Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-25


SENT Nro. 481 San Miguel de Tucumán, 25 de JUNIO de 2003.- Y VISTO: El incidente de nulidad deducido por la parte demandada en los autos caratulados: "Sosa, Manuel Humberto vs. Ortiz, Elsa Lilia s/Indemnizaciones"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- La parte demandada, a fs. 510/511 vta., plantea incidente de nulidad en contra de la sentencia Nº 33, dictada por esta Corte el 12-02-2003, obrante a fs. 504/506, por la que se declara inadmisible y, en consecuencia, mal concedido, el recurso de casación interpuesto por la misma parte en contra del fallo de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 5-4-2002, corriente a fs. 462/464 de autos.

II. El pronunciamiento atacado tuvo por incumplido el requisito del afianzamiento aduciendo que del folio real del inmueble embargado se desprendía la existencia de una serie de gravámenes no cancelados, de modo tal que la Excma. Cámara mal pudo tener por cumplimentado el referido requisito, en orden a la suficiencia de los bienes embargados. Asimismo, con relación al otro bien ofrecido en embargo por la recurrente a título subsidiario, expresó que no se había adjuntado copia auténtica del folio real -como correspondía-, sino únicamente una copia simple la que, además, atento a su fecha, no reflejaba la situación actualizada del inmueble en cuestión en cuanto a titularidad y gravámenes, sin que correspondiera efectuar intimaciones de ningún tipo a los efectos de suplir las deficiencias apuntadas, en razón de que la oportuna y debida constitución de la garantía en examen constituía una carga procesal en cabeza de la recurrente.

La incidentista, a su turno, sostiene que en un exceso de ritualismo formal se declaró inadmisible el recurso interpuesto, considerando que no estaban dadas las condiciones previstas en el artículo 133 del CPT, siendo que sí se satisfizo lo prescripto en la citada norma; añade que la Sala VI de la Excma. Cámara recepcionó favorablemente el afianzamiento, encontrándose firme y consentida la resolución que así lo dispuso.

Puntualiza que, en la especie, existían condiciones formales plenas para el estudio del recurso, y que la falta de tratamiento tipifica un error in procedendo por aplicación del artículo 31 del CPCC.

Arguye que se han conculcado las previsiones de los artículos 30, 31, 34, 36 y 126 del CPCC; 3, del CPA; 35, inciso 9, de la Constitución de la provincia y 14, 16, 17 y 18 de la Carta Magna nacional, y que de ninguna manera el remedio intentado puede reputárselo inadmisible, habida cuenta que "...fue presentado en tiempo procesal oportuno, con los requisitos formales y sustanciales requeridos por la ley formal y dentro de los plazos previstos por el código de procedimiento Administrativo, por lo que considero, que el presente caso debe ser interpretado y tratado con carácter restrictivo, si se la comprendía con razonabilidad y legalidad. No se puede exigir al actor otra conducta que no sea la razonable, la del sentido común, la que marca la ley. Es obvio que su expectativa es que se respeten las reglas del debido proceso" (cfr. fs. 511).

Ahora bien; se ha dicho reiteradamente que no existe impedimento normativo alguno para admitir la promoción de la nulidad de una sentencia de esta Corte por vía incidental sino que, por el contrario, el artículo 170, inciso 1), del CPCC, concede fundamento legal a la posibilidad de tal planteamiento. Mas debe subrayarse que el reproche de nulidad debe estar circunscripto a la concurrencia de vicios intrínsecos del fallo; es decir, cuando la sentencia adolezca de vicios o defectos de forma o construcción que la descalifiquen como acto jurisdiccional; esto es, dictada sin sujeción a las reglas de tiempo, lugar, forma, falta de firma, constitución del tribunal, cuestiones debatidas, decisión extra litis, entre otras; siendo ajeno a todo lo que tiene vinculación con la aplicación del derecho que el incidentista pueda conceptuar erróneo. Mediante ella no se pueden corregir eventuales errores de juzgamiento, aun cuando pudieran estar referidos a materia de orden procesal, ya que la nulidad sólo puede aprehender vicios de actividad y no de juzgamiento (CSJT: sentencias nº 606, del 5-9-96; 16, del 9-2-98, entre muchas otras).

En el caso de autos, la impugnante alega la existencia de excesivo rigor formal -sobre el que no brinda precisiones- sin lograr demostrar la concurrencia de alguno de los supuestos que excepcionalmente tornan procedente la declaración de nulidad de una sentencia de esta Corte, conforme fuera puesto de manifiesto precedentemente.

Ocurre que el acierto o error de los argumentos esgrimidos en el pronunciamiento no puede ser materia de un incidente de nulidad, sin perjuicio que la parte lo cuestione por la vía recursiva adecuada, ya que la nulidad del fallo no radica en el acierto o desacierto de su motivación y decisión. Del hecho que ese juicio recaiga sobre materia procesal, como acontece en el sub examine -específicamente sobre el requisito del afianzamiento-, no se deriva que el error sea de actividad, sino que de existir error, el mismo sería de razonamiento o juicio sobre la materia, y no puede ser revisado por medio del incidente de nulidad. Es que como bien lo señala el señor Ministro Fiscal, "El reproche impugna el juzgamiento elaborado por el Tribunal con relación al cumplimiento del requisito del afianzamiento normado en el artículo 133 del CPL al que consideró no cumplimentado adecuadamente..." (cfr. fs. 517). De allí, entonces, que corresponda rechazar por inadmisible la pretensión nulificante de marras.

III.- Atento al resultado al que se arriba, por el principio objetivo de la derrota, las costas de este incidente se imponen íntegramente a la incidentista.

Por ello, de conformidad a lo dictaminado por el Ministerio Fiscal a fs. 517, se R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE el incidente de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la sentencia Nº 33, dictada por esta Corte el 12-02-2003, glosada a fs. 504/506, conforme a lo considerado.

II.-COSTAS como se consideran.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO