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Revocación de sentencia, nulidad procesal, traslado de la demanda, notificación, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Venditto, Marcelo Miguel c/ Gozuk, Vanesa Evelyn y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-27

Procede revocar la resolución que rechazó el planteo de la codemandada de nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación de la demanda con fundamento en que las notificaciones fueron dirigidas a un domicilio erróneo. Es requisito básico para que proceda la declaración de nulidad expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración (CPR 172), ello así porque si no podría declararse la nulidad por la nulidad misma o para satisfacer un mero interés teórico, lo que resulta inconciliable con la índole y función del proceso (v. esta sala, "American Express Argentina SA c/ Espósito Daniel Jorge y otro s/ ordinario", del 25/10/11). Y si bien esta norma resulta aplicable a la notificación del traslado de la demanda, en ese supuesto la Sala tiene dicho que basta con invocar la restricción de la garantía constitucional de defensa en juicio -en el caso la accionada manifestó que se halló impedida de contestar la demanda y apelar la sentencia- para que sea viable la nulidad, pudiendo excusarse la mención expresa y circunstanciada del perjuicio (conf. Maurino, Alberto Luis; "Nulidades Procesales", pág. 112, año 1990). Ocurre que el traslado de la demanda es un acto trascendental ya que es generador de la relación jurídico-procesal y, en razón de ello, las formalidades que lo rodean deben ponderarse con criterio riguroso con la finalidad de asegurar que la emplazada tenga efectivo conocimiento del reclamo y garantizar así el principio de defensa en juicio (esta Sala, "Arias Gastón Augusto c/ Eulen Argentina SA s/ ordinario", del 31/07/13; "Grupo Médico SA c/ Sientics Medical Group SA s/ ordinario" del 11/12/17; entre otros). En virtud de lo expuesto, cabe concluir que el traslado de la demanda no fue realizado en el domicilio real de la demandada y que ello obviamente colocó a la apelante en evidente estado de indefensión, violentando de esa forma el derecho de defensa en juicio, lo cual impone revocar la resolución apelada.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestión no federal, cuestión de derecho común, daños y perjuicios, indemnización por accidente de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, derecho de opción
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: TOLLER, RAUL. c/ SADE S.A. s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-21

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que no hizo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios que el actor había interpuesto en ejercicio de la opción contemplada en el art. 17 de la ley 9688 y con base en el art. 1113 del Código Civil. Ello así, pues los agravios del apelante conducen a temas de hecho, prueba y derecho común, que han sido resueltos con fundamentos suficientes del mismo orden que permiten descartar la tacha de arbitrariedad invocada (Disidencia de los Dres. José Severo Caballero y Augusto César Belluscio).
Recurso de inconstitucionalidad, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio del Estado, reclamo administrativo previo
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: SINDICATURA BID COOP. LTDO. c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-21

Sin perjuicio de reafirmar la necesaria observancia del requisito de procedibilidad que para las demandas contra el Estado establece el artículo 1 de la ley 7234, corresponde acoger la pretensión de la recurrente por cuanto la Administración ya se había expedido por el rechazo de la demanda entablada -incluso oponiendo excepciones de incompetencia, inhabilidad de título e improcedencia de la vía ejecutiva, además de la falta de reclamo administrativo previo-. Siendo así, en el caso no correspondía que la Cámara declarara la nulidad de la sentencia y del proceso hasta la demanda y ordenara la suspensión de éste hasta que el actor acredite haber cumplido con la ley 7234, ya que ello implicó obligarlo al planteo de un inútil reclamo ante la Administración para que ésta le brinde una respuesta que ya conocía de antemano, paralizando irrazonablemente el curso de la causa. Esta circunstancia en la práctica conlleva un excesivo rigorismo desnaturalizante de la exigencia legal de previa reclamación administrativa, que no es -obviamente- impedir el acceso a la vía judicial o incurrir en denegación del acceso a la jurisdicción.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de enseñar y aprender
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)" y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

La legislación federal establece que la educación primaria deberá ser de jornada extendida o completa y fija el compromiso de los estados locales de aumentar la inversión en educación hasta garantizar que, como mínimo, el 30% de los alumnos de la educación básica tenga acceso a escuelas de ese tipo y de la interpretación normativa se desprende que este porcentaje debe aplicarse en cada distrito escolar. En este sentido, la posición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según la cual el piso del 30% de oferta de jornada ampliada debería computarse con relación a cada jurisdicción o estado local, sin atender a lo que sucede en cada distrito escolar, debe ser descartada. (Del voto en disidencia parcial del juez José Osvaldo Casás, al que adhiere la jueza Ana María Conde).
Robo calificado, robo con armas, pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RAMOS, JUAN CARLOS s/ ROBO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-03

Analizada la situación procesal de R. , quien fuera procesado por el delito de robo calificado por el uso de armas -art. 166 inc. 2° C. P- en calidad de coautor y el antecedente condenatorio firme y proceso en trámite que registra, el lapso que efectivamente ha cumplido privado de su libertad devendría insuficiente para la obtención de su libertad en los términos del art. 331 del C. P. P. Ello así puesto que el pronostico de pena a imponer en tal supuesto, excedería ampliamente aquel lapso, atento el monto mínimo de la escala penal prevista para el delito que se le reprocha; a lo que debe agregarse la eventual declaración de reincidencia que recaería en la hipótesis que se sustenta, toda vez que desde el vencimiento del precedente condenatorio que ostenta no ha operado el plazo del art. 50 del C. P.

, que impediría la obtención de la libertad anticipada -arts. 13 y 14 Lex Cit.
Régimen de consolidación de deudas, honorarios, terminación del proceso, desistimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: RHODAS CARGO SERVICE c/ E.N.CO.TEL. s/ JUICIOS DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-26

La circunstancia de que el juicio haya concluido por desestimiento de la acción y del derecho no obsta a la consolidación de los honorarios de causa o título anterior al 1 de abril de 1991, pues el régimen previsto en el art. 1 de la ley 23.982 alcanza también a los emolumentos regulados por la actuación profesional desarrollada en juicios cuya pretensión principal no constituya (en el caso como consecuencia del desestimiento) un supuesto de deuda consolidable. (Confr. esta Cámara en pleno in re Tudor , del 21 de junio de 1994).
Potestad disciplinaria, exoneración, reglamentación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Morelli, Jorge Luis c/ GCBA s/ revisión cesantías o exoneraciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-17

La atribución que la Constitución local le confiere a la Legislatura y la Administración Pública para reglamentar y aplicar la potestad disciplinaria sobre los empleados públicos, no impide que el Poder Judicial, también en ejercicio de las competencias expresamente conferidas por el plexo constitucional, realice el control de legitimidad de los actos administrativos disciplinarios.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Boehringer Ingelheim S.A. c/ Prov. de Bs. As. s/ Inconst. ley 10.851 y decreto reglamentario 367/91
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

La demanda originaria de inconstitucionalidad no canaliza una acción popular atribuida "cuique populo", lo que implica que, en virtud de la legitimación exclusiva de la "parte interesada", su acogimiento no determina la nulidad de la derogación "erga omnes" del precepto que se impugna, sino sólo su invalidez para el caso concreto, susceptible de ser alegada únicamente por quien promovió la demanda.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos, hecho imponible, alícuota, impuesto a las actividades económicas
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO
Carátula: VABI LEAD SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 18-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-20

El hecho de que una empresa distinta sea la titular del dominio y sea quien incluye las amortizaciones y seguros de la propiedad donde desarrolla sus actividades la empresa actora, no es óbice para considerar -tal como lo hizo la Dirección Provincial de Rentas- que ésta se desenvuelve como "comisionista con negocio establecido" a los fines de determinar el encuadre de sus actividades para la aplicación de la alícuota correspondiente en el impuesto a las actividades con fines de lucro y a las actividades económicas, atento a que en él se halla el "centro principal de sus actividades" (artículo 16, Código Fiscal).
Sanciones disciplinarias administrativas, graduación de la pena, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Quatromano, Guillermo Raúl c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Villegas, Carlos Adolfo c/ Provincia de Buenos Aires (Min. Salud y Acc. Social) s/ Demanda contencioso administrativa Goitisolo, Pedro Daniel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Lorenzini, María L. c/ Municipalidad de Necochea s/ Demanda contencioso administrativa Ferrini, Alfredo Daniel c/ Municipalidad de Tandil s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24|1998-03-17|1998-12-01|1999-10-26|2000-04-05

No parece irrazonable la sanción dispuesta sino, antes bien, proporcionada a la falta comprobada si, como en el caso, se ha perdido la confianza en el agente depositario de la misma. A contrario, resulta razonable la decisión de separarlo del cargo, pues la buena fe-lealtad es un principio rector en las relaciones profesionales que se dan entre autoridades y empleados de una institución bancaria. Casi intangible a la valoración de quienes no pertenecen a la misma, hace a su esencia.
Sentencia arbitraria, cuestión federal, veredicto, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Morales, Damian Isaac c/  s/ Homicidio (víctima: Oyarzo Lara, José Segundo) (Impugnación extraordinaria)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-03

Corresponde no hacer lugar al pedido de arbitrariedad de sentencia, por cuanto los agravios invocados no resultan encuadrables en el andarivel impugnativo previsto por el art. 248, inc. 2 del CPPN, pues no constituyen un caso donde debiera intervenir el Máximo Tribunal Nacional. El objeto del remedio federal es el mantenimiento de la supremacía constitucional y no la sumisión a la Corte de cualquier causa en que pueda existir agravio o injusticia, ya que no se propone rectificar toda injusticia que pueda existir del fallo apelado, sino mantener la supremacía nacional. Esos lineamientos fijados de manera inveterada por la Corte, la arbitrariedad de sentencia es una hipótesis que resulta en extremo restrictiva y que debe demostrarse para no convertirlo en llave de una tercera instancia ordinaria. La corte se reserva sólo la función de corregir los casos en que resulte una arbitrariedad intolerable al principio republicano de gobierno.
Procesamiento, revocación de sentencia, apreciación de la prueba, delito continuo, prostitución, calificación legal, participación necesaria
Materia: PENAL
Carátula: C., G. F. y otros c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-22

Explicaron que coincidían con la ponderación de la prueba llevada a cabo por el magistrado pero precisaron que lo expuesto en relación a que se estaba en presencia de una unidad de acción chocaba con la decisión de escindir el período de imputación en dos segmentos que, a la vez, se hicieron concursar de modo material (primer tramo desde el 15/11/2010 al 26/12/2012) y segundo tramo (del 27/12/2012 al 13/8/2014). Precisaron que los hechos a estudio no eran escindibles en términos jurídicos sino como lapsos de imputación en un caso que, por sus características, correspondía calificar como delito continuado. Señalaron que, en principio, estaba probado que hasta al menos el 13 de agosto de 2014 en el interior del departamento, diversas mujeres mayores de edad ejercían la prostitución de manera consentida, y si bien quienes lo hacían fueron renovándose en el tiempo, no ocurrió lo mismo con la estructura de organización que permitió el desarrollo de esa actividad de manera sostenida y en la que los cuatro procesados intervenían obteniendo un lucro con motivo de ella. En torno al encuadre legal, precisaron que la entrada en vigencia de la ley 26.842 generó por el "segundo tramo" de conducta un concurso aparente de tipos penales con respecto al previsto en la ley 12.331, que se resolvía con la aplicación de la figura más específica (esto es, artículos 125 bis y 127 del CP), quedando fuera de reproche el segmento en el cual únicamente se encontraba en vigor la ley de profilaxis antivenérea, por haber transcurrido al respecto el plazo de dos años previsto para la prescripción de la acción penal (art. 62, inciso 5°, CP). Por ello, votaron por confirmar los procesamientos dictados pero únicamente por el período comprendido entre el 27/12/2012 al 13/8/2014, cuya vigencia cabe afirmar en función de lo previsto en el artículo 63 del CP. Finalmente, en orden a quien fuera sobreseída, indicaron que los elementos reunidos permitían afirmar que la imputada tenía conocimiento de la actividad que se desarrollaba y permitía el uso del espacio para el desarrollo de la actividad ilícita, por lo que revocaron la resolución y la procesaron como partícipe necesaria.
Divorcio, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., Z. y otro s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-15

El art. 232 in fine del C.C. otorga relevancia a la prueba confesional o al reconocimiento de los hechos cuando la demanda de separación o de divorcio se funda en la interrupción de la cohabitación de los cónyuges, sin voluntad de unirse, mas el reconocimiento no es suficiente para prescindir de prueba si se trata de determinar quien de los cónyuges es el responsable de ese fracaso; ya sea del divorcio por las causales del art. 202 o en relación a la hipótesis del art. 204, si se imputa a uno de ellos haber dado causa a la separación de hecho. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho a la intimidad, extinción de la acción, Derecho procesal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: IAGO S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Yulita, Hugo Rubén s/ inf. art. 150, violación de domicilio, CP'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-20

El agravio sustentado en que se habría aplicado al caso un supuesto de xtinción de la acción (art. 256) previsto para acciones privadas, y no públicas como la involucrada en el sub lite, y que le resultaba inaplicable hasta que la querella manifestara su voluntad de continuar con el ejercicio de la acción, involucra la interpretación de reglas procesales, materia que corresponde privativamente a la competencia de los jueces de mérito y resulta ajena a esta instancia cuando, como en el caso, la parte recurrente no muestra arbitrariedad. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Responsabilidad objetiva, daño causado por animales
Materia: CIVIL
Carátula: ZYLBERSZTAJN, Clara y otro c/ ASOCIACION DE AMIGOS MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES B. RIVADAVIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-21

La posesión o tenencia del perro, es independiente de la posesión o tenencia del inmueble en que éste se encuentra, a cuyo titular, poseedor o tenedor no se extiende la responsabilidad por los daños causados por el animal a otro, o cuyo gobierno y control ejerce otro.-
Adopción simple, adopción por el cónyuge
Materia: PROCESAL
Carátula: C., G.V. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

Teniendo en cuenta la convivencia anterior con el grupo familiar, que constituye un elemento de seguridad respecto de la eficiencia del vínculo, debe otorgarse la adopción solicitada por el cónyuge de la madre del menor, aunque no se encuentren reunidos los requisitos de edad, años de matrimonio y/o imposibilidad de procreación. La conclusión se refuerza al reparar que, ante la ausencia de regulación expresa de este tipo de supuestos de adopción integrativa, debe decidirse con miras a la satisfacción de los fines genéricos que inspiran el instituto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dirección Provincial Personas Jurídicas s/ Remoción de administradores Silva, Héctor Osvaldo y otro c/ Municipalidad de Marcos Paz y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10|2003-05-28

Quien afirma que la sentencia infringe determinados preceptos legales no hace otra cosa que adelantar una premisa cuya inmediata demostración debe concretar en el mismo escrito, siendo insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a enunciar supuestas violaciones pero sin demostrarlas.
Sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, personería gremial, falta de personería gremial, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor s/ encuadramiento sindical.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Las expresiones del fallo relacionadas con la caducidad de la personería gremial de una de las partes no responden a una cuestión que haya sido propuesta ni discutida por las partes a lo largo de las actuaciones por lo que implica privar a aquella de su legítimo derecho de defensa e imponerle una limitación importante a los alcances de su personería gremial mediante una declaración que excede el ámbito de la litis.
Condena condicional, aplicación temporal de la ley penal, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: R., G.J. s/ Lesiones Leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-09-13

Si la sentencia condenatoria reprimió al imputado por hechos anteriores al imperio del art. 27 bis -Ley 24.316- con tres años de prisión y suspendió condicionalmente la ejecución punitiva con el aditivo del cumplimiento de algunas reglas de conducta propias del nuevo esquema de fondo; este ensanchamiento en perjuicio del culpable, -traducible en patentes restricciones a su libertad que, en aras de prevenir nuevos delitos, no existían al instante de los acontecimientos por los que responde-, importa vulnerar la regla del C.P., art. 2.
Derecho procesal, ley procesal, acción de amparo, caducidad, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ, DANIELA c/ COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE SAN JUAN s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-06

La ley procesal, siguiendo los pasos de la ley nacional de amparo, y las leyes de amparo de otras provincias ha establecido un plazo de caducidad, cuyo fundamento estriba, primordialmente en la necesidad de aventar incertidumbre acerca de la validez de los actos estatales, o de particulares, y en la incompatibilidad que media entre el carácter urgente del amparo, y la conducta remisa del presunto perjudicado, cuya inacción procesal durante cierto lapso (considerado razonable), autoriza a presumir la ausencia de gravamen irreparable, y la consiguiente idoneidad de remedio ajenos al amparo. Es decir, que el plazo de caducidad debe computarse desde que el interesado tuvo conocimiento cierto del acto u omisión que dice ser perjudicial.
Caducidad de instancia, declaración de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREZ FRANCISCO c/ I.S.S.P. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO(REAJUSTE Y COBRO DE HABER  JUBILATORIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-19

Dado que la caducidad puede ser declarada de oficio, en virtud de lo establecido en el art.56 de la Ley 2297, el hecho de llevar a cabo cualquier actividad sin que el tribunal la declare en forma inmediata, no puede interpretarse como una tácita convalidación.
Inamovilidad de los jueces, límite de edad, Constitución Nacional, Constitución Provincial, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sesto de Leiva, Amelia del Valle c/ Estado Provincial s/ Acción Autónoma de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-08

Un Ministro de la Corte de Justicia interpone Acción Autónoma de Inconstitucionalidad en contra del Estado Provincial, solicitando se declare la inconstitucionalidad del Art. 195 de la Constitución Provincial, en cuanto limita la inamovilidad de los Magistrados a la edad de sesenta y cinco años.

Si bien los Sres. Ministros que me preceden en el Acuerdo han agotado prácticamente el tema objeto de tratamiento, no puedo dejar de soslayar que si el Art. 99 inc.4 colocó una limitación constitucional al postulado de la inamovilidad de los jueces, consagrada en el Art. 110 del Máximo Cuerpo Legal y lo ha hecho a la edad de 75 años, con la reserva de que si la idoneidad se mantiene a esa edad, la manda constitucional admite un nuevo acuerdo el que puede ser repetido indefinidamente por el mismo trámite, en base a ello no podemos decir que el tope de edad señalado resulta insalvable. Por lo tanto la limitación temporal de 65 años contenida en el Art.195 de nuestra Carta Magna Provincial deviene inconstitucional al imponer una restricción que contraviene la Constitución Nacional.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la Acción Autónoma de Inconstitucionalidad interpuesta en contra del Estado Provincial.

(Del voto de la Dra. Casas Nóblega)