marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Certificación de firma, prescripción, requerimiento de elevación a juicio, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: DELGADO, Edith Carmen c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-23

La acción penal se encuentra vigente pues ninguna duda cabe respecto a que la certificación de la firma llevada adelante por la encausada, la cual acompaña al formulario 08 de mención, hubo de efectuarse en una fecha posterior a la entrega del instrumento y por lo tanto esa es la data a partir de la cual deberá computarse el plazo de prescripción. A partir de ello y de las previsiones establecidas en el artículo 67, incisos b, c, d y e del C.P. se avizora que no ha transcurrido el plazo de prescripción, toda vez que desde esa fecha la acción penal fue interrumpida con el primer llamado a prestar indagatoria, el requerimiento fiscal de elevación a juicio, la citación a juicio que prevé el artículo 354 del C.P.P.N. y el dictado de la sentencia condenatoria no firme.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pérez Companc S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso Ordinario de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-14

La inconsecuencia o la falta de previsión del legislador no se suponen, por lo que la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptar como verdadero el criterio que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Contrato de transporte, fecha cierta
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOBRERO, HECTOR c/ CERRO NEVADO SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-23

La existencia de una fecha determinada de vencimiento del vínculo contractual no configura un rasgo tipificante esencial propio de todo contrato de transporte.
Enfermedades inculpables, examen de salud, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: Arribillaga, Maria Pilar c/ Cablevision Sociedad Anonima s/ laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-05-23

Ante la presencia de una enfermedad inculpable el empleador tiene el derecho de efectuar el control de evolución de la misma (art. 210 de la LCT) y, frente a divergencias respecto del estado de salud del empleado, no cabe asignar mayor entidad a una u otra opinión médica, sino que el empleador debe tomar la iniciativa para arbitrar los medios necesarios para concretarlo, priorizando la conservación del vínculo de trabajo y la sujeción de ambas partes a un actuar sujeto a la buena fe.
Competencia, fuero de atracción, concursos, procedimiento laboral
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: SOSA, CESAR c/ HACHECE SRL s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-10

No corresponde interpretar que lo dispuesto por la ley 24522, artículo 21, inciso 1, y art. 132 alcance a los supuestos -como en el caso- en los que ya se ha consolidado la competencia del magistrado laboral. Por tanto, resulta incompetente el magistrado con competencia en lo comercial para entender en el proceso laboral.
Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, personal militar, veteranos de guerra, enfermeros, procedencia del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Reynoso Alicia Mabel c/ E.N.- Ministerio de defensa - Fuerza Aérea Argentina s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-06

La desigualdad normativa, en donde la probabilidad de obtención del reconocimiento en cuestión es posible en el caso de un civil enfermero o enfermera (Conf. art. 1, ley 23.848), por simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura y sin embargo a la Alférez enfermera accionante, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea Argentina al momento del conflicto, le impone la exigencia extra de haber tenido que entrar efectivamente en combate, requisito éste que si tenemos en cuenta lo establecido en el art. 12, inc. 1 del Protocolo Adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24.668, es de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal sanitario, sino a que expresamente se los excluye del derecho a participar directamente en las hostilidades (Conf. art. 43 inc. 2 del Convenio), siendo calificadas como infracciones graves del aludido Protocolo cualquier ataque dirigido al personal sanitario (Ver art. 85 inc. 2 del Convenio).
Violación de domicilio, hurto simple, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: FLORES. s/ VIOLACION DOMICILIO. HURTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

Si bien en el caso no hubo comienzo de ejecución del delito de hurto por la intervención policial, toda vez que no se ha ejercido ningún acto de apoderamiento, en cambio sí se consumó el delito de violación de domicilio, pues los procesados ingresaron a una casa de negocio ajeno contra la voluntad presunta del dueño (art. 150 C.P.E ), sin que corresponda aplicar la regla del art. 54, por cuanto no se realizó ningún acto de ejecución furtivo.
Indemnización por accidente de trabajo, prestación de servicios, estibador
Materia: LABORAL
Carátula: Auyero, Julio César  c/ Galeno Art S.A.  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-07

El estibador portuario solo presta servicios cuando un barco está en muelle y que ello puede acontecer dos, tres, diez o más días al mes si hay uno o dos barcos, o ninguno, como puede suceder en algunos periodos (según, además, el puerto de que se trate). No parece justo, entonces, pretender "mensualizar" el haber del estibador multiplicando su ingreso promedio diario por la totalidad de días del mes, como si lo hubiera trabajado completamente cuando no fue así (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, industria metalúrgica, laudo arbitral, leyes, igualdad ante la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Gigena, Raul y otros c/ Cametal SA s/ ¿Son aplicables las disposiciones del laudo 29-75 a los  establecimientos metalúrgicos que como actividad de la industria  metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros  en general? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

Establecido el proceso de determinación de la norma convencional a través del laudo arbitral, falta considerar el tema de la aptitud de éste último para modificar la convención colectiva a la que se integra completándola. Al respecto, ninguna directiva en contrario se advierte de la amplia delegación efectuada por el artículo 1 del Capítulo IV de la convención colectiva Nro. 260-75, por lo que, en principio, nada obstaría a la inclusión de la fabricación y reparación de carrocerías de automotores destinados al transporte público de pasajeros dentro de la rama automotor. Por otra parte, el tema de las facultades arbitrales y su eventual extralimitación, es materia que hace a la nulidad del laudo, declarable mediante el procedimiento establecido en el artículo 6 de la ley 16936 y obviamente ajeno a la jurisdicción de la Cámara. En los hechos, tal nulificación no se ha producido, teniendo el laudo plena vigencia, según lo preceptuado por el artículo 7 de la ley 16936 y así debemos tomarlo como base de análisis. Asimismo, la cuestión puede ser objeto de un análisis lógico-dikelógico con miras a los fines protectores de la norma en examen, pero también en cuanto a su coherencia con los principios que gobiernan el ordenamiento normativo (legal y constitucional) y así resultaría irritativo que obreros que se dedican a igual tarea (fabricación o reparación de carrocerías) sean tratados de distinta forma, sobre todo en el plano remunerativo, según que las mismas sean destinadas a automóviles o a transportes colectivos de pasajeros. (Del Voto de la Dra. Bellotti de Podesta). En el caso, la cuestión a resolver era la aplicabilidad de las disposiciones del Laudo 29-75 a los Establecimientos Metalúrgicos que como actividad de la industria metalúrgica se dediquen a la fabricación, reparación, armado y montaje de carrocerías destinadas al transporte público de pasajeros en general.
Daños y perjuicios, terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lezcano de Miguel, Silvia R. c/ Mercado, Ramón s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

El empresario -propietario de la gomería- a quien se entregó el camión para realizar una rotación de cubiertas no constituye el tercero por quien el dueño del vehículo no debe responder con motivo del daño derivado por el "estallido" del aro de sus ruedas duales.
Recursos, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Edificadora de Olavarría c/ Bugatti Angel s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-21

El Tribunal del Alzada puede analizar oficiosamente la legitimación para recurrir sin que obste a ello el hallarse firmes las providencias que erróneamente tuvieron por parte a quién no lo era y le concedieron el recurso. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del conductor, prioridad de paso, obligaciones del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: CASTIGLIEGO DE MARINOVICH, Teresa J.B c/ PALISA, Francisco y otros s/ DEPENDIENTE-SUBORDINACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-20

La exclusividad de paso que otorga la luz verde no autoriza a prescindir de razonables medidas de prudencia, ni releva al conductor del deber de vigilancia sobre las vicisitudes del tránsito, sino que sólo las atenúa.
Multa, división de poderes, sistema republicano, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-04

La fijación de una multa conminatoria es una atribución claramente puesta en manos de los jueces para hacer cumplir sus decisiones, incluso cuando se refiere a la autoridad ejecutiva (arts. 30 y 327, II, CCAyT); y no representa invasión alguna, contraria al principio republicano de gobierno, de un Poder, el Judicial, en la esfera de otro, el Ejecutivo, sino que tan sólo implica, en principio, el ejercicio de una atribución concedida a los jueces por el Poder Legislativo, jueces que sólo se caracterizan por ser independientes de los demás poderes del Estado y del propio Poder Judicial (autoridades superiores), pero que están sometidos a la ley. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier. En sentido concordante ver voto de los Jueces Luis F. Lozano y José O. Casás).
Prueba documental, libros de comercio, valor probatorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA. c/ PRATI - VAZQUEZ IGLESIAS S.A. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-29

La circunstancia que en los libros de una de las partes no surja el crédito reclamado por la otra y que consta en los libros de ésta, no configura la hipótesis de prueba contradictoria que considera el Código de Comercio: 63, dado que, de otro modo, le sería fácil a los interesados invalidar el derecho de su contraria a probar con sus libros llevados en forma la legitimidad de sus pretensiones. El peligro de abuso de este medio probatorio se evita con la exigencia de que los asientos contables, para servir de prueba en favor de quien los hizo, deben hallarse respaldados con la documentación pertinente. (Código de Comercio: 43).
Locación de inmuebles, obligaciones del locatario, daños y perjuicios, alquileres, retención indebida
Materia: CIVIL
Carátula: MAENJA S.A. c/ COLOMBO S.R.L. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-20

Si bien el inquilino que ha incurrido en retención indebida se encuentra obligado al pago de los daños y perjuicios y no ya de alquileres, lo cierto es que no mediando dicho pronunciamiento debe continuar cumpliendo con la obligación impuesta por el art.

1556 del Cód. Civil, sin perjuicio que, oportunamente, el locador pueda reclamar el pago de la diferencia existente entre los daños y perjuicios y el alquiler.
Derecho comercial, acciones personales, prescripción decenal, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEREZ DE ARESTE ESLA Y MARIA E. PEREZ DE CABEZA P/SI Y CRISTINA A. PEREZ DE EGEA - EXPTE. Nro. 21313 - c/ MARTINEZ HNOS S.A. s/ SUCESION: MARIA ELINA MARTINEZ
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-08-08

El Código de Comercio en su artículo 846 establece la prescripción ordinaria de diez añor para toda acción personal por deuda exigible, salvo que se trate de acciones especiales. Las prescripciones más cortas se pueden invocar siempre en los casos que resulten comprendidos en forma precisa e inequívoca en los respectivos preceptos, por lo que su interpretación es estricta, y en caso de duda, deberá aplicarse la prescripción decenal.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, superintendencia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: EMILIO ALBERTO ABDALA. s/ SUPUESTOS ILICITOS PENALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-16

La potestad de la Corte Suprema para solucionar los conflictos entre jueces de distinta jurisdicción, no encuadra en sus facultades de superintendencia, sino dentro de su jurisdicción legal, como expresamente se la atribuye el art. 24, inc. 7, del decreto-ley 1285/58 -según ley 21.708-. De ello se sigue que, en ejercicio de esa función, la Corte puede disponer las medidas pertinentes, incluso de carácter conminatorio.
Subcontratación laboral, supermercado, tareas de limpieza, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Tabare  Cayetana Delicia y otros c/ Urbaser Argentina S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-25

Las tareas de limpieza complementan y son inescindibles de la actividad típica que corresponde al objeto principal de un supermercado, pues se trata de un servicio imprescindible para el normal desempeño de la comercialización, debido a que la confiabilidad de los productos que un supermercado comercializa, debe provenir ineludiblemente de un lugar adecuadamente limpio e higiénico. De allí que sea aplicable la solidaridad prevista en el art. 30 LCT a la sociedad que explota el supercado "Jumbo".

(Del voto de la Dra. Ferreirós, en mayoría).
Hurto calificado, hurto con llave o ganzúa, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Chichizola, Raúl Rubén s/ recurso de casación. Causa: 604
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

Si el rodado fue cerrado convenientemente por su propietario a efectos de proteger contra terceros los objetos que estaban dentro de él, y esta defensa (cerradura) fue superada por el sujeto activo por uno de los instrumentos anormales que menciona el art. 163, inc. 3ro., nada obsta a que se aplique, sin mengua, la calificante del hurto.
Prórroga de la prisión preventiva, crímenes de lesa humanidad, secuestro de personas, homicidio, desaparecidos
Materia: PENAL
Carátula: Brun, Luis Alberto c/  s/ ley 24.390
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-24

Corresponde homologar la prórroga de la prisión preventiva, por el término de un año, respecto del imputado, en el marco de una causa por la cual se investiga el secuestro, asesinato y desaparición de treinta y siete ex miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo, entre junio y julio de 1976, puesto que los fundamentos y circunstancias que dan sustento a la decisión recurrida se adecuan a la normativa vigente, especialmente a los motivos contenidos en el art. 1 de la Ley 24.390 que normativamente justifican la prórroga de prisión preventiva.
Acción de amparo, traslado de la demanda, plazos procesales, vencimiento del plazo, falta de contestación de la demanda, facultades del juez, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Padec c/ B.C.R.A. -Circular A 3052 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

En el amparo el sentenciante puede valerse -en resguardo de la verdad objetiva y dentro de un terreno en el que debe prevalecer la prudencia del juez, sin afectación del derecho de defensa de la actora-, de un informe circunstanciado presentado fuera de término fijado por el magistrado del mismo modo que éste se encuentra facultado para que, ante el silencio de la accionada, fijar un nuevo plazo para evacuarlo, bajo apercibimiento de lo que corresponda por derecho. La falta de contestación del informe no puede traer aparejada, en el marco de la ley de amparo, la presunción establecida en el inc. 1° del art. 356 del Código Procesal (Consid. 3°). (Sala I, "Camberley S.A. c/Sec. de Ind.Com.y Min.s/amparo", del 14/5/98). (Consid. 4°).
Empleados públicos, reclamo salarial, licencias especiales
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Noble, Carlos Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-16

Lo dispuesto en el art. 49 de la ley 10.430 t.o. decreto 1.869/96- y su decreto reglamentario 4.161/96 es de aplicación en cuanto el agente conserve la situación de revista de que se trate.(doctor Pettigiani, minoría)
Sociedad de hecho, sociedad irregular
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cura, Juan Carlos c/ Fayole, Efrain s/ Cumplimiento de contrato. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-06

La sociedad a la que faltan las formalidades legales, pero éstas se han emprendido ya, no comporta una sociedad de hecho sino una sociedad "regularizable".
Subasta, subasta de inmuebles, acreedor hipotecario, depósito del precio
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS MAIPU 531/535 c/ PROP. MAIPU 531/535 UF. 1 P.B. SUBSUELO-SOTANO s/ EJEC. HIPOT.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

1- La exención de abonar seña para el caso de que el acreedor resulte comprador en la subasta no implica una compensación que extinga definitivamente obligaciones, sino un trámite preparatorio de ese acto extintivo. El fundamento de que un acreedor quede eximido de abonar la seña radica en que él es, justamente, acreedor del dueño de la cosa a vender y puede resultar, a su vez, deudor de él por el precio del inmueble, si resulta adquirente.

