Sentencia definitiva, crímenes de lesa humanidad, sentencia absolutoria, recursos, imprescriptibilidad de la acción penal, fiscal de juicio, querellante, asociación ilícita, aborto, allanamiento ilegal, abuso deshonesto, acción de nulidad, acordadas, ampliación de la acusación, apreciación de la prueba, verosimilitud del derecho invocado, autoría mediata, torturas, delitos contra la integridad sexual, perspectiva de género, doctrina de la arbitrariedad, encubrimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-28

Corresponde desestimar los agravios de las defensas relativos a la extinción de la acción penal por prescripción, en tanto la doctrina sentada por la CSJN en el fallo "Arancibia Clavel" sigue vigente y los argumentos del recurrente no han logrado rebatir lo sentado por el Máximo Tribunal. También deben desestimarse los argumentos de la defensa vinculados a cuestionar la inclusión de los delitos de asociación ilícita, aborto doloso, allanamiento ilegal y abuso deshonesto dentro de los delitos de lesa humanidad; es que todo acto dirigido a "perseguir y exterminar opositores políticos" puede encuadrar dentro de ese tipo de delitos y es, a ésta última definición, a la que puede atenderse para legitimar la consideración que se hace sobre los delitos particulares cuya caracterización ataca la defensa. Por otra parte, el dato histórico de que el gobierno militar a la fecha de los sucesos imputados no hubiera tomado el gobierno de facto no impide su encuadramiento dentro de la categoría estudiada, pues lo que debe tenerse en cuenta es la existencia de un ataque generalizado por parte de una organización o aprobado por el Estado, lo cual ya sucedía de forma previa al 24/03/1976. Asimismo, el planto de nulidad por la identificación de los imputados realizada al inicio del debate ha de ser desechado, en tanto el art. 374 del código adjetivo establece que el tribunal debe comprobar la presencia de los imputados en la sala de audiencias y el art. 378 dispone que luego de la apertura del debate y resueltas las cuestiones incidentales, se les recibirá declaración. De esta forma, de no haberse realizado al inicio iba a efectuarse inmediatamente después y, necesariamente, de forma previa a la declaración de los testigos; además la responsabilidad de los imputados no se fundamenta con exclusividad en la identificación que los testigos-víctimas pudieran haber realizado al momento de la audiencia. Debe rechazarse también lo alegado por la defensa en todo lo que hace a la nulidad de las declaraciones testimoniales y la pretendida inconstitucionalidad de la Acordada n° 1/12 de esta Cámara. En esta causa, en donde las imputaciones son - esencialmente- por privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y delitos contra la integridad sexual, la personalidad de las víctimas se encuentra especialmente afectada y es por ello que luce adecuado que en el debate se tomen las medidas necesarias para proteger a los damnificados y evitar -dentro de lo posible- su revictimización. La Acordada 1/12 de esta Cámara sólo representa una orientación de buenas prácticas que no tiene eficacia para restringir la efectiva operatividad de derechos de los imputados. Los agravios vinculados a la ampliación de la acusación realizada en el momento del debate también deben ser desestimados, en tanto esta se produjo a raíz del conocimiento que se tuvo de los hechos en función de lo declarado por las testigos en las audiencias de juicio. Por ello, se encuentra habilitada la evolución de la pretensión acusatoria, siempre que se respeten las reglas del debido proceso que, en este caso, es la posibilidad de contradictorio por parte de la defensa. En cuanto al valor probatorio y la verosimilitud de las declaraciones testimoniales, la singularidad en casos de crímenes como los aquí juzgados, viene impuesta por la planificada actividad de eliminación de toda otra traza que diera cuenta de lo acontecido. El paso del tiempo entre los sucesos y la instancia del debate, precisamente, es lo que justifica la consulta de anotaciones o la ayuda de psicólogos para rememorar lo padecido hace cuarenta años, que motiva la queja de la recurrente. La defensa no indica en qué sentido la profesional terapéutica habría condicionado los testimonios o en qué aspecto habrían sido falsos o mendaces. En lo que hace a la participación de los condenados el fallo describe el marco político en que se sucedieron los hechos juzgados para luego avanzar en la determinación de la asociación ilícita. No implica que todo miembro de las fuerzas militares, de seguridad o del aparato administrativo de cualquiera de los poderes del Estado formara parte de una asociación ilícita, por el solo hecho de integrarse en la estructura de esas instituciones. Para caracterizar las relaciones, vínculos y fines bajo estudio desde el punto de vista de la asociación ilícita deben considerarse aquellos aspectos que pudieran trascender el marco natural de planificación estatal administrativa. Hay que evaluar si esa actuación funcionalmente estructurada va más allá de la organización connaturalmente planificada y, en consecuencia, se adapta y constituye merced a la concurrencia de voluntades con el fin determinante de una agresión generalizada. En el particular caso del acusado Catalán, los comportamientos atribuidos en su función judicial expresan una clara adaptación y vínculo con los mecanismos ilícitos de represión. El tribunal ha demostrado que había un esquema básico de actuación coordinada. La posición como juez le exigía el cumplimiento de particulares deberes institucionales dentro de la tramitación de aquellos expedientes seguidos en el marco de la llamada Ley de Seguridad Nacional. A su vez, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso del acusador público con relación a Roberto Catalán en lo que refiere a la calificación como encubrimiento respecto de todos los casos a él endilgados, anular parcialmente el punto dispositivo correspondiente, con los alcances establecidos en este pronunciamiento y reenviar al origen para que -previa sustanciación- se dicte un nuevo pronunciamiento. Al respecto, el segundo voto, resaltó un arbitrario tratamiento respecto de la intervención de Catalán en los hechos tal como ya había sido acusado en las etapas procesales pertinentes. El tribunal de juicio debió expedirse sobre los tópicos indicados por el recurrente; esos extremos (las declaraciones testimoniales de las víctimas que indicaron su presencia -en algunos casos- durante las declaraciones tomadas bajo torturas, y también en ocasión de que fueran llevadas a declarar al Juzgado Federal, como durante los traslados y dentro del Instituto de Rehabilitación Social) y especialmente la circunstancia de que estuvo durante la época de los hechos por los que fue condenado a cargo del único juzgado federal de la provincia, ya habían sido invocados por la vindicta pública al momento de acusar al mentado en carácter de autor material y partícipe necesario -según el caso- de los delitos de tormentos y homicidio en perjuicio de las víctimas. A su vez, la arbitrariedad se concreta también a partir de la contradicción que se observa en el mismo voto mayoritario que, a la par de escoger la figura prevista en el art. 277 del código de fondo, asevera: "era la máxima autoridad judicial de la provincia y su contribución al terrorismo de Estado fue la de otorgar apariencia de legalidad a las conductas ilícitas que ordenaban los altos mandos militares y efectuaban sus subordinados". Sobre este punto, el tercer voto resaltó que la sentencia resulta arbitraria y contiene una errónea subsunción legal. El razonamiento a través del cual la mayoría seleccionó esa figura fue el resultado de un análisis fragmentado del plexo probatorio, descontextualizado del marco fáctico que caracterizó al circuito clandestino represivo instaurado en la Provincia de La Rioja, y que la misma sentencia describe al fundar la existencia de una asociación ilícita. Por otra parte, el imputado Bernaus, fue condenado en carácter de autor mediato en razón de criterios normativos fundados en su esfera de competencia -a la fecha de los hechos era el Jefe de la delegación de La Rioja de la Policía Federal-. El reproche penal que se le esgrime, se basa en las funciones que tenía al momento de los hechos y no por su participación empírica o de propia mano respecto de cada víctima en particular; pues tenía dentro de su esfera de atribuciones tanto el control del personal policial bajo su mando como aquello que sucediera en la sede de dicha fuerza; a ello, se suma que algunos testigos ubicaron al imputado en el lugar de los hechos y teniendo intervención directa en los sucesos. En el caso de la víctima D.J.Q., el escenario de sometimiento y exposición apuntado, debe ser comprendido desde una perspectiva de género que permite, por eso, inferir de parte del acusado la representación dolosa de una consecuente ofensa a la integridad sexual. Repárese que, en la medida que la afectación de la libertad de D.J.Q. habilitaba en su concreción el padecimiento de tormentos dentro del ámbito de competencia -objetiva/subjetiva- de Bernaus, quedaba también integrada la lesión de la libertad sexual de la víctima. Por su parte, todos los hechos de tormentos por los que fue condenado Chiarello se sucedieron en el IRS donde la presencia del imputado ha sido probada no sólo a través de las declaraciones testimoniales de las víctimas sino también de otros sujetos detenidos en dicho establecimiento que tuvieron conocimiento de los sucesos; a lo que se suma el hecho de que pertenecía a la Gendarmería Nacional que era de una las fuerzas con fuerte presencia y control dentro del IRS. Los tormentos no son únicamente hechos de agresión física sino que también incluyen, por supuesto, el trato denigrante que sufrieron las víctimas mientras estuvieron privadas de su libertad. Trato que implicara celdas cerradas, tener que pedir permiso para ir al baño, expresiones referidas a que había que matar a los detenidos y escuchar las agresiones físicas que sufrían otras víctimas. En lo que hace al imputado Moliné, estaba alcanzado por una doble línea de deberes institucionales: por un lado, en función de su cargo en el Ejército y, por el otro, como profesional de la salud. Entonces, en ese doble rol institucional, entraba en su ámbito de incumbencia el resguardo de quienes estando detenidos ilegalmente eran sometidos a tormentos. En el caso del acusado Gay, el agravio de la defensa se relaciona con la incorporación por lectura del testimonio de la víctima en función de su fallecimiento. Así, lo vinculado a su responsabilidad por los tormentos padecidos por la víctima Ocampo no encuentra otro soporte más que en los dichos de ésta, sobre los cuales la defensa no tuvo oportunidad útil de ejercer el derecho otorgado al acusado de interrogar a los testigos de cargo. En consecuencia, por el rango que revestía a la época y no estando probado que Ocampo estuviera detenido bajo su competencia o dominio, no resulta suficiente atender a su mera pertenencia a esa dependencia. Por tanto, por mayoría, corresponde disponer su absolución por este hecho. El segundo voto, difirió y señaló que, sobre la base del accionar desplegado y el rol que desempeñaba al momento de los hechos, el a quo comprobó fundadamente el aporte concreto y necesario tanto dentro de la asociación ilícita de la que formaba parte como para la perpetración de los tormentos infringidos sobre la víctima Ocampo. En lo atinente a los recursos de los acusadores, en cuanto cuestionan la absolución de Rearte, corresponde, por mayoría, su rechazo. En resguardo del principio de congruencia, no se puede integrar la privación ilegítima de la libertad al momento de alegar pues implica un cambio en la plataforma fáctica oportunamente endilgada. No resulta lo mismo imponer tormentos a la víctima que ser responsable, a su vez, de su privación ilegítima de la libertad. La acusación realizada en los alegatos es, en este punto, inconsistente con el requerimiento de elevación a juicio y es por ello que el recurso fiscal en este aspecto debe ser desestimado. En cuanto a los agravios relacionados por el delito de torturas agravadas y asociación ilícita, la propia víctima -Machicote- declaró en el debate y, en esa exposición, según recuerda el tribunal de juicio, no lo señaló como uno de los individuos que le propinó las torturas. El dato fáctico del cargo -Cabo-, sin correlato en prueba testimonial o documental que involucre al imputado en los hechos atribuidos, impide fundar legalmente una decisión condenatoria. En consecuencia, el acusador público ha fallado en demostrar el agravio presentado. El segundo voto dejó asentada su disidencia en este punto, pues entendió que asiste razón a los acusadores público y privados, ya que resulta arbitraria la sentencia en torno a la vulneración al principio de congruencia en tanto se advierte que la defensa tuvo oportunidad de contestar la calificación de los hechos realizada en los alegatos del fiscal, de modo tal que ello no resultó sorpresivo en detrimento del ejercicio de su ministerio. Por último, el pedido de nulidad de las causas realizadas en el marco de la ley 20.840 efectuado por el representante del Ministerio Público Fiscal debe ser rechazado. El código adjetivo prevé el recurso de revisión como el medio adecuado si lo que se pretende es el dictado de una sentencia de nulidad (art. 479 y 485 CPPN). Ese es el camino previsto procesalmente y no el pedido de nulidad de las actuaciones en el marco de otra causa que no tuvo como objeto de disputa los expedientes cuya anulación se requiere. Ello no se modifica por el hecho de que dichas causas hayan sido utilizadas como medio de prueba en el sub lite pues ello no implica que hayan sido materia de debate. De esta forma, no se encuentra habilitada la competencia de este tribunal respecto de dichos expedientes que solamente se integraron al juicio con fines probatorios. Dres. Yacobucci, Slokar y Mahiques.