº. 307-01-CC/2005, "Incidente de devolución de efectos en autos Spangenberg, Hugo Hernán s/infr. arts. 116, 117 y 118 CC, rta. el 29/09/2005; entre otras). Por lo que, cabe afirmar que el recurso de apelación fue correctamente concedido.

SEGUNDA CUESTIÓN Los Dres. Elizabeth Marum y José Sáez Capel dijeron:

En cuanto a la cuestión de fondo traída a estudio, el defensor manifiesta en su escrito que los efectos secuestrados a Erica Beatriz Vallejos en el allanamiento practicado el día 21/4/06 en el inmueble sito en Pasaje Vicente Fidel López nº 1811 de esta ciudad, no guardan relación con la contravención investigada en autos. Refiere que tanto los CDs, como el teléfono celular, como la agenda particular son objetos de carácter personal, pudiendo ordenarse la adopción de medidas probatorias distintas como la extracción de fotocopias de la agenda en cuestión, etc., y devolverse los efectos secuestrados. Dicha situación vulnera garantías constituciones y normas del código de forma nacional respecto del secuestro de elementos.

En principio, es dable recordar que en la presente causa se investiga la presunta violación a los arts. 116 y 117 de la Ley Nº 1472, y a partir de ello se efectuó un allanamiento en el domicilio sito en la calle Pasaje Vicente Fidel López nª 1811 de esta ciudad donde se secuestraron los discos compactos, el teléfono celular marca "Nokia" y la agenda.

En primer término, y respecto de la presunta afectación de derechos constitucionales, que implicaría el secuestro de marras es propicio recordar lo expresado por nuestro máximo tribunal nacional que afirmó "...Nuestra Constitución no ha reconocido derechos absolutos de propiedad ni de libertad, sino limitados por las leyes reglamentarias de los mismos, en la forma y extensión que el Congreso, en uso de su atribución legislativa (arts. 14, 28 y 67 de la Constitución) lo estime conveniente a fin de asegurar el bienestar general; cumpliendo así, por medio de la legislación, los elevados propósitos expresados en el Preámbulo..." (CSJN, causa "Vega, Andrés Roberto y otro c/ Inst. Nac. de Vitivinicultura s/ ac. de inconst. medida de no innovar", rta. el 23/08/1988), y que: "...Los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que los reglamentan, siempre que ellas sean razonables, se adecuen al fin que requirió su establecimiento y no incurran en arbitrariedad..." (CSJN causa "Ferreri, Irma Nieves c/ Altamirano, Restituta", rta. el 28/06/1988).

Teniendo en cuenta ello, esta Sala ha expresado en numerosos precedentes (Causa Nº 019-01-CC/2005 "Enríquez Benites, Wilson Manuel s/ Inf. arts. 83 y 84 CC - Apelación" rta. el 04/05/05, entre otras) que dado que el secuestro implica un desapoderamiento de los bienes respecto a quien es propietario, dicho acto debe perseguir un fin definido; y que la medida precautoria, prevista en el art. 18 c) de la Ley Nº 12, puede "...perseguir el aseguramiento de una prueba para el día en que se produzca el debate y, eventualmente, en el caso de dictarse sentencia condenatoria, el comiso de los bienes como indica el art. 35 del CC" (causas n° 163-02-CC/2005, "Incidente de Apelación en autos Molina, Juan José s/art. 84 Ley 1472", rta. el 13/09/2005, nº 307-01-CC/2005, "Incidente de devolución de efectos en autos Spangenberg, Hugo Hernán s/infr. arts. 116, 117 y 118 CC", rta. el 29/09/2005; entre otras), por lo tanto corresponderá al Juez de Grado evaluar en cada caso si los bienes que han sido secuestrados responden a la condición prevista en la norma mencionada.

Es decir, deberá valorar si son pasibles de comiso pues de ser así, la negativa a su restitución podrá fundarse en la necesidad de garantizar el cumplimiento de una eventual condena. Ello, en razón de que en nuestro ordenamiento el comiso está establecido como una pena accesoria (art. 23 Ley Nº 1472), por tanto para merituar la posibilidad de despojar al presunto contraventor -eventualmente- de los elementos secuestrados cabe remitirse a lo dispuesto por el artículo 35 de la norma mencionada que regula ese instituto estableciendo que "La condena por contravención comprende el comiso de las cosas que han servido para cometer el hecho ..." Ahora bien, el a quo ha resuelto no hacer lugar a la restitución de los bienes solicitados por el impugnante teniendo en cuenta la etapa procesal en que se encuentra la causa, pues los efectos en cuestión podrían servir para comprobar la contravención y, de ser así, resultarían pasibles de comiso. Sobre este punto, consideramos que tanto el teléfono celular marca "Nokia" como la agenda personal podrían guardar relación con el objeto procesal investigado en la presente, por lo que corresponde confirmar su denegatoria de restitución. Aunado a que el Magistrado de grado autorizó a la extracción de fotocopias de su agenda personal que resulte imprescindible.

Respecto de los discos compactos cabe mencionar que si bien de las constancias del incidente parecería desprenderse que solo registran música, no surge de las constancias del presente que se haya cotejado de manera fehaciente que no registren información de interés para la contravención investigada, máxime considerando que del domicilio allanado también se secuestró un CPU, un teclado y una impresora en donde pueden reproducirse aquéllos. Por tanto, como bien refirió el Magistrado de grado (fs. 50 vta), la Fiscalía interviniente debería adoptar las medidas necesarias para determinar si los efectos secuestrados cuya devolución se solicita guardan relación con el objeto de la presente pesquisa. Por tales razones, por el momento y en atención al estado procesal del expediente, tampoco corresponde hacer lugar a la entrega de las discos compactos.

De este modo, no se advierte violación a garantía constitucional alguna, y cabe recordar que las medidas adoptadas resultan de carácter provisorio y pasible de ser revocada, pudiendo por tanto -en caso de corresponder- ser restituidos los bienes en la etapa procesal oportuna; resultando prematura su devolución cuando se podrían disponer medidas probatorias al respecto.

Por lo hasta aquí expuesto, y teniendo en cuenta que al tratarse de medidas de carácter provisional, luego de sustanciadas las medidas probatorias necesarias y en caso de determinarse que los efectos no poseen relación alguna con la contravención investigada -de acuerdo a lo afirmado por la defensa- el interesado podrá obtener posteriormente su restitución.

El Marcelo Vázquez dijo:

El art. 30 del código de forma dispone que el juez o jueza, a instancia del o la fiscal, puede ordenar allanar domicilios, cuando presuma que pueden hallarse elementos probatorios útiles; y, el art. 35 del mismo cuerpo de leyes establece que el fiscal o funcionario que practique el registro recoge los instrumentos, efectos de la contravención, libros, papeles y demás cosas que hubiere encontrado y que resulten necesarios para la investigación.

Ahora bien, el fin del allanamiento consiste en obtener elementos que sean de interés para el proceso, por lo que se desprende que aquellos objetos que carezcan de relevancia para la investigación deben ser restituidos, a fin de que la medida no se torne arbitraria.

Sobre esta base, el allanamiento practicado en el inmueble sito en el Pasaje Vicente Fidel López nº 1811 de esta ciudad, se realizó el día 21/4/06, ocasión en la que se secuestraron catorce discos compactos, un teléfono celular color gris y negro marca "Nokia" y una agenda personal, supuestamente propiedad de Erica Vallejos.

Así, cabe resaltar que ha transcurrido mas de un año desde que se practicó la inspección en cuestión sin que la fiscalía interviniente haya adoptado las medidas necesarias para determinar si los efectos secuestrados guardan relación con la contravención investigada; tiempo que resulta suficientemente razonable para cotejar los objetos afectados de acuerdo a las constancias de la causa.

Si bien la persona imputada de una contravención tiene la obligación de soportar las medidas cautelares que correspondan, por otro lado se encuentran amparados por el estado de inocencia hasta que una resolución definitiva establezca lo contrario. Por tales razones, dichas medidas deben interpetarse de manera restrictiva y ser razonables (arts. 14 y 28 CN).

Al respecto, y a fin de que lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia no quede en meras afirmaciones dogmáticas, en cuanto a que "...Los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional no son absolutos y su ejercicio está sometido a las leyes que los reglamentan, siempre que ellas sean razonables, se adecuen al fin que requirió su establecimiento y no incurran en arbitrariedad..." (CSJN causa "Ferreri, Irma Nieves c/ Altamirano, Restituta", rta. el 28/06/1988), considero que deben devolverse los elementos secuestrados a la encartada por haber desaparecido con el transcurso del tiempo y la inacción del Ministerio Público, la razonabilidad y necesidad de su incautación.

En razón de ello, voto por revocar la resolución dictada por el Magistrado de grado y restituir los efectos solicitados por la defensa de Erica Beatriz Vallejos.

En razón de lo ello, este Tribunal, por mayoría, RESUELVE Confirmar la resolución de fecha 4/5/2007, que obra a fs. 50 de la presente, en cuanto no hace lugar, por el momento, a la solicitud de restitución de efectos articulada por la Defensa de Erica Beatriz Vallejos, y autoriza a la obtención de fotocopias de toda aquella información de su agenda personal que le resulte imprescindible.

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí: