Agentes viales provinciales, inadmisibilidad formal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sindicato del Personal de Vialidad de la Provincia de Catamarca c/ Estado Provincial de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo Sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-20

Comparece la parte actora invocando el carácter de secretario general del sindicato del Personal de Vialidad Provincial, mediante letrado apoderado, interponiendo acción de amparo en contra del Estado Provincial. Persigue se declare la nulidad del acto administrativo representado por el Decreto Acuerdo Nº 637/12 de fecha 27/Abr/12, que modifica el régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal de la administración pública.

Por imperio de expresas normas constitucionales -Art. 204 de la Constitución Provincial, jurisprudencia sentada a partir el caso "Altamirano" y posterior reforma del Art. 4 de la ley de amparo por Ley 4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada, corresponde se declare la competencia de este Tribunal para entender en autos.

De la exposición fáctica y constancias instrumentales adjuntadas por la parte, se colige que la acción tiende a que se dejen sin efecto un acto administrativo representado por el Decreto Acuerdo Nº 637 de fecha 27/Abril/12, dictado por la Titular del Poder Ejecutivo Provincial en Acuerdo de Ministros, que modifica el régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal de la Administración Pública Provincial aprobado por Decreto Acuerdo Nº 1299 del 14/Set/06, por considerar que tal decisión resulta nula.

Es jurisprudencia reiterada de esta Corte de Justicia que la acción de amparo excluye aquellas cuestiones en las que no surge con total nitidez la arbitrariedad o ilegalidad que se arguye, ya que los temas opinables o aquellos requeridos de mayor debate y aporte probatorio, son ajenos a esta acción, que no tiene por finalidad alterar las instituciones vigentes, ni las políticas de estado en materia que involucra el pago de haberes de los empleados administrativos del estado, dentro del marco del contrato de empleo público, como da cuenta el acto administrativo cuya anulación se persigue.

Sin duda el Poder Administrador se encuentra facultado para fijar las pautas y condiciones de los descuentos que pueden operarse en la contraprestación dineraria debida por el servicios prestado por sus agentes, gozando tales actos administrativos emitidos en ejercicio de atribuciones legales propias de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad, que entrar a indagar en este proceso excepcionalísimo y dentro del marco estrecho y limitado de la acción de amparo, el control de legalidad de las bases normativas y fácticas tenidas en cuenta para su emisión, como cuestión jurídica opinable, resulta materia para la cual existen vías paralelas judiciales donde con mayor amplitud podrá discutirse la legitimidad y legalidad del actuar administrativo, a fin de salvaguardar por los carriles procesales pertinentes los derechos fundamentales que el amparista reputa conculcados. Lo que no se patentiza en autos por cuanto el instrumento, en su exégesis, tiende a proteger el salario; por su parte el amparista en su calidad de representante de una asociación sindical tiene reglada la conducta a asumir a los fines de continuar con la operatividad de los códigos de descuento, subordinando su actividad a los requisitos exigidos en el mismo, como da cuenta la última parte del Art. 5, del instrumento cuya nulidad persigue.

Aunado a que el acto administrativo ha sido publicado en el Boletín Oficial y Judicial Nº37/12, que el Tribunal tiene a la vista para el dictado de este pronunciamiento, que data de 08/Mayo/12, fecha a partir de la cual debe computarse el plazo previsto en el Art. 2, inc. "e", de la Ley 4642, habiendo sido interpuesta la demanda con fecha 11/Julio/12 su articulación luce evidentemente extemporánea.