marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Emergencia económica, pesificación, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, pagaré, obligaciones en moneda extranjera
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAURO,   ROBERTO c/ SINDICATO   UNICO   DE  TRABAJADORES  DELESPECTACULO PUBLICO DE LA RA S/ s/ JEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-28

Procede confirmar la decisión apelada en cuanto pesificó el crédito del ejecutante con una relación equivalente a $1 = u$s 1, toda vez que tratándose en definitiva de materia patrimonial disponible para las partes, habiéndose conferido -por la alzada-, traslado a las partes con relación a la aplicación de las disposiciones de la ley 25820 en la especie -ejecución de un pagaré-, la ejecutante no dijo nada sustancial haciendo expresa reserva de derechos para el momento procesal oportuno, y siendo este el momento procesal oportuno pues es ahora en que la alzada emitirá decisión con relación a la apelación deducida por el propio ejecutante, la falta de cuestionamiento de su parte con respecto a la constitucionalidad y operatividad de la norma en cuestión, conduce a la conclusión de que resulta aplicable en la especie.
Violación, prueba
Materia: PENAL
Carátula: LILLO, MARTIN A. s/ QUEJA EN: "LILLO MARTIN ALBERTO S/ VIOLACION"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-09-21

Pese a las dificultades probatorias en la investigación de los casos de violación; los jueces están autorizados a otorgarle fuerza probatoria al testimonio inhábil de una menor de 10 años, como al testimonio de la tía y al del padre de la niña, pues aportan datos concretos o rastros que han observado directamente en la víctima, constituyendo, junto a las comprobaciones efectuadas por el perito médico acerca de las lesiones verificadas, constancias directas del cuerpo del delito, y que apreciadas en su conjunto permiten formar convicción acerca de la materialidad del delito.
Concurso preventivo, verificación tardía, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Castro Blanco, José Carlos s/ Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-04

La vía de la verificación tardía sólo es procedente para aquellos acreedores que no verificaron su crédito o privilegio oportunamente ante el síndico. Porque quien lo hizo, queda sometido a los trámites y resultados de esa verificación tempestiva. De modo que en este sentido, prescribir al resolver el incidente de revisión que el acreedor debía recurrir al trámite de la verificación tardía resulta legalmente incorrecto.
Requerimiento de elevación a juicio, querellante, Ministerio Público Fiscal, instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: López González, Mirta y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-08

Puede proseguirse con el avance del proceso, a la etapa de juicio, con el requerimiento de elevación del acusador particular, en ausencia de uno producido por el Fiscal. Con mayor razón resulta viable, pues los intereses de los imputados que podrían verse afectados son, sin duda, a menor entidad, llevarse a cabo la instrucción sin la ausencia del fiscal. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi y Rodríguez Basavilbaso).
Competencia, competencia por conexidad, adopción, cambio de nombre
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dra. Marta Inés Alonso de Martina Juez en lo Civil y Comercial 5 s/ Incidente de Oposición. Dra. Marta Inés Alonso de Martina Juez en lo Civil y Comercial 5 s/ Incidente de Oposición.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-06-09|1988-06-09

El desplazamiento de competencia por conexidad sólo es procedente en el supuesto de que el juicio vinculado estuviera en trámite. El principio general es que una vez dictada la sentencia concluye la competencia del tribunal, alongándose sólo para corregir algún error material, aclarar conceptos oscuros o suplir omisiones. El pedido de cambio de nombre no puede entenderse como un incidente del juicio de adopción, ya que una vez decretada la adopción plena la cuestión no tiene relación con el objeto principal de dicho juicio.
Homicidio calificado, atenuantes extraordinarias
Materia: PENAL
Carátula: Lizarraga, Julio César s/ Homicidio Alfonso, Jorge Ricardo s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12|1997-05-20

Sin perjuicio de otros casos igualmente encuadrables en el art. 80 "in fine", también lo son aquellos en que el fundamento de la calificante de vínculo (art. 80 inc. 1º) esté sustancialmente desplazado pues no otro sentido cabe atribuir a la circunstancia de relacionarse este último apartado del art. 80 solamente con su primer inciso. El inc. 1º incluye, junto al conyugal, otros vínculos (que, por consiguiente, también resultan alcanzados por el último párrafo del art. 80), y la presencia allí de todos ellos sumada a la naturaleza de la calificante evidencian que existe un común fundamento del severo régimen punitivo.
Reconvención, costas
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bulacios, Indiana del Valle Muñiz de y otros c/ Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-17

Haciendo abstracción del sub lite, considero que en materia de imposición de costas, el principio de proporcionalidad del art. 71 del C.P.C., que mira el éxito obtenido por cada una de las partes, debe aplicarse en aquellos casos en que el supuesto autor del hecho ilícito y demandado en la causa, en lugar de alegar como defensa la culpa de la víctima, reconviene.

En dichas ocasiones, las costas deben imponerse por el orden causado, porque hay dos demandas que prosperan parcialmente en virtud de la culpa concurrente.

Del voto del Dr. Cáceres
Obligación alimentaria, inhibición general de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: LEYES ROJAS, LUIS c/ MARAZI SRUR, SUSANA E s/ DIVISION DE CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

La obligación alimentaria, en cuanto al ingrediente "habitación" (art. 267 Ley 23.264 Cód. Civ.) no coarta el derecho de los obligados a disponer de sus bienes en la medida en que no fueran objeto de embargo o se les hubiere decretado a ellos la inhibición general.
Administración Pública, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TROANE, ELOY MARCELINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 114-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-21

La actividad de los órganos consultivos debe ilustrar al órgano activo, sugiriendo las determinaciones más oportunas en relación a las circunstancias del caso en cuestión, por lo que constituye un requisito ineludible del dictamen la expresa constancia del fundamento técnico que resulte de aplicación al caso, con exposición clara y detallada de las razones en que se funda la opinión, debiendo contener, la exposición sumaria del asunto planteado, la opinión fundada con indicación de las normas aplicables, y la relación detallada de todos los antecedentes que sirven de elementos de juicio para resolver en definitiva y las conclusiones.
Gobierno de facto, ley penal más benigna, amnistía
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Carece de sustento la pretensión de que en virtud del principio del art. 2, del Código Penal se aplique ultraactivamente la ley 22 924 no ratificada por el Congreso, ya que, negada explícitamente la ratificación, ella no configura ley en el sentido que a tal expresión atribuye la Constitución, y no puede reconocérsele efectos de ninguna especie.
Impuestos, Impuesto sobre los ingresos brutos, industria petrolífera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAIPEN S.A.M.I.C. Y F. c/ PROVINCIA DE MENDOZA s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S238 - 423)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-02

La perforación de pozos petrolíferos no se encuentra comprendida en los arts. 6 y 13 del Convenio Multilateral del 18 08 77 (regulador del régimen de coparticipación en los ingresos brutos), siéndole aplicable el régimen de coparticipación general que establece el art. 2 del citado convenio (voto ampliatorio de la Dra. Carlucci).
Acción de amparo, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García, Marcela c/ Ministerio de Salud s/ Cuestión de competencia. Art.6, C.P.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-05

La acción de amparo promovida con sustento en materia procesal administrativa es de la competencia originaria de esta Corte y debe ser resuelta en esta única instancia, por cuanto para la solución del litigio es necesario aplicar, exclusiva o preponderantemente, normas de derecho administrativo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Abogados, honorarios, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Joaquín Arguelles y Cía  S.A. c/ José Cerra y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-03-17

En el juicio ejecutivo no sólo debe considerarse la mitad del monto del juicio, sino también la etapa cumplimentada, ya que no ha llegado a concluir la primera de las dos en que se divide el proceso ejecutico además de la reducción del 10% conforme lo prevé el segundo párrafo del art. 40 de la Ley 1.519; debe sumarse a ello la valoración de la tarea cumplida por la apelante, que consiste en la interposición de la excepción del pago total, no resuelta por el inferior, excepción que jurisprudencialmente se ha considerado como un incidente (art. 33 de la ley citada), sin perjuicio de apreciarse el doble carácter en que ha actuado la letrada corresponde confirmar la resolución recurrida atento encontrarse regulados los honorarios dentro de los parámetros legales (arts. 1, 6, 7, 9, 22, 33, 40 y ccs. de la Ley de Arancel).
Suspensión de la prescripción de la acción penal, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Zabala Di Tomaso, Carlos Salvador s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-20

