Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03


SINDICO EN AUTOS BID C.L.

Reg.: A y S t 208 p 389-394.

Santa Fe, 3 de agosto del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el apoderado del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA contra la resolución nro. 166 del 23 de octubre de 2003, dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, en autos "SINDICO EN AUTOS BID C.L. -Quiebra- contra B.C.R.A. -Daños y Perjuicios-Responsabilidad de Terceros-Cuerpo de Fotocopias-(Expte. 59/02)" (Expte. C.S.J. nro. 555, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que luego de solicitar la verificación de su crédito el Banco Central de la República Argentina en la quiebra del ex-Banco Integrado Departamental (montos verificados en su totalidad, no así el privilegio especial reclamado) la Sindicatura de la quiebra interpone acción de daños y perjuicios contra aquél con base en el artículo 173 L.C.Q. por la suma de $55.458.000.

Ofrecida pericial contable por la actora, son impugnados por la demandada algunos de los puntos propuestos por aquélla y, posteriormente rechazadas por el Magistrado interviniente que impuso las costas al Banco Central de la República Argentina.

Ello motivó la petición por parte del síndico actuante en la quiebra (C.P.N. Juan A. Venturini) y sus letrados patrocinantes (doctores Eduardo T. Pascual y Juan M. Dobson) de regulación de sus honorarios; los que fueron fijados en las sumas de $798.595,20 para el primero y $532.396,80 para los segundos a distribuir en partes iguales para cada uno.

Contra esa resolución interponen ambas partes revocatoria y apelación en subsidio las que, tramitadas, fueron rechazadas las primeras y concedidos los recursos subsidiariamente interpuestos.

A su turno, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto resolvió modificar el auto alzado estableciendo los honorarios allí regulados al síndico actuante y sus letrados en la suma de $300.000 en conjunto, correspondiendo el 60% al primero y 40% a los dos restantes en partes iguales, sin costas (art. 28 inc. e).

Para llegar a esa conclusión determinó que la acción ejercida por la Sindicatura no podía considerarse como parte de la tarea "normal" del juicio de concurso, sino de una labor extra que excede la tarea sindical por lo que corresponde se regulen honorarios al Síndico y sus letrados; que la cuestión por la que se fijaban honorarios debía enmarcarse como "sub" o "mini incidente"; que la cuantía económica para tener en cuenta como una de las pautas al momento de determinar el honorario incidental era la suma reclamada en la demanda; que dado que la cuestión se tramitó con un mero traslado, la calidad de esa labor y el éxito obtenido, conforme las facultades conferidas por el artículo 1627 del Código Civil, resultaba necesario apartarse del mínimo arancelario y fijar como retribución la suma de $300.000, de la que corresponde el 60% para el síndico y el 40% por mitades para cada uno de los letrados (fs. 90/96).

Contra esta decisión interpone el apoderado del Banco Central de la República Argentina recurso de inconstitucionalidad por reputarla arbitraria y violatoria de garantías de rango constitucional (fs. 104/114).

Señala que el 15 de diciembre de 1994 se sancionó la ley nacional 24432 de honorarios y aranceles profesionales cuyo objetivo principal fue establecer una disminución general de costo de los procesos judiciales, en lo que se refiere a las retribuciones de los profesionales de derecho y demás auxiliares de la justicia, modificando la ley 21839 (arancel nacional) y agregando al artículo 1627 del Código Civil el siguiente párrafo: "Las partes podrán ajustar libremente el precio de los servicios, sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales.

Cuando el precio de los servicios prestados deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de normas locales, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador del servicio, los jueces deberán reducir equitativamente ese precio, por debajo del valor que resultare de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida".

Indica que la norma autoriza a los jueces a apartarse de las disposiciones de las leyes arancelarias en los supuestos de evidente e injustificada desproporción entre la importancia de la labor efectivamente cumplida o realizada y la suma que por aplicación literal del arancel debiera regularse.

Continúa diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado en numerosos precedentes que ya en la ley 21839 aparte del monto del juicio, había un conjunto de pautas generales (naturaleza y complejidad del asunto, resultado obtenido, mérito de la labor, calidad, eficacia y extensión del trabajo, escalas mínimas, etc.) que servían de guía para llegar a una retribución justa y razonable, de modo que la validez constitucional de las regulaciones no dependa exclusivamente de aquél monto o de las escalas respectivas.

Afirma que tanto los letrados como el Juez de baja instancia y la Cámara efectúan una evaluación de lo que consideran debe ser la base regulatoria que se traduce en montos que no se compadecen con tales pautas, por lo que la aplicación de las escalas arancelarias sobre los montos consignados -sin ninguna otra verificación- conduce en cualquier caso a una solución inequitativa e injustamente gravosa.

Imputa al A quo incurrir en manifiesta "inequidad" en tanto la normativa nacional aludida pone un límite a las normas arancelarias locales en busca de la equivalencia entre las prestaciones, el trabajo profesional por un lado y honorario por el otro, y la forma de determinar si existe o no esa equivalencia es analizar si se verifica o no una notable desproporción entre ellas.

Y, sin fijar pauta alguna, ni montos ni porcentajes, deja librada la cuestión al prudente arbitrio judicial, emplazando al juzgador a determinar el honorario, en los casos especiales, con prescindencia de la normativa arancelaria.

Sostiene que lo ideal sería que el Magistrado prescinda por completo de la cuantía de la cuestión de fondo y regule los honorarios observando la labor desplegada por el beneficiario de la regulación; y pese a que el tema de los honorarios profesionales a regularse en juicio está altamente imbuido de la noción de arancel, puede resultar razonable que el Juzgador tenga en cuenta el mínimo arancelario pero no como pauta sino, por ejemplo, al analizar la trascendencia para las partes.

Porque la norma nacional en forma clara manda prescindir por completo de las normas arancelarias locales si su aplicación lleva a una regulación notablemente desproporcionada.

Desde su óptica, el análisis de la sentencia en lo que refiere a considerar la cuestión como "mini-incidente" es correcta, pero lo relativo al monto real del proceso para calcular el arancel según la ley provincial 6767 y después reducirlo ligeramente, no resulta una aplicación de lo ordenado por la ley nacional 24432.

También reprocha a la Cámara incurrir en autocontradicción porque pese a advertir sobre el tenor y complejidad jurídica de la cuestión, la extensión del trabajo (un mero traslado), la calidad de tal labor y el éxito obtenido y, además, conociendo las facultades conferidas por el artículo 1627 del Código Civil, arriba -aunque apartándose de ese mínimo arancelario- a una retribución de $300.000, de manera que parece que aplica la ley 24432 pero en lo sustancial no lo hace.

Insiste en que el Juez debe prescindir por completo de los principios arancelarios locales a la hora de resolver sobre honorarios si éstos llevan a una notable e injustificable desproporción entre la calidad del trabajo profesional y la regulación.

Asegura que no satisface a la norma nacional calcular el monto a regular de conformidad con la ley local y después "bajarlo un poquito" (un 25% en el caso), porque el juzgador debe hacer una regulación fundada en la que prescinda por completo del monto del juicio, hasta llegar a una regulación equitativa respecto de la labor realmente desplegada.

Sostiene que la Cámara hizo una aplicación meramente "formal" de la ley 24432 y no una "material" que lleve a una regulación realista y acorde con la labor desarrollada por sus beneficiarios, lo que viola la supremacía de dicha norma y descalifica la sentencia desde el plano constitucional.

Según su criterio las regulaciones practicadas no guardan la más mínima relación con la labor desarrollada resultando a todas luces desproporcionadas y confiscatorias, por lo que siendo que los Magistrados se ven "obligados" (conforme la norma nacional indicada, en especial el artículo 13) a practicar regulaciones realistas, aquellas que no guarden esa proporción con la efectiva labor realizada resultan arbitrarias.

Cita jurisprudencia según la cual ni el monto del proceso ni las escalas arancelarias constituyen elementos determinantes para la regulación de los honorarios si ello conduce a cifras desorbitantes.

Insiste en que no puede haber dudas respecto a que la desproporción e injusticia de la regulación de baja instancia no se vio purgada con la sentencia de la Cámara a la luz de la suma regulada.

2. Por auto del 2 de diciembre de 2004 la Cámara interviniente denegó la concesión del recurso planteado, lo que motivó la presentación directa de la entidad perdidosa ante esta Sede (fs. 148/158).

3. El agravio de la recurrente consiste, en esencia, en la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado por cuanto a su juicio, se hace una aplicación meramente formal de la ley 24432 con violación de la supremacía de dicha normativa sobre el régimen arancelario local y llegando a una regulación de honorarios que resulta desproporcionada con la labor profesional desplegada.

Cabe señalar, en primer lugar, que las cuestiones relativas a honorarios son, como regla insusceptibles de revisión mediante la vía extraordinaria del recurso de inconstitucionalidad (Cfr. A. y S., T. 67, pág. 461; T. 77, pág. 141; T. 95, pág. 259; T. 95, pág. 353; T. 97, pág. 403, entre otros).

Con relación a ello debe recordarse que, de acuerdo a nutrida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las cuestiones referentes a los honorarios regulados en las instancias ordinarias, a la determinación del interés comprometido en el juicio, y a las bases consideradas a tal fin, así como la interpretación y aplicación de las normas arancelarias, son ajenas al recurso extraordinario en virtud de su carácter fáctico y procesal (Fallos 270:388; 283;22; 304:501; 308:881; 310:566, etc.).

Asimismo, se ha dicho que la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad es particularmente restringida en esta materia, teniendo en cuenta que las normas que rigen las regulaciones conceden amplio margen a la razonable discrecionalidad judicial (Fallos 268:382; 294:459; 308:1837, etc., citados por Guastavino Elías, "Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad", Bs. As., Ed. La Rocca, 1992, Tomo II, pág. 596).

Sin embargo, también se ha establecido que tal principio debe ceder si lo resuelto importa agravio constitucional, cuando media manifiesta arbitrariedad o pueda generar una restricción indebida del derecho de defensa y hacer que de ese modo se frustre el derecho constitucional del interesado (Cfr. A. y S., T. 92, pág. 221; T. 95, pág. 400, entre otros).

Pero, en el "sub examine", del cotejo de la pieza recursiva con la sentencia impugnada surge claro que la pretendida tacha de arbitrariedad invocada por la entidad compareciente, tan sólo traduce su discrepancia, sin entidad constitucional, para con el criterio sostenido por los jueces de la causa en relación a la normativa arancelaria aplicable, siendo, en consecuencia, insusceptible de revisión por esta instancia.

En efecto, la Cámara luego de una detenida y minuciosa ponderación de las especiales circunstancias de la causa bajo examen -y sin desconocer las facultades conferida a los jueces por el artículo 1627 del C.C. de reducir equitativamente el honorario por debajo de los mínimos arancelarios locales en caso de evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y el trabajo realizado- modifica la regulación de honorarios de baja instancia, considerando, en primer lugar, que la cuestión por la que se fijaran los honorarios era una impugnación a puntos propuestos por la actora para la prueba pericial que ofreciera esa misma parte y en el que resultara vencida la entidad apelante (el Banco Central de la República Argentina), con costas a su cargo.

Y estimando -en disidencia con la postura del juez de grado- que debía enmarcarse la cuestión como un "sub" o "mini-incidente" (no un incidente) dentro de una acción de carácter ordinario en el que resultara vencedora la Sindicatura, resultando aplicables los artículos 4, 5, 6, 8, 15, 16 y concordantes de la ley arancelaria provincial. Correspondiendo, en primer lugar, ponderar la importancia económica en el pleito pero siempre atendiendo a un criterio jurídico y no meramente matemático, no pudiendo alcanzar igual grado de retribución de un verdadero incidente para los que la ley 6767 ha dispuesto una escala rígida y uniforme (la del art. 16), consagrando la reducción porcentual de la misma en la proporción del 30%.

Asimismo, entendió el Tribunal a quo (con cita de doctrina) que en relación a la aplicación de la ley 24432 al caso de autos, el nuevo criterio legal no importa facultar a los jueces a prescindir a su arbitrio de la aplicación de los aranceles al momento de fijar el valor de los servicios, sino únicamente cuando su aplicación estricta lleve a una "evidente e injustificada desproporción" entre la magnitud de la labor y la retribución resultante, pues la ley exige que exista desproporción, desequilibrio entre la importancia del servicio y el precio establecido como mínimo.

Debiendo tenerse presente que para ser viable la reducción de los honorarios que surgen de la aplicación de los aranceles respectivos es necesario que la desproporción sea "evidente", es decir, indiscutible, manifiesta, inmediatamente apreciable, notoria; e "injustificada" o sea, sin causa alguna justificante que permita pese a la desproporción de valores, aceptar como equitativo un mínimo establecido por una norma local.

Y, en efecto, continúa diciendo la Cámara, en casos como el de autos en que con la demanda se reclama un monto que (aunque estimado y sujeto a las probanzas o arbitrio judicial es decir no definitivamente determinado) es sumamente alto, corresponde practicar una reducción respecto de la escala mínima del arancel si, ante la magnitud de la suma que debe computarse como monto del juicio, es necesario acordar una solución de razonabilidad y justicia que concilie tal circunstancia con la índole y extensión de la labor realizada (cita de jurisprudencia).

Por lo que, siendo que el 30%, del 30% que establece el artículo 16 para los incidentes sobre el monto de la demanda ($55.458.000), arroja una suma del orden de los $400.000 que sería el mínimo, resultando esa regulación únicamente de los valores económicos en juego (cálculo estrictamente matemático) sin tomarse en consideración las pautas cualitativas de los artículos 4, 5 y 15 de la ley 6767, que no pueden dejarse de lado, tomando en cuenta "...el tenor y la complejidad jurídica de la cuestión; la extensión de los trabajos (la cuestión se tramitó con un mero traslado); la calidad de esa labor y el éxito obtenido, y conforme las facultades conferidas por el art. 1627 del C.C., consideramos necesario apartarnos de ese mínimo arancelario y fijar como retribución la suma de $300.000 que consideramos prudencial y proporcionada al mérito del trabajo, de la que corresponde el 60% para el síndico y el 40% por mitades para cada uno de sus letrados..." (v.f.95/95vto.).

Frente a tal conclusión, la compareciente insiste en oponer su particular apreciación de la causa, sosteniendo la arbitrariedad del decisorio por cuanto a su juicio habría hecho una aplicación meramente formal de la ley 24432 y que la reducción efectuada no habría sido suficiente, interpretando, en consecuencia, que ante la clara e injustificada desproporción existente entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y el "quantum" de la regulación, se hubiera tenido que efectuar una reducción aún mayor de los estipendios, aún sin tomar como pauta los mínimos dispuestos normativamente, criterio que en modo alguno conduce a este Cuerpo a concluir que exista arbitrariedad en el pronunciamiento, tanto más cuando justamente se advierte que -con aplicación de la norma- el Tribunal a quo modificó el auto regulatorio recurrido y redujo los estipendios por debajo de los mínimos arancelarios (en un 25%), lo que demuestra tan solo su disconformidad para con lo resuelto, pretendiendo, en definitiva, una reducción aún mayor de los honorarios a su cargo.

En suma, lo expuesto conduce a concluir que no se advierte en el "sub examine" la existencia de una cuestión constitucional aprehensible que legitime el franqueamiento de la instancia excepcional ante esta Corte: la conclusión a la que, a la sazón, arribó la Cámara no puede descalificarse por inconstitucional.

Por tales razones, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)