marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aduanas, tribunal fiscal, derechos de importación, tributos
Materia: ADUANERO-TRIBUTARIO
Carátula: Consultores Marítimos SRL c/ DGA  s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-21

Se admite los agravios ofrecidos por la firma actora y se revoca el pronunciamiento del Tribunal Fiscal que había confirmado parcialmente una resolución de la aduana que formuló un cargo al agente de transporte aduanero a raíz de una diferencia tributaria por "faltante a la descarga" en los términos del artículo 142, inciso 2), del Código Aduanero. La sala considera que "la aduana no puede formular una nueva exigencia tributaria al transportista de la mercadería si el importador, al documentar la operación, pagó los tributos correspondiente a la totalidad de la mercadería declarada, incluido el faltante". Sostuvo que al no producirse un perjuicio al bien jurídico tutelado, de mantenerse la formulación del cargo se consagraría un enriquecimiento sin causa en favor del Estado.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, sentencia absolutoria, apreciación de la prueba, defectos en la consideración de extremos conducentes, cuerpo del delito
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Piñero Pacheco, Raúl Erasto y otros s/ administración fraudulenta (causa 2108).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Es arbitraria la sentencia absolutoria que valoró la prueba en forma fragmentada y aislada, incurriendo en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos conducentes para la decisión del litigio, en especial cuando por falta de adecuación al objeto constitutivo del cuerpo del delito prescindió de una visión de conjunto y de la necesaria correlación entre los peritajes, la prueba informativa y la testifical, y de todos ellos con otros elementos indiciarios.
Nulidad del contrato, sindicatos, competencia federal, competencia por la materia, competencia por la persona, cuestión de derecho común, interpretación de la ley, distinta vecindad
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Unión  Docentes  Argentinos c/ Unión  Docentes Provinciales de Corrientes, Aldo Mario Ferrini y Domingo Luis Solimano s/ acción de nulidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-03

Lo relativo a la nulidad de un contrato presuntamente celebrado entre dos entidades que cuentan con personería gremial de primer grado, con fundamento en varios artículos del Código Civil, por ser contrario a la ley 23.551 y al Estatuto de una de ellas, es de derecho común, ya que se trata de la interpretación y aplicación de las referidas disposiciones, lo cual reviste naturaleza civil y descarta la competencia federal ratione materiae. Sin embargo, teniendo la actora su domicilio en la Capital Federal y la demandada en la Provincia de Corrientes, el proceso corresponde a la justicia federal.
Obras sociales, competencia previsional
Materia: LABORAL
Carátula: OBRA SOCIAL DE PETROLEROS OSPE c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURO DE SALUD ANSSAL s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-30

Tratándose el sistema de salud, de un aspecto de la seguridad social, corresponde que en el pedido de homologación de un acuerdo referido a tal tema entre dos obras sociales, entienda el Fuero Federal de la Seguridad Social.
Contratos administrativos, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ascensores Servas S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-02-23

Las especiales previsiones contempladas en las normas del pliego de bases y condiciones, constituyen ley para las partes.
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: PROCESAL
Carátula: Junco, Carlos Antonio c/ Cavanna, Omar Daniel y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-31

Cuando la eficacia probatoria de la confesión ficta fuera sólo la de constituir una presunción "iuris tantum" en contra del absolvente si el resto de la prueba no resulta categóricamente favorable al que incurrió en ella, la duda debe resolverse en su contra.
Costas al vencido, verificación tardía
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional, AFIP-DGI c/ Roberto Miliffi y Cía. SA s/ incidente de verificación de crédito
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-06

Cabe imponer a la concursada vencida las costas del incidente de verificación tardía promovido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, pues el principio que surge de la norma falencial que dispone que sean soportadas por el acreedor intempestivo deviene inaplicable, teniendo en cuenta que la demora de la entidad recaudadora se debió a la oposición de la sindicatura, por lo que debió obtener el reconocimiento judicial de su derecho.
Conflicto de poderes, división de poderes, poderes del Estado, senadores nacionales, facultades del Poder Judicial, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Haquim,   Carlos  Guillermo c/ Jujuy,  Provincia  de  y Estado Nacional (Senado de la Nación) s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09