La causal suspensiva del curso de la prescripción prevista en el 2do. Párrafo del art. 67 del CP se encuentra intrínsecamente vinculada a su fundamento material, el que radica en la especial vinculación del sujeto que ejerce un cargo público con el Estado y en la correlativa posibilidad que dicho agente tiene para ejercer influencias o realizar actos que pudieran implicar un obstáculo al avance de la investigación. Correlativamente se ha señalado que por cargo público no debe entenderse cualquier empleo estatal, sino el funcionario cuya jerarquía o vecindad con ésta permita sospechar que puede emplear su autoridad o influencia con el fin de perjudicar el ejercicio de la acción penal. Así las cosas, en atención a la naturaleza de los cargos desempeñados por el imputado, se configura en autos la causal de suspensión del curso de la prescripción prevista en el art. 67 segundo párrafo del CP. (Dres. Borinsky, Catucci, Riggi).
Intereses, tasa pasiva
Materia: LABORAL
Carátula: TORRES, Primitivo Danoy c/ INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL TABACAL S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-02-12

Dejando a salvo el criterio de esta Sala que aplicaba la tasa de interés activa a partir del 1º de abril de 1991 ante el fallo de la Corte de Justicia de la provincia, en autos: "Vazquez N.E. C/Pcia.

de Salta", por razones de economía procesal y a fin de evitar dispendio jurisdiccional inútil, se modifica el criterio seguido estableciéndose que las sumas de la sentencia con actualización monetaria e intereses al 31/3/91, devengarán a partir del 1/4/91 la tasa de interés pasiva promedio del Banco Provincial de Salta, por períodos mensuales.
Temeridad o malicia, inconducta procesal, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Bruno, Oscar Alfredo c/ Bagley  S.A.  y  Otros s/ Cobro de Pesos - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2014-02-06

La sanción de temeridad no pretende coartar el derecho de defensa -art. 18 de la Constitución Nacional-sino sancionar los abusos de la jurisdicción mediante planteos procesales que se realizan a sabiendas de ser exclusivamente irreales y dilatorios, perjudicando no sólo los derechos de la contraparte sino también multiplicando inútilmente la actividad jurisdiccional, según tiene dicho el Superior Tribunal de Justicia de San Luis. (del voto en disidencia parcial del Dr. Horacio G. Zavala Rodriguez)
Concurso preventivo, verificación de créditos, proceso de verificación, dolo, prescripción, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: MORETTI,   EDUARDO   ANDRES s/ QUIEBRA  S/  ACCIÓN ART. 38 LEY 24522  PROMOVIDO  POR  EL  FALLIDO  RESPECTO DEL CREDITO DEL BANCOFRANCES SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-22

El plazo legal de noventa días dentro del cual puede promoverse la acción de dolo, previsto por la ley 24522: 38, comienza a contarse desde la fecha en que se dictó la resolución judicial prevista en el art. 36, y no desde que quedó firme.
Personal municipal, indemnización, daño material, salarios adeudados, prescripción, cómputo del plazo, obligaciones periódicas
Materia: CIVIL
Carátula: CAVALLINI, María c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-12

En cuanto a la pretensión de resarcimiento del daño material producido por los salarios no percibidos por un agente de la comuna, resulta aplicable la prescripción contemplada en el art.

4027 inc. 3 del Código Civil, toda vez que la cláusula se encuentra inmersa en la órbita de las obligaciones de pagos periódicos.
Locación, restitución de cosas
Materia: CIVIL
Carátula: DREDIMAS S.A. c/ ESTOFAN JORGE Y OTROS s/ CONSIGNACION DE LLAVES DE LOCAL COMERCIAL - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-11

De la lectura de los Art. 1611, 1615, 1616 del Código Civil, surge en forma clara los derechos y obligaciones de ambas partes al momento de extinguirse el contrato por la causa que fuere.

