Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-02-15


Reg.: A y S t 211 p 485-491. En la ciudad de Santa Fe, a los quince días del mes de febrero del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PAÍS, Elisa FERNÁNDEZ de y otro contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE -Demanda de Reducción- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 538, Año 2004). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea doctores Vigo, Spuler, Netri y Gastaldi.

A la primera cuestión ?¿es admisible el recurso interpuesto?? el señor Ministro decano doctor Vigo dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S., T. 202, pág. 354, esta Corte admitió la queja y, en consecuencia, concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe contra la sentencia de fs. 618/631 v. dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, por las razones entonces expuestas.

En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 no encuentro razones para apartarme de aquella conclusión provisoria, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 746/748.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo:

1. En la presente causa la Alzada hizo lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la accionada contra el fallo de baja instancia -que a su turno había acogido la demanda y declarado la nulidad del 77,84 % de la donación que hiciera el causante en favor de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe-, "modificando la misma en el sentido de declarar que la acción de reducción sobre la totalidad de los bienes donados procede en un 45,65 % del valor de lo transmitido por el causante a la demandada, equivalente a la suma de $ 196.602", y ordenando que "siendo indivisibles los objetos de la donación, se conformará entre las partes un derecho real de condominio en dichas proporciones, salvo que la demandada ofreciere a los actores abonar el valor de lo por ella adeudado y éstos aceptaren tal propuesta"; en cuanto a las costas, mantuvo la imposición de las mismas en primera instancia a la demandada, distribuyendo las de segunda en un 55 % a la actora y el 45 % a la demandada (fs. 618/631 v.).

Para así resolver consideró el Tribunal a quo -en primer lugar- que en cuanto a la falta de acción opuesta por la Municipalidad atento a que los actores habían prestado su consentimiento irrevocable para la donación materializada por su padre "renunciando expresamente a ejercer la acción de colación que pudiera corresponderles", que dicho consentimiento no invalidaba la posibilidad de promover la demanda de autos, por cuanto "la renuncia a la acción de colación o de reducción hecha en vida del causante no produce efectos válidos, en cuanto es equiparable a los proscriptos (por nuestro Código Civil) pactos sobre herencia futura y sólo resultaría operativa (expresa o tácitamente) una vez fallecido el transmitente de los bienes mortis causae", citando al respecto los artículos 1175, 3311, 3312 y 3599 del mencionado Código y concordante doctrina relativa a la ineficacia de todo pacto o convención por el cual se pacte sobre herencias futuras, "dentro de lo cual cabe singularmente la renuncia a oponer -de futuro- la acción de reducción", de suerte tal que -concluyó la Sala- "toda la argumentación relativa a que la sentencia no trató la temática de la irrevocabilidad del mandato otorgado por los actores a su causante para donar y a que la actitud de los reclamantes implica contradecir sus actos anteriores (...) deja de tener trascendencia" y el agravio respectivo no podía prosperar.

En cuanto al planteo de la apelante respecto de que la acción intentada era improcedente por tratarse de una donación onerosa, entendió la Alzada que el mismo merecía favorable -aunque parcial- acogida, pues si bien el cargo impuesto por el donante implica una obligación onerosa para el donatario, "esa onerosidad no se transmite integralmente al acto jurídico principal (la donación) sino sólo en la porción en la cual incide en los valores en juego", conforme a los artículos 1827 y 1832, inciso 2°, del Código Civil, precepto éste que admite la reducción de las donaciones inoficiosas "en la parte en que sean gratuitas". Y "si bien es harto dificultoso calcular la incidencia porcentual en la cual el cargo oneroso transmite esa calidad a la donación, evaluando la entidad cuantitativa de esta ultima en base a las pruebas rendidas en la causa (...) y la previsible cuantía de las erogaciones (...) y echando mano a las facultades estimatorias que confiere a los jueces el artículo 245 in fine del CPCC, arribo a la conclusión de que debe considerarse onerosa a la donación en un porcentaje del 15 % de los valores comprometidos, siendo procedente la acción de reducción en el 85 % restante".

