Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-03


En Buenos Aires, a los 3 días del mes de septiembre de 2003, en los autos caratulados "Perez, Aldo Nicolás c/ Cisneros, Miguel Ángel s/ Daños y perjuicios", reunidos en Acuerdo Plenario los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 298 del Código Procesal, en los términos de la votación efectuada en el Acuerdo Plenario celebrado el día 13 de mayo de 2003 y con el objeto de exteriorizar los fundamentos de la doctrina legal aplicable respecto de la siguiente cuestión:

"Si corresponde con posterioridad al 31 de marzo de 1991 actualizar el monto de apelación previsto en el art. 242 del Código Procesal. En caso que la respuesta sea afirmativa si a ese efecto debe aplicarse el índice IPIM suministrado por el INDEC que reemplaza al índice de precios mayoristas no agropecuarios que establece la norma citada".

A la primera cuestión, la mayoría, en forma impersonal, dijo: La ley 23.928, en sus artículos 7 y 10, determina que en ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuera su causa, con posterioridad al 1° del mes de abril de 1991, y deroga a partir de esta fecha todas las disposiciones legales y reglamentarias que contravinieren lo dispuesto en tal sentido.-La prohibición de actualización monetaria contenida en la ley de convertibilidad se mantiene con el dictado de la ley de emergencia pública n° 25.561.

El artículo 4° de esta disposición legal modifica, entre otros, los textos de los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, pero respecto de la prohibición mencionada reitera los mismos conceptos que conformaban estas normas.- Bajo este contexto normativo debe analizarse e interpretarse el artículo 242 del Código Procesal, el que establece, en cuanto a la procedencia del recurso de apelación por el monto, que serán inapelables las sentencias y demás resoluciones en los que el valor cuestionado no () exceda de la suma de $ 2000, dicho valor se determinará atendiendo al capital reclamado en la demanda, actualizado si correspondiere a la fecha de la resolución, de acuerdo con los índices de variación de precios mayoristas no agropecuarios.- En este entendimiento, ante la prohibición de indexación y en relación a la pregunta sometida a la decisión de este plenario corresponde aplicar el mecanismo de actualización al que hace referencia el art. 242 del Código Procesal sólo hasta el 31 de marzo de 1991.- Es que, las normas aludidas que prohíben toda forma de actualización monetaria establecen tal regla respecto de cualquier tipo de valor y no sólo respecto de aquellos que integran las relaciones entre acreedor y deudor. Queda, entonces, también comprendido dentro de lo previsto por esta normativa lo dispuesto por el art. 242 del Código Procesal en cuanto a la actualización del monto mínimo apelable.- No obsta a esta interpretación el hecho de que existan en la actualidad algunos mecanismos de actualización a través de la aplicación del CER o del CVS, toda vez que ello sólo procede respecto de créditos contraídos en dólares que luego fueron pesificados a consecuencia de las normas dictadas en el marco de la emergencia económica.- La adopción de una solución diferente se contrapone con la letra y espíritu de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 si con posterioridad al 31 de marzo de 1991 se reajusta el monto mínimo apelable que fija el art. 242 del Código Procesal pero no se sigue el mismo camino respecto de los créditos reclamados en la demanda, lo que llevaría de manera irrazonable a que una mayor cantidad de juicios sean declarados inapelables.- Ante la prohibición legal que establece la ley 23.928, la que no admite excepciones y se mantiene en la ley 25.561, solamente se podría arribar a una solución contraria a la expresada precedentemente a través de una reforma legislativa que determine la actualización del monto mínimo apelable luego de la convertibilidad o mediante la declaración de inconstitucionalidad del artículo 242 citado.- Por otra parte y tal como se ha señalado la multiplicidad de instancias en materia civil no es requisito ni constituye una garantía protegida por nuestra Constitución Nacional, por lo que no hay impedimento para que la ley reglamente aquellas cuestiones que no serán apelables.

Así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sustentar el criterio de que la habilitación del número de instancias no importa agravio constitucional de la defensa en juicio,emergente del artículo 18 de la Constitución Nacional (cf. González, Atilio C. "La inapelabilidad en razón del monto", Revista de Derecho Procesal, Rubinzal-Culzoni Editores, 1999, t° 3, págs. 111/124)).- Pero sin perjuicio de ello, la regla sigue siendo la apelación en razón de que el derecho de acceder a una segunda instancia está consagrado en la ley, y se encuentra sustancialmente fundado en razones de mejor justicia (cf. Fenochietto, Carlos E.-Arazi, Roland "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", 2ª edición actualizada, Editorial Astrea, 1993, t° 1, pág 859). De este modo y si bien se ha entendido que la limitación de la apelación en procesos cuyo monto fuese inferior a determinada suma de dinero está dirigida a agilizar los trámites de ciertos pleitos de menor cuantía, la doble instancia se mantiene para la generalidad.

La inapelabilidad resulta una medida de excepción y como tal debe administrarse (cf. Morello, Augusto - Sosa, Gualberto - Berizonce, Roberto, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Comentados y Anotados", Librería Editora Platense- Abeledo Perrot, 2a edición, t°III, pág. 163).- En consecuencia, al estar establecida la doble instancia en materia de apelación por la ley positiva, la excepción que impone el art. 242 del Código Procesal para limitar el acceso de las expedientes a la revisión de la Alzada conforme al valor comprometido en ellos debe interpretarse restrictivamente dado su carácter, y no procede su ampliación.- En este orden de ideas si no se puede indexar ni actualizar valores según las normas analizadas con posterioridad al 31 de marzo de 1991 tampoco se puede actualizar el monto mínimo de apelación que fija el art. 242 nombrado a partir de la fecha indicada.- Asimismo cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Calo, Alicia Josefina c/ Kohon, Jorge Alberto s/ recurso de hecho," el 7 de marzo de 2000, sostuvo que, por imperio de la ley de convertibilidad, el límite para la apelación previsto por el artículo 242 del Código Procesal sólo puede ser actualizado hasta el 31 de marzo de 1991, toda vez que el art. 10 de la ley 23.928 deroga desde el 1° de abril de 1991 todas las normas legales oreglamentarias que establecen o autorizan la actualización monetaria y dicha prohibición no admite excepciones de ninguna índole, por lo que no le estaría permitido a los jueces establecer tales excepciones por vía de interpretación.

Por consiguiente dispuso que el tope para la procedencia del recurso de apelación , resultará de actualizar la suma de $2000 que fija el art. 242 del Código Procesal, conforme los índices oficiales de variación de precios mayoristas no agropecuarios, entre los meses de junio de 1990 (954.816.780,7) y marzo de 1991 (2.086.116.199), lo que dio como resultado el importe de $ 4.369,67.- En orden a lo expuesto esta mayoría considera que sólo procede actualizar el monto mínimo de apelación al que se refiere el art. 242 del Código Procesal hasta el 31 de marzo de 1991.- Por estas consideraciones, como doctrina legal obligatoria (art. 303 del Código Procesal), SE RESUELVE: "No corresponde con posterioridad al 31 de marzo de 1991 actualizar el monto de apelación previsto en el art. 242 del Código Procesal".- Fdo. Leopoldo Montes de Oca, Elsa H. Gatzke Reinoso de La minoría, en forma impersonal, dijo: La doble instancia dentro del proceso civil no resulta una exigencia constitucional. En efecto no emerge de la letra y espíritu de la Constitución Nacional que este recaudo deba observarse en todos los juicios, sólo es necesario que el litigante tenga la posibilidad de acceder a la justicia. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al señalar que el derecho a la doble instancia no reviste jerarquía constitucional y no es requisito de la defensa en juicio (conf. Corte Suprema de la Nación, Fallos T° 224, p. 810;; T°. 238, p. 503; T° 322, p. 2488).- Se ha expresado que la existencia de distintos grados de jurisdicción responde a fundamentos de política institucional y depende del criterio del legislador respecto de la forma de lograr una mejor y más eficiente justicia y una mayor protección de las leyes (conf. González, Atilio "La inapelabilidad en razón del monto", Revista de Derecho Procesal, Rubinzal-Culzoni Editores, 1999, t° 3, pág. 112/113).

Por ello y ante la pregunta sometida a la decisión del plenario, en primer lugar, cabe tener presente que la actualización del monto que prevé el art. 242 del Código Procesal a efectos de establecer las cuestiones que son susceptibles de ser revisadas por el Tribunal de Alzada no violenta principio constitucional alguno.-La ley 23.928, a través de los artículos 7 y 10, prohibió toda forma de indexación o de actualización monetaria, concepto que se mantiene con el dictado de la ley de emergencia económica 25.561, pero de su objeto y finalidad se desprende que no modificó el mecanismo que fija el artículo 242 del Código Procesal para actualizar el monto mínimo de apelación.

Esta norma sólo establece un parámetro para determinar el monto indicado y no la repotenciación de una deuda vedada por las leyes citadas.-Además no procede la aplicación de las disposiciones normativas que prohíben la actualización monetaria porque en el caso del art. 242 del Código Procesal se trata de una norma procesal de carácter meramente funcional, cuyo objeto y sentido es asegurar el mejor desenvolvimiento de las tareas de la administración de justicia. Es, pues, una mera herramienta de política judicial que establece el mecanismo a seguir para la habilitación de la segunda instancia.- El artículo 242 limita las apelaciones ante la Alzada a aquellas cuestiones cuya significación económica lo justifican y busca a través de esta finalidad la obtención de mayor celeridad del proceso y la posibilidad de un estudio más detenido de los asuntos (conf. Morello, A.-Sosa, G.-Berizonce, R. "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, t° III, pág. 163; Rivas, Adolfo "Tratado de los Recursos Ordinarios y el proceso en las instancias superiores", Editorial Ábaco, t° I, págs. 270 y ss).- Estos objetivos fueron considerados y asentados en el mensaje de fecha 14 de febrero de 1989 que el Poder Ejecutivo elevara al Congreso de la Nación, los que luego fueron recogidos y reproducidos por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en el informe que acompañó al proyecto de reforma del artículo 242 del Código Procesal convertido en la ley 23.850 (Cámara de Diputados de la Nación, Sesiones ordinarias 1990, O.D. n° 675).

En éste se advirtió sobre la cada vez mayor sobrecarga de las tareas de las cámaras de apelaciones, situación a la que contribuía el crecimiento notorio de la litigiosidad y la complejidad de los asuntos sometidos a los jueces, con el consiguiente atraso en la resolución de causas. Se expuso también que el uso de los remedios impugnativos que habilitan la segunda instancia permiten que se recurra no como un remedio para modificar la decisión de primera instancia, sino como una manera de retrasar la actuación de la justicia. La reforma se postuló con el propósito de mejorar el sistema de justicia al lograr celeridad en el trámite y mayor seguridad del justiciable.- Deben, entonces, tenerse en cuenta estos antecedentes parlamentarios al momento de interpretar la actualización del monto que establece el art. 242 a la luz de lo dispuesto por las leyes 23.928 y 25.561, dado que de ellos emana el fin social que llevó a la reforma de la norma.- Los mencionados principios de celeridad y economía procesal también inspiraron los distintos proyectos de ley que fueran presentados para la creación de los tribunales de menor cuantía cuya competencia se reserva para las cuestiones de menor complejidad y monto. Entre los fundamentos que acompañaron estos proyectos se dejó asentada la necesidad de facilitar el acceso a la justicia y la posibilidad de brindar inmediata solución a los pequeños perjuicios, eliminando todos aquellos institutos que se encuentran justificados en la justicia ordinaria pero resultan contrarios a los fines que persigue el procedimiento propuesto para las nombradas cuestiones (conf. Expte. 3132,P.88, T.P 120/88; Expte. 359-S-93, DAE.37/93; Expte. 430-S-90, DAE 59/90;; Expte. 1468-D-93, T.P.39).- Por otro lado y respecto de la prohibición de indexación que establecen las leyes citadas cabe destacar que se refieren a las relaciones crediticias entre acreedor y deudor, presupuesto que no es el que conforma al artículo 242 del Código Procesal, el que -como ya se expuso- tuvo otros objetivos, evitar la doble instancia en aquellos procesos donde los valores cuestionados no exceden la suma que determina.- El mecanismo de actualización se estableció precisamente porque los valores varían al modificarse la realidad socioeconómica y esto es lo que reflejan los expedientes al haberse incrementado considerablemente los montos de los reclamos. Esta interpretación lleva a mantener el espíritu de la norma ya que una posición contraria hace que pierda significación y se torne inaplicable.- Por último, y si bien la ley 25.561 en su artículo 4° y el decreto 214 en su artículo 5° reiteran la prohibición de indexar, debe ponderarse que esta no es absoluta ya que se han previsto en ciertos supuestos mecanismos que permiten la actualización de valores. Ello resulta del propio decreto 214 que en su artículo 4° establece la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para los depósitos y deudas en dólares u otras monedas extranjeras que fueron pesificados.-A su vez cabe recordar que el impedimento legal referido, en la relación crediticia se ve total o parcialmente compensado ya que subsiste la autorización a los jueces para fijar la tasa de interés con el objeto de mantener el significado económico de la sentencia.- En este contexto y ante las excepciones que la propias leyes fijan a la prohibición aludida debe interpretarse el mecanismo de actualización que determina el art. 242 del Código Procesal respecto del monto mínimo de apelación. Por tanto nos pronunciamos por la afirmativa a la cuestión sometida a consideración de este plenario.- Por estos fundamentos, como doctrina legal obligatoria se RESUELVE:

"Con posterioridad al 31 de marzo de 1991 corresponde actualizar el monto de apelación previsto en el artículo 242 del Código Procesal".- Fdo. Delfina M Borda, Ana María Luaces, Hugo Molteni, Jorge Escuti Pizarro, Ricardo L. Burnichón, Domingo A. Mercante, Alberto J. Bueres, Eduardo Mario Martínez Álvarez, Jorge A. Giardulli, Julio M. Ojea Quintana, Eduardo L. Fermé, Zulema D. Wilde, Teresa M. Estévez Brasa.- Acto seguido y en virtud de la doctrina plenaria sentada precedentemente, a efectos de unificar el monto mínimo para la procedencia del recurso de apelación previsto en el art. 242 del Código Procesal y conforme al tope fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 7 de marzo de 2000 en los autos caratulados "Calo, Alicia Josefina c/ Kohon, Jorge Alberto s/ recurso de hecho", por unanimidad, SE RESUELVE:

"Establecer el monto mínimo de apelación previsto en el art. 242 del Código Procesal en la suma de $ 4.369,67".- Fdo. Leopoldo Montes de Oca, Elsa H. Gatzke Reinoso de Gauna, Delfina M. Borda, Ana María Luaces, Hugo Molteni, Jorge Escuti Pizarro, Luis López Aramburu, Gerónimo Sansó, Félix R. de Igarzábal, Ricardo L. Burnichón, José Luis Galmarini, Domingo A. Mercante, Alberto J. Bueres, Eduardo Mario Martínez Álvarez, Osvaldo D. Mirás, Juan Carlos G. Dupuis, Mario P. Calatayud, Elena I. Highton de Nolasco, Eduardo A. Zannoni, Fernando Posse Saguier, Carlos Alfredo Bellucci, Jorge A. Giardulli, Claudio M. Kiper, Julio M. Ojea Quintana, Eduardo Leopoldo Fermé, Ana María Brilla de Serrat, Mario A. Molmenti, Zulema D. Wilde, Teresa M. Estévez Brasa, Carlos R. Degiorgis, Emilio M. Pascual, Gladys Stella Álvarez, Hernán Daray, Miguel Ángel Vilar.- Fundamentos de los Dres. Elena Highton de Nolasco, Eduardo Zannoni y Fernando Posse Saguier: No obstante la opinión que hemos sustentado hasta el presente en el tema objeto de esta convocatoria, a fin de obtener la unificación de criterio respecto del límite para la procedencia del recurso de apelación que establece el art. 242 del Código Procesal, y evitar así las diferencias que se produjeron al actualizar algunas Salas hasta el presente la suma de $2000 que fija la norma invocada, mientras que otras sólo lo realizaban hasta el 31 de marzo de 1991,hemos decidido suscribir la postura sostenida por la mayoría de los integrantes de esta Cámara. Tenemos en cuenta que en esta cuestión debe privar la seguridad jurídica por sobre consideraciones de orden dogmático que avalan una u otra posición.- Fdo. Elena I. Highton de Nolasco, Eduardo A. Zannoni, Fernando Posse Saguier.-Fundamentos del Dr. Galmarini: La convocatoria a este plenario ha revelado la existencia no sólo de disparidad de criterios en la determinación del monto que las distintas salas consideraban como límite mínimo de la apelabilidad, sino la notable diferencia cuantitativa de los montos computados a tal fin, pues algunas salas, entre las que se encuentra la que integro (Sala "C"), fijaban ese límite en poco más de $10.000, mientras otras -que eran mayoría- lo establecían en una suma inferior a la mitad.

No cabe duda de que el art. 242 del Código Procesal estableció un solo monto, aunque haya previsto una pauta indexatoria bien definida que de aplicarse matemáticamente nunca pudo haber producido ese desajuste en el monto inapelable.Pero distintos criterios interpretativos de esa norma y el dictado de la ley de convertibilidad, junto con la desaparición del índice legalmente previsto (precios mayoristas no agropecuarios), produjeron esa inaceptable diferencia en los montos aplicados por las salas de este tribunal.

Esta situación determinó la necesidad de establecer con precisión el monto actualmente inapelable, a fin de evitar esa desigualdad que en algunos procesos hacía depender la vigencia de la doble instancia del azar, pues estaba supeditada al monto que aplicara la sala que saliera sorteada. Principalmente con esta finalidad unificadora del monto es que fue convocado el tribunal en pleno.-Las consecuencias negativas expresadas precedentemente me han llevado a rever el criterio al que había adherido con anterioridad.

Sin perjuicio de señalar el acierto de algunos de los fundamentos que sustentan la solución contraria, la apreciación de las ventajas y desventajas desde la perspectiva del ordenamiento jurídico y de la defensa de los derechos de los litigantes, me convencen de que la mejor solución es la propugnada por la mayoría.-Como se destaca en el voto de la mayoría, aunque la doble instancia no es una exigencia impuesta por la Constitución Nacional, sí fue establecida por la ley como principio general, razón por la cual la excepción contemplada en el art. 242 debe ser interpretada restrictivamente.- A su vez, aunque sea di Según asevera el Procurador "Esta conclusión incorrecta, conduciría a la irrazonable consecuencia de que una abundante cantidad de juicios, se verían expuestos a resultar privados de la apelación, a medida que sus montos, no actualizables, fueran quedando por debajo de un tope variable por ajuste monetario" (Fallos 323:311/318, ver especialmente p. 312).- Aunque esa consecuencia inaceptable sólo se produciría en los casos de obligaciones de dar sumas de dinero, sobre los que recae especialmente la prohibición de indexar, dado que en las acciones indemnizatorias en general y en las que la pretensión consiste en obligaciones de valor, el monto se fija en valores actuales al momento de la sentencia, de todos modos aquellacircunstancia puesta de resalto por el Procurador y admitida por la Corte Suprema basta para admitir lo allí decidido.- Desde otra perspectiva no ha de soslayarse que mientras duró la estabilidad el monto fijado por el legislador no variaba mayormente, aun cuando se utilizara el índice que se consideraba más afín con el establecido por la ley. Pero a partir de la modificación del régimen monetario a principios del año 2002, la aplicación de los índices utilizados en sustitución del previsto explícitamente en el art. 242 por las salas que continuaban actualizando, daban como resultadocantidades excesivas en comparación con los ingresos promedio de la población en general, de modo tal que pese a la trascendencia económica que las decisiones judiciales tenían en amplios sectores de la población, los afectados se encontraban privados de la doble instancia prevista por nuestra legislación como principio legal.- Así como la mera aplicación de índices a la contraprestación correspondiente a determinados bienes o prestaciones a veces ha llevado a soluciones apartadas de la realidad en comparación con el valor actual de esos mismos bienes o prestaciones, y ha provocado la sanción de una ley correctora de las consecuencias desafortunadas de la indexación (ley nº 24.283), efectos negativos similares puede provocar la aplicación de ese método indexatorio al valor de la inapelabilidad establecido por el legislador. Situación que a mi juicio es la que hoy se presenta con el monto del art. 242.- Si, además, se tiene en cuenta que años atrás el I.N.D.E.C. ha modificado las pautas valorativas y la denominación de la variación de indices de precios mayoristas, dejando de lado el específicamente elegido por el citado artículo, la interpretación restrictiva de la norma que prevé la inapelabilidad justifica la solución propiciada por la mayoría.-Sin perjuicio de que por vía legislativa se reforme el límite de la apelabilidad, por las razones expuestas anteriormente, a la cuestión propuesta voto por la negativa.- Fdo.José Luis Galmarini.- Buenos Aires,de septiembre de 2003.- Y Vistos: por lo que resulta del Acuerdo que antecede, como doctrina legal obligatoria (art. 303 del Código Procesal), SE RESUELVE: "No corresponde con posterioridad al 31 de marzo de 1991 actualizar el monto de apelación previsto en el art. 242 del Código Procesal".-"Establecer el monto mínimo de apelación previsto en el art. 242 del Código Procesal en la suma de $ 4.369,67".- Dése cumplimiento a lo dispuesto por el art. 70 del reglamento del fuero. El Dr. Roberto E. Greco no interviene por hallarse de licencia, los Dres. Julio R. Moreno Hueyo y Judith R. Lozano no intervienen por hallarse ausentes y las vocalías N° 7 y 36 se encuentran vacantes.

Fdo. Leopoldo Montes de Oca, Elsa H. Gatzke Reinoso de Gauna, Delfina M. Borda (En disidencia respecto de la primera cuestión), Ana María Luaces (En disidencia respecto de la primera cuestión), Hugo Molteni (En disidencia respecto de la primera cuestión), Jorge Escuti Pizarro (En disidencia respecto de la primera cuestión), Luis López Aramburu, Gerónimo Sansó, Félix R. de Igarzábal, Ricardo L. Burnichón (En disidencia respecto de la primera cuestión), José Luis Galmari Fdo. Claudia B. Mainard - Secretaria de Jurisprudencia Subrogante de la Cámara Civil