Si el Senado de la Nación actuó sin exceder el marco fijado por el art. 64 de la Constitución Nacional, sin que se observe algún tipo de arbitrariedad manifiesta, las objeciones que sobre esa decisión pudieran formularse, remiten al modo en que ha ejercitado el Senado sus facultades constitucionales privativas, ámbito pacíficamente excluido del control judicial (Voto del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Riesgos del trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, responsabilidad del Estado, poder de policía
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Galván, Renée c/ Electroquímica Argentina S.A. y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-30

Aun cuando se afirme que el Estado ha delegado en las aseguradoras de riesgos del trabajo el control de policía, tampoco puede derivarse de ello la responsabilidad, ya que el Estado no responde por los accidentes de este tipo; no hay en el derecho vigente una responsabilidad civil del Estado por todos los accidentes en los cuales se verifique una omisión de control abstracta, sin que se acredite el nexo causal, y, por otra parte, el Estado Nacional no puede delegar un poder de policía estatal que recae en las provincias (art. 126 de la Constitución Nacional) (Disidencia parcial del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Representación procesal, ratificación de actos procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pérez, Luis y otros c/ De Marco, Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-23

A falta de disposiciones expresas que lo prohíban, la ratificación por el interesado de los actos realizados en su nombre convalida igualmente las tramitaciones judiciales. (Minoría u opinión personal)
Leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dell Aglio, Vicenta c/ Alessio, José y otros s/ Simulación. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-16

La ley 24.432 contiene normas de derecho común y otras de carácter federal. Sólo a estas últimas les es aplicable la adhesión prevista en el artículo 16 de la ley. Por ello es que el artículo citado culmina señalando que la adhesión a que se invita es "... en lo que fuere pertinente". Es decir que la adhesión no comprende a lo legislado en materia de derecho común, como la reforma al artículo 505 del Código Civil, y sí en cambio podría caber la adhesión respecto de las reformas incorporadas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Legitimación procesal, querellante, simple damnificado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MONTENEGRO -Dr.- s/ excepción falta de acción Causa nro. 13.520
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

Este Tribunal participa del criterio amplio que ha sido definido y precisado jurisprudencialmente en cuanto a que el bien jurídico protegido no es una pauta definitoria a los fines de determinar la legitimación procesal activa, y que el afectado bien puede incorporarse al proceso como querellante, si pudo derivar algún perjuicio real y directo para él.
Tasa de justicia, recurso de apelación (procesal), desglose, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. - EXPTE. N° 29813 - c/ ABREGO, LUIS ALBERTO s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-05-30

El plazo de 30 días hábiles para efectuar el desglose establecido en el artículo 302 del Código Fiscal debe computarse desde el momento de la interposición del recurso de apelación y no desde que el Tribunal de Alzada ordena completar la tasa de justicia.
Estabilidad del delegado gremial, duración del mandato
Materia: LABORAL
Carátula: D'ANGELO, LUIS OSVALDO c/ GTE. SYLVANIA SAEQIC. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-29

El delegado gremial cuyo mandato ha sido prorrogado por un delegado regional del Ministerio de Trabajo, con carácter provisorio y esencialmente revocable en los términos del artículo 3 in fine de la ley 21376, tiene derecho a la estabilidad gremial. Si para algo más grave que la prórroga, como es la designación, puede disponerla el Ministerio de Trabajo, cabe concluir que la ley utilizó el término ministro como sinónimo de ministerio y que la prórroga dispuesta por el delegado regional del Ministerio de Trabajo tiene validez.
Derecho laboral, modificación del contrato de trabajo, ius variandi, reducción salarial, acumulación de horas cátedra
Materia: LABORAL
Carátula: Wartelle, Claudia Alejandra c/ Universidad Argentina de la empresa s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-02

La trabajadora -docente universitaria-, se dio por despedida luego de intimar a su empleadora a fin de que regularizara su situación laboral, como consecuencia de la supuesta irregularidad en que habría incurrido la accionada al haberle suprimido horas cátedra en el transcurso del primer cuatrimestre de los años 2015 y 2016, lo que habría a su vez generado un perjuicio económico por una disminución mensual del 50%, todo lo cual constituiría un ejercicio abusivo del ius variandi. Las modificaciones introducidas al contrato de trabajo deben ser analizadas en forma global, para determinar si en su conjunto benefician, perjudican al trabajador o son simplemente neutras. Es necesario tener en cuenta la particular naturaleza de la actividad docente. Así, la Universidad no se encuentra obligada a garantizar a cada uno de sus docentes el mismo nivel de horas y de cursos en cada año lectivo, ya que ello depende no sólo de los programas de estudio, sino también de las altas y bajas del cuerpo docente, las necesidades que surgiesen y de los cursos que se abrieran. La aludida supresión de horas de trabajo como el perjuicio económico que se invocan se sustentan en una visión parcializada de la situación fáctica, lo que hace inadmisible el reclamo.
Sentencia, nulidad de sentencia, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez Gómez, Carlos c/ Compañía Andrade Empresa de Transporte de Pasajeros S.R.L. s/ Cobro de indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Si la acción se fundamentó tanto en la responsabilidad objetiva (art. 1113 del Código Civil) como en la subjetiva del principal (art. 1109 del mismo cuerpo legal) el tribunal del trabajo debe pronunciarse expresamente con relación a ambas, debiendo anularse de oficio el pronunciamiento que rechaza la demanda por no encontrar configurados los supuestos de la primera -responsabilidad objetiva- sin analizar si el caso puede subsumirse en la restante -responsabilidad subjetiva-.
Acciones posesorias, juicio de desalojo
Materia: CIVIL
Carátula: MANTERO, Osvaldo c/ JURAN, Enriqueta s/ LOCACION-DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

Todo asunto relativo a la posesión en sí no puede ser ventilado en juicio de desalojo, sino a través de la vía procesal adecuada que constituye la pertinente acción posesoria.
Prescindibilidad, razones de seguridad, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: CAMPOS, JORGE c/ CASFPI. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-09-27

No viola el principio constitucional de igualdad, la Ley 21296 que amplía el ámbito de aplicación de la Ley 21274 a ciertos organismos regidos por el Derecho Privado, toda vez que no se verifica trato discriminatorio en el régimen por ella previsto, máxime teniendo en cuenta las especiales circunstancias tenidas en mira por la norma y su carácter transitorio.
Entidades financieras, aumento de capital social, pago en efectivo, interpretación de la ley
Materia: ECONOMIA
Carátula: Volcoff, Miguel Jorge y otros c/ BCRA -resol.14/04 (Expte.65812/98 sum fin 981)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

La exigencia contenida en la comunicación "A" 1858 del B.C.R.A, punto 4, subpunto 3.4, referente a que los aportes de capital se realicen exclusivamente en efectivo, debe ser interpretada -cuando se trata de un supuesto de aumento de capital-, en el sentido de que dichos aportes deben constituir una efectiva capitalización, es decir, un incremento real del capital social, por lo que atribuir a la norma en examen el sentido de que sólo exige que los aportes se realicen "con monedas o billetes" -siguiendo una interpretación estrictamente literal de la expresión "en efectivo"-, constituye una interpretación inaceptable, pues lleva a la absurda conclusión de que las entidades financieras podrían disponer un aumento de capital que en realidad no sería tal, en la medida en que podría ser efectivizado mediante simples movimientos contables, y se trataría de un aumento de capital ficticio o sólo aparente, dado que no se registraría un ingreso efectivo y real de dinero (Disidencia de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco, Enrique S. Petracchi y Carmen M. Argibay).
Contrato de obra pública, fondo de reparos, actualización monetaria, contratista, certificados de obra
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.R.L. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:    C.S.J. NRO. 379 AÑO 1985)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-11-23

Si bien el contratista tiene derecho al reconocimiento y pago de la actualización monetaria respecto del saldo del fondo de reparos de los certificados extraordinarios, no es atendible el planteo de la empresa en cuanto a que le asistiría el derecho a percibir la actualización de los valores calculados a la fecha de ejecución de los trabajos. Ello por cuanto la sustitución del fondo de reparos constituye un extremo claramente diferenciado de la emisión de los certificados extraordinarios.

