marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges, pautas, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: N. N. c/ N. N. s/ Alimentos - Actuaciones para Elevar a la Cámara en Virtud de los Arts. 255 y 256 CPC)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-26

Ha sido reiterativo este Tribunal en afirmar que "...debemos detenernos sobre los elementos de juicio que muestran la necesidad de la alimentada y la capacidad de quien debe aportar alimentos. Es así, pues la obligación alimentaria del marido debe adecuarse a la situación patrimonial de ambos cónyuges, tratando de lograr un equilibrio de recursos y necesidades considerando sus reales obligaciones y demás circunstancias que los rodean." porque "Para que surja la obligación del cónyuge de pasar alimentos o expensas al otro, éste deberá acreditar su necesidad e imposibilidad de procurarlos..., no siendo obstáculo para ello el carácter de provisorios o definitivos que revistan..., aunque a los efectos de fijar aquéllos la prueba debe ser menos exigente", sobre todo ahora, cuando el art. 198 modificado "establece que los esposos se deben mutuamente alimentos, con lo cual desapareció aquello de que el marido estaba obligado a prestar a su mujer todos los recursos que fueran necesarios (art.51 ley 2393) y no se puede insistir en la dogmática expresión tan usada por los tribunales que sobre el marido recae todo el peso del sostenimiento del hogar.

La fijación de alimentos "provisorios" puede establecerse con menos elementos informativos de los que deberán rendirse al momento de fijarlos de manera definitiva, y los extremos que la hacen procedente son: el vínculo matrimonial, la necesidad de la alimentaria y los ingresos del alimentante.

Aunque la obligación alimentaria entre los cónyuges es recíproca, y se consagra la igualdad jurídica de los esposos (art. 198 Código Civil) ello no puede entenderse ni como identidad, ni igualdad fáctica entre éstos.

Es imprescindible, por lo tanto, la consideración de los roles que se cumplen en la realidad de la familia y las aptitudes personales de cada uno. En consecuencia los alimentos provisorios deben fijarse de acuerdo a las posibilidades y circunstancias del caso concreto.
Jueces naturales, orden público
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

La tramitación de la causa conforme las reglas del Código Procesal Penal de la Nación, sustrayéndose del conocimiento de la Cámara de Apelaciones, no vulnera la garantía del juez natural, pues las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia se aplican de inmediato a las causas pendientes, dado que la facultad de cambiar las leyes de forma pertenece a la soberanía y no existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento, máxime si las normas procesales y jurisdiccionales son de orden público.
Accidentes de trabajo, cuerpo médico forense, impugnación de la pericia, apertura a prueba
Materia: LABORAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Dores, Claudio Gustavo  c/ Federación Patronal Seguros S.A.  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-05

La omisión de toda impugnación de la pericia en la instancia anterior, habilita de todos modos a la recurrente ante esta Alzada de atacar la misma. Es que, al no cuestionar la pericia teniendo razones para hacerlo, en todo caso quitará la posibilidad de que el desatento justiciable obtenga por ejemplo, la rectificación de errores que pudo haber cometido el experto, la aclaración de conceptos oscuros o ambiguos, la respuesta a puntos de pericia incontestados y, acaso, la apertura de la prueba en segunda instancia para que se escuche a otro perito. Pero, es incorrecto decir que el dictamen está consentido por las partes por el hecho de no haberse manifestado respecto del mismo en razón de que se puede consentir algún vicio del procedimiento pero no la eficacia de un medio de prueba destinado a formar la convicción del juez (Voto Romero, en adhesión a Ronconi)
Cuestiones de competencia, desechos peligrosos, competencia federal, ley vigente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Geriátrico Buen Ayre, s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-06

