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Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretación de sentencias, REPÚBLICA DOMINICANA, declaración de puro derecho, derecho a la nacionalidad, apátridas, Pacto de San José de Costa Rica, cuestiones de hecho y prueba, responsabilidad internacional del Estado
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso de las Niñas Yean y Bosico c/ República Dominicana s/ demanda de interpretación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-11-23

Corresponde desestimar por improcedente la demanda de interpretación de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, interpuesta por la República Dominicana contra la emitida por el Tribunal y en la que declaró su responsabilidad internacional por violación a la Convención Americana, en perjuicio de dos niñas que fueron arbitrariamente privadas de su nacionalidad, dejándolas apátridas por más de cuatro años, pues el Estado somete a consideración del Tribunal cuestiones de hecho y de derecho, planteadas oportunamente y resueltas por la Corte al adoptar su decisión.
Estafa, tarjeta de crédito, responsabilidad del comerciante adherido
Materia: PENAL
Carátula: Sueyras, Lucía M. s/ Estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

La conducta de quien pretende realizar compras con una tarjeta de crédito previamente hallada, haciéndose pasar por su titular, es idónea para producir un desplazamiento patrimonial perjudicial, pues aun cuando la tarjeta estuviera registrada como inhabilitada por la firma emisora, antes del suceso, tal circunstancia impeditiva dependía de la averiguación que el comercio cumpliera, verificación no indispensable para concretar la venta y sujeta a la mayor o menor diligencia del vendedor.
Jubilación por invalidez, porcentaje de incapacidad, capacidad laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: Peralta, Oscar c/ ANSeS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

El porcentaje de incapacidad para otorgar la jubilación por invalidez no es un requisito ineludible y puede ser dejado de lado sobre la base de ponderar razonablemente la posibilidad de sustituir la actividad habitual del afiliado con otra compatible con sus aptitudes profesionales.
Procedimiento administrativo, dictamen jurídico, resoluciones, derechos y garantías constitucionales, debido proceso adjetivo, derecho a ofrecer y producir prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: GARNICA, Laureano c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-23

La práctica de que los servicios jurídicos de los organismos proyecten dictámenes tras la realización de ciertas diligencias que son convertidas en resoluciones por los responsables de los entes sin dar previamente intervención a la parte, con gran frecuencia, deriva en la violación de la garantía del debido proceso adjetivo a que tienen derecho los administrados (arg. art. 1 ley 19.549), al quedar éstos sin posibilidad alguna de contradecir el referido informe o aportar otros elementos de prueba que dieran mayor sustento a sus afirmaciones.
Alimentos, aumento de cuota alimentaria, recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: Rossaroli, Gerardo Clemar- Ghelfi, María Elizabeth c/  s/ divorcio vincular no contencioso - incidente de actualización de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-02-17

Se declara desierto el recurso de apelación toda vez que del escrito de fundamentación del recurso, se advierte su insuficiencia técnica pues no hay una crítica concreta y razonada de los principales argumentos que sustentaron el fallo apelado, ya que no critica en concreto los argumentos que expuso la magistrada para decidir, esto es, las necesidades que tenía la hija, el reconocimiento tácito que realiza el padre al aumentarle en el mes de julio de 2019 la cuota alimentaria, el monto que le abonaba mensualmente en concepto de cuota alimentaria a su hermano. Tampoco critica la doctrina y los principios en que funda la decisión de ponderar el cambio de circunstancias de vida de la involucrada que son tenidas en miras al momento de fallar, esto es: que cursa estudios universitarios, vive en una ciudad diferente con mayores gastos, la existencia de un proceso inflacionario en el país que inciden en el poder adquisitivo del dinero, etc. Todos estos argumentos al no haber sido controvertidos, han quedado firmes.
Procedimiento judicial de la seguridad social, costas en el orden causado, solidaridad previsional, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BENITEZ, HUALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR EDAD AVANZADA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-16

