Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de marzo de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en el recurso de apelación judicial interpuesto a fs. 458 contra la sentencia de fecha 25 de julio de 2005, dictada en los autos caratulados: "ASOCIACION CIVIL HOSPITAL ALEMAN contra GCBA (SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS) sobre IMPUGNACION ACTOS ADMINISTRATIVOS", expediente Nº 1641, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dr. Carlos F. Balbín y Dr. Horacio G. Corti, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la sentencia apelada? A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: I. El 04 de noviembre de 1999 la parte actora entabla demanda (fs. 8/16) contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante la justicia Nacional en lo Civil, a efectos que se declare la ilegitimidad de la Resolución Nº 1841, de fecha 29 de julio de 1999, que dispuso rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente contra la Resolución Nº 5331 dictada por la entonces Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario con fecha 23 de octubre de 1998, la cual había desestimado el recurso de reconsideración planteado contra el decisorio que dispusiera proseguir las gestiones de cobro de gravámenes adeudados. Manifiesta que el acto administrativo que se cuestiona, dictado en el expediente Nº 103.649/98 "... consideró que la actora, a efectos de gozar de la exenc ión que le conceden las normas legales vigentes, debió ` ... haber probado ... que era una institución de beneficencia y solidaridad social ...´". La accionante justifica la demanda en la distinta interpretación de las partes en orden a la necesidad o no de peticionar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se la considere beneficiaria de la exención prevista por el art. 30 del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (B.O. 20/01/99) respecto de la contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514. La norma establece que "Están exentas del pago de los tributos establecidos en el presente código ..., las siguientes entidades, siempre que acrediten el cumplimiento de los fines de su creación: ... 2. Las instituciones de beneficencia o solidaridad social; ..." Remarca que la discusión entre las partes radica en si es necesario, o no, acreditar que se encuentra " ... encuadrada en la calidad de institución de beneficencia o solidaridad social". Cita como antec edente judicial de su pretensión un juicio de apremio promovido en el año 1992 por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a mérito del cual le reclamaba la suma de $ 642.698,98, que, según la demandante, respondía a la pretensa deuda existente en concepto de falta de pago de la contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514. En defensa de sus derechos alegó que se encontraba exenta del pago de las aludidas contribuciones en virtud de la exención prevista por el art. 26 inc. 2º de la Ordenanza 40.731 (B.M. 5/9/85) y en razón de tratarse la misma de una entidad de beneficencia o solidaridad social. El 11 de febrero de 1997 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció (M.234.XXX. Recurso de Hecho, "Municipalidad de la Ciudad de Buenos c/ Hospital Alemán) rechazando la ejecución. La actora destaca en su escrito de demanda los considerandos 5º al 8º. De acuerdo al mismo, manifiesta que está fuera de discusión que la demandada, a través de su antece sora, había reconocido su actividad en beneficio de la comunidad desarrollada y, en consecuencia, su carácter de entidad de beneficencia o solidaridad social; que no le resulta necesario la realización de un trámite administrativo a efectos que se le reconozca su carácter de entidad de beneficencia o solidaridad social; y que no se produjo un cambio en su situación objetiva que obste a su consideración como entidad de beneficencia o solidaridad social. La actora relata que el 11 de diciembre de 1997 presentó ante la Dirección General de Rentas y Empadronamiento inmobiliario, una nota devolviendo las boletas, diskettes, boleta de diferencia ABL, instructivo general de liquidación de diferencias, declaración jurada personalizada Decreto 606/96 e instructivo personalizado para la confección de DDJJ remitidas a esta institución para el pago correspondiente a las contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial, Pavimentos y Aceras, como asimismo las que contienen la actualización de los valores de cál culo del tributo. El motivo de esta devolución era que la accionante consideraba se encontraba exenta de las contribuciones cuyo pago pretendía el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, la Dirección General de Rentas e Impuestos Empadronados, dio inicio a la carpeta interna Nº 9040/97. Luego de la transcripción de las circunstancias fácticas e informes técnicos que hacían a su derecho, advierte que no se encontraba en discusión el carácter de exento sino