2- Sin embargo, si el accipiens que así procede es preferido por otros acreedores, deberá depositar el precio para pagar a quienes lo preceden en rango.
Servicio penitenciario, sanciones disciplinarias, cesantía, reincorporación, proceso penal, sentencia absolutoria, auto de sobreseimiento
Materia: ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: DE BARTOLO, GUILLERMO MARIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ Expte  N. 77-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-16

El Reglamento Disciplinario del Servicio Penitenciario de la Provincia (Decreto N. 1090-79) expresamente establece en su artículo 5, que "la sustanciación de sumario administrativo por hechos que puedan configurar delitos y las sanciones que se apliquen en la esfera institucional son autónomas"; es más, "el sobreseimiento o la absolución dictada en sede judicial, no obstan para que el agente pueda ser sancionado en la esfera institucional con medida correctiva o expulsiva"; y que la sanción administrativa "pendiente la causa penal, tiene carácter provisional y puede ser sustituida por otra más grave luego del dictado de sentencia definitiva".
Juicio, prueba, hechos nuevos, gravamen actual
Materia: PROCESAL
Carátula: MACCHI, JOSE LUIS c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-12

El hecho nuevo, para ser tenido como tal, requiere la demostración de que la circunstancia que se aduce tuvo relación con la cuestión que se ventila, en tanto resulte sobreviniente a la presentación oportuna, ya sea desde el punto de vista de su acaecimiento o de su conocimiento efectivo por quien pretende alegarlo (arts. 365, 366 C.P.C.C.).
Capitalización de intereses, liquidación judicial, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: CIVIL
Carátula: Mulleady, Juan Benito c/ Sociedad Anónima de Tenis Argentino CIF y otros s/ sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-02

Tratándose de un requisito lógicamente previo al de la aprobación por el juez y al de la intimación al pago, basta la comprobación de la ausencia de liquidación de la deuda para poder concluir en que la sentencia impugnada -en cuanto tuvo por configurada la segunda excepción a la prohibición de capitalizar intereses prevista en el articulo 623 del Código Civil- constituye un claro apartamiento de las constancias de la causa y guarda nexo directo e inmediato con las garantias constitucionales que se invocan como vulneradas (art. 15 de la 1ey 48), por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional en los términos de la doctrina sobre arbitrariedad.
Obras sociales, aportes a obras sociales, derechos y garantías constitucionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Palópoli,  Hugo  Daniel c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-03

En el caso de dos o más obras sociales con distintas finalidades o de dos o más actividades o relaciones de dependencia del aportante habría multiplicidad de aportes pero no superposición.
Caducidad de instancia, alegato, falta de agregación
Materia: PROCESAL
Carátula: VILA, Alfredo H. c/ SIGNORELLI, Luis A. y otro s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-29

Producida la totalidad de la prueba ofrecida por el actor en un juicio sumario, al no haber ejercido éste la facultad de presentar el alegato (art. 495 del Código Procesal), el expediente se encuentra en condiciones de pasar a la etapa siguiente sin necesidad de petición alguna de parte. En tales condiciones, resulta improcedente decretar la caducidad de la instancia (art. 313, inc. 3º del Código Procesal).-
Inconstitucionalidad, aduanas
Materia: ADUANERO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Moyano, Miguel G. c/ Solanes y Cía s/ comiso
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1870-02-19

Ni el artículo 1064 ni el 1131 de las Ordenanzas de Aduana, ant., violan ningún precepto constitucional, hallándose en el caso de las de mas leyes sobre términos fatales, poniendo un límite al ejercicio de los derechos que no pueden conservarse, sin perjuicio del orden y de las conveniencias públicas.
Servicio telefónico, facturación excesiva, medida de no innovar, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Stubrin, Eduardo Samuel y otro c/ Telecom Arg. Stet France Telecom s/ Juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12

Cuando la actora reclamó reiteradamente ante la empresa telefónica demandada por las contínuas interrupciones del servicio como así también por la excesiva cantidad de llamadas excedentes y la prestataria informó que existían deficiencias en el cable subterráneo de la línea en cuestión por lo que procedería a cancelar pulsos, está configurado el primero de los requisitos exigidos por el artículo 230 C.P.C.C.N. ("fumus bonis iuris").