marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho al beneficio, cesación de servicios, aplicación temporal de la ley, ley vigente, irretroactividad de la ley, carácter alimentario, deberes del juez, aplicación de la ley previsional, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BERGARA, JUANA CELIA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Es un principio indiscutible que el derecho a la jubilación se rige por la ley vigente a la fecha de cesación de servicios (cfr. C.S.J.N., sent. del 27.10.92, Guinot de Pereyra, Blanca; sent. del 27.12.96, Chocobar, Sixto Celestino; Brito Peret y Jaime, Régimen de Previsión Social - Ley 18.037, pág. 128/9); y ni el legislador ni el juez pueden, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, ya que el principio de no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confundirse con el principio constitucional de la inviolabilidad de la propiedad (cfr. C.S.J.N., sent. del 24.03.94, Jawetz, Alberto; sent. del 12.09.96, Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Pcia. de Bs. Aires), máxime en el ámbito previsional donde los jueces deben actuar con suma cautela cuando deciden cuestiones que conducen a la denegación de prestaciones de carácter alimentario teniendo en cuenta que en la interpretación de leyes jubilatorias el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de no desnaturalizar los fines que la inspiran (cfr. C.S.J.N., sent. del 14.12.93, Vera Barros c/ Estado Nacional). En consecuencia, habiendo cesado el causante vigente la ley 18.037 y fallecido dentro de los cinco años posteriores, debe concluirse que se encontraba comprendido en los términos del art. 43 de la norma referida; por lo que corresponde confirmar lo decido por el a quo que ordenó liquidar el beneficio de pensión a la peticionante
Amnistía, Fuerzas Armadas, sanciones militares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Golpe, Isaac Rodolfo c/ Estado   Nacional  (Ministeio  de  Defensa  -  Gendarmería  Nacional) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

El haber sido objeto de amnistía, por sufrir sanciones disciplinarias o de carácter ético aplicadas en razón de actos realizados por motivos políticos, sociales o gremiales, no conlleva, por sí solo, ni la reincorporación a las fuerzas, ni el otorgamiento de grado en forma automática, pues a tales beneficios tienen derecho "...solamente" quienes cumplan con expresos requisitos (arts. 3 de la ley 20.508 y 2 , 3 , y 4 del decreto reglamentario 1332/73).
Recurso extraordinario, cuestión federal, cuestiones federales simples, interpretación de leyes federales
Materia: PROCESAL
Carátula: Empresa de Navegación y Astilleros Bussio Hnos. c/ Capitán Armador, Propietario y/o Agente del Buque "Del Oro" y Flota Argentina de Navegación Fluvial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1967-03-29

Procede el recurso extraordinario fundado en que el art. 1269 del Código de Comercio, si se lo interpreta en el sentido de que sustrae a la justicia federal el conocimiento de las causas por choques y abordajes entre buques, es contrario a lo establecido en el art. 100 de la Constitución Nacional
Impuesto a las ganancias, sociedades comerciales, administrador de la sociedad, remuneración, deducciones salariales, deducciones impositivas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Rana Hnos.  S.R.L. s/ apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-29

A los efectos de la deducción de las remuneraciones de los socios administradores de las sociedades que prevé el art. 80, inc. h), de la Ley N° 21.481 (incorporado por el art. 1°, punto 32), debe interpretarse que el derecho a la percepción de tales retribuciones y la correlativa deducción, surge del desempeño del cargo para el cual fueron designados.
Tasa de justicia, exenciones objetivas, bancos
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires  c/ Gestión Compañía Argentina de Seguros SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

La exención contenida en el art. 4 de la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires comprende a la tasa de justicia (CSJN in re "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Migeal SRL s/ inc. de pago de tasa de justicia", del 01/04/14).
Acción de amparo, plazo, días hábiles, feria judicial, días inhábiles, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Guberti, Delia Carolina c/ Director de la Escuela Clara J. Armstrong s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-03-31

Conforme el art. 2 de la ley 4642 el plazo de iniciación de la acción de amparo es de quince días hábiles desde la producción del supuesto acto lesivo.

Es cierto que en el mes de enero existen Tribunales de Feria para casos excepcionales y que en principio el amparo sería uno de esos casos que, de acuerdo al criterio del Juez de Feria, podría ser o no materia de habilitación de la misma. Pero tan inhábil es enero que para que funcione el juzgado de feria se necesita no sólo la petición de parte en forma expresa, sino la decisión aseverativa del juez en el sentido de que la cuestión tiene entidad suficiente para habilitar la feria judicial y establecer de esa manera una excepción al principio general de que todo tipo de actividad y el cómputo de plazos se suspende durante el mes de enero.