Sentado ello, y acogiendo igualmente el respectivo agravio de la Municipalidad, procedió a revisar los valores estimados por la sentencia apelada al establecer la cuantía de la base de cálculo para determinar el valor de la legítima y la procedencia de la acción de reducción, no sin antes señalar que los 12.000 dólares recibidos por Elisa Fernández Koop de su padre como compensación parcial por la afectación de su legítima no debían computarse como integrativos del acervo hereditario, sino que debían ser deducidos de la porción de la legítima de aquélla; y que si bien los cálculos para determinar la legítima deben hacerse al tiempo de la apertura de la sucesión (como lo pretendía la demandada), la singular complejidad de la determinación pericial de los valores comprometidos y el hecho de no apreciarse "que lo denunciado en el sucesorio haya quedado desfasado en valores con lo cuantificado en este proceso en torno a la entidad de lo donado", conducían a concluir en la ausencia de "razones útiles que justifiquen alongar aún más este proceso enviando la determinación a árbitros (...) siendo que sustancialmente no se aprecia que lo denunciado en el sucesorio haya quedado desfasado, en valores, con lo cuantificado en este proceso en torno a la entidad de lo donado".

Aclarado ello, expresó la Sala que la Jueza de baja instancia no había considerado el carácter ganancial de parte de los bienes donados, señalando al respecto que -en cuanto al inmueble de calle Defensa y 12 de Infantería de la ciudad de Santa Fe- "el 25 % de lo donado era de propiedad de Yolanda Mari Suárez Aguirre -segunda esposa del causante- y no siendo los actores herederos legitimarios de la misma, la acción de reducción no es procedente en ese porcentaje" y que -en cuanto a los muebles incluídos en dicho inmueble- "atendiendo a la dificultad (por no decir imposibilidad) de determinar dentro de los bienes muebles incluidos en la donación cuáles eran propios y cuales gananciales, corresponde en la especie que se haga aplicación de la previsión del artículo 2412 del Código Civil y se tenga a los mismos como gananciales en similar proporción al inmueble en que se hallan depositados, debiendo entonces colegirse que el 25 % del total de lo donado no resulta atacable por la acción aquí intentada".

Finalmente, y en cuanto a las consecuencias del acogimiento de la acción de reducción (si debía ser restitución en especie o deuda de valor), el Tribunal anterior en grado expresó su coincidencia con quienes "asignan a la acción de reducción en tal supuesto naturaleza personal, que tiene por fin la resolución de un contrato (de donación) siendo el efecto reipersecutorio una consecuencia accesoria de dicha resolución", si bien en el caso de que la inoficiosidad no cubra la totalidad del valor de lo donado, "una alternativa (propuesta originariamente por Fornieles y avalada expresamente por Méndez Costa) es la de que el donatario ofrezca retener el dominio de la cosa donada compensando al heredero el valor de su legítima" o "si el donatario decidiera no echar mano a dicha compensación (lo que requeriría también la aceptación del heredero) y optara por restituir in natura lo donado, en caso de que la cosa objeto de la donación sea indivisible 'se producirá un condominio entre el heredero reclamante y el donatario'", singularidades éstas que deberían ser tenidas en cuenta al momento de la ejecución de la sentencia, por las cuales cabía "concluir en que la revocación parcial de la donación dispuesta por el fallo (...) no luce contraria a derecho, siempre que la demandada no se avenga a la alternativa de compensar a los actores el valor de su legítima conforme a las pautas de este mismo decisorio".

Para concluir, el Tribunal estimó la masa total de bienes sobre la cual calcular la legítima en la suma de $ 357.402 (compuesto por $ 323.002 resultantes de deducir de la suma total de los bienes donados -$ 430.670- el 25 % correspondiente a los bienes gananciales, más los $ 34.500 denunciados en el sucesorio), de los que dedujo la suma de $ 71.500 en concepto de porción disponible(que precisamente dispuso el causante para mejorar la porción de su segunda esposa) arribando a una suma de $ 286.002. De esta suma detrajo, a su vez, el 15 por ciento (porcentaje en el cual había estimado la onerosidad de la donación), llegando a un "monto donado atacable de $ 243.102", del cual a su vez restó $ 46.500 (en concepto de valores percibidos por los actores), arribando a un "valor atacable de $ 196.602", con lo cual "el porcentaje donado sobre el que debiera proceder la acción de reducción es del 45,65 %".

2. Contra tal pronunciamiento dedujo la Municipalidad de Santa Fe recurso de inconstitucionalidad fundado en el artículo 1, inciso 3°, de la ley 7.055.

En su presentación se agravió, en primer lugar, de la arbitrariedad del fallo por apartamiento de las constancias de la causa, ya que si bien admite que la Jueza inferior cometió un error de apreciación al determinar el carácter ganancial del inmueble, determinando que el 25% del mismo era propiedad de Yolanda Mari Suárez Aguirre, con relación a los bienes muebles incluidos en la donación sostiene que, atendiendo a la dificultad de determinar cuales eran propios y cuales gananciales y en qué porcentaje, correspondía aplicar la previsión del artículo 2412 del Código Civil, teniendo a los mismos como gananciales en similar proporción al inmueble en el que se hallaban depositados, una conclusión que -afirma la impugnante- importó apartarse de la pericia de las obras pictóricas del Museo y el inventario presentado por la Municipalidad de Santa Fe, en donde se individualiza cada obra con su año de realización, surgiendo de allí que el 77% de las obras fueron realizadas después de haber contraído Fernández Juaneda sus segundas nupcias, por lo que el criterio de estimar como ganancial tan sólo el 25%, es contrario a los antecedentes y constancias comprobadas de la causa -pues engloba dentro de la legítima de los reclamantes parte de los bienes de propiedad de la codonante Yolanda Mari Suarez Aguirre, por aplicación de un principio doctrinario y prescindiendo de las pruebas rendidas-, apartándose además de la norma aplicable al caso, que es el artículo 1271 del citado Código, que proporcionaba la solución respecto de los demás bienes muebles (esculturas y material bibliográfico) ante la dificultad de determinar cuáles eran propios y cuáles gananciales.

Adujo que en cuanto a la integración de la masa para computar la legítima, la Sala se apartó de lo que fue materia propia de la litis al considerar que debía deducirse la porción disponible por Fernández Juaneda pues éste -precisamente- ya había dispuesto de ella para mejorar la porción de su cónyuge, toda vez que (se agravió la Municipalidad) dicha cuestión debió ser planteada por los herederos en tiempo oportuno a través de la acción de colación, no pudiendo ser suplida la omisión por los sentenciantes. Expresó asimismo que el decisorio pretende compensar la liberalidad (sic) efectuada por el causante a su esposa con la legítima que le corresponde recibir, apartándose de los artículos 3570 y 3576 del Código Civil.

Aseveró que la Sala también prescindió de los artículos 3604 y 3596 del Código, insistiendo en que la liberalidad formalizada por Fernández Juaneda en favor de su cónyuge de segundas nupcias se enmarca dentro de la facultad del causante de realizar con la porción disponible (1/5) su voluntad, aún para favorecer a uno de los herederos, y que por ello era sobre el resto que correspondía realizar los cálculos de la acción de reducción, pero teniendo en cuenta que en la masa hereditaria concurren cónyuge y dos hijos, por lo que dicha porción debe ser subdividida a su vez en tres partes, no pudiendo soslayarse que la acción de reducción deja subsistente la mejora hecha a uno de los herederos en tanto no exceda de la porción disponible.

Destacó que, en cuanto al pretendido pacto sobre herencia futura, los actores asintieron libremente a que el extinto Fernández Juaneda donara los bienes muebles e inmuebles a favor de la Municipalidad de Santa Fe, y que nada impide que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 19 del Código Civil, la acción de reducción pueda renunciarse, no pudiendo equipararse dicho asentimiento al pacto sobre herencia futura, "puesto que si los mismos se desinteresaron de manera expresa de los bienes al otorgar dicho acto, era porque sus legítimas se encontraban cubiertas".

Expresó que la sentencia efectúa afirmaciones dogmáticas cuando estima en un 15% el carácter oneroso de la donación efectuada en provecho de su parte, omitiendo ponderar adecuadamente y en su real magnitud la composición de los cargos que contenía la escritura de donación. Dijo que con el mismo criterio podría haberse concluido en un 40% ó 50%, ya que no se han dado las pautas para poder apreciar con estrictez el razonamiento tenido en cuenta para arribar a ese resultado. Observó al respecto que lo apropiado habría sido la designación de árbitros o la implementación de un proceso sumarísimo donde se pudieran conocer con total precisión el alcance y composición exacta de los cargos, sobre todo cuando se encuentra comprometido el erario público municipal.

Finalmente, se agravió de la imposición de costas efectuada por la Sala, sosteniendo que la misma se aparta del artículo 252 del código de rito, pues "conforme se desprende de las constancias de la causa esa Sala resolvió en modo diferente a lo peticionado por la actora, incluso hizo lugar en gran parte a los agravios sustentados por la accionada", y que "si bien la acción de reducción prosperó en un 25 % arbitrariamente se impone las costas en un 45 %, lo que afecta el derecho de propiedad de nuestra mandante" (fs. 634/649 v.).

Evacuado que fuera el traslado respectivo (fs. 652/659), la Alzada denegó la concesión del recurso por auto de fs. 663/665 v., accediendo la impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja, como se expresara al tratar la primera cuestión.

3. El detenido estudio del caso me convence de que el remedio interpuesto debe merecer favorable acogida por esta Corte, pues si bien es cierto que los agravios esgrimidos remiten al examen de cuestiones de hecho y de derecho común, como así también de derecho procesal (costas), que por su naturaleza resultan ajenos en principio al recurso reglado por la ley 7.055, lo cierto es que corresponde hacer excepción a dicha regla cuando, como se verifica en el sub judice, los sentenciantes le han conferido al litigio un tratamiento que, en ciertos aspectos, excede los límites de lo meramente opinable o posible, o incluso del mero error (ajeno también al recurso de inconstitucionalidad), consagrando en definitiva una solución que se aparta de expresas constancias del expediente y prescinde de normas directamente aplicables, por lo que la misma en definitiva no puede ser considerada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos, 238:550; 249:275; 302:867; etc.).

Dicha conclusión -conviene adelantarlo- no ha de resultar conmovida por la comprobación de que algunos de los planteos de la recurrente carecen de "sustancia constitucional", tal como se verifica con respecto a: i- la argumentación dirigida contra la tesis de que en el caso existió un prohibido pactum de herencia futura (sobre lo que hay que decir que la Alzada fundó dicha respuesta en argumentos suficientes, ajenos a todo reproche de arbitrariedad, permaneciendo la tacha de la Municipalidad en el plano de la mera discrepancia con la hermenéutica conferida a concretos preceptos del Código Civil aplicados por el a quo); ii- a la estimación del carácter oneroso de la donación en el 15 % de los valores comprometidos (con relación a lo cual la demandada no ha acreditado suficientemente la imprudencia o irrazonabilidad de dicha ponderación, limitándose en su lugar a genéricas alegaciones y a sostener lo que a su criterio "habría sido lo apropiado" -o sea, "la designación de árbitros o la implementación de un proceso sumarísimo", fs. 647 v.-, no superando así, una vez más, el umbral de la mera disconformidad), y iii- a la pretendida violación a las reglas de la congruencia al suplirse la colación no planteada por los interesados en cuanto a la mejora dispuesta por el causante mediante escritura de fecha 8 de enero de 1988 a favor de su cónyuge en segundas nupcias, pues la Municipalidad omite aquí demostrar que la Sala incurriese en el punto en un exceso de las facultades inherentes a su función de decir el derecho, expresadas en el adagio iura novit curia (cuyo ejercicio no suscita cuestión constitucional, Fallos, 283:137; 288:292; 300:1074; 312:195), atendiendo en particular a la naturaleza de la mejora (por la cual el difunto dispone libremente de su "quotité disponible": vide Demolombe, Charles, "Cours de Code Napoleon", t. XIX -"Traité des donations entre-vies et des testaments", t. 2-, 12e. ed., Durand & Hachette, Paris, 1864, pág. 446), que no puede asimilarse al acto de liberalidad que constituye el objeto exclusivo de la acción de colación (vide artículo 3476 del Código Civil; Pérez Lasala, José Luis, "Derecho de Sucesiones", Depalma, Bs. As., 1978, t.

I, pág. 712), por lo que en definitiva el agravio remite a una cuestión de interpretación de normas de derecho común que ha sido resuelta con argumentos suficientes por el Tribunal ordinario, resultando con ello ajena a la vía intentada (Fallos, 317:2037, 320:1512, entre muchos otros).

Efectuadas las salvedades que anteceden, entiendo que sí asiste razón a la impugnante cuando tacha de arbitraria la estimación que efectuara la Sala con relación al carácter ganancial de las pinturas del artista fallecido, que fijara en el 25 % por aplicación del artículo 2412 del Código Civil "atendiendo a la dificultad (por no decir imposibilidad) de determinar dentro de los bienes muebles incluidos en la donación cuáles eran propios y cuáles gananciales" -fs. 627 v.-, omitiendo con ello conferirle un tratamiento adecuado al concreto agravio de la apelante referido a que "la mayoría de las obras eran gananciales y no exclusivas del causante" por haber sido incorporados al patrimonio del causante durante la subsistencia de la sociedad conyugal con su segunda cónyuge (fs. 602), ya que no se hace debidamente cargo de las derivaciones de la pericia de fs. 173/174 -en cuanto a la fecha de las obras inventariadas- ni tampoco de la virtualidad que cabría reconocer a la presunción de ganancialidad del artículo 1271 del citado Código, cuya operatividad a la luz de la norma del artículo 2412 -sí considerado explícitamente por los sentenciantes- no cabía descartar sin más con respecto a dichas obras, y a los demás bienes muebles relictos (si bien ello constituye un punto a ser dilucidado por los jueces ordinarios, sin que lo que aquí decidido importe adelantar opinión sobre la respuesta final que el mismo merece).

También asiste razón a la recurrente cuando se agravia de que al estimar el "valor atacable" de la donación el a quo no consideró "la legítima de la esposa sobre los bienes propios del causante", toda vez que no se advierte -precisamente- que la suma final de $ 196.602 (equivalente al 45,65 % en que procedería la acción de reducción) haya sido calculada reconociéndose el derecho derivado del artículo 3570 del Código Civil, que impone reconocerle al cónyuge supérstite "la misma parte que cada uno de los hijos", con lo que los sentenciantes han incurrido así en una típica causal de arbitrariedad, como lo es la prescindencia del texto legal sin dar razón plausible (vide R. A. y S., T. 153, pág. 308; T. 148, pág. 240, etc.).

Las razones expuestas determinan, en consecuencia, que deba hacerse lugar al recurso interpuesto, a fin de que la causa sea nuevamente juzgada subsanándose los vicios que exhibe el pronunciamiento atacado, conclusión que -cabe destacarlo- ha de importar igualmente la necesaria rectificación de lo decidido por el Tribunal a quo en materia de costas, las que deberán imponerse con estricto apego a la pauta del artículo 252 del código de rito.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión ?en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar??, el señor Ministro decano doctor Vigo dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas (artículo 12, ley 7.055). Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda a fin que dicte nuevo pronunciamiento.

Así voto.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Gastaldi dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, con costas. Disponer la remisión de la causa al Tribunal que corresponda, a fin de que dicte nuevo pronunciamiento.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)