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Recurso de casación, revocación del sobreseimiento, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL
Carátula: Autos Expte. Corte Nº 114/16, caratulado Recurso de Casación c/ Sent. Nº 85/16 Expte. Nº 58/16 Rojano Juan Carlos y Otro s/ Falsificación de Instrumento Público, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-03-23

Corresponde hacer lugar al recurso intentado, toda vez que en el caso el sobreseimiento dictado no fue sustentado en motivo alguno de los enumerados en el art. 346 del CPP, lo que constituye una incongruencia de la sentencia, entre su parte resolutiva y sus fundamentos, no surgiendo de su desarrollo la vinculación de lo decidido con lo previsto en el art. 331, y que la invocación del art. 345, el tribunal tampoco abasteció su decisión de fundamento suficiente desestimando sin fundamento suficiente la oposición al sobreseimiento del imputado manifestada por el querellante, y la pretensión de éste para que prosiga el trámite de la causa y sea realizado el juicio.
Actos y diligencias procesales, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: CANSECO, HUMBERTO Y OTROS. c/ ELMA S.A. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-26

Si bien es requisito de los actos procesales, como el de deducir el recurso del art. 14 de la ley 48, que se realicen ante el órgano judicial correspondiente, de manera que el cargo puesto al escrito respectivo cobre la validez que de esa observancia dimana, ello no debe ser entendido como la enunciación de un principio inflexible, que ineluctablemente lleve a desconocer validez a toda actuación que de él se separe. Este criterio deriva de un concepto del proceso civil que impide su conducción en términos estrictamente formales, pues no se traduce en el cumplimiento de ritos caprichosos, sino en el desarrollo de procedimientos destinados a establecer la verdad jurídica objetiva que es su norte.
Fraude procesal, acción autónoma de nulidad, cosa juzgada írrita
Materia: PROCESAL
Carátula: San Luis,  Provincia de c/ Dimensión Integral de Radiodifusión S.R.L. (D.I.R.A.).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

Corresponde rechazar la acción autónoma de nulidad por fraude procesal respecto de una sentencia dictada por la Corte, fundada en que mediante un ardid se indujo maliciosamente a error al Tribunal acerca de su competencia originaria, ya que al haber sido precedida dicha sentencia de un proceso contradictorio, en que el vencido tuvo adecuada y sustancial oportunidad de audiencia y prueba, no se hallan reunidos los requisitos a los cuales se subordina la acción autónoma declarativa de invalidez de la cosa juzgada írrita.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: MARCUZZI, ALDO ANTONIO c/ COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTIAGO DEL ESTERO s/ QUIEBRA. CUADERNO DE LA DRA. MARIA D.R. DE SPAINI. INCIDENTE DE  EXCLUSION DE BIENES DE CARLOS CURI
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-05-30

La sentencia interlocutoria (incidente de exclusión de bienes) reviste el carácter de definitiva, pues resuelve el fondo de la pretensión del actor, cumplimentándose con los requisitos de admisibilidad del código de rito, por lo que corresponde entrar el tribunal al tratamiento de la cuestion planteada.-
Concursos, verificación de créditos, acreedores del concurso, acuerdo preventivo, homologación judicial, juez del concurso, deberes y facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARCANGEL  MAGGIO s/ INC.  DE  IMPUGNACION  AL ACUERDO PREV. (LL31.8.04, F 107992).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-03

Resulta inadmisible la propuesta formulada por la concursada a la masa quirografaria consistente en el pago del 40% en veinte cuotas anuales, sin intereses, en moneda nacional de curso legal, venciendo la primera de ellas a los 60 meses de homologado el acuerdo conforme al siguiente cronograma: 1) las primeras diez cuotas cancelando el 0,5% cada año del capital verificado o admisible; 2) desde la cuota 10 a la 17 el concursado cancela el 1% cada año del capital verificado o admisible; 3) a partir de la cuota 18 a la 19, cancela el 2% cada año del capital verificado o admisible y 4) la cuota 20 será del 24% del capital declarado verificado o admisible, toda vez que, al no contemplar la incidencia provocada por el diferimiento en el pago implica una importante reducción nominal, ya que un plazo de espera tan significativo -un cuarto de siglo-, resulta desproporcionado e irrazonable, si se lo coteja no solo con los libremente contratados por los acreedores en su origen, sino con los propios del comercio y de otras instituciones del derecho; además, al no ofrecer pago de intereses, determina una depreciación de lo ofrecido por el solo transcurso del tiempo que infringe el limite moralmente permitido por nuestro sistema legal considerado en su totalidad; violando, además, el derecho de propiedad de los acreedores concursales; ello así, al valorarse tal propuesta, debe darse prevalencia, por sobre lo dispuesto por la ley 23928 y las 25563 y 25589, a las facultades que otorga esta ultima art. 52-4 (ley 25589), en tanto dispone que "en ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley"; pues, aun cuando se hayan obtenido las mayorías legales, ello no es suficiente para merecer la homologación judicial, ya que no resulta congruente con el orden público, el interés general ni con la finalidad del concurso preventivo.
Queja por denegación del recurso extraordinario, depósito previo, falta de depósito, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pucceti  de Vilas, Mercedes y otro c/ Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-09

En tanto el derecho al acceso a la justicia es uno de aquellos que resultan operativos con su sola invocación e irrestricto en su ejercicio, cualquier condicionamiento del trámite judicial, tal como el que se deriva de la falta de abono del depósito del art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resulta violatorio de esa garantía constitucional (Voto del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Procedimiento contencioso administrativo, caducidad de instancia, plazo legal
Materia: PROCESAL
Carátula: SUPERMERCADO LUCY DE LING MENG YU c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APEL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-10

La caducidad de instancia es un modo anormal de extinción del proceso que procede ante la inacción tanto de las partes, como del órgano judicial, durante el transcurso de determinados plazos legales preestablecidos (Palacio, Lino E., Código Procesal Civil, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, Tomo IV, pág. 217).
Competencia criminal y correccional, cuestiones de competencia, tentativa, homicidio calificado por el vínculo, violencia de género
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de competencia en autos AAAFJ sobre 89 - lesiones leves y otros s/ conflicto de competencia c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-22

Corresponde declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional dado que no puede descartarse que la conducta investigada se subsuma en el delito previsto y reprimido por el art. 80, incisos 1° y 11°, en grado de tentativa. El contexto de violencia doméstica en el que se habría desplegado reviste una gravedad tal que no puede ni debe ser reducida al delito de lesiones. El accionar del imputado -al ejercer presión sobre una parte vital del cuerpo y cortar su respiración, dejándola sin aire y sin conocimiento en forma reiterada en un lapso de escasos minutos- reuniría, de modo objetivo, las características externas para concluir que se atentó contra la vida de la persona. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Luis Francisco Lozano, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg, por remisión al dictamen fiscal. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de apelación (procesal), honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Faybe  S.A. c/ Cap. y/u otros Bq. "Corrientes II" y/u otra s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-10

El valor cuestionado en este proceso no excede el límite establecido por el artículo 242, último párrafo del Código Procesal, texto según Ley 23.850, para la procedencia del recurso de apelación.

La norma contenida en el segundo párrafo del artículo 244 del citado cuerpo legal no modifica lo expuesto, pues la inapelabilidad resulta en el caso de la circunstancia de haber sido prevista una sola instancia para todo el proceso en razón del exiguo monto cuestionado, que no alcanza el límite legal, estando vedada la intervención de la alzada para la decisión de cualquier cuestión que se plantea durante su trámite, ya se trate del fallo definitivo, o bien de la materia regulatoria, que es accesoria del interés económico en juego.
Sentencia arbitraria, procedencia del recurso, aplicación errónea de la ley, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Sajoux, Nicolás y otros c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Nicolás Sajoux (UBER) s/ art. 83 usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) - CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

La actividad que, entre otras, sanciona el artículo 86 del Código Contravencional es, en lo que aquí importa (primer párrafo), la de realizar la actividad lucrativa (en el caso, la de transporte), no la de prestar servicios personales (acompañados o no del vehículo) a quien desarrolla la actividad de transportar. Por ello, para arribar válidamente a la imposición de una condena, los jueces debieron discernir entre uno y otro supuesto -actividad de "transporte" realizada por los conductores por sí o ejecutada por cuenta o por orden de otra persona que sería la titular de la mencionada actividad-, como asimismo, determinar cuál es el régimen legal aplicable. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Julio Angel y otro c/ Cavalieri, Olga y otro s/ Daños y Perjuicios-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-11

En caso de duda, si se ha operado o no la caducidad, debe considerarse no operada, es decir, que debe prevalecer una interpretación restrictiva, por las constancias que este instituto produce en el proceso.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, jurisprudencia aplicable
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Reñe, María de los Milagros-Baridon, Marcelo Javier s/ Divorcio Vincular (Pres. Conj. - Incidente Fijación Deuda)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-03-13

Para que opere la invocada causal de admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley, la cita de antecedentes jurisprudenciales debe relacionarse con el supuesto concreto de autos, ya que resulta ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron supuestos de hecho y de derecho diferentes a los propios del caso en juzgamiento.
Falta de licencia de conducir, presunción de culpa
Materia: PENAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Y. S.A. y Otras en autos "D.P. y Otros s/Acción de amparo" Expte. N° 126 /2015 s/Incidente de levantamiento de medida cautelar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2017-01-20

Es impropio fundar en la infracción administrativa de la falta de licencia de conducir, desvinculada de la causalidad del hecho, una presunción de culpabilidad que deba desvirtuarse con el acreditamiento de idoneidad conductiva.
Intervención de terceros, intervención obligada, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: INTERCARGO S.A.C. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

El tercero citado está habilitado, entre otras cosas y como ejercicio de su defensa en juicio, a peticionar la caducidad de la instancia. Esto se explica porque el tercero tiene pleno interés jurídico, no resultando lógico, por lo tanto, que la declaración de derechos a producirse en la sentencia queda dilatada por el mero arbitrio de las partes originarias, ni resulta justo que se le cercenen atributos conferidos por la ley a los litigantes principales, en menoscabo de su defensa en juicio, que es garantía de orden constitucional (conf. art. 18 de la C.N.; ver Kenny, Héctor E., "La intervención obligada de terceros en el proceso civil", pág. 120/121).
Promoción de la corrupción, facilitación de la corrupción
Materia: PENAL
Carátula: Peralta, Ivón Ricardo s/ Tentativa de violación Leañez, Máximo Rufino s/ Corrupción Geber, Alberto Enrique s/ Corrupción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28|1993-12-07|1997-11-18

No teniendo el art. 125 por núcleo la referencia a quien corrompiere sino a quien "promoviere o facilitare" la corrupción el tipo no requiere, entonces, que se produzca la concreta corrupción. Pero, en el otro extremo, no basta con la pura actividad de ejecutar actos idóneos para corromper. Promover significa "iniciar", "comenzar", "empezar", "dar principio a una cosa", "adelantar" algo -"procurando su logro"-, "mover", "llevar hacia adelante". De modo que para perfeccionarse este núcleo no es necesario que se concrete la corrupción, pero no es suficiente que se realicen actos idóneos para ello: se requiere que el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia adelante) la corrupción del sujeto pasivo. Y facilitar significa crear las condiciones para que algo sea posible o pueda hacerse "sin mucho trabajo" o pueda "suceder con mucha probabilidad".
Contratos, buena fe
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arauz, Pablo G. c/ Supermercados Toledo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

El principio de buena fe, como pauta de integración del estatuto regulador de una relación jurídica, crea ciertos deberes a los contratantes, que no hacen a la prestación principal y que la doctrina los llama deberes secundarios. Entre estos deberes se enumeran el cuidado de la persona del cocontratante y la colaboración con la contraparte para evitarle perjuicio.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, gravamen irreparable, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: García Hnos. S.R.L. s/ infracción ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

Si bien en principio las decisiones de índole procesal, que no resuelven el fondo de la cuestión controvertida, no son impugnables por la vía del recurso extraordinario, cabe hacer excepción a ese principio cuando concurre un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa e inmediata el derecho de defensa en juicio y se verifica un gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior.
Indemnización por accidente de trabajo, daño estético
Materia: LABORAL
Carátula: ALFARO, WALTER c/ TINTORERIA Y ESTAMPERIA INDUSTRIAL NUEVA POMPEYA SA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-12

Desde el punto de vista médico legal, sólo interesan las cicatrices "viciosas", ya que las cicatrices normales, planas, libres, no retráctiles ni adherentes a los planos profundos, que no desfiguran o incapacitan en forma parcial ni permanente o que sólo provocan una incapacidad temporal no interesan, en tanto- según sus características- sólo la cicatriz cutánea viciosa puede generar incapacidad laborativa (Ver "Medicina Legal del Trabajo y Seguridad Social" Basile-Defilippis Novoa- Gonzalez; págs 102 y ss. Ed. De Palma-1994).
Sustracción de menores, prescripción de la acción penal, delito continuo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: LAVALLEN, Rubén Luis s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-11

Cuando lo que se imputa a los procesados es la sustracción de un menor -art. 146 del C.P. -, ello torna inoficioso considerar si ha transcurrido el plazo correspondiente a la prescripción de ese eventual ilícito, ya que, por su carácter permanente, la tenencia ilegítima de la menor obraría como causal interruptiva pues a esa clase de infracciones se las considera cometidas en todo los instantes en los cuales se mantiene la acción delictiva.
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, Superior Tribunal de Justicia, recursos, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Olivera, Ramón Gregorio y otros c/ Resero S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-04

Es arbitrario el pronunciamiento que vedó el acceso a la superior instancia provincial sin una apreciación razonada de articulaciones serias de la apelante para la procedencia formal de su recurso, con grave lesión del derecho de defensa.
Recurso contencioso administrativo, ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS DE SANTA FE, estructura orgánica, empleados públicos, estabilidad del empleado público, derechos adquiridos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Duarte, Eduardo Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 462 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-05

No puede sostenerse que los agentes cuenten con un "derecho adquirido" al mantenimiento de una determinada nomenclatura que a cierta función se le asignaba en una estructura orgánica anterior.

Y, tampoco, que -en las circunstancias del caso- la denominación que en la estructura anterior tenía el cargo atribuido al agente recurrente constituya un "atributo inherente" al empleo, cuya modificación importe una lesión a la estabilidad, ni que, de algún otro modo, se verifique un supuesto de sustancial modificación al contenido de la relación de empleo y, virtualmente, una desjerarquización de las funciones que cumplía el agente. Por tanto, aunque se considerase que asiste razón a la actora cuando alude a la "continuidad jurídica" que se verifica entre la Dirección de Rentas y la A.P.I., ello no autorizaría a extraer alguna conclusión en cuanto a un necesario paralelismo entre las calificaciones de los cargos utilizadas por las respectivas estructuras orgánico funcionales.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, cheque, delitos
Materia: PENAL
Carátula: B, R R I s/ Cuestión a resolver: Un cheque librado sin fecha, rechazado por  Falta de fondos, completado con posterioridad a su libramiento por  El tenedor denunciante, ¨Es título apto para configurar el delito  Previsto por el artículo 302, inciso primero del Código Penal?  (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 745-71) fecha, rechazado por  Falta de fondos, completado con posterioridad a su libramiento por  El tenedor denunciante, ­Es título apto para configurar el delito  Previsto por el artículo 302, inciso primero del Código Penal?  (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 745-71)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1981-03-18

Por tratarse de un documento formal, la validez del cheque se subordina a la concurrencia de los requisitos que la ley exige ad solemnitatem. Integrados todos los recaudos al momento de la presentación del valor al girado, el título es perfecto; resultando indiferente, en lo referido al requisito de la fecha, circunstancias como quien fue su autor, en que oportunidad fue consignado e, inclusive, si es verdadera o falsa. La ley prescinde de toda ordenación al respecto, lo que se ve claro en el caso de los cheques posdatados en los que pese a comprobarse la falsedad de la fecha de emisión, por el simple hecho de su existencia, son pagaderos al día de su presentación (artículo 23 Decreto ley 4776/63). El fundamento del tratamiento legal radica en garantizar la eficacia y función económica del título, por lo que su protección penal no puede retacearse so pretexto de rigorismos formales que exceden las prescripciones legales sin vulnerar el homenaje que el orden jurídico rinde a la seguridad del tercero de buena fe. De allí que no puede negarse la aptitud del cheque librado sin fecha, completado con posterioridad a su libramiento por el tenedor originario, para configurar el delito previsto por el artículo 302, inciso 1, del Código Penal, siendo esta posición la que se adecua al telos que inspira la norma en su dirección tuteladora de la fe pública. (Del Voto del Dr. Suárez). En el caso, la cuestión a resolver era si un cheque librado sin fecha, rechazado por falta de fondos, completado con posterioridad a su libramiento por el tenedor denunciante, era o no título apto para configurar el delito previsto por el artículo 302, inciso 1 del Código Penal.
Actos ilícitos, infracciones formales, carga de la prueba, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Bansud S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-04

De acuerdo a doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en nuestro sistema jurídico no hay pena sin culpa (Fallo 322:519). Para que una infracción sea tal, debe ser imputada a título de dolo o culpa, caso contrario no habría infracción.

La caracterización como "formal" de un ilícito alude no a la culpabilidad, sino a la prueba de la existencia del acto antijurídico.

En efecto, en las infracciones formales, la mera constatación de la conducta típica, obvia la prueba del elemento subjetivo que presume e invierte la carga de la prueba en contra del imputado que debería acreditar, en su caso, la falsedad de la prueba de cargo, la existencia de una excepción defensiva, fuerza mayor, caso fortuito, etc.
Contrato de obra pública, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hidraco S.A. y Coarco S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Cuando se encuentra autorizado el cambio de lugar de trabajo y se dispone el mismo no hay alteración del proyecto original sino ejecución en una de las opciones posibles.
Créditos hipotecarios para la vivienda, escrituración, obligación de escriturar, pago
Materia: CIVIL
Carátula: ROMERO, CARLOS ALBERTO c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  C.M.V. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

El carácter preponderantemente administrativo de los contratos sujetos a la ley 21.581 no quita ni pone a la obligación de escriturar, que está prevista de modo expreso en la precitada ley.

En autos se está en presencia de una compraventa, desde que se reúnen los extremos de consentimiento, precio y cosa propios de este contrato, el cual tuvo principio de ejecución con el pago de las cuotas y la entrega de la posesión; el consentimiento surge de la resolución que adjudicó la venta y de la toma de posesión y pago de cuotas; y el precio, en los términos del art. 12 de la Ley 21.581, constituye una hipótesis de precio cierto, cuya indeterminación actual no impide la constitución de una hipoteca por un precio estimado, sujeto a ulterior reajuste, ya que el precio definitivo resultará de una resolución de la Secretaría de Vivienda y que lo propio ocurre con el monto de la cuota mensual y el plazo para el pago siendo que aquel precio definitivo no es otro que el de costo de las obras con más el valor del terreno.