Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-02


SENT Nº 348	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dos (02) de Junio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el Banco del Tucumán S.A. en autos: "Ferretera del Norte S.R.L. s/ Concurso Preventivo. Incidente de revisión de crédito promovido por el Banco del Tucumán S.A.".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por el Banco del Tucumán S.A. contra la sentencia de fecha 20 de junio de 2008 dictada por la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común (fs. 686 y vta.), que fue concedido por resolución Nº 184 de fecha 7 de setiembre de 2009 (fs. 707 y vta.).

El recurso es admisible pues cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos por los arts. 748 y siguientes CPCC.

2.- En su recurso de casación, el apoderado del incidentista Banco del Tucumán S.A. expone que la sentencia que impugna es definitiva, pues la declaración de caducidad de instancia impide la promoción de un nuevo incidente porque la prescripción de la acción lo impediría. Manifiesta que se configura un supuesto de gravedad institucional por vulneración del debido proceso legal, la garantía de defensa en juicio y la igualdad ante la ley. Denuncia que la sentencia que impugna omitió la aplicación de normas legales específicas, y efectuó una errónea interpretación del derecho.

Sostiene que en el incidente no se produjo la perención de la instancia pues el impulso procesal estaba bajo la órbita del Juzgador, y que su parte no tuvo la posibilidad de suplir esa actividad jurisdiccional. Resalta que hubo una grave inactividad del órgano jurisdiccional que denota una violación a los deberes de administrar justicia, dirigir el proceso, juzgamiento del caso, fundar las decisiones, del impulso procesal, y de brindar garantías contra la desigualdad en el proceso. Pide que atento al carácter restrictivo de la caducidad, en caso de duda debe estarse por la negativa.

La sentencia recurrida expuso que el último acto procesal registrado en la causa fue la providencia del 13/10/2006 (fs. 648), que puso a la oficina el informe actuarial sobre la prueba. Señaló que desde entonces hasta la fecha del planteo perencional (13/13/2007), transcurrió con creces el plazo de tres meses que establecen los arts. 210 inc. 2 CPCC y 277 LCQ para que opere la caducidad de la instancia. El Tribunal puntualizó que no existió el impedimento del art. 218 procesal, pues los autos no estuvieron pendientes de sentencia porque no se había dictado providencia que así lo dispusiera. Resaltó que por ello no había cesado la carga de impulsar el procedimiento atribuida al incidentista, quien debió formular las peticiones adecuadas.

3.- Confrontados los agravios con la sentencia que se impugna, se advierte que corresponde hacer lugar al recurso por los motivos que se exponen a continuación.

El presente es un incidente de revisión promovido por el Banco del Tucumán S.A. contra la declaración de inadmisibilidad del crédito cuya verificación había solicitado (cfr. fs. 80/90). Una vez producida la prueba, con fecha 13 de octubre de 2006 el Actuario elaboró un informe sobre su agregación (cfr. fs. 648). La Sra. Jueza dictó con la misma fecha una providencia con el siguiente texto: "Téngase presente el informe actuarial que antecede. Póngase a la oficina a conocimiento de los interesados" (fs. 648). El día 13 de marzo de 2007, el apoderado del concursado planteó la perención de la instancia, señalando como última actuación impulsiva del proceso el decreto antes referido de fecha 13 de octubre de 2006.

A partir de la providencia de fecha 13 de octubre de 2006, el incidente se encontró en estado de dictar la sentencia, conforme a lo normado por el art. 186 tercer párrafo procesal, que dispone que "no contestado el traslado, no habiendo pruebas que producir o vencido su término, el juez dictará sentencia en el plazo de cinco días". En efecto, en el caso ya se habían producido y agregado las pruebas, y vencido el término probatorio, y en consecuencia, había concluido todo el trámite previo al dictado de la sentencia.

Según la regulación del trámite de los incidentes en la ley de concursos y quiebras 24.522 en su art. 282, y en el art. 186 tercer párrafo del CPCC local, el juez debe dictar sentencia sin necesidad de llamamiento de autos para sentencia. El código procesal local fija el plazo de cinco días para el dictado de la sentencia, en el tercer párrafo del art. 186. Tal plazo coincide con el del precepto del art. 273 inc. 1 de la ley concursal, que establece que "todos los términos son perentorios, y se consideran de cinco días en caso de no haberse fijado uno especial". Cabe recordar que de acuerdo con el art. 278 de la ley 24.522, "en cuanto no esté expresamente dispuesto por esta ley, se aplican las normas procesales de la ley del lugar del juicio que sean compatibles con la rapidez y economía del trámite incidental".

En el caso, vencido el término probatorio y agregada la prueba, la cuestión quedó en estado de ser resuelta, y en esas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el art. 211 inc. 1 CPCC, el incidente de revisión no podía caducar.

4.- Analizando el art. 185 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, similar al artículo citado del digesto procesal local, la doctrina ha interpretado que "cualquiera sea la contingencia que se haya verificado, resulta innecesario el previo llamamiento de autos para resolver el incidente" (cfr. Palacio y Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, tomo 4 página 602 Rubinzal Culzoni Edición 1992). En igual sentido, se ha expresado que "cualquiera sea la contingencia producida, es innecesario el previo llamamiento de autos para resolver. De lo contrario, se atentaría contra el principio de celeridad que embandera este proceso" (cfr. Fenochietto-Arazi, Código Procesal anotado, tomo 1 página 719). Respecto de la innecesariedad del llamado de autos para resolver, comentando el art. 185 del código procesal nacional, se ha expresado que "cabe añadir que, cualquiera sea la contingencia que se haya verificado, resulta innecesario el previo llamamiento de autos para resolver el incidente" (Palacio Lino, Derecho Procesal Civil, Lexis Nº 2507/002026). Tal fue el criterio que sostuvieron las Cámaras de Apelaciones de este Poder Judicial en numerosas sentencias; puede citarse en tal sentido a la Cámara Civil y Comercial Común en sentencias Nº 261 del 13/10/1992 en "Banco Cabildo S.A. s/ Quiebra. Incidente de recurso de reposición"; Nº 59 del 09/3/2000 en "Ledesma Néstor Enrique s/ Prescripción adquisitiva"; Nº 353 del 09/10/2008 en "Molina José Martín vs. Guaraz Gustavo y otro s/ Daños y perjuicios"), al igual que la Cámara Civil en Documentos y Locaciones Sala 1 en sentencia Nº 294 del 15/5/2009 en "Muñoz Silvana Inés vs. Banco Empresario de Tucumán y Díaz Francisco Antonio s/ Tercerías".

5.- Tratándose de un incidente, y estando agregadas las pruebas, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del art. 186 CPCC, debió dictarse resolución sin más trámite, pues estaba concluido el trámite del incidente al haberse agregado las pruebas. En consecuencia, los autos estaban "pendientes de sentencia", como dispone el art. 211 inc. 1 CPCC, por lo que quedaba excluida la posibilidad de incurrir en perención de instancia.

Tal fue el criterio de esta Corte en caso similar, en un incidente deducido en un trámite de ejecución de sentencia. En tal ocasión se expresó que "el art. 532 CPCCT (hoy art. 515) dispone que, vencido el plazo para oponer excepciones sin que se lo hubiere hecho, el juez procederá de oficio a dictar sentencia dentro de los tres días siguientes. Asimismo, el art. 538 (actual 521) del mismo ordenamiento menciona que contestado el traslado cuando no se hubiere abierto la causa a prueba o vencido el plazo de ésta, el juez dictará sentencia dentro de los ocho días siguientes. Como bien se advierte, ninguna otra diligencia prescribe el Código Procesal a posteriori del vencimiento del plazo para oponer excepciones o posteriormente a ser contestado su traslado, en caso de que se hubieren opuesto. Si la ley no exige ninguna otra gestión de parte ni del juzgado que no sea la sentencia, no se puede pretorianamente interpretar que la actora debía hacer algo más a los efectos de impedir la caducidad pues el procedimiento a seguir ya está resuelto por la norma: correspondía que se dicte sentencia. Ese era el paso procesal subsiguiente. Es decir que "los autos estaban pendientes de sentencia", como reza el art. 218 para excluir esta situación de las factibles de padecer caducidad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, principio de raíz constitucional. Por lo tanto, no corresponde dar por abandonado el proceso al no existir actividad concreta prevista por ley u ordenada por el Juzgado para la continuación del trámite procesal y en tanto la causa se encontraba ya pendiente de sentencia" (cfr. CSJT sentencia Nº 1237 de fecha 20/12/2007 en "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán vs. Graciano Walter Guillermo s/ Cobro ejecutivo").

A ello puede agregarse que esta Corte distinguió entre el supuesto de "autos para sentencia", del de "autos pendientes de sentencia". (cfr. CSJT en sentencia Nº 110 del 7 de marzo de 2007 en "Pilinco Roberto vs. Acosta Manuel Eduardo y otro s/ Cobros (ordinario)". Este último supuesto -autos pendientes de sentencia- es el previsto por el art. 211 inc. 1 CPCC, por lo cual, en el caso de los incidentes, para que los autos estén "pendientes de sentencia" no requieren de un previo llamamiento de autos para sentencia.

6.- Por lo expuesto, corresponde casar la sentencia en mérito a la siguiente doctrina legal: "En los incidentes, una vez agregadas las pruebas y vencido el término probatorio, los autos quedan pendientes de sentencia de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del art. 186 procesal, por lo que corresponde aplicar el art. 211 inc. 1 CPCC que excluye la posibilidad de la caducidad de instancia".

7.- Atento al resultado, corresponde aplicar el principio sobre costas que dispone el art. 105 CPCC, tanto en el recurso de casación como en las instancias inferiores.

Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo y oído el Sr. Ministro Fiscal, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Banco del Tucumán S.A. contra la sentencia de fecha 20 de junio de 2008 dictada por la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común (fs. 686 y vta.), la que se casa y se deja sin efecto en mérito a la doctrina legal expresada en los considerandos, y se sustituye por la siguiente: "HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Banco del Tucumán S.A. contra la sentencia de fecha 13/6/2007 (fs. 663/664), y en consecuencia se revoca la misma y se dispone rechazar el planteo de caducidad de instancia presentado por la Concursada. COSTAS de ambas instancias a la concursada".

II.- COSTAS, conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.