marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Corredor inmobiliario, comisiones
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: López Saubidet, Patricio c/ Goyenechea, Roberto s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-11

Asiste derecho al corredor inmobiliario a cobrar la comisión pactada, toda vez que acercó a las partes interesadas, y el cliente demandado realizó una "oferta de compra" ad referendum para la escrituración de un inmueble; a su vez el propietario aceptó la oferta, y de tal modo quedó concluido el contrato, sin obstar a ello que posteriormente el demandado se arrepintió y no concluyó el convenio.
Tribunal Fiscal de la Nación, mercadería aduanera, aplicación de la ley, tenencia de mercadería
Materia: ADUANERO
Carátula: Miguel David Ulises (TF 37368-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-06

La sala confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal que había revocado una sanción aduanera por tenencia injustificada de mercadería extranjera, al considerar que no se configuraba el elemento esencial del tipo infraccional previsto en el artículo 986 del Código Aduanero. Se establece que la infracción de tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero prevista en el artículo 986 del Código Aduanero sólo se configura cuando concurren todos los elementos del tipo: que el sujeto tenga la mercadería en su poder, que ésta sea extranjera y que la tenencia tenga fines comerciales o industriales, conforme lo señalado en los precedentes Sala V, causa "Balut Hnos SRL c/ EN -DGA- Resol 431/06 y 434/06 (Ex 74-150/05 y 48)", sent. del 29/12/2009; y Sala II causa n° 613/2025 "Balut Hermanos SRL (TF 33706-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo", sentencia del 5/6/2025. El tribunal precisó que la "tenencia" debe interpretarse conforme al artículo 1910 del Código Civil y Comercial de la Nación, que la define como el ejercicio de un poder de hecho sobre la cosa, comportándose el tenedor como representante del poseedor. La tenencia exige la posibilidad de disposición física del bien, aun sin animus domini, según la doctrina civil citada. En ese marco, se sostuvo que la mera condición de destinatario de una encomienda no configura tenencia si la mercadería se encuentra en tránsito y bajo custodia del transportista, sin actos materiales de aprehensión o disponibilidad por parte del destinatario. Asimismo, se recordó que las normas sancionatorias deben interpretarse de manera estricta conforme al principio de legalidad, sin extender su alcance por analogía ni desnaturalizar su texto. Se concluyó que, al encontrarse la mercadería bajo custodia de la empresa transportista y no haberse acreditado poder material del destinatario sobre ella, no se configuraba el elemento esencial de la tenencia exigido por el artículo 986 del Código Aduanero, lo que impedía la subsunción de la conducta en el tipo infraccional aplicado. Ello sin perjuicio de que los hechos pudieran eventualmente encuadrar en otra figura distinta, ajena al caso.
Acreedor, abuso del derecho
Materia: CIVIL
Carátula: Cinco Oritos SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-27

Se ha identificado el caso del acreedor hostil con el del acreedor que actúa de modo abusivo. De este modo, lo que se hace es una suerte de integración normativa entre la regla general que resta amparo al ejercicio abusivo de los derechos (CCCN 10, CCIV 1071) y la específica materia concursal de que se trata. Esa integración normativa no resulta posible. Ello es así, ante todo, porque el derecho concursal es un derecho especial y, en consecuencia, cae en error quien pretendiera aplicar de modo indiscriminado reglas o principios de carácter general. Cuando el legislador ha querido que la regla general del abuso del derecho tuviese virtualidad en el derecho concursal, lo ha determinado expresamente, tal como ocurre con relación a la facultad homologatoria del juez (LCQ 52-4°).
Caducidad de medidas cautelares, expediente electrónico
Materia: PROCESAL
Carátula: Siseg SRL c/ Mercado Libre SRL y otro s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-28

