marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Estabilidad del delegado gremial, cierre del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: TUNINETTI, EDUARDO c/ ALIMAR SA s/ EJECUCION DE CREDITOS LABORALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-19

La prohibición de despido rige para todos los supuestos de causas individualmente referidas al trabajador y la única excepción es la suspensión general de actividades del establecimiento o la cesación, única hipótesis en que la ley (art. 51), la doctrina y la jurisprudencia han considerado innecesaria la decisión judicial porque expresamente en la norma se establece que no se puede invocar la estabilidad en el empleo. Pero como se trata de una excepción, su aplicación debe ser estricta al supuesto por ella previsto y no puede extenderse por interpretaciones analógicas.
Revocación de sentencia, recurso directo, declaración de inconstitucionalidad, remisión del expediente
Materia: ADUANERO-TRIBUTARIO
Carátula: Banderitas SA  c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-04

Se admite los agravios ofrecidos por el Fisco Nacional y se revoca el pronunciamiento apelado. La sala considera que a pesar de que el Tribunal Fiscal no efectuó, en un sentido estricto, una declaración de inconstitucionalidad en la parte resolutiva de la sentencia, la decisión está visiblemente fundada en la invalidez constitucional de la ley 26.351. En ese contexto, en atención a lo previsto en el artículo 1164 del Código Aduanero, el Tribunal Fiscal no está facultado para declarar la invalidez constitucional de una norma dictada por el Congreso Nacional. El tribunal indica que dado que los argumentos exteriorizados en la sentencia apelada giran exclusivamente en torno a la validez constitucional de la ley 26.351, correspondía remitir la causa al Tribual Fiscal para que, en un nuevo pronunciamiento, examine las demás cuestionadas planteadas. El juez Rodolfo Eduardo Facio y la jueza Clara María do Pico adhirieron al voto de la jueza Liliana María Heiland en los términos de los votos que suscribieron en las causas "Newsan SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo" y "Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo".
Tenencia ilegítima de armas de guerra, apoderamiento, disposición de la cosa
Materia: PENAL
Carátula: QUEVEDO, ENRIQUE ISMAEL s/ INFR. ART. 189 BIS DEL C. PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-22

Incurre en tenencia ilegítima de arma de guerra aquel a quien se le incautan las mismas dentro de su ámbito de custodia y tiene sobre ellas un poder de hecho tal que le permite disponer libremente de ellas.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, cobro al cliente, medidas cautelares, indisponibilidad de fondos
Materia: PROCESAL
Carátula: SADIA CONCORDIA SA INDUSTRIA E COMERCIO c/ SADIA TRANSPORTES Y SERVICIOS SA s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

El art. 49 de la Ley 21.839, modificada por Ley 24.432 establece una prioridad de cobro, en cuanto dispone que el beneficiario de la regulación de honorarios deberá dirigirse primero contra el condenado en costas y si este no paga dentro de los treinta días de notificado el auto regulatorio firme, entonces podrá reclamar a su cliente (cfr. Serantes Peña, O. E.- Palma, J. F.- Serantes Peña, J. M., "Aranceles de Honorarios para Abogados y Procuradores"). Ello así, y la solicitud de indisponibilidad de fondos pertenecientes a la actora resulta improcedente por referir sólo a una hipótesis netamente conjetural.
Derecho procesal, ejecución de sentencia, incumplimiento del contrato, indemnización
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Volpe, Jorge Omar y otro c/ Ebi Propiedades SRL y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-06

Procede confirmar la resolución que condenó a las accionadas a dar cumplimiento con el contrato de tiempo compartido oportunamente suscripto con los actores mediante el cual éstos adquirieron el derecho de uso y goce temporario de una semana alta y una flotante en cierto complejo turístico. En el caso de incumplimiento de la manda judicial, de conformidad con lo dispuesto en el CPR 513 se ha de señalar que en el caso de que la sentencia contuviese condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumpliese con lo que se le ordenó para su ejecución dentro del plazo señalado por el juez, se hará a su costa o se la obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de tal inejecución, a elección del acreedor. La obligación se resolverá también en la forma que establece este artículo cuando no fuere posible el cumplimiento por el deudor. Así, de conformidad con lo señalado precedentemente, y lo establecido por la ley 24240: 10 bis, en el caso, de rescisión contractual, los actores tendrán derecho a la restitución de lo pagado.
Revocación de sentencia, prisión domiciliaria, remisión del expediente, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: LÓPEZ, Juan de la Cruz c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

Corresponde revocar la resolución recurrido y, en consecuencia, conceder al encausado la prisión domiciliaria, debiendo remitirse las presentes actuaciones al tribunal de origen a fin de que -con la urgencia que el caso requiere- disponga las medidas necesarias para el debido control jurisdiccional toda vez que el decisorio aquí cuestionado no se encuentra razonablemente sustentado y de conformidad con la ley vigente y aplicable al caso.
Empleo público, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arce de Urbieta San Martín, Sunilda Mercedes. c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia. s/ Acción Contencioso Administrativo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-05-28

Si no obstante el cambio de funciones, la actora continuó percibiendo haberes correspondientes a la categoría que detenta, dentro de cuyo concepto no deben incluirse los adicionales por función, el cese de su devengamiento y percepción no vulnera el "Derecho a la carrera" previsto por el art. 64 de la Ley 1.556 -Régimen Jurídico Básico de la Administración Pública Provincial.

(Dr. Dionisi: En disidencia).
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Distriplast Sociedad de hecho s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-26

La inapelabilidad prevista por el art. 296 inc. 3º de la ley 19551 art. 273 inc. 3º de la nueva ley de concursos 24522) no resulta aplicable cuando se trata del auto que desestima el pedido de quiebra, pues antes de la sentencia declarativa no hay proceso falencial -en consecuencia- no le son aplicables las normas procesales de la ley concursal, sino las de los códigos procesales locales. En el caso específico del CPCBA la resolución mencionada, encaja en el inc. 2º del art. 242 que se refiere a las decisiones susceptibles de ser atacadas por el recurso de apelación, y por lo tanto deviene apelable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción meramente declarativa, cabotaje marítimo, comercio marítimo y fluvial
Materia: CIVIL
Carátula: Panchita G de Navegación S.A. c/ Secretaría de Transporte - Subsecretaría de Transporte Aerocomerecial Fluvial y Marítimo y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-05

El cabotaje es la navegación que tiene por objeto la comunicación y el comercio entre los puertos de la misma nación, y se realiza sin perder de vista la costa más que para acortar camino, recalando de cabo a cabo. Así la conceptualiza el artículo 55 apartado 9 de la ley 12.980, ratificatoria del Decreto-Ley 19.492/44. El artículo 1º de dicha ley de Cabotaje dice: "La navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional, serán practicados únicamente por barcos argentinos". El propósito de la regulación legal que a partir de tal reserva se desprende, es el de fomentar y estimular el armamento nacional. La reserva efectuada a favor de los "barcos argentinos" no puede ser seriamente tachada de inconstitucional. Sabido es que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley, que los extranjeros gozan en el país de los mismos derechos que los nativos (Artículo 20 CN) y que entre estos derechos se cuenta el de ejercer comercio e industria lícita (artículo 14 CN).
Accidente de tránsito, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BONETTO, JOSE LUIS c/ CRISTOBAL GARCIA s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-08-10

Conforme a la ley de tránsito no existe privilegio para quien circula por una arteria principal y en todos los casos debe respetar la prioridad de paso (ver art. 49 inc. "B") de la ley Nacional de tránsito .Si bien esto no quita a quien debe ingresar a una avenida extremar todos los recaudos, ello no quita a quien circula precisamente por la calle principal extremar al máximo la suya cuando va a cruzar una calle sin salida, y que desemboca en la misma, más precisamente si esta se encuentra a su derecha, lugar por la que si aparece un rodado debe ceder la circulación.
Competencia, robo, hurto, tribunal oral, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Velázquez, Hernán J. s/ Excepción de incompetencia.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-29

