marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento laboral, prueba, telegrama, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Zerdán Antonetti, Lizardo Sergio c/ North Cool S.A.; Wicap S.A. y otros s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-09-23

Si bien en el precedente registrado en Tomo 131:1165 ésta Corte sostuvo que las fotocopias simples no alcanzan la categoría de prueba documental y, por consiguiente, no puede exigirse a la demandada el reconocimiento o negativa de su autenticidad, el presente caso difiere sustancialmente de aquél y habilita a adoptar un temperamento diverso. En efecto, la demandada en oportunidad de contestar la demanda reconoció expresamente la validez extrínseca e intrínseca de la CD Nº 944529119 -acompañada en copia simple- mediante la cual el actor la había intimado a pagar la indemnización laboral por despido incausado y a entregar el certificado de remuneraciones y servicios. Incluso reconoció la CD Nº 185994210 -acompañada en original- por la cual había rechazado tales intimaciones. De allí que la posición procesal asumida por la demandada se particularice en el presente caso, al transformar en hechos no controvertidos las intimaciones contenidas en los citados instrumentos. (Del voto en minoria de Dres. Posadas, Catalano, Vittar)
Liquidación de entidades financieras, medida de no innovar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BANCO JUNCAL COOPERATIVO LTDO. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ MEDIDA CAUTELAR - NO INNOVAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-23

De proseguirse el procedimiento de liquidación podrían quedar enervados los efectos del recurso interpuesto en virtud de lo establecido en el art. 32 inc. c) de la ley 22.529; de suerte tal que declarada la quiebra se podría producir una situación no prevista por la ley si este Tribunal hiciera lugar al recurso y se declarara la ilegitimidad o improcedencia del acto administrativo por el que se ordenó la liquidación de la entidad financiera.

Además, de no hacerse lugar a la medida cautelar, quedaría librado a la exclusiva voluntad de la autoridad administrativa que dispuso y realiza la liquidación, posibilitar o impedir la revisión judicial consagrada legalmente, mediante actitudes que importarían convertir en abstracta la cuestión sometida a la resolución judicial.

El Banco Central debe abstenerse de todo trámite que implique iniciar o proseguir actuaciones tendientes a obtener la declaración de la actora, hasta tanto recaiga resolución definitiva en la causa.
Indemnización tarifada, determinación del monto
Materia: LABORAL
Carátula: Calderón, Ezequiel c/ Fisco Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-08-31

La determinación del haber remuneratorio percibido por el trabajador con la finalidad de establecer la base para el cálculo del resarcimiento correspondiente, constituye una típica cuestión de hecho y prueba que, como tal, se encuentra privativamente reservada al tribunal de la causa y detraída del ámbito de la excepcional vía de la casación, salvo el supuesto de absurdo.
Jurisdicción y competencia, defensa de la competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Repsol  YPF  GLP  Envasado en la Ciudad de San Nicolás s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Si bien el art. 53 de la ley 25.156 no especifica el tribunal competente para entender en los recursos intentados contra las resoluciones del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, una interpretación acorde con los principios manifestados en los considerandos del decreto de veto 1019/01 indica que se pretendió mantener la competencia que la derogada ley 22.262 atribuía a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital, lo cual guarda coherencia con el art. 56 de la ley 25.156, norma en la cual había fundado su reclamo el actor y que dispone la aplicación de los Códigos Penal y Procesal Penal de la Nación en cuanto sean compatibles con las disposiciones de la ley. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Mala praxis, consentimiento informado, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: C. S. M. Y OTRO C/ V. M. Y OTROS S/ D. Y P. DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD POR EL EJERCICIO PROFESIONAL (MALA PRAXIS) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-09-20

No estoy de acuerdo con la posición que atribuye al médico la responsabilidad por la totalidad de los daños sufridos por el paciente que no brindó su consentimiento cuando, como en autos, dichos daños no son consecuencia de mala praxis, sino de un riesgo inherente a la práctica llevada a cabo. Ello así porque en nuestro sistema jurídico rige la regla de la causalidad adecuada para determinar la extensión de la reparación (art. 906, Código Civil - vigente al momento de la ocurrencia del hecho dañoso-). (Del voto de la Dra. Patricia CLERICI, en mayoría).
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: TRANSPORTE AUTOMOTORES RIACHUELO  S.A. c/ VILLAFAÑE, SERGIO s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-26

Toda empresa de transporte, sea de personas o de cosas, aunque posea numerosos rodados para el cumplimiento de sus fines y pueda absorver con el resto de sus vehículos los servicios que el temporariamente ausente le debía prestar, siempre experimenta algún perjuicio, no sólo en cierta medida el servicio se resiente, sino también porque el recargo que deben experimentar las restantes unidades, y su consiguiente desgaste, hace que la economía de la explotación quede afectada, por lo que, cabe fijar una suma prudencial que indemnice este perjuicio, destacando que la carencia de prueba en lo que hace tanto al monto de las recaudaciones perdidas, como al de los salarios abonados a los choferes, gravita en contra del accionante, a lo que debe añadirse que existen una serie de erogaciones fijas que no debieron afrontarse al encontrarse el vehículo en reparaciones (por ej.: combustible, lubricantes, etc.).-
Inimputabilidad, ebriedad, comprensión de la criminalidad del acto
Materia: PENAL
Carátula: C., J. s/ Hurtos reiterados (Expte Nº 157-94, Resolución Nº 91, Tomo 2, Folio  463)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-01

El imputado, con una dependencia alcohólica crónica, en el momento de la consumación de los actos ilícitos apoderándose de efectos ajenos actuaba impulsado por el afán de conseguir dinero para con ello obtener bebidas alcohólicas y si bien comprendía la criminalidad de lo que hacía -lo que evidenciaba con el ocultamiento de su conducta- su facultad para dirigir sus acciones en relación al aspecto compulsivo de su adicción alcohólica se encuentra comprometida. Pretender plantear una exigencia de conducta distinta y así formular un reproche por su inobservancia a una persona en tal situación, no es posible. Desde el punto de vista de la pena, a quien actúa bajo semejante condicionamiento, no debe imponérsele una respuesta punitiva para su re encauzamiento social, sino una medida terapéutica (tratamiento médico-psicológico) que le permita superar la dependencia alcohólica.
Muerte del fallido, herederos
Materia: COMERCIAL
Carátula: PERCHIK, SAMUEL s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19

En nuestro régimen legal los herederos suceden al causante en la misma posición jurídica procesal, pero lo cierto es que ello no les atribuye la calidad de fallidos, en todo caso, será la sucesión del causante la que revestirá tal condición, pudiendo también o en su defecto, participar los herederos unificando su representación por la sucesión o personalmente, por su eventual vocación al remanente (ley 24522: 105 y 2-1°). En efecto, la calificación de "ex letrados" cuestionada por los profesionales responde a un hecho objetivo fundado en el cese de la representación del fallido que ejercieron hasta el deceso de aquel (cpr: 53-6°), lo cual no impide que luego intervengan en interés de sus sucesores.
Recurso de casación penal, actor civil
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ROALE, VIANDA LUCIA s/ ACCION CIVIL - PROCESO PENAL - CASACION - ACTOR CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1977-11-28

Si el Código Procesal consagra la regla de la accesoriedad de la acción civil con relación a la penal, regla de carácter relativo, porque reconoce excepciones, y si éstas han sido establecidas atendiendo, en todos los casos de inequívoca interpretación, al legítimo interés del actor civil (C.P.P., arts. 16, 415, 469), la interpretación del dudoso párrafo final del art. 469 en el sentido que consagra otra excepción a aquella regla es razonable y respeta los principios en que se basa el sistema procesal, que no consiente que el actor civil pueda sustituir al órgano público en el ejercicio de la acción penal que le es privativo (C.P.P., art. 5), salvo en el caso de la acción privada (art. 7, exposición de motivos de 1968, p 56, punto 4). (Voto de la Mayoría, Dres. Alvarez y Meehan).
Derechos y garantías constitucionales, ley reglamentaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Schoklender, Sergio Mauricio s/ causa Nx 19.889.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-11

Ningún derecho es absoluto pues todos deben operar según las leyes que reglamentan su ejercicio, atendiendo a su razón de ser teleológica y al interés que protegen.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, reformatio in pejus
Materia: LABORAL
Carátula: Castellino, Delia c/ C.E.O.C.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

La potestad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al límite del agravio invocado, estándole vedado la reformatio in pejus.
Contrato de obra pública, rescisión del contrato, lucro cesante
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ingeniero Miglierini Construcciones y J. Mastrobernardino Construcciones c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 564-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-03

No se advierte violación del derecho de propiedad reconocido por el artículo 15 de la Constitución Provincial y 17 de la Constitución Nacional en la disposición del Pliego de Condiciones Generales que reconoce el lucro cesante en un porcentaje igual al de la obra pública realizada porque la limitación que emerge de tal criterio es tan sólo una gradación que no altera la sustancia del derecho, criterio que descansa en un reconocimiento de distintas situaciones de hecho y que busca conjugar el respeto al derecho del particular con el interés público implicado en toda contratación estatal, contemplando -por lo demás- la circunstancia de que, en definitiva, la obra no se hizo, ni, por ende, se corrieron los riesgos inherentes a su construcción.
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aizpuru, Rodolfo Gilberto c/ Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-07-04

El art. 37 de la ley 5708 cuando consigna que "la indemnización fijada por la sentencia definitiva esté mas cerca de la estimación formulada" o viceversa, "del precio ofrecido", no se refiere al valor nominal de la diferencia entre la indemnización acordada por la sentencia y la estimación formulada o el precio ofrecido, sino a la proporción que ésta implica con relación a uno u otro. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jueces, Cámara de Apelaciones, juez de instrucción
Materia: PROCESAL
Carátula: J. Y OTRO s/ JUZGADO DE INSTRUCCION TERCERA NOMINACION DE ROSARIO.    COMPETENCIA.     CSJ EXPTE NRO 39-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-03-18

Justifica la intervención de esta Corte, necesaria para impedir la paralización del proceso, el conflicto suscitado entre el Juez Laboral que entiende que el artículo 44 de la Ley Orgánica de Tribunales no incluye a los jueces de ese fuero entre los suplentes de los jueces de instrucción, y el Juez en lo Civil y Comercial que se niega a aceptar el reenvío de los autos, pues no se trata de un supuesto en que aceptando su aptitud legal para suplir, actúe como juez a cargo del Juzgado de Instrucción, siendo por ello inaplicable el criterio de que deba ser la Cámara de ese Fuero quien deba dirimir el conflicto.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ HECTOR PEREZ PICARO SA Y-U OTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - APREMIO  (CSJ EXPTE NRO 563-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-06

El fundamento de la exigencia del oportuno planteo, radica en la necesidad de que las cuestiones de índole constitucional que las partes plantean reciban, en lo posible, la consideración y resolución que corresponde dentro de los procedimientos ordinarios establecidos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Mutri, Carlos y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-27

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la inclusión de un testimonio en la prueba compuesta que no determina las contradicciones que denuncia ni intenta demostrarlas y no se apoya en las constancias de autos, no evidenciando tampoco las transgresiones legales invocadas.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-28


2º instancia. - Buenos Aires, agosto 28 de 2009.

1. Apeló la concursada la decisión de fs. 63/64 en cuanto rechazó la prescripción invocada en los términos de la LCQ 56 respecto del crédito de Claudio Daniel Díaz (fs. 69).

Los fundamentos del recurso fueron expuestos en fs. 74/77 y resistidos por el síndico en fs. 84.

2. La línea argumental expuesta en el memorial promueve una interpretación de lo reglado por la LCQ 56 que carece de sustento.

En primer lugar porque es la misma norma la que establece que el pedido de verificación debe deducirse "...dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia..." (séptimo párrafo), sin efectuar distinción o aclaración alguna que lleve a concluir en el sentido propuesto por la apelante, es decir, que es carga del acreedor insinuar ante el síndico, en forma autónoma e independiente, los rubros o ítems de la sentencia que se encuentren consentidos o firmes, aun cuando otras partes del veredicto estén apeladas.

La sentencia es, por principio, un todo inescindible, y hasta que todo su contenido no adquiera firmeza (en el caso la apelación deducida por la concursada en sede laboral se ciñó exclusivamente a la imposición de las costas, concepto de inclusión obligatoria en toda sentencia -cpr 163: 8- ) no existe pronunciamiento jurisdiccional firme que habilite la insinuación verificatoria.

Y no modifica lo dicho la referencia normativa introducida novedosamente en el memorial (cpr 499), pues ella sólo establece la posibilidad de ejecutar parcialmente la sentencia; es decir, se trata de una facultad del acreedor (no de una carga o imposición legal) que, como tal, puede o no ejercitar.

Por ese motivo, hallándose incontrovertido que en el marco temporal referido por el Juez a quo (28.12.07 al 26.2.08; fs. 63 vta. in capit) no transcurrió el plazo de seis meses establecido por la LCQ 56, corresponde confirmar, con costas, la decisión de grado en cuanto fue materia de agravio.

3. Por lo expuesto se Resuelve:

Confirmar lo decidido en fs. 63/64 en cuanto fue materia de agravio.

Imponer las costas de alzada a la apelante.

Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las notificaciones pertinentes. -Pablo D. Heredia. - Juan José Dieuzeide. - Gerardo G. Vassallo.
Superior Tribunal de Justicia, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: Martina, Gloria Anahí s/ Querella por injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-10-14

El Superior Tribunal en cuanto organismo de casación, no constituye una tercera instancia, ya que su finalidad es la superación de los errores de derecho en que pudieran incurrir los tribunales de juicio, pero no quiera negársele funciones, no solo procesales, sino extra procesales que responden a principios constitucionales que aún cuando actúe sobre un caso controvertido pueda trascender lo particular encaminándose a una "eficiencia de ratio scripta".

(Disidencia del Dr. Carlos G. González)
Sentencia, nulidad de sentencia, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Saieg, Héctor Roberto c/ Asoc. Coop. del Hosp. Interzonal San José de Pergamino y/o Simón Camilo Supicich y Carlos Alberto Supicich y/o quien resulte legalmente responsable s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Corresponde anular de oficio el pronunciamiento que homologa el desistimiento de la acción efectuado sin los recaudos ineludibles para su validez.
Accidentes de trabajo, diagnóstico médico
Materia: LABORAL
Carátula: Aguilera, Cesar Hugo  c/ Galeno A.R.T.  s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-07-07

Resulta procedente el reclamo de prestaciones en especie efectuado por el accionante y, por consiguiente, en este estado y con las constancias obrantes en autos, solo puede condenarse a la accionada a que cubra las prestaciones necesarias para la consulta médica con traumatólogo especializado en cirugía de miembro superior y, en su caso, posterior tratamiento quirúrgico (de acuerdo a lo que señale ese especialista).
Daños y perjuicios, Fuerzas Armadas, Ejército, acto administrativo de alcance general
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MOYANO  CARLOS  ALFREDO c/ ESTADO  NACIONAL  EJERCITO ARGENTINOESTADO MAYOR GRAL. DEL EJERCITO s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-13

Resulta inconcebible que el Ejército Argentino dicte una norma de alcance general en materia de seguridad de armamentos que devenga inoperante en la práctica porque sus dependientes son los primeros de relajar su cumplimiento sobre bases totalmente discrecionales. Aquí la ilicitud -violación del PON 01/99 revela la culpa, máxime si ella situó a la víctima en un estado de riesgo que la reglamentación pretendía conjurar. Nada menos connatural a la disciplina militar que la falta de apego a las normas que rigen la seguridad.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: U.O.C.R.A c/ A.D.O.S. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1992-12-21

La exigencia de fundamentación lleva implícita la de que ese fundamento aparezca en la misma sentencia, no por remisiones a otras actuaciones. En este aspecto la sola remisión a escritos de una de las partes, no satisface la exigencia de la debida fundamentación, resultando una mala práctica que no cumplimenta la exigencia del art. 168, inc.5º del cpc que exige la expresión de los fundamentos y la aplicación de la ley.
Oposición del fiscal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: MEDINA MATTEAZZI, Cesar Rafael s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

La posición de la acusación pública resulta vinculante para la concesión o rechazo de la suspensión del juicio a prueba, salvo que aparezca ilegal o irrazonable (voto de la jueza Llerena)
Contratos comerciales, mandato comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: MORCHIO, EDUARDO ENRIQUE c/ LA BUENOS AIRES CIA. DE SEGUROS s/ ORDINARIO-III CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-27

El mandato se caracteriza esencialmente por la voluntad del mandante al encomendar al mandatario la realización de uno o más actos jurídicos, de quedar jurídica y directamente vinculado con la persona con quien el mandatario contrate, en cumplimiento de ese mandato.
Contrato de trabajo, cumplimiento de órdenes e instrucciones, carga de la prueba, responsabilidad del empleador, primacía de la realidad
Materia: LABORAL
Carátula: SILVA SUSANA L. c/ FIDE-BRIZ S.R.L. s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-26

La prueba fehaciente de la aseveración exhaustiva del testigo en el sentido del cumplimiento de las condiciones inherentes al ordenamiento legal (art. 99 L.C.T.) debe ser cumplida por la empleadora, a más de tener en cuenta el principio de la primacía de la realidad que privilegia lo que ocurrió en los hechos por sobre lo que se pactó o documentó.
Recurso de casación, violencia familiar, modificación de la ley, delito penal, incumplimiento de resolución judicial, medidas cautelares, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: E., W. A. s/ Desobediencia a una orden judicial s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-08-01

[.] la consulta a la reglamentación del art. 29 no arroja datos relevantes para dilucidar la temática en tratamiento. En efecto, el Decreto Provincial D Nº 286/10, reglamentario de la Ley Provincial D 3040, al reglamentar el art. 29, nada especifica sobre los incumplimientos de órdenes en cuanto a si estos originan o no la imposición de las sanciones contempladas en la normativa.

Sí se indica al final de ese mismo art. 29 que "la aplicación de las penas previstas en la ley deberá disponerse bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia judicial si no se cumpliera", lo cual se trata en realidad del incumplimiento de las sanciones y no de las órdenes, como se distinguió antes.

Por el contrario, al reglamentar las medidas cautelares y otras provisorias que puede ordenar el juez arts. 27 y 28 -, nada se establece en cuanto a que estas deban disponerse con indicación de idéntico apercibimiento, omisión que, claro está, no puede obstar a la eventual configuración de ese delito que pudiera establecerse en el fuero penal.
Responsabilidad de los establecimientos educacionales, responsabilidad del Estado, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: A.E.G. y O. c/ Superior Gobierno de Córdoba s/ Ordinario - Otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-05-05

Del art. 1117 del Código Civil surge que existe en cabeza de los propietarios de establecimientos educativos una obligación tácita de seguridad, manifestada como una obligación de resultado cuyo incumplimiento abre la imputación de responsabilidad de la mano de un factor objetivo de atribución genéricamente denominado garantía.
Pago, efecto extintivo del pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco crédito Provincial S.A. c/ Mastellone Hnos S.A. s/ Cobro Hipotecario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-23

Si el deudor cedido se vio obligado a depositar el saldo de su deuda por una orden judicial dictada en un proceso en el que era demandado su primitivo acreedor e hizo saber la misma al cesionario del crédito, tal pago- que cumplimentó todas las exigencias de persona, tiempo, lugar, modo, objeto- tiene efecto liberatorio con relación a este último.