Corresponde decretar la caducidad del embargo trabado, puesto que el accionante no interpuso la demanda en el plazo de 10 días que prescribe el CPR 207. Es claro que el pedido de formación de expediente digital y asignación de la causa por la mesa de entradas no equivale a la presentación de la demanda. Ello se efectiviza mediante la carga digital de la demanda en el expediente informático ya formado por la mesa de entradas de la Cámara a través del sistema lex 100, conforme las reglas vigentes y que se aplican desde la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 12/20, del 13/4/20.
Compensación, daños y perjuicios, derechos del asegurado, obligaciones de dar cantidades de cosas, seguros, sentencia, valor real
Materia: CIVIL
Carátula: Nieto Manini Romina Belén c/ La Caja de Seguros S.A. s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-06-23

Los daños deben cuantificarse a valores actuales o a los más próximos a la fecha de la sentencia, respetando obviamente las circunstancia de cada caso, lo que se ha potenciado más recientemente no sólo por la incidencia del realismo económico sino también por la recepción de las deudas de valor en el art. 772, Código Civil y Comercial. Lo que se debe no es una suma determinada, sino la compensación que el acreedor tiene derecho a percibir como resarcimiento por el daño padecido, que se resuelve en una suma dineraria en el momento en que el juez, al dictar sentencia, fija su determinación y cuantificación. La naturaleza de la deuda (de valor) no cambia por el procedimiento que se realice (cuantificación).
Producción de la prueba, economía procesal, porcentaje de incapacidad
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Anderson, Adolfo Laureano c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-07

Siendo que en el caso, las cuestiones por las cuales fueron elevadas las actuaciones tienen vinculación con varias presentaciones, aclaraciones y rectificaciones con las que la perito hizo saber sus conclusiones; y que la materia recursiva se encuentra directamente vinculada con la etapa final de la producción de la prueba ordenada, ésta podría entenderse alcanzada por la regla de irrecurribilidad que sienta el CPR 379. Sin embargo, atento al estado de la causa elementales reglas de economía procesal imponen ante el hecho de que la perito ha rectificado el porcentaje de incapacidad en varias oportunidades, unido al hecho de que el consultor técnico de parte dictaminó un valor sensiblemente inferior a los que propuso la experta designada de oficio, se encuentran reunidos extremos que ponen en crisis el valor o poder de convicción que debiera surgir de los informes de la auxiliar de justicia. Máxime, si se tiene en cuenta que el porcentaje de incapacidad es, en casos como el que nos ocupa, uno de los hechos a probar con mayor trascendencia para el juzgador. En ese marco, se considera razonable que se lleve adelante un nuevo examen por parte de un nuevo perito designado por el Tribunal de grado, de modo tal que el magistrado pueda contar con elementos de prueba ciertos que le permitan no solo valorar los ya producidos (cuestionados), sino apoyar en todos ellos las conclusiones a las que arribe.
Cancelación de deudas, compraventa, INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA DE SAN JUAN, ley de orden público, objeto prohibido
Materia: CIVIL
Carátula: Martín Muñoz Federico c/ Juan Enrique Humberto s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-07-04

El contrato de compraventa no tiene objeto prohibido ni trasgrede ninguna norma de orden público, toda vez que surge claro del art. 18 de la Ley 196-A que las viviendas construidas por imperio de la misma serán destinadas exclusivamente para casa habitación de las familias adjudicatarias, no pudiendo ser transferidas ni cedidas bajo ningún titulo hasta tanto no sea cancelada totalmente la deuda, estableciendo en su art. 50 como casual de revocación de adjudicaciones de arrendamiento, subarrendamiento o cesión total o parcial de la vivienda, mientras no se hubiese cancelado el préstamo sin autorización del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), por lo que de la literalidad del texto surge claro que lo que la norma prohíbe es transferir o ceder viviendas construidas bajo el imperio de esa ley. Transferir significa trasladar un derecho o una titularidad de una persona a otra, ya sea a título oneroso o gratuito. Cuando se celebra un contrato de compraventa no se transfiere el dominio, sino se obliga a transferir. La transferencia de dominio se produce cuando se realiza la tradición y escrituración (cf. art. 1184 inc. 1 CC hoy art. 1017 CCCN). (VOTO MAYORÍA)
Revocación de sentencia, fideicomiso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ López de Fontevecchia, Nelva Elvira B. s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-13

Cabe revocar la resolución de la IGJ, que denegó la inscripción del fideicomiso apelante. Ello por cuanto, la facultad del Organismo dada por la ley es sólo registral para la publicidad y oponibilidad a terceros, de modo que carece atribuciones para realizar un control de fondo para denegar la inscripción requerida. No obstante ello cabe señalar que la afectación del patrimonio constituye una nota típica del contrato de fideicomiso. Ello se encuentra específicamente regulado en el CCCN 1682, 1683 y 1685, que establecen que los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario, los cuales están exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario o fiduciante, quedando a salvo las acciones por fraude o ineficacia concursal (CCCN 1686). En virtud de ello, no habiendo sido invocado ningún hecho concreto que permita inferir que las partes recurrieron a esa figura contractual con un fin contrario a derecho, ni fueron invocadas la existencia de acciones judiciales iniciadas por terceros que así lo demuestren, corresponderá decidir del modo adelantado. Máxime cuando la inscripción del fideicomiso no convalida ni sanea los vicios que pudieran afectarlo, debiendo por tal motivo asumir una posición de flexibilidad y amplitud, en pos de propiciar su registración para otorgarle publicidad y hacerlo oponible a terceros.
Derecho laboral, contrato de trabajo, apreciación de la prueba, citación a juicio, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Cejas Julio Roberto Gonzalo c/ Badaracco Daniel Alberto  c/  s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2025-04-14

La demanda incumple la carga de explicitación que fija el art. 59 del CPL cuando el escrito promocional dedica tan solo un párrafo a exponer los hechos y omite un relato claro y detallado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el actor se habría desempeñado. La parquedad del relato promocional genera una alta dosis de difidencia en la posición del accionante. El actor es quien tiene la carga de ilustrar al juzgador con mayor detenimiento, por lo que cualquier omisión importante debe considerarse como sospechosa (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Adquisición de la posesión, relación de poder, tradición
Materia: CIVIL
Carátula: BRAVO Rosa Elena c/ Sucesorio Federico Cantoni s/ Incidente Ejecución Honrarios Dra. Medina Tonelli
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-11-28

La necesidad de la relación de poder vacua para adquirir por tradición la posesión o la tenencia, no significa que el inmueble deba estar vacío, sino que al menos esté "libre de toda relación excluyente, y no debe mediar oposición alguna". Por ende, si otra persona se encuentra en posesión del inmueble, la tradición para transmitir la posesión no se puede realizar dado que no pueden concurrir dos poseedores de la misma naturaleza sobre la cosa (art. 1913 Código Civil y Comercial).
Reserva de compra, aceptación de la oferta
Materia: CIVIL
Carátula: López Saubidet, Patricio c/ Goyenechea, Roberto s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-11

No controvierte el demandado que el actor le comunicó por WhatsApp que la vendedora había firmado la "propuesta de compra" u "oferta de compra", mensajes cuya autenticida d fue corroborada por el peritaje informático. En ese marco, la adopción del sistema de mensajería por las partes para la transmisión o exteriorización de sus respectivas voluntades y con la intermediación del corredor actor, fue indudablemente tributaria de un ejercicio de la libertad de formas autorizada por el CCCN 284
Inconstitucionalidad, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Baudrix, Marcelo Rubén y otro c/ Carbax SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-28

Cabe rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la ley 23898: 4, en tanto no puede soslayarse que los propios recurrentes se sometieron, si bien indirectamente, a las directivas de la norma desde el momento en el que promovieron sendos beneficios de litigar sin gastos con el objeto, entre otros, de no afrontar el pago de la tasa de justicia, alegando la supuesta inconstitucionalidad no antes, sino después de que el magistrado aplicara la norma con motivo del incumplimiento en su pago.
Administración del fideicomiso, culpa, negligencia, obligaciones del fiduciario
Materia: CIVIL
Carátula: Aranda Croce Franco Sebastian c/ Promotora Fiduciaria S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-12-29

En el contrato de fideicomiso, en virtud de lo dispuesto por el art. 1687 el Código Civil y Comercial de la Nación, el deudor de la obligación frente al beneficiario es el fideicomiso (patrimonio separado), y no el fiduciario. Éste último sólo es responsable frente a los beneficiarios por el cumplimiento de las obligaciones contractuales con bienes propios en caso de negligencia o culpa en la administración.
Corredor inmobiliario, comisiones
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: López Saubidet, Patricio c/ Goyenechea, Roberto s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-11

En ese marco, la propuesta de compra previó que la comisión del actor sería perfectamente exigible si el demandado desistía de la operación, dando cuenta ello de una excepción convencional a la regla del CCCN 1350, lo que demuestra su derecho al cobro de sus emolumentos.
Confirmación de sentencia, tasa de justicia, crédito verificado
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Urbanizaciones del Pilar SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-28

Cabe confirmar la resolución que estableció que la tasa de justicia debe ser estimada en función del importe de todos los créditos verificados comprendidos en el acuerdo, aplicando la alícuota del 0,75% sobre la suma de $ 100.000.000; y la del 0,25% sobre el excedente de ese monto. Ello en tanto, el temperamento adoptado en la especie, está apoyado en lo dispuesto en el art. 3° último párrafo de la ley de tasas judiciales.
Derechos humanos, daños y perjuicios, prescripción, morosidad del proceso, crímenes de lesa humanidad, indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Banylis, Valentina Paola c/ Estado Nacional - Poder Judicial de la Nación s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2026-02-27

En primer término, se consideró que el plazo de prescripción debía computarse desde el momento en que quedó configurado el hecho generador de la responsabilidad estatal, esto es, desde el pronunciamiento judicial que reconoció la demora irrazonable en la tramitación del proceso penal, por ser el hito a partir del cual la actora pudo conocer de manera cierta la irregular prestación del servicio de justicia y la existencia del perjuicio invocado. Se revocó parcialmente la sentencia que había rechazado la demanda por daños y perjuicios promovida contra el Estado Nacional -Poder Judicial de la Nación- con motivo de la demora en la investigación del homicidio del padre de la actora, hecho posteriormente calificado como delito de lesa humanidad. El tribunal consideró acreditada una prestación irregular del servicio de justicia derivada de la falta de una respuesta judicial oportuna, con fundamento en la garantía del plazo razonable y en lo resuelto por la Sala I del fuero en el precedente "Banylis, Leónidas Ezequiel c/ EN - PJN s/ daños y perjuicios" (17/11/2025), cuyos fundamentos estimó plenamente trasladables, y reconoció indemnización por daño moral al entender que dicha demora impidió a la actora transitar adecuadamente su duelo. Asimismo, confirmó el rechazo de los restantes rubros indemnizatorios por ausencia de nexo causal entre las afecciones invocadas y la irregular actuación judicial, recordando que la responsabilidad estatal exige la acreditación de una relación causal adecuada y que los perjuicios derivados de los hechos traumáticos fueron objeto de reparación mediante la ley 25.914. En consecuencia, admitió parcialmente la demanda, fijó intereses desde el reconocimiento judicial de la demora y ordenó el pago conforme el régimen aplicable a las deudas del Estado, con costas a la demandada.
Incumplimiento del contrato, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Copland, Guillermo Pedro c/ Renault Argentina SA y otros s/ sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-13

El hecho de que las demandadas sean obligadas a entregar al actor un valor actualizado de la cuota en función al que le corresponde al vehículo no las exonera de pagar aquellos intereses a consecuencia del retardo en el que incurrieron en ocasión de su estado de mora en el cumplimiento de su obligación. Desde tal perspectiva, corresponde la utilización de una tasa de interés pura del 12% anual que compense el retardo en el cumplimiento de la obligación, desde la mora y hasta la fecha que se encuentre firme su determinación. Disidencia parcial de la Dra. Tevez
Revocación de sentencia, daño punitivo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Labopureau, Agustina c/ DESPEGAR.COM.AR SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-25

