Agravantes de la pena, concurso real, prueba testimonial, presentación extemporánea, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C., M.O. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en contra de Sentencia recaída en causa Expte. 127/09, caratulada: C., M.O. s.a. Exhibiciones Obscenas Agravadas (1º hecho), etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-11

La Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, por mayoría, resolvió declarar culpable a MOC como autor penalmente responsable de los delitos de exhibiciones obscenas agravadas, abuso sexual agravado continuado, abuso sexual con acceso carnal agravado -dos hechos en concurso real-, abuso sexual agravado, abuso sexual agravado, suministro de material pornográfico, todo en concurso real condenándolo, en consecuencia, a sufrir la pena de veintiún años de prisión más accesorias de ley.

Contra el decisorio aludido, comparecen los asistentes técnicos del imputado e interponen recurso de casación.

Como punto de partida, corresponde aclarar que, pese a que los recurrentes han invocado las causales de casación previstas en los incisos 2º y 1º del art. 454 del C.P.P., en los argumentos brindados se advierte que sus embates se dirigen exclusivamente a cuestionar la errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba.

Ello, en razón de que, más allá de invocar la errónea aplicación de la ley sustantiva, han omitido especificar cuál es la calificación jurídica que estiman correcta, así como a cuáles de los seis hechos atribuidos a su asistido se refieren, advirtiéndose en el desarrollo del agravio esgrimido que lo que en realidad discuten coincide con lo manifestado en sustento del primer cuestionamiento invocado.

En consecuencia, la cuestión a dilucidar radica concretamente en examinar si el a quo ha incurrido en el error denunciado.

Adviértase que las pruebas por las cuales los recurrentes resisten la sentencia, versan en cuestionar la legitimidad de la fundamentación al haberse valorado el testimonio de las víctimas -principales testigos de cargo- incorporados por su lectura; como así, denuncian la falta de determinación en la fijación temporal de los hechos.

En tal sentido, aseveran que se ha vulnerado el derecho de defensa del imputado y el principio de inmediación.

En el desarrollo del presente embate, seguiré el criterio sentado en los precedentes de las sentencias Nº 3, del 02/03/2011 y Nº 13, del 30/05/11, el cual ha tenido acogida favorable por los restantes miembros de esta Corte, argumentos que, en consecuencia, se siguen en el tratamiento de la cuestión traída a estudio.

En los citados fallos, sostuve que la característica central del debate es la oralidad, en tanto posibilita en forma óptima "las virtudes individuales y combinadas de la publicidad, la inmediación, el contradictorio y la identidad física del juzgador, integrándolas en una unidad de funcionamiento en la realidad, que sólo puede separarse conceptualmente" (Cafferata Nores-Tarditti, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Comentado, Tomo 2, Editorial Mediterránea, 2004, p. 166).

Excepcionalmente, cuando se trata de la prueba testimonial, se autoriza la lectura de las declaraciones prestadas en la investigación -siempre que hayan sido recibidas por funcionarios del Poder Judicial- en los casos y situaciones previstas por el artículo 392 C.P.P., bajo sanción de nulidad.

Una de esas situaciones es cuando no concurren los testigos "o hubiese acuerdo entre el Tribunal y las partes" (incs. 1 y 2°, art. cit.), disposición que ha posibilitado una praxis amplia de acuerdos para la incorporación por la lectura.

Con relación a quiénes tienen capacidad para declarar como testigos, la disposición procesal es amplia, en tanto consagra la obligación de toda persona de "concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad" (art. 228 del C.P.P.).

En cuanto a la denuncia de los impugnantes por la incorporación por su lectura de los testimonios de las menores víctimas -únicas testigos presenciales, dada la índole de los delitos que nos ocupan-, desatiende que si ello ocurrió, fue porque expresamente se consintió.

En tal sentido, póngase de resalto que el presidente del tribunal ordenó -al inicio del debate- que por secretaría se procediera a dar lectura de la resolución del tribunal que, previo informe de que se encontraba firme y consentida, fue leída, quedando debidamente incorporada a debate. La mentada resolución resolvía, justamente, eximir a las menores C.V.C. y G.A.Q. de comparecer a audiencia, debiéndose incorporar oportunamente sus declaraciones prestadas en la etapa penal preparatoria.

Dicho resolutorio no sólo fue debidamente notificado a los asistentes técnicos del imputado, quienes no dedujeron oposición alguna, sino que, además, también consintieron su incorporación, conforme se constata en el acta de debate respectiva, la que, además, fue suscripta por la defensa.

El análisis que antecede, reafirma lo resuelto por el a quo frente a la tardía (14 días después) y contradictoria (se opone a la incorporación de los testimonios de las menores víctimas, pero consiente que se incorpore la Resolución Nº 22/2010) oposición efectuada por la defensa al momento de incorporar al debate la prueba por su lectura cuando, previa solicitud de la palabra, manifestó que prestaba conformidad para que se incorporara por su lectura la prueba rendida, a excepción de las declaraciones expositivas de las supuestas víctimas, porque no fueron ratificadas y la defensa no tuvo participación en las mismas. Ante dicha oposición, el tribunal no hizo lugar, fundamentando que ya se había expedido sobre la cuestión planteada por la defensa, que la resolución se encontraba firme y consentida y que al inicio del debate dicha resolución fue leída por secretaría sin que haya sido cuestionada en modo alguno.

De allí, que si la defensa consintió la incorporación por la lectura del testimonio de las menores víctimas, luego resulta incompatible que se agravie por ello, ya que conforme al principio derivado de la denominada teoría de los actos propios, nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (C.S.J.N., Fallos 7:139; 275:235, 256 y 459; 294:220).

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.