Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-03-02


AUTOS Nº 8226 "AGUERO Mariana Graciela C/ Benelvaz Vega Guillermo A. S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diez, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. José Dionisio Castro, Miguel Ernesto Novoa y Hermes Francisco Carrera, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en autos Nº 8226, caratulados: "AGUERO MARIANA GRACIELA C/ BENELVAZ VEGA GUILLERMO A. S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia de fs. 363/371 de autos, el Sr. Juez del Primer Juzgado del Trabajo, resolvió hacer parcialmente lugar a la demanda, con costas en el 60% a la demandada y en el 40% a la actora; lo que provoca la apelación de la primera a fs. 377/383, que fue respondida a fs. 385/388.

Que a fs. 395 consta la intervención del Ministerio Fiscal; a fs. 398 el llamamiento de autos para resolver; y a fs. 399 el sorteo practicado para la emisión de los votos, el que arrojó el siguiente resultado: 1) Dr. Novoa; 2) Dr. Castro y 3) Dr. Carrera.

A CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la demandada? Segunda cuestión: Costas? SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

I.Que en la sentencia se tiene por acreditada la relación laboral entre la actora y el demandado y que había sido negada por éste último.

Sustentó su decisión el Inferior en que: 1) La trabajadora ha cumplido con la carga probatoria a su cargo y acreditado con las testimoniales de fs. 62/65 y 77/78, a tenor de interrogatorio de fs. 61, que no han sido observados por las partes en el proceso, que prestó servicios en el laboratorio del accionado.

2) Ello ha sido reconocido por el demandado, que no ha probado que la presencia de la actora en dicho laboratorio, lo fuera porque haya concurrido en algunas oportunidades al mismo, por orden e instrucción de la empresa CEIBIOQ SRL.

3) Resultan de aplicación los arts. 22 y 23 de la LCT.

Que contra dicha parte del fallo se alza la demandada en el recurso de apelación aludido, discrepando con el mismo, en cuanto entiende que el Aquo ha hecho una valoración parcial y equivocada de la prueba rendida en autos, en tanto: 1) Deduce que la actora trabajó dos horas de 15 á 17 hs., sin tener en cuenta que la misma no precisó en su demanda si lo hacía en horarios de mañana o tarde o noche y sin tener en cuenta que se superponía con la jornada que ha precisado desempeñaba para otro empleador, en autos N° 16254 Aguero Mariana Graciela c/ Ceibioq SRL, del 4° Juzgado del Trabajo.

2) No ha valorado debidamente las testimoniales, de las que surge la mendacidad de los que las han prestado, pues indican un horario de ingreso de la dependiente, que se superpone con el que la misma realizaba para Ceibioq SRL.

3) Se ha afectado el derecho de defensa del demandado, pues en la sentencia no se indica qué parte del testimonio se toma para llegar a la conclusión a la que se arriba.

Que resumidos sintéticamente los antecedentes de la decisión y de los agravios contra la misma, corresponde avocarse al examen y decisión de éstos últimos.

Que en primer lugar, si bien es cierto que en la demanda se expresa que la trabajadora se desempeñó en media jornada y no se indica si lo fue en la matutina, vespertina o nocturna; lo concreto es que ello no empece la solución a la que se arriba en la sentencia, pues el Aquo con sustento en la prueba producida, llega a la conclusión que lo fue en la vespertina, en un horario inferior al afirmado, para lo que tiene en cuenta la cumplida por la demandante para Ceibioq SRL, conforme surge de los autos mencionados precedentemente.

De todos modos, la imprecisión a que alude la demandada, no ha afectado su derecho de defensa, pues el tema no ha sido materia de discrepancia en la contestación, pues en ella se desconoce lisa y llanamente que existiera relación laboral alguna.

Que por otra parte, este tribunal ha sostenido en diversas oportunidades que "no debe olvidarse que si los agravios traídos señalan discrepancias con la evaluación hecha por el Tribunal de mérito de los elementos de juicio incorporados en el proceso, la impugnación de arbitrariedad del fallo, no puede sustentarse en la disconformidad del recurrente con el criterio utilizado por el sentenciante en la selección y valoración de las pruebas, aunque haya prescindido de algunas de ellas, si ha hecho mérito de otros elementos y resultan suficientes para sustentar sus conclusiones".

Que haciendo aplicación de la doctrina precedente al caso de autos, se advierte que la demandada solo discrepa con el criterio de selección y valoración de la prueba realizada por el sentenciante, pero sin alcanzar a demostrar la arbitrariedad en que habría incurrido.

Olvida que el Juez al merituar la prueba, se funda en que todos los testigos son contestes en que la actora trabajaba en el laboratorio del demandado; que han dado razón de sus dichos por trabajar en laboratorios requirentes de servicios del de propiedad del accionado; que lo hacía en horario de tarde; que operaba un aparato destinado a análisis especiales; que a dicho laboratorio mandaban los restantes la muestras para su análisis; que la respuesta a los requirentes se enviaba por fax; que había un cadete que era el encargado de llevar los pedidos, etc. (fs. 62/62 y 77/78).

Que en otra palabras, la conclusión del Aquo, no aparece como caprichosa, sin razón alguna, o resultado del propio voluntarismo del mismo; sino de la constancias arrimadas al proceso, que valoradas conforme el principio de la sana crítica, no podían ser apreciadas de distinta forma.

Es cierto que los testigos incurren en algunas imprecisiones relativas a la hora de ingreso, pero lo concreto es que no se advierte que fueran decisivas para excluir el valor probatorio de los mismos, pues son falencias propias de la testimonial y del tiempo que transcurre entre los hechos y su declaración, tanto que solo difieren sobre si la actora entraba a las 14 ó 15 hs..

Que no debe perderse de vista también, que el demandado ha reconocido la presencia de la actora en su laboratorio, pero sosteniendo que era enviada por Ceibioq SRL; hecho que no ha probado, por lo que es de presumir que lo hacía en cumplimiento de su vinculación laboral con el demandado, tal como ha quedado acreditado precedentemente.

Que por todo ello, esta parte de la impugnación debe desestimarse; lo que así propicio.

II.Que en la sentencia se hace lugar a las indemnizaciones originadas por el despido, con fundamento en que no fue respondida la intimación de la actora a que se aclarara la situación laboral, pues la demandada negó la vinculación dependiente.

Que en la apelación, la accionada discrepa con la solución dada por el Inferior, en tanto entiende que dicha intimación no es válida para sustentar el despido, pues no contaba con plazo alguno para ser respondida.

Que entrando a la decisión de esta parte de la impugnación, no comparto el criterio de la recurrente, en el sentido que la falta de indicación del plazo para la contestación de la intimación, invalida la comunicación y la disolución del contrato dispuesta; pues en tal caso ha de entenderse que la misma lo es por dos días hábiles, que es el mínimo permitido por el art. 57 de la LCT.

Que de todos modos, desde la intimación del 08/06, hasta la respuesta de la patronal del 14/06, transcurren más de dos días hábiles, de modo que no se vio en modo alguno afectado el derecho de defensa de la demandada.

Que sin perjuicio de ello, no puede desconocerse que el actor probó la causal de despido, pues la contestación de la patronal pone de manifiesto, al desconocer la relación, que la negativa de trabajo era real, independientemente que la respuesta de ésta fuera temporánea.

Que por lo fundamentos expuestos, esta parte de la impugnación también deviene en improcedente.

III.Que la admisión de las indemnizaciones derivadas de la disolución del vínculo laboral; provoca también la discrepancia de la demandada, con sustento en que en la intimación no se manifiesta en forma expresa, que la falta de aclaración dará lugar al despido. (TS 2).

Que entrando a esta parte del recurso, advierto que la sanción que indica aplicará la actora en caso de no cumplirse con su requerimiento, es el despido, pues de lo contrario no habría empleado el término "bajo los apercibimientos de ley", que no podía ser otro que la disolución de la vinculación laboral.

Ninguna duda podía tener el empleador actuando con cuidado y previsión y conforme arts. 63 y 92 de la LCT. (Art. 1198 Código Civil).

IV.Que en la sentencia se aplica el Convenio Colectivo N° 108/75 y conforme a ello se determina la categoría y remuneración de la actora, que se manda reducir en forma proporcional al tiempo trabajado, esto es de 15 á 17 horas y no media jornada como se pretende en la demanda.

Que contra dicha parte del fallo se alza la accionada en el recurso mencionado, disintiendo con el misma, en tanto entiende que: 1) El Aquo suple la omisión de la actora, aplicando un convenio colectivo que no ha sido invocado ni individualizado.

2) Si el Juez entiende que la demandante trabajó solamente dos horas en horario vespertino, debió reducir el monto que dice la dependiente que percibía por media jornada, esto es los $ 250 ( por cuatro horas) y condenar solamente a $ 125 (por dos horas).

Que atento lo dispuesto por el art. 8 de la LCT, y no habiéndose individualizado por la dependiente actora, el CC, ni producido prueba del que resulta su aplicación, ni resultando conocido por el Tribunal cuál puede ser el que regula la vinculación; entiendo es desacertada la decisión del Sentenciante en esta tema, correspondiendo en consecuencia estar a la remuneración afirmada en la demanda solamente, reducida en un 50% ($125), para determinar el monto de los rubros admitidos en la sentencia de primera instancia y en esta.

V.Que en la sentencia se hace lugar a la indemnización del art. 2 de la ley 25.323, por resultar cumplida la intimación de la actora con la comunicación que obra a fs. 177 de autos.

Que contra esta parte de la decisión se alza la demandada, en tanto entiende que la intimación de la dependiente no fue oportuna.

Que con relación al tema este Tribunal por mayoría ha sostenido: "Que en la sentencia se rechaza el incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323, con fundamento que en el caso "no se ha remitido por el actor la intimación fehaciente exigida por el art. citado, en cuanto ésta no es a los efectos del reclamo del pago de la indemnización ordinaria se produce por mora automática que se regula por los arts. 149 y 128 de la LCT; por lo que los referidos créditos deben satisfacerse dentro de los cuatro días hábiles de producirse el distracto que genera el derecho a la acreencia.

Es decir, que vencido el término para abonar las indemnizaciones (4 días) deberá intimarse al empleador en el cumplimiento del art. 2 para acceder al incremento".

"Que contra dicha parte del fallo se alza la demandante en el recurso aludido, disintiendo con la decisión, en tanto entiende que la Corte de Justicia de la Provincia ya se ha pronunciado en los autos que se mencionan en la apelación, en sentido contrario al decidido por el Aquo, expresando que el incremento del art. 2 de la ley 25.323, se devenga ante el hecho de la mora frente a la falta de cumplimiento de la obligación indemnizatoria, mora que debe considerarse operada ipso facto con el mero transcurso del plazo para efectivizar aquélla sin hacerlo; y que conforme lo dispuesto por el art. 9 de la LCT, la interpretación de la ley debe hacerse en el sentido más favorable al trabajador".

"Que resumidos sintéticamente los antecedentes de la decisión y de la impugnación e independientemente del razonamiento del sentenciante, advierto que en el caso en examen el actor se dio por despedido por telegrama del 07/10/05 (fs. 3 de autos) y simultáneamente intimó al pago de las indemnizaciones de ley.

Siendo así, resulta evidente a mi criterio que la intimación mencionada fue extemporánea por anticipada y, por ende, el incremento improcedente, aún en el supuesto hipotético que la mora y obligación de pago naciera inmediatamente después de producido el despido, como se sostiene en el recurso".

"Que la interpretación aludida aparece como la correcta, por cuanto la norma legal mencionada requiere que las indemnizaciones sean debidas y exigibles, lo que ocurrió (aún siguiendo la interpretación de la actora) recién en oportunidad en que la notificación de despido dispuesta por el trabajador llegó a esfera de conocimiento del empleador.

De modo que la intimación simultánea estaba exigiendo el pago de una obligación aún no nacida y que no se encontraba en mora.

Es necesario que el contrato muera, nazca la obligación de indemnizar, para que recién sea procedente la intimación a su pago".

"Que no debe perderse de vista, que la ley regula en realidad una pena, cuya procedencia requiere el vencimiento de la obligación y el requerimiento y no un incremento que se origina por el solo hecho del despido incausado".

"Que no está demás señalar, que en el caso no puede sostenerse que la falta de intimación temporánea se suplió con la interposición de la demanda.

Al respecto ha dicho esta Sala: sin que obste a ello la afirmación del actor, en el sentido que liquidó y reclamó el pago de las indemnizaciones en la demanda, puesto que ésta no es la pretensión, sino la que la contiene y su ejercicio en tal momento se realiza una vez que ha caducado el derecho a la intimación, pues: "a) la norma mencionada dispone: "Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744.... y los artículos 6 y 7 de la ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%...".

b) conforme el texto expreso del artículo citado, para la procedencia del incremento en él previsto, es necesario: intimación; falta de pago por el empleador; e iniciación de acción judicial como consecuencia obligada de las dos circunstancias que le deben preceder.

Es decir, que la intimación y la falta de pago, son condicionantes de la demanda y de la pretensión y que una vez promovida la acción judicial, no es posible admitir la existencia del supuesto legal.

Que ello es así, en tanto el fin perseguido por la ley, es obtener el cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias por parte del empleador, mediante la amenaza de una sanción, a fin de evitar la demanda.

De modo que cuando ésta ya fue intentada, carece de sentido la intimación y el incremento de las reparaciones, que resultan extemporáneas.

c) en otras palabras, estamos en presencia de un supuesto de caducidad del derecho.

Al respecto se ha sostenido: "es susceptible de caducidad la posibilidad de su ejercicio (del derecho) en cada caso singular.

Con dicha caducidad no se pierde el poder (que queda disponible para otros casos particulares que pueden presentarse), pero sí se pierde una determinada oportunidad para ejercerlo"; "mientras en la prescripción se actúa la exigencia de que no queden por largo tiempo sin ejercitar los derechos subjetivos en general, en la decadencia (caducidad) opera la exigencia diversa de que ciertos derechos sean ejercitados dentro de un término breve, porque existe un interés general en el pronto ejercicio de aquéllos derechos, además de un interés respecto de quienes tales derechos pueden ser ejercitados, en conocer rápidamente si el titular de ellos quiere ejercitarlos o no".

(López, Centeno, Madrid, obra citada, nota arts. 242 y 259).

Que no impide la conclusión precedente, el que el art. 259 de la LCT, disponga que no hay otros modos de caducidad que los que resultan de esta ley, pues dicha norma no se remite solamente a los expresamente contemplados, sino a todos aquellos que resultan de la misma por aplicación de los arts. 11, 62 y 63 y en los que la caducidad impide uso abusivo de los derechos, y en el cual se reúnen tres ideas: "la del retraso en el ejercicio del derecho, la de la conducta contradictoria (venire contra factum propium) y la de la infracción contra la buena fe". (López, Centeno, Madrid. Obra citada, art. 259).

d) no debe perderse de vista, que la caducidad apunta fundamentalmente a evitar el ejercicio abusivo del derecho, que se daría cuando "éste se ha ejercido en contra de los fines económicos y sociales que inspiraron la ley en la cual se le otorgó", como se indicó anteriormente; o excediendo "los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres".

(Borda, Manual de Obligaciones, pags. 595/96)".

"Que sin perjuicio de lo dicho, no debe perderse de vista que la decisión del Inferior, cuenta con sustento en doctrina casi unánime, habiéndose expresado al respecto: "En lo relativo a la intimación previa establecida por la ley, ésta no determina un plazo cierto para su cumplimiento, sino incierto", pero: "La norma tiene como presupuesto necesario la mora del empleador en el pago de las indemnizaciones legales.

Por una interpretación conjunta de los arts. 128 y 149 de la LCT, la jurisprudencia ha determinado que las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo son exigibles a los cuatro días hábiles de operada" (Etala, Contrato de Trabajo, nota art. 275, pag. 722); "La interpretación conjunta de los artículos 128 y 149 de la LCT permite concluir que las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo son exigibles a los 4 días hábiles de operada la misma" (Mario Ackerman, Tratado De Derecho Del Trabajo, Tomo IV, pag. 457, punto IX); "A fin de determinar la fecha de exigibilidad del pago de la obligación, debe estarse a los dispuesto en los artículos 128 y 149 de la LCT; por lo que los referidos créditos deben satisfacerse dentro de los cuatro días hábiles de producirse el distracto que genera el derecho a la acreencia" (Revista Derecho Laboral, La reforma laboral II Leyes 25.323, 25.344 y 25.345 y decreto reglamentario, pag. 20 inc. c); En igual sentido, Estrada, Foglia, Livellara, Porras, Reformas Laborales, Ediciones Jurídicas Cuyo, pag. 34)".

"Que en nada empece lo expuesto en las consideraciones precedentes, la doctrina judicial que cita la recurrente, en tanto resulta claro que en el supuesto en estudio nos encontramos con una circunstancia o fundamentos que no ha sido motivo de consideración en los fallos citados, como es el relativo a la imposibilidad de intimar simultáneamente con el despido o la posibilidad de que se supla el requerimiento legal con la demanda o la doctrina prácticamente unánime respecto a la fecha en que se produce la mora y exigibilidad de la indemnización por despido.

De modo, que la "obligación" que podría resultar para este Tribunal de seguir las pautas jurisprudenciales mencionadas en la apelación, con el fin de evitar desgaste jurisdiccional innecesario, desaparece completamente".

"Que a ello hay que agregar que el precedente que se cita y recaído en autos Molina Gaspar c/ Millas SACIF, por apelación de sentencia Inc. y Cas., no resulta aplicable al caso como sentencia de la Corte de Justicia, pues como la misma apelante lo aclara, el recurso no fue tratado, en tanto se rechazó formalmente y la opinión de los integrantes del Superior Tribunal Provincial, por tal motivo, no importan un pronunciamiento o sentencia sobre el fondo de la cuestión, sino una mera opinión.

El hecho que el art. 5º párrafo 2º de la ley 2275, permita a la Corte de Justicia pronunciarse sobre la procedencia formal y simultáneamente sobre el fondo del recurso extraordinario, por razones de economía procesal, no quiere decir que rechazado formalmente el recurso pueda decidir sobre los sustancial; pues sería un contrasentido decir que no se admite el recurso, pero que se lo resuelve".

Que haciendo aplicación de los expuesto al caso de autos, se advierte que la intimación de la dependiente de fs. 177, resulta extemporánea, en tanto se comunica el despido y simultáneamente se intima el pago de las indemnizaciones por tal motivo; razón por la cual la indemnización admitida en la sentencia es improcedente y por lo tanto, el recurso procedente en este punto.

VI.Que en la sentencia se imponen las costas en el 60% a la demandada, lo que es recurrido por la misma, en tanto entiende que al progresar la impugnación corresponde su corrección.

Que atento la solución que propugno, habiéndose admitido parcialmente la apelación, soy de opinión que las costas deben imponerse en el 40% a la demandada y 60% ala actora.

Art. 125 CPL y 75 CPC.

VII.Que por todo lo expuesto, voto porque se haga lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MIGUEL E. NOVOA DIJO:

Que en cuanto a las costas de esta instancia, voto porque se impongan en el 60% a la actora y en el 40% a la demandada. Art. 125 CPL.

EL DR. JOSÉ D. CASTRO DIJO:

Adhiero por sus fundamentos al voto emitido precedentemente, excepto en la solución que se propicia para decidir el reclamo de la actora con fundamento en el art. 2° de la ley 25.323 y la imposición de las costas cuestionada conforme las razones que seguidamente se exponen.

Al expedirme en los autos "Cabeza, Rolando c/ Reinoso Oscar" de octubre del 2006, sostuve una opinión contraria a la mantenida por la sentenciante, apoyándome para ello en lo resuelto por nuestra Corte de Justicia in re "Paredes c/ Panedile" aún vigente de fecha 23/03/82.

Allí el Alto Tribunal sostuvo que los plazos indicados en la ley laboral (art. 128 LCT.) para el pago de los salarios, sólo se refiere cuando el contrato se encuentra vigente y no cuando está disuelto.

Los plazos referidos en manera alguna pueden ser interpretados para el caso de rescisión unilateral del contrato por la patronal, pues ello se desprende de una interpretación racional de la norma, desde que, si las remuneraciones son por naturaleza esencialmente alimentarias, motivo por el que se deben pagar a intervalos breves y regulares (Justo López, Tº I, pág. 707), no se explica por qué debe esperar el trabajador despedido injustificadamente por el período de gracia que acuerda la ley.

Consecuente con el pensamiento referido, la intimación para el pago de las indemnizaciones por antigüedad y omisión de preaviso no requiere del vencimiento de término alguno para intimar su pago, ya que la obligación se hace exigible contemporáneamente con la fecha del distracto, razón que sirve para acoger favorablemente el agravio, admitiéndose la reparación que prevé el art. 2º de la ley 25.323.

Este fallo, al ser dictado por el Alto Tribunal en pleno, adquiere el carácter de vinculante (art. 209 Const. Prov.) y de observancia obligatoria para los tribunales inferiores.

Siguiendo en materia de costas el criterio sustentado por nuestro Superior Tribunal, cabe decir que, la imposición de las costas no debe ser el resultado de una operación aritmética entre lo que se demandó y el monto por el que progresa la demanda, sino que las mismas deben surgir de una prudente valoración, no sólo de la actuación de los litigantes, sino, fundamentalmente, sobre si el reclamante ocurrió al órgano jurisdiccional fundado en legítimo derecho (PRE.Sala I, 1991 "Dominguez c/ SATA", DT 19992294; 1988III1/3; ED. 35629; 34775).

En este sentido encontramos similitud de criterio con el pensamiento de la CNAT. Sala X, cuando se afirma que para la aplicación de las costas, no debe adoptarse un criterio meramente aritmético derivado sólo del cotejo entre el monto reclamado y el deferido a condena, sino que debe tenerse en cuenta que es litigante vencido "aquél contra el cual se declara el derecho o se dicta la decisión judicial". (DT 2001B1700).

Por su lado, Morello (Cód. Proc. T.IIB, Comentario al art. 68 CPCN.), enseña que la noción de vencido, lo cual indica que debe soportar las costas, ha de ser fijada con noción sincrética del juicio y no por el análisis aritmético de las pretensiones y los resultados.

Con tal base, es notorio que las costas deben ser impuestas íntegramente a la parte que se opuso negando la procedencia de la pretensión, pues, aunque el pedido fuese exagerado cuantitativamente, la litis resultó igualmente máxima al no haber la demandada pagado aquello procedente.

(LL. 1982I465).

Por lo tanto, el argumento del hecho objetivo de la derrota no sufre desmedro alguno por la sola circunstancia de que el reclamo inicial no prospera en su totalidad.

(ED. 88532).

En el sub lite, aún cuando la demanda fue rechazada en parte de los reclamos, debemos señalar en favor de la actora, que la misma debió ocurrir al órgano jurisdiccional para que su crédito fuese reconocido, lo que resulta así declarado.

Por tanto y habida cuenta de que hay un vencimiento parcial y mutuo (art. 77 CPC), el pago de las costas debe ser distribuído entre los litigantes, entendiendo razonable y por los fundamentos dados, que las costas las soporte la demandada y la actora en la forma dispuesta en la sentencia.

EL DR. HERMES F. CARREA DIJO:

Que por sus fundamentos adhieren a la conclusiones que arriba el Dr. Novoa en su voto.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I) Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación deducido por la demandada, de conformidad con los considerandos precedentes.

II) Imponer las costas de esta instancia, en un todo de conformidad con los fundamentos de esta resolución.

III) Tener presente las reservas efectuadas.

IV) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.