En el caso de autos, no existe una demora considerable sin justificación alguna en iniciar el amparo que impida invocar el gravamen irreparable que pueden traer aparejados los largos trámites ordinarios, toda vez que el amparista contó los días hábiles, como indica la ley y si el mes de enero es inhábil, de un cómputo de los plazos desde el supuesto acto lesivo hasta la presentación de la acción, dicho plazo no se encuentra vencido.

En consecuencia, corresponde hacer lugar a la apelación y revocar el Decisorio que rechazó la acción por extemporánea, declarar la procedencia formal del amparo, y ordenar al Iudicante que se expida sobre la cautelar solicitada.
Competencia, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ CARLSSON c/ BERGUES A. MIGUEL s/ SIMULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-08-31

La competencia del Organo de Alzada, se determina en base a la fecha del decisorio apelado; en caso de coexistencia de recursos, la radicación es establecida por el primero en el orden temporal.-
Subasta judicial, dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bazan, Juan Enrique s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

De la normativa legal aplicable en materia de subastas resulta evidente que el dominio del bien debe constar en cabeza del ejecutado, y para ello se requiere título, modo e inscripción (arts.

577, 1184 inc. 1º, 2505, 2601, 2602 del C. Civil; 568 inc. 3º del C.

Procesal; 23 de la ley 17801). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento administrativo, sumario administrativo, Municipalidad, personal municipal, ausencias injustificadas, exoneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Oviedo, German c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 636-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

Se configura una violación de las formas sustanciales para la tramitación del procedimiento administrativo -lo que decide la suerte del recurso en favor del agente cesanteado- cuando de las actuaciones administrativas no surge que se le haya otorgado al recurrente la posibilidad de efectuar el correspondiente descargo antes de imponérsele la sanción de cesantía. Y si bien tuvo la posibilidad de deducir recurso de revocatoria contra dicha medida, el que no fue resuelto por la Municipalidad, tal situación no suple la omisión en la que incurrió la Administración lesionando el principio de defensa en juicio, que integra el del debido proceso, y que constituye una garantía constitucional de la que no puede prescindir sin mengua del ordenamiento jurídico fundamental. Se ha consumado, así, una violación al artículo 7, 3ra. parte, de la Constitución Provincial.
Revocación de sentencia, aplicación analógica de la ley, seguros, conviviente, cónyuge, matrimonio, concubinato
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Berlari, Norma Esther c/ Omega Cooperativa de Seguros Limitada y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

Es descalificable el pronunciamiento que, por medio de una interpretación analógica, impropia en materia de seguros, asimiló la situación de la cónyuge y la de la concubina, sin advertir las importantes diferencias de régimen jurídico existentes entre el matrimonio y el concubinato.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ALADIO MARIA ELENA c/ BOAGLIO JUAN JORGE Y/O NUTRE NOGOYA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-10-23

Los testimonios traídos por la actora no son medianamente convincentes, trascendiendo de los dichos de las mismas que poseen elementos de convicción serios como para dar por probada una relación laboral, ni siquiera en algún aspecto específico de la misma, como ser la subordinación económica, jurídica o jerárquica, y que además tienen una relación de amistad, como específicamente quedó demostrado.
Inimputabilidad, culpabilidad, prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: S., M., S.; O., J.C. s/ Lesiones Leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-02-07

"La imputabilidad debe ser probada, no se presume. Se considere presupuesto de la culpabilidad o integrante de ella, lo cierto es que debe concurrir para poder hacer efectiva la responsabilidad penal y como cualquier otro elemento debe acreditarse. Que la regla aparezca generalmente con tanta claridad, que se lo resuelva tácitamente no significa que cuando sea cuestionable su existencia escape a la norma de que la acusación tiene la carga de la prueba".
Asociaciones sindicales, estabilidad del delegado gremial, tutela sindical, cierre del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Mercau, Luis Alberto c/ Ashira S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-31

Conforme lo dispuesto en el art. 51  de la ley 23.551, la estabilidad en el empleo del delegado gremial, no puede ser invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento, y a ese concepto debe asimilarse la terminación del contrato de concesión con la Municipalidad de José C. Paz, relativo al servicio de recolecición de residuos. Boletín Nro. 251. Toq. 1179.
Poder Legislativo, Poder Legislativo Nacional, funcionarios legislativos, aplicación de la ley, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vergara Libertad Guillermina c/ E.N. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-15

Conforme la ley 22.922 todo el personal del Poder Legislativo a partir de su sanción quedó comprendido dentro del régimen de empleo público común para toda la administración nacional. (Del voto del juez Oteror, consid. VI).
Pagaré, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado (Su quiebra) c/ Dettler de Cardoso, Norma Lilian y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Es aplicable al endosante del pagaré, el plazo de prescripción anual que contempla el art. 96 del decreto ley 5965/63, conforme lo establece el art. 103 de la misma normativa, debiendo computarse dicho plazo desde el día de vencimiento contenido en el documento.-
Juicio ejecutivo, juicios contra el Estado, títulos de crédito, reclamo administrativo previo
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: S.G.S.  Argentina  S.A. c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Procesos de Ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

La "excepción" que se ensaya con fundamento en que no habría mediado reclamo administrativo previo resulta inadmisible:

a) por una parte, porque él es innecesario en los procesos que no tramitan por la vía ordinaria (art. 32, inc. "d", de la Ley 21.686);

y b) por otra, porque el Estado Nacional ha negado la deuda y la validez del título que se ejecuta, de manera que no parece razonable exigir un ritualismo inútil (doctrina de las causas 8316 del 4/12/79 y 1815 del 8/2/83, entre otras). Es pertinente destacar, a esta altura, que la apelante no dice concretamente de qué defensa se ha visto privada ni cuál hubiera sido su incidencia en la causa, por manera que la invocación de la garantía de la defensa en juicio resulta vacua.
Policía, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, acta de infracción, tránsito automotor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Línea de Microómnibus S.A.T.C.F. s/ art 6.1.63 y otros ley nº 451 s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-28

El cuerpo policial importa desplegar el poder público o el "uso de la fuerza" para restringir temporaria o preventivamente derechos de los ciudadanos y para erigirlo se requiere de una ley, que no es necesaria para "labrar actas", actividad que no supone per se más que una constatación sin mayor injerencia en la vida o libre circulación de las personas, sendo suficiente para ello la creación de uno o varios organismos administrativos debidamente capacitados para practicar esa verificación "en ejercicio del poder de policía". (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, principio de legalidad, jueces naturales, detención, sanciones procesales, facultades disciplinarias del juez, Poder Judicial, abogados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CALOMITE, ALBERTO. s/ ARRESTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-04

Toda vez que el orden institucional está fundado en las leyes válidas y que para su debida preservación y acatamiento es primordial la voluntad de autocontrol de quienes son sus órganos de aplicación, en cuanto servidores de la justicia, es arbitrario el fallo que no cumple con los requisitos de validez propios de las sentencias judiciales al aplicar una medida disciplinaria en una forma no prevista por la ley, apartándose de ésta sin dar razón alguna. Así ocurre en el caso en que la resolución impugnada -en tanto ordena el cumplimiento de la sanción en una dependencia policial- se aparta del principio de legalidad y quebranta la exigencia del art. 18 de la Constitución Nacional al no aplicar ninguna de las formas de arresto previstas en el art.18 del decreto ley 1285/58, aplicable al caso.
Régimen penal de la minoridad, menores, flagrancia
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en D. S., C. J. s/infr. art.(s) 189 bis CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-08

Los criterios garantistas en materia penal deben extremarse en situaciones que involucran a niños/as o adolescentes, tanto más cuando ocurren en casos de flagrancia, a fin de evitar posibles e irreparables lesiones a derechos constitucionales. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recusación, recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: PROCURADOR GENERAL DE LA CORTE SUPREMA c/ E., R. s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Jury de enjuiciamiento (Expte. CSJ   Nº 141-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-08

No constituye prejuzgamiento que autorice la recusación de los magistrados la decisión que ellos debieron necesariamente adoptar acerca de algún punto relacionado con la materia controvertida. Para que provoque la consecuencia requerida, el prejuzgamiento debe ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo a decidir, por lo que no se configura cuando el tribunal se halla en la necesidad de emitir opinión acerca de algún punto relacionado con la materia controvertida.
Honorarios del abogado, privilegios (civil), gastos del proceso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Río S.A. c/ Sánchez, Hebe B. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-05-18

Las costas de la ejecución tienen preferencia ante los acreedores con privilegio y aún sobre el crédito que corresponde al ejecutante (arts. 77 y 590 del C.P.C.C.), habiéndose decidido que los honorarios del profesional del ejecutante importan gastos de justicia, que gozan de la preferencia establecida en los arts. 3879 inc. 1 y 3900 del Código Civil, sin que corresponda efectuar distinción según las etapas de promoción o de ejecución del juicio, toda vez que de resultas de ambas es que se ha llegado a la subasta del bien.
Honorarios, quita
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de la Provincia de Santiago del Estero c/ Tomás Ise Figueroa. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-29

Atento a que la ley 5810 de Santiago del Estero no preveía procedimiento judicial específico alguno para la disminución proporcional de los honorarios del letrado del demandante, bastaba la mera acreditación por parte del deudor del hecho de haber sido admitido su acogimiento al régimen de refinanciación de pasivos en los términos de la ley 5772 y su modifictoria 5807 para obtener la consiguiente reducción de su deuda.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, excesos u omisiones en el pronunciamiento, vicios redhibitorios, prescripción, excepción de prescripción, defensa del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: Sanz, Sonia Mónica c/ Del Plata Propiedades S.A. s/ prescripcion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que admitió parcialmente la acción estimatoria de vicios redhibitorios si el a quo sólo trató el aspecto de la apelación referido a la procedencia de la excepción de prescripción de dicha acción omitiendo considerar argumentos conducentes y centrales, oportunamente vertidos por la demandada, respecto al encuadre en la relación jurídica dentro de las previsiones de la ley 22.240 y la aplicabilidad al caso del término de la prescripción previsto por el art. 50 de la ley de Protección al Consumidor
Ombudsman, facultades del ombudsman, legitimación activa, acción popular
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION c/ ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-10

No es procedente hacer depender la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación de que ningún afectado en particular esté legitimado, ya que de ser ello así es de presumir que el formidable clípeo institucional que montó el constituyente en defensa de los derechos colectivos quede reducido a un rimero de palabras vacías de contenido y carentes de eficacia jurídica.
Derecho procesal, facultades disciplinarias del juez, temeridad o malicia, estafa procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: MULTIPUERTO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

Corresponde confirmar la resolución del juez de grado, en el marco de un proceso judicial en el que se hallaba controvertida la titularidad del 50% del capital accionario entre los dos socios fundadores de una sociedad anónima (el presidente y su suegro), y en el que se le aplicó una sanción de multa procesal al presidente de la misma, por considerar que su conducta incurrió en las previsiones del art. 45 CPCC. En ese marco, también cabe confirmar la resolución en cuanto decidió librar un oficio a la justicia penal para que se investigue en esa sede la eventual configuración de una tentativa de estafa procesal u otro delito. En ese marco, toda vez que la comunicación dispuesta está dirigida a que se investigue un eventual encuadramiento penal de la conducta que fue considerada temeraria y susceptible de sanción como tal en el marco del art. 45 CPCC, no se advierte que pueda sostenerse la existencia de un gravamen irreparable, desde que la apreciación definitiva de tal encuadramiento ha quedado diferido a la jurisdicción competente en esa materia.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio de prop. Rivadavia 25 c/ Casco Epifanio s/ Cobro de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-17

Si la liquidez y exigibilidad surgen del instrumento base de la acción, resulta innecesario requerir el acompañamiento de las copias de las actas del consorcio en las que se aprobaron las expensas, dado que el reglamento de copropiedad confiere el carácter de título ejecutivo a las constancias enunciadas, encontrándose el administrador facultado para su expedición, como asimismo para la promoción de la acción ejecutiva por el incumplimiento en el pago de las cuotas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Mediación, tribunales arbitrales, laudo arbitral
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  DE  LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ BADRA, LISANDRO EMILIOS/ s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-13

No parece adecuado someter al trámite de mediación previa y obligatoria a quien recurre a la jurisdicción para que esta se pronuncie en relación con un laudo proveniente de un tribunal arbitral -en el caso de consumo-, pues debe considerarse que el intento de acercamiento de las partes quedó subsumido y agotado en la tarea del arbitro.
Administración de vialidad provincial, acuerdo de partes, Administración Pública, facultad de dirección, interés público, razones de servicio, empleados públicos, transferencia del personal, escalafón, asignación de funciones, ius variandi, acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arce, Santiago c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 315-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-07-28

No asiste razón a la Administración demandada quien manifiesta que el haber trasladado al actor por necesidad de asistencia mecánica a un Equipo Pesado situado fuera de su domicilio -afectando sus tareas específicas como Secretario Gremial-, importó el ejercicio de un derecho que le asiste; que cuenta con atribuciones suficientes para tomar dicha decisión conforme a las necesidades del servicio y el interés público comprometido. También corresponde desestimar su manifestación de que no se violentó situación escalafonaria alguna -por seguir el actor desempeñando sus mismas funciones- cuando los testimonios son coincidentes en señalar que en el referido Equipo Pesado no se contaba con las herramientas propias del oficio del actor (Oficial Tornero, Clase X), y que las tareas encomendadas eran propias de las de un "ayudante" del mecánico, los cuales, según la ley 20320 (artículo 13, inciso e), pueden ostentar, como Clase más alta, la IV. Por todo ello, resulta ilegítima la medida en cuanto la Administración no ha siquiera invocado que, en su lugar de origen, el recurrente no haya tenido tarea alguna que cumplir; o que no existía otro personal más que el actor que pudiera ejercer las funciones que finalmente le fueron encomendadas; u otro motivo concreto que permita otorgarle algún contenido razonable.