marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tierras fiscales, permiso precario, tenencia simple
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: LOZADA, LEONARDO c/ RONDINELLI, MARTA T. s/ DESALOJO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-10-07

No mediando norma expresa en contra, los tenedores legítimos de bienes inmuebles del Estado, pueden accionar frente a terceros en defensa de sus propios intereses y de los intereses del propio Estado, propietario final del inmueble. Este principio funciona no sólo respecto de los bienes privados del Estado -tal la tierra pública comprendida en el art.2342- sino incluso respecto de los bienes del dominio público que el Estado da por ejemplo en concesión.
Contrato de trabajo, despido, indemnización, estabilidad laboral, derecho de propiedad, defensa en juicio
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CORTEZ DE HERRERO, FLORENCIA MARIA FANNY c/ EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA (E.P.E.) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-05

Una vez rota la relación laboral a raíz del despido dispuesto por el empleador, sólo cabe reconocer al trabajador el derecho a reclamar una indemnización razonable proporcional al perjuicio sufrido, pero no puede consagrarse como legítimo un derecho a la estabilidad absoluta, por ser aquél reñido con las garantías de los artículos 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional.
Subsistencia del contrato, telegrafía
Materia: LABORAL
Carátula: ACOSTA, HECTOR FERNANDO c/ NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DESPIDO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-08-11

La Cámara ponderó los hechos imputados en el sumario administrativo y descriptos en la comunicación telegráfica en correlato con el plexo probatorio, arribando con grado de razonable certeza moral a la conclusión que la conducta desplegada por A. -que fuera reconocida- revistió gravedad y magnitud suficiente como para desplazar el principio de conservación del contrato regido por el art. 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, valorando además los antecedentes disciplinarios que acentuaron la situación.
Responsabilidad del Estado, abuso del derecho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Carabassa, Isidoro c/ Provincia de Río Negro s/ Daños y perjuicios s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-09-08

Existe responsabilidad por omisión toda vez que quien se abstiene de actuar infringe así una obligación jurídica de obrar, entendiéndose por tal no sólo la que la ley consagra de modo específico sino la que surge inequívocamente del conjunto del ordenamiento jurídico, y que está impuesta por la razón, por el estado de las costumbres y por la práctica de los hombres probos, debiendo tenerse especialmente en cuenta a los efectos de una correcta interpretación, la norma del art. 1071 del Código Civil. Así, cuando la abstención excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres no hay ejercicio regular del derecho de abstenerse de obrar.
Ofrecimiento de la prueba, plazos procesales, plazo perentorio, prueba extemporánea
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FONTANALS, Jorge A. s/ Apertura a prueba, Causa nro. 28.999
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31

Lleva dicho este Tribunal que el plazo previsto en el art. 477, primer párrafo, del C.P.M.P., reviste carácter perentorio y con su vencimiento caduca el derecho de ofrecimiento de prueba en la etapa de plenario. No prevé dicho ordenamiento otras posibilidades de solicitud de producción de prueba en forma extemporánea que las contempladas en su art. 529.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por actos lícitos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Otero, Remo Ulises y ot. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-16

En el cumplimiento del deber de seguridad que pesa sobre la administración del estado provincial, se utilizan elementos y se recurre a mecanismos de contención o represión que generan una potencialidad de daño hacia los terceros y en modo alguno puede pretender exonerarse la Provincia por la presencia de terceros en el hecho, cuando ha sido tal circunstancia la que ha provocado la actuación de las fuerzas policiales. La actividad lícita del Estado también puede producir perjuicio a los particulares y el Fisco debe responder por los hechos en los que han intervenido sus agentes en ejercicio de las 3 funciones que les fueron conferidas.
Acción de amparo, división de poderes, facultades legislativas, razones de oportunidad, mérito o conveniencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A. c/ G.C.B.A. s/ Amparo Tributario de la C.A.B.A. c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-01

No corresponde a los restantes poderes del Estado examinar las razones de oportunidad, mérito o conveniencia que haya tenido en cuenta el legislador al momento de sancionar la ley. Tal clase de consideraciones forma parte de la función legislativa, y toda injerencia en esa materia por parte de los otros poderes del Estado constituiría un indebido avance sobre facultades privativas de aquel cuerpo
Juicio abreviado, homologación judicial, sentencia condenatoria, prisión, multa, accesorias legales, costas, lavado de activos, reincidencia, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: Gastón Leandro Mercau c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-21

Corresponde hacer lugar a la solicitud de juicio abreviado y homologar el acuerdo presentado por las partes con la conformidad del procesado -art. 431 bis del CPPN-, en el cual se propició la condena del mismo en orden al delito de lavado de dinero y la declaración de reincidencia. Resulta adecuada la solución propuesta por el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal, pues en lo que refiere a la calificación legal ha de precisarse que las partes acordaron que la conducta incriminada al imputado encontraba adecuación típica, respondiendo como autor -arts. 45 y 303 inc. 1° del CP- dado que ha tenido el dominio del suceso -entendido como quien mantiene en sus propias manos el curso del hecho típico- al adquirir bienes en el mercado lícito con fondos dinerarios provenientes del provecho económico obtenido de la venta de estupefacientes.
Compraventa, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gorjón, Carlos c/ Rouan, Santiago s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

Si la condena a escriturar resulta en extremo gravosa para la parte vencedora, al recibir el saldo del precio varios años después -aún cuando ello sea consecuencia de su propia culpa-, y por contrapartida que la compradora obtendría extraordinario beneficio al incorporar a su patrimonio un bien que ha duplicado varias veces su valor, sin la correspondiente contraprestación económica, procede actualizar el saldo del precio, pero no en la medida que determinan los índices oficiales sobre fluctuación del costo de la vida, sino en forma prudente y moderada en la extensión necesaria para satisfacer los principios de moral y equidad, que de otro sufrirían lesión, sin dejar de tener en cuenta la conducta contractual de la vendedora y su actuación en el proceso.-
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE CREDITO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA c/ VICENTE DAMINO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-03-07

Obstó la pretensión del Banco actor, la no presentación del resumen de cuenta o liquidación de gastos verificados por el demandado,entendiéndose que tres serían los recaudos necesarios para perfeccionar la pretensión ejecutiva: a)Solicitud o contrato de utilización de la tarjeta de crédito; b)Cupones de compra con firmas -en ambos casos- atribuidas al deudor; y c)Resumen o liquidación del crédito.

La tarjeta de crédito es un instituto carente de amparo legal que contenga normas específicas reguladoras de su operatividad y funcionamiento dentro del ámbito mercantil, quedando abierta la vía pretoriana y doctrinal para fijar los límites a los derechos y obligaciones que vincula la relación y jurídica entre los sujetos comprometidos con su otorgamiento y utilización. El propio actor, no puede pretender que sea soslayado el cumplimiento de un recaudo que el mismo unilateralmente pensó, redactó e impuso como condición en la solicitud contractual de uso de la tarjeta de crédito.

La inhabilidad del título en este proceso ha sido legal y correctamente declarado en el interlocutorio apelado.
Recurso contencioso administrativo sumario, educación pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SUMARIO LEY 10000- - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 176-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

