Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-03-21


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil trece, se reunió en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia, Presidido por Fernando S. L. Royer; integrado con los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, Daniel Alejandro Rebagliati Russell, Jorge Pfleger, Daniel Luis Caneo y José Luis Pasutti, para dictar sentencia en la causa caratulada "Cría Secc. Quinta s/ inv. Homicidio r/v P., V. D. y otros s/ consulta" (Expte.22.786-120-2012-Letra C).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 177: Pfleger, Rebagliati Russell, Panizzi, Pasutti, Caneo y Royer.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I.- Prólogo a.- La sentencia de la Cámara en lo Penal que confirmó la sentencia del Tribunal en lo Penal de Comodoro Rivadavia y por consecuencia dejó firme la sanción de diecisiete años (17) aplicada a L. D. C., ha movilizado la aplicación del instituto de la Consulta, que en este caso no está apareado a recurso alguno (artículo 179, punto 2. de la Constitución de la Provincia del Chubut, artículo 377 del Código Procesal Penal).

Esa pena fue consecuencia de haberse encontrado al causante autor penalmente responsable del delito de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego, -tres hechos- en concurso real (arts. 79, 41 bis, 55 y 45 del C.P.) en relación con el suceso acaecido el 31 de Octubre de 2012 a las 02:30 horas, en inmediaciones de de calle M. L. N° **** del Barrio I. Q. de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Las respectivas sentencias están agregadas entre las hojas 72 a 98 (la 08 del año 2012, emitida por el Tribunal Penal) y 146 a 165 (la 17/358/2012, dada por la Cámara en lo Penal).

La objeción que la defensa particular había articulado fue desestimada por la Cámara Penal, cuya decisión fue aceptada, pues no obra en folios constancia de haberse deducido impugnaciones.

Se trata entonces, como se vio, de un caso de pura consulta, a tratar por el pleno de este Superior Tribunal de Justicia.

II. Breve digresión preliminar. Los alcances de la Consulta.

Huelga explicar, como he dicho en otras ocasiones aunque recurra, que la Consulta, que no es un recurso, funciona como una garantía adicional en beneficio del imputado ya que, aun cuando se tornase estéril la vía impugnativa, hayan cobijo sus derechos a que la sentencia de condena sea revisada cuando se establezca en más de diez años de prisión o reclusión.

Opera de consuno o con prescindencia de los primeros e implica el examen total de las decisiones sucedidas en otras instancias en cualquiera de sus tópicas, sin límites, especialmente cuando se plantea en lo que hemos llamado "situación de exclusividad", con el solo brete de la reforma en perjuicio.

III. El caso.

a. La sentencia de los Jueces Penales y de la Cámara Penal. Materialidad y autoría 1. Aspectos que atienden a la materialidad y autoría.

Cercado como estuvo el debate por la proposición fiscal sobre lo fáctico, considero que la existencia del hecho, en su objetiva materialidad, y la autoría en cabeza del imputado, ha sido establecida con certeza.

Como se aprecia de la lectura de las sentencias, quedó en claro que ". el 31 de Octubre de 2010, siendo las 02:30 horas, los h. P. P., D. V. P. y el sobrino de ellos, G. P., se hicieron presentes en adyacencias de la calle M. L. a la altura del ****, del Barrio I. Q., en busca de otro integrante de la familia, C. P. quien había sido amenazado poco antes. Allí se encontraron con el imputado L. D. C. acompañado de C. B., apodado "O.", autores del amedrentamiento previo contra C. P. Al verlos, B. corrió e ingresó en el domicilio de C. de calle M. L. ****. Hasta allí llegó G. P. reclamando de viva voz que saliera al exterior. En esas circunstancias salió A. C., madre de C. gritándole a la vez a G. P. para que se retire del lugar. Ante este cuadro, D. C. que se había quedado en la esquina, se acercó y, con la utilización de un arma de fuego efectuó sendos disparos contra las personas de P., D. y G. P. provocando su deceso en forma casi inmediata." (del texto del primer voto de la sentencia de primera instancia en la hoja 72 y su reverso, coincidente con la aserción del segundo sufragante, hoja 76, y del tercer votante, extensa descripción de la hoja 87).

Ese fue el caso presentado que la instancia acogió y que fue discutido en parte por la defensa a la hora de recurrir infructuosamente ante la Cámara en lo Penal.

Veremos, siguiendo el método tradicional de solución de casos penales si los comportamientos jurisdiccionales han sido adecuados.

2.- El hecho en su objetiva materialidad.

Nada de lo que se lee permite aseverar, con potencia suficiente como para revertir las decisiones tomadas, que la fijación de esta porción de la realidad aceptada como verdad, sea diferente.

Nadie ha discutido el hecho de la muerte de las víctimas y su circunstancia de tiempo y espacio. Tampoco ciertos aspectos concernientes al modo, como bien se ha dicho en ambas instancias.

La Cámara en lo Penal, con facultades amplias de revisión, homologó la declaración formulada en la primera instancia en lo que a la tópica atañe, tópica que esos Jueces habían trabajado prolijamente.

Es que sin dudas que el 31 de Octubre de 2010 a las 02:30 horas, aproximadamente, P. A., G. A. y V. D. P. hallaron la muerte como consecuencia de las heridas padecidas por vía de un arma de fuego, un revólver calibre 38, empuñado por un tercero que los mató en la calle M. L. entre G. y V. de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La causa de los decesos, como está consignado en la decisión de primera instancia, fue la lesión de órganos vitales que ocasionaron, en cada uno, intensa hemorragia interna. P. presentó en su cuerpo una herida con proyectil deflagrado a la altura del hemitorax derecho a la altura del tercer espacio intercostal, G. padeció, una herida de bala que penetró en la cara interior izquierda del cuello y una herida en el antebrazo izquierdo y V. H. P. fue ultimado por la espalda, al verificarse la entrada de una bala en región dorsal de aquella zona de su anatomía (el voto del doctor Nicosia es muy detallista al respecto).

Para recrear ideológicamente esa realidad, que el control bendijo procesalmente, los Jueces Penales echaron mano del testimonio de los policías que actuaron de partida, G. D. H., R. E. O. y el criminalista C. A., del testimonio de la médica forense Eliana Bévolo y del informe médico policial de A. F., como también de los croquis y demás documentos elaborados al comienzo de la pesquisa, que se incorporaron debidamente al juicio.

No resulta objetable desde ningún ángulo esta declaración que, por el contrario, fluye diáfana de la lectura de ambos pronunciamientos y ha podido configurarse bajo los mismos términos en este trabajo.

3.-	La autoría y circunstancias particulares del hecho puestas en discusión.

Ha sido bien definido, en ambas latitudes de examen, el problema de la autoría.

C. fue declarado, con toda certeza, autor material del hecho que le fuera enrostrado por el Ministerio Público Fiscal.

Sin dudas la Cámara en lo Penal contó con la declaración del imputado que facilitó, pese a su contenido, la certificación del acierto de los Jueces de la instancia.

Creo que huelgan los comentarios al respecto, por el rigor con el que el tema de que se trata fue considerado en la sentencia de primera instancia.

La lectura de cómo los Jueces razonaron al instante de justipreciar a los testigos R. A. G. y H. R. que, de manera uniforme, fueron reivindicados como los más fiables vehículos de verdad procesal, es - a no dudar- inobjetable.

Claro, y lo reitero, que la Cámara del doble conforme al escuchar al atribuido, aún con los bemoles de su manifestación, que ya veremos, pudo cerrar más allá de cualquier cuestionamiento este aspecto de lo fáctico.

Porque en materia de hecho, de allí el título impuesto a este ítem, sucedió una discusión que planteó la defensa ante las instancias ocurridas respecto del modo en que los acontecimientos sucedieron. Posición que le sirvió de base para proponer la existencia de causas justificantes: la legítima defensa, el exceso en la legítima defensa y la defensa putativa.

Con todo acierto presentó el dilema el doctor Nicosia, segundo Juez Penal a la hora de votar, cuando refirió a qué: ". la defensa técnica encabezada por el señor Defensor de Confianza doctor G. I. optó por consentir la casi totalidad de las proposiciones fácticas que integraban el requerimiento del acusador, introduciendo sólo determinadas diferencias en la interpretación de los eventos que, claro está, concierta lógicamente con la estrategia de su defensa en cuanto a la sujeción de la conducta enjuiciada a una norma de permisión excluyente del injusto.".

Es que el planteo consistió en que el trío P. había violentado la casa y procurado extraer compulsivamente a B. poniendo en riesgo a la integridad física y moral de la madre y hermana del imputado, lo que había precipitado la acción de éste, hombre de impulsos según la calificación de la psicóloga forense.

En ese sentido, los Jueces de la Cámara Penal, con el elemento añadido de la deposición verbal de C., repelieron el intento al desconocer la potencia de la defensa frente a los ya mentados testigos G. y R., cuyo precio mantuvieron.

Ya los Jueces Penales, con igual tino, habían desechado las expresiones de la madre del atribuido - A. C.- quien testimonió en el juicio, y expuso un relato coincidente con lo que ulteriormente expuso su hijo.

Lo habían fijado así echando mano de iguales testigos y de otros que, a la lectura, son elocuentes de las circunstancias anteriores y posteriores del suceso nuclear: C. y H. P. y R. A. G., cuyas manifestaciones fueron recreadas con prolijidad por el doctor Soñis.

Pero acudieron a la prueba científica pues verificaron, perito A. de por medio, que los crímenes sucedieron en la calle y que los occisos recibieron los disparos a corta distancia.

Estos escenarios fueron validados por la Cámara Penal con argumentos irrefragables, pues no es perceptible ningún síntoma de arbitrariedad en la evaluación formulada sobre los medios que analizaron.

IV. La dimensión jurídica de la conducta.

Así planteado el marco fáctico, la Cámara Penal (como lo habían decidido sus colegas de primera instancia) repelieron las causales de justificación argüidas.

El sintético pero agudo voto del doctor Montenovo trató con sumo rigor científico las tres factibilidades elaborando un discurso convincente. El Juez Pinto, con la escrupulosidad que le es característica basó cada uno de sus asertos en acertada opinión doctrinaria y el Juez Pitcovsky, claro y directo, coincidió con sus colegas en refutar la argumentación del que recurrió.

De mi parte añado, para justificar la adhesión a las posturas de los Jueces de ambas instancias (aclaro que los Jueces Penales formularon un análisis inobjetable), acudo a lo que he dejado asentado en numerosos precedentes respecto de la legítima defensa.

Sirve en esta ocasión volver sobre la consideración que la legítima defensa es esencialmente una permisión limitada, pues el Estado posee el ejercicio monopólico de la fuerza y sólo la delega en los particulares en las estrictas condiciones establecidas en la ley.

No en vano los teóricos giran sus definiciones en torno a que ésta es: "... la reacción necesaria contra una agresión injusta, actual y no provocada..." (Soler) o "... la acción típica realizada por el autor con el fin de rechazar la agresión ilegítima contra sí o contra un tercero, cuando aquélla es el medio racionalmente adecuado para evitar la destrucción o menoscabo de los bienes jurídicos a los que ésta amenaza..." (Creus) o "... la legítima defensa es repulsa de la agresión ilegítima, actual o inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados para impedirla o repelerla..." (Jiménez de Azúa)- ver la compilación en "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial" (David Baigún -Eugenio Zaffaroni- Dirección) Ed. Hammurabi T 1 pág. 714/ 715.