Entre ellos esta expresamente consignado que el locatario debe restituir la cosa arrendada y en que caso que el locador no quisiera recibirla podrá ponerla en deposito judicial.

Que en el caso que el estado de la cosa locada no se encontrare en las condiciones debidas establecidas por la ley o la convención, el locador válidamente puede constatar el estado de la misma ya sea por un medio judicial o extrajudicial fehaciente, y reclamar las indemnizaciones que correspondiere, independientemente de su deber de recibir las llaves del inmueble locado y tener por restituida la cosa arrendada, puesto que la impugnación a la que refiere el Art. 1611, no implica de por sí la oposición a la restitución del inmueble, sino el derecho de observar el incumplimiento por parte de la locataria de entregarlo en la forma debida y su correspondiente derecho a reclamar todas las indemnizaciones que pudieren corresponder en relación a la falta de cumplimiento aludida. Que ello es así, puesto que a pesar del incumplimiento y la eventual obligación de responder por parte del locatario por los deterioros habidos en la cosa locada, no existe norma legal que autorice a agravar aun más su situación, la que se vería incrementada por el vencimiento de los alquileres posteriores al tiempo de la obligación de restituir el bien, ello sin perjuicio del derecho del locador de demandar la reparación de la privación de uso conforme al tiempo que involucre la reparación de la cosa.
Ley sobre riesgos del trabajo, competencia, enfermedad profesional, Comisión Nacional de Energía Atómica
Materia: LABORAL
Carátula: Ahumada, Oscar c/ Comisión Nacional de Energía Atómica y otro s/ Accidente - acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-31

En atención a que del escrito de inicio se desprende que el demandante, como consecuencia de haber sufrido un infortunio laboral, recibió de la ART el tratamiento correspondiente a su lesión, fue intervenido quirúrgicamente y que se le otorgó el alta con secuelas, la que suscribió en disconformidad y que, ante los reclamos formulados a la ART, se le comunicó que la dolencia que padece no está comprendida dentro de los términos del art. 6 de la Ley 24.557, razón por la cual reclama a la Comisión Nacional de Energía Atómica y a la ART por la incapacidad permanente y parcial de la total obrera como consecuencia de la enfermedad laboral sufrida y funda su petición en normativa del derecho civil y en la LRT. Frente a ello, la causa debería quedar radicada ante la Justicia Nacional del Trabajo porque, con la sanción de la Ley 24.804 ha quedado dirimido cualquier conflicto al respecto, ya que la misma, en su art. 3º segundo párrafo dispone que: "El personal de la comisión estará sometido al régimen de la LCT y a las condiciones especiales que se establezcan en la reglamentación". Por ende, la relación del personal queda sujeta al ordenamiento particular del ente y al Derecho del Trabajo privado (conf. art. 2 inc. a) de la LCT) y, consecuentemente, la contienda encuadra en el dilatado espectro del art. 20 de la Ley 18.345, el que establece la competencia material de este Fuero en las causas entre trabajadores y empleadores relativas a un contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones del derecho común, como acontece en autos (conf. Dictamen F.G. Nº 53.000 del 1/7/2011, Dr. Álvarez, al que adhiere la Sala).
Actos y diligencias procesales, terminación del proceso, caducidad de instancia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Maluz Automotores SA c/ Volkswagen Argentina SA y otros s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-16

El plazo de perención debe computarse desde la fecha del acto interruptivo -no desde su notificación ministerio legis-, aclarando la Corte que su cómputo debe hacerse desde la medianoche del último acto impulsor y fenece a la medianoche del mismo número de día del mes correspondiente (conf. CCIV 24 y CPR 311 (Cfr. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tomo II, pág. 47 de Roland Arazi, Jorge A. Rojas).
Sentencia, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROCHA CARLOS ALBERTO c/ INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE ENTRE RIOS s/ ORDINARIO POR COBRO DE SEGURO COLECTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-19

La sentencia recurrida no interpreta el escrito de contestación de - demanda lo que si es ajeno a la casación por ser cuestión de hecho privativa de los jueces de grado sin que niega tal circunstancia- es decir que haya habido escrito de responde por el demandado lo cual abre el recurso al ser evidente que existe tal escrito y sentado ello,se debe puntualizar que en este caso,respecto a la procedencia del cobro reclamado,la Cámara solo consideró que la demanda no fue constestada y que,por ende,no fue negada la documental,expresando que el demandado se limitó a oponer la prescripción de la acción;y en este aspecto asiste razón al recurrente en tanto y en cuanto la sentencia se basó y se fundó únicamente en una premisa falsa para aplicar el artículo 342 del Código procesal Civil y Comercial y puesto que no sólo que no valoró el escrito de responde sino que niega tal circunstancia,lo que por evidente resulta arbitraria y absurda siendo su descalificación como sentencia o acto jurídico válido,habida cuenta que los jueces más aún de oficio deben así declararlo.
Cuenta corriente bancaria, débito automático
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO  DEL  TERRITORIO  NACIONAL  DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR c/ JORGE OMAR SERRANO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-11-01

Los débitos en las cuentas corrientes bancarias, por su misma naturaleza; son normalmente producto de obligaciones con terceros, como el libramiento y pago de cheques, pero eso no significa que las partes - banco y titular de la cuenta corriente - queden desvinculados de sus recíprocas obligaciones provenientes de un contrato bilateral (art. 771 - Código de Comercio) por el cual las partes reciben o dan en propiedad cantidad de dinero sin aplicación o empleo determinado.
Competencia, segunda instancia, prórroga del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Franco, María Cristina c/ Edificadora Plaza SRL s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

La declaración de incompetencia, por el fuero de atracción que ejerce el proceso sucesorio iniciado en la justicia nacional, impide -por regla seguir entendiendo en las actuaciones, una vez que se ha desprendido del conocimiento de la causa la Cámara local que había entendido hasta entonces, pero habida cuenta que el tribunal de alzada del nuevo juez no puede decidir cuestiones que no fueron previamente resueltas por los tribunales inferiores del mismo fuero, se debe prorrogar la remisión del expediente hasta tanto se resuelvan todos los puntos que se habían sometido a decisión de aquella Cámara provincial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Nulidad del acto jurídico, actos ilícitos, prueba prohibida
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Diamante, Gustavo G. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-26

Las nulidades declaradas en un proceso no resultan vinculantes en otro distinto en el que se investigan ilícitos que se habrían cometido, precisamente, mediante la realización de estos actos procesales anulados, los que vienen a constituirse así en prueba de aquellos ilícitos. Es que lo que impide otorgar validez a determinados actos de un proceso, no impide el deber jurídico de investigar la verdad de su génesis delictiva. De ahí que no sea dable confundir la validez de la prueba ilegal dentro del proceso en que se produjo, con el valor que puede asignársele en la investigación del delito que pudo cometerse al producirla e incorporarla a él. La evidencia obtenida irregular o ilegalmente se verá privada de eficacia dentro del mismo juicio en que se ordenó y cumplió, pues no se puede hacer beneficiaria a la justicia de un hecho ilícito. Pero en el proceso incoado en averiguación de tales delitos dicha prueba juega independientemente frente al deber de dejar establecida la verdad jurídica objetiva de lo ocurrido. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Concursos, honorarios, síndico del concurso, proyecto de distribución, incremento del patrimonio, fondos del concurso, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Establecimiento Darje SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-25

Procede admitir el recurso deducido y revocar la resolución que desestimó la regulación de honorarios en relación al proyecto de distribución complementario. Ello por cuanto, producto de la variación en la cotización de la moneda extranjera en que estaban expresados los fondos y la afectación de ellos a fondos a plazo fijo, se produjo un excedente que es objeto del actual proyecto de distribución complementario. En consecuencia no se trataría de reconocer honorarios sobre una misma base ni de admitir intereses sobre lo ya regulado, sino que el incremento en pesos que el valor del saldo de los depósitos experimentó, no fue contemplada ni pudo serla en la estimación anterior.