Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-04


LINARO, María Esther contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Reg.: A y S t 199 p 196-199. Santa Fe, 4 de agosto del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación de los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la actora contra el pronunciamiento de fecha 14 de agosto de 2002, dictado por la Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 2, de la ciudad de Rosario, en autos "LINARO, María Esther contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -R.C.A.- (Expte. 696/01)" (Expte. C.S.J. nro. 44, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 14 de agosto de 2002 la Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 2, de la ciudad de Rosario, resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto contra el auto de Presidencia de fecha 04.06.2002, por el que se declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo deducido por la recurrente María Esther Linaro contra la resolución nro. 1162 de fecha 13.10.99, dictada por el señor Intendente Municipal, por considerar que el mismo resultaba extemporáneo.

Contra el pronunciamiento de la Cámara interpuso la actora recursos de inconstitucionalidad y de casación con sustento en lo previsto por el artículo 37 y concordantes de la ley 11330 y artículo 1 y siguientes de la ley 7055.

Luego de referir al cumplimiento de los recaudos formales de admisibilidad y de relatar los antecedentes de la causa invocó distintas causales de arbitrariedad que, a su entender, se configuran en el caso.

Adujo autocontradicción en los fundamentos del decisorio atacado. Expresó que dicho vicio se configura cuando la Cámara refiere a los antecedentes administrativos y dice: "...la resolución nro. 1162 resuelve el rechazo de tres cuestiones propuestas: el recurso de reconsideración contra la resolución nro. 409/99; la pretensión resarcitoria y los pedidos de pronto despacho a los que hace referencia" y luego sostiene que la resolución 1162/01 "agota la vía administrativa" cuando "rechaza el recurso de reconsideración oportunamente deducido contra la resolución nro. 409/99".

Aclaró que la resolución nro. 409/99 no resolvió reclamo resarcitorio alguno; la que resuelve por primera vez uno de los reclamos resarcitorios es la nro. 1162/99, por lo que el recurso de reconsideración contra ésta (en cuanto desestima la pretensión resarcitoria) es admisible, y al no haber sido resuelto éste por el señor Intendente, el recurso contencioso administrativo se articula tempestivamente al considerarse operada en forma presunta la denegación por parte de la Administración.

En segundo lugar, invocó falta de fundamentación. Dijo que este vicio se configura cuando se afirma en la sentencia cuestionada que la instancia administrativa se agota con sólo un decisorio del Departamento Ejecutivo Municipal, atento a lo prescripto por el artículo 1, de la ley 7234.

Dijo que la norma sólo establece la necesidad de la previa reclamación administrativa y su denegatoria por parte del ente público respectivo y que la ley específica y aplicable al caso (art. 66 y conc. Ley 2756 -t.o. ley 7334- L.O.M.) dispone el procedimiento para que se considere operada la denegación. A su entender, la Cámara aplica erróneamente la ley (art. 1, ley 7234) dado que esa norma no reglamenta conforme lo establece el artículo 7, ley 11330 el procedimiento del reclamo previo administrativo.

Afirmó que también se desinterpreta el artículo 3, de la ley 11.330 cuando se sostiene que conforme a la naturaleza el reclamo sería carente de sustancia administrativa y así el recurso también resultaría inadmisible. Insistió en la competencia de la Cámara dado que es necesaria la declaración de ilegitimidad del acto impugnado para el reconocimiento del derecho reclamado.

Bajo la tacha de "incongruencia" adujo que la Cámara se excedió en sus facultades revisoras de la decisión del señor Presidente cuando considera y sustenta para resolver cuestiones que no habían sido insinuadas en la providencia impugnada por vía del recurso previsto en el artículo 12, de la ley 11330.

Destacó que el señor Presidente había sustentado la declaración de admisibilidad en la extemporaneidad del recurso contencioso administrativo, quedando de esa forma trabada la cuestión. No obstante la sentencia ahora impugnada incurre en incongruencia al merituar para sustentar lo decidido que la naturaleza del reclamo resulta carente de sustancia administrativa.

Por otra parte, invocó "arbitrariedad fáctica". A su entender ésta se configura porque el Tribunal ha desinterpretado, en forma irrazonable, los antecedentes administrativos -resoluciones, dictámenes jurídicos y escritos de su parte- provocando un estado de indefensión.

También entendió que la Cámara efectúa afirmaciones dogmáticas cuando asevera, sin sustento en los antecedentes fácticos de la causa, que la vía administrativa -aun considerando la naturaleza del reclamo como se interpreta- se ha visto agotada con el dictado de la resolución 1162/99; que ello es así atento a lo normado por el artículo 1, de la ley 7234; y cuando declara que la materia no es contencioso administrativa, sin advertir que la reclamación se vincula a actos ilegítimos de la administración pública municipal.