Luego, el instituto del art. 35 del C. Penal, presupone la existencia de los mismos presupuestos que demanda el permiso pues, a mi juicio, para ocurrir exceso la acción debió comenzar justificadamente y concluir antijurídicamente. Esto, por lo que se acaba de referir en el punto III. 3, no ha sucedido en el caso que se examina.

La razón por la que se desechó la legítima defensa putativa, al desconocerse C. creyera sinceramente en que su madre y hermana corrieran peligro no merece otra expresión que la estima de plausible a las opiniones dadas por la Cámara Penal. Nada puede agregarse.

V. La pena	No deseo añadir demasiado en relación con la pena.

Por un lado el principio de reforma en desmedro veda todo comentario sobre la posibilidad de considerar justa una pena mayor.

Pero, por el otro, los Jueces han dado razones a su argumentación en lo que a esa cuantía atañe y, sin dudas, no encuentro objeciones que contribuyan a la disminución, visto el fenómeno desde la perspectiva de los artículos 40 y 41 del C.P.

VI. Conclusión Así las cosas propicio la confirmación total de la sentencia venida en Consulta y su devolución a la instancia para la ejecución de la pena.

Así me expido y voto.

El juez Daniel A. Rebagliati Russell dijo:

I) En su voto, el Ministro que me precede ha poco menos que agotado, con sus sólidas consideraciones, el tratamiento del hecho, prueba y autoría.

II) En cuanto a la solución del caso, habré de coincidir con la propuesta del juez Pfleger.

La materialidad del hecho quedó debidamente acreditada en autos, como así también la autoría endilgada a L. D. C.

El tribunal de mérito analizó el profuso material probatorio aportado por el Ministerio Público Fiscal, que en forma prolija y contundente logró confirmar la hipótesis desplegada en el juicio.

Luego, la Cámara en lo Penal, en su tarea de Tribunal Revisor, avaló en todos sus términos la tarea desplegada en la anterior instancia.

Así y, en primer término, evaluaron que se había analizado la materialidad del hecho, y que utilizaron para ello los testimonios del personal policial que se constituyó en el lugar del hecho, los certificados de defunción de P., V. D. y R. E. O., la declaración de la médica forense que practicó las autopsias, la pericia policial que determino la posición en la que se encontraban las víctimas y la posible distancia con el autor del hecho.

Continuaron con el análisis de la autoría. Evaluaron la importancia que implicó contar con los testimonios de R. A. G. y H. R., ya que ambos presenciaron el episodio. Consideraron que sus declaraciones habían sido coincidentes cuando indicaron a C. como el autor de los disparos.

Luego, se dedicaron a analizar uno de los temas fundamentales planteados por la defensa en la impugnación ordinaria: la existencia de una causa de justificación. Cada uno de los jueces examinó este planteo y respondió con fundamento porqué no se daban los extremos previstos en los artículos 34, incs. 6° o 7° y 35 del Código Penal.

De esta manera concuerdo plenamente con la apreciación de la Cámara, como así también con la valoración efectuada por el doctor Pfleger en este sentido, a la cual me remito en honor a la brevedad.

III) En cuanto a la calificación legal, habré de coincidir con la escogida por el a-quo.

Las circunstancias descriptas en el fallo encuadran perfectamente en el tipo seleccionado.

El autor se hizo de un arma de fuego, y ubicado frente a las tres víctimas, comenzó a disparar, provocando la muerte de V. D. P., P. A. P. y G. A. P.

Así, de los propios actos ejecutados surge el dolo directo del autor.

Es por ello que juzgo que la apreciación del Tribunal de Mérito y luego de la Cámara es la correcta.

También estoy de acuerdo con la aplicación de la agravante genérica del artículo 41 bis del Código Penal.

