Amenazas, lesiones leves, violencia de género
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Correa, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Juan Mariano Cerezo en Expte. 90/12: Correa, Sergio Daniel s.a. Lesiones Leves y Amenazas en Concurso Real - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-18

El Juzgado Correccional resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado oportunamente (por el imputado por lesiones leves y amenazas en concurso real).

Contra dicha resolución, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación.

Centra su primer embate cuestionando la errónea aplicación del art. 76 bis del C.P. En tal sentido, considera que debió hacerse lugar a la solicitud del pedido de suspensión del juicio a prueba y que, teniendo en cuenta la legislación vigente, no existe ninguna disposición que obstaculice la procedencia de este instituto.

Habrá que analizar, entonces, si la denegación de la concesión de la suspensión del juicio a prueba solicitada por el imputado se encuentra legalmente fundada, puesto que lo que aquí se denuncia es la errónea ponderación por parte del tribunal de un instrumento internacional con jerarquía constitucional (ley 24.362 -Convención de Belem do Pará-).

La citada Ley Nacional expresamente prohíbe en su art. 28 -último párrafo-, la realización de audiencias de mediación o conciliación en casos de violencia de género. Ello, deja sin sustento las aseveraciones del recurrente en cuanto a que no existe ninguna disposición que obstaculice la procedencia del instituto de la suspensión del juicio a prueba y que el tribunal se arrogó facultades legislativas al incorporar una nueva causal que obstaculice la viabilidad de la probation.

Por último, y a fin de dar un abordaje integral de la problemática en estudio, corresponde mencionar las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia, marzo de 2008), a las que esta Corte -al igual que la gran mayoría de los Máximos Tribunales provinciales del país-, ha adherido mediante Acordada Nº 4102 (27/05/2009).

Si bien estas Reglas no forman parte de una ley; resulta importante citarlas en oportunidad del fallo que se analiza, ya que las mismas han servido para establecer bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad -entre las que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género-; como así, recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial.

No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y de quienes intervienen de una u otra manera en su funcionamiento.

En este orden de ideas, resáltese, que sin bien se ha sostenido que la necesidad de encontrar alternativas para la resolución de conflictos, se funda en criterios de oportunidad política, económica y social, y que el objetivo principal radica en "mejorar la calidad del servicio de justicia"; entiendo que el servicio de justicia que requieren los casos a los que se alude, se verá sumamente enaltecido si sus operadores logran garantizar la efectiva defensa de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad.

En efecto, asegurar en estos casos el acceso de la mujer a la justicia para que se protejan sus derechos, constituye un deber estatal indeclinable.

Por ello, considerando que es mujer la supuesta víctima de las lesiones producidas en su cuerpo y de las amenazas sufridas, la resolución impugnada, denegatoria de la suspensión del juicio a prueba, resulta ajustada a Derecho por expresar conformidad con lo dispuesto en las normas referidas y la debida diligencia comprometida por el Estado argentino ante la comunidad internacional para la prevención, sanción y erradicación de toda forma de violencia en contra de la mujer.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación deducido.