Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-11


Buenos Aires, 11	de febrero de 2009 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. Fernando Luján Morlan y Oscar Hernán García entablaron demanda contra el Gobierno de la Ciudad a fin de que se les incluyan dentro del rubro sueldo básico los suplementos que se liquidan como no remunerativos y pidió la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 871/02, 861/93 y 144/03. Asimismo, solicitó el cobro retroactivo de las diferencias correspondientes a sueldos anuales complementarios, en relación con dicho suplemento por todos los períodos que no se encuentren prescriptos, todo ello con más intereses y costas (fs. 2/6).

El Gobierno de la Ciudad, al contestar el traslado de la demanda, solicitó su rechazo (fs. 16/23).

La jueza de primera instancia dictó sentencia haciendo lugar a la acción interpuesta contra el GCBA, con costas a la demandada, y en consecuencia resolvió: (i) declarar la inconstitucionalidad de los decretos 671/92 (3544/91 y 670/92), 1328/98 y 1880/92, 861/93 y 144/03 en tanto otorgan un adicional calificado como "no remunerativo"; (ii) fijar pautas a la demandada para la liquidación del sueldo de los actores, el pago de las diferencias salariales para el cálculo del SAC, y para la regularización de la situación de los aportes de los actores ante el órgano previsional competente (fs. 25/35).

2. La sentencia fue apelada por el Gobierno demandado (fs. 36/38).

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la sentencia apelada en cuanto al carácter remunerativo de los suplementos 871/92, 861/93 y 144/03, la revocó en cuanto a la obligación impuesta a las partes para que regularicen su situación previsional, e impuso las costas de esa instancia a la vencida (fs. 40/45).

3. La demandada interpuso recurso de inconstitucionalidad agraviándose por entender que la sentencia de Cámara afecta las garantías de debido proceso y de defensa en juicio (arts. 18° CN y 10° y 13° inc. 3° CCABA), por lo que deviene arbitraria. También se agravió por afectación del principio de división de poderes y del derecho a la propiedad (fs. 46/54).

La Sala II de la Cámara denegó el recurso deducido por considerar que no existe una cuestión de naturaleza constitucional en el planteo del GCBA y que las alegaciones sobre arbitrariedad son meramente genéricas (fs. 56/57).

4. Ante el rechazo del recurso de inconstitucionalidad, el GCBA recurrió en queja (fs. 61/73).

Corrido el traslado al Ministerio Público, el Señor Fiscal General Adjunto propició el rechazo del recurso de hecho (fs. 84/86).

Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. El recurso de queja interpuesto por el Gobierno de la Ciudad reúne los requisitos de tiempo y forma (art. 33, Ley 402). Sin embargo, por las consideraciones que a continuación expondré, el recurso no puede prosperar.

2. Corresponde señalar, en primer término, que el escrito mediante el cual se pretende defender el recurso de inconstitucionalidad denegado no satisface la carga de efectuar una crítica concreta y fundada del auto denegatorio, ni rebate argumentalmente los fundamentos por los cuales la Cámara decidió no concederlo -en especial la ausencia de caso constitucional y la resolución de la causa sobre la base de la aplicación de normas infraconstitucionales-, omisión que obsta a su procedencia puesto que, de este modo, la presentación resulta privada de mínimo fundamento (conf. este Tribunal in re "Guglielmone, María Dolores s/ art. 74 CC s/ recurso de queja", expte. nº 291/00, resolución del 22/03/2000; "Góngora Martínez, Omar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Góngora Martínez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14, CCABA)", expte. nº 3264/04 y sus citas, resolución del 23/2/05).

En efecto, el recurso de queja interpuesto se limita a invocar, ritualmente, la afectación de derechos constitucionales pero no argumenta ni intenta siquiera establecer un fundamento suficiente para acreditar la existencia de un caso constitucional (fs. 65 vta., punto 1.2).

3. El Tribunal ya ha expresado en casos similares al presente que: "el GCBA no logra esbozar un caso constitucional que justifique la intervención de este tribunal, ya que su planteo constituye una mera discrepancia con la valoración de los hechos y de las normas infraconstitucionales aplicables, cuestión ajena al ámbito de este recurso extraordinario.

Más allá del acuerdo o desacuerdo con la decisión adoptada por la Cámara, lo cierto es que el a quo ha desarrollado un razonamiento que no puede ser calificado como arbitrario o ilógico. En otras palabras, el GCBA no logra demostrar de qué manera, en el caso concreto, la interpretación que realiza la Cámara de las normas infraconstitucionales aplicables viola principios, derechos o garantías de índole constitucional, lo cual conduce a rechazar el recurso de inconstitucionalidad en este aspecto" (conf. mi voto en los autos: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ "Farías, María Antonia c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)", expediente nº 3565. En el presente caso, la Cámara ha valorado -para arribar a su decisión- diferentes elementos probatorios de los que da cuenta la sentencia como la existencia de notas de "habitualidad" y "generalidad" en las funciones que aplican para el suplemento. Al respecto, la Cámara, para fundar su decisión, estableció que: ".la Administración no puede desconocer el carácter remuneratorio de las prestaciones, como las creadas por el Decreto 861/93 y 471/92, que poseen en la realidad de la relación de empleo público las características de habitualidad y generalidad, pues tal conducta implica una clara violación al sistema previsional, cuyo régimen jurídico no puede ser desconocido por las autoridades locales" (fs. 43) y que ".estos adicionales presentan las dos notas distintivas que identifican a las prestaciones salariales, es decir a)constituyen una ganancia neta para el trabajador y b) han sido otorgadas como retribución de los servicios prestados" (fs. 43 vta.).

Por lo demás, resulta insoslayable y tampoco lo discute la recurrente que el carácter remunerativo de los suplementos surge de la interpretación y aplicación de normas de derecho común como lo son los decretos cuestionados y las normas del SIMUPA pertinentes. Ello ubica la cuestión fuera de los límites del recurso de inconstitucionalidad.

4. En orden al agravio de arbitrariedad de la sentencia, resulta conveniente recordar, a más de lo que ya fuera expresado, que si bien no es una causal expresamente reconocida en la ley 402, la mayoría del TSJ ha admitido su invocación sin perjuicio de especificar que: a) sólo comprende situaciones de carácter excepcional; b) no alcanza a la discrepancia con respecto a la interpretación de las normas infraconstitucionales aplicadas por los jueces; c) no es un medio para corregir sentencias equivocadas; y d) sólo es admisible ante decisiones que no puedan ser calificadas de sentencias fundadas.

En suma, no puede tratarse de una vía oblicua para exponer agravios que no involucren razones constitucionales, sino un remedio excepcional para que el TSJ conozca sobre decisiones manifiestamente carentes de fundamentos y que, de esta manera, lesionen el derecho de defensa en cuanto incluye el derecho a obtener una sentencia fundada en el derecho positivo aplicable a los hechos de la causa. Se trata, así, de un remedio ante decisiones "desprovistas de todo apoyo, fundadas tan solo en la voluntad de los jueces", según la letra de la Corte Federal en el caso "Rey" (Fallos 112:384) y de otras situaciones semejantes que el referido tribunal ha ido sistematizando, como lo muestra la actual clasificación de los casos de arbitrariedad que contiene la publicación oficial de sus fallos (cfr. Lugones, Narciso, "Recurso Extraordinario", Lexis Nexis, 2002, segunda edición actualizada, pág. 286)	Las situaciones mencionadas precedentemente no se verifican en el caso, pues la sentencia puede ser objeto de crítica jurídica pero no cabe descalificarla como carente de lógica, autocontradictoria o de insuficiente fundamentación.

5. El GCBA sostiene que la sentencia de la Cámara en cuanto atribuye naturaleza remunerativa a los adicionales afecta la división de poderes, generando un desequilibrio en las previsiones financieras y presupuestarias de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, sus manifestaciones no revelan la afectación de principios constitucionales, toda vez que en diversas circunstancias los jueces interfieren en la actuación de otros poderes cuando los condenan al cumplimiento de deberes o prestaciones.

En efecto, el Tribunal ya ha señalado en ocasiones anteriores el anacronismo de argumentos como los invocados. En este sentido conviene recordar que "La genérica invocación de una lesión al principio de división de poderes y de la zona de reserva de la Administración (.), es manifiestamente improcedente. Tal argumentación vedaría cualquier intervención judicial cuando, como en el caso, se requiere la protección de un derecho conculcado por las autoridades administrativas. Estos principios solo se dirigen a establecer la competencia privativa de los órganos superiores del Estado, sin que tal circunstancia los haga inmunes de todo control judicial" (voto conjunto de los Dres. Ruiz, Conde; Muñoz y Maier en autos "González, Jorge Esteban c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expíe n° 1891/02, resolución del 11/12/02).

6. Por las consideraciones expuestas precedentemente, considero que corresponde rechazar el recurso de queja deducido de conformidad con lo dictaminado en sentido concordante por el Sr. Fiscal General Adjunto (fs. 67/69).

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Adhiero al voto de mi colega, la jueza Ana María Conde.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Coincido con la jueza de trámite, Dra. Ana María Conde, en que la queja debe ser rechazada porque el recurrente no ha logrado exponer un caso constitucional. Más allá del acierto o error de la decisión del a quo, lo determinante es que ella encontró apoyo suficiente en la interpretación de normas locales infraconstitucionales (decretos nros. 861/93, 3544/91 y la ley 471), sin que el GCBA haya logrado demostrar que su razonamiento sea insostenible. Ello es así, porque al margen del resto de los argumentos dados en la sentencia, cualquiera sea su mérito, los mencionados, como ya dije, brindan apoyo suficiente e independiente a la decisión cuestionada. A su vez, tal como señala la Dra. Conde, el recurrente tampoco muestra la relación directa que existiría entre lo resuelto y las garantías constitucionales por él invocadas (defensa en juicio, debido proceso y la división de poderes).

2. El GCBA afirma que la Cámara, al caracterizar el suplemento como "sueldo básico", lo privó de la facultad de retirarlo (fs. 71 vta.). Sin embargo, este planteo tampoco puede prosperar, en tanto la sentencia se ciñó a reconocer un derecho a la luz del régimen delineado por la normativa local infraconstitucional vigente, sin que ello implique postular que dichas normas son las únicas compatibles con la constitución local, ni conceder un derecho adquirido al mantenimiento del régimen vigente. En otros términos, la sentencia cuestionada, que versó sobre el alcance de la relación jurídica en debate, a la luz de las disposiciones que actualmente regulan la relación de empleo público -único ámbito dentro del cual pueden actuar los jueces en el marco de la tarea asignada por el art. 106 CCABA-, nada expresa acerca de las atribuciones constitucionales en las que el recurrente buscó apoyo para fundar su agravio, esto es, aquellas que involucran sus potestades para establecer la política salarial dentro de los organismos bajo su dependencia. En esas condiciones, el GCBA no demuestra por qué el gravamen denunciado provendría del pronunciamiento cuestionado.

3. Finalmente, el recurrente postula que la resolución cuestionada se traduce en la imposibilidad de retirar el suplemento, aún frente al supuesto de que quien alguna vez lo cobró deje de ejercer las funciones de conducción (fs. 71 vta.). Empero, dado que el a quo señaló que "... para que el agente tenga derecho a percibir el suplemento reclamado se requiere cumplir con los recaudos previstos, es decir, no solo desempeñarse en los cargos indicados por la norma, sino que, además, deben ejercerse efectivamente las tareas inherentes a esa función y contarse con personal a cargo" (fs. 43), el GCBA tampoco muestra, a este respecto, que el perjuicio que enuncia sea fruto de la sentencia impugnada.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

El recurso de queja interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fs. 61/73 no puede prosperar pues, tal como lo afirman mis colegas en sus votos respectivos, no se ha logrado exponer un genuino caso constitucional en los términos exigidos por el art. 27 de la ley n° 402, circunstancia que veda el ingreso al tratamiento de la cuestión de fondo controvertida en estos autos.

Sin perjuicio de la invocación genérica del derecho de defensa en juicio, el principio de división de los poderes y el derecho de propiedad que se reputan vulnerados a partir de lo decidido en el caso, lo cierto es que los planteos de la interesada remiten básicamente a la interpretación de las diversas normas infraconstitucionales utilizadas por la Cámara para resolver el litigio (ley nº 471, régimen establecido en el SIMUPA y decreto nº 861/93).

Por otro lado, bajo la designación de arbitrariedad, la demandada tiende a controvertir el fundamento jurídico contenido en la sentencia recurrida, sin incluir, como en el resto de su recurso, razones de índole constitucional. La circunstancia de que la recurrente discrepe con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que la sentencia, más allá de su acierto o error, devenga infundada y, por ende, arbitraria (cf. el Tribunal in re "Federación Argentina de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 49/99, resolución del 25/8/99 y sus citas en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. I, ps. 282 y siguientes).

En suma, el apuntado defecto en la fundamentación del recurso se convierte en un valladar insalvable para revisar la sentencia que se pretende poner en crisis.

Por las consideraciones expuestas corresponde rechazar la queja deducida.

Así lo voto.

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja planteado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita este expediente, mediante oficio, a la Sala de la Cámara que tomó intervención en el juicio, para que sea agregado a los autos principales.

La jueza Alicia E. C. Ruiz no vota por estar en uso de licencia.