Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27


TS07D44281 SENTENCIA DEFINITIVA N°: 44281 CAUSA N°: 11.219/10 - SALA VII - JUZGADO N° 61 En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de 2.012, para dictar sentencia en estos autos: "MIGUELES, JOSE ALBERTO c/ TRANSPORTES LOPE DE VEGA S.A. s/ Despido", se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- La parte demandada recurre el fallo de grado porque se admitió el reclamo de demanda entablado con sustento en las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.

II.- La recurrente se agravia por el hecho de que el "a quo" juzgó no demostrada una razón válida para despedir al trabajador, cuando -en su entender- no habría comparecido a prestar servicios luego de haber sido intimado formalmente a retomar tareas.

No tiene razón, en mi entender, pues -tal como lo juzgó la "a quo"- el actor estuvo justificado en su accionar. Me explicaré.

Surge de la lectura de estos autos que el actor prestaba servicios como chofer en la empresa de transporte público de pasajeros de la línea 76, explotada actualmente por la firma Transporte Lope de Vega, en jornadas de 8 horas o mas (cuando realizaba horas extras), y que lo hizo durante aproximadamente 10 años, elementos que han adquirido firmeza ante la falta de cuestionamiento crítico al respecto.

La relación se mantuvo con normalidad, hasta que en febrero de 2.009 se le diagnosticó transtorno de ansiedad generalizada (TAG), transtorno adaptativo e insomnio, y en razón de tal circunstancia fue medicado con psicofármacos, lo que tampoco ha sido materia de controversia a esta altura proceso.

Para ese entonces, fue atendido por los médicos de su obra social (UTA), quienes luego de diagnosticarlo, le sugirieron reposo ambulatorio hasta su nueva evaluación (en el mes de mayo del mismo año).

Así lo comunicó a su empleadora, la cual -luego de enviarlo a ser revisado clínicamente- lo intimó a retomar tareas en 48 hs., bajo apercibimiento de despido, por cuanto el servicio de medicina del trabajo de la empresa le dio el alta el 7 de mayo de 2009. Ante tal situación, el actor rechazó la intimación a presentarse a prestar servicios y ratificó la imposibilidad de efectuar sus tareas habituales, por encontrarse en tratamiento psiquiátrico y con las prescripciones que se señalan.

Corresponde dilucidar si el actor tenía o no la obligación de reincorporarse a prestar servicios de chofer de transporte público o, como sostuvo inicialmente, no lo hizo en razón de una razón importante, tal como lo es el tener que conducir bajo los efectos de medicación y en tratamiento psiquiátrico.

A tal efecto, se observa que la postura inicial del reclamante encuentra su apoyo en las manifestaciones de los testigos del Dr. Corvetta (v. fs. 452), quien atendió al actor en la Clínica Alvear Alem por trastorno de ansiedad generalizada en el año 2009, hasta que fue dado de alta en diciembre de dicho año. Reconoció como propia la rúbrica de los certificados médicos de fs. 27 a 39 y 44.

Por su parte, el Dr. Hualde, también médico (v. declaración de fs. 421), lo atendió en el mismo nosocomio y si bien sólo tuvo la oportunidad de atenderlo en una ocasión (pues era paciente de un colega suyo) ratificó que el actor padecía de trastorno de ansiedad y trastorno adaptativo, patología que se manifiesta normalmente por una sintomatología ansiosa, nervios, irritabilidad, y en ocasiones es acompañado de insomnio y angustia.

Asimismo, el profesional dio cuenta también que el Sr. Migueles estaba medicado y que los remedios que debía tomar (eszoplicona de 3 mg) pueden afectar la concentración, desaconsejándose el manejo de cualquier unidad de transporte o maquinaria pesada. También reconoció la autenticidad de los documentos de fs. 40/3.

Ambos testimonios, fueron claros y contundentes en sus declaraciones, sin que las observaciones de la empleadora hayan puesto en crisis su validez y fuerza convictiva, por lo que cabe reconocerles valor de prueba idónea y eficaz (arts. 90 de la ley 18.345 -modificada por ley 24.635- y 386 del Código Procesal).

En cuanto a la prueba informativa, no soslayo que ambos nosocomios informaron una fecha de alta distinta, que es precisamente lo que motivó que cada parte asuma rígidamente su postura.

En efecto, la Clínica Alvear-Alem S.A. determinó que el alta se produjo hacia el 28.12.09 y el informe de la Clínica del Dr. Antonio d. Silvestris sostiene que ésta se habría producido a partir del 8 de mayo del mismo año.

Sin embargo, la decisión de poner fin al extenso vínculo laboral que los unió (aproximadamente 10 años) aparece como injustificada, y en consecuencia, generó -a mi juicio- la obligación de resarcir al dependiente por despido incausado, toda vez que aún en la hipótesis de considerar que el empleador tuvo dudas respecto de la reincorporación o no en una situación tan delicada (su función era -ni mas ni menos- que la conducción de un vehículo de transporte público) bien pudo convocar a la formación en una junta médica y su posterior revisión del dependiente, en lugar de despedirlo sin más espera, para esclarecer cuáles eran las circunstancias fácticas reales y si existió una imposibilidad real o no de la dispensa de prestar servicios (arts. 10 y 63 de la LCT y 386 del C.P.C.C.N.).

Por lo expuesto, propongo que se confirme el fallo recurrido íntegramente.

VI.- De tener adhesión mi voto, propongo que las costas de alzada sean soportadas por la parte demandada (art. 68 C.P.C.C.N.), y fijar los emolumentos de esta instancia para cada una de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), respectivamente, de lo fijado en favor de cada uno de ellas por su actuación en la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432-).

LA DOCTORA ESTELA BEATRIZ FONTANA DIJO:

La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda viene apelada por la parte demandada, quien se agravia por el valor otorgado por la sentenciante a las pruebas que demuestran las prescripciones médicas con que contaba el actor, incluído el reposo y la medicación. Sostiene la recurrente que esas prescripciones emanaban de un servicio médico que pertenecía al Sindicato de la actividad, y que por ello se debió dar crédito a lo informado por el servicio médico que asesora a la empresa, el cuál manifestó que el actor estaba en condiciones de trabajar y que no requería la medicación "que innecesariamente se le había prescripto".

Adelanto que en mi opinión el recurso no puede tener andamiento.

En ese sentido, creo necesario destacar que según lo establecido en el art. 210 LCT, el trabajador está obligado a someterse al "control" que lleve a cabo el facultativo que designe el empleador; pero solamente al control, y en modo alguno está obligado el dependiente a someterse al diagnóstico ni al tratamiento que pueda considerar apropiado el médico enviado por la empresa.

Ello es así por cuanto el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, y por lo tanto el trabajador al igual que cualquier persona, tiene el derecho personalísimo de decidir el médico de su confianza para tratar los problemas de salud que pudiera padecer.

El argumento de la recurrente para pretender desvirtuar la veracidad del diagnóstico de quienes atendieron y medicaron al actor no es conducente, ello por cuanto no se me escapa que un servicio médico contratado por la empresa puede en todo caso, intentar favorecer también los intereses de su cliente.

En todo caso, ante la duda generada por opiniones médicas encontradas, la accionada debió priorizar la continuidad del vínculo tal como lo establece el art. 10 LCT.

Por lo expuesto, propongo confirmar la sentencia en este aspecto.

En todo lo demás adhiero por sus fundamentos al voto del Dr. Rodriguez Brunengo.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS: No vota (art. 125 de la ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo recurrido. 2) Imponer las costas de alzada a la parte demandada. 3) Fijar los emolumentos de honorarios de esta instancia para cada una de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), respectivamente, de lo fijado en favor de cada uno de ellas por su actuación en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.