Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14


SENT Nro. 759 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 14 de OCTUBRE de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación deducido por la defensa de la imputada en contra de la sentencia dictada por la Sala IIa. de la Excma. Cámara Penal, del 22/4/2003 obrante a fs. 584/590, cuya lectura de fundamento tuvo lugar el 7/5/2003 (cfr. fs. 591), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 30/5/2003 (cfr. fs. 597). En esta sede, la defensa técnica de la imputada presenta memoria casatoria (fs. 604/608), mientras el señor Ministro Fiscal a fs. 610/612 manifiesta que la sentencia debería ser casada. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 592/596 por la defensa de la imputada Roxana del Valle Juárez, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara Penal, Sala IIa. del 22/4/2003, cuya lectura de fundamentos tuvo lugar el 07/5/2003.

Invoca errónea aplicación del derecho sustantivo, por omisión en aplicar la normativa contenida en los arts. 34, inc. 6º, 35 y 79 del Cód. Penal. Cuestiona el encuadramiento de la conducta atribuida a su asistida, en alegada violación a las reglas de la sana crítica racional; lo cual determinaría la nulidad del pronunciamiento, de acuerdo a lo previsto por el art. 413, inc. 4º, segundo párrafo del CPP. Según afirma, lo obrado por Juárez encuadra en la figura del homicidio en legítima defensa, o en su defecto, homicidio con exceso en los límites de la legítima defensa propia. A su entender, las constancias de autos no muestran elementos que permitan aplicar la figura del homicidio simple, toda vez que su defendida no tuvo intención de matar, y ello debe surgir de circunstancias que pongan de manifiesto que la idea homicida se presentó claramente en el espíritu del reo. Asume que tal conducta pudo ser temeraria, pero no hubo animus occidendi; destacando que el Tribunal a quo tuvo por acreditada la pelea entre Juárez y la víctima, en base a testimonios y a las lesiones sufridas por la imputada, verificadas por el médico de policía.

Pone de relieve que diversos testimonios fueron coincidentes con la versión expuesta por la acusada, en cuanto a las continuas amenazas por parte de la víctima, quien le habría manifestado que "algo grave le pasaría al otro día" (refiriéndose al día del hecho). En su interpretación, tales elementos resultan demostrativos de que Juárez fue agredida físicamente y en forma ilegítima por aquélla, agravado por el uso de un arma de fuego operativa, que extrajo de sus ropas. Al respecto, la Sala a quo dejó establecido que en el marco de una lucha, aparece un revólver calibre 22 marca Pasper probablemente portado por Heredia.

Continúa manifestando que las conclusiones de los jueces de mérito demuestran la procedencia de su agravio; en tanto señalaron que estaba creada "la necesidad de defenderse, que tuvo su éxito cuando de alguna manera Juárez logra arrebatar y quedar en posesión del arma de su atacante". Cita jurisprudencia que avalaría su posición; relativa a que la posibilidad de fuga no quita a la reacción el carácter de legítima, ante el estado de necesidad creado por el agresor. Concluye que estos elementos de juicio, sumados al resultado positivo del test guante de parafina en la víctima -que el Tribunal a quo no valoró-, crean un cuadro probatorio idóneo que determina la situación justificante contemplada en el art. 34 del CP, en relación a un hecho en el cual su defendida se vio envuelta sorpresivamente. Reclama en definitiva se cambie la calificación legal, por homicidio en la legítima defensa o en exceso de la legítima defensa propia.

La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 30/5/2003 (fs. 597); y en esta sede, la defensa presentó la memoria que autoriza la ley adjetiva. A fs.610/612 corre agregado dictamen del señor Ministro Fiscal, quien se expide por la procedencia del recurso interpuesto.

2.- El pronunciamiento de mérito dejó establecidos los siguientes hechos:

a) Que el día 14 de junio de 2000, en horas de la mañana, Silvia Beatriz Heredia, cumpliendo un propósito prefijado y frustrado el día anterior por no haber encontrado a Roxana del Valle Juárez en su lugar de trabajo, aguardó el paso de ésta entre las 08.30 y 09.00 hs. Luego de reclamarle por sus relaciones amorosas con Fernando Marcelo Carrizo -esposo de Heredia-, en el acceso al edificio de departamentos de calle Muñecas Nº 502 ocurre una lucha entre ambas, en la que aparece un revólver calibre 22 largo marca "Pasper" probablemente portado por Heredia, arma que en determinado momento queda en posesión de Juárez. Continuando el forcejeo, se producen dos disparos, de los que, a muy corta distancia, uno roza el costado izquierdo -tórax- de Heredia; y otro inmediato que da en el pecho, provocando lesiones a órganos vitales: corazón y pulmón izquierdo, que le llevan a la muerte..." (cfr. fs. 585 vta.).

b) Que conforme al informe médico forense de fs. 73/75, la muerte de la víctima se produjo por el disparo del arma, a corta distancia.

c) Que de acuerdo a los relatos coincidentes de las personas más allegadas a ambas partes, existía un serio conflicto entre Juárez y Heredia, con acusaciones y mutuas amenazas; llegando en una oportunidad a agresiones en las que resultara lastimada Juárez. Tal conflicto perduró en el tiempo, a partir de las relaciones extramatrimoniales entre Juárez y Fernando Marcelo Carrizo, esposo de Heredia.

d) Que los disparos fueron realizados por la imputada, habida cuenta del resultado sobre residuos de pólvora en mano derecha (fs. 89). Destacó que se trata de un revólver cuyo mecanismo sólo permite disparos si se acciona el disparador, o sea apretando el gatillo con presión; lo cual torna indiferente que existiera un forcejeo con la víctima, y aún que se tratare de un arma "celosa".

Establecida la base fáctica, la Sala a quo procedió a examinar la calificación legal del hecho, y la concurrencia o no de antijuridicidad en la conducta, en miras a su adecuación con los supuestos de los arts. 34, inc. 6º y eventualmente el art. 35 u otra figura del Cód. Penal.

Tuvo por demostrado que Heredia ya había anunciado en dos oportunidades anteriores, que actuaría de alguna manera contra Juárez; y cumplió su propósito el día del hecho al interceptarla en la vía pública. Que se haya dado o no un altercado previo, hubo un forcejeo o contacto físico entre ambas en la puerta del edificio, a raíz del que se sacó a relucir un revólver. A criterio de la sentenciante, "aun cuando se dudara quién lo hizo, la versión de la imputada no resulta desvirtuada por elemento alguno, sobre todo teniendo en cuenta el concurso de aquel propósito ya anunciado de Heredia. Luego no es admisible colocar tal duda en su contra (art. 406 CPP)". Con este razonamiento, estimó creada la situación de necesidad de defenderse, que "tuvo su éxito cuando de alguna manera Juárez logra arrebatar y quedar en posesión del arma de su atacante".

Mas, según se afirma en la sentencia, desde ese momento necesariamente se invierten los roles, puesto que la que fue inicialmente atacante es quien se ve en peligro, en pugna por evitar consecuencias. No puede pensarse que Juárez suponía que continuaba siendo agredida; y aun cuando fuera así, ya no existía peligro en su contra" (cfr. fs. 588). Añadió que en estas circunstancias, ya no existía en Juárez "animus defendendi" sino de ataque, "básicamente porque entró en posesión del instrumento vulnerante -arma de fuego- y no obstante reconocer la actitud de Heredia de forcejear con ella por dicha arma, efectúa dos disparos". A su entender, "no es menor el dato reconocido por Juárez -como afirma la Sra. Fiscal de Cámara- que luego de un primer disparo Heredia, herida superficialmente siguió la disputa por el arma, no obstante, hizo un segundo disparo que fue letal. Certidumbre ésta en la que ubica la trayectoria del proyectil, que atraviesa el corazón y rompe un pulmón, produciéndose una hemorragia masiva con el inmediato resultado de muerte".

En base a estas consideraciones, los jueces de mérito concluyeron que en el caso fue sobrepasado el límite entre la defensa y el "animus" de venganza, y que este último es el que aparece manifiesto, porque no era necesario responder como se hizo. Puntualizaron que la situación de peligro "ya había sido superada, sino totalmente, al menos en gran medida"; luego el oponente quería asegurar un resultado dando un golpe innecesario". Que entonces cesa el beneficio de la exclusión de la antijuridicidad de la conducta, en atención al fin que la misma se ha propuesto, por lo que resulta autora responsable del delito de homicidio (cfr. fs. 588 vta.).

Además de la causa de justificación contemplada en el art. 34, inc. 6º del Cód. Penal, la Cámara excluyó el supuesto del art. 35, porque según lo considerado, ya no existía agresión ilegítima, y el riesgo había desaparecido. Sostuvo en tal sentido que Juárez era plenamente consciente de haber tomado posesión del arma, y disparó en dos oportunidades; lo cual impediría igualmente considerar un exceso en la defensa putativa, donde el sujeto cree encontrarse ante una situación de peligro. Por último, negó la hipótesis de homicidio emocional (art. 80, inc. 1º a CP) 3.- La cuestión planteada por la defensa remite a establecer si, de acuerdo a la plataforma fáctica establecida en la instancia de mérito, la Cámara interpretó y aplicó correctamente la normativa contenida en el art. 34 inc. 6° del Cód. Penal, o en su art. 35. Si bien constituye cuestión de hecho determinar en cada caso la concurrencia de los requisitos que configuran la legítima defensa y su exceso, en la instancia casatoria es procedente reexaminar la calificación legal adoptada, conforme a los hechos definitivamente fijados.

Tiene dicho esta Corte Suprema de Justicia que la legítima defensa propia o de sus derechos, como causal de justificación prevista en el art. 34 inc. 6° Cód. Penal, autoriza a defender bienes propios atacando bienes jurídicos de quien trata de agraviar aquéllos. Se trata de una acción de repulsa autorizada, cuyos requisitos son: a) agresión ilegítima; b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

La agresión ilegítima supone, en primer lugar, un ataque en curso o inminente contra un bien jurídico, que no esté autorizado o justificado por el derecho. El ataque constitutivo de la agresión ilegítima no tiene que haber sido provocado por el agente que se defiende, mediante un acto de suficiente idoneidad como para motivarlo. Según emerge del pronunciamiento en recurso, en el sublite se encuentra plenamente cumplido este primer recaudo: está fuera de toda duda que la imputada sufrió una agresión ilegítima, que determinó su necesidad de defenderse.

Cabe advertir que la desestimación de la justificante contemplada en el citado art. 34, inc. 6º del Cód. Penal ha sido suficientemente fundada en la instancia de mérito; sin que la defensa logre evidenciar -de acuerdo a los hechos de la causa-, que la conducta de su asistida encuadre en esta hipótesis absolutoria, en las concretas circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se sucedieron los acontecimientos.

Distinto sucede en lo atinente al exceso en la legítima defensa, también invocado en autos. Se verifica que los hechos probados de la causa, descriptos en la sentencia impugnada, revelan un error de razonamiento en la calificación legal adoptada, incurriendo de este modo en violación de la ley sustantiva. Los fundamentos que determinaron la exclusión de un exceso en la legítima defensa resultan autocontradictorios, y muestran un quiebre en el razonamiento sentencial, que condujo a una errada selección de la norma aplicable al caso.

Sustancialmente, el rechazo de la justificante obedeció a que dicha agresión habría cesado, desde que Juárez logró apoderarse del arma en cuestión, con lo que desaparece el riesgo inicial que justificaba una actitud defensiva; para concluir que realizó el disparo fatal con ánimo de venganza.

3.1.- A los fines de determinar si ha mediado exceso en la defensa, para evaluar la conducta de la acusada, la racionalidad del medio empleado y la intensidad de la defensa, es necesario tener en cuenta el punto de vista de quienes han vivenciado el evento, en la situación particular de cada caso, y de acuerdo a las circunstancias que lo rodearon. Será decisivo establecer el aspecto subjetivo en la conducta de quien pretende defenderse, y a tal efecto resulta determinante el contexto fáctico en el que se produjo el suceso. Ello en tanto, desde el punto de vista subjetivo, la hipótesis del art. 35, Cód. Penal, requiere la finalidad defensiva o "ánimo de legítima defensa"; cuya inexistencia o abandono durante las secuencias del hecho, por una inspiración de otro orden, impiden la procedencia de la justificación.

Uno de los requisitos del art. 35 del Cód. Penal es que el agente inicialmente actúe en legítima defensa, pero que se exceda en su actuación, sin otro propósito que el de defenderse. Para aplicar el art. 35 es imprescindible que exista legítima defensa inicial, como presupuesto; pues la figura prevé una intensificación innecesaria de una actitud inicialmente justificada. Siempre existe una licitud inicial en la actuación del sujeto activo, quien termina sobrepasando los límites impuestos por la necesidad y obrando de un modo ilícito. Preexistiendo una situación objetiva de justificación (agresión ilegítima, situación de necesidad, deber legal de obrar, derecho en ejercicio), se obra luego en exceso, exorbitando el sujeto los límites de la acción.

Para la tipificación del exceso, la acción debe inscribirse dentro de un cuadro objetivo que excluya la ilicitud penal: necesidad de resolver una situación de peligro real o inminente para su persona o para sus derechos (art. 34, inc. 6°, Cód. Penal), y en cuya respuesta el autor excede el marco razonable impuesto por aquella necesidad. Tal exceso se configura cuando el sujeto emplea medios que superan los que hubiesen sido necesarios para cumplir con la finalidad justificante propuesta. Para valorar la acción de quien se defiende, el juez debe colocarse en la situación del que razonablemente considera amenazada su vida; dado que no puede exigirse al agredido una apreciación exacta y precisa de la situación que corre, sino lo que con justa razón pueda temer del agresor, en virtud de los antecedentes que hagan a su necesidad de defensa.

Se configura el delito de homicidio simple con exceso en la legítima defensa, si la acusada comenzó defendiéndose legítimamente al haber sido atacada por la víctima, mas incurrió en un evidente exceso al brindar una respuesta armada, con el mismo revólver arrebatado a su agresora, al extremo de provocarle la muerte. Tal es la situación que emerge claramente de la base fáctica establecida en autos; de la cual resulta que la acción desplegada por Juárez fue inicialmente legítima, en un clima de violencia y agresión; excediéndose en el modo de emplear el arma homicida.

3.2.- La Sala a quo hizo hincapié en que el peligro debe ser actual. Consideró decisivo que Juárez lograra arrebatar el arma esgrimida por Heredia; dado que si bien comenzó a actuar frente a al existencia de peligro, continuó su acción "cuando el riesgo ya cesaba"; con lo que cesaría el beneficio de la exclusión de la antijuridicidad de su conducta. Esta conclusión se vería corroborada por el resultado de los dos disparos efectuados.

En este aspecto, los argumentos de la sentencia se presentan autocontradictorios, toda vez que se efectúa una valoración de la actualidad del peligro que la imputada pretendió conjurar, que no se compadece con los criterios que la propia sentenciante anunció como relevantes. En efecto, en la sentencia se afirmó que la agresión ilegítima existió, pero que la misma habría cesado definitivamente por el hecho de lograr tomar posesión del arma de fuego; con lo cual la defensa habría tenido ya éxito. A partir de esta premisa, concluye que no cabe admitir en Juárez, la suposición de que continuaba siendo agredida; y que aun cuando fuera así, "ya no existía peligro en su contra".

Esta conclusión resulta contraria a las reglas de la lógica y de la sana crítica racional, toda vez que las circunstancias descriptas en la propia sentencia impiden sustentarla. En el marco de una lucha donde ambas protagonistas pugnaban por tomar el arma -inicialmente en poder de la agresora, según se admite en el pronunciamiento-, lo razonable es admitir que la imputada pudo considerar que su vida corría aún peligro, si la agresora recuperaba la posesión de aquélla. En tal sentido, cobra relevancia el resultado del test guante de parafina alegado por la defensa, que también da positivo en la mano derecha de la víctima (cfr. fs. 87).

Las particularidades que el propio Tribunal ha destacado, fueron soslayadas al definir el encuadre legal de la conducta atribuida a la acusada. Así, quedó definitivamente establecida la agresión ilegítima de la víctima, considerando verosímil que era esta última quien portaba el arma homicida; que existieron previas amenazas y aún lesiones provocadas por Heredia a Juárez, y que los disparos se produjeron en el marco de un enfrentamiento físico entre ambas De acuerdo a la descripción del suceso expuesta en el pronunciamiento, no se puede compartir lo considerado en la sentencia, en cuanto al cese definitivo de la situación de necesidad, con el consiguiente dominio de la situación por parte de Juárez. Desde este punto de vista, no es posible afirmar fundadamente que la imputada continuó su acción cuando el riesgo ya concluía, pues la misma sentenciante ha aceptado la posibilidad de que para Juárez la agresión persistiera; en tanto admite que la situación de peligro "ya había sido superada, sino totalmente, al menos en gran medida". Previamente, señaló que "luego del primer disparo Heredia, herida superficialmente siguió la disputa por el arma" (cfr. fs. 588 vta.). En estas condiciones, la conclusión de que el peligro había cesado por completo, y que por ende la acusada actuó con ánimo de venganza, no se compadece con los hechos previamente fijados. Por lo contrario, no puede tenerse por indubitado que conocía o podía apreciar si Heredia cesaba en su ataque, o intentaría recuperar el revólver que portaba cuando fue al encuentro de Juárez.

3.3.- La conclusión de que la acusada dominó definitivamente a su atacante, o que la víctima abandonó también definitivamente la pugna por el arma, carece de respaldo en los hechos establecidos en la instancia de mérito; si se considera la inmediatez de los acontecimientos, en un contexto de enfrentamiento físico que la misma sentencia describe. Por ende, tampoco es dable sostener, con el necesario grado de certeza, que la imputada actuó con dolo homicida, al cesar en su defensa para obrar con ánimo de venganza. De acuerdo a lo considerado, lo primero supone establecer con inequívoca certeza que la agresión había cesado, y que ello pudo ser valorado por la acusada; lo cual no emerge de la base fáctica establecida en autos.