Más allá de los argumentos utilizados para confirmar la calificación efectuada, me remito a la doctrina sentada respecto a este tema en autos "P., O. y otro s/ robo agravado seguido de muerte" (expediente 21.125-P-2007), en donde sostuve: ´. la Ley 25.297 incorporó al art. 41 bis del Código Penal una circunstancia de agravación de los tipos penales cuando aquellos se ejecutan con violencia o intimidación contra las personas, mediante empleo de un arma de fuego. De esta manera transfiere lo que antes era valorado como un elemento que permitía aumentar la cuantificación de la pena, por la naturaleza del medio empleado, al nivel de la tipicidad que incorpora aquella circunstancia como elemento objetivo, como una calificante genérica respecto de todos los tipos penales que pueden cometerse con las referidas modalidades.´ IV) Por último, si bien me merece reparo el cuantum de la pena impuesta, por la garantía de la prohibición de la reformatio in pejus, me veo impedido de agravar la situación del imputado.

Por lo demás, no advierto arbitrariedad alguna en la selección e individualización de la sanción escogida contra el imputado.

V) Por todo ello entiendo que los pronunciamientos dictados por el a-quo, obrantes a fs. 72/98 vta. y 146/65 vta., son dos decisiones motivadas, correctamente razonadas, que ha establecido con certeza la existencia del hecho y la participación de C., en el primer caso, y cumplido correctamente la garantía del doble conforme, en el segundo caso, debiéndose confirmar las mismas en todos sus términos.

Así voto.- El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. Como anotó el Ministro Pfleger, la Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia elevó en consulta estas actuaciones, según mandan los artículos 179, punto dos de la Constitución Provincial, y 377 del Código Procesal Penal (hoja N° 168).

II. Aquel órgano jurisdiccional, al rechazar la impugnación extraordinaria defensiva, confirmó por completo la sentencia de condena a diecisiete años de encierro aplicada a L. D. C. por el Tribunal Colegiado de esa ciudad, mediante sentencia Nº 08/2012, dictada el día 20 de marzo de 2012.

III. De continuo, efectuaré un repaso de todos los extremos analizados, sin repetir el hecho insimulado, que ya fue transcripto en el primer voto.

La materialidad del evento se comprobó con los testimonios de los funcionarios policiales G. D. H. y R. E. O., quienes acudieron inmediatamente al lugar teatro de los hechos; con los certificados de defunción de los tres hermanos P.; con la declaración de la médica forense Bévolo que practicó las autopsias sobre los cuerpos de los interfectos y dio cuenta de la muerte violenta de todos ellos; con el testimonio del perito policial C. A., quien estableció el recorrido de las víctimas luego de que recibieran los impactos y la posible distancia entre ellas y el tirador; y, con las fotografías tomadas en el sitio donde ocurrió el trágico episodio.

IV. Al tiempo de examinar la autoría de C. los jueces de mérito, primero, y luego los de la Cámara en lo Penal, se valieron principalmente de los testimonios brindados por R. A. G. y H. R., testigos presenciales del altercado. Ambos deponentes coincidieron en que C. extrajo el arma y efectuó disparos contra la humanidad de las víctimas. Declararon, además, que los hermanos P. no portaban armas, no agredieron a la madre del imputado ni ingresaron a su domicilio.

V. Estimo, igual que mis colegas, que la cuestión de la presunta causal de justificación o su exceso, introducida por la defensa a lo largo del debate -al tiempo de formular la impugnación ordinaria- ha sido correctamente abordada por los magistrados de las dos instancias.

Es que la versión de la madre del imputado relativa a un supuesto ataque por parte de los hermanos P., se desvirtuó con los deposiciones de los testigos directos del hecho, quienes manifestaron que las víctimas no tuvieron una actitud ofensiva en desmedro de la señora A. C. ni ingresaron a su morada.

Por otro lado, la experticia efectuada por el perito A. permitió comprobar que la refriega tuvo lugar en la vía pública y las detonaciones se efectuaron a corta distancia.

De esta manera, al no haberse verificado la hipotética agresión ilegítima, teniendo en cuenta la irracionalidad del medio empleado para repelerla, no existe ninguna causal de justificación.

VI. En punto a la significación legal del caso, también habré de concordar con la apreciación jurídica que hizo el Tribunal de mérito y confirmó la Cámara en lo Penal.