Si el recurrente, sostiene que el objeto (causa pretendi) del recurso contencioso administrativo sumario que incoara no se dirige a obtener los fondos necesarios para el mantenimiento de los edificios destinados a la educación, sino a hacer cesar una omisión ilegítima de una autoridad administrativa, debe considerarse que en esto le asiste razón al quejoso. En efecto, toda vez que el recurso tiene como objeto impugnar la conducta omisiva del Poder Ejecutivo, violatoria de disposiciones del orden administrativo local, como indudablemente lo constituyen las normas institutivas del FAE, al no haber ordenado la retención de la coparticipación y depositado los fondos en la cuenta especial de aquél, la pretensión reúne uno de los requisitos que hacen a la procedencia del recurso, ya que solamente es de legitimidad (uno de sus caracteres, entre otros) lo cual incluye la razonabilidad, pero está vedado el campo del mérito, o sea, de la oportunidad, conveniencia o equidad. En una palabra, sólo se juzga el acto impugnado desde el punto de vista de su conformidad con el ordenamiento jurídico, lo que no excluye la indagación y verificación de hechos en cuanto sea necesario para decidir sobre la legitimidad del acto administrativo o, como en el caso, la omisión de la autoridad administrativa, confrontándoselo con las leyes y reglamentos que al mismo se refiere; en suma, se confronta la resolución o la conducta omisiva con una norma jurídica que impone un deber a la autoridad.
Funcionarios públicos, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Villarreal, Raúl Alcides y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-21

El incumplimiento de Los deberes a su cargo de los funcionarios públicos explica la producción del resultado, por lo que corresponde el rechazo de las objeciones a la atribución de responsabilidad penal de los nombrados por infracción al art. 189, 2º párrafo del CP
Prueba testimonial, apreciación de la prueba, valor probatorio, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Materia: LABORAL
Carátula: Echavarría, José María c/ Forja San Martin S.A.I.C. s/ Despido Constantino, Enrique Raúl. c/ ESAR S.R.L. s/ Indemnización por antiguedad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-26|1985-08-13

En materia laboral los tribunales del fuero tienen facultades privativas en la apreciación de la prueba de testigos y en la consideración de las tachas relativas que pudieren disminuir la fuerza de sus dichos.
Acción de amparo, licencia gremial, tutela sindical
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: ASOCIACION  DE  EDUCADORES  PARTICULARES  DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (AEP) s/ RECURSO DE AMPARO      EXPTE NRO 71-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-29

Corresponde confirmar lo resuelto por el a quo al desestimar la vía del amparo contra la decisión del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe y-o de la Dirección del Servicio Provincial de Enseñanza Privada que dispuso el reintegro de los amparistas a sus funciones docentes, revocando su licencia gremial, ya que se advierte que ellos carecen de tutela sindical pues ésta en el presente caso aparece otorgada por la autoridad de aplicación, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), por lo que el relevo de funciones no tiene ni el alcance ni la extensión legal que éstos pretenden darle.

Tanto en el marco de la normativa vigente, Ley Nacional 23551, como en el de su antecesora Ley Nacional 22105, el Derecho Colectivo de Trabajo ha privilegiado el sistema de la personería gremial única y de la asociación más representativa, fundamentos por los cuales el recurso intentado no reúne los recaudos exigibles para su prosperabilidad porque está concebido como un proceso excepcional, caracterizado por la presencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta en el accionar de la Administración Pública, lo que no se da en el caso.
Recurso de inconstitucionalidad, violación al debido proceso, defensa en juicio, derecho a ser oído, proceso penal, auto de sobreseimiento, recurso de reposición (procesal), tribunal de alzada, límites del pronunciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: S., R. E.; R., A. J. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DEFRAUDACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 136 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-18

La inviolabilidad de la defensa requiere, con arreglo a nutrida jurisprudencia, que se de al litigante la oportunidad de ser oído y además de que se le permita el ejercicio de sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales. En el presente, el auto recurrido resulta viola torio de estas argumentaciones apuntadas, ya que sin fundamento atendible, impide al encartado la participación que le corresponde en la secuela del pleito y de los recursos que la ley le otorga. La Cámara, al procesar, priva a la defensa de la etapa recursiva posterior a un pronunciamiento de ese tipo, resultando atentatorio del debido proceso legal y restringiendo irreparablemente el derecho de defensa. El agravio fundamental y que sella definitivamente la suerte favorable de la vía intentada, proviene en el caso de la frustración del acceso del apelante a la segunda instancia. Escapa a las atribuciones del tribunal de segunda instancia el dictado directo del procesamiento y el consecuente encuadramiento legal, ya que ésta debe conservar su imparcialidad ante la eventualidad de una discrepancia con el nuevo pronunciamiento que se dicte en primera instancia. (De la Disidencia del Dr. Netri a la que adhiere el Dr. Falistocco)
Recurso de casación, apreciación de la prueba, absurdo
Materia: CIVIL
Carátula: ABDALA, ARMANDO c/ CARO DE TABOADA, MANUELA Y/O HEREDEROS s/ PRESCRIPCION VEINTEANAL - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-02-13

El recurso de casación no da acceso a una tercera instancia ordinaria y, la arbitrariedad o el absurdo que autorizan a revisar la valoración de la prueba cumplida por el tribunal de grado es error grave y manifiesto, con quebrantamiento de reglas que la gobiernan; tal vicio lógico se configura, cuando la apreciación no es coherente y lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre sí, por lo que no corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Recurso extraordinario, competencia, resolución administrativa, infracciones administrativas, fallos de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Argentina de Transbordos S.A.C. c/ Mº de Salud y Acción Social s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-12

Como regla los jueces de primera instancia de la Capital Federal deben ser considerados como superior tribunal para la admisibilidad del recurso extraordinario cuando actúan como órganos finales de apelación de las resoluciones de organismos administrativos (conf. Sala IV in re: "Croce Hnos. Agentes Marítimos S.R.L.", sentencia del 8-5-97). Este principio fue establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en supuestos en los que, como en el caso del decreto ley 8.660/63, se prevée una apelación ante los juzgados de esta ciudad, para obtener la revisión judicial de multas u otras sanciones impuestas por entidades administrativas (conf. C.S.J.N., Fallos: 143:271; 312:1284; 315:1551).
Contratos administrativos, adjudicación, igualdad licitatoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PAYZA ASOCIADOS c/ PETROQUIMICA GENERAL MOSCONI  S.A.I.C. s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-27

La formalización del contrato respectivo ha de hacerse exacta y precisamente sobre las bases que determinaron la adjudicación, no pudiendo después de ésta -sea en forma expresa o por vía de interpretación o aclaración- modificar condición o modalidad alguna de la oferta aceptada. Se quiebra la igualdad sí, después de adjudicado el contrato, se alteran las bases de licitación y se introduce una variante que implique beneficiar, al margen de las condiciones generales de la licitación, al que resulta adjudicatario.
Escrituración, boleto de compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ Fernando c/ Nuñez Gabino Abenamar s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-04-18

Debe rechazarse la demanda por escrituración cuando el instrumento privado no constituye un boleto de compra venta por no existir un precio en dinero y/o por no estar acreditado que el actor haya pagado un precio por el inmueble.
Recursos, recurso de apelación (procesal), auto de procesamiento, derechos y garantías constitucionales, delitos, clasificación de delitos, delitos contra la propiedad, falta de dolo
Materia: PENAL
Carátula: M.P. c/ FERRO Jorge Andrés MACIAS Enrique Oscar ESTOPIÑAN Claudio Ramiro s/ RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-30

Hay dolo en el obrar de quien comete el hecho a la luz del día y en la vía pública, lo que evidenciaría que el entender de los procesados era que se trataban de objetos sin valor y que se encontraban abandonados, lo que de manera ninguna podría justificar la conducta llevada a cabo por los imputados y más aun ser un argumento para dejar sin efecto el auto de procesamiento dictado.
Concursos, honorarios, síndico del concurso, letrado del síndico del concurso, verificación tardía, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Arca Distribuciones SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de crédito por gobierno de la ciudad de buenos aires
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-06

Habida cuenta que la regulación de honorarios de la letrada de la sindicatura recayó en un incidente en el que las costas fueron impuestas a su promotor, no concurren los extremos que imponen la solución de la LCQ 257, razón por la cual no se advierte justificado que los estipendios correspondientes a aquélla profesional deban ser soportados por el síndico, correspondiendo el cargo de los mismos al incidentista, ya que de haber promovido tempestivamente su incorporación al pasivo concursal aquellas ni siquiera se hubieran generado (Cfme. esta CNCom, Sala B, 30/6/08, in re "Magalcuer SA s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Verificación por Nuevo Industrial de Azul SA"; íd, esta Sala A, 20/02/18, "Ingeoma SA s/ Concurso Preventivo s/ incidente de Verificación por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires").
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, caducidad de instancia, gravedad institucional
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Lowe SACIFI de cinematografía y televisión s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado cinematografía y televisión s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-03

La referencia a una supuesta gravedad institucional comprometida en el caso es puramente genérica y reitera, la discrepancia de la recurrente con la sentencia de Cámara. No se corrobora un supuesto de tal índole, desde el momento en que no se ha demostrado la existencia de un impedimento para que las cuestiones planteadas sean debatidas en un juicio posterior sin afectación de los intereses que por vía de este argumento se procuraría tutelar.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, fundamentación suficiente, cobertura médica, pago
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: SAINT GIRONS, ENRIQUE JUAN c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-03-29

El A quo se apoyó en que el actor pagó sin reservas y recién promovió la demanda siete años después de haber efectuado los pagos, expresando que si bien se queja porque la sentencia desconoció la obligación de la demandada de prestar la cobertura integral impuesta por el Programa Médico Obligatorio, que le resulta aplicable conforme lo dispuesto por la ley 24754 y la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso nos encontramos ante una situación particular que diferencia este caso de los precedentes mencionados, pues no se trata de salvaguardar el derecho a la salud en lo inmediato, sino que la acción tiene por objeto la repetición de los pagos invocados.

Frente a ello la recurrente sólo reitera sus alegaciones con relación a que se suscita una cuestión federal simple en la medida en que se desconoce el derecho que le asiste por la ley federal 24754 y la jurisprudencia de la Corte nacional, al distinguir dogmáticamente entre la urgencia de salud y la repetición de la no asistencia; pero sin lograr rebatir los fundamentos de la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad.
Procedimiento laboral, recurso de apelación (procesal), nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: CORTEZ,EUSEBIO DOMINGO c/ MARIA ELENA BUSTOS Y LUIS JUSTO CUK s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-02-20

Conforme se desprende el art. 129 de la ley 5732 el recurso de apelación comprende también el de nulidad, ello implica que el tribunal puede adelantarse al análisis del controvertido para verificar acerca del cumplimiento de los parámetros normativos de apelación en el decisorio mas allá que las partes no hayan hecho hincapié en ese aspecto fundamental.
Prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Teichengraber de Duarte, Gloria Noemí c/ Díaz,  Juan  Luis,  López  de  Arias,  Dorotea  y/o Quien/es Resulten Propietarios. s/ Demanda de Escrituración. Luis,  López  de  Arias,  Dorotea  y/o Quien/es Resulten Propietarios. s/ Demanda de Escrituración.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-06-04

No es el que niega quien debe probar, sino el que afirma: el "onues probandi" incumbe a quien afirma y no a quien niega.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones judiciales, decreto judicial, resoluciones inapelables
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " Moreno, Guillermo s/ recurso de queja ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-10

"Este Tribunal viene sosteniendo hace tiempo -y es ciertamente una opinión conteste en la jurisprudencia- que para los simples decretos la regla es la inapelabilidad (ver de esta Sala causa n° 14.472 "Seligman", reg. n° 15.615 del 14/7/98; causa n° 15.572 "Dappaen", reg. n° 16.495 del 3/6/99; causa n° 17.551 "Alsogaray", reg. n° 18.524 del 29/3/01; causa n° 27.184 "Delogu", reg. n° 29.233 del 27/11/08 y sus citas, entre otras;

de la Sala I de esta Cámara, causa n° 27.550 "Finazzi", reg. n° 327 del 25/4/96; de la Sala I de la CNCC, causa n° 8406 "Yacobucci", rta. el 6/2/98 y causa n° 7401 "Martín", rta. el 27/8/97)".