que, solamente, se cuestionaba la existencia de una presentación a los fines de evaluar si la exención resultaba admisible. Señala que el Organismo Técnico correspondiente manifestaba que la inexistencia de tal petición, a todo evento, sólo podría configurar una infracción a los deberes formales y, nunca la pérdida de una exención concedida por el ordenamiento vigente. Asimismo, agrega que mediante informe técnico Nº 318 DATIF-DTT-98 de fecha 30 de abril de 1998, la demandada insistió en que era necesario la petición de la exención a efectos de la efectivización de la misma y que la doctrina emanada del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no era aplicable al caso. Frente a esta postura, interpuso recurso de reconsideración que fue desestimado mediante Resolución Nº 5331-DGRyEI-98 y, al plantear el recurso jerárquico, se dictó el acto administrativo cuya revocación solicita. La Resolución Nº 1841 del 29 de julio de 1999, cuyo dictado motiva estas actuaciones, se mantiene dentro de las pautas establecidas por la Resolución Nº 5331-DGRyEI-98, a la que ratifica. En esta se afirma que la apelante no había efectuado la presentación requerida en la norma, incumplimiento que impedía al Fisco considerarla incluida en la liberalidad aludida. Y, que, asimismo, no había acreditado encontrarse encuadrada en la calidad de institución de beneficencia o solidaridad social. Finalmente, luego de mencionar las circunstancias fácticas que, a su criterio, hacen posible considerarla como una entidad de beneficencia o solidaridad social, manifiesta que e n el mes de mayo de 1998 solicitó a la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario la revisión de su encuadramiento frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos; dicha presentación tenía como fundamento fáctico el carácter de institución de beneficencia y/o solidaridad social y, en su mérito, se requería de la administración el reconocimiento de la exención prevista por los arts. 30 Inc. 2 y 101 inc. 7 del Código Fiscal. Agrega que de tal forma y con fecha 14 de octubre de 1999 se dictó, en la Carpeta Interna (C.I.) Nº 50222/DGRyEI/98, la Resolución Nº 3421/DGR/99 que declaró "... comprendida en las franquicias liberatorias que determina el art. 30 inc. 4º del Código Fiscal (t.o. 1999) al HOSPITAL ALEMAN con domicilio constituido en la Avenida Pueyrredón 1640, en consecuencia eximida del pago de toda contribución desde el 01/06/98 al 31/12/2002 con excepción de aquellas que respondan a servicios especiales efectivamente prestados y con la limitación dispuesta por los arts. 117 y 31 del Código F iscal". Sostiene la recurrente que con la Resolución aludida quedaba probado, a través de la manifestación de la propia demandada, que no debía requerir exención alguna a efectos de gozar de la exención establecida por el Código Fiscal respecto de la contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Terrirtorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514, ello así en la medida en que, en esta oportunidad, la exención no fue solicitada, y pese a la ausencia de la misma, ésta fue concedida. A fs. 63 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil se declara incompetente para intervenir en las presentes actuaciones y remite las mismas a la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechaza la demanda interpuesta por la Asociación Civil Hospital Alemán, con costas, difiriendo la regulación de honorarios hasta tanto se determine la base regulatoria. Para así decidir el sentenciante circunscrib ió la cuestión a resolver en determinar si la actora, en los períodos fiscales comprendidos entre los años 1993 y 1997 -ambos inclusive-, tenía derecho de gozar de la exención que establece el art. 26 de la Ordenanza Fiscal (t.o. 1992 y cctes.) sobre la base de su aducida condición de institución de beneficencia o solidaridad social, sin necesidad de efectuar solicitud expresa a ese respecto en sede administrativa o diligencia alguna tendiente a acreditar ese carácter. En primer lugar se expide sobre la pretensa existencia de cosa juzgada en relación a la causa dictada con fecha 11 de febrero de 1997 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (M.234.XXX. Recurso de Hecho, "Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Hospital Alemán"), concluyendo que en el caso no existe toda vez que el pronunciamiento debatido en la misma correspondía a períodos fiscales distintos a los cuestionados en autos, siendo que un pronunciamiento adquiere autoridad de cosa juzgada cuando la cosa demandada sea la misma y se fund e en el mismo motivo o hecho jurídico. Además pone de manifiesto que para considerar a la apelante exenta el Alto Tribunal tuvo en consideración que en los restantes períodos desde 1995 la actora había sido eximida con carácter subjetivo, y que de la misma manera había sido encuadrada en la exención durante el año 1991; de este doble encuadramiento prolongado