marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SARTORI ROBERTO c/ MANUEL ANTEQUERA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A075 - 480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-04-28

Por aplicación del art. 1424 C.C., el domicilio de pago es el del comprador y por lo mismo, aún de pretenderse escudar el demandante en la opción del art. 5 C.P.C., el lugar de cumplimiento de la obligación lo era también el domicilio del demandado-comprador, razón por la cual, la admisión de la excepción de incompetencia deducida, es correcta.-
Régimen penal de la minoridad, medidas de seguridad curativas, internación, menores, cómputo privilegiado de la privación de libertad
Materia: PENAL
Carátula: C. F., M. R. s/ recurso de inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-29

Corresponde aplicar el cómputo previsto en la ley 24.390 a las medidas de internación dispuestas respecto de menores sometidos a proceso penal (ley 22.278).
Recurso de inconstitucionalidad, contrato de garaje, daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pisacco, Edgar José c/ Di Paolo, Ester Teresa s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-07

Lo decidido por el A quo en el tema sometido a jurisdicción aparece como un razonamiento lógico y ajustado a las constancias de la causa, desde que el artículo 1375 del Código Civil y Comercial dedicado a los establecimientos y lugares asimilables a los hoteles menciona a los garajes, lugares y playas de estacionamiento y otros establecimientos similares que prestan sus servicios a título oneroso haciéndole extensivo lo regulado en dicha sección atinente a la responsabilidad; y bien, conforme lo entiende la doctrina, el caso del garajista profesional -prestación del servicio de garaje en forma onerosa y a través de una organización empresarial- es un supuesto indiscutiblemente incluido en la previsión legal analizada, que conlleva las obligaciones de guarda y custodia propias del depósito necesario y la consecuente responsabilidad objetiva puesta en cabeza del depositario; y en el caso, si bien se trata de un emprendimiento menor -tal como lo señala la Alzada-, ello no lo excluye de la figura en cuestión, pues basta el mero ofrecimiento por un precio y en forma generalizada de una pluralidad de espacios para estacionar vehículos, para considerar comprendido el supuesto en un contrato de garaje, no obstante no contar con una organización profesional o empresarial propiamente dicha, advirtiéndose que la valoración de la conducta desplegada por las partes a lo largo de su vinculación contractual que formulara la Alzada, luce ajustada y acorde a las constancias de autos, y cobrando fundamental importancia la actividad comercial desarrollada por la accionada, la cual inicialmente contó con la habilitación comercial y tributación correspondiente, y que consistía en lucrar con la explotación de un inmueble acondicionado para ofrecer espacios para estacionar en forma onerosa y de manera generalizada. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Erbetta y Molina. En disidencia: Dres Netri, Gutiérrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial, artículo 1375. - DOCTRINA: Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo VII, dir. Ricardo Lorenzetti, Ed. Rubinzal Culzoni, 2015, pág 230.
Responsabilidad contractual, responsabilidad médica, parto
Materia: CIVIL
Carátula: GIMENEZ, Marian Soledad c/ HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. JUAN FERNANDEZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Cuando se trata de un vínculo contractual en que los progenitores participan a título personal para convenir lo necesario para la atención de la madre y de la persona por nacer durante el embarazo, durante el parto y también del hijo después de nacido, por no ser ajenos los padres a la génesis del contrato, ni tampoco al desenvolvimiento de ese vínculo, las consecuencias del incumplimiento por la mala praxis en el servicio de asistencia médica, deben regirse por las normas que regulan la responsabilidad contractual.-
Recurso de inconstitucionalidad, daño, relación de causalidad, Estado Provincial, citación a juicio, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: MAZZINI, FRANCISCO Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-09

Para confirmar la asignación de responsabilidad plena a la Provincia de Santa Fe, la Cámara expresó que en relación al argumento sobre la cocausación o concatenación causal por intervención de estados vecinos (Buenos Aires y Córdoba), si bien Santa Fe no podía traer a juicio a las otras provincias debido a que por su autonomía ellas no podían ser demandadas en estos Tribunales, podría la accionada haber utilizado la norma del art. 305, 2da. parte del Código Procesal Civil, citación o denuncia de litis por la eventual y posterior procedencia de una acción revérsica o de repetición, afirmaciones éstas que confieren razón a la recurrente en cuanto reprocha que la Alzada, desentendiéndose lisa y llanamente de la incidencia territorial de la Provincia de Santa Fe en la cuenca, incurrió en un notorio desenfoque al concluir -con fundamentación elusiva- que la cuestión se resumía en una eventual acción de repetición, en lugar de analizar cómo y de qué modo -en aquel amplio contexto- los actores habían logrado probar que el daño fuera imputable exclusivamente a la accionada. (Del voto de la Dra. Gastaldi, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 305, 2da. parte
Comunicaciones, periodistas, responsabilidad civil, noticia falsa
Materia: CIVIL
Carátula: Granada, Jorge Horacio c/ Diarios y Noticias  S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

El periódico como medio y el periodista como comunicador, no responde por las noticias falsas cuando la calidad de la fuente los exonera de indagar la veracidad de los hechos de la crónica y lo difundido se reduce a la reproducción exacta de la noticia proporcionada.
Daños y perjuicios, valor vida, muerte de un hijo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Abrego Nieves Beltran y otra c/ González Germán Eduardo y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

El criterio del Tribunal tendiente a la determinación del monto indemnizatorio por la muerte del hijo menor es empírico, alejado de cálculos que no tienen en cuenta precisamente la capitalización del trato indemnizatorio y por ende distorsionan el resultado a que arriban.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, contratos, interpretación del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: ARMANINI DE SANCHEZ, LOLA MARINA c/ JORGE LUIS JAPAZ s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1992-02-11

Los agravios que versan sobre incumplimientos contractuales están reservados a los jueces de grado y no al máximo tribunal, pues por ser la casación una función esencialmente de derecho, no sólo excluye el análisis de los hechos del proceso, sino también de aquello que no es ley en sentido estricto, como es el caso de los contratos, ya que interpretar su sentido y alcance es una cuestión de hecho ajena a la competencia de la corte, salvo absurdo.
Juicio de apremio, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Gral. San Martin c/ Rebagliati y Angelieri, Paula Maria y otr. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

Las costas correspondientes a las pretensiones desestimadas deberán ser soportadas por la ejecutante perdidosa.-
Ley de contrato de trabajo, suspensión del trabajador, despido indirecto, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Arbo Ramón Antonio c/ Autotransporte SOCASA S.A. s/ Apelación de sentencia s/ casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-08-10

En el supuesto del artículo 222 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), es el propio poder legislativo el que ha determinado que el exceso del máximo en la imposición de suspensiones por parte del empleador, tiene entidad suficiente (objetivamente considerada) para que el trabajador, si lo considera agraviante y no desea consentirlo (ámbito subjetivo) se coloque en situación de despido indirecto con el solo requisito de haber cuestionado la sanción. por lo tanto a diferencia de otras normas de la LCT donde el legislador admite la posibilidad de que el trabajador se coloque en situación de despido indirecto, sí pone en cabeza del juez, el deber de ponderar si los motivos injuriantes tienen la entidad como para que el trabajador se sienta agraviado y rescinda el vínculo, en ésta no lo hace.
Cuidado personal compartido, plan de parentalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L., S. N. c/ B., J. H. s/ Divorcio vincular contencioso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

Lo resuelto con respecto al régimen de visitas fijado por las partes y homologado por el juez no causa estado, revistiendo la calidad de cosa juzgada formal, por lo que nada impide que, en atención al interés de las personas involucradas, el padre no conviviente solicite en la instancia originaria la determinación de uno nuevo, teniendo en cuenta las modificaciones producidas en las obligaciones del grupo.
Contrato de trabajo, carga de la prueba, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Cedron, Andrea Lorena c/ Nemmik, Susana Ester s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-16

"Invocada una relación laboral, un contrato de trabajo y negado expresamente tal hecho, es entonces la parte actora quien carga con la prueba necesaria para acreditar la existencia de la relación de dependencia en el trabajo realizado".
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, certificado de saldo deudor, cuenta corriente bancaria
Materia: PROCESAL
Carátula: BBVA BANCO FRANCES S.A. c/ Gutierrez Olga Beatriz s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-04-08

En lo atinente a los firmantes, del instrumento legal surge con claridad que ha sido suscripto por el Gerente y el Contador de la parte actora, sin que la demandada haya acreditado que tales firmantes no sean ni el gerente ni el contador de la institución actora; por lo cual debe tenerse por cumplido ese recaudo formal ya que la ley no exige la justificación de que los firmantes ocupan efectivamente esos cargos.
Amparo por mora, causa de las obligaciones, astreintes, obligaciones de hacer, régimen de consolidación de deudas, fecha de corte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Parrilla, Francisco c/ Mrio. de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo por mora.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-10

Si el incumplimiento que llevó al actor a iniciar el juicio de amparo por mora de la Administración (art. 28 de la ley 19.549) no se relaciona sino de modo indirecto con la obligación de pagar astreintes, pues ella tiene su causa directa en la falta de cumplimiento de la obligación de hacer impuesta a la demandada con posterioridad a la sentencia en la decisión de fecha 16 de septiembre de 1991, resulta inaplicable el régimen de la ley 23.982, pues es posterior a la fecha de Corte prevista en la misma.
Abuso sexual, inadmisibilidad del recurso, sentencia condenatoria, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: M., B. E. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-28

Es admisible el recurso de casación que se dirige contra una sentencia de condena (art. 459 CPPN) y los agravios fueron canalizados, de acuerdo a lo dispuesto en los dos incisos del art. 456 del código citado. Más allá de que alguno de ellos se refieren a cuestiones que se podrían considerar como vicios in iudicando, al cuestionar la tipicidad objetiva y subjetiva del tipo penal atribuido, lo cierto es que también cuestionan hecho y prueba, en cuanto a acreditación fáctica de ciertos elementos de la tipicidad, lo que incluso, antes del fallo "Casal" hubiera requerido de revisión por esta instancia (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Llerena y Rimondi).
Apreciación de la prueba, jueces, error judicial, rectificación del error
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., L. E. s/ Robo calificado (Resolución Nro.  186, Tomo 57, Folio 271)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-15

Si la resolución del Tribunal relaciona elementos de convicción que corresponden a un hecho distinto al que motivó la apelación del procesamiento, recopilados dentro del mismo proceso con varios hechos acumulados, tal errónea adjudicación de prueba invalida manifiestamente el fundamento y la consecuente resolución de dicho pronunciamiento, lo que autoriza a la revocatoria por nulidad in extremis, atento al mencionado vicio. Sin embargo, este Tribunal se encuentra habilitado en el actual estado para dictar el pronunciamiento que corresponde con relación a la apelación planteada y sustanciada, toda vez que por la naturaleza y alcance de la nulidad in extremis, no surgen aspectos que en el caso bajo examen afecten al debido conocimiento de la revisión que se pretende por vía impugnativa, dado que el marco correcto lleva a un acervo probatorio distinto del que, erróneamente, se valoró en el pronunciamiento revocado.
Menores, delitos contra la integridad sexual, declaración de la víctima menor
Materia: PROCESAL
Carátula: B. Y., J. H. s/ Queja en: 'B. Y., J. H. s/Abuso sexual'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-17

"La negación por parte del niño del abuso sexual se produce en dos momentos, uno de los cuales tiene lugar en la fase inicial de la investigación, cuando el profesional está en contacto con el niño. Existen datos demostrando que sobre un total de 116 notificaciones comprobadas de abuso sexual, el porcentaje de casos en los que el niño negó su ocurrencia fue del 72 por ciento Tras múltiples entrevistas, un 96 por ciento de estos niños, llegaron a reconocer su existencia. Pero posteriormente, el niño puede volver a negar sus afirmaciones previas, o sea retractarse. Según estos datos, el 92 por ciento de los niños se retractaron en algún momento de la investigación. Este efecto de retractación se encuentra definido como parte del denominado 'síndrome de acomodación del abuso sexual infantil'. Este síndrome contempla que es habitual que el niño se vea presionado por sus sentimientos de culpa y por el sufrimiento de sus familiares, y sienta que tiene en su poder la responsabilidad de proteger o dañar a su familia".
Estupefacientes, procedimiento policial, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: MAC FARLIN. s/ ESTUPEFACIENTES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-07

Es improcedente la nulidad del procedimiento policial, dado que el secuestro de la presunta marihuna se realizó en un lugar librado al acceso público, en ejercicio del poder de policía del estado y dentro de las atribuciones legales pertinentes.
Declaración indagatoria, descripción de los hechos, interpelación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ULLOA, LUIS GUSTAVO; DE LA VEGA LUIS A. s/ ROBO SIMPLE; ROBO CON ESCALAMIENTO Y HURTO CON ESCALAMIENTO EN CONC.  REAL; HURTO SIMPLE; (ULLOA) Y HURTO CON ESCALAMIENTO (DE LA VEGA) S/  CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-09-13

Cuando el art. 277 CPP establece entre las "formalidades previas" de la indagatoria el informe detallado -por parte del juez- sobre el hecho atribuido al imputado, y las pruebas existentes en su contra tiene en vista, sin duda, garantizar de modo exhaustivo el derecho de defensa. Por lo que no alcanzara a cubrir la exigencia procesal la sola mención de que el imputado "se da por enterado" de aquellos extremos sin que quede la convicción del cabal cumplimiento de los extremos señalados.-
Concurso preventivo, quiebra, aplicación de la ley, verificación de créditos, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez, Jorge Placer c/ Amoedo de Kennedy y otr. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

Habiéndose iniciado la demanda por cobro de haberes e indemnización por despido -con traba de la litis el 27-XII-1995- encontrándose vigente la ley 24.522 resulta aplicable lo establecido en el art. 21 inc. 5 de la citada ley, debiendo entender en la causa el juez civil departamental donde tramita el concurso preventivo del demandado, a quien el Tribunal del Trabajo remitió las actuaciones con fecha 5 II-1996. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sociedades comerciales, representación de la sociedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIGLIAROLO GUSTAVO c/ JORGE COUTSIERS s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD DE HECHO, RENDICION DE CUENTAS Y COBRO DE  PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-05

La representación de la sociedad es indistinta, si ambos socios actúan frente a terceros en nombre de la sociedad de hecho.
Medidas cautelares, defensa en juicio, televisión
Materia: PROCESAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo. (S. 303- S. 292).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

La decisión que dispuso como medida cautelar la abstención provisional de emitir por televisión imágenes o conceptos relacionados con la actora, es violatoria del derecho de defensa en juicio, si fue dictada con absoluto desconocimiento de cuáles serían los conceptos desdorosos que, sin otras precisiones, invocó la demandante como próximos a ser difundidos y a cuya acreditación condicionó expresamente su pedido.
Exacciones ilegales simples, cohecho pasivo, estafa, extorsión, funcionarios judiciales, funcionarios públicos, abogados
Materia: PENAL
Carátula: Dumanjo, Ricardo J. s/ Exacciones Ilegales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

a) Es atípica la conducta de un empleado judicial que requirió a un abogado querellante una suma de dólares estadounidenses para decretar un procesamiento.

b) La figura descripta por el art. 266 del C.P. -exacciones ilegales- exige en su aspecto objetivo que la voluntad del sujeto pasivo sea determinada por el temor genérico que al autoridad suscita, debiendo encontrarse la voluntad de la víctima coartada como consecuencia derivada de la actitud del funcionario y de la situación de hecho, por lo que ha de mediar abuso de autoridad en cualquiera de sus dos alternativas -mediando exigencia o inducción- que lleve a la víctima a entregar una dádiva.

c) No puede considerarse influida la voluntad de un abogado que actuaba como querellante, por la conducta abusiva de un empleado judicial que solicitó una suma de dólares estadounidenses para decretar un procesamiento en la causa, pues dada su calidad de profesional tenía pleno conocimiento de que quien lo "presionaba" carecía de atribuciones para decidir tal medida, habida cuenta de la indelegabilidad de dicha función, por lo que la incompetencia del empleado en tal sentido era evidente.

d) Tampoco la maniobra de solicitar dólares para proyectar un procesamiento puede tipificarse en el delito de cohecho -art. 256 del C.P. -, pues para éste debe existir acuerdo previo para que se haga o se deje de hacer algo relativo a las funciones del funcionario público.

e) Cabe excluir también las figuras de estafa y extorsión, la primera porque en ningún momento el imputado ha querido inducir a error al abogado y la segunda porque no se ha configurado un caso de simulación de autoridad.

f) El empleado judicial no es un funcionario público en los términos del art. 77 del C.P. , pues si bien con sus tareas apoya a los jueces y secretarios, interviniendo en la realización de actos procesales que exceden el alcance de sus obligaciones, tal función deriva de una delegación solo impuesta de hecho por la obsolescencia e insuficiencia del aparato judicial y no por disposición legal alguna que la autorice, por lo que carecen de autoridad propia conferida por el Estado o delegada por expresa permisión de la ley para legitimar pasivamente a alguien, esto es, para resolver "por sí" lo que fue el núcleo de su exigencia, dado que más allá del influjo que podría haber ejercido sobre el magistrado para que resolviera en tal sentido, la decisión final era del juez y carecía de representatividad de la voluntad estatal al no ser titular del ejercicio de una función pública, de la que simplemente resulto auxiliar.
Fundamentación de sentencias, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA c/ Y. S.A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-02

La coincidencia en mayoría debe alcanzar no sólo al sentido en que finalmente se votan las cuestiones propuestas, sino también a la motivación sustancial que las respaldan.

No resultaría suficiente que se concluyera uniformemente en un decisorio, si las opiniones que la sustentan contienen, diferencias irreconciliables que, como corolario de una expresión razonada del derecho y fundada en los hechos del juicio, fracasare en argumentos que se eliminan o invalidan entre si. La motivación es indivisible e insoslayable. Su ausencia, se desvanece el vínculo lógico entre una y otra y no hay fallo verdadero.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, interpretación de la ley, jubilaciones, régimen jubilatorio, compatibilidad previsional, empleo público
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LANZILLO, ALBERTO HUGO c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDAORDINARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 336 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-06-03

Corresponde rechazar la queja interpuesta desde que la Caja recurrente no demuestra que la Cámara hubiera brindado una respuesta ilógica, irracional o carente de suficiente fundamentación al juzgar, en definitiva, que de la interpretación armónica de los diferentes artículos de la ley 10419 se desprendía que el actor podía cobrar sus haberes jubilatorios y continuar con su actividad profesional bajo relación de dependencia hasta cumplir la edad necesaria para jubilarse por el régimen público.
Honorarios, exhortos, embargo, pautas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EXHORTO:ROULET VICTOR N.Y OTROS c/ OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-30

A los efectos de determinar los honorarios correspondientes al letrado diligenciador de un exhorto, cabe tener en cuenta que el monto por el cual se dispone trabar embargo constituye una pauta puramente accidental, pues no se trata aquí de retribuir el trámite a que se refiere el art.27 De la ley 21839, sino las gestiones accesorias de la medida dictada en el trámite de ejecución de los autos principales ( en el caso se tuvo en cuenta, además,que la medida fue dispuesta contra un ente autárquico del estado nacional y sobre fondos existentes en una cuenta bancaria individualizada en la misma rogatoria, y que en esta jurisdicción sólo se sustanció el trámite material del embargo). (Sala 1, 2333, 301183)
Dueño de la parada de diarios y revistas, acción de amparo, acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: ABRAHAM, ALFREDO A. Y OTROS c/ BAITER SA. s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-27

El perjuicio económico derivado de un acto administrativo (en el caso, sufrido por los puestos de diarios de las terminales de ómnibus al unificarse esa actividad en la "Estación Terminal Retiro") no habilita aún en base a una resolución del Ministerio del Trabajo (adjudicación de las paradas en la mencionada Estación) a desarrollar actividad alguna sin cumplir las condiciones impuestas por quien tiene a su cargo la administración y explotación comercial del lugar por adjudicación del Poder Ejecutivo.