marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, excepción de pago parcial, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: CORDERO Roberto Antonio y Otros c/ Fernandez Guillermo y Otros s/ Ejecución Cambiaria - Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-12-28

El documento que justifica por excelencia el pago, es el recibo, vale decir, el reconocimiento escrito de haberse percibido la prestación debida, que el deudor debe necesariamente obtener por el único medio apto para enervar la pretensión deducida en su contra.

En consecuencia, la exigencia legal de que el pago sea documentado, sólo se considera cumplida, cuando el ejecutado acompaña recibos u otros documentos análogos emanados del acreedor con expresa referencia al título que sustenta la acción promovida, que permitan establecer su cancelación total o parcial.

Como principio general, a los efectos de la procedencia de la excepción de pago, ésta debe resultar de los propios documentos acompañados en la forma prescripta por el art. 529 del ordenamiento procesal, referidos a la deuda concreta, sin que sea necesario, como regla, transitar por la actividad probatoria.

Para sustentar la excepción de pago total o parcial, prevista por el art. 597 del Código Procesal, se debe acompañar el recibo o documento equivalente emanado del acreedor, con expresa referencia al título que sustenta la acción promovida y que permita establecer la cancelación, total o parcial.

La sola circunstancia de que los instrumentos resulten dudosos, basta para desestimar la defensa. No procede la apertura a prueba de la excepción de pago parcial, si de la documentación acompañada no resulta la imputación indubitada a la obligación que se ejecuta, emanada del acreedor o su representante, de modo tal que la cancelación de la deuda -total o parcial- sea inequívocamente acreditada.

No procede la apertura a prueba de la excepción de pago parcial, si de la documentación acompañada no resulta la imputación indubitada a la obligación que se ejecuta, emanada del acreedor o su representante, de modo tal que la cancelación de la deuda -total o parcial- sea inequívocamente acreditada.

En relación a las disposiciones contenidas en el art. 529 inc. 4 del C.P.C. se establece la improcedencia de la excepción de inhabilidad de título, cuando la misma se refiere a la causa de la obligación, con lo que se excluye expresamente la discusión sobre la misma.

Supera la procedencia de la excepción la fundamentación que va dirigida a cuestionar el origen, cualquier controversia que haga a la causa que dio origen a la obligación es extraña al proceso ejecutivo, no puede en su contexto ser objeto de prueba o debate, ya que su admisión sería transformarlo lisa y llanamente en un proceso de conocimiento.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, delito penal, falsificación de documentos, falsificación de instrumento público, identificación de las personas
Materia: PROCESAL
Carátula: Quintero, Teresa del Carmen s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-12

Corresponde a la justicia federal conocer lo atinente a la presunta falsificación del documento nacional destinado a acreditar la indentidad de las personas.
Beneficios previsionales, prestación básica universal, fecha de pago
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CANDIA, LIDIA HAYDEE c/ A.N.Se.S.". s/ RECLAMO FECHA INICIAL DE PAGO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-18

El art. 19  del Dec. 679/95 prescribe que la PBU se devengará desde la presentación de la solicitud, siempre que a esa fecha el peticionario fuera acreedor a dicha prestación; agregando la citada norma que "al momento de solicitar la prestación básica universal, el peticionario deberá acreditar que no registra obligaciones no prescriptas impagas por aportes correspondientes a las actividades enumeradas en el art. 2, inc. b) de la ley 24.241". Siendo, precisamente, en la fecha que la accionante procede al ingreso de las sumas adeudadas, que la A.N.Se.S. fija la fecha de pago del beneficio que otorga, debe concluirse que su proceder se ajusta a derecho. (Disidencia del Dr. Laclau).
Empleados públicos, cesantía, admisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Romero Miguel Fernando c/ Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-05-27

El actor -empleado de la Cámara de Diputados de la Provincia- deduce acción de amparo con el objeto que se declare ilegal, arbitrario e inconstitucional el Decreto de la Presidencia de dicho Cuerpo que dejó sin efecto el Decreto del año anterior por el cual se dispuso su pase a planta permanente.