Se encuentra vigente el artículo 58 de la ley 24.051, que establece la competencia federal para las acciones penales que deriven de la mencionada ley, a pesar de la sanción 25.612 ya que el decreto 1343 vetó esta ley y esta Cámara considera que el sentido fue dejar vigente el ordenamiento penal contemplado en la ley 24.051. (Voto de los Dres. Riggi, Ledesma, Tragant).
Despido, comunicación del despido, despido verbal
Materia: LABORAL
Carátula: HECTOR RUBEN CASTRO c/ SALTA REFRESCOS Y JUJUY REFRESCOS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD REFRESCOS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-02-28

Cuando el despido es verbal, es suficiente que el trabajador haga efectivo el apercibimiento o sea se dé por despedido, comunicándolo en forma fehaciente al empleador, y por lo tanto la causa del distracto debe reputarse como la voluntad concurrente de las partes.
Caducidad de instancia, recurso de apelación (procesal), presentación extemporánea, purga de la caducidad, confirmación del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Soto, Margarita Andrade de c/ Matilde Vega de Vega s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-04-13

La demandada apelante pidió la declaración de caducidad del recurso interpuesto por su adversaria por entender que se había cumplido el plazo previsto por el art. 310 inc. 2 del CPC y que el efecto de ese transcurso de tiempo sumado a la inactividad del interesado sólo se puede subsanar si su parte consiente la actividad procesal del demandado, lo que no ocurrió por la denuncia de caducidad planteada.

La convalidación de la caducidad opera al transcurrir los cinco días necesarios para que quede firme la actuación extemporánea o purgada la nulidad por no haber deducido en tiempo la cuestión pertinente.

Este concepto debe ser interpretado junto con el contenido en el art. 316 del CPC, en cuanto posibilita la declaración de oficio de la caducidad, de modo que la procedencia de la declaración judicial que extingue la instancia exige dos recaudos: a) que haya vencido el plazo legal ordenado en el art. 310 del CPC y b) que no se haya producido la convalidación de la caducidad por actividad idónea de los sujetos procesales después de transcurrido el plazo.

En autos no se discute el hecho de que el plazo señalado por el art.310 inc. 2 ha vencido largamente sin que la parte que apeló la resolución dictada haya realizado alguna actividad procesal. Lo que está en cuestión es la actividad desplegada por la apelante una vez excedido aquel término, actividad respecto de la cual el demandado se ha opuesto mediante el pedido de caducidad, que fue deducido en tiempo y forma. Es decir que el demandado no ha convalidado los actos procesales que su contraria ha realizado fuera de los seis meses otorgados por la norma.

Por ello, corresponde declarar la caducidad de la instancia en el trámite del recurso de apelación que fuera articulado por la demandada impugnando la Sentencia Interlocutoria dictada y, en consecuencia, tener por desierto el mismo.
Administración Pública, facultades discrecionales, personal municipal, estabilidad laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Piaggio de Valero, María Elena c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-07

La finalidad perseguida por el art. 9x de la ordenanza 33.640, que establecía que los agentes municipales tenían estabilidad en el grupo o categoría de revista alcanzado pero no en el ejercicio de las funciones de conducción que se les asignaran, fue indudablemente la de otorgar amplias facultades a la Administración para reestructurar y renovar sus cuadros directivos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia que, como regla, no son revisables en sede judicial.
Inadmisibilidad del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, impugnación del acto administrativo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Savoca Truzzo Alberto contra Gcba sobre Impugnación Actos Administrativos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

Corresponde declarar inadmisible el recurso de reposición interpuesto por el GCBA en tanto las resoluciones que adopta el Tribunal con los votos suficientes requeridos por el art. 26 de la ley N° 7 no son susceptibles -por regla- de reconsideración, reposición o revocatoria, sobre todo ante la inexistencia en la ley N° 402 de algún recurso contra sus decisiones (conforme se decidió in re "IOMA s/ queja por recurso de apelación ord. denegado y queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Instituto de Obra Médico Asistencial s/ ejecución fiscal", expte. N° 15353, sentencia del 8/09/2021, entre muchos otros). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi, al que adhiere la jueza Marcela De Langhe. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Sentencia, juicio ejecutivo, cuestiones prejudiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOCOCO, JOSE c/ CABO, ROBERTO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-30

La hipótesis de contradicción que da lugar a la previsión legal del código civil:1101 no se presenta frente a casos en los que la sentencia que recaiga en la acción civil sólo tenga un limitado alcance en orden al establecimiento del derecho de las partes: tal el caso del juicio ejecutivo cuya sentencia hará cosa juzgada formal siendo susceptible de reverse con los alcances previstos por el cpr:553 en proceso ordinario posterior. Por todo lo cual, no resulta de aplicación el principio de perjudicialidad establecido en la referida norma.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, agentes diplomáticos, estafa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Balaguer,  Luis Armando; Balaguer, Ernesto Horacio; Balaguer, Alberto Dalmiro s/ Estafa,querellados por M. de Lourdes Brito Azevedo Cunlia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-02

Es de la jurisdicción originaria de la Corte la causa por estafa iniciada por querella de la cónyuge del Primer Secretario de la Embajada de Portugal.

A0016693
Caducidad de instancia, segunda instancia, patrocinio letrado, renuncia del patrocinante, falta de notificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: AVE SRL c/ PENTA SALUD SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

Aún cuando desde que el expediente se encontraba en condiciones de remitirse a la alzada hasta el acuse de caducidad haya transcurrido el plazo del C.P.C.C. Art. 310-2°, sin embargo, procede rechazar la misma cuando, -como en el caso-, se verifica que en el mismo escrito en que se dedujo la apelación el letrado del defendido renunció y, por su parte, nunca fue cumplida la pertinente notificación, ni tampoco pudo hacerse efectivo el apercibimiento dispuesto por el tribunal, consistente en que pudiera continuarse el juicio en rebeldía con la consecuente desvinculación del letrado renunciante. En tal sentido cabe precisar, que la inactividad del letrado no debe perjudicar a las partes.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Cambiaso Péres de Nealón, Celia María Ana y otros c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Médicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-28

El contrato y la propiedad tienen protección constitucional en el derecho argentino y toda limitación que se disponga es de interpretación restrictiva. Esta tutela comprende tanto la libertad de contratar, que es un aspecto de la autonomía personal a la que todo ciudadano tiene derecho (art. 19 Constitución Nacional), como la de configurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer una industria lícita (art. 14 Constitución Nacional) y de la libertad económica dentro de las relaciones de competencia (Disidencia del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Régimen jubilatorio, docentes, transferencia de servicios educativos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Albelo, Blanca Ignacia c/ A.N.Se.S. s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-11

La vigencia del régimen previsional especial para el personal docente de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario, resulta al presente indiscutible hasta para el propio P.E.N. que, "teniendo en cuenta las distintas modificaciones estructurales producidas en el sistema nacional de previsión, la transferencia de los servicios educativos nacionales a ámbitos provinciales y de algunos regímenes previsionales provinciales a la Nación", consideró necesario proceder al "dictado de las normas que fuere menester para su aplicación efectiva". Lo antes referido corresponde a los vistos del Dec. 137/05 y adquiere su real dimensión si se tiene presente la aludida transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias dispuesta por la ley 24.049.
Acción de amparo, transporte de pasajeros, licencia de conducir, transporte de niños, antecedentes penales, facultades de la administración, vicios del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ortega, Mario Alberto c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-11

En el caso, el actor interpuso acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección General de Educación Vial y Licencias, que denegó al amparista la solicitud de renovación de licencia de conductor profesional clase D 2. Tal rechazo tuvo por sustento la existencia de antecedentes penales en cabeza del amparista. El Decreto Nro. 779/95 reglamentario de la Ley de Tránsito Nro. 24.449, en punto al otorgamiento de licencias clase D para conductores profesionales establece (art. 20) que: inciso 5 "debe denegarse la habilitación de clase D para servicio de transportes escolares o niños cuando el solicitante tenga antecedentes penales relacionados con delitos con automotores, en circulación, contra la honestidad, la libertad o la integridad de las personas, o que a criterio de la autoridad concedente pudiera resultar peligroso para la integridad física de los menores"; y el inciso 6: "para las restantes subclases de la clase D la autoridad jurisdiccional establecerá los antecedentes que imposibiliten la obtención de la habilitación, excepto cuando el servicio de rehabilitación oficial garantice la recuperación y readaptación del solicitante".

La potestad reglamentaria que el Decreto Nro. 779/95 concede al ámbito local requiere la expresa determinación de los supuestos inhabilitantes por parte de éste último, sin los cuales la evaluación contingente de cada caso individual sin sujeción a pautas definitivamente regladas, configura una decisión arbitraria e ilegítima por parte de la administración. Estas consideraciones vician el acto cuestionado, puesto que, aunque la Administración haya observado debidamente el procedimiento que hace a su dictado, parte de una errónea interpretación normativa, extrayendo del Decreto Nro. 779/95 una potestad que éste no le confiere, en ausencia de una reglamentación expresamente estipulada. Estos argumentos resultan suficientes para confirmar el fallo apelado, debiendo destacarse que los antecedentes de este Tribunal que resolvieran en el mismo sentido (Expte. Nro. 8868/2000 -Autos: Ermini, Enrique Bernardino c/G.C.B.A. s/Amparo art. 14 CCABA- Sala II. Del voto de los Dres. Nélida M. Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A. Russo, febrero 23 de 2001. Sentencia Nro. 106; Expte. Nro. 638/2001 -Autos Rodríguez, Eduardo Alejandro c/G.C.B.A. (Dirección General de Educación Vial y Licencias) s/Amparo art. 14 CCABA- Sala II. Del voto de los Dres. Nélida M. Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A. Russo, abril 23 de 2001. Sentencia Nro. 373.), se suman a los resuelto por el fuero local en lo Contravencional y de Faltas que, con anterioridad a la integración del contencioso administrativo y tributario, desestimara igualmente el actuar de la Administración en causas similares.
Individualización de la pena, apreciación del juez, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Solari Fabricio, Gastón y otra c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-24

El cuestionamiento de ambas defensas a la individualización de la pena revela una mera disconformidad con la valoración efectuada por el "a quo", sin haber logrado demostrar ante esta instancia la arbitrariedad alegada, toda vez que los magistrados de grado desarrollaron un correcto análisis de las circunstancias objetivas y subjetivas aumentativas de reproche que se verifican en el "sub examine", a tenor de lo normado en los arts. 40 y 41 del C.P.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, nulidad procesal, obligaciones de las partes, rechazo in límine
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MEJUTO MEDRANO EDUARDO c/ GCBA s/ REVISION CESANTIAS O EXONERACIONES DE EMP. PUBL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

La nulidad sólo resulta procedente cuando el acto carece de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, pero no cuando, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinado (doctr. art. 152, segundo y tercer párrafos, CCAyT).

Por otra parte, quien promueve el incidente tiene la carga de expresar el perjuicio que ha sufrido como consecuencia del vicio procesal que invoca, y que configura su interés en obtener la declaración, mencionando, en su caso, las defensas que no pudo oponer (art. 155, CCAyT). El incumplimiento de estos recaudos determina la improcedencia manifiesta de la nulidad, a punto tal que cabe rechazarla in limine (art. 156, CCAyT;).
Beneficios previsionales, jubilaciones, aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SALINAS, ARGENTINO c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR RETIRO VOLUNTARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-10

Es un principio indiscutible que el derecho a la jubilación se rige por la ley vigente a la fecha de cesación de servicios (cfr.

C.S.J.N., sent. del 23.10.92, "Guinot de Pereyra, Blanca") y ni el legislador ni el juez pueden, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, ya que el principio de la no retroactividad deja de ser una simple norma legal para confundirse con el principio constitucional de la inviolabilidad de la propiedad (C.S.J.N., sent. del 24.03.94, "Jawetz, Alberto"), máxime si se tiene en cuenta que de la lectura del art. 43, párrafo 3ro. de la ley 18.037, que dispone "se otorgará al afiliado el beneficio jubilatorio..." surge la consolidación de un derecho cuya efectivización se llevará a cabo una vez cumplida una condición. Vale decir, cuando el solicitante del beneficio ha cesado en el servicio bajo la vigencia de una ley con el objeto de acogerse a la jubilación que ella prevé, la ley de aplicación no es otra que la que se hallaba en vigor cuando dejó la actividad, sin que una posterior pueda tener alcance retroactivo. Sostener lo contrario conlleva a una inseguridad jurídica contraria a principios basales del derecho y jurisprudencia que en materia de Seguridad Social resultaron y resultan indiscutibles.
Juicio de apremio, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Capitán Sarmiento c/ Zangari de Oliva Emma s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

No negada la existencia de la deuda en cuanto se pretende compensarla con un crédito que se invoca contra la Municipalidad, la excepción de inhabilidad opuesta deviene manifiestamente improcedente.
Nulidad procesal, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: MEDAWAR Salma y Otros c/ Storniolo Francisco José s/ Reivindicación - Ordinario - Actuaciones para Elevar a la Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-11-22

A la luz del criterio que sostiene la relatividad de las nulidades procesales que, aún cuando existe una norma de procedimiento que fija claramente el plazo por el cual el tercero citado debe comparecer al proceso, aún cuando no haya ocurrido así toda vez que el Sr. Juez a-quo fijó uno menor, ello no ha violentado en modo alguno el debido ejercicio del derecho de defensa en juicio puesto que se le ha notificado en debida forma la resolución correspondiente, cumpliendo así la finalidad a la que estaba destinada la comunicación, y el interesado -tercero- tampoco cuestionó la decisión alegando cuestión alguna al respecto.

El razonamiento expuesto tiene sustento en lo dispuesto por los arts. 171, 172 y cc del C.P.C.

El vicio emergente de la inobservancia de los requisitos legales, no determina, por su sola confirmación la nulidad a que se refiere la norma, pues ello contraría el principio general conceptualizado por el art. 175 del C.P.C., en cuya virtud no es admisible la nulidad, si el acto no obstante su irregularidad ha logrado la finalidad a que estaba destinado.
Seguros, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fillol, Rolo c/ Nortecom S.R.L. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-05

Exonerar al asegurador de soportar las consecuencias del fenómeno inflacionario reduciendo su obligación al pago de la suma establecida en la póliza, cuando se condena al asegurado a pagar la indemnización contemplando la corrección por la depreciación monetaria operada, implica virtualmente dejar incumplida la garantía de indemnidad que a éste último asegura el art.109 ley 17418.
Marcas, medicamentos, marcas confundibles
Materia: CIVIL
Carátula: N.V.  ORGANON c/ LABORATORIOS ELEA SACIF Y A s/ CESE DE OPOSICIONAL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-18

La disimilitud ideológica o conceptual reviste un papel preponderante (confr. causa 1860/98 del 30.4.2001, entre muchas otras), mas ello es así cuando el contenido conceptual es conocido y tiene una cierta difusión, pues de lo contrario carecerá de relevancia (véase causas 2450 del 10. 7.73 y 6757/98 del 5.5.2005; asimismo, J. OTAMENDI, "Derecho de Marcas", 2a ed., pág. 217). Pretender que, la palabra "SECRET" posee una proyección ideológica suficientemente conocida y con fuerza singularizante idónea para borrar o enervar los elementos de semejanza que pudieran ser encontrados en los terrenos gráfico y fonético, no parece pertinente. Dicha voz (SECRET), así como la que conforma el signo pretendido (SYCREST) deben ser consideradas, para el gran público, como vocablos de fantasía, mudos al intelecto humano.
Impuesto sobre los ingresos brutos, cuenta corriente bancaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: WILLINER, RODOLFO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 204-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-13

Corresponde aplicar el impuesto sobre los ingresos brutos sobre el convenio de cuenta corriente establecida entre un socio director y la empresa que dirige, aunque esta operación sea accesoria de la principal que realiza como socio director de la aludida sociedad.