La prueba rendida en el debate y, adecuadamente valorada por los jueces, permite colegir que C. desplegó una acción voluntaria con un medio eficaz para matar.

El atribuido previó como posible el resultado muerte, ya que el uso repetido de un arma de grueso calibre, dirigido desde una escasa distancia hacia sus víctimas, quienes no portaban ningún elemento para resistir ese accionar, demostró a las claras que C. se representó como consecuencia necesaria de su conducta la muerte de aquéllas.

La agravante genérica del artículo 41 bis del Código Penal ha sido correctamente aplicada (ver sentencia de esta misma Sala, en autos caratulados "D., D. A. s/ homicidio simple"; Expediente N° 20.083 - Letra "D" - Año 2005; N° 64/06 del 21/11/06).

VII. En lo que respecta al monto de pena seleccionada por el a quo, tengo los mismos miramientos que mis colegas que sufragaron con anterioridad. Pero, por aplicación de la garantía de la reformatio in peius, no puedo empeorar la situación del inculpado.

VIII. En mérito de lo expuesto, corresponde confirmar los fallos emitidos por el Tribunal Colegiado y por la Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia, pues ambos pronunciamientos constituyen decisiones jurisdiccionales fundadas, que aplican correctamente la ley sustantiva y justifican la gravedad de la pena impuesta.

Así voto.

El Juez José Luis Pasutti dijo:

I. Ha llegado en consulta, por imperio de los artículos 179 de la Constitución Provincial y 377 del Código Procesal Penal, la sentencia Nº 08/2012 dictada por el Tribunal Colegiado de Comodoro Rivadavia.

En ella se condenó a L. D. C. como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego, -tres hechos- en concurso real (arts. 79, 41 bis, 55 y 45 del C.P.) por el suceso que tuvo lugar el 31 de Octubre de 2012 a las 02:30 horas, en inmediaciones de de calle M. L. N° **** del Barrio I. Q. de la ciudad de Comodoro Rivadavia. II. En la causa, advierto un acierto en las conclusiones de las sentencias examinadas.

El Ministerio Fiscal llevó a cabo una investigación que se vio coronada con la aceptación de su alegato y la condena de los acusados en los términos propuestos por el acusador público, con una reducción de un año en la pena solicitada.

Impugnada aquella, la Cámara de Apelaciones confirmó la tarea realizada por el Tribunal originario.

En el control, para la determinación de la materialidad del hecho, tuvieron en cuenta los aportes realizados por la autoridad policial interviniente en momentos concomitantes posteriores al evento, cuando se constituyeron en el teatro de los hechos, el certificado de Defunción de los tres occisos y la declaración de la Médica Forense que realizó las autopsias.

Asimismo, las tomas fotográficas del lugar en cuestión y el testimonio del Perito Policial C. A., encargado de establecer el recorrido de las víctimas después del ataque y el marco espacial en donde ocurrió aquel.

La autoría del incuso fue acreditada con las versiones de los testigos directos R. A. G. y H. R., quienes fueron contestes en afirmar que vieron cuando C. extrajo el arma y efectuó los disparos contra las víctimas.

Quedó acreditado con el testimonio de R. G., amigo del imputado que vive enfrente de su vivienda y vio el tramo decisivo del hecho, que las víctimas no estaban desarrollando ninguna conducta asimilable a una agresión ilegítima hacia el imputado o terceros.

Un relato similar sobre lo acontecido brindó, H. R., quien se hallaba con los P.

Luego, la cuestión planteada por la Defensa Técnica, referida a la existencia de una causa de justificación, prevista en el artículo 34, incisos 6 o 7 y 35 del Código Penal, fue desechada en forma fundada.

III. Con relación al encuadramiento legal y la aplicación de la agravante genérica del artículo 41 bis del Código Sustantivo estimo que la labor de ambos tribunales ha sido correcta.

IV. A la cuantificación de la pena impuesta, no encuentro objeción que realizar.

V. Por lo expuesto, coincidiendo con los colegas preopinantes, estimo que corresponde confirmar las sentencias examinadas.

Así voto.

El Juez Daniel Luis Caneo dijo:

I) Comparto plenamente los sufragios de los Ministros Preopinantes. La sentencia dictada por Tribunal de Mérito es una decisión jurisdiccional fundada que aplica correctamente la ley sustantiva.

Todos los aspectos relacionados con el delito han sido debidamente acreditados con la prueba rendida en el debate, la cual fue detallada y analizada por los jueces.

Así, valoraron los testimonios del personal policial que se constituyó en el lugar del hecho, los certificados de defunción, las autopsias practicadas y el informe de la pericia balística.

Este cuadro que hace a la materialidad se completó con la declaración de los testigos G., R., O. y G., que determinaron la decisión de excluir la legítima defensa sostenida por el defensor, y el exceso en la misma.

Luego, la Cámara en lo Penal examinó el plexo probatorio detallado en la sentencia, garantizando el doble conforme al responder los agravios esgrimidos.

II) El encuadramiento jurídico escogido es correcto.

La acción desplegada por L. D. C. objetivamente resulta apta para provocar la muerte, lo que finalmente ocurrió de manera reiterada, tres hechos.

También coincido con la aplicación de la agravante genérica por el uso de arma de fuego, conforme la doctrina sentada por la Sala en lo Penal.

III) Por último, en cuanto a la pena, los jueces dieron razones para aplicar el monto, utilizando las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal.

IV) Estimo, en fin, que el fallo venido en Consulta debe ser confirmado, ajustándose a derecho el pronunciamiento dictado por el Tribunal de Juicio.

Así voto.

El Juez Fernando S. L. Royer dijo:

I. El Tribunal Colegiado de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que impuso la pena de diecisiete años de prisión a L. D. C., dictó una sentencia con fundamentos.

Determinó con motivación suficiente y ajustándose a la ley, la existencia del delito, la responsabilidad del imputado, la calificación legal y la sanción aplicada.

II. Para acreditar la materialidad del evento atribuido y demostrar la autoría del encartado, los jueces enlazaron correctamente las evidencias colectadas.

Así, valoraron las declaraciones de los efectivos policiales que acudieron al lugar teatro de los hechos, las pruebas colectadas por el personal policial en esa oportunidad, los informes de autopsia respecto de los cuerpos de los interfectos y la pericia balística.

También valoraron los dichos de los testigos G. y R., quienes presenciaron la escaramuza y observaron cuando el imputado extrajo el arma y ultimó a las víctimas.

III. A su turno, los sentenciantes trataron la cuestión de la legítima defensa o su exceso, traída por el imputado y su abogado, y descartaron su procedencia fundadamente.

IV. El encuadre jurídico dado por los sentenciadores a la conducta desplegada por C., es el correcto.

La muerte de los P. se produjo como consecuencia de los disparos mortales efectuados por el atribuido, quien los realizó con pleno conocimiento y voluntad.

Es acertada la aplicación de la agravante genérica del artículo 41 bis del Código Penal por la utilización de un arma de fuego.

V. La pena impuesta ha sido adecuadamente seleccionada por los jueces quienes aplicaron debidamente las pautas mensurativas.

VI. En mérito de lo expuesto, voto por confirmar en todos sus términos las sentencias del Tribunal Colegiado de Comodoro Rivadavia y de la Cámara en lo Penal de aquella misma ciudad.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

--------------- S E N T E N C I A ---------------	1°) Confirmar la sentencia protocolizada con el n° 17/2012 de la Cámara en lo Penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

2°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo. Jorge Pfleger-Daniel A. Rebagliati Russell-Alejandro Javier Panizzi-José Luis Pasutti-Fernando S.L.Royer-Daniel Luis Caneo-Ante mí: José A. Ferreyra secretario-Registrada bajo el n° 6 del año 2012.