Sentencia definitiva, condena penal, sentencia absolutoria, denegatoria del recurso, principio de congruencia, doctrina de la arbitrariedad, apreciación de la prueba, Comité de los Derechos del Niño, tratados internacionales, grupos vulnerables, violencia de género, remisión del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Chavez Arias, Israel Misael c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-29

Corresponde rechazar el recurso de la defensa de Chávez Arias, hacer lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal, apartar a los magistrados que intervinieron en el juicio y remitir las actuaciones a su origen para que, por quien corresponda, se designe al tribunal para que realice un nuevo juicio. En primer lugar, corresponde rechazar los agravios formulados por la defensa, referidos al principio de congruencia, como también las objeciones al reclamo contenido en el recurso del Ministerio Público Fiscal referidos a la calificación jurídica. Ello así, pues, en el requerimiento de elevación a juicio la fiscalía describió el hecho que le atribuyó a Chavez Arias y calificó la conducta como constitutiva del delito de trata de personas, agravado por haber resultado en perjuicio de más de tres víctimas menores de edad, por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad y por la participación de tres o más personas. Al formular el alegato de clausura, el fiscal circunscribió la imputación a los actos corruptores que implicaron, según la calificación jurídica requerida, el sometimiento a actos de abuso sexual con acceso carnal a cambio de la provisión de tolueno, lo que haría concurrir además la agravación por violencia, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 78 CP. Las calificaciones jurídicas de corrupción y abuso sexual fueron expresamente mencionadas en la acusación que fijó el objeto del juicio, considerándose como consumidos bajo la calificación de trata de personas múltiplemente agravada. De tal suerte, no puede estimarse sorpresivo el cambio de calificación, ni afectado el principio de congruencia. 85 Por otra parte, corresponde hacer lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal por cuanto impugnó la absolución de Santos Ramón Coñuel, pues la sentencia recurrida evidencia graves defectos en la valoración de la prueba, cuya relevancia es decisiva para dirimir la controversia. El razonamiento empleado para concluir que D.C., de 17 años, era la novia de Coñuel, de 48 años de edad resulta carente de todo sustento racional y se aparta de las constancias causídicas. A tenor de las conversaciones telefónicas documentadas, se observa que Chávez Arias "ofrecía" a Coñuel "prestarle" a las damnificadas, expresando el último preferencia por D.C., sin perjuicio de que, de las conversaciones interceptadas surge que Coñuel conocía a las restantes víctimas y se le ofreció más de una vez realizar "tríos" con las niñas. Este conocimiento sobre las acciones corruptoras de otro adulto y las conversaciones sobre el ofrecimiento de "jale" a D.C. no dan cuenta de un vínculo amoroso sino, antes bien, de una conducta equivalente a la que motivó la condena de dos de sus coimputados. La romantización del vínculo de un hombre de 48 años de edad con una adolescente de 17 inmersa en un estado de vulnerabilidad extrema por su situación familiar, económica y social, como también por su adicción al tolueno, inducida y fomentada por Chávez Arias, Coñuel y Ñancul, entre otros, no sólo deviene absurda sino contraria a la Convención de los Derechos del Niño, como también a los compromisos internacionales derivados de la Convención Belém do Pará. También se observan insalvables contradicciones cuando se enfatizó en la calidad de analfabeto de Coñuel, a pesar de la existencia de mensajes de texto recibidos y respondidos por aquél -y no se explica la relevancia de la escasa instrucción para negar su involucramiento-; cuando se sostiene que aquel no pudo haber cometido el delito porque vivía en el campo, mas se reconoce que el día del allanamiento se encontraba en su domicilio junto con D.C. Se enfatiza que la hija de Coñuel convivía con aquel, a pesar de que aquella sostuvo que para esa época se había mudado. Cuando se sostiene que Coñuel y D.C. mantenían una relación sentimental -aspecto no corroborado-, para, a renglón seguido, referir que se trataba de una relación "esporádica", y en un tercer momento afirmarse que se trató de "una relación sexual aislada", para luego negar que se hubiera comprobado que alguna de las menores hubiera tenido relaciones sexuales con los encausados. Se soslayó infundadamente las conversaciones registradas entre Chávez Arias y Coñuel, en las que el primero le comentaba que había conseguido tres "latas", refiriéndose a la sustancia tóxica que le ofrecía a las niñas, y Coñuel le pedía una para dársela a D.C.; y cuando refieren que las niñas querían "jale" y que si no se los daban aquellas no querían tener relaciones sexuales. Tampoco resulta exacto que la "pertinaz negativa" de Coñuel resultara coincidente con lo relatado por las niñas, pues la psicóloga que las entrevistó, relató que cuando se les preguntaba acerca de si tenían relaciones sexuales con los incusos, contestaban que ellas no, pero otras si, o evadían la pregunta; actitud interpretada por la psicóloga como un mecanismo de defensa, vinculado al miedo, la vergüenza y al ocultamiento que se impone sobre esta clase de abusos. Asimismo, soslayaron el testimonio de Mario Nahuelcheo, quien se encontró a cargo de la investigación desde un comienzo, a raíz de denuncias por la fuga de las menores, quien sostuvo que fueron halladas reiteradamente en las casas de Chávez Arias y Coñuel y que se registraron conversaciones entre estos últimos sobre cómo conseguir tolueno para las niñas. Por otra parte, asiste razón al acusador en cuanto a la contradictoria argumentación esgrimida en orden a la calificación dispuesta. El acusador basó tanto la agravación de la corrupción como la significación jurídica de abuso sexual agravado en la definición de violencia contenida en el art. 78 del digesto sustantivo que dispone: "Queda comprendido en el concepto de 'violencia', el uso de medios hipnóticos o narcóticos". No se observa la interpretación extensiva sobre el concepto "efecto 86 narcótico", cuando se documentó sobradamente el intercambio de sexo por tolueno, que las víctimas devinieron dependientes de lo que se denominaba "jale" y que los encartados se interesaban por conseguir estas sustancias tóxicas y lesivas para la salud, con el fin de facilitar el sometimiento a las niñas para todo tipo de prácticas sexuales. En definitiva, dado el contexto probatorio, resulta arbitraria la inaplicación de lo dispuesto en el art. 78 del digesto sustantivo. De otro lado, se señaló que no se contó durante el juicio con los testimonios de las damnificadas, como tampoco con prueba pericial sobre la dependencia del tóxico y de las relaciones sexuales. Al respecto, cabe señalar que la psicóloga que entrevistó a las niñas mencionó que todas sindicaron que otras tenían relaciones sexuales con los encartados a cambio de "jale" y negaban la propia actividad sexual, lo que la profesional entendió como mecanismo psíquico determinado por sentimientos de vergüenza o culpa. Además, las conversaciones interceptadas dan sobrada cuenta de ambos extremos cuestionados, como también la situación en la que se halló a las niñas en los domicilios de Chávez Arias, Coñuel y Ñancul, luego de pernoctar allí. La duda a aceptada por los magistrados, solamente puede responder a la fragmentación de los elementos probatorios incorporados al juicio. Rige en el proceso penal el principio de libertad probatoria, de suerte tal que exigir que determinados sucesos se comprueben mediante ciertas pruebas no resulta acertado cuando a la certeza se puede arribar por otros medios de convicción. Tanto más cuando rige el art. 16.i de la ley n° 26.485, que dispone el principio de amplitud probatoria en todo proceso en el que se investiguen hechos de violencia contra las mujeres, como también la Convención Belém do Pará. Ello cobra absoluta relevancia, habida cuenta que la exigencia de múltiples pericias invasivas producidas sobre niñas que se encontraban en un estado de vulnerabilidad extrema y que habían manifestado su sufrimiento por el inaceptable nivel de exposición mediática que cobró la investigación, deviene contrario a las disposiciones legales (art. 3.k y 16.h, ley n° 26.485), como también a los compromisos internacionales. Por ello, la anulación de la sentencia y el reenvío para la realización de un nuevo juicio ante otro tribunal resulta forzosa, por cuanto la arbitrariedad de la sentencia debe motivar su nulidad por inobservancia de la ley de forma. La disidencia parcial dejó a salvo su opinión respecto a que corresponde condenar a Israel Misael Chávez Arias y a Daniel Amadeo Ñancul en esta instancia, en orden a la calificación propiciada por el representante del Ministerio Público Fiscal en su recurso (cfr. arts. 45, 54, 78, 119 -primer y tercer párrafo- y 125 -tercer párrafo- del CP), en la medida en que aquélla no aparece como sorpresiva para las partes, y habiéndose respetado, en consecuencia, el principio de congruencia. Por lo demás, en razón de la arbitrariedad de la absolución de Santos Ramón Coñuel, corresponde que se sustancie un nuevo juicio. Dres. Slokar, Mahiques y Yacobucci -en disidencia parcial-.