durante muchos años y reiterado con posterioridad a los períodos en discusión, en el año 1991, infirió el Máximo Tribunal que también correspondía la exención a los períodos fiscales 1987, 1988 y 1990. El magistrado advierte un panorama distinto en la Legislación a partir del año 1992, ya que desde ese momento no se verifica más una exención de carácter subjetivo razón por la cual la doctrina sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es trasladable a los períodos posteriores denunciados en el pronunciamiento. También señala que no existe norma legal alguna que establezca el deber de los jueces de conformar sus decisiones a los criterios sostenidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en rigor no se podría, sin incurrir en petición de principio, invocar como único fundamento de tal deber lo sostenido al respecto por la propia Corte. Sin embargo aclara que es una autoridad que fija líneas doctrinarias de las cuales los jueces no deberían apartarse sin invocar buenas razones, por obvias consideraciones de economía procesal y de seguridad jurídica. Asimismo, remarca que en el caso tales consideraciones no pueden tener peso decisivo, pues se discute una cuestión de derecho local, manifiestamente ajena a la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al no haberse invocado la aplicabilidad directa y esencial de norma federal alguna para la decisión de la causa. El Juez de Primera Instancia señala que la legislación tributaria vigente en la Ciudad de Buenos Aires a partir del año 1992 considera dentro de las instituciones liberadas del pago del impuesto a aquellas categorizadas dentro del carácter de beneficencia o solidar idad social (conf. art. 26, inc. 2º, O. F. t.o. 1992; art. 30, inc. 2, Código Fiscal t.o. 1999 y cctes.), pero la norma también claramente establece que para gozar de esa exención las instituciones deberán acreditar ese carácter ante el Organismo de Fiscalización Tributaria (arts. 26 y 28 de la O.F. t.o. 1992). El Magistrado entiende que de las constancias reunidas en autos surge que el Hospital Alemán en modo alguno ha demostrado -ni en sede administrativa ni en este juicio- el carácter de entidad de beneficencia o solidaridad social- ni siquiera se sabe cuál de esos dos caracteres cree tener- y, lo que es más, pretende no tener necesidad de hacerlo. Por último señala que el argumento de la actora, relativo al supuesto reconocimiento por la accionada de su condición de institución de beneficencia o solidaridad social sobre la base de la exención que le fue otorgada por la Resolución Nº 3421/DGR/99 de la CI 50222/98, respecto de los períodos 1998 a 2002, tampoco puede tener acogida. Ello así, toda vez que lo dispuesto por la Dirección General de Rentas en esa decisión no fue encuadrado dentro del carácter pretendido, sino que le ha sido concedida la exención tributaria sobre la base de considerarla una entidad cultural o científica que no persigue fines de lucro (art. 30, inc. 4º, Codigo Fiscal t.o. 1999 y cctes.), conforme surge del expediente administrativo Nº 13.725/2000. A fs. 458 la actora interpone el recurso de apelación, que se concede a fs. 459. A fs. 464/6 la actora expresa agravios, siendo contestado por la demandada a fs. 471/80. En consecuencia, las presentes actuaciones se encuentran en condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo. II. La parte actora se agravia de la sentencia de primera instancia en cuanto a que ésta hace referencia a los límites objetivos de la cosa juzgada diciendo que la misma " ... adquiere tal autoridad en cuanto a lo que ha formado el objeto del litigio (causa "pretendi"), de tal suerte que es necesario no sólo que la cosa demandada sea la misma, sino que se funde en el mismo motivo o hecho jurídico". Señala que la sentencia en crisis sostiene que, en el caso de autos, no existe cosa juzgada toda vez que el pronunciamiento debatido en la causa dictada el 11 de febrero de 1997 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación corresponde a períodos fiscales distintos de los cuestionados en autos. La parte apelante hace notar que si bien son períodos fiscales diferentes, conceptualmente se está frente a la misma circunstancia, debido a que la normativa vigente en ambas situaciones exigía la solicitud de la exención, conforme Ordenanza 43.731, art. 26, inc. 2 y art. 30 del Código Fiscal t.o. 1992. Remarca que la descripción es la misma y al no producirse un cambio en su situación objetiva que obste a su consideración como entidad de beneficencia o solidaridad social, resulta la existencia de la cosa juzgada en el tema en cuestión. Sostiene, en consecuencia, que los fundamentos y circunstancias de ambos litigios son idénticos. La recurrente trae a colación en defensa de su derecho el dictamen Técnico Nº 429/DATIF-DTT-97, infiriendo que en ningún momento se consideró como extinguido el derecho adquirido desde 1955, como así también el mero carácter formal del acto de petición de la exención, ya que, haciendo referencia al dictamen citado, " ... en los casos como el presente, lo que se observa es el incumplimiento de un determinado deber formal, sin que se quiebre la continuidad de la exención cuyo sustento fáctico se mantiene; la renovación supone una comodidad para la administración, que facilita su control." También considera desacertado que el a quo haya sostenido que no acreditó ser una institución de beneficencia o solidaridad social, al ser la misma demostrada por los dichos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos ya citados. Agrega que su conducta resultó lógica porque el peticionar una exención de la cual ya gozaba, implicaba una violación a la teoría de los actos propios y una mutación de la situación fáctica existente en desmedro de su posición.

Finalmente, apoya su postura en el reconocimiento que hizo la demandada en el expediente C.I. Nº 3421/DGRyEI/98, que pese a no haber solicitado la exención el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reconoció la exención de la que goza (con el consiguiente reconocimiento como entidad de beneficencia y/o solidaridad social) y que, entre otras contribuciones comprende aquellas cuyo cobro se persigue en estos actuados. III. Ante todo cabe señalar que sin perjuicio de la opinión en contrario del suscripto, expuesta oportunamente en el precedente de la sala II "Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires c/ DGR (Res. Nº 1881/DGR/2000) s/ Recurso de apelación judicial c/ Decisiones de DGR", expte RCD 29, de fecha 20 de julio de2001, con la solución fallada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires in re "G.C.B.A. s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires c/ DGR (Resolución Nº 1881/DGR/2000) s/ Recurso de apelaci ón judicial c/ Decisiones de DGR", expte. 1227/01, de fecha 26 de marzo de 2001, atendiendo a razones de estricta economía procesal resulta aconsejable juzgar la presente con arreglo a la jurisprudencia del Máximo Tribunal local apuntada por ser sustancialmente análoga. IV. Sentado lo anterior y llegado el momento de decidir sobre la cuestión traída a debate, considero que la misma se circunscribe en determinar si la apelante tenía derecho de gozar de la exención, conforme art. 26 O.F. t.o. 1992 y cctes., para la contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial, de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 por los períodos fiscales 1993 a 1997, en virtud de su supuesta condición de institución de beneficencia o solidaridad social, sin necesidad de solicitarlo ni acreditar tal condición en sede administrativa. En primer lugar corresponde poner de resalto que siendo los períodos cuestionados en autos desde el año 1993 a 1997, la normativa aplicable es la vigente durante dichos años. El art. 26 de la Ordenanza Fiscal t.o. 1992, como así disposiciones análogas posteriores, establece que "Están exentas del pago de los tributos establecidos en la presente Ordenanza con la limitación dispuesta por los artículos 27 y 93 y con excepción de aquellos que respondan a servicios especiales efectivamente prestados, las siguientes entidades, siempre que acrediten el cumplimiento de los fines de su creación: 1º) ...; 2º) Las instituciones de beneficencia o solidaridad social; 3º) Las entidades culturales o científicas que no persiguen fines de lucro. Esta exención se renueva por períodos de cinco años, pero queda sin efecto de producirse la modificación de las normas bajo las cuales se acuerda o de las condiciones que le sirven de fundamento. Esta disposición es de aplicación a las exenciones concedidas a partir de 1981 inclusive." Asimismo, el artículo 28 de la misma normativa dispone que "Las entidades que gestionen la exención prevista en el artículo anterior deben acompañar la siguiente documentación: 1º)Certificado de perso nería jurídica en los casos que corresponda, actualizado y expedido por autoridad competente; 2º)Un ejemplar de los estatutos y de la última memoria y balance general. La presentación debe realizarse dentro del primer trimestre del año para que ella produzca efectos por todo el período fiscal. La exención es resuelta por la Dirección General de Rentas. En caso de requerirse tardíamente el beneficio entra en vigor a partir del mes siguiente al de la fecha de solicitud, debiendo ingresarse los tributos en proporción al tiempo transcurrido." Por su parte, la reglamentación al inc. 7º del art 89 de la Ordenanza Fiscal Nº 40.731 (modificada por la Ordenanza Nº 42.561), mediante Decreto Nº 8553/87, si bien hace referencia a los Ingresos Brutos, es aplicable al caso de autos en cuanto a qué considera asociaciones de beneficencia, a saber, a "todas aquellas que tengan por objeto y lleven a cabo la tarea de suplir directamente carencias y atender también en forma directa emergencias de terceros no miembros, las cuales aunque puedan revestir carácter individual merezcan ser consideradas como un problema social. Sus prestaciones deben tener carácter totalmente gratuito". Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo oportunidad de expedirse, al analizar la normativa fiscal de las exenciones de 1988 con respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en la causa mencionada "ut supra" en los siguientes términos " ... Como surge de la transcripción de normas efectuadas en el punto 4, la política fiscal entonces imperante, positivizada en la ordenanza y su decreto reglamentario, concedía una ventaja patrimonial (exención impositiva) a ciertos sujetos en atención a la finalidad social de su actuación, a los destinatarios de su actividad, a la reinversión de las utilidades en las actividades propias del objeto de la asociación, al carácter no lucrativo de la condición de socios y a la gratuidad de ciertas prestaciones. Para que esas entidades pudiesen tomar el beneficio debían peticionar lo expresamente, exigencia que es congruente con el carácter disponible del derecho de propiedad privada, y acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos mediante la presentación de la documentación que hubiese permitido a la administración verificar si la dispensa tributaria se justificaba en atención a las pautas establecidas en la ordenanza. Así la presentación, fundamentalmente, de la memoria y balance permiten conocer la existencia o no de utilidades, su distribución o aplicación, las actividades gratuitas que se hubiesen prestado, etcétera. No parecen condiciones irrazonables a las que debía sujetarse quien pretendía obtener un beneficio que rompe con la regla de la igualdad tributaria. Afirmar que la finalidad de la ordenanza era conceder una exención a ciertas entidades de beneficencia o solidaridad social es una verdad a medias, pues la norma habilita a la autoridad de aplicación a hacerlo sólo cuando se daba cumplimiento a las exigencias que establecía, entre las cuales la petición por el interesa do no puede considerarse desdeñable. La expresión ante la administración de la voluntad de ser eximido del pago del impuesto, la declaración de reunir los requisitos y la acreditación en tiempo y forma de los recaudos condicionantes de su concesión, no pueden considerarse un ritualismo por el hecho de que en períodos anteriores y posteriores se hubiese dado cumplimiento a esas cargas, que, cabe reiterar, permiten obtener un tratamiento tributario de excepción, justificadamente desigualitario bajo ciertas condiciones. No basta, pues, con ser una asociación de beneficencia o solidaridad, también se exige que las actividades exentas se correspondan con las finalidades estatutarias, que se acredite la aplicación de las utilidades que pudieran haberse generado y que se efectúen prestaciones a terceros con carácter de gratuidad. Claro está que respecto de algunos de los requisitos, una vez cumplidos, la exigencia en la reiteración quizás pueda resultar un ritualismo inútil (v. gr. la presentación de los estatutos), pero, en relación con otros, su cumplimiento resulta ineludible pues permite a la autoridad de aplicación controlar si la entidad encuadra o no en todos los recaudos para la obtención del privilegio. Así, la presentación de la memoria y balance sirve para controlar el destino de las utilidades y si se efectúan prestaciones de servicios gratuitos; el certificado de vigencia de la personería jurídica permite controlar que ella no haya sido retirada o caducado. A tal punto, la subsistencia de los requisitos es una condición esencial para obtener la exención que la ordenanza exige la denuncia de las modificaciones que pudieran ocurrir luego de concedido el beneficio, bajo severos apercibimientos. ... Es indudable que la ley regula el tributo. Para crearlo y para eximirlo. Sólo con una habilitación legal previa, la administración puede conceder excepciones. Sólo bajo las condiciones que la ley impone, la concesión es válida. Ante la ausencia de una petición oportuna y debidamente fundada, la decisión de la autori dad administrativa que determinó la deuda fue la correcta. Aplicó las normas. No hacerlo hubiera conllevado una liberalidad para la que no se encuentra autorizada. La ordenanza marcó los límites de la dispensa. A ella deben ajustarse todos los actores: la administración, la sociedad de beneficencia y los jueces al resolver la controversia. ..." (Conf. "G.C.B.A. s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires c/ DGR (Resolución Nº 1881/DGR/2000) s/ Recurso de apelación judicial c/ Decisiones de DGR", expte. 1227/01, de fecha 26 de marzo de 2002, según voto de la Jueza Ana María Conde). Por ello, para obtener la exención no basta con acreditar el desarrollo de ciertas actividades, sino que es necesario que se haya requerido la concesión de la exención y que ésta haya sido otorgada por la administración. En el presente caso, la misma recurrente reconoció no haber solicitado la exención en los siguiente términos: "... Sobre la base del precedente citado, la conducta de mi representada resultó lógica, y por el contrario, el peticionar una exención de la cual ya gozaba, implicaba una violación a la denominada teoría de los actos propios y una mutación de la situación fáctica existente en desmedro de la posición de mi representada. ... Es decir, que pese a no haber mi representada solicitado la exención (ello, habida cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que gozaba de ella sin necesidad de pedirla), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reconoció la exención de la que goza mi representada(con el consiguiente reconocimiento como entidad de beneficencia y/o solidaridad social) y que, entre otras contribuciones, comprende aquellas cuyo cobro se persigue en estos actuados", lo que conduce -en virtud de las disposiciones precedentes- a desestimar los agravios vertidos sobre el punto. V. Ahora bien, como se ha manifestado precedentemente, la parte actora aduce que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 11 de febrer o de 1997 in re "M.234.XXX. Recurso de Hecho, "Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Hospital Alemán" ha hecho cosa juzgada sobre la cuestión referida a la falta de necesidad de realizar un trámite administrativo para que se le reconozca su carácter de entidad de beneficencia o solidaridad social. Luego, se agravia de la sentencia de primera instancia por cuanto ésta hace referencia a los límites objetivos de la cosa juzgada diciendo que la misma " ... adquiere tal autoridad en cuanto a lo que ha formado el objeto del litigio (causa "pretendi"), de tal suerte que es necesario no sólo que la cosa demandada sea la misma, sino que se funde en el mismo motivo o hecho jurídico". Señala que la sentencia en crisis sostiene que, en el caso de autos, no existe cosa juzgada toda vez que el pronunciamiento debatido en la causa dictada el 11 de febrero de 1997 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación corresponde a períodos fiscales distintos de los cuestionados en autos. La parte apelante hace notar que si b ien son períodos fiscales diferentes, conceptualmente se está frente a la misma circunstancia, debido a que la normativa vigente en ambas situaciones exigía la solicitud de la exención, conforme Ordenanza 43.731, art. 26, inc. 2 y art. 30 del Código Fiscal t.o. 1992. Remarca que la descripción es la misma y al no producirse un cambio en su situación objetiva que obste a su consideración como entidad de beneficencia o solidaridad social, resulta la existencia de la cosa juzgada en el tema en cuestión. Sostiene, en consecuencia, que los fundamentos y circunstancias de ambos litigios son idénticos. La recurrente trae a colación en defensa de su derecho el dictamen Técnico Nº 429/DATIF-DTT-97, infiriendo que en ningún momento se consideró como extinguido el derecho adquirido desde 1955, como así también el mero carácter formal del acto de petición de la exención, ya que, haciendo referencia al dictamen citado, " ... en los casos como el presente, lo que se observa es el incumplimiento de un determinado deber form al, sin que se quiebre la continuidad de la exención cuyo sustento fáctico se mantiene; la renovación supone una comodidad para la administración, que facilita su control." Cabe señalar que no obstante la parte actora manifestar que "Si bien el art. 26 de la Ordenanza Nº 40.731 hace referencia a que, a los fines de la obtención de la exención, se debe acreditar el cumplimiento de los fines que fueran tenidos en mira al crear la institución, conforme surge del Dictamen Técnico Nº 429/DATIF-DTT-97 (que fuera acompañado con la demanda y no resultó desconocido por la accionada), para el caso de las entidades privadas, la omisión del pedido de exención de la que gozaban, `... sólo da lugar a la aplicación de un multa por incumplimiento de los deberes formales´ ...", dicho dictamen no fue adjuntado a autos; tan sólo se encuentra una remisión al mismo a fs. 166 y 268 de las copias autenticadas del expediente Nº 103.649, haciendo alusión únicamente al trámite de renovación en los siguientes términos: "En el informe t écnico Nº 429/DATIF-DTT-97 recaído en el EXP. Nº 20688/95 de la Dirección Técnico Tributario expresa en el punto: 3. Entidades Privadas: renovación, la omisión de este trámite solo da lugar a la aplicación de una multa por incumplimiento a los deberes formales, siempre que se mantengan ...". Ahora bien, tratando de definir el concepto jurídico de cosa juzgada, "... En cuanto a las cuestiones litigiosas que hay que considerar amparadas por la figura de la sentencia firme, no sólo se comprenden las que han sido objeto de expreso debate en el juicio anterior sino también aquellas que, sin ser motivo de un pronunciamiento explícito, han sido resueltas implícitamente en un sentido u otro (tantum iudicatum quantum disputatum, vel quantum disputari debebat). ... A tal fin, los límites objetivos están dados por la cosa demandada, así como por los hechos en que se funde la petición y por todas aquellas excepciones o defensas que debió oponer el demandado (arts. 330, incs. 3º y 4º , y 356, C.P.N.). ... En principio, fi rme la decisión, el andamiaje y razonamientos utilizados para fundamentarla deben dejarse de lado. En algunas oportunidades, la comprensión del fallo obliga a remontarse a los considerandos. ... Los motivos pueden ser un elemento valioso de interpretación de la sentencia ante la oscuridad o insuficiencia de la decisión, pero carecen de la eficacia de cosa juzgada. Como principio, sólo el fallo tiene tal cualidad, quedando excluidas las consideraciones lógicas, de hecho o de derecho. ... la autoridad de cosa juzgada está en la parte dispositiva de la sentencia, y no en su motivaciones. ... A consecuencia de la imperatividad y eficacia de la sentencia, ésta se limita al objeto, los sujetos, el petitorio y la causa de la petición. Sobre los mismos elementos ya juzgados no se puede proponer una nueva demanda, ni dictar una nueva sentencia, en virtud de lo preceptuado en el art. 347, inc. 6º y 8º, párr. 2, del PCN...." (Fenochietto, Carlos Eduardo; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales; T. 1; Editorial Astrea; Ciudad de Buenos Aires; 1999; 606-613). En el caso, si bien es cierto el relato que la apelante transcribe de la sentencia de primera instancia, el a quo, luego de señalar que el pronunciamiento debatido en la causa dictada por el Máximo Tribunal de la Nación corresponde a períodos fiscales distintos a los cuestionados en autos, agrega que "Además, un examen atento pone de manifiesto que para considerarla exenta el Alto Tribunal tuvo en consideración que en los restantes períodos desde 1955 la actora había sido eximida con carácter subjetivo, vale decir, mencionando al Hospital Alemán como institución que no debía oblar este impuesto, y que de la misma manera había sido encuadrada en la exención durante el año 1991; de este doble encuadramiento prolongado durante muchos años y reiterado con posterioridad a los períodos en discusión, en el año 1991, infirió el Tribunal -no me compete analizar si con acierto o error- que también correspondía la exención a los períodos fiscales 1987, 1988 y 1990 (fs. 3007301 de la causa citada). Un panorama distinto se advierte en la Legislación a partir del año 1992, ya que desde ese momento no se verifica más una exención de carácter subjetivo razón por la cual la doctrina sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es trasladable a los períodos posteriores denunciados en el pronunciamiento." Cabe señalar que la Corte Suprema de justicia de la Nación consideró que correspondía la exención a los períodos fiscales 1987, 1988 y 1990 en virtud del especial régimen de exención con carácter subjetivo previsto en las normas vigentes durante períodos anteriores y posteriores a los reclamados. Las ordenanzas fiscales posteriores concedían el beneficio de forma genérica -esto es, sin mencionar a cada sujeto exento- y, además, establecieron ciertos requisitos para su concesión. Luego, en el marco legal aplicable a este caso, dada la ausencia de un pedido de exención -y el cumplimiento de los restantes recaudos - por parte del contribuyente, el órgano recaudador no pudo concederla (conf. TSJBA, in re "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires c/ DGR (Resolución Nº 1881/DGR/00) s/recurso de apelación judicial c/decisiones de DGR", expte. Nº 1227/01, del 26 de marzo de 2002, voto de la mayoría). Por ello, considero que no existe cosa juzgada ya que la cuestión debatida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación corresponde a los períodos fiscales 1987, 1988 y 1990, distintos a los cuestionados en autos (1993 a 1997). VI. A mayor abundamiento, la Ordenanza 44.847, sancionada con fecha 30 de diciembre de 1991, modificó el art. 26 bis, el que quedó redactado de la siguiente manera: "Las exenciones previstas en el artículo 26 ... Tampoco alcanzan a las contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza , Territorial y de Pavimentos y Aceras que graven los inmuebles en los que se desarrollen total o parcialmente dichas actividades ...". Este Régimen norm ativo se aplica a los períodos pretendidos y reclamados en autos. VII. La apelante también considera desacertado que el a quo haya sostenido que no acreditó ser una institución de beneficencia o solidaridad social, al ser la misma demostrada por los dichos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos ya citados. Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo oportunidad de expedirse en la causa mencionada "ut supra" en los siguientes términos "No basta, pues, con ser una asociación de beneficencia o solidaridad, también se exige que las actividades exentas se correspondan con las finalidades estatutarias, que se acredite la aplicación de las utilidades que pudieran haberse generado y que se efectúen prestaciones a terceros con carácter de gratuidad. Claro está que respecto de algunos de los requisitos, una vez cumplidos, la exigencia en la reiteración quizás pueda resultar un ritualismo inútil (v. gr. la presentación de los estatutos), pero, en relación c on otros, su cumplimiento resulta ineludible pues permite a la autoridad de aplicación controlar si la entidad encuadra o no en todos los recaudos para la obtención del privilegio. Así, la presentación de la memoria y balance sirve para controlar el destino de las utilidades y si se efectúan prestaciones de servicios gratuitos; el certificado de vigencia de la personería jurídica permite controlar que ella no haya sido retirada o caducado. A tal punto, la subsistencia de los requisitos es una condición esencial para obtener la exención que la ordenanza exige la denuncia de las modificaciones que pudieran ocurrir luego de concedido el beneficio, bajo severos apercibimientos. ..." (Conf. "G.C.B.A. s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires c/ DGR (Resolución Nº 1881/DGR/2000) s/ Recurso de apelación judicial c/ Decisiones de DGR", expte. 1227/01, de fecha 26 de marzo de 2002, según voto de la Jueza Ana María Conde). VIII. Finalmente, apoya su post ura en el reconocimiento que hizo la demandada en el expediente C.I. Nº 3421/DGRyEI/98, que pese a no haber solicitado la exención el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reconoció la exención de la que goza (con el consiguiente reconocimiento como entidad de beneficencia y/o solidaridad social) y que, entre otras contribuciones comprende aquellas cuyo cobro se persigue en estos actuados. Así como lo ha sostenido el Juez de Primera Instancia, dicha decisión no fue encuadrada dentro del carácter pretendido, sino que le ha sido concedida sobre la base de considerarla una entidad cultural o científica que no persigue fines de lucro (art. 30 inc. 4, Código Fiscal t.o. 1999), conforme surge del expediente administrativo Nº 13.725/2000 (fs. 454), y no de una entidad de beneficencia y solidaridad social. Además de tratarse de períodos fiscales diferentes. Cabe señalar que la Resolución Nº 3421/DGR/99, en su art. 1ª establece "Declárase comprendida de las franquicias liberatorias que determina el art. 30 inc. 4 del Código Fiscal (t.o. 1999) al HOSPITAL ALEMAN ... en consecuencia eximida del pago de toda contribución desde el 01/06/98 al 31/12/2002 con excepción de aquellas que responden a servicios especiales efectivamente prestados y con la limitación dispuesta por los arts. 117 y 31 del Código Fiscal. ..." El art. 31 de la mencionada normativa establece "Las exenciones previstas en ..., en el artículo 30 ... Tampoco alcanza a la contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras que graven los inmuebles en los que se desarrollen total o parcialmente dichas actividades ..." IX. Las costas de esta instancia deberán imponerse en el orden causado, ya que la recurrente pudo haberse creído con derecho a litigar dada la complejidad del thema decidendum. (conf. art. 62 párrafo 2 de la ley 189). X. Por lo tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, doctrina, jurisprudencia citada y normas legales aplicables al caso, se propone al acuerdo que en caso de ser compartido este voto, se rechac e el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, se confirme la sentencia de primera instancia; con costas de esta instancia en el orden causado (conf. art. 62 párrafo 2 de la Ley 189). El Dr. Carlos F. Balbín, por los fundamentos expuestos por el Dr. Esteban Centanaro adhiere al voto que antecede. A la cuestión planteada, el Dr. Horacio G. Corti dijo: Una cuestión análoga a esta ya fue resuelta por el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires en la causa "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires c/DGR (Resolución nº 1881/DGR/00) s/recurso de apelación judicial c/decisiones de DGR´", con fecha 26 de marzo de 2002 (con votos concordantes de los Dres. Conde, Ruiz y Maier). En virtud de dicho criterio corresponde rechazar el recurso y confirmar la sentencia apelada. En cuanto a los agravios conexos (cosa juzgada y reconocimiento por parte del Gobierno en el Expte. 3241/98), me remito a lo expuesto por la Sra. Fiscal en su dictam en de fs. 482/85. Por lo dicho, coincido con la solución propuesta por mi colega, Dr. E. Centanaro, incluso en lo relativo a las costas (puntos IX y X de su voto). En mérito a las consideraciones vertidas, doctrina, jurisprudencia citada y normas legales aplicables al caso, y de conformidad con lo resuelto por la Sra. Fiscal de Cámara; el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia de primera instancia, con costas en el orden causado (conf. art. 62 párrafo 2 de la ley 189). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. Esteban Centanaro Carlos F. Balbín Juez de Cámara Juez de Cámara Horacio G. Corti Juez de Cámara