marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inadmisibilidad del recurso, facultades jurisdiccionales, tasa municipal, solve et repete
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: AMX Argentina S.A. c/ Municipalidad de El Espinillo s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-03-29

A efectos de garantizar la tutela judicial efectiva y el acceso irrestricto a la jurisdicción, es pacífica la jurisprudencia y así lo ha resuelto la Corte Suprema que el "solve et repete" puede ser exceptuado en aquellos casos en que existen situaciones patrimoniales de los particulares en que puede darse una desproporción entre el tributo y la capacidad económica del que debe pagar y que al ser previo dicho pago, ello sea realmente un menoscabo a su derecho de defensa. Ahora bien, esa excepción a la regla es viable toda vez que el particular acredite y demuestre que su capacidad o situación económica se verá gravemente afectada si debe cumplir con el pago previo de un tributo que cuestiona judicialmente, cuyo no es el caso de estos obrados. Es por ello que corresponde la declaración de inadmisibilidad de la acción y el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de dicho instituto. (Del voto en disidencia del Dr. Guillermo Horacio Alucin)
Prueba, producción de la prueba, rechazo de la prueba, sustanciación de la prueba, recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal, devolución del expediente, juez de instrucción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: GREEN, EDUARDO s/ Régimen Penal Tributario, incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-09

Corresponde devolver las actuaciones al Juez instructor a fin de que se proceda a su elevación en la oportunidad procesal pertinente, en tanto los recursos concedidos contra resoluciones sobre producción, denegación y sustanciación de pruebas, sólo deben elevarse después de realizadas todas las demás pruebas (art. 477, CPMP).
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, indemnización, reconocimiento en sede judicial, acto administrativo, irretroactividad de la ley, depreciación monetaria, actualización monetaria, índices de actualización, decretos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mangold, María Ana c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 369 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

El decreto 381/91 establece básicamente para el futuro un régimen de actualización de créditos en favor de los agentes de la Administración pública con lo que su aplicación retroactiva violentaría el principio general de la irretroactividad de los actos administrativos, pero no puede soslayarse que ello ha sido circunscripto a supuestos en que los agentes tenían derechos adquiridos a la aplicación de otro índice de actualización. Distinta es la situación planteada en el sub lite, dado que la actora no tenía derecho a la percepción de la actualización de acuerdo a un índice determinado, consagrado automáticamente en una norma jurídica (tal como surgiría de su inserción en algún convenio colectivo de trabajo que así lo dispusiere, o en algún acta paritaria, como sí acontecía en los referidos precedentes).
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: PENAL
Carátula: Cataldo, Salvador Oscar s/ Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-11

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia transgresión del art. 156 -n.a.- de la Constitución provincial alegando que, al no advertirse cuál es el significado lógico y jurídico del probable sustento de lo decidido, no se han resuelto las cuestiones primordiales en que se fundamentara la conclusión absolutoria, si la Cámara basó la misma en la falta de prueba cargosa.
Recusación y excusación, temeridad o malicia, multa procesal
Materia: LABORAL
Carátula: SURACE, DIANA c/ SALAMONE CROFT, ROBERTO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-14

Cuando la recusación configura un supuesto de obstrucción de justicia, debe declararse maliciosa e imponer al recusante una multa de conformidad con el art. 18 del decreto 1285/58. (Del voto de la Dra. Porta, en minoría).
Fertilización asistida, competencia federal, acción de amparo, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Paisio, Luciana Paola c/ APROSS s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2020-02-27

Atento que el objeto de la acción de amparo, en contra de la obra social, es la cobertura del tratamiento de una prestación prevista en la ley nacional 26.862 y su decreto reglamentario (fertilización asistida), con lo cual se deberá determinar la operatividad de legislación de carácter federal y de orden público, resulta competente el fuero federal en razón de la materia, de conformidad al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Comp. FCB 53356/2018/Cs1 (expte. 7426967) "P.L., S. c/ APROSS y otro s/amparo ley 16.986").
Seguros, seguro colectivo, aplicación de la ley, denuncia del siniestro, falta de denuncia, indemnización
Materia: CIVIL Y COMERCIAL
Carátula: CIPELLI OSVALDO c/ CNAS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-27

La conducta omisiva del empleador en formular la denuncia no impide al asegurado accionar por cobro de la indemnización, pues el tiene un derecho propio contra el asegurador, desde que ocurre el evento previsto, art. 153 ley 17418.
Caducidad de instancia, homologación del acuerdo, procesos de familia
Materia: CIVIL
Carátula: MONTIAL, Andrea - #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: CC c/  s/ HOMOLOGACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-23

Por tratarse de un proceso voluntario, desde que no existe controversia alguna entre partes sino que lo que se persigue es la homologación judicial de un acuerdo celebrado entre dos personas en relación a la tenencia y alimentos de sus hijos menores, no corresponde declarar la caducidad de oficio (art. 313, inc. 2º del CPCC).

Por el principio de oficiosidad del proceso de familia, previsto en el art. 709 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, donde la puesta en marcha del proceso jurisdiccional corresponde a las partes (impulso inicial) y luego el impulso será de oficio y por tanto el trámite continuará a instancias del órgano jurisdiccional, en búsqueda de la finalización del proceso.

Esto significa que no es necesario que las partes deban volver a impulsarlo, salvo en situaciones especiales (Lorenzetti, Ricardo Luis; " Código Civil y Comercial de la Nación", comentado, tomo IV, editorial Rubinzal-Culzoni; Buenos Aires, año 2015, p. 588; y doctrina allí citada).

El mencionado principio, si bien contempla los procesos contenciosos o litigiosos propiamente dichos, también debe tenerse en cuenta para los procesos voluntarios de homologación de convenio que versan sobre cuestiones que atañen directamente al derecho de familia, en donde se encuentra en juego un evidente interés superior. Declarar la caducidad del mismo implicaría que la peticionaria iniciara un nuevo trámite, idéntico al presente, con el consecuente perjuicio y dispendio jurisdiccional que ello ocasionaría.
Actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, abogados, falta de mandato
Materia: PROCESAL
Carátula: Alvarez, Marta Noemí c/ Sanchez, Justo s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-12-02

Si se actuó sin mandato del apelante, incumplió el letrado interviniente con lo preceptuado en el art. 46 del Código Adjetivo.

Por lo tanto, no puede resultar válido ningún acto procesal efectuado por quien no es mandatario.
Certificado de trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Di Napoli, Hernán Luis c/ La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-05

Procede la indemnización del art. 80 LCT., pues la puesta a disposición de los certificados de trabajos y aportes previsionales no es suficiente a fin de tener por cumplida la obligación de su entrega y, además, la certificación acompañada al contestar la acción carece de la totalidad de los recaudos impuestos por dicha normativa.
Acción de amparo, concesión administrativa, equilibrio económico financiero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTE 19 DE JULIO S.R.L. Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-06-12

En todo contrato de concesión está implicada, como un cálculo, la equivalencia honesta entre lo que es acordado en beneficio del concesionario y lo que se exige de él. Es lo que se llama equivalencia económico financiera y comercial, la ecuación económico financiera del contrato de concesión. De esta manera, se afirma la inmutabilidad a lo largo de la vida del contrato del equilibrio económico inicial, lo cual se conseguirá precisamente mediante el pago del equivalente económico necesario para restablecerlo cuando aquel se haya visto alterado. Dicha situación conduce a la procedencia del amparo deducido a tal fin.
Apelación concedida libremente, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: M., J. R. c/ P., P. S. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-12-10

Por ello, no puede menos que exigirse a quien intenta se revoque un fallo, que exprese por qué esa decisión judicial no lo conforma, poniendo de manifiesto lo que considera errores de hecho o de derecho, omisiones, defectos, vicios o excesos.
Personas con discapacidad, educación inclusiva, docentes, reincorporación, derechos y garantías constitucionales, derechos sociales, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: INSTITUTO PRIVADO APANE c/ DIRECCION  DE  EDUCACION  PUBLICA DE GEST. PRIVADA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA Y/O ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-10-25

Anteponer en el caso de autos la ley de presupuesto para de ese modo fundamentar la resolución administrativa que dispone el cese en funciones del gabinetista psicotécnico, que cumple su tarea en un centro para niños especiales implica lisa y llanamente someter el tratamiento de la cuestión bajo el imperio de las leyes de la competitividad económica, las leyes del mercado, reduciendo todo a un problema económico propio de las políticas neoliberales, actitud que se debe repudiar en un Estado democrático que se proclame defensor del pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales- De modo que, y a fin de garantizar la formación integral de las personas con discapacidades, habrá que reconocer que allí donde haya o pueda haber una necesidad, una diferencia, una minusvalía, habrá que reforzar la promoción de la igualdad real y de los derechos humanos, igualdad que supone en el sub-exámine la remoción por parte del Estado de los obstáculos que impiden que aquéllos, que están en situación desventajosa, desarrollen plenamente sus aptitudes vitales. En consideración a lo expuesto, y entendiendo que la resolución cuestionada deniega un beneficio que tiene una causa razonable, corresponde hacer lugar a la acción de amparo, disponiendo en consecuencia la restitución al cargo del docente. (Del voto de la Mayoría-Dr. Cáceres-Dr. Oviedo)
Daños y perjuicios, indemnización, daño estético
Materia: CIVIL
Carátula: LATANSE JUAN J. Y OTROS. c/ PICOLLO NORBERTO s/ SUCESION S-DAÑOS Y PERJUICIOS PERRONE ANIBAL R. Y OTRA c/ PICOLLO NORBERTO s/ SUC. Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-09|1987-09-09

Aunque las lesiones con secuelas deben tomarse en consideración por la gravitación primordial en las aptitudes de trabajo futuro de la víctima, tal incidencia no es única ni exclusiva a los fines resarcitorios, pues en el orden social en la vida de relación, las consecuencias de una lesión pueden tener importancia y causar disminuciones en la integridad de la persona, susceptibles de apreciarse para determinar la indemnización. Es lo que ocurre precisamente con la deformación ocasionada por una cicatriz en el rostro, o sea, con el daño estético.
Derecho procesal, competencia, competencia federal, ejecución del contrato, competencia por la materia, acción de amparo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

Del Dictamen Fiscal 110034:

Resulta competente el fuero civil y comercial federal para entender en un amparo en virtud del cual el pretensor persigue el cumplimiento de un contrato de medicina prepaga ante la urgencia de la intervención quirúrgica a la que debe someterse, puesto que no se trata de un simple debate sobre el cobro de cuotas de una empresa de medicina prepaga respecto de lo cual este fuero ha admitido su competencia, por tratarse de una cuestión eminentemente mercantil, sino que esta en juego el derecho a la salud protegido por la ley 24754 que en este aspecto ha asimilado las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga a las obras sociales, con remisión a lo establecido por las leyes 23660, 23661 y 24455, que establecen la competencia de la justicia federal (ley 23361 art. 38). de modo pues, que la temática planteada excede lo meramente comercial, lo que suscita la competencia establecida en las leyes especiales citadas.
Daños y perjuicios, accidente de aviación, culpa
Materia: CIVIL
Carátula: SUPERIOR GOBIERNO DE CORDOBA c/ EDUARDO F. CURTI s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-04-03

La ley, dice Orgaz, obliga a las personas a ser prudentes, no prudentísimas, diligentes, no diligentísimas, sin duda, las particulares circunstancias del caso y los conocimientos especiales del demandado, justifican, que se haga una apreciación más severa que la ordinaria, pero no tan rigurosa que exceda lo corriente para este tipo de situaciones, al punto de exigir al instructor actos extraordinarios que escapan a toda posibilidad humana o que supere la pericia normal de un piloto aéreo experimentado.

Si cuando el instructor advirtió el error del piloto y no tuvo los mandos a su disposición para corregir la maniobra, manifiestamente no le es imputable la caída del helicóptero.

A falta de culpa en esta etapa de descenso del helicóptero la responsabilidad del instructor sólo podría fundarse en el hecho de haber permitido que el piloto hiciera por sí mismo la maniobra en vez de hacerla él personalmente.
Error de hecho (penal), in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: F., M.B. y F., N.G. s/ Estafa en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-22

La duda existente respecto a si el acusado actuó o no bajo el influjo de un error de hecho, debe resolverse a su favor.
Trabajadores marítimos, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Alberto Eduardo Thiers Posse c/ René Fernández Campbell s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-11-11

Analizadas, pues las pruebas obrantes en autos respecto a la vinculación laboral entre las partes, de acuerdo a los principios de la sana crítica (art - 164 inc - 5. del C.P.C.C. , Y 121 Ley N. 1 444), se considera que entre actor y demandado existió un contrato de ajuste por tiempo indeterminado, de acuerdo a la definición del art - 984 del Código de Comercio, tiene razón, pues el demandado al señalar que son aplicables al caso las disposiciones legales convencionales específicas referidas a la gente de mar.

La aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, establece en su art - 2. que la misma está condicionada a que "... resulta compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico Régimen Jurídico a que se halle sujeta ...", a más de las exclusiones expresadas no son aplicables las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo a la integración del mes de despido y al instituto del preaviso en las cuestiones referidas a la gente del mar, dado lo específico del trabajo del obrero Marítimo no cabe la aplicación de tal sistema, por cuyas circunstancias instrumentaron un orden que se acercara al modelo, pero estableciendo las diferencias necesarias. Por tanto al sancionarse las disposiciones de las Leyes 20.744 y 21.297; su previsiones quedaron comprendidos los trabajadores marítimos, pero ello no implica de manera alguna que el régimen de Contrato de Trabajo establecido por dichas Leyes, alcance en absoluto a la labor marinera, puesto que esta condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulten compatibles con la naturaleza y la modalidad de la actividad que se trata y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta (Art - 2. Ley de Contrato de Trabajo) o sea que las mejoras de la Ley de contrato de trabajo son aplicables a la gente de mar en la medida a que se ajustan a las características del trabajo marítimo y el régimen normativo especial.
Procedimiento administrativo, recursos, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BAROLI, OSCAR GREGORIO c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

Si bien el juego armónico de las normas vigentes -Res. 134/89 del M.T.S.S.- determinan que la C.N.A.S.S. no es competente para pronunciarse cuando hay una etapa procesal no cerrada que requeriría la intervención del organismo administrativo, debe tenerse presente la necesidad del juzgador de no caer en extremos inconducentes: tanto el excesivo apego a normas procedimentales como el absoluto apartamiento de ellas y la pura y libre creación judicial pueden llevar a resultados negativos. En consecuencia, y atento a que la sanción del Dec. 2284/91 de desregulación y sus normas complementarias han dado un nuevo contorno al problema al desaparecer los organismos administrativos de doble instancia, corresponde dar acogida al recurso y declarar al mismo formalmente admisible.

(Disidencia del Dr. Wassner).
Recurso extraordinario, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: PETROESTE S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-11-02

Para determinar la existencia o no del contenido económico a los fines regulatorios corresponde realizar una meritación de las pretensiones ejercidas, con la consecuente interpretación de una cuestión de mérito, escapando por ende a la restringida órbita de los recursos extraordinarios, salvo el caso de arbitrariedad.
Acto administrativo, vicios del acto administrativo, acción de lesividad, Administración Pública, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Morell, Andrés Telmo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 269 año 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-05

Debe desestimarse el planteo del recurrente respecto a que es pacífica la doctrina y la jurisprudencia en el sentido de que la revocación de un acto administrativo que otorgó derechos subjetivos adquiridos sólo puede realizarse por vía judicial, pues esta posibilidad es extraña al ordenamiento local y ni siquiera por vía pretoriana ha sido admitida por el Tribunal.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, oficios, comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción
Materia: PROCESAL
Carátula: Vallejo, Carlos Luis s/ su presentación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-15

Ante la respuesta al pedido formulado por el Secretario de la Corte Suprema sin acompañar los datos oportunamente requeridos, corresponde librar oficio al Presidente de la sala de la cámara provincial para que dentro de las 48 horas de recibido, proceda a elevar al Tribunal la información requerida.
Títulos ejecutivos, interpretación literal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Argentino S.A. c/ Reyner Gusberti s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S135 - 004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-12-12

No niego por último la literalidad cmo recuado que debe contener un título de crédito o más precisamente como uno de los carácteres específicos de ciertos títulos valores crediticios -verbigracia la letra de cambio-, tales como también la autonomía, completitividad, abstracción, etc., pro ello no significa que solamente los títulos de crédito que reunan esos recaudos sean los que tenga fuerza ejecutiva u otorguen acción ejecutiva o cuyo cobro pueda perseguirse a través de un proceso de ejecución acelerada. La ejecutividad de un título encuentra su razón en la particular autenticidad o fehaciencia que denotan respecto de la legitimidad de las obligaciones que documental, siendo por ello que los procesos de ejecución -a diferencia de los de conocimiento que versan sobre un derecho discutivo- se sustentan en un derecho cierto (o presumiblemente cierto), cuya satisfacción se procura garantizar mediante el uso de la compulsión.
Estado Provincial, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MEDINA, CLAUDIO c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-09-08

No cabe duda que en la actividad de contralor del cumplimiento de las prescripciones legales de prevención contra la fiebre aftosa y la consecuente sanción a sus infracciones, el Estado ejercita su poder de policía, en materia sanitaria.-
Medidas cautelares, embargo preventivo, enajenación de bienes embargados
Materia: PROCESAL
Carátula: EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION c/ DE BIASE S.A.C.I. e I. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-26

La indisponibilidad del bien embargado no es absoluta, ya que el Código Civil permite su enajenación a condición de que se declare la existencia del embargo (arts. 1174 y 1179). De allí, el conocimiento del "status" jurídico que grava en expectativa a la cosa embargada y la mantiene vinculada a la jurisdicción, es el único requisito para que sea factible y válida la operación de que se trate.
Juicio de desalojo, restitución del inmueble, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz, Daniel c/ Ocupantes Inmueble Diag. 73 N2267 s/ Incidente de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-24

Mas teniendo en cuenta que la tutela brindada en estos casos es provisional y susceptible de ser modificada o revocada por la sentencia definitiva a la que está preordenada, es bastante con crear en la conciencia del Juzgador un estado de fuerte probabilidad sobre la fundabilidad de lo peticionado, mas no la absoluta certeza.

De allí que la verosimilitud a que alude el art. 676bis, ha de entenderse como algo mas que el mero símil o simple apariencia de intruso que brinda la situación del accionado y que evoca el vocablo verosímil. Es menester que esa situación de intrusión que se endilga al demandado se presente como altamente probable o probabilísima.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)