Ya sea que el hecho se haya calificado como hurto o robo, puede el Tribunal Oral por imperio del art. 36 del C.P.P. retener la competencia de su juzgamiento, sin que sus actos sean pasibles de nulidad en tal sentido.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, riesgos del trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: CEPEDA, GABRIEL SEBASTIAN c/ FEDERACION PATRONAL DE SEGUROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-08

Teniendo presente lo expuesto por esta Corte en precedentes similares, y que la Sala ponderó a fin de determinar la aplicación de la ley 26773 la distinción que calificó de peyorativa y sin justificación alguna que efectúa el inciso 5to. del artículo 17 respecto de un trabajador accidentado previamente a la publicación de la norma pero que aún no percibió las indemnizaciones correspondientes dado la mora del deudor, y un trabajador que sufre un accidente y cuya primera manifestación invalidante se produce a partir de esa publicación, refiriendo también a los argumentos de esta Corte en antecedentes que guardan estrecha vinculación con los estándares de sustentabilidad constitucional que deben preservarse por vía de una adecuada reparación integral; la quejosa nada aporta a fin de convencer en torno a su postura acerca de la verificación en autos de una aplicación retroactiva de la ley, sin abordar los concretos motivos que dio la Cámara al respecto.
Contrato de obra, obligaciones del locador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fritz, Jorge Emilio c/ Construcciones Atlántica s/ Incumplimiento contractual. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24

La principal obligación del empresario o locador de obra es ejecutar la misma en la forma debida, entendiéndose por tal la forma convenida o la que corresponda según la naturaleza y las circunstancias y, siendo ello así, el incumplimiento del locador con esta esencial obligación de hacer la obra debidamente, tiene como efecto específico la sanción que contempla el art. 625 -2da. parte- del mismo cuerpo legal.
Querellante, rol de querellante, cédula de notificación, nulidad de la notificación
Materia: PENAL
Carátula: Pacheco, Carlos Elias y Nievas, Miguel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-05

Toda vez que, contrariamente a lo indicado por el tribunal de grado, la querella no sólo planteó la redargución de falsedad de la cédula de notificación, sino que también había iniciado una causa penal para investigar la posible comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionarios públicos y falsificación de la firma allí insertada por parte de la oficial notificadora, debe revocarse, por infundada, la decisión que rechazó la acción de nulidad de la cédula de notificación.
Reincorporación, Banco de Italia, cesión total, Banca Nazionale del Lavoro
Materia: LABORAL
Carátula: VALINO, NORBERTO c/ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s/ REINCORPORACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-28

La adquisición por la Banca del Lavoro de ciertos inmuebles del ex Banco de Italia y la contratación de personas que antes se habrían desempeñado como dependientes de aquell no implica que la Banca del Lavoro sea la continuadora jurídica de la explotación o establecimiento que se llamó en plaza Banco de Italia y Río de la Plata. Si no es continuadora a título singular del Italia la Banca en cuestión no resulta responsable a ningún tttulo de la relación jurídica que, en el pasado, ligó al actor con la empresa bancaria liquidada.
Daños y perjuicios, accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador
Materia: CIVIL
Carátula: AGUILERA, Víctor Raúl c/ ESTUDIO LEQ Y ASOCIADOS S.R.L. y otro s/ SUMARIO (ACCIDENTE DE TRABAJO)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

El deber de empresario del empleador, le obliga a ejercer la función de vigilancia activa sobre el inmueble, velando por las condiciones de higiene y de seguridad en las que deben desempeñarse sus dependientes, y por su seguridad psicofísica, aún en un ámbito ajeno al establecimiento empresario enlazando el sistema de responsabilidad objetiva (art. 1113, Código Civil) con disposiciones propias de la responsabilidad subjetiva (art. 1109) para enriquecer la noción de guarda de la cosa dentro del complejo ámbito de las relaciones laborales.
Concurso de delitos, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: Bianucci, César Fernando s/ Estafa-casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-11-21

El concurso real de delitos es una pluralidad de hechos independientes, es decir, una pluralidad de delitos cometidos por una misma persona a través de una o varias acciones, que importan la realización de varios hechos objetiva y subjetivamente independientes.
Locación de inmuebles, obligaciones del locatario, restitución del inmueble, daños y perjuicios, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: AGUILAR DE DIAZ, María Trinidad c/ MONTIEL, Miguel Angel y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-05

El daño que se registre al momento de restituirse el inmueble locado, se presume, salvo prueba en contrario, que se originó por culpa del inquilino. Es éste quien debe acreditar que los deterioros fueron provocados por vicio de la cosa, fuerza mayor o son los normales producidos por su correcto uso.-
Gastos del proceso, honorarios, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: S., M. c/ P., J.A. y Otros s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-29

"Si bien es cierto que el valor del juicio no constituye la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor realizada y que los jueces disponen de un amplio margen de discrecionalidad para la ponderación de tales factores, este examen no puede derivar en la aplicación de un porcentaje que se aparte de los extremos dados por la ley, principio que debe ser respetado aun cuando se trata de ejecuciones contra el Estado".
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, pericia médica, junta médica
Materia: CIVIL
Carátula: MARTIN, MARIO c/ ABRAS, SILVANA LORENA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

El A quo restó de todo valor probatorio a la pericia realizada en sede civil cuando ésta resultaba coincidente con lo informado por la Junta Médica realizada en sede penal en una cuestión trascendental para la solución de la causa, a saber, la existencia de una posibilidad de tratamiento para revertir el cuadro y la razonabilidad de diagnosticar una patología neurológica ante la sintomatología que presentaba la paciente. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Erbetta, Gutiérrez y Spuler)
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López, Juan de la Cruz y otros c/ Corrientes, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

La norma del art. 101 de la Constitución Nacional ha sido dictada con el propósito de conferir a los litigantes una instancia alejada de cualquier sospecha de parcialidad, a la que podrían encontrarse expuestos los poderes locales.
Recurso de inconstitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, telecomunicaciones, competencia federal, Municipalidad, facultades tributarias, ley nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA c/ TELECOM ARGENTINA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-06-13

El pronunciamiento atacado, que desechó la excepción de incompetencia planteada, se apartó de la doctrina constitucional sentada por la Corte nacional, que establece que si bien en el sub judice el Municipio actor ejecuta a un particular con fundamento en normas de derecho público local, se advierte que tal pretensión exige -esencial e ineludiblemente- determinar, en forma previa, si el ejercicio de esas facultades tributarias invade un ámbito de competencia que es propio de la Nación en materia de telecomunicaciones, lo que torna competente a la justicia federal por cuanto lo medular del planteamiento que se efectúa remite, necesariamente, a desentrañar el sentido y los alcances de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19798, de carácter federal, cuya adecuada hermenéutica resulta esencial para la justa solución de la controversia. (Del voto de la Dra. Gastaldi, al que adhieren los Dres. Netri, Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJN: Fallos 327:3883; 329:4478; y 320:162. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 19798
Recurso contencioso administrativo, fiscal de Estado, dictámenes, traslado, procedimiento administrativo, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE GALVEZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-30

En relación al procedimiento previo al dictado del acto impugnado, la actora no ha expresado razones suficientes -ni en su demanda, ni al alegar- como para tener por configurada una violación procedimental con base en una concreta disposición normativa, limitándose a mencionar las formalidades que la ley impone, sin más precisiones, ni tampoco ha señalado algún perjuicio específico en su derecho de defensa que haya sido causado por las deficiencias en el trámite en cuestión; particularmente en lo que hace al dictamen de Fiscalía de Estado, respecto del que -a criterio de la recurrente- se le debió correr un traslado, se observa que tal afirmación debió contar con una justificación más precisa, puesto que -como es sabido- los dictámenes, al no ser actos definitivos, ni siquiera es necesario, salvo que una norma establezca lo contrario, que sean notificados a los intervinientes en un procedimiento, ni menos aún que se les corra un traslado.
Daños y perjuicios, responsabilidad del editor, publicación periodística, fuentes de información, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: T. de B.V., H.S. c/ EDITORIAL SARMIENTO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-30

La mención de la fuente u origen de la información en la propia noticia, como requisito para eximir de responsabilidad al medio periodístico, no puede suplirse por la prueba a posteriori de que esa fuente existía, pues de este modo no se cumple con el postulado de que el informado o destinatario del mensaje periodístico tenga cabal conocimiento de su origen.
Establecimientos educacionales, establecimientos educacionales privados, seguro de responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por La Meridional Cía. Arg. de Seg. S.A. en la causa Gómez Rocca, Javier Hernán y otros c/ Creatore, Víctor Juan y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-12

La educación de gestión privada es una actividad que está sujeta a la autorización, reconocimiento y supervisión de las autoridades educativas jurisdiccionales correspondientes (ley 26.206, arts. 13 y 62), por lo tanto, no se puede concluir que el seguro de responsabilidad civil con el límite de cobertura contratado en su carácter de establecimiento educativo -seguro que fue invocado para citar en garantía a su aseguradora y en el que se fundó la extensión de la condena- haya sido, en cuanto a sus condiciones generales y particulares, contrario a las leyes o reglamentaciones vigentes al momento de la contratación, o a las medidas dispuestas por las autoridades para el cumplimiento de la obligación establecida en el art. 1117 del Código Civil derogado. -Los jueces Maqueda y Rosatti, en disidencia, consideraron inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Consejo Provincial de Educación de Neuquén, convenios colectivos de trabajo, encuadramiento sindical, acción de amparo, existencia de otras vías, rechazo in límine
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Montenegro, Claudio Raúl c/ Consejo Provincial de Educación s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-06-30

Corresponde revocar la sentencia que al hace lugar a la acción de amparo, le ordena al Consejo Provincial de Educación le asigne al amparista la categoría AD3, pues, al contar con una comisión paritaria en el ámbito del CCT de autos, y no apareciendo como manifiestamente arbitraria la conducta cuestionada por vía de amparo ya que, se trata de un encasillamiento provisorio, consecuencia de la aplicación de un nuevo escalafón a partir de la homologación del CCT, y realizado a propuesta de la misma comisión paritaria, debe primar la interpretación que haga dicha comisión con relación al reclamo del actor, siendo la vía más adecuada para la resolución de dicho reclamo la revisión que pueda realizar la comisión paritaria del encasillamiento propuesto. [...] La existencia de procedimientos para la efectiva tutela del derecho que se dice vulnerado, es motivo suficiente para el rechazo de la presente acción, pero además la acción de amparo no está concebidapara procurar, en alguna forma, la pronta resolución de los perjuicios que se dice padecer como consecuencia, como en el caso, de un supuesto error en el encasillamiento, porque ello no resulta suficiente para habilitar la acción de amparo. Consecuentemente, no se pueden saltear sin más los procedimientos y preceptos legales que resultan ser aplicables al caso concreto, pues de otra manera éste remedio, en vez de ser excepcional, se constituiría en una regla a la que acudiría cualquier administrado ante el pronunciamiento de una resolución que le fuera desfavorable. (Del voto del Dr. GHISINI).
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, falta de pago, alquileres atrasados, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: MELINSKY DE CARBALLEDA c/ MAKABADI NADER s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-21

La percepción de alquileres atrasados por el locador con posterioridad al ejercicio de la demanda de desalojo por falta de pago, no puede entenderse como renuncia del derecho de perseguir la rescisión del contrato de locación por incumplimiento de la obligación de abonar los arriendos.