En cuanto al recurso de casación, con sustento en el artículo 37, de la ley 11330, manifestó que la Cámara incurrió en grave error de derecho al aplicar, para decidir el agotamiento de la instancia administrativa, el precepto del artículo 1, ley 7234. Agregó que la ley específica (art. 66 y siguientes, ley 2756 LOM) no ha sido tenida en cuenta a pesar de su expreso reclamo para ello; y que tampoco ha sido observado el artículo 7 de la ley 11330, ni el artículo 3 de la misma ley. También destacó, en relación a la doctrina no aplicada de la Corte Suprema local, que ha indicado fallos donde se ha decidido sobre la procedencia de este tipo de recursos cuando se demanda indemnización de daños y perjuicios y sobre el régimen recursivo administrativo.

2. Por decisorio de fecha 12 de diciembre de 2002 la Cámara resolvió denegar la concesión de los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos (fs. 33/36 vto.), lo que motivó la presentación directa de la actora ante esta Corte (fs. 48/84 vto.).

3. Conforme a la ley que regula el remedio extraordinario local, es carga del quejoso rebatir los fundamentos del auto denegatorio (art. 8, ley 7055). En el caso, si bien la recurrente en su presentación directa se hace cargo de ellos, a pesar de su esfuerzo, no logra desvirtuarlos.

En efecto, en lo que respecta al recurso de inconstitucionalidad planteado, debe señalarse que de la confrontación del decisorio atacado con las causales de arbitrariedad articuladas, surge la falta de conexión de éstas con la realidad del caso.

Tal como sostiene la Cámara, a través de los distintos supuestos de arbitrariedad esgrimidos, lo que en verdad pretende quien se queja es imponer su propio criterio interpretativo a efectos de lograr que se declare admisible el recurso contencioso administrativo deducido. Mas con argumentos que resultan insuficientes para persuadir acerca de que la Cámara haya incurrido, al rechazar el recurso de revocatoria, en autocontradicción, falta de fundamentación, incongruencia, arbitrariedad fáctica, afirmaciones dogmáticas o fundamentación aparente.

En el auto denegatorio claramente se exponen las razones por las cuales la postura de la recurrente, en cuanto pretende que se admita el recu Concluyendo luego, acertadamente, que "a la luz de la presente causa, la arbitrariedad articulada no guardaría relación con la realidad del caso, si se tiene en cuenta que el Tribunal en su decisorio ratificó la decisión de la Presidencia en cuanto a la extemporaneidad del recurso en función de la materia posible de ser articulada vía la ley 11330, y de manera congruente aclaró, en la primera ocasión que el Cuerpo en pleno tuvo para decidir sobre el particular, que ello era así pues la reparación del daño moral no era susceptible de ser articulada vía el recurso contencioso administrativo previsto en la ley 11330, por lo que el recurso, en función del acto administrativo posible de cuestionamiento era extemporáneo y el recurso de revocatoria debía rechazarse". A lo que cabe agregar la aclaración efectuada en cuanto a que el rechazo del recurso no se basó - como pretende la quejoso- con exclusividad en la incompetencia del Tribunal.

Frente a tan claros términos la recurrente en su presentación directa sólo insiste en su particular enfoque del caso, mas sin demostrar la irrazonabilidad de los fundamentos utilizados por la Cámara para desestimar su planteo extraordinario y dejar en claro porqué no puede entenderse configurados los vicios de autocontradicción, falta de fundamentación o incogruencia invocados.

Por otra parte, en la resolución denegatoria también se desestima fundadamente el cuestionamiento vinculado a la supuesta arbitrariedad fáctica y afirmaciones dogmáticas en que habría incurrido el Tribunal a la hora de valorar los antecedentes administrativos, sin que los argumentos utilizados por los sentenciantes logren ser desvirtuados por la quejosa en su presenta Por lo demás, cabe agregar respecto a la postulada arbitrariedad fáctica que -como puede apreciarse- el Tribunal valoró los antecedentes administrativos, sólo que dándole un alcance distinto al pretendido por la recurrente, lo que evidencia -tal como lo postuló la Cámara- la inadmisibilidad de su planteo al respecto.

En suma, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, no puede prosperar desde que la mera discrepancia en torno a la interpretación de la prueba y el derecho, sin demostrar que los sentenciantes hayan incurrido en error, omisión, dogmatismo, incongruencia o algún otro vicio que torne arbitrario lo decidido, no constituye cuestión constitucional que autorice la apertura de la instancia prevista en la ley 7055.

Y, en cuanto al recurso de casación intentado, debe señalarse que se impone la misma conclusión adversa a su admisibilidad.

En efecto, la actora en su escrito de queja en modo alguno logra desmerecer lo sólidamente afirmado por la Cámara en su auto denegatorio, en cuanto a que éste "no puede concederse a poco se repare que la invocación que en el decisorio se efectuara de la ley 7234 resultaba lógica consecuencia de la naturaleza civil del reclamo que el Tribunal se encargó de explicitar. Desde luego, no se consignó la ley mencionada como instancia previa a la deducción del recurso contencioso administrativo". Ello así, desde que no basta con invocar inobservancia o grave error en la aplicación de normas de derecho, y citar éstas, como así tampoco alegar genéricamente apartamiento de la doctrina y jurisprudencia de la Corte, sin acreditar -prima facie- cómo tal vicio efectivamente se ha configurado.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar el recurso de queja.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)