En el marco de una acción por la cancelación de pasajes por motivo de la emergencia sanitaria -Covid 19-, cabe revocar la imposición de una multa punitiva -LDC 52 bis- a la aerolínea codemandada. Es que le asiste razón en punto a la inobservancia del Convenio de Montreal de 1999, aplicable al caso de autos. Ello así, en tanto su artículo 29 impide aplicar al caso una sanción de carácter punitivo. Es que ya ha sido dicho por este Tribunal que el mencionado artículo 29, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la ley 26451, excluye otorgar indemnizaciones punitivas, ejemplares o de cualquier naturaleza que no sean compensatorias; por lo que resulta improcedente reconocer la imposición de una multa punitiva. Más la revocación de la sanción por daño punitivo impuesta, no alcanza a la agencia coaccionada.
Ley de defensa del consumidor, contratos conexos, defectos de fabricación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bembibre, Nahuel Santiago c/ Volkswagen Argentina SA y otro s/ sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-14

Cabe rechazar el planteo de la concesionaria coaccionada respecto de que el reclamo del actor estaría caduco conforme las disposiciones del CCCN 1055. En principio cabe señalar que si bien el hecho de considerar alcanzada la demanda por las normas de defensa al consumidor no torna inaplicable al caso de autos dicha norma; para analizar la procedencia del planteo debe considerarse la naturaleza de las relaciones existentes entre las partes. En ese marco, encontrándonos frente a contratos conexos que conforman un bloque de un único negocio consistente en la venta del rodado a través de un plan de ahora, resulta evidente que la concesionaria se encuentra alcanzada por el reclamo efectuado por el actor, en relación a los desperfectos que sufrió el automotor que adquiriera a dicha entidad, aún por encima del plazo de garantía previsto en la norma invocada por esa parte, atento que la fabricante extendió tal beneficio a favor del comprador y dicha extensión le resulta oponible.
Ley de defensa del consumidor, plan de ahorro previo, daño punitivo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Quilici, Agustín Leonardo c/ Plan Ovalo SA de Ahorro P/F Determinados y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-25

Corresponde imponer la multa pretendida en los términos de la LDC 52 bis, por el adherente de un plan de ahorro liquidado por la administradora luego que el fabricante dejase de comercializar el automóvil objeto del plan. Ello dado que en el contrato no estaba prevista la posibilidad de sustitución del modelo por uno del mismo segmento, generó en los adherentes un perjuicio de desvalorización de sus ahorros, actitud que justifica la aplicación de una sanción pretendida. (Se fijó la indemnización por daño punitivo en la suma de $ 4.000.000) Las indemnizaciones otorgadas en concepto de daño punitivo, deben, a la luz de lo dispuesto por el CPR 277, ser reducidas y reajustadas a los montos pretendidos en la demanda. Disidencia parcial de la Dra. Ballerini
Declaración de ineficacia, acreedor no concurrente
Materia: COMERCIAL
Carátula: CM Emprendimientos SRL c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-27

La ineficacia, en tanto instituto típicamente concursal, se diferencia de la nulidad, pues si bien ambas restan efectos al negocio, difieren en las razones que tienen en mira: en la nulidad, la privación de esos efectos es consecuencia de la invalidez del propio acto; mientras que, en la inoponibilidad, esa privación deriva de la necesidad de evitar que el negocio -estructuralmente válido- pueda afectar derechos de terceros -acreedores concurrentes- quienes pueden actuar como si tal acto no existiera. En cambio, entre las partes, o frente a terceros que no sean acreedores concurrentes, el acto inoponible goza de la plenitud de sus efectos aunque no pueda -mientras dure esa quiebra-, ser ejecutado.
Daño punitivo, incumplimiento del contrato, plan de ahorro previo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Río Del Sur SA c/ Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados  s/ sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-02-19

Resulta improcedente aplicar la multa por daño punitivo en un caso de incumplimiento contractual derivado de entregar fuera del plazo pactado el automóvil objeto del plan de ahorro. Ello por cuanto si bien el daño patrimonial producido a la actora por el accionar de la demandada resulta serio, no evidencia una particular gravedad que amerite la imposición de una sanción. Además no se demostró el carácter generalizado de la falta ni el carácter indeterminado de los sujetos afectados. De este modo, los hechos controvertidos no tuvieron un impacto colectivo, que trascienda la reparación de los daños causados y que justifique la aplicación de una medida disuasiva y sancionatoria.