Defensa en juicio, debido proceso, comercialización ilegal de estupefacientes, prueba, requisa del automotor, detención, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Mlicotta, Néstor Mateo y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-06

No se advierte en el caso ni la defensa logra demostrar la violación a las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio alegadas al plantear la nulidad absoluta de la presente causa, en tanto frente a la posible comisión de hechos delictivos relacionados con sustancias ilícitas, y la existencia de una organización criminal destinada a la comercialización de estupefacientes, elementos todos ellos que surgieron a raíz de las investigaciones efectuadas en otra causa, el juez tomo conocimiento de los hechos y notificó al representante del MPF de manera inmediata de los diversos elementos que surgían de las medidas investigativas efectuadas a partir de la detención de dos personas que trasladaban un cargamento de droga en el marco de la primigenia investigación. Está debidamente fundada la condena por los delitos de organizador y financista del transporte de estupefaciente y como autor y partícipe del delito de transporte de estupefacientes (art. 5, inc. "c", ley 23.737), ya que el a quo tuvo en cuenta las pruebas colectadas en la causa, en particular: el resultado de las tareas de inteligencia realizadas en los domicilios de los imputados, las tareas de seguimiento y las intervenciones telefónicas dispuestas, junto con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los allanamientos, la detención de los nombrados y la requisa del vehículo en cuyo interior se hallaron sustancias estupefacientes, los informes emitidos por las distintas delegaciones de la Policía Federal Argentina y los testimonios del personal policial que participó en las tareas de inteligencia efectuadas, los efectos secuestrados en las diversas medidas que fueran dispuestas (allanamiento y requisa del rodado donde se transportó el material estupefaciente), el peritaje toxicológico efectuado sobre la sustancia secuestrada en un total de 3.587, 81 gramos de marihuana, el peritaje técnico efectuado en el vehículo y las actas de procedimiento. Se encuentra debidamente acreditada la existencia de una organización destinada a la comercialización de sustancias estupefacientes, pues de las múltiples medidas probatorias efectuadas en autos y del resultado de las intervenciones telefónicas, se pudo determinar el vínculo que existía entre los imputados, vínculo que fuera acreditado mediante los informes de la policía federal argentina, agregados a la causa que dan cuenta de las diversas conversaciones mantenidas entre ellos a los fines de organizar el traslado de estupefacientes. El delito de transporte de estupefacientes no requiere, como elemento ultraintencional o elemento subjetivo distinto del dolo, la intención de comercialización del material ilícito transportado, o la acreditación de que quien transporta lo hace con la intención de participar de una cadena de tráfico de dichas sustancias, o transportar dicho material hasta su destino -sea éste final o intermedio-. El agravante dispuesto en el art. 7º ley 23.737 apunta a responsabilizar a todos aquéllos que tengan a su cargo personas subordinadas para que ejecuten las conductas descriptas en los artículos 5º y 6º de la citada norma. En la figura del art. 11, inc. "c", ley 23.737, a diferencia de otras construcciones, la ley no establece que la agravante requiera la presencia de tres o más personas que "tomen parte en la ejecución de los hechos" sino que le es suficiente con que "intervengan en los sucesos", con lo cual es posible, o bien que los intervinientes lo hagan en calidad de coautores, o bien que la participación sea admisible a título de complicidad por auxilio o cooperación, dado que se trata de "intervenir" de esa forma en la ejecución del hecho. (Dres. Hornos, Gemignani y Borinsky).