El art. 21 de la ley 24.463 no viola garantías amparadas constitucionalmente. El "hecho objetivo de la derrota" consagrado en el art. 68 del C.P.C.C., establece un principio general que debe ceder ante la especificidad de la norma referida. Al respecto se ha sostenido que la condena en costas al vencido es un principio de base legal no directamente constitucional (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala II, "Ulibarri de Portela, Aída", sent. del 14.03.95). Asimismo, la C.S.J.N. tiene dicho que establecer un régimen específico de imposición de costas no resultaría violatorio de la igualdad ante la ley, del derecho de propiedad, ni del principio de reparación integral (cfr. "Estado Nacional c/ Textil Escalada S.A., sent. del 19.12.89).
Honorarios del perito, regulación de honorarios, derecho a la justa retribución
Materia: PROCESAL
Carátula: Laboratorios Ricar S.A. c/ E.N. (M de S.P. y M.A.) y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

Corresponde confirmar la regulación de honorarios del perito, si no se advierte que se trate de un caso de extraordinaria complejidad y -atendiendo al mérito de la tarea, la calidad, eficacia y extensión del trabajo- constituye incuestionablemente una remuneración razonable y satisface la exigencia constitucional de constituir una retribución justa.
Reincidencia, recurso de inconstitucionalidad, fallo plenario
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ, LUIS s/ ROBO. Armas. PENA. GRADUACION. PRIVACION ILEGAL LIBERTAD.   REINCIDENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-16

"En cuanto a la apelación del punto IV sobre la reincidencia del nombrado considero que atento a lo dispuesto en el artículo 301 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debe diferirse el pronunciamiento hasta que se sustancie el plenario "Guzmán Miguel Faustino" en el que se debate precisamente esa cuestión.-"
Docentes, determinación del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BIANCHI, CARLOS SERAFIN s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-06-30

Conforme lo sostenido por la CSJN. en Fallos 254:30, cuando el último cargo desempeñado por un docente no es el de mayor jerarquía que ejerciera durante su carrera, corresponde integrar las disposiciones específicas de la ley 14473 con las de la ley 14499, fijando el haber jubilatorio en base al cargo de mayor jerarquía que ha investido durante el lapso mínimo exigido por el artículo 2 de la última ley citada.
Daños y perjuicios, daño moral, ofensas cometidas por medio de la prensa
Materia: CIVIL
Carátula: BELLO CLAUDIA ELENA c/ MORIN DANIEL Y OTROS s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-02

En la hipótesis prevista en el artículo 1089, segunda parte, del Código Civil, el agravio moral se tiene por acreditado en la medida en que el ataque al honor aparezca nítidamente configurado de acuerdo a las condiciones personales de la víctima y a la aptitud que tenga la noticia o frase para causar ese daño. Por eso es que no siempre se lo presume (Pizarro R "El daño moral" Hammurabi, 2da. Edición, pág. 566). El honor, la dignidad, la reputación, el buen nombre y todas esas palabras que nos recuerdan que somos seres enteramente originales distintos de los animales (Orgaz, A. "Las personas humanas. Esencia y existencia"; Hammurabi, José Luis Depalma editor, 2000, págs. 60 a 82) representan valores que los individuos tienen que preservar con su conducta diaria. No estoy diciendo que los funcionarios públicos procesados carezcan de ellos y de los derechos personalísimos que los sustentan; sólo estoy resaltando la dificultad lógica que hay en vincular el sufrimiento que puedan tener esos funcionarios por el deterioro de su imagen, con una nota periodística aislada o, como en este caso, con una frase ambigua publicada años después de que el proceso de deterioro empezó.
Honorarios del perito, perito de oficio, ejecución de sentencias contra el Estado, suspensión de la ejecución
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: SINI DE TORRESI, MARIA JOSEFA c/ B.C.R.A. s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

Con relación a los honorarios del Perito Contador personal de un auxiliar designado de oficio, su trabajo personal fue encomendado por el Estado a través del Juez, y no por las partes, de modo que la situación encuadra - ya sea de modo directo o por ineludible análoga - en el art. 54 inc. a) de la Ley 23.696, que excluye de la mentada suspensión a los créditos laborales o nacidos con motivo de la relación de empleo público.
Derecho penal, ley penal
Materia: PENAL
Carátula: Z., H. s/ Defraudación por administración fraudulenta (Expte Nro. 1053-97,  Resolución Nro. 63, Tomo 51, Folio 301)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-11

Es prácticamente unánime la caracterización del Derecho Penal como sancionatorio, es decir tutelador último de bienes que ya encuentran protección en otras ramas del derecho y a cuyas normas corresponde remitir para salvar el principio lógico jurídico de contradicción, evitando penalizar conductas que otros ámbitos jurídicos autorizan o aún imponen.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, juicios en que la Nación es parte, valor disputado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Cinplast  I.A.P.S.A. c/ ENTel s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

Procede el recurso ordinario de apelación cuando se trata de un fallo definitivo recaído en una causa en que la Nación asume - aunque indirectamente en el caso de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - el carácter de parte, y el valor cuestionado excede el mínimo legal previsto en el art. 24, inc. 6., ap. a), del decreto-ley 1285/58 y sus modificaciones, a la fecha de su interposición.
Consejo de la Magistratura, Convención Constituyente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13) s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18

De la lectura de los debates del pleno de la convención constituyente de 1994, surge que hubo acuerdo en que el Consejo de la Magistratura tuviera una composición mixta y equilibrada en virtud de la cual algunos integrantes provinieran de los órganos políticos resultantes de la voluntad popular y otros de los estamentos técnicos, intención que fue aprobada por la mayoría de los convencionales en la sesión del 1° de agosto de 1994.
Instrumentos privados, firma, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MAZZEO, ANTONIO H. c/ PETRO RIO SA. s/ SUMARIO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-10-30

La demostración judicial de la autenticidad de la firma puesta en un recibo, originalmente desconocido y negado provoca: a) el reconocimiento del cuerpo del instrumento -art.1028 CCI -, b) una severa presunción contra quien originalmente desconoció su propia firma, sin aparecer en autos una enfática argumentación ulterior en contrario o una impugnación o precisión referida a la peritación cumplida -art.1026 CCI -.
Contrato de trabajo, prueba del contrato de trabajo, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Blanco, Víctor Antonio c/ Autosur S.A. y otro s/ Cobro de pesos e indem. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2024-02-15

La presunción no puede importar la exigencia de que todas las notas que tipifican el caso, se encuentren absolutamente acreditadas, porque de estar acreditadas de manera plena e incontrastable, no sería necesario presumir nada. La correcta interpretación del juego de presunciones, -del que la misma apelante se hace eco destacando que admiten prueba en contra-, exige considerar que la plataforma más fáctica y material de la descripción de la norma, esto es, la prestación de servicios la realización de actos, la ejecución de obras, durante un periodo de tiempo y a cambio de una remuneración, -que es lo más fácilmente verificable por los sentidos-, es suficiente para hacer presumir la existencia de contrato de trabajo salvo que se demuestre lo contrario. La prueba en contrario en consecuencia apuntará a desvirtuar la existencia de alguno de los hechos materiales o la corroborar que aun en presencia de los mismos, no cabe la posibilidad de considerar que se han obrado "bajo dependencia".
Declaración indagatoria, nulidad procesal, derecho a la presencia del defensor, entrevista previa con el defensor, abstención de declarar, garantías procesales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CASTRO, Carlos Andrés s/ Nulidad, Causa nro. 13.583
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

No constando que se le haya hecho conocer al imputado el derecho de negarse a declarar ni a mantener entrevista previa con su defensor, lo cual, sumado a que su defensa fue notificada del acto con posterioridad a la celebración del mismo y a que en su encabezamiento se consigna "que no es necesario que esté presente en este acto su defensora oficial" -cuya interpretación presenta ambigüedades-, deja conformado un plexo de irregularidades que determinan a la declaración de nulidad, propiciada tanto por la defensa de Castro como por el representante del Ministerio Público Fiscal. Ello, pues tiene dicho el Tribunal que "es el imputado el titular de todas estas garantías pudiendo ejercerlas o no, debiendo constar su voluntad de un modo inequívoco en el sentido de renunciar al derecho de asistencia que le confiere la ley".
Facultades del Poder Legislativo, facultades legislativas, interpretación de la constitución, delegación de facultades a la Administración, régimen de consolidación de deudas, emergencia económica
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: PALAVECINO, JUAN CARLOS c/ CORTES, JULIO A. Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2011-05-23

Tanto la Constitución de la Nación, como la de la Provincia, establecen que el órgano Legislativo -representado por el Congreso y por la Cámara de diputados-, según el caso, es quien se encuentra dotado de la facultad de sancionar las leyes, prohibiéndose, según lo normado por los artículos 76 y 137 respectivamente, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo casos excepcionales, en los que puede ser admitida para atender materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública. En tales condiciones no cabe duda que compete a los órganos legislativos provinciales ejercer dicha función, ya que según lo expresado por el art 19 de la Ley Nacional Nº 23.982 y el 24 de la Ley 25.344 -relativas a la consolidación de deudas-, las provincias se encuentran invitadas a adherirse a las mismas y a legislar, en el ámbito de su competencia sobre los aspectos incluídos en aquéllas.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, jubilaciones, recurso contencioso administrativo, prueba documental, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: De Gregorio de Scalas, Santa c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Es arbitraria la sentencia que, pese a que la falta de producción de la prueba testimonial y a que la omisión de valorar la prueba documental en la instancia administrativa, fueron oportunamente planteadas por la actora al deducir el recurso de la ley 23.473, no tuvo en cuenta que el art. 11, segunda parte, del texto legal citado, obligaba a disponer su producción, pues la alzada no sólo dejó de cumplir con dicho deber sino que tampoco efectuó apreciación alguna de las constancias que demostraban el pago de aportes, pues esa prueba cobraba especial relevancia para despejar cualquier hipótesis fundada en un presunto intento de captación indebida del beneficio.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, sentencia, prescripción adquisitiva, actos posesorios, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CABRERA, OSVALDO Y OTROS c/ GONZALEZ, ROGACION Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-26

Los argumentos de la quejosa remiten, fundamentalmente, a la valoración efectuada por los Jueces de la causa en torno a la prueba de los hechos afirmados y debatidos, mas no logra demostrar -siquiera en grado liminar- irrazonabilidad e ilogicidad en lo decidido por la Alzada, que revocó la sentencia de grado y rechazó la demanda de prescripción adquisitiva, por considerar que en autos existe una absoluta orfandad probatoria -distinta a la prueba testimonial- que permita mínimamente retrotraer los actos posesorios a la fecha exigida por la ley para tener por acreditada la prescripción (20 años), desde que la actora sólo acompañó boletas de servicios del año en curso y del anterior al inicio de la acción y que según el informe del Registro Nacional de las Personas el domicilio del actor en el inmueble que pretende usucapir dataría de 10 años atrás; tampoco se acreditó el ejercicio de la posesión por parte de sus padres -conforme se afirma en la demanda-, por lo que no se encontraría demostrado el ejercicio de actos posesorios sobre el inmueble que se pretende usucapir.
Pueblos originarios, derechos de los pueblos indígenas, Pacto de San José de Costa Rica, REPÚBLICA ARGENTINA, propiedad comunitaria de la tierra, responsabilidad internacional del Estado Parte, grupos vulnerables, reparación integral
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina s/ Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2020-02-06

Debe el Estado Argentino concluir las acciones que resulten necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad comunitaria de las ciento treinta y dos comunidades indígenas ubicadas en la Provincia de Salta, elaborando un único título para el conjunto de todas las comunidades y relativo a todo el territorio, sin perjuicio de los acuerdos que ellas realicen sobre el uso del territorio común, remover los alambrados y el ganado de pobladores que ocupan ilegítimamente su territorio evitando desalojos compulsivos y, en cualquier caso, procurar siempre el efectivo resguardo de los derechos de la población criolla, lo que implica posibilitar el reasentamiento o acceso a tierras productivas con adecuada infraestructura predial.
Servidumbre de electroducto, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cendoya de Benitez Cruz, Ana María c/ Empresa Social de Energía s/ Servidumbre de electroducto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

Mientras la empresa demandada no traiga al expediente el plano de mensura que aprobó para ejecutar la obra donde se determina la superficie a indemnizar, no puede exigírsele al propietario que estime la indemnización (arts. 2, 5, 11 inc. d y cc. de la ley 8398; art. 41 de la ley 5708). Es ello una razón claramente explicitada que permite hacer la excepción al art. 330 inc. 6 del CPCC.
Convención de Bruselas, tratados internacionales, transporte marítimo
Materia: NAVEGACION
Carátula: AUTOTECNICA  S.A.  y otro c/ CAP Y/O PROP Y/O ARMADORES DEL BUQUE "RIO MARAPA" s/ INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-14

Si en el conocimiento de embarque, se indica un número específico de cantidades de piezas y se las identifica, es decir, enumera, no cabe asignar otra intención a las partes que haber indicado cuál era el contenido del artefacto de transporte, y por ello el artefacto que contiene las mercaderías no puede ser considerado un solo bulto.
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: PENAL
Carátula: Greppi , Carlos Alberto c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 6716
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

El recaudo de peligro en la demora, definido como el peligro de que, mientras el órgano jurisdiccional realiza su tarea, la situación de hecho se altere de un modo tal que, a la postre, resulte ineficaz o tardío su mandato, expuesto a llegar cuando el daño sea irremediable, debe ser juzgado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros.
Recurso de queja (procesal), recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Molinos c/ Coronel s/ Inc. de revocatoria concursal. Rec. de queja Cifuentes Villanueva, M. F. c/ García Parra de Máchaan, Marta s/ Ejecución Hipotecaria. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-15|1995-10-13

Si bien el mecanismo de la queja alcanza para objetar el efecto -suspensivo, devolutivo o diferido- de la apelación concedida (art. 277 CPC), no resulta vía idónea para cuestionar el modo de concesión de la misma. A este fin existen las alternativas dispuesta por los arts. 246 2° pár. y 271 del CPC.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de servicios de comunicación audiovisual, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

La impugnación de la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, que fija un plazo de adecuación para el cumplimiento de los requisitos allí contenidos, se encuentra notoriamente infundado, pues más allá de la mera referencia a la "magnitud de las eventuales adecuaciones", sin explicar concretamente en qué consisten estas últimas ni cuál sería el plazo necesario para llevarlas a cabo, no demuestra que el plazo y el procedimiento establecidos por la norma para realizar la desinversión resulte irrazonable (del voto en concurrencia del Dr. Petracchi).
Amparo ambiental, finalidad de la ley, daño ambiental
Materia: CIVIL
Carátula: Guevara, Tomás Alejandro y otros c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/ amparo colectivo s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-06-18

La acción de corte ambiental, de acuerdo a lo establecido por la Ley General del Ambiente N° 25.675 tiene una finalidad concreta, dado que a través de esta se solicitará la "cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo". No obstante, de conformidad con el mandato constitucional, es posible afirmar la procedencia de esta garantía también con el objeto de recomposición del daño. La conceptualización del daño ambiental colectivo surge con absoluta claridad de la mencionada legislación (cf. Basterra, Marcela: "El amparo ambiental", Revista de Derecho Ambiental, Abeledo Perrot, 18/12/13, p. 99). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)