marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Poder Legislativo, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Malaponte, Eugenio Jorge s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

La prerrogativa otorgada a los miembros del órgano legislativo, del hecho que esté consagrada por una norma de rango constitucional, deriva la consecuencia de que ninguna norma primaria -escrita o consuetudinaria- puede reducir, debilitar, degradar, limitar o desvirtuar esta fundamental prerrogativa de los diputados y senadores, considerada esencial a la forma de Estado democrático adoptada por la Constitución de la Provincia (Preámbulo, artículos 1, 2 y concordantes) porque la libertad absoluta de expresión y de decisión de los miembros de la Legislatura constituye una necesaria condición del régimen de la democracia representativa republicana.
Mora, cómputo del plazo, venta de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: L., J. c/ S. SA s/ Sumario -Cobro de Pesos-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-13

El tema de la mora se vincula directamente con el plazo a partir del cual correrán los intereses, habiéndose decidido que: "Teniendo la venta plazo legal de exigibilidad en el Art. 464 del Cod. Com., su precio devenga accesorios por la insatisfacción, según lo dispuesto por los arts. 508 y 509 del Cód. Civ., desde el décimo día contado desde los que llevan las facturas".
Honorarios, exhortos
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOYTI, RAUL EDUARDO Y OTROS s/ OFICIOS LEY 22172 S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-17

La cuestión relativa a la eximición de pago de la comisión del martillero, entre otras, no es susceptible de ser planteada ante el juez exhortado, pues excede sus facultades (cfr. artículo 4, Ley 22172). Ello sin perjuicio de señalar que el despacho, mediante el cual se le notificó la decisión del juez exhortante, no le causa agravio irreparable al recurrente. Ese proveído se limitó a comunicarle una decisión adoptada por el juez competente y no le quita la posibilidad de efectuar un similar planteo ante aquél o reeditar el ya efectuado ante el magistrado que él mismo entiende sería el indicado pero, obviamente, luego de agotada esta diligencia en extraña jurisdicción.
Sentencia, Superior Tribunal de Justicia, competencia, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JOZAMI BARREIRO, JULIO CESAR c/  s/ ADMINISTRACION FRAUDULENTA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-11

La revisión por esta Corte provincial de una condena pronunciada en instancia apelatoria se impone por un principio estructural; esto es la necesidad de que la revisión emane de un tribunal que pueda pronunciarse zanjando con una cierta definitividad la controversia, es decir, que tenga competencia para revisar y agotar la controversia suscitada localmente; y también por la necesidad de los justiciables que deben poder definir su situación en un plazo razonable. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJN: Carreras, Fallos 339 1493.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, entrega a domicilio, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Castillo Silvio Gastón c/ Transportes D.D. SRL y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-17

A los fines de la solidaridad prevista en el art. 30 de la L.C.T., la distribución de mercaderías a domicilio debe considerarse accesoria a la actividad de su venta, y si bien es cierto que ésta se mantendría sin la existencia de la primera -aún cuando el supermercado desarrolle tal actividad de modo permanente- no puede válidamente concluírse que dicha permanencia e integración a la actividad principal, que coadyuva al logro del objetivo final, no deja de ser un servicio más que la empresa presta a sus clientes -que en su mayoría no usan dicha ventaja-, obviamente escindible de la actividad propia del establecimiento. De allí que el supermercado coaccionado no resulta solidario en los términos del artículo referido. Toq. 1233.
Robo con armas, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: Valverde, Juan Diego s/ Robo calificado - Violación de domicilio
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-05-02

La reforma al Código de Procedimientos local (Ley 8123 y sus modificatorias), introdujo en forma expresa la regulación del denominado hecho diverso. De este modo, quedaron atrás las múltiples y complejas interpretaciones de las que esta institución fuera objeto, en la intención de cubrir por vía jurisprudencial y doctrinaria, el vacío legal existente. La institución del hecho diverso tiene razón de ser en un debido resguardo del derecho de defensa, tomado éste en uno de sus corolarios fundamentales: la posibilidad de contradecir la atribución de la totalidad de los hechos delictivos y de sus circunstancias con valor penal que, en su conjunto, constituyen el objeto del juicio. Pero no toda diferencia menoscaba esta facultad del imputado; sólo concurre tal perjuicio cuando la diversidad le restringe o cercena la factibilidad de presentar pruebas defensivas. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se modifica la materialidad del hecho, alterando su tipicidad delictiva o agregándole circunstancias alejaba del lugar del desapoderamiento de la billetera y era perseguido por la víctima y luego por un grupo de personas, evidentemente integra uno de los tramos del robo, toda vez, que la violencia apuntada tuvo objetivamente el propósito de lograr la impunidad. La conducta descripta en el hecho tenido por acreditado en la sentencia, resulta atrapada por la figura del robo calificado por el uso de arma (art. 166, inc. 2do. C. Penal).
Libertad de expresión, funcionarios públicos, medidas cautelares, censura previa, doctrina de la real malicia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C. I. F. c/ E. E. M. s/ medida cautelar (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-27

En el marco de una tutela inhibitoria de expresión articulada por un funcionario público, ni la libertad de expresión como la libertad de prensa son derechos que admitan una censura previa respecto de las opiniones que tienen o quieren exponer, aunque, cuando una persona denuncia sentirse afectada, los estándares de juzgamiento son diferentes. En la libertad de expresión siempre se encuentra habilitada la vía reparativa de daños y el trámite es el usual; debe acreditarse la existencia de los presupuestos de la responsabilidad. En el caso de la prensa, no es lo mismo cuando la persona afectada es un funcionario público que cuando no lo es y, además, debe tenerse en cuenta la doctrina de la "real malicia", donde debe demostrarse la intención de provocar un daño, de perjudicar.
Violencia de género, coacción, prostitución
Materia: PENAL
Carátula: Nadal, Guillermo Francisco s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-05

Al negar la tipicidad de la denuncia realizada, bajo la calificación de amenazas coactivas por una concubina contra su conviviente quien la obligaba a prostituirse, se evidencia por parte del a quo un traslado de la culpa hacia la denunciante pues la valoración de los hechos dan cuenta de una situación de coerción extrema y de la omisión estatal de asistir a la mujer que denunció a su concubino ignorando la obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, establecida en la Convención de Belém do Pará, Ley N° 24.632.
Elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, financiamiento de campaña electoral
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Libres del Sur y otros s/ amparo electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

Si bien propicio como solución la asignación, a todos los partidos políticos y alianzas que han oficializado listas para competir en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y a aquellos que posteriormente accedan a participar en la elecciones generales, para la categoría de Diputados/as de la Ciudad de Buenos Aires, del costo de impresión de boletas para dichos cargos electivos hasta un número equivalente a una boleta por elector registrado en el padrón electoral, no obstante ello, y atento que mantengo con mis colegas coincidencias básicas respecto de que debe reconocerse a los amparistas un monto suficiente para la impresión de un mínimo de boletas electorales en formato papel, comprendiendo que por sus argumentos los alcances que ellos proponen son una expresión acotada pero fundada en las mismas razones de aquello que sostengo en mi voto, y a efectos de permitir la conformación de una mayoría que brinde efectivo amparo a los derechos de electores, electoras y amparistas, adhiero a los alcances del reconocimiento efectuado por mis colegas, la Dra. Weinberg y el Dr. Lozano. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Banco central, régimen de garantía de los depósitos, declaración jurada impositiva, entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Solans, Hector R. y Otro c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-20

La Corte Suprema expuso en los autos "Galarraga Ignacio c/ B.C.R.A.

sobre: ordinario", del 22/12/88: "Que si bien es comprensible que la ley haya autorizado al B.C.R.A. a exigir la presentación de una declaración jurada referente a las imposiciones que los depositantes mantengan en las entidades en liquidación, para establecer la responsabilidad de éstos especialmente en casos de detectarse irregularidades en las entidades financieras, no lo es menos que el obrar irregular de los depositarios no puede imputarse a los depositantes. Salvo que una connivencia fuere terminantemente probada, la ley no autoriza a exigir de éstos, conductas más gravosas que las que habitualmente exigen las entidades financieras a quienes les confían sus ahorros". En tal sentido ha dicho la C.S.J.N. que resultan inoponibles a los depositantes los defectos y omisiones en que pueda incurrir el depositario (conf. causa:

"Ferreira, Antonio A. y Otros c/ B.C.R.A. s/ cobro", del 17/5/88).
Autonomía universitaria, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de  Cultura  y Educación de la Nación) formula observación estatutos UNC - art. 34 ley 24.521 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

La condición de autónomas, en modo alguno deja a las altas casas de estudio fuera del plexo normativo y de los controles institucionales que son propios del estado de derecho (Voto del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Partes del proceso, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: U., F. c/ Ministro de Coordinación de Gabinete de la Pcia. del Chubut Cr. P. K. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-02-24

Lo relativo a la legitimación -tanto activa como pasiva- no es una cuestión que pueda quedar en manos de las partes ni deferido exclusivamente a las alegaciones que ellas puedan hacer o no hacer, sino que es el juez quien tiene el deber insoslayable de velar, antes de pronunciarse sobre el fondo del reclamo, porque la legitimación tanto activa como pasiva se encuentre debidamente determinada y presente en la litis.
Acción penal, acción privada, querella
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: E A M O A s/ INJURIAS      EXPTE NRO 39-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-04-30

Es característica fundamental en el proceso por delito de acción privada la exclusión de la etapa instructoria jurisdiccional. Como expresa Julio B. J. Maier tanto la Ordenanza Procesal Penal Alemana como los códigos argentinos suprimen con razón una etapa del procedimiento oficial: preparará su acusación privadamente sin poner en peligro las libertades ciudadanas en virtud de no contar con la fuerza pública y cuando no reúna suficientes elementos para querellar o se oponga a su actividad algún abstáculo persecutorio, desechará, aunque más no sea temporariamente, su intención de perseguir.
Control de constitucionalidad, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: FUNES ANTONIO FEDERICO C c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN LUIS - DEM. DE INCONSTITUCIONALIDAD s/ NULIDAD POR INCONST. E INCONST. INTRINSECA - MEDIDA CAUTELAR (PROHIBICIÓN DE INNOVAR)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-28

El más Alto Tribunal Nacional ha sostenido que: "en la duda los tribunales deben pronunciarse a favor de la validez de la ley y eso aunque la duda fuese razonable.

De ese principio se infiere que la Corte al ejercer el elevado control de constitucionalidad de las leyes debe imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celoso en el uso de las facultades que le son propias cuanto es el respeto de la esfera que la Constitución asigna, con carácter privativo, a los otros poderes (C.S. Fallos 306:655), y en consecuencia, no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la contempló, ya que les está vedado el juicio sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades (Cfr. C.S. Fallos 305:518).
Laboratorios, ley de contrato de trabajo, comedor
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Juncos, Marta Marcelina c/ Compibal SRL y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-07

El laboratorio de productos medicinales resulta solidariamente responsable, en los términos del art. 30 L.C.T., junto a la empresa prestadora del servicio de comedor. Ello es así, porque se trata de una actividad integrada a la empresa, y cuyos servicios están destinados a satisfacer necesidades propias y permanentes del personal, y que por lo tanto, resulta necesaria para alcanzar el logro del objeto del laboratorio.
Sociedad de hecho, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Folgueras, Horacio Hipólito c/ Guardañin, Raquel Rafaela s/ Rectificación de título de propiedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

La circunstancia que el reconvenido haya consignado en el documento presentado ante el Banco Hipotecario Nacional que era de estado civil casado con la reconviniente, y que así lo expresara en la escritura pública, sólo revela que las partes incurrieron en una simulación, no pudiendo inferirse de una simulación que menoscabe la buena fe, la pretensa existencia de la sociedad de hecho, máxime que la comparecencia de la aquí apelante sólo tuvo por finalidad consumar la simulación de que revistaba como cónyuge.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, acción declarativa de inconstitucionalidad, elecciones provinciales, sistema electoral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido Obrero de la Provincia de Formosa c/ Formosa, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-22

La acción declarativa de inconstitucionalidad tendiente a que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 73 y 74 de la ley provincial 152 (Régimen Electoral de la Provincia de Formosa), como así también de la ley provincial 653 (Sistema Electoral: Lema y Sublema) no corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema, prevista en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, en tanto concierne al procedimiento jurídico político de organización de una provincia, es decir, a un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse y consumarse dentro del ámbito estrictamente local, sin perjuicio de que las cuestiones federales que puedan contener este tipo de litigios sean revisadas, en su caso, por la Corte por la vía prevista en el art. 14 de la ley 48
Sentencia definitiva, resoluciones judiciales, gravamen eventual
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA- c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Aenlle, Gustavo Antonio s/ infr. art. 1, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ley n° 13.944'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-30

Las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso no reúnen, como regla, la calidad de sentencia definitiva, correspondiendo hacer excepción a dicha regla en los casos en los cuales su aplicación podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Libros de comercio, valor probatorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pablo Parnas S.C. c/ Vignolo de Coria, Lubina y/o Farmacia Argentina s/ Cobro de pesos PABLO PARNAS Y CIA. S.C. c/ SANCHEZ DE SINGH MIRIAM E. DEL V. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-09|1998-12-01

Es obligación de todo comerciante tener los libros que exige el Código de Comercio en los (arts. 33,43,44 y ccs). Los mismos son prueba en favor de sus dueños, cuando su adversario no presente asientos en contrario hechos en libros arreglados a derecho u otra prueba plena y concluyente.
Tratados internacionales, ley derogada
Materia: PROCESAL
Carátula: ESMA c/  s/ DENUNCIA (HECHOS QUE SE DENUNCIARON COMO OCURRIDOS) OCURRIDOS)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

Respecto a los tratados rige el principio con arreglo al cual las posteriores derogan a las anteriores.
Presupuesto nacional, ejecución de sentencias contra el Estado, régimen de consolidación de deudas, responsabilidad del acreedor
Materia: LABORAL
Carátula: BETCHAKIAN, Leonardo c/ ENTEL s/ accidente ley 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-30

La obligación del Ejecutivo contenida en el art. 20 de la ley 24624 se halla implícitamente amparada por la ejecutividad en caso de incumplimiento. Como tal sistema concuerda con el previsto por el art. 22 de la ley 23982, no hay dificultad en comprender que la referencia a esta última norma legitima al acreedor para solicitar la ejecución a partir de la clausura del siguiente período ordinario de sesiones del Congreso.
Recurso extraordinario, depósito previo
Materia: LABORAL
Carátula: Ross, Víctor Hugo c/ Fundiciones Canning S.A. s/ Accidente de trabajo daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-12

Han sido bien concedidos los recursos extraordinarios interpuestos si al momento de disponerse tal medida el apelante había efectuado el depósito que prescribe el art. 56 dec. ley 7718/71 de conformidad con la liquidación practicada en el expediente, sin que obste a ello un cambio posterior a las circunstancias tenidas en cuenta respecto de la suma que debía integrarse a los fines previstos en dicha norma.
Recurso de queja (procesal), interposición del recurso, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Trotta, Raúl Antonio y otro s/ defraudación  militar,  malversación  y  falsificación  de documentos  públicos u oficiales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-18

Notificada la defensa de la denegación del recurso extraordinario, la posterior notificación al procesado de la misma providencia resulta irrelevante para el cómputo del plazo para la interposición de la queja.
Acción meramente declarativa, situaciones jurídicas subjetivas, derechos subjetivos, interés legítimo
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, Daniel Ramón c/ Municipalidad de la Capital y Jefe de Policía. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

No resulta apropiado admitir la preeminencia de la acción declarativa en un contexto en el que se ventilan cuestiones ligadas al mantenimiento o despojo de situaciones jurídicas subjetivas de naturaleza administrativa (derecho subjetivo o interés legítimo) ya que no se pretende una declaración judicial de certeza sino obtener el reconocimiento de una situación jurídica preexistente concedida por el ordenamiento público local y vulnerada por la administración.
Concursos, efectos del acto jurídico, obligaciones solidarias, fianza, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sucesión de Solano, Jose Antonio c/  s/ pedido de propia quiebra s/ incidente de medida cautelar de sindicatura testa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-18

1. Resulta procedente el pedido de la sindicatura de ampliar la medida cautelar de embargo dispuesta en resguardo de los intereses de esta quiebra. Ello así, pues la circunstancia de haberse decidido en los autos principales que la sindicatura debe promover la pertinente acción de reembolso contra la otra sociedad también fallida, no obsta a efectuar -ínterin- el correspondiente resguardo cautelar del monto total del crédito por el cual debe responder como fiadora esta falencia. 2. Sin perjuicio de ello, la medida no puede mantenerse sine die si la sindicatura no impulsa el inicio de la acción de reembolso, por lo que el recurso se admitirá en forma parcial, encomendándose al a quo la implementación del embargo, y la fijación de un plazo para que la sindicatura inicie dicha acción, bajo apercibimiento de dejar sin efecto esta medida.
Concursos, fallido, bienes, desapoderamiento, derecho de propiedad
Materia: CIVIL
Carátula: ESACON SA c/ BARSEAN, JORGE s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 265-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

Prima facie parece lógico que el fallido tenga derecho a defender la posibilidad de acceder al futuro patrimonio que resultará del remanente que reste una vez pagados todos los créditos. Aunque en espectativa, esa posibilidad futura, sobre bienes respecto de los cuales había cesado el desapoderamiento, constituye un derecho de propiedad.
Concurso preventivo, presentación en concurso, bienes gananciales, muerte del fallido
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUCESION STEFANI JUAN ALBERTO s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE SUSPENSION DE SUBASTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Si al formular la presentación en concurso preventivo del patrimonio del fallecido, su cónyuge por si y en representación de sus hijos menores, denuncio como integrantes del activo la totalidad de los inmuebles administrados por el causante, sin formular salvedad alguna en relación a su porción ganancial, no cabe alegar posteriormente que el patrimonio afectado al concurso solo comprende la mitad indivisa de los bienes gananciales que le corresponden al cónyuge fallecido.
Interdicto de recobrar, despojo
Materia: CIVIL
Carátula: CERVETTO ALBERTO c/ PUTIGNANO ERNESTO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-11-06

Si, frente a la voluntaria y espontánea comparecencia del propietario del inmueble, beneficiario del despojo, el accionante decidió no notificar la demanda al indicado por él como autor material de la desposesión, y continuar el juicio sólo con la intervención del "verus possesor", desaparece entonces la exigencia de la participación necesaria del despojante, pues para el caso, su extromisión del proceso se origina en la tácita conformidad del actor, quien, tiene acción contra ambos, y además con respecto del autor material del hecho, la facultad de excluirlo de la litis antes del traslado de la demanda, trabándola sólo con el beneficiario de la desposesión, cuya convocación al juicio resulta por otra parte necesaria y pertinente.