Estos últimos respondieron a la especial situación creada por la necesidad de adecuar las certificaciones a la sustitución que se dispuso del mecanismo de reconocimiento de mayores costos. En cambio, el derecho al reintegro del fondo de reparos con actualización recién nace en el momento en que la Administración procede a aprobar la póliza de seguros presentada por la empresa o en que vence el plazo máximo de 30 días hábiles administrativos estimado para dicha gestión. Consecuentemente, antes de ese momento ningún derecho, en cuanto a la actualización, le asiste al contratista.
Derecho internacional, jurisdicción internacional
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Simón,  Julio  Héctor  y  otros s/ privación  ilegítima de  la libertad, etc. (Poblete) -causa Nº 17.768-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-14

Los delitos contra el derecho internacional pueden fundar la jurisdicción universal de cualquier Estado según la costumbre internacional por violar una norma de ius cogens en modo sistemático lesionando el derecho internacional (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Veteranos de guerra, pensión vitalicia, guerra de Malvinas, acción de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ANDRADE,  ARTURO  ANTONIO c/ E.  N.  - Ministerio de DefensaFuerza  Aérea Argentina s/ Personal militar y civil de las fuerzasarmadas y de seguridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

Corresponde confirmar la sentencia de grado que rechazó el pedido de inconstitucionalidad del art. 3 del Dec. 886/05 (modificatorio del art. 1 de la ley 24.892) que el peticionante solicitó por considerarlo discriminatorio, dado que de la letra de la normativa surge que el legislador quiso dar preeminencia al hecho de "haber estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), presupuesto que -sin desconocer la importancia de las tareas desarrolladas- no fue cumplido por el accionante, que lo hizo desde la Base San Julián. Ello así, máxime cuando se observa que las modificaciones introducidas por el decreto referido no alteran, en lo sustancial, al cuerpo normativo que reglamenta, el cual -además- no fue atacado por el accionante.
Coacción, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: CALZADA, OSCAR HUGO s/ DELITO  CONTRA  LA  LIBERTAD  -  DELITO  CONTRA  LA SEGURIDAD COMUN -  DELITOS  CONTRA  LA  SEGURIDAD  DE  LOS  MEDIOS  DE TRANSPORTE  Y  DE  COMUNICACION - REBELION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-08

El bien jurídico protegido en el delito de coacciones es la libertad, en el aspecto referido a la libre formación de la voluntad, es decir, la libertad de determinación. Por lo tanto, puede afirmarse que las coacciones atacan el libre desenvolvimiento de la libertad a través de la libre elección de una conducta entre varias posibles y, lo que la ley protege es la autonomía de las voliciones y las acciones.
Litisconsorcio, acumulación de acciones
Materia: PROCESAL
Carátula: A., M. E. y Otros c/ Municipalidad de Trelew s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-06

La demanda tendiente a impugnar una relación jurídica con pluralidad de partes imponía la unidad de la relación procesal mediante la inicial acumulación subjetiva de las pretensiones, omitida en el caso al demandar incompletamente sólo la autoridad y no a la empresa beneficiada por la autorización concedida, pues por tratarse de un complejo indivisible, el reclamo debía ineludiblemente intentarse con la participación procesal de todos los sujetos involucrados, a fin de que la decisión surtiera los efectos de la cosa juzgada respecto de todos.

De lo contrario, el pronunciamiento devendría inútil -"inutiliter datur"- por inoponible a quienes no fueron sujetos procesales.
Expulsión de extranjeros, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Rossi Verdoni, Pedro Antonello c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-21

El voto concurrente destacó que el extrañamiento es un acto complejo, que adquirirá ejecutoriedad en el momento en que el extranjero condenado abandone el país, y que se completará y perfeccionará jurídicamente cuando se agote el tiempo de permanencia en el exterior previsto ex ante por la autoridad competente, según lo dispuesto en el art. 63, inc. b) de la ley 25.871
Indemnización por despido, muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización laboral, tope indemnizatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Carrizo, María C. c/ Asoc.Israelita  de Benef.y Soc. s/ Ind.por fallec.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-07

A los fines del cálculo de la indemnización del art. 248 LCT no corresponde la aplicación de topes salariales fijados en el Convenio Colectivo aplicable al trabajador. Esto es así pues la indemnización prevista en la citada norma se inspira en los principios de la Seguridad Social que tienden a proteger al trabajador y su familia de las distintas contingencias sociales.

La norma contempla uno de los modos de extinción del contrato de trabajo, protegiendo en este caso, no al trabajador sino a sus causahabientes a la fecha de fallecimiento de aquél, quienes se ven privados, a raíz de su muerte, del ingreso para el sustento diario que él aportaba: no es un reclamo que hace un trabajador a su empleador sino los familiares a su cargo a quienes protegen distintas normas de la seguridad social y que en el caso, se encuentran específicamente enumerados en la ley 18037 (art. 38 t.o.1974).
Delitos cometidos por medio de la prensa, publicación o reproducción de ofensas, periodistas, sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional, conversión del sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: KIRSCHBAUM, RICARDO LUIS. s/ CALUMNIAS E INJURIAS. VERTIDAS POR LA PRENSA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-29

Si bien el querellado utilizó un cable de la agencia Diarios y Noticias que aparentemente era confiable, lo cierto es que aquél reescribió la imputación de delito a la querellante dentro de un artículo cuyo contenido no era una crónica policial sino un examen político acerca de la situación creada a un organismo de esa índole y en el cual la inclusión innecesariamente remarcada del nombre de la damnificada como sindicada de estafas, más aparenta ser un recurso para dar autoridad a las especulaciones del comentarista político por vía de demostración de manejo de información abundante y precisa sobre hechos que eran el sustrato de un análisis.

Y si bien no puede afirmarse que hubo una conducta del querellado dirigida a propalar una calumnia a la accionante, alcanza para disipar las notas de certeza que exige el art. 434 C.P.C., por cuyo motivo debe modificarse el carácter del sobreseimiento, que se convierte en provisional.
Acciones de filiación, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: A., E. D. c/ A., V. P. en su carácter de heredera del Sr. R. O. P. y otro - Acciones de filiación - Contencioso c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-02-14

El principio de personalidad de los recursos impide, por regla, extender los beneficios de la nueva regulación de honorarios, al letrado no apelante. Debido a ello, corresponde que el porcentaje (arts. 23 y 45 del CA) de este último sea calculado sobre el monto de honorarios fijado en primera instancia y el porcentaje del letrado apelante, sobre el nuevo monto fijado en la alzada.
Convenio de honorarios, ejecución de honorarios, medidas cautelares, embargo preventivo, caución juratoria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: DENNON, Guillermo Fabio c/ RAMIREZ, Antonio Manuel y otro s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-06

El convenio de honorarios, cuyas firmas fueron certificadas notarialmente, constituye título ejecutivo (art. 523 del Código Procesal) idóneo para acreditar la verosimilitud frente a un pedido de embargo preventivo. De ahí que, en tal supuesto resulta suficiente la caución juratoria a guisa de contracautela, máxime si se considera el carácter alimentario que cabe atribuirle a los honorarios de un letrado.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, segunda instancia, daños y perjuicios, contratos administrativos, contrato de obra pública, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Francisco Cacik e Hijos  SA c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ nulidad de resolución y cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-05

Si al fundar la apelación la demandada argumentó acerca de la preponderante responsabilidad de la actora por los hechos que determinaron la paralización de la obra pública y la posterior rescisión del contrato, ello importó implícitamente alegar su propia exculpación.