Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-05-11


En la ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los ..once....días del mes de...Mayo.......del año dos mil once, se reúnen Ss. Ss. los Señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Cristina Irene Leiva, Manuel Augusto Márquez Palacios, Jorge Antonio Rojas, Sergio César Santiago, Humberto Augusto Schiavoni, Ramona Beatriz Velázquez, Froilán Zarza y Cecilia W. de Guirland (M.S.), bajo la Presidencia del Dr. Roberto Rubén Uset, a fin de consi-derar los autos caratulados: "EXPTE. Nº 123-STJ-2.006 - PALOMBO, PAOLA ANGÉLICA c/ MUNICIPALIDAD DE POSADAS - CONCEJO DELIBERANTE DE POSADAS s/ ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINIS-TRATIVA".- De acuerdo con el sorteo realizado correspon-de votar a los Señores Ministros en el siguiente orden: 1) Dra. Cristina Irene Leiva, 2) Dra. Ramona Beatriz Velázquez, 3) Dr. Humberto Au-gusto Schiavoni, 4) Dr. Manuel Augusto Márquez Palacios, 5) Dr. Ro-berto Rubén Uset, 6) Dr. Jorge Antonio Rojas, 7) Dr. Froilán Zarza, 8) Dr. Sergio César Santiago y 9) Dra. Cecilia W. de Guirland (M.S.).- Concedida la palabra a la Dra. Cristina Irene Leiva, dijo:

Vuelven las presentes actuaciones a este Su-perior Tribunal de Justicia para el tratamiento de la Sentencia (ver fs. 238).- A fs. 18/27 vta., la Sra. Paola Angélica Palom-bo inicia la presente acción contencioso administrativa contra la Municipa-lidad de Posadas -Honorable Concejo Deliberante- a fin que este Tribunal declare la nulidad del acto administrativo -Decreto Nº 16, de fecha 26 de enero de 2006, del Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Posadas-, y se la restituya al cargo de Agente de Categoría 8 Planta Permanente con los debidos reintegros de los haberes devengados a la fecha, con costas.- Expresa que se desempeñó como Empleada Administrativa en el Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas desde aproximadamente el año 2003, primero como contratada y posteriormen-te, por Decreto del Sr. Presidente de dicho Organismo Nº 197/05 -de fe-cha 10 de octubre de 2005- fue nombrada en el cargo.- Que las certificaciones del cumplimiento de sus tareas a los fines de percibir sus haberes se las otorgaba el Sr. Presi-dente del Concejo al finalizar cada mes, que esa era la forma habitual y que así se hizo para el mes de noviembre de 2005.- Manifiesta, que como el mandato como Conce-jal y Presidente del Sr. Rodríguez finalizaba el día 9 de Diciembre de 2005, éste entregó a la actora la certificación de asistencia a sus funcio-nes por esos nueve (9) días, certificación que fue presentada en el Depar-tamento de Personal.- Que el día sábado 10 de diciembre de 2005, acudió al Concejo a la toma de posesión de cargos de las nuevas autori-dades y que el día lunes 12 de diciembre, habiendo asumido el nuevo Presidente del Concejo Deliberante, concurrió a su despacho para notifi-carse de la decisión que se hubiera tomado sobre su destino administrati-vo y de su reubicación laboral.- Que el cargo que la misma desempeñaba -Secretaria de Presidencia- ya estaba ocupado por otra persona de con-fianza del nuevo Presidente quien le informó que, atento a que por Decre-to Nº 253/05 de fecha 16/12/05, la Feria Administrativa en el ámbito del Concejo Deliberante se extendería entre el lunes 19/12/05 y hasta el lu-nes 13/02/06 y sólo restaban cinco (5) días de trabajo, y que debido a la reestructuración de funciones de todo el personal del Concejo, le solicitó que se retirara a su domicilio y se reintegrara una vez finalizada la Feria Administrativa, que cualquier novedad se le avisaría a su domicilio y/o que se acercara la semana entrante (12/12 al 16/12) donde se le informaría si se tendría instrucción alguna. Hecho que así sucedió sin tener respuesta alguna.- Que en fecha 31 de enero de 2006, recibió en su domicilio una notificación en la que se le hacía saber que por Decreto Nº 16 de fecha 26 de enero de 2006, el Señor Presidente del Concejo la dejaba cesante en su cargo por supuesto abandono de sus tareas.- Al respecto, expresa que conforme el art. 22 de la Ordenanza del Personal Municipal, para que se pueda disponer la cesantía por abandono de trabajo deben transcurrir ocho (8) inasistencias injustificadas, por lo que el acto que impugnó comienza a contar ese tér-mino desde el 1º de diciembre de 2005, con lo que su cesantía se habría producido por no haber concurrido los días 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 de di-ciembre del 2005.- Manifiesta que para resolver así, el Sr. Presi-dente sostuvo que no hay constancia de su asistencia durante los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2005, ignorando la certificación de tareas presentada con la firma del entonces Presidente del Concejo, quien era la única autoridad con competencia para otorgar la misma.- Refiere, a que es evidente que la constancia que presentó fue "extraviada" para que las ocho (8) faltas pudieran ser computadas en diciembre, ya que de otro modo sólo se la podría sancio-nar con las faltas de los días 5 y 9 de diciembre, ya que la Feria Adminis-trativa impedía que se la cesanteara a partir del 12/12/05, ya que se pre-sentaría a trabajar el 13/12/05.- Explica que se la deja cesante con fundamento en el art. 22 del Estatuto del Empleado Municipal por inasistencias injusti-ficadas que superarían los ocho días, esto es desde el 1 al 19 de diciem-bre, fecha ésta en que empezó la Feria Administrativa. Que se falta a la verdad ya que la actora concurrió como corresponde a trabajar hasta el día 9 de diciembre.- Sigue diciendo, que puede justificar que cum-plió con las funciones a su cargo con la declaración que ante Escribano Público ha prestado el Ing. Héctor R. Rodríguez quien, si bien ha cesado, puede ratificar lo actuado durante su mandato y certificar que la actora ha cumplido con su trabajo los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de Diciembre de 2005.- Expresa, que si bien resulta imposible probar la orden de retirarse que le fuera dada el 12/12/05, recién en tal caso la deberían haber notificado en forma fehaciente de que debía reintegrarse a sus tareas conforme lo dispuesto por el art. 27 del Estatuto del Agente Municipal.- Alega, que hay otra grave omisión que nulifica el acto impugnado y es que nunca fue intimada a reintegrarse a sus ta-reas conforme el art. 27 del citado, con lo que se ha incurrido en el incum-plimiento de un requisito esencial del Acto Administrativo en punto a su "procedimiento".- Sostiene además, que con la certificación ad-junta y la declaración del Ing. Héctor R. Rodríguez acredita que trabajó los días 1 al 9 de Diciembre de 2005 y que la Feria Administrativa comenzó el 19/12/05, con lo que no se cumplen los ocho (8) días de inasistencias in-justificadas que exige el art. 22 del Estatuto Municipal, siendo así el acto impugnado manifiestamente arbitrario, ilegal e inconstitucional en tanto viola el derecho a la estabilidad del empleado público.- Que, sin perjuicio de ello, se ha omitido la inti-mación que debe hacer el Concejo al cumplirse los primeros tres (3) días de inasistencia con lo que en uno u otro caso el acto es nulo de nulidad absoluta por no haberse respetado el cumplimiento de un requisito esen-cial del procedimiento.- Reclama los daños derivados del acto adminis-trativo que impugna, entre ellos el daño moral, solicitando por este con-cepto, la suma de pesos ciento veinte mil ($ 120.000).- Finalmente ofrece pruebas, cita jurisprudencia y solicita se haga lugar a la demanda y declare la nulidad del Decreto Nº 16/06 dictado por el Presidente del Concejo Deliberante de Posadas.- A fs. 66/70 vta., se presenta la Municipalidad de Posadas (Honorable Concejo Deliberante) y contesta la demanda pro-movida en su contra.- Efectúa negaciones genéricas y específicas de todos y cada uno de los hechos afirmados por la actora que no sean obje-to de un especial reconocimiento.- Expresa, que la actora ingresó a trabajar en el Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas en el mes de junio del año 2.003, Ficha individual Nº 3846, como auxiliar administrativa en la Direc-ción de Asuntos Legislativos y Comisiones, contratada sin relación de de-pendencia, desempeñándose a partir de dicha fecha hasta el día 10 de octubre de 2005, fecha en que es nombrada en Planta Permanente me-diante Decreto Nº 197/05. Que se le otorgaban certificaciones de trabajo a fin de cada mes; que en el caso de la accionante fueron solamente dos: octubre y noviembre de 2005. Para los días 1 al 9 de diciembre del mismo año, no se agregó certificación de tarea alguna y que, luego de esta últi-ma fecha, la Sra. Palombo, Paola no concurrió más a sus tareas en el Concejo Deliberante y por tal motivo, el 26 de enero del 2006, mediante Decreto Nº 16 de Presidente del HCD- se dispone su cesantía, por incurrir en más de ocho (8) inasistencias injustificadas (art. 22 Ord. 1059, -Est. del Empleado Municipal), notificándosele a la actora en fecha 31 de enero del mismo año.- Refiere, que las elucubraciones de la actora no son correctas porque sus faltas injustificadas al lugar de trabajo no son sólo del 1 al 9 de diciembre del 2005, sino también por sus posteriores inasistencias injustificadas el resto de diciembre y todo enero del 2006. La Sra. Palombo se excusa en la Feria Administrativa que regía, haciendo una interpretación que no se compadece con los hechos y derecho apli-cable.- Sostiene que el propio Decreto 253/05 que dispuso la Feria Administrativa (que la actora acompaña como prueba) establece perfectamente las reglas y condiciones de la misma: es una medida de orden interno referida especialmente a las vacaciones, no pa-raliza la actividad administrativa, prueba de ello es que se le notifica su cesantía en plena Feria, el 31 de enero. El decreto 253 dispone que se decreta la Feria Administrativa a fin de que los empleados municipales usen obligatoria e íntegramente la licencia anual reglamentaria, quedando agentes para cubrir !a guardia administrativa los que luego tendrán una "compensación de Feria".- Que, durante este periodo de Feria "los agen-tes quedarán liberados de concurrir a prestar débito laboral", reza el art 2. Pero esto no significa de ningún modo Io que pretende la actora, los em-pleados municipales no pueden irse a sus casas sin más, sino que deben realizar el trámite pertinente a su licencia anual reglamentaria por la canti-dad de días conforme a la normativa legal vigente y la Sra. Palombo, sin ninguna justificación ni trámite, se fue a su casa a esperar cuáles tareas realizar luego del recambio de autoridades o a esperar una "intimación" al trabajo, o la notificación de un "sumario administrativo'', tal como ella lo expresa en su demanda.- Seguidamente, refiere a los fundamentos verti-dos por la actora respecto a que, en todo caso, se debió aplicar una san-ción más benigna y no la cesantía", que se omitió la intimación previa y que no se instruyó sumario alguno en su contra, para culminar manifes-tando que el HCD actuó en la emergencia ateniéndose estrictamente a la normativa vigente. Que el Decreto 16/06 es perfectamente válido al ser un acto administrativo que goza de legitimidad y que además el actor no ha probado en el presente que tal acto sea ilegítimo.- Finalmente hacen reserva de caso federal, ofrecen pruebas y efectúan el pertinente petitorio solicitando se rechace la demanda interpuesta en todas sus partes.- A fs. 72/74, la parte actora contesta el traslado conferido a fs. 71.- Abierta la causa a prueba y producidas que fueran las mismas, la parte actora presenta sus alegatos y siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 3064 (ahora Ley IV Nº 95) se corre vista al Sr. Procurador General, quien dictamina que corresponde hacer lugar a la Acción Contencioso Administrativa en tratamiento (ver fs. 228/230 vta.).- Expuestos los antecedentes de la Causa pasa-ré a expedirme sobre el fondo de la cuestión objeto de estudio en esta oportunidad. Para ello, transcribiré la normativa de aplicación:

Estatuto del Agente Municipal:

Art. 15: "... el personal podrá ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias: a) Apercibimiento; b) Suspensión de hasta treinta (30) días, c) Cesantía, d) Exoneración." Art. 22: "... el personal que en el transcurso del año calendario incurra en inasistencias no justificadas, se hará pasible de las siguientes sanciones: 1ra. Inasistencia: Apercibimiento; 2da. Inasis-tencia: un día de suspensión; 3ra inasistencia: ... 8va. Inasistencia: Siete (7) días de suspensión. De sobrepasarse el límite de ocho (8) inasisten-cias injustificadas, se elevarán a la superioridad los antecedentes vincula-dos a las mismas, a efectos de que se disponga la cesantía del agente. El cómputo de las sanciones se hará por cada transgresión en forma inde-pendiente y acumulativa, pudiendo ser aplicada en un solo acto. Las sus-pensiones son sin perjuicio del descuento de haberes correspondiente a las inasistencias incurridas...".- Art. 26: "... son causas para la cesantía: a) las inasistencias injustificadas que excedan los ocho (8) días discontinuos en el transcurso del año calendario; b) Abandono de servicio, el cual se con-siderará consumado si el agente registra más de siete (7) inasistencias continuas en días hábiles sin causa que lo justifiquen; c)...".- Art. 27: "Respecto de la comprobación del "abandono de servicio" una vez cumplidas tres (3) inasistencias consecu-tivas sin aviso o justificación, se intimará al agente a reintegrarse a sus tareas en un plazo de veinticuatro (24) horas, a partir de la notificación. La intimación determinada precedentemente, se efectuará notificando por cédula o telegrama colacionado, dirigido al domicilio que tenga declarado el agente. Cumplido el término de siete (7) días continuos laborales de inasistencia, sin que medie presentación del agente, se procederá sin más trámite a decretar la "cesantía"...".- Art. 30: "La aplicación de suspensión hasta un máximo de ocho (8) días, no requerirá la instrucción de sumario, excepto a pedido del agente afectado".- Expuesto ello, cabe determinar si en el caso, existió o no la causal motivo de la cesantía de la actora. En este sentido, el Honorable Concejo Deliberante atribuye a la Sra. Palombo que: "...el informe elevado por la Dirección de Recursos Humanos referente a las inasistencias injustificadas reiteradas en las que incurrieron los agentes... y Palombo, Paola Angélica, y; CONSIDERANDO: QUE, en todos los ca-sos se exceden las ocho (8) inasistencias injustificadas, encuadrando la conducta de los precitados agentes en lo dispuesto en el Artículo 22º de la Ordenanza Nº 1059 Estatuto del Agente Municipal; Que, en consecuencia debe dictarse el instrumento legal pertinente que disponga sus cesantías en un todo de acuerdo a la normativa invocada..." (ver fs. 16).- Como primera consideración, cabe precisar que de las constancias de la causa, no se avizora que la actora haya incu-rrido en la falta que se le endilga, toda vez que no se desprende de las actuaciones administrativas que corren por cuerda que la misma no haya asistido sin justificación alguna a su trabajo por más de ocho días.- En este aspecto, comparto lo expuesto por el Sr. Procurador General, quien advirtiendo sobre las particularidades del caso, manifestó que: "...si bien en autos se presenta una situación total-mente atípica, que es el hecho de que la accionante se encontraba cum-pliendo funciones como secretaria de Presidencia del Concejo Deliberan-te, cuyo titular finalizó su mandato, debiendo dejar el cargo el día 10 de Diciembre, asimismo, el hecho de que a partir del día 19 de Diciembre, comenzaba la Feria Administrativa, hechos estos que hicieron posible que pudiera prestarse a confusiones. De hecho, todo el personal que no haya sido convocado específicamente, automáticamente deberá hacer uso de la licencia a partir de dicha fecha, y eso fue lo que a mi criterio hizo la agente. Si bien, no existen constancias que se haya presentado el lunes 12 para que se le asignen nuevas funciones, en caso de computarse di-chas inasistencias, las mismas serían desde el día Lunes 12 de Diciembre y hasta el Viernes 16 de Diciembre, por lo tanto no se producirá el referido abandono de trabajo, salvo, sí, inasistencia de cinco (5) días, con lo cual se la podría sancionar con cinco (5) días de suspensión, pero no decla-rando su cesantía...".- Por otra parte, se puede apreciar que la Admi-nistración, en este caso el Honorable Concejo Deliberante, ha procedido indebidamente al no cumplimentar con la forma establecida por la norma-tiva aplicable, vulnerando así garantías constitucionales en desmedro del administrado. Ello es así, toda vez que, en el caso de autos, no se verifica que el Organismo Municipal haya dado cumplimiento a las disposiciones del art. 27 de la Ordenanza 1059/03, intimando al agente, una vez com-probado el tercer día de inasistencias consecutivas sin aviso o justifica-ción, a que se reintegre a sus tareas, para luego, sí, cumplido el término de siete (7) días continuos laborales de inasistencias, proceder a decretar su cesantía.- En este aspecto, es dable aclarar que el infor-malismo en materia administrativa juega a favor del administrado y no de la Administración, quien debe velar por cumplir con el debido proceso es-tatuido en la norma, evitando así vulnerar el derecho de defensa en juicio de quienes se encuentran en una situación de subordinación respecto de ella.- Por otra parte, cabe destacar que el art. 30 del Estatuto del Agente Municipal establece que la aplicación de la suspen-sión hasta un máximo de ocho (8) días no requerirá la instrucción de su-mario, excepto a pedido del agente afectado. De la norma transcripta se desprende que para el supuesto de esa sanción -suspensión- no se re-quiere instrucción de sumario, salvo pedido del agente, deduciéndose consecuentemente que a estos fines, resultaría imprescindible que el afectado tenga conocimiento de dicha circunstancia. Ahora bien, siendo que la medida sancionatoria adoptada en autos dejó cesante a la Sra. Palombo, la misma resulta notoriamente más grave que aquélla descripta en la normativa y, por lo tanto, entiendo que resultaba necesario se le no-tifique dicha situación a la actora, lo que no ha ocurrido en la causa. Ello, a los efectos que ésta considere si resultaba o no indispensable la ins-trucción de un sumario administrativo que le hubiese posibilitado ejercer su derecho de defensa dentro del marco de un debido proceso.- Al respecto, se ha dicho que "...La figura del debido proceso es aplicable a todo procedimiento administrativo, y por ello, también en el disciplinario deben respetarse las garantías mínimas que de aquél derivan. La potestad punitiva del municipio en materia admi-nistrativa y disciplinaria no puede desconocer los principios de defensa, imparcialidad, publicidad, presunción de inocencia, certeza y contradic-ción... El debido proceso en el campo disciplinario, se caracteriza por los siguientes requisitos: sumariante competente, preexistencia de normas sustantivas y adjetivas, y el respeto de los trámites y formas propios del procedimiento..." (Revista de Derecho Público - Derecho Municipal (se-gunda parte) Año 2005-1. Editorial Rubinzal Culzoni. Santa Fe. Año 2005. Pág. 304).- Asimismo, y salvando el tipo de proceso que se trata, reconocida jurisprudencia, ha manifestado que: "Tal como lo sos-tiene la doctrina respecto de la teoría de la invalidez administrativa, la pre-sunción de legalidad del acto administrativo, marca un rasgo diferencial con el derecho Civil, ya que por dicha característica -en razón de las ga-rantías objetivas y subjetivas que rodean su emanación- se considera que tal acto se ha emitido de conformidad con el ordenamiento jurídico, y po-see validez mientras no exista una declaración en contrario. En dicha pre-sunción de legitimidad radica la procedencia de la ejecutoriedad o ejecuti-vidad del acto administrativo. No obstante, como toda presunción, no tie-ne carácter absoluto, es iuris tantum, en la medida en que cede frente a la presencia de una ilegitimidad manifiesta, en cuyo caso, desaparece el deber del administrado de cumplir el acto administrativo, tornando viable la articulación de pretensiones cautelares o la misma acción de amparo, para proteger efectivamente los derechos constitucionales de la persona, siempre que la ilegalidad o arbitrariedad aparezca en forma patente y no-toria, sin necesidad de una investigación de hecho. Del voto del Dr. Cippi-telli según su fundamento. (CORTE DE JUSTICIA, SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA (Luis Raúl Cippitelli, Amelia Ses-to de Leiva, José Ricardo Cáceres). Quipildor, Lidia Sabina y otros c/ Municipalidad de Antofagasta de la Sierra s/ Acción de Amparo - Senten-cia del 23 de Diciembre de 2008).- En razón de lo hasta aquí expuesto, considero que la medida sancionatoria decretada por el Honorable Concejo Delibe-rante de la ciudad de Posadas, contra la Sra. Paola Angélica Palombo, dista de ser un acto administrativo jurisdiccionalmente válido, que goce de la presunción de legitimidad y de razonabilidad, toda vez que dichos ca-racteres han sido desvirtuado por el proceder llevado a cabo por el Orga-nismo, a través del dictado del Decreto Nº 16, de fecha 26 de enero de 2006, donde palmariamente se han vulnerado derechos subjetivos reco-nocidos y amparados por la Constitución Nacional.- Por último procederé a expedirme respecto a la indemnización por daño moral también peticionada en la demanda. En este sentido cabe precisar, que si bien este rubro no necesita de una prueba exhaustiva, como regla general, sí resulta pertinente que quien lo solicita acredite mínimamente que los hechos invocados poseen la enti-dad o gravedad suficiente para producir una lesión en sus afecciones ín-timas.- En efecto, no basta para demostrar el daño su-frido, las meras alegaciones vertidas en autos respecto a que en innume-rables notas periodísticas de orden radial y gráfico se difamó a la actora, sin que ésta pruebe fehacientemente, que dichas publicaciones -en autos solamente obran recortes periodísticos- resulten suficientes para valorar las penurias o el desprestigio que como consecuencia de ello y del acto atacado, haya tenido que soportar la Sra. Palombo. En virtud de ello y no habiéndose acreditado el daño moral padecido, estimo debe rechazarse esta pretensión.- Por todo lo expuesto, y en atención a las parti-culares y especiales circunstancias del caso en estudio, considero debe hacerse lugar parcialmente a la acción entablada y en consecuencia: 1) Declarar la nulidad del Decreto Nº 16/2006 dictado por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas. 2) Restitúyase a la actora a su respectivo puesto de trabajo con el mismo cargo y catego-ría de revista del escalafón pertinente que ostentaba al momento de haber sido declarada cesante. Asimismo, adóptense las medidas necesarias a los efectos que la Sra. Palombo desarrolle, dentro del ámbito de dicho Organismo, funciones acordes al cargo y categoría que reviste y de con-formidad a las necesidades de servicio. 3) Procédase, por quién corres-ponda a la liquidación y pago de los haberes devengados durante todo el periodo de tiempo que tuvo operatividad el acto administrativo en cuestión (Decreto HCD Nº 16/06) con más intereses tasa activa Banco Macro des-de la fecha en que la actora fue declarada cesante hasta su efectivo pago. 4) Rechazar por los fundamentos expuestos el pedido de indemnización por daño moral. 5) Imponer las costas a la demandada perdidosa. Así voto.- Concedida la palabra a la Dra. Ramona Bea-triz Velázquez, dijo:

Vuelven las presentes actuaciones a este Alto Cuerpo para el tratamiento de la sentencia. Los hechos y antecedentes han sido expuestos por el Procurador -fs. 228/230 vta.- y por el voto de la Sra. Ministro preopinante que me antecede y a los que en honor a la bre-vedad me remito.

Ahora bien, ingresando al análisis de la cues-tión, considero que la acción debe rechazarse, conclusión a la que arribo considerando las afirmaciones vertidas en la presente acción y lo que en definitiva se ha acreditado en los presentes Autos, en este sentido, no encuentro elementos suficientes para considerar que la cesantía dispues-ta, haya sido adoptada como una medida arbitraria por parte del deman-dado, sino que es el corolario de un informe que el departamento de re-cursos humanos -el cual y dentro de sus funciones debe elevar periódi-camente a presidencia- respecto de la inasistencia en la que incurren los empleados que pertenecen al citado organismo. En dicho informe obran las inasistencias que superan las ocho -en plazo discontinuo- dentro de un mismo año calendario, facultando la normativa en tales casos, a decla-rar la cesantía del empleado. El actor si bien pretende en esta instancia atacar el informe realizado por el departamento de recursos humanos del Honorable Concejo Deliberante no lo ha hecho con la solvencia suficiente como para acreditar la falsedad o falta de veracidad en el contenido del mismo. En este sentido, considero que las afirmaciones que no poseen un sustento probatorio ni legal de manera alguna pueden resultar suficientes como para decretar la nulidad de un Decreto, el cual además conforme constancias de Autos se ha sustentado en las actuaciones propias del departamento de recursos humanos y debidamente encuadrado en las prerrogativas del Art. 22 del Estatuto del Agente Municipal -Ordenanza 1059- el cual en conjunción con el artículo 26 inciso a) establece la cesan-tía en caso de que el empleado incurra en más de ocho días de inasisten-cia -continuas o discontinuas- sin causa justificada en el transcurso de un año calendario-, estableciendo además que a tales efectos se elevarán a la superioridad los antecedentes vinculados a las mismas, a los efectos de que disponga la cesantía del agente.

Ahora bien, la actora al plantear la acción y por los fundamentos que ha expuesto en la acción pretende realizar un en-cuadramiento diferente de la aplicación del Art. 22, pretendiendo encua-drarla en la figura prevista por el Art. 26 Inc. b, y que refiere al abandono de servicio, y cuyo proceso exige -por aplicación del Art. 27- una intima-ción previa para que se restituya a su puesto de trabajo, de manera tal que el decreto al no cumplir con esta instancia se encuentra vulnerando derechos esenciales garantizados constitucionalmente. En este sentido considero que se ha tergiversado el fundamento del decreto, pues no obra en las presentes actuaciones imputaciones sobre abandono de servicio, sino que la medida adoptada y sobre la cual se encuentra facultada para aplicarla, se encuentra la cesantía en caso de inasistencia injustificada -continua o discontinua- durante más de ocho días en el lapso de un año, en el caso concreto de la actora se encuentran registradas 21 faltas injus-tificadas durante el año. En este sentido, y centrándonos en este tema que son las inasistencias durante el año 2005, de las pruebas arrimadas por la actora no se ha logrado acreditar que la medida adoptada por el demandado haya resultado arbitraria, o bien que se haya apartado abusi-vamente del reglamento que los regula pues no consta en las actuaciones realizadas fundamentos suficientes para atacar las actuaciones adminis-trativas realizadas por la demandada. No siendo suficientes ni convincen-te los elementos y los testimonios aportados a la causa para considerar la ilegitimidad del decreto que ha declarado cesante a la actora por la acu-mulación de inasistencias en el período antes mencionado.

Por lo expuesto no encuentro elementos con-vincentes para hacer lugar a la presente acción, considerando que los fundamentos del decreto no resultan arbitrarios sino que por el contrario se encuentran debidamente sustentados en las constancias administrati-vas incorporadas en la causa y en las prerrogativas que posee la adminis-tración conforme la normativa que las regula. Por lo expuesto soy de la opinión que debe rechazarse la presente Acción Contencioso Administra-tiva promovida por la Srta. Paola Angélica Palombo en todas sus partes, con costas.

Concedida la palabra a los Dres. Humberto Augusto Schiavoni, Manuel Augusto Márquez Palacios y Roberto Rubén Uset, dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.- Concedida la palabra al Dr. Jorge Antonio Rojas, dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. Cristina Irene Leiva.- Concedida la palabra al Dr. Froilán Zarza, dijo:

Si bien en su momento no integré el Cuerpo que resolvió declarar formalmente admisible el proceso contencioso ad-ministrativo planteado en autos, por la Sra. Paola Angélica Palombo, con-forme surge de la Resolución Nº 382-STJ-2007 que data del 24/05/2007 obrante a fs. 50; al encontrarse consentida la intervención del suscripto por las partes, conforme da cuenta la constancia de fs. 237 y de conformi-dad a las normas de integración y/o composición de este Alto Cuerpo -Art. 41 y 45 de la Ley IV Nº 15 DJ-, corresponde expedirme en el tratamiento del llamado a autos para dictar sentencia ordenado a fs. 231 y 235 de au-tos.

Sentado ello, adhiero en todas sus partes al voto de la Sra. Ministro preopinante Dra. Cristina Irene Leiva.- ASÍ VOTO.- Concedida la palabra al Dr. Sergio César Santiago, dijo:

Que adhiere al voto que antecede.- Concedida la palabra a la Dra. Cecilia W. de Guirland (M.S.), dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. Cristina Irene Leiva.- Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 41 Ley IV - Nº 15 - antes Decreto - Ley Nº 1550/82), EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA R E S U E L V E:

I) HACER LUGAR PARCIALMENTE a la de-manda contencioso - administrativa planteada en autos.- II) DECLARAR la Nulidad del Decreto Nº 16/2006 dictado por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas, y en su mérito: a) Restitúyase a la actora a su res-pectivo puesto de trabajo con el mismo cargo y categoría de revista del escalafón pertinente que ostentaba al momento de haber sido declarada cesante, conforme a las pautas fijadas en los considerandos. b) Procéda-se, por quién corresponda a la liquidación y pago de los haberes deven-gados durante todo el período de tiempo que tuvo operatividad el acto administrativo en cuestión (Decreto HCD Nº 16/06) con más intereses ta-sa activa Banco Macro desde la fecha en que la actora fue declarada ce-sante hasta su efectivo pago.

III) RECHAZAR el pedido de indemnización por daño moral por los fundamentos expuestos.- IV) COSTAS a la demandada.- VI) REGISTRESE, cópiese, notifíquese y opor-tunamente archívese.-