Relata que fue designado en planta permanente en reconocimiento por los servicios prestados desde el año 1992, habiendo sido calificado como empleado excelente por sus superiores, de manera que no es empleado provisional por seis meses como expresa el decreto cuestionado.

Por otra parte, el acto que cambia su situación de revista se encontraba firme y consentido y había generado derechos subjetivos, razón por la cual sólo podía dejarse sin efecto mediante acción de lesividad, por lo que el decreto cuestionado se torna nulo de nulidad absoluta. Estima que se han violentado derechos y garantías constitucionales como la estabilidad en el empleo público, propiedad, igualdad ante la ley, a la carrera administrativa y debido proceso.

Encontrándose satisfechos los requisitos procesales extrínsecos y las pautas axiológicas aplicables para la de admisibilidad de la acción de amparo, se advierte que, en el caso, prima facie se estarían conculcando derechos de superior jerarquía denunciados por el amparista, lo que determina la procedencia formal de la acción, sin perjuicio de que la procedencia sustancial sea merituada en el momento procesal oportuno, cuando el Tribunal hace pleno uso de sus facultades jurisdiccionales.
Delitos contra la integridad sexual, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: M.L. y P.M. s/ Promoción a la corrupción de menores, abuso sexual, reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-10-03

Las evidencias testificales en este juicio permiten estimar como hipótesis de razonable consideración, una actividad de inducción sobre las infantes; no necesariamente pergeñada por una fábrica maliciosa pero, lo bastante para asumir como posible -cuyo estado de hesitación alimenta el postulado in dubio pro reo-, una fuente paternal edificada en erróneas percepciones con idónea influencia sobre las niñas.
Ordenanzas municipales, servicio público, poder de policía
Materia: PROCESAL
Carátula: PESSOLANO JULIO ANIBAL c/ MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-06-29

El análisis de la Ordenanza 482/93 en su punto pertinente (art.

15, segundo párrafo) permite inferir que la remisión, de carácter general, que ésta efectúa a un cuerpo legal nacional no desborda el ámbito propio de regulación económica y social que el Concejo Deliberante de la localidad de Pico Truncado detenta, por cuanto, en uso de esa facultad ("poder de policía"), la legislación comunal puede restringir determinados derechos "...sólo para hacer posible su ejercicio sin daño para la sociedad en general".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), contrato de obra pública, contratista, obligaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. c/ COMUNA DE ROLDAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-06-04

Más allá de la calificación que pueda hacerse del contrato celebrado y de la naturaleza que se asignara a las obligaciones asumidas por las partes, lo cierto es que la impugnante no ha logrado desvirtuar lo puntualizado por el Tribunal cuando precisó que la presentación de la propuesta implica para el oferente que no sólo conoce sino también acepta las condiciones y requisitos de la licitación, así como la totalidad de las reglamentaciones y normas estipuladas sobre contratación y ejecución de las obras; y por ende, desestimó en la sentencia cuestionada la pretensión de la presentante de eximirse de responsabilidad justificando la paralización de la obra -por inconvenientes en la provisión de cañerías y en las intensas lluvias que provocaron que el nivel de la napa freática se encuentre prácticamente al nivel de terreno-, toda vez que respecto de la fecha de finalización de la obra resultó comprobado que, sin causa justificada, la contratista no había alcanzado el nivel de ejecución previsto en el plan de trabajo, para dar por terminadas las obras y efectuarse su recepción provisional en la fecha prevista y tampoco surgía -como afirmaba la recurrente- que a esa fecha se hubiera producido la habilitación de gran parte de las obras.
Procesamiento, prisión preventiva, auto de prisión preventiva, prueba, medios de prueba, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: G.D.H.-G.V.J-R.J.L. Y A.A.D. s/ ROBO CON ARMA, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y HURTO SIMPLE
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-12

Establecida la existencia de un hecho delictuoso, y oído el imputado,es necesario que los elementos de prueba acumulados en el sumario hasta este momento, sean suficientes para suponer que aquél es responsable del delito, siempre a juicio del juzgador, a quien la ley le confiere amplia libertad para apreciar si los indicios que de la prueban surgen, son bastantes para dictar la prisión preventiva.

El juzgador debe tener en su ánimo la "vehemente sospecha" de que el procesado es el autor del hecho que se investiga y los indicios que la ley requiere no pueden ser evidentemente los necesarios para llegar a una condena.
Recomendaciones de organismos internacionales, finalidad de la pena, pena privativa de la libertad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Vinter y otros c/ El Reino Unido - Condena a cadena perpetua permanente - Función de la pena y criterio aplicable s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Bajo Rin
Fecha: 2013-05-29

Conforme la Recomendación 2003(23) del Consejo de Europa, sobre la ejecución de las penas a cadena perpetua y de larga duración por parte de las instituciones penitenciarias, la ejecución de penas de prisión requiere un equilibrio entre la necesidad de atender a la seguridad, el orden y la disciplina de las instituciones penitenciaras, y el deber de proveer a los reclusos de una vida activa y digna que los prepare adecuadamente para el momento de su puesta en libertad.
Indemnización por muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización laboral, cónyuge supérstite varón, igualdad de trato
Materia: LABORAL
Carátula: PAVULANS, FRICIS c/ HOSPITAL ALEMAN s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-17

La indemnización a que hace referencia el art. 248 LCT beneficia indistintamente a la mujer o el varón en su carácter de cónyuge supérstite. Esto es así en tanto los titulares del beneficio están nominados por la ley jubilatoria a que la propia norma remite, y además porque sostener lo contrario chocaría abiertamente con lo previsto por el art. 81 LCT.
Embargo, levantamiento del embargo, sociedades comerciales, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pierotti Izino Francisco A. c/ Chitarroni Juan Carlos s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-27

Procede el levantamiento del embargo decretado sobre los automotores de propiedad de la sociedad de responsabilidad limitada integrada por el demandado respecto de quién se solicitara el embargo de su cuota social, en cuanto tal ente goza de personalidad jurídica, y es considerada persona enteramente distinta de sus miembros, por lo que sus bienes no pertenecen a éstos (art.39 Código Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos humanos, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Balmaceda Juan José y otro s/ Homicidio  Agravado  por  el  vínculo-Inc.  de libertad provisoria a  favor de Jorge Luis Balmaceda
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-28

Se ha afirmado no sólo la jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, enumerados en el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (texto reformado en 1994) sino también que cuando la Carta Magna dice que ellos rigen en las condiciones de su vigencia, alude a que deben ser interpretados como lo hacen los tribunales y organismos internacionales.
Modalidades del contrato de trabajo, pasantías
Materia: LABORAL
Carátula: NISNIK, KAREN c/ EUDEBA EDITORA UNIVERSITARIA DE BUENOS AIRES ASOC. DE ECONOMIA MIXTA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-31

El objeto fundamental del sistema de pasantías, según el decreto 340/92, está dado por el aprendizaje por parte de los alumnos y docentes, de prácticas que se encuentran relacionadas con su educación y formación, bajo la organización y contralor de la institución educativa a la cual pertenecen. Desde esa perspectiva, no puede perderse de vista que las pasantías constituyen una extensión orgánica del sistema educativo y difieren de un vínculo laboral, por ser sui-géneris , pero la genuidad jurídica debe ser auténtica, de manera que no sirva para encubrir fraude mediante relaciones de trabajo subordinadas (Podetti, Humberto "Regulación de las pasantías" Rev. Relaciones Laborales y Seguridad Social año 1 n1 1 pág. 17).
Responsabilidad internacional del Estado, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: Sesin , Fabián Gerardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-08

Lo resuelto se enmarca dentro de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en relación a los casos de violencia dirigidos a la mujer, puesto que nuestro país a través de la ley 24.632, aprobó los postulados de dicha convención, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. (Dres. Borinsky, Figueroa, Hornos).
Acceso a la información, secreto de Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Basti, Abel Ricardo c/ EN - Mo. de Defensa Dto. 232/92 1172/03 s/ Proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-22

Resulta admisible que el ordenamiento jurídico establezca ciertas restricciones al acceso a la información, las que deben ser verdaderamente excepcionales, perseguir objetivos legítimos y ser necesarias para alcanzar la finalidad perseguida. En efecto, el secreto solo puede justificarse para proteger un interés igualmente público, por lo tanto, la reserva solo resulta admisible para asegurar el respecto a los derechos o a la reputación de los demás o a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.
Honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giménez Zapiola, Alfredo c/ Salomón de Schreiber, Catalina Ana s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-08-10

No puede obviarse una adecuada intervención del deudor mediante la citación de venta prevista por el art. 503 del C.P.C.C., para darle ocasión de oponer las excepciones que pudiere tener (art. 503 y 504 del C.P.C.C.), porque ella es equiparable a la notificación del traslado de la demanda y similar a la citación de remate en el juicio ejecutivo, por lo que, teniendo en cuenta que la ejecutada tiene constituido su domicilio "ad litem" en los estrados del juzgado, debe notificarse por cédula al domicilio real y en el mismo acto intimarla a que constituya domicilio a los efectos del art. 41 del C.P.C. (art. 18 de la C.N, arts. 135 y 540 del C.P.C.C.).
Prueba, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: X.X. s/ CAUSA P34153
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-27

El reconocimiento por parte del imputado al momento de su detención, de ser quien había sustraído el biciclo, no resulta computable como prueba por ser violatorio de los arts.126 y 434 inc.5° del CPP, que prohibe al personal policial recibir declaración al imputado de un delito, a quien sólo pueden interrogar sin que de ello quede constancia en autos, a efectos de salvaguardar las garantías de defensa en juicio y de no declarar contra sí mismo (art.18 C.N.).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Ramírez, Benito c/ Cervecería Bieckert S.A. s/ Ley 9688 y art.212
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-31

Determinar el punto de inicio de la prescripción es una típica cuestión de hecho cuya evaluación corresponde en forma privativa a los jueces de grado y resulta irrevisible en casación mientras no se acredite la existencia de absurdo.
Prueba de cargo, insuficiencia del agravio, personal penitenciario, proporcionalidad de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Romero, Ercilia del Carmen c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-10

En cuanto a los agravios relacionados con la falta de elementos de cargo para concluir con suficiencia que los hechos existieron y que ocurrieron del modo enunciado por el personal del Servicio Penitenciario, se advierte que, más allá de la invocada existencia de versiones contrapuestas entre la interna y el personal del servicio penitenciario, la parte recurrente no ha postulado la realización de medidas de prueba, ni ha indicado la existencia de elementos que desacrediten la versión consignada en las actas de inicio, o que sustenten la hipótesis de una conducta indebida por parte del personal penitenciario. En particular, corresponde hacer notar que, aun cuando el llamado telefónico que motivó la imputación de la primera falta hubiera ocurrido dentro del horario permitido, la desavenencia entre la conducta y el orden normativo se mantiene, a partir del hecho de que la interna pretendió obstar a las funciones de estricto control que el protocolo para el uso de celulares le asigna al personal penitenciario (cfr. art. 3 inc. "a" y considerandos de la Res. 211/20, citada por la defensa). Tampoco resulta atendible la crítica relacionada con la pretensa falta de proporcionalidad en la sanción impuesta, pues ésta consistió en una sanción de amonestación, es decir, aquella de menor entidad dentro de las contempladas por el art. 87 de la ley 24.660
Sociedad de hecho, rendición de cuentas, sujetos obligados
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ceballos, Paula Daniela c/ Godoy, María Antonia y otras s/ Disolución
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-05-16

Siendo las sociedades irregularmente constituidas, en sus dos modalidades, sujetos de derecho, de conformidad al art. 2 de la Ley 19550, la rendición de cuentas -como en toda sociedad- no se debe por los socios administradores a los otros socios de un modo indirecto, sino que se debe efectuar a la sociedad misma. Encontrándose esta sociedad en estado de liquidación es, por lo tanto, el liquidador a designar a quien las demandadas deberán rendir cuentas, al igual que la actora, si tuvieron injerencia en la administración societaria durante su funcionamiento.
Portación de armas, armas de uso civil, proceso penal, sujetos del proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Franco David c/  s/ 189 bis, portación de arma de fuego de uso civil, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Si bien en el caso la exposición del fiscal para fundar su oposición a la concesión de la suspensión del juicio a prueba discurrió acerca de cuestiones de hecho vinculadas a los elementos típicos que permiten dar por configurada la conducta, no existe óbice legal o constitucional en ello porque en la medida en que entran en juego y se invocan circunstancias fácticas que, aunque típicas, revelan distintos escenarios relacionados a la mayor o menor gravedad del injusto que se trata, y que no han sido alegadas en forma genérica o abstracta, éstas puedan ser ponderadas por el acusador para dar basamento a su oposición y su criterio entonces deberá ser atendido por el juez, conforme el art. 205 del CPP. (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Trabajadores marítimos, buque de bandera nacional, cese de bandera, derechos del trabajador, licencia sin goce de sueldo, plazo, rescisión del contrato de ajuste, facultad de organización
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, DEMETRIO c/ CAPYNA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

La alternativa que brinda el texto del dec.1772/91 no impone en modo alguno la rescisión del vínculo laboral, y es el trabajador quien elige tal término de la misma, pero que está previsto en la indemnización similar a la que la ley general contempla para la hipótesis de causas económicas, entre las que obviamente y sin ninguna irracionalidad puede considerarse la reorganización del trabajo marítimo, para lograr el objetivo que aparece condicionado al sistema de costos internacionales y competitividad.
Cesantía, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tribiño, Alberto Felix c/ Municipalidad de Tres Arroyos s/ Demanda contencioso adminsitrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15

Si el acto que dispuso la cesantía del agente no contiene una fundamentación adecuada, corresponde dejar sin efecto la medida expulsiva, sin perjuicio de que la Administración ejerza, esta vez dentro del razonable marco de discreción fijado por las normas, su potestad disciplinaria.
Honorarios, competencia, honorarios del perito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Oyarbide, Luis A. c/ Cutrone, Eduardo y otro s/ Ordinario s/ Incidente de embargo Exhorto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

Cuando el régimen arancelario del juicio principal (que tramita en Capital Federal) es distinto al que debe aplicarse en el exhorto (que se encuentra radicado en un tribunal provincial) no corresponde regular honorarios al perito en este último -ni siquiera provisionalmente-, pues las pautas que aquí se tengan en cuenta podrían afectar los topes regulatorios de aquél régimen generando una notable desigualdad entre los profesionales intervinientes (art.

505 CCI párr. agr. por ley 24432, 13 ley 21839 ref. por ley 24432 y 478 CPN). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Decreto de necesidad y urgencia, constitucionalidad, control de razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: LAMANNA, RUBEN c/ ESTADO NACIONAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-04

Según sostuvo la Corte:" no existen óbices para que este Tribunal valore la calificación de necesidad y urgencia... lo que no implica un juicio de valor acerca del mérito, oportunidad o conveniencia de la medida, sino que deviene imprescindible para admitir o rechazar el ejercicio de la función legislativa por parte del PEN" (CSJN 6/6/95 "Video Club Dreams" Pub J.A. 1996-1-236). Por ello, cabe concluir que los jueces poseen la atribución constitucional de controlar en plenitud tanto la efectiva existencia fáctica de la situación de "necesidad y urgencia" invocada por el Poder Ejecutivo, como el trámite de su dictado y, por supuesto, la razonabilidad de las medidas adoptadas para conjurarla.
Prueba compuesta, integración de la prueba, autoría
Materia: PENAL
Carátula: González, Angel Liberato y otros s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

Ha sido mal incluida para integrar la prueba compuesta de la autoría responsable la inferencia presuncional que no se fundó en un hecho real y probado sino en otra presunción: de lo inverosímil e ilógico de la "justificación" se extrajo la pura presunción de que la explicación es mendaz; y de tal mendacidad la presunción de que el procesado fue el autor responsable del robo.