Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-08


Comodoro Rivadavia, ocho de noviembre 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "L, R A c/ P I S.R.L. s/ DEMANDA LABORAL (Indemnizaciones de ley), Expte. N° 15.897/2006, venido del Juzgado Letrado de Primera Instancia Laboral (Expte N° 2464/2003), por haber interpuesto la demandada a fs. 991/1037 vta., recurso de casación contra la sentencia definitiva nº 67/2006 de fs. 975/987, por la causal de violación de la ley o doctrina legal por arbitrariedad (art. 288, inc. e) del CPr).

Que de conformidad con las exigencias del art. 289 del CPr. es dable señalar que el escrito se presentó en término, con copias de ley, es autosuficiente, con domicilio constituido ante el Superior Tribunal de Justicia, se abonó la tasa de justicia y se han individualizado las causales casatorias.

En cuanto al alcance de la impugnación, alega la agraviada que el fallo es arbitrario porque a su entender viola el artículo 163 inc. 6º del CPr., como asimismo, los artículos 1946 y 1936 del C.C.; los artículos 242, 243, 231, 232 y 245 de la L.C.T.

Afirma que, si bien reconoce que las cuestiones sobre hecho y prueba son ajenas a la instancia extraordinaria, en el caso del autos debe prosperar en virtud de la arbitrariedad señalada. Cita doctrina y jurisprudencia que avala su postura. Sostiene que el fallo dictado es arbitrario por no resultar derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias probadas de la causa.

Invoca la teoría del absurdo. Se agravia ante la calificación realizada por los jueces de la conducta de su parte como "persecución laboral". Manifiesta que se admite la demanda por cuestiones distintas a las alegadas por el actor.

Continúa diciendo que en el fallo de Cámara se ha dado un insuficiente tratamiento a la cuestión de " persecución laboral" a fin de descalificar el despido. Transcribe bibliografía que define el "mobbing" como hostigamiento laboral y sus efectos. Afirma que en el caso particular, no se ha valorado dichas características o efectos o si las mismas se han dado.

Critica las conclusiones de los jueces votantes, contrarias a su postura de considerarse injuriada por la conducta del trabajador. Se agravia de las valoraciones respecto a los hechos y pruebas colectadas en la causa, sosteniendo que se ha violado el principio de la sana crítica.

Sostiene que el actor es responsable por los dichos de su letrado apoderado, como consecuencia del mandato conferido al mismo. Afirma que se introducen cuestiones no alegadas por las partes. Reitera y efectúa un análisis de las actuaciones de la causa, manifestando su disconformidad con la solución dada al caso. Ratifica reserva del caso federal.

Del examen preliminar realizado sobre los agravios se evidencia que las mismas versan sobre materia de hecho y prueba. En efecto, aquellos giran en torno a la valoración de la prueba documental (cartas documentos), causal de despido del actor, actuaciones del expediente administrativo ante la Subsecretaría de Trabajo, prueba confesional del actor, la configuración, caracterización y efectos del "mobbing" y la condena por el despido sin justa causa.

Cabe señalar que esta Cámara siguiendo el criterio sostenido por el Superior Tribunal de Justicia, se ha pronunciado por la inadmisibilidad de los recursos extraordinarios en materia laboral se vinculan con las obligaciones emergentes de las relaciones entre empleados y empleadores, en razón de tratarse mayoritariamente de cuestiones de hecho y prueba.

Es que, las cuestiones de hecho y prueba son materia plenamente reservada a los jueces de grado, siendo las mismas ajenas al remedio extraordinario.

No enervan criterio rector los antecedentes jurisprudenciales invocados por el recurrente, como el caso "C". Dicho precedente no es aplicable por ser un supuesto distinto al caso que nos ocupa, dado que en aquel estaba en juego la garantía de la doble instancia en materia penal, la que en el presente no se encuentra conculcada así como tampoco el derecho de defensa.

Invocada la causal de arbitrariedad en el sublite, puede decirse que ella es el denominador común del conjunto de las subespecies de innumerables vicios sentenciales, que son descalificados por la Corte Nacional "por no ser derivación razonada del derecho vigente". Con todo y sin ánimo de definir, anota el autor los extremos de las connotaciones:

Sentencia arbitraria es aquella fundada únicamente en la voluntad de los jueces (Fallos 184137) o decide lo contrario de lo que inequívocamente surge de la causa; y sin apego en los hechos comprobados; o por un exceso ritual oculta la verdad jurídica objetiva (fallos 238550, JA 1957IV477, "Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso", T.2, p 661).

Ahora bien, la tacha de arbitrariedad de la sentencia invocando la teoría del absurdo, basada fundamentalmente en la valoración de la prueba, y determinación de la existencia de persecución laboral contra el actor y por ende injusta causa de despido y el quantum indemnizatorio, es ajeno al ámbito extraordinario, por cuanto la selección de la prueba y la atribución de la jerarquía que les corresponde, es facultad propia de los jueces de grado potestad que admite la posibilidad de inclinarse hacia unas descartando otras, sin necesidad de expresar la valoración de todas y no se consuma absurdo por la preferencia de un medio probatorio sobre otro, como se da en el caso de examen (Hitters, Juan Carlos "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", págs. 450/452, Ed. Platense S.R.L., Segunda Edición, año 1984; S.I. N° 124, 187, 200, 211/91, 137/93, STJCH Sent 47/2005; 33/2005 S.R.E.).

A mayor abundamiento, es necesario advertir que: "La alegación del absurdo tiene que acompañarse de la denuncia de infracción del precepto de la ley ritual que rige la tarea axiológica del juzgador y la demostración de su existencia debe ser concluyente, pues no es a la Corte a quién le compete explicar por qué no hay absurdo, sino a los agraviados demostrarlo sin lugar a dudas e "incontinenti", siendo de su riesgo que los argumentos sean convincentes (SCBs.As, 8/4/86, JA, T. 1986IV, p.869, nº154), (Confr. DE SANTO Tratado de los Recursos Tomo I, Recursos Extraordinarios, Editorial Universidad, Bs.As., 1988, pág.575), (STJCH Sent 047/2005 SER, citada); exigencia que no satisfizo la recurrente en su líbelo recursivo evidenciando sólo un criterio contrario al de los señores jueces de cámara.áLa recurrente en su memoria no alcanza a demostrar el error en la subsunción de los hechos y la relación procesal entre las partes con la normativa aplicable al caso.

Por lo expuesto, los agravios del recurrente sólo traducen la mera discrepancia con la solución dada al caso, y sobre el particular la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho: "la doctrina de la arbitrariedad no cubre la disconformidad del apelante con las conclusiones del "aquo" ni tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que se reputen tales, sino que sólo atiende a la exigencia constitucional de que aquellas sean fundadas y constituyan una derivación del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa"(Fallos 298:30; 302:836, 1030; 303:772 ; y otros).

Es pertinente entonces declarar la inadmisibilidad del recurso planteado por la causa prevista en el art. 288 inc. e) del CPr.

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia RESUELVE:

1º). Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 991/1037 vta. contra la sentencia de fs. 975/987, por la causal de violación de la ley o doctrina legal por arbitrariedad.

2°). Por Secretaría, extraer copia del presente a efectos de gestionar el reintegro del pago de la tasa de justicia. Por constituido domicilio ante el Superior Tribunal.

3º). Regístrese y notifíquese.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Juez de Cámara, Dr. Julio Antonio Alexandre y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo. Silvia N. Alonso de Ariet Presidente; Fernando Nahuelanca Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° 219 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS