Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-03-19


SETENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Cuatro.

En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y MARÍA CRISTINA CASAS NÓBLEGA; bajo la presidencia del Dr. Oviedo, Secretaria Dra. CRISTINA DEL VALLE SALAS MARTÍNEZ, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 06/06 "Federación Económica de Ctca. c/ Edecat -s/ Acción de Amparo Judicial de Intereses Difusos o Derechos Difusos- s/ Int. RECURSO DE CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver 1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto?.

En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

2) Costas.

Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 64 vlta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y MARÍA CRISTINA CASAS NÓBLEGA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo La demandada recurre en casación la Sentencia Definitiva Nº 66/05 emitida por la Cámara de Apelación de Segunda Nominación que revoca el allanamiento parcial a la pretensión inicial, confirmando en todo lo demás el pronunciamiento.

A título de información en la presente causa la Federación Económica deduce acción de amparo colectivo en contra de Edecat. S.A. reclamando el cumplimiento de la resolución del En.Re. Nº 076/01 que aprobaba el régimen tarifario para el quinquenio 2001 al 2006, y la obligación de reparar el daño causado al interés individual y colectivo en razón de la sobrefacturación, más intereses compensatorios, punitorios e indemnización del Art. 31 de la ley de Defensa al Consumidor.

El Juez de la primera instancia hace lugar a la acción, ordenando el cumplimiento de la resolución del En.Re. para todos los usuarios y el reintegro y la reparación peticionada a los accionantes y a los adherentes.

Funda el recurso en las causales del Incs. "a" y "c" del Art. 298 del C.P.C.C., y refiere a la primera en alusión a los Arts. 25 párrafo 3ro. y 31 de la ley de Defensa al Consumidor reprochando que se mal interpreta el concepto de aplicación supletoria que prevé claramente la ley 24.240 en materia de servicios públicos domiciliarios con regulación específica, lo que lleva a la Alzada a confirmar la aplicación de un plus resarcitorio del 25% del exceso de facturación verificado.

Alega, que se viola el principio de especialidad normativa en materia regulatoria de servicios públicos, dado que el contrato de concesión de servicio celebrado prevé el régimen de reparación al usuario frente al error de facturación. Destaca la intención del legislador al sancionar la LDC, sobre su inaplicabilidad general y la preservación de la competencia de la nación y provincia en materia regulatoria de servicio público.

Igualmente aduce que se mal interpretan los Arts. 1, 2 de la LDC y Arts. 7, 15 y 16 de la ley 4834 por haber reconocido legitimación activa para reclamar plus resarcitorio a quienes la ley excluye expresamente (comerciantes, industriales, prestadores de servicio), por no estar incluidos en la noción de usuarios.

Sostienen que los adherentes a la acción entran en la categoría de grandes usuarios y que no existe norma que diferencie a éstos de los usuarios tutelados por la LDC en función de su naturaleza de consumidores finales o no del servicio.

Afirman que la exclusión de tutela de la LDC a los grandes usuarios supone un grado de mayor protección a favor de los considerados usuarios consumidores finales, como parte mas débil del contrato y donde no puede incluir a los grandes usuarios.

En alusión a la causal de arbitrariedad se agravia por la desnaturalización interpretativa de la LDC y de la ley 4834.

Por prescindir del texto legal aplicable -ley 4834- sin dar razones.

Por arrogarse los jueces facultad de legislar.

Por fundarse el fallo en meras expresiones dogmáticas incompatibles con la normativa aplicable, aseverando que resulta aplicable la LDC frente a la falta de actividad tuitiva del En. Re. y por la insuficiencia protectora del sistema de servicio público local.

Finalmente reprocha la imposición de la totalidad de las costas, siendo que las pretensiones de la actora fueron rechazadas en gran parte, dado que, éstos invocaron legitimación "por la comunidad" lo que incluye a 88.000 usuarios y el A-quo condena a resarcir sólo a aquéllos que accionaron individualmente en la presente lo que, conforme a las adhesiones, representa un 4% de los usuarios con lo cual las costas debieron imponerse en un 96% a la actora.

Que a fs. 50/55 responde traslado la contraria oponiéndose al recurso.

Que a fs. 59 este Tribunal declara su admisibilidad formal.

A fs. 60/63 obra dictamen de la Sra. Procurador General subrogante, inclinándose por el rechazo de la impugnación por no configurarse en el fallo los vicios denunciados.

Que firme el proveído de autos para resolver, se realiza el sorteo y conforme al orden que arroja su resultado emito mi parecer de la controversia traída a consideración.

Me permito así adelantar mi conclusión negativa al recurso elaborada en base al contexto del memorial puesto que, su lectura solo me revela una apreciación meramente subjetiva discrepante con los fundamentos que sustenta el fallo, otro visión de la cuestión que, a los fines pretendidos, son insuficientes para lograr modificar los resultados del fallo por vía de este remedio extraordinario.

Desde esta perspectiva en relación a la primera causal se denuncia que no corresponde la aplicación en autos de la LDC dado su carácter supletorio, al existir un régimen legal específico de los servicios públicos domiciliarios.

Como puede verse la Alzada confirma su aplicación al caso, no solo avalando los conceptos emitidos por el A-quo, sino que con aporte de mas argumentos apoya su posición en la doctrina y jurisprudencia predominantes en el tema.

Vale la oportunidad para destacar que la tendencia mayoritaria, tanto en doctrina como en jurisprudencia, sostienen que, "El hecho de que la ley 24.240 (Adla, LIII-D 4125) posea carácter de norma supletoria respecto de los servicios públicos domiciliarios, no implica su inaplicabilidad, sino que primero se deben aplicar las normas contenidas en las regulaciones específicas y la ley de Defensa del Consumidor, cuando en las normas específicas no existan disposiciones que protejan los derechos de los usuarios.

De allí que la Alzada estima que el sólo reintegro del exceso de lo facturado y los intereses de acuerdo a lo estipulado en el contrato de concesión y la normativa provincial, no configuraba un verdadero resarcimiento e impone el plus del 25% sobre lo mal facturado en virtud de lo dispuesto por el Art. 31 de la LDC.

En este aspecto, y aunque no este en discusión, importa puntualizar que la misma ley establece la aplicación supletoria de sus disposiciones cuando existan normas específicas que regulen el servicio en particular.

En efecto, el Art. 25 de la ley 24.240 establece que "... Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla, ser n regidos por esas normas, aplicándose la presente ley supletoriamente". Pero, supletoriedad no implica inaplicabilidad o desprotección.

En esta inteligencia, ha dicho la Doctrina que "Estos servicios públicos a los cuales la ley califica de domiciliarios son los de mayor interés para los usuarios: electricidad, gas, agua corriente, cloacas, teléfonos; y todos ellos cuentan con legislación específica y su actuación es controlada por los organismos administrativos previstos en los respectivos cuerpos legales; con lo cual, en principio, pareciera que este Cap. VI estaría de más, pues no hay servicios públicos domiciliarios sin regulación propia, con lo que bastaría con remitirse a dichas regulaciones. - Sin embargo, otorgar el carácter de normas supletorias para estos servicios a las disposiciones de la ley 24.240 no implica su inaplicabilidad, sino que primero se deben aplicar las normas contenidas en dichas regulaciones específicas, en cuanto tutelen a los usuarios; y esta ley cada vez que no existan -en las regulaciones específicas- normas expresas tuteladoras de los derechos de los usuarios o se trate de disposiciones que entren en colisión con los derechos otorgados por esta ley. De otro modo se los dejaría sin la tutela básica que brinda la ley y que tiene su fundamento constitucional en el Art. 42 de la Constitución Nacional.

Con similar norte ha decidido la jurisprudencia que "No comporta óbice para el reconocimiento de la calidad de usuario y su consecuente legitimidad activa para estar en juicio, el carácter supletorio de la ley de defensa del consumidor en lo relativo a los servicios públicos domiciliarios con legislación específica (cfr. Art. 25, segundo párrafo).

En tal sentido, la supletoriedad en cuestión procedería en los casos en que existen marcos regulatorios legales, por lo cual parecería insuficiente frente a la exigencia del artículo citado en el decreto 1420/92 (cfr. Muratorio, Jorge I., "La ley de defensa del consumidor y la protección de los usuarios de los servicios públicos", en L.L. Actualidad del 9/12/93); y, asimismo, que por aplicación del Art. 42 de la Constitución Nacional y del in dubio pro consumidor que consagra la propia ley de defensa del consumidor en su Art. 31, la norma general prevalece sobre la especial cuando es ésta y no la legislación articular la que contempla con mayor benevolencia la situación de los usuarios (cfr. Cicero, Nidia Karina, "los sistemas de protección de los usuarios de los servicios públicos", LA LEY, 1996-C, 420).

Lo cierto es que "La Legislación específica de los servicios públicos debe armonizarse con la ley de protección al consumidor; la denominada aplicación supletoria, del Art. 25 última parte, no puede significar la violación al régimen tuitivo ni el olvido de la aplicación de los principios generales del derecho" (conclusiones de la comisión Nº 5 del II Congreso Argentino de Derecho del Consumidor y I Encuentro Nacional de Defensa del Consumidor y usuario, citadas por Vázquez Ferreyra, Roberto y Romera, Oscar, en "Aplicación supletoria de la ley de defensa del consumidor a los servicios públicos domiciliarios privatizados", LA LEY, 1996-B, 973).

Tal criterio interpretativo armonizador, surge de la misma ley que dispone en su Art. 31 que "las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas ...", concluyendo la norma que "en caso de duda, se estar siempre a la interpretación mas favorable para el consumidor" (conf. Cámara Nac. de Apelaciones en lo Civil Comercial Federal, Capital Federal; sala 01 (De Las Carreras Pérez Delgado); Antelo Álvarez Juan José y otros c. Telefónica de Argentina SA s/ recurso de queja, Sentencia 2845/97 del 12 de Agosto de 1997.

Es si que en este marco y en esta dirección es que deben deliberarse estos conflictos y con esa orientación la Cámara resolvió, por lo que no advierto a mi juicio errada interpretación.

Luego, en lo relativo a que los accionantes se encontrarían excluidos expresamente por la ley dada su calidad de grandes usuarios, el fallo con claridad absoluta define esta categoría y con lógicas razones responde por qué los amparitas deben ser considerados usuarios o consumidores finales, usuarios al fin, del servicio domiciliario.

En este razonamiento, la sentencia no deja espacio de dudas que los grandes usuarios involucra a los que comercializan el producto o explotan el servicio y que requieren, a su vez, la venia del Estado y no los accionantes que si bien algunos ejercen el comercio son simples comerciantes, ello, no en son de minimizarlos sino de diferenciarlos.

Por último tampoco tiene cabida lo referente a la aplicación de las costas en cuanto fueron impuestas a la demandada vencida, respetando el principio objetivo de la derrota en tanto la pretensión prospero sustancialmente en su totalidad.

Cabe recordar, que en virtud de la materia de que se trata, única causal que amerita su revisión es la arbitrariedad, sin embargo bajo este concepto ni de ningún otro el argumento del agravio posee entidad para lograr su modificación.

Se desprende de lo hasta aquí expuesto, que el esfuerzo crítico del recurrente no logra desvirtuar la solución asumida por los magistrados sostenida por importantes, claros y precisos argumentos, con un razonamiento lógico y coherente y en cuya transparencia no hay asomo de arbitrariedad, de ahí en mas que confirmando el fallo, voto por el rechazo del recurso.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que comparto los fundamentos y conclusiones a los que arriba el Sr. Ministro preopinante, Dr. Oviedo, para la solución de la causa, votando en igual sentido.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Casas Noblega dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusiones expuestas por el Sr. Ministro que inaugura el Acuerdo, Dr. Oviedo, para la solución de la causa, votando en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que considerando el principio objetivo de la derrota, las costas deben aplicarse a la recurrente que resulta vencida. Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que consecuentemente con lo expresado en la primera de las cuestiones, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte demandada que resulta vencida. Así Voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Casas Nóblega dijo:

Que una vez más, adhiero a las conclusiones expuestas por el Sr. Ministro preopinante, Dr. Oviedo, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido.

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y oída la Sra. Procurador General subrogante en su Dictamen Nº 108/06 y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar el Recurso Casación interpuesto por la parte demandada a fs. 7/46 de autos, por improcedente.

2) Costas a la parte demandada que resulta vencida.

3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minas de Segunda Nominación, que deber transferir, el depósito judicial obrante a fs. 2 de autos, a la cuenta "Ley Nº 4347 de Casación", que gira bajo el Folio Nº 23037 del Banco de la Nación Argentina- Suc. Catca.

4) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes.

5) Protocolícese, Hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.