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Prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: DIRENCIO, CARLOS RAMON, BURGOS, OSVALDO BENJAMIN c/ HERRERA, MARCELO JUAN DOMINGO; SANTILLAN, RODRIGO GONZALO; ROCHA, VIVIANA PAOLA; MENDOZA, GERARDO ALEJANDRO s/ ROBO CALIFIVADO ADA V. MIRANDA Y OTROS c/ MIRANDA, PEDRO ANTONIO s/ CORRUPCION DE MENORES PAOLA; MENDOZA, GERARDO ALEJANDRO s/ ROBO CALIFIVADO ADA V. MIRANDA Y OTROS c/ MIRANDA, PEDRO ANTONIO s/ CORRUPCION DE MENORES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-07-17|2001-12-28

Las reglas de la sana crítica, que informan el sistema de valoración de la prueba, establecen la plena libertad para el convencimiento del juzgador, reconociendo un único límite, el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento.
Recurso de queja (procesal), facultades de la administración, derechos adquiridos, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Labayru, Julia Elena y otros s/ Queja por recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Labayru, Julia Elena y otros c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14, CCABA) Inconstitucionalidad denegado en "Labayru, Julia Elena y otros c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14, CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-09

El diseño legal de la potestad revocatoria tanto respecto de actos irregulares como regulares admite la revocación en sede administrativa cuando el interesado hubiera conocido el vicio (arts. 17 y 18 LPA). Interpretar el significado y alcance de esa condición habilitante requiere prudencia. Es que las cuestiones vinculadas con la revocación de actos administrativos por motivos de legalidad es delicada, especialmente por la gravitación del principio de presunción de legitimidad reconocido a nivel local por el art. 12 del decreto nro. 1510/97 y los efectos que dicha revocación puede proyectar sobre situaciones jurídicas establecidas. La tensión que se genera entre los dos principios básicos de legalidad y seguridad jurídica exige ponderación y cautela a la hora de establecer el punto de equilibrio. Ello para evitar tanto el riesgo de otorgar estabilidad a situaciones ilegítimas como el peligro de vulnerar indebidamente derechos adquiridos. (Del voto en disidencia de los Dres. Casás y Muñoz).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la justa retribución, honorarios, ejercicio profesional, derecho de propiedad
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: PABLO ANIBAL OGALLAR c/ C.G.T. DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-02

Si se trata de probar circunstancias que impiden a un profesional percibir una retribución por la tarea encomendada, la apreciación de los hechos debe efectuarse con suma cautela, a fin de resguardar las garantías aseguradas por los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.
Emergencia económica, constitucionalidad, inconstitucionalidad, déficit cero, confiscatoriedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Postiglione,  Roberto  Severio c/ Poder  Ejecutivo  Nacional s/ amparos y sumarísimos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

La reducción de haberes dispuesta a partir del art. 34 de la ley 24.156 modificado por la ley 25.453 no fue confiscatoria y, por otra parte, dicha norma puede considerarse como un instrumento necesario para mitigar el déficit fiscal, cumplir lo antes posible con las obligaciones internacionales de la Nación y restablecer con gran urgencia el sistema financiero del país a fin de aventar los graves males presentes y las peores penurias que pueden venir (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso de casación, prueba, apreciación de la prueba, facultades de la alzada
Materia: CIVIL
Carátula: LEAL DE MANSILLA RITA ADELINA c/ MARIO ENRIQUE TABOADA s/ PRESCRIPCION VEINTEAÑAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-12-12

Los jueces de las instancias ordinarias son soberanos en la elección de los medios probatorios aptos para formar su convicción, y ello en función que la valoración de la prueba es siempre ejercicio regular y privativo de una facultad que le es propia a los jueces de las instancias ordinarias que permanecen irrevisables en casación salvo que se denuncie y además se demuestre el desvío del razonamiento lógico o el error palmario y fundamental constitutivo del absurdo, por lo que de no darse tal presupuesto, corresponde el rechazo del recurso.
Recusación con causa, recusación por prejuzgamiento, interpretación restrictiva
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "GENOUD, José y otros s/ recusación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-13

Es doctrina reiterada del Tribunal que, siendo la recusación un mecanismo de excepción, que implica el trastocamiento del principio constitucional del Juez natural, en razón del desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces que supone, así como también a la vulneración del recaudo de celeridad esperable para cualquier solución judicial de los conflictos, debe ser tratada con suma prudencia, evaluando objetivamente las causales que taxativamente establece el código de forma. Por ello, no corresponde admitir la separación del juez de la causa, en base a cuestionamientos atinentes al contenido de su resolución o a los eventuales defectos formales de que éstas adolezcan, los que en todo caso deben implementarse por las vías idóneas a tal fin. En igual sentido y sobre la base de tal principio, en el caso de pre juzgamiento alegandose para fundar el apartamiento, en el hecho de que, noticias periodísticas que aluden a "fuentes judiciales" como un eventual adelanto de opinión.
Procedimiento administrativo, acto administrativo, elementos del acto administrativo, vicios del acto administrativo, debido proceso adjetivo, defensa en juicio, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: URFEIG NORBERTO c/ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA s/ REVISION CESANTIAS O EXONERACIONES DE EMP. PUBL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-20

En cuanto al procedimiento para el dictado de los actos administrativos, el artículo 7 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos local, exige que entes de la emisión del acto, se dé cumplimiento a los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y a los que surjan implícitos del ordenamiento jurídico.

Al respecto, cabe señalar que la ley no precisa cual es el criterio que en cada caso permitirá establecer el grado de "esencialidad" o "sustancialidad" de los procedimientos exigidos normativamente, cuestión que deberá ser resuelta atendiendo a los bienes jurídicos gravitantes en cada situación.

De todos modos aunque la ley no lo mencione expresamente en este inciso, el debido proceso adjetivo, como reglamentación procedimental administrativa de la garantía de defensa consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, es, sin duda, una especie de procedimiento insoslayable cuando los derechos particulares puedan resultar afectados (Comadira, Julio Rodolfo, Procedimientos Administrativos, Tomo I, pág. 200 Ed. La Ley). (Del voto en disidencia del Dr. Esteban Centanaro).
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: STIVANELLO, CARLOS MARIA c/ CODURI, PEDRO JUAN MANUEL y/o ASERRADERO CODURI y/o QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-02-23

La notificación a la empleadora de la elección como delegado gremial del actor, no es hecho que por sí solo lo legitime para valerse de los beneficios y garantía de estabilidad consagrada por la ley 23.551, pues la efectiva realización del acto eleccionario en las condiciones legales, la existencia de la personería gremial de la entidad convocante, el número de trabajadores que según la ley o el convenio colectivo habilitan el cargo -artículos 40, 41, 45, 49 y concordantes de la ley citada-, son recaudos de necesaria alegación y en su caso prueba a cargo de quien pretende el amparo de la garantía.
Recurso de casación, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: CAMPOS, RAMON ALBERTO c/ EMPRESA CACORBA S.A.T. Y/O RESPONSABLE s/ INDEMNIZACION INTEGRAL POR OPCION DE LA ACCION COMUN, ETC. CASACION.  -
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-28

Si bien son irrecurribles las resoluciones referidas a la regulación de honorarios, cuando se discute la cuantía de éstos y la base establecida para fijarlos, la Corte puede conocer en los recursos fundados en la violación de las garantías constitucionales de la propiedad y defensa del juicio, así también en los casos en que se debaten el sentido jurídico de las normas, es decir, su interpretación.-
Contrato de garaje, locación, locación de cosas, obligación de seguridad, locador, obligaciones del locador
Materia: CIVIL
Carátula: Acuña, Pedro Damián c/ Sucesores de Takieldin, Jacinto Ismael s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-12

Es esencial para la configuración de la locación de cosa que se entregue la cosa al locatario para su uso y goce, lo que lleva implícita la transmisión de la tenencia de la cosa locada al locatario. El garajista, en cambio, no se desprende de la tenencia del local y brinda una prestación que tipifica el contrato, que es precisamente la de custodia sobre el vehículo.
Acción de amparo, gravamen irreparable, actos u omisiones de autoridades públicas, servicio telefónico, portabilidad numérica
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: UNIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES c/ E.N. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES - DTO. 764/00 s/ AMPARO LEY 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-30

Según la Corte Suprema, si bien es cierto que la vía excepcional del amparo, en principio, no sustituye las instancias ordinarias judiciales, no es menos cierto que siempre que aparezca de un modo claro y manifiesto el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces reestablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del recurso de amparo, a fin de que el curso de los procedimentos ordinarios no torne abstracta o tardía la efectividad de las garantías constitucionales. En el caso, existe una omisión inconstitucional susceptible de reparación por la vía del amparo, toda vez que los usuarios del servicio de telecomunicaciones poseen un derecho cierto a la portabilidad numérica (reconocido expresamente por el Decreto n° 764/00) que se ha visto vulnerado a partir de la excesiva demora en reglamentarlo. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Honorarios, régimen de consolidación de deudas, ley provincial, obligación principal, obligaciones accesorias
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Neuquén, Provincia del c/ Estado Nacional s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

No corresponde excluir el crédito por honorarios del régimen de consolidación de deudas establecido por la ley 1947 de la Provincia del Neuquén si no existe otra obligación dineraria, derivada del pleito, que se encuentre excluida de dicho régimen y respecto de la cual aquella, consiste en el pago de los honorarios reclamados pueda considerarse accesoria.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Peramos, Angel Francisco Federico c/ Provincia de Santa Fe s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Indemnización de daños y perjuicios (Expte. CSJ Nº 1948-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-03-11

No son aptos para abrir la instancia del artículo 14 de la ley 48 los cuestionamientos que reiteran dogmáticamente vicios ya vertidos sin plantear una crítica concreta y razonada de todos y cada uno de los argumentos dados para desecharlos. En el caso, las quejas del impugnante solo trasuntan su mera disconformidad acerca de lo decidido por este Cuerpo en ejercicio de funciones propias -control de requisitos de admisibilidad correspondiente a un remedio regulado por la ley 7055 (recurso y queja)-, lo cual resulta inidóneo para franquear la instancia extraordinaria.
Tarjeta de crédito, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LLoyds Bank c/ Mancino, Eduardo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-02

La "solicitud de tarjeta de crédito" de la que surge la relación contractual que vincula a las partes, integrada con los comprobantes de venta conforman un título que habilita para requerir la preparación de la vía ejecutiva de conformidad con lo previsto por el art.523 CPC. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Plazos procesales, actos jurídicos formales, interposición del recurso, presentación extemporánea
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Álvarez, Carlos Cesar contra GCBA sobre amparo - salud - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-17

La tardía presentación del recurso de inconstitucionalidad -cuyo plazo de articulación es perentorio y fatal- sella la suerte adversa de la presente queja (conf. doctrina de la Corte Suprema de Justicia sentada en Fallos 327:5233, aplicable al recurso extraordinario local). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe, voto en igual sentido de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, jueces, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: CITIBANK NA c/ BONACOSSA, MARIA LETICIA AGUSTINA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-02

Corresponde rechazar la queja interpuesta desde que la recurrente no alcanza a demostrar -aun en el plano argumental- que se configure en el caso una excepción a la regla según la cual las cuestiones relativas a la regulación de honorarios escapan al restringido ámbito previsto normativamente para el control de constitucionalidad de sentencias que compete a esta Corte, puesto que las mismas no consiguen superar el nivel de la mera discrepancia respecto del criterio expresado por los jueces de la causa en ejercicio de funciones propias, y tampoco apareciendo perfilado en autos un supuesto extraordinario que aconseje prescindir de los recaudos generales de admisibilidad en orden al franqueo de la instancia intentada.
Retiro policial, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cecilia, María Jorgelina c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Determinar si la ley 10.739 sólo se refiere a situaciones acaecidas durante la vigencia del decreto ley 9538 o, si por el contrario sus previsiones resultan aplicables a aquellas situaciones configuradas con anterioridad a la norma específicamente modificada, constituye una labor de interpretación que debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que la informan, de modo tal que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos éstos que no deben ser obviados por las posibles imperfecciones técnicas de la legislación.
Compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, boleto provisorio, escrituración
Materia: CIVIL
Carátula: SOTOLONGO JORGE ALBERTO c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

El titular de un boleto provisorio está habilitado para demandar la escrituración del bien objeto de la compraventa.

El boleto de compraventa ha de verse como un "contrato singularizado", dejando a salvo la no sinonimización entre el instrumento (boleto) y el negocio jurídico (compraventa). Así como el rescate que obró la ley 17711 de ese encasillamiento de "seudo título-minusválido" en que se colocaba al boleto de compraventa.

La definición legal de la compraventa exige el compromiso de transferir la propiedad de una cosa y la obligación de recibirla pagando por ella un precio cierto en dinero y surge del respeto por el ejercicio pleno de los poderes acordados por el art. 1197 del código citado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denuncia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arbasetti, Horacio Alfredo c/ Celta, Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Servicios Sociales de Tres Arroyos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-08-23

Determinar si se ha configurado una denuncia calumniosa o negligente constituye una cuestión de hecho que no puede ser abordada en la instancia extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo.
Sindicatos, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Gesell s/ rúbrica de libros de comercio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-06

La rúbrica de los libros de un Sindicato, si fuera pertinente, debe tramitarse ante las autoridades que correspondieren, dependientes del Ministerio de Trabajo de la Nación ( arts. 16 f, 56, 58, 59 y cdts. ley 23.551; art. 11 decreto reglamentario 467 ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, ley procesal, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GOMEZ, ELIAS JOSE c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-09-13

Respecto de la alegada falta de fundamentación por aplicación del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el fallo de la Alzada, debe merituarse que el planteo es idéntico al resuelto por este cuerpo in re "Fernández, Oscar", por lo que corresponde remitir a los fundamentos allí vertidos, en donde se descartó la incompatibilidad entre aquella norma y las dispuestas en el nuevo Código Procesal Penal y la ley 13018 para la deliberación de los tribunales colegiados.
Prueba confesional, valor probatorio, plena prueba
Materia: CIVIL
Carátula: VASALLO VDA. DE FELIZI c/ CORTES CARLOS s/ CONTRATO DE LOCACION COSAS-DESALOJO-CUESTIONES PROCESALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-06

La ley otorga el carácter de plena prueba a la confesión expresa (art. 427 C.P. Ello es así porque, en lo tácito, no existe "animus confidendi".-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Sergio Rubén s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley donde el recurrente no hace más que anteponer a las conclusiones del juzgador las suyas propias sin otro asidero que su personal interpretación de los hechos, inadecuada para provocar la casación.
Pena privativa de la libertad, cómputo de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Burgos, Jaime Amado s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-27

Debe computarse doble el tiempo de detención sufrido por el imputado desde el día siguiente en el que acaecieron los dos años de privación de libertad (art. 161 del C.P.P.N. en función del art. 156 del C.P.C.C.N.) hasta la fecha en que la sentencia quedó firme, es decir el día en que esta Cámara declaró mal concedido el recurso de casación intentado, pues como ya se ha dicho, queda excluida la posible articulación del recurso federal previsto en el art. 14 de la ley 48. (Voto del Dr. Riggi).
Flagrancia, menor procesado, situación de vulnerabilidad, programas de rehabilitación
Materia: PENAL
Carátula: P., J. E. c/  s/ externación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-04

Precisaron que "(.) este tribunal -en su actual integración- mantiene el criterio sostenido a partir del precedente "González" (causa 24.22/17, rta: 10/2/17) en cuanto a que el régimen establecido en el actual art. 353 bis, CPPN no resulta compatible con el procedimiento especial previsto para los menores sometidos a un proceso penal, pues "el procedimiento de flagrancia tiene como objeto la resolución rápida de un conflicto pasado mediante la resolución de la aplicación o no de una sanción penal. El procedimiento de menores, por el contrario, tiene como objeto la inserción del menor en la vida social", es decir, el proceso penal de responsabilidad juvenil tiene en miras un fin socio educativo (.)" Agregaron que tal como lo señalara el defensor, el Protocolo en Mediación Penal Juvenil Restaurativa y Acuerdos Restaurativos aprobado recientemente por el Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos (el 19/9/18, Res. 813/18) señala las pautas a seguir en la materia, enderezadas a respetar el carácter educativo de las medidas a tomar respecto de adolescentes que han infringido la ley penal, priorizando la desjudicialización y las medidas alternativas a la privación de la libertad, atendiendo a su vulnerabilidad, refuerza la postura de que el procedimiento de flagrancia deviene incompatible con aquél que fija la ley minoril número 22.278. Indicaron que aplicar al caso en estudio el procedimiento, no aparejaba ningún beneficio debido a que el menor cumplió recientemente los 16 años de edad por lo que se encuentra a la espera de alcanzar su mayoría de edad, en el marco del tratamiento tutelar, para determinar la necesidad o no de imposición de una pena. Sobre el planteo de inconstitucionalidad, precisaron que al haberse resuelto la no aplicabilidad del procedimiento, se había brindado una respuesta satisfactoria a la parte, por lo que no correspondía su declaración. Finalmente, sobre la internación, indicaron que los informes profesionales daban cuenta que se encontraba en una situación de vulnerabilidad de larga data, que vive en situación de calle en conflicto con su familia y que tuvo anteriores ingresos, habiendo demostrando interés en retomar el tratamiento en una comunidad terapéutica, por lo que entendieron que correspondía derivarlo y, con la intervención del Programa de Derechos y Alianzas Territoriales, dar tratamiento a su problemática dual, adictiva y de comportamiento.

Fuente del sumario: OFICIAL
Honorarios, juicio de desalojo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BERTONI DE ARMANI N. c/ CARLOS L. BOVINO Y OT. s/ Desalojo (LIBRO: A150 - 206)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1989-02-27

A los fines del cálculo de los honorarios hay que tener en cuenta el canón que pagaba el inquilino al momento de la demanda de desalojo por la causal de falta de pago debidamente actualizado a la fecha de la resolución de primera instancia, multiplicado por 24 meses. No corresponde tener en cuenta los intereses moratorios para la regulación en juicio de desalojo ya que la norma de aranceles no lo autoriza porque el cálculo debe efectuarse exclusivamente sobre el monto de 24 meses de alquiler.-