Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03


C. 8913/2011/CA2 -I-"Finca Flichman S.A. s/ medidas cautelares".

Juzgado Nº: 2 Secretaría Nº: 3 Buenos Aires, 3 de junio de 2014.- Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 227 y fundado a fs. 229/230 -cuyo traslado fue contestado a fs. 234/235- contra la resolución de fs. 225/226, y CONSIDERANDO:

1. El señor juez hizo lugar al planteo de caducidad formulado a fs. 198/199 y dejó sin efecto la medida dispuesta a fs. 94/95, con costas a la actora.

Para así resolver, ponderó que la acción fue deducida vencido el plazo que establece el art. 40 de la ley 22.362, computando las suspensiones que prevé el art. 18 de la ley 26.589.

2. La actora aduce que las medidas cautelares han sido hechas efectivas en forma parcial por lo que el plazo para iniciar demanda no puede haber comenzado.

Destaca que la única medida que limita el accionar del titular de "Alma Negra" o de quien resulte responsable del uso indebido de la marca "Misterio" es la que impide la exportación de los productos, que aún no ha sido llevada a cabo. Añade que las restantes medidas son meramente de producción de prueba anticipada y averiguación de circunstancias para determinar contra quien enderezar la demanda. Concluye que la declaración de caducidad no tendría efectos prácticos puesto que las pruebas obtenidas podrán hacerse valer en el proceso conforme el art. 318 del Código Procesal.

3. En primer lugar, es conveniente recordar que la sanción de la deserción de la instancia, por su gravedad, debe aplicarse con criterio favorable al apelante a condición de que el agraviado individualice, aunque sea en mínima medida, los motivos de su disconformidad (cfr. CNCiv, Sala E, 30/9/80, citado por Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Ed. Astrea, 1993, T.1, pág. 945). Esta inteligencia, y el criterio amplio que al respecto tiene el Tribunal, permiten considerar que el memorial presentado por la actora cumple mínimamente con los requisitos exigidos por el art. 265 del Código Procesal y descartar la solicitud de declaración de deserción formulada por Nakbe S.A. (cfr. esta Sala, causas 4782/97 del 24/3/98, 2150/97 del 16/11/00 y 3041/97 del 19/6/01).

4. Seguidamente cabe destacar que al revocar la resolución de fs. 151/152 -que admitió la primera solicitud de caducidad de las medidas- el Tribunal dejó establecido que el cómputo del plazo de caducidad comenzó a correr el 15-3-13 (cfr. fs. 190/191, considerando 4).

Consecuentemente, el tratamiento de esa cuestión se encuentra alcanzada por la preclusión, que tiene por efecto impedir que vuelvan a ser tratados temas ya decididos en forma expresa o implícita en el juicio (cfr. esta Sala, causas 4930/94 del 3/11/94, 9971 del 25/4/96, 3839/98 del 10/6/99, 447/93 del 15/2/00 y 17.236/94 del 23/12/03).

Ello sentado, corresponde señalar que en la decisión apelada el magistrado tuvo en cuenta el hito inicial mencionado y realizó el cálculo del plazo de caducidad aplicando la suspensión que dispone el art. 18 de la ley 26.589, aspecto que no ha sido cuestionado por la recurrente.

5. Desde otro punto de vista, no se puede soslayar que las medidas fueron solicitadas y concedidas en diciembre de 2011 (cfr. fs. 93 y 94/95).

En este sentido, es oportuno recordar que la caducidad procura sancionar la conducta omisiva de quien obtuvo el dictado de una medida cautelar a fin de evitar que el proceso cautelar se convierta en un instrumento de presión sobre el destinatario y su fundamento estriba no sólo en la presunción de desinterés que cabe extraer de la inactividad procesal del beneficiario de la medida, sino también en la necesidad de evitar los perjuicios que ésta pueda irrogar a su destinatario (cfr. considerando 3 de la resolución de la Sala de fs. 190/191 y sus citas), por lo que en el caso la peticionaria no puede prevalerse de su obrar discrecional relativo a no hacer efectivas algunas de las medidas.

En tales condiciones, los planteos de la recurrente no resultan suficientes para enervar los fundamentos de la resolución apelada.

En efecto, si la actora dedujo la acción de fondo el 19-9-2013 -de conformidad con lo expuesto en la decisión recurrida y no controvertido-, es decir, más de dos meses después del vencimiento del plazo de caducidad previsto legalmente, corresponde confirmar lo decidido por el señor juez.

No obsta a esta conclusión la eventual aplicación del principio establecido en el art. 318 del Código Procesal en cuanto a la prueba producida, puesto que es una cuestión que deberá ser planteada y decidida por el señor juez. Repárese, por ejemplo, en que el alcance con el que se produjo la prueba de informes dirigida a la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos -oficio diligenciado a fs. 127/128 y respondido a fs. 135/145- ha sido objeto de cuestionamientos (cfr. fs. 178/179).

Por los fundamentos expuestos el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada, con costas a la vencida (art. 69 del Código Procesal).

Se difiere la regulación de honorarios hasta que se determinen los correspondientes al proceso principal.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las Acordadas CSJN N° 31/11 y 38/13.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta-Ricardo V. Guarinoni-Francisco de las Carreras