No enervan esta conclusión las características del disparo mortal, señaladas por la Cámara como determinantes de la exclusión de la legítima defensa o de su exceso. Ello no demuestra, por sí mismo, el cese definitivo de la agresión que condujo a eliminar la aplicación del art. 35, CP; pues en modo alguno resulta de la sentencia que con el primer disparo, de leves consecuencias en Heredia, concluyera el enfrentamiento entre ellas por el arma; o que Juárez lo hubiera percibido así. La conducta de la acusada encuadra en esta normativa, porque el contexto fáctico establecido demuestra que pudo sobreestimar el peligro que corría, y tener por necesario obrar causando en definitiva un excesivo resultado. La acción desplegada, al arrebatar el arma cargada y efectuar dos disparos, se encuadra -en el contexto de las circunstancias establecidas en la sentencia e inconmovibles en casación-, en un exceso en la legítima defensa. Si luego del primero, la agredida efectúa un segundo directamente al cuerpo de la agresora, tal conducta importa un exceso intensivo en la justificación, lo que conduce a la solución prevista por el art. 35 del Cod. Penal, porque la aut ora obró dentro de una situación de defensa necesaria; pero durante el último tramo siguió utilizando un medio que sobrepasa los límites impuestos por la situación.

Para la adecuada valoración del caso, no puede prescindirse de que Juárez consideró razonablemente amenazada su vida, frente a la situación de peligro real y concreto que atravesaba Mas el uso reiterado del arma contra el cuerpo de aquella, causándole la muerte, conduce a calificar el hecho como homicidio cometido con exceso en la legítima defensa propia (art. 35, Cód. Penal). Contrariamente a lo sostenido por la Sala a quo, su accionar no revela que la voluntad final de defensa había desaparecido, porque según se acepta en el pronunciamiento, la situación no estaba totalmente superada para Juárez, desde que el enfrentamiento por el arma continuaba.

4.- Por lo considerado, se concluye que el caso encuadra en el supuesto previsto por el art. 35 Cód. Penal; correspondiendo calificar el hecho atribuido a Roxana Juárez como homicidio en exceso de la legítima defensa (arts. 79 y 35 del Cód. Penal). En consecuencia, se hace lugar al recurso de casación deducido por la defensa de la imputada, de conformidad a la siguiente doctrina legal: "La magnificación de la situación de peligro por el sujeto agredido, que reacciona de manera desmesurada en el uso de un arma de fuego y provoca la muerte de su atacante, encuadra en el supuesto del art. 35 de la ley sustantiva. Concurriendo las circunstancias fácticas que configuran el exceso en la legítima defensa, de acuerdo a los hechos fijados en la instancia de mérito, corresponde adecuar la pena a la previsión normativa contenida en el art. 35, CP".

Para la mensuración de la pena a aplicar se toman en consideración -a más de la naturaleza y gravedad del hecho-, las pautas apreciadas por la Sala a quo al tratar la segunda cuestión propuesta: falta de antecedentes de la imputada, que la ubican como primaria y "ocasional"; su edad y condiciones personales, expectativas de inserción laboral y familiar; los antecedentes brindados por la Institución que la tuvo a su cargo cautelarmente, y el contexto pasional conflictivo que precedió a los sucesos. En base a los mismos, y a la conclusión a que se arriba en la presente sentencia, se estima justo imponer la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas.

Se deja sin efecto el punto I de la resolutiva, dictando en sustitución: "I.- CONDENAR a Roxana del Valle Juárez, de las condiciones personales que constan en autos, por resultar autora responsable del delito de homicidio en exceso de la legítima defensa propia en perjuicio de Silvia Beatriz Heredia, y en consecuencia aplicar la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas procesales (arts. 35, 79, 40, 41 y cc. del CP).

A las cuestiones propuestas los señores vocales Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa de la imputada Roxana del Valle Juárez, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IIa. del 22/4/2003, cuyos fundamentos fueron leídos en audiencia del 07/5/2003, conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos precedentes. En consecuencia, se revoca el punto Iº de la resolutiva, dictando en sustitución: "I.- CONDENAR a Roxana del Valle Juárez, de las condiciones personales que constan en autos, por resultar autora responsable del delito de homicidio en exceso de la legítima defensa propia en perjuicio de Silvia Beatriz Heredia, y en consecuencia aplicar la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas procesales (arts. 35, 79, 40, 